Esa es una de las muchas violaciones de derechos humanos por el régimen de Karímov. 
La Unión Europea no puede permanecer impasible ante la situación en Uzbekistán. 
Nuestras acciones deben dirigirse a la sociedad civil uzbeka, y deben servir para establecer buenas relaciones con el pueblo uzbeko, así como ayudar a los que han sufrido persecución política por el régimen autoritario. 
Una visita de representantes del Parlamento a Uzbekistán sigue siendo un asunto de importancia fundamental. 
Las autoridades uzbekas deben aceptar nuestra visita a Andizhán y la celebración de reuniones con representantes de los medios, la oposición y ONG. 
Si puedo, quisiera expresar mi esperanza de que las buenas relaciones entre la Unión Europea y Uzbekistán continúen creciendo, ya que esas relaciones potenciarán el desarrollo y la prosperidad del pueblo uzbeko. 
También promoverán el avance de la democracia y los derechos humanos en Uzbekistán y en el conjunto de Asia Central. 
Señor Presidente, el Consejo adoptó una buena decisión el 3 de octubre a favor del embargo de armas. 
Uzbekistán no necesita armas, que pueden usarse para oprimir a su propia población. 
Es bueno que pidamos ahora que se lleve a cabo una investigación independiente de lo que ha sucedido en Andizhán. 
Los medios de comunicación están estrechamente controlados y la oposición y los miembros de los movimientos populares tienen prohibido reunirse. 
Las peticiones que hacemos al Presidente Karímov no deberían de ser tan difíciles de cumplir. 
Únicamente tiene que cumplir con la constitución de su propio país, que declara que las libertades de circulación, asociación y reunión deben prevalecer y que los tribunales deben ser independientes. 
No es insensato pedir que un Presidente cumpla la constitución de su propio país, y eso es lo que pedimos hoy en esta Cámara. 
. – Señor Presidente, pido disculpas. 
Debería haber saludado, desde luego, la presencia del Comisario en mi última intervención, así que lo haré ahora. 
Me complace tener la oportunidad de hablar brevemente acerca de la propuesta de resolución sobre Uzbekistán. 
Uzbekistán es un país grande y muy influyente en Asia Central. 
Su estabilidad influye directamente en toda la zona y la UE ha intentado, acertadamente, establecer contactos y una relación con este vecino geográficamente próximo e importante. 
Sin embargo, esta propuesta de resolución tiene a mi juicio un objetivo principal: preguntar una vez más qué ocurrió en Andizhán el pasado mes de mayo y hacer un nuevo llamamiento en favor de una investigación diáfana e independiente. 
Parece existir la opinión de que, al exigir que se esclarezca la verdad, de alguna forma estamos tomando partido contra las autoridades uzbekas. 
Los derechos humanos y el Derecho internacional se hallan en el corazón del sistema de valores de la UE, y constituye nuestra responsabilidad buscar la verdad en esta tragedia. 
Por ahora existen tres versiones de la «verdad». 
Primero, la versión oficial uzbeka y del Presidente Karímov, según la cual las muertes fueron «una respuesta comedida a un levantamiento islamista en la que perdieron la vida 187 delincuentes». 
Luego está la versión de los medios de comunicación y las ONG, que describe un baño de sangre en el que mujeres y niños fueron abatidos por policías armados, y los cuerpos fueron arrastrados a una escuela cercana, donde permanecieron tirados hasta el día siguiente, algunos todavía con vida, para ser trasladados luego a un hospital. 
Ni siquiera sabemos el número de muertos. 
Las informaciones oscilan entre 500 y 1 500 personas. 
En tercer lugar, están los nativos de Andizhán, la mayoría de ellos mudos o afectados de amnesia, fundamentalmente aterrorizados de hablar, ya que algunos de los que lo han hecho han desaparecido. 
La UE debe insistir en una investigación independiente y hemos de emprender acciones que garanticen que, si ésta se nos deniega, conlleve implicaciones en cuanto a la relación entre Uzbekistán y la Unión Europea. 
. 
El Presidente de Uzbekistán, Islam Karímov, hace abierta y descaradamente caso omiso del deseo de la comunidad internacional de que revele toda la verdad sobre lo que sucedió en Andizhán en mayo de este año. 
Está creando su propia versión de la verdad. El Presidente Karímov está creando su verdad violando abiertamente los derechos humanos, borrando las huellas de asesinatos y neutralizando a los testigos y a sus familiares. 
Parece que solo puede haber una verdad en Uzbekistán: la que está totalmente censurada por las autoridades. 
Terrorismo y delito económico: esas son las dos vagas etiquetas que se usan para encubrir el trato visible y violento de los denominados enemigos del Estado. 
Sin embargo, creo que tiene que haber una clara línea divisoria entre la garantía de la seguridad y la represión. 
Desde que está prohibida, la oposición se ha radicalizado. 
La injusticia social y la represión de la diversidad de opiniones fomentan el extremismo religioso. 
Es sabido que Uzbekistán es un objetivo atractivo para los extremistas islámicos; sin embargo, esas acciones de las autoridades no paran el radicalismo islámico, ya que solo la democracia y un poder judicial independiente pueden ayudar a luchar contra el radicalismo, no la represión. 
Señor Presidente, Señorías, les animo a votar hoy a favor de la resolución, ya que creo que es un paso adelante para intentar fomentar la diversidad de opiniones entre los ciudadanos de Uzbekistán, junto con la libertad de expresión y los derechos humanos. 
Este es el auténtico camino hacia la democracia. 
. Señor Presidente, no fue solo en Ucrania, Georgia o Kirguistán donde los regímenes autoritarios tomaron el poder después de la caída de la Unión Soviética, sino que ese fue también, y especialmente, el caso en Belarús, Turkmenistán y Uzbekistán. 
Allí no triunfó la democracia, sino más bien un grupo de personas que habían adquirido experiencia en el viejo aparato de Estado y los servicios de inteligencia. 
Sin más objetivo que permanecer en el poder, esas personas convierten las empresas estatales en su propia propiedad privada, manipulan los resultados electorales, conceden el menor espacio posible a los grupos de oposición, entorpecen las organizaciones libres, restringen la prensa y, si es necesario, usan la violencia contra su propio pueblo. 
Uzbekistán está dispuesto para el cambio radical, pero el ímpetu inicial en este sentido de los manifestantes fue cortado de raíz el 13 de mayo, con una fuerza brutal que costó cientos de vidas. 
Desde entonces, el mundo exterior ha permanecido llamativamente en silencio. 
¿Puede que esto tenga algo que ver con sus intereses económicos y militares? 
¿Se va a dejar que permanezca la dictadura en Uzbekistán porque ha demostrado ser útil para la intervención militar en Afganistán? 
¿Vamos a dejar a sus habitantes en la cuneta? 
Europa no debe dejar que los derechos y libertades de los uzbekos se supediten a otras consideraciones. 
El proyecto de resolución nos ayuda a adoptar la postura necesaria. 
. Señor Presidente, es una desgracia que el histórico avance que llevó en Polonia a la formación de un Gobierno democrático en 1989, y que posteriormente provocó la caída del muro de Berlín y la desintegración de todo el bloque comunista dirigido por Moscú, no condujera al nacimiento de un régimen democrático respetuoso con los derechos humanos en todos los países del antiguo bloque comunista. 
Las transformaciones de que hemos sido testigos en Polonia, Eslovaquia, la República Checa y Hungría, durante las cuales se han establecido sistemas basados en el respeto de los derechos humanos, no tuvieron lugar inicialmente en Ucrania. 
Estamos esperando todavía esas transformaciones en Belarús, y por desgracia tampoco hay signos de ellas en Uzbekistán. 
Se puede decir que los sucesos de 13 de mayo de 2005 fueron una medida de las condiciones imperantes en Uzbekistán. 
La actitud del Gobierno, que se niega a permitir que observadores extranjeros investiguen las causas de las numerosas muertes, así como la intimidación de periodistas y la prevención del control externo, significa que el Parlamento debe adoptar una postura firme en este asunto. 
Por esta razón es por lo que pedimos que se lleven a cabo investigaciones en todos estos asuntos, y que la democracia se establezca en Uzbekistán. 
. Señor Presidente, Uzbekistán es un antiguo paisaje cultural que, habiendo dado a luz a Estados como los kanatos de Bujará y Kokán, cayó víctima de un colonialismo agresivo. 
Hoy hemos discutido el colonialismo europeo en África, pero en este caso el colonialismo era de carácter soviético y comunista, siguiendo los pasos del colonialismo zarista en Asia Central. 
Solo en 1989, con el derrocamiento del régimen comunista en Europa Central, llegó el final de este colonialismo, cosa que me gustaría decir en beneficio del señor Kohlíček. 
Estamos obligados a considerar la situación allí de manera realista. 
A estos países se les castigó al imponerles el monocultivo, fueron saqueados y explotados despiadadamente, y ahora se han puesto en marcha por el difícil camino de la estatalidad. 
Hay que tener cierta compasión por su situación, y también necesitan toda la ayuda intensiva que les podamos ofrecer. 
Eso no significa, sin embargo, que podamos hacer la vista gorda ante los abusos de los derechos humanos. 
Lo que pedimos es claro e inequívoco: pedimos que el Gobierno uzbeko deje de obstruir las investigaciones que ya llevan retraso, que libere a todos los detenidos y garantice los derechos humanos fundamentales. 
Si vamos a hacer aquí cualquier progreso, sin embargo, será por el diálogo y no tratando a la otra parte como a un niño. 
Tenemos que ser conscientes de la presencia de elementos desestabilizadores y terroristas en toda la región, por no mencionar la continua influencia de Moscú, que ha suministrado recientemente a Uzbekistán grandes cantidades de minas antipersonales, que han sido a menudo tema de debate en esta Cámara, y que están destinadas, entre otras cosas, a fortificar más las fronteras. 
Las tropas rusas están todavía presentes, actuando como si este fuera todavía un territorio colonial Esto no podemos aceptarlo sin más, ya que es una región en la que chocan los intereses vitales geoestratégicos de las potencias, entre otros en el sector energético. 
Así que digamos en voz alta y para que todos nos entiendan que, en este terreno, hay dos elementos contrapuestos: por un lado los derechos humanos y la asociación abierta y justa, y por otro el colonialismo de cualquier tipo o forma. 
. Señor Presidente, la resolución de hoy condena la negativa del Gobierno uzbeko a ser transparente en relación con la investigación de los sucesos de mayo de 2005, y subraya lo importante que es que haya una comisión de investigación internacional e independiente que pueda sacar dilucidad los detalles sin demora y observar los procesos en curso sin interferencias. 
Precisamente el número de personas que perdieron sus vidas esos días de mayo en Andizhán es algo que el público mundial no ha sido capaz de averiguar hasta ahora. 
Las cifras de las organizaciones de derechos humanos varían entre 500 y 1 000, mientras que el Gobierno uzbeko fija el número de víctimas en 176. 
Una y otra vez, el Presidente Karímov utiliza el islamismo como un instrumento contundente con el que poner fuera de juego a sus oponentes políticos de todos los colores. 
Por eso es fundamental que presionemos a favor de la puesta en libertad de los activistas de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política que todavía están en prisión. 
. Señor Presidente, cualquiera que haya observado las brutales violaciones de los derechos humanos en Uzbekistán esperaría críticas mordaces al régimen de Uzbekistán, y no las críticas aguadas que acabamos de oír en boca del señor Posselt. 
En lugar de ello, Uzbekistán mantiene la más estrecha cooperación posible con un Estado miembro de la UE. 
Ese Estado miembro es Alemania, que, en Termes, gestiona una base militar de crucial importancia geopolítica, especialmente para las operaciones militares en Afganistán. 
La OTAN me dice que no es una de sus bases, aunque la utilizan Estados de la OTAN, además de los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Francia, Grecia y España, todos ellos Estados miembros de la UE. 
Alemania concede a Uzbekistán una amplia ayuda económica y militar, que se dice que asciende a 2 000 millones de euros, junto con fábricas de armas, armas antiguas y demás. 
La política de derechos humanos de la UE es hipócrita cuando, por un lado, critica con razón las brutales violaciones de los derechos humanos, mientras que por otro permite por consideraciones geopolíticas que el régimen de Uzbekistán reciba ayuda militar y económica. 
. Señor Presidente, en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de Uzbekistán, que han sido convocadas para diciembre, el Parlamento Europeo está debatiendo una vez más sobre las violaciones de los derechos humanos. 
Uzbekistán es una antigua república soviética, en la que, aunque ha conseguido una independencia parcial del régimen comunista, se sigue ejerciendo el poder de la misma manera. 
Islam Karímov, ex Secretario General del Partido Comunista y ahora Presidente, ha demostrado ser un dictador. 
Intenta apaciguar los poderes rivales de Rusia, Europa y los Estados Unidos; este último ha mantenido bases militares en el país hasta hace poco. 
Uzbekistán es una región de importancia estratégica, política y económica tanto para Rusia como para los Estados Unidos, por lo que la situación en la república es todavía más compleja. 
Desde 2001, el país ha sido uno de los aliados fundamentales de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en Asia. 
Junto con Rusia, Uzbekistán es también miembro de los Cinco de Shanghai, un foro destinado a combatir el terrorismo en Asia. 
Moscú utiliza la amenaza del fundamentalismo islámico para asustar a Uzbekistán y obligarlo a permanecer en su esfera de influencia. 
Uzbekistán es un país con abundantes recursos naturales, inclusive petróleo y gas. 
Debido fundamentalmente a la ayuda estadounidense, ha conseguido cierto éxito económico. 
Es también un país en el que poblaciones étnicamente diversas de fe islámica, ortodoxa y católica convivían antes en paz. 
Recientemente, sin embargo, entre otras cosas a raíz de los choques entre las presiones exteriores y las prácticas autoritarias de Karímov, el país ha sido testigo de violaciones de los derechos humanos y persecución de la oposición, en particular la islámica. 
El 13 de mayo se reprimió violentamente una manifestación en Andizhán, y se piensa que pueden haber muerto cientos de civiles. 
A pesar de las protestas, los responsables de la masacre no han sido capturados, y la prensa ha pasado de puntillas por encima de la tragedia. 
Los informes de los observadores extranjeros, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hablan de torturas salvajes y sin precedentes, perpetradas en prisiones uzbekas contra los opositores al régimen, de violaciones de los derechos humanos y de la persecución de los periodistas independientes y activistas políticos que destaparon la verdad sobre los sucesos del 13 de mayo. 
En la estela de varios intentos infructuosos en su vida, el Presidente Karímov tacha ahora a los críticos musulmanes de fanáticos y terroristas, justificando así la persecución de los pensadores políticos independientes de la oposición. 
El Santo Padre, Juan Pablo II, nos recordaba que la libertad es siempre un reto. 
Decía también que el poder es un reto para la libertad, y que solo puede ejercerse sirviendo a los demás. 
La comunidad internacional y los que desempeñan funciones de poder deberían dar siempre preferencia a la dignidad humana y a los derechos humanos sobre los intereses económicos. 
Por esta razón, pedimos que acabe la persecución, que se respete la dignidad humana y se cumplan las obligaciones básicas derivadas de la Carta de los Derechos Fundamentales y los principios democráticos. 
Señor Presidente, a raíz de la matanza de Andizhán y el rechazo contumaz por parte de Uzbekistám de una investigación internacional independiente de tales sucesos, la Unión Europea ha adoptado una postura muy firme respecto de Uzbekistán mediante la aprobación de las conclusiones del Consejo de 3 de octubre, subsiguientes a las primeras conclusiones aprobadas a partir de mayo. 
El paquete de medidas restrictivas incluye la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación y Cooperación, el embargo de armas, la supresión selectiva del visado, así como el estudio de acciones dentro del marco de las Naciones Unidas y la OSCE. 
Todo ello constituye una señal política muy clara y rotunda de la Unión hacia Uzbekistán. 
La Comisión respalda plenamente a los Estados miembros en lo referente a la imposición de la supresión del visado, cuyos trámites de puesta en práctica están ultimándose ahora. 
La Comisión apoya con la misma rotundidad la ejecución del embargo de armas y ha elaborado la legislación para el Consejo con miras a su inmediata entrada en vigor. 
En cuanto al Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC) , la Comisión ha suspendido inmediatamente cualquier nueva reunión técnica con Uzbekistán. 
Eso significa que hemos suspendido las Subcomisiones de Comercio e Inversión y de Justicia, Libertad y Seguridad, junto con la Comisión de Cooperación. 
Aunque la iniciativa de cara a la reunión del Consejo de Cooperación corresponde a los Estados miembros, la Comisión opina que se podría mantener la reunión a fin de no cercenar totalmente nuestro diálogo político con Uzbekistán. 
La Comisión toma nota de la decisión de aplazar la sexta reunión de la Comisión de Cooperación Parlamentaria UE-Uzbeksitán y lamenta que no se haya autorizado a la delegación a viajar a la región de Andizhán, ni a tener libre acceso a los miembros de la oposición, las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación independientes. 
Con relación a la asistencia comunitaria, la Comisión ha aprobado una reducción y un reajuste de la asistencia de la UE de 11 millones a 9,25 millones de euros durante este año, y de 9 millones a 7,25 millones de euros en el próximo. 
A pesar de estos recortes, creemos firmemente que debe preservarse la asistencia concreta de la UE. 
Debería centrarse en la reducción de la pobreza en el valle de Ferganá y el desarrollo de una sociedad civil, así como en las reformas jurídicas y judiciales y en el desarrollo de la educación superior. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar que la situación de los derechos humanos que existía antes de los sucesos de mayo ya era muy sombría y motivo de honda preocupación para la Comisión. 
Por nombrar solo una de las causas de preocupación, la Comisión acogería con sumo agrado una compromiso público en apoyo de la condena de las torturas por parte del Presidente Karímov. 
Además, la Comisión continuará presionando a los uzbekos para que establezcan una moratoria inmediata para todas las sentencias de muerte antes de la supresión de la pena capital en 2008. 
La Comisión está igualmente preocupada por los informes sobre la detención y persecución de personas, incluidos defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas locales que han puesto en duda la versión de los sucesos facilitada por las autoridades. 
La Comisión proseguirá sus esfuerzos dentro de la lucha contra el tráfico de drogas, la mejora de la gestión de las fronteras, las redes energéticas y las de transporte. 
La exclusión de Uzbekistán de tales programas regionales perjudicaría más a los vecinos de este país que al propio Uzbekistán. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 16 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre el caso de Tenzin Delek Rinpoche (1). 
. Señor Presidente, uno de los últimos grandes lamas tibetanos, Tenzin Delek Rinpoche, ha pasado los últimos 20 años luchando por proteger la cultura tibetana. 
Siendo la principal figura religiosa en el Tíbet, ha desempeñado también un papel activo en asuntos económicos, culturales y sociales. 
Este lama tibetano ha sido durante mucho tiempo una espina para las autoridades chinas, aunque nunca ha participado en manifestaciones políticas. 
Como líder espiritual que propugna incondicionalmente importantes medidas sociales como la construcción de escuelas para niños huérfanos, hospicios, carreteras locales y la ayuda a los ancianos, es un destacado defensor de la paz, cuyas acciones no son para nada agresivas. 
Sin embargo, su popularidad le ha llevado a ser etiquetado de amenaza para las autoridades locales chinas, que lo detuvieron so pretexto de que había ayudado supuestamente a organizar varios atentados. 
Se le acusó de terrorismo y se le condenó a muerte, sin ninguna prueba ni juicio justo. 
Se le ha mantenido en condiciones inhumanas durante muchos meses esperando la ejecución, y su pobre estado de salud actual es consecuencia directa de la tortura prolongada. 
En vista de lo anterior, pedimos a las autoridades chinas que mejore las condiciones en las que se encuentra. 
También pedimos al Gobierno chino que haga esfuerzos por mejorar las condiciones en que se encuentran otros prisioneros, prohíba la tortura y, sobre todo, suprima la pena de muerte. 
Como parte de la comunidad internacional tenemos que dejar muy claro que no permitiremos que se encarcele a las personas si no se ha probado su culpabilidad. 
China debe respetar las normas internacionales sobre derechos humanos, la dignidad humana y las libertades civiles. 
Quiero por consiguiente pedir también a las organizaciones internacionales que presionen a China para que acepte un diálogo constructivo con vistas solucionar el asunto del Tíbet de una vez por todas. 
. Señor Presidente, Señorías, no es la primera vez que tenemos que discutir el terrible caso de Tenzin Delek Rinpoche y tomar nota de la falta de voluntad de China para emprender el camino de la reconciliación. 
Ni mucho menos: no tiene garantizado más que antes un juicio transparente y justo, y lo peor aún es que la tortura y las condiciones inhumanas en las que está encarcelado –sin, nótese bien, un auténtico procedimiento legal– le han llevado al extremo de que su vida está en peligro, y esto es algo sobre lo que realmente tenemos que hablar, y no por primera vez. 
En esta Cámara estamos obligados a actuar ahora, porque ya hemos pedido un trato justo para este hombre que casi está a punto de morir, y cuyo único delito ha sido ser un querido profesor y guía espiritual. 
Ahora es el momento de que emprendamos acciones y presionemos de nuevo con nuestras exigencias al Gobierno chino. 
Lo que hace todo esto más necesario es que parece que, cuanto más apetecen los Estados miembros y sus Gobiernos el mercado chino, más prudentes son a la hora de plantear cuestiones de derechos humanos a los socios chinos con los que dialogan. 
En un momento como este y en un contexto como este, estamos obligados a defender nuestros valores. 
Somos nosotros, los diputados a esta Cámara, quienes debemos hacer lo que nuestros Gobiernos no hacen. 
En una situación en la que el Tíbet es autónomo solo sobre el papel y no en la realidad, en la que el diálogo con el Dalai Lama, que empezó de manera tan prometedora, o bien no continúa o se aplaza una y otra vez, y en la que China no garantiza todavía los derechos humanos, tenemos que hablar más alto y sin miedo, pidiendo que se ponga fin a este estado de cosas y se restaure el orden. 
. Señor Presidente, las resoluciones que adoptamos el 18 de noviembre de 2004 y el 13 de enero de 2005, combinadas con las masivas protestas diplomáticas y las acciones de las organizaciones de derechos humanos dieron algunos resultados, ya que consiguieron la conmutación de la pena de muerte dictada contra el respetado lama Tenzin Delek Rinpoche por la cadena perpetua. 
Las autoridades chinas le consideran un criminal, acusándole de socavar la seguridad del Estado, y –sin prueba alguna– de estar implicado en atentados con bombas. 
Continúan negándole un juicio justo con observadores internacionales presentes. 
En lo que coincido totalmente con los dos oradores anteriores es que la auténtica razón de su encarcelamiento es su gran influencia en el pueblo tibetano y su apoyo al Dalai Lama. 
La pena de muerte puede haberse anulado, pero parece que se está aplicando por otros medios; al haber soportado la tortura y el confinamiento solitario, ahora no puede hablar ni moverse, y su vida pende de un hilo. 
Todas las agrupaciones políticas de esta Cámara piden a los chinos que no retrasen más la mejora de las condiciones en las que se encuentra y cumplan estrictamente los términos del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Trato de Prisioneros. 
Insistimos en que Manfred Nowak, el Ponente Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, tenga libre acceso a Tenzin Rinpoche; llegará a China en una misión de inspección dentro de tres semanas. 
La Comisión Europea, el Consejo y los Estados miembros deben establecer una estrecha relación entre el destino actual de los presos políticos en China y el mantenimiento del embargo de armas impuesto a ese país. 
El embargo debe mantenerse, sin ninguna relajación, tanto tiempo como continúen los abusos de los derechos humanos. 
La Embajada china en Bruselas ha intentado intervenir, alegando que eran asuntos internos, y que ni organizaciones externas ni nadie a título individual tenían derecho a entrometerse. 
Estas expresiones opresivas constituyen sin embargo otro ejemplo del resultado insatisfactorio de la cumbre UE/China del 5 de septiembre y la falta de resultados tangibles del diálogo sobre derechos humanos. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos quiere subrayar la necesidad de que se mantengan los valores y las normas internacionales. 
Lo que envía una poderosa señal a todos los que sufren persecución por razones políticas, religiosas o culturales es la insistencia de la Unión Europea en condicionar la cooperación con cualquier país –sin ninguna excepción– a su respeto de los derechos humanos. 
Los que quieren que la confrontación ceda paso a la cooperación deben apoyar los derechos humanos y abstenerse de violarlos, ya que los derechos humanos son universales en su aplicación. 
. – Señor Presidente, no nos corresponde a nosotros decir si Tenzin Delek Rinpoche es inocente o culpable. 
Sin embargo, sí es de nuestra incumbencia denunciar las violaciones de los derechos humanos siempre que las detectemos. 
Existe una seria preocupación acerca de su detención, juicio y condena, que a mi parecer constituyen un error de la justicia. 
En un boletín de noticias del 24 de octubre, el Gobierno chino afirmaba que era un asunto interno de China y que no teníamos ningún derecho a intervenir. 
Si se trata de un asunto de derechos humanos, tenemos todo el derecho a intervenir; es nuestra obligación. 
No está claro si el inculpado ha tenido pleno acceso a asistencia letrada a lo largo del proceso judicial. 
Los chinos afirmaron que contaba con dos abogados. 
Mis fuentes sostienen que no ha tenido ningún abogado defensor. 
Mis fuentes afirman igualmente que no reconoció ni jamás ha reconocido el delito que se le imputa, a pesar de la tortura a la que al parecer fue sometido durante varios meses antes de su juicio. 
Cuando fue juzgado hace tres años, se produjo un clamor internacional y creo que, por aquellas fechas, el Gobierno chino prometió una nueva vista en el Tribunal Supremo. 
Ha de ser sometido a un juicio justo acorde con todas las normas internacionales en la materia, o ser liberado de inmediato. 
No cabe ninguna otra alternativa. 
. Señor Presidente, la opresión en el Tíbet está a menudo en el orden del día de esta Cámara. 
China ve a ese país prácticamente como un lienzo en blanco que tiene que ser colonizado y hecho accesible, después de lo cual puede seguir desarrollándose a la manera china moderna. 
Por el momento, todo se centra en la disciplina y el crecimiento económico, sin ningún margen para opiniones diferentes. 
Esto es ajeno a la cultura, las tradiciones y los intereses de los tibetanos, que han aprendido a sobrevivir en su país inhóspito y quieren que se les deje en paz. 
Este problema también se refleja dentro de China entre otros pueblos con diferente lengua y cultura, como los uigures, relacionados con los pueblos turcos de las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, pero, desde que el Dalai Lama huyó a la India, la mayor parte de la atención se ha centrado en el Tíbet. 
Realmente no podemos ver mejora alguna en la manera en que China trata a los tibetanos. 
Aunque nuestras declaraciones en esta Cámara no hayan tenido definitivamente los resultados que pretendíamos conseguir, sigue siendo necesario que continuemos sin descanso. 
No se debe dar a China la impresión de que Europa ha aceptado el status quo en beneficio de sus propios intereses económicos. 
Finalmente, la pena de muerte en China tiene que abolirse, al igual que en los Estados Unidos y en el resto del mundo. 
Tenemos que defender esta cuestión en todas partes y luchar por los derechos humanos. 
. Señor Presidente, señor Comisario, el Tíbet es una vez más tema de debate en esta Cámara. 
En el debate de hoy tenemos que preguntarnos si las medidas adoptadas por el Parlamento y la Comisión han sido efectivas. 
Por desgracia, el hecho de que tengamos otro debate sobre este asunto parece indicar que no. 
Algunos diputados a esta Cámara han alegado que estas cuestiones son asuntos internos de China, y esta es realmente la línea adoptada por la Embajada china de Bruselas. 
No es este el caso, sin embargo. 
El concepto de asuntos internos, que se utiliza para justificar todos los crímenes contra la propia nación, es una doctrina apoyada solo por tiranos, y que jamás se ha mantenido en la Europa civilizada. 
En siglos pasados, la Iglesia Católica y otras religiones pedían que se tratara bien a los ciudadanos, y se oponían al concepto de que los gobernantes podían hacer lo que quisieran con sus propios ciudadanos. 
Hoy en día, las organizaciones internacionales no dejan de hacer hincapié en el hecho de que los asuntos internos que violan principios morales fundamentales conciernen a toda la humanidad. 
Hemos de tener claro que este asunto trata de algo más que de un monje. 
Trata nada menos que de la destrucción del Tíbet y de la cultura y nación tibetanas, sin otra razón que la existencia de esta pacífica nación. 
La existencia de una nación que difiere de la suya en términos culturales, históricos y sociales es razón suficiente para que las autoridades chinas intenten destruirla. 
En lugar de alegrarnos por la finalización de una línea de ferrocarril entre el Tíbet y China, tenemos que alarmarnos por esta novedad, ya que uno de sus propósitos es destruir más el Tíbet inundándolo de ciudadanos y empresarios chinos. 
El Parlamento se muestra muy activo en este terreno, y su Intergrupo para el Tíbet tiene un presidente muy dedicado y enérgico en la figura del señor Mann. 
Tenemos que hacer más, sin embargo. 
Quiero recordar al Comisario que ya es hora de que la Comisión dé pasos decisivos para solucionar los problemas en China de una vez por todas, ya que su posición como institución poderosa de la UE significa que está indudablemente en condiciones de hacerlo. 
Su primer paso debería ser ir al rescate de este pobre monje tibetano. 
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en el Tíbet constituye un motivo constante de preocupación para la Unión Europea y ocupa un lugar preferente en el temario del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China. 
En ese contexto, la Unión Europea siempre se ha preocupado de los derechos de las minorías, especialmente en el Tíbet, y solicita a las autoridades chinas que preserven la identidad cultural, religiosa y lingüística del pueblo tibetano. 
En el transcurso de este diálogo, regularmente se ha llamado la atención de las autoridades chinas sobre el caso del monje tibetano Tenzin Delek Rinpoche. 
Además, la troika de la UE se ha dirigido en tres ocasiones al Gobierno chino, dos veces el año pasado y otra a principios de este, cuando la troika se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Tang Jiaxuan. 
En todas estas ocasiones, la Unión Europea ha planteado su demanda urgente en favor de la supresión de la pena de muerte en China, ha expresado su esperanza de que no fuera ejecutado Tenzin Delek Rinpoche y ha solicitado información acerca de las circunstancias de su detención y su estado de salud. 
Al tiempo que acoge con satisfacción la decisión de las autoridades chinas el 26 de enero de 2005 de conmutar este año la sentencia de muerte de Tenzin Delek Rinpoche por la de cadena perpetua, la Unión Europea continúa sumamente preocupada por las dudas constantes que rodean su juicio y la severa pena impuesta. 
La Unión Europea tiene la firme voluntad de seguir muy de cerca este asunto en el marco del diálogo UE-China sobre derechos humanos. 
En un plano más general, como parte de su política global sobre el Tíbet, la Unión Europea ha propugnado durante muchos años, y continuará haciéndolo, el establecimiento de un diálogo directo entre el Dalai Lama y las autoridades chinas como única forma realista de encontrar una solución duradera al problema del Tíbet. 
La tercera visita de los enviados especiales del Dalai Lama a finales del año pasado constituyó una medida alentadora que debería tener continuidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 16 horas. 
Estoy a favor del libre comercio, pero tenemos que preguntarnos si debemos comerciar libremente con un país que no respeta libertades de otro tipo. 
No creo que la diversidad cultural justifique en modo alguno las acciones de China. 
La pena de muerte es inaceptable en cualquier cultura, ya que es un insulto a la misma naturaleza de la humanidad. 
China está orgullosa de su nueva línea de ferrocarril al Tíbet, que es la de mayor altitud del mundo. 
Merece la pena señalar, sin embargo, que las inversiones en infraestructuras no son el único signo de una gran civilización. 
Si China puede construir ferrocarriles de ese estilo, entonces también puede mejorar las condiciones de vida de sus prisioneros. 
Todo lo que necesita es la voluntad política de hacerlo. 
Es muy importante que el embargo de armas contra China se mantenga, porque el destino de Tenzin Delek Rinpoche demuestra ampliamente que el país no ha aprendido la lección de los sucesos de 4 de junio de 1989. 
Es una fecha significativa tanto para los ciudadanos de Polonia como de China. 
Es un símbolo de esperanza para la primera, ya que fue la fecha de las primeras elecciones parlamentarias parcialmente libres. 
En China, sin embargo, esta fecha se ha convertido en símbolo de represión, ya que es el aniversario de la tragedia de Tiananmen. 
Volviendo a 1989, yo llevaba una insignia con las palabras chinas de libertad y democracia. 
Estos dos valores son los que deseo hoy al pueblo tibetano y al chino. 
Señor Presidente, durante cinco veces al menos en este periodo parcial de sesiones, los auriculares –y por consiguiente el servicio de interpretación– de toda la fila detrás de donde suelo sentarme no han funcionado. 
Tampoco ha funcionado el micrófono, así que no ha sido posible quejarse de la situación al Presidente. 
Hemos demostrado una gran flexibilidad durante las votaciones y hemos continuado con ellas en la fila afectada. 
La próxima vez, sin embargo, tenemos que tratar muchos asuntos importantes, incluido REACH, así que necesitamos garantizar que la tecnología funcione. 
De lo contrario, el periodo parcial de sesiones puede verse interrumpido de la manera más inoportuna. 
Espero, por tanto, que pueda resolver este problema el próximo mes. 
Por desgracia, este es un problema recurrente. 
Lo investigaremos en detalle y confiamos en que no suceda en el siguiente periodo parcial de sesiones. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Con esto concluye la votación. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 27 de octubre de 2005. 
Quiero, a continuación, efectuar una declaración, con ocasión de la apertura de esta sesión plenaria, relativa a los atentados de Ammán. 
Señores colegas, queridos diputados, como ustedes saben, el pasado 9 de noviembre, el terrorismo volvió a actuar, desplegando toda su capacidad de horror, esta vez en Jordania. 
En nombre de todos nosotros –en nombre del Parlamento Europeo–, comuniqué inmediatamente a las autoridades jordanas toda la emoción que ese atentado nos producía y les pedí que transmitieran nuestro pésame a las familias de las víctimas. 
Tendremos ocasión de debatir sobre el fenómeno del terrorismo y la manera más eficaz de hacerle frente durante las próximas reuniones que celebraremos con motivo del 10º aniversario de la Declaración de Barcelona. 
En efecto, el terrorismo es hoy un problema que no solo afecta a Europa. 
Los atentados terroristas también se producen en Casablanca y en Jordania. 
Es, pues, una amenaza para las dos orillas del Mediterráneo y las dos orillas tienen que hacerle frente de forma conjunta. 
Este tema estará sin duda en el orden del día y en los debates que celebraremos en Rabat los próximos 20 y 21 de noviembre, en la reunión extraordinaria de la APEM, y también en Barcelona, los días 27 y 28, con ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Pero, ahora, creo que debemos dejar bien claro que para nosotros estos actos bárbaros demuestran hasta qué punto no se trata de atentar contra el que tiene una religión diferente o un color de piel diferente; nada tiene que ver esto con la fúnebre estrategia de los terroristas. 
Es urgente que Europa colabore para avanzar en la «Alianza de civilizaciones» , que nos permita evitar el «choque de civilizaciones». 
Por todo ello, les ruego que, de pie, mantengamos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de Ammán. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día del presente periodo parcial de sesiones y del periodo parcial de sesiones de noviembre II, de acuerdo con lo establecido por la Conferencia de Presidentes el pasado día 10 de noviembre, de conformidad con los artículos 130 y 131 del Reglamento. 
Se ha presentado una pequeña propuesta de modificación. 
El Consejo me ha pedido que se invierta el orden de los dos puntos programados para el miércoles por la mañana. 
Se trata de que en primer lugar celebremos el debate sobre la situación en Iraq, en presencia de Lord Bach, y después, el debate conjunto sobre el cambio climático. 
Este cambio en el orden permitiría que estuviera presente en el Pleno la señora Beckett, Ministra responsable de este tema. 
Entramos a continuación en el turno de intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Señor Presidente, quiero expresar mi preocupación por los comentarios realizados recientemente por el Comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, respecto a las negociaciones que tendrán lugar bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio. 
Considero que uno de estos comentarios, que hizo durante una reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE celebrada el 18 de octubre de 2005 en Luxemburgo, sonó especialmente a mal augurio. 
Entre otras cosas, el Comisario Mandelson dijo en esa reunión que la Unión Europea debe hacer concesiones a otros países durante las negociaciones de la OMC, dado que, haciendo balance, la Unión Europea ganaría más a partir de la exportación de bienes industriales de lo que perdería a partir de la reducción de la protección agrícola. 
Esto puede significar que la Comisión desea sacrificar los intereses de la agricultura de la UE en la cumbre de diciembre en Hong Kong a cambio de vagas ganancias en otros campos. 
Considero que, con este comentario, el Comisario se ha excedido claramente de sus competencias. 
Si sus ideas se pusieran en práctica, podrían perderse cerca de 1,2 millones de puestos de trabajo en la UE en el sector agrícola y otros sectores asociados. 
Insto al Presidente del Parlamento Europeo a que transmita estas inquietudes al señor Barroso, el Presidente de la Comisión Europea. 
Muchas gracias, señor KuŸmiuk. 
Así lo haré en la primera ocasión que tenga de encontrarme con él. 
– Señor Presidente, quisiera mencionar brevemente los recientes disturbios protagonizados por jóvenes en suburbios franceses, una cuestión que a mi juicio preocupa a todos los países europeos. 
Vimos a niños de diez a veinte años de edad atacar ciegos de ira a sus conciudadanos y volverse en contra de los símbolos materiales de una sociedad que creemos organizada y próspera. 
¿Así pues, es correcto que rechacemos a estos niños calificándolos de marginados de la sociedad y los dejemos en manos de cualquier tipo de represión? 
Los niños son el futuro de nuestras sociedades, y es lógico que preguntemos por qué estos jóvenes están siendo abandonados. 
Fundamentalmente, esto está creando confusión en torno a respecto a las perspectivas futuras de Europa. 
Todos tenemos la obligación de conceder a todo el mundo la oportunidad de vivir con dignidad. 
Deberíamos asegurar, especialmente para los niños, el acceso a la educación y al empleo, así como unas condiciones de vida humanas en las que nuestros Gobiernos no intervengan con ánimo de castigar, sino para ayudar al desarrollo. 
– Quisiera destacar que el 26 de abril del año que viene se celebra el vigésimo aniversario de la infame catástrofe ocurrida en la central nuclear de Chernóbil. 
Fue una catástrofe devastadora para la región y representó una amenaza inconmensurable tanto para Europa como para las vidas y la salud de los europeos. 
Decenas de miles de jóvenes de la antigua Unión Soviética participaron en las operaciones de salvamento que tenían por objetivo eliminar cualquier efecto dañino en el medio ambiente tan pronto como fuera posible. 
Entre ellos había ciudadanos de Lituania, Letonia y Estonia, hoy países independientes y Estados miembros de la Unión Europea. 
Quisiera instar a los Gobiernos de estos tres Estados a que presten mayor atención a las víctimas del accidente de Chernóbil, muchas de las cuales están muriendo, sufriendo enfermedades y enfrentándose a numerosos problemas. 
Hablando de la nueva política de vecindad, señor Presidente, le invito a dirigirse a los Gobiernos de Ucrania, Rusia, Moldova y Belarús y les inste a que desarrollen programas especiales para las víctimas de Chernóbil, es decir, las personas que contribuyeron significativamente a garantizar la seguridad de Europa. 
– El 7 de noviembre se vino abajo una estructura metálica de 100 toneladas que apoyaba otra estructura de hormigón, provocando la muerte de seis trabajadores portugueses y uno gallego. 
Este accidente laboral tuvo lugar en el sur de España, durante la construcción de un paso elevado de la autopista del Mediterráneo. 
En Portugal, en mi región del distrito de Oporto, esta tragedia se sintió muy profundamente. Ha dejado a familias sin padre, marido o hijo, el hombre que garantizaba el sustento de la familia, además en una época de fuerte desempleo en el norte de Portugal. 
Así pues, señor Presidente, le solicito que garantice que las expresiones de condolencia y solidaridad con las familias vayan acompañadas de un apoyo económico adecuado. Además, deben tomarse medidas para mejorar la seguridad laboral, un asunto tan importante en España como en los demás países de la UE, de forma que las tragedias de este tipo puedan evitarse en el futuro. 
– Señor Presidente, hablaré del mismo asunto que el abordado por otro diputado, el señor Sifunakis, hace un momento, pero de un modo algo distinto. 
No tenemos necesariamente la misma visión de los sucesos de Francia, pero lo extraordinario es que no sea posible hablar de ellos en este Parlamento. 
Si esos sucesos se produjeran en América Latina, en África o en Asia, se elaborarían resoluciones al respecto. 
Ahora bien, desde que comenzaron estos sucesos, se han producido 9 000 incendios intencionados, se han quemado autobuses, cocheras, colegios, guarderías, parvularios, bibliotecas, centros deportivos, casas de la juventud, ambulatorios, centros sociales e incluso iglesias. 
Se ha atacado a policías, pero también a bomberos que arriesgan su vida, conductores de autobús y conductores de metro, por no hablar de los dos muertos inocentes, ciudadanos franceses respetables que fueron linchados ante los ojos de sus familias. 
Mientras tanto, el Parlamento Europeo se niega a que hablemos del asunto. 
Jamás se ha visto semejante «ley del silencio» en una asamblea que se autodenomina Asamblea Parlamentaria y en la que deben poder expresarse libremente los puntos de vista, aunque sean muy diferentes e incluso antagónicos, como se expresan respecto de otros países de todo el mundo. 
– Señor Presidente, uno de los lados más oscuros de Europa es la cuestión de la pedofilia. 
Se ha extendido por toda Europa. 
Lo que puede encontrarse en Internet es repugnante. 
Hay un vacío legislativo, por lo menos en mi país, y el material puede circular libremente por Internet de una persona a otra. 
Hace unos días, veinte personas fueron detenidas por comercializar material pedófilo puro y duro –niños de dos, cuatro, cinco y seis años, bestialidad y cosas abyectas por el estilo– y no se ha publicado el nombre de ninguno de ellos. 
No se permitió que se dieran a conocer sus nombres por televisión. 
Los protegemos bajo la bandera de los derechos individuales. 
¿Qué derechos individuales puede tener una persona que sodomiza a un niño de tres, cuatro o cinco años? 
Cuando se detiene a un ladrón, todos sus datos personales se publican inmediatamente. 
Un pedófilo es detenido y se le protege al amparo del principio de la protección de los derechos individuales. 
No podemos mirar para otro lado: lo vivimos aquí en Bélgica y ahora lo estamos viviendo en Grecia. 
Ha llegado el momento de que protejamos a los niños de los pedófilos. 
– Señor Presidente, el pasado fin de semana le escribí para comunicarle los acontecimientos recientes en materia de violaciones de los derechos humanos en Túnez, pero mi carta ya está caduca: decididamente, una tiene que estar preparada para esperar de ese país cualquier cosa. 
En vísperas de la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, activistas políticos que apoyaban a importantes personalidades sociales y políticas que defienden el derecho fundamental a la libertad de expresión y mantienen una huelga de hambre, fueron violentamente golpeados. 
Entre ellos se encontraba Mojtar Trifi, presidente de la Ligua Tunecina de Derechos Humanos, a quien sus Señorías conocen y que asistió a nuestro último periodo parcial de sesiones. 
El pasado sábado, un periodista de fue apuñalado después de haber publicado información sobre las violaciones de derechos en Túnez. 
La situación es por tanto trágica y creo que, aunque nuestra delegación está perfectamente al tanto de la situación y se dispone a apoyar tanto la cumbre alternativa como a la sociedad civil en Túnez, quizás también deberíamos hacer que el Consejo despertara y tomara nota de la situación en Túnez, pidiéndole en particular que reúna con toda urgencia un Consejo de Asociación para evaluar el acuerdo que nos vincula con este país, que, sin lugar a dudas, es cada día más decepcionante. 
Señor Presidente, el anuncio por parte de Rusia de su decisión de prohibir la importación de carne y de algunos productos cárnicos de Polonia a partir del 10 de noviembre y de prohibir la importación de productos vegetales a partir del 14 de noviembre, es una fuente de gran preocupación para los agricultores y productores de alimentos polacos. 
Polonia es uno de los principales países productores de carne, en particular de carne de cerdo, y tiene graves problemas con sus excedentes de cereales. 
El mercado ruso es inmenso, y su pérdida abocará a muchos agricultores a la quiebra. 
Desde que Polonia ingresó en la Unión Europea, los agricultores polacos prácticamente solo han sufrido pérdidas. 
Ya no les resulta tan lucrativo cultivar productos como cereales, frutas, hortalizas, patatas y cultivos industriales, y se les ha dicho que deberán reducir la superficie cultivada y el precio de la remolacha azucarera. 
Los agricultores polacos han aguantado mucho, pero ya no están dispuestos a sufrir demoras o injusticias por parte de la UE por lo que respecta al bloqueo ruso. 
La cuestión fundamental que debe plantearse a estas alturas es si la UE pretende beneficiar a todos o solo a unos pocos elegidos. 
Si lo cierto es lo primero, entonces quisiera preguntar qué medidas se tomarán para proteger la agricultura polaca, que es una parte esencial del mercado agrícola del conjunto de la UE. 
– Señor Presidente, quiero darle las gracias por su visita al Parlamento escocés la semana pasada. Sus palabras fueron muy apreciadas. 
Sin embargo, hay una cuestión que preocupa cada vez más a muchos de mis electores escoceses y es la situación de las víctimas del terremoto de Pakistán. 
Ya han muerto 80 000 personas y otros 3 millones han quedado sin hogar. 
La OMS está preocupada acerca de la salud y los brotes de diarrea y, al acercarse el invierno, se añade la preocupación de cómo mantener calientes a las personas. 
La ONU necesita 550 millones de dólares estadounidenses para poder realizar su labor como es debido y solo dispone de 135 millones. 
Aunque la UE ha dado 93,6 millones en un paquete de ayuda, necesitamos hacer más. 
Espero que esta Cámara me apoye a la hora de pedir que se emprendan más acciones para ayudar a los supervivientes del terremoto de Pakistán a rehacer sus vidas. 
El tiempo apremia. 
Urge que actuemos antes de que mueran más personas debido a la llegada del invierno. 
Muchas gracias, señora Stihler. 
He remitido dos cartas a las autoridades pakistaníes al respecto de las cuestiones que usted plantea en su intervención. 
– Señor Presidente, quiero informar a la Cámara, y también a la Comisión, de que el nuevo embajador de los Estados Unidos de América ante la Unión Europea, el señor Boyden Gray, es un abogado con un especial interés en las finanzas públicas. 
Se le ha informado plenamente acerca del nivel de fraude y corrupción que tenemos aquí y ahora está totalmente al corriente de muchos de los datos publicados el mes pasado en. 
En un momento en que la responsabilidad pública y no solo en relación con la gestión financiera es un tema importante a ambos lados del Atlántico, hemos de aplaudir su llegada y su nombramiento. 
Ahora que estoy aquí quiero señalar que hasta ahora no se ha puesto en duda ni refutado ni una sola palabra de lo que se ha publicado en el último mes sobre el fraude y la corrupción en la UE. 
– En su período de sesiones de octubre, el Parlamento discutió el informe de la señora Klamt acerca del enfoque por parte de la UE de la gestión de la inmigración económica. 
El Parlamento votó en contra de una propuesta de enmienda por la que el Parlamento Europeo se defendía la idea de que no se podían adoptar medidas relacionadas con la inmigración económica hasta que no se hubieran garantizado los mismos derechos a la libre de circulación a todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, esto significa que el mercado laboral europeo será más accesible a los inmigrantes de terceros países, quienes disfrutarán de una posición más favorable que la suya. 
Esta decisión parlamentaria ha topado con una respuesta sumamente negativa en los nuevos Estados miembros. 
Todos los estudios disponibles indican que los trabajadores de los nuevos Estados miembros no han saturado los mercados laborales, y que todos los efectos económicos se han producido en la vertiente positiva. 
Sin embargo, en lugar de reducir los periodos de transición, el Parlamento ha tomado una decisión que considero sumamente preocupante, puesto que agrava la discriminación contra los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
– Señor Presidente, estoy muy preocupada por la suerte del señor Labuani, que acaba de ser detenido en Damasco al bajar del avión a su regreso de un viaje a Europa y los Estados Unidos. 
El señor Labuani es una figura emblemática en Siria. 
Fue encarcelado tras la «Primavera de Damasco» en 2001. 
Cumplió toda la condena, tres años de prisión. 
Denunció la corrupción en los procedimientos de adjudicación de contratos de telefonía móvil. 
Fundó un partido liberal y laico. 
He dicho bien, laico, pues la oposición en Siria se alía hoy a menudo con los Hermanos Musulmanes. 
Vi al señor Labuani hace tres semanas, cuando marchaba para Washington. 
Le comenté entonces mi preocupación por su libertad de palabra y de expresión. 
Me respondió que no tenía miedo porque el Derecho estaba de su lado. 
Y he aquí que, a su vuelta, ha sido detenido. 
Por consiguiente, desearía, señor Presidente, que, por consideración con este tipo de oposición democrática en Siria, el Parlamento se alinease detrás de él y escribiese una carta, por ejemplo a las autoridades sirias, para manifestar nuestra preocupación y nuestro desacuerdo. 
Muchas gracias, señora De Keyser. 
Así lo haremos tan pronto como estudiemos los hechos a los que usted hace referencia. 
– Señor Presidente, hay Estados o supuestos Estados calificados de «no democracias» o dictaduras con regímenes no autorizados por la libre voluntad de las personas. Por tanto, han sido impuestos de forma ilegal por usurpadores de los derechos humanos fundamentales. 
Cabría llamar «ilegales» a estos regímenes si los consideramos a la luz de los valores compartidos por las naciones libres en las democracias. 
No obstante, aceptamos que una ley aprobada por un dictador siga llamándose ley. 
Un tribunal subordinado a la voluntad de los usurpadores sigue llamándose tribunal. 
A pesar de haber sido escrito por una mano manchada de sangre, un código penal o procesal sigue llamándose código. 
Incluso las dictaduras ya son tratadas como democracias de una categoría especial, y en algunas ocasiones se las llama «democracias reales» aunque sean diferentes de las formales. 
Conocemos las consecuencias de las grandes tiranías europeas del siglo pasado. 
Hoy en día, las tiranías también existen en Cuba, Irán y Belarús. 
En este último país, vecino de Rusia, se sigue aceptando las iniciativas emprendidas por un Estado cada vez más autoritario contra sus ciudadanos como si hubiesen sido decididas por un tribunal de justicia. 
– Señor Presidente, la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha estado marcada por acontecimientos singulares que han cimentado a la unidad europea y que hoy forman parte de los fundamentos morales y políticos en que se basa la Unión. 
Entre estos se halla la carta enviada por los obispos polacos a sus homólogos alemanes en otoño de 1965, en la que los primeros, a través de los obispos católicos romanos de Alemania, se dirigieron al pueblo alemán con la famosa frase: «Perdonamos y pedimos perdón.» 
Hubo que hacer gala de un gran valor moral para escribir esta frase veinte años después de la guerra, cuando el sufrimiento que había padecido Polonia bajo la ocupación nazi todavía estaba presente en las mentes de las personas. 
La carta contribuyó a la reconciliación entre Polonia y Alemania y fue uno de los factores que llevaron a la conclusión del histórico tratado fronterizo entre los dos países, que Willy Brandt firmó cinco años después en Varsovia. 
Al hablar hoy ante la Cámara, quisiera rendir homenaje a los obispos polacos. También quisiera rendir homenaje al autor de la carta, el arzobispo de Wroc³aw, Boles³aw Kominek, quien era silesio, patriota polaco y gran europeo. 
– Señor Presidente, el Presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, ha ofrecido a Francia una ayuda inmediata de 50 millones de euros para llevar a cabo la reparación del daño causado por los disturbios del país, que se han sucedido durante varios días. 
El dinero debe destinarse a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Aunque pienso que las intenciones del Presidente Barroso son buenas, considero lamentable que ni Polonia ni Eslovaquia hayan recibido nunca sumas de dinero tan extraordinarias para la creación de empleo, a pesar de contar con los índices de desempleo más elevados de la Unión Europea. 
El señor Barroso ha manifestado que Francia podría llegar a recibir 1 000 millones de euros adicionales para tal fin. 
¿Deberían Polonia y Eslovaquia, o los demás nuevos Estados miembros de la UE, organizar disturbios de escala similar para asegurarse una ayuda parecida para la creación de empleo? 
La otra posibilidad es, sin duda, que se trate de nuevo de otro ejemplo de la forma en que la Unión Europea se divide en una Europa de primera clase y más acomodada, que recibe más subsidios, y una Europa de segunda clase y menos acomodada y que recibe menos subsidios. 
Tal como yo lo veo, el Presidente Barroso está alentando efectivamente a Polonia, Eslovaquia, Hungría y los Estados bálticos a instigar disturbios de este tipo para lograr ayuda financiera adicional de Bruselas. 
– Señor Presidente, los coches en llamas en Francia han hecho las veces de antorcha arrojando luz sobre la presencia de discriminación y exclusión social. 
Y nuestras esperanzas de alcanzar una solución rápida e inmediata al complejo problema social que ha desencadenado el comportamiento descontrolado en los suburbios marginados de las ciudades francesas también se han convertido en cenizas junto a los miles de vehículos calcinados. 
Aquellos que se limitan a lamentar las pérdidas materiales atestiguan su absoluta incapacidad de comprender lo que está sucediendo y ver la relación entre causa y efecto. 
Los ciudadanos de mentalidad racional se verán impelidos a hacerse muchas preguntas, no solo a raíz de las amenazas para su seguridad material. 
Tendrán razón al sentir que el equilibrio social ha sido socavado y que se ha interrumpido todo tipo de comunicación o intercambio entre los diferentes sectores de la sociedad y los distintos grupos étnicos. 
Además, esto no constituye ni de lejos una cuestión de orden público o de seguridad pública, y por eso no puede subsanarse mediante el uso de los instrumentos habituales para asegurar el orden público. 
La crisis es el resultado de malas decisiones tomadas en el marco de una mala política. 
Los inmigrantes de tercera generación, apartados a los márgenes de la sociedad, no se sienten como en casa en su tierra natal, no tienen trabajo ni objetivos a los que aspirar; no pueden divisar ningún futuro. 
– Señor Presidente, «los que mueren son afortunados» : estas fueron las palabras de una mujer palestina que conocí la semana pasada en Gaza y que durante 20 años trabajó por la paz y por los derechos de la mujer en aquella zona. 
Sus esperanzas se han visto truncadas por la continua intransigencia de Israel al negarse a permitir el desarrollo de Gaza a través de la libre circulación de personas y mercancías a Egipto desde la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah y la negativa a permitir la construcción de un aeropuerto o de un puerto. 
La mitad de la población de Gaza es menor de 25 años y en la zona el desempleo se sitúa en el 60 %. 
Europa ha de persuadir a Israel de que negar el desarrollo económico de Gaza es contraproducente para la propia seguridad de Israel; asimismo, desde mi punto de vista, sería contraproducente para las relaciones comerciales de Israel con Europa. 
Es preciso poner fin a la reclusión de la población de Gaza detrás de muros y vallas de alambre de espino si se quiere evitar un desastre político y de seguridad para la población palestina. 
La situación es desalentadora y urge actuar. 
Quiero pedirle que convenza a la Comisión y al Consejo de que persuadan a Israel de levantar su veto sobre el desarrollo de la Franja de Gaza. 
– En su Tratado de Adhesión, la República Eslovaca se comprometió a desmantelar –y destaco la palabra – dos reactores de la central nuclear V1 de Jaslovske Bohunice. 
Ello comportará una disminución del 19 % de la producción eléctrica para la economía eslovaca, lo que también afectará a otros sectores de la economía. 
Para ayudar a Eslovaquia a hacer frente a esta difícil tarea, la Unión Europea prometió prestar una ayuda financiera adecuada. 
Para el período presupuestario 2007-2013, la Comisión propuso una aportación de 237 millones de euros. 
Los costes del desmantelamiento se calcularon sobre la base de los datos del año 2000, según los cuales se esperaba que los costes reales alcanzaran los 750 millones de euros. 
Los 237 millones de euros propuestos por la Comisión, además de los 180 millones de euros que ya se han pagado, representan menos de un tercio de los costes reales. 
Insto a mis estimados colegas a que consideren este asunto cuidadosamente y que presten su apoyo votando a favor de la suma de 400 millones de euros propuesta por la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
– Señor Presidente, hay una necesidad urgente de garantizar los derechos constitucionales para 18 305 ciudadanos de la antigua Yugoslavia, que fueron borrados ilícitamente del registro de habitantes de la recién independizada Eslovenia en 1992. 
Quiero informar del caso insólito de una de estas personas «borradas» , el señor Ali Berisha, perteneciente a la comunidad romaní de Kosovo, que llegó a Eslovenia de joven en 1985 y hasta 1991 estuvo empleado legalmente y tenía su residencia permanente en este país. 
Cuando perdió sus derechos de residencia en Eslovenia, se estableció en Alemania, donde ha vivido y trabajado durante 12 años. 
Se casó y tuvo cuatro hijos. 
Debido a la regularización de la situación, las autoridades alemanas lo deportaron recientemente a Kosovo, un país que dejó hace 20 años. 
La familia regresó a Eslovenia, de donde quieren deportar a los padres y los cuatro hijos a Alemania el 18 de noviembre. 
Pido al Gobierno esloveno que no ejecute el decreto de deportación en el caso de la familia Berisha hasta que el Tribunal de Justicia Esloveno haya dictado sentencia sobre la reclamación. 
– Señor Presidente, tomo la palabra en relación con el Séptimo Programa Marco de Investigación que en estos momentos están estudiando las instituciones. 
La investigación es por supuesto un ámbito en el que tiene sentido que todos nuestros Estados miembros junten sus recursos: tener un programa común es mucho más eficaz. 
Parte del programa tiene que ver con la salud pública. El programa ha sido cuestionado por quienes afirman que no cumple las prioridades de la competitividad económica definidas en la Agenda de Lisboa. 
Quiero refutar este argumento y hacer un llamamiento a los que pretenden rechazar este programa. 
La investigación sobre la salud no solo merece la pena por propio derecho. También merece la pena en relación con sus méritos económicos, en especial la investigación sobre la salud respiratoria, que actualmente no se incluye en el programa. 
Los problemas de salud respiratoria son la segunda causa de muerte en Europa y son responsables de una de cada cuatro muertes. 
Esto cuesta a nuestros sistemas sanitarios 102 millones de euros al año y es la principal causa de absentismo laboral. 
Hemos de asegurarnos de que este ámbito de la investigación se incluya en el programa. 
– Señor Presidente, mi país, Flandes, también ha sido escenario del terror en las calles durante las últimas semanas, con bandas de inmigrantes norteafricanos dando rienda suelta a su odio contra nuestra sociedad occidental y descargándolo contra la propiedad pública y privada. 
Aunque el alcance de la violencia fue más limitado que en Francia, donde varias personas fueron asesinadas, la izquierda políticamente correcta todavía nos impide usar el término chusma o escoria – en francés– y preferiría matar al mensajero a abordar el problema en un entorno sin tabúes. 
Estos problemas están ante todo anclados en una política de inmigración que ha descarrilado, en la formación de guetos, la negativa a integrarse y un fundamentalismo islámico agresivo en los suburbios. 
Sin embargo, determinados medios de comunicación prefieren calificar la escoria que vertió gasolina sobre una señora discapacitada para prenderle fuego únicamente de granujas. 
Por lo visto, también son granujas inocentes los sinvergüenzas que en Noisy-le-Grand sacaron a dos mujeres de su coche y las llevaron a rastras por las calles tirándoles del cabello. 
No hay duda de que también fueron jóvenes desfavorecidos quienes patearon hasta la muerte a Jean-Jacques Lechenadec, pero el policía que protegió a los ciudadanos y a la propiedad de los saqueadores se arriesga a que lo encarcelen. 
No obstante, aquellos a los que el señor Sarkozy califica correctamente de escoria pueden disponer de subsidios y de un tratamiento a cuerpo de rey. 
Me compadezco de Europa y de Francia. 
– El 15 de mayo se celebraron elecciones generales en Etiopía. 
Una de las razones por las que la gente votó fue que confiaban en los observadores internacionales, que incluían a observadores de la UE. 
Desde el día de las elecciones se han sucedido masacres –por ejemplo, el 8 de junio– y, sin embargo, el Primer Ministro etiope fue recibido por el G8 y participó en la Comisión de África. 
Hace poco, el 1 de noviembre, se sucedieron en Etiopía terribles episodios de violencia y represión, y todos los líderes opositores fueron detenidos. 
En este mismo instante hay decenas de miles de personas encarceladas, y docenas han muerto. Aún así, el Primer Ministro etiope ha sido recibido en Alemania. 
Señor Presidente, el 13 de julio el Parlamento aprobó una resolución muy clara respecto a la situación en Etiopía. 
Le insto a que escriba al Gobierno etiope y a los Gobiernos europeos y llame su atención sobre el hecho de que es imposible seguir actuando como si no ocurriera nada con un país que sufre la represión y en el que se encarcela a líderes opositores elegidos por el pueblo. 
– Señor Presidente, la Comisión Europea ha escrito al Gobierno sueco y le ha pedido que intervenga en la labor del Tribunal Supremo. 
El principio básico que sustenta una democracia es la división de poderes. 
Es constitucionalmente imposible que el Gobierno sueco intervenga en la labor del Tribunal Supremo. 
Pienso que se trata de un grave ataque a nuestro principio constitucional. 
Por lo tanto, sería conveniente que el Parlamento pudiera explicar a la Comisión que ella también debe atenerse a las normas básicas de cada país. 
El Tribunal Supremo es el órgano independiente de mayor rango en Suecia. 
No contamos con ningún tribunal constitucional ni con otros posibles órganos de control del poder del Gobierno. 
Si ahora la Comisión pide a nuestro Gobierno que influya en el Tribunal Supremo, ello sería perjudicial para nuestra Constitución y el funcionamiento de nuestro país y nuestra democracia. 
Sería lamentable que volviera a formularse semejante petición. 
– Señor Presidente, quiero hablar de los planes de la compañía naviera Irish Ferries de reemplazar a más de 500 empleados por mano de obra esclava y mal pagada suministrada por trabajadores subcontratados, muchos de ellos de fuera de la Unión Europea. 
Esta práctica de dúmping social es totalmente inaceptable y la Unión Europea tiene la responsabilidad de proteger los derechos de todos los trabajadores, incluidos los marinos que trabajan en aguas europeas. 
Los salarios y las ventajas secundarias que perciben los marinos han de coincidir con los que rigen en los respectivos Estados miembros. 
Irish Ferries debe cumplir sus acuerdos con los trabajadores y los sindicatos en la empresa. 
No hay motivo para romper estos acuerdos. 
Necesitamos una directiva europea de transbordadores que garantice que Irish Ferries y otras empresas similares no puedan pisotear los derechos de los trabajadores actuales y futuros. 
Este Parlamento ha de oponerse activamente al planteamiento de «carrera a la baja» del empleo y las condiciones laborales que abunda ahora en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, los desahucios son una cuestión muy emotiva en Irlanda, dada nuestra larga y dolorosa historia, y por ello lamento que se haya vuelto a plantear la cuestión recientemente, en concreto la semana pasada en las calles de Dublín. 
Este cartel dice «Detened los desahucios de Mandelson» y representa la voz de 5 000 agricultores la semana pasada. 
Un colega se ha referido a ello anteriormente. 
Existe un miedo real de que lo que está sucediendo en la OMC signifique el golpe de gracia para muchos agricultores, no solo en Irlanda, sino en toda la Unión Europea. 
Tengo tres mensajes para la Comisión en relación con la OMC. 
No se puede cerrar un acuerdo sobre agricultura a cualquier precio: tiene que ser equilibrado y justo. 
Cuando hay un mayor acceso al mercado hemos de prestar mucha atención a algunos productos; si se van a desestabilizar los mercados hemos de incluir mecanismos que controlen esa desestabilización. 
Y quiero sugerir que la UE solo debería importar alimentos producidos de acuerdo con las normas que exige a sus propios productores, y no debería aceptar normas inferiores en relación con el bienestar de los animales, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. 
– Señor Presidente, le agradezco mucho el tiempo de palabra que se me ha concedido, pero ¿son ustedes conscientes que desde 1999 cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino están encarcelados en Libia? 
Fueron condenados a muerte en 2004 porque 400 niños y adolescentes libios se habían contaminado del virus del sida en el hospital de Bengasi. 
Todo el mundo sabe que esa contaminación no fue culpa ni de las enfermeras búlgaras ni del médico palestino, pero a pesar de ello los mantienen como rehenes y desde marzo de 2004 están condenados a muerte. 
Mañana sabrán si sus recursos de apelación han sido aceptados o no. 
Hemos evocado a menudo este problema en el Parlamento Europeo, pero realmente es necesario que participemos en todas las gestiones posibles para liberar a estas personas, víctimas de una política que no pueden ni nosotros podemos entender, al igual que debemos intentar ayudar a los niños libios contaminados. 
– Señor Presidente, la semana pasada se celebró el 16º aniversario del final de la división de Alemania. 
Este año se cumple el 31º aniversario de la división de Chipre; casi la mitad de Chipre está ocupada por Turquía. 
Hasta hace 16 años, Alemania estaba dividida por el comunismo ruso. 
Hoy en día, Chipre está dividida por el fascismo turco, y la ocupación turca se está reforzando más y más. 
Recientemente, después de amenazar a observadores de la ONU, las fuerzas turcas ampliaron su control en la zona de separación de la ONU en la zona situada al este de Nicosia. 
He conseguido arriar la bandera turca de un nuevo puesto militar que se está construyendo en esa zona y la he traído hoy para recordarles una vez más, Señorías, que un Estado miembro de la UE está siendo ocupado por un país candidato y la UE parece extrañamente dispuesta a tolerar esta absurda situación. 
Quiero entregarle esta bandera, señor Presidente, y pedirle que se la envíe al Primer Ministro turco diciéndole que se está agotando nuestra paciencia y que sin más demora ni excusas ha de retirar sus tropas de ocupación del suelo de la Unión Europea chipriota. 
Gracias, señor Matsakis, pero convendrá usted que no le voy a mandar la bandera al Primer Ministro turco. 
Puede usted hacerlo directamente si lo desea. 
– Señor Presidente, esta Cámara ha levantado su voz a menudo para apoyar a las víctimas del terrorismo. 
Le invito a hacerlo de nuevo. 
Después de décadas de terrorismo del IRA y de otro terrorismo en Irlanda del Norte, tenemos cientos de asesinatos no resueltos, y muchos de quienes los perpetraron han huido de la jurisdicción. 
Ahora, en una pésima iniciativa legislativa, el Gobierno británico, cumpliendo un sórdido trato con el IRA, propone conceder la amnistía y el asilo a esos terroristas huidos. 
Con ello se niega descaradamente el derecho de sus víctimas a que se haga justicia, mientras que se monta un proceso absurdo en el que los terroristas ni siquiera tienen que comparecer ante el tribunal, no tendrán que permanecer ni un solo día en la cárcel y nunca serán interrogados de nuevo sobre sus abominables crímenes. 
Esta legislación es una gran ofensa a la justicia y a los derechos humanos de las víctimas; es un ejemplo nauseabundo de cómo los Gobiernos pueden rebajarse cuando quieren aplacar al terrorismo. 
Pido a esta Cámara y al Comisario de Justicia que se manifiesten en contra de esta horrible legislación. 
– Durante el último año, la población de algunos nuevos Estados de la UE ha disminuido hasta un extremo alarmante, sobre todo en Estonia, Letonia y Lituania, debido a la emigración a los antiguos Estados de la UE. 
La libre circulación de personas es uno de los logros fundamentales de la UE. 
Sin embargo, los nuevos Estados de la UE están perdiendo lamentablemente a sus habitantes de más talento y mejor educados en beneficio de Estados con un mayor índice de envejecimiento y más ricos. 
En Lituania, la educación de un estudiante cuesta en promedio 7 000 euros, la de un estudiante de medicina alcanza los 26 000 euros y la de un piloto los 60 000 euros. 
Sin duda, atraer a especialistas de los nuevos países es menos caro y más conveniente que formarlos localmente. 
Pero más bien parece como si los países más pobres estuvieran haciendo caridad con los más prósperos. 
Las prohibiciones y las restricciones no ayudarán. 
Debemos desarrollar un sistema para el registro de los jóvenes especialistas que trabajen de forma permanente en otros Estados de la UE y establecer «reglas de juego» justas. 
Necesitamos un fondo especial para paliar las dolorosas consecuencias de la «fuga de cerebros» en nombre de la solidaridad, la esencia de la Unión Europea. 
De conformidad con el orden del día, vamos a proceder al debate del informe de Mihael Brejc, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la dimensión global de la mundialización (2005/2061 (INI) ) (A6-0308/2005). 
. Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al ponente, el señor Brejc, por su informe, cuya importancia es fundamental. 
Los debates sobre la mundialización y su repercusión ocupan un lugar destacado en el programa de trabajo, tanto en la Unión Europea como a escala mundial. 
El informe contiene muchas propuestas, que la Comisión se propone examinar en detalle. 
Sin embargo, quisiera formular un par de comentarios preliminares sobre varias de las demandas y propuestas del informe. 
Estoy encantado de que el Parlamento haya prestado su apoyo a las iniciativas propuestas por la Comisión y desarrolladas en vistas al refuerzo de la dimensión social de la mundialización. 
La Comisión ha decidido tomar la iniciativa con el fin de ayudar a asegurar que los beneficios de la mundialización sean compartidos más ampliamente, y para invertir sus efectos negativos. 
La Comisión Europea apoyó las conversaciones mantenidas por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, creada por la Organización Internacional del Trabajo. 
La Comunicación de 18 de mayo de 2004 contiene las propuestas originales de la Comisión Europea y expresa un apoyo claro a la implementación del informe final de la Comisión Mundial. 
Desde entonces, estas propuestas se han granjeado un amplio apoyo, sobre todo de los miembros del Consejo Europeo, del Consejo de Ministros, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones. 
Su informe y propuesta de resolución contienen mucha información que es fundamental para la Comisión. 
Si la dimensión social de la mundialización debe promoverse en la Unión Europea y en otros lugares, se necesitan medidas coordinadas que cuenten con un amplio apoyo. 
La Comisión acoge con satisfacción el resultado de la cumbre de la ONU celebrada en septiembre. 
Deseo recordar a la Cámara que la Comisión desempeñó un papel en los preparativos de esta cumbre, en especial en su función de coordinadora a escala de la UE, y mediante el uso que hizo de sus contactos dentro de la ONU y de sus organismos especializados, tales como la Organización Internacional del Trabajo. 
La declaración final de la cumbre de la ONU hace referencia expresa a una mundialización justa y a un trabajo decente sobre la base de los derechos sociales fundamentales. 
Además de establecer principios, la declaración también destaca que la promoción del trabajo decente y de la mundialización justa debe incorporarse a las estrategias de desarrollo a escala mundial y nacional. 
El apoyo de la ONU reviste una importancia fundamental para la acción exterior de la Unión Europea en todos los ámbitos, ya sea en términos de mejora de nuestra cooperación con la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones internacionales, o en términos de cooperación bilateral con otras regiones y países. 
Quiero comenzar diciendo que aprecio enormemente el discurso pronunciado hoy ante esta Cámara por el Comisario Špidla. 
El mayor desafío a que nos enfrentamos en nuestro futuro común es saber cómo nosotros, en Europa, podemos ayudar a convertir la mundialización en una oportunidad real para el progreso social en los países en desarrollo. 
Acabo de regresar de China y les ruego me permitan contarles lo mucho que sus habitantes se sienten preocupados por el futuro de Europa. 
Dije a todos aquellos con los que hablé en China que yo también estaba muy preocupado. 
Me preocupa que no podamos mantenernos unidos y trabajar por el objetivo de hacer una contribución al mundo con la que poder mantener un equilibrio. 
Me preocupa que no podamos mantenernos unidos en el mundo con el fin de luchar por la justicia social y el progreso social en los países en desarrollo. 
Además, temo por la India, África y China, y por todos los países en desarrollo si no somos capaces de mantenernos unidos con el fin de alcanzar este objetivo, ya que si no logramos cumplir el objetivo de un mayor progreso y justicia sociales, el mundo entero, incluida Europa, saldrá perdiendo. 
Por lo tanto, es fundamental reforzar los derechos básicos de los trabajadores, tal y como acordó la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. 
Como ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores, apoyo plenamente esta conclusión y sé que mi colega, el señor Christensen, ponente alternativo del PSE en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, también apoya esta conclusión. 
Me he centrado en mi discurso en tres aspectos principales. 
En primer lugar, no podemos promover mayor flexibilidad sin proporcionar a cambio a nuestros trabajadores, niños y mujeres una mayor protección social. 
En segundo lugar, Europa no debe competir en términos de dúmping social. 
Europa debe competir en las mejores y no en las peores condiciones. 
Europa tampoco debería exportar dúmping social. 
En tercer lugar, Europa debe desempeñar la función de la conciencia social del mundo en relación con el desarrollo, el medio ambiente y los derechos de los empleados. 
Sé que eso es algo en lo que también estamos de acuerdo con el señor Christensen. 
Mañana informaré sobre las opiniones extraídas del programa de crecimiento social del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
. – Señora Presidenta, señor Comisario, deberíamos dar las gracias a la Comisión Europea por haber acometido el desafío de la dimensión social de la mundialización. 
No obstante, me gustaría que también las instituciones europeas y las autoridades nacionales emprendieran su propia reflexión tomando las condiciones reales en los Estados miembros como punto de partida. 
La dimensión social de la mundialización nos exige adaptar las estructuras de la sociedad a los compromisos adquiridos, sin sacrificar por ello sus fundamentos. 
En primer lugar, quisiera abordar la dimensión social de la mundialización desde la perspectiva de la ciudadanía. 
Nada paraliza más a la ciudadanía que el sentimiento de inferioridad generado por los ataques cotidianos de la pobreza, la subordinación y la dependencia. 
Por consiguiente, todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en que todos aquellos y aquellas que están hoy excluidos del progreso debido a una mundialización mal controlada puedan mantener o recuperar su dignidad. 
Una segunda observación se refiere a uno de los mayores desafíos de la mundialización: la pobreza. 
El mes pasado, el 17 de octubre, conmemoramos el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. 
Dijimos que para combatir la pobreza debíamos asociarnos estrechamente con los más pobres. 
Por desgracia, la Comisión Europea todavía no ha oído esas peticiones. 
Por ello, hago votos por que las instituciones europeas y nacionales se tomen en serio las aportaciones de las familias y los ciudadanos más pobres. 
Son los auténticos expertos a la hora de entender la dimensión social de la mundialización. 
Mi tercer punto se refiere a la aportación de las mujeres a este debate. 
La Estrategia de Lisboa prevé que al menos el 60 % de las mujeres participen en el mercado de trabajo en 2010. 
Estoy convencida de que ese objetivo se ha alcanzado ya. 
No hace falta más que reconocer todo el trabajo realizado por mujeres que actualmente no es oficialmente reconocido por las autoridades nacionales ni europeas. 
¿Qué sabemos realmente del compromiso de las mujeres cuando lideran las redes intergeneracionales de apoyo y otras formas de trabajo informal? 
Toda la sociedad se beneficia de ello. 
Aliento a los servicios de la Comisión Europea y a los Estados miembros a que reconozcan el trabajo de las mujeres que todavía no está oficialmente reconocido, al margen de la condición social de estas mujeres. 
También esto forma parte de las respuestas al desafío social de la mundialización. 
. – Señora Presidenta, gracias por darme la palabra. 
Quiero empezar dando las gracias al ponente, el señor Brejc, por su trabajo en torno al informe sobre la dimensión social de la mundialización y por cooperar con nosotros de forma tan constructiva al respecto. 
La mundialización ha supuesto para mucha gente en el mundo ventajas considerables. 
Lo único que ocurre es que las ventajas no se distribuyen equitativamente en todos los países y en todos los grupos sociales. 
Así pues, me siento satisfecho de que el informe se centre en el aspecto social de la mundialización y dé pie a un debate sobre el mismo. 
Todos tenemos la responsabilidad de encontrar nuevas respuestas a los desafíos. 
Debemos garantizar que los ciudadanos europeos no asocien únicamente mundialización con empresas que trasladan sus operaciones al extranjero, con espantosas condiciones de trabajo y despidos masivos. 
En cambio, la mundialización debe asociarse con más y mejores puestos de trabajo, más oportunidades y un aumento de la prosperidad para todos. 
Debemos acabar con las consecuencias perjudiciales de la mundialización y asegurar que sus aspectos positivos se repartan de forma más equitativa. 
Es precisamente en este terreno donde la UE puede desempeñar un papel importante. 
Hay que garantizar que cree buenas condiciones para los ciudadanos de la UE, de forma que puedan enfrentarse con éxito a la competencia internacional. 
No solo debe centrarse en la economía de mercado y el juego libre de las fuerzas del mercado, sino que también debe invertir en las personas. 
Si todo el mundo va a tener que estar en condiciones de enfrentarse con éxito a la competencia mundial, junto a una política activa del mercado laboral se necesitará una mayor y mejor educación. 
Si todo el mundo debe ser capaz de dar lo mejor de sí mismo frente al desafío de la competencia mundial, es necesario un aprendizaje permanente y el desarrollo de las aptitudes personales. 
La segunda respuesta a los retos de la mundialización es que la UE debe incrementar y promover el uso del diálogo social tanto en su interior como en el resto del mundo. 
Una estrecha cooperación entre ambas partes de la industria puede facilitar la reestructuración, del mismo modo que un aumento de la información puede reducir el miedo a la mundialización. 
En el resto del mundo, el diálogo social significará una mejora de las condiciones del mercado laboral, dado que la UE también tiene una obligación de propagar el progreso social por todo el mundo. 
La mundialización no solo debe beneficiar a los ciudadanos de la UE. 
En este sentido, también quiero dar las gracias a mi colega, el señor Rasmussen, quien ha realizado una labor constructiva como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, consiguiendo que el informe también se centre en las políticas exteriores de la UE. 
. Señora Presidenta, considero que dotar a la mundialización de una dimensión social es uno de los retos fundamentales que plantea este proceso. 
Estoy encantado de que el Comisario, en nombre de la Comisión Europea, haya expresado un punto de vista similar, y espero que esta opinión también sea compartida por el Consejo de Ministros, aunque los asientos reservados para el Consejo estén, por lo que veo, vacíos. 
Desde nuestro punto de vista, es fundamental que el Parlamento Europeo siga adelante con este asunto, y debemos dar las gracias al ponente por la propuesta de resolución que ha presentado. 
Aunque existen muchos aspectos distintos respecto a esta cuestión, quiero destacar dos que considero especialmente importantes. 
En primer lugar, la importancia que se concede a la dimensión social de la mundialización depende en gran medida, por no decir de forma decisiva, del surgimiento y la consolidación de una sociedad civil en todos los países. 
Ello es especialmente cierto en el caso de aquellos países con un progreso insuficiente tanto en el plano democrático como en el económico. 
La Unión Europea debe apoyar la consolidación de la sociedad civil en todos los países con los que coopera, sobre todo en los países en desarrollo. 
La segunda cuestión que deseo destacar es el papel que debe desempeñar la Unión Europea en el seguimiento de la mundialización y la promoción de su dimensión social. 
La mundialización es inevitable, y se trata de un proceso necesario, por no decir indispensable. 
Sin embargo, al mismo tiempo, todos somos conscientes del importante riesgo social que comporta. 
En consecuencia, la mundialización debe controlarse de una forma en la que se asegure que cualquier efecto negativo se reducirá al mínimo. 
Tal vez este sea el cimiento sobre el que se basa la dimensión social de la mundialización, y creo que la Unión Europea puede y debe desempeñar una función clave al respecto. 
. – Señora Presidenta, este informe menciona muchos aspectos de la política social y es de esperar que el sector empresarial asuma estos excelentes principios y que, de hecho, los ponga en práctica en mayor medida que hasta ahora. 
Si no lo hace, el proverbio burlón según el cual «el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones» sin duda tendría que reformularse en una versión para la UE, que diría lo siguiente: «el camino a la mundialización neocapitalista está pavimentado con las bonitas palabras de la UE sobre política social». 
El informe todavía es demasiado vago sobre la correlación entre la pobreza, las empresas y la destrucción del medio ambiente; por poner un ejemplo, en el número de 2005 de World Energy Outlook, la Agencia Internacional de la Energía describe un panorama aterrador de las emisiones mundiales de CO2, que se incrementarán un 52 % de aquí al año 2030. 
Está claro que existe un conflicto de intereses entre la destrucción del medio ambiente y la reducción de la pobreza, y los que sufren por encima de todo son los pobres. 
Una de las funciones de la política consiste en fijar límites claros para las empresas; las grandes multinacionales deben asumir una mayor responsabilidad social y ambiental, y el llamado enfoque de la triple suma es un ejemplo de cómo pueden hacerlo. 
De esta forma, puede guiarse a la opinión pública hacia formas más responsables de consumo, y la etiqueta ecológica es una manera de hacerlo. 
Los consumidores tienen el derecho a ser informados de si un producto ha sido fabricado de forma justa y de acuerdo con las normas de la OIT, y no mediante la explotación. 
Permítanme decir algo más acerca de la OMC. 
Me siento molesto por el respeto excesivo que se le tiene a la organización. 
Las actitudes de muchos políticos hacia la misma sugieren que la consideran una especie de fuerza natural. 
La OMC debe ser más democrática. 
Sus objetivos deben ser redefinidos por instituciones elegidas, que deben supervisar sus actividades. 
Se trata de otro ámbito en que la UE debe ejercer mayor influencia. 
. – Todos somos conscientes de que el proceso de mundialización neoliberal está contribuyendo a agravar las desigualdades económicas y sociales y a ampliar la brecha entre ricos y pobres. También está exacerbando los desequilibrios ambientales, tanto entre países distintos como en el interior de los mismos, como demuestran las cifras y los informes de la ONU. 
Los altos índices de desempleo, las desigualdades en la distribución de la riqueza, la pobreza y la exclusión social también están provocando un aumento de la tensión social, cosas a la que no somos inmunes en la UE. 
Por lo tanto, no basta simplemente con observar la situación actual; lo que necesitamos es una ruptura con las políticas económicas, monetarias y de comercio internacional que han llevado a esta situación, tanto a escala mundial como de la UE, con el fin de que puedan alcanzarse los objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible y aumentarse los niveles de vida en todo el mundo. 
Las enmiendas que hemos propuesto pretenden destacar la importancia de modificar urgentemente algunas de estas políticas, de forma que se dé la debida importancia a la dimensión social. 
Urge tomar medidas prácticas para combatir la especulación financiera en los mercados mundiales de capitales, por ejemplo mediante un impuesto sobre los movimientos de capitales y las ganancias de capital en Bolsa. De este modo, se reduciría la volatilidad de los mercados de capitales y el riesgo de crisis financiera, se estimularía la inversión y la creación de riqueza en la economía real, y así se fomentaría la inclusión social y se aseguraría el respeto de los derechos humanos. 
Es además sumamente importante que se sustituya la Estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por una estrategia europea de solidaridad real y de desarrollo sostenible, con el objetivo de promover la igualdad de derechos y la protección social para todos, la erradicación de la pobreza y la exclusión social, la resolución de los problemas del empleo precario y el refuerzo de los derechos sociales de los trabajadores, los desempleados, los ancianos y los niños. 
El acceso universal a servicios públicos de alta calidad en ámbitos como el suministro de agua, la sanidad, la educación y la vivienda tienen una importancia fundamental. En consecuencia, la UE, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio y del GATT, no debe dar preferencia a la liberalización de los servicios. 
. – Señora Presidenta, el concepto de mundialización no es nuevo, no es de cuño reciente. 
Partió de Roma a modo de ecumenismo, el siglo pasado los comunistas intentaron imponerlo en forma de internacionalización y, hoy día, la mundialización es la respuesta del capitalismo. 
Quiero preguntar a cualquier europeo, al comerciante de Colonia, al artesano de Marsella, al agricultor de Grecia: ¿están contentos con los resultados de la mundialización? 
Los únicos que están satisfechos son los chinos, con un 12 % de crecimiento. 
¿Qué es lo que conseguimos? 
¿Qué está yendo bien en Europa? 
Los países con una economía fuerte, como Alemania, están ahora experimentando un déficit. 
¿Qué es lo que conseguimos? 
El desempleo aumenta y no podemos mantenerlo bajo control. 
¿Qué es lo que conseguimos? 
Todo viene de China. 
¿No es cierto que todo viene de China? 
¿No es cierto que, ahora que el caballo se ha desbocado, estamos intentando encontrar una forma de detener que toda China llegue aquí? 
Esta es la realidad. 
Terceros países se han hecho con nuestras fábricas y nosotros recibimos a sus habitantes. 
Por este motivo han estallado esos incidentes en Francia, con aquellos a los que el señor Sarkozi llama «escoria» ; y desde luego que no estoy de acuerdo con el término empleado por el Ministro de Interior francés. 
Sin embargo, estas personas no tienen trabajo porque la fábrica donde trabajaban se ha trasladado al norte de África o a los Balcanes. 
Así pues, la mundialización no nos beneficia a los europeos, a pesar de ser tan sagaces. 
Introdujimos nuestra moneda y la revalorizamos un 50 % respecto al dólar. 
¿Cómo podemos competir con un euro tan fuerte? 
¿Cómo seremos capaces de enfrentarnos a la mundialización? 
¿Saben ustedes a cuánto asciende la pensión media en Grecia? 
Es igual a las dietas de un diputado al Parlamento Europeo. 
Los 270 euros que recibimos hoy superan el importe percibido por un agricultor griego en un mes. 
¿Podemos garantizar la viabilidad del sistema de pensiones europeo? 
¿Podemos garantizar el empleo para todos los europeos? 
¿Podemos proteger el algodón, que se encuentra en almacenes griegos y que Europa no compra, porque así puede comprar algodón de terceros países? 
¿Podemos proteger el aceite español, que Europa no compra, porque así puede comprar el aceite de Túnez? 
Esta es la realidad. 
¿De qué mundialización estamos hablando? 
¿Cuáles son los resultados? 
Repito, ¿qué es lo que Europa consigue? 
¿Qué es lo que estamos protegiendo para los ciudadanos europeos? 
Hemos jugado al juego de los Estados Unidos de América, para que los grandes negocios puedan cosechar los beneficios. 
Los únicos que están satisfechos son Carrefour y Lidl, ¿y cómo lo han conseguido? 
Explotando a la gente. 
He ido a Lidl aquí en Estrasburgo y he comprado un par de cosas. 
Las mismas cosas en mi país son tres veces más caras. 
El mismo producto, el mismo nombre, la misma cantidad. 
¿Cómo pueden sobrevivir los pequeños comerciantes? 
¿Cómo pueden sobrevivir los artesanos? 
Esta es la razón por la que nos estamos adentrando en una economía menguante, en un problema al que tendremos que enfrentarnos. 
Tengan cuidado, no sé si esta ampliación irresponsable de Europa será su perdición, pero su mayor problema será la economía. 
La mundialización perjudicará gravemente el futuro de Europa. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al ponente por su trabajo. 
Con demasiada frecuencia, cuando hablamos de mundialización, nuestros comentarios y preocupaciones se centran solamente en el comercio, en lugar de tratar otros aspectos sociales de la mundialización. 
De hecho, la Unión Europea puede desempeñar un papel significativo a la hora de difundir las mejores prácticas a través de lo que hemos conseguido dentro de la propia Unión. 
A pesar de los errores que existen en el sistema europeo, también hay cosas muy buenas y positivas. 
Quiero dar un ejemplo de ello. 
Hace dos semanas estuve en Nairobi. En uno de los barrios bajos visité una escuela en la que había 1 690 alumnos y 22 profesores. 
El director de dicha escuela ganaba el equivalente a 150 euros al mes. 
La única razón de que tantos niños fueran a la escuela era que allí les daban comida donada por la Unión Europea y el Programa Mundial de Alimentos. 
Se les alentaba a aprender, pero también se les alimentaba. 
Ello me recuerda al dicho: «dad un pescado a un hombre y le alimentaréis durante un día, pero enseñadle a pescar y le alimentaréis durante toda su vida». 
Uno de los principales componentes del aspecto social de la mundialización es la educación, porque no importa cuántas cuestiones se traten o cuántos acuerdos comerciales preferenciales de concedan a los países en desarrollo, las personas en dichos países nunca serán capaces de salir del pozo de la pobreza en el que se encuentran muchas de ellas si no se les da un acceso adecuado a la educación y la atención sanitaria y una comprensión de cómo funcionan los sistemas. 
Nuestra función, nuestra obligación y nuestra responsabilidad, ya sea en el comercio mundial o en las Naciones Unidas, o incluso en nuestras acciones de ayuda al desarrollo, debería consistir en garantizar, ante todo, que cuando hablemos de mundialización situemos a las personas en el centro del debate. 
No se trata únicamente de bloques comerciales. 
No se trata únicamente de rendimientos económicos. 
Se trata de asegurar que el mundo sea un lugar mejor para las generaciones futuras. Y esto solo puede lograrse invirtiendo en las propias personas. 
– Señora Presidenta, está escrito en este informe que la Unión Europea puede aportar una contribución significativa al proceso de mundialización mediante el reconocimiento y la promoción de su modelo social en todo el mundo. 
Pero con veinte millones de parados en Europa, ¿de qué modelo social habla usted? 
¿Del proceso de Lisboa, que es un fracaso? 
¿Del endeudamiento de los Estados miembros que están al borde de la quiebra? 
¿De la precariedad social, la fiscalidad aplastante y la nueva pobreza del cuarto mundo europeo? 
¿Cree usted que todo esto podría constituir un modelo social que podemos exportar? 
Si quiere tener una visión concreta de la dimensión social de la mundialización, le invito a hacer turismo por las 300 ciudades francesas que, desde hace 18 días, son escenario de revueltas sociales, disturbios étnicos y odio antifrancés, con coches quemados, escuelas, guarderías, gimnasios y hospitales destruidos, por no hablar de las agresiones sistemáticas y generalizadas a bomberos y fuerzas del orden. 
Así medirá las consecuencias concretas y visibles de la política económica ultraliberal, ultrainternacionalista y ultrainmigracionista seguida desde hace 25 años por las instituciones europeas y los Estados miembros, con Francia a la cabeza. 
Su modelo social de integración es, de hecho, un perfecto modelo de desintegración: desintegración económica e industrial, desintegración social, desintegración cultural y desintegración institucional. 
A las deslocalizaciones de empresas a los países de bajos costes sociales vinculados a la producción se suman las deslocalizaciones de poblaciones de los países pobres a los países con un alto nivel de protección social. 
El dúmping social generalizado que ha traído la mundialización es justo lo que se necesitaba económicamente para traer el declive social. 
Su mundialización económica es, de hecho, la mundialización del dúmping social y la mundialización migratoria. 
Poblaciones extranjeras entran masivamente en Europa, mientras las empresas salen masivamente de Europa. 
Hoy tenemos que soportar no solo a los alborotadores de nuestros suburbios, sino también a los saqueadores económicos que roban nuestras industrias, a los que se suman los bandidos políticos e institucionales que nos arrebatan nuestras identidades nacionales, nuestras unidades nacionales, nuestras soberanías y nuestros valores de civilización. 
La mundialización económica y migratoria forzada va a acabar por imponer a los pueblos de Europa una sociedad multicomunitaria y multiétnica, la discriminación positiva, la mezcla racial obligatoria y un nivel de protección social como el de la China comunista. 
Este modelo no es evidentemente el nuestro, y hoy es crucial desactivar esta bomba de relojería. 
. – En primer lugar, quiero disculparme ante ustedes por haber llegado tarde, debido al retraso del vuelo y a los atascos de tráfico en Estrasburgo. 
El informe que hoy se discute incluye una explicación de las medidas relacionadas con la dimensión social de la mundialización. 
El informe también constituye una primera respuesta de la Comisión y del Parlamento Europeo a las distintas dimensiones de la mundialización y, por supuesto, al informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, creada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Existen varias definiciones de la mundialización. 
La idea básica subyacente es la progresiva integración de las economías y las sociedades. 
Está guiada por nuevas tecnologías, nuevas relaciones económicas y políticas exteriores nacionales de diversas entidades, que abarcan desde Gobiernos hasta sociedades civiles. 
La mundialización es un proceso sin contenido ideológico, ni de la izquierda ni de la derecha, ni liberal ni verde. 
Es un proceso que conlleva consecuencias tanto positivas como negativas. 
Por eso podemos considerarlo desde varios puntos de vista, económico, financiero, tecnológico, medioambiental, etc. 
La dimensión social de la mundialización es el tema del presente informe. 
La Comunicación de la Comisión subraya la dimensión social de las relaciones bilaterales y regionales dentro de Europa, que engloba acuerdos bilaterales y regionales, diálogo político a escala regional, la política de vecindad de la Unión Europea, el respeto de los derechos humanos y la democratización en terceros países, el desarrollo de la inmigración, etc. 
También quiero mencionar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que, entre otras cosas, hacen hincapié en la política de cooperación, en garantizar que la política comercial respalde plenamente el progreso social, facilitando a los países en desarrollo el acceso a los mercados de los países desarrollados, y en el apoyo a una iniciativa específica para el progreso social y la transposición de buenas prácticas. 
En mi informe, he intentado destacar especialmente los siguientes aspectos: debemos reforzar los factores de la mundialización que actúan de forma positiva y crear condiciones para reducir las repercusiones negativas de la mundialización. 
Los Estados miembros de la UE pueden establecer las buenas prácticas que han desarrollado como un ejemplo a seguir en otros lugares del mundo y deben intentar convertir por todos los medios la revisada Estrategia de Lisboa en un éxito. 
Debemos fomentar un clima de apoyo a las empresas, a la inversión y al progreso social. 
Sin embargo, necesitamos un mercado laboral más flexible, menos burocracia y una mayor responsabilidad personal. 
Con el fin de mantener la competitividad de la economía europea y el progreso social, necesitamos grandes inversiones en recursos humanos y, por esta razón, acojo con satisfacción los esfuerzos de la Comisión en esta dirección. 
El Parlamento Europeo debe apoyar las llamadas normas fundamentales del trabajo y la agenda de trabajo decente de la OIT. 
Debemos tratar de obtener la categoría de observadores para la OIT en la Organización Mundial del Comercio, en vistas a la mejora de la calidad del diálogo interinstitucional. 
Debemos hacer hincapié en la importancia de un frente unido dentro de las instituciones internacionales, desarrollar la responsabilidad social de las empresas e instar a las empresas a que empleen medidas apropiadas y buenas prácticas. 
En este contexto, quisiera mencionar las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. 
También debemos subrayar el importante papel de las instituciones educativas y de los medios de comunicación en el proceso de mantener a la opinión pública bien informada sobre las repercusiones de la mundialización. 
Es más, he tomado nota con interés de la idea del establecimiento de un Grupo parlamentario encargado de supervisar la coherencia entre las políticas económicas, sociales y ambientales globales y de proporcionar una perspectiva general de conjunto de las principales organizaciones internacionales. 
La fase consultiva de la comunicación de la Comisión y mi informe han dado pie a una base fructífera para una serie de enmiendas, ninguna de las cuales está relacionada con la dimensión social de la mundialización. 
Aunque quiero instarles a limitar esta fase consultiva a la dimensión social de la mundialización, entiendo que mis colegas deseen destacar otros aspectos dentro de este contexto. 
A raíz de ello, hemos recibido enmiendas relativas a la Política Agrícola Común, a aspectos ambientales, al comercio de gas y petróleo, etc. Algunas de las enmiendas están muy alejadas de la realidad y estarían mejor en el cubo de basura de la historia del socialismo que en el contexto del Estado del bienestar moderno y, por lo tanto, no puedo darles mi apoyo. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Comisión por redactar una Comunicación excelente, así como a todos mis colegas que han contribuido de modo importante a la elaboración del informe del Parlamento Europeo sobre la dimensión social de la mundialización. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, me complace poder intervenir inmediatamente después del ponente. 
No cabe duda de que la mundialización genera un mayor rendimiento económico, además de reducir los costes y las diferencias entre las culturas empresariales. 
Este es su aspecto positivo. 
Sin embargo, también genera una competitividad mucho mayor, lo que puede implicar graves pérdidas de puestos de trabajo y generar gran ansiedad entre los trabajadores. 
El señor Christensen está en lo cierto al decir que los beneficios de la mundialización no están equitativamente distribuidos, pero esta trae consigo el progreso, y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos está a favor de emplear ese progreso y hacer frente a la resolución de los problemas estructurales. 
Si queremos mirar adelante y competir –como es nuestro deber–, entonces debe haber reformas, pero al mismo tiempo debemos encontrar formas innovadoras de responder a los retos sociales. 
En junio, mi colega el señor Brejc elaboró un excelente informe, suficientemente ecuánime, que se concentró en los aspectos básicos y planteó soluciones claras, pero sus 17 compactos apartados se convirtieron repentinamente en 39 por el deseo de determinados diputados de izquierdas de esta Cámara de introducir en él una nueva dimensión, la cual consideraban necesaria. 
Debo decir que no estoy de acuerdo con ellos. 
En un santiamén, convierten las instituciones efectivas en instrumentos de regulación; casi se puede sentir a los burócratas respirándole a uno en el cuello. 
Estos instan a la Comisión a que controle la compatibilidad de los acuerdos de asociación pesqueros con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destacan la importancia de aspectos como la amenaza de la ecodestrucción y la pérdida de biodiversidad. 
Si el tema en cuestión fuese la «dimensión ecológica de la mundialización» , todo esto estaría muy bien y podríamos hablar sobre ello, pero el informe trata de la «dimensión social de la mundialización». 
Hay ocasiones en las que uno debe concentrarse en el tema que se está tratando si no quiere acabar con importantes dificultades. 
Es grotesco que deban demandarse cosas como medidas destinadas a disuadir a las empresas de que se trasladen para obtener subvenciones comunitarias. 
El lugar en que ubicar una empresa no se decide con poca antelación y teniendo en mente los pagos de Bruselas; se trata de un proceso a largo plazo que implica importantes transacciones financieras y la toma de decisiones a largo plazo por parte de la dirección. 
Ahorrémonos la cada vez mayor verborrea repetitiva, las cuestiones irrelevantes y las poses ideológicas altisonantes; de hecho, lo que solicitaba el informe estaba perfectamente claro: una extensa inversión en capital humano, la mejora de los sistemas educativos de los países, la promoción de los conocimientos profesionales especializados –lo cual se necesita con más urgencia que nunca– y la creación de empleos de gran calidad de acuerdo con la Estrategia de Lisboa. 
¿Qué pasa entonces con la OIT? 
Estoy de acuerdo con el ponente, y con algunas de las personas que ya han intervenido, en que la OIT debe concentrarse más en las condiciones de trabajo humanas. 
Debemos de seguir esforzándonos por impedir la exclusión social, eliminar el trabajo infantil y ganar la guerra a la pobreza. 
Lo que necesita la OIT es el estatus de observador en la OMC, y nos gustaría que se celebrase un foro institucional entre las múltiples partes interesadas sobre la responsabilidad social de las empresas. 
Las pequeñas y medianas empresas deben interconectarse mejor si quieren poder participar activamente en una economía mundializada y que se creen nuevos puestos de trabajo, y los interlocutores sociales deben de implicarse en todos los procesos de toma de decisiones si se quiere reforzar la dimensión social. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a mi amigo el señor Mann por demostrar que una vez más volvemos a llevar el paso. 
La sexta Conferencia de Ministros de la OMC se celebrará en Hong Kong este diciembre, y una vez más será del tipo en que no habrá debate sobre la prohibición del trabajo infantil o la abolición del trabajo forzado, sin mencionar la libertad de asociación o el derecho a crear sindicatos. 
Los ejemplos que acabo de mencionar son normas laborales básicas y sin ellos no puede existir un comercio justo. 
La comunicación de la Comisión que estamos debatiendo hoy establece las cosas que puede hacer la Comunidad para conseguir que el proceso de la mundialización sea más justo para todos y, con esto en mente, quisiera llamar la atención de la Cámara sobre un mandato de negociación para la Conferencia de Ministros de la OMC de Seattle, que expresó el deseo de la UE de celebrar una conferencia a nivel ministerial sobre los temas del comercio, el empleo y las normas laborales básicas. 
En aquel momento, la Comisión –y es a los miembros de la Comisión a quienes quisiera recordar esto– se comprometió a celebrar dicha conferencia en 2001. 
Si ustedes, los Miembros de la Comisión, desean tomar medidas, entonces les sugiero que empiecen por hacer aquello a lo que se comprometieron hace años. 
No espero otra cosa de ustedes, que celebren finalmente esta conferencia, ya que el comercio justo es un tema más actual que nunca, si –tal como deberían– se toman en serio la dimensión social de la mundialización. 
– Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, me parece muy eficaz el enfoque que ha dado el señor Brejc a un tema con ramificaciones muy delicadas: las consecuencias sociales de la mundialización. 
Es un tema de plena actualidad, que también fue objeto de un importante debate en la reciente Cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada el pasado 28 de octubre en Hampton Court. 
La mundialización es un proceso complejo, que representa una fuente de oportunidades pero también de desafíos y que, por tanto, debe gestionarse de forma adecuada para aprovechar todas las ventajas que puede ofrecernos y, al mismo tiempo, minimizar los desequilibrios económicos y sociales que la acompañan. 
A tal fin, la Unión puede aportar una contribución eficaz promoviendo su modelo de desarrollo a escala internacional. 
Comparto, pues, la propuesta del ponente de relanzar y reforzar la Estrategia de Lisboa, que pone de manifiesto la interdependencia entre las dimensiones económica, social y ambiental. 
Estoy de acuerdo asimismo con él en el papel fundamental que desempeñan las inversiones en recursos humanos, en formación profesional, en investigación y en innovación, como vehículos de un desarrollo orientado hacia la justicia social. 
Pero eso por sí solo no basta. 
Como demuestran los sucesos de estos días en los suburbios franceses, también en los países más industrializados de la Unión existen grandes desequilibrios sociales por cuya causa sectores enteros de la población se sienten marginados. 
Para resolver estos problemas no basta con la gobernanza mundial, también hay que interpretar mejor las necesidades del país. 
Para sobrevivir y prosperar, una economía mundial debe tener unos fundamentos más sólidos, promover acciones sociales más amplias e integradoras y ser compatible con las exigencias locales. 
Por esta razón, hay que pensar en términos globales y actuar a escala local. «es, a mi entender, la palabra clave. 
El modelo europeo necesita, pues, una revisión general que, sin poner en peligro las importantes conquistas sociales del siglo XX, responda mejor, acercándose a los ciudadanos, a las exigencias de una sociedad en continua transformación y de una economía a escala planetaria. 
Europa debe mirar con valentía al futuro y no puede permitirse fallar en la prueba de la mundialización. 
– Señora Presidenta, el proceso de la denominada mundialización pone de manifiesto la barbaridad del desarrollo capitalista y la imposición imperialista de las opciones de las grandes empresas, con terribles consecuencias para las clases trabajadoras, la sociedad popular y el medio ambiente. 
La mundialización es la ideología central de los oportunistas movimientos ideológicos urbanos y pequeñoburgueses de diversas tendencias, pero con la ambición común de tratar de camuflar el capitalismo y su estructura de clases. 
La comunicación de la Comisión Europea sobre la dimensión social de la mundialización analiza el fenómeno desde el punto de vista de los intereses de las grandes empresas y trata de ocultar los verdaderos motivos de los problemas modernos. 
Al mismo tiempo, para la nueva realidad económica y social que se está formando, propone como estrategia en el ámbito regional e internacional la supuesta necesidad de aceptar y reformar las uniones imperialistas. 
Las reestructuraciones capitalistas son la respuesta de la Unión Europea, con la promoción de la competitividad como característica principal. 
La Estrategia de Lisboa y el éxito de su expresión actualizada son el parámetro básico de las elecciones de la Comisión y las propuestas en la contribución de la Unión Europea al proceso de la mundialización. 
Una evaluación de todos los datos demuestra que el término «mundialización» es poco apropiado. Abarca la naturaleza del sistema y la crisis en el mismo. 
La era en la que vivimos no es una era de mundialización; es una era de imperialismo. 
Las clases trabajadoras y los trabajadores en general rechazan el proceso reaccionario y el curso de la denominada mundialización y están luchando para que se produzcan cambios radicales y una prosperidad de base. 
Señora Presidenta, este informe se ha preparado en un momento en el que los residentes de los Estados miembros de la Unión Europea albergan cada vez mayores preocupaciones respecto a los procesos ocasionados por la mundialización o atribuidos a esta. 
El hecho de que los retos relativos al desarrollo de la Unión Europea con frecuencia sean percibidos por los ciudadanos como un proceso de mundialización es muy preocupante y, sin embargo, es otro argumento clave que demanda que formulemos políticas adecuadas para que dotemos a los procesos de mundialización de una dimensión social. 
El proceso de la mundialización, tal como se destaca con acierto en el informe, comporta importantes beneficios positivos, pero también puede que no se consigan los resultados positivos de la mundialización, la cual, objetivamente, es esencial en todo el mundo, si no se presta atención en su debido tiempo a los aspectos sociales. 
El resultado del proceso de mundialización dependerá de la capacidad de sus participantes para adaptarse a las circunstancias rápidamente cambiantes, y por este motivo debería respaldarse la importancia de aplicar la Estrategia de Lisboa, tal como destaca el informe en varias ocasiones, de forma que la Unión Europea pueda obtener el máximo beneficio del proceso de mundialización y conseguir la aceptación pública de este proceso en los Estados miembros. 
Sin embargo, en mi opinión, el informe ha partido en este caso de la realidad actual de la Unión Europea. 
Los interminables debates sobre la reforma de la política agrícola común demuestran que, por el momento, la Unión Europea solo puede estar de acuerdo sobre una estructura presupuestaria que cubra las necesidades del siglo XIX. Somos testigos de los esfuerzos del Parlamento Europeo en relación con la Directiva sobre servicios. 
Conocemos la importancia que tiene esta Directiva para la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea: es uno de los pilares de esta. 
Por lo tanto, desde mi punto de vista, es realmente aquí, en el ámbito de nuestra buena voluntad, donde se ocultan las mayores amenazas de la mundialización, ya que la opinión pública de un número cada vez mayor de Estados miembros de la Unión Europea no está preparada para los retos de la competencia, incluso dentro de la propia Unión Europea. 
Señora Presidenta, la mundialización es irreversible. 
Sin embargo, afortunadamente también representa una gran oportunidad para la gente de todos los continentes, países y regiones. 
Solo hace falta mirar a la floreciente economía china para ver una prueba de ello. 
Sin embargo, de igual modo que el socialismo fue necesario para suavizar el capitalismo del siglo XIX, la mundialización de hoy en día necesita una dimensión social, sin la que no será más que una oportunidad malgastada para la humanidad. 
En un momento en que la UE debe hablar con una sola voz a favor de la mundialización con rostro humano, es dolorosamente obvio que la propia UE carece de integración, de una política exterior común, de un presupuesto sólido y de una Directiva de servicios capaz de impulsar las economías de los nuevos Estados miembros. 
Los trabajadores no tienen libertad de circulación en la UE, a diferencia del capital, y la Política Agrícola Común es injusta. 
Tantos más elogios y reconocimiento merece el ponente, ya que ha pasado por alto temporalmente la injusta división entre viejos y nuevos Estados miembros, abogando en su lugar por una división justa de los bienes a nivel global. 
El modelo social europeo, tal como se establece en la Estrategia de Lisboa, debería convertirse en nuestra tarjeta de visita y nuestra principal exportación. 
La acumulación de bienes ha alcanzado ahora tal nivel que la tarea más importante a la que se enfrenta el mundo es la decisión de dividir justamente estos bienes, al tiempo que garantiza que todo el mundo pueda vivir y trabajar con dignidad. 
La externalización de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores deben ir pisándole los talones a la externalización de capital. 
Deberíamos establecer instituciones que respalden el trabajo de la OMC y que se esfuercen por aportar una dimensión social a la mundialización, como el Consejo de desarrollo humano que se menciona en el informe. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi colega, el señor Brejc, por su trabajo en este informe y sus esfuerzos por dirigirlo hacia los aspectos verdaderamente importantes. 
Sin embargo, debo decir que, si no se producen cambios en este, será difícil respaldar el informe en la forma en que se ha redactado tras su lectura por parte de la comisión. 
En su formato actual, el informe afirma que la mundialización provoca brechas y desequilibrios entre países y dentro de las sociedades. 
Rotundamente, eso no es así. 
Si hay algo que ha traído consigo la mundialización es bienestar y prosperidad para las regiones pobres del mundo. 
Hoy podemos ver cómo se ha luchado contra la pobreza en gran parte de Asia. 
Podemos ver como la gente de Taiwán, China, la India y cada vez más países, consiguen lenta y progresivamente una mayor dignidad y prosperidad. 
La mundialización ha contribuido a eliminar la pobreza de una clase que ha caracterizado, durante siglos, a grandes zonas del mundo en las que en la actualidad aumenta la riqueza y el bienestar, además del respeto por la persona. 
Es importante dejar claro que, al contrario de lo que indica el informe, de hecho es precisamente en aquellas partes del mundo a las que no ha llegado la mundialización en las que existe estancamiento y pobreza, por ejemplo en aquellas partes de África y Asia en las que no se practica el comercio libre y abierto y en las que la gente está excluida de la mundialización. 
Es la falta de mundialización y participación en la economía mundial la que genera indigentes, una mala condición de vida y entornos de trabajo poco dignos. 
También es fácil ver que así sucede, ya que ¿dónde encontramos los peores entornos de trabajo y las peores condiciones sociales? 
No es en los países en desarrollo, sino en aquellos que pertenecen al mundo perdido y que están excluidos de la economía global. 
También puede que merezca la pena que nos preguntemos si estaríamos mejor si las partes pobres del mundo no se desarrollasen. 
¿Sería mejor que la economía china o india no se hubiesen desarrollado? 
Por supuesto, por varios motivos, la respuesta a esta pregunta es «no» , en parte debido a que es positivo que la vida mejore progresivamente en estos países y en parte porque estos mismos países componen nuestros mercados en crecimiento. 
Europa es un continente al que la mundialización le favorece al máximo. 
Nuestro bienestar, prosperidad y nuestros elevados salarios dependen de que tengamos empresas que puedan operar y desarrollarse en todo el mundo ofreciendo productos y servicios de gran calidad. 
Si tratamos de poner freno a la mundialización, nosotros mismos nos veremos afectados. 
Si tratamos de imponer nuestras normas a otros países, estos, por su parte, se verán entonces afectados. 
Es el comercio libre el que, tanto en la historia como en la actualidad, crea cada vez más bienestar y respeto por la gente. 
Esta es la base sobre la que debemos trabajar a la hora de elaborar la política. 
– Señora Presidenta, Señorías, quiero dar las gracias a nuestro colega, el señor Brejc, por su informe. 
Llega en el momento justo, a pocas semanas de la apertura de la Reunión Ministerial de la OMC en Hong Kong. 
La forma de mundialización que hoy conocemos siempre se nos ha presentado como un fenómeno positivo que genera riqueza. 
Tiene sin duda sus ganadores, pero –plagiando al ex Primer Ministro francés– la mundialización es una nueva aristocracia del dinero y del poder que hoy acumula beneficios y deja de lado a una mayoría de perdedores. 
No solo observamos un aumento de las desigualdades en las relaciones Norte-Sur, sino que descubrimos cómo esas desigualdades se reflejan hoy en las relaciones Sur-Sur y en el seno mismo de la sociedad occidental, donde la distancia entre los más ricos y los más pobres se ha ensanchado de forma dramática en los últimos años. 
La búsqueda de la mundialización social lleva a poner en peligro los derechos sociales, a unas prácticas laborales indignas y a desequilibrios peligrosos. 
Esta nueva situación nos exige no mirar nunca más el mundo con el mismo desapego. 
Debemos tomar nota de que este proceso de mundialización liberal, no transparente y no controlado preocupa a nuestros conciudadanos. 
Pero ¿quién puede reprocharles que teman por su empleo, por su futuro, por su democracia y por el medio ambiente del planeta en el que viven? 
Nadie. 
Porque ¿qué hemos hecho para responder a estas angustias legítimas? 
Por poner el ejemplo más reciente, el de la última Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, sus resultados fueron decepcionantes. 
Decepcionantes tanto por la falta de compromisos concretos para con los países más pobres como en cuanto a la reforma de las instituciones internacionales. 
Europa debe actuar de forma coherente y creíble. 
Hacerlo en el plano multilateral es un comportamiento ejemplar. 
Por ello, es prioritaria la integración de normas sociales y ambientales estrictas en las normas de comercio, así como la comprobación de su observancia en los acuerdos bilaterales que firmamos. 
Europa también debe predicar con el ejemplo internamente. 
Para ello, debe mejorar su modelo, implantar un sistema de armonización social al alza, frenar el desmantelamiento de los servicios públicos y rechazar una Europa de mercado. 
Europa brinda una oportunidad y una esperanza. 
Debe ser la protagonista de una forma diferente de mundialización. 
Señora Presidenta, señor Comisario, a pesar de que estoy de acuerdo con muchos de los puntos de vista expresados en el informe por el diputado esloveno, el señor Brejc, no lo estoy con todos ellos. 
Usted afirma que la Agenda de Lisboa nos permitirá afrontar los retos de la mundialización al aunar los componentes sociales. 
¡De ninguna manera! 
Estamos en 2005; la mitad del período ya ha transcurrido. 
Hemos realizado un examen intermedio y hemos criticado que estos métodos no funcionarán por sí solos. 
En gran parte, la mundialización ha contribuido a crear riqueza, pero –y me dirijo al señor Hökmark– también ha contribuido a una mayor pobreza, más exclusión y a una mayor división social, que de hecho no contribuye a la igualdad y la justicia para todos. 
En segundo lugar, deberíamos tener más que decir sobre la Cumbre de Gotemburgo, ya que ahí es donde se consolidó la tríada económica, social y ecológica –a la que me gustaría que se añadiese la protección del consumidor–, ya que, de hecho, esta es nuestra preocupación fundamental. 
Por definición, el comercio debe ser libre, pero la liberalización por sí sola no nos hará avanzar, ya que necesitamos estándares medioambientales, laborales y sociales, y solamente si los incluimos y los incorporamos realmente tendremos una oportunidad de hacer que el comercio sea justo en todo el mundo. 
Este es un mundo alejado de su planteamiento, y por este motivo Hong Kong lamentablemente repetirá lo que ya hemos visto antes. 
Si nos aferramos al comercio y no tenemos en cuenta los restantes componentes sociales, no llegaremos a ninguna parte. 
Creo que tendríamos una oportunidad, si aplicásemos las normas globales ya existentes y limitásemos las importaciones a la Unión Europea a aquellos artículos fabricados conforme a estas. 
Esto nos ayudaría e invertiría la tendencia. 
– Señora Presidenta, vivimos en un entorno mundial y muchos de nuestros problemas políticos se abordan en un marco multilateral. 
Por ello, esta es sin duda la estructura que deberíamos utilizar al abordar problemas mundiales como la pobreza. 
Aplaudo como hacen la mayoría de las personas la reciente iniciativa del G8 de seguir aplicando el proceso de reducción de la deuda del Tercer Mundo. Eso es lo que hay que hacer, dado que actualmente la deuda está paralizando a muchos países del Tercer Mundo. 
La Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados dio algún resultado a la hora de abordar la reducción de la deuda de los 42 países más pobres del mundo, pero no fue más que un esfuerzo inicial por parte del mundo desarrollado para abordar el problema de la reducción de la deuda en sí. 
La Unión Europea es el mayor contribuyente de ayuda al desarrollo del mundo y por ello ha de seguir demostrando un liderazgo real a la hora de abordar los problemas humanitarios y de ayuda al desarrollo en el mundo. 
Asimismo creo que la OMC es la mejor estructura para abrir a la competencia los servicios industriales y los sectores comerciales. 
En interés de todos hay que establecer un marco multilateral que regule las relaciones comerciales de los 150 diferentes miembros de la OMC en este momento. 
Por ello es evidente que tendrán que tomarse decisiones difíciles si se quiere alcanzar un acuerdo a tiempo para la ronda ministerial de Hong Kong del mes que viene. 
No quiero que se repita la ronda de Cancún de negociaciones de la OMC, que fue una oportunidad perdida y, de hecho, en este sentido retrasó el progreso al menos dos años. 
– Señora Presidenta, la mundialización es una realidad incuestionable y un proceso en marcha. 
Quisiera felicitar a la Comisión porque ha contribuido al establecimiento y al trabajo de la comisión que redactó el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, ya que expresó la intención de hacer una contribución eficaz al control de su trabajo. 
La comunicación de la Comisión para el informe de la Comisión Mundial abarca gran variedad de aspectos relativos a las política interior y exterior de la Unión Europea, cuando opera en el contexto global. 
El ponente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el señor Brejc, se merece nuestros elogios, ya que al comentar esta comunicación, ha elaborado un informe básico que se ha convertido en una amplia lista de deseos y admoniciones para destacar el objetivo básico de los dos textos anteriores. 
Por supuesto, el objetivo es la distribución más justa de los beneficios de la mundialización entre los pueblos de este planeta y una mejor previsión de los costes con frecuencia relacionados con los repentinos cambios globales. 
Esta amplia lista de deseos, incluida en la comunicación y en el informe de la Comisión, deben incorporarla los Estados miembros de forma cotidiana, tanto en su trabajo legislativo como ejecutivo. 
Ésta destaca con acierto que la todo el espectro educativo en los países en desarrollo es el medio básico para crear empleos de calidad que salvaguarden una vida mejor para las personas en su país de nacimiento, ya que, además de la pobreza, el empleo infantil y el exceso de trabajo de las mujeres, otro problema es la preocupación que se expresa sobre la fuga de cerebros de los países en desarrollo, especialmente en las profesiones en el ámbito sanitario. 
Permítannos, como instituciones europeas, contribuir a crear los medios para supervisar el sistema multilateral de la economía global y tratar la cohesión y la coherencia entre las políticas económica, social y medioambiental. 
En este caso también adoptamos un punto de vista positivo con respecto a la acción global de las organizaciones sociales con el fin de promover la gobernanza social honrada y, lo que es más importante, con relación a las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, que respalda la Comisión. 
El espacio mundial tiene un nombre familiar en griego; se denomina «ecumene» , una palabra de la que deriva el término ecología, cuidado del medio ambiente, en numerosas lenguas. 
Sin embargo, su principal significado original es el concepto del espacio poblado por el hombre y nos recuerda nuestra obligación de asociar la mundialización con el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la necesidad de que las normas laborales básicas de la Organización Internacional del Trabajo sean obligatorias. 
En la Unión Europea tenemos cinco años para alcanzar la Estrategia de Lisboa, para hacer que Europa sea la primera potencia en la economía del conocimiento, con respeto por el medio ambiente y la promoción de un nuevo modelo social que podamos proponer globalmente. 
Señora Presidenta, a la gente de negocios le gusta hablar sobre una situación beneficiosa para ambas partes, en la que todos salen ganando. 
Sin embargo, la mundialización no lo es para millones de personas de Europa y de todo el mundo. 
Algunos se benefician mientras otros sufren sus efectos contrarios, es decir, una situación en que una parte sale ganando y otra perdiendo. 
Aunque puede que los críticos cuestionen esto, creo que debemos tratar de convertir la mundialización en una situación beneficiosa para ambas partes. 
El informe del señor Brejc contiene una serie de propuestas interesantes destinadas a conseguir esto. 
Apoyo su apelación para emplear los fondos de la UE para aliviar los efectos adversos de la mundialización. 
Debería quedar claro qué se quiere decir con esto. 
No debemos trasvasar los fondos innecesariamente ni debemos mantener a todo coste aquellas industrias que están condenadas a morir en cualquier caso. 
En su lugar, deberíamos liberar fondos para garantizar que las personas que pierden sus empleos debido a la mundialización reciben la oportunidad de encontrar un empleo en otro sector. 
De ahí se deduce que los fondos deberían emplearse para crear nuevas oportunidades, en lugar de prolongar innecesariamente el sufrimiento de los sectores insolventes. 
Dado que eso es lo que se pretende hacer, me complace la propuesta de la Comisión de establecer un fondo sobre la mundialización. Esto no implicará necesariamente nuevos fondos. 
Podríamos examinar cómo se pueden reorientar los ya existentes para poner en marcha este fondo de mundialización. 
Es obvio que hay que hacer algo. 
Si no hacemos nada por las personas que pierden sus trabajos a causa de la mundialización, en esta situación ambas partes saldrán perdiendo. 
Estoy en deuda con el señor Brejc por su informe, que creo que nos hará pasar a la acción. 
Debemos predicar con el ejemplo. 
– Señora Presidenta, la mundialización ha venido para quedarse y aportar ventajas. 
La tarea de los legisladores no es oponerse a la mundialización, sino garantizar que sus ventajas sean lo más amplias y profundas posible. 
En este sentido, hemos de reconocer y aplaudir el papel activo de la Comisión a la hora de apoyar las conclusiones de las Naciones Unidas. 
Al igual que el señor Ku³akowski, lamento que la Presidencia del Consejo por lo visto no considere que el debate de hoy sea lo bastante importante como para asegurar la presencia de un Ministro. 
La dimensión social de la mundialización es sumamente importante, porque la mundialización conlleva cambios y todo cambio supone un reto. 
Nuestra tarea es sin duda ayudar a nuestra sociedad a pertrecharse y adaptarse para asumir ese reto con más fuerza. 
Como ha dicho el señor Crowley tan elocuentemente esta tarde: todo es cuestión de personas. 
El informe Brejc original abordaba el tema de forma sensible y sensata. 
Por desgracia, como sucede a menudo en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ahora incorpora enmiendas que son menos sensibles y sin duda menos sensatas. 
Por ello hemos de molestar a la Cámara a votar mañana para acercarnos al informe original y eliminar la mayoría de estas enmiendas, ¡excepto la mía, por supuesto! 
No podemos apoyar la repentina propuesta de declarar obligatoria la responsabilidad social de las empresas. 
No podemos apoyar los llamamientos a exportar el modelo social de la UE como una condición para abrir el comercio mundial. 
No podemos apoyar los llamamientos a incrementar el presupuesto de la UE. 
Por ello, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha presentado diversas enmiendas para retirar estos y otros mensajes farragosos. 
Espero de todo corazón que la Cámara apoye estas revisiones. 
De lo contrario, la delegación conservadora del Reino Unido coincidirá con el señor Hökmark y con muchos otros colegas y votará de mala gana en contra de este informe en su versión actual. 
Queremos volver a un informe sobre la dimensión social, y no solo sobre la dimensión socialista. 
– Lo siento por mi colega, pero va a oír hablar más veces de la dimensión socialista, ya que esto es lo que queremos ver, que las personas se conviertan en el centro de atención. 
En Malta, mis colegas trabajadores están experimentando cambios desastrosos. 
Cada día se enfrentan a la falta de trabajo y ahora, de repente, hemos sabido que una fábrica que emplea a ochocientas cincuenta personas para la producción de vaqueros va a marcharse para comenzar a fabricar fuera de la Unión Europea. 
Esto significa que en un pequeño país como el nuestro, el 0,5 % de nuestra población activa se ha quedado de golpe sin empleo en un solo día. 
Hace aproximadamente dos años estas personas habían leído en folletos que, si entrábamos en la Unión Europea, Dios mediante, resolveríamos todos los problemas relacionados con el reto de la mundialización, les prometieron lo que denominaban una «nueva primavera». 
Quizás nosotros no éramos tan populares porque les decíamos la verdad, que deberíamos trabajar día a día para ser competitivos. 
Sin embargo, ahora que somos miembros de la UE, tenemos que ver que anteponemos las personas a los beneficios, que las personas van antes que las directivas. 
Algunos dirían que esto no puede hacerse debido a nuestras normas; en ese caso, señor Comisario, debemos cambiar las normas. 
. Señorías, este debate nos ha recordado la complejidad y la diversidad de facetas de la mundialización, además de la dificultad para encontrar soluciones sin ambages a este problema. 
Creo que el debate también ha confirmado de forma clara algo que de hecho todos sospechábamos, que la mundialización lleva relativamente mucho tiempo en marcha, en otras palabras, al menos 300-400 años. 
También es evidente que este proceso continuará a un ritmo acelerado y que un mundo interconectado cuyos habitantes están en estrecho contacto los unos con los otros se ha convertido en parte de nuestras vidas. 
Por lo tanto, existe la necesidad urgente de dar a la mundialización una cara humana y una dimensión social. 
Tampoco se puede obviar el hecho de que es imposible encontrar una solución simple o una única iniciativa que pueda resolver por completo el problema. 
Sin embargo, creo que es muy importante que la Unión Europea haya decidido centrar su atención en la dimensión social de la mundialización y promoverla en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y concretamente con la Organización Internacional del Trabajo. 
Este planteamiento es capaz de proporcionar resultados, y creo que es el que se debe adoptar, incluso aunque los resultados solamente sean incompletos en algunos casos. 
He escuchado este debate con un gran interés y también me interesará mucho seguir los acontecimientos relativos al informe que se ha elaborado y la estructura de las enmiendas que se adoptarán. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
La mundialización –la red de relaciones en expansión y la interdependencia cada vez mayor entre los pueblos del mundo moderno– está teniendo el efecto de acercar más al mundo debido al rápido desarrollo de la tecnología, el transporte, las telecomunicaciones y la informática. 
La gente afirma que el mundo se está haciendo más pequeño y que pronto se convertirá en una aldea, aunque otros creen que sería más acertado decir que una parte muy pequeña de la elite social del mundo está acortando distancias entre sí, mientras que la mayoría cada vez está más excluida de las oportunidades. 
Es discutible si lo que estamos presenciando es la mundialización o una división cada vez mayor entre las partes más ricas y más pobres de la sociedad en una escala mundial. 
Puede hacerse un buen o un mal uso de la mundialización. 
Sin embargo, un análisis detallado de los procesos económicos revela que los pueblos más pobres del mundo son aquellos que están excluidos del proceso de la mundialización, mientras que los países que reclaman su parte de la división internacional del trabajo han observado un aumento en su renta nacional. 
Dado que dos de los países más poblados del mundo, China y la India están entre estos últimos, la mundialización ha ayudado de hecho a la mayoría de los pobres del mundo a conseguir un mejor nivel de vida. 
Todos los indicios sugieren que el aislamiento de la mundialización conlleva mayores riesgos en lo que a las consecuencias de la pobreza se refiere que si un país participa en la mundialización. 
La mundialización debe beneficiar a todos. 
Para que esto suceda, es necesario que haya instituciones internacionales sólidas que garanticen el desarrollo sostenible. 
Lo que hace falta en Europa y en todo el mundo es establecer roles claros asociados a fechas límites claras. 
Las políticas exterior e interior de la UE, su modelo social y su desarrollo en el ámbito internacional también podrían servir a otras regiones del mundo como modelo de mundialización étnica con un impacto positivo. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0083/2005- B6-0333/2005) , formulada por el señor Chichester y la señora Barsi-Pataky, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la conversión al sistema digital. 
,. 
Señor Presidente, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha seguido muy de cerca el proceso de conversión de la radiodifusión analógica terrestre a la radiodifusión digital en Europa. 
Como recurso de vital importancia, el espectro de frecuencias debe utilizarse de forma eficiente. 
Europa no debe quedarse rezagada en este sentido. 
Dicho de otro modo, si queremos alcanzar los objetivos de Lisboa y formar parte de la innovación también en este terreno, entonces no debemos quedarnos rezagados en el proceso de conversión. 
Por lo tanto, respaldamos el hecho de que la Comisión haya propuesto 2012 como el año objetivo para poner fin a la radiodifusión analógica en toda Europa. 
Por ello, el Parlamento Europeo solicita a los Estados miembros que apoyen plenamente este calendario e intenten al mismo tiempo que el periodo de transición de radiodifusión simultánea sea lo más breve posible. 
La conversión digital será un éxito si se realiza de forma coordinada. 
Por lo tanto, proponemos que la Comisión establezca un grupo de trabajo digital europeo –quizás integrado en las estructuras existentes– con la idea de garantizar que la conversión se realice de la forma más coordinada posible. 
Proponemos que este grupo de trabajo tenga la labor de controlar el avance de los Estados miembros y coordinar sus objetivos y regulaciones. 
Este debería iniciar el debate y la consulta entre los Estados miembros y los agentes del mercado. 
El Parlamento Europeo cree que la conversión digital conllevará beneficios tangibles si el espectro adicional de frecuencias liberadas a raíz del cambio de tecnología se reasigna de forma flexible y a escala europea. 
Necesitamos comenzar oportunamente la labor de determinar cómo hacer el mejor uso del dividendo del espectro de frecuencias. 
En este contexto, también me refiero al potencial que ofrece a los nuevos servicios paneuropeos, como es el caso del sector del transporte, por mencionar solamente uno de muchos ejemplos. 
El mencionado grupo de trabajo proporcionaría un marco adecuado para esto. 
Para garantizar que la conversión tenga los resultados deseados, es imposible exagerar la necesidad de neutralidad e interoperabilidad tecnológica, que constituye uno de los pilares de la innovación europea en este campo. 
También solicitamos a los Estados miembros que garanticen que el proceso de conversión y la reasignación del dividendo del espectro sean imparciales, transparentes, proporcionados y no discriminatorios. 
El Parlamento Europeo cree que la transición será un éxito si los ciudadanos europeos tienen acceso a la tecnología más avanzada para recibir las emisiones digitales, por ejemplo la tecnología que incluye una plataforma doméstica multimedia o un (EPI). 
Esto impedirá que haya cuellos de botella verticales. 
Con el fin de garantizar el acceso a estas tecnologías para todos los ciudadanos europeos, será necesario prestar ayudas a las mismas en el contexto nacional, conforme a la legislación comunitaria. 
Debemos garantizar que no se permita el desarrollo de una brecha digital entre las distintas regiones de Europa. 
De hecho, debemos garantizar que suceda lo contrario. 
Solicitamos a la Comisión que publique y presente modelos de buenas prácticas relativos a los aspectos de financiación. 
La conversión no solo aportará dividendos económicos, sino también servicios mejores y más sofisticados para los ciudadanos europeos, si se cumplen los retos sociales y culturales relativos al mismo. 
Por ejemplo, las plataformas de servicios públicos podrían ser las abanderadas de la conversión digital. 
Proponemos que la posición común que necesitamos para llegar a un acuerdo en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006 (RRC06F) incluya una disposición que haga que el período de transición para terceros países sea lo más corto posible. 
El Parlamento Europeo confía en que la reunión de diciembre del Consejo tenga en cuenta los puntos de vista del Parlamento para tomar una decisión sobre las tareas que quedan por delante. 
. Señorías, la Comisión se ha comprometido a acelerar la transición a la radiodifusión digital en el ámbito de la UE y a estructurar este proceso de tal forma que no se produzca una distorsión en la competencia. 
El objetivo es apagar las señales analógicas como muy tarde a principios de 2012 y garantizar que el espectro liberado gracias a este apagón se utilice de tal forma que la sociedad obtenga los máximos beneficios posibles. 
Asimismo, la Comisión pretende garantizar que la sociedad pueda comenzar a utilizar este espectro para los servicios híbridos de telecomunicaciones y televisión, o para los servicios que no están relacionados con la difusión de radio o televisión. 
La transición a la radiodifusión digital está tomando cuerpo en la Unión Europea. 
Recientemente, España ha adelantado dos años la fecha del apagón de las señales de televisión analógica terrestre, de 2012 a 2010, mientras que Alemania la ha adelantado tres años, de 2010 a 2007. 
Diez Estados miembros han establecido la fecha de 2010 o antes para el apagón, mientras que otros 10 han establecido 2012 como fecha. 
Cinco Estados miembros, además de Bulgaria y Rumanía, todavía no han decidido una fecha para el apagón, y Polonia, Irlanda y Bulgaria han indicado ahora que puede que les sea difícil conseguir materializar el apagón en 2012. 
Basándonos en esta información, la Comisión espera que la transición en la Unión Europea en conjunto esté muy avanzada a principios de 2010, y que la gran mayoría de los Estados miembros haya apagado las señales de televisión analógica terrestre para 2012. 
Con respecto a la prevención de interferencias de los sistemas analógicos ubicados fuera de Europa, la Comisión está a favor de alcanzar un acuerdo internacional para abolir la protección legal del uso del espectro de radiodifusión analógico para 2015. 
Esta acción sin demora debería estimular a los países que no pertenecen a la Unión Europea para que apaguen sus sistemas analógicos o, como mínimo, reabran las negociaciones con los Estados miembros vecinos con el fin de minimizar las interferencias con los sistemas digitales. 
El planteamiento futuro de la comunidad internacional respecto a la planificación debería garantizar que los nuevos servicios de radiodifusión y que no son de radiodifusión puedan operar en las mismas bandas. 
Desde el principio, la Comisión ha solicitado una máxima flexibilidad técnica y que se considere la posibilidad de hacer que parte de cualquier dividendo del espectro esté disponible sobre una base paneuropea para nuevos servicios innovadores. 
Europa respalda plenamente la investigación y el desarrollo a través de sus programas marco IST, que financian la investigación en las nuevas tecnologías de apoyo que facilitarán la aplicación de los servicios de convergencia. 
Por poner un ejemplo de un servicio de nueva aplicación, la Comunidad ha financiado una serie de proyectos de investigación y desarrollo sobre televisión interactiva. Esta se ha utilizado como base para proporcionar servicios de información administrativa a los ciudadanos italianos. 
Además, el desarrollo de la radio digital se produjo gracias a un consorcio creado bajo los auspicios de un programa de investigación de la UE. 
Las señales de radio digital pueden emitir ahora en todas las bandas del espectro analógico, y varias estaciones digitales pueden emitir en calidad de alta fidelidad en el mismo espectro que antes se utilizaba para una única estación analógica. 
Si fuera posible, quisiera comentar brevemente la propuesta de resolución. 
La Comisión celebra el hecho de que el Parlamento esté a favor de acelerar la transición y de fijar a principios de 2012 la fecha para la que la radiodifusión analógica esté apagada en todos los Estados miembros, tal como ha propuesto la Comisión. 
Dado el hecho de que ustedes van a aprobar hoy esta resolución, no puedo responder directamente ahora a todas las cuestiones tratadas en detalle en este extenso documento. 
La Comisión Europea examinará detenidamente el ámbito de competencia con respecto a la formulación de la política sobre servicios nuevos e innovadores que se operarán en las bandas de espectro originalmente utilizadas para los servicios analógicos. 
En la actualidad, la mayoría de los servicios altamente innovadores en este campo todavía se encuentran en la fase de investigación y desarrollo, y como tal se respaldan a través de los programas de investigación de la Comisión. 
A largo plazo habrá una considerable necesidad de realizar evaluaciones de la viabilidad técnica y comercial de estos servicios. 
Las cuestiones relacionadas con el espectro serán un punto clave en el trabajo de la Comisión en este campo. 
Estas cuestiones también serán objeto de un profundo debate con los Estados miembros en el marco de los trabajos en curso del Comité Europeo de Radiocomunicaciones, sus subgrupos para la radiodifusión de radio y televisión, el Comité del espectro radioeléctrico y el Grupo de política del especto radioeléctrico. 
Los problemas relativos a la integración vertical y al importante poder de mercado se tratan dentro del marco regulador. 
El mercado mayorista para la transmisión de señales de radio y televisión se ha traducido en una lista de mercados relevantes, y se están tomando medidas reguladoras adecuadas para afrontar los problemas con SMP. 
La Comisión está elaborando actualmente una comunicación sobre la interoperabilidad de la televisión interactiva, que pretende adoptar antes de final de año. 
Dentro del marco de sus decisiones sobre las ayudas estatales, la Comisión también proporciona directrices sobre determinados aspectos de la financiación de la transición a la radiodifusión digital. 
La legislación de la UE hace una distinción clara entre la regulación de las transmisiones electrónicas y la regulación de su contenido. 
El Parlamento cree que debería mantenerse esta clara distinción y la Comisión considera que este planteamiento es extremadamente útil. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, espero que me permitan, en el poco tiempo de que dispongo, llamar su atención sobre dos aspectos de esta conversión al sistema digital, empezando por los estándares abiertos, a los que, evidentemente, ya se ha referido la señora Barsi-Pataky. 
Quisiera recordar al señor Comisario que la propia Comisión decidió en marzo que los Gobiernos nacionales deberían asumir el coste de los proyectos piloto, por ejemplo, pero también de la adquisición de receptores digitales externos para los consumidores individuales. 
Me pregunto si la Comisión no debería dar a esto un carácter más específico en el sentido de que es necesario indicar que dicha ayuda o apoyo financiero solamente es posible para los receptores digitales externos con un estándar denominado abierto, principalmente para evitar dos cosas. 
El objetivo debería ser evitar que los consumidores se vean expuestos a un fuerte gasto en dos ocasiones, además de que uno u otro agente industrial ideen deliberadamente cuellos de botella, ya que si algo está claro, señor Comisario, es que este nuevo modo de ver la televisión digitalmente aumentará el coste para el consumidor. 
Por este motivo es esencial que estemos de acuerdo en un paquete básico de canales que serán accesibles a todo el mundo, tanto ahora como en el futuro. 
Entiendo que usted comparte nuestro punto de vista de que, en el futuro, deberá requerirse a los proveedores que ofrezcan a sus clientes los canales básicos de las estaciones nacionales. 
Lo que se conoce como obligatorio no debería bloquear la conversión al sistema digital, sino al contrario. Desde nuestro punto de vista constituye una garantía de máxima distribución. 
En segundo lugar, con respecto al pluralismo y la diversidad, tal como usted mencionó hace un momento, existe el riesgo de que la conversión a la tecnología digital provoque que los nuevos mercados estén controlados por agentes dominantes. 
Por ese motivo, en el proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía, le pedimos explícitamente que garantizase que el nuevo mercado digital no quedaría bajo el control exclusivo de una u otra multinacional. 
El texto, dice lo siguiente: «la mayoría, o una parte adecuada de las nuevas posibilidades de radiodifusión y de mas emisoras no deberían estar bajo el control exclusivo ni la influencia decisiva de los organismos internacionales de comunicación». 
Esta debería convertirse en una de las prioridades de la Comisión en todo este proceso de cambio. 
No hay necesidad de plantear la relación con la Directiva sobre televisión sin fronteras, ya que trataremos este tema antes de finales de año o a principios del año próximo. 
También en este terreno es importante garantizar que los mercados nacionales no caigan en manos de un agente dominante de forma desproporcionada y por lo tanto poco saludable. 
En este debate, señor Comisario Špidla, la Comisión debe ponerse del lado del consumidor. 
Realmente espero que no recurra al argumento de la subsidiariedad con demasiada facilidad para evitar su responsabilidad, ya que este argumento es totalmente inadecuado desde mi punto de vista. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi Grupo respalda esta propuesta de propia iniciativa y también la pregunta a la Comisión, a la que ha dado una respuesta clara, y espero que esta estrategia común nos permita seguir adelante. 
Soy diputado a esta Cámara desde hace bastante tiempo y puedo recordar que se han hecho muchos intentos a este respecto. 
También puedo recordar los problemas a los que se acaba de referir el señor Belet. 
La neutralidad tecnológica es un aspecto muy importante en lo que respecta a la competencia. 
Tuvimos este problema hace varios años. Que las interferencias de frecuencias desempeñan un papel importante en la retransmisión analógica y que incluso pueden llegar a obstaculizar nuestro desarrollo es un hecho que ha sido reconocido y abordado. 
Creo que debemos estar muy atentos para evitar que esto ocurra. 
Para mí y para mi Grupo es muy importante reiterar la importancia de informar a los consumidores, los ciudadanos en la Unión Europea, de forma transparente, franca y adecuada, y a su debido tiempo, porque son ellos los que, cuando llegue el caso, comprarán y utilizarán esta tecnología, y son sus temores los que tienen que ser aliviados y su reticencia vencida. 
Si uno va, como hago yo a veces, a las tiendas adecuadas, se pude ver lo que ofrecen los fabricantes, porque ya se pueden encontrar los equipos de televisión digital. 
Los consumidores les echan un vistazo; ven un DVD en formato digital y se entusiasman con la calidad de la imagen, y luego ven un programa de televisión analógico en la misma pantalla y se sorprenden por la gran diferencia. 
Si informamos a los ciudadanos de las ventajas y les damos detalles de cuándo se va a producir este cambio, y si la industria, con vistas a la penetración en el mercado, pone a estos aparatos un precio equilibrado, creo que podemos ser optimistas y que, de aquí a 2010, alcanzaremos a nuestros competidores en este sector en otras partes del mundo. 
Lo que para mí es importante, no obstante, es que debemos asegurarnos de que no perdemos el tren de hacer entrar a nuestros ciudadanos en la era digital. 
Por otro lado, me gustaría dar las gracias a la señora Barsi-Pataky por su intensa y positiva cooperación. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate se refiere a un sector oficial relacionado directamente con los objetivos de Lisboa. 
Europa debe salvar las distancias que la separan de sus competidores. 
La propuesta de la Comisión de fijar un plazo común tiene precisamente este objetivo. 
No obstante, yo veo las siguientes dimensiones o problemas: 
La primera dimensión, la dimensión transfronteriza, ya ha sido destacada por el Comisario. 
Dado que la transición digital en nuestros países vecinos afecta a la integración digital en Europa debido a los problemas de coordinación de frecuencias, mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas tiene previsto aplicar la Comisión y qué acuerdos pretende concluir a fin de ayudar a los países vecinos para que también ellos puedan llevar a cabo esta transición digital? 
De igual modo, en el marco de las negociaciones de adhesión con los países candidatos, ¿se someterá a examen la intención de estos países de adoptar las medidas, acuerdos y compromisos necesarios? 
La segunda dimensión es la geográfica. 
La elección de la tecnología, el coste de la instalación y el plazo de operación e implementación también dependen en gran medida de la geografía de un país. 
Por ejemplo, la cobertura en las zonas montañosas e insulares entraña más dificultades que la cobertura en las zonas llanas. 
Por tanto, ¿considera la Comisión que es necesario fomentar acciones de cohesión digital para reducir la llamada brecha digital? 
Mi última pregunta es esta. ¿Son justificables las subvenciones a determinadas tecnologías, como los terminales digitales, y no a otras tecnologías disponibles? 
¿No contradice esto el principio de neutralidad tecnológica? 
Señor Comisario, Señorías, nos cuesta poner en duda estas ventajas, pero no debemos olvidarnos de los problemas. 
En especial, me quiero referir a los que afectan a las instituciones públicas. 
¿Qué ocurrirá en nuestras escuelas y hospitales? 
¿Qué ocurrirá en las residencias de la tercera edad? 
En algunos lugares habrá que cambiar miles de televisores o de terminales digitales. 
Asimismo, en el sector social siempre escasean los recursos. 
Mi país habrá entrado en la era digital en 2007. Se trata de una ventaja considerable. 
En algunos países las grandes instituciones públicas están encontrando problemas a la hora de afrontar esta situación. 
Resulta impensable que los enfermos o los mayores tengan que renunciar a sus televisores como fuente de entretenimiento, aunque puede que no siempre necesiten nuevos servicios digitales. 
También las escuelas tienen dificultades. 
Si estas no pueden estar tan adelantadas como para tener ancho de banda a través del cual recibir servicios digitales, tendrán problemas. 
En otras palabras, cuando llegue ese momento todas las escuelas tendrán que contar con tecnología digital. 
El desarrollo tecnológico normalmente se ve como una ventaja económica y no como un beneficio de carácter social o cultural, algo con lo que personalmente tengo problemas. 
Nuestra sociedad ha cambiado. 
Si tomamos como ejemplo a los escolares, podemos ver que su mundo de juegos difiere en buena medida del que nosotros tuvimos. 
Si, por otro lado, consideramos a los jóvenes, sin lugar a dudas son interactivos, pero con el mundo, y no necesariamente con sus vecinos. 
Por tanto, nuestra economía basada en el conocimiento puede devenir una economía de la incomprensión, por nuestra culpa, no por la de los jóvenes y los niños. 
Señor Presidente, en esta Cámara tenemos mucho que decir sobre las cuestiones relacionadas con la tecnología. 
No obstante, ahora estamos hablando de la radiodifusión. 
La radiodifusión no es solo una cuestión tecnológica, sino que también es fundamental para tres ámbitos de nuestra sociedad que deberían ser importantes para nosotros: la cultura, la cohesión social y el desarrollo de la democracia. 
Por este motivo, no basta con hablar solo de tecnología. 
La tecnología es muy importante; siendo el motor de la revolución digital en el ámbito de la radiodifusión, también es el motor para la creación de puestos de trabajo con perspectivas de futuro, algo que necesitamos urgentemente. 
Por este motivo, no obstante, la radiodifusión es un activo tanto cultural como económico. 
Insto a la Comisión, con carácter de urgencia, a que se tome la ambivalencia y la dualidad de la radiodifusión más en serio de lo que lo ha hecho en sus documentos y comunicaciones anteriores. 
Por este motivo, acojo con satisfacción la resolución de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y espero que, en el futuro, seamos capaces de desarrollar la cooperación entre esta comisión y la Comisión de Cultura y Educación. 
La resolución constituye una muy buena base sobre la que trabajar e insto a la Comisión a que se la tome muy en serio, si realmente quiere llevar a cabo el cambio en los próximos años. 
Es de vital importancia fijar unos objetivos políticos sobre cómo llevar esto a cabo, no solo en lo que a la tecnología se refiere, sino también a la cooperación cultural, social y democrática. 
Si realmente queremos facultar a los Estados miembros para que hagan esto, habrá que resolver con carácter de urgencia las cuestiones de las subvenciones y de la ley de competencia europea. 
Señor Comisario, es evidente que esta Cámara se toma esta resolución muy en serio e instamos a la Comisión a que haga lo mismo en aras del interés de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera, en este debate, destacar lo que considero que es importante y todavía no se ha puesto de manifiesto: la Comisión Europea tiene que liderar las actividades de investigación y desarrollo de los nuevos servicios innovadores, para que podamos colocar a Europa en una posición de liderazgo tecnológico a escala paneuropea. 
Por eso, creo que es tan importante que se establezcan unos objetivos políticos que definan claramente las garantías, para que podamos tener una penetración lo más extensa posible de los servicios de los que estamos hablando, pero, sobre todo, en beneficio de los ciudadanos, de los consumidores y, también, por supuesto, del desarrollo económico. 
Por eso, es importante mantener la fecha de 2012 para el apagón analógico, para que Europa no se quede rezagada, porque nuestros competidores han fijado unas fechas mucho más adelantadas: Estados Unidos, el año 2009, Corea del Sur, el año 2010, y Japón, el año 2011. 
Ello exige que coordinemos nuestros esfuerzos para que los países se comprometan realmente. 
Como usted muy bien señalaba, España, mi país, ha adelantado la fecha, como algunos otros, pero hace falta que todos perseveremos en el mismo empeño, porque, cuanto más dure el periodo transitorio, más perjudicados resultarán los operadores de televisión, la industria de receptores, la industria de la fabricación y la comercialización, el sector de la distribución y, sobre todo, los propios ciudadanos. 
Por último, quisiera destacar que, para que la conversión tenga resultados positivos, es muy importante que la Comisión y los Estados miembros velen principalmente por dos cosas: una, el cierre de la brecha digital, que en nuestra sociedad es muy relevante, y otra, la ausencia de monopolios, porque, si los hubiera, no sería posible esta transformación. 
– Señor Presidente, mi hogar es un típico hogar europeo: tenemos un aparato de televisión en la sala de estar, otro en la cocina, otro en el dormitorio y otro para nuestros nietos cuando vienen a visitarnos. 
Estamos abonados a Sky Digital por satélite, que nos cuesta unas 40 libras esterlinas 60 euros al mes y pagamos nuestra licencia de televisión para los canales de televisión pública de la BBC. 
Aunque hay cientos de canales digitales, solo podremos ver un canal digital a la vez porque solo disponemos de una tarjeta de visión. 
En estos momentos, mientras que mi esposa ve «Extreme Makeover» y nuestros nietos ven el canal de dibujos animados en digital, yo aún puedo ver las noticias de uno de los cinco canales analógicos. 
Después del cambio dentro de tan solo dos o tres años en el Reino Unido nos quedaremos con un único canal a la vez, salvo que paguemos descodificadores y tarjetas adicionales. 
Para responder a todas las demandas de un hogar típico, esto exigiría tener hasta cuatro o cinco tarjetas. El coste sería de 200 libras 300 euros al mes; 2 000 libras 3 000 euros al año además de la licencia. 
Es esencial que la Comisión garantice que los proveedores de servicios digitales, como Sky, permitan la opción multicanal en cada hogar a un coste razonable y que no conviertan la elección múltiple que puede ofrecer la televisión digital en algo tan terriblemente caro que sea prohibitivo. 
Por ello pregunto al Comisario: ¿qué hará usted acerca de la disponibilidad y el coste de canales múltiples en cada hogar? 
¿Qué hará usted para garantizar que las posiciones de monopolio no se exploten de forma poco razonable y qué hará para mitigar el coste del equipo básico para pasar de la televisión analógica a la digital para los menos favorecidos y los socialmente más vulnerables? 
– Señor Presidente, señor Comisario, la televisión digital ofrece una serie de ventajas a los espectadores: mejor calidad de imagen, mejor sonido, mejor recepción de la imagen a través de dispositivos móviles y portátiles y servicios interactivos. 
Al mismo tiempo, la televisión digital mejora el acceso de las personas con necesidades especiales, como las personas con discapacidades auditivas o de visión, mediante servicios auxiliares como unos mejores subtítulos y comentarios en forma de sonidos o señales. 
Por este motivo urge realizar la transición a la televisión digital a más tardar en 2012, para no quedarse rezagados con respecto a nuestros competidores, los Estados Unidos y Japón, países que tienen previsto dejar de retransmitir a través de los canales analógicos en 2009 y 2011, respectivamente. 
Sin embargo, aparte de esto, la transición a la televisión digital y el cese concomitante de la radiodifusión analógica se traducirán asimismo en la liberación de las frecuencias analógicas, que podrán utilizarse para servicios nuevos e innovadores. 
La liberación de bandas de frecuencias debe ir acompañada de políticas destinadas a fomentar el pluralismo, especialmente la diversidad cultural, en la retransmisión de producciones europeas e independientes. 
Nuestro objetivo deben ser los programas de televisión que destaquen de forma cualitativa la misión educativa, cultural e informativa de la televisión. 
– Señor Presidente, aplaudo esta iniciativa del Parlamento y de nuestros colegas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
He solicitado hacer una breve declaración al final porque el pasado viernes tuve la oportunidad de participar en una conferencia organizada por el regulador británico de las telecomunicaciones, Ofcom, bajo los auspicios de la Presidencia. 
Una de las principales cuestiones del orden del día de la conferencia era la regulación y la gestión del espectro, concretamente en el contexto del llamado dividendo digital en la fraseología que algunos habrán utilizado esta tarde, que tiene que ver con la liberación de un espectro de radiofrecuencias de alta calidad gracias a la conversión al sistema digital. 
El Parlamento tiene que prestar más atención a la cuestión de cómo se adjudicará y gestionará el espectro de radiodifusión en la Unión Europea, porque sin duda es importante que adaptemos los objetivos en cierta medida. 
Los Estados miembros ya están tomando decisiones acerca de cómo se debería gastar el dividendo digital. 
Algunas personas, entre ellas el último orador, han hablado del hecho de que habrá una única conjunción de sucesos, en el sentido de que las mismas piezas del espectro estarán disponibles en todos los países europeos. 
A fin de crear un mercado más activo para el contenido digital y acabar con algunas de las limitaciones artificiales que tenemos en estos momentos en relación con las fronteras nacionales para el contenido digital, sin duda existen oportunidades que debemos aprovechar, pero para hacerlo hemos de generar ideas que alienten a los Estados miembros a aprovecharlas. 
De momento no hemos visto aparecer muchas ideas. 
Creo que a este Parlamento le queda mucho trabajo por hacer. 
Por ello aplaudo la iniciativa de la señora Barsi-Pataky en la Comisión de Industria, pero espero que estará usted de acuerdo conmigo en que se trata tan solo del principio. 
En primer lugar tenemos que difundir la importancia de la implantación de la televisión digital; en segundo lugar, hemos de sensibilizar a nuestros colegas sobre su importancia económica fundamental, y en tercer lugar, hemos de empezar a abordar políticamente la cuestión de cómo enfocamos la asignación del espectro y el dividendo digital. 
. Señorías, me gustaría agradecerles la oportunidad de este debate. 
La palabra «revolución» surgió en el mismo, y con bastante acierto en mi opinión, ya que la transición a la radiodifusión digital es una revolución en toda regla y cualquier transición técnica de importancia en una escala similar tiene consecuencias de gran alcance. 
El desarrollo de la civilización humana siempre ha estado vinculado a acontecimientos en el ámbito del procesamiento de la información. 
Tras las formas tradicionales de información vino la palabra escrita que, a su vez, vino seguida de la difusión masiva de información. 
La última fase de este proceso, a la que acabamos de llegar, es la difusión electrónica de la información, pero ya nos estamos moviendo hacia los próximos pasos, uno de los cuales será sin lugar a dudas la inteligencia artificial. 
Cada uno de estos pasos radicales ha tenido o tendrá muy diversas consecuencias y sus Señorías han planteado esta posibilidad desde distintos ángulos durante el debate. 
Me gustaría destacar dos puntos. 
Primero, el enfoque adoptado por la Comisión se basa en el ámbito de sus competencias. 
El objetivo es, por tanto, encontrar una solución técnica y organizativa al problema que se nos plantea, en lugar de abordar la cuestión del contenido. 
Casi todos estamos de acuerdo en que esta solución aumentará las oportunidades y mejorará la calidad, al tiempo que se recortarán los costes. 
Espero, de hecho lo doy por seguro, que las distintas fases de este debate proseguirán hasta 2012. 
Valoramos enormemente este proceso, ya que resulta imposible adoptar una posición o encontrar una solución flexible para un cambio de esta magnitud sin celebrar un verdadero debate democrático. 
Por todo ello, creo que el mensaje fundamental de la Comisión, y que yo he hecho mío en mi primera intervención, sigue siendo válido, a saber, garantizar que el espectro provocado por el «cierre» de las radiodifusiones analógicas se emplee de tal forma que la sociedad obtenga los mayores beneficios posibles. 
– Al término de este debate he recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. (1) 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre esta propuesta de resolución tendrá lugar el miércoles. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los «Centros de detención secretos» en Europa. 
. Señor Presidente, en respuesta a las noticias publicadas por algunos prestigiosos diarios en relación con la existencia de cárceles secretas gestionadas por la CIA en algunos Estados miembros de la Unión Europea y algunos países candidatos a la adhesión, la Comisión quiere hacer constar que un número considerable de Estados miembros y países candidatos han hecho ya declaraciones públicas en las que desmienten categóricamente dichas acusaciones. 
Hasta ahora, los hechos denunciados no han sido confirmados ni siquiera en términos de pruebas judiciales. 
Hechos de este tipo –hay que decirlo con absoluta claridad– constituirían, de haber sucedido realmente, una grave violación de los principios de la Unión Europea, por no hablar de la legislación, incluida la penal, de los Estados miembros, que prohíbe sucesos y hechos análogos a los relatados. 
La Comisión quiere recordar, en efecto, que según el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Unión se fundó y actúa en virtud de los principios de democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como, por supuesto, del Estado de Derecho, principios que también son comunes a la legislación nacional de los Estados miembros, cuyas normas penales proscriben la violación de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. 
Es evidente, pues, que los Estados miembros están obligados a respetar esos principios, pero están obligados también a respetar obligaciones legales internacionales, en especial las derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y las derivadas de la Convención contra la Tortura. 
Es evidente además –como todos sabemos– que cuando concluye el proceso de ampliación de un Estado candidato, dicho Estado, para poder ser miembro de la Unión Europea, debe haber adquirido un nivel de estabilidad de sus instituciones que permita garantizar el pleno respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como la protección de todas las libertades fundamentales. 
Este es un principio establecido ya en 1993 por el Consejo Europeo de Copenhague y constituye por tanto un pilar del denominado acervo de Copenhague. 
A la luz de estos principios, consideramos necesario, desde luego, que los Estados miembros y los países candidatos comprueben, con todos los instrumentos jurídicos a su disposición y en la forma pertinente, el fundamento de esas noticias periodísticas. 
La Comisión acoge con satisfacción la reciente decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de examinar la denuncia relativa a la creación de cárceles secretas en Europa y hemos pedido ya a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que nos mantenga informados sobre la evolución futura de este asunto, que es extremadamente importante y delicado. 
La Comisión continuará siguiendo de cerca estas acusaciones. 
Lo haremos a escala de los Estados miembros por lo que respecta a la observancia de la legislación europea, y a escala internacional, con especial referencia a las iniciativas que las autoridades de los Estados Unidos de América decidan poner en marcha, si procede, en este asunto. 
En conclusión, puedo garantizar que, por mi parte y por parte de la Comisión, mantendremos una información y un diálogo permanentes con el Parlamento sobre la evolución de este asunto. 
. – Señorías, señor Frattini, he acogido con satisfacción su intervención y en particular las garantías que ha dado a esta Cámara de que ningún país de la Unión Europea está implicado en esta vergüenza. 
Pero comprenderá que no nos sentiremos seguros hasta que tengamos la certeza de que ningún país de la UE está implicado en la vergonzosa decisión de acoger centros de detención en los que los detenidos son sometidos a actos inhumanos de crueldad y tortura. 
Que no haya dudas: todos somos solidarios con los países que han sufrido directamente la violencia de los actos terroristas, como los Estados Unidos, España, el Reino Unido o cualquier otro lugar. 
Compartimos la determinación de luchar contra el terrorismo internacional, pero consideramos que es esencial que cualquier medida que se tome respete los derechos humanos y la primacía del Estado de Derecho. 
Al contrario de lo que algunos pueden pensar, esta no es una señal de nuestra debilidad, sino de nuestra fuerza, que confiere legitimidad internacional a la lucha contra el terrorismo, que nos distingue claramente de los terroristas, y es el respeto por la vida humana y por los derechos fundamentales de las personas. 
El señor Frattini ha hecho referencia al eje internacional, con el que están comprometidos todos los países de la UE. 
Las normas internacionales en las convenciones internacionales son claras con respecto a las circunstancias de detención y de la obligación de asegurar a los detenidos un juicio justo, ante un tribunal competente, imparcial e independiente. 
Resulta perturbador que casi cuatro años después de que la ONU solicitara el acceso a la prisión de Guantánamo para investigar la situación de los derechos humanos, esto siga siendo rechazado por las autoridades estadounidenses o sometido a condiciones inaceptables, como las reiteradas por el señor Rumsfeld hace unos días. 
Una vez más, tal como vimos que pasaba con el informe Echelon, hay una diferencia entre el comportamiento del Gobierno estadounidense y el Senado. 
El señor Frattini ha elogiado debidamente al Consejo y la iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En este punto, me gustaría referirme a dos iniciativas del Senado estadounidense que son muy positivas. La primera es la del senador John McCain, que refuerza los derechos de los prisioneros, y la segunda fue propuesta por el senador John Kerry para poner en marcha una investigación sobre la denuncia de las prisiones secretas en las que supuestamente se permitía la tortura, algo que no puede dejar de merecer nuestra más enérgica condena. 
. – Señor Presidente, señor Frattini, algunos periódicos nacionales han abordado en efecto este asunto, incluido, en particular, , que recientemente ha denunciado en sus columnas la existencia de cárceles secretas, gestionadas por la CIA, en el territorio de la Unión Europea, para ser más exactos en Europa Oriental. 
El periódico no reveló los países en cuestión por razones de seguridad, pero una investigación de la organización indicaba que, en 2002, la CIA mantenía en efecto presos «fantasma». 
Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos publicó asimismo un informe que se refería al empleo de prácticas discutibles por parte de los Estados Unidos en el traslado de presos a terceros países para poder emplear la tortura en los interrogatorios. 
Por otra parte, estamos muy alarmados ante las recientes alegaciones de que el Gobierno Bush desea que el Congreso estadounidense conceda a la CIA una exención sobre la prohibición del uso de malos tratos contra los detenidos. 
Es preciso examinar de cerca estas revelaciones. 
Como usted ha dicho, es inaceptable que existan zonas sin ley en Europa y en el mundo. 
Por tanto, en esta Cámara siempre nos hemos opuesto a que se utilizara un vacío jurídico en relación con los tratos infligidos a los presos de Guantánamo. 
Por consiguiente, no podemos permitir en ningún caso que existan cárceles semejantes en Europa. 
Si se prueban los hechos, habrá que ponerles fin de inmediato. 
Si son falsos, habrá que reunir pruebas para acallar los rumores. 
Pedimos, pues, a la Comisión que lleve a cabo una investigación sobre estas alegaciones, como por lo demás se comprometió usted recientemente a hacer ante la prensa, señor Frattini. 
Los resultados de esa investigación deberán presentarse a los diputados al Parlamento Europeo; pienso que estará usted de acuerdo con ello. 
¿Que medidas tiene previsto tomar la Comisión para asegurar el debido respeto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, y en particular su artículo 4, en todo el territorio de la Unión Europea? 
El mejor medio para combatir a los fanáticos y los terroristas, como ya hemos dicho –y no es inútil repetirlo– consiste en oponerles nuestros valores de libertad y protección de los derechos fundamentales. 
. – Señor Presidente, como recordó hace un año Human Rights Watch, las desapariciones fueron un sello distintivo de las dictaduras militares latinoamericanas en su guerra sucia contra la supuesta subversión. 
Ahora se han convertido en una táctica de los Estados Unidos para perseguir a Al Qaeda. 
La detención ilegal sin cargos ni juicio en Guantánamo o en Iraq es ya de por sí nefasta, pero la detención secreta, donde se mantiene incomunicadas a las personas, sin acceso a un abogado y a merced de los malos tratos o la tortura, es el más negro de los agujeros negros. 
Ahora vemos que el Congreso de los Estados Unidos intenta bloquear las peticiones de y el Presidente Bush y sus secuaces intentan acallar la enmienda McCain que prohibiría el trato inhumano de los detenidos en ese país. 
En estas circunstancias, si un periódico acreditado y una ONG de derechos humanos digna de crédito afirman que en Europa Oriental existen cárceles secretas de la guerra contra el terrorismo, y en concreto en Polonia y Rumanía, ¿qué hacemos? 
Todos coincidimos en que sería demoledor para la reputación y la credibilidad de la UE que estas denuncias resultaran ser ciertas. 
Los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE consagran el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
El Comisario Frattini dice que no hay pruebas, pero ¿qué ha hecho para intentar obtenerlas? 
Cuando las acusaciones salieron a la luz hace diez días, se nos dijo que se interrogaría informalmente a los Estados miembros, que expertos técnicos de la dirección competente estarían en contacto con sus interlocutores de los 25 Estados miembros y 4 países candidatos. 
Luego nos enteramos de que tal examen no supondría una investigación. 
No estoy impugnando la buena fe del Gobierno polaco y rumano, pero sabemos que los servicios secretos a veces tienen sus propios planes de trabajo. 
Me queda una sensación de duda incómoda y residual cuando organizaciones respetadas han formulado acusaciones, pero no podemos decir honestamente que han sido investigadas a fondo. 
Todos nuestros mecanismos en la UE para asegurar que se respeten las normas de derechos humanos son francamente insuficientes: nada de evaluación por homólogos, ni supervisión ni control. 
La debilidad de nuestra Comisión, señor Frattini, se evidenció en sus observaciones. 
Los precedentes no son alentadores. 
La UE no ha logrado llegar a una posición común, por no hablar de iniciativas conjuntas, para presionar a los Estados Unidos para que liberen a nuestros ciudadanos de Guantánamo. 
Los Estados Unidos hicieron una gira por Europa Oriental y del Sur penalizando a los países con la pérdida de la ayuda militar si se negaban a firmar derogaciones de la Corte Penal Internacional para el personal estadounidense. 
La UE no ofreció pagar la diferencia. 
Quiero insistir en que esta cuestión se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de la cumbre de diciembre. 
Es preciso abordar esta cuestión en el plano político para asegurar que se respeten plenamente las garantías que la UE pretende ofrecer. 
. – Señor Presidente, creo que hemos hecho bien en provocar este debate, porque lo que nos ha dicho el Comisario Frattini es ligeramente distinto de las primeras noticias, y al menos reconoce usted que, si existen en efecto esos lugares de nombres misteriosos –agujeros negros, minas de sal que encierran a «presos fantasma» , etc.–, entonces habría inobservancia del Tratado y de su artículo 6. 
Es un primer paso. 
Creo que se le pedirán otros en este asunto. 
¿Por qué? 
Porque es un asunto de enorme importancia. 
Se trata de personas que estarían detenidas sin haber sido juzgadas, por tiempo indefinido y sin ningún recurso y que, por tanto, serían sometidas más que probablemente a torturas y tratos inhumanos y degradantes. 
Tenemos por tanto violaciones potenciales de los artículos 3, 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como violaciones potenciales del Convenio para la Prevención de la Tortura y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
La última noticia es que se dice que dos países, uno miembro de la Unión Europea y otro en curso de adhesión a la Unión Europea, habían albergado tales centros. 
Digo «habían» albergado porque esos países desmienten hoy los hechos que se les reprochan y los informes en cuestión datan de 2002 y 2003. 
Por consiguiente, podrían ser compatibles los desmentidos actuales y la realidad reflejada en los informes, en particular de, pero el hecho de reconocer que la posible existencia de tales centros puede constituir una violación del Tratado de la Unión Europea y su artículo 6 requiere algo más que emitir declaraciones, señor Comisario. 
Dice usted que va a dejar el asunto en manos de los Estados miembros. 
Dice que va a examinar detenidamente la investigación ordenada por el Consejo de Europa; le diré, por cierto, que la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo ha decidido ya invitar al señor Marty tan pronto como entregue su trabajo. 
Dice usted que espera a ver qué deciden los propios Estados Unidos al respecto y ha expresado usted su deseo que se lleven a cabo investigaciones de orden técnico. 
Creo que todo esto está muy lejos de ser suficiente. 
Señor Comisario, lo que debe hacer pura y simplemente es ordenar una investigación para arrojar luz sobre esta situación, que daña los fundamentos de la Unión y su credibilidad en la escena internacional. 
. – Señor Presidente, Señorías, el Vicepresidente Frattini me recuerda francamente –y no es un insulto– a esos famosos monos que no ven nada malo, no oyen nada malo y no dicen nada malo. 
Él ha hablado, pero no ha tenido siquiera la valentía de decir que no se está hablando en general de cárceles ocultas, sino de auténticos y verdaderos centros de tortura puestos a disposición de la CIA y de los Estados Unidos por parte de algunos países europeos. 
Señor Frattini, niega usted la evidencia. 
Niega lo que han admitido incluso algunas fuentes autorizadas estadounidenses. 
Le pedimos que lleve a cabo una investigación, pero si no se quieren encontrar pruebas, no se encontrarán nunca. 
Señor Comisario, quizás no sepa que el 17 de febrero de 2003, en Milán, fue secuestrado Abu Omar, antiguo imán de la mezquita de la calle Jenner, y que los magistrados de Milán encontraron pruebas indiscutibles de responsabilidades directas de la CIA y pidieron la extradición de 22 agentes de inteligencia estadounidenses. 
¿Qué posición adoptó la Comisión Europea ante esas pruebas? 
¿Qué hizo en concreto ante esta violación del derecho de soberanía para forzar el respeto por parte de las autoridades estadounidenses de los convenios sobre derechos humanos y contra la tortura? 
La Comisión no hizo nada. 
A la luz de esta experiencia, no me siento optimista con respecto a los resultados de cualquier acción futura que pueda emprender la Comisión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la cuestión que estamos debatiendo también podría afectar a mi país, Polonia. 
El Gobierno polaco ha emitido un comunicado oficial en el que niega que haya prisiones de este tipo en Polonia. 
Sin embargo, es muy significativo que esta declaración no haga una referencia directa al pasado. 
Por tanto, es necesario seguir investigando esta cuestión. 
El ex Ministro de Defensa Nacional ha negado la información de que haya terroristas de Al Qaeda detenidos en estas prisiones especiales en nuestro país, pero lo hizo durante una entrevista en la radio de un modo que solía gustar a la agencia de noticias soviética TASS. 
Todo lo que esta negaba se confirmaba después en la realidad. 
Al mismo tiempo, sin embargo, quiero instar a los miembros de esta Cámara a que mantengan el sentido de la proporción durante este debate. 
La guerra contra el terrorismo es esencial y debemos ser implacables y decididos en su lucha, pero esta debe ser controlada por la opinión pública. 
Hay dos extremos que creo firmemente que debemos evitar. 
El primero es la actitud de que el fin justifica los medios y que incluso los valores democráticos y los derechos humanos deberían sacrificarse en pro de la lucha contra el terrorismo internacional. 
No debemos permitir que esto ocurra. 
No obstante, debemos asegurarnos de que el mundo occidental y los valores que defendemos no quedan abandonados en un estado de parálisis. 
Creo que deberíamos evitar estos dos extremos y que sería lamentable si alguno de ellos primara en el Parlamento Europeo o en cualquier institución de la UE. 
Considero que esta Cámara es el lugar adecuado para decir sin rodeos, sin vacilaciones, que libraremos la guerra contra el terror con firmeza y sin descanso, pero que esta será guiada por la opinión pública. 
De este modo, contaremos con el mandato público y con la legitimidad de los ciudadanos del mundo occidental libre. 
– Señor Presidente, Señorías, a mi entender, una materia tan compleja y polifacética como el terrorismo no puede abordarse solo con un enfoque unidireccional. 
Los ciudadanos de uno o varios Estados soberanos tienen el derecho legítimo de vivir tranquilamente sus días, dedicándose a su trabajo, su familia y la vida que cada cual decida libremente vivir. 
Las guerras han sido y siguen siendo pasajes cruciales de la vida social, trastocan todos los puntos de referencia, pero implican claras posiciones militares, campos de batalla concretos, adversarios visibles y reglas de intervención. 
El terrorismo, en cambio, no opera en el ámbito de una guerra declarada, no afecta solo a los militares y no opera en el campo de batalla. 
Se trata de un modo solapado de golpear a inocentes en sus casas, en los momentos y los lugares más impensables, sin una finalidad precisa, sin un propósito social y sin valores. 
Es indiscutible que todos deben respetar las normas, las leyes y la soberanía de los Estados. 
Es indiscutible que todos deben respetar no solo los derechos humanos más elementales, sino también los principios en que se basa cualquier sociedad civil y cualquier relación entre naciones. 
Sin embargo, antes de acusar a países que sin duda son democráticos, es necesario, a mi entender, conocer con exactitud los hechos y las circunstancias. 
Hay que pensar en las familias de las víctimas indefensas que el terrorismo ha masacrado en los últimos años, y en los millones de ciudadanos que siguen viviendo bajo la amenaza de atentados. 
Para prevenir el terrorismo no podemos utilizar guantes de seda, pero tampoco podemos proferir acusaciones contra países democráticos sobre la mera base de conjeturas. 
Entre terrorismo y democracia, creo que todos nosotros elegimos la democracia. 
Señor Presidente, dejemos a los jueces hacer su trabajo, sin buscar elementos para culpabilizar a países que ciertamente no lo merecen. 
Comparto la posición del Comisario Frattini y espero que en esta Cámara solo tomemos decisiones al respecto cuando tengamos la certeza de que actuamos democráticamente. 
– Señor Presidente, la CIA mantiene una red de centros de detención secretos en todo el mundo. 
Al mismo tiempo, los Estados Unidos han aceptado el uso de una política de «secuestros» para poder llevar a personas, inclusive ciudadanos europeos, a lugares de cuya existencia no tenemos conocimiento con el objetivo de someterlos a interrogatorios. 
El Presidente de los Estados Unidos ha amenazado con vetar la ley aprobada por el Senado estadounidense que tiene por objeto imponer lo que era obvio, al menos hasta hace unos pocos años; en otras palabras, el hecho de que la legislación internacional debe aplicarse a las personas detenidas por los Estados Unidos en todo el mundo. 
Todo esto en 2005, por un gran país, por un país con una larga tradición democrática, por un país que insiste cada año en publicar un informe sobre los derechos humanos y que arremete contra otros en el resto del mundo por violarlos. 
La política estadounidense nos afecta a todos, independientemente de si estos centros se encuentran en territorio europeo o no. 
El argumento terrorista de la doble doctrina de las sociedades europeas es algo que ellos desean porque esto les permite reclutar nuevos terroristas y socavar nuestra política. 
¿Debemos permitírselo? 
Debemos preguntarnos cuáles eran las cuestiones inconcebibles antes del descubrimiento de los centros de detención estadounidenses. 
Una de las preguntas es: ¿hay actualmente Estados miembros de la Unión Europea o países candidatos que alberguen estos centros? 
Segundo, ¿hay actualmente Estados miembros de la Unión Europea o países candidatos que envíen a sus detenidos a centros de detención estadounidenses? 
Supuestamente, ¿dónde se lavan las manos, al tiempo que utilizan esta red para sus detenidos? 
Hay que dar respuesta a estas preguntas. 
Tercero, ¿han enviado los Estados Unidos personas detenidas desde Europa a estos centros de detención? 
En la lucha contra el terrorismo, el objetivo no es santificar los medios. 
Los europeos debemos evitar crear un Frankenstein de inspiración europea que no podamos controlar y debemos impedir que otros países lo hagan. 
Señor Presidente, señor Comisario, toda esta información es demasiado detallada y verosímil, y usted mismo confirma su verosimilitud, como para no creerla. 
Por eso, el compromiso que ya ha manifestado aquí de investigar esta situación es loable, pero no nos tranquiliza. 
De la Comisión y del Consejo esperamos contundencia y que no se conformen solo con palabras hermosas o desmentidos de político pronunciados en un cóctel. 
Esperamos actuación e investigación reales. 
Señor Comisario, la policía en la isla de Mallorca está investigando, por orden del ministerio público, el transporte ilegal de detenidos; le ha costado mucho hacerlo, y, sin embargo, todas las investigaciones policiales van exactamente en la misma línea de las investigaciones periodísticas previas. 
Todo ello sin ningún tipo de apoyo por parte de los Estados Unidos. 
Le pido que exija investigaciones equivalentes por parte de todos los países que presumiblemente pueden estar implicados en esta situación. 
Insisto, no bastan desmentidos políticos con palabras más o menos equívocas sobre el presente, que no dicen nada del pasado y que solo quieren eludir la responsabilidad. 
Queremos investigación real y el compromiso de una investigación policial y judicial que garantice con pruebas que nada en esas denuncias es cierto. 
Nos provoca una repugnancia inmensa ver eso en un país aliado durante mucho tiempo. 
Verlo en suelo europeo, ver la renuncia a siglos de civilización y progreso moral en materia de lucha contra el crimen o, en este caso, contra el terrorismo, nos produce una profunda repugnancia. 
Y, además, señor Comisario –y se lo decía hace un momento otro de los oradores–, yo creo que efectivamente es verdad: los países deben tener presunción de inocencia. 
Pero que tengan presunción de inocencia no le libera a usted de investigar. 
Lo que está en juego es la credibilidad misma de la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Como eso es su propia responsabilidad, usted no puede fiarse de las explicaciones que le den otros. 
Tiene usted que tomar las medidas oportunas y exigir también al Consejo que lo haga. 
Señor Presidente, para tratarse de un servicio secreto, la CIA aparece demasiado en las noticias. 
En Alemania e Italia están furiosos por los informes sobre el supuesto secuestro de imanes radicales y, como acaba de decir el diputado que me ha precedido, en España se ha puesto en marcha una investigación sobre el tránsito de sospechosos a través de Mallorca. 
Corren rumores de la existencia de campos secretos en Europa, en los que se retiene a los detenidos, privados de sus derechos. 
En el primer caso, los países europeos implicados están enfurecidos, pero en el segundo caso, ellos tienen parte de la culpa. 
Usted lo ha dicho; usted ha declarado que se trata de una violación de los derechos humanos y del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero tengo mucha curiosidad por saber qué va a hacer realmente al respecto. 
Cuando el Consejo de Europa ponga en marcha una investigación, su respuesta será pedir que le mantengan informado. Me sorprende por tratarse de una interpretación tan limitada. 
La Unión Europea, como comunidad de valores, no puede permitirse mirar a otro lado y quiero que usted participe de forma activa. 
Quiero que compruebe no solo con los Gobiernos, sino también con ONG y con los medios de comunicación, si estas declaraciones son ciertas. 
Quiero que se dirija a los diputados de este Parlamento y quiero oírle decir que, si estas declaraciones son ciertas, se habrá infringido el artículo 6, por lo que se supone que tendrá que aplicarse un procedimiento conforme al artículo 7. 
Quiero oírle decir que el artículo 7 es aplicable, si se demuestra que las afirmaciones son ciertas, ¡así de sencillo! 
No se trata, sin embargo, de una cuestión meramente institucional. No es simplemente algo que la Comisión tenga que hacer, aunque pienso que debería desempeñar un papel bastante más activo. 
Es, sobre todo, una cuestión política. 
Hace unos meses, un diputado polaco de esta Cámara dijo oportunamente que estas cuestiones deberían abordarse a nivel nacional, y creo que todos nosotros deberíamos ponernos en contacto con nuestros partidos hermanos nacionales, porque esto es algo que debe tratarse también con ellos. 
No deberíamos cargar la responsabilidad únicamente sobre la Comisión, sino que, a través de nuestros partidos hermanos, deberíamos garantizar que todo esto se comprueba para averiguar si es cierto o no. 
Señor Presidente, no son solo las dictaduras amenazadas de extinción las que mantienen a personas detenidas de forma inaceptable. 
Desde que la base militar de la Bahía de Guantánamo se utiliza como prisión donde los no estadounidenses pueden ser retenidos sin juicio y sin asistencia letrada, sabemos que los derechos humanos son objeto de violación hasta ese punto por parte del Estado miembro más poderoso de la OTAN. 
En Europa esperamos que prácticamente todo el mundo rechace estas prácticas, incluso si esto implica a personas que pensamos que constituyen una amenaza para nuestra vida en paz y democracia. 
Si las cárceles secretas se encuentran situadas en uno de los actuales Estados miembros de la UE o en Estados que se benefician de nuestra política de vecindad, esto constituye una mancha en las demandas europeas en aras del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos. 
Por tanto, es necesario que la Comisión y el Consejo hagan todo lo posible para poner fin a la posible existencia de estas cárceles. 
Ahora, el Comisario Frattini nos comunica que los Estados miembros implicados niegan rotundamente su parte de responsabilidad y hace referencia al Consejo de Europa, que ya ha tomado cartas en el asunto. 
Si estas cárceles existen, la intención siempre ha sido mantener su existencia en secreto. 
Su negación es el primer instrumento para proteger su secreto. 
Esta negación no me convence ni a mí ni seguramente a los que han llamado su atención al respecto. 
La Unión Europea debe comprobar por sí misma si existe una red estadounidense de prisiones secretas y si alguna de ellas se encuentra en Europa. 
Puedo apoyar los puntos de procedimiento mencionados por la señora Buitenweg. 
En lugar de negar sencillamente su existencia, es nuestra obligación llegar al fondo de este asunto. 
Señor Presidente, el señor Czarnecki y el Comisario Frattini ya se han referido al hecho de que el Gobierno polaco ha negado las acusaciones sobre la existencia de los campos en Polonia. 
No puedo responder por la precisión de esta declaración, por supuesto, ya que no he inspeccionado los bosques alrededor de los que se sospecha que el avión aterrizó en Polonia. 
Incluso si un Boeing propiedad de la CIA hubiera aterrizado allí en 2003, no constituiría una prueba de que un campo de este tipo haya existido o siga existiendo en mi país. 
No sabemos la razón por la que el avión tuvo que aterrizar. 
Puede que haya sido para recargar combustible, para realizar algún tipo de reparación o para que alguien subiera a bordo. 
No obstante, sí sabemos que este Boeing también aterrizó en la República Checa y en Suecia en 2003, y, más recientemente, en Palma, en la isla de Mallorca. 
Y nadie está acusando a estos países de albergar tales campos ni levantando sospechas al respecto. 
Uno solo puede preguntarse si esto se debe a que erróneamente se supone en Polonia no existe algo llamado libertad de expresión y que los periodistas siguen ávidamente la pista de esta noticia sensacionalista. 
Hablando con lógica, me sorprendería que los Estados Unidos decidieran utilizar un Estado miembro de la UE con este fin, obligando de este modo al país en cuestión a violar los Tratados y la legislación de la Unión, en lugar de utilizar las bases militares estadounidenses o los países donde la libertad de los medios de comunicación realmente no existe o está limitada. Ejemplos de estos países son Egipto y Tailandia. 
Una posibilidad es que estemos siendo partícipes, a instancia nuestra, del lanzamiento deliberado de un globo sonda para tantear las reacciones de los nuevos Estados miembros de la UE, poniendo a prueba la solidez de la alianza transatlántica. 
También cabe la posibilidad de que alguien disfrute señalando nuevos objetivos para los ataques terroristas de Al Qaeda, asegurándose de que estos ataques se perpetren contra Polonia o Rumania. 
Por tanto, creo que debemos actuar con gran cautela y que tenemos que evitar leer entre líneas, como hacen algunos. 
De este modo, no solo se las arreglan para dejar de lado los problemas reales de Europa, sino que también ponen en verdadero peligro de ataque terrorista al pueblo polaco. 
Me complace la idea de que el Consejo de Europa pueda llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre este problema, y cuanto antes lo haga mejor. 
En respuesta a la sugerencia de la señora Buitenweg, me gustaría decir que me sentiría mejor si se invitara a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a que investigue esta cuestión. 
– Señor Presidente, Señorías, me temo que los desmentidos a que hacía referencia el Vicepresidente Frattini con respecto a los países implicados sean bastante formales y poco convincentes. 
En los documentos altamente confidenciales de la CIA, de los que habla prácticamente toda la prensa europea, las cárceles clandestinas en Polonia y Rumanía, a que se refieren y, tienen por fin un nombre, se llaman «lugares negros». 
Son tierra de nadie, donde no es posible ni invocar la ley ni aplicar el. 
Estos hechos, de ser probados, son graves y nos sitúan en un punto crítico, es decir, en la necesidad de encontrar el difícil equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra el terrorismo. 
Quisiera recordar como una paradoja el hecho de que, dentro de unos minutos, en el marco de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el Parlamento abordará el tema de la retención de datos y de nuevo tratará, con un gran sentido de la responsabilidad, de hallar un terreno político y jurídico común para reconciliar los derechos y las situaciones de emergencia. 
Es necesario proteger los derechos de los ciudadanos y luchar con todos los instrumentos de que disponemos contra el terrorismo, justo en el momento en que descubrimos que países europeos se han convertido ya en el patio trasero de la CIA. 
Señor Frattini, lo grave es que no tengamos siquiera derecho a sorprendernos. 
Hace dos años, como se desprende de las investigaciones judiciales en curso –que usted conoce bien–, ciudadanos comunitarios y extracomunitarios fueron secuestrados en países europeos por los servicios secretos estadounidenses. 
Sin embargo, una vez más parecemos apartar la vista. 
Tomamos nota de su comentario final, a saber, que si los episodios que hoy discutimos se probasen, representarían graves violaciones de los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea. 
Creo que se trata de una afirmación importante que le pediríamos que desarrollara poniendo en marcha una investigación absolutamente escrupulosa y exhaustiva de los hechos que debatimos esta tarde. 
Señor Presidente, a diferencia de la opinión expresada por nuestra compañera polaca, no hay en Europa dos doctrinas jurídicas por las que el fin justifique los medios. 
La ley es clara y vinculante. 
El terrorismo no debe combatirse con más terrorismo. 
Esta cuestión no presenta problemas ni incertidumbres. 
La privación de la libertad, el secuestro, el transporte forzado, la tortura, el trato abusivo, el aislamiento y la negación de la presunción de inocencia son delitos y constituyen en sí mismos actos de terrorismo. 
Europa no actúa de este modo. 
Señor Comisario, usted se refiere a comentarios aparecidos en revistas y dice que no tiene pruebas. 
Yo puedo asegurarle que este no es más que el primero de los numerosos debates que celebraremos hasta que se aclare esta cuestión y hasta que no haya ninguna duda al respecto. 
Ahí los tiene: el número de vuelos, los aeropuertos implicados, los horarios de vuelo, las compañías y las empresas que operaron los vuelos, los destinos a los que volaban; tiene docenas de declaraciones de detenidos, pruebas de una docena de organizaciones internacionales, investigaciones de la propia CIA, aunque sobre la ruptura del secreto más que sobre los propios crímenes. 
Las autoridades militares austriacas están llevando a cabo investigaciones sobre los vuelos de los aviones de la CIA sobre espacio aéreo austriaco y la justicia en España, Italia y Alemania también ha emprendido sus propias investigaciones. 
Le pido que se despierte, que haga su trabajo y que asuma su responsabilidad. 
– Señor Presidente, el pasado viernes, Condoleezza Rice, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, ordenó una investigación de máximo nivel sobre las filtraciones al Washington Post y a Human Rights Watch. 
Es evidente que el Gobierno de los Estados Unidos cree que hay cierta veracidad en estas denuncias. 
Hoy, el Comisario nos ha dicho que Rumanía podría haber violado los criterios de Copenhague y que Polonia podría haber violado el artículo 6, pero eso ya lo sabíamos. 
El Comisario ha venido hoy aquí y nos ha dicho que no hay pruebas de estas violaciones. 
Bien, tanto Polonia como Rumanía emitieron la semana pasada desmentidos oficiales de sus respectivos Gobiernos, así que ya lo sabíamos. 
Pedimos a la Comisión que investigara la filtración que preocupa a los Estados Unidos: la filtración de más alto nivel a la más creíble de las fuentes. 
El periódico y otras instancias se hacen eco de estas acusaciones. 
No se trata de periódicos radicales u organizaciones desacreditadas. 
El señor Lambrinidis ha dicho que ya sabíamos que la CIA tenía lugares negros y centros de tortura en otras partes del mundo. 
Queremos saber si esto está sucediendo en la Unión Europea. 
Queremos saber si esto está sucediendo en los países candidatos. 
Como ha dicho usted, señor Comisario, es la violación más grave de las obligaciones del Tratado. 
Y no lo está investigando. 
Necesitamos una investigación que dé credibilidad a esta Cámara, para que podamos cerrar este debate sabiendo si es cierto o es falso. 
– Señor Presidente, los europeos hemos de aclarar si existen centros de detención de la CIA en Europa, cuántos hay y dónde están situados, etc. Como ciudadano de las Islas Baleares esto me interesa especialmente. 
El fin no justifica los medios. 
Hemos de defender nuestros valores. 
Podemos luchar contra el terrorismo, pero no podemos hacerlo con armas que no son democráticas. 
Comprendemos por qué se está protegiendo tanto a las organizaciones e instituciones estadounidenses, incluida la CIA, especialmente en Europa Oriental, donde muchas esperanzas de cambio han sido depositadas en los Estados Unidos. 
Sin embargo, no poner límites a los medios que empleamos supone una terrible contradicción, puesto que la democracia y la transparencia son fundamentales para el mantenimiento de la ley y el orden y para la propia democracia. 
Los derechos humanos son aplicables a todos los seres humanos, incluidos los terroristas y los presuntos terroristas. 
Por ello pido al Comisario que investigue esta cuestión. 
– Señor Presidente, hace tiempo, la información condujo al descubrimiento de la barbarie cometida en las cámaras de tortura de la prisión de Abu Ghraib en Iraq y en la prisión de Guantánamo en Cuba. 
La información actual, aunque todavía no ha sido confirmada, tampoco ha sido negada por las autoridades estadounidenses. 
Me preocupa que, en nombre de la lucha contra el terrorismo internacional, estemos al borde de una nueva Edad Media. 
Estamos al borde de una amenaza directa a la cultura democrática en Europa y, lo que es más importante, los Gobiernos y las instituciones europeos no pueden permanecer impasibles. 
Me gustaría destacar en particular la respuesta directa de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
Lamentablemente, no hemos visto esta respuesta inmediata del Consejo de Europa por parte de la Comisión Europea. 
Hoy, las garantías y las declaraciones aportadas por el Comisario responsable, el señor Frattini, no han sido, en mi opinión, tranquilizadoras. 
Lo que tienen que hacer la Comisión Europea, el señor Barroso, el señor Frattini y la señora Ferrero-Waldner, como Comisaria responsable de las relaciones transatlánticas, es emprender una investigación en todas las direcciones para discernir dónde, por quién, cómo y cuándo fueron organizados estos oscuros lugares. 
La Unión Europea tiene la obligación política y moral de cooperar con el Congreso de los Estados Unidos. 
Ya conocemos las dos iniciativas de los senadores John MacKein y John Kerry en este sentido. 
El Parlamento Europeo debe adoptar estas iniciativas. 
El fomento de las relaciones transatlánticas es inseparable del respecto de los valores democráticos y los principios del derecho internacional. 
Este mensaje tiene que llegar alto y claro a las autoridades estadounidenses. 
Señor Presidente, el 2 de noviembre se publicó en el un artículo de Dana Priest en el que se hablaba de la existencia de prisiones de la CIA en Europa del Este. 
Me gustaría hacer dos comentarios al respecto. 
Estas «prisiones secretas de la CIA» operan al margen de cualquier sistema judicial. 
No solo me refiero al que aplican las instituciones internacionales, sino también a los tribunales de los Estados Unidos, tanto civiles como militares. 
Esto solo ya constituye una violación de los valores democráticos y liberales fundamentales sobre los que se cimientan los Estados Unidos, la Unión Europea y la alianza transatlántica. 
La opinión pública se opone en su mayoría a las cárceles secretas de la CIA y a los métodos de interrogatorio empleados en los centros de detención para sospechosos de terrorismo. 
Esta actitud la comparten muchos políticos republicanos en los Estados Unidos, tal como demuestra la iniciativa recientemente presentada por el senador John McCain para abolir el uso de la tortura o los métodos parecidos para torturar en dichos centros. 
Mi segundo punto se refiere a la posibilidad de que los centros secretos de detención de la CIA se encuentren en Estados miembros de la UE o en países que se sumarán a la UE en un futuro próximo. 
Esta situación socava los principales fundamentales de los tratados de la UE. 
La Unión Europea tiene todo el derecho a exigir que sus Estados miembros, incluido mi país, Polonia, se tomen en serio estas acusaciones, que vuelvan a investigar esta situación y que examinen las circunstancias que rodean al aterrizaje en Polonia de un Boeing propiedad de la CIA con prisioneros a bordo. 
Señor Presidente, Señorías, gracias a todos los que han intervenido. Puedo decir que todos en esta Cámara compartimos un mismo principio, un principio que yo mismo destaqué en la introducción. 
Hay unanimidad en torno al principio básico de la Unión Europea, es decir, el respeto absoluto de la vida y la dignidad de toda persona. 
Por tanto, todos en esta Cámara compartimos la opinión de que si los hechos denunciados fueran ciertos, nos encontraríamos –como ya he dicho, pero es necesario repetirlo– ante una grave vulneración del Tratado de la Unión Europea, una vulneración que, como todos ustedes saben perfectamente, puede conducir, de ser confirmada y probada, a la aplicación de sanciones políticas graves contra un Estado miembro de la Unión Europea. 
Este es el punto de partida, porque es evidente que, además de la violación grave –he llamado la atención sobre el artículo 7 del Tratado–, hay una segunda consideración: estos hechos, de ser ciertos, serían constitutivos de delito. 
Alguien lo ha dicho, muchos lo han destacado y yo estoy absolutamente de acuerdo. 
Es evidente, pues, que los poderes legislativos nacionales de los Estados miembros tienen el deber de efectuar investigaciones sobre hechos de esta naturaleza. 
En mi país, como todo el mundo sabe, está en curso una investigación sobre algunas acusaciones graves contra agentes de la CIA por actividades ilícitas cometidas en territorio italiano, que constituirían, de ser probadas, un grave delito. 
Señorías, el problema es que los instrumentos jurídicos deben usarse si nos dan todas las oportunidades de alcanzar el resultado que todos nosotros, Comisión y Parlamento, queremos. 
Veamos pues cuáles son las acciones que la Comisión ha llevado a cabo, lleva a cabo y llevará a cabo. 
Muchos lo han preguntado y quizás en mi introducción no me expresé adecuadamente. 
Considero que el mejor modo de describirlo es como de una acción política de continuas peticiones a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
Me refiero a posibles actividades, como la confrontación y el diálogo con las ONG, que disponen evidentemente de algunos elementos que han facilitado a los medios de información, y que obviamente podrían facilitar también a la Comisión, el diálogo con las demás instituciones, que disponen de nuevos elementos, con organismos que pueden ofrecer información a la Comisión Europea, y por último un diálogo intenso y continuo con las autoridades. 
Me refiero en particular al Congreso y al Senado de los Estados Unidos de América, que han decidido poner en marcha indagaciones cuyos resultados podrían ser comunicados a la Comisión Europea. 
Señorías, no me cuento entre los que se guardan las palabras y les pido que me perdonen si quizás soy demasiado franco. 
No obstante, considero que la indignación que todos nosotros sentimos con razón ante estos graves delitos –estas situaciones absolutamente vergonzosas– no basta para cambiar las normas de los Tratados. 
Cuando algunos de ustedes hablan de «investigación» , no se refieren solo a lo que la Comisión piensa hacer y hará, es decir, una acción de indagación política, sino también a las inspecciones, los interrogatorios y la obtención de documentos, aunque dichos documentos no sean entregados espontáneamente. 
Aun cuando el Parlamento adoptase una decisión para pedir a la Comisión que ejerza dichos poderes de investigación, esta no podría hacerlo, porque los Tratados no le confieren esos poderes. 
Si empleamos el término «investigación» , debemos emplearlo con todo su significado. 
¿Tenemos poder para interrogar a los Ministros de Interior de los países candidatos y de los Estados miembros de la Unión Europea mencionados? 
No, no lo tenemos. 
¿Tenemos poder para obtener documentos clasificados de la CIA si no se nos entregan? 
No, no lo tenemos. 
¿Tenemos el poder del Consejo de Europa? 
No, no tenemos ese poder. 
Para ello, habría que cambiar los Tratados. 
Sería muy feliz si la Constitución Europea hubiese entrado ya en vigor, porque otorga a la Comisión Europea más poderes de los que posee actualmente. 
Cuando se hace referencia a los poderes de los magistrados nacionales, hay quien podría pensar en esta Cámara que yo tengo el mismo poder que un fiscal o un juez instructor de un Estado miembro, pero en realidad no hay comparación posible entre el poder de un magistrado nacional y el poder de la Comisión Europea. 
Aunque no nos guste a ninguno, estas son las normas de los Tratados. Por tanto, al hablar de investigación, hay que usar el término con el significado que le otorgan las leyes y, ante todo, los Tratados. 
En conclusión, quiero ejercer todos los poderes de investigación política, porque son admitidos por los Tratados. 
Nos está permitido preguntar, pero si un Estado miembro responde afirmando que en su territorio no ha habido nunca cárceles secretas, necesitaré una prueba, como la de Abu Ghraib –fotografías, pruebas y testimonios–. 
Por el momento, no disponemos de esos elementos: no digo que no los vayamos a tener nunca, pero no tengo poder para citar a nadie, ni organizar el interrogatorio de una persona que se niegue a hablar, porque esos poderes pertenecen a otros organismos. 
Hablo, por tanto, de una investigación política, de una acción encaminada a obtener información y recoger pruebas si existen. 
Por supuesto, también podemos obtener importantes datos de los diputados al Parlamento, porque se trata de acciones políticas. 
No se trata de acciones jurídicas, sino de acciones que conducirían, de ser demostradas, a una sanción política. 
Este es el respeto de las normas al que me he atenido siempre, incluso cuando no me gustan. 
En este caso, no me gusta que los poderes sean limitados, pero son los que me dan los Tratados y son los poderes políticos de investigación que pretendo ejercer. 
Señorías, quiero llamar su atención sobre el hecho de que tenemos entre nosotros a observadores tanto de Rumanía como de Bulgaria, a quienes doy la bienvenida. 
Dado que Rumanía ha sido mencionada a menudo durante este debate, uno de los observadores desearía hacer uso de la palabra. 
Le he señalado que eso no es posible, pero me ha pasado una nota en que expresa su preocupación acerca de algunos de los ataques contra Rumanía y afirma que las autoridades rumanas aceptarán cualquier investigación sobre las acusaciones formuladas en el Lo digo para que conste. 
No quiero sentar precedentes, pero los observadores se encuentran entre nosotros y evidentemente se sienten muy afectados por estas cuestiones. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el régimen de importación de plátanos. 
. Señor Presidente, quiero darle las gracias por brindarme esta oportunidad de compartir con ustedes nuestras ideas sobre el nuevo régimen de importación de plátanos. 
Ni que decir tiene que estamos muy decepcionados por el segundo laudo arbitral dictado el 22 de octubre de 2005. 
El actual régimen de importación de plátanos se acordó en Doha en 2001. 
Sobre esta base obtuvimos una exención de nuestras obligaciones para con la OMC a fin de dar preferencia a nuestros socios de la ACP. 
Asimismo, en dicha ocasión se acordó que pasaríamos a un sistema de arancel único a más tardar el 1 de enero de 2006. 
A este fin abrimos negociaciones con nuestros principales socios comerciales para modificar las concesiones en nuestro programa sobre los plátanos y pasamos al arbitraje como se preveía en el anexo a la exención de Doha. 
El punto de referencia relevante fijado en el anexo a la exención de Doha es si la reforma de nuestro arancel sobre los plátanos mantiene el acceso al mercado de los proveedores de las naciones más favorecidas. 
Después de un primer laudo negativo el 1 de agosto de 2005, el árbitro dictaminó en un segundo laudo del 27 de octubre que la Comunidad Europea no había rectificado la cuestión con su propuesta de establecer un nuevo tipo de arancel aplicado a las naciones más favorecidas en 187 euros por tonelada. 
Ha sido un resultado muy decepcionante. 
Nuestros cálculos se realizaron de una forma objetiva y transparente y los respaldamos con un análisis económico y jurídico exhaustivo. 
El objetivo ha sido siempre garantizar una modificación neutral del régimen de importación con un arancel para las naciones más favorecidas que ofrezca unas condiciones de acceso al mercado equivalentes a los proveedores americanos como hace el actual régimen de cuotas y mantenga un nivel equivalente de preferencia de los países ACP. 
Durante este proceso mantuvimos consultas con nuestros socios comerciales, pero no hubo posiciones comunes por su parte que pudieran haber sentado las bases para una solución negociada. 
¿Dónde nos deja esto ahora? 
El laudo arbitral no indica cuál podría ser el nivel arancelario adecuado. 
A la hora de decidir el régimen de importación de los plátanos es preciso tener en cuenta diversas consideraciones: la más importante es nuestra responsabilidad para con las diferentes partes interesadas. 
Hemos considerado los intereses de los productores comunitarios y la gestión de la organización del mercado común para los plátanos con miras a su futura reforma. 
En el acuerdo de Cotonú nos comprometimos con los socios ACP a mantener sus preferencias arancelarias. 
A la luz de lo dicho anteriormente, el 1de enero de 2006 hemos de pasar a un sistema de arancel único y debemos hacerlo rápidamente, dado que nuestros operadores necesitan certidumbre jurídica. 
Al mismo tiempo, soy plenamente consciente de nuestras responsabilidades para con las partes interesadas, que nos tomamos muy en serio. 
Por ello, en breve la Comisión hará una propuesta sobre el nivel de los aranceles a partir del 1 de enero de 2006. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, he sido ponente de la Comisión de Desarrollo en las sucesivas reformas de la OCM del plátano, y he intervenido en todos los debates celebrados, por citar solo los últimos, el del 13 de abril de 2000, el del 13 de diciembre del mismo año y el del 4 de septiembre de 2003. 
Antes de cesar en su cargo, el Comisario Lamy nos informó, el 21 de abril de 2004, que pensaba proponer un arancel de 230 euros por tonelada de plátano importado. 
Desde entonces, desde que tomó posesión la nueva Comisión, tanto usted y sus colaboradores como el Comisario de Comercio se han esforzado por encontrar un acuerdo. 
Reconozca, señora Comisaria, que, con su declaración de esta noche, no aporta mucha luz sobre el camino que piensa tomar. 
Es evidente que debe tomar la decisión de aplicar un arancel a partir del 1 de enero y veremos cuál es la intensidad del mismo. 
Pero usted sabe muy bien –la Comisión sabe muy bien– que esa decisión le garantiza un nuevo contencioso con los países productores del «área dólar» en el seno de la OMC con carácter casi inmediato, si ese arancel supera las expectativas que ellos tienen. 
Es decir, ganaremos unos meses de tiempo al precio de generar algunos riesgos para el grupo de países ACP y nuevas incertidumbres para nuestros productores europeos. 
Al final, y siempre que de la inminente Cumbre de Hong Kong no surja algo imprevisible, la Comisión tendrá que buscar una solución negociada con los países latinoamericanos productores de bananas. 
La pregunta que legítimamente me hago es por qué la Comisión renunció expresamente a la búsqueda de ese acuerdo durante los meses de marzo, abril y mayo últimos, cuando consta fehacientemente que, por diversos cauces diplomáticos, los productores latinoamericanos buscaban un acuerdo, aunque fuera de carácter transitorio, para lograr una prórroga temporal del sistema vigente que proporcionara un margen para la negociación de una solución más estable y duradera. 
Señora Comisaria, creo que la Comisión no prestó ninguna atención a esos deseos porque, por entonces, confiaba en que el arbitraje en el seno de la Organización Mundial del Comercio pudiera ser favorable al establecimiento del arancel de 230 euros. 
Ahí recibimos el primer varapalo. 
Luego propuso un nuevo arancel de 187 euros, con idéntico resultado. 
Usted ha confirmado aquí hoy que se siente muy decepcionada por el resultado del segundo arbitraje del 27 de octubre. 
En ese momento, las declaraciones de algunos funcionarios, y de usted misma, señora Comisaria, mostraron la misma perplejidad y decepción que usted ha confirmado hoy. 
Entonces usted dijo que era necesario evitar que el contencioso platanero fuera incluido en la agenda de Hong Kong. 
En mi opinión, se trata de un nuevo error, señora Comisaria. 
Bastó que un país como Honduras, del que se pueden decir muchas cosas buenas menos que sea un gigante todopoderoso, pidiera la inclusión del contencioso platanero en el orden del día de la Cumbre de Hong Kong para lograr lo que la Comisión quería evitar a toda costa. 
Para su tranquilidad, señora Comisaria, debe saber que, en este tramo último de la negociación, con tantos contratiempos y malas noticias para nuestros intereses, no ha estado sola. 
La han acompañado algunos Gobiernos nacionales, como el de mi propio país, y el Gobierno de algunas regiones productoras de plátanos. 
Incluso ha contado usted con la comprensión de algún representante de los productores plataneros europeos, que parecen resignados a la espera de una solución, que usted ha mencionado en su intervención, a través de una fórmula mágica, como la que alcanzaron en los llamados «Acuerdos de Madeira» , que, por ahora, es solo una música con la cadencia de un fado portugués, que ya sabe usted, señora Comisaria, es más un canto a la nostalgia y a la tristeza que a la esperanza. 
. – Señora Comisaria, quiero señalarle algunos aspectos. 
Ha mostrado usted lo decepcionada que está, lo cual no es sorprendente después de un segundo laudo arbitral negativo. 
No es ningún placer, pero después de consultar la página web puedo decirle que la historia de los plátanos es interminable; así que no debería estar demasiado decepcionada. 
Estoy segura de que esta cuestión nos acompañará durante muchos años e incluso si se resuelve esta, aparecerá otra. 
Esto parece ser inherente en el caso de los plátanos. 
Quizá podría ser usted un poco más precisa y explicar el calendario de actuaciones. 
No queda mucho tiempo, pero me gustaría saber en qué calendario está usted pensando. 
En segundo lugar, ¿cuáles son las diferentes hipótesis que está usted barajando? 
Para la Comisión de Comercio Internacional sería más que significativo saber qué tiene usted en mente. 
Por último, como ha dicho mi colega, me pregunto si esto no va a ensombrecer a Hong Kong. 
Desearía saber cómo tiene previsto conseguir que una situación que no es sencilla dado que el azúcar y otras cuestiones difíciles están en el orden del día parezca un poco más positiva. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, este debate es la muestra de la importancia de los criterios sociales y ambientales en el argumento sobre el comercio internacional y de la importancia de que la Comisión introduzca estos criterios de calidad en sus negociaciones con la OMC. 
Lo mismo puede decirse, añadiría yo, del azúcar, que es un buen ejemplo, aunque en Europa –con la posible excepción de las zonas periféricas– apenas producimos plátanos. 
La situación es, así pues, mejor de lo que era en el momento de la desintegración de la Unión Soviética y de la unificación alemana. 
Cuando los países de Europa central y oriental entraron en la Unión Europea, los antiguos proveedores de Alemania occidental –los productores de plátanos dólar– pensaron que podrían proveer al resto de la UE. 
Pensaron que con esta organización común de mercados, a la que antes no tenían acceso, habría libre comercio en el sector de los plátanos y que podrían descargar sus plátanos dólar en todo el territorio de la UE y dejar que los demás se las apañaran solos. 
Esta Cámara, en ese momento, debatió esta cuestión en profundidad. 
En aquellos días, la Comisión estaba de nuestro lado y sacamos adelante una organización de mercado adecuada, que en estos momentos se está convirtiendo en tema recurrente de debate. 
No es que los plátanos dólar hayan cedido cuota de mercado y que los estadounidenses hagan menos negocios; al contrario, su cuota ha aumentado enormemente. 
No obstante, si no hubiéramos introducido estos criterios y si no hubiera cuotas, los países ACP, con sus llamados plátanos enanos, se habrían visto fuera de juego hace años y cientos de miles, casi millones, de productores de plátanos enanos habrían perdido su sustento. 
No están exactamente fuera de todo peligro, pero al menos, con este debate hemos logrado contribuir a su salvación. 
Lo que me gustaría oír de usted, señora Comisaria –y también en este caso pienso en el azúcar–, es que este debate debería seguir adelante en la Unión Europea, y que, en lugar de proponer sencillamente la liberalización como una solución cuantitativa al tiempo que se desatienden las cuestiones políticas, sociales y ambientales, la Comisión, como defensora de estos criterios de calidad, debería hablar alto y claro y garantizar que las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales cuenten en las relaciones comerciales mundiales y que se tengan en cuenta. 
Esto se aplica particularmente en el caso de las cuotas. 
,. Señor Presidente, los plátanos no solo se producen en plantaciones dirigidas por grandes y poderosas empresas internacionales que emplean a un gran número de trabajadores mal pagados; cada vez son más los pequeños agricultores que también lo hacen. 
Desde la década de 1980, las cooperativas de pequeños agricultores en el mundo en desarrollo y las organizaciones no comerciales de importación en Europa han mantenido buenas relaciones de trabajo. 
Más de la mitad de los plátanos consumidos en Suiza son importados según el principio del comercio justo. 
El factor fundamental no es el país de origen, sino el método de producción que protege al ser humano y al medio ambiente. 
A diferencia de Suiza, el éxito del comercio justo en la UE se ve obstaculizado por una tradición de cuotas y gravámenes. 
Esto hace difícil importar plátanos de países que no sean de África, el Caribe o el Océano Pacífico, o, para decirlo con otras palabras, de países que fueron colonias de los Estados miembros hasta hace medio siglo, a menos que se trate de licencias de importación detentadas por varias grandes empresas en Europa y Estados Unidos. 
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿creará la Comisión, después de este arbitraje, un espacio de transición al modelo suizo o las restricciones al volumen solo serán reemplazadas por aranceles de importación más elevados, lo que significa que poco cambiará, si es que algo cambia? 
En ese caso, los países de América Latina considerarán que Europa está incumpliendo sus acuerdos. 
. ¡Ya estamos de nuevo! 
Otro sistema europeo de aranceles a la importación ha fracasado: recientemente el azúcar, ahora los plátanos, y todo en pro de la armonía paneuropea. 
Este sistema se ha visto dificultado desde los orígenes de los Estados miembros, muchos de los cuales tienen antiguas colonias que producen plátanos y a las que con razón desean ayudar. 
Aunque complejo, el sistema de tres tarifas ayudó, con la cuota C reservada a los países ACP, a exportar a la UE hasta 750 000 toneladas al año a un tipo cero. 
De ahí el problema: porque ahora países no comunitarios, especialmente latinoamericanos, quieren la paridad. 
Propongo dos soluciones. 
Podemos pasar al sistema de arancel único, como se propuso para 2006. 
En octubre de 2004 se sugirió un arancel de 230 euros por tonelada, pero eso era insuficiente para los países ACP y demasiado para los países del dólar. 
Aunque se establezca un arancel común, desfavorecerá a los países ACP, provocando la pérdida de producción y el desempleo. 
Las Islas de Barlovento ya informan de que 24 000 pequeños productores han quedado reducidos a 7 000 debido a la presión de los países del dólar. 
En muchos países ACP los plátanos crecen en terreno no apto para otros cultivos, por lo cual el desempleo crece enormemente. 
¿Emigrarán estas personas, algunas a Europa, uniéndose a nuestros 20 millones de desempleados, o pasarán a cultivos como la cocaína, que crecerán en las antiguas plantaciones de plátanos? 
Propongo una solución alternativa, basada en las repetidas declaraciones según las cuales estamos en una UE que mantiene la categoría de Estado miembro individual. 
El señor Barroso afirmó recientemente que se podría recortar la normativa. 
Combinemos ambas cosas: deshagámonos del régimen de importación de plátanos y dejemos que los Estados miembros individuales lleguen a sus propios acuerdos. 
A fin de cuentas, somos democracias adultas. 
Los países de la UE podrían comprar en el mercado abierto o apoyar a sus antiguas colonias tal como desean, sin repercusiones en el mercado mundial. 
El Reino Unido utilizó la preferencia de la Commonwealth hasta 1972 sin grandes problemas. 
Quizás suene un poco nostálgico, pero ¿por qué no? 
¿Qué hay de malo en un poco de humanidad al intentar mantener el empleo en el Tercer Mundo? 
Mejor eso que las áridas tachaduras de los burócratas de Bruselas. 
Señor Presidente, el acuerdo del año 2001 con los Estados Unidos y los países latinoamericanos, al que se refería la señora Comisaria antes, y con el que pensábamos que se podía acabar la guerra del banano, trae ahora consigo el cambio radical del régimen de importación comunitario a partir de enero de 2006, cambio que el sector europeo tendrá que afrontar con un elevado grado de incertidumbre. 
En 1993, la Unión decidió establecer un régimen de importación propio y una organización común de mercado para el plátano completamente diferente de la organización común de mercado que rige el resto del sector de las frutas y hortalizas. 
La Unión entonces le daba un trato especial al sector del plátano, casi de favor, cuya razón de ser se encuentra todavía más que justificada hoy en día, porque este fruto se cultiva únicamente en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Esas regiones –les recuerdo– tienen, por sus características de insularidad y de lejanía, una consideración distinta, necesaria, sobre todo, si queremos seguir manteniendo su actividad agrícola. 
Ya que mi Gobierno, el Gobierno de España, no se lo recuerda, y tampoco parece hacerlo el Gobierno de Canarias, le diré que el plátano juega un papel económico y social de primer orden y el nuevo régimen de importación podría poner en riesgo la supervivencia de producciones comunitarias, si la Unión Europea no dispone en un futuro de fondos suficientes para compensar una fuerte bajada de precios como consecuencia del eventual establecimiento de un arancel en frontera demasiado reducido. 
El fondo del problema, en definitiva, es un ajuste contable del que depende el futuro del sector del plátano en la Unión Europea. 
Cuanto menor sea el arancel, mayor tendrá que ser el esfuerzo financiero para compensar a los productores europeos. 
Pero ese esfuerzo tiene un tope máximo y ese tope máximo debería determinar el margen de flexibilidad de la Unión Europea a la hora de ceder a presiones internacionales en negociaciones también internacionales. 
La Unión ya ha sacrificado una parte bastante importante de sus producciones agrícolas en aras de la apertura al comercio internacional, sacrificio que siempre repercute desafortunadamente en los mismos, en los productores, y beneficia a unos pocos, en muy pocos países terceros. 
En el caso del plátano, además, las grandes multinacionales serían las beneficiadas, mientras que el productor local apenas sentiría el cambio. 
– Señora Comisaria, en primer lugar permítame decir que es lamentable que la Comisión haya optado por la senda del litigio en lugar de la negociación, que probablemente habría ofrecido una solución mucho más práctica y podría haber dado un resultado más satisfactorio. 
La realidad como han dicho otros es que, por ejemplo en las Islas de Barlovento, los plátanos dan empleo a más de un tercio de la población activa y representan entre el 50 y 70 % de los ingresos de la exportación. 
Sería sumamente grave que ello se pusiera en peligro. 
Como ha sugerido usted, señora Comisaria, las preferencias para países como las Islas de Barlovento no perjudican a nadie y no pretenden dañar el comercio de los exportadores latinoamericanos ni el de otros exportadores. 
El mejor enfoque sería encontrar maneras de posponer el arancel único y negociar y acordar una solución justa que permita que todos los proveedores sigan comerciando. 
Es evidente que el arbitraje ha sido un fracaso, pero la Comisión ha de intentar asegurar que el comercio pueda seguir hasta que usted, junto con los Comisarios de Desarrollo y Comercio, encuentre una manera viable de garantizar que se encuentren otras fuentes de ingresos para los agricultores pobres de las Islas de Barlovento, de modo que sigan teniendo un futuro. 
Por último, me temo que los plátanos y el azúcar seguirán estando en el orden del día en Hong Kong en lo que respecta a los países ACP. 
Señor Presidente, agradezco la exposición de la Comisaria de Agricultura. 
Quería recordar que, en este momento, la producción de bananas dentro de la Unión Europea es una producción importante, que hay miles de familias de la Unión Europea residentes en las regiones ultraperiféricas que viven de eso y que, si desapareciera la producción platanera, abandonaríamos a su suerte algunas de las islas europeas, que, aunque estén muy alejadas, son tan europeas como lo es este sitio desde el que estoy hablando ahora. 
En segundo lugar, creo que hay que tener en cuenta que los paneles de la Organización Mundial del Comercio no pueden elegir de forma arbitraria. 
Los principios de la Carta de la Organización Mundial del Comercio imponen la búsqueda de un arancel equivalente, y ese arancel equivalente no es arbitrario; tiene que darnos, al menos, el mismo nivel de protección que teníamos con anterioridad. 
No sé en qué medida la Comisión está considerando este elemento. 
En tercer lugar, se nos echa el tiempo encima. 
El 1 de enero está a la vuelta de la esquina y mucho me temo que, por el procedimiento de que están utilizando los paneles de la Organización Mundial del Comercio, el primero de enero no tengamos ningún arancel. 
¿Cabe considerar la posibilidad de que, al menos, durante un periodo transitorio se pueda mantener el régimen vigente? 
¿Puede la Comisión hacer algún tipo de negociación con los países terceros para suspender o interrumpir la negociación, con objeto de llegar a una solución razonable? 
Hasta el año pasado, el Partido Popular estaba en el Gobierno de España y hasta hace unos meses, antes de su expulsión por el Jefe del Gobierno, estaba en el Gobierno de Canarias. 
La pregunta que quería hacer es si hasta esas fechas el Partido Popular hizo algún tipo de aportación diferente de la que están haciendo los actuales Gobiernos de España y de Canarias. 
En todo caso, señora Comisaria, espero que defienda los intereses de estos cientos de miles de ciudadanos europeos que dependen de usted para poder mantener su nivel de vida. 
. Señor Presidente, cuando vuelvo la vista atrás veo que la cuestión de los plátanos siempre ha despertado emociones. 
En 1992 oí hablar realmente por primera vez de este debate, que dura ya tantos años. 
Aún no hemos cerrado esta cuestión. 
Abordando algunas de las observaciones hechas hoy aquí, en primer lugar, cuando iniciamos las discusiones justo después de que ocupara mi cargo el pasado mes de noviembre, para mí era prioritario alcanzar una conclusión negociada sobre esta cuestión. 
Ahora bien, pronto se vio que ni siquiera en los países latinoamericanos existe una posición común, por lo que no era posible llegar a una conclusión negociada sobre esta cuestión en enero. 
Una y otra vez lo intentamos para ver si era posible. 
No entraré en detalles acerca de las diversas grandes empresas de los países latinoamericanos que tienen puntos de vista diametralmente opuestos sobre cómo ha de acabar esto, pero no creo a los que dicen que no se han explorado las posibilidades de negociación. 
Es cierto que Honduras incluido los plátanos en el orden del día de la conferencia ministerial de Hong Kong. 
Solo puedo decir que haremos todo lo que podamos para garantizar que esta cuestión no trastorne excesivamente todo el proceso. 
A este fin contamos con que nuestro enfoque es razonable, con nuestra continua disposición a debatir con nuestros socios y con el apoyo de los países ACP. 
Con respecto al azúcar, que también se ha mencionado, tengo intención de alcanzar un compromiso político en el Consejo en la reunión previa a la conferencia de Hong Kong, así que este no será un problema. 
En lo que respecta al plazo y a las diferentes hipótesis, actualmente hay una propuesta en el Consejo de pasar a un sistema de arancel único y esta será la base de los futuros debates. 
En esta fase no puedo entrar en detalles, porque esta cuestión se tratará y negociará con el Consejo antes de que presente todas las cifras e ideas al Parlamento. 
Por supuesto, nuestro objetivo es establecer un comercio justo en esta cuestión de los plátanos. 
El hecho es que al final son los consumidores quienes deciden lo que se venderá en los supermercados, así que los que tienen un gran interés en esta cuestión deberían aprovechar la oportunidad para alentar a los consumidores a optar. 
A la hora de decidir sobre el régimen de importación de los plátanos es preciso tener en cuenta diversas consideraciones y, sobre todo, como he dicho antes, nuestra responsabilidad para con todas las diferentes partes interesadas. 
Asimismo hemos de considerar los intereses de los productores comunitarios y la gestión de la organización común del mercado de los plátanos con miras a la reforma que esperamos acordar con el Consejo durante la segunda mitad de 2006. 
Solo puedo asegurar a quienes tienen interés en esta cuestión difícil y duradera que haremos todo lo que esté en nuestras manos por llegar a un resultado positivo para que el sistema de arancel único entre en vigor el 1 de enero de 2006. 
Se cierra el debate. 
El siguiente punto es la pregunta oral a la Comisión sobre los «Motivos de la escasa aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo» , formulada por Ieke van den Burg y Othmar Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (O-0094/2005- B6-0338/2005). 
. – Señor Presidente, quisiera decir algunas palabras sobre las razones por las que he formulado esta pregunta oral. 
Como explicamos en el texto, muchos Estados miembros no han aplicado esta directiva. 
Hay discusiones en curso entre la Comisión, los servicios implicados y los representantes de los Estados miembros, así como en el contexto de CEIOPS. 
Sin embargo, el Parlamento como colegislador también debería exigir un papel en las interpretaciones si realmente hay problemas con la directiva. 
Por ello le pedimos que viniera a debatir con nosotros, señor Comisario. 
Leyendo entre líneas, también observará usted nuestra preocupación por el hecho de que los Estados miembros no se estén tomando en serio la aplicación de la directiva. 
Asimismo le pedimos que se tome en serio la Directiva relativa a los fondos de pensiones porque es una cuestión independiente que tiene que ver con los mercados financieros y la política social, sobre todo cuando está en juego el respecto de las leyes nacionales, sociales y laborales y cuando prevalecen las reglas de los países anfitriones sobre el principio del país de origen. 
Estamos deseosos de que se nos implique más de cerca en el resultado de la aplicación y las posibles interpretaciones, 
Hemos planteado dos cuestiones más: la implicación del CEIOPS y la situación en relación con las normas prudenciales, así como posibles normas cuantitativas adicionales añadidas por los Estados miembros, pero no entraré en detalles a este respecto. 
Un punto muy importante para mí, no solo como portavoz del Grupo del PSE, sino también como delegada neerlandesa, es mi preocupación por los cambios en los planes de pensiones ocupacionales debido no solo a la evolución de los mercados financieros, sino también a los cambios legislativos: hay una tendencia a pasar de una prestación definida a sistemas de contribución definida. 
Se trata de un cambio muy rápido en el Reino Unido e Irlanda, donde en particular los nuevos participantes en los planes no reciben un sistema de prestaciones definido. 
Esto no es posible en los Países Bajos, porque en la mayoría de los casos tenemos sistemas colectivos y sistemas obligatorios, y estamos muy apegados a ellos. 
No estoy de acuerdo en que el paso de las prestaciones definidas a la contribución definida sea necesario, y menos aún deseable, porque la calidad de los planes de pensiones es una baza importante del modelo social europeo. 
El primer pilar en los Países Bajos resultaría incompleto e insuficiente sin un segundo pilar de tan alta calidad. 
También es importante que esta tradición dé los mejores resultados globales. 
Por ello, estas fronteras borrosas son también una preocupación que compartimos y queremos pedirle que nos aclare su interpretación de estos cambios y cómo seguirá debatiendo esta cuestión con nosotros. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ha mencionado la señora van den Burg, estamos preocupados, preocupados por la falta de seriedad con la que esta Directiva se ha transpuesto desde su aprobación hace dos años. 
Esta Directiva presenta dos aspectos: uno tiene que ver con el mercado interior, que la Directiva refuerza para todos los proveedores de servicios en el ámbito de los fondos de pensiones, y el otro está relacionado con la seguridad social de los trabajadores, con más diálogo entre los empresarios y los trabajadores a la hora de crear los fondos de pensiones y en el curso de su desarrollo. 
Al embarcar esta mañana en el avión, me entregaron una revista. 
El titular en la primera página manifestaba que, en el futuro, no habrá escapatoria de los fondos de pensiones. 
Señor Comisario, como ya habrá leído en el acuerdo de trabajo del nuevo Gobierno alemán, hay dos apartados sustanciales dedicados a garantizar el antiguo régimen de pensiones. Con el paso de los años desde la elaboración y aprobación de la Directiva, este tema no ha perdido importancia. 
En la Unión Europa sigue sin haber suficiente capital riesgo; en los Estados Unidos, como todos sabemos, los fondos de pensiones son sus principales generadores. 
El mercado interior y el sector de los servicios financieros continúan ofreciendo potencial. 
Los fondos de pensiones –las empresas que operan en el ámbito de la previsión para la jubilación– todavía no disfrutan de un mercado interior único completo. 
Mucho se está hablando en la actualidad del modelo de vida en Europa y del modelo social europeo. 
La previsión para la jubilación, que implica más mercado al mismo tiempo que la seguridad social, constituye una condición esencial para garantizar la movilidad y la flexibilidad de los trabajadores, así como para asegurar nuestros sistemas de pensiones y para garantizar una jubilación placentera en una sociedad en la que las personas viven cada vez más. 
Lo que esta Directiva también aclara es que existe un desequilibrio de poderes y responsabilidades, un desequilibrio entre la competencia del mercado único y los sistemas de seguridad social. 
Esto es algo que la Directiva intenta rectificar, pero también es la razón por la que planteamos esta cuestión, ya que son los Estados miembros los que están facultados para transponer esta Directiva y para tener en cuenta los aspectos que hemos abordado, pero que no están establecidos en la legislación; ellos son los responsables de hacerlo. 
De sus intervenciones y de los hechos sabemos que, a fecha de hoy, solo seis Estados miembros han notificado sus medidas de transposición; seis más lo han hecho en parte y que faltan 13 por hacerlo. 
La situación a fecha de 23 de septiembre de 2005 era que 13 Estados no habían hecho lo que se supone que tenían que hacer. 
Por eso, señor Comisario, le preguntamos qué medidas propone emprender si, a finales de año, no todos los Estados miembros han transpuesto esta Directiva. 
¿Por qué les resulta tan difícil hacerlo? 
A menos que me equivoque, se mantuvieron reuniones entre los Estados miembros y la Comisión en octubre de 2004 y en abril de 2005, en las que se hizo patente que las disposiciones relativas a la seguridad social y a la legislación laboral eran la principal fuente de la mayoría de los problemas. 
Tenemos que afrontar la tensión que existe entre estos dos aspectos; uno no debe ser la excusa para bloquear el otro, ya sea en relación con el mercado único o con las medidas de seguridad necesarias que hemos tratado en nuestra Directiva. 
Así pues, también le preguntamos cuáles son las conclusiones que usted extrae de todo esto, si cree que harán falta medidas adicionales y qué consecuencias tendrán las disparidades en la legislación fiscal sobre la transposición de esta Directiva. 
. Señor Presidente, los Estados miembros que no hayan comunicado las medidas de aplicación a la Comisión, o que solo lo hayan hecho parcialmente, serán objeto de expedientes de infracción por falta de notificación conforme al artículo 226 del Tratado CE. 
Conviene subrayar que tales expedientes solo se refieren a la comunicación de medidas nacionales y no a la calidad de la aplicación. 
Una vez recibidas las notificaciones completas, la Comisión examinará las medidas de aplicación nacionales, que en una fase posterior podrían dar pie a expedientes de infracción por aplicación incorrecta de la directiva. 
La directiva no confiere poderes de comitología a la Comisión. 
No se trata de una directiva «Lamfalussy». 
Por tanto, ni se dan mandatos al Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) ni la Comisión adoptará ninguna medida de aplicación. 
Dado que aún no hay experiencia práctica con la directiva, es demasiado pronto para pronunciarse sobre la necesidad de la comitología y, por tanto, sobre el papel que el CESSPJ puede desempeñar en ella. 
Sin embargo, el CESSPJ tiene que desempeñar una importante función en el contexto del apartado 2 del artículo 21 de la directiva, y los supervisores tienen el deber de «colaborar estrechamente para facilitar la supervisión de las actividades de los fondos de pensiones de empleo». 
A este respecto, el Comité de Pensiones de Jubilación del CESSPJ está desarrollando actualmente un protocolo multilateral de cooperación como el que ya existe para los seguros. 
Ahora hay un borrador listo para una segunda consulta abierta con los sectores interesados. 
Se espera que sea aprobada en la reunión de los miembros del CESSPJ en febrero de 2006. 
En los últimos dos años, la Comisión ha organizado dos encuentros con Estados miembros para ayudarles en la aplicación de la directiva. 
A tal fin, los debates se han centrado en aspectos señalados por los Estados miembros, la Comisión y otros interesados, que pueden ser fuentes de dificultades para la transposición y que podrían dar lugar a interpretaciones discordantes entre los Estados miembros. 
Basándose en dichos encuentros, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, aunque algunos artículos parezcan ser fuente de problemas, no lo son para todos los Estados miembros. 
De ahí la dificultad de definir cuáles son las disposiciones especialmente problemáticas. 
Esto no sorprende, pues las estructuras y acuerdos sobre pensiones de los Estados miembros difieren significativamente. 
No obstante, hay motivos para creer que la aplicación del artículo 20 –actividades transfronterizas– causa problemas a muchos Estados miembros. 
Pero es aún pronto para valorar si el origen de esos problemas reside en la formulación de la propuesta legislativa tal como ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo o si radica en las diferentes interpretaciones de los Estados miembros. 
En 2006 se celebrará una primera reunión para discutir más a fondo los asuntos que han sido calificados de problemáticos y esenciales durante el examen de las medidas nacionales de aplicación. 
El análisis profundo de las medidas de transposición de la directiva en cada país aún no ha comenzado. 
En este momento, el trabajo se centra en la calidad de las notificaciones totales y parciales. 
Solo cuando la mayor parte de los Estados miembros hayan remitido su notificación podrá darse alguna indicación de si se han aprobado normas de inversión cuantitativa adicional y elementos susceptibles de entorpecer el buen funcionamiento de la directiva. 
Dado que la Comisión espera que un gran número de Estados miembros comunique su legislación a la Comisión antes de que acabe este año, tal indicación solo podrá darse a lo largo de 2006. 
Algunos sistemas de pensiones de prestación definida aprovecharon el mercado alcista de los años noventa para reducir el nivel de las contribuciones e incluso para otorgar vacaciones contributivas en vez de potenciar sus reservas financieras. 
Cuando sucedió el inevitable bajón del mercado, se vio que algunas de esas reservas eran insuficientes. 
En respuesta a ello, las empresas patrocinadoras y las autoridades supervisoras de los Estados miembros recurrieron a distintas soluciones: incrementar las contribuciones, poner límite a las prestaciones, reducir el índice de los derechos por pensiones, modificación de las normas que rigen los sistemas de pensiones y cierre de los sistemas a nuevos partícipes. 
Al margen de los remedios aplicados, todos los interesados se dieron cuenta de nuevo de que un fondo de pensiones implica un compromiso a largo plazo con los trabajadores y los pensionistas. 
Este reconocimiento se ha visto reforzado por otros acontecimientos, como la aplicación de las normas IAS 19 a las empresas patrocinadoras y de normas más estrictas para la evaluación supervisora de disposiciones técnicas. 
Las empresas patrocinadoras se han dado cuenta de la necesidad de mejorar el control de los gastos y de estabilizar los rendimientos para cumplir sus compromisos de pensiones. 
Sin duda se está observando un cambio de los sistemas tradicionales de prestación final definida a sistemas cuyo coste puede controlarse más fácilmente. 
Pero es evidente que este cambio no ha sido exclusivamente hacia sistemas puros de contribución individual definida. 
También existen sistemas híbridos que combinan elementos de prestación definida y de contribución definida. 
Los motivos de todos estos cambios son un mejor control del gasto y una mayor estabilidad de los beneficios para la empresa patrocinadora. 
Existe una tendencia a la indefinición del límite entre los tres pilares de las pensiones, no solo entre el segundo pilar laboral y el tercer pilar individual, sino también entre el segundo y el primer pilar legal. 
Esto no supone un problema en la medida en que la estructura de pilares es solo un sistema genérico de clasificación, y los sistemas en que se destinan activos a las personas se pueden encontrar en los tres pilares. 
No es así en todos los Estados miembros, pues las pensiones reflejan situaciones culturales e históricas concretas. 
Así, aunque persistan las diferencias básicas entre cada uno de los tres pilares, las soluciones adoptadas pueden ser equivalentes. 
En los veinticinco Estados miembros se ha optado por diversas soluciones en cuanto a la existencia, la magnitud y la financiación de los sistemas públicos, los regímenes laborales y los mecanismos individuales. 
No hay una respuesta de ámbito comunitario para los retos de la sociedad que envejece. 
Las soluciones deben adaptarse a los distintos sistemas de pensiones de los Estados miembros. 
Por eso, la responsabilidad última recae en ellos. 
La Comisión podría asistir a los Estados miembros asegurando que el marco reglamentario europeo de servicios financieros favorezca la aparición de respuestas de financiación de la jubilación que sean seguras y estén impulsadas por el mercado. 
Deben eliminarse los cuellos de botella para que los activos destinados a la jubilación puedan gestionarse con la mayor eficiencia posible, permitiendo a los europeos gozar de las máximas prestaciones y pensiones vitalicias. 
La directiva cumple este objetivo. 
En la segunda mitad del año que viene, la Comisión presentará un libro blanco sobre los OICVM, que también cumplen una función en las pensiones. 
Otras iniciativas encaminadas a mejorar la situación europea en este terreno son, por ejemplo, la recientemente aprobada propuesta de directiva sobre la mejora de la transferibilidad de los derechos de pensión complementaria y los actuales casos de infracción en el trato fiscal equitativo de las contribuciones al seguro de pensiones. 
. Señor Presidente, señor Comisario, hemos asistido a una descripción increíblemente técnica de algo que no lleva a ninguna parte. 
La demora en la transposición de la Directiva sobre los fondos de pensiones de empleo no es solo decepcionante, sino también –o así lo creo yo– negligente. 
Los fondos de pensiones de empleo están floreciendo en la Unión Europea y la presente Directiva ofrece a los Estados suficiente margen de maniobra para organizarlos debidamente. 
Las estadísticas sobre población están cambiando drásticamente y muchos Estados están abandonando progresivamente, por motivos ideológicos, los fondos de pensiones y de asistencia sanitaria con la idea de que sea el sector privado el que colme este vacío. 
Si queremos asegurar las pensiones en el futuro, habrá que fomentar y gestionar con vigor otras áreas de los fondos de pensiones con capacidad de creación de capital. 
Si queremos que los sistemas de pensiones sean medios estables para garantizar una prestación adicional para los pensionistas, debemos reducir realmente los riesgos de los trabajadores, porque ya corren el riesgo de perder su empleo y, por tanto, no deben ver amenazadas sus propias contribuciones voluntarias y las contribuciones realizadas por las empresas para las que trabajan.. 
Este es el motivo por que el que debe trazarse una distinción clara entre las empresas y las instituciones de jubilación profesional, para que, por ejemplo, los derechos adquiridos no se pierdan en caso de quiebra de la empresa o de que el empleado cambie de trabajo voluntariamente. 
Un mercado único para los fondos de pensiones organizado a escala europea proporcionaría más estabilidad a los trabajadores, y esto es precisamente lo que quieren. 
Junto a la desvinculación del riesgo de perder el puesto de trabajo del riesgo de las demandas de capital acumulado de los trabajadores en caso de quiebra de la empresa, deben existir unas normas mínimas para las instituciones de jubilación profesional con derechos claros de información tanto para las autoridades de supervisión como para los trabajadores. 
Tanto los que tienen derecho a prestaciones como los que actualmente disfrutan de ellas deben tener derecho a recibir información sobre el modo en que se invierte el capital de su fondo o la situación del mercado de valores. 
Si es posible, los trabajadores deberían tener el derecho a ser consultados por sus empresas a la hora de elegir estas instituciones. 
Si se logran los objetivos mencionados en los considerandos 18 a 23, los trabajadores no solo estarán en una situación más segura, sino que también contaremos con la supervisión moderna del mercado de valores que la Comunidad necesita. 
Ahora, señor Comisario, es hora de tomar medidas, medidas a las que usted nos tiene acostumbrados. 
. – Señor Presidente, todos estamos de acuerdo con el Comisario en que es sumamente importante incrementar la suscripción de planes de pensiones, sobre todo los voluntarios, ya sea en virtud de esta directiva o por cualquier otro medio. 
No obstante, las iniciativas para la suscripción de planes de pensiones, como bien ha dicho, siguen siendo competencia de los Estados miembros, ya que pueden estar asociados a los sistemas fiscales y de seguridad social. 
No propongo cambiarlo en absoluto. 
Pero es importante compartir las mejores prácticas. 
Por tanto, ¿podría la Comisión indicar si ya está supervisando incentivos o si tiene intención de hacerlo? 
¿Puede prever un mecanismo mediante el cual se compartan e impulsen las mejores prácticas? 
En el contexto de las disposiciones transfronterizas, que deseamos animar para lograr un mercado de pensiones mejor y más dinámico, es fundamental la confianza del público en todos los reguladores y en las garantías subyacentes, y no solo en las del propio Estado. 
También es importante, especialmente para los sistemas que afectan a los autónomos, que se entienda que la información aportada por los diferentes países debe ser comparable. 
El articulo 9 de la directiva exige a los Estados miembros que den cumplida información sobre los riesgos. 
El artículo 10 exige que las cuentas anuales ofrezcan una imagen fiel, justa y completa. 
Otros artículos prevén que los miembros tengan acceso a esas cuentas. 
Sin embargo, esto plantea la pregunta de qué constituye «cumplida información» , y si se tendrán en cuenta las diferencias entre las prácticas predominantes en los Estados miembros, o al menos si se avisará a los inversores potenciales de las diferencias que puede haber entre áreas que no se comparan cosas de la misma categoría. 
Y también es muy importante que la solución que se acuerde no derive en una multiplicación de las normativas, y que el CESSPJ lo tenga en cuenta en todos los protocolos futuros. 
. – Señor Presidente, quizá el señor Comisario pueda explicar qué quiere decir con «tercer pilar». 
A mí me suena más bien desagradable. 
¿No es el auténtico problema de la directiva sobre sistemas de pensiones de jubilación que no exista voluntad política para aplicarla? 
En Europa Occidental hay un grave problema demográfico al envejecer la población, con una tasa de natalidad que decrece continuamente en los principales países industriales de la UE. 
Hay una gran crisis del sistema de pensiones que los Gobiernos nacionales sencillamente no están abordando. 
En el caso de los sistemas de salario final, como ocurre con las pensiones públicas, lo que sucede es que los jóvenes pagan por los mayores: una generación mantiene a otra. 
No solo la demografía va en contra de las viejas economías de Europa Occidental, sino también el llamado modelo social. 
El tan loado modelo social parece consistir en un 40 % de desempleo juvenil, dependencia de los subsidios y ruptura de la familia tradicional. 
Gracias a estos rasgos económicamente absurdos, y también a los Gobiernos nacionales, no podemos seguir confiando en el sistema de apoyo generacional. 
De hecho, en el Reino Unido, políticamente es aún peor: hay más de 800 000 millones de libras esterlinas de pensiones públicas sin financiar, con una contratación desbocada en el sector público. 
Los fondos de pensiones en el sector privado tributan desde 1977, con lo que cada año se detraen 5 500 millones de libras de los ahorros de los ciudadanos de a pie, mientras los políticos gozan de pensiones privilegiadas a expensas de los apurados contribuyentes. 
Es verdad que si una empresa pública deja ahora de reflejar sus compromisos de pensiones en sus cuentas, su director se enfrentará a penas de prisión, pero los Ministros de Hacienda de los Gobiernos nacionales desprecian la ley diariamente. 
En mi circunscripción hay una empresa llamada Ballast Nedam que ha abandonado, sin más, a sus pensionistas de la forma más ruin y ha establecido una nueva sociedad para eludir sus responsabilidades. 
Esto es totalmente contrario a la directiva, que no ha sido aplicada. 
No importa cuántas ganas tengan los Gobiernos de armonizar las calefacciones de los coches, los limpiaparabrisas y las botellas de licor, sino cuándo necesitan ayuda las personas de carne y hueso, que es cuando se suele echar de menos a la Unión Europea. 
– Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar hay que aclarar el marco operativo y las ventajas de los fondos de pensiones. 
Estos son instituciones de mercado financiero y resulta impensable concebir que puedan llegar a adquirir tal magnitud que prácticamente puedan reemplazar a los sistemas de seguridad social. 
Los sistemas de seguridad social tienen que seguir garantizando la cobertura general de los trabajadores y deben seguir siendo públicos; en otras palabras, si el fondo de seguros no puede cubrir las prestaciones y responsabilidades por jubilación, el Estado debe asumir sus responsabilidades financieras. 
Por el contrario, si los fondos de pensiones de empleo no pueden asumir sus responsabilidades, no habrá intervención financiera ni garantía alguna por parte del Estado. 
Sin embargo, apoyo firmemente el hecho de que estos fondos son útiles como entidades de crédito destinadas a garantizar las pensiones auxiliares, en la medida en que estas se acuerdan en el marco de los convenios colectivos. 
Por supuesto, cabe resaltar que solo constituyen una renta vitalicia en el caso de los trabajadores, creando cierto grado de discriminación frente a los que no tienen un trabajo estable o los trabajadores a tiempo parcial. 
También hay que destacar que estas entidades crediticias, estos fondos, solo tienen facilidades para la cooperación transfronteriza con países en la actual zona del euro. 
Teniendo en cuenta estas características y el desarrollo de la aplicación de la legislación en los Estados miembros, es aconsejable que la Directiva se fomente en todos los Estados miembros, pero que sea más flexible. 
Lo que queremos es integrar la Directiva en las legislaciones nacionales y, lo que es más importante, que sea aceptada por los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores. 
En este sentido, no parece lógico utilizar medias para determinar el grado de cobertura de los trabajadores que estos fondos ofrecen o su capitalización y sus reservas acumuladas como porcentaje del PIB o por asegurado. 
Por el contrario, se antoja especialmente importante hacer hincapié en los factores que han contribuido al desarrollo de la institución en determinados países, en los que la confianza de la mano de obra obtiene una media del 45 %. 
Es necesario suprimir los parámetros que contribuyen a la considerable disparidad en la aplicación de esta directiva en los Estados miembros. 
Se cierra el debate. 
Señor Presidente, después de haber experimentado ayer a la hora del almuerzo el bloqueo de la entrada del edificio del Parlamento llevado a cabo por los taxistas de Estrasburgo durante tres cuartos de hora, esta mañana me he enterado de que los taxis alemanes, evidentemente siguiendo instrucciones de nuestro jefe de seguridad, el señor Suarez, no tenían autorización para entrar en las instalaciones del Parlamento, de modo que los pasajeros tenían que bajarse fuera. 
Además, un taxista me ha dicho que nadie le ha dado ningún motivo para esto. 
Considero que esta situación es un auténtico escándalo, y una discriminación, e insto a las autoridades de esta Cámara a que retiren la orden de prohibir el paso. 
Dentro de una hora, comprobaré si a los taxis se les permite el acceso. 
Realmente me pregunto cómo es posible que en esta Cámara hayamos cedido a las presiones de ayer en la calle y que prohibamos a los taxis entrar en las instalaciones del Parlamento tal como solían hacer. 
Lo primero que puedo decirle es que con total seguridad queda descartada la posibilidad de que este tipo de instrucciones haya partido de este Parlamento. 
No podemos descartar la posibilidad de que las organizaciones de taxistas franceses tengan algo que ver. 
Realizaremos una consulta oficial al respecto y la administración se hará cargo de inmediato. 
De conformidad con el orden del día se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas para 2004. 
. Señor Presidente, me gustaría darle las gracias, en nombre de los Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo, por la invitación al debate del informe del Tribunal, que hace el número 28, relativo al ejercicio fiscal 2004, que presenté ayer por la noche a la Comisión de Control Presupuestario. 
En este mi primer año como Presidente del Tribunal, me complace estar presente al comienzo del proceso anual de aprobación de la gestión del presupuesto de la UE. 
Entre las principales fuentes para el informe anual se encuentran las auditorías y los controles financieros sobre la legalidad y la regularidad llevados a cabo por el Tribunal. Por el contrario, la práctica general es publicar los resultados del Tribunal sobre la solvencia financiera en informes especiales. 
El ejercicio fiscal 2004 vino marcado por la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros, lo que significó que las estimaciones de pagos aumentaron de 98 000 millones de euros en 2003 a 105 000 millones en 2004. las mejoras introducidas en la planificación y la gestión hicieron posible un marcado aumento del uso de los fondos en comparación con ejercicios anteriores. 
El excedente de 2004, cifrado en 2 700 millones de euros, fue significativamente menor, alrededor de la mitad, que el de 2003. 
A continuación abordaré los principales mensajes contenidos en la declaración de fiabilidad del Tribunal, también llamada «DAS» , comenzando con la declaración de fiabilidad de las cuentas. 
A la hora de examinar el ejercicio de 2004, el Tribunal llegó a la conclusión de que los estados financieros consolidados reflejan fielmente los ingresos y los gastos del ejercicio, así como la situación financiera al final del mismo, con la excepción de la partida relativa a los «deudores diversos». 
Como en el pasado, el sistema contable utilizado para la elaboración de las cuentas anuales de 2004 no es adecuado para la tarea de registrar la totalidad de los activos y pasivos en el balance, aunque hay que decir que la Comisión ha realizado progresos significativos en relación con la introducción de la contabilidad basada en el principio de devengo para el ejercicio para el año 2005. 
Sin embargo, el Tribunal observó, en el momento de su fiscalización, que aún debían realizarse esfuerzos adicionales ya que, los ordenadores de pagos de la Comisión no habían validado las cifras necesarias para el establecimiento de los saldos de apertura de 2005. 
De no tomarse las medidas adecuadas antes del final de este ejercicio, las insuficiencias identificadas por el Tribunal podrían comprometer la fiabilidad de las cuentas de 2005. 
Con respecto a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, el Tribunal manifestó, en su declaración de fiabilidad, que del examen del ejercicio de 2004 se pudo concluir que los sistemas de supervisión y control implementados funcionaban con eficacia y que las operaciones subyacentes, por lo que respecta a los ingresos, los compromisos, el gasto administrativo y la estrategia de preadhesión como parte de los créditos de pago, eran en general legales y regulares. 
Por lo que atañe al resto de créditos, como son el gasto agrícola, las acciones estructurales y tanto las políticas internas como las acciones exteriores, el Tribunal, una vez más, no puede emitir una confirmación sin reservas. Los sistemas de supervisión y control todavía no se aplicaban plenamente ni funcionaban con eficacia y los pagos siguen afectados de manera significativa por errores. 
No obstante, el Tribunal puede informar por primera vez de que los esfuerzos realizados por la Comisión y los Estados miembros para aplicar el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) , que abarca el 59 % del gasto agrícola, han tenido una incidencia positiva. 
De hecho, el SIGC, cuando se aplica correctamente, es eficaz para limitar, en un grado aceptable, el riesgo de que se produzcan gastos irregulares. 
A continuación me detendré en las observaciones específicas de cada ámbito de actividad que abarca la declaración de fiabilidad. 
Como en ejercicios anteriores, el Tribunal halló pruebas de que los gastos efectuados en el marco de la política agrícola común, en conjunto, se encuentran todavía afectados por errores endémicos. 
Si bien el Tribunal observó que el SIGC es eficaz cuando se aplica de manera adecuada, los gastos agrícolas no cubiertos por este sistema, o a los que no se aplica este correctamente, presentan un mayor riesgo de irregularidad debido a debilidades en los sistemas de control. 
El Tribunal, tras haber llevado a cabo controles sobre el terreno en relación con los programas estructurales, volvió a identificar puntos débiles en todos los sistemas de administración y de control en los Estados miembros. 
En la fiscalización llevada a cabo en los Estados miembros, el Tribunal volvió a encontrar carencias como la falta de realización o de documentación de los controles, la falta de control de los criterios de acceso a las subvenciones y la falta de pruebas de prestación de los servicios cofinanciados. 
Las declaraciones de gastos de los Estados miembros, en las que se basa la Comisión para efectuar sus pagos, revelaron errores frecuentes. 
El Tribunal examinó una muestra de 167 proyectos y detectó una amplia variedad de problemas, entre los que se encontraba un gran número de casos de declaraciones de gastos de proyectos no subvencionables. 
En el ámbito de las políticas internas, gestionado directamente por la Comisión, el Tribunal observó, pese a los progresos realizados en determinados aspectos, que los sistemas de control y supervisión no funcionaban de modo adecuado y detectó una elevada incidencia de errores en las operaciones subyacentes. 
La complejidad de las normas constituye una causa frecuente de errores y es probable que persista el elevado riesgo de errores mientras no se modifique el marco jurídico y se simplifiquen los procedimientos. 
La situación, que no presenta una mejora notable con respecto a ejercicios anteriores, se debía en gran medida a unas declaraciones excesivas de gastos no subvencionables o a la ausencia de documentación, como las pruebas de la prestación de los servicios realmente prestados. 
Por lo que respecta a los gastos relativos a las acciones exteriores, el Tribunal constató que en las delegaciones se habían mejorado los sistemas y se detectaron solo unos pocos errores en las operaciones subyacentes. 
Sin embargo, en las operaciones encargadas de la ejecución de los proyectos se volvieron a detectar debilidades en los sistemas de control interno y una incidencia de errores relativamente elevada. 
En general, el Tribunal pudo emitir un veredicto favorable sobre la estrategia de preadhesión, ya que las operaciones subyacentes se consideraron legales y regulares. 
Los sistemas de control y supervisión de los servicios centrales de la Comisión, de las delegaciones y de las autoridades certificadoras son, en lo esencial, sólidos y funcionan en la práctica. 
No obstante, a nivel nacional el Tribunal identificó debilidades en los sistemas de las organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos en Bulgaria, Rumanía, Turquía y otros países Sapard. 
En el ámbito de los gastos administrativos, las operaciones subyacentes eran en lo esencial legales y regulares y los sistemas de control y supervisión funcionaban, por lo general, de modo adecuado. 
¿Cuáles son los principales mensajes que pueden extraerse de todo lo anterior? 
El Tribunal ha constatado que gran parte de los créditos de pago vuelve a estar afectada por errores de legalidad y de regularidad en las operaciones subyacentes. Esto puede atribuirse a los riesgos inherentes a las propias operaciones y a unos sistemas de supervisión y control que no permiten mantener con eficacia el riesgo de irregularidad en un nivel adecuado. 
No obstante, las mejoras en los sistemas eran evidentes, en particular en el SIGC, que constituye el sistema más importante de control y supervisión del gasto agrícola en los Estados miembros, y también en los sistemas en la Comisión, donde el proceso de reforma iniciado en 2000 ha dado buenos resultados. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, en especial en los Estados miembros. 
La legislación, las normas y los procedimientos que rigen los gastos siguen siendo con frecuencia demasiado complicados. En cualquier caso, gran parte del gasto entraña un riesgo intrínseco, cuya única prueba puede encontrarse en las declaraciones de los beneficiarios. 
En el transcurso de estos once años, los pagos anuales han aumentado de 60 000 millones a 100 000 millones de euros, y el número de Estados miembros ha pasado de 12 a 25. 
De esto se desprende que la gestión también ha aumentado y se ha hecho más compleja, al incrementarse el número de autoridades y organizaciones participantes, exigiendo unos sistemas de control y supervisión cada vez más eficaces. 
En su Dictamen nº 2/2004 sobre el modelo de auditoría única, el Tribunal propuso la creación de un marco de control interno comunitario que abarcara todos los niveles de la administración: las instituciones comunitarias y los Estados miembros y los países beneficiarios. 
El dictamen del Tribunal sobre la auditoría única ha contribuido al debate político sobre la mejora de la gestión y el control de los fondos comunitarios. 
La Comisión ha ido incluso más lejos al adoptar lo que ha venido a llamar una hoja de ruta para un marco de control interno integrado, que servirá de base para ampliar la reforma a la gestión de todos los tipos de fondos, en particular a todos los ámbitos de la gestión compartida con los Estados miembros. 
En este punto la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros es de una importancia crucial. 
El Tribunal acoge de buen grado esta iniciativa de la hoja de ruta de la Comisión. 
Como auditor externo de la UE, el Tribunal seguirá de cerca los progresos realizados y evaluará el impacto de estos cambios en la gestión financiera y en el control de las finanzas de la UE en los años venideros. 
Hay que decir que la posición del Tribunal con respecto a la financiación, gestión y control futuros de la política agrícola común y las acciones estructurales en el futuro debería tenerse en cuenta a la hora de finalizar la formulación de esta importante legislación. 
Las disposiciones relativas a la retención de documentación contenidas en el actual proyecto de Reglamento sobre las acciones estructurales impedirían al Tribunal fiscalizar parte de los gastos afectados. 
El Tribunal es consciente de la necesidad de continuar mejorando y aprovechando al máximo sus recursos en el contexto de una Unión que cambia constantemente. 
Nuestro compromiso es ser plenamente eficaces y eficientes en pos de los intereses de la Unión Europea. 
Hay quien considera que el Tribunal debería evitar dar más argumentos a aquéllos que tienen interés en crear una imagen negativa de la Unión. 
Sin embargo, creo firmemente que los intereses de los ciudadanos están mejor satisfechos por una institución de auditoría externa objetiva e independiente que sea capaz de emitir mensajes claros y equilibrados basados en pruebas objetivas. 
Los acontecimientos recientes –el rechazo del proyecto de Constitución por los votantes en los referendos de dos Estados miembros y las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras del período 2007 a 2013– son reveladores, para algunos, de un sentimiento de desconfianza hacia la Unión y sus instituciones por parte de los ciudadanos. 
Creo firmemente que la legitimidad de la Unión Europea solo quedará asegurada a través del buen funcionamiento de nuestras instituciones y de una gestión de elevada calidad, tanto de la política como de su ejecución. 
Los Estados miembros, por su parte, deben asumir sus responsabilidades en la administración y el control de una parte importante del presupuesto de la UE. 
El Tribunal de Cunetas desempeña un papel crucial a este respecto: facilitar una visión independiente, profesional y objetiva de la gestión financiera de la UE y contribuir a fomentar el cambio en beneficio del interés público. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente del Tribunal, el señor Weber, por la presentación equilibrada del informe anual de 2004, y a sus Señorías por darme la oportunidad de transmitir la primera reacción de la Comisión. 
El informe del Tribunal es justo y ecuánime. Afirma que la Comisión está introduciendo con éxito mejoras tangibles en sus sistemas de gestión, pero que aún quedan muchos aspectos por mejorar. 
La Comisión celebra la opinión positiva del Tribunal sobre la transparencia de las cuentas, que reflejan fielmente los ingresos y gastos de las Comunidades en el año y su situación financiera al final del ejercicio. 
El Tribunal tiene una sola reserva, que ha sido resuelta mediante la introducción del sistema de contabilidad basado en el principio de devengo en 2005. 
Esto significa que las cuentas han cumplido su principal objetivo y que han sido elaboradas de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Financiero vigente. 
El Tribunal valora positivamente las cuentas, los ingresos, los compromisos, la ayuda de preadhesión y los gastos administrativos. 
Asimismo, está satisfecho con la ayuda al desarrollo del FED, unos 2 400 millones de euros al margen del presupuesto. 
El Tribunal también ha notado dos sustanciales mejoras respecto al año anterior: en gran parte de la Política Agrícola Común y en la ayuda a los países candidatos a la UE. 
El sistema empleado para controlar buena parte del gasto en la Política Agrícola Común –el Sistema Integrado de Administración y Control– se considera un sistema de control eficaz para limitar el riesgo de gastos irregulares, si se aplica como es debido. 
Este sistema se aplicará a un porcentaje aún mayor del gasto agrícola en los próximos años. 
Para simplificar mucho, además de las diversas evaluaciones positivas que he mencionado, el Tribunal está ahora razonablemente satisfecho con los sistemas de control y gasto en una proporción cada vez mayor del presupuesto de la UE, que puede cifrarse en un tercio del presupuesto. 
Esto es un avance palpable y cuantificable hacia una declaración de fiabilidad positiva. 
Las conclusiones del Tribunal no siempre han sido bien comprendidas por la opinión pública y los medios de información. 
Me ha gustado mucho la observación del Presidente del Tribunal, en que deja claro que la opinión cualificada del Tribunal en ciertos aspectos no puede ser interpretada en el sentido de que todas las transacciones del presupuesto de pagos de 2004 sean erróneas, ni tampoco un indicio de fraude. 
Todos debemos comprender la naturaleza integral de este magno ejercicio de aprobación de la gestión presupuestaria. 
Este procedimiento demuestra que la Comisión responde ante los diputados al Parlamento elegidos por sufragio directo. 
Esta puede ser la undécima declaración de fiabilidad consecutiva en sentido no positivo, pero espero haber dejado claro en mis observaciones iniciales que esto no implica que no haya progresos. 
Sus Señorías han señalado repetidamente que la Comisión por sí sola no puede «producir» una declaración de fiabilidad positiva. 
La resolución de aprobación de la gestión de 2003 marcó orientaciones muy útiles para seguir mejorando y estamos trabajando en este sentido. 
Como saben, esta Comisión ha propuesto un «plan de trabajo para un marco integrado de control interno» , y busca el respaldo del Parlamento y el Consejo. 
Aunque estoy muy agradecido al Parlamento por su apoyo al plan de trabajo, la declaración del Consejo ECOFIN del 8 de noviembre no fue tan radical como esperaba la Comisión; las declaraciones políticas de ámbito nacional no fueron aceptadas. 
Pero no es imposible lograr una cascada de declaraciones de gestión operativa por las agencias pagadoras y similares, aunque sería más complicado conseguir un informe de síntesis nacional sobre cada sector, similar al que la Comisión redacta a través de los informes anuales de actividad de sus directores generales. 
Seguiremos adelante con nuestras propuestas. 
Nuestro plan de acción a favor de un marco integrado de control interno será publicado el mes que viene. 
Se basa en los resultados de la evaluación de la brecha existente entre el marco de control que se aplica a todos los tipos de gasto presupuestario y los principios generales definidos por el Tribunal en su dictamen nº 2/2004 sobre un único modelo de auditoría. 
Esperamos que la legislación que se está ultimando para la nueva serie de programas a partir de 2006 refleje el nuevo planteamiento. 
Las revisiones propuestas del Reglamento Financiero y de las normas de aplicación también lo reflejan. 
Los ejemplos aportados por el Tribunal revelan errores sustanciales que, desde luego, deseamos reducir al mínimo. 
Para ello, estamos concentrando nuestros esfuerzos en los procedimientos de gestión del riesgo de irregularidad. 
Esa es la manera de asegurar, partiendo de unos recursos limitados, que el coste de unos controles adicionales genere beneficios añadidos al reducir el riesgo de error. 
En este punto quisiera citar especialmente dos fragmentos de la intervención realizada por el Presidente del Tribunal: «En cuestiones estructurales, el Tribunal ha hallado debilidad en los sistemas de gestión y control de los Estados miembros en todos los programas» ; y: «En el campo de la política interna, el Tribunal advierte que los errores a menudo derivan de reglas complicadas». 
Realmente, estoy de acuerdo con esas afirmaciones. 
La necesidad de simplificar las normas ha sido reiterada ayer en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario, pero si busco a las personas concretas responsables de la profusión y de la complejidad de los programas y de las normas, difícilmente las encontraré. 
Todo el mundo habla de la necesidad de simplificar, pero cuando se entra en detalles, ya no es tan fácil. 
Gran parte de la complejidad a menudo no se debe a los funcionarios, sino a los clientes, a los responsables políticos de los Estados miembros y de los diputados al Parlamento Europeo. 
Muchas veces, los mismos agentes se han resistido a los cambios. 
Aprovecho esta oportunidad para apelar a los responsables políticos para que, cuando planteen nuevos objetivos, planes y programas, contemplen de forma crítica los aspectos de gestión fiscal y la necesidad de controlar y auditar dichos programas. 
Habría mucho más que hablar sobre esto, pero el proceso de aprobación de la gestión presupuestaria acaba de empezar y, a lo largo de los próximos meses, sus Señorías tendrán todas las respuestas a sus preguntas. 
El Parlamento y la Comisión colaborarán para llevar a término el proceso de aprobación de la gestión del presupuesto europeo de 2004. 
. Señor Presidente, asistimos por undécima vez a una declaración de no fiabilidad de nuestras cuentas. 
Ya no sé si decir que esto es escandaloso; es lo habitual. 
Se reconocen esfuerzos por doquier, pero, al final, esta es una meta inalcanzable después de 11 exámenes de las cuentas por nuestro Tribunal de Cuentas. 
Se mejora, pero no lo suficiente. 
¿Cuál es la consecuencia política de esta declaración de no fiabilidad? 
Pues, para dentro de nuestra casa, para los funcionarios que tienen que tomar decisiones, una gran desmotivación. 
Es un esfuerzo baldío intentar cumplir las normas, porque nunca se llega a una declaración positiva. 
Hay una ausencia de voluntad para asumir responsabilidades y la tentación de todos los funcionarios es no gastar, no sea que haya alguna duda y tengan algún problema. 
Por tanto, desmotivación interior. 
¿Y fuera? 
Un gran descrédito. 
¡Qué van a pensar los ciudadanos europeos si nuestro Tribunal de Cuentas, por undécima vez, dice que las cuentas aquí no se gestionan bien! 
Más de lo mismo. 
Muy mal. 
Resulta que cambia el Parlamento, cambia la Comisión, cambia la composición del Consejo y seguimos igual. 
Podemos, incluso, recordar la Comisión Santer, que tuvo que dimitir por estos problemas: da igual, todo sigue igual de mal. 
¿Y los Estados miembros? 
¿Dónde está la Presidencia británica? 
El Consejo gasta el 80 %. 
¿Dónde está la Presidencia británica? 
No está: eso sí que es escandaloso, porque el Consejo gasta 4 de cada 5 euros y ni siquiera está presente aquí en la presentación de las cuentas. 
Esto sí que es escandaloso. 
Los Estados miembros están contentos. 
Mientras sus tribunales nacionales aprueben sus cuentas, no les compete que la casa común, el dinero de todos los europeos, esté bien o mal gestionado. 
Incluso puede haber algún Estado que tenga una pequeña alegría y diga «mi dinero llega a los agricultores, aunque no cumpla exactamente los requisitos que me pide el Tribunal de Cuentas». 
Lo tienen a gala. 
Ni siquiera están presentes. 
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, como usted sabe, en la anterior aprobación de la gestión, este Parlamento Europeo pidió las declaraciones nacionales de conformidad por parte de los Ministros de Hacienda. 
El objetivo era ayudar al Tribunal a publicar una declaración positiva de fiabilidad. 
El ECOFIN del 8 de noviembre, como bien ha dicho el Comisario Kallas, ha rechazado tales declaraciones nacionales. 
Me permito preguntarle, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, sobre lo que usted piensa acerca de la utilidad de estas declaraciones en su trabajo, sobre sus relaciones con las autoridades nacionales y sobre el futuro sin tales declaraciones. 
Por último, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, no nos sirve que diga que en una clase de 25 miembros la media es un suspenso. 
Díganos –y esto le ayudará– cuáles son los tres Estados miembros mejores y cuáles son los tres peores. 
– Señor Presidente, gracias por darme la palabra. 
También deseo dar las gracias al Tribunal de Cuentas por su constructivo informe anual. 
Uno de los aspectos en que la UE tiene especiales problemas de imagen es precisamente la forma en que se administra el dinero comunitario. 
Numerosos estudios de opinión revelan que las poblaciones europeas no confían mucho en que su dinero –es decir, el que pagan con sus impuestos– se administre como es debido. 
Esta desconfianza está en parte justificada y, en parte, basada en malentendidos. 
Agradezco al Tribunal de Cuentas su informe anual porque nos ayuda a los diputados al Parlamento Europeo a cumplir dos objetivos: en primer lugar, la erradicación de los malentendidos y, en segundo lugar, la formulación de buenos consejos y la ayuda a resolver los problemas que verdaderamente existen, porque sin duda hay problemas. 
Con respecto a los mitos y malentendidos, cualquiera que se tome la molestia de leer de verdad el informe anual del Tribunal de Cuentas verá que las historias de terror difundidas por la prensa y por quienes se oponen a la UE en este Parlamento no son verosímiles. 
Se dará cuenta entonces de que todos esos cuentos se basan en mitos y malentendidos y que las cosas no están tan mal como pueden sugerir las frecuentes historias de terror. En concreto, al resaltar el sector agrario, en que hemos llegado a administrar correctamente en torno al 60 % de los recursos, el informe anual deja constancia de que ha habido mejoras significativas. 
Sin duda, eso es positivo. 
Es justo felicitarse, porque se han hecho progresos. 
Dicho esto, hay que subrayar, por supuesto, que el mero hecho de que se estén introduciendo mejoras en determinados campos no significa en absoluto que podamos contentarnos con la situación general. 
Sencillamente, esta no es suficientemente buena. 
Estoy de acuerdo con el anterior orador, el señor Pomés Ruiz, que dice que es escandalosa. 
Esto me lleva a la segunda tarea. 
La primera era derribar los mitos. 
La segunda es, evidentemente, más importante, pues consiste en encontrar la manera de resolver esos problemas. 
También estoy plenamente de acuerdo en que en este asunto la situación está muy clara. 
En las áreas en que hay una administración compartida –es decir, en que los Estados miembros tienen el mismo grado de responsabilidad en la gestión de los fondos– es donde reside el verdadero problema. 
Los Estados miembros simplemente no cumplen sus responsabilidades y no hacen lo suficiente. 
Estoy de acuerdo en que debemos profundizar aún más en la recomendación que se hizo el año pasado en cuanto a la necesidad de las llamadas declaraciones políticas de los Ministros de Hacienda de cada país individual todos los años. 
En los próximos meses habremos de debatir el informe anual con más detalle e iniciar el procedimiento de aprobación. 
Ahora ya comprendo que la responsabilidad de los Estados miembros es uno de los asuntos en que más debemos centrar nuestros esfuerzos. 
. – Señor Presidente, deseo sumarme al agradecimiento al Presidente del Tribunal de Cuentas por su informe. 
Solo puedo hacerme eco de la preocupación ya expresada por otros oradores en el sentido de que es muy lamentable que, por undécima vez consecutiva, no se haya conseguido una declaración de fiabilidad positiva, y esto quedará grabado en la mente de los ciudadanos. 
Debemos trabajar para lograr una DAS positiva, y a mi entender la raíz del problema reside en los Estados miembros. 
Es deplorable que el Presidente no se haya tomado la molestia de estar hoy aquí. 
Los demás escaños están también excepcionalmente vacíos de representantes de los Estados miembros esta mañana. 
No sé si esto es sintomático del interés por el control financiero en conjunto. 
Considero que lo esencial sigue siendo la resolución del año pasado, en que insistíamos en que la máxima autoridad financiera de cada Estado miembro –y me complace que nos estén escuchando tan atentamente– debería responder anualmente del uso de los fondos. 
A eso se oponen la mayor parte de los Estados miembros. 
Y esta Cámara, creo, debe continuar trabajando en este terreno. 
La sugerencia formulada en el informe del Tribunal de Cuentas de que se establezcan organismos certificadores para todos los componentes del presupuesto distintos de la agricultura requiere a mi juicio un examen más profundo. 
Celebro que pueda emitirse una declaración de fiabilidad positiva con respecto a la ayuda de preadhesión. 
En 2004 aún no se había tenido en cuenta la experiencia en los nuevos Estados miembros. 
Esperamos que en el futuro los mecanismos de control también se mantengan en los nuevos países. 
Acojo con satisfacción la revisión por homólogos, que el Presidente del Tribunal de Cuentas no ha mencionado esta mañana, pero que anunció ayer, acerca del funcionamiento mismo del Tribunal de Cuentas. 
Ninguna institución debe ser ajena a las críticas, a las críticas constructivas que se formulan. 
Si se pudiera evaluar la labor Tribunal de Cuentas en los últimos años, en mi opinión eso redundaría en beneficio de todo el funcionamiento del Tribunal de Cuentas en Europa. 
. – Señor Presidente, este debate es el pistoletazo de salida para el procedimiento de aprobación de 2004. 
Una primera lectura rápida del informe anual nos dice que la Comisión se ha organizado a sí misma con mayor eficiencia desde la caída de la Comisión Santer y desde el inicio del proceso de reforma. 
La buena noticia es que el gasto del presupuesto europeo ha mejorado por tercer año consecutivo. 
La mala noticia es que, por undécima vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas ha emitido una declaración de no fiabilidad. 
Por eso no hay certeza acerca de la fiabilidad de las cifras. 
La razón es simple: los sistemas de vigilancia y control no se han aplicado o son ineficientes, o bien los pagos encierran errores de gran magnitud. 
Estamos hablando de la política agraria y estructural y de la política interior y exterior, que absorben más de cuatro quintos de todo el presupuesto europeo de 105 000 millones. 
A este respecto, es un problema crucial que entre el 80 y el 85 % de la gestión y supervisión sean compartidas con los Estados miembros. 
Los Ministros de Hacienda se resisten a aceptar su parte de responsabilidad, lo cual es absolutamente lamentable. 
Quieren el dinero de Bruselas, pero no la responsabilidad que comporta. 
Una vez más, el informe anual llama la atención sobre el problema de las restituciones a la exportación, que ascienden a 3 600 millones de euros, es decir, el 7,5 % del presupuesto agrícola. 
Sin embargo, en términos de valor, suponen el 26 % de las irregularidades notificadas a la Comisión. 
Los Estados miembros deberían comprobar físicamente el 5 % de los expedientes de restitución a la exportación, pero también en eso incumplen clamorosamente. 
Me complació ver que el punto 4.30 y la nota 20 del informe anual contenían la recomendación de que la inspección tuviera lugar en el nivel de los beneficiarios finales, y cito: «Tal cobertura representaría una cadena de responsabilidades con respecto a los gastos de la PAC». 
Por eso quisiera hacer otra llamamiento urgente para que se hagan públicas las listas de los beneficiarios finales. 
Eso es precisamente lo que han hecho Estonia, Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos. 
Flandes y Bélgica, en cambio, han preferido burlarse de la transparencia acumulando todas las cifras, lo que hace imposible un análisis objetivo. 
No obstante, podemos sacar muchas conclusiones de esas tablas en cuanto a anomalías en nuestra política agrícola. 
Por ejemplo, a lo largo de los últimos cinco años Philip Morris, el gigante del tabaco, ha recibido 6,5 millones en los Países Bajos por añadir azúcar a los cigarrillos. 
Se le ha compensado el alto precio del azúcar en el ámbito de la UE. 
Análogamente, el servicio de comidas de KLM ha recibido 646 000 EUR por utilizar azúcar, productos lácteos, verduras y frutas en los vuelos fuera de la Unión Europea. 
Se consideran exportaciones y, por tanto, pueden acogerse a la restitución. 
Probablemente suene disparatado, pero es solo la punta del iceberg. 
Europa, la Unión Europea y la Política Agrícola Común solo serán aceptables para sus ciudadanos si se cercenan estas excrecencias del sistema. 
Deseo mucho éxito a todos los ponentes del procedimiento de aprobación, en especial al señor Mulder, y espero que en los próximos meses podamos realizar nuestro trabajo con eficacia y emitir claros informes de aprobación en el período parcial de sesiones del mes de abril del año que viene. 
. – Señor Presidente, más de lo mismo. 
Tomé la palabra aquí hace casi un año para hablar del décimo aniversario de la negativa del Tribunal de Cuentas a convalidar las cuentas de la UE. 
Dije entonces, y seguiré diciendo, que es el momento de admitir que esta forma de gobernar Europa es un abyecto error y que debe ser abolida. 
Los Estados nacionales harían mucho mejor velando por sus propios intereses. 
Yo personalmente no confiaría en que la Comisión Europea, pasada o presente, cuidara de la calderilla de mis nietos. 
Hace tres semanas intervine en esta Cámara para pedir que se rechazara el presupuesto de 2006 porque este Parlamento no tiene legitimación para autorizar nuevos gastos cuando cargamos con la vergüenza de una década de dudosas cuentas sin aprobar. 
Este año ya van once, y la ignominia no puede continuar. 
El último informe del Tribunal es una nueva letanía de los errores burocráticos de la Comisión. 
Se nos prometió que un nuevo sistema informático cubriría todas las lagunas. Y la realidad es que las cuentas siguen siendo tan impermeables como un colador. 
Los diputados a esta Cámara deberían sentirse en deuda con los contribuyentes de Europa, pues es su dinero lo que se está escurriendo por los agujeros del colador. 
El Gobierno británico tiene la obligación de gastar prudentemente el dinero de los contribuyentes, y en cambio sigue firmando mansamente los cheques para la Unión Europea. 
No se confundan, yo seguiré siendo la conciencia de esta institución. 
Continuaré denunciando este desastre. 
Mi conciencia está tranquila. 
¿Lo está la suya? 
A propósito, para mí la asistencia de diputados aquí hoy es una indicación de la importancia que otorgan a la gestión del dinero de los contribuyentes por la Unión Europea. 
Sobran las palabras. 
– Señor Presidente, lo que Europa realmente necesita, y más en las actuales circunstancias, es un Tribunal de Cuentas que actúe con la agilidad del tigre, corriendo por la pradera y cazando donde haga falta. 
En cambio, este informe anual vuelve a mostrar que lo que tenemos es quizá no tanto un depredador como un ser desdentado y encerrado en una jaula. 
Desdentado porque es imposible que tenga dientes una institución así. 
Si se comparan las competencias del Tribunal de Cuentas Europeo con su homólogo bávaro, se ve que pertenecen a mundos diferentes. 
Solo conozco un órgano constituido como tribunal de cuentas que esté aún peor dotado de competencias y recursos que el europeo, y es la Oficina de Auditoría de Viena. 
Siempre que el debate trata de cómo actuar en el plano supranacional, se oye el mismo comentario: «Les aseguro que el Tribunal de Cuentas acoge con agrado todo debate sobre las posibles mejoras del procedimiento de auditoría». 
Lo que yo sugiero es que sean ustedes constructivos. 
Presenten un memorando, declaren que, como Tribunal de Cuentas, les es imposible cumplir con sus obligaciones porque carecen de competencias, porque hay muchas cosas que no pueden hacer y porque mediante la actual forma de selección del personal –lo que, políticamente hablando, hace que las cosas marchen– es imposible que desempeñen ustedes sus funciones. 
Si lo hacen, estarán prestando un auténtico servicio a Europa. 
Sería un primer paso hacia la transparencia y hacia una supervisión posible del gasto, cosas que realmente necesitamos para devolver la credibilidad a esta Unión. 
– Señor Presidente, cuando oigo al Partido por la Independencia del Reino Unido decir que la Comisión no es capaz de manejar la calderilla de sus nietos, debo decir que yo preferiría que lo manejara la Comisión antes que el Partido por la Independencia del Reino Unido. 
En cualquier caso, quisiera apuntar tres aspectos: primero, uno de carácter general, y después, dos dedicados a la Comisión y al Consejo. 
Mi primer comentario de carácter general es que creo que es un buen informe. 
El objeto del informe es mejorar el entorno de control respecto a su situación actual, utilizar el dinero de forma más transparente y comprensible y acabar con el fraude y la mala gestión. 
Ha habido ciertas mejoras, pero, como muchos han dicho, aún quedan otras muchas por hacer. 
Dicho esto, no creo que ninguna empresa pudiera recibir una declaración de fiabilidad positiva utilizando el método que aplica el Tribunal de Cuentas. 
Mi segundo comentario es que quisiera felicitar a la Comisión. 
Sé que recibe muchas críticas por la forma en que emplea los recursos de que dispone, algunas de ellas justificadas, pero en su mayor parte no. 
Ha introducido numerosas mejoras. Me gusta lo que ha conseguido al establecer un plan de trabajo para conseguir una declaración de fiabilidad positiva y lo que ha hecho en la contabilidad. 
Mi último comentario es una crítica al Consejo, no solo por el hecho de que hoy no esté presente aquí, sino porque, igual que el Partido por la Independencia del Reino Unido hace unos segundos, está tratando de generar la ilusión de que todo es culpa de la Comisión o de las demás instituciones de la UE. 
Sencillamente, no es así. 
El ochenta por ciento del dinero empleado en la Unión Europea se gasta en los Estados miembros. 
Por eso condenamos el hecho de que hace dos semanas, en el Consejo ECOFIN, los Ministros de Hacienda volvieran a rehusar la firma de una declaración de fiabilidad. 
Creo que podríamos ir mucho más allá en todo este proceso de gestión financiera si los Ministros de Hacienda asumieran su responsabilidad. 
En resumen: uno, estamos mejorando el sistema; dos, el problema no es la Comisión, sino los Estados miembros, y tres, soy optimista y creo que en el plazo de cinco años tendremos una declaración de fiabilidad positiva. 
– Señor Presidente, 2004 fue el año de la ampliación, de modo que el informe anual de 2004 es el primero que se refiere a los 25 Estados miembros. 
Esa es otra razón por la que necesitamos que el presente informe nos dé una visión positiva, realista y equilibrada de cómo se gasta el dinero en la Unión Europea, tanto en los antiguos como en los nuevos Estados miembros. 
Los Informes Anuales del Tribunal de Cuentas relativos a 2004 muestran el efecto de las reformas emprendidas el año pasado. 
Tal era la finalidad del informe elaborado por mi colega, ferry Wynn, y aprobado ampliamente por el Parlamento; también es la finalidad de la administración integrada y del sistema de control anunciado por la Comisión Europea y su Vicepresidente, Siim Kallas. 
La reforma se basa en la confianza mutua y la estrecha cooperación entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Tribunal de Cuentas. 
Además de estos, para llevar a cabo la reforma el Consejo habría de intervenir introduciendo las declaraciones sobre la fiabilidad a escala nacional, pero parece que sigue habiendo resistencia al respecto. 
Sin embargo, sin ello no podremos seguir adelante. También es necesaria una declaración de fiabilidad por parte del Consejo. 
A la vista de los resultados de la auditoría de las cuentas financieras comunitarias de 2004, me complace comprobar que la evaluación de los auditores respecto a la administración de los fondos de preadhesión asignados a mi país, Lituania, ha sido positiva. 
Por desgracia, no podemos decir lo mismo de la evaluación general del estado de cuentas de la UE. 
Se ha producido una situación paradójica en los casos en que los beneficiarios no pueden acceder a los fondos que necesitan debido a la complejidad de las múltiples exigencias de supervisión en relación con el beneficio obtenido, mientras que los auditores sostienen que tales requisitos no son base suficiente para el debate. 
Es evidente que el actual sistema contable de apoyo impide la consecución del principal objetivo fiscal de la UE: utilizar de forma transparente y eficaz los fondos del presupuesto comunitario. 
Por eso quisiera apelar a la Comisión Europea y a los auditores a que insten la urgente implantación del plan de reformas y traten con mayor decisión de los problemas que generan unos recursos enormes e inagotables. 
Soy optimista y creo que las reformas y un sistema de control interno integrado pueden ayudar a resolver los problemas pendientes. 
– Señor Presidente, comenzaré formulando una protesta por tener que debatir el informe del Tribunal de Cuentas sin haber tenido acceso a él por anticipado, cosa que nos deja en clara desventaja. 
Por suerte, más o menos podemos comprobar que es como el del año anterior. 
Quizá podríamos haber leído el informe del año anterior y haber expresado las mismas opiniones. 
Estamos ante los mismos problemas y ante las mismas deficiencias contables, y creemos que los problemas van a continuar. 
Se nos ha dicho que el Tribunal de Cuentas «no puede garantizar» , etc. Estamos hablando de transacciones arriesgadas, deficiencias de los sistemas de supervisión y múltiples errores. 
Hay un plan de trabajo para crear un sistema de control interno, que celebro sinceramente, pero las cosas están básicamente como antes, es decir, mal. 
Sin embargo, deseo señalar que las instituciones europeas están siendo auditadas por el Tribunal de Cuentas Europeo, mientras que los sistemas nacionales están siendo auditados por diversos organismos nacionales. 
Como en tantos otros terrenos, también aquí se aplica la regla de la relación 80/20, en que una quinta parte del flujo de caja se ha de controlar aquí y el resto en los Estados miembros. 
Es sumamente importante que presentemos una propuesta sobre el modo de lograr una cooperación estructurada en esta materia. 
De lo contrario, la labor del Tribunal de Cuentas seguirá siendo imposible en la práctica. 
Los principales problemas que detectamos proceden de la Política Agrícola Común, de los Fondos Estructurales y del Comité de las Regiones. 
Hay sobrados motivos para abolir la política agrícola, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. 
Son instituciones que pertenecen a otra época y que no tienen utilidad en la UE de hoy. 
Por el contrario, parte de los Fondos Estructurales deberían comenzar a fluir directamente a los Estados miembros más pobres. 
Si lo hiciéramos así, desaparecerían gran parte de los problemas que nos ocupan. 
– Ahora que Europa no pasa por un buen momento en la opinión pública, no es sencillo explicar a la sociedad que la Unión Europea, que para muchos es un modelo de cómo hacer bien las cosas, no solo no es perfecta, sino que aún debe hacer mucho por asegurar que el dinero que le llega sea utilizado como es debido. 
El presente informe es un auténtico: nos ha vuelto a decir que el Tribunal no puede estar seguro de que todo el dinero se haya gastado de forma totalmente regular, si bien observa que se ha hecho algún progreso en un sector problemático como es la agricultura, que en definitiva se lleva una enorme proporción del presupuesto. 
Sin embargo, sería un error dejar de perseguir un sistema más efectivo de control presupuestario. 
Por una parte, nos invade la tristeza cuando escuchamos que aún hay muchos defectos en el sistema de control, pero, por otro lado, nos frustramos ante la sensación de que todos buscamos una mayor perfección, una perfección representada por el sistema de DAS y una perfección a la que –como nos damos cuenta año tras año–, aunque podamos acercarnos, probablemente nunca llegaremos. 
Ahora podemos interpretar el papel de los que pretenden pintar todo de negro o, sencillamente, admitir que nadie es perfecto y que cada cual cargue con sus responsabilidades. 
Esto va por nosotros, el Parlamento Europeo, y por la Comisión Europea, pero también por los propios Estados miembros. 
– Señor Presidente, deseo felicitar sinceramente al Tribunal de Cuentas por este informe. 
El breve tiempo que ha estado a nuestra disposición ha sido suficiente para poder comprobar que contiene muchos datos capaces de aportarnos excelentes criterios para la que es, en último término, nuestra tarea: aprobar o rechazar las cuentas. 
Se ha repetido una y otra vez que los Ministros de Hacienda deben firmar sus cuentas, pero veamos los ámbitos en que la Comisión es la única responsable del gasto: allí veremos cosas terribles. 
En el apartado de la política interna, seis de cada once directores generales son incapaces de dar una garantía incondicional. 
Díganme qué Ministro de Hacienda haría eso en su cargo. 
Yo nunca me he encontrado con ninguno. 
Este magnífico informe me lleva a transmitir al Tribunal de Cuentas la urgencia por centrarnos en el gasto directamente gestionado y tratar de hacerlo de forma absolutamente correcta. 
Si lo logramos, tendremos mucho más éxito en nuestras relaciones con los Estados miembros que ahora. 
– Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señor Comisario, Señorías, reitero lo dicho por el señor Bösch. 
Creo que estamos simplificando demasiado las cosas al decir que el 80 % de los fondos los administran los Estados miembros y que a ellos les corresponde verificar que todo esté en orden. 
Realmente, hemos tenido problemas en los últimos años, y es cierto que llevaron al cese de la Comisión en 1999, pero ninguno de ellos tiene que ver con los recursos gestionados a escala nacional: por el contrario, fueron gestionados por la propia Comisión. 
De modo que diré una cosa muy clara: en el informe Terence Wynn se dice que queríamos implicar en el procedimiento de aprobación tanto a los tribunales de cuentas nacionales como a los regionales, si existen. 
A la vista de cómo han ido las cosas en el plano nacional y en el europeo, he llegado a la conclusión de que ambos son incompatibles. 
No me malinterpreten: me opongo a la idea de que lo que hacemos en Europa y lo que son sus funciones, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, sea traspasado al nivel nacional. En cambio, deberíamos plantearnos hacer las cosas de otra manera en cuanto al marco de control. 
También Europa es mejorable y podemos aprender de los Estados miembros. 
Hace falta que los Jefes de Estado y de Gobierno tengan la suficiente inteligencia y sabiduría como para disponer el necesario marco legal que lo haga posible. 
Sé que no es su problema, señor Weber, que es un problema de los que le han nombrado a usted, que no somos nosotros, sino los Jefes de Estado y de Gobierno. 
También como miembro de la Comisión de Presupuestos quiero decir con toda claridad que la actitud de aquellos es censurable: no quieren pagar nada a la UE y quieren que cada uno de sus países saque de ella todo lo que pueda, y todo ello sin que Bruselas sepa lo que pasa. 
Esa actitud es lo que debe preocuparnos y ese debe ser nuestro punto de partida. 
Si lo hacemos, entonces habremos hecho algo por Europa, por su credibilidad y por sus ciudadanos. 
Es importante el informe del Tribunal de Cuentas, pero no decisivo; lo que es decisivo es lo que hagamos con él en esta Cámara. 
Estaré pendiente de los debates en la Comisión de Control Presupuestario y en el procedimiento de aprobación que tendrán lugar el año entrante. 
– Señor Presidente, hace una semana el Consejo Ecofin rechazó la propuesta del Parlamento de declaraciones nacionales, lo que significa que no veremos una declaración de fiabilidad positiva en un futuro próximo. 
Las propuestas del Ecofin son un mal sucedáneo de la acción real y son fruto de una reunión de expertos durante dos días a la que yo asistí. 
La reunión me recordó los comentarios de Margaret Thatcher en un encuentro similar en el que ella se quejó de verse rodeada de personas que encontraban motivos para no hacer nada ni cambiar nada en vez de darle soluciones a los problemas que tenía. 
El Parlamento necesita saber qué Estados miembros comparten su postura y cuáles no. 
Diré con toda seriedad que no se debe pasar por alto el comentario del Partido Independentista del Reino Unido. 
¿Por qué deberíamos acordar nuevas perspectivas financieras si los sistemas de supervisión y control son tan descaradamente deficientes en los Estados miembros? 
Este es un mensaje que debemos transmitir al Consejo con toda firmeza. 
. Señor Presidente, es un gran día para el Tribunal de Cuentas Europeo, pues podemos presentar nuestro informe ante los responsables políticos y contamos también con la presencia del Vicepresidente de la Comisión, el señor Kallas. 
Estamos muy agradecidos por la respuesta que ha suscitado nuestra labor entre los responsables políticos. 
Nuestro informe demuestra que se han logrado considerables mejoras. 
Sin duda, en algunos campos quedan muchas cosas por hacer, no solo por la Comisión, sino también por los Estados miembros. 
La importancia de las declaraciones ya ha sido mencionada, y estoy de acuerdo con ello, pero las declaraciones tampoco lo son todo. 
Lo que de verdad deberíamos hacer es incidir en el origen de los errores y buscar en él el incentivo para las reformas. 
Hemos realizado cientos de comprobaciones y hemos examinado numerosas transacciones. 
Se han descubierto cientos de errores, tanto de forma como de fondo. 
La Comisión está al tanto de esos errores y los va a intentar resolver. 
También los conocen los Estados miembros. 
Este debe ser nuestro punto de partida. 
Creo –y esto también se lo digo al señor Martin– que nuestro mandato es excelente, estamos muy satisfechos con él y no necesitamos ningún otro. 
En las comparaciones internacionales salimos muy bien parados. 
Lo que importa es que nuestras conclusiones se tengan muy en cuenta y se apliquen puntualmente. 
No basta con introducir un nuevo sistema: también debemos aplicarlo y hacerlo viable. 
También se ha puesto en evidencia que el marco legal necesita una simplificación. 
En muchos campos será imposible mejorar si se mantienen procedimientos tan complicados. 
Hay algo que debo decir: si aplicamos una vara de medir tan rigurosa a los organismos y departamentos que auditamos, no podemos quejarnos de que a nosotros se nos apliquen las mismas pautas. 
Esto ha de suceder por medio de la proyectada revisión por homólogos 
Siempre se dice que el Tribunal de Cuentas quiere hacer más controles. 
Al contrario, no queremos eso. 
Lo que queremos son controles más eficaces, más eficientes, de los cuales también puedan extraerse enseñanzas en lo sucesivo. 
– Es decepcionante y frustrante que la declaración de fiabilidad sea una vez más negativa. Esto significa que todavía no hay garantía de que los gastos sean legales y regulares y que persisten las dudas sobre la fiabilidad de las prácticas contables. 
¿A quién hay que imputar la responsabilidad? 
¿A los Estados miembros, por la metodología empleada y la mala aplicación del sistema de pago? 
¿A la Comisión, que según el artículo 274 del Tratado es responsable de la ejecución del presupuesto europeo? 
Saquemos algunas enseñanzas de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas: es primordial responsabilizar a las administraciones nacionales, para poder rendir cuentas correctamente de los créditos europeos. 
Por otra parte, el Tribunal debe precisar con claridad las medidas concretas que ha de adoptar la Comisión para conseguir una declaración de fiabilidad positiva. 
En el contexto actual de descrédito de Europa, no debe haber puntos débiles en los sistemas de gestión y control que permitan a los euroescépticos debilitar los principios fundamentales y las principales políticas de la Unión, encaminadas a reforzar la cohesión territorial, económica y social. 
La Comisión y los Estados miembros deben esforzarse más por conseguir una declaración de fiabilidad positiva; de ello depende la credibilidad de la Unión y la confianza de los ciudadanos. 
De conformidad con el orden del día vamos a proceder a la Declaración de la Comisión sobre el Programa legislativo y de trabajo para 2006. 
. Señor Presidente, Señorías, 2005 no ha sido un año fácil para Europa. 
Europa ha tenido que hacer frente al terrorismo, a la incertidumbre social, a catástrofes naturales. 
Por lo que se refiere a las instituciones, hemos tenido que afrontar todas esas dificultades sin la ayuda de una Constitución y sin disponer hasta ahora de un marco presupuestario plurianual. 
La Unión se ha visto obligada a preguntarse sobre el propio proceso de integración, pero estamos convencidos y nuestra Comisión está convencida de que la Unión Europea nunca ha sido tan necesaria como lo es actualmente. 
Estamos orgullosos de la respuesta decidida y clara que la Comisión ha dado a esta situación. 
Trabajando estrechamente con el Parlamento, hemos estado todos a la altura de los desafíos. 
Estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho juntos: la renovación de la Estrategia de Lisboa; una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento capaz de reforzar la credibilidad de la gobernanza económica de Europa; más solidaridad gracias a la adopción de una agenda social renovada, el pleno reconocimiento del papel motor del diálogo social y de sus protagonistas; la lucha por un medio ambiente más limpio, con la adopción de estrategias temáticas y la continuación de nuestra acción internacional en el ámbito del cambio climático; mayor seguridad mediante la aplicación del ambicioso programa de La Haya paralelamente a muchas otras iniciativas –en particular, nuestra propuesta sobre la retención de datos–; la promoción de los valores europeos en el mundo –citemos a este respecto el compromiso de duplicar la ayuda de la Unión a los países en desarrollo y la adopción de una estrategia para África–; la intensificación de la cooperación con nuestros aliados estratégicos como los Estados Unidos y la continuación del diálogo entablado con nuevos socios importantes como China, y, por último, la apertura de las negociaciones de adhesión con Turquía y Croacia. 
La Comisión ha asumido sus responsabilidades. 
Nuestro hilo conductor era y sigue siendo el interés general europeo. 
Todas las iniciativas que adoptamos en 2005 representan la primera traducción concreta de los objetivos estratégicos que nos fijamos para cinco años. 
El programa que presentamos hoy sigue siendo fiel a los objetivos que adoptamos a comienzos de nuestro mandato: prosperidad, solidaridad en la Europa ampliada, seguridad y refuerzo del papel de Europa en el mundo. 
Estos objetivos siguen siendo pertinentes. 
Son compartidos por las tres instituciones, que han hecho de ellos los principales motores de su acción. 
Veo en ello una señal de la cooperación para la renovación europea que he querido situar en el centro de nuestra acción. 
El acuerdo marco es una traducción concreta de la cooperación entre nuestras dos instituciones. 
Representa un salto cualitativo en el desarrollo de las iniciativas políticas. 
Ha permitido un diálogo intenso y centrado entre las comisiones parlamentarias y los Comisarios sobre el mejor modo de traducir la estrategia política anual en iniciativas concretas. 
Quiero decirles que este diálogo ha aportado una contribución positiva al programa que les presento hoy. 
Espero que reconozcan sus ideas, incluidas las que desarrollen en el debate de hoy, en la acción que tenemos pensado aplicar en 2006. 
Señor Presidente, Señorías, liberar todo el potencial de Europa es el enfoque que la Comisión ha elegido para elaborar su programa legislativo y de trabajo para 2006. 
¿Cuáles son las acciones clave para 2006? 
En primer lugar, el capítulo de la prosperidad. 
El año 2006 será crucial para la aplicación de la Estrategia de Lisboa renovada. 
La Comisión desempeñará plenamente su función de instigación, gestión y apoyo de los esfuerzos de los Estados miembros. 
Los programas nacionales de reforma de los Estados miembros, en cuyo análisis trabajamos ya, desempeñarán un papel fundamental en este proceso. 
Hay que conectar esos programas con nuestras prioridades políticas, mejorar la gobernanza económica de la Unión e incrementar los esfuerzos nacionales y europeos por la reforma y la inversión, una inversión a escala nacional pero también europea con vistas a la economía de mañana, la innovación, el conocimiento y nuevas infraestructuras. 
Estos dos tipos de inversión, a escala nacional y a escala europea, deben ir parejos. 
Debemos apoyar estos esfuerzos con otras iniciativas, como propuestas encaminadas a completar el mercado único, la promoción de la movilidad geográfica y profesional y, por ejemplo, la creación de un Instituto Europeo de Tecnología. 
Quisiera destacar, en particular, las propuestas sobre el mercado único presentadas por el Parlamento en su resolución sobre el programa de trabajo. 
En este contexto, deseo destacar la importancia de las medidas tendentes a crear un marco favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, principales responsables de la creación de empleo en Europa. 
El segundo capítulo es el de la solidaridad. 
La solidaridad sigue siendo un componente fundamental de la construcción europea, y quiero hablar aquí de la solidaridad entre empresas y trabajadores. 
Quiero hablar también de la solidaridad entre generaciones, a través de una buena gestión de los recursos naturales, incluidos los recursos marítimos, y la aplicación de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible; dicho sea de paso, presentaremos esta nueva estrategia en el mes de diciembre. 
La solidaridad entre generaciones pasa también por la creación de empleo para los jóvenes y la búsqueda de soluciones equitativas para la financiación de las pensiones. 
No olvidemos tampoco la solidaridad entre el hombre y la mujer, ni la solidaridad entre los Estados miembros más prósperos y los que lo son menos, como tampoco la solidaridad entre la Unión y el resto del mundo, en especial los países en desarrollo. 
El año 2006 será esencial para atacar en todos estos frentes. 
En el capítulo de la seguridad, prestaremos una atención prioritaria a la mejora de la coordinación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. 
Hemos podido comprobar ya la influencia de la legislación comunitaria en estos ámbitos. 
A modo de ejemplo, puedo asegurarles que una de las personas acusadas por los ataques de Londres fue extraditada de Italia al Reino Unido en un plazo de menos de cincuenta días. 
Sin instrumentos comunitarios, un procedimiento como este habría requerido sin duda varios años. 
He aquí, pues, un ámbito en el que, claramente, los ciudadanos, incluidos los ciudadanos de los países menos entusiastas de la integración europea, piden más, y no menos, a Europa y a la Unión Europea. 
Además, estaremos muy activos en el ámbito de la inmigración ilegal, como hemos dicho. 
Los problemas que experimentan algunos Estados miembros no son exclusivos de esos países: en realidad, son problemas que se registran en toda Europa. 
En sinergia con los Estados miembros, debemos combatir con decisión esta plaga. 
Por supuesto, el problema de la inmigración no es solo un problema de seguridad. 
Comprende una dimensión de seguridad, es cierto, pues hay que combatir la inmigración ilegal. 
Pero tenemos que actuar al mismo tiempo en relación con la ayuda al desarrollo en los países de origen. 
Debemos combinar nuestro enfoque en materia de inmigración con nuestro enfoque del desarrollo, y hacer todo lo necesario por una integración armoniosa de las comunidades de origen extranjero en nuestros países. 
Queremos continuar también nuestra acción en el ámbito de la protección de la salud y de los consumidores, ámbito que está incluido en el terreno más amplio de la seguridad. 
Un elemento esencial será el desarrollo de una capacidad de reacción rápida por parte de los responsables de la protección civil. 
Señor Presidente, Señorías, las 96 iniciativas prioritarias que les presentamos son la prueba de nuestro compromiso con estos objetivos: prosperidad, solidaridad, seguridad y proyección de Europa en el mundo. 
Pero su credibilidad dependerá también de su calidad. 
Por esta razón, la Comisión aplicará rigurosamente los métodos reforzados del programa «legislar mejor». 
Esos métodos no son un fin en sí mismos, sino un medio de transformar las intenciones, que compartimos, en una realidad, una realidad que nuestros conciudadanos puedan experimentar realmente en su vida de cotidiana. 
Para 2006, nuestra ambición nos lleva a querer una Europa que sea un interlocutor mundial y que ejerza una mayor influencia. 
Y en este frente, 2006 debe aportar también resultados concretos: resultados concretos en lo relativo al proceso de ampliación y al proceso de estabilización y de asociación; resultados concretos en nuestra política de vecindad, que es una política muy importante para la estabilidad de Europa y de su contexto geográfico más próximo; resultados concretos en materia de lucha contra la pobreza, haciendo de nuestra promesa de duplicar la ayuda una realidad concreta; y, por último, resultados en materia de promoción de los valores europeos en el mundo, en particular apoyando la transición política y la reconstrucción en Afganistán, Iraq y Palestina. 
Hay un asunto que predominará en la agenda económica internacional de 2006: la culminación de la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Pascal Lamy ha dicho que ajustar las expectativas para la cumbre ministerial de Hong Kong el mes que viene no significa rebajar nuestra ambición acerca de la Ronda de Desarrollo de Doha. 
Estoy de acuerdo. 
La Ronda es importante para abrir mercados y liberar el comercio. 
En la Unión Europea, nuestro crecimiento depende de la fortaleza de las exportaciones. 
Queremos, por tanto, que la Ronda sea un éxito. 
Y por eso hemos hecho recientemente nuestra oferta, firme y condicionada –y subrayo lo de «condicionada» – en materia de agricultura. 
Europa ha hecho más que nadie por mantener viva esta Ronda. 
Nuestro compromiso se mantiene, pero ahora toca mover ficha a otros. 
La Ronda debe contemplar algo más que la agricultura, con toda su importancia. 
Es necesario un equilibrio. 
Por tanto, apelo a nuestros socios de la OMC para que se impliquen en una negociación completa, que incluya bienes y servicios. 
Europa no necesita sermones de otros países que cierran sus mercados a los más pobres y, en algunos casos, mantienen unos aranceles sobre productos agrarios más altos que los nuestros. 
No acepto que algunos culpen a Europa con ocasión de esta Ronda. 
En la Comisión Europea creemos que estas negociaciones no pueden llevarse simplemente en beneficio de unos pocos grandes exportadores agrícolas de países muy ricos o que se desarrollan rápidamente. 
Hay una enorme diferencia entre los países en desarrollo más pobres y los que crecen rápidamente. 
Es hora de terminar con las lecciones y empezar a negociar. 
El coste del fracaso es alto, y no solo para todas las naciones comerciantes, sino también para el sistema de comercio internacional justo y regulado que tanto nos ha costado crear, y también para la confianza empresarial a escala mundial. 
La economía internacional necesita buenas noticias, sobre todo debido al alto coste de la energía. 
De modo que nos interesa el éxito de esta Ronda. Y no solo a nosotros: interesa especialmente a los países más pobres. 
Ese es el motivo por el que la Comisión quiere proponer ideas antes de Hong Kong sobre el modo de garantizar que esta sea realmente una ronda de desarrollo. 
Mañana debatiremos el seguimiento de Hampton Court. 
El nuevo consenso que comenzó a emerger allí enlaza con nuestro debate de hoy. 
En la cumbre informal vimos una confirmación del análisis de la Comisión sobre la manera de salvaguardar nuestros valores en un mundo globalizado. 
Si queremos preservarlos, debemos modernizar nuestra política. 
Hubo acuerdo en áreas en que los ciudadanos quieren que Europa asuma el liderazgo: ciencia e innovación, educación superior, energía, gestión de fronteras e inmigración. 
También necesitamos una Europa más coherente como agente mundial. 
Ahora estamos elaborando un documento básico al respecto. 
Las instituciones europeas deben desempeñar un papel capital en este proceso, recuperando el consenso y conectando de nuevo con los ciudadanos. 
Ese es el motivo por el que hoy he anunciado que la Comisión presentará una nueva política energética verdaderamente europea en 2006. 
Es bueno que en todos los ámbitos de la Unión Europea se entienda que no tiene sentido ir por libre en materia de retos energéticos. 
Incluso los más reticentes ven ahora que es un asunto que compete a Europa y que nos enfrentamos a los mismos retos: precios en alza, reservas menguantes, creciente dependencia de pequeñas regiones del mundo y la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. 
Es necesaria una política energética coherente para el siglo XXI, una política que atienda a estos problemas y decida de forma serena y firme. 
A menudo olvidamos el gran logro que es la integración europea. 
Es demasiado fácil olvidar que uno de los logros de 2005 fue hacer funcionar la Unión Europea ampliada, y gran parte del mérito corresponde a los Estados miembros. 
Creo que podemos hacerlo mejor en 2006, y lo haremos. 
A menudo olvidamos que Europa ya no es la «Europa en miniatura». 
Ahora Europa consta de 25 Estados miembros que son libres, independientes y viven en paz y democracia. 
El reto es hacer que esta Europa ampliada funcione. Este año hemos hecho una gran contribución para alcanzar esa meta. 
Al final de esta semana voy a ir a Praga y Budapest para ver y respaldar esta nueva Unión Europea ampliada. 
Tengo confianza, porque existe un consenso cada vez mayor en que los interminables debates sobre la ampliación o la profundización y sobre el mercado o la protección social han concluido, y que aun en medio de las consabidas dificultades hay una creciente conciencia de que necesitamos una dimensión más europea si queremos resolver los problemas que nos acechan. 
Surge un nuevo consenso en que una Europa poderosa y dinámica no puede tener 25 minimercados de servicios ni 25 minimercados de energía, pero que un único mercado también necesita una poderosa y dinámica Europa política y social. 
El mercado solo no basta. 
Por sí solo, el mercado no puede resolver problemas como la seguridad, el calentamiento global o la integración de los inmigrantes. 
Sí, se trata de una Europa pragmática, pero un pragmatismo con principios, que añada valor en aspectos en que podemos marcar una diferencia, trazando políticas que den una respuesta a la mundialización y que respondan a los desafíos y a las oportunidades de nuestra envejecida población; una Europa que es parte de la solución, no del problema. 
Observo un paralelismo con la actividad relacionada con el período de reflexión en que sus Señorías, como diputados al Parlamento Europeo, están muy implicadas. 
Como instituciones, debemos demostrar que escuchamos atentamente a nuestros ciudadanos y que afrontamos sus preocupaciones. 
Por eso pondremos en marcha nuestro plan D de diálogo y democracia, y contamos con la estrecha colaboración del Parlamento. 
Quizá he dejado para el final el mensaje más importante sobre el programa de trabajo para 2006. 
Seamos francos. Los planes para 2006 servirán de poco sin un acuerdo el próximo mes sobre las perspectivas financieras. 
El acuerdo es la prueba de si Europa avanza. 
¿Cómo podemos procurar a nuestros ciudadanos prosperidad, solidaridad y seguridad sin los medios para hacerlo? 
El acuerdo sobre las perspectivas financieras es clave para desplegar el potencial europeo en 2006. 
Una Europa ampliada y más diversa precisa una mayor inversión. 
Tenemos un deber de solidaridad con los nuevos Estados miembros que esperan que la UE les apoye en su rápida y notable labor de modernización y reforma. 
Es necesario compartir de forma justa esta carga. 
A ningún Estado miembro puede salirle barata la ampliación. 
Confío en el sentido común de la Presidencia británica para que procure un acuerdo justo y equilibrado el mes que viene. 
Espero que lo haga fortaleciendo, no reduciendo, la ambición que el Comisión y el Parlamento comparten para la Europa ampliada. 
Creo y espero que las propuestas que les presenté el mes pasado ayuden a desbloquear las negociaciones. 
Mi llamamiento hoy aquí para 2006 es que consolidemos y construyamos sobre este nuevo consenso, que recuperemos ese compartido sentimiento de utilidad que ha de poner de nuevo a Europa en su sitio, una Europa que actúe colectivamente en los asuntos que más preocupan a nuestros ciudadanos. 
En mi opinión, es la mejor respuesta posible a los votos negativos a la Constitución que ha habido este año. 
También es lo que subyace en el centro del programa de la Comisión para el segundo año de nuestra sociedad. 
Espero que reciba el respaldo activo de sus Señorías. No puedo imaginar una señal mejor para nuestros ciudadanos de que Europa está trabajando para ellos. 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Barroso, el programa que nos presenta apunta prioridades esenciales, como son la seguridad, la competitividad, la justicia social y el mercado interior, y resaltamos su voluntad de traducir en acciones los objetivos de Lisboa. 
También habrá que dotarse de los medios para alcanzarlos. 
Ahora bien, lo que temo es que falte ambición para responder a las expectativas de una Europa en crisis. 
También es interesante su metodología del plan D, de democracia, diálogo y debate, siempre que no se convierta en el plan de la demagogia o la decepción. 
Pues falta algo en este plan D, a saber, la determinación, su determinación de encontrar soluciones concretas. 
Lo que me preocupa, señor Presidente, es saber cuáles serán los puestos de trabajo que tendremos de aquí a cinco años en Europa. 
No solo puestos de trabajo en los servicios, sino también en la industria. 
¿Qué empleos tendremos aún en Europa dentro de cinco años? 
Crecimiento, empleo y seguridad son los tres pilares sobre los cuales Europa debe construir su política. 
Pero para ello, y a falta de Constitución, necesitamos una iniciativa política, que reúna al Consejo, la Comisión y el Parlamento, para hacer efectivas las medidas necesarias para el funcionamiento de las instituciones europeas. 
En ningún caso se trata de hacer caso omiso del resultado de los referendos. 
Todo lo contrario. 
Ahora bien, usted sabe que las ampliaciones futuras preocupan a gran parte de los ciudadanos europeos. 
Si es indiscutible que Europa debe acompañar los esfuerzos realizados en la vía de la democracia por nuestros vecinos más próximos, también es necesario no dar la impresión de ir demasiado deprisa y querer ampliar sin cesar, cuando no hemos resuelto ni el problema de nuestras instituciones ni el de las finanzas de Europa. 
Señor Presidente, reiteramos nuestra ambición de contar con una Comisión Europea fuerte. 
Estaremos a su lado, pero debe escucharnos más. 
El Consejo no es su único interlocutor. 
Por otra parte, sería conveniente intensificar la cooperación entre la Presidencia de la Unión Europea y nuestra Asamblea. 
En la última Cumbre, en Hampton Court, el Consejo le pidió un nuevo impulso en materia de inmigración y de seguridad interior. 
Celebramos esa iniciativa, porque hasta ahora el Consejo más bien ha frenado la cooperación judicial reclamada por este Parlamento. 
Cuestiones como la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo no deben inscribirse solo en el plano intergubernamental. 
Por esta razón, esperamos iniciativas importantes en la materia y pedimos una revisión total de las acciones de protección de Internet, a fin de crear una ciberseguridad sin por ello obstaculizar la libertad de la red. 
«Legislar mejor» no quiere decir: «no hacer nada» , sino «hacerlo mejor» , orientar mejor a sus objetivos la intervención de la Unión Europea. 
Antes de proponer, hay que reflexionar en el valor añadido que aporta Europa. 
Es importante, entre otras cosas, por lo que respecta al apoyo a la investigación. 
Acogemos pues con satisfacción la creación del Instituto Europeo de Tecnología. 
Ese valor añadido consiste también en velar por la buena aplicación de los textos europeos. 
Cada Comisario debería publicar trimestralmente un estado de la situación claro y preciso. 
Es necesario revisar también el procedimiento de comitología, y deseamos asimismo participar más en el proceso indispensable de simplificación de la legislación. 
La Comisión no solo quiere acometer los problemas de los europeos hoy, sino también las cuestiones que se plantearán de mañana. 
Dos aspectos parecen especialmente importantes. 
El primero es la demografía y el envejecimiento de la población. 
A este respecto, hay que crear un entorno más favorable para la familia. 
Aunque se trate de una competencia de los Estados miembros, la Unión puede intentar reunir las mejores iniciativas de los 25 Estados miembros y proponer soluciones eficaces en materia de política sanitaria. 
Otro aspecto es la gestión sostenible de los recursos naturales y, en particular, el impulso dado a la política energética. 
La propuesta de un plan de acción en materia de eficiencia energética y la relativa al proyecto de Libro Verde, destinadas a garantizar unas fuentes de energía seguras, competitivas y sostenibles, van en la buena dirección. 
Velaremos por que esos objetivos se traduzcan en hechos, en particular en un desarrollo de los biocarburantes y del transporte por las vías de agua interiores. 
Por último, Europa será tanto más fuerte cuanto más influya en las negociaciones internacionales. 
Sabemos que no tenemos casi nada que esperar de la reunión de Hong Kong, pero le pedimos que no reconsidere la reforma de la PAC, decidida en 2003, y que siga apoyando una agricultura multifuncional. 
Pero nuestras perspectivas de futuro serán vanas si no tenemos unas perspectivas financieras antes de finales de año. 
¿Cómo pensar en funcionar con presupuestos anuales? 
Usted mismo ha dicho, señor Barroso, que el año 2006 sería esencial para transformar las palabras en acciones concretas. 
Sabe que buen número de proyectos esperan ese presupuesto. 
El Parlamento ha cumplido con su deber, a través del informe Böge. 
A usted corresponde influir en la Presidencia británica para que saque a Europa de este punto muerto. 
. – Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, señores Comisarios, estamos de acuerdo con gran parte del programa y de lo que hoy ha dicho el Presidente Barroso, en especial –y quisiera retomar aquí el comentario del señor Barón Crespo– los intentos del Comisario Mandelson de que la ronda de negociaciones en Hong Kong sea justa y equilibrada. 
A pesar de su escepticismo, espero que se consiga. 
Su programa, señor Presidente, en que expresa usted su deseo de liberar todo el potencial de Europa, es un programa muy ambicioso, pero debo decir que, según las deliberaciones de mi Grupo, adolece de graves carencias. 
Comenzaré hablando de los altercados en las ciudades francesas. 
Se trata realmente de sucesos franceses, pero tras ellos subyacen causas más profundas. 
Quizá entienda usted ahora por qué nuestro Grupo siempre ha destacado la importancia de la cohesión social: donde hay desempleo, donde falta integración, donde cunden el aislamiento y la discriminación, no es difícil que se den tales sucesos. 
A este respecto, el programa también carece de toda declaración inequívoca sobre la importancia de los servicios públicos, que son especialmente importantes, sobre todo en las ciudades, para ayudar a los más desfavorecidos. 
También se ha referido usted, señor Presidente, al asunto de la energía. 
Aunque tengo un alto concepto del Comisario de Energía y mantengo una buena colaboración con él, debo decir que a menudo hemos constatado la importancia que tiene, a la vista de los acontecimientos, que la Comisión en su conjunto asuma claramente una política en materia de energías alternativas. 
También es fundamental que introduzcan ustedes en Europa lo que es práctica habitual en los Estados Unidos: obligar a las grandes empresas a invertir una parte mayor de sus beneficios desorbitados en investigación y desarrollo. 
Estamos impacientes por conocer el contenido del Libro Verde –que ya debería estar disponible desde hace tiempo–, que seguramente será objeto de un animado y serio debate. 
En tercer lugar, es preciso reactivar el potencial de investigación de Europa. 
Actualmente se está discutiendo el Séptimo Programa Marco de Investigación, pero ¿tiene la Comisión alguna idea de cómo ponerlo en marcha? 
Por ejemplo, su programa hace meramente una vaga y cautelosa referencia al Instituto Europeo de Tecnología, y es aquí donde deben mostrar ustedes una mayor audacia y determinación y presentar un programa general para todas las universidades europeas. 
Tenemos que dejar de subvencionar a los estadounidenses con la exportación de jóvenes investigadores. 
Nosotros los formamos y después dejamos que se vayan allí porque en Europa no hay oportunidades para ellos. 
También es necesario un plan que mejore y facilite el acceso a los recursos de investigación a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo. 
También eso es absolutamente necesario. 
Le doy la razón en lo referente a «legislar mejor» : redundaría en beneficio de muchas grandes empresas, de las pequeñas y medianas empresas y también de los ciudadanos particulares. 
Pero aunque apoyamos el plan de la Vicepresidenta, legislar mejor también es una tarea para nosotros en esta Cámara. 
Debemos hacer mucho más que hasta ahora por explicar, defender y justificar cada iniciativa legislativa al público, y debemos ser razonables con respecto a la forma de hacerlo. 
Hemos de actuar con un mayor sentido de nuestro objetivo. 
No depende tanto de que la Comisión supervise la legalidad de cada una de las medidas como del hecho de que los Estados miembros sean capaces de cumplir los objetivos asociados a la legislación europea. 
Ha hecho usted bien en referirse a las cuestiones sociales, pero en el programa no se expresa ni mucho menos con suficiente claridad que el desarrollo económico y social deben ir de la mano. 
Quisiera verle elaborar, en nombre de la Comisión, un informe el año que viene sobre el progreso de la ampliación, tema sobre el que volveré, quizá en un sentido diferente. Hay un gran escepticismo por parte de la sociedad. 
Muchos ciudadanos de los antiguos Estados miembros tienen la impresión de que la ampliación se está utilizando para reducir los estándares sociales y recortar los impuestos. 
Cuando pienso en el debate que mantuvimos con usted, señor Presidente de la Comisión, y con el Comisario McCreevy, creo que no fuimos capaces de transmitir con suficiente claridad lo importante que es para nosotros la cuestión social. 
Ahora, al leer en el –el portavoz principal de la Comisión– que el Comisario McCreevy es absolutamente contrario a la armonización fiscal, me pregunto si nuestra verdadera intención es recortar cada vez más los impuestos directos e impedir que podamos financiar nuestros servicios sociales y nuestras infraestructuras. 
¿Queremos una Europa única y compartida con unos estándares sociales mucho más bajos? 
Nuestro objetivo debe consistir –e incluyo tanto a los antiguos como a los nuevos Estados miembros– en conseguir una Europa social. 
Me gustaría ver que la Comisión emitiera un informe al respecto el año que viene. 
Según un reciente artículo del, muchos de los líderes políticos de los grandes países –Schröder, Chirac, Blair– desaparecerán de la escena en los próximos años. 
Polonia cuenta ahora con un Gobierno totalmente nuevo. 
En un momento en que acceden al poder nuevos Gobiernos y nuevos Jefes de Gobierno que quizá no estén tan familiarizados con esta nuestra Europa, la Comisión debe ejercer el liderazgo para que el ideal europeo no se debilite aún más. 
Si lo hace, le apoyaremos, pero en tal caso le ruego que haga de la Europa social uno de sus objetivos. 
. – Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, el programa de trabajo para 2006 no es un programa cualquiera. 
Debe ser un programa que haga perceptible de nuevo la UE para los ciudadanos y, además, perceptible de forma positiva. 
Los problemas de la UE con la credibilidad y la aceptación pueden no seguir siendo materia de titulares de prensa, pero, sin duda, no han desaparecido y pueden volver a las portadas en cualquier momento. 
No han sido resueltos, y por eso es mayor aún el reto para la UE: su política debe demostrar al público que realmente sirve a los ciudadanos. 
Eso no quiere decir que haya que legislar lo más posible, con la mayor repercusión sobre el mayor número de personas. 
Por el contrario, el objetivo principal de toda la política de la Europa común debe ser cómo situar a Europa en lo más alto. 
Ahí es donde el título del programa de trabajo, «Liberar todo el potencial de Europa» , acierta de lleno. 
Por cierto, esa fue la idea central de la campaña electoral de los Liberales en 2004, y me alegro de que hayan recurrido a ella. 
Por ese mismo motivo celebro que el programa de trabajo haya sido fruto de la colaboración con las comisiones del Parlamento. 
La elaboración conjunta de un programa común para todas las instituciones comunitarias es un paso adelante por el buen camino. 
Sin embargo, todo lo demás está muy fragmentado, y eso no parece justificable para la sociedad. 
Los cuatro principales aspectos –que ya se han mencionado– son definitivamente los correctos. 
En consecuencia, la alegación de que esta política responde a las preocupaciones los ciudadanos todavía está muy lejos de verse corroborada. 
Ni la estructura ni el contenido del programa de trabajo cumplen este requisito de cercanía al público; en todo caso, no puede hablarse de que se legisla mejor cuando las dos partes presentadas no tienen nada que ver una con otra y, por eso, el programa carece de coherencia. 
Quisiera destacar algunos aspectos de particular importancia para nosotros, los Liberales y Demócratas. 
El hecho de que la Agenda de Lisboa se convierta en la máxima prioridad es muy positivo. Una política coherente a favor de la educación, la investigación y el crecimiento generará empleo y hará que la UE sea competitiva. 
Eso implica también la creación de un mercado único de servicios, incluidos los financieros. 
Asimismo, es importante que seamos ambiciosos al impulsar la reforma de la política agrícola, entre otras cosas reasignando más fondos a la investigación y la tecnología agrarias. 
En lo que respecta a la seguridad interna, creemos que hay dos aspectos que merecen igual atención: la necesidad de seguridad y el respeto de la libertad. 
En efecto, no estaremos más seguros ni derrotaremos al terrorismo coartando las libertades de la UE, las mismas que combaten los terroristas. 
Europa es un ejemplo único en el mundo de cómo lograr una paz estable y duradera entre países antes enemigos. 
También es un caso único en la exportación pacífica de la economía de mercado, la democracia y los derechos humanos. 
Eso es estupendo, pero para seguir triunfando debemos orientarnos en la dirección correcta. ¿Adónde se dirige Europa? 
Nuestra obligación como legisladores europeos es aportar respuestas comprensibles, fiables y rápidas. 
Eso debe ser parte de nuestro día a día, nuestra labor diaria. 
En las próximas semanas, con este programa de trabajo para 2006 debemos dar ya un ejemplo de cómo hacerlo. 
Pero por encima de eso tiene que haber un sueño común que nos una como europeos. 
Víctor Hugo dijo una vez que nada es más poderoso que una idea cuya hora ha sonado. 
Europa era y es una idea así. 
El programa de trabajo puede ser una piedra en el mosaico de esa idea, pero debe encajar en la figura de una Europa que quiere avanzar y, sobre todo, reforzarse. 
. – Señor Presidente, señor Barroso, señoras y señores Comisarios, escuchándole, señor Barroso, y leyendo el texto de la Comisión, el primer sentimiento que me viene a la cabeza es desearle buen trabajo, y buen trabajo a todos nosotros, porque el Parlamento tendrá, por supuesto, su palabra que decir sobre cada uno de esos proyectos, tendrá el poder de codecisión. 
Al oírle hablar de «prosperidad, solidaridad y seguridad» , suena bien. 
Hay otros tipos de tríptico: libertad, igualdad y fraternidad. 
En la Carta de los Derechos Fundamentales encontramos también el término dignidad, o el de justicia. 
Pero está ausente un concepto, el de sostenibilidad. 
Yo, por mi parte, me he dicho: de hecho, en inglés, , suena bien. 
El equivalente francés, , ya no suena tan bien. 
Y el extraño término de suena aún peor. 
Quizás otro tríptico podría ser: vivir, circular y amar. 
¡Es solo una sugerencia! 
Más en serio, ¿dónde está la urgencia? 
Escuchándole, y es usted un orador elocuente, uno se dice: «Tiene razón». 
Sin embargo, falta algo, y mi Grupo experimenta de forma permanente cierto malestar. 
Y ese malestar, para expresarlo también con una imagen, se disiparía si la estrategia de desarrollo sostenible que usted anuncia para diciembre no resultase ser el hijo pobre de papá Barroso, porque, como sabe, la famosa imagen con sus tres hijos sigue grabada en nuestra memoria. 
Intentaré explicarme: se remite usted constantemente a la economía estadounidense, pero ¿sabe que la huella ecológica de la economía estadounidense representa seis veces lo que el planeta puede soportar? 
¿Y que la de las economías europeas oscila entre tres y cuatro veces? 
Es lo que indica un estudio realizado por World Wide Fund, y sería interesante que, en el marco de esa estrategia de desarrollo sostenible, la Comisión nos dijera si reconoce esta afirmación y si saca de ella alguna conclusión en relación con las políticas públicas europeas. 
Con respecto a la cuestión de las empresas y la competitividad, los ecologistas estamos absolutamente convencidos de que las empresas son los actores, no ya principales, pero sí esenciales del desarrollo sostenible. 
Por este motivo, mi Grupo, así como el Parlamento Europeo, sabiendo que las empresas están divididas entre el deber de rendir cuentas a sus accionistas cada trimestre y la necesidad de elaborar estrategias de desarrollo sostenible y de inversión a largo plazo, insistimos constantemente en la necesidad de adoptar objetivos respaldados en cifras. 
Así, queremos de un 20 a un 25 % de energía renovable para 2020 y queremos coches que consuman 2,5 litros cada 100 kilómetros para 2020, porque el 70 % del consumo de petróleo en la Unión Europea se debe a los transportes. 
Por lo que respecta a la cuestión económica y social, señor Barroso, sería conveniente convencer a los ciudadanos de que el mercado único europeo no se construye sobre la base del dúmping social. 
Haga saber desde ahora –haciéndolo no se extralimitará en sus prerrogativas– que el compromiso avanzado por la señora Gebhardt sobre el principio del país de origen puede ser aceptable para la Comisión. 
Haga saber también a los nuevos Estados miembros, y sobre todo a los Gobiernos, que las cláusulas de restricción impuestas sobre el Derecho laboral al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea no sirven para nada, que son inaceptables y que el 1 de mayo de 2006 pueden ser abolidas. 
Son unas cuantas sugerencias que quería comunicarle. 
No tengo tiempo para continuar, pero, si lo desea, podría reunirme con usted en otro marco. 
. – Señor Presidente, señor Barroso, Señorías, al comienzo de la legislatura dije en esta Cámara que este Parlamento era el fruto de unas elecciones en las que todos los partidos gubernamentales habían sido derrotados, empezando por su país, señor Barroso, que es Portugal. 
Era la señal de una crisis económica y social que afectaba también a las políticas europeas, es decir, las políticas de libre comercio. 
Hacía falta una acción decisiva que no se produjo, ni siquiera tras los resultados de los referendos de Francia y los Países Bajos, que rechazaron el Tratado constitucional. 
De hecho hubo incluso la tentación de dar la espalda al pueblo en vez de cambiar de política. 
Llegó después la Presidencia del señor Blair, quien se presenta como la solución de los problemas europeos, cuando es evidente que es parte integrante de esos problemas. 
En efecto, su semestre está llegando a su fin y todavía no se ha alcanzado siquiera un acuerdo sobre el presupuesto. 
Es un fracaso del que usted, señor Barroso, es responsable junto con el señor Blair, ya que usted y su Comisión han secundado todos los procesos de crisis en curso, acabando incluso por agravarlos. 
¿Qué podemos decir de sus indicaciones más recientes, cuando nos habla de una simplificación que de hecho significará no hacer las cosas buenas, como la Directiva REACH, y hacer en cambio las malas, como la Directiva Bolkestein? 
El asunto es que el camino liberal conduce a Europa a una vía muerta. 
El problema no es Europa, la ampliación o Turquía, sino el libre comercio, y hoy nos ha vuelto a proponer usted esa vía muerta. 
Es necesario definir un proyecto de relanzamiento de un desarrollo de calidad y una cohesión social que pueda reinstaurar el modelo social europeo como alternativa al modelo estadounidense y no como una burda copia del mismo. 
Para ello es necesario un presupuesto más robusto y no esquelético, así como un paquete de normas que promueva la armonización al alza, y no el dúmping social de la Directiva Bolkestein. 
Necesitamos cooperación dentro de Europa y con los demás países para relanzar un desarrollo cualificado y no una competencia insensata o la dictadura ruinosa de la Organización Mundial del Comercio. 
Hemos de dar prioridad a la innovación y el medio ambiente, y no al ridículo y desastroso relanzamiento de la energía nuclear. 
Precisamos redes de comunicación que impongan el respeto del medio ambiente y no contribuyan a su destrucción. 
Es necesario conceder la ciudadanía a los inmigrantes y evitar que se produzcan más episodios como los de Lampedusa o Melilla. 
Hay que garantizar la democracia y no los denominados paquetes de seguridad, que afectan negativamente a los derechos democráticas y además han sido rechazados por el Parlamento del Reino Unido. 
Hemos de optar por la paz y no por la guerra. 
Hemos de dar preferencia a un Parlamento democrático y no a una autoridad burocrática más. 
Finalmente, necesitamos Gobiernos de izquierda que apuesten por el cambio y no por grandes coaliciones inaceptables. 
Nosotros proponemos una izquierda alternativa europea, cada vez más unida a una sociedad europea que quiere cambiar. 
. – Señor Presidente, felicito al señor Barroso por el notable documento que ha elaborado. 
Señor Barroso, su voluntad de crear un Estado unitario de Europa no ha disminuido ante inconvenientes tales como los resultados de los referendos de Francia y los Países Bajos. 
Me preguntaba si la iniciativa del señor Blair de reducir la regulación y eliminar leyes innecesarias podría frenarle siquiera un poquito, pero veo que no, nada le ha disuadido de trazar el más ambicioso programa de trabajo jamás visto en la historia de la Unión Europea. 
Lástima que no se haya podido molestar a la Presidencia británica para que venga a escucharle esta mañana. 
Además de la extensión de las competencias al terreno de la justicia y los asuntos de interior, el establecimiento de visados comunitarios, hasta la misma normativa sobre juguetes infantiles, observo que en el presupuesto dice usted que debe haber sistemas adecuados de auditoría y control. 
Resulta cómico oírlo en la misma semana en que el Tribunal de Cuentas ha rehusado convalidar sus cuentas por undécimo año consecutivo. 
Perdió usted la Constitución y ahora trata con desdén a los votantes de Francia y de los Países Bajos. 
Muchos franceses habrán pensado que, al votar «no» , frenarían el caudal de burocracia europea. 
Sin embargo, igual que fracasó su fe en la Línea Manigot en 1940, una vez más los enemigos de los países libres e independientes llegan por todas partes y se lo tragan todo. 
Con este programa de trabajo ha demostrado usted no haber aprendido nada y que no entiende nada de nada. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente Barroso y a toda la Comisión por estar aquí esta mañana. 
Es una pena que el Parlamento no haya correspondido con una afluencia equivalente. 
Uno de los factores principales para evaluar el programa de trabajo es comprobar si las ideas y propuestas que contiene responden a las actuales necesidades de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Quisiera referirme brevemente a uno o dos puntos planteados por el Presidente Barroso en su presentación. 
Ha hablado acertadamente de la importancia de la Ronda de Doha y de la repercusión que puede tener, dentro de Europa y también en todo el planeta, en el aumento del comercio y en el cumplimiento de ciertos aspectos de la justicia social, si bien no de toda la justicia social. 
No obstante, a pesar de las aseveraciones del Presidente Barroso, sigo un tanto preocupado por los intentos de algunos miembros de la Comisión y de algunos diputados a este Parlamento, en la preparación de la ronda de conversaciones de Hong Kong, de exigir más a los agricultores europeos. 
Se está pidiendo a los agricultores más reducciones y sacrificios, pese a que se les dijo que la reforma de 1999 supondría el establecimiento definitivo de la PAC. 
Se les dijo después, en 2003 y 2004, que eran necesarios nuevos ajustes con vistas a las próximas conversaciones de la OMC. 
De pronto descubrimos que aún se está pidiendo más al sector agrario europeo. Son demandas que no se pueden cumplir si queremos mantener un sector agrario viable y sostenible en la Unión Europea para el futuro. 
No se trata solo de proteger los intereses de los agricultores; es también un aspecto fundamental que afecta a la seguridad alimentaria, a la seguridad del suministro de alimentos y a la calidad de la alimentación, y también a la seguridad de que se mantengan la biodiversidad y las opciones disponibles en las áreas rurales de Europa. 
Hablando de las distintas propuestas del programa de trabajo, celebro las iniciativas recogidas en una comunicación sobre los derechos de los niños. 
Ya era hora de que la Unión Europea se tomara en serio los derechos de este sector, que constituye más del 40 % de nuestra población pero carece de representación en las políticas e ideas de Europa, salvo en las palabras que usamos para expresar nuestra voluntad de proteger a los niños. 
Debido al progreso tecnológico, dichas ideas sobre los derechos de los niños deben tratar también de la seguridad informática, pues se ha comprobado que hay quien usa Internet –pese a su maravillosa utilidad, la excelente innovación y las oportunidades que nos brinda a todos– para corromper las mentes inocentes y pervertir el uso de la red traficando con pedofilia y pornografía infantil. 
Respecto a la sostenibilidad, el aumento de precios del petróleo y de los carburantes en los últimos meses ha puesto a prueba todas las economías, incluidas las de los consumidores particulares. 
No olvidemos que el precio del petróleo repercute no solo en la economía en su conjunto, sino también en cada uno de nosotros como consumidores individuales, tanto en el combustible de nuestros vehículos, como en el precio de los artículos que compramos, nuestros desplazamientos al trabajo, etc. Ha llegado el momento de avanzar hacia un mercado común europeo de la energía en que podamos utilizar la fuerza colectiva de los 25 Estados miembros para conseguir mejores precios, y que aunemos las inteligencias y la innovación de que disponen esos 25 países para buscar proveedores alternativos de carburante y, sobre todo, para buscar nuevas formas y mecanismos de conservación de la energía. 
Por eso también celebro la propuesta de una directiva sobre biocarburantes. 
Sin embargo, debería prestarse más atención a la energía solar, eólica e hidráulica, que pueden ser decisivas para un plan energético definitivo. 
Por último, no importa lo que se diga: las perspectivas financieras son lo único que cuenta ahora. 
Si no tenemos los medios, no podemos emprender las acciones y políticas que queremos. 
Pero para determinar cómo deberían ser las perspectivas financieras, corresponde a los Estados miembros aportar un paquete de recursos, pues son ellos una vez más quienes han de sostener la actividad futura de la Unión Europea. 
A ellos compete la decisión de aportar los fondos necesarios para poner en marcha esas importantes medidas. 
El hecho de que hasta ahora los Gobiernos no hayan logrado ponerse de acuerdo es inaceptable para todo el mundo. 
De hecho, es irónico que los Gobiernos de los nuevos Estados miembros sean quienes encabecen los intentos de resolver el tema de las perspectivas financieras. 
Sin embargo, no debemos aprovechar el fracaso del acuerdo como excusa para bloquear, obstaculizar o contrarrestar los esfuerzos que se están haciendo. 
Celebro la oportunidad que tenemos de colaborar con usted, Presidente Barroso, y con su Comisión para cumplir este programa. 
– Señor Presidente, señor Barroso, ha ocurrido el asunto de Ceuta, ha ocurrido el asunto de Melilla, y ahora tenemos los suburbios en llamas. 
Los medios de comunicación de todo el mundo formulan preguntas y nosotros, ¿qué hacemos? 
Elaborar un programa legislativo. 
Por ejemplo, el calentamiento del planeta, lo que parece lógico; cuando arden coches y escuelas, hay desde luego un problema de calentamiento y, por tanto, de respeto del protocolo de Kyoto. 
Por otra parte, podríamos, junto con la señora Fischer-Boel, destruir un poco más nuestra agricultura, así el señor Mandelson obtendría un acuerdo en Hong Kong y nosotros un nivel de desempleo un poco mayor. 
Adoptemos unas pocas directivas más y la montaña legislativa nos hará bastante impotentes. 
Propongo incluso un título para el programa legislativo del señor Barroso: «Operación humo y espejos» , pues el programa es una cortina de humo que oculta bonitas ideas, pero ideas que solo enmascaran tragedias. 
Una última palabra, señor Barroso, un día de Navidad del siglo V después de Cristo, el Rin se congeló a causa a un cambio climático. 
Miles de carros de fuego atravesaron el Rin, y Roma fue saqueada. 
¿Sabe usted qué hacía el Senado romano durante ese invierno de 483? 
Hacía un programa legislativo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Señorías, con noventa y seis proyectos prioritarios, treinta y dos de ellos de carácter legislativo, esta Europa nuestra no puede ser acusada de no hacer planes, de modo que ¡mucho respeto! 
Sobre todo si se tiene en cuenta que ni siquiera están incluidos en el catálogo los proyectos legislativos que realmente deberían ser prioritarios para 2006, en forma de unos cincuenta fundamentos jurídicos de los programas plurianuales del período 2007-2013. 
Por tanto, hoy estamos debatiendo un paquete que poco dice de su auténtico contenido. ¿Qué ha sido de la subsidiariedad y de la piedra de toque de la subsidiariedad? 
El Consejo, que hoy brilla por su ausencia, se ha puesto una vez más en ridículo al no participar en esta labor de planificación, por no hablar de la formulación de sus prioridades. 
Las dos Presidencias del año que viene, Austria y Finlandia, en una carta fechada el 19 de octubre, han llegado incluso a anunciar su propio programa de trabajo para 2006, de modo que podemos esperar algo y ver cómo pueden encajar todas estas cosas. 
El propio Consejo, aprovechando este procedimiento de consulta, podría haber dado una muestra de su respeto a la subsidiariedad haciendo participar a los Parlamentos nacionales en la forma prevista en la Constitución. 
Podría haber dejado su marca en este procedimiento acercándose al Parlamento y a la Comisión, en vez de dejarnos a todos pendientes de lo que pueda pasar después y de las propuestas que el mismo Consejo vaya a hacer. 
El Parlamento ha establecido una reserva para puestos de trabajo en la Comisión que solo será desembolsada si se aprueba el programa de trabajo. 
Quisiera que este programa incluyera realmente todos los proyectos que ya sabemos que figuran en el programa de trabajo de 2006, y que respetara más la idea de subsidiariedad tanto con respecto a los procedimientos como en cuanto al fondo. 
– Señor Presidente, la Comisión ha dicho que la Estrategia de Lisboa está reflejada en este programa. 
En realidad, está reflejada en parte, pero no plenamente. 
Quizá recuerden que tuvimos un debate sobre el equilibrio en la Estrategia de Lisboa. 
El Parlamento expresó la opinión de que la política social, la justicia social y la cohesión social no pueden ser consideradas asuntos secundarios respecto al crecimiento y al empleo. 
Creí que nos habíamos puesto de acuerdo en que la política social era una parte integrante del Proceso de Lisboa. 
Esto no se refleja en este programa de trabajo. 
La dimensión social es mínima. 
Hemos hablado del hecho de que legislar mejor no significa necesariamente legislar menos. 
Yo observo que, en lo social, no hay ninguna legislación. 
Hay tres Comunicaciones y un Libro Verde, y eso está bien, pero no hay legislación alguna. 
No se puede decir que el Parlamento no haya formulado propuestas. 
Si me lo permiten, comentaré algunas de ellas. 
El primero se refiere a las nuevas formas de empleo: lo que ahora se denominan las formas atípicas de empleo, de las que hoy hay tal abundancia y que implican menos seguridad, menor influencia y probablemente más estrés en los lugares de trabajo. 
Hemos pedido una directiva que regule estas nuevas formas de empleo. 
En segundo lugar, el señor Barroso y yo hemos estado en la conferencia sobre reestructuración. 
Yo pensé que estábamos de acuerdo en que si debíamos ser capaces de llevar a cabo la reestructuración, debíamos hacerlo de forma que los trabajadores participaran en el proceso. 
Contamos con instrumentos a escala europea. 
Tenemos los Comités de Empresa Europeos, cuya revisión hemos solicitado en el Parlamento Europeo. 
Nada de esto se ha hecho. 
Por último, solo quiero aludir al programa de integración de discapacitados. 
Se trataría de un programa de no discriminación aplicable no solo al mercado laboral, sino a todos los ámbitos. 
También brilla por su ausencia. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al Presidente de la Comisión por presentar el programa de la Comisión en un contexto muy político. 
Deseo hacer un breve comentario: cuando llegué a esta Cámara hace seis años, el despliegue del potencial del mercado interior europeo se veía en el contexto de aprovechar al máximo el comercio electrónico y la llegada del euro. 
A tal fin hubo muchas iniciativas en el terreno de la justicia civil, para garantizar que allá donde se diera la posibilidad de instalarse, de negociar, de trabajar, de innovar, de comprar y vender, se facilitara también el marco jurídico adecuado que diera seguridad y acceso a la justicia. 
Ha irrumpido la guerra contra el terrorismo y toda el área de lucha contra el crimen se ha convertido en algo fundamental, pero ¿ha de ir esto en detrimento de la justicia civil, que merece un solo párrafo y ninguna iniciativa nueva, ni siquiera consultas en este programa? 
Basta mirar las cartas que recibimos para ver que no estamos cumpliendo en el terreno de la justicia civil. 
Solo hay que echar un vistazo a la agenda de la Comisión de Peticiones. 
La vida de muchos de nuestros ciudadanos está enturbiada por la falta de acceso a la justicia civil o por unos mecanismos de indemnización transfronterizos que, por desgracia, están afectados directamente por el terrorismo. 
Por favor, pensemos más en la justicia civil. 
– He estudiado detenidamente el documento de la Comisión. 
Mi conclusión es muy clara: muchas palabras pero poca acción. 
La mundialización, que en realidad es una versión actualizada de capitalismo, se da por hecha, como si fuera una ley de la naturaleza. 
La legislación comunitaria promueve la idea del abaratamiento del trabajo en Europa, de la exportación internacional de puestos de trabajo y de la defensa de los intereses del mercado laboral de los Estados miembros. 
He escrutado minuciosamente el programa de trabajo buscando el fundamento jurídico del anuncio realizado por el Presidente de la Comisión de que Francia ha de percibir un subsidio adicional de cincuenta millones de euros a cuenta de los vehículos que han sido incendiados en sus calles durante las últimas semanas. 
No creo que la legislación actual aporte un fundamento jurídico para esta forma de ayuda económica, y tampoco el programa de trabajo de la Comisión propone nada al respecto. 
¿Pretendemos acaso sobornar a Francia con subsidios ilegales para que apruebe los planes financieros de la UE? 
La Comisión propone manipular a la opinión pública para que esta tenga un mejor concepto de ella. 
Esto es propaganda y adoctrinamiento, aunque la Comisión hable de déficit de comunicación. 
En la forma en que difunde la información, la Comisión encarna la dictadura de la mayoría, pues la democracia se mide por la actitud de la mayoría cuando escucha a las minorías. 
En cualquier caso, en los referendos de Francia y los Países Bajos la mayoría votó en contra de la comunicación de la Comisión y de la dictadura propagandística. 
Fue democrático el rechazo de la Constitución y no condujo a la UE a una crisis. 
Sin embargo, al no aprobarse las perspectivas financieras de 2007-2013, se está paralizando el trabajo de la UE. 
Dado que estamos en una situación de emergencia, la Comisión debería optar por el plan B: redactar anualmente los programas de los Fondos Estructurales y otros. 
– Señor Presidente, los Parlamentos nacionales y regionales deberían estudiar a fondo el programa anual y, bajo la rúbrica de «menos y mejor» , vigilar que en él se cumplieran los principios de proximidad y proporcionalidad. 
Es preferible abordar menos tareas a cambio de realizar una labor de más calidad. 
La UE solo debería aprobar legislación vinculante en ámbitos de alcance supranacional en que los Parlamentos nacionales no puedan legislar efectivamente por sí mismos. 
Así, los votantes no tendrían nada que perder y sí mucho que ganar, y nosotros tendríamos el derecho de codecisión en vez de perder competencias. 
Si, por el contrario, la UE se arroga competencias en ámbitos en que los Parlamentos nacionales pueden legislar por sí solos, saldremos perdiendo en influencia y en democracia. 
La salvaguarda del principio de proximidad debería comenzar en las comisiones especializadas del Parlamento, de modo que las comisiones sociales abordaran propuestas de tipo social y las de transporte, propuestas relativas al transporte, etc., un procedimiento aprobado el pasado viernes por la Comisión de Asuntos Europeos de Dinamarca. 
En consecuencia, las comisiones europeas de asuntos europeos deberían emitir sus opiniones y reunirse en la Conferencia de los Órganos Especializados en los Asuntos Comunitarios y Europeos de los Parlamentos de la Unión Europea (COSAC) , con vistas a aprobar el programa anual y a hacerlo preferiblemente de forma que podamos ver quién ha votado qué. 
Posteriormente, el programa anual debería ser considerado y debatido en el Parlamento Europeo y en el Consejo. 
Solo entonces se invitaría a la Comisión a redactar leyes, que contarían así con el apoyo de todas las instancias. 
Esa situación contrastaría con la actual, en que la Comisión se arroga a sí misma las competencias y utiliza su monopolio de iniciativa, sus 3.000 grupos de trabajo secretos y su acceso al Tribunal de Justicia para centralizar cada vez más el poder en Bruselas. 
No hay nada tan malo que no sirva al menos para algo. 
La centralización ha llevado afortunadamente al rechazo de los votantes, como hemos visto en los Países Bajos y en Francia. 
Sin embargo, el programa anual contiene muchos aspectos de la Constitución rechazada. 
Hay que respetar el voto negativo: debe excluirse todo lo que procede de la Constitución. 
Gracias, señor Presidente, si es que hay algo por lo que dárselas. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
Europa debe afrontar desafíos importantes, claros y urgentes. 
Sin duda, el siglo XX condujo al viejo continente a niveles de libertad, progreso y bienestar jamás alcanzados antes. Sin embargo, ese extraordinario crecimiento generó también nuevos problemas, que provocan desequilibrios, riesgos y tensiones. 
Los sucesos recientes en los suburbios franceses constituyen una clara señal de que los problemas de seguridad ya no consisten exclusivamente en peligros procedentes del exterior de nuestras fronteras. 
Una vez más, la actualidad nos obliga a ver lo que sucede en nuestra casa y nos pide que encontremos soluciones a problemas cotidianos, tan frecuentes y conocidos que demasiado a menudo escapan a nuestra atención. 
La nuestra es una era de un extraordinario desarrollo acompañado de un exasperante estancamiento; de posibilidades que nos brindan un futuro mejor, pero también de gérmenes que nos traen amenazas y de un aumento del bienestar que ha conducido, sin embargo, a la aparición de nuevas enfermedades. 
Parece claro, por tanto, que todavía queda un largo camino por recorrer. 
Estamos de acuerdo con los puntos más importantes de la propuesta que estamos examinando. 
El programa de trabajo de la Comisión, presentado puntualmente y con convicción por el señor Barroso, se centra con razón en algunos objetivos clave, a saber, la prosperidad, la solidaridad y la seguridad, así como el papel de la Unión como interlocutor mundial. 
Son cuestiones que requieren un compromiso constante, una estrategia efectiva y por extensión recursos suficientes para llevar a cabo intervenciones capaces de incidir realmente en la situación socioeconómica europea. 
– Señor Presidente, como coordinador de mi Grupo en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, quiero agradecer al señor Comisario y a su equipo la atención prestada por la Comisión a la culminación del mercado interior en una serie de importantes campos. 
Lo seguiremos muy de cerca. 
Dicho esto, soy muy crítico con el conjunto del documento. 
Se trata de un texto extraño. 
Los diputados han estado hablando de prioridades. Citaré una de ellas: «La máxima prioridad hoy en día es recuperar el crecimiento sostenible y dinámico y el empleo en Europa». 
Está en la página 27 del documento. 
¿En qué sentido tenemos prioridades cuando tenemos una lista inconexa de 96 asuntos mezclados y ordenados de forma arbitraria, sin que quede claro qué es lo legislativo y qué no lo es? 
En cualquier caso, le diré, señor Barroso, que en todo programa de trabajo yo quiero saber cómo avanzan las cosas. 
No solo quiero conocer las 96 tareas que comienzan ustedes, sino cómo se las están arreglando con las tareas que ya les hemos pedido que hagan y qué prioridad les asignan. 
Y hay otra cosa que quiero preguntar, pues no sé nada de ella en absoluto. 
Es grato ver a todos los miembros de su Comisión aquí, pero lo que queremos es verles cooperar mucho mejor entre ustedes, haciendo política de forma más integrada, para hacer frente a ese crucial asunto que usted mismo ha colocado en lo más alto de su agenda: la competitividad, el empleo y el crecimiento en Europa. 
Eso no se logrará con 96 propuestas separadas, sino con la Comisión trabajando en común. 
¿Por qué no lo vemos en su programa? 
Se lo digo también a la señora Wallström, que está aquí presente y que se supone que nos ayuda a comunicar estas cosas – que nos ayuda. 
¿Cómo puedo dirigirme a mis votantes y a las empresas de mi circunscripción y decirles que la Comisión va a trabajar por la competitividad y el empleo con su serie de 96 propuestas inconexas? 
En cambio, quiero llamar la atención acerca del trabajo del Comisario Verheugen sobre automóviles en el contexto de una iniciativa de competitividad integrada. 
Deseo felicitarle por esa iniciativa y por muchas otras. 
Ojalá viéramos más ejemplos de esa forma de trabajar y no este compendio de propuestas inconexas. 
– Señor Presidente, varios oradores que me han precedido ya han establecido la comparación con los Estados Unidos. 
Yo pertenezco a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que también mantiene muchos contactos transatlánticos. 
Lo que he percibido es que hay una cierta inversión en la evaluación de los acontecimientos, sobre todo en el mercado financiero. 
No sé si ha leído usted el titular del de esta mañana, que una vez más afirma que los Estados Unidos nos envidian por lo logrado en esta Cámara en el último período parcial de sesiones. 
En octubre tratamos un volumen de ochocientas páginas de normas sobre las reservas mínimas de capital de los bancos, lo que nos sitúa muy por delante de los Estados Unidos. 
La sociedad no es suficientemente consciente de esto. 
Quizá conozca usted el libro de Jeremy Rifkin sobre, donde se señala también que nuestra percepción al respecto es algunas veces errónea. 
Lo que me preocupa es que la Comisión no sea consciente de lo mucho que podríamos hacer con la Estrategia de Lisboa y con la política macroeconómica. 
En Europa, cuando algo va mal, nos intentamos convencer unos a otros de lo inoperantes que somos, pero olvidamos que aquello también nos ofrece una oportunidad. 
Por ejemplo, podríamos aprovechar el malestar que rodea el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para mejorar la política macroeconómica, y podríamos sacar provecho de nuestra ventaja en la normativa sobre los mercados financieros para rentabilizar las inversiones que esto podría generar, y hacer que la Comisión dirigiera esta política macroeconómica. 
Me temo que la idea de que el mercado se las arreglará por sí solo es también atribuible a su punto de vista liberal. 
Creo que los estadounidenses podrían ayudarle a abandonar esa noción. 
El mercado no puede arreglárselas por sí mismo. 
Tendremos que mostrar el camino, y en este punto esperamos el liderazgo de la Comisión. 
– La integración europea no se logrará salvo que se fundamente en la responsabilidad conjunta. 
No basta establecer un mercado único y una moneda única, aunque sí favorecen la integración. 
Las prioridades de la Comisión: prosperidad, solidaridad y seguridad, son importantes y correctas. 
Hay 18,8 millones de parados en Europa, casi veinte millones. 
¿Qué es la UE para ellos y qué les ofrece? 
Ni solidaridad, ni prosperidad ni seguridad, en absoluto. 
Las meras palabras no bastan: hacen falta medidas concretas. 
Señor Presidente, la UE debe centrarse en lo esencial. 
La decisión de la Comisión de eliminar la normativa y la burocracia innecesarias y de simplificar la UE merece todo nuestro apoyo. 
Además, espero que por fin se respete el principio de subsidiariedad. 
Eso acercaría también a nuestros ciudadanos a la UE y conferiría a esta un mandato para llevar a cabo su labor. 
– Señor Presidente, el programa de trabajo de la Comisión refleja sus honrosos esfuerzos por servir de la mejor forma posible a los intereses imperialistas de la Unión Europea y a los intereses de las grandes empresas. 
Pese a las objeciones alegadas por el Consejo, se está promoviendo un acuerdo con profundos cambios sobre las perspectivas financieras para 2007-2013, a costa de los agricultores y de los trabajadores en general. 
La Comisión está intentando ajustar su programa legislativo para 2006 a las nuevas circunstancias, no con cambios de orientación política, sino basándose en sus compromisos para su mandato quinquenal y en los intereses de los monopolios. 
El eje principal de su política es la política de comunicación. 
La corrupción, los sobornos y la cooperación de clases son ahora los medios para subyugar a las masas y obligarlas a aceptar las medidas más reaccionarias y antipopulares. 
Pretende impulsar liberalización de los mercados, con la electricidad y el gas natural en el punto de mira. 
Busca la integración del mercado interior de servicios, correos, etcétera; la privatización de las empresas públicas, nuevas medidas de política de transporte y la promoción de nuevas medidas fiscales en perjuicio de los trabajadores. 
Impulsa una estrategia uniforme para promover los objetivos antipopulares de Lisboa mediante programas de acción nacionales y la promoción de planes antilaborales para jóvenes, mujeres y trabajadores en general. 
Este programa de la Comisión es totalmente contrario a las ambiciones y metas de los trabajadores, y por este motivo en los próximos meses habrá una escalada de las luchas por el derecho al trabajo, por un mejor nivel de vida, por defender las libertades populares, por la paz y la igualdad. 
– Señor Presidente, aunque estoy algo sorprendido por la indulgencia de la Comisión en esta especie de negativa, y aunque realmente pasa por alto –a todos los efectos– la manifiesta advertencia derivada del «no» francés y neerlandés en los referendos europeos, 2006 será, sobre todo, el año del inicio definitivo de las negociaciones entre la Comisión y Turquía, lo que prueba aún más la absoluta insensibilidad de la Comisión ante la voluntad democrática de los europeos y, además, denota su deseo de desobedecer sus propias normas legales, el otrora sacrosanto 
En cualquier caso, tengo curiosidad por ver qué trucos, mentiras y falsedades intentará vendernos la Comisión, pese a la predicción del anterior Comisario de Agricultura, Franz Fischler, de que, a pesar de todo, Turquía sería finalmente capaz de integrarse en la Política Agrícola Común y de que los costes no serían desorbitados. 
Eso no nos impedirá seguir reiterando que la adhesión de Turquía a la Unión Europea es insostenible y antidemocrática. 
Señor Presidente, uno de los temas que el Presidente Barroso ha tratado esta mañana ha sido la necesidad que de que nosotros inspiremos a los ciudadanos europeos, muchos de los cuales han perdido la ilusión por el concepto mismo de Unión Europea. 
Para conseguirlo, debemos resaltar las razones de la existencia de Europa, destacando en qué sentido es importante Europa para las vidas de los ciudadanos, para sus preocupaciones, sus esperanzas y sus ambiciones. 
Debemos ayudar a Europa a redescubrir su empuje a favor del crecimiento económico y la competitividad, recortando inflexiblemente el despilfarro y la burocracia y concentrándonos en los requisitos necesarios para este programa. 
Es preciso reconocer que esos requisitos son la desregulación y la reducción de impuestos, pero también una población más sana en un medio ambiente más saludable. 
Ante todo, debemos esforzarnos por ayudar a quienes tienen una menor capacidad para afrontar los retos y las oportunidades de la vida, los que viven con discapacidades o enfermedades que ponen en riesgo su vida o en la pobreza. 
Por lo tanto, deseamos que la Comisión incremente sus responsabilidades en materia de salud, promoción de la salud, salud pública, emergencias sanitarias, salud mental, discapacidad, movilidad de pacientes e información a los pacientes. 
También tenemos que trabajar para avanzar en nuestro programa en materia medioambiental, en los ámbitos del cambio climático, el comercio de emisiones, la calidad del aire, la reducción de residuos, la reutilización y el reciclado, el ruido y el medio ambiente urbano, la protección de la vida salvaje y los hábitats y la reducción de la experimentación con animales. 
Lo que tenemos que decir sobre Europa vale también para nuestras políticas para el mundo en desarrollo, pero nada de esto es posible sin un control y un cumplimiento suficientes, así como un control presupuestario adecuado. 
Estos aspectos traicionan con demasiada frecuencia nuestras buenas intenciones en Europa y contribuyen a las dudas del público sobre la capacidad de Europa para aportarles algún beneficio. 
) Señor Presidente, quiero pedirle que en la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes trate el tema de la escasa asistencia de hoy. 
Creo que le debemos un respeto a la Comisión: todos los Comisarios que podían están aquí. 
La escasa asistencia a esta Cámara es totalmente inaceptable e indica una falta de respeto por la Comisión. 
Le aseguro que voy a abordar ese tema en mi Grupo esta noche. 
Señor Barroso, el problema no es lo que hay en su programa. 
En el poco tiempo del que dispongo, quisiera esbozar el problema en una serie de puntos importantes. 
En su presentación oral de hoy, ha dicho: 
(FR) «Hay que conectar esos programas con nuestras prioridades políticas, mejorar la gobernanza económica de la Unión e incrementar los esfuerzos nacionales y europeos para la reforma y la inversión» , y ha continuado: «una inversión a escala nacional pero también europea con vistas a la economía de mañana, la innovación, el conocimiento y nuevas infraestructuras. 
Estos dos tipos de inversión, a escala nacional y a escala europea, deben ir parejos». 
Bien, de acuerdo. 
Señor Presidente de la Comisión, hagamos un trato hoy: nos dice que en las próximas semanas o los próximos meses usted y su Comisión elaborarán una estrategia para garantizar que, cuando nos reunamos en el Consejo Europeo de Empleo de la próxima primavera, tengamos este mensaje como enfoque común del Consejo Europeo. 
Usted, junto con el Comisario de Asuntos Económicos y la Comisión en su conjunto, animarán a los Gobiernos a suscribir un pacto, prometiendo invertir simultáneamente y estar coordinados en los próximos dos, tres o cuatro años. 
No le estoy despojando de facultades. Lo único que quiero es que coordinemos nuestras inversiones para poder hacer un uso activo de nuestra interdependencia económica. 
En esencia, mi sueño es el mismo que el de la Comisión: que esta maravillosa Europa pueda seguir creciendo. 
Sí, es preciso que realicemos reformas, pero necesitamos más inversión, más crecimiento y más empleo, y eso exige coordinación, así que elaboremos juntos una estrategia. 
Espero su respuesta. 
– Tal como ha pedido, señor Rasmussen, transmitiré a los órganos competentes del Parlamento su observación sobre la escasa asistencia aquí. 
Por supuesto, la Presidencia de sesión aprecia el hecho de que la Comisión esté al completo para este importante debate, aunque los bancos del Consejo estén un tanto vacíos. 
– Señor Presidente, hace un año el Presidente Barroso nos prometió, con motivo del caso Buttiglione, que daría la máxima prioridad a los derechos fundamentales. 
Eso está bien, porque es justamente lo que el público espera. 
Por desgracia, no hay rastro de esta promesa en el programa de trabajo. 
Puede haber una comunicación en 2006 sobre la igualdad de género, y lo celebramos, pero ¿qué hay de las demás formas de discriminación? 
¿Qué ha sido de la legislación transversal contra la discriminación? 
Todos los ciudadanos deben poder defender sus derechos ante los tribunales; de no ser así, la política antidiscriminatoria de la UE no valdrá el papel en que está escrita. 
¿Por qué, en efecto, no se ha incluido el prometido estudio de viabilidad del nuevo artículo 13, y qué hay de nuevo en relación con las propuestas solicitadas por el Parlamento respecto a la libre circulación de parejas casadas del mismo sexo? 
¿Promoverá de verdad la Comisión del Presidente Barroso los derechos fundamentales? 
¿Tendremos de verdad una Unión de valores o no pasaremos de las meras promesas? 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores Comisarios, hablo en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y debo decir que, aun desde las muy modestas expectativas de nuestra comisión, el programa legislativo y de trabajo de la Comisión es poco exigente y muy decepcionante. 
En todas las áreas en que hemos expresado nuestro interés y que ustedes, al menos verbalmente, han admitido que eran prioridades –entre ellas, el derecho civil, los derechos de autor, los derechos humanos, los derechos de los niños y los consumidores–, ninguna de las propuestas tiene carácter legislativo. 
En algunas de las áreas sobre cuya importancia siempre estamos de acuerdo –por ejemplo, el derecho de propiedad industrial– no se observa ninguna iniciativa que pueda hacer avanzar a Europa, aunque siempre hayamos coincidido en que el derecho de propiedad industrial es vital para la innovación. 
Tampoco encuentro ninguna iniciativa sobre servicios de interés económico general. 
Sin embargo, al mismo tiempo no puedo dejar de advertir que se retiran propuestas legislativas que suponen mucho para nosotros, si bien debemos admitir que son problemáticas, como el estatuto de las sociedades mutuas y el derecho europeo de asociaciones voluntarias. 
Hace ya años que luchamos por dotar al sector mercantil de estatutos europeos propios, pero es evidente que estamos negando al sector cooperativo, a la economía social y a la sociedad civil la relevancia que el derecho europeo les podría conferir. 
Nosotros mismos hemos propuesto áreas en que podemos eliminar disposiciones legales y en que no consideramos necesaria una normativa europea, pero la Comisión no ha respondido a nuestras propuestas. 
Un ejemplo que me viene a la memoria es la mediación, donde se nos sometió un proyecto de directiva aunque habíamos dicho, cuando se publicó el Libro Verde, que era un área sujeta al principio de subsidiariedad y que en ella no había ninguna necesidad de una legislación europea. 
Mi punto de vista general es que han escuchado ustedes demasiado poco a lo que esta Cámara les ha estado diciendo en la fase preparatoria. 
Señor Presidente, acojo con agrado muchos aspectos del programa de la Comisión, pero me ha decepcionado que no se hagan más referencias a las personas con discapacidad y a los ancianos. 
Me habría gustado que hubiera una directiva concreta sobre discapacidad que prohibiera la discriminación en al acceso a bienes y servicios, así como una sobre edad. 
En lo que respecta a la salud y seguridad en el trabajo, quisiera que se modificara la Directiva de 2000 sobre agentes biológicos, con el fin de proteger a los trabajadores del contagio del VIH y del virus de la hepatitis C por lesiones causadas por pinchazos con agujas. 
En la Unión Europa se producen más de un millón de lesiones de ese tipo cada año. 
Sin embargo, me complace el compromiso del Presidente de la Comisión de recortar la legislación innecesaria, que, por supuesto, es una carga para las empresas. 
En ese espíritu, ¿podría volver a analizar la Directiva de 2004 sobre campos electromagnéticos y la grave incidencia que podría tener sobre el uso de los escáneres de IRM más actuales y encontrar la forma de presentar una enmienda a esta directiva para garantizar que este tipo de escáner esté protegido en el futuro? 
– Señor Presidente, Señorías, también yo deseo felicitar al señor Barroso por el informe que ha presentado esta mañana. 
No obstante, también yo, como muchos de mis colegas, le pido que agrupe las prioridades a fin de definir claramente el paquete de propuestas y objetivos que queremos alcanzar en los próximos cinco años. 
Todos recordamos que la anterior Comisión, presidida por el señor Prodi, solo consiguió llevar a cabo en realidad el 50 % de lo inicialmente previsto en su programa. 
Considero que ese tipo de iniciativas no son útiles, sobre todo para una Europa que necesita creer en sí misma. 
Por tanto, la primera sugerencia que quiero hacerle es que ordene y priorice los objetivos que queremos alcanzar lo antes posible. 
Acto seguido tendremos que dedicarnos sin duda a otras grandes cuestiones. 
En el informe que ha presentado esta mañana se abordan muchísimos puntos. 
Como coordinadora interna del Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano-Demócratas) y de los Demócratas Europeos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, quisiera destacar un tema en particular, en el que se ha comprometido usted sin duda a hacer algo importante, a saber, la elaboración de un plan de trabajo en materia de igualdad de género. 
Aparte de esta cuestión quisiera que examinara también el tema del trabajo. 
Como sabe, hoy en Europa se produce un choque entre quienes tienen más derechos y quienes tienen menos, entre quienes tienen un trabajo y quienes no lo tienen, entre quienes pueden permitirse un colegio y una enseñanza de calidad y quienes no tienen acceso a ella, como sucede en los suburbios de París. 
Es un problema que hoy afecta a un país, pero que mañana podría afectar a otros. 
A este respecto, el papel de la mujer en la Comunidad y sobre todo el papel de la mujer en el mundo del trabajo son fundamentales. 
Por tanto, es necesario afrontar, en el marco de la Estrategia de Lisboa, el tema de la escasa presencia de mujeres en el mundo laboral, que a menudo se ven obligadas a desempeñar trabajos poco cualificados y mal remunerados. 
Señor Presidente, yo también deseo agradecer la presencia de toda la Comisión y deplorar la ausencia de muchos diputados, que en parte se debe a que todos disponemos de monitores de televisión en nuestros despachos, por lo que es muy fácil seguir los debates mientras trabajamos en nuestra oficina. 
Sin embargo, sería mucho mejor que sus Señorías estuvieran aquí. No obstante, lo que se está diciendo no cae en saco roto, por supuesto: se está oyendo fuera de esta sala. 
Me complace que el programa de trabajo de la Comisión recoja una referencia al Plan D para la democracia, el diálogo y el debate. 
Ese no es el tema principal de nuestro debate ahora. Debemos recordar que este programa de trabajo es muy importante, pero que se produce en un contexto más amplio, el de un profundo debate sobre a dónde se dirige nuestra Unión Europea, cuál va a ser su futuro. 
Nos hallamos en un periodo de reflexión –y en un periodo de reflexión sobre la Constitución– que no ha comenzado sobre el papel, sino en el contexto. 
Este programa de trabajo forma parte de ese contexto más amplio. 
El futuro de nuestro modelo socioeconómico con la cumbre especial de Hampton Court es parte de ese contexto. 
La necesidad de encontrar en diciembre ese crucial pacto que estamos próximos a alcanzar en Luxemburgo sobre el presupuesto a medio plazo forma parte de ese contexto. 
Si podemos conseguir un contexto adecuado, incluido el programa de trabajo, podremos volver y analizar el texto de la Constitución dentro de uno o dos años y ver cuál es la mejor forma de avanzar en ese ámbito. 
Permítanme abordar brevemente otro punto: legislar mejor. 
Sin embargo, en el contexto en el que esos antieuropeos de mi país y otros retratan a la Unión Europea como una enorme máquina de burocracia que escupe reglamentos, nos corresponde a todos señalar que, cuando la hacemos bien, la legislación europea es un ejercicio de recorte del papeleo, reducción de las cargas para las empresas, establecimiento de un único conjunto de normas para el mercado común, una patente, un registro de marcas, un formulario que rellenar, una tasa que pagar en lugar de 25. 
Una adecuada legislación europea reduce la burocracia y el papeleo. 
En este debate hay que mencionar también ese punto. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores Comisarios, el debate de hoy demuestra que se ha instaurado una verdadera cultura del diálogo entre la Comisión y el Parlamento. 
Por lo que respecta a la programación, que, lejos de ser un ejercicio burocrático o estadístico, es un elemento político esencial –y me congratulo por ello como presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión–, doy las gracias a la señora Wallström por sus múltiples comparecencias ante nuestra Conferencia, así como a los Comisarios que han debatido bilateralmente con las respectivas comisiones parlamentarias a lo largo de todo el procedimiento. 
Por supuesto, todavía son necesarias algunas mejoras, incluso en el Parlamento, por lo que respecta a nuestra asistencia en esta Cámara. 
Sin prejuzgar el análisis del programa de trabajo al que procederán los Grupos políticos con vistas a la adopción de una propuesta de resolución en el periodo parcial de sesiones de diciembre, creo poder afirmar que en esta programación se encuentran en buena medida las prioridades expresadas por las comisiones parlamentarias en los principales capítulos del programa, es decir la prioridad, la solidaridad, la seguridad y la responsabilidad exterior. 
En contrapartida, surgen dos puntos de desacuerdo en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia en materia de derechos humanos. 
Algunas propuestas no han sido recogidas por la Comisión. 
No obstante, lo importante es que el Parlamento, como colegislador, haya sido informado con plena transparencia de las razones por las cuales la Comisión, en el ejercicio de su derecho de iniciativa, no ha dado curso a sus deseos. 
Unas palabras también sobre el objetivo de la Agenda de Lisboa: en materia de empleo y de competitividad, de cohesión y de investigación, necesitamos un presupuesto y unas perspectivas financieras. 
Por último, la programación es solo uno de los capítulos de una agenda más amplia titulada «legislar mejor» y, en este sentido, concedemos una gran importancia a la transposición y la simplificación de la legislación europea. 
Es necesaria una solución válida en materia de comitología, y quisiera insistir en la necesidad de incluir, el año próximo, en el programa legislativo y de trabajo, las medidas de simplificación, así como las propuestas de retirada, a fin de conferir más visibilidad y también más transparencia a este ejercicio. 
Celebro el compromiso contraído por la señora Wallström en este sentido en nuestra última reunión del 13 de octubre, y estoy convencido de que todas las comisiones parlamentarias velarán activamente por la aplicación de este programa. 
Señor Presidente, el programa de la Comisión supone un intento de evaluar la situación de Europa y de la Unión Europea y de identificar las amenazas que nos acechan. 
Por eso, propongo que examinemos lo que las propuestas de la Comisión tienen de nuevo y original. 
Se refieren al logro de la prosperidad mediante el conocimiento, de la solidaridad mediante el trabajo y de la seguridad mediante la restricción de las libertades civiles y la aplicación de la ley. 
Me pregunto si este es un plan de acción adecuado para una institución que es la guardiana de los Tratados, y si de verdad son esas sus prioridades, o más bien una serie de promesas y sueños que esperan ustedes que se cumplan solos. 
Ahora quisiera ir al grano y examinar las propuestas de la Comisión relativas al Tratado Constitucional. 
En la descripción del programa, la Comisión lamenta que la Constitución no vaya a ser ratificada en un futuro próximo. 
Continúa diciendo que pretende participar activamente en los debates nacionales y apoyarlos. 
Señor Barroso, esa postura deja mucho que desear. 
No basta decir que uno lo lamenta y esperar después a que los debates nacionales aporten una solución. 
La Comisión debe dar impulso. 
El segundo asunto que quiero comentar es el de «legislar mejor». 
Todos queremos una legislación mejor, más eficaz y también más fácil de entender para los ciudadanos, pero tengo mis dudas de si esto es lo que la Comisión está de hecho en condiciones de lograr. 
Por ejemplo, es evidente que retirar sesenta y ocho propuestas legislativas no hará mejor ni más comprensible el resto de la legislación impulsada por la Comisión. Tampoco la acercará a los ciudadanos. 
Eso no es lo que significa la simplificación de la legislación. 
Mi último comentario es que, a mi juicio, la intención declarada por la Comisión de establecer una «nueva estructura» responsable de legislar mejor tiene resonancias ominosas, pues supondría reemplazar el sistema actual, en que se juzgan las propuestas por su contenido, por un procedimiento formal. 
Tengo la impresión de que la Comisión está actuando de acuerdo con la ley de Parkinson y siguiendo el principio de que cada vez que hay dudas sobre la forma de proceder, se crea una nueva institución. 
Señor Barroso, esperamos menos palabras grandilocuentes, menos promesas y más medidas valientes y eficaces. 
No solo lo esperamos los diputados a esta Cámara, sino los ciudadanos de la Unión Europea. 
– Señor Presidente, el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2006 apunta en la dirección correcta en lo que respecta a las responsabilidades sociales, el derecho laboral y el empleo. 
Esto es indudable en el caso de las iniciativas relativas a la jornada laboral, la deslocalización y las personas desfavorecidas por diversas razones, y también en el caso de las iniciativas en materia de salud y seguridad en el trabajo. 
Sin embargo, al mismo tiempo debemos ver que los ciudadanos, los protagonistas de la vida económica, se oponen a los procedimientos excesivamente burocráticos. 
Por eso debemos asegurar que se ayude a las pequeñas y medianas empresas de la forma más eficaz posible: simplificando el entorno legislativo de las PYME en la Unión Europea y haciéndolo más transparente. 
Me ha complacido oír al Presidente de la Comisión, el señor Barroso, comprometerse sin rodeos a crear un mercado unificado de servicios. 
Creo que es necesario tanto para la competitividad y el éxito como para la creación de empleo. 
Asimismo, deseo añadir que la Comisión tendrá un papel muy especial que desempeñar cuando, en el curso del año, evalúe las experiencias en materia de libre circulación de los trabajadores. 
Confiamos en que no se limite a presentar un análisis objetivo, sino que actúe como un verdadero motor y catalizador asegurando que se levanten las restricciones transitorias lo antes posible. 
Este es un paso importante para la consumación del mercado único y permitirá la creación de muchos nuevos puestos de trabajo. 
Por eso tenemos fe en que la Comisión progrese al mismo tiempo en el ámbito de la competitividad y en la creación de un mercado interior que garantice el crecimiento, y también en el desarrollo de un entorno legislativo en la esfera social basado en valores europeos. 
Esos son los retos fundamentales. 
Necesitamos una política equilibrada en esos terrenos para asegurar que no perdamos el tren de 2012 que conecta con Lisboa. 
– Señor Presidente, el programa de trabajo para 2006 supone una gran oportunidad para las instituciones europeas. 
Nos brinda la ocasión de mostrar a la sociedad que la hemos entendido, que hemos comprendido que los resultados negativos de los referendos de Francia y los Países Bajos tienen que ver con el hábito europeo de regulación excesiva y de negar a los ciudadanos su derecho a tomar decisiones como adultos; que hemos entendido que todo lo que debe hacer Europa es establecer el marco de condiciones y que no debe obsesionarse con detalles y con interferir en las competencias y responsabilidades de los Estados miembros. 
Acojo con satisfacción la promesa de la Comisión de legislar mejor en 2006. 
Agradezco las referencias que hace en la introducción al programa de trabajo hace a la mejora de la legislación, a la subsidiariedad y a las evaluaciones de eficiencia e impacto. 
Realmente, veo buenas señales en el programa de trabajo, sobre todo en los campos del crecimiento y la política de seguridad, pero la impresión general que tengo es, por desgracia, más la de «aquí no ha pasado nada» que la de «legislar mejor». 
El primero es el relativo a las perspectivas financieras. 
Lamento que la Comisión no participe activamente en la resolución de este conflicto. 
Lamento la ausencia de propuestas sobre cómo mantener, aun con menos recursos, una política estructural efectiva, quizá con la cofinanciación del sector privado o mediante tipos de interés subvencionados. 
En segundo lugar están las directivas sobre la protección del medio ambiente y el ahorro de energía. 
Solo sobre eficiencia energética hay más de una docena de instrumentos legislativos europeos. 
Lo que hay que hacer es eliminar tres directivas antiguas por cada una nueva proyectada, pero no se hace nada en este sentido. 
En tercer lugar, ¿por qué reclama Europa más y más competencias en asuntos sociales? 
¿Necesitamos de verdad un Libro Verde europeo sobre los derechos de las parejas casadas y no casadas, como el que está previsto? 
Con eso haremos el ridículo desde Lituania hasta Grecia. 
Pese a todas las ideas positivas que contiene, debo decir, muy a mi pesar, que el programa de trabajo no da la impresión general de que hayamos entendido las señales que han enviado los ciudadanos de Europa. 
Pido un debate más profundo sobre la legitimidad de la legislación europea y que empecemos a hacer de la regulación excesiva una cuestión del pasado. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estamos aquí para discutir el programa de trabajo con que debemos afrontar el año 2006. 
En primer lugar quiero decir –y me dirijo no solo a la Comisión, sino también a mis colegas del Parlamento– que legislar menos y mejor, objetivo que nosotros mismos nos hemos propuesto, también es algo que debemos tomarnos en serio en nuestras exigencias a la Comisión sobre lo que ha de presentar en materia de mercado interior y eficiencia. 
No debemos contrariar una y otra vez nuestras propias exigencias llamando al legislador europeo cada vez que creamos que hace falta algo; tengamos algo más de disciplina. 
En lo que respecta al objetivo de legislar mejor, aunque las primeras acciones emprendidas por la Comisión son muy positivas y constituyen un primer paso en la dirección adecuada, rogaríamos que fuera más coherente en sus futuras acciones y que estableciera una referencia comparativa para la transposición en los países conocidos por su práctica de «chapado en oro» , al objeto de que quede patente quién está transponiendo efectiva y correctamente la legislación europea y qué países están imponiendo cargas adicionales. 
Tengo otra petición que formular a la Comisión: en respuesta al informe Basilea II, pusimos a los «Amigos de la Presidencia» a trabajar en comitología y establecer acuerdos con la Comisión, el Consejo y el propio Parlamento sobre los derechos de este último. 
Esta labor está empezando. 
La futura legislación tendrá, en lo que respecta a la comitología, cláusulas esenciales que le permitan expirar, especialmente en el área de los servicios financieros. 
A este respecto quiero pedir a la Comisión –ya que el Comisario McCreevy ha hecho alguna labor preparatoria– que nos ayude a llegar a un acuerdo para hacer más manejable la comitología entre el Parlamento y el Consejo. 
El Consejo está en una posición en que no siempre se muestra precisamente cooperativo. 
. Señor Presidente, primero haré unas observaciones de tipo general y después intentaré responder a las preguntas concretas que me han formulado. 
En primer lugar, celebro, como ha dicho el señor Daul, en su calidad de presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, la buena cooperación que se ha instaurado entre la Comisión por un lado y, por otro, el Parlamento y sus distintas comisiones durante la elaboración de este programa de trabajo. 
Es importante porque nos hemos esforzado por responder a no pocas de sus expectativas. 
Hay que reconocer, como ha dicho un diputado a este Parlamento, que esto ha desembocado en 96 medidas concretas. 
Ustedes pensaban que eran demasiadas, pero escuchando a todos esta mañana parece que algunos de ustedes habrían querido todavía más. 
A este respecto, tenemos que ser honestos. 
Debemos llegar a un equilibrio, y ese equilibrio significa que, fijando unas prioridades claras –y tenemos unas prioridades claras para la Estrategia de Lisboa renovada– hay que responder al carácter muy variado de las expectativas que se expresan aquí, cuando debatimos con ustedes. 
He pedido a la Comisión en su conjunto, así como a todos los Comisarios, que sean serios, realistas y objetivos en el marco de la elaboración de este programa. 
Quiero una tasa de ejecución mucho más alta que en el pasado, y estoy orgulloso de poder decirles que este año ya vamos a presentar tasas de ejecución mucho más altas que las anteriores con respecto a la labor de la Comisión. 
Nos hemos concentrado en determinados objetivos que realmente queremos realizar. 
Por supuesto, nuestro programa general se escalona a lo largo de cinco años. 
Vamos a presentar ahora el programa para el año 2006. 
No todo se completará en 2006. 
Lo que les pido es que analicen nuestro trabajo en términos de objetivos realistas y concretos. 
Por otra parte, quiero darles las gracias por la muy favorable acogida general que han reservado a nuestra iniciativa «legislar mejor». 
Se trata de una preocupación, como acaba de decirse, que no se limita a la Comisión, sino que deben compartir todas las instituciones, incluido el Parlamento. 
Paso ahora a las cuestiones concretas, Señorías. 
Por lo que se refiere a la estrategia de desarrollo sostenible, señor Jonckheer, quiero decirle que no es mi hijo pobre, sino todo lo contrario. 
Cuando expuse en Gleneagles a nuestros socios estadounidenses y a otros, en nombre de la Comisión Europea, la importancia del cambio climático como gran prioridad, no me refería en absoluto a un hijo pobre. 
Cuando anunciamos una nueva estrategia de desarrollo sostenible, que presentaremos en diciembre, demostramos también nuestro interés por esta problemática. 
Cuando adoptamos, como acabamos de hacer, un conjunto de estrategias temáticas para el medio ambiente, demostramos una vez más nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente. 
Por tanto, vamos a hacerlo. 
Vamos a hacerlo intentando, por supuesto, como ya he dicho, hacer compatibles nuestros distintos objetivos, de forma que se refuercen unos a otros. 
Señor Swoboda, usted ha planteado, entre otras, dos preguntas: una sobre la armonización fiscal y otra sobre el Instituto Europeo de Tecnología. 
Por lo que respecta a la armonización fiscal, debemos respetar obviamente el consenso existente entre los Estados miembros: es decir, trabajar por la elaboración de una base imponible común. 
Por esta razón, nos esforzamos por llegar a un acuerdo sobre una base común para los impuestos en Europa. 
Estamos convencidos de que esto permitirá reducir de forma significativa los costes de las empresas y las inversiones en nuestros países, y al mismo tiempo cada Estado miembro conservará la libertad de fijar el tipo del impuesto de sociedades. 
Esta es la posición de la Comisión Europea. 
Por lo que se refiere a la investigación, creemos que hay que reforzar los centros de excelencia para la investigación en todas partes en la Unión. 
Pensamos que las universidades europeas deben estar en primera línea mundial en materia de investigación, educación e innovación. 
Debemos trabajar para hacer más atractivo nuestro medio universitario, de forma que los mejores de todo el mundo se dirijan a Europa, en vez de ir a los Estados Unidos, como sucede hoy. 
Podemos tener centros de excelencia universitaria en Europa. 
Por esta razón, debemos implantar un mecanismo de cooperación más estrecha entre las universidades europeas, a fin de explotar al máximo el potencial de conocimiento existente en Europa. 
Por esta razón, los esfuerzos encaminados a la creación de un Instituto Europeo de Tecnología constituyen un elemento importante de nuestra estrategia para el crecimiento y el empleo. 
En cuanto a las preguntas que ha formulado en relación con la ampliación, señora Grossetête, respetamos los compromisos que los Estados miembros, el Consejo Europeo, han contraído por unanimidad. 
Dicho esto, quiero que el Parlamento sepa que la Comisión será rigurosa y sistemática al evaluar los progresos realizados por todos los países candidatos. 
En cuanto a la política sobre la población y la familia, fuimos nosotros los que inscribimos este tema en el orden del día de la Cumbre de Hampton Court y ahora tenemos un mandato claro del Consejo Europeo para aportar nuestra contribución a esta reflexión, o mejor, medidas concretas, que pensamos anunciar. 
Por tanto, actuaremos también en este ámbito. 
Pasando a las preocupaciones expresadas por varios de ustedes, en particular el señor Crowley, en relación con la agricultura y las negociaciones multilaterales, puedo garantizarles que Europa no aceptará verse reducida a una posición defensiva en este terreno. 
Pensamos que no debemos seguir oyendo las lecciones, en materia de apertura de los mercados, de los mismos que mantienen unos mercados mucho más cerrados que el nuestro, que es uno de los mercados más abiertos al mundo, sino el que más. 
Estaremos allí para defender claramente el interés de Europa. 
Los derechos de los niños han sido también un asunto problemático sobre el que ha llamado nuestra atención el señor Crowley. 
El Vicepresidente Frattini está preparando propuestas –que se debatirán en la Comisión en breve– para una comunicación que esperamos presentar en marzo de 2006. 
Es cierto que el fundamento jurídico para legislar en esta materia no está muy claro, pero creemos que no debemos renunciar a tratar de conseguir una mejor coordinación entre la Unión Europea y los Estados miembros en materia de los derechos de los niños. 
Pueden estar seguros de nuestro compromiso con los derechos de los niños y con todos los temas relativos a los derechos civiles, incluidos los aspectos relativos a la no discriminación que han mencionado. 
Quisiera comentar las palabras del señor Rasmussen. 
Estamos de acuerdo en que necesitamos ambos elementos: reforma económica e inversión. 
De hecho, estamos empezando a hacer eso, y Hampton Court fue el primer paso importante en esa dirección. 
Los Estados miembros decidieron allí, al más alto nivel, que debemos escoger algunos ámbitos específicos de inversión y un enfoque coordinado a escala comunitaria, tratando de combinar la escala comunitaria con la de los Estados miembros, por ejemplo en el ámbito de la energía y la investigación. 
Ahora tenemos algunos ámbitos en los que podemos mostrar un fuerte compromiso y un enfoque coordinado sobre el gobierno económico en Europa. 
Estamos de acuerdo en eso. 
La dificultad, señor Rasmussen y estimados colegas, reside en gran medida en que nos hallamos en el último año de las perspectivas financieras para este periodo. 
Ahora resulta imposible reorganizar todas las prioridades para este año. 
En lo que respecta a nuestro análisis de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros, lo que estamos haciendo ahora y –se lo prometo– lo que vamos a hacer está dentro del marco de la nueva Estrategia de Lisboa; estamos intentando avanzar basándonos no solo en un enfoque que refuerza nuestros esfuerzos en términos de reforma económica y estructural, sino también en un enfoque más común e integrado en materia de inversión, de forma que podamos impulsar el crecimiento y el empleo en Europa. 
Quiero destacarlo porque es un buen ejemplo de un enfoque a escala comunitaria que aporta valor añadido a los esfuerzos de los Estados miembros. 
Esta idea de asociación entre los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento es el fundamento en el que queremos seguir basándonos para trabajar con ustedes a fin de conseguir un proyecto de Unión Europea renovado, más fuerte y más comprometido. 
– El Parlamento da las gracias al Presidente de la Comisión y a todos los Comisarios, que como he dicho están presentes al completo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el 14 de diciembre de 2005. 
– Señor Presidente, estoy consternada. 
Acabo de venir por la pasarela desde el edificio Winston Churchill y he visto allí una exposición que asocia la interrupción del embarazo con los campos de concentración. 
Me parece increíble que una cosa así vuelva a permitirse en el Parlamento Europeo. 
Aun si esta exposición ha sido autorizada, solicito que se suspenda de inmediato. 
En ella hay fotografías que insultan a todas las mujeres y exijo que se retiren ahora mismo. 
Gracias, señora Gröner. 
Le garantizo que en la medida en que sea competencia de la Mesa, transmitiremos de inmediato esta comunicación a la oficina de los Cuestores para comprobar ante todo si esta exposición estaba oficialmente autorizada y determinar si, dado su contenido, reúne las condiciones para pedir su inmediata suspensión. 
Señor Presidente, ruego a la Cámara que me permita llamar su atención sobre los últimos y lamentables acontecimientos en el caso de las enfermeras búlgaras encarceladas en Libia. 
Esta mañana, el Tribunal Supremo libio retrasó una decisión sobre el caso hasta enero de 2006. 
Como seguramente sabrán mis colegas, se trata de un caso dramático. 
Las enfermeras llevan más de seis años detenidas y más de un año condenadas a muerte. 
Es muy lamentable que este caso se esté alargando así. 
Por lo tanto, solicito al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo que esté en su mano para ejercer presión e influir sobre las autoridades libias con el fin de que este caso concluya de forma satisfactoria y se garantice la liberación de las enfermeras búlgaras, y por supuesto también del médico palestino. 
Aceptamos la propuesta de acuerdo con el Reglamento. 
Dado que lo que el señor Van Orden ha expuesto a esta Cámara es algo que afecta a todos los Grupos por igual, deseo darle mi pleno respaldo y pedir no solo a la Comisión, sino también al Presidente de esta Cámara, que actúen de forma inmediata para conseguir que estas enfermeras y el médico palestino sean liberados de una vez. 
– Señor Presidente, abundando en lo que ha dicho la señora Gröner, solicito a la Mesa que no ejerza ningún tipo de censura y que nos dé la oportunidad de ver esa exposición –que no conozco– para que mañana podamos decidir al respecto por mayoría, como es costumbre en democracia. 
Por lo que respecta a la última intervención, garantizo al señor Posselt que la Mesa no desea ejercer en absoluto ninguna forma de censura. 
Solamente tenemos el deber de comprobar, a través de los Cuestores, si se han respetado efectivamente las prácticas y el procedimiento de autorización, y después, por lo que respecta al contenido, las formas y las imágenes, si la iniciativa y la exposición son conformes con las normas del Parlamento y las prácticas que seguimos en cada una de las ocasiones como esta. 
Estoy seguro de que los Cuestores llevarán a cabo esta comprobación sin convertirse en censores. 
. – Señor Presidente, Señorías, es mi deber informar a la Cámara de que se ha alcanzado un acuerdo con el Consejo en virtud del cual, si este texto fuera adoptado en la versión actual, podría aprobarse ya en primer lectura. 
No obstante, pido a la Comisión que tenga en cuenta, en su labor en torno a otros reglamentos, algunas enmiendas presentadas por diputados del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y que, por razones jurídicas, no hemos podido incluir en esta fase. 
Se trata de enmiendas relativas a las asignaciones por nacimiento y adopción y, por tanto, a la posibilidad de introducir estas coberturas sociales en la Unión y favorecer la movilidad de los trabajadores. 
Pido, pues, que estos aspectos, sobre los cuales existía ya una visión común, se incluyan en los próximos reglamentos. 
. – Señor Presidente, es un honor especial presentarles este informe. 
Se trata de un informe de propia iniciativa y, además, de un informe muy justificado a la vista de que las poblaciones de anguilas en Europa se han reducido un 95 %. 
Aun sin una Constitución europea, en la Comisión de Pesca queremos asegurar que una propuesta de propia iniciativa como esta se traduzca en una directiva. 
Agradezco a la Comisión que haya respondido con prontitud. 
De momento se ha presentado una nueva directiva basada en este informe, lo que demuestra que la Comisión de Pesca tendrá la oportunidad de elaborar una política decisiva para la pesca europea y de garantizar la estabilidad de las poblaciones de anguila, la restricción de las exportaciones de anguila común a Asia Central y que la aplicación de medidas de control para que los Estados miembros puedan hacer frente por fin a este problema. 
Señor Presidente, deseo hacer una enmienda oral de una palabra, que tiene el apoyo del ponente y con un poco de suerte de otros partidos y espero que no sea controvertida. 
Se refiere a la responsabilidad social de las empresas. 
La enmienda actual dice: «Apoya los esfuerzos de la Comisión para sensibilizar a las multinacionales en cuanto a su responsabilidad social, que no han dado sino escasos frutos hasta la fecha». 
La enmienda oral propone cambiar la palabra «escasos» por «limitados» , de tal forma que quedaría: ‘... que no han dado sino limitados frutos hasta la fecha». 
Con esto concluye el Turno de votaciones. 
. 
Dada la gran importancia del mercado del vino para Portugal, tanto los políticos como las partes directamente implicadas deben dar a este asunto la importancia que se merece. 
He votado a favor de esta propuesta, visto que los agricultores portugueses no han formulado ninguna objeción de fondo y que cuenta con un gran respaldo. 
. Señor Presidente, Señorías, las modificaciones de carácter técnico que el informe Daul propone introducir en el reglamento relativo a la organización común del mercado vitivinícola pretenden desarrollar las prácticas de tratamiento del vino. 
Por tanto, a mi juicio, las enmiendas parecen apuntar, como a mí me gustaría, a una mayor ampliación de la oferta europea de productos en este sector. 
Además, a la luz de la obligación ineludible de proteger al consumidor, ahora que los fraudes y las falsificaciones alimentarias están proliferando a pesar del empeño de las instituciones y de los organismos de control competentes. 
También debemos salvaguardar la competitividad de los productos europeos, que solo podrán mantenerse en el mercado internacional superando el desafío de la calidad. 
Así las cosas, es crucial garantizar un mejor control del proceso productivo y de las sucesivas fases de almacenamiento de los productos. 
Apruebo asimismo las excepciones propuestas para la producción de vinos espumosos, porque no solo favorecen al mercado vinícola italiano, sino también a la cultura y la tradición rural, que no me cansaré de defender con ahínco. 
Por último, considero que la propuesta de ampliación de las menciones en el etiquetado de los productos es muy útil. 
Por tanto, la he apoyado y he pedido también al Grupo de los No Inscritos que lo apoyen el excelente informe del señor Daul. 
Hemos votado en contra de los tres informes Daul. 
Es cierto que introducen pocas modificaciones en la normativa actual. 
Sin embargo, queremos resaltar nuestra oposición de principio a toda organización común de los mercados de simientes, lúpulo y vino. 
Toda la Política Agrícola Común es un engendro absurdo y debe ser abolida. 
. Apoyo el informe de la señora Berès por el que se modifica el Acuerdo de creación del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) , permitiendo al banco financiar operaciones en Mongolia. 
En mayo de este año tuve la ocasión de visitar Mongolia por primera vez, en calidad de participante en el Comité Asia-Pacífico de la Internacional Socialista, que tuvo lugar en Ulan Bator. 
Desde la caída del comunismo, en Mongolia, como en muchos otros países de Asia Central, se ha establecido una sólida democracia en la que el poder político ha pasado de manos de un partido a manos de otro de forma pacífica en varias ocasiones. 
Mongolia es un país pobre en el que las recientes sequías han provocado enormes problemas. 
Necesita urgentemente ayuda con el ambicioso programa de desarrollo del actual Gobierno. 
La votación de hoy contribuirá a ese proceso y yo apoyo plenamente y espero que los fondos lleguen a Mongolia. 
. 
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Atenas en 2004 fueron los primeros que tuvieron lugar en un Estado miembro de la UE integrado en el espacio de Schengen, sin controles en las fronteras interiores. 
El Reglamento 1295/2003 se aprobó con el fin de simplificar los procedimientos de solicitud y emisión de visados Schengen para miembros de la familia olímpica que participaran en los Juegos de Atenas. 
En la práctica se trataba de que pudieran entrar en el territorio del Estado organizador de los Juegos sin necesidad de someterse a otros procedimientos y formalidades, y para que dispusieran de una tarjeta de identidad y acreditación, además del pasaporte u otro documento oficial de viaje. 
El informe sobre su aplicación en Grecia concluyó que el sistema de derogación había sido un éxito y que constituía un proceso flexible y eficaz que no comprometía la seguridad exigida en el espacio de Schengen. 
Por eso apoyo esta propuesta, que opta por un sistema casi idéntico, aunque esta vez por el procedimiento de codecisión, con algunos cambios que pretenden adaptarlo a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Turín. 
. El ajuste de los requisitos de visado para los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, de forma que Grecia pudiera cumplir tanto los requisitos de Schengen como sus obligaciones de respeto de la Carta Olímpica, fue un gran éxito. 
Me alegro mucho de que esta propuesta conceda las mismas condiciones a los atletas que participen en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de 2006. 
. 
Hemos votado a favor de este informe, que mejora la propuesta de la Comisión de actualizar los Reglamentos 1408/71 y 574/72 teniendo en cuenta los cambios habidos en la legislación nacional en materia de seguridad social, sobre todo los introducidos por los nuevos Estados miembros tras las negociaciones de adhesión. 
También pretende actualizar la lista de disposiciones de los acuerdos de seguridad social que siguen aplicándose y no serán derogadas por el Reglamento 1408/71, y propone modificaciones técnicas. 
En términos generales, las propuestas que se acaban de aprobar mejoran la legislación actual, garantizan la certeza jurídica hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento y contribuyen a mejorar la protección de los trabajadores que opten por la movilidad dentro de la UE. 
. Apoyo este informe que, aunque de carácter técnico, llama la atención sobre las circunstancias que limitan el derecho fundamental a la libre circulación del que se supone que disfrutan los ciudadanos de la UE. 
Aunque no estoy a favor de que la UE tenga competencias sobre las disposiciones de Seguridad Social, creo que es preciso hacer más para facilitar la transferibilidad de determinados derechos. 
Por ejemplo, a las personas con discapacidad se les niega en la práctica su derecho a la libre circulación –por ejemplo, a buscar un empleo–, porque el nivel de apoyo que reciben puede no estar disponible en otro lugar. 
Ese es uno de los muchos asuntos que deben abordarse. 
El propósito de la reforma del Reglamento 1408/71/CEE es llevar a cabo una actualización anual para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de la UE y sus condiciones de trabajo. Yo he votado a favor. 
Pero no debemos olvidar las reformas sustanciales que siguen siendo urgentemente necesarias. 
Por ejemplo, es contrario al espíritu del Reglamento que se imponga a las empresas alemanas una intolerable carga burocrática para abonar a Polonia las cotizaciones a la seguridad social por un total del 47,85 % (el 20,64 % de cuota patronal y el 27,27 % de cuota del trabajador) del salario de los trabajadores temporeros polacos cuando, según el derecho alemán, antes de la adhesión de Polonia a la UE los trabajadores no tenían que pagar tales cotizaciones por su trabajo. 
Para las empresas que los han contratado, el resultado ha sido un dramático incremento de los costes, que pueden poner en peligro la continuidad del negocio y que las empresas no pueden compensar con incrementos de precios. 
A su vez, los trabajadores temporeros no estarán dispuestos a seguir trabajando por unos salarios netos ahora mermados en un 27 %. 
La consecuencia es una caída de la contratación y un efecto económico negativo en el desarrollo de los nuevos Estados miembros. 
La experiencia ha demostrado que la demanda de trabajo estacional no se puede satisfacer en el mercado alemán de trabajo, por lo que los ciudadanos salen perdiendo por todos los costados. 
Una simplificación tan urgentemente necesaria podría conseguirse, con ayuda de la Comisión, bien directamente por medio de acuerdos bilaterales, bien eliminando totalmente ese tradicional trabajo estacional, como el de ayuda a la cosecha, del ámbito de aplicación del Reglamento 1408/71 o de su sucesor, el Reglamento 883/2004/CE, incluido el reglamento de aplicación aún por aprobar. 
. Aunque este informe es, en su mayor parte, un ajuste técnico, no debe subestimarse su importancia para conseguir una libre circulación de personas real en el mercado interior. 
El informe ayudará a simplificar las normas sobre regímenes de seguridad social en toda la UE. 
Su finalidad es también completar la simplificación de procedimientos para la recepción de atención médica en el extranjero extendiendo algunas de esas modificaciones a procedimientos idénticos en materia de prestaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales. 
. 
Como muy bien apunta la exposición de motivos de este informe, «el Reglamento desempeña un papel importante, haciendo realidad una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea, a saber, la libre circulación de los ciudadanos europeos. 
Efectivamente, la posibilidad de vivir, de trabajar y de circular libremente en la UE –gracias a unas barreras financieras o administrativas lo más reducidas posible– constituye una ventaja tangible que la pertenencia a la UE confiere a sus ciudadanos». 
Esto es exactamente lo que pasa. 
Las posibilidades inherentes a la protección social que se presta a los ciudadanos de los Estados miembros de la UE han sido un factor clave en la promoción de una auténtica libertad de movimientos. 
No estamos hablando de los modelos de seguridad social ni de las normativas que rigen los distintos sistemas, sino de adaptar y actualizar lo que haga falta en la normativa actual. He votado a favor porque esta adaptación es coherente con los objetivos y principios de dicha normativa. 
. He votado a favor del informe Maat, aunque me siento algo decepcionado porque el informe no llega suficientemente lejos. 
En el Bosque de Dean, zona a la que represento, hace 40 años la población local pescaba abundantes angulas, que se vendían en la calle para su consumo en el desayuno tradicional, acompañadas de beicon y huevos. 
Más recientemente, aunque las poblaciones se han reducido, la demanda, procedente sobre todo del Lejano Oriente, de los Estados bálticos y del resto de Europa, ha eliminado del menú local las angulas, que han comenzado a exportarse a criaderos de anguilas. 
No es probable que eso cambie, pero se puede ayudar a una industria que, aunque de reducido tamaño, es importante. 
Parece que los principales problemas son: primero, la falta de información científica sobre el ciclo vital de las angulas –ni siquiera estamos seguros de dónde están sus lugares de cría, aunque se sospecha que principalmente se encuentran en el Mar de los Sargazos; segundo, el aumento de los niveles de contaminación y las barreras que impiden que las anguilas accedan a los arroyos, ríos y acequias en los que se propagan y crecen. 
Las poblaciones de angulas crecen y se reducen aunque la tendencia general es descendente. 
No está claro qué funciona mejor. Lo que hace falta es más investigación. 
Espero que este informe consiga que la Unión Europea comience por fin a hacer lo que pueda por ayudar. 
. 
En los últimos años, las poblaciones de anguilas en Europa han disminuido drásticamente. 
Dado el complejo proceso de reproducción de las anguilas europeas, es fundamental tomar medidas que permitan revertir la tendencia cada vez más evidente a la extinción de esta especie. 
Junto con una serie de medidas urgentes, también hay que aprobar una serie de acciones a medio y largo plazo a fin de garantizar que las poblaciones de anguilas se recuperen y sean gestionadas convenientemente. 
Este informe presenta un conjunto de propuestas en ese sentido que merecen mi apoyo incondicional. 
. 
Nos parece positiva la existencia de un plan de acción comunitario que apoye la recuperación de la anguila en la forma en que se ha propuesto. El plan tiene en cuenta la necesidad de medidas socioeconómicas destinadas a los pescadores y a la financiación comunitaria de las medidas –nótese, con una rúbrica presupuestaria propia–, la necesidad de datos fiables sobre el estado de los recursos pesqueros, así como la investigación de otras causas de reducción de las poblaciones, como pueda ser la contaminación. 
Son medidas que, como hemos venido proponiendo, deberían ser transpuestas para el conjunto de los programas de recuperación, lo que incomprensiblemente ha sido rechazado por la mayoría del Parlamento Europeo. 
En cuanto a los planes de gestión nacional de cada Estado miembro, sin embargo, quisiéramos resaltar tres aspectos: 
-la naturaleza cautelar de estos planes, dada la falta de conocimientos científicos sobre los recursos de anguila realmente existentes y la distribución espacial de sus sucesivas generaciones; 
-la necesidad de integrar medidas concretas para combatir los obstáculos físicos que perjudiquen o limiten la migración de las anguilas en los cursos de agua; 
-la necesidad de intensificar la investigación científica y de recoger datos sobre la pesca, la acuicultura y las exportaciones. 
. Este informe describe el dramático descenso de las poblaciones de anguilas europeas. 
No parece que ese descenso se deba a un exceso de pesca, sino a factores medioambientales. 
Está claro que es importante conocer la causa exacta, ya sean los PCB, el calentamiento global o enfermedades de los peces. 
Necesitamos esa información, no solo para poder tomar medidas a fin de proteger a las poblaciones de anguilas, sino también debido a los problemas ambientales más generales que esto puede revelar. 
. – Con el pretexto de proteger las anguilas europeas y garantizar su legítima migración hacia el mar, tras el descenso de su población, el 1 de octubre de 2003 la Comisión Europea presentó un plan de gestión de las anguilas pardas y plateadas. 
Para Francia, por ejemplo, se trata de 399 toneladas de pesca, en comparación con las 2 064 toneladas de Egipto. 
Pero hay también anguilas de criadero en los Países Bajos, con una producción de 3 800 toneladas. 
Y se comprende que Jan Maat, que es neerlandés, se interese por el tema y elabore un informe. 
Pero como los criaderos neerlandeses viven de los alevines o angulas capturados en las albuferas litorales del Mediterráneo, estamos preocupados con razón. 
Los pescadores de Languedoc-Roussillon, por ejemplo en Palavas o en Pérols, se preocupan al ver que se atacan sus prácticas tradicionales y respetuosas del futuro de las poblaciones. 
Quieren pescar anguilas adultas y no angulas, cuya población ha registrado una remontada gracias a la prohibición de su captura desde hace 10 años. 
Las propuestas burocráticas en materia de control, restricciones, encuadramiento, declaraciones y prohibición de la pesca amenazan la supervivencia de estos pescadores tradicionales. 
Estoy, por tanto, en contra de este informe, para salvar este oficio de hombres libres. 
. 
El asunto en cuestión es de vital importancia para Portugal y para las comunidades pesqueras portuguesas, y comparto las preocupaciones expresadas por el ponente. 
Entre otros puntos de igual importancia, creo que hay motivos suficientes para apoyar la presentación de propuestas sobre formas de compensación socioeconómica a los perjudicados por la limitación de la pesca y de la exportación de la anguila europea. 
– Señor Presidente, pido dar una explicación de voto oral sobre el informe Gargani. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal de Casación francés, que hace más que nunca honor a su nombre, ha cometido lo que solo puede calificarse de abuso de autoridad. 
En efecto, la sentencia dictada por su presidente, el señor Cotte, por la ponente, la señora Caron, y por los consejeros, los señores Le Gall, Pelletier y Corneloup y las señoras Ponroy y Koering-Joulin, ignora de forma grave y deliberada el artículo 26 de la Constitución francesa sobre las inmunidades parlamentarias al negarse a conceder la protección de dicha inmunidad en el asunto de las escuchas telefónicas ilegalmente efectuadas contra la persona de nuestro antiguo colega diputado, el señor Marchiani. 
Evidentemente, no me pronunciaré sobre el fondo del asunto. 
Al actuar de ese modo, dichos magistrados violaron grave y deliberadamente el Protocolo de 8 de abril de 1965 y el acto de 20 de septiembre de 1976, tratados internacionales que, conforme al artículo 55 de la Constitución francesa, tienen una autoridad superior a las leyes, incluso internas. 
Esta descarada manifestación de desprecio del Derecho por los jueces debe ser condenada como tal y esperamos que la resolución unánime del señor Gargani y de la Comisión de Asuntos Jurídicos por contribuya a ello. 
– Señor Presidente, si es posible, quisiera dar una explicación oral de mi voto sobre el informe Brejc. 
Fuimos nosotros quienes sentamos las condiciones políticas que permitieron la mundialización, con nuestro continuo desmantelamiento de barreras comerciales, combinado con el avance de las tecnologías de la comunicación y la reducción de los costes del transporte. 
De todas las mercancías trasportadas en el mundo, un tercio corresponde al tráfico generado entre las distintas instalaciones de las mismas empresas. 
Hemos sido celosos en el empleo de fondos comunitarios para fomentar su transporte por Europa, con efectos negativos para el medio ambiente y peligro para quienes habitan junto a las rutas de transporte; así hemos perjudicado culpablemente a las pequeñas y medianas empresas, que son las verdaderas creadoras de trabajo en Europa. 
También considero rebatible el hecho de que la Comisión cree un fondo de mundialización a la vez que pretende recortar las ayudas a los agricultores, afectados a su vez por el impacto negativo de la mundialización. 
Esta seguirá teniéndonos a su merced mientras nuestros programas de ayudas sigan derrochando grandes cantidades de dinero, favoreciendo el desplazamiento de los puestos de trabajo a otros lugares, permitiendo la impunidad de los tramposos y dando la espalda a las verdaderas causas. 
Por ese motivo he votado en contra del informe Brejc. 
– Señor Presidente, el informe Brejc es un nuevo ejemplo de documento utópico que emana de esta institución, en que se buscan todas las respuestas en nuevas normas internacionales dentro de nuevas instituciones internacionales. 
Así, no podemos por menos que preguntarnos si no tenemos ya suficientes instituciones y quién va a seguir pagándolas. 
Además, en la práctica observo que este año mantendremos negociaciones con un país islámico en que son habituales el trabajo infantil y la discriminación de la mujer. 
Creo que sería mejor que nos centráramos en esto en vez de pronunciar palabras huecas acerca de la dimensión social de la mundialización. 
Si hemos de hablar de esto, deberíamos mencionar a China, ese país tan amigo nuestro, ese país que visitan tan a menudo instituciones parlamentarias de todos los países europeos. 
Ese país pertenece a la Organización Mundial del Comercio, pero conculca todas las normas sociales básicas sin que nadie se lo impida. 
Es mentira que podamos transformar la dimensión social de la mundialización mientras nos neguemos a hacer nada con China. 
Eso es muy poco probable que ocurra. 
He votado en contra del informe Brejc por las mismas razones que han destacado algunos de mis colegas. 
No parece que esta Cámara se lea sus propios documentos. 
La Política Agrícola Común se ha reformado radicalmente y la votación de esta mañana básicamente da por cierta la falacia de que si redujéramos todas las subvenciones comunitarias a la agricultura los pobres del continente africano serían más ricos. 
Nada más lejos de la verdad, así que he votado en contra de este informe. 
Los Conservadores suecos hemos votado hoy en contra del informe sobre la dimensión social de la mundialización porque su concepción básica de esta es errónea. 
La mundialización es un proceso continuo de cambio que contribuye a la consecución de la libertad y de la prosperidad para cada vez más personas. 
Fomenta las condiciones necesarias para el crecimiento económico mediante el libre comercio, la creciente inversión internacional y el intercambio de conocimientos. 
Junto con el desarrollo democrático, se crean oportunidades para que los países en desarrollo salgan de la pobreza. 
La UE es un buen ejemplo de mundialización, que abarca la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. 
Las dictaduras ven el poder transformador de la mundialización como una amenaza para sus propias sociedades cerradas. 
Los Conservadores somos partidarios de la mundialización y de su papel catalizador de la democracia. 
. 
Lamentablemente, la mayoría del Parlamento ha rechazado nuestras principales propuestas, que habrían mejorado un informe poco coherente y profundamente insatisfactorio sobre un tema tan importante como la dimensión social de la mundialización. 
Han sido rechazadas nuestras propuestas de cambio en la actual política neoliberal económica y monetaria en el terreno del comercio internacional, y de combatir la especulación financiera en los mercados mundiales de capitales en defensa de la promoción de las inversiones y de la creación de riqueza en la economía real. 
También ha sido rechazada nuestra propuesta de condenar la revisión a medio plazo de la Estrategia de Lisboa y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que han sido instrumentos internos de la UE dirigidos a la liberalización y privatización de los servicios de utilidad pública, a la flexibilidad y adaptabilidad de los mercados de trabajo, a la moderación salarial y a la abertura de la mayor parte de la seguridad social a las entidades privadas, incluidas las pensiones y la salud. 
Sin embargo, la propuesta que insistía en la necesidad de una agenda política que apueste por el desarrollo de ciudades centradas en la inclusión y la cohesión, lo que presupone medidas a favor de un desarrollo sostenible y del respeto a los derechos de los trabajadores, ha sido parcialmente aprobada. 
De ahí nuestra abstención en la votación final. 
La resolución sobre la «dimensión social de la mundialización» contiene propuestas que, en muchos casos, conducirían a un mayor poder de la UE. 
Nos oponemos a esta costumbre centralizadora de la UE, llevada a cabo sin un adecuado análisis ni justificación. 
Una política común de la UE sobre la «dimensión social de la mundialización» no es posible, porque los países de la UE son muy diferentes entre sí. 
Esto es especialmente cierto, por ejemplo, en la presión fiscal y en la protección social. 
En vez de vernos forzados a llevar a cabo una política impuesta desde arriba, los países de la UE deberían aprender unos de otros mediante la competencia internacional. 
Las reformas deben contar con respaldo popular en cada país. 
Creemos también que los países menos desarrollados aún deben mantener su derecho a regular sus importaciones de productos agrarios. 
Por todos estos motivos, hemos decidido votar en contra de la resolución en la votación final. 
Sin embargo, apoyamos las enmiendas encaminadas a una reforma radical de la Política Agrícola Común y a la abolición de los subsidios a la exportación. 
También apoyamos la propuesta de que la UE abra su mercado a las mercancías de países menos desarrollados. 
. He votado a favor de la posición de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que había sido mejorada por varias enmiendas en comisión. 
Hoy he apoyado también las enmiendas cuya finalidad era declarar obligatoria la presentación de informes sociales y ambientales y he apoyado el tipo de reforma de la PAC que «hará que la pobreza pase a la historia». 
. –La delegación del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) ha creído que debía votar en contra del informe modificado Brejc relativo a la dimensión social de la mundialización. 
Una enmienda aprobada, presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, urge a la Comisión y al Consejo a que promuevan una agenda de política social en el plano europeo. 
El VVD considera que la política social es algo que corresponde a cada Estado miembro. 
El referendo sobre el Tratado Constitucional en los Países Bajos fue una prueba más de que no se desea la interferencia de Bruselas. 
Asimismo, ha sido aprobada una enmienda del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en que se hace una proclama a favor de que la UE promueva un empresariado socialmente responsable. 
El VVD está convencido de que esto puede hacerlo mucho más eficazmente el mercado, y que la actuación de la UE en este campo es totalmente innecesaria y, por ende, improcedente. 
. 
Quiero felicitar al señor Brejc por su acertado informe sobre la comunicación de la Comisión titulada «La dimensión social de la mundialización. Aportación de la políticas de la UE para hacer los beneficios extensibles a todos». 
En el informe aboga por la idea de que el modelo comunitario siempre ha incidido en la fuerte dimensión social de la integración económica, tal como refleja la Agenda de Lisboa, y que, en consecuencia, determinadas buenas prácticas del modelo social europeo deberían ser exportadas a otras partes del mundo. 
Está de acuerdo en que la UE puede hacer una contribución válida, con sus políticas interiores y exteriores, configurando el proceso de mundialización y haciéndolo más justo para todos. 
. Acojo con agrado este informe sobre la dimensión social de la mundialización, que es la respuesta inicial del Parlamento al informe de la Comisión mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. 
Es importante que las personas desfavorecidas por la mundialización reciban ayuda para adaptarse a las nuevas circunstancias. 
Eso es así tanto en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, como en el de los países y ciudadanos de todo el mundo. 
Por eso me alegra ver que este informe recomienda una serie de medidas de política interior y exterior. 
. 
Hay dos posturas posibles ante el fenómeno de la mundialización. 
Una consiste en pensar que se trata de una realidad evitable (y no deseada) , que si los obreros del siglo XIX hubieran protestado más eficazmente no habría habido industrialización (y que eso habría sido positivo) y que las innovaciones tecnológicas son un mal en sí mismas. 
La otra, más realista, conocedora de la historia y consciente de las responsabilidades de cada generación, consiste en aprovechar las oportunidades que nos trae la mundialización. 
Esta no es en sí ni buena ni mala: es una realidad que puede aprovecharse positiva o perjudicialmente. 
En las sociedades libres y democráticas como la nuestra, en que prevalece la libertad económica, se dan las condiciones para que la mundialización sea una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo mundial, y no solo tenemos la oportunidad, sino también el deber. 
Este es el espíritu con que debe entenderse la mundialización. 
. Señor Presidente, este informe es una nueva prueba demencial de la tan vanidosa como dañina y vacua pretensión de este Parlamento de ignorar y distanciarse de la sensibilidad popular de los ciudadanos europeos a los que pretende representar. 
En vez de «dimensión social de la mundialización» debería leerse «defensa de la dimensión criminal de la mundialización». 
En vez de votar «no» , quizás habría tenido que abandonar la Cámara simplemente. 
. Apoyo el principio de que es preciso reformar la Política Agrícola Común, y de que, en consonancia con los objetivos de la campaña «Hagamos que la pobreza pase a la historia» , que apoyo firmemente, no debemos exportar nuestras propias políticas deficientes al resto del mundo. 
Por supuesto, también debemos proteger el bienestar de los agricultores europeos y la seguridad del abastecimiento de alimentos de Europa, aunque eso es compatible con una Política Agrícola Común más sensata; la situación actual es insostenible. 
. Apoyo plenamente este informe. 
La mundialización tiene consecuencias positivas y negativas. 
No podemos olvidar a los 20 millones de desempleados que hay actualmente en la Unión Europea, ni tampoco que uno de cada cinco niños de la Unión vive en el umbral de la pobreza. 
En esta Cámara tenemos la obligación de abordar esos problemas. 
Creo que el señor Wojciechowski desea intervenir por alusiones personales. 
– Señor Presidente, estoy totalmente indignado por un incidente que se ha producido en relación con la exposición. 
Me siento profundamente ofendido por los comentarios de ambos diputados, y en concreto por los de la señora Gomes, que nos han llamado «nazis» y «fascistas» a mí y al señor Chruszcz. 
Una cosa así no debería estar tolerada ni permitida en esta Cámara. 
Mi familia fue asesinada por los nazis en mi país y me opongo a que se profieran tales comentarios dirigidos a mi persona. 
Entiendo el punto de vista de la señora Gomes, pero he de insistir en que comentarios de este tipo no deberían verterse en el Parlamento, ya sean dirigidos contra mí o contra cualquier otro diputado. 
Eso es especialmente pertinente en situaciones como la exposición. 
Verdaderamente no deberían suceder cosas como esas. 
Gracias, señor Wojciechowski, ha hecho usted uso del artículo 122 y sus consideraciones quedarán reflejadas en acta. 
El siguiente punto es el debate conjunto sobre 
-el Informe de Guido Sacconi, en nombre de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) , por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y se modifican la Directiva 1999/45/CE y el Reglamento (CE) nº... /... [sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes] (COM (2003) 0644- C5-0530/2003- 2003/0256 (COD) ) (A6-0315/2005) , y 
-el Informe de Guido Sacconi, en nombre de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo para adaptarla al Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (COM (2003) 0644- C5-0531/2003- 2003/0257 (COD) ) (A 6-0285/2005). 
. Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar este debate felicitando a todas las comisiones, y a sus numerosos miembros, que han participado en las discusiones sobre REACH, que es una de las propuestas más ambiciosas que jamás ha aprobado la Comisión. 
Las comisiones y sus miembros han tenido que solventar una enorme carga de trabajo para analizar sus detalles y elaborar las enmiendas a fin de mejorarla. 
Estoy especialmente agradecido al señor Sacconi que, en calidad de ponente de la comisión competente y defensor incondicional de las mejoras de la protección de la salud y del medio ambiente, se ha mostrado receptivo a la posibilidad de un compromiso. 
También quiero dar las gracias al señor Nassauer, ponente de opinión de la Comisión de Mercado Interior y defensor de la competitividad y la innovación como objetivos de la política, que se ha mostrado igualmente abierto a un compromiso razonable, y a la señora Ek, ponente de opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, que se ha mostrado igualmente activa a la hora de avanzar las objeciones de la industria, aunque sin perder de vista la importancia vital de proteger la salud y el medio ambiente. 
En esta misma Cámara, este proyecto legislativo ha comportado enormes esfuerzos de organización y la propia Comisión ha tenido dificultades para responder a más de 1 000 enmiendas y llegar a un acuerdo. 
Podremos explicar en detalle nuestra posición respecto del paquete de compromiso presentado por el señor Sacconi y el señor Nassauer, así como responder puntualmente a las enmiendas que se presentaron con mucha antelación a la fecha límite, pero les pido que comprendan que la Comisión no va a poder estudiar en su totalidad las enmiendas presentadas justo antes de la fecha límite y, por esta razón, no podré comunicarles por ahora la posición de la Comisión respecto de ellas. 
Sin embargo, postergaremos lo menos posible la exposición de nuestra posición acerca de aquellas enmiendas que obtengan un respaldo mayoritario en la votación. 
Me centraré ahora en las cuestiones fundamentales a que hacen referencia las enmiendas. 
La Comisión apoya los compromisos propuestos por el señor Sacconi y el señor Nassauer sobre el registro y el intercambio de información. 
Opinamos que establecen un buen equilibrio entre las demandas de la competitividad de nuestra industria, por un lado, y los avances en la protección de la salud y el medio ambiente, por otro. 
Por lo que respecta al intercambio de información, quiero señalar que cualquier sistema de este tipo tiene que ofrecer los mayores incentivos posibles, aunque habrá situaciones en las que –por razones de costes, entre otras– no sea interesante para las empresas cooperar y en las que el intercambio de información podría ser contraproducente para sus intereses esenciales. 
Por eso agradezco que se haya concebido un sistema para las condiciones aplicables al intercambio de datos con objeto de minimizar las molestias para las empresas y la Agencia. 
Yo diría que tras las enmiendas relativas al ámbito de aplicación del Reglamento existe una motivación triple. 
Una tiene que ver con la clarificación de la esencia del mismo. 
Una segunda está relacionada con la creación de una excepción para una serie de sustancias diferentes que no se consideran que presentan riesgo alguno, y una tercera tiene que ver con la idea de suprimir la duplicación de disposiciones. 
La Comisión acepta las aclaraciones sobre las excepciones del ámbito de aplicación del Reglamento, sobre todo en cuanto a residuos, alimentos, biocidas y pesticidas. 
También aceptamos la aclaración a efectos de que REACH no pueda alterar o eludir las disposiciones de la Directiva sobre productos cosméticos para evitar los experimentos con animales. 
Aceptamos la necesidad de unos requisitos relativos a que ciertas sustancias específicas –esto es, minerales, menas, concentrados de minerales y sustancias que se forman en la naturaleza– sean descritas con mayor claridad. 
Volviendo a los requisitos que se desea imponer a los denominados usuarios posteriores, la Comisión está a favor de introducir un umbral de una tonelada al año cuando dichos usuarios estén obligados a presentar un informe de seguridad química por cuenta propia. 
Esto es necesario si no se quiere que se encuentren en desventaja respecto de sus propios proveedores, así como para que el sistema resulte más compatible con sus necesidades. 
Es sabido que varias comisiones están realizando arduos esfuerzos por mejorar el papel de la Agencia en la evaluación de los riesgos. 
La Comisión admite que dicho planteamiento tiene sus ventajas de cara a una aplicación más igualitaria y coherente de las disposiciones del Reglamento, aunque hemos de ser muy prudentes en cuanto a la forma tangible que se le dé. 
El hecho cierto es que solo existe una reserva limitada de conocimientos técnicos, gran parte de los cuales se hallan en los Estados miembros, bien en las autoridades competentes, bien en sus instituciones científicas. 
Es crucial hacer el mejor uso posible de dichos recursos por el bien de todos. 
El procedimiento de autorización es uno de los aspectos más importantes de todo el Reglamento REACH, si no, de hecho, su piedra angular. 
Por una parte queremos encontrar una forma eficaz de proporcionar a las empresas un incentivo para emplear alternativas viables a sustancias de muy alto riesgo, pero por otra no queremos crear un sistema que coloque a los fabricantes de sustancias químicas dentro de la UE en desventaja competitiva. 
Esto afecta a un gran número de empresas de alta tecnología, y la ventaja innovadora de las sustancias químicas resulta crucial para que puedan seguir compitiendo con las de los Estados Unidos, China y otros países asiáticos. 
Hemos de cuidar asimismo de no sobrecargar en exceso y con escaso efecto a la Agencia o a la Comisión. 
El elemento de riesgo tiene que seguir siendo clave en el procedimiento de autorización si deseamos seguir controlándolo de manera adecuada. 
Las empresas tendrán que poder demostrar que lo están logrando. 
Podemos aceptar un procedimiento en el que la Agencia publique información sobre su propio programa de trabajo de cara a la autorización, es decir, sobre su selección de sustancias químicas cuya autorización propondrá a la Comisión dentro de un plazo previsible. 
Eso es positivo para la industria, por cuanto va a dar a las empresas mayor confianza a la hora de planificar el futuro. 
Podemos aceptar igualmente la idea de agregar una nueva cláusula de revisión de la autorización de sustancias por parte de la Agencia en casos determinados. 
La discusión sobre sustancias contenidas en los productos, a las que hace referencia el artículo 6, resulta difícil, no porque sea en forma alguna controvertida desde el punto de vista político, sino por los hechos objetivos, ya que implica, por una parte, crear idénticas condiciones competitivas para los fabricantes y los importadores de los productos y, por otra, afrontar los problemas que surjan a través de la importación de productos cuyos componentes químicos no tengan que cumplir las mismas condiciones que los productos fabricados a partir de sustancias químicas registradas. 
Entre ellos se encuentran muchos componentes que la industria europea transforma en productos terminados. 
En última instancia resulta inevitable el cumplimiento de las reglas de la OMC que exigen una reglamentación sobre la base del riesgo. 
Por este motivo la Comisión está a favor de aquellas propuestas que sean factibles y se ajusten a los requisitos de la OMC. 
La Comisión considera válidas las disposiciones aplicables a las sustancias que se prevén sean liberadas por los productos. 
Las demás sustancias contenidas en los productos exigirán la creación de un sistema que resulte fácil de usar para las empresas y cuya finalidad primordial sea la identificación de los riesgos. 
Pasando a la confidencialidad de los datos, hay una serie de enmiendas que plantean la ampliación de la lista de elementos de información que deberían considerarse, siempre y por principio, confidenciales. 
Otras pretenden acortar esta lista y facilitar la publicación de más información en Internet. 
La Comisión opina que a la postre su propuesta de compromiso establece el equilibrio correcto. 
Nuestro objetivo debería consistir en garantizar el acceso a la información verdaderamente necesaria para proteger la salud pública y el medio ambiente. 
Con el transcurso del tiempo, la Agencia tendrá un papel importante que desempeñar en materia de comunicación, así como de información de los consumidores, aun cuando no sea este el objetivo concreto del Reglamento REACH. 
Por otro lado, no debemos caer en la ingenuidad. 
Tanto Europa como las empresas atesoran amplios conocimientos y experiencias en el uso de las sustancias químicas, conocimientos que desde luego tendrían un enorme valor para los competidores de fuera de Europa. 
Dentro de Europa hemos de garantizar que la posición competitiva de las diferentes empresas no se vea debilitada. 
Por consiguiente, no podemos excluir la posibilidad de tener que introducir una serie de enmiendas en el texto a fin de alinear la ejecución práctica de REACH con las disposiciones de la Convención de Aarhus. 
Estoy pensando concretamente en los apretados plazos exigidos para las decisiones sobre recursos. 
Las enmiendas abordan otros muchos asuntos particulares. 
Aunque el tiempo no permite mencionarlos todos, quisiera llamar su atención sobre las enmiendas relativas a la Agencia, que abarcan una multitud de asuntos referentes a su mandato, la forma en que las comisiones trabajan juntas en su seno, la composición del Consejo de Administración y la designación de su Director Ejecutivo. 
La opinión de la Comisión acerca de estas enmiendas tiene su fundamento en un enfoque programático. 
Estamos abiertos las propuestas encaminadas a potenciar la eficiencia de la Agencia y las trataremos de forma constructiva, pero hemos de evitar asignarle cargas adicionales. 
Cuanto mayor sea el número de tareas que esperemos que lleve a cabo, tanto mayor será el riesgo de que no tenga un éxito inicial. 
Permítanme señalar a la autoridad presupuestaria que el hecho de que encomendemos a la Agencia tareas adicionales tiene que ir, por supuesto, acompañado del correspondiente aumento de sus recursos financieros. 
La Comisión espera, por tanto, que el paquete de compromiso presentado por el señor Sacconi y el señor Nassauer merezca la aprobación del Parlamento. 
Creemos que este paquete puede contribuir a fomentar un apoyo amplio a un elemento legislativo que es de los más problemáticos, complejos y, desde luego, controvertidos en la historia de la Unión Europea. 
Desde el inicio de los debates sobre REACH, la Comisión siempre ha considerado que le correspondía el papel de ayudar a encontrar una solución racional y pragmática que instituyera el equilibrio correcto entre las exigencias de la economía y los objetivos asociados a la salud y el medio ambiente, y creemos que estas propuestas de compromiso logran reforzar, en vez de debilitar –y permítanme dejar esto perfectamente claro– la propuesta original de la Comisión. 
Creemos que este paquete de compromiso hace que esta propuesta resulte más operativa, más eficaz y también más económica; una manera mejor, de hecho, de lograr los objetivos ambientales y de salud. 
Por esta razón la respuesta de la reunión de hoy de la Comisión ha sido tan positiva y confío en que anime también al Consejo a aprobar la totalidad del paquete antes de que termine el año. 
Las propuestas a las que la Comisión ha dado una respuesta tan favorable son sólidas en comparación con las presentadas anteriormente por la Presidencia del Consejo del Reino Unido, así que creo que tenemos una oportunidad extraordinaria de dar por finalizado con éxito este paquete legislativo tan arduo antes de fin de año. 
. Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al Parlamento Europeo, que ha trabajado muy intensamente en esta propuesta en primera lectura. 
Deseo felicitar en concreto al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a la propia comisión y, por supuesto, al ponente, el señor Sacconi, cuyos esfuerzos incansables y siempre constructivos han supuesto una contribución decisiva a la promoción de esta propuesta. 
También doy las gracias a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y a la Comisión de Industria, Investigación y Energía y a sus ponentes, el señor Nassauer y la señora Ek, por sus constructivas propuestas. 
Todos han trabajado juntos, han presentado propuestas y han logrado este compromiso que presentan sobre uno de los elementos principales del sistema REACH: el registro. 
REACH es una iniciativa legislativa muy importante para mejorar la protección del medio ambiente y la salud humana y, cuando se aplique, aumentará notablemente el conocimiento que poseemos sobre las sustancias químicas, aumentará su seguridad y reforzará la confianza de los consumidores en los productos químicos con que están en contacto. 
Además, proporcionará un empujón a la innovación y alentará la sustitución de productos por otros más seguros. 
Me siento especialmente satisfecho por la circunstancia de que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan ultimado sus posiciones con respecto a la propuesta. 
De esta forma, las dos instituciones comunitarias han conciliado sus opiniones y ahora cuentan con enfoques similares a muchas preguntas relativas a temas de REACH. 
El paquete de compromiso sobre la cuestión del registro propuesto por el señor Sacconi y el señor Nassauer y refrendado por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Europeos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa representa un progreso válido en uno de los capítulos más complejos del expediente REACH. 
El paquete de compromiso constituye una propuesta equilibrada. 
Al centrar la propuesta en las sustancias que presentan el nivel de riesgo más alto, este compromiso mejora la funcionalidad de la propuesta REACH, sobre todo en lo concerniente a las sustancias producidas o utilizadas en pequeñas cantidades. 
Al mismo tiempo, garantiza un alto grado de protección ambiental, al exigir más información allí donde el riesgo es mayor. 
A pesar del hecho de que el enfoque de las sustancias producidas o utilizadas en pequeñas cantidades difiere de la propuesta de la Comisión, constituye una mejora significativa de la protección de la salud y del medio ambiente en comparación con la situación actual. 
La Comisión apoya este paquete en el marco de los esfuerzos por encontrar un compromiso. 
Este paquete de compromiso apunta en la misma dirección que los debates celebrados en el Consejo. 
Análogamente, presenta muchos puntos en común con la propuesta de compromiso presentada por la Presidencia británica el 28 de octubre, que ha sido ampliamente aceptada en el Comité de Representantes Permanentes el pasado viernes. 
La Comisión respalda plenamente el objetivo de la Presidencia británica de conseguir un acuerdo político antes de final de año y de hacer todo lo posible en este sentido y realizar una contribución positiva a dicho objetivo. 
Existen múltiples aspectos importantes en la iniciativa REACH pero, debido a la falta de tiempo, voy a referirme tan solo a dos de ellos: el ámbito de aplicación de la propuesta y las disposiciones sobre la autorización. 
El ámbito de aplicación de la propuesta es bastante complicado, sobre todo debido al elevado número de textos jurídicos comunitarios sobre productos específicos que contienen sustancias químicas. 
La Comisión está en condiciones de aceptar varias de las enmiendas propuestas por el Parlamento, tales como la exención del registro. 
Sin embargo, no podemos aceptar una serie de otras enmiendas que crearían un vacío en la aplicación de la legislación. 
Por lo que respecta a la autorización y la sustitución, constato con satisfacción que los diputados al Parlamento han propuesto un gran número de valiosas enmiendas que fijan límites de tiempo a la autorización y aumentan la presión en favor de la sustitución, reforzando así la protección de la salud humana y el medio ambiente. 
La Comisión está de acuerdo con la necesidad de autorizar sustancias que causan un grado de inquietud similar, desde el punto de vista del riesgo, que las sustancias más peligrosas a que se alude en la propuesta de la Comisión: sustancias carcinógenas, mutágenas, persistentes, bioacumulables, muy persistentes y muy bioacumulables. 
También estamos de acuerdo en fijar un límite de tiempo para las autorizaciones, pero este límite será decidido caso a caso por parte de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 
Al mismo tiempo, consideramos que esta disposición, junto con el artículo 52, tal como ha sido modificado por la Presidencia británica, tendrá un efecto positivo sobre la sustitución, ya que se ejercerá presión sobre las empresas para incrementar sus esfuerzos por encontrar sustancias de sustitución y sustancias más seguras. 
Para terminar, agradezco una vez más a todos los diputados al Parlamento Europeo que han trabajado con tanto denuedo a lo largo de los últimos nueve meses para hacer progresar la propuesta REACH. 
De esta forma, el Parlamento Europeo está haciendo una contribución decisiva a la mejora del nivel de protección de la salud y del medio ambiente en Europa, al tiempo que mantiene la competitividad de la industria europea. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a sus Señorías por su trabajo en relación con el Reglamento REACH y, concretamente, deseo dar las gracias a las comisiones competentes y a sus miembros. 
Es un honor que me hayan invitado a hablar aquí en nombre de la Presidencia británica. 
En primer lugar, quisiera destacar que el Reglamento REACH es un documento muy importante para la Presidencia británica. 
Este documento legislativo es una oportunidad única para conseguir una protección adecuada de las personas y del medio ambiente, y al mismo tiempo es viable y mantiene la competitividad de la industria europea. 
Todos queremos alcanzar una buena solución sobre el Reglamento REACH, una que al mismo tiempo mejore la protección de la salud pública y el medio ambiente y mantenga la competitividad de la industria. 
Ese objetivo solo puede conseguirse con la colaboración de todos los Estados miembros, del Parlamento Europeo y de las partes interesadas. 
REACH tendrá un papel principal en el Consejo de Competitividad del 29 de noviembre, en el que tenemos previsto celebrar un debate político serio y sustancial, así que sus opiniones serán importantes para alimentar ese debate. 
Reconocemos que estamos muy cerca de un pacto y seguimos teniendo la intención de llegar a acuerdos políticos antes del final de la Presidencia británica. 
Me alegra mucho el compromiso mostrado por el Parlamento Europeo para proceder a su primera lectura esta semana. 
Nos satisface el trabajo realizado por los ponentes para alcanzar un compromiso equilibrado y viable sobre el principal aspecto del Reglamento REACH, que es el registro. 
Los principales elementos de este compromiso, firmado por los tres principales Grupos políticos, están muy próximos a las ideas en las que está trabajando el Consejo. 
Por lo tanto, la aprobación de un dictamen del Parlamento Europeo en esa línea debería allanar el camino para una pronta aprobación del Reglamento REACH, que sería una buena noticia para el medio ambiente y para la industria, ya que pondría fin a la incertidumbre, y de hecho sería una buena noticia para todos. 
Por fin tendríamos un sistema más eficaz para gestionar los riesgos que presentan los productos químicos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. 
El texto de compromiso de la Presidencia pretende ser un estudio equilibrado de las opiniones expresadas por los Estados miembros en los debates que han tenido lugar hasta ahora. 
Reconoce las preocupaciones de la industria y les da respuesta. 
Mantiene los objetivos de REACH en el ámbito de la protección de la salud humana y del medio ambiente. 
Esperamos asumir las contribuciones del Parlamento Europeo una vez que hayan finalizado sus deliberaciones. 
Espero hacer una aportación a ese debate explicando la orientación que va a tomar la Presidencia. 
Permítanme empezar por el principio, con el registro. 
El reto para todos nosotros es llegar a un acuerdo sobre un paquete de registro que recoja la información necesaria para evaluar los riesgos. 
Al mismo tiempo, debe ser proporcional. 
Debemos evitar obligar a las empresas a facilitar datos sin una justificación clara. 
Todos compartimos las mismas preocupaciones y deseamos garantizar que REACH no perjudique a las pequeñas empresas. 
Entre nuestras propuestas compartidas en materia de registro figuran las siguientes: primero, contar con una única fase de registro previo para simplificar el procedimiento; segunda, exigir que los datos se compartan mediante un sistema de «una sustancia, un registro». 
Esto permitiría ahorrar hasta 600 millones de euros. 
También hemos introducido la flexibilidad al proponer criterios claros para que las empresas puedan excluirse de la obligación de presentar un paquete de información conjunto. 
La idea de que compartir los datos de los experimentos con animales debe ser obligatorio cuenta con una aceptación generalizada. 
Sin embargo, para simplificar el sistema, se ha estipulado que compartir los datos de pruebas que no impliquen a animales solo será obligatorio si así lo solicita un solicitante de registro potencial. 
Como al Parlamento, al Consejo le preocupa la incidencia del Reglamento en las pequeñas empresas. 
Para reducir esa incidencia, se ha presentado una propuesta de requisitos de información específicos para sustancias de volúmenes reducidos. 
Por debajo de las diez toneladas solo será preciso facilitar información completa sobre una sustancia si cumple unos criterios sencillos que la identifican como una sustancia de alto riesgo. 
Con este enfoque no se facilitará tanta información sobre las sustancias como en la propuesta original de la Comisión, pero eso nos permite aplicar un enfoque simplificado basado en el riesgo a las 20 000 sustancias de volumen reducido y centrarnos en las que nos preocupan más. 
Con el fin de reducir la carga que este Reglamento supone para las empresas, y sobre todo para las pequeñas, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos proporcionará herramientas para facilitar la presentación de datos. 
Hemos reducido el coste del registro en el intervalo de tonelaje superior 10-100 suprimiendo una prueba muy cara de los requisitos de información. 
Esto ha dado lugar a un ahorro próximo a los 80 millones de euros. 
Además, se ha reforzado la capacidad de eximir a las empresas de determinadas pruebas previstas en el anexo VI con el fin de reducir al mínimo el volumen de pruebas en los intervalos de mayor tonelaje. 
Deseo recalcar que esto puede hacerse sin dejar de obtener la información necesaria sobre los peligros y riesgos de las sustancias. 
Paso ahora a la evaluación. 
En este paso, se comprueba que el registro cumpla los requisitos o se remite para un nuevo estudio. 
El texto de compromiso da a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, con sede en Finlandia, un papel más importante en esta fase de REACH. 
Queremos garantizar que la evaluación se lleve a cabo de una forma más eficaz y coherente en toda la Unión Europea y que la Agencia disponga de las herramientas y de los recursos necesarios para conseguir que sea así. 
Tampoco en este tema creo que la posición del Consejo esté muy alejada de la del Parlamento. 
Los informes de las comisiones parlamentarias que han emitido una opinión han adoptado un enfoque similar. 
Una parte clave de la propuesta es, por supuesto, la fase de autorización. 
El Reglamento REACH exige que cualquier sustancia de alto riesgo sea prohibida salvo que se presenten argumentos sólidos a favor de su autorización que justifiquen su uso continuado. 
En el Consejo hemos aclarado el alcance y hemos reforzado las disposiciones de autorización para impulsar más la sustitución. 
La propuesta de compromiso conserva la posibilidad de una primera autorización basada únicamente en un control suficiente, es decir, permitiendo que una empresa siga usando una sustancia peligrosa si demuestra que los riesgos están controlados. 
Pero –y es un gran «pero» – es preciso definir de forma estricta el concepto de control suficiente. 
En nuestra propuesta se define de una forma más estricta. 
También de una forma más clara. 
Me parece bien que todas las decisiones se tomen caso por caso. 
Por lo tanto, se ha introducido una enmienda en nuestra propuesta para exigir que todas las autorizaciones estén sujetas a revisión. 
Eso permitirá estudiar de nuevo si existen alternativas disponibles en el futuro. 
Además, nuestra propuesta continúa fomentando la sustitución mediante la exigencia de la presentación de un análisis de posibles alternativas. 
Espero con interés la opinión del Parlamento. 
Si no he conseguido convencerles de la vital importancia que tiene para todos los ciudadanos de Europa conseguir un pronto acuerdo sobre el Reglamento REACH, he fracasado. 
Espero haber conseguido que se hagan una idea de los debates que se están produciendo en el Consejo. 
Por nuestra parte, seguiremos trabajando en nuestra función de Presidencia para hacer todo lo posible por conseguir que este año se llegue a un acuerdo. 
We believe we can. 
We look forward to receiving the contribution of the European Parliament. 
Permítanme repetir que estamos ante una oportunidad única. 
No la desperdiciemos. 
. – Señor Presidente, Señorías, al escuchar las intervenciones de los dos Comisarios y de Lord Bach, en representación de la Presidencia británica, he estado pensando en todo el camino que hemos tenido que recorrer para llegar a este punto. 
Usted mismo ha escuchado hasta qué punto se han acercado ya las posiciones de las tres instituciones y creo que puedo decir que en ningún aspecto de principio, sobre temas como el registro, la autorización y otros que se han citado, existen divergencias significativas. 
Es difícil sintetizar este largo camino en pocos minutos, aunque disponga del tiempo de uso de la palabra más largo que se me haya concedido desde que formo parte de este Parlamento. 
Por tanto, dedicaré solo unas pocas palabras a dos conceptos clave: equilibrio y responsabilidad. 
Son palabras que me han venido a la mente este fin de semana, que me pasé casi íntegro haciendo una especie de examen de conciencia. 
Debido entre otras cosas a los ataques que sufrí la semana pasada por el compromiso que firmé, me pregunté sinceramente si se había tomado la decisión justa y se había alcanzado en efecto un equilibrio. Y, en toda conciencia, quiero responder de modo afirmativo. 
No solo hemos salvaguardado, sino que también hemos reforzado el equilibrio entre esos dos aspectos esenciales en que tenemos tanto interés todos nosotros, es decir, la protección de la salud y del medio ambiente, por un lado, y la competitividad del sistema industrial europeo, por otro. 
Es más fácil encontrar este equilibrio cuando se aprueba una resolución política, porque se trabaja solo con palabras. 
Encontrar un equilibrio en un reglamento de tal alcance, cuando están en juego tantos intereses, a menudo contrapuestos, es algo más difícil. 
En ese caso hay que tener en cuenta también datos técnicos de notable peso e importancia. 
Desde este punto de vista tengo la conciencia tranquila. 
Por lo que respecta a la salud humana y el medio ambiente –y me limitaré a citar únicamente algún aspecto de mejora de la propuesta de la Comisión que me importa especialmente–, anticipamos el registro de las sustancias bioacumulativas persistentes. 
También introducimos el informe de seguridad química –por supuesto, si el Parlamento aprueba esta opción– incluso para los tonelajes más bajos, aunque solo sea para las sustancias más peligrosas. 
Si el jueves el Parlamento convalida las posiciones asumidas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, definiremos un mecanismo de autorización para la sustitución de las sustancias más peligrosas, muy similar al que hace un rato ha mencionado la Presidencia británica. 
Estoy especialmente orgulloso de esto. 
Por lo que respecta a las empresas, citaré solo las cosas más importantes que se han hecho. 
Manteniendo la carga de la prueba, hemos flexibilizado los mecanismos de registro para los pequeños tonelajes y hemos introducido algo importantísimo para las pequeñas empresas, que es la puesta en común de los datos, que deviene obligatoria, aunque sea con determinados mecanismos de exclusión voluntaria. 
Quisiera recordar además que, junto con el señor Nassauer, en el último minuto hemos prolongado el período previsto para la protección de los datos y para la investigación y desarrollo. 
Creo que son todos hechos concretos que apuntan en una dirección muy precisa. 
A este respecto, señor Nassauer, permítame decir que, durante mi fin de semana de reflexión y examen de conciencia, me afectó un poco que, después del compromiso que firmamos juntos, hubiera usted considerado oportuno presentar también su antiguo bloque de enmiendas. 
A este respecto declaro que si lamentablemente no se aprueba nuestro compromiso, apoyaré desde luego el otro bloque (número 2). 
A este respecto soy optimista. 
Quisiera pasar ahora al segundo concepto clave: la responsabilidad, a la que añadiría la palabra autonomía. 
Hemos sufrido muchas presiones, si bien legítimas, de intereses que de algún modo debemos representar, buscando el mejor equilibrio posible entre ellos que sea aceptable para una mayoría del Parlamento Europeo. 
Nos hemos acercado a este objetivo y, al mismo tiempo, también se han aproximado mucho las posiciones de las distintas instituciones, en especial las de los dos órganos legislativos, es decir, el Consejo y el Parlamento. 
Creo que ahora la pelota está en el tejado del Parlamento, por así decirlo. 
Somos conscientes del hecho de que, en este momento, muchos aspectos de la integración europea que experimentan dificultades. 
Sin embargo, hoy, en un tema tan importante, el Parlamento Europeo puede transmitir un mensaje claro y contundente a los ciudadanos, a las empresas y a los sindicatos con respecto a su capacidad de decidir y encontrar un equilibrio que sea, por definición, el más representativo posible de todos los intereses en juego. 
Señor Presidente, mi trabajo acaba aquí. 
Naturalmente tendré que prestar atención a la lista de votación en las próximas horas, pero digamos que el grueso de mi trabajo ha concluido. 
Como han dicho antes Lord Bach y el Comisario Verheugen, ahora tenemos que aprovechar la oportunidad de acelerar el proceso de toma de decisiones y el trámite legislativo de este expediente, en el que nos hemos comprometido tanto. 
Hace poco dije que un acuerdo es como un fruto: si no se recoge a su debido tiempo, cuando está maduro, se pudre y se estropea. 
Yo, desde esta mañana, llevo en el bolsillo una manzana; no es muy bonita, es pequeña y está llena de macas, porque proviene de un cultivo biológico y no contiene productos antifúngicos, pero creo que estará buenísima y por eso más tarde me la comeré. 
Invito, pues, al Parlamento a que recoja este frut; de este modo ayudaremos a las demás instituciones, en particular el Consejo, a cerrar por fin este expediente y transmitir el mensaje de que he hablado antes. 
Señor Presidente, quiero plantear brevemente una cuestión de observancia del Reglamento. 
Hasta ahora era costumbre en esta Cámara que los ponentes presentaran las posiciones de sus comisiones. 
Puesto que, efectivamente, el señor Sacconi es el ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, me hubiera encantado que lo que ha expuesto reflejara el parecer de dicha comisión. 
Le rogaría que en el futuro indicara desde la Presidencia si las intervenciones son a título personal o en condición de ponente. 
Ha expresado usted su preocupación, pero la Presidencia no puede considerarlo como una cuestión de orden. 
El orden está establecido, tiene el turno el ponente, quien ha expresado lo que ha creído oportuno, y ahora intervendrán los representantes de las comisiones interesadas. 
El orden del debate no se va a ver modificado por su advertencia. 
Señor Presidente, las sustancias químicas son importantes, incluso vitales. 
Forman parte de nuestra vida cotidiana y son fundamentales para muchas actividades humanas modernas. 
Al propio tiempo existe cierto malestar respecto de las sustancias químicas. 
¿Cómo nos afectan a nosotros y al medio ambiente? 
Cierta preocupación está justificada y, por tanto, me complace que en el Parlamento vayamos a votar una nueva legislación europea sobre sustancias químicas, en virtud de la cual sabremos qué sustancias nos exponen a un riesgo elevado y cuáles no. 
Me complace igualmente que podamos eliminar sustancias químicas que tenemos que erradicar y que podamos conservar las que necesitamos. 
Hemos contribuido a que REACH dé prioridad a que se preste mayor atención a aquellas sustancias que constituyen una amenaza grave, y hemos conseguido exenciones para sustancias que sabemos que no son peligrosas, como la pulpa de madera y el mineral de hierro. 
Esto significa que nos ahorraremos burocracia y costes innecesarios, pero sobre todo significa que utilizaremos nuestros recursos limitados para conseguir el nivel más alto posible de seguridad. 
En Europa se fijan muchas metas que efectivamente no alcanzamos. 
Las decisiones de esta Cámara a menudo prometen más de lo que son capaces de conseguir. 
La antigua legislación sobre productos químicos constituye un excelente ejemplo de esto. 
Se suponía que iba a proporcionarnos seguridad, pero no ha conseguido prácticamente nada. 
A veces, los fracasos son meramente embarazosos, pero en el caso de la política sobre sustancias químicas pueden ser sumamente peligrosos. 
Esta es la razón por la que necesitamos REACH, pero un REACH que cumpla lo que promete. 
El gran reto de REACH radica en diseñar una política que no erija barreras al comercio y que no limite la posibilidad de otros países de vender sus productos en el mercado europeo. 
De lo contrario, sería perju8dicial no solo para el mundo que nos rodea, sino también para los consumidores europeos. 
Sería absurdo que en el Parlamento concibiéramos una legislación que posteriormente fuese declarada ilegal por la OMC. 
Por consiguiente, espero que la Cámara acepte las propuestas planteadas por la Comisión de Comercio Internacional de reducir las barreras comerciales. 
Un número apreciable de diputados, incluidos los socialdemócratas suecos, parecen inclinarse por distanciarse de la propuesta y votar en contra de la totalidad de la misma, mientras que, a renglón seguido, acusan al Parlamento entero de no preocuparse por el medio ambiente. 
El periódico más importante de los socialdemócratas suecos incluso llega a tildar de desertor al señor Schulz, Presidente del Grupo político que apoya aquí en el Parlamento. 
Esta acusación me parece cobarde y no contribuye a mejorar el medio ambiente. 
En vez de ello, los socialdemócratas deberían preguntarse por qué se distancian de la propuesta. 
La inmensa mayoría, desde los Grupos políticos de centro-derecha –el Grupo del Partido Popular Europeo (Democráta-Cristanos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa– hasta el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, y ahora también la Comisión, está de acuerdo y somos nosotros lo que debemos mantener a flote la propuesta. 
Me complace enormemente haber participado y asumir la responsabilidad de votar el alumbramiento de una legislación europea nueva y sólida sobre sustancias químicas. 
. – Los objetivos de reducir el daño para el medio ambiente y la salud generado por los productos químicos, de aumentar la conciencia sobre las consecuencias del uso de sustancias químicas, de mejorar el acceso de los consumidores, de eliminar y sustituir gradualmente los productos químicos menos seguros y suprimir los ensayos con animales vertebrados, todos afectan a la vida de los ciudadanos a quienes representamos en esta Cámara. 
Por tanto, el Parlamento tiene que aplaudir la iniciativa de la Comisión y desempeñar un papel activo y constructivo para mejorar su propuesta. 
Eso es lo que hemos hecho. 
Que se haya logrado un cometido más amplio en este sentido es fruto de la responsabilidad colectiva y, sobre todo, del excelente informe del señor Sacconi. 
El apoyo a estas propuestas se traducirá en una notable mejora del texto de la Comisión y facilitará su ejecución. 
La esencia del texto permanece intacta, a saber, la adopción del principio de responsabilidad, la reducción de los costes para las PYME, la atención a las sustancias químicas más problemáticas y sus usos, la clarificación del papel de la Agencia y la mayor relevancia de la evaluación y el control del sistema. 
Como ponente alternativa de las Comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Económicos y Monetarios, estoy encantada de que se hayan incorporado muchos ejemplos del consenso alcanzado respecto del texto que se va a someter a votación. 
A este respecto, Señorías, quiero llamar su atención, así como la de la Comisión y del Consejo, sobre el hecho que la UE necesita utilizar su condición de mayor bloque comercial del mundo y de mayor productor de sustancias químicas del mundo para garantizar que las reglamentaciones que aprueba con carácter interno sobre protección del medio ambiente y de la salud se apliquen a escala internacional y sean consideradas un requisito imprescindible para el libre comercio. 
Con respecto a REACH, lo mismo que otras muchas leyes, hay que subrayar que Europa no puede seguir haciendo leyes sobre su mercado interior como si no existiera eso que se llama mundialización. 
Si no lo tenemos presente, destruiremos Europa como base productiva, destruiremos sus puestos de trabajo y, de manera hipócrita, exportaremos el daño al medio ambiente fuera de su territorio a otras partes más vulnerables del mundo. 
Eso equivaldría a pegarnos un tiro en el propio pie y el artículo 6 no aborda este problema en medida suficiente. 
En este terreno, como en otros, el acuerdo está lejos de ser perfecto; habrá que mejorarlo gradualmente sobre la base de una evaluación práctica. No obstante, este es el acuerdo que hemos logrado alcanzar, y es suficientemente bueno para garantizar el apoyo rotundo del Parlamento. 
Es la única forma de poder garantizar a corto plazo una solución institucional equilibrada. Por tanto, le ofrezco mi apoyo. 
. Señor Presidente, REACH, uno de los procedimientos legislativos más complejos –y no solo porque ocupe 1 200 páginas–, ha tenido ocupadas a diez de las comisiones de esta Cámara, y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la que soy ponente de opinión, ha sido una de ellas. 
La industria química en la UE da empleo a 1,7 millones de personas, mientras que otros 3 millones más están relacionadas con ella en calidad de proveedores. 
Para formarme una idea de los efectos de REACH en la vida laboral cotidiana, he visitado 50 empresas –no solo en Alemania– que trabajan en el sector de pinturas y recubrimientos, cerámica, textiles, material eléctrico, automóviles y productos químicos. 
La opinión unánime expresada por los directivos y los trabajadores fue que no existe otra posibilidad que proteger la salud y el medio ambiente, y que es necesario establecer una distinción clara entre sustancias peligrosas y no peligrosas, no solo por el bien de los empleados. 
Hay que decir, no obstante, que los costes reflejados en el propuesta de la Comisión son tan elevados, y la burocracia que conlleva tan extensa, que existe el peligro de que se distorsione la competencia con empresas no pertenecientes a la UE, y no cabe excluir la posibilidad de deslocalizaciones. 
Fue nuestra Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la que realizó la primera audiencia de esta Cámara sobre REACH; ocurrió en octubre de 2004, hallándose presentes 200 expertos en derecho laboral y protección de la salud, sin olvidar a los representantes de los interlocutores sociales. 
Hemos sido también –el 12 de julio de 2005– la primera comisión en someterla a votación, proporcionando con ello, sin ninguna duda, indicaciones importantes acerca de la evolución futura de las deliberaciones en el Parlamento Europeo. 
Estamos a favor del registro previo y de la priorización como norma. 
Si se dispone de un conjunto de datos esenciales relativos al riesgo real, en lugar de la cantidad de sustancia en cuestión, así como de categorías de exposición y uso, el registro en la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos puede efectuarse de manera profesional y de forma no menos ágil, evitando no solo enormes cantidades de datos obsoletos, sino también la burocracia innecesaria, en bien sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. 
La mayoría de nosotros hemos votado a favor de las exenciones para las sustancias utilizadas con fines de investigación y desarrollo y de que se amplíen los poderes de la nueva Agencia. 
Un REACH modificado convertirá en superfluas dos docenas de reglamentos laborales europeos solamente en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. 
Hay que dar prioridad a la confección de hojas de datos de seguridad y a su uso puntual en los lugares de trabajo, evitando con ello accidentes ocasionados por el manejo inadecuado de las sustancias. 
Señor Presidente, las sustancias químicas en Europa están reguladas por una legislación muy deficiente en el caso de los 30 000 o más productos más antiguos, y por una legislación relativamente buena en el caso de las cerca de 3 000 sustancias químicas nuevas. 
La nueva propuesta sustituye a 43 directivas, así como a la legislación nacional de 25 países, una legislación que en unos casos es bastante deficiente y en otros bastante buena, tanto desde el punto de vista de la calidad como de la forma en que se controla su ejecución. 
Al mismo tiempo, han transcurrido 100 años desde que contáramos con mercados nacionales que estaban cerrados. 
Los suecos que deseen, por ejemplo, comprar juguetes para sus hijos descubrirán que, aun cuando unos pocos están fabricados en su país, la mayoría son importados. 
Por todas estas razones, la legislación sobre nuevas sustancias químicas supone una gran oportunidad para el medio ambiente, las personas y las empresas. 
La Comisión de Industria, Investigación y Energía ha sido la primera comisión en adoptar una decisión. 
Hemos sido capaces de transformar la propuesta de Directiva sobre sustancias químicas –muerta como estaba y seriamente puesta en entredicho– en una oportunidad real para adoptar una decisión. 
Quiero dar las gracias a los miembros de la comisión por su colaboración tan constructiva y útil. 
La Comisión de Industria, Investigación y Energía es responsable de la industria, las pequeñas y medianas empresas y la investigación y en consecuencia se ha concentrado, haciendo honor a su cometido, en los cambios que han allanado el camino a las tecnologías nuevas y modernas, las innovaciones y la moderna tecnología ambiental. 
En Europa, la industria ambiental está creciendo dos veces más rápidamente que la industria en su conjunto y constituye una herramienta increíblemente importante para crear puestos de trabajo y un crecimiento sostenible en un economía basada en el conocimiento. 
Sin embargo, para que REACH sea este motor de crecimiento sostenible, es necesario simplificar, reforzar y clarificar la propuesta. 
Hay que simplificarla para que las pequeñas empresas puedan sobrevivir; hay que fortalecerla para dar pie a un medio ambiente mejor; y hay que clarificarla porque, en ciertos aspectos, resulta verdaderamente oscura. 
Por ejemplo, no se puede pretender analizar individualmente cada cargamento de minerales. 
Señorías, en la UE tenemos cuatro asuntos principales, incluido el hecho de que las perspectivas financieras y la propuesta de la Directiva sobre servicios sean cada una un lío y que el proyecto de Tratado Constitucional sea objeto de un «período de reflexión». 
Después de siete años de discusión, ahora necesitamos realmente una decisión sobre la cuarta propuesta importante, a saber, la relativa a la legislación europea sobre sustancias químicas. 
Señorías, la incertidumbre sale cara. 
Por tanto, votemos «sí» el jueves a los compromisos que están sobre la mesa. 
. Señor Presidente, Señorías, no cabe la menor duda de que el medio ambiente y la protección de los consumidores saldrán ganando si se aprueba el Reglamento REACH. 
En este caso, en el plazo de once años estaremos en posesión de un conocimiento y una información que no hemos sido capaces de reunir antes sobre unas 30 000 sustancias utilizadas en las empresas europeas. 
Por eso supone un gran salto adelante. 
Eso ocurre porque en el futuro transferiremos a las empresas la responsabilidad de obtener información y realizar ensayos, junto con los costes correspondientes. 
Las empresas serán responsables del manejo seguro de las sustancias que producen y que manejan. 
Ese es el cambio crucial respecto de la ley tal como era hasta ahora, y pienso que es preciso mencionar que implica costes considerables, ya que estos ensayos cuestan dinero, hasta 200 000 euros. 
En el futuro las empresas tendrían que soportar estos costes en beneficio de la protección del medio ambiente y de los consumidores, y eso significa que tenemos que reflexionar sobre el efecto que tendría esto sobre la competitividad. 
Ya se ha aludido al compromiso que el señor Sacconi y yo hemos logrado alcanzar, y al que nuestros respectivos Grupos han tenido la generosidad de conceder su aprobación. 
Hace que la exigencia de datos en el rango entre una y cien toneladas, que tiene una especial importancia para las pequeñas y medianas empresas, dependa en mayor medida del riesgo potencial de una sustancia, y no únicamente de la cantidad producida. 
Ese es un avance de vital importancia para las pequeñas y medianas empresas y los usuarios; me complace de verdad mucho que lo hayamos logrado y cuenta, por supuesto, con nuestro respaldo incondicional. 
Solo hemos presentado enmiendas antiguas para el caso de que no lográramos una mayoría favorable. 
Pero es necesario decir que este compromiso solo se refiere al registro, que es la parte más importante de REACH, y sin duda no a la totalidad del asunto. 
Quedan pendientes cuestiones relativas a la autorización y al ámbito de aplicación y espero que podamos llegar también a un acuerdo sobre ellos. 
. Señor Presidente, Señorías, en los escasos dos minutos de que dispongo tendré que centrarme en unos pocos puntos. 
Comenzaré con un comentario de carácter general sobre el conjunto del paquete. Europa, con una población que pronto alcanzará los 500 millones de habitantes, constituye un espacio económico apreciable, y es conveniente que tomemos la delantera dotando este espacio de un único marco jurídico vinculante en el campo de la protección ambiental. 
Sin embargo, Europa no es una parte aislada del mundo y nadie pretende que lo sea; al contrario, tiene que competir con otras grandes zonas industriales, y no beneficia en nada a nuestros objetivos –uno de los cuales es la protección del medio ambiente– que en el futuro la producción se traslade a otras partes del mundo, con la posibilidad de empeorar aún más sus problemas ambientales, ya que nos veríamos afectados por ellos en no menor medida, teniendo que soportar al mismo tiempo un perjuicio económico considerable. 
El perjuicio económico al que me refiero no solamente afecta a la producción de las sustancias químicas, sino más bien a todos los bienes en cuya producción se utilizan las sustancias químicas, y desde luego su número no es despreciable. 
Este aspecto afecta también a un tema importante en el Reglamento, el de la protección de la propiedad intelectual y de los datos confidenciales, que ha tenido especial importancia en la Comisión de Asuntos Jurídicos, y acerca del cual quiero decir unas pocas palabras. 
La propuesta de la Comisión, en su versión actual, no tiene en cuenta este tema como es debido y no llega suficientemente lejos. 
El Comisario Verheugen lo ha mencionado antes y, si le he entendido bien, creo que en esencia lo ha hecho acertadamente. Lo cierto es que no se garantiza la mutualidad. 
Si las empresas europeas desvelan muchos datos, personas ajenas pueden verlos e inferir cuestiones; lo contrario no es cierto, y puesto que el estado de cosas va contra la idea de una competencia leal a escala mundial, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha decidido aprobar una serie de enmiendas para tenerlo en cuenta. 
Algunas de ellas han sido incorporadas en el paquete global, sobre todo las relacionadas con la extensión de los plazos, a las que se ha referido antes el señor Sacconi. 
Las enmiendas pensadas para mejorar la confidencialidad de los datos –en concreto, las enmiendas 43, 45, 46 y 48– no lo han sido y quiero aprovechar la ocasión para pedir que se incorporen ahora. 
. Señor Presidente, pretendo desde luego exponer la posición de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, en vez de imitar lo que han hecho algunos diputados y malgastar mi intervención en expresar mis opiniones personales. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género apoya, por amplia mayoría, la propuesta de la Comisión sobre REACH. 
Las mujeres se ven especialmente afectadas por la contaminación química, ya que la grasa de su cuerpo absorbe con mayor rapidez las sustancias nocivas. 
Las sustancias químicas se acumulan en el organismo y pueden causar cáncer. 
La incidencia del cáncer de mama se ha duplicado en Europa en estos últimos veinte años; una de cada nueve mujeres en Europa padece cáncer y eso es, en muchas ocasiones, atribuible a las sustancias químicas. 
Las sustancias químicas pueden dañar asimismo a los fetos y producir esterilidad; el 15 % de la totalidad de las parejas desean tener hijos, pero no pueden tenerlos. 
La calidad del esperma masculino se ha reducido a la mitad en los últimos años; pueden producirse alteraciones genéticas y generarse alergias. 
Las sustancias químicas también afectan a la salud de los niños. 
La incidencia del cáncer en los niños está aumentando un 1 % al año, y se ha convertido en la segunda causa más frecuente de mortalidad infantil. 
Las mujeres, sin quererlo, transmiten toda la mezcla de sustancias químicas a sus hijos durante el embarazo y la lactancia. 
Así pues, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género considera que REACH es una ocasión única para proteger mejor a las personas y su medio ambiente frente a sustancias químicas peligrosas. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género desea que la sustitución tenga carácter obligatorio y que los productos importados también sean registrados. 
No alberga ninguna duda acerca de su deseo de un registro limitado y exige una sustitución clara... 
. Señor Presidente, la Comisión de Peticiones recibió las firmas de un millón de mujeres británicas. 
Lord Bach, un millón de mujeres británicas escribieron al Parlamento preocupadas por el impacto de las sustancias químicas sobre sus cuerpos y sobre su vida. 
Los sindicatos europeos han pedido un REACH fuerte, al igual que varios millones de sanitarios y médicos europeos. 
Usted ha dicho que puede ser que este Reglamento sea nuestra única oportunidad. 
No la echemos a perder. 
Sin embargo, me temo que la vamos a echar a perder, porque aquí ha habido unas presiones indecentes, unas posiciones vergonzosas, por las que se ha dado la espalda a millones y millones de europeos, que esperan de este Parlamento, de estas instituciones, medidas que afecten positivamente a su vida cotidiana. 
No se puede –como se ha dicho aquí– aplicar un sistema de evaluación del riesgo de las sustancias, según la propuesta de compromiso, cuando, según este compromiso, nunca sabremos nada sobre más del 90 % de las sustancias. 
Con todas las exenciones, con todas las trampas, con todos los, nunca tendremos información. 
Este compromiso solo beneficia la ignorancia y la oscuridad. 
Por favor, salgamos de la ignorancia tóxica de una vez. 
Hoy, esta semana, se nos presenta la oportunidad para ello. 
No la podemos echar a perder. 
. 
Señorías, la legislación sobre sustancias químicas se suponía que iba a proteger la salud pública, pero parece que se está convirtiendo en una gran decepción, un resultado descolorido y una victoria para el grupo de presión de la industria química, utilizando su enorme riqueza como escudo. 
El acuerdo entre conservadores y socialistas se va a traducir en que no se sometan a ensayo las sustancias químicas contenidas en productos de consumo. 
Eso es un escándalo, ya que sabemos que las sustancias químicas son la causa de un tercio de las enfermedades profesionales y un porcentaje notable de las alergias, el asma, la esterilidad y el cáncer. 
El papel desempeñado por la Comisión y, concretamente, por la Dirección General que preside el Comisario Verheugen, ha sido verdaderamente curioso. 
Ha sido como un huevo de chocolate de la marca Kinder: nunca se sabe qué sorpresa va a salir esta semana. 
Una semana sí y otra también hemos recibido mensajes totalmente contradictorios en nombre de la Comisión: la Comisión apoya su propuesta original, no la apoya, la apoya, no la apoya. 
La Comisión ha emitido gran cantidad de información que se contradice con sus decisiones oficiales. 
Señorías, eso no es gestionar bien y no sienta un ejemplo válido para Turquía, que aspira a convertirse en miembro. 
Quiero pedir a todos que apoyen la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y el ejemplo del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que garantizaría que las sustancias químicas utilizadas en los productos de consumo hayan sido sometidas a ensayo. 
Entonces estaríamos creando una ventaja competitiva para la industria europea. 
En todo el mundo la gente sabría que los productos europeos son seguros y las pequeñas empresas también podrían utilizar de manera segura las sustancias químicas, protegiendo a sus empleados. 
– Señor Presidente, comenzaré por expresar mi respeto por la capacidad de trabajo y la resolución del ponente –el señor Sacconi–, pero también estoy en deuda con la tenacidad mostrada por varios diputados a esta Cámara, como el señor Nassauer, el señor Vidal-Quadras Roca, la señora Herczog, la señora Erika Mann, el señor Thomas Mann, el señor Langen, la señora Roth-Behrendt, el señor Goebbels, el señor Manders y otros más, ya que sin su colaboración no habríamos conseguido un Reglamento REACH viable. 
En nuestra sociedad actual, los productos químicos están en todas partes. 
Las sustancias o técnicas químicas se utilizan para el cuidado del cuerpo, los alimentos y los productos sanitarios. 
En Europa, los productos químicos revisten una gran importancia, pues aportan 440 000 millones de euros al PIB de la Unión. 
Un millón trescientos mil trabajadores trabajan en 27 000 empresas del sector químico, que tiene por tanto una repercusión muy positiva en la economía, si bien eso no obsta para que el público europeo sienta cierto malestar por los efectos y riesgos que los productos químicos tienen en nuestra vida diaria, el lugar de trabajo y el medio ambiente. 
Con este gigantesco proyecto legislativo podemos infundir una nueva confianza y avanzar argumentos convincentes. 
La propuesta de reglamento original de la Comisión resultaba demasiado burocrática, requería una documentación excesiva y generaba grandes gastos sin poder mejorar realmente el resultado. 
Creo que debemos ofrecer garantías de un proyecto viable que dentro de once años proporcione a la sociedad productos absolutamente seguros. 
Una cuestión me sigue preocupando. 
Se han alcanzado varios compromisos y me felicito de ello. 
Se han presentado nuevos compromisos en materia de autorización, incluso algunos compromisos de cuatro Grupos. 
Los diputados del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y quizás los del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo pueden pensar que queda muy poco margen de maniobra dentro de esos compromisos, pero nada más lejos de la verdad. 
Los compromisos contemplan normas más severas, hasta el punto de que, en algunos aspectos, son más severas que las que votamos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Por ello quiero pedir que no intentemos tapar el sol con el dedo y volvamos a examinar detenidamente los documentos. 
– Señor Presidente, quiero dejar claro que la señora Hassi no presentaba la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sino tan solo su opinión personal, ya que no consiguió la mayoría de votos. 
. – Señor Presidente, revisemos el Reglamento REACH en calma, evitando tanto el ingenuo optimismo verde como el pesimismo industrial. 
La química no es de izquierdas ni de derechas. 
Es un elemento indispensable del universo. 
Algunos compuestos químicos son perjudiciales para los seres humanos, ya existan en estado natural o hayan sido creadas artificialmente. 
La prudencia más elemental impone un enfoque circunspecto de las sustancias químicas nuevas. 
Prefiero la prudencia al principio de cautela, que se usa demasiado a menudo para eludir toda responsabilidad. 
Leyendo publicaciones de organizaciones como Greenpeace, las sustancias realmente peligrosas son conocidas porque se denuncian un día sí y otro también. 
¿Por qué entonces hacer de REACH un sistema pesado y burocrático, por qué no atacar prioritariamente las sustancias extremadamente preocupantes, cancerígenas, mutágenas, tóxicas y bioacumulativas? 
Con respecto a todas esas sustancias, el principio de sustitución es una necesidad. 
Los compromisos alcanzados por Guido Sacconi garantizan este objetivo. 
La flexibilidad denunciada por algunos implicará siempre la responsabilidad de la Agencia de Productos Químicos, cuyos poderes serán ampliados. 
Tener en cuenta los intereses legítimos de las PYME y limitar ensayos costosos y a menudo inútiles no es ceder a los grupos de presión industriales. 
De ahí, la necesidad del principio: «una sustancia, un registro». 
El lenguaje químico es universal, cada fórmula química es única. 
La defensa del medio ambiente y la defensa de la salud siguen siendo objetivos primordiales. 
Pero, mal que pese a los mercaderes del miedo, el medio ambiente natural de Europa experimenta una mejora constante y, cada año, la esperanza de vida de los europeos aumenta en promedio tres meses. 
Sin embargo, los humanos siguen siendo mortales. 
Por tanto, es falso pretender que un sistema REACH más estricto salvará miles de vidas y creará, por así decirlo, la inmortalidad. 
REACH es necesario, aunque solo sea en beneficio de los trabajadores del sector. 
No se trata solo de defender su salud, sino también su empleo. 
La industria química europea es la primera del mundo. 
El mantenimiento de un sector químico europeo competitivo sigue siendo un objetivo honorable, aunque debemos recordar a los grupos de presión industriales que unos procesos de fabricación más limpios y unos productos no problemáticos representan una baza real para la competitividad en el mercado mundial. 
Nuestro ponente, enfrentado a reivindicaciones a menudo extremadas, ha sabido, junto con otros, encontrar un equilibrio entre los imperativos de salud, ambientales y económicos. 
Ni siquiera los que no van a votar a favor de los compromisos propuestos por Guido Sacconi pueden dejar de reconocer que Europa se está dotando, en materia de química, de la legislación más progresista y más ambiciosa del mundo. 
– Señor Presidente, los antecedentes de la necesidad de una nueva legislación en materia de productos químicos han sido expuestos con elocuencia. 
Por ello no entraré en mayores detalles al respecto. 
En el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa hemos identificado diez cuestiones políticas sumamente espinosas. 
Por lo tanto me gustaría exponer algunas de ellas. 
Se han llevado a cabo evaluaciones creíbles de la legislación propuesta y estas han puesto de manifiesto que las pequeñas empresas tendrán problemas particulares por lo que se refiere a los volúmenes entre 1 y 10 toneladas. 
Por tanto, es necesario un procedimiento simplificado de registro para las pequeñas empresas cuando se trate de productos químicos no peligrosos. 
Al mismo tiempo, es necesario contemplar obligaciones más estrictas para aquellos productos químicos de los que se sospecha que son peligrosos. 
El compromiso implica que se precisará más información para aproximadamente un 30 % de las sustancias, mientras que para las demás sustancias bastará el registro simplificado. 
Considero que se trata de un buen equilibrio –quizás no perfecto, pero aceptable– y en cuestiones tan importantes suele ocurrir que lo mejor es enemigo de lo bueno. 
A menudo se dice que lo que caracteriza un buen compromiso es que todos están igualmente insatisfechos con el resultado. 
Me parece que, en este caso, sucede lo contrario, es decir, que la mayoría está razonablemente satisfecha con el resultado. 
La propuesta debe reforzarse de diversas maneras. 
Cada consumidor debe tener el derecho a saber si los productos que compra contienen productos químicos peligrosos. 
Por ello, nuestro compromiso recoge igualmente normas sobre la obligación de diligencia, que compete sin duda a las empresas. 
El Grupo ALDE propone igualmente una adición en la que se declare claramente que la carga de la prueba corresponderá a las empresas. 
Una cuestión importante es la relativa a la autorización, es decir, las decisiones efectivas sobre los productos químicos. 
Es sumamente importante contar con un sólido principio de sustitución de los productos químicos peligrosos que puedan ser reemplazados por alternativas menos peligrosas. 
Estos productos químicos que requieren autorización no son meros viejos conocidos. 
Existen productos químicos que pueden provocar cáncer, que dañan las funciones reproductivas de las personas y que pueden concentrarse en el cuerpo humano, es decir, se trata de lo peor de lo peor. 
Las empresas situadas hacia el final de la cadena, los llamados usuarios intermedios, deben tener acceso a una información mejor, y los consumidores deben tener derecho a ser informados. 
Por ello me complace que se hayan incluido disposiciones en este sentido. 
Además, REACH debe ser objeto de una labor de clarificación. 
La industria minera cree erróneamente que tendrá que someter a pruebas cada carga de mineral de hierro extraído de las minas. 
La propuesta encierra zonas grises y características extrañas, que los tres principales Grupos políticos han acordado suprimir de buen grado. 
Quiero dar las gracias a los Comisarios Verheugen y Dimas. 
Por un momento estaba yo preocupado cuando presentaron este «documento de sala» , pero me complace sobremanera que la Comisión haya decidido apoyar la política representada por los tres grandes Grupos del Parlamento. 
También quiero felicitar al Reino Unido por la brillante labor que ha realizado y sigue realizando, y a Luxemburgo por la labor efectuada con anterioridad cuando ocupaba la Presidencia. 
La decisión que espero que aprobemos el jueves en esta Cámara se parece mucho a la propuesta presentada por la Presidencia. 
Esto significa que ahora tenemos la oportunidad de estabilizar todo este tema y de llegar a una decisión que el Grupo ALDE considera increíblemente importante. 
Apoyaremos las propuestas de compromiso que se han presentado. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Sacconi por la labor que ha realizado en relación con REACH y por los compromisos que, con nuestra ayuda, ha logrado en los temas de la autorización, etc. Los ataques contra REACH por parte del señor Nassauer, el señor Schulz, el señor Poettering y la señora Ek constituyen, sin embargo, una política de apaciguamiento de la industria química alemana que destruye el medio ambiente y la salud pública, e impide que los trabajadores y todas las pequeñas empresas conozcan los efectos que tienen los productos químicos que adquieren y las consecuencias que tienen para las personas. 
Hace cuatro años, el Parlamento Europeo exigió, a través del informe de la señora Schörling, que REACH se redactara en términos más estrictos. 
Durante todo un año, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha trabajado de forma eficiente y equilibrada para proteger los intereses del público, la salud y el medio ambiente. 
Ahora, todo el Parlamento parece hipnotizado por las presiones de la industria química alemana, y el señor Nassauer parece el primer manipulador de esta varita mágica. 
¿Cómo pueden defender los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos el ataque contra las pequeñas empresas que supone el compromiso del señor Nassauer, según el cual no se les facilitará toda la información pertinente y tendrán que pagar durante otros cinco años por la información de que disponen las grandes empresas? 
¿Cómo pueden defender que la tasa de registro ya no depende del volumen y justifique la falta de transparencia que ahora existe en lo relativo a los costes? 
Deberían liberarse del hechizo de que son víctimas y votar a favor del compromiso alternativo. 
¿Cómo pueden defender los miembros del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo la manera en que se vacían de contenido las pruebas a las que deben someterse los productos químicos de bajo volumen? 
¿Cómo pueden defender criterios imprecisos, según los cuales los productos químicos fabricados en grandes cantidades pueden quedar exentos de las pruebas destinadas a detectar riesgos de cáncer? 
¿Cómo vamos a proteger a los trabajadores si carecemos de información y no existen obligaciones claras para regular el entorno laboral? 
Libérense del embrujo y voten en contra del señor Nassauer y a favor del compromiso alternativo. 
En cuanto a los Liberales, deberían romper el hechizo y defender una política liberal. 
Otorguen a los consumidores la oportunidad y los conocimientos para que voten a favor de la eliminación de los productos químicos peligrosos. 
Voten en contra del compromiso Nassauer y contra el modo en que atenta contra la protección de los consumidores. 
Este compromiso puede convertirnos a todos nosotros en conejillos de Indias al eliminar la protección expresa que impide que los consumidores sean expuestos a productos químicos de investigación. 
Además, el compromiso hace que la protección de los consumidores dependa de evaluaciones de riesgo realizadas con los datos disponibles, pero es precisamente la falta de esta información la que supuestamente pretende remediar REACH. 
Ese no es su compromiso. 
Por ello les pido que rompan el hechizo de los cantos de sirena de la industria química alemana sobre el crecimiento. 
Si se socava REACH, lo único que crecerá son tumores cancerosos en nuestros ciudadanos. 
Tardaría una hora en enumerar todas las organizaciones que desean que REACH se redacte en términos más estrictos. 
Es absolutamente necesario que les presten oído. 
Solo podrán votar a favor de un REACH más estricto si votan en contra del compromiso Nassauer y a favor de la propuesta alternativa. 
Antes de continuar, quisiera recordar que el artículo 145 del Reglamento relativo a las intervenciones por alusiones personales ofrece a los diputados que son citados en las intervenciones la posibilidad de pedir la palabra, que se les concederá al final del debate. 
Si todos citan al señor Nassauer, es evidente que, al final del debate, podrá pedir decenas de intervenciones por alusiones personales. 
– Señor Presidente, intervengo en nombre de la amplia mayoría de mi Grupo político. 
La izquierda de la UE desea que REACH se redacte en términos firmes. 
Deseamos que mediante REACH se nos informe sobre los efectos de los productos químicos, incluso de los fabricados en pequeñas cantidades. 
Deseamos una política en materia de productos químicos que obligue a eliminar y prohibir los productos químicos más peligrosos. 
Queremos que las empresas asuman una responsabilidad clara por sus productos, en interés de la salud pública y de la seguridad de los trabajadores. 
Todos los análisis serios muestran que los beneficios de una política eficiente en materia de productos químicos superan por de lejos los costes, a menudo sumamente exagerados, de las políticas en materia de productos químicos en general. 
Debería estar claro que REACH es positivo. 
Las empresas tienen que saber lo que hacen y asumir la responsabilidad. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria llegamos a lo que, en general, puede considerarse un compromiso constructivo. 
Lamento profundamente que los Socialistas y los Liberales hayan abandonado ese compromiso y hayan preferido un acuerdo con la derecha. 
El compromiso Nassauer/Sacconi debilita drásticamente la eficiencia que pretendíamos lograr con REACH. 
Implica que no conoceremos los efectos de los productos químicos. 
Pueden quedar exentos el 90 % de los productos químicos fabricados en pequeñas cantidades, y los productos químicos situados en los tramos de mayor volumen quedan igualmente exentos de las pruebas adecuadas. 
Esto significa que no podremos obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo una política eficiente en materia de productos químicos. 
Consideramos que resulta totalmente inaceptable. 
Nuestro Grupo político nunca podrá aceptar que la política en materia de productos químicos se debilite de esta forma. 
Por ello hemos decidido unirnos al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para presentar la propuesta alternativa. 
Muchos diputados a este Parlamento han actuado de hecho como portavoces de los grupos de presión de la industria química. 
Un espectáculo que, en ocasiones, ha resultado deprimente. 
Me gustaría decir lo siguiente a la señora Ek: usted habla del medio ambiente, pero, a la mínima oportunidad que se le presenta, hace todo lo posible por debilitar y perjudicar esta propuesta. 
Esta es la propuesta más importante en materia medioambiental que hemos examinado durante muchos años dentro del sistema de la UE. 
Usted no aboga por una política medioambiental. 
A la Comisión Europea me gustaría decirle lo siguiente. 
Ha perdido su credibilidad en materia ambiental. 
Se está alejando de su propia propuesta. 
Ni siquiera defiende lo que proponía hace tan solo unos años. 
En mi opinión, es un indicio de debilidad. 
La política ambiental de la Comisión ha perdido toda credibilidad. 
Por último, la manzana de Sacconi. 
Si ha recibido esta manzana del señor Nassauer, le recomiendo que se ande con cuidado. 
Sin duda esté repleta de productos químicos e insecticidas peligrosos, y probablemente esté podrida por dentro. 
– Señor Presidente, rara vez se debatirá en esta Cámara una propuesta tan compleja como esta. 
La propuesta de Reglamento REACH de la Comisión debe ser mejorada. 
Todos estamos de acuerdo con esto, pero cuando se trata de ver cómo ha de realizarse esta mejora, las opiniones de esta Cámara se encuentran sumamente divididas. 
El 4 de octubre alcanzamos un compromiso aceptable en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Aunque no recoge algunos aspectos que me parecen importantes, como el registro basado en los riesgos y los volúmenes, en la votación final he votado a favor. 
Ahora apoyo en el Pleno el compromiso al que se llegó en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
En mi opinión, el «compromiso Sacconi-Nassauer» es insuficiente. 
Con ese planteamiento perderemos hasta cierto punto los resultados alcanzados por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Sin embargo, me gustaría manifestar mi reconocimiento al ponente por su planteamiento y su cooperación. 
En vista del escaso apoyo que recibió en la votación final, puedo entender por qué eligió este planteamiento tras la votación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Puedo apoyar la intención del Plan de Rescate de REACH del Grupo de los Verdes, aunque no apoyo la supresión de las categorías de uso y exposición. 
Me gustaría volver a destacar ante sus Señorías una serie de cuestiones, porque las considero de gran importancia. 
Es necesario encontrar una solución adecuada al problema de las sustancias inorgánicas. 
Los metales, minerales y concentrados no deben ser tratados de igual forma que las sustancias químicas orgánicas. 
Espero que el Consejo aborde este problema y se resuelva en segunda lectura. 
La carga que soporten las pequeñas y medianas empresas debe ser manejable. 
Tras la votación deberá llevarse a cabo un nuevo análisis de costes y beneficios a fin de identificar los efectos de la votación sobre la carga de las PYME. 
Hay que fomentar la formación de consorcios, en parte para impedir que suban los costes. 
El volumen y el riesgo van de la mano. 
Y es precisamente sobre las sustancias más peligrosas que se requiere más información, y esta necesidad no implica grandes volúmenes. 
Este sigue siendo un gran problema. 
Por último, si bien deben evitarse en la medida de lo posible los experimentos con animales, el progreso sigue siendo necesario. 
Si se cumpliera esta lista de deseos, creo que estaríamos en buen camino para alcanzar nuestra meta. 
. Señor Presidente, estoy seguro de que no hay nadie en esta Cámara que ponga en duda la necesidad del Reglamento REACH, cuya principal preocupación es la salud de los europeos, sus generaciones futuras, sus jóvenes en particular y el medio ambiente. 
En la actualidad hay más de 100 000 productos químicos en el mercado europeo, una gran mayoría de los cuales no han sido nunca evaluados en lo que respecta a sus efectos a largo plazo. 
Cada vez más investigaciones científicas demuestran que enfermedades actuales como el asma, las alergias, determinados tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con el trabajo se deben con frecuencia a productos químicos presentes en el medio ambiente. 
REACH simplificará el desarrollo y la comercialización de sustancias nuevas más seguras y garantizará a los consumidores europeos que los fabricantes, los productores y los importadores cumplan su obligación de registrar los productos químicos y facilitar información sobre sus características. 
REACH fomentará la sustitución de las sustancias más peligrosas. 
No solo se aplicará a los productos de todos los Estados miembros de la UE, sino también a los importados. 
Aunque los objetivos de REACH gozan de una aprobación unánime, el acuerdo es mucho menor en lo que respecta a los medios para alcanzarlos, sobre todo a las obligaciones que impone a las industrias química y farmacéutica. 
En mi país, Irlanda, la industria farmacéutica registra unas exportaciones de 37 400 millones de euros y genera casi 40 000 puestos de trabajo directos e indirectos. 
Por lo tanto, debemos evitar paralizar a las industrias europeas pequeñas y medianas con obligaciones y reglamentos excesivamente estrictos. 
Los productos químicos desempeñan un papel esencial en la economía moderna. 
Todos necesitamos productos químicos en nuestra vida diaria, pero también necesitamos que se garantice su seguridad. 
El Reglamento REACH puede proporcionar esa garantía e información, pero hemos de tener cuidado de no destruir de paso esas industrias. 
La clave de este debate es el equilibrio. 
Creo que, gracias a los esfuerzos de muchos miembros de comisiones, sobre todo mi propia comisión, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, hemos alcanzado ese equilibrio y creo que esta propuesta debe ser aceptable para la Cámara. 
– Señorías, me gustaría rendir homenaje a la meticulosa labor que ha llevado a cabo el ponente, el señor Sacconi, al elaborar este informe. 
En mi calidad de médica conozco el notable aumento de la incidencia de enfermedades graves registrada en el último decenio, gran parte del cual se debe al uso de productos químicos peligrosos. 
Sin embargo, a menudo los problemas se deben a que los fabricantes no facilitan información sobre los efectos de los productos químicos. 
Es de suma importancia recordar que la Directiva REACH no aborda tan solo el conflicto entre la industria química y el medio ambiente, sino también la competencia entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas del sector químico. 
Me felicito de que la Directiva REACH prohíba algunas sustancias y exija que se sustituyan por sustancias menos peligrosas. 
Sin embargo, la mayoría de las sustancias químicas mencionadas en el informe no desaparecerán del medio ambiente. 
Espero que la población sea informada directamente, a base de experimentos, de los riesgos que acarrean estas sustancias. 
Huelga decir que me complace que se sea más cuidadoso a la hora de manipular dichas sustancias. 
Sin embargo, tengo serias reservas respecto a la discriminación de que son objeto los diez nuevos Estados miembros. 
Estos Estados miembros participan tan solo desde hace un año en las deliberaciones sobre la Directiva REACH, razón por la cual su estado de preparación es menor al de los 15 antiguos Estados miembros, que debaten esta cuestión desde hace tres años. 
La República Eslovaca apoya y recomienda la aprobación del sistema basado en «una sustancia, un registro» , porque contribuye a reducir los gastos generales de las pruebas y elimina trámites burocráticos innecesarios. 
Puesto que el propósito de REACH es recudir los riesgos que plantean las sustancias químicas y, al mismo tiempo, evitar el aumento de los precios de los productos finales que conlleva el alto coste de los experimentos, considero que sería oportuno normalizar igualmente el coste de los ensayos, teniendo en cuenta la debilidad de las economías de los nuevos Estados miembros. 
– Señor Presidente, la propuesta de la Comisión es demasiado burocrática y onerosa; daña a las pequeñas y medianas empresas y, a menos que se modifique considerablemente, resulta totalmente inaceptable. 
En vista de que no fueron los dos Comisarios actuales, sino sus predecesores en el cargo, los que presentaron la propuesta, cabe felicitarse de este cambio de actitud. 
La segunda cosa que quiero decir es que si bien las propuestas adicionales introducidas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pueden satisfacer a las grandes empresas, no tendrán el mismo efecto sobre las pequeñas. 
La línea que han adoptado los Verdes y otros, una y otra vez, pone de manifiesto su hostilidad hacia las pequeñas empresas. 
El primero de ellos es que las empresas deben asumir la responsabilidad, pero también deben tomar precauciones. 
El segundo es que los requisitos mínimos y la información disponible son más accesibles; tarda hasta 18 meses. 
En tercer lugar, las evaluaciones deberían ser flexibles y basarse en el riegos; las categorías de exposición y uso deben ser accesibles hasta el final de la cadena de usuarios. 
En cuarto lugar, debe fomentarse la cooperación voluntaria; no deben crearse consorcios obligatorios como los que sigue proponiendo la Presidencia británica. 
En quinto lugar, debe evitarse la repetición de experimentos con animales. 
Me estremezco al pensar en todos los miles de experimentos con animales –la mayoría de ellos innecesarios– que tendrían que llevarse a cabo si se adoptaran las propuestas de los Verdes. 
Es necesario proteger la competencia leal, y una manera de hacerlo es a través del tratamiento de las importaciones, que se contempla en el artículo 6. 
No deben imponerse plazos a la autorización, que debería poderse revisar en determinados casos. 
Es necesario prestar mayor atención a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. 
Yo diría incluso que únicamente con estas modificaciones la propuesta resultaría aceptable, y deseo expresar mi gratitud a todos aquellos que han contribuido a este compromiso en las distintas comisiones y en sus diversas capacidades. 
Únicamente cuando contemos con un compromiso sensato que goce de un amplio apoyo podrá esta Cámara ejercer la influencia a la que tiene derecho, ya que ni la Comisión ni el Consejo han sido capaces de hacerlo hasta ahora. 
– Señor Presidente, Señorías, en Francia, cada año, cerca del 10 % de los cánceres desarrollados por trabajadores se derivan de su exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo. 
Pero a falta de datos utilizables sobre dichas sustancias, solo una ínfima parte de esos cánceres son reconocidos como enfermedades profesionales y tratados como tales. 
Más en general, asistimos a un aumento exponencial de los cánceres que afectan al conjunto de la población, en especial a los niños, lo que ha conducido a muchos científicos a relacionarlos directamente con la producción química. 
Todo esto nos indica la importancia que tiene la entrada en vigor de un sistema de evaluación, autorización y sustitución de productos químicos. 
A todos nos preocupa garantizar la competitividad de la química europea y, por tanto, el empleo. 
Por mi parte, siempre he defendido la idea de que el sistema elegido debía ser soportable técnica y económicamente para las empresas y que, para ello, había que promover los consorcios. 
Pero no queremos un REACH de rebajas. 
Para que REACH permita eliminar efectivamente las sustancias perjudiciales del mercado europeo, hay dos condiciones. 
En primer lugar, la determinación de la naturaleza y la peligrosidad potencial de las sustancias depende directamente de la calidad de la información facilitada durante el registro. 
Ninguna enmienda debe vaciar de contenido el aspecto del registro y, en este sentido, las excepciones a la obligación de transmitir datos solo pueden ser extraordinarias y estar estrictamente limitadas, incluso para las sustancias producidas en pequeñas cantidades. 
La carga de la prueba debe recaer sobre las empresas. 
En segundo lugar, hay que dar a cada ciudadano europeo, a cada trabajador, la seguridad de que los productos perjudiciales serán retirados de la circulación y sustituidos por productos seguros. 
El establecimiento de una obligación de sustitución, y no una mera recomendación, no es negociable. 
Así, no hay que conceder ninguna autorización de comercialización para una sustancia perjudicial si existe un producto de sustitución. 
A mi entender, debemos decidir nuestro voto en primera lectura a la luz de estas exigencias. 
Los socialistas de la Comisión de Mercado Interior, de los que soy ponente alternativo, han considerado satisfactorio un compromiso bastante similar al de hoy. 
En cambio, en nuestro Grupo, otros colegas, en especial los socialistas franceses, habrían querido un compromiso más ambicioso. 
Para concluir, quiero dar las gracias a nuestro ponente, el señor Sacconi, por el arduo trabajo que ha realizado. 
Señor Presidente, el Reglamento REACH ha dejado ya dos víctimas, la primera de las cuales es la verdad. 
Demasiados partícipes de la industria química, y sobre todo su grupo de presión alemán, parecen convencidos de que si se va a decir una mentira, cuánto más grande, mejor; los costes de REACH se han exagerado desmedidamente del principio al final. 
La segunda víctima ha sido la afirmación de la Comisión de que es neutral en su apoyo al desarrollo económico y a la protección del medio ambiente. 
Después de los lamentables intentos del Comisario Verheugen de socavar la posición adoptada por la Presidencia británica, tenemos derecho a creer que el equilibrio en la Comisión es claramente contrario al medio ambiente. 
Una alabanza de nuestros oponentes políticos para la Presidencia británica: ha conseguido alcanzar un acuerdo entre los 25 Estados miembros sin sacrificar tantos objetivos originales como algunos temíamos. 
Espero que alcance una posición común antes de que termine el mes de diciembre y que este Parlamento vote el jueves de una forma que le acerque a la posición de la Presidencia. 
Sin embargo, todavía no podemos estar seguros. 
Todavía hay diputados a esta Cámara que rechazan incluso la idea de que la industria deba estar obligada a demostrar que los productos químicos que saca al mercado son seguros. 
Todavía hay diputados que reducirían los requisitos de pruebas casi hasta eliminarlos: «Confíen en nosotros, son empresas químicas» , es su argumento. 
Hay diputados que todavía creen que los productos químicos más peligrosos deben seguir vendiéndose incluso cuando se disponga de sustitutos más seguros. 
El señor Sacconi y la señora Ek han negociado compromisos que responderán a las preocupaciones reales de la industria sin dejar de fijar normas estrictas de protección ambiental. 
Sin embargo, todavía está por ver que obtengan un apoyo mayoritario. 
Hay una cuestión que prácticamente no se ha analizado: estamos dejando un montón de asuntos a la nueva Agencia de Sustancias y Preparados Químicos, pero no tenemos ni idea de qué criterios seguirá ni de si los interpretará de forma rigurosa o laxa. 
Por lo tanto, si creen que la presión de los grupos de presión del año pasado o algo más ha sido intensa, prepárense para ver cómo la industria trata de llenar la Agencia con su propia gente. 
Señor Presidente, muchos diputados de mi Grupo han destacado los enormes defectos del compromiso Sacconi-Nassauer en lo que respecta a la salud y al medio ambiente y, desde luego, estoy de acuerdo con ellos. 
Sin embargo, deseo centrarme en los defectos adicionales que ese compromiso presenta desde el punto de vista del bienestar de los animales. 
En cuanto a la obligación de compartir datos, por ejemplo, el compromiso genera un número excesivo de vacíos legales. 
Aunque se permitiría a grupos de empresas presentar una única solicitud de registro, también se permitirían los registros individuales, por lo que sería mucho más probable que se repitieran experimentos con animales. 
La propuesta permitiría que se compartieran libremente datos de más de diez años de antigüedad, reduciendo, si no eliminando, la posibilidad de que se produjeran repeticiones de experimentos. 
El compromiso, por el contrario, solo permite que se compartan los datos de más de 15 años, incrementado de nuevo la probabilidad de la realización de experimentos repetidos. 
Eso es totalmente inaceptable dado que la experimentación con animales es, además de extremadamente cruel, tosca e ineficaz. 
Los problemas de extrapolar los resultados de experimentos con animales a los seres humanos y las dosis de laboratorio a la vida real están bien documentados. 
Precisamente la semana pasada un artículo en la revista científica calificaba la experimentación de control con animales de «atrapada en el túnel del tiempo, basada en su mayoría en experimentos con animales que suponen un gran gasto y tienen una escasa utilidad predictiva». 
Por eso he presentado enmiendas a los anexos V a VIII del Reglamento REACH. 
Muchas de esas enmiendas fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, una medida que ya ha contribuido a incrementar la presión sobre la Comisión y la industria para impulsar nuevos trabajos sobre pruebas que no utilicen animales. 
Sin embargo, si queremos que se adopte un enfoque mejor, no debemos dejar pasar esta oportunidad de obligar a que los experimentos con animales estén sujetos a un control mayor. 
Debemos poner en duda las hipótesis convencionales sobre los métodos de experimentación animal y analizar los métodos de experimentación con el mismo rigor que hemos puesto en otros aspectos de la nueva política de productos químicos, porque exponer la experimentación con animales al control provocará el tipo de debate que no podemos permitirnos ignorar. 
Si lo ignoramos, el Reglamento REACH y toda la normativa sobre productos químicos futuros estará vinculada a métodos experimentales que únicamente se merecen pasar a la historia. 
Lord Bach ha dicho que la votación sobre REACH es una oportunidad única. 
Estoy de acuerdo; por eso es tan importante que lo hagamos bien. 
– Señor Presidente, la historia de REACH es una historia de debilitamiento continuo de la propuesta inicial de la Comisión y cada vez la Comisión viene y ensalza una propuesta diferente de la inicial. 
Hace un mes, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria votó, por amplísima mayoría, a favor de un REACH fuerte que fuera digno de su nombre. 
Hoy día, apremiados por los grupos de presión de la industria química –a los que nadie aquí puede pretender no conocer– de determinados Estados miembros, encabezados por Alemania, tenemos ante nosotros un compromiso deficiente elaborado por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, compromiso que, con una pistola apuntando a la cabeza del señor Sacconi, debilita la propuesta presentada por la Comisión de Medio Ambiente. 
Con este acuerdo negativo, no solo no se da prioridad a la protección de la salud pública y del medio ambiente, sino que, por el contrario, esta protección queda supeditada a las exigencias de una concepción errónea de la competitividad. 
Nosotros, los miembros del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no tenemos intención de votar por este acuerdo tan negativo. 
– Señor Presidente, creemos que esta Cámara debe rechazar esta propuesta. 
Incluso las siglas con las que se conoce hacen pensar que solo persigue el beneficio de los ricos. 
Tras pensárselo mucho, estos últimos han ideado un procedimiento que es autoritario y centralista por naturaleza. 
Huelga decir que lo han disfrazado de noble intento de proteger la salud y el medio ambiente y, sin embargo, traerá la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y no dejará de despojar de su empleo a cientos de miles de personas. 
El hecho de que el mercado caiga en manos de las grandes empresas químicas beneficiará a muy pocos. 
Además, las hipotéticas ventajas para la salud derivadas de la mejora del medio ambiente, que no son sino pura teoría en este momento, resultarán insignificantes en comparación con los problemas de salud que sufrirán aquellos que se queden sin empleo. 
Estas personas se frustrarán por haber perdido su modo de sustento, sus medios de existencia, sus oportunidades de desarrollo y su esperanza. 
No vale la pena contar con más información y lograr un presunto aumento de la confianza de los consumidores en los productos si su coste económico y social es tan amplio. 
Una prueba de este astuto plan para arruinar a los miembros más débiles de la sociedad es que las empresas ya se han adelantado a la propuesta de directiva y han realizado las pruebas recomendadas para las sustancias tóxicas, sin que se haya llegado a un acuerdo sobre si sus resultados deben ser difundidos. 
Las pruebas deben realizarse de forma centralizada para las sustancias más tóxicas a fin de obtener datos fiables, y estas sustancias deberían retirarse del mercado, en particular si son carcinógenas o dañinas para el sistema reproductivo u otros sistemas. 
Apoyamos la campaña internacional «Objeción» , lanzada para protestar por los gastos en que habrá que incurrir sin motivo alguno debido a REACH. 
Habrá que redactar una propuesta destinada realmente a proteger la salud humana y el medio ambiente para sustituir la propuesta actual, que se ocupa sobre todo de factores de índole económica. 
Otra pregunta que me gustaría formular es cómo una persona consciente puede estar a favor de una propuesta de Directiva para la que se han presentado hasta ahora tan solo 1 000 enmiendas, de un total de 2 000 o 3 000. 
Para colmo, determinar qué enmiendas han obtenido la aprobación de esta Cámara durante el debate resulta imposible tanto física como mentalmente. 
– Señor Presidente, Señorías, quisiera tomar como punto de partida las reflexiones del señor Sacconi, que se ha pasado el último domingo pensando en esta disposición, que sin duda es un compromiso pero que conlleva también una gran responsabilidad. 
No obstante, considero que el señor Sacconi ha cometido algunos errores fundamentales, sobre todo en lo tocante a las relaciones con otros. 
Así, para alcanzar un compromiso, habría debido reflexionar también con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: de otro modo su posición es claramente personal y no compartida por la comisión. 
Por esta razón, señor Sacconi, considero que ha elegido el camino equivocado al renunciar a buscar una solución que tuviera la aplicación más general posible. 
A este respecto, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el sistema OSOR (una sustancia, un registro). 
Creo que debemos intentar encontrar una solución que desvincule el sistema OSOR del paquete REACH, porque de este modo las pequeñas y medianas empresas no están protegidas, como se ha destacado en varias ocasiones. 
Además sería conveniente reflexionar sobre el tonelaje en los casos en que los costes resulten demasiado altos. 
No obstante, creo que en el caso de los productos peligrosos, los costes del tonelaje deberían tenerse en cuenta debidamente sin perder nunca de vista el aspecto de la peligrosidad. 
Además, no estoy de acuerdo con la decisión de dividir la lista de productos en dos partes, pues ello discriminaría a algunos productos peligrosos y a algunas empresas. 
Señor Presidente, volvemos a encontrarnos con una legislación concebida para un fin, pero disfrazada de otra cosa. 
¿Quién puede negar la necesidad de controlar el uso de productos químicos y la protección de la seguridad pública? 
El registro –quizá; la evaluación por científicos –por supuesto; pero ¿la autorización por funcionarios de una agencia de sustancias y productos químicos? 
El Reglamento REACH no tiene nada que ver con el control de los productos químicos; tiene que ver con unos burócratas que responden ante las multinacionales, las dos partes de un acuerdo no escrito dispuestas a explotar el insaciable deseo de aún más ingeniería social y control centralizado. 
REACH se ha vendido a un público ingenuo como una panacea para un mundo mejor, un «gancho» , a mi juicio, de lo más burdo. 
Si REACH es aprobada, incluso en su redacción actual, con el compromiso, cualquier pequeña empresa con una nueva idea o un producto que podría realmente hacer de este mundo un lugar mejor encontrará con toda probabilidad que el precio de acceso al mercado es excesivamente alto. 
La ley de las consecuencias políticas no deseadas ya dice que el efecto de REACH será la exportación de puestos de trabajo. 
Las empresas de este sector se verán ahogadas en la Unión Europea y surgirán en otros países que no están paralizados por una legislación apabullante. 
Ese será el efecto, precisamente la antítesis de lo que necesitamos. 
Señor Presidente, pasado mañana el Parlamento Europeo votará el Reglamento REACH, tras dos largos años de procedimiento legislativo. 
Desde el momento en que nos pusimos manos a la obra, hasta hoy, todos los diputados implicados han dedicado un número impresionante de horas, para conseguir un resultado que, con el mayor consenso posible dentro de esta Cámara y con otras instituciones, protegiese adecuadamente la salud del consumidor e incrementase la calidad del medio ambiente, todo ello sin perjudicar la competitividad de nuestra industria. 
He de reconocer que, inicialmente, tal resultado parecía bastante difícil de alcanzar, pero me satisface comprobar que, a pocas horas de la votación, los mayores Grupos políticos mantienen posiciones relativamente cercanas. 
El compromiso sobre registro, firmado por el Grupo Socialista, por nuestro Grupo y por los Liberales, demuestra que el Parlamento Europeo sabe estar a la altura de las circunstancias y tomar decisiones responsables respecto a nuestros ciudadanos y nuestra industria. 
Porque, a fin de cuentas, de esto se trata: de transmitir a la ciudadanía un mensaje de confianza, de hacerle saber que su bienestar es una prioridad para las instituciones de la Unión. 
También es nuestro trabajo legislar para promover la competitividad de nuestra industria, como nos comprometimos en Lisboa y reiteramos hace pocos meses. 
Señor Presidente, muchos colegas aquí presentes, representantes de varios Grupos políticos, hemos presentado conjuntamente enmiendas que consideramos esenciales para conseguir que REACH sea un ejemplo de cómo la legislación europea puede ser a la vez coherente, responsable con la salud de los ciudadanos y promotora de innovación y competitividad. 
Espero que una gran mayoría de esta Cámara las apoye. 
Señor Presidente, sin duda puedo suscribir lo que ha dicho el señor Vidal-Quadras Roca. 
En la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía nos dedicamos a alcanzar compromisos, y tenemos claro, a juzgar por el paquete de compromisos negociado por el señor Sacconi y el señor Nassauer, que tanto ellos como nosotros hemos tenido ideas semejantes. 
Con ello quiero decir que nosotros queríamos hacer todo lo posible por conseguir una política energética adecuada, para desarrollarla y mantener la competitividad, sin olvidar por ello el segundo pilar, con su protección de la salud, del medio ambiente y de los trabajadores. 
Ambos están directamente relacionados. 
Creo que estas cuestiones están presentes en el compromiso, pero todo se está complicando y veremos cómo avanzan nuestras negociaciones mañana, pues aún nos queda un día antes de votar. 
Aunque sin duda tenemos un paquete de compromisos, solo se refiere al registro, y habrá que ver qué es lo que podemos conseguir en los demás asuntos, desde la autorización hasta las cuestiones relativas a la protección de datos y muchos otros aspectos. 
La Presidencia del Consejo ha realizado algunas sugerencias. 
Yo estaría contenta si estas negociaciones nos llevaran a un compromiso adecuado, tanto aquí como en el Consejo, antes de finales de año, para que el asunto no acabe archivado. 
También aconsejaría a todos los diputados que hoy han realizado comentarios sobre Alemania que se detuviesen por un momento a considerar el hecho de que existe una relación entre la búsqueda de una política energética nacional en un determinado Estado miembro –lo cual, me permito añadir, es el caso de los países nórdicos– y la clase de política energética que estamos construyendo en Europa, que puede sintetizarse con la palabra «competitividad». 
Alemania es el tercer fabricante de productos químicos del mundo, por detrás de Estados Unidos y Japón, pero por delante de Francia, China e Italia; en la Unión Europea, representa más del 25 % de la facturación de productos químicos y uno de cada cuatro puestos de trabajo en el sector. 
Estas son cifras de las que simplemente han de tomar nota, ya que son importantes, no solo para Alemania, sino también para la Unión Europea, cuando se habla de mantener el empleo. 
Solo en 2004 se invirtieron 7 700 millones de euros en investigación. 
Siempre estamos hablando y hablando de cuánto necesitamos la investigación y cuánto queremos que las empresas inviertan en ella... ¡pues adelante, apoyémosla! 
Permítanme darles una última cifra, sobre la dimensión de las empresas químicas en Europa: el 92,5 % de ellas son pequeñas o medianas empresas. 
Esta es otra estadística de la que deberíamos tomar nota. 
– Señor Presidente, cuando lleguemos a votar el proyecto REACH, lo haremos al final de un debate que ha durado casi dos años y que, en sus inicios, se planteó en términos marcadamente ideológicos. 
Digo esto no solo en referencia al lamentable sensacionalismo de la anterior Comisaria de Medio Ambiente, sino también a algunas de las opiniones que han vertido los Verdes en el día de hoy. 
Hay que decirles, amablemente, que la política es algo más que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que el Parlamento es algo más que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y que la Unión Europea es algo más que Escandinavia. 
Me gustaría decir que estoy de acuerdo con la señora Mann en la medida en que en esta Cámara trabajamos por los intereses de Europa. 
Yo supongo que eso es lo que hacen mis colegas diputados de otros países y sería exigible que me concedieran lo mismo. 
No obstante, hay que decir que la introducción inicial de la ideología en el debate se debe al mundo empresarial tanto como pueda deberse a cualquier otra parte interesada, pues fueron muchas las personas de ese mundo que se sintieron obligadas a profetizar que el sistema REACH sería la ruina del sector, por exagerada que fuera tal afirmación. 
Desde entonces, el debate ha entrado en una fase de mayor racionalidad y, verdaderamente, era necesario que así fuese. 
En particular, me gustaría dar las gracias al seór Nassauer y al señor Sacconi por haber gestionado tan bien este expediente tan difícil. 
Debe quedarnos perfectamente claro que la mayoría de pequeñas y medianas empresas, concretamente las que se sitúan al final de la cadena de producción, tendrán importantes problemas si no se simplifican los requisitos legales, si no reciben apoyo externo –que será costoso–, si los medios de aplicación no son viables y si el proyecto de la Comisión permanece en su forma original. 
Por esto nosotros apoyamos a la plataforma «Objection! », una alianza europea de PYME que ha tomado parte activa en el debate y demostrado de forma práctica lo que realmente va a suponer REACH para la ciudadanía. 
Incluso ahora, la legislación que impulsamos desde Bruselas se ha vuelto tan compleja que, a menudo, supera la capacidad de las PYME para manejarla. 
De ahí que si no logramos restar complejidad a los procesos de información y evaluación en el curso de la ejecución de REACH, el déficit de transposición actual se hará todavía más grande, y eso verdaderamente no interesa a nadie en esta Cámara. 
Para que el sistema de registro esté más orientado al riesgo, la propuesta de compromiso realiza un cambio paradigmático necesario, y con razón, pues ahí es donde está la deficiencia fundamental del proyecto de la Comisión. 
El hecho es que con esto cabría temer que la exigencia de datos sin hacer referencia al riesgo daría lugar a la pérdida de sustancias en el mercado puramente por razones de coste. 
Si esto ocurriese, REACH no solo habría fracasado en uno de sus objetivos fundamentales, sino que además habría debilitado la capacidad de innovación del sector europeo. 
Por lo tanto, seamos serios, legislemos mejor, actuemos con criterio en la adopción de REACH. 
Yo añadiría que creo que este debate debería estar celebrándose en Bruselas y no en Estrasburgo. 
Señor Presidente, el proyecto de Reglamento REACH perdería su fuerza si se suavizara de alguna manera. 
El desafortunado compromiso mal aconsejado que han alcanzado el señor Schulz y el señor Poettering no es otra cosa que un deseo hecho realidad para la industria química alemana. 
La industria saldría ganando, mientras los perdedores serían el medio ambiente y la protección del consumidor. 
Este compromiso sería el último clavo en el ataúd de esta reforma de la política química. 
Necesitamos un REACH riguroso y el equivalente de una ITV para el sector químico, y no debemos consentir que las empresas sean recompensadas por no facilitar información o por falta de transparencia. 
Sin duda no puede estar bien que solo queden 12 000 de las 30 000 sustancias que inicialmente estaba previsto que regulase esta normativa. 
Esto representaría el completo abandono del principio fundamental en el que se apoya el proyecto REACH: que no pueda comercializarse ninguna sustancia si no se dispone de datos sobre su seguridad. 
Uno de los fundamentos de REACH es la inversión de la carga de la prueba, pero en esta Cámara hay quien quiere eliminar incluso esta idea. 
Yo instaría a Sus Señorías a que se liberasen de las garras del sector químico alemán y evitasen sentar otro precedente que implique que se nos tratará en el futuro como un calco de la gran coalición de Berlín. 
Sin un REACH riguroso, las personas se convertirán en cobayas de productos químicos no probados y el principio de volar a ciegas, guiados únicamente por la ignorancia, quedará consagrado por ley. 
Sin REACH aumentará el riesgo de cáncer y la incidencia de las enfermedades ambientales. 
Por lo tanto, les insto a expresar su apoyo a un REACH riguroso. 
No debe quedar a criterio de la industria la decisión sobre la información que debe o no debe aportar. 
Resulta curioso que todos los diputados a esta Cámara que afirman estar preocupados por las pequeñas y medianas empresas hayan presentado enmiendas que les van a poner las cosas más difíciles. 
Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y en particular como médico, me gustaría expresar mi apoyo a una versión rigurosa de la nueva reglamentación REACH sobre sustancias químicas. 
Durante mi época de médico en ejercicio conocí muchos casos de enfermedades provocadas por sustancias químicas, y soy perfectamente consciente del hecho de que estas sustancias están ya tan extendidas que se encuentran en nuestros hijos del mismo modo que en los productos de limpieza. 
Muchas de ellas todavía deben someterse a pruebas a fin de conocer los efectos que pueden tener en el futuro sobre las personas o sobre el medio ambiente. 
En mi opinión, la enmienda que trata de conseguir que la industria no tenga que facilitar información sobre sustancias de pequeño volumen ataca la auténtica esencia de REACH. 
Como ponente de la Directiva marco sobre la salud y la seguridad en el trabajo (89/391/CEE) , creo que debemos adoptar una versión rigurosa de REACH si queremos que esta Directiva se aplique en la práctica. 
Estoy seguro de que no lograremos mejorar la salud de las personas con un REACH descafeinado. 
Señor Presidente, es lamentable que en este Parlamento actúen poderosas fuerzas que tratan de lograr que la legislación en materia de productos químicos se suavice todo lo posible. 
REACH es una cuestión transfronteriza que afecta tanto al medio ambiente como al mercado interior. 
Por lo tanto, está justificada la adopción de medidas de ámbito comunitario. 
Creo que deben reforzarse los requisitos de información sobre sustancias químicas en pequeños volúmenes. 
Si no es así, se perderá buena parte de lo que se intenta conseguir con REACH. 
También apoyo un principio de sustitución firme. 
Suecia ya lo ha introducido y está funcionando bastante bien. 
Creo que los consumidores deben tener derecho a la información sobre las sustancias químicas presentes en los productos que consumen. 
Es indispensable que los consumidores puedan tomar decisiones activas e informadas. 
También es importante que dejemos claro que es la industria, y no las autoridades, la que debe ser responsable de la evaluación de los productos químicos registrados y de la valoración de los riesgos que puedan presentar. 
No hay contradicción entre un REACH redactado en términos de firmeza y un mercado eficiente. 
Tomar la delantera en este asunto permitirá obtener una ventaja competitiva a largo plazo. 
Por lo tanto, votaré en contra de la propuesta de compromiso ideada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
Señor Presidente, resulta inaceptable que, en estos tiempos relativamente ilustrados, permitamos la presencia de un gran número de sustancias químicas en nuestro medio ambiente sin haberlas registrado y sin conocer sus efectos nocivos. 
Resulta inaceptable que no dispongamos de normas claras para sustituir las sustancias peligrosas por otras que no lo sean tanto. 
Nos encontramos en una situación de división del Parlamento y la totalidad de la complicada propuesta que es REACH podría convertirse en papel mojado. 
Pertenezco a un partido al que le gustaría que se hubiera actuado sobre la base de la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, tal como estaba antes de los compromisos ahora alcanzados. 
Debemos constatar con pesar que no hay una mayoría a favor de la propuesta original presentada por la Comisión de Medio Ambiente. 
Sin embargo, las negociaciones con respecto a este compromiso se han llevado de forma verdaderamente democrática. 
No creo que REACH sea la última medida legislativa que adoptemos en este terreno, porque nunca dejamos de aprender cosas respecto de la necesidad de proteger nuestro planeta. 
La propuesta que ahora es aceptable para los grandes Grupos del Parlamento representa un claro avance y es mucho mejor que la actual ausencia de una legislación clara. 
Por lo tanto, estoy en condiciones de apoyar la propuesta de compromiso. 
Señor Presidente, el debate que se ha mantenido hasta la fecha sobre REACH, tanto dentro como fuera de esta Cámara, ha revelado que Europa todavía no está lista para aprobar una directiva tan contundente como esta. 
A todos nos gustaría llevar una vida más sana y más segura, en mayor armonía con la naturaleza, pero también hay que contar con la realidad económica y aplicar el sentido común. 
No obstante, tampoco queremos rechazar esta oportunidad de mejorar la situación para los europeos en términos legislativos. 
Afortunadamente, el ponente ha redactado una propuesta de compromiso que concilia los intereses de las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como los de los consumidores y trabajadores que se preocupan por el medio ambiente. 
Yo votaré a favor de esta propuesta en bien de las futuras generaciones, aunque implique pérdidas económicas para mi país. 
Europa necesita normas comunes que cumplan tanto sus Estados miembros como sus socios extranjeros. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente. 
Sir Tom Blundell, Presidente de la Royal Commission on Environmental Pollution, afirmó que, dados nuestros conocimientos sobre la forma en que las sustancias químicas interactúan con el medio ambiente, se puede decir que estamos realizando un enorme experimento con seres humanos y otros seres vivos. 
Por eso se presentó esta propuesta. 
Sin embargo, Sir Tom Blundell también dijo que, si seguimos la propuesta inicial, este enorme retraso durará 50 años y se destruirán unos seis millones de animales. 
Por lo tanto, la clave es establecer prioridades, conseguir que el sistema sea viable, proteger la salud, reducir el número de experimentos con animales y conseguir todo esto en el plazo de diez años. 
Nos estamos embarcando en esto porque la mayor parte de los productos químicos son seguros y dependemos de ellos, pero algunos deben manipularse con cuidado y algunos son tan peligros que debemos encontrar alternativas seguras. 
Sin embargo, no sabemos cuáles son cada uno de esos productos. 
Desde 1981 hemos regulado los productos químicos nuevos, que, sin embargo, son únicamente unas 3 000 sustancias de las 100 000 que existen, y nos han hecho falta 40 reglamentos y directivas distintos para hacerlo. 
De ahí que queramos simplificarlo: queremos una normativa única, formas más comprensibles de determinar qué sustancias están entre el 20 % que se estima que necesitarán una evaluación y una autorización. 
La industria precisa seguridad y claridad. 
Así que, con nuestros compromisos y nuestras enmiendas, buscamos el establecimiento de prioridades, el registro previo, el concepto «una sustancia, un registro» , la puesta en común de datos, un equilibrio entre volumen y riesgo, que se tengan especialmente en cuenta las necesidades de las pequeñas empresas sin sacrificar la salud pública y que sea preceptivo compartir datos para reducir y conseguir la progresiva desaparición de la experimentación con animales. 
También necesitamos asegurarnos de que nuestras industrias europeas no resulten desfavorecidas, así que debemos llegar tan lejos como podamos para garantizar que las sustancias de los artículos importados a Europa estén obligadas por las mismas normas que los producidos aquí, sin infringir las normas de la OMC. 
Es preciso que tengamos en cuenta las preocupaciones, muy reales, de los países en vías de desarrollo, sobre todo sobre la cuestión de los minerales y la minería, y que nos aseguremos de no dañar sus frágiles economías. 
Señor Presidente, muy pocas veces en la historia de este Parlamento nuestro trabajo legislativo ha despertado un interés tan intenso. 
Y con razón, porque esta legislación, junto con los demás aspectos mencionados en este debate, nos ofrece una gran oportunidad para ponernos a la cabeza del mundo en lo que respecta a la legislación y autorización de productos químicos, así como para ejercer nuestra influencia sobre lo que ocurre no solo dentro de la Unión Europea, sino también fuera de nuestras fronteras, con otros productores químicos de todo el mundo. 
Esto es algo que tenemos que tomarnos en serio, porque realmente puede surtir efecto. 
Por eso es tan importante apoyar el compromiso Sacconi-Nassauer y conseguir la aprobación de esta legislación en el Parlamento, para poder mejorar la salud humana y el medio ambiente en todo el mundo, sin deteriorar por ello la competitividad de nuestra industria. 
– Señor Presidente, Señorías, ante una disposición de tan vasto alcance, es importante encontrar un justo equilibrio entre la necesidad insalvable de proteger la salud de los ciudadanos, trabajadores y consumidores por un lado y, por otro, la necesidad de sostener el peso de la industria química europea en la economía y el mercado de trabajo. 
Esta industria no solo está representada por las grandes empresas de algunos países, sino también por pequeñas, a veces pequeñísimas, y medianas empresas de países como el mío, Italia. 
Por ello creo que la labor de convergencia y aproximación entre posiciones de partida muy diversas y distantes que se ha llevado a cabo mediante compromisos puede considerarse positiva, porque asume las múltiples razones y realidades en juego. 
A mi juicio, los puntos importantes son la necesidad de proteger la salud de los ciudadanos, la información a los consumidores, la ayuda a las pequeñas y medianas empresas durante la aplicación de REACH, entre otras cosas mediante el apoyo a la investigación, la creación de una agencia fuerte y dotada de poderes reales, la flexibilización de los procedimientos para las pequeñas y medianas empresas y, por último, la importancia del OSOR (una sustancia, un registro) , sin prever demasiadas excepciones, pues considero que la puesta en común de los datos y el reparto de los costes son elementos importantes para las pequeñas y medianas empresas. 
Por último, creo que deben definirse normas seguras para los productos de importación, puesto que para ellos deben valer las mismas normas que aplicamos a los productos europeos. 
– Señor Presidente, desde el lanzamiento del proyecto REACH hemos progresado mucho. Hemos descubierto que utilizábamos más de 100 000 compuestos químicos sin conocer sus efectos. 
Hemos comprendido que nuestros conciudadanos estaban enfermos a causa de las sustancias tóxicas que intervienen en nuestros puestos de trabajo, nuestra comodidad y nuestra felicidad. 
Hace veinte años, cuando los primeros estudios toxicológicos demostraron la contaminación de osos polares por dioxinas, nos extrañamos, indignados, pero, por supuesto, ¡no íbamos a detener el progreso por unos pocos osos polares! 
Hoy, el cuerpo médico es categórico: el que está intoxicado es el hombre en todo el planeta. 
Estudios recientes han demostrado que las mujeres, como madres, transmitimos un patrimonio tóxico a nuestros hijos a través del cordón umbilical. 
Lo que está en peligro es el futuro de la especie humana, mal que pese a algunos colegas aquí presentes. 
Y hay urgencia, si no queremos ser cómplices de una catástrofe sanitaria imputable a los productos químicos. 
El proyecto REACH inicial nos permitía superar este desafío. 
Por desgracia, los chantajes de deslocalización y las presiones de los industriales envenenaron nuestro debate y desnaturalizaron la ambición de REACH. 
El compromiso del ponente es una ilusión, un desequilibrio entre salud y competencia, porque la salud vale mucho más que un regateo bajo presión y ni la Comisión ni el Consejo han cifrado el coste sanitario de un REACH debilitado. 
– Señor Presidente, Señorías, las fuerzas contrarias a REACH hacen gala de un auténtico encarnizamiento de que podemos calificar de antieuropeísta. 
Son las fuerzas del mercado descontrolado, de la desregulación y del beneficio que especula con la salud y el medio ambiente. 
Todas esas fuerzas representan valores negativos que van en contra de los principios básicos de una Europa armonizada en cuestiones sociales y ambientales. 
Francamente, no nos ha gustado el comportamiento del señor Barroso. 
Pensamos que a esas fuerzas hay que responder con firmeza y decisión. 
Por este motivo no compartimos y criticamos enérgicamente los malos compromisos alcanzados, que encierran el riesgo de debilitar gravemente el reglamento REACH, sin ofrecer siquiera resistencia a las fuerzas que quisieran verla muerta. 
Por ello, volvemos a presentar a la Cámara –y pienso que con el consenso del vasto movimiento que en este momento intenta hacer que este Parlamento legisle lo mejor posible– todos los textos necesarios para tener un reglamento REACH fuerte, que sirva realmente a una Europa moderna. 
Señor Presidente, enterrada en el fondo de las opiniones de comisiones adjuntas al informe Sacconi, encontramos una breve contribución de la Comisión de Presupuestos, que incluye las previsiones de financiación para la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos que se propone. 
Estas previsiones aparecen en forma de una tabla admirablemente clara que abarca los años 2006 a 2016 y establece que 78 millones de euros del dinero de los contribuyentes vayan a parar a la Agencia durante ese periodo. 
Curiosamente, esa cantidad se reparte de forma muy desigual entre los diez años en cuestión: la mayor parte de ella, más de 50 millones de euros, se concentran en 2014 y 2015. 
Y lo que es aún más curioso, nadie de la Comisión de Presupuestos, incluido el Presidente, parece saber nada sobre esas cifras, a pesar de que aparecen en su opinión. 
¿Por qué? 
¿Y por qué se prevé que la Agencia utilice dos tercios de ese presupuesto para diez años en solo dos años de la próxima década? 
– Señor Presidente, para la primera lectura por el Parlamento Europeo del proyecto de reglamento relativo al registro, la evaluación y la autorización de las sustancias químicas, así como a las restricciones aplicables a dichas sustancias, y aprobando el papel que debería desempeñar la Agencia Europea, debemos adoptar una postura prudente, porque este texto, incluso con todas las enmiendas que se han introducido, está lleno de agujeros y dista mucho de ser un éxito. 
Además, no parece encontrar el equilibrio deseado entre los tres principios fundamentales: protección de la salud y del medio ambiente, competitividad de las empresas, innovación y sustitución. 
Esta falta de precisión se deriva de los costes distorsionados que este reglamento acarrearía, que oscilarían entre 3 000 y 180 000 millones de euros, así como de sus beneficios, que se estima representarían un importe de entre 5 000 y 230 000 millones de euros. 
La disparidad entre los costes anunciados por la Comisión, como los costes avanzados por la industria, es enorme. 
Ahora bien, no olvidemos que esos costes serán soportados únicamente por la industria, que este reglamento afecta a 5 millones de puestos de trabajo y que estará cargado de consecuencias. 
Por esta razón, no nos dejaremos influir por declaraciones puramente políticas y juzgaremos caso por caso las distintas enmiendas que se presenten. 
Señor Presidente, quisiera agradecer el esfuerzo ingente que han hecho no solo el señor Sacconi, los coordinadores y los ponentes, sino también todo el equipo técnico y los funcionarios, para poder llegar a un acuerdo en un documento tan complejo. 
Esto es signo de que la política funciona y de que el Parlamento funciona cuando se trata de un trabajo realmente importante. 
Estamos ante un documento complejo, no solo porque engloba muchísimas políticas, sino porque, además —y es lo que voy a defender aquí—, es un documento abierto. 
Creo que se está tratando el tema como si toda la política de productos químicos finalizara con el REACH; sin embargo, la política de productos químicos, si quiere atender a la salud y al bienestar de los ciudadanos, debe ser complementaria de otras políticas de la Unión y de otras políticas de los países y, por tanto, no podemos creer que el mundo se hunde o se salva solo con el REACH. 
Y creo que será el instrumento idóneo para hacer políticas de consenso. 
¿Cuáles son las ventajas del REACH? 
Desde mi punto de vista, ha creado la base para una política común europea en el terreno químico y ha conquistado el territorio para la coordinación y la política común. 
En segundo lugar, ha creado una Agencia a la que se confiere autoridad, competencias, responsabilidad y capacidad de coordinar, lo cual, creo, que es una conquista extraordinaria para los ciudadanos. 
En tercer lugar, toda la base del REACH la constituye el reconocimiento de la ciencia y del valor de la ciencia y de los estudios, lo que supone una garantía de objetividad para el futuro y abre las puertas, también, a la información a los ciudadanos y a las empresas. 
Creo que ése es otro punto del que tenemos que congratularnos. 
Por otra parte —y con esto quiero finalizar—, considero que es absurdo creer que la responsabilidad de la política de salud debe caer enteramente sobre las empresas; se está culpabilizando a las empresas de todo lo que ocurre en el mundo de la salud y los productos químicos. 
Creo que a las empresas, en este caso, se les da mayor responsabilidad que antes y se les obliga a hacer estudios, pero la política de salud respecto a nuevos productos químicos solo podrá llevarse a cabo si compaginamos una buena investigación de los Estados y una buena investigación sanitaria y si, precisamente, la Agencia aparece, con un grupo de expertos, como receptora de esa información que ha de transmitirse a las industrias. 
Señor Presidente, yo creo que todos estamos tratando de crear un sistema eficaz y viable que logre mejorar la seguridad de las sustancias químicas. 
Para conseguirlo, es fundamental garantizar la rápida aplicación del registro previo. 
De este modo, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos podrá advertir a todos los fabricantes, importadores y consumidores de forma inmediata si aparecen nuevos datos en relación con alguna sustancia. 
Sin embargo, tampoco debemos permitir que el proyecto de normativa REACH sea motivo de discriminación entre las sustancias fabricadas y las sustancias naturales, entre zonas geográficas determinadas o entre Estados miembros –ahora estoy pensando en los nuevos Estados miembros, cuya industria tiene menos capital– o entre pequeñas y grandes empresas. 
REACH afecta a la industria de toda Europa; en otras palabras, estamos hablando de varios millones de puestos de trabajo. 
Las pruebas estadísticas confirman que uno de los mayores riesgos para la salud y la longevidad de las personas es el desempleo. 
La única clase de legislación que podremos aceptar será la que genere tantos puestos de trabajo nuevos como los que pueda destruir. 
La innovación, la investigación y el desarrollo son importantes para el descubrimiento y producción económicamente eficiente de sustancias de mejor calidad. 
Cuando presentamos nuestras propuestas de enmienda en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, lo hicimos guiados por la preocupación de proteger el medio ambiente, proteger la salud y salvaguardar el empleo. 
Les insto a apoyar estas enmiendas. 
Por último, si me lo permiten, ¡me gustaría dar a Guido Sacconi una manzana mucho mejor –y más sana– de mi jardín! 
– Señor Presidente, como la mayoría de los diputados que me han precedido, acojo con agrado la propuesta REACH, que debería garantizar que las sustancias empleadas en la vida cotidiana carezcan de peligros para la salud humana y para el medio ambiente. 
La autorización de una sustancia perjudicial ha de ser, a mi entender, una etapa esencial del reglamento. 
¿Cómo utilizar el producto? 
¿Cómo prohibir su utilización por un público confiado? 
¿Cómo elaborar también un plan de estudio con vistas a la sustitución de un producto peligroso? 
REACH debe contribuir asimismo a que avance el conocimiento de las sustancias químicas, creando una base de datos europea, así como estimular la innovación, alentando la sustitución de los productos que preocupan. 
REACH será un buen reglamento si, apoyándose en los conocimientos y la competencia de las industrias químicas, da lugar a la aparición de nuevas tecnologías, nuevas sustancias y nuevas empresas. 
Habremos tenido éxito si adoptamos un sistema proporcionado, simple, eficaz y práctico para las empresas. 
Habremos tenido éxito si el jueves aprobamos un texto equilibrado, que permita a las empresas mantener su liderazgo a escala mundial y que preserve la salud de las personas y del medio ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría dar mis las gracias de todo corazón al señor Sacconi por su excelente trabajo, aunque quizá nuestras opiniones sobre este tema no siempre hayan coincidido. 
También me gustaría dar las gracias a la señora Ek y al señor Nassauer por haber elaborado opiniones clave en nombre de otras comisiones consultadas. 
Si se me permite, me gustaría comentar brevemente la importancia de REACH: he tenido el placer de ser diputado a esta Cámara durante 17 años y creo que este es uno de los informes más extensos y más importantes que jamás hemos debatido aquí. 
Este informe también tendrá importantes implicaciones para la salud –o al menos así lo esperamos– y para la industria. 
Por una vez hay una cuestión sobre la que el Comisario Verheugen y yo no estamos de acuerdo, y me alegro de que vuelva a estar presente en esta Cámara. 
El nuevo trabajo de la Comisión sobre este expediente ha sido impecable, pero la primera vez que se presentó este informe de 1 200 páginas ante esta Cámara apenas se dieron explicaciones y se facilitó muy poca información. 
Este fue el motivo de que, a lo largo de los siguientes meses, otras partes implicadas más allá de los límites de esta Cámara presentasen una versión muy descafeinada del debate. 
Estoy encantado de que ahora estemos ya en el camino de conciliar las dos prioridades de REACH, como son la protección del consumidor y la política industrial, ya que de este modo lograremos que esta legislación sea auténticamente innovadora y esté orientada al futuro. 
Será difícil pasar por alto las implicaciones de 1 200 páginas. 
Estoy encantado de que hayamos logrado incorporar el concepto de exposición a las sustancias químicas en el informe, al menos hasta un límite de 100 toneladas. 
Este es exactamente el enfoque que yo creo que debería adoptarse para llamar la atención sobre un asunto que me toca muy de cerca: las pruebas de las sustancias químicas que contienen el tabaco y los cigarrillos. 
No se trata del tabaco ni de la prohibición de fumar, sino que estoy hablando de realizar pruebas con los productos químicos mezclados a mano en los cigarrillos y en el papel de fumar. 
Tememos que estas sustancias puedan ser mutágenas, carcinógenas y adictivas. 
Este asunto me preocupa mucho y quisiera urgir a los diputados a esta Cámara a manifestar su apoyo. 
Me gustaría dar las gracias de nuevo al ponente principal y a los ponentes de opinión. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a Guido Sacconi el trabajo que ha hecho al tratar este expediente tan complicado. 
Creo que el Parlamento ha hecho una buena labor, porque el Reglamento REACH es importante. 
Cabría decir que para muchos es malo que haya una industria química, pero, si nos fijamos, en aquellos países en los que no hay una industria química, la media de vida es, aproximadamente, la mitad o la tercera parte de la de los países desarrollados. 
Por tanto, creo que es conveniente que saquemos adelante una legislación que, por un lado, garantice la calidad de vida y la calidad de los productos, pero que, al mismo tiempo, haga posible que esta industria química de la que vivimos y de la que depende el progreso farmacéutico siga funcionando. 
Creo que es una cuestión de equilibrio y que Guido Sacconi y los ponentes de las diferentes comisiones han examinado los diferentes elementos y creo que el próximo jueves estaremos en condiciones, aquí, en este Parlamento, de votar un texto que cuente con la aprobación de todos los sectores del Parlamento. 
– Señor Presidente, dentro de dos días exactamente, el Parlamento tendrá la oportunidad de oro de reconciliar Europa con los europeos aprobando esta ambiciosa directiva REACH, que realmente protegerá la salud y nuestro medio ambiente. 
Así pues, la elección es simple: o bien damos la espalda a las preocupaciones ciudadanas sucumbiendo a las sirenas de cierta industria o votando según la divisoria tradicional derecha-izquierda totalmente superada aquí, o bien el Parlamento Europeo convierte el proyecto elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en un proyecto REACH fuerte, portador de esperanza para los ciudadanos y para los muchos innovadores de la industria que han apostado por una química limpia. 
Una directiva REACH ambiciosa, pues, que permitiría frenar la progresión del número de cánceres y otras patologías, como piden dos millones de médicos en Europa, y que permitiría también proteger a millones de trabajadores expuestos cotidianamente. 
Con un registro de talla superpequeña y una posibilidad de exclusión voluntaria de talla supergrande, o dicho de otro modo, con un máximo de posibilidades de escapar del sistema «una sustancia – un registro» , ¿cómo pueden hablar, señores Sacconi y Verheugen, de un compromiso ambicioso? 
Yo llamo a esto una derrota. 
Deseo que, este jueves, el Parlamento haga una apuesta moderna por conjugar salud y trabajo sostenible, en vez de seguir oponiéndolos inútilmente. 
Concluiré, si me lo permite, señor Presidente, con una breve respuesta amistosa a mi colega el señor Goebbels: yo, que soy liberal, no me siento especialmente «verde» tomando esta opción, que no es de derechas ni de izquierdas, sino que es una apuesta por el futuro. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la ciencia de la química y los compuestos químicos que dicha ciencia produce han ayudado a la humanidad a resolver sus problemas a lo largo de su historia; esto es un hecho, del mismo modo que es un hecho que hoy en día tenemos miles de compuestos y productos en circulación y que muchos de ellos son peligrosos y pueden causar daños al medio ambiente y a la salud. 
En consecuencia, ha llegado la hora de que apliquemos una política en este sector y esa política está expresada en el Reglamento REACH. 
Este reglamento nos da la oportunidad de probar en la práctica y de ponernos a prueba en una serie de cuestiones en relación con la Unión y sus ciudadanos. 
Me refiero a las cuestiones de protección del medio ambiente y de salud pública y a la necesidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias creadas por la introducción de criterios cuantitativos y también cualitativos, como los riesgos inherentes a los compuestos químicos. 
Esta norma también debe regular cuestiones relativas a la protección del medio ambiente y la salud pública, al tiempo que ha de permitir que la industria química europea se adapte durante la fase de transición prevista. 
Por lo tanto, con esta reglamentación básicamente podemos tener un ejemplo tangible de aplicación práctica del modelo de desarrollo sostenible, que apoya y se apoya en una combinación armoniosa de los tres pilares, que son –si me permiten recordárselos– la protección del medio ambiente y la salud pública, el desarrollo económico, la cohesión social y el aumento del empleo. 
Repito que «podemos tener un ejemplo de aplicación palpable» , principalmente expresando la expectativa de que la industria química europea responderá del modo que mejor conoce –en otras palabras, con innovación– para que no solo se adapte, sino que refuerce su competitividad y el empleo. 
La innovación –me refiero a la composición de nuevos compuestos que sean respetuosos con el medio ambiente y con la salud– es la clave para alcanzar la actualización armoniosa de los tres pilares del desarrollo sostenible. 
Por último, quiero hacer hincapié en que tengo confianza en que el procedimiento de codecisión aunará todos los aspectos de este complejo asunto, de modo que podamos conseguir el mejor reglamento posible. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi sincero reconocimiento y gratitud al señor Sacconi, que ha realizado, a mi juicio, un trabajo excelente. 
La propuesta REACH significa que hay que someter a ensayo 30 000 sustancias. 
Como tal, constituye una fuente de innovación, así como de simplificación. 
La entrada en vigor de REACH supondrá la eliminación de 40 directivas, lo que tendrá un efecto beneficioso tanto para el medio ambiente como para la innovación. 
Hay muchas enmiendas magníficas para hacer de REACH un instrumento más operativo y menos costoso, así como para limitar los ensayos con animales, pero todavía quedan, por desgracia, bastantes empresas que se oponen a la innovación y prefieren refocilarse en lo desconocido y no son proclives a buscar unas alternativas más seguras y limpias. 
Francamente, creo que resulta bastante decepcionante que reciban una dosis apreciable de apoyo político. 
Todos asumimos el reto de Lisboa. 
La innovación forma parte del núcleo de la sólida posición competitiva de la industria europea. 
Sin una innovación continuada para hacer unos productos más limpios, seguros y saludables, la industria europea acabará sucumbiendo frente a China, la India y los Estados Unidos. 
Los socialdemócratas neerlandeses no podemos respaldar el compromiso que tenemos ahora delante. 
Representa un enorme retroceso que en lugar de 30 000 sustancias, solo 8 000 estén sujetas al régimen completo de ensayos de REACH, porque entonces prevalecerá la incertidumbre entre los consumidores, y el riesgo de alergias, el cáncer y las enfermedades contraídas en el trabajo quedarán perpetuados innecesariamente y las sustancias tóxicas en potencia permanecerán en el medio ambiente. 
Y por último, con esto se está tirando además por la borda un incentivo para la innovación continuada en la industria europea. 
Señor Presidente, uno de los elementos clave de este Reglamento son los requisitos de datos para el registro. 
Se ha presentado ante la Cámara un compromiso muy satisfactorio respecto de este tema y ha merecido el apoyo de los tres principales Grupos en el Parlamento. 
En este contexto, y dirigiendo mis comentarios concretamente al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, quiero subrayar el argumento de que un compromiso respaldado por una mayoría parlamentaria tan amplia constituye un procedimiento democrático totalmente normal. 
Las acusaciones de que esta Cámara ha sido hipnotizada por la industria química resultan insultantes y deseamos manifestar nuestra protesta por las mismas. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa siempre ha abogado por una versión operativa de REACH. 
Nuestra petición central es un sistema que reduzca los costes drásticamente para las empresas, sobre todo para las pequeñas y que evite trámites burocráticos innecesarios, sin sacrificar los objetivos de protección del medio ambiente y del consumidor. 
No hace ni un año que nuestra posición fue tildada de proclive a la industria; ahora es el planteamiento objeto de consenso. 
Implica la introducción de categorías de exposición, una suavización significativa de las leyes para las sustancias de bajo tonelaje y la concesión de derogaciones para investigación y para el OSOR. 
Pero al mismo tiempo, el otro elemento clave de REACH, a saber, la autorización de sustancias químicas, no debe ser víctima de una historia de éxito político por lo que respecta al registro. 
El asunto es que REACH no solo afecta a la industria química, y digo esto sobre todo por lo que respecta al señor Nassauer, ya que es algo que le gusta resaltar con el máximo énfasis. 
Al contrario, afecta a todos los sectores que procesan sustancias químicas. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha vuelto a presentar la propuesta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía referente a la autorización, ya que es enormemente sensata. 
Las empresas necesitan unos criterios claros para cumplir con la legislación y planificar a futuro. 
Las sustancias peligrosas solo deberán reemplazarse cuando la evidencia científica indique que existen alternativas seguras. 
Además, es necesario adoptar un enfoque flexible respecto de la autorización temporal de sustancias químicas, teniendo debidamente en cuenta los ciclos de productos específicos de cada sector. 
– Señor Presidente, Señorías, la propuesta que estamos debatiendo hoy cita entre sus principales objetivos la protección de la salud humana y del medio ambiente. 
No obstante, persigue también el objetivo de mantener y reforzar la competitividad de la industria química de la Unión Europea y de aumentar la transparencia en interés de los consumidores. 
A este respecto, hay que subrayar el efecto de esta nueva normativa en las pequeñas y medianas empresas de los Estados miembros, que son las que más abrumadas se verán por los nuevos costes administrativos y burocráticos derivados de ella. 
Lo que he dicho debe relacionarse con el papel económico que desempeñan las pequeñas y medianas empresas de la industria química. 
De las 22 000 empresas químicas existentes en Europa, el 96 % son PYME, que aportan el 28 % de la producción. 
Es necesario, por tanto, reflexionar sobre la repercusión negativa en los costes de producción, que resultarán más gravosos y onerosos para las PYME, así como en la pérdida de competitividad dentro y fuera del mercado común a causa del mayor coste de los productos acabados. 
A la luz de lo que he dicho, considero muy importante la aplicación del principio OSOR (una sustancia, un registro) y la posibilidad de formar consorcios de empresas para poder reducir los costes y los experimentos superfluos, pero al mismo tiempo veo con reticencia las numerosas posibilidades de exclusión voluntaria previstas en el compromiso sobre el registro, que parecen negar el principio mismo. 
En segundo lugar considero fundamental para la aplicación de las prioridades y los objetivos que REACH se propone que todos los productos importados sean sometidos a normas de seguridad equivalentes a las vigentes para los productos fabricados en la Unión Europea. 
En este sentido me gustado que la Unión Europea, que en materia ambiental está a menudo en la primera línea de batallas difíciles –basta pensar en la cuestión del cambio climático y el Protocolo de Kyoto–, se hiciese abanderada de estas necesidades y negociase con la OMC la ampliación de estas normas a todos los países productores de sustancias y productos, insistiendo en la necesidad de aplicar el principio de trazabilidad de las sustancias. 
Por este motivo estoy en contra de la exención de los productos destinados a terceros países. 
Señor Presidente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al señor Sacconi por su excelente trabajo. 
Pero lamento tener que decir que tengo una visión bastante menos optimista que él acerca del compromiso sobre el registro que se nos plantea. 
Quiero felicitar asimismo a un sinnúmero de diputados a esta Cámara por sus poderes de clarividencia, ya que han proclamado su apoyo rotundo a una lista de prioridades de sustancias químicas, aun cuando no hay forma de saber qué sustancias químicas son peligrosas y cuáles no. 
También me resulta difícil creer a aquellos diputados que proclaman que lo que importa es la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. 
Si ese es el caso, resulta difícil de comprender por qué algunas de las enmiendas y redacciones en el compromiso apuntan en contra de estas pequeñas y medianas empresas. 
A mi juicio, este es un caso nítido de diputados que defienden los intereses de las grandes empresas. 
Quiero terminar llamando la atención de la Cámara sobre un estudio realizado por la Confederación Europea de Sindicatos, que detectó que el 50 % de los casos de asma y enfermedades de la piel de origen laboral podría ser prevenido mediante una versión estricta de REACH. 
Una diputada ha señalado anteriormente que hay millones de trabajadores empleados en este sector. 
Estos mismos diputados podrían calcular el ahorro que eso significaría para el Estado y para todos nosotros. 
Señor Presidente, al igual que otros oradores, saludo con agrado el hecho de que contemos con una legislación más estricta en este campo. 
Resulta curioso –por decirlo de manera suave– que este ámbito haya estado relativamente huérfano de legislación durante tanto tiempo. 
Somos conscientes de los riesgos que presentan las sustancias químicas. 
Cada vez que se nos ha presentado un problema serio, por ejemplo, los PCB, DDT o CFC, nos ha cogido totalmente por sorpresa. 
Grande es el daño causado. 
Por tanto tenemos que adoptar un enfoque bastante más prudente. 
Las empresas tienen, desde luego, que asumir la responsabilidad tanto de proporcionar información como de sustituir las sustancias peligrosas por otras que lo sean menos, en caso de que existan. 
Quiero resaltar que el principio de sustitución ha funcionado bien en Suecia durante casi 15 años. 
Creo que este principio tiene que formar parte de la nueva legislación. 
Espero que esté de acuerdo conmigo en este punto el mayor número posible de diputados, incluidos los de mi propio Grupo. 
El debate sobre REACH ha sido complejo. 
Se dice que el diablo está en los detalles. 
En pocos ámbitos resulta el dicho más acertado que en este concreto. 
Existen montañas de detalles peliagudos que muchos diputados no dominan bien, y esto ha dificultado aún más llegar a soluciones constructivas. 
El compromiso de última hora alcanzado en el asunto del registro no es perfecto. 
Difiere en varios aspectos de la línea que yo hubiera elegido idealmente. 
A la luz de los requisitos y de lo que pudiera ser la alternativa, –es decir, una política en la que la principal responsabilidad de la recogida de la información recayera en la autoridad competente de las sustancias químicas– debo tener, a pesar de todo, una opinión positiva del compromiso. 
Repito que no me satisface, pero lo más importante de todo tiene que ser que, pese a todo, logremos una política en este entorno con la que podamos trabajar de manera que, paso a paso, seamos capaces de poner cierto orden en la jungla de las sustancias químicas. 
Por último quiero felicitar al señor Sacconi, que considero ha realizado una excelente labor a lo largo de un período muy prolongado en circunstancias complejas. 
Señor Presidente, decenas de miles de sustancias químicas nos rodean en nuestra vida cotidiana. 
Están en todas partes. 
Están en nuestra ropa. Están en nuestros coches. 
Están en el bolígrafo que tengo en la mano. 
Incluso están en los juguetes de nuestros hijos. 
Por desgracia, no es mucho lo que sabemos acerca de los efectos de tales sustancias. 
No conocemos los efectos nocivos que producen sobre nuestro medio ambiente. 
No conocemos los efectos nocivos que producen sobre nuestra salud. 
Con REACH, esto es algo que por fin tenemos la oportunidad de enmendar. 
Con REACH, se nos brinda la oportunidad de obtener los datos básicos y de aprobar una serie de principios que serán enormemente importantes. 
Para mi, el principio más importante es el de la carga inversa de la prueba según la cual, antes de que se conceda a la industria permiso para comercializar una sustancia, en el futuro le exigiremos que demuestre que la sustancia es inocua. 
Así pues, ya no corresponderá a las autoridades –como ocurre ahora– demostrar que una sustancia es peligrosa con vistas, quizás, a retirarla del mercado. 
El principio segundo y enormemente importante, cuya puesta en práctica tenemos que acordar, es el principio de sustitución. 
Si existe en el mercado una sustancia que es peligrosa y otra que no lo es y, por tanto, constituye una alternativa mejor, será obligatorio sustituir la sustancia peligrosa por la otra que lo es menos. 
Por último, quiero decir que quienes piensan que existe una contradicción entre la competitividad y una legislación sólida y rigurosa sobre las sustancias químicas, están equivocados. 
Al contrario, la única esperanza para la industria química cara al futuro consiste en que REACH sea redactado con semejante rigor y que obligue a la industria química a innovar, a invertir en investigación y a comprometerse plenamente con dichos parámetros, de acuerdo a los cuales ha de competir en el futuro. 
Señor Presidente, necesitamos un REACH sólido y eficaz, un REACH que proteja tanto la salud de las personas como el medio ambiente, que reduzca el número de experimentos en animales, y al mismo tiempo que mantenga a salvo la competitividad de la industria química e incremente la transparencia, fortaleciendo el mercado interior mientras cumple con las disposiciones de la OMC. 
La cuestión radica en si aquí existe o no un denominador común. 
¿Podemos conseguir una mejora radical por lo que respecta a nuestra salud sin imponer una carga excesiva a las pequeñas y medianas empresas? 
REACH solo tendrá éxito si nuestra respuesta es afirmativa. 
Esa es la razón por la que tenemos que apoyar la propuesta británico-magiar llamada OSOR (una sustancia, un registro) y no debemos permitir que se desvirtúe. 
El sentido común y los intereses de las pequeñas y medianas empresas aconsejan que sea obligatorio compartir los datos, al tiempo que se respeta, por supuesto, la confidencialidad comercial en el sentido estricto de la palabra. 
El fin último de REACH es la sustitución y retirada de las sustancias que supongan un peligro para la salud y el medio ambiente. 
Es por eso que tenemos que impulsar con la mayor decisión posible la legislación en este campo. 
Como químico, sé que las restricciones tecnológicas imponen límites a lo que deseamos conseguir, pero no nos refrenemos de ser tan rigurosos como podamos dentro de estos límites. 
Me opongo asimismo a los intentos realizados por suavizar el registro, y apoyo la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Estoy seguro de que este es el único camino para garantizar que nuestros hijos y nuestro medio ambiente estén ampliamente protegidos. 
La clave de un REACH eficaz y viable reside en la capacidad de quienes están involucrados en su puesta en práctica. 
Esa es la razón por la que apoyo la propuesta de limitar los gastos en REACH al 0,2 % de los ingresos anuales en el caso de las pequeñas y medianas empresas, ya que eso garantizará que la legislación pueda ponerse en práctica. 
No tiene sentido exiliar la industria europea de sustancias químicas a otras regiones del mundo, ya que a nivel global eso no solucionará nuestros problemas, más bien al contrario. 
Por tal razón, tenemos que llegar al límite de lo posible, y no debemos detenernos antes. 
No he traído una manzana para el señor Sacconi, pero le ruego que acepte mi felicitación. 
Señor Presidente, el Reglamento sobre sustancias químicas (REACH) de la UE va a garantizar, por encima de todo, que la protección de la salud de las personas y las normas de la protección medioambiental sean tan excelentes como sea posible. 
Es notable el paso atrás que se ha dado con respecto a estos principios desde la propuesta original de la Comisión. 
Se debe principalmente al hecho de que las relaciones de poder políticas e ideológicas han variado claramente en todas las instituciones de la Unión Europea desde las últimas elecciones. 
En medio de esta difícil situación, Guido Sacconi, ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, ha realizado a mi juicio una labor excelente, y el resultado obtenido en comisión fue un indicio de lo valioso que ha sido su trabajo. 
Habría esperado que ya no resultara necesario retroceder respecto de este compromiso. 
Quiero dar las gracias al país que ocupa la Presidencia, sobre todo por prometer apoyar una reglamentación más estricta que la recogida en la propuesta de la Comisión en cuanto a la compensación de las sustancias peligrosas y nocivas. 
Esto ayudará a la industria de las sustancias químicas y aumentará su capacidad de innovación en Europa. 
Señor Presidente, en respuesta a las críticas al actual régimen regulador de los productos químicos –una complicada mezcolanza de unas 40 directivas– en el sentido de que es lento, excesivamente riguroso e imposibilita la innovación –no hay más que ver la epopeya, que ya dura 14 años, del análisis de riesgos del zinc–, la Comisión Europea propuso en octubre de 2003 un nuevo régimen sobre productos químicos, tras prolongadas consultas con las partes interesadas. 
Este Reglamento REACH pretende mantener una fuerte industria química dentro del mercado interior, estableciendo al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. 
Propone simplificar el procedimiento de registro de sustancias nuevas y existentes e incrementará nuestro conocimiento de sus efectos, garantizando un uso seguro en todas las fases de su ciclo vital. 
Los usuarios intermedios de los productos químicos, que incluyen la gran mayoría de las PYME, se beneficiarán significativamente de esta información. 
Dado que solo dispongo de dos minutos, tengo que ser selectiva. 
Apoyo el compromiso sobre el registro, junto con la enmienda para limitar el coste para las PYME, y la reducción al mínimo de la experimentación con animales. 
También considero que las sustancias inorgánicas deben gestionarse de una forma distinta a las sustancias orgánicas. 
Necesitamos el mayor nivel de confidencialidad posible para las empresas, sin poner en peligro la salud humana y el medio ambiente, permitiendo a los solicitantes de registro usar representantes externos cuando sea posible y evitando la publicación de información empresarial sensible en el sitio web de la Agencia. 
Sin embargo, quiero centrarme en la propuesta de incluir las sustancias químicas usadas en productos del tabaco en el Reglamento REACH. 
Conviene que los fumadores sepan exactamente qué sustancias químicas contienen los productos del tabaco, para que puedan tomar decisiones informadas. 
El artículo 3 de la Directiva sobre productos del tabaco fija valores límite exclusivamente para el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono. 
No limita el uso de las otras 2 000 sustancias aproximadamente que se utilizan en los cigarrillos. 
El artículo 6 de esa misma directiva solo obliga a los fabricantes e importadores de cigarrillos a enumerar las sustancias químicas que contienen los cigarrillos y a informar sobre los datos de toxicología de que dispongan a los Estados miembros, que luego deben informar a la Comisión. 
Esto permite a los fabricantes de tabaco seguir afirmando que no son conscientes de ningún efecto perjudicial para la salud humana de esos aditivos. 
Voy acabando, señor Presidente: por eso es esencial que todas y cada una de las sustancias químicas añadidas a los cigarrillos pasen por el procedimiento centralizado de registro y autorización previsto en el Reglamento REACH. 
Les ruego que apoyen mis enmiendas. 
Los que formamos parte del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión no podemos renegar de nuestras responsabilidades en esta materia. 
Doy las gracias al señor Sacconi y a todos los que han participado en la redacción de esta complicada legislación: una labor que todavía está en curso. 
Señor Presidente, la propuesta de Reglamento de la Comisión tiene un fallo de metodología. 
Aunque el título hace referencia a los preparados químicos, el artículo 3 no los menciona, y en su lugar da una definición de una sustancia. 
Esto amplía el alcance del Reglamento notablemente para dar cabida al tipo de sustancia que, como todos sabemos, no es energía. 
También lo hace menos claro. 
El segundo punto que quiero plantear es que no se proporciona ninguna definición del objeto del Reglamento, o en otras palabras, los compuestos químicos peligrosos y su actividad química en organismos vivos. 
En tercer lugar, la propuesta omite definir las clases de peligro, por ejemplo sobre la base de criterios médicos. 
Sería sensato intentar definir los niveles de peligro en función de la probabilidad de asignar sustancias a diferentes grupos sobre la base del tonelaje si todas presentaran la misma amenaza, pero eso no es ni de lejos el caso. 
Mi cuarta observación se refiere a que el número de productos tradicionales debería excluirse del ámbito del Reglamento, ya que su actividad química es casi nula en circunstancias normales. 
Existe una necesidad urgente de contar con el Reglamento REACH, pero debería estar limitado a definiciones muy precisas de clases de peligro para compuestos químicos. 
Debería crear asimismo una Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, encargada de redactar especificaciones detalladas para las sustancias químicas y emitir certificados y registros en línea con esta interpretación. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de Reglamento que estamos debatiendo aquí no solo es compleja y de gran repercusión, sino también muy ambiciosa. 
Y así es como debería ser, ya que, al fin y al cabo, se refiere a la salud y al medio ambiente. 
Para alcanzar tales objetivos, no solo tenemos que apuntar alto, sino que la propuesta tiene que ser fácil de aplicar y debe poseer una dimensión práctica. 
El señor Sacconi tenía razón al mencionar el equilibrio y la responsabilidad como las dos palabras clave en este campo. 
El hecho de que nos ocupemos del impacto de la competitividad, de la relación coste-eficacia, de los problemas específicos de las PYME, de la capacidad de innovación y la competitividad de nuestra industria, y de la protección de los datos con seguridad jurídica no supone ir en contra de REACH, sino que forma parte integrante del mismo. 
Se ha presentado un sinfín de enmiendas –demasiadas, en realidad, para una sesión plenaria–, pero en algún momento hemos de adoptar decisiones. 
Presionemos por tanto en favor de unas consultas sólidas desde ahora hasta el jueves, de manera que podamos lograr un resultado de la votación que sea coherente a todos los niveles y cuente con un respaldo amplio, ya que un resultado así también se traducirá en un documento jurídico equilibrado. 
En este campo, estamos apostando deliberadamente –y de forma acertada– por un planteamiento europeo común. 
Por consiguiente, deberíamos capitalizar el valor añadido europeo y otorgar a la Agencia las competencias necesarias para llegar a un enfoque uniforme, pero sin hacer caso omiso del saber hacer de los Estados miembros. 
Garanticemos asimismo que, llegado el momento de llevar a la práctica el Reglamento, el planteamiento esté suficientemente armonizado. 
Si trabajamos bien este semana, entonces nuestro entorno será, dentro de 11 años, muy diferente de como es ahora y habremos llevado a efecto algo muy cercano a una revolución dentro de la Unión. 
Tendremos información acerca de todos los productos químicos y los utilizaremos de una manera bastante más sensata. 
Habremos contribuido a una salud pública mejor y a un entorno de vida más sano. 
Aceptemos nuestra responsabilidad de cara a alcanzar tales metas de un modo ambicioso y realista. 
Quiero concluir diciendo, al igual que ya han manifestado algunos diputados, que nuestra persuasión política realmente no es relevante en este caso. 
Deberíamos alejarnos de tal enfoque y garantizar que votemos acertadamente el jueves. 
– Señor Presidente, beneficios para la salud pública y el medio ambiente, la fabricación de productos más seguros y benignos para el hombre, beneficios del desarrollo de nuevos productos innovadores, protección para la industria química europea frente a los competidores de terceros países, mayor transparencia, mayor confianza del consumidor en la industria, beneficios para las pequeñas y medianas empresas, que son los principales usuarios y no los productores de sustancias químicas, protección para la salud de los trabajadores en el sector químico, menos accidentes, un sistema de reglamentación anticipado y un coste razonable de puesta en práctica. 
Eso es REACH, este es el REACH del señor Sacconi en cuanto a equilibrio y sensibilidad, este es el REACH del Parlamento que debemos a nuestros ciudadanos europeos. 
Los ciudadanos tienen derecho al REACH, que mañana tendremos que redefinir un poco más hacia la izquierda y hacer más verde, pero hoy necesitamos REACH. 
Doy las gracias a los Comisarios y al Comisario griego por su apoyo en este tema importante. 
Señor Presidente, en la mayoría de las cosas que utilizamos hay grandes cantidades de sustancias químicas y no sabemos de qué forma nos afectan. 
Sin embargo, sabemos que el cáncer y las alergias cada vez son más comunes y que muchas lesiones industriales se deben a que la gente ha estado expuesta a sustancias químicas en su lugar de trabajo. 
El jueves tendremos la oportunidad de modificar esta situación votando a favor de una legislación segura sobre sustancias químicas, que nos permita de verdad detectar y erradicar los productos químicos peligrosos. 
Espero que la mayoría de nosotros aproveche la oportunidad de enarbolar la bandera en favor de la competitividad europea pero, sobre todo, para poner fin al experimento con la salud de la gente y el medio ambiente constituido, efectivamente, por la legislación actual. 
Junto con los movimientos de consumidores, sindicales y medioambientales, los socialdemócratas suecos no vamos a apoyar el compromiso sobre el registro alcanzado entre el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Exime de ser sometidas a ensayo a un número excesivo de sustancias químicas, y los requisitos para los ensayos, tal como están realmente expresados, no son suficientemente estrictos para permitir detectar y erradicar los productos químicos peligrosos. 
Por consiguiente, no podemos apoyar el compromiso. 
Finalmente quiero expresarle mi enorme agradecimiento al señor Sacconi, que ha realizado una labor primorosa en este asunto. 
. – Señor Presidente, Señorías, quisiera hacer únicamente tres consideraciones muy breves. 
Ante todo, quisiera responder a la crítica que me han hecho varios diputados –entre ellos la señora Breyer y la señora Foglietta– según quienes habría expresado mi posición personal y no la de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Puede suceder que me haya equivocado y, si es así, me disculpo sinceramente. 
No obstante, como ponente principal del Parlamento, creo que tengo la responsabilidad ante la Cámara de trabajar por formar la mayoría más amplia y sólida posible. 
Sobre todo por ese motivo he considerado útil, posible y necesario el compromiso del que tanto hemos hablado. 
Para llegar a REACH hemos tenido que cerrar un compromiso. 
Antes de valorar si REACH es o no un reglamento fuerte –para hacer un análisis detenido tendremos tiempo también después de la votación–, tenemos la urgente necesidad de disponer de un reglamento REACH; y somos conscientes de la profunda hostilidad de que ha sido objeto en las últimas semanas. 
Por otra parte, me parece que los aspectos de principio que declaré públicamente insuperables no se han resuelto, dado que se ha mantenido la carga de la prueba para los tonelajes pequeños, de modo que el 30 % de las sustancias requerirán una documentación completa. 
En este punto desafío a cualquiera a que contradiga este juicio mío. 
A este respecto, quisiera citar el ejemplo del principio «una sustancia, un registro» , que por primera vez, gracias al compromiso, es ampliamente compartido por el Parlamento, cuando hasta ahora solo había sido aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Los criterios para la exclusión voluntaria se han retocado, de ello no cabe duda, pero la última palabra ante una solicitud de autorización para no participar en la divulgación de los datos corresponde a la Agencia. 
Por último, quisiera manifestar mi agradecimiento a todos los colegas, en especial a los ponentes, pero sobre todo a esos recursos importantísimos que quizás deberíamos valorar más, que son los funcionarios y la Secretaría del Parlamento. 
Si hemos llegado hasta aquí es también, y quizás principalmente, mérito de muchos funcionarios que han realizado un trabajo extraordinario. 
Señor Presidente, este ha sido un excelente debate, y sus Señorías han hablado con conocimiento, experiencia y pasión. 
Sesenta y un diputados han tomado la palabra y yo he escuchado a todos con atención en nombre del Consejo. 
Es sumamente importante que las cargas que imponga el Reglamento REACH sean lo más reducidas posible. 
Esta es una industria que emplea a muchos cientos de miles de nuestros ciudadanos europeos, pero es importante que las cargas sean coherentes con la consecución de nuestros objetivos compartidos de proteger la salud humana y el medio ambiente, y creemos que las opiniones que se están formando en el Parlamento, el Consejo y la Comisión lo consiguen. 
Muchos de los oradores se han centrado en las necesidades de las pequeñas empresas de la industria química y otros sectores asociados. 
El Consejo comparte esa preocupación y, en su compromiso, la Presidencia ha tratado de proponer una serie de medidas para ayudarles. 
Entre ellas, el concepto de «una sustancia, un registro» , el papel de la agencia en la asistencia a las pequeñas empresas y una serie de medidas para ayudarles a capitalizar su innovación. 
Muchos diputados han mencionado la palabra «equilibrio» esta tarde. 
El Reglamento REACH es, en muchos aspectos, un acto de equilibrio, y creemos que el consenso que está surgiendo entre nuestras tres instituciones representa el único equilibrio viable sobre este delicado, complicado e importante reglamento. 
Acojo con enorme satisfacción y comparto el apoyo general expresado aquí hoy a la necesidad de evitar los experimentos con animales innecesarios. 
Está claro que, de momento, no existen alternativas sin animales para todas las pruebas que necesitamos, por lo que la norma «una sustancia, un registro» resulta clave para evitar la duplicación de ensayos. 
También queremos tener la capacidad de modificar la lista de métodos experimentales aprobados lo más rápidamente posible en cuanto aparezcan alternativas a los ensayos con animales. 
En su forma modificada, el Reglamento REACH afectará a la mayoría de las sustancias peligrosas; los PBT, VP y VB se registrarán pronto. 
Tanto estas como las CMR y otras sustancias que causan gran preocupación, como los disruptores endrocrinos, estarán sujetas a un riguroso proceso de autorización, incluida la sustitución. 
Un principio clave del enfoque de REACH es imponer a la industria química la responsabilidad de probar la seguridad de las sustancias químicas. 
Este traspaso de la carga de la prueba constituirá una mejora positiva y espectacular del actual régimen y es algo que los Estados miembros y el Consejo han considerado de vital importancia. 
REACH supone una mejora significativa de la situación actual. 
Nos proporcionará información que necesitamos para abordar las sustancias peligrosas. 
Fomentará la innovación en la propia industria gracias a la reducción de las actuales cargas sobre las empresas que desean introducir sustancias químicas nuevas y más ecológicas y mediante la promoción de la sustitución de sustancias más antiguas y contaminantes Europa lleva debatiendo el Reglamento REACH desde 1998. 
Hemos andado un largo camino para comprender tanto las sustancias como las preocupaciones de todas las partes interesadas. 
A mi juicio, ahora es el momento de aprovechar esta oportunidad única para acordar el documento que tenemos ante nosotros y superar los problemas de la gestión de las sustancias químicas. 
El actual régimen que regula las sustancias químicas es defectuoso, burocrático y lento y, en demasiados casos, totalmente ineficaz. 
Más de 40 leyes, más de 100 000 sustancias y casi 40 años después de que la Unión Europea comenzara a abordar el tema de los productos químicos, todavía no hemos llegado al final del camino. 
Las sustancias y los productos químicos suponen un enorme reto y una gran oportunidad para modernizar la sociedad, que debemos afrontar ya. 
REACH, tal y como sale del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo, de ahí su importancia para todos nosotros. 
. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión también cree que este ha sido un debate importante y convincente. 
A riesgo de repetirme, lo importante para nosotros era encontrar una solución o contribuir a encontrarla. 
Resulta imposible contentar a todo el mundo en un caso como este. 
No puede existir un compromiso de verdad entre quienes temen perder su puesto de trabajo y lo que pueda deparar el futuro, y aquellos que se preocupan de la salud de sus hijos. 
Un compromiso perfecto constituye un imposible, y de hecho compromiso significa, por su propia naturaleza, establecer un encuentro a mitad de camino. 
Este comentario va dirigido a las personas de ambas tendencias que han expresado opiniones controvertidas durante el debate. 
A mi juicio, sería erróneo querer dictar unas leyes, completamente diferentes de las existentes hasta ahora, sin tener en cuenta la competitividad y las perspectivas futuras de uno de los sectores más importantes de Europa. 
Pero al mismo tiempo, también sería un fallo por nuestra parte no hacer todo cuanto esté en nuestra mano para lograr el mejor resultado posible para la salud de nuestros conciudadanos y para el medio ambiente en el que vivimos. 
La Comisión desea reiterar su confianza en que el compromiso sobre la mesa alcance un buen equilibrio, y debo protestar enérgicamente una vez más contra las acusaciones de que esta propuesta aminora los objetivos recogidos en la propuesta original de la Comisión. 
A mi parecer, debe dejarse a juicio de la Comisión decidir lo que piensa sobre las enmiendas que se han formulado a su propuesta. 
Estamos discutiendo una propuesta de la Comisión, y esta no cree que las enmiendas que han sido presentadas ante la Cámara debiliten o diluyan su propuesta. 
Por el contrario, piensa que los objetivos reales de la propuesta han salido efectivamente reforzados. 
Quiero apuntar que los requisitos se han hecho más restrictivos en la categoría de bajo volumen, de 1 a 100 toneladas, que abarca la mayor parte de las sustancias y es, por consiguiente, la más importante. 
Pero al mismo tiempo también es cierto que se han encontrado ahora herramientas prácticas que van a facilitar a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, lidiar con este corpus legislativo enormemente exigente. 
Varios de los oradores han aludido al hecho de que la industria química en Europa está dominada por las pequeñas y medianas empresas. 
Se trata de un punto que deseo formular a aquellos diputados que han respondido a los defensores de otros pareceres, diciendo que el compromiso al que nos enfrentamos, o la solución que se plantea en él, constituye un retroceso para los intereses de la industria química a gran escala en Europa. 
Eso es un disparate, y no solo porque la industria química en Europa no está controlada por las grandes empresas. 
Les sorprenderá, sin duda, oír que la empresa química media en Europa tiene una plantilla de solo 74 empleados. 
Lo que eso significa es que la estructura de este sector está muy dominada por pequeñas y medianas empresas, y hemos de recapacitar muy detenidamente acerca de qué exigencias debemos imponer a las empresas, y cuáles no. 
Nadie en ninguna parte tiene experiencia en la puesta en práctica de un corpus legislativo como este, y debemos ser conscientes desde un principio de que únicamente la experiencia práctica revelará si nuestras hipótesis son acertadas o equivocadas. 
Hemos de permanecer abiertos a las mejoras, no solo durante estos debates, sino también a lo largo de la fase de puesta en práctica que vendrá a continuación. 
En nombre de la Comisión, les puedo asegurar que no rehuiremos nuestra responsabilidad, particularmente en lo que concierne a la Agencia. 
De hecho, esta última tendrá que realizar el grueso del trabajo y la Comisión dará los pasos necesarios para garantizar que pueda empezar a trabajar tan rápida y eficazmente como sea posible. 
. Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
En primer lugar quiero dar las gracias a todo el mundo que ha participado en el debate de esta tarde, que ha sido muy importante y muy interesante y que contribuirá a la aprobación de la propuesta que estamos debatiendo, en bien de la salud de los ciudadanos y el medio ambiente europeos. 
Deseo felicitar una vez más a los ponentes, señor Sacconi, señora Ek y señor Nassauer, por el esfuerzo verdaderamente enorme que han realizado para presentarnos este compromiso, relacionado con uno de los aspectos más importantes de REACH. 
La Comisión respalda plenamente este compromiso y estoy seguro de que, durante la votación del jueves, merecerá un apoyo igualmente amplio. 
Existen por supuesto otros asuntos, tales como la autorización y la sustitución, que son de la incumbencia de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, asuntos respecto de los cuales estoy seguro que el Parlamento decidirá con la misma transparencia. 
La Comisión acoge con agrado la convergencia que se está produciendo entre el Parlamento y la Presidencia y va a trabajar para facilitar la consecución de un acuerdo acerca de REACH, de manera que este tenga rango de ley lo antes posible. 
De manera análoga, la Comisión apoya las enmiendas del ponente en cuanto a la limitación temporal de las autorizaciones, pero con la condición previa de que el límite se determine en cada caso por parte de la Agencia Europa de Sustancias y Preparados Químicos. 
Por lo que respecta a las sustancias químicas en los productos, el ponente propone una solución más específica y operativa que es similar a la planteada por la Presidencia del Reino Unido, y que la Comisión está en condiciones de aceptar. 
Muchas gracias por su atención y por participar en un debate tan importante. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias a la Cámara por el serio debate que se ha celebrado. 
Encuentro intolerable que una exposición que se celebra en las dependencias del Parlamento incluya una imagen del señor Verheugen envenenando a un niño mientras el señor Barroso lo contempla, y pido a la Conferencia de Presidentes que retire este cartel del Parlamento sin demora alguna. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
. Debido a problemas de democracia interna en el seno del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, no he tenido oportunidad de hablar durante el debate conjunto sobre REACH. 
Del total de 52 enmiendas que he presentado, 30 han llegado a la votación final, y dichas enmiendas han merecido el beneplácito de los expertos en la materia. 
Mi objetivo consistía y consiste en encontrar un equilibrio entre los distintos enfoques al tema, y me opongo rotundamente a las opiniones extremas. 
El efecto final de la posición adelantada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria consistiría en impedirnos alcanzar los objetivos de Lisboa, así como debilitar la posición de las pequeñas y medianas empresas. 
Crecerá la presión sobre los nuevos Estados miembros, que tradicionalmente han importado artículos de los países de la antigua Unión Soviética, para que sustituyan estos últimos por importaciones procedentes de Europa Occidental, lo que conlleva un coste adicional. 
Diferentes estudios realizados en la República Checa indican que podrían llegarse a perder hasta una quinta parte de los puestos de trabajo, junto con una caída de los beneficios en los sectores relacionados, como la industria del automóvil. 
Me alegra que haya surgido esta iniciativa, pero creo que debe llevarse a la práctica a lo largo de un período de tiempo adecuado. 
Propongo también que los costes derivados de los ensayos sean sufragados mediante subvenciones públicas, ya que es la única forma de evitar repercusiones negativas, sobre todo sobre las empresas de fabricación pequeñas. 
Estoy a favor del compromiso que se ha alcanzado en el seno de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
REACH no es una confrontación entre la izquierda y la derecha; por el contrario, es un conflicto de intereses que plantea la cuestión de si se puede encontrar un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales de la Estrategia de Lisboa. 
La Comisión puede aceptar íntegramente todas las enmiendas del paquete de transacción presentado por PPE-DE/PSE/ALDE relativas al registro, incluida la enmienda sobre OSOR; estas enmiendas van de la 367 a la 413 (ambas inclusive). 
Asimismo, la Comisión puede aceptar íntegramente las siguientes enmiendas: 40, 73, 74, 79, 117, 119, 125, 128, 148, 158, 273, 276, 291, 292, 317 y 324. 
La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 10, 322, 327, 333, 335, 336, 340, 345 y 347. 
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 4, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 26, 34, 36, 39, 50, 59, 60 61, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 76, 78, 81, 83, 87, 97, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 115, 116, 120, 121, 123, 124, 126, 139, 140, 145, 146, 147, 149, 159, 171, 172, 175, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 215, 217, 220, 221, 235, 236, 248, 249, 259, 265, 270, 277, 278, 286, 293, 297, 299, 300, 301, 302, 306, 308, 310 y 323. 
La Comisión puede aceptar en principio y en parte las enmiendas 19, 20, 41, 53, 65, 88, 89, 103, 122, 130, 132, 141, 142, 144, 157, 158, 161, 163, 180, 181, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 210, 285, 290 y 294. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 69, 70, 71, 75, 77, 80, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 189, 206, 212, 214, 216, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 295, 296, 298, 303, 304, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 350 y 351. 
La Comisión mantiene su posición con respecto a dos enmiendas de carácter lingüístico, a saber, la 127 y la 165. 
La Comisión también mantiene su posición con respecto a todas las enmiendas presentadas el 9 de noviembre, con excepción del paquete de transacción de PPE-DE/PSE/ALDE, antes mencionado. 
Se trata de las enmiendas 352 a 366 (inclusive) y de las enmiendas 414 a 1038. 
La Comisión dará a conocer su posición después de la votación sobre todas las enmiendas que hayan sido aprobadas. 
La Comisión no puede aceptar ninguna de las cuatro enmiendas presentadas a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo para adaptarla al Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. 
Se trata de las enmiendas 1 a 4. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral al Consejo presentada por el señor Leinen y el señor Lewandowski, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, acerca del proyecto de acuerdo interinstitucional sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras europeas (O-0093/2005 – B6-0337/2005). 
– Señor Presidente, dentro del encuadramiento europeo, existe un gran número de órganos operativos descentralizados o casi descentralizados, que están clasificados dentro del epígrafe «agencias reguladoras». 
Esta situación hace referencia a una concepción de intergubernamentalismo a varios niveles. 
El enfoque conceptual y la investigación operativa de las autoridades reguladoras de la Unión Europea se caracterizan por el pluralismo. 
Por consiguiente, el reto radica en establecer una términos claros y, siempre que sea posible, uniformes para la fundación, operación y supervisión de esta forma de intergubernamentalismo europeo, de manera que las agencias reguladoras puedan resultar más transparentes y cohesionadas de lo que están ahora. 
El aumento excesivo del número de agencias reguladoras se va a traducir, sin lugar a dudas, en un aumento de la intervención reguladora europea, en la separación y ausencia de transparencia de las políticas europeas y, por extensión, en dificultades para la coordinación operativa. 
El Parlamento Europeo considera que las disposiciones del proyecto de acuerdo interinstitucional presentado podría constituir un conjunto mínimo de principios y reglas comunes para la estructura, operación y control de las agencias reguladoras, de manera que puedan integrarse armónicamente en el encuadramiento de los principios fundamentales que emanan del sistema de tratados. 
Por consiguiente, resulta provechoso aprobar no solo un encuadramiento para armonizar la operación de las autoridades reguladoras europeas, sino para armonizar su operación con las instituciones democráticas. 
Esa es la razón por la que solicitamos al Consejo que coopere de forma creativa a la hora de promover el acuerdo interinstitucional. 
. La pregunta formulada conjuntamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Prespuestos incluye un llamamiento al Consejo a que entable negociaciones serias sobre el funcionamiento de las agencias. 
Estoy convencido de que existe una necesidad patente de que la Unión Europea racionalice y normalice los procedimientos de creación y funcionamiento de las agencias reguladoras en aras a la transparencia y a fin de evitar la duplicación de tareas y gastos inútiles. 
Me refiero en particular a las agencias que desempeñan funciones ejecutivas, en parte con respecto a las funciones que desintegran la responsabilidad operativa de la Comisión Europea. 
Actualmente, la creación de agencias es una respuesta en boga a diversos retos en la Unión Europea. 
Por ello no resulta sorprendente que hace diez años hubiera cinco agencias y que el año que viene habrá veintitrés. 
Brotan como setas y tienen cada vez mayores implicaciones presupuestarias, porque no se trata únicamente de sus gastos de funcionamiento, sino también de gastos de carácter más burocrático. 
Ahora tenemos una base excelente para el debate en la Comunicación de la Comisión, a saber, el proyecto de acuerdo interinstitucional de febrero de 2005. 
Tras la presentación del Libro Blanco sobre la gobernanza europea, el Parlamento Europeo aprobó su posición en forma de una resolución de enero de 2004. 
Ambas comisiones, y en particular la Comisión de Presupuestos, comprendemos la importancia que tiene aplicar el principio del rigor presupuestario a la creación y el funcionamiento de estas agencias, y estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de la Comisión Temporal de limitar el gasto de las agencias y de regular tanto las agencias ya existentes como las de nueva creación. 
Sin embargo, esto no figura en la Comunicación de la Comisión. 
Nuestra pregunta oral es, de hecho, una manera de lamentar que el Consejo no entable estas negociaciones. 
Lo esencial es saber si el Consejo está dispuesto y considera necesario y viable concluir las negociaciones el año que viene, es decir, al término de las actuales perspectivas financieras. 
Señor Presidente, en sus conclusiones de 28 de junio de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión sobre el funcionamiento de las agencias reguladoras europeas, el Consejo tomó nota de la existencia de varios órganos comunitarios descentralizados que forman parte de las denominadas agencias europeas. 
Indicó que si bien estos órganos tenían en común ciertas características formales, en realidad eran muy distintas. 
Por ello, el Consejo pidió a la Comisión que presentara una clara definición de las agencias reguladoras europeas de acuerdo con sus competencias y tareas. 
Asimismo consideró que el futuro marco debería identificar los criterios que debían aplicarse a la hora de crear agencias reguladoras. 
En particular, indicó que es esencial que la decisión de crear o mantener una agencia se justifique sobre la base de necesidades reales y análisis de costes y beneficios, teniendo en cuenta la disponibilidad de la competencia técnica necesaria e incluyendo una evaluación de impacto. 
En febrero de 2005, la Comisión presentó un proyecto de Acuerdo Interinstitucional (AI) sobre el funcionamiento de las agencias reguladoras europeas. 
Dicho proyecto recoge normas relativas a las tareas de estas agencias, sus responsabilidades ejecutivas, el fundamento jurídico, los objetivos y su mandato, la sede, la estructura y el funcionamiento, la evaluación y el control. 
La Comisión señala en su propuesta que un AI permitirá «que las tres instituciones participen desde un principio en el establecimiento de las condiciones básicas que deberán cumplir los actos adoptados posteriormente para crear agencias sectoriales» y que «este tipo de instrumento legal... no excluye la posibilidad de llegar a acuerdos más pormenorizados como parte de un reglamento marco». 
Sin embargo, el proyecto de AI que presentó la Comisión va más allá de la adopción de acuerdos de cooperación entre las instituciones que contempla el Tratado, ya que se refiere a la adopción de normas legales supralegislativas, que tendrían un efecto vinculante sobre el poder legislativo mediante un procedimiento no contemplado en el Tratado. 
El Consejo remite a sus Señorías a la declaración sobre los acuerdos interinstitucionales adjunta al Tratado de Niza, en la que se señala que los acuerdos interinstitucionales «no podrán modificar ni completar las disposiciones del Tratado». 
En sus conclusiones de 28 de junio de 2004, el Consejo reconocía que «la naturaleza evolutiva y variable de las responsabilidades» de las agencias reguladoras, así como su composición, justifica que se examinen todas las cuestiones relacionadas con su estructura, como la composición de los consejos de administración y a las respectivas funciones de sus órganos. 
Y añadía que «este estudio debe tener en cuenta, entre otras cosas, las competencias ejercidas por cada agencia y el carácter de las misiones que se le hayan asignado». 
Aunque un AI puede tener determinados efectos jurídicos vinculantes en la medida en que su contenido exprese el deseo de las tres instituciones de asumir un compromiso vinculante entre ellas, dicho instrumento no puede utilizarse para adoptar normas legislativas ni supralegislativas. 
Por consiguiente, las propuestas relativas a esta cuestión jurídica ya están sobre el tapete del Consejo. 
El Consejo está dispuesto a examinar una propuesta horizontal para las agencias que aborde las jurídicas que he planteado en mi respuesta. 
. – En el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, la Comisión propone que las agencias reguladoras europeas tengan un encuadramiento jurídico. 
A la postre, si existe un ejemplo de sistema de toma de decisiones político que reclama una organización racionalizada y coordinada, ese es sin lugar a dudas el de las agencias reguladoras europeas. 
Eso se debe, en primera instancia, al número y a la diversidad de espacios vitales a que se dirige intrínsecamente. También se debe a que la estructura institucional europea es fragmentaria y está necesitada de la influencia integradora de una Constitución, razón por la que se precisan acuerdos institucionales provisionales, junto con un esfuerzo organizativo prudente y duradero. 
Europa no puede cerrar los ojos al problema de la gobernanza que nace de la ampliación y de sus aspiraciones. En consecuencia, las agencias reguladoras necesitan que las instituciones políticas europeas asuman su parte de responsabilidad. 
Superaría los vacíos de procedimiento y, al hacerlo, racionalizaría y mejoraría la efectividad de la ejecución de la política europea. Al final, todos hemos de admitir que la totalidad del discurso europeo se fundamenta sobre una base racional. 
– Señor Presidente, mi Grupo observa con preocupación la proliferación de agencias en los últimos años. 
Su número ha crecido enormemente. 
Aparecen esparcidas como confeti por los Estados miembros, más para asegurar que cada uno de ellos cuente con una agencia en su territorio que para responder a la necesidad y aprovechar las ventajas de tener una agencia comunitaria separada que se ocupe de la materia de que se trate. 
Así pues, nos inquietan varias cosas: su coste, desde luego, pero sobre todo saber si esta proliferación de agencias no socava la función ejecutiva de la Comisión Europea. 
Hay políticos en algunos Estados miembros que quisieran dividir la Comisión en una serie de agencias especializadas a fin de socavar el ejecutivo supranacional que tenemos. 
¿Y que hay de la responsabilidad? 
La Comisión es responsable al menos ante este Parlamento. 
Es muy fácil hacer venir a los Comisarios y sus funcionarios para responder a preguntas y someterse a careos. 
Nosotros votamos sobre su presupuesto. 
Y si es preciso –espero que nunca lo sea– podemos destituirlos. 
Sin embargo, cuando una materia se delega a una agencia que tiene su propia estructura –generalmente de carácter intergubernamental– y su propio consejo de administración, que es responsable de modo totalmente distinto, se rebaja inevitablemente dicha responsabilidad. 
Por ello apoyamos la idea de que un acuerdo marco interinstitucional aborde algunas de estas cuestiones. 
Al menos podría corregir algunos de los excesos. 
Y podría establecer normas en materia de responsabilidad. 
Podría tener una estructura uniforme. 
Actualmente, cada agencia parece tener una estructura diferente. 
El Parlamento podría participar en el nombramiento y examen de los miembros de los consejos de administración. 
Sé que al Consejo no le gusta la idea de un acuerdo interinstitucional y que preferiría estudiar una propuesta horizontal. 
Me gustaría que el Consejo nos dijera qué tipo de propuesta sería esta. 
No cejaremos en esta cuestión. 
Nos gustaba el enfoque que había avanzado la Comisión, y no cejaremos hasta que nos aseguremos de que, si las agencias son necesarias, deban responder ante las instituciones electas de la Unión Europea y no se salgan por la tangente. 
Señor Presidente, las primeras agencias reguladoras europeas se fundaron en la década de 1990, como respuesta a las evoluciones de la política de la UE, las sucesivas ampliaciones y las nueva necesidades resultantes de naturaleza técnica y científica de la Unión Europea. 
El Libro Blanco sobre la gobernanza europea afirma que las agencias reguladoras europeas contribuyen a ejecutar y aplicar los principios comunitarios de una manera eficaz, y que el papel que desempeñan y las comprobaciones que realizan son de una importancia considerable en términos políticos e institucionales. 
No obstante, existen actualmente 23 agencias descentralizadas, frente a 5 en 1995, y este constante aumento de su número resulta alarmante a la vista del hecho de que no existe un marco común de procedimientos. 
Los ciudadanos ven difícil asimilar la proliferación de nombres de agencias, cometidos, estructuras y mecanismos de control, y la situación no favorece la certidumbre legal. 
El informe anual 2004 del Tribunal de Cuentas Europeo subraya las deficiencias de las agencias en cuanto al cumplimiento de los principios presupuestarios, su contratación de personal y sus procedimientos de aprovisionamiento público. 
A la vista del hecho de que estas agencias suponen una carga cada vez mayor para el presupuesto de la UE, debería tener carácter obligatorio el análisis en profundidad del impacto financiero de las actividades de cada nueva agencia. 
Para garantizar que la UE de 25 Estados miembros funcione adecuadamente, se precisa una mayor transparencia y cohesión a fin de evitar la creación de agencias cada más dispares, muchas de las cuales vendrían a duplicar las responsabilidades y actividades de los pertinentes servicios de la Comisión. 
Dentro de este contexto, el proyecto de acuerdo entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, que fija unas directrices comunes y un marco para la creación de nuevas agencias reguladoras, merece nuestro pleno respaldo. 
Me resulta imposible comprender por qué el Consejo no ha dado anteriormente señal alguna de voluntad política para iniciar negociaciones sobre este acuerdo, aunque hoy parece vislumbrarse que las cosas pueden estar cambiando. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los oradores por este interesante e ilustrativo intercambio de puntos de vista. 
Tengo que decir que algunos de los comentarios que he escuchado hoy todavía no han sido debatidos en el Consejo, pero puedo asegurar a esta Cámara que lo serán. 
Permítanme ahora responder al mayor número posible de ellos. 
Por supuesto, el Consejo está de acuerdo en que necesitamos agencias transparentes y eficaces. 
Es importante garantizar la coherencia, la gobernanza, la credibilidad y la rentabilidad. 
Consideramos que cualquier marco que permita flexibilidad y no establezca directrices excesivamente rígidas resultaría ventajoso. 
Asimismo puedo asegurar al Parlamento –por si hubiera dudas al respecto– que el Consejo volverá a abordar este tema cuando haya reflexionado a fondo acerca de las posiciones tanto del Parlamento como de la Comisión. 
El Consejo ha tomado nota de la propuesta de la Comisión de adoptar un instrumento jurídicamente vinculante para un marco horizontal destinado a las agencias reguladoras. 
El Consejo considera que la propuesta actual de la Comisión plantea algunos problemas jurídicos y la está estudiando con gran atención. 
¿Qué debería incluirse en este marco? 
El Consejo estima que cualquier marco debería abordar las principales cuestiones relacionadas con la creación, el funcionamiento y la supervisión de las agencias reguladoras. 
Como ya he dicho, asegurar su coherencia, transparencia, gobernanza, credibilidad y rentabilidad reviste una gran importancia. 
¿De qué forma deben adoptarse las decisiones para crear una de estas agencias? 
Consideramos que las agencias deben desempeñar un papel crucial, pero el Consejo coincide con el Parlamento en que cuando se adopta la decisión de crear una agencia, dicha decisión debe basarse en una evaluación externa de sus costes y ventajas, y esperamos colaborar con el Parlamento para llegar a una solución satisfactoria en esta materia. 
. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que la Comisión comparte el sentimiento de urgencia del Parlamento Europeo y que hace plenamente suyas las preocupaciones expresadas por los distintos oradores. 
La Comisión considera que un acuerdo interinstitucional es indiscutiblemente la forma más adecuada para esta legislación. 
En efecto, solo un acuerdo interinstitucional permite la participación del Parlamento en la definición de un marco común en pie de igualdad con la Comisión y el Consejo. 
La necesidad generalmente reconocida de una legislación exige, como es evidente, no dejar que este proyecto, propuesto por la Comisión hace ya ocho meses, se convierta en papel mojado. 
La Comisión pide encarecidamente a sus socios institucionales que se apliquen a la tarea desde ahora, para que las negociaciones tripartitas conduzcan a un resultado lo antes posible. 
Lo esencial es examinar el contenido de un posible acuerdo entre las tres instituciones. 
Una vez definido el contenido del instrumento, será más fácil determinar su forma. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B6-0339/2005). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión. 
Señora Presidenta, me alegro de que el turno de preguntas se amplíe hasta las 20 horas, porque resulta muy fácil reducir el tiempo asignado, como se ha hecho con tanta frecuencia en el pasado. 
Mi reclamación se refiere a mi pregunta nº 69, que presenté porque precisamente estaba previsto que el señor Mandelson iba a dirigirse a esta Cámara y responder a las preguntas esta noche. 
La pregunta versa sobre la OMC y, sin embargo, por una razón que no entiendo aparece junto a las preguntas de carácter general. 
¿Me podría explicar por qué? 
La única explicación que puedo proporcionarle es que es costumbre en esta Cámara que la Comisión decida qué Comisario responde a cada pregunta. 
Esa es la razón por la que su cuestión ha quedado incluida dentro de la Parte 3 del turno de preguntas. 
Me gustaría formular una pregunta al señor Mandelson sobre el mismo tema, así que quizá esté dispuesto a responder a esta pregunta en privado. 
Esa bien pudiera ser una forma de resolver el asunto. 
Por lo demás, solo puedo ofrecerle la misma respuesta que ya he dado al señor Martin. 
¿Considera la Comisión la posibilidad de impedir que medidas nacionales sobre fiscalidad del tráfico aéreo de personas, como un impuesto sobre los billetes o la gasolina de aviación, se conviertan en un obstáculo para el mercado interior? 
El tema de los impuestos sobre el tráfico aéreo ha sido objeto de un amplio debate últimamente, pero figura entre los instrumentos examinados en la búsqueda de nuevos recursos para financiar la ayuda oficial a los países en desarrollo, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 
Su Señoría sabe sin duda que el Consejo examina activamente esta cuestión y que la Comisión ha elaborado varios documentos de trabajo sobre los aspectos técnicos por encargo del Consejo. 
Se han considerado dos tipos de instrumentos fiscales: el impuesto sobre el carburante de aviación y un gravamen sobre los billetes de avión, llamado igualmente impuesto de despegue. 
El dispositivo jurídico no es el mismo para estos dos impuestos desde el punto de vista del mercado interior. 
La legislación comunitaria en materia de impuestos sobre el carburante de aviación se basaría en la Directiva 2003/96/CE relativa a la imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 
Aunque el carburante de aviación está en principio exento de impuestos, los Estados miembros pueden gravar el carburante usado para los vuelos nacionales. 
Asimismo pueden gravar el carburante para vuelos entre los Estados miembros, siempre que exista un acuerdo bilateral en este sentido. 
Sin embargo, en la práctica no es posible gravar el carburante utilizado por las compañías aéreas de terceros países que operan en la CE. 
En relación con el gravamen sobre los billetes de vuelos aéreos, no existen disposiciones comunitarias en esta materia. 
Por lo tanto, los Estados miembros pueden aplicar dichos gravámenes siempre que cumplan las obligaciones que les impone el Tratado CE. 
Su Señoría ha preguntado si la Comisión está buscando la forma de evitar que dichos impuestos sobre el transporte aéreo se conviertan en un obstáculo para el mercado interior. 
En primer lugar me gustaría recalcar que el hecho de que un producto o servicio sea objeto de un impuesto no implica que se impida su libre circulación. 
Solo existe un obstáculo para el mercado interior si el impuesto es superior para las transacciones entre Estados miembros que para transacciones similares dentro de un mismo Estado miembro. 
La Comisión hará uso de todas sus competencias para aplicar el Tratado e impedir la adopción de impuestos discriminatorios sobre los viajes aéreos, al igual que hace con todos los demás impuestos. 
Sin embargo, tengo entendido que los debates entre los Estados miembros en estos momentos se centran especialmente en los gravámenes sobre los billetes de aviación. 
A este respecto debo subrayar que, a falta de normas comunitarias, esta es una cuestión que atañe en primer lugar a los Estados miembros que actúan dentro de su soberanía fiscal. 
No obstante, la Comisión ha señalado en los documentos de trabajo de sus servicios que no hay motivo alguno para preferir un planteamiento común en relación con los gravámenes sobre los billetes. 
Asimismo, la Comisión ha declarado que está dispuesta a colaborar sobre los aspectos técnicos con los Estados miembros que desean optar por esta solución. De esa forma se garantizará su compatibilidad con las obligaciones que contempla el Tratado. 
Quiero señalar que la Comisión sigue con gran atención el funcionamiento del mercado interior. 
Los impuestos como los que menciona su Señoría en su pregunta todavía son muy raros. 
Si la Comisión observara un problema estructural en relación con los impuestos sobre el transporte aéreo, ya sean impuestos sobre los carburantes o gravámenes sobre los billetes de avión, podría en última instancia hacer uso de su derecho a proponer la legislación correspondiente. 
Señor Mandelson, aprovechando que está usted aquí, y teniendo en cuenta que es responsable del ámbito exterior de la Unión Europea, ¿es usted consciente de que a quien más perjudicaría un impuesto sobre los billetes de avión, en beneficio de la globalización, sería a los países del tercer mundo, que dependen en gran parte del turismo para salir adelante, siento este último, además, una de sus pocas actividades? 
Y, en segundo lugar, un impuesto sobre los billetes de avión o sobre las gasolinas de aviación perjudicaría a aquellos Estados que tienen una estructura insular o peninsular. 
Dicho impuesto está pensado exclusivamente desde una perspectiva continental y, de hecho, supondría una auténtica restricción al tráfico entre las regiones continentales de la Unión Europea y las regiones y países de carácter insular, sobre todo aquellos de carácter ultraperiférico o más alejados del centro de la Unión Europea. 
Espero que pueda transmitir al Comisario Kovács la preocupación de este diputado. 
En respuesta a su primera pregunta acerca del turismo le diré que el aumento de la fiscalidad del transporte aéreo podría provocar teóricamente una reducción de la demanda. 
Sin embargo, debemos considerar el aumento del precio de los billetes de avión en el marco de los costes generales de un paquete turístico –es decir, gastos de viaje, alojamiento y ocio– en los que estos representan generalmente una parte menor. 
Las posibles repercusiones sobre el turismo deben compararse con la tendencia general de fuerte crecimiento de la demanda turística. 
Por lo tanto, existen motivos para pensar que el efecto general sobre el turismo será moderado. 
En respuesta a su segunda pregunta acerca de las regiones alejadas y periféricas, debe señalar que el incremento del precio del transporte aéreo podría tener mayores consecuencias en aquellas regiones que dependen mucho de este modo de transporte. 
Sin embargo, puesto que los impuestos sobre los billetes de avión son primordialmente competencia de los Estados miembros, aquellos que decidan establecer dichos impuestos tendrán la libertad de configurar sus impuestos de forma que ofrezcan correctivos para tener en cuenta las condiciones especiales de las regiones alejadas y las necesidades sociales de sus habitantes. 
La Comisión ya ha declarado que está dispuesta a colaborar con los Estados miembros, como ya he dicho, en los aspectos técnicos de los billetes de avión. 
Dicha cooperación podría incluir el estudio de los diversos correctivos para las regiones alejadas y periféricas dentro del marco de la legislación comunitaria. 
Señor Comisario, estoy de acuerdo en que los Estados tomen medidas para que se pueda potenciar la política de desarrollo en esos países que, precisamente por no ofrecer oportunidades a sus ciudadanos, cada vez nos envían más inmigrantes, causándonos serios problemas en la Unión Europea. 
Le quería preguntar al respecto si la Comisión ha analizado suficientemente otras alternativas para este mismo fin, por ejemplo, la propuesta realizada por el economista señor Tobin, quien planteaba la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, lo cual no afectaría al turismo. 
Una respuesta breve a esta pregunta sería que la Comisión no está estudiando alternativas, como por ejemplo la consabida tasa Tobin, que es una propuesta muy controvertida a la que muchos se oponen. 
Las propuestas que ha examinado la Comisión son las planteadas en los debates entre los Estados miembros. 
Estas propuestas, como ya he dicho, son objeto de documentos de trabajo de nuestros servicios. 
Actualmente no son objeto de una iniciativa de la propia Comisión. 
Obviamente, si un gran número de Estados miembros comienzan a debatir a fondo o a promover la denominada tasa Tobin, la Comisión sin duda examinaría esta cuestión y plantearía sus puntos de vista al respecto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, todos somos conscientes de que los países en desarrollo merecen nuestra especial atención y dedicación. 
Pero la pregunta que siempre se me plantea es por qué no estamos dispuestos a gravar con un impuesto el gasóleo de aviación de la misma manera que hacemos con otras fuentes de energía, concretamente los combustibles de origen fósil. 
Volviendo al asunto de la contaminación medioambiental, quiero llamar la atención de la Cámara sobre los grandes problemas que a veces se originan en los pasillos aéreos de los aeropuertos. 
Su Señoría acaba de hacer una observación muy válida. 
Cabe señalar que si bien un impuesto sobre los carburantes repercutiría en los precios, de hecho podría contribuir a poner al transporte aéreo en pie de igualdad con otros medios de transporte, como el transporte por carretera, en el que se pagan impuestos sobre el carburante, y que a menudo son la única opción para los viajeros de menos recursos. 
Quienes se interesan por este tema tendrán sin duda en cuenta el comentario de su Señoría. 
En dos informes anuales consecutivos dirigidos al Consejo y al Parlamento Europeo (SEC (2004) 0557 y SEC (2005) 0839) sobre las actividades de la Unidad Central de Eurodac, la base de datos de la UE para los solicitantes de asilo, se afirmaba que esta unidad había registrado un número sorprendentemente elevado de «búsquedas especiales». 
Se trata de una categoría destinada a la aplicación del artículo 12 (apartado 2 y siguientes) del Reglamento Eurodac, concretamente para fines de protección de datos con objeto de salvaguardar los derechos del sujeto de los datos a tener acceso a aquellos que le conciernen. 
No obstante, estas búsquedas especiales se han realizado sin que las autoridades nacionales de supervisión pudiesen confirmar que se trataba realmente, en estos casos, de personas que solicitaban el acceso a sus propios datos. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para verificar la situación de estas búsquedas especiales? 
¿Ha cumplido la Comisión su promesa de continuar supervisando la aplicación del Reglamento Eurodac a este respecto y con qué resultados? 
. Su Señoría, la baronesa Ludford, pide una explicación respecto a las búsquedas especiales en Eurodac y las medidas adoptadas por la Comisión. 
Tengo el placer de responder a una pregunta que pertenece al ámbito de competencias del Vicepresidente de la Comisión, el señor Frattini. 
En primer lugar, se dice que una búsqueda es especial si no pretende determinar qué Estado miembro es responsable de una solicitud de asilo, sino garantizar a cada persona el ejercicio de los derechos que le confiere la Directiva de protección de datos. 
El artículo 18 del Reglamento Eurodac establece los procedimientos para ejercer el derecho a la información y para acceder, corregir o eliminar datos personales procesados en Eurodac. 
Estos datos están consagrados en la legislación comunitaria en materia de protección de datos y tienen por objeto garantizar la protección de la vida privada de las personas. 
De hecho, de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 del Reglamento Eurodac, cualquier persona que resida en un Estado miembro tiene derecho a obtener en cualquier Estado miembro los datos relativos a su persona registrados en la base de datos central y transmitidos por dicho Estado miembro a la Unidad Central. 
Posteriormente puede pedir al Estado miembro en cuestión que corrija los datos inexactos o que elimine los datos registrados de forma ilícita. 
Cabe señalar que solo unos cuantos Estados miembros han enviado tales búsquedas a la Unidad Central. 
De conformidad con el sistema que establece la legislación en materia de protección de datos de la Unión, las autoridades encargadas de dicha protección en los Estados miembros y el supervisor europeo de protección de datos son las autoridades competentes para verificar la legalidad de las actividades de procesamiento de datos personales que lleva a cabo Eurodac. 
Durante una reciente reunión de usuarios de Eurodac, la Comisión recordó a estos sus obligaciones legales. 
En otra reunión, organizada por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, la Comisión puso de relieve ante este y ante las autoridades nacionales de supervisión el gran número de búsquedas especiales inscritas en la Unidad Central de Eurodac. 
La Comisión sigue muy de cerca esta cuestión, ya que considera importante dejar claro si las actividades que realizan las autoridades en el marco de Eurodac se ajustan a las normas establecidas en materia de protección de datos. 
. En primer lugar, transmitiré al Comisario Frattini sus preocupaciones. 
En segundo lugar, la Comisión ha pedido explicaciones más detalladas a un Estado miembro en el que se observó un gran número de búsquedas en un período muy reducido. 
Su Señoría debe comprender que en estos momentos y sin conocer los motivos precisos de estas cifras, no deseo mencionar ni culpar a ningún Estado miembro en particular. 
Repito que, aunque es cierto que estos números nos sorprenden, no existen pruebas en este momento de que el Reglamento Eurodac se haya aplicado indebidamente. 
¿Se ha asegurado la participación de la Unión Europea en las negociaciones sobre el futuro régimen de Kosovo? 
¿Se ha preparado la lista de los temas y problemas en los que la Unión Europea, en particular la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, podrían contribuir de forma sustancial, especialmente teniendo en cuenta que en los textos existentes de las instituciones de la UE en relación con Kosovo se hace referencia de forma explícita a la perspectiva europea? 
. Permítame empezar diciendo que la responsabilidad en última instancia de la decisión de facilitar el proceso político destinado a determinar la futura condición jurídica de Kosovo está en manos del Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. 
La Comisión está satisfecha con la reciente recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas, aprobada posteriormente por el Consejo de Seguridad, en la que se propone la continuación de las conversaciones sobre la futura condición jurídica de Kosovo. 
Asimismo, la Comisión acoge con agrado el nombramiento del Presidente Martti Ahtisaari, el 1 de noviembre de este año, como representante especial o enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para presidir las conversaciones sobre el futuro de Kosovo. 
La Comisión apoya plenamente los esfuerzos que llevan a cabo la comunidad internacional y el Presidente Ahtisaari para elaborar y consolidar un acuerdo equilibrado y sostenible en Kosovo, y no cabe duda de que colaboraremos estrechamente con el Presidente Ahtisaari para alcanzar este objetivo. 
En relación con la participación de la UE y el papel de la Comisión, me gustaría destacar cuatro aspectos. 
En primer lugar, debemos asegurarnos de que el resultado sea compatible con la perspectiva europea para Kosovo y abarque toda la región de los Balcanes Occidentales. 
En segundo lugar, debemos dar más competencias a las autoridades locales, nuestros futuros interlocutores, y al mismo tiempo mantener una presencia internacional racionalizada como garantía de la seguridad en Kosovo. 
En tercer lugar, y estoy seguro de que el Parlamento Europeo coincide conmigo en este punto, nuestro objetivo común debería ser una «condición jurídica con normas». 
Es sumamente importante proteger los derechos de las minorías y de los centros culturales e históricos a fin de lograr un acuerdo sostenible que facilite la estabilidad y la perspectiva europea para toda esta región. 
Y, por último, el desarrollo económico es crucial para el futuro de Kosovo. 
En breve presentaré, junto con Javier Solana, un documento conjunto sobre la política general de la UE en relación con Kosovo. 
En ese documento esbozaremos la forma en que facilitaremos este proceso con recursos financieros adecuados, tema en el que la Comisión desearía colaborar estrechamente con el Parlamento. 
Cuento con el apoyo de sus Señorías para esta tarea tan importante. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Comisario y a su equipo por su respuesta y cooperación, y solo deseo reiterar dos puntualizaciones. 
Primero, es muy importante apoyar las perspectivas europeas de Kosovo, tal como manifiesta el embajador de las Naciones Unidas, señor Eide, en varios párrafos de su informe. 
Segundo, es muy importante, dado que se va a elaborar un informe conjunto con el señor Solana, según ha dicho el señor Comisario, que la Unión Europea cuente con tácticas de negociación específicas respecto de ciertos aspectos, de manera que podamos contribuir a resolver los problemas que surjan y, al mismo tiempo, para que todo esto conjuntamente pueda conformar sus perspectivas europeas. 
. Me gustaría dar las gracias al señor Dimitrakopoulos por su pregunta inicial y suplementaria. 
Puedo asegurar a su Señoría que tenemos el objetivo común de que el futuro de Kosovo sea la perspectiva europea. 
Estoy de acuerdo en que este aspecto se destaca ampliamente en el informe del embajador Eide sobre las normas en Kosovo. 
Considero que el informe Eide es muy profesional, de muy alta calidad, así como muy objetivo y realista. 
Asimismo destaca la necesidad de garantizar tanto las normas como la condición jurídica a medida que avance este proceso de negociación. 
Puedo asegurar igualmente que, en el documento conjunto con el señor Solana, describimos nuestro objetivo que es un acuerdo equilibrado y sostenible. 
Señora Presidente, no puedo estar más de acuerdo con el señor Comisario cuando afirma que hay que ofrecer una perspectiva europea a Kosovo. 
Incluso las autoridades locales están de acuerdo en que va a resultar necesaria una presencia militar tan pronto como se haya obtenido la independencia. 
Quiero preguntar al señor Comisario si esto significa que, a su debido tiempo, cuando se haya alcanzado esta situación de independencia, las tropas de la KFOR van a ser retiradas y van a ser sustituidas por efectivos europeos. 
En caso afirmativo, ¿tiene alguna idea de cuánto le va a costar a la Unión Europea, y están dispuestas la Unión Europea y la Comisión a garantizar la disponibilidad de fondos suficientes? 
. El Presidente Ahtisaari acaba de iniciar su labor y lleva a cabo una activa diplomacia entre Belgrado, Pristina y la comunidad internacional. 
Por consiguiente, no me gustaría adelantarme a los hechos y avanzar la propuesta que hará el enviado de las Naciones Unidas, el Presidente Ahtisaari. 
En mi opinión es preferible dejarlo trabajar, que consulte a las distinta partes y, a continuación, cuando llegue el momento, intentar llegar a una solución con la firmeza necesaria. 
Por ello no creo que sea oportuno adoptar una posición en este momento sobre la continuación de la K-For en Kosovo y la forma que esta adoptaría. 
Quiero decir dos cosas. 
Antes que nada, es necesaria una presencia internacional en el futuro, como garantía de seguridad. 
En segundo lugar, hemos comenzado a evaluar las necesidades de financiación en Kosovo a fin de apoyar la labor de la comunidad internacional y del Presidente Ahtisaari. 
. 
Señora Presidenta, Señorías, el plan de acción de la Unión Europea bautizado FLEGT –aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales– se ocupa únicamente del concepto de legalidad y no aborda las cuestiones más vastas y complejas del desarrollo sostenible de la explotación forestal. Hay una gran diferencia entre estos dos aspectos. 
Se puede recoger madera de origen legal de un modo perjudicial para el medio ambiente, por ejemplo mediante una roturación autorizada. Del mismo modo, madera de origen ilegal puede proceder de una fuente sostenible, como sucede con la madera recogida en el marco de los sistemas de gestión indígena, que, si bien son respetuosos con el medio ambiente, no cumplen los requisitos legales formales. 
No obstante, en la mayoría de países, la legislación forestal se asienta en unos principios de desarrollo sostenible. 
Así pues, la mejora de la gobernanza y una mejor aplicación de la legislación acarrearán una gestión forestal más respetuosa con el medio ambiente. 
Los acuerdos de cooperación celebrados en el marco del plan de acción FLEGT constituirán también un medio de reunir a las partes implicadas para abordar aspectos más amplios de la gobernanza en el sector forestal y, en su caso, apoyar la aplicación de reformas legislativas reglamentarias. 
La Comisión espera que estos procedimientos permitan mejorar la legislación y la gobernanza en los Estados asociados y hacerlas más equitativas. 
Espero, pues, que comprendan que la importancia concedida en el plan de acción FLEGT a la cuestión de la legalidad no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio de colaborar con los Estados asociados para mejorar la gobernanza en el sector forestal. 
El plan de acción FLEGT de la Unión es una iniciativa que tiene por objetivo provocar cambios a través del compromiso de las partes. 
Por consiguiente, no es deseable imponer a Estados asociados potenciales unas condiciones sociales y ambientales rigurosas. Unas condiciones demasiado estrictas constituirían un obstáculo a su compromiso en los acuerdos de cooperación. 
Hay que tener en cuenta asimismo que, si bien el plan de acción FLEGT de la Unión Europea se centra en la gobernanza y la legalidad, la Unión sigue decidida a alentar la gestión sostenible de los bosques en los países en desarrollo. 
En los últimos diez años, la Unión Europea ha asignado más de 700 millones de euros a la gestión sostenible de los bosques en Asia, África Central y América del Sur. 
Señora Presidenta, señor Comisario, le agradezco su respuesta y algunas de sus observaciones. 
Evidentemente, la cooperación con esos países asociados puede ser una buena cosa, pero todos sabemos que nada va a impedir a posibles países asociados, incluida China, por ejemplo, importar de todas formas ilegalmente madera a Europa a través de terceros países. 
Greenpeace he denunciado hace muy poco que había descubierto redes ilegales que se extendían desde la República del Congo a Italia, desde Papúa Nueva Guinea a China y de ahí hasta Gran Bretaña. 
Así pues, mi pregunta es: ¿cómo piensa la Comisión, y el señor Comisario concretamente, detener las prácticas de tal naturaleza? 
. 
Evidentemente, la Comisión comprende, por ejemplo, el deseo –me han preguntado recientemente sobre este tema– de que se introduzca una prohibición unilateral de las importaciones de madera de origen ilegal. 
Sin embargo, debemos admitir que en la práctica este modo de proceder no resolvería el problema de la explotación clandestina de los bosques. 
En primer lugar, si instauramos una prohibición unilateral de importar madera de origen ilegal en la Unión, no dotaremos a nuestras autoridades aduaneras de un instrumento que les permita confirmar la legalidad del origen de la madera. 
En sí misma, esta prohibición no bastaría, por tanto, para impedir que entrase en la Unión madera de origen ilegal. 
Para poder distinguir –y este es el enorme problema que tenemos– entre la madera de origen legal y la de origen ilegal, necesitamos desde luego la plena cooperación de los países exportadores. 
En segundo lugar, una prohibición a escala europea no ofrecerá un punto de acceso para abordar el problema de la gobernanza en los países productores. 
Por esta razón, la Comisión ha propuesto un enfoque basado en la firma de acuerdos de asociación con los países productores de madera. 
Esta iniciativa facilita la cooperación necesaria entre la Unión Europea y los países productores, a fin de atajar el problema de la corrupción y las lagunas observadas en materia de gobernanza que conducen a una explotación clandestina de los bosques. 
Si no se redoblan y conciertan los esfuerzos para erradicar la corrupción del sector maderero de los países productores, las medidas encaminadas a frenar el comercio de madera de origen ilegal asociado a la explotación clandestina de los bosques no tendrán ninguna repercusión. 
En tercer lugar, el enfoque centrado en las asociaciones está focalizado y es proporcionado. 
Permite centrar la atención y los recursos en los países más afectados por este problema sin perjudicar los intercambios comerciales con otros países en los que la explotación clandestina de los bosques no plantea problemas graves. 
La mayoría de los intercambios comerciales de productos derivados de la madera no son objeto de presunción de ilegalidad. 
Dicho esto, debemos ponernos de acuerdo sobre el modo de reaccionar cuando los intercambios con países no asociados sean objeto de presunción de ilegalidad. 
Esta cuestión se examinará con más detalle en un próximo ejercicio de evaluación. 
Quiero insistir en que las medidas examinadas en este ejercicio de evaluación no pretenden sustituir el enfoque voluntario preconizado, expuesto en el plan de acción FLEGT, sino complementarlo donde proceda. 
Quiero subrayar asimismo que se trata de un ejercicio de evaluación y que en esta fase no tenemos intención de proponer nuevas propuestas legislativas. 
La Comisión se compromete a revisar y analizar la viabilidad de una legislación adicional de apoyo al plan de acción FLEGT, tal como se me pidió aquí, y, como les prometí, así se lo he comunicado al Consejo. 
Por desgracia, estos trabajos se han visto frenados por los retrasos en la confirmación de la participación activa de los Estados miembros y por la decisión que tomamos de concentrar los escasos recursos en la aplicación del enfoque voluntario enunciado en el plan de acción. 
La evaluación está en curso y se desarrolla en estrecha colaboración con los Estados miembros, dado que gran número de medidas potenciales son de competencia nacional. 
Las opciones examinadas incluyen la política en materia de contratos públicos, el blanqueo de dinero, los bienes robados y la legislación anticorrupción, además de la viabilidad de los aspectos prácticos de la nueva legislación de control de las importaciones de madera ilegalmente recogida. 
Concluiré dándoles una última información. Durante el poco tiempo que fui Comisario de Investigación, tuve ocasión de visitar, cerca de Milán, el Centro de Investigación de la Comisión, y vi allí trabajos muy interesantes. 
Vigilancias por satélite que permiten seguir de forma muy precisa tanto las deforestaciones como las repoblaciones forestales. 
Creo que podría ser útil estudiar si no disponemos ahí de una herramienta que al menos nos permita, en nuestro diálogo político con los países, conseguir que se muestren más proclives a ayudarnos. 
Es un medio tecnológico que nos permitiría presionar más y seguir más de cerca la evolución de la situación. 
No sé si han tenido ocasión de visitar este Centro, de ver qué puede hacer, pero puedo asegurarles que me quedé muy impresionado. 
Es perfectamente posible ejercer una vigilancia relativamente precisa de la evolución, en ocasiones dramática, en ocasiones algo más optimista, de la situación. 
Señor Comisario, estoy seguro de que el Parlamento desea apoyar las medidas que adoptará sobre la base del informe que debía presentarse, en virtud del Plan de acción, en 2004. 
Una forma en que podemos apoyarle es pedir que se adopten medidas en virtud del tan bien acogido acuerdo en la cumbre que firmamos con China en septiembre. 
¿Podría el Comisario indicar cómo pretende contribuir al lavado de madera en China y esa región? 
. 
Señor Bowis, lamentablemente todo lo que puedo decirle es que estoy adoptando un enfoque activo y que esta cuestión estará en el orden del día cuando debatamos con nuestros socios. 
Únicamente puedo ofrecerle mis buenas intenciones. 
Me gustaría que ocurrieran dos cosas. 
En primer lugar, me gustaría que los Estados miembros, es decir, el Consejo, también mostrasen un comportamiento un poco más activo al respecto. 
Creo que nos ayudaría, por ejemplo, que no se obstaculizase el examen de las peticiones que formulamos, porque yo no me opongo en absoluto, sino todo lo contrario, a una legislación más estricta. 
En un momento dado habrá que pasar por ello de todos modos. 
Después he mencionado un enfoque que yo calificaría de técnico, que al menos nos permitiría presionar a los Estados asociados y también, por supuesto, a los Estados miembros. 
Lo que necesitaríamos, en realidad, es un medio, digamos científico, de identificar y calificar el origen de la madera. 
Hemos conseguido hacerlo técnicamente con los diamantes, por ejemplo. 
Hoy existen medios muy precisos para certificar la procedencia del diamante. 
Es un poco por esta vía por donde debemos buscar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, las operaciones forestales de carácter familiar en Europa constituyen un ejemplo contundente de prácticas forestales sostenibles que benefician a la economía en su conjunto. 
Quiero preguntar al señor Comisario si piensa si sería posible proporcionar apoyo sobre el terreno a los países que estamos sometiendo a debate en forma de asesoramiento técnico, a fin de evitar tener que reaccionar una vez más a toro pasado. 
Usted ha mencionado la investigación y eso me lleva a un aspecto inmediato, a saber, que en el futuro la madera seguirá siendo una materia prima utilizada en la fabricación de otros muchos productos. 
. 
En todos nuestros programas de desarrollo, está claro que la acción que usted sugiere en su pregunta entra en la categoría de proyectos de desarrollo. 
Además puede acogerse sin problemas a proyectos similares, como obtener ayuda técnica, implantes y una serie de otras medidas. 
Por supuesto, prestamos una gran atención a este aspecto. 
La cuestión que le preocupa con respecto a los proyectos de desarrollo es de hecho cada vez más transversal. 
Los proyectos de desarrollo que afecten a países, regiones o zonas, pueden acogerse perfectamente. 
De hecho, algunos ya están en marcha. 
Sigue vigente la reclamación de que se incremente la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de los países donantes hasta un 0,7 % de su producto interior bruto. 
De este modo podrían lograrse los Objetivos de Desarrollo del Milenio dentro del plazo previsto, para 2015. 
A tal fin, la AOD nacional debería alcanzar los siguientes niveles: para 2006 un "incremento sustancial", para 2009 un 0,5 %, y para 2015 un 0,7 % del PIB. 
No obstante, en muchos países se incluye en el cálculo de dichos porcentajes la liquidación de deuda, a consecuencia de lo cual no se dispone de dinero adicional, que sería, sin embargo, urgentemente necesario para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
¿Qué otros componentes se incluyen en el cálculo del 0,7 % citado? ¿Cómo puede intentarse encontrar una base uniforme de cálculo al respecto? 
¿Cómo puede determinarse una responsabilidad jurídica de los Estados miembros en esta cuestión? 
. 
Señora Presidenta, Señorías, está muy claro que los recursos financieros para el desarrollo deben incrementarse de forma considerable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. 
Como saben, la Unión Europea se toma muy en serio los desafíos que plantea la movilización de los fondos presupuestarios necesarios para la reducción a la mitad de la pobreza de aquí a 2015. 
Por esta razón, la Unión se fijó ya en 2002 un primer objetivo intermedio para el aumento de la ayuda al desarrollo en 2006. 
Colectivamente, la Unión quiere alcanzar un nivel de ayuda oficial al desarrollo equivalente al 0,39 % del producto nacional bruto. 
El pasado mes de mayo, el Consejo aprobó la propuesta de iniciar una nueva etapa para alcanzar conjuntamente el 0,56 % en 2010, y el objetivo del 0,7 % del PNB en 2015. 
Son objetivos ambiciosos, lo sé, pero son realistas. No han sido fijados al azar. 
Celebro que cuatro Estados miembros hayan alcanzado ya este nivel de ayuda. Otros seis han indicado que desean alcanzarlo mucho antes de 2015. 
Existe una definición precisa de los elementos que engloba el término «ayuda oficial al desarrollo». Fue elaborada por la OCDE y está reconocida a escala internacional. 
Según dicha definición, la reducción de la carga de la deuda se considera ayuda al desarrollo. La justificación es que la reducción de la deuda libera fondos antes reservados al servicio de la deuda para ponerlos al servicio del desarrollo de los países pobres. 
Desde la Conferencia de Monterrey sobre la financiación del desarrollo, los flujos de ayuda de la Unión Europea han registrado un aumento con vistas a alcanzar el objetivo intermedio en 2006, y una parte considerable de ese aumento se debe a operaciones de reducción de la deuda. 
No obstante, el espíritu del consenso de Monterrey dicta que la iniciativa de reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados, y cito: «debe ser financiada íntegramente con recursos adicionales». 
Así, en 2005, en el informe de seguimiento anual de los compromisos de la Unión en Monterrey, la Comisión indica que conviene examinar detenidamente las repercusiones que puedan tener los esfuerzos en materia de reducción de la deuda sobre los flujos de ayuda. 
Evidentemente, seguiremos prestando atención a ello en nuestros futuros informes de seguimiento anual. 
A este respecto, quiero recordar que la Unión Europea se comprometió a movilizar anualmente en torno a 66 000 millones de euros a partir de 2010. Son, pues, 20 000 millones de euros más que lo previsto para 2006. 
A la luz de los volúmenes de ayuda previstos, el efecto de la reducción de la deuda sobre el aumento de la ayuda oficial al desarrollo será limitado a corto y medio plazo. 
Señor Comisario, observo que usted da por hecho que vamos a alcanzar el objetivo intermedio en 2006. 
Quiero preguntar entonces cuándo va a poder presentar usted un informe sobre este tema, y cuáles van a ser las consecuencias para aquellos países que no alcancen este objetivo, ya que si no llegamos el primer objetivo, poco podremos avanzar para alcanzar el segundo. 
¿Qué proyectos adicionales, y me estoy refiriendo a proyectos financiados conjuntamente por la UE, tiene intención de proponer para ayudar a los países a alcanzar estos objetivos, y cuál será su principal foco de atención? 
. 
Quizás he sido un poco confuso en mi primera intervención. 
Quería decir que en 2006 no solo se alcanzará lo prometido, sino que se superará: en 2006 lo haremos un poco mejor de lo que prometimos. 
Por decirlo de otro modo, vamos un poco adelantados con respecto al programa. 
Para no perder este dinamismo, que es relativo, he propuesto fijar un nuevo objetivo para 2010. 
Creo que lo he dicho: no es muy realista pensar que alcanzaremos el objetivo de 2010. 
Por desgracia, no dispongo de ningún medio de coerción para obligar a los Estados a respetar sus compromisos. 
Dicho esto, creo con todo que existe hoy una cierta toma de conciencia del hecho de que el desarrollo es una política absolutamente fundamental y, en todo caso, que ya no tenemos excusa para no respetar los compromisos. 
Con respecto a los compromisos contraídos en el marco del Milenio, tampoco tenemos excusa. 
Si queremos, podemos encontrar los medios financieros. La voluntad política existe, creo. 
Falta traducirla en actos. 
Entonces –y esta es la pregunta que usted formula– ¿cómo encontrar otros recursos? 
Como saben, cierto número de países han decidido ya proceder a una exacción o imponer un impuesto sobre los billetes de avión. 
Como saben, se habla y se ha hablado de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras, aunque en este tema no se ha podido llegar a ningún consenso que permita seguir adelante. 
Desde el punto de vista personal, debo decirles que desde luego estoy abierto a cualquier idea nueva al respecto. 
En un momento dado, también yo lancé la idea de un impuesto sobre el mercado de armas. 
No obstante, se plantea un pequeño problema moral a este respecto. El mercado legal del armamento representa un billón de dólares al año, mientras que el mercado ilegal se cifra en más de dos billones. 
Se plantea pues un problema: ¿vamos a gravar el mercado legal de armamento, cuando, por desgracia, el mercado ilegal escapará a ello? 
Como saben, dentro de unos minutos, uno de sus colegas, el señor Rocard, debería formular una pregunta relativa a la creación de una lotería mundial. Estoy muy abierto a esa idea. 
Como saben también, el fruto de las multas pagadas a la Comisión por inobservancia de las normas de la competencia es tema de conversaciones. 
¿Por qué no reservar esos importes al desarrollo? 
Hay toda una serie de opciones cuya viabilidad técnica estamos estudiando. 
Créanme que tengo aún otras ideas, pero es necesario que los Estados miembros acepten ponerlas en práctica. 
En efecto, la mayoría de esas ideas no serán útiles o no serán realmente eficaces si solo las aplican tres, cuatro, cinco o seis países. 
Es necesario que el movimiento sea mucho más generalizado. 
En conclusión, tengo la impresión de que deberíamos poder aumentar considerablemente la ayuda al desarrollo en los próximos años. 
En un contexto en el que la celebración de elecciones libres sigue todavía planteando tantos problemas en África debe observarse de cerca el proceso electoral en la República Democrática del Congo. 
En efecto, nos llega información alarmante sobre la credibilidad de las futuras elecciones: falta de transparencia del censo electoral, fraudes masivos organizados con motivo de las inscripciones en las listas electorales, inseguridad alimentada para limitar el acceso a los centros electorales esencialmente en el Este del país, y exclusión de franjas importantes de la población, en particular, de los congoleños que viven en el extranjero (de los cuales hay más de 3 millones en la Unión Europea). 
Estas irregularidades tendrán como consecuencias inevitables la negativa de las fuerzas políticas democráticas a participar en las elecciones y el previsible cuestionamiento de los resultados. 
La Unión Europea, que apoya activamente la celebración de estas elecciones, tiene el deber de prestar atención a lo que pasa en la República Democrática del Congo. 
¿De qué informaciones dispone la Comisión sobre la organización de las elecciones en la República Democrática del Congo? 
¿Qué apoyo prevé prestar a su buen desarrollo? 
¿Qué medidas adoptaría en caso de fraudes masivos? 
. 
Señora Presidenta, la Comisión, junto con toda la comunidad internacional, sigue muy de cerca la marcha del proceso electoral en la República Democrática del Congo y la organización del mismo por parte de la comisión electoral independiente. 
A finales del mes de agosto de este año llevé a cabo personalmente una misión de supervisión del censo electoral para comprobar en qué condiciones se estaba efectuando. 
A pesar del estado ruinoso de las infraestructuras del país, el número de electores censados hasta hoy ha superado la cifra de 21 millones. 
Esta cifra es muy acorde con las proyecciones demográficas efectuadas sobre la base del último censo general de la población, que en la actualidad sigue siendo la base estadística más fiable para trabajar. 
El censo electoral se rige por una ley específica, que establece las condiciones para poder inscribirse de forma voluntaria. 
Además, la Comisión electoral tomó medidas para garantizar que todos los centros de inscripción se trataran del mismo modo y que ninguna región o zona se viera penalizada por retrasos en la apertura del centro. 
Para darles una idea de la magnitud de las dificultades técnicas, les diré que ha habido que repartir más de 10 000 de registro por todo el territorio del Congo, cuando en algunos lugares ya no hay pistas, no hay carreteras, y ha habido que utilizar helicópteros. 
Imaginen pues la magnitud de la tarea. 
Por otra parte, a fin de evitar al máximo los riesgos de doble inscripción y fraude masivo –pues esto se menciona en la pregunta–, la Comisión electoral optó, con el aval de la comunidad internacional, por el registro de los electores sobre la base de datos biométricos, la emisión inmediata de la tarjeta de elector, la exposición pública diaria de las listas de inscritos en cada oficina del censo, el empleo de tinta indeleble y la depuración de las listas de electores sobre la base de los datos biométricos. 
La Comisión apoya la organización del proceso electoral con una considerable aportación de 149 millones de euros, a través de un fondo fiduciario gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
A este respecto, participa activamente en el comité de pilotaje del proyecto de apoyo al proceso electoral, que supervisa las actividades llevadas a cabo por la Comisión electoral en el marco del proyecto. 
A fin de garantizar la celebración de unas elecciones conformes con las normas internacionales, la Comisión acaba de decidir el envío de una misión de observación electoral, cuyos trabajos se iniciarán con el referendo constitucional del próximo 18 de diciembre y se desarrollarán hasta el final del proceso electoral. 
En esta fase, nada permite suponer la existencia de fraudes masivos en la organización y la celebración del proceso electoral. 
Evidentemente, al decir «masivos» , debo precisar que hay que situarse en el contexto de 22 millones de inscripciones. 
Tengo cifras, que he recibido este mediodía, que indican que se han observado fraudes, que algunos son deliberados, que otros no se sabe si son deliberados y que también se han cometido errores. 
Las personas que trabajan en este tipo de registro son por lo general ciudadanos y ciudadanas congoleños que han recibido una formación por parte de la empresa suministradora de los y es evidente que, cuando se codifican millones de personas, hay que esperar un porcentaje de errores simplemente técnicos, errores de manipulación. 
Cuando se produce una equivocación en un nombre, una vez que la máquina lo ha registrado, no es posible retirarlo de inmediato. 
En cambio, esto se puede hacer desde el centro. 
Por tanto, es ahí donde se van a eliminar todas las duplicaciones entre esos 22 millones de personas que se han registrado hasta hoy. 
Cabe estimar, pues, que, una vez expurgadas las duplicaciones, nos encontraremos con unos 21 o 22 millones de electores legalmente inscritos, sin ninguna duplicación. 
Si la misión de observación electoral comprobase la existencia de irregularidades de una importancia tal que pusiera en peligro la transparencia, la credibilidad y la representatividad del proceso, conforme a las disposiciones del Acuerdo de Cotonú, la Comisión estaría dispuesta a entablar un diálogo político reforzado para buscar medidas correctoras. 
Pero esto ya no es actualidad, estamos más avanzados. 
Voy a darles las cifras. 
De hecho, los resultados de la desduplicación –para utilizar este término bastante poco elegante– en la zona operativa de Kinshasa se han presentado hoy en la reunión del comité técnico sobre el proceso electoral. 
De un total de 2 963 101 electores inscritos en Kinshasa, se detectaron 150 000 casos de duplicación. 
Hay 18 587 casos de duplicaciones técnicas –como acabo de decirles, errores de manipulación–, 10 490 casos de fraude y unos 121 000 casos de fraude potencial. 
El total de duplicaciones representa, pues, en torno al 5 % del total del censo. 
Por lo que respecta al porcentaje de duplicaciones fraudulentas, hay que tener en cuenta que una vez localizada una duplicación, cada caso no engloba ya a una persona, sino al menos a dos. 
Así, incluso sumando los casos de fraude y los de fraude potencial, obtendremos un máximo del 2 % de fraude en el total del censo. 
Las cifras relativas a los casos de fraude potencial se conocerán la semana próxima, así como el resultado de la desduplicación en el Bajo Congo. 
Por tanto, todo va a depurarse de forma centralizada y se debería disponer así de una lista electoral general totalmente correcta, sin fraudes, o que en todo caso permita decir que estas elecciones, si tienen lugar, se llevarán a cabo sobre una base correcta por lo que se refiere a los electores inscritos. 
También he podido comprobar sobre el terreno cómo funcionaba el proceso y debo decirles que era bastante impresionante. 
Todas esas personas que acababan de inscribirse y que querían inscribirse, que estaban muy contentas de hacerlo, de hecho tenían por primera vez la oportunidad de gozar de una condición jurídica con respecto a su Estado. 
Recibían por primera vez una tarjeta de elector, que en cierto modo hacía las veces también de documento de identidad, lo que era nuevo para ellos, que nunca habían tenido auténticos papeles. 
Era impresionante ver todo esto, y el hecho de haber podido registrar en las condiciones que sabemos a más de 22 millones de electores –no se ha acabado aún, todavía faltan algunos días– representa un éxito enorme, un éxito también para la comunidad internacional y, más especialmente, para la Unión Europea, que ha puesto todo su empeño en ello. 
– Gracias, señor Comisario, por sus precisiones más bien alentadoras y sumamente técnicas. 
Sabe usted muy bien que la ayuda al desarrollo no puede ser realmente eficaz si no reina un mínimo de democracia y de Estado de Derecho. 
Por otra parte, quería formular una pregunta complementaria relativa a la libertad de expresión y la libertad de prensa. 
Observamos una serie de acontecimientos que acreditan la existencia de importantes dificultades en este terreno, que afectan a periodistas y a cierto número de miembros de la oposición que intentan expresarse. 
Así pues, las listas electorales son una cosa, pero la libertad de expresión es otra. 
¿Podría darnos una información más amplia sobre qué haría la Comisión si se comprobase que se están cometiendo abusos? 
. 
El nivel de diálogo político que hemos alcanzado con las autoridades congoleñas nos permitiría, si fuera necesario, intervenir y sin duda convencerlas de que cambiaran de rumbo. 
Por lo que respecta a la libertad de prensa, señora Aubert, no sé si ha tenido ocasión de seguir la prensa congoleña sobre el terreno. 
Si quiere, puedo facilitarle algunos periódicos, incluso todos los periódicos que aparecen diariamente en Kinshasa y en otras ciudades. 
He de decirle que la prensa congoleña se caracteriza, en su conjunto, por una libertad de expresión y una libertad para formular acusaciones contra quien le plazca –a veces a expensas mías, por cierto– que se encuentran en pocas democracias. 
Así pues, si hay un ámbito en el que realmente ha habido progresos muy considerables, es el de la libertad de prensa, aun cuando haya muchas otras cosas que decir, en especial sobre la gobernanza. 
Los periodistas, en Kinshasa y en otros lugares, gozan de plena libertad de expresión. 
Debo decir que sus posturas particulares no importan. 
Se acusa absolutamente sin ningún fundamento y, por tanto, no digo que toda la prensa sea así, pero puedo decirles que la prensa puede dar rienda suelta sobre cualquier cosa, ya sea el Presidente u otras personalidades. 
Por tanto, en lo que respecta a la libertad de prensa en el Congo, pienso que no plantea problemas. 
Hay otros problemas, enormes problemas, por lo demás, pero con toda honestidad, no tengo la impresión de que, al menos en este aspecto, haya problemas. 
Por lo que se refiere a los miembros de la oposición, debo decirles que, por mi parte, no conozco, aquí y ahora, y desde hace no poco tiempo, a ningún oponente al que se le haya impedido participar en unas elecciones o, por ejemplo, crear un partido político, evidentemente siempre que cumpla los criterios. 
No lo creo. 
Ahora bien, lo que digo no debe interpretarse como si todo fuera perfecto. 
Simplemente, hay que medir el progreso realizado. 
Yo, que sigo el problema del Congo desde hace muchos años, en particular debido a mi otro cargo, debo reconocer que nunca en los últimos años hemos estado tan cerca de poder conducir este país hacia unas elecciones democráticas y libres, y aportarle así una estabilidad. 
Deseo absolutamente que la Constitución se ratifique a finales de diciembre y que las elecciones se celebren en marzo o abril, a fin de respetar el último plazo prescrito. 
No he dicho que caiga en un optimismo beato. 
Digo, simplemente, que nunca hemos estado tan cerca de unas condiciones mínimas para devolver la estabilidad al Congo. 
Y es cierto que estoy muy comprometido con este tema, porque considero que la estabilidad en la República Democrática del Congo sería un elemento muy importante para la estabilidad en toda la región. 
De todos modos, hay que comprender que África Central tiene casi la dimensión de un continente. 
Cuando se piensa en el número de muertes acaecidas desde 1994, cuando se piensa en los progresos realizados en Ruanda, en las elecciones que permitieron una alternancia sin problemas en Burundi –cosa bastante inesperada–, cuando veo los primeros gestos y los primeros actos del Presidente El Nkurunziza en Burundi, por ejemplo, espero que en el Congo se pueda registrar dentro de unos meses el mismo tipo de evolución. 
Las preguntas nº 43 a 45 se contestarán por escrito. (1) 
El comercio es una cuestión de competencia exclusiva de la UE, lo que hace esencial que los diputados europeos, como representantes elegidos, puedan llevar a cabo una supervisión completa y democrática de la política comercial de la UE. 
El recurso a un comité reservado no elegido, como el que se menciona en el artículo 133, que informa al Consejo de Ministros, para formular la política comercial, erosiona la autoridad legítima de los diputados al Parlamento Europeo para actuar en nombre de sus electores. 
Teniendo en cuenta que incluso los partidarios más fervientes del AMPA de la OMC, como el Gobierno británico, están teniendo dificultades para probar que el comercio "libre" realmente satisfará su retórica, tanto en materia de pobreza como de sostenibilidad, y las críticas del Defensor del Pueblo Europeo concernientes a la transparencia de los debates y las negociaciones comerciales, ¿qué planes tiene la Comisión para mejorar el acceso público a las negociaciones de la OMC? En particular, ¿piensa la Comisión llevar a cabo evaluaciones completas de impacto en todas las áreas de AMPA, incluidas las áreas sensibles, como la pesca y los bosques, y dar a conocer los resultados de las mismas? 
La Comisión está a favor de aumentar la transparencia y la responsabilidad de la OMC, a fin de reforzar la legitimidad de esa institución. 
La UE ha avanzado una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento de la OMC, en particular las relativas a la preparación y gestión de las conferencias ministeriales con el fin de que las negociaciones y la toma de decisiones entre el creciente número de miembros resulten más fáciles y eficientes. 
Por ejemplo, podría definirse mejor a corto plazo la función del país de acogida de las conferencias ministeriales. 
De modo similar, es necesario mejorar la capacidad de negociación de las delegaciones más pequeñas y no residentes en el proceso de Ginebra y en las reuniones ministeriales. 
En cuanto al control parlamentario, la Comisión está a favor de conceder al Parlamento Europeo mayores competencias en materia de política comercial. 
Es por ello que ha apoyado la propuestas que sitúan al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo por lo que se refiere a la elaboración de la política comercial en la Convención sobre el futuro de Europa. 
Entretanto mantenemos al Parlamento Europeo plenamente informado sobre el desarrollo y conclusión de las negociaciones internacionales mediante una participación periódica en las reuniones tanto formales como informales del Parlamento, y a través de la transmisión de documentos al Parlamento al mismo tiempo que al Consejo, así como por medio de consultas al Parlamento sobre la principales orientaciones de la política comercial. 
Sin embargo, la Comisión debe ajustarse al marco que establece el Tratado. 
El Comité del Artículo 133, que está formado por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, no es un órgano decisorio, sino consultivo. 
La principales decisiones las adoptan en el Consejo los Ministros elegidos democráticamente. 
En cuanto a la transparencia hacia el público en general, la Comisión lleva a cabo una activa política de comunicación, consistente, entre otras cosas, en la publicación de la información pertinente en su sitio en Internet, en el diálogo regular con la sociedad civil y en responder a las solicitudes de acceso a documentos formuladas por los ciudadanos. 
Por lo que se refiere a las evaluaciones de impacto de sostenibilidad, estas se realizaron en 2002 y 2003 para el primer lote de los sectores NAMA, es decir, productos textiles y confección, productos farmacéuticos y metales no ferrosos. 
Los resultados se publicaron en el sitio web de la Universidad de Manchester en 2003, junto con propuestas de ajuste en aquellos segmentos en que se observaron desequilibrios, tanto internos como en terceros países. 
Asimismo se ha elaborado un estudio sobre previsiones, cuyos resultados se han publicado en el mes de junio de 2005. 
Se ha iniciado un segundo lote de estudios sobre otra serie de sectores NAMA que incluirá el sector de la pesca. 
Los resultados de este segundo lote se publicarán probablemente durante el primer semestre del año próximo. 
Me alegro que el Comisario tenga la intención de mantener el Parlamento informado. 
¿Se compromete a mantener plenamente informado a la Delegación del Parlamento para las negociaciones de Hong Kong a medida que se desarrollen las conversaciones en el seno de la OMC, de modo que pueda desempeñar un papel activo en dichas conversaciones y sirva de conducto para transmitir información al publico y garantizar una total transparencia? 
Eso es muy importante. 
Se han creado amplios dispositivos para la Delegación del Parlamento Europeo, no solo para que nos acompañe a Hong Kong, sino para que nos reunamos diariamente y para mantenerla informada. 
De hecho, acabo de escribir una carta al Presidente de la Comisión de Comercio Internacional en la que le informó que habrá sesiones informativas cada mañana. 
Es muy importante señalar que el proceso de Hong Kong no será oscuro y abstracto. 
Influirá en la vida cotidiana y las oportunidades de empleo de miles de millones de personas. 
Nuestra tarea es asegurar que el público comprenda y apoye lo que estamos negociando en esta reunión ministerial tan importante. 
Señor Comisario, podría pedirle que centrara su atención durante un instante en un aspecto importante de las conversaciones en el marco de la OMC, a saber, la idea que muchos tienen de que la agricultura será el chivo expiatorio en estas conversaciones. 
La reforma de la PAC se presentó como un medio de proteger los aranceles agrícolas de nuevos ataques. 
Se nos dijo que la agricultura estaría segura en la OMC. 
Y ahora resulta que usted ha hecho una oferta, con cierta precipitación, para reducir dichos aranceles en un porcentaje considerable. 
Me pregunto si se ha tenido en cuenta el grave peligro que correrá la agricultura en muchas regiones, como la mía, que usted conoce bien, si continúa este proceso. 
Resulta demasiado tentador decir que si su Señoría convenciese a todas las personas con que negociamos en la OMC que estamos recortando drásticamente nuestros aranceles agrícolas, les convencería mucho mejor que yo del peso de nuestra oferta en materia agrícola. 
Por supuesto hemos presentado una oferta perfectamente creíble y seria respecto a los aranceles agrícolas, que va acompañada de las propuestas que hemos hecho en relación con los subsidios internos y la eliminación de las subvenciones a la exportación. 
Estas propuestas son proporcionadas y están firmemente arraigadas en el paquete de las actuales reformas de la PAC y no abandonan ese ámbito. 
Representan lo que se nos pide que hagamos. 
Aceptamos el mandato original de Doha, y a continuación firmamos el acuerdo marco el verano pasado, en el que se nos invita a adoptar medidas que mejoren considerablemente el acceso al mercado de los productos agrícolas. 
Y considero que eso es lo que estamos haciendo. 
Sin embargo, no estamos corriendo riesgos y no ponemos en peligro ni amenazamos el modo de subsistencia de los agricultores y las comunidades de agricultores de Europa. 
Lo demás son tonos alarmistas a los que no me puedo unir. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, si las negociaciones que se van a celebrar en Hong Kong según el sistema multilateral fracasan –lo cual es una posibilidad real, aun cuando sea lo último que todos deseamos– ¿cree usted que resultaría más sencillo o más difícil establecer una zona de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos de América? 
No puedo imaginarme nada más difícil y quizá más doloroso que negociar una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
No obstante, estoy plenamente convencido que tenemos margen para derribar algunos de los obstáculos no arancelarios que impiden el crecimiento del comercio y la inversión entre ambos lados del Atlántico. 
Como sabe su Señoría, este tema me interesa sobremanera. 
Me preocupan en particular las diferencias reglamentarias, la falta de convergencia y los obstáculos interpuestos debido a las diferencias y la frecuente incompatibilidad entre los distintos ordenamientos jurídicos de Europa y los Estados Unidos. 
Sin embargo, ambos ordenamientos jurídicos se basan en la tradición, en prácticas anteriores, y sospecho que los europeos no tendremos más éxito si decimos a los estadounidenses cómo deben reformar sus ordenamientos jurídicos que si ellos vinieran a decirnos cómo deberíamos gestionar los nuestros. 
Sin embargo, espero que con un diálogo paciente y la negociación podremos introducir algunas mejoras necesarias e importantes que beneficiarán a nuestras empresas y, por consiguiente, al empleo y a los modos de subsistencia a ambos lados del Atlántico. 
La Comisión ha introducido reducciones arancelarias del 12 % al 4,2 % aplicables al camarón procedente de Tailandia. 
Estas reducciones estaban previstas en un principio para el 1 de julio del año en curso, pero se adelantaron al 1 de abril como consecuencia de la devastación del tsunami. 
Se trataba de ayudar a Tailandia mediante dichas reducciones a recuperarse desde el punto de vista meramente económico. 
Anteriormente, el Consejo había acordado que la ayuda de la UE a los países víctimas del tsunami debía contribuir a reducir la vulnerabilidad ante otras posibles catástrofes naturales futuras. 
Se critica que las reducciones arancelarias aplicables al camarón procedente de Tailandia son contrarias al acuerdo del Consejo. El motivo es que los cultivadores de camarón están talando bosques de mangle cercanos a las playas para preparar el terreno para el cultivo de camarón. 
Los bosques de mangle suponen una importante protección contra tormentas, inundaciones y tsunamis. 
La asociación sueca para la protección de la naturaleza, Svenska Naturskuddsföreningen, ha afirmado que las consecuencias del tsunami habrían sido menos graves si no se hubieran destruido los bosques de mangle en favor del cultivo de camarón. 
¿Piensa la Comisión que las ayudas al cultivo de camarón en forma de reducciones arancelarias son conformes con el acuerdo del Consejo arriba mencionado? 
¿Ha analizado la Comisión las consecuencias del cultivo de camarón en Tailandia, en lo que respecta a la devastación de bosques de mangle? 
De conformidad con el Sistema de Preferencias Generalizadas vigente –SPG, el sistema de concesiones arancelarias unilaterales concedidas a 180 países en vías de desarrollo que se aplicará hasta el 1 de enero de 2006, las importaciones de productos pesqueros, incluidas las gambas y langostinos procedentes de los principales competidores de Tailandia, Indonesia, Malasia y Brasil– gozan de un derecho reducido del 12 % al 4,2 %. 
Tailandia quedó excluida de las preferencias del SPG para los productos pesqueros a partir del 1 de enero de 1999 debido a la gran competitividad que tienen estos productos en el mercado de la UE. 
El nuevo SPG que el Consejo adoptó el 27 de junio de 2005 se basa en criterios distintos y es más generoso con todos los beneficiarios del SPG, incluyendo con los países afectados por el tsunami, como Tailandia. 
De este modo, Tailandia volverá a beneficiarse a partir de enero de 2006 de derechos reducidos para sus productos pesqueros en virtud del nuevo SPG. 
Este cambio se debe al deseo de la Comisión y del Consejo de ayudar a los países afectados por el tsunami. 
La Comisión tiene conocimiento de las objeciones que se hacen al cultivo de langostinos en el Sudeste Asiáticos y es conciente de los efectos que tiene la destrucción de los manglares para crear lagunas. 
Por ello, la Comisión apoya el desarrollo sostenible de la gestión de las zonas costeras de Asia a través de la transferencia de buenas prácticas y de soluciones medioambientales de Europa a Asia. 
La Oficina de Cooperación EuropeAid de la Comisión ha destinado hasta ahora fondos para tres proyectos destinados a rehabilitar manglares en las zonas afectadas por el tsunami de Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por medio de un programa Asia Pro Eco posterior al tsunami. 
Además, este programa contribuirá a proteger la producción de gambas –que es uno de los sectores que pueden acogerse al programa–, pues está destinado a desarrollar la gestión ambiental en las zonas costeras dedicadas a la acuicultura. 
Como es sabido, el sector del calzado está atravesando una época de graves problemas derivados de la liberalización del comercio internacional, lo que afecta sobre todo a los países de economía más frágil, como Portugal, cuyas zonas del Norte se ven amenazadas por un fuerte desempleo y por el estrangulamiento de su desarrollo, como he podido verificar recientemente. 
Ha resultado particularmente grave la eliminación del sistema de cuotas a las importaciones provenientes de China, uno de cuyos indicios más claros es la reducción del precio medio de importación en aproximadamente un 50 %. 
¿Puede informar la Comisión de las medidas que piensa tomar, en particular respecto a la investigación antidumping solicitada por la Confederación Europea de la Industria del Calzado? 
La Comisión es consciente de la evolución reciente de las importaciones de calzado procedente de China y Vietnam a la Comunidad. 
En ese contexto, la Comisión recibió este año diversas reclamaciones de la industria comunitaria del calzado, en las que se recogían datos convincentes que indicaban que dicha industria estaba siendo afectada por los efectos adversos provocados por los precios de dúmping de las importaciones de calzado a la Comunidad. 
La Comisión actuó con presteza e inició dos investigaciones antidúmping. 
La primera se refiere a las importaciones de calzado provisto de puntera originarias de China e India. 
La segunda se refiere a las importaciones de calzado con empeine de cuero procedentes de China y Vietnam. 
El objetivo de dichas investigaciones es determinar si estas importaciones se realizan por debajo del precio de coste y tienen repercusiones negativas para la situación económica de la industria del calzado de la Comunidad. 
Estas investigaciones evaluarán igualmente las consecuencias y posibles efectos negativos de las medidas que puedan tomarse sobre los demás operadores económicos de la Comunidad. 
Estas investigaciones han dado algunos resultados. 
Actualmente la Comisión está analizando la cuestión del tratamiento de economía de mercado de estos exportadores, la definición de las diferentes categorías y modelos de estos productos, si se trata de un caso de dúmping, los efectos que tienen estas importaciones sobre la industria del calzado de la Comunidad y la posición de los distribuidores, minoristas y consumidores. 
Todo ello está en marcha. 
Como no podía ser de otra forma, se trata de un caso sumamente complejo. 
En vista de los enormes problemas técnicos que plantea la existencia de cientos de operadores económicos y un producto que tienen miles de modelos diferentes, es demasiado pronto para pronunciarse sobre el posible resultado. 
– Son muchas las pequeñas y medianas empresas que ya están cerrando o a punto de hacerlo. Esto agudiza el problema del paro en las zonas en cuestión –como en mi país, por ejemplo, y en una serie de otros países europeos meridionales– y dificulta seriamente el desarrollo en dichas zonas. 
Si el proceso no avanza pronto, tal vez sea demasiado tarde. Por tanto, quisiera preguntarle cuánto tiempo tendrán que esperar las zonas afectadas de forma más severa, antes de que se habiliten medidas prácticas y eficaces, como la cláusula de salvaguarda. 
La investigación concluirá en el plazo establecido, aunque no puedo decir cuándo lo hará. 
La Comisión puede adoptar medidas provisionales en un plazo entre dos y nueve meses a partir del inicio de la investigación. 
Quiero recalcar que se trata de una cuestión sumamente compleja, mucho más de lo que se preveía en un principio, cuando comenzó la investigación. 
Debemos evaluar con precisión y detenimiento no solo el efecto sobre los intereses de la Comundiad, sino también los efectos que tendrían las medidas antidúmping sobre diversos productores y operadores económicos de este sector. 
Algunos productores comunitarios producen igualmente fuera de la Comunidad. 
Algunos productores comunitarios han mantenido sus actividades de investigación, diseño y desarrollo en la Comunidad, pero adquieren productos de diversas fuentes, como China y Vietnam, pero también Rumanía, Bulgaria y Brasil, así como Italia, Eslovaquia y otros Estados miembros. 
Estos productores dan trabajo a un número considerable de personas a través de estas otras actividades económicas. 
Así pues, esto deja claro que debemos ser muy cautos en nuestra evaluación, y podría mencionar otros elementos que complican aún más este tema. 
No tenemos una serie de productores europeos homogéneos que tengan una serie de intereses claramente identificables y cuantificables. 
Los productores tienen diversos intereses y nosotros tenemos que garantizar, tras evaluar si se trata de prácticas de dúmping, qué consecuencias tendrían las posibles medidas sobre los intereses de los distintos productores. 
Me complace y me reconforta escuchar la respuesta del Comisario, pues conozco la posición de los minoristas europeos que han invertido cantidades considerables en Asia, han mejorado las condiciones de salud y seguridad, así como las condiciones de trabajo en países asiáticos y ofrecen ventajas económicas tanto a los trabajadores asiáticos como a los minoristas europeos. 
¿Señor Comisario, está usted de acuerdo en que no sería justo que estas empresas se vieran obligadas a pagar derechos antidúmping? 
Su Señoría ha mencionado uno de estos tipos de productor europeo cuyos intereses debo tener en cuenta. 
Sin duda no será fácil encontrar una solución equilibrada y justa a esta situación tan compleja y, hablando francamente, la Comisión necesitará mucho ingenio y flexibilidad para resolver este caso de un modo aceptable para los Estados miembros y los operadores económicos. 
Ahora bien, los Estados miembros recibirán en breve una propuesta de mis servicios para que no concedan trato de economía de mercado a los exportadores vietnamitas, ya que entre estos todavía se encuentran muy extendidos la intervención pública, los subsidios y otras distorsiones de la competencia. 
La Comisión no ha llegado a resultados por lo que respecta a China. 
Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias al señor Mandelson por salir en defensa del libre comercio y manifestarse en favor de aquellas industrias que se benefician del mismo. 
En relación concreta con este asunto, me gustaría saber por qué la investigación antidúmping también incluye el calzado deportivo, que ha estado exento del cumplimiento del Reglamento 467/98 y, con carácter general, ha estado exento de todas las restricciones a la importación durante muchos años. 
Da la impresión de que la Comisión se ha asustado al verse sometida a esta presión por las fuerzas en la UE que temen a la libre competencia. 
¿Puede confirmar el señor Comisario que eso no es así? 
Su Señoría ha puesto el dedo en la llaga. 
No debe suponer que se impondrán derechos antidúmping a estos productores de prendas deportivas. 
Primero tengo que estar seguro de que existe un competidor comunitario directo que produzca dichas prendas. 
Por consiguiente, no estoy seguro de cuál es el interés comunitario que se está viendo afectado en ese segmento del sector. 
Sin embargo, la investigación prosigue. 
Espero que en breve podamos llegar a una conclusión respecto al sector al que menciona su Señoría. 
Las preguntas nº 49 a 53 se contestarán por escrito. (2) 
¿De qué medios se sirve la Comisión para prever las reestructuraciones de empresas y la futura evolución económica y laboral en cada sector del mercado y en cada tipo de puesto de trabajo, en particular en las regiones insulares, agrícolas y periféricas? 
¿Influyen en estas previsiones las obligaciones y acuerdos bilaterales e internacionales de la UE? 
¿Mediante qué mecanismos piensa asegurar la Comisión el desarrollo sostenible de estas regiones, el mantenimiento de su tejido social, en particular la adaptación de los trabajadores a nuevos empleos, y la programación de la formación de las nuevas generaciones? 
. Señora Presidenta, Señorías, las actividades de la Comisión en el campo de la reestructuración se ejecutan a escala paneuropea. 
No dispone de instrumentos especiales para predecir la reestructuración de empresas y los desarrollos económicos y laborales futuros en cada sector del mercado y en cada tipo de trabajo en regiones insulares, rurales y periféricas. 
Si bien cada Estado miembro tiene acceso a instrumentos para controlar los diferentes sectores y su propio mercado laboral, la Comisión solo puede controlar sectores o regiones específicas a escala individual. 
La comunicación de la Comisión de 31 de marzo de 2005 sobre reestructuración y empleo brindó a los interlocutores sociales la oportunidad de exponer a la Comisión sus opiniones sobre este asunto. 
Además, en su comunicación de 5 de octubre sobre política industrial, la Comisión hacía referencia a determinados sectores industriales en los que podrían producirse cambios estructurales en el transcurso de los próximos años. 
Por consiguiente, tenemos que ser capaces de adelantarnos a estos cambios y facilitarlos a nivel regional, nacional y europeo. 
El sector terciario puede resultar también afectado por la reestructuración y se precisan estudios en profundidad sobre este tema. 
La Comisión está trabajando con el Observatorio Europeo del Cambio (EMCC) , con sede en Dublín, y está participando activamente en sus proyectos, enfocados a diversos sectores y a controlar la reestructuración. 
Los compromisos adquiridos por la Unión Europea y los tratados que ha firmado con carácter bilateral e internacional tienen un impacto sobre determinados aspectos clave de la reestructuración, como el grado en que se realiza la apertura de los mercados, el acceso a los mercados, la innovación tecnológica y la posibilidad de compartir la tecnología, así como las cláusulas sociales en este tipo de tratado. 
La Comisión dispone de ciertos instrumentos para promocionar el desarrollo sostenible de las regiones, incluida sobre todo la Estrategia Europea para el Empleo, el Fondo Social Europeo en el caso de la inversión en capital humano y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el caso de la inversión en infraestructura, la inversión productiva y el desarrollo de potencial endógeno. 
Los Fondos Estructurales proporcionan asistencia en forma de programas estratégicos a medio plazo, dirigidos a predecir y gestionar mejor los desarrollos industriales, así como a minimizar su impacto sobre los trabajadores. 
Con esto en mente, las propuestas de la Comisión para el período de programación 2007–2013 asignan prioridades al control y la gestión del cambio, en función de los objetivos de competitividad y empleo. El resultado de todo ello será centrar la atención en tres asuntos clave; las principales desigualdades que existen en el campo del empleo, el ritmo cada vez más acelerado de la reestructuración económica y social, provocado por la globalización y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, y los cambios demográficos que se traducirán en un envejecimiento de la población trabajadora. 
Este Reglamento prevé, entre otras cosas, una reserva para contingencias del 1 % para las regiones de convergencia y del 3 % para otras regiones. 
Esto va a permitir a los Estados miembros hacer uso de los Fondos para gestionar mejor la reestructuración económica y social y manejar mejor las consecuencias de la apertura del mercado global. 
Adicionalmente, la Comisión ha propuesto hace poco crear un fondo de ajuste para la globalización, dirigido a subsanar cualquier efecto adverso de la reestructuración. 
Si se crea este fondo, servirá para apoyar a los trabajadores afectados por las crisis derivadas de la globalización. 
Por lo que concierne a la educación de las generaciones futuras, los programas educativos europeos Erasmus, Sócrates y Leonardo permiten a miles de jóvenes estudiar en el extranjero. 
Además, los programas marco para investigación con fondos de la UE permiten financiar proyectos clave a escala de la UE, sobre todo en el campo del empleo, la educación, la formación profesional y la innovación, y estos proyectos allanarán el camino para otras medidas. 
– Señora Presidenta, agradezco al señor Comisario su respuesta muy esclarecedora. 
Yo quería preguntar concretamente si tiene pensado de dónde va a salir la financiación para este fondo previsto para reforzar las reestructuraciones, y si se ha pensado hacer públicas todas estas medidas auxiliares, con la idea de fortalecer la confianza de los europeos en los desarrollo y evitar que se vean sumidos en el desánimo a la vista del fenómeno de la globalización. 
. – Lo cierto es que los fondos de los que dispone actualmente la Comisión le permiten responder ya a determinados cambios imprevistos. 
Por poner un ejemplo bien conocido, recientemente han sido despedidos 5 000 trabajadores en Rover en un período breve de tiempo. 
La Comisión ha hecho uso de los Fondos Estructurales para intervenir, y esta intervención ha sido calificada universalmente como un éxito. 
Huelga decir que este caso se salía de lo normal, ya que solo afectaba a una planta de fabricación en un país. 
Los recientes cambios en Electrolux son un ejemplo de problemas interrelacionados, provocados por una importante reestructuración del sistema, afectando a más de un país. 
De momento carecemos de instrumentos eficaces para afrontar casos de este tipo, razón por la cual se ha planteado la idea de un fondo para subsanar los efectos de la globalización y la reestructuración. 
Su finalidad no consiste en proteger empresas no competitivas, sino permitir a las personas damnificadas por una reestructuración encontrar una nueva forma de ganarse la vida. 
Si se me permite recurrir a una metáfora, nuestro objetivo no consiste en salvar un barco que se va a pique, sino rescatar a la tripulación y llevarla a otro barco o a tierra firme, de manera que puedan continuar su vida. 
El fondo busca promover la inversión en capital humano y en aprendizaje permanente, así como la firma de acuerdos sobre empleo y asociaciones para la innovación a nivel nacional, regional y local. 
También pretende subvencionar el desarrollo de sistemas e instrumentos que faciliten predecir el cambio social y económico, alentar una mayor flexibilidad de los trabajadores y las empresas afectadas por la reestructuración, y fomentar las capacidades administrativas y la productividad de todos los participantes, por ejemplo, mediante la formación de gerentes implicados en el cambio. 
Será posible utilizar instrumentos que ya existen a nivel nacional, como los usados por el Fondo Social Europeo, para llevar a la práctica el mencionado fondo. 
A finales de septiembre, en una reunión con los interlocutores sociales, el Comisario responsable de empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades, Vladimir Spidla, se pronunció acerca de la libre circulación de los trabajadores. 
Según algunos informes, la Comisión pretende eliminar tan pronto como sea posible las restricciones para las personas procedentes de los países del Este que buscan empleo. 
Sin embargo, visto que en las regiones de los nuevos Estados miembros existe un desnivel extremadamente importante en los salarios, el aplazamiento de la libre circulación de los trabajadores y servicios reviste una importancia especial. 
¿Tiene ya la Comisión un plan concreto para eliminar las restricciones para las personas procedentes de los países del Este que buscan trabajo? En tal caso, ¿cuándo se eliminarán dichas restricciones? 
. – Señorías, cuando se firmaron los tratados de adhesión, se acordó que se adoptaría la política de «2+3+2» durante los periodos de transición. 
Una forma de ver estos múltiples períodos de transición, o intervalos en los que se pueden efectuar comprobaciones para decidir si tiene sentido ampliarlos, es considerarlos motivados por un deseo de firmar los tratados de adhesión y poner fin a los períodos de transición, ya que estos últimos podrían imposibilitar la consecución de la plena libertad de movimiento para trabajadores dentro de un período de tiempo lo más corto posible. 
La obligación actual de la Comisión consiste en presentar un informe evaluando el impacto de los períodos transitorios en sus primeros dos años. 
Nuestro objetivo consiste en elaborar un informe que sea creíble y absolutamente fiable en términos de metodología, y que tenga en consideración todos las circunstancias circundantes, incluido el hecho de que algunos países comparten fronteras con los nuevos Estados miembros. 
Debo decir que concedo un gran valor a este informe. 
Además de proporcionar una base sólida para la toma de decisiones en un tema tan sensible, tiene que servir de plataforma para ulteriores tareas y evaluaciones a tres años vista. 
Llegado ese momento se adoptarán de nuevo decisiones en línea con el tratado, ya que habrán transcurrido cinco años desde el comienzo del período de transición, y habrá bastante menos margen de maniobra entonces que al cabo de dos años solamente. 
Redunda en nuestro interés, por no decir en nuestro interés supremo, conceder la debida consideración a todas las circunstancias relevantes que rodean este tema tan sensible, incluida la ubicación geográfica de los distintos países. 
Señora Presidenta, deseo expresarle mi más sincero agradecimiento al señor Comisario por sus comentarios, así como por su garantía de que el informe será equilibrado. 
Quisiera plantear la siguiente pregunta adicional. ¿Por qué las declaraciones públicas efectuadas por usted y su equipo han dado a entender que ya se ha adoptado una decisión, y por qué existe tal urgencia para conceder la libertad de movimiento? 
Todos estamos de acuerdo en que la libertad de movimiento es nuestro objetivo, y nosotros también defendemos este principio fundamental de la Unión Europea. 
Pero el punto clave consiste en garantizar que se tienen debidamente en cuenta los intereses de todas las partes afectadas. 
Así pues, repito mi pregunta: ¿por qué ha adoptado ya una decisión en este asunto? 
. – En cierta forma ya he contestado a esta pregunta en mi anterior respuesta, pero creo que tiene una importancia tal que merece una contestación más pormenorizada. 
El tratado de adhesión dividió los períodos de transición en ciertas fases, sobre la hipótesis de que estarían sujetas a evaluaciones en profundidad. 
El objetivo implícito de estas fases intermedias consiste en poner fin a los períodos transitorios, y cuanto antes, mejor. 
Creo firmemente que el libre movimiento de los trabajadores es una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico de la Unión Europea, y con ello también me estoy refiriendo a la creación de puestos de trabajo. 
De todo ello se desprende que se trata de un asunto de interés público. 
Por el contrario, también soy muy consciente de que es un asunto enormemente delicado. 
Reitero el comentario de que nuestro objetivo consiste en presentar un informe que sea considerado un documento de autoridad; me refiero a que esté por encima de toda crítica desde el punto de vista metodológico. 
Los distintos países adoptarán, como es natural, sus propias decisiones en línea con el tratado, y podrán decidir qué es válido para ellos sobre la base de los hechos. 
No es, en forma alguna, intención de la Comisión romper u ocasionar la destrucción del mercado laboral en ningún país. 
Sin embargo, el objetivo de los tratados de adhesión consiste en crear un mercado común y lograr el libre movimiento de los trabajadores dentro de este mercado común, ya que es uno de los cuatro valores esenciales defendidos en la Unión Europea y que sustentan el concepto de la integración europea. 
En vista de lo anterior, creo que debemos actuar con la debida agilidad y con el valor necesario, tras haber ponderado toda la información relevante. 
Huelga decir que la responsabilidad de la toma de la decisión recae en los Gobiernos. 
Señor Comisario, gracias por reiterar su compromiso de respetar el principio de libre circulación de trabajadores. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Sin embargo, me gustaría preguntarle si tiene pensado investigar o analizar, desde la perspectiva de la Comisión, la decisión adoptada por el Reino Unido y otros países de abrir sus mercados de trabajo a la libre circulación de trabajadores de forma inmediata, por oposición a aquellos países que han impuesto limitaciones a dicha circulación. 
¿Tiene previsto hacer algo en este sentido y podría decirnos si se trata de una idea viable? 
. – No cabe ninguna duda de que la experiencia obtenida por el Reino Unido, Irlanda y Suecia constituye una valiosa fuente de información a la hora de evaluar el impacto de cualquier finalización o incumplimiento de los períodos transitorios. 
Es necesaria una evaluación minuciosa de estas experiencias, la cual bien puede implicar el uso de determinados estudios. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas, las preguntas nº 56 a 90 se contestarán por escrito. (3) 
El Turno de preguntas queda cerrado. 
. Señor Presidente, hace algunas semanas les informé acerca de las recomendaciones de la Comisión con respecto a Bulgaria y Rumanía. 
Me complace presentarles hoy los puntos de vista de la Comisión sobre la estrategia de la ampliación en general, sobre los países candidatos Turquía y Croacia y sobre los posibles candidatos de los Balcanes Occidentales. 
La ampliación constituye una de las herramientas políticas más poderosas de la UE: ilustra el «poder blando» , o poder de transformación, de la UE, que ha contribuido a convertir algunos países en democracias estables y en sociedades más prósperas, con un mayor nivel de desarrollo económico y bienestar social. 
Proseguir un proceso de adhesión cuidadosamente gestionado responde al interés fundamental de Europa y de nuestros ciudadanos. 
El marchamo de la estrategia de la Comisión de Barroso para la ampliación es la consolidación. 
Debemos ser cautos a la hora de asumir cualquier nuevo compromiso, pero al mismo tiempo hemos de hacer frente a los compromisos adquiridos, una vez que los países cumplan las estrictas condiciones de la adhesión. 
La condicionalidad es la clave de nuestro poder transformador, pero es una vía de doble sentido: la condicionalidad solo funciona si los países pueden creer en el compromiso de la UE respecto de su ingreso final. 
Además, hemos de comunicar con mayor eficacia los objetivos y retos del proceso de adhesión y cómo negociamos con los países. 
El amplio apoyo público resulta fundamental para una política de ampliación sostenible, ahora más que nunca. 
Corresponde asimismo a los distintos Estados miembros exponer y defender las políticas que han acordado de forma unánime. 
La Comisión cumple desde luego su papel, y conozco bien los esfuerzos más que notables del Parlamento Europeo y de muchas de sus Señorías en sus países de origen. 
En el caso de Turquía y Croacia, comenzamos a examinar los apartados de las negociaciones de adhesión hace unas tres semanas. 
Los informes de progreso analizan en qué punto se encuentran los países, y las asociaciones para la adhesión fijan unos objetivos tanto a corto como a medio plazo para solventar los problemas detectados. 
Francamente es un cuadro con sus más y sus menos. 
En Turquía han entrado en vigor reformas profundas y notables que mejoran el Estado de Derecho y los derechos humanos, pero al mismo tiempo su puesta en práctica sigue siendo irregular. 
El informe subraya que Turquía debe efectuar mayores esfuerzos en el ámbito de la libertad de expresión, los derechos de la mujer, las libertades religiosas, los derechos sindicales, los derechos culturales y la lucha contra la tortura y los malos tratos, terrenos en que en la práctica debe aplicarse una política de tolerancia cero. 
La Asociación para la Adhesión de Turquía aborda estos temas entre las prioridades de acción a corto plazo. 
En la vertiente positiva, la Comisión detecta ahora en Turquía una economía de mercado en funcionamiento, siempre que se mantengan con firmeza las medidas de estabilización y reforma. 
Croacia avanza bien en cuanto a la transposición de la legislación de la UE, pero todavía tiene que hacer esfuerzos importantes en los temas de la reforma del sistema judicial, la lucha contra la corrupción, la mejora de la situación de las minorías y la facilitación del retorno de los refugiados, así como en el fortalecimiento de las estructuras administrativas para la puesta en práctica del acervo comunitario. 
Huelga decir que Croacia tiene que seguir manteniendo una cooperación plena con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de manera que el fugitivo que falta sea puesto finalmente a disposición de la justicia; vigilaremos este compromiso muy de cerca. 
La opinión de la Comisión sobre la solicitud de la Antigua República Yugoslava de Macedonia para entrar a formar parte de la UE constituye una evaluación objetiva y justa. 
Solo unos pocos años después de haber estado al borde del guerra civil, el país ha logrado una estabilidad política y un desarrollo democrático notables, sobre todo gracias a la puesta en práctica del Acuerdo Marco de Ohrid. 
La Antigua República Yugoslava de Macedonia es, en la actualidad, el único Estado multiétnico operativo en los Balcanes Occidentales, y por tanto constituye una demostración de que el modelo multiétnico puede funcionar en la realidad. 
Por estas razones, la Comisión considera oportuno recomendar la condición de país candidato para la Antigua República Yugoslava de Macedonia; sin embargo, el país aún no está en condiciones de iniciar las negociaciones para la adhesión. 
La candidatura de la Antigua República de Yugoslava de Macedonia constituiría una importante señal política para toda la región. 
Al mismo tiempo, la Comisión no quiere precipitarse recomendando las negociaciones de adhesión antes de que el país esté listo. 
Evaluaremos regularmente la situación y recomendaremos entablar las negociaciones únicamente cuando se haya alcanzado un grado suficiente de cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
Por lo que respecta a Albania, Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, ha llegado el momento de asentar con mayor firmeza nuestras relaciones mediante la negociación de un acuerdo de estabilización y asociación con cada uno de estos países. 
En cuanto a los otros dos países, espero que podamos hacerlo hacia finales de 2006, siempre que progresen seriamente las reformas. 
Un acuerdo de estabilización y asociación constituye el primer peldaño hacia la Unión Europea, y tiene que estar asentado con rigor antes de dar otros pasos. 
A raíz del informe objetivo y la recomendación del enviado de las Naciones Unidas en materia de normas, el señor Eide, están a punto de iniciarse las conversaciones sobre el futuro estatuto de Kosovo. 
La Comisión respalda plenamente los esfuerzos del enviado de las Naciones Unidas en materia estatutaria, el Presidente Ahtisaari, con la misión de preparar un acuerdo equilibrado y sostenible en Kosovo, y nosotros trabajaremos desde luego muy estrechamente con él. 
Nuestro objetivo común tiene que ser un estatuto con normas; es sumamente importante que estén garantizados los derechos de las minorías y la protección de los lugares culturales históricos a fin de conseguir una solución sostenible que facilite la estabilidad de toda la región. 
A este efecto, pronto presentaré un informe conjunto con el señor Solana sobre la política de la UE con respecto a Kosovo. 
Tenemos que dotar asimismo el proceso estatutario de recursos financieros adecuados, y la Comisión solicita al Parlamento que colabore estrechamente con ella en este aspecto; cuento con su apoyo para esta cuestión tan importante en bien de la seguridad y estabilidad de Europa. 
Todos y cada uno de los países en los Balcanes Occidentales darán un paso hacia la Unión Europea este otoño. 
Por ello, enviamos un mensaje nítido en el sentido de que la UE sigue comprometida con su perspectiva a medio y largo plazo de adhesión a la UE, una vez que todos y cada uno de los países cumplan nuestras estrictas condiciones. 
De hecho, son las dos caras de una misma moneda: la perspectiva de la adhesión a la UE se va aproximando paso a paso en respuesta al progreso real en el cumplimiento de las condiciones y criterios de la UE. 
La Comisión defiende con firmeza la perspectiva de la UE para los Balcanes Occidentales. 
Estoy seguro de que cuento con el apoyo de sus Señorías en este importantísimo cometido. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a la Comisión por la atención que presta a los detalles y por su esfuerzo comprometido para empujar el proceso hacia adelante. 
Deseo asimismo agradecer a los muchos países que se han afanado por cumplir los criterios. 
Pero no debe existir ninguna confusión acerca del hecho de que hay que cumplir las condiciones, que no basta con posponerlas para una fecha posterior. 
Estas condiciones incluyen la capacidad de la UE para acoger nuevos miembros, aun cuando todavía estamos a la espera de una explicación de cómo hacer operativo este planteamiento. 
A raíz del debate celebrado el 3 de octubre, espero que la Comisión presente pronto una propuesta para este asunto. 
Coincido con la opinión del señor Comisario por cuanto la ampliación es una de las estrategias de política exterior de mayor éxito de la Unión Europea, ya que ha aportado estabilidad a Europa y ha contribuido a la difusión de la democracia y el Estado de derecho allí. 
La perspectiva de convertirse en miembro de la UE es una herramienta importante que permite a los países promover reformas internas que de otra forma, en la mayoría de los casos, resultarían imposibles, muy probablemente debido a razones de índole de política interna. 
Pero a la vista del hecho de que la Unión Europea acaba de pasar por una ampliación para dar entrada a 10 nuevos países, a los que muy pronto pueden unírseles otros dos, creo que debemos dejar claro que necesitamos un período de consolidación, de la misma forma que cualquier empresa necesita consolidarse tras un período de crecimiento. 
La pregunta que nos hemos de plantear es si queremos restablecer el equilibrio entre profundización y ampliación, reafirmar nuestros planes para garantizar que la Unión Europea ampliada tenga capacidad de acción y centrarnos de nuevo en el tema de la unidad política, o permitir que la UE se extinga hasta ser únicamente un espacio de libre comercio. 
Aunque este informe lleva el título de informe de estrategia, creo que no logra poner en claro ciertos asuntos, incluida la cuestión de qué forma debe adoptar una estrategia global, y cuáles han de ser la estructura interna y las fronteras exteriores futuras de esta UE nuestra. 
Huelga decir que un informe de este tipo no puede proporcionar respuestas detalladas a la última pregunta, ya que se refiere a un proceso en curso. 
Sin embargo, a mi juicio, es hora de que vayamos teniendo idea de dónde nos encontramos en estas cuestiones de manera que podamos avanzar y no gastemos todo nuestro tiempo ocupándonos de casos aislados, que se traducen en el tipo de procesos automatizados que ponen en peligro a la Unión Europea. 
Es necesario igualmente plantearse si no sería buena idea encontrar una alternativa a la condición de miembro de pleno derecho y a la política de vecindad, al menos con un planteamiento a corto plazo. 
Esto brindaría a los países la perspectiva de llegar a ser miembros de la UE a fin de enfocar sus esfuerzos de desarrollo, pero evitar al mismo tiempo cualquier impacto negativo sobre la capacidad de desarrollo de la UE. 
Esta alternativa podría parecerse al Área Económica Europea de décadas pasadas. 
Encuentro lamentable que la Comisión no haya propuesto tales iniciativas, sino que se encuentre enfrascada en los detalles, sin atreverse a pensar con amplitud de miras. 
. Señor Presidente, la integración satisfactoria de los Balcanes Occidentales en Europa tiene una gran importancia para dicha región y para Europa en su conjunto. 
De hecho, constituye una de las prioridades políticas de mi Grupo, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
En consecuencia, hemos elaborado una posición sobre el futuro europeo de los Balcanes Occidentales que ha quedado recogido en un informe ampliado de estrategia, publicado recientemente. 
En primer lugar y ante todo, vamos a continuar ofreciendo nuestro pleno apoyo a la Agenda de Salónica. 
Tenemos que conseguir una paz, una estabilidad y una prosperidad sostenibles en los Balcanes en el seno de una proceso de integración en la Unión Europea y, desde luego, con la perspectiva de su adhesión llegado el caso. 
Una prioridad dentro de dicho proceso es que procuremos resolver los problemas que son endémicos en toda la región. 
Aunque la integración satisfactoria en la Unión Europea está condicionada a la consolidación de la democracia y el Estado de derecho, el desarrollo económico, la política de inmigración, la cooperación con el Tribunal de La Haya y la lucha contra la corrupción y la delincuencia, estos aspectos están íntimamente relacionados con la seguridad regional y la estabilidad en dicha región, que continúa siendo frágil. 
Esa es la razón por la que estos problemas no solo afectan a la relación bilateral entre los países balcánicos y la Unión Europea, sino que son los propios países quienes más pueden beneficiarse de este proceso. 
En consecuencia, la cooperación mutua entre los países de los Balcanes Occidentales es un componente esencial de nuestra estrategia. 
La UE tiene que habilitar un marco sólido, pero la dinámica para resolver estos problemas tiene que provenir en última instancia de la región en sí misma. 
Eso es igualmente aplicable a los obstáculos que todavía subsisten. 
Los políticos regionales tendrán que asumir su responsabilidad llegado el momento de decidir sobre la estructura estatal de Bosnia y Herzegovina, la relación entre Serbia y un Montenegro probablemente independiente y acerca de la condición de Kosovo. 
Hemos de reconocer asimismo los desarrollos positivos, aunque con una cierta dosis de cauto optimismo. 
Bosnia ha logrado un avance en la reforma de su aparato policial, lo cual ha sido una concesión importante por parte de la fracción serbia de ese país. 
El hecho de que la Comisión quiera conceder a la Antigua República Yugoslava de Macedonia la condición de país candidato resulta indicativo del progreso continuado que ha realizado ese país. 
Por último, respaldamos a la Comisión en sus tres «C» para la ampliación, a saber, consolidación, condicionalidad y comunicación, pero espero volver pronto sobre el último punto, en busca de un apoyo amplio, también en nuestros propios países, ya que una ulterior ampliación resulta esencial para su éxito. 
. Señor Presidente, el resultado más importante del paquete de ampliación consiste en que brinda a los países de los Balcanes Occidentales perspectivas claras de futuro. 
La sección donde se recomienda la condición de candidato para la Antigua República Yugoslava de Macedonia es especialmente positiva. 
Al hacerlo está reconociendo el desarrollo que ha experimentado la Antigua República Yugoslava de Macedonia y los esfuerzos que ha realizado en los últimos años. 
Al mismo tiempo, resulta oportuno que no se haya fijado una fecha para el comienzo de las negociaciones de adhesión, ya que ni la Antigua República Yugoslava de Macedonia ni la Unión Europea están preparadas para ello en estos momentos. 
Esperemos que tanto la Antigua República Yugoslava de Macedonia como Europa estén en condiciones de comenzar las negociaciones dentro de unos cuantos años. 
La Unión Europea espera dos cosas de los países de los Balcanes Occidentales: que den carpetazo al trágico capítulo de su historia reciente, y que entreguen a los criminales de guerra –Ante Gotovina, Mladic y Karadzic– al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de La Haya. 
También espera que hagan cuanto esté en su mano para restablecer la paz étnica. 
En otras palabras, tienen que intensificar los derechos de las minorías y garantizar que se haga con carácter general, tanto en Voivodina como en Kosovo. 
Esperamos también que redoblen sus esfuerzos para cumplir con las condiciones de adhesión, para explorar el potencial que ofrece la cooperación regional y para abrir sus fronteras. 
La verdadera medida de la capacidad de los Balcanes Occidentales para la integración se encuentra en si son capaces de cooperar entre sí. 
Espero que sean capaces y que lo demuestren finalizando los preparativos para la integración europea. 
. Señor Presidente, estoy convencido de que muchos historiadores escribirán tesis doctorales sobre lo realmente ocurrido en la primavera de 2005 en Europa en cuanto a la actitud, el clima y la predisposición respecto de la ampliación. 
¿Fue el hecho de que todavía no habíamos digerido la ampliación de 2004? 
¿Fueron los dos «noes» en los referendos constitucionales? 
No lo sé y no podrá despejarse hasta más adelante, pero el hecho es que la ampliación de la UE se halla en el punto de mira. 
Mucha gente tiene la impresión de que la mayoría de la población de la Unión Europea es contraria a la misma, y muchos políticos se recrean parapetándose tras esos ciudadanos escépticos. 
Por eso me complace no solo que la Comisión haya adoptado una postura firme, sino que plantee un argumento razonado –que apoyo– en favor de la ampliación de la UE, tal como hemos presenciado hoy, por ser un episodio de éxito de la UE, por lo que sería extremadamente corto de miras por nuestra parte desdecirnos de las promesas formuladas a Rumanía y Bulgaria, Turquía y Croacia, o a los países de los Balcanes Occidentales. 
Pero también me complace que la Comisión haya sacado ciertas conclusiones pertinentes del proceso que hemos conocido hasta la fecha. 
Las conclusiones son que llevar la ampliación a la práctica es más importante que realizar promesas, que –y me hago eco de las palabras del señor Brok cuando digo esto– la propia Unión Europea debería ser también capaz de dar entrada a nuevos países y que una evaluación por país tiene que estar basada en hechos y no en procedimientos automáticos y, por último, que las futuras rondas de ampliación solo tendrán éxito si los políticos hacen gala de liderazgo político y están dispuestos a defender la ampliación frente al escepticismo que pueda existir entre el público. 
Si la Comisión permanece comprometida con una ampliación de este tipo –a saber, una ampliación basada en hechos, no en promesas, no en procedimientos automáticos, una ampliación basada en la visión y el análisis político, en lugar de encuestas de opinión–, entonces mi Grupo también la apoyará incondicionalmente. 
. – Señor Presidente, Señorías, la segunda fase de la ampliación representa para la Unión Europea un nuevo paso hacia su plena reunificación. 
El 1 de mayo de 2004 es una fecha que ha pasado a la historia de nuestro continente, no solo por el mayor peso político que hemos adquirido, sino también por el enriquecimiento cultural resultante. 
Es importante continuar por este camino, pero solo después de haber consolidado la Unión actual y sin perder de vista lo que debe ser el presupuesto fundamental para la entrada de otros países, a saber, el respeto del acervo comunitario y de los principios fundadores de la Unión. 
No se trata de una cuestión meramente formal, sino que resulta más bien sustancial cuando las legislaciones de los países que han presentado una solicitud de adhesión violan dichos principios. 
Como he destacado en mi pregunta escrita del pasado 26 de octubre, en Croacia se sigue discriminando a los ciudadanos italianos en el acceso al mercado inmobiliario, acceso que está garantizado a otros países de la Unión. 
Señor Comisario, le pregunto si es aceptable que un país que aspira a entrar en la Unión establezca condiciones previas para los ciudadanos de un Estado miembro, violando de forma manifiesta los principios comunitarios, y si la Comisión está dispuesta a incluir en la negociación el reconocimiento del libre acceso al mercado inmobiliario croata para los ciudadanos italianos. 
La discriminación, aparte de su significado jurídico negativo, tiene un efecto humano y cívico incalculable. 
Las instituciones que la practican no pueden considerarse creíbles y dignas de confianza. 
El principio de la igualdad ante la ley distingue a los países cívicos y democráticos de los que no lo pueden ser si ese principio no está consagrado en su ordenamiento jurídico. 
No nos oponemos a la adhesión de Croacia a la Unión Europea, pero únicamente a condición de que respete las normas establecidas en todo Occidente en materia de propiedad inmobiliaria y que resuelva por fin el largo contencioso con los exiliados juliano-dálmatas, que todavía esperan justicia. 
Señor Presidente, me hago eco de la opinión de muchos cuando digo que la ampliación ha sido uno de los episodios de éxito de Europa, tanto para los nuevos países como para la vieja Unión. 
Al propio tiempo, tenemos que reconocer que, en cierta medida, se ha creado un desequilibrio entre los procesos de profundización y ampliación. 
El proceso de profundización debería haber quedado concluido en Niza, pero no lo fue, mientras que se ha producido una ampliación en una fecha posterior. 
Hemos de ocuparnos del hecho de que el proceso de profundización continúa pendiente. 
Al compatriota diputado neerlandés, señor Wiersma, quiero decirle que el 80 % de mi partido estaba a favor de la Constitución. 
Si su partido vota en el mismo sentido la próxima vez, es posible que acertemos en los Países Bajos. 
Al mismo tiempo, antes de que comience el proceso de ampliación, hemos de recuperar un cierto grado de credibilidad, y eso significa que hemos de tomarnos los criterios de ampliación con más seriedad que nunca. 
Cuando se fijan unos criterios, tanto para finanzas como para la ampliación, es necesario cumplirlos; en caso contrario sufre nuestra credibilidad. 
Uno de los criterios es la capacidad de absorción. 
Vamos a necesitar un apoyo suficiente, tanto de tipo institucional como en términos de base de apoyo, para hacer posible la ampliación futura. 
Quiero volver ahora a los criterios de los propios países. 
También a ese nivel la gente tiene que ver que los tomamos en serio. 
Por lo que respecta a Rumanía y Bulgaria, espero sinceramente que puedan adherirse en 2007, pero eso va a depender de los progresos que hagan en los próximos seis meses. 
En cuanto a Turquía, si queremos que las cosas vayan bien, tendremos que dejar claro que es necesario modificar las leyes sobre la expresión personal y la libertad de expresión, que es necesario resolver el problema relativo a Chipre, escuchando a ambas partes, y que en cuanto a la libertad religiosa, por ejemplo, no podemos esperar otros cuantos años hasta que haya nuevas elecciones en Turquía antes de que se haga algo en ese campo. 
La Comisión ha manifestado ahora claramente que las cosas se pueden hacer a corto plazo. 
Nosotros brindamos nuestro apoyo a la Comisión a este respecto, y pienso que el camino hacia adelante debe cubrirse con prudencia en lo referente a la admisión de nuevos países candidatos por el momento. 
Al mismo tiempo, deberíamos poner nuestra Cámara en orden y, sobre todo, demostrar que efectivamente nos tomamos muy en serio los procedimientos. 
Señor Comisario, como europeos hemos de adoptar una postura firme frente a los populistas que soliviantan a la gente contra la ampliación, pero sería erróneo confundirlos con gente auténticamente preocupada por conseguir el equilibrio correcto entre profundización y ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero decir al señor Eurlings que parte del problema bien pudiera ser que son demasiados los políticos que hablan de las dificultades y los problemas inherentes a la ampliación, y muy pocos los que lo hacen de sus ventajas. 
No obstante, un punto que estoy dispuesto a concederle es que tenemos que planificar la siguiente ampliación con cuidado y haciendo uso de nuestro mejor criterio. 
Quiero hacer un breve comentario sobre los tres Estados balcánicos, comenzando por Croacia. 
En calidad de ponente para Croacia, estoy encantado de que entablemos negociaciones con ese país. 
Sigue habiendo muchos retos y el señor Comisario ha mencionado algunos de ellos. 
En concreto, me gustaría añadir a esta lista el cumplimiento de la ley, ya que constituye una fuente de tremendos problemas en determinadas regiones de Croacia, donde la jurisdicción y la administración no están ciertamente a la altura de los estándares actuales. 
Respecto del tema de hoy, quiero recordar a Croacia que ahora no es el momento de hablar de cuándo se va a producir la adhesión, ya que ninguno de nosotros conoce la respuesta a esta pregunta. 
Por el contrario, deberíamos hablar de la adopción de las medidas necesarias para garantizar que se pueda alcanzar la fecha deseada de adhesión. 
Por lo que se refiere a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, soy consciente de que algunos de los ciudadanos de ese país pueden sentirse decepcionados por no haberse iniciado todavía las negociaciones. 
Pero en realidad deberían verlo como un incentivo para dar los pasos que hay que dar antes de que puedan iniciarse las negociaciones y antes de que se pueda fijar una fecha para el comienzo de las mismas. 
A mi juicio, el acuerdo alcanzado por los diferentes grupos étnicos en la Antigua República Yugoslava de Macedonia puede calificarse acertadamente de éxito, sobre todo por lo que respecta a la ejecución del Acuerdo de Ohrid. 
Pasando a Kosovo, creo que la línea adoptada por el Comisario en su informe tiene una importancia absolutamente crítica y yo le pediría que continúe en esa línea. 
Resulta evidente que este informe está inspirado por la simpatía hacia el país, pero al mismo tiempo realiza una crítica de las inaceptables circunstancias que continúan existiendo allí, tanto en términos políticos como económicos y con relación a las minorías. 
Es este uno de los pocos informes de la Comisión auténticamente críticos y objetivos. 
La cuestión de la condición y las normas surge una y otra vez. 
A mi juicio, no podemos conceder la independencia a ningún país u ofrecerle una relación más estrecha con la Unión Europea a menos que cumpla las normas europeas. 
Estoy totalmente a favor de tenderle una mano a Kosovo, pero estoy igualmente a favor de que cumpla las normas europeas. 
Esto también es aplicable a la mayoría en Kosovo, en favor de la cual hemos peleado tan intensamente durante los últimos años. 
Señor Presidente, el Comisario Rehn tiene razón al decir que un proceso de adhesión cuidadosamente gestionado constituye una de las herramientas políticas más poderosas y satisfactorias de la UE. 
Tenemos que emplearnos a fondo para entusiasmar a nuestros ciudadanos. 
Siendo un poco frívola, tal vez si pudiéramos exhibir a jóvenes espectaculares como el que aparece en los anuncios del fontanero polaco, nos resultaría más sencillo hacer publicidad de la ampliación, pero no quiero pecar de sexista. 
Además, hemos de ofrecer a los ciudadanos de los países aspirantes alguna recompensa palpable por los arduos esfuerzos que han de realizar para conseguir ser miembros de la UE, pero el régimen de visados de la UE en los Balcanes Occidentales constituye una barrera espantosa para la comunicación a través de los viajes. 
Ahoga los sectores de la sociedad que la UE debería favorecer por todos los medios. 
En mayo de este año, el Comisario Rehn dijo en una conferencia que veía con optimismo las perspectivas de agilizar la concesión de visados. 
Espero que esa fecha se esté aproximando. 
Soy consciente de que la liberalización de los visados se encuentra aún bastante lejos, pero la concesión de visados para determinados grupos, análogamente a lo debatido o negociado con Rusia, Ucrania y China, supondría sin lugar a dudas una demostración del compromiso de la UE respecto de la futura ampliación. 
A corto plazo reforzaría la moral, las perspectivas y los horizontes de las personas en los Balcanes Occidentales. 
El hecho de que el 70 % de los estudiantes universitarios en Serbia jamás hayan salido de su país influye en la introversión de su cultura política. 
Las consideraciones de la UE en materia de seguridad interior son importantes, pero no deben ser tan avasalladoras como para comprometer la seguridad regional más amplia. 
No permitamos que la minoría criminal tenga secuestrados a los demás. 
Señor Presidente, señor Comisario, deseo felicitarle por las conclusiones que ha extraído de los informes de progreso sobre los Estados de los Balcanes Occidentales. 
Estas conclusiones son un reflejo de la propia posición del Parlamento, lo que significa que usted está contribuyendo a garantizar que Europa demuestre fiabilidad y continuidad al mantenerse firme en sus decisiones anteriores. 
Tal como lo veo, eso resulta tanto más importante en un momento como este, en el que los debates se centran, por desgracia, con demasiada frecuencia en la crisis en Europa, así como en los límites de su capacidad para absorber nuevos miembros. 
Los intentos por parte de Europa de gestionar la crisis en la antigua Yugoslavia a principios de la década de 1990 fueron un fracaso; redunda en nuestro propio beneficio dotar a la región de una hoja de ruta hacia la futura condición de miembro de la UE. 
Si se me permite, me gustaría formular algunas recomendaciones específicas. 
Es necesario extraer enseñanzas de las anteriores rondas de ampliación, y la construcción de la sociedad civil deberá estar apoyada por programas que promuevan la educación y la democratización. 
Los ciudadanos deberán estar mejor preparados para formar parte de la UE que como lo están hasta ahora y deberán estar implicados desde un principio. 
Es de agradecer que se haya dedicado especial atención al proteccionismo y la integración de las minorías, pero si queremos salvaguardar tales circunstancias a largo plazo, necesitamos instrumentos para garantizar que la UE continúe ejerciendo su influencia y disponga de mecanismos de control en cualquier período posterior a la adhesión. 
Tan pronto como se hayan formalizado los acuerdos de asociación, deberán ponerse en práctica inmediatamente aquellos instrumentos que ya hayan demostrado ser eficaces y satisfactorios, a fin de convertir en partícipes reales a los políticos locales. 
En este contexto, quiero llamar su atención, entre otras cosas, sobre la decisión del Parlamento por la que todos los Gobiernos en la región deben confeccionar planes nacionales de desarrollo. 
– Señor Presidente, por lo que respecta a la relación dialéctica entre consolidación, profundización y ampliación, el señor Brok ya ha expuesto mi parecer. 
Permítame centrar mi intervención en el papel creativo de Grecia, en cuanto factor de estabilidad política y económica en la zona, un papel que confío sea visible y conocido. 
En primer lugar, ofrecimos apoyo real a la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. 
Fuimos los primeros en ratificar los actos de adhesión de estos dos países a la Unión Europea. 
En segundo lugar, respaldamos la orientación europea de Turquía, con la perspectiva de que cumpliera el Derecho internacional y el acervo comunitario. 
Sin embargo, continúa la ocupación de territorio chipriota, el, la violación del espacio aéreo griego, la campaña contra la libertad religiosa y las amenazas contra el Patriarcado Ecuménico. 
En tercer lugar, Albania está siendo mantenida, en el aspecto económico, en gran medida por el dinero enviado por sus ciudadanos que trabajan en Grecia. 
Grecia, en cuanto país de acogida para inmigrantes, es sobre una base proporcional, el primer país en la Unión Europea, sobre la base del tamaño de su población. 
En cuarto lugar, apoyamos la orientación europea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
El señor Comisario ha subrayado recientemente en Skopje que Grecia es el mayor inversor en este país; eso es cierto y me encantó escucharlo. 
A cambio, señor Swoboda, somos las víctimas de la intransigencia en la cuestión del nombre, una propaganda que deja de lado la historia y la agresión histórica y cultural. 
La pregunta lógica es por qué apoyamos las perspectivas europeas de los países en nuestra región. 
Porque buscamos la difusión y la consolidación de la paz, la estabilidad y la prosperidad en el zona en su conjunto. 
Señorías, la aceptación plena y la aplicación de los principios, los valores y las leyes de la Unión es responsabilidad de los países en cuestión. 
Sin embargo, constituye un derecho de la Unión Europea, de todas sus agencias políticas e institucionales y de sus Estados miembros controlar el rumbo de su integración. 
Se trata de un desafío conjunto. 
En general estoy de acuerdo con el informe de la Comisión porque estoy a favor de la nueva ampliación de la Unión Europea. 
Sin embargo, observo la ausencia de una indicación de que el alcance de la ampliación debe ser proporcional a la capacidad de absorción de la Unión Europea. 
La conclusión del informe también resalta reiteradamente la necesidad de que cada uno de los países que quiera adherirse a la Unión Europea debe cumplir todas las condiciones. 
Creo que este requisito es legítimo y justo porque coloca en igualdad de condiciones a todos los países que quieran adherirse a la Unión Europea. 
Sin embargo, al igual que muchos de mis colegas, estoy convencido de que también la propia Unión Europea debe cumplir unas condiciones para una nueva ampliación. 
Personalmente, no puedo imaginar que una Unión ampliada pueda funcionar satisfactoriamente a menos que antes adopte el Tratado Constitucional o a menos que, de alguna otra forma, introduzca las enmiendas necesarias en los tratados actuales. 
Para evitar malentendidos, en realidad estoy a favor de una nueva ampliación de la Unión, pero al mismo tiempo creo que es necesario que la Comisión Europea, cuando presente informes de este tipo sobre la ampliación, resalte de forma adecuada la importancia de una consolidación continua de la Unión. 
Finalmente, dado que hoy tenemos al Comisario con nosotros, me gustaría formularle una pregunta referente a Kosovo, un tema al que ha dedicado especial atención. 
El Presidente esloveno Drnovšek ha presentado hace poco un iniciativa para la independencia de Kosovo. 
La iniciativa, que considero muy buena, establece unas determinadas condiciones para que Kosovo obtenga la independencia. 
Me gustaría preguntar al Comisario si conoce esta iniciativa y si quiere realizar algún comentario al respecto. 
Señor Presidente, la ampliación de la UE es un reto que implica riesgos, pero también merece nuestros esfuerzos. 
La UE ha decidido someterse a la ampliación para incluir a dos países más, Croacia y Turquía. 
Se han expresado diversas objeciones, sobre todo en relación a esta última, y pasará mucho tiempo antes de que los ciudadanos de la UE, más que la Comisión o el Parlamento, se hagan a la idea de su adhesión a la UE. 
La UE ha tomado medidas especiales, que se denominan instrumentos de preadhesión, para apoyar las transformaciones que se espera que tengan lugar en Croacia El grupo de trabajo propuso que se creara un instrumento independiente para promover los derechos humanos, pero lamento decir que esta propuesta fue rechazada. 
Es una lástima que no se pudiera poner en práctica ese instrumento, porque una sociedad y un Estado democráticos solo se pueden construir sobre unos cimientos adecuados. 
Suele ocurrir que esos cimientos no son un Gobierno o un Parlamento electo o un presidente, sino una nación de ciudadanos libres y responsables que aman a su patria. 
Puede ocurrir que una nación necesite recibir más ayuda para formar unas creencias subjetivas de este tipo que para desarrollar su economía o su administración. 
El segundo punto sobre el que quisiera alertar a la Comisión es el papel del Parlamento en la formulación de una estrategia de ayuda a la preadhesión y en el seguimiento de la aplicación de esa estrategia y el desarrollo de los procesos internos sociales, políticos y religiosos. 
Con los debidos respetos por las aptitudes de la Comisión, quiero dejar claro que no debería ocuparse en exclusiva de los instrumentos y de la política en conjunto. Como mínimo, el Parlamento debe ser un socio en igualdad de condiciones con derecho a codecisión, y debe tener el papel de árbitro objetivo y fiable cuando sea necesario. 
Alguien podría decir que bastaba con que la Comisión siguiera las instrucciones del Consejo, y que el Parlamento tuviera solo un pequeño papel, cuando la UE constaba solamente de 15 Estados miembros. 
Pero ahora que la UE tiene 25 Estados miembros, y dado que pronto habrá 27 actores en el escenario europeo, las nuevas ampliaciones no darán fruto a menos que los representantes electos que se sientan en esta Cámara se impliquen mucho. 
En resumen, quiero dejar bien claro que la Comisión y el Consejo deberían tomar nota de las sugerencias, ideas, puntos de vista y críticas que se expresan en esta Cámara, para el bien de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE. 
Todavía no se han trazado las fronteras definitivas de la Unión Europea, y debemos trabajar juntos para este objetivo. 
– Señor Presidente, la estrategia de la ampliación y la integración en las instituciones europeas es la única propuesta creíble y eficaz de la Unión Europea, él único incentivo sólido que puede movilizar los procesos de cambio y reforma. 
Hoy, lo que vemos en las relaciones entre la Unión Europea y los países candidatos es una desconfianza mutua que tiene repercusiones negativas en la opinión pública de Europa. 
No podemos exigir un cambio y una reforma si el objetivo de la futura integración no está claro. 
Al mismo tiempo, no podemos garantizar una futura integración si no hay signos de progreso constante en la aplicación de las reformas. 
Y me refiero a Turquía. 
En la actualidad, en lo que se refiere a Turquía, vemos un freno significativo al impulso de la reforma debido a una grave falta de voluntad política para aplicar unos compromisos específicos. 
¿Cómo piensa reaccionar la Unión Europea si Turquía sigue con esta práctica? 
¿La práctica respecto a los derechos humanos y de las minorías? 
La práctica respecto a Chipre. 
Eso es lo que provoca recelos y la crisis de confianza entre los ciudadanos europeos. 
La Comisión Europea, con sus propuestas para consolidar la estrategia europea en los Balcanes, avanza verdaderamente en la dirección correcta, reconfirmando la estrategia adoptada por el Consejo Europeo de Salónica en 2003. 
El apoyo a las perspectivas europeas de los Balcanes occidentales, con el objetivo de su futura integración en las instituciones europeas, constituye una inversión en la seguridad de la propia Unión Europea. 
Las negociaciones sobre la firma de los acuerdos de estabilidad y asociación con Albania, Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina deben seguir sin obstáculos. 
De la misma forma, quiero plantear al Comisario la necesidad de un calendario más concreto para completar esas negociaciones, como fuerte incentivo para dichos países. 
La posible secesión de Montenegro no debe tener un impacto negativo en las negociaciones con Serbia. 
Serbia tiene un papel decisivo en la estabilidad de los Balcanes. 
La Unión Europea y la Comisión Europea deben tener un papel destacado en las negociaciones sobre el estatuto final de Kosovo, de acuerdo con los principios del derecho internacional. 
Sin embargo, la Comisión Europea debe mostrar un interés especial en los derechos de la minoría serbia en Kosovo. 
Para terminar, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con la propuesta de la Comisión sobre el estatuto de candidato de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
En cuanto al tema pendiente del nombre, quiero decir que hacen falta dos personas para bailar un tango y que, por desgracia, los dirigentes de Skopje están bloqueados en un punto muerto del pasado. 
Señor Presidente, Comisario, en principio las propuestas de la Comisión son una mejora que se agradece, y su estrategia de ampliación para los Balcanes occidentales es exactamente correcta. 
El hecho de que la Comisión haya confirmado ahora formalmente que la adhesión a la UE es una perspectiva a medio plazo para los Estados de los Balcanes occidentales, también es una buena noticia. 
Es de gran importancia para el futuro desarrollo de esta región, dado que a largo plazo es lo único que aportará paz a esta parte de Europa, que ha tenido un pasado tan difícil. 
Pero al mismo tiempo el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) quiere instar a la Comisión a que valore la idoneidad de cada país de los Balcanes occidentales candidato a la adhesión de forma individual y punto por punto antes de establecer unas fechas vinculantes para el inicio de las negociaciones de adhesión, y antes de elaborar los calendarios para la adhesión. 
La Comisión no debe cometer con los países de los Balcanes occidentales el mismo error que cometió en el caso de Rumanía y Bulgaria, y en concreto en el caso de Turquía, cuando estableció la fecha prematuramente, antes de que se cumplieran todos los criterios. 
La reacción de los ciudadanos europeos ante un paso de este tipo sería una mayor oposición a la adhesión de otros países, a la vez que se exigiría en exceso a los Estados de los Balcanes en términos de capacidad de reforma. 
No nos lo podemos permitir en esa región altamente inestable, en la que algunas zonas se han visto devastadas hace poco por la guerra civil. 
Como ha dicho el propio Comisario, parece ser que con las reformas se ha conseguido un progreso considerable. 
La Comisión tiene razón cuando afirma que Croacia y Macedonia han progresado mucho, y por lo tanto ya han sido reconocidos como países candidatos, o lo serán pronto, como es el caso de Macedonia. 
Eso debería actuar también como incentivo para los países vecinos que se están quedando atrás en la vía hacia la adhesión a la UE por muchos motivos diferentes. 
Cada uno de esos países debe enfrentarse a sus propias circunstancias. 
Albania debe recuperarse de las décadas que pasó con el comunismo de Enver Hoxha, cuando el país parecía una prisión de alta seguridad. 
Bosnia y Herzegovina debe asimilar la pesadilla de los años de desplazamiento, asesinatos y guerra, y sobrellevar la carga del Acuerdo de Dayton, que fue una monstruosidad que acabó con la guerra pero no consiguió crear una plataforma de buena gobernanza y cooperación. 
Serbia tardó mucho tiempo en liberarse de su dictador, y todavía no está claro cuanto durará su asociación estatal con Montenegro. 
Finalmente, debe determinarse sin demora el estatuto de Kosovo mediante un acuerdo entre Belgrado y Pristina con la mediación de la comunidad internacional. 
Me ha complacido escuchar al Comisario decir que la Comisión presentará una iniciativa y una estrategia sobre este tema. 
Los Balcanes occidentales y nuestra estrategia de ampliación para esta zona serán una prueba decisiva para nuestras políticas europeas. 
– Señor Presidente, Señorías, comparto las ideas expuestas por el Comisario Rehn a este Parlamento en relación con los países de la zona del Proceso de Estabilidad y Asociación. 
Varios colegas han resaltado ya que esta zona, si bien todavía frágil, está mostrando signos positivos de una trayectoria que ha caracterizado otros momentos de la ampliación de la Unión. 
La ampliación ha sido un proceso positivo desde la fase de preparación. 
Con mucha frecuencia, la mera perspectiva de la apertura de negociaciones ha acelerado la transición de los países de Europa Oriental de regímenes totalitarios a Gobiernos democráticos convencidos y prósperos, además de haber inspirado delicadas y difíciles reformas en Turquía. 
No obstante, debo considerar también lo que ha dicho el señor Brok. 
Nos encontramos ante una ampliación integrada por diez países que se han adherido ya, a los que se suman Bulgaria y Rumanía, países a los que creo debemos expresar nuestro aprecio por los esfuerzos realizados, como hizo el Comisario en la presentación de su informe el mes pasado. 
Considero oportuno además hacer una reflexión sobre los nuevos países que tienen el estatus de candidatos. 
He observado que las palabras de la señora Muscardini han suscitado cierta hilaridad en algunos diputados, cuando deberían considerarse seriamente. 
En efecto, creo que Croacia debería hacer gala de una mayor coherencia por lo que respecta a los distintos problemas registrados en relación con el libre acceso al mercado inmobiliario. 
Es un hecho que hay que abordar seriamente, pues pienso que la coherencia no tiene límites geográficos. 
Pedimos que los países que deseen entrar en la Unión demuestren esa coherencia, no solo por lo que respecta a una plena colaboración con el Tribunal Internacional, como ha recordado el Comisario, sino también en todos los presupuestos que deben ser comunes a los países que creen en el mercado libre y en la libertad democrática. 
Señor Presidente, es probable que otros tres nuevos Estados miembros –Croacia, Rumanía y Bulgaria– se unan a la UE antes de que termine esta década. 
Croacia ya ha realizado una gran parte del trabajo preliminar, y las negociaciones para la adhesión de este país podrían ser las más rápidas de la historia de la ampliación, dado que ambas partes así lo desean. 
A Rumanía y Bulgaria todavía les queda mucho para ponerse al día en cuanto a justicia y problemas con las minorías, y este último tema es de gran prioridad en Rumanía. 
En primavera nuestra tarea será decidir una fecha final para la adhesión, y para ello adoptaremos un planteamiento crítico pero objetivo y abierto. 
Turquía no pertenece a Europa y nunca pertenecerá. 
Nuestro objetivo es ofrecer a ese país una asociación privilegiada, pero aun así deberá cumplir los criterios. 
Me gustaría invitar al señor Rehn a hablar sobre la ley de religiones, porque tenemos la clara impresión de que en Turquía las minorías, la mayoría de las cuales son cristianas, siguen experimentando una fuerte discriminación. 
Hay tres problemas prioritarios que debemos resolver en el sureste de Europa. 
El primero de ellos es la democratización de Serbia, el segundo es la reforma constitucional y del tratado en Bosnia y Herzegovina, y el tercero es el tema del estatuto de Kosovo y su futura independencia. 
Y ya que hablamos de ello, me gustaría decir al señor Pahor que estoy muy a favor de la iniciativa del presidente esloveno, y creo que es un paso en la dirección correcta. 
Ni que decir tiene que todos esos problemas solo se pueden resolver en un contexto europeo más amplio. 
Si me lo permiten, me gustaría formular una pregunta al Comisario sobre este tema: ¿qué significa para nosotros la Unión Europea? 
¿Es algo más que un grupo de Estados nacionales que utilizan la perspectiva de la ampliación como instrumento de política exterior para estabilizar a los Estados nacionales vecinos, o realmente queremos una Europa federal fuerte que sea capaz de actuar y que esté en situación de hacerse valer en el escenario mundial? 
Como creo que la respuesta debería ser la segunda opción, me gustaría dejar claro que siempre he estado a favor de la ampliación, y así sigue siendo hoy. 
Pero necesitamos un período claramente definido de consolidación, así como una idea clara de la futura base institucional para esta Unión Europea nuestra y sus futuras fronteras. 
Quiero decir al Comisario que esos dos últimos puntos son, en mi opinión, de gran importancia, porque es un debate que hasta la fecha hemos eludido. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a sus Señorías por su apoyo generalizado a un proceso de adhesión cuidadosamente gestionado, que pretende mejorar la estabilidad, la seguridad, la libertad y la democracia en Europa. 
Deseo agradecerles igualmente sus observaciones y sus preguntas pertinentes. 
Quisiera hablar sobre dos o tres asuntos principales. 
Voy a agrupar varios comentarios o preguntas a fin de dar una respuesta más concisa. 
El señor Brok, el señor Eurlings y otros diputados han abogado por encontrar un equilibrio entre profundizar y ampliar. 
Estoy decididamente de acuerdo. 
La política de la Comisión consiste en ocuparse tanto de la profundización como de la ampliación; ambos son objetivos políticos importantes de la Unión Europea. 
Esa es una de las razones por las que hemos subrayado la necesidad de tener en cuenta la capacidad propia de la Unión para aceptar nuevos miembros, de manera que cualquier ampliación futura no debilite, sino que fortalezca, a la Unión y no debilite, sino que refuerce, nuestro procedimiento de toma de decisiones a la vista de los grandes desafíos con que nos enfrentamos en la actualidad. 
Si se contempla la historia reciente, la Unión Europea ha logrado su mayor progreso cuando ha emprendido la profundización y la ampliación, si no de forma conjunta, al menos en paralelo. 
A partir de 1989, desde la caída del Muro de Berlín, hemos aumentado nuestra integración política creando el mercado único, la moneda única y el Acuerdo de Schengen sobre la libre circulación de las personas, y hemos reforzado la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Al mismo tiempo, la Unión se ha ampliado: el número de Estados miembros se ha duplicado con creces, pasando de 12 a 25. 
Esta dinámica paralela de profundización y ampliación demuestra que es factible y que, además, resulta beneficiosa para la Unión Europea. 
En un futuro próximo, la continuación de nuestra reforma constitucional es esencial para la Unión Europea, a mi juicio, si queremos que nuestro proceso de toma de decisiones sea más efectivo y eficiente, con vistas a potenciar la democracia y la apertura y reforzar nuestra Política Común de Seguridad y Defensa. 
Por lo que respecta a su relación con la ampliación, mejor haríamos en tener presente la perspectiva temporal: necesitamos soluciones para la reforma constitucional relativamente pronto, en los próximos años; hemos de aprovechar efectivamente la pausa para la reflexión; hemos de extraer asimismo conclusiones del debate y la reflexión y tenemos que comenzar a actuar. 
No podemos esperar a las conclusiones de las negociaciones con Turquía, que pueden durar entre 10 y 15 años. 
Es, de lejos, una perspectiva temporal excesivamente dilatada para nuestros propios retos internos. 
Así pues, por el bien de Europa, hemos de ser capaces de resolver nuestros problemas relacionados con las perspectivas financieras o con nuestras cuestiones institucionales mucho antes de que los Balcanes Occidentales o Turquía entren en la Unión Europea. 
Mi segunda observación se refiere a Kosovo. 
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Swoboda en que el mejor servicio que puede prestar ahora la Unión Europea para que las negociaciones sean fructíferas y el acuerdo resulte sostenible es que mostremos voluntad de colaborar, pero que seamos críticos. 
El Estado de Derecho y los derechos de las minorías forman el núcleo de los valores europeos. 
Estos valores son fundamentales para cualquier avance de la perspectiva europea sobre Kosovo o los Balcanes Occidentales. 
El papel de la Comisión consiste en favorecer un acuerdo equilibrado y sostenible. 
Trabajamos estrechamente con la comunidad internacional y el enviado para asuntos estatutarios, el Presidente Ahtisaari, a fin de garantizar que, con independencia del resultado concreto de las conversaciones sobre el estatuto, sea compatible con la perspectiva europea sobre Kosovo y los Balcanes Occidentales. 
En tercer lugar, el señor Wiersma, la señora Pack, el señor Szent-Iványi y el señor Lagendijk han hecho referencia a la cooperación regional en los Balcanes Occidentales y el progreso realizado por los distintos países. 
Coincido en gran medida con el señor Wiersma en que nuestra condicionalidad funciona. 
Tomemos Bosnia y Herzegovia, por ejemplo: allí, la política creada es en gran parte consecuencia de las condiciones que fijamos para dicho país a fin de alcanzar un acuerdo de estabilización y asociación. 
Otro tanto puede decirse de Serbia y Montenegro: el notable progreso realizado en relación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia se debe a las condiciones que fijamos para entablar las negociaciones sobre el acuerdo de estabilización y asociación. 
Hemos de encontrar un cuidadoso equilibrio entre condicionalidad y progreso beneficioso por lo que se refiere a nuestros países candidatos. 
El año que viene espero ver nuevas iniciativas con respecto a los Balcanes Occidentales. 
La Presidencia austriaca está planeando celebrar un acto de alto nivel durante su mandato para hacer inventario y decidir acerca de los pasos siguientes de cara a mejorar la cooperación política, el desarrollo económico y cuestiones ciudadanas –como la concesión de visados–, de manera que podamos concretar y visibilizar al máximo posible la perspectiva europea para los ciudadanos y los países de la región de los Balcanes Occidentales. 
Les puedo asegurar que la Comisión respaldará plenamente a la Presidencia austriaca. 
Confío en que el Parlamento Europeo haga lo propio. 
Espero con impaciencia cooperar con ustedes. 
Cuento con su apoyo en favor de un proceso de adhesión a la Unión cuidadosamente gestionado. 
.El debate queda cerrado. 
,. – Lejos de tener en cuenta el sentimiento popular expresado en los recientes referendos de Francia y los Países Bajos, y no contentos con la controvertida apertura de las negociaciones de adhesión con Turquía y Croacia, la Comisión y los Estados miembros son presa de un auténtico frenesí de apertura de la Unión Europea. 
Bajo una fuerte presión estadounidense, la Unión se dispone a acelerar drásticamente su ampliación hacia los Balcanes: después de Kosovo y Serbia, el contagio a Bosnia será inmediato, y naturalmente a Macedonia. 
Sin embargo, debería ser evidente que reabrir con precipitación toda la caja de Pandora de los Balcanes en un momento en que la Unión no tiene ni Constitución ni presupuesto, y en el que todos los Gobiernos de los grandes países continentales están debilitados por graves problemas internos, es una auténtica locura. 
La delegación francesa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no se opone en principio a una nueva ola de ampliación a medio plazo, pero rechaza categóricamente la perspectiva de un compromiso tan precipitado de la Unión con estos nuevos socios. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0310/2005) de la señora De Veyrac, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora y a la comunicación de información en materia de seguridad entre los Estados miembros (COM (2005) 0048 – C6-0046/2005 – 2005/0008 (COD) ). 
. 
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, a raíz del accidente de Sharm el Sheij, la Comisión presentó el pasado 16 de febrero una propuesta de reglamento relativo a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora y a la comunicación de información en materia de seguridad entre los Estados miembros. 
Esta propuesta se inscribe en el marco del objetivo prioritario que se ha fijado la Comisión Barroso: intervenir con acciones concretas para responder a las expectativas de los ciudadanos europeos. 
La propuesta consta de dos capítulos complementarios. Por un lado, la creación de una lista comunitaria de compañías prohibidas o sujetas a restricciones operativas por motivos de seguridad. 
Y, por otro, la información a los pasajeros sobre la identidad del transportista que opera efectivamente el vuelo. Los trágicos accidentes del pasado mes de agosto han demostrado que la seguridad aérea exige esfuerzos constantes y medidas enérgicas de nuestra parte. 
Doy las gracias al Parlamento Europeo y, en especial, a la ponente, la señora De Veyrac, que ha trabajado de modo ejemplar con la Comisión y el Consejo para facilitar una adopción rápida de este ambicioso dispositivo. 
Gracias en particular a la contribución de la Comisión de Transportes y Turismo, podemos disponer de un instrumento operativo que nos permita adoptar a escala comunitaria medidas de prohibición aplicables a cualquier compañía que se considere peligrosa. 
Dichas medidas podrán aplicarse sin discriminación a cualquier transportista, al margen de si es de procedencia europea o de un país tercero, al margen de si sus vuelos son regulares o no, como por ejemplo los vuelos chárter, o de si es una compañía tradicional o de bajo coste. 
Las citadas medidas se adoptarán sobre la base de criterios de seguridad comunes y aplicables en toda la Unión Europea. Así, este nuevo dispositivo ofrecerá a todos los pasajeros las mismas garantías en materia de seguridad. 
El caso de Onur Air puso de manifiesto que los ciudadanos europeos posiblemente no pudieran entender que este no era el caso. 
Estos avances en materia de seguridad deben ir acompañados de una mayor transparencia. 
La publicación de la lista de compañías objeto de medidas de prohibición presentará varias ventajas. 
Aportará una información útil a las personas que deseen viajar fuera de la Unión Europea, a países en que no sean aplicables las medidas de prohibición de vuelo. 
También permitirá ofrecer más derechos a los consumidores que hayan adquirido un viaje combinado que incluya un vuelo operado por una compañía incluida en la lista negra. 
Por último, y creo que es un elemento esencial, la publicación de la lista comunitaria tendrá un efecto disuasorio al establecer un sistema de prohibición concreto. 
Debemos ir más lejos en materia de información. 
Para restablecer la confianza de los pasajeros, para no encontrarnos de nuevo ante reacciones de pánico, es necesario que el derecho a la información sea lo más completo posible. 
La identidad del transportista efectivo debe ser sistemáticamente conocida por los pasajeros. 
Este texto se inscribe en un conjunto de medidas coordinadas encaminadas a mejorar la seguridad aérea. 
Quisiera recordarles, si me lo permiten, dos medidas que anuncié en nombre de la Comisión Europea en la sesión plenaria de principios de septiembre. 
Por una parte, la Comisión ha adoptado esta tarde una propuesta con miras a ampliar las normas comunes en materia de seguridad aérea a las operaciones aéreas, a las licencias de los pilotos y a los aviones de terceros países, y ha ampliado las misiones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) para que tenga poderes de decisión en estos ámbitos. 
Por otra parte, trabajamos para mejorar los mecanismos de control de los aviones de terceros países en el marco de la Directiva 2004/36, relativa a la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad, denominada «Directiva SAFA». 
La gestión del programa de inspección de estos aviones pronto correrá a cargo de la AESA. 
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, gracias al excelente trabajo realizado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión durante los últimos meses, estamos en condiciones de alcanzar un acuerdo en primera lectura, y esto pocos meses después de la adopción por la Comisión de su propuesta. 
Es, sin duda, un ejemplo para el futuro. 
Permítanme declarar una vez más cuánto aprecio el papel decisivo desempeñado por el Parlamento en torno a esta propuesta y me propongo escuchar con atención las intervenciones de los diputados al Parlamento que van a expresarse ahora. 
. Es un gran placer estar aquí esta tarde y poder asistir a este debate y escuchar las aportaciones individuales de los diputados al Parlamento. 
Permítanme decir asimismo al Vicepresidente de la Comisión que su alocución me ha parecido enormemente interesante e ilustrativa. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la ponente, la señora De Veyrac, y a los diputados al Parlamento Europeo, en especial a los pertenecientes a la Comisión de Transportes y Turismo, por la esforzada labor que han realizado en torno a esta importante propuesta. 
Deseo agradecer asimismo al comité redactor de las tres instituciones por haber facilitado sobremanera el acuerdo de hoy. 
El Consejo concede la máxima prioridad a la seguridad aérea. 
Comparte su voluntad de que se sigan planteando iniciativas para garantizar la seguridad de los aviones que transportan por todo el mundo a los ciudadanos de Europa. 
Todos hemos quedado sobrecogidos por el número de accidentes aéreos que han ocurrido en agosto y septiembre de este año, en los que han perdido la vida demasiados ciudadanos nuestros. 
A la luz de dichos sucesos, el Parlamento ha aprovechado la ocasión para modificar la propuesta de la Comisión. 
Ustedes han presentado enmiendas destinadas a fortalecer el alcance de una actuación a escala comunitaria sobre la seguridad de las líneas aéreas. 
Aunque el Consejo había acordado un planteamiento general en abril acerca del principio de compartir la información, los Ministros han manifestado su apoyo a este nuevo objetivo durante el Consejo de Transportes el 6 de octubre. 
El Consejo opina que los procedimientos fijados por el Reglamento para evaluar la seguridad de los operadores son los más indicados. 
Hemos examinado si se debía asignar alguna función a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pero decidimos que tal vez fuera prematuro: la Agencia todavía se halla en fase de consolidación de sus estructuras y procedimientos, así como de contratación del equipo humano necesario para hacer frente a sus responsabilidades actuales. 
Por tanto, debemos ser prudentes a la hora de asignarle nuevas responsabilidades demasiado pronto. 
Los Estados miembros disponen actualmente de los conocimientos y la experiencia necesarios para garantizar la seguridad de los operadores aéreos y es importante recurrir a esta pericia, de manera que pueda aplicarse plenamente en bien de la seguridad de nuestros ciudadanos. 
El proceso de desautorización de operadores aéreos y publicación de esta información es importante, pero no deberíamos perder de vista los derechos adicionales que se han de conceder a los consumidores. 
El Consejo está de acuerdo en que es necesario facilitar información a los pasajeros acerca de la identidad de los operadores con los que contratan sus vuelos, así como mantenerles al día acerca de cualquier cambio relacionado con los operadores una vez hecha la reserva. 
El texto de hoy plantea contribuciones importantes a estos dos importantes objetivos de seguridad y protección de los consumidores. 
Me complace que se haya alcanzado un acuerdo, que va a permitir emprender acciones concertadas de manera oportuna, transparente y bien organizada. 
Va a permitir identificar a los operadores que no cumplan unas normas de seguridad internacionales aceptables y garantizar que se tomen medidas para vetarlos en toda la Comunidad, así como que se publique información acerca de tales medidas. 
El hecho de que el Parlamento, el Consejo y la Comisión hayan trabajado juntos tan constructivamente para elaborar el texto da idea de la importancia que todos concedemos a dichos objetivos. 
Debemos nuestro reconocimiento a todo el mundo que ha participado, especialmente a la ponente por su enfoque integrador para llegar pronto a un acuerdo. 
Entiendo asimismo que el recién creado comité redactor ha contribuido a la rápida y eficiente consecución de un acuerdo en primera lectura. 
Se trata, sin duda, de una herramienta valiosa para futuras negociaciones. 
Quiero terminar diciendo que espero con impaciencia el debate y las contribuciones individuales y que me complace estar aquí presente esta noche. 
. – Señor Presidente, antes de abordar la cuestión propiamente dicha, me gustaría que un día se nos explicara cómo se elaboran los órdenes del día en la Conferencia de Presidentes. 
No pondré ejemplos, pero a menudo debatimos en plena jornada temas que casi no interesan a nadie y cuando se trata de textos que afectan a gran número de ciudadanos, como el que examinamos esta noche, o también el paquete ferroviario –y veo que el señor Jarzembowski y el señor Savary están aquí–, los debatimos prácticamente en secreto a una avanzada hora de la noche. 
Eso es lo que quería decir, pero en modo alguno merma nuestra satisfacción por haber llegado a un acuerdo en torno a este texto. 
En primer lugar, quisiera agradecer a los ponentes alternativos y a los servicios del Parlamento, así como a los de la Comisión Europea y los del Consejo, su fructífera y –por qué no decirlo– amable colaboración. 
Hemos trabajado rápida y eficazmente para alcanzar un acuerdo en primera lectura y transmitir así un mensaje positivo a nuestros conciudadanos. 
Como nos ha recordado usted, los trágicos sucesos de este verano reforzaron nuestra misión de adoptar nuevas medidas para mejorar la seguridad de los pasajeros aéreos y la información que reciben. Se trata de una responsabilidad que hemos asumido todos juntos. 
Hablamos de seguridad aérea; con todo, hay que repetir que el transporte aéreo sigue siendo de lejos el medio de transporte más seguro. 
Al mismo tiempo, hay que ser realistas y comprender que el riesgo cero no existe y que el gran aumento del tráfico aéreo que se registrará en los próximos años podría conducir a un aumento del número de accidentes de avión. 
Para evitarlo, debemos poner remedio a las carencias del sistema actual, previendo un mecanismo europeo, que, como complemento de la OACI, vaya más allá en la mejora de la seguridad aérea, y el informe se ha elaborado con este ánimo. 
Si se compara la posición inicial de la Comisión Europea, es decir, la publicación de las listas nacionales, con el texto que tenemos hoy sobre el tapete, se ve que el camino recorrido es inmenso, y eso no parecía posible hace apenas unos meses. 
Gracias al impulso del Parlamento, estamos a punto de disponer de una lista negra comunitaria única, elaborada sobre la base de criterios comunes y aplicable en todo el territorio de la Unión. 
Este sistema garantizará a nuestros conciudadanos el mismo nivel de seguridad independientemente del aeropuerto comunitario que utilicen y –por qué no decirlo– este texto es una gran victoria de la Unión Europea. 
Ahora quisiera entrar brevemente en el detalle de la propuesta de reglamento y decirles cómo se elaborará inicialmente esta lista. 
Los Estados miembros tendrán un mes, a partir de la entrada en vigor del reglamento, para comunicar la lista de los transportistas aéreos que tengan prohibido volar en su territorio, lista que elaborarán con arreglo a los criterios comunes anexos a este texto. 
Dicha prohibición podrá afectar a cualquier compañía que posea un derecho de tráfico en la Unión, así como a las que no lo posean pero cuyos aviones puedan ser fletados en la Unión Europea. 
En un plazo de un mes como máximo, la Comisión deberá reunir al comité de expertos y decidir sobre la inclusión o no de los transportistas afectados en la lista. 
Y todas las compañías inscritas en esta lista comunitaria tendrán prohibido el vuelo en todo el territorio de la Unión. 
La lista comunitaria será actualizada a petición de un Estado miembro o de la Comisión, cada vez que sea necesario. 
Por otra parte, esta lista será hecha pública y se comunicará amplia y efectivamente a los pasajeros, en particular por vía electrónica o mediante la colocación de carteles. 
Por último, se ofrecerá a los pasajeros el derecho al reembolso o a un viaje equivalente en los casos en que el transportista efectivo sea inscrito en la lista comunitaria después de efectuada la reserva o cuando sea sustituido por un transportista prohibido. 
Esto por lo que se refiere a la lista negra, pero está también el capítulo relativo a la información a los pasajeros. 
Este reglamento impone una obligación a los vendedores de billetes: la de comunicar a los pasajeros la identidad de la compañía con la que van a viajar efectivamente. 
Esta información debe facilitarse también a los pasajeros si se produce un cambio de transportista aéreo. 
Por último, el reglamento deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de imponer sanciones para los casos de incumplimiento del deber de información al pasajero. 
Por lo que se refiere al procedimiento, el texto debería estar listo para su aprobación por el Consejo a finales de noviembre, previa verificación por los juristas-lingüistas de las dos instituciones. 
Por último, señor Presidente, quisiera decir unas palabras sobre la Agencia Europea de Seguridad Aérea, puesto que este reglamento se inscribe, a mi entender, en una estrategia global de mejora de la seguridad aérea en Europa. 
La próxima etapa de este proceso será la ampliación de las competencias de la AESA, en especial en materia de certificación de las aeronaves de terceros países, y realmente me complace mucho, señor Comisario, que haya presentado hoy esta propuesta. 
De momento, el reglamento que debatimos esta noche permitirá a los ciudadanos disponer de la lista negra europea a principios de 2006 estoy satisfecha con este resultado. 
Europa avanza hacia una mayor seguridad aérea y lo hace a pasos de gigante. 
. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que podemos estar todos de acuerdo en que la ponente, la señora De Veyrac, merece nuestra felicitación por haber conseguido un resultado tan espléndido, y haber ayudado al Consejo y al Parlamento a encontrar una solución común para esos problemas en un espacio de tiempo tan corto. 
Tal como yo lo veo, es un ejemplo excelente de cómo el Parlamento, la Comisión y el Consejo pueden actuar con celeridad en situaciones similares, cuando hay indicios de riesgo para la seguridad de los pasajeros. 
Espero que el Presidente en ejercicio del Consejo pueda darnos su palabra de que el Consejo llegará a un acuerdo final en diciembre como muy tarde, de modo que este Reglamento podrá entrar en vigor a principios del próximo año. 
Es de gran importancia para nosotros poder demostrar el valor añadido de nuestros esfuerzos en lo que se refiere a la legislación de la UE, y el valor añadido de este Reglamento es fácil de ver. 
Nuestro acuerdo en la elaboración de una lista negra conjunta en la UE evitará que los ciudadanos se queden con la impresión de que Alemania exigía que se prohibiera volar a una compañía aérea, mientras que Francia se negaba a imponer dicha prohibición. 
De esa forma no avanzaríamos mucho en nuestro objetivo de seguridad común. 
Las listas negras conjuntas demostrarán a los ciudadanos que actuamos juntos para protegerles, por lo que esta legislación es un excelente ejemplo del valor añadido europeo. 
Aunque se trata de algo más que de prohibir volar a determinadas líneas aéreas. 
Debería otorgarse la misma importancia al segundo aspecto de esa cuestión, es decir ofrecer a los ciudadanos información sobre lo que ocurre si reservan un billete y después una compañía aérea intenta utilizar un avión de la lista negra. 
El pasajero debe estar informado de ello, y debe tener la posibilidad de reaccionar. 
Se ha propuesto que los pasajeros puedan o bien cancelar sus billetes y recibir su importe íntegro, o cambiar el billete, y esas propuestas demuestran que estamos siendo muy flexibles en la protección de los intereses de los ciudadanos. 
Es un buen resultado. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no estamos de acuerdo con el tema de ampliar los poderes de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pero esta diferencia de opinión puede esperar hasta que la comunicación de la Comisión entre en el orden del día. 
Esta Agencia nos ayuda a todos a conseguir una perspectiva común, 
La señora De Veyrac ha sido una ponente excelente, y ese ha sido un ejemplo de legislación muy rápida. 
Espero que el informe Evans siga su ejemplo, para que podamos actuar igual de rápido en el caso del tratamiento y la atención a los pasajeros de las líneas aéreas con movilidad restringida, y demostrar a los ciudadanos cuáles son nuestras prioridades. 
. Señor Presidente, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora De Veyrac, Señorías. 
En primer lugar, quiero felicitar muy sinceramente a la señora De Veyrac por su informe y por el resultado final de su trabajo. 
En este caso ha demostrado que un verdadero compromiso puede acabar en un acuerdo, y esperamos que en el caso de este expediente, que es vital para la seguridad aérea, sea posible llegar a un acuerdo en primera lectura, un resultado que acogemos con gran satisfacción. 
Es realmente notable, dado que este resultado se ha conseguido en un período de tiempo muy breve, de tan solo tres meses. 
No solamente hemos conseguido llegar a un acuerdo sobre este tema en esta Cámara sino también, y eso es lo más importante, a un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, hecho muy poco frecuente en tan breve tiempo. 
Por otro lado, sigue siendo de lo más lamentable que un tema tan importante como este deba debatirse de nuevo poco antes de medianoche. 
Probablemente el motivo es que no estamos hablando de resoluciones corrientes y molientes, independientemente de lo importantes que puedan ser, sino de una ley que seguramente salvará muchas vidas humanas en el futuro. 
En cuanto a su contenido, este informe aborda y mejora unas disposiciones muy importantes para el aumento de la seguridad en el sector del transporte aéreo y va mucho más allá de la propuesta de la Comisión. 
Los puntos clave necesarios para asegurar una mayor seguridad para los pasajeros aéreos de Europa son una única lista común basada en unos criterios armonizados, junto con la prohibición de volar para las líneas aéreas incluidas en dicha lista, y, por supuesto, información detallada a los pasajeros. 
También es muy importante la posibilidad de integrar las líneas aéreas de terceros países. 
Asimismo, me complace que hayamos conseguido tener en cuenta en el Reglamento los derechos de los empleados de las líneas aéreas. 
La importancia de este hecho se ha demostrado en el caso del piloto que fue despedido de FlyAir por denunciar prácticas corruptas. 
Hemos demostrado que mediante una legislación europea podemos salvaguardar con eficacia los intereses de los ciudadanos. 
Espero que sirva como modelo para futuras propuestas legislativas. 
. Señor Presidente, una lista negra uniforme basada en unos criterios comunes es el único camino para avanzar. 
Esa es también la firme creencia de mi Grupo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
Aunque la propuesta relativa a este tema estaba bien encaminada, la Comisión de Transportes y Turismo de esta Cámara la consideró demasiado débil, con razón. 
Aunque suene duro, parece que los drásticos acontecimientos del año pasado sirvieron como llamada de aviso para muchos, y nos permitieron darnos cuenta de que no tiene sentido simplemente agrupar las listas negras nacionales. 
Un batiburrillo, que no sería válido automáticamente en el conjunto de la UE, es un gesto superficial que no aporta ningún valor añadido. 
Por supuesto, podría demostrar que tiene algún valor, porque en los Países Bajos tenemos un dicho que más o menos traducido sería «prometer y no dar nada es consuelo de tontos» , y es precisamente esa la imagen que no queremos dar. 
En este sentido, y para variar, esta propuesta es un ámbito en el que la UE puede demostrar su valor añadido, por lo que seamos honestos: por supuesto, y para poner un ejemplo antes citado, sigue siendo absurdo que Onur Air tuviera en algún momento una sede en los Países Bajos, solo para poder despegar en Bélgica. 
Esas prácticas simplemente crean confusión entre los viajeros, para no hablar de situaciones potencialmente poco seguras. 
Por lo tanto, una lista uniforme, basada en unos criterios de seguridad comunes en Europa, es la única forma de avanzar, y así lo comprenderán tanto los viajeros como los consumidores europeos. 
La gran cantidad de enmiendas demuestran el ambicioso planteamiento de esta Cámara para mejorar la seguridad aérea. 
Gracias a la voluntariosa y tan útil actitud de la Comisión en este sentido, junto con la determinación del Consejo, pudimos presentar con rapidez un acuerdo en primera lectura. 
Cuando se debatió la propuesta en la Comisión de Transportes y Turismo, pedí reiteradamente que las nuevas normas para una lista negra se vincularan a la ya existente Directiva SAFA (Evaluación de la seguridad de las aeronaves extranjeras) y que se ampliaran las competencias de la AESA, la Agencia Europea para la Seguridad Aérea. 
Me complacen en gran manera los resultados que hemos conseguido juntos, así como las promesas de la Comisión de presentar propuestas en breve para ampliar y reforzar las competencias de la AESA. El Comisario ha dicho hace un momento que esas promesas ya se han satisfecho esa misma mañana. 
De nuevo, es otro paso en la dirección correcta, por lo que estoy en deuda con usted, Comisario Barrot. 
Estamos comprometidos con una legislación clara y coherente, con el objetivo de aumentar la seguridad y aclarar la información para el viajero, algo hacia lo que nadie puede tener ninguna objeción. 
Finalmente, doy las gracias a la señora De Veyrac por todo el trabajo que ha realizado en este ámbito. 
. Señor Presidente, Señorías, yo también quiero expresar mis más sinceras gracias, sobre todo a la señora De Veyrac, que ha demostrado un gran compromiso con su trabajo en este expediente, cuyo alcance aumentó considerablemente durante el proceso, lo que seguramente no ha sido una situación fácil. 
Siempre que le ha sido posible ha aceptado las sugerencias que se le han presentado y, cuando no, nos ha mantenido informados de forma imparcial. 
Por ello el proceso ha sido de lo más positivo. 
En cuanto al contenido, considero que el tema de la protección del consumidor en este expediente es de especial importancia. 
Es un elemento crucial en un mundo donde los consumidores también deben tener la información adecuada para tomar decisiones como pasajeros. 
Si se dispone de dicha información, se limitará otra tendencia que de lo contrario nos crearía dificultades, y me refiero al cambio de país que realizan algunas compañías aéreas para burlar las normas de seguridad más estrictas. 
Creo que si se presta una atención especial a la seguridad, podremos detener esta tendencia. 
Hemos dado un paso importante con la lista negra, pero todavía tenemos por delante el más importante, la puesta en práctica. 
Y digo esto porque una lista común requiere criterios, controles y controles de los controles. 
Es de especial importancia que se pueda aplicar en terceros países y que se pueda extender a dichos países. 
Sin embargo, mis esperanzas se cifran en si la lista tiene un impacto más amplio. 
En el futuro, las compañías aéreas acreditadas rehuirán tener tratos con socios que no puedan garantizar una completa seguridad. 
Es un tema importante para los consumidores y para la seguridad de todos nosotros. 
,. Señor Presidente, al contrario que los demás modos de transporte terrestres o marítimos, que normalmente pueden esperar a ser remolcados cuando sufren una avería, una aeronave depende completamente de la tecnología. 
Un defecto en los motores, en la presión del aire, en el suministro de oxígeno o en el sistema de navegación puede provocar que el avión se estrelle y mueran todos sus pasajeros. 
Un sector de este tipo es especialmente vulnerable si está en manos del mercado libre, donde constantemente nuevas líneas aéreas de bajo coste intentan atraer el máximo número de pasajeros en una feroz competencia que obliga a bajar las tarifas y los costes de explotación. 
Las empresas que se saltan medidas de seguridad pueden causar proporcionalmente muchos accidentes. 
Hasta ahora, los Estados miembros de la UE no han trabajado bien juntos. 
Si un Estado miembro prohibía a una compañía aérea poco segura que despegara o aterrizara en su país, apenas se le daba publicidad y no tenía implicaciones en los países vecinos. 
Si posteriormente, un Estado miembro quería tomar medidas con prontitud, corría el riesgo de enfrentarse con la Unión, que no había llegado al mismo nivel. 
Ya había pedido antes un planteamiento activo respecto a la prohibición y al suministro de información. 
Las empresas peligrosas y sus sucesores legales deben quedar excluidos, y las deficiencias de otras empresas deben comunicarse siempre a los ciudadanos, en beneficio de los usuarios. 
Esta propuesta es un paso en esa dirección pero sin duda las empresas con recursos seguirán encontrando formas de burlar el sistema. 
Quiero pedir a la Comisión que presente más propuestas en los próximos años en el caso de que se presente la situación, para que los pasajeros y los ciudadanos de a pie no sean víctimas de empresarios cortos de miras. 
. Señor Presidente, creo que las enmiendas presentadas por la ponente son un paso en la dirección correcta. 
Su objetivo es mejorar la seguridad de los pasajeros, que la información sobre las compañías aéreas sea más transparente y que existan unas condiciones estándar para las compañías aéreas de fuera de la Comunidad. 
Las orientaciones en las que la señora De Veyrac ha basado su informe serán muy importantes para mejorar el nivel de los servicios ofrecidos por las líneas aéreas, que es lo que importa a la mayoría de los pasajeros. 
Ya solo podemos esperar que el hecho de ampliar las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para que pueda emitir certificados no comporte prácticas corruptas, sino que realmente ayude a mejorar el nivel de protección de los pasajeros. 
Independientemente de todo ello, creo que las demandas de la ponente son totalmente legítimas, y quisiera expresar todo mi apoyo a su proyecto. 
Creo que si lo adoptamos tal como está mejoraremos la calidad de los servicios y será más fácil que los pasajeros elijan a la compañía correcta. 
Esto significará automáticamente que las empresas que no cumplen los requisitos de seguridad se vean obligadas a salir del mercado europeo. 
Por lo tanto, pido a la Cámara que vote a favor de este informe, por el bien de todos los pasajeros del transporte aéreo. 
– Señor Presidente, me complace el informe de la señora De Veyrac, que tiene el gran mérito de plantear con claridad el principio de la adopción de una lista negra de compañías aéreas poco seguras o incluso peligrosas. 
Ante los sucesos recientes y reiterados de catástrofes ocasionadas por el carácter defectuoso de determinados aviones, es primordial actuar para incluirlos en una lista y prohibir que vuelen. 
En efecto, es indispensable para la seguridad de todos los pasajeros del transporte aéreo conocer la identidad de la compañía que los transporta y, además, saber si se considera o no peligrosa. 
Es un derecho absoluto. No puede restringirse, porque de ello depende la vida de millones de personas que se desplazan por el mundo en avión. 
No obstante, expresaré una reserva. 
¿Cuál será el ámbito de aplicación de la lista comunitaria de transportistas que no cumplan los criterios de seguridad europeos? 
Por el momento, parece que la Comisión no ha fijado ningún criterio común para la elaboración de una lista comunitaria. 
¿Teme las consecuencias diplomáticas con determinados países sensibles? 
Por ejemplo, ¿tenemos miedo a la reacción de las autoridades turcas ante la reciente prohibición de vuelo de la compañía Onur Air únicamente por parte de los Países Bajos, Bélgica, Francia y Suiza? 
¿Por qué los demás países europeos no se han sumado a esta medida de prohibición? 
El texto que se nos presenta propone, entre otras cosas, aumentar las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
¿Por qué no, si se persigue el objetivo de reforzar los criterios comunes de inspección, prohibición y restricción de los derechos de vuelo? 
No obstante, ¿se han previsto medidas de control de dicha Agencia y vías de recurso contra sus decisiones? 
Hay que legislar, cierto, y rápido, pero cuidémonos de no suprimir todo margen de maniobra a los Estados miembros en un ámbito tan esencial como el de la seguridad de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, Comisario Barrot y en especial también el señor Darling –porque a estas horas de la noche el asiento de la Presidencia del Consejo suele estar siempre vacío y agradezco mucho la presencia de la Presidencia del Consejo en este debate–, es bueno que hayamos conseguido ponernos de acuerdo en una sola lista negra europea que incluya a todas las compañías aéreas que están prohibidas en toda Europa. 
En especial quiero dar las gracias a la señora De Veyrac por todos sus esfuerzos, sobre todo durante las negociaciones con el Consejo, y felicitarla por el resultado conseguido hoy, que significa que, en primera lectura, podremos poner fin a la actual situación ambigua y no deseada en la que los pasajeros no están seguros o no conocen el registro de seguridad de una compañía aérea. 
Los recientes y trágicos accidentes aéreos de este verano han resaltado la necesidad de esta legislación. 
Esta Cámara es la fuerza motora que mueve este plan, y debería reconocerse el mérito, porque los Estados miembros en un principio no estaban muy entusiasmados con la idea. 
De la misma forma, la propuesta de la Comisión se limitaba al intercambio de información. 
Al trabajar juntos de forma decisiva, esta Cámara consiguió que al fin se compilara la lista negra europea. 
Los ciudadanos europeos realmente tienen derecho a ello porque es inaceptable que una línea aérea pueda aterrizar en un país si no está autorizada a hacerlo en el país vecino. 
Eso subraya de nuevo la importancia de una dimensión y un planteamiento europeos en este problema. 
He intentado por todos los medios definir claramente en este Reglamento el derecho de los pasajeros a la compensación, porque sin este derecho la legislación no significaría nada. 
Es bueno que también se haya conseguido. 
Espero que este Reglamento contribuya a la seguridad en el sector de la aviación y a mejorar la situación de los pasajeros en Europa. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, volar es seguro en Europa, y queremos que siga siéndolo en el futuro, a pesar del elevado índice de crecimiento del tráfico aéreo. 
Ese es el objetivo del Reglamento que hoy tenemos sobre la mesa, cuya adopción urgente tiene el apoyo de todo el espectro político. 
Quiero dar las gracias a la ponente por su excelente trabajo. 
Una lista negra europea basada en unos criterios comunes eliminará en el futuro la confusión en las decisiones sobre los temas de seguridad, como en el caso de Onur Air. 
Estoy seguro de que la publicación de esta lista ejercerá una gran presión en las líneas aéreas que no otorgan suficiente importancia a la legislación internacional sobre seguridad, y también en las agencias de viajes que han trabajado con dichas compañías aéreas en el pasado. 
La inclusión en la lista negra perjudicará inevitablemente la imagen de dichas compañías y seguramente les obligará a salir del negocio, lo que comportará un claro beneficio en términos de seguridad. 
La obligación de informar a los pasajeros sobre la identidad de las compañías aéreas en los casos en que esto no ha ocurrido en el pasado comportará una marcada consolidación de los derechos de los pasajeros. 
Podemos responder a las pequeñas agencias de viajes, que temen que proporcionar esa información les supondrá un trabajo excesivo, distinguiendo entre la información correspondiente a la seguridad y la información sobre el cambio a otra compañía aérea segura, y tratando esos dos tipos de información con diferentes niveles de urgencia. 
Acojo con satisfacción los planes del Comisario Barrot de ampliar las competencias de la AESA para abordar el tema de las líneas aéreas de terceros países con problemas de seguridad. 
Si queremos conseguirlo, por supuesto tenemos que liberar un poco más de dinero. 
Señor Presidente, resulta oportuno que, en estos momentos de reflexión acerca de lo que realmente representa la Unión Europea, estemos debatiendo esta noche esta clara demostración de valor añadido de la UE, en la que la Unión en su conjunto es más que la suma de sus partes. 
No creo que la UE aporte de manera automática valor añadido en todos los ámbitos de su competencia, pero es evidente que sí lo hace en este caso. 
El transporte aéreo constituye un elemento tan amplio de nuestra Europa interconectada y nuestro mundo interconectado que resulta sorprendente, en muchos aspectos, que no hayamos aprobado antes propuestas como la presente. 
Los Estados miembros, actuando por su cuenta, no han conseguido un grado suficiente de protección del consumidor. 
La Unión, actuando ahora, va a proporcionar a los ciudadanos la protección del consumidor que se merecen. 
Esta acción de la UE resulta tan proporcionada como adecuada. 
Si una línea aérea ha sido incluida en la lista negra de un Estado de la UE, el público querrá saberlo, por lo que acojo con satisfacción las propuestas en favor de un marco común de la UE. 
Yo mismo he adquirido billetes para vuelos en los que solo he conocido la identidad del operador en el momento del embarque, por lo que acojo con agrado las propuestas favorables a una mayor información y conocimiento del consumidor. 
Quiero felicitar personalmente a la ponente por negociar este asunto tan complejo. 
Espero que la Cámara y nuestros colegas, cuando lleguen mañana, formen una piña en torno a ella. 
– Señor Presidente, Comisario, una legislación mejor no significa necesariamente menos leyes. 
Por supuesto, nuestro objetivo es legislar solo cuando sea necesario. 
Pero este debate demuestra la necesidad de tomar medidas legislativas para mejorar la seguridad del transporte aéreo y asegurar un mayor grado de protección para los pasajeros contra el riesgo de accidentes. 
Y eso se conseguirá adoptando una lista comunitaria de compañías aéreas con prohibición de volar sobre el territorio de la UE y, a su vez, revelando esa lista a los pasajeros. 
A veces los hechos hablan por sí solos. 
El 14 de agosto, 121 personas murieron cuando su avión se estrelló cerca de Atenas. 
Por desgracia fue solo uno de los seis accidentes que tuvieron lugar este verano desde Grecia hasta Venezuela, que se cobraron 500 vidas y provocaron en los pasajeros la sensación de que no estaban seguros. Esas circunstancias exigieron un debate político. 
Con estos antecedentes, el Parlamento tiene toda la razón al celebrar este debate y adoptar reglamentos más estrictos y más detallados sobre la seguridad en el transporte aéreo. No tengo la menor duda de que esto comportará una mejor legislación con un sentido adecuado de la responsabilidad. 
El hecho de que, afortunadamente, los accidentes aéreos sean raros en Europa no disipa nuestra preocupación por los vuelos operados por líneas de terceros países que quieren utilizar nuestros aeropuertos, o por compañías que llevan a los ciudadanos europeos fuera del espacio aéreo europeo. También nos preocupa la medida destinada a impedir que operen las compañías que no satisfacen los criterios de seguridad y mantenimiento. 
En efecto, algunos Estados miembros deberían conservar sus poderes, sobre todo cuando se trata de emergencias, porque una compañía prohibida por cuatro países europeos pudo redirigir sus vuelos a otro país donde no había prohibición, y no debemos permitir que eso ocurra. 
Nuestro objetivo debe ser abordar esas anomalías y promover unos mercados de transporte aéreo seguros y transparentes, tanto en Europa como en todo el mundo. 
Dado que eso es lo que nos preocupa de este informe –y me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a la ponente–, apoyamos toda la gama de enmiendas firmadas por todos los Grupos, y esperamos que se adopten en el Parlamento y después en el Consejo. 
Señor Presidente, yo también querría felicitar de manera calurosa a la ponente por su incansable labor y el estupendo resultado. 
Gracias, señora De Veyrac. 
Creo que este texto es un óptimo ejemplo de cooperación interinstitucional. 
También hay que felicitar a la Comisión –el señor Comisario se ha tomado un especial y personal interés en este texto y creo que eso también ha dado su fruto–, al Parlamento, por supuesto, y también a la Presidencia en ejercicio del Consejo y al Consejo en su totalidad. 
Creo, por lo tanto, que ese ejemplo de cooperación interinstitucional ha hecho que, en un tiempo récord, hayamos conseguido un texto con garantías de funcionamiento rápido y eficiente y con garantías de viabilidad. 
Asimismo, se ha logrado un texto que refuerza el método comunitario, dando suficiente flexibilidad subsidiaria, por otra parte, para que los casos más urgentes se traten considerando de cerca al ciudadano, pero dentro de un marco riguroso de garantías comunitarias. 
Es un texto que logra un exacto equilibrio entre los intereses comerciales y los derechos de las compañías y garantías de su defensa, ello sin menoscabo de los derechos del viajero a la información en tiempo debido, la transparencia plena y la defensa de su derecho a la seguridad, y que fomenta, incluso, el uso de Internet como elemento positivo. 
Creo, además, que esta seguridad es la garantía imprescindible para un sector como el aéreo, en el que la Unión Europea está alcanzando hitos históricos y de futuro que precisamente exigen una máxima seguridad y, por tanto, también sanciones disuasorias, como las que propone el texto, prohibiciones firmes y basadas en el rigor técnico y objetivo. 
Nos alegra, pues, la vía abierta hacia un refuerzo significativo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y nos preocupan todavía el desarrollo de las soluciones de los problemas de las garantías para el personal, sobre todo para los pilotos, para señalar los problemas de riesgo, las garantías de su formación, para evitar tragedias como la que se evitó en Toronto, y la garantía de que las inspecciones sean suficientes y de probada eficiencia. 
Creo que hemos aprendido la lección que nos dieron tantas víctimas este verano. 
Señor Presidente, en primer lugar, en calidad de diputado nuevo procedente de un Estado miembro nuevo, quizás debería expresar primero mi agradecimiento a la ponente y a las instituciones comunitarias, el Consejo y la Comisión, por el trabajo que han realizado y la forma cómo lo han realizado. 
Quizás con ello enviamos también a los ciudadanos de la Unión Europea el mensaje positivo de que somos capaces de responder con rapidez y conseguir resultados significativos. 
Felicito a la ponente y a las tres instituciones por haber conseguido identificar el nivel adecuado en línea con el principio de subsidiariedad, en otras palabras, identificar qué necesidades deben abordarse en relación con este tema a escala comunitaria, y qué necesidades deben abordarse y resolverse a nivel de cada Estado miembro. 
Por motivos humanitarios, a estas altas horas de la noche me limitaré tan solo a uno o dos comentarios. 
Uno es que espero que este acuerdo entre en vigor lo antes posible. 
Es muy importante. 
Sin embargo, algunos de sus componentes, como el de establecer unos criterios comunes, o que las instituciones se pongan en marcha, requerirán tiempo. Y mientras debemos hacer algo y enviar un mensaje positivo a los ciudadanos. 
Mi segundo comentario es que estoy totalmente de acuerdo con los objetivos y la aplicación de sanciones, etc. Pero las compañías aéreas adversamente afectadas por este Reglamento deberían recibir una definición precisa y saber exactamente cómo pueden solucionar los problemas. 
Asimismo, creo que deben redactarse unas condiciones adecuadas para poder eliminar de la lista el nombre de la compañía aérea. 
Hemos llegado muy lejos en relación con los criterios para la inclusión en la lista, pero también es igual de importante establecer unos criterios para ser borrado de la lista. 
En cuanto a la compensación a los pasajeros, por supuesto es importante que se ofrezca al pasajero la posibilidad de viajar con otra línea aérea, o la de recuperar el dinero, pero también es importante tener en cuenta el daño moral que en esos casos sufre el pasajero, que ha tenido que cancelar su viaje en el último momento. 
Mi comentario final se refiere a la garantía de que realmente se apliquen las penalizaciones por no cumplir con la obligación de proporcionar información, que yo también he recomendado. 
Estoy de acuerdo en que debe hacerse a escala nacional, pero los Estados miembros tendrán así la inmensa responsabilidad de evitar las asimetrías que surjan entre los Estados miembros en cuanto al nivel de penalización aplicado. 
En una fecha posterior tendremos que pensar en este aspecto. 
De nuevo, espero que puedan adoptar este excelente informe. 
Señor Presidente, creo que se trata de un buen acuerdo. 
Incluye la mayoría de las cosas que proponía la comisión. 
Además se trata de una historia alentadora, como han dicho el señor Twigg y el señor Smith. 
Demuestra la fortaleza de la UE cuando actúa de forma conjunta, cuando actúa para proteger a los consumidores y, tal como han señalado varios oradores, cuando actúa con prontitud. 
Sin embargo, a veces continuará habiendo diferencias entre los Estados miembros. 
Las líneas aéreas utilizan aviones distintos y tripulaciones diferentes para volar a las diversas partes del mundo. 
Estas variaciones implican diferencias en las normas. 
En efecto, pueden variar los criterios de seguridad, pero este informe fija unas normas de referencia comparativa. 
Espero, y creo, que el asunto no termine aquí. 
Confío en que algunos países quieran ir un poco más allá y sentar unos patrones más exigentes y que eso dé lugar a normas aún más estrictas para proteger a los consumidores. 
Cada vez es mayor el número de personas que vuelan. 
Según mis noticias, cerca de 30 millones de personas en el Reino Unido –la mitad de la población– vuelan al menos una vez al año. 
Debido a la creciente utilización de Internet, tal vez desconozcan el operador que les ha sido asignado. 
Pueden hacer la reserva con la compañía A y descubrir que realmente es la compañía B la que opera el vuelo. 
Si la compañía B está en la lista negra por razones de seguridad, entonces, como ha dicho anteriormente el señor Jarzembowski, tienen la posibilidad de renunciar a volar. 
Pienso que nadie subiría a un avión que estuviera en la lista negra. 
Tendrán la posibilidad de elegir y no optarán por subir a un avión que se halle en la lista negra. 
Eso hará que se apliquen normas más estrictas; mejorará las cosas para los consumidores; es una experiencia alentadora. 
Felicito a la ponente. 
Deberíamos estar hablando y explicando el tema, pero no a las once de la noche. 
– Señor Presidente, en este Parlamento somos varios los que vivimos los difíciles momentos de las catástrofes marítimas del y del y asistimos al lamentable espectáculo de los Estados miembros apartando a un lado a la Unión Europea. 
Por una vez, en materia de seguridad aérea, Europa se ha adelantado –aunque no sé si debiéramos alegrarnos de ello, por desgracia– a los acontecimientos, puesto que en 2002 creamos la Agencia Europea de Seguridad Aérea y la Comisión nos propuso este reglamento en febrero de este año, antes del triste verano negro que hemos tenido. 
Quisiera felicitar hoy a la señora De Veyrac por el trabajo realizado, porque el Parlamento ha enriquecido notablemente el texto. 
Durante mucho tiempo dudó entre la subsidiariedad y el valor añadido comunitario. 
Hoy podemos hablar de un auténtico valor añadido comunitario, puesto que tenemos una lista negra comunitaria, cada Estado miembro puede ver su lista difundida en todos los demás Estados miembros y la Unión Europea y la Comisión tienen su grado de autonomía. 
Es, pues, un texto que llega lejos. 
Sin embargo, quisiera volver al ámbito marítimo. 
Nos ha enseñado que no se trata de efectuar controles, sino de saber cuál es la frecuencia de esos controles. 
Se trata también de saber quién es responsable de ellos. 
Lo hemos hecho con el transporte marítimo, probablemente mañana haya que hacerlo también con el aéreo. 
En fin, como sabe, señor Comisario, el factor humano es muy importante en los accidentes aéreos. 
La mayoría de ellos se deben a errores humanos. 
Por consiguiente, es muy importante que establezcamos normas sobre el control de la formación de las tripulaciones y un nivel de formación muy alto que esté armonizado a escala europea. 
Ha abierto usted la puerta al ampliar las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
He escuchado las reticencias del Consejo. 
Pienso que tendrá usted el apoyo del Parlamento, señor Comisario, porque este es el camino que debemos seguir si queremos asumir nuestra responsabilidad ante la opinión pública y los usuarios del transporte aéreo. 
. 
Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, quisiera dar nuevamente las más vivas gracias a la señora De Veyrac y a la Comisión de Transportes y Turismo por haber apoyado y enriquecido en gran medida la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas propuestas por la ponente realzan los objetivos de la Comisión y permiten, por una parte, restablecer la confianza de los pasajeros aéreos en la seguridad de los aviones que utilizan y, por otra, garantizar una mayor transparencia mediante informándoles sobre la línea aérea que van a utilizar. 
La Comisión, que ha colaborado estrechamente con el Parlamento y el Consejo para llegar a un acuerdo en primera lectura, acepta, señor Presidente, todas las enmiendas de transacción que son fruto de las negociaciones sumamente positivas entre las tres instituciones. 
El resultado de ese trabajo nos parece muy equilibrado. 
Apuesta por la efectividad. 
Citaré, en particular, las principales medidas que todos ustedes han destacado: la elaboración de una lista negra comunitaria única, basada en criterios comunes; la aplicación de las medidas de prohibición en todo el territorio comunitario; la entrada en vigor inmediata del reglamento por lo que se refiere a la lista negra, y una aplicación posterior rápida de la parte relativa a la información a los pasajeros y a los reembolsos, como ha destacado el señor Jarzembowski. 
Por lo demás, me sumo a lo que se ha dicho sobre los pasajeros de movilidad reducida, el sistema de compensación en caso de anulación debido a que una compañía inscrita en la lista negra cubra asimismo los vuelos en terceros países, una solución para la comitología, que debería permitir actuar con urgencia y evitar situaciones de indecisión y, por último, una referencia a la ampliación de las misiones de la Agencia adoptada por la Comisión esta tarde en Estrasburgo, que integra así las cualificaciones de los pilotos y la formación citada por la señora Ayala, el señor Leichtfried y, hace un momento, el señor Savary. 
Quiero indicar, dirigiéndome a la Presidencia, que este refuerzo de las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea no reduce en nada la necesidad de una estrecha cooperación entre la Agencia y las autoridades de aviación civil de cada Estado miembro. 
En efecto, mediante dicha cooperación conseguiremos dar al cielo europeo toda la seguridad que deseamos. 
Por último, destacaré la rapidez con que han tratado sus Señorías esta cuestión sin poner en entredicho su calidad. 
Es una prueba más de la eficacia de la codecisión y de nuestras instituciones, pues existe la voluntad política de llegar a un resultado por una parte y otra. 
Me alegro mucho de este hecho, que muchos oradores también han destacado. 
Señor Presidente, doy las gracias de todo corazón al Parlamento por su decisiva contribución a este importante expediente, que incrementará la confianza de nuestros conciudadanos en la seguridad del transporte aéreo, y añadiré, para terminar, que este texto en su conjunto permitirá reforzar las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, competencias que ejerce en cooperación con las autoridades de aviación civil de cada Estado miembro. 
Y, por último, el lanzamiento, el jueves próximo, de un proyecto tecnológico del máximo interés, que denominamos «César» y que aportará una seguridad mucho mayor también a la gestión del tráfico aéreo. 
Pienso que tenemos aquí todos los elementos para hacer del cielo europeo uno de los cielos más seguros del mundo. 
Muchas gracias, Señorías, señora ponente. 
Creo que hemos hecho un trabajo muy útil y, en este momento de cierta emoción, pienso que todos ustedes tienen, como yo, un pensamiento para todos aquellos que este verano fueron víctimas de las catástrofes. 
Nosotros tomamos la iniciativa, pero lo esencial es llevarla a cabo y lo hemos conseguido gracias a todos ustedes. 
– Gracias, señor Comisario, nos sentimos tranquilizados e incluso halagados. 
. Señor Presidente, voy a ser muy breve y contestar solamente a un par de cuestiones. 
Estoy muy impresionado por las contribuciones, así como por el compromiso y la pasión con que se han expuesto esta noche. 
Quiero felicitar a la señora De Veyrac, a los diputados al Parlamento Europeo y a la Comisión de Transportes y Turismo por su denodados esfuerzos y su colaboración. 
El señor Jarzembowski ha preguntado si el Consejo va a aceptar a su vez el texto. 
Si el Parlamento propone un texto consolidado en su totalidad, entonces la Presidencia del Consejo lo someterá a la atención de los Ministros en la ocasión más temprana posible y la Presidencia lo recomendará al Consejo. 
Otro tema mencionado ha sido la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
El Consejo, desde luego, someterá a consideración las propuestas de la Comisión referentes a dicha agencia. 
Este ha sido un debate apasionante con multitud de contribuciones impresionantes. 
El fervor que suscita este tema y el de la seguridad y la información para los pasajeros han quedado claramente de manifiesto esta tarde. 
Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir en este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
-A6-0282/2005 de la señora Harms, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación del Protocolo nº 9 anexo al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, sobre la central nuclear de Bohunice V1 en Eslovaquia (COM (2004) 0642 – C6-0205/2004 – 2004/0221 (CNS) ); 
-A6-0279/2005 de la señora Harms, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre la utilización de los recursos financieros destinados al desmantelamiento de las centrales nucleoeléctricas (2005/2027 (INI) ). 
. Señor Presidente, ante todo permítame aprovechar esta ocasión para agradecer sinceramente a la señora Harms por el excelente informe que ha elaborado sobre los dos temas sometidos a debate esta noche. 
Deseo expresar también mi reconocimiento por la calidad de los debates que se han celebrado en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
Quiero situar las propuestas de la Comisión, y en cierta forma el debate de hoy, en un contexto más amplio. 
Nos encontramos probablemente al principio de un prolongado período de altos precios del petróleo y el gas en los mercados internacionales, con una demanda mundial en fuerte crecimiento. 
Con respecto a esta nueva situación, hemos de reaccionar con firmeza y ambición. 
En reuniones anteriores ya hemos debatido con sus Señorías el plan de cinco puntos. 
La opción inmediata para la UE consiste en actuar sobre la demanda, ya que es ahí donde existe el mayor margen de maniobra en la Unión Europea. 
Centrándonos en el abastecimiento de energía, quiero resaltar que la elección del suministro energético corresponde a cada Estado miembro. 
A ellos les corresponde decidir que panoplia de energías prefieren, por supuesto dentro del marco planteado por la Unión Europea, como los compromisos respecto de la reducción de emisiones de CO2 o el fomento de la energía renovable. 
La energía nuclear produce en la actualidad un tercio de la electricidad en la Unión Europea. 
El papel de la energía nuclear está estrechamente ligado a una sólida estrategia relativa a la seguridad de los materiales nucleares y la no proliferación, la protección contra las radiaciones, la seguridad nuclear, el vertido fiable de los residuos nucleares y el desmantelamiento seguro de las instalaciones nucleares. 
Los debates de esta noche, en concreto, no se refieren a las plantas nucleares, sino al desmantelamiento de las instalaciones nucleares, ya sea en relación con el final de su vida útil, ya sea con respecto a centrales eléctricas de los nuevos Estados miembros que no puedan modernizarse a un coste asequible. 
La financiación del desmantelamiento es un asunto complejo que ha suscitado diferentes enfoques en los Estados miembros. 
La Comisión ha publicado su informe sobre el desmantelamiento, que hoy se somete a examen a petición del Parlamento Europeo. 
En él se reconoce que existía una creciente necesidad de transparencia y armonización en la gestión de los recursos financieros necesarios. 
En consecuencia, la Comisión pretende aprobar recomendaciones sobre mecanismos de financiación asignados al desmantelamiento. 
La cooperación establecida durante el año 2005 con los Estados miembros, a través de los fructíferos debates celebrados con el Parlamento Europeo sobre los aspectos relacionados con los programas de desmantelamiento, va a permitir lograr un avance notable en este importante terreno. 
Por lo que respecta a la cuestión más específica relativa al desmantelamiento de Bohunice, el protocolo de adhesión constituye el marco de referencia del cierre temprano de Bohunice. 
La ayuda que se va a conceder para garantizar el cierre temprano de los dos reactores de la central nuclear de Bohunice es una expresión de la solidaridad de la Comunidad con la República Eslovaca, resaltando que la Comisión y los Estados miembros reconocen las notables dificultades que plantea dicho cierre temprano. 
La responsabilidad de la Comisión consiste en supervisar los compromisos de cierre y prestar apoyo a través de los mecanismos de que dispone. 
Esto lo hemos hecho en relación con los compromisos de apoyo anual de 2004 y 2005 y no preveo ninguna dificultad con la aportación de 2006. 
El protocolo asociado al Tratado de Adhesión reconoce que el desmantelamiento se prolongará durante varios años y que supondrá una carga financiera notable para Eslovaquia. 
Por tanto, la decisión sobre la ayuda de la UE después de 2006 tendrá en cuenta esta situación. 
Con estos antecedentes, y a fin de presentar sus propuestas para las próximas perspectivas financieras, la Comisión ha elaborado el proyecto de Reglamento sobre el que ahora se consulta a sus Señorías. 
Pensamos que era necesario seguir prestando ayuda, ya que la Comisión reconoce que el desmantelamiento es todo un proceso. 
El nivel de ayuda en nuestra propuesta se basa en una continuación de la ayuda ya acordada durante la negociación para la adhesión en el Protocolo nº 9. 
La cantidad de 237 millones de euros forma parte de las perspectivas financieras que se negocian actualmente. 
Por tanto, la Comisión se reserva su posición respecto de cualquier enmienda relacionada con la subvención, que forma parte de las perspectivas financieras. 
Espero que estas pocas palabras referentes a los dos informes sometidos a debate hayan contribuido a describir la situación y explicado con qué espíritu y con qué ánimo se han elaborado y aprobado las propuestas de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los informes que presento esta noche se refieren a la financiación del desmantelamiento de centrales nucleares, tanto en general como en un caso específico. 
Lamento muchísimo que debamos debatir este tema por la noche, porque es un tema tan grave y se ha apartado tanto de su camino inicial, que me habría gustado discutirlo a la luz del día y con toda la atención, como ocurrió hace poco cuando debatimos el programa REACH. 
A principios de este año, la Comisión presentó su primera comunicación sobre los preparativos para financiar el desmantelamiento y el vertido de residuos de las instalaciones nucleares de los Estados miembros que tenían centrales nucleares. 
Esta comunicación es incompleta, por decirlo con suavidad. 
Sin embargo, por una vez no es la Comisión la responsable de esas omisiones, sino más bien los Gobiernos de los Estados miembros, que hasta el momento se han mostrado muy reacios a revelar la verdad sobre las responsabilidades futuras y heredadas del sector nuclear. 
La comunicación de la Comisión me demuestra lo poco que se ha aplicado hasta ahora en Europa el principio de «quien contamina paga». 
Por desgracia los fondos con dinero suficiente para financiar el desmantelamiento de centrales nucleares y el almacenamiento de residuos nucleares son una excepción en Europa, y no la norma. 
Al descuidar la reserva de provisiones para el vertido de residuos, los Estados miembros del este tienen en común con los Estados miembros occidentales mucho más de lo que nos gustaría tener que admitir. 
En Francia, país líder de la Unión Europea en producción de energía nuclear, el Tribunal de Cuentas supone que el contribuyente tendrá que pagar las deudas de EDF, es decir las deudas del sector nuclear. 
En el Reino Unido, el Gobierno, es decir el contribuyente, ha asumido la consecuente financiación del fondo de desmantelamiento: 1 500 millones de euros según las estimaciones de la Comisión. 
Y no será necesariamente la última vez que los ciudadanos tengan que sacar de apuros al sector nuclear del Reino Unido. 
El coste de desmantelar una central nuclear se estima entre 200 millones y 1 000 millones de euros. O sea que imagínense lo que nos puede caer encima todavía. 
Seamos claros en cuanto a las dimensiones financieras de este tema: en la actualidad hay 149 centrales nucleares que funcionan en Europa y, teniendo en cuenta su antigüedad y sus condiciones técnicas, la Comisión trabaja tomando como base el supuesto de que en los próximos 20 años tendrán que retirarse entre 50 y 60 de esos reactores. 
En la mayoría de los casos hasta el momento no existe una provisión adecuada para el desmantelamiento y la desactivación y los residuos, si es que existe en algún caso. 
Sin embargo, es vital saber cuándo y cómo se inicia el desmantelamiento de una central nuclear una vez se ha cerrado, y cómo se va a resolver el tema de los residuos, si queremos evitar el impacto de la radiación en el entorno, en los barrios vecinos y en los trabajadores que llevan a cabo el desmantelamiento. 
Creo que la decisión sobre cómo y cuando tiene lugar el desmantelamiento –y me parece que es también la opinión de quienes creen en una política ambiental responsable– debería basarse exclusivamente en consideraciones sobre la seguridad, y bajo ningún concepto la seguridad debería supeditarse a los intereses financieros del sector nuclear. 
Todo el asunto se está volviendo muy caro, y esta gran cantidad de dinero, de la que sencillamente no disponemos en la actualidad, se necesitará no solo para un momento dado sino que seguirá siendo necesaria durante muchos siglos. 
Dada la cantidad de empresas que entran en quiebra y las crecientes ansias de fondos de cobertura de las empresas europeas, solo puedo instar a la Comisión a que presione definitivamente a los Estados miembros para que animen a sus empresas nucleares a conseguir un seguro financiero para sus deudas. Por este motivo creo que hay que crear fondos reales. 
En Alemania, por ejemplo, podemos suponer que el sector nuclear ha reservado realmente 30 000 millones de euros. 
Pero es difícil decir dónde está ese dinero en la actualidad, porque este importe de 30 000 millones de euros, que equivale al PNB de todos los Estados del Báltico juntos en un solo año, se ha esfumado en una locura de compras tanto en Europa como fuera de Europa. 
A la gente le gusta comprar otras empresas de suministro de energía, y también de suministro de agua o de telecomunicaciones, de hecho empresas de todos los sectores que impliquen redes de suministro. 
Y cuando discuto esto, me repiten siempre que debemos hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. 
Pero ni siquiera en Alemania nadie puede garantizar en la actualidad que podamos disponer de los miles de millones que necesitaremos en 2030, 2040 o 2050. 
Creo que deberíamos trabajar para garantizar la disponibilidad del dinero necesario para el vertido de residuos, y también creo que debería estar prohibido utilizar ese dinero, que se cobró a los consumidores de electricidad para crear una reserva para futuras responsabilidades, de forma que distorsionen los mercados y la competencia. 
El objetivo del texto de compromiso, que presento hoy en esta Cámara junto con mi informe de propia iniciativa, que votaremos mañana, es animar a la Comisión a tomar medidas sobre las deficiencias en relación con las provisiones para el vertido de residuos. 
Sigo estando convencida de que es correcto que los Estados miembros conserven su responsabilidad respecto a los residuos nucleares. Pero también estoy convencida de que en Europa nos faltan unos sólidos criterios comunes para que las empresas creen los fondos. 
Creo que debe cumplirse el principio de quien contamina paga. 
La provisión financiera para el desmantelamiento y el vertido de residuos también debe guiarse por las normas más elevadas de seguridad. 
Un fondo para el desmantelamiento en cada compañía, que se mantuviera separado del presupuesto general de explotación y que también se auditara externamente, mejoraría la seguridad nuclear y nos permitiría evitar que el sector nuclear absorba reiteradamente dinero público. 
Es una lástima que, aunque la comisión pudo llegar a un acuerdo sobre la dirección general que debían tomar las provisiones para el desmantelamiento, no podamos ponernos de acuerdo en los detalles y decidir un conjunto de criterios que podríamos recomendar a la Comisión cuando adopte mis propuestas generales, como espero que haga. 
Si esto es lo que todavía quiere esta Cámara, les pido su apoyo a la enmienda que mi Grupo ha presentado, para que podamos conseguir lo que acabo de proponer. 
Pero, en concreto, no debemos discutir solo el tema de las provisiones en general, sino también el tema específico del desmantelamiento de la central nuclear de Bohunice. 
Se ha decidido cerrar la central de Bohunice debido a unos problemas de seguridad que no se pueden superar volviendo a adecuar la instalación. 
Según el programa PHARE de la UE, ya se han pagado 240 millones de euros a Eslovaquia para el cierre de Bohunice. 
Con este dinero se pretende mejorar la seguridad en la zona de los alrededores de Bohunice y también ofrecer una compensación financiera por su cierre anticipado. 
Después de este pago inicial, ahora la Comisión propone pagar 237 millones de euros más para las medidas de cierre y para la capacidad de sustitución. 
Por lo que yo sé respecto al coste del cierre y las medidas para el desmantelamiento, considero que esta propuesta es adecuada. 
Pero quiero rechazar específicamente el aumento de la financiación a 400 millones de euros (que se ha pedido tanto desde la izquierda como desde la derecha de esta Cámara). 
Las falsas promesas no nos ayudarán a conseguir una aceptación de la política europea ni a garantizar la seguridad en Bohunice. 
Trabajaré para asegurar que se pague la financiación que la Comisión considera adecuada. 
También trabajaré en este sentido en el contexto de los debates sobre las perspectivas financieras y en los debates presupuestarios para los próximos períodos. 
Pero al mismo tiempo también trabajaré para asegurar que este dinero, que pagaríamos nosotros, y que aún depende de las perspectivas financieras, se utilice realmente en beneficio de la seguridad de los ciudadanos de Eslovaquia y del resto de la Unión Europea. 
Me opondré decididamente a que empresas como Slovenské Elektrárne o ENEL de Italia utilicen este dinero para construir nuevas centrales nucleares. 
Como ponente y como contraria a la energía nuclear, me habría gustado recomendarles que apoyaran la enmienda 18 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, a favor de la propuesta de la Comisión sobre el nivel de financiación pero, como desafortunadamente esta enmienda se ha retirado, les recomiendo, si quieren ser realistas y honestos con Eslovaquia, que voten mañana en contra de la enmienda 12 y se aseguren de que se acepta la razonable propuesta del Comisario Piebalgs. 
. Es de dominio público que, bajo la presión política de la Unión Europea durante las negociaciones de adhesión, Eslovaquia aceptó el cierre anticipado de la central nuclear de Jaslovské Bohunice, a pesar de que después de perfeccionar todos sus sistemas de protección la instalación ahora cumple todos los requisitos de seguridad. 
Este hecho ha sido confirmado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica. 
Solo el coste de las mejoras incorporadas ascendió a 250 millones de euros. 
Por otro lado, la Unión Europea se ha comprometido a asumir una parte de los costes. 
Durante el período 2007-2013 la Comisión ha propuesto una aportación financiera de 237 millones de euros, pero es muy poco en comparación con el total de gastos que se han calculado en los últimos estudios presentados por el Gobierno eslovaco. 
La Comisión ha basado su cálculo de los costes de desmantelamiento y el volumen resultante de su aportación en unos métodos desfasados y bastante cuestionables, y ha tenido en cuenta solamente el proceso de desmantelamiento. 
Según los últimos estudios los costes directos totales ascienden a 1 300 millones de euros, los costes indirectos a 1 800 millones de euros y las pérdidas debidas al cese de generación de energía a 1 500 millones de euros, suponiendo que la instalación siga en funcionamiento hasta 2015. 
El coste global, incluyendo la pérdida de rendimiento, asciende a 4 600 millones de euros. 
Teniendo en cuenta todo eso, la Comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía ha propuesto en su informe revisado aumentar la aportación financiera de la UE para 2007-2013 a 400 millones de euros. 
Esta propuesta representa también un compromiso positivo para el Gobierno de la República de Eslovaquia, que había pedido una ayuda financiera de unos 700 millones de euros. 
Conozco muy bien la complejidad de la situación que comporta el hecho que la UE no haya podido acordar un presupuesto para 2007-2013. 
La presión que ejercen la mayoría de los Estados miembros para que haya recortes presupuestarios es fuerte y en muchos casos legítima. 
Al mismo tiempo, Eslovaquia no puede poner en peligro la seguridad de su población, y necesita recursos financieros suficientes para seguir adelante con un desmantelamiento seguro lo antes posible. 
En una época de crisis galopante en el sector energético, junto con un aumento del consumo de electricidad, la decisión de seguir adelante con el cierre anticipado de una instalación nuclear segura quizás no se ha tomado con amplitud de miras. 
Hará que Eslovaquia pierda un 19 % de su capacidad de producción y los más probable es que en un futuro próximo pase a depender de la importación de electricidad. 
Sin embargo, en Europa hay quien considera claramente este hecho como un resultado positivo. 
Todo el mundo tiene que pagar por sus errores, pero esta vez tendremos que pagar todos. 
. Señor Presidente, agradezco el informe de la señora Harms, pero al mismo tiempo quisiera recordarles que el debate de hoy no es para expresar opiniones a favor o en contra de la energía nuclear sino principalmente sobre la seguridad. 
Por una parte eso incluye la seguridad nuclear y por otra parte la protección del suministro de energía. 
Todos somos conscientes del elevado coste que implica realizar el desmantelamiento de una central nuclear de forma segura y profesional. 
Estoy convencida de que todas las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento y todos los diputados a esta Cámara estarán de acuerdo en que no podemos escatimar esfuerzos cuando se trata de seguridad nuclear. 
Así pues, además del principio de «quien contamina paga» debemos hacer sitio para la frase «la seguridad cuesta dinero». 
Quiero resaltar que la Unión Europea debería apreciar la generosidad de Eslovaquia en este tema. 
Tuvo que aceptar el cierre de dos unidades de la central nuclear de Bohunice cuando este requisito se incluyó casi como condición indispensable en las últimas fases del proceso de adhesión. 
Entonces sabíamos que eso implicaría una pérdida de capacidad de producción, una escasez a la que Eslovaquia tendría que hacer frente con nuevas inversiones e importaciones. 
En mi tierra también tenemos un lema que dice «quien paga al violinista lleva la batuta». 
En este sentido creo que la petición de Eslovaquia a la institución europea de poder desmantelar la central con seguridad es perfectamente razonable. 
En mi opinión, hay al menos tres elementos en los principios y la política de la Unión Europea que constituyen una justificación adecuada para ayudar al desmantelamiento de recursos europeos. 
El primero es el principio de la cohesión territorial, económica y social entre Estados miembros. 
Eslovaquia se ha comprometido a realizar un gran esfuerzo a favor de la Unión Europea, y lo está cumpliendo, pero no puede ir más allá de sus límites, su propio nivel de desarrollo económico. 
El segundo es la protección del suministro de energía, que es tanto un derecho de los consumidores domésticos e industriales de Eslovaquia como de los demás Estados miembros de la Unión Europea. 
No olvidemos que no hace mucho tiempo adoptamos una resolución en la que se pedía que para 2020 un 20 % del consumo global de energía de la UE procediera de energías renovables; por lo tanto la situación actual no es la misma que en el pasado. 
El tercero es combatir la dependencia energética. 
El cierre anticipado de una capacidad viable de generación de energía solo puede ser útil en este sentido si se sustituye por otra capacidad económicamente sólida y más eficiente. 
Basándome en todos esos puntos, les pido que apoyen la enmienda 16, que pretende precisamente esto. 
. Señor Presidente, respecto del tema concreto de las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Bohunice V1, los dos ponentes del Gobierno eslovaco han presentado una estimación probable del coste total del desmantelamiento de ambas unidades de 750 millones de euros. 
Frente a esto, la asignación propuesta por la Comisión de 237 millones de euros para el período 2007 a 2013 puede parecer modesta, pero existen dos argumentos muy sólidos a favor de mantener la cifra de la Comisión de 237 millones de euros. 
En primer lugar, aunque la unidad 1 está prevista que se cierre en 2006, el desmantelamiento de la estructura principal no se iniciará hasta que no se clausure la unidad 2 en 2008. 
El importe de 237 millones de euros es una cantidad notable de dinero para los cinco primeros años de un período de desmantelamiento que se espera se prolongue durante 30 años. 
En segundo lugar, incrementar este importe constituye una burla al presupuesto que el Parlamento ya ha sometido a votación. 
Sabemos que, en el aspecto político, estamos entrando en un período muy delicado en cuanto a las perspectivas financieras y no es bueno que el Parlamento vote una cosa ahora y otra diferente dentro de un rato. 
Hemos de respetar el voto sobre el presupuesto. 
Tampoco debemos intentar obligar a nadie a pronunciarse respecto del presupuesto más allá de 2013. 
El debate sobre cualquier asignación adicional para Bohunice debe celebrarse dentro del contexto de la siguiente ronda de debates presupuestarios y a la luz de lo que haya acontecido con el desmantelamiento hasta ese momento. 
Sin embargo, resulta comprensible que las autoridades eslovacas quieran saber a qué atenerse en cuanto a las subvenciones a lo largo de estas perspectivas financieras 2006-2013, por lo que el importe total de 237 millones de euros tiene que ser inamovible para ese período sin ulterior revisión, aun cuando la asignación anual pueda variar. 
Respecto del tema más amplio del desmantelamiento, el reto principal estriba en garantizar que, por una parte, se habilite dinero suficiente para el desmantelamiento seguro de las centrales nucleares y, por otra, que la financiación del desmantelamiento no se convierta en ayuda estatal por la puerta de atrás. 
El apartado 5 del informe es importante a este respecto. 
Es la industria nuclear –no los Gobiernos– la que precisa dotar provisiones por adelantado para el desmantelamiento y garantizar que el coste total esté contemplado en el balance desde el principio. 
La industria nuclear se ha equivocado demasiadas veces en el pasado en sus cálculos, teniendo que venir luego a mendigar ayuda financiera. 
Eso es inaceptable, porque la incapacidad de la industria nuclear para dotar adecuadamente el coste del desmantelamiento distorsiona la competencia. 
Si no se calculan correctamente los costes terminales, la electricidad de origen nuclear parece mucho más barata de lo que es en realidad. 
Espero que la Comisión garantice que no se permita la existencia de tales prácticas contrarias a la competencia. 
. 
Señor Presidente, en la Comisión de Industria, Investigación y Energía decidimos elaborar un proyecto de informe de propia iniciativa sobre el uso de los recursos financieros reservados al desmantelamiento de centrales nucleares. 
El motivo era que la gestión de esos fondos se incluyera en un paquete de seguridad nuclear sobre el cual el Parlamento expresó una opinión con la que el Consejo no pudo estar de acuerdo. 
Estamos en espera de que la Comisión emita una nueva propuesta de directiva sobre el tema. 
Debería garantizar que las centrales nucleares se cierren con seguridad y que haya fondos suficientes para mantener a los reactores aislados del entorno durante miles de años. 
En principio, la gestión de los fondos de desmantelamiento debería ser competencia de los poderes nacionales. 
Sin embargo, podríamos ponernos de acuerdo en la elaboración de unas normas comunes, teniendo en cuenta que el cierre de las centrales nucleares influye en la seguridad de los empleados y en la salud de las personas al otro lado de las fronteras. 
Si surge algún problema siempre afectará a otros fuera de las fronteras. 
Por desgracia, no podemos confiar mucho en que todos los Estados miembros reserven fondos de tal modo que podamos estar completamente seguros de que habrá suficiente dinero para las próximas generaciones. 
Un indicio de ello es el desmantelamiento de la central nuclear de Bohunice, para no hablar de Ingalina. 
Para ambas se necesita financiación de la UE. 
Si los recursos financieros para el desmantelamiento no se cubren totalmente con el precio de la electricidad, se distorsiona la competencia en los mercados eléctricos. 
En este sentido, los fondos también afectarán al mercado único. 
La energía eléctrica producida en las centrales nucleares no debería ser barata, simplemente porque de ese modo serán las generaciones futuras las que deberán pagar el desmantelamiento de las centrales. 
La ponente, Rebecca Harms, no ha escatimado esfuerzos en su trabajo para enviar ese mensaje a la Comisión, en forma de estos informes, pidiendo que se redacte una nueva directiva. 
Señor Presidente, la explotación y la eliminación progresiva de la energía nuclear son actividades que pueden tener efectos transfronterizos en Europa. 
Al contrario que muchas otras actividades, deben controlarse a escala europea. 
Sin embargo, la energía nuclear es como las demás industrias de procesado. 
El desarrollo técnico a menudo permite ampliar la vida de los reactores. 
En el futuro incluso se podrían cambiar los tanques de los reactores. 
Por lo tanto, no sabemos con certeza cuándo debe retirarse un reactor. 
El rendimiento de los reactores suecos, que ahora tienen, como media, 25 años de antigüedad, está aumentado considerablemente. 
De modo que se considera que todavía les queda una vida útil importante. 
Evidentemente, la eliminación progresiva tiene unos costes asociados, y hay que reservar recursos para compensarlos. 
En mi país, Suecia, donde aproximadamente la mitad de la electricidad se genera a partir de reactores nucleares, se han reservado los fondos oportunos desde el inicio. 
Creo que podemos suponer que todos los países democráticos han hecho lo mismo. 
No es necesario que existan unas instrucciones burocráticas detalladas para controlar este proceso. 
La idea de que se puedan necesitar tecnócratas de Bruselas para capitanear a unos expertos en centrales nucleares en los Estados miembros parece casi absurda. 
Los Gobiernos y las autoridades de los Estados miembros están sujetos a control democrático y no pueden exponer a sus ciudadanos a determinados riesgos. 
Sin embargo, es obvio que aquellos Estados miembros que hasta hace poco estaban sujetos a regímenes comunistas no democráticos, se encuentran en una situación considerablemente distinta. 
Sus reactores se construyeron en una cultura de seguridad distinta donde se corrían muchos más riesgos y donde no se reservaban los recursos necesarios para la eliminación gradual de los reactores. 
Sería una clara muestra de solidaridad por parte de los Estados miembros más ricos que contribuyeran con recursos para este proceso. 
Pero ¿con cuánto dinero? 
La Lista de Junio cree que, dado que no se han adoptado aún las perspectivas financieras, la financiación relacionada con Bohunice VI en Eslovaquia debería establecerse, para empezar, en la cantidad propuesta por la Comisión, es decir, 237 millones para el período 2007-2013. 
Así, no nos comprometeríamos ahora a otorgar subvenciones del presupuesto comunitario para un período posterior a este marco de tiempo. 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el presente debate tiene una importancia estratégica en el marco de las políticas de la Unión Europea. 
El problema que se somete a nuestra atención es el de la central nuclear de Bohunice en Eslovaquia y el problema concomitante del empleo de recursos financieros para el desmantelamiento de centrales nucleares. 
El primer problema tiene que ver con la aplicación del Protocolo n° 9 anexo al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 
El artículo 3 de dicho Protocolo prevé la continuación de la ayuda financiera para el desmantelamiento de los reactores 1 y 2 de la central de Bohunice. 
Consideramos que hay que realizar el máximo esfuerzo financiero por garantizar la seguridad de los reactores 1 y 2 de Bohunice durante su desmantelamiento. 
No obstante, el problema que quiero plantear es el de la seguridad global de nuestro continente y el contextual de cómo perseguir dicha seguridad junto con políticas viables de abastecimiento energético, aplicadas con firmeza. 
Dichas políticas deberían garantizar un nivel de competitividad financiera del sistema europeo que esté a la altura de los desafíos de la innovación y el desarrollo. 
Hoy existen en Europa 155 reactores de generación eléctrica, de los cuales al menos un tercio deberán ser desmantelados en los próximos años. 
El desmantelamiento de 50 a 60 reactores supondrá un gasto que de forma realista se aproximará a 50 000 millones de euros. 
Habida cuenta de que gran parte de esos reactores están ubicados en los países de reciente adhesión y son, por tanto, estructural y financieramente menos sólidos, el primer problema que debe afrontar la Comisión es la aplicación de un plan sistemático de ayuda y apoyo a esos países para su desmantelamiento. 
Un segundo problema es la exigencia de realizar un estudio en profundidad sobre los costes y beneficios de una central nuclear, midiendo dichos parámetros en relación con los costes de instalación y de desmantelamiento, y por supuesto con la vida útil media de los reactores instalados. 
Sobre la base de los resultados de dicho estudio, será posible y necesario tomar decisiones definitivas y valientes en uno u otro sentido. 
Un último problema, no menos grave, tiene que ver con lo que sucede fuera de Europa. 
Hoy, en toda la Tierra funcionan 440 reactores y se construyen 25. 
Después de Chernóbil, la opinión pública mundial se ha quedado atónita ante el estado de degradación y grave peligro para la humanidad de numerosos reactores, muchos de los cuales hallan en la antigua Unión Soviética. 
Habida cuenta de todo esto, ¿no considera el Parlamento que debe recomendar a la Comisión la apertura de negociaciones con los Estados Unidos y Rusia y con todos los países afectados para poner en marcha una política de seguridad y saneamiento de todo el planeta? 
En el marco de las negociaciones para la adhesión, las instituciones de la Unión Europea obligaron a la República Eslovaca a aceptar el cierre anticipado de dos unidades de la central nuclear de Jaslovské Bohunice, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que la planta cumple los criterios para un funcionamiento seguro a largo plazo. 
El cierre anticipado, obligado y por motivos políticos, de esas instalaciones nucleares empeorará los problemas energéticos de Eslovaquia, y de la Unión Europea en conjunto. 
La República de Eslovaquia no podrá dedicar los recursos necesarios a financiar un desmantelamiento seguro de las instalaciones nucleares, ni siquiera con el nivel actual de financiación procedente de la Unión Europea. 
Y en comparación, considero que los costes de desmantelamiento estimados por la Unión para la central nuclear de Lituania en Ignalina son tres veces superiores a los de la planta eslovaca. 
Por lo tanto les pido, estimados colegas, que al menos apoyen la solución mínima, es decir que la ayuda para el desmantelamiento de los reactores de Bohunice se aumente de 237 millones de euros a 400 millones de euros, como propone la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero abordar la cuestión de los recursos financieros para el desmantelamiento de centrales nucleares. 
Nuestro Grupo político opina que los recursos financieros deben garantizarse en nombre del principio de quien contamina paga. 
También defendemos que dichos recursos deben ser suficientes y estar disponibles en el momento previsto por los programas de desmantelamiento de cada Estado miembro. 
La provisión de recursos debe asegurarse antes del final de la vida de servicio asignada a cada central nuclear. 
Los recursos deben utilizarse para el objetivo asignado, gestionarse de forma transparente y emplearse de acuerdo con la legislación europea sobre competitividad. 
Nuestro Grupo político considera inaceptable que se retrase el desmantelamiento debido a la escasez de recursos financieros. 
Sin embargo, sí podemos aceptar unos retrasos planificados por períodos durante los cuales una continua decadencia radioactiva reduzca la radioactividad de los materiales y, en consecuencia, la exposición de los trabajadores a la radiación. 
Dada nuestra responsabilidad de cara a las generaciones que nos siguen, debemos encontrar el mecanismo adecuado a escala europea para controlar y gestionar estos fondos financieros. 
Pero debemos ser conscientes de la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre las competencias de cada Estado miembro y la Unión Europea de conformidad con el Tratado Euroatom. 
El documento que es objeto de este debate se ha pensado para asegurar una igualdad de condiciones en la competencia entre las centrares nucleares y otro tipo de centrales. 
Dado que estamos hablando de determinadas centrales nucleares por separado, debemos tener cuidado de no imponerles una carga a la que no estén sujetas otras centrales nucleares. 
Comisario Piebalgs, lo que defiendo es que debemos controlar nuestra práctica a escala europea y asegurar la implementación de los compromisos asumidos y de los estándares internacionales adoptados por los Estados miembros y los países candidatos, Bulgaria y Rumanía. 
Al mismo tiempo, también debemos controlar de cerca la evolución de los países que han iniciado las negociaciones para la adhesión. 
Y me refiero a Croacia, que tiene una participación del 50 % en la central nuclear de Krško (situada en Eslovenia) y que aceptó compromisos similares a los de otros países nucleares. 
Señor Presidente, Comisario, con el cierre de la central nuclear de Bohunice tenemos el mismo problema que con la de Ingalina. 
Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en la actualidad ambas están en condiciones de seguir siendo utilizadas. 
Europa vive una continua crisis energética en parte debido a que el precio del petróleo fluctúa siempre arbitrariamente en los mercados. 
El consumo aumenta, y a la vez, al final, tendremos que tomar medidas para evitar el fenómeno del efecto invernadero. 
Sin embargo, los pequeños nuevos Estados miembros, que no tienen recursos suficientes para energías alternativas, deberán cerrar sus centrales nucleares por la presión que ejercieron los antiguos Estados miembros cuando se unieron a la UE. 
Esta presión se debía en parte al temor y a la sospecha hacia la tecnología soviética, y en parte a la búsqueda de beneficios económicos. 
Es correcto y justo que Eslovaquia y los demás nuevos Estados miembros que se encuentran en situación similar reciban la ayuda financiera adecuada para cubrir los costes del cierre. 
Proponemos 400 millones de euros. 
Pero es probable que el cierre lo lleven a cabo empresas de los antiguos grandes Estados miembros. 
De todas formas, el problema sigue siendo el mismo: nuestro consumo de energía aumentará y no habrá tiempo suficiente para equilibrar la situación con recursos renovables. 
En Suecia, la energía utilizada para refrigerar, por ejemplo, se ha multiplicado varias veces en los últimos diez años. 
¡Para refrigerar! 
China se está tragando el aumento de la producción de petróleo. 
Necesitamos una nueva política energética. 
Sometidos a una presión considerable, hace varios años los países que negociaban la adhesión, como Eslovaquia, Lituania y ahora Bulgaria, se vieron obligados a comprometerse incondicionalmente a desmantelar sus centrales nucleares antes de que expirara el periodo de explotación previsto. 
Esos compromisos son difíciles de corroborar económicamente o de explicar lógicamente. 
Debemos reconocer que se tomaron algunas decisiones políticas sin fundamento. 
La mayor parte de los especialistas reconocen que el cierre anticipado de centrales nucleares es un duro golpe para las economías de la región y una carga que asciende a miles de millones en los contribuyentes de la Unión Europea. 
Una tarea de la máxima importancia es ayudar a garantizar un suministro seguro de energía en dichas regiones, dado que el desmantelamiento forzado de las centrales nucleares crea la amenaza de una dependencia no solo económica sino también política en otros proveedores de energía. 
En este contexto quisiera resaltar específicamente uno de los requisitos previos esenciales para el desmantelamiento, es decir el desarrollo de un sistema energético común en la UE y el suministro de recursos energéticos. 
Es este caso las operaciones de desmantelamiento de centrales nucleares deben tener el apoyo de una financiación suficiente y oportuna, y no deben cerrarse unas plantas a expensas de otras. 
El cambio de situación exige la solución más prudente, la explotación continuada de centrales eléctricas. 
Debemos abordar la situación con un realismo razonable. 
Comisario, Señorías, el problema al que nos enfrentamos en relación con la central nuclear de Bohunice es que un nuevo Estado miembro se comprometió a cerrar lo que constituye una fuente de vital importancia para el suministro energético del país. Esta central nuclear no ha llegado en absoluto al final de su vida útil. 
Y lo que es más, se ha invertido una gran cantidad de dinero en modernizarla, y la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha confirmado que cumple las mismas normas de seguridad que otras centrales nucleares de la misma antigüedad. 
Todos sabemos que se ejerció sobre Eslovaquia una determinada presión internacional para que se comprometiera al cierre de Bohunice, pero el Gobierno de entonces tenía como objetivo principal adherirse a la UE. 
Ahora el Gobierno quiere cumplir su compromiso, aunque vaya en detrimento de la economía eslovaca y signifique que el país tenga que importar energía en unos momentos en que los precios de la energía van en constante aumento. 
Creo que deberíamos apoyar las conclusiones a que ha llegado la Comisión de Industria, Investigación y Energía y votar a favor del aumento propuesto en la financiación de la UE para asegurar un desmantelamiento seguro de la central nuclear de Bohunice, con el fin de que la economía eslovaca siga siendo competitiva. 
Los ciudadanos de Eslovaquia no deberían tener la sensación de que han salido perdiendo con la adhesión a la Unión Europea ni de que deben cumplir con unos requisitos muy duros que muchos consideran algo injustificados. 
Señor Presidente, quisiera hacer un resumen de la situación. 
Dos centrales nucleares han quedado anticuadas e inseguras y tienen que ser desmanteladas. 
El coste del cierre de las centrales es casi de 2 000 millones de euros. 
El mantenimiento continuo de las centrales cerradas va a requerir el empleo de un equipo de expertos durante varias décadas o quizá un siglo. 
Esto es necesario y ahora se nos dice que es la UE quien tiene que hacerlo. 
Los errores del pasado salen caros. 
El único aspecto positivo de esta desastrosa situación es la lección de cara al futuro. 
¿Seremos capaces de entenderla como tal? 
¿Extraeremos alguna enseñanza de las consecuencias de nuestro idilio con la energía nuclear? 
En los países que han decidido privatizar sus centrales o cambiar la propiedad se está practicando un juego peligroso con el tema candente de la responsabilidad de sufragar los costes del desmantelamiento. 
Sabemos que una central nuclear no dura un tiempo indefinido, pero ¿tenemos en cuenta este aspecto antes de iniciar su construcción? 
Los costes del desmantelamiento deberían contemplarse desde un principio y alguien debería dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de la carga financiera y organizativa de eliminar los residuos nucleares generados. 
Hace veintiocho años, Des O’Malley, entonces Ministro de Industria y Comercio, nos dijo que Irlanda no sobreviviría sin energía nuclear. 
Se nos informó de que nos encontraríamos sumidos en la oscuridad sin luz alguna, que tendríamos que abandonar nuestras máquinas de ordeñar y volver a hacerlo a mano y que sufriríamos un racionamiento de la electricidad. 
Gracias a que la población irlandesa pensó en el futuro, dijo que no. 
Analizó el tipo de problemas con los que ahora nos enfrentamos a la hora de desmantelar las dos instalaciones que nos ocupan y otros vetustos monstruos nucleares. 
Irlanda no tuvo que echar el cierre por falta de energía nuclear. 
Seguimos sin tener energía nuclear y contamos con la economía más fuerte de la UE. 
La economía de Irlanda se ha desarrollado vigorosamente a pesar de no tener energía nuclear. 
Quiero rendir homenaje a los activistas antinucleares irlandeses. 
Deseo aprovechar además esta oportunidad para pedir a quienes toman las decisiones, que consideren las enseñanzas de Lituania, Eslovaquia e Irlanda antes de decidir poner en marcha una nueva generación de centrales nucleares. 
Existen formas mejores, más seguras y más baratas de mantener la maquinaria en marcha y las luces encendidas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente por su análisis tan amplio y profundo. 
Siempre hemos creído que la protección y la seguridad de las centrales nucleares es una cuestión europea, y que esos temas nos afectan a todos, porque un mal funcionamiento u otros problemas afectarían a los ciudadanos de toda Europa. 
El desmantelamiento y el almacenamiento final son claramente cuestiones del derecho de la competencia. 
Debemos asegurarnos de que los fondos que se asignan son conformes al derecho europeo de la competencia, y también creo que tiene que haber unas disposiciones legales que impidan distorsiones de la competencia entre Estados miembros, pero sobre todo entre productores, y no solo en lo que se refiere a la energía nuclear sino también para todos los tipos de energía. 
Por este motivo en el centro creemos que es necesario establecer una revisión paritaria, es decir unos controles mutuos y una implementación transparente, y que debemos prestar especial atención a asegurar que en el futuro se disponga de fondos para el cierre, el almacenamiento final y la seguridad del consumidor para cada fuente de energía. 
La Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y diversas instituciones más deben crear un marco jurídico claro. 
Se trata de presentar la situación de la forma más clara posible y aplicar modelos que reduzcan los costes para el consumidor, a la vez que se mejoran al máximo la protección, la seguridad, el almacenamiento final y el desmantelamiento. 
Señor Presidente, básicamente me sentiría mucho más feliz en una Europa sin centrales nucleares y libre de los riesgos que comportan. 
Sin embargo, dado que esta decisión debe tomarse a escala nacional, como muy bien ha dicho el Comisario, debemos prestar especial atención a la seguridad. 
Deben aplicarse las normas y los estándares europeos. 
Lo único es que, en este caso, estamos hablando de una central nuclear que se construyó antes de la adhesión a la Unión Europea, una de cuyas consecuencias es que ahora debe cerrarse. 
Estamos hablando de una central nuclear en un país no muy rico, un país con problemas económicos. 
Creemos que debe tenerse en cuenta, y por este motivo los diputados austriacos del Grupo Socialista al Parlamento Europeo desean una mayor aportación para compensar el coste del cierre de esta central nuclear. 
Así pues, el Grupo del PSE votará a favor de esa contribución más elevada. 
No veo que sea una gran contradicción con las perspectivas financieras, porque no es ningún problema encontrar esta financiación a largo plazo. 
Permítanme una vez más pedir a esta Cámara que ayude a Eslovaquia en este caso y le eche realmente una mano, de modo que, en interés de la seguridad de Europa, podamos cerrar esta central nuclear lo antes posible. 
Señor Presidente, parece que todos estamos de acuerdo en que el desmantelamiento de las centrales nucleares resulta necesario por motivos de seguridad y ambientales, pero la cuestión real es quién debe pagar por ello y si este coste no debería descontarse a la hora de planificar nuevas centrales nucleares en el futuro. 
Hemos escuchado que en los próximos 20 años hay que desmantelar en la UE cerca de 60 centrales nucleares, con un coste medio unitario de 500 millones de euros. 
Eso significa que en los próximos 20 años se va a necesitar la pasmosa cifra de 30 000 millones de euros. 
Eso supone unas 30 veces el presupuesto anual de mi país, Chipre, y un coste equivalente a construir cientos de hospitales, escuelas y otras instituciones de interés público. 
Mi país no ha tenido nada que ver con materiales nucleares, aparte del desgraciado almacenamiento por el Reino Unido de bombas atómicas en las bases coloniales británicas de allí. 
¿No sería más justo que los países que se han beneficiado de la producción de energía nuclear contribuyan individualmente en mucha mayor medida al desmantelamiento de sus centrales nucleares? 
¿Y por qué no exigir, a quienes fueron responsables de la construcción de tales plantas –por ejemplo, el Gobierno ruso, así como diversas compañías multinacionales– que contribuyan según el principio de «quien contamina paga»? 
Además, ¿no sería más equitativo que la contribución procediera de los países de la UE que obtienen provecho de la producción de energía nuclear? 
Tengo la firme convicción de que los Estados miembros que no utilizan la energía nuclear no deberían pagar por el desmantelamiento de centrales nucleares en otros Estados miembros. 
Señor Presidente, más de una tercera parte de las 150 centrales nucleares europeas deberían desmantelarse en los próximos 20 años. 
¿Quién va a pagar la factura: los contribuyentes o quienes contaminan? 
La falta de fondos no debe significar que las centrales obsoletas se mantengan durante más tiempo. 
Los residuos son algo más que el material radioactivo que queda después del desmantelamiento. 
Incluyendo el coste de los viejos materiales fisibles, el transporte y los residuos de la extracción, los costes seguramente son muy superiores a la estimación de mil millones por central nuclear. 
La señora Harms tiene razón al sugerir que las empresas energéticas deberían contribuir anualmente a un fondo que cubra todos los costes de desmantelamiento, procesado y almacenamiento de residuos radioactivos. 
Si incluyéramos en él estos costes, el precio de la energía nuclear ya no se mantendría artificialmente bajo mediante subvenciones, y también sería evidente el bajo rendimiento económico que supone. 
Hasta la fecha, la combinación poco transparente de fines civiles y militares todavía implica una flagrante distorsión de la competencia y unas subvenciones a la exportación disimuladas. 
Estamos de acuerdo con la propuesta de redactar una lista de criterios para el desmantelamiento, vinculada a un fondo de reserva al que las compañías eléctricas deberían aportar fondos suficientes para el desmantelamiento y el procesado de los residuos. 
Señorías, con todos los respetos les pido su apoyo para las propuestas modificadas de la Comisión de Industria, Investigación y Energía relativas al cierre anticipado de la VI central nuclear de Jaslovské Bohunice en Eslovaquia. 
En su propuesta la comisión dice que Eslovaquia cumple debidamente sus responsabilidades en este ámbito. 
Las propuestas también reconocen la considerable pérdida financiera que Eslovaquia sufrirá como resultado del cierre anticipado de la instalación. 
La pérdida se debe principalmente al hecho de que el cierre anticipado de la planta significa que ahora no se liberarán los recursos financieros reservados para su desmantelamiento final. 
Además, también se habrán perdido los 250 millones de euros que la República de Eslovaquia ha invertido recientemente en la mejora de la central para asegurar su seguridad operativa a largo plazo. 
Así pues, la aportación presupuestaria de la UE, de 400 millones de euros, que se propone para compensar el coste del cierre anticipado, es una condición previa esencial para cumplir los compromisos asumidos tanto por la Unión Europea como por la República de Eslovaquia. 
El tema de la financiación del cierre anticipado de la central nuclear de Bohunice es una prioridad esencial no solo para el sector nuclear sino también para toda la política energética de la República de Eslovaquia. 
Eslovaquia está dispuesta a cumplir el compromiso expresado en el Protocolo nº 9 del Tratado de Adhesión a la UE, a pesar de que ha invertido 250 millones de euros en la modernización y la mejora de la seguridad en la planta de Bohunice. 
Y ello además de que, al igual que otros países de la UE, Eslovaquia no tiene unos recursos naturales importantes propios, y el desmantelamiento de dos unidades de esta planta deteriorarán significativamente su autosuficiencia energética. 
La opinión pública de Eslovaquia está actualmente en contra del desmantelamiento de la instalación de Bohunice. 
Los ciudadanos de Eslovaquia son muy conscientes de las consecuencias de la crisis energética y el aumento que implicará en los precios de la electricidad. 
Como resultado, negar esos recursos financieros adicionales de la Unión Europea sería hacer el juego a los oponentes del desmantelamiento. 
Respaldada por el estudio que sirvió de base para los debates con la Comisión, Eslovaquia ha pedido 702 millones de euros en comparación con los 237 millones de euros propuestos por la Comisión. 
La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha aprobado un compromiso de 400 millones de euros. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir que todos ustedes muestren su solidaridad con mi país, y presten su apoyo a la propuesta de la Comisión de Industria. 
Durante el proceso de adhesión a la UE, la República Eslovaca hizo todo lo que estuvo en sus manos para asegurar una explotación continuada de sus centrales nucleares tipo VVER, a la vez que mejoraba sus niveles de seguridad para cumplir los estándares europeos y proteger a los ciudadanos de Eslovaquia y de todos los países de la Unión, en especial nuestros vecinos. 
Durante el período del proceso de adhesión invertimos unos 250 millones de euros en dos unidades de la central nuclear de Bohunice, una cantidad considerable para un país cuyo PNB es solo ligeramente superior al 50 % de la media de la UE y, de conformidad con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, aseguramos un funcionamiento seguro de la instalación hasta 2015. 
Un extranjero podría preguntarse: «Si es así, ¿para qué necesitan el dinero para el desmantelamiento en el período presupuestario 2007-2013?» 
Un experto respondería: «Porque Eslovaquia, bajo lo que podríamos denominar presión de las circunstancias, durante su proceso de adhesión a la UE aceptó el compromiso de desmantelar las dos unidades en cuestión en 2006 y 2008, respectivamente.» 
No se requieren grandes aptitudes matemáticas para comprobar que de esta forma se habrán malversado decenas de millones de euros. 
Sin embargo, se nos aseguró que la Unión Europea nos ayudaría en el desmantelamiento. 
Si el total de gastos directos e indirectos del desmantelamiento ascendía a varios millones de euros, la suma de 237 millones de euros propuesta por la Comisión sería bastante baja. 
Por supuesto, como sugiere la señora Harms en su segundo informe, Eslovaquia apoya la creación de fondos especiales para el desmantelamiento de instalaciones nucleares, y está dispuesta a cubrir una parte considerable del coste total de desmantelamiento. 
Sin embargo, habría que tener en cuenta el nivel de desarrollo económico. 
Si, según las estimaciones de los expertos, la ayuda necesaria para cumplir el plazo es de 702 millones de euros, el compromiso de 400 millones de euros que propone la Comisión de Industria parece claramente aceptable, y existen varios argumentos que demuestran que este importe no sería un problema ni siquiera para la versión final del presupuesto. 
Creo que los dos informes que acabamos de debatir tienen un denominador común, que es la seguridad de las instalaciones nucleares. 
Si existe en la UE el propósito común de seguir un calendario específico en esta cuestión, también debería existir el propósito común de proporcionar los fondos necesarios para este fin. 
Si esos dos objetivos no van de la mano, en mi opinión, la Unión Europea se enfrentará tarde o temprano a las consecuencias de esas contradicciones. 
. Señor Presidente, comenzaré dando las gracias a la ponente por su análisis tan certero y profundo de los retos que plantea el desmantelamiento. 
Por lo que se refiere al tema de Bohunice, en primer lugar la decisión de cerrar los reactores se basó en razones de seguridad. 
En la Unión Europea, es la WENRA –Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental– quien decide acerca de los requisitos de seguridad en cada Estado miembro. 
Dictaminó que esos tipos de reactores no se podían modernizar, no porque procedieran de la antigua Unión Soviética, sino debido a sus características técnicas. 
Esa es la razón por la que se solicitó el cierre de dichos reactores durante las negociaciones. 
Esta información era conocida desde muy pronto, así que las negociaciones contemplaron todas las posibles consecuencias. 
La decisión no fue adoptada en el último tramo de las negociaciones: en muchos casos, incluidos los de la República Eslovaca, los Gobiernos asumieron el compromiso temprano de clausurar determinados reactores, por ejemplo los existentes en Bohunice. 
Por eso rechazo el argumento de que se ejerció presión política: la decisión estuvo basada en los análisis efectuados por los responsables de seguridad nuclear en la Unión Europea. 
Eso es un hecho. 
Las negociaciones se desarrollaron consecuentemente y se tuvieron en cuenta todas las implicaciones posibles, no solo el desmantelamiento, sino también otras cuestiones. 
Esa es además la razón por la que tenemos protocolos diferentes para Lituania y Eslovaquia. 
Soy consciente de que el desmantelamiento comporta una tarea inmensa, pero puedo explicar de forma clara el fundamento de la propuesta de la Comisión: se ha basado en los resultados de las negociaciones de adhesión. 
Cualquier otro asunto debe fundamentarse en reflexiones de otro tipo, pero a estas alturas no podemos adentrarnos en otras consideraciones. 
Mi servicios están en estrecho contacto con las autoridades eslovacas para discutir la cuestión. 
Sin embargo, se trata evidentemente de un compromiso que ha sido aprobado por los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos eslovacos en las negociaciones de adhesión y debe ser respetado, no solo por la UE, sino también por la parte eslovaca. 
Al mismo tiempo, flota un interrogante sobre la forma en que deben utilizarse los fondos de desmantelamiento en un momento en el que todos los reactores han estado operativos y siguen estándolo: si no se cuenta con la subvención para el desmantelamiento, el precio es menor. 
Pero entones, al final, ¿quién paga? 
¿Los contribuyentes? 
¿Otros ciudadanos? 
Verdaderamente se trata de un desafío global. 
El debate de hoy, a esta hora tardía, es muy importante. 
La Comisión ya ha intentado presentar propuestas legislativas sobre los fondos de desmantelamiento, ya que resultan vitales para la competitividad en el interior de la Unión Europea y para dejar claro quién va a sufragarlos. 
Estoy totalmente de acuerdo en que debe pagar quien contamina. 
La Comisión va a elaborar una recomendación y va a insistir en la utilización adecuada y transparente de los fondos de desmantelamiento, que deben estar disponibles cuando sean necesarios. 
Esa es la verdad fundamental que debemos afrontar a la hora de debatir la energía nuclear. 
Los temas relativos a la competencia no van a ser ajenos al debate, ya que es muy importante saber qué esquemas de apoyo estamos habilitando para otras partes de nuestra panoplia energética. 
Ese es un tema muy importante. 
Les doy las gracias por el debate de esta noche. 
Realmente me complace que haya sido tan detallado. 
Deberíamos continuarlo cuando debatamos temas energéticos. 
.El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
– Señor Presidente, permítame volver un momento sobre un deplorable incidente ocurrido ayer en relación con la exposición antiaborto organizada por nuestros colegas polacos del Grupo Independencia y Democracia. 
La señora Gomes y yo misma no solo fuimos empujadas y casi golpeadas, sino también tratadas de «fascistas» y «nazis» por ese Grupo. 
Esto es inaceptable. 
No pensaba quejarme ante el Presidente, puesto que la exposición fue anulada y retiradas las escandalosas imágenes que asociaban el aborto al Holocaustao, que realmente es de lo más absurdo. 
Pero, dado que mi colega diputado tuvo la audacia de llamarnos para quejarse de haber sido tachado de «fascista» , quisiera señalar que nosotras mismas fuimos tratadas de «nazis». 
En esta Cámara, es algo especialmente chocante. 
– Gracias por la información, Señoría. 
Como ha podido comprobar, la exposición fue retirada porque la norma dicta que la controversia tenga lugar aquí, en esta Cámara, y no a través de una exposición del exterior. 
Con respecto a los hechos que acaba de comunicar, le propongo que remita el asunto a la Mesa para ver qué curso procede darle. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Iraq tras el referendo sobre la Constitución. 
Señor Presidente, este debate se produce en una fase crítica de la transición política de Iraq. 
Cuando este Parlamento debatió por última vez el tema de Iraq con la Comisión y el Consejo en julio, los dirigentes políticos iraquíes estaban negociando una nueva Constitución. 
Hace un mes, los iraquíes refrendaron la Constitución que les iba a otorgar, por primera vez en la historia, garantías de libertad, seguridad y derechos humanos. 
El referendo constitucional supone un nuevo paso del pueblo iraquí hacia la democracia, la libertad y la paz. 
Dentro de un mes volverán a votar, esta vez para elegir un nuevo Gobierno que tendrá que abordar rápidamente tareas importantes, como la planificación y provisión de servicios muy necesarios, que significarán una esperanza en un futuro más brillante y mejor para millones de iraquíes. 
El referendo del mes pasado fue notable en muchos aspectos. 
Junto con las elecciones de enero, ha proporcionado a los iraquíes una primera degustación de la democracia. 
Han participado, por primera vez, en decisiones políticas que afectarán a su propio futuro y el de su país. 
Fue aleccionador, sobre todo para quienes procedemos de países que a menudo dan por descontadas nuestras libertades y nuestra democracia, constatar el valor y la firmeza de quienes ejercieron sus derechos democráticos y participaron en la votación, arrostrando circunstancias difíciles y la amenaza de la violencia. 
El apoyo de la Unión Europea al referendo constitucional ha tenido un efecto significativo. 
La Comisaria expondrá en detalle, dentro de un momento, la valiosa ayuda que la Comisión ha prestado al proceso en apoyo de la Comisión Electoral Independiente para Iraq y de las Naciones Unidas. 
Las Naciones Unidas han desempeñado, y continúan haciéndolo, un papel clave y destacado de apoyo en los procesos de revisión constitucional y electoral. 
La Misión de Ayuda a Iraq de las Naciones Unidas ha ejercido una función crucial apoyando a la comisión electoral iraquí en las circunstancias más difíciles. 
La decisión de aprobar la Constitución ha allanado el camino a las elecciones generales de diciembre. 
Debería constituir otro avance importante en la transición política que, llegado el momento, llevará a Iraq a asumir plenamente su papel en el seno de la comunidad internacional. 
Iraq se encuentra, desde luego, bastante lejos de materializar esta aspiración. 
Aun cuando una gran mayoría de los votantes se expresaron a favor de la Constitución, los resultados del referendo demuestran que todavía hay que superar diferencias sustanciales entre las comunidades étnicas de Iraq. 
En los primeros compases de la andadura del nuevo Gobierno se procederá a revisar la Constitución. 
Esto supone una oportunidad importante para que los iraquíes forjen un consenso más amplio acerca del futuro de su país, contribuyendo a la creación de un sistema político integrador. 
Los dirigentes políticos iraquíes tendrán que resolver asuntos fundamentales, incluido el federalismo, el examen de su pasado político y la gestión de los recursos naturales. 
El descontento supone además una amenaza para el proceso electoral. 
Fomenta la sensación de frustración y privación de los derechos que experimentan algunas comunidades. 
Asimismo fomenta la simpatía que utilizan los extremistas y los terroristas para justificar el mantenimiento del ciclo de violencia y la insurrección. 
Por tanto, resulta imperativo que los dirigentes políticos, étnicos y religiosos de Iraq hagan cuanto puedan por resolver estas cuestiones. 
Esperamos que el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno sean lo más representativos e integradores posible. 
Volviendo ahora a la ayuda internacional al proceso de transición política iraquí, la UE y la comunidad internacional en general ya han prestado un apoyo significativo y útil. 
Espero con impaciencia la descripción por parte de la Comisaria de la ayuda inestimable y todavía en curso prestada por la Comisión. 
Quiero mencionar el importante paso dado en favor de una asociación más estrecha entre la UE e Iraq en virtud de la firma de la declaración política conjunta UE–Iraq el 21 de septiembre. 
Allana el camino a un diálogo político regular con Iraq sobre temas de interés mutuo, como la promoción de la gobernanza, la protección de los derechos humanos y la prevención y resolución de conflictos. 
Durante esa visita, el Gobierno iraquí resaltó lo mucho que valora la ayuda de la UE, sobre todo en cuanto al respaldo de los procesos constitucionales y electorales y la labor de mejora de la capacidad en asuntos del Estado de Derecho, merced a la misión EUJUST LEX. 
Muchos países vecinos y otros agentes regionales están realizando esfuerzos concertados por implicarse de forma constructiva. 
Acogemos con agrado, en particular, la propuesta de la Liga Árabe de colaborar con Iraq para celebrar una Conferencia sobre el Diálogo Nacional a principios del año que viene. 
Dentro de unos pocos días, el 19 de noviembre, tendrá lugar una reunión preparatoria en El Cairo. 
Esta reunión busca sentar los cimientos de la participación internacional después de las elecciones y el apoyo al nuevo Gobierno. 
El Consejo ha instado insistentemente a los Estados de la región, sobre todo a Siria, a que apoye el proceso político en Iraq. 
Esto incluye cooperar con Iraq para evitar el tránsito a través de las fronteras y el apoyo a los terroristas e insurgentes. 
Al aproximarnos a estas elecciones históricas, deberíamos considerar qué implicaciones puede tener la formación de un Gobierno iraquí nuevo y duradero para nuestra implicación en Iraq. 
Nuestro primer objetivo tiene que ser la continuación del apoyo al proceso electoral. 
El Gobierno iraquí lo ha solicitado concretamente. 
La UE va a brindar apoyo al proceso de supervisión electoral, inclusive a la labor de los observadores electorales nacionales. 
Sé que algunos de ustedes estuvieron presentes en Iraq durante las elecciones de enero. 
Espero que vuelva a ser posible que los diputados a este Parlamento ofrezcan su apoyo a los aspirantes a diputados iraquíes en diciembre. 
Ya he manifestado que la revisión de la Constitución durante la primera parte del mandato del nuevo Gobierno va a ser fundamental. 
La UE está dispuesta a apoyar activamente estos importantes esfuerzos y se encuentra en una situación ventajosa para prestar asesoramiento experto y asistencia técnica. 
A la larga, tenemos que seguir prestando apoyo al sector vital del Estado de Derecho y plantearnos su mejora. 
La UE está desempeñando un papel protagonista al convertirse en donante del grupo de trabajo del sector del Estado de Derecho, destinado a coordinar la actividad de los donantes y del Gobierno en este sector. 
The EU’s rule of law mission for Iraq, EUJUST LEX, is due to reach the end of its mandate at the end of June 2006. 
The Iraqi Government has asked for the programme to be extended and expanded to include wider training of judicial, police and prison officers. 
El Consejo está estudiando la respuesta. 
El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos también es esencial. 
Iraq ha pedido ayuda para desarrollar su capacidad para aplicar los principios de los derechos humanos y acceder a las principales convenciones sobre los mismos. 
La Unión Europea se encuentra en una situación única para prestar esta ayuda y asesoramiento, y la UE está dispuesta a seguir ofreciendo su apoyo en este terreno. 
Tanto la UE como Iraq esperan ampliar y reforzar aún más su asociación, a medida que avance el proceso político, a través de la creación de un diálogo político regulado y otras relaciones contractuales adecuadas. 
Permítanme decir una vez más que, al aproximarse Iraq a este hito en su transición política, es el momento de que la comunidad internacional brinde su apoyo pleno al pueblo iraquí. 
La Unión Europea, junto con otros miembros de la comunidad internacional, se encuentra y deberá seguir encontrándose –como en otros tantos países en desarrollo y en vías de recuperación– a la cabeza de la reconstrucción y el desarrollo. 
Espero con interés poder debatir este tema con el Parlamento y escuchar las opiniones de sus Señorías. 
. Señor Presidente, hace casi cuatro meses exactamente que debatimos por primera vez el tema de Iraq, como ha dicho Lord Bach. 
Recuerdo que entonces dije que para los iraquíes las dificultades tan solo empezaban. Y realmente lo pensaba. 
Hoy, los iraquíes tienen una Constitución. 
Pronto elegirán un Gobierno constitucional. 
Pero hoy los iraquíes también son conscientes de que en su país existen unas divisiones profundas que deben superar. 
Ahora se enfrentan a dos dificultades muy graves: por una parte, asegurar que las consultas electorales de diciembre no excluyan a nadie y, por otra parte, efectuar después una revisión global de la Constitución, que debe ser más inclusiva. 
Estuvimos al lado de los iraquíes durante el proceso constitucional y seguiremos estándolo durante la preparación del proceso electoral y las elecciones. 
Con otros 20 millones de euros más de ayuda, la Comisión fue el único apoyo de las Naciones Unidas y del proyecto de asistencia constitucional dirigido por las Naciones Unidas. 
Nos consideramos parte de un proceso que permitió a los iraquíes expresar su opinión sobre la Constitución emitiendo su voto el día del referendo. 
En cuanto a las elecciones, seguramente recordarán que en julio yo tenía muchas esperanzas de poder enviar también una misión de observación electoral. 
Pero hoy debemos aceptar la evidencia de que las condiciones de seguridad no lo permiten. 
Sin embargo, eso no nos impide ayudarles de otras formas igualmente eficaces. 
Aportamos 30 millones de euros al proyecto de asistencia electoral de las Naciones Unidas. 
Mientras hablo, varios expertos electorales europeos trabajan codo con codo con la Comisión Electoral Independiente de Iraq y con las Naciones Unidas para asegurar una preparación adecuada de las elecciones y establecer un sistema de control nacional transparente. 
Pero la vía que conduce a la democracia y la paz en Iraq no termina con las elecciones. 
Inevitablemente, se cruza con la vía de la cooperación regional. 
Iraq, sus vecinos y los demás Estados de la zona deben desempeñar un papel importante mediante la consolidación de unas buenas relaciones vecinales y la cooperación para mejorar la seguridad de la región. 
Me complace en gran manera decir que el Secretario General de la Liga Árabe, el señor Amre Moussa, también está allí ahora y que el año próximo se celebrará una conferencia, junto con los árabes, para mejorar las relaciones que se han deteriorado en los últimos años. 
Iraq será un Iraq federal. 
Se crearán instituciones centrales que funcionen para apoyar la estructura estatal que los propios iraquíes han elegido. 
Con este fin hay que establecer marcos legislativos e institucionales adecuados. 
Habrá que delimitar rápidamente soluciones viables para asegurar un progreso continuo hacia la estabilidad y la democracia. 
La inclusividad es, con toda certeza, el único camino para avanzar. 
También debemos pensar cuál es la mejor forma para que nosotros, la Unión Europea, podamos ayudar en la creación de instituciones que favorezcan un planteamiento inclusivo. 
También debemos aplaudir los esfuerzos de la Liga Árabe y de otros países de la región, como Jordania por ejemplo, por promover la inclusividad y la reconciliación nacional. 
Estoy convencida de que la reciente visita de Kofi Annan ha tenido un efecto positivo para mejorar el entendimiento entre diferentes partidos. 
El proceso político y la estabilidad de Iraq son importantes para todos nosotros y para sus vecinos. 
Los recientes acontecimientos de Jordania nos recuerdan claramente la importancia del éxito de este planteamiento inclusivo, que es crucial para la estabilización política de la región en su conjunto. 
Para los ciudadanos iraquíes es muy importante que realmente tengan la sensación de libertad y puedan ejercer esa libertad. 
En este sentido, no debemos olvidar que la mayoría de los iraquíes aun tienen dificultades para que sus hijos puedan ir a la escuela, para que se abran los hospitales y puedan combatir las enfermedades más ordinarias, para tener acceso al agua, a puestos de trabajo –lo esencial– y para ganarse la vida. 
Es una situación insostenible para cualquier persona en cualquier país, y, por lo tanto, también para los ciudadanos de Iraq. 
Sus necesidades seguirán siendo el objetivo básico de nuestra ayuda a Iraq en 2006. 
Quisiera explicar con más detalle lo que hemos hecho. 
Hemos apoyado el proceso político. 
Además, junto con los Estados Unidos, hemos patrocinado una conferencia muy importante, la Conferencia Internacional sobre Iraq, celebrada en Bruselas el 22 de junio. 
Fue un instrumento para movilizar la ayuda internacional de más de 80 países y organizaciones para el Gobierno de transición iraquí y para las instituciones durante el período de transición antes de las elecciones de diciembre. 
También hemos ayudado siempre a la reconstrucción: hemos entregado un paquete de ayuda de 580 millones de euros a través del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Iraq. 
Siempre hemos intentado trabajar para satisfacer las necesidades básicas de la población como el agua, el saneamiento, la salud y la creación de puestos de trabajo. 
También estamos trabajando junto con dos Ministerios –los Ministerios de Energía y de Comercio– para la estructuración institucional. 
En el futuro queremos apoyar el proceso político para las elecciones. 
También queremos crear grupos de trabajo conjuntos en ámbitos de interés común como el comercio y la energía. 
Queremos apoyar la petición de adhesión a la OMC, iniciar negociaciones para un acuerdo UE-Iraq sobre comercio y cooperación y progresar en la apertura de una delegación de la Comisión en Bagdad en 2006. 
La Unión tiene mucho que ofrecer, además de apoyar el proceso de reconstrucción. 
Queremos ser un socio importante para Iraq. 
Los iraquíes lo esperan. 
Cumpliremos sus expectativas. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, después de su interesante intervención, quisiera realizar los siguientes comentarios: 
El primero se refiere a la última frase de la Comisaria. 
La Unión Europea tiene en realidad mucho que ofrecer más allá de la reconstrucción, y nuestro problema es cómo podemos convertir esa idea tan interesante en una política concreta. 
El segundo comentario se refiere a la votación sobre la constitución. 
Yo también estoy de acuerdo en que votar a favor de la constitución, a pesar de que un grupo importante no haya dado respuesta, es un acontecimiento importante. 
Pero un acontecimiento importante que todavía deja sin resolver algunos problemas importantes, como el tema y el papel de la religión, el modelo federal, la identidad nacional y el acceso a los recursos naturales, en especial el petróleo. 
El tercer comentario se refiere a las elecciones. 
Las elecciones son realmente muy importantes, sobre todo porque el nuevo Parlamento dirigirá su atención, como dice la constitución, no solo a revisar la constitución sino también a la forma en que se aplican algunas de sus disposiciones. 
El cuarto comentario se refiere a un tema que, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, a pesar del proceso de democratización, todavía está pendiente. 
Es el tema de la seguridad. 
No quiero recuperar el debate que se ha celebrado en el Parlamento, en el Consejo y en todos los Estados miembros. Pero quiero decir lo siguiente: se han realizado muchas investigaciones, muchas de las cuales también se han publicado en periódicos de su país, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que plantean la cuestión de la presencia continuada de fuerzas militares extranjeras en Iraq. 
Con esto me refiero, para terminar, a la propuesta que hemos debatido en el Parlamento Europeo: creo que ha llegado el momento de sustituir a las fuerzas militares extranjeras por una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quisiera felicitarle y prestarle todo el apoyo del Parlamento en los esfuerzos que realiza hoy por que la Unión Europea tenga algún peso en la reconstrucción de Iraq. 
Pero permítame volver sobre un punto desagradable. 
Poco antes del desencadenamiento de la guerra en Iraq, el General Morillon advertía al Parlamento Europeo diciendo «no hay guerra limpia». 
Sin embargo, cabía esperar que una guerra de independencia pudiera ser menos sucia que las demás. 
¡No ha sido así en absoluto! 
Tras las terribles imágenes de la invasión y el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, tenemos hoy el controvertido asunto de las bombas de fósforo blanco que supuestamente se han empleado en el asedio de Faluya, una ciudad rebelde, pero también una ciudad mártir. 
Nuestra historia nos enseña que no se construye la paz en un país sobre la base de la ocultación de las atrocidades cometidas. 
Hay aquí una necesidad de de investigación y búsqueda de la verdad. 
La democracia formal que intenta instalarse en Iraq y las relaciones que intentamos reconstruir con este país tropiezan con esta evidencia: «no puede haber democracia sin verdad». 
Sadam Husein va a ser juzgado por los crímenes que cometió y, probablemente, por el uso de armas químicas contra los kurdos en 1991. 
Esto es un mero asunto de justicia. 
La verdad sobre el asedio de Faluya, sus mártires calcinados y las responsabilidades por la utilización de armas prohibidas por la Convención de Ginebra de 1980, forman parte también de lo que debemos aportar a los iraquíes, además de nuestra ayuda material. 
Vamos a ayudarles a formar su sistema de justicia, es lo que se denomina «creación de capacidad». 
Pero ¿de verdad podemos tener éxito en esta empresa si no les damos también la impresión de que la justicia, y especialmente la justicia internacional, existe? 
Les pido, pues, señor Presidente, señora Comisaria, que exijan a las fuerzas coaligadas que se lleve a cabo una investigación totalmente independiente y que se haga justicia. 
En su momento pedimos que Sadam Husein fuera juzgado por la Corte Penal Internacional. 
El crimen contra la humanidad que constituiría el empleo de armas químicas en Faluya, de demostrarse, lo merecería ampliamente. 
Pero si pensamos en esta Asamblea que esto no es más que una utopía, ¿qué mensaje de esperanza podemos transmitir hoy al pueblo iraquí? 
. – Señor Presidente, cuando Sadam Husein mandaba en Iraq, el país se describía, con razón, como una fosa común bajo tierra y una cámara de tortura encima. 
Sin embargo, al cabo de dos años y ocho meses de guerra, la muerte de infinidad de iraquíes y más de 2 000 soldados de la coalición, es evidente que la vida en Iraq apenas es mejor que antes. 
Bagdad era estadísticamente el peor lugar del mundo para vivir incluso antes de que se deteriorara la situación de la seguridad. 
Mucho peor es ahora que las bajas de civiles ascienden a más de 60 al día y los ataques de insurgentes casi se han triplicado en 18 meses. 
Es difícil saber si la persistente presencia de las tropas de la coalición en esas condiciones es una ayuda o un obstáculo para el restablecimiento de la normalidad. 
Me temo que detecto cierto aire de complacencia en la intervención del Consejo de hoy y un optimismo sorprendente de la Comisión. 
Ha habido éxitos notables en la ruta hacia la democracia. 
Los iraquíes tienen su propia Constitución; tienen sus propias fuerzas de seguridad y en diciembre tendrán un Gobierno elegido democráticamente. 
Hay incluso signos de que los árabes suníes están entrando en la política y se preparan para participar en las elecciones, como indica la formación, la semana pasada, del Movimiento Democrático Público Nacional en la provincia de Anbar. 
No obstante, los europeos tienen varios motivos de preocupación. 
Hay indicios de que la inestabilidad de la región va en aumento. 
El descubrimiento de graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura y el uso sistemático de la detención arbitraria, ha dañado terriblemente el prestigio de la coalición. 
Con ello ha aumentado el alistamiento de muchas personas a la causa de los insurgentes. 
Hay tres cosas concretas que me preocupan. 
Primera, el reconocimiento por parte del Pentágono hace unas horas de que los Estados Unidos utilizaron armas incendiarias a base de fósforo en Faluya. 
La Unión Europea debe exigir una investigación de las Naciones Unidas respecto al uso de esas armas prohibidas. 
Segunda, que ayer se revelara en algunos medios de comunicación que de los más de 35 000 iraquíes civiles detenidos por la coalición, solo un 5 % han sido procesados y a muchos se les ha negado asistencia jurídica. 
¿Qué ejemplo estamos dando? 
Tercera, los Estados miembros de la Unión Europea necesitan una estrategia de salida clara. 
Si queremos impedir que los insurgentes violentos sigan ganando a expensas de los iraquíes moderados, lo que necesitamos, y lo que ha faltado siempre a la alianza Blair-Bush, es un final claro. 
Los europeos no estuvieron de acuerdo con las razones para ir a Iraq. 
No debemos permitir que nos dividan las condiciones para salir del país. 
Debemos hablar con la Liga Árabe, con las autoridades iraquíes y con los demás Gobiernos de Oriente Próximo con el fin de establecer las condiciones y el calendario de nuestra salida, con lo que Iraq será un lugar más estable y seguro. 
El Presidente Talabani ya ha dejado claro que el pueblo iraquí, y cito textualmente, «espera el día en que podamos decir adiós a las fuerzas de la coalición». 
Europa debe trabajar para ese fin. 
. 
Señor Presidente, Señorías, también mi Grupo apoyará las medidas propuestas por el Consejo y la Comisión a fin de ofrecer al pueblo iraquí una oportunidad de tener un futuro pacífico y democrático. 
Sin embargo, también quiero centrarme en algo que ha dicho Lord Bach sobre que nosotros, los europeos, queremos asumir el papel de líderes en lo que se refiere a la democracia y los derechos humanos en Iraq. 
Debo decirle a Lord Bach que, en este caso, debemos tener la valentía y la fuerza necesarias para decir a nuestros socios de la OTAN que deben dejar de incumplir constantemente el derecho internacional, asegurarnos de que no lo incumplen, y debemos ofrecer garantías en este sentido. 
¿Qué lecciones podemos aprender de Abu Ghraib y Guantánamo? 
Hasta la fecha, los prisioneros de Guantánamo no tienen derechos ni protección jurídica. 
Están encerrados en condiciones espantosas. 
¿Cómo podemos horrorizarnos, pues, por el hecho de que quienes ostentan el poder en Iraq también tengan prisiones secretas? 
¿En qué sentido la comunidad internacional y la UE están sentando un precedente democrático? 
Es de lo más cínico que Rumsfeld promulgue nuevas normas sobre la tortura diciendo que en el futuro ya no se pueden usar perros para la tortura y los interrogatorios, sin decir ni una palabra sobre el cumplimiento de la Convención de Ginebra. 
Son aspectos sobre los que espero que se hagan declaraciones. 
¿Saben lo que es el fósforo blanco? 
¿Saben cuáles son los efectos del fósforo blanco, que los estadounidenses admiten ahora que utilizaron en Faluya? 
Es una forma de incendiarismo, con personas como víctimas, y no tiene antídoto, no hay forma de apagar el fuego, ni siquiera con agua. 
Es una forma de exterminio contraria al derecho internacional, y son medios como este los que se han utilizado. 
Lord Bach, puede pasarse nueve minutos y medio acentuando lo positivo, pero no transmitirá ningún tipo de convicción a menos que, y hasta que, pida que la UE y el Consejo, sobre todo ahora que está presidido por los británicos, se comprometan a conseguir que los estadounidenses firmen finalmente la Convención internacional, porque, a menos que hagamos esto, no recuperaremos nuestra credibilidad internacional, y sean cuales sean los instrumentos que apliquemos, e independientemente de los esfuerzos que hagamos, todo será inútil. 
Por este motivo, le pido que se asegure no solo de que se realicen investigaciones sino también de que los estadounidenses firmen la convención internacional que deja específicamente fuera de la ley el uso del fósforo blanco. 
De lo contrario, jamás podremos promover activamente la paz en Iraq. 
,. 
Señor Presidente, durante años Europa y América han cerrado los ojos a la horrible dictadura de Iraq porque Iraq suministraba petróleo. 
En vez de ofrecer apoyo a la oposición en Iraq en su debido momento, se decidió que habría una intervención del exterior basada en argumentos falsos y sin la aprobación de las Naciones Unidas. 
La forma en que se han impuesto las opiniones y los intereses de la superpotencia, por la fuerza y unilateralmente, ha provocado que parte de la mayoría chií volviera la espalda a los ocupantes occidentales y buscara recursos en forma de dictadura teocrática al estilo de Irán. 
Lo bueno es que ahora se ha demostrado que es posible poner fin a la situación en la que los kurdos del norte y los chiíes del sur eran tierras ocupadas oprimidas por la zona central que rodea Bagdad. 
El federalismo inherente en la nueva constitución protege a las zonas desaventajadas contra la opresión y la explotación, de modo que un 80 % de la población saldrá beneficiada. 
Una democracia en los nuevos Estados federales solo saldrá bien si los militares extranjeros y la predominancia de las empresas extranjeras se retiran de este país más pronto que tarde. 
Seguir allí es una nueva provocación que sigue incitando protestas. 
¿Cuando llegará a su fin la presencia militar de los Estados miembros de la UE y de qué forma está ayudando la UE a Iraq a encontrar sus soluciones internas, desbancando así a Halliburton, una deficiente compañía americana que no puede reparar los servicios públicos? 
. – Señor Presidente, 2005 pasará a la historia como el año de las elecciones más libres jamás conocidas en Iraq. 
Basta con comparar este período de votación de tres días con la experiencia del país bajo los 35 años de régimen del Partido Baas, sin elecciones de ningún tipo durante los primeros 12 años y, en cuanto al resto, con elecciones falsas. 
¡Qué diferencia y qué progreso político! 
No oímos nada de esto en esta Cámara. 
A buen seguro, la reconstrucción de Mesopotamia sigue estando amenazada tanto desde dentro como desde fuera, tal como lo estaba antes. 
Esta es la razón por la que el futuro de un Iraq federal parece muy frágil. 
A principios de esta semana, un eminente político iraquí me advirtió de que esto afecta a Europa en igual medida. 
En efecto, si ganan los poderes destructivos, nuestro continente también estará en la línea de fuego. 
Pregunto al Consejo y a la Comisión qué es lo que la Unión Europea puede hacer por el Estado iraquí y los iraquíes en esta situación precaria. 
En primer lugar, es necesario que ejerzamos una presión firme sobre los vecinos de Bagdad para no avivar las llamas del terrorismo transfronterizo. 
En segundo lugar, tenemos que ayudar a sentar las bases del Estado de Derecho democrático a lo largo de las orillas del Tigris. 
«Tenemos que aprender de los europeos, y de verdad que queremos hacerlo» , ha dicho mi amigo iraquí, lleno de optimismo. 
¡Lo principal es que no hay que defraudarles en esta aspiración! 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
Iraq está levantando cabeza, con dificultad pero con firmeza, tras la sanguinaria y en muchos aspectos demente dictadura de Sadam Husein y tras los sucesos de estos años, que sin duda han abierto la puerta al cambio, pero que han causado también profundas heridas al pueblo iraquí. 
El paso siguiente, también bajo la égida de la comunidad internacional, debería ser una implicación progresiva de todos los Estados árabes de la región en el proceso de democratización y lucha contra el terrorismo. 
El extraordinario éxito de participación en las recientes elecciones constituye un acontecimiento histórico, pero es nuestro deber concreto seguir estando al lado de los iraquíes y de las autoridades libremente elegidas que administran el país. 
Debemos ayudar a los muchos jóvenes que con gran valentía y a menudo con riesgo personal quieren luchar para hacer de Iraq un país por fin libre, democrático y justo. 
– Señor Presidente, Señorías, las elecciones, el referendo y la nueva votación prevista para el 15 de diciembre demuestran que en Iraq está naciendo una verdadera democracia tras decenios de sangrienta dictadura. 
Esto representa un éxito para el pueblo iraquí, que, con su participación en la votación, ha demostrado que quiere contribuir a la construcción de la paz en el Próximo Oriente. 
A costa de grandes sacrificios y centenares de víctimas inocentes, los defensores de la democracia están derrotando a la pequeña minoría que, en nombre del fundamentalismo, practica el terrorismo. 
No obstante, el objetivo final no se ha alcanzado aún y todavía hay mucho que hacer para vencer a Al Quaeda y sus aliados y lograr una estabilidad definitiva en Iraq. 
La Unión Europea, aunque con retraso y tras haber superado muchas divisiones, ha empezado a contribuir de forma importante. 
Comparto las palabras pronunciadas por el representante del Consejo y por la Comisaria Ferrero-Waldner. 
Sin embargo, tendremos que hacer aún más por este pueblo, naturalmente junto con la ONU, que, con la Resolución 1546, ha permitido a 35 países aportar una contribución importante al nacimiento de esta nueva democracia. 
Se trata de una contribución económica, como la recogida por el Fondo para la Democracia instituido ante las Naciones Unidas, pero también de una contribución política y militar. 
Muchos ciudadanos europeos están participando en la misión de paz y debemos estarles agradecidos por todo lo que han hecho y siguen haciendo –incluso arriesgando su vida– a fin de aportar una contribución fundamental al renacimiento de Iraq. 
Esos militares y civiles, entre los que se encuentran muchísimos italianos, han dado vida a miles de proyectos de desarrollo de infraestructuras en los sectores de la agricultura, los transportes, la educación y la cultura. 
La estrategia del éxito está conduciendo a una reducción de los contingentes militares, que abandonarán Iraq de común acuerdo y con el acuerdo del Gobierno legítimo de Bagdag. 
Hoy muchos críticos de esta misión de paz están reconsiderando su opinión y se están dando cuenta de la importancia que ha tenido. 
Señor Presidente, concluiré recordando que sería un error pensar que la solución de la crisis iraquí será suficiente para llevar la paz al Próximo Oriente. 
Debemos resolver, mediante de una contribución importante de la Unión Europea, la crisis israelo-palestina, garantizando seguridad a Israel y creando un Estado palestino. 
– Señor Presidente, Señorías, la democracia no es un mero ejercicio de estilo; necesita raíces que en Iraq todavía no se han plantado. 
Miremos por fin de cerca la situación. 
Los kurdos han ido a votar porque ven perfilarse en el horizonte la independencia de sus provincias, los chiítas por respetar la orden de sus jefes religiosos y los pocos sunitas para no quedar completamente apartados de la reorganización del país. 
Las condiciones básicas para que la democracia pueda enraizar son la seguridad económica, un aparato estatal que funcione y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 
La realidad es que el proyecto de exportar la democracia en las alas de los cazabombarderos ha fracasado y que la ocupación militar del país por parte de potencias occidentales impide hoy cualquier progreso sólido y tangible. 
Por otra parte, Iraq se ha convertido en un país exportador, y no solo de petróleo. 
Los atentados de Jordania lo han demostrado: Iraq exporta hoy terrorismo. 
Los kamikazes que se hicieron explotar eran, en efecto, iraquíes. 
Una mujer que debía participar en los atentados, pero que sobrevivió, ha explicado que su familia fue diezmada durante las ofensivas estadounidenses en el triángulo sunita. 
Por tanto, también yo pido enérgicamente una investigación de la ONU sobre el uso, por parte de las fuerzas estadounidenses, de bombas prohibidas de fósforo blanco. 
Iraq se asemeja peligrosamente a un nuevo Afganistán. 
Bush quería combatir a los terroristas en Afganistán para no tenerlo que hacer en otros lugares, pero hoy los terroristas están ya en otros lugares y nos preguntamos hasta dónde llegarán. 
Europa se encuentra, por tanto, con que tiene que afrontar dos desafíos: la torpeza de quienes siguen afirmando que la campaña iraquí es un éxito y la determinación homicida de quienes demuestran cada día que es un dramático fracaso. 
Para salir de este marasmo no necesitamos ni propaganda ni cuentos de hadas, sino lucidez y hombres de Estado valientes, capaces de reconocer sus errores y de diseñar una nueva estrategia, una estrategia de paz. 
– Señor Presidente, por desgracia el antiamericanismo de algunos europeos es tan grande que tengo la sensación de que algunos incluso sienten una perversa satisfacción por el caos imperante en Iraq. 
Por supuesto, esas mismas personas son las que habrían estado contentas de permitir que la tiranía de Sadam siguiera intacta. 
Claro que fue un error que Blair y Bush confiaran en información falsa y la utilizaran para justificar la invasión de Iraq, pero la caída de Sadam fue justa y necesaria. 
Ahora debemos hacer frente a la situación creada. 
La cuestión principal es asegurar el triunfo del orden sobre el terror para que pueda instaurarse efectivamente la estabilidad democrática. 
Se está pagando un precio muy alto y me gustaría reconocer el sacrificio de las tropas estadounidenses, británicas y de otros países para conseguir un poco de orden en esa tierra destrozada por los conflictos. 
Lamento que en sus intervenciones ni el Consejo ni la Comisión se hayan prestado a reconocer ese sacrificio. 
Hay que decir que es típico de su presunción que la UE quiera ahora pontificar sobre el futuro de Iraq. 
Es poco creíble lo que puede aportar, porque, cuando realmente importaba, la UE como organización y la mayor parte de los Estados miembros de la UE dejaron el trabajo pesado a otros. 
– Señor Presidente, Señorías, la aprobación de una Constitución provisional por el pueblo iraquí representa para nosotros un importante paso adelante. 
La elevada participación de los ciudadanos en el proceso electoral constituye un factor de optimismo para la naciente democracia. 
La evolución del país abre la puerta a una futura cooperación entre Iraq y la Unión Europea, en particular en el marco de la política de vecindad y de un Mashrek pacificado y, a este respecto, agradezco a la señora Ferrero-Waldner los compromisos que ha contraído en nombre de la Comisión. 
Las ventajas de dicha cooperación son muchas: estabilización democrática del país, construcción de un Estado de Derecho real y no ya formal, respeto de las libertades fundamentales y de los derechos de las minorías, pero también el paso de una economía de guerra a una economía de paz, de una economía dirigida a una economía de mercado, asignación de los recursos petroleros a la diversificación, en favor de la agricultura, la industria y los servicios y, por último, reconstrucción de los sistemas de educación y sanidad destruidos por tantos años de poder autoritario, embargo y guerra. 
Pero hay algunas condiciones previas para esta cooperación. 
La evolución aún incierta de Iraq merece nuestra máxima vigilancia. 
No podemos pasar por alto el empleo de bombas de fósforo blanco por los estadounidenses en Faluya, si esta información fuese correcta. 
Hay que realizar una investigación. 
El reemplazo de las fuerzas extranjeras por un dispositivo de mantenimiento de la paz bajo la égida de las Naciones Unidas es uno de nuestros objetivos. 
Las elecciones del mes de diciembre deberían permitir a los iraquíes elegir un Gobierno y un Parlamento representativos de los equilibrios humanos y políticos del país. 
A este respecto, el marco institucional federal parece especialmente adecuado. 
Frenar los integrismos, combatir la tesis del supuesto choque de civilizaciones y construir el conjunto del Mashrek sobre valores compartidos son los objetivos que debe proponerse la Unión Europea. 
Señor Presidente, han muerto más de 2 000 soldados estadounidenses y 15 000 han resultado heridos desde que comenzaron las operaciones militares contra el régimen de Sadam Husein en Iraq. 
Iraq Body Count, un grupo de investigación británico, basándose en una agencia de noticias y artículos de periódicos, ha calculado que más de 30 000 iraquíes han muerto, mientras que otras fuentes cifran el número de víctimas en 100 000. 
La ratificación de la Constitución es un paso de fundamental importancia hacia la reconstrucción de Iraq. 
Se han inscrito doscientos veinticinco grupos políticos y coaliciones para las elecciones parlamentarias que deben celebrarse el 15 de diciembre, y el Parlamento elegirá un nuevo Gobierno el 31 de diciembre de este año. 
Este Parlamento elegido democráticamente, que incluirá a miembros suníes, podrá presentar enmiendas a la Constitución durante los próximos seis meses. 
El referendo constitucional que se ha celebrado en Iraq nos da más razones para esperar que el Islam y el concepto de democracia liberal se puedan reconciliar en Oriente Próximo y en Asia Central bajo la forma de una denominada democracia musulmana. 
En el país está llegando a su fin el periodo donde reinaban los gobiernos provisionales y de transición, y una cultura de política democrática está emergiendo en su despertar. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la situación sigue caracterizándose por ataques terroristas ininterrumpidos y la posibilidad constante de que pueda estallar una guerra civil. 
– Señor Presidente, la comunidad internacional ha acogido con satisfacción los resultados del referendo como una etapa importante en el curso de la democratización de Iraq. 
Así es, en efecto, si uno no mira más allá del grado de participación y de los aspectos aritméticos de los resultados. 
No obstante, mucho me temo que todo el mundo se está formando su propia realidad ficticia de Iraq. 
Sin embargo, no podemos ignorar la auténtica realidad en Iraq, puesto que continúa existiendo un vacío de seguridad grave. 
Las tendencias centrífugas de las comunidades nacionales y religiosas, en lugar de ir debilitándose gradualmente, se están reforzando y están socavando el objetivo de la unidad, la identidad y la soberanía nacionales de Iraq. 
La mayoría de suníes se autoexcluye de los procesos políticos. 
El proceso de reconstrucción política está conduciendo a la creación de un Estado poco rígido de al menos tres velocidades. 
Por un lado, acogemos con satisfacción los progresos realizados en la democratización de Iraq y, por otro, se está estableciendo un régimen chií teocrático en el sur y la casi independencia de los kurdos en el norte. 
Las consecuencias para la paz y la estabilidad son obvias. 
En estas condiciones, se planifican las elecciones para promover al nuevo Parlamento iraquí. 
Sin embargo, me temo que los deseos y esperanzas que se están expresando hoy en esta Cámara no se corresponden con la dura realidad de la ocupación militar y los graves errores estratégicos que los Estados Unidos siguen cometiendo. 
Existe un viejo proverbio en árabe que dice: «Mejor cien años de tiranía que un año de caos». 
Aunque la tiranía del régimen de Husein se ha acabado, las condiciones que se crean diariamente están empujando a Iraq hacia un caos a largo plazo. 
Señor Presidente, doy las gracias a todos los que han intervenido en este debate. 
Es un tema que levanta pasiones y opiniones firmes, y esta mañana hemos podido escuchar cómo se han expresado en esta Cámara. 
Sin embargo, espero que podamos ponernos de acuerdo al menos en dos aspectos. 
En primer lugar, sobre lo excelente y lo bueno que es que Sadam Husein ya no esté en el poder en Iraq. 
En segundo lugar, estamos de acuerdo en que todas las violaciones de derechos humanos demostrables que se hayan cometido desde que cayó del poder deben ser investigadas y tratadas como es debido y de forma razonable. 
Estoy muy agradecido por lo que ha dicho la Comisaria y por el excelente trabajo de la Comisión. 
Es correcto decir que la UE ha contribuido a la Oficina de las Naciones Unidas para el Apoyo Constitucional, tanto financieramente como a través del envío de expertos. 
El Gobierno iraquí ha pedido a la UE que aporte supervisores electorales y, aunque, como ha dicho la Comisaria, de momento no será posible enviar una misión para observar las elecciones, el Consejo estudiará de cerca qué se puede hacer para controlar las elecciones y apoyarlas. 
En lo que se refiere a los derechos humanos, en las conclusiones del Consejo después de la reunión de relaciones exteriores del 7 de noviembre se resaltó la importancia del pleno respeto de los derechos humanos en Iraq. 
El Consejo subrayó la firme oposición de la UE al uso de la pena de muerte. 
Tomó nota, con preocupación, de los recientes informes, como el de las Naciones Unidas, sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes e instaba al Gobierno iraquí a abordar esas denuncias. 
La UE está dispuesta a ofrecer más ayuda. 
Al mismo tiempo, el Consejo reconoció con satisfacción la mejora de la situación de los derechos humanos desde la caída de Sadam Husein y condenó, como todos, las atrocidades que han cometido los terroristas desde entonces. 
En el debate se ha abordado el tema de las tropas de coalición y es sin duda un tema importante. 
Sin embargo, sus Señorías me perdonarán si digo que el Presidente Talabani, el líder kurdo cuyo pueblo tanto sufrió bajo el mandato de Sadam Husein, dijo el fin de semana pasado: «La retirada inmediata sería catastrófica y comportaría una especie de guerra civil. 
Perderíamos lo que hemos hecho por liberar Iraq de la peor de las dictaduras... 
En vez de tener un Iraq estable y democrático, tendremos una guerra civil en Iraq, tendremos problemas en Iraq y estos afectarán a todo Oriente Próximo». 
Me parece una declaración importante hecha por el Presidente de Iraq en estos momentos. 
El pueblo de Iraq ha demostrado un gran compromiso con la democracia. 
Acudieron a millones y en las circunstancias más difíciles para aprobar una nueva Constitución que guiará a su país y protegerá sus derechos. 
Si este impulso puede mantenerse para las elecciones de diciembre, creo que Iraq podría estar viviendo un importante momento crucial y, con la elección de un nuevo Gobierno, entrará en una nueva fase. 
Los líderes del primer Gobierno constitucionalmente elegido de Iraq tendrán una gran deuda de responsabilidad con sus ciudadanos. 
Depositarán su confianza y su futuro en manos de dichos líderes y estos deberán honrar esa confianza. 
Esto significa que los intereses de la nación deberán pasar por encima de la ambición política y personal o de los intereses étnicos o religiosos. 
El nuevo Gobierno debe ser verdaderamente representativo, si quiere sobrevivir. 
También debe ponerse manos a la obra sin demora. 
Esto significa garantizar la seguridad, la sanidad, la educación, el empleo y, por supuesto, los derechos humanos. 
El terrorismo y la falta de seguridad siguen siendo los principales obstáculos para el progreso político y la reconstrucción. 
No debemos subestimar las dificultades que se nos presentan, y no creo que este Parlamento lo haga. 
Todavía queda mucho por hacer y estos procesos están amenazados por grandes peligros que todos conocemos bien. 
Esta democracia en ciernes necesitará ayuda durante algún tiempo. 
La comunidad internacional ya ha hecho mucho y la UE puede estar orgullosa de sus logros: se ha unido a las Naciones Unidas y otros en la aportación de recursos significativos para apoyar la transición política y la reconstrucción. 
Todos tenemos una experiencia valiosa que compartir en la instauración de democracias. 
El Gobierno iraquí ha expresado su agradecimiento por la significativa aportación de la UE y ha pedido más. 
No debemos defraudarles. 
. Señor Presidente, es cierto que la Unión Europea ha estado dividida en torno a Iraq en el pasado, pero también es cierto que en estos momentos estamos unidos en la construcción del nuevo Iraq, y eso es lo que más importa ahora. 
No podemos seguir mirando atrás. 
Debemos construir un Iraq estable ahora y, aunque el señor Watson tiene razón cuando dice que he resaltado las cosas positivas que hemos hecho, también queda absolutamente claro que la situación que tenemos delante es muy difícil. 
Por este motivo he dicho que no podemos enviar a Iraq una misión para la observación de las elecciones que, en otras circunstancias, yo habría organizado. 
Es demasiado peligroso para nuestros ciudadanos y además no podría realizar su trabajo de forma correcta. 
¿Cuál sería la alternativa? 
De hecho, no tenemos otra alternativa que intentar trabajar juntos. 
Por supuesto, el reto es inmenso, y considero que el Gobierno iraquí y sus ciudadanos han demostrado que son muy valientes. 
Lo que mi colega acaba de decir es cierto. 
Los resultados de las elecciones fueron bastante alentadores y realmente sorprendentes dadas las difíciles circunstancias. 
Eso demuestra que el iraquí medio quiere estabilidad y paz, pero también existe una minoría, una minoría muy fuerte, que por supuesto es extremista y radical, que intenta socavar todos los esfuerzos de la comunidad internacional y el Gobierno iraquí. 
No quería parecer unilateral y quizás debí expresarme con más claridad. 
En cuanto al tema de la tortura y los recientes acontecimientos, tendremos que ver si las acusaciones son ciertas. 
Si lo son, debemos dejar claro que los derechos humanos, como ha dicho ya Lord Bach, forman parte de nuestros valores más firmes y que queremos exportar a Iraq y que deben tenerse en cuenta allí. 
Hoy he sabido que el Primer Ministro de Iraq ya ha dicho que él mismo va a crear una comisión para investigar todos los casos de tortura perpetrados por los propios iraquíes. 
Podemos contribuir a ello a través de EUJUST LEX y creando un cuerpo policial que no torture, sino que sepa cuáles son los límites e intente ayudar a restaurar el orden. 
Por lo tanto, estamos en ello y deberemos permanecer en Iraq durante mucho tiempo para recuperar la estabilidad en este país. 
Esto también es muy importante para la región en su conjunto. 
En realidad, estoy trabajando para toda la región en el marco de una iniciativa más amplia para Oriente Próximo, y cooperaremos con los estadounidenses también en esta cuestión. 
– El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el cambio climático y sobre el informe (A6-0312/2005) del señor Wijkman, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre Ganar la batalla contra el cambio climático mundial. (2005/2049 (INI) ). 
Señora Presidenta, hoy en día se acepta casi universalmente que el cambio climático es un problema grave y urgente. 
El IPCC prevé que las temperaturas del planeta pueden subir 5,8 ºC más antes del año 2100. 
Según una compañía de seguros, el coste económico estimado del calentamiento del planeta podría doblarse hasta alcanzar los 150 000 millones de dólares cada año en los próximos diez años, acribillando a los aseguradores con unas reclamaciones de 30 000 a 40 000 millones de dólares. 
Hay pruebas de que la ola de calor que sacudió Europa en 2003 fue en parte a causa del calentamiento global y, como sus Señorías recordarán, el resultado fue de 26 000 muertes prematuras, así como unos costes de 13 500 millones de dólares. 
Estos acontecimientos y los costes asociados nos traen muy cerca de casa la realidad de lo que significará para nosotros un cambio climático no controlado. 
Es evidente que la escala de un problema de cambio climático es enorme y apremiante. Por este motivo, el Reino Unido decidió que el cambio climático fuera una prioridad durante nuestra Presidencia tanto del G8 como de la UE. 
El año 2005 ha sido decisivo para la política internacional sobre el cambio climático. 
Ha entrado en vigor el Protocolo de Kyoto. 
El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE está en marcha y, para finales de año, debemos iniciar las discusiones sobre nuevas ayudas para después del 2012, un tema al que volveré más tarde. 
El G8 representa solo a un grupo pequeño, aunque esencial, de países, pero espero que el progreso que hemos conseguido allí tenga un efecto importante. 
Las conversaciones en la cumbre del G8 en julio terminaron con un comunicado ambicioso. 
Incluía el acuerdo de todos los miembros, también de los Estados Unidos, sobre el papel de la actividad humana en el calentamiento global y sobre la necesidad de tomar medidas urgentes. 
También hubo consenso en cuanto a un paquete de medidas para combatir el cambio climático con toda una gama de medios: eficiencia energética, generación de energía más limpia, investigación y desarrollo, financiación de energía más limpia, gestión de impactos del cambio climático, así como la lucha contra la tala ilegal de árboles. 
Los países del G8 se han comprometido con el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo a mejorar el uso de la financiación de tecnologías limpias y, sobre todo, acordaron iniciar un nuevo diálogo entre el G8 y otros países con necesidades significativas de energía sobre el cambio climático, la energía limpia y el desarrollo sostenible. 
La primera reunión de ese dialogo tuvo lugar en Londres el 1 de noviembre. 
México se ha ofrecido a organizar una segunda reunión el año que viene. 
En la década de los noventa, los Estados miembros de la Unión Europea fueron de los primeros en reconocer los peligros del calentamiento global y el vínculo entre la actividad humana y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Ya en 1991 la Comisión emitió la primera estrategia comunitaria destinada a limitar las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia energética. 
A la luz de los compromisos de la UE con el Protocolo de Kyoto, pronto se hizo evidente que había que hacer mucho más. 
Por ello, en el año 2000 vino el lanzamiento del programa europeo de cambio climático. 
Hoy la UE, por ejemplo, es la primera en abordar las emisiones procedentes de la aviación, y agradecemos sinceramente el reciente comunicado de la Comisión sobre la reducción de los impactos de la aviación en el cambio climático. 
Ese anuncio de su apoyo a la inclusión de las emisiones de la aviación en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE es muy alentador y esperamos impulsar el progreso en ese sector como prioridad de nuestra Presidencia de la Unión Europea. 
En Europa se reconoce claramente la importancia de la eficiencia energética para superar el desafío del cambio climático, y ya se está trabajando para ahorrar energía mediante la eficiencia energética en toda la Comunidad. 
Se espera que la directiva de servicios energéticos, sobre la que esperamos poder llegar a un acuerdo antes de finales de este año, sea un primer paso, mientras que el Libro Verde de la Comisión sobre eficiencia energética, publicado a finales de junio, debería constituir un plan de acción para la futura estrategia europea de eficiencia energética hasta 2020. 
Pero a pesar de todo este trabajo y esfuerzo, es evidente que las emisiones de la UE no se están reduciendo tan rápidamente como quisiéramos y que se necesitan medidas urgentes en todos los sectores, tanto a escala nacional como de la UE. 
Por ello, aplaudo la decisión de la Comisión de lanzar una nueva fase del programa europeo de cambio climático para estudiar qué más podemos hacer. 
Junto a todo esto, la Comisión y el Consejo están desarrollando una estrategia europea a medio y largo plazo para abordar el cambio climático e informaremos del progreso hasta la fecha en el Consejo Europeo de diciembre. 
La aportación del Parlamento será esencial, por lo que la resolución que han aprobado recientemente será una contribución muy valiosa a este proceso. 
La Presidencia del Reino Unido se ha propuesto dar un nuevo impulso en el más amplio proceso internacional en el que la UE desempeña un papel esencial. 
Por este motivo hemos incluido el cambio climático en la agenda de nuestras cumbres de la UE con China y la India. 
Esos dos países son socios especialmente importantes para la UE en el terreno del cambio climático. 
Ambas cumbres incluían debates bilaterales útiles sobre la seguridad y la eficiencia energéticas. 
Un elemento clave de la asociación con China es una nueva iniciativa sobre las emisiones casi nulas del carbón, con captura y almacenamiento del carbono, para afrontar el reto vital de tratar de resolver el aumento de las emisiones de gases invernadero procedentes del carbón. 
También hemos acordado una nueva asociación con la India. 
Y la cumbre UE-Rusia fue una oportunidad excelente para considerar qué experiencias podíamos compartir en la aplicación del Protocolo de Kyoto, para asegurar que esos mecanismos estén en marcha lo antes posible. 
En septiembre, por primera vez, los Ministros del Consejo de Agricultura se reunieron con los Ministros de Medio Ambiente para debatir los efectos del cambio climático en la agricultura de la UE. 
También incluimos el cambio climático en la agenda de los Consejos de Energía, Transporte y Competitividad. 
Toda esta actividad nos lleva a la primera reunión en diciembre de las partes del Protocolo de Kyoto en Montreal, donde, según el Protocolo, se iniciarán las conversaciones sobre el próximo período posterior a 2012. 
Permítanme dejar bien claro que la UE y el Reino Unido están absolutamente comprometidos tanto con el Protocolo de Kyoto en sí como con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Como ha dicho nuestro Primer Ministro, Tony Blair, esta semana en el banquete del alcalde de Londres, el mundo necesita un marco con los objetivos necesarios, aplicados de forma sensata e inteligente en un plazo de tiempo adecuado, que nos lleva más allá de 2012. 
Quizás podría pedir a sus Señorías que tomen nota del uso de la palabra «objetivos» , porque el Reino Unido ha declarado reiteradamente que los acuerdos formales con objetivos son absolutamente esenciales en cualquier programa internacional sobre el cambio climático, sobre todo porque proporcionan un incentivo y seguridad a la comunidad empresarial. 
El proceso informal del G8 también es de gran importancia, pero es complementario. 
No es, y nunca ha pretendido ser, un sustituto del Protocolo de Kyoto o de la Convención de las Naciones Unidas. 
Espero que el trabajo que hemos realizado este año a través de ambas Presidencias sirva efectivamente de punto de partida en Montreal. 
Montreal será principalmente la celebración de un logro inmenso: la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. 
A veces parecía que esto no iba a ocurrir nunca, pero la UE seguía trabajando obstinadamente para conseguir ese resultado, y ahora aquí estamos, con el único acuerdo mundial vinculante y creíble sobre el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La UE fijó nuestra postura de negociación para Montreal en el Consejo de Medio Ambiente de octubre. 
En primer lugar, queremos aceptar los Acuerdos de Marrakech, las decisiones que constituirán el Reglamento del Protocolo. 
En segundo lugar, queremos acordar un mecanismo de conformidad que asegure que las partes del Protocolo se atengan a sus normas. 
En tercer lugar, queremos intentar mejorar el funcionamiento de los mecanismos de Kyoto, y me refiero principalmente al mecanismo de desarrollo limpio. 
El intercambio de emisiones, el MDL y la implementación conjunta son, todos ellos, elementos esenciales del Protocolo, y seguirán siendo esenciales en los próximos años. 
Finalmente, la Conferencia de Montreal mirará al futuro, y empezará a debatir qué ocurrirá cuando termine el primer período de compromiso de Kyoto en 2012. 
Es probable que este tema sea el elemento más delicado, y también el más importante. 
No cabe duda de que queremos seguir con el Protocolo de Kyoto después de 2012 y que, de conformidad con el apartado 9 del artículo 3 de dicho Protocolo, debemos iniciar un debate para considerar los futuros compromisos de la UE junto con las demás partes de Kyoto. 
Sin embargo, también es evidente que, para que un sistema de cambio climático mundial sea realmente efectivo, necesitamos una participación más amplia que la que ofrece actualmente el Protocolo. 
En Montreal buscaremos vías para llegar a un marco para después de 2012 que tome como base y aprenda del Protocolo de Kyoto actual y pueda incluir al mayor número posible de países. 
La UE tendrá que apoyar manifiestamente nuestra ambición política para la Conferencia de las Partes de Montreal con pruebas reales de que vamos en cabeza a la hora de hacer frente al cambio climático. 
El Protocolo de Kyoto también establece que para finales de 2005 las partes deben demostrar sus progresos en la consecución de los compromisos de Kyoto. 
Será el momento ideal para que la UE reafirme su compromiso con Kyoto, para cumplir nuestros objetivos de reducción de emisiones y nuestras obligaciones de ayudar a los países en desarrollo. 
En la preparación de la conferencia estamos reuniendo datos, hechos y cifras para demostrar la aplicación práctica de nuestro compromiso político. 
Sabemos que debemos hacer más y todos estamos dispuestos a hacer más. 
El debate de hoy aquí en Estrasburgo nos permitirá hacer balance de la situación actual y nos ofrece una nueva oportunidad para demostrar al resto del mundo que la UE se toma este problema muy en serio y se compromete a ofrecer resultados. 
Juntos ya hemos conseguido mucho; hemos demostrado nuestro liderazgo y hemos marcado una verdadera diferencia. 
Debemos seguir así y no desfallecer a medida que crezcan los problemas ambientales. 
No veremos una resolución del problema en Montreal, ni bajo la actual Presidencia del Reino Unido en la UE. 
Necesitamos presidencias futuras –tanto en la UE como en el G8– que continúen este trabajo, que sigan dando prioridad al cambio climático en sus programas de trabajo y hagan frente a la importante amenaza que supone para nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. 
Hay signos alentadores de que las próximas Presidencias del G8 –Rusia y Japón– tienen esa intención, por lo que tengo toda la confianza en que la UE seguirá decidida a abordar este tema vital. 
. 
Señora Presidenta, me alegra en especial que se me conceda la oportunidad de debatir con ustedes los últimos acontecimientos en torno al cambio climático y la manera en que la política pertinente de la Unión Europea se reforzará y cómo se conseguirá la participación dinámica de todos los socios en una cooperación internacional productiva en este ámbito. 
El debate de hoy es especialmente importante en la fase previa de la próxima reunión de las partes en Montreal, que estará marcada por la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y por las conversaciones sobre el sistema para luchar contra el cambio climático después de 2012. 
A todos nos preocupa la reciente sucesión de catástrofes. 
Este verano, en la Península Ibérica, se registró una grave sequía e inundaciones en Europa Central; se produjeron una serie de huracanes –el Katrina, el Rita y el Wilma– y otras catástrofes de menor envergadura. 
En 2005, ya se ha producido un récord sin precedentes y es que este ha sido el año con el mayor número de los llamados ciclones tropicales desde que se comenzó su historial. 
Aunque los fenómenos meteorológicos concretos no se pueden relacionar directamente con el cambio climático, el aumento de las sequías e inundaciones y la mayor incidencia de huracanes o tormentas tropicales confirman, no obstante, las alertas científicas sobre el cambio climático. 
Probablemente desde que existe, la Tierra nunca se había calentado tan rápidamente como en los últimos 30 años. 
La década de los noventa ha sido la más caliente y nueve de los diez años más cálidos de la historia se han registrado entre 1995 y 2004, siendo el más cálido el año 1998. 
Los científicos expresan sus temores de que 2005 será finalmente el año más caluroso de la historia. 
Como todos sabemos, cuando el planeta se calienta, también se eleva la temperatura del mar y cuando la temperatura del mar supera los 26 ºC, es probable que se desarrolle un ciclón tropical. 
La temperatura de la superficie del mar se ha incrementado a escala mundial durante los últimos 100 años en un 0,6 %, lo que supone que probablemente tendremos ciclones más potentes y con más frecuencia en el futuro. 
Sin embargo, en lugar de determinar en qué medida el huracán Katrina u otros fenómenos climáticos han sido causados por la actividad humana, es más importante que saquemos lecciones de estos fenómenos meteorológicos, para poder luchar contra el cambio climático. 
Quiero referirme en particular a la propuesta de resolución sobre la Comunicación titulada «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial» y quiero agradecer en especial al ponente, el señor Wijkman, y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, a la Comisión de Desarrollo y a la Comisión de Industria, Investigación y Energía sus propuestas concretas y valiosas. 
La propuesta de resolución hace hincapié en que la estrategia comunitaria para reducir el cambio climático tiene que basarse en un enfoque que incluya lo siguiente: basarse en los elementos fundamentales del Protocolo de Kyoto; fuertes reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europa; la participación de los principales países, como los Estados Unidos; el desarrollo de una asociación estratégica con los países en desarrollo de importancia crucial; el fomento enérgico de la investigación y la innovación y la mejora de la eficiencia energética en la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo y apoyo este enfoque; las iniciativas adoptadas por la Comisión este año en el ámbito del cambio climático, en su mayoría van de la mano de la propuesta del Parlamento. 
Permítame hacer una breve observación general: en octubre, la Comisión marcó el comienzo de una nueva era en el programa europeo sobre el cambio climático en una importante conferencia en Bruselas a la que asistieron los principales actores del sector. 
El nuevo programa europeo sobre el cambio climático constituirá un nuevo marco para la política que ejerzamos sobre el cambio climático más allá de 2012. 
Abordamos una serie de cuestiones nuevas, como la aviación, y también nos centramos en las nuevas tecnologías, como la fijación del carbono, que brindan oportunidades para adoptar medidas económicamente eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Como primer paso, la Comisión está creando varios grupos de trabajo. Entre ellos, el grupo de trabajo que revisará los progresos realizados hasta la fecha en la aplicación de las políticas sobre el cambio climático; el grupo de trabajo que investigará la fijación y el almacenamiento del carbono en las formaciones geológicas para moderar el cambio climático; el grupo de trabajo que evaluará la integración de la aviación en el régimen comunitario para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; el grupo de trabajo que preparará la revisión de la estrategia comunitaria sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono generadas por los vehículos comerciales ligeros y el grupo de trabajo que determinará los ajustes políticos necesarios que conviene que siga la Unión Europea. 
Cada uno de estos grupos de trabajo determinará nuevos campos específicos en los que la Unión Europea pueda intensificar su actuación para luchar contra el cambio climático. 
Se espera que el primero de estos grupos de trabajo empiece a presentar sus informes finales durante el primer semestre del año que viene. 
Tal como ha dicho la señora Beckett, la Comisión también ha adoptado un Libro Verde sobre la eficiencia energética. 
De modo similar, quiero referirme a la Comunicación de la Comisión titulada «Reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático». 
La aviación está contribuyendo cada vez más a las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La Comunicación llega a la conclusión de que la mejor manera de reducir estas emisiones es integrar el sector de la aviación en el sistema comunitario de derechos de emisión. 
Tras las consultas con las partes interesadas, la Comisión pretende presentar la propuesta legislativa pertinente a finales de 2006. 
Por descontado, las iniciativas de la Comisión no se limitan exclusivamente a desarrollar medidas dentro de la Unión Europea. 
Tomamos parte activa en las conversaciones con terceros países y pedimos su opinión sobre las próximas medidas que conviene adoptar durante las futuras negociaciones sobre el clima y sobre la creación de nuevas estructuras para reforzar nuestro diálogo político y la cooperación tecnológica. 
El cambio climático y, en particular, sus conexiones con la energía y el suministro seguro de energía se incluyen en las prioridades de nuestros contactos bilaterales y multilaterales. 
En este sector, estamos cooperando estrechamente con la Presidencia británica que, tal como ha dicho antes la señora Beckett, ha reservado un lugar destacado al cambio climático en la agenda de la cumbre del G8 en Gleneagles y que siempre ha ocupado un lugar en su lista de prioridades. 
Los resultados son alentadores. 
El acuerdo sobre la asociación entre la Unión Europea y China relativo al cambio climático y la energía facilita el marco político para una cooperación y un diálogo más estrechos sobre estas cuestiones. 
El principal objetivo de la asociación China-UE es desarrollar tecnología avanzada para reducir las emisiones de carbono a un nivel cercano al cero, basada en la fijación y el almacenamiento del carbono en las formaciones biológicas. 
Sus otros objetivos son el fomento de otras fuentes de energía limpias y la eficiencia energética, el ahorro energético y las fuentes renovables de energía. 
La iniciativa de la India-UE sobre el desarrollo limpio y el cambio climático dispone varias iniciativas para desarrollar el diálogo. 
Hace hincapié en la cooperación sobre el desarrollo y la evaluación de tecnologías limpias, sobre los ajustes necesarios al calentamiento del planeta y sobre el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático empezará en Montreal (Canadá) a finales de mes y tendrá una duración de dos semanas. 
La Comisión ha participado activamente en una serie de reuniones informales para preparar la conferencia de Montreal. 
Nuestras actividades, tanto en la Unión Europea como en el escenario internacional, han desempeñado un papel importante en la configuración de las condiciones para el éxito de esta conferencia. 
¿Cuáles son nuestros objetivos en Montreal? 
En primer lugar, la conferencia marcará la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, con la adopción de las normas y procedimientos exigidos para su aplicación. 
Dentro de este marco, es importante que demostremos que la Unión Europea cumple sus compromisos. 
En segundo lugar, el diálogo intenso mantenido durante los últimos meses ha creado un impulso importante, de modo que en la conferencia de Montreal el debate comenzará a escala internacional sobre la forma que adoptará la futura estrategia internacional sobre el cambio climático. 
Sin embargo, la consecución de los anteriores objetivos no es una conclusión predecible. 
Un pequeño número de países, encabezados por los Estados Unidos, siguen sin mostrarse dispuestos a participar en el diálogo sobre la futura estrategia mundial relacionada con el cambio climático. 
Tendremos que redoblar nuestros esfuerzos durante los próximos meses, para que estos países también cooperen en el inicio del diálogo. 
También es importante que comprendamos que la conferencia de Montreal no será el fin del procedimiento, sino que marcará el comienzo del diálogo, pero que no va a dar la solución. 
La solución solo se encontrará a través de un debate internacional intenso durante los próximos años. 
Mediante este diálogo, es necesario que hallemos las soluciones que darán una respuesta a los elementos básicos de la futura estrategia sobre el clima, tal como se determinó en la Comunicación de la Comisión a principios de este año. 
Estos elementos se reflejan en la propuesta de resolución del Parlamento: una participación más amplia, cobertura de todos los sectores y todos los gases, fortalecimiento del desarrollo y uso de nuevas tecnologías, utilización de medios basados en mecanismos de mercado y, por último, políticas para ajustar las consecuencias del aumento del calentamiento del planeta. 
Para concluir, si hay que obtener un resultado positivo de este diálogo, tiene que continuar existiendo un interés político serio en la cuestión del cambio climático y hay que reforzar el papel destacado de la Unión Europea. 
Es necesario que demostremos que podemos reducir nuestras emisiones y que esto contribuye a nuestro desarrollo económico. 
La propuesta de resolución envía un mensaje claro de que, al afrontar este reto, la Comisión siempre puede contar con el apoyo del Parlamento Europeo. 
– Señora Presidenta, Comisario quiero expresar mi especial agradecimiento a la señora Beckett, quien hoy ha estado presente en esta Cámara. 
El cambio climático es una de las amenazas más graves con las que nos enfrentamos. 
Quiero destacar que ya no se puede considerar un mero problema medioambiental. 
Un clima más cálido es un clima menos estable, que supone una amenaza para todos los sectores de nuestra sociedad, una amenaza que hay que declarar como uno de nuestros problemas de seguridad. 
Se trata de una amenaza para la seguridad no solo para la UE y sus Estados miembros sino también, por supuesto, para muchos países pobres de los trópicos. 
Al mismo tiempo que digo esto, quiero destacar que es importante que no se considere que la cuestión climática es simplemente un problema y una carga. 
Si hacemos lo correcto, podemos reducir los riesgos para la sociedad en el futuro. 
Si hacemos lo correcto, también podemos abrir nuevas oportunidades para las empresas y la tecnología en una serie de ámbitos. 
El mundo cuenta con una asociación conocida como el Grupo Climático. 
Incluye a una serie de grandes empresas, lo que demuestra que es posible reducir las emisiones y ganar un montón de dinero en un período relativamente corto. 
Creo que la necesaria transformación de los sistemas energéticos y de transporte en nuestra parte del mundo debería convertirse en una palanca importante del Proceso de Lisboa y debería poder crear un cierto impulso para la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades de exportación. 
El informe del Parlamento ofrece una lista de medidas propuestas para la estrategia después de 2012. 
Creemos que la UE tiene que seguir desempeñando un papel destacado en la labor sobre el cambio climático a escala internacional. 
La señora Beckett nos acaba de confirmar en su intervención que en el Consejo se comparte este punto de vista. 
Es preciso que hagamos algo más a corto plazo para, de esta manera, cumplir realmente los requisitos del Protocolo de Kyoto. 
En estos momentos, no obstante, solo somos responsables de una parte de las emisiones, que ascienden aproximadamente a un 14 %. 
Por lo tanto, tenemos que implicar a otras partes interesadas. 
Es urgente que, con el tiempo, impliquemos a los Estados Unidos en una cooperación constructiva. 
Tenemos que establecer objetivos a largo plazo. 
Lo que pedimos, y queremos ver, son reducciones del 30 % en 2020 y del 60 % al 80 % en 2050. 
Esto también es una reivindicación constante del mundo empresarial, que dice que precisa directrices a largo plazo. 
La situación de los países en desarrollo es, por supuesto, increíblemente importante. 
Para ellos, la energía es ante todo una cuestión de crecimiento y desarrollo, pero no deben repetir nuestros errores. 
Necesitamos asociaciones estratégicas, en especial, con los grandes países en desarrollo, con el fin de incentivar los saltos tecnológicos hacia delante y la inversión en la mejor tecnología posible. 
Lo que se ha introducido en este ámbito mediante el acuerdo de la Comisión con China es, naturalmente, extremadamente constructivo, pero ha de tener lugar a mayor escala y ser mucho más importante. 
Hay que tener presente que, todos los meses, China pone en funcionamiento dos nuevas centrales eléctricas que utilizan carbón como combustible. 
Tenemos que invertir en investigación y desarrollo. 
Ahora es un hecho que los Gobiernos en todo el mundo invierten menos en investigación energética proporcionalmente al PIB de lo que lo hacían hace 30 años. 
Esto me resulta completamente incomprensible. 
A menudo, comparo esta situación con la que se aplicaba con relación al proyecto Apolo. 
Si los estadounidenses fueron capaces de poner un ser humano en la luna en un plazo de diez años, deberíamos, mediante enormes esfuerzos en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, poder hacer algo similar con respecto a un avance importante en las nuevas tecnologías. 
Para poder ser políticamente creíbles, tenemos que adoptar medidas enérgicas en casa. 
Hemos de impulsar el ahorro energético, algo que se ha destacado en diversas ocasiones. 
Esto significa que, por ejemplo, la Directiva relativa al rendimiento energético de los edificios debería ampliarse y ser más ambiciosa. 
El ámbito del transporte también es muy crítico. 
Acogemos con satisfacción que la aviación y el transporte marítimo se incluyan en la política climática. 
Recomendamos que se conciban medidas rápidas para que el transporte por ferrocarril sea más eficiente. 
Creemos que hay que sacar las conclusiones correctas de las dificultades que conlleva la reducción de las emisiones del tráfico por carretera. 
Necesitamos, y, por lo tanto, proponemos, una normativa ambiciosa y vinculante que rija las emisiones de dióxido de carbono de los nuevos vehículos. 
Es necesario que contribuyamos a sacar al mercado nuevas tecnologías, que ya existen. 
Sin embargo, hay un gran número de obstáculos. 
Uno de ellos es, por supuesto, que seguimos subvencionando la tecnología convencional, o sea la tecnología alimentada por combustibles fósiles. 
Es necesario que desarrollemos el comercio de derechos de emisión, pero, por supuesto, hay que asegurarse de que el derecho de emisión no es tan ambicioso como el año pasado. 
En vez de ello, debemos reducir el límite máximo de emisiones gradualmente. 
Hay que invitar a otros agentes a que participen en este proceso para que Europa no se convierta en el único mercado. 
La mayoría de las medidas que se proponen en el informe van dirigidas a las empresas y a los fabricantes. 
También creemos que es necesaria una participación más activa de los ciudadanos. 
El estilo de vida de todos nosotros afecta a los desarrollos. 
Tenemos la idea de considerar, con el tiempo, alguna forma de comercio de derechos de emisiones a nivel de los particulares. 
Puede que esto sea imposible de aplicar en la práctica, pero un primer paso sería aumentar el conocimiento tanto del contenido de dióxido de carbono de todo lo que compramos como del que emiten nuestros medios de transporte. 
En el Parlamento y en las instituciones europeas tenemos que poner en práctica lo que predicamos. 
Conviene que nos aseguremos de que, por ejemplo, nuestros edificios y medios de trasporte sean tan eficientes como sea posible en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono se refiere. 
Aún nos queda mucho por hacer en este terreno. 
Para resumir, quiero desear buena suerte tanto a la Comisión como al Consejo en Montreal. 
Deben asegurarse de que la UE continúa desempeñando un papel destacado y deben fomentar que se trabaje sobre el cambio climático en el plano internacional con vistas a conseguir resultados positivos. 
. – Señora Presidenta, Señorías, en nombre de la Comisión de Desarrollo quisiera felicitar en primer lugar a nuestro colega, el señor Wijkman, por su excelente informe sobre el cambio climático. 
Como ponente de esta comisión, quisiera hacer algunas breves observaciones de orden general. 
Nuestro colega tiene razón al subrayar que si el calentamiento planetario constituye un desafío ambiental, es ante todo un desafío para el desarrollo. 
De hecho, el cambio climático representa, a nuestro entender, un verdadero motivo de preocupación para la civilización. 
Por esta razón, nuestra comisión ha querido subrayar que la combinación de las consecuencias del cambio climático, de los cambios demográficos a escala mundial y de la globalización económica abre un período de inestabilidad sin precedentes en la historia de la humanidad. 
En efecto, es de temer que en este contexto el calentamiento del planeta agrave la fractura entre el mundo desarrollado y los países de desarrollo retrasado. 
Por desgracia, no hay duda de que esos países serán los más afectados por las repercusiones del cambio climático. Esto es especialmente cierto en el caso de los pequeños Estados insulares, vulnerables por más de un concepto y, en especial, ante los ciclones y la elevación del nivel del mar. 
Por ello, consideramos que la ayuda a la adaptación de esos países a las repercusiones del cambio climático debe ser una prioridad de la política de ayuda al desarrollo de la Unión Europea. 
Recomendamos que la Unión Europea desarrolle una política de cooperación específica para los países en desarrollo. 
Como habrán comprendido, para la Comisión de Desarrollo la lucha contra el cambio climático es inseparable de la lucha contra la pobreza y la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El informe también tiene razón al insistir en los esfuerzos que quedan por hacer en materia de disminución de las emisiones para alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto. 
Para terminar, una pregunta, señora Presidenta. 
Cuando, hoy, el 20% de la población del planeta consume el 80 % de la energía mundial, ¿qué sucederá hacia 2050 con la contaminación de la atmósfera, cuando haya que responder a las necesidades energéticas de nueve a diez mil millones de habitantes? 
. 
Señora Presidenta, evidentemente el cambio climático es tan intenso y tan cercano a nosotros que ya ha dejado de ser un problema intelectual y un problema de determinados grupos más sensibles, que lo habían puesto sobre la mesa. 
Es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos y costumbres, es una oportunidad para reducir emisiones y conseguir un aire más limpio, es una oportunidad para el desarrollo de energías renovables y alternativas y, también, es una oportunidad para que Europa se plantee su dependencia de las energías fósiles, muchas veces en territorios con una inestabilidad política grande y sometidos a fuertes cambios de precios. 
Por tanto, creo que abre también la puerta a la oportunidad de revisar y plantearnos la energía nuclear como una de las muchas soluciones, además de otras alternativas. 
Todavía hemos de mejorar mucho la investigación y el conocimiento de las causas del cambio climático. 
Se ha investigado muy poco, por ejemplo, sobre la relación entre agricultura y cambio climático. 
Hay recientes investigaciones que han encendido una luz roja y abierto otro camino; estamos culpando únicamente a la industria del problema. 
Creo que tendríamos que hacer una agricultura inteligente y orientada hacia esas estrategias; eso sería científicamente mucho más seguro. 
Por otra parte, creo que hay que mejorar también el tema de las cuotas, los modelos matemáticos para la fijación de cuotas; todavía hay muchos países que lo están haciendo de una manera poco correcta, cuando otros han llegado a buenas soluciones, como los británicos. 
También creo que es preciso buscar estrategias para compensar el cambio climático y determinar en qué medida se puede paliar. 
Considero que ha de revisarse la política sobre la sequía y la desertificación en el Mediterráneo y atender el sufrimiento y el deterioro ocasionados al sistema ecológico e, incluso, al sistema de nuestros recursos animales y a la fauna. 
. – Señora Presidenta, hemos visto las caras de las víctimas del huracán y las inundaciones de Nueva Orleans. 
El calentamiento mundial no significa un calentamiento efectivo en todas las partes del planeta. 
Significa un número creciente de catástrofes, por ejemplo irregularidades meteorológicas y enormes pérdidas de vidas y bienes. 
El caso es utilizamos demasiada energía fósil. 
Si los países en desarrollo, como los casi tres mil millones de habitantes de China y la India, siguen el modelo de consumo estadounidense, quemaremos nuestro planeta. 
Por ese motivo, en nombre del Grupo Socialista, acojo con satisfacción el valiente informe del señor Wijkman. 
Pero no basta con palabras bonitas. 
Debemos insistir ante nuestros socios en que ratifiquen el Protocolo de Kyoto. 
Debemos encontrar aliados para este objetivo entre políticos y ciudadanos estadounidenses de mentalidad abierta que comprendan la importancia del desarrollo sostenible. 
Para reducir las emisiones debemos utilizar mucho más el transporte público. 
El ferrocarril es cinco veces más eficiente que el transporte por carretera. 
Además, es menos dañino para el medio ambiente. 
Pero la Unión Europea todavía no tiene los instrumentos adecuados para fomentarlo. 
La UE no tiene ningún proyecto para mejorar el transporte público urbano y el hecho de que en nuestras ciudades el número de coches vaya en aumento significa que la vida urbana es cada vez más caótica e insalubre. 
Nuestra población urbana merece más atención por nuestra parte como políticos en relación con la pureza del aire y la calidad del transporte público. 
Las energías renovables se desarrollan en algunos países, pero en otros Estados miembros se han tomado muy pocas medidas. 
Necesitamos objetivos vinculantes, si no para 2010, al menos para 2020. 
Hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo con la señora Beckett. 
Creo que las soluciones a medias como la del almacenamiento de carbono no pueden ser una solución para el futuro. 
En vez de ocultar nuestras crecientes emisiones temporalmente, debemos reducirlas. 
Si hay que cerrar una central nuclear por el motivo que sea, debe ser sustituida exclusivamente por energías renovables. 
Cerrar centrales nucleares y utilizar más energía fósil sería una especie de suicidio colectivo. 
. – Señora Presidenta, quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo por sus declaraciones. 
Pero debo decir que no comparto la valoración optimista de la señora Beckett sobre lo que hace la Unión Europea, a pesar de la promesa del Gobierno británico de hacer del cambio climático una prioridad de su Presidencia. 
El progreso sobre el terreno ha sido muy decepcionante. 
Escuchar que el comunicado del G8 sobre el cambio climático es ambicioso tensa la lengua inglesa casi hasta el límite. 
Si la Presidencia británica quiere de verdad ejercer el liderazgo internacional en este terreno, primero tiene que poner orden su propia casa. 
A principios de este año encargamos un informe a la Asociación para la Conservación de Energía con el fin de evaluar si este Gobierno ha cumplido debidamente las leyes europeas sobre la reducción del uso de combustibles fósiles. 
Sus resultados dejaron claro que este Gobierno ha retrasado la aplicación de la directiva sobre el rendimiento energético de los edificios, ha pedido un aumento del nivel de emisiones de CO2 que permite el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, no ha establecido unos objetivos vinculantes para la reducción de la demanda de energía, como estipula la directiva de servicios energéticos, y no ha promovido las plantas de ciclo combinado de calor y electricidad a pequeña escala, en línea con la directiva de cogeneración. 
Por este motivo, el Consejo debería prestar especial atención al informe del Parlamento Europeo sobre el cambio climático, redactado con mano experta por el señor Wijkman. 
Allí encontrarán una llamada a la acción realmente valiente y ambiciosa. 
En concreto, el informe exige una fuerte reducción de las emisiones en el propio país, empezando con una reducción nacional del 20 % al 30 % en la UE antes de 2020, que debería pasar a ser del 60-80 % para 2050. 
Pide que se intente conseguir que Europa sea la economía más eficiente del mundo desde el punto de vista energético, estableciendo unos objetivos de reducción anual de la energía del orden del 2,5 % al 3 %, y que se elabore una estrategia contundente para Montreal. 
Y, en nuestra enmienda, los Verdes pedimos a la UE que garantice un mandato formal y un calendario para negociar futuros compromisos sobre el clima con un plazo fijo para llegar a un acuerdo a finales de 2008. 
Quiero terminar con dos preguntas breves al Consejo. 
Primera ¿cuál es su opinión sobre la contracción y la convergencia como marco para una acción futura? 
Segunda, junto con la inclusión de la aviación en el sistema de intercambio de emisiones, ¿propondrá el Consejo instrumentos paralelos para resolver todo el impacto climático de la aviación, dado que, por lo que sabemos, el Sistema de Comercio de Emisiones no abarca las emisiones no relacionadas con el CO2? 
– Señora Presidenta, para ir al grano, un sistema de libre mercado no es la mejor solución para el problema del cambio climático. 
Una economía desenfrenada de libre mercado sin restricciones para un exceso de consumo y productos conduce al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, agrava el problema. 
El crecimiento económico es como una vaca sagrada: es sacrosanto, con todos y cada uno de los productos de consumo que necesitan estar disponibles en el mercado, en todo el mundo y al mismo tiempo. 
Hay que recordar, sin embargo, que las vacas sagradas también pueden despedir gases perjudiciales, y no se trata solo de una metáfora, sino que es literalmente cierto, si uno considera el porcentaje de explotaciones intensivas de ganado en el nivel de emisiones de CO2. 
El grupo de presión de la energía nuclear se ha apoderado de la cuestión del cambio climático para volver a colocarlo en el mapa. 
Aunque parezca extraño, no dicen ni una palabra de las enormes montañas de residuos que crean para nosotros y que van a darnos enormes problemas durante los próximos diez mil años. 
No hay que intentar resolver una crisis medioambiental creando otra. 
Los miles de millones que siguen bombeándose en el desarrollo y el fomento de la energía nuclear podrían gastarse de forma más sensata en energía eólica, solar e hidráulica. 
En 2030, los niveles de emisiones en el sector del transporte seguirán siendo del 28 % por encima del nivel de 1990. 
Su valor simbólico para una economía internacional de libre mercado hace que sea un sector difícil en el que se puedan adoptar medidas y, por lo tanto, pido que se impongan impuestos al transporte marítimo y aéreo. 
En contraposición al comercio de derechos de emisión, no podemos, mediante la fiscalidad, pasar el problema a los países en desarrollo. 
. – Señora Presidenta, estoy impresionado con el programa de trabajo que el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, presentó ayer a esta Cámara. 
Contiene muchos puntos válidos en lo que se refiere al objetivo de evitar el cambio climático. 
Por ejemplo, apoyo firmemente la inclusión del tráfico aéreo en el ámbito del sistema de comercio de derechos de emisión, así como la revisión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, que data de 2001. 
Incluso así, la Comisión no ha sido, a mi entender, muy ambiciosa en este sentido. 
Durante años, hemos estado debatiendo reducciones drásticas en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero los niveles de emisión siguen en aumento año tras año, no solo en todo el mundo, sino también en varios Estados miembros. 
Si queremos que se nos tome en serio en Montreal, no solo hay que atreverse a mencionar las reducciones, sino que también hay que comprometerse a que, en esta ocasión, se adopten realmente medidas. 
En caso necesario, deberíamos implicar a un número más pequeño de países. 
Pido al Comisario Dimas que presente una estrategia que contenga medidas que puedan ayudarnos a conseguir nuestro objetivo a largo plazo, ya que, a pesar del efecto positivo que han tenido las propuestas que se han presentado en esta Cámara esta semana, solo están inspiradas con una visión a corto plazo. 
. – Señora Presidenta, hace una década se especulaba mucho con el cambio climático, pero hoy es una realidad a medida que vemos cómo el futuro se despliega ante nuestros ojos. 
Los habitantes del Ártico lo ven en la desaparición del hielo ártico; los habitantes de las chabolas de América Latina y el sur de Asia lo ven en forma de tormentas e inundaciones mortales; Europa lo ve en la desaparición de sus glaciares, en los incendios forestales y en las olas de calor fatales. 
En Brasil, este año, por ejemplo, mientras a miles de kilómetros de distancia los huracanes destrozaban los Estados Unidos y el Caribe con agua y viento, los habitantes de un pequeño pueblo pesquero en la región profunda del Amazonas veían cómo el lago del que dependían para la comida y el transporte se secaba en un año en el que la región experimentó la peor sequía en cuatro décadas: consecuencia del calentamiento del agua del océano, que también ha sido la causa de los huracanes más violentos registrados en el Golfo de México. 
La firma y la ratificación del protocolo de Kyoto por parte de algunos de los principales agentes ha sido un acontecimiento muy bien recibido. 
El Protocolo de Kyoto es un soplo de vida porque la Federación Rusa lo ha ratificado. 
Pero ahora los principales agentes deben esforzarse más por convencer a los países con los niveles más elevados de contaminación: los Estados Unidos y los países en desarrollo. 
Me preocupa muchísimo que los Estados Unidos sigan prefiriendo abordar el cambio climático mediante actividades unilaterales. 
El cambio climático debe abordarse como problema mundial. 
Si no se reduce el dióxido de carbono, la cubierta de hielo del Ártico desaparecerá. 
Y, en concreto, afectará a la calidad de vida de quienes viven en las regiones costeras y en islas. 
Es un hecho científico, no un apasionado alegato político por mi parte. 
Irlanda es mucho más eficiente, energéticamente, que hace una década. 
Animo a los demás Estados miembros a seguir su ejemplo. 
Nunca se ha dicho que abordar el cambio climático sea fácil, pero la autocomplacencia es mucho peor. 
Lo que es un hecho, y lo que sorprende a muchas personas, es que debido al nivel de gases de efecto invernadero que ya tenemos en la atmósfera, estemos expuestos a un grado considerable de calentamiento global y al aumento del nivel del mar. 
Aunque fuéramos alumnos modélicos en términos de emisión de gases de efecto invernadero, también sufriríamos por la contaminación pasada, pero cuanto más esperemos a resolver seriamente el tema de las emisiones de gases invernadero, más duros serán sus efectos. 
Ya se ha notado un aumento de las temperaturas. 
El aumento de medio grado de temperatura es similar al que se observó a finales del siglo XX. 
Pero lo más alarmante es el aumento previsto del nivel del mar, que es más del doble del aumento de tres pulgadas que tuvo lugar durante la última parte del siglo pasado. 
Esas cifras no tienen en cuenta el agua dulce que se funde de las capas de hielo y los glaciares, que podría al menos doblar el aumento del nivel de mar provocado solo por la expansión térmica. 
Los científicos han dicho que la temperatura del agua en el Atlántico norte y en el Golfo de México ha sido este año 3,6 grados más alta que lo normal. 
Lo que ha contribuido a la formación de los huracanes que han devastado la costa del Golfo de los Estados Unidos y el Caribe. 
También ha contribuido a generar las corrientes de aire más cálido que lo normal que han soplado en la cuenca del Amazonas y han impedido que se formen las nubes de lluvia. 
Greenpeace ha advertido de que la experiencia de este año podría ser un indicio de lo que nos espera si no detenemos prácticas como la deforestación y la emisión a la atmósfera de gases que atrapan el calor. 
Si abordamos seriamente el tema del cambio climático, no solo ayudaremos a preservar nuestro planeta para nuestros nietos y las generaciones futuras, sino que además les ahorraremos, a ellos y a nosotros, un coste monetario, dado el elevado gasto que supone la protección de las especies y los hábitats en vías de extinción. 
Las regiones en evolución como el Sur de Asia, América Latina y África exigen unas políticas de reducción de emisiones que no perjudiquen su desarrollo económico. 
Así pues, las políticas de cambio climático deben elaborarse de forma que contribuyan al crecimiento económico de los países en desarrollo. 
Dado que el mes que viene viajaré a Montreal con la delegación europea, espero ver cómo los agentes mundiales se enfrentan a la realidad de este año y trabajan juntos como socios en la resolución de este problema mundial tan importante. 
– Europa fue una de las primeras regiones del mundo en documentar los cambios climáticos que son la consecuencia de peligrosos cambios climáticos a escala mundial. 
Los veranos son más calurosos, los inviernos son más lluviosos, los caudales de los ríos han disminuido, la humedad del suelo se ha reducido y se registran más inundaciones, así como sequías y huracanes extremos. 
No cabe duda de que estos cambios son el resultado directo de la actividad humana, principalmente en los países desarrollados que son los principales responsables de las altas emisiones de gases de efecto invernadero. 
La Unión Europea se incluye entre los mayores contaminadores. 
Todos los años, las catástrofes causan pérdidas económicas y se cobran vidas, y se produce una mayor incidencia de muchas enfermedades relacionadas con la contaminación medioambiental. 
Es esencial la acción común por parte de los principales contaminadores –China, los Estados Unidos, la Unión Europea y la India– en la lucha contra los cambios climáticos. 
No es realista esperar que el género humano renuncie a las comodidades de la vida moderna, como los automóviles y otros medios de transporte, a favor de las bicicletas. 
Lo que necesitamos, por lo tanto, es innovación con respecto a las tecnologías existentes y el desarrollo de fuentes de energía más respetuosas con el medio ambiente. 
Es necesario utilizar más energía solar, hidráulica y eólica e impulsar la investigación de estas nuevas formas de energía. 
En Europa, asistimos al éxodo de nuestros jóvenes científicos a los Estados Unidos, ya que Europa no les ofrece unos recursos adecuados para llevar a cabo una investigación efectiva con un alto nivel de calidad en este ámbito. 
Asimismo, existen otros campos de investigación que ni tan siquiera se tratan en Europa El cambio climático afectará a la salud de los europeos. 
Debido a los cambios climáticos, Europa estará expuesta a enfermedades que no son autóctonas de este continente, ya que son más típicas de zonas geográficas más meridionales. 
El calentamiento global incrementará la incidencia de enfermedades infecciosas transmitidas por los artrópodos, como los mosquitos que propagan la malaria y determinadas inflamaciones virales del cerebro. 
– Señor Presidente, Señorías, permítanme que comience observando que la Presidencia del Consejo nos ha hecho esperar entre 10 a 15 minutos para el comienzo de este debate. 
Agradeceré al menos una explicación y una excusa, quizás se nos dé una. 
Quiero expresar mi gratitud al señor Wijkman por su dedicación y su ardua tarea. 
La suya no ha sido una tarea fácil, y seguramente no es un secreto que se han mantenido deliberaciones en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristinos) y Demócratas Europeos, aunque hemos podido resolver estas cuestiones satisfactoriamente. 
El informe que nos ocupa es un buen informe, y hay un aspecto en particular que quiero destacar. 
El lunes, en Alemania, se llegó a un acuerdo sobre una nueva Gran Coalición, cuyos aspectos son objeto de crítica justificada: contiene algunos compromisos con los que no todo el mundo puede estar de acuerdo. 
Los capítulos sobre el medio ambiente, la energía y el cambio climático son, no obstante, perfectamente respetables, y creo que permitirán que Europa también avance. 
Mucho de lo que contiene el acuerdo de coalición es idéntico a lo que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha propuesto en el informe Wijkman, y esto es un estímulo para que la Comisión redoble su determinación de perseverar en sus objetivos en ámbitos como el transporte aéreo. 
En lo relativo a las energías renovables, queremos –no solo en la Gran Coalición alemana sino también en las enmiendas que hemos presentado al informe Wijkman– que se dé una nueva prioridad al calentamiento, un ámbito en el que, con poco gasto, podemos ahorrar mucho CO2 y es por esta razón que la Comisión ha querido presentar una propuesta de directiva sobre el tema. 
Creo que hay una cuestión sobre la cual ni la Gran Coalición alemana ni la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria han resuelto satisfactoriamente: la energía nuclear. 
Estoy de acuerdo con la señora Gutiérrez de que la energía nuclear es indispensable si queremos resolver el problema climático. 
Sin embargo, me gustaría que el informe obtuviera una mayoría amplia y convincente, y para concluir, quiero hacer hincapié en lo que el señor Wijkman ha dicho sobre que también existe un problema de seguridad. 
Según un estudio del Pentágono, el cambio climático representará, a largo plazo, un mayor peligro para los humanos que el terrorismo internacional. 
Esto debería dejar claro a todo el mundo que ha llegado la hora de actuar. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al señor Wijkman por su informe excelente e implacable. 
También quiero felicitar a la señora Beckett por su compromiso con la política climática. 
Hoy, esta Cámara vuelve a reclamar una política climática ambiciosa y el Comisario Dimas ha explicado por qué está plenamente justificado que se haga así. 
En Montreal, hay que sentar las bases para una nueva política climática. 
Nos enfrentamos con el enorme reto de suministrar energía limpia y un transporte más limpio, al mismo tiempo que reducimos el consumo de energía. 
Hasta la fecha, Europa ha desempeñado un papel destacado, lo que ha tenido su compensación. 
No cabe duda de que hay que celebrar algo en Montreal. 
El primer cometido de Europa ahora es garantizar que el mayor emisor de CO2, los Estados Unidos, también acepten obligaciones y que la implicación de países como China y la India en todo el proceso sea honesta. 
Esto solo se puede conseguir si la propia UE aborda estos problemas y demuestra que la economía europea recibirá un buen impulso mediante la innovación, siendo mucho más eficiente energéticamente, con una producción más eficaces y comercializando productos sostenibles. 
Sin embargo, por desgracia, a excepción de Gran Bretaña, la mayoría de los países no cumplen sus obligaciones y, lamentablemente, los automóviles más limpios y más económicos no se fabrican en Europa sino en Japón. 
¡Es necesario que hagamos más y mejor! 
Esto solo será posible si implicamos a los ciudadanos en la política climática. 
– Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de mi compañera de Grupo, la doctora Lucas, sobre la trayectoria bastante irregular del Gobierno del Reino Unido en la lucha contra el cambio climático. 
Sin embargo, si el Consejo tiene alguna aspiración, haría bien en examinar atentamente y adoptar el informe del señor Wijkman. 
El hecho es que necesitamos un cambio radical en la forma de debatir el cambio climático, especialmente entre los ciudadanos. 
Debemos empezar con nuestros propios actos, porque son los que podemos controlar mejor. 
Debemos darnos cuenta de que si aceptamos el reto, podremos sacar provecho de nuestro propio ejemplo. 
La energía renovable es la clave de la solución. 
Mi propio país, Escocia, podría ser el líder mundial de la energía renovable, verde y limpia. 
Tenemos olas, mucha costa, colinas barridas por el viento, biomasa y energía geotérmica, y la materia prima para crear cascadas hidroeléctricas nos cae del cielo de forma regular. 
Sin embargo no invertimos suficiente en tecnologías renovables, ni en Escocia ni en Europa. 
En el caso de Escocia, es porque el Reino Unido controla la política energética y sigue empeñado en un plan nuclear que creo que no ofrece ninguna solución a largo plazo. 
En esta Cámara podemos contribuir a ese cambio radical en materia de energía renovable y al debate sobre el cambio climático, y debemos unirnos alrededor del informe del señor Wijkman. 
La Comisión puede desempeñar su papel dando prioridad a la energía renovable en los Programas FP7. 
– Señor Presidente, Señorías, el efecto invernadero es el problema más importante que tenemos que afrontar, porque tiene que ver con una alteración estructural de las condiciones necesarias para la existencia. 
La capacidad para afrontar este problema debe ser un elemento primordial de nuestra actuación. 
A este fin, es necesario asumir la estrategia de Kyoto y su aplicación como elementos principales de todas nuestras opciones, como fundamento jurídico y una base para la planificación, y como factor clave de la política interior e internacional de Europa de Montreal en adelante. 
Los ejes del Protocolo de Kyoto, es decir, la convergencia y la reducción, nos indican que nuestros modelos de desarrollo y económicos deben cambiar radicalmente y orientarse a una gestión más racional y equitativa de los recursos. 
Pienso que se puede llegar a la cifra de una tonelada de equivalente petróleo por persona. 
Este compromiso debe conducirnos al ahorro energético y al uso de fuentes alternativas renovables, gestionadas democráticamente. 
Toda idea de recurrir a la energía nuclear –que es una fuente finita y sumamente peligrosa, que acarrea problemas irresolubles como los residuos nucleares, y que no es democrática– para alcanzar este objetivo y responder a esta necesidad es realmente inaceptable. 
Señor Presidente, me resulta difícil dar mi aprobación a un informe que contiene tan pocas sugerencias constructivas con respecto a las medidas prácticas que pueden adoptarse para impedir el cambio climático, y que tampoco incluye un análisis financiero. 
Asimismo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Protocolo de Kyoto son insuficientes por sí mismas. 
Este último obliga a cada Gobierno y empresa a una política de aplicación de programas cuyo objetivo es reducir los gases de efecto invernadero y poner en práctica sistemas de comercio de derechos de emisión y normativas en materia de ahorro de energía. 
La principal responsabilidad de la destrucción medioambiental radica en los países industrializados. 
Los estilos de vida liberales de los que gozan y el comportamiento de los consumidores que fomentan son la causa de este desastre, que tiene consecuencias inimaginables para la salud y para el futuro de la Tierra en general. 
Al margen de estas medidas a las que ya se han referido anteriores oradores, hay que dar, por lo tanto, igual importancia a la labor de cambiar la mentalidad de la gente y a asegurar que se desarrollan como individuos. 
Esto se ha descrito, con razón, como el avance hacia una cultura de la satisfacción, e invierte la tendencia de la posesión a cualquier precio y la acumulación de bienes sin control. 
– Señor Presidente, si el calentamiento climático parece hoy una evidencia, todavía hay que verificar los análisis que lo atribuyen casi exclusivamente a los gases de efecto invernadero, cosa que discuten algunos científicos, pues son posibles otras causas. 
Dicho esto, en caso de respuesta afirmativa, los defensores del medio ambiente deberían preguntarse si no se han excedido en su encarnizado combate contra toda forma de energía nuclear, que sin duda presenta riesgos, pero no emite gases de efecto invernadero. 
Como propone el informe Wijkman, las energías alternativas deben alentarse, en especial la energía solar y la geotérmica. 
Pero no se pueden imponer restricciones tan importantes solo a los países europeos, cuando China, los Estados Unidos y otros muchos aumentan masivamente sus emisiones de CO2. 
En cuanto al almacenamiento del dióxido de carbono, permítanme preconizar un método natural, eficaz y beneficioso, a saber, la repoblación forestal, puesto que una repoblación sistemática podría ser objeto de un vasto programa de cooperación internacional. 
– Señor Presidente, el debate está a punto de terminar y el jurado científico se ha puesto de acuerdo en general sobre el impacto de los gases de efecto invernadero en nuestro clima. 
Las pérdidas económicas a causa de las catástrofes naturales relacionadas con el clima se han sextuplicado desde los años sesenta. 
La temperatura de la tierra aumenta a un ritmo alarmante. 
La UE de los 15 no cumplirá sus actuales objetivos de Kyoto sobre reducción de emisiones de CO2 y no se hará nada al respecto. 
En la reunión COP 11/MOP 1 de Montreal, el mes que viene, nos centraremos en el período posterior a Kyoto y en lo que ocurrirá después de 2012. 
Sin una verdadera cooperación mundial, sobre todo del principal productor mundial de gases de efecto invernadero, los Estados Unidos, ningún acuerdo tendrá sentido. 
Es un reto enorme. 
Esperamos que la Comisión revise el funcionamiento del régimen de comercio de emisiones el próximo mes de junio para mantener a raya a los cínicos y a los del «ya te lo dije» y conservar la credibilidad del sistema de comercio de emisiones. 
Es esencial que ampliemos su alcance y establezcamos objetivos sectoriales horizontales. 
Quedan excluidos demasiados sectores, lo que crea vacíos e ineficiencias en el mercado, con lo que se corre el riesgo de aumentar el coste para las empresas. 
Todavía seguimos ofreciendo soluciones de boquilla al sector de la eficiencia energética, que tiene mucho que ofrecer. 
También debemos centrarnos en el desarrollo de combustibles alternativos y otras tecnologías. 
Los vehículos de transporte público y las líneas urbanas deberían utilizar combustibles limpios y alternativos para estimular al mercado y al sector privado y poner en marcha el proceso de instalación de una red de puntos de venta en estaciones de servicio. 
Debemos crear sistemas impositivos favorables para los biocombustibles y los bioflexicombustibles. 
¿Por qué no legislar de forma que todos los combustibles para automóviles incluyan una mezcla de combustible procedente de fuentes renovables, por ejemplo una mezcla del 5 % de bioetanol en gasolina, un mezcla del 2 % de biodiésel en los vehículos de gasóleo, sin que sea necesario modificar los vehículos? 
Necesitamos ideas radicales y acciones radicales. 
Si estamos convencidos de que deben reducirse radicalmente las emisiones de CO2, debemos dejar de juguetear en los márgenes de la energía renovable y conseguir una autentica liberalización de los mercados eléctricos. 
Actuemos de acuerdo con lo que decimos, dirijamos la mirada hacia el FP7 e invirtamos en este sector. 
– Señor Presidente, Señorías, el informe del señor Wijkman merece toda nuestra atención. 
Debemos considerar este texto nuestro plan de trabajo para luchar contra el cambio climático en los próximos años. 
Las vías que propone son realistas, a nosotros nos corresponde emprenderlas lo más rigurosamente posible apoyándonos en todos los socios implicados de la aplicación del informe, desde los Estados miembros hasta los ciudadanos, y cambiando nuestros métodos de producción y de consumo. 
Pero si hay un ámbito esencial en el que debemos comprometernos mucho más, dotándonos de medios financieros a la altura del reto, es el de la política de investigación, pues no hay nuevas tecnologías ni innovación sin investigación. 
La materia gris de nuestros investigadores constituye para la Unión Europea un recurso que debemos explotar para superar el desafío del desarrollo sostenible y del cambio climático, sin olvidar, por supuesto, nuestra responsabilidad con los países más pobres. 
Así pues, mañana tendremos que disponer de un presupuesto para investigación que esté a la altura de nuestras ambiciones. 
– Señor Presidente, el otro día fue grato oír al Comisario Dimas expresar su apoyo, en la Conferencia Internacional de Energías Renovables de Beijing, a la ambición del Parlamento de disponer de un 25 % de energía renovable en 2020, igual que también fue gratificante oírle decir que la energía renovable es crucial para superar problemas como el cambio climático y la pobreza, así como para el fomento del desarrollo económico general. 
Si tenemos que crear un mercado para la energía renovable, hay que mostrar claramente los costes que conlleva la actual dependencia insostenible de las fuentes de energía a base de combustibles fósiles. 
No se trata solo de mostrar los efectos, en el medio ambiente y la salud pública, de los elevados niveles de emisiones a la atmósfera. 
Más bien, lo que hay que hacer también es expresar los efectos en de euros y céntimos. 
Europa ya ha introducido un sistema de comercio de derechos de emisión regido por el mercado. 
Seguramente, el papel que desempeña la aviación en el sistema es tema de discusión, pero también quiero ver incluidos el transporte marítimo y, sobre todo, el tráfico terrestre. 
Solo cuando veamos claramente los costes que conllevan las emisiones de dióxido de carbono de este sector, impulsaremos en serio la demanda –y el suministro– de fuentes de energía renovables. 
Por lo tanto, mi primera pregunta es si –y, de ser así, cuándo– la Comisión tiene la intención de incluir el sector del transporte en el comercio europeo de derechos de emisión. 
Mi segunda pregunta es sobre la proporción de fuentes de energía renovables. 
Queremos incrementarlas, pero, por supuesto, también es necesario utilizarlas. 
¿Cuándo pretende la Comisión proponer que lo establecido en la Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo se sustituya por un 10 % de aditivo de etanol como mínimo en el carburante de los vehículos? 
El informe del señor Wijkman deja claro que cumplir los requisitos de Kyoto es la primera prioridad de la UE. 
Aunque Kyoto es solo un pequeño paso en la lucha contra el cambio climático, debemos apoyarlo e instar a quienes no lo han firmado a que lo hagan inmediatamente. 
Me ha complacido oír esta mañana que la Comisión y el Consejo resaltan la importancia de la siguiente fase, porque el verdadero reto es establecer unos objetivos ambiciosos para el período posterior a 2012 y conseguir que los principales agentes mundiales se impliquen. 
También quiero apoyar las enmiendas presentadas por mis colegas del Grupo GUE/NGL, sobre todo la afirmación de que la promoción de un libre mercado desenfrenado ha comportado un exceso de consumo, que a su vez desemboca en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
– Señor Presidente, quería que habláramos sobre una cuestión muy grave. 
Me pregunto cuántas mujeres esta mañana no se han echado laca en el cabello y quién de nosotros no ha utilizado un desodorante en forma de spray. 
De esta manera, contribuimos a crear el efecto invernadero. 
Son cosas simples que incluso pasamos por alto. 
Se esfuerza en vano, señor Dimas, si no consigue que los estadounidenses se adhieran a las normas. 
Permítame que le cite dos estadísticas: los Estados Unidos emiten más contaminantes que las tres cuartas partes de los miembros de las Naciones Unidas y el Estado de Nueva York emite la misma contaminación que toda África. 
Por consiguiente, independientemente de lo que hagamos en Europa, a menos que persuadamos a la parte díscola de costumbre, con lo que me refiero a los Estados Unidos, de que asuma su responsabilidad, fracasaremos. 
Esta es la trágica verdad. 
También conviene que consideremos que es lo que hará China al respecto, siendo el país con más habitantes del mundo, que por sí sola posee un tercio de la población mundial. 
Independientemente de lo que hagamos en Europa, no obtendremos resultados. 
Se nos plantea el enorme problema del clima, que no conoce fronteras. 
No podemos instalar alambradas. 
Por lo que es necesario convencer a los estadounidenses si queremos impedir que se produzcan resultados catastróficos. 
El rumbo que se está trazando con precisión matemática es que vamos a tener el mismo destino que los dinosaurios. 
Conviene que todos entendamos que la amenaza de Bin Laden y el terrorismo es mucho menor que la amenaza medioambiental que se cierne sobre los estadounidenses. 
Por consiguiente, si queremos obtener resultados, es necesario que consigamos que los estadounidenses se adhieran a las normas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señora Ministra, hace apenas unos años, cuando se hablaba de cambio climático, algunos sonreían con aire dubitativo. 
Hoy nadie pone en duda la evidencia de este cambio. 
Incluso hay urgencia. 
Hay que actuar de inmediato para responder a esta amenaza, sin duda una de las más graves de la historia de la humanidad, con un número creciente de inundaciones, sequías, huracanes, deshielo de la banquisa, deshielo de los glaciares y quizás un día con el desarrollo de determinadas enfermedades. 
Ante esta amenaza tenemos una oportunidad sin precedentes de lanzar un auténtico programa tecnológico, que permita suscitar la innovación que tanto necesitamos para la creación de nuevos puestos de trabajo en Europa. 
Europa y el mundo han celebrado muchos debates, pero los actos no son suficientes. 
Ha llegado, pues, el momento de tener la valentía política de dar un nuevo impulso al Protocolo de Kyoto. 
Biocarburantes, energía solar, energía eólica, hidroeléctrica, hidrógeno, esfuerzos en materia de eficiencia energética, estas tecnologías existen. 
Nos corresponde acelerar su utilización en nuestras políticas de planificación urbana y nuestros métodos de construcción. 
Hay que utilizar todas las posibilidades que se nos ofrecen. 
No hay una solución única e ideal, sino que debemos combinar el uso de todas estas fuentes. 
Todavía existen demasiados obstáculos a la aplicación y la comercialización de las innovaciones tecnológicas, como los vehículos híbridos o los vehículos eléctricos. 
Nuestros conciudadanos están dispuestos a asumir su parte de responsabilidad en el control de la energía. 
Los Estados Unidos, la India y China están tomando ya iniciativas, en especial en el ámbito de la energía nuclear. 
No podremos prescindir de la energía nuclear, que no emite ningún gas de efecto invernado. 
¿A qué espera Europa para abrir de verdad el debate sobre la energía nuclear? 
Les pido que no lo retrasen. 
– Señor Presidente, Señorías, para ser creíble a los ojos de los europeos, la Unión Europea debe dejar de lado las buenas intenciones y actuar de forma concreta, dotándose de ambiciones acompañadas de inversiones. 
¿Cuánto dinero se asignará al transporte combinado ferrocarril-carretera? 
¿Cuándo tendremos las grandes redes transeuropeas, que seguimos esperando? 
¿Cuándo tendremos créditos de la PAC para los biocarburantes? 
¿Cuándo veremos un aumento de los presupuestos de investigación al servicio de los grandes desafíos energéticos, como los relativos al sector del hidrógeno? 
¿Cuándo veremos un ajuste de los Fondos Estructurales y las subvenciones con vistas a la eficiencia energética y al ahorro de energía? 
Pienso en el medio urbano, en la vivienda y en la vivienda social. 
¿Cuándo veremos unos impuestos ecológicos sobre el transporte de mercancías, en particular el transporte marítimo? 
¿Cuándo veremos una regulación del comercio que tenga en cuenta la lucha contra el efecto invernadero? 
Esperamos respuestas concretas y operativas, que sienten las bases para la acción inmediata. 
La Unión Europea debe actuar aquí y ahora para convencer a los ciudadanos, para servir de modelo y para entablar nuevas cooperaciones con los países del Sur. 
Todavía estamos solo en las intenciones. 
Pasemos a los actos. 
– Señor Presidente, quiero agradecer al señor Wijkman su informe equilibrado sobre una cuestión importante. 
Quiero destacar que, en estos momentos, es difícil que Europa logre cumplir los objetivos de Kyoto, ya que son muy exigentes y la política que ahora se lleva a cabo no parece que vaya a dar lugar a que podamos lograr estos objetivos en la primera etapa. 
Una de las razones es que se ignoran en gran parte las exigencias de una política medioambiental moderna sobre política energética. 
Si consideramos las condiciones tal y como están, no podremos cumplir los objetivos de Kyoto en cuanto a las expectativas relativas a los combustibles renovables. 
Se van a desarrollar estos combustibles y desempeñarán un papel más amplio, pero no resolverán los problemas. 
No podemos cumplir los objetivos de Kyoto regulando la economía o ahorrando, ya que este tipo de medidas interferirían con el objetivo de crear las condiciones básicas para una mejor economía más rigurosa en el cumplimiento de los requisitos medioambientales. 
No podemos resolver los problemas haciendo que la economía crezca más lentamente. 
En cambio, conviene aplicar una política medioambiental compatible con una política energética creíble y coherente, en cuyo caso también deberá examinarse la base de nuestro suministro energético. 
El petróleo y el gas no son el camino del futuro y, sin embargo, vemos cómo es, ante todo, el uso del petróleo y del gas lo que aumenta cuando se elimina progresivamente la energía nuclear, cuya consecuencia es un aumento de las emisiones de dióxido de carbono. 
Con la actual diversificación de los combustibles primarios, la producción de energía nuclear en Europa representa el 50 % de las emisiones de dióxido de carbono y da lugar a la reducción de estas últimas, que equivalen a las de los automóviles privados. 
Esto viene a ilustrar el tipo de cifras sobre las que estamos hablando. 
Dado que esto es así, no podemos descartar la energía nuclear. 
La energía nuclear no resolverá nuestros problemas medioambientales, pero esos problemas no se pueden resolver ni se pueden cumplir los objetivos de Kyoto ignorando a la energía nuclear. 
Por lo tanto, es una tarea importante para este Parlamento y también para los Estados miembros que apliquemos una política energética creíble que no esté dirigida a eliminar progresivamente la energía nuclear y a sustituirla por petróleo y gas. 
En cambio, tenemos que garantizar que la energía nuclear pueda desempeñar un papel importante en la política energética equilibrada que se necesita. 
– Quiero agradecer al señor Anders Wijkman y a otras personas que comparten la convicción de que salvar el planeta es nuestro problema, no de los demás. 
La Unión Europea debe ejercer toda la influencia que esté en sus manos para instar a los países que todavía no se han adherido al Protocolo de Kyoto, incluso a los más poderosos, a que lo hagan. 
Sería ingenuo afirmar que si los Estados Unidos de América hubieran cumplido los requisitos del Protocolo de Kyoto, no habría sufrido la devastación de los huracanes Katrina y Wilma. 
Pero la naturaleza devolvió el golpe precisamente al Estado que más daños le inflige. 
A menos que la comunidad internacional adopte medidas drásticas y urgentes para detener la extensión del calentamiento global, nuestro planeta se convertirá en un monstruo portador de huracanes y que escupe fuego y agua. 
El presente informe ofrece, con razón, la posibilidad de que la UE sea un dirigente aún más destacado en el uso de las fuentes de energía renovables. 
También expreso mi pleno apoyo a la propuesta de incrementar la sensibilidad de los ciudadanos de la UE e implicarlos en la conservación del medio ambiente. 
Conviene que dediquemos más energía al desarrollo de un sistema fiscal, sancionador y de fomento que estimule a las empresas a operar de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 
Aún más importante es el estilo de vida. 
Todos los ciudadanos de la UE deben entender que vivir con la menor contaminación posible y alteración del clima del planeta no solo es noble y bello, sino que también es una empresa que merece la pena. 
Señor Presidente, a finales de este mes y a principios del próximo, el Parlamento Europeo presentará de nuevo su posición sobre el cambio climático en una conferencia de las Naciones Unidas. 
Antes de que se presente esta posición a la comunidad internacional para su debate, es crucial asegurarse de que refleja los mejores intereses de todos los Estados miembros de la UE. 
Tal como la señora Grossetête y el señor Hölmark han observado, con razón, también debería darse la debida consideración al papel que desempeña la energía nuclear. 
En muchos Estados miembros, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. 
Por consiguiente, cada ciudadano deberá desempeñar un mayor papel en los esfuerzos conjuntos para limitar las emisiones y encontrar un estilo de vida más sostenible, si hay que aplicar en su totalidad el Convenio de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto. 
En este sentido, un aspecto importante de la lucha para reducir las emisiones de CO2 es el enfoque integrado, que implica a políticos, a la industria y la sociedad. 
La aprobación de este enfoque integrado sería una forma de reducir las emisiones de CO2 más efectiva y más económica. 
Se basa en el supuesto de que la responsabilidad de reducir las emisiones reside no solo en los fabricantes de automóviles y los proveedores de combustible, sino también en los usuarios de los vehículos. 
Otros factores que merecen nuestra atención incluyen las condiciones de las infraestructuras de las carreteras y los sistemas de gestión del tráfico por carretera, tal como se indica en el II Programa Europeo sobre el Cambio Climático puesto en marcha en octubre de 2005. 
Aunque el cambio de una economía basada en los combustibles fósiles nos brinda una oportunidad de negocio histórica, no hay que olvidar que muchos países con abundantes recursos de energía renovable no disponen actualmente de las tecnologías necesarias para aprovecharlos. 
Esto es especialmente cierto en el caso de los países en desarrollo. 
La cuestión de las subvenciones energéticas es, por lo tanto, muy importante en las negociaciones sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Ya se han encontrado muchos métodos para reducirlas. 
Las tecnologías de ahorro de energía y de baja emisión son una herramienta eficaz en la lucha contra la contaminación medioambiental, pero no deben combinarse con la reducción de las subvenciones a los combustibles fósiles propuesta por el ponente como un requisito para el uso de soluciones modernas de protección medioambiental. 
– Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, como un gran líder indio dijo en una ocasión, la Tierra no nos pertenece, la hemos tomado prestada de nuestros hijos. 
Si perdemos la batalla contra el cambio climático, ¿qué clase de Tierra les vamos a dejar? 
Se ha hecho el diagnóstico. 
Todo lo que falta es el valor de poner en práctica políticas más ambiciosas y efectivas. 
El informe del señor Wijkman es un paso en la buena dirección. 
Las acciones hablan más alto que las palabras y, con arreglo a la Estrategia de Lisboa, hay que adoptar nuevas tecnologías, y la comunidad internacional tiene que esforzarse por cumplir las obligaciones del Convenio de Kyoto. 
Los Estados Unidos tienen que asumir sus responsabilidades. 
Agradezco el diálogo de la UE con China y la India, pero también es necesario implicar a países como Brasil, Sudáfrica, Rusia, Japón e Indonesia y eliminar las contradicciones como las subvenciones a los combustibles fósiles. 
El señor Dimas ha dicho que la Conferencia de Montreal no dará todas las soluciones que estamos buscando. 
Sin embargo, se espera que algunas soluciones salgan de ella. 
Nuestros hijos y las futuras generaciones no esperan menos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señora Beckett, me alegra que la Presidencia del Consejo siga nuestro debate y, antes de decir algo más, quiero dar las gracias a mi buen amigo, el señor Wijkman, por el informe tan ambicioso que ha elaborado sobre este tema. 
La necesidad de actuar se ilustra simplemente por los fenómenos naturales que se producen en torno a todos nosotros, ya sean incendios que arrasan el sur de Europa, los huracanes en América o las inundaciones en el Tirol austriaco, de donde procedo. 
Sin embargo, hay un error que no podemos permitirnos: hay que tener cuidado en no atribuirlo todo al cambio climático mundial o decir que este cambio solo es debido a las emisiones de CO2 producidas por los humanos y que es, de algún modo, culpa nuestra. 
Por desgracia, los efectos que ocurren en la naturaleza están coincidiendo en parte con los que se pueden atribuir a la acción humana; es preciso hacer mayores esfuerzos en la investigación en este ámbito si es que, en el futuro, se han de poder facilitar pronósticos fiables de la evolución climática y, ante todo, evaluar los efectos de la actividad humana. 
Sin embargo, también es importante que se establezcan estrategias a largo plazo para que podamos dar una respuesta y con el fin de que nos dé la seguridad de planificar el futuro. 
Simplemente hay que dar a entender a las empresas y a la industria hacia donde conduce este camino y de qué opciones dispondrán en el futuro. 
Esto es de suma importancia para Europa como lugar de negocios. 
Tengamos también presente que, actualmente, la Comunidad es responsable de solo el 14 % de las emisiones de CO2 y, por consiguiente, es de importancia capital que no solo se convenza a los países en desarrollo sino también, por supuesto, a los Estados Unidos de América, que son la principal fuente de emisiones. 
El punto del informe que conviene subrayar varias veces es el que dice: «necesitamos una estrategia global». 
He de decir que no estoy de acuerdo con mis colegas con respecto a la energía nuclear, que considero que no es una alternativa a aquellas tecnologías que producen CO2, puesto que sus efectos a largo plazo son demasiado negativos. 
Ante todo, no hay que ofrecerla a los países en desarrollo como una alternativa, sencillamente porque no la pueden utilizar con seguridad. 
También es importante que prestemos más atención al transporte e intentemos simplemente en este ámbito hacer pleno uso del potencial para la reducción del CO2. 
. – Señor Presidente, Señorías, aprovecharé esta oportunidad para continuar donde lo dejó el anterior orador. 
He de decir que, tras mi visita al Reino Unido la semana pasada, creo que es muy fastidioso que Tony Blair y otras personas dirijan el debate del cambio climático hacia la idea de que los objetivos de la protección del clima se consigan haciendo un mayor uso de la energía nuclear, lo que produciría energía que supuestamente sería más limpia. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para desengañarles de su error, y preguntarles qué es lo que ustedes, en Inglaterra, suelen entender cuando hablan sobre energía nuclear más limpia. 
¿Están hablando de la extracción de uranio, que es una actividad especialmente sucia? 
¿Se refieren al enriquecimiento del combustible, que es sucio en particular? 
¿Están hablando de la conversión del hexafluoruro de uranio, que es un proceso muy difícil que implica elevados niveles de contaminación medioambiental? 
¿Cuando hablan sobre energía atómica limpia, quieren decir la fabricación de barras de combustible en Rusia? 
¿En Inglaterra, han estudiado alguna vez cuántos residuos deberán eliminar y cuándo y a qué coste harán esto? 
¿Cómo evalúa los peligros y riesgos que implica su reprocesamiento? 
Windscale es un ejemplo de la gran experiencia que han adquirido con los daños reales que el reprocesamiento causa al medio ambiente y a las personas. 
Me asombra mucho que sean los británicos quienes, de hecho, abandonaron la energía nuclear por motivos económicos, los que impulsen este debate demencial sobre la «protección climática mediante un mayor uso de la energía nuclear». 
Consideremos solo el cuadro global: si realmente queremos ser eficientes contribuyendo mediante la energía nuclear a proteger el clima, tendremos que construir cientos y miles de reactores nucleares. 
Esto, en realidad, implica la expansión masiva de una nueva generación de reactores reproductores rápidos, que ya han demostrado ser un fracaso devastador en Europa. 
Implicaría el funcionamiento de instalaciones de reprocesamiento en todo el mundo, ya que las existencias de uranio disponibles ni por asomo serían suficientes para una expansión de la energía nuclear de esta envergadura. 
Embarcarse en una expansión como esta en un momento en que estamos debatiendo el terrorismo y los riesgos de la proliferación es irresponsable. 
Aunque es mucho más difícil abordar los problemas de la energía potenciando la eficiencia energética, recortando su utilización, o cualquier otro enfoque, empecemos ahora, por fin, a hacerlo así y continuar haciéndolo, en lugar de volver a utilizar una tecnología que ya está confinada al siglo pasado y tratar su contaminación y sus residuos que aún no hemos comenzado a abordar. 
Señor Presidente, ha sido un debate interesante y estimulante, marcado por una aceptación casi total –con toda la razón– del informe del señor Wijkman y de su contenido, y por un verdadero acuerdo sobre la naturaleza y la magnitud del reto. 
También ha estado marcado por la insistencia de muchos oradores en los recursos renovables, citándose varios ejemplos de esto, y también por las grandes diferencias de opinión sobre la energía nuclear. 
Quisiera decir a la última oradora, la señora Harms, que si el único aspecto del debate sobre el cambio climático que ha escuchado en el Reino Unido ha sido el de la energía nuclear, entonces debe de haberse movido en círculos muy restringidos, porque se ha discutido mucho en el Reino Unido, que no ha optado realmente de nuevo por la energía nuclear, aunque se ha comprometido a discutirla. 
De hecho, la eficiencia energética está en el Reino Unido a la cabeza de la lista de políticas para hacer frente al cambio climático, tal como ella desea. 
Se ha hecho mucho hincapié en lo que en la jerga se conoce normalmente con el nombre de «cobeneficios». 
Algunos oradores han puesto el acento en el daño causado por la contaminación atmosférica por los mismos gases que contribuyen al cambio climático, mientras que otros han hecho hincapié en que, al mismo tiempo que abordamos el cambio climático, con la reducción en el uso de esos gases obtendremos otros beneficios potenciales para la salud. 
La señora Gutiérrez-Cortines ha preguntado sobre el papel de la agricultura. 
Como debe de saber, en países como Nueva Zelanda el ganado es la fuente de casi todas las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en un problema particularmente difícil de resolver. 
No hay por consiguiente ninguna duda de que la agricultura puede, en determinadas circunstancias, ser parte del problema. 
Sin embargo, tal como han señalado muchos oradores con respecto a la biomasa y los combustibles biológicos, también puede ser parte de la solución. 
Es un asunto que se analizará con más detalle. 
Siento que el señor Hegyi se oponga a la recogida y almacenamiento del carbono. 
La pura y triste realidad es que países como la India y China, que necesitan crecer y desarrollarse para abordar la pobreza –y este ha sido otro asunto al que se ha hecho referencia, también con toda la razón, en el debate– tienen enormes reservas de carbón y las usarán, porque piensan que no tienen elección. 
Seguramente es mejor para nosotros intentar encontrar maneras de ayudarles a hacerlo de manera sostenible, con tecnologías como la recogida y almacenamiento de carbono, en lugar de decirles simplemente que no usen estas fuentes de energía, lo que me temo que sería inútil. 
Todas las referencias hechas a los Estados más vulnerables y a los sectores más vulnerables dentro de otros países destacan la necesidad de las acciones que la UE debe emprender para adaptar, y ayudar a adaptar, los impactos que no podemos evitar. 
Se ha hecho mucho hincapié en el papel de los otros numerosos países implicados y en la necesidad de un diálogo global –con el que el Consejo está de acuerdo incondicionalmente–, y hay un acuerdo claro en que la UE debe continuar a la cabeza a escala internacional y nosotros debemos continuar poniendo el acento sobre todo en cumplir nuestros propios programas. 
La señora Doyle y el señor Hökmark han sugerido que es poco probable que la UE cumpla sus objetivos de Kyoto. 
No es así como yo entiendo la última posición, tal como la valora la Comisión. 
Sin embargo, este es un informe que publicaremos cuando nos acerquemos a Montreal, y sin duda sigue dándose el caso de que debemos continuar manteniendo e incluso intensificando nuestra propia actividad. 
Esto me lleva a los comentarios de la señora Lucas y el señor Smith, quien con toda la razón alabó la ambición del informe Wijkman al establecer el objetivo de la reducción de un 60 % de las emisiones en 2050, sin darse cuenta por lo visto de que este es el objetivo del Gobierno del Reino Unido establecido en su propio Libro Blanco de la Energía en 2003. 
Aunque, tal vez, esto no debería ser una sorpresa, ya que la señora Lucas no tiene nada que decir sobre el enfoque del Reino Unido. 
Sin embargo, tengo que dejarle muy claro a ella y en nombre de este Consejo que es una pérdida de tiempo para todos pedir que la UE entregue un mandato formal y una agenda formal en Montreal. 
Este órgano debe reconocer sobre todo que el mundo del imperialismo ha concluido. 
No podemos simplemente ir a Montreal y dictar al resto del mundo cómo debe conducirse y ocuparse de sus cosas, entre ellas cuando hablamos de algunos de los países más pobres y vulnerables del mundo cuya prioridad, con toda la razón, es desarrollar y alimentar a sus poblaciones. 
No vamos a actuar así. 
Si somos capaces de suscitar un diálogo y provocar un proceso en Montreal, será un éxito real y sustancial, tal como fue un éxito real y sustancial aclarar el lenguaje y garantizar el programa de acción acordado en Gleneagles. 
Todos estamos de acuerdo en que deberíamos movernos más rápidamente, pero permítasenos reconocer al menos el hecho de que estamos progresando algo. 
. Quiero dar las gracias a todos los que han participado en este rico e importante debate. 
El señor Wijkman y otros han subrayado la necesidad de actuar urgentemente para abordar el cambio climático. 
Creo que las acciones emprendidas y las series de nuevas iniciativas establecidas por la Comisión desde que se aprobó su Comunicación de febrero demuestran claramente su voluntad de actuar en este terreno. 
La primera prioridad de la Unión Europea en Montreal es organizar una amplia ayuda internacional para futuras acciones y llegar a un acuerdo para iniciar un proceso formal de discusión de la forma de un futuro régimen multilateral de cambio climático. 
Una vez que las discusiones estén en marcha, la Unión Europea tendrá que considerar el momento oportuno para presentar sus puntos de vista sobre los objetivos de tal régimen futuro. 
Los objetivos han demostrado ser un instrumento muy útil para la adopción de políticas ambientales. 
Orientan a los responsables de la toma de decisiones en la sociedad. 
Son particularmente útiles para la industria y el sector privado cuando tienen que tomar decisiones de inversión a largo plazo. 
Así pues, los objetivos siguen siendo un elemento central de cualquier arquitectura futura de cambio climático. 
Como saben, el Consejo Europeo del pasado marzo estableció el objetivo del 15 al 30 % de reducción de las emisiones para 2020. 
Sin embargo, la Comisión cree que todavía no ha llegado el momento de establecer objetivos concretos para los países desarrollados en Montreal en diciembre. 
Eso solo se hará cuando tengamos más claro el progreso de las negociaciones en el periodo posterior a 2012. 
El señor Seeber ha subrayado que cualquier régimen futuro de cambio climático tendrá que basarse en una amplia participación de todos los principales emisores y es sumamente importante que nuestra cooperación sea verdaderamente eficiente. 
La Comisión y los Estados miembros están esforzándose mucho por promover un diálogo más profundo con los Estados Unidos y los países en vías de desarrollo. 
Hemos establecido un diálogo político con el Gobierno de los Estados Unidos dentro del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en otros foros y reuniones, como el Taller Conjunto de Ciencia y Tecnología sobre el Cambio Climático. 
Esto comprende asuntos concretos como la energía renovable, la eficiencia energética y el secuestro del carbono. 
Los Estados Unidos alegan que tienen un enfoque diferente para combatir el cambio climático, basado principalmente en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
La diferencia entre su enfoque y el nuestro es que ellos han visto un incremento aproximado del 15 % en las emisiones de dióxido de carbono mientras que la Unión Europea de 25 ha conseguido una reducción considerable comparada con los niveles de 1990, y los 15 países miembros sometidos al régimen de obligaciones de Kyoto están un 1,7 % por debajo del nivel de 1990. 
No es suficiente, pero estamos seguros de que al final de nuestro periodo de compromiso cumpliremos el objetivo de Kyoto. 
Esta es la diferencia entre los dos enfoques. 
En cuanto a los países en vías de desarrollo, la Unión Europea tiene una visión abierta de cómo deben participar en la futura cooperación multilateral en materia climática. 
Está claro que no podemos esperar las mismas exigencias preceptivas que las que esperamos de los países desarrollados. 
Cualquier compromiso que contraigan se basará en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. 
China y los demás países en vías de desarrollo han contribuido a la formación del fenómeno invernadero en un porcentaje mucho más pequeño que los países desarrollados, y las emisiones por habitante en China son en la actualidad inferiores a un décimo de los niveles en el mundo desarrollado, así que deberíamos seguir ese ejemplo. 
Cuando la renta per cápita es mucho menor y las necesidades de desarrollo son mayores, tenemos que seguir lo que el Convenio de las Naciones Unidas sabiamente prescribe como política común pero diferenciada. 
El señor Verges ha señalado que tenemos que ocuparnos especialmente de los países en vías de desarrollo y de sus crecientes necesidades derivadas del calentamiento del planeta. 
La Comisión ya está proporcionando fondos y apoya las intenciones de Canadá de preparar un programa de trabajo de cinco años sobre la adaptación en la Conferencia de Montreal. 
Además, la Unión Europea es el principal contribuyente a la Declaración Política de Bonn de 2001, que ha prometido 410 millones de dólares estadounidenses al año en fondos para el cambio climático para los países en desarrollo, a comenzar este año. 
En el Consejo de octubre sobre el Medio Ambiente, los Ministros se comprometieron a comunicar en Montreal el progreso realizado en el cumplimiento de este objetivo. 
También, para ayudar a los países en desarrollo, tenemos que estar seguros de que los mecanismos de desarrollo limpio funcionan realmente. 
El asunto clave es la eficiencia del consejo ejecutivo en Bonn, y la Unión Europea ya está aportando financiación, pero se necesita claramente más ayuda. 
La Unión Europea sigue siendo el principal contribuyente de fondos al consejo ejecutivo. 
Ha habido algunas preocupaciones acerca de la cooperación bilateral fuera del contexto de las Naciones Unidas, y especialmente en la Asociación Asia-Pacífico. 
Permítanme subrayar que esto no se puede considerar de ninguna manera una alternativa al proceso de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, esta Asociación puede respaldar nuestros esfuerzos en la Convención del Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto a través de una cooperación bilateral más estrecha que incluya tanto un diálogo político más fuerte como una especial atención a la tecnología. 
Así es también como deberían verse las asociaciones Unión Europea-China y Unión Europea-India. 
Esto se traduce en acciones muy concretas: hemos celebrado recientemente dos talleres en la India y China sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los mecanismos basados en el mercado. 
En relación con China, también vemos la necesidad de prestar atención al desarrollo y demostración de sistemas generación eléctrica de casi cero emisiones, y estoy de acuerdo con la señora Beckett en que la captura y el almacenamiento de carbono es uno de los medios de abordar el problema del cambio climático. 
No es la panacea, pero es uno de los muchos medios que podemos utilizar. 
Estas asociaciones tendrán el efecto positivo e inmediato de apoyar las discusiones sobre un régimen de cambio climático multilateral para después de 2012. 
El señor Blokland ha preguntado sobre la eficiencia de las actuales medidas de la Unión Europea. 
Si aplicamos plenamente todas las medidas, el resultado será una reducción del 4 % en comparación con 1990, lo que evidentemente no es suficiente para cumplir el objetivo del –8 % que nos hemos impuesto. 
Por eso hemos incluido más medidas en el programa de cambio climático que lanzamos hace un mes. 
Eso implica que tenemos que hacer más recortes en las emisiones, que nos permitan alcanzar el objetivo de Kyoto y seguir progresando durante el periodo posterior a 2012. 
Es importante saber que para la Unión Europea de 25, el resultado obtenido con las medidas existentes será del –7%. 
La señora Doyle, la señora Grossetête y otros han preguntado sobre las emisiones de los automóviles. 
Estoy plenamente de acuerdo en que es un asunto vital y, por ese motivo, en 2006, la Comisión revisará el acuerdo con la industria del automóvil para valorar la posibilidad de alcanzar el objetivo de la Comunidad de 120 g/km en un momento determinado, estando seguro, naturalmente, de que alcanzaremos el objetivo, acordado voluntariamente con la industria del automóvil de Europa, Japón y Corea, de 140 mg. 
La señora Ek se ha referido a la inclusión del transporte en las emisiones industriales de la Unión Europea. 
La Comisión ha hecho ya una propuesta con respecto a la aviación, como saben. 
La Comisión tendrá esto en cuenta para los demás sectores de transporte en el marco de la revisión de 2006. 
Sobre la energía renovable, la Comisión establecerá, en las próximas semanas, un nuevo informe asignando un objetivo para la energía renovable en 2020. 
Con respecto a la energía nuclear y las observaciones hechas por el señor Hökmark, algunos Estados miembros prevén que la energía nuclear forme parte de su energía futura. 
Sin embargo, tenemos que garantizar que dispongamos de una gran variedad de fuentes de energía de bajas emisiones de carbono. 
La energía nuclear no podrá satisfacer las crecientes demandas energéticas y también tenemos que ser conscientes de que la energía nuclear se enfrenta a problemas relativos a los residuos nucleares y a la opinión pública. 
Con respecto a lo que la señora Gutiérrez-Cortines ha dicho sobre la agricultura, la Comisión acepta que se pueden encontrar sinergias entre el cambio climático y la agricultura. 
Hemos tenido una reunión muy interesante en Londres, organizada por la señora Beckett y la Presidencia del Reino Unido, sobre el cambio climático y la agricultura y se han alcanzado allí conclusiones muy importantes. 
La Comisión va a establecer un plan para ayudar a los combustibles biológicos. 
Finalmente, ganar la batalla contra el cambio climático exige tomar medidas decididas con carácter inmediato. 
Requiere medidas, como ha dicho el señor Smith, de todos los agentes y sectores de la sociedad. 
No debemos subestimar la magnitud del reto. 
Ganar la batalla contra el cambio climático llevará tiempo, del que disponemos bien poco, y esfuerzos que algunos alegarán que no podemos permitirnos. 
Con su esfuerzo continuado, estamos decididos a reafirmar el liderazgo de la Unión Europea en este reto vital para la humanidad. 
Muchas gracias. 
.–El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará hoy a las 12.00 horas. 
– Señor Presidente, el informe sobre Iraq, sobre el que vamos a votar, podría parecer quizás uno más del montón, pero es importante porque tanto el Parlamento como el Consejo y la Comisión demuestran que las instituciones europeas son capaces de responder rápidamente y en aras del interés público. 
Este informe se debatió ayer bien entrada la noche, justo antes de medianoche. 
Aunque cada momento de esta Cámara es importante, creo que todos hemos de asegurarnos –es decir, los servicios y los diputados– de que informes legislativos de esta importancia, cuya aprobación redunda en el interés de los ciudadanos, se debatan en mejores horas del día, para que se envíe un mensaje claro al mundo exterior. 
– Señor Presidente, planteo una cuestión de observancia del Reglamento de acuerdo con el artículo 132 sobre el turno de preguntas de anoche a la Comisión. 
La última noche tuvimos 90 minutos de preguntas, pero solo se respondieron 11, principalmente porque todos los Comisarios dieron respuestas largas y farragosas. 
Todo comenzó con el Comisario Mandelson, que se excedió en el tiempo previsto de modo que al final el Comisario Špidla solo tuvo oportunidad de responder a dos preguntas. 
Cuando planteé esto anteriormente, el Presidente Borrell escribió una carta a la Comisión solicitando a los Comisarios que fueran más escuetos en sus respuestas. 
Desde entonces no ha habido nada nuevo. 
Quiero pedirle que vuelva a mandar otra carta, mucho más enérgica, diciendo que lo que queremos los diputados al Parlamento Europeo son respuestas cortas, no largos discursos farragosos. 
– Señor Presidente, quiero señalar el hecho de que esta Cámara se dispone a debatir sobre la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez tan solo el mes que viene. 
Es una cumbre de las Naciones Unidas sobre la libertad de información. 
A las delegaciones que han acudido a esta cumbre se les ha filtrado en sus hoteles el acceso a Internet y el correo electrónico. 
Han visto manifestantes arrestados y periodistas acosados y golpeados. 
La policía de Túnez ha confiscado cintas con testimonios de violaciones de derechos humanos. 
No hay libertad de información en Túnez. 
Las delegaciones de la Unión Europea están ahora mismo en Túnez. 
No me parece que podamos esperar otro mes para condenar estos actos. 
– Señor Presidente, aunque ahora es un poco tarde, lo he indicado antes. 
Parece ser que la aprobación anterior de la enmienda 5 hace que esta enmienda sea superflua. 
Aunque me gustaría mucho saber qué piensa la ponente al respecto, doy por sentado que esta votación no era necesaria. 
– Señor Presidente, quiero hacer una declaración sobre esta votación. 
Ahora que esta Cámara ha votado por amplia mayoría extender, sin ningún dinero que lo respalde, un cheque por valor de 400 millones de euros, que bien podrían, sin cálculos fiables, ir a parar a las arcas de los conglomerados energéticos italianos, les pido ahora que voten en contra de mi informe. 
Considero que esta decisión que hoy ha tomado esta Cámara es absolutamente irresponsable. 
Convencida de que será más acertado seguir la línea de la Comisión, les pido que voten en contra de mi propio informe, del que, en cualquier caso, voy a retirar mi firma, convencida como estoy de que los cheques sin nada que los respalde no tienen ninguna utilidad para obtener la aceptación de la política europea o para comprar seguridad para la energía atómica. 
Lamento tener que decir esto pero creo que esta Cámara es extremadamente insensata si una mayoría de sus diputados pueden votar a favor de aceptar estas falsas promesas. 
– Señor Presidente, quiero añadir «eutrofización» –probablemente el problema ecológico más serio en el mar Báltico– al texto que se ha distribuido. 
El texto debe corregirse para quedar así: «Subrayando la necesidad complementaria de mejorar la cooperación entre los Estados miembros de la UE y en particular de reducir la eutrofización». 
. – Señor Presidente, quiero añadir el siguiente texto al final del apartado 24 después de las palabras «proporciones de mezcla» : «al examinar la eficacia medioambiental de exigir el 10 % de mezclas de biocarburantes en combustibles de transporte». 
– Señor Presidente, creo que existen problemas con las versiones en los diferentes idiomas. 
En la versión alemana, se hace referencia a «»: dos sedes o bases, pero creo que esto no tiene sentido ya que, con arreglo al Tratado, la sede del Parlamento solo está en Estrasburgo. 
Esto se decidió hace mucho tiempo. 
La versión inglesa hace referencia a una «doble sede» , siendo Bruselas la segunda «sede» ; es algo que podemos suprimir alegremente, pero la traducción tiene que ser la correcta. 
Por lo tanto, le pido que compare las dos versiones idiomáticas. 
– El turno de votaciones queda cerrado. 
Hemos votado en contra del informe en su totalidad ya que creemos que la propuesta de la Comisión es mejor. 
Es justo que se informe a los pasajeros de las compañías aéreas de cuál es el transportista que opera un determinado vuelo para que puedan tomar decisiones meditadas con detenimiento desde, por ejemplo, una perspectiva de seguridad. 
Apoyamos la propuesta de la Comisión de que los Estados miembros recopilen información en materia de seguridad con vistas a transmitirla a la Comisión y a otros Estados miembros, pero nos oponemos a la propuesta del Parlamento de introducir, en su lugar, una lista comunitaria y, de esta forma, centralizar la administración de los datos. 
. 
Quiero felicitar a la señora De Veyrac por su informe, importante y oportuno, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía operadora y a la comunicación de información de seguridad entre los Estados miembros. Apoyo el informe, y quiero destacar la propuesta para ampliar la competencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y darle un papel central en la publicación de medidas de seguridad relacionadas con las aeronaves de compañías de terceros países. 
La «lista negra» no solo debería ser publicada por la Comisión sino también por todos los Estados miembros, los vendedores de billetes de avión, las autoridades nacionales de aviación civil y los aeropuertos de los Estados miembros, con el fin de garantizar que se mantiene debidamente informados a los pasajeros y que se cumplen adecuadamente los objetivos de esta propuesta. 
. Esta es una propuesta muy oportuna, de entrada en respuesta a las preocupaciones surgidas después del accidente aéreo de Sharm el Sheij (donde murieron 148 personas) y después de la avalancha de catástrofes aéreas de agosto de este año. 
Muchos de los pasajeros que murieron en Sharm el Sheij no sabían que iban a volar con una compañía aérea egipcia llamada Flash Air ni que en 2002 Suiza había sometido temporalmente a esta aerolínea a restricciones pro problemas de seguridad. 
Los pasajeros tienen derecho a ser informados de la compañía aérea que opera sus vuelos con independencia de dónde empieza el servicio en la Comunidad. 
Los pasajeros aéreos deberían estar bien informados sobre su vuelo posible antes de viajar, particularmente si la aerolínea real no es la indicada originalmente en el momento de la reserva. 
Esta propuesta nos lleva en esa dirección. 
. Apoyo totalmente el informe De Veyrac que solicita una amplia lista negra de la UE de las líneas aéreas que no cumplen las normas de seguridad internacionales de los aviones. 
Estas aerolíneas deberían ser identificadas y denunciadas con arreglo al principio de tolerancia cero en toda la Comunidad. Al fin y al cabo, todos los ciudadanos de la UE quieren vuelos seguros cuando viajan dentro y fuera de la Comunidad y no podemos transigir con este objetivo. 
Creo también firmemente que la información contenida en la lista negra tiene que ser fácilmente accesible y ampliamente válida para todos los interesados (las autoridades de la aviación civil nacional, todos los aeropuertos de la UE y por supuesto los pasajeros). 
Como miembro de la comisión de transportes creo que el papel del Parlamento Europeo, como colegislador, es hacer todo lo posible para tener dicha lista establecida rápidamente. 
Creo que es igualmente vital que la lista negra comprenda también los aviones que las compañías fletan en países ajenos a la UE y que los Estados miembros deben facilitar a la Comisión Europea una lista de aerolíneas prohibidas en su espacio aéreo. 
La cooperación y la coordinación son la clave. 
A este respecto es preciso ampliar las funciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para controlar las normas internacionales y emitir certificados de aprobación. 
Reitero que no podemos transigir en ningún aspecto con la seguridad de nuestros ciudadanos de la UE. 
. – Por supuesto, he votado a favor de esta propuesta de reglamento encaminado a elaborar una lista negra de las compañías aéreas poco seguras. 
¿Cuál es el espíritu de la propuesta? 
Hacer posible que los viajeros elijan transportista con conocimiento de causa sobre las condiciones de seguridad y que sean informados en caso de cambio de compañía en el último minuto. 
Esta tarea se inscribe en una estrategia más amplia con miras a reforzar la seguridad de un transporte aéreo en pleno auge. 
En 2003 se registraron 1 700 millones de viajeros aéreos en todo el mundo y se prevén 2 500 millones para 2015. 
Solo en Europa, el número de pasajeros aéreos aumentó en promedio un 5,5 % al año entre 1990 y 2003. 
Este trabajo debe realizarse a escala europea y en colaboración con los Estados miembros, a fin de fijar unos criterios comunes de inspección. 
Todavía hay demasiadas disparidades, en especial en materia de controles. 
La Comisión, sin ocupar el puesto de los gendarmes del cielo, debe demostrar ambición, tomar nota de los malos alumnos, descubrir los puntos débiles y armonizar la normativa europea en materia de seguridad aérea. 
Es una condición imprescindible para que el transporte aéreo siga siendo lo que es, el medio de transporte más seguro. 
– En calidad de diputado al Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, es evidente que he votado a favor de la propuesta de incrementar la ayuda destinada al desmantelamiento de los dos reactores de la central nucleoeléctrica de Jaslovské Bohunice. 
El Gobierno eslovaco, cuyos representantes tomaron la difícil decisión sobre el desmantelamiento en las negociaciones de adhesión, hubieran tenido que dar explicaciones estrictas si el resultado de la votación en el Parlamento Europeo hubiera sido diferente. 
Si se hubiera dejado a su propia discreción, Eslovaquia no hubiera podido asumir una caída del 19 % en la generación de energía, unida a los costes directos e indirectos como consecuencia de la reducción de la producción en la central de Bohunice. 
Por lo tanto, quiero agradecer a todos mis colegas del Parlamento Europeo, que consideraron que el problema eslovaco era un problema europeo, y que votaron a favor de prestar ayuda financiera para el desmantelamiento de la instalación de Bohunice. 
– Me alegra el resultado de la votación sobre los recursos financieros para el desmantelamiento de la central Bohunice V1. Los motivos son los siguientes: en la década de los noventa, la instalación Bohunice V1 se reconstruyó a fondo bajo el ojo observador de una agencia internacional, con un coste de cerca de 300 millones de euros. 
Por lo tanto, es evidente que la central se está desmantelando antes de tiempo, ya que ahora es capaz de producir electricidad con seguridad como mínimo hasta 2015. 
La decisión de 1999 fue política, dictada no por el sentido común sino por un razonamiento partidista. 
Los costes directos ascenderán a más de 1 300 millones de euros. 
Por suerte, la sesión plenaria al menos ha acordado una contribución de 400 millones, pero esto solo representa una tercera parte de la cantidad necesaria. 
Los costes generales ascenderán a 5 000 millones de euros, incluidos elementos críticos como el almacenamiento seguro de los residuos radioactivos, pérdidas considerables en la generación de electricidad, etc. 
Las centrales nucleoeléctricas producen en torno a un 57 % de la electricidad en Eslovaquia. 
El desmantelamiento de la central V1 ocasionará un déficit de aproximadamente siete teravatios-hora anuales de electricidad. 
Lo que equivale a desenroscar una bombilla cada segundo en el país. 
Les doy las gracias a todos por su apoyo. 
– Señor Presidente, los precios sin precedentes de la gasolina y del petróleo nos hacen darnos cuenta, con mucho desagrado, de la posibilidad de una nueva crisis energética. 
El consumo energético mundial se ha casi triplicado desde 1960 y, mientras los Estados Unidos de América van en cabeza en este sentido con su consumo de un cuarto de la energía mundial, la causa real es la modernización continua de los antiguos países en desarrollo y las economías de los países recién industrializados. 
Sigue dándose el caso de que el 80 % de la producción mundial de energía deriva de fuentes de combustible fósil como el petróleo, el gas y el carbón, cuya extracción cada vez es más laboriosa y, por lo tanto, cada vez más cara, y cuya utilización es perjudicial para nuestro medio ambiente. 
Cuando se está tan equivocado como nosotros, la renovada demanda de energía nuclear equivale a la de elegir una plaga en vez del cólera. 
Hay que admitir que la fusión nuclear tiene la ventaja de no emitir dióxido de carbono ni de contribuir, por lo tanto, al calentamiento global pero, hasta que llegue el momento en que se resuelvan los problemas acuciantes de la seguridad de los reactores y del almacenamiento final de los residuos nucleares, no se deben construir nuevas centrales nucleoeléctricas, ni debe prorrogarse la duración de las que ya existen. 
Si hay que hacer frente a la demanda y mejorar la eficiencia con la que utilizamos la energía y las tecnologías existentes, no tenemos otra opción que la de un mayor desarrollo del sector de las energías renovables, que ofrecen la única alternativa plausible a largo plazo. 
Hemos elegido votar en contra de las enmiendas nos 5 y 12 relativas a un incremento del importe asignado para el desmantelamiento de la central nucleoeléctrica Bohunice V1, ya que creemos que el marco presupuestario para 2007 a 2013 no debe superarse. 
Naturalmente, es preciso que se desmantelen las centrales nucleoeléctricas a tenor de consideraciones medioambientales y de seguridad. 
. El propósito de la normativa propuesta es facilitar financiación para el desmantelamiento de la central nuclear de Bohunice VI en Eslovaquia. 
Eslovaquia se ha comprometido a cerrar las Unidades 1 y 2 de la central el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2008, respectivamente. 
El proceso de desmantelamiento de la central es caro, ya que durará más allá de 2006 y de las próximas perspectivas financieras 2007-2013. 
A la vista de esto, la UE ha acordado extender la ayuda de preadhesión facilitando apoyo financiero al desmantelamiento en 2006. 
En consecuencia, se ha aprobado una enmienda para aumentar el presupuesto de 237 millones a 400 millones de euros. 
A pesar de que estoy claramente a favor de aumentar el presupuesto, creo que la nueva cantidad de 400 millones de euros propuesta por la enmienda es excesiva y estoy a favor de la alternativa de buscar fondos que no sean de la UE para aumentar la cantidad de dinero necesaria para proceder al desmantelamiento. 
. 
La alternativa nuclear, que creo que está justificada en determinadas circunstancias, solo es viable si va acompañada de una política sobre seguridad estricta que rija su utilización. 
Cuando la seguridad se convierte en un problema, hay que cerrar y desmantelar estas centrales. 
Sin embargo, en esta determinada situación, no creo que haya motivo para ceder unos mayores recursos financieros que los que había propuesto la ponente. 
Por lo tanto, hemos optado por abstenernos en la votación sobre la propuesta que nos ocupa. 
Apoyamos la cooperación nórdica de la UE, conocida como la Dimensión Nórdica, pero creemos que la cooperación debería ser esencialmente intergubernamental, limitada y centrada estrictamente en obtener resultados prácticos. 
Entre las cuestiones a las que debería darse prioridad se incluyen el medio ambiente, la seguridad en lo relativo a la energía nuclear y la lucha contra la delincuencia internacional. 
Apoyamos la propuesta según la cual la UE debe desarrollar su cooperación con organizaciones regionales, inclusive el Consejo Nórdico. 
La cooperación nórdica puede servir de modelo para la UE, ya que muestra cómo se puede promover y estimular la libre circulación sin una burocracia supranacional exhaustiva. 
A la vista de todo lo que se ha expuesto anteriormente, elegimos votar a favor del informe. 
. 
La geografía de «nuestra Europa» –la Comunidad Europea– cambió de forma espectacular en el mes de mayo del año pasado. 
Se reconoce ampliamente que estos cambios han sido todo un éxito, pero, al haber cambiado de vecinos de un día para otro, con todo lo que supone para una serie de ámbitos políticos, la UE se enfrenta a nuevos desafíos. 
La UE ya posee una gran experiencia en las políticas regionales adaptadas a particularidades geográficas específicas, aunque no siempre con el éxito deseado. 
Agradezco las orientaciones que se han expuesto en esta resolución, ya que representan un paso positivo hacia una acción política efectiva de esta naturaleza. A mi entender, la política no debería simplemente aplicarse a grandes pinceladas, sino que debería adaptarse a situaciones diferentes y a características concretas. 
. Ha sido un placer que esta propuesta de resolución conjunta haya obtenido un apoyo suficientemente amplio en toda la Cámara, ya que se trata de un terreno político particularmente importante. 
Mi país, Escocia, como país del Norte de Europa, debería desempeñar un papel más activo en esta política, aunque tristemente ni siquiera en nuestro propio Parlamento escocés hayamos hecho oír hasta ahora nuestra voz en este asunto. 
. Señorías, el 1 de mayo de 2004, la frontera de la Unión Europea se desplazó más hacia el este y el norte. 
Esto ha supuesto un gran número de nuevos retos, por cuyo motivo las medidas y proyectos como la Dimensión Nórdica de la Unión Europea son cruciales en este contexto. 
El objetivo de la cooperación regional multilateral entre los Estados miembros de la UE en la región del Báltico es crear condiciones que favorezcan el desarrollo social y económico y la estabilidad política en esta región. 
Ahora la Unión Europea posee un mar interior por primera vez en su historia. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención de la Cámara sobre la importancia política particular de esta iniciativa. 
Al fin y al cabo, los países de la Dimensión Nórdica se sitúan en el punto donde la Unión Europea se encuentra con el Este, con lo que quiero decir que comparten fronteras con socios clave como Rusia y Belarús. 
Por lo tanto, la región podría desempeñar un papel crucial en la puesta en marcha de un proyecto de especial valor, en concreto, la cooperación estrecha y polifacética entre la UE y Rusia. 
La Dimensión Nórdica tendrá un efecto favorable sobre la cooperación económica y la creación de infraestructuras, y una mayor cooperación en el ámbito de los asuntos de interior y de justicia probablemente aumentaría la seguridad en lo que se refiere a las cuestiones transfronterizas. 
También hay que prestar atención a las ventajas medioambientales que se obtendrían de la Dimensión Nórdica, que abarcan un ecosistema valioso y delicado. 
En vista de ello, la cooperación debería, por lo tanto, fomentarse en las esferas de la protección medioambiental y el desarrollo sostenible. 
El proyecto sobre el gasoducto del Báltico o norteuropeo ha sido una fuente de gran controversia, y sigue siendo una cuestión clave que hay que resolver. 
Ninguno de los Gobiernos de los países del Mar Báltico fueron consultados en modo alguno sobre la decisión de construir este gasoducto, y esta decisión plantea una gran amenaza para la seguridad energética de muchos países. 
No hay que permitir que se discrimine a países más débiles ni que se adopten medidas que perjudiquen sus intereses. 
En caso contrario, la Dimensión Nórdica seguirá siendo pura teoría y no guardará ninguna relación con la realidad. 
El proyecto del gasoducto del Báltico también representa una gran amenaza para el medio ambiente en la región del Mar Báltico. 
. 
A veces las ventajas de la UE son la base de sus problemas. 
Esto seguramente es válido para los desafíos tecnológicos, respecto a los cuales el enorme tamaño de una Unión de 25 Estados miembros dificulta naturalmente que se llegue a un acuerdo. 
Cuando se trata del desarrollo tecnológico y de adoptar nuevas tecnologías, es crucial que pensemos rápidamente y actuemos con decisión. 
Estas consideraciones entran en juego en lo que se refiere al importante cambio tecnológico que representa la conversión al sistema digital. 
Acojo con satisfacción las directrices contenidas en la resolución común, aunque creo que debería darse prioridad a garantizar que el mercado en este ámbito pueda funcionar libremente. 
Respaldar el desarrollo tecnológico no tiene por qué significar poner en peligro la libertad natural que los mercados necesitan en general, y este mercado en particular. 
. Aunque apoyo este informe, tiene que haber paridad cuando se produce un cambio así. 
Los ciudadanos tienen que estar informados y preparados. 
. 
La forma en que votamos este informe tuvo en cuenta la perspectiva checa sobre estas propuestas, a la luz de la presión a la que estaban sometidos para que desmantelaran las centrales nucleares. 
Por consiguiente, se han facilitado recursos financieros suficientes para cubrir todos los costes de desmantelamiento y el tratamiento y almacenaje finales de los residuos radioactivos. 
Actualmente, existen 14 Estados miembros que disponen de centrales nucleares, lo que equivale a 149 reactores, cuya antigüedad media es de 20 años. 
En los nuevos países de la UE que se enfrentan a estos requisitos de desmantelamiento, como es el caso que nos ocupa, creemos que es justo que reciban el apoyo necesario para llevarlo a cabo debidamente, desde el punto de vista de la seguridad medioambiental y de las personas. 
. Este informe es un paso en la buena dirección para mejorar los aspectos técnicos y financieros del desmantelamiento de las centrales nucleares. 
Como nos enseña la experiencia de Dounreay en Escocia, se requieren mejoras considerables para manejar este proceso peligroso, pero necesario. 
La seguridad debe ser la prioridad número uno, y el estado insatisfactorio de los preparativos para el desmantelamiento en la mayoría de los Estados miembros de la UE justifica el punto de vista de que no deben construirse nuevas centrales nucleares. 
. He votado a favor de este informe. 
El desmantelamiento es un asunto importante, ya que hay unas 50 a 60 centrales de energía nuclear en la UE que serán desmanteladas de aquí a 2025. 
No hace falta decir que las centrales de energía nuclear deben clausurarse con seguridad para proteger a las personas y al medio ambiente. 
La falta de financiación para este proceso podría causar retrasos y riesgos potenciales de seguridad. 
Todas las empresas nucleares tienen que tener fondos suficientes para el desmantelamiento. 
La Comisión desea proponer un marco común y, a largo plazo, armonizar los métodos por los que se financia el desmantelamiento en la UE. 
. 
La UE no debe promover la energía nuclear más de lo que el Tratado Euratom especifica que debe hacerlo. 
Cuando la UE, con carácter excepcional, pide el desmantelamiento de una central nucleoeléctrica para proteger la vida humana y el medio ambiente, como lo ha hecho en el caso del reactor eslovaco Bohunice V1, estas exigencias merecen ser respaldadas, incluso si la distinción que la Comisión ha hecho entre los reactores «buenos» de Occidente y los «peligrosos» de la Europa del Este es insostenible. 
El alto grado de apoyo que se dio en un principio es adecuado para un inicio decidido del proceso de desmantelamiento, ya que la República eslovaca ha acumulado fondos por importe de solo 320 millones de euros. 
El apoyo está en consonancia con los compromisos contraídos con motivo de la adhesión de Eslovaquia a la UE. 
Si no fuera por el apoyo de la UE, hubiera sido motivo de preocupación que los reactores de Bohunice V1 continuaran funcionando, lo que supondría graves riesgos de seguridad. 
Sin la financiación de la UE, seguramente tampoco hubiera sido posible garantizar que se adoptaran de inmediato medidas para el desmantelamiento destinadas a proteger la vida humana y el medio ambiente. 
Sin embargo, la utilización de fondos de la UE debe limitarse al desmantelamiento de los reactores de Bohunice V1 y a las medidas que lo acompañan. 
A este efecto, se tiene que efectuar una adición al artículo 2 de la propuesta de la Comisión, que también debe concretar las prioridades de la UE para el uso de estos fondos, incluido, entre otras cosas, el mantenimiento de las normas en materia de seguridad durante el desmantelamiento y la consecución de los objetivos del cambio climático mediante el fomento de energías renovables. 
. 
He votado a favor del informe sobre la utilización de recursos financieros destinados al desmantelamiento de las centrales nucleares. 
Agradezco los principios formulados en el informe, no solo debido a que hay que adoptar cuantas medidas de seguridad sean posibles cuando se trata de energía nuclear, sino también porque, a mi entender, hay que disponer de recursos financieros suficientes para cubrir el coste de estas medidas durante la vida útil de estas centrales. 
Creo que las condiciones para utilizar los recursos financieros para el desmantelamiento, definidas en este informe, son responsables y efectivas, entre las cuales quiero destacar la creación de un fondo de desmantelamiento que tendrá en cuenta la gestión de los fondos generados por la producción de energía. 
Quiero observar que es crucial, siempre que hablemos sobre asuntos relativos a la energía nuclear, que adoptemos las medidas necesarias de seguridad y protección medioambiental durante toda la vida útil de una central nucleoeléctrica. En este contexto, se tienen que incluir las medidas propuestas cuyo objetivo es el desmantelamiento seguro, efectivo y respetuoso con el medio ambiente de este tipo de centrales. 
. Ha sido un placer respaldar a los colegas de mi Grupo apoyando este importante informe, ya que subraya la preocupación acerca de la viabilidad a largo plazo de la industria nuclear en lo que se refiere al desmantelamiento. 
Con tantas alternativas tecnológicas disponibles, creo que debemos invertir en energías renovables, que no legarán una carga ecológica. 
– Señor Presidente, quiero dar una explicación de voto con respecto al informe Wijkman, que, en esencia, acojo con mucha satisfacción. 
Es lamentable que la aprobación de la enmienda del señor Vidal-Quadras Roca suponga que ahora se haya eliminado la excepción para la energía nuclear. 
Considero que esto es falso, puesto que considero que la energía nuclear no es una alternativa realista para el futuro y creo que los riesgos que conlleva aún no se pueden controlar. 
Por este motivo, yo, junto con mis colegas en su totalidad, hemos votado en contra del informe. 
No tenemos nada en su contra como tal, pero hubiera podido ser más claro al llegar a la conclusión de que la energía nuclear no es una alternativa. 
– Señor Presidente, Señorías, me temo que el informe del señor Wijkman –y espero que no me lo tome a mal– está equivocado desde su propio título. 
El hombre nunca ha vencido ni jamás vencerá la batalla contra el cambio climático, porque tiene sobre él una influencia limitada y todavía no demostrada científicamente. 
Considero que, como mucho, se pueden compartir los auspicios de una reducción de las emisiones perjudiciales y potencialmente alteradoras del clima, pero entre esto y la aprobación de un documento de dudoso carácter científico, incluso presuntuoso en sus objetivos, hay una gran diferencia. 
En este sentido, basta citar los puntos 2 y 3, después el considerando M, donde se pretende limitar a dos grados el aumento medio de la temperatura del planeta respecto de los niveles de la era preindustrial, de la cual no existen por lo demás registros ni datos seguros. 
Además, no estoy de acuerdo con la afirmación de que la Unión Europea debería comprometerse a ayudar financieramente a China, la India, Brasil y Sudáfrica para que estos países desarrollen estrategias energéticas sostenibles. 
Sería más oportuno aplicar medidas de sanción y restricción comercial contra los países industrializados, incluidos los Estados Unidos, y los países en desarrollo citados, si sus producciones continuaran perjudicando el medio ambiente y, más en general, si mostraran una escasísima consideración social. 
Por tanto, a la luz de todo lo dicho, he votado en contra de este informe. 
. 
Antes de la próxima Conferencia de las Partes en Montreal, que se celebrará entre el 28 de noviembre y 9 de diciembre, el Parlamento hace hincapié en la necesidad de dar la más alta prioridad a las conversaciones sobre los compromisos relativos a la reducción de las emisiones para el período posterior a 2012, derivados del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, que ha sido ratificado por 152 países y organizaciones regionales. 
Se desprende que los objetivos que se han fijado son más bien demasiado ambiciosos, dado que poco se conoce en cuanto a las consecuencias de la interferencia humana en el cambio climático, que incluso es mucho más problemático mientras los Estados Unidos de América no se adhieran al Protocolo de Kyoto. 
Acogemos con satisfacción todas las medidas que pretenden reducir el volumen de consumo energético y de residuos, para conseguir una mayor eficiencia energética, para desarrollar una política de transporte más respetuosa con el medio ambiente, junto con el transporte público en su conjunto. 
Por otro lado, nuestro punto de vista es diametralmente opuesto en cuanto a la cuestión del comercio de derechos de emisión, dado que, a decir de todos, no resuelve nada y solo sirve para exacerbar desigualdades y desequilibrios medioambientales. 
Los países más ricos podrán continuar contaminando adquiriendo derechos de emisión de terceros, y esto es inadmisible. 
De ahí nuestra abstención. 
El informe Wijkman ha abogado mucho a favor de ello. 
Sin embargo, la Lista de Junio reitera su posición de que el Parlamento Europeo no debe asumir las políticas exteriores de los Estados miembros, solicitando a terceros países, que aún no han ratificado el Protocolo de Kyoto, a que lo hagan. 
También es lamentable que el informe pida a los Estados miembros que aborden una serie de asuntos que deberían tratarse a escala nacional. 
Por ejemplo, incluye propuestas sobre límites de velocidad a escala de toda la UE, impuestos de circulación e incentivos fiscales y para el desarrollo del transporte por ferrocarril y del transporte público en general. 
También somos críticos con las iniciativas de la UE para que los ciudadanos se sensibilicen sobre cómo el consumo y la producción desenfrenados repercuten en el clima. 
Es una dimensión que, por supuesto, puede abordarse a nivel nacional. 
Hemos decidido votar en contra del informe en su conjunto, pero hemos apoyado distintas enmiendas con el fin de mejorar, a nuestro entender, el informe. 
. – Me he abstenido con respecto a este texto. 
Como indiqué en mi intervención en la sesión plenaria de hoy, esta es una cuestión urgente. 
Hay que actuar de inmediato para responder a la amenaza del cambio climático, sin duda una de las más graves de la historia de la humanidad. 
Apoyo las acciones preconizadas en este informe –si bien rechazo la idea de las ecotasas– y la voluntad política declarada. 
Si me he abstenido, es para demostrar mi enorme descontento con una enmienda que pone en entredicho la existencia del Parlamento de Estrasburgo. 
Es inadmisible utilizar un texto tan importante para incluir en él consideraciones que no tienen nada que ver con el tema tratado. 
Estamos a favor de un impuesto sobre un nivel mínimo de dióxido de carbono en la UE. 
Sin embargo, creemos que toda decisión de imponer un impuesto de este tipo debe contar con el respaldo unánime del Consejo y no solo de una mayoría. 
También en el futuro, se tendrán que reducir los impuestos a nivel nacional y no por la UE. 
. 
El excelente informe del señor Wijkman presenta una serie de medidas para ayudar a resolver el problema del cambio climático en todo el mundo. 
Se prevé que la Conferencia de las Partes se celebre en Montreal, donde se espera que los dirigentes europeos presenten propuestas para futuros acuerdos sobre el cambio climático. 
Estos acuerdos deben basarse en responsabilidades compartidas pero distintas, cuyo objetivo sea la reducción continuada de las emisiones y la participación de más países en estos esfuerzos. 
También hay que establecer objetivos más ambiciosos. 
El Consejo Europeo de marzo de 2005 subrayó la necesidad de que los países desarrollados redujeran las emisiones entre un 15 % y un 30 % para 2020. 
La ponente propone que se establezcan objetivos a más largo plazo para reducir las emisiones entre el 60 % y el 80 % para 2050. 
Por último, conviene desarrollar una estrategia para que Europa sea la economía más eficiente del mundo desde el punto de vista energético. 
Hay que introducir incentivos para una mayor utilización de tecnologías «limpias» , e investigación y desarrollo para apoyar la energía sostenible y es preciso fomentar la gestión sostenible del uso del suelo a escala europea. 
. Estoy de acuerdo con el informe, que resume la necesidad de luchar contra el cambio climático. 
Una vez se ha sobrepasado determinado nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el conjunto del sistema está abocado a sufrir cambios drásticos. 
Se producirán catástrofes como los daños materiales causados anualmente debido a unas condiciones climáticas extremas, que dejarán sin hogar a millones de personas. 
Probablemente los países en desarrollo serán los que más sufran. 
La UE ha reducido sus emisiones un 3 % por debajo del nivel de 1990, pero hay que hacer más por alcanzar el objetivo del 8 % acordado en el Protocolo de Kyoto. 
Aunque estoy de acuerdo en que la UE necesita reducir sus emisiones para alcanzar el objetivo pactado en el acuerdo de Kyoto, me parece que el informe es extremadamente optimista al plantear la inclusión de más ámbitos políticos y el plazo límite y me gustaría ver un mayor sentido de la urgencia. 
. – El clima cambia. 
Las pinturas rupestres muestran mamíferos en el Sáhara e íbices en Lascaux. 
El hecho de que esos animales hayan desaparecido de esas regiones es una demostración de que el clima ha cambiado. 
Y, si hay cambio, es forzosamente por causa del hombre. 
El hecho de que el eje de la Tierra se incline con respecto al plano de la eclíptica, que cambia cada 10 000 años, por ejemplo, y de que esto influya en el clima, como demostró Milankovitch, importa poco. 
Que el gran fenómeno de la respiración oceánica, con inmensos ríos que se hunden en el Atlántico Norte para resurgir en el Pacífico, tenga una influencia sobre el clima, tampoco importa mucho. 
El miedo quiere explicaciones, grandes mitologías tranquilizadoras, cosmogonías, el bien y el mal, castigos. 
Así, somos castigados por la industria, castigados por el progreso, castigados por inventar, por crear. 
El hombre Prometeo que roba el fuego debe ser castigado hoy con la fusión de los hielos, la elevación de las aguas, la canícula y la falta de oxígeno. 
Como antes caían plagas sobre Egipto. 
Todo esto estaría muy bien si este embrollo postmedieval provocara un cambio del clima económico y social que genera el declive –muy real– que sufrimos. 
. 
Es natural que las cuestiones medioambientales y, en particular, el cambio climático, sean las que más nos preocupen. 
Apoyo muchas de las directrices sobre política medioambiental que Europa ha aplicado y que se reflejan tanto en el informe como en la Comunicación de la Comisión. 
Sin embargo, creo que existen dos puntos que hay que tener presentes. 
En primer lugar, es obvio que las cuestiones medioambientales no ocupan un lugar prioritario en los problemas de los países en desarrollo y, en realidad, no son los únicos en este sentido. 
En segundo lugar, las sociedades desarrolladas no están dispuestas a aceptar un nivel de vida más bajo ni esto debe constituir nuestra política ni nuestro proyecto. 
Este es precisamente el motivo por el que es necesario que la investigación y el desarrollo sean nuestra principal prioridad, dado que el objetivo debería ser el de gestionar recursos, para así garantizar una calidad de vida mejor y más sostenible. 
– Señor Presidente, en el acta se hace constar una controversia entre la señora Gröner y yo acerca de la exposición contra el aborto del señor Giertych. 
El Presidente de sesión afirmó que no habría censura. 
Sin embargo, después se ha suprimido la exposición y, por lo tanto, sí que ha habido censura. 
Quiero señalar que en el edificio también hay una exposición en contra de REACH, en la que se representa al Presidente de la Comisión envenenando a un niño. 
Considero que esto es tan controvertido como puede serlo la exposición del señor Giertych. 
Si va a emplear el término «controvertido» como justificación para suprimir exposiciones, entonces hay que suprimir las dos. 
Creo, no obstante, que no hay que suprimir nada, y esta discusión, y no la censura, tendría que ser el orden del día. 
Señor diputado, los Cuestores están al tanto de lo ocurrido y elevarán al Presidente un informe al respecto, en base al cual tomaremos las decisiones oportunas. 
El siguiente punto es el debate sobre el Informe del Consejo Europeo y la Declaración de la Comisión acerca de la reunión del Consejo Europeo informal, celebrada en Hampton Court, a la que, como saben, el Parlamento fue invitado en la persona de su Presidente. 
Agradezco a la Presidencia británica la deferencia que tuvo con el Parlamento. 
. Señor Presidente, es un gran honor dirigirme de nuevo a este Parlamento, en el que sé que hay un numeroso grupo de parlamentarios muy cualificados. 
En todos los Parlamentos a veces se habla a mucha gente y a veces no. 
Interpreto esto como un pleno apoyo a todas las políticas seguidas tanto por la Presidencia británica como por el Reino Unido en aspectos como el presupuesto, sobre el que volveré dentro de un momento. 
Esta es la 48ª vez que un Ministro del Gobierno británico comparece en el Parlamento desde el comienzo de la Presidencia británica en la Unión Europea y, de cara a las seis semanas que quedan, me complace decirles que todavía hay más Ministros en camino. 
Este es un indicio de la importancia que damos al Parlamento. 
Hoy quiero informarles de la cumbre informal de Hampton Court. 
Mucho de esto ya les resulta ahora familiar, pero lo que se consiguió hace tres semanas es importante. 
Al comienzo del verano, los europeos dieron una clara muestra de que no estaban contentos con la manera en que se dirigía Europa. 
Se sintieron desvinculados de la política y de los políticos europeos. 
En Hampton Court, los líderes europeos dieron un paso adelante significativo en la respuesta a esa preocupación al alcanzar un amplio acuerdo sobre la orientación de la política social y económica de Europa. 
Naturalmente, muchos de los preparativos ya los había realizado la Comisión Europea y los había publicado en su excelente documento «Valores europeos en el mundo globalizado». 
Si se lo puedo decir al Presidente Barroso, me parece que ese documento es uno de los mejores y más lúcidos que he leído sobre el futuro de Europa y sus países miembros en los últimos tres años. 
Con 20 millones de personas en el paro en toda Europa y el empleo juvenil situado en el 18 %, la tarea principal de todos los que creemos en el modelo social para Europa es conseguir que Europa vuelva al trabajo y dar a nuestros ciudadanos los instrumentos para competir en el mercado mundial. 
La cumbre de Hampton Court identificó seis áreas básicas, apoyadas por un conjunto de políticas específicas, en las que los esfuerzos de los Estados miembros y de la Comisión pueden reforzar la prosperidad económica de Europa y la seguridad colectiva. 
En primer lugar, el área de investigación y desarrollo. 
Necesitamos una fuerte base tecnológica si queremos que las empresas europeas aventajen a la competencia, particularmente la de las economías asiáticas. 
En segundo lugar, el área de inversión en nuestras universidades. 
Nos estamos quedando rezagados con respecto a los Estados Unidos y, en algunos aspectos clave, también de China y la India. 
La tercera área se refiere al cambio demográfico dentro de la Unión Europea y la necesidad de afrontarlo. 
Actualmente, la UE cuenta con cuatro personas en edad de trabajar por cada ciudadano de edad avanzada, pero en las próximas décadas esta proporción caerá de cuatro a uno a tan solo uno a dos o uno. 
Por consiguiente, en la cumbre informal los líderes de la UE acordaron que teníamos que examinar con mucho más detalle la relación entre la inmigración legal y las necesidades económicas futuras de la UE. 
La cuarta área es la energía. 
¿Cómo podemos gestionar el aumento vertiginoso de la demanda mundial de energía mientras la oferta sigue siendo escasa? 
La cumbre reconoció que la solución exige actuar en una serie de vertientes. 
Tenemos que diversificar nuestras fuentes energéticas y abordar a nuestros principales proveedores de energía actuales de manera más coherente. 
Tenemos que utilizar nuestro volumen de mercado y nuestro poder como usuarios con quienes son nuestros proveedores. 
También tenemos que impulsar la eficiencia energética y tecnologías limpias y desarrollar dentro de Europa un mercado de la energía que sea realmente mucho más abierto. 
Es un mercado abierto en algunos países, pero no en todos. 
Yo a esto no lo llamo un mercado abierto. 
La quinta área es la labor de la Unión Europea sobre la seguridad mundial. 
Sobre la retención de datos, este Parlamento tiene la oportunidad de unirse a la responsabilidad colectiva de la UE para crear una legislación que incremente la seguridad de nuestros ciudadanos y entregue los criminales a la justicia. 
Hay una estrategia antiterrorista que indicará cómo hacer frente a la radicalización, cómo proteger nuestras infraestructuras y cómo garantizar un mejor intercambio de información. 
También tenemos que combatir la inmigración ilegal y fortalecer nuestras fronteras, asegurando al mismo tiempo que aprovechemos los beneficios de la migración legal para la UE y para los países en desarrollo. 
Finalmente, la cumbre acordó que Javier Solana, en colaboración con la Presidencia, siguiera trabajando en torno a los aspectos de la defensa y la seguridad de nuestra política de exterior y seguridad común. 
Hay propuestas concretas de investigación y formación en este terreno para cubrir lagunas en nuestra capacidad. 
También tenemos que mejorar la crisis de las estructuras de dirección para responder a las catástrofes e intentar incrementar la financiación de la PESC. 
En diciembre, por cierto, publicaremos una estrategia integral para África. 
En todas las áreas habrá informes provisionales para el Consejo Europeo de diciembre e informes finales durante la Presidencia austriaca en la primera mitad del año que viene. 
Confío en que cuando redacte estos informes la Comisión tenga muy en cuenta los puntos de vista de las respectivas comisiones parlamentarias. 
Esto es, más o menos en detalle, lo que se discutió en Hampton Court. 
Sin embargo, ahora que hemos llegado a un amplio acuerdo en torno a la orientación de una Europa moderna, hemos de conseguir el presupuesto idóneo para cumplir estas prioridades económicas y sociales. 
La Presidencia se compromete a trabajar por un acuerdo presupuestario en diciembre. 
En junio, cinco Estados miembros rechazaron el presupuesto propuesto; el mes que viene nos reuniremos los 25 para pactarlo. 
Así que nos esperan duras negociaciones. 
Teniendo esto presente, queremos poner en la mesa de negociación propuestas integrales a comienzos de diciembre para discutirlas en un cónclave de Ministros de Asuntos Exteriores. 
Habrá que introducir cambios en tres ámbitos principales. 
En primer lugar, tenemos que marcar un nuevo rumbo para el presupuesto de la Unión Europea a fin de garantizar que responda a los retos del siglo XXI. 
Esto exige el establecimiento de un claro calendario de revisión que comprenda todos los aspectos de los ingresos y gastos, un control estricto de dónde viene el dinero, cómo se usa y cómo lo contabilizamos. 
La falta de aprobación de las cuentas de la Unión Europea por undécimo año consecutivo –un verdadero suspenso– afecta al clima de debate y de opinión sobre el conjunto de la Unión Europea en cada de los Estados miembros. 
Así que este nuevo rumbo exige fijar objetivos claros para el futuro gasto de la Unión, para la contabilización de ese gasto, sin la cual el contribuyente no confiará en lo que se hace en esta Unión, y el trazado de caminos claros para la reforma futura de las políticas de la Unión. 
En segundo lugar, tenemos que rectificar la estructura del gasto a partir del 1 de enero de 2007 a la luz de la que se propuso en la última negociación en junio, particularmente para tener en cuenta las recientes discusiones de los Estados miembros de las propuestas del Presidente de la Comisión Barroso, que formuló el 20 de octubre. 
En tercer lugar, las consecuencias de cualquier cambio propuesto de la decisión sobre los recursos propios –en otras palabras, sobre la cantidad que cada Estado miembro paga al presupuesto de la UE– deben considerarse justas y equilibradas en todos los Estados miembros. 
Para que eso suceda, se necesitan cambios significativos en todos los acuerdos que afectan al Reino Unido –entre otros Estados miembros– que se propusieron en junio. 
No quiero que nadie se sienta cogido por sorpresa: cuando hablo de cambios significativos, quiero decir cambios significativos. 
Sin cambios significativos veo pocas posibilidades de acuerdo. 
Sin embargo, con ellos creo que podremos sacar las negociaciones adelante y nos comprometemos, como Presidencia, a intentar llegar a un acuerdo y haremos todos los esfuerzos por conseguirlo. 
Hasta ahora he hablado de la respuesta de Europa a los retos de la mundialización principalmente en términos de lo que haremos: las políticas que adoptamos y el presupuesto que acordamos. 
Sin embargo, la globalización también plantea el reto a Europa en términos no solo de qué hacemos, sino de cómo lo hacemos. 
Como he indicado, hay una brecha creciente entre las políticas de Europa y los ciudadanos de Europa. 
Es exactamente esta cuestión el tema central de una conferencia que tendrá lugar mañana en La Haya, de la que son anfitriones conjuntamente los Gobiernos neerlandés y británico. 
La conferencia sobre «Compartir el poder en Europa» examinará cómo los Parlamentos regionales y nacionales pueden trabajar más efectivamente con las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo, y cómo podemos conseguir el equilibrio correcto entre las acciones en los ámbitos regional, nacional y europeo para conseguir los mejores resultados para nuestros ciudadanos. 
Quiero expresar aquí mi gran aprecio de Jan Peter Balkenende, Primer Ministro de los Países Bajos, por ser el primero en proponer que se celebrara una conferencia así –lo hizo en el Consejo Europeo de junio– y de nuestro colega Bernard Bot, Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, quien ha ayudado a la Presidencia Británica a sacar esta idea adelante y a ser el anfitrión de la conferencia mañana. 
Una parte de todo este esfuerzo tiene que dedicarse a acercar Europa a sus ciudadanos y hacer que la legislación de la Unión Europea sea más clara y más relevante. 
Al igual que la mundialización ha dificultado la relación de los europeos con sus instituciones, estas personas, nuestros ciudadanos, son más críticos con la naturaleza de la legislación de la Unión Europea. 
Se impacientan mucho más con un régimen intervencionista e insisten en que los métodos legislativos no pueden y no deben ser un cheque en blanco. 
Demasiado a menudo –y esto sucede en todos los Parlamentos y uniones, pero muy especialmente en la Unión Europea– el método se ha asimilado al resultado. 
No es este el caso. 
Las empresas, las organizaciones no gubernamentales y los Estados miembros quieren nuevas normas europeas, por ejemplo, para luchar contra la competencia desleal, para proteger el medio ambiente o para mejorar nuestros ordenamientos jurídicos. 
Sin embargo, quieren medidas que mejoren nuestras vidas, no que las compliquen. 
La normalización y la armonización no añaden valor por sí mismas. 
Gracias a los esfuerzos de la Comisión durante del Presidente Barroso, ahora hay muchos signos positivos. 
Por ejemplo, la Comisión ha escuchado lo que quieren las empresas y los ciudadanos y ha propuesto un toque normativo más ligero en los servicios financieros. 
Esto ayudará a promover un sector financiero europeo mundialmente competitivo. 
El programa de acción trienal de la Comisión para simplificar el acervo es otro paso muy satisfactorio, como lo es el reconocimiento de que la Unión Europea no siempre tiene que intervenir en las áreas en que solía hacerlo. 
De ahí la decisión de suprimir una directiva de 1968 que regulaba el número y el tamaño de nudos en la madera. 
Hace 37 años pudo haber una razón para que la Unión Europea regulara el número y el tamaño de los nudos en la madera. 
Sin embargo, hoy quizás debamos dejar esto en manos de los Estados miembros o simplemente al juicio de las personas que compran madera a un comerciante maderero. 
¿Por qué? 
La propuesta para ver si podemos simplificar la manera en que los empresarios tienen que presentar informes de conformidad sobre 20 directivas distintas en materia de salud y seguridad en el trabajo debe reducir la carga de las empresas, dándoles más tiempo para centrarse en las necesidades de los trabajadores –quizás en crear empleos– en lugar del papeleo. 
Como colegislador, el Parlamento Europeo desempeña un papel fundamental en todo esto. 
Pensemos en REACH, que ha sido motivo de un pequeño alboroto fuera cuando he llegado y, lo he oído, un pequeño alboroto aquí. 
Es un tema polémico hasta dónde se regula la industria química europea para proteger al consumidor. 
Ninguno de nosotros quiere ser envenenado por productos químicos. 
Creo sin embargo que el historial de Europa en esto es ejemplar y no tiene parangón en todo el universo. 
Igualmente, ninguno de nosotros quiere ver, en un mundo globalizado en el que han caído las barreras, a la industria química europea de rodillas hasta que la normativa, que es muy buena, acabe regulando una industria que ha desaparecido, sustituida por industrias asentadas en China, la India y otros sitios, donde la normativa es mucho menos buena de lo que es hoy. 
Este es el dilema al que se enfrenta el Parlamento, como todos nuestros ciudadanos. 
Tenemos que reconocer los casos difíciles. 
Los cambios propuestos en la Directiva sobre el tiempo de trabajo son un buen ejemplo de legislación bienintencionada que no conseguirá lo que se ha propuesto con los cambios, y en que el procedimiento y el resultado han sido muy confusos. 
Estamos todos de acuerdo en que los mercados de trabajo europeos deben adoptar normas decentes de protección para nuestros trabajadores. 
Los europeos deben tener derechos en el trabajo, pero también deben tener trabajos en los que poder ejercer esos derechos. 
Mi Primer Ministro ha dicho recientemente que esperaba resolver los asuntos pendientes de esta directiva durante nuestra Presidencia, y ese sigue siendo nuestro objetivo. 
Seamos francos acerca de la naturaleza de los retos que tenemos que afrontar. 
La Directiva sobre el tiempo de trabajo se justifica por versar sobre salud y seguridad, y en parte así es. 
Pero fijar límites rígidos sobre el total de horas trabajadas no es la respuesta. 
El Reino Unido tiene uno de los mejores historiales de salud y seguridad en el conjunto de la Unión Europea. 
Ya que ustedes preguntan, ocupamos el segundo puesto en términos de días perdidos por accidente y, me parece, el tercero en términos de muertes en el lugar de trabajo. 
Nuestro historial demuestra que un buen resultado en materia de salud y seguridad es plenamente compatible con mercados laborales y tiempos de trabajo flexibles. 
Los rígidos límites paneuropeos sobre las horas de trabajo no traerán salud y seguridad para nuestra mano de obra, particularmente si las normas se aplican de modo desigual. 
Algunos socios europeos han expresado, me parece que con razón, una gran preocupación por el hecho de que en otros Estados miembros los límites del tiempo de trabajo se aplican por contrato y no por trabajador. 
Algunos de estos países son los mismos que dicen que tiene que haber límites rígidos; pero cuando se trata de aplicarlo en sus propios países, se produce un regateo y en lugar de aplicarse por trabajador –que tiene que ser la base de la salud y la seguridad– se hace por contrato. 
Así pues, si uno tiene dos contratos –dos trabajos, una persona–, entonces pueden sortear el límite, completamente desregulado y desprotegido. 
No tiene sentido desde el punto de vista de la salud y la seguridad. 
No tiene sentido desde la perspectiva de la práctica de empleo. 
No tiene sentido desde el punto de vista de la reputación de la Unión Europea de aplicar una normativa justa y sensata en toda Europa. 
Tenemos que encontrar maneras de aplicar e imponer la directiva que satisfagan las necesidades de todos los mercados laborales. 
Tenemos que garantizar que todos los trabajadores disfruten de derechos laborales adecuados y que ninguno se vea abocado por las rigideces de esta Directiva a la economía sumergida, porque eso es lo que está pasando. 
La cruda verdad sobre la directiva es que al buscar recomponer los límites y normas europeos, nos arriesgamos a infringir la libertad individual de los trabajadores de trabajar las horas que deseen. 
Sin duda restringiremos la flexibilidad de las empresas para adaptarse a los cambios económicos y a las demandas estacionales y, de este modo, amenazaremos los auténticos trabajos de los que depende el sustento de los trabajadores. 
Eso no puede estar bien. 
Es fundamental que los trabajadores se sientan seguros y debidamente protegidos en el puesto de trabajo. 
Es un buen negocio tanto como una buena política. 
Tenemos que juzgar hasta qué punto esto debe fijarse a escala europea y cuánto debe quedar en manos de los Gobiernos nacionales, empresarios y sindicatos para que pacten un enfoque que refleje las tradiciones laborales y buenas prácticas de los Estados miembros individuales y del conjunto de Europa. 
Después de todo, el salario mínimo, otro aspecto de la normativa laboral en el que creo apasionadamente, siempre se ha dejado en manos de los Estados miembros. 
Me parece que esto es lo correcto. 
Ahora es el momento de dejar también más asuntos relativos al tiempo de trabajo en manos de los Estados miembros. 
Me parece que este es un ejemplo excelente de un área en la que Europa, al afrontar los retos de acercarse más a nuestros ciudadanos, debe avanzar con un bagaje más ligero. 
Cuando el Reino Unido se hizo cargo de la Presidencia de la Unión Europea, también heredamos la necesidad de entablar un amplio debate sobre el futuro de Europa. 
La cumbre de Hampton Court fue un elemento fundamental de ese debate. 
Pero el debate está lejos de haber concluido. 
El proceso de construir una Europa moderna y segura será todavía más largo. 
Este es un viaje que los Gobiernos, los políticos y los Parlamentos, incluido este, no pueden emprender solos. 
Tenemos que revertir las ventajas de Europa en los europeos y hacer que los ciudadanos nos sigan. 
. Señor Presidente, señor Straw, Señorías, como ha destacado el señor Straw, podemos sentirnos satisfechos de los resultados de esta cumbre informal. 
Quiero decirles que me alegro de que la voz del Parlamento Europeo se haya dejado oír a través de la participación del señor Borrell en todos los debates. 
No puedo sino felicitar al señor Blair por el modo en que contribuyó a crear una atmósfera positiva, un clima de confianza. 
Estoy especialmente orgulloso del papel desempeñado por la Comisión en el éxito de esta cumbre. 
Nuestros debates en Hampton Court han conducido a un consenso en torno a una idea fundamental y cinco ámbitos clave. 
La idea fundamental es la siguiente: para preservar nuestros valores, tenemos que modernizar nuestras políticas. 
No hay contradicciones entre un proyecto de reforma económica para modernizar Europa y el apego a una Europa política, a una Europa social. 
Los cinco ámbitos clave son, brevemente: en primer lugar, un consenso sobre el análisis y la naturaleza de los desafíos a que nos enfrentamos, siguiendo la contribución presentada por la Comisión, y a este respecto, señor Straw, le agradezco sus palabras sobre la calidad de nuestro documento. 
En segundo lugar, la importancia de poner en práctica reformas ambiciosas a favor del crecimiento y del empleo. 
Todos los Estados miembros se han afanado a esta tarea y la Comisión elaborará a comienzos del año próximo un informe sobre los programas nacionales desarrollados para poner en práctica las conclusiones de Lisboa. 
En tercer lugar, la profundización de los trabajos concretos sobre las respuestas políticas que deben darse a la mundialización y al envejecimiento de la población, en ámbitos concretos como la investigación y el desarrollo, las universidades, la energía y la demografía, incluido el problema de la inmigración. 
En cuarto lugar –y esto tiene que ver concretamente con mi último punto–, dar una nueva prioridad a la política de inmigración, que abarcará tanto la inmigración legal, que responde sin duda a las necesidades de nuestra economía, como la seguridad de las fronteras que esperan nuestros conciudadanos, y unas políticas de integración eficaces, que son indispensables en nuestras sociedades multiculturales. 
En quinto lugar, nuevas iniciativas a fin de examinar cómo reforzar nuestra acción exterior, a fin de responder mejor a la mundialización y a las nuevas amenazas para la seguridad, que no se detienen en las fronteras nacionales. 
Ahora, debemos avanzar con nuestro trabajo. 
Espero que podamos hacerlo en estrecha colaboración con el Parlamento y con las Presidencias actual y futura del Consejo. 
A fin de apoyar la dinámica a favor del crecimiento y el empleo a largo plazo, la Comisión se propone dar un nuevo impulso a la investigación y desarrollo y presentar formas de reorganizar los sistemas educativos de Europa y las universidades. 
Informaremos al Consejo y al Parlamento de estas cuestiones antes del Consejo Europeo de primavera. 
Buscar los medios para afrontar mejor el desafío demográfico: desde comienzos del año próximo presentaremos los resultados de la consulta lanzada a comienzos de año con la publicación de un Libro Verde sobre la demografía. 
Definir una política energética coherente: el año próximo presentaremos una estrategia para Europa. 
Todas las opciones deben seguir abiertas. 
Este renacimiento, resultante del trabajo conjunto en un ámbito que hasta hace muy poco se consideraba reservado a los Estados miembros, es muy importante. 
Por lo que respecta a la inmigración, los trabajos ya están en curso. 
Se han presentado ya varias propuestas al Parlamento y antes de finales de año un documento debería permitirnos profundizar la reflexión y la acción en materia de inmigración legal e ilegal. 
Por último, la seguridad nos coloca ante un doble desafío. 
No solo debemos trabajar conjuntamente de modo más efectivo para atajar la delincuencia transfronteriza que registramos en Europa y, a la vez, dar mayor firmeza a nuestro compromiso de luchar contra el terrorismo internacional. 
También en este punto, la Comisión ha puesto sobre la mesa importantes propuestas y está en fase de elaboración una estrategia de lucha contra el terrorismo. 
Pero también debemos esforzarnos más por que la Unión Europea ocupe plenamente el lugar que le corresponde en el debate sobre las respuestas que hay que dar a la mundialización. 
Por esta razón, la Comisión presentará un documento de reflexión en el que se examinará el modo en que nosotros, la Comisión Europea, podemos contribuir, junto con el Consejo y el Parlamento, a reforzar la coherencia exterior de la Unión. 
Es evidente que podemos hacer más por la coherencia de nuestra acción exterior, no solo por lo que se refiere a la política exterior y de defensa común, sino también a los distintos instrumentos de política interior que tienen una dimensión exterior, así como en ámbitos en los que la Comisión tiene un papel especial que desempeñar, por ejemplo la ayuda al desarrollo, el comercio internacional y la política de vecindad. 
Hampton Court ha vuelto a demostrar por qué la Unión Europea importa en un mundo globalizado. 
Nunca antes ha estado la integración europea tan cuestionada, pero nunca antes había sido tan necesaria. 
Europa tiene las políticas necesarias para maximizar los beneficios de la globalización para sus ciudadanos y reducir las amenazas. 
Gracias a la legislación europea, un sospechoso de terrorismo puede ser extraditado de Italia a Londres en 50 días. 
Un proceso que antes requería años, ahora solo requiere semanas porque contamos con un instrumento a escala europea y porque la legislación europea nos faculta para hacerlo. 
Europa puede proporcionarnos respuestas a los retos que plantean el encarecimiento y la carestía de la energía. 
También es Europa la que nos ayudará a gestionar el acuerdo sobre el acceso a Gaza, un acontecimiento reciente muy importante. 
Es Europa la que lidera los esfuerzos de ayuda a África. 
Por lo tanto, necesitamos esta dimensión europea. 
Estamos de acuerdo –y hemos avanzado bastante en este camino a base de legislar mejor– en la necesidad de una legislación sensata para evitar medidas burocráticas. 
Sin embargo, esto no significa una Europea minimalista, y quiero que esto quede absolutamente claro. En absoluto. 
Significa que Europa debería hacer menos en algunos ámbitos y que debería facilitar la vida de nuestros ciudadanos y nuestras empresas. 
No obstante, al mismo tiempo, hay ámbitos en los que tenemos que hacer más, no menos. 
Es muy importante evitar la idea de una Europa minimalista. 
Es nuestra responsabilidad, la de todos los líderes europeos, en el Consejo, el Parlamento y la Comisión, explicar esto y evitar la demagogia y el populismo que en ocasiones se blanden contra Europa. 
Porque en este mundo globalizado necesitamos más que nunca una Europa fuerte. 
No obstante, todas estas políticas –desde las relaciones exteriores hasta la seguridad, la inmigración, la energía, la investigación y las universidades– necesitan dinero, cuestan dinero. 
De niño, mi madre me decía que nunca hablara de dinero porque era señal de mala educación. 
Porque sin dinero no podremos llevar a cabo estas políticas, necesitamos recursos para seguir adelante con ellas. 
Honorables miembros del Consejo, no pueden pedir a la Comisión ni a las demás instituciones europeas que cumplan su cometido y no darles los medios para llevar a cabo estas políticas. 
La atmósfera positiva, las señales de una voluntad política europea más fuerte que vimos en Hampton Court, deben ponerse ahora en práctica, convertirse en un acuerdo sobre las perspectivas financieras el mes que viene. 
Esta es la cuestión definitoria de la Presidencia británica, sería la prueba de que Europa avanza y necesitamos que Europa avance. 
En cuanto a la prosperidad, la solidaridad y la seguridad, todo lo que podemos hacer es proporcionar a nuestros ciudadanos los medios para lograrlas. 
Soy consciente de que la Presidencia británica se está esforzando por llegar a un acuerdo; el coste del fracaso sería demasiado alto. 
Es difícil discernir cómo nuestras posiciones convergerán en unos meses. 
Así que existe el riego efectivo de que no se alcance ningún acuerdo el mes que viene, lo que conllevaría retrasos en el flujo de dinero destinado a los nuevos Estados miembros, el riesgo de que la Comunidad no pueda cumplir sus cruciales compromisos internacionales, incluidos los compromisos con los más pobres. 
Sin perspectivas financieras, ¿cómo puede la Unión Europea contraer compromisos a medio plazo con los fondos mundiales para la lucha contra el VIH/sida? 
¿Cómo podemos respetar los compromisos suscritos en las Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio? 
¿Cómo podemos ayudar a los países del Caribe a ajustarse a los cambios de los regímenes del plátano de la Comunidad Europea, por ejemplo? 
¿Cómo podemos mantener nuestros compromisos con las misiones de paz en África? 
¿Cómo podemos seguir adelante con las llamadas nuevas políticas, las políticas para el futuro? 
De hecho, si no llegamos a un acuerdo, mantendremos las políticas del pasado; no tendremos los medios para desarrollar las políticas del futuro. 
También creo que todos estamos de acuerdo en que una Unión Europea ampliada y más diversa necesita más inversiones. 
No me refiero a los «costes de la ampliación» , porque no me gusta utilizar la palabra «costes» al hablar de la ampliación. 
Pero ahora somos una Europa más grande y ahora somos una Europa mucho más diversa y necesitamos más inversiones para los nuevos Estados miembros. 
Tenemos que compartir la carga de esta inversión. 
Es nuestra obligación ser solidarios con los nuevos Estados miembros que miran a la Unión Europea para buscar ayuda en el rápido y extraordinario progreso modernizador y reformista. 
Esta es una situación en la todos los Estados miembros salen ganando. 
Esto no es juego de suma cero y precisamente porque tenemos que reducir este déficit he presentado algunas propuestas, entre ellas una que está siendo examinada por la Presidencia británica, a la que agradezco su consideración, que vincula la cohesión con la competitividad. 
En nuestra opinión no creemos que exista una contradicción entre la cohesión por un lado y la competitividad por otro, al contrario. 
La cohesión y al apoyo a los nuevos Estados miembros también es una forma de mejorar su competitividad y de hacer que Europa, a su vez, sea más competitiva. 
Así pues, espero que estas propuestas serán tenidas en cuenta en el acuerdo final para que, finalmente, quede claro que lo que estamos proponiendo no es más dinero para un antiguo concepto de Europa, sino que es dinero para una Europa más competitiva y más moderna, pero una Europa que, al mismo tiempo, mantenga sus firmes valores en relación con la cohesión. 
Tenemos que compartir esta carga equitativamente. 
Ningún Estado miembro puede disfrutar de la ampliación sin apenas pagar. 
Confío en el sentido común de la Presidencia británica para llegar a un acuerdo justo y equilibrado el próximo mes. 
Espero que lo lograremos fortaleciendo, y no debilitando, la ambición de la Comisión y del Parlamento de una Europa ampliada. 
Porque tenemos que decir con franqueza que las perspectivas financieras representan un acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y la posición del Parlamento y de la Comisión debe estar reflejada en el acuerdo final. 
Hampton Court ha sido, de hecho, un éxito. 
Hampton Court ha sido el primer paso importante hacia un nuevo consenso por una Europa dinámica y moderna. 
Espero que el espíritu positivo de dinamismo y apertura que todo el mundo demostró pueda traducirse ahora en un acuerdo sobre el presupuesto. 
Apoyo plenamente a la Presidencia en sus esfuerzos por lograrlo y deseo lo mejor a la Presidencia y a todos los Estados miembros. 
Gracias, señor Barroso, la Presidencia desea observar que el debate era sobre el Consejo Europeo de Hampton Court y está derivando hacia un predebate sobre las perspectivas financieras. 
Pero la Presidencia no va a señalar a los participantes en el debate sobre qué deben debatir. 
Pueden insistir en el tema de las perspectivas financieras si lo desean aunque no figure específicamente en el orden del día. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, en vísperas de Hampton Court, el Presidente del Consejo Europeo estuvo presente en esta Cámara, no el Primer Ministro del Reino Unido. 
También es, por cierto, el Primer Ministro del Reino Unido, pero es en esa calidad que es Presidente del Consejo Europeo. 
Tony Blair, al estar aquí el día antes de Hampton Court, envió el mensaje correcto. 
En eso creo que estableció la prioridad adecuada: primero el Parlamento y, a continuación, los Jefes de Estado o de Gobierno. 
También me alegra que el Presidente de esta Cámara estuviera en Hampton Court mientras duró el acto. 
Le recomiendo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que invite al Presidente del Parlamento durante toda la cumbre. 
Esto podría ser el principio de unas buenas prácticas en el futuro, y siempre se recordará al Reino Unido por haber implicado plenamente al Presidente del Parlamento Europeo en las cumbres europeas. 
Su referencia a la calidad de los diputados que se encuentran hoy aquí ha sido una obra maestra del eufemismo británico. 
Creo que es maravilloso que lo utilice para criticar, de forma indirecta pero justificada, el hecho de que podría haber un mayor número de diputados aquí, pero que es nuestra calidad la que ha decidido destacar, y esto ilustra la maestría de las habilidades parlamentarias que se pueden encontrar en el Reino Unido. 
Llegados a este punto, siento la necesidad de recomendar cautela. 
Ha mencionado usted las visitas de Ministros y ha dicho que un Ministro ha estado en las instituciones europeas en 48 ocasiones. 
Aunque pienso que es formidable, y estoy seguro de que la cifra aumentará a 60, ya que aún quedan seis semanas, hay que decir que, a fin de cuentas, lo que es fundamental es que el número de Ministros de la Presidencia británica se corresponda con su calidad, y todavía abrigamos la esperanza de que así sea de aquí a finales de este mes de diciembre. 
Ha dicho usted que Europa está muy alejada de sus ciudadanos; esto es verdad, y deberemos pensar cómo podemos, juntos, mejorarlo, pero también se puede decir lo mismo de la política en el ámbito nacional. 
De lo que se deduce que tenemos que hacer el mismo esfuerzo tanto a nivel nacional como europeo, si es que los ciudadanos tienen que confiar en el proceso de elaboración de políticas. 
Cuando se considera desde el punto de vista de una persona de fuera –y estoy seguro de que es uno de los logros de Hampton Court– creo que existe una nueva confianza entre las partes involucradas. 
Como presidente de un Grupo con diputados al Parlamento Europeo de todos los 25 Estados miembros y de 45 partidos nacionales, sé por experiencia que, donde existe una interacción problemática de intereses –como la que también se puede encontrar en los otros Grupos políticos, en este Parlamento en su conjunto, y en los Gobiernos nacionales– los problemas solo pueden resolverse si existe confianza. 
Cuando no existe confianza, tampoco hay soluciones políticas. 
Lo que esperamos de los Jefes de Estado o de Gobierno es que todos y cada uno de ellos desempeñen su papel en el fomento de la confianza en los otros miembros del Consejo Europeo. 
No deseo repetir ahora mismo todo lo que se ha dicho sobre el futuro de Europa, sobre el documento de la Comisión, ni sobre la globalización, pero lo que es crucial es que tenemos que aceptar lo que está en el meollo de la globalización, el que seamos un solo mundo y cada vez lo seamos más; por otro lado, sin embargo, no se trata de que tengamos que soportar la globalización nosotros solos, sino más bien algo que podemos moldear, y con esto lo que quiero decir es que podemos, mediante la acción política, mantener los excesos de la globalización, y sus manifestaciones negativas, bajo nuestro control. 
Esto es lo que considero que es nuestro cometido. 
Ahora, quiero decir algo sobre la decisión más importante que hay que tomar, sobre la cual ya han mantenido un debate, aunque al margen. 
Me refiero, tal como lo ha hecho antes el Presidente de esta Cámara, a las perspectivas financieras. 
Espero que no le importe si le aconsejo –e incluso si le importa, le voy a dar mi consejo igualmente– que tiene que hallar una solución para las perspectivas financieras, ya que el Reino Unido siempre ha estado a favor de la ampliación, gracias a lo cual en esta Cámara, hoy, hay diputados de los países que se han adherido a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, incluso si no han seguido la misma senda que nosotros en lo que se refiere a las cuestiones institucionales. 
Si no puede avanzar con respecto a las perspectivas financieras será decepcionante para los antiguos países comunistas en particular, que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004. 
Por lo tanto, le pido que haga cuanto le sea posible para obtener un resultado. 
Hay que decir, no obstante, que si usted y el Presidente del Consejo Europeo lo hacen, deberán tener el valor de poner un punto final a la cuestión del «cheque británico». 
Ha hablado sobre un cambio fundamental, y probablemente pensaba en la política agrícola cuando lo ha hecho, pero también es necesario un cambio fundamental en las contribuciones realizadas por los distintos Estados miembros, y en este aspecto es donde el Reino Unido, durante su Presidencia, puede desempeñar un papel principal. 
Se ha establecido la política agrícola para el período que finaliza en 2013, pero, si hay que encontrar una solución al problema del «cheque británico» , y si queremos disponer de unas perspectivas financieras, hay que asegurarse de que podemos, en algún punto, considerar en serio la reforma de la política agrícola, con la intención de producir al menos una declaración de intención vinculante. 
Cuando debata las perspectivas financieras y, espero, llegue a algunas decisiones sobre las mismas, señor Presidente en ejercicio del Consejo –también estoy diciendo esto a la Comisión– le pido que recuerde que usted, en el Consejo, no está tomando decisiones por su propia cuenta; el Parlamento Europeo forma parte de la autoridad presupuestaria, y posee iguales derechos de codecisión, por lo que conviene que garantice usted su plena participación. 
Por supuesto, igual que usted, también nosotros representamos a los ciudadanos de Europa, y si, juntos, demostramos buena predisposición, si confiamos unos en otros, nuestros problemas no serán insolubles. 
. – Señor Presidente, Hampton Court fue una cumbre sin conclusiones formales. 
Las promesas de la cumbre pueden ser tan efímeras como los compromisos maritales contraídos por el rey Enrique VIII en ese mismo palacio. 
La Presidencia británica tiene razón el pedir a los 25 que realicen reformas, inviertan más en las tecnologías de futuro y creen las condiciones para aumentar el empleo. 
Las reformas siguen siendo necesarias, pero para muchos ciudadanos la palabra «reforma» tiene una connotación negativa y es sinónimo de pérdida de puestos de trabajo y de rebajas sociales. 
El señor Straw acaba de criticar la posición del Parlamento sobre la directiva relativa al tiempo de trabajo. 
Aconsejo al Ministro que relea el primer convenio adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en la época de la Sociedad de Naciones y que contemplaba la semana de 48 horas sin exclusión voluntaria. 
Las reformas se aceptan si conducen a mejorar el bienestar general. 
Para conseguirlo, Europa debe cambiar su postura demasiado pesimista y descorazonada. 
Vista desde el exterior, la Unión es un ejemplo. 
El Presidente de Chile lo repitió aquí el mes pasado. 
Pero según las Comunicaciones de la Comisión, para el año 2050 Europa se habrá convertido a todos los efectos en un hospicio. 
¿Quién de nosotros podrá comprobar si esas proyecciones alarmistas se habrán verificado realmente en 2050? 
Sí, Europa se enfrentará a un envejecimiento de la población. 
Pero Japón y Rusia tendrán una población en declive. 
¿Y qué decir de China, con su política de un único hijo por familia? 
¿Qué decir de la India y de los demás países que no consiguen contener un crecimiento acelerado de su población? 
¿Qué país tendrá mayores problemas demográficos en 2020, sin atrevernos a hablar siquiera de 2050? 
Si hay un ámbito en que Europa podría imitar a los Estados Unidos, es el de la política de inmigración, que podría ser más generosa. 
Gran parte del crecimiento suplementario estadounidense del último decenio se debe a la aportación de los diez millones de latinoamericanos y los cientos de miles de científicos europeos y asiáticos. 
Hace quince días, el Senado norteamericano decidió conceder cada año 330 000 Tarjetas Verdes suplementarias para inmigrantes altamente cualificados. 
La competitividad de Europa es una preocupación permanente. 
No obstante, si comparamos la competitividad por hora y, sobre todo, la competitividad industrial de Europa con otras, por fuerza hemos de constatar que batimos con mucho a los Estados Unidos en la mayoría de los sectores económicos. 
La Comunicación de la Comisión sobre la política industrial así lo reconoce. 
La Unión sigue siendo el primer destino y la primera fuente de las inversiones internacionales. 
En 2003, las inversiones de los 15 en los diez nuevos Estados miembros fueron cuatro veces más altas que en China, que solo recibió el 3,8 % de la inversión europea. 
Dejemos, por tanto, de temer a China. 
Es normal que un país con 1 300 millones de habitantes conquiste una parte más importante en el comercio mundial, pero en cifras absolutas, la parte de Europa en el comercio mundial aumenta, aun cuando algunos sectores tengan dificultades. 
No obstante, las nueve décimas partes de nuestros intercambios no se realizan con países de bajos salarios, sino con países desarrollados. 
La mundialización es una gran oportunidad para reducir la miseria en el mundo. 
El aumento de los intercambios internacionales es, desde hace cincuenta años, más rápido que el crecimiento del producto mundial bruto. 
Esto demuestra que el comercio exterior no es un juego sin bazas, sino que ha permitido sacar de la pobreza a millones de seres humanos al mismo tiempo que ha beneficiado a los consumidores de los países ricos. 
De hecho, son nuestros consumidores los que, al comprar los productos más baratos, fuerzan a nuestros industriales a ser más competitivos. 
La Unión sigue siendo la primera potencia exportadora del mundo, impulsada por Alemania, Francia e Italia. 
Sin embargo, esos tres países están estancados en su crecimiento interior. 
Sus ciudadanos ahorran cantidades sin precedentes. 
Por su parte, los estadounidenses y los británicos consumen todo, endeudándose peligrosamente. 
Para recuperar el crecimiento, hay que devolver la confianza a los europeos. 
No hay alternativa al mercado, pero el mercado es incapaz de producir solidaridad, que es el signo distintivo del modelo europeo. 
Hace falta voluntad política para crear más solidaridad entre nuestros países y en nuestros países. 
La política se reduce siempre a una cuestión de recursos y, en este punto, coincido con el Presidente Barroso. Sin duda Europa carece de recursos presupuestarios. 
El señor Blair tiene razón al invitarnos a invertir más en investigación y en las universidades. 
Para ello, el presupuesto de la Unión debería recibir más recursos que el miserable 1 % del PIB que quieren conceder algunos grandes países, empezando por el Reino Unido. 
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo juzgará a la Presidencia por su capacidad para decidir unas perspectivas financieras realistas, pero más generosas. 
La cumbre de diciembre debe ser la cumbre de la solidaridad renovada. 
Un compromiso firme de los 25 a favor de una política de reactivación coordinada, así como inversiones en infraestructuras nacionales y transeuropeas más importantes, permitirán a Europa recuperar el crecimiento, condición necesaria, señor Presidente, para que se acepten unas reformas estructurales difíciles. 
El crecimiento generará estabilidad, señor Presidente, y no a la inversa. 
Muchas gracias, señor Goebbels. 
El debate se anima, y esto es positivo para conseguir que algunos diputados más se incorporen a él. 
. – Señor Presidente, Señorías, puedo entender cómo la terapia de relaciones de alto nivel en Hampton Court se ha desarrollado al parecer como debiera. 
Sin embargo, se celebrado en un entorno debidamente romántico y exclusivo, por lo que las circunstancias estaban todas de su lado. 
Ahora que todos los dirigentes gubernamentales han regresado a sus respectivos países después del tratamiento, veremos definitivamente si los esfuerzos terapéuticos de Tony Blair han dado sus frutos, ya que todos nosotros sabemos, por descontado, que cuando los matrimonios empiezan a desintegrarse, a menudo las parejas vuelven a los malos hábitos familiares. 
Por lo tanto, tengo que plantear una petición práctica a la Presidencia y a la Comisión. 
En la práctica realmente no hay muchas cosas que los países de la UE puedan hacer conjuntamente para poner en marcha el proceso necesario y deseado de la reforma cuyo objeto es modernizar el mercado laboral europeo con el fin de que se adapte a la sociedad de hoy. 
Por supuesto, todos sabemos que conviene que cada uno de los Estados miembros lleve a cabo esta tarea necesaria. 
Los esfuerzos a favor de la reforma son exclusivamente un asunto nacional. 
Sin embargo, la UE puede y tiene que completar la tarea sobre la creación de un mercado interior de pleno derecho para el capital y los servicios. 
Mientras aún se pueden sentir los efectos de la terapia de relaciones, pido, por lo tanto, a la Presidencia y a la Comisión que trabajen para asegurar que los mercados europeos de servicios y capitales se liberalicen totalmente. 
Estoy convencida de que si este proceso es un éxito dará lugar a auténticas reformas en el mercado laboral sobre la base del lema «No hay otra alternativa». 
Las ventajas que implicará para los ciudadanos una reforma de este tipo serán enormes y esto, naturalmente, es en lo que consiste la cooperación de la UE: aportar a nuestros ciudadanos ventajas adicionales. 
También quiero formularle una pregunta clara, señor Straw. 
Ha mencionado usted el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo. 
¿Está dispuesto a predicar con el ejemplo y garantizar que usted y el Reino Unido asumirán la responsabilidad de administrar una subvención de la UE en su país, cosa que, por desgracia, su Ministro de Hacienda se negó a hacer la semana pasada? 
Quiero una respuesta clara. 
Gracias por su atención. 
. – Señor Straw, señor Barroso, haré tres comentarios en respuesta a su discurso, señor Straw. 
Con respecto a la Conferencia de La Haya, que ha mencionado, me permito sugerirle con toda modestia que relea el proyecto de Constitución que usted firmó y que, a mi entender, comprende soluciones tanto sobre el reparto de las competencias como sobre el papel de los Parlamentos nacionales. 
¿Por qué abandonar ese proyecto? 
Por lo que respecta a la política social y la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, estoy de acuerdo con usted: hay que decir sí a la diversidad nacional, pero hay que inspirarse en un modelo, y me gustaría más inspirarme en el modelo escandinavo. 
Ahora con respecto a la cuestión del mercado único: espero convendrá conmigo en que la competencia debe ser también justa y equilibrada. 
En otras palabras, el mercado único se construye también sobre unas normas sociales comunes, inscribiéndose así en el espíritu mismo de los Tratados. 
Por último, por lo que respecta al presupuesto, creo que tenemos un auténtico problema de credibilidad tanto por lo que se refiere a los ingresos como a los gastos –el señor Barroso y el Parlamento Europeo han hecho suficiente alusión a ello. 
Culminar con éxito la Unión Europea de 25, expresar una solidaridad constante con los nuevos Estados miembros y practicar una política exterior con medios suficientes –quizá más del 5 % del presupuesto– requieren un aumento del presupuesto comunitario. 
Ante todo –y terminaré con esto–, tenemos que superar un debate presupuestario caracterizado por la escalada de los egoísmos nacionales. 
En la evaluación intermedia solicitada por la Comisión y el Parlamento, es preciso que la Presidencia y todo el Consejo Europeo contraigan el compromiso político de proponer un mecanismo europeo que dote a la Unión Europea de auténticos recursos autónomos para el futuro de las políticas de la Unión. 
Con un compromiso de este tipo, quizás podríamos convencer a nuestros ciudadanos de la utilidad de la política europea. 
– Señor Presidente, Señorías, me encanta que tengamos hoy la oportunidad, en presencia del Presidente en ejercicio del Consejo y del Presidente de la Comisión, de hacer una valoración del Consejo Europeo informal celebrado a finales del mes pasado. 
Por desgracia, aunque la idea de celebrar el Consejo no era mala, la realización práctica se resintió. 
En efecto, en un momento en que la Unión Europea está en las últimas, considerando que tenemos veinte millones de parados, cuando no sabemos cómo afrontar los problemas sociales, especialmente los que han estallado recientemente en Francia, y cuando la confianza de los ciudadanos en los Gobiernos cae exponencialmente, la idea de que los líderes de la Unión Europea se reunieran en Londres para discutir el modelo social europeo y la resistencia a la mundialización era, en vista de ello, muy buena. 
Por desgracia, en lugar de prevalecer el acuerdo, hemos vuelto a ser testigos del estallido de las peleas en torno a una cuestión tan importante para el futuro de Europa como las perspectivas financieras. 
Quisiera recordar a esta Cámara que el señor Blair, durante su discurso del 23 de junio desde esta misma tribuna del Parlamento Europeo, señaló que siempre había sido un entusiasta defensor de Europa. 
Me pregunto, cuatro meses y medio después, cómo pone el señor Blair estas palabras en práctica. 
Cuál es la valoración de la Presidencia de este país hasta ahora, teniendo en cuenta que un mes antes de que termine no hemos llegado a un acuerdo sobre las perspectivas financieras. 
El modelo social no ha progresado lo más mínimo y la respuesta del Consejo a la mundialización es la creación de un ambiguo fondo de ajuste. 
Me pregunto de verdad, señor Presidente de la Comisión, si ha reflexionado seriamente sobre la reacción de los trabajadores despedidos cuando les dice que existe la panacea del fondo para todos los males de la mundialización. 
La Presidencia británica tuvo la oportunidad de hacer historia en Hampton Court. 
En lugar de ello, ha demostrado una vez más que es una unión de intereses que desperdicia tiempo y dinero público en conversaciones insustanciales y cuyos errores, por desgracia, tienen que pagar todos los ciudadanos de Europa. 
. Señor Presidente, la cumbre de Hampton Court iba a ser la del «modelo social». 
Entonces, al señor Blair le dio por alternar, el mismo señor Blair que en julio llegó a Bruselas prometiendo reformas radicales, que más tarde quedaron reducidas a la propuesta más invisible de todas las Presidencias de la UE de que se tiene recuerdo. 
Los comentarios tras la cumbre de Hampton Court fueron de asombro de que nada ocurriera. 
De hecho, a la cumbre de Hampton Court debería calificarse de anodina. 
El canal de televisión alemán, ARD, ha dicho que en cuatro meses no ha ocurrido nada, absolutamente nada. 
Los medios de comunicación polacos la llamaron una de las más estrafalarias cumbres europeas. 
En Italia, acaba de calificarla de «penosa» y «lamentable». 
El señor Blair arguyó que se había debatido lo que los ciudadanos querían que se debatiera, pero los ciudadanos no quieren políticas europeas sobre universidades cuando la UE no tiene competencias en educación. 
Ni quiere cosas como nueve misiones separadas en todo el mundo como parte de una política europea de defensa. 
Si algo quedó demostrado en Hampton Court, es que el vacío es peligroso cuando se llena de aire caliente de los políticos. 
Propongo que coloquen una placa de metal en la pared de Hampton Court que diga: «En este lugar el 27 de octubre de 2005 no ocurrió nada» o, como dicen en Yorkshire: «Eh, me estás tomando el pelo». 
. – Señor Presidente, Señorías, parafraseando sus palabras iniciales, señor Straw, estoy aquí y me permito disentir. 
Bromas aparte, a pesar de las buenas intenciones, que hay que acoger con agrado, del señor Blair y del señor Barroso, el resultado práctico de la cumbre de Hampton Court ha sido muy insatisfactorio. 
Ante todo, la tan esperada plataforma sobre el modelo social europeo de la Comisión ha sido más bien decepcionante. 
No se ha propuesto ninguna estrategia real ni ninguna ambición para un auténtico relanzamiento de la economía europea, sino más bien una política de reducción de daños. 
Tras las altisonantes reclamaciones, como la «lisboización» de los recursos y el fondo para la mundialización, hasta la fecha no hay nada concreto. 
Por lo que respecta al señor Blair, su balance político sin duda no es positivo. 
De hecho, a pesar de las continuas garantías de fachada, no hay ningún acuerdo sobre las perspectivas financieras, que son a todas luces el núcleo del problema. 
En conclusión, no existe ante todo ninguna intención real de relanzar el debate sobre el injusto cheque británico. 
Se trata de un privilegio que pagan en su mayor parte Italia y Francia, sustrayendo preciosos recursos de nuestros dos países. 
Señor Presidente, por el revuelo causado hoy se podría pensar que en Hampton Court se lograron muchas cosas, pero como ya hemos oído, el veredicto de la prensa europea informada ha sido casi universalmente negativo. 
Una agencia de prensa ha informado de que muchos periódicos no podían recordar un ejemplo más inútil y superficial de poses intrascendentes. 
En un periódico se ha hablado de un curioso espectáculo de líderes distendidos que evitaban debatir los asuntos más cruciales a los que se enfrenta Europa. 
Otro la ha calificado de la cumbre de la vía muerta con una fachada de sonrisas forzadas. 
El ha dicho en un artículo que los líderes intentaron responder a la pregunta de qué impacto tendrá la mundialización en la economía europea y llegaron a la conclusión de que necesitamos más investigación y desarrollo y, por supuesto, más dinero. 
En otras palabras, no fueron capaces de responder a la pregunta. 
La UE, según el, no sirve como plataforma institucional para hacer frente a la mundialización. 
Ha crecido demasiado y está muy dividida. 
Los niveles políticos adecuados son los Gobiernos nacionales y la zona del euro. 
En mi opinión, el artículo del se acerca bastante a la verdad. 
Si los Estados miembros por sí solos dedicaran el mismo esfuerzo y la misma energía a la cuestión de cómo competir como naciones en un mercado mundial que el que dedican a preparar cumbres de escaparate, entonces seguramente veríamos muchos más resultados. 
Mi mayor temor es que ante el fracaso de la cumbre de Hampton Court y la mediocre Presidencia británica, mi Gobierno esté excesivamente ansioso de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto en diciembre para salvar la cara y que, debido a ello, el señor Blair haga demasiadas concesiones con respecto al cheque británico, solo para decir que algo se logró durante la Presidencia británica o, por decirlo de otro modo, que se logró algo más que asegurar la quiebra de la UE al abrir la puerta a la adhesión de Turquía. 
– Señor Presidente, lo siento pero me temo que también tendré que ser un poco maleducado. 
La cumbre de Hampton Court ha resultado ser lo que ya advertí en su momento: una especie de corrillo, incluso un corrillo palaciego. 
Y creo que la intervención del señor Straw fue, como dijo una vez Churchill, «un pastel sin tema». 
En primer lugar, el Primer Ministro acortó el encuentro de Hampton Court a un día. 
Luego elaboró un orden del día que no abordaba cuestiones concretas y evitaba las principales y más acuciantes cuestiones a las que se enfrenta la UE y, finalmente, decidió por sorpresa que no habría comunicado final. 
Estas son las improntas de una Presidencia y un Primer Ministro que dirigen el programa político y que pretenden diseñar nuestro futuro. 
Francamente, me sorprende que la Presidencia tenga algo que comunicarnos sobre la cumbre. 
Al menos, sin embargo, este Parlamento está siendo informado, cosa que el Primer Ministro ha omitido en la Cámara de los Comunes británica después del evento. 
El Consejo informal ha sido una oportunidad desperdiciada. 
Europa necesita que le marquen el rumbo de la reforma económica. 
En cambio, la Presidencia presentó un par de documentos de debate escritos por académicos y ni siquiera estos llegaron a debatirse. 
Europa necesita que le marquen el rumbo de la reforma del llamado modelo social. 
De nuevo, todo lo que conseguimos fueron unos pocos documentos de debate encomiables pero irrelevantes. 
Europa necesita una batuta que le marque el camino para ser más flexible y más sensible a lo que acontece a su alrededor. 
Sin embargo, la cuestión fundamental de qué hacer tras el rechazo a la Constitución ni siquiera se puso sobre la mesa. 
Europa también necesita un rumbo en su futura financiación. 
Hay asuntos importantes sobre la mesa, sin olvidar la cuestión del cheque británico. 
Pero la Presidencia sigue sin ir al grano y continuamos a la deriva. 
Estoy de acuerdo con el señor Barroso en que la Presidencia debe esforzarse por llegar a un acuerdo en el Consejo de diciembre. 
Todos estaremos atentos para ver exactamente qué contiene y si el señor Blair renuncia a sus anteriores compromisos de proteger el cheque británico. 
La transparencia y la apertura son otros dos asuntos que la Presidencia debe tratar. 
Hace poco insistí en que las reuniones del Consejo deberían celebrarse en público cuando actúe en su función legislativa. 
El señor Blair dice que quiere que se avance en este terreno. 
Reto a la Presidencia a que ponga en marcha este procedimiento antes de que termine su mandato y espero la respuesta del Consejo a este respecto durante el turno de preguntas que seguirá a este debate. 
¿Y qué pasa con el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de la UE? 
Después de once años consecutivos, el Tribunal no ha podido emitir una declaración de fiabilidad sobre las cuentas. 
La Presidencia debe resolver realmente esta cuestión. 
La deriva y la indecisión han sido características fundamentales de la Presidencia británica. 
De hecho, el Primer Ministro de Eslovaquia, hablando de ella, ha dicho que «reina el silencio, no tenemos información». 
Estoy de acuerdo con ese análisis y, aunque he disfrutado con la intervención de hoy del señor Straw, no veo que nos lleve a ninguna parte. 
Hampton Court ha demostrado que la Presidencia, y en particular el Primer Ministro, no tienen ninguna estrategia. 
Lo hemos visto errar de cumbre en cumbre incapaz o reacio a ejercer la clase de liderazgo que nosotros, los conservadores británicos, defendimos en junio. 
Esperemos que la última oportunidad que se nos presenta con la próxima cumbre de Bruselas demuestre que mi decepción con la Presidencia británica está injustificada. 
Señor Presidente, hace poco, un supuesto terrorista buscado por el Gobierno británico fue detenido y extraditado desde Roma en cuestión de semanas. 
Esto fue un resultado directo de la orden de detención europea; antes se habrían necesitado años. 
No es más que un ejemplo de los beneficios positivos que la Unión Europea reporta a sus ciudadanos. 
Ahora es posible, si a alguien le apetece, bañarse en el mar en Blackpool, en mi región, gracias a las leyes de la Unión Europea que han mejorado el medio ambiente. 
Son beneficios positivos para nuestros ciudadanos y es necesario que los proclamemos a los cuatro vientos. 
Estoy satisfecho con los documentos presentados en Hampton Court porque abordan la cuestión de cómo la Unión Europea puede aportar valor añadido a nuestros ciudadanos, particularmente en el ámbito de los mercados energéticos, donde acecha una crisis. 
Sin embargo, tenemos que asegurar un seguimiento adecuado de estas cuestiones. 
Una de las dificultades de la Agenda de Lisboa, en particular, es que los Estados miembros se comprometen a cumplirla, pero no lo hacen. 
Me gustaría que los debates de Hampton Court sirvieran para aclarar el papel de los Estados miembros y el importante cometido de la Comisión Europea de garantizar que los Estados miembros lleven a cabo lo que han acordado hacer. 
Si esto ocurriera, la Unión Europea podría seguir avanzando sin necesidad de ninguno de los grandes planes que algunos han esbozado en este debate. 
Cumplamos lo que nos hemos comprometido a cumplir. 
Este será el éxito crucial de la Unión Europea. 
Felicito al Presidente en ejercicio del Consejo por el compromiso contraído por esta Presidencia ante el Parlamento. 
Nos complace ver hasta qué punto los Ministros han colaborado con el Parlamento y, particularmente, los esfuerzos del Ministro británico de Exteriores para garantizar que este Parlamento participe en el impulso del programa en materia de seguridad. 
Esta es una de las dimensiones más importantes hacia las que se encamina la Unión Europea en el futuro para proteger los intereses de sus ciudadanos. 
– Señor Presidente, una reunión para nada o para bien poca cosa, en un marco agradable y bajo un cálido sol de otoño, eso fue la cumbre informal de Hampton Court. 
En resumen, los Jefes de Estado y de Gobierno ni siquiera intentaron esbozar un comienzo de respuesta a la profunda crisis de Europa, como si, a fin de cuentas, se acomodasen a ella perfectamente. 
En lugar de ello, desgranaron, como de costumbre, la letanía de propuestas mil veces repetidas. 
Sí, por supuesto, hay que aumentar el esfuerzo europeo en materia de investigación y desarrollo. 
Sí, por supuesto, son necesarios centros universitarios de excelencia en Europa. 
Sí, por supuesto, es necesaria una política energética común. 
Sí, por supuesto también, hace falta una auténtica política de inmigración. 
Sí, por último, Europa necesita, por supuesto, una política de seguridad. 
Pero siempre llegamos a los mismos problemas. 
Si queremos hacer cosas en común, hace falta voluntad política, hacen falta unas instituciones eficaces y democráticas y hace falta un presupuesto común. 
Ahora bien, por fuerza hemos de constatar que, en esos tres puntos, la Presidencia británica no ha hecho nada, ni siquiera lo ha intentado. 
La Presidencia británica no solo ha fracasado en la tarea de poner nuevamente en marcha la Unión, sino que ha contribuido a su debilitamiento. 
Ahora, su responsabilidad está claramente comprometida. 
Señor Straw, la cumbre de diciembre será la última oportunidad de dotar a Europa de un presupuesto sustancial y devolver así la esperanza a todos los que creen en su futuro. 
Pero será también la última oportunidad para el Primer Ministro británico de no pasar a la historia como el hombre que contribuyó al fracaso europeo, de no pasar a la historia como el hombre que pasó deliberadamente la página de la unión política de Europa. 
– Señor Presidente, si puedo decirlo así, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la cumbre de Hampton Court ha sido la mayor vergüenza orquestada jamás por Presidencia alguna. 
Lejos de progresar con los problemas acuciantes de las perspectivas financieras y el debate sobre la Constitución, dichos asuntos quedaron excluidos del orden del día. 
La cumbre incluso se sintió incapaz para abordar el tema elegido de la «Europa Social». 
No hubo discusión alguna sobre los instrumentos políticos para una Europa social, ya sean normas mínimas, legislación laboral o los medios por los que pueden suprimirse el paro y la exclusión social. 
Lo que usted ha propuesto, señor Straw, es el particularismo, y no hace nada por impulsar la causa de la Europa social. 
En vez de acción, usted ofrece solamente ideas; en lugar de medidas activas para tratar la mundialización, usted ha ofrecido respuestas reactivas como la idea de un fondo anticrisis. 
Nuestro objetivo, sin embargo, no debe ser la creación de una Europa retrógrada, sino más bien de una Europa capaz de abordar el futuro con confianza. 
– No basta con señalar que hay problemas sociales en la UE y en todo el mundo. 
Tal como dijo mi Grupo en la reunión informal mantenida a finales de octubre, es fundamental que analicemos estos problemas y cambiemos las políticas que están en la raíz de este problema. 
La verdad del asunto es que lo que hemos oído aquí no ofrece garantías de que las políticas vayan a cambiarse, aunque se sabe ampliamente que crece el descontento entre los ciudadanos y que hay serias tensiones sociales en varios países, aquí mismo en la UE. 
En lugar de las necesarias propuestas para dar una respuesta adecuada a estos serios problemas sociales, el Consejo pone el acento en los archiconocidos proyectos neoliberales, a saber, la Estrategia de Lisboa, con sus liberalizaciones y privatizaciones de servicios públicos, junto con unas condiciones de trabajo todavía más precarias. 
La infame propuesta de directiva por la que se crea un mercado interior de servicios es un ejemplo, como, en algunos casos, lo es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que hinca un clavo más en el ataúd de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas. 
Como la competencia se ve como lo único que importa, se da siempre preferencia a las medidas encaminadas a generar competencia entre trabajadores para intentar rebajar cada vez más los salarios y otras prestaciones sociales. 
De ahí la insistencia en una mayor flexibilidad laboral, movilidad y ayuda para los traslados de empresas, que recorta puestos de trabajo y conduce a más paro y a un mercado laboral más precario. 
Como demuestra el enorme crecimiento de los márgenes de beneficio de los principales grupos económicos y financieros de la UE, las políticas actuales se centran esencialmete en satisfacer los deseos de la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa (UNICE). 
Lo que hemos oído hoy sigue el mismo guión. 
Incluso cuando se habla de crear un entorno favorable para las empresas, todos sabemos que las empresas en cuestión son únicamente las grandes. 
El señor Mandelson lo dejó perfectamente claro aquí ayer en las respuestas que dio en relación con las preocupaciones sobre las consecuencias de la liberalización del comercio en sectores industriales que son fundamentales para los países del sur de Europa, como el textil, la confección y el calzado, que se usan como moneda de cambio en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio para obtener beneficios para los sectores de alta tecnología y los servicios. 
Hay que invertir esta tendencia. 
– Señor Presidente, Señorías, tengo la impresión de que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Hampton Court han estado debatiendo en medio del vacío. 
En los grandes temas sociales, económicos y políticos, que se han mencionado en muchas intervenciones anteriores, se han alcanzado resultados decididamente escasos. 
Me parece muy grave que mientras en media Europa arden ciudades, se hable en términos tan generales e imprecisos de la inmigración y la crisis social y económica, que de hecho son la causa de lo que está sucediendo en París, Estrasburgo y Bruselas. 
El desafío que nos lanza la revuelta de estos chicos es un desafío muy grave y peligroso, sobre el que tendremos que reflexionar seriamente cuando hablemos de inmigración. 
Sin duda no pretendo señalar con el dedo a esos jóvenes, sino más bien a quienes han elaborado estas políticas erróneas y quienes todavía hoy hablan de inmigración en términos tan burocráticos, generales y superficiales. 
Nos hemos quedado cortos ante el desafío de la inmigración. 
Las políticas de inmigración han sido un fracaso para Europa y considero que es nuestro deber tomar nota de ello y discutirlo. 
Pienso que esta cumbre habría debido dar indicaciones en este sentido y que la solución propuesta por la Comisión, es decir, la dotación de un puñado de euros para los suburbios parisinos, no es una respuesta suficiente. 
En vez de ello tenemos que abordar las causas, cambiar nuestra política y dejar de tomar decisiones demenciales, como facilitar la reagrupación familiar o facilitar todavía más la adquisición de la nacionalidad. 
En esencia, lo que necesitamos es una política de inmigración razonable. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Ministro, señor Barroso, el debate mantenido por los Jefes de Estado y de Gobierno en Hampton Court supone un reconocimiento significativo de las dificultades que vive actualmente la Unión Europea. 
El hecho de que los 25 hayan recuperado la compostura tras las tensiones de los meses pasados y de que quieran cerrar la negociación sobre las perspectivas financieras en diciembre debe valorarse de forma positiva. 
Sin embargo, quisiera llamar la atención del Consejo sobre el hecho de que no se puede alcanzar un acuerdo basado en el mínimo común denominador y, sobre todo, que no se puede ignorar la posición del Parlamento. 
Las prioridades señaladas por Tony Blair para el relanzamiento de Europa –la investigación, la innovación y la formación permanente– son propuestas que hay que compartir y que de hecho se recogen en nuestro informe sobre las perspectivas financieras. 
Además, la necesidad de una política energética europea, el aumento de la ayuda comunitaria a los países de tránsito de los inmigrantes y el fondo de compensación para la mundialización constituyen otros tantos objetivos prioritarios para Europa, pero requieren una financiación suficiente. 
Los ciudadanos de la Unión son conscientes de que ahora ningún Gobierno puede aportar, por sí solo, una respuesta a los problemas más graves de la actualidad, como el desempleo, la precariedad, la pérdida de competitividad, el terrorismo internacional y la inmigración clandestina. 
Solo Europa puede responder positivamente y garantizar bienestar y seguridad en nuestros países. 
Un presupuesto magro no permitirá superar estos desafíos, pero el Consejo Europeo de octubre ha sido un punto de partida prometedor. 
Por este motivo, miramos con moderado optimismo la cumbre de diciembre. 
– Señor Presidente, he mirado en mi diccionario de lengua francesa qué quiere decir «informal». 
Informal, en francés, significa mal formado y poco agraciado. 
En 1580, Montaigne empleaba este adjetivo para calificar algo difícil de definir. 
Les dejo que juzguen la cumbre de Hampton Court y el fantasma de Catherine Howard. 
No tienen ustedes mucha suerte en la Presidencia británico. 
Francia dijo «no» y se pide al Reino Unido que relance Europa. 
Me parece que es pedir demasiado. 
Dicho esto, durante muchos años se ofrecieron a nuestros conciudadanos algunos horizontes, con los cuales vivían o se les hacía vivir, y que eran la reunificación de Europa, la Constitución, la Carta de los Derechos Fundamentales, el mercado único y la moneda única. 
Al pensar en nuestros conciudadanos, me digo que Lisboa no cumple esta función. 
Hoy está el vacío. 
En última instancia, no discuto las prioridades de la cumbre: este no es el problema. 
El problema es el vínculo con el ciudadano. 
Es como si hubiese desaparecido en cierto modo algo que compartíamos. 
Pienso que la próxima cumbre o las que le sigan deben devolvernos un horizonte que compartir con nuestros conciudadanos. 
Por supuesto, pensamos en la cohesión de los 25 Estados miembros, que a veces se le denomina el Plan Marshall para los que se unen a nosotros, porque la ampliación sin fin y la tacañería en la financiación no escapan a la mirada de los ciudadanos. 
No es bueno en absoluto. 
En mi opinión, sería bueno recuperar, con todo, el término «armonización» en el vocabulario europeo, dado que, por sí decirlo, es una especie en vías de extinción; esto también es desafortunado, máxime cuando queden cosas que es necesario armonizar. 
No vamos a armonizarlo todo, pero todavía es posible progresar en algunos ámbitos. 
Y si olvidamos hacerlo, si descuidamos esta palabra y este valor, los ciudadanos se distanciarán de nosotros. 
Por último, otro ámbito en el que tengo interés, el de los intercambios entre los jóvenes. 
He consultado las estadísticas. 
En 2005-2006, Europa financia a 280 000 jóvenes en el marco de tres programas: Comenius, Erasmus y Leonardo. 
Ahora bien, son 58 millones. 
Multiplicar el presupuesto correspondiente por diez no costaría demasiado, habida cuenta de que en esos jóvenes es donde debe crecer la conciencia europea. 
. Señor Presidente, me gustaría abordar dos puntos concretos y luego hacer algunos comentarios más amplios sobre el debate. 
La señora Riis-Jørgensen me ha preguntado por el Tribunal de Cuentas y me ha pedido que le responda con un sí o un no. 
Lo siento mucho, pero tengo que responderle que sí y que no, porque esta cuestión está en manos de los Ministros de Hacienda y usted ya sabe cómo son. 
La respuesta es que el Consejo Ecofin del 8 de noviembre adoptó unas conclusiones en las que se enumeran una serie de medidas tanto para la Comisión como para los Estados miembros. 
Hablaron de un programa de trabajo que afirmaron que es vital, ya que presta más atención a la responsabilidad de los Estados miembros de mejorar sus sistemas de auditoría y de responsabilizarse del dinero que gastan en sus países. 
En mi opinión, si los Estados miembros tienen el control del dinero, también deben rendir debida cuenta del mismo. 
Si no lo controlan, entonces tendrá que responsabilizarse la Unión Europea, pero estoy con ustedes e insto a los Ministros de Hacienda a que controlen esto. 
Sin embargo, esto es responsabilidad de la Comisión y de este Parlamento. 
Todos somos responsables. 
En cuanto a la cuestión de la transparencia mencionada por el señor Kirkhope, pronto distribuiremos un documento en el que se plantean las posibles opciones relativas a la mejora de la transparencia y, esencialmente, presentaremos al Consejo dos opciones. 
Con ello queremos ayudar al Consejo a tomar una decisión sobre la base de una mayoría simple, al igual que con todas las cuestiones de procedimiento, así que me complace poder satisfacerle en este aspecto, señor Kirkhope, si no en los demás. 
Sus Señorías han sido muy francas, así que yo también lo seré. 
Mi problema con lo que han dicho algunos diputados es que los ciudadanos se refieren a la necesidad del cambio y luego dicen que el fututo de la Unión Europea reside en el pasado. 
Lo único que puedo decir a los que así piensan es que la mundialización es un hecho real. 
Es posible, amigo camarada, que a los franceses no les guste, pero o le hacemos frente o nos arrollará. 
Yo no la he inventado, el Presidente Barroso tampoco la ha inventado, ni el Presidente Chirac, sino que es un hecho real. 
Es fruto de otras políticas que llevamos años aplicando, como la creación de la Organización Mundial del Comercio, el fomento del libre comercio y la ayuda a países de Asia, África y América Latina para salir de la pobreza, por lo que ahora estos países quieren participar en el comercio y desean aprovechar su ventaja competitiva, como nosotros hicimos en el pasado. 
Esto significa que el antiguo modelo económico y social de Europa no funcionará para crear prosperidad, justicia social y empleos como antaño. 
Este es un gran reto, especialmente, por así decirlo, para el país que representan, y para algunos otros en el continente. 
Sin embargo, sencillamente no entiendo por qué siguen aferrándose a métodos anticuados, como los métodos inflexibles de legislación laboral, incluida la Directiva sobre el tiempo de trabajo, que puede que funcionaran en el pasado, pero que no sirven para el futuro. 
Francia es un país que lo sabe y, por ese motivo, el nivel de evasión en Francia es más alto que en otros países. 
Francia es uno de esos países que optan por decir, según lo entendemos nosotros, que a las personas se las puede valorar según trabajen 48 horas por contrato en lugar de 48 horas por empresa. 
No queremos ser aleccionados sobre nuestras prácticas de empleo cuando hacemos cumplir la ley, incluso si es inconveniente, por países que defienden a bombo y platillo la aplicación de las leyes y después se escapan por la puerta de atrás para no tener que aplicarlas. 
Esto es un hecho, y este Parlamento subestima su confianza en sus propias medidas si cierra los ojos a lo que está ocurriendo, cuando todo el mundo sabe qué es lo que pasa. 
Además, es mejor ser flexibles. 
No existe una obligación a escala europea de fijar un salario mínimo, que en mi opinión es un derecho humano fundamental. 
Pero no es obligatorio y está en manos de los Gobiernos nacionales. 
Algunos países tienen un salario mínimo y otros no, así pues, ¿por qué debe haber una obligación en Europa, independientemente de las circunstancias nacionales y de la naturaleza de los contratos de trabajo, por la que se pretenda limitar la jornada laboral, cuando los criterios que deberían aplicarse son la salud y la seguridad? 
Los países que aparentemente tienen jornadas de trabajo ligeramente más largas son los que en realidad tienen un mejor historial en materia de salud y seguridad, en comparación con otros, incluido el suyo, amigo mío. 
Ha dicho que la cuestión definitoria de la Presidencia británica serán las perspectivas financieras, que son la prueba de que Europa se mueve. 
Sin lugar a dudas, es una prueba de que Europa se mueve, pero nosotros no lo consideramos la cuestión definitoria. 
Si me pidieran que hiciera una apuesta sobre lo que los historiadores juzgarán la cuestión definitoria de esta Presidencia dentro de diez o veinte años, no apostaría por la cuestión de si alcanzamos o no un acuerdo sobre las perspectivas financieras en diciembre, que espero que hagamos. 
Creo que será juzgada por el hecho de que el 3 de octubre acordamos entablar las negociaciones con Croacia y Turquía. 
Esto es lo que ayudará a conformar el futuro de Europa. 
Me gustaría recordar a sus Señorías que las últimas perspectivas financieras no se aprobaron hasta lo que sería el equivalente del Consejo de marzo de 2006, y no del Consejo de diciembre de 2005. 
Esperamos con mucho interés llegar a un acuerdo, pero va a ser muy difícil. 
¿Por qué? 
Bueno, el señor Jonckheer ha dicho que no tenemos que dejar que los egoísmos nacionales dominen esta cuestión. 
Comparto esa opinión, pero me gustaría decir a sus Señorías –y ustedes saben que es cierto– que este debate tiende a estar dominado por las distintas perspectivas nacionales y por el hecho de si un país ha sido siempre un importante contribuyente o un beneficiario neto de los fondos de la Unión Europea. 
Esa es la realidad. 
Si alguien ignora este hecho o denigra a aquellos de nosotros –como Alemania, los Países Bajos, Suecia y otros Estados miembros, cuyos ciudadanos están realmente preocupados por la cantidad de dinero que han pagado en el pasado y la que tendrán que pagar en el futuro– diciendo que todo gira en torno al egoísmo nacional, entonces no iremos a ninguna parte. 
Me gustaría recordar a los diputados belgas que su país ha sido un beneficiario neto, a pesar del hecho de que es un país rico, y que seguirá siéndolo en cualquiera de las ejemplificaciones del presupuesto entre 2006, 2007 y 2013. 
Luxemburgo –un país que aprecio mucho– es el país más rico de Europa, pero seguirá siendo beneficiario neto. 
Si nos encontráramos en estas felices condiciones, entonces diríamos a la Presidencia: «Venga, pongámonos de acuerdo». 
Si el único problema fuera acabar con 3 000 o 6 000 millones de euros en el bolsillo, la cosa sería fácil. 
El problema, sin embargo, para varios Estados miembros –y no solo para el Reino Unido– radica en el hecho de que, históricamente, siempre hemos sido contribuyentes sustanciales. 
Digo esto solo para que sus Señorías puedan entender el problema que tenemos en el Reino Unido. 
También podemos poner las cartas sobre la mesa y ser francos. 
El problema es que con las últimas perspectivas financieras el Reino Unido ha pagado 39 000 millones de euros, Francia 28 000 millones, Italia 24 000 millones y Alemania 77 000 millones, que es otro extremo. 
Sin embargo, el Reino Unido ha pagado 39 000 millones, que, desde el punto de vista demográfico, es mucho más que aquellos otros dos países. 
España ha recibido 48 000 millones de euros y Portugal se ha beneficiado de 14 000 millones, lo que cambia la perspectiva de las cosas. 
Estoy de acuerdo en que todos hemos tenido que pagar nuestro peaje a la ampliación. 
Con un cambio, aunque sea mínimo, de las perspectivas financieras, o sin ningún cambio, el Reino Unido tendría que pagar otros 11 000 millones de euros –casi otro tercio más– con vistas a las próximas perspectivas financieras para pagar la ampliación. 
La cuestión no es si el Reino Unido o los países más ricos pagan un poco más por la ampliación –aunque algunos países adinerados no pagarían nada–, sino de cuánto más paga cada uno en un contexto en el que el Reino Unido, en los últimos 20 años, ha pagado 2,5 veces más el equivalente de, digamos, Francia o Italia, independientemente de que nuestras RNB hayan sido las mismas en ese periodo. 
Ese es el problema y estamos examinándolo. 
Nuestra responsabilidad es servir a la Unión al igual que a nuestros ciudadanos. 
Nadie pude acusar a mi Primer Ministro de no demostrar valor o de no estar comprometido con esta Unión, ya que hemos hecho muchas cosas. 
Tan solo quería dejar esto claro para que todo el mundo entienda las dificultades a las que nos enfrentamos. 
El último punto que deseo comentar, con un enfoque más optimista, es que el Presidente Barroso ha hablado muy elocuentemente del hecho de que la Unión Europea tiene que hacer menos en algunos ámbitos y más en otros, y yo creo que esto es exactamente la forma correcta de ver las cosas. 
No se trata de una Europa minimalista, porque los logros de Europa han sido sorprendentes en los últimos 60 años si uno recuerda la situación de conflicto que había caracterizado a Europa durante los tres siglos anteriores. 
Cuando observamos con horror otros ámbitos conflictivos en la actualidad, particularmente Oriente Próximo, me recuerda a la Gran Bretaña en la que crecí de niño justo después de la guerra y las condiciones incluso peores que prevalecían en el continente. 
Este es el logro de la Unión Europea. 
Lo que tenemos que hacer en el futuro, sin embargo, es seguir avanzando a partir de ese logro y reconocer que los retos son algo diferentes. 
Uno de los ámbitos en que podemos sacar el máximo beneficio, y donde ya lo estamos haciendo gracias al gran liderazgo de Javier Solana y de la Comisión, es en política exterior, de defensa y seguridad. 
Por ejemplo, el acuerdo de ayer entre Condoleezza Rice y Javier Solana. 
O el hecho de que la Unión Europea sea ahora la tercera parte de ese acuerdo que permite a los palestinos entrar y salir de Gaza y Cisjordania. 
No siempre el Gobierno israelí nos ha considerado la tercera parte en estas cuestiones. 
Tomemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo juntos con respecto a Irán, la declaración conjunta que acabamos de acordar con Afganistán y el incremento palpable de la ayuda destinada a África. 
Es en estos ámbitos donde podemos ver los progresos reales que Europa está realizando colectivamente. 
Es en este ámbito, al igual que en muchos otros, donde necesitamos hacer más y, al mismo tiempo, reequilibrar lo que la Unión hace en comparación con lo que hacen las autoridades nacionales, regionales y locales con respecto a la política interior. 
Esta Presidencia ha sido un gran privilegio para nosotros, señor Presidente. 
Sin lugar a dudas, he disfrutado y espero seguir disfrutando otras seis semanas interesantes aquí en Estrasburgo, en Bruselas o en otras ciudades. 
– Señor Presidente, Señorías, creo que la Presidencia británica y Tony Blair son, en realidad, víctimas de las grandes expectativas que el Primer Ministro británico despertó con su intervención del 2 de julio en este Parlamento. 
Es obvio que cuanto mayores son las expectativas, tanto mayor es la desilusión después. 
El tiempo se acaba, los resultados escasean y creo que la Presidencia británica no se debe sorprender de las críticas que el Parlamento está expresando en este debate. 
En realidad, más que de un Consejo informal, se ha tratado de un Consejo inconsistente, que en el mes anterior habría debido debatir el modelo social europeo y que se encontró, en cambio, abordando un debate sobre los cuatro rincones del mundo sin tomar ninguna decisión. 
No voy a poner las manos en el fuego por esta Constitución, pero creo que aparece con toda claridad la limitación que suponen las Presidencias semestrales. 
De hecho, cada Presidencia hereda el programa de la anterior y añade un nuevo estrato de compromisos, lo que aumenta la lista de decisiones por tomar y reduce el capítulo de decisiones tomadas. 
Seguimos añadiendo ingredientes a la tarta, pero la tarta no sale nunca del horno. 
Quisiera citar un ejemplo que puse ayer por la tarde al Presidente Barroso. 
Es cierto que en el pasado Europa vivió otras crisis profundas. 
No soy un nostálgico de la Europa de los Seis, ni creo que haya una edad de oro que añorar. 
Sin embargo, cuando a los 18 años te deja la novia, aunque la vida parece muy dura, se es consciente de que de todos modos las cosas seguirán adelante, mientras que, cuando se rompe un matrimonio a los 45 años de edad, con cinco hijos y la hipoteca de la casa por pagar, todo es más complicado. 
Me parece que Europa, en esta fase que sigue a la ampliación y precede a la Constitución, se encuentra en una situación muy similar al segundo caso, y no al primero. 
No temo la crisis institucional, las perspectivas financieras o la estrategia de Lisboa en sí mismas, pero temo que todos estos elementos en conjunto estén causando un daño muy grave a la Unión Europea. 
La Presidencia británica dispone aún de seis semanas para realizar su trabajo y espero que pueda transmitir un mensaje positivo a la Europa de mañana. 
Señor Presidente, normalmente me quejaría de que un minuto no es tiempo suficiente para resumir una Presidencia en su última etapa, pero no así en este caso. 
La Presidencia británica es sinónimo de progreso nulo. 
Resulta interesante que el señor Straw haya realizado comentarios sobre la escasa asistencia en la Cámara y que haya hecho ademán de parecer gracioso al respecto. 
El hecho es que la mayor parte de los diputados tenían cosas mejores que hacer que no escuchar cómo dice las mismas cosas que el señor Blair al comienzo de su Presidencia y que repitió hace un par de semanas con pequeñas variaciones. 
Yo esperaba, si el señor Straw aún hubiera estado aquí, plantearle la misma pregunta que el señor Alexander no supo responder cuando se la planteé directamente a él hace unas semanas, pero lo volveré a preguntar. 
¿Puede garantizar la Presidencia británica que no sacrificará los intereses de las comunidades pesqueras de Escocia en beneficio de intereses más importantes para Whitehall en el regateo que se ha montado de cara al Consejo de diciembre y el posterior Consejo de Pesca, que será prácticamente el último acto de la Presidencia? 
– Señorías, me opongo por principio al establecimiento del llamado fondo de mundialización en respuesta a los retos de la mundialización. 
Esto no es más que barrer el problema debajo de la alfombra, y es un indicio del populismo de los políticos, que tienen miedo de decir a los ciudadanos la verdad de lo que es, ha sido y seguirá siendo la mundialización, y que aunque puede producir algunas pérdidas de puestos de trabajo también puede crear, en particular, nuevas oportunidades de empleo. 
Hay mucho que ganar de la mundialización, pero solo en un entorno de mercado libre flexible, en el que trabajar merezca la pena. 
La política europea está a menudo en desacuerdo con esta idea, invitando a los ciudadanos a ser pasivos y a veces incluso recompensando la pereza. 
La cuota de la UE en el comercio mundial ha disminuido en los últimos 10 años, mientras que la de los Estados Unidos, y en particular las de China y la India, se han disparado. 
Así es cómo valora el mercado libre las políticas de la UE, y aun así los líderes de los 25 reaccionan una vez más con políticas de redistribución que pueden servir de parche en el presente, pero en ningún caso son un remedio a largo plazo para el futuro. 
Estoy convencido de que en lugar de discutir sobre el fondo de mundialización proteccionista, los Estados miembros de la UE deberían reformar urgentemente sus mercados laborales. 
El aplazamiento de tales reformas socava la ayuda pública a las políticas de mercado libre y abona el terreno para el nacionalismo, la xenofobia y el racismo. 
– Señor Presidente, señor Alexander, señor Barroso, Señorías, la Unión Europea se enfrenta a una crisis de identidad, a una pérdida de valores, a un desencanto general. 
Por primera vez desde hace mucho tiempo, los europeos temen que sus hijos vivan peor que ellos. 
¿Cómo podemos reaccionar y dar elementos de respuesta a esas graves preocupaciones? 
La cumbre de Hampton Court pretendía ser una etapa en esta reflexión. 
Me temo que ha habido pocos resultados concretos, porque si la pregunta planteada estaba justificada, a saber: «¿hay uno o varios modelos europeos en un mundo globalizado? », la respuesta dada a esta pregunta carece de claridad, por decirlo suavemente. 
Europa se ha hundido en una crisis porque no sabe lo que quiere. 
Está dividida: para algunos, el único objetivo es hacer de ella una zona comercial sin barreras aduaneras, en resumen, una Europa que corre tras el tren de la mundialización con una Unión que se expande sin fin. 
Otros tienen una visión diferente, una ambición política con arreglo a la cual la Unión debe estar definida por sus fronteras y su proyecto, a fin de reafirmarse y compartir sus valores humanistas en un mundo inestable. 
Los diputados franceses al Parlamento Europeo que pertenecen a la, así como la gran mayoría de los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, han optado claramente por luchar por que prevalezca esta última visión, conscientes del desafío que tenemos que superar. 
Las propuestas de Francia, divulgadas en toda la Unión por el Presidente Chirac en vísperas de la cumbre, tienen el mérito de hacer hincapié tanto en la necesidad de concluir el mercado interior, como en la de promover la solidaridad entre los Estados y garantizar la emergencia de una Europa de grandes designios. 
Pero para contemplar un relanzamiento europeo, el Consejo Europeo debe superar previamente un obstáculo fundamental. 
En efecto, desde el momento en que, como resultado de las negociaciones emprendidas por la Presidencia luxemburguesa, la práctica totalidad de los Estados miembros llegaron a una opinión convergente sobre las perspectivas financieras 2007-2013, deben llegar imperativamente a un acuerdo antes de finales de este año. 
Cualquier otro debate se limitaría a puras conjeturas. 
– Señor Presidente, quisiera intervenir por una cuestión de observancia del Reglamento, conforme a la letra c) del artículo 65, si la memoria no me falla. 
Acabamos de oír al Ministro británico de Asuntos Exteriores. 
A través de su Presidencia, formulo la siguiente pregunta a la Conferencia de Presidentes. 
Mi colega acaba de intervenir durante un minuto. El Ministro de Su Majestad británica encargado de los asuntos europeos está con nosotros. 
¿Cómo puede limitarse el tiempo de palabra del Parlamento Europeo a un minuto para responderle? 
¿Podría hablar de ello con sus colegas de la Conferencia de Presidentes, para decidir el enfoque que debe adoptarse en el futuro? 
– Gracias, señor Beazley, creo haber entendido su argumento. 
Los Grupos políticos son los que distribuyen el tiempo de uso de la palabra. 
Si quieren dejar diez minutos o un cuarto de hora a sus oradores principales, están en su derecho; en caso contrario, también. 
Los tiempos de la Comisión y del Consejo no se miden. 
Pero unos y otros se esfuerzan por no abusar, como he observado. 
– Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, soy de los que han apreciado y siguen apreciando el esfuerzo realizado por esta Presidencia para intentar relanzar Europa, con sus esperanzas y sus desafíos, en estos tiempos difíciles. 
Esto se ha hecho también con actos y compromisos, incluso algunos concretos. 
Me refiero a la solución positiva del asunto de Turquía, que no habría sido posible sin un gran empeño de la Presidencia británica, y a la capacidad de mostrar un camino, una visión y unos objetivos claros que después se han puesto en práctica, al menos potencialmente, en Hampton Court, y que son las universidades, la energía, la seguridad y la política de defensa. 
Sin embargo, permítame decir que, justamente al ver esas grandes ambiciones y los pocos resultados concretos, me convenzo cada vez más –y les invito a todos ustedes a que reflexionen sobre ello– de que existe una enorme contradicción entre las vocaciones de esa Europa y la ilusión de que esos resultados puedan alcanzarse con una Europa que posee menos recursos de los necesarios y, sobre todo, que no está dispuesta a modificar sus reglas. 
Quiero decir que si queremos alcanzar aunque solo sea la mitad de esos objetivos y queremos ser leales entre nosotros, debemos profundizar en las cuestiones centrales de la crisis. 
Abordar esas cuestiones exige más recursos, que deben utilizarse mejor; también exige menos Europa intergubernamental y más Europa integrada, más Europa política, es decir, nuevas reglas para la Comisión, precisamente para alcanzar los objetivos que ya nos hemos fijado. 
La única vía para seguir adelante ahora consiste en definir una nueva arquitectura institucional y compartir políticas en cada vez mayor medida. 
El mantenimiento del, que quizás sea el mayor logro de la Presidencia británica, conducirá inevitablemente a una renacionalización de las políticas, lo que agravará la crisis, aumentará el poder de veto de los Gobiernos y mermará la capacidad de las cumbres para tomar decisiones. 
Espero, pues, que este semestre consiga convencer incluso a los más escépticos de que no basta con tener buenas ideas y buena voluntad: debemos darnos cuenta también que o tenemos la valentía de cambiar dando un salto adelante en la vía de la integración, o nos morimos. 
Señor Presidente, ¡me encantaría saber en qué momento la Presidencia británica se dio cuenta de que se había equivocado al elegir como logotipo una bandada de aves que vuelan hacia Europa! 
Si la Presidencia británica no garantiza un acuerdo sobre las futuras perspectivas presupuestarias, se considerará que ha fracasado. 
Estoy de acuerdo en que hay que mover pieza en la cuestión agrícola. 
Aunque la Presidencia británica tiene que reconocer que, en algún momento, ha de llegar a algún tipo de compromiso, también es importante que otros Estados miembros también se den cuenta de que han de ceder. 
En algún punto los franceses –sobre todo ellos, según parece– tendrán que ceder para que los que buscan un acuerdo puedan remitirse a los futuros cambios y revisiones de la política agrícola, no solo para ayudar al Reino Unido a salir de esta complicada situación, sino para ayudar al mundo a llegar a un acuerdo en la Ronda del Desarrollo de Doha. 
– Señor Presidente, Señorías, espero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que sea usted consciente de la creciente impaciencia que suscita su Presidencia y del creciente sentimiento de desilusión. 
Puede que su periodo de ejercicio todavía no haya llegado a su fin, pero en su mayor parte ya ha transcurrido. 
No solo lamentamos la ausencia de Tony Blair, pero me pregunto si ha reconocido quizás por fin que una buena Presidencia del Consejo es más que dos buenos discursos. 
Sobre todo, sin embargo, lamentamos la falta de resultados concretos, propuestas constructivas y negociaciones serias con esta Cámara para resolver problemas y elaborar respuestas a las preguntas de los ciudadanos. 
La única manera de generar confianza pasa por un nuevo sentimiento de unidad y por soluciones sostenibles. 
Puede que a su ministro de Asuntos Exteriortes se le escaparan las palabras cuando, en lugar de mirar adelante, dijo que «lo importante en esta Presidencia –Croacia y Turquía– ya está detrás de nosotros.» 
Permítanme preguntarles esto: ¿son estas las cosas que los europeos consideran prioritarias? 
¿Son estas realmente las cuestiones que interesan a quienes no tienen trabajo o a la Europa que tiene que hacerse más competitiva? 
No, afirmo, no lo son. 
Tal vez se han equivocado de prioridades. 
Solo con declaraciones de intenciones no se consigue una buena Presidencia. 
Puede que todos los seis puntos que han salido de Hampton Court sean correctos, pero la mayoría de ellos no son competencia de la Unión Europea. 
Si quieren que consigamos las cosas que ustedes mismos postulan, entonces dennos los poderes, dennos el dinero, y no se interpongan en el camino de Europa hacia la unión política, o en el camino de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Permítanme hablar de las perspectivas financieras. 
Entre su propuesta y la nuestra hay una diferencia de 70 000 millones de euros. 
Entre su propuesta y el Tratado hay una diferencia de 2 000 millones de euros. 
Entre su propuesta y la de la Comisión hay una diferencia de más de 100 000 millones de euros. 
Digan a la gente qué piensan quitarles antes de pretender que están de su lado... 
– Señor Presidente, la cumbre de Hampton Court nos ha demostrado que la Unión Europea necesita una reforma fundamental. 
La Unión Europea tiene que armonizar la investigación y el desarrollo, incrementar significativamente los gastos en educación, liberalizar los servicios y aplicar una política energética común europea, y ha de hacer todo esto al mismo tiempo. 
Tenemos el diagnóstico, pero los líderes europeos han sido hasta ahora incapaces de dar las respuestas. 
Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no cómo conseguir esos objetivos. 
Tampoco tenemos los recursos para hacerlo. 
No podemos tener más Europa con menos dinero. 
Todavía no se ha alcanzado el acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, lo que podría ser un desastre para nosotros, los nuevos Estados miembros, que nos arriesgamos a perder dos tercios de nuestra posible ayuda financiera. 
Esta es la razón por la que la directiva financiera es tan importante para nosotros. 
También creo que es importante, puesto que el señor Tony Blair ha atacado la Política Agrícola Común, que el camino adelante para nosotros no consiste en demoler la política actual de la Comunidad, ya que la política de cohesión y la Política Agrícola Común son los principales logros de la Unión Europea. 
En lugar de echarlas abajo, hay que aplicar más políticas comunitarias en otros terrenos. 
La gran pregunta es cómo hacer todo esto. 
El Primer Ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány, propuso que, junto a las políticas de la Comunidad, deberíamos establecer una cooperación coordinada, lo que significaría armonizar la política nacional en los diferentes ámbitos. 
Esto no supondría crear nuevas políticas comunitarias, pero ayudaría a mejorar la cooperación, ya fuera en el ámbito de la energía, ya en el de la investigación y desarrollo. 
Hago un llamamiento al señor Barroso y a la Comisión: ayudemos a Europa a superar su crisis actual y avancemos en el terreno de la cooperación coordinada. 
Señor Presidente, los británicos son famosos por sus nervios de acero, su carácter reservado, su flema, su peculiar sentido del humor y también por su autocontrol emocional. 
Por eso me sorprendió mucho oír decir a Lord Bach ayer que si no se llegaba a un compromiso en torno al Reglamento REACH antes de que finalice el año, lo considerará tanto un fracaso personal como un fracaso de la Presidencia británica. 
Quisiera aprovechar la oportunidad de hoy para preguntar al señor Alexander si comparte estos sentimientos. 
Si las perspectivas financieras para 2007-2013 no se adoptan antes de que termine el año, ¿también considerará usted que este es un fracaso personal, suyo y del Primer Ministro Blair? 
Tony Blair hizo un excelente discurso ante esta Cámara en Bruselas en junio, y su análisis de la crisis en la que se encuentra Europa merece la pena publicarse. 
Por desgracia, durante los meses siguientes y los discursos ministeriales posteriores no hemos oído nada más que repeticiones cada vez más pálidas de las propuestas del Primer Ministro. 
Mi impresión es que los británicos han perdido la voluntad de luchar por la realización de su visión de la Unión Europea. 
En lugar de ello, han decidido ir tirando en estos seis meses de Presidencia lo mejor que puedan. 
Por desgracia, también ellos se han contagiado de la enfermedad europea de la impotencia y la parálisis. 
Al mismo tiempo, sin embargo, tengo que admitir que después de que las preguntas y los discursos de diputados a esta Cámara no le dejaran otra opción, el señor Straw ha empezado finalmente a hablar de los asuntos como un ser humano normal, que es como debería hablar un político. 
Europa únicamente puede construirse con medidas efectivas y decisiones que quedarán grabadas para siempre en la historia de nuestro continente. 
La manera en la que la Presidencia aplaza el debate sobre las perspectivas financieras hasta el último minuto y elabora las propuestas de presupuesto a puerta cerrada, hablando en una neolengua orwelliana sobre los problemas de la civilización a que se enfrenta el mundo en lugar de mantener un debate descarnado sobre las cuestiones candentes, equivale a una pérdida de tiempo o a un intento deliberado de pasar la patata caliente del presupuesto a Viena en diciembre. 
La tarea principal a que nos enfrentamos hoy son las perspectivas financieras. 
Se calcula que si no se aprueban estas perspectivas, los nuevos Estados miembros recibirán 10 000 millones de euros para el desarrollo en 2007. 
Si se aprueban, sin embargo, esta cifra aumentará a unos 22 000 millones de euros, con unos 3 500 millones de euros adicionales para Rumanía y Bulgaria. 
Les pido que se tomen estas perspectivas financieras en serio y que adopten medidas efectivas para garantizar que se aprueben en diciembre. 
– Señorías, hoy debatimos el resultado de la reunión informal del Consejo Europeo en Hampton Court y no el resdultado de los seis meses de Presidencia británica. 
Estoy contento con el resultado de Hampton Court. 
La reunión ha delimitado claramente seis ámbitos que son cruciales para la supervivencia de Europa y el éxito en el mundo globalizado, a saber, entre otros, ciencia e investigación, inversión en nuestras universidades, política energética, seguridad mundial y la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Fijémonos en la situación energética, por ejemplo. 
Europa es cada vez más dependiente, hasta un 65 %, de una fuente que se halla en regiones muy inestables, bien en territorio ex soviético, bien en Oriente Próximo. 
Necesitamos por consiguiente una política energética común y una Política Exterior y de Seguridad Común, aunque en primer lugar y sobre todo necesitamos dinero para financiar esas políticas comunes. 
Llegados a este punto quiero pedir a la Presidencia británica que centre todos sus esfuerzos en conseguir un acuerdo justo y equilibrado en la cumbre de diciembre, no solo para los nuevos Estados miembros, sino también para los antiguos. 
Este sería el mayor logro de la Presidencia británica, que se discutirá el 20 de diciembre. 
Creo que el resultado será positivo. 
Señor Presidente, el señor Straw nos ha dicho con orgullo que ha pronunciado 48 discursos como Ministro durante la Presidencia británica, pero tengo que decir que poco hay que decir de cualquiera de ellos. 
Me sorprende que tan solo un mes antes de concluir la Presidencia británica siga hablando de programas, estrategias y calendarios. 
Hablo en nombre de los numerosos habitantes de East Anglia que quieren ver medidas, seguridad, prosperidad y un cambio de rumbo efectivo de la UE, y no promesas vacías. 
Ciudadanos de muchos países han reaccionado ante lo que se ha estado haciendo en su nombre. 
Cuestionan seriamente la naturaleza y el rumbo del proyecto de la UE. 
Los ciudadanos quieren que se ejerza un control más local de sus propias vidas, pero nuestros Gobiernos siguen cediendo poderes a las regiones y a Bruselas. 
Señorías, yo les pregunto: ¿Qué tipo de relación con qué clase de Europa conviene a nuestros ciudadanos y nuestras naciones en la primera mitad del siglo XXI? 
Nuestro Gobierno y las instituciones de la UE nunca se plantean esta pregunta crucial. Esta debería haber sido tal vez la cuestión central en Hampton Court. 
El hecho es que en Hampton Court no hubo ningún tipo de revisión a fondo de la Unión Europea y esta sigue impertérrita. 
La legislación inútil no tiene fin. 
El señor Straw ha mencionado la Directiva sobre el tiempo de trabajo y la Directiva sobre trabadores temporales. 
Hay docenas más de esta clase de textos legislativos de la UE irrelevantes e intervencionistas. 
¿Qué estamos haciendo al respecto? 
Se ha mencionado el presupuesto. 
Una cuestión fundamental, pero que sigue sin resolverse. 
En comparación con una economía de tamaño similar como la francesa, el Reino Unido sigue contribuyendo desproporcionadamente al presupuesto de la UE, incluso después del cheque británico negociado por Margaret Thatcher. 
Aparentemente quieren que paguemos más. 
Mientras tanto, nuestras naciones y sociedades se enfrentan peligrosamente a la fractura debido a las catastróficas políticas de asilo e inmigración. 
En lugar de crear y mantener centros de excelencia académica de gran calidad, los estamos destruyendo debido a la falta de recursos y a doctrinas clasistas descabelladas. 
Nuestras fuerzas armadas se encuentran desesperadamente desbordadas y carentes de recursos y equipos. 
Al mismo tiempo, nuestros valientes oficiales y soldados son arrojados al olvido por un sistema concebido por el Gobierno que se despreocupa de su bienestar y para el que solo cuenta su propio programa político… 
Señor Presidente, la cumbre de Hampton Court debía debatir el modo en que Europa puede funcionar mejor en el futuro. 
Los ciudadanos de Etiopía votaron masivamente en mayo ante la atenta Mirada de la UE, pero los primeros resultados no fueron del agrado del partido en el poder. 
De repente, se pusieron trabas al trabajo de los observadores, se suprimió la libertad de prensa y se prohibieron las manifestaciones. 
En junio los manifestantes fueron brutalmente reprimidos: más de 40 resultaron muertos y 5 000 fueron detenidos. 
A pesar de todo, unas semanas más tarde, el Primer Ministro Meles acudió a la cumbre de Gleneagles organizada por la Presidencia británica. 
En septiembre, varios Gobiernos y el Presidente de la Comisión le enviaron mensajes de felicitación. 
El 1 de noviembre tuvo lugar otro baño de sangre: 58 líderes electos, periodistas y miembros de ONG fueron encarcelados y, según el Primer Ministro, pueden ser condenados a muerte; decenas más fueron asesinados, cientos resultaron heridos y miles fueron detenidos. 
No obstante, unos días después el señor Meles fue homenajeado en una cena de gala en Alemania. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿por qué el Consejo lanza mensajes contradictorios que inspiran un sentimiento de impunidad en gobernantes que violan los derechos humanos y los principios democráticos, gobernantes que pueden decidir hacer la guerra con sus vecinos para desviar la atención? 
¿Puede el Presidente en ejercicio del Consejo decir que Europa está haciendo lo posible y suficiente en favor de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo en Etiopía, el segundo país más poblado de África? 
. Señor Presidente, es un honor concluir este debate de hoy sobre las deliberaciones que tuvieron lugar en Hampton Court. 
Me complace especialmente intervenir junto al Presidente Barroso. 
El debate que se ha desarrollado después de la partida del Ministro de Exteriores, Jack Straw, ha comenzado con la intervención del señor Pistelli, que ha comparado a la Unión Europea con una familia. 
Sin lugar a dudas, a la luz de nuestro breve debate de esta tarde, se trata de una familia en la que, como en otras, hay desacuerdos de vez en cuando. 
No obstante, comparto su idea de que hay retos a los que tenemos que enfrentar en las próximas semanas. 
El señor Hudghton ha planteado un punto menos ostentoso. 
Como escocés que soy y como diputado al Parlamento en representación de un escaño escocés, de buen grado me pasaría todo el día debatiendo con su Señoría sobre el hecho de que el nacionalismo retrógrado y decimonónico no constituye una alternativa de futuro para ninguna parte de Escocia ni para ningún grupo escocés. 
Pero yo, a diferencia de usted, soy consciente de que hoy estoy hablando en nombre de la Presidencia de la Unión Europea y no voy a repercutir las disputas políticas nacionales entre nuestros partidos. 
La señora Bobošíková ha hablado de las oportunidades que nos ofrece la mundialización. 
Sin lugar a dudas, comparto su punto de vista; este fue un elemento central del constructivo y fructífero debate que tuvo lugar en Hampton Court. 
La señora Sudre ha destacado la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la futura financiación a finales de diciembre. 
De hecho, varios oradores han abordado esta cuestión sostenida de lo importante que es llegar a un acuerdo. 
Dentro de un momento diré algo al respecto. 
El señor Zingaretti ha reconocido generosamente la importancia de la adhesión de Turquía. 
Le estoy agradecido por ello. Es un reflejo del enfoque distintivo adoptado por Jack Straw como Ministro de Exteriores, por el que –de forma similar a lo que ocurre con la futura financiación– se cuestiona la estrategia seguida por la Presidencia. 
Me complace decir que el 3 de octubre aseguramos el resultado por el que muchos de nosotros llevábamos trabajando desde hace tanto tiempo: ver el comienzo de las negociaciones de adhesión con Turquía y Croacia. 
Espero que logremos un resultado similar en lo que respecta a la futura financiación. 
El señor Davies, que ha abandonado la Cámara, ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de la futura financiación. 
Sobre la base de la motivación británica y de la capacidad británica, en efecto, de llegar a un acuerdo, lo que importa no es la voluntad de un país –el de la Presidencia–, sino la disposición de todos los Estados miembros a sentarnos juntos para hallar un consenso. 
Si lo único que importara fuera la motivación de la Presidencia, habríamos llegado a un acuerdo en junio, en lugar de encontrarnos en una situación en la que cinco Estados miembros no pudieron aceptar las propuestas luxemburguesas. 
El señor Karas ha puesto en tela de juicio la importancia de la ampliación a la luz de los retos competitivos duraderos y significativos a que nos enfrentamos, como el desempleo. 
Sin duda ese mismo comentario que hace sobre el desempleo duradero y la necesidad de abordar estos retos justifica la cumbre de Hampton Court. 
Europa tiene que tener más claro cuál será su rumbo en el futuro antes de que podamos tratar de asegurar el consenso que deseamos sobre la financiación de la Unión Europea. 
El señor Tabajdi ha considerado positivos, aunque con reservas, algunos aspectos del programa de trabajo acordado en Hampton Court, y el señor Sonik me ha leído las observaciones iniciales de mi compañero de gabinete, Lord Bach. 
Siento decepcionarle: en lo que respecta a la futura financiación, no puede haber garantías de que lleguemos a un acuerdo. 
Lo que puedo asegurarle es que la Presidencia británica está seriamente decidida a esforzarse por alcanzar ese acuerdo, aunque quedan por delante días y debates críticos. 
Es importante que todas las partes implicadas reconozcan la relevancia del avance logrado desde junio, cuando la división, más que la unidad, fue el sello distintivo de la conclusión de las negociaciones. 
El señor Rouèek ha mostrado su satisfacción con el resultado de la cumbre de Hampton Court y ha defendido un acuerdo honesto, justo y equilibrado sobre la financiación para el futuro. 
No puedo estar más de acuerdo con eso. 
No comparto muchos de los puntos planteados por el señor Van Orden, que ha abandonado la Cámara. 
Ha divagado por completo al tiempo que afirmaba hablar en nombre de los ciudadanos de East Anglia, antes de que le cortaran el micrófono. 
Basta decir que durante su intervención no ha tenido la oportunidad de reconocer el valioso trabajo que la Comisión ha emprendido durante la Presidencia británica en relación con esa misma cuestión de legislar mejor. 
Hoy quiero encomiar el compromiso personal del Presidente Barroso y del Comisario Verheugen, que han sacado adelante este proyecto durante la Presidencia británica. 
La señora Gomes ha planteado cuestiones complejas en relación con los derechos humanos, la democracia y el desarrollo en África. 
De nuevo, me gustaría remitirme a los avances logrados por los Ministros de Desarrollo de la Unión Europea en junio, cuando se acordó efectivamente doblar la cuantía de las ayudas directas al extranjero que prestan los Estados miembros, pasando de unos 40 000 millones de dólares a 80 000 millones. 
Me gustaría volver a destacar el compromiso alcanzado en Gleneagles entre los días 6 y 8 de julio de duplicar realmente la ayuda destinada a África. 
Quiero reflexionar otra vez sobre el enfoque muy constructivo y unánime adoptado por los Estados miembros de la Unión Europea en la cumbre de Revisión del Milenio celebrada en septiembre de este año. 
Me gustaría retomar un punto que el señor Davies ha planteado antes, según el cual los que se comprometen de forma sincera y verdadera con el objetivo de ayudar al mundo en desarrollo reconocen que se nos presenta un reto creciente en las próximas semanas de la Presidencia británica, que es intentar alcanzar un resultado ambicioso y equilibrado en la reunión ministerial de Hong Kong que tendrá lugar en diciembre. 
Puedo garantizar a sus Señorías que esta sigue siendo una prioridad de la Presidencia británica. 
. Señor Presidente, para resumir, habrá una cuestión definitoria de la Presidencia británica: alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras. 
Creo que el mensaje ha sido transmitido hoy con total claridad a la Presidencia británica. 
Entiendo lo que ha dicho el Ministro británico de Exteriores, el señor Straw, antes de marcharse sobre otras cuestiones que son muy importantes y que tendrán consecuencias estratégicas. 
Precisamente por eso, es importante que alcancemos un acuerdo sobre las perspectivas financieras, porque esta será la primera prueba para la Europa ampliada. 
Seamos francos. 
Hay quien piensa que con 25 Estados miembros no podemos trabajar ni cumplir nuestros compromisos. 
Hay quien piensa que una Europa más grande será una Europa más débil. 
Sé que esto no es lo que piensa la Presidencia británica, sé que esta no es la idea de la Comisión. 
Nosotros creemos en esta Europa más grande que estamos construyendo. 
Creemos que es un gran logro que tengamos 25 Estados miembros libres y democráticos, como los que tenemos. 
Sin embargo, no podemos hacer una ampliación de bajo coste. 
Necesitamos recursos para esta nueva Europa que estamos ayudando a consolidar. 
Por ello, es crucial que alcancemos un acuerdo sobre las perspectivas financieras, porque si no lo logramos, si no tenemos este instrumento para lo que los ciudadanos reclaman de las instituciones europeas, habrá, y lo creo sinceramente, una crisis de confianza que se reforzará en Europa. 
Y esto no solo afecta a la actual situación en Europa, sino también a su porvenir, a las futuras adhesiones a Europa, a nuestra capacidad para seguir construyendo Europa. 
Sin embargo, para una Europa más grande necesitamos también una política más grande. 
Y esa es la cuestión. 
¿Somos capaces de hacerlo? 
¿Podemos cumplir lo que prometemos? 
Por ese motivo insto a la Presidencia británica a que haga todo lo posible –y conozco la energía y la dedicación de su Primer Ministro y de todos sus colaboradores– por llegar a un acuerdo. 
Por supuesto, todos tienen que mover pieza: no es responsabilidad exclusiva de la Presidencia británica. 
Por supuesto que no. 
Pero realmente creo que la clave del problema, o mejor dicho la clave de la solución, está en sus manos. 
Puede lograr ese acuerdo, al menos entre los Estados miembros. 
Estuvimos cerca de lograrlo en el último Consejo Europeo formal: podemos hacerlo. 
Es crucial y es mi obligación y mi responsabilidad, como Presidente de la Comisión Europea –que representa los intereses generales de Europa– apelar a la responsabilidad de todos los líderes en Europa para que hagan todos los esfuerzos necesarios por lograr ese compromiso. 
Permítame que le diga sinceramente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que de mis contactos con todos los Estados miembros –que, debido a mi responsabilidad, mantengo a diario, especialmente con los nuevos Estados miembros– que miran a ustedes y al papel de su Presidencia con esta expectativa. 
De hecho, todo lo que hemos logrado hasta el momento, desde mi punto de vista, constituye una gran contribución a Europa. 
Como he dicho en mi anterior declaración, creo que la cumbre de Hampton Court fue una buena cumbre, que supuso una contribución positiva al nuevo e incipiente consenso en torno a una Europa más fuerte y más moderna. 
Sin embargo, la prueba que los nuevos Estados miembros tienen en mente, la prueba para la mayor parte de la ciudadanía europea radica en si seremos realmente capaces de demostrar que podemos avanzar en estas cuestiones concretas. 
Este es el gran reto. 
Hagamos todo lo posible, pidamos a los Jefes de Estado y de Gobierno que se dispongan a buscar el compromiso, pidamos a la Presidencia británica que haga el máximo esfuerzo. 
Creo que es posible. 
Es difícil, pero posible, y la verdadera prueba de nuestro liderazgo es hacer posible lo que es necesario y creo que podemos hacerlo. 
– El debate queda cerrado. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las recientes declaraciones del Presidente de Irán, el señor Mahmud Ahmadineyad. 
. Señor Presidente, es un placer dirigirme al Parlamento en este importante y oportuno debate sobre Irán, y me alegro enormemente de intervenir junto a mi buena amiga, la Comisaria Ferrero-Waldner. 
Durante el último debate que se celebró aquí sobre este tema el 12 de octubre utilicé las mismas palabras para referirme a lo oportuno que fue el debate sobre Irán. 
Ahora me parece que este debate es quizá incluso más oportuno que el del 12 de octubre, porque la preocupación internacional en torno a la política de Irán sigue siendo grande y me parece que Irán afronta decisiones cruciales sobre su futuro. 
Por tanto, la Unión Europea hace bien en determinar activamente este debate. 
Las decisiones de Irán sobre sus relaciones con los países vecinos pueden afectar a la seguridad y la prosperidad de los pueblos mucho más allá de la región de Oriente Próximo. 
Es importante para la seguridad de la región y de fuera de ella que ahora Irán tome decisiones inteligentes. 
Como ya sabrán todos los diputados a esta Asamblea, en junio de este año Irán eligió a un nuevo Presidente. 
Creo que la comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, ha de mantener el diálogo con el nuevo Gobierno de Irán. 
Ahora tenemos la responsabilidad de animar a quienes ocupan el poder para que tomen decisiones que beneficien al país y al conjunto de la región. 
Tal y como dije la última vez que tuve el privilegio de dirigirme a este Parlamento, Irán es un país con un potencial realmente enorme. 
Tiene una población joven, formada y de espíritu emprendedor. 
Cuenta con vastos recursos naturales, en particular petróleo y minerales. 
Sugerí que la combinación de estos factores contribuiría a una economía y una sociedad vivas en cualquier país si su Gobierno pudiera crear una cultura de oportunidades basada en el Estado de Derecho. 
Hoy más que nunca existe una verdadera necesidad de promover una cultura así en Irán. 
Sé que las últimas declaraciones del Presidente de Irán acerca de Israel han indignado, como a mí, a muchos diputados a esta Asamblea. 
Estas declaraciones son profundamente inquietantes. 
Además, se hicieron en el contexto de las crecientes preocupaciones sobre el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, su actitud ante los derechos humanos y su compromiso de combatir el terrorismo. 
Permítanme centrarme primero en estos compromisos concretos. 
Como ya saben, el 26 de octubre el Presidente Ahmadinejad habló en una conferencia en Teherán sobre un mundo sin sionismo. 
Se dice que en su discurso pidió que Israel fuera borrado del mapa y dijo que «el mundo islámico no permitirá que su enemigo histórico viva en el corazón de su tierra». 
La Unión Europea encabezó la respuesta internacional, que fue rápida y, me complace decir, inequívoca. 
La declaración de la Presidencia emitida en nombre de los Jefes de Gobierno de la Unión Europea reunidos en Hampton Court el 27 de octubre condenó duramente las declaraciones del Presidente Ahmadinejad. 
Josep Borrell dijo en nombre de este apreciado órgano que están ustedes profundamente escandalizados, indignados y sublevados por esta declaración. 
Habló de condena absoluta por parte de los líderes de sus Grupos políticos. Sé que el señor Poettering, que va a tomar la palabra en unos momentos, también expresó entonces su preocupación por esos comentarios. 
Hoy en este debate se nos pide que hablemos de estas declaraciones y sus implicaciones. 
Las llamadas a la violencia y a la destrucción de cualquier Estado son manifiestamente incoherentes con cualquier condición de miembro maduro y responsable de la comunidad internacional. 
La Presidencia pidió al encargado de negocios de Irán en Londres que protestara por estas declaraciones, y muchos Gobiernos de nuestra Unión de 25 países hicieron lo propio en el plano nacional. 
Celebro la rápida respuesta de la comunidad internacional en general, incluidos algunos Gobiernos de la propia región de Oriente Próximo. 
Saeb Erekat fue muy elocuente cuando en nombre de la Autoridad Palestina expresó su esperanza de que el Presidente Ahmadinejad se empeñara en incluir a Palestina en el mapa en lugar de exigir que Israel fuera borrado del mapa. 
Kofi Annan, el Secretario General de las Naciones Unidas, habló en nombre de todo el mundo al afirmar que Israel es un antiguo miembro de las Naciones Unidas, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro. 
Según la Carta de las Naciones Unidas, Irán, al igual que otros miembros de la organización, se ha comprometido a abstenerse de amenazar o de utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. 
Espero que el Presidente Ahmadinejad reconozca el daño que estas declaraciones han causado a su posición en la comunidad internacional y las retire incondicionalmente. 
Sus declaraciones son otro recordatorio más de que Irán tiene que hacer algo para disipar la preocupación internacional en torno a sus intenciones en relación con el programa nuclear. 
Cuando nos reunimos en Bruselas el 7 de noviembre, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatimos las ambiciones nucleares de Irán. 
En esa reunión, el Consejo reiteró su gran preocupación por la reanudación iraní de las actividades en la planta de conversión de uranio en Isfahan, y exhortó a Irán a aplicar todas las medidas reclamadas por el Consejo del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
Entre ellas se incluye el restablecimiento de la plena suspensión de todas las actividades del ciclo de combustible. 
El enfoque preferido de la Unión Europea sigue siendo la reanudación de las negociaciones en el marco acordado en París el pasado noviembre. 
La Unión Europea ha insistido a Irán en que adopte las medidas necesarias para que esto sea posible. 
Es fundamental para la comunidad internacional resolver de forma satisfactoria la cuestión de las ambiciones nucleares de Irán. 
Un Irán con armas nucleares aumentaría enormemente la inestabilidad en la región y podría herir de muerte el Tratado de No Proliferación Nuclear y todo el sistema internacional de prevención de la proliferación. 
Volviendo sobre los derechos humanos, seguimos muy preocupados por las graves y continuas violaciones por parte de Irán. 
Seguimos teniendo noticias de delincuentes menores de edad sentenciados a muerte. 
Irán sigue limitando la libertad de expresión y encarcelando a presos políticos, como el periodista investigador Akbar Ganji. 
Irán sigue persiguiendo a las minorías religiosas, incluida la Comunidad de Baha’i. 
Por nuestro último debate sobre esta cuestión sé que este asunto sigue preocupando profundamente a numerosos diputados a este Parlamento. 
Por tanto, urgimos a Irán a que asegure el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
Es decepcionante que desde junio de 2004 no se haya celebrado un diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea e Irán, a pesar de repetidos intentos, se lo puedo asegurar, por parte de la Unión Europea de fijar fechas para la próxima ronda. 
Es importante que Irán adopte medidas para reanudar conversaciones sustanciales en el marco de este diálogo. 
Celebro la resolución sobre derechos humanos que Canadá presentó la semana pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado copatrocinarla. 
Irán tiene que demostrar con hechos que está dispuesto a mejorar el respeto de los derechos humanos. 
Irán puede empezar a hacerlo cumpliendo sus obligaciones y los compromisos anteriores en relación con las ejecuciones de menores y liberando definitivamente a los presos de conciencia. 
Espero que el Gobierno de Irán lo haga sin demora. 
Volviendo ahora sobre del terrorismo, el Consejo sigue estando preocupado por el enfoque iraní del terrorismo. 
El hecho de que el Presidente Ahmadinejad lanzara sus comentarios el mismo día en que se produjo el horrible ataque en Hadera, en Israel, cuya responsabilidad reclamó la Yihad Islámica palestina, debería reafirmarnos a todos en la lección de que la incitación a la violencia y el terrorismo que alimenta son actos viles e inaceptables. 
La Unión Europea ha animado a Irán a unirse, sin reservas, al consenso internacional sobre la existencia necesaria de dos Estados –Palestina e Israel– que convivan pacíficamente con fronteras reconocidas. 
La Unión Europea subraya que el apoyo a grupos terroristas palestinos es inaceptable. 
Todos los Estados tienen la responsabilidad de trabajar juntos para combatir la amenaza del terrorismo internacional. 
Me parece que este es un momento realmente crucial para Irán y su Gobierno. 
Las recientes declaraciones del Presidente Ahmadinejad han llamado la atención sobre Irán y su posición en el mundo. 
Es imperativo canalizar constructivamente esta atención para influir efectivamente en Irán con miras a revisar su política en materia nuclear, terrorismo, derechos humanos, cuestiones regionales y otras, incluido el proceso de paz de Oriente Próximo. 
La comunidad internacional puede ejercer una gran influencia cuando está unida. 
Creo que nuestra respuesta unívoca a las declaraciones del Presidente Ahmadinejad sobre Israel ha logrado llamar la atención sobre la política iraní en este asunto. 
Tal y como dijeron los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el 7 de noviembre, la evolución de la relación a largo plazo entre Irán y Europa dependerá de que Irán aborde efectivamente todos los ámbitos que preocupan a la Unión Europea. 
Depende de Irán determinar con sus actos si su relación a largo plazo con la Unión Europea mejorará o se deteriorará. 
. Señor Presidente, aunque voy a repetir algo que ya se ha dicho, quiero hacerlo porque me parece un asunto tan grave que es preciso repetirlo. 
En efecto, ha habido una reacción amplia y muy rápida por parte de todas las instituciones europeas. 
El Presidente Barroso respondió inmediatamente en nombre de la Comisión Europea expresando una firme condena en los términos más claros. 
Sabemos que el Presidente del Parlamento Europeo también ha condenado muy enérgicamente esta declaración y, como ha dicho el señor Alexander, el Consejo Europeo también ha emitido una dura declaración desde Hampton Court. 
Asimismo, yo he reiterado en público que la declaración del señor Mahmud Ahmadinejad sobre Israel era escandalosa y totalmente inaceptable. 
También la comunidad internacional la ha condenado como es debido en los términos más duros. 
Además, quiero dar las gracias a la Presidencia por haber sumado a nuestros jefes de delegación a las declaraciones realizadas por la Presidencia, junto con la Comisión, especialmente en los países árabes. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores reiteraron esta condena colectiva de las llamadas a la violencia y a la destrucción de cualquier Estado. 
También coincidieron en el hecho de que tales comentarios generan preocupación en torno al papel de Irán en la región y sus futuras intenciones. 
Existe una larga y horrible lista de precedentes en mítines políticos, desfiles militares y otros actos, que nos retrotraen a los primeros años de la revolución. 
Pero cuando se hace en el actual clima delicado, y especialmente en boca del propio Jefe de Estado en relación con una conferencia llamada «El mundo sin sionismo» , me parece que ya va siendo hora de trazar una línea roja y recordar al Presidente iraní las responsabilidades que conlleva ser miembro de la familia de naciones. 
En cuanto a la cuestión más candente, el tema nuclear, seguimos pensando que es preferible el compromiso a las apuestas arriesgadas, la confrontación y el aislamiento. 
Por tanto, apoyamos los esfuerzos de la Presidencia británica, Francia, Alemania, del señor Javier Solana y de otros que comparten esta postura por animar a Irán a que coopere plenamente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica y el doctor El Baradei. 
A este respecto, la próxima reunión del Consejo del OIEA será crucial. 
Sin duda todos queremos evitar que Irán se convierta en un Estado con armas nucleares. 
Pero este no es el único ámbito donde esperamos que el Gobierno iraní se pronuncie. 
La actitud de Irán con respecto al proceso de paz de Oriente Próximo en particular es muy importante. 
Desde el inicio de nuestro diálogo global entre la Unión Europea e Irán, el sucesor del diálogo crítico, esta cuestión figura entre los principales motivos de preocupación, junto con las armas de destrucción masiva, el terrorismo y los derechos humanos. 
Durante la presidencia del señor Jatamí utilizamos este canal de diálogo con buenos resultados. 
Aunque Irán no reconociera oficialmente la existencia de Israel, percibimos algunas señales positivas y una mejor apreciación de toda la situación de Oriente Próximo. 
En particular se declaró que Irán no obstaculizaría el proceso de paz y que no pretendería ser «más palestino que los palestinos». 
Pero las desaforadas observaciones del Presidente Ahmadinejad fueron un revés. 
Entre las varias condenas que desencadenó, me complació en particular advertir que el representante de la Autoridad Palestina, el principal negociador palestino, el señor Saeb Erekat, hizo gala de un verdadero sentido de Estado al recordar que la OLP y la Autoridad Palestina habían reconocido el Estado de Israel, con el que estaban embarcadas en un proceso de paz. 
Las estruendosas advertencias neorrevolucionarias de la dirección iraní a otros países musulmanes para que no reconozcan a Israel parecen estar curiosamente fuera de lugar en el mundo moderno y pueden acabar siendo fácilmente un tiro por la culata. 
En los últimos meses, la Unión Europea ha invitado a Irán a reactivar nuestras vías de diálogo, celebrando sesiones tanto de diálogo amplio como sobre los derechos humanos. 
Espero firmemente que Irán se vuelva a comprometer a seguir estos procesos y aproveche la oportunidad de aclarar su posición, disipe los malentendidos y empiece a restaurar una confianza mundial gravemente dañada por las últimas declaraciones. 
Aunque hoy no sea el momento adecuado, podría hablar largo y tendido sobre los derechos humanos y las expectativas positivas creadas en un principio durante los primeros años de la presidencia del señor Jatamí, y después sobre la posterior tendencia negativa que, lamentablemente, ella misma ha fraguado. 
Urgen las mejoras y la Unión Europea obviamente no puede guardar silencio al respecto. 
Creo que deberíamos intentar construir puentes con el pueblo iraní y prefiero pensar que no todos los iraníes se identifican con las declaraciones y la postura de sus líderes. 
La libertad de expresión y de asociación en Irán están siendo erosionadas. 
Deberíamos seguir supervisando de cerca, por ejemplo, el trato de casos individuales como el del señor Akbar Ganji. 
Pero como dijo claramente el Consejo la semana pasada, la evolución de la relación a largo plazo, evitando un deterioro entre Irán y Europa, dependerá de la decisión por parte de Irán de abordar efectivamente todos los aspectos que preocupan a la Unión Europea. 
Esto incluye la actitud de Irán con respecto al proceso de paz de Oriente Próximo. 
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno iraní. 
Como condición previa esperamos que el Gobierno iraní ejerza un liderazgo responsable, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
Irán cuenta con notables activos históricos, culturales y geopolíticos, así como con inmensos recursos naturales y humanos. 
Esto conlleva responsabilidades especiales en el fomento de la paz y la estabilidad en un vecindario particularmente fluctuante. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, nuestro Grupo ha pedido este debate, y quiero agradecer cálidamente a los demás Grupos que lo hayan aceptado sin mayor problema. 
Lo que dijo el Presidente Ahmadineyad de Irán el 26 de octubre sobre borrar a Israel del mapa es tan monstruoso que debe ser condenado del modo más enérgico. 
Sabemos que el ayatolá Jomeini, que dirigió la revolución iraní, siguió una línea similar, pero estamos ahora todos muy agradecidos al ex Presidente Jatamí por haberse distanciado de ella. 
A Israel –que yo he criticado en varias ocasiones en esta Cámara– le decimos que, cuando algo afecta, como en este caso, de tal manera a la seguridad, estabilidad e integridad de Israel, entonces ese país goza de nuestro apoyo incondicional y que cualquier ataque a Israel o intento de desestabilizarla equivale a un intento de poner en peligro la civilización occidental y constituye una declaración de guerra a Europa y al mundo en general. 
El Gobierno iraní debe tomar nota de esto. 
Me decepcionan tanto los acontecimientos en Irán precisamente porque estuve pasando una semana entera en Irán cuando Ahmadineyad tomó posesión de su cargo y yo albergaba todavía la ilusión de que no todo sería tan malo como parecía. 
Sin embargo, es precisamente porque las cosas han tomado un giro tan siniestro por lo que quienes, con una gran dosis de buena voluntad, querían dar al nuevo Gobierno una oportunidad, hoy deben proclamar a los cuatro vientos: «¡Esto hay que cortarlo de raíz! » Y esa es la posición que debemos adoptar. 
Lo trágico es que ese comportamiento por parte de lo que debemos llamar el nuevo régimen iraní no ayuda para nada a quienes pretende ayudar, a saber, los palestinos. 
No son solo los israelíes quienes tienen derecho a vivir dentro de fronteras seguras; nosotros en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos hemos reconocido siempre ese mismo derecho también a los palestinos. 
Lo que el Presidente de Irán está haciendo pone en peligro todo el proceso de paz en Oriente Próximo, y esto son malas noticias no solo para Israel, sino también para la dignidad del pueblo palestino. 
Tras nuestras críticas a Ahmadineyad, he visto en la televisión alemana manifestaciones en Teherán, con hombres que llevaban cinturones suicidas, cosa que constituye en sí misma una incitación al terrorismo. 
Mientras estaba en Irán vi una revista en la que se incitaba a los jóvenes a alistarse como terroristas suicidas o luchadores por la libertad; los pueden llamar como quieran, pero sigue siendo una incitación al terrorismo. 
Ayer me contaron que los programas de televisión infantiles iraníes muestran a niños palestinos llevando dichos cinturones suicidas, por decirlo así, poniendo un ejemplo a los niños iraníes y alentándoles a alistarse voluntarios para este tipo de misiones suicidas. 
También ayer, un colega británico me dijo que dos personas en Irán habían sido ahorcadas en castigo por mantener relaciones homosexuales. 
Todo esto demuestra que lo que está pasando allí es una vuelta a lo peor de la Edad Media y tenemos que conseguir que los líderes iraníes vean el error de sus opciones. 
Tanto el Presidente en ejercicio del Consejo como la Comisaria Ferrero-Waldner han hablado del programa nuclear civil. 
Esto es algo a lo que Irán, por supuesto, tiene derecho, pero no goza de nuestra confianza y podemos estar prácticamente seguros de que el desarrollo de la capacidad nuclear civil llevará algún día a su uso para armas nucleares, que nosotros, como civilización europea y mundial, no podemos permitir que caigan en manos de personas cuya perspectiva puede considerarse medieval. 
Esta mañana he instado al Gobierno ruso, a través de uno de sus representantes, a hacer todo lo posible –ya que goza de cierta influencia en Irán– para conseguir por fin que haya transparencia en todas estas cuestiones que afectan a la energía nuclear; la Comisaria y el Presidente en ejercicio del Consejo han formulado exigencias similares. 
Tenemos que estar vigilantes en lo que afecta a Irán. 
Irán debe darse cuenta de que está echando por tierra su oportunidad de desempeñar un importante papel geográfico y estratégico. 
Irán tiene un importante papel que desempeñar en el proceso de paz en Afganistán, el proceso de paz en Iraq, en las relaciones con Siria, Israel, Líbano, y Palestina. 
Los iraníes son un gran pueblo, muchos de cuyos miembros no participaron en las elecciones porque se temían lo peor y no podían evitarlo. 
Hay gente de buena voluntad en Irán y no debemos olvidarlos. 
Irán necesita un buen futuro y es de esperar que su Presidente acabe dándose cuenta de que necesita adoptar un enfoque civilizado en sus tratos, tanto con las personas como con los Estados de todo el mundo. 
. – Señor Presidente, Señorías, también nosotros compartimos la necesidad de celebrar este debate, porque queremos que las graves declaraciones efectuadas por el Presidente iraní, el señor Ahmadinejad, sobre la existencia del Estado de Israel reciban una respuesta firme y unánime del Parlamento Europeo. 
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo considera que no se debe infravalorar la gravedad de lo sucedido, pues esas palabras se pronunciaron en un momento enormemente delicado de la situación en Oriente Próximo. 
En honor a la verdad, en los días siguientes pudimos escuchar por suerte las declaraciones del líder Jatamí, que apuntaban en una dirección muy diferente. 
En efecto, se expresó en contra de las cruzadas de todo tipo, en contra de la guerra y en contra de la violencia, calificándolas de inmorales. 
Volviendo a Oriente Próximo, por una parte han renacido las esperanzas de un proceso de paz que conduzca al nacimiento de un Estado palestino junto al Estado de Israel, que para nosotros nunca ha estado ni jamás estará en discusión. 
Por otro lado, sin embargo, sabemos que son muchos los enemigos de este proceso y que el terrorismo apoya de hecho a quienes no quieren una solución de esta trágica situación. 
La paz, la democracia, la libertad y la justicia social son los valores que queremos que se afirmen en Oriente Próximo y deseamos que Europa desempeñe un papel creciente en este sentido. 
Por tanto, acogemos con agrado que la Unión Europea haya asumido la responsabilidad del control de la frontera de Rafah, que esperamos pueda constituir en un futuro próximo una de las fronteras del Estado palestino. 
Irán es un gran país y no queremos que se aísle de la comunidad internacional. 
Al contrario, consideramos que las decisiones que tome, empezando por una clara e incontrovertible renuncia al armamento nuclear, pueden contribuir a la estabilización pacífica de toda la zona. 
Israel y Palestina están unidos por un mismo destino, y anular Israel equivale a anular Palestina. 
Digo esto porque ya es hora de desenmascarar a quienes, en nombre de la defensa de los derechos de los palestinos, contribuyen a alimentar su drama. 
A diferencia del Presidente Ahmadinejad, nosotros trabajaremos por añadir un nuevo Estado al mapa de Oriente Próximo. 
Por último, hagamos saber a Israel que Europa no puede olvidar el Holocausto, porque ello equivaldría a anular las razones mismas de su existencia como proyecto político. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me voy a hacer eco de algunas cosas que otros diputados han dicho antes que yo, pero creo que es importante demostrar que todos los Grupos en esta Cámara coinciden en la condena de los recientes acontecimientos de Irán. 
Irán es una cuna de la civilización y su aportación al patrimonio cultural, artístico, religioso, intelectual y científico de la humanidad es de un valor incalculable. 
Cuando Irán se convirtió en República Islámica, se aisló durante décadas. 
La Unión Europea ha encabezado la iniciativa para poner fin a este aislamiento y se ha iniciado un amplio debate sobre aspectos como las relaciones económicas, la cooperación internacional y los derechos humanos. 
Desde que el Presidente Ahmadineyad tomó posesión de su cargo, sin embargo, se ha producido un claro y perceptible retroceso en forma de condenas a muerte de menores de edad, renovadas persecuciones de periodistas y defensores de los derechos humanos y la retirada de 40 embajadores. 
Las recientes declaraciones del Presidente –que ha felicitado a los terroristas suicidas y ha dicho que Israel debe ser borrado del mapa– son incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas, merecen ser condenadas y son completamente inaceptables, no solo políticamente y desde el punto de vista del Derecho internacional, sino también, y sobre todo, desde un punto de vista humanitario y moral. 
El derecho de Israel a la existencia dentro de unas fronteras internacionalmente reconocidas y seguras, junto a un Estado palestino viable, no está en discusión. 
Irán haría bien en contribuir a una solución en Oriente Próximo y dejar de apoyar el terrorismo internacional. 
Las últimas declaraciones de su Presidente amenazan con precipitar a Irán, que es realmente un gran país, de nuevo al aislamiento y, en cualquier caso, impedirle desempeñar un papel destacado en su región. 
. – Señor Presidente, Señorías, mi Grupo, el de los Verdes, también celebra que vayamos a aprobar una resolución unánime por la que el Parlamento Europeo deje claro que quienquiera –no importa si es una organización o un Estado– que cuestione el derecho de Israel a existir o predique el odio hacia ese país no será secundado por esta Cámara y que semejantes actitudes se rechazan con firmeza. 
También la Comisión y el Consejo han descrito los serios problemas a que nos enfrentamos. 
Los discursos del Presidente Ahmadineyad dejan claro que los europeos no podemos hacer nada por impedir que un sembrador de odio movilice a miles de personas por todo el país; no es nuestra tarea, ni es nuestro campo de actividad, pero apelo sin embargo a los que están en el poder en Irán a que consideren si pueden desempeñar un papel positivo en la comunidad internacional prestando apoyando el derecho a existir tanto de Palestina como de Israel, en lugar de permitir que su Presidente haga de su rico país un paria internacional. 
De ahí mi llamamiento a los ciudadanos de Europa y a esta Cámara: tenemos que diferenciar. 
Irán es un país fascinante, con una sociedad joven y bien educada. 
También hay, en la sociedad iraní, organizaciones de mujeres activas que luchan por los derechos de las mujeres. 
Irán está representado también por un hombre como Akbar Gandji, cuya vida está en peligro porque se niega a someterse a la censura. 
Irán es también una sociedad llena de internautas y periodistas que intentan permanecer en contacto con nosotros y revelarnos la verdad sobre el régimen de su país. 
Irán es también el ganador del Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, que ha hablado ante esta Cámara. 
Irán es también el abogado Abdolfattah Soltani, a quien una vez invitamos a esta Cámara y que está ahora en la cárcel. 
Es a este otro Irán, entonces, al que debemos tratar de echar una mano. 
No vamos a cometer el error de romper los contactos con su sociedad civil ahora, de cerrarle la puerta. 
Eso es precisamente lo que personas como el Presidente Ahmadineyad quiere que hagamos, y esta es la razón por la que no debemos hacerlo. 
Nos hemos comprometido con los derechos humanos, con la paz y con la resolución pacífica de los conflictos. 
Ese es nuestro camino. 
Es solamente el diálogo... 
– Señor Presidente, el régimen iraní impide cualquier oposición dentro del país. 
Viola los derechos humanos y condena bárbaramente a muerte a personas ahorcándolas, etc. Se puede establecer una larga lista de los crímenes del régimen, pero por lo visto estos crímenes no le bastan a este régimen. 
Ahora, el Presidente iraní ha hecho declaraciones terribles sobre otro Estado. 
Ha hablado de aniquilar el Estado de Israel. 
Su comportamiento es, por supuesto, totalmente inaceptable y debe ser condenado por todos. 
Supongo que somos un Parlamento unido que apoya las condenas tanto de esta declaración como de las violaciones de derechos humanos del régimen iraní. 
Hay un peligro de que la declaración del Presidente dificulte enormemente la labor en pro de la paz en Oriente Próximo. 
Al mismo tiempo, tenemos que exigir que el Estado de Israel cumpla las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se retire inmediatamente de los territorios ocupados y que asuma su cuota de responsibilidad en la solución de dos Estados y así acepte finalmente un Estado independiente palestino con capital en Jerusalén Este. 
En este contexto tenemos que criticar también la construcción por parte del Estado de Israel de un muro en los territorios palestinos. 
Es un muro que, entre otras cosas, separa a los agricultores de sus tierras y a los alumnos de sus escuelas e impide a los enfermos acudir a los hospitales. 
Este muro debe también derribarse. 
. – Señor Presidente, Irán está desarrollando un programa nuclear que no necesita porque se asienta sobre un mar de petróleo. 
Ha sido claramente diseñado para dotar al país de armas nucleares. 
El Presidente de Irán opina que habría que borrar a Israel del mapa. 
La capacidad de Occidente para abordar la amenaza lanzada por Irán se ha visto gravemente limitada por la guerra de Iraq, una guerra en la que intervino el Reino Unidos debido a las mentiras y el engaño de nuestro Primer Ministro, el señor Blair. 
Todos esperamos que la situación de Irán pueda resolverse pacíficamente y sin duda alguna este es uno de esos casos en que Occidente tiene que hablar suavemente y llevar un gran garrote. 
Por desgracia, el garrote de Gran Bretaña –su ejército– se está fundiendo con la eufemísticamente llamada Identidad de Defensa Europea, es decir, un ejército europeo. 
Si se completa esta fusión se impedirá que en el futuro Gran Bretaña pueda embarcarse en acciones militares independientes. 
Pero una vez más la Unión Europea asume los atributos de un Estado político para abordar este problema y sus pretensiones reciben el apoyo incondicional de un Ministro del Gobierno de Su Majestad. 
Mientras tanto, este Parlamento sigue pidiendo a Francia y a Gran Bretaña que desmantelen sus fuerzas de disuasión nucleares independientes. 
Si así lo hicieran, dejaría de existir el garrote que en última instancia podría resultar necesario en cualquier negociación con Irán. 
. – Señor Presidente, Señorías, las manifestaciones de odio y violencia propaladas por el Presidente iraní con vistas a borrar del mapa al Estado de Israel representan una amenaza para todo el mundo civilizado. 
Irán es un país de 68 millones de habitantes y una superficie de 1,7 millones de kilómetros cuadrados y es un importante productor de petróleo. 
Su Presidente actual está intentando convertirlo en un Estado que representa la forma más extrema del fundamentalismo islámico, que apoya o no condena actos terroristas y se dispone a producir energía nuclear sin el respaldo de la comunidad internacional. 
Si el Presidente iraní no cambia de forma clara su postura, representará una amenaza no solo para Israel y la región, sino también para todos nosotros, para la paz y para la democracia. 
Hay que responder a esa amenaza del modo más enérgico. 
Hay que impedir el rearme nuclear unilateral de Irán, de acuerdo con nuestra Resolución de 13 de octubre de 2005 y con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 7 de noviembre. 
Debemos encontrar además una solución diplomática que disipe las preocupaciones legítimas por el programa nuclear iraní. 
Si esta amenazadora tendencia de la política iraní no se detiene, tendremos que hablar con resolución de consecuencias diplomáticas y económicas, porque las declaraciones de incitación a la violencia contra un Estado democrático y soberano suponen un peligro para toda la comunidad democrática. 
Como instituciones, sin embargo, deberíamos seguir alentando las relaciones con la población. 
Manifestamos nuestra máxima solidaridad con el Estado de Israel, que ha recibido testimonios de apoyo también de aquella parte del mundo islámico que rechaza el terrorismo, y que ha recibido el apoyo espontáneo de los ciudadanos de muchos de nuestros países. 
La búsqueda de una paz duradera pasa por una firme condena y por las necesarias y consiguientes acciones contra todos aquellos que instiguen el odio y la violencia. 
Pedimos que nuestras instituciones estén también más atentas a los movimientos de la oposición en Irán, que denuncian los métodos de un régimen violento y represivo incluso contra su propio pueblo. 
. Señor Presidente, otra vez hemos mantenido un debate de gran calidad sobre un tema importante, parecido a la última vez que tuvimos oportunidad de hablar sobre estos asuntos en esta Asamblea. 
Una serie de oradores, entre ellos la Comisaria y el señor Poettering, han subrayado el significado que tiene la declaración del Presidente iraní para el proceso de paz de todo Oriente Próximo, con lo que estoy de acuerdo. 
Los comentarios del Presidente Ahmadinejad han causado preocupación por el papel de Irán en el conjunto más amplio de la región y, de hecho, por sus futuras intenciones. 
El hecho de que estos comentarios se hicieran el mismo día en que hubo el horrible atentado contra ciudadanos israelíes debería reafirmarnos a todos en la lección de que la incitación a la violencia y el terrorismo que alimenta son infames e inaceptables. 
Francamente está claro qué debe hacer Irán. 
Ha de repudiar a los grupos que emplean el terror y la violencia, incluida la aborrecible propaganda que ha mencionado el señor Poettering, y apoyar una solución de la cuestión palestina basada en el principio de dos Estados que conviven en paz y con seguridad. 
No hay motivo para que un sistema político islámico como el de Irán deba negar derechos democráticos fundamentales, como la libertad de elección y de expresión, y no vale ninguna excusa para que cualquier sistema incumpla los derechos humanos, como han dicho varios oradores en el curso de sus intervenciones en este debate. 
En cuanto a la cuestión nuclear más amplia, Irán ha de dar garantías objetivas de que su programa nuclear solo persigue fines pacíficos. 
Los Gobiernos de la Unión Europea están celebrando consultas entre sí y con otros socios fundamentales, como los Estados Unidos, Rusia, China, la India y Sudáfrica, acerca de los próximos pasos a dar. 
Todos esperamos que Irán vuelva a suspender la actividad de conversión de uranio que acordó el año pasado y que el propio Consejo del OIEA ha declarado esencial para restablecer la confianza, y exhortamos a Irán a que regrese a las conversaciones sobre medidas a largo plazo basadas en el acuerdo de París. 
El 7 de noviembre, como han mencionado algunos oradores, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea reafirmaron el apoyo por parte de la Unión a una solución diplomática a las inquietudes internacionales en torno al programa nuclear de Irán, que debería incluir un acuerdo sobre medidas a largo plazo. 
Una solución así debería contribuir a crear el clima que consideramos necesario para mejorar la relación con Europa en general y con el conjunto de la comunidad internacional. 
Naturalmente, trabajar y comprometerse con Irán es un desafío, pero debemos hacer lo posible por abordarlo en las semanas y meses cruciales que nos aguardan. 
Nosotros preferimos establecer una relación mutuamente beneficiosa, basada en la cooperación y en nuestros intereses comunes, porque Europa quiere que Irán aproveche su potencial y que crezca y prospere. 
Si duda alguna esto es lo que merece su joven población y, por ello, tal y como ha dicho la señora Beer, es importante abrir los vínculos para que el otro Irán, como lo han llamado –la sociedad iraní más abierta a la que se han dirigido hoy los oradores–, pueda celebrar los esfuerzos que se están haciendo por mantener el diálogo, sin duda por parte de la Comisión y de otros. 
Pero una relación de este tipo también exigirá abordar las principales preocupaciones de la Unión Europea, incluida, por supuesto, la proliferación nuclear y los derechos humanos. 
Para concluir, en nombre de la Presidencia, permítanme simplemente decir lo siguiente: Irán se encuentra en una coyuntura crítica. 
El mundo espera ver cómo su nuevo Gobierno afronta las importantes decisiones que ha de tomar en las próximas semanas, meses y años. 
Desde el punto de vista de la Unión Europea, seguiremos animando a Irán a que aborde las preocupaciones internacionales en torno a su política y sus declaraciones. 
Espero que Irán lo haga y que sus relaciones con el mundo en general y la Unión Europea en particular puedan, por tanto, evolucionar en la dirección que a mi juicio desea esta Asamblea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día se procede al Turno de preguntas al Consejo (B6-0339/2005). 
¿Cómo evalúa el Consejo las repercusiones de los acuerdos bilaterales e internacionales y de las obligaciones de la Unión Europea en la evolución del mercado europeo en materia de deslocalizaciones y reestructuraciones de empresas, en particular en las regiones insulares, agrícolas y periféricas de la UE? 
¿Existen previsiones sobre las reestructuraciones de empresas y sobre la futura evolución económica y laboral en cada sector del mercado y en cada tipo de puesto de trabajo en estas regiones? 
¿Mediante qué mecanismos piensa asegurar el desarrollo sostenible de estas regiones, el mantenimiento de su tejido social, en particular la adaptación de los trabajadores a nuevos empleos, y la programación de la formación de las nuevas generaciones? 
. Señor Presidente, soy consciente de que al hablar a sus Señorías también lo ha hecho, sin duda alguna, a la Presidencia, y por tanto intentaré que mis respuestas tengan la brevedad apropiada, dado el número de preguntas que se nos han formulado. 
En respuesta a la pregunta nº 1 diré que la evaluación del impacto de los acuerdos internacionales sobre los traslados y reestructuraciones de empresas no es competencia del Consejo. 
El Consejo no tiene ninguna previsión sobre la reestructuración de empresas. 
El Fondo Social Europeo es la principal herramienta con que la Unión Europea apoya las políticas de empleo de los Estados miembros en el marco de la estrategia europea de empleo. 
Creado por el Tratado de Roma, es el Fondo Estructural más antiguo. 
El Fondo Estructural respalda medidas encaminadas a mejorar las oportunidades de empleo y a desarrollar recursos humanos y la integración en el mercado laboral a fin de promover un elevado nivel de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, el desarrollo sostenible y la cohesión económica y social. 
Además, el Consejo impulsará el debate de las propuestas de la Comisión de crear un fondo de ajuste para la mundialización, que podría ayudar a los afectados por la reestructuración económica. 
El desarrollo rural también contribuye a la disponibilidad de financiación de la Unión Europea, paralela a la financiación nacional, para el desarrollo de las zonas rurales. 
Entre 2007 y 2013, este dinero se centrará en el aumento de la competitividad de la agricultura, la alimentación y la silvicultura europeas, la gestión de la tierra y el medio ambiente, la calidad de vida y la diversificación en las zonas rurales. 
De este modo, el Fondo Estructural Europeo y la financiación del desarrollo rural proporcionan las herramientas que ayudan a los trabajadores a ajustarse a las situaciones mencionadas por su Señoría. 
– Señor Presidente, quisiera preguntar al representante del Consejo si el fondo de reestructuración tendrá fondos específicos y si la Presidencia británica ya ha usado el método abierto de coordinación para hacer nuevas propuestas para la gestión de las reestructuraciones. 
. Empezaré por el aspecto básico, que es, claramente, la supeditación del nivel de financiación a la conversación más amplia sobre la futura financiación de la Unión Europea. 
A lo largo de la tarde hemos celebrado un debate largo y útil que, aunque aparentemente centrado en la reunión informal en Hampton Court de los Jefes de Gobierno, en realidad ha derivado en la cuestión de la futura financiación. 
Simplemente quiero reiterar los aspectos planteados por el Ministro de Exteriores cuando ha dicho antes esta tarde que nuestros esfuerzos por llegar a una conclusión en los debates sobre la futura financiación en el curso de la Presidencia británica son sinceros. 
No obstante, los datos específicos de programas concretos dependen naturalmente de la resolución de dicha cuestión. 
¿Qué incidencia puede tener sobre el mercado interior la adopción de medidas nacionales divergentes sobre fiscalidad del tráfico aéreo de personas y qué medidas cabe adoptar para armonizar esas medidas? 
. Los datos relativos al efecto sobre el mercado internacional de las medidas nacionales para fiscalizar el tráfico aéreo de personas son limitados. 
Si los Estados miembros aprobaran medidas nacionales para fiscalizar el tráfico aéreo de personas que fueran incompatibles con el mercado interior, la Comisión podría proponer medidas y el Consejo aprobarlas previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, de acuerdo con el artículo 93 del Tratado por el que se establece la Comunidad Europea. 
Sin embargo, sigue siendo un derecho de los Estados miembros establecer tipos impositivos de acuerdo con sus propias circunstancias nacionales. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por su contestación. 
La pregunta, sin embargo, versa sobre la incidencia que la introducción de cualquier tipo de fiscalidad sobre el tráfico aéreo de personas va a tener en el mercado interior. 
Usted es de una isla, yo también; esta medida, aunque no afectaría a los países que solo tienen una estructura continental, sí afectaría, y muy negativamente, a las regiones insulares y, sobre todo, a aquellas que están muy alejadas del núcleo central de la Unión Europea. 
Por tanto, este es un tema que probablemente merezca la consideración del Consejo, de acuerdo con la Comisión. 
. Sin duda no quiero dejar la impresión en esta Cámara de que de alguna manera el Reino Unido por su geografía está aislada del núcleo central de la Unión Europea. 
De hecho, espero que muchos de nuestros esfuerzos durante el curso de la Presidencia hayan desmentido esa impresión. 
Tal y como propuse en mi respuesta inicial, los Tratados prevén que la Comisión adopte medidas cuando lo estime necesario. 
Sin embargo, sigue correspondiendo a los Estados miembros individuales adoptar decisiones en relación con la fiscalización, como he intentado declarar. 
Si su Señoría sugiere que es preciso adoptar más medidas en el ámbito de los Estados miembros o escala europea, no estoy seguro de que esto se refiera necesariamente a cuestiones de fiscalidad distintas de otras soluciones políticas posibles de los problemas que dice haber detectado. 
– Gracias, señor Presidente. 
Creo que sería un error que siguiéramos examinando esta cuestión estrictamente desde el punto de vista de los impuestos; también debemos mirarla desde la perspectiva de la libre circulación de personas y servicios, dos de las libertades esenciales de la Unión Europea. 
Comprar un billete de Malta a Bruselas cuesta unos 104 euros si se consigue un buen precio; los impuestos y recargos ascienden a 126 euros, es decir, el 121 % del precio; entre Malta y Londres, el 200 % del precio son impuestos y otras «cargas». 
Tenemos que tomarnos esto en serio, no es posible que viajar, especialmente desde lugares remotos y aislados, se considere en modo alguno una forma de lujo. 
Si no podemos ir al «continente Europa» en coche, ¿qué podemos hacer entonces, nadar? 
Esto significa que tenemos que examinar esta cuestión desde la perspectiva de la libre circulación. 
. Simplemente quiero reiterar la cautela que he destacado antes respecto de la competencia legítima del Consejo en esta materia. 
Como he dicho, está previsto que la Comisión adopte medidas en circunstancias especiales, y el señor Muscat tiene razón al reconocer que la libre circulación de servicios es un elemento del Tratado de Roma original. 
No obstante, a fin de contrarrestar la interpretación bastante negativa que ha hecho de la posición actual con respecto a las tarifas aéreas en un Estado miembro en particular, es importante reconocer que algunas de las medidas adoptadas en el ámbito de la Unión Europea en los últimos años han propiciado caídas muy drásticas del precio de los billetes que se cobran a los ciudadanos de la Unión Europea para viajar a cualquier lugar de la Unión Europea. 
Esta mañana he tenido la oportunidad de viajar a Budapest para conocer de primera mano que actualmente existen diecisiete vuelos diarios entre una serie de aeropuertos regionales del Reino Unido y Hungría. 
Esto habría sido inconcebible hace unos años, y la Unión Europea merece un reconocimiento por su contribución a la creación de nuevas oportunidades de viajar que se brinda a muchos ciudadanos, que las han disfrutado en los últimos meses y años. 
– El mes pasado formulé una pregunta para esta sesión del Turno de Preguntas al Consejo sobre un asunto relacionado, el impuesto sobre el queroseno en la Unión Europea. 
En respuesta a la pregunta de cuál era la posición del Consejo con respecto al impuesto sobre el queroseno en la Unión Europea, se me dijo que, como no se había recibido propuesta alguna de la Comisión, el Consejo no podía adoptar una posición. 
Tengo aquí pruebas documentales de que la Comisión ha presentado propuestas al Consejo. 
Al final, la cuestión se debatió en el Consejo bajo la Presidencia de Luxemburgo, antes de la Presidencia británica, debate al que seguramente asistieron los Ministros británicos. 
¿Podría la Presidencia del Consejo, por favor, decirme si se trata de un caso de incompetencia o es que existe un plan secreto para introducir un impuesto sobre el queroseno? 
. Puedo asegurar a su Señoría que no existe ningún plan secreto por mi parte. 
Por otro lado, si quisiera compartir conmigo la información que hoy ha esgrimido ante esta Asamblea, examinaré sin duda alguna la cuestión que ha planteado y me aseguraré de que se le haga llegar una respuesta. 
¿Por qué no han firmado todos los Estados miembros de la UE el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, en el que se alienta a considerar a las personas objeto de la trata principalmente como víctimas en lugar de como inmigrantes ilegales? 
¿Está ofreciendo el Reino Unido, como país que ocupa la Presidencia, un buen ejemplo? 
. El Consejo no está en condiciones de facilitar información sobre la situación de las decisiones de los Estados miembros individuales con respecto a la firma de la Convención del Consejo de Europa relativa al tráfico de seres humanos. 
Hasta la fecha, cinco Estados miembros de la Unión Europea han firmado la convención: Austria, Chipre, Polonia, Portugal y Suecia. 
Ningún Estado miembro ha ratificado la convención. 
Es preciso señalar que parte de la convención es competencia de la CE y, por tanto, la CE tendrá que firmarla y ratificarla. 
Actualmente, el Consejo está estudiando un plan de acción sobre el tráfico de seres humanos para desarrollar un enfoque exhaustivo y estratégico de la Unión Europea a este respecto. 
El plan de acción se basará en la conferencia celebrada los días 19 y 20 de octubre, «Abordar el tráfico de seres humanos: política y buenas prácticas en Europa» , organizada por la Presidencia del Reino Unido, la Comisión y Suecia. 
– Esto no es suficiente. 
La reciente Comunicación de la Comisión decía que la protección de las víctimas es la máxima prioridad, pero los Estados miembros tienden a meter en el mismo saco el tráfico y la inmigración ilegal, y prefieren condicionar la protección de las víctimas a su actuación como testigos. 
Por esto no les gusta la convención. 
El consejo que mis colegas y yo recibimos de la policía es que las víctimas cooperarán con la policía voluntariamente cuando ellos y sus familias estén seguros. 
La policía teme que una política de deportación de víctimas como inmigrantes ilegales o de condicionamiento de la asistencia socave la posibilidad de un procesamiento judicial efectivo de los traficantes. 
Hace poco, el señor Blair dijo que se necesitan motivos de peso para girar la cabeza y decir «no» a la policía. 
¿Por qué 17 Primeros Ministros de la Unión Europea, y ahora me dice usted que en realidad son 20 Primeros Ministros, incluido Tony Blair, dicen que «no» a la policía al negarse a firmar esta convención? 
. En primer lugar, quiero repetir a su Señoría la cuestión que he planteado al principio de que no me corresponde a mí, que represento a la Presidencia hoy en este debate, hablar sobre la toma de decisiones de esos 20 Primeros Ministros que ella menciona. 
Sin embargo, malamente puede sugerir que existe una refundición entre la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos cuando la conferencia que he mencionado sobre este importante asunto del tráfico de personas se tituló «Abordar el tráfico de seres humanos: política y buenas prácticas en Europa». 
Este asunto, como ya he dicho, lo planteó la Presidencia británica y, por tanto, la acusación que parece lanzar de que de alguna manera existe una profunda y perpetua confusión entre la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos parece, sobre todo por el título de la conferencia, insostenible a la vista de las pruebas. 
– Al hilo de este asunto, creo que el motivo de por qué mi colega ha dicho lo que ha dicho es porque la Presidencia del Reino Unido parece considerarla una cuestión de seguridad y estabilidad en lugar de una cuestión de derechos humanos. 
Además de lo que ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, ¿podría intentar garantizar que los debates del Consejo sobre el plan de acción de la Unión Europea en torno al tráfico sean de dominio público, ya que en estos momentos no disponemos de ningún dato al respecto? 
¿Podría, además, asegurarnos que el plan de acción de la Unión Europea contenga al menos las normas mínimas que recoge la Convención de la Unión Europea contra el tráfico? 
. Permítanme asegurarle a su Señoría que los objetivos de la Convención relativa al tráfico de seres humanos cuentan con un amplio respaldo y que los Estados miembros de la Unión Europea desean que una acción concertada aborde de raíz lo que es sin duda un comercio detestable, para proteger y apoyar a las víctimas que ha mencionado ella y llevar a los responsables ante la justicia. 
Puedo asegurar a su Señoría que para el Reino Unido, que ahora ejerce Presidencia de la Unión Europea, su tarea prioritaria es combatir el tráfico de seres humanos, y que el Plan de Acción de la Unión Europea de buenas prácticas, normas y procedimientos para combatir e impedir el tráfico de seres humanos ha constituido el centro de nuestros esfuerzos. 
No hemos celebrado una, sino dos conferencias sobre este asunto Ese plan de acción, se lo aseguro, aborda todo el ciclo del tráfico de seres humanos y, específicamente, reconoce la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en la víctima. 
Por tanto, espero que con la única respuesta que he sido capaz de ofrecer, algunas de sus preocupaciones en torno al enfoque que ha adoptado la Presidencia británica en torno a esta importante cuestión resulten ser infundadas. 
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo son favorables a la eliminación de las directrices relativas a las cantidades de tabaco y alcohol procedentes de otro Estado miembro que los consumidores pueden introducir en su propio país para uso personal. 
¿Qué esfuerzos está realizando la Presidencia para convencer al Consejo de que elimine estas directrices y permita a los compradores ejercer plenamente sus derechos en el mercado interior? 
. La supresión propuesta de las cantidades indicativas de productos de tabaco y de alcohol constituye uno solo de los elementos de la correspondiente propuesta de la Comisión por la que se que se modifican los acuerdos sobre productos sometidos a impuestos de consumo. 
La cantidades indicativas son un indicador importante de si la cantidad de productos sujetos al impuesto que se cruzan las fronteras va a utilizarse con fines comerciales o son de consumo privado por parte de personas no sujetas al impuesto. 
Por sí mismas no constituyen un obstáculo a los derechos de los compradores transfronterizos. 
Desde que se transmitió al Consejo, la propuesta de la Comisión se ha discutido en varias ocasiones en los organismos pertinentes, sin que haya indicios que los Estados miembros vayan a pactar la abolición de los niveles mínimos indicativos. 
Por tanto, la Presidencia no cree que seguir hablando de esta cuestión sirva para algo. 
– ¿No está el Presidente en ejercicio del Consejo de acuerdo conmigo en que un mercado único de la Unión Europea, donde los productos, las personas, los servicios y el capital pueden circular tan libremente entre fronteras europeas como lo hacen en los Estados miembros, es un objetivo político vital? 
¿Estará de acuerdo conmigo en que deberíamos preferir la competición fiscal entre Estados miembros a la armonización de tipos impositivos en toda la Unión Europea? 
Sí está de acuerdo, ¿puede ver alguna justificación de límites o directrices con respecto a cuántos productos sujetos a impuestos pueden llevarse nuestros ciudadanos cuando cruzan nuestras fronteras? 
. Es alentador escuchar en esta Cámara un punto de vista tan diferente de algunas de las acusaciones normalmente lanzadas en contra de los británicos y la Presidencia británica. 
La libre circulación de productos y servicios, por supuesto, está reflejada en los Tratados originales de la Unión Europea, y uno de los objetos de nuestro trabajo durante nuestra Presidencia ha sido la culminación del mercado interior. 
Hemos intentado, y seguimos intentándolo, avanzar en materia de servicios. 
En efecto, los países que a veces en el pasado han puesto en duda nuestras credenciales proeuropeas han estado entre las voces más críticas con nuestros esfuerzos por avanzar en los debates relativos a la cuestión de los servicios. 
En cuanto a la cuestión concreta que ha planteado el orador en relación con la compra transfronteriza, permítanme decir simplemente que la Presidencia apoya plenamente los derechos de los compradores transfronterizos. 
Sin embargo, al mismo tiempo estamos comprometidos con el control de quienes abusan de las libertades que, de lo contrario, disfrutarían los ciudadanos de toda la Unión Europea. 
Estamos decididos a abordar los abusos que se hagan de las libertades en el mercado único por parte de quienes se dedican a actividades ilegales, como el contrabando. 
Por tanto, es esencial establecer niveles orientativos para ayudar a las autoridades aduaneras a distinguir entre verdaderos compradores transfronterizos y contrabandistas. 
En cuanto al asunto más general con el que ha concluido su intervención, el buen ejemplo dado esta tarde por el Ministro de Exteriores con respecto a los límites de armonización en la Unión Europea es un reflejo elocuente de la opinión que tiene el Gobierno británico sobre el equilibrio apropiado entre armonización y competición en la Unión Europea. 
– ¿Estaría de acuerdo el Presidente en ejercicio en que las directrices son precisamente eso, directrices, y que si las personas pueden demostrar que la cantidad importada es para consumo privado, entonces, aunque rebasen las directrices, no estarán incumpliendo la ley? 
Además, ¿estará de acuerdo en que las directrices existen para garantizar que el mercado único funcione en este ámbito y que, si no tuviéramos las directrices, el mismo objetivo que persigue el señor Purvis se debilitaría, porque las directrices sirven para poner coto a los abusos que ha mencionado el Presidente en ejercicio del Consejo? 
. Puedo asegurar a su Señoría que nos hemos tomado en serio el tipo de abuso del que habla con tanta elocuencia. 
Desde el punto de vista del Reino Unido, más que desde el de la Presidencia, en el Reino Unido contamos con los niveles orientativos más exigentes de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Al igual que todos los Estados miembros, imponemos sanciones a quienes introducen productos sujetos a impuestos que no están destinados al consumo privado con la intención –justamente la que menciona su Señoría– de esquivar el impuesto que de lo contrario deberían pagar. 
En mi opinión, estas sanciones son proporcionales a la naturaleza del delito. 
Por tanto, tiene razón al reconocer que las directrices son justo eso. 
El Gobierno del Reino Unido intenta obligar a muchas mujeres británicas a abandonar el país para reunirse con sus cónyuges a los que se ha denegado el derecho de residencia. 
Se les dice que es seguro vivir en países como Iraq, Irán, Afganistán, Congo y Burundi que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico o el Departamento de Estado de los EE.UU. consideran peligrosos para visitantes occidentales y en los que se violan los derechos humanos. 
¿En qué medida es compatible esta práctica con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente el derecho a una vida familiar, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea? 
. El Consejo nunca ha debatido esta cuestión y no es competencia suya. 
– He de decir que la falta de justificación jurídica desde el punto de vista del derecho de la Comunidad Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos es penosa. 
Poco es lo que me tranquiliza con respecto al bienestar de mis electores. 
El Presidente en ejercicio del Consejo sabrá que, desde febrero de 2005, las personas que no son nacionales de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo han de obtener un permiso del Ministerio de Interior para poderse casar en el Reino Unido. 
Por tanto, estamos hablando de un número limitado de parejas. 
¿Estaría dispuesto el Presidente en ejercicio del Consejo al menos a transmitir a las personas que trabajan en el Ministerio de Interior mi petición de que se garantice la amnistía a dichas parejas, por lo menos cuando se reconozca que es una relación auténtica y duradera, y de que se renuncie al requisito de viajar al país de origen a fin de solicitar la suspensión de la residencia conyugal? 
. Puedo asegurar a su Señoría que me preocupan el bienestar y los intereses de sus electores, sobre todo porque compartimos algunos de ellos, siendo como soy representante de los electores de Paisley y Renfrewshire South de Escocia. 
Respeto su experiencia, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, pero simplemente quiero mencionar lo que me parece una cuestión obvia, es decir, que mis responsabilidades de hoy no consisten en explicar o articular la posición del Gobierno británico con respecto a esta cuestión política concreta, sino, en su lugar, perfilar la posición de la Presidencia de la Unión Europea que en estos momentos está en manos del Reino Unido. 
Por tanto, me quedaría plenamente satisfecho si su Señoría deseara escribirme sobre una base bilateral en torno a los aspectos específicos que ha planteado a fin de que podamos garantizar que se remita una respuesta al Ministerio de Interior del Reino Unido. 
Pero no quiero profundizar más, dado que realmente no es el objeto apropiado de nuestros debates en esta Cámara esta tarde. 
– Me he dado cuenta de que con respecto a la cuestión de las directrices sobre el alcohol, el Ministro ha mencionado la práctica del Reino Unido, por lo que estoy segura de que puede hacer lo mismo en torno a esta cuestión: ¿no desentona esta práctica del Reino Unido con las normas de libre circulación de la Unión Europea con respecto al concepto en gestación de la ciudadanía europea? 
Si una de mis electoras, amparada por la nueva ley y cuya boda ha sido aceptada por el Gobierno, se marcha a Francia, tendría derecho a trasladarse junto con su marido. 
Así, el extraño efecto que produce es que las parejas consiguen una protección mayor de su derecho a la vida familiar en cualquier país de la Unión Europea antes que en el suyo propio. 
En todo esto hay una gran dimensión europea, por lo que considero válido pedir al Ministro del Reino Unido que responda como Presidencia. 
. Bien, señor Presidente, ha sido un valiente intento en las preguntas suplementarias de conducirnos a un debate sobre la política interior de Gran Bretaña, pero creo que la respuesta apropiada, y verdaderamente respetuosa con esta Cámara, es centrarnos en las cuestiones que han sido planteadas al responder como Presidencia. 
Ya he hecho una oferta a una colega parlamentaria de su Señoría de que si desea escribirme directamente a mí haré que la carta se transmita al Ministerio de Interior del Reino Unido, pero creo que, sobre todo por el tiempo limitado de que disponemos durante el Turno de Preguntas, es importante que nos centremos en las preguntas al Consejo en esta fase, en lugar de seguir lo que es un debate apropiado dentro del Estado miembro en cuestión. 
El 25 de septiembre de 2005, el Ministerio de Información chino publicó disposiciones sobre la difusión de información por Internet. 
Dicha información no ha de incitar a la participación en reuniones ilegales, ni a la pertenencia a las mismas, ni a la participación en demostraciones ilegales que perturben el orden público. 
La nueva legislación afecta tanto a los sitios web como al correo electrónico. 
Se trata de evitar la difusión de toda información (noticias, comentarios) que no hayan sido revisados y filtrados por el régimen. 
Los portales Internet tienen la obligación de sacar todas las noticias y comentarios de las fuentes oficiales. 
En lo que al correo electrónico respecta, todas las agrupaciones privadas y los particulares deben registrarse previamente como «organización informativa» , y sólo entonces pueden proceder a la difusión de noticias y de los análisis de las mismas. 
Antes de que se adoptara dicha legislación, Zheng Yichun fue condenado el 22 de septiembre de 2005 a siete años de cárcel por haber abogado por Internet en favor de reformas políticas. 
¿De qué manera piensa abordar el Consejo esta nueva violación por parte del Gobierno chino del derecho fundamental a la libertad de expresión? 
¿Planteará el Consejo en detalle el caso de Zheng Yichun para insistir sobre su liberación? 
. En respuesta a la pregunta nº 6, el Consejo comparte las preocupaciones de su Señoría en relación con las restricciones de la libertad de expresión, incluso en Internet, en China. 
Hace poco la Unión Europea expresó estas preocupaciones en el contexto del diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y China, que se celebró en Pekín los días 24 y 25 de octubre de 2005. 
La Unión Europea también ha planteado repetidamente esta cuestión en otras reuniones bilaterales, incluso en el más alto nivel. 
Con vistas a que China firme e inicie el proceso de ratificación del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, es muy importante que se garantice la libertad de expresión de acuerdo con las normas internacionales. 
Por tanto, el artículo 19 de dicho Convenio ha sido el tema de un reciente seminario jurídico de académicos y profesionales de la Unión Europea y China que tuvo lugar en Pekín en junio de 2005 en el contexto de este diálogo. 
Las recomendaciones conjuntas que salieron de ese seminario se entregaron a China durante el último diálogo. 
En el marco del diálogo y en el contexto de las directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, la Unión Europea ha planteado a las autoridades chinas una serie de casos de personas encarceladas por expresar pacíficamente sus opiniones, solicitando más datos sobre su futuro y presionando a favor de su liberación. 
– Señor Presidente, aunque estoy por supuesto agradecido al Consejo por esta respuesta, no me puedo quitar de encima la impresión de que el Gobierno chino, al margen de algunas declaraciones benévolas, hace muy poco en concreto. 
Tengo la impresión de que el Consejo y la Unión Europea están, hasta cierto punto, aplicando un doble rasero y que a China le consienten muchas cosas a cuenta de su fuerza numérica y de nuestro claramente enorme interés económico en ella. 
Creo personalmente que el Consejo debe adoptar una política más dura, más basada en fuertes principios y más valiente, en la que se tengan en cuenta los derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión, y quisiera pedir, si es posible, que se revise el caso específico que he mencionado y quizás, en este caso específico, se contacte con las autoridades chinas. 
. La pregunta complementaria va más allá de ese caso concreto y de la preocupación por la censura en Internet y plantea si existe una respuesta efectiva a las peticiones de la Unión Europea y sus conversaciones con China en relación con los derechos humanos. 
Nos enfrentamos a la decisión fundamental de si el aislamiento de un país con el que discrepamos en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos es la forma correcta de proceder. 
La Unión Europea ha opinado siempre que la mejor forma de promover el tipo de cambio que estoy seguro que todos los diputados al Parlamento Europeo desean ver, es por medio del diálogo estructurado y la participación. 
Por ejemplo, gracias al diálogo se ha conseguido que China participe más en los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, como con la ratificación en marzo de 2001 del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
China recibió al Representante Especial de Educación de la Unión Europea en 2003 y al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en 2004, y todos esperamos que este año reciba al Ponente Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura. 
Puedo asegurar a su Señoría que el diálogo es muy fluido y muy franco y que, como he querido reflejar en mi respuesta inicial a esta pregunta, se trata de un diálogo que está teniendo lugar no solo entre funcionarios, sino también con contactos del más alto nivel entre la Unión Europea y China. 
En el transcurso de esta semana, el Tribunal de Cuentas deberá presentar su Informe Anual sobre las actividades del Presupuesto de la UE. 
En los últimos diez años, el Tribunal de Cuentas no ha sido capaz de otorgar una declaración de fiabilidad (DAS) satisfactoria. Esto es inadmisible. 
¿Qué medidas adoptará la Presidencia del Reino Unido para rectificar esta situación nada satisfactoria? 
¿Garantizará ahora el Consejo que para el próximo ejercicio se podrá contar con una declaración de fiabilidad positiva para las actividades del Presupuesto de la UE? 
. El Consejo comparte la preocupación expresada por su Señoría respecto al hecho de que en los últimos 11 años el Tribunal de Cuentas Europeo no haya sido capaz de otorgar, en sus informes anuales, una declaración de fiabilidad como garantía razonable de la legalidad y la regularidad de la mayoría de las transacciones subyacentes. 
Ahora bien, en lo que respecta a las cuentas de 2004, el Tribunal sí que ha podido asegurar la legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes a las ayudas de preadhesión, así como a los recursos propios y la administración. 
Por primera vez, el Tribunal ha podido concluir que el Sistema Integrado de Administración y Control (SIAC) ha reducido el riesgo de cometer errores en la mayor parte del gasto agrícola hasta un nivel aceptable. 
Puedo asegurar a la Cámara que el Consejo ha dado siempre una gran importancia a esta cuestión y ha expresado reiteradamente su preocupación por el número de errores en las transacciones subyacentes a los pagos y por las deficiencias del sistema de control. 
Como sabrán sus Señorías, el Consejo ha examinado la reciente comunicación de la Comisión sobre un plan de trabajo para crear un marco integrado de control interno, que forma parte del proceso para conseguir una declaración de fiabilidad positiva. 
El panel de expertos creado por la Presidencia británica y la Comisión ayudó a elaborar un primer documento con las conclusiones del Consejo sobre esta cuestión. 
El Consejo aprobó dichas conclusiones el 8 de noviembre de 2005, confirmando que la obtención de una declaración de fiabilidad positiva es el objetivo de la Unión Europea y ofreciendo una serie de recomendaciones para la acción a la Comisión y a los Estados miembros. 
El Consejo considera que esas conclusiones constituyen un paso importante hacia la obtención de una declaración de fiabilidad positiva y seguirá apoyando los esfuerzos de la Comisión para contribuir activamente a mejorar la gestión financiera de la Unión Europea a todos los niveles, pero la decisión corresponde en última instancia al Tribunal de Cuentas. 
. – Acepto que en su respuesta reconozca usted que se han realizado algunas mejoras, pero espero que la Presidencia acepte también que a pesar de tantas recomendaciones para la acción como ya hemos tenido, esa acción ha sido más bien escasa. 
Muy brevemente, la nota informativa del Tribunal de Cuentas Europeo dice en su página 7 que se han retrasado las adaptaciones y validaciones necesarias para asegurar la plena aplicación del nuevo marco contable. 
¿Por qué y por cuánto tiempo? 
En la página 8 concluye que el gasto de la PAC sigue viéndose materialmente afectado por errores. 
¿Por qué? 
Añade también que en política interior persistirá el riesgo de errores salvo que se modifique el marco jurídico. 
¿Se modificará dicho marco y cuándo? 
Todos debemos reconocer que esos problemas no son culpa de la Presidencia. 
¿Pero aceptará la Presidencia que tiene la responsabilidad de presionar para que se actúe sobre la base de esas recomendaciones y sería posible que me respondiera por escrito a las cuestiones concretas que acabo de formular? 
. Puedo asegurar a su Señoría que nos tomamos muy en serio estas cuestiones. 
En efecto, en su intervención ante esta Cámara, mi colega el Ministro de Asuntos Exteriores ha dejado claro esta tarde que la falta de aprobación de las cuentas por undécimo año consecutivo es un hecho lamentable que afecta al clima de debate en todos nuestros países. 
Así que en todos los niveles del Gobierno británico y durante nuestra Presidencia hemos reconocido la necesidad de trabajar y avanzar en esta cuestión. 
Por eso hemos trabajado con la Comisión para mejorar la gestión financiera y el control presupuestario. 
En enero de 2005, la Comisión introdujo un nuevo sistema de contabilidad que debería proporcionar al Tribunal de Cuentas mejor información como base para emitir un dictamen favorable sobre la presentación de las cuentas. 
El nuevo sistema, según tengo entendido, se utilizará para presentar las cuentas de 2005. 
La Presidencia ha conseguido también el apoyo de los Estados miembros en el Consejo ECOFIN del 8 de noviembre a un paquete de nuevas propuestas para mejorar la gestión y el control financieros, el llamado –como ya dije en mi anterior respuesta– plan de trabajo que la Comisión ha presentado. 
Así que puedo asegurar a su Señoría que no se trata simplemente de una cuestión que preocupe a la Presidencia británica, sino de una cuestión en la que, durante esa reunión del Consejo ECOFIN y en apoyo a los redoblados esfuerzos de la Comisión, hemos decidido avanzar. 
Es usted generoso al reconocer que este problema, porque es un verdadero problema para la Unión Europea, es muy anterior a la Presidencia británica. 
Espero que en el curso de los seis meses de Presidencia británica podamos contribuir a resolver un problema que viene de largo, que no contribuye al prestigio de la Unión Europea y para el que espero que se pueda encontrar una solución en los próximos meses y años. 
– ¿Reconoce el Presidente en ejercicio que en Bruselas hay pocas personas, si es que hay alguna, que se estén llenando los bolsillos de dinero? 
¿Reconoce también que la mayoría de las quejas que plantea el Tribunal de Cuentas se refieren a sistemas y procedimientos y no a fraudes en el sentido estricto del término, y que si se produce algún fraude suele ser en los países donantes o, de hecho, a veces en los Estados miembros de la Unión Europea? 
. Su Señoría hace bien en reconocer que aunque el informe del Tribunal de Cuentas Europeo se refiere al presupuesto de la Unión Europea, el 80 % del gasto de dicho presupuesto lo aplican en realidad los Estados miembros a través de los fondos agrícolas y estructurales. 
Ahora bien, no debemos limitarnos a esgrimir este argumento cuando se nos critica por dormirnos en los laureles ante el reto que tenemos delante. 
Solo quiero reiterar la puntualización que ha hecho antes el Ministro de Asuntos Exteriores, y es que, en manos de los que se muestran hostiles hacia la propia idea de la Unión Europea, el hecho de no aprobar las cuentas por undécimo año consecutivo es un arma que debemos tratar de quitarles en los próximos años. 
Es muy cierto que hay que tomar medidas en cada Estado miembro y no simplemente en el plano burocrático de Bruselas, pero eso no debe ser en ningún caso una excusa para no tomar las medidas que otros diputados han reclamado tanto en Bruselas como en los Estados miembros. 
Todos los que queremos conseguir y mantener el apoyo de los ciudadanos europeos a la Unión Europea y a sus esfuerzos tenemos un gran interés en que se resuelva este problema que viene de tan largo. 
Para ello habrá que tomar medidas en los Estados miembros, pero también llevar a cabo el tipo de trabajo importante que conseguimos avanzar en el Consejo Ecofin y que, me complace decir, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. 
– Quiero proseguir con la observación del señor Martin a la Presidencia del Consejo, porque el Presidente en ejercicio ha utilizado la expresión «no contribuye al prestigio de la Unión Europea» , como si la Unión Europea fuera una institución diferente de nuestras instituciones nacionales. 
Solo quiero recalcar que el motivo por el cual el Tribunal de Cuentas no ha querido aprobar las cuentas no es porque exista corrupción en la Unión Europea –como entidad diferenciada de los Estados miembros–, sino porque los Estados miembros no ayudan a la Unión Europea a presentar el tipo de contabilidad válida que exigen el Tribunal de Cuentas y las instituciones de la UE. 
Quiero pedir al Presidente en ejercicio del Consejo que asegure a los ciudadanos que, por supuesto, tenemos que ser escrupulosos; pero la culpa de esto no la tienen otros: la culpa es de nuestros Estados miembros. 
. Con el máximo respeto por su Señoría, discrepo de que la mejor forma de afrontar este problema que existe desde hace once años consista en exigir responsabilidades, dando a entender que uno es mejor que otro, o viceversa. 
El reto, desde luego, es reconocer que existe un problema común. 
Sería poco sincero de mi parte sugerir que esta cuestión no representa un riesgo muy importante para el prestigio de la Unión Europea, sobre todo por la forma en que se ha presentado en la prensa de algunos países de la Unión Europea el hecho de no haberse otorgado una declaración de fiabilidad positiva por undécimo año consecutivo, en lugar de ponernos a discutir quién tiene razón y quién está equivocado. 
El reto está en encontrar soluciones que reflejen las respectivas responsabilidades de la Comisión, la burocracia de Bruselas y los Estados miembros, pero la respuesta adecuada al hecho de que durante 11 años no se haya podido otorgar una declaración de fiabilidad no consiste simplemente en decir que se trata de un problema de los Estados miembros y que, por tanto, no existe ninguna responsabilidad colectiva de encontrar una solución. 
Existe una responsabilidad compartida por todos los que queremos ver declaraciones de fiabilidad en el futuro para poder tomar las medidas prácticas que contienen las propuestas de la Comisión y que, celebro poder decir, hemos avanzado durante la Presidencia británica en la reciente reunión del Consejo Ecofin. 
¿Podría indicar el Consejo cuál es el estado de los trabajos en relación con su revisión de la propuesta de Decisión sobre Comitología de 1999? 
¿No considera el Consejo que la propuesta revisada de 2004 de la Comisión, con ligeras modificaciones, sería un punto de partida aceptable para encontrar una solución duradera a la controversia sobre la comitología? 
¿Consideraría el Consejo la modificación de dicha propuesta para evitar que la Comisión mantenga sin modificaciones una medida de aplicación que haya sido rechazada por el Consejo o el Parlamento? 
. Celebro la pregunta que ha formulado su Señoría, quien sé que tiene desde siempre un gran interés por la cuestión de la comitología. 
Sabrá, por tanto, que los debates sobre las propuestas modificadas de la Comisión no se reanudaron hasta septiembre, por lo que espero que entienda que es demasiado pronto todavía para que pueda darle una respuesta definitiva a esta pregunta en nombre del Consejo. 
El grupo de trabajo que examina la propuesta modificada de la Comisión sobre comitología se ha reunido tres veces hasta ahora y se reunirá dos veces más durante la Presidencia británica. 
No obstante, tengo entendido que los debates avanzan a buen ritmo. 
– Quiero agradecer a la Presidencia su respuesta y le insto a que persevere. 
Si logramos encontrar una solución a esta cuestión que lleva años atribulando a la Unión Europea, estaremos haciendo una importante contribución a nuestros compromisos de legislar mejor. 
Ahora lo que queda son tres lecturas en el Parlamento y otras tantas en el Consejo que realmente deberían delegarse en el poder ejecutivo. 
Pero no delegaremos salvo que recibamos garantías de que podamos, en caso necesario, volver a plantear la cuestión, de la misma forma que puede hacerlo el Consejo. 
La igualdad entre el Parlamento y el Consejo es la clave de todo esto. 
Si existen más oportunidades de escrutinio, nosotros estaremos a cambio mucho más dispuestos a delegar. 
. Quiero ensalzar como es debido tanto la experiencia como los conocimientos de su Señoría en esta cuestión. 
Comparto su opinión, tanto en lo que se refiere a la importancia de esta cuestión como al hecho de que tenemos que perseverar. 
Puedo asegurarle que, desde el punto de vista de la Presidencia, estamos perseverando en esta importante cuestión y así lo seguiremos haciendo. 
Por último, solo quiero reiterar que, a pesar de que estos debates no se reanudaron hasta septiembre, celebro poder decir que ya se ha conseguido en ellos un verdadero progreso. 
Soy optimista respecto a la posibilidad de seguir progresando en las dos reuniones que se celebrarán en lo que queda de Presidencia británica. 
En el plazo de solamente dos semanas hemos recibido mensajes contradictorios de dos ministros del Gobierno del Reino Unido, país que ostenta actualmente la Presidencia del Consejo. 
En su prefacio al Informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos- 2005, publicado el 3 de octubre, Jack Straw, Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, citaba a Kofi Annan: «no disfrutaremos del desarrollo sin seguridad, no disfrutaremos de la seguridad sin desarrollo y no disfrutaremos ni de uno ni de otra sin el respeto de los derechos humanos». 
El Sr. Straw también afirmaba que «es esencial que sigamos adelante, no solo para reafirmar estos valores, sino para insistir en su validez». 
Sin embargo el 26 de septiembre, en el New Statesman, se citaba a Charles Clarke, Ministro del Interior británico, quien manifestaba que «teniendo que elegir entre la seguridad y el Convenio de los Derechos Humanos.... [su] primera responsabilidad es la seguridad nacional». 
¿Puede el Consejo conciliar estas declaraciones aparentemente contradictorias? 
En caso contrario, ¿cuál de ellas se aproxima más a la opinión del Consejo? Si fuese necesario elegir entre la seguridad y los derechos humanos, ¿cuál sería su prioridad? 
. Todos los Gobiernos se enfrentan al reto que supone la actual amenaza sin precedentes del terrorismo internacional. 
Pero no hay elección posible entre seguridad y derechos humanos. 
Sin seguridad no hay derechos humanos y sin derechos humanos no hay seguridad. 
Tras los atentados de Londres, el 7 de julio de este año, el Consejo celebró una reunión extraordinaria el 13 de julio. 
En ella se aprobó una declaración sobre la respuesta de la Unión Europea a esos terribles atentados con bomba. 
El Consejo dejó claro, y cito textualmente, que «los atentados constituyen una afrenta contra los valores universales en los que se basa la Unión Europea. 
En el centro de esos valores está el compromiso con unas instituciones democráticas y abiertas y unas sociedades regidas por el Estado de derecho en cuyo seno puedan vivir, trabajar y prosperar juntas personas con todo tipo de creencias y orígenes. 
Los terroristas que rechazan este compromiso y quieren utilizar la violencia para imponer sus ideas serán derrotados». 
A continuación añadía que la Unión Europea está reforzando, y vuelvo a citar textualmente, «su compromiso de combatir el terrorismo y defender los principios fundamentales de libertad, seguridad y justicia». 
– Muchas gracias por su respuesta. 
Reconozco que se trata de una cuestión en la que debería haber más opciones y se trata de conseguir un equilibrio adecuado. 
Lo que quiero saber es: ¿de qué forma la detención de personas sin acusación, la negativa a facilitar información significativa sobre el motivo de la detención y la supresión del derecho de un abogado a emprender las diligencias oportunas en esos asuntos reafirman esos valores o confirman su validez? 
. Diría con todos mis respetos que su Señoría está tratando de tentarme para que discuta los planteamientos adoptados o sugeridos por un Estado miembro u otro, cuando mi responsabilidad hoy es hablar en nombre del Consejo. 
Puedo asegurarle que desde el punto de vista de la Presidencia, la declaración que he citado ante el Parlamento y que fue acordada por los miembros del Consejo el 13 de julio constituye una buena base para que podamos luchar, en un frente unido, contra la amenaza del terrorismo internacional. 
Seamos muy claros: los terroristas quieren quitarnos no solo la vida, con sus horribles atentados sin precedentes, sino también nuestra forma de vida. 
Por eso creo que la declaración realizada por el Consejo el 13 de julio refleja perfectamente los sentimientos paneuropeos de cómo debemos hacer frente a esos retos. 
Los medios de comunicación suecos informaban el 14 de octubre de 2005 de que el ministro de Defensa británico, John Reid, había declarado públicamente que los Estados miembros de la UE debían aumentar los créditos asignados para los respectivos sectores de defensa. 
Según los mismos medios, el ministro de Defensa afirmó que un nivel razonable de créditos de los Estados miembros destinados a la defensa sería aproximadamente el 2,5 % del PNB, lo que corresponde a la asignación en Gran Bretaña para defensa. 
Los gastos suecos para defensa ascendieron el año pasado al 1,7 % del PNB del país. 
¿Es la opinión general de la Presidencia que los países de la UE deben asignar créditos para la defensa al mismo nivel que Gran Bretaña? 
¿Considera la Presidencia que los países de la UE que destinan menos del 2 % de su PNB a financiar los gastos de defensa deben aumentar las dotaciones destinadas a este sector? 
¿Considera la Presidencia que se trata en primer término de una cuestión común de la UE, o se debe dejar a los propios Estados miembros decidir qué porcentaje de su PNB consideran oportuno destinar a la defensa? 
. El Consejo no ha debatido el nivel de los presupuestos de defensa de los Estados miembros, por tratarse de una competencia nacional. 
En cuanto a las capacidades de defensa, se están buscando formas de mejorarlas aumentando los niveles de gasto en investigación, así como la colaboración en materia de investigación, para suplir las deficiencias existentes en capacidad y formación. 
Por ese motivo y como continuación de lo hablado en la reunión informal de Jefes de Gobierno en Hampton Court, la Presidencia ha solicitado al Alto Representante, en asociación si procede con la Presidencia actual, la futura Presidencia y la Comisión Europea, que siga trabajando en este ámbito en particular. 
En colaboración con la Presidencia, el Alto Representante presentará un resumen de sus recomendaciones iniciales antes del Consejo Europeo de diciembre. 
Una de las primeras prioridades de la Presidencia, tal y como se le presentaron al Parlamento Europeo el 23 de junio de 2005, es el avance en la cuestión de la financiación e la UE y las perspectivas financieras 2007-2013. 
Teniendo en cuenta que un acuerdo de última hora perturbaría una adecuada programación y la correcta aplicación de los programas plurianuales de la Comunidad, ¿puede indicar el Consejo en qué fase se encuentran las conversaciones sobre este tema? 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para conseguir llegar a un acuerdo antes del fin de la Presidencia del Reino Unido? 
. Señor Presidente, la Presidencia es plenamente consciente de la importancia de alcanzar un acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras antes de que finalice el año y hará todo lo que pueda por facilitarlo. 
Ese ha sido un tema recurrente en los debates celebrados esta tarde en la Cámara. 
Para ello, el Consejo realizó una serie de consultas bilaterales con los Estados miembros durante el verano y los debates sobre esta cuestión se reanudaron en el Consejo el 7 de noviembre y continuarán, por supuesto, en el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el lunes, 21 de noviembre. 
La Presidencia seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo, pero hasta que no esté preparada para presentar al Consejo una propuesta de compromiso global, no puede comentar lo que dicha propuesta podría o no contener. 
– Señor Presidente, ¿tiene intención de notificar al Parlamento Europeo, antes de la cumbre de diciembre, el texto de compromiso elaborado por la Presidencia? 
Dado que el Reino Unido desempeñó un papel destacado en junio para anular el acuerdo, ¿desea sinceramente la Presidencia cambiar para que pueda llegarse a un acuerdo entre los Veinticinco? 
¿Han considerado en el Consejo que la Presidencia británica corre el peligro de convertirse en una de las más ineficientes y fracasadas en la historia de la Unión Europea? 
. Mi colega, el Ministro de Asuntos Exteriores, ha recordado que esta es la cuadragésima séptima comparencia de un Ministro británico durante la Presidencia ante este Parlamento. 
Puedo asegurar a su Señoría que volveré a ocupar mi lugar habitual en las futuras sesiones plenarias de este Parlamento. 
Nuestro Primer Ministro se ha comprometido a volver a comparecer ante el Parlamento Europeo. 
Con independencia de otras posibles críticas o escepticismos dirigidos contra la Presidencia británica, la ausencia de debates con el Parlamento Europeo es posiblemente una de las críticas que menos peso tienen. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, voy a aprovechar esta oportunidad, ya que he redactado mi propia pregunta sobre este mismo asunto, lapregunta nº 17, que puede que no haya tiempo para responder durante este turno de preguntas. 
Quisiera preguntar si es posible que esa propuesta de compromiso incluya también un procedimiento de cofinanciación para la agricultura, de manera que pueda alcanzarse un acuerdo, descartando la rebaja especial del Reino Unido. 
. Admiro el sentido de la oportunidad de su Señoría, que ha sabido aprovechar la pregunta complementaria para plantear la cuestión que iba a plantear en la pregunta nº 17. 
Solo quiero repetir, aunque quizás le decepcione, mi anterior respuesta, en el sentido de que realmente no sería apropiado, dada la delicadeza y la importancia de las cuestiones que se están debatiendo y que se llevarán adelante durante nuestra Presidencia, que tratáramos de sacar un elemento particular del posible paquete de medidas en torno al cual esperamos alcanzar un consenso en diciembre. 
. Puedo responder brevemente a esta pregunta. 
El Consejo no ha debatido nunca esa cuestión, ni está dentro de su ámbito de competencias. 
¿Qué avances se han realizado en la cuestión de la transparencia y la apertura en el Consejo desde que el Presidente en ejercicio de dicha institución respondió a mi pregunta H-0567/05 (1) sobre el mismo tema? 
Tras la campaña iniciada en el Parlamento Europeo por los dirigentes políticos británicos ¿hasta qué punto ha logrado la Presidencia convencer al Consejo para que abra sus reuniones a la luz pública en aras de la transparencia y la responsabilidad? 
. Señor Presidente, siguiendo con el debate que se está celebrando sobre transparencia y apertura en el Consejo y el intercambio de opiniones entre la Presidencia del Reino Unido de la Unión y los diputados al Parlamento Europeo sobre esta cuestión, el 19 de octubre se celebró un primer debate en el COREPER, el Comité de Representantes Permanentes. 
La Presidencia está examinando actualmente, junto con las próximas Presidencias austriaca y finlandesa, una serie de posibles medidas encaminadas a aumentar la transparencia legislativa en el Consejo. 
– Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Permítanme decir el enorme alivio que es que durante unos minutos no se debata REACH en corrillos interminables formados en este Parlamento, aunque solo sean unos minutos, me temo. 
Veo que el señor Kirkhope no está aquí, pero sé que ha planteado esta cuestión en un debate anterior. 
Quiero agradecer personalmente al Presidente en ejercicio sus esfuerzos en esta materia. 
Reconozco que está haciendo todo lo que puede para promover el plan de trabajo. 
Tengo en mis manos una copia de una carta del señor Rasmussen, el Primer Ministro de Dinamarca, en la que dice que apoya un cambio del Reglamento. 
Sospecho que podrían conseguirse cartas similares de Estonia y Suecia para empezar. 
Sabemos ya cuál es la posición británica. 
Eso son cuatro votos y solo necesitan otros nueve. 
Sé que el Consejo prefiere hacer las cosas por consenso, pero para conseguir algo realmente sustancioso –un cambio real– ¿no debería la Presidencia someterlo a votación en el próximo Consejo de Asuntos Generales y nombrar y avergonzar a los Estados miembros que no apoyen esta posición? 
. Me intriga el consejo que me está dando su Señoría. 
La estrategia de no buscar el consenso y de nombrar y avergonzar es una curiosa línea de argumentación para avanzar, pero creo que indica la seriedad y la fuerza de los sentimientos de muchas de sus Señorías respecto a esta importante cuestión. 
La posición del Gobierno británico sobre esta cuestión no se ha dado a conocer más que por nuestro Primer Ministro, quien ha hecho bien en reconocer que el Reino Unido, aunque asuma la Presidencia, no es el único actor subido al escenario. 
Me temo que decepcionaré a su Señoría al decir que el orden del día para el lunes está tan cargado, con la comparecencia no solo de los Ministros de Defensa, sino también de los Ministros de Desarrollo, que no podremos debatir la transparencia la próxima semana. 
En los próximos días se publicará un documento de opciones, que será debatido por el Grupo Antici antes de ser debatido en el COREPER II. El COREPER I contribuirá también a ese proceso, por lo que agradezco las generosas palabras de su Señoría. 
Puedo asegurarle que es una cuestión en la que estamos haciendo un esfuerzo continuado, pero estamos convencidos de que la forma de avanzar no consiste en plantear el tema el 21 de noviembre en el próximo Consejo de Asuntos Generales, sino tratar de conseguir lo que será un progreso importante en esos otros foros que he descrito. 
– Señor Presidente en ejercicio, a usted le ha intrigado el autor de la pregunta. 
A mí me intriga su respuesta, en la que ha pretendido decir que el Gobierno británico es partidario de una mayor transparencia. 
Tengo en mis manos el informe del Comité de Escrutinio Europeo de la Cámara de los Comunes publicado el 24 de octubre. 
Contiene una respuesta en la que se explica la posición del Gobierno británico ante la propuesta de que las reuniones del Consejo se celebren en público. 
Dice así: «El Gobierno cree que el Consejo Europeo no podría alcanzar acuerdos sobre cuestiones difíciles que el Consejo de Ministros no puede resolver si se viera obligado a trabajar a la luz pública.» 
Así pues, ¿cuál es la verdadera postura del Gobierno británico? 
¿Están ustedes a favor de la transparencia, o están ustedes a favor de no tener que trabajar a la luz pública, como sugiere esta respuesta? 
. Responderé a su Señoría diciendo que, al menos en lo que corresponde al país que ostenta la Presidencia de la Unión Europea, la respuesta se dará de acuerdo con las propuestas de la Presidencia, porque lo que importa no es la opinión de un país, sino la opinión de los Estados miembros. 
Cuando presentemos las propuestas en los próximos días, explicando a los socios las posibles opciones para aumentar la transparencia en el Consejo, puedo asegurar a su Señoría, quien ha hablado con elocuencia sobre la importancia que otorga a esta cuestión, que debatiremos este documento con las próximas Presidencias y también con la Secretaría del Consejo. 
Esas opciones se debatirán también en el COREPER, como he dicho antes, sobre la base del documento de opciones que se verá en la reunión de Antici este mismo mes. 
Esa es, en mi opinión, la forma constructiva de proceder para conseguir el resultado que tantos desean aquí. 
– ¿Es consciente la Presidencia de lo antigua que es esta cuestión de las presiones del Parlamento al Consejo para que abra sus reuniones a la luz pública cuando actúe como poder legislativo desde que fue elegido por primera vez en 1979? 
De hecho, la Presidencia británica en 1976, cuando estaba representada en el Consejo de Energía por Tony Benn, tomó la iniciativa de decir que el Consejo debía reunirse en público cuando tuviera intención de cambiar la legislación. 
¿Reconoce que hemos hecho un gran progreso juntos con la modificación gradual de nuestra Constitución, ya que ahora al menos el Consejo publica los resultados de todas sus votaciones en materia legislativa y reconoce el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos, pero que sería bueno que diera un paso más y que de verdad se reunieran y votaran en público a la hora de legislar? 
. Me remito a su Señoría por el profundo conocimiento histórico que tiene de esta cuestión, lo cual demuestra el interés que la familia Benn ha mostrado siempre por esta cuestión. 
Sería bueno que su Señoría supiera que he discutido este tema con el hijo de Tony Benn, porque él es ahora uno de los representantes del Reino Unido en el Consejo de Ministros de Desarrollo y, por tanto, tiene un interés directo en la posición que hemos adoptado en ese y en otros Consejos. 
Celebro decir que sus comentarios reflejan bien el peso de la historia que subyace tras las importantes conversaciones que estamos manteniendo con los Estados miembros en este momento. 
En respuesta a la primera pregunta, quiero reiterar simplemente el comentario que nuestro propio Primer Ministro hizo en su comparecencia ante el Parlamento Europeo al inicio de la Presidencia británica: ese impulso es el que nos ha permitido avanzar en los debates celebrados en el COREPER y que ahora esperamos seguir avanzando en los próximos días. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me disculpo ante usted y ante la propia Presidencia por llegar tarde. 
Hablé justo de este tema con el señor Hilary Benn el sábado, cuando fuimos a la Misa en Conmemoración de los Caídos celebrada en Leeds. 
Quiero preguntar al Presidente en ejercicio cuál es la posición respecto a lo que me dijo el señor Blair –y también respecto a lo que me ha dicho hoy el señor Straw– sobre cómo vamos a proceder con esta cuestión de la apertura y la transparencia en el Consejo. 
El señor Blair me dijo que podría avanzarse siempre dentro de los límites marcados por el Reglamento. 
El señor Straw me ha dicho esta tarde que se estaban considerando dos opciones distintas. 
Quisiera saber si esas dos opciones están dentro de los límites marcados por la legislación o si estamos examinando una modificación del Reglamento. 
. Agradezco a su Señoría que haya reforzado la naturaleza contemporánea de estos debates entre políticos británicos. 
No puedo afirmar que haya hablado con Hilary Benn hace tan pocos días como él, pero puedo asegurarles que, cuando me reúna con él en el Gabinete mañana por la mañana, me enteraré de lo que le dijo a usted en la Misa en Conmemoración a los Caídos celebrada en Leeds en domingo. 
En cuanto al comentario que ha hecho, tendrá que esperar un poco, porque justo antes de que volviera a entrar en la Cámara esta tarde, le estaba explicando a otros colegas el proceso que estamos avanzando ahora: como él sabe, celebramos un debate en el COREPER al inicio de la Presidencia británica. 
No se debatirá en el Consejo de Asuntos Generales del 21 de noviembre. 
En su lugar, hemos decidido elaborar un documento de opciones que publicaremos en los próximos días de nuestra Presidencia y que luego debatiremos en la reunión de Antici antes de que se debata en el COREPER II. 
El COREPER I contribuirá también a este proceso. Si le sirve de algo a su Señoría, puedo asegurarme de que reciba una copia del documento de opciones cuando se publique. 
En su respuesta a una pregunta anterior (H-0692/05 (1) ) sobre la celebración de un acuerdo de pesca entra la UE y Marruecos que incluye los territorios ocupados del Sahara Occidental, el Consejo declara que «apoya el proceso iniciado por las Naciones Unidas». 
En lo que se refiere a las Naciones Unidas, el 11 de octubre, el Cuarto Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución relativa al derecho de los territorios no autónomos a sus propios recursos naturales. 
La Resolución contó con el apoyo de 137 miembros presentes, 22 de los cuales son además miembros de la UE. 
Francia y Gran Bretaña se abstuvieron, mientras que Dinamarca estuvo ausente. 
Partiendo de la referencia anterior del Consejo al apoyo del proceso iniciado en las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la Resolución apoyada por una mayoría de los miembros de la UE mediante votación el 11 de octubre en las Naciones Unidas, se podría extraer la conclusión de que el acuerdo de pesca negociado entre la UE y Marruecos no incluirá el territorio del Sahara Occidental. 
¿Puede el Consejo confirmar que los puertos y aguas del Sahara Occidental no se incluyen en el acuerdo de pesca? 
. Señor Presidente, quiero remitir a su Señoría a la respuesta del Consejo a su pregunta H-0692/05 formulada el 28 de septiembre. 
En mi respuesta, decía que en el artículo 2 del Acuerdo de Pesca firmado el 28 de julio de 2005 se indica que es aplicable a «las zonas de pesca marroquíes bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos». 
Esta delimitación del ámbito geográfico del acuerdo es idéntica a la delimitación que se establecía en el acuerdo previo expirado en 1999 y no perjudica en modo alguno a la cuestión del estatuto del Sáhara Occidental. 
El acuerdo firmado está ahora en proceso de ratificación, que se espera que concluya con su celebración formal en el primer trimestre de 2006. 
– Quiero dar las gracias al Consejo por su repuesta. 
El problema es que significa que la UE ha concluido un acuerdo de pesca por el que la UE pescará en las aguas del Sáhara Occidental, que es un país ocupado ilegalmente por Marruecos. 
Ninguno de los Estados miembros de la UE reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. 
Por muy elegante que sea la explicación, no se puede pasar por alto el hecho de que han celebrado, o están a punto de celebrar, un acuerdo que aprueba indirectamente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occcidental, dado que el acuerdo incluye negociaciones relativas a los recursos naturales del país ocupado. 
Me parece que esto es sumamente inconsecuente e inmoral. 
Me pregunto por consiguiente si no hay una falta de unanimidad con respecto a la política del Consejo en este terreno. 
. Permítanme asegurar a su Señoría que el estatuto político del Sáhara Occidental se está tratando en el marco de las Naciones Unidas. 
El Consejo ha ofrecido a las Naciones Unidas todo su apoyo para encontrar una solución satisfactoria al problema del Sáhara Occidental, y espera que la situación se resuelva en breve. 
Como ya dije antes, el acuerdo de pesca no perjudica para nada a la cuestión del estatuto del Sáhara Occidental. 
Como con el anterior acuerdo, en vigor desde hace mucho tiempo, el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos es aplicable a «la zona de pesca de Marruecos bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos». 
El acuerdo de pesca no perjudica para nada a la cuestión del estatuto del Sáhara Occidental, como sugiere su Señoría. 
– Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no creo que uno pueda, como acaba de hacer el señor Sjöstedt, calificar simplemente a Marruecos de potencia ocupante. 
Quiero preguntarle si el problema del Sáhara Occidental no es un vestigio de nuestro propio pasado colonial europeo, y si no debemos intentar comprender a ambas partes –a los marroquíes y a las demás facciones– si queremos conseguir una auténtica solución de compromiso que tenga también en cuenta los intereses de Marruecos. 
. Permítanme que asegure a su Señoría que estamos buscando una solución verdadera, pero reconocemos que esa solución verdadera –el estatuto político del Sáhara Occidental– se está planteando en el marco de las Naciones Unidas. 
Las Naciones Unidas disfrutan del pleno apoyo del Consejo para buscar una solución verdadera y satisfactoria al problema del Sáhara Occidental. 
Desde luego, esperamos que se encuentre en breve una solución a esta situación. 
Las preguntas 16 a 36 se contestarán por escrito (1). 
El Parlamento está preocupado por las violaciones de los derechos humanos en Túnez, que han salido a la luz en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información (WSIS). 
En una visita al país a comienzos de este año, y en una declaración realizada en septiembre, el Presidente expresó su descontento con la represión y el acoso a que están sometidos las ONG y los medios en Túnez, y señaló que eso es contrario al espíritu del acuerdo de asociación UE-Túnez. 
La sociedad de la información representa una inmensa oportunidad para la libertad de expresión y el intercambio pacífico de ideas, y permite a la gente estrechar relaciones por encima de las fronteras y culturas. 
Lo que debería haber sido una celebración de progreso se vino abajo debido al acoso a que fueron sometidos los defensores de los derechos humanos en Túnez y en el extranjero y los representantes de los medios de comunicación, y debido a las restricciones de las actividades en defensa de los derechos humanos y de la democracia en Túnez que se han desarrollado por Internet. 
La delegación del Parlamento en la WSIS, presidida por la señora Trautmann, expresará nuestra posición en la misma reunión y en la cumbre paralela de ciudadanos que tendrá lugar esta semana. 
Deploramos los intentos de las autoridades de impedir que tenga lugar este acto pacífico. 
Tal como dejó claro el Parlamento en su reciente resolución, estamos codo con codo con todos los que trabajan pacíficamente por el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho en Túnez. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0304/2005) de la señora Scheele, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se introducen normas de captura no cruel para algunas especies animales (COM (2004) 0532 C6-0100/2005 2004/0183 (COD) ). 
. Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la ponente por su trabajo muy razonable y diligente y quiero decir que la propuesta de directiva que se debate está destinada a introducir normas que salvaguarden unas condiciones de captura relativamente no crueles para los animales atrapados. 
Esta propuesta viene dictada por la obligación de la Comunidad Europea de contraer compromisos internacionales con Canadá, Rusia y los Estados Unidos. 
Estos compromisos y obligaciones internacionales se derivan del acuerdo sobre normas internacionales de captura no cruel firmado en 1998 entre la Comunidad Europea, Canadá y la Federación Rusa y de otro acuerdo de contenido similar firmado entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos en forma de prácticas acordadas. 
El acuerdo con Canadá y Rusia, que ya ha sido ratificado por la Comunidad Europea y Canadá, entrará en vigor inmediatamente después de su inminente ratificación por Rusia, un trámite que, de acuerdo con la información oficial de la Comisión, ya está en curso. 
Por consiguiente, a menos que se apruebe la legislación aplicable de la Comunidad, esta no estará en condiciones de cumplir sus compromisos internacionales cuando entre en vigor el acuerdo. 
El ámbito de aplicación de la directiva propuesta es realmente restringido. 
Sin embargo, si se aprueba, creará una estructura para la adopción de normas comunes en la Unión Europea a fin de limitar el sufrimiento y la angustia innecesarias de los animales atrapados. 
Las normas propuestas se basan en los resultados de un trabajo científico serio en el marco de la Organización Internacional de Normalización y, sobre todo, han sido adoptadas por la Unión Mundial para la Conservación. 
La propuesta también prevé que los Estados miembros puedan mantener en vigor y aplicar disposiciones nacionales más estrictas. 
Además, el proyecto de directiva refuerza y no debilita las normas vigentes sobre la base de la actual legislación de la Comunidad. 
Por ejemplo, la prohibición en la Unión Europea del uso de cepos, basada en el Reglamento del Consejo 3254/91, seguirá vigente incluso después de que se apruebe la nueva directiva. 
Debo subrayar que en el curso del procedimiento queremos examinar las enmiendas principales para tener en cuenta las preocupaciones expresadas por varios Grupos políticos y numerosas sociedades protectoras de animales, y la Comisión pretende continuar trabajando en esta dirección. 
El rechazo de la propuesta significaría que la Unión Europea se quedaría sin ninguna norma de captura en el futuro inmediato y que la Comunidad Europea sería incapaz de cumplir sus obligaciones internacionales. 
Para terminar, quiero señalar que tendré en cuenta la opinión del Parlamento y evaluaré las posiciones que se formulen tanto en el Parlamento como en el Consejo. 
Sobre esta base, la Comisión decidirá las posibles medidas, incluida la eventual retirada de la propuesta. 
Al mismo tiempo, la Comisión tiene previsto elaborar un estudio con vistas a poner al día las bases científicas de cualquier propuesta sobre la adopción de normas de captura. 
Por supuesto, también se prevén las debidas consultas con las partes interesadas. 
Finalmente, quiero expresar mi deseo de mantener una buena cooperación con ustedes en el futuro. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después de un debate muy tenso sobre la política en materia de sustancias químicas, es un gran alivio volver a examinar un asunto sobre el que ya ha habido una mayoría muy amplia en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y sobre el que supongo que mañana también la habrá. 
Como ha dicho el Comisario Dimas, la propuesta de la Comisión de 2004 es el instrumento por el que hay que aplicar el acuerdo internacional. 
Mi propuesta de que se rechace ha sido aprobada prácticamente por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, con 47 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. 
Procederé ahora a explicar por qué el mío ha sido uno de los votos en contra. 
Dado que la propuesta se fundamenta en el capítulo relativo a la política ambiental, la Unión Europea está obligada a basarse en los conocimientos científicos más avanzados al plantear la propuesta legislativa. 
Tal base no existe; todo lo que se ha hecho es incorporar, casi palabra por palabra, el acuerdo negociado hace diez años. 
También hay incongruencias jurídicas entre la propuesta y otros textos legislativos de la UE, incluida, por ejemplo, la Directiva sobre la protección de los animales utilizados para experimentación y la Directiva Hábitats. 
La propuesta de la Comisión permitirá que se capturen y maten animales protegidos por la Directiva Hábitats. 
Como todos sabemos, existen determinadas circunstancias en que los métodos de captura y las trampas pueden ser necesarios, pero desde el principio hemos señalado que no procedía declarar que la directiva establece normas de captura no cruel. 
La propuesta es muy débil y no contribuirá en modo alguno a reducir el sufrimiento de los animales capturados o muertos mediante trampas. 
El propio Comisario ha dejado claro, y yo también lo creo, que tenemos que recapitular una parte de la historia si queremos entender el firme rechazo del Parlamento. 
Fue en 1989 cuando el Parlamento aprobó una resolución que pedía la prohibición del uso de cepos en la Unión Europea y la importación de pieles y productos manufacturados de países en los que se usaban. 
En respuesta a esto se aprobó un reglamento sobre esta cuestión en 1991, que prohibió, a partir de 1995, el uso de cepos y la importación de pieles de trece especies mencionadas de países terceros. 
Esta prohibición no se aplica cuando se cumple uno de los dos requisitos. 
Esta es también la razón de este acuerdo internacional. 
Existen leyes adecuadas o reglamentos administrativos que prohíben los cepos excepto si el método usado para capturar los animales incluidos en la lista cumple las normas internacionales de captura no cruel. 
Este reglamento de la UE haría totalmente necesario que se establecieran normas de captura a escala internacional para evitar la prohibición de importaciones. 
Han sido las amenazas por parte de los Estados Unidos y Canadá de impugnar estas restricciones a la importación ante la OMC las que han originado las negociaciones en torno a un acuerdo entre la UE, Canadá, Rusia y los Estados Unidos, que solamente la UE y Canadá han ratificado hasta ahora. 
Las normas de captura establecidas en el acuerdo recogen normas que ya están en vigor en Rusia, Canadá y los Estados Unidos y que de ninguna manera pueden calificarse de no crueles. 
Ya en 1997, el Parlamento Europeo aprobó un informe que tachaba el acuerdo internacional de totalmente inapropiado desde el punto de vista tanto de la protección de los animales como del objetivo ambiental y expresaba el punto de vista de que era totalmente inaceptable que la Unión Europea lo firmara. 
Un acuerdo que ni siquiera ofrece la más mínima garantía de que las demás partes abandonarán el uso de cepos en el marco de un calendario rápido y específico es un acuerdo que ni siquiera debería tomarse seriamente en cuenta. 
Esta Cámara aprobó dicho informe por amplia mayoría en 1997. 
Hasta aquí el repaso histórico. 
Espero que mañana una amplia mayoría vote a favor del rechazo de lo que considero una propuesta muy deficiente de la Comisión, y también que la Comisión demuestre que entiende un poco qué es la democracia y la retire. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme empezar agradeciendo a la ponente, la señora Scheele, la cooperación mostrada en la elaborción del informe que examinamos hoy, que fue muy equilibrada, incluso agradable, aunque no pensáramos lo mismo en todas las cuestiones. 
Sin embargo, finalmente nos pusimos de acuerdo, por lo que puedo decir, simplemente, que son muchos los caminos que llevan a Roma. 
La inclusión de este asunto en su orden del día es característico de la peculiaridad del Parlamento Europeo. 
Nos ocupamos de la transposición de un acuerdo internacional entre Canadá, los Estados Unidos, Rusia y la UE, aunque dicho acuerdo –como ha dicho la ponente– fue rechazado en 1998. 
Solamente en el Parlamento Europeo puede pasar una cosa así. 
Hablando a título personal, no me parece que esta situación sea tan problemática, ya en aquel momento yo voté a favor del acuerdo o, para decirlo de otra manera, en contra de su rechazo, porque confiaba en que los países participantes mantuvieran realmente las normas exigidas y porque quería que la población autóctona de esos países no perdiera su sustento y fuera capaz de vivir del comercio de sus pieles y cueros. 
Esto es sin duda defendible sobre la base de que el comercio estaba liberalizándose, pero también se consiguió otra cosa –y esta fue otra razón por la que voté a favor en su momento–, a saber, que fueran prohibidas las trampas crueles que atormentaban a los animales, algunas de las cuales, los cepos, por ejemplo, no eran sino instrumentos de tortura. 
Lo que hizo posible este logro fueron los años de presión ejercidos por el Parlamento Europeo, por la Comisión y también por las sociedades protectoras de animales. 
La directiva de la Comisión que abordamos hoy contiene todas las medidas del acuerdo que facilitan el comercio, con lo que me refriero sobre todo a la importación de pieles y cueros de animales a la Unión Europea. 
Por esta razón creemos que su aplicación tendría un impacto en el mercado interior y por consiguiente debería estar sujeta al artículo 95 como su fundamento jurídico. 
El hecho de que no sea así es para nosotros otra razón para votar en contra de este informe. 
A pesar de que mis enmiendas no obtuvieran el apoyo de una mayoría de esta Cámara, quiero sin embargo someterlas a la consideración de la Comisión. 
Puede que el momento no sea el adecuado para determinados reglamentos. 
Propuse que estas propuestas de la Comisión se encauzaran en un reglamento que pidiera a los Estados miembros que transpusieran el acuerdo, y en consecuencia que se comprometieran también a todo lo que ello supone, como los informes, etc. Me parece que este es el enfoque correcto. 
Estoy también de acuerdo con la ponente en que necesitamos mejorar estos parámetros y exigir también que se investigue, pero esta no es una labor para la Unión Europea, sino más bien para los Estados miembros, en los que las condiciones varían tan ampliamente que hay que tener en cuenta debidamente la subsidiariedad. 
Esta es la razón por la que hemos rechazado la propuesta de la Comisión. 
. 
Señor Presidente, lo haré lo mejor que pueda. 
Hoy –o más bien mañana, de hecho– nos enfrentamos a una decisión muy complicada. 
Vamos a votar a favor de rechazar la propuesta de la Comisión, pero yo, por mi parte, lo haré a regañadientes. 
En este Parlamento tenemos el deber de contribuir al proceso legislativo y mañana vamos a rechazar la propuesta sin dar indicación alguna de cómo deberían hacerse las cosas en su lugar. 
En mi opinión, es una oportunidad perdida. 
Parece que todas las partes tenían quejas. 
Algunos pensaban que la propuesta iba demasiado lejos, mientras que otros pensaban que no iba suficientemente lejos. 
Deberíamos, sin embargo, decidir qué camino tomamos. 
La Comisión también tendría una base para presentar una nueva propuesta para aplicar el tratado internacional. 
Por supuesto, he de decir también algo acerca de los ratones almizcleros. 
Ni que decir tiene que los diques neerlandeses deben protegerse. 
No podemos promover el binestar de los animales a expensas de nuestra seguridad. 
Pero tampoco me entusiasman los dispositivos de ahogo y les urgiría también que revisaran las trampas para ratones almizcleros y los métodos que se usan en ellas. 
En mi opinión, sin duda deben cumplirse los siguientes requisitos antes de que se puedan instalar dispositivos de ahogo. 
En primer lugar, tiene que haber proporciones de plaga y, con ellas, daños para los diques. 
Tales daños son evidentes en varios lugares de los Países Bajos, concretamente en Frisia y Holanda del Sur, pero en Brabante son mucho menos pronunciados. 
El segundo requisito es que el sistema de ahogo se use únicamente cuando la prevención haya resultado ineficiente o sea imposible de aplicar, y el tercer requisito es que no haya alternativas respetuosas con los animales. 
Aunque es decepcionante que Europa no presente una directiva viable a corto plazo, con esto no se ha acabado el debate. 
En mi opinión, esto tampoco debería suponer el doloroso final de los ratones almizcleros. 
En este momento, son los Estados miembros los que deben adoptar sus propias medidas. 
Les insto por consiguiente a que encuentren alternativas y reduzcan el sufrimiento animal a un mínimo. 
El que se rechace esta directiva no debería ser una excusa en los Países Bajos para no entablar el debate sobre el control de los ratones almizcleros, y ya que estoy en este asunto, quisiera agradecer a la señora Scheele que provocara una discusión enorme, que no se habría producido sin su enmienda. 
Así que veamos la situación actual desde un punto de vista positivo y hagamos algo que esta Cámara no ha hecho todavía, aprovechando la oportunidad de dar prioridad a la prevención, desarrollando las alternativas necesarias de manera que los Países Bajos puedan hacer una contribución importante a una nueva propuesta legislativa. 
. – Señor Presidente, mi Grupo apoya la propuesta de la señora Scheele de rechazar la propuesta de la Comisión. 
Creo que ha demostrado sin duda que este es un ejemplo de mala legislación. 
Por ejemplo, la elaboración de normas que deben cumplir las trampas no ha venido respaldada por una investigación científica sólida. 
Los criterios que deben cumplir las trampas y las pruebas de las mismas son arbitrarios. 
Por supuesto que es difícil medir los sufrimientos de los animales. 
¿Cuándo acaba la tensión y empieza la lucha por la vida? 
Además, especialmente en el caso de la captura en vivo con cepos, la propuesta no contempla la falta de crueldad de métodos alternativos que quizá tuvieran que usarse para matar a los animales. 
Los animales a menudo se ahogan de manera diferente, se les apalea hasta la muerte o se matan unos a otros. 
Hay una incongruencia entre esta propuesta y la Directiva Hábitats. 
Algunas especies animales que están protegidas por la Directiva Hábitats –quiero mencionar especialmente la prohibición de cazar y matar animales salvajes como la nutria, el castor, el lobo y el lince– están también incluidas en el anexo a la propuesta sobre métodos de captura no cruel. 
¿Qué podemos hacer con esto? 
Otros animales que también entran en el ámbito de esta propuesta, incluida la marta y el tejón, están protegidos o preservados en determinadas zonas. 
En relación con esta directiva, tampoco puedo dejar de mencionar brevemente una cuestión de seguridad típicamente neerlandesa, a saber, la protección de sus tierras bajas frente a las inundaciones por la rotura de los diques. 
A causa de su estilo de vida, el ratón almizclero socava los diques, lo que supone una auténtica amenaza para la seguridad y la salud públicas en los Países Bajos. 
Aunque este animal es una especie foránea y debería, por supuesto, controlarse de la manera menos cruel posible, no hay por el momento ningún método viable menos cruel que sea tan eficaz como el ahogo. 
La prohibición del ahogo –y puedo imaginar que la propuesta retomará en algún momento tal prohibición– impide el control efectivo de los ratones almizcleros. 
La consecuencia sería que peligrarían la seguridad y la salud pública en los Países Bajos. 
Para bien del ratón almizclero, tenemos que encontrar también métodos de captura no crueles que puedan usarse, pero hasta que llegue ese momento de las alternativas adecuadas, acogeríamos con agrado una clara postura de excepción para los Países Bajos o para situaciones en que peligre la seguridad. 
Quiero terminar con un comentario de carácter más general. 
En la Unión Europea nos permitimos el lujo de establecer una protección animal a la carta. 
Se está haciendo mucho en el ámbito, por ejemplo, de la reducción de la experimentación animal. 
La Directiva de cosméticos o REACH es un claro ejemplo. 
También hacemos algo en el transporte internacional de animales. 
Todo esto es muy importante, pero también muy arbitrario. 
Tenemos que preguntarnos qué quisiera hacer Europa, o de hecho qué tiene que hacer, en el ámbito de la protección animal. 
¿Queremos prohibir la recogida de huevos de avefría en los Países Bajos, o las corridas de toros en España o el engorde de los gansos franceses para hacer, porque estas costumbres son crueles para los animales, o bien son asuntos nacionales en los que la interferencia de Europa no añade valor alguno? 
No sería un mala idea que en esta Cámara y en la UE pensáramos en lo que queremos y no queremos hacer en el ámbito de la protección animal, en lugar de consentir una caprichosa protección a la carta. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, también yo deseo felicitar a la ponente por la lucidez que ha demostrado en este asunto y manifestar que apoyamos plenamente su propuesta de rechazo de la propuesta de la Comisión. 
También podemos suscribir sus argumentos. 
En primer lugar, señor Comisario, quisiera decirle que aprecio mucho sus disposiciones sobre el curso que hay que dar a este proyecto, habida cuenta de la posición del Parlamento Europeo. 
De hecho, me gustaría destacar lo incoherente que ha sido la gestión de la Comisión de este asunto de la captura no cruel de los animales. 
En efecto, hay que recordar que, en 1998, el Parlamento Europeo rechazó las conclusiones de los acuerdos tripartitos con Rusia, Canadá y los Estados Unidos, por considerar que no eran suficientemente ambiciosos para ser eficaces. 
Pero a diferencia de lo que sucede hoy, la votación de 1998 carecía de consecuencias, puesto que el Consejo podía celebrar acuerdos incluso en contra del dictamen del Parlamento. 
Ahora bien, esta vez, la Comisión propone una directiva europea para la aplicación de esos mismos acuerdos, es decir, un proyecto que no alcanza los objetivos que se habían fijado. 
¿Por qué, pues, habría de aceptar el Parlamento una propuesta tan floja? 
Es la pregunta que formulamos a la Comisión. 
También por lo que se refiere al contenido, esta propuesta nos parece inaceptable. 
No solo es criticada por los científicos –otros colegas han hablado de ello– y por las asociaciones de defensa del bienestar animal, sino que además no reduce en nada los sufrimientos de los animales que caen en las trampas. 
A este respecto, creo que debemos remitirnos a la exposición de la señora Scheele, que explica precisamente que no se reduce en nada el sufrimiento. 
Un último punto que es crucial: este proyecto es inaceptable porque, a fin de cuentas, se burla de la legislación europea, al incluir en su lista positiva especies protegidas por el artículo 12 de la Directiva Hábitats. 
Están la nutria, el lobo, el castor y el lince. 
Y usted sabe, señor Comisario –soy muy consciente de ello, pues procedo de Francia–lo difícil que es hacer cumplir la Directiva Hábitats, proteger a los lobos e intentar explicar la situación. 
Por todas estas razones, rechazamos esta propuesta y, realmente, señor Comisario, contamos con usted para que sirva de enlace entre el Parlamento y la Comisión y conseguir que esta retire el proyecto. 
Todo el mundo, desde los cazadores hasta aquellos cuya misión es la protección de los animales, puede decir que está insatisfecho con su contenido. 
Nuestro Grupo político está de acuerdo con las críticas formuladas. 
En particular, el contenido no se basa, desde luego, en los últimos descubrimientos científicos, como de hecho debería hacerlo una propuesta de directiva de este tipo. 
Ha llegado por consiguiente el momento de retirar la propuesta y empezar otra vez desde el principio. 
En nuestra opinión es cuestión de equilibrar la propuesta. 
La protección animal debe primar, lo que significa que hay que introducir mejoras considerables en la propuesta. 
Cuando se establezcan normas aplicables será importante, sin embargo, no establecer innecesariamente normas de caza en los Estados miembros que vayan más allá de lo estrictamente necesario para proteger a los animales del sufrimiento. 
También en el futuro esto debe incumbir en general a cada Estado. 
Esperamos que la Comisión vuelva con una nueva propuesta. 
Agradecemos a la ponente su trabajo y votaremos a favor del informe tal como está. 
. – Señor Presidente, mi Grupo apoya la propuesta de rechazo de esta directiva, aunque basándose en argumentos que difieren de los de la ponente. 
En primer lugar, me parece que esta directiva impediría el control eficaz de las plagas en algunos Estados miembros; me refiero especialmente al ratón almizclero en los Países Bajos. 
Esto puede tener consecuencias importantes para la seguridad pública. 
No puedo apoyar una propuesta que no contiene ninguna excepción al respecto. 
El Comisario Dimas ha dicho que puede comprender las preocupaciones de muchas organizaciones. 
Quisiera saber si también puede comprender la preocupación que tenemos en los Países Bajos por la seguridad de nuestros ciudadanos, cuando las madrigueras de los ratones almizcleros socavan los diques. 
Mi segundo argumento de rechazo se refiere al fundamento jurídico. 
El Protocolo 33 del Tratado CE concede a la UE competencias en el área del bienestar de los animales tan solo en las políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior o investigación. 
El proyecto de directiva aplica el acuerdo internacional sobre métodos de captura no cruel, concluido en el contexto de la política comercial común. 
Ya que la propuesta armoniza las normas de los Estados miembros para la captura de animales en el mercado interior y no sirve a un fin ambiental directo, el artículo 95 es el único que cabe contemplar como fundamento jurídico correcto de esta propuesta. 
Me gustaría conocer la respuesta del Comisario Dimas a esta cuestión. 
– Señor Presidente, señor Comisario, por quinta vez desde 1991, es decir, desde hace quince años, este Parlamento, también en sesión de noche, aborda la cuestión de las trampas y su «barbarie de rostro humano». 
En 1991, por ejemplo, se trataba de prohibir los cepos y la importación de pieles de zorro, nutria, lince y trece especies animales procedentes de Canadá y los Estados Unidos. 
La prohibición debía aplicarse a partir de 1995. 
No obstante, en 1998, la Comisión vino a explicarnos que había que prolongar la vida de los cepos en interés de los inuits y su caza ancestral, cuando los tramperos inuits en cuestión son multinacionales de la piel instaladas en la Quinta Avenida de Nueva York. 
Aquí mismo, ante el Comisario irlandés, el señor Mac Sharry, describí al animal del lejano Norte, con los huesos de la pata rotos, los tendones triturados y las arterias seccionadas, que se arranca él mismo la pata y se arrastra por la nieve roja para morir veinte metros más allá bajo los abetos, todo ello en beneficio de una industria de lujo que es tan india como yo, que me llamo Martinez, soy genéticamente sueco. 
Entonces, esta noche, a la directiva sobre la captura no cruel, que se supone permite actuar para gestionar la fauna, proteger los diques, proteger las culturas y respetar los Tratados, digo: ¡No y no! 
Porque por un ratón almizclero o un tejón que crean un peligro se captura a diez zorros plateados que generan un beneficio. 
– Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias a la ponente por su informe. 
La votación en comisión tuvo un claro resultado. 
Creo que a todos, en principio, nos encanta que se regule la protección de los animales salvajes, por lo que me parece deseable un enfoque integral. 
Consideremos las grandes diferencias entre la Directiva Hábitats, la Directiva Aves y la protección concedida a otros animales: las diferencias no siempre están justificadas. 
Por supuesto, también hay que tener en cuenta la capacidad de los animales de causar daños que suponen una amenaza para la vida. 
Creo que necesitamos hacer una distinción y simplemente dar prioridad al bienestar humano. 
Baste tan solo recordar las roturas de los diques que nos han descrito tan elocuentemente nuestros colegas diputados neerlandeses. 
Dicho esto, como legisladores tenemos que considerar cómo podemos adoptar las decisiones correctas, teniendo en cuenta los poderes de los que estamos investidos. 
Sin embargo, ya que el propio fundamento de esos poderes ha sido motivo de disputa, por motivos de seguridad jurídica es necesario que este asunto se examine a fondo. 
Si seguimos el razonamiento de la Comisión Europea y de la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, el fundamento es el artículo 175 y los inmediatamente siguientes. 
Puesto que, sin embargo, esta propuesta no tiene en cuenta el conocimiento científico más actualizado, creo que debe ser rechazada en su totalidad. 
Es demasiado importante para nosotros no buscar lo mejor para los animales tanto como para los seres humanos. 
También hay que tener en cuenta, por supuesto, que la doctrina de la subsidiariedad exige que se dé a los Estados miembros la oportunidad de promulgar normas rigurosas de protección de los animales, también dando prioridad a la seguridad de los seres humanos. 
– Señor Presidente, no voy a romper el molde porque yo también apoyo la idea de rechazar esta propuesta. 
Como han dicho todos los demás, es difícil percibir beneficios para el bienestar animal en la propuesta de la Comisión. 
Tengo entendido que el propio Comité Científico y Veterinario de la Comisión expresó dudas acerca de la propuesta y que incluso se cuestiona la forma en que fue consultado. 
Es también sorprendente –y ya lo planteé en comisión– encontrar una lista de 19 especies que deben ser protegidas por la directiva, para luego descubrir que algunas de ellas son ya especies protegidas en la Unión Europea. 
Me parece extraño que se explique la forma de utilizar trampas para animales cuya caza está prohibida por ley. 
Agradecería algún comentario al respecto del Comisario. 
Dicen que no se puede contentar a todos siempre, pero me temo que esta propuesta no satisface a nadie. 
Por lo tanto, me ha complacido saber que el Comisario está dispuesto a escuchar al Parlamento y encontrar una forma alternativa de avanzar en esta cuestión. 
La señora Scheele ha hecho un trabajo excelente y tenemos un frente unido en el Parlamento, muy diferente del debate presenciado por el Comisario sobre REACH ayer, cuyo resultado veremos en la votación de mañana. 
Si el propósito de esta Directiva ha sido introducir normas de captura no cruel para determinadas especies animales, entonces dicho propósito ha fracasado. 
El hecho de no tener en cuenta los últimos hallazgos de la investigación científica está en contradicción con otros instrumentos de la legislación de la UE y no contribuirá en modo alguno a aliviar el sufrimiento de los animales salvajes capturados. 
Desde el punto de vista del desarrollo psicológico y del comportamiento de los mamíferos, la principal objeción moral al uso de trampas para matar es que el periodo que media entre la captura y la pérdida de conciencia del animal, es decir, el periodo de lucha con la muerte, es demasiado largo. 
El hecho es, sin embargo, que el acuerdo internacional firmado por la UE, Canadá y la Federación Rusa, cuyo componente ambiental quiere transponer esta Directiva a la legislación de la UE, es el primero de los dos que tratan específicamente la cuestión de la protección de los animales, a pesar del hecho de que su propósito fundamental es facilitar el comercio de pieles. 
Quisiera llamar su atención sobre el artículo 5 de este acuerdo, que obstruye en gran medida los esfuerzos de países que ya han establecido reglas sobre la caza que van más allá de las normas internacionales. 
Si las normas vigentes se derivan solamente de un conjunto de mínimos comunes denominadores, no se estimulará a las partes de este acuerdo a que consideren el desarrollo de normas menos crueles. 
– Señor Presidente, quiero sumarme a los comentarios que ya han hecho otros diputados en apoyo a la posición de la señora Scheele, la ponente, en su informe. 
Como hemos escuchado, nuestros colegas quieren rechazar la propuesta de la Comisión por una serie de razones diferentes; pero estamos de acuerdo con ese rechazo. 
Como ya se ha dicho en varias ocasiones, esta propuesta ha sido criticada por todos los afectados –científicos, grupos de defensa de los derechos de los animales, grupos defensores de la caza– porque no se basa en las últimas pruebas aportadas por la investigación científica y porque tampoco previene, o siquiera reduce, el sufrimiento de los animales que caen en las trampas. 
Este Parlamento ha demostrado a menudo su voluntad política de proteger a los animales y esta débil propuesta desde luego no lo consigue. 
Las normas que contiene son crueles. 
No estamos hablando de unos cuantos animales, sino de millones de animales que caen en trampas todos los años en la Unión Europea. 
Son muchos los aspectos en los que la propuesta se queda corta respecto a lo que podemos o podríamos conseguir para mejorar el bienestar de los animales. 
Por ejemplo, permite la utilización de trampas calificadas de crueles mientras se desarrollan trampas mejores, pero no se fija ningún límite de tiempo. 
La prioridad es que sigan utilizándose trampas. 
No se introducen salvaguardias, como hemos escuchado ya, para proteger a especies en peligro de extinción de morir en trampas en algunas zonas donde sabemos que habitan esas especies. La única forma de hacerlo sería prohibir el uso de trampas en esas zonas. 
Por eso y por muchas otras razones, no podemos aceptar la actual propuesta y la Comisión debería presentar una nueva. 
– Señor Presidente, la propuesta de la Comisión relativa a la captura deja mucho que desear. 
De acuerdo con esta propuesta, las trampas deben probarse conforme a normas estrictas, hay que prever una formación especial para los tramperos y las trampas hechas a mano solamente se permiten en circunstancias excepcionales. 
Si el Parlamento Europeo aprueba esta propuesta, será prácticamente imposible dedicarse a la caza en los países nórdicos. 
Es gratificante que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria haya rechazado la propuesta de la Comisión. 
Las cuestiones de la caza deben decidirse en los niveles local o nacional, no en Bruselas. 
Quiero llamar la atención de los diputados sobre el hecho de que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya emitido una opinión relativa al fundamento jurídico de la propuesta. 
Esta opinión ha sido incorporada al informe por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y recomienda que el artículo 175 constituya el fundamento jurídico de la propuesta. 
Este artículo se refiere a la política ambiental de la UE. 
La protección de los animales salvajes no forma parte, sin embargo, de la política ambiental de la UE y ni siquera es competencia de la UE. 
Si el artículo 175 constituyera el fundamento jurídico, se correría el grave peligro de que cada vez más asuntos como este se consideraran cuestiones de la UE y se trataran a escala de la UE. 
Estoy de acuerdo con la ponente, la señora Scheele, en que la propuesta de la Comisión debería rechazarse. 
La señora Scheele piensa, sin embargo, que la propuesta no va suficientemente lejos. 
Mi punto de vista es el contrario. 
Por supuesto que se necesitan normas, incluso con respecto a la captura, para garantizar, por ejemplo, la protección de los animales. 
Estas normas, sin embargo, deben establecerse en los Estados miembros y no en Bruselas. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que mañana esta propuesta será probablemente rechazada. 
Ello se debe en parte a que fuerzas poderosas aquí en el Parlamento parecen querer regular la captura en detalle y casi acabar con la captura de animales salvajes como tal. 
Parece casi como si el objetivo final fuera que no se pudiesen capturar animales salvajes en Europa. 
Para estas personas, esta propuesta simplemente no va suficientemente lejos. 
Aunque se califican a menudo amigos del medio ambiente, también hacen a menudo peticiones que no favorecen en nada al medio ambiente. 
Hacen caso omiso del hecho de que la caza sea una parte importante del cuidado de la vida salvaje y del medio ambiente. 
Puedo citar, a título ejemplo, algo que oí el otro día, concretamente que hay especies de aves marinas que dependen de las capturas por parte finlandesa, por ejemplo, de tanukis, que no pertenecen naturalmente a la fauna local, sino que han sido importados. 
En mi opinión, la propuesta de la Comisión no peca de demasiado limitada. 
Al contrario, en realiudad va demasiado lejos. 
Además, la Comisión trata de extender sus poderes a cuestiones que los Estados miembros están realmente mejor preparados para tratar. 
Tengo dos argumentos que espero que la Comisión asuma con vistas a eventuales propuestas futuras. 
En primer lugar, creo que los acuerdos internacionales vigentes deben ser nuestro punto de partida y no debemos intentar ampliarlos de manera que haya peligro de levantar nuevas barreras al comercio. 
En última instancia, esto solamente afecta a fabricantes y cazadores individuales y crea problemas. 
Más aún, creo que en lugar de seguir el ejemplo de la Comisión y ampliar el acuerdo, habría bastado con pedir que los mismos Estados miembros aplicaran partes de dicho acuerdo. 
En segundo lugar, esta propuesta generaría mucha burocracia, que podría haberse evitado. 
Estados miembros como Suecia tienen sistemas eficientes para ensayar todas las trampas. A fin de evitar la burocracia, debería ser posible aprobar los resultados de las pruebas ya efectuadas con varias trampas. 
Espero que la Comisión asuma estos argumentos y no escuche solamente los argumentos de quienes quieren acabar con la captura de animales salvajes. 
– Señor Presidente, el Comisario ha hablado antes de nuestras obligaciones internacionales. 
Yo diría que el llamado acuerdo internacional es, en el mejor de los casos, ambiguo. 
No soy experto en leyes, pero la Comisión tiene que reconocer que existen graves incoherencias jurídicas entre esta propuesta y otras políticas de la UE sobre las que tanto la señora McAvan como el señor Blokland han llamado la atención, desde diferentes puntos de partida. 
El señor Maaten ha mencionado la Directiva Hábitats. 
Pero está también la protección de los animales de laboratorio en la investigación. 
Estas y otras son políticas serias y bien fundadas para la protección de la vida silvestre y los animales que son tristemente utilizados en los laboratorios. 
Es un tema importante que no puede dejarse simplemente a su suerte. 
El aire atmosférico y el aire que respiramos son justamente considerados como un aspecto necesario de la legislación medioambiental a escala comunitaria. 
Diría al anterior orador, el señor Fjellner, que su propuesta está dentro de la misma categoría de importancia y necesidad, pero por ahora no tiene en cuenta muchas decisiones ya tomadas. 
Como ha dicho el señor Schnellhardt, hemos trabajado con otros países del mundo: Estados Unidos, Canadá y Rusia. 
Pero para nuestra propia credibilidad, diría que podemos y tenemos que hacerlo mejor. 
Felicito a la ponente por su trabajo y, hablando en nombre del Intergrupo Parlamentario de Bienestar Animal, quiero pedir también que se retire esta propuesta, porque lamentablemente no contribuirá para nada al bienestar de los animales. 
En vista de lo que el Comisario ha escuchado esta noche, sugiero que para evitarle humillaciones mañana, la retire antes de que se someta a votación en el pleno. 
– Señor Presidente, por supuesto que estoy de acuerdo tanto con mi Grupo como con los otros que han argumentado en contra de la propuesta de la Comisión, y no repetiré estos argumentos en esta Cámara. 
De hecho, solo he pedido la palabra para recordar que los animales que viven casi inobservados en estado salvaje viven mejor que los animales enjaulados. 
Hemos visto imágenes horribles de China con osos enjaulados porque se codicia su piel, pero no es, por supuesto, solo de los osos de los que tenemos que ocuparnos aquí. 
En Dinamarca tenemos grandes granjas de zorros que también son horribles, al margen de cómo hayan sido capturados. 
Las granjas de zorros son absolutamente crueles para los animales. 
Creo que deberíamos incluir a otros animales en este debate, en lugar de hacer caso omiso de este problema e interesarnos solamente por la crueldad infligida a los animales por la manera en que se capturan. 
Quisiera hacer hincapié en que tenemos que ampliar nuestra perspectiva para evitar que se legitime el trato brutal de los animales en las granjas, tanto en China como en Dinamarca. 
– Señor Presidente, señor Comisario, no podría estar más en desacuerdo con la anterior oradora. 
Creo que la cría de animales para la obtención de pieles en Europa está mucho mejor que la cría de animales en China. 
La cría de ciervos, la cría de zorros y la cría de visones son cuestiones totalmente diferentes. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi apoyo a la conclusión de la señora Scheele de que la propuesta de la Comisión debe ser rechazada. 
Pero no estoy de acuerdo con las razones que ha expuesto ella. 
En primer lugar, el fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión es cuestionable. 
Esta propuesta trata de aplicar un acuerdo comercial que permita a la UE cumplir sus obligaciones comerciales internacionales, pero su contenido hace referencia al bienestar de los animales silvestres, una cuestión que no compete ni debe competer a la UE. 
El Tratado solo faculta a la UE a asumir la responsabilidad del bienestar de los animales en el contexto de la agricultura, el transporte, la investigación del mercado interior y ámbitos como el bienestar de los animales de granja, incluida la cría de animales para la obtención de pieles. 
En segundo lugar, la Comisión tampoco ha presentado una evaluación del impacto de la directiva propuesta. 
El coste estimado de las pruebas de un único tipo de trampa varían entre 30 000 y 100 000 euros. 
Si esas pruebas se realizasen utilizando medios técnicos, se harían más fiables, baratos y fáciles de evaluar y armonizar los requisitos en todos los Estados miembros. 
Pero existe un problema, como ha dicho el señor Evans. 
Los animales de laboratorio son también animales y tenemos que ocuparnos de su bienestar. 
Además, la idea de exigir un permiso cada vez que se utilicen trampas caseras es peregrina. 
¿Cómo piensa atender la Comisión la solicitud de permisos de cientos de miles de tramperos finlandeses en Bruselas? 
En tercer lugar, como muchos de los oradores que me han precedido, quiero insistir en los efectos negativos de la propuesta para la conservación de la vida silvestre y la naturaleza. 
El perro mapache, que no es una especie autóctona de Finlandia, pero sí un depredador extremadamente eficiente de aves y demás fauna silvestre, solo puede controlarse eficazmente mediante la caza con trampas. 
Si se dificultara la utilización de trampas, como sugiere la propuesta, la pérdida de biodiversidad sería enorme. 
En general, es fundamental que la aplicación de la legislación sobre trampas y caza se base en el conocimiento de la población local. 
Solo ella tiene un conocimiento suficiente de la flora y la fauna locales para ayudar a redactar una legislación equilibrada. 
Una intervención del tipo inadecuado a escala de la UE puede comprometer un objetivo por lo demás noble, como en todos los ámbitos en los que debe defenderse el principio de subsidiariedad. 
Pido sinceramente a la Comisión que retire su propuesta para evitarse la humillación de mañana. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, intentaré resumir mucho en un breve espacio de tiempo. 
Cientos y miles de animales se capturan con trampas en toda la Unión Europea, y esta práctica se usa fundamentalmente para controlar animales que viven en estado salvaje y, en particular, para combatir las plagas, de las que los ratones almizcleros son solo un ejemplo. 
Fue en 1998 cuando la UE, conjuntamente con Canadá, Rusia y los Estados Unidos de América, celebraron el acuerdo sobre normas internacionales de captura no cruel. 
Estos países son los principales exportadores de cueros y pieles, y la UE, en dos decisiones, lo justificó correctamente por referencia a su competencia en materia de política económica general y, en particular, de la política que afecta al mercado interior. 
Esta propuesta legislativa constituye un intento de transponer este acuerdo al Derecho de la UE, cuya sustancia es que la Comisión aboga por un equilibrio –que sin duda ha de discutirse más– entre la necesidad de limitar en lo posible los sufrimientos de los animales y la necesidad de usar trampas para capturarlos. 
Hay que decir, sin embargo, que la propuesta sitúa el fundamento primario en la política ambiental, pero la UE solo es responsable del bienestar de los animales en combinación con otras áreas políticas, como la agricultura, el transporte, el mercado único o la investigación. 
Se deduce de ello que no tiene competencia general con respecto al bienestar de los animales salvajes. 
Esta Cámara está, por supuesto –y yo también, desde luego– totalmente a favor de salvaguardar el bienestar de los animales salvajes, pero esto, como objeto de legislación, compete a los Estados miembros. 
Dado que el Parlamento Europeo, como legislativo europeo, debe respetar el derecho de los Estados miembros de acuerdo con la subsidiariedad, esta propuesta legislativa debe rechazarse con independencia de las buenas intenciones que contenga. 
Tengo que decir al Comisario que la promulgación de normas correspondientes por parte de los Estados miembros aliviará las obligaciones de la Unión Europea. 
. 
Señor Presidente, quiero empezar diciendo que los procedimientos democráticos incluyen el rechazo de propuestas y no considero que esto sea humillante ni vergonzoso. 
Forma parte del proceso democrático que tenemos que tener en cuenta. 
Como he dicho antes, he tenido en cuenta la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria con respecto al rechazo de la propuesta de la Comisión y he oído esta tarde todas las opiniones diferentes formuladas aquí, opiniones que en muchos casos pueden tener varios puntos de partida pero que casi todas llegan a la misma conclusión. 
La propuesta de directiva que se debate habría llenado un vacío jurídico, dado que si excluimos el Reglamento del Consejo de 1991 no hay más legislación sobre normas de captura a escala de la Unión Europea y, en el plano nacional, el marco legal existente es muy restringido. 
En cualquier caso, esta propuesta enriquecería la legislación vigente de los Estados miembros, no la mermaría: en los que hubiera una legislación más estricta, esta continuaría aplicándose. 
Sin embargo, teniendo en cuenta sus preocupaciones y la posición del Consejo, quiero informarles de que la Comisión examinará muy cuidadosamente los siguientes pasos en relación con esta propuesta, incluida por supuesto la posibilidad de retirarla. 
En la fase actual, sin embargo, quiero decir que necesitamos examinar todos los parámetros relevantes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
-A6-0292/2005, del señor Romeva i Rueda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el Sexto Informe anual del Consejo con arreglo a la disposición operativa nº 8 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (2005/2013 (INI) ), 
-A6-0297/2005, del señor Kristovskis, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva: un papel para el Parlamento Europeo (2005/2139 (INI) ), y 
-A6-0288/2005, del señor Wuermeling, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre el Libro Verde sobre los contratos públicos de defensa (2005/2030 (INI) ). 
. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer no solamente la presencia de mis colegas, sino también de la señora Comisaria, aunque tengo que lamentar la importante ausencia del Consejo, que había prometido su presencia, pero que, debido al cambio del orden del día a última hora, ha tenido que excusarse. 
Creo que no hay que atribuir este problema al Consejo, sino a la Mesa y lamento no tener en estos momentos la oportunidad de poder plantear este debate junto con el Consejo. 
Teniendo en cuenta que el mío es un informe de seguimiento de la acción del Consejo, esta ausencia es especialmente lamentable. 
Sin embargo, el tema es importante, fundamental, como lo demuestra el seguimiento que numerosos sectores de la sociedad civil están haciendo tanto del control de armas como de su descontrol. 
Vender armas no es como vender neveras, camisetas u ordenadores, es una cuestión que tiene unas repercusiones muy graves a muchos niveles y, por lo tanto, las consecuencias de una venta masiva y descontrolada pueden ser nefastas. 
Recordemos un dato importante: cada minuto una persona es víctima de un arma de fuego. 
Además, el gasto que supone ese tipo de exportaciones y ese tipo de compras, va en detrimento de otras inversiones que son, a menudo, mucho más necesarias para el desarrollo económico y social. 
Asimismo, dichas exportaciones y compras conllevan frecuentemente un efecto desestabilizador desde el punto de vista regional, porque suponen, de una forma también habitual, el inicio de una carrera armamentística que hace que, en definitiva, nos hallemos ante un problema de grandes dimensiones. 
Por todo ello, la transparencia y el control de ese tipo de exportaciones son fundamentales. 
Los datos son claros. 
En el año 2003 el comercio internacional de armamento movió entre 34 000 y 43 000 millones de dólares y entre los principales exportadores destacan países europeos como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, de los que procedió el 25 % del total de las exportaciones mundiales. 
En el caso europeo, por tanto, tenemos una gran responsabilidad. 
Entre los principales importadores, además, hay que destacar que China e India son dos de los países que más aceptan y compran ese tipo de producción. 
En Europa tenemos un código de conducta aprobado en el año 1998 que es ¯venimos diciéndolo hace mucho tiempo¯ insuficiente. 
Es débil y no es jurídicamente vinculante. 
Por esto, ya en el informe que debatimos el año pasado y del que también me honré de ser ponente, planteamos la propuesta ¯que hemos recogido también en este nuevo informe de revisión¯ de convertirlo en jurídicamente vinculante. 
De hecho, en el informe que aprobó la Comisión de Asuntos Exteriores hace unas semanas se especificó de una forma clara la necesidad de fortalecer el código de conducta y de convertirlo en un texto jurídicamente vinculante. 
Además de lo anterior, en este informe se plantean otras cosas también importantes: el hecho, por ejemplo, de que se sometan al código las transferencias de capacidad de producción y de que se establezcan mecanismos de especial vigilancia para aquellos casos en los que se ha decidido levantar el embargo de armas. 
Permítanme hacer en este sentido un inciso –con relación al caso concreto de China, recordemos que una vez más esta Cámara se manifiesta favorable a que no se levante en las condiciones actuales dicho embargo. 
En primer lugar, porque no se dan las condiciones suficientes y razonables para ello y, en segundo lugar, porque el hacerlo supondría mandar un mensaje claramente equivocado, no solamente a China, sino al mundo en general, sobre la seriedad con la que abordamos ese tipo de embargos–. 
El informe también menciona aspectos que tienen que ver con el corretaje de armas, con la regulación de equipos de tortura, con el impacto de la ampliación y, también, con el papel que tiene que desempeñar la Unión Europea con relación a las Naciones Unidas. 
En la Presidencia holandesa se nos prometió, y así lo celebramos, que habría una revisión del código y un endurecimiento del mismo, así como una conversión del mismo en posición común. 
Estamos a finales del año 2005, han pasado ya dos Presidencias más y todavía estamos esperando. 
Hay que reconocer que la Presidencia británica ha puesto mucho énfasis en que esto tenía que concluirse y esperamos que antes de que termine su mandato podamos verlo realizado, pero de momento estamos esperando. 
Por último, hablando de Presidencias, quiero concluir mi intervención lamentando que entre las prioridades que ha manifestado la próxima Presidencia austriaca se dé una lamentable ausencia: no se menciona la cuestión de las armas ligeras. 
Teniendo en cuenta la importancia de este tema, no solamente en esta Cámara, sino en la sociedad civil en general, creemos que se trata de una ausencia muy preocupante y que hay que recoger desde el punto de vista de la necesidad y del compromiso que el Consejo y esta Cámara han reiterado en favor de un Tratado internacional de armas. 
Insisto en que este informe es un paso hacia adelante y espero que no perdamos más tiempo con este tema, pues no hay tiempo que perder. 
. – Señora Comisaria, señores representantes del Consejo y de la Comisión, Señorías, los debates de esta noche sobre la lucha contra de la amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva confirman que el Parlamento Europeo comprende la necesidad de participar activamente en la eliminación de la máxima amenaza para la civilización contemporánea. 
He de decir que la elaboración del informe ha sido política y técnicamente complicada, teniendo en cuenta el carácter mundial y las características especiales de las amenazas que constituyen las armas de destrucción masiva (ADM). 
Sin embargo, el Parlamento Europeo ha sido capaz de abordar la complejidad de este asunto. 
A este respecto, como ponente, quiero expresar mi gratitud tanto a mis colegas del Parlamento como a los especialistas de la Comisión de Asuntos Exteriores, a la Representante Personal y a su oficina, así como a los especialistas de la Comisión por su cooperación activa y constructiva en la elaboración del informe durante varios meses. 
En mi opinión, la conclusión más importante es la preocupación por el hecho de que, por desgracia, entre las organizaciones internacionales y las grandes potencias implicadas no existe un entendimiento común o una acción concertada con respecto a la restricción de la proliferación de ADM y los materiales y tecnologías asociados a ellas. 
Esto es preocupante porque las organizaciones y los países más influyentes reconocen, a su vez, que las AMD y su proliferación constituyen la mayor amenaza potencial para la seguridad de la humanidad. 
En círculos criminales y terroristas existe un creciente interés por las ADM y sus componentes. 
Aún más, desde la época de la guerra fría esta amenaza, lejos de reducirse, en realidad aumenta. 
Por tanto, el informe contiene una valoración no solo de la política aplicada conjuntamente por la Unión Europea y sus Estados miembros con respecto a la no proliferación y la restricción de ADM, sino también un examen de aspectos de las actividades de los Estados Unidos, Rusia y otros países corresponsables. 
El informe expresa insatisfacción con respecto a la incapacidad de la comunidad internacional para alcanzar un consenso en la Conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación celebrada en Nueva York en mayo de este año. 
Este fracaso se considera un duro golpe al multilateralismo. 
Como es bien sabido, las más de 40 medidas prioritarias presentadas por el Consejo Europeo y la Comisión para mejorar la situación no recibieron apoyo suficiente. 
Esto confirma la diversidad de intereses, la mentalidad táctica y la acción entre países con influencia internacional. 
Tal falta de confianza no promueve la cooperación multilateral, sino que devalúa la actividad del Organismo Internacional de la Energía Atómica y otras organizaciones de control de armas y productos químicos especiales. 
Su información suele ser crítica con respecto al sometimiento del asunto de las armas de destrucción masiva al control internacional. 
De forma similar, cuando el informe se debatió en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, se expresaron diferentes opiniones en relación con las medidas que podían adoptarse a escala internacional sobre una base multilateral. 
Por ejemplo, hubo diferentes opiniones sobre el actual programa nuclear políticamente sensible de Irán. 
Señorías, trataré un aspecto más del informe que, en mi opinión, es especialmente apremiante. 
Creo que el éxito de la estrategia común de la Unión Europea sobre la proliferación de ADM depende ahora en gran medida de los aspectos financieros disponibles de la estrategia de la Unión Europea para restringir la proliferación de ADM. 
Es necesario señalar que actualmente la ausencia de una rúbrica de financiación distinta y orientada a los objetivos mina la aplicación satisfactoria de la estrategia. 
Por desgracia, en estos momentos no existe claridad alguna ni en el Parlamento Europeo ni en las demás instituciones acerca de la financiación de las prioridades establecidas por el Representante Personal del Consejo o de los programas aceptados por la asociación mundial de ocho de la Comisión. 
Esto es absurdo, pues entonces sería necesario, de acuerdo con decisiones políticas previas, asignar más de 900 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años a las diferentes medidas de los programas de la Unión Europea previstos para la restricción de la proliferación de ADM, para el desarme y para la destrucción de armas. 
Esta cifra y este nivel de financiación demuestran las ambiciones de la Unión Europea de los años anteriores, pero llega un momento en que es preciso demostrar la voluntad política de cumplir los compromisos ya asumidos. 
Esto significa que, en primer lugar, la Comisión y el Consejo necesitan poder acordar la redacción de un instrumento financiero eficaz y orientado a los objetivos para las necesidades del programa de ADM en el marco de las próximas perspectivas financieras, así como en el presupuesto Comunitario, y el marco financiero de la Política Exterior y de Seguridad Común del Consejo Europeo. 
Los problemas planteados confirman la necesidad de que el Parlamento Europeo, como institución con competencias presupuestarias, participe en la garantía de que se cumpla consistentemente la estrategia de seguridad de la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema de mi informe es básicamente de naturaleza distinta a lo que acabamos de oír. 
No se trata de si nos ocupamos de las armas a escala internacional, o de ponerles coto, sino más bien de si queremos que la contratación pública de equipos militares se liberalice en el mercado único europeo. 
Quisiera empezar expresando mi más sincera gratitud por la aportación de los diputados que han ayudado a elaborar el informe, como el ponente de la Comisión de Asuntos Exteriores o como el ponente alternativo de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
Mis debates y conversaciones con ellos han constituido una fuente de sugerencias muy útiles, que se han incorporado al informe. 
Además, también quiero agradecer a la Comisión su gran cooperación, que ha supuesto su voluntad de retrasar la aprobación del posterior Libro Blanco hasta que hubiéramos emitido nuestra opinión. 
Asimismo, quiero agradecer a las partes interesadas su participación en nuestras audiencias y, por tanto, su ayuda a preparar al sector para estos cambios. 
El tema es decididamente delicado, ya que puede decirse que los contratos públicos de equipos militares afectan al mismísimo corazón de la soberanía nacional. 
Por este motivo el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que se remonta a la década de 1950, comprendía una cláusula de derogación que salvaguardaba los intereses de la seguridad nacional. 
Sin embargo, en la pasada década, progresiva y continuamente, nos hemos acercado más, incluso en asuntos fundamentales de política de seguridad, y el debate sobre los dos informes precedentes es una demostración de cómo, en estos ámbitos, adoptamos un enfoque básicamente mundial de esta política. 
Sin embargo, el mercado de contratos públicos en la Unión Europea está completamente fragmentado, y cada país tiene sus propios proveedores preferidos por designación. 
En lugar de competencia, existe una fragmentación que impide que nuestra industria sea internacionalmente competitiva y comporta elevados costes en la compra de equipos militares que podrían estar disponibles en condiciones más favorables en otro lugar, lo cual constituye una carga para las carteras de los contribuyentes que, en última instancia, han de pagar por ello. 
Por este motivo, en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y en la Comisión de Asuntos Exteriores llegamos paralelamente a la conclusión de que ha llegado el momento de que nos atrevamos a dar un paso valiente. 
Aprobamos la propuesta de la Comisión de aclarar y concretar esta cláusula de excepción, el artículo 296, porque hemos decidido que se ha abusado de ella ampliamente. 
Esta cláusula sirve de pretexto para eliminar prácticamente todo el sector de las compras públicas de equipos militares del mercado interior. 
Existe un agujero negro en el mercado interior con un gasto total de 160 000 millones de euros al año. 
Queremos hacer llegar al público el mensaje de que la apertura mutua de mercados de contratación pública atestigua, entre otras cosas, la confianza mutua entre los Estados miembros. 
Queremos decirles lo siguiente: demos un paso adelante que permita recortar el gasto estatal y pongamos en marcha un proceso que al final nos haga más competitivos y quizá incluso nos permita liberarnos en cierto grado de algunas dependencias de proveedores de fuera de Europa. 
Basta con que mencione los actuales mecanismos de contratación pública para reabastecer los aviones o misiles guiados, para lo que dependemos en gran medida de los suministros de otros mercados. 
Permítanme concluir con unas breves palabras sobre las enmiendas presentadas. 
Creo que la clave para haber llegado a una opinión común por encima de las diferencias partidarias en torno a este asunto ha sido el hecho de que desde el principio dijimos que nos concentraríamos en la cuestión del mercado único y no permitiríamos que el debate se empantanara en las cuestiones de política general relativas a la seguridad, los ejércitos y la construcción de la paz. 
A raíz de todo esto la señora Beer, de los Verdes, y un servidor, como miembro de la CSU, emprendimos las deliberaciones con informes en gran medida idénticos. 
Por tanto, recomiendo que aprueben el informe, pero que no voten a favor de las enmiendas con excepción de la enmienda 5. 
. Señor Presidente, deberíamos elogiar una vez más al ponente, el señor Romeva i Rueda, por haber elaborado un informe que exige a los Estados miembros que establezcan controles mejores, más estrictos y armonizados sobre las exportaciones de armas. 
Pese a que el informe se centra principalmente en la estimulación de la mejora de la práctica europea, también reconoce el potencial de la UE para estimular las mejores prácticas en la vecindad europea y en el mundo en general. 
Aboga por un acuerdo internacional sobre el comercio de armas. 
La Comisión respalda con firmeza que se abran las negociaciones sobre un tratado de comercio de armas que sea legalmente vinculante. 
Creemos que esto sería de gran valor, especialmente para reducir la propagación de las armas ligeras y de pequeño calibre ilegales, que contribuyen a fomentar la inseguridad humana, la delincuencia y el conflicto en todo el mundo. 
Este es un ámbito en el que la Comisión no lleva la iniciativa, sino que estamos plenamente asociados al amparo de la PESC. 
La Comisión participa regularmente, junto con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, en la lucha contra las consecuencias de las ventas indebidas o ilegales de armas. 
A través de la aplicación de proyectos específicos, también contribuimos a reducir las acumulaciones desestabilizadoras de armas en todo el mundo. 
Como señala el informe, aproximadamente medio millón de personas mueren cada año a causa de la violencia con armas cortas. 
Ante estadísticas tan graves no podemos ser complacientes. 
Volviendo a la segunda parte –la no proliferación de armas de destrucción masiva–, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, el señor Kristovskis, por su importantísimo trabajo. 
Hace ahora dos años que se adoptó la estrategia comunitaria en contra de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
El régimen de no proliferación está gravemente amenazado. 
Muchos consideran una amenaza muy grave el riesgo de que los terroristas puedan adquirir armas de destrucción masiva. 
La Unión Europea está definiendo sus prioridades presupuestarias para los próximos años. 
Todo esto hace que el informe no solo sea importante, sino también muy oportuno. 
Esta materia no es nueva para la Comisión. 
Como se menciona en el informe, la Comisión participa desde hace tiempo en programas de asistencia cooperativa para reducir los riesgos asociados a los materiales relacionados con las armas, equipos y tecnologías de destrucción masiva, sobre todo en la región de la antigua Unión Soviética. 
La Comisión también ha adquirido experiencia en la realización de acciones comunes de la UE sobre la no proliferación en Rusia en el marco de la PESC. 
Estas medidas son la esencia de la contribución realizada por la Comisión hasta el momento a la asociación global del G8 contra la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Yo, al igual que el ponente y sus Señorías, lamento enormemente que las negociaciones de Nueva York sobre la no proliferación no tuviesen demasiado éxito. 
No es una señal positiva para países como Irán. 
La estrategia de la UE reclama la creación de una línea específica del presupuesto comunitario en este ámbito. 
La Comisión ha respondido a esta reclamación introduciendo importantes objetivos de no proliferación en su propuesta de octubre de 2004 sobre el Instrumento de Estabilidad. 
Esta propuesta y las propuestas subsiguientes están siendo examinadas aquí y en el Consejo. 
Es esencial que estas negociaciones tengan un resultado positivo. 
Mientras se debaten los aspectos financieros generales, quisiera expresar mi aprecio al Parlamento por permitir, de acuerdo con el Consejo, que la Comisión realice una serie de proyectos piloto en este terreno, que ayudan a definir el mejor modo en que los instrumentos comunitarios pueden contribuir a reforzar la asistencia de la UE a la no proliferación. 
A principios de diciembre se celebrará en Bruselas una conferencia interparlamentaria de alto nivel, en la que se presentarán y debatirán una serie de estudios independientes sobre el camino a seguir. 
Agradezco la excelente cooperación con el Parlamento en la organización de este acto. 
Esperamos que muchos diputados estén presentes en esa ocasión. 
Como se solicita en el informe, la Comisión está dispuesta a facilitar información adicional al Parlamento sobre los programas comunitarios pasados y en curso en apoyo a los objetivos de desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva. 
Ni que decir tiene que la Comisión espera una continua cooperación positiva con el Consejo y el Parlamento en apoyo a estos objetivos. 
A continuación hablaré de los suministros de defensa. 
El papel del Parlamento Europeo en un debate tan delicado es esencial, y me complace que ahora la Comisión pueda tener en cuenta la contribución del Parlamento. 
Como saben, en las próximas semanas la Comisión aprobará una comunicación sobre los resultados de la consulta pública que se ha realizado durante los últimos meses. 
Es muy importante que esta comunicación refleje de forma adecuada la posición adoptada por el Parlamento. 
Quisiera manifestar mi sincero agradecimiento, en nombre del Comisario McCreevy, a todos aquellos que hicieron que esto fuera posible, especialmente al señor Wuermeling, la señora Beer y el señor Hökmark, que han llevado a cabo un excelente trabajo en sus correspondientes comisiones. 
La Comisión, a la que instó el Parlamento Europeo ya en 2002 a que tomase iniciativas en este campo, está especialmente contenta con el contenido de la contribución de esta Asamblea. 
El objetivo final de la Comisión en este campo es el de abrir los mercados de defensa que, en la actualidad, como ha dicho el ponente, se encuentran enormemente fragmentados, y aumentar la eficiencia del gasto público mediante la promoción de la competencia y la transparencia en estos mercados. 
Esto debería beneficiar a compradores y contribuyentes, pero también a la industria de defensa europea, que está sufriendo las consecuencias de una estructura de mercado que le impide competir en el mercado mundial. 
El debate público que tuvo lugar durante los últimos meses y las diversas contribuciones recibidas muestran que la mayoría de las partes interesadas comparten el mismo objetivo. 
Incluso los Estados miembros parecen ahora convencidos de que hay que tomar medidas rápidamente para hacer que las cosas avancen. 
Las negociaciones actuales dentro de la Agencia Europea de Defensa sobre un código de conducta demuestran claramente la voluntad política de poner fin a una situación unánimemente considerada insatisfactoria. 
Por lo tanto, la Comisión está dispuesta a desempeñar su papel en este proceso. 
Concretamente, podría aclarar aquellos aspectos en los que la consulta ha demostrado que las distintas interpretaciones de las normas existentes han provocado diferencias en su aplicación. 
Esto podría hacerse fácil y rápidamente, mediante una comunicación interpretativa, bajo la exclusiva responsabilidad de la Comunidad y la Comisión. 
Pero también –y lo que es quizás más importante– podría proponer normas nuevas y más flexibles para la obtención de material de defensa, normas que se adapten mejor a la naturaleza específica de este material. 
Esto no sería ni rápido ni fácil. 
Requeriría una nueva propuesta legislativa. 
Por lo tanto, en estos momentos, el instrumento legal más adecuado parece ser una directiva específica sobre suministros de defensa, que podría tratar todas las cuestiones importantes que han de tener en cuenta las autoridades nacionales a la hora de adquirir material de defensa, como la garantía de suministro, la confidencialidad o una urgencia particular. La Comisión realizará las evaluaciones y consultas preliminares necesarias y el Parlamento Europeo participará directamente en este proceso. 
Muchas gracias por su apoyo y por sus tres importantísimos informes. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, voy a hablar de contratos públicos de defensa y quiero dar las gracias al señor Wuermeling por su informe sobre este asunto. 
Me parece importante decir que los contratos públicos de defensa desempeñarán un papel decisivo en la capacitación de Europa para asumir el liderazgo desde el punto de vista militar y tecnológico. 
No obstante, la adquisición de material de defensa también es crucial si queremos desempeñar un papel en la investigación y desarrollo en este terreno. 
Esto significa que precisamos contar con grandes empresas que puedan operar a escala internacional y presentar los mejores productos. 
Lo que queremos es lograr una mejor relación calidad-precio, además de desempeñar un papel en el desarrollo de la tecnología militar para que Europa sea autónoma en la política de seguridad y en la cooperación con otras partes del mundo. 
Una cuestión básica es cómo vamos a obtener la capacidad industrial para estar en la primera fila del desarrollo de tecnología moderna. 
El problema de Europa es que tenemos un mercado fragmentado debido a unos intereses de seguridad históricamente fragmentados. 
Con un volumen decreciente de compras y el recorte de los créditos de defensa, además de –y esto es preciso recordarlo– un notable refuerzo de la necesidad de investigación y desarrollo, Europa no está bien situada si queremos que en nuestro continente los avances estén más o menos equilibrados, por ejemplo, con los de los Estados Unidos. 
Por tanto, una de las tareas cruciales es garantizar que en el caso de los contratos públicos de defensa amparados en el artículo 296 del Tratado, podamos potenciar la cooperación tanto con respecto a los contratos públicos como a la competencia abierta entre fabricantes. 
Si no conseguimos obtener todo esto no podremos competir o desempeñar nuestro papel en el desarrollo de los equipos de defensa más avanzados, porque dichos equipos están amparados en el artículo 296, que contempla excepciones para los Estados miembros. 
Si somos capaces de cambiar esta situación, el primer paso es establecer un código común de conducta y, a largo plazo, una directiva. 
Sin embargo, es importante poner en marcha esta tarea. 
De lo contrario se debilitarán los cimientos de la industria de defensa europea. 
. – Señora Comisaria, señores representantes del Consejo y de la Comisión, Señorías, primero quiero agradecer a Raül Romeva i Rueda, el ponente, el trabajo realizado para evaluar el Código de Conducta de la Unión Europa en materia de exportación de armas. 
Como me fue confiada la tarea de redactar el proyecto de opinión de la Comisión de Desarrollo a este respecto, quiero agradecer al ponente el hecho de que pudiéramos acordar la inclusión en el informe de los aspectos que la Comisión de Desarrollo consideró más importantes. 
En nombre de la Comisión de Desarrollo quiero expresar mi convicción de que no se puede tolerar la exportación de armas a los países pobres devastados por los conflictos, ya que promueve la pobreza y la vulneración de los derechos humanos. 
Es paradójico que los Gobiernos hablen de combatir la pobreza y fortalecer el Estado de Derecho, y al mismo tiempo que permitan el comercio de armas ligeras y de pequeño calibre con regímenes represivos y Estados que sufren duros conflictos militares. 
Es preciso indicar que el impacto del comercio de armas ligeras y de pequeño calibre es especialmente perjudicial para la política de desarrollo en los Estados del Acuerdo de Cotonú. 
El informe de 2000 transmite una opinión similar. 
Por este motivo, la Comisión de Desarrollo pide al Consejo y a la Comisión que formulen directrices de armas ligeras y de pequeño calibre precisamente para los países en desarrollo, subraya la necesidad de desarme, de medidas de desmovilización y reintegración social, repite la necesidad de redactar un paquete de nuevos instrumentos posteriores al embargo, y exhorta a los Estados miembros de la Unión Europea, al Consejo y a la Comisión a promover los organismos regionales de la Unión Africana y de África y consolidar los requisitos de exportación y control de armas en el ámbito regional y nacional de acuerdo con las normas del código de la Unión Europea. 
Se hace hincapié en la necesidad de que el código de conducta en materia de exportación de armas sea legalmente vinculante. 
A la Comisión de Desarrollo también le gustaría llamar la atención sobre la necesidad de que un acuerdo comercial en materia de armas fuera legal e internacionalmente vinculante. 
Espero que la opinión de la Comisión de Desarrollo, que ha sido presentada por primera vez, contribuya considerablemente a la verdad, y la reafirme, de que la seguridad es la principal condición necesaria para el desarrollo. 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, con respecto a la disposición operativa nº 8 del Código que estamos examinando, el Parlamento y Consejo tienen la obligación de reexaminar este documento cada año. 
Se trata de una disposición fundamental, que en un futuro debería ser el principal instrumento para introducir enmiendas en el Código y que ha permitido ya mejorarlo, convirtiéndolo en un instrumento dinámico capaz de adaptarse a los problemas y los cambios en relación con el comercio de exportación de armas en la Unión Europea. 
Basta pensar en la adhesión a la Unión de diez nuevos países, que, gracias a este mecanismo de revisión, han podido aportar su valiosa contribución. 
El avance más importante introducido por el sexto informe es la posibilidad de transformar el Código en posición común, haciéndolo así legalmente vinculante. 
Es preciso que el Consejo avance sin demora en esta dirección, porque una política de control de la exportación de armas basada en un Código común jurídicamente vinculante puede desempeñar un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo y la prevención de conflictos. 
El segundo nuevo elemento positivo es la «caja de herramientas» , destinada a los países a los que se acaba de levantar el embargo. 
A este respecto, considero justo que en el informe se resalte la valiente opinión del Parlamento Europeo, contraria al levantamiento del embargo sobre China hasta que en ese país se registren considerables mejoras en materia de respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles, religiosas y políticas. 
Hay, por supuesto, algunos aspectos del informe en los que habríamos querido ver progresos más palpables, por ejemplo con respecto al intercambio de información y al sistema de notificación de denegaciones. 
No obstante, los resultados positivos alcanzados hasta ahora nos permiten confiar en el futuro. 
. – Señor Presidente, es mala suerte que sea justo a estas horas tan tardías cuando debatimos una serie de temas realmente muy importantes y sin duda muy urgentes, a saber, los problemas relacionados con el objetivo de la no proliferación y el Tratado de No Proliferación. 
Por eso mismo también lamento la ausencia de la Presidencia esta noche, sobre todo porque el país que actualmente ejerce la Presidencia de la Unión Europea es también una potencia nuclear reconocida. 
Quizá pudiera transmitirse el mensaje de que la presencia de la Presidencia es muy deseable en debates de este tipo. 
Una vez más existe una necesidad urgente de lanzar campañas encaminadas a detener la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Si hay algo cierto, es que el número de países que tienen armas nucleares parece aumentar, lo que constituye un mal ejemplo para otros países y, al mismo tiempo, como ya ha dicho la Comisaria, existe un verdadero y evidente riesgo de que las armas de destrucción masiva o el material nuclear acaben en manos de terroristas. 
Urge reforzar el marco internacional para poder afrontar estos riesgos. 
Sin embargo, justo ahora podemos percibir una tendencia a resolver las cuestiones del desarme fuera de los marcos internacionales. 
Este año, la comunidad internacional, incluida Europa, no ha logrado ajustar, reformar ni fortalecer el Tratado de No Proliferación, mientras que los Estados Unidos quieren aplicar cada vez más su propia política de desarme, en particular con respecto a la lucha contra la proliferación de armas nucleares. 
Ambos son muy perjudiciales para la credibilidad y la eficacia del régimen mundial de no proliferación, que sigue siendo un pilar esencial de nuestra política. 
Por este motivo es muy importante para nosotros frenar esta tendencia y ejercer un mayor control sobre la proliferación no solo de armas de destrucción masiva, sino también de la tecnología nuclear y del material nuclear, químico y biológico; lo mismo ocurre, de hecho, con las exportaciones de armas convencionales. 
La Unión Europea tendrá que llevar la voz cantante a la hora de marcar el rumbo que ha de seguir el Tratado de No Proliferación, pero también está realizando una buena labor en muchos otros ámbitos, como la reciente propuesta o presión a favor de un tratado internacional de exportación de armas. 
Al mismo tiempo, en el régimen internacional existen muchas contradicciones, lo que también afecta a países europeos. 
Las potencias nucleares mundiales reconocidas tienen una gran responsabilidad. 
Presionan más a los países que quieren separarse del sistema internacional, y al mismo tiempo consideran la posibilidad de modernizar el arsenal nuclear, y uno de ellos incluso rechaza rotundamente suscribir la prohibición de pruebas nucleares. 
Europa es una de las fuerzas motrices, y esta es otra contradicción, del régimen internacional de no proliferación. 
Una de las máximas prioridades de la Estrategia Europea de Seguridad es tratar de encontrar, bajo la dirección europea, una solución pacífica a la cuestión iraní; al mismo tiempo, invertimos bastante menos en la eliminación de arsenales nucleares que los estadounidenses. 
Por tanto, el informe Kristovskis acierta cuando solicita un mayor respaldo financiero para esta prioridad política. 
Por último, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo da mucha importancia al Estado de Derecho internacional. 
En la comisión comentamos largo y tendido los apartados del informe Kristovskis en torno al uso de la violencia para prevenir la no proliferación, la expansión de armas nucleares. 
Todavía pensamos que la cláusula del informe no hace suficiente justicia a nuestra opinión sobre el Estado de Derecho internacional y el papel de las Naciones Unidas en todo esto. 
Si no se modifican esos apartados y si mañana el Parlamento decide respaldar esta cláusula, entonces no descarto una abstención de nuestro Grupo en la votación final sobre este informe. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, igual que al señor Wiersma, a mí también me habría gustado que este debate se hubiera celebrado en una hora más civilizada, porque, como miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y también de la Comisión de Asuntos Exteriores, me parece especialmente importante. 
Por supuesto, todos somos conscientes del hecho de que los Estados miembros evaden actualmente las normas del mercado interior con respecto a las armas aduciendo, al amparo del artículo 296 del Tratado de las Comunidades Europeas, un interés nacional básico en los contratos públicos de nuevos sistemas de armas, si bien no se limitan a verdaderos sistemas de armas, sino que en la práctica engloban contratos públicos de todo tipo de equipos militares. 
Al parecer, para hacer un examen más minucioso, ya que el artículo 296 solo abarca un 4 %, es necesario encontrar la forma de aportar más transparencia en la adjudicación del 96 % restante de las licitaciones públicas. 
La Comisión ha merecido nuestra gratitud al emprender la iniciativa y el ponente del informe, el señor Wuermeling, ha defendido la elaboración de un proyecto de comunicación que interprete el artículo 296 y de un proyecto de directiva sobre contratos públicos en ámbitos relevantes para la seguridad. 
En nombre de mi Grupo recomiendo la aprobación del informe, aunque no queremos que se excluya la opción de un código de conducta como instrumento adicional para crear mayor transparencia. 
Las ventajas de un sistema unificado de adjudicación de contratos bajo la política europea de defensa son evidentes. 
Actualmente, Europa se gasta unos 160 000 millones de euros en defensa, y hemos de garantizar que se haga de modo más eficiente; se lo debemos a los contribuyentes. 
Los vendedores pueden lograr economías de escala si la cantidad demandada es suficientemente grande, y así se puede ahorrar una cantidad considerable de impuestos. 
También en el ámbito de la investigación, de alta intensidad de costes, un enfoque conjunto adquirirá cada vez mayor importancia en el futuro. 
Asimismo, es vital que nos esforcemos por conseguir normas técnicas uniformes, para que las tropas de diferentes países realicen operaciones conjuntamente, y también es muy importante considerar que las estructuras de defensa compartidas contribuyen a intensificar la integración política y a crear más solidaridad en la Unión Europea. 
Por tanto, recomiendo que la Cámara apruebe el Libro Verde y también que se utilicen los tres instrumentos propuestos para mejorar la transparencia. 
La propuesta de la Comisión emprende el camino correcto para lograr el reposicionamiento estratégico de Europa en la política de seguridad y defensa, que se ha vuelto necesaria debido a la perspectiva de nuestras tareas políticas exteriores, que aumentan en lugar de reducirse en número. 
Vivimos en un nuevo entorno de seguridad, con nuevas amenazas, terrorismo, países inestables, conflictos por el reparto de recursos naturales, fanatismo religioso y político. 
Ningún Estado miembro de la Unión Europea puede afrontar estos desafíos por sí solo; «europeización» ha de ser la consigna. 
Solo una Unión Europea con una única política exterior, que haga pleno uso de sus propias capacidades, que cante un solo himno y que haya dejado atrás la fragmentación estructural, lo logrará. 
El hecho es que el coste de las operaciones aumentará, especialmente si el mercado de armas de la Unión Europea de 25 Estados miembros sigue fragmentado. 
Para contrarrestar esto se precisan políticas más y mejor normalizadas, que también mejorarán la interoperatividad de las tropas europeas, ya que se trata de un ámbito donde todavía existen diferencias flagrantes. 
Nuestro objetivo ha de ser capacitar a nuestras tropas para que actúen juntas. 
De acuerdo con el Eurobarómetro, dos tercios del público europeo están a favor de una cooperación más estrecha en el seno de la Unión Europea en materia de seguridad. 
Nuestra seguridad depende de la existencia de un mercado de armas operativo, y por este motivo celebramos la iniciativa de la Comisión y el informe del ponente. 
Además, quiero añadir que en mi opinión deberíamos celebrar este debate en Bruselas y no en Estrasburgo. 
. 
Señor Presidente, quisiera utilizar esta nueva oportunidad para referirme, en concreto, al informe de mi colega, el señor Kristovskis. 
Creo que el tema de las armas de destrucción masiva realmente merece una atención especial, sobre todo por algo que ya se ha dicho: si queremos ser creíbles en la esfera internacional, especialmente en esta materia, tenemos que empezar a dar ejemplo desde la Unión Europea. 
En el informe se manifiesta de una forma clara la necesidad de acentuar el papel del desarme nuclear y de hacer que la petición del Tratado de No Proliferación sea un éxito. 
Creo que es una cuestión en la que hay que insistir cada vez más. 
Pero, en segundo lugar, hay que recordar también otro punto: hay algunos países de la OTAN, entre ellos el Reino Unido y Francia, que, obviando este hecho, están iniciando lo que podría ser una nueva carrera armamentística desde el punto de vista nuclear. 
Hay que advertir de que esto representa un riesgo que hay que frenar, por lo que es necesario, al menos desde ese punto de vista, ser coherentes. 
Y, por último, quiero recordar y, en todo caso, llamar la atención de esta Cámara sobre un hecho: las recientes noticias de que tropas estadounidenses han utilizado fósforo blanco en las calles de Faluya. 
Si es así, creo que es una vulneración clara de unos principios claves que hay que respetar y que, precisamente, este informe requiere que se tengan en cuenta. 
. – Señor Presidente, podría decirse que aquí, en esta Cámara, las armas salen por la noche. 
De acuerdo con nuestro orden del día tenemos tres informes: el del señor Romeva í Rueda sobre la exportación de armas, el del señor Kristovskis sobre las armas de destrucción masiva y el del señor Wuermeling sobre el mercado europeo de equipos militares. 
En los tres hay gran cantidad de material explosivo y están interrelacionados. 
Mi Grupo tiene una opinión en general positiva del informe sobre la exportación de armas, aunque todavía sea mejorable, por ejemplo fijando criterios más precisos, y por mucho que las consideraciones en materia de política de paz, por supuesto, hagan que, desde mi punto de vista, una prohibición categórica de la exportación de armas sea preferible. 
No olvidemos que la producción, la exportación y la utilización de armas van juntos y que sin ellas no hay guerra. 
Las exportaciones de armas hacen peligrar la paz, por lo que es vital que el código de conducta sea por lo menos jurídicamente vinculante, que es justo lo que solicita el informe, y lo que todos aquí en esta Asamblea por supuesto celebraríamos. 
El señor Romeva se ha ganado nuestra gratitud por haber aceptado una enmienda de mi Grupo, que permite que el código sea jurídicamente vinculante también con respecto a los productos de doble uso. 
Los expertos en armamento consideran que la Agencia Europea de Armamento, que lleva un año existiendo, no solo promueve la exportación de armas, sino que también dificulta mucho más la supervisión y el control, y por este motivo nuestra enmienda propone la eliminación de esta agencia, de la que se dice que guarda relación con la defensa. 
Quiero solicitar en particular a mis colegas miembros de los Grupos Socialista y de los Verdes de esta Cámara que se unan a la Izquierda para lograr la sustitución de la Agencia de Armamento por una agencia de control de las exportaciones de armas. 
El informe Kristovskis nos presenta asuntos bastante diferentes. 
En realidad pretendía comentar los medios con los que podría lucharse contra la proliferación de armas de destrucción masiva, pero lo que tenemos ante nosotros es un informe de fuego, que transmite una opinión positiva de la guerra de Iraq, un crimen según el derecho internacional. 
Solicito a la Cámara que no apoye este informe, y no meramente absteniéndose de votar, que es, según acabamos de escuchar, lo que recomiendan los Socialdemócratas, y que no apruebe las enmiendas que piden una actuación más dura con respecto a Irán por parte del Grupo de la Europa de las Naciones, a la que pertenece el señor Kristovskis. 
Solicito a los conservadores de esta Cámara que no apoyen una interpretación según la cual Irán, en cuestiones de armas de destrucción masiva, en los últimos 17 años no ha hecho más que sembrar y cosechar desconfianza; esto no es cierto. 
El informe parece considerar la guerra contra Iraq un proyecto para un ataque contra Irán, aunque ahora ni siquiera el ex Secretario de Estado Colin Powell afirme que en esos momentos realmente Iraq tuviera armas de destrucción masiva y esté avergonzado de su actuación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En cuando a las armas de destrucción masiva de Occidente, el informe es hipócrita según el estilo habitual de esta Cámara. 
Por tanto, proponemos que se solicite la retirada de las armas nucleares de los Estados Unidos de suelo europeo, que se desguacen las armas nucleares francesas y británicas y que Alemania, de una vez por todas, renuncie a su potencial para enriquecer uranio en su reactor de investigación de Garching. 
En cuanto al último de los informes, he de decirle al señor Wuermeling que confirma no solo que nuestra industria no es competitiva en el escenario mundial, sino también, y al mismo tiempo, que no existía relación alguna entre los informes. 
Si solo se trata de competencia, entonces también vale para la competencia de los mercados de exportación, y por este motivo el artículo 296 ha de aplicarse. 
Este informe sobre la industria de los equipos militares me parece muy franco y sincero. 
Trata de la estrecha cooperación con la OTAN y los Estados Unidos, y nuestro Grupo también votará «no» a este informe. 
. – Señor Presidente, en estos tres informes hay una nueva proliferación de ideas descabelladas del Parlamento Europeo, pero que muestran adónde quieren llegar a parar esta Asamblea y la Unión Europea. 
En ellos se solicita que se rechace una nueva generación de armas nucleares, medidas progresivas e importantes a favor del desarme nuclear del Reino Unido y Francia, así como la armonización de las exportaciones de armas, y todo esto cuando el mundo es cada vez más peligroso y no al contrario. 
Los incompetentes soñadores utópicos de izquierdas que principalmente componen este lugar profundamente estúpido y corrupto ya hacen suficiente daño con sus esfuerzos legislativos sin tener que inmiscuirse en cuestiones de defensa. 
Puede que finalmente un día los Gobiernos nacionales sean capaces de enmendar las estúpidas políticas de la UE sobre agricultura, pesca, comercio y finanzas, pero si la UE se las arregla para asumir el control de la defensa, esto podría tener consecuencias irreversibles. 
Todos estos informes son sendos ladrillos de una política europea de defensa y seguridad, lo cual queda claramente demostrado por el hecho de que en uno de estos informes aparece una política armonizada de suministros de defensa, pese a ser un elemento de la fracasada Constitución Europea. 
Las fuerzas armadas británicas se están diluyendo en un ejército europeo. 
El Reino Unido camina como un sonámbulo hacia el día en que nos despertaremos y encontraremos que no contamos con una capacidad de defensa y militar independiente. 
Si llega el día en que la defensa nacional británica esté controlada por la Unión Europea, que Dios nos ayude. 
Sí, que Dios nos ayude, panda de bufones. 
– Señor Presidente, me siento profundamente ofendido por el orador que me ha precedido. 
No sé por qué se le ha permitido seguir diciendo cosas tan absurdas a esta Asamblea y a nosotros. 
Me siento personalmente ofendido y le ruego que tome medidas. 
Que haya dado las gracias al anterior orador es mi problema personal. 
Prometo remitir el asunto a la Mesa para que tome una decisión. 
Señor Presidente, las guerras se declaran a menudo al amparo de la oscuridad. 
Es un signo de los tiempos que la lucha por la paz también la libren los diputados a este Parlamento por la noche. 
El gasto militar alcanzó los 956 000 millones de dólares hace dos años, y el año pasado la cifra llegó al techo del billón de dólares. 
Estamos siendo testigos de la vuelta a los niveles récord del gasto registrados por última vez durante la Guerra Fría. 
El gasto militar aumenta en torno a un 10-11 % al año, lo que equivale a una auténtica carrera armamentística. 
Hay un proverbio que dice «si quieres paz, prepara la guerra» , pero hemos de preguntarnos si esta es la respuesta correcta a los problemas del siglo XXI. 
¿No es cierto que, tal y como dijo el representante del Vaticano en la 59 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, «la mayor recurrencia a las armas, grandes y pequeñas, aleja, en lugar de acercarlo, al mundo de la seguridad»? 
Deberíamos apoyar la iniciativa de las Naciones Unidas de crear una cultura de paz y de promover la civilización del amor defendidas por el Papa Juan Pablo II. 
Quiero felicitar al ponente, el Ministro Kristovskis, por haber elaborado un informe razonable basado en un compromiso. 
El apartado que se refiere al riesgo de proliferación de los arsenales de la Guerra Fría de armas biológicas, químicas y nucleares es especialmente importante, al igual que la referencia a la prohibición de las pruebas de armas nucleares en el espacio, que se aprobó hace 38 años. 
Quiero concluir diciendo que es elogiable el énfasis que damos a la necesidad de que incluso un uso justificado de la fuerza militar cumpla la Carta de las Naciones Unidas y vaya precedido del uso de todos los medios políticos y diplomáticos posibles. 
El Parlamento Europeo no puede hacer maravillas, pero hoy en día puede estar muy bien en posición de dar a la paz una oportunidad mejor. 
– Señor Presidente, esta noche estamos debatiendo tres informes importantes en esta Cámara. 
Como ponente de la oposición del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en relación con el informe sobre armas de destrucción masiva, creo que el informe es sólido, robusto y equilibrado. 
Es un informe muy completo, pero el tema es, por supuesto, muy importante. 
El ponente ha hecho un trabajo excelente. 
En la época en la que vivimos, donde las amenazas no proceden de la Guerra Fría sino de Estados delincuentes y organizaciones terroristas, es crucial vigilar a quienes poseen este tipo de armas y es vital que estas no acaben en manos inapropiadas. 
No podemos ni debemos deshacernos de nuestras armas nucleares, que forman parte de la estrategia de defensa de la OTAN y que son uno de los motivos por los que la Guerra Fría fuera realmente fría. 
Sin embargo, hemos de tratar de garantizar constantemente que los países que no deben tener armas nucleares dejen de desarrollarlas. 
Por supuesto, en este caso en particular me refiero a Irán y a los problemas relacionados con Corea del Norte. 
También hemos de esforzarnos por garantizar que los países que tienen armas nucleares ilegalmente, es decir, Pakistán, India e Israel, firmen el Tratado de No Proliferación (TNP). 
Los medios deben ir asociados a los fines. 
Si se quiere que la estrategia de la Unión Europea para la no proliferación de armas de destrucción masiva siga teniendo cierto peso, será necesario dar prioridad a la Exterior y de Seguridad Común (PESC) y, especialmente, dar la máxima prioridad a este ámbito particular también en el futuro. 
Por último, quiero dejar constancia de lo mucho que me ha complacido el informe del señor Romeva. 
Especialmente me ha alegrado que el Parlamento se muestre unido a la hora de recomendar que no se levante el embargo de armas contra China. 
Esforcémonos individualmente para garantizar que esta también sigue siendo la actitud de los Gobiernos de nuestros respectivos países. 
– De acuerdo con un informe reciente del Congreso de los Estados Unidos, en 2004 los contratos de armas firmados por los cuatro principales exportadores europeos con los países en desarrollo casi alcanzaron los 5 000 millones de dólares. 
Esto supone un aumento de cinco veces la cifra de 2003. Esto servirá para dificultar el desarrollo promoviendo la proliferación de conflictos en África y posiblemente también en otros continentes. 
En este contexto se precisan normas estrictas y eficaces sobre la exportación de armas, ahora más que nunca. 
Europa no puede promover la construcción con la ayuda al desarrollo con una sola mano, mientras con la otra, a través de una exportación sin regular de armas convencionales, destruye. 
Por este motivo, de acuerdo con el excelente informe Romeva, creemos que el código de conducta ha de ser, con carácter urgente, jurídicamente vinculante. 
Como la señora Comisaria, celebramos la decisión del Consejo de luchar por la consecución de un Tratado universal apropiado de las Naciones Unidas que recoja normas comunes sobre el comercio mundial de armas. 
El embargo de armas contra China, un país que ha amenazado repetidamente a Taiwán, no debe levantarse hasta que se le pidan cuentas a China de la detención y desaparición de los participantes en Tiananmen, y hasta que mejore el conjunto de su historial de derechos humanos. 
El informe Wuermeling contiene un aspecto que es básico para el futuro del proyecto europeo de política exterior y de defensa, y que se refleja en la Enmienda 6 presentada por mi Grupo. 
Ninguna potencia mundial ha abierto completamente mercados de equipos de defensa; los Estados Unidos protegen sus empresas de defensa con un «Ley de compras nacionales». 
Tenemos mucho que aprender de nuestros amigos norteamericanos. 
Es necesario incorporar las preferencias europeas cuando se trata de contratos públicos de defensa de los Estados miembros, lo cual es esencial si queremos garantizar la supervivencia de un sector que contribuye significativamente a la Estrategia de Lisboa, a la innovación tecnológica y a la autonomía estratégica de la Unión. 
No seamos inocentes y no nos engañemos: los aviones no son plátanos y los tanques no son neveras. 
No tratemos esta cuestión como si fuera una simple cuestión de mercados. 
El Parlamento ha de encabezar lo que es, sobre todo, un debate político y estratégico, y lo que proponemos es un primer paso en esta dirección. 
Por último, me centro ahora en el informe del señor Kristovskis, que también celebro. Me parece que no es posible tener una estrategia coherente y eficaz de no proliferación mientras los cinco Estados autorizados a tener armas nucleares, incluso dos Estados miembros de la Unión Europea, no cumplen sus compromisos de desarme gradual, de acuerdo con el artículo 6 del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (TNP) , y mientras siguen rechazando, o actuando en contra de potencias nucleares como Israel, India y Pakistán, que no son países firmantes del TNP. 
Todo esto es tanto más grave cuanto que, además de otros países, agentes no estatales o terroristas pretenden hacerse con armamento ilegal. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, la más peligrosa de todas las armas de destrucción masiva es la bomba nuclear. 
Esta bomba, esta arma, ya ha sido utilizada en dos ocasiones por los Estados Unidos, matando a cientos de miles de civiles inocentes en una fracción de segundo. 
También ha sido utilizada por Gran Bretaña, Francia, Rusia y China en pruebas nucleares que han provocado un inmenso daño al medio ambiente. 
Estos países, junto con Israel, la India y Pakistán, pertenecen al temido club nuclear formado por ocho miembros que tiene al mundo secuestrado. 
Aterrorizan a toda la comunidad internacional con su irresponsabilidad belicista, amenazándose mutuamente con mortíferos juegos nucleares de aniquilación, e insultan violentamente nuestra inteligencia tratando de imponernos su punto de vista de que el suicidio nuclear es una forma de disuasión. 
Los Gobiernos de estos países, haciendo uso de una lógica inteligible solamente para los caudillos impertérritos dispuestos a sacrificar a toda la humanidad en su búsqueda de beneficios económicos, están gastando sumas astronómicas de dinero en la construcción de un arsenal nuclear capaz de destruir varias veces el mundo, y todo lo que podemos hacer es aprobar resoluciones sobre estrategias ineficaces que reclaman la no proliferación. 
¿Por qué no pedimos enérgicamente a los países que cuentan con bombas nucleares que se deshagan inmediatamente de sus arsenales? 
¿Por qué toleramos que haya en nuestra Comunidad Europea países con bombas nucleares como el Reino Unido y Francia? 
¿Por qué no aprobamos resoluciones o adoptamos medidas en contra de estos dos países? 
¿Y por qué un país pequeño como el mío, Chipre, debe vivir con la amenaza de un desastre nuclear debido a que el Reino Unido quiere almacenar, en contra de nuestra voluntad, armas nucleares en sus bases coloniales británicas en la isla? 
Desde mi punto de vista, la respuesta es vergonzosamente simple: nos falta valor político. 
Por eso optamos por la hipocresía y la vida sigue como si nada. 
– Señor Presidente, el señor Wuermeling sostiene en su informe que el debate no versa sobre política exterior, de seguridad o defensa en general, sino solo sobre contratos públicos de productos y servicios. 
Sin embargo, existe evidentemente un vínculo entre contratos públicos de defensa y política de defensa. 
Con la creación de la Agencia Europea de Defensa, un mercado común para la contratación pública de defensa es un paso ulterior en el rearme militar aplaudido por la industria europea de defensa. 
So pretexto de incrementar la eficiencia económica y reducir la carga para los contribuyentes europeos, el ponente defiende la armonización y la normalización de acuerdo con las normas aceptadas de la OTAN. 
Si esto no es una contribución al debate sobre la política de defensa, entonces realmente no se qué es. 
En mi opinión, trata claramente del aumento y la intensificación de la militarización. 
Empleando la neolengua de George Orwell, podría decir que la guerra se ha convertido en paz. 
En lugar de hablar tanto sobre mayores recursos para investigación y desarrollo de nuevas armas, la Unión Europea y los Estados miembros deberían invertir sus recursos en investigación en consolidación de la paz y la resolución de conflictos. 
Me parece que la Unión Europea debe realmente ponerse mano a la obra. 
Mediante el desarme y la desmilitarización construiremos la paz, no a través de la militarización y la compra de más armas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, por un lado las grandes potencias, como Rusia, están reduciendo sus arsenales de armas, mientras que por otro lado el número de Estados y, lamentablemente, de organizaciones criminales que poseen conocimientos técnicos necesarios para fabricar armas de destrucción masiva aumenta. 
Sabemos que, tan solo en 2004, los servicios secretos de todo el mundo registraron más de 300 casos de manipulación ilegal de material nuclear. 
Cuanto más se extienden los conocimientos técnicos necesarios, tanto más difícil es obtenerlos por métodos convencionales. 
La guerra en Iraq y el silencio ante Corea del Norte han dado la impresión a no pocos Gobiernos de que el armamento nuclear por sí mismo basta para detener intervenciones militares. 
La posesión de armas nucleares por parte de países como Israel propicia que otros, como Irán, crean que han de fabricar las suyas propias, aumentando así el riesgo de que esas armas lleguen a parar a manos de terroristas, y lo que se precisa son medidas rigurosas para contrarrestar este proceso. 
Será realmente un mensaje poderoso si podemos ajustar el código de conducta sobre la venta de armas y, por tanto, impedir que los Estados miembros de la Unión Europea vendan armas a terceros países que después las utilizan contra sus propios pueblos o para agredir directamente a otros Estados. 
Sin embargo, este código de conducta no ha de ser algún tipo de tigre desdentado, o de lo contrario no solo estaremos arriesgando la seguridad de innumerables personas, sino que también nos expondremos al ridículo. 
– Señor Presidente, Señorías, si me preguntan, el debate de hoy es una oportunidad desaprovechada. 
En primer lugar, en cuanto a la hora del día, este debate debió celebrarse a las 11 de la mañana de hoy en presencia del Consejo. 
Ahora se está celebrando casi a medianoche, tras un debate sin duda fascinante en torno a normas sobre la captura de algunas especies de animales. 
En segundo lugar, el título es incorrecto. 
Aquí no se habla de armas, sino de Política Europea de Seguridad y Defensa. 
Si, por ejemplo, tuviéramos que hablar de nuestra actuación con respecto a Irán, no se trataría de un asunto de armas, sino de política. 
En tercer lugar, lamento mucho la ausencia del Consejo, ya que el elemento que define la Política Europea de Seguridad y Defensa es el encaje ajustado de la gestión de crisis civil y militar. Esto solo puede lograrse mediante la acción conjunta entre la Comisión y el Consejo, y sé lo difícil que es. 
¿Cómo vamos a hablar de estos asuntos si el Consejo no está ni siquiera presente? 
Otro motivo por el que es una oportunidad desaprovechada es que el ámbito de la seguridad y la defensa, en particular, brinda grandes oportunidades. 
Incluso en presencia de un padre fundador de la Constitución Europea, como el señor Brok, me atrevería a decir que la Constitución se halla actualmente en punto muerto. 
En estos momentos también estamos en punto muerto con respecto a aspectos financieros. 
No obstante, lo que no está en punto muerto es el desarrollo ulterior de la Política Europea de Seguridad y Defensa, recientemente cristalizada por la Agencia Europea de Seguridad. 
En el proyecto de Constitución tan solo se había contemplado, y ya es una realidad. 
Hemos asumido la responsabilidad de la seguridad en Bosnia-Herzegovina; hay tropas allí bajo mando europeo. 
El compromiso de mutua defensa, que también recogió primero el proyecto de Constitución, es ahora una realidad. 
Esto significa que en este sentido avanzamos, y estoy convencido de que vamos por el buen camino hacia una Unión Europea de Seguridad y Defensa, que es también nuestro objetivo común. 
Este debate no debería celebrarse en una Cámara, como estamos haciendo esta noche. 
También quiero decir algo a mi colega el señor Lambsdorff. 
Creo que Estrasburgo es el lugar apropiado para este debate, ya que es la sede del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quiero empezar sumándome a la protesta del señor Matsakis. 
En los veinte años que llevo en este Parlamento, nunca había visto a un diputado comportarse con tanto desprecio hacia esta institución y hacia los miembros que la componen. 
Por tanto, pido que se adopte una medida eficaz contra este señor, para que un incidente de este tipo no se vuelva a repetir. 
Como ha dicho el señor von Wogau, no se trata de un debate sobre armas; es un debate más amplio, es un debate sobre política exterior y de seguridad común, aunque yo solamente tendré ocasión de referirme al informe del señor Wuermeling, sobre la contratación en materia de defensa. 
Yo creo que la Comisión tiene razón al señalar que el artículo 296 del Tratado de la Comunidad Europea, que constituye en este momento un obstáculo constitucional para el desarrollo de un mercado común –diríamos– de la defensa, puede ser, de alguna forma, superado partiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en casos recientes, como el caso Johnston, o el caso Comisión contra España, de 1997. 
Pero las limitaciones constitucionales siguen existiendo. 
Es decir, en materia de política exterior y de defensa, sigue habiendo un amplio grado de soberanía estatal. 
Por tanto, en esta materia, tenemos que actuar con una gran prudencia, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. 
En tanto no se llegue a adoptar la Constitución Europea, lo que espero que se pueda hacer en breve, tendremos que conformarnos con los instrumentos jurídicos que tenemos y, con esos instrumentos jurídicos, lo que se puede hacer es poco, pero me parece muy bien que la Comisión oriente su trabajo, primero hacia una Comunicación y, eventualmente, hacia una propuesta de Directiva, como sugiere el señor Wuermeling. 
Pero también tenemos que ser prudentes desde el punto de vista político, porque el objetivo de un mercado común de la defensa europea no puede ser transformar la Unión Europea en un complejo industrial militar, como ocurre en alguna potencia exterior. 
Las armas son peligrosas. 
Yo tengo alguna formación militar; lo que me sorprendió es que, la mayor parte del tiempo, a mí no me enseñaban a matar, sino, al contrario, a protegerme de las armas. 
Las armas no son juguetes. 
No las podemos utilizar, por ejemplo, para el desarrollo económico o para el desarrollo de la industria. 
La finalidad de las armas tiene que ser proteger a los ciudadanos europeos y, en todo caso, también proteger a aquellas naciones amigas, pacíficas y democráticas que las necesiten para su propia defensa, pero no para hacer negocio con ellas o convertir Europa en una especie de gran plaza industrial que acabe, al final, volviéndose contra nosotros. 
Creo que las propuestas de la Comisión son positivas, que estas propuestas llevarán a la creación de ese mercado común de la defensa, pero que ese mercado común de la defensa debe ser un instrumento para la consecución de la paz en Europa y también de la paz en el mundo. 
– Señor Presidente, Señorías, en este informe se resalta el compromiso de la Unión de promover la universalización de los acuerdos multilaterales de no proliferación y contra el desarrollo de armas de nueva generación. 
El informe pide que se apliquen sanciones a los países que incumplan la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, si bien es cierto que los Estados miembros de la Unión Europea son partes contratantes de los acuerdos multilaterales de no proliferación, es igualmente cierto que dos Estados miembros son Estados nucleares, que Turquía, país candidato a la adhesión, es un Estado nuclear y que, cosa aún más grave, en los territorios de muchos Estados miembros, entre ellos Alemania, Italia, Grecia y los Países Bajos, están desplegadas armas tácticas estadounidenses. 
Mientras que en los cien puntos de la resolución que debatimos se dedican pocas palabras a Israel, la India y Pakistán, que no se han adherido al Tratado de No Proliferación, por lo que respecta en cambio al programa nuclear civil de Irán, se ignoran los legítimos intereses económicos y de seguridad regional de este gran país y se pide al Gobierno que aporte garantías comprobables del carácter pacífico de cada uno de sus programas nucleares. 
Es una resolución ridícula, que por añadidura pretende que la Unión Europea y la OTAN convenzan al Gobierno estadounidense de que desista de sus programas y que expresa su satisfacción por la enorme cantidad de dinero de los contribuyentes europeos –centenares de millones de euros– que se gastarán en la estrategia de reducción de armas de destrucción masiva. 
El informe propuesto constituye una clamorosa burla del sentido común y es, por tanto, del todo inaceptable. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los tres ponentes, el señor Wuermeling, el señor Romeva i Rueda y el señor Kristovskis, han abordado importantes ámbitos que debían tratarse conjuntamente más a fondo, en lugar de hacerlo en tres informes separados como estos, ya que solo son aparentemente contradictorios, pero en realidad están relacionados. 
Vivimos en un mundo en que la amenaza de los terroristas, que también podrían conseguir armas sucias, es más peligrosa que nunca. 
Si suponemos que no puede impedirse a Irán que fabrique armas nucleares –ya está fabricando cohetes con un alcance de 3 000 kilómetros–, tendremos una región que se extiende sobre Irán, Paquistán, India, China y Rusia: una gran región, la mayor del mundo, que posee armas nucleares. 
Hemos de estudiar cómo garantizar nuestra seguridad como un pequeño rincón del mundo. 
Y esto solo puede hacerse mediante la seguridad colectiva en la alianza transatlántica, que también significa que Europa no puede abandonar esta alianza, ya que ello supondría ser susceptible al chantaje: por varios motivos y por parte de varias regiones del mundo. 
En segundo lugar, tenemos que dejar claro que solo fabricando nuestras propias armas, nosotros también estaremos en situación de dar un rumbo a la política industrial, que creará puestos de trabajo y, asimismo, que nos dará independencia porque, si este enfoque político industrial no se nos ofrece y no tenemos nuestra propia industria armamentística, dependeremos de la compra de armas adicionales a otras regiones del mundo. 
Lo cual nos volverá constantemente susceptibles al chantaje, pues no podemos hacer lo queramos o, consecuentemente, contribuir a nuestra propia seguridad. 
Cuando menos será mucho más caro, porque no estaremos aprovechando las sinergias que proporciona este enfoque europeo. 
La Unión Europea y la Comisión necesitan más dinero para la investigación y para otros ámbitos, por tanto, a fin de asegurar que estamos en situación de garantizar nuestra propia seguridad y formar alianzas, a la vez que mantenemos nuestra independencia e inmunidad al chantaje. 
Todo esto ha de integrarse en un código de conducta, que dotaría de credibilidad a nuestra lucha en contra de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
En mi opinión, este código de conducta debería ser jurídicamente vinculante. 
Sin embargo, más deseable en mi opinión sería eliminar la excepción del Tratado que exonera a la Comisión de exportar armas, a diferencia de otros comercios, que es uno de los puntos débiles tanto con respecto al control, como a la capacidad de acción del conjunto de la Unión Europea. 
Convendría buscar enfoques adecuados. 
Por tanto, con objeto de ahorrar dinero, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y, al mismo tiempo, un mundo más pacífico, quiero invitarles a que prestemos más atención a este asunto. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera celebrar el informe sobre el código de conducta y las ventas de armas y llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que muchas de las demandas que hicimos en nuestros anteriores debates anuales sobre este tema se han cumplido: concretamente el nuevo reglamento sobre el comercio de equipos de tortura, la posición común sobre actividades de intermediación y la nueva obligación de detener las exportaciones si existe un riesgo para el derecho humanitario internacional. 
Sobre todo celebro el compromiso de este año de hacer que el código sea legalmente vinculante. 
¿Podría comentar hoy la señora Comisaria el hecho de que la práctica en ocasiones se queda corta? 
¿Por qué motivo Austria, Luxemburgo y Grecia, por ejemplo, no elaboran sus propios informes anuales? 
Este año se han publicado informaciones de que Francia ha exportado bombas y granadas a Myanmar y Sudán y que Italia ha exportado armas de fuego a China y Colombia. 
¿Podría comentar nuestras exportaciones de armas a Colombia, un país en el que actualmente existen numerosas pruebas de abusos de los derechos humanos por parte del ejército colombiano? 
Esta noche, muchos oradores y algunas enmiendas han hecho referencia a la posición del Reino Unido. 
Me enorgullece que mi país, en su anterior Presidencia, supervisase el acuerdo del código de conducta de la UE sobre la venta de armas y en esta Presidencia haya supervisado el acuerdo de la Unión Europea, por primera vez, para respaldar un tratado internacional sobre el comercio de armas. Nos tomamos en serio nuestras obligaciones como potencia nuclear. 
El Gobierno del Reino Unido ha reducido el arsenal de cabezas nucleares en más de un 70 %, ha reducido el número de cabezas de guerra de cada submarino Trident de 94 a 48 y ha desmantelado todas las bombas nucleares WE-177. 
En la conferencia del Tratado de No Proliferación del 5 de mayo, el portavoz del Gobierno británico declaró: «reconocemos que tenemos obligaciones particulares como Estado que cuenta con armas nucleares conforme al artículo 6 del Tratado. 
Reafirmamos nuestro compromiso inequívoco de llevar a cabo la total eliminación de los arsenales nucleares, conducente al desarme nuclear». 
Como todos los demás que están presentes esta noche, comparto los temores de que no se haya conseguido alcanzar un consenso sólido en la conferencia del Tratado de No Proliferación de principios de este año. 
Pero creo que es un error que nos centremos en países individuales, sean el Reino Unido o Francia. 
Deberíamos asegurarnos de que todas las naciones asuman sus obligaciones conforme a dicho Tratado. 
Deberíamos celebrar al hecho de que hubiese una posición común acordada por la UE antes de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación y asumamos los problemas, en aquellos casos en que nosotros, como UE, deberíamos tomar la iniciativa, como la retirada del Tratado, la universalización de rigurosas normas de salvaguardia a través del protocolo adicional del OIEA y también la cuestión de la transferencia de tecnologías de enriquecimiento y reprocesado. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, al debatir sobre cuestiones de defensa nos estamos metiendo en territorios importantes y sensibles de soberanía nacional. 
Muchos de nosotros creemos que las ambiciones militares de la UE están totalmente fuera de lugar. 
Si desean otorgar poder a la Unión Europea como agente mundial o si creen en un Estado europeo integrado o, de hecho, en una Unión Europea de Defensa, como hemos oído anteriormente, entonces tendrán un punto de vista distinto. 
Por principio y desde el punto de vista de sus consecuencias prácticas nos oponemos a que la UE se inmiscuya en asuntos de defensa. 
Sin embargo, reconocemos que existen áreas en las que podría ser beneficioso un planteamiento multilateral, y esto se aplica especialmente a los controles de exportaciones de armas y de no proliferación. 
Refiriéndome en primer lugar a los suministros de defensa, el informe Wuermeling está condicionado por un impulso integracionista muy fuerte. 
En el apartado 12 incluso plantea la cuestión de en qué medida puede hacerse todavía una distinción significativa entre los intereses de seguridad nacionales y comunes de Europa. 
Realmente el informe pretende afianzar el papel de la Comisión Europea en los suministros de defensa y quiere que estos temas se traten conforme a la legislación comunitaria y no la nacional. 
Ya estamos en una situación en la que el mercado de suministros de defensa británico está abierto a la competencia exterior de un modo en que por ejemplo el mercado francés no lo está. 
Vemos cómo las empresas británicas dedicadas a la defensa –importantes activos estratégicos nacionales– son adquiridas por empresas extranjeras. 
Pese a que los conservadores británicos respaldan la mayoría de las medidas destinadas a reforzar un verdadero mercado único, la defensa debería salvaguardarse y seguir siendo la excepción. 
Respecto al tema de las armas de destrucción masiva, concedemos una gran importancia a luchar contra la proliferación y reforzar la seguridad de los materiales que las componen. 
Al mismo tiempo, la fuerza nuclear disuasiva independiente del Reino Unido sigue siendo un elemento vital de nuestra estrategia de defensa, que no ha perdido importancia pese al cambio del entorno de seguridad en que vivimos. 
El Gobierno británico no solo debe tomar las decisiones necesarias para mantener nuestra capacidad nuclear; también debe estar preparado para adaptar nuestras armas y la doctrina para su uso. 
Sobre la cuestión de la exportación de armas, pese a que celebramos los llamamientos para una mejor verificación del uso final de los bienes exportados y el mantenimiento del embargo de armas a China, sin embargo seguimos teniendo dificultades con la idea de un código de conducta legalmente vinculante. 
Esto ampliaría la autoridad judicial a áreas que son justamente competencia del Gobierno y ampliaría más el alcance de las instituciones de la UE, incluido el Tribunal Europeo de Justicia. 
Esta noche debatimos una peligrosa mezcla de conceptos. 
– Señor Presidente, permítame empezar dirigiéndome al señor Batten. 
Ha sido interesante escuchar este discurso de boca de un representante de una lista de candidatos que también incluye a dos personas que, una tras otra, han sido públicamente declaradas culpables de hacer un uso indebido de las dietas de asistencia secretarial en las últimas semanas. 
Deberíamos intensificar nuestra ofensiva en contra de esta banda de hipócritas de esta Asamblea y de nuestras actividades de relaciones públicas. 
Vayamos al grano. 
No tiene sentido que varias empresas de tres grandes Estados miembros de la Unión Europea trabajen en el proyecto del vehículo aéreo no tripulado, por ejemplo, en proyectos separados que no tienen nada que ver entre sí, para duplicar de este modo las ganancias. 
El contribuyente europeo no lo merece. 
Ni tampoco tiene sentido que tres grandes Estados miembros de la Unión Europea desarrollen, independientemente entre sí, sistemas de identificación electrónicos para soldados de infantería y que no se sepa con claridad si las tropas de uno y del mismo grupo de batalla europeo, por ejemplo, podrían identificarse a sí mismas en el campo de acción si proceden de diferentes países. 
Asimismo, deberíamos tener en cuenta que incluso dentro de 10 años los ejércitos de la Unión Europea todavía tendrán que utilizar 23 tipos diferentes de vehículos blindados. 
Todos podemos imaginar el tipo de compatibilidad y problemas de suministro que supondría esto en condiciones operativas. 
Sin embargo, también quiero advertir en contra de una ilusión: es imposible lograr un mercado europeo único de equipos de defensa si las empresas que operan en condiciones de mercado han de competir con las que cuentan con el apoyo gubernamental. 
Este aspecto no se ha mencionado en el debate de hoy, y además quiero proponer al señor Wuermeling que examine más de cerca esta implicación del debate sobre el artículo 296 y extraiga conclusiones para el futuro. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Libro Verde de la Comisión y, en particular, el informe Wuermeling responden a los deseos de la población: el público europeo. 
La respuesta del público a la pregunta sobre qué objetivos tendría la Unión Europea que fijarse es que debería convertirse en una Unión de Seguridad y Defensa. 
Cuando se pide al público qué quiere, su respuesta es: una política exterior común representada por una cara y una persona, no 25 intereses nacionales creados. 
Cuando nos fijamos en el cambio sufrido por el entorno de la seguridad nos preguntamos si cada uno de los Estados miembros es capaz por sí mismo de garantizar la seguridad suficiente, dada la atmósfera general que prevalece y la actual situación financiera de los Estados miembros. 
La respuesta es «no». 
Por este motivo, en este ámbito precisamos más Europa, no necesariamente más dinero. 
Sin embargo, si necesitamos más Europa pero no tenemos dinero adicional, hemos de modificar en algo nuestra actitud. 
Queremos una política exterior y de seguridad común, queremos que la Unión Europea evolucione en una unión política, queremos un mercado interior fuerte y reducir nuestra dependencia de los Estados Unidos. 
Por tanto, ¿qué hay que hacer? 
A este respecto disponemos de normas tecnológicas europeas comunes, que permiten y fortalecen la cooperación. 
Hemos de crear estructuras de defensa comunes, que tienen su importancia para la cooperación política, la integración y la solidaridad. 
Por supuesto, en vista de la máxima «más Europa, pero no más dinero» , hemos de hacer un uso eficaz de los recursos de defensa, aumentar la competitividad de la Unión Europea, mejorar los equipos militares y reducir los costes, aumentar la dimensión europea en relación con los equipos y la formación, mejorar la cooperación y, así, contribuir al aumento de la eficacia. 
Este debate ha demostrado la necesidad de aumentar la dimensión europea; lo cual, asimismo, puede explicar la ausencia del Consejo, porque aunque los grandes Estados miembros, en particular –y estoy pensando en el Reino Unido y Francia–, hablan mucho de temas comunes, se hallan entre los que obstaculizan una Comisión más fuerte en este sentido. 
– Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, la seguridad de los trabajadores y ciudadanos ha de garantizarse en los procesos de fabricación de equipos de defensa, y las propias empresas han de operar con la mayor eficacia posible. Por tanto, se precisan normas claras sobre contratos públicos en materia de defensa. 
Los ciudadanos europeos han de ser conscientes de la importancia de contar con empresas de defensa modernas y eficientes, integradas en la estructura innovadora de las PYME, que trabajen con tecnología para uso civil o militar. Además, se necesita una coordinación estratégica de las empresas de defensa existentes en varios Estados miembros, con la Agencia Europea que actúa como uno de los puntos focales para la innovación tecnológica y para perfeccionar los productos y procesos de las empresas europeas que trabajan en sectores asociados a la defensa. 
En cualquier caso, nunca debemos permitir que en la Europa de la Unión se instale un complejo militar-industrial que pudiera restringir las competencias políticas, el tipo de complejo de cuya poderosa influencia se lamentaba Eisenhower cuando abandonó la Presidencia de los Estados Unidos. 
Los contratos deben ser transparentes. 
Las normas claras y transparentes sobre contratos en materia de defensa pueden servir de gran ayuda en este sentido. 
De lo contrario, el mercado se concentrará en estas empresas, por tanto, en la práctica, bloqueará la libre competencia en el mercado interior europeo. 
Asimismo, es urgentemente necesario animar a las pequeñas y medianas empresas a que participen, en la medida de lo posible, en el proceso de fabricación mundial de la industria de defensa. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, quiero concluir diciendo que la Unión Europea necesita mantener vínculos constantes entre su política exterior y las normas de comercio internacional, especialmente con respecto a los embargos. 
En el futuro nadie comprenderá por qué las empresas de defensa de la Unión Europea iban a respaldar la declaración de guerras injustas o a sostener regímenes dictatoriales. 
Europa no fue originalmente creada para esto y tampoco es lo que debería hacer la Unión Europea. 
– Señorías, al desmantelar las prácticas establecidas de los Estados miembros con respecto al comercio de armas estamos intentando hacer historia. 
Por tanto, el Libro Verde sobre contratos públicos de defensa y toda directiva futura precisan un fuerte respaldo político, al igual que para penetrar en el entorno herméticamente sellado del mercado de defensa europeo. 
El objetivo es nada más y nada menos que imponer restricciones de gran alcance en las derogaciones de las normas generales sobre la competencia económica –el artículo 296 del Tratado permite a los Estados miembros usar y hacer un uso indebido del sistema de derogaciones–, y una serie de monopolios nacionales se han aprovechado de esto a costa de los ciudadanos. 
Detrás de las barreras creadas a propósito, el mercado de defensa está prácticamente cerrado y dominado por monopolios, y es difícil supervisarlo, pues se mantiene el secretismo incluso cuando no hay motivos de seguridad para ello. 
La falta de transparencia cuando se trata de contratos públicos, programas de investigación fragmentados y una normalización insuficiente empeoran la calidad y la interoperatividad, y a su vez restan eficacia a los sistemas de defensa nacionales. 
Por tanto, existe amplia justificación para abrir un mercado de defensa de 160 000 millones de euros, sobre todo porque a la mayoría de los Estados miembros les parece difícil cumplir sus obligaciones con respecto a la política de defensa de la OTAN. 
Si la propuesta de la Comisión obtiene el apoyo de los 25 Estados miembros, se supone que todos juntos se pondrían a trabajar en materia de estrategias innovadoras, para recortar costes y crear nuevas oportunidades para las empresas, no solo las grandes, sino también los pequeños y medianos fabricantes y proveedores de equipos de logística. 
Sin embargo, la condición fundamental para abrir el mercado de defensa, a mi parecer y al de una serie de diputados a esta Asamblea, es garantizar que se cumple rigurosamente el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de equipos militares. 
Mi solicitud del cumplimiento de este Código se incorporó al texto del informe, con objeto de tomar medidas enérgicas contra la exportación ilícita de armas de democracias avanzadas a países en desarrollo. 
Es un requisito esencial, y exhorto a la Comisión a que garantice en lo posible una supervisión de forma sencilla. 
Mi opinión se basa en la saludable experiencia de un trato armamentístico que tuvo lugar en la República Checa hace 10 años. 
Estoy profundamente consternada por la ausencia del Consejo. 
– Señor Presidente, también yo quisiera expresar mi preocupación por lo que ha dicho el señor Batten e insto a que se adopten medidas para hacer que retire sus comentarios insultantes para algunos diputados a esta Asamblea. 
Señora Comisaria, el Código europeo sobre exportaciones de armas tiene una serie de carencias, entre las que destaca el hecho de que no sea legalmente vinculante. 
Sin embargo, también es necesario que se aclare el lenguaje y la aplicación del código. 
Es necesario que se amplíe su ámbito de aplicación, y de hecho es necesaria una mayor transparencia y capacidad de acceso a la información, especialmente en relación con los informes anuales y las notificaciones de rechazo. 
Varios diputados han mencionado que algunos Estados miembros de la UE incumplen el código, pese a que se declaran dispuestos a impedir la exportación de equipos que podrían ser utilizados para la represión interior o la agresión internacional, o de hecho contribuir a la inestabilidad regional. 
Dichos países han permitido la entrega de armas y equipos de seguridad para un uso final ilícito. 
Por último, el 20 de septiembre, en respuesta a una pregunta que le planteé, usted indicó que pretende elaborar una comunicación sobre armas ligeras y de pequeño calibre antes de finales de 2006. 
Quisiera sugerir que sería mejor que dicha comunicación se publicase y debatiese en esta Asamblea antes de mediados del año próximo, ya que para entonces las Naciones Unidas celebran una conferencia sobre estos tipos de armas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a estas alturas de la noche nos encontramos debatiendo si necesitamos tecnología militar en Europa y qué podemos hacer para establecer una política exterior y de seguridad común en Europa. 
En primer lugar, con respecto a un asunto que han planteado mis colegas diputados del otro lado de la Asamblea, quiero decir que, y con ello me manifiesto abiertamente de acuerdo con mi colega el señor Brok, los europeos no podemos depender de terceros o permitirnos quedar expuestos al chantaje cuando se trata de nuestra seguridad. 
Algunos colegas diputados también han mencionado que el público europeo espera que entre los Estados miembros aumente la acción común en relación con la política exterior y de seguridad. 
A este respecto ya se han cosechado algunos éxitos: la misión en Bosnia antes mencionada es solo uno de ellos. 
Sin embargo, para ser totalmente sinceros, todavía queda mucho por recorrer antes de poder contar con una política exterior y de seguridad común, como la que contempla el público. 
Por ello celebro manifiestamente el hecho de que la propuesta de la Comisión en forma de su Libro Verde sobre el mercado de equipos de defensa y el informe de mi colega el señor Wuermeling apunten en la dirección correcta. 
Las normas comunes sobre contratos públicos en materia de equipos de defensa militar obligan a los Estados miembros a dar un paso importante con respecto al desarrollo de estructuras de defensa común y hacia una integración política más sólida. 
La mayor eficacia que se obtendrá gracias al considerable gasto en defensa traerá automáticamente una mayor unificación del mercado europeo, lo cual redundará expresamente en beneficio para el contribuyente. 
Quiero hacer algún comentario sobre la forma que podría adoptar este código de conducta común. 
En 1958 la Comisión creó material y reglamentos que podrían utilizarse como base para configurar el artículo 296. 
Por desgracia, hasta la fecha nunca se han publicado o utilizado, pero ciertamente mercería la pena echar un vistazo a lo que por entonces se consideró importante. 
La creación de un código de conducta debe garantizar que las decisiones adoptadas por la Agencia Europea de Armamentos, por un lado, y la Comisión, por el otro, no se contradigan entre sí. 
En este sentido, convendría garantizar los éxitos de la óptima coordinación entre la Comisión y la Agencia Europea de Defensa. 
– Señor Presidente, quisiera aprovechar este debate para destacar el efecto que las armas ligeras y de pequeño calibre tienen sobre los derechos humanos de tantas personas. 
No son las denominadas armas de destrucción masiva las que en la actualidad causan la gran mayoría de tragedias y conflictos que se producen en todo el mundo. 
Tal vez sean las armas ligeras y de pequeño calibre las que se consideran que causan la mayor destrucción masiva. 
Me impresiona el informe, que apoyo, sobre exportaciones de armas de la UE, y quisiera felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado. 
El código de conducta voluntario de la UE ha dado cierto resultado al fijar unas normas. 
Sin embargo, el objetivo final debe ser conseguir la aceptación de un código legalmente vinculante, y este Parlamento debería reclamarlo sistemáticamente. 
Una y otra vez, la UE se complace en moralizar sobre cuestiones de derechos humanos y reclamar que se cumplan las normas y el derecho internacionales. 
Debemos demostrar liderazgo y predicar con el ejemplo en el comercio de armas con el fin de tener credibilidad para provocar el cambio de las normas de comercio de armas fuera de la Unión. 
No deberíamos temer un código legalmente vinculante, sino verlo como una oportunidad para la UE respecto a la mejora de las normas de la política de exportación de armas. 
Los cuatro principales proveedores de armas de la UE aumentaron considerablemente su cuota de ventas de armas a los países en desarrollo durante el pasado año. 
En 2004, el negocio ascendió a 4 800 millones de dólares estadounidenses, lo que representa más del 22 % del total de ventas de armas. 
Cuando se piensa que casi medio millón de personas mueren asesinadas cada año por armas cortas, la importancia del comercio de este tipo de armas resulta clara. 
Respaldo el concepto de la creación de la denominada lista negra de países a los que la UE no debería vender armas. 
Sin embargo, los criterios de dicha lista deberían aplicarse de forma igualitaria en virtud de una serie de normas basadas en las violaciones de los derechos humanos y la inestabilidad. 
Por último, quisiera instar a la Comisión a que haga uso de todas las oportunidades disponibles para promover la aceptación de un tratado internacional sobre las armas cortas con el fin de hacer avanzar un planteamiento común en torno a las ventas internacionales de armas. 
Demasiados Estados gamberros, Gobiernos irresponsables, dictadores militares y líderes malhechores tienen fácil acceso a las armas que se emplean de modo brutal y corrupto, lo que provoca una espiral de demanda de armas ligeras y de pequeño calibre en los numerosos conflictos de pequeña escala que persisten. 
El hecho de que los países en desarrollo sigan tolerando la venta de armas a dichas personas debería ser una causa de seria y continua preocupación en esta Asamblea. 
. – Señorías, en vista de que aquí en el Parlamento, durante el curso de los debates sobre mi informe, han surgido ciertas diferencias de opinión, y a fin de encontrar un compromiso, propongo ciertos cambios en el apartado 34. 
Así, tras las palabras «toma nota» se insertaría lo siguiente: 
«... como ha dicho Hans Blix, que la amenaza creíble del uso de la fuerza ha desempeñado un importante papel para facilitar el trabajo de desarme de UNSCOM y UNMOVIC». 
Después de esto propongo borrar el resto del apartado. 
Creo que así los socialistas, que han dicho que se abstendrían, también podrían votar a favor de este apartado. 
Muchas gracias, pero eso deberá someterlo a debate como enmienda oral durante la votación de mañana. 
. Señor Presidente, aunque es tarde, creo que el debate ha sido muy interesante. 
Estoy de acuerdo en que podría haber sido mucho más amplio. 
Hemos hablado de temas bastante concretos, pero algunas Señorías han dicho muy claramente que existen muchas más dimensiones, incidiendo en una política exterior y de seguridad común y una política común de seguridad y defensa. 
Dicho esto, quiero formular algunas observaciones concretas. 
En primer lugar, respecto a la exportación de armas, la Comisión no puede sino apoyar la esencia del debate de hoy. 
Probablemente ya seamos uno de los agentes regionales del mundo con los controles más estrictos sobre las armas, pero debemos seguir avanzando para reforzar las normas y su aplicación. 
Hacer que el código de conducta sea una posición común constituirá un importante paso en el ámbito europeo. 
De hecho, el código de conducta sobre exportaciones de equipos militares que se aprobó en 1998 contiene numerosos criterios comunes a la luz de los cuales se evalúan las solicitudes de licencias de exportación. 
Como se establece en el código de conducta, la decisión de entregar o denegar la entrega depende de cada Estado miembro y por lo tanto la Comisión no está en condiciones de comentar los presuntos incumplimientos del código de conducta respecto a ningún país. 
Digo esto concretamente con referencia a la pregunta sobre Colombia. 
Uno de los principales criterios es siempre la cuestión de los derechos humanos. 
Este es un criterio entre otros, como la paz, la seguridad y la estabilidad regional, pero son los Estados miembros los que deben comentar esta cuestión. 
El código de conducta reforzado, que ya está ultimado en el aspecto técnico y que se introducirá en el momento adecuado, aumentará el alcance de los controles. 
Este código de conducta reforzado irá más allá de las exportaciones físicas de bienes y tecnología. 
Incluirá las actividades de intermediación y la transferencia de tecnología intangible, y también será más explícito con respecto al rediseño y las transferencias de tecnología no intencionadas. 
Además, el criterio de los derechos humanos se reforzará todavía más. 
Actualmente la Unión Europea está tratando de proponer un tratado sobre el comercio de armas, promovido por la Presidencia británica. 
Este tratado sobre armas convencionales se basaría en las responsabilidades actuales de los Estados conforme al Derecho internacional y establecería criterios de transferencia que cumplan las normas sobre derechos humanos y derecho humanitario internacionalmente aceptadas. 
Este debería ser legalmente vinculante, responder a una iniciativa independiente y autónoma, abarcar todas las transferencias de armas convencionales, establecer los principios que definen las transferencias ilegales, incluir un seguimiento y contar con una amplia base. 
Respecto a las armas de proliferación masiva, hace ahora dos años que desarrollamos una estrategia de pleno derecho contra la proliferación de las armas de destrucción masiva. 
La Unión Europea y la asociación global del G8 han contraído compromisos. 
En este contexto, es esencial garantizar que en el futuro se disponga de medios económicos. 
La combinación de las herramientas de la PESC y comunitarias permitirá a la Unión Europea mantener una mayor visibilidad y también más credibilidad. 
Sin embargo, como he dicho antes, queda mucho por hacer, por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas, donde nos han decepcionado mucho las últimas negociaciones sobre armas de destrucción masiva. 
Sobre el tercer aspecto –los suministros de defensa– quisiera darles una vez más las gracias a todos ustedes, especialmente al ponente, que ha respaldado este informe y por lo tanto las propuestas planteadas por la Comisión. 
No puede ni debe infravalorarse la sensibilidad política de esta materia. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con el señor Wuermeling en señalar que principalmente tiene que ver con el mercado interior. 
El informe se centra correctamente en esta cuestión y en los objetivos que persigue la Comisión con sus iniciativas. 
Como he dicho, un gasto público más eficiente en materia de defensa contribuirá a la prosperidad de la Unión, ya que implica que pueda reducirse el gasto de dinero de los contribuyentes. 
Esto se hará dentro de los límites de nuestra competencia comunitaria y también respetando plenamente las prerrogativas y la soberanía de nuestros Estados miembros. 
Como es habitual, seguiremos trabajando en estrecha colaboración con la Agencia Europea de Defensa, como se sugiere en el informe Wuermeling. 
Me complace que la Comisión y el Parlamento compartan los mismos puntos de vista, no solo respecto a los objetivos que hay que perseguir, sino también sobre las medidas para alcanzarlos. 
En conclusión, permítanme decir que estoy deseando debatir de nuevo estas y otras cuestiones en la conferencia interparlamentaria de alto nivel a principios de diciembre en Bruselas. 
También quisiera dar las gracias al señor Brok y al señor Von Wogau por esta iniciativa, que acogemos con sumo agrado. 
Tal vez también podríamos aplicar una política más orientada a la seguridad, que hasta el momento ha brillado por su ausencia. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
,. – El enfoque de la Unión Europea sobre las armas de destrucción masiva ya está definido; ahora debemos convencer a los demás pueblos de su validez. 
La UE debe impedir el fracaso de las futuras conferencias sobre el Tratado de No Proliferación y aspirar necesariamente a la adhesión de todos los países al Tratado, por su respeto y por la mejora de los mecanismos de verificación, con el pleno apoyo de las autoridades de la ONU y con la ayuda de sanciones cuando sea necesario. 
Pedimos una estrategia más enérgica que implique a todos los países de la UE, que sancione duramente las actividades que contribuyen a la proliferación y que refuerce la prohibición sobre las armas químicas y biológicas. 
Una estrategia en la que participe más el Parlamento Europeo, a fin de imponer un Código que regule las exportaciones de armas y unas normas más claras sobre los contratos públicos de defensa. 
Resaltamos además la necesidad de una moratoria sobre las municiones de uranio empobrecido. 
La firme postura del Parlamento Europeo contra el uso de armas de destrucción masiva se debe a la conciencia de que su empleo no solo causa la pérdida de vidas humanas, sino sobre todo la erosión de los valores éticos –patrimonio común de los pueblos de la Unión Europea– que subyacen a nuestra historia e inspiran la existencia presente y futura de nuestra Comunidad. 
Vamos a realizar una larga y compleja votación sobre REACH. 
De hecho, me han dicho que esta es una de las votaciones más largas y complejas en la historia de esta Asamblea. 
Los servicios que han preparado la votación, así como el personal técnico de los Grupos políticos, han realizado un excelente trabajo preparatorio, por lo que quisiera felicitarles. 
En un principio, considero que podemos realizar esta votación en no más de tres horas, pero para ello debo pedirles dos cosas: en primer lugar, que permanezcan en silencio y se concentren durante toda la votación... 
y en segundo lugar, que levanten sus manos. 
La votación será larga y entiendo que se cansarán, pero les ruego que levanten la mano cuando votemos. 
Allá vamos. 
Buena suerte. 
– Señor Presidente, creo que en estos momentos todavía hay muchas personas firmando, por lo que creo que sería buena idea esperar otro par de minutos y, mientras tanto, quiero comunicar que la entrada principal al edificio del Parlamento se ha cerrado para dos meses a partir de hoy. 
Como consecuencia de todo ello, me he caído de mala manera y he sufrido una fractura. 
Le ruego que pida al departamento correspondiente que se asegure de que la entrada sea de nuevo segura. 
Queremos que la manipulación de sustancias y preparados químicos sea cuidadosa, pero el mismo cuidado debería aplicarse cuando se trata de la seguridad de las personas. 
Tomamos nota de su petición. 
– Señor Presidente, solo quiero llamar la atención de la Mesa sobre un asunto. 
A comienzos de esta semana descubrí mi nombre en 18 enmiendas que no había visto y que claramente no había firmado. 
Más aún, no compartía las opiniones expresadas en dichas enmiendas. 
Espero que nada parecido ocurra de nuevo porque ha supuesto muchos problemas a la hora de explicar que no apoyaba esas enmiendas en absoluto. 
Señor Andersson, su observación ya consta en el Acta y en la lista de votaciones, por lo tanto, puede usted estar tranquilo, que la cuestión está clara. 
– Señor Presidente, solo quiero pedir que, tras la votación de todas las enmiendas, dispongamos de un descanso de cinco minutos para ver qué se ha aprobado y decidir si votar a favor o en contra de la propuesta, o si abstenernos de votar al final. 
Concedido, señor Bonde. 
Señor Presidente, al final de la enmienda 356, se pedirá que se añada lo siguiente: «sustancias inorgánicas de gran difusión o sustancias sobre cuyos riesgos se dispone de suficiente información, como el cloruro de sodio, el carbonato de sodio, el carbonato de potasio, el óxido de calcio, el oro, la plata, el aluminio, el magnesio, los silicatos, los vidrios y las fritas cerámicas». 
Es decir, se trata de aquellas sustancias sobre las que ya se tiene información. 
. – Señor Presidente, Señorías, a decir verdad yo había solicitado intervenir temiendo que la votación sobre las enmiendas tuviera un resultado diferente. 
Sin embargo, me parece que la votación ha sido muy positiva y ha reforzado el equilibrio del reglamento. 
Además, creo que también por lo que respecta a las partes en las que votamos a favor de una posición decididamente muy fuerte, como la relativa a la autorización, se dan todos los presupuestos para alcanzar lo antes posible una convergencia con el Consejo, que anteayer, en el debate sobre todos los capítulos clave, demostró que existe una gran posibilidad de encuentro entre lo que nos disponemos a votar –y espero un resultado final positivo– y lo que ha tomado forma en sus trabajos. 
. – Señor Presidente, me parece que nos hemos asegurado una victoria con respecto al registro, que constituye el grueso del trabajo burocrático, pero hemos sufrido una derrota en cuanto a la concesión de licencias o la autorización, a la que no contribuyó la falta de ayuda por parte del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 
A pesar de esta mala fortuna, sé que la Presidencia británica cooperará a este respecto. 
También sé que con respecto a las ajustadas mayorías hemos perdido como mínimo en las cuestiones básicas solo por unos diez votos. 
Asimismo, esta Cámara, en una segunda lectura, se ocupará de todas las omisiones que se han aprobado ahora. 
Por tanto, quiero aconsejar a mi Grupo que emita un voto decididamente favorable. 
. – He notado que ha prevalecido sobremanera el enfoque que hemos seguido nosotros en el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa con respecto a la ampliación del aspecto ambiental, aclarando así las ambigüedades existentes y simplificando los procedimientos para las pequeñas empresas. 
Por lo tanto, votaremos a favor de la propuesta. 
En primer lugar, y sobre todo, quiero dar las gracias al señor Sacconi por su labor extremadamente paciente, pero también a la Comisión y a la Presidencia, que por desgracia no están representados en la Cámara. 
Ahora tenemos la oportunidad de diseñar un instrumento legislativo muy sólido. 
– Señor Presidente, Señorías, no puedo unirme a la mayoría que ha apoyado el sistema de aprobación, y por este motivo hemos votado en contra. 
En defensa del informe puede aducirse lo que tiene que decir sobre el registro, aceptado por una amplia mayoría cualificada; este es el único bloque relevante y la cuestión más importante aprobada por mayoría cualificada aquí en esta Cámara. 
Es una decisión que tendrá su peso tanto en el Consejo como en la Comisión. 
Únicamente con esto en mente, y rechazando explícitamente la aprobación, que sabemos corregirá el Consejo, votaré a favor del informe. 
– Con este voto y con el compromiso sobre el registro, vamos a tener un REACH formulado en términos débiles, indebidamente débiles. 
Sin embargo, hemos obtenido una buena decisión con respecto a la concesión de las autorizaciones. 
Preferimos tener una versión débil de REACH antes que no tener ninguna. 
Por tanto, votaremos a favor de la propuesta, pero sin entusiasmo. 
– Como todos los demás Grupos están expresando sus opiniones, entendemos que ha sido un voto complicado. 
No obstante, ahora se ha dicho que el Consejo socavará el único aspecto positivo de la propuesta, el relativo a la concesión de autorizaciones. 
Además, ha sido socavado por ciertas exenciones durante la votación. 
Consecuentemente, una gran parte de mi Grupo no puede aceptar REACH en su forma actual. 
. – Señor Presidente, la mayoría de mi Grupo no apoyará tampoco este compromiso. 
En nuestra opinión, el registro con respecto al medio ambiente no se ha discutido muy a fondo. 
En otros ámbitos se ha llegado a un compromiso, pero solo por una mayoría ajustada. 
Así, nos preocupa que no sea una propuesta sólida, y por este motivo votaremos en contra. 
Señor Presidente, Señorías, gracias por concederme amablemente la palabra. 
Parecía casi imposible hablar en esta hermosa Cámara durante el debate de una disposición de tanta importancia como REACH. 
El Grupo UEN ha optado por expresar un voto favorable, porque estamos satisfechos con respecto al registro y compartimos por completo el contenido del reglamento en relación con el principio OSOR. 
En cambio, albergamos cierta perplejidad en cuanto a la autorización. 
No obstante, en líneas generales, estamos de acuerdo con este proyecto y quiero dar las gracias al ponente, el señor Sacconi, por su dedicación y por el trabajo realizado. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, el señor Clark. 
– Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, dada la controversia en torno al enorme número de enmiendas, quisiera citar el apartado 1 del artículo 53 del Reglamento, que dice lo siguiente: «Cuando la propuesta de la Comisión se apruebe en su conjunto, pero con introducción de enmiendas, se aplazará la votación sobre el proyecto de resolución legislativa hasta que la Comisión haya manifestado su posición sobre cada una de las enmiendas del Parlamento». 
«Si la Comisión no estuviere en condiciones de manifestar su posición al final de la votación del Parlamento sobre su propuesta, comunicará al Presidente o a la comisión competente el momento en que podrá hacerlo; en este caso, la propuesta se incluirá en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones siguiente a esa fecha». 
Señor Comisario, en esta Cámara somos tan respetuosos del Reglamento como la Comisión, como mínimo, y por tanto, usted ha sido emplazado a establecer su posición sobre cada una de las enmiendas. 
Entiendo que el "cada una" hay que interpretarlo de forma flexible, por tanto, diga usted lo que tenga que decir y a continuación votaremos. 
. Señor Presidente, nuestra postura respecto a algunas enmiendas es favorable y estamos plenamente de acuerdo con ellas; respecto a otras, estamos parcialmente de acuerdo... 
... y respecto a otras más, estamos en principio de acuerdo; algunas las rechazamos y respecto a otras nos reservamos nuestra postura. 
. Señor Presidente, la Comisión toma nota de la postura adoptada por el Parlamento y no dudará en sacar todas las conclusiones necesarias de un posible rechazo por parte de su Asamblea, teniendo asimismo en cuenta la postura del Consejo. 
La Comisión deberá reflexionar sobre la mejor forma de avanzar en este terreno. 
– Señor Presidente, quiero pedirle una nueva votación, pues la mayoría de los que han votado han apoyado claramente la propuesta. 
Sin embargo, usted ha determinado que el informe ha sido rechazado. 
Por ello solicito una votación por separado. 
No, señor Baco, ha habido una mayoría clarísima de votos en contra. 
Por tanto, hemos tomado la decisión correcta. 
. Señor Presidente, quisiera lamentar un hecho: al tratarse de un informe de evaluación de la acción del Consejo, habría sido realmente muy interesante y muy importante que el Consejo hubiera estado presente ayer por la noche. 
Es verdad que eran unas horas intempestivas, pero habría podido asistir al debate. 
Entiendo que esto es algo que tiene que preverse en el futuro, para asegurar que, en ese tipo de informes, el Consejo esté presente para escuchar la voz del Parlamento. 
. – Señorías, ayer bien entrada la noche también se estaban celebrando debates de gran alcance sobre el problema de las armas y, en vista del hecho de que fue necesario disipar algunas preocupaciones en relación con mi informe, esta vez he seguido trabajando, y el resultado es que son necesarias dos enmiendas orales. 
Así, tras el apartado 33 hay una nueva sección y, a fin de disipar preocupaciones y garantizar el apoyo total de los socialistas, confirmo plenamente que el título de la sección ha sido modificado, y es [en inglés] «Strengthening effective multilateralism». 
La segunda enmienda oral se refiere al apartado 34 y es como sigue (las siguientes palabras se incluirán después): 
«... toma nota, como ha dicho el Dr. Hans Blix, de que la amenaza creíble del uso de la fuerza ha desempeñado un importante papel para facilitar el trabajo de desarme de UNSCOM y UNMOVIC». 
De este modo se suprime la última frase. 
Esta es mi enmienda oral. 
Gracias por su atención y les pido su apoyo. 
– Señor Presidente, antes de la votación final quisiera preguntar si hemos aprobado esta enmienda oral del ponente, ya que de lo contrario tendremos que abstenernos. 
No creo que hayamos votado sobre la enmienda oral. 
Entiendo que ya la hemos aprobado, señor Wiersma. 
Con esto concluimos el turno de votaciones. 
Hoy hemos votado a favor, aunque esta legislación no sea tan estricta como nos hubiese gustado, ya que necesitamos una legislación que proteja las vidas y la salud de los trabajadores, además del medio ambiente. 
Nos complace enormemente que se hayan aceptado los paquetes que hemos acordado con otros sobre la autorización y obligación de cautela. 
La normativa sobre sustancias químicas en la UE debe garantizar una protección adecuada de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente, y al mismo tiempo ser viable y mantener la competitividad de la industria europea, asegurando así los puestos de trabajo. 
Estamos muy decepcionados con el compromiso Nassauer-Sacconi sobre el registro. 
El reto consistía en acordar un paquete de registro para la recopilación de la información necesaria para evaluar los riesgos. 
Con el acuerdo que se ha alcanzado ahora, la información necesaria no estará disponible. 
Lo que necesitamos es una normativa estricta para el REACH que nos proporcione la información necesaria para evaluar si las sustancias químicas son peligrosas, incluso aquellas producidas en menores cantidades. 
Queremos una legislación que establezca la sustitución obligatoria de las sustancias químicas más peligrosas. 
La carga de la prueba debe recaer en las empresas, y no en las autoridades públicas. 
El mejor modo de defender la salud pública y la de los trabajadores para por estos principios. 
Cada evaluación seria del impacto de la propuesta REACH demuestra los inmensos beneficios para la salud de una política viable sobre sustancias químicas, lo cual contrasta de forma notable con los cálculos exagerados de la industria. 
REACH debería ser una cuestión de sentido común. 
Las empresas deberían saber qué están haciendo y responsabilizarse de sus productos. 
– Señor Presidente, creo que el compromiso sobre REACH es un texto que sentará unas buenas bases para las negociaciones con el Consejo. 
Mi Grupo y yo hemos votado a favor de la aprobación de la parte que se ocupa de la autorización, y lo hemos hecho aunque nos opongamos a que se limite a cinco años la autorización temporal de sustancias. 
A este respecto queremos manifestar que, en principio, estamos a favor de este bloque, pero lo habríamos celebrado si se hubieran eliminado esos cinco años, pues la toma de decisiones caso por caso es mucho más preferible y resultaría más sencillo para la industria. 
No obstante, con todo, hemos logrado algo hasta ahora sin precedentes, a saber, un grado de protección ambiental único en el mundo. 
. Hoy he votado en contra de la propuesta modificada y la resolución legislativa sobre REACH porque, a medida que avanzó la votación, se perdieron por lo general las enmiendas destinadas a relajar la carga sobre las PYME. 
Por lo tanto, el fiel de la balanza se ha inclinado a favor de las restricciones, que son tan onerosas que pueden hacer que parte de nuestra industria química se vaya de la UE. 
. – A pesar de algunas disposiciones excesivas, en particular en materia de autorizaciones administrativas, he votado a favor del proyecto de reglamento modificado sobre el control de las sustancias químicas (REACH). 
En efecto, de este modo se sustituirán textos obsoletos inadecuados para el estímulo de la innovación y para ofrecer una protección suficiente a los ciudadanos en un entorno cada vez más complejo, peligroso y cambiante. 
Las enmiendas propuestas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, algunas de las cuales han sido aprobadas por el Parlamento, preservan los intereses de las empresas, en particular de las PYME, al mismo tiempo que garantizan un buen funcionamiento de la legislación, que prevé la creación de una Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 
Junto con mis colegas de la UMP, velaremos con firmeza por que los productos importados en la Unión Europea también estén sujetos a estas normas comunitarias. 
Este texto, aprobado en primera lectura, constituye una buena base de trabajo y me alegro de ello, pues representa un avance para la salud y el respeto del medio ambiente, pero preservando los intereses de las empresas de un sector tan importante. 
. He votado a favor del compromiso negociado en torno a REACH entre el Grupo Socialista y los Verdes, los Liberales y la Izquierda Unitaria respecto al ámbito de aplicación, las sustancias, la información de autorización, la transparencia y la limitación de los ensayos con animales, además del compromiso con el Partido Popular Europeo en materia de registro. 
Estos compromisos no son los ideales, pero parecen ser el mejor trato posible en la actualidad, dadas las mayorías políticas existentes en el Parlamento. 
Es necesario que ensayemos las sustancias químicas. 
Recientes datos médicos demuestran que cada uno de nosotros tiene presentes en sus tejidos corporales y su sangre 300 sustancias químicas más que nuestros abuelos. 
También sabemos que cada vez son más los casos de asma, cáncer y otras enfermedades que probablemente tienen su origen en las sustancias químicas. 
En la industria química hay quien argumenta que estos ensayos son costosos. 
Pero cualquiera que recuerde la tragedia del amianto sabrá que el dinero invertido ahora en las pruebas puede salvar miles de vidas y ahorrar millones de libras más adelante. 
Compartiendo la carga con nuestros vecinos de la Unión Europea, esto merece la pena. 
Y si se puede hacer al tiempo que se minimizan los ensayos con animales, mucho mejor. 
. Yo, al igual que muchos de mis colegas, me he involucrado mucho en numerosas reuniones y debates sobre este expediente particular. 
De hecho, el grado de divergencia en esta cuestión se refleja en las numerosas enmiendas que se han planteado y han dado lugar a una sesión de votación tan ardua y prolongada. 
Pese a que me preocupa la aprobación de muchas de las enmiendas y las numerosas incoherencias que estas han suscitado, he votado a favor del informe, en primer lugar para permitir que se complete el proceso de primera lectura y, en segundo lugar, porque creo que cuando retomemos este tema en segunda lectura el texto habrá mejorado. 
Por supuesto, quiero que se proteja la salud humana y pública, además del medio ambiente. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que para permitir que se desarrollen nuevos procesos, se creen nuevos productos y las innovaciones estén disponibles para bien de todos, no podemos imponer enormes restricciones a las empresas, lo que les impediría tener seguridad respecto a los entornos empresarial, legal y administrativo en los que deben operar. 
. Durante tres años he abogado por una normativa REACH estricta. 
Hoy voto en contra del informe del señor Sacconi, porque creo que las enmiendas del Parlamento han dado lugar a una propuesta que sería demasiado floja para proteger nuestra salud y seguridad. 
Este es uno de los instrumentos legislativos más importantes que ha tenido que tramitar el Parlamento desde mi elección en 1999. 
Su propósito es proteger la salud humana, pero la importante influencia de la industria química ha dado lugar a una propuesta llena de lagunas. 
No creo que podamos comprometer la salud de las generaciones futuras. 
Sabemos que en la actualidad nuestros cuerpos están contaminados con sustancias químicas. 
Los niños tienen derecho a nacer libres de estas sustancias, pero la propuesta de hoy no lo conseguirá. 
Por eso no puedo votar a favor de ella. 
. Durante el largo proceso de votación nos guiamos por los principios siguientes: 
1) Respaldamos la repatriación de la autoridad a los Estados miembros y, dentro de esta afirmación general, en aquellos casos en que fuera posible respaldamos los intereses de las PYME. 
2) Apoyamos todas las restricciones del uso de ensayos con animales 
. – Tras la votación en las distintas comisiones y después de escuchar las posiciones tanto de la industria como de las ONG, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo ha definido un marco equilibrado entre la protección de la salud y del medio ambiente y la necesidad del desarrollo industrial en la Unión Europea. 
Ha sido aprobado casi unánimemente por los Socialistas, los Verdes, los diputados del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones y gran parte de los liberales en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y, en mi opinión, este compromiso de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria es la posición que hay que apoyar. 
He votado en contra del compromiso propuesto por el Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa sobre el procedimiento de registro porque reduce notablemente el número de sustancias a que se aplica REACH. 
Una mayoría ha votado a favor de la sustitución obligatoria para garantizar a los ciudadanos europeos la retirada de los productos perjudiciales y su sustitución por productos seguros cuando estos existan. 
Se han aprobado otros puntos importantes y yo he votado a favor del informe del señor Sacconi. 
. 
Esta votación es la fase final de un largo proceso de negociación, caracterizado por una gran presión, sobre todo por parte de la poderosa industria química. Esto puede comportar elevados costes económicos debido a la entrada en vigor de las normas que recoge la primera versión de REACH. 
De hecho, la Presidencia del Reino Unido aceptó la petición de Alemania de posponer la decisión sobre REACH, prevista para el próximo Consejo de Ministros, con el pretexto de la demora en la asunción por parte del nuevo Gobierno de sus obligaciones. 
En cualquier caso, esta es la primera lectura de un texto que constituye sobre todo un paso atrás, aunque con respecto a algunos aspectos positivos se hayan logrado progresos, que ahora han de promoverse hasta que concluyan las negociaciones con el Consejo. 
REACH crea un sistema integrado único para el registro, la evaluación y la autorización de las sustancias y preparados químicos en la Unión Europea, cuya finalidad es, en primer lugar, controlar y sustituir los productos químicos más peligrosos (que causan cáncer, modifican el ADN y dañan el sistema reproductor, entre otras graves consecuencias para la salud) ; en segundo lugar, suministrar información sobre todos los productos químicos en la fase de registro; y, en tercer lugar, proporcionar información a los consumidores, trabajadores y distribuidores. 
Si seguimos hundiéndonos bajo la presión de la industria química europea, los objetivos del programa podrían diluirse y devaluarse. Lo cual, en realidad, podría resultar más dañino que la legislación actual, si no se protegen la salud pública y la seguridad. 
. 
Con la esperanza de que la fase de la segunda lectura nos acerque a una solución en los ámbitos controvertidos de la protección de la propiedad intelectual y la aprobación temporal de sustancias y artículos importados, hoy, en la votación final, he votado a favor del proyecto REACH. 
. 
El nuevo Reglamento sobre sustancias químicas comercializadas, REACH, sirve para tapar las flagrantes lagunas legislativas y de nuestro conocimiento sobre los productos a los que nos vemos expuestos diariamente. 
El registro de sustancias concede a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, también creada por este Reglamento, la autoridad para pedir más pruebas que las previstas en cada categoría, si hubiera motivos para ello. 
Una agencia sólida y eficaz garantizará que los productos no se comercializarán sin haber tomado antes las precauciones necesarias. 
En este Reglamento se anima encarecidamente a compartir datos y las pruebas con animales solo se permiten si es absolutamente esencial. 
Además, los aspectos bien recibidos de este Reglamento son la imposición de un plazo para todas las autorizaciones y la presentación obligatoria de un plan de sustitución de productos químicos considerados peligrosos. 
Aunque me ha complacido el resultado final de la votación, me opongo a la inclusión de las sustancias en los productos de tabaco, puesto que ya están contempladas por su propia legislación. 
. – He votado a favor de este texto. 
Las sustancias químicas están presentes en todas partes y el aumento reciente de algunos cánceres o leucemias nos obliga a reconsiderar el empleo de determinadas sustancias químicas. 
He querido abordar este texto desde la perspectiva de la salud pública y la protección del medio ambiente. 
Un sistema REACH fuerte representa una garantía igual de importante para todos nuestros conciudadanos. 
Sin embargo, conviene preservar en este texto la competitividad de las empresas y evitar procedimientos burocráticos asfixiantes. 
Del mismo modo, es importante excluir de este sistema las sustancias naturales. 
En cambio, me he pronunciado a favor de la enmienda que reclama la sujeción a las normas del sistema implantado de los productos químicos que integran la composición de los cigarrillos. 
El equilibrio deseado, al margen de cualquier consideración emocional, junto con la creación de una Agencia Europea fuerte e independiente, deberían permitirnos alcanzar estos importantes objetivos para nuestra salud, nuestro medio ambiente, y también nuestra industria. 
Por otra parte, pido con firmeza que todos los productos importados en la Unión Europea también estén sujetos a esta normativa comunitaria. 
. No se espera a que un avión se estrelle antes de probar su seguridad y tampoco deberíamos hacerlo en el caso de las sustancias químicas de productos para el hogar. 
Esta nueva legislación exigirá a los fabricantes que demuestren que las sustancias químicas son seguras antes de que se utilicen, garantiza que las más peligrosas se sustituyan por alternativas más seguras e introduce el derecho a tener conocimiento de las normas sanitarias aplicables a las sustancias químicas presentes en los productos que empleamos. 
En los últimos trece años solamente se han sometido al control oficial 143 sustancias químicas, pero esta nueva ley comunitaria introduce de golpe un sistema normativo completo para las 30 000 sustancias químicas presentes en el mercado europeo. 
El Instituto de la Mujer, incluidas las representantes de Cambridge y Bury St. Edmunds con las que he podido reunirme esta semana, ha dicho que deberían primar el medio ambiente y la seguridad de los consumidores y me enorgullece enormemente que su defensa del caso haya convencido al Parlamento Europeo en su conjunto. 
. 
Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la explicación de mi voto sobre REACH para felicitar a las organizaciones de defensa del bienestar de los animales y la protección medioambiental por su gran y amplio compromiso. 
La lluvia, el viento y el frío no impidieron a sus entregados diputados participar en algo de gran importancia para las personas y el medio ambiente y llamar la atención sobre los problemas asociados al controvertido Reglamento relativo a sustancias y preparados químicos. 
Para impedir sobre todo que millones de animales se utilicen en experimentos y para promover el uso de pruebas sin animales es indispensable enmendar la propuesta de la Comisión. 
. – Siempre he defendido cuatro exigencias en el expediente REACH. 
1. 
Un sistema de registro amplio y riguroso de las sustancias químicas, a fin de conocerlas, evaluar sus riesgos, informar de ellos a los usuarios y evitar los que sean nocivos. 
2. 
Un sistema de autorización estricto para los productos que resulten perjudiciales en cierta medida y cuya autorización para usarlos debe limitarse en el tiempo. 
3. 
El principio de sustitución: la sustitución debe ser obligatoria para los productos nocivos. 
Si no se conocen sustitutos, deberán emprenderse de inmediato investigaciones y limitarse la autorización del uso. 
4. 
La creación de una Agencia Europea fuerte, que se apoye en la red de instituciones nacionales con conocimientos expertos, pero que tenga la última palabra en la aplicación de esta legislación. 
He votado en contra del compromiso propuesto por el Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa sobre el procedimiento de registro porque reduce notablemente el número de sustancias a que se aplica REACH. 
. 
Desde el principio del debate en torno a una nueva ley europea sobre productos químicos, he defendido la revisión de las propuestas de la Comisión para garantizar que la salud y el medio ambiente en Europa se protegen mejor que antes, a la vez que se reducen los excesivos trámites burocráticos. 
Por tanto, he apoyado la línea adoptada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Con esta finalidad en mente, la votación de hoy ha sido testigo de la aprobación de una serie de mejoras en la propuesta de la Comisión: 
1. el compromiso alcanzado por el señor Sacconi y el señor Nassauer sobre el registro, que reduce notablemente las exigencias burocráticas; 
2. la exclusión de sustancias reguladas por otras normativas o que no presentan ningún riesgo potencial; 
3. el endurecimiento de requisitos con respecto a sustancias y preparados químicos presentes en el humo del tabaco. 
Sin embargo, en la votación se han aprobado una serie de cuestiones negativas e indefensibles, especialmente las enmiendas que imponen plazos a la autorización. Esto es poco práctico, burocrático e innecesario desde el punto de vista de la protección de la salud y el medio ambiente. 
Gracias a las mejoras realizadas en estas tres cuestiones básicas de la propuesta de la Comisión, he votado «sí» en la votación final. 
Espero que el Consejo de Ministros rechace las propuestas sin sentido, como la de un plazo de cinco años, y acepte las más racionales, y que el resultado final sea que terminemos con un REACH viable. 
. – No tendría que haber secretismo o ambigüedad en torno a la composición y toxicidad de las sustancias químicas. 
Durante meses, una serie de empresas químicas han intentado torpedear una medida necesaria para el medio ambiente y la salud pública durante mucho tiempo. 
Hoy día no podría encontrarse ninguna mayoría para el REACH sólido que apoyan el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pero, al mismo tiempo, esta Cámara ha rechazado muchas propuestas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y Demócratas Europeos, que se tomó muy en serio el caso de la industria química. 
Solo estas propuestas sobre las cuales los socialdemócratas y los liberales pudieron ponerse de acuerdo recibieron el apoyo de una mayoría. 
Lo cual ha propiciado un REACH debilitado, donde el registro ha resultado erosionado y se ha garantizado un resultado positivo solamente con respecto a las licencias. 
Sin embargo, al igual que los demás, opinamos que una versión débil es mejor que nada. 
El hecho de que el Grupo PPE-DE y la Unión por la Europa de las Naciones hayan declarado que todavía pueden aprobar la propuesta, dado que el Consejo y la mayoría cualificada necesaria en esta Cámara garantizarán que las disposiciones sobre concesión de licencias no sobrevivan a la segunda lectura, es motivo suficiente para que los dos representantes del Partido Socialista Neerlandés voten en contra de la propuesta. 
. – Hace 40 años que soy diputada, 25 de ellos en esta venerable Cámara: el expediente REACH es el más voluminoso, más controvertido y más complicado que he tenido que tratar en todos estos años. 
Pero este expediente es también el que ha dado más lugar a informaciones falsas, a amenazas e incluso a intentos de chantaje. 
Los pocos ciudadanos de Luxemburgo que se han avenido a firmar una carta de amenazas redactada por una poderosa organización, así como una campaña de prensa que denigra mis supuestas actividades de presión a favor de la industria química, no han hecho mella en mi determinación de votar junto con la mayoría de mis colegas y hacerlo sobre la base de una información documentada que he investigado con diligencia. 
Si la directiva se hace realidad en su forma actual, representará a escala mundial la mejor garantía de protección de la salud contra las sustancias químicas peligrosas, sin poner en peligro miles de puestos de trabajo, ni colocar en una situación imposible a las pequeñas y medianas empresas ni tampoco desvelar secretos de fabricación. 
Espero haber contribuido hoy a contrarrestar a los perfeccionistas y los extremistas de todas clases en un expediente esencial para Europa. 
. Tras una prolongada y compleja votación, mi evaluación inicial es que el Parlamento ha alcanzado prácticamente el equilibrio adecuado entre los aspectos vitales, como son, por un lado, la protección de la salud humana y el medio ambiente y, por otro, no sobrecargar a la industria ni imponer por ley ensayos con animales innecesarios. 
El Parlamento deberá examinar el paquete elaborado por el Consejo para garantizar que se ha mantenido el delicado equilibrio entre estos objetivos. 
. 
Si es cierto que el 85 % de todas las sustancias químicas que circulan no se verifican para determinar en qué grado presentan un riesgo para las personas y el medio ambiente, entonces ya va siendo hora de que esta omisión se subsane de una vez por todas. 
Ya no podemos tolerar que se utilice a nuestros ciudadanos como conejillos de indias con sustancias químicas que se utilizan en productos cotidianos, como ordenadores o juguetes, que se absorben a través de la piel o las vías respiratorias, y con los riesgos inherentes que no han sido previamente comprobados. 
Ya estamos viendo la factura de esta negligencia culpable en forma de un aumento de las alergias y miles de casos de trastornos bronquiales o de la piel adquiridos en el trabajo. 
Por supuesto, la máxima prioridad ha de ser comprobar y retirar del mercado todas las sustancias sospechosas de ser cancerígenas o mutágenas. 
No deberíamos permitir que se llegara a esta situación, donde las personas trabajan con sustancias de cuyos efectos secundarios no existe información disponible. 
Lo esencial en el futuro es garantizar que las sustancias que van registrándose no sean dañinas. 
Es bastante sencillo, es preciso que no haya historias de terror sobre tintes tóxicos en la ropa, aromas agresivos en los cosméticos o pirorretardantes que llegan a la leche materna. 
Ciertamente no lograremos este objetivo si la propuesta original se diluye de tal forma que, de los 100 000 productos químicos sin verificar, 88 000 se quedan en el camino. 
Por este motivo he votado en contra de los informes. 
. He votado del modo en que lo he hecho en el debate sobre REACH debido a que, como diputado laborista, respaldo sus objetivos generales: la protección de la salud humana y el medio ambiente mediante un mayor conocimiento de las sustancias químicas potencialmente peligrosas. 
Me gustaría que hubiera un sistema eficiente y rápido para la recopilación de la información necesaria sobre sustancias químicas y para hacer frente a aquellas que más preocupan, al tiempo que se reducen las pruebas con animales y se mantiene la competitividad de la industria química. 
Creo que los ensayos con animales vertebrados deberían reducirse al mínimo necesario para garantizar que exista suficiente información disponible para la toma de decisiones sobre la protección de la salud y el medio ambiente. 
Respaldo la propuesta británica de que exista un sistema en que haya un registro por sustancia, por el que todos los fabricantes o importadores de la misma sustancia trabajarían conjuntamente para proporcionar una serie de datos «principales para su registro». 
Esto garantizaría que para el registro se reuniera un paquete de información acordado, con lo que se proporcionaría información coherente en beneficio de los usuarios y consumidores. 
. 
Quiero aclarar que, al final de esta votación, he votado a favor del informe del señor Sacconi únicamente para manifestar que apoyo el compromiso en torno al registro que ideamos el ponente y yo mismo. 
Realmente no deseo decir que apruebo otros de sus aspectos, especialmente el enfoque de la autorización, pues rechazo con firmeza la idea de limitar la autorización de las sustancias. 
. 
Nuestro deber en este debate, como en todos, es proteger los intereses de los ciudadanos, ya sean inmediatos o intereses que aún no son aparentes, pero que adquirirán importancia vital a medio y a largo plazo. 
Personalmente he votado sobre la base de los criterios que me parecen cruciales cuando existe un conflicto –al menos un conflicto aparente– entre los intereses de la industria y los intereses de la protección del medio ambiente y de la salud pública. 
En primer lugar, y sobre todo, me parece que proteger la salud pública y el medio ambiente debería ser una prioridad, pero no creo en soluciones fundamentalistas que barren todo, pasando por alto el impacto económico de las medidas y, lo que es más importante, haciendo caso omiso de la dimensión mundial de estas cuestiones cuando se trata de economías que no tienen reparos en realizar vertidos masivos al medio ambiente. 
También estoy convencido de que nuestros estrictos requisitos benefician a la propia industria europea y actúan en beneficio de la competitividad y la innovación tecnológica. 
Por último, creo que existe una necesidad urgente de relanzar la economía europea y que debemos retirar todos los obstáculos para garantizar que así sucede. 
A la luz de las enmiendas introducidas, he optado por votar a favor, sobre todo porque habrá más oportunidades de introducir las correcciones necesarias, como en el capítulo de la autorización. 
. – Me he visto obligada, a disgusto, a abstenerme en esta votación crucial. 
No se trata en absoluto de echar balones fuera, sino del único modo de expresar mi opinión sobre la señal contradictoria que envía hoy el Parlamento. 
Por una parte, está la satisfacción por lo que respecta al principio de sustitución de las sustancias problemáticas: sustitución obligatoria (enmienda 232) y búsqueda de alternativas más seguras (enmienda 214). 
Es la primera vez que el Parlamento Europeo se pronuncia en este sentido en un texto tan importante. 
Dicho esto, me resulta imposible alegrarme, cuando, en el mismo texto, y antes del proceso, el Parlamento desnaturaliza por completo el procedimiento de registro para las dos terceras partes de las sustancias contempladas por REACH, las de menos de 10 toneladas: pruebas aligeradas en extremo y en función del riesgo y no del tonelaje, algo que desde mi punto de vista no ofrece las garantías elementales en materia de salud y protección de las poblaciones más expuestas. 
Con esto hemos socavado los fundamentos mismos de REACH. 
En este punto, sin embargo, es edificante comprobar que el Consejo es más ambicioso que el Parlamento a este respecto. Ojalá se mantenga en esta posición. 
. – Lo que el mundo ha visto hoy es que es fácil engañar a un Parlamento democráticamente elegido. 
Basta con unas pocas medias verdades y unas falsedades absolutas. 
Esta Cámara ha demostrado al mundo que quien más grita al final es quien lleva la razón. 
Los beneficios de la industria química solo en Bélgica alcanzaron los 1 700 millones el año pasado. 
El elevado precio del petróleo y el bajo dólar afectarán más a esta cifra que la introducción de REACH en cualquiera de sus formas. 
Hace no mucho los europeos se daban mutuamente palmaditas en la espalda por los progresos de su política ambiental. 
Éramos los pioneros en el mundo, o así lo creíamos. 
Esos días ya se fueron. 
Esta versión diluida de REACH demuestra cómo no deberían hacerse las cosas. 
El Libro Blanco que precedió a REACH concedió a la industria química responsabilidad plena. 
Tuvieron que demostrar que los productos, de los cuales derivan sus beneficios, no conllevan riesgos inaceptables para la salud y el medio ambiente. 
Desde entonces se han creado tantas puertas traseras que es difícil localizar la entrada principal. 
Este REACH es una oportunidad perdida y seguramente no volveremos a tener una igual. 
. La votación sobre REACH es una de las más importantes que se plantea a esta Asamblea. 
Quisiera dejar constancia de mi apoyo a la autorización del bloque 1 y las enmiendas 232 y 214, que me complace que se hayan aprobado. 
La salud pública es esencial y debemos reducir nuestra exposición a las sustancias químicas peligrosas. 
Es fundamental sustituir las sustancias químicas que provocan cáncer y afectan a la reproducción humana. 
. – Las consecuencias de una Agencia Europea de Productos Químicos puede adivinarlas cualquiera. 
En primer lugar, la evaluación en interés de la seguridad no puede proporcionar ninguna certeza. 
Los antibióticos están ahí para demostrarlo. 
Los fertilizantes a base de nitratos han hecho posible el milagro agrícola del que se ha derivado en parte el aumento de la esperanza de vida actual en 20 años. 
Con REACH, en nombre del riesgo de contaminación de los ríos, tendríamos la malnutrición en Europa. 
Es decir, bajo el disfraz de las precauciones de seguridad, REACH no es realmente más que una preocupación por los ricos y los Amish. 
La base profunda de este proyecto es el oscurantismo posmoderno que emana del miedo en una sociedad que está tan preocupada por buscar la eternidad que ya no cree en el progreso. 
Ni todos los Seveso, ni todos los mares de Aral, ni todas las catástrofes ecológicas harán olvidar el milagro de la química, que a diario embellece cada momento de nuestras vidas, de los nuevos tejidos a los nuevos materiales, de los mil colores a los mil perfumes. 
Si Dios hubiera tenido que registrar en la Agencia de Helsinki su producto humano nacido de la química orgánica, los peligros potenciales, muy reales, habrían conducido a negar la autorización de comercialización del hombre en el mercado de los seres vivos. 
El lema que resume REACH es este: «No hay futuro». 
. 
Aunque forma parte del debate más amplio sobre el Reglamento REACH, la propuesta de Directiva que tenemos ante nosotros aborda un asunto sobre el cual es fácil obtener un amplio acuerdo. 
Garantizar que se informa totalmente a los consumidores es un factor esencial en un verdadero mercado donde existe una auténtica libertad de elección. 
Aquí el objetivo es adaptar los mecanismos existentes a las necesidades que surgen del nuevo Reglamento, a la vez que se asegura la protección de los consumidores. De ahí mi voto a favor. 
Los esfuerzos de la Lista de Junio van dirigidos a garantizar que la cooperación en el seno de la Unión Europea se limita a cuestiones realmente transfronterizas, entre las que se incluyen el mercado interior y numerosos asuntos ambientales. 
Acogemos con satisfacción una Directiva sobre sustancias y preparados químicos sólida que deja clara la responsabilidad de la industria con respecto a los productos químicos importados. 
Estamos convencidos de que, a largo plazo, será una ventaja competitiva para la industria sueca y europea estar a la vanguardia en este asunto. 
Así, hemos optado por oponernos a los compromisos apoyados por la mayoría del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, vamos a votar a favor de la propuesta de Directiva general porque si no la Comisión la podría retirar. 
Creemos que las sustancias de volumen pequeño también han de someterse a requisitos básicos de inspección. 
Tanto el cuerpo sueco de inspectores de sustancias y preparados químicos, como el Gobierno sueco han resaltado la necesidad de incluirlos en REACH. 
Apoyamos un principio de sustitución sólido y queremos hacer hincapié en que la responsabilidad de recoger y analizar la información sobre los productos químicos importados reside principalmente en la industria y no en las autoridades de un país particular. 
Por supuesto, apoyamos la exclusión de las sustancias naturales encontradas en la silvicultura y la minería de REACH. 
Es preciso que la legislación propuesta no afecte a los bosques y los minerales, que constituyen la columna vertebral de la industria sueca. 
Además, criticamos las enmiendas que recomiendan la creación de una gran Agencia de Sustancias y Preparados Químicos en la Unión Europea. 
Confiamos en que las autoridades nacionales, por lo general, sean capaces de realizar las inspecciones pertinentes. 
. 
El jueves 17 de noviembre de 2005, la sesión plenaria de Estrasburgo votará el informe de Guido Sacconi, «REACH: creación de una Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos: contaminantes orgánicos persistentes» (A6-0315/2005). 
Tengo la firme convicción de que, a pesar de que el objetivo fundamental de este Reglamento ha de celebrarse, su aplicación será defectuosa y al final perjudicará la competición de la Unión Europea en mercados mundiales. 
El hecho es que amontona numerosas reglas y reglamentos que afectan a las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas. 
De lo cual se desprende que el Reglamento es desfavorable al crecimiento y al empleo y resta atractivo a Europa como centro de negocios para la industria química. 
Por tanto, en la votación final votaré en contra del informe. 
Creo que deberíamos enviar la propuesta, tal y como la tenemos ahora ante nosotros, de vuelta a la Comisión, de donde salió. 
Los esfuerzos de la Lista de Junio van dirigidos a garantizar que la cooperación en el seno de la Unión Europea se limita a cuestiones realmente transfronterizas, entre las que se incluyen el mercado interior y numerosos asuntos ambientales. 
Celebro la Directiva sobre sustancias y preparados químicos, que determina con claridad que la industria debería responsabilizarse de los productos químicos importados. 
He votado a favor del conjunto de la propuesta. 
Estoy de acuerdo con un principio de sustitución sólido. 
Además, por supuesto, estoy de acuerdo con que se excluyan de REACH las sustancias naturales encontradas en la silvicultura y la minería. 
Es preciso que la legislación propuesta no afecte a los bosques y los minerales, que constituyen la columna vertebral de la industria sueca. 
Es importante que a la hora de recopilar información sobre productos químicos se establezcan prioridades. 
Para empezar, han de recopilarse y analizarse datos relativos a sustancias y preparados químicos de gran volumen. 
La legislación sobre productos químicos ha de ser eficaz, y no solo un tigre de papel. 
Soy crítico con respecto a las enmiendas que recomiendan la creación de una gran Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en la Unión Europea. 
Confío plenamente en que las autoridades nacionales, en general, sean capaces de realizar las inspecciones pertinentes. 
– Quiero mencionar el informe sobre normas de captura no cruel presentado por la señora Scheele. 
Como la mayoría de los diputados al Parlamento, he votado a favor del informe. 
Señor Presidente, le pido que convoque una votación electrónica, porque su conclusión sobre la votación no refleja la voluntad expresada por la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo que han votado. 
. 
Apoyamos el rechazo de la propuesta de la Comisión porque, tal y como dice la ponente, no se basa en los últimos desarrollos científicos y no establece el uso de recursos técnicos humanos. 
La propuesta de la Comisión es un seguimiento del Acuerdo sobre normas internacionales de captura no cruel entre la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y Rusia. 
No obstante, este acuerdo ha sido rechazado dos veces por el Parlamento, y solo ha entrado en vigor porque el Consejo y la Comisión han argumentado que no quieren problemas con los Estados Unidos y Canadá. 
La cuestión que nos ocupa es el verdadero concepto de «no cruel». 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aduce que las trampas no pueden considerarse «no crueles» si los animales están agonizando cinco minutos o más, cuando existen alternativas disponibles. 
En cualquier caso, es vergonzoso que la Comisión aceptara el Acuerdo sobre normas internacionales sin consultar previamente al Parlamento. 
. – En nuestro país, los Países Bajos, durante muchos años nos hemos dedicado a luchar contra la rata almizclada, una importación americana que ha socavado nuestros diques y, consecuentemente, amenaza con convertir las tierras bajas en un lugar inhabitable para las personas. 
A pesar de ello apoyamos a la ponente, la señora Scheele, que propone un rechazo total de esta propuesta sobre la captura no cruel de ciertas especies de animales. 
No cruel significa «humano» y «decente». 
Con el paso del tiempo, el ser humano ha hecho cosas espantosas, que quizá sean humanas pero ciertamente no decentes. 
En la propuesta de la Comisión las amputaciones, heridas oculares, lesiones en la médula ósea y una agonía de hasta cinco minutos se consideran no crueles. 
Desde 1995 las trampas para animales salvajes están prohibidas en toda la Unión Europea, así como la importación de pieles de animales de países donde siguen utilizándose trampas con este fin. 
Ya en 1996 se propuso endurecer los requisitos para otras trampas. 
Pero un grupo de presión de cazadores consiguió marginar a los expertos. 
Consecuentemente, se firmó un acuerdo con los Estados Unidos, Canadá y Rusia, principalmente dirigido a evitar conflictos comerciales, en lugar de mejorar el bienestar animal. 
Esta propuesta se basa en este acuerdo viciado, algo a lo que este Parlamento se ha opuesto antes. 
. He votado para que se rechace la propuesta de la Comisión sobre normas «humanas» en materia de trampas. 
La propuesta no hace lo suficiente para proteger el bienestar de los animales y ha sido difícil modificarla debido a la forma en que estaba redactada. 
Espero y confío en que la Comisión plantee ahora una propuesta que anteponga la preocupación por el bienestar de los animales a los beneficios. 
. – No podríamos sino estar de acuerdo con un texto que prevé la introducción de normas de captura no cruel para mejorar el bienestar animal y la protección de determinadas especies animales. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión que se nos presenta es demasiado poco satisfactoria para que podamos aprobarla. 
¿Cómo aceptar que los ensayos para crear las denominadas trampas «no crueles» se efectúen con los propios animales? 
¿No existe una paradoja en matar animales para matar «humanamente» a otros? 
Por otra parte, se nos dice que el bienestar de los animales entrampados debía mejorarse. 
¿Sucede así con el cepo que tritura bajo el agua? 
Esta trampa no consigue suprimir la agonía: en los visones la pérdida de conciencia tarda en promedio dos minutos y medio y, en los castores, nueve minutos y medio. 
El horror de estas trampas es hoy total y la directiva de la Comisión no tiende ni a suprimirlo y ni siquiera a limitarlo. 
Recordemos que el 15 % de los animales a los que se mata por su piel son capturados con trampas. Y esta cifra hace se refiere únicamente a las pieles comerciales... 
– Señor Presidente, Señorías, este informe es enormemente importante y útil, sobre todo porque pretende declarar obligatorio el Código de Conducta y pide que sea reconocido jurídicamente por todos los países. 
Además, considero importante el llamamiento a seguir la lógica del marcado y la trazabilidad de las armas. 
El problema es que, si este Código de Conducta, sobre el cual debatimos cada año, no es adoptado por la Comisión y el Consejo, puede quedar en una mera declaración de buenas intenciones. 
Es extremadamente importante haber incluido en esta normativa también los productos que pueden ser de doble uso, tanto para fines pacíficos como bélicos. 
Considero, por último, igual de importante la decisión de destacar una vez más el embargo sobre la venta de armas a China. 
Este informe trata de la elaboración de un código de conducta vinculante en materia de exportación de armas en el marco de la Unión Europea. 
Se propone la creación de una nueva agencia comunitaria que controle las exportaciones de los Estados miembros. 
A pesar de la opinión adoptada como una cuestión de principio sobre este asunto, existen motivos para preguntarse si esas iniciativas podrían llevar a una política más restrictiva, que es el objetivo. 
Al mismo tiempo, la Agencia Europea de Defensa está presionando a favor de una mayor coordinación y liberalización de las políticas de exportación de los Estados miembros. 
Nosotros nos oponemos a la creación de una agencia comunitaria que controle las exportaciones de armas. 
Tampoco creemos justificada la existencia de la Agencia Europea de Defensa. 
El volumen de las exportaciones de armas de cada Estado miembro es una decisión que corresponde a los respectivos Parlamentos nacionales. 
Por ese motivo, Suecia tiene derecho también a adoptar en el futuro una política de exportaciones restrictiva. 
Por todo lo anterior, votaremos en contra del informe en la votación final. 
. He votado a favor de este informe. 
Respaldo su llamamiento a que no se levante el embargo de armas a China hasta que se produzca una mejora clara y sostenida en la situación de los derechos humanos en ese país. 
Sin embargo, no creo que sea correcto tratar a China de forma distinta a otros países con un historial igualmente sombrío en materia de derechos humanos. 
También me gustaría que hubiese un mayor debate sobre la posibilidad de convertir el código de conducta en un código sobre la venta de armas que sea en su totalidad legalmente vinculante. 
. 
Una vez más, aparte de todas las cuestiones que plantea el informe relativo al Código de conducta en materia de exportación de armas, entiendo que la cuestión relativa a la prohibición de la exportación de armas a China es crucial y justifica plenamente mi voto a favor de este informe. 
Mi opinión ha sido y sigue siendo que la Unión Europea debe mantener su embargo porque, ante todo, es una postura adoptada por los 25 Estados miembros en defensa de los derechos humanos, el orden internacional y la paz. 
China es y seguirá siendo un actor de enorme relevancia en el plano internacional y un socio económico fundamental de la UE. 
En mi opinión, el desarrollo del mercado chino será una de las vías para la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Pero ese camino no puede recorrerse sin exigencias y en ese contexto es donde se sitúa el embargo de armas. 
Seremos socios económicos de China, pero socios exigentes y comprometidos con la construcción de un mundo mejor. 
. Acojo con agrado este informe que completa los requisitos para la creación de un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. 
Esto transmite una señal positiva a los ciudadanos de que la UE podrá ahora movilizar fondos para las poblaciones de regiones afectadas por catástrofes. 
Creemos que las Naciones Unidas –con su experiencia, sus conocimientos y su relevancia mundial– están en una situación óptima para promover el desarme mundial y garantizar el cumplimiento del Tratado de no proliferación. 
Sobre esta base, votaremos en contra de la creación de una agencia comunitaria para la conversión y el desarme. 
Votaremos también en contra del informe en la votación final. 
Pero apoyaremos la propuesta de desarme nuclear y el objetivo de convertir a Europa en una zona libre de armas nucleares. 
Las exigencias de limitar la proliferación de armas nucleares deben conducir a la larga a la desaparición gradual de todas las armas nucleares. 
Quiero empezar destacando que el Parlamento tomó la iniciativa de elaborar un informe sobre la «no proliferación» y no sobre el desarme. Consideramos que la resolución, a pesar de incluir algunos puntos positivos, contiene otros muy preocupantes. 
En este contexto de la no proliferación de armas de destrucción masiva, la posibilidad de «recurrir a la fuerza militar» que queda abierta es totalmente inaceptable. 
El «respaldo» que esa política da a la colosal operación de manipulación y a la agresión y posterior ocupación de Iraq por los Estados Unidos y sus aliados –basándose en el falso argumento de que Iraq tenía armas de destrucción masiva– revela sus verdaderas intenciones. 
Es peligroso e ingenuo vincular la denominada «lucha contra el terrorismo» , en asociación con los Estados Unidos, y la no proliferación de armas de destrucción masiva. 
Lamentamos igualmente que se rechacen las propuestas de nuestro Grupo para crear una agencia europea de desarme, condenar la manipulación de las Naciones Unidas por parte de los Estados Unidos, hacer de Europa una zona libre de armas nucleares, retirar de Europa las armas nucleares de los Estados Unidos e instar a Alemania a que elimine su potencial de enriquecimiento de uranio en el reactor de investigación de Garching. 
. Acojo con satisfacción este informe que reafirma el respaldo a los acuerdos multilaterales sobre la no proliferación de armas nucleares y reconoce los riesgos que plantea la proliferación de las armas de destrucción masiva. 
Concretamente, el informe responde a la estrategia de la UE sobre este tipo de armas, que yo apoyo. 
Me complace que el ponente acordase retirar de su borrador las referencias a Estados miembros concretos. 
. – La responsabilidad de producir, propagar y utilizar armas de destrucción masiva (ADM) (nucleares, químicas y biológicas) corresponde exclusivamente a los poderes imperialistas, entre ellos los países de la Unión Europea. 
Esta es una realidad histórica que las propuestas de resolución presentadas por el Parlamento Europeo tratan de ocultar. 
Están llenas de retórica e intereses hipócritas y ni siquiera mencionan a quien fabrica, propaga y utiliza esas armas. 
En el pasado y ahora, las ADM se han utilizado siempre para someter a los ciudadanos a regímenes imperialistas. 
Fueron los Estados Unidos quienes lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. 
Las bombas de napalm se utilizaron por primera vez en Grammo contra el Ejército Democrático Griego y en Vietnam por los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos y la OTAN utilizaron uranio empobrecido en las guerras contra Iraq, Afganistán y Yugoslavia. 
Fueron empresas europeas las que vendieron armas químicas y biológicas a Sadam, las mismas armas que han sido utilizadas recientemente por los Estados Unidos en Faluya. 
Siempre que se han utilizado ADM, han llevado el sello del imperialismo. 
Las propuestas de resolución presentadas por el Parlamento Europeo no solo omiten todo esto, sino que transfieren la responsabilidad a los Estados más pequeños y a particulares, a menudo con acusaciones difamatorias, para crear pretextos que justifiquen nuevas intervenciones y guerras y para salvaguardar su soberanía. 
. 
En materia de política internacional, y cuando lo que está en juego en la seguridad mundial, es necesario que los compromisos adquiridos en las declaraciones se vean respaldados por la capacidad de acción. 
No se puede ser exigente con las palabras e indeciso con las acciones. 
Ante las cuestiones planteadas por la proliferación de armas de destrucción masiva, se corre el riesgo de que esto se convierta en uno de esos casos en los que la vehemencia de las declaraciones no va acompañada de la misma determinación en el plano político concreto, sobre todo y particularmente, en el diplomático. 
A mi modo de ver, la UE tiene que ser más clara en su retórica. 
La percepción generalizada de que la UE no es consecuente con sus palabras debilita nuestra posición diplomática. 
Por eso he votado a favor de este informe, con la esperanza de que su aprobación lleve a la Unión a redoblar sus esfuerzos en esta materia, no recurriendo a soluciones militares ni mucho menos promoviendo esas soluciones, sino mostrando determinación y decisión. 
Los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe porque nos parece importante que existan unas normas claras y sin ambigüedades para la industria de defensa. 
No obstante, algunas partes del informe, interpretadas en términos más generales, podrían orientarse a una defensa común futura. 
Nosotros nos oponemos a una defensa militar europea común y no apoyamos las propuestas dirigidas a promover la defensa en esos términos. 
No obstante, queremos hacer un esfuerzo para aumentar la capacidad de gestión de crisis de la UE y su capacidad de detección y prevención precoz de conflictos, recurriendo primero a medios políticos, diplomáticos y económicos. 
El artículo 296 del Tratado de la CE estipula que la producción y el comercio de municiones pueden quedar exentos de las normas que regulan la libre circulación de mercancías. 
Una parte del informe que hoy nos ocupa se refiere a la clarificación y definición más precisa de los tipos de materiales y servicios a los que el artículo 296 realmente no debe aplicarse. 
La Lista de Junio cree que la realización del mercado único es una cuestión muy importante a la que debe otorgarse prioridad. 
No obstante, del informe se desprende que las enmiendas propuestas a los reglamentos de la UE se dirigen principalmente a intensificar la cooperación militar en la Unión, lo que supondría un paso más hacia una política exterior y de seguridad común. 
La Lista de Junio considera que la política exterior y de seguridad es una cuestión nacional que en ningún caso debe decidirse a escala de la Unión. 
Este informe se encuadra en el proceso de militarización de la UE, que la rechazada «Constitución europea» pretendía consagrar. Se centra en uno de sus pilares fundamentales: el desarrollo de la industria militar en los diferentes Estados miembros. 
Pretende contribuir a reforzar la industria de armamento «europea» y lo que se considera un proceso de concentración «inevitable». 
En otras palabras, el informe expone claramente lo que está en juego y explica que 6 de los 25 Estados miembros adquieren el 90 % del equipamiento militar. ¿Cuánto se está produciendo entonces? 
El informe no deja lugar a dudas. Su objetivo es retirar la competencia de la política de armamento a los Estados, o mejor dicho, a los denominados «pequeños» Estados, creando progresivamente un «mercado europeo de defensa» , «de acuerdo con las normas de interoperabilidad acordadas por la OTAN». 
Para ello, pide a los («grandes» ) Estados y a las grandes empresas de armamento que dejen a un lado sus diferencias, defendiendo la adopción de medidas para asegurar que «la contratación pública en materia de defensa quede cubierta en mayor medida por la legislación de la Comunidad Europea en vez de por la legislación nacional» y que «considera conveniente una interpretación restrictiva de los intereses nacionales de seguridad». 
Todo ello quedará bajo el «papel director» de la «Agencia Europea de Defensa». 
La carrera armamentística no puede promoverse mejor. 
De ahí nuestro voto en contra. 
. – Un solo factor sigue escapando aún a la lógica ultraliberal de Bruselas: la defensa. 
Pero quizás no por mucho tiempo. 
La Comisión Europea, en su Libro Verde dedicado a los contratos públicos de defensa, se propone reducir las barreras comerciales en este sector y abrirlo a la competencia. 
Para ello, la Comisión ha decidido atajar el principal obstáculo jurídico dando una nueva interpretación al artículo 296 del Tratado, que estipula que los Estados miembros podrán establecer excepciones a la normativa comunitaria sobre la competencia por motivos de seguridad nacional. 
Esta manipulación tiene por objeto reconsiderar el triple imperativo de la seguridad del abastecimiento, la confidencialidad en materia de defensa y seguridad nacional y la independencia nacional. 
En un momento en que la industria europea del armamento se juega su supervivencia ante las exportaciones masivas de productos militares estadounidenses, ya es hora de que los países miembros de la Unión Europea inviertan en investigación y en la elaboración de programas comunes. 
No haremos más competitivos nuestros mercados de defensa abriéndolos un poco más, sino al contrario, los haremos aún más permeables a las importaciones estadounidenses. 
Restablezcamos la preferencia comunitaria y hagámoslo pronto. 
. Este informe es la respuesta del Parlamento al Libro verde «Hacia una política de la UE en materia de equipos de defensa». 
Me parecen muy bien sus propuestas. 
Con estas medidas, la Comisión pretende contribuir a la creación gradual de un mercado europeo de equipos de defensa más transparente y abierto entre los Estados miembros y que aumentaría la eficiencia económica, al tiempo que respetaría la naturaleza específica del sector. 
Me complace que el Gobierno británico también haya visto con buenos ojos el Libro Verde como iniciativa importante y oportuna para abrir un debate sobre el funcionamiento de los mercados de equipos de defensa en Europa. 
. 
Acojo con satisfacción y apoyo la propuesta, defendida por el ponente, de promover el mercado de defensa a escala europea y de que ese mercado sea libre y competitivo, respetando eso sí las características específicas del sector. 
En consecuencia, mi voto es indudablemente a favor. 
De los muchos aspectos que podría destacar, hay uno que me merece especial atención. 
El mercado de defensa es un mercado en el que la inversión en investigación y desarrollo tiene especial importancia. 
Todas estas propuestas deben ir acompañadas de la determinación europea de modernizarse, de hacerse más competitiva y de invertir en desarrollo tecnológico, que es un importante motor del desarrollo económico. 
Considerando que la inversión en el mercado de defensa es posible solo si se decide claramente hacer esa inversión, existen más razones aún para votar a favor del presente informe. 
. Los conservadores británicos damos gran importancia a las verdaderas mejoras del mercado único. 
También deberíamos respaldar las medidas que tuvieran el efecto de «mejorar la eficiencia económica además de la competitividad» en el mercado europeo de defensa. 
Sin embargo, este informe está condicionado por la idea de ampliar la competencia comunitaria y elevar a la Comisión Europea a una posición de control en la industria europea de armamento. 
Los considerandos F y G culpan erróneamente a la fragmentación del mercado de la falta de interoperabilidad y debilidad militar de Europa. 
No existen pruebas de que los costes se reducirían con un mercado europeo de defensa, determinados proyectos de colaboración han demostrado ser costosos en dinero y tiempo. 
Discrepamos de la idea del apartado 9, que prevé que la legislación comunitaria abarque los suministros de defensa y no la legislación nacional. 
La propuesta de los apartados 10 y 15 de una directiva que sustituya al artículo 296 tendría graves implicaciones de seguridad nacional. 
Además, la promoción de un sistema de «preferencia europea» para las compras nacionales de material de defensa del apartado 24 es una idea corta de miras que provocaría un mayor daño a los renqueantes ejércitos de Europa. 
Por estos y otros motivos, los conservadores británicos hemos votado en contra de este informe. 
Queremos expresar nuestra más rotunda crítica a las graves e irresponsables declaraciones del presidente de Irán referentes a Israel. 
La propuesta de resolución que hoy nos ocupa es muy reveladora del doble rasero que se aplica en la UE. 
Con su visión parcial de la situación en Oriente Próximo, la resolución contiene propuestas que solo servirían para agravar el conflicto. 
Acusa a Irán de apoyar el terrorismo, pero al mismo tiempo ignora la gran responsabilidad que han tenido los Estados Unidos, Israel y nuestra propia UE en el agravamiento de la situación de esa región. 
La propuesta de resolución no denuncia las consecuencias de la agresión y ocupación militar de Iraq por los Estados Unidos y sus aliados. 
Se refiere a la situación de Palestina como un conflicto, restando así importancia a la ocupación de Palestina por Israel y la violación más brutal de los derechos fundamentales del pueblo palestino por parte de Israel. 
La propuesta de resolución exige a Irán el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en el marco del desarrollo de su programa nuclear, sin cuestionar las exigencias impuestas a otros países de la región que también han desarrollado programas nucleares y poseen armas nucleares. 
Las declaraciones del Presidente iraní solo sirven para complicar aún más la situación en una región completamente desestabilizada por la política de injerencia, guerra y dominación de los Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados regionales y europeos. 
. He votado a favor de esta resolución. 
La declaración del Presidente de Irán de que Israel debería ser borrado del mapa merece la condena más enérgica posible. 
Sin embargo, la UE debe resistir la tentación de unirse a los Estados Unidos en la demonización de Irán. 
Creo firmemente que, con paciencia y diplomacia, Irán podría convertirse a medio plazo en un socio fiable y constructivo de la UE en Oriente Próximo. 
Con el enfoque adecuado, también podría ayudar enormemente a estabilizar la situación en Iraq. 
– Las declaraciones del Presidente de Irán diciendo que «Israel tiene que ser borrada del mapa» deben ser condenadas. 
Pero nadie en su sano juicio creería que Israel se ha visto gravemente amenazada por esas declaraciones y que necesita la «solidaridad» del Parlamento Europeo. 
Las declaraciones del Presidente de Irán son principalmente una cuestión de interés nacional, para desviar la atención del pueblo iraní de su oposición a ese régimen despótico y del deterioro de sus condiciones de vida. 
Los líderes del Parlamento Europeo saben que eso es verdad. 
Las razones por las que se han precipitado en hacer declaraciones condenatorias se enmarcan en sus planes más generales en Oriente Próximo. 
Al mismo tiempo, utilizan las declaraciones como pretexto para acusar a Irán de apoyar el «terrorismo internacional» , defendiendo con ello la política de los Estados Unidos que están amenazando a Irán y a Siria con una intervención militar. 
No es coincidencia que el Primer Ministro de Gran Bretaña, que también ostenta en la actualidad la Presidencia de la UE, hablase directamente de una intervención militar en Irán. 
Hemos votado en contra de la propuesta de resolución no por nuestros sentimientos de solidaridad con el régimen iraní, sino porque no reconocemos el derecho de la UE, la OTAN o los Estados Unidos a erigirse en defensores de los derechos humanos y la legislación internacional, cuando ellos mismos los violan sin vergüenza alguna y apoyan todo tipo de regímenes autocráticos cuando les interesa. 
. – Israel como chivo expiatorio: la táctica es tan antigua como el Estado hebreo. 
Tan antigua como el mundo, debería decir, puesto que el Presidente iraní a quien apunta, más allá de Israel, es a los judíos. 
El antisionismo, como todo el mundo sabe, constituye en muchos aspectos la forma contemporánea del antisemitismo. 
Lamento la tibieza de las reacciones con que se ha acogido esta declaración de guerra. 
Tenemos, por supuesto, algunas hermosas fórmulas de indignación, con acompañamiento de trémolos. 
Ninguna. 
¿Ha esgrimido alguien los artículos 39 a 41 de la Carta de las Naciones Unidas o exigido excusas? 
No, esto no está en el orden del día. 
Imagino cuál sería el clamor si Ariel Sharon hubiera llamado a borrar del mapa a Siria o Irán. 
Basta formular la pregunta para que tengan ustedes la respuesta y constaten la indiferencia, la apatía dramática de los dirigentes occidentales y de buen número de nuestros medios de comunicación. 
Que las cosas estén claras: al atacar Israel, Mahmud Ahmadineyad apunta contra nosotros. 
Su odio a Israel no es otra cosa que su odio a toda forma de democracia, incompatible con el fundamentalismo musulmán. 
No puedo aceptar ni la indiferencia de algunos, ni la tibieza de este texto. 
Por ese motivo me he abstenido. 
Yo y mis colegas conservadores británicos hemos apoyado esta resolución, aunque ha quedado atenuada respecto a mi redacción inicial en nombre del Grupo del PPE-DE. 
La restricción del ámbito de aplicación de la resolución a la llamada del Presidente Ahmadinejad de «borrar a Israel del mapa» ha sido una oportunidad perdida de destacar la manifiesta voluntad de Irán de fabricar una bomba nuclear y sus abusos generalizados de los derechos humanos, incluida la ejecución habitual de homosexuales y de todos aquellos que cometan actos tachados por el régimen de «delitos de castidad sexual». 
Los comentarios del Presidente Ahmadinejad sobre Israel, hechos hace tres semanas, ya han sido condenados con estridencia y sin reservas por los grandes líderes políticos europeos y de otros lugares. 
Otra ronda de denuncias por parte de los diputados al Parlamento Europeo no tiene ninguna utilidad. 
Las palabras de Ahmadinejad son una amenaza vergonzosa, pero sus acciones podrían dar a Irán el poder de convertir esa amenaza en realidad. 
No es tiempo de retórica. 
–... hacer una comprobación electrónica porque, en nuestra opinión, los que han votado apoyaban claramente la propuesta. 
Usted se ha negado a hacer una comprobación electrónica de la votación, reevaluando... 
Señor Baco, la comisión competente ha recomendado a la Cámara que rechace la iniciativa. 
Hemos votado y la Cámara, por una mayoría muy amplia, ha votado en contra. 
Por tanto, la iniciativa ha quedado rechazada, y el señor Comisario ha hablado en nombre de la Comisión. 
Hemos cumplido todos los trámites previstos en el Reglamento. 
– Señor Presidente, me temo que no entiendo cómo puede haber obtenido ese resultado claramente incorrecto de la votación. 
Todos hemos visto que la mayoría de los que han votado apoyaban el informe. 
Puesto que su postura en este asunto se contradecía con la de otros observadores, solicité que se realizara una comprobación electrónica de la votación. 
Usted se ha negado y ha llegado a una conclusión que no refleja la voluntad de los diputados al Parlamento Europeo que han votado. 
Me refiero a la votación del informe sobre las normas de captura no cruel para algunas especies animales. 
La comisión competente ha recomendado que se rechace esta propuesta y los que votaban en contra –lo he explicado claramente– la rechazaban. 
Por tanto, he seguido lo que ha decidido la Cámara, que ha votado en contra. 
Por eso le he dado la palabra al Comisario, porque, al rechazarse esta iniciativa, el Comisario tenía que expresar la posición de la Comisión. 
Le aseguro a usted, señor Baco, que se ha hecho todo perfectamente. 
Fíjese usted que toda la mesa que me asiste está de acuerdo. 
El único que no lo ve es usted; por tanto, creo que debería reflexionar sobre el tema. 
Es imposible que estemos todos equivocados y que el único que lo vea claro sea usted, señor Baco. 
De todas formas, si sigue sin estar convencido, cuando acabe la sesión el señor Secretario General adjunto y los miembros que me asisten en la mesa se lo explicarán en privado para que se quede tranquilo. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0318/2005) de la señora Martens, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre una estrategia de desarrollo para África [2005/2142 (INI) ]. 
He creído entender que sus Señorías tenían serias dudas sobre la conveniencia de celebrar o no hoy el debate y la votación. 
Por lo que se refiere a la votación, el Reglamento permite aplazarla. 
En cambio, no nos permite aplazar el debate, a menos que exista unanimidad, pero si alguien quiere que el debate tenga lugar, según el Reglamento debe tener lugar. 
Señor Presidente, quizá ingenuamente habíamos pensado que la votación REACH iba a terminar sobre las 11.30 o 12.00 horas y que esta mañana podríamos tener el debate y la votación sobre dos temas tan importantes como la política europea de desarrollo y la estrategia de desarrollo de la Unión Europea para África. 
Evidentemente, no es posible tener el debate en condiciones —entendemos en mi Grupo— de dignidad para el tema y de respeto por los colegas que han trabajado como ponentes en ambos informes. 
Dada esta situación, creemos que, en cualquier caso, es indispensable posponer la votación. 
Entendemos que también sería deseable posponer los debates, porque estamos debatiendo con la Cámara prácticamente vacía dos temas fundamentales, que son seguidos con interés por los medios diplomáticos, por los países concernidos y por organizaciones no gubernamentales. 
Pero si no es posible cambiar la fecha de los debates, tengámoslos ahora, de una manera clandestina –esa será la responsabilidad de quienes no quieren encontrar un acuerdo al respecto–. 
Yo no acepto la presión del Consejo cuando nos dice que tenemos que debatir mal ahora porque el Consejo se reúne la semana próxima. 
Pero si alguien está en contra de retrasar los debates, habrá que realizarlos. 
En cualquier caso, pido que se someta a votación el retraso de la votación a una próxima sesión. 
– Señor Presidente, tengo que decir, en calidad de ponente, que no estoy a favor del retraso. 
Todos los que formamos parte de esta Cámara acordamos, por las razones que fueran, un calendario, siendo una de las consideraciones fundamentales que el Consejo debatirá este tema la semana que viene y que nosotros querríamos hacer nuestra contribución a su debido tiempo, en lugar de cuando todo esté ya hecho y decidido. 
Eso me parece indigno de esta Cámara. 
Si aplazamos el debate y la votación, no nos estaremos tomando en serio nuestro trabajo como Parlamento. 
Es más, no creo que la votación final se viera afectada, puesto que ya se han elaborado las listas nominales, de manera que ¿por qué no seguimos adelante y celebramos hoy el debate y la votación? 
Comparto su opinión de que el calendario deja algo que desear. 
Hubiera preferido que la votación se celebrara esta mañana en sesión plenaria, pero mi opinión no ha obtenido el apoyo mayoritario de los Grupos parlamentarios. 
Si lo hubiéramos hecho así, habríamos conseguido al menos las mayorías con la presencia de todos los diputados al Parlamento Europeo. 
Teniendo en cuenta que la votación se ha reprogramado ya tres veces, me parece que ahora es demasiado tarde. Puesto que ya hemos acordado ese calendario, creo que lo más importante ahora es cerrar este capítulo con un debate y una votación. 
– Esto es lo que les propone la Presidencia de sesión. 
Nos encontramos en el marco del apartado 1 del artículo 170 del Reglamento, cuyo segundo apartado dice: «La intención de solicitar el aplazamiento de un debate se notificará al Presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo, y este informará inmediatamente al Parlamento». 
Nos vemos obligados a constatar que esta condición no se cumple: el aplazamiento no se ha solicitado con veinticuatro horas de antelación. 
Por tanto, me veo obligado a proceder al debate, tanto más cuanto que la ponente lo desea. 
Reconozco, Señorías, que un debate de tanta importancia habría merecido un auditorio más amplio. 
Pero debo indicarles dos cosas. 
En primer lugar, de un modo general, nuestros debates rara vez llenan el hemiciclo, ya sea un jueves por la tarde, un lunes, un martes o un miércoles. 
En segundo lugar, nuestro calendario está confeccionado de modo que el Parlamento se reúne los jueves por la tarde. 
Por tanto, no podemos hacer discriminaciones entre los diputados que hacen el esfuerzo de quedarse y los que prefieren dedicarse a otras ocupaciones. 
Por consiguiente, vamos a proceder a este debate concediendo de inmediato la palabra a la señora Martens, nuestra ponente. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión propone una estrategia a largo plazo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en África para 2015. Esta iniciativa no merece más que aplausos. 
Necesitamos un plan muy ambicioso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, ante todo, para mejorar la situación del África subsahariana. 
La cuestión ahora es si la estrategia propuesta ayudará a conseguir eso de la mejor forma posible. 
La estrategia esboza claramente los problemas, y comparto su cauteloso optimismo en lo que respecta al desarrollo de la Unión Africana y la NEPAD. 
La estrategia contiene desde luego algunas ideas excelentes sobre cómo podrían resolverse ciertos problemas, siendo un ejemplo el gran hincapié que hace en el principio de propiedad africana. 
Al fin y al cabo, si los africanos no pueden tomar las riendas de su propio destino y asumir la responsabilidad de su futuro desarrollo, todas las estrategias estarán condenadas al fracaso. 
La Unión Europea es el mayor donante del mundo. 
Europa lleva años donando fondos y ayuda, pese a lo cual existe más pobreza que nunca. 
Se necesita, por tanto, una nueva estrategia. 
Lamentablemente, el documento no consigue convencerme todavía de que vaya a representar verdaderamente un giro radical. 
¿Por qué? 
Desde luego que no hay nada malo en su análisis ni en sus objetivos, pero las formas y los medios propuestos dejan mucho que desear. 
El Comisario tiene razón al decir que tenemos que proporcionar más y mejor ayuda, y más deprisa. 
Pero no podemos limitarnos a donar dinero, aunque estemos hablando de unos cuantos de miles de millones más. 
Es estupendo que Europa quiera liberar más fondos y que la Comisión quiera recordar a los Estados miembros sus compromisos financieros, pero necesitamos hacer algo más que eso. 
Estoy pensando en primer lugar en lo que podemos hacer en nuestra propia política, en las tres C de coordinación, coherencia y complementariedad. 
Si no mejoran esos tres aspectos, las posibilidades de una ayuda más eficaz se disiparán rápidamente. 
Mucho dependerá en última instancia de la voluntad política de los Estados miembros. 
Espero que la Comisión encuentre una estrategia eficaz para promoverlas. 
Segundo, la Comisión reconoce la existencia de grandes diferencias entre los países africanos. 
Se describen con detalle las diferentes situaciones y problemas, pero está claro que no existen instrumentos adecuados para hacer frente a esas diferencias. 
En nuestra opinión, debe hacerse una distinción clara entre la ayuda concedida a los países estables y la ayuda concedida a los países que son social y económicamente inestables debido al desgobierno, la corrupción y la mala gestión. 
Aunque es posible, como la Comisión propone, que los países estables reciban ayuda en determinadas condiciones, incluso a través de la ayuda presupuestaria y las ayudas sectoriales, también los países inestables necesitan nuestro apoyo. 
No podemos dar la espalda a esos pueblos. 
En los países inestables no debemos exigir que la ayuda se canalice a través de los Gobiernos, sino a través de organizaciones sociales, haciendo especialmente partícipes a las comunidades religiosas, puesto que esas comunidades llegan a más personas y pueden mejorar los servicios de salud, los servicios de educación y otros servicios básicos. 
Tercero, la Comisión propone que nuestras iniciativas a favor de África se agrupen, a partir de ahora, en tres categorías. 
La primera de ellas es la promoción de la seguridad y la gobernanza, cosa que es importante. 
La segunda es la economía y el comercio, y la garantía de un mejor clima de inversión, algo que también es importante. 
Solo el tercer eje del plan de acción se centra en la reducción de la pobreza a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la promoción de la asistencia sanitaria básica, la mejora de la educación, la protección del medio ambiente y la creación de empleo para el mayor número posible de personas. 
Pensamos que esto último, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debe ocupar un lugar central. 
La reducción de la pobreza es fundamental para conseguir una estabilidad estructural que, a su vez, permita un mayor desarrollo. 
Por eso creo que todas las políticas tienen que ser, en primer, un instrumento dirigido a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Por eso me parece que las grandes obras de infraestructura en África o los intercambios entre poblaciones y universidades hermanadas de la Unión Europea y África son prematuros. 
Son proyectos valiosos, pero serían más oportunos en una fase ulterior. 
Por último, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a la elaboración de este informe, ya sea desde dentro o fuera de este Parlamento, por sus contribuciones al proceso de generación de ideas. Puedo afirmar que ha existido una relación de trabajo agradable y constructiva. 
– Justo antes de conceder la palabra a la Comisión, leeré, para los diputados que se preguntan cuándo se celebraría la votación en caso de aplazamiento, el artículo relevante del Reglamento. 
Se trata del apartado 4 del artículo 170, que dice: «Antes de una votación o durante la misma, un Grupo político o treinta y siete diputados como mínimo podrán solicitar el aplazamiento de la votación. 
La votación correspondiente se realizará de inmediato.» 
Esto quiere decir, concretamente, que, en su caso, procederemos a la votación al término de los debates de esta tarde. 
En ese momento, y solo en ese momento, un Grupo político o 37 diputados podrán solicitar el aplazamiento precisando en qué momento, en qué periodo parcial de sesiones, desean que tenga lugar la votación. 
Por tanto, procederemos al debate y al final de la tarde se someterá a discusión el posible aplazamiento de la votación. 
Doy las gracias al señor Comisario por su paciencia y le doy ahora la palabra. 
. Señor Presidente, señora Martens, Señorías, África es el continente que presenta los mayores desafíos para el desarrollo. 
La desertización progresiva, la escasez de agua, las hambrunas y el sida han alcanzado allí niveles críticos. 
África es el continente en que hay más donantes que en ninguna otra parte. 
Es, por tanto, el continente donde las necesidades de coordinación y complementariedad son más acuciantes. 
Países como Tanzania o Mozambique deben gestionar cada uno unos 500 proyectos individuales procedentes de donantes europeos solo en el sector de las infraestructuras sociales, por mucho que el importe consagrado a cada uno de esos proyectos sea relativamente bajo. 
África es también el continente que nos ofrece hoy la mayor oportunidad. 
El nacimiento de la Unión Africana y la elaboración del programa africano para el desarrollo, el refuerzo del papel de las comunidades económicas regionales, así como la emergencia de una nueva generación de dirigentes nacionales han cambiado la gobernanza africana. 
Nuevos visos de paz aparecen en la República Democrática del Congo, Somalia, Burundi y Liberia. 
Este continente, que es el pulmón ecológico del mundo, posee una riqueza sin parangón desde el punto de vista de los recursos naturales. 
Es también una futura potencia demográfica. 
En 2005, la población africana habrá crecido a más de 1 300 millones, casi tan grande China o la India, y más grande también que las poblaciones juntas de la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Asimismo tendrá la ventaja de poseer una población más joven, puesto que entonces más de 800 millones de africanos tendrán menos de quince años. 
África merece más que nunca toda la atención de Europa. 
Por esta razón, la Comisión ha propuesto una nueva estrategia para África, que fue adoptada el pasado 12 de octubre y presentada ese mismo día en esta Cámara, una estrategia que debe conferir a la Unión Europea un marco único, completo y a largo plazo para sus relaciones con África. 
Señor Presidente, señora Martens, Señorías, la estrategia para África se basa en tres ejes principales: una África, una Europa y un objetivo. 
Una África: aunque África tiene varios rostros, varias historias y necesidades diferentes, ha emprendido ahora colectivamente la vía de la integración política, económica y cultural del conjunto del continente, lo que se traduce en esfuerzos de integración de las comunidades económicas regionales, el lanzamiento de la Unión Africana y la NEPAD. 
En suma, he aquí una integración que merece nuestro apoyo incondicional. 
Una Europa: Europa también ha cambiado. 
La ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados miembros ha elevado el número de socios potenciales a 26, es decir, los 25 Estados miembros más la Comunidad Europea. 
Esta evolución ha incrementado la repercusión política y económica potencial de la Unión Europea, incluso si la ampliación va acompañada de nuevos retos en materia de coordinación y complementariedad de la ayuda. 
Por tanto, la estrategia de la Unión Europea va a hacer de la eficacia de la ayuda y de la coordinación de los donantes las principales prioridades de los próximos años. 
Un objetivo: la política de Europa en materia de seguridad, por ejemplo, ha coexistido durante mucho tiempo –no siempre felizmente, dicho sea de paso– con su política de desarrollo. 
La experiencia reciente –pienso, en particular, en el Fondo de Apoyo a la Paz para África– demuestra la íntima relación existente entre seguridad y desarrollo y la importancia de que las políticas europeas aplicadas en estos ámbitos estén estrechamente coordinadas. 
En la estrategia de la Unión Europea para África, el objetivo común consiste, pues, en promover la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en África. 
Nuestra estrategia global comprende una serie de propuestas concretas, como saben, y celebro comprobar que estamos ampliamente de acuerdo en estos elementos, algunos de los cuales figuran en el informe de la señora Martens, como el refuerzo del Fondo de Apoyo a la Paz para África, el refuerzo de los Parlamentos nacionales y de las organizaciones de la sociedad civil en la planificación y el establecimiento de las prioridades, sin olvidar el control de la política de cooperación al desarrollo. 
La celebración de acuerdos de cooperación económica, como instrumento centrado en el desarrollo con vistas a la liberalización, encierra el potencial necesario para promover el crecimiento económico en África. 
Por lo que respecta a la creación de un clima favorable para la inversión estable y predecible, hemos propuesto, como saben, crear un foro europeo permanente que reúna a empresarios africanos y europeos y construir infraestructuras en el sentido más amplio del término, inclusive para el agua, la energía, las TIC y el transporte, tal como se prevé en el marco de cooperación Europa-África en materia de infraestructuras. 
No hay que olvidar tampoco el lanzamiento de un nuevo programa de acción de la Unión Europea para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, la importancia concedida a la enseñanza superior junto con los esfuerzos desplegados en la educación básica y el aumento de la ayuda presupuestaria. 
En efecto, la Comisión y los Estados miembros deben esforzarse por llevar a cabo la transición de los proyectos de ayuda a los enfoques sectoriales y orientar la ayuda presupuestaria sobre esta base. 
Sin duda volveremos sobre ello en el curso del debate. 
Por último, la mejora de la coordinación de la ayuda europea y la aplicación de un programa de trabajo en materia de coherencia, coordinación y complementariedad tienen por objeto mejorar la eficacia de la cooperación de la Unión Europea al desarrollo. 
Estos son los ejes principales de la estrategia para África. 
Me encanta comprobar que el Parlamento encuentre reflejadas sus inquietudes en nuestros tres conceptos básicos, así como en las propuestas concretas. 
El informe de la señora Martens y la resolución propuesta son ambiciosos. 
Me alegro, se lo agradezco y les felicito. 
. – Señor Presidente, el hecho de que estemos celebrando el debate a esta hora y con la presencia de tan pocos diputados parece reflejar el valor que otorgamos a la política con respecto a África. 
Una parte del debate celebrado en la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la opinión relativa a este informe fue muy viva, pero al final se terminó aprobando por unanimidad. 
Es una lástima que posteriormente la propuesta de los conservadores de no solicitar un debate sobre el papel del colonialismo no obtuviera el apoyo de la mayoría, ya que me parece que sería importante en el contexto africano. 
Entre otras cosas, nuestro informe de opinión dice que los derechos humanos fundamentales deben ser respetados a la hora de tratar con refugiados e inmigrantes ilegales en las fronteras africanas de la UE, que he visitado recientemente con una delegación. 
Allí se pueden encontrar pruebas concretas de los medios que está utilizando actualmente la UE para combatir la pobreza, en forma de vallas y muros, y eso es muy problemático. 
En nuestra opinión, solicitamos un debate sobre las responsabilidades sociales de los Gobiernos y las empresas como parte integral de la nueva estrategia para África, en la que la Comisión tiene desde luego que introducir algunas mejoras. 
Nuestra opinión reconoce también la necesidad de dar marcha atrás en los recortes propuestos en medidas para la lucha contra el VIH/sida, la malaria y la tuberculosis, e insiste en la importancia del fomento de la paz y de la resolución de conflictos en África, con la consiguiente referencia expresa al control de las exportaciones de armas, un tema que debatimos ayer. 
Esto me lleva a mencionar que he tomado nota de la intervención del Comisario Michel ante la Asamblea Parlamentaria de la UEO el 21 de septiembre, en la que dijo que se destinarían 250 millones de euros del presupuesto de desarrollo a las tropas africanas. 
Esa no me parece la forma correcta de proceder y quiero advertir a la UE contra la combinación de sus políticas de seguridad o militares y sus políticas de desarrollo. 
. – Señor Presidente, antes de nada quiero felicitar a la ponente, la señora Martens. 
Su informe refleja la realidad y sienta las bases de la estrategia de desarrollo para África. 
La situación en África, donde se encuentran la mayoría de los países menos desarrollados, se debe tanto a factores endógenos como exógenos. 
Los factores endógenos son responsabilidad de los propios Gobiernos africanos. 
Pero los factores exógenos son responsabilidad nuestra y no solo porque la Unión Europea sea con diferencia el mayor donante de ayuda humanitaria. 
Son responsabilidad nuestra no solo en el sentido de incrementar la ayuda hasta el 0,7 % del producto interior bruto para 2015. 
Son responsabilidad nuestra en el sentido de que la ayuda al desarrollo irá acompañada, como se insiste en el informe, de una mayor calidad, eficacia, transparencia y visibilidad. 
El reto para la Unión Europea consiste, en mi opinión, entre otras cosas en: 
Primero, acabar con la fragmentación de la intervención humanitaria y elaborar una estrategia cohesiva. 
Segundo, vincular la política de la Unión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Tercero, establecer una coordinación eficaz de la ayuda humanitaria entre los Estados miembros y la Comisión, y entre las políticas bilaterales de la Unión y su política de desarrollo. 
La acción comunitaria debe obedecer a un programa claro, a unos objetivos específicos y a la necesidad de vincular objetivos y medios. 
Esta necesidad se recoge, entre otras cosas, en el informe, que cuenta con mi apoyo. 
El Comisario ha condensado el desafío que representa África en su frase: «Una sola África, una sola Europa, un solo objetivo.» 
«Una sola África» es responsabilidad de la propia África; «Una sola Europa» es responsabilidad de Europa y «un solo objetivo» es nuestro objetivo común. 
Apoyamos esta importante iniciativa suya y daremos una respuesta convincente al desafío que representa África. 
. Señor Presidente, el informe de la señora Martens nos parece serio y oportuno. 
En la Comisión de Desarrollo recibió un apoyo generalizado y nuestro voto. 
No tengo ahora tiempo para comentar el fondo del informe, con cuya resolución los Socialistas estaremos de acuerdo si no se altera mediante enmiendas en el Pleno. 
Nosotros llevamos ya tiempo planteando que es una responsabilidad ética y política para Europa contribuir decididamente al desarrollo de África, pero en los últimos tiempos debería ser evidente para todos que ese desarrollo se ha convertido además en una necesidad imperiosa para mantener tanto la estabilidad en el escenario internacional como la estabilidad y prosperidad europeas. 
De ahí que coincidamos con la señora Martens en que volcarnos para que África salga de su dramática situación de subdesarrollo debe convertirse en una auténtica prioridad de las políticas de la Unión Europea. 
A ese respecto, será esencial entender que nuestro papel ha de ser el de acompañar a los responsables africanos en la realización de sus propias decisiones. 
De ahí que nos preocupe que en la Comunicación de la Comisión, de la que trata el informe de la señora Martens, no se haga más referencia a la Unión Africana y al plan estratégico que los Jefes de Estado de esta institución hermana han definido como prioridades estratégicas para el desarrollo de su continente. 
Quizá estemos cayendo en el error de definir por nuestra cuenta unas prioridades que no coinciden con las de los principales afectados, socios obligados, en todo caso, para la realización de los objetivos a que nos venimos refiriendo. 
– Señor Presidente, la atención se ha centrado, como no podía ser menos, en la lucha contra la pobreza en África. 
Además de la contribución que hemos recibido del Consejo respecto a la Comisión de África de Tony Blair y la Cumbre de NU, la propuesta de la Comisión contiene numerosos aspectos constructivos referentes al medio ambiente, la gobernanza y la lucha contra la pobreza. 
Hemos constatado también la inclusión de la mujer y la igualdad de género como parte de la situación dibujada y la importancia atribuida a la mujer como fuerza motriz del desarrollo de la sociedad. 
No obstante, tengo que utilizar el escaso tiempo de uso de la palabra que se me ha concedido para insistir en un aspecto alarmante de la propuesta, y es la forma indebidamente centralizada de planificar la ayuda concedida por la UE a África, utilizando por ejemplo un Donante Atlas, como si nosotros en Europa pudiéramos sentarnos y planificar la forma de coordinar la ayuda en los distintos países africanos. 
Esta práctica se contradice directamente con los principios de eficacia de las ayudas y buena conducta de los donantes que la UE ayudó a adoptar en el Foro de Alto Nivel de París sobre la Eficacia de la Ayuda en marzo de este año. 
Son los países africanos los que deben desempeñar un papel crucial en la coordinación de la ayuda, actuando sobre la base de sus propias estrategias para combatir la pobreza. 
Si no canalizamos la ayuda de esta forma, correremos el peligro de que se produzca una verdadera invasión de elefantes blancos en África, y eso significaría el regreso a una estrategia muy mala. 
Tenemos que atenernos a lo dicho hasta ahora. 
Algunas de las enmiendas propuestas en el informe Martens tienen presente esas medidas centralistas por parte de la Comisión, y espero que el Parlamento asegure que los países receptores, y no la Comisión, sigan jugando un papel fundamental en lo que se refiere a las ayudas. 
– Señor Presidente, Señorías, la iniciativa de la Comisión de promover una estrategia de desarrollo para África que dote de mayor coherencia a la cooperación europea al desarrollo, debe recibir, en principio, una buena acogida. 
Hasta ahora, todos los Gobiernos han buscado, en sus relaciones con África, defender sus respectivos intereses, formular sus propias estrategias para la cooperación al desarrollo y crear sus propias estructuras para poner en práctica esas estrategias. 
La coherencia y una mejor coordinación de la ayuda son, a mi modo de ver, muy importantes si queremos realizar una verdadera contribución a la lucha contra el hambre y a la prevención de los conflictos violentos y la desintegración de los estados. 
Tienen que trazarse distinciones claras entre los Estados africanos en lo que a su política social, cultural, económica, política y medioambiental se refiere, algo que cualquier estrategia europea de desarrollo debe tener en cuenta, conjuntamente con las perspectivas de los ciudadanos africanos y las condiciones y procesos de sus propios países. 
Cualquier estrategia de desarrollo para África tiene que verse influida por el conocimiento de las organizaciones regionales de África, los Parlamentos electos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos en lo referente a los procesos y las estrategias utilizados para encontrar soluciones y acabar con la mala administración que existe en sus propios países. 
Solo así tendrá algún sentido el criterio de «propiedad africana» en el que tanto se insiste en el informe. 
El Presidente de la Unión Africana respondió con indignación a las preguntas que se le formularon sobre la tragedia de los refugiados en Melilla, y tenía toda la razón al decir, como dijo, entre otras cosas, que esas personas no son vagas y que las subvenciones agrícolas de la UE y de los Estados Unidos tenían que poder ser cuestionadas. 
La Comisión de Comercio Internacional insistió, en su opinión, en la importancia de, entre otras cosas, suprimir las subvenciones a la exportación como forma de permitir que África se convierta en un socio en igualdad de condiciones en el comercio mundial, pero la estrategia de desarrollo de la Comisión no adquiere ningún compromiso claro en este sentido. 
Esta estrategia hará más eficientes las ayudas solo si se entiende como una directriz para la cooperación con los distintos países asociados. 
Un marco así para la cooperación europea al desarrollo de la UE debe tener en cuenta la diversidad presente en África y aprovechar la experiencia y los conocimientos de los africanos. 
Solo así podrá esta estrategia hacer una verdadera contribución. 
. – Señor Presidente, la señora Martens ha dedicado un gran esfuerzo a la elaboración de este informe y no hay duda alguna de su utilidad en muchos aspectos. 
Pero no puedo dejar de comentar la ausencia de referencias directas a una serie de cuestiones que tienen una importancia absolutamente fundamental tanto para África como para otros países muy pobres. 
No ayudaremos a esos países si nos limitamos a enviarles fondos o a cooperar con las mismas organizaciones de siempre. 
Tenemos que centrarnos en los objetivos fundamentales, los más importantes de los cuales son la educación, la educación y la educación. 
Otros objetivos son la higiene y la salud, así como el apoyo a la economía local. 
Insisto en que tiene que ser la economía local la que reciba nuestro apoyo, puesto que es ella la que ayudará a los ciudadanos en la práctica. 
Señorías, este informe sería una iniciativa muy bien acogida si no fuera por el desafortunado hecho de que ha sido víctima de algo que ocurre con demasiada frecuencia en esta Cámara. 
Se ha visto impregnado de tintes ideológicos que resultan totalmente inadecuados en un debate como este sobre la ayuda a los países en desarrollo. 
Una vez más, se han incluido referencias ideológicas a la salud reproductiva y los derechos reproductivos, aunque estén totalmente fuera de lugar. 
No podemos permitir que todos los textos que aprobamos estén plagados de variopintas y extrañas referencias de tinte ideológico y feminista, porque son verdaderamente feministas. 
En este caso resultan totalmente improcedentes. 
Pido por tanto a la Cámara que apoye las enmiendas presentadas por el señor Szymañski. 
Las enmiendas 1 y 3 insisten en los objetivos fundamentales a los que he hecho referencia, esto es, alimentos, agua potable, mejores condiciones sanitarias, vacunas y atención maternoinfantil. 
Las enmiendas 2 y 4 tratan de suprimir la referencia a los derechos reproductivos y sustituirla por una referencia a la asistencia sanitaria básica. 
No debemos impregnar de tintes ideológicos todos los debates que se celebren en esta Cámara. 
– Señor Presidente, Señorías, de cara al futuro, lo siguiente que nos espera es la importante ronda de negociaciones que se celebrará en Hong Kong y mi opinión es que tenemos que tratar de que no se abandone en ella el enfoque multilateral. 
Tal como están ahora las cosas, las perspectivas son muy malas y me pregunto qué podremos ofrecer si esta ronda resulta ser un fracaso. 
Esta semana le pregunté al Comisario Mandelson qué pensaba él sobre la idea de un espacio de libre comercio que abarcase Europa, los Estados Unidos, Canadá y Australia. 
¿Qué sería de los países de África? 
¿Tendrían que organizarse ellos solos, o tendrían que firmar acuerdos bilaterales con los grandes mercados mundiales? 
¿A quién beneficiaría y a quién perjudicaría eso? 
En tiempos difíciles como estos es cuando tenemos que asegurar que las negociaciones multilaterales beneficien a esos países, para lo cual hace falta que se facilite el comercio, en particular para las pequeñas y medianas empresas. 
Tal como yo lo veo, aquí es donde tenemos que utilizar como consigna «la libertad de las pequeñas y medianas empresas» , liberalizando los mercados para las pequeñas empresas. Tenemos que promover la cooperación entre las empresas familiares en África, en Europa y en todo el mundo, como base de la prosperidad. 
Para ello, lo que hace falta es un sistema justo de licitaciones públicas, una ley de competencia adecuada y, por último, si las empresas están dispuestas a operar en esos países, la protección de sus inversiones. 
Eso nos lleva a plantearnos la pregunta de cómo podemos convertir la ayuda al desarrollo en ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas, en ayudar a nuestras pequeñas y medianas empresas. 
Lo que diferencia a Europa es que podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas y ahí es donde el Banco Europeo de Inversiones, entre otras instituciones, tiene mucho que hacer. 
– Señor Presidente, se han dicho muchas cosas, por supuesto. 
Quisiera intervenir sobre un punto. 
El virus del sida tiene una repercusión directa sobre millones de personas y la mejora de la salud es una condición indispensable absolutamente esencial para el desarrollo de África. 
Para luchar lo más eficazmente posible debemos ofrecer a las mujeres, a los hombres y a los adolescentes un abanico completo de atención y servicios. 
Debemos garantizar el acceso a una información y una educación irreprochables en materia de salud sexual y reproductiva, hacer de la formación de las mujeres un punto esencial, a fin de facilitarles la toma de decisiones en los ámbitos de la sexualidad y la salud reproductiva, y ofrecerles así los medios y los métodos necesarios para preservarse de la infección del sida. 
Apenas el 1 % de las personas infectadas por el sida se benefician de un tratamiento antirretroviral. 
Debemos movilizar nuestras energías para permitir el acceso a medicamentos genéricos contra el sida. 
Este informe llega en el momento justo. 
Nos movemos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Votaré a favor de este texto si ninguna enmienda lo altera significativamente. 
Cada treinta segundos, un niño muere en África por culpa de la malaria, a pesar de que existen varias medidas que podrían poner fin a esta situación. 
Las mosquiteras son un método sencillo de protección contra los mosquitos, pero muy pocas familias disponen de ellas. 
Recientemente se han hecho grandes progresos en España con una vacuna contra la malaria; pero, de momento, la Fundación Bill Gates y otras fundaciones privadas están dedicándole mucho más dinero que los organismos internacionales. 
Está claro que puede hacerse mucho más y que un aumento de la financiación podría representar una gran diferencia, así que ¿qué excusa podríamos tener para no proporcionarla? 
El segundo aspecto está relacionado con un ámbito al que la Unión Europea de hecho ha estado destinando fondos, y debe continuar haciéndolo, pero sin calcular los costes con demasiada exactitud. 
Se trata de nuestro apoyo a las elecciones democráticas en África. 
En mayo estuve en Etiopía y recientemente en el Congo observando el proceso de confección del censo electoral. 
No es una actividad barata. 
La factura total fue de 242 millones de euros, de los que el 80 % ha sido aportado por la Unión Europea. 
Sin embargo, se trata del primer paso en un largo camino para un país que se enfrenta a enormes dificultades en términos de falta de comunicaciones y de infraestructuras. 
Solo si se destinan los fondos necesarios para que el proceso democrático despegue, podremos esperar empezar a ser testigos de algún progreso. 
Nadie puede pretender que la democracia sea la respuesta a todo, pero sin unas elecciones democráticas justas y libres, muchas otras cosas serán simplemente imposibles. 
Así que, cuando nos fijemos en qué es lo que gastamos dónde, deberemos considerar con mucho cuidado si rechazamos partidas presupuestarias para actuaciones que han demostrado marcar una diferencia. 
– Señorías, África, la cuna de la civilización, necesita ayuda al desarrollo. 
El deseo fundamental de la UE de proporcionar ayuda de esta naturaleza quedó recogido ya en 1950 en uno de los párrafos iniciales de la declaración Schuman. 
Desde entonces, ha sido el estribillo constante de la UE en los esfuerzos que han realizado desde el Año de África los países desarrollados del mundo para responder a las mismas cuestiones, a saber, la descolonización, la inmigración a Europa, la necesidad de construir y mantener infraestructuras, construir pozos e introducir sistemas de irrigación, la educación, una explotación eficiente basada en la producción agrícola, la reducción del pastoreo nómada y la aplicación de un plan de reforestación como factor fundamental en la lucha contra la creciente desertificación del Sahel. 
Además de esas medidas, la resolución que hoy nos ocupa se basa en la experiencia adquirida en otras regiones menos desarrolladas del mundo con los programas de concesión de microcréditos basados en la capacitación de las mujeres, el desarrollo de la educación y la salud en colaboración con las Naciones Unidas y la consecución, lo antes posible, del objetivo de que los países desarrollados destinen el 0,7 % del PIB a ayuda al desarrollo para los países más pobres del mundo; y eso es algo que consideramos adecuado. 
Por el contrario, la liberalización temporal en los países económicamente subdesarrollados, sobre todo cuando se trata de servicios de interés público, y la privatización de las empresas estatales, ha sido siempre perjudicial. 
¿Cómo podemos recomendar tales medidas? 
Pero a pesar de estas reservas, apoyo la resolución. 
– Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión la estrategia para África que presentaron el 12 de octubre. 
Su análisis no solo pone de relieve el potencial que ofrece ese conteniente, sino que describe también la situación actual. 
Junto con las tendencias positivas que se observan en algunos países africanos como Sudáfrica, por supuesto, pero también Botswana, Ghana y previsiblemente Mauritania, hay una lista mucho más larga de países que sufren conflictos, ya sean internos o vecinales, pobreza generalizada y enfermedades a las que ya se ha hecho referencia: VIH/sida, malaria y tuberculosis, los grandes azotes de África. 
Si nos preguntamos por qué África se ha quedado tan retrasada con respecto a otros continentes, tenemos que fijarnos no solo en África, sino también en Europa y los otros continentes. 
Si nos fijamos en África, vemos que en muchos lugares existen Gobiernos o elites que obviamente malinterpretaron lo sucedido en la época de la descolonización y que empezaron a verse a sí mismos como sustitutos de los anteriores colonizadores y a tratar a sus ciudadanos de la misma forma en que los poderes coloniales europeos les habían tratado anteriormente. 
Es evidente que no tenían ni idea de lo que significa el desarrollo ni de cómo debe utilizarse la independencia. 
Pero creo que, para ser sinceros, debemos reconocer que Europa y los otros continentes son los principales responsables. 
Pensemos solo en la forma en que los poderes europeos siguen interfiriendo en África, ya sea directamente, por medio de su poder político o militar, o disponiendo las cosas de forma que puedan seguir produciendo materias primas para sus empresas y asegurando el acceso a ellas. 
Eso es lo que me parece que hace realmente necesario que la Comisión imponga con mayor firmeza a los Estados miembros, con su estrategia, la adopción de una política coherente respecto a África, que nos permita abandonar esas contradicciones y garantizar un mejor futuro a ese continente del que tendrá si no hacemos nada. 
– Señor Presidente, África es una fuente interminable de remordimientos para Europa y, de hecho, eso es precisamente lo que ha dicho el señor Gahler hace unos momentos. 
Pero al mismo tiempo, es un continente que plantea indudablemente un reto político, económico y social para Europa en su conjunto. 
No estamos eludiendo nuestra responsabilidad, puesto que la UE ha aumentado la ayuda que proporciona a África en un 0,14 % del PIB y la mitad de esos fondos se han destinado a los países subsaharianos. 
Existen dos extremos que debemos evitar en nuestras acciones para ayudar a África. 
Uno de ellos es el intento de sustituir la política por la caridad, puesto que el resultado final sería la conversión de África en un pozo sin fondo y la necesidad de ayudarla a hacer prácticamente todo, con lo que también quiero referirme a la toma de decisiones sobre su futuro. 
El otro extremo es la adopción de un enfoque totalmente diferente, o en otras palabras, dejar a África que se las arregle sola. 
Estamos satisfechos con el papel cada vez mayor que está desempeñando la Unión Africana. 
Espero que a medida que esta institución adquiera mayor importancia, organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio se hagan más democráticas, garantizando por ejemplo que un mayor número de países en desarrollo estén representados en ella. 
Este es un aspecto que quiero destacar especialmente. 
Si tuviera que elegir un objetivo prioritario para nuestra ayuda a África, elegiría a los niños, que representan hasta el 50 % de la población. 
. Señor Presidente, señora Martens, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción por la mayor parte de las intervenciones, porque realmente se corresponden mucho con las convicciones que subyacen a mi Comunicación sobre África. 
Excepto quizá una o dos cuestiones, estoy plenamente de acuerdo con todos los comentarios que he escuchado. 
En primer lugar quisiera decir que evidentemente existe la necesidad de mejorar la coordinación, la convergencia y la coherencia de las acciones, y esto es una parte esencial de la Comunicación y de la línea política que intento desarrollar. 
Como saben, a este respecto –y creo que la ayuda del Parlamento podría ser muy eficaz en este caso– he hecho la propuesta, que el Consejo debate actualmente, de adoptar rápidamente un plan de acción, un plan de acción que no esté hecho de palabras, no, un plan de acción que contenga auténticas líneas de compromiso concretas, como por ejemplo un documento conjunto de estrategia nacional para los Estados miembros y la Comisión. 
Podríamos debatirlo juntos. 
Los Estados miembros no están obligados a ello, pero creo que sería un excelente paso adelante que, en lugar de 26 documentos o 26 estrategias diferentes, por países, solo tuviéramos uno. 
Valdría la pena. 
Es lo que he propuesto en el plan de acción. 
Un segundo aspecto consistiría en conseguir programaciones comunes. 
Sería otro eje del plan de acción. 
De momento debo reconocer que el Consejo vacila y que hacemos todo lo posible por conseguir esta pequeña medida, difícil de conseguir aun cuando descanse sobre una base únicamente voluntaria, al ser el desarrollo –como he tenido ocasión de decir en el pasado– una competencia compartida; por tanto, no hay nada que temer desde el punto de vista de la soberanía de los Estados miembros, sino que nos permitiría avanzar de un modo muy significativo. 
Por lo que respecta a los tres pilares, los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen a todas luces la prioridad. 
Observo que todo el mundo está de acuerdo en este punto. 
Pero pienso que es difícil aislar este tercer pilar del primero y del segundo, porque no se pueden alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio sin la paz y la seguridad y la propia África demuestra que no se pueden alcanzar descuidando el crecimiento y la interconexión. 
Es evidente que sin infraestructuras, sin medidas de apertura de las regiones africanas y sin auténticas infraestructuras transversales –pienso en especial en el África subsahariana– que permitan liberalizar económicamente las producciones, la tarea será extremadamente ardua. 
Y si no se combinan el tercer y el segundo pilar, el desarrollo se reducirá pura y simplemente, cosa que aquí nadie quiere, a una operación de caridad a gran escala, con el resultado inevitable de la dependencia de los países en desarrollo con respecto a nosotros, los donantes, cosa que tampoco queremos. 
Para responder al señor Pflügler, que ha planteado la cuestión de los derechos humanos, estoy de acuerdo con él en que es un aspecto realmente crucial. 
No obstante, una pequeña observación: creo que, si pudiésemos, en condiciones bien definidas, aumentar la proporción de la ayuda presupuestaria, estaríamos en mejores condiciones para negociar avances sustanciales en materia de derechos humanos, pero es un debate sobre el cual tendremos sin duda ocasión de volver. 
Por lo que respecta a las empresas, como he dicho estoy trabajando en esto actualmente –lo he anunciado y muy pronto presentaré la comunicación respectiva– y he lanzado la idea de una etiqueta ética y social para las empresas que trabajen en los países en desarrollo. 
He propuesto también la creación de un foro empresarial permanente Europa-África. 
En cuanto a la información según la cual yo habría propuesto una reducción del presupuesto para el sida, no sé muy bien cuál puede haber sido la fuente; debe tratarse de un malentendido. 
Lo cierto es que cuando viajé a Londres a la Conferencia de Reposición del Fondo Mundial, por desgracia solo tenía disponibles 90 millones de euros para ofrecer. 
Dicho esto, quisiera recordar con todo –no voy a entonar el todos los días– que Europa aporta más del 60 % de los créditos del Fondo Mundial. 
No es poca cosa. 
La aportación conjunta de los Estados miembros y la Comisión representa algo más del 60 % del Fondo Mundial. 
Por tanto, en absoluto he propuesto reducir el Fondo; simplemente destiné al Fondo, para este ejercicio, lo que tenía para 2006, lo que me quedaba para 2006. 
No puedo hacer nada con respecto a 2007 porque no tenemos las perspectivas financieras. 
Por otra parte, debo reconocer que la situación es cómica: la Presidencia británica me empujaba a ir más lejos, pero yo les contestaba «Ya me gustaría, pero tendrían que ayudarme». 
En cuanto a las tropas africanas, quisiera precisar un poco las cosas. 
Pienso que, en principio, el dinero necesario para financiar el Fondo de Apoyo a la Paz debería proceder de otra parte que no fueran los créditos destinados al desarrollo. 
Creo que estamos de acuerdo en torno a los principios. 
Pero si no tenemos perspectivas financieras, si la evaluación que se va a efectuar de la eficacia y las consecuencias positivas del Fondo de Apoyo a la Paz –una evaluación que resultará manifiestamente muy interesante y positiva– concluye que es necesario reponer dinero para este Fondo de Apoyo a la Paz cuando no hay perspectivas financieras, me digo que una solución podría consistir en utilizar algunos fondos no comprometidos y convertir fondos ya comprometidos, de los que sabemos perfectamente que no se utilizarán antes de mucho tiempo, para reponer provisionalmente el Fondo de Apoyo a la Paz. 
De todos modos, quisiera recordarles que quedan aún más o menos 35 millones de euros en el Fondo de Apoyo a la Paz. 
Pero sepan que no todo está resuelto en el Sudán (Darfur, etc.). 
Sin duda necesitaremos también un Fondo de Apoyo a la Paz más potente para la República Democrática del Congo en un momento dado; lo que en cualquier caso no se excluye. 
En cuanto a Somalia, ayer me reuní con el Primer Ministro de ese país; también él necesita, para garantizar la seguridad, un refuerzo del Fondo de Apoyo a la Paz en su país. 
Por tanto, puedo prever sin equivocarme que este Fondo necesitará mucho dinero. 
Me temo que no podremos abandonar Sudán mañana. 
Y debo decir que el Fondo de Apoyo a la Paz es una herramienta muy útil e indispensable si queremos que los africanos hagan suyo el plan de prevención de conflictos, de mantenimiento de la paz, de las situaciones postconflicto, etc., para crear simplemente el marco de un retorno a la estabilidad. En conclusión, lo asumo. 
Estoy obligado a ser pragmático. 
Es muy fácil decir «El principio, por favor, nada más que el principio». 
No habrá ni un euro más que destinar al Fondo de Apoyo a la Paz, y nos encontraremos sin fondos para aplicar las políticas que debemos aplicar. 
Lo que espero es que dispongamos lo antes posible de las perspectivas financieras y del instrumento de estabilidad, que debe financiar, en particular, el Fondo de Apoyo a la Paz y resolver el problema. 
Hay una cosa que no he comprendido bien en relación con la coordinación a escala de los Estados africanos. 
Señora Auken, estoy a favor de que se impulse la coordinación entre los Estados africanos. 
Hay que coordinar en todos los niveles: en el nivel nacional, porque es nuestra ayuda y debe inscribirse en la estrategia de lucha contra la pobreza del Gobierno; en el nivel regional e internacional, con los demás donantes. 
Por tanto, pienso sinceramente que la coordinación es un elemento importante, al margen de la coordinación entre nuestros Estados. 
El señor Libicki, creo, ha señalado la necesidad de una ayuda a escala local. 
Comparto totalmente su punto de vista. 
Por esta razón se han previsto medios importantes para apoyar la descentralización. 
A este respecto, me he reunido con Ousmane Sy, ex Ministro del Interior de Malí, a quien concedimos recientemente un premio en Bélgica, y que prepara un trabajo sobre la descentralización para la Comisión, para mí en este caso, concretamente sobre el Congo. 
Es una persona muy especializada en la materia. 
Yo mismo he presidido reuniones de trabajo en Ruanda sobre la descentralización y he visto sobre el terreno el efecto positivo que puede tener. 
En cambio, no creo que estemos adoptando un posicionamiento ideológico al referirnos a la salud reproductiva. 
Yo diría que no se trata de ideología; es humanismo y el humanismo forma parte, creo, de la herencia común de todos los demócratas. 
Por lo que respecta a la reunión de la OMC en Hong Kong, señor Rübig, usted sabe muy bien que estamos muy al tanto de esta cuestión y que seguimos esperando obtener un acuerdo positivo en Hong Kong. 
Por lo que respecta a su propuesta sobre el BEI, sepa y es importante, porque va totalmente en el sentido que usted ha sugerido, que trabajamos con el señor Maystadt en torno a una verdadera estrategia. 
Probablemente firmemos a principios del año próximo –me he reunido con el señor Maystadt el lunes y tendremos otra reunión en diciembre– un memorando de acuerdo entre el BEI y la Comisión, en primer lugar para unir recursos, pero también para que las decisiones que tome el BEI y que tengan que ver con el desarrollo tengan más en cuenta la dimensión del desarrollo y el riesgo que conlleva. 
Por lo que respecta a la intervención del señor Schapira, he respondido ya al contestar a otra pregunta; la Unión Europea financia, entre la Comisión y los Estados miembros, más del 60 % del Fondo Mundial. 
En opinión de la señora Hall hay que financiar más. 
Le diré que participamos de lleno en la preparación y el seguimiento de las operaciones electorales, tanto en el Congo como en otros lugares, y usted ha tenido a bien destacar el hecho de que hayamos marcado la diferencia en el Congo, hasta ahora. 
Esto no quiere decir que todo se vaya a resolver fácilmente y que las cosas no sigan siendo frágiles, pero observo que, a día de hoy, la última cifra –recibo cifras todos los días– del registro de electores en el Congo es de 21 761 000. 
Debo decirles que nos habíamos planteado alcanzar un umbral de 15 millones, ya estamos muy por encima y resulta alentador ver que la población haya respondido tan masivamente. 
Por lo que respecta a la malaria, sepan que la Comisión financia, al amparo del Sexto Programa Marco, la investigación necesaria para encontrar una vacuna contra la malaria. 
Estamos muy implicados en esto también y esto responde a sus preocupaciones. 
El señor Gahler ha dicho que a menudo los Estados europeos siguen actuando como potencias neocoloniales, por ejemplo mediante el control de los recursos naturales. 
No tengo ninguna respuesta que darle al respecto. 
Sepa simplemente que toda mi estrategia pretende que abandonemos estos hábitos o estos reflejos, conscientes o inconscientes, de paternalismo y neocolonialismo. 
Para terminar, quisiera decir que el fundamento, la filosofía que está en la base de lo que hemos propuesto, es el principio de responsabilización. 
Por otra parte, espero, señor Presidente, y terminaré con esto, que en la versión francesa se haya corregido la traducción de la palabra «ownership» (responsabilización) que se tradujo al francés por el equivalente a «propiedad» , que no es realmente lo mismo que «ownership». 
La responsabilización está, pues, en la base misma de esta nueva relación que queremos establecer con nuestros amigos africanos. 
Señor Presidente, creo haber sido lo más completo posible. 
En todo caso, doy las gracias a todos los diputados, que nos han apoyado muy activamente. 
Doy las gracias, en particular, a la señora Martens, que ha elaborado un informe excelente. 
Espero que todo esto nos ayude en el Consejo del lunes a hacer avanzar nuestra causa común, que es nuestra preocupación por África y la necesidad de abrirnos a este continente. 
– Gracias, señor Comisario, por la claridad y la contundencia de sus observaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar, en principio, al término de los debates de esta tarde, salvo que el Parlamento pida que se posponga. 
,. – En nombre del nuevo Partido Socialista Italiano, quiero dar las gracias a la señora Martens por su trabajo y a la Presidencia británica por su disposición a aumentar el compromiso de la UE con África. 
Apoyo plenamente la petición de dotar dicha estrategia de instrumentos y recursos adecuados, así como de plazos precisos, para poder valorar los progresos. 
Estoy de acuerdo también con la prioridad de coordinar las políticas de los Estados miembros para evitar la duplicación de acciones. 
Sin embargo, es importante que la UE asuma por fin el papel que le corresponde a escala mundial de líder de la lucha contra la pobreza. 
África, que es la región en que más se concentra la población que vive por debajo del umbral mínimo de pobreza, las peores enfermedades transmisibles, la mortalidad infantil y maternal, la falta de educación y de estructuras sanitarias, representa el principal desafío para la realización de los Objetivos del Milenio. 
Es necesario, por tanto, acompañar las acciones europeas de cooperación de una firme política de diplomacia internacional que promueva de forma coherente políticas económicas y sociales adecuadas en las organizaciones internacionales, empezando por la ONU, el FMI y la OMC. 
Y promover el diálogo con todos los países beneficiarios, para que asuman al fin un papel activo en la definición de sus estrategias y en la gestión de los programas, con la plena participación de toda la sociedad civil. 
, En este informe se propone una larga lista de medidas que la UE debería adoptar para ayudar a combatir la pobreza en África. 
Pero lamentablemente, la UE no tiene una visión global de las cuestiones de desarrollo. 
En la situación actual, la UE concede recursos con una mano, solo para quitarlos con la otra. 
Esa no es una forma creíble de actuar. 
La primera propuesta debe referirse a la necesidad de que la UE reconsidere en profundidad sus políticas de agricultura, pesca y comercio. 
Lamentablemente, no existe en esta Cámara voluntad política para hacer tal cosa. 
La Presidencia británica y la Comisión han declarado que las cuestiones de desarrollo en África constituyen un ámbito político que debe recibir prioridad. 
A pesar de ello, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo defienden los acuerdos de pesca de la UE. 
Esos acuerdos están principalmente dirigidos a garantizar los intereses económicos a corto plazo de la UE y generan unos recursos extremadamente limitados para los que más los necesitan, esto es, los pescadores pobres de los países en desarrollo. 
Tenemos que evitar urgentemente la fragmentación y la duplicación de la ayuda. 
Pero no creo que el papel de la UE sea el de liderar el mundo en este campo. 
No necesitamos más organizaciones de ayuda, sino que debemos tratar de aunar nuestros esfuerzos en el seno de las organizaciones que ya existen. 
La UE debe plantearse como tarea principal reformar las políticas destructivas de la Unión. 
De lo contrario, los países en desarrollo no tendrán nunca una oportunidad justa para conseguir mayor prosperidad y desarrollo. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0319/2005) del señor Wijkman, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre la propuesta de Declaración Conjunta del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea «El consenso europeo» (2004/2261 (INI) ). 
. – Señor Presidente, antes de que iniciemos el debate, quiero pedirle, en nombre de mi Grupo y de acuerdo con los demás Grupos, que celebremos el debate pero que aplacemos la votación. 
Lo hemos acordado por varias razones, y le pido que nos conceda esta oportunidad antes de iniciar mi intervención. 
– Señor Wijkman, su solicitud de aplazamiento de la votación en nombre de su Grupo está efectivamente registrada. 
Será sometida a la Cámara en el momento de las votaciones de esta tarde. 
El aplazamiento será aceptado o rechazado en ese momento y entonces podrá argumentar, pero su solicitud está registrada. 
Señor Presidente, vamos a debatir ahora lo que es, para el Parlamento Europeo, un informe único. 
El Parlamento Europeo ha sido invitado, por primera vez, a participar activamente en la elaboración de la política de desarrollo de la UE. 
La política actual se decidió sin ninguna participación del Parlamento Europeo. 
En nuestra opinión, el proceso en curso, dirigido a conseguir un acuerdo tripartito entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, es un gran paso hacia delante. 
El informe actual constituye la respuesta del Parlamento a la propuesta original de una declaración política y nuestra contribución a las negociaciones. 
Desde que se aprobó la política de desarrollo original en 2000, nuestro mundo ha experimentado una serie de cambios. 
Existen, por tanto, razones de peso para cambiar nuestra política y formular una nueva. 
La agenda ha cambiado y las cuestiones de coherencia, coordinación y similares han adquirido una prominencia mayor que nunca. 
Eso me parece estupendo. 
Nuestro informe hace referencia a los compromisos de aumentar la ayuda que han adquirido ya una serie de Estados miembros, lo cual significará que el volumen de la ayuda de la UE aumentará considerablemente en los próximos años. 
Eso es también, por supuesto, excelente. 
Pero igual de importante es la calidad que la cantidad. 
Eso es algo que estamos tratando de hacer de forma constructiva en nuestro informe. 
La UE es, al fin y al cabo, el mayor donante de ayuda del mundo. 
Pero la eficacia y la calidad de nuestra ayuda no han estado por ahora a la altura de su volumen. 
El propio Comisario Michael ha hecho referencia a numerosas e importantes deficiencias, sobre todo en la forma de coordinar la ayuda en el pasado. 
Existe una mala coordinación entre los Estados miembros de la UE, así como entre los Estados miembros por una parte, y tanto la Comisión como otros donantes por otra. 
Eso supone unos elevados costes de transacción y mucha duplicación, además de dificultades para nuestros países asociados. 
La nueva política de desarrollo que estamos ahora debatiendo establece unas condiciones previas que favorecerán el progreso en este ámbito. 
Los aspectos relacionados con la armonización ocupan un lugar destacado. 
Además de la coherencia y la coordinación de los donantes, nuestro informe destaca una serie de cuestiones importantes a las que tenemos que otorgar un peso añadido. 
Entre ellas figuran la democracia y los derechos humanos, medidas para combatir la corrupción, los importantes papeles desempeñados por la sociedad civil y también por los Parlamentos nacionales, la importancia de reforzar el papel de la mujer en el trabajo de desarrollo y la necesidad de prestar más atención a la importancia de los recursos naturales, es decir, bosques, tierras de labor y recursos hídricos y marinos, especialmente en los países más pobres del mundo. 
Asimismo, consideramos importantes las cuestiones relacionadas con la salud y la educación, en las que llevamos muchos años insistiendo aquí en el Parlamento, así como los crecientes esfuerzos por combatir la epidemia del VIH. 
Por último, hacemos referencia expresa a los considerables problemas que encuentran muchos países de regiones tropicales por la mayor inestabilidad climática que soportan. 
Quiero dar las gracias a mis colegas por su constructiva cooperación. 
En mi opinión, hemos elaborado un documento de consenso. 
Existe un aspecto con el que estamos especialmente satisfechos y es que, conjuntamente con la Comisión y el Consejo, hemos conseguido en este proceso celebrar un debate constructivo tratando, en la medida de lo posible, de definir el papel específico de la Comisión en el contexto del desarrollo. 
La Comisión no tiene que actuar como el vigésimo sexto Estado miembro en lo que a la donación de ayuda se refiere, pero sí que tiene que utilizar su autoridad especial, su capacidad especial, su neutralidad y su carácter multilateral para dar cierto impulso a estas cuestiones y para hacer algunas cosas mejor de lo que pueden hacerlas otras instituciones. 
En este proceso hemos identificado una serie de ámbitos en donde la Comisión, si me permiten decirlo, podría cambiar las cosas y crear valor añadido. 
Por último, quiero darles las gracias por su constructiva cooperación. 
Espero que en las próximas semanas podamos tener ya un documento definitivo y que, a su debido tiempo, retomemos esta cuestión aquí en el Parlamento y celebremos un debate más amplio en el que el Consejo pueda también participar, de manera que debatamos conjuntamente la mejor forma de poner en práctica la nueva política de desarrollo y esta declaración política. 
. Señor Presidente, señor Wijkman, Señorías, creo que este año Europa ha sabido demostrar su ambición. 
Ha demostrado su capacidad para ser un actor de peso en el mundo. 
Ha asumido, mejor que otros, su responsabilidad para con los países en desarrollo. 
En mayo, como saben, la Unión Europea contrajo compromisos importantes para reforzar la eficacia de la ayuda y la coherencia de sus políticas de desarrollo. 
En junio, la Unión Europea decidió duplicar la ayuda al desarrollo entre 2004 y 2010, a fin de alcanzar el objetivo del 0,7 % de la renta nacional bruta de aquí a 2015. 
Les recuerdo que este compromiso se traduce en un aumento de 20 000 millones de euros al año en 2010 y de 46 000 millones de euros al año en 2015. 
En septiembre, la Unión Europea supo hacer de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas un momento importante en la búsqueda de un multilateralismo más equilibrado y de un orden mundial más justo, gracias a un intenso trabajo preparatorio. 
Pienso que podemos decir sin ninguna pretensión que, sin la Unión Europea, es de temer que esta Cumbre se habría saldado con un fracaso desesperado. 
La Unión Europea también marcó allí la diferencia. 
Pero el margen de mejora sigue siendo evidentemente importante. 
Si Europa quiere tener más peso, hay que hacer más y dar un salto cualitativo en el modo que tenemos de trabajar juntos. 
Por esta razón, propusimos en julio llegar a un consenso europeo sobre el desarrollo, una propuesta que presenté y se debatió en esta Cámara en varias ocasiones. 
El debate interinstitucional que siguió a la adopción de este documento por la Comisión demuestra la diversidad y la riqueza de opiniones sobre el papel de la Unión Europea en el mundo. 
Es también un debate esclarecedor, un debate que me apasiona. 
No obstante, no les oculto que algunos argumentos avanzados por importantes actores me inquietan. 
Algunos dan la impresión de que se trata de zanjar entre una política de desarrollo comunitaria y las políticas de los Estados miembros, entre los que desearían centralizar la política de desarrollo a escala europea y los que creen exclusivamente en la cooperación bilateral. 
El debate, Señorías, se plantea en otros términos. 
¿Es aceptable que hoy por hoy Europa, cuya fuerza diplomática global está integrada por más de 20 000 diplomáticos, es decir, tres veces más que los Estados Unidos, pase a menudo a segundo plano en la planificación política? 
¿Es aceptable que hoy Europa, responsable de prácticamente el 60 % de la ayuda al desarrollo, disperse sistemáticamente su ayuda a través de 26 documentos de programación diferentes y ejecute dicha ayuda a través de 26 procedimientos diferentes? 
Yo creo que no: no es aceptable. 
La influencia y la eficacia de Europa deben estar a la altura de sus medios, y exactamente por ello he propuesto a los Estados miembros y al Parlamento Europeo una plataforma común para toda la Unión Europea, una plataforma que reúna sus valores, sus objetivos, sus principios y su ámbito de acción, y que se aplique en toda la Unión Europea. 
Esa plataforma, el consenso europeo, sería un paso indispensable hacia una acción más coordinada, más complementaria y más decidida de la Unión Europea. 
Nosotros, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, compartimos los mismos valores, que son los valores fundacionales de la Unión Europea. 
Compartimos un objetivo primordial: la erradicación de la pobreza allí donde exista. 
Compartimos una agenda internacional: los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración del Milenio. 
Compartimos unos principios de cooperación: la responsabilidad compartida entre países industrializados y países en desarrollo, la apropiación de las estrategias de reducción de la pobreza por parte de los países socios, la participación de la sociedad civil y los agentes no estatales. 
Compartimos unos principios de eficacia de la ayuda: la concentración para no fragmentar los esfuerzos, la coherencia de las políticas, la coordinación y la división del trabajo entre donantes, la armonización de nuestros procedimientos, la alineación con las estrategias de los países socios. 
La propuesta de resolución que presenta hoy el señor Wijkman es notable. 
Pone de manifiesto los elementos positivos esenciales de la Comunicación de la Comisión y contribuye de forma constructiva a la mejora del consenso, cosa que nos ha ayudado mucho en nuestras conversaciones tripartitas, y le doy las gracias por ello. 
Le felicito a él, y también al Parlamento, por esta contribución de excepcional calidad. 
Quisiera resumir brevemente los puntos de la resolución, que apoyo sin reservas, los puntos que están en la base de nuestro consenso. 
Primero, una referencia clara a la declaración sobre la política de desarrollo en el reglamento que regirá el instrumento financiero de ayuda al desarrollo. 
Esta respuesta reforzará sin duda el estatuto mismo de la declaración. 
Segundo, el análisis de la pobreza como fenómeno multidimensional, que exige un abanico de respuestas y un equilibrio entre los pilares socioeconómico y ambiental del desarrollo sostenible. 
Tercero, la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres. 
A este respecto, quiero informarles de que la Comisión ha propuesto la inserción del texto del Parlamento entre los principios rectores de la declaración. 
Cuarto, adopta un enfoque basado en los derechos. 
Creo que la propuesta de la Comisión de incluir los derechos humanos y la gobernanza como objetivos complementarios de la reducción de la pobreza responde perfectamente a la petición del Parlamento. 
Quinto, todas las prioridades mencionadas en la resolución están incluidas en los ámbitos de acción de la Comunidad: prevención y tratamiento del sida y otras enfermedades, salud reproductiva, igualdad entre hombres y mujeres, adaptación al cambio climático, comercio para el desarrollo, prevención de conflictos, gobernanza, lucha contra la corrupción y promoción del trabajo digno, incluida la lucha contra el trabajo infantil. 
Y, por último, nos complace mucho que el Parlamento se muestre abierto a la adopción de la ayuda presupuestaria, pues esta nos permitirá ser eficaces y desarrollar las capacidades de los países. 
De este modo, podremos favorecer una mejor gestión de las finanzas públicas y apoyar a las instituciones, entre ellas los Parlamentos nacionales. 
Las instituciones deben ejercer plenamente su función y actuar de guardianas de los presupuestos. 
Al mismo tiempo, estoy convencido de que es un medio importante para iniciar y alimentar el diálogo político con nuestros socios. 
Doy las gracias, pues, al Parlamento, que con esta resolución contribuye de forma significativa a una acción más eficaz para el desarrollo y sienta las bases para nuestra buena colaboración en el futuro. 
. Señor Presidente, creo que «El consenso europeo sobre el desarrollo» , la declaración conjunta del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea, es un documento fundamental, sobre todo por los objetivos que pretende perseguir. 
El objetivo de esta declaración tripartita, que establece una visión común de la cooperación al desarrollo en la Unión Europa, es ayudar a conseguir mayor cohesión, coordinación, complementariedad, calidad y eficacia. 
Ese objetivo es necesario para hacer realidad dicha visión de la cooperación al desarrollo. 
En los 40 años que llevamos prestando ayuda al desarrollo a África, la situación en ese continente ha empeorado en lugar de mejorar. 
Tenemos que hacer algo para invertir esa tendencia, y el presente informe y la propuesta de resolución tratan de forzar un cambio así. 
Nuestra resolución abarca numerosos aspectos fundamentales, pero solo quiero llamar la atención de la Cámara sobre algunos de ellos. 
Por ejemplo, en el peso que se asigna a la función de los Parlamentos nacionales en materia de cooperación al desarrollo. 
Esto es aplicable no solo a la ayuda que reciben los países beneficiarios, sino también algunos Estados miembros de la UE. 
En una nota relacionada, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE aprobará su informe sobre el papel de los Parlamentos nacionales en la aplicación del Acuerdo de Cotonou la semana que viene. 
Me complacería enormemente que el Parlamento de mi propio país, el Sejm polaco, dedicara más atención a las cuestiones de desarrollo. 
Eso es especialmente necesario porque en el futuro nos resultará difícil dedicar el 0,7 % del PIB a ayuda al desarrollo, salvo que los Parlamentos nacionales demuestren compromiso y entendimiento. 
Otro aspecto crucial de esta resolución es que subraya la importancia fundamental de la educación. 
Es evidente que el desarrollo no es posible sin acceso a educación y sin igualdad de género en el ámbito de la educación, aunque por supuesto no solo en ese ámbito. 
El informe merece también nuestra felicitación porque insiste en la necesidad de mejorar la calidad y el nivel de la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros. 
Quiero agradecer al ponente su excelente informe. 
. Señor Presidente, deseo manifestar mi perplejidad y mi indignación –y la de mi Grupo– porque este informe, así como el de la señora Martens sobre la estrategia europea de desarrollo para África, no ha encontrado mejor ubicación, ni, sobre todo, más tiempo de palabra en nuestro Pleno. 
Estamos discutiendo ahora de lo que deberá ser la política de la Unión Europea en materia de desarrollo en los próximos años. 
Es este un ámbito que interesa directamente a millones de europeos y europeas, muchos de ellos jóvenes comprometidos y solidarios; el tipo de ciudadanos y ciudadanas que deberíamos tratar de ganar para el proyecto de construcción europea. 
Sin embargo, con el tratamiento que hoy damos a estos temas, considerándolos como algo absolutamente marginal e insignificante, estamos propiciando su indiferencia, su escepticismo y su rechazo a lo que esta Unión Europea significa. 
Dicho esto, afirmamos nuestro apoyo a las palabras del Comisario y, en particular, al excelente informe del señor Wijkman y expresamos nuestro respeto por su labor y por su esfuerzo de síntesis y de compromiso. 
La resolución contó con el voto favorable de los Socialistas y fue aprobada prácticamente por unanimidad por la Comisión de Desarrollo. 
Nos parece correcta y esperamos que no sea alterada negativamente por determinadas enmiendas, lo que nos obligaría a votar contra el texto final. 
Otra cosa distinta es, sin embargo, el documento producto de la negociación entre Consejo y Comisión, con la acertada participación del colega Wijkman, en nombre de la Comisión de Desarrollo del Parlamento, participación que seguramente habrá contribuido, como lo ha reconocido el Comisario Michel, a que la declaración denominada «Consenso europeo de desarrollo» contenga muchas de nuestras principales preocupaciones y exigencias en la materia. 
Quiero, en todo caso, dejar claro que el Grupo Socialista cree que aprobar la resolución que nos propone el informe Wijkman no presupone aprobar el texto que acuerden el Consejo y la Comisión y que, para contar con el apoyo del Parlamento y ser así un acuerdo tripartito, deberá recibir el apoyo expreso del Pleno de nuestra Cámara. 
. – Señor Presidente, Señorías, la organización de los debates del Parlamento demuestra lamentablemente el poco interés que presta al problema del desarrollo. 
Y lamento vivamente una especie de falta de voluntad del Parlamento Europeo por promover una auténtica política de desarrollo y cooperación. 
Aparte de nuestras resoluciones, que suelen caer rápidamente en el olvido, sería preferible que el Parlamento tuviese una participación importante en la elaboración de una estrategia coherente y concreta para el futuro. 
Señorías, debemos felicitar y dar las gracias al Comisario Michel por su iniciativa encaminada a definir, en una declaración tripartita del Consejo, la Comisión y el Parlamento, los principios comunes a los que la Unión y los 25 Estados miembros se remitirán a la hora de aplicar su política de desarrollo y cooperación. 
La Unión dispondrá así de un documento que consagre el consenso europeo en torno a esta cuestión. 
En nuestra opinión, es un avance importante al menos por dos razones. 
En primer lugar, es la primera vez que el Parlamento participa hasta tal punto en el proceso de elaboración de esta política. 
Los pueblos de Europa, a través de sus representantes, tienen así algo que decir sobre las grandes orientaciones de la política de desarrollo y cooperación. 
En segundo lugar, y es todo un progreso, por fin ha llegado el momento de buscar una sinergia entre los Estados miembros y la Comisión a la hora de actuar. 
¿Y cómo vamos a responder a esta iniciativa si votamos al final del periodo parcial de sesiones y casi en secreto, cuando todos los ánimos convergían hoy hacia uno de los principales expedientes de la legislatura? 
Señor Presidente, es inútil entrar en el fondo del debate que ha tenido lugar en comisión y que, a la hora que es, no aportaría de hecho nada nuevo. 
Hoy quiero ante todo felicitar al ponente por su compromiso en este expediente y los éxitos que ha obtenido ya en sus conversaciones con el Consejo y la Comisión. 
Al tener en cuenta las sugerencias de los miembros de la Comisión de Desarrollo e integrarlas en su texto, el ponente ha logrado reunir a una amplísima mayoría en apoyo a su enfoque, afirmando, por ejemplo, el deseo de que la declaración conjunta destaque cuestiones de educación y de salud. 
Dicho esto, quiero dejar muy clara una cosa: el apoyo de mi Grupo al informe de hoy no prejuzga en absoluto nuestra posición sobre el proyecto final de declaración conjunta, que requiere una votación solemne de nuestra Asamblea. 
Si queremos que esta iniciativa de la Comisión adquiera todo su valor y que la declaración conjunta refleje realmente el consenso europeo, es y será primordial que el Parlamento Europeo se pronuncie en sesión plenaria sobre el texto final. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, acogemos con gran satisfacción la petición de una declaración conjunta del Consejo, la Comisión y el Parlamento que refleje el consenso existente en materia de política europea de desarrollo. 
El resultado del diálogo a tres bandas es una buena iniciativa y por tratarse, en términos de procedimiento –como ya se ha dicho– de un territorio político un tanto desconocido, estamos también especialmente agradecidos al señor Wijkman por haber realizado un trabajo tan eficiente en el diálogo a tres bandas para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y a esta Cámara por haber elaborado este excelente informe. 
El informe y el consenso pueden representar un importante avance para dotar de mayor coherencia a la política europea de desarrollo. 
En el fondo, existe en esta Cámara un elevado grado de consenso respecto a los objetivos y a la importancia prioritaria de combatir la pobreza, que no consiste solo en reducirla, sino también en erradicarla, estableciendo la justicia social, creando igualdad de oportunidades para el desarrollo y consiguiendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Esa es la teoría, pero debemos tener claro que en la práctica estamos muy lejos de eso. 
El nuevo «Informe sobre desarrollo humano 2005» nos dice que el número de personas que viven en la pobreza absoluta sigue aumentando enormemente. 
Es conveniente, pues, que centremos nuestros esfuerzos en invertir en seguridad alimentaria, educación, salud y seguridad social. 
Los países en desarrollo tienen que recibir ayuda para empezar a andar por sí solos; necesitan asumir el control de sus propias estrategias de desarrollo, así que es lógico que los principios de propiedad y asociación ocupen un lugar central en el escenario. 
La Unión Europea tiene que vigilar todos los ámbitos de la política en lo que se refiere a sus efectos sobre el desarrollo, especialmente las políticas relacionadas con el comercio, la agricultura y la pesca. 
Esa es la teoría; pero en términos prácticos, las políticas de los veinticinco países tienen que coordinarse más estrechamente. 
Queremos ver más coordinación por parte de la Comisión y el Consejo y más codecisión para el Parlamento. 
. – Señor Presidente, Señorías, no tengo duda alguna de que todos estamos de acuerdo en la necesidad de que la política de desarrollo de la UE debe tener una mayor calidad y eficacia y de que debe guiarse principalmente por la necesidad de conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Los esfuerzos de la UE en materia de cooperación al desarrollo deben tener como objetivo general la reducción de la pobreza y su eventual erradicación, por medio del desarrollo sostenible. 
Por eso es fundamental que el documento que hoy nos ocupa vuelva a dejar clara la necesidad de condonar la deuda a algunos países y de garantizar que no vuelvan nunca a caer en la trampa del endeudamiento, por ejemplo, aumentando los fondos que reciben en forma de subvenciones. 
Este verano, tanto las Naciones Unidas como «Global Health Watch» han recordado reiteradamente que en los últimos diez años se ha producido un extraordinario aumento de las desigualdades nacionales e internacionales entre ricos y pobres y que en la UE tenemos que hacer más para afrontar la situación de los más pobres del mundo. Por encima de todo, ellos son los más afectados por las consecuencias de la privatización y su creciente privación de recursos como suelo, agua y bosques. 
Cada vez más se les niega acceso a alimentos, a la salud, la cultura y la educación, razón por la cual necesitamos una política de desarrollo que aborde estas cuestiones; la finalidad de elaborar un documento que exprese el consenso de las tres instituciones de la Unión Europea no puede más que acogerse con satisfacción. 
El señor Wijkman, que representa a la Comisión de Desarrollo en las negociaciones, tiene todo nuestro apoyo. 
. – Señor Presidente, en nuestros debates sobre la ayuda a los países atrasados y a los países subdesarrollados, tenemos que hacer una distinción muy clara entre los países asiáticos y los países del África subsahariana. 
Todos hemos visto cómo los primeros están saliendo rápidamente de la pobreza, mientras que los segundos son incapaces de liberarse de la pobreza extrema y de los problemas de salud, sobre todo los relacionados con el VIH. 
La razón de ello puede encontrarse en la mentalidad de las personas y la falta de educación. 
Debemos aprovechar esta oportunidad para hacer especial hincapié en ello. 
Aunque creo que el señor Wijkman ha elaborado un excelente informe, siento tener que expresar mis objeciones una vez más a la Cámara. 
Mi pregunta es por qué este informe contiene una referencia a la salud reproductiva y a los derechos reproductivos, que en el fondo es otra forma de llamar al aborto. 
No es ningún secreto que la Cámara está dividida en esta cuestión, y ayer fuimos testigos de los incidentes relacionados con una exposición en el edificio del Parlamento Europeo. 
A mi me parece que ese enfoque ideológico no está justificado, y eso significa que nos enfrentamos una vez más a una cuestión que divide a la Cámara. 
Debemos celebrar un debate específico sobre esta cuestión, en lugar de sacarla a relucir cada vez que surge la menor oportunidad. 
Pido, por tanto, a la Cámara que vote a favor de las enmiendas 3 y 4 presentadas por el señor Szymañski. 
Proponen eliminar la referencia a los derechos reproductivos e insistir en los objetivos fundamentales, que son una alimentación adecuada, agua potable, mejores condiciones sanitarias y educación. 
Hemos escuchado al Comisario Michel quejarse en esta Cámara de la ausencia de una política exterior común de la UE en este ámbito. 
Pero no podemos más que preguntarnos cómo podría existir una política común así tras ver los intentos que se hacen cada dos por tres para debilitarla. 
Rusia negocia políticas con Francia y Alemania sin consideración alguna hacia Polonia, o al menos así ha ocurrido con los Gobiernos existentes hasta la fecha. 
Espero que el nuevo Gobierno alemán adopte una postura diferente y espero también que las cosas cambien cuando el Presidente Chirac finalice su mandato. 
La solidaridad que mostremos con nuestros vecinos inmediatos en cuestiones de interés común será una medida del éxito de la Unión Europea, tanto a escala comunitaria como mundial. 
. 
Señor Presidente, señor Wijkman, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos. 
Evidentemente, han desempeñado un papel crucial en el trabajo que podemos presentar hoy. 
Espero que las aportaciones del Parlamento hagan el documento final aceptable para todos, lo que constituiría un avance extremadamente importante. 
El señor Kaczmarek ha hablado del papel de los Parlamentos nacionales y me inclino a compartir su punto de vista. 
Por lo demás, si recuerdan, he visitado numerosos Parlamentos nacionales para defender el aumento de la ayuda pública al desarrollo en los distintos países y aprovecho la tribuna que se me ofrece para confirmar que estoy dispuesto a responder a preguntas o participar en audiencias en los Parlamentos nacionales. 
En efecto, creo que en cierto número de países es útil movilizar, informar y motivar a los Parlamentos nacionales con respecto al tema del desarrollo. 
Por tanto, estoy plenamente dispuesto a consagrarme a esta tarea. 
Señor Martinez, dice usted que la declaración actual es decepcionante. 
Le concedo con gusto que no es perfecta, es evidente, pero espero que podamos mejorarla. 
Dicho esto, esta declaración constituye con todo un avance importante, pues sería la primera vez que la Unión dispondría de un marco en este terreno. 
Sería la primera vez también que una política iría firmada por la Comisión, el Parlamento y el Consejo a la vez, y que el Parlamento, al igual que la Comisión, dispondrían, me parece, de una palanca más fuerte para hacer avanzar la política de desarrollo en el sentido de la eficacia y de una mejor coordinación. 
Por tanto, también yo desearía que fuera mucho más ambiciosa, por supuesto. 
Sin duda, se ha edulcorado en determinados momentos, pero, créame, los intentos no han acabado, y cuento tanto con el señor Wijkman y con algunos Estados miembros en el Consejo para que nos ayuden a preservar la declaración en lo que tiene de mejor y más progresista. 
Por lo que respecta a la señora Zimmer y la cuestión de la deuda, estamos por supuesto de acuerdo en el hecho de que la carga de la deuda debe aligerarse. 
En cambio –pero este sería sin duda otro debate–, no soy un partidario entusiasta de la anulación pura y simple de la deuda sin condiciones y en todos los casos. 
Sí soy un partidario decidido y ferviente de la reducción de la deuda o de su anulación en casos muy concretos y con condiciones muy concretas. 
En cuanto al señor Libicki, pienso que hay un punto en el que no podremos estar de acuerdo. 
Su enfoque en materia de salud reproductiva difiere del mío. 
Hace usted de él un problema ideológico; yo no, porque por mi parte tengo una visión humanista del asunto. 
No hago de él un problema ideológico. 
En segundo lugar –y en modo alguno quiero levantar polémica al respecto–, creo que restringe la salud reproductiva al aborto. 
Yo veo muchas cosas más, veo sobre todo la salud y el derecho de las mujeres y los niños. 
Por tanto, no caigo en la ideología. 
Le pido simplemente que comprenda la realidad de algunos países, de algunas sociedades –estoy en contacto a menudo con esa realidad– y quisiera poder convencerle de que queda mucho por hacer. 
Algunas formas de arcaísmo conservador, con todo el respeto que tengo por el pensamiento filosófico de los demás, no me parecen muy generosas en sus respuestas a determinados dramas humanos a los que me he visto enfrentado en ocasiones. 
Por tanto, no puedo aceptar ese enfoque. 
No tengo prejuicios y puedo respetar el pensamiento, la filosofía y las convicciones religiosas o de otro tipo de todo el mundo. 
Pero creo que, en un momento dado, hay que superar esas convicciones para ver cuál es realmente el interés general, qué es realmente la generosidad, cómo concebir la acción para el bien. 
Este me parece un objetivo a alcanzar más allá de las diferencias religiosas, ideológicas y filosóficas. 
Señor Presidente, en los últimos meses su Parlamento ha trabajado incansablemente para responder a la oferta de la Comisión y contribuir a alcanzar un verdadero consenso europeo para el desarrollo, que sea la expresión de la voluntad de las tres instituciones europeas: el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Este esfuerzo conjunto testimonia la importancia que todos concedemos al desarrollo y demuestra que las instituciones trabajan juntas para mejorar la eficacia de nuestra acción. 
Tenemos razón en hacerlo. 
Lo he dicho en varias ocasiones, la política de desarrollo encierra el potencial de una herramienta importante para hacer de Europa una presencia y una fuerza positiva en el mundo. 
Podría desempeñar también un papel fundamental en la política exterior de la Unión, por su ejemplaridad; no necesariamente por su intervencionismo, sino por su ejemplaridad positiva. 
Es un papel basado en una visión a largo plazo, más que en intereses a corto plazo. 
Es un papel que persigue el bienestar de las poblaciones de los países en desarrollo, así como el nuestro. 
Pienso que nos encontramos ante una elección política: o bien explotamos esa capacidad para combatir los efectos negativos de la mundialización y aprovechar de forma equitativa todo el potencial de esta última, o bien nos encerramos en una idea caritativa del desarrollo y esperamos que se convierta en un monstruo: terrorismo, migraciones masivas e imposibles de gestionar, pandemias, inestabilidad financiera, pobreza y miseria. 
La mundialización une al Norte y al Sur, y la política de desarrollo, a mi entender, debe actuar para que esa unión sea fuente de justicia y crecimiento compartido, y no de dependencia y pobreza. 
Las conversaciones con el Consejo aún están en curso. 
La nueva declaración sobre la política de desarrollo no se ha adoptado todavía. 
Y pienso que si todo el mundo hace un esfuerzo, nos encontramos muy cerca de un consenso europeo sobre el desarrollo. 
Solo me resta pedirles que hagan un último esfuerzo para proseguir nuestro trabajo conjunto, en el espíritu de cooperación que nos ha unido los últimos meses, a fin de alcanzar nuestro objetivo común. 
Como Comisario, en todo caso, quisiera darles las gracias ante todo por su activa contribución a los debates que son de mi competencia y mi departamento, tanto por sus preguntas pertinentes como también, señor Martinez, por sus preguntas no pertinentes. 
Creo que es esencial que la Comisión esté permanentemente bajo la presión del Parlamento, porque así avanzamos. 
Pienso que, sin el Parlamento, estaría mucho más desprovisto que hoy, por no hablar de la declaración a que hemos llegado hoy, que habría sido mucho más insulsa de lo que es. 
Pienso que tenemos aquí material para elaborar un buen texto, que representará un avance sustancial. 
Para terminar este debate por mi parte, quisiera, señor Presidente, darles las gracias una vez más por su contribución. 
– Señor Presidente, tengo una pregunta muy breve que hacer al Comisario, pero es una pregunta importante para la votación. 
¿Puede descartar claramente el Comisario la posibilidad de que el término «salud reproductiva» incluya al aborto? 
. 
Señor Presidente, pienso que todos aquellos que han seguido este debate saben perfectamente lo que encierra, Señoría, es decir, una visión y un enfoque humanistas de la vida de la gente, de la vida cotidiana, de la libertad individual, de la libertad de conciencia y de la libertad de ser feliz. 
Eso es lo que encierra. 
No, no caeré en su trampa. 
Creo que llevo en política más tiempo que usted, así que esté seguro de que no me cogerá en la trampa arrastrándome a un debate herético, porque es sin duda un debate herético. 
Todos los diputados, todos los humanistas en esta Cámara, ya sean católicos, protestantes, musulmanes o no creyentes, saben muy bien de qué hablamos. 
Yo no caeré en esa trampa. 
– El debate queda cerrado. 
Señorías, el debate está cerrado y no quisiera reabrirlo, señor Libicki. 
Desde luego, le concederé la palabra para una cuestión de Observancia del Reglamento, pero acláreme antes a qué artículo se refiere. 
– Señor Presidente, solamente quisiera preguntar al señor Michel si puede confirmar que esta cuestión excluye el aborto. 
– El debate está cerrado, no lo relanzaremos y, por otra parte, el Comisario ha respondido ya a esa pregunta en su exposición y en su respuesta al señor Posselt. 
La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde, salvo que se solicite su aplazamiento. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre el acceso a la ayuda humanitaria en Cachemira (1). 
. – Señor Presidente, puede que las horribles imágenes y las trágicas historias personales que siguieron al terremoto del 8 de octubre hayan desaparecido de nuestras pantallas de televisión y las portadas de nuestros periódicos, pero no debemos olvidar que la necesidad de ayuda urgente es enorme, sobre todo a causa del inicio del invierno. 
Ya ha habido 74 000 muertos, y obtener ayuda para aquellos que la necesitan es una carrera contrarreloj. 
El Gobierno de Pakistán ha cifrado el coste financiero del terremoto en 5 000 millones de dólares estadounidenses. 
La UE ya ha realizado contribuciones considerables, pero debemos hacer más, mucho más, al igual que debería hacerlo la comunidad internacional. 
Pero no se trata únicamente de una cuestión económica, se trata del acceso; se necesitan helicópteros y otros medios para llegar a zonas inaccesibles. 
El acceso a través de la frontera entre la Cachemira administrada por la India y la Cachemira administrada por Pakistán también es de vital importancia. 
Estoy muy satisfecha de que la India y Pakistán hayan abierto los cinco pasos fronterizos para mercancías, y espero que también vayan a abrirse otros pasos, no solo para productos: también debería permitirse el paso de la población civil. 
Las personas con familiares y amigos al otro lado desean ayudar. 
Quieren aportar su ayuda y auxilio, cosa que en la actualidad no pueden hacer. 
Ya han pedido permiso 950 cachemires de la parte india y 2 000 de la pakistaní. 
Sé que es difícil a causa del conflicto en Cachemira que viene de largo, pero espero que las solicitudes puedan tramitarse rápidamente. 
Esta tragedia humana reclama una respuesta compasiva. 
Esperemos que de esta terrible tragedia resulte algo bueno y que se permita a los supervivientes vivir en paz. 
Espero que, al final, pueda encontrarse una solución justa a este conflicto en Cachemira, que ya dura 58 años y que implica a Pakistán y la India además de, sobre todo, a los habitantes de Cachemira, quienes ya han sufrido bastante. 
. – Señor Presidente, deseo empezar diciendo que debido a la prolongación de los debates previos, mi colega, la señora Gill, presidenta de la Delegación para las relaciones con los países de Asia Meridional y la SAARC, y autora de esta resolución, y mi otro colega, el señor Moraes, han tenido que ausentarse y expresan sus disculpas. 
Hablo en su nombre, así como en el de mis propios electores escoceses, quienes me han pedido que plantee sus preocupaciones sobre la cuestión de cómo se está tratando a las personas tras el devastador terremoto. 
Es importantísimo que el Parlamento Europeo exprese su opinión sobre el terremoto de Cachemira del 8 de octubre. 
En el periodo parcial de sesiones de octubre destacamos esta situación trágica y la gente dio el pésame a las víctimas y sus familias. 
Sin embargo, seis semanas después de que el terremoto destruyera la región nororiental de Pakistán y la India, la magnitud de la devastación y el trauma provocados todavía están por determinar. 
Se calcula que han fallecido 80 000 personas, cientos de miles de personas están heridas y 3 millones de personas se han quedado sin hogar. 
Los trabajadores humanitarios deben superar muchos problemas, incluso corrimientos de tierras, mal tiempo, réplicas y un terreno en general accidentado. 
Parece que los habitantes de las zonas remotas han sido los más afectados y muchos de ellos apenas han recibido ayuda. 
Estos problemas se ven agravados por el inicio del invierno y, por lo tanto, es imprescindible ofrecer el tipo de ayuda adecuado a aquellos que la necesitan. 
Aunque esta es una de las operaciones de ayuda más complejas que se han llevado a cabo, no hay excusa para que no nos esforcemos al máximo. 
Debemos aplaudir el hecho de que la mayoría de víctimas del terremoto hayan sido evacuadas. 
Sin embargo, día tras día, la cota de nieve está bajando y miles de supervivientes se enfrentan a una situación cada vez más peligrosa, convirtiéndose cada día que pasa en una lucha por la supervivencia. 
Las condiciones de los campamentos temporales no son muy alentadoras, y entiendo que el grado de higiene en los campos de refugiados es intolerable y las condiciones son primitivas. 
Kofi Annan nos ha advertido de que se producirá una segunda gran ola de muertes a medida que las enfermedades empiecen a extenderse entre los supervivientes. 
Se trata de una carrera contrarreloj donde quisiera que se tomaran las siguientes medidas. 
En primer lugar, aunque acogemos con satisfacción el paquete de ayuda de la Comisión de 93,6 millones de euros, debemos dar más y podemos hacerlo mejor. 
Según estimaciones oficiales, se necesitarán más de 5 000 millones de dólares estadounidenses para un periodo de cinco a diez años a fin de restablecer las infraestructuras de la región. 
Debemos reconocer que un paquete estándar de ayuda no es adecuado para una situación tan grave como esta, y debemos poner en marcha inmediatamente la fase de reconstrucción. 
En segundo lugar, insto firmemente a la Comisión y al Consejo a que sigan el precedente del tsunami, tras el cual se concedieron condiciones comerciales especiales para ayudar a los países afectados por una catástrofe natural de esta magnitud. 
Finalmente, aplaudo la apertura de cinco pasos fronterizos a lo largo de la línea de control que divide las zonas de Cachemira controladas por Pakistán y la India. 
Tal vez se saque algo bueno de esta tragedia. 
Insto a los Estados miembros y a la Comisión a que garanticen que no fallaremos a los vulnerables y traumatizados. 
Por lo tanto, pido a todos ustedes que voten a favor de esta propuesta. 
Hay vidas humanas en juego. 
– Justo antes de ceder la palabra al siguiente autor, precisaré simplemente el Reglamento, porque he creído oír que algunos diputados se extrañaban de que no concediera la palabra en el orden habitual, de modo que intervengan primero los Grupos más grandes. 
El Reglamento establece lo siguiente: cuando se presenta una solicitud de uso de la palabra en calidad de autor, la intervención se produce en el orden de llegada a los servicios de sesión. 
Por tanto, parece ser que la señora Lynne ha sido más rápida que la señora Stihler, que ha sido más rápida que el señor Elles, etc. En cambio, cuando los oradores se expresan en nombre de su Grupo, retomamos el orden habitual, interviniendo primero el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, seguido del Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo, etc. Prefería recordarles el Reglamento porque me ha parecido sentir alguna ligera vacilación. 
Estaba al corriente del Reglamento y este procedimiento es, en efecto, el relativo al procedimiento de urgencia, que ha sido tratado de un modo bastante especial. 
Por lo que respecta al orden de las intervenciones de los Grupos, volvemos al procedimiento habitual, así todo vuelve a su cauce. 
– Señor Presidente, quiero hacer tres comentarios al comienzo de este debate, que otros oradores y yo acogemos con agrado. 
En primer lugar, se trata de una de las mayores catástrofes en el sureste asiático. 
Nuestra resolución menciona las cifras recordadas por los oradores anteriores. 
Este terremoto ha matado y herido gravemente a más de 200 000 personas. 
Millones todavía siguen sin hogar y se enfrentan a condiciones meteorológicas extremas y a todo tipo de enfermedades graves. 
Más de 1,8 millones de personas no tienen casa; en Muzaffarabad, una ciudad que he visitado, ascienden al 85 % de la población. 
La estadística es terrible y nosotros, en Europa Occidental, debemos hacer todo lo que podamos por ponerle remedio. 
En segundo lugar, por lo que respecta a la reacción hasta el momento, aplaudo la rápida acción de ayuda inmediata por parte de la Comisión y los Estados miembros. 
En esta turbulenta parte del mundo también debemos acoger con satisfacción sobre todo los importantes esfuerzos de los Gobiernos pakistaní e indio para garantizar que la gente pueda contactar a través de una línea de control que ha sido infranqueable durante más de 50 años. 
Esperemos que esto pueda ponerse en práctica más a menudo. 
Sobre todo, y con carácter de máxima urgencia, quisiera preguntar a la Comisión acerca de las cifras recientes publicadas por la ONU que indican que, hasta el momento, se ha recibido un pequeño porcentaje de toda la ayuda prometida. 
Nos gustaría saber qué cantidad ofrecida por la Unión Europea y los Estados miembros ha llegado a su destino. 
Pero tal vez podamos realizar esfuerzos adicionales en la conciliación del presupuesto de 2006 la semana próxima, de forma que podamos asegurar que los que carecen hoy de hogar por lo menos dispongan de un cobijo elemental a medida que se acerca el invierno. 
Ello complementará aquellos fondos ganados con el sudor de la frente de mis electores, entre otros, para ayudar a aquellas personas realmente necesitadas. 
– Les hablo como uno de los autores y como suplente de Neena Gill, presidenta de la Asociación de Cooperación Regional de Asia Meridional. 
Señorías, la zona fronteriza entre China, la India, Pakistán y Afganistán es una de las regiones del mundo con mayor propensión a los terremotos. 
Es también el escenario de uno de los conflictos más antiguos de Asia Meridional. 
En esa región, las fronteras no están claramente delimitadas ni garantizadas por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales. 
Los conflictos armados siguen ardiendo bajo la superficie. 
En la zona controlada por Pakistán, que es prácticamente inaccesible, varios millones de personas han perdido sus hogares y en algunos casos existe una ausencia total no solo de alimentos y medicinas, sino también de todo tipo de contacto con el mundo exterior. 
Pedimos por ello a todos los países y organizaciones ayuda para las víctimas. 
En la resolución que hoy nos ocupa, apoyamos la completa apertura de las rutas transfronterizas, incluida la conexión por autobús reestablecida con la India. 
Es, desde luego, una iniciativa positiva que se estén planificando nuevas conexiones por autobús entre las poblaciones que residen a ambos lados de la frontera en la región de Punjab y acogemos con satisfacción el inicio de nuevas conservaciones sobre las líneas férreas y las perspectivas de un acuerdo para la construcción conjunta de un gaseoducto en la región. 
Estas medidas ayudarán a generar confianza entre facciones contrarias. 
Siguiendo con el tema de las ayudas a los afectados por el terremoto, el objetivo es proporcionar ayuda lo más deprisa posible a quienes la necesitan. 
De hecho, la solidaridad entre las personas de esa región dividida puede ayudar a allanar el camino para la resolución de viejos conflictos. 
El llamamiento urgente a las organizaciones locales para que distribuyan ayuda de forma justa está plenamente justificado. 
Al mismo tiempo, hay que pedir a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE que aceleren la prestación de ayuda a las víctimas. 
Las necesidades son bien conocidas y todos sabemos, sobre todo con la llegada del invierno, que el refrán de «más vale un toma, que dos te daré» es más oportuno que nunca. 
Quiero dar las gracias a todos ustedes, Señorías, por apoyar esta resolución. 
Creo que la resolución pacífica de conflictos en esa región del mundo es una cuestión a la que debemos volver en el futuro y la Comisión nos presentará dentro de poco un informe sobre las medidas que se han adoptado. 
. Señor Presidente, a menudo el contexto socioeconómico y las condiciones políticas agravan lo que en realidad debería ser estrictamente un desastre natural. 
Ese es el caso de Cachemira. 
Después del terremoto que tuvo lugar en octubre, en el que murieron entre 70 000 y 90 000 personas y siete millones se quedaron sin casa, tenemos que dar una respuesta inmediata, urgente. 
Este es el llamamiento que obviamente estamos haciendo y que hay que hacer a la Unión Europea, al Consejo y a la Comisión. 
No podemos sino subrayar nuestra condolencia y garantizar nuestro máximo compromiso para la prestación de esta ayuda. 
Pero, al mismo tiempo, también sería necesario que no nos contentáramos con esa acción de emergencia. 
Hay que afrontar los aspectos más estructurales y hay que comprometer, también en este sentido, el apoyo de la Unión Europea a la reforma y resolución de problemas de tipo estructural que necesitan una respuesta, no solamente de infraestructura, sino también desde el punto de vista socioeconómico, precisamente para que, en ocasiones similares, las consecuencias no sean tan graves como lo están siendo en estos momentos. 
Por ello, también hay que insistir ante los Gobiernos de los países afectados en que esta sería una buena oportunidad para que priorizaran las necesidades sociales y las necesidades internas, dejaran de gastar tanto en aspectos militares y dedicaran —y ahí es donde nosotros tenemos que apoyarlos— todos sus esfuerzos para garantizar que las estructuras sean lo más adecuadas posibles y que los efectos de los terremotos de este tipo sean lo menos graves posibles. 
. – Señor Presidente, aunque este debate se centra en un asunto muy triste, como es la tragedia que ha golpeado a cientos de miles de personas en la región de Cachemira, creo que tenemos todos los motivos para estar satisfechos porque se celebre. 
La razón por la que digo esto es por su relación con una intervención de crisis urgente que, en mi opinión, es un terreno en el que la Unión Europea debe y puede actuar con éxito. 
Nadie discute la necesidad de esas intervenciones y podemos conseguir nuestros objetivos en ese ámbito utilizando los recursos metodológicos, económicos y logísticos existentes. 
Por tanto, he escuchado con satisfacción los comentarios de los oradores que me han precedido, entre ellos los de la diputada que había visitado personalmente Cachemira. 
El mero hecho de que este debate esté teniendo lugar unas semanas después de la tragedia debe ser también motivo de satisfacción. 
Creo que las personas afectadas por esa catástrofe merecen nuestra ayuda urgente. 
No hay duda de que se la merecen mucho más que otras regiones y países que han sufrido recientemente disturbios, y me refiero a un país en particular. 
A pesar de que los disturbios han sido el resultado de las propias políticas de esos países, hemos escuchado que la UE desea acudir también en su ayuda. 
La población desfavorecida de Cachemira se merece mucho más la ayuda que los países ricos, los cuales solo pueden culparse a sí mismos de sus problemas. 
. – Señor Presidente, después del terremoto de Cachemira leí un duro titular en un periódico que decía así: «Ni siquiera el terremoto consigue poner fin a la hostilidad entre la India y Pakistán.» 
Lo que demuestra ese titular es que son las personas, que Dios las ayude, quienes sufren cuando hay tensiones políticas en juego, incluso en una situación tan desesperada como esta. 
Cuando los alemanes piensan en la división artificial de los países, siempre piensan en Berlín. 
Yo mismo he visto en el centro de Berlín a gente ahogándose en los fosos sin que otras personas que miraban desde el muro quisieran o pudieran ayudarles. 
Lo que eso significa es que esas personas tenían que refrenarse de hacer algo perfectamente racional –como es salvar a alguien que se está ahogando– porque en aquella época existía el Telón de Acero y porque las consideraciones políticas les impedían hacerlo. 
Este tipo de cosas nos dan una idea de lo que está sucediendo en Cachemira. 
Pero no perdamos de vista el hecho de que el reciente terremoto es ya de por sí una catástrofe humana terrible, pero el invierno amenaza con causar numerosas muertes entre la población civil, salvo que las autoridades de ambas partes superen por fin su incapacidad –que en cierta medida es falta de voluntad – de cooperar y ayudarse mutuamente, y salvo que la ayuda llegue a donde se necesita. 
Cachemira es una víctima de la negativa de la India, en el momento de su propia fundación, a aceptar el derecho de autodeterminación del país. 
Ahora tiene también problemas con Pakistán. 
La conclusión que debemos extraer de ello es que Cachemira no es un mero problema bilateral que afecte a dos Estados, sino también y principalmente un problema para la población de Cachemira y, por tanto, también para nosotros. 
No solo debemos mantener el diálogo con ambas partes allí –por muy importantes que sean como potencias nucleares y grandes Estados– sino que debemos también estrechar el contacto directo con la población de Cachemira y sus representantes, sobre todo a nivel local, y esta catástrofe humanitaria nos ofrece la oportunidad de hacerlo. 
Primero tenemos que ayudar a esas personas totalmente al margen de las cuestiones ideológicas; luego tendremos que tratar de encontrar una solución para la región. 
. – Señor Presidente, el 8 de octubre de 2005, la región de Cachemira, situada en la frontera entre Pakistán y la India, se vio afectada por un terremoto de trágicas consecuencias. 
Hay 88 000 desaparecidos y más de 245 millones de afectados seriamente por esta catástrofe. 
Aún hoy, sigue siendo difícil obtener una estimación exacta de las pérdidas materiales, pero puede afirmarse con seguridad que su magnitud no tiene precedentes. 
Las Naciones Unidas han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione ayuda económica urgente del orden de 500 millones de dólares estadounidenses, pese a lo cual los países afectados por la catástrofe han recibido solo el 20 % de la cifra prevista y eso que ha transcurrido más de un mes desde el terremoto. 
Aunque la región de Cachemira lleva mucho tiempo siendo fuente de conflictos entre la India y Pakistán, el año pasado los dos países se embarcaron en un diálogo constructivo para poner fin al conflicto. 
Después de la catástrofe natural, se decidió también crear una serie de pasos fronterizos a lo largo de la Línea de Control para facilitar la distribución de ayuda humanitaria a las víctimas en Cachemira. 
Pero en la actualidad solo se permite el paso de mercancías a través de ellos, no a personas. 
Eso hace mucho más difícil la distribución de la ayuda. 
Para empeorar aún más las cosas, la naturaleza montañosa de la región, así como la devastada infraestructura y la ausencia de carreteras de acceso, hacen todavía más lenta la distribución de la ayuda. 
El Parlamento Europeo tiene la obligación moral de instar a Pakistán y a la India a que permitan el paso de ciudadanos de ambos países, y no solo de ayuda humanitaria, a través de esos puestos fronterizos. 
De esa forma, la ayuda de la comunidad internacional podría llegar a los que más la necesitan. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, el atentado con bomba de hoy en la Cachemira controlada por la India, en el que han fallecido cuatro personas y más de 100 han resultado heridas, subraya la urgencia de este debate de urgencia y el penoso telón de fondo político de los que debería ser una catástrofe natural. 
El terremoto que devastó la zona se sumó a décadas de violencia política, y ahora, cuando las infraestructuras y las reservas están bajo mínimos, ha llegado el invierno. 
La cuestión de Cachemira no es nueva para esta Cámara. 
Hace un tiempo, una delegación nuestra empezó a examinar una solución política a largo plazo. 
Hay que reconocer que el progreso político local ha sido bastante más lento. 
Esperemos que el terremoto consiga que nos centremos en la cooperación y el diálogo. 
En mi país, Escocia, los escoceses de origen asiático se han preocupado por sus amigos y familiares en Cachemira. 
Ha habido recaudaciones de fondos, donaciones y ayuda práctica. 
Su generosidad de espíritu nos plantea un desafío. 
Ahora les toca a los políticos, y nosotros en esta Cámara y la Comisión podemos desempeñar una función de coordinación urgente de la ayuda y, a largo plazo, ayudar a encontrar una solución política viable, porque si no existe una solución política ¿qué otra solución podría haber? 
Tal vez haya algunos signos positivos. 
Ayer, la apertura de un quinto paso fronterizo en la línea de control podría ser el inicio de un proceso que conducirá a una solución pacífica. 
Los problemas inmediatos de la región son desesperantes pero, como esta resolución indica, estamos dispuestos a ayudar y participar en una reconstrucción a muy largo plazo. 
– Señor Presidente, la región de Cachemira está dividida entre tres países, la India, Pakistán y China, algo que se olvida con frecuencia. 
Pero los terremotos no conocen fronteras y la reciente catástrofe ha afectado tanto a la India como a Pakistán, uniéndolas en la desgracia. 
La magnitud de la tragedia puede calibrarse por el hecho de que se ha cobrado las vidas de toda una generación. 
La mayoría de sus víctimas han sido niños y jóvenes y prácticamente ningún centro escolar ha permanecido en pié. 
La UE tiene la obligación moral y política de ofrecer ayuda humanitaria y contribuir a la reconstrucción de la región en el futuro. 
Los 20 millones de dólares estadounidenses donados por el Banco Mundial y los menos de 4 millones de euros donados por la UE representan solo ayuda a corto plazo para las víctimas de la catástrofe. 
Pero debe pensarse también en un futuro a más largo plazo, puesto que los efectos de esta catástrofe seguirán dejándose sentir durante las próximas décadas. 
Nuestro debate sobre esta cuestión debe servir como punto de referencia para la Comisión y el Consejo. 
Quiero concluir con un último comentario. 
Según mis cálculos, la ayuda económica de la UE para las víctimas de la tragedia de Cachemira es 16 veces menor que la ayuda que se concederá a Francia tras los disturbios ocurridos en ese país. 
Tengo que decir que eso me parece verdaderamente absurdo. 
– Señor Presidente, me complace tener una oportunidad para hablar brevemente de lo que ha sido una tragedia terrible en el noroeste de Pakistán, Afganistán, la India y, sobre todo, la región de Cachemira. 
La devastación provocada por el terremoto es difícil de comprender, incluso tras haber visto imágenes repetidas del sufrimiento en nuestras pantallas y periódicos. 
En los últimos doce meses han ocurrido muchas tragedias y catástrofes naturales en distintos lugares del mundo: tsunamis, sequía, aludes de barro, huracanes continuados, tifones y ahora un terremoto. 
Como una catástrofe natural se sucede tras otra, esta situación nos ha condicionado, y es difícil establecer prioridades y mantener la firmeza respecto a las necesidades que precisan una generosidad y ayuda rápidas. 
En estos momentos es fundamental reunir ayuda y coordinar su distribución, sobre todo para las partes inaccesibles de las zonas del desastre. 
Decenas de miles de personas todavía no tienen techo en las partes inaccesibles de Pakistán y Cachemira, y las temperaturas bajo cero del invierno se están acercando. 
La política de esta región debe dejarse de lado en un esfuerzo por salvar vidas, puesto que este gesto favorece la coordinación y la apertura de nuevas rutas entre la Cachemira controlada por la India y el lado pakistaní. 
Apoyamos plenamente una respuesta inmediata y generosa a la llamada de la ONU de donantes para aportar más de 500 millones de dólares en ayuda de emergencia, gran parte de los cuales todavía no se han materializado. 
Espero que la Comisión sea capaz de facilitar más fondos durante la discusión sobre el presupuesto de la semana próxima. 
En relación con este gesto, creo que la UE debe mostrar cierta iniciativa para alentar a la comunidad internacional a planificar y prepararse frente a las catástrofes naturales del futuro. 
La realidad es que las catástrofes naturales son en muchos casos predecibles. 
Conocemos las zonas probables en las que se formarán huracanes el año próximo y que sufrirán terremotos, y debemos centrarnos en la creación de capacidad regional en esas zonas, en lugar del tipo de esfuerzos de ayuda en los que estamos inmersos. 
Así pues, necesitamos una planificación a largo plazo y con miras al futuro, además de responder a las necesidades de ayuda inmediatas. 
. Señor Presidente, la Comisión ha dado una rápida y generosa respuesta para ayudar a las víctimas de esta terrible catástrofe. 
Es más, al cabo de unas horas de que ocurriera el devastador terremoto, se pusieron a disposición los primeros fondos y se enviaron equipos de campo. 
En pocos días se han asignado 13,6 millones de euros. 
El primer paquete se facilitó a las pocas horas de ocurrir la catástrofe. 
Cuando los fondos humanitarios de la Comisión para 2005 se vieron recortados, la Comisión, a través de los departamentos ECHO y Relex, solicitó 30 millones de euros de la reserva del presupuesto de la Comisión para ayuda humanitaria, y 10 millones de euros para la reconstrucción. 
Apreciamos enormemente la cooperación del Parlamento al liberar estos fondos adicionales. 
Gracias a ello, la Comisión ha sido capaz de ofrecer, como ya se ha mencionado, un paquete financiero general de 93,6 millones de euros para responder a la crisis, de los que 43,6 millones se destinarán a ayuda humanitaria y 50 millones a la rehabilitación. 
La financiación hasta la fecha se ha destinado principalmente a construir refugios, la sanidad –incluidos los hospitales de campo de la Cruz Roja en Muzaffarabad–, agua y salubridad, coordinación y logística, incluyendo once helicópteros, como ya se ha mencionado hoy. 
La Comisaria Ferrero-Waldner parte hoy hacia Pakistán, donde durante los dos próximos días participará en la Conferencia sobre la Reconstrucción, junto al Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y otros importantes donantes internacionales. 
Quiero compartir con ustedes algunas de nuestras principales preocupaciones actuales. 
La Comisión es plenamente consciente de que el lugar y la magnitud de la catástrofe dificultan un rápido despliegue de todas las organizaciones humanitarias y la distribución de ayuda a las víctimas. 
Una restricción adicional de la satisfacción de las necesidades y la asignación de los fondos disponibles ha sido la capacidad de aplicación de los organismos de ayuda. 
Debe producirse una rápida mejora, en especial para tratar de llegar más allá de los centros principales. 
Estoy completamente de acuerdo con ustedes en que la coordinación es muy importante. 
Una parte de la función de los equipos de campo de ECHO consiste o ha consistido en garantizar la coordinación. 
Además, ECHO también asigna fondos a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas para que desarrolle su papel de coordinadora, incluida la coordinación civil y militar del uso de la logística militar de apoyo. 
En cuanto a la cuestión de medidas comerciales especiales, planteada por una de sus Señorías, estamos decididos a tomar en consideración los intereses comerciales de Pakistán dentro de los límites de nuestras obligaciones internacionales. 
Pakistán se beneficiará del nuevo SPG Plus a partir de enero de 2006. 
Por primera vez en diez años abarcará todas las exportaciones de Pakistán. 
Esto significa que Pakistán está recibiendo un trato idéntico al de los países afectados por el tsunami. 
Nosotros, en la Comisión, estamos muy preocupados por la perspectiva de una segunda catástrofe humanitaria a medida que se acerca el invierno. 
Ustedes también están preocupados por el hecho de que miles de heridos permanezcan varados en zonas aisladas de montaña, sin comida, abrigo ni servicios sanitarios. 
En consecuencia, durante el invierno se espera una acción de ayuda sostenida a gran escala, en la que todos debemos implicarnos. 
En vista de todo esto, permítanme informarles de que la Comisión, a través de la DG ECHO, acaba de recibir 30 millones de euros más procedentes de la reserva de emergencia. 
Quiero darles las gracias por su apoyo en estos esfuerzos conjuntos por ayudar a los necesitados. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre Filipinas (condena a muerte del ciudadano europeo Francisco Larrañaga) (1). 
. Señor Presidente, queridos colegas, la presente iniciativa trata de evitar en tiempo útil que se consume la condena a muerte en Filipinas del joven europeo de nacionalidad española Francisco Larrañaga. 
Durante el largo proceso judicial que ha precedido a su condena, Paco Larrañaga ha proclamado firme, insistente e inequívocamente su inocencia con relación a los horrorosos crímenes de los que se le inculpaba. 
La defensa jurídica del condenado y cualificadas organizaciones de derechos humanos han denunciado que el juicio se ha producido sin las debidas garantías, sin respetar los derechos de defensa y que la sentencia adoptada, que prescinde de las evidencias existentes, es arbitraria e injusta. 
Pese a ello, el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo de Filipinas confirmó la condena a muerte. 
Cuando se agotan los recursos judiciales, la única vía prevista en el ordenamiento jurídico filipino para evitar la ejecución y abordar la gravísima situación de Paco Larrañaga es la concesión de un indulto por parte de la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo. 
Se han tomado numerosísimas iniciativas en tal sentido, entre las que destacamos las formuladas por el Rey de España y por el Presidente del Gobierno español y el Presidente del Parlamento Europeo. 
El pasado lunes se divulgaron en Filipinas las declaraciones de un policía retirado que participó activamente en la investigación de los crímenes a favor de la inocencia de Larrañaga. 
Esta información, que ha tenido un importante eco en nuestros medios de comunicación, reafirma el valor de la presente resolución. 
Con ella defendemos el derecho a la vida y los derechos fundamentales de Paco Larrañaga. 
También defendemos nuestros valores: erradicar la pena de muerte del mundo y restaurar la acción de la justicia. 
Nos asociamos a la iniciativa legislativa del Congreso de Filipinas de abolir la pena de muerte. 
La clemencia presidencial afirmará el compromiso con la democracia y los derechos humanos, lo que reforzará la credibilidad internacional de Filipinas. 
La seguridad del momento actual exige dar prioridad al objetivo de conseguir el perdón total para Paco Larrañaga y, por ello, consideramos conveniente evitar las enmiendas que no se centren en este objetivo fundamental y urgente. 
. Señor Presidente, estamos ante una resolución muy importante, porque es cierto que nos encontramos ante una injusticia flagrante, como es el caso de Francisco Larrañaga. 
Con esta resolución podemos echarle una mano y ayudarle, porque su inocencia es evidente, para que pueda salir de la cárcel en la que está injustamente retenido. 
Señorías, estuve la pasada semana en Filipinas visitando a Francisco Larrañaga. 
Lleva ocho años en esa prisión, desde los 19 años, y en el corredor de la muerte lleva ya dos años. 
Es una cárcel donde hay 18 000 personas, de las cuales 1 200 están en el corredor de la muerte, con una sentencia confirmada en 250 casos. 
Duermen en los pasillos porque no hay suficientes celdas en esa prisión. 
Además, Paco Larrañaga fue a esa cárcel sin un juicio justo, ni creíble ni tolerable. 
No le dejaron defenderse en el juicio. 
Treinta testigos de la defensa no pudieron intervenir porque no les dejaron los jueces. 
Los abogados de Larrañaga, cuando pidieron que intervinieran los testigos o el propio Larrañaga, fueron encarcelados por desacato. 
A un cuerpo, que fue encontrado desfigurado –supuestamente una de las víctimas– no se le hizo la prueba del ADN. 
La familia no lo reconoció, etc. 
Por si fuera poco, esta semana este caso ha dado un giro de 180 grados —como bien decía mi compañero y amigo Antolín Sánchez Presedo—, con las declaraciones de un policía que decía que Larrañaga era inocente. 
Pese a ello, desgraciadamente, la justicia ha cerrado el caso en Filipinas. 
Por eso, hay que apoyar a los Grupos políticos de diputados filipinos que van a presentar un borrador de abolición de la pena de muerte en el congreso de ese país, para que sea una realidad y llegue el final de la pena de muerte a Filipinas. 
Esta resolución tiene por objeto salvar a un ciudadano europeo al que van a matar siendo inocente. 
Todos lo sabemos por las pruebas que hemos visto. 
Por eso, les pido su apoyo a esta resolución, para que el indulto sea una realidad y Larrañaga no esté ni un segundo más en esas cárceles filipinas. 
– Señor Presidente, la moratoria de Filipinas sobre la pena de muerte de marzo de 2000 ha pasado en los últimos tres años al extremo contrario. 
El Gobierno actual tiene la intención de ejecutar cada vez más sentencias a muerte, incluso en menores que, por ley, no pueden ser condenados a muerte ni ejecutados. 
En su afán por eliminar al mayor número posible de personas, el Gobierno aísla a las víctimas, las tortura y las priva de asistencia judicial. 
El hecho de que el Gobierno de Filipinas sea incapaz de poner fin a los crímenes y a las protestas no justifica el uso de medios tan bárbaros como esos. 
Entre las muchas personas de nacionalidad filipina que han sido víctimas de ellos, está Francisco Larrañaga, que también tiene nacionalidad española. 
La acusación que pesa sobre él por varios delitos penales muy graves no justifica un juicio fingido que hace caso omiso de su coartada, como tampoco justifica su sentencia a muerte ni la desestimación hasta la fecha de la posible anulación de dicha sentencia. 
Con todo, su doble nacionalidad le ha permitido atraer la atención de los medios de comunicación europeos sobre este abuso. 
Aunque la vida de los ciudadanos europeos no corra riesgo, tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible para que se abandone la pena de muerte en todo el mundo. 
. Señor Presidente, el caso de Francisco Larrañaga, como ya se ha dicho, nos obliga una vez más a analizar y a impulsar el debate sobre la necesidad de universalizar la abolición de la pena de muerte. 
El caso de Larrañaga cuenta con todas las características propias de un proceso injusto y sin las garantías procesales mínimas, difícilmente aceptable en el marco de la legalidad internacional vigente. 
Lamentablemente, la situación de Larrañaga es especialmente delicada, puesto que, al parecer, no existe ya la posibilidad de apelar la condena a muerte, dictada en julio de 2005. 
Lo importante, sin embargo, no es solamente el hecho de que el señor Larrañaga sea un ciudadano con nacionalidad española, y por tanto europea, sino que, además, también hay otras casi 2 000 personas que están en condiciones similares, y por lo tanto, hay que recordar que el hecho de que en Filipinas sea habitual la detención indiscriminada de sospechosos o que la tortura sea también moneda corriente y que a menudo se incomunique a estas personas contribuye a aumentar nuestra preocupación por el caso particular del señor Larrañaga. 
Por esto, en esta Cámara, donde pocas veces tenemos la oportunidad de analizar y de trabajar sobre la situación de Filipinas, esta es una buena ocasión para recordar este y otros muchos temas que nos preocupan. 
En las relaciones de la Unión Europea con terceros países la abolición de la pena de muerte debería ser una norma que debería difundirse y valorarse por parte de aquellos países que la ejercieran para normalizar sus relaciones con la Unión Europea. 
El caso de Larrañaga es, pues ¯insisto¯, una ocasión para recordar la necesidad de apelar a la abolición de la pena de muerte. 
En el caso concreto de Filipinas querría apelar a la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo para que reinstaurara, por lo menos, la moratoria a la pena de muerte y, en segundo lugar, como también han dicho algunos de mis colegas, destaco la necesidad de que se derogue la ley por la que se reintroduce la pena de muerte. 
En este sentido, apoyo las iniciativas que hay abiertas en el Congreso filipino. 
– Señor Presidente, esta resolución confunde una serie de cuestiones que son diferentes. 
Para empezar, no distingue entre nuestro llamamiento a la abolición de la pena de muerte en Filipinas y el asunto del juicio del joven que ha sido acusado de unos crímenes tan terribles. 
Se trata de dos cosas totalmente distintas. 
Los oradores que alegan un juicio injusto están haciendo una acusación muy grave. 
Están diciendo ni más ni menos que los sucesivos tribunales de Filipinas han dictado una sentencia equivocada y que la Presidenta de Filipinas no quiere conceder el indulto a sus ciudadanos. 
Esta es otra cuestión totalmente diferente. 
Pero hay una tercera cuestión en juego y es lo que en realidad estamos pidiendo. 
Tal como yo lo veo, nuestra prioridad debería ser exigir un juicio justo. 
Después de todo, si el juicio en cuestión fue injusto, eso ya de por sí constituiría un delito. 
Pero si el juicio fue en realidad justo, podríamos exigir la conmutación de la pena de muerte, pero no la completa exculpación de unos delitos tan terribles, si es que verdaderamente se cometieron. 
Por tanto, debemos pedir la conmutación de la pena, pero no debemos solicitar la exculpación completa hasta que se haya celebrado un juicio justo. 
. Señor Presidente, la Comisión está muy preocupada por el mantenimiento de la ley que autoriza la pena de muerte en Filipinas y la negativa de la Presidenta, Gloria Macapagal-Arroyo, a restablecer la moratoria sobre la pena de muerte, suspendida el 1 de enero de 2004. 
La postura de la UE contra la pena de muerte se basa en la firme creencia en la dignidad inherente a todos los seres humanos y la inviolabilidad de la persona humana. 
Los Estados miembros, junto con la Comisión, han reforzado sus actividades internacionales de oposición a la pena de muerte en el marco de la política de la UE en materia de derechos humanos. 
También han adoptado directrices comunitarias que establecen los principios básicos que deben respetarse en este sentido. 
Sabemos que actualmente hay más de 1 000 presos en el corredor de la muerte en Filipinas. 
De estos, 165 sentencias de muerte han sido ratificadas por el Tribunal Supremo y solo pueden detenerse mediante una suspensión de la ejecución por decisión presidencial. 
Instamos de nuevo a la Presidenta de Filipinas a que conmute las sentencias de muerte. 
Nos preocupa especialmente la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2004 que condena a muerte al ciudadano hispano-filipino Francisco Larrañaga y la negativa a reconsiderar el caso en julio de 2004, con lo que se agotaban todos los canales judiciales de apelación. 
El 5 de julio de 2004, la Troika comunitaria, compuesta por los Países Bajos, el Reino Unido y la Comisión, entregó al Ministerio de Asuntos Exteriores filipino un escrito de en apoyo de la petición de que se reconsidere el caso. 
Desde entonces, la embajada española en Manila ha llevado la voz cantante este caso concreto, mientras la Comisión se ocupa de asuntos generales relacionados con el apoyo a la campaña contra la pena de muerte que desarrollan diversas entidades en Filipinas. 
La embajada del Reino Unido, en cooperación con la organización británica Reprieve, ha enviado un abogado a Filipinas durante tres meses, desde octubre de 2005, para investigar el caso. 
También apoyamos las diversas iniciativas parlamentarias internas en torno a la revocación de la ley relativa a la pena de muerte que se están debatiendo actualmente en el Congreso de Filipinas y alentamos los esfuerzos de la sociedad civil en pos de este objetivo. 
Es importante insistir en la reconsideración del caso Larrañaga, puesto que no ha tenido un juicio justo según las normas jurídicas internacionales. 
Por ello, incluso si el Parlamento votara a favor de la abolición de la pena de muerte a cambio de la condena a cadena perpetua, el caso Larrañaga seguiría viciado. 
La UE debería seguir insistiendo en el derecho del señor Larrañaga a un juicio justo. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Birmania/Myanmar (1). 
. – Señor Presidente, no es la primera vez que se presenta una resolución sobre Myanmar en este Parlamento. 
Hace tan solo unos meses se aprobó por unanimidad una resolución común que condenaba la flagrante violación de los derechos humanos en ese país. 
Lamentablemente, como pasa a menudo al tratar con regímenes totalitarios, la dictadura de Myanmar apenas prestó atención a esta resolución. 
La brutalidad y la represión practicadas por el ejército birmano contra su propio pueblo continúan sin piedad y se siguen produciendo graves violaciones de los derechos humanos, incluso saqueos y violaciones por parte de los soldados gubernamentales. 
Además, se calcula que todavía hay unos 1 000 presos políticos retenidos ilegalmente y que, el 2 de noviembre, 10 destacados activistas en pro de los derechos humanos, la democracia y la paz fueron condenados a sentencias de un total de 756 años. 
Ni que decir tiene que sus juicios fueron totalmente injustos, no se les permitió estar representados por abogados de su elección y se les impidió el contacto con sus familias. 
Por tanto, los dictadores birmanos no nos dejan otra opción que proceder con una resolución más firme, como la que tenemos hoy sobre el tapete. 
Entre otras cosas, pedimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que aborde urgentemente la situación en Myanmar e insistimos en endurecer la política común de la UE con respecto a Myanmar tomando ciertas medidas punitivas prácticas. 
La resolución también pide la designación de un enviado de la UE de alto nivel, encargado de trabajar en pro de la liberación de los presos políticos, ayudar en temas humanitarios y en general prestar ayuda para que se produzcan las reformas democráticas que esta nación tanto necesita. 
Esperemos que en esta ocasión los dictadores de Myanmar tengan mucho más en cuenta nuestras condenas y preocupaciones y que avancen rápidamente por la única vía que les queda abierta, la que conduce a la democratización de su sufrido país. 
. Señor Presidente, Señorías, he tenido la suerte de dirigir la delegación del Parlamento Europeo encargada de observar los trabajos de la 26 Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN el pasado mes de septiembre en Vientián, Laos. 
Sobre el terreno pude comprobar los esfuerzos realizados por Laos y otros países de la región para mejorar su gobernanza. 
La Unión Europea apoya los esfuerzos de esos países y debemos seguir trabajando en este sentido. 
Sin embargo, Myanmar no hace ningún esfuerzo por ejercer el poder democráticamente. 
No es necesario recordar la represión de que es víctima, en particular, la señora Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991, así como los militantes de su partido. 
Esta situación de represión es una de las pruebas manifiestas de la falta de democracia en Myanmar. 
No olvidemos que el partido en el poder se hizo con las riendas del país de modo ilícito. 
Me parece oportuno exponerles algunos hechos que ilustran la dramática situación del país y de sus habitantes. 
Permítanme que haga de portavoz en esta Cámara de Periodistas sin Fronteras y evocar el caso de Win Tin, periodista de 75 años, cuyo estado de salud es crítico y que sigue preso, cuando debería gozar de libertad por buena conducta. 
La lista de personas oprimidas es evidentemente muy larga y, a pesar de las 250 personas puestas en libertad hace algunos meses –una medida que hay que acoger con satisfacción–, sigue habiendo unos mil presos políticos. 
Desde hace más de diez años, el Consejo de Estado para el Restablecimiento de la Ley y el Orden, que no es otra cosa que una junta militar, controla los distintos aspectos de la vida política y económica del país. 
Los derechos humanos están completamente olvidados, el acceso a la enseñanza se ha convertido en un privilegio reservado a una ínfima parte de la sociedad y la libertad de expresión es inexistente, hasta el punto de que hay periodistas extranjeros presos. 
Está prohibida cualquier forma de expresión disidente. 
Así, se detiene a los miembros de la resistencia, aún activos, para que no socaven el poder establecido. 
La situación es tanto más grave cuanto que este país, que cuenta con gran número de grupos étnicos, no respeta para nada la diversidad cultural. 
Por lo demás, algunas etnias están reducidas a la esclavitud. 
A pesar de estos horrores evidentes, algunos países siguen comerciando con Myanmar. 
Como diputado al Parlamento Europeo, pido que se adopte una actitud más firme ante esta situación inaceptable, pues las sanciones decididas son demasiado suaves. 
Para cambiar la situación actual, considero primordial impedir el comercio en sectores estratégicos que actualmente están en manos de los generales. 
Sería interesante pedir a las empresas comerciales e industriales implantadas en Myanmar que den ejemplo, para que este país evolucione realmente hacia la democracia. 
Por esta razón, apoyo sin reservas la resolución presentada por los seis Grupos políticos. 
. – Señor Presidente, lo que sigue pasando en Myanmar es espantoso. 
La dictadura militar sigue gobernando por la fuerza a pesar de las recientes conversaciones y acuerdos de alto el fuego. 
La resistencia sigue siendo tratada con la fuerza bruta militar. 
He visitado la frontera entre Tailandia y Myanmar hace dos semanas durante seis días. 
Tuve la oportunidad de visitar campos de refugiados en Tailandia, rebosantes de personas que han huido de las provincias de Karen y Karenni, de Myanmar. 
La situación de los derechos humanos en Myanmar en el interior de las provincias étnicas es muy preocupante. 
La realidad de la guerra y la actuación impune de los líderes militares se convierte en represión y abuso: traslado forzoso de comunidades y destrucción de pueblos, miles de personas desplazadas internamente que viven en la selva, la violación de mujeres y niñas –muchos de estos incidentes están documentados por organizaciones de derechos humanos–, trabajos forzados, la utilización de hasta 60 000 niños soldado –conocí a dos jóvenes de 16 años, desertores del ejército de Myanmar– y el uso indiscriminado de minas por parte de ambos bandos, dejando la selva plagada de su efecto letal. 
El interés principal de esta resolución es llamar a la comunidad internacional a incluir la cuestión de Myanmar en el orden del día del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo antes posible. 
El informe de Vaclav Havel y Desmond Tutu aduce razones reales, jurídicas y válidas para llevar el caso de Myanmar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y yo lo apoyo. 
El fin del sufrimiento y la represión en Myanmar no es primordialmente una cuestión de ayuda, aunque precise ayuda para aliviar el sufrimiento. 
Una solución duradera debe ser una solución política. 
Necesitamos un alto el fuego real. 
Necesitamos que se entablen conversaciones entre el Gobierno, el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo (SPDC) , la Liga Nacional para la Democracia y los grupos étnicos, asegurando la participación de todos los grupos en pie de igualdad. 
Necesitamos la liberación de todos los presos políticos y que se instaure la democracia. 
No confío en que sin una presión internacional sostenida en el más alto nivel posible en Myanmar se produzca una transición positiva a la democracia. 
Animo a los Estados miembros de la UE en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular al Reino Unido, a que tome la iniciativa y propugne la inclusión de la cuestión de Myanmar en el orden del día del Consejo de Seguridad. 
No deja de ser irónico que sean los Estados Unidos los que lleven la voz cantante en este asunto a pesar de los lazos históricos entre el Reino Unido, Myanmar y su pueblo. 
Se necesitan 9 de 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para firmar una propuesta de inclusión del tema en el orden del día. 
Actualmente tenemos ocho. 
Si existe voluntad política podremos encontrar y convencer a un noveno. 
– Señor Presidente, poco después de la segunda Guerra Mundial, Myanmar tuvo un comienzo razonable como Estado independiente. 
Sus principales problemas eran las diferencias de lengua y cultura entre la población de la zona central y de la zona costera, así como el deseo de máxima autonomía de los pueblos indígenas. 
Esa demanda no fue atendida, ni siquiera en parte, y el resultado fueron unos violentos conflictos que dieron al ejército la oportunidad de hacerse más poderoso e independiente aún, terminando por asumir todos los poderes del Estado y de una gran parte de la economía. 
Se trata de un extraño tipo de dictadura, sin ningún contenido ideológico que pueda hacerla más popular entre algunos sectores de la población. 
En el seno de ese régimen dictatorial se libra una batalla constante que lleva a deponer e incluso a encarcelar a dirigentes políticos. 
Dentro del grupo dirigente existen también intereses económicos conflictivos relacionados con la extracción de minerales, la tala de la selva tropical y la producción de opio. 
También varían las tácticas utilizadas contra a la oposición democrática. 
La única vez que se permitió la celebración de elecciones libres, la gran mayoría se pronunció a favor de la oposición y el resultado fue posteriormente anulado. 
Hasta ahora ha sido casi imposible un cambio de régimen. 
Durante años, las empresas extranjeras han tratado de obtener beneficios económicos de esta dictadura. 
Myanmar puede suministrar materias primas baratas, porque la población trabaja en unas condiciones próximas a la esclavitud y la naturaleza y el medio ambiente no reciben ningún tipo de protección. 
Bajo la presión de los distintos movimientos internacionales de protesta, las relaciones económicas con ese país han cesado ya en su mayor parte, pero no han desaparecido del todo. 
Solo un aislamiento continuo y reforzado podrá traer el cambio en el futuro. 
Acogemos con satisfacción la propuesta que se hace en la resolución de imponer a todas las empresas inscritas en la Unión Europea la prohibición de invertir en Myanmar o de conceder préstamos a este país. 
Solo de esta forma podremos ayudar a poner fin a las violaciones y pillajes cometidos por las tropas gubernamentales, los trabajos forzados, el abandono obligado de los hogares, el encarcelamiento de presos políticos y la exclusión de los ciudadanos del Gobierno de turno. 
. – Señor Presidente, como ha descrito el señor Coveney de forma tan elocuente, la situación en Myanmar no mejora. 
Esta Cámara ha aprobado suficientes resoluciones a favor de Aung San Suu Kyi como para empapelar la casa que sigue siendo su prisión. 
¿Cómo hacer que esta resolución sea tomada en serio? Ya hace mucho tiempo que esta Cámara se puso seria. 
Les remito al apartado 1 y nuestra petición de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estudie sanciones contra este régimen. 
En la UE tomamos esta decisión hace algún tiempo, pero hay empresas de la UE que siguen participando plenamente, en particular en la Compañía de Petróleo y Gas de Myanmar. 
En el sucio mundo de la se argumenta que la aplicación de nuestra propia política de sanciones dejaría un vacío que los chinos estarían encantados de ocupar. 
Puede ser. 
Por ello es conveniente y justo que las sanciones se debatan y apliquen en las Naciones Unidas. 
Sin embargo, la política mundial no debe servir de excusa para aplicar nosotros un doble rasero. 
Debemos hacer cumplir nuestra propia política no solo contra la Compañía de Petróleo y Gas de Myanmar, sino también contra la Compañía Maderera de Myanmar y Correos y Telecomunicaciones de Myanmar, y lamento que no aparezcan en esta resolución. 
Está demostrado que la presión diplomática no ha funcionado contra este régimen. 
Debemos aumentar nuestra presión económica y trabajar con las Naciones Unidas para acabar con esta vergonzosa situación. 
. – Señor Presidente, la fragrante violación de los derechos humanos en Myanmar ha sido a menudo objeto de resoluciones del Parlamento Europeo. 
Ahora se le sumará una nueva resolución cuya eficacia ignoro, porque los ciudadanos de Myanmar están sufriendo una bárbara represión de sus derechos mediante trabajos forzados, la persecución de la oposición política, el reclutamiento de niños, los reasentamientos forzosos y el exterminio de las minorías étnicas. 
Al margen de todo ello, Myanmar ocupa un lugar destacado en la producción y el tráfico de drogas, mientras el VIH se propaga cada vez más y Myanmar acumula un terrible historial en ese sector. 
Estas son cuestiones que la comunidad internacional tiene que abordar, porque no solo la situación no mejora, sino que empeora progresivamente. 
Por todo ello, es necesaria la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Creemos que Aung San Suu Kyi, que goza de un gran prestigio internacional y que ha sido honrado con distinciones internacionales, puede unir a los partidos políticos y a todos los Grupos políticos de la oposición, y garantizar la independencia de las minorías étnicas, para que en un futuro se produzca un cambio democrático, judicial y político en Myanmar. 
El informe elaborado recientemente por iniciativa del Presidente Vaclav Havel y el Arzobispo Desmong Tutu, que confirma con datos precisos la drástica situación que vive el país, demuestra la necesidad de un diálogo más amplio. 
Ese diálogo tiene que celebrarse al nivel interno que he mencionado, pero también a escala internacional. 
En consecuencia, pienso que la Comisión Europea debe adoptar una iniciativa respecto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que pueda encontrarse una solución que garantice a Myanmar un futuro democrático, aunque para ello haya que ejercer previamente una intensa presión. 
. – Señor Presidente, el considerando A de nuestra resolución dice que la población de Myanmar está siendo objeto de violaciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, la persecución de los disidentes, el servicio militar obligatorio de niños soldado, violaciones y pillajes por parte de las tropas gubernamentales y el traslado forzoso. 
¿Hemos tenido ya anteriormente ante nosotros una resolución tan clara en lo que se refiere a los abusos que queremos que afronte la Unión Europea? 
A pesar de nuestros esfuerzos diplomáticos, hasta ahora la dictadura de Myanmar no ha cumplido ninguna de las condiciones establecidas por la Sexta Reunión Ministerial de la ASEM en Irlanda el año pasado, incluida la liberación de Aung San Suu Kyi como condición mínima. 
Si bien ha liberado a algunos presos políticos, un millar de ellos siguen detenidos y se sigue condenando a los líderes políticos a brutales sentencias se prisión de hasta 106 años. 
El trabajo forzado continúa a pesar de los acuerdos con la OIT. 
Debemos reforzar nuestras acciones diplomáticas con relación a Myanmar, prohibiendo la inversión o los préstamos a todas las empresas estatales, no solo las que ya han sido vetadas. 
Debemos negarnos a aceptar como legítimo todo resultado de la convención nacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por los Ministros de la ASEM el año pasado. 
Finalmente, debemos organizar una seria campaña en las Naciones Unidas a favor de sanciones contra Myanmar. 
– Señorías, Myanmar, es decir, Birmania ¿no? 
Hace unos años, esa fue más o menos la reacción de uno de mis colegas a una nota de prensa sobre los nuevos yacimientos de gas natural descubiertos en la plataforma continental de ese país de Asia Meridional. 
Myanmar es actualmente objeto de sanciones de la UE y las Naciones Unidas. 
Lo interesante es que, en el informe que hemos recibido de Sergio Vieria de Mello, este denuncia los intentos del Gobierno militar de consagrar el papel del ejército en la nueva Constitución que se está redactando. 
Señorías, no me han escuchado mal; en 2005, uno de los aspectos más ferozmente criticados de la situación en Myanmar es el papel del ejército en la vida cotidiana y el encarcelamiento de cientos de personas por sus ideas políticas. 
Si alguno de ustedes pensara que podríamos estar hablando de Turquía o Afganistán, se equivocaría. 
Esas cosas se critican en Turquía con la misma cautela que si estuviésemos hablando de los Estados Unidos. 
En el caso de Myanmar, calificamos la violencia de intolerable y así puede calificarse también el tratamiento que reciben las minorías étnicas. 
En lo que respecta a Afganistán, nos quedamos sin palabras. 
¿Por qué no iniciar las negociaciones de adhesión con Myanmar y crear un espacio de libre comercio y demás, como estamos haciendo con Turquía? 
¿Es eso pura ilusión? 
Si lo es, no somos más que un puñado de impostores, que aplicamos un rasero diferente según el país. 
Les ruego que no se lo tomen a mal, pero no votaré a favor de una resolución de esta naturaleza. 
. – Señor Presidente, el debate de hoy sobre la violación de los derechos humanos se centra en uno de los principales regímenes de Asia. 
La Unión de Myanmar, antes conocida como Birmania, nos resulta familiar por las imágenes de sus exquisitos templos budistas y sus suntuosos palacios con incrustaciones de oro. 
Pero se está ocultando el trágico destino al que se enfrentan miles de ciudadanos en ese país. 
Los derechos humanos son violados brutalmente y miles de personas han sido encarceladas después de ser condenadas o perseguidas por sus actividades de oposición, o se ven sometidas a trabajos forzados. 
Niños de apenas 11 años se ven obligados a realizar el servicio militar y la mayoría de los ciudadanos viven con menos de un dólar estadounidense al día. 
Tampoco tienen acceso a asistencia sanitaria, lo cual agrava los problemas a los que se enfrentan las numerosas personas infectadas por el VIH. 
Birmania ocupa el penúltimo lugar en la lista de los 191 países en términos de la calidad del acceso a la asistencia sanitaria en ese país. 
En Birmania no existe nada parecido al acceso a Internet. 
Las antenas parabólicas por satélite estaban prohibidas hasta hace poco y a los ciudadanos del país no se les permite entrar en el escaso número de hoteles en donde los extranjeros tienen acceso a la prensa extranjera. 
Todas las estructuras del Estado se disolvieron después de los golpes de estado perpetrados en 1962 y en 1988, cuando el Consejo para la Restauración de la Ley y el Orden asumió el poder. 
Irónicamente, ese Consejo ha sido responsable de instituir uno de los regímenes más sangrientos del mundo. 
Aunque en 1990 se constituyó un Parlamento legalmente elegido, este todavía no ha asumido sus funciones. 
La junta de generales ignora las intervenciones de las organizaciones internacionales, ya sean de las Naciones Unidas o de las organizaciones en defensa de los derechos humanos y laborales. 
Siguen existiendo numerosas preguntas sin respuesta en torno a la existencia de este tipo de regímenes y de totalitarismo. 
El problema está no solo en la forma en que algunos psicópatas ejercen el poder explotando a los más débiles que ellos, sino también en las dificultades que plantea la prestación de cualquier tipo de ayuda. 
Esto último es un problema, porque la población del país, que en cualquier caso sufre persecución y una pobreza extrema, es la más afectada por cualquier tipo de embargo. 
La mayor parte de la ayuda económica proporcionada termina en los bolsillos del régimen. 
La junta militar de Birmania/Myanmar utiliza el 40 % de sus ingresos para financiar e incluso ampliar su ejército, que tiene ya un tamaño considerable a pesar de que el país no está en guerra con nadie. 
A la vista de todo lo anterior, las empresas extranjeras no deberían invertir en Birmania/Myanmar, puesto que esas inversiones constituyen en realidad una ayuda tácita y material para el ejército. 
Allí donde existen dictaduras, deben buscarse formas de proporcionar ayuda, entablar negociaciones y cooperar con la oposición. 
Esa cooperación debe tener lugar tanto con los miembros de la oposición que residen en el país como con los que residen en el extranjero, puesto que ellos serán los que mejor conozcan la magnitud del problema y las formas de intervención más adecuadas. 
Por eso pedimos que se libere a Aung San Suu Kyi y a los dirigentes de la oposición, que se permita a la Liga Nacional por la Democracia reanudar su trabajo y que se proporcione ayuda humanitaria, evitando con ello la persecución religiosa y la destrucción de la nación birmana y las minorías nacionales. 
. Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que la Comisión comparte plenamente la preocupación por la situación en Birmania/Myanmar, tal como ha sido expresada hoy aquí por sus Señorías. 
No hay duda de que hay varios asuntos muy preocupantes, particularmente la tramitación de la llamada hoja de ruta nacional, la situación de los derechos humanos y el trabajo forzado y muchos otros asuntos que se han mencionado hoy. 
En este contexto, permítanme destacar que la Comisión sigue reclamando la liberación incondicional de Aung San Suu Kyi y otros líderes políticos que continúan detenidos. 
En el pasado, la Comisión ha mantenido contactos con la mayoría de los líderes shan que han sido sentenciados ahora y huelga decir que la celebración de estos juicios políticos es inaceptable conforme a criterios democráticos y jurídicos. 
La Comisión sigue urgiendo al régimen a entablar un diálogo real con todos los Grupos políticos, incluida la Liga Nacional para la Democracia y los grupos étnicos. 
Estamos convencidos de que solo un diálogo transparente y constructivo entre interlocutores legítimos puede conducir a la reconciliación nacional y al retorno a la democracia. 
Probablemente el régimen cumplirá su plan de trabajo. 
Es probable que culmine formalmente la Convención Nacional este mismo año y organice un referendo sobre el proyecto de Constitución en 2006. 
El resultado quedará sin duda muy lejos de nuestras expectativas en lo relativo a la democracia real. 
Sin embargo, debería considerarse un pequeño paso en la buena dirección. 
Birmania/Myanmar está en parte aislada del mundo occidental y en parte se aísla a sí misma. 
Sin embargo, debemos entender que el país sigue disfrutando de un entorno cómodo en la región, especialmente con respecto a sus vecinos. 
Existe cierto grado de solidaridad en el seno de la ASEAN a pesar de la posición de determinados líderes políticos de esta organización. 
Menciono estos asuntos porque ilustran la dificultad del contexto en que trabajamos. 
Sin ninguna duda, debemos expresar nuestra preocupación por la población del país. 
La UE tiene que ayudar al pueblo de Birmania/Myanmar. 
Por ello, la Comisión apoya firmemente un aumento significativo de la ayuda y asistencia humanitarias. 
La Comisión mantiene que nuestra posición común refleja en general lo que habría que hacer. 
Debemos seguir manifestando la crítica de la Unión con respecto a los miembros de la junta y las políticas desarrolladas por el régimen. 
Esto solamente es posible si continuamos con la política acordada de la UE de mantener abiertos los canales de comunicación y aprovechar las reuniones de alto nivel de la ASEM y las reuniones UE-ASEAN o los márgenes de estas reuniones. 
Todos los Estados miembros de la UE deben debatir y acordar una revisión de la posición común teniendo en cuenta los posibles cambios positivos o negativos en el país y reflejando nuestros valores e intereses políticos. 
Esto también se aplicaría si la UE nombrase un enviado especial. 
Hace un año, en octubre de 2004, reforzamos la posición común de la UE. 
Ampliamos los casos de denegación de visado y prohibimos el apoyo de financiación internacional. 
Cualquier otro cambio de la posición común –aparte del hecho de que necesitaríamos el acuerdo de todos los socios– debería asegurar la legalidad de esta medida al amparo del Derecho internacional y garantizar que sus efectos no recaigan en el pueblo de Birmania/Myanmar. 
El pueblo de Birmania/Myanmar no debería pagar dos veces: una por vivir bajo un régimen represivo y otra debido a las sanciones económicas impuestas por Occidente. 
Por otro lado está la cuestión de si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe debatir sobre Myanmar. 
La mayoría de nosotros hemos visto el reciente informe presentado por Vaclav Havel y el arzobispo Desmond Tutu. 
El informe concluye que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería deliberar sobre la cuestión de Birmania/Myanmar. 
Sin embargo, todos somos conscientes de que será muy difícil aprobar cualquier resolución sobre este tema dada la renuencia de varios miembros permanentes, especialmente China. 
Aseguro a sus Señorías que la Comisión continuará su trabajo sobre Birmania/Myanmar aumentando su ayuda a las personas necesitadas y, al mismo tiempo, presionando a favor de la democracia, los derechos humanos, la liberación de los presos políticos, la reforma democrática y la transición política. 
Sin duda, el objetivo general de nuestras relaciones con Myanmar es la transición hacia la democracia. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates, es decir, ahora mismo. 
– Señor Presidente, propongo que el final del considerando A rece así: «en la región de Cachemira, la frontera noroccidental de Pakistán, Afganistán, la India». 
Creo que esto sería más acorde con la terminología que se espera normalmente de esta Cámara en este asunto. 
– Señor Elles, no era la enmienda oral que me habían transmitido los servicios competentes. 
Me había parecido que tenía primero una enmienda sobre el apartado 11 y una serie de enmiendas orales que venían después. 
– Señor Presidente, sí, eso se refería a los considerandos. 
El apartado 11 debería decir «cinco» puntos fronterizos en lugar de «cuatro» , porque ello concuerda con la situación de hecho actual. 
– Señor Presidente, estamos votando sobre un asunto particularmente sensible. 
Proponemos que donde el considerando dice «la frontera noroccidental de Pakistán, Afganistán, la India y Cachemira» , debería decir: «en la región de Cachemira, la frontera noroccidental de Pakistán, Afganistán, la India». 
Este es el texto que proponemos y de hecho es muy parecido al texto del Grupo del PSE que viene a continuación. 
– Señor Presidente, la señora Gill ha dicho antes de irse que el Grupo del PSE apoyaría la enmienda oral del señor Elles porque es muy parecida a la de ella misma. 
– Señor Presidente, todos estamos tratando el mismo tema sobre la mención de Cachemira. 
Estamos intentando encontrar una formulación que aborde la cuestión de si hablar de Cachemira administrada por Pakistán y Cachemira administrada por la India, como he propuesto yo. 
Pero estoy de acuerdo en aceptar la enmienda oral del Grupo del PPE-DE. 
– Me parece perfecto, ya que usted facilita el trabajo de la Presidencia evitándole arbitrajes políticos. 
– Señor Presidente, disculpen pero el territorio de Afganistán nunca ha formado parte de Cachemira. 
Por tanto, es un disparate. 
– De hecho, pienso que la redacción propuesta conjuntamente por el señor Elles, la señora Stihler y la señora Lynne es bastante clara: se habla de la provincia fronteriza del noroeste de Pakistán, de Afganistán, de la India y, en particular, de la región de Cachemira. 
No dice que Cachemira esté en el país que usted ha citado. 
– Señor Presidente, con arreglo a la interpretación que nos ha llegado usted estaba leyendo la enmienda socialista en lugar de la del PPE-DE. 
Quisiera que quede claro que estamos votando la enmienda del PPE-DE, y entonces quedaremos satisfechos en este lado de la Cámara y pienso que en el otro lado también. 
– He leído su enmienda en francés. 
Quizás los intérpretes, que tienen a la vista todos los textos, hayan creado una pequeña confusión, pero el texto en su lengua es el que se recogerá en el Acta. 
Señor Presidente, respecto al siguiente caso, en realidad lo que estamos haciendo es apoyar la propuesta realizada por el propio ponente, señor Wijkman, en nombre del Grupo del PPE-DE, de que la votación sea pospuesta. 
Nosotros nos sumamos, como Grupo Socialista, a esa propuesta. 
En lo que respecta al informe de la señora Martens, yo insisto en que se posponga la votación hasta la próxima minisesión en Bruselas. 
Lo hago por respeto a la propia señora Martens como ponente y, desde luego, por respeto a la importancia del tema. 
Yo creo que es un escándalo que se apruebe solamente con 79 votos, con 79 participantes. 
No comprendo cómo la señora Martens cree que eso refuerza su posición, o la posición del Parlamento. 
Si yo fuera ponente, no lo pensaría en absoluto. 
Por lo tanto, pido, en nombre de mi Grupo, que este tema se someta a votación en la próxima minisesión en Bruselas. 
– Señor Presidente, me opongo rotundamente a que se aplace la votación. 
Quiero dejar también claro que el señor Wijkman no estaba hablando en nombre de este Grupo, y que ahora sí lo ha hecho. 
La propia señora Martens está a favor de que se vote su informe. 
Lo escandaloso, pues, no es que 79 votos sean suficientes para aprobarlo, sino la ausencia del resto. 
Los presentes son los que votarán, como se hace siempre. 
– Señor Presidente, estoy a favor de poner en marcha el proceso de la votación, puesto que sabíamos que nos veríamos justos de tiempo. 
Todos los Grupos en la Comisión de Desarrollo han solicitado expresamente que se celebre la votación, de manera que el Consejo pueda considerar nuestra posición en la reunión de la semana que viene. 
Si no votamos ahora, todo habrá terminado para África. 
Seguirá hablándose de ella, por supuesto, pero este punto no volverá a figurar en el orden del día. 
Celebrar la votación ahora en lugar de por la tarde, por ejemplo, no es la solución ideal, porque habrá que cambiar el horario de la tarde, pero tal como están las cosas, soy partidaria de proceder con la votación, para que podamos tomarnos a nosotros mismos como Parlamento en serio. 
Bien, considero que la Cámara está informada, se han expuesto los argumentos. 
Por tanto, voy a someter al Pleno la solicitud de aplazamiento de la votación del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
– Señor Presidente, me dirijo a la Asamblea y me dirijo al señor Posselt: en el Acta de la jornada verán que, en dos ocasiones, el señor Wijkman ha declarado que hablaba en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Quizás el señor Posselt no estuviera aquí. 
Nosotros estábamos aquí y lo oímos. 
Por tanto, dado que aparentemente hay un problema, sigo sosteniendo la misma posición que sosteníamos anteriormente: en este momento no se trata ya de 79 votos, sino de 72. 
– Me parece que el señor Posselt se encontraba en la sala cuando ha intervenido el ponente. 
Enseguida le concedo la palabra. 
Señor Posselt, supongo que habla usted en contra del aplazamiento de la votación. 
– Señor Presidente, solo quiero decir que he estado aquí toda la tarde sin interrupción. 
Acabo de escuchar eso y quería aclararlo. 
Por el momento, tengo una solicitud de aplazamiento de un solo Grupo, el Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo. 
Creo que el ponente ya no está aquí, lo que simplifica el procedimiento. 
¿Hay algún orador más a favor y en contra? 
– Señor Presidente, simplemente deseaba confirmar lo que ha dicho mi colega, el señor Posselt. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos quiere que haya votación. 
– Señor Presidente, no quiero hablar a favor de que se vote hoy. 
Simplemente quería llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que no queremos crear un período parlamentario que sirva de cajón de sastre los jueves por la tarde por el hecho de decir que todo lo que parece más importante que otras cosas puede ser pospuesto a una fecha ulterior. 
No me opongo, no tengo una opinión inflexible sobre el tema y sin duda no quiero disgustar a mi buen amigo el señor Martínez, pero corremos el peligro de crear temas de categoría inferior y otros de categoría superior. 
– Sencillamente, ¿por qué celebramos estos debates esta tarde? 
En un principio estaban previstos para antes, pero debido a la duración de los turnos de votaciones, no pudimos concluir a su debido tiempo. 
En cuanto a la jerarquía de los informes, que la juzgue cada cual. 
Pienso que los debates del jueves por la tarde, en particular sobre asuntos puntuales y urgentes, también tienen cierto valor político. 
De todos modos, el Reglamento es así, los diputados ausentes no pueden coartar a los diputados presentes. 
Vamos a proceder a la votación sobre la solicitud de aplazamiento que ha presentado nuestro colega. 
– Con esto concluye la votación. 
. La estrategia de desarrollo para África se basa en la iniciativa del Reino Unido «Comisión para África» y está destinada a introducir un marco único de gestión de las relaciones entre la UE y África. 
Esta estrategia es particularmente importante a la luz del compromiso de la UE de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En este sentido, creo que la Comunicación podía haber sido más dinámica y enérgica. 
La Comisión no me ha convencido con este informe de que todavía estén en condiciones de movilizar fondos y concitar apoyos políticos a una escala suficiente para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
. He votado a favor de este informe en apoyo a la Declaración de la Comisión sobre política de desarrollo que pretende crear un marco para todas las acciones exteriores en el campo del desarrollo. 
Aunque esperanzador, creo que el efecto de la declaración final es dudoso. 
– Deseo a todos los animosos diputados que se han quedado hasta el final un excelente viaje de regreso a sus hogares y declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 17 de noviembre de 2005. 
Antes de continuar con los puntos del orden del día, creo que debo hacer dos declaraciones sobre asuntos de actualidad que reclaman la atención del Parlamento. 
El primero es sobre los secuestros en Iraq, que siguen produciéndose de forma continuada y que en los últimos días han afectado a cinco ciudadanos occidentales, lo cual eleva ya a cuarenta el número de extranjeros actualmente detenidos o considerados como desaparecidos. 
Por supuesto, la cifra de iraquíes es mucho mayor: se cuentan ya cien secuestrados entre la población de ese país. 
Entre los últimos secuestrados figuran dos conciudadanos nuestros: la alemana Susanne Osthoff, una prestigiosa arqueóloga, integrada desde hace diez años en la sociedad iraquí —por lo tanto, nadie cuya presencia se pueda atribuir a las operaciones militares— y que desde el inicio de la guerra ha dedicado todo su compromiso a ayudar al pueblo iraquí. 
A pesar de ello ha sido secuestrada. 
Y, por otra parte, el británico Norman Kember, miembro de una ONG canadiense, que ha sido secuestrado junto con otros tres trabajadores humanitarios —dos canadienses y un americano—. 
La movilización para conseguir su liberación está siendo muy intensa en sus respectivos países, Alemania y el Reino Unido, y creo que desde el Parlamento Europeo debemos apoyarla con todas nuestras fuerzas y participar activamente en esta campaña, reiterando, antes que nada, que nunca nada podrá justificar tales actos de barbarie. 
La otra declaración hace referencia a un problema mucho más global, porque afecta no a dos o a cuarenta personas, sino a millones de seres humanos: mañana, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. 
Creo que el Parlamento Europeo debe también movilizarse con toda su energía y su influencia política en torno a este problema. 
Porque la movilización es fuerte, pero insuficiente. 
Y debemos ser conscientes y hacer conscientes a los ciudadanos europeos de que la pandemia sigue progresando fatídicamente, a pesar de los esfuerzos que hace el mundo entero. 
En el año 2001 se calculaba que 35 millones de personas estaban infectadas por el sida. 
Cuatro años después, ahora, la cifra alcanza ya los 41 millones de personas. 
La mitad de ellas son mujeres y dos millones y medio son niños menores de 15 años. 
A lo largo de este año se calcula que cinco millones de personas más han sido infectadas. 
Por lo tanto, la extensión de la pandemia avanza a un ritmo equivalente al 10 % del stock acumulado. 
Esto es un crecimiento simplemente exponencial. 
Durante este año habrán muerto a causa del sida tres millones de personas, 500 000 de las cuales son niños. 
Además de su magnitud global, el problema del sida es la desigualdad que refleja. 
Nosotros, países industrializados, poseemos medios para prestar asistencia, para prevenir y para desarrollar la investigación sobre más y mejores vacunas, pero la mayor parte del mundo no tiene esta posibilidad ni ningún medio de defensa, especialmente en África, para hacer frente a la extensión de la epidemia. 
El África subsahariana está pagando un precio muy alto. 
En ella, en el África subsahariana, 26 millones de personas están infectadas. 
El 10 % de la población mundial alberga al 60 % de los portadores del virus, y de ellos solo el 7 % tiene acceso a asistencia sanitaria. 
Son cifras tremendas, dramáticas, crueles, que reflejan hasta qué punto esta enfermedad es la consecuencia de la desigualdad mundial. 
La epidemia se extiende de forma pareja con la malnutrición y la crisis alimentaria. 
Y sin una nutrición correcta nada puede impedir la extensión del sida ni curar a los enfermos que son portadores de la enfermedad. 
Por lo tanto, debemos ayudar más a prevenir, a informar, a comprender y a curar. 
Porque hoy el sida es simplemente expresión de exclusión: exclusión por el temor irracional a contraer la enfermedad; exclusión por la condena de comportamientos en nombre de principios religiosos; exclusión por el rechazo y el aislamiento en la familia y en los lugares de trabajo. 
Y también contra todo eso hay que luchar en lo cotidiano. 
Por eso, quiero expresar en nombre del Parlamento Europeo todo nuestro agradecimiento a los millones de voluntarios que en todo el mundo trabajan para erradicar esta plaga. 
Mañana, este Parlamento se va a movilizar mediante una campaña de información y una reunión de su Comisión de Desarrollo, que celebrará un debate con portadores del virus y agentes que trabajan sobre el terreno. 
Creo que todos debemos ser conscientes de la magnitud del drama y del esfuerzo político necesario para hacerle frente. 
Les recuerdo que el Parlamento aprobó, el pasado lunes 14 de noviembre, en Estrasburgo, el orden del día para este período parcial de sesiones en Bruselas. 
De conformidad con nuestro Reglamento, quedaría, pues, aprobado el orden del día y éste no podría modificarse, salvo aplicación de una serie de artículos —134 y 167 a 171— o a propuesta del Presidente. 
La práctica que hemos seguido hasta ahora es que el Presidente haga suyas únicamente las propuestas de modificación que obtengan el respaldo de una amplia mayoría de Grupos políticos. 
El Presidente no quiere que a su iniciativa se puedan tomar decisiones que no correspondan al sentir mayoritario de la Cámara. 
Sobre esta base, les propongo una serie de modificaciones del orden del día de hoy y de mañana que figuran en un corrigendum que les ha sido distribuido; eso me ahorra leer una larga lista de modificaciones. 
Debo, simplemente, añadir alguna más que no figura en ese corrigendum. 
Me refiero a una solicitud de 37 diputados, dirigida a devolver a comisión, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento, el informe del Sr. Mitchell sobre el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y de la Cooperación Económica. 
Esta solicitud será expresamente sometida a votación mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, intervengo en aplicación del artículo 134 del Reglamento o, de no proceder ese artículo, el artículo 167, siendo también de aplicación el artículo 171. 
Pido que se incluya en el orden del día una declaración de la Comisión relativa a la decisión del Gobierno eslovaco de volver a poner a la policía, en algunos aspectos de sus obligaciones, bajo jurisdicción militar, o una declaración después de investigar si esa decisión del Gobierno eslovaco es compatible con el Título VI del Tratado de la Unión Europea, que hace explícito el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a disfrutar de la libertad para organizarse en sindicatos y les garantiza el pleno ejercicio de sus derechos como miembros de un sindicato. 
La consecuencia de esta decisión del Gobierno eslovaco es que la policía eslovaca es en gran medida incapaz de ejercer esos derechos. 
Por ejemplo, un funcionario de policía eslovaco que participe en una manifestación para exigir, en virtud de su derechos sindicales, mejoras en su horario de trabajo o en sus ingresos, puede verse sometido a la ley marcial, y eso a nosotros nos parece una violación de sus derechos esenciales y fundamentales como ciudadano de la UE por parte del Gobierno de un Estado miembro. 
Eso es intolerable. 
Pedimos que la Comisión presente ante la Cámara una declaración sobre esa situación. 
Señor Presidente, la Comisión ha tomado nota de la petición formulada. 
Sin embargo, el Vicepresidente Frattini no podrá abordar este asunto mañana, ya que ha de asistir a una reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
No obstante, la Comisión estaría dispuesta a responder a la pregunta oral durante un período parcial de sesiones posterior si el Parlamento decide incluirla en el orden del día. 
Señor Presidente, le agradezco mucho que me haya permitido hacer de nuevo uso de la palabra, puesto que esta Cámara no existe para escuchar lo que la Comisión cree que nosotros pensamos. 
Lo que hemos querido hacer ante todo es resolver una cuestión relacionada con el Reglamento. 
Me refiero al artículo 134 del Reglamento, que trata sobre las inclusiones en el orden del día, y pido que se incluya una declaración de la Comisión sobre el asunto antes mencionado. 
Quiero pedir a mis colegas diputados que apoyen esta propuesta, que esperamos lleve al Gobierno eslovaco y al Ministerio del Interior eslovaco a reconsiderar la posición adoptada por el Ministro con respecto a los valores y los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
El Gobierno eslovaco ha degradado al Presidente de la Federación de la Policía y ha declarado unilateralmente que ya no reconoce a esa entidad como parte en la negociación. 
Asimismo, ha amenazado con adoptar medidas disciplinarias contra los funcionarios de la policía que participen en cualquier tipo de protesta para exigir mejores condiciones de vida y de trabajo. 
Señorías, señor Presidente Borrell, la República Eslovaca entró a formar parte de la Unión Europea en 2004 también porque percibe a la Unión Europea como garante de los derechos y los valores fundamentales. 
Por tanto, le insto a que, como diputados al Parlamento Europeo, demostremos nuestro respeto por la naturaleza vinculante de esos derechos y obligaciones. 
– Señor Presidente, me opongo rotundamente a incluir el asunto de la policía eslovaca en el orden del día de esta Cámara, ya que es a todas luces una cuestión de Estado de Derecho y democracia. 
En este caso, un empleado –que resulta ser el dirigente sindical de la fuerzas del orden– ha infringido las normas. 
Su superior –que resulta ser el Ministro del Interior– ha aplicado la sanción de acuerdo con la ley eslovaca y con los derechos y deberes de los Ministros para actuar con el fin de evitar la desestabilización del país. 
Estoy muy orgulloso de los logros de Eslovaquia en los últimos siete años bajo el mandato del Primer Ministro Mikuláš Dzurinda, entre ellos una democracia fuerte, mayor transparencia y la aprobación de reformas que nos convierten en estos momentos en un tigre económico europeo. 
Desde luego, todo es mejorable, pero el problema en el ámbito en cuestión aquí sencillamente no existe. 
Por tanto, quiero pedir a todas sus Señorías que voten en contra de esta modificación del orden del día de esta Cámara. 
Centremos nuestra atención y nuestras energías en temas mucho más candentes, en los que todos podemos resultar mucho más útiles. 
Señor Presidente, quizás –y estoy seguro de que eso es lo que el señor Watson habría dicho– podamos volver a tratar la sugerencia del Comisario en el siguiente período parcial de sesiones que se celebrará en diciembre. 
Hay una propuesta concreta. 
Ha habido un turno a favor y otro en contra. 
Tengo que someter a votación la propuesta que se ha hecho. 
No puedo entrar ahora en un proceso de conciliación. 
Señor Presidente, intervengo de conformidad con el artículo 134 del Reglamento. 
El orden del día no incluye una resolución que ponga fin al debate sobre la pregunta oral relativa a las sanciones penales en el ámbito del medio ambiente. 
Cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoce a los legisladores comunitarios nuevas responsabilidades que la Comisión y el Consejo empiezan a tomarse muy en serio, sorprende descubrir que el Parlamento no tenga nada que decir o se reserve su posición. 
En vista de ello –y estamos recibiendo mensajes claros al respecto de los Grupos políticos–, sería muy oportuno y muy urgente, señor Presidente, para orientar el trabajo de las comisiones parlamentarias sobre los informes que nos ocupan y también para iniciar un diálogo con el Consejo a partir de enero, que se modificara el orden del día para que pudiera presentarse dicha resolución. 
Me permito sugerir a los Grupos políticos, si les parece bien, que la votación se prevea para el período de sesiones de enero. 
Eso nos permitiría tener en cuenta la posición de la Comisión y el Consejo, que van a tratar la cuestión el 14 de enero. 
Señor Cavada, usted pide una modificación del orden del día de enero y ahora estamos estableciendo el de la próxima sesión de diciembre. 
Tomamos en consideración su planteamiento y los Grupos políticos ya lo tendrán en cuenta cuando elaboren el orden del día de enero. 
Antes de empezar con el orden del día debo informarles de que las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política tendrán lugar después del debate conjunto sobre el deporte. 
El siguiente punto del orden del día corresponde a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Hong Kong del 13 al 18 de diciembre de este año. 
. – Señor Presidente, estoy encantado de estar hoy aquí con el Comisario Mandelson. 
Quisiera formular algunas observaciones preliminares acerca de los preparativos de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio del mes que viene en Hong Kong, antes de ceder la palabra al Comisario Mandelson, que está al frente de las negociaciones en nombre de la Unión Europea. 
Los diputados al Parlamento Europeo saben que estamos en un momento crucial para el sistema comercial mundial. 
El Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) , lanzado en Qatar en 2001, es un plan ambicioso. 
El sistema de comercio mundial se ha marcado, con razón, objetivos elevados. 
Existen pocos asuntos más importantes que la necesidad de alcanzar un consenso acerca de la liberalización del comercio, que no solo sea positivo para el desarrollo en los países más pobres y vulnerables del mundo, sino también para nuestras empresas aquí en la Unión Europea. 
Desearía recordar a los diputados a este Parlamento algunos de los asuntos importantes que están en juego. 
La última ronda comercial añadió más de 400 000 millones de euros al PIB mundial, y algunos cálculos indican que una reducción efectiva de las barreras comerciales de un tercio en el PDD se traduciría en un incremento de los ingresos en todo el mundo de más de 500 000 millones de euros. 
La economía mundial creció notablemente el año pasado. 
El crecimiento real de las exportaciones del 9 % contribuyó a que creciera un 4 %, pero un PDD que logre eliminar las barreras comerciales seguirá impulsando el crecimiento mundial durante los próximos años. 
Estas negociaciones comerciales no solo pretenden modificar el tamaño relativo de la participación de los diferentes países en la tarta del comercio mundial; tratan de hacer una tarta más grande para todos los miembros del sistema de comercio mundial. 
El PDD ofrece una auténtica oportunidad para mejorar las condiciones comerciales en todo el mundo y demostrar de manera práctica que 149 países son capaces de trabajar juntos en favor del bien común. 
Un PDD satisfactorio contribuirá a apuntalar la situación de la OMC como institución multilateral y a reforzar el sistema de comercio multilateral. 
Eso tiene que ser beneficioso para todos los países miembros. 
Una conclusión satisfactoria del PDD es absolutamente crucial para demostrar que el mundo tiene la capacidad de hacer frente a sus desafíos multilaterales con el afán necesario de superarlos. 
Sin embargo, no olvidemos que Doha es una ronda sobre el desarrollo. 
Representa una oportunidad para resolver algunas de las injusticias más flagrantes en el corazón del comercio mundial. 
Se trata de un asunto importante, y en Hong Kong será crucial que alcancemos un acuerdo acerca de un paquete provisional de medidas para los países en desarrollo, tal como ha propuesto el Comisario Mandelson. 
Concretamente, a la UE le gustaría ver a los miembros de la OMC aprobar un trato especial y diferenciado para proporcionar a los países en desarrollo la flexibilidad necesaria para adoptar sus propias decisiones en materia de desarrollo; acordar un paquete de medidas para los países en desarrollo en relación con la puesta en práctica de la Ronda de Uruguay; facilitar el pleno acceso de todos los países menos desarrollados a los mercados de todos los países desarrollados, como ya ha ofrecido la UE; eliminar todas las modalidades de subvenciones a la exportación; acordar que los países menos desarrollados no se vean obligados a abrir sus mercados en estas negociaciones; y emprender acciones firmes en relación con las mercancías especialmente importantes para los países pobres; abordar el tema de la erosión de las preferencias y simplificar las reglas aplicadas a las exportaciones procedentes de los países menos desarrollados. 
Voy a centrar mi atención brevemente en algunos de los asuntos concretos que están sobre el tapete. 
Evidentemente, el Comisario Mandelson se referirá a ellos con mucho más detalle, por lo que me limitaré a decir que, en cuanto a la agricultura, tenemos en Hong Kong la oportunidad de subsanar las distorsiones del mercado que actúan en contra de los países más pobres. 
Los países en desarrollo se beneficiarían de la supresión de prácticas de exportación que distorsionan el comercio y de la reducción de las subvenciones nacionales que, de lo contrario, pueden socavar la producción competitiva en estos países pobres. 
Junto con unos aranceles más bajos, ha de proporcionar a todos los países en desarrollo un mayor acceso al mercado para vender productos agrícolas a la UE, a los Estados Unidos y entre sí. 
Ello a su vez ayudaría a esos países a reducir los niveles de pobreza todavía elevados, sobre todo en las zonas rurales. 
Todos somos conscientes de que la idea del aumento de las importaciones agrícolas a la UE, en concreto para las economías emergentes mayores, puede suscitar preocupación en algunos Estados miembros, y yo desde luego no subestimo tal preocupación. 
En Europa invertimos más del 40 % de nuestro presupuesto en agricultura para apoyar a cerca del 5 % de nuestra mano de obra y solo el 2 % del PIB de la UE. 
Japón subvenciona el arroz con cantidades unas cinco veces superiores a su valor de mercado. 
El sector algodonero estadounidense recibe 4 000 millones de dólares al año en subvenciones: más que la renta total de las cuatro naciones de África Occidental que más dependen del algodón. 
Al mismo tiempo, en muchas economías subsaharianas la agricultura representa más de la mitad de la mano de obra y más de la mitad del PIB. 
Tenemos que tratar de suprimir todas las subvenciones en los países desarrollados que distorsionan el comercio. 
Los efectos de las políticas agrícolas del mundo desarrollado sobre los países más pobres son insostenibles y deben cambiar. 
Nosotros en la UE hemos sido pioneros en la introducción de tales cambios. 
Las reformas de la Política Agrícola Común que ya hemos acordado son notables y no siempre gozan del reconocimiento pleno por parte de nuestros socios en la OMC. 
Asimismo hemos respondido de forma rápida y positiva, con ofertas de la Comisión en las negociaciones. 
Ahora tenemos que ver una respuesta por parte de los demás a lo que hemos puesto sobre la mesa. 
Una conclusión satisfactoria de las negociaciones sobre el acceso al mercado de productos no agrícolas podría incrementar las rentas mundiales en más de 40 000 millones de euros al año en el plazo de una década. 
Se trata de un enorme premio potencial. 
Si reducimos a la mitad todas las barreras comerciales, podríamos aumentar la renta anual de los países en desarrollo en más de 110 000 millones de euros, tres veces el valor conjunto de todos los presupuestos de ayuda. 
Por supuesto, aunque el comercio Sur-Sur tiene la posibilidad de crecer a través de las negociaciones de acceso al mercado de productos no agrícolas, también lo pueden hacer nuestras economías en términos de un mayor comercio con asociados de todo el mundo. 
Los exportadores europeos siguen chocando con barreras arancelarias notables en otros mercados. 
La UE podría ganar 20 000 millones de euros al año solamente con el acceso al mercado de productos no agrícolas. 
Así pues, los beneficios derivados de la agricultura y el acceso al mercado de productos no agrícolas están claros, pero es importante conceder el mismo peso en las negociaciones a los posibles beneficios a largo plazo de la liberalización de los servicios y la facilitación del comercio, conducentes a un mayor acceso real al mercado. 
La Comisión y el Comisario Mandelson han presionando muy insistentemente, en nuestro nombre, a favor de esto, ya que los servicios representan el 70 % de la producción mundial, pero solo el 20 % del comercio mundial. 
Actualmente, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo imponen restricciones a los servicios, y los beneficios de la liberalización de los servicios pueden ser el doble de los derivados de la liberalización del comercio de productos. 
Todos estamos de acuerdo en que necesitamos encontrar una forma eficaz de avanzar en el tema de los servicios. 
Sin embargo, personalmente creo que tenemos que evitar imponer exigencias preceptivas a los países en desarrollo para que liberalicen los servicios. 
Quiero referirme brevemente a los peligros de la inacción. 
Estoy seguro de que la UE es consciente de que existen personas que consideran que el planteamiento que estamos adoptando no es el adecuado. 
Sin embargo, en un paisaje económico variable de este mundo tal vez resulte inevitable que escuchemos voces favorables a la adopción de un enfoque más proteccionista, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo. 
Es evidente que hemos de oponernos a esta tendencia. 
El proteccionismo solo beneficia a pequeños grupos aislados dentro de la sociedad, a menudo los que más levantan la voz. 
Impide el crecimiento, paraliza la competencia y la innovación y, en muchos casos, simplemente es injusto. 
No obstante, sería igualmente erróneo que ignoráramos las inquietudes genuinas que suscitan tales respuestas en primer lugar. 
Tales preocupaciones se refieren a menudo al impacto de la liberalización sobre comunidades específicas que dependen ampliamente de sectores concretos. 
Surgen cuando la gente piensa que el sistema de comercio mundial ha olvidado el elemento humano en sus negociaciones. 
Aunque los beneficios de la liberalización del comercio son mundiales, hemos de reconocer que el cambio puede ser tanto de carácter local como profundo. 
Eso es lo que estamos haciendo con las ofertas que está planteando la Comisión. 
Sin embargo, esa es la razón por la que hemos de trabajar a conciencia para garantizar que los países pobres obtengan el apoyo que necesitan para adaptarse y sacar provecho de las nuevas oportunidades comerciales. 
Con los demás países desarrollados, tenemos que poner en práctica la promesa del Presidente de la Comisión Barroso a principios de este año en el sentido de aumentar la ayuda al comercio hasta 1 000 millones de euros al año y mejorar aún más la ayuda relacionada con el comercio, incluida la inversión en infraestructura al amparo de unos presupuestos de ayuda crecientes. 
La UE es de lejos el principal proveedor de ayuda relacionada con el comercio a escala mundial. 
Por tanto, nos encontramos en una situación excelente para alentar a otros a que se unan a nosotros en una iniciativa significativa y efectiva. 
En conclusión, Hong Kong nos ofrece la oportunidad de realizar avanzar notablemente en el aumento de los flujos comerciales mundiales, pero también tenemos la oportunidad de garantizar que el sistema comercial mundial sea más justo y reparta más ampliamente los beneficios del comercio. 
No debemos perder de vista el equilibrio necesario entra ambos aspectos. 
Eso es lo que se propone lograr el Consejo, trabajando conjuntamente con la Comisión y el señor Mandelson, quien dirige las negociaciones en nombre de la UE en consulta con el Parlamento Europeo. 
Son muchas cosas las que dependen de la Ronda de Doha: para nosotros en Europa, para los países en desarrollo y, de hecho, para la totalidad de la economía mundial. 
Dentro de poco más de una semana va a comenzar la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong. 
Sé que algunos de ustedes estarán allí, así que es fundamental que les informe formalmente de la situación actual y que analicemos las circunstancias a que se enfrenta esta ronda. 
Lo mismo que Pascal Lamy, yo albergaba la esperanza de que en Hong Kong pudiéramos completar dos tercios de la labor de la ronda, sobre todo acordando modalidades completas en los principales ámbitos de negociación. 
La razón por la que no lo hemos conseguido es sencillamente que después de haber convenido el acuerdo marco en julio de 2004, las conversaciones encallaron. 
Algunos negociadores hacían ver que negociaban durante un tiempo, y esto solo logramos superarlo en julio de este año. 
Aunque los Estados Unidos presentaron finalmente una oferta agrícola en octubre, llegó muchos meses más tarde de lo que esperábamos. 
La UE respondió ese mismo mes con nuestra propia oferta de acceso al mercado agrícola. 
Otros continuaron bombardeando la negociación. 
Hemos estado demasiado tiempo atascados en un tema y en un conjunto de intereses –los de los grandes exportadores agrícolas–, en lugar de avanzar en el conjunto del programa de Doha. 
Así pues, aunque esté de moda culpar a la Unión Europea de frenar esta ronda por el hecho de mostrarse reticente en materia agrícola, lo cierto es justo lo contrario. 
Hemos hecho avanzar la ronda en el tema agrícola no una sola vez, sino tres veces en los últimos dieciocho meses. 
La verdad es que son otros los que se han mostrado reticentes, no porque hayamos hecho u ofrecido demasiado poco, sino porque ellos han estando exigiendo demasiadas cosas. 
Se trata de una ronda sobre el desarrollo, no de una ronda de exportadores agrícolas, y no conviene confundir las dos cosas. 
A la vista de este retraso, en lugar de acudir a Hong Kong con grandes expectativas y un riesgo igualmente elevado de fracaso, los miembros de la OMC, por consejo de Pascal Lamy, han decidido rebajar el nivel de aspiraciones para esta reunión. 
He sido el último en aceptar esto a regañadientes, pero al hacerlo he dejado claro que no puede significar que se rebajen las aspiraciones de la ronda en su conjunto. 
Tenemos que seguir aspirando a un buen resultado de todo el programa de negociaciones, que comporte unos beneficios notables para el desarrollo a finales del año que viene. 
Que quede claro: la Ronda de Doha es demasiado importante para fracasar. 
No solo se trata del comercio, sino de mantener la credibilidad de la cooperación multilateral; de mostrar que las instituciones multilaterales pueden encontrar respuestas mundiales a cuestiones mundiales; de demostrar que el comercio se puede poner verdaderamente al servicio del desarrollo. 
La mejor forma de promover el desarrollo consiste en brindar nuevas oportunidades comerciales a los países en desarrollo y ayudarles luego con subvenciones para que aprovechen tales oportunidades. 
Lo dicho es más cierto para los bienes y servicios industriales que para el comercio agrícola, y lo es especialmente para el comercio entre los países en desarrollo. 
Las mayores oportunidades comerciales para los países en desarrollo residen en las relaciones con otros países en desarrollo. 
Los obstáculos más importantes a este comercio radican en los aranceles sobre bienes industriales que existen entre los países en desarrollo. 
Lamento que no vayamos a poder avanzar significativamente en este tema en Hong Kong. 
Por eso necesitamos un paquete de desarrollo confeccionado a medida para los países más pobres, no como sucedáneo de lo que podríamos lograr más adelante, sino como un anticipo de ello. 
Los elementos principales de mi propuesta para el desarrollo, que formulé por primera vez en la Cumbre Ministerial reducida celebrada en Zúrich en octubre y que llevo promoviendo desde entonces, son: primero, todos los miembros industrializados de la OMC deben comprometerse a proporcionar un acceso libre de impuestos y de cuotas para todos los productos procedentes de los países menos desarrollados; segundo, deberíamos aprobar un paquete de propuestas de trato especial y diferencial para confirmar las flexibilidades para dichos países menos desarrollados que existen en la OMC; tercero, tenemos que consagrar, dentro de los acuerdos de propiedad intelectual de la OMC, unas condiciones para un mejor acceso a medicamentos de bajo coste contra las pandemias; y cuarto, deberíamos aprobar una ayuda significativa para el paquete comercial en línea con lo aprobado en la Cumbre del G8 de Gleneagles. 
La Comisión ha dado ejemplo con la promesa de los 1 000 millones de euros al año realizada por el Presidente Barroso durante la Cumbre del G8. 
Espero que los socios de la OMC acepten estas ideas en Hong Kong. 
Permítanme referirme ahora a otros aspectos de las negociaciones. 
El 28 de octubre, la UE presentó una oferta negociadora exhaustiva, incluso sobre el tema del acceso al mercado agrícola. 
Eso ha creado una oportunidad muy necesaria de hacer avanzar toda la ronda. 
Eso era necesario y apropiado, ya que nos ha permitido celebrar las primeras negociaciones reales en el plano político sobre productos industriales y servicios, leyes antidúmping y desarrollo. 
Comenzó a restaurar el equilibrio en la ronda. 
Lamento profundamente que en lugar de aprovechar esta ocasión y desarrollarla, nuestros interlocutores en la negociación decidieran emprender el camino de salida fácil, rechazando nuestra oferta sobre agricultura y criticándola –a menudo en términos poco comedidos– en vez de hacerla suya y permitir que avanzáramos. 
Dejemos claro el valor de nuestra oferta sobre la agricultura. 
Va mucho más lejos de lo que llegamos en la Ronda de Uruguay. 
Debe contemplarse como un todo, no solo desde el punto de vista de las reducciones arancelarias que presentamos, sino incorporando nuestras principales contribuciones sobre la reducción del apoyo interno a través de la reforma de la PAC y nuestra oferta de eliminar totalmente las subvenciones a las exportaciones. 
Vamos a reducir un 70 % las subvenciones que distorsionan el comercio. 
Ya con la reforma de la PAC de 2003, el 90 % de los pagos directos a los agricultores dejará de suponer una distorsión del comercio. 
De acuerdo con nuestra propuesta, nuestro arancel agrícola medio se reducirá del 23 % al 12 %, que por cierto es el mismo que el estadounidense actual. 
Vista en conjunto, se trata de la oferta más importante jamás realizada por la Unión Europea en una ronda comercial. 
Cada elemento de la misma –no solo los recortes arancelarios– va a proporcionar una mejora notable del acceso al mercado, tal como exige el Acuerdo Marco de 2004. 
Creará oportunidades notables para los exportadores agrícolas sin suprimir el acceso preferencial para los países en desarrollo pobres o sin causar un daño excesivo a nuestro sector agrícola en Europa. 
A mi juicio, éste es el equilibrio correcto. 
Tenemos la responsabilidad de contemplar el impacto de la reforma sobre las comunidades agrícolas europeas. 
Más aún, esta es una ronda para los países en desarrollo, sobre todo los pobres y necesitados, y no solo para los productores agrícolas competitivos que no deberían pretender, a mi juicio, maximizar su ventaja competitiva en los mercados mundiales a costa de otros países en desarrollo en la OMC. 
La semana pasada hemos constatado en el caso del azúcar lo delicado que es el problema de la erosión de las preferencias para los países ACP pobres. 
Nos incumbe a todos, no solo en Europa, sino también a los miembros de la OMC en su conjunto, tenerlo plenamente en cuenta. 
Ignorarlo iría en detrimento de todo el mundo: de aquellos cuyo sustento está amenazado y de quienes deban asumir la responsabilidad en caso de que no respondan a la cuestión de la erosión de las preferencias. 
Por consiguiente, nuestra oferta es sustancial, ponderada y creíble. 
Ha supuesto una inyección de realismo en las negociaciones agrícolas. 
Aun cuando las peticiones de los Estados Unidos sobre reducciones arancelarias y –en menor medida– las propuestas del G20 beneficiarían sin lugar a dudas a estos países, también tendrían un efecto devastador en el empleo entre nuestros propios agricultores y en los países pobres de África, el Caribe y el Pacífico, gran parte de cuyo comercio agrícola quedaría simplemente arrasada si aceptáramos tales demandas. 
Por tanto, dejemos las cosas muy claras. 
No tengo intención de realizar una nueva oferta en el tema de la agricultura. 
No estaría justificada y desequilibraría aún más las negociaciones. 
Ha llegado el momento de que otros hagan un esfuerzo como el nuestro. 
Los Gobiernos y los ciudadanos de Europa necesitan creer que el cambio estructural y las posibles pérdidas de puestos de trabajo en la agricultura se verán compensados por la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades en otros sectores. 
Esa es la razón por la que son tan importantes nuestros objetivos de la negociación en torno al acceso al mercado no agrícola, a los productos industriales y los servicios. 
Son cruciales para el crecimiento y el empleo en Europa y son un componente vital de la Agenda de Lisboa. 
Voy a defender con ahínco esos intereses y, en la agricultura, también voy a insistir en un acuerdo acerca de un registro de indicaciones geográficas y de su ampliación. 
Así es como funciona una negociación multilateral. 
Eso significa que otros tienen ahora que emplearse a fondo para crear un nuevo acceso al mercado de productos y servicios, que no solo importa a Europa, sino también a la economía mundial y sobre todo al desarrollo. 
Esto implica una reducción de los aranceles industriales tal como se aplican realmente, no solo la bajada de los niveles límite acordados hace 12 años en la Ronda de Uruguay. 
Este va a ser, a la postre, el efecto de nuestras propuestas en el ámbito de la agricultura, ya que a diferencia de muchos países en desarrollo, nuestros aranceles límite y los aplicados son normalmente los mismos. 
Eso no significa que faltemos a nuestro compromiso de que los países desarrollados pongan más de su parte que los países en desarrollo. 
Por supuesto que lo vamos a hacer. 
No esperamos ofertas por parte de los países menos desarrollados y otros países débiles y vulnerables. Como tampoco esperamos que otros países en desarrollo igualen el nivel de apertura del mercado realizado por los países desarrollados. 
Pero tienen que hacer algo. 
Ese es el principio rector de esta ronda. 
Necesitamos asimismo progresos en el comercio de servicios. 
El enfoque actual de la negociación, basado en demandas y ofertas, no ha producido resultados satisfactorios. 
Tenemos que crear una plataforma para una verdadera negociación multilateral que, hoy por hoy, no existe. 
Esto pone de manifiesto la importancia de los servicios en la moderna economía mundial. 
No solo es importante para nosotros, sino también para los países en desarrollo. 
Dichos países tienen sin duda que seguir siendo libres en cuestión de servicios para perseguir objetivos de política nacional y salvaguardar plenamente su derecho nacional a fijar reglas. 
Lo que buscamos es un trato igual para los proveedores extranjeros de servicios en ciertos sectores, no un compromiso para desregular los mercados o privatizar los operadores existentes. 
También en esto, nuestra propuesta excluye a los países débiles y vulnerables y concede flexibilidad a otros países en desarrollo. 
Para terminar, haré cuanto esté en mi mano para que Hong Kong sea un éxito, para afianzar los progresos que hemos realizado y para establecer una plataforma que nos permita concluir el trabajo en 2006. 
Sobre todo, es esencial que la reunión no acabe en un ambiente de acritud. 
Voy a defender y a explicar las propuestas de Europa. 
Voy a velar por los intereses de Europa y voy a mantener la ambición de la ronda en su conjunto, creando consenso cuando y donde sea posible hacerlo con nuestros interlocutores. 
Espero que ellos hagan lo mismo. 
Tienen que dejar de ampararse tras una actitud crítica infundada contra la Unión Europea; dejar de parapetarse tras unas demandas claramente carentes de realismo y tácticas, y adherirse a la negociación real en todos los temas. 
Si continúan limitándose a pedir más por parte de Europa sin contribuir en nada al fondo común, serán ellos –no nosotros– los que pongan en peligro la ronda. 
Si eso ocurre, saldrán de allí sin nada. 
Trabajemos juntos en favor de un resultado que relance la economía mundial, que genere confianza política y ayude a los pobres del mundo. 
Así es como hemos entrado en esta ronda; así es como queremos salir de ella. 
La posibilidad continúa existiendo, la necesidad ahora es tan apremiante como cuando comenzamos la ronda. 
En estos momentos, todo el mundo debe arrimar el hombro para que así sea y alcanzar los objetivos que fijamos en primer lugar para nosotros cuando acordamos la Carta de Doha hace tantos años. 
– Señor Presidente, nadie puede dudar de los importantes beneficios potenciales que se derivarán de la conclusión con éxito de la ronda actual, beneficios tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo. 
Estamos hablando de beneficios económicos, sociales, ambientales y, sobre todo, para el desarrollo. 
Son precisamente esos beneficios los que nos obligan a cumplir nuestras elevadas aspiraciones para el programa de desarrollo de Doha. 
La definición de objetivos menos ambiciosos y realistas debe plantearse exclusivamente para la conferencia de Hong Kong, no para la ronda de Doha en general. 
La declaración que se adoptará en la Conferencia Ministerial tendrá, por una parte, que frenar el progreso que ya se ha realizado en algunos sectores y, por otra, establecer unos objetivos claros para las negociaciones en curso. 
Tendrá también que garantizar unos resultados específicos y tangibles en el sector del comercio y el desarrollo. 
Se está diciendo –de forma en gran parte justificada– que el sector agrícola es el pilar de las negociaciones actuales. 
La posición democráticamente legítima de la Unión fue el resultado de la última revisión de la política agrícola común. 
La Unión Europea, como bien ha dicho el señor Comisario, ha realizado contribuciones importantes y creíbles a las negociaciones actuales. 
Esperamos que nuestros socios hagan concesiones similares y que procuren la flexibilidad necesaria para conseguir el progreso equilibrado que necesitan los distintos sectores del programa de Doha. 
La garantía de un resultado equilibrado y ambicioso en todos los sectores básicos del programa de desarrollo de Doha es, y con toda razón, el núcleo de la estrategia negociadora de la Unión. 
Me refiero principalmente a los sectores de servicios, productos industriales, facilitación del comercio y protección de la propiedad industrial e intelectual. 
La Unión Europea, siendo como es la mayor potencia comercial del mundo, el factor supremo en la diplomacia comercial mundial, está llamada a responder al reto de la ronda de Doha, de esta ronda de desarrollo, a desempeñar un papel importante incluso en Hong Kong y más allá. 
Este es nuestro mandato; el mandato del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, como se formuló aquí hace siete meses, a su debido tiempo, en el texto de las posiciones aprobadas por el Partido Popular Europeo. Este mandato se establece también en la propuesta de resolución que estamos debatiendo. 
Le deseo mucho valor y mucho éxito, señor Mandelson. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, estamos en vísperas de una conferencia de la OMC en la que se suponía que iba a darse un verdadero paso adelante en la puesta en práctica del programa de desarrollo de Doha, aprobado en 2001, y que permitiría poner las reglas del comercio al servicio del desarrollo. 
Como acaba usted de decir, señor Comisario, lamentablemente ha quedado claro que la conferencia de Hong Kong no podrá conseguir los resultados esperados en los principales ámbitos de la negociación. 
El progreso realizado después del acuerdo marco, que tendría que haber concluido el 1 de agosto de 2004 en la OMC, ha sido insuficiente y, en ocasiones, casi invisible. 
Se ha perdido un tiempo precioso y el nivel de ambición para la reunión de Hong Kong se ha revisado a la baja, aplazándose las verdaderas decisiones hasta una conferencia ulterior en 2006. 
En nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, quiero insistir desde el principio en que no debe permitirse que eso ocasione una revisión a la baja de los objetivos de desarrollo de la propia Ronda de Doha. 
Cualquier reducción de los compromisos de los países desarrollados en relación con la puesta en práctica del programa de Doha conllevará una reducción sustancial de los beneficios posibles para los países en desarrollo. 
Como bien sabe usted, señor Comisario, el Banco Mundial ha hecho un estudio en el que demuestra que si se cumple el supuesto probable, sobre la base de las propuestas hechas hoy por los Estados Unidos y la Unión Europea, los principales beneficiarios de la Ronda de Doha, como ocurrió en anteriores rondas, volverán a ser las grandes potencias comerciales, los países desarrollados, mientras que los países en vías de desarrollo obtendrán menos de 0,2 euros de céntimo por habitante y día, con lo que apenas se reducirá un 1 % la población mundial que vive por debajo del umbral de la pobreza. 
Creo también que el hecho de insistir en la idea de la reciprocidad de los compromisos exigidos a los países en desarrollo a cambio de los esfuerzos realizados por los países desarrollados, sobre todo en términos de la apertura de sus mercados, probablemente termine por hacer que la negociación llegue a un punto muerto y, desde ese punto de vista, no debemos olvidar lo sucedido en Cancún. 
Estamos convencidos de que si las negociaciones de la Ronda de Doha para el desarrollo tienen éxito y consiguen mantener la prioridad de inclinar la balanza a favor de los países en vías de desarrollo y no a favor de la reciprocidad, terminarán por producir beneficios tangibles para todos, también para la Unión Europea, que compartirá los beneficios de un nuevo crecimiento económico mundial y del desarrollo de nuevos mercados para los productos europeos. 
Por tanto, es esencial que la Ronda de Doha sea un éxito. 
Para ello, las reglas y los acuerdos negociados en Hong Kong tienen que contemplar un reparto más equitativo de los beneficios de la mundialización; han de tener más en cuenta los diferentes niveles de desarrollo; han de ofrecer un mejor acceso al mercado a los países en desarrollo sin obligarles a abrir sus propios mercados a cualquier precio y, en esta cuestión, apoyo la visión del Consejo, que me parece algo diferente a la de la Comisión; no tienen que debilitar a los sectores económicos más sensibles ni a las industrias emergentes, sino contribuir a la diversificación económica; deben reconocer el derecho de los países en desarrollo a controlar el ritmo de apertura de sus mercados y decidir sus estrategias nacionales de desarrollo. 
Señor Comisario, pedimos a todas las partes, también a la Unión Europea, una mayor flexibilidad. 
Creo que, en el ámbito de la agricultura, sigue teniendo usted cierto margen de maniobra. 
Por ejemplo, nuestro Grupo ha presentado una enmienda para exigir un compromiso, con un calendario, para eliminar las subvenciones a la exportación antes de 2010. 
Pedimos que, en materia de tarifas industriales, no se aplique una fórmula del tipo «fórmula suiza» , que usted está proponiendo hoy y que no respeta el principio de «menos que plena reciprocidad». 
Tenemos que aceptar el mantenimiento de un cierto nivel de protección en el sector industrial para los países en vías de desarrollo. 
En el sector de los servicios, queremos que las demandas de la Unión Europea concernientes al acceso al mercado para los proveedores de servicios preserven el derecho de todos los países miembros de la OMC, especialmente de los países en vías de desarrollo, a regular sus servicios y, en particular, sus servicios públicos. 
Pedimos que la salud, la educación y los servicios audiovisuales queden claramente excluidos de la negociación, pero también que los servicios públicos como el agua y la energía no sean ni desmantelados ni debilitados en el marco de las negociaciones del AGCS. 
Por último, habrá observado usted la gran reticencia de los países en desarrollo a su propuesta de evaluación comparativa y sería más razonable que la retirara. 
Le apoyamos en el paquete de «ayuda al desarrollo». 
Tiene que haber una solución sostenible para el acceso a los medicamentos que incluya una revisión del propio acuerdo sobre la propiedad intelectual. 
Hay que reforzar las reglas de tratamiento especial y diferenciado. 
Por último, existe realmente la necesidad de facilidades financieras para respaldar la asistencia técnica y el reforzamiento de las capacidades de los países pobres. 
Por último, nuestro Grupo considera que no se puede descartar de los debates en el seno de la OMC cuestiones tan sensibles como las cuestiones sociales y medioambientales. 
De lo contrario, la opinión pública no apoyará el sistema multilateral; este sistema se salvará solo si se reforma. 
. Señor Presidente, Señorías, las perspectivas son muy sombrías, y eso es quedarse corto, porque como ha dicho el Comisario Mandelson, está claro que debemos revisar a la baja nuestras ambiciones. 
Es evidente que en Hong Kong no se conseguirá –salvo que suceda un milagro– el avance tan esperado en las negociaciones comerciales multilaterales. 
Solo espero que el significado de «Hong Kong» no tenga que cambiarse de «puerto fragante» a «lodazal cenagoso». 
El principal obstáculo sigue siendo, sin lugar a dudas, el expediente agrícola. 
Puesto que Europa no hará concesiones salvo que otros grandes países hagan también más concesiones, nos encontramos en un callejón sin salida. 
Se dice que las cosas son todavía peores para las negociaciones del AGCS, en las que todavía no se ha conseguido nada. 
Creo que el Comisario tiene razón al decir que una ronda de Doha sin una actitud firme y positiva hacia el sector de los servicios es inaceptable para Europa. 
¿Debemos registrar nuestros propios corazones? 
No lo creo. 
Europa ha recorrido una o dos millas más en las negociaciones comerciales multilaterales. 
Ya somos la mayor economía abierta del mundo. 
El régimen europeo de preferencias generales es el sistema preferencial más generoso del mundo. 
La iniciativa «Todo menos armas» es también única en términos de exportaciones a Europa desde los países menos desarrollados. 
Pero ahora hasta el propio principio de las negociaciones comerciales multilaterales está en juego. 
Existe un riesgo considerable de que un nuevo desastre en Hong Kong debilite por completo a la Organización Mundial del Comercio, porque los bloques comerciales tratarán de buscar y aprovechar oportunidades para mejorar su acceso al mercado a través de medios como los acuerdos comerciales bilaterales y regionales. 
Este escenario debe evitarse en la medida de lo posible, porque aunque los países más pobres corren el riesgo de convertirse en víctimas de esta situación, no debe subestimarse la importancia de la OMC que, después de todo, ha contribuido a impulsar el crecimiento económico, el desarrollo y la creación de empleo en los últimos 50 años, a pesar de que esa organización necesite urgentemente una reforma que la dote de mayor transparencia, eficiencia y, sobre todo, control democrático. 
Señor Comisario, queremos reforzar su mandato de negociación y su posición negociadora por medio de la resolución que hoy nos ocupa y que votaremos mañana. 
El hecho de que exista casi unanimidad en Europa hace que su misión sea un poco menos imposible. 
En cualquier caso, Europa tiene que seguir siendo la fuerza motriz de las negociaciones comerciales multilaterales. 
Su misión fundamental ahora es garantizar que haya vida después de Hong Kong. 
Puede que nuestros esfuerzos por apoyarle a usted en esto sean más bien modestos, pero van acompañados de mucha convicción. 
. – Señor Presidente, parece que existe un abismo cada vez mayor entre la retórica de la UE sobre esta ronda de la OMC –que tiene la palabra «desarrollo» escrita prácticamente en cada frase– y la realidad, que es que se sigue haciendo caso omiso de la mayoría de los países en desarrollo. 
Este abismo se extiende hasta la contradicción entre lo que está diciendo el Consejo y lo que está haciendo la Comisión. 
Alan Johnson, Ministro de Comercio del Reino Unido y representante de la Presidencia británica, dijo hace pocas semanas que no hay que obligar a los países en desarrollo a abrir sus mercados. 
Manifestó que «tenemos que rechazar la liberalización forzosa» y, sin embargo, la Comisión adopta un programa de negociación cada vez más agresivo que se opone diametralmente a todo lo anterior. 
En cuanto al acceso al mercado de productos no agrícolas, la Comisión exige una liberalización de gran alcance que amenazará la propia supervivencia de la industria local en algunos países en desarrollo. 
En lo referente a los servicios, la Comisión ha dejado de lado totalmente sus promesas pasadas sobre el carácter voluntario de las negociaciones en materia de servicios, y ahora reclama una apertura mínima obligatoria del mercado. 
Constituye una tremenda ironía, señor Comisario Mandelson, que hoy aparezca usted citado en la prensa manifestando que una voz que por ahora no ha sido escuchada en estas negociaciones es la voz de los pobres, cuando la propia Unión Europea es culpable de hacer caso omiso precisamente de esa voz: la voz de los países africanos y otros países ACP, por ejemplo, que han manifestado que no desean una nueva fórmula comparativa en el sector de los servicios. 
Corremos el peligro real de repetir los errores que cometimos en Cancún. 
La UE no presta oído a los países en desarrollo y se ciñe a sus propios planes con extraordinaria arrogancia. 
Los tres principales Grupos políticos han presentado una propuesta de resolución y quiero explicar por qué nuestro Grupo no puede suscribirla. 
No se ha fijado ninguna fecha para poner fin a las subvenciones a la exportación. 
De hecho, poner fin a las subvenciones a la exportación se ha condicionado ahora a una iniciativa paralela por parte de otros países industrializados. 
En cuanto a los servicios, la resolución exige un acuerdo ambicioso sin rechazar la nueva fórmula de referencia comparativa y sin excluir claramente servicios básicos como el agua. 
Por lo que se refiere al acceso al mercado de productos no agrícolas, se pide que se aceleren las negociaciones sobre la base de una fórmula extrema que la mayoría de los países en desarrollo ya han rechazado. 
De manera insólita se propone que los miembros de la OMC eliminen sus barreras no arancelarias, ya que al parecer dificultan el acceso al mercado. 
Tales barreras no arancelarias incluyen leyes nacionales, acordadas democráticamente con mucho esfuerzo, que protegen el medio ambiente, las prestaciones sociales y la sanidad, y no deben contemplarse simplemente como barreras al comercio. 
Pero lo más importante de todo es el hecho apremiante de que, transcurridos cuatro años del PDD, el programa no cumple lo prometido a los pobres del mundo. 
Necesitamos una revisión radical y de fondo de la política comercial, de manera que esto llegue a ser verdaderamente una ronda de desarrollo que haga honor a su nombre. 
Señor Presidente, no debemos desesperar de nada ni de nadie, aunque el señor Mandelson esté empezando a creer que, según sus propias palabras, ofrezcamos lo que ofrezcamos, nunca será suficiente para unos productores y exportadores tan competitivos y agresivos como son Brasil, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. 
Por tanto, no es demasiado tarde para que los 25 revisen seriamente el mandato de negociación, que en lo esencial data de 1999, es decir, antes del doble fracaso de Seattle y Cancún. 
Desde esa perspectiva, mi Grupo tiene el placer de presentarle diez propuestas de prioridades nuevas íntimamente relacionadas entre ellas, que yo llamaría los diez mandamientos de una visión alternativa de la ambición de Europa en la escena internacional. 
Primero, teniendo en cuenta que mañana se celebra el Día Mundial de la lucha contra el Sida, mencionaré la necesidad de encontrar una solución definitiva al problema del acceso a los medicamentos en países que carecen de capacidad de producción farmacéutica. 
Los bloqueos que persisten en nombre de la propiedad intelectual e industrial son en este sentido criminales e inaceptables. 
En segundo lugar, mencionaré la prioridad oficial de la Ronda de Doha que, en la práctica, se ha visto completamente marginada: el desarrollo. 
Una y otra vez, Europa ha sacrificado todos los logros de Lomé en el altar de la OMC –Stabex, Sysmin, el acuerdo sobre el plátano, el protocolo sobre el azúcar– para conseguir la firma de acuerdos de libre comercio, encima con la instauración de visados para los nacionales de países que solíamos considerar nuestros socios privilegiados. 
Creemos que hay que dar la vuelta a este planteamiento para que no volvamos a ver jamás tragedias como las de Lampedusa, Ceuta, Melilla u otros lugares. 
En tercer lugar, mencionaré la agricultura. 
Estamos a favor de defender un verdadero minifundismo europeo a pequeña escala, el derecho a unos precios remuneradores garantizados, el principio de la soberanía alimentaria y el respeto de la multifuncionalidad social, medioambiental y territorial de la agricultura. 
Lo que tenemos que combatir es la obsesión por la productividad, las prácticas de dúmping que desestabilizan las economías débiles del Sur y las hacen más dependientes, y la liberalización total que facilita el acceso de las multinacionales a la tierra, a las semillas y al agua, así como al mercado de bienes y servicios. 
El tiempo que se me ha concedido me obliga a mencionar nuestras otras prioridades muy brevemente. 
Cuarto, la OMC tiene que prohibir las patentes de seres vivos y proteger los recursos biológicos y los conocimientos tecnológicos de las comunidades locales contra la biopiratería. 
Quinto, la salud, la educación, la cultura, los servicios audiovisuales, el agua y todos los servicios públicos tienen que quedar explícitamente excluidos de cualquier acuerdo comercial. 
Estamos en contra del AGCS y a favor de que la designación de que los bienes públicos mundiales queden excluidos del alcance del mercado. 
Sexto, la excepción cultural: ninguna normativa de la OMC tiene que impedir a un Estado defender lo que considere que es su patrimonio cultural. 
Séptimo, el empleo y la formación en todas las regiones del mundo tienen que convertirse en objetivos como tales y en objeto de acuerdos económicos; esto es justo lo contrario de la liberalización que está desestabilizando sectores enteros de la industria y de los servicios. 
Octavo, las normas sociales y medioambientales. 
Frente a la obsesión de reducir costes, tienen que existir unas normas mínimas obligatorias y constantemente mejoradas, y los países que atraviesen más dificultades deben beneficiarse de ayudas compensatorias. 
Noveno, es urgente que la OMC se democratice, que todos los países miembros puedan participar en las negociaciones en igualdad de condiciones, que se garantice la transparencia de los debates y que los representantes electos participen en el proceso de toma de decisiones. 
Por último, décimo, la OMC tiene que integrarse en el sistema de Naciones Unidas e instaurar una jerarquía de normas de Derecho internacional que otorgue primacía a los derechos fundamentales y sobre todo a los convenios internacionales sobre las reglas del comercio internacional. 
Señor Presidente, si la UE es capaz de inspirarse en un enfoque así, creo que su crisis existencial empezará a no ser más que una mala memoria. 
. – Señor Presidente, estamos analizando la próxima Conferencia Ministerial de Hong Kong y se nos dice que no esperemos mucho de ella; en otras palabras, el plan se está frenando un poco por el momento. 
Eso tal vez sea cierto para Hong Kong, pero no para Irlanda, donde acaba de cerrar una planta azucarera que daba sustento a 3 500 familias. 
Alguien podría considerarlo un asunto menor que no debería inquietarnos tanto. 
Pero ¿qué decir de una industria más importante, la industria cárnica irlandesa, a la que tampoco se le va a dejar que se interponga en el camino de la agricultura empresarial mundial? 
Pero claro, eso no constituye una prioridad inmediata según el plan. 
¿Cuál es ese plan del que estoy hablando y cuyos rasgos comienzan a ser más nítidos a medida que avanzan las cosas? 
En la Ronda de Desarrollo de Doha, el plan debería versar sobre la justicia y el fin de la pobreza, pero parece que se trata más bien de desmantelar cosas para despejar el camino a los grandes, de suprimir a los productores pequeños, que son ineficientes, democráticos y difíciles de controlar y tienen ideas incómodas acerca del estilo de vida, así como de asignar a cada zona y a cada país una especialidad en la que trabajar eficientemente sin molestar a nadie. 
Trata de reducir el número de competidores y dar a las grandes empresas manga ancha para hacer lo que mejor saben hacer. 
Eso nos lleva a la cuestión de qué es lo que mejor saben hacer. 
Lo que mejor saben es hacer dinero para sus inversores –eso es lo que hacen las empresas– y todas sus demás actividades forman parte de ello, ya se trate de servicios médicos, alimentos o coches. 
Cuanto menor el número de competidores, mayor la cantidad de dinero; cuantas menos disposiciones, más dinero; cuantos más clientes, más dinero. 
Así es como parece evolucionar el plan. 
En el caso de Irlanda, esto significa eliminar la industria azucarera y dejar sitio a empresas agrícolas de otros países. 
Significa que habrá empresas que instalen incineradoras, ya que Irlanda ha sido calificada de idónea para ese fin. 
Sin embargo, probablemente sean las empresas, y no las personas, las que se beneficien de eso, y muchas de ellas ni siquiera serán propiedad de ciudadanos del país. 
Mientras tanto, en todo el mundo, los sectores más pequeños e ineficaces irán suprimiéndose gradualmente. 
Tendrán que arreglárselas por su cuenta, ya que los Gobiernos no dispondrán del dinero, una vez privatizados sus propios recursos nacionales, para satisfacer los intereses de las grandes empresas. 
– Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que redunda en beneficio de la Unión Europea contar con un sistema comercial internacional sólido, justo y regulado bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio. 
Eso contribuirá a crear una diversificación comercial en nuestra base económica industrial y de servicios y a estimular el crecimiento económico para bien tanto de las empresas como de los consumidores europeos. 
Sin embargo, la Ronda de Doha no puede versar tan solo sobre lo que la UE está dispuesta a conceder en el terreno agrícola. 
Otros miembros de la Organización Mundial del Comercio tienen que esforzarse asimismo para que esta ronda sea un éxito, no solo en el tema de la agricultura, sino también en los expedientes de negociación de los servicios industriales y la promoción del comercio. 
Las negociaciones sobre el acceso al mercado de productos industriales no agrícolas tienen que traducirse en reducciones arancelarias para todos los productos. 
Los aranceles medios de la UE son ahora inferiores al 4 %, mientras que algunos aranceles industriales en Asia y Sudamérica llegan incluso al 30 %. 
La conclusión es que la Ronda de Doha debe garantizar que los aranceles medios industriales fuera de la UE se reduzcan por debajo del 10 %. 
Con respecto a la reforma del sistema agrícola de la UE, el Comisario Mandelson ha llevado a buen puerto el mandato de negociación que le otorgaron los Gobiernos de la UE. 
Ya ha ofrecido un recorte medio del 46 %, que se aplicará a los aranceles a la importación, aunque se tenía la idea clara de que las reformas de la PAC de 1999 y 2003 preveían una rebaja del 36 %. 
Sin embargo, no estoy hablando de exportaciones agrícolas a gran escala, señor Comisario Mandelson, sino de pequeños agricultores del oeste y noroeste de Irlanda, que pronto emprenderán el camino de sus homólogos azucareros de allí, cuyo sector ha sido suprimido. 
¿Es eso justo? 
¿Es ese un sistema justo? 
No lo es y no puede serlo. 
La pretensión de que serán los países en desarrollo quienes se beneficiarán es totalmente errónea. 
Los beneficiarios reales serán los grandes barones del sector cárnico en Sudamérica y otros lugares. 
– Señor Presidente, me complace coincidir de nuevo en este foro con el señor Pearson, quien durante algún tiempo desempeñó con acierto un cargo oficial en Irlanda del Norte, lo mismo que el Comisario Mandelson. 
Una de las obligaciones primordiales de la UE tiene que ser la de proporcionar a su población una fuente de alimentos segura. 
En las prisas por amarrar un acuerdo en la OMC, confío en que esta obligación fundamental no se ponga en peligro ni se vea comprometida. 
El verano pasado, al menos en el Reino Unido, fuimos testigos del efecto corrosivo de las importaciones sudamericanas a bajo precio sobre nuestra propia industria cárnica, amenazando con precios en caída libre la supervivencia de muchos productores. 
Eso ocurrió con los aranceles en el nivel en que se encuentran hoy. 
Si se rebajan aún más los aranceles, según se ha propuesto, la producción local disminuirá, la cabaña nacional desaparecerá y nos haremos dependientes en gran medida de Sudamérica para nuestro aprovisionamiento de carne roja. 
¿Que ocurrirá si los focos de enfermedades pandémicas, que ya están asolando Brasil en forma de glosopeda, se extienden por todo ese continente? 
¿Cómo vamos a alimentar entonces a la población de Europa? 
No van a venir entonces a darnos las gracias por un acuerdo en la OMC, capaz de proporcionar un titular y satisfacer la vanidad personal, si nos hemos privado de un suministro seguro de alimentos fiables producidos en casa. 
– Señor Presidente, el proceso de liberalización del comercio mundial se está aproximando a la fase crucial. 
A los diputados a esta Cámara se nos trata más como espectadores que como actores, pero nosotros nos ocupamos del bienestar tanto de nuestros ciudadanos como de los pobres de otros lugares. 
Aunque la idea predominante que preside este proceso es la de ayudar a los países menos desarrollados del mundo, es también responsabilidad nuestra tener en cuenta la situación y el desarrollo de los nuevos Estados miembros de la UE más pobres y débiles. 
El caso del azúcar ha brindado un ejemplo de un acuerdo comercial injusto que concede mayor libertad de exportación a los productores de azúcar franceses y alemanes que a los agricultores polacos. 
Estos últimos verdaderamente no pueden estar muy contentos con ello. 
La liberalización plena, al menos en las actuales circunstancias socioeconómicas, beneficiaría principalmente a las empresas fuertes y a los grandes grupos, y no a los más débiles. 
Por tanto, necesitamos decisiones equilibradas para convertir el mercado en un escenario libre, distinguiendo entre los países menos desarrollados, los países en desarrollo y las economías emergentes y, finalmente, los países desarrollados. 
Mi otra observación se refiere a los futuros nuevos miembros. 
La OMC tiene que analizar cuidadosamente los criterios a aplicar. 
De lo contrario, el comercio internacional puede verse sacudido por hechos como la cuestión actual de las barreras rusas a la importación para productos agrícolas procedentes de Polonia. 
La creencia de que el mercado libre es una varita mágica que permite igualar los niveles de vida de todo el planeta ha de matizarse a la luz de las condiciones económicas y sociales concretas y de las barreras políticas existentes en muchos países. 
Me gustaría que el mercado libre enriqueciera a las personas, y subrayo «las personas» , no a los grupos comerciales e industriales. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quiero hacer hincapié en algunos aspectos, pero antes de nada quiero felicitarles por habernos presentado un paquete de negociación tan bien fundado. 
Ustedes dos han insistido con razón en la necesidad de que nuestros socios comerciales avancen y de que lo hagan en distinto grado. 
El Comisario Mandelson ha dicho que la oferta de agricultura de los Estados Unidos llegó demasiado tarde, pero sabemos también que las economías emergentes tendrán que seguir dando indicaciones, en el sector de los servicios y también de la liberalización de bienes industriales, de la presentación de un paquete razonable con el podamos estar de acuerdo. 
Al escuchar a algunos diputados en esta Cámara, dan la impresión de que en realidad no tenemos intereses propios, sino que lo único que nos importa es defender los intereses de otros países. 
Es fundamental que nos tomemos en serio el mensaje que se desprenda de esta ronda de desarrollo y que actuemos en consecuencia. 
Se trata, en efecto, de una ronda de desarrollo de Doha, y esta vez se pretende dar prioridad a los países en vías de desarrollo, que son los más pobres de todos. 
No olvidemos nunca lo mucho que la Unión Europea está haciendo ya y lo importante que es su contribución a que esos países reciban un trato más justo. 
Como ya ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, tenemos que ser conscientes del paisaje cambiante de la mundialización. 
Tenemos que ocuparnos ahora de las economías emergentes que son conscientes de su propio poder, que son potencias mundiales en el plano económico, social y político, y que desean hacer lo que tienen que hacer y ser parte activa. 
Pero para ello, esperamos que asuman una actitud responsable en esta ronda. 
Si no conseguimos un resultado positivo, o al menos una indicación favorable de cómo serán las negociaciones futuras, se necesitarán más acuerdos bilaterales y seremos testigos del fin de las negociaciones multilaterales, algo que no es lo que queremos, confío. 
Hay un par de aspectos importantes que quiero comentar. 
Primero, espero que adoptemos el mismo enfoque que adoptamos en anteriores rondas de negociación; que mantengamos conversaciones con la Comisión, con los dos Comisarios que se ocupan de estos asuntos y con el Comisario Mandelson en particular, pero también con el Consejo, por supuesto. 
Sería bueno que comentara usted algo al respecto después. 
Sabemos que está teniendo que negociar dentro del rígido marco del mandato que se le ha otorgado. 
En caso de que se produjera algún conflicto y tuviera que negociar fuera del marco establecido por el mandato, sería bueno que usted, señor Comisario, mantuviera un diálogo no solo con el Consejo, sino también con la delegación de esta Cámara que estará allí presente con usted. 
Aunque sé que no está obligado a hacerlo, sería bueno que hablara de estos asuntos con ellos. 
Segundo, la Unión Europea, como hace siempre, celebrará conjuntamente con la Unión Interparlamentaria una conferencia aparte con miembros de todos los estados miembros de la OMC presentes. 
Acogeríamos con satisfacción, por supuesto, que este organismo pudiera mantener conversaciones con usted. 
Tercero, insistimos siempre en lo mucho que nos gustaría ver, en la declaración de intenciones que usted ha ayudado a elaborar, una clara referencia a la participación de los Parlamentos en estas negociaciones, con lo que me refiero no a la participación del Parlamento Europeo –que nos corresponde a nosotros–, sino a la participación de todos los Parlamentos de la OMC. 
Me alegraría que esta vez consiguiera usted –con el apoyo del Consejo, por supuesto– la incorporación de una declaración en este sentido en la declaración final de la OMC. 
– Señor Presidente, dentro de 12 días nuestros dirigentes van a reunirse en Hong Kong para debatir el Programa de Doha para el Desarrollo y abordar la mayor ocasión singular de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015. 
La falta de acuerdo no será tan solo una oportunidad perdida. 
Supone una amenaza para la paridad y la prosperidad del mundo en desarrollo, para el empleo, el crecimiento y la seguridad en Europa y para el futuro del propio sistema de comercio multilateral. 
A través de la campaña «Hagamos de la pobreza historia» , millones de personas han dejado sentir su voz. 
Están enojados –con razón– por unas reglas comerciales injustas que van en contra de quienes viven en la indigencia y se muestran impacientes acerca de la necesidad de un cambio. 
Hay que transformar las declaraciones grandilocuentes acerca del libre comercio por parte de los dirigentes del G8 en Gleneagles en una estrategia de negociación flexible, que impregne todos los componentes de un paquete de ayuda, comercio y condonación de deuda. 
Una vez más estamos asistiendo a la lucha histórica entre libre comercio y proteccionismo. 
Iniciativas como el acceso libre de impuestos y de cuotas para los países menos desarrollados, un trato especial y diferenciado y la ayuda al comercio no pueden mantenerse encerradas en un silo agrícola por parte de los países en desarrollo más avanzados, sobre todo cuando la oferta que hay sobre la mesa es la más sustanciosa jamás realizada por la UE. 
La oferta no es perfecta. 
En un mundo ideal, debería ir más lejos, siguiendo el principio de algo menos que plena reciprocidad en todas las negociaciones sobre el acceso al mercado de productos no agrícolas, o subsidios reducidos para productos sensibles. 
Eso aún podría suceder, pero de momento necesitamos voluntad y liderazgo, que tendrán que aceptar los países en desarrollo más avanzados si pretenden obtener algún beneficio de la ronda actual. 
El fracaso de Hong Kong permitiría a los Estados Unidos y a Japón aumentar el apoyo interno que distorsiona el comercio hasta 5 000 millones de dólares, y Europa hasta 25 000 millones de dólares. 
Por esa razón, Pascal Lamy comunicó en un foro de Ministros africanos la semana pasada que esto es lo que está en juego y que, por tanto, tenemos que apostar a favor de lo que está sobre el tapete aun cuando no sea suficiente. 
Antes de permitir que estas conversaciones fracasen, el mundo tiene que preguntarse cuántos fracasos más puede aguantar la OMC antes de que se desintegre. 
¿Cuánta frustración más puede soportarse antes de que emerja un nuevo regionalismo y los países más pobres se vean abandonados? 
Sin embargo, se nos ha dicho que todo lo que cabe esperar de Hong Kong es una aterrizaje suave. 
Pero a finales de 2006 se habrá extinguido el mandato de los Estados Unidos y con él la oportunidad de erradicar la pobreza. 
Nuestras expectativas revisadas para Hong Kong no deben ser, por tanto, un aterrizaje suave, sino más bien un trampolín o, como ha dicho el Comisario Mandelson, una plataforma que se establezca a principios del año que viene. 
En eso, señor Comisario, estamos con usted. 
Señor Presidente, las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario Mandelson son un claro ejemplo de la antigua lógica colonial británica que en un tiempo sustentó al Imperio Británico: una clara división del trabajo que asignaba la fabricación de mercancías a los países industrializados, la producción de alimentos baratos a las colonias y el uso de las tierras de labor a las ovejas. 
Tengo que decir, Comisario Mandelson, que esta actitud tradicional es cosa ya del pasado; en la actualidad, acude usted a la mesa de negociación no con el poder de la persuasión militar, sino con la ideología y el instrumento de la liberalización, pero no funcionará, porque los países del mundo en desarrollo han empezado a defender sus intereses, haciéndolos más visibles y contrarrestando la propiedad intelectual que queremos venderles en forma de servicios con unos precios excesivos con lo que es suyo desde un punto de vista cultural, social y ecológico, además del derecho al sustento básico. 
Cuando hablamos de agricultura, debemos tener claro que la Unión Europea es el mayor importador de alimentos y piensos y que, cuando obtenemos productos agrícolas de los países de mundo en desarrollo, tenemos que pagarles con nuestros niveles de precios si queremos que las economías de esos países se desarrollen. 
Una medida razonable consistiría en destinar los aranceles a la creación de un fondo para financiar proyectos de desarrollo de economías rurales en todo el mundo, algo que también activaría la economía de las empresas. 
Ese es el tipo de contribución que podríamos hacer, pero si creemos, señor Comisario Mandelson, que podemos comprar sus reservas por debajo del umbral de la pobreza, estaremos contribuyendo a agravar la hambruna. 
El comercio no llena estómagos y los únicos que se enriquecen son los que obtienen un beneficio de él; es decir, las compañías multinacionales que no tienen presencia en los países del mundo en desarrollo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en el Programa de Trabajo de Desarrollo de Doha, la OMC anunció lo que llamó una «ronda de desarrollo». 
Pero si miramos más allá de la fachada de las buenas palabras, resulta que la actual ronda de negociaciones de la OMC vuelve a tratar únicamente del acceso a los mercados. 
Aparentemente, eso se debe sobre todo a la gran presión que los países industrializados imponen para asegurar la apertura de los mercados a productos y servicios no agrícolas, haciendo de ello una condición previa para el progreso de las negociaciones en el sector agrícola. 
Todo lo que ofrecen a los países en desarrollo a cambio es un anuncio vago y sin compromisos de la eliminación de las subvenciones a la exportación, algo que, por decirlo suavemente, es injusto. 
Las subvenciones a las exportaciones agrícolas tienen que suprimirse de inmediato, exigiendo además un por hacerlo. 
A la hora de considerar las ayudas agrícolas nacionales, debe diferenciarse entre ayuda legítima y esos tipos de ayudas que solo sirven para promocionar los ingreses de la agroindustria orientada a la exportación. 
Eso significa que la PAC tiene también que superar la prueba de esa comparación. 
Lo que necesitamos es una nueva jerarquía legal internacional para crear una relación equilibrada entre intereses comerciales por un lado y derechos sociales humanos, junto con normas para la protección del medio ambiente y el consumidor, por otra. 
Si menciono cosas como la deslocalización de empresas, el dúmping –tanto en términos de condiciones laborales como sociales– o los desastres ecológicos de los últimos meses, les recordarán lo urgente que es la necesidad de un enfoque así. 
La consecuencia de ello sería que cada país tendría derecho y estaría obligado a decidir por su cuenta cuándo, en qué medida y con qué rapidez abriría su propio mercado. 
Los servicios de interés general tienen que protegerse contra una mayor liberalización; servicios vitales como el abastecimiento de agua, la salud y la educación, sobre todo, tienen que quedar excluidos de los acuerdos comerciales internacionales. 
El Acuerdo sobre los ADPIC tiene que reformarse. 
Millones de personas mueren todos los años porque los ADPIC les niegan acceso a los medicamentos que necesitan y en su lugar ayudan a que los conglomerados farmacéuticos obtengan los máximos beneficios. 
Una cosa que me parece importante es la aplicación del principio de cautela a las importaciones de alimentos. 
Si los países y sus habitantes rechazan la producción e importación de organismos genéticamente modificados o carne con hormonas, se trata de una decisión que la OMC tendrá que aceptar; ningún tipo de reglamento comercial puede interferir con su derecho soberano a aplicarlo. 
Se necesita también un nuevo enfoque de la política sobre materias primas. 
En lugar de simplemente eliminar los mecanismos actuales de regulación del mercado, como ha sucedido con el azúcar y el plátano, presionando con ello los precios a la baja, la Comisión debe proponer nuevas iniciativas públicas que ayuden a estabilizar los precios de las materias primas. 
Se nos dice, una y otra vez, que de hacer eso se incumplirían las reglas de la OMC. 
En tal caso, habría que modificar las reglas de la OMC, algo que puede hacerse si existe voluntad política. 
Creo que eso debe intentarse con mucha más energía y ahora es el momento de hacerlo. 
– Señor Presidente, es una idea impopular en esta Cámara, pero quizá debiéramos pronunciar unas cuantas palabras amables sobre los Estados Unidos de América. 
Al fin y al cabo, ese país ha hecho una oferta tremenda: ha puesto la oferta sobre la mesa; ha dicho que está dispuesto a aplicar recortes drásticos a las subvenciones agrícolas; ha manifestado que está dispuesto a practicar grandes reducciones arancelarias sobre los productos agrícolas y ha retado a la Unión Europea a igualar la oferta. 
Pienso que se está produciendo ahora un cambio importante en Washington, que están ganando los argumentos a favor del libre comercio, pero ¿vamos a disputar ese encuentro? 
Bueno, el señor Mandelson ya ha dejado claro que no vamos a disputar el partido. 
Como ha manifestado Pascal Lamy, la propuesta estadounidense era cinco veces más ambiciosa que la respuesta de la UE. 
No tengo claro si quien habla es la Unión Europea, o si se trata de la nefasta influencia francesa sobre la política comercial. 
Sin embargo, todo ello me hace pensar, ya que justo el fin de semana pasado se ha celebrado una conferencia de la Commonwealth. 
Un tercio de la población mundial estaba allí representada, exigiendo un acuerdo comercial al señor Blair. 
Pero el señor Blair tuvo que decir que él no podía hacer nada, ya que los británicos no tienen voz; todo eso lo está arreglando Mandelson en Bruselas, y él habla en nombre de todos los 25 países. 
Creo firmemente que si hubiera una voz británica independiente –y estoy hablando aquí del tercer país comercial más grande del mundo– en la OMC el mes que viene, podría hablar realmente en nombre del Tercer Mundo. 
Espero que el señor Blair corone su Presidencia sacando a Gran Bretaña de la política comercial común y acudiendo en persona el mes que viene para hablar en la OMC. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión tiene que dar una prueba de valentía en Hong Kong, empezando por la emergencia china. 
China ha invadido el mercado europeo con productos aparentemente de bajo coste que en realidad se venden a un precio muy elevado. 
Los productos procedentes de China –desde prendas de vestir hasta alimentos procesados y equipos tecnológicos– se están fabricando sin ningún respeto por los derechos humanos, pagando unos salarios ridículamente bajos, sin ninguna consideración hacia el medio ambiente, sin garantías de seguridad para el consumidor y en muchos casos recurriendo a mano de obra infantil. 
Pero además es que muchos de esos productos son falsificaciones, incentivando así un mercado inmenso que financia a las organizaciones criminales, un mercado que además daña directamente a las empresas europeas y debilita su larga tradición de profesionalidad. 
Nuestras empresas no buscan privilegios ni pretenden disfrutar de posiciones especiales: todo lo que piden es poder competir en el mercado internacional en igualdad de condiciones, con el recíproco respeto de las reglas. 
La competencia desleal china está hundiendo a nuestras empresas y poniendo en peligro millones de puestos de trabajo. 
Por eso pedimos a la Comisión Europea que demuestre su valentía interviniendo para defender la fabricación y los puestos de trabajo en Europa. 
En vista de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Hong Kong, pedimos a la Comisión que insista en que se introduzcan cláusulas sociales y medioambientales para prevenir la competencia desleal de China y, en particular, cláusulas que prevengan el dúmping social y ambiental, protejan a los trabajadores y al medio ambiente y subordinen la circulación de mercancías a la defensa de los derechos. 
No se pueden alcanzar acuerdos con personas que explotan a otras, dañan el medio ambiente y no garantizan el respeto de los derechos humanos. 
Europa tiene que tratar de promover una dimensión social de la mundialización, batiéndose al mismo tiempo para proteger a las empresas europeas. 
Señor Presidente, señor Comisario, el mundo está experimentando actualmente una mundialización irreversible de muchos aspectos de la vida. 
Aunque ese proceso nos infunde temor, tenemos también depositadas en él grandes esperanzas. 
Creo que la Organización Mundial del Comercio proporcionará un mecanismo efectivo para realizar la tan necesaria tarea de controlar la mundialización. 
Deseo al Comisario Mandelson mucho éxito en Hong Kong, pero no a cualquier coste, como él mismo ha dicho. 
Si el sector agrícola de la UE, que es el más vulnerable en los nuevos Estados miembros, tiene que ser sacrificado, al menos deben ser los países en desarrollo los que salgan beneficiados. 
Los países ricos no deben beneficiarse del sacrificio de la agricultura polaca y el azúcar polaco. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, como miembro de la delegación de este Parlamento que asistirá en Hong Kong a la próxima reunión de la OMC, apoyo totalmente la resolución común que presentamos y que votaremos mañana. 
Desde la creación, en el año 1979, de una Comisión parlamentaria de Comercio Exterior, este Parlamento ha seguido de cerca las negociaciones en la OMC, enviando delegaciones desde el año 1988, máxime ahora cuando contamos, además, con una Comisión específica de Comercio Internacional. 
El Parlamento Europeo afianza así el papel que la Unión Europea desempeña en el contexto de la globalización, a la vez que hace un esfuerzo para aumentar la transparencia de las actividades de esta Organización. 
Desde los fracasos de Seattle y Cancún, es ahora, precisamente, cuando el papel de la OMC está en juego. 
Tal y como el Comisario Mandelson nos ha dicho, Hong Kong será difícil pero no imposible, por lo que el planteamiento necesita de una mezcla de realismo y ambición. 
No podemos permitirmos, como aquí se ha dicho, otro fracaso. 
Esta Ronda, que es objetivo prioritario de la política comercial comunitaria, es la mejor forma de garantizar que la expansión del comercio se realice de forma equilibrada, produciendo crecimiento, pero, al mismo tiempo, desarrollo sostenible en el contexto multilateral. 
Los países —lo sabemos— negocian haciendo concesiones en unos sectores a cambio de obtener ventajas en otros. 
Por eso, todos tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para que nuestras ofertas resulten equilibradas. 
La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un paquete en materia de agricultura que supone un gran esfuerzo para la Unión y, probablemente, mucho más para ciertos Estados miembros. 
No será posible, sin embargo, concluir estas negociaciones con éxito sin obtener progresos en el acceso a los mercados de los productos industriales y el comercio de servicios. 
El sector servicios, que es el que más rápido está creciendo en la economía mundial, es fundamental para la Unión y, además, reviste una gran importancia por lo que es en sí mismo y por su repercusión en los demás sectores económicos. 
En el caso del NAMA, las negociaciones están estancadas y supeditadas siempre al resultado en otros ámbitos. 
En este contexto, señor Comisario, quiero señalar la importancia de un tratamiento específico para los productos de la pesca, diferenciándolos del resto de los productos no agrícolas. 
Creo que, dadas sus propias especificidades, que los definen, es decir, el hecho de que sean un recurso natural agotable, deberán seguir teniendo la misma consideración que ya tuvieron en la Ronda de Uruguay, esto es, la condición de productos sensibles. 
Sin más, señor Comisario, le deseo mucho éxito en su gestión por el bien de todos. 
– Señor Presidente, quiero comunicar al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario que me ha interesado mucho leer un párrafo de las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de la semana pasada que afirmaba que existe un compromiso firme respecto de las necesidades de los países en desarrollo, y en concreto los países menos desarrollados, y que el Consejo respaldaba un ambicioso programa de desarrollo en Hong Kong. 
De forma casi simultánea se tomó la decisión de introducir cambios drásticos en el régimen azucarero que ha estado vigente en la Unión Europea durante muchos años. 
Esos cambios drásticos tendrán implicaciones enormes. concretamente para los 18 países acogidos al protocolo del azúcar, así como para los países menos desarrollados. 
Análogamente, la semana pasada también se tomaron decisiones que destruirán el sustento de miles de personas en países dependientes del plátano, nuestros proveedores tradicionales. 
Cuando dicen ustedes esas cosas en el Consejo, ¿cómo pueden hacer al mismo tiempo justo lo contrario? 
En el Consejo de Agricultura se decidió conceder 80 000 millones de euros a los agricultores azucareros europeos. 
Compárese eso con los ridículos 40 000 millones de euros que se van a conceder –esperemos, ya que de momento todavía es dinero virtual– a los países ACP. 
De hecho van a perder más en ayuda de refinado que lo que estamos dispuestos a dar para ayudarles en su transición a partir de aquí. 
Durante dicha reunión del Consejo, la Comisaria Fischer Boel dijo que pensaba que esta reforma iba a darle mayor capacidad de acción. 
Verdaderamente no lo puedo creer. 
Esta mañana, el Comisario Mandelson y yo hemos estado en una reunión del G90, donde hemos escuchado las cuitas de los países ACP, concretamente. 
Si la Comisaria Fischer Boel piensa que tiene más capacidad de acción para negociar con los países en desarrollo después de la decisión adoptada la semana en el tema del azúcar, entonces no sé exactamente en qué planeta vive. 
Lo que hemos percibido durante la reunión del G90 esta mañana –y el Comisario Mandelson puede confirmarlo– ha sido una terrible sensación de enojo y, efectivamente, de traición. 
Sé que la Comisaria no es responsable de la distribución de la ayuda que necesitan estos países, pero algo hay que hacer a fin de recuperar la confianza en el plazo de tiempo tan corto de que disponemos entre hoy y Hong Kong. 
Señora Presidenta, Señorías. El programa de trabajo de la sexta Conferencia Ministerial de la OMC incluye una serie de cuestiones importantes, pero permítanme que empiece refiriéndome a la cuestión de la facilitación del comercio. 
Esta fase de las negociaciones requiere una mejora de las reglas de la OMC en los ámbitos de la libertad de tránsito, las obligaciones y las formalidades en relación con la exportación y la importación, así como la publicación y administración de reglamentos comerciales. 
La facilitación del comercio permitiría la aplicación de procedimientos arancelarios igual de estrictos a todos, la realización de consultas y la comunicación por anticipado a todos los miembros de la OMC de la introducción de reglamentos comerciales; eso sería beneficioso para todos los países que comercian. 
El segundo aspecto incluye otras cuestiones que no están anunciadas para ser objeto de consideración o decisión en esta conferencia; sin embargo, son cuestiones de las que hay que hablar, como es la revisión de las reglas de la OMC con la introducción de normas sociales, laborales y medioambientales. 
Naturalmente, algunos países de la OMC con normas laborales y medioambientales laxas no están dispuestos a hablar de estas cuestiones, puesto que corren el riesgo de perder su ventaja competitiva frente a los países que mantienen normas más estrictas. 
Quizás esas cuestiones tendrían que haberse considerado antes; no obstante, es necesario considerarlas ahora, puesto que este año, con la agresiva penetración de China en el mercado textil y en otros mercados mundiales, los países con normas laborales y medioambientales más estrictas están empezando a perder la batalla de la competitividad. 
Las conversaciones sobre la liberalización del comercio deben incluir la cuestión de la igualdad de condiciones comerciales para todos los países. 
Estas conversaciones son esenciales, puesto que no podemos seguir considerando el comercio de forma independiente y al margen de la producción, la seguridad profesional y las cuestiones medioambientales. 
Con toda probabilidad, debemos reconsiderar los medios de tomar decisiones en la OMC para evitar que se favorezcan los intereses especiales de algunos países y se bloqueen procesos abiertos de negociación y toma de decisiones. 
Señora Presidenta, existen dos aspectos de la resolución presentada por los cuatro Grupos que celebro en particular: su afirmación de lo multilateral con preferencia sobre lo bilateral que, con sus cuotas y cosas así, siempre hace que los países en desarrollo salgan perdiendo; y, en segundo lugar, las obligaciones de la UE con relación a los países en desarrollo. 
Esos son los dos principales puntos de partida. 
A continuación quiero agradecer al señor Désir sus constructivas enmiendas. 
La propuesta de retirar rápida y gradualmente las subvenciones a la agricultura en los países industrializados es especialmente constructiva. 
En la UE tenemos que aceptar que los países en desarrollo son los que tienen que seguir recibiendo subvenciones a la producción y nosotros somos los que tenemos que eliminar poco a poco nuestras propias subvenciones. 
Ahora bien, la agricultura es el punto débil en esta resolución. 
No se contempla la reducción de los aranceles agrícolas en la UE, ni se apoya la última oferta del señor Mandelson. 
Por último, es fundamental que los países industrializados acuerden pagar un precio más alto que los países en desarrollo por alcanzar un acuerdo en la OMC. 
Además, hay que contar también con China y Brasil, por supuesto, como países en desarrollo. 
En esos países vive la mitad de la población más pobre del mundo y es inaceptable decir que esos países no pertenecen a la parte pobre del mundo. 
– Señora Presidenta, la contribución más importante que la UE puede hacer en vísperas de la reunión de Hong Kong es comprometerse a eliminar sus subvenciones a la exportación agrícola. 
Eso proporcionaría a millones de personas en los países más pobres oportunidades de desarrollo y de sustento. 
A primera vista, las propuestas presentadas por la UE respecto a la política agrícola parecen bastante constructivas, pero cuando se lee la letra pequeña, queda claro que la oferta de la UE contiene mucha palabrería. 
El peor error que puede cometer la UE antes de y durante las negociaciones en Hong Kong es condicionar las reformas agrícolas a que los países en desarrollo liberalicen sus sectores de servicios. 
Este es el tipo de chantaje que puede hacer que fracase toda la Ronda de Hong Kong. 
En mi opinión, las demandas de los países en desarrollo de proteger partes fundamentales de sus sectores de servicios frente a la exposición a la competencia son totalmente legítimas, dados los niveles de desarrollo de esos sectores. 
Señora Presidenta, en Hong Kong nos jugamos mucho, sobre todo la propia OMC, porque otro fracaso debilitaría considerablemente a este organismo multilateral, a cuya organización del comercio mundial debemos la excelente situación de los acuerdos bilaterales. 
Los países en desarrollo serán también los que salgan perdiendo, aunque la ronda de Doha pretenda ser una ronda de desarrollo encaminada a reducir la pobreza y la privación en los países en desarrollo. 
Si Hong Kong termina siendo un fracaso, el resultado final será que los países en desarrollo más pobres y los pequeños agricultores no tendrán el acceso al mercado que necesitan con tanta desesperación. 
Igualmente, si la conferencia ministerial fracasa, la UE no obtendrá tampoco ningún beneficio. 
Después de todo, Europa desea que el acceso al mercado para su industria y sus servicios esté debidamente regulado. 
Pido al Comisario Mandelson que haga todo lo posible para alcanzar un compromiso, pero, para que eso suceda, los otros grandes bloques comerciales, incluidos los Estados Unidos y Brasil, tendrán también que actuar. 
En Hong Kong, todos los negociadores tendrán que demostrar voluntad política de progreso; después de todo, el fracaso de una ronda comercial no produce más que perdedores. 
Apoyo plenamente los esfuerzos del Consejo y de la Comisión para promover la liberalización del comercio mundial. 
Este es un requisito fundamental para que aumente la eficiencia y la competitividad económica, así como para el crecimiento económico en general del que tanto se habla. 
Los emprendedores deben poder competir libremente en los mercados mundiales, sin trabas de barreras burocráticas. 
No debemos tener miedo a derribar enérgicamente las barreras comerciales, aunque eso ponga a nuestros competidores en una situación de mayor ventaja que nunca en términos administrativos. 
Señorías, los agricultores de la UE están preocupados por la ausencia de evaluaciones precisas, las consecuencias de los acuerdos sobre productos y los indicios de que la Comisión está dispuesta a sacrificar la agricultura a favor de otros bienes de consumo. 
Por consiguiente, quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar lo importante que es reconocer la naturaleza específica de los productos agrícolas, sobre todo en interés de los consumidores de alimentos que, al final, obtienen mayores beneficios que los agricultores de un mercado de productos alimentarios estable. 
– Señora Presidenta, muchas personas son pesimistas respecto a la contribución que la reunión en Hong Kong podrá hacer realmente, pero yo soy optimista de corazón, porque tenemos que conseguir acuerdos ambiciosos en algunos de los ámbitos que estamos negociando. 
Europa y el mundo no pueden permitirse otro resultado distinto. 
Pero para conseguirlo, se requiere mucho más de todas las partes implicadas, puesto que se ha demostrado que echarse la culpa mutualmente, como estamos haciendo ahora, no produce resultados. 
Es especialmente importante para nosotros conseguir una importante liberalización del comercio en los productos agrícolas. 
Muchos diputados de esta Cámara suelen oponerse precisamente a este tipo de liberalización, pero se equivocan. 
Tanto los consumidores como los agricultores europeos merecen tener acceso a un mercado mundial, y nosotros necesitamos la presión para el cambio que produce la liberalización para aumentar nuestra competitividad. 
Las negociaciones en materia de agricultura son también –o quizás principalmente– una cuestión moral, porque son un requisito previo para el desarrollo en muchos países pobres. 
Por eso es una gran pena que esas mismas negociaciones entorpezcan el progreso de las negociaciones tanto sobre productos industriales como sobre el comercio en el sector de los servicios, que es tan importante para Europa. 
Todos los que alegan que el Comisario Mandelson ha ido demasiado lejos y que piensan que no podemos liberalizar más la agricultura tienen que darse cuenta de que sus políticas tienen un elevado precio y que Europa –la principal potencia comercial del mundo– pagará caro la incapacidad de conseguir acceso a nuevos mercados. 
Tenemos que recordar que no es la agricultura, sino el sector de los servicios, lo que actualmente genera el 70 % del crecimiento en Europa. 
Es bastante paradójico que el país que se niega a ofrecer más en las negociaciones sobre agricultura o servicios sea el que actualmente tiene las multinacionales más grandes en ese mismo sector de servicios. 
Ellos deberían ser los primeros en reconocer la necesidad de que Hong Kong sea un éxito. 
Los políticos y las ONG, como Attac, que están tratando actualmente de entorpecer las negociaciones, lo están haciendo a expensas de los pobres. 
El hecho de tener menos liberalización del comercio y más cuotas y aranceles, o el hecho de dejar que los países en desarrollo se escondan detrás de unos elevados muros protectores, beneficia a los que ya disfrutan de privilegios, pero lo que la gente necesita –los consumidores de los países pobres– es inversión. 
Debemos darles el mismo derecho a unos aranceles y unos precios reducidos que tienen los consumidores en Europa. 
Si alcanzamos un acuerdo que contemple una importante liberalización del comercio, los consumidores europeos sentirán la diferencia en sus bolsillos. 
Si no lo alcanzamos, será una cuestión de vida o muerte. 
Señora Presidenta, solo quiero intervenir, en este debate que está a punto de terminar, para hacer un comentario, destinado en especial al señor Comisario, y extraer una conclusión de él. 
Mi comentario es que después de la reforma de la OMC del azúcar, estamos descubriendo, al contrario de lo que se dice con frecuencia, que los países menos desarrollados son también los que nos piden ahora que no prosigamos únicamente por la senda de la bajada de tarifas y el acceso preferencial a los mercados, sino que tratemos de definir las relaciones que realmente les permitirán desarrollarse. 
Ese es el principal comentario que quería hacer. 
Es bastante paradójico que podamos proteger la agricultura en particular, y que al mismo tiempo podamos ofrecer a muchos de los países menos desarrollados la posibilidad de desarrollarse. 
De lo cual concluyo, señor Comisario, que en las negociaciones mundiales, en la búsqueda de un equilibrio general para evitar el retorno a las lógicas bilaterales en el que gane el más fuerte, debemos tener en cuenta dos cosas importantes y darles la misma prioridad. De una parte, la negociación del acceso y de las tarifas y, de otra, la protección y la idea de que los acuerdos preferenciales son hoy tan útiles para el desarrollo como la lógica puramente comercial. 
Ese es el mensaje que quiero transmitirles esta tarde. 
– Señora Presidenta, la UE lleva muchos años practicando una política comercial injusta. 
Es hora de que prestemos atención a las necesidades de los países en desarrollo y que abandonemos nuestra egoísta política comercial. 
Si escucháramos, oiríamos sus llamamientos para poner fin de inmediato a las subvenciones a la exportación. 
Les oiríamos decir que nuestras reformas agrícolas son menores y que ellos piensan que nosotros cometemos un error al imponer requisitos para la liberalización del mercado de los servicios. 
Lo que el Comisario llama «algunos sectores» son en realidad 93 de 163 sectores obligados a liberalizar sus mercados. 
¿Qué tipo de evaluación comparativa es esa? 
¿Qué elementos de referencia estamos pensando en utilizar para empujar a esos países en la ciénaga de la pobreza? 
Ni siquiera entiendo cómo se está utilizando el término «evaluación comparativa» en este contexto. 
Démosles una oportunidad para la autodeterminación. 
Es bueno que reciban la posibilidad de idear sus propias políticas. 
Es hora de que dejemos de exigir medidas a cambio y en su lugar empecemos a dar, y así pido al Comisario Mandelson que se arme de su mejor espíritu navideño en Hong Kong y encuentre placer en dar sin exigir nada a cambio. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, nosotros también queremos que las negociaciones de Hong Kong tengan mucho éxito y somos conscientes de la importancia de la Ronda de Doha, tanto para los países en desarrollo como para la Unión Europea. 
Pero el Comisario ha sido muy categórico en lo que respecta a la agricultura, al afirmar que no habrá más ofertas porque la reforma agrícola comportará también otras oportunidades en otros sectores. 
Pero cuando la Comunidad Europea aprobó la reforma Fischler de la Política Agrícola Común, a nuestros agricultores se les dijo que la reforma era necesaria para presentarse en las negociaciones de la Ronda de Doha con una posición creíble y defendible en la escena internacional. 
La presión que esta reforma ha impuesto a nuestros agricultores y los efectos que ésta ha comportado no se han estabilizado todavía. 
A pesar de todo ello, la Comisión, en lugar de insistir a nuestros socios en lo mucho que han sufrido ya los agricultores, presenta una nueva propuesta negociadora que cuestiona la PAC y obliga a nuestros agricultores a hacer nuevos sacrificios desestabilizadores, lo que significa otra variable que no pueden sostener. 
Para asegurar un mayor acceso al mercado, la Comisión propone reducir los aranceles, lo cual expone a nuestros productores a una competencia insostenible por parte de los productos importados. 
Es evidente que la Comisión no ha valorado debidamente el efecto que esta liberalización está teniendo en la agricultura comunitaria: para algunos productos, la reforma se traduce en una caída apreciable de los precios y en una reducción constante de las exportaciones. 
En resumen, se está sacrificando la PAC para obtener mayores concesiones en materia de servicios y de investigación. 
En cuanto a las indicaciones geográficas, la Comisión ha querido condicionar toda la negociación al reconocimiento por parte de nuestros socios internacionales. 
El propio Comisario confirmó ayer, ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que no considerará concluidas las negociaciones hasta que no se atiendan estas demandas. 
No parece que nuestros interlocutores estén dispuestos a satisfacer esa demanda. 
Por ese motivo pedimos al Comisario que adopte una postura decisiva para que podamos avanzar en la creación de un registro internacional de todas las indicaciones geográficas, gracias al cual podremos salvaguardar nuestras tradiciones de calidad. 
Por último, creo que se necesita una señal igual de clara sobre las subvenciones a la exportación. 
No podemos comprometernos a eliminar nuestro apoyo a la exportación hasta que los países que siguen apoyando sus respectivas exportaciones, aunque sea a través de mecanismos diferentes, adquieran un compromiso similar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo: refiriéndose a la globalización, el Presidente Ricardo Lagos afirmaba recientemente ante esta misma Cámara que lo multilateral acaba siendo política local. 
Los resultados que se consigan en Hong Kong acabarán siendo locales y afectarán directamente a los ciudadanos en su vida cotidiana, tanto en la Unión como en el resto del mundo. 
Los ciudadanos lo saben y, desde Seattle, muchos se movilizan. 
Hay grandes expectativas y esperanzas a las que, como responsables políticos, debemos responder. 
Hong Kong no es el final de la Ronda, pero no puede ser un parón. 
La OMC, como las bicicletas, se cae si se deja de pedalear y, con las bicicletas, nos caemos los ciclistas. 
Si fracasamos, todos seremos perdedores: vencerán el bilateralismo, el darwinismo, el proteccionismo y la discriminación. 
No se pueden rebajar las ambiciones de la Ronda, aun cuando parezca necesario rebajar las ambiciones de cara a Hong Kong. 
La Ronda debe seguir centrada en el desarrollo, pero también, señor Comisario, es necesario defender los intereses de nuestros propios ciudadanos. 
Por esta razón seguimos apoyando desde esta Cámara el objetivo de la Unión y la estrategia llevada a cabo por la Comisión. 
Le pedimos que no ceje en su empeño por alcanzar un acuerdo equilibrado en los diferentes ámbitos de la negociación: desarrollo, agricultura, NAMA y servicios. 
El tiempo apremia: la Ronda debería concluir en 2006 para poder pasar por el del Congreso estadounidense lo antes posible. 
No vaya a ser que la bicicleta OMC se estrelle contra un muro en 2007, una vez vencido el mandato negociador concedido por el Congreso a la administración Bush. 
Ánimo, señor Comisario: los otros negociadores tendrán que mover ficha tarde o temprano. 
No deje de pedalear; siga negociando hasta el final. 
Varios oradores han mencionado ya la enorme importancia de las cuestiones agrícolas en vísperas de la Ronda de Doha. 
La Unión Europea no puede sacrificar la agricultura en aras de las negociaciones de la OMC, ni todo lo que la Unión Europea ha hecho ya por los países en desarrollo; por ejemplo, el 85 % de las exportaciones de alimentos africanos tienen como destino la Unión Europea. 
Ahora bien, tenemos que añadir que la Unión Europea debe adoptar también un enfoque activo de las negociaciones en materia de agricultura, porque no puede atrincherarse en una posición defensiva. 
Debemos tratar de asegurar que los reglamentos relativos al bienestar animal, la protección del medio ambiente y la protección de las indicaciones geográficas se incorporen al sistema de regulación del comercio agrícola de la OMC, puesto que eso beneficiará tanto a los agricultores europeos como a los consumidores europeos. 
Al señor Peter Mandelson le espera la difícil tarea de dirigir las negociaciones, puesto que debe tratar de conseguir que los resultados de las negociaciones beneficien a los 25 Estados miembros, y que los beneficios que obtengan los distintos Estados miembros mantengan un cierto equilibrio. 
La Ronda de Doha es una ronda de desarrollo y sería inaceptable que los resultados beneficiaran solo a los Estados miembros que ya tienen la industria más desarrollada, mientras que los Estados miembros menos desarrollados y más pobres que dependen sobre todo de las actividades agrícolas se vieran perjudicados, lo que significa que los ricos se harían más ricos y los pobres más pobres. 
Eso sería especialmente inaceptable ahora que la Presidencia británica ha propuesto reducir en un 10 % los Fondos de Cohesión. 
Señora Presidenta, Señorías, en los próximos días y semanas tomaremos una de las decisiones más importantes para Europa. 
Quiero expresar mi más caluroso agradecimiento al señor Pearson y, en especial, al Comisario Mandelson, por haber reconocido que lo primero que se necesita para alcanzar un acuerdo en la ronda de la OMC es mucho trabajo. 
Hace falta una buena y cuidadosa preparación, la formulación de una estrategia y, al final del día, hace falta que se lleven consigo un resultado que satisfaga a todos los afectados. 
Aunque sea muy difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, se puede encontrar. 
El escenario más pesimista para todos los afectados sería que volviéramos de Hong Kong con el mensaje de que no se ha conseguido nada y de que todo seguirá como siempre. 
Podemos dar ciertamente por sentado que, si todo sigue igual, nada seguirá igual y correremos el riesgo de provocar una nueva guerra comercial. 
Eso fue lo que nos pasó en la época del conflicto del acero, cuando de repente nuestros teléfonos en esta Cámara empezaron a sonar sin cesar, con empresas y sindicatos telefoneándonos para decirnos que cientos y miles de personas estaban siendo despedidas porque los márgenes del 100 % para pagar los aranceles aduaneros hacían imposibles las exportaciones. 
Al fin y al cabo, la tercera parte de nuestros puestos de trabajo depende de las exportaciones, y las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas de todas, porque emplean a dos tercios de nuestros trabajadores, que a su vez pagan el 80 % de los impuestos. 
Pido al señor Comisario, y también al Consejo, que actúen con decisión para conseguir al menos que los criterios de Singapur, que son tan importantes para el desarrollo de los negocios familiares y de las pequeñas y medianas empresas, vuelvan a debatirse en el plano internacional y que se considere el enfoque que nos permitirá avanzar en las negociaciones. 
Resumiendo, lo que está en juego es la igualdad de acceso a los mercados, algo que es muy importante para todos nosotros y que permitirá que en el futuro nuestras exportaciones contribuyan al logro de la Estrategia de Lisboa. 
Señora Presidenta, me sorprenden los ruidos que oigo en este debate y que proceden, sobre todo, de la Izquierda en esta Cámara, en el sentido de que la política agrícola tiene que liberalizarse más aún y que Europa debe hacer más concesiones. 
Pero al mismo tiempo, son esos mismos Grupos –fundamentalmente el Grupo de los Verdes y en cierta medida también el Grupo Socialista– los que, cuando celebramos el debate sobre el bienestar de los animales, el medio ambiente y otra serie de demandas sobre la agricultura europea, fueron los primeros en exigir la imposición de requisitos adicionales. 
Todo tiene un precio y eso no tiene nada que ver con el comercio justo; si se impone una normativa europea estricta en materia de seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y bienestar animal, pero posteriormente se abren las fronteras bajo el lema del libre comercio en condiciones muy diferentes, se conseguirá cualquier cosa menos un comercio libre y justo. 
Los diputados a esta Cámara deben saber que, en la actualidad, el 80 % de los alimentos exportados desde África van a parar a la Unión Europea. ¿Por qué se dice entonces que Europa no hace nada por los países en vías de desarrollo? 
¿Por qué? ¿Se aplica eso también a la Presidencia británica? 
El programa de trabajo británico, que contempla algunas reformas nuevas de la agricultura europea, no será el programa de trabajo para las negociaciones de Hong Kong. 
Pero hemos conseguido un programa de reformas de largo alcance para la agricultura europea en 2003 y eso es más que suficiente. 
Hemos hecho más que ningún otro bloque comercial del mundo y espero que nuestro negociador británico, señor Mandelson, defienda los intereses del continente europeo, así como esas reformas, esas decisiones que se han tomado y no dé un paso más. 
Debe asegurar también que el comercio internacional se realice en unas condiciones justas, y eso incluye a la agricultura. 
Este es el tipo de cosas que podemos esperar de un negociador, así que es mejor no alcanzar ningún acuerdo que alcanzar un mal acuerdo. 
Señora Presidenta, ha sido un debate sumamente interesante e ilustrativo con un amplísimo abanico de opiniones expuestas. 
Me complace constatar que los diputados al Parlamento Europeo se sienten tan involucrados en estos temas tan importantes. 
Desde luego, espero con interés seguir discutiendo con la delegación que acuda a Hong Kong. 
El mensaje clave que me llevo de este debate es que debemos mantener nuestro nivel de aspiraciones para la ronda en su conjunto. 
Deberíamos apoyar el paquete de medidas para los países en desarrollo expuesto por el Comisario Mandelson y esto hay que verlo como un anticipo al que seguirán otros, no como un acuerdo definitivo. 
No deberíamos subestimar los beneficios del comercio para el mundo en desarrollo. 
Basta con mirar dónde estaba Corea del Sur en la década de 1950 –un país con un nivel de renta similar a la media del continente africano– y compararlo con el lugar que ocupa hoy gracias al comercio. 
Miremos a China, que a lo largo de los últimos 20 años ha sacado a más de 300 millones de personas de la pobreza extrema gracias al comercio. 
Los resultados son realmente impresionantes. 
Nuestro objetivo debería consistir en abrir de par en par a los países menos desarrollados la puerta a las economías del mundo desarrollado. 
Eso es de lo que trata el paquete de la UE. 
Sin embargo, no debemos subestimar tampoco los beneficios de una ronda comercial ambiciosa para la Unión Europea. 
Como ha dicho el Comisario Mandelson, los beneficios en términos de servicios y de acceso al mercado de productos no agrícolas, si logramos un resultado equilibrado de la ronda, favorecerán a la economía de la UE y también a la economía mundial en su conjunto. 
Existen temas espinosos en esta ronda comercial. 
Hemos oído hablar de azúcar, plátanos, algodón: todos ellos una discusión interna y formarán parte de las negociaciones. 
La Presidencia británica apoya plenamente a la Comisión y su táctica negociadora en la ronda. 
El Comisario Mandelson ha hecho una oferta seria que exige un análisis detenido por parte de otros países. 
Ahora tenemos que ver avances en el acceso al mercado de productos no agrícolas, en servicios, por parte de Brasil, la India y otros países. 
Quiero decir a los diputados a este Parlamento que sabemos que todos tenemos que volver con el posible acuerdo final bajo el brazo y justificarlo ante nuestros electores. 
Me han preguntado acerca de los preparativos específicos para Hong Kong en lo referente a la delegación del Parlamento Europeo. 
La Presidencia británica está haciendo planes para reunirse con miembros de la delegación a principios de la conferencia y, es de esperar, nuevamente hacia el final. 
La Comisión celebrará breves encuentros informativos cada día con los diputados al Parlamento Europeo. 
También estamos planeando una recepción ofrecida conjuntamente con la Comisión para que los diputados al Parlamento Europeo se reúnan con los Ministros de la UE. 
Una vez más, les doy las gracias por su tiempo en el debate de hoy y por su apoyo a nuestros preparativos para Hong Kong. 
Señora Presidenta, el comentario con que más estoy de acuerdo proviene del diputado que ha afirmado que el Comisario efectivamente no tiene una tarea fácil para conciliar todos los intereses, opiniones y políticas de los 25 Estados miembros y casar luego esos 25 pareceres con los de los 149 miembros de la OMC, menos nosotros 25, por supuesto. 
Una cosa de la que estoy seguro en mi planteamiento de cara a Hong Kong y en el enfoque respecto de la ronda en su conjunto, es que tengo la obligación de hacer lo que sea correcto a largo plazo, más que cosechar vítores a corto. 
En el tiempo que llevo en este cargo me he dado cuenta de que resulta muy sencillo actuar para la galería. 
Es muy fácil lanzar consignas, decir las cosas que gustan a la gente a la que uno se dirige y conseguir que te aclamen y te vitoreen a placer. 
Pero cuando hablo de lo que es correcto a largo plazo, en lugar de lo que me aporte laureles a corto plazo, me refiero a lo que es correcto para la economía mundial en su conjunto. 
¿Qué es correcto para el multilateralismo y los procesos e instituciones multilaterales? 
¿Qué es correcto no solo para nosotros en Europa, sino para los países en desarrollo? 
Existe toda una multitud de tipos, tamaños y niveles de desarrollo diferentes en los países en desarrollo, según estoy descubriendo. 
Existe también un interés público notable en esta ronda. 
Estoy agradecido a Bob Geldof por hacer pública mi dirección de correo electrónico, que atesora cerca de 100 000 mensajes de gente que me desea suerte para Hong Kong. 
Estoy convencido de que lo hizo con la mejor de las intenciones. 
Sé que quienes han intervenido esta tarde reflejan esta opinión pública y le sirven de portavoces. 
Acojo con gran satisfacción y aprecio la resolución conjunta del Parlamento que se ha elaborado sobre la Ronda de Doha. 
La interpreto como un sólida señal de apoyo a la Comisión y mi planteamiento en la ronda. 
Siempre he apreciado el consejo y la sabiduría del Parlamento Europeo y continuaré haciéndolo en Hong Kong y más adelante. 
Lamento que mi paisano, el señor Farage, no haya permanecido en la Cámara. 
Bueno, tiene una agenda muy apretada con muchos compromisos. 
Por desgracia, en su odio hacia todo lo que sea europeo, se ha dejado arrebatar un poco al describir y elogiar la oferta agrícola presentada por los Estados Unidos. 
A primera vista, la oferta de acceso al mercado por parte de los Estados Unidos es verdaderamente ambiciosa. 
Pero también es táctica y muy poco realista, como sospecho que saben. 
En cuanto al apoyo interior, la oferta estadounidense –que acogí en su momento y sigo acogiendo con entusiasmo– está lejos de ser tan ambiciosa como parecía. 
No presenta verdaderos recortes en los niveles de gasto reales. 
Rebaja los del gasto, pero eso no es, desde luego, exactamente lo mismo. 
A la hora de abordar su principal programa de apoyo interno, sus pagos anticíclicos, esos permanecen inalterados por las propuestas presentadas por los Estados Unidos. 
En cuanto a la competencia en la exportación, los Estados Unidos son muy ambiciosos: muy ambiciosos respecto de nuestras subvenciones a la exportación, pero no tanto si se trata de sus propios créditos a la exportación y su propia ayuda a los productos alimenticios. 
No obstante, estoy seguro de que solo es cuestión de tiempo para que la oferta de los Estados Unidos se vea mejorada y espero con impaciencia dicha negociación. 
Sin embargo, es muy importante resolver la cuestión de la agricultura en esta ronda. 
La Ronda de Uruguay hizo tímidas incursiones en la protección agrícola. 
Por consiguiente, y de manera inevitable, la agricultura es un foco de atención de la Ronda de Doha. 
Pero no pasemos por alto el hecho de que las mayores ganancias de bienestar para todos los países en desarrollo provendrán de la liberalización, no de la agricultura, sino de productos industriales, que representan el 75 % del comercio de los países en desarrollo y la mayor parte de los aranceles que pagan. 
Esa es la razón por la que no debe ser una ronda dedicada solamente a la agricultura. Tiene que ser equilibrada. 
El señor Désir tenía razón al hablar de la liberalización de la agricultura. 
La liberalización de la agricultura, desde luego, beneficiará a algunos países en desarrollo. Los exportadores agrícolas altamente competitivos en el mundo en desarrollo, como Brasil y Argentina, son los países en desarrollo que se convertirán en los principales beneficiarios. 
Pero los principales beneficiarios en la mayoría de las proyecciones de liberalización agrícola se encontrarán en el mundo desarrollado, no en el mundo en desarrollo, incluidos los grandes países exportadores agrícolas como Australia y Nueva Zelanda. 
No soy yo quien lo dice, sino el Banco Mundial en una publicación reciente. 
Permítanme formular dos últimos comentarios acerca del acceso al mercado de productos no agrícolas y de los servicios. 
En cuanto al acceso al mercado de los productos no agrícolas, quiero asegurar a sus Señorías que desde luego no estamos exigiendo a los países en desarrollo lo que nosotros estamos dispuestos a hacer y concedernos a nosotros mismos. 
El principio de la reciprocidad algo menos que plena es importante; significa compromisos de acuerdo con la capacidad y en verdad lo vamos a defender. 
Respecto de los servicios, la UE no impone la liberalización comercial a los países en desarrollo. 
Ofrecemos una libre elección de sectores para los países en desarrollo. 
No existe ninguna presión para abrir sectores como la educación, la sanidad o el agua, aunque en el caso del agua pienso que muchos se beneficiarían de un avance así. 
Simplemente, no estamos imponiendo la liberalización de la noche a la mañana; los períodos de transición para los países en desarrollo quedan a su propia elección. 
No vamos a proponer la liberalización de los servicios audiovisuales. 
Por último, en cuanto al tema del azúcar, creo que la señora Kinnock acertaba al describir el enojo entre los países ACP. 
Hay efectivamente sobre la mesa una oferta virtual de 40 millones de euros y no tenía razón al decir, tal como se me había informado esta mañana, que esta cifra había sido acordada con los países ACP. 
Existe sin duda un desequilibrio notable entre lo que se ofrece en el programa de acción del azúcar a los países ACP y lo que estamos ofreciendo a nuestros productores de azúcar nacionales. 
Antes de llegar a una conclusión final en este asunto, tenemos que analizar las implicaciones de lo que estamos ofreciendo. 
Pero está claro, en la cuestión de la asignación presupuestaria, que dirigimos nuestra mirada al Consejo y al Parlamento, ya que existen opiniones y voces encontradas al respecto, tanto en el Consejo como en el Parlamento. 
Para terminar, por lo que concierne a nuestra transparencia de cara al Parlamento Europeo en Hong Kong, permaneceremos en estrecho contacto con los diputados al Parlamento Europeo que estén allí. 
Participarán en reuniones de la Conferencia Interparlamentaria que se celebrará en Hong Kong. 
Espero mantener un contacto diario regular con los parlamentarios, de forma que juntos saquemos adelante este reunión. 
Para concluir el debate, he recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
– Para el señor Mandelson, que dirige en nombre del Consejo y de la Comisión las negociaciones de la llamada «Ronda de Doha» en la Organización Mundial del Comercio, las ambiciones en cuanto a la liberación del comercio internacional se mantienen intactas, a pesar de haberse rebajado las expectativas respecto a las conclusiones de la Cumbre de Hong Kong. 
Las ambiciones que el Comisario expresa –es decir, las establecidas en el mandato de negociación– son las mismas que las confederaciones de la gran patronal volvieron a expresar por enésima vez en su declaración de 21 de noviembre: mayor liberalización en la agricultura, en el acceso al mercado de los productos industriales y los servicios, y la garantía de conclusión de la ronda de negociaciones antes del final de 2006. 
Esa liberalización ha servido únicamente para aumentar las desigualdades, como se denuncia en el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.. 
Lo que pretenden es controlar el comercio internacional en el marco de la competencia capitalista, donde los grandes grupos económicos y financieros controlarían la economía de los Estados, su agricultura, su producción industrial, sus servicios y sus recursos naturales. 
La realidad que resulta de la ofensiva del capitalismo es dramática e inaceptable. 
Lo que se necesita es un nuevo orden internacional basado en la cooperación, la solidaridad, el desarrollo, el respeto a la soberanía de cada Estado, su derecho a dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y a gestionar sus propios recursos. 
– La EU podría ser una gran fuerza a favor del bien en el mundo en las conversaciones de Hong Kong, pero seguimos sin poder hablar con una sola voz ni nada que se le parezca. 
Como pudimos ver en Escocia durante este verano, cuando cientos de miles de personas desfilaron por las calles de Edimburgo ante el inicio de la cumbre del G8 en Escocia, los ciudadanos de Europa quieren hechos y no más palabras de consuelo. 
Lamentablemente, cada vez resulta más claro que en el ámbito en el que la UE podría contribuir tanto seguiremos practicando nuestras políticas esquizofrénicas que solo sirven para devaluar la imagen de la UE a los ojos del mundo en desarrollo. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los derechos humanos en Camboya, Laos y Vietnam. 
. Señora Presidenta, quizás sea una coincidencia que yo no solo sea Ministro de Comercio del Reino Unido, sino también Ministro de Exteriores del Reino Unido responsable de los derechos humanos. 
Es un gran placer estar presente aquí en el Parlamento Europeo y hablarles como representante de la Presidencia británica y en nombre del Consejo sobre este asunto tan importante. 
Acojo con satisfacción el interés del Parlamento Europeo por este tema –como se reflejó en la audiencia pública celebrada aquí el 12 de septiembre– y por las distintas resoluciones que se han aprobado respecto a la cuestión. 
Sé por mi propio cargo como Ministro del Reino Unido que tanto el público como el Parlamento están muy preocupados por los derechos humanos en Camboya, Laos y Vietnam. 
Este año, por ejemplo, yo mismo y mis colegas hemos recibido hasta ahora más de 100 cartas de diputados del Reino Unido sobre la situación de los derechos humanos en Vietnam solo y es una cuestión que se debate a menudo en el seno del Parlamento del Reino Unido. 
Tenemos la obligación de responder a esta preocupación. 
Los derechos humanos deben ser una característica importante de las relaciones de la Unión Europea con estos países. 
Esto es justo, no solo porque es una cuestión que preocupa a los ciudadanos de la Unión Europea; también es justo por sí mismo, porque tenemos la obligación de ayudar a mejorar, en la medida en que podamos, las condiciones en las que viven las personas en estos países. 
Debemos entablar un diálogo sincero sobre los derechos humanos con estos países, siendo francos cuando las actuaciones correspondan a normas internacionales, pero también reconociendo las mejoras cuando se produzcan. 
Si vamos a mantener ese tipo de diálogo sincero con estos países, debemos basarlo en una idea acertada de lo que está ocurriendo. 
Perjudicamos a nuestra propia causa si no lo basamos en información acertada. 
Todo esto también significa que debemos hacer todo lo posible por trabajar con estos países para conseguir mejoras palpables de los derechos humanos. 
Significa prestar apoyo práctico a las personas normales, aliviando en la medida en que podamos el impacto de la pobreza, la corrupción y el desempleo. 
Me doy cuenta de que algunas de sus Señorías creen firmemente que la situación de los derechos humanos en estos países es tan mala que el Consejo debe tomar acciones punitivas a base de sanciones globales de la UE o mediante un recorte o incluso un abandono total de la ayuda de la UE. 
Permítanme decir ahora mismo que, a la vez que reconocemos los fuertes sentimientos respecto a esta cuestión, dichas acciones drásticas no gozan del apoyo del Consejo, porque creemos que se correría el riesgo de perjudicar precisamente a las personas a las que intentamos ayudar, las más pobres y vulnerables. 
Creemos que el mejor enfoque es un diálogo crítico con los Gobiernos de estos países y que este compromiso puede dar resultado y de hecho lo da. 
Permítanme hablar en primer lugar de Camboya: La trágica historia de Camboya requiere medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar que nunca volvamos a ver la terrible escala de asesinatos y devastación infligida a los ciudadanos de Camboya en la época de los jemeres rojos. 
Me complace observar que una serie de Estados miembros de la UE y la Comisión Europea han prestado apoyo financiero y práctico al establecimiento del Tribunal que ha de juzgar a los jemeres rojos. 
Esperamos con interés el comienzo de las actuaciones del Tribunal. 
El Consejo comparte las preocupaciones de sus Señorías respecto a la actual situación política y de los derechos humanos en Camboya y sigue de cerca la situación. 
Nos preocupa especialmente el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, el tráfico de seres humanos, la violencia contra los activistas civiles y políticos, la impunidad y la corrupción. 
Queremos ver un verdadero desarrollo democrático en Camboya. 
Esto significa que el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil deben trabajar juntos para construir un entorno que favorezca la actividad política legítima. 
Francamente, esto no está ocurriendo hoy en Camboya. 
Al Consejo le preocupan los acontecimientos recientes que afectan a la oposición democrática. 
Agradezco que también compartan ustedes la preocupación, a juzgar por su resolución de marzo sobre Camboya y la reunión informativa con Sam Rainsy, el líder de la oposición camboyana, durante la audiencia pública celebrada aquí el 12 de septiembre. 
El señor Rainsy ha visitado una serie de países de la UE, incluido el mío. 
El Consejo ha expresado recientemente su preocupación por esta cuestión en varias ocasiones; por ejemplo, el 15 de febrero, sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria de tres miembros de la oposición; y de nuevo el 19 de agosto respecto a las condenas a prisión impuestas a varios miembros del Partido de Sam Rainsy. 
Nos preocupa especialmente la situación de Cheam Channy, que está en prisión; la Troika de la UE ha manifestado hace poco su inquietud ante este caso directamente al Gobierno de Camboya, el pasado 11 de noviembre, durante una gestión sobre la libertad de expresión. 
Instamos a la dirección política camboyana a que permita a todos los partidos políticos funcionar sin impedimentos ni intimidaciones y a las ONG y a la sociedad civil participar de lleno en el desarrollo democrático de Camboya. 
En Laos, el Consejo tiene una serie de preocupaciones por la situación de los derechos humanos. 
De nuevo compartimos la preocupación particular de sus Señorías por la libertad religiosa, la libertad de expresión y la situación de la población. 
Somos conscientes de que en los últimos meses varias personas de la etnia han vuelto de zonas remotas para reintegrarse en la sociedad laosiana, y nos animan los informes que afirman que estas personas están siendo tratadas humanamente. 
Pedimos al Gobierno de Laos que siga haciéndolo, para garantizar su seguridad y que estén libres de intimidación y que sigan proporcionándoles la ayuda humanitaria necesaria. 
Los contactos del Consejo con las autoridades laosianas son limitados. 
No obstante, puedo asegurar a sus Señorías que aprovechamos toda oportunidad para plantear nuestras preocupaciones respecto a cuestiones de derechos humanos y gobernanza; por ejemplo, los Jefes de Misión de la UE lo hicieron con el Ministro de Asuntos Exteriores de Laos el 10 de noviembre. 
Nos animan ciertas señales positivas recientes, por ejemplo en el ámbito de la libertad religiosa y en la creación de una División de Derechos Humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Laos. 
Las relaciones del Consejo con Vietnam son más sustanciales; y en este aspecto también nos esforzamos por garantizar que se conceda la prioridad que corresponde a nuestra relación con la cuestión de los derechos humanos. 
Mantenemos un diálogo regular sobre derechos humanos con el Gobierno vietnamita, que abarca todos los ámbitos clave que nos preocupan, como por ejemplo la libertad religiosa, la libertad de expresión, la ejecución de la pena de muerte y la situación en las tierras altas centrales. 
La próxima reunión se celebrará el 12 de diciembre, pero también hacemos aprovechamos otras oportunidades para manifestar nuestra inquietud en torno a los derechos humanos. 
Por ejemplo, los Jefes de Misión de la Troika de la UE lo hicieron durante su visita a las tierras altas centrales la semana pasada. 
Dichas visitas son muy importantes: permiten a los Jefes de Misión constatar la situación de las minorías étnicas de primera mano, incluidas las que han optado por volver a las tierras altas centrales desde Camboya. 
Por esa razón, el Consejo seguirá presionando para conseguir el acceso libre de los diplomáticos y las organizaciones internacionales. 
Acogemos con satisfacción la creciente cooperación de Vietnam con el ACNUR, incluido el contexto del acuerdo tripartito con Camboya; y también acogemos con satisfacción las señales de que esos refugiados montañeses que vuelven de Camboya han sido tratados bien. 
Seguiremos examinando esta situación muy de cerca; y nos esforzaremos por mejorar, mediante actividades de ayuda al desarrollo, las condiciones de vida de las minorías étnicas en la región. 
También aprovechamos nuestros contactos con las autoridades vietnamitas para plantear distintas cuestiones que preocupan. 
La UE mantiene una lista de prisioneros y detenidos preocupante, y aprovecha cualquier oportunidad para plantear la cuestión de la detención y el trato de las personas incluidas en la lista. 
Me complace informar de cierto progreso palpable en este terreno. 
El Consejo acoge con satisfacción la liberación de 12 personas de la lista hasta la fecha en 2005. 
Se trata de pasos positivos y esperamos que la tendencia continúe. 
También acogemos con satisfacción la aceptación por parte de Vietnam de que la UE visite a dos personas de la lista –Thich Quang Do y Than Van Truong– para que podamos conocer su situación. 
No obstante, quedan 22 personas en la lista, y seguiremos pidiendo su pronta libertad. 
No obstante, el Consejo lamenta que hasta ahora no haya sido liberado ninguno de los incluidos en la lista de la UE que han sido encarcelados a despecho de su derecho a la libertad de expresión. 
A la vez que hay algunas señales alentadoras, la realidad es que en la práctica, la libertad de expresión no se respeta en Vietnam. 
Se trata de un derecho humano fundamental y un elemento vital de la gobernanza; por eso el Consejo seguirá solicitando a Vietnam que garantice la protección de la libertad de expresión. 
También reconocemos que muchos ciudadanos vietnamitas están sufriendo a causa de sus creencias religiosas. 
Hay un acoso particular contra miembros de grupos religiosos no reconocidos e iglesias domésticas. 
La libertad religiosa no debería estar sujeta a una licencia o permiso estatal: debería ser una cuestión de conciencia individual. 
Aquí también ha habido motivos recientes de un optimismo cauto. 
Acogemos con satisfacción la Ordenanza sobre Creencia y Religión de 2004 y las Instrucciones sobre el Protestantismo del Primer Ministro de este año como modestos pasos adelante. 
Ahora queremos ver una aceleración de la aplicación de esta legislación, una relajación de las restricciones sobre grupos religiosos no reconocidos que les permita registrarse. 
Vietnam debe acabar con el acoso oficial de los grupos religiosos no reconocidos. 
Por último, el Consejo comparte la preocupación de sus Señorías respecto a la situación de los derechos humanos en Camboya, Laos y Vietnam. 
Los derechos humanos siguen siendo una parte importante de la relación de la UE con estos países. 
Continuaremos planteando estas cuestiones directamente a los Gobiernos implicados, y seguiremos presionándoles para que cumplan sus normas internaciones en materia de derechos humanos. 
. Señora Presidenta, quisiera empezar asegurándole que la Comisión se rige en todas sus actividades en Camboya, Laos y Vietnam por los principios de los derechos humanos, la democracia y la gobernanza. 
La Comisión ha afirmado en repetidas ocasiones que está de acuerdo con el Parlamento en que hay cuestiones inquietantes en el ámbito de los derechos humanos en estos países. 
En primer lugar, en cuanto a Laos, la libertad de expresión, de reunión y de asociación siguen estando restringidas y las organizaciones locales independientes basadas en la sociedad civil están prohibidas. 
Las condiciones en las prisiones son especialmente duras y un número menor de presos de conciencia siguen estando en prisión, como por ejemplo los cuatro líderes todavía encarcelados del movimiento del 26 de octubre de 1999. 
Por otra parte, la situación ha mejorado en los dos últimos años, y especialmente durante 2005. 
Los arrestos arbitrarios de ciudadanos laosianos parecen ser menos frecuentes, y desde mediados del año 2004 no se han comunicado casos de persecución religiosa. 
Volviendo a la situación de los monjes en Laos, la Comisión quiere reiterar que en este país no existe un problema de minorías con los monjes como tales. 
Hay aproximadamente 350 000 monjes en Laos, que están representados en todos los niveles de la sociedad, incluida la Asamblea Nacional y el Gobierno. 
No obstante, hay una serie de grupos insurgentes compuestos por 1 000 a 3 000 personas y formados principalmente por monjes que siguen oponiéndose al Gobierno de Laos. 
Respecto a estos grupos, la situación ha mejorado significativamente durante el último mes, a raíz de unas negociaciones directas entre el ejército de Laos y grupos insurgentes. 
Desde marzo de 2004, más de 1 300 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, han salido de la jungla y se han integrado y establecido de nuevo. 
Según información confidencial fidedigna no hubo matanzas, malos tratos ni persecuciones. 
Respecto a Vietnam, las restricciones que pesan sobre las seis organizaciones religiosas reconocidas y la falta de libertad religiosa para los grupos no reconocidos siguen siendo motivo de gran preocupación. 
La situación es especialmente difícil para la minoría étnica protestante de las tierras altas centrales y septentrionales y para los budistas no reconocidos, las organizaciones Hoa Hao y Cao Dai. 
La nueva legislación relativa a la libertad religiosa aprobada en los dos últimos años ha suavizado algunas de las herramientas utilizadas por el Estado para controlar organizaciones religiosas y permite a los grupos no reconocidos hasta ahora solicitar el reconocimiento oficial. 
También prohíbe explícitamente la renuncia obligada a la fe. 
Dicho esto, mucho dependerá de cómo se ponga en práctica la nueva legislación en el país. 
En el caso de Camboya, las tendencias con respecto a los derechos humanos y la democracia son más preocupantes. 
Acontecimientos recientes, como el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de tres miembros del partido de la oposición de Sam Rainsy y la condena de dos miembros de dicho partido, despiertan sin duda el escepticismo con respecto al compromiso de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición a favor de un sistema democrático genuinamente pluralista. 
También subraya las preocupaciones en torno a la competencia y a la independencia del poder judicial de Camboya. Constituyen un nuevo debilitamiento de la oposición y corren el riesgo de dejar en punto muerto el desarrollo continuo del proceso democrático en el país. 
Como sus Señorías quizás sepan, se ha emitido una declaración contundente de la UE respecto a este asunto, y puedo asegurarles que las preocupaciones de la UE han sido transmitidas personalmente al Primer Ministro por parte del representante local de la Presidencia de la Unión Europea. 
Estas tendencias son muy serias y merecen nuestra plena atención. 
Por lo tanto, la Comisión, junto con representantes de los Estados miembros de la Unión Europea, seguirán muy de cerca la situación y estarán dispuestos a tomar más medidas si la situación continúa deteriorándose. 
En un plano general, la Comisión manifiesta regularmente menudo y de manera constante su inquietud en torno a los derechos humanos a Camboya, Laos y Vietnam. Esto se lleva a cabo mediante gestiones específicas de la Troika de la UE y en reuniones políticas y de expertos, incluidas las comisiones mixtas establecidas al amparo de los Acuerdos de la Comunidad Europea con estos países. 
En Vietnam y Laos se han creado grupos de trabajo específicos para la cooperación en los ámbitos del refuerzo institucional, la reforma administrativa, la gobernanza y los derechos humanos al amparo de los acuerdos de cooperación. 
Estos grupos de trabajo complementan y refuerzan el diálogo en materia de derechos humanos, compartiendo experiencias y realizando un diálogo político a más largo plazo en ámbitos de interés mutuo e identificando ámbitos apropiados para proyectos de cooperación y programas de cooperación. 
La Comisión opina que el diálogo continuo y la cooperación en varios niveles y en distintos foros han demostrado que favorecen la creación de confianza y el compromiso de los tres países respecto con cuestiones sensibles de derechos humanos. 
Permite a la Comisión canalizar las preocupaciones de la UE directamente a las autoridades en un entorno abierto y constructivo, presionándolas firmemente para que sean más transparentes y más responsables en su política de derechos humanos. 
La Comisión está convencida de que el compromiso respecto a cuestiones de derechos humanos mediante el diálogo y la cooperación seguirá comportando mejoras de la situación de los derechos humanos sobre el terreno. 
. – Señora Presidenta, todos los tres países de la antigua Indochina se han visto asoladas por la guerra, y ahora, lamentablemente, sufren la opresión política. 
En los últimos años han comenzado a integrarse en la comunidad económica mundial. 
No obstante, en Vietnam, por ejemplo, todavía se persigue a ciudadanos por sus creencias y prácticas religiosas. 
Mientras que teóricamente la Constitución de Vietnam consagra la libertad religiosa, los tribunales del país rara vez interpretan las leyes de modo favorable a la protección del derecho de una persona a la libertad religiosa. 
Al mismo tiempo que el Gobierno comunista se dice «pobre» y pide ayuda a la UE, su embajada en Canberra, por ejemplo, gastó supuestamente casi un millón de dólares australianos para celebrar 60 años de tiranía comunista. 
Recientemente, el departamento de Estado de los Estados Unidos decidió mantener el país en la lista de «país especialmente preocupante» , puesto que Vietnam lanzó una campaña contra las comunidades religiosas este verano. 
La policía y los militares han destruido diez casas de católicos en la provincia de Quang Ngai. 
Además, funcionarios locales también oprimieron en particular a los montañeses o miembros de las tribus de las montañas. 
Los habitantes de las tierras altas centrales también están sufriendo como los católicos y los fieles menonitas en el país. 
Vietnam sigue poniendo trabas a la prensa y controla de cerca a los usuarios de Internet. 
Camboya, que sufrió enormemente bajo los bombardeos indiscriminados durante la guerra y la indescriptible brutalidad asesina de los jemeres rojos, tiene que sufrir ahora, lamentablemente, el régimen cada vez más autoritario del Primer Ministro Hun Sen, que ha arrestado e incoado juicios por difamación contra críticos que lo acusan de vender territorio a Vietnam en negociaciones fronterizas recientes, sin duda para silenciar a la oposición política en Camboya. 
Pido a Tailandia que no extradite a aquellas personas que buscan refugio en su territorio. 
En Laos hay miembros del Movimiento Estudiantil por la Democracia que están encarcelados desde 1999. 
Existe un control absoluto de los medios de comunicación impresos y audiovisuales y un intento de poner coto a Internet con problemas de tráfico de seres humanos y prostitución forzada. 
Los viven con el miedo constante de ser atacados por soldados laosianos. 
Acojo con satisfacción la presencia de la Familia Real de Laos, que se encuentra hoy aquí en la tribuna de visitantes distinguidos. 
. Señora Presidenta, decía el representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo que hay que hacer la evaluación con rigor. 
Lo que sucede es que la evaluación nunca es la misma para los perseguidos, los encarcelados y, mucho menos, para las familias de los condenados a muerte que para los que, técnicamente, podemos hacer este trabajo. 
La Comisión se ha comprometido, efectivamente, a seguir trabajando en el máximo respeto de los derechos humanos en el caso estos tres países. 
No faltaba más, señor Comisario. 
En estos tres países nos encontramos con tres situaciones distintas, pero en todos ellos podemos afirmar que no se ha avanzado todo lo que quisiéramos en cuanto a libertades y derechos civiles. 
En Camboya, efectivamente, a pesar de que se han producido algunos avances, todavía estamos muy lejos de poder hablar de libertades políticas, mucho menos para las niñas y mujeres, que son víctimas del tráfico sexual, del turismo sexual y de una de las más abyectas situaciones de esclavitud que una mujer y una niña pueden vivir. 
En Laos, podemos seguir hablando, como muy bien han dicho el Consejo y la Comisión, de prisioneros de conciencia y de toda la etnia hmong, que permanece acosada en los bosques en una situación absolutamente infrahumana. 
En Vietnam —también se ha dicho—, nos preocupa seriamente la libertad religiosa, que, por los datos que tenemos de las organizaciones de derechos humanos, puede estar cada vez más reprimida en algunos casos. 
Por último, este Parlamento puede servir como caja de resonancia, precisamente, de los lugares donde se vulneran los derechos humanos. 
La Subcomisión de Derechos Humanos de este Parlamento ha trabajado mucho para sacar a la luz la situación de estos tres países y creo que es muy importante que los avances y retrocesos que se vayan produciendo sean comunicados a este Parlamento. 
Como siempre, el resto del mundo, el mundo que sufre, está esperando nuestra acción. 
. Señora Presidenta, el 3 de febrero se levantó la inmunidad parlamentaria de Sam Rainsy y otros dos miembros de su partido, Chea Poch y Cheam Channy, en Camboya. 
Sam Rainsy ha vivido desde entonces exiliado en Francia y Chea Poch ha huido también del país. 
Cheam Channy fue detenido ese mismo día por la policía militar. 
Las detenciones recientes, no solo de políticos, sino también de periodistas, líderes sindicales y otros miembros de la sociedad civil, son una prueba de la situación cada vez más deteriorada en términos de libertades civiles y políticas que se vive en ese país. 
Pido a la Comisión y al Consejo que sigan llamando la atención de las autoridades camboyanas sobre la grave situación de los miembros del partido de Sam Rainsy. 
Un país con semejante represión de las actividades de un partido de la oposición tiene que rendir cuentas de sus responsabilidades. 
Pero quiero también pedir a la Comisión y al Consejo que inicien una investigación independiente sobre la aplicación del Acuerdo de Paz de París. 
El año que viene, habrán transcurrido 15 años desde la firma del Acuerdo de París que puso fin al conflicto político en Camboya. 
Dicho acuerdo proporcionó, entre otras cosas, una constitución que recogía los principios básicos, entre ellos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Acuerdo implantó también medidas eficaces para evitar que las antiguas políticas y prácticas pudieran volverse a adoptar en ese país. 
En cuanto a Vietnam, existen informes favorables sobre el progreso económico en ese país, que debemos celebrar. 
También es positivo que en noviembre de 2004, Vietnam proporcionara las instalaciones para celebrar un seminario de la UE sobre la pena de muerte. 
No obstante, en 2004 al menos 82 personas fueron ejecutadas y 115 condenadas a muerte, y las cifras reales son probablemente mayores, porque Vietnam considera como un secreto de estado los datos numéricos sobre la pena de muerte. 
En 2005 se han notificado hasta la fecha 24 ejecuciones reales, mientras que 78 personas han sido condenadas a muerte. 
En este sentido, quiero mencionar también la persecución que sufre la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, que preocupa directamente a mi colega Marco Pannella. 
Quiero pedir a la Comisión y al Consejo que exijan a las autoridades vietnamitas la total abolición de la pena de muerte, pero en cualquier caso, en anticipación de eso, la Unión Europea tiene que pedir que se prohíban las ejecuciones y se reduzca el número de delitos que pueden ser objeto de pena de muerte. 
En Laos, aunque no se han notificado ejecuciones en los últimos 11 años, la pena de muerte sigue estando en vigor y en 2005 al menos siete personas, entre ellas una mujer, han sido condenadas a muerte. 
En general, quiero pedir al Consejo también que integre los derechos humanos en el marco más general de las relaciones entre Europa y los países de la ASEAN, aunque ni que decir tiene que nuestras relaciones con ellos van más allá de eso. 
Mantenemos con ellos relaciones económicas y políticas; combatimos juntos el terrorismo, el tráfico de drogas; hay intercambios científicos y muchas otras cosas. 
En mi opinión, tendríamos que estar haciendo más cosas con los países de la ASEAN, no menos. 
Sobre todo tras la entrada en escena de China y la India, Vietnam es el eje de nuestras relaciones con Asia, pero los derechos humanos deben formar parte integral de ello. 
Celebro que la Comisión y el Consejo hayan transmitido también este mensaje y sin lugar a dudas debemos continuar por ese camino. 
Suscribo plenamente la política de mi Grupo en este asunto. 
. Señora Presidenta, efectivamente, hace unas semanas pudimos escuchar varios testimonios de personas que venían de Camboya, de Laos y de Vietnam. 
Sus testimonios fueron verdaderamente preocupantes, sobre todo con relación a la vulneración de los derechos fundamentales. 
En Camboya, como se ha dicho, no solamente son preocupantes los ataques a la pluralidad democrática —persecuciones y detenciones arbitrarias de varios dirigentes—, sino también, como ha señalado mi colega Elena Valenciano, la situación doblemente inquietante que viven las niñas y las mujeres en ese país. 
En Laos, la situación humanitaria es cada vez más grave y no solamente afecta a la población hmong, sino a muchas otras comunidades étnicas y nacionales; y, aun así, las autoridades locales impiden el acceso a las organizaciones humanitarias. 
Y, en Vietnam, siguen estando presas numerosas personas por haber defendido, pacíficamente o a través del ciberactivismo, el derecho a expresarse libremente o, incluso, por ser miembros de determinadas comunidades. 
Por todo ello, me parece razonable, oportuno y necesario pedir a la Comisión una vez más, así como al Consejo, que sigan de cerca la evolución de estos hechos y que impulsen los grupos de trabajo sobre derechos humanos que ya existen en Laos y Vietnam. 
Me alegra escuchar de la Comisión que éstos están funcionando, pero insistimos no solamente en que tienen que funcionar bien, sino en que tienen, también, que rendir cuentas. 
Y una de las instituciones a las que tienen que rendir cuentas es precisamente esta Cámara. 
Ésta es una petición que llevamos tiempo haciendo y que, además, también hacemos en el marco del debate de otro informe: el informe Agnoletto sobre la cláusula democrática. 
Por todo ello, lo importante no solamente es —insisto— trabajar en favor de estos hechos, en favor de la investigación y del seguimiento de la política implementada en esos países, sino también —y eso es para mí lo más importante— rendir cuentas de cómo se están llevando a cabo esos trabajos. 
Rendir cuentas —insisto— a las organizaciones europeas, pero también a la población afectada. 
Es demasiado frecuente que solo los de fuera sepamos lo que ocurre y cómo solucionarlo; a veces, también es necesario que los de dentro puedan tener acceso a esa información. 
Señora Presidenta, Vietnam, Laos y Camboya han experimentado un enorme progreso económico en los últimos 10 años. 
Eso lo celebramos mucho, pero es una pena que hasta ahora esas reformas no hayan venido acompañadas de las correspondientes reformas en el ámbito de las libertades políticas y civiles, como se recuerda en la propuesta de resolución. 
La existencia de una mayor libertad económica es una buena noticia, pero la grave carencia de libertad de expresión y de libertades políticas y religiosas es justo lo contrario. 
La persecución religiosa sufrida por los budistas y los cristianos en Vietnam es particularmente alarmante. 
Líderes budistas y cristianos están siendo retenidos en campos de reeducación y solo en este mes 84 monjes han sido detenidos. 
Los monjes pertenecían a la Iglesia Budista Unificada, que fue prohibida hace 24 años y cuyas propiedades han sido confiscadas. 
El sacerdote católico Pham Minh Tri lleva muchos años en prisión. 
El año pasado entró en vigor una nueva ley sobre fe y religión, una ley que no concedió ninguna libertad religiosa real, puesto que las escuelas y las universidades que habían sido destruidas no fueron devueltas a la comunidad budista, por poner un ejemplo. 
Todos sabemos también que en Laos y Camboya sigue habiendo «presos de conciencia» , si me permiten llamarlos así. 
Resumiendo, una mayor libertad económica en esta región es un avance admirable y encomiable. Pero no puede decirse lo mismo de las continuas violaciones de los derechos humanos, con lo que también me refiero al derecho a la libertad de culto. 
Las relaciones mutuas entre la Unión Europea y Vietnam, Laos y Camboya deben basarse no solo en una mayor libertad económica, sino también en los derechos humanos, como han dicho ya algunos oradores. 
El derecho a la libertad de culto debe ser uno de esos derechos. 
– Señora Presidenta, me complace que tengamos este debate. 
El 12 de septiembre de 2005, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento celebró una audiencia sobre Camboya, Laos y Vietnam, como han señalado varios oradores anteriores. 
Para los desinformados fue muy ilustrativa respecto de los abusos actuales de los derechos humanos, restricciones a las libertades y represión política y religiosa, con distintas variantes en cada país. 
Esta propuesta sigue a resoluciones anteriores y recoge pasajes escritos en términos enérgicos del informe anual sobre los derechos humanos que presentó el Parlamento el año pasado. 
La propuesta de resolución insta a las autoridades de los tres países a avanzar en aspectos concretos. 
En relación con Camboya, la propuesta insta a las autoridades a llevar a cabo reformas políticas e institucionales, a liberar a los presos políticos, a combatir la corrupción, la deforestación y los desplazamientos de personas y a tomar medidas para luchar contra el negocio del turismo sexual. 
En relación con Laos, instamos a las autoridades a liberar a los presos políticos y de conciencia, a desarrollar un sistema multipartidista en el que puedan tenerse en cuenta todas las opiniones y puntos de vista, a respetar las minorías religiosas y sus derechos y a permitir el acceso sin restricciones de las agencias de las Naciones Unidas a todas las partes del país. 
En relación con Vietnam, instamos a las autoridades a promover y permitir un sistema multipartidista que refleje distintos puntos de vista, a poner fin a la represión de grupos minoritarios religiosos como la iglesia unificada budista y a liberar a los presos políticos de conciencia vietnamitas. 
Al mismo tiempo, reconocemos que en este terreno se han hecho algunos progresos. 
Estas peticiones son razonables. Son coherentes con el sistema de valores de la UE en relación con la promoción de los derechos humanos y la democracia. 
La UE mantiene vínculos formales con los tres países en forma acuerdos de cooperación suscritos con Camboya y Laos en 1997 y con Vietnam en 1995. 
Todos estos acuerdos incluyen cláusulas sobre derechos humanos. 
Estas deberían significar algo y su repetido incumplimiento debería acarrear consecuencias. 
– Señora Presidenta, considero que este debate solo viene bien en parte: es un poco confuso, ya que la situación en los tres países es muy distinta. 
Camboya –donde fui jefe de la misión de observadores electorales del Parlamento Europeo en las últimas elecciones– es, sin duda, una democracia viciada. 
Está muy claro que el Partido Popular de Camboya ganó esas elecciones. 
No obstante, el trato dado a Sam Rainsy y otros miembros de su partido es sin duda inaceptable, y el Consejo y la Comisión deberían seguir haciendo hincapié en este mensaje. 
En Vietnam hay un Estado leninista de mercado con un fuerte movimiento reformista que introduce mejoras graduales. 
No obstante, debemos criticar al país por la restricción de la libertad de expresión, al igual que por la discriminación de la Iglesia Budista Unida de Vietnam. 
El trato reservado a las minorías indígenas, especialmente en las tierras altas centrales y en el norte, es inaceptable de acuerdo con cualquier norma internacional, incluso admitiendo su papel negativo en la lucha de liberación nacional de Vietnam en las pasadas décadas. 
En mi opinión, el verdadero problema se encuentra en Laos, que es un régimen autoritario y esencialmente no reformado en el que se ponen cortapisas a la libertad de expresión, de prensa, de asociación y de culto y donde no existe una oposición política efectiva. 
Recuerdo el arresto en Laos de mi colega Olivier Dupuis, antiguo diputado al Parlamento Europeo, y su decisión de declararse en huelga de hambre por no poder distribuir material en ese país. 
Después, la señora Morgan hablará de la situación de los en Laos, que es especialmente terrible. 
Solicitamos a la Comisión y al Consejo que sigan presionando a estos tres países para aliviar los problemas de derechos humanos, que son distintos pero siguen existiendo en los tres países. 
– Señora Presidenta, ¿realmente sirve de mucho que debatamos los derechos humanos en estos países a menos que la UE esté dispuesta a actuar al amparo de la cláusula de sus acuerdos bilaterales con Camboya, Laos y Vietnam que estipula que el respeto de los derechos humanos es una condición de la ayuda de la UE? 
Esa cláusula sigue incumpliéndose a diario, pero la ayuda se mantiene como si todo fuera bien. 
Y todo está lejos de ir bien. 
Solo tengo tiempo para referirme a las restricciones de la libertad religiosa. 
En Vietnam crece la persecución de los cristianos, que afecta especialmente a las iglesias minoritarias cristianas protestantes de las tierras altas centrales y del norte de Vietnam. 
El reverendo Quang y sus asociados han sido perseguidos sin tregua por las autoridades comunistas. 
Cuando el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Vietnam se dirigió al Parlamento en diciembre, calificó a Vietnam de cárcel para sus ciudadanos, gobernada por una mafia roja financiada por el contribuyente europeo. 
Puede que exagerara nuestra generosidad, pero en todo caso fue una dura crítica a la actitud de la UE ante países como este. 
Señora Presidenta, Señorías, la situación de los derechos humanos en Camboya, Laos y Vietnam es especialmente preocupante. 
La finalidad del debate de hoy es apoyar una actuación firme y enérgica por parte de todos nosotros –el Parlamento, la Comisión y el Consejo– en defensa de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y la defensa de la libertad. 
Desde que finalizó el conflicto militar –hace treinta años finalizaba la guerra en Vietnam– y la caída de los sanguinarios regímenes comunistas –como el de Pol Pot– o los violentos golpes de estado contra el Gobierno –como en Laos–, la comunidad internacional ha cooperado activamente para apoyar a la antigua Indochina en términos de desarrollo y democracia en la escena internacional. 
Pero treinta años después de unos acontecimientos tan terribles y trágicos para una parte de la raza humana, ¿cuál es la situación hoy? 
Seguramente se ha hecho mucho, pero no lo suficiente. 
Se sigue sin respetar las garantías fundamentales en materia de derechos humanos: el derecho a la vida y la libertad de reunión, expresión y opinión, por no hablar del derecho a la libertad de culto y las limitaciones impuestas a los cristianos y católicos, así como a la Iglesia Budista Unificada de Vietnam. 
¿Y qué decir del sórdido y vergonzoso turismo sexual, que no conoce límite y por el cual mujeres jóvenes –casi niñas– se ven empujadas a las calles como simples objetos carnales? 
Es una vergüenza que tiene que impedirse e interrumpirse. 
Hay que reconocer que se ha hecho un cierto progreso en lo que respecta al derecho a la manifestación religiosa: hace unos días se han ordenado varias docenas de sacerdotes en Vietnam. 
Pero tenemos que hacer más para ganar la batalla en defensa de la democracia y los derechos humanos. 
Dentro de tres años celebraremos el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Espero que de aquí a entonces podamos –mediante un mayor uso de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, empezando por los financieros– adoptar una verdadera política de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Señora Presidenta, creo que para conseguir este objetivo, es fundamental que el Parlamento Europeo participe en el trabajo de los grupos de trabajo UE-Laos y UE-Vietnam del Consejo y la Comisión, en lo que concierne a las reformas administrativas, la gobernanza y los derechos humanos. 
– Señora Presidenta, quiero hablar de los derechos humanos en Laos. 
En el transcurso de las últimas elecciones europeas vi un documental sobre la difícil situación que viven los. 
Me dije entonces que aprovecharía la primera oportunidad que tuviera en esta Cámara para plantear la situación en que se hallan estas personas. 
Me complace tener hoy aquí esta oportunidad. 
Los son un grupo étnico perseguido durante muchos años por apoyar a los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. 
Cuando el Partido Comunista tomó el poder en 1975, miles de murieron porque en la época apoyaban a los Estados Unidos. 
Muchos huyeron del país, pero muchos otros se refugiaron en la jungla de las montañas y hoy, unas décadas más tarde, todavía siguen allí. 
El documental que vi mostraba a toda una aldea –niños pequeños, ancianos y ancianas– llorando cuando llegó el equipo de televisión porque creyeron que por fin su situación sería mostrada al mundo. 
Los de Laos han sido atacados con helicópteros y tropas de infantería. 
Llevan una existencia muy precaria y a veces no tienen alimentos durante días a pesar de estar rodeados de frutas del bosque comestibles: preferirían morir de hambre antes de dar cualquier pista sobre su paradero a las autoridades laosianas. 
Esta situación de pavor no deberían sufrirla, en particular las mujeres y niños, en pleno siglo XXI. 
Por ello, insto a la Comisión y al Consejo a que consideren seriamente qué ayuda, en todos caso, debería destinarse a Laos, si no se producen mejoras notables, especialmente con respecto a los derechos de los 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, treinta años después de que finalizara la guerra de Vietnam, que sumió a Camboya y Laos en una vorágine, la situación de los derechos humanos en esos tres países del Sudeste Asiático sigue dejando mucho que desear. 
El hecho de que nos estemos repitiendo es irrelevante, porque no tenemos con demasiada frecuencia ocasión de llamar la atención sobre estos problemas. 
Laos está sometido a un régimen unipartidista y cualquier tipo de oposición es imposible. 
El país está aislado de la comunidad internacional, sin ninguna libertad de opinión o culto, por no mencionar que es un centro de fabricación de opio y de comercio ilegal de madera, o el maltrato que reciben los menores en ese país. 
En Camboya no se respetan los derechos de las mujeres ni de los niños, y la oposición y sus partidarios sufren represión. 
Los tribunales carecen de independencia, los parlamentarios pierden su inmunidad judicial y los periodistas terminan entre rejas. 
A pesar del progreso económico y de cierta voluntad de tomarse en serio las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, Vietnam es también el que impone las restricciones más severas a la libertad de expresión y la libertad de prensa, y lamentablemente sigue reprimiendo la práctica religiosa, aunque eso suponga perseguir a budistas o a sacerdotes católicos. 
En la medida en que se está encarcelando a personas por sus opiniones y creencias, se trata de un problema que no debe abordarse exclusivamente con una resolución del Parlamento Europeo; el Consejo y la Comisión deben ayudar también a promover la buena gobernanza, la creación de instituciones y la implantación de reformas administrativas. 
La ayuda de la UE tiene que supeditarse al cumplimiento de estas condiciones políticas. 
Teniendo eso en cuenta, la propuesta de resolución conjunta expresa no solamente un deseo piadoso, sino que es un llamamiento a todas las instituciones de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, la resolución que hoy debatimos está obteniendo un amplio apoyo aquí en el Parlamento, como tenía que ser. 
En el ámbito de la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales, nosotros, como políticos europeos, tenemos la oportunidad y la obligación de defender esos principios con una vehemencia aún mayor. 
Esta resolución, como se ha dicho, es una buena demostración de cómo podemos llevar las actividades de las comisiones al nivel plenario. 
La Subcomisión de Derechos Humanos ha podido comprobar que existe una preocupación real por la situación de los derechos humanos en Laos, Camboya y Vietnam. 
Posiblemente con relación a Camboya, existía anteriormente el deseo de dar al país tiempo para normalizarse y recuperarse de la era de los jemeres rojos, pero ese tiempo se está agotando rápidamente. 
Cuando hasta los oprimidos siguen con la opresión, el resto del mundo tiene que intervenir en defensa de los derechos humanos. 
Eso significa inevitablemente que tenemos que considerar la imposición de condiciones para presionar a los Gobiernos. 
Las noticias que nos llegan, por ejemplo, sobre la detención de políticos de la oposición y de periodistas, no sugieren que las cosas vayan por buen camino. 
La comunidad internacional tiene que prestar una atención muy especial a la situación de la mujer. 
La defensa de los derechos de los grupos más fácilmente discriminados, como las mujeres y los niños, y sobre todo las niñas, las minorías, los pueblos indígenas y los discapacitados, constituye una prioridad y hubiera sido excelente que la resolución prestase atención a esto. 
Ni siquiera sabemos con exactitud cuál es la situación en Laos, puesto que ni las organizaciones extranjeras de derechos humanos pueden entrar en el país. 
Pero sí que sabemos que difícilmente puede decirse que los derechos fundamentales se estén respetando allí. 
Puesto que el Parlamento está dando ahora su apoyo político mayoritario a la resolución, mientras recuerda al mismo tiempo la existencia de resoluciones anteriores, vigilaremos obviamente de cerca los acontecimientos en esos países y si la situación no mejora, volveremos a plantear esta cuestión, desde luego. 
Señora Presidenta, Señorías, como mis colegas diputados han insistido en sus intervenciones, Camboya, Laos y Vietnam son tres países donde los derechos humanos se violan de manera flagrante y persistente, ante la pasividad de la comunidad internacional. 
Aunque estos países están haciendo reformas económicas que son necesarias para su desarrollo, olvidan los derechos fundamentales y las libertades de sus ciudadanos, sobre todo de las minorías étnicas y religiosas. 
Quiero llamar especialmente su atención sobre la situación de los en Laos. 
Ese pueblo lleva treinta años soportando una persecución continua por parte del ejército popular porque sus padres o abuelos lucharon en el bando de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. 
Se dice que cerca de 20 000 sobreviven en la selva en condiciones terribles, condiciones que chocan con los principios de los derechos humanos que todos apoyamos. 
Se alimentan de hojas y de raíces y, por seguridad, se ven obligados a trasladar sus poblados periódicamente. 
Sus hijos no reciben educación y sufren malnutrición. 
Varios cientos de ellos se rindieron a las autoridades, pero fueron detenidos o desaparecieron. 
El Gobierno central niega los hechos. 
La comunidad internacional ha sabido de ellos recientemente gracias a los medios de comunicación. 
Es hora de que abramos los ojos y, sobre todo, de que condenemos enérgicamente esta campaña de represión, incluso de exterminio, que se está realizando con total impunidad. 
Tenemos que exigir al Gobierno laosiano que permita a las organizaciones internacionales y no gubernamentales el libre acceso a las zonas afectadas –esa es la única forma de que ese pueblo pueda recibir los alimentos y la asistencia que necesitan– y, por encima de todo, presionar al Gobierno para que integre a esas poblaciones en la sociedad laosiana con los derechos y las libertades fundamentales que se les han negado hasta hoy. 
Sabemos que la economía laosiana depende de la ayuda de donantes extranjeros y, en gran parte, de la ayuda de la Unión Europea; la comunidad internacional y la Unión Europea disponen, por tanto, de medios para presionar a las autoridades de país. 
Esperamos, señora Presidenta, que la Comisión y el Consejo escuchen este llamamiento y ayuden a las poblaciones del Sudeste Asiático. 
Señora Presidenta, he escuchado con sumo interés las opiniones de sus Señorías en el debate y me complace enormemente el sentimiento tan fuerte que despiertan las cuestiones de derechos humanos. 
Los Gobiernos de Camboya, Laos y Vietnam no deben hacerse ilusiones sobre la seriedad con que el Consejo contempla los derechos humanos. 
Estos Gobiernos son plenamente conscientes de los fuertes sentimientos que hay en el Consejo, en los Estados miembros y en el Parlamento Europeo. 
En julio visité Camboya y Laos, donde asistí al Foro Regional de la ASEAN. 
Fui y vi un proyecto en Camboya que estaba sacando de las calles a jóvenes vulnerables y realizando un trabajo absolutamente formidable. 
También vi un proyecto apoyado por el Gobierno del Reino Unido, que imparte formación a agentes de policía de Camboya para combatir el turismo sexual infantil. 
Sé que muchos otros Estados miembros de la UE están financiando proyectos similares en otros países que están haciendo un buen trabajo. 
Creo que es muy importante que seamos sinceros y francos con los Gobiernos en los que se producen abusos de los derechos humanos, pero también deberíamos ofrecer palabras de aliento cuando se observan avances positivos. 
He visto que hoy los medios publican un informe que dice que ayer se ordenaron en Vietnam sesenta nuevos sacerdotes católicos romanos en una ceremonia masiva. 
Es un acontecimiento que hay que celebrar, pero no deberíamos olvidar que en ese país siguen existiendo abusos de los derechos humanos, como también se producen en Camboya y Laos. 
Hemos escuchado algunas intervenciones muy elocuentes que han descrito y catalogado esos abusos de los derechos humanos. 
Espero que sus Señorías presentes hoy aquí sigan aprovechando cualquier oportunidad para visitar estos países a fin de constatar por sí mismos la situación y plantear directamente sus preocupaciones en torno a los derechos humanos a los Gobiernos de esos países. 
Cuando estuve en Camboya planteé por supuesto la cuestión de Sam Rainsy y su partido directamente al Primer Ministro Hun Sen. 
En el Foro Regional ASEAN, Javier Solana y yo también discutimos cuestiones de derechos humanos. 
El Consejo seguirá manifestando sus preocupaciones a los respectivos Gobiernos. 
Esto significa ser abierto, sincero y franco cuando estos Gobiernos no estén a la altura de las normas internacionales. 
Pero debemos basar nuestras preocupaciones en información fidedigna; tenemos que disponer de datos reales. 
También debemos reconocer los avances y alentarlos. 
Quiero agradecerles el debate y, sobre todo, la insistencia política y el compromiso demostrado por los diputados y el Parlamento Europeo al expresar su apego a los valores y principios que sustentan no solo a la sociedad europea, sino también a cualquier civilización libre que desee garantizar el progreso, la dignidad humana y todas las necesidades humanas básicas. 
Creo firmemente que con este enfoque nos estamos situando no solo en el lado correcto, sino también en el lado ganador, el lado del cambio gradual. 
Está claro que la situación es muy diferente en los tres países que hemos analizado en detalle. 
Pero no debemos olvidar que esta situación es el resultado de una historia trágica. 
Los acontecimientos de las últimas décadas demuestran claramente que la situación ha mejorado mucho, aunque dista mucho de ser satisfactoria. 
Sobre este telón de fondo, la Comisión Europea, conjuntamente con la Presidencia y el Consejo, seguirá manteniendo un diálogo constructivo y presionará políticamente para la democratización de esos tres países del Sudeste Asiático. 
Quiero responder a la pregunta sobre el suministro de información y de informes. 
La Comisión está dispuesta a dar a divulgar los detalles de los debates celebrados por el grupo de trabajo conjunto de la UE sobre esos países, y creo firmemente que la elaboración o aprobación de la cláusula sobre derechos humanos y democracia en nuestros acuerdos de cooperación realizará también una importante contribución a esos principios y valores en las relaciones internacionales. 
Quiero poner un ejemplo que me parece importante desde la perspectiva de las comunicaciones interpersonales. 
Hace dos semanas, tuve la oportunidad de asistir a la apertura del segundo congreso de rectores universitarios de la UE y los países de la ASEAN celebrada en Lovaina, cerca de Bruselas. 
Fue un encuentro realmente inspirador que incluyó un debate sobre cómo crear las condiciones adecuadas para mejorar no solo el diálogo, sino también el clima propicio para la libertad y la democracia en esos países. 
A través de este tipo de relaciones, por ejemplo invitando a estudiantes de esos países a participar en programas y proyectos como Erasmus Mundus, creo firmemente que podemos ayudar a mejorar las condiciones en Vietnam, Laos y Camboya. 
Al término del debate he recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
-la pregunta oral al Consejo formulada por el señor Sifunakis, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la Tregua Olímpica (O-0084/2005 – B6-0335/2005), 
-la pregunta oral al Consejo formulada por la señora Martens, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre desarrollo y deporte (O-0078/2005 – B6-0340/2005) y 
-la pregunta oral al Consejo formulada por la señora Martens, en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre desarrollo y deporte (O-0079/2005 – B6-0341/2005). 
. – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, la comisión responsable de los jóvenes y el deporte, celebro particularmente el debate de hoy en sesión plenaria de la reciente propuesta de resolución presentada por la Comisión de Cultura sobre la Tregua Olímpica, antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno que se celebrarán en Turín el próximo mes de febrero. 
El Parlamento Europeo y, en especial, la Comisión de Cultura y Educación, como hizo durante los anteriores Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Atenas, está expresando hoy su apoyo a la idea de la Tregua Olímpica y pide al Consejo que adopte medidas concretas para que se respete esa tregua en los Juegos de Turín. 
Como saben, la idea de la Tregua Olímpica se remonta a los Juegos Olímpicos griegos. 
En la antigüedad, los estados de las ciudades griegas que participaban en los Juegos cesaban todo tipo de hostilidades desde siete días antes del inicio de los Juegos hasta siete días después de su finalización, de manera que atletas, artistas y espectadores pudieran viajar sin miedo a Olimpia para participar en los Juegos y regresar a sus hogares sanos y salvos. 
Desde el siglo noveno antes de Cristo, cuando nació la institución de la Tregua Olímpica con la firma de un tratado de paz entre los reyes de Esparta, Elis y Pisa, hasta el año 393 después de Cristo, el año en que se prohibieron los Juegos Olímpicos, la Tregua Olímpica fue respetada como se merecía durante doce siglos consecutivos y contribuyó a que se respetara la institución de los Juegos Olímpicos. 
Hoy, en los albores del siglo XXI, la idea de la Tregua Olímpica está reviviendo, tendiendo lo que podríamos llamar un puente entre la antigua tradición y el mundo moderno porque, más allá del noble ideal que profesan los Juegos Olímpicos, es extremadamente importante que demos a este gran evento deportivo y cultural un nuevo empuje que tenga como objetivo el establecimiento de la paz mundial. 
De esta forma, no solo estaremos reviviendo la idea general de los Juegos Olímpicos, de la que la Tregua Olímpica forma parte integral, sino que estaremos dando también un ímpetu renovado y nuevas perspectivas a los Juegos Olímpicos. 
En este punto, quiero reiterar brevemente los pasos que hemos dado en los últimos años para establecer la idea de la Tregua Olímpica en todo el mundo. 
En 1992, el Comité Olímpico Internacional pidió a la comunidad internacional que cesaran todas las hostilidades durante los Juegos Olímpicos de 1992. 
En 1994, durante los Juegos Olímpicos de Lillehammer, se silenciaron las armas en Sarajevo y, cuatro años después, en febrero de 1998, durante los Juegos Olímpicos de Nagano, se evitó el conflicto del Golfo gracias a la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas, señor Annan. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una serie de resoluciones desde 1993 que instan a los Estados a respetar la Tregua Olímpica. 
Esas resoluciones han sido aceptadas por todos los Estados miembros, lo cual es poco habitual en las Naciones Unidas y demuestra que la idea de que la Tregua Olímpica es un objetivo para la comunidad internacional en su conjunto. 
En julio de 2000, tras la propuesta del Gobierno griego a través del entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Georgios Papandreu, quien también fue su fuente de inspiración, instauramos oficialmente la Tregua Olímpica con la creación por parte del Comité Olímpico Internacional y el Gobierno griego de un Centro Internacional para la Tregua Olímpica y una Fundación Internacional para la Tregua Olímpica, como foro de debate para resolver conflictos y fomentar la paz a través del deporte y el ideal olímpico y empujar a la acción a las personas, especialmente a los jóvenes. 
Hay que señalar que nuestro honorable amigo, señor Stavros Lambrinidis, fue el primer director del Centro Internacional para la Tregua Olímpica y coordinador de esta iniciativa. 
La idea de la Tregua Olímpica emana de la profunda convicción de que el deporte y el ideal deportivo puede ayudar a crear un mundo pacífico y mejor. 
Es la condición más duradera para la paz en la historia de la humanidad y es una herramienta excepcionalmente valiosa para la diplomacia, ofreciendo una gran oportunidad para la resolución pacífica de crisis a través del diálogo y la educación. 
Este logro constituirá una pequeña revolución en el mundo actual. 
Por tanto, creo que también nosotros debemos contribuir tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones a que eso se haga realidad. 
Señora Presidenta, 2005 ha sido el Año Internacional del Deporte y la Educación Física de las Naciones Unidas. 
Uno de los objetivos de ese año ha sido el de crear las condiciones adecuadas para la elaboración de un mayor número de programas y proyectos de desarrollo basados en el deporte. 
Se anima a los países y a las ONG a hacer más en el marco de la cooperación al desarrollo y el deporte. 
Las Naciones Unidas están convencidas de que el deporte puede realizar una contribución importante al logro de los Objetivos del Milenio. 
Esta es la primera vez que la cooperación al desarrollo y el deporte aparecen juntos en nuestro orden del día, y eso es algo que acojo con satisfacción. 
El deporte une a personas de diferentes razas, clases, niveles de educación y culturas. El deporte puede hacer una contribución positiva a la cohesión social, el trabajo en equipo, la salud, el diálogo intercultural y muchas otras cosas. 
Es también la herramienta perfecta para llegar a los grupos más vulnerables de la sociedad, como personas con discapacidad y niños, y parece ser una herramienta estupenda para que niños traumatizados –me vienen a la mente los niños soldados– puedan superar sus traumas y reintegrarse en la sociedad. 
Por eso el deporte puede desempeñar un papel capital en el fomento del desarrollo. 
El deporte puede aportar beneficios tanto a los individuos, que pueden disfrutar con actividades más sanas, como a las diversas comunidades, dado que a menudo contribuye a mejorar las relaciones sociales. 
Grandes organizaciones, como el UNICEF o los Comités Olímpicos de distintos países, pero también Gobiernos nacionales como los de Noruega, Canadá, Gran Bretaña y los Países Bajos, y organizaciones internacionales de federaciones deportivas, como la FIFA, están desarrollando todos ellos proyectos en este ámbito. 
En los Países Bajos, no solo el Gobierno, sino también ONG como NKS, la Federación Neerlandesa Católica de Deportes, llevan años trabajando en proyectos deportivos en países en vías de desarrollo. Se ha demostrado que son proyectos de bajo coste y de impacto elevado. 
Pueden encontrarse también ejemplos interesantes en, por ejemplo, el ámbito de la educación y la asistencia sanitaria, y también en la prevención del VIH/sida. 
En lo que respecta a desarrollo y deporte, la situación de la mujer merece una atención especial. 
En muchos casos, las mujeres encuentran obstáculos para practicar deporte, por ejemplo, debido a un código de vestimenta o porque simplemente no pueden salir de casa. 
Todo el mundo debe tener derecho a practicar deporte. 
Acojo, por tanto, con satisfacción la enmienda oral que se está preparando al respecto para hacer hincapié en este punto. 
La pregunta formulada a la Comisión y al Consejo pretende concienciar a Europa de las oportunidades que puede ofrecer el deporte en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
Deseo que la Comisión nos explique la experiencia que tiene con programas de este tipo y también si la Comisión puede y quiere contribuir a ampliar el conocimiento de las posibilidades y animar a los Estados miembros a promover proyectos en este ámbito, por ejemplo organizados por ONG deportivas en sus respectivos países. 
La Comisión podría considerar incluso la posibilidad de financiar estas iniciativas. 
En cualquier caso, espero sinceramente que este año de cooperación al desarrollo y el deporte de las Naciones Unidas sirva para aprovechar las oportunidades de hacer más en materia de cooperación al desarrollo. 
Señora Presidenta, en respuesta al señor Sifunakis, el Consejo confirma su compromiso con la promoción de los ideales de paz y comprensión humana mediante el deporte. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno apoyaron la idea de una tregua olímpica en el Consejo Europeo de Bruselas del 12 de diciembre de 2003 y acogieron con satisfacción la resolución de las Naciones Unidas al respecto. 
Además, la Troika de Ministros de Educación y Deporte subrayó durante el lanzamiento del Año Europeo de la Educación a través del Deporte, el 29 de enero de 2004, la importancia de la tregua olímpica y su mensaje de paz, tolerancia y amistad, su singularidad en las vidas de los ciudadanos y su papel positivo en la promoción de la amistad y la ruptura de barreras sociales y culturales. 
En respuesta a la señora Martens, el Consejo quisiera señalar de entrada a su Señorías que las actividades relacionadas exclusivamente con el deporte no entran dentro del ámbito del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y que la Comunidad no tiene competencias específicas en el campo del deporte. 
No obstante, el Consejo considera que las medidas y los encuentros relacionados con el deporte pueden ser de gran ayuda para la promoción de la educación, la salud y la cohesión social, y para la lucha contra la discriminación y la creación de una sociedad integradora. 
El Consejo también quisiera observar que los valores educativos del deporte se reconocieron en el Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000. 
Este reconocimiento confirmaba declaraciones anteriores –especialmente las adjuntas al Tratado de Amsterdam– que subrayaban el significado social del deporte y su función a la hora de forjar la identidad y unir a las personas, y la resolución del Consejo de 17 de diciembre de 1999, en la que se demostraba que las actividades deportivas tienen valor educativo y puede ayudar a reforzar la sociedad civil. 
Por consiguiente, el 5 de mayo de 2003 el Consejo aprobó una resolución sobre el valor social del deporte para los jóvenes. 
El Consejo cree firmemente en el valioso papel que tiene que desempeñar el deporte en los países en vías de desarrollo de cara a la promoción de la educación, la salud y la cohesión comunitaria. 
Por ello apoya la designación de 2005 como Año Internacional del Deporte y la Educación Física de las Naciones Unidas, y acoge con agrado los esfuerzos realizados por promover el uso del deporte como herramienta de desarrollo. 
La erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible son los objetivos generales de la declaración de política de desarrollo de la CE de 2000 y del Consenso Europeo sobre Desarrollo, revisado y acordado por los Ministros de Desarrollo y el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el 22 de noviembre de 2005. 
Aunque la educación y la salud no se incluían en la declaración de política de desarrollo de 2000, la revisión del Consenso Europeo sobre Política de Desarrollo señalaba el desarrollo humano como ámbito de acción comunitaria. 
Reconocemos el valor del deporte para la promoción de un estilo de vida saludable y la prevención de muchas enfermedades asociadas al estilo de vida. 
Apoyamos los esfuerzos de los países que utilizan el deporte como puerta de entrada a la educación comunitaria en torno a la mejora de la salud y la prevención del VIH. 
En particular, el Acuerdo de Asociación de Cotonú ACP-UE contempla políticas de cooperación y autoapoyo, medidas y operaciones encaminadas a ayudar a las instituciones de base comunitaria a brindar a los niños la oportunidad de desarrollar su potencial físico. 
El deporte y la educación física deberían considerarse principalmente en el contexto del Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 2 –lograr la educación primaria universal para el año 2015– y del Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 3 –eliminar la disparidad de género en todos los niveles de la educación antes del año 2015. 
Respecto al segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio, la primera prioridad para la UE en la educación para el desarrollo es la educación básica, especialmente la educación primaria. 
La UE está firmemente comprometida con el logro de la educación primaria universal y la igualdad de género en la educación para el año 2015. 
Esto se aplica en tres ámbitos. 
En primer lugar, a través de instituciones internacionales, la UE apoya activamente las iniciativas de las Naciones Unidas «Educación para todos» y la «Iniciativa por Vía Rápida» , en asociación con otros donantes –la UNESCO y el Banco Mundial– así como el UNICEF en este ámbito. 
En segundo lugar, mediante intervenciones en cada país, vinculadas cada vez más a programas de educación nacional y basadas en la financiación y el diálogo político con las autoridades nacionales. 
En tercer lugar, apoyando a ONG en proyectos orientados a la educación básica. 
La UE también apoya la educación no formal de jóvenes en el marco del Programa de Juventud. 
Respecto al tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio, la UE también participa activamente en foros internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. 
Una de las prioridades clave en términos políticos en la promoción de la igualdad de género es la garantía de acceso a la educación de las niñas y mujeres, incluida la educación física. 
Muchos Estados miembros de la UE apoyan programas educativos para niñas, como la Estrategia de Educación Acelerada de las Niñas del UNICEF. 
En este contexto, el Consejo celebra y apoya firmemente la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 60ª sesión, en septiembre de 2005, que subraya la función de la educación formal e informal en el logro de la erradicación de la pobreza y otros Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El Consejo reafirma el compromiso de apoyar los esfuerzos de países en vías de desarrollo para garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación primaria obligatoria de buena calidad totalmente gratuita, para eliminar la desigualdad y el desequilibrio de género y para redoblar los esfuerzos por mejorar la educación de las niñas. 
Por último, establece el compromiso de promover la educación para la paz y el desarrollo humano. 
– Señora Presidenta, quisiera exponer brevemente una cuestión sobre la observancia del Reglamento relativa a la posibilidad de los diputados a la Cámara de preguntar al Presidente en ejercicio si cedería o no. 
Creo que el artículo en cuestión solía ser el 46, aunque puede que haya cambiado. 
El Ministro ha realizado una intervención larga e interesante, pero no ha respondido a la pregunta sobre una tregua olímpica. 
Ha dicho que no entra dentro de las competencias del Tratado de la UE, pero tenemos miembros británicos en el Consejo Olímpico. 
Quizás pueda confirmar a la Cámara que con mucho gusto hablará con sus colegas, incluida Su Alteza Real la Princesa Ana, para señalar que nos tomamos en serio la resolución de esta Cámara y que presionamos a favor de lo que reclamamos, que son 16 días de paz. 
Señor Beazley, está usted equivocado en lo que se refiere al Reglamento. 
Y como ya ha hecho usted uso de la palabra para plantear una cuestión relativa al Reglamento, a pesar de no figurar en la lista de oradores, sugiero que el señor Pearson responda a su comentario al final del debate. 
. Señora Presidenta, tengo una tarea más fácil y más difícil debido a la falta de tiempo. 
El Ministro Pearson ha descrito muchas razones por las que el deporte, la educación y el desarrollo social son tan importantes en nuestras políticas en la Unión, pero también con respecto a terceros países y respecto a nuestros objetivos de desarrollo, especialmente los Objetivos del Milenio. 
Estoy totalmente de acuerdo con la señora Martens. 
El deporte y la educación física pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Nos complace la labor realizada por las Naciones Unidas en este terreno, especialmente la creación de una plataforma internacional especial sobre deporte y desarrollo. 
También acogemos con satisfacción la proclamación de 2005 como Año Internacional del Deporte y la Educación Física. 
La Comisión participa y seguirá participando en estas actividades. 
En particular, ahora asistiremos a la conferencia de clausura de esta iniciativa, que se centrará precisamente en la cuestión del deporte y el desarrollo. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, este año ha venido precedido del Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004, que fue un año muy importante para nuestro ámbito de cooperación. 
Informaré oficialmente al Parlamento a finales de este año sobre estas actividades y sobre recomendaciones o conclusiones posteriores. 
Por lo tanto, creo que habrá más tiempo y espacio para examinar los resultados de esta iniciativa. 
Naturalmente, estamos trabajando sobre la base del Tratado de Niza y la Declaración anexa al mismo. 
Esto limita las posibilidades de la Comisión, pero en cooperación estrecha con los Estados miembros se ha hecho mucho y también hay mucho por hacer en los planes de nuestros Ministros de Deporte. 
No obstante, cuando se trata de financiar proyectos en el ámbito del deporte y el desarrollo, el apoyo de la Unión Europea a tales iniciativas únicamente podría canalizarse a través de los programas en curso en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. 
Esto ya es el caso. 
Los proyectos que utilizan el deporte para favorecer el desarrollo han sido cofinanciados, por ejemplo, en el ámbito de la educación no formal, la integración social o para animar a las mujeres de comunidades desfavorecidas a participar en actividades deportivas. 
Quisiera confirmar a sus Señorías, y especialmente al señor Sifunakis, nuestro apoyo incondicional a la tregua olímpica. 
En varias ocasiones se ha demostrado que el deporte consigue resultados donde otros medios fracasan. 
El hecho de que las delegaciones de Corea del Norte y del Sur desfilaran unidas bajo la bandera de la península de Corea en la ceremonia de apertura de los juegos de Sidney fue un ejemplo extraordinario y muy convincente. 
En este contexto, celebro la iniciativa del Parlamento Europeo con vistas a los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín en 2006, que ya están a la vuelta de la esquina. 
Esto repite una iniciativa similar con ocasión de los Juegos Olímpicos de verano en Atenas en 2004. 
La Unión Europea debería tomar la iniciativa prestando apoyo a iniciativas que promuevan la paz en el mundo. 
No obstante, permítanme subrayar que corresponde a los Estados miembros tomar la decisión final. 
Sin embargo, quisiera asegurarles que en el ámbito de mi cartera haré todo lo posible por promover la tregua olímpica. 
Para terminar, me gustaría decir que el Parlamento y la Comisión de Cultura y Educación muestran un interés profundo y creciente en el ámbito deportivo. 
Les felicito por esto, porque es importante para el desarrollo general no solo del deporte, sino también de nuestro espíritu europeo. 
. – Señora Presidenta, el deporte es un derecho humano. 
Con este lema, las Naciones Unidas están fomentando el deporte como forma de prevenir conflictos, reducir la pobreza y promover el desarrollo. 
Con 2005, el Año Internacional del Deporte y la Educación Física, a punto de terminar, es importante que miremos hacia atrás para evaluar los logros conseguidos en el plano europeo e internacional. 
La Comisión de Desarrollo ha optado por realizar ese análisis desde el punto de vista de la contribución del deporte al fomento de la educación, la salud, el desarrollo y la paz. 
En este mismo marco, el jueves 3 de noviembre de 2005, 190 de los 191 Estados miembros acudieron a la sede de las Naciones Unidos y firmaron, en presencia de Kofi Annan, el texto de la Tregua que se aplicará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Turín en febrero de 2006. 
La defensa de la democracia y la libertad y la protección de la paz entre los pueblos, la defensa de la dignidad humana y la protección de los jóvenes atletas, es responsabilidad de todos nosotros. 
Por tanto, los Juegos Olímpicos constituyen una gran oportunidad para que la Unión Europea defienda también esos ideales, pidiendo a todas las naciones de la tierra que respeten la Tregua durante los Juegos de Invierno de Turín. 
Al mismo tiempo, en el sector del desarrollo, el apoyo a los programas de formación continua de instructores de educación física y periodistas deportivos puede servir para combatir el racismo y la xenofobia y para garantizar la igualdad de oportunidades a los dos géneros. 
Deportistas famosos como Pelé, Ronaldo, Zidane y muchos otros están utilizando sus nombres, como embajadores de buena voluntad de las Naciones Unidas, para subrayar la importancia de luchar contra el racismo y la pobreza. 
El deporte puede tener también un impacto económico, puesto que un país que invierte en mantener a sus ciudadanos en una buena forma física, empezando por los jóvenes en las escuelas, puede reducir a la larga el gasto sanitario, ya que, según un informe de las Naciones Unidas, el 40 % de las enfermedades a escala mundial están relacionadas con el sendentarismo y la mala forma física. 
Para terminar, los XX Juegos Olímpicos de Invierno de Turín constituyen una gran oportunidad para que toda la humanidad respete la Tregua y, al mismo tiempo, para defender el deporte, la salud y el desarrollo en el marco de una competencia saludable. 
Además, la Unión Europea será quien más salga ganando de los esfuerzos que está haciendo para consolidar la paz y el progreso en el mundo. 
¡Buena suerte, Turín, con la Tregua y el desarrollo! 
Señora Presidenta, el deporte puede ser motivo de guerra, como muestra el caso de Honduras, pero también puede unir a las personas. Se me ocurre el ejemplo de Corea del Norte y del Sur, unidas en un único equipo olímpico. 
El deporte puede ayudar a las sociedades a cerrar sus heridas; pensemos en los equipos de fútbol de Ruanda, compuestos por hutus y tutsis, por ejemplo. 
El deporte puede ser una forma positiva de expresar rivalidad entre los pueblos, sin que esto acabe en un mal comportamiento o en el uso de la violencia; basta pensar en los Países Bajos y Alemania. Pero también es una cuestión espinosa. 
Se saca a los niños de los países en desarrollo para probarlos en el terreno de juego como esclavos infantiles en grandes clubes europeos y, si se considera que no dan la talla, los encontramos perdidos en bosques belgas, aturdidos, sin visado ni dinero. 
El año 2005 es el Año del deporte y por ello ruego al Consejo y a la Comisión, en nombre de la Unión Europea, que aprovechen el Año del deporte y desarrollo de las Naciones Unidas para alcanzar acuerdos más sólidos con respecto a la prohibición de la contratación y el abuso de los futbolistas muy jóvenes. 
Esto solo es posible a través del requisito de un visado y de la formación a largo plazo, debiéndose responsabilizar el club de esos niños y también abstenerse después de tratarlos como si fueran de su propiedad, pagándoles una justa retribución. 
La Comisión podría organizar la misma campaña contra el racismo en los terrenos de juego europeos. 
En este sentido también urge que haya igualdad de condiciones, con acuerdos europeos entre clubes europeos. 
Señor Comisario, sin duda usted conoce bien la Fair Network y toda la labor positiva que realiza y el apoyo que la Comisión le presta. 
Lo que me parece censurable, particularmente cuando –como ha explicado el Consejo en detalle hace un momento– solamente hemos establecido los marcos de la política de desarrollo europea, con prioridades para los Objetivos del Milenio y la gobernanza, es que se añada otra bola de adorno –en este caso, la ONU– al árbol de la ayuda. 
Es el reflejo equivocado en el nivel equivocado. 
Celebro el hecho de que los juegos y el deporte en la educación se vinculen a los países en desarrollo. 
También celebro el hecho de que una serie de Estados miembros apoyen activamente este proyecto de deporte. 
Respeto la subsidiariedad, pero dejemos que la Unión Europea se centre, a través del Comisario para el Deporte, en una serie de acuerdos con clubes deportivos europeos, como la UEFA, en torno a la prohibición de la esclavitud de los jóvenes futbolistas y del racismo en los terrenos de juego europeos. 
Es mejor contar con una política de cohesión como esta que no que la política de desarrollo resulte fragmentada. 
. Señora Presidenta, acojo con gran satisfacción esta propuesta encabezada por la Comisión de Cultura y Educación y por su presidente, el señor Sifunakis, a favor de una tregua olímpica. 
Es cierto que los Juegos Olímpicos tienen una larga tradición que se remonta a la antigua Grecia, tal y como ha descrito el señor Sifunakis tan bien en su discurso. 
También ha formado parte de esa tradición el hecho de que, durante las Olimpiadas, durante esos 16 días, haya un intento de suspender todas las hostilidades y permitir que las naciones se reúnan. 
Entonces las naciones también han demostrado, y espero que continúen haciéndolo, que pueden convivir pacíficamente. 
El deporte es una herramienta excelente para ello. 
Es bueno recordar que por desgracia no siempre hemos sido capaces de mantener la paz durante las Olimpiadas. 
Europa conoce bien ese día negro de septiembre de 1972, en el que terroristas palestinos atacaron la villa olímpica de Múnich. 
En total fallecieron 16 personas, sobre todo israelíes. 
Ojalá esto sirva de advertencia de que nunca debería repetirse un suceso como este en el deporte internacional o cuando se están celebrando encuentros deportivos. 
Al contrario, el deporte, cuyo propósito es reunir a las personas para que compitan en un espíritu de juego limpio, debería unir a las naciones: ahí podría estar esa fuente de riqueza, esa fuente de crecimiento, que nos proponemos apoyar en el futuro. 
Hay que señalar que el deporte es una forma excelente de construir un mundo mejor. 
Ahora que hablamos de tregua olímpica, la palabra tregua vendría a significar una especie de paz temporal. 
Nuestro objetivo debería ser el logro de una paz permanente entre naciones y países, y ojalá el deporte sirva de instrumento para construir esta paz. 
. – Señora Presidenta, un destacado intelectual europeo del siglo pasado afirmó que el mundo había heredado tres cosas de Grecia: los Juegos Olímpicos, el pensamiento filosófico de Sócrates, Platón y Aristóteles, y el teatro de Esquilo, Eurípides, Aristófanes y todos esos griegos ilustres. 
En mi opinión, la más importante de todas ellas son los Juegos Olímpicos. 
Grecia comenzó a celebrarlos en el año 776 a.C., cuando todos sabemos cómo era el marco de la vida organizada en Europa. 
Así pues, Grecia impuso la tregua en aquella época. Dijo que «no se celebrarán Juegos Olímpicos mientras haya guerra». 
En el siglo VI, cuando Alejandro I, Rey de Macedonia, acudió para competir en persona a las antiguas Olimpiadas, le pusieron dos condiciones: en primer lugar, los jueces querían establecer que era griego, cosa que hicieron de inmediato; y, en segundo lugar, le pidieron que pusiera fin a ciertas escaramuzas en el norte de su país, condición que fue respetada. 
Los Juegos Olímpicos dejaron de celebrarse en el año 393 por motivos puramente políticos que todos conocemos. 
Los Juegos Olímpicos comenzaron de nuevo en 1896 y la guerra se suspendió. 
No se celebraron en 1940 ni en 1944, debido a la guerra con los nazis. 
En 1972 se produjeron los trágicos acontecimientos de Múnich. 
Otros dos Juegos Olímpicos, en Los Ángeles y Moscú, se vieron empañados por el hecho de que los equipos de los dos grandes países no participaron por razones políticas. 
Por tanto, debemos proteger la tregua olímpica. 
Es una propuesta que se remonta mucho tiempo atrás. 
Por tanto, debemos pedir al COI que ciertos deportes olímpicos se celebren en el país de origen de los Juegos Olímpicos, en la antigua Olimpia; que la maratón se dispute allí, en la ruta clásica que recorrió por primera vez Filípides. 
Solo entonces daremos nuevamente un significado a los Juegos Olímpicos. 
La tregua olímpica debe tener sentido hoy en día en nuestras vidas; debemos convencer a los grandes de que no declaren la guerra a los pequeños. 
– Señora Presidenta, 2005 es el Año Internacional del Deporte y la Educación Física de las Naciones Unidas. 
Uno de los objetivos del año internacional es crear las condiciones propicias para la proliferación de programas de desarrollo basados en el deporte. 
El deporte trasciende todas las fronteras. 
Las diferencias étnicas, religiosas, sociales y nacionales no tienen cabida en el deporte. 
El deporte puede desempeñar una función vital en el fomento del desarrollo, y los proyectos deportivos pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente respecto a temas como la salud, la educación, el género, el medio ambiente, la paz y los derechos humanos. 
No obstante, la plaga del sida está privando a muchos países en desarrollo de sus mejores jóvenes. 
Les ruego piensen en el Día Mundial del Sida, que es mañana, 1 de diciembre. 
Hay 38 millones de adultos y 2,3 millones de niños que viven con el VIH. 
A lo largo de 2005, alrededor de 4,9 millones de personas resultaron infectadas por el virus. 
Cerca de la mitad de las personas que resultan infectadas por el VIH lo hacen antes de los 25 años y mueren de sida antes de los 35. 
Estas personas estarían en la cumbre de sus carreras deportivas si no estuvieran enfermos o no hubieran muerto. 
África es una de las cunas de los mejores futbolistas del mundo. 
En este momento es el continente más afectado por el sida. 
Pido a todos que sigan luchando por el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El cuarto principio de la Carta Olímpica, la constitución más importante del deporte internacional, afirma claramente que el deporte constituye un derecho humano básico e inalienable. 
Por ello, algunas constituciones europeas –como la griega, la portuguesa o la suiza– garantizan directamente el derecho a la educación física y al deporte. 
Si el derecho al deporte se garantiza en la constitución, entonces la responsabilidad del Estado con respecto al deporte, así como su implicación y apoyo a la educación física y al deporte, son incuestionables. 
El proyecto de Constitución de la Unión Europea también contiene disposiciones directas relativas al deporte, declarando la importancia del deporte y reconociendo su importancia en las sociedades europeas. 
No obstante, dado que el proceso de ratificación se ha frenado y se está estancando, la inclusión del deporte en la Constitución europea –que definiría el futuro del deporte europeo– puede verse comprometida. 
Europa es el centro del deporte internacional. 
Ningún otro continente tiene una participación tan importante en el deporte. 
Los sondeos de opinión pública indican que el 70 % de los ciudadanos europeos mantienen de algún modo un contacto diario con el deporte. 
No hay ninguna familia en Europa en la que no haya al menos un miembro afectado. 
El deporte tiene un enorme potencial de unir a las personas y de integrar culturas, naciones y grupos étnicos, como demuestran las competiciones internacionales pacíficas, los Juegos Olímpicos y los campeonatos del mundo. 
Esto se refleja en el hecho de que las Naciones Unidas y la Unión Europea hayan dedicado el pasado año y este al deporte y a la educación a través del deporte. 
Es lamentable que, a pesar de ello, la importancia del deporte no esté ampliamente reconocida dentro de la Unión Europea. 
El deporte rara vez se menciona en los debates presupuestarios, si es que se menciona, como una partida o rúbrica presupuestaria específica. 
No se ha prestado el apoyo financiero necesario para que la Unión Europea conceda al deporte el trato que se merece. 
En mi opinión, es un error tener solamente en cuenta los aspectos comerciales del deporte. 
El papel social del deporte es mucho más importante que su naturaleza comercial. 
– Señora Presidenta, me complace la iniciativa a favor de la tregua olímpica y la creación de la Fundación para la Tregua Olímpica y creo que la Unión Europea debería participar en su labor. 
Apoyo esta resolución. 
Los Juegos Olímpicos y otros encuentros deportivos mundiales deberían ser una ocasión para dejar de lado todas las enemistades entre deportistas. 
Todos los participantes deberían ser libres de participar. 
La visita a Middlesbrough por la selección de fútbol de Corea del Norte durante el Mundial de 1966 y su vuelta reciente se describió gráficamente en un documental, 
Pero tengo una advertencia: esto no debería servir de excusa a los regímenes desagradables de todo el mundo para evadir las sanciones de la UE, de forma inteligente o no. 
Si Robert Mugabe sufre una metamorfosis y se convierte en entrenador del equipo de bobsleigh de Zimbabue, no habría que permitirle viajar a Turín. 
Si Khin Nyunt se convierte en administrador ejecutivo del equipo de windsurf de Birmania para visitar mi circunscripción de Weymouth en 2012, no habría que concederle el visado. 
Yo haría una excepción si cualquiera de los dos compitiera, puesto que nada debilita tanto a los dictadores en el mundo como que el mundo se ría de ellos. 
También celebro el papel creciente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Deporte para el Desarrollo. 
Djibril Diallo, el jefe del grupo de trabajo, estará en Bruselas los días 10 y 11 de enero. 
Se reunirá con el Comisario Figel’ y los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación, y hablará en una reunión del Intergrupo de Deportes. 
Espero que esto nos sirva de base para continuar y que los diputados participen. 
Señora Presidenta, Señorías, como italiano y diputado electo por el Piamonte, recientemente he participado en numerosas reuniones y actos relacionados con los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Turín. 
En estos momentos se está celebrando un acto en la tercera planta de nuestro edificio para presentar la tregua olímpica. 
Se ha hablado mucho de las ventajas económicas y para el turismo que supondrán las Olimpiadas para Turín, pero no tanto –o, en cualquier caso, no lo suficiente– de la dimensión social y del papel que el deporte puede desempeñar para promover el desarrollo, la salud, la educación y la paz, como se ha señalado en esta Cámara. 
El deporte es un medio para educar a las personas y para establecer proyectos de gran efecto y bajo coste, que deberían apoyarse y promoverse enérgicamente. 
No obstante, debemos vigilar que el deporte no se utilice como vehículo de propaganda –me refiero, por ejemplo, a Cuba y a los regímenes totalitarios en general– ni para extender el odio o el racismo, y con esto me refiero a los lamentables incidentes que se han producido recientemente en ciertos estadios italianos o los casos en los que los valores fundamentales del deporte y la competición son traicionados por atletas que utilizan fármacos para mejorar su rendimiento. 
Señora Presidenta, como ya se ha dicho aquí, la tradición de la tregua olímpica fue establecida en la antigua Grecia en el siglo IX antes de Cristo. Durante este período, los atletas, artistas y sus familias, así como los peregrinos, podían desplazarse de forma segura para participar en los Juegos y regresar sanos y salvos a sus casas. 
Llegados nuestros tiempos, la proliferación de los conflictos armados es una realidad; el Comité Olímpico Internacional decidió, acertadamente, recuperar este concepto de la Antigüedad para proteger los intereses de los atletas y del deporte en general, contribuyendo así a crear una ventana de oportunidad para el diálogo, la reconciliación y la paz a través del deporte. 
Como catalana, debo decirles que me siento muy orgullosa de que fuera precisamente en el año 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando el entonces alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, lanzara un llamamiento a las Naciones Unidas para recuperar la tradición de la tregua olímpica y negociar un alto el fuego en la antigua República Federativa de Yugoslavia. 
No se pudo impedir que continuara la guerra en los Balcanes, pero sí se consiguió que sus atletas pudieran participar en aquellos Juegos. 
Es necesario recordar a la comunidad internacional la importancia del cumplimiento de esta tregua y apelar a la conciencia y al compromiso de los Gobiernos en favor de la paz, movilizar a la juventud en favor de los ideales olímpicos y aprovechar la celebración de los Juegos para posibilitar el establecimiento de contactos entre comunidades en conflicto. 
En definitiva, apoyo la presente resolución con la voluntad de que los XX Juegos Olímpicos de Invierno fomenten el respeto y la continuidad de la tregua olímpica, beneficiosa para la paz, el deporte y los intercambios humanos y culturales a nivel mundial. 
Señora Presidenta, es cierto que el deporte es mucho más que un simple juego. 
En efecto, es una herramienta ideal para conseguir grandes cosas en el ámbito de la educación y en un contexto social. 
Está claro que los argumentos esgrimidos en el proyecto de resolución son válidos para el deporte en Europa. 
El deporte promueve valores comunes y, por lo tanto, no debería tratarse de ningún modo como un interés puramente económico. 
Sé, al igual que ustedes, que el deporte mueve mucho dinero y que a menudo los clubes de fútbol son empresas poderosas que también se gestionan como tales. 
Sin duda esto no debería servir de argumento para continuar ignorando el enorme papel social que desempeñan las organizaciones deportivas. 
Muchos clubes grandes y pequeños del fútbol europeo participan de forma socialmente activa en proyectos comunitarios. 
Estos implican a jóvenes de familias socialmente desfavorecidas, normalmente con un historial de inmigración y con dificultades de aprendizaje, en sus clubes, evitando de este modo que los jóvenes se desorienten y se desvíen de su camino en la sociedad. 
Debemos alimentar y fomentar esta función del deporte. 
Los proyectos en que los Gobiernos locales y clubes de fútbol trabajan en estrecha colaboración a favor de la cohesión social –como es sabido– merecen nuestro apoyo. 
En el preciso momento en el que se está celebrando este debate, está teniendo lugar una audiencia en otra parte de este edificio acerca del fútbol como instrumento contra el racismo. 
Aquí lo tienen. 
Sinceramente espero, señor Comisario y señor Presidente en ejercicio del Consejo, que estén de nuestra parte cuando pasemos a desarrollar la política europea del deporte –una política que, en los próximos meses y años, se centrará sobre todo en este innegable papel social, tanto dentro de la Unión Europea –con o sin Constitución– como fuera de ella. 
Señor Presidente, Señorías, el concepto de tregua olímpica o «ekecheiria» , que significa «alzad las manos» –la lengua griega sigue siendo extraordinariamente pertinente cuando se trata de transmitir actividad política– es tan antiguo como las propias Olimpiadas, al garantizarse la inviolabilidad de Olimpia para que los juegos pudieran celebrarse, de forma que los que acudiesen a presenciar o a participar en las competiciones estuviesen a salvo. 
En mi opinión, la tregua olímpica es más que una simple petición de interrupción de los conflictos. 
Sin duda, es algo más: es una oportunidad especial para que el deporte sirva de mensaje para crear una auténtica paz duradera a escala mundial y promover la armonía social. 
Con ocasión de la celebración de los vigésimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, que se celebrarán en Turín entre el 10 y el 26 de febrero de 2006, el Comité organizador de los Juegos y la ciudad de Turín –en colaboración con la provincia de Turín, la región de Piamonte y el Comité Olímpico Nacional italiano– también han participado en la creación de un rico programa de iniciativas para apoyar y promover la tregua olímpica. 
Estos incluyen numerosos actos a escala nacional e internacional sobre los temas de la paz, la justicia y la solidaridad. 
En nuestra opinión, el Parlamento Europeo también debería apoyar firmemente esta iniciativa, para reforzar el espíritu de paz y el respeto mutuo. 
Señor Presidente, Señorías, la ciudad de Turín ha promovido, con ocasión de los Juegos Olímpicos, una iniciativa de cooperación internacional entre las ciudades, con el fin de apoyar y promover la tregua olímpica. 
En la antigua Grecia, la tregua olímpica indicaba un cese de las hostilidades: todo el mundo entonces conocido hacía un alto. 
Con ocasión de los próximos Juegos Olímpicos, Turín ha lanzado un mensaje de esperanza y paz, presentándose como una ciudad sagrada y segura, y apoyando la tregua olímpica incluso en tiempos modernos. 
De hecho, Turín está intentando que las ciudades sean las protagonistas del establecimiento de la paz entre naciones. 
Como solía decir un célebre italiano, Giorgio La Pira: «Unid las ciudades para unir las naciones». 
La primera iniciativa de la era moderna se remonta a 1992, cuando, a petición del Comité Olímpico Internacional, se permitió que los atletas de la antigua Yugoslavia participasen en los Juegos de Barcelona. 
El 3 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución sobre la tregua olímpica para Turín 2006, una resolución presentada a Italia y firmada por 190 naciones. 
Hoy los Juegos Olímpicos están demostrando su verdadero valor. 
La tregua es una petición de paz que ignora todas las opiniones políticas y, como tal, no puede ser explotada por nadie en ninguna circunstancia... 
– Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Sifunakis y al señor Berlinguer por esta maravillosa iniciativa. 
Sería genial que reinara la paz o al menos un alto el fuego en todo el mundo durante los próximos Juegos Olímpicos. 
Tal vez, de acuerdo con algunos críticos, la iniciativa podría parecer un enfoque ingenuo. 
No obstante, a veces tenemos que demostrar que nuestra Asamblea no es una mera fábrica de leyes: también somos un foro moral que distribuye los valores europeos y el mensaje de paz. 
Si tan solo algunos de los países del mundo siguieran nuestra iniciativa, salvaríamos muchas vidas. 
Los deportistas de países con problemas sabrán que sus seres queridos están seguros en casa, lo cual les animará a moverse más rápido, saltar más alto y lanzar con más fuerza, como dijo el Barón de Coubertin. 
Si hablamos de ingenuidad, la caída del muro de Berlín pareció un sueño ingenuo durante décadas y después se hizo realidad. 
Quizás la tregua olímpica también se haga realidad para nosotros y para las generaciones venideras. 
– Señor Presidente, uno no puede jugar y hacer la guerra al mismo tiempo. 
Uno no puede enviar a algunos de sus jóvenes a un terreno de juego para que compitan en paz y a otros de sus jóvenes a un campo de batalla para ser asesinados. 
Ese es el sencillo mensaje de la tregua olímpica: la tregua olímpica no es una varita mágica para solucionar las guerras; es una oportunidad. 
Hace seis años, en vista de los próximos Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia y el Comité Olímpico Internacional, representado en esos momentos por Samarand y Papandreu, recuperaron esta institución. 
Actualmente, esta romántica idea ha adquirido peso. 
Las Naciones Unidas la han aprobado por unanimidad. 
Ninguna otra resolución en la historia de las Naciones Unidas había conseguido nunca un apoyo unánime. 
Los líderes de todo el mundo la han firmado. 
En 1994, diez mil niños bosnios fueron vacunados gracias a una tregua de un día. 
¿Se trató de una iniciativa romántica? 
Probablemente no para los niños. 
En 2004, en Atenas, Corea del Norte y del Sur desfilaron en el estadio bajo una única bandera. 
¿Romántico? 
Solo los Juegos Olímpicos lo consiguieron. 
Los europeos debemos, en una Unión Europea nacida de la guerra, enviar un mensaje simbólico similar. 
Todos debemos desfilar en los Juegos Olímpicos con nuestra propia bandera en una mano y la bandera europea en la otra. 
No hay motivo para no hacerlo. 
Podría ocurrir y nosotros deberíamos pedirlo. 
Muy bien, le concedo un poco más de tiempo por ser griego. 
. Señor Presidente, suscribo plenamente muchos mensajes positivos importantes respecto a las dos propuestas de resolución que votarán ustedes mañana. 
Si fuera diputado al Parlamento, votaría en el mismo sentido. 
Estoy seguro de que el deporte puede aportar muchos valores o frutos a nuestras demás políticas en la Unión y su entorno. 
Creo que el deporte tiene poder para transformar vidas. 
Puede ofrecer a las personas posibilidades en la vida que puede que nunca hubieran imaginado tener en sus vidas. 
Puede mejorar el estilo de vida de las personas, su salud y bienestar; puede levantar los ánimos y puede ser simplemente muy divertido. 
Para alguien que jugó al rugby durante buena parte de 30 años, sé lo divertido que puede ser practicar deporte de manera activa. 
Solo quiero dejar muy claro que la Presidencia apoya con entusiasmo la iniciativa de la tregua olímpica. 
Creemos que se trata de una iniciativa muy importante y significativa. 
Todos los países de las Naciones Unidas acordaron una resolución sobre la tregua olímpica en su asamblea general del 3 de noviembre, por lo que esta tregua cuenta con el apoyo de todos los Estados miembros de la UE. 
Sin duda estamos de acuerdo con el señor Takkula en que nuestro objetivo a largo plazo debería ser la paz duradera, en lugar de únicamente durante los Juegos Olímpicos. 
No obstante, ver la paz durante los Juegos de Turín será un paso adelante. 
Si eso puede continuar hasta Pekín en los Juegos Olímpicos de verano de 2008 y hasta Londres en 2012, nadie estará más encantado que yo, el Consejo y estoy seguro de que todos los que están escuchando este debate hoy aquí. 
Quisiera dar la razón al señor Van den Berg en que es muy importante atajar el racismo en el fútbol. 
De hecho, esta fue una de las cuestiones debatidas por los Ministros de Deportes cuando estudiaron el modo de promover la diversidad y la igualdad de oportunidades en una reunión que tuvo lugar en Liverpool, Reino Unido, en septiembre. 
En el marco de ese debate, los Ministros fueron informados por la UEFA sobre el trabajo que se está realizando para atajar el racismo en el fútbol. 
Las propuestas de resolución respecto a este tema que mañana se someterán a votación aquí son muy importantes. 
En nombre del Consejo, puedo decir que sin duda acogemos con satisfacción las cuestiones planteadas; animamos la iniciativa de la tregua olímpica y apoyamos las propuestas de resolución que hay sobre el tapete. 
– He recibido dos propuestas de resolución (1) , presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 y el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
– Esta resolución se refiere a un terreno político que no debería ser competencia de la Unión Europea. 
La resolución hace hincapié en la importancia social de las organizaciones deportivas y su importancia para generar tolerancia, cooperación, espíritu de equipo y solidaridad. 
Sin duda puede que den lugar a estas cualidades, pero ¿por qué debería la Unión Europea dedicar esfuerzos a este terreno? 
No hay razón para que la Unión Europea cree una rúbrica presupuestaria para proyectos y programas de desarrollo basados en el deporte. 
Tampoco hay ninguna razón para que establezca programas destinados a aumentar los conocimientos y la experiencia de los profesores de educación física, en materia de desarrollo y deporte. 
Esas son cuestiones nacionales, o incluso regionales. 
La resolución aboga por que los periodistas deportivos reciban formación con cargo a fondos de la Unión Europea para que puedan aprender a evitar los estereotipos, la fraseología discriminatoria y las expresiones racistas. 
Es importante combatir el racismo y la discriminación, pero no es necesario actuar a escala de la Unión Europea en relación con este tipo de programa. 
Esas son cuestiones que cada país debería decidir por sí mismo y sobre las que la Unión Europea no debería tener absolutamente nada que decir. 
La Unión Europea debería trabajar en cuestiones realmente transfronterizas que no están siendo tratadas de forma satisfactoria por las organizaciones internacionales existentes. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Los días 27 y 28 de octubre marcaron la reanudación de las negociaciones sobre la región de Transdniéster, que ahora están desarrollándose según el principio «cinco más dos» : a Rusia, Ucrania, la OSCE, Moldova y la región de Transdniéster, los cinco participantes anteriores en las negociaciones, se han unido los Estados Unidos y la Unión Europea, ambos en calidad de observadores. 
Moldova ha declarado, en más de una ocasión, sus intenciones de integración europea, pero el obstáculo más agudo a que se enfrenta el país es la cuestión de Transdniéster. 
Es cierto que no se pueden esperar resultados importantes de inmediato, apenas han comenzado las nuevas negociaciones. 
No obstante, me gustaría señalar que la mayor preocupación reside en el hecho de que los Estados Unidos y la Unión Europea han firmado un documento en el que se tratan las dos partes de Moldova como partes iguales en el conflicto, con Rusia como mediadora. 
Estoy convencida de que la Unión Europea no ha adoptado una postura meditada en este caso particular. 
Su postura es equivocada porque la cuestión de Transdniéster supone un conflicto entre Rusia y Moldova, es decir, que Rusia no debería considerarse mediadora. 
Señor Presidente, hay ciertos asuntos que le ruego a usted, o al Presidente de esta Cámara, les preste atención; se trata de los siguientes. 
Existen graves problemas en la delegación de este Parlamento en la Comisión Parlamentaria Conjunta UE/ARYM –es decir, Macedonia– y, a pesar de que no quiero criticar las cualidades personales de su presidente, el señor Papastamkos, hay que decir que ha sido él –particularmente con ocasión de la reunión de la comisión del 29 de noviembre– quién los ha provocado. 
En esa ocasión no solo criticó e interrumpió al embajador de la ARYM –un hombre con quien mantenemos buenas relaciones–, sino que llegó a gritarle en el transcurso de la reunión. 
Es realmente imposible que nosotros podamos decir a un embajador cómo debe definir su país. 
Él lo llama Macedonia, al igual que muchos diputados a esta Cámara, y eso es algo que incluso el presidente de esta delegación debe aceptar. 
Los diputados de mi Grupo consideran prácticamente imposible trabajar con el actual presidente de la delegación, a menos que rectifique su comportamiento y afirme su voluntad de seguir las costumbres de esta Cámara y mantener una actitud cortés y respetuosa. 
Quiero pedirle, señor Presidente, que se asegure de que eso sea así, dado que, de lo contrario, tendremos que pedir a los representantes del Partido Popular Europeo que nombren a otro presidente y, como cuestión de urgencia, de que se nos permita defender la diplomacia y las costumbres de esta Cámara y continuar demostrando a un país con el que mantenemos una relación amistosa el respeto que se merece. 
– Señor Presidente, me gustaría emplear esta corta intervención para solicitar la reactivación inmediata de la Directiva de transbordadores, que se dejó caducar una vez que el Consejo de Ministros no se pusiera de acuerdo en torno a su aplicación. 
Creo que Irlanda fue uno de una serie de países que se opusieron a la directiva después de haber sido aprobada por el Parlamento en 1999 arguyendo que podría hacer poco económicos los servicios de los transbordadores a las regiones periféricas. 
La cortedad de miras y la falta de visión del Gobierno irlandés, que hizo caso omiso de los derechos de los trabajadores en favor de una maximización de los beneficios, ha provocado una situación en la que 543 trabajadores de Irish Ferries se enfrentan al despido y a la sustitución por otros trabajadores que ganen menos del 50 % del salario mínimo irlandés. 
Su única alternativa es seguir trabajando con Irish Ferries y ganar aproximadamente el 50 % de su salario actual. 
Eso es totalmente inadmisible. 
Si la Directiva de transbordadores estuviera en vigor, habría impedido esta situación. 
Si queremos que los ciudadanos europeos apoyen a la UE, hay que garantizarles que la UE cumplirá con ellos y sus familias. 
La reactivación de la Directiva de transbordadores, gracias a la cual los trabajadores de los transbordadores tendrían las mismas condiciones de trabajo independientemente de su nacionalidad, sería un paso en la dirección adecuada. 
Señor Presidente, desgraciadamente no hay una tregua olímpica para el valle de Susa, un valle cerca de Turín, precisamente. 
Estos días he estado allí como parte de una delegación oficial de este Parlamento y me ha espantado la suspensión de todos los derechos humanos fundamentales a una población italiana de más de cien mil habitantes. 
No hemos podido llevar a cabo en libertad nuestra labor como delegación para investigar las quejas de miles de ciudadanos contra una obra financiada por la Unión Europea. 
Pregunto a la Comisión si está dispuesta a llevar a cabo una obra con gran financiación europea con la total oposición de la población local y bajo una situación de ocupación militar frente a una población totalmente pacífica, algo que no debería ocurrir en Europa. 
Pregunto a la Comisión si va a hacer caso de las recomendaciones de esta delegación de la Comisión de Peticiones. 
Realmente, estamos ante una situación insólita impuesta por el Gobierno italiano del señor Berlusconi. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero hablar sobre este tema, en vista de que –como ha informado la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento, que ha viajado recientemente al Valle de Susa, en Piamonte, Italia– el valle ha sido ocupado por el ejército, con el fin de obligar a los miembros de la comunidad a aceptar la construcción de un túnel de ferrocarril de 54 km, a pesar de la oposición de todos ellos. 
Estos habitantes temen por el medio ambiente y por su salud, con bastante razón, dada la presencia de amianto. 
Han presentado algunas propuestas alternativas serias, válidas y bien documentadas. 
Sin embargo, en lugar de escucharlas, las autoridades recurren a la fuerza, como también ha demostrado el maltrato recibido por mi colega, el señor Agnoletto. 
La delegación parlamentaria ha considerado que esta situación supone un insulto a la población y ha declarado que se requiere un estudio independiente para verificar posibles violaciones de reglamentos europeos, lo que sería tanto menos aceptable en el caso de lo que supuestamente es un proyecto de la Comunidad. 
Creo que el Parlamento Europeo debería asumir las propuestas de la delegación de la Comisión de Peticiones, dado que es justo que el Valle de Susa se beneficie también de una tregua olímpica. 
Señor Presidente, los acontecimientos que se han producido en Francia en las últimas semanas no tienen precedentes. Algunos los han calificado de revolución y otros de guerra civil. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo sigue sin decir nada y actúa como si nada hubiera ocurrido. 
En ciertas esferas se ha sugerido que los altercados fueron provocados por el desempleo, pero es dudoso que este factor pueda haber desencadenado realmente este estallido coordinado. 
Solo 100 de las 2 000 personas arrestadas eran extranjeras, mientras que la mayor parte de los demás eran inmigrantes con pasaporte francés. 
No pretendo decir que el principal problema resida en las personas de origen no europeo. 
Apenas puede sorprendernos que las personas prefieran seguir formando parte de la civilización de sus ancestros y todo indica que Europa ya no tiene este atractivo. 
De hecho, el problema está en nosotros y está relacionado con cuestiones demográficas. 
Prevalece la tendencia a actuar como si hubiésemos llegado al final de la historia o, en otras palabras, como si el mundo viviese en paz y pudiese regirse por un número de directivas cada vez mayor. 
Olvidamos que no son solo unas hojas de papel las que determinan la situación política y económica. 
No deberíamos engañarnos a nosotros mismos con que los actuales acontecimientos son un mero resultado del declive económico. 
Lo que estamos presenciando es un hundimiento y las consecuencias de que las naciones hayan decido reducir sus efectivos. 
Si seguimos así, los europeos seremos una minoría en nuestro propio continente. 
– Señor Presidente, en los últimos días mi pequeño país de Irlanda del Norte ha perdido a su talento deportivo más prodigioso de todos los tiempos. 
Me refiero, claro está, a la muerte de George Best. 
A pesar de su notorio estilo de vida fuera del terreno de juego, en el campo de fútbol teníamos a una figura mundial. 
Sus grandiosas y electrizantes habilidades lo situaron en una liga propia. 
Por ello, fue querido y admirado en todo el mundo. 
En consecuencia, procede que el fallecimiento de dicho coloso deportivo conste en este Parlamento internacional. 
Por lo tanto, quisiera aprovechar esta oportunidad, seguro que en nombre de todos, para honrar su memoria deportiva y expresar condolencias a su hijo, su anciano padre, su hermano y sus hermanas. 
Estoy seguro de que toda la Cámara comparte sus sentimientos y el aplauso que acaba de producirse por la vida de George Best. 
– Señor Presidente, recientemente hemos recibido nuevos datos sobre las figuras principales del notorio juicio del caso Yukos en Rusia contra el señor Jodorkovsky y el señor Lebedev. 
Habiendo observado su juicio en Moscú el pasado mayo, nuestro colega, el señor Horáèek, concluyó que este juicio no siguió las normas susceptibles de propiciar un veredicto justo. 
Tanto el señor Jodorkovsky como el señor Lebedev han sido enviados a cumplir sus sentencias a miles de kilómetros de sus casas. 
Ayer, el señor Lebedev tuvo que pasar su 49 cumpleaños en una cárcel situada más allá del Círculo Polar Ártico, aislado de sus hijos y nietos, en condiciones perjudiciales para su estado de salud actual. 
La semana pasada, más de treinta diputados firmaron una carta expresando la esperanza de que el señor Jodorkovsky y el señor Lebedev puedan someterse a un nuevo juicio justo, y que las condiciones de su detención se normalicen. 
Quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que convenzan a las autoridades rusas de la necesidad de un nuevo juicio justo para ambos. 
Rusia todavía tiene que demostrar que comparte nuestros valores europeos. 
Quisiera llamar la atención de sus Señorías sobre el hecho de que las intervenciones de un minuto están dirigidas a la Presidencia, no a la Comisión o al Consejo. 
Por ello, pueden invitar al Presidente del Parlamento a que lo transmita por escrito. 
– Señor Presidente, Escocia participa plenamente en la Presidencia británica del Consejo de Ministros, y en reconocimiento de este hecho, los siete diputados de Escocia, que proceden de cuatro Grupos políticos distintos, han celebrado colectivamente la «Semana de lo mejor de Escocia» aquí en el Parlamento. 
Ha incluido películas de Escocia –con actores de fama mundial como Ewan McGregor– y conferencias de personas como Alexander McCall Smith, el autor mundialmente conocido de la serie. 
También hay una pequeña exposición en el vestíbulo de la obra de John Bellany, el artista vivo más grande de Escocia. 
¿Pero qué sería una celebración de Escocia sin buena comida y bebida? 
Por ello, esta noche, para celebrar el día de San Andrés, la fiesta nacional de Escocia, vamos a celebrar una recepción en el restaurante, donde habrá por primera vez en diez años ternera escocesa en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, a través de usted quiero dar las gracias a toda la Cámara por su participación en la Semana de lo mejor de Escocia. 
Hemos recibido un excelente apoyo de sus Señorías y espero que hayan visto lo buena que es Escocia y los estupendos productos que tenemos que ofrecer al resto del mundo. 
Bueno, en virtud de mi apellido «Scott» , señor Martin, suscribo todo lo que ha dicho usted. 
Creo que los andares vacilantes de algunos diputados al Parlamento son un tributo al whisky que han estado sirviendo ustedes. 
Lo único que lamento es que no me invitaran a repetir la interpretación del Himno a la Alegría con la gaita. 
Quizás en otra ocasión. 
– Señor Presidente, entiendo que la Comisión va a exigir a la marina mercante británica que enarbole la bandera europea en lugar del Pabellón Rojo, cariñosamente llamado en toda Gran Bretaña «Plumero Rojo» y que es símbolo de la identidad de Gran Bretaña. 
Esto respecto a la repetida afirmación de que la pertenencia a la UE no conlleva una pérdida de identidad nacional. 
Ya he comunicado al presidente de la Asociación de la Marina Mercante –un capitán de la marina mercante por propio derecho– de que si esto entra en vigor, deberá ignorarse y deberá tirarse por la borda la bandera europea. 
¿Entonces qué? 
¿Un intento de abordar los barcos mercantes británicos? 
Creo que no. 
¿Por qué no escoger un blanco fácil, uno que no se mueva? 
A escasos minutos de aquí ondeaba una gran bandera belga este mismo día –y con mucha razón– al amparo del Cincuentenario. 
¿Por qué no arriar esa bandera, sustituirla por la bandera europea y a ver qué dicen los belgas? 
Señor Presidente, nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria mantuvo conversaciones con la administración del Parlamento el 14 de junio para realizar una revisión ecológica y ver cómo podríamos funcionar de forma más económica. 
Yo aproveché la ocasión para preguntar acerca del nivel de ocupación de los edificios del Parlamento. 
Pregunté si el Parlamento, la Comisión y el Consejo discutían sus necesidades de espacio entre ellos. 
Pregunté si existían algunas dimensiones normalizadas para oficinas, salas de conferencias, cabinas de interpretación y otras salas, con vistas a futuras obras de construcción. 
Señor Presidente, hasta ahora no he recibido respuesta. 
Gracias, estoy seguro de que estaremos atentos a la cuestión. 
Me gustaría llamar la atención sobre la situación de un bello río húngaro, el Rába. 
Desde 2003, el tramo austriaco del río está siendo contaminado por tres curtidurías que utilizan sulfonato de naftaleno para el curtido y lo vierten en el Rába al término del proceso. 
Esto provoca la aparición de espuma en el agua, que tiene un olor bastante fuerte, con el consiguiente efecto negativo sobre la fauna acuática y manteniendo a los turistas y deportistas alejados del río. 
El problema ya ha suscitado las quejas de la población, incluso en el lado austriaco. 
En Hungría se menciona constantemente en la prensa y la contaminación es particularmente nociva para la población que vive a lo largo del tramo superior del Rába, una zona de belleza natural muy atractiva para la pesca y el turismo acuático. 
Dado que se trata de un problema transfronterizo, quiero pedir a mis colegas austriacos que ayuden a acelerar el proceso y a proteger nuestro tesoro común, el río Rába, en nuestras zonas fronterizas, con el espíritu de amistad tradicional entre los dos países. 
Señor Presidente, me indigna el hecho de que se hayan sustraído de las mesas de los diputados en la sala de plenos del Parlamento en Estrasburgo, una vez más, las banderas polacas. 
Dado que no es la primera vez que esto sucede, quiero protestar enérgicamente por ello. 
También me gustaría hacer saber que simplemente nos confirma nuestra opinión de que nosotros, los diputados polacos, teníamos razón al subrayar nuestra lealtad a nuestro país de origen. 
No creemos que tales incidentes deban tener lugar en el clima actual. 
Puedo asegurar a los diputados a esta Cámara y a su Presidente que las banderas reaparecerán y que permanecerá ahí mientras los diputados de la Liga de Familias Polacas estén representados en el Parlamento Europeo. 
– Señor Presidente, quiero hablar sobre el comportamiento inmoral de la empresa Irish Ferries. 
Sé que mi colega, el señor De Rossa, también va a hablar de esta cuestión. 
Esta semana, dicha empresa ha despedido a 550 marinos irlandeses y galeses y ha contratado a letones a un precio mucho más barato, menos de la mitad del salario mínimo. 
Eso se debe a que Irish Ferries tiene una nueva bandera de conveniencia –la bandera de Chipre–, que significa que puede eludir las leyes irlandesas sobre el salario mínimo. 
Esto es perjudicial para los trabajadores irlandeses y también lo es para los trabajadores letones, porque están siendo explotados. 
Espero que esta no sea un anticipo del futuro que traerá la Directiva de Servicios. 
El planteamiento de Irish Ferries ha sido positivamente victoriano. 
Introdujo guardias de seguridad a bordo de los barcos para obligar al personal a aceptar este cambio. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que se asegure de que el Consejo incluya este punto en el orden del día de la reunión del Consejo de Transporte del lunes. 
Esto es algo que mi colega, el señor De Rossa, también espera ansiosamente. 
– Señor Presidente, durante la reunión de la semana pasada de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía que tuvo lugar aquí en el Parlamento, el negociador principal turco en materia de adhesión, el señor Ali Babacan, acusó al Parlamento de tener partidarios del terrorismo en sus pasillos. 
Esta acusación me parece inadmisible e insultante. 
Socava la voluntad de nuestro Parlamento de combatir el terrorismo. 
Por lo tanto, insto al Presidente de esta Cámara a que plantee la cuestión al Gobierno turco y pida al señor Babacan que retire dicha afirmación insultante. 
Hablando de terroristas, permítanme llamar la atención de mis colegas diputados sobre el hecho de que el ejército de ocupación turco en Chipre ha seguido aterrorizando a los ciudadanos de Chipre. 
En esta ocasión, y por segunda vez en los últimos dos meses, ha ampliado su presencia militar en la zona intermedia, esta vez en la ciudad de Nicosia a la altura de la calle Ledra. 
Le pido, señor Presidente, que escriba al Gobierno turco y le inste a que ponga fin a la división de Chipre lo antes posible. 
Señor Presidente, el derecho de las ONG a operar libremente garantiza que se respeten las libertades civiles y que los sistemas políticos cumplan los principios democráticos. 
Por desgracia, recientemente se han producido acontecimientos alarmantes en la Federación Rusa, que han suscitado la oposición internacional. 
La Duma rusa ha aprobado la semana pasada, en primera lectura, un proyecto de ley que impone restricciones a las ONG. 
Este proyecto de ley hará que resulte más difícil o incluso imposible que las ONG rusas obtengan fondos extranjeros y las nuevas restricciones serán aplicables a nada menos que 450 000 organizaciones en Rusia. 
Uno de los argumentos a favor del nuevo proyecto de ley es que estas organizaciones son una herramienta utilizada por terceros países para hacer política exterior en Rusia. 
Es una acusación absurda que se burla del concepto de democracia. 
Nos estamos enfrentando a prácticas incomprensibles, ajenas a la tradición europea. 
Europa debería abandonar el concepto de que los cambios que se están produciendo en Rusia están acercando el país a la democracia. 
Rusia está alejándose aún más de las normas democráticas y nosotros no deberíamos permanecer de brazos cruzados viendo cómo se niegan los derechos fundamentales en un país que mantiene una relación privilegiada con la Unión Europea. 
Señor Presidente, en los 18 meses que han transcurrido desde que los países del Este de Europa ingresaran en la Unión Europea, hemos visto cómo ciertos antiguos Estados miembros de la Unión Europea y Rusia han tomado un creciente número de medidas que golpean de lleno a la economía de los nuevos Estados miembros, en lugar de ofrecer un verdadero apoyo que permita a estos últimos alcanzar a los antiguos Estados miembros en grado de desarrollo. 
Los siguientes son solo algunos ejemplos de los últimos meses. 
Rusia y Alemania, un Estado miembro de la Unión Europea, han firmado un acuerdo para construir un gasoducto sobre el fondo del Mar Báltico, a pesar de que lesionará los intereses económicos de Polonia y los Estados bálticos. 
Rusia se niega a autorizar las importaciones de carne de Polonia en el país y la Unión Europea no ha ofrecido ninguna ayuda real a este respecto. 
La reforma del mercado azucarero que está teniendo lugar será más perjudicial para los nuevos Estados miembros de la Unión Europea y dejará todavía a más personas sin trabajo. 
Se han propuesto grandes recortes en el presupuesto de la Unión Europea para el desarrollo de las regiones pobres de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
Por lo tanto, me gustaría hacer una advertencia. Si no se conceden derechos subjetivos a los nuevos Estados miembros, la opinión pública de estos países pronto expresará su oposición a la Unión Europea. 
– Señor Presidente, quiero comentar lo que han dicho algunos oradores anteriores. 
Quienes están preocupados por las banderas deberían tener en cuenta que si fueran comestibles, ningún niño en el mundo pasaría hambre. 
Tenemos demasiadas banderas para mi gusto. 
Señor Presidente, quiero pedirle que informe a la Comisión que la empresa Irish Ferries está intentando despedir a todos sus trabajadores y sustituirlos por mano de obra más barata mediante un cambio de pabellón en Chipre que le permitirá evitar la legislación laboral irlandesa, británica y francesa. 
El pasado fin de semana, la empresa envió guardias de seguridad a bordo de sus barcos para forzar el cambio de personal. 
En contra de las convenciones de la OMI, la empresa impidió que los representantes sindicales visitaran a la tripulación a bordo. 
Esta cuestión tiene graves implicaciones para todos los Estados marítimos de la UE y ha supuesto la cancelación de las negociaciones de cooperación social en Irlanda. 
Los trabajadores temen que se produzca una carrera a la baja en Europa. 
Han escuchado alarmados el ataque del Comisario McCreevy al modelo social sueco, están muy preocupados por el principio del país de origen en la Directiva de Servicios y ahora ven cómo una empresa rentable rebaja los salarios a 3,60 euros la hora: la mitad del salario mínimo legal en Irlanda. 
En esta crisis, la Comisión Europea tiene que replantear de inmediato en el Parlamento y el Consejo el proyecto de directiva sobre las condiciones aplicables a la dotación de los transbordadores, que el Parlamento aprobó en su primera fase en 1999 y que el Consejo bloquea desde entonces. 
Tiene que hacerlo el próximo martes en la reunión del Consejo de Transporte. 
Se trata realmente de una cuestión importante y, a menos que la Comisión la aborde con carácter prioritario, asistiremos a un agravamiento de la crisis en Europa. 
– Señor Presidente, siempre es un placer verle en la Presidencia, porque uno sabe que todo irá sobre ruedas. 
Es más de lo que puede decirse de los seis meses de Presidencia británica del Consejo, que pronto finalizará con un resultado vergonzoso. 
El señor Blair comenzó su mandato con un vastos programa para la reforma de la Política Agrícola Común y el recorte del exceso de regulación. 
¿Qué ha conseguido exactamente? 
La PAC sigue igual y ahora hay más normas, reglamentos y directivas, no menos. 
Esto no significa que la Presidencia británica no resulte significativa. 
El señor Blair ha estado sometido a una intensa presión para renunciar al cheque británico de 3 000 millones de libras anuales con objeto de evitar el fracaso de las negociaciones sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2007-2013. 
Como es costumbre en los Gobiernos británicos desde 1972, seguramente el señor Blair renunciará a los intereses británicos –en este caso, al reembolso presupuestario– y sin duda encontrará la manera de que parezca un triunfo de la diplomacia. 
¡No me sorprendería en absoluto! 
Recientemente se ha producido una notable confusión en la opinión pública húngara, pues los nuevos Estados miembros continúan tomándose en serio a la Comisión Europea y sus críticas. 
Todos sabemos que se ha instituido un Procedimiento de Déficit Excesivo contra once Estados, entre los que figuran Alemania, Italia, Francia, Portugal y Grecia, por incumplir el criterio del déficit presupuestario. 
Al mismo tiempo, el señor Almunia, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, opta por honrar tan solo a Hungría con sus constantes críticas. 
Sería realmente positivo que la Comisión acabase con esta discriminación. 
Hasta ahora han intentado castigar al pobre Portugal y ahora el señor Almunia critica a la pobre Hungría. 
¿Por qué no critica a ninguno de los grandes Estados miembros? 
Pedimos al Presidente del Parlamento que garantice la igualdad de trato, que ponga fin a la discriminación y que actúe contra la Comisión a este respecto. 
Mis colegas del Grupo del PPE-DE y yo hemos adoptado simbólicamente al prisionero político Antonio Díaz Sánchez, condenado a veinte años de prisión por el régimen totalitario cubano. 
Recientemente he recibido una carta de la señora Gisela Sánchez, esposa de Antonio Sánchez, a quien se concederá el Premio Andrei Sajarov en la sesión de diciembre en Estrasburgo, junto con otros miembros del movimiento «Damas de Blanco». 
En su carta habla de los graves problemas de salud de su marido, a quien se continúa negando la asistencia sanitaria que precisa. 
Deberíamos esforzarnos por que el régimen totalitario cubano tome medidas para mejorar de inmediato las condiciones de encarcelamiento de todos los presos políticos, condiciones que no se ajustan a las normas mínimas de las Naciones Unidas sobre el trato de los prisioneros. 
La Comisión Europea debe continuar manteniendo una política de compromiso constructivo, a través de un diálogo político con las autoridades cubanas, junto con el fortalecimiento de los contactos con disidentes cubanos y miembros de la sociedad civil. 
– Señor Presidente, ahora hay 25 países, el próximo año habrá 27 y pronto serán 30; ¿cómo nos comunicaremos si no respetamos las instituciones, la institución del Parlamento Europeo, las resoluciones de las Naciones Unidas, las decisiones del Consejo de Seguridad y las decisiones de la Unión Europea? 
Se mire como se mire, si nosotros mismos no respetamos las instituciones, los visitantes tampoco las respetarán. 
En cualquier caso, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Parlamento han reconocido a Macedonia con el nombre de ARYM. 
Por lo tanto, nadie puede dedicarse simplemente a su juego político personal aquí. 
Estamos complicando las cosas, no facilitándolas. 
La cuestión está en proceso de negociación. 
Si todos, sean cuales sean los motivos, juegan su propio juego político, no alcanzaremos el resultado correcto. 
Debemos proteger a las instituciones. 
Si nosotros mismos no respetamos a las instituciones, ningún ciudadano europeo las respetará. 
Por lo tanto, si queremos resultados y procesos lógicos y democracia real, debe existir un respeto por las instituciones y quiero pedirles que den las instrucciones pertinentes a los diputados europeos para que también respeten las instituciones. 
Señor Presidente, tomo la palabra para hablar acerca de la discriminación contra con trabajadores polacos que están legalmente contratados en Bélgica. 
Repito, que están legalmente contratados. 
No estoy hablando de personas que trabajan en el mercado negro, sino de personas que oficialmente tienen derecho a trabajar y que tienen contratos de trabajo con conocidas empresas de Flandes. 
Estos contratos han sido rescindidos y todo ello se debe a la presión de los sindicatos. 
Esto demuestra que tanto la ley como la actitud de las personas necesita cambiar en esta nuestra Unión Europea, que yo casi llegué a calificar de Unión Europea común. 
El acceso al mercado laboral y de servicios no es el único aspecto que tiene que cambiar. 
Repito que también debe cambiar la forma de pensar de las personas. 
La idea de una Unión Europea común y una Europa común todavía no es una realidad para todos. 
Espero que el concepto de solidaridad europea deje de ser simplemente un tópico vacío utilizado para ahogar una realidad muy diferente. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
-el informe del señor Parish, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar (COM (2005) 0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062 (CNS) ) (A6-0327/2005) , y 
-el informe de la señora Figueiredo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (COM (2005) 0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063 (CNS) ) (A6-0326/2005). 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a los dos ponentes, el señor Parish y la señora Figueiredo, por el excelente trabajo que han realizado y la rapidez con que lo han llevado a cabo. 
Esto honra a todas las instituciones y estoy seguro de que la directiva se aprobará antes de finales de año. 
Las preocupaciones de los ciudadanos europeos sobre la gripe aviar y el hecho de que se hayan producido los primeros brotes en Europa hace que sea aún más importante aprobar lo antes posible esta legislación nueva, actualizada y más eficaz. 
Todos sabemos, y hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de debatir la amenaza de una pandemia en esta Cámara, que la gripe aviar es una enfermedad animal. 
Tenemos que tomar todas las medidas posibles para garantizar que lo siga siendo. 
El objetivo de la nueva versión actualizada de la directiva es hacer frente al origen de esa amenaza, es decir, las aves. 
Esta directiva también reviste gran importancia para la cooperación internacional. 
He informado al Parlamento de mis visitas al sudeste asiático, y de hecho acabo de regresar de allí. 
El mensaje es muy alentador porque existe la voluntad política y una estrategia para hacer frente a la amenaza. 
Pero también allí necesitan apoyo y cooperación internacional. 
Les prestaremos apoyo, pero también participaremos. 
La Comisión es coorganizadora de la conferencia de Pekín, junto con tres organizaciones internacionales –la OIE, la FAO y la OMS–, así como el Banco Mundial, que coordinará la ayuda internacional. 
Tenemos que distinguir entre la gripe aviar, que es una enfermedad animal, y la posible amenaza de una pandemia. 
Son dos cuestiones separadas. 
Sé que los ciudadanos están confundidos. 
Incluso la confunden con la gripe estacional, que es otro tipo de gripe, pero es muy importante que las distingan. 
Pero eso no significa que no tomemos todas las precauciones y medidas para hacer frente a la amenaza para la salud pública. 
La gripe aviar es un hecho, una amenaza actual. 
Hemos tenido casos en Europa, aunque por suerte no en la Unión Europea, pero los países afectados los han tratado de modo muy efectivo y eficiente. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Rumanía, Turquía y Croacia por cooperar estrechamente con nosotros. 
Como saben, los casos sospechosos en Grecia resultaron ser falsas alarmas, así que me complace decir que no hemos tenido ningún brote en la Unión Europea. 
No obstante, los Estados miembros han tomado medidas preventivas muy firmes y efectivas que se actualizan y revisan constantemente para reflejar las necesidades y circunstancias actuales. 
Esta directiva revisada está encaminada a mejorar la prevención, erradicar los brotes y reducir los riesgos sanitarios, los costes y las pérdidas. 
Incluye la versión de baja patogenicidad así como la cepa patogénica N2, pero también introduce medidas de erradicación eficaces, incluida la vacunación, teniendo en cuenta las pruebas científicas y las experiencias en Europa y en otros lugares del mundo en los últimos años –podría mencionar el caso de los Países Bajos hace dos años– y, por supuesto, la necesidad de evitar el sacrificio masivo y la destrucción de animales. 
La propuesta de la Comisión reconoce que el virus de la gripe aviar es en gran parte impredecible, y por tanto tenemos que ser capaces de tomar las justas medidas adecuadas para hacer frente a esta situación real cuando cambien las circunstancias. 
También tenemos en cuenta el bienestar animal y las preocupaciones éticas, en especial respecto del sacrificio masivo de animales. 
Ya saben que esto causó una reacción pública comprensible durante las pasadas crisis sanitarias animales. 
Por eso la nueva propuesta permite que los Estados miembros opten por no aplicar una política de erradicación en caso de un brote de gripe aviar de baja patogenicidad. 
Por eso la cofinanciación ante los brotes de la enfermedad causados por un virus de baja patogenicidad es solo del 30 %. 
Esta dotación está encaminada a que los Estados miembros opten por no sacrificar las aves. 
Como he mencionado, la gripe aviar es una cuestión de salud pública que preocupa y por tanto tomamos todas las medidas necesarias. 
La manera más eficaz de hacerlo es, como ya he dicho, atacando el virus en su fuente. 
Si bien tomamos esas medidas y aceptamos la contribución del Parlamento Europeo respecto de la mejora de la preparación para la pandemia, e intentamos responder a ella, creemos que no procede introducir en el texto de esta directiva las enmiendas que quedan fuera de su ámbito de aplicación, es decir, las que se refieren a la salud pública y humana. 
Esta directiva trata de la salud animal. 
También quiero informarles de que hace dos días la Comisión aprobó dos planes respecto de la salud pública, uno sobre la preparación genérica ante una pandemia y el otro sobre la preparación específica ante una pandemia de gripe. 
La semana pasada también realizamos el simulacro conjunto para probar nuestros planes y los de los Estados miembros. 
La introducción de una estrategia de salud animal eficaz protegerá directamente y beneficiará a la industria avícola, pero también protegerá indirectamente la salud humana y pública. 
Ahora pasaré a las enmiendas. 
Después distribuiré una lista de las enmiendas que aceptamos y las que rechazamos. 
Hay enmiendas en el informe que aceptaremos gustosamente, mientras que otras merecen un examen a fondo por cuestiones de principio, pero en un contexto diferente, como las relativas a los aspectos financieros, la investigación y el apoyo a países terceros. 
Respecto de la investigación en particular, junto con mi colega, el señor Potoènik, estamos elaborando una propuesta de investigación de este virus, sobre el que sabemos muy poco. 
Intentaré acelerar este proceso, y espero que el Parlamento nos apoye. 
Es importante obtener los resultados de la investigación lo antes posible para poder planificar nuestra respuesta. 
Espero con interés escuchar los puntos de vista de sus Señorías. 
. – Señor Presidente, me complace que el Consejo haya abordado esta cuestión con carácter urgente. 
Quiero dar las gracias al Comisario, a su personal y al Consejo por su cooperación y su ayuda. 
Quiero subrayar, como ha hecho el Comisario, que esta propuesta trata de la salud animal. 
Su objetivo es mejorar el control de la gripe aviar de baja patogenicidad para prevenir un brote de alta patogenicidad. 
Una vez que el virus ha mutado en un virus altamente patógeno, resulta muy difícil controlarlo. 
Necesitamos actualizar la legislación vigente para reflejar los nuevos avances y nuestras experiencias recientes en Europa y fuera de ella, y apoyo el intento de la Comisión de llevarlo a cabo. 
Es muy importante que acertemos con esta legislación para proteger al sector avícola de la UE y garantizar que dicha legislación sea proporcional al riesgo al que nos enfrentamos. 
Tenemos que estar bien preparados y no caer en las mismas trampas que con el brote de fiebre aftosa, para el cual no hubo una planificación de urgencia adecuada en muchos Estados miembros. 
La propuesta de la Comisión está encaminada a introducir controles obligatorios de la gripe aviar de baja patogenicidad en todos los Estados miembros. 
Expresa claramente las medidas a tomar en el caso de un brote o de una sospecha de brote, aporta disposiciones nuevas y más flexibles sobre vacunación e introduce una disposición más flexible para las aves domésticas, excepto las aves de corral, lo que ayudará en el caso de los zoológicos y las especies en peligro de extinción. 
También introduce nuevas disposiciones para garantizar la cooperación entre las autoridades veterinarias y las de salud pública. 
Mi informe sobre la propuesta de la Comisión ha añadido algunos nuevos aspectos importantes que la Comisión no había tenido en cuenta. 
He pedido a la Comisión que ayude a desarrollar una vacuna oral eficaz contra múltiples cepas. 
El Parlamento ha acordado asignar dinero al presupuesto para ello, y me parece muy bien. 
Si se logra producir una vacuna oral, será mucho mejor para el bienestar de las aves. 
Me gustaría que se llevase a cabo un estudio sobre la contribución de las aves migratorias a la propagación de la enfermedad. 
Quiero asegurar que se contenga cualquier brote o sospecha de brote, especialmente impidiendo los movimientos de las aves de corral y otras. 
Los Estados miembros tienen que mantener informados sobre los planes de emergencia a todos los criadores de aves, cosa que, de nuevo, no ocurrió en el caso de la fiebre aftosa. 
Tenemos que vigilar las bandadas en las rutas de las aves silvestres. 
He modificado la propuesta para endurecer las medidas de control de la enfermedad, especialmente cuando solo hay sospecha de gripe aviar, y respecto del movimiento de los huevos de mesa y de incubación. 
También he pedido flexibilidad en función del riesgo de cara a la aplicación de ciertas medidas para evitar consecuencias innecesarias para la industria avícola. 
He conseguido introducir cambios que permiten que las reservas de fauna salvaje y los zoológicos permanezcan abiertos, siempre y cuando el control de la enfermedad no se vea amenazado. 
Por último, apoyo plenamente la propuesta de la Comisión respecto de la vigilancia de la gripe aviar de baja patogenicidad y el sacrificio de esas aves. 
Pero a pesar de que está científicamente probado que la carne de los pollos infectados de gripe aviar de baja patogenicidad es segura para el consumo humano, en la práctica será casi imposible comercializar esa carne. 
Tenemos que mantener la confianza de los consumidores europeos en la carne y los productos avícolas. 
Temo que si la carne potencialmente contaminada de gripe aviar de baja patogenicidad llega a la cadena alimentaria, dañará la confianza del consumidor en la carne de ave y en los productos avícolas en general. 
He vuelto a presentar las enmiendas que excluyen la carne infectada de la cadena alimentaria, porque creo que hay que destruirla. 
Insto al Comisario a que examine esta cuestión atentamente y vea si podemos adoptar las medidas que excluyan la carne infectada de gripe aviar de baja patogenicidad y la destruyan. 
Quiero dejar claro a la Cámara que estoy hablando de carne infectada con gripe aviar de baja patogenicidad, no de carne vacunada, por si existe confusión al respecto. 
Por último, pido a sus Señorías que apoyen estas enmiendas y aprueben esta normativa lo antes posible para que podamos poner en marcha un plan de emergencia en el lamentable caso de que un brote de gripe aviar afectara a Europa. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los recientes brotes de gripe aviar en países asiáticos y en algunos países europeos, tras el sacrificio de millones de aves en Italia y los Países Bajos, justifican holgadamente que se tomen medidas preventivas más efectivas y que se den los pasos apropiados para ayudar a los Estados miembros en caso de producirse un brote. De este modo se podrá actuar rápidamente y aislar la enfermedad, impidiendo que se extienda. 
Es fundamental, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de una epidemia, que se emprendan acciones preventivas de forma efectiva e inmediata –pero sin causar alarma pública– tanto aquí, en la Unión Europea, como en terceros países, en particular en los asiáticos. 
La gripe aviar es un fenómeno mundial y afecta a la mayoría de las aves domésticas, aunque su distribución se ve influida por la relación entre aves domésticas y silvestres, la ubicación de las granjas de aves de corral, las rutas de las aves migratorias y la época del año. 
Ahora sabemos que la vigilancia y la prevención tienen la máxima importancia, incluso en el caso de los virus de baja patogenicidad, que pueden mutar a la cepa de virus de alta patogenicidad durante breves periodos en una población de aves de corral. 
Asimismo, a pesar de que los seres humanos rara vez resultan infectados, se han producido brotes entre la población humana en los últimos años, producidos por ciertos virus de la gripe aviar, que han provocado docenas de muertes en Asia. 
Por estas razones y teniendo en cuenta las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Presupuestos, a cuyos ponentes, el señor Sturdy y el señor Mulder, quiero dar las gracias, la Comisión de Agricultura hace hincapié en la necesidad de reforzar la propuesta de la Comisión en cinco puntos cruciales. 
En primer lugar, es preciso hacer más hincapié en la prevención y al control, comenzando con un estudio de las zonas de riesgo de cada país, para atajar el posible efecto de una epidemia de gripe aviar en la salud pública. 
En segundo lugar, es preciso un mayor apoyo de la Comunidad para avanzar en la investigación de una vacuna oral para combatir las diversas cepas y promover el uso de la misma, en caso de que sea necesario. El coste total de las vacunas deberá ser sufragado por la Comunidad. 
En tercer lugar, la Comunidad debe apoyar a los Estados miembros para desarrollar un sistema de control de la enfermedad, incluidos los diagnósticos de laboratorio y la investigación (particularmente sobre vacunas adecuadas). 
En cuarto lugar, deberán tomarse medidas que impliquen la cooperación y asistencia técnica a terceros países, en particular los asiáticos, con el fin de permitir que se pueda emprender una acción preventiva y selectiva en los países en los que se origine la gripe aviar. 
En quinto lugar, deberá existir una ayuda disponible para los ganaderos que se enfrenten a una pérdida de ingresos, en caso de que sea necesario sacrificar aves, la destrucción de huevos, la limpieza y desinfección de las explotaciones y equipos, o la destrucción de piensos contaminados. La Unión Europea sufragará parcialmente los costes en que incurran los Estados miembros. 
Por lo que respecta a la Comisión de Agricultura, el importe de la ayuda financiera debería ascender al 50 % de los costes soportados por los Estados miembros, en casos de gripe aviar tanto de alta como de baja patogenicidad, porque si es necesario tomar medidas y sacrificar animales, las pérdidas devengadas son las mismas. 
No obstante, en mi opinión, en este caso es correcto aumentar la ayuda de la Comunidad al 60 %, de acuerdo con mi propuesta, porque si un Estado miembro se enfrenta a una situación de esta naturaleza, habiendo tomado las medidas de prevención necesarias, merecerá la solidaridad de la Comunidad, y esto puede ayudar en efecto a evitar que la enfermedad se extienda. 
También he presentado otra propuesta, para la que espero recibir su apoyo, Señorías. 
Creo que se hará justicia social si se ayuda a los avicultores cuyas explotaciones se vean afectadas por la enfermedad, no solo con respecto a los costes y pérdidas incurridas, sino también con el 50% de la pérdidas de ingresos, hasta que su explotación esté recuperada y en funcionamiento; esto, por supuesto, sin socavar la labor del mercado. 
Por último, quiero dar las gracias por toda la ayuda que he recibido para la elaboración de este informe y confío en que la Comisión y el Consejo presten la debida atención a las propuestas del Parlamento. Si es así, se podrán tomar todas las medidas posibles para prevenir y combatir cualquier brote y para garantizar que la enfermedad no se propague ni afecte a la salud pública. 
. Señor Presidente, en mi opinión, si hay un país en la Unión Europea que sepa lo que es la gripe aviar, son los Países Bajos. 
Me anima lo que ha dicho el Comisario. 
Creo que han aprendido mucho. 
Quiero dar las gracias a los dos ponentes, el señor Parish y la señora Figueiredo, por el gran trabajo que han realizado. 
Huelga decir que la Comisión de Presupuestos se preocupa principalmente por el aspecto financiero de las cosas, pero eso no ha impedido que se manifieste principalmente a favor de la primera opción, que se haría efectiva en caso de un brote, a saber, la de dar prioridad a una nueva vacunación. 
A este respecto, la Comisión de Presupuestos ha presentado dos enmiendas al presupuesto de 2006, relativas a los estudios sobre el desarrollo de mejores vacunas y mejores métodos de prueba, así como sobre el papel de las aves migratorias en la propagación de la gripe aviar. 
Espero que la Comisión inicie estos estudios lo antes posible y que no espere hasta finales de año. 
Uno de los principales problemas presupuestarios es que, en el futuro, el presupuesto agrícola se estirará al máximo. 
A pesar de que no lo deseamos, cabe esperar que algún día nos enfrentemos a otro brote de una enfermedad infecciosa, sea la gripe aviar o la fiebre aftosa o alguna otra, y se necesitará dinero del presupuesto europeo para hacerle frente. 
La cuestión es si hay dinero en la caja; puede que no haya ninguno y, por eso, pensamos que la Comisión debería seguir analizando con carácter urgente la posibilidad de crear un fondo europeo de salud animal. 
La segunda preocupación de la Comisión de Presupuestos es que, en estos momentos, la mitad de la compensación se sufraga con cargo al presupuesto europeo, mientras que de la otra mitad se encargan los Estados miembros. 
La forma en la que se recauda este último 50 % varía entre los diferentes países. 
En algunos países, los agricultores pagan; en otros, no. 
Esto no es lo que podríamos llamar igualdad de condiciones y la Comisión debería examinarlo. 
– Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente por lo que ha dicho y estoy de acuerdo con él. 
También quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Comisario por su franqueza con el Parlamento –es una gran virtud que los diputados agradecen– así como por la prisa que se ha dado y por no haber hecho cundir el pánico. 
Ha sido una gran virtud en todo el proceso. 
En varias ocasiones ha pedido a los diputados que le ayuden a propagar el mensaje. 
La última vez que visitó el Parlamento pidió a los diputados que intentaran averiguar qué estaba pasando y propagaran el mensaje en sus Estados miembros para concienciar a la opinión pública. 
Lo haremos con mucho gusto. 
El Consejo de Sanidad se reúne el 9 de diciembre de 2005 y espero que esto aclare la situación. 
También tenemos que conocer la situación en todos los Estados miembros. 
Lo pido porque sé que 21 Estados miembros ya están totalmente preparados y dispuestos. 
¿Podría el Comisario decirnos qué cuatro Estados miembros no lo están? 
No se trata de una cuestión política partidista. 
Queremos que la Comisión y los Gobiernos salgan airosos de esta prueba: no queremos que se nos acuse de tomar medidas estúpidas e irresponsables. 
Es una gran oportunidad. 
Hemos visto lo que ha ocurrido en Francia y en los Países Bajos y el hecho de que los ciudadanos no confían en la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión. 
Si acertamos –y creo que la Comisión está acertando, pero necesitamos más información– haremos un buen trabajo de promoción de la Unión Europea. 
Es una cuestión de transparencia y de asegurar que todo el mundo lo entienda. 
En este momento parece que circulan una serie de verdades a medias. 
Por ejemplo, se habla mucho del sistema migratorio europeo, de las aves que emigran a la Unión Europea. 
Recientemente he visitado uno de esos lugares en el Reino Unido. 
De hecho, todas las aves migratorias en el Reino Unido vienen del norte, donde la gripe aviar no existe. 
Este es el tipo de información que a mi juicio los ciudadanos no reciben del todo correctamente. 
El Comisario ha mencionado la enfermedad y quiero formularle otra pregunta. 
Que yo sepa, la gripe aviar es una infección intestinal, no de las vías respiratorias. 
Creo que es correcto y estoy interesado en escuchar lo que el Comisario tenga que decir al respecto. 
¿Es cierto que un niño ya ha muerto en Extremo Oriente por haber comido carne infectada? 
¿Qué vamos a hacer con respecto a este riesgo? 
Volviendo a las aves migratorias, creo que los cazadores nos pueden mantener informados de la situación. 
Tenemos que reconocer que la forma en que estamos vendiendo los alimentos en la Unión Europea es un problema: los supermercados presionan sobre los precios a la baja, lo que aumenta el riesgo de una peligrosa propagación del virus. 
Conocimos la situación en que la fiebre aftosa llegó a la Unión Europea. 
No sabemos cómo entró, pero el personal de la Comisión hizo un buen trabajo y lo solucionó. 
La enfermedad vesicular porcina llegó a la Unión Europea, y también la enfermedad de Newcastle. 
¿De dónde vinieron y por qué entraron en la Unión Europea? 
¿Cómo entran esas enfermedades? 
Es importante entender que siempre se corre el riesgo de que una enfermedad entre en la Unión Europea, puesto que importamos alimentos de todo el mundo. 
Tenemos que examinar esta cuestión muy de cerca. 
Quiero dar las gracias a todos los oradores que han intervenido en el debate hasta ahora. 
Ahora vamos a suspender la sesión para cenar pollo. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los informes elaborados en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
. Señor Presidente, en cualquier caso respetaré el tiempo de uso de la palabra que se me ha asignado. 
Me gustaría haber dado las gracias a ambos ponentes, pero veo que ninguno de ellos está presente. Su ausencia ilustra el hecho de que todavía cabe mejorar algo el método de trabajo del Parlamento. 
Cuando celebramos un debate, deberíamos hacerlo sin ninguna interrupción. 
Lamentablemente, esto no es así. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos apoya la esencia del informe de la señora Figueiredo y particularmente los costes y la prevención para el control de enfermedades animales, aprobados por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
La prevención debe mejorar y debe existir más control, pero lo que es mucho más importante –y mucho más efectivo– es desplegar la vacuna como producto de control y medida preventiva. 
Por lo demás, es fundamental que apliquemos las mismas normas en Europa en términos de cofinanciación, bajo el lema «lo que es salsa para la oca, salsa es para el ganso». 
Estoy a favor de una división al 50 % entre la Comisión y los Estados miembros, pero por lo que respecta a las contribuciones de los Estados miembros, debería ir quedando claro quién paga la factura: son los Estados miembros o, como sucede en algunos otros Estados miembros, son los agricultores. 
Claramente estas discrepancias son inaceptables. 
Acojo con satisfacción algunos de los puntos del informe del señor Parish. 
Me satisface la adopción de nuestra enmienda y de la del señor Berman, que afirma que, en caso de una amenaza grave de la gripe aviar, la vacuna podrá utilizarse como medida preventiva, sin que esto afecte a la posición del mercado –y me gustaría subrayar esto, también mirando al señor Comisario, sin que esto afecte a la posición del mercado. 
Mi Grupo se alegra mucho de esto, porque es fundamental que empecemos a desplegar productos para el control de las enfermedades animales de forma más efectiva. 
De hecho, la política de no vacunación ha llegado a su fin. 
En un mundo en el que los mercados son cada vez más abiertos, en el que la gente viaja, ya no resulta apropiado que la vacunación no se utilice de forma efectiva y, sobre todo, que el uso de la vacunación se traduzca en restricciones sobre el mercado de los productos. 
Es fundamental que sigamos esta trayectoria en Europa. 
Esa es la única respuesta para controlar las enfermedades animales infecciosas en todo el mundo, en la mayor medida y de la forma más efectiva posible. 
Me he percatado de que la señora Figueiredo acaba de entrar en la Cámara. 
Quiero darle las gracias de nuevo por su contribución al informe y también le daré las gracias al señor Parish en persona. 
. Señor Presidente, el debate de hoy sobre la gripe aviar, el actual ritmo de trabajo y el documento aprobado por el Parlamento y la Comisión son excelentes ejemplos de una buena cooperación entre ambas instituciones. 
La gripe no es un problema al que se enfrenten los Estados miembros individuales ni Europa en su conjunto, sino que se trata de un problema mundial. 
Asia ha sido el punto de partida de casi todas las epidemias de gripe. 
Aproximadamente una docena de cepas de virus que podrían mutar en cualquier momento y suponer una amenaza para Europa llevan circulando allí desde hace años. 
La cooperación entre organizaciones como la OMS, la FAO y el Banco Mundial y los principales productores de aves de corral de los Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea es ahora fundamental para erradicar estos semilleros. 
Hasta finales de año hemos estado elaborando en Europa un programa de medidas y un plan de acción con vistas a prevenir una epidemia de gripe. 
En primer lugar, deberíamos garantizar que haya fondos disponibles, en el presupuesto de 2006 y en presupuestos futuros, para acciones preventivas. 
Debería invertirse más dinero en medidas veterinarias y en la compra de vacunas para toda la población de aves de corral europea, y deberían acumularse las reservas apropiadas de fármacos antivirales, como el tamiflu. 
Debería elaborarse un único anteproyecto para los servicios veterinarios europeos y las autoridades responsables de la salud pública. 
Debemos desarrollar una estrategia para financiar y encargar la fabricación de fármacos antivirales. 
Debería publicarse un único conjunto de directrices para el diagnóstico de la influenza aviar y para las pruebas de diagnóstico de laboratorio, y debería encargarse una valoración científica del riesgo epidemiológico que supone para los humanos la gripe aviar. 
Deberíamos facilitar el establecimiento y la financiación de varios laboratorios de referencia nuevos en otros Estados miembros. 
En definitiva, en mi opinión, podríamos evitar cualquier epidemia futura y el pánico aplicando un programa de medidas en estos términos y si el Parlamento aprueba el informe mañana. 
. – Señor Presidente, está claro que la gripe aviar supone una gran amenaza para las aves y las personas. 
Recientemente, el virus responsable ha provocado la muerte de millones de aves y muchas enfermedades humanas se atribuyen directamente al virus de la gripe aviar de alta patogenicidad. 
Pero la gripe aviar no es una enfermedad nueva. 
De hecho, se cree que existe desde que se descubrieron los virus y seguramente es tan antigua como el virus de la gripe común, es decir, probablemente cuenta muchos miles de años. 
La amenaza para los humanos tampoco es nueva. 
Los estudios que usan técnicas de biología molecular indican que la pandemia de gripe que surgió tras la Primera Guerra Mundial fue causada por un virus de gripe aviar. 
Esa pandemia mató a unos 50 millones de personas. 
Cabe destacar que, al igual que la mayoría de pandemias de gripe, la de 1918 solo duró más o menos un año y después desapareció gradualmente. 
Esto ocurrió sin que el sector avícola recurriera a los antivirales, las vacunas o medidas radicales, sino gracias a la forma más eficaz de defensa contra la enfermedad, la resistencia natural. 
Quizás esto nos anime a considerar detenidamente lo drásticas que tienen que ser nuestras medidas de precaución. 
Por eso estoy de acuerdo tanto con el Comisario como con el ponente en que la opción más racional es adoptar un enfoque equilibrado. 
Creo que cualquier medida que tomemos tiene que ser coherente con los mecanismos de defensa de la naturaleza y no ir en su contra. 
Por tanto, es esencial llevar a cabo un estrecho control científico de la epidemiología y la biología molecular del virus de la gripe aviar. 
Creo que la matanza selectiva de aves infectadas con la gripe aviar de baja patogenicidad no es estrictamente necesaria; recordemos que hemos estado comiendo ovejas y cabras infectadas de prurito lumbar durante más de 200 años y todavía no ha muerto nadie de una infección de prurito lumbar. 
También creo que la vacunación de las aves es costosa, engorrosa y de una efecto dudoso; en su lugar, tenemos que investigar y fomentar la cría de aves naturalmente resistentes. 
Además, hay que ayudar a los países en desarrollo a mejorar las condiciones primitivas de sus explotaciones y la higiene alimentaria de las aves, que es muy importante. 
Por último, no es conveniente almacenar antivirales de dudosa eficacia y sin un escrutinio adecuado de sus efectos secundarios, que a veces son mortales. 
Ello priva a los sistemas de atención sanitaria de recursos muy necesarios y, sobre todo, ayuda a que las empresas farmacéuticas se enriquezcan aún más. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta presentada por el Comisario es buena y, como ha dicho en su discurso, de lo que estamos hablando aquí es de una enfermedad animal. 
A pesar de que ya se ha establecido un vínculo con la posibilidad de su transmisión en el futuro, no debemos dejarnos arrastrar por el pánico ni perder de vista la necesidad de coordinar las esferas veterinaria y humana. 
Estamos hablando, después de todo, en primera instancia, de una enfermedad animal, por lo que considero su evidente calma perfectamente comprensible, dado que la alternativa supone correr el riesgo de agobiarse con medidas de pánico cotidianas. 
Lo bueno de la propuesta es que responde a la pregunta «¿inocular o no inocular?» 
Como saben –yo lo sé bien, ya que llevo en esta Cámara más tiempo–, esto ha sido objeto de debate durante muchos años, y la cuestión ha sido siempre si la vacunación debería ser continua o, por el contrario, profiláctica y en respuesta a la aparición específica de la enfermedad. 
En esta Cámara siempre hemos defendido la segunda opción, que es la que ahora propone usted, pero siempre se ha mencionado junto con esa cuestión fundamental. 
Sin embargo, el mérito de su propuesta es que separa las dos. 
Por esta razón, apoyamos su propuesta. 
En este debate no hay lugar para términos como «exterminar» y «destruir» ; estamos hablando de animales o de alimentos, dado que son los animales los que acaban siendo productos alimenticios. 
Las imágenes que se nos presentaron en los últimos años –desde la encefalopatía espongiforme bovina hasta las enfermedades de las aves de corral y del ganado porcino, pasando por los sacrificios derivados de la fiebre aftosa– no favorecieron para nada la credibilidad cultural de Europa a los ojos del mundo. 
Esto me lleva a pensar que vamos por el buen camino. 
La recomendación que me gustaría hacerles es que deberíamos unirnos a la Comisión para debatir la cuestión de la susceptibilidad, con respecto a la cual necesitamos distinguir entre las nuevas razas, destinadas al tratamiento técnico y la cría intensiva, y las razas regionalmente adaptadas, es decir, las que viven en la naturaleza, algunas de las cuales, en efecto, portan el virus sin ponerse clínicamente enfermas. 
La forma en la que coexisten debe ser organizada, por lo que no debemos cometer el error de mantener un debate equivocado, preguntándonos si deberíamos renunciar a la naturaleza y tener una ganadería técnica y puramente artificial a partir de ahora. 
En lugar de esto, lo que se precisa es un intercambio de puntos de vista, no solo con respecto a la situación europea, sino también a la asiática. 
Es ahí donde debemos ofrecer ayuda técnica y en todo el mundo donde deben tomarse precauciones, si queremos que los animales se mantengan sanos y las personas como nosotros protegidas frente a la posibilidad de que los virus se alteren y muten, suponiendo un peligro para nosotros mismos. 
. – Señor Presidente, la nueva directiva es necesaria para que se puedan tomar medidas encaminadas a proteger la salud pública y las poblaciones de aves de corral de la gripe aviar y para evitar que los virus muten de una baja a una alta patogenicidad, con el riesgo de transmitirse a los humanos. 
Las medidas propuestas en la directiva son las adecuadas. 
No obstante, al mismo tiempo se prevén derogaciones y es en este punto donde hay que tener cuidado, porque esto adulterará la severidad de las medidas. 
Permitirá a las grandes empresas avícolas afectadas por la gripe de baja patogenicidad utilizar las derogaciones para canalizar al mercado las aves de corral y los productos infectados en lugar de destruirlos, transmitiendo así la enfermedad a los países importadores. 
Si ciertos países quieren utilizar las derogaciones, estas deberán permitirse solamente para su zona y bajo su responsabilidad. 
No obstante, los demás países deben tener la oportunidad de negarse a permitir que los productos sujetos a la derogación se comercialicen en su territorio, porque la gripe de baja patogenicidad y las aves vacunadas pueden considerarse un riesgo insignificante para la salud pública, pero los virus de baja patogenicidad podrían mutar a virus de alta patogenicidad en cualquier momento y, aunque ahora sean inofensivos, podrían crear situaciones peligrosas. 
. – Señor Presidente, quiero unirme a mis colegas no solo para dar las gracias al ponente por su trabajo, sino también al Comisario por las medidas que ha tomado hasta la fecha respecto de esta amenaza percibida. 
Y digo «percibida» porque algunos de los titulares en los medios de comunicación durante los últimos seis o siete meses anuncian la llegada inminente del fin del mundo y que no hay escapatoria de los peligros y riesgos de la propagación de la gripe aviar. 
Pero cuando examinamos más atentamente los datos científicos y empíricos sobre la gripe aviar, podemos observar ciertas tendencias. 
En primer lugar, parece que no tiene un impacto tan grande o perjudicial sobre las aves silvestres como sobre las domésticas o comerciales. 
En segundo lugar, los únicos casos de transmisión humana de la gripe aviar se han producido cuando las personas han estado en estrecho contacto con aves comerciales. 
En tercer lugar, y sobre todo, aún no se conoce ningún caso de transmisión de persona a persona. 
Aunque es importante que seamos prudentes, estemos preparados y seamos conscientes de cualquier peligro o riesgo que pueda surgir, sería un error crear alarma respecto de cualquier amenaza inmediata y de los peligros que presenta. 
Una cepa de tuberculosis resistente a los medicamentos provocará más muertes en la Unión Europea que los el número de afectados por la gripe aviar. 
A escala mundial, cada día mueren más personas a causa de la malaria, especialmente niños, que los que han muerto hasta ahora a causa de la gripe aviar. 
Tenemos que examinar las cifras y ponerlas en contexto, y es importante que nuestra respuesta sea razonada y proporcional a los riesgos y peligros que actualmente existen. 
Es maravilloso que las comisiones científicas sobre salud pública y animal se reúnan con regularidad para ponerse al día e intercambiar información sobre los brotes que han ocurrido cerca de las fronteras de la Unión Europea. 
Además de cooperar con la Organización Mundial de la Salud, podemos aplicar planes preparatorios que hagan frente a cualquier brote potencial. 
Como hemos visto con los brotes de fiebre aftosa, la enfermedad de Newcastle y otras enfermedades animales, la única manera segura de eliminar la enfermedad es aplicar una política encaminada a sacrificar a los animales. 
Aunque parezca algo terrible en un mundo en el que millones de personas mueren de hambre por falta de alimentos, a largo plazo se trata de una respuesta mejor y más proporcionada. 
Ello se debe a que, si bien se ha hablado de vacunas y preparaciones para vacunas, no sabemos qué vacuna funcionará. 
No sabemos cuál será el resultado exacto de una vacuna en el cuerpo humano cuando intentemos prevenir la propagación de la gripe aviar, y no lo sabremos hasta que permitamos a nuestros científicos actuar y confiemos esta cuestión a las personas que saben de qué hablan. 
Sé que algunos de mis colegas tienen dudas o están preocupados por la credibilidad o sinceridad de algunas personas implicadas en la industria farmacéutica. 
Pero en cada etapa del desarrollo de la salud humana, cuando se ha necesitado o deseado responder a un riesgo de salud humana, la industria farmacéutica ha aportado soluciones y respuestas, y deberíamos escuchar lo que tiene que decir. 
Por último, la dirección y el liderazgo del Comisario en esta cuestión, así como las ideas claras y racionales que ha expuesto, constituyen un modelo que otros Comisarios deberían seguir cuando tratan otras cuestiones de servicio público. 
Acojo con satisfacción el debate sobre este informe en el Parlamento Europeo. 
Su objetivo es reforzar la prevención de una pandemia de gripe de origen aviar, reducir los riesgos para la salud y evitar la posible pérdida de vidas. 
Hasta la fecha han muerto 68 personas a causa de la gripe aviar, y está demostrado la infección les vino de las aves. 
No obstante, toda la especie humana podría resultar afectada si el virus muta y adquiere la capacidad de propagarse entre los humanos. 
Este es el aspecto en que la cooperación y la coordinación entre los países resultan vitales. 
Sabemos que la enfermedad no conoce ni respeta fronteras y esto es particularmente preocupante en el caso de esta enfermedad mortal, para la que las personas no tenemos anticuerpos. 
No obstante, la cooperación es necesaria no solamente en el plano internacional, sino también dentro de cada país, entre diferentes sectores. 
Todos ellos, sea la agricultura, la sanidad, la educación o la defensa, deben cumplir sus respectivas tareas en caso de pandemia. 
No obstante, debo hacer hincapié en la importancia del comportamiento de la población. 
Durante la primera fase del brote, en general, la gente carece de información suficiente. 
Entonces es cuando en lugar de tener una conducta racional, la gente se ve invadida por el pánico y se siembra el caos, que son los peores enemigos en este tipo de situaciones. 
El comportamiento de la gente es más efectivo cuando tiene información y una experiencia pasada negativa, que ya tiene en relación con una pandemia. 
La pandemia de gripe española de 1917, que mató a 40 millones de personas, debería ser una advertencia suficiente para todos nosotros. 
En un reciente debate mantenido aquí, en el Parlamento Europeo, el Comisario Kyprianou hizo una declaración engañosa, al decir que tenía 25 planes de acción nacionales sobre la mesa. 
A nosotros no nos importa que tenga 25 programas sobre la mesa. 
Lo importante es que tenga un plan común y de buena calidad para combatir la pandemia. 
La reciente verificación de la peor hipótesis posible de los 25+2 planes europeos reveló deficiencias concretamente en el ámbito de la comunicación entre distintos programas nacionales. 
Por una parte, muchos políticos restan importancia al peligro, afirmando que se trata simplemente de trucos empleados por las empresas farmacéuticas, pero, por otra parte, la población recibe información de que las autoridades estatales ya están buscando emplazamientos para fosas comunes. 
Todos nosotros, trabajadores de la sanidad, conocemos las carencias de recursos financieros del sistema sanitario de todos los países. 
Esa es la razón por la que muchos países limitan el número de intervenciones quirúrgicas y crean listas de espera. 
Me temo que estos sistemas económicamente frágiles no tendrán recursos suficientes para hacer frente a una pandemia. 
Por lo tanto, considero que la población debería ser informada, para poder asumir cierta parte de los costes. 
Estoy completamente de acuerdo con los diputados que han hablando antes que yo en que, a pesar de que todavía no podemos hablar de una pandemia, debemos tomarnos la amenaza en serio. 
Sin embargo, la amenaza que supone la histeria por un virus hoy por hoy inexistente es, al menos, igual de grande. 
De acuerdo con los cálculos de los expertos, el consumo de aves de corral en Hungría ha caído al menos un 40 %, hasta el punto de que este sector podría ir a la quiebra. 
Esto se ha producido a pesar del hecho de que los científicos húngaros han elaborado y probado con éxito la vacuna contra el actual virus H5N1. 
Para evitar la histeria y el pánico, nuestras tareas más importantes consisten en tomar medidas de prevención efectivas en los Estados miembros, elaborar planes integrales y prudentes y actuar de modo firme, meditado y coordinado en caso de epidemia. 
Con el espíritu de una actitud responsable ante los ciudadanos europeos, la Unión Europea debe asumir un alto grado de solidaridad. 
La coordinación de las capacidades de producción de vacunas y la consolidación de los principios de distribución de las mismas pondrían a los ciudadanos de países sin capacidad de producción de vacunas en igualdad de oportunidades para su obtención. 
No olvidemos que entre los 10 nuevos Estados miembros, Hungría es el único país que tiene una planta de producción de vacunas. 
Por lo tanto, es importante que se ofrezca toda la ayuda al país donde se produzca el primer brote de la epidemia, incluso si este país no pertenece a la Unión Europea, y que la acción no se vea empañada por prioridades nacionales imprudentes. 
En mi país hay un dicho: en la necesidad se demuestra la amistad. 
Espero que consigamos evitar la necesidad, pero si no es así, mi deseo es que el concepto de «amistad y cooperación entre naciones» , uno de los ideales básicos de la Unión Europea, resulte viable si se pone a prueba. 
Me gustaría expresar mi gratitud a los dos ponentes por haber presentado esta importante cuestión que no afecta solamente a los ciudadanos de Europa. 
– Señor Presidente, mi Grupo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria apoya el enfoque de nuestro ponente de opinión, el señor Sturdy, sobre todo en sus elogios al ponente general señor Parish y al Comisario, y en el énfasis que ha puesto en la vigilancia estudiada en lugar de la histeria o la complacencia. 
Le felicitamos por ello. 
Las seis preguntas que el Comisario ha enviado a los Ministros de Sanidad de la Comunidad me parecen adecuadas, pero está por ver si recibe las respuestas adecuadas sobre la manera en que podemos movilizar nuestras reservas de antivirales antes del desarrollo de una vacuna. 
Quiero decir de pasada al doctor Matsakis, a quien tengo en alta estima, que no comparto su relativa satisfacción con el resultado de los acontecimientos de 1918. 
En 1918, la muerte fue el cortafuegos que acabó con el virus, que se quedó sin víctimas. 
No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir, y por tanto acojo con satisfacción las medidas que ha tomado el Comisario. 
Solo me queda tiempo para una pregunta: si la gripe aviar de baja patogenicidad también es infecciosa y puede mutar, ¿cómo podemos estar seguros de que la importación de aves silvestres y domésticas está realmente bajo control? 
En mi país hemos tenido ejemplos de las dos situaciones mencionadas. 
Hace unos días se han descubierto en el Reino Unido grandes cantidades de carne de pollo china importada ilegalmente. 
Sabemos que las epidemias, no las pandemias, pasan por canales de ilegalidad y engaño. 
Así es como empiezan, así ocurrió con la fiebre aftosa. 
No queremos volver a pasar por eso y espero que el Comisario pueda explicar exactamente en su conclusión las medidas precisas de control preventivo que se aplicarán. 
Señor Presidente, la precaución es el planteamiento adecuado; no cabe, ni en la política racional ni a la hora de tomar las debidas precauciones, el tipo de pánico e histeria que hemos escuchado tantas veces hoy. 
La atribución de la culpabilidad a una parte es sencillamente tan obstinado como, por ejemplo, responsabilizar a las aves silvestres de la propagación de la enfermedad, que como ha demostrado y probado la ciencia, tiene otras causas. 
Hasta ahora, esto ha sido más un acontecimiento mediático que médico, en el verdadero sentido de la palabra, si se compara con otros muchos fenómenos y enfermedades peores. 
No obstante, debe ser prevenida y la Comisión merece todas las alabanzas por su respuesta racional y equilibrada. 
En efecto, necesitamos seguir manteniendo la mirada atenta sobre la evolución de las cosas y espero que todos los afectados participen en el proceso de seguimiento. 
Es una cuestión de absoluta necesidad que esto incluya a quienes viven y trabajan sobre el terreno, entre ellos, por ejemplo, los que se dedican a la caza, que tienen los conocimientos necesarios y son los primeros de entrar en contacto con las aves salvajes. 
Teniendo esto en cuenta, espero que el informe del señor Parish, que ha hecho un buen trabajo, sea aprobado mañana, y quiero felicitar, una vez más, a la Comisión por su sensata actitud. 
Señor Presidente, para controlar la gripe aviar, la Unión Europea debe acabar, claro está, con los tabúes que rodean a la vacunación. 
La Unión Europea también debería centrarse mucho más en la fuente en el sudeste asiático. 
Una serie de Estados miembros han establecido sólidos proyectos bilaterales al respecto y la FAO ha desempeñado una función de coordinación en este sentido. 
La Comisión debería contribuir a ello, apoyando económicamente iniciativas de los Estados miembros de la Unión Europea en el sudeste asiático y dejando la coordinación en manos de la FAO. 
Esa sería la forma más eficiente de hacer las cosas. 
Muchos miles de personas en Vietnam, Tailandia, Indonesia y otros países han estado en contacto con el virus y, sin duda, muchos de ellos han desarrollado anticuerpos. 
No hay datos disponibles al respecto. 
La Comisión podría, y en efecto debería, ayudar a financiar un estudio sobre este tema. 
También se puede hacer más dentro de la Unión Europea. 
Las aves acuáticas no se controlan lo bastante de cerca, que es esencial, después de todo, porque los virus de baja patogenicidad se propagan mucho más de lo que se imagina. 
Eso no es nuevo ni extraño, pero un control preciso es esencial. 
En definitiva, les ruego que apoyen iniciativas bilaterales de los Estados miembros en el sudeste asiático, que suministren fondos para la investigación, que apoyen la coordinación de la FAO y que organicen más controles a escala europea. 
Finalmente, el Parlamento Europeo debe establecer una comisión temporal para la gripe aviar, al igual que hizo durante la crisis de la EEB. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta Cámara tuvo la oportunidad de debatir esta cuestión en el Pleno del 25 de octubre y el debate en esa ocasión estuvo muy ceñido a los hechos, cuando usted, señor Comisario, anunció todas las cosas que pretendía hacer. 
También las ha hecho, aprovechando las oportunidades de dialogar con otras organizaciones y organizando ejercicios de crisis en Europa, cuyos resultados probablemente se conocerán en breve. 
Nada más natural –como ya se ha dicho– que el debate se centre en la salud de las aves de corral y en la necesidad de protegerla. 
Yo he estado recientemente en China, donde, como sabemos, hay 20 000 millones de aves de corral. 
Los chinos están absolutamente aterrados por la posibilidad de que la gripe aviar se propague y también están haciendo algo al respecto, pero la cuestión es si los europeos, tanto en el pasado como ahora, hemos aconsejado bien a Estados como China, Indonesia y Vietnam para que puedan tomar medidas en caso de una epidemia de gripe aviar. 
Los chinos ya han intentado desarrollar vacunas contra la gripe aviar y también están trabajando en algo para los seres humanos. 
Creo que es magnífico que ahora estén abandonando la política de no inmunización y apliquen una política de inmunización bien organizada, en regiones específicas o en los alrededores de los focos. 
En mi calidad de veterinario me han llamado muchas veces, de la Baja Sajonia y otros lugares, para hacer frente a brotes de enfermedades animales, y sé que la forma correcta de proceder por lo que respecta a la política de vacunación es con vacunas con marcador –y quiero hacer hincapié en que tienen que ser vacunas con marcador si es de algún modo posible– y que este es también, en mi opinión, un planteamiento que armoniza con lo que los defensores del bienestar animal nos recomendarían. 
Para terminar, permítanme repetir lo que dije al finalizar mi intervención del 25 de octubre, que es que, en cualquier caso, se acerca una pandemia; los científicos no saben cuándo. 
Por supuesto, deberíamos hacer todo lo posible por evitar que cunda el pánico, haciendo también todo lo posible por evitar que el virus se transmita, mute e infecte a los humanos. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados por sus amables palabras y por su apoyo. 
En vista de los retos a que nos enfrentamos, el apoyo del Parlamento ha sido un gran estímulo y una gran ayuda. 
Me gustaría hacer algunos comentarios. 
En primer lugar, ya estamos realizando y financiando la investigación. 
Pero aún queda mucho por hacer y por eso mi colega, el señor Potoènik, pronto pedirá propuestas para seguir investigando en torno a la vacuna. 
Es lo que estamos haciendo en este momento, y estoy de acuerdo con sus Señorías en que tenemos que desarrollar una vacuna mejor, más fácil de usar, más eficaz y que no oculte la enfermedad y la infección. 
Al mismo tiempo, aún tenemos mucho que aprender sobre la implicación y el efecto de las aves migratorias y otras aves silvestres en la propagación de la enfermedad. 
Tenemos que trabajar partiendo del supuesto –porque las pruebas lo demuestran, contrariamente a lo que creímos en el pasado– de que las aves migratorias propagan la enfermedad. 
Pero otras especies, como los gorriones y las palomas en el sudeste asiático, también tienen la enfermedad. 
Por tanto, aún queda mucho por aprender. 
Respecto de la supervisión, estamos recurriendo a los cazadores y hemos pedido a otros Grupos que también nos apoyen en este esfuerzo. 
Además, tenemos que aprender mucho sobre el propio virus. 
Por eso no solo estamos financiando programas de supervisión y el estudio de aves silvestres y migratorias, sino que también apoyaremos la investigación sobre el propio virus y su comportamiento; se trata de un virus mañoso que muta constantemente. 
Por suerte aún no ha mutado en una cepa humana, pero se comporta de forma diferente en aves diferentes y en regiones diferentes. 
Por eso es muy importante que recopilemos toda la información posible cuanto antes. 
Sobre la vacunación, es cierto que la nueva legislación cambia el enfoque. 
No desaconsejamos la vacunación. 
Puede usarse si se toman algunas precauciones, que son necesarias porque los errores podrían acarrear graves consecuencias. 
Sin esas precauciones, lo peor que podría pasar es que la vacuna ocultara la infección y permitiera que la enfermedad se propagase a pesar de haber vacunado a las aves. 
Italia nos ha apoyado en el pasado. 
Hemos apoyado un proyecto y ganado una experiencia importante, en especial con un sistema que permite distinguir las aves vacunadas de las infectadas. 
Esta legislación es flexible. Tiene en cuenta los límites actuales de la vacunación. 
El expediente tiene que aplicarse y controlarse adecuadamente. Esto es muy importante. 
Pero apoyaremos la investigación en este ámbito para tener una vacuna más eficaz y fácil de usar. 
Sobre la cuestión de los planes, no haré referencia a los aspectos de la salud humana, porque los debatimos en profundidad hace algunas semanas. 
Pero puedo confirmar que todos los Estados miembros tienen planes nacionales. 
Hace tan solo dos días aprobamos tanto un plan comunitario para hacer frente a una pandemia de gripe como un plan más genérico. 
Al mismo tiempo, este proceso ha demostrado que los planes son interoperables; no tenemos 25 ó 27 planes diferentes. 
Tenemos sinergias y coordinación. 
Es evidente que siempre es posible mejorar. 
Por eso hicimos el simulacro: para identificar las deficiencias. 
Los sistemas han funcionado y eso es bueno. 
El intercambio de información y la comunicación también han funcionado. 
Además, el sistema de alerta y respuesta tempranas ha funcionado muy bien. 
Sobre el tema de las vacunas y los antivirales, es cierto que hay preocupación. 
No todos los Estados miembros han alcanzado el mismo nivel de preparación. 
En este momento, la industria no está en condiciones de suministrar las cantidades que necesitan los Estados miembros y el resto del mundo. 
Por eso me he reunido con la industria e informaré al Consejo el 9 de diciembre y veré cómo podemos mejorar la capacidad de producción. 
Paso ahora a hablar de la gripe aviar de baja patogenicidad. 
Como he mencionado antes, sé que algunos diputados –veo que el señor Parish está sonriendo– apoyan una política de erradicación de la forma de baja patogenicidad. 
La Comisión adopta un enfoque diferente. 
La legislación no la fomenta, es cierto, pero tampoco la prohíbe. 
Por tanto, da a los Estados miembros la opción de aplicarla si creen que se trata de la política adecuada para ese ámbito específico, para su propia región. 
Hemos tenido en cuenta el consejo de la AESA y los problemas éticos que plantean los sacrificios masivos. 
Por esta razón hemos llegado a esa conclusión. 
Por último, quiero decir que tenemos en cuenta las cuestiones de bienestar animal y los aspectos de la cría de animales y aves. 
Sus Señorías verán que todo esto está incluido en nuestra estrategia de bienestar animal que se aprobará pronto, espero que a finales de año o a principios del próximo. 
Pero tengo que señalar que la enfermedad se ha propagado en explotaciones del sudeste asiático en las que los animales se crían de forma natural. Eso no las ha protegido del virus. 
Quiero concluir subrayando la naturaleza impredecible del virus, que se comporta de formas extrañas. 
Por eso tenemos que centrarnos prioritariamente en la investigación, para recabar toda la información posible. 
Quiero dar las gracias a sus Señorías por este interesante debate. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
La adopción de una estrategia común para hacer frente a una posible crisis es extremadamente importante para los consumidores y las industrias europeas. 
Cuanto más asuma la Unión Europea la urgencia de la situación, más entenderán sus ciudadanos que nuestra interferencia en sus vidas diarias no es simplemente burocrática, sino tangible y efectiva. 
Por lo tanto, es necesario alcanzar el máximo nivel de financiación conjunta posible, es decir, el 50 % para el sacrificio de los animales infectados por el virus y el 50 % para otros gastos en el sector veterinario. 
Este sector en Italia tiene una producción de altísima calidad y cuenta con 80 000 trabajadores. 
Italia es uno de los países que no solo ha ayudado a desarrollar la nueva vacuna contra el virus H7N1, sino que también se está preparando para hacer frente mejor al riesgo de epidemia: nuestro Ministerio ya ha previsto una completa cobertura de vacunación, si es necesario, expandiendo el sector veterinario y estableciendo un sistema de etiquetado para indicar el origen de cada producto. 
Estas medidas, que protegen a los consumidores y garantizan que el consumo se recupere, deberían obtener el reconocimiento oportuno a escala europea. 
La Comisión no puede emprender ninguna acción contra un país que protege a sus propios ciudadanos: la salud nunca debe estar subordinada a las leyes del mercado. 
Enmiendas 31, 45, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 84, 88, 89, 90, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118 
Enmiendas 7, 10, 11, 17, 22, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 59, 69, 74, 94, 99, 105, enmienda oral al considerando 11b (nuevo) 
Enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 
Enmiendas 2, 4 (1) , 4 (2) 
Enmiendas 1, 3, 4 (3) , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Van Hecke, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la concesión obligatoria de licencias de patentes para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública (COM (2004) 0737 C6-0168/2004 2004/0258 (COD) ) (A6-0242/2005). 
Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias al ponente, el señor Van Hecke, por el gran esfuerzo que ha dedicado a este informe. 
También quiero dar las gracias a los ponentes alternativos y a los miembros de todas las comisiones implicadas, porque han hecho una importante contribución al trabajo del Parlamento sobre este informe. 
La propuesta de la Comisión está encaminada a aplicar en el ámbito de la UE la Decisión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003, que permite producir copias de medicamentos patentados para exportarlos a los países necesitados. 
Esta decisión representa una derogación de las cláusulas normales de la legislación de patentes, en particular las establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. Tiene que verse en el contexto más amplio de los marcos nacionales e internacionales vigentes de protección de la propiedad industrial. 
Los debates en la OMC que condujeron a la decisión del 30 de agosto fueron largos y complejos. 
La decisión representa un delicado equilibrio entre la necesidad de garantizar el acceso a los medicamentos para los países con problemas de salud pública, y la necesidad de fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos en el futuro, a través de la inversión en investigación e innovación protegida por el sistema de patentes. 
La propuesta de la Comisión intenta reflejar ese equilibrio. 
Como muchos de ustedes ya sabrán, la decisión es una medida temporal. 
Seguirá vigente hasta que se introduzca una enmienda permanente en el Acuerdo sobre los ADPIC. 
Las negociaciones sobre dicha enmienda aún no han tenido éxito, a pesar de que han transcurrido varios plazos límite. 
Así pues, la cuestión de las licencias obligatorias sigue figurando en el orden del día de la OMC. 
Pero no hay razón para retrasarnos: la entrada en vigor de nuestro Reglamento lo antes posible permitirá a los países necesitados y a las empresas farmacéuticas de la UE usar el mecanismo que estamos poniendo en marcha. 
En efecto, las tres instituciones, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, han apoyado el principio de acuerdo temprano sobre el Reglamento, y se han celebrado intensos debates informales con este propósito. 
Si bien esos debates no siempre han sido fáciles, se han celebrado en un espíritu de buena cooperación, y tengo que volver a felicitar al señor Van Hecke por los resultados, que demuestran que las instituciones pueden trabajar muy bien juntas. 
Me complace que los debates hayan dado lugar a un paquete de compromiso. 
Quiero decir que la Comisión apoyará dicho paquete de enmiendas si se vota en su totalidad y sin quitar ni poner nada. 
¿Cuál es el objetivo de la propuesta de la Comisión? 
Establece un mecanismo acorde con la decisión de la OMC para que las empresas de la UE puedan solicitar una licencia de fabricación, sin la autorización del titular de los derechos, de productos farmacéuticos para la exportación a países necesitados y que se enfrentan a problemas de salud pública. 
Hemos intentado crear un instrumento que permita que el procedimiento de licencias obligatorias de la decisión de la OMC se ajuste al contexto de la legislación nacional sobre patentes vigente en los Estados miembros y a los procedimientos de licencias obligatorias ya contemplados en esa legislación. 
Un instrumento a escala de la UE que aplique la decisión de la OMC tiene un gran valor simbólico como demostración hacia fuera del compromiso de la UE con la decisión. 
Al mismo tiempo, tenemos que respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y evitar regular detalles específicos que la legislación nacional o la autoridad competente que tramite la solicitud de licencia puedan tratar mejor. 
La labor del Parlamento ha clarificado algunas cosas, en particular una explicación de la participación de las organizaciones no gubernamentales e internacionales. 
Siempre nos hemos planteado que dichas organizaciones participen potencialmente en procedimientos de compra y que puedan presentar solicitudes en nombre de un país importador con la aprobación de dicho país. 
Por supuesto, es improbable que dichas organizaciones fabriquen productos farmacéuticos, pero si así fuera sencillamente tendrían que pedir una licencia como cualquier otro fabricante. 
Otra clarificación útil ha sido la mejora del texto relativa a la posibilidad de usar el procedimiento de dictamen científico de la UE para certificar la seguridad y eficacia de los medicamentos que se pretende exportar. 
Esto no se ha regulado en la decisión de la OMC, pues se sitúa fuera de este marco. Pero pensamos que era un complemento necesario al mecanismo de licencias para ayudar a los países importadores. 
Permítanme abordar ahora el ámbito de aplicación del Reglamento. 
La decisión de la OMC contempla la exportación de medicamentos a países menos adelantados o en desarrollo que sean miembros de la OMC y no tengan suficiente capacidad de producción propia. 
No hay restricción específica con respecto a los productos farmacéuticos, si bien se reconoce que tienen que tratar problemas de salud pública, porque ese es el contexto de la decisión. 
En un principio, la Comisión pensó que deberíamos reflejar fielmente el ámbito de aplicación de la decisión respecto de los países que pueden optar a la obtención de medicamentos exportados. 
Esa opinión estaba basada en nuestra evaluación de la decisión de la OMC, que incluye específicamente a los miembros de la OMC como países beneficiarios. 
Me complace decir que desde entonces hemos aceptado las razones humanitarias de que todos los países menos desarrollados y ciertos países en desarrollo de renta baja deberían poder acogerse a este mecanismo, independientemente de si son miembros o no de la OMC. 
Al mismo tiempo, para garantizar que los medicamentos adecuados lleguen a los pacientes que los necesitan, los países que no sean miembros de la OMC también deberán contraer compromisos similares a los que se exigen a los miembros de la OMC. 
Esto significa que tienen que notificar los medicamentos que necesitan y comprometerse a prevenir el comercio ilegal si quieren recibir productos al amparo del mecanismo de la UE. 
Otra cuestión importante es la remuneración de los titulares de las patentes. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que los titulares de las patentes tienen que recibir algún tipo de remuneración por las licencias que se otorgan sin su autorización. 
Es un principio jurídico normal. 
En interés de cierta transparencia para la industria que invierte en la producción de medicamentos, y en el marco del paquete de compromiso general, podríamos apoyar la fórmula propuesta de una remuneración que deje cierto margen para evaluar caso por caso. 
Permítanme concluir reiterando que la Comisión está totalmente a favor de una pronta aprobación de este Reglamento, que respete el objetivo general de introducción de un sistema viable y transparente que las empresas puedan usar para la exportación de medicamentos a los países necesitados. 
Pido al Parlamento que apoye el paquete de compromiso que está sobre la mesa. 
. Señor Presidente, Señorías, como ha dicho el Comisario, mi informe pretende aplicar la Decisión del Consejo General de la OMC, de 30 de agosto de 2003. 
Esta Decisión concede a los miembros de la OMC, en aplicación del apartado 6 de la Declaración de Doha relativa a los ADPIC, la opción de conceder licencias obligatorias para la producción y venta de productos farmacéuticos patentados a países con un problema de salud pública agudo y con capacidad de producción insuficiente o inexistente. 
Trata simplemente del único acuerdo que los miembros de la OMC consiguieron alcanzar en Cancún. 
Mi informe pretende garantizar que esta Decisión de la OMC se aplique, mediante un reglamento europeo, de modo uniforme en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
En nuestra Comisión de Comercio Internacional, una gran mayoría estaba a favor de realizar importantes ajustes en la propuesta original de la Comisión. 
Este consenso reforzó notablemente nuestra posición negociadora durante el diálogo a tres bandas que se inició de inmediato. 
Particularmente la Presidencia británica, con la conferencia ministerial de la OMC a la vista –que, en mi opinión, les da una excusa para no estar presente esta tarde– ha insistido en un acuerdo en primera lectura. 
Casi todas las propuestas de la Comisión de Comercio Internacional han sido finalmente aceptadas, gracias a la excelente cooperación con los ponentes alternativos de los demás partidos políticos, que han defendido los puntos de vista del Parlamento con mucha pericia y firmeza, por lo que les estoy muy agradecido. 
La principal mejora de la propuesta de la Comisión es, sin duda, la ampliación de su ámbito de aplicación para incluir a los países que no pertenecen a la OMC. 
A partir de ahora, todos los países en desarrollo podrán utilizar el sistema si es necesario. 
Asimismo, las ONG y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas tendrán derecho a presentar sus propias solicitudes para la importación de medicamentos. 
Después de todo, a menudo son estas organizaciones las que distribuyen los medicamentos en los países en desarrollo. 
Asimismo, se introducirá un procedimiento acelerado y simplificado para hacer frente a la demanda de cantidades adicionales, y quiero dar las gracias al señor Arif, que ha desempeñado un importante papel en este sentido. 
Será posible presentar solicitudes adicionales si resulta que la cantidad de medicamentos inicialmente asignada en la licencia obligatoria es insuficiente para aliviar el sufrimiento. 
Otro cambio importante es la eliminación del requisito de negociaciones previas con el titular de la patente, en el caso de presentarse una situación de gran emergencia u otras situaciones de uso no comercial o público. 
Por lo que respecta a estas negociaciones previas, la Comisión de Comercio Internacional ha insistido en que se especifique más claramente que el período máximo es de 30 días. 
Esto ha sido finalmente aceptado por el Consejo, al igual que el desarrollo del concepto de la remuneración apropiada que deberá ser abonada a los titulares legítimos, que simplemente se quedarán con el 4 % del valor total del producto en cuestión en caso de una situación de emergencia. 
En otros casos se tendrá en cuenta el valor económico, pero el 4 % continuará siendo la referencia comparativa. 
El compromiso conlleva una serie de cambios con respecto a la propuesta original de la Comisión, que han sido incorporados en las enmiendas presentadas por mí y por los ponentes alternativos de los demás Grupos. 
Espero que sean aprobados y que se pueda ratificar el acuerdo alcanzado con el Consejo y la Comisión. 
Sin duda podremos decir en Hong Kong que Europa ha traducido esta importante Decisión de la OMC en un reglamento uniforme para toda la Unión. 
Esto solo puede ser beneficioso para nuestra credibilidad con respecto a los numerosos necesitados de los países en desarrollo y de las regiones azotadas por catástrofes naturales. 
Por ello me gustaría pedir a mis colegas diputados que aprueben las enmiendas y, de este modo, que ratifiquen el acuerdo que se ha alcanzado. 
Señor Presidente, Señorías, tal y como se acaba de señalar, nuestro debate de hoy se refiere al reglamento por el que se establece un mecanismo para los países que no tienen capacidad para producir medicamentos que son esenciales para la salud pública de sus ciudadanos. 
El hecho de que estemos tratando esta cuestión en vísperas del Día Mundial contra el Sida debería animarnos a enviar un mensaje firme y claro a esos países afectados por esa tragedia. 
Muy recientemente, Onusida nos ha recordado una vez más que nunca antes el mundo ha tenido tantos portadores del VIH. 
El número de personas infectadas ha superado la marca de los 40 millones este año y el África subsahariana es la zona más gravemente afectada, con dos tercios de los afectados del mundo y tres cuartos de las mujeres infectadas del mundo. 
Desde el principio ha quedado claro que el Parlamento tiene una prioridad, concretamente la rápida aplicación del reglamento en cuestión, de forma que los países necesitados puedan beneficiarse lo antes posible de la flexibilidad que ofrece la solución de 30 de agosto de 2003 de la OMC. 
Este es un primer paso en el cumplimiento por parte de la Unión Europea del espíritu de la Declaración de Doha relativa a los ADPIC y la salud pública. 
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi colega, el señor Van Hecke, por el trabajo que ha realizado, en consulta y colaboración con los ponentes alternativos. 
Hoy comparece ante nosotros con un compromiso que consigue tener en cuenta las posiciones de los diputados: es una postura responsable. 
Algunas de nuestras demandas aparecen en el texto final, en particular la ampliación del ámbito de aplicación a los países menos desarrollados y ciertos países en desarrollo que no pertenecen a la OMC. 
En vista del papel fundamental que desempeñan las ONG y ciertas organizaciones internacionales para el suministro de tratamientos y servicios sanitarios, me satisface que se les permita tratar con los titulares de las patentes directamente, para comprar y distribuir medicamentos genéricos. 
También me complace ver que se haya aceptado mi propuesta de un procedimiento simplificado para las cantidades adicionales. 
Hay muchos puntos positivos. 
Sin embargo, tengo que lamentar varias cosas, especialmente por lo que respecta a la remuneración apropiada a pagar a los titulares de las patentes. 
Me habría gustado que el techo del 4 % propuesto por el ponente fuese obligatorio en todas las situaciones y no solo en casos de emergencia. 
Sin embargo, hemos conseguido que a la hora de calcular esa remuneración se tenga en cuenta el hecho de que la licencia obligatoria se concede por razones humanitarias y no comerciales. 
También espero que este reglamento se evalúe rápidamente, al igual que su viabilidad. 
En vista de la complejidad del mecanismo que pretende desplegar, vigilaré que esta solución quede permanentemente incluida en las normas de propiedad intelectual de la OMC. 
En efecto, solamente una evaluación como esta nos permitirá sacar las conclusiones adecuadas para adaptar y revisar efectivamente nuestra respuesta a los problemas de salud pública de los países del sur. 
Hacer frente al desafío del acceso a los medicamentos requiere un planteamiento más global y el reglamento que estamos debatiendo hoy es solamente una fase de este proceso. 
Dentro de la OMC, Europa debe comprometerse a garantizar que todos los avances en materia de salud pública del Acuerdo de Doha se hagan realidad. 
Esto significa, en particular, garantizar que ningún acuerdo comercial bilateral o regional incluya condiciones adicionales sobre la propiedad intelectual que anule los beneficios de la Declaración de Doha. 
Asimismo, si la aplicación de esa declaración deja bastante que desear en la práctica, la Unión Europa también debe intentar encontrar nuevas formas de facilitar a los países en desarrollo el acceso a los medicamentos. 
Ahora mismo nos enfrentamos a la necesidad de tratamientos de segunda línea, para los que todavía no hay genéricos disponibles y cuyo precio es prohibitivo, que requieren una acción renovada por nuestra parte. 
La lucha contra el sida y, debo señalar, otras muchas enfermedades que afectan principalmente a las poblaciones más pobres, tiene mucho camino por delante. 
La próxima conferencia de la OMC en Hong Kong nos ofrece una oportunidad ideal de situar la cuestión del acceso a los medicamentos de nuevo en el centro del debate. 
La aprobación hoy de este reglamento nos ofrece una primera solución definitiva para miles de personas enfermas que están a la espera de un tratamiento, pero no debemos olvidarnos, el día de mañana, de buscar soluciones duraderas que respondan al desafío a que nos enfrentamos. 
. 
Señor Presidente, Señorías, lo que estamos discutiendo es algo que, a primera vista, parece simple y lógico, pero que, mirándolo más detenidamente, comporta importantes problemas, incluido el debilitamiento o la anulación de la protección conferida por las patentes. 
Hoy hablo en nombre de mi colega, la señora Weisgerber, que no puede estar aquí por motivos personales. 
Esta Cámara va más allá de la propuesta de la Comisión al exigir la ampliación de la concesión de licencias obligatorias no solo a los miembros de la OMC necesitados, sino también a los más de 40 otros países que también necesitan ayuda. 
A pesar de que existe el acuerdo por encima de los límites entre Grupos políticos de que el grupo de países afectados debería ampliarse a modo de indicación política de la voluntad de ayudar a países que no pertenecen a la OMC, es igualmente posible considerarlo objetable. 
A pesar de que hemos tenido muchos problemas para buscar –y esperemos que para encontrar– un equilibrio justo entre las demandas de los países más pobres del planeta y el interés justificable de los titulares de las licencias por proteger sus patentes, todavía existe mucha incertidumbre. 
¿Quién, en definitiva, está en condiciones de controlar el reetiquetado o el reenvasado de medicamentos y de evitar que sean reimportados en la Unión Europea: los Estados miembros a escala nacional, la Comisión, los países importadores, la industria o el sector farmacéutico? 
¿No estamos dando con esto una licencia a las personas para que nos causen importantes problemas en un momento posterior? 
En la situación que podemos observar actualmente, en que algunos hacen pingües beneficios con el comercio ilegal de medicamentos a través de cada frontera y cada ruta, desde Internet hasta el mostrador de la tienda tradicional, debo decir que tengo mis dudas. 
Me tomaré la libertad de preguntar al Consejo y a la Comisión, en intervalos regulares, cuáles son las cifras y cuántas licencias obligatorias se han solicitado, y espero recibir datos precisos en su respuesta. 
Entiendo que la Presidencia británica del Consejo quiere apuntarse este tanto. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos aprueba la propuesta sobre medicamentos genéricos para los países en desarrollo. 
. Señor Presidente, muchas de las personas que mueren cada día en los países en desarrollo podrían haberse salvado con medicamentos que están disponibles para todos nosotros, pero que son demasiado caros para ellos. 
El desarrollo de medicamentos cuesta dinero. 
El coste medio que conlleva lanzar un medicamento al mercado varía entre unos 600 y 900 millones de euros. 
Las empresas se ven compensadas por ello mediante sus derechos de propiedad industrial, y esto está bien, pero el resultado es el encarecimiento de los medicamentos. 
La directiva que estamos debatiendo actualmente pretende garantizar que las personas de los países más pobres puedan acceder a los medicamentos necesarios, concretamente que esos países pobres puedan, en casos especiales y en determinadas condiciones, producir medicamentos a precios asequibles, lo que es muy positivo. 
No obstante, debemos evitar una situación en la que a las industrias ya no les resulte atractivo desarrollar medicamentos. 
Esa es la razón por la que debemos hacer todo lo posible por garantizar que no se pueda abusar del reglamento, por ejemplo a través de reimportaciones en la Unión Europea. 
El reglamento pretende promover la salud y no el comercio. 
Por esta razón consideramos que deberán darse descripciones precisas de las razones subyacentes a las solicitudes de licencia obligatoria, de las patentes en cuestión, que los medicamentos en cuestión deberían tener un envase, un color y un aspecto diferentes, siempre que sea posible, y que deberá registrarse el volumen de producción. 
El reglamento ADPIC sobre patentes está en vigor desde hace algún tiempo. A pesar de que, por lo que sabemos, nunca se ha utilizado, sigue siendo importante. 
Puede ayudar a los titulares de patentes a encontrar soluciones rápidas a situaciones de emergencia en países en desarrollo en unas condiciones excelentes. 
Huelga decir que este reglamento no puede eliminar totalmente todos los problemas que rodean a los medicamentos en los países en desarrollo. 
También necesitan una red de carreteras, un transporte refrigerado, personal médico suficiente, etc. No obstante, representa un importante refuerzo de la ayuda en casos de emergencia especiales. 
Este compromiso permite transponer a la legislación de la Unión Europea la Decisión de la OMC sobre los ADPIC. 
Con la cumbre de la OMC de Hong Kong a la vista, esto puede emitir un mensaje positivo, que beneficiará a la Unión Europea, por lo que quiero felicitar al señor Van Hecke por el resultado de las negociaciones con el Consejo y la Comisión. 
Me satisface que se haya alcanzado un compromiso y espero que el Parlamento lo acepte mañana. 
. – Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el señor Van Hecke, por el enorme esfuerzo que ha dedicado a este informe. 
La cuestión era difícil y complicada. 
Cabe destacar que, en el procedimiento de codecisión de esta propuesta de Reglamento, hubo negociaciones intensas que me complace decir que culminaron en un texto de compromiso que incluye la mayor parte de los puntos fundamentales. 
En mi opinión, la inclusión de los puntos siguientes en el texto de compromiso reviste una importancia particular. 
En primer lugar, la necesidad de transferencia de tecnología vital y asistencia técnica a países con una capacidad insuficiente de producción de medicamentos. 
Dicha asistencia ayudará a mejorar a largo plazo las prestaciones de atención sanitaria en los países subdesarrollados, cosa que es muy necesaria. 
En segundo lugar, la ampliación del mecanismo a los países que no son miembros de la OMC: dichos países necesitan la ayuda contemplada en este Reglamento tanto como los países miembros de la OMC. 
La preocupación por la salud pública y la prevención y el tratamiento de enfermedades no pueden diferenciarse porque un país sea miembro o no de la OMC. 
En tercer lugar, la inclusión entre los posibles solicitantes de las ONG y de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas: es bien sabido que muchas ONG y organizaciones internacionales desempeñan un papel principal en la prestación de servicios de atención sanitaria esenciales en los países en desarrollo. 
Su temprana implicación en la lucha contra la enfermedad y la pobreza y la eliminación del sufrimiento humano, en especial en las regiones sumidas en el desastre, es bien conocida y en la mayoría de los casos es más importante y está mejor coordinada que los esfuerzos de ayuda de los Gobiernos nacionales. 
Por tanto, es lógico que una ONG que actúe con la autorización de un país importador pueda acogerse a las disposiciones de esta normativa. 
Por último, si bien este Reglamento sin duda ayudará a salvar millones de vidas en todo el mundo, creo que ha llegado un poco tarde. 
Recordemos que el Acuerdo de los ADPIC se aprobó en 1994; la histórica Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública se elaboró en 2001; la decisión del Consejo General de la OMC se tomó en 2003 y este Reglamento probablemente entrará en vigor en 2006. 
Me pregunto si dicho retraso puede haber sido responsable de tanta confusión, pasividad y probablemente sufrimiento humano innecesario en el mundo en desarrollo. 
– Señor Presidente, esta es una cuestión de derechos humanos –el derecho a sobrevivir– frente a los derechos de propiedad intelectual –el derecho a cobrar por algo que uno ha producido. 
Por supuesto, el derecho a la vida es más importante que ningún otro derecho. 
Esto representa el primer paso en la defensa del derecho a la vida. 
La propuesta de la Comisión es demasiado débil y, en mi opinión, el Parlamento la ha mejorado, especialmente por permitir a las ONG utilizar la directiva. 
Otra mejora se deriva de nuestra crítica justificada a la necesidad de una remuneración y cómo esto deberá definirse, y del hecho de que también apliquemos estas consideraciones a países que no pertenecen a la OMC y las vidas de cuyos ciudadanos valen tanto como las de los ciudadanos de países de la OMC. 
Con respecto al tema de la remuneración adecuada, el hecho es que si no se tiene ningún dinero no se puede pagar una remuneración adecuada. 
Sencillamente no habrá ninguna. 
Eso debe quedar absolutamente claro. 
También espero que estas medidas se apliquen lo antes posible, dado que no creo que esta legislación sea suficiente y la única manera que tenemos de averiguar si en realidad es suficiente es adoptándola rápidamente para poder probarlo. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, la enmienda del señor Van Hecke mejora notablemente el proyecto de reglamento de la Comisión, en beneficio de los países en desarrollo, cosa que, sin duda, hay que agradecerle. 
No obstante, mi Grupo tiene un problema con el reglamento. 
A pesar de que pretende incorporar y aplicar la resolución del 30 de agosto del Consejo General de la OMC, hoy ya se ha puesto de manifiesto que el sistema acordado para el régimen de los medicamentos patentados no será factible en la práctica. 
Esto ha sido confirmado por respetadas organizaciones internacionales con experiencia en enfermedades –Médicos Sin Fronteras y Act Up, por ejemplo– y demostrado por la experiencia práctica en países como Canadá. 
El sistema de la licencia obligatoria es pesado, tanto como para imposibilitar el suministro de ayuda al desarrollo y una ayuda efectiva en la lucha contra la epidemia del sida. 
Aún cuando la resolución del 30 de agosto suaviza el impacto del Acuerdo sobre los ADPIC en el ámbito de la salud, todavía no hemos visto que se le dé prioridad al derecho humano fundamental a la salud. 
Por esa razón, a mi Grupo le resultará difícil votar a favor incluso de un proyecto mejorado para el desarrollo. 
Señor Presidente, realmente tengo que citar a un gran hombre de letras que dice: «Ay de mi, dos almas habitan en mi pecho». 
Por una parte, seis millones de personas mueren cada año de sida, tuberculosis y malaria; proceden de los países más pobres del mundo y carecen de medicamentos efectivos y asequibles. 
Por esa razón, la OMC, ya en noviembre de 2001, decidió que sus miembros podrían, en casos de emergencia –y subrayo, en casos de emergencia– anular la protección internacional de la propiedad industrial que amparan los medicamentos. 
Por ello, en determinadas condiciones, los fabricantes domésticos de medicamentos o los de genéricos pueden solicitar una licencia obligatoria que les permita fabricar copias más baratas de medicamentos patentados. 
Ese es el lado positivo. 
La otra cara de la moneda es que la industria de la investigación farmacéutica invierte muchísimo dinero en preparaciones efectivas e innovadoras. 
La investigación y el desarrollo crean puestos de trabajo y el trabajo que hay que realizar para ello puede y debe financiarse con la protección de la propiedad industrial. 
Por lo tanto, creo que el principio de la protección de la propiedad industrial para los medicamentos no debe socavarse. 
La investigación de medicamentos debe continuar mereciendo la pena, dado que el desarrollo de nuevos medicamentos nos interesa a todos. 
Así pues, solamente en circunstancias excepcionales tendría sentido conceder licencias obligatorias. 
También debemos impedir que se utilicen de forma inapropiada, para lo que al titular de la patente deberían concederse ciertos derechos de información que le permitan controlar el cumplimiento de las condiciones de la licencia y llamar la atención sobre cualquier incumplimiento de las mismas. 
También debemos saber qué es lo que se va a suministrar, a qué países y en qué cantidades, y realmente tenemos que evitar que las copias baratas puedan regresar a Europa mediante la reimportación. 
Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante un envasado o etiquetado especial y diseños o colores diferentes. 
En conjunto, considero que la propuesta que vamos a votar mañana es razonable. 
Nadie la considera perfecta, por lo que, probablemente, es un buen compromiso. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta propuesta de reglamento tiene el fin de facilitar licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de sanidad pública. 
Lo lamentable de este debate es que algunos diputados – particularmente de la comisión principal– sigan intentando dirigir sus sospechas a la industria de la investigación médica y, por lo tanto, también hacia quienes se encargan de las patentes, con insinuaciones injustificadas de que ignoran a las personas de las partes más pobres del mundo. 
Las patentes no impiden la acción humanitaria; más bien al contrario, dado que sin ellas las empresas innovadoras son incapaces de asumir altos niveles de riesgo financiero y de invertir miles de millones en investigación y desarrollo. 
Solo a través de estas inversiones se pueden desarrollar medicamentos que permitan, por ejemplo, mantener el paso con los constantes cambios de ciertos agentes patógenos. 
Eso nos beneficia no solamente a los europeos, sino también a las personas de todos los países del mundo. 
De no existir las patentes, los medicamentos y vacunas contra muchas enfermedades mortales nunca se habrían desarrollado; medicamentos y vacunas que actualmente están al alcance de todos, incluidos, por supuesto, los habitantes de los países en desarrollo. 
La concesión de licencias obligatorias no es la solución del problema de cómo combatir las enfermedades en los países en desarrollo. 
Un control más efectivo y una mejor definición de las prioridades permitirían que los miles de millones destinados al desarrollo y a fines humanitarios, pero posteriormente mal empleados, se utilizasen para adquirir medicamentos suficientes. 
Si queremos tomarnos en serio la Estrategia de Lisboa, es decir, si queremos que progrese la investigación y el desarrollo, necesitamos una protección efectiva de las patentes que no se pueda debilitar ni pasar por alto a voluntad. 
Los ADPIC podrían hacer que las licencias obligatorias resultasen posibles, pero no son una necesidad, dado que hay alternativas a ellas. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión de permitir a los fabricantes de medicamentos genéricos fabricar y comercializar medicamentos patentados con vistas a exportarlos a países que no son completamente autosuficientes, debe acogerse con gran satisfacción, dado que representa un paso positivo. 
De hecho, el reglamento permite la concesión de licencias, que son obligatorias para fines de la exportación, y establece que las condiciones en las que se emitan sean idénticas en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Considero un principio inviolable que la distorsión de la competencia para los operadores del mercado único sea eliminada, aplicando normas uniformes para evitar que los productos farmacéuticos fabricados con licencias obligatorias y a bajo precio sean reimportados a la Unión Europea. 
Al actuar de este modo, la Unión Europea se presentará como uno de los agentes internacionales más comprometidos a la hora de asegurar que los ciudadanos de los países más desfavorecidos tengan acceso a los medicamentos a precios reducidos. 
A pesar de que apoyo firmemente esta propuesta, debo señalar, no obstante, que las medidas incluidas en la propuesta en cuestión reducen la protección concedida a los derechos de propiedad intelectual. 
Por lo tanto, sería razonable conceder a los titulares de patentes la oportunidad de participar en el procedimiento establecido para la concesión de licencias obligatorias para la fabricación y venta de medicamentos destinados a la exportación a países de la Organización Mundial del Comercio. 
Esta oportunidad de participar se conseguiría a través del derecho a presentar comentarios a la autoridad nacional competente, para garantizar que la decisión tomada minimice cualquier pérdida de derechos de propiedad intelectual, estableciendo que ambas partes puedan intervenir en los procedimientos. 
En particular, en el caso de las autorizaciones de comercialización, este procedimiento permitiría a los titulares acceder al mercado de la Unión Europea en circunstancias en las que, de otro modo, no podrían hacerlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe A6-0179/2005 del señor Duff, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el procedimiento de aprobación de la Comisión Europea por el Parlamento Europeo [2005/2024 (INI) ]. 
– Señor Presidente, parece como si los debates turbulentos que rodearon la aprobación de la Comisión Barroso hubieran ocurrido hace mucho tiempo. 
Algunas de las secuelas están reflejadas en el nuevo Acuerdo Marco entre la Comisión y el Parlamento, sobre todo porque si el Parlamento retirara su confianza a cualquier miembro de la Comisión, el Presidente cesaría a ese Comisario o tendría que explicar ante el Parlamento porqué no lo hace. 
Pero también es necesario que el Parlamento, al igual que la Comisión, reflexione sobre el resultado del procedimiento de aprobación. 
El Parlamento necesita hacerlo desde su propia perspectiva. 
Este informe, aprobado por una amplia mayoría de la comisión, será el producto de esa revisión. 
La clave de nuestra determinación será asegurar un procedimiento de aprobación transparente, justo y coherente; un procedimiento en que los candidatos de la Comisión revelen información importante respecto de su capacidad profesional para realizar el trabajo que se les haya asignado. 
El informe establece nuestros criterios para la evaluación de los candidatos, incluido el compromiso europeo y el equilibrio de género que se ha conseguido en todo el equipo. 
Codifica el procedimiento para el proceso de aprobación, la organización de las comparecencias, las preguntas, las cuestiones de transparencia y el proceso de toma de decisiones de cada comisión. 
Para conseguir una mayor claridad y coherencia se propone que una reunión conjunta de la Conferencia de Presidentes de Comisiones y la Conferencia de Presidentes se haga cargo de declarar cerradas las comparecencias. 
Defendemos nuestro derecho a seguir el mismo procedimiento si surgiera una vacante de la Comisión durante su mandato de cinco años. 
Por último, pedimos que las próximas elecciones parlamentarias se adelanten de junio a mayo de 2009 para preparar el procedimiento de aprobación correctamente. 
Señor Presidente, señor Comisario Frattini, tanto el Parlamento como la Comisión han aprendido mucho de nuestra experiencia de 2004, que ha reforzado la responsabilidad democrática de la Unión. 
Ruego a la Cámara que vote a favor del informe. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero manifestar mi agradecimiento al señor Duff por su informe, cuyo objetivo –muy loable– es conseguir que el procedimiento seguido por el Parlamento en las comparecencias de los Comisarios electos sea transparente y coherente. 
El procedimiento de las comparecencias es una práctica política desarrollada por el Parlamento Europeo para aumentar la legitimidad democrática de la Comisión ante el mismo. 
Por lo tanto, es evidente que cualquier propuesta de modificación de dicho procedimiento requiere una atenta reflexión. 
Como todos ustedes saben, el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión Europea firmaron en mayo del año pasado un documento sumamente importante, que consiste en el acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión. 
Dicho acuerdo marco constituye el punto de referencia esencial junto con los Tratados. 
En el punto 7 figura una disposición específica con respecto a la designación de la nueva Comisión. 
Allí se detallan con toda claridad tres principios que se deberán aplicar durante las comparecencias: el principio de transparencia y apertura, el principio de equidad y el principio de coherencia. 
Dichos principios, decididos de común acuerdo y suscritos por el Parlamento y la Comisión en mayo pasado, se deben aplicar a lo largo de todo el procedimiento. 
Dicho esto, quisiera señalar al ponente y a sus Señorías dos aspectos. 
El primero se refiere a la consulta del Presidente electo de la Comisión en el contexto del procedimiento de las comparecencias. 
El acuerdo marco prevé explícitamente que el Parlamento establece el acuerdo marco y establece contactos con el Presidente electo de la Comisión con suficiente antelación y antes del inicio del procedimiento de aprobación de la nueva Comisión. 
También establece que el Parlamento debe tomar en consideración todas las observaciones del Presidente electo, tal como dispone asimismo su Reglamento. 
Por esto, el considerando E del informe del señor Duff se debería interpretar en el sentido de que se debe consultar al Presidente de la Comisión con suficiente antelación, ofreciéndole la oportunidad de ser escuchado, y se debe tomar debidamente en cuenta cualquier observación que aquél desee hacer. 
La fórmula que presenta el ponente me parece, por lo tanto, adecuada. 
El segundo aspecto se refiere a la sustitución de un miembro del Colegio de Comisarios. 
Personalmente estoy a favor del principio, establecido también en el acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión, según el cual, si un Comisario tuviera que ser sustituido durante el mandato del órgano colegiado, la comisión parlamentaria competente tiene el derecho y también el deber de reunirse y celebrar una audiencia para escuchar al nuevo miembro de la Comisión. 
Es indiscutible que se trata de un principio importante. 
No obstante, quisiera señalar que, aun cuando en el informe se emplea el término «candidato» , el actual Tratado de la Unión Europea establece claramente que, en el caso de un relevo, el nuevo miembro del Colegio de Comisarios no se considerará «candidato» , sino «Comisario de pleno derecho» a partir del momento de su designación. 
Evidentemente, queda claro que –aun siendo Comisario de pleno derecho– la comisión parlamentaria competente se debe reunir e invitarle a comparecer antes de que pueda empezar a ejercer su mandato. 
Estas son las consideraciones que querría transmitir al ponente y que confirman la acogida muy positiva de las opiniones expresadas tanto por parte de la Comisión como por la mía. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, el Informe Duff constituye el punto de partida del ritual de aprobación de la Comisión por el Parlamento, toda vez que el Reglamento no dice prácticamente nada al respecto. 
En primer lugar, porque un procedimiento más riguroso refuerza su legitimidad; en segundo lugar, porque el Parlamento tiene cada vez mayor participación en el proceso de constitución de la Comisión y, en consecuencia, desempeña un papel que dista mucho de ser meramente simbólico; y en tercer lugar, porque establece un nuevo equilibrio entre las instituciones políticas europeas, que incorpora los mecanismos de control y responsabilidad inherentes a una relación constitucional. 
El procedimiento de aprobación de la Comisión por el Parlamento cuenta ahora con un marco de normas que determinan una mayor equidad en las comparecencias de los candidatos ante las comisiones parlamentarias y una mayor coherencia de la evaluación final, que será supervisada conjuntamente por la Conferencia de Presidentes y la Conferencia de Presidentes de Comisión. 
Es necesario garantizar que los procedimientos democráticos no tengan un carácter meramente formal o simbólico. 
Al contrario, son los encargados de incorporar los valores y deseos de la población a la mecánica de las instituciones, de manera que la Comunidad pueda adoptar una decisión informada. 
A medida que el proceso político europeo se vuelve más ambicioso, también se hace más exigente. 
Por esto, es necesario someterlo a un intenso escrutinio; debe dar lugar a unas instituciones sólidas y desembocar en un liderazgo capaz de indicar el camino hacia el futuro. 
Europa ya no se concibe sin esta creciente transparencia y legitimidad de sus instituciones y sin las exigencias de integridad y responsabilidad que se imponen a todos, pero muy especialmente a los dirigentes políticos, puesto que son los responsables del mundo. 
. – Señor Presidente, una de las características especiales de la Unión Europea es que su administración central no solo consiste en burócratas sin rostro: está encabezada por un ejecutivo político. 
Los Comisarios son políticos que ostentan su cargo gracias a la confianza que reciben del Parlamento Europeo, y solo mientras sigan disfrutando de esa confianza, porque por supuesto podemos destituirlos con un voto de censura. 
Esto es esencial para la responsabilidad política del sistema. 
Significa que, a diferencia de muchas estructuras internacionales, nuestra administración central, aunque pequeña, es responsable. 
Esto es muy importante. 
Las comparecencias constituyen una parte muy visible del proceso de nombramiento de la Comisión, que subraya este principio de responsabilidad. Esto es relativamente nuevo. 
No estaba en los Tratados originales. El Tratado de Maastricht introdujo el voto de confianza para la Comisión en su conjunto y el hecho de que su mandato coincida con el del Parlamento, y el Tratado de Amsterdam lo mejoró. 
Los Tratados ni siquiera mencionan las comparecencias. 
Eso lo hemos creado nosotros. Ahora es una parte aceptada de nuestro procedimiento y todos los demócratas la acogen con satisfacción. 
Este informe confirma la práctica que hemos desarrollado, pero aporta tres pequeñas innovaciones. 
En primer lugar, limita de antemano el cuestionario escrito que las comisiones envían a los Comisarios. 
Dichos cuestionarios han ido aumentando cada vez más y, sinceramente, no parecen tener un objetivo específico porque sabemos que, de hecho, se contestan de forma bastante burocrática. 
En segundo lugar, el informe propone que el Parlamento celebre una reunión conjunta de la Conferencia de Presidentes de Comisiones y la Conferencia de Presidentes de esta Cámara para hacer una evaluación global antes del debate en el sesión plenaria y para declarar cerradas las comparecencias. 
Por supuesto, podrían declarar que el proceso sigue abierto y pedir otra comparecencia de uno u otro Comisario designado. 
Esto proporciona mayor flexibilidad. 
La tercera innovación es pedir que las elecciones europeas se adelanten de junio a mayo, para dar más tiempo para este procedimiento. 
Esto es algo que de todos modos deberíamos pedir como Parlamento Europeo, porque desde que hemos ampliado la Unión hacia el norte es un poco absurdo celebrar nuestras elecciones en junio, ya que este es el principal período vacacional en los países nórdicos. 
Sería mucho mejor celebrarlas en mayo. 
El procedimiento ha funcionado bien. 
Lo que ocurrió la última vez demuestra que el procedimiento funcionó bien y no pedimos un derecho de censura sobre los Comisarios individuales. 
Lo que ocurrió la última vez demuestra que hay maneras de corregir consultas sobre un Comisario individual a través del Presidente de la Comisión, al tiempo que se mantiene la carácter colegiado de la Comisión. 
Si no hubiera funcionado, el señor Frattini no habría estado hoy aquí con nosotros para participar en este debate, y es para mí un placer darle la bienvenida. 
También acojo con satisfacción sus comentarios. 
Pero me he dado cuenta de que no ha cuestionado el hecho de que este informe sea totalmente compatible con el Acuerdo Interinstitucional. 
Se redactó en este espíritu y estoy seguro de que mañana el Parlamento lo aprobará. 
Doy las gracias al ponente y a todos los que han ayudado en este informe. 
. Señor Presidente, por mi parte quiero agradecer muy especialmente al ponente el gran esfuerzo realizado y manifestar también que mi Grupo apoya su informe. 
Como es sabido, esta Cámara inauguró en 1994 la práctica de las comparecencias de los candidatos designados para formar parte de la Comisión y en 2004, si no antes, la opinión pública adquirió conciencia de la importancia del meticuloso examen de los candidatos al puesto de Comisario y, sobre todo, de que esta Cámara es más que un mero trámite gubernamental. 
El informe dota al Parlamento de una importante batería de instrumentos con vistas al futuro y establece en términos más precisos cuáles son sus derechos en el momento de la elección de la Comisión. 
Quiero hacer especial hincapié en el hecho de que en el futuro dispondremos de unos criterios claros para evaluar a los candidatos, que son los de independencia fuera de dudas, conocimientos sobre la cartera en cuestión y, en particular, declaración completa de toda la información relativa a sus intereses financieros. 
La credibilidad de ambas instituciones ante la opinión pública sin duda saldrá beneficiada si el Parlamento procede en el futuro conforme a estas directrices. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión presentada por las señoras Roure y Berger, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, la señora Buitenweg, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y las señoras Wallis y Baroness Ludford, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, sobre el recurso a sanciones penales en caso de violación del Derecho comunitario (O-0085/2005/rev.2- B6-0336/2005). 
. Señor Presidente, señor Comisario, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2005 considera que la Comunidad tiene la competencia exclusiva de imponer sanciones penales para garantizar la eficacia del Derecho comunitario. 
En consecuencia, autoriza a la Unión a reafirmar que la protección de sus ciudadanos es uno de sus principios fundamentales. 
También nos brinda la oportunidad de acabar con un conflicto recurrente entre las instituciones europeas, al aclarar la distribución de competencias entre el primer y el tercer pilar. 
El caso planteado ante el Tribunal de Justicia se refería a una directiva en materia de protección del medio ambiente que incluía sanciones penales y que fue objeto del Informe Di Lello, elaborado en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 
Estamos de acuerdo con el análisis de la Comisión Europea. 
Las consecuencias de la citada sentencia van mucho más allá de la protección medioambiental y pueden afectar a todas las políticas comunitarias y a las libertades fundamentales reconocidas en el Tratado. 
Los atentados graves contra los derechos fundamentales de los ciudadanos deben acarrear sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
Es lo que deseamos en el caso de la directiva sobre retención de datos, por ejemplo, que tendrá repercusiones significativas sobre la intimidad de los ciudadanos europeos. 
Una de las consecuencias principales es, por consiguiente, que el procedimiento de codecisión se aplicará en ámbitos que antes eran objeto de decisión por unanimidad y en los que el Parlamento Europeo solo emitía dictamen. 
La sentencia otorga al Parlamento Europeo un papel decisorio y esta consolidación del control democrático constituye un paso adelante para la democracia en general. 
La Comisión ha identificado una serie de decisiones marco adoptadas con un fundamento jurídico erróneo. 
La definición de las sanciones se debería basar en las disposiciones comunitarias relativas a la protección de los derechos fundamentales. 
Para acabar, quisiera formular, por lo tanto, una pregunta concreta al señor Comisario: ¿La Comisión tiene previsto revisar también en este sentido la decisión marco sobre el racismo y la xenofobia? 
. Señor Presidente, esta es una ocasión festiva; en efecto, estoy muy satisfecha con la actuación del Comisario Frattini y también apoyo firmemente el documento que ha elaborado la Comisión –cosa que agradezco– donde se describen los efectos de la sentencia del 13 de diciembre de 2005. 
En efecto, al igual que la señora Roure y la Comisión, comparto la opinión de que ésta no afecta solo a las cuestiones medioambientales, sino que tiene repercusiones en muchos otros ámbitos. 
La Comisión ha elaborado una lista de decisiones que será necesario adecuar –enseguida me referiré a ella–, pero también se está tramitando una decisión importante que ha sido objeto de muchos debates, me refiero a la decisión relativa a la retención de datos. 
La Comisión sabe que el Parlamento concede gran importancia al hecho de que probablemente se va a recopilar una enorme cantidad de datos, aunque su uso sea limitado. 
¿Es acertada mi conclusión de que de la sentencia se desprende la posibilidad legal de imponer una sanción si se hace un mal uso de dichos datos? 
Aunque, evidentemente, la adopción de una decisión de ese tipo es una cuestión de voluntad política, ¿esto sería legalmente posible y dicha sanción penal sería legalmente aplicable no solo a los proveedores de la información sino también a los Gobiernos? 
La otra cuestión se refiere a la aplicación de dicha lista de un modo jurídicamente correcto. 
Comparto la opinión de la Comisión al respecto, a saber, que no debemos someterlo todo a un procedimiento de codecisión y que deberíamos introducir modificaciones pragmáticas hasta cierto punto, aunque tengo algunas reservas, pues hay algunos aspectos, como el de facilitar la entrada no autorizada, que sé con certeza que plantean un dilema importante para mi Grupo. 
En efecto, hay personas que ayudan a otras a entrar en la Unión Europea porque consideran que verdaderamente necesitan asilo político. 
Creo que debemos establecer una distinción entre quienes ayudan a otros en busca de un beneficio financiero y quienes en verdad lo hacen por razones no crematísticas. 
Aunque personalmente todavía no tengo claro si podremos introducir todas esas modificaciones con tanta facilidad, comparto la opinión de que la mayor parte de las propuestas probablemente no requieran un procedimiento de codecisión completamente nuevo. 
Aprovechando que todavía no se me ha retirado el uso de la palabra, voy a añadir una breve pregunta a título personal. 
El artículo 13, que se refiere a las anteriores directivas existentes contra la discriminación, habilita a los Estados miembros para imponer sus propias sanciones siempre que las consideren proporcionadas y eficaces. 
¿No sería posible presentar en algún momento una propuesta en ese sentido, que deje abierta esa posibilidad para toda Europa, con el fin de demostrar que lo consideramos importante para los derechos civiles, que en Europa consideramos que cualquier caso de discriminación debe ser objeto de una sanción financiera? 
Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer a las señoras Roure y Buitenweg que hayan planteado esta cuestión, que es de fundamental importancia para Europa desde el punto de vista de su ámbito de competencia jurídica en el campo del Derecho penal. 
Estoy de acuerdo con el enfoque de ambas intervenciones y puedo prometerles que la Comisión se encargará de asegurar que esta importante sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se aplique plenamente, trasladando a la práctica su principio central, a saber, que cuando sea necesario garantizar la eficacia de las normas comunitarias, el legislador comunitario podrá introducir sanciones penales a través del procedimiento de codecisión y solo por esa vía. 
Esto abre un campo muy amplio y significativo, en lo que respecta a la plena participación del Parlamento y también como un camino para avanzar más allá del enfoque intergubernamental que ha prevalecido hasta ahora. 
Al elaborar propuestas que introduzcan sanciones penales, la Comisión deberá observar, como es obvio, dos principios básicos. 
El primero es la necesidad de una norma penal, pues solo se pueden imponer sanciones penales cuando sean necesarias. 
Se trata de un principio jurídico universal. 
El segundo es la coherencia de las diferentes disposiciones; también en este caso se deben evitar contradicciones entre las sanciones penales, pues de lo contrario, en teoría se podría generar una grave inseguridad jurídica, precisamente debido a la falta de coherencia. 
Hemos identificado algunos ámbitos en los que la sentencia del Tribunal de Justicia se podría aplicar en la práctica. 
Como sin duda ya saben, hemos decidido recurrir ante el Tribunal la decisión marco sobre la contaminación marina. 
Lo hicimos hace unos días porque el plazo de apelación todavía no había expirado y juzgamos oportuno ofrecer una demostración inmediata recurriendo la decisión marco sobre la contaminación marina ante el Tribunal. 
Consideramos que este es uno de los temas en relación con los cuales se debería haber adoptado una directiva que incluyese sanciones penales, en lugar de una decisión marco. 
También hemos propuesto una vía para hacer extensivo este a otros ámbitos. 
Por ejemplo, cuando ya se haya promulgado una decisión marco, se podría recurrir a un acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para adoptar el fundamento jurídico correcto, sin modificar el contenido de fondo del texto, y evitar tener que abrir también un debate sobre el fondo. 
Una solución de ese tipo agilizaría mucho las cosas. 
Finalmente, una respuesta sobre los temas del racismo y la no-discriminación. 
Evidentemente, estoy a favor de la adopción de normas que penalicen, como mínimo, la incitación al odio racial y, por consiguiente, la comisión de actos de racismo. 
Sin duda, son necesarias sanciones penales en este ámbito, aunque –como sin duda ya saben– lamentablemente todavía no se ha alcanzado un acuerdo con respecto a la decisión marco. 
Me comprometí a presentar a principios de 2006 una nueva iniciativa sobre el racismo y la xenofobia con el fin de superar la obstrucción que ha tenido lugar en el Consejo. 
Podemos basarnos en el artículo 13 del Tratado como alternativa para introducir sanciones penales en los casos de discriminación por razones de raza o de nacionalidad. 
Los medios existen, de manera más clara en el artículo 13, que sin duda es materia para una directiva y, por consiguiente, un asunto principalmente comunitario. 
En esos casos, la Comisión también puede adoptar propuestas de normativa penal. 
. – Señor Presidente, quiero comenzar por manifestar mi reconocimiento a las señoras Roure y Buitenweg. 
Como ustedes saben, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no deseaba especialmente que este debate se celebrase esta noche. 
Nos parece que le habríamos sacado mayor partido si las comisiones parlamentarias competentes hubiesen analizado detenidamente la comunicación de la Comisión sobre la sentencia antes de dar ningún otro paso. Sin embargo, aparte de esa diferencia en cuanto al procedimiento, en líneas generales estamos de acuerdo. 
Quiero felicitar al señor Frattini por sus respuestas a la Asamblea y en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia, que responde a nuestro interés por consolidar el Derecho comunitario y el Primer Pilar, así como las decisiones que podamos adoptar en ámbitos como los citados en el marco del Primer Pilar, en lugar del Tercero. 
En consecuencia, se diría que el Tribunal reconoce que el Derecho penal y el sistema de justicia penal no entran dentro de la jurisdicción de la Comunidad, pero ello no impide que el legislador comunitario adopte medidas relativas a sanciones penales en los Estados miembros, siempre que sean coherentes y necesarias para salvaguardar la eficacia del Derecho comunitario. 
Creo que la Comisión va a hacer uso de él y el señor Frattini puede tener la seguridad de que, el Parlamento va a hacer otro tanto por su parte. 
La señora Roure se ha referido a las repercusiones que tendrá este acuerdo, no solo en materia de medio ambiente, sino también en varios otros ámbitos, incluido el que consideramos más esencial, a saber, el de las libertades fundamentales, cuando sea necesario imponer sanciones penales para garantizar su eficacia. 
Una de las consecuencias que usted ha mencionado, señor Comisario, es que algunas decisiones marco se adoptaron con un fundamento jurídico poco sólido. 
Creo que la sentencia menciona siete decisiones marco. 
En consecuencia, es preciso rectificar esta situación mediante la pronta y sencilla adopción, en el marco del procedimiento de codecisión, de instrumentos comunitarios que reemplacen a dichas decisiones marco. 
Por mi parte, quisiera preguntarle, señor Comisario, si puede ofrecernos alguna indicación sobre el calendario que va a seguir la Comisión para presentar dichas iniciativas, con objeto de que podamos dejar atrás rápidamente, por el procedimiento de codecisión, el marco jurídico que la sentencia abandona. 
. Señor Presidente, señor Comisario, desde que presentamos nuestra pregunta oral han ocurrido varias cosas. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos escuchó a sus representantes y ahora hemos recibido una comunicación de la Comisión, el fondo de la cual acogemos con satisfacción, al igual que el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia. 
Creo que es bueno que la Comisión haya manifestado claramente que dicha sentencia del Tribunal de Justicia es aplicable a otras situaciones distintas de la que la originó –que era de carácter ambiental– y que afecta a todas las políticas, incluidas en particular las cuatro libertades que se mencionan en el Tratado. 
También ha habido propuestas que limitan su aplicabilidad a los objetivos del artículo 2, a las cuales me opuse en comisión y por esto apoyo el modo en que la Comisión ha formulado su posición al respecto. 
Tenemos que resolver conjuntamente cómo vamos a proceder, llegado el caso, para transferir más actos jurídicos del Tercer Pilar al Primero. 
Usted ha descrito los principios en los que se basan dos posibles vías para ello. 
La primera supondría no introducir ninguna modificación sustancial, sino limitarse a modificar el fundamento jurídico y concluir un acuerdo interinstitucional que evite tener que volver a debatir todo el asunto. 
La segunda alternativa sería desarrollar un procedimiento de codecisión en toda regla, de manera que la Comisión tuviese la oportunidad de introducir modificaciones sustanciales en el contenido. 
Este es el procedimiento que por mi parte prefiero, condicionado a lo que se diga en futuros debates, pues lo considero más adecuado en el contexto actual. 
Tenemos diez nuevos Estados miembros que, sin duda, también están interesados en hacer su aportación a los actos jurídicos, cosa que naturalmente no pudieron hacer antes de su adhesión. 
Por lo tanto, a menos que me convenzan de que existe una alternativa más adecuada, soy partidaria de que el asunto se aborde siguiendo el proceso legislativo normal. 
Señor Presidente, Señorías, como argumentaron el Consejo y los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia, una lectura teleológica de los Tratados ha conducido una vez más a la anulación, por no decir la violación, de su contenido, especialmente los artículos 135 y 280 del Tratado CE y los artículos 29 y siguientes del Tratado de la Unión Europea, que reservan claramente para los Estados miembros las competencias en materia penal. 
De este modo, sin que medie un tratado, sin un mandato y en contra de los deseos de los Estados miembros y del Consejo, el Tribunal de Justicia y la Comisión han convenido utilizar esta comunitarización del Derecho penal para fusionar los pilares de competencias en el marco de la Unión. 
Ese era uno de los objetivos del Tratado constitucional que –permítanme que se lo recuerde a los diputados que todavía se niegan a aceptarlo– fue rechazado y ha quedado anulado y vacío de contenido de conformidad con el Derecho internacional. 
La Comisión ciertamente no ha perdido el tiempo para aprovechar la brecha que con ello se ha abierto. 
El 23 de noviembre pasado añadió a la legislación medioambiental de carácter penal una lista inicial de nueve nuevas competencias penales, que retira de a los Estados miembros de manera unilateral. 
Esta continua absorción de competencias nacionales también queda de manifiesto en el futuro Código Civil europeo, que todavía está elaborando el Grupo Von Bar, sin ningún fundamento jurídico, con una subvención de 5 millones de euros sufragada por los contribuyentes europeos. 
¿Las instituciones supranacionales están aplicando algún misterioso principio hegemónico que dice que las naciones no cuentan o son un obstáculo que es necesario superar para desquitarse de los referendos del 29 de mayo y del 1 de junio? 
Estas demostraciones judiciales de fuerza están distorsionando el modelo de Europa que aceptaron nuestros países. 
Nos encontramos ante lo que el Presidente del Consejo Constitucional francés temía a principios de año: un grave defecto de consentimiento. 
Por consiguiente quiero manifestar, serena pero solemnemente, que los miembros de esta Cámara que no respondan a dichas manifestaciones de fuerza cometen un atentado contra sus Gobiernos, contra sus Parlamentos, contra sus constituciones, contra los propios Tratados europeos y contra sus países, y están allanando el camino para nuevas insurrecciones, no solo electorales, contra una Europa que decididamente ya no es la suya. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi opinión – que creo que la inmensa mayoría del Parlamento comparte–, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso C-0176 representa un éxito para el Parlamento Europeo, no solo porque el Tribunal hizo suyas las sugerencias formuladas por el Parlamento en septiembre de 2003, sobre la base de un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, sino también porque ha obligado al Consejo a respetar los artículos 24, 29 y 47, que establecen claramente que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea tiene precedencia sobre el Tratado de la Unión Europea. 
Por esto, en el ámbito de las sanciones penales, el Consejo ya no podrá recurrir al Título VI para adoptar decisiones unilaterales sin la intervención del Parlamento Europeo como colegislador. 
Creo que esto es un gran progreso y un magnífico resultado que honra al conjunto de la Unión Europea. 
Parece evidente que, sin la intervención del Parlamento Europeo, se habría soslayado, en lugar de reafirmarlo, un principio fundamental de la democracia, a saber, el de. 
El Tribunal de Justicia, a la vez que reconoce, como es lógico, que la Comunidad no puede establecer sanciones penales ni proceder a una armonización del Derecho penal, ha establecido que –si las sanciones penales son esenciales para cumplir las exigencias o los objetivos del Tratado– la Comunidad puede obligar a los Estados miembros a establecerlas y aplicarlas. 
Lo cual significa que si la Comunidad es competente para regular las conductas con el fin de alcanzar un objetivo particular, también lo es para decidir si dichas conductas pueden ser castigadas a escala nacional mediante el recurso a sanciones administrativas o penales. 
Las instituciones europeas deben aplicar, por lo tanto, la sentencia del Tribunal de Justicia y –ahora me dirijo especialmente al señor Comisario– la Comisión Europea ha ofrecido algunas indicaciones sobre cómo propone proceder. 
Considero que limitarse a transferir las disposiciones de una decisión marco a una directiva comunitaria es inaceptable, si dicha transferencia no se realiza respetando plenamente las prerrogativas del Parlamento Europeo. 
El Parlamento tiene que poder intervenir sobre el fondo si el fundamento jurídico prevé que actúe como colegislador. 
Por lo que respecta a las propuestas legislativas pendientes, agradezco al señor Comisario que la Comisión esté adoptando medidas para retirarlas o reemplazarlas por otras nuevas que concuerden con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos continuará velando por que se respete el Derecho comunitario y las prerrogativas del Parlamento Europeo. 
Un informe de propia iniciativa, para el cual ya hemos pedido autorización de antemano y del que se hará cargo la Comisión de Justicia, establecerá unas directrices muy precisas. 
– Señor Presidente, el 13 de septiembre de 2005, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tomó una decisión que dio a la Comisión Europea el derecho de imponer sanciones penales a los ciudadanos de los Estados miembros. 
Por primera vez desde que el Rey Enrique VIII pusiera fin a la jurisdicción del Papa sobre cuestiones eclesiásticas en Inglaterra, un poder diferente del Parlamento británico tendrá derecho a promulgar leyes y establecer sanciones en caso de infracción de la ley. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no es un tribunal de justicia, sino un mecanismo de integración política de la Unión Europea. 
Esta decisión solo era aplicable a la legislación ambiental, pero ha allanado el camino para que la Comisión la aplique en otros ámbitos. 
La Comisión ha sacado partido de la decisión del tribunal para publicar una lista de nueve ámbitos de competencia nuevos, que le da derecho a promulgar nuevas leyes e imponer sanciones penales. 
También ha expresado su intención de ampliar su poder para crear más delitos penales. 
Cuando este caso llegó al tribunal, 11 de los 15 Estados miembros se opusieron; el tribunal los ignoró. 
Un abogado de la Comisión ha afirmado que podría obligar al Gobierno británico –y al Parlamento británico– a castigar a sus ciudadanos por algo que no se considere un delito penal en Gran Bretaña. 
Si el Gobierno británico se negara a aplicar esos delitos penales, podría acabar en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que le obligaría a hacerlo. 
Entonces el tribunal actuaría como juez y parte en su propio asunto. 
¡Ahí acaba la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que ha protegido las libertades inglesas durante siglos! 
La decisión del llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es nada menos que un golpe de Estado. 
El Tribunal ha quitado poder a los Estados miembros y se lo ha entregado a la Comisión. 
– Señor Presidente, el señor Batten ha hecho una interesante intervención. 
En calidad de abogado y ex Ministro de Justicia del Reino Unido, quiero formularle algunas preguntas al señor Frattini, y lo haré de forma objetiva, porque creo que se trata de un debate muy interesante. 
No cabe duda de que las competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas revisten gran interés. 
Me interesan porque cuando desarrollamos los ámbitos de competencia del Tribunal de Justicia, tenemos que examinar la relación que mantiene con los tribunales de los Estados nacionales europeos, así como las competencias de estos en ámbitos particulares. 
Es nuestra primera oportunidad de debatir esta importante normativa y acepto que la Comisión tenga la obligación, como guardiana de los Tratados, de examinar minuciosamente las implicaciones del dictamen. 
Sin duda confío en la competencia de los Estados miembros y en las prerrogativas en lo que respecta al ámbito general del derecho penal. 
Estoy seguro de que la mayoría de Estados miembros comparten esta opinión. 
Respecto del enfoque del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la jurisprudencia, creo que, en general, es justo decir que estamos en contra del derecho creado por los jueces, que en algunas circunstancias puede resultar antidemocrático. 
No creo que deba servir de pretexto al Parlamento y a la Comisión para proceder a una prórroga de los poderes que entran con conflicto con los derechos de los Estados miembros. 
Pero es importante que las competencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estén claramente definidas, en particular porque sabemos que no tiene una competencia clara en muchos ámbitos. 
Es importante que se nos exprese claramente la manera en que funcionarán esas competencias junto a las de los tribunales nacionales. 
Siempre me ha fascinado el trabajo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Estuve en Washington recientemente cuando el juez Roberts estaba siendo sometido un interrogatorio para convertirse en Presidente del Tribunal Supremo. 
Fue interesante observar que su razón de ser estaba basada en la Constitución estadounidense y en su manera de interpretarla, y las decisiones que tomaba se basaban en ella. 
Quizá piensen que se trata de una limitación, pero los ámbitos que se derivan de ella son muy amplios. 
Me impresionó profundamente la manera en que el nuevo Presidente del Tribunal Supremo trataba esas competencias y su relación con la Constitución de los Estados Unidos. 
Por eso creo que ha llegado el momento de que escuchemos las ambiciones y los intereses del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la forma en que define su papel para el futuro y la manera en que lo hace con las mínimas molestias y conflicto con los tribunales de los Estados nacionales. 
Tengo gran interés en escuchar lo que el señor Frattini quiera decir sobre este punto en su conclusión. 
Señor Presidente, Señorías, por las intervenciones que acabo de escuchar deduzco que el tema no se puede agotar en el breve período de tiempo reservado para el debate de esta noche. 
Se trata de un asunto de considerable importancia para el espacio de competencia jurídica europea y las últimas observaciones sobre las relaciones entre el Tribunal de Justicia Europeo y los tribunales nacionales también requieren una cuidadosa atención, que por mi parte no voy a dejar de prestarles. 
Como es evidente, el Derecho penal tiene como finalidad castigar la conducta delictiva de las personas y, si el asunto entra dentro de las competencias comunitarias, sinceramente parece muy improbable que el Parlamento –la institución que representa la democracia– no participe en la elaboración de la normativa penal. 
Si se excluyese al Parlamento, eso significaría que solo dos de las instituciones europeas –el Consejo y la Comisión– participarían en el proceso de adopción de decisiones sobre asuntos de competencia comunitaria. 
Esta es la motivación fundamental de la sentencia del Tribunal de Justicia y también un principio que, como es natural, vamos a examinar a fondo. 
¿Cómo se puede transformar, entonces, un fundamento jurídico incorrecto en otro correcto? 
Para ello se pueden contemplar tres métodos. 
Como ya se ha expuesto en varias de sus intervenciones –como la del señor Gargani–, si es necesario modificar el fondo de la medida, esto se hace mediante la retirada de la misma –una decisión marco, por ejemplo– para reemplazarla por una nueva directiva, sobre el fundamento jurídico o sobre el fondo, y aplicando, por consiguiente, el procedimiento de codecisión. 
Sin embargo, también es posible –no sé si existe algún caso– que una decisión marco tenga un fundamento jurídico que resulte irrelevante, pero en cambio se acepte su contenido. 
En ese caso –si el Parlamento y el Consejo están de acuerdo en que solo es necesario modificar el fundamento jurídico–, personalmente pienso que se puede seguir un segundo método, que no consistiría en retirar la propuesta y reemplazarla por una nueva iniciativa, sino en un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el Consejo, en virtud del cual se podría convenir alterar el fundamento jurídico, de manera rápida y poco costosa, y mantener el contenido de fondo. 
Es una hipótesis respecto a la cual sería muy interesante conocer la evaluación de la Comisión de Justicia del Parlamento. 
Finalmente, existe una tercera vía que ya seguimos hace unos días y en relación con la cual estamos a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia. Se trata del recurso ante dicho Tribunal contra una decisión marco que contiene un fundamento jurídico incorrecto. 
En conclusión, señor Presidente, quiero dejar claro que la Comisión solo va a ejercer esas competencias si se demuestra que es necesario. 
El Derecho penal, quiero subrayarlo, es un instrumento serio del sistema jurídico y por esto la legislación penal –que, como nos enseñan los padres fundadores, es el último remedio contra los delitos que cometen las personas– solo se debe aplicar cuando resulte absolutamente necesario. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0314/2005) de la señora Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la aplicación de las normas europeas de competencia en el ámbito del transporte marítimo (2005/2033 (INI) ). 
Señor Presidente, la Comisión ha revisado el Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo sobre la aplicación de las normas europeas de competencia en el ámbito del transporte marítimo de línea en los últimos tres años. 
Después de amplias consultas con transportistas, usuarios del transporte, Estados miembros y terceros países, creemos que las posibilidades que tienen las navieras de línea regular para fijar precios y regular la capacidad ya no están justificadas en las circunstancias actuales del mercado. 
La exención actual es única. 
Ningún otro sector económico, ni siquiera los que compiten directamente con los servicios de transporte marítimo de línea, se benefician de una exención tan generosa. 
La fijación colectiva de precios y la regulación de la capacidad son, por definición, restricciones claras de la competencia. 
Estos tipos de restricciones sirven para mantener artificialmente precios elevados. 
Es posible se beneficien que los participantes en ese cártel. Pero, desde luego, no sus clientes. 
Tampoco se beneficiará la economía en su conjunto. El sistema actual solo puede explicarse en un contexto histórico. 
La capacidad de las conferencias marítimas para fijar precios comporta unos precios más altos para los exportadores. 
Las navieras de línea regular de la UE atraviesan un buen momento. 
Cuatro de los cinco principales transportistas del mundo tienen su sede en la UE. 
Aún así, los exportadores europeos llaman repetidamente nuestra atención sobre la necesidad de no seguir permitiendo la fijación de precios. 
Como reguladores, nuestra obligación es asegurar que las normas estén en sintonía con la condiciones de mercado. 
La exención de las normas de competencia para las conferencias marítimas es una reliquia del pasado. 
Los últimos veinte años han sido testigos de importantes cambios en el mercado de los servicios de línea regular, con un aumento de los acuerdos de cooperación entre navieras de línea regular en forma de consorcios y alianzas globales que no incluyen la fijación de precios. 
Esto demuestra que las conferencias no son fundamentales para que el sector del transporte marítimo siga gozando de buena salud. 
El sector es importante para la salud de la economía en su conjunto. 
Los servicios regulares de transporte en contenedores representan en torno al 40 % del comercio exterior por mar de la UE-25 en términos de valor. 
En la actualidad, las conferencias pueden fijar los precios en todas las grandes rutas marítimas y, en general, se supone que esos precios sirven de referencia para los precios de todas las rutas marítimas que tienen su origen o destino a la UE. 
Además de este efecto de referencia de las tarifas fijadas por las conferencias, el 30 % del precio del transporte, por término medio, corresponde a tarifas y recargos fijados conjuntamente por las navieras que participan en las conferencias y con mucha frecuencia se aplican las mismas tarifas a los transportistas no pertenecientes a la conferencia. 
Eso significa que el 18 % de las importaciones y el 21 % de las exportaciones de la UE-25 se ven afectados por la capacidad de los transportistas de fijar precios conjuntamente en la exención por categorías que disfrutan las conferencias marítimas. 
Estas cifras demuestran lo importante que es dar rienda suelta a otras fuerzas competitivas en el sector del transporte marítimo de línea, muy de acuerdo con la Agenda de Lisboa y el objetivo de convertir a Europa en la economía más competitiva del mundo. 
Celebro el trabajo realizado por el Parlamento en respuesta al Libro Blanco de la Comisión de octubre de 2004. 
Celebro en particular que el Parlamento haya reconocido que las normas aplicadas al sector deben cumplir el artículo 81. 
Soy consciente de la preocupación que existe en algunos círculos por las consecuencias de la abolición de la exención por categorías que disfrutan las conferencias. 
¿Qué significa la abolición de las conferencias? 
Significa depender de los mecanismos del mercado para determinar el precio y la capacidad, como en todos los demás sectores de la economía. 
Hemos realizado una extensa evaluación del impacto económico: se han encargado tres estudios independientes. 
Los resultados indican que si deja de permitirse que las navieras de línea regular actúen como un cártel, probablemente se podrán reducir los costes del transporte y eso beneficiará a los exportadores de toda la UE y tendrá un efecto positivo en los países en desarrollo. 
Lo más probable es que con eso mejoren la calidad del servicio y la innovación. 
Un entorno más competitivo debería permitir a los transportistas de la UE competir y crecer. 
Los pequeños transportistas tendrán además la oportunidad de crecer si aplican un modelo empresarial innovador. 
No se prevé ningún efecto en el empleo ni en la inversión en buques nuevos. 
Tanto los transportistas como los cargadores han reconocido que el estudio más reciente realizado por es de gran calidad y que sus resultados se han basado en una investigación meticulosa. 
Tenemos el firme respaldo del, que representa a más de 100 000 exportadores europeos, desde los más pequeños hasta las multinacionales. 
El sector del transporte marítimo de línea regular está más dividido. 
Eso era previsible, puesto que el sector se ha mantenido al margen de la competencia y se ha beneficiado de un cártel legalizado. 
Pero aún así, gran parte del sector acepta ahora que el futuro tiene que basarse en la competencia y que los días de los regímenes especiales están contados. 
En cualquier caso, como reguladores nosotros tenemos que considerar la situación en su conjunto. 
Nuestra preocupación es la competitividad de la industria de la UE. 
Eso incluye a las navieras de línea regular, así como a sus clientes, nuestros exportadores. 
Si contemplamos la mayoría de las navieras de línea regular, la fijación de precios tiene cada vez menos peso en sus estrategias comerciales y han empezado a buscar formas más eficaces de garantizar su supervivencia en un entorno difícil y cambiante. 
Quiero asegurar también al Parlamento que la Comisión presta gran atención a las consecuencias internacionales de cualquier reglamento que afecte al sector del transporte marítimo. 
Somos conscientes de que las conferencias marítimas se toleran en otras jurisdicciones y hemos establecido contactos bilaterales para asegurar que nuestros socios estén informados de cualquier cambio que introduzcamos en nuestra legislación. 
Aunque la Comisión está firmemente convencida de las ventajas de poner fin al sistema de conferencias, también está convencida de la necesidad de dar al sector tiempo suficiente para que se adapte a un mercado plenamente competitivo. 
Tengo la intención de proponer al Colegio de Comisarios la revocación del Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, con un período de transición suficiente antes de abolir el sistema de conferencias. 
Para terminar, la Comisión tiene el firme propósito de mejorar la legislación y aplicar la Agenda de Lisboa. 
Creo que la eliminación del sistema de conferencias hará que la aplicación de las normas de la competencia en el sector marítimo resulte más sencilla, más eficiente y más justa. 
La abolición del sistema de conferencias brindará importantes oportunidades. 
Estoy convencido de que tanto el sector del transporte marítimo de línea regular como sus clientes se beneficiarán de ello. 
. – Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias sinceramente a mis colegas de la Comisión de Transportes y Turismo, cuyos comentarios y enmiendas han enriquecido el informe y la propuesta de resolución sobre la revisión de la aplicación de las normas europeas de competencia en el ámbito del transporte marítimo. 
Quiero asimismo agradecer a la Comisión Europea su disposición para colaborar durante el procedimiento. 
Acojo con especial satisfacción la iniciativa de elaborar el Libro Blanco. Nos brinda la oportunidad de evaluar la situación actual y de estudiar los desafíos reales del transporte marítimo europeo en relación con la competitividad de la Unión Europea y los objetivos de Lisboa. 
Esa es la razón por la que el informe que les presento tiene en cuenta las propuestas en este Libro Blanco, las peticiones del mismo en materia de transporte y las tendencias que aparecen a escala internacional. 
La manzana de la discordia en que se han centrado mis colegas ha sido los servicios regulares entre puertos en diferentes Estados miembros o entre la Unión Europea y terceros países, concretamente el sistema de conferencias. 
No voy a hacer ningún comentario específico a este respecto, ya que el señor Comisario ha fijado el marco de referencia de las conferencias. 
A lo largo de todos estos años, el sistema de conferencias ha garantizado unos servicios eficaces y la estabilidad de precios en el mercado, contribuyendo al desarrollo del comercio europeo e internacional, a la buena salud –por parafrasear al señor Comisario– de la industria marítima, brindando la oportunidad –y eso es importante para nosotros– de participar a las compañías de transporte marítimo de todos los tamaños. 
Hoy es justo que nos fijemos en la adaptación del sistema a las nuevas circunstancias revisando el Reglamento 4056/86, una revisión que va a proporcionar flexibilidad, competitividad de precios, estabilidad y servicios de calidad y que va a dar pie a una competencia real, por cuanto, en cierta forma, va a estar protegida contra el dominio de los oligopolios. 
Existen tendencias claras en favor de las fusiones para crear compañías enormes que puedan imponer sus términos y condiciones al comercio y la industria. 
Las tres mayores compañías europeas representan el 35 % de la flota mundial, al tiempo que han surgido nuevas potencias en el transporte marítimo, como China, la República de Corea y Taiwán. 
Ninguno de los estudios presentados por la Comisión Europea nos convence de que estos temores estén infundados, ni tampoco nos han convencido de los importantes beneficios que el comercio y la industria pueden cosechar de la supresión del Reglamento. 
Mi propuesta apunta a que la Comisión Europea no debería plantear la supresión del Reglamento y a que debería mantener el diálogo con las partes interesadas, tanto las navieras como los transportistas. 
Debería proponer una revisión del sistema existente, sobre todo excluyendo la posibilidad de que las tarifas de transporte sean fijadas directamente en las conferencias, pero permitiendo señalar precios indicativos sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y calculando de manera transparente tasas adicionales de carga y tramitación y manteniendo el diálogo con los navieros. 
Asimismo proponemos, con independencia de la solución elegida, que se prevea un período de transición que permita ajustar todos los factores. 
Para finalizar, quiero hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que tenga en cuenta, a la hora de elaborar su propuesta, los sistemas jurídicos y operativos que rigen en otros países, tales como los Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón, ya que una desviación en el sistema europeo podría generar tendencias desestabilizadoras a escala global y provocar acciones proteccionistas. 
. Señor Presidente, señor Comisario, el discurso que nos ha brindado ha sido estupendo, pero no estoy seguro de que haya hablado para todas las partes interesadas en los círculos empresariales significativos. 
Lo que ha dicho bien puede ser cierto para empresas como Maersk, la pequeña empresa que acaba de absorber a PNO, pero lo que me interesa en primera instancia, lo mismo que a la señora Kratsa-Tsagaropoulou, es lo que le ocurre a las pequeñas y medianas empresas navieras, cuya situación es bastante diferente de la de PNO, y que no han sido adquiridas por Maersk ni por ningún otro de los grandes jugadores a quienes usted ha nombrado. 
Creemos que el Reglamento (CEE) nº 4056/86 no puede ser suprimido sin haber sido reemplazado. 
Sí, por supuesto, señor Comisario, tiene que ser adaptado; hasta ahí todo está muy claro, y todos lo sabemos. 
Ha de ser adaptado y el objetivo principal del ejercicio tiene que consistir en hacerlo de manera que las pequeñas y medianas empresas puedan establecer acuerdos sobre asuntos técnicos e intercambiar información, a fin de poder descubrir la mejor forma de sobrevivir en el mercado mundial. 
Eso, señor Comisario, es algo a lo que no ha prestado atención alguna. 
Un grupo que se denomina a sí mismo «European Liner Affairs Association» ha presentado algunas propuestas válidas, que no solo contienen una exención notablemente más limitada, sino reglas nada ambiguas para proteger a las pequeñas y medianas empresas. 
Existe efectivamente una propuesta de establecer foros de debate con participación no solo de las líneas de transporte marítimo, sino también de las navieras y demás interlocutores del sector. 
No nos gusta que se fijen los precios ni los cárteles hostiles, y usted jamás debería sugerir que mi colega la señora Kratsa-Tsagaropoulou sí lo desea. 
Lo que queremos son acuerdos técnicos que permitan sobrevivir a las pequeñas y medianas empresas en unas aguas infestadas de tiburones, es decir, al lado de los grandes grupos y alianzas. 
Si se promueven tales foros de debate, habrá realmente una oportunidad de conseguir mantener a flote la pequeña y mediana industria naviera. 
Sencillamente hemos de tener claro que, aun cuando nuestros grandes jugadores dominen el sector a escala mundial, también tenemos buenas razones para temer los ataques por parte de las líneas de transporte marítimo de la República de Corea y de China. 
Ahí, señor Comisario, es donde tenemos que hacer algo en bien del sector naviero europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Kratsa-Tsagaropoulou, Señorías, mañana votará el Parlamento sobre el contenido del Libro Blanco. 
La Comisión va a presentar su propuesta legislativa el próximo miércoles. 
¿Está ya lista? 
Solo cabe esperar que el eco de nuestros debates llegue de todas maneras a la Comisión. 
Sería una lástima que no fuera así, ya que el informe que tenemos delante, por muy tarde que sea, posee un nivel alto. 
Quiero dar las gracias a la señora Kratsa-Tsagaropoulou por la calidad de su informe y por su amabilidad. 
Nadie aquí discute que sea necesario introducir una competencia sana en el transporte marítimo, donde la mayoría de los jugadores son operadores privados. 
Pero, ¿tenemos que llegar hasta la desregulación total? 
Eso equivaldría a ignorar los cambios que se han producido en los últimos años y negar los beneficios del sistema actual. 
A consecuencia de las decisiones del Tribunal de Justicia y de la Comisión, las conferencias marítimas han dejado de ser efectivamente cárteles. 
Desempeñan un papel útil, garantizando la estabilidad y la calidad del servicio y reforzando la seguridad marítima a través de la renovación regular de las flotas. 
Garantizan asimismo la diversidad de operadores. 
Dicho esto, el sistema actual es susceptible de mejora. 
Podría racionalizarse el intercambio de información. 
Existe asimismo la necesidad de contar con unas normas claras para calcular las cargas excesivas. 
Por otra parte, nos parece peligroso desechar el Reglamento 4056/86 sin proponer ni siquiera un reemplazo provisional. 
La supresión sin más del sistema presente vendría a acelerar la concentración en el sector. 
Reducir el número de operadores podría tener un efecto negativo sobre los servicios a algunos puertos y sobre los precios. 
Entendemos que revisión significa «mejora» , no «revocación». 
Ese es el mensaje que el Parlamento debería enviar a la Comisión Europea y al Consejo con este informe. 
Esperamos que sea escuchado. 
. Señor Presidente, la ponente ha conseguido garantizar una mayoría a favor de su informe en la Comisión de Transportes y Turismo. 
A pesar de tal mayoría, sorprende el elevado número de diputados que se han abstenido en la votación; 20 han votado a favor, 7 en contra y se han producido no menos de 19 abstenciones. 
Es ocioso decir que, a pesar del resultado, me he sentido muy decepcionada por ello. 
El artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea estipula que las cooperativas que distorsionen el mercado no son compatibles con el derecho comunitario. 
El párrafo 3 de dicho artículo enumera, no obstante, una serie de excepciones que han de cumplirse para permitir que dichas cooperativas sigan existiendo a pesar de todo. 
Sobre esa base debería aplicarse una exención por categorías a la actividad de transporte marítimo de línea regular de acuerdo con el Reglamento 4056/1986. 
La Comisión ha planteado una encuesta preguntando hasta qué punto sigue siendo admisible en 2005 dicha exención por categorías. 
¿Se siguen cumpliendo las condiciones del apartado 3 del artículo 81? 
La Comisión ha llegado a la conclusión de que no es el caso y por tanto le gustaría revisar la normativa. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa apoya a la Comisión en este planteamiento y nuestra enmienda 10, entre otras, constituye una prueba de ello. 
En el párrafo 9, la ponente señala que las cuatro condiciones acumulativas del apartado 3 del artículo 81 solo se cumplen de forma parcial. 
Al mismo tiempo, la ponente aboga en favor de la implantación de una cooperativa. Esto plantea algunos interrogantes, por decirlo suavemente. 
Al fin y al cabo, si las condiciones solo se cumplen parcialmente, podemos afirmar con bastante rotundidad que no se están cumpliendo, ya que las cuatro condiciones son por naturaleza acumulativas. 
Los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo estaban preocupados por el impacto que una posible revisión pudiera tener sobre las compañías navieras del sector de las PYME. 
¿De qué empresas estamos hablando entonces? 
¿De las del tipo de Pino Nedlloyd, Hapag Lloyd, APL, MYK? 
Incluir estas empresas dentro del apartado de las PYME es, a mi juicio, ir demasiado lejos. 
Sin embargo, la Comisión ha hecho suyo este punto y ha encargado un estudio, entre otras cosas, para poner en claro el impacto sobre las denominadas empresas más pequeñas. 
Este estudio se ha publicado ahora y ¿cuál es el conclusión? 
La supresión del Reglamento se traduce en precios de transporte más bajos y un mejor servicio, y las empresas navieras más pequeñas no han sufrido ningún perjuicio. 
Eso resulta razonable, ya que el sector de las PYME está en su mayoría de parte de los consumidores y los navieros. 
Sin embargo, si nos guiamos por la enmienda 17, tanto el Grupo del Partido Popular Europeo (Democráta-Cristianos) y de los Demócratas Europeos como el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo no parecen haber quedado convencidos. 
Quiero hacer un llamamiento a mis compañeros diputados para que vuelvan a echar otro vistazo atento al párrafo 1. 
De acuerdo con el texto que tenemos delante, el objetivo de la revisión consiste en conservar y ampliar el sector de transporte marítimo dentro del marco de la Estrategia de Lisboa. 
Eso me parece una equivocación. El objetivo de esta revisión, al igual que el de la Estrategia de Lisboa, consiste en crear un clima competitivo en el que el sector pueda operar con la mayor eficacia y eficiencia posible. 
Jamás ha sido su intención proteger el sector sobre la base de unos razonamientos erróneos. 
Por último deseo pedir a mis compañeros diputados que vuelvan a fijarse detenidamente en las enmiendas –a saber, las enmiendas 1 a 14– que he presentado junto con el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea; probablemente lo haya hecho en contra de mi parecer, pero a la postre lo he hecho. 
A este respecto, la Comisión merece un apoyo mayor que el que se le está brindando. 
Finalmente, a diferencia de la ponente, señora Kratsa-Tsagaropoulou, respaldo totalmente las conclusiones del Comisario McCreevy. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea respalda una aplicación más firme de las reglas sobre la competencia de la UE. 
Dentro del transporte marítimo, la situación se caracteriza por unas cuantas empresas grandes que forman un conglomerado, precisamente porque existen acuerdos sobre precios en este terreno. 
No existe la libre competencia. 
He aquí un rasgo peculiar del sistema de la UE, un rasgo lamentable al tratarse del transporte marítimo, que podría convertirse en una alternativa válida al transporte aéreo y terrestre si los precios fueran más adecuados. 
Caso de que haya que regular los precios, ha de hacerse para tener debidamente en cuenta el medio ambiente o los empleados. 
Pero en este caso no es ese el tipo de regulación de precios que nos ocupa. 
De lo que aquí se trata es de algunos de los personajes más acaudalados de la UE, incluidos los navieros griegos y daneses. 
Son ellos los que se llevan la parte del león gracias a una ausencia de competencia y unos precios excesivamente elevados. 
Es evidente que lo están haciendo y podemos ver también quiénes están implicados. 
El Grupo Verts/ALE apoya a la Comisión o, para ser más exactos, a aquella parte de la Comisión que se halla presente en esta Cámara, en contra de la DG Transportes, y esperamos sinceramente que se aprueben las enmiendas más importantes. 
Si se aprueban las enmiendas 3 y 12, el Grupo Verts/ALE estará en condiciones de apoyar el informe. 
De lo contrario, decididamente no podremos hacerlo. 
. – Señor Presidente, las conferencias marítimas se crearon como una modalidad de asociación para una mejor cooperación entre las empresas navieras en un afán de controlar el rentable sector del transporte marítimo. 
Hoy, los mismos grupos empresariales que forman tal monopolio reclaman un cambio del Reglamento 4056/86 y la Comisión Europea está de acuerdo con dicho planteamiento, repitiendo el mismo argumento, a saber, que estos cambios son necesarios para proporcionar a los usuarios unos servicios más baratos. 
Sin embargo, la propia vida nos ha enseñado que los grandes grupos empresariales monopolísticos que participan en el transporte marítimo son quienes han salido ganando y los trabajadores se han convertido en los perdedores de todo este proceso. 
Ahora, las cosas han cambiado. 
Las empresas se están fusionando o absorbiéndose entre ellas. 
Se están creando gigantes capaces de imponer sus condiciones; en otras palabras, tenemos una situación de monopolio. 
Actualmente, las fusiones y las concentraciones de capital en este sector concreto han evolucionado hasta el punto de que, básicamente, unas pocas empresas –que se pueden contar con los dedos de una mano– controlan el transporte regular. 
Ejemplos típicos son una empresa naviera de capital europeo que maneja 550 buques y una empresa de titularidad asiática que opere 112 barcos. 
Hablar de competencia en tales circunstancias es pura hipocresía. 
En cuanto al cabotaje, a pesar de que el Reglamento 4056/86 haya sido reemplazado por el Reglamento 3577/92, no estamos de acuerdo en que el transporte nacional deba someterse a las normas sobre competencia ya que, a juzgar por la experiencia en mi país, con su morfología insular, las repercusiones son peligrosas, tanto para los marineros como para los residentes en las islas. 
. Señor Presidente, la labor del Parlamento en relación con el informe Kratsa-Tsagaropoulou sobre la aplicación de las normas europeas de competencia en el ámbito del transporte marítimo, y la votación de la Cámara sobre este informe mañana, pretenden servir de catalizador para que el trabajo sobre los reglamentos promueva una competencia sana y equitativa en el sector marítimo. 
Este sector quedó excluido de determinadas disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a través de un Reglamento del Consejo. 
En concreto, el sector quedó excluido del artículo 81, que prohíbe el establecimiento de acuerdos que limiten la competencia, y del artículo 82, que prohíbe el abuso de posición dominante. 
Quisiera apuntar que nuestra labor y nuestras deliberaciones sobre este informe, que se centra en el Reglamento (CEE) nº 4056/86, se refieren a temas que han sido tratados por separado en un dictamen jurídico independiente elaborado en noviembre de 2005 a petición de la Comisión Europea. 
Por tanto, a mi juicio, sería razonable examinar con cierto detenimiento las conclusiones de este nuevo análisis antes de adoptar ninguna decisión ulterior. 
Deberíamos ser muy prudentes a la hora de dar nuevos pasos y evitar cualquier decisión prematura o precipitada. 
Tal cautela resulta tanto más aconsejable cuanto que cualquier cambio que podamos introducir puede no cumplir las normas de los socios de la Unión Europea, es decir, los Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá. Eso supondría una amenaza para la estabilidad de las relaciones económicas. 
Quiero alertar también a los diputados acerca de otro punto importante, el de que cualquier cambio en este sector podría tener un impacto negativo, sobre todo sobre las líneas de transporte pequeñas y medianas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estoy de acuerdo con todos los que consideran útil revisar, aunque no suprimir, el Reglamento del Consejo (CEE) nº 4056/86, esperando que la finalidad de esta revisión sea garantizar la eficacia de los servicios, horarios apropiados, plazos precisos y tasas de transporte ajustadas a los costes de administración. 
Como ya se ha dicho, la exención para las conferencias marítimas ha conferido equilibrio al sector marítimo, pero también es cierto que el declive de las conferencias ha quedado de manifiesto por las cifras sobre transportes individuales –la ley de 1994– y por la aparición de las grandes navieras eficaces e independientes. 
Por lo general, ahora las tarifas de flete disminuyen cuando cae la demanda y aumentan cuando la oferta es limitada, y es bien sabido que los acuerdos de las conferencias no parece que hayan permitido imponer unos aumentos coordinados de los fletes afectados por las pérdidas de demanda. 
La propuesta de suprimir la fijación previa de las tarifas de flete –que es el efecto principal de las conferencias– parece razonable y, por tanto, digna de aplauso. 
Sin embargo, es necesario permanecer atentos y comprobar que, a la postre, esto no se traduzca en la supresión de los puertos de escala o que se elijan exclusivamente sobre la base de los intereses de los armadores y que eso no provoque un bajada artificial de las tarifas de flete. 
Ya está ocurriendo en cuanto a la consolidación de prácticas comerciales: sabemos que los exportadores chinos están llegando a Europa con cotizaciones negativas para sus mercancías, pero están salvando la distancia o el diferencial mediante el abono de exorbitantes derechos de cesión, que luego son transferidos de vuelta al mismo exportador chino. 
Por tanto, es necesario prestar mucha atención y controlar cualquier aspecto relativo a prácticas de liberalización arteras –en las que podrían convertirse– si nuestro objetivo mutuo consiste en contar con una marina mercante europea competitiva de acuerdo con las líneas trazadas por Lisboa. 
Señor Presidente, he escuchado con interés el debate. 
Está claro que la introducción de la competencia en el sector del transporte marítimo de línea constituye un cambio importante. 
Un cambio así no solo beneficia a los cargadores, los clientes de los servicios de línea regular, sino también al propio sector del transporte marítimo de línea. 
Me propongo firmemente hallar una solución equilibrada que beneficie tanto a cargadores como a transportistas. 
Creo que lo que hay que hacer es revocar el Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, con lo que se conseguirían precios más bajos sin afectar negativamente a los transportistas. 
Será importante continuar las conversaciones con el sector de los servicios de línea regular. De esa forma se aseguraría el mantenimiento de los pocos efectos positivos del sistema de conferencias. 
Eso significa el intercambio de información entre transportistas, pero no como para permitir que exista connivencia. 
Partiendo de esa base, creo que podemos encontrar una solución justa y razonable que beneficie a los transportistas que utilizan los servicios de línea y a la economía de la UE en su conjunto, una solución que todos los partícipes del mercado puedan apoyar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0305/2005) de la señora Toia, en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, sobre reglamentación y mercados europeos de las comunicaciones electrónicas 2004 (2005/2052 (INI) ). 
Señor Presidente, Señorías, el debate que vamos a celebrar esta tarde se encuadra en el contexto de la próxima revisión del marco normativo. 
Por consiguiente, es necesario preguntar si este marco ha funcionado, si se ha aplicado y cómo se ha hecho, si ha estado en condiciones de promover un mercado verdaderamente abierto, competitivo y transparente para todos los operadores y si ha sido capaz, al mismo tiempo, de promover la inversión necesaria. 
Partiendo de que tenemos que promover una actualización del marco normativo, debemos preguntarnos de acuerdo con qué directrices debe realizarse. 
En otras palabras, hemos de cuestionarnos si debemos conceder mayor libertad a los operadores –tal como desean algunas personas, sobre todo para los nuevos mercados– o si, por el contrario, debemos mantener los servicios regulados. 
Estas son las preguntas que debemos tratar de contestar cuando procedamos a revisar el marco normativo. 
Partiendo del debate en comisión, quiero reseñar ciertas prioridades. 
En primer lugar, este sector es una fuerza motriz del desarrollo de la economía europea, tanto de acuerdo con Lisboa como porque las telecomunicaciones son la piedra angular de cualquier economía basada en el conocimiento, la innovación y la investigación. 
La tecnología de las telecomunicaciones actúa de estímulo para la innovación productiva y de catalizador para la productividad de la mano de obra. 
Por tanto, necesitamos centrarnos en este sector estratégico con elevadas inversiones –dado que precisa infraestructura, investigación y una innovación constante– y crear un mercado para el mismo que esté abierto a los nuevos operadores, con la oferta más amplia posible para los consumidores y con el principio del acceso a las redes como característica clave. 
Pero al mismo tiempo tenemos que evitar penalizar a los operadores que ya se encuentran firmemente asentados en el mercado, y tenemos que competir de forma eficaz con los gigantes de los mercados de fuera de Europa. 
Este es un mercado que se caracteriza por unas tecnologías en constante evolución –me refiero a la banda ancha, los teléfonos de tercera generación, la convergencia de voz, imagen y datos, y al nuevo mercado de los servicios de protocolo de voz sobre Internet– y tales innovaciones tienen que estar subvencionadas y fomentadas. 
Dicho todo lo anterior, voy a referirme a cómo se está aplicando en la práctica. 
El informe de la Comisión describe una situación que varía ampliamente de un país a otro, y eso constituye un punto débil en un mercado que sin duda está integrado a escala europea. 
Las directivas se aplican de modo deficiente en todas partes y, en los países en que se aplican, no siempre se han creado los organismos necesarios, las Autoridades nacionales de reglamentación. 
Así pues, hemos de ser conscientes de que queda mucho por hacer en lo referente a la ejecución del actual marco normativo antes de que nos dispongamos a modificarlo. 
Es este un aspecto importante, señor Presidente, porque resulta imposible llevar a la práctica esta legislación, que exige flexibilidad y a menudo una intervención posterior para evitar posiciones dominantes en el mercado, sin que esté funcionando el sistema en conjunto. 
Resulta difícil crear una legislación si todos los operadores no han cumplido su parte de antemano en cuanto a intervenir a nivel institucional para garantizar la transparencia del mercado. 
Tras la consideración del Parlamento, sugerimos varios puntos en nuestro informe: antes de nada es necesario –y le digo esto con rotundidad a la Comisión– abrir un debate sobre toda el montaje institucional. 
Es necesario reforzar el papel de la Comisión, para clarificar y definir con precisión la función de los reguladores europeos y pedir a los Estados miembros, al tiempo que implicar también al Parlamento, que garanticen la creación de organismos que sean verdaderamente independientes y tengan autoridad, así como que sean capaces y se encuentren en condiciones de trabajar de forma incansable y totalmente transparente, lo cual resulta esencial. 
Propongo, además, una tarea para la Comisión: ¿por que no se crea, por medio de un nuevo marco normativo, un organismo europeo de reglamentación? 
Más allá de la definición más nítida de las distintas instituciones y de sus competencias y obligaciones, necesitamos la participación del Parlamento. 
Pedimos a la Comisión que elabore, a intervalos regulares, un informe que proporcione, también para la Comisión, el análisis más claro posible de todos los parámetros de facturación de los operadores, así como de las garantías contractuales y las tendencias de los precios, a fin de mantener informado al Parlamento y de dotarle de una función más de primera fila. 
Deseamos una mayor apertura del sector de los operadores: si bien aplaudimos el incremento de bucles locales de acceso desagregado, pensamos que debe hacerse algo más para permitir una apertura mayor y la entrada de nuevos operadores. 
Hemos constatado que la inversión procede de los operadores establecidos, pero que una parte también viene de los nuevos operadores. 
Termino con la importancia central del usuario y del consumidor. 
La cuestión de los servicios itinerantes es esencial: aplaudimos lo que están haciendo la Comisión y el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (ERG) , pero pedimos un poco más, tal como se refleja en nuestro documento a la Comisión concretamente sobre los servicios itinerantes. 
Por último, la reducción de la brecha digital supone asimismo aumentar el número de usuarios, incluyendo a los mayores y las personas discapacitadas en Europa. 
Termino acogiendo con satisfacción los códigos voluntarios para proteger a los usuarios... 
. 
Señor Presidente, permítanme antes de nada expresar mi más caluroso agradecimiento al Parlamento Europeo y a la señora Toia en particular por su excelente informe. 
Es muy alentador ver que el Parlamento comparte las prioridades políticas y las preocupaciones de la Comisión en lo que respecta a la aplicación del marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas. 
Ese apoyo es importante, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones difíciles o que no gustan a los Estados miembros. 
Ustedes saben que el sector de las comunicaciones electrónicas es un motor importante para una sociedad y una economía basadas en la información. 
Nuestro marco reglamentario, que existe desde 2003, establece las condiciones que regulan la competencia, la inversión, el crecimiento y el empleo, al tiempo que garantiza los derechos básicos de los consumidores. 
Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo la existencia de un mercado único con libertad de elección, calidad y precios bajos para todas las empresas y consumidores europeos. 
La ponente tiene razón, estamos asumiendo la responsabilidad de asegurar que los Estados miembros apliquen correctamente ese marco. 
Lo cierto es que no siempre lo aplican bien. 
Mantenemos un diálogo constante con el grupo de organismos reguladores europeos (ERG) y con las autoridades reguladoras nacionales en el contexto de la vigilancia de este mercado. 
Cuando no se aplica la normativa o ésta se aplica de manera incorrecta, entablamos procedimientos de infracción contra de los Estados miembros en cuestión. 
Aunque algunos objetivos no se han alcanzado del todo, puedo asegurarles que se han hecho progresos desde el año pasado y eso quedará debidamente reflejado en el décimo primer informe de aplicación que estamos elaborando actualmente. 
Quiero responder ahora a las preguntas concretas formuladas por el Parlamento Europeo. 
La Comisión comparte sus opiniones sobre la importancia de una asignación adecuada de frecuencias y la necesidad de flexibilidad suficiente a este respecto. 
Compartimos también plenamente la preocupación del Parlamento por la conservación de datos, razón por la cual la Comisión ha presentado una propuesta de codecisión equilibrada dentro del primer pilar. 
De la misma forma, el acceso a la banda ancha y la manera de reducir la brecha digital son prioridades básicas y lo seguirán siendo en el plan de acción i-2010. 
Sabrán ustedes también que la Comisión ha prestado mucha atención a la cuestión de los cargos por los servicios itinerantes (). 
En cuanto a la cuestión de la transparencia para los consumidores, hemos creado un sitio web con información sobre los precios de los servicios itinerantes en los Estados miembros. 
Puedo informarles de que desde la creación de este sitio web muchos europeos lo han utilizado y los precios están descendiendo. 
Tomo buena nota de las preocupaciones expresadas en el informe sobre el papel del ERG (ERG). 
El ERG es un órgano consultivo y un foro adecuado para que las autoridades nacionales de reglamentación intercambien opiniones y experiencias. 
Tomo también nota de la petición hecha a la Comisión de realizar estudios periódicos sobre la transparencia de las facturas, las garantías de los contratos y las tendencias del mercado y de los precios. 
Esta información ya está disponible y no hacen falta estudios específicos, pero puedo asegurarles que si se detectan problemas, estos se incluyen en los informes anuales de aplicación. 
Quiero asegurar al Parlamento que la Comisión seguirá vigilante para garantizar que las medidas relativas a los mercados nacionales no pongan en peligro la realización del mercado único en las comunicaciones electrónicas. 
Seguiremos vigilando las actividades de los Estados miembros relativas al marco reglamentario y presentaremos un informe anual de aplicación, que será aprobado por la Comisión en febrero de 2006. 
El informe hace referencia a la necesidad de iniciar un debate institucional. 
Ese debate ya se ha iniciado y continuará hasta el primer semestre de 2006. 
En verano, la Comisión publicará una comunicación con las conclusiones del debate y hará propuestas concretas a finales de 2006. 
El Parlamento Europeo participará plenamente en este proceso, desde luego. 
. – Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo a la señora Toia su informe. 
Las comunicaciones electrónicas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la economía europea basada en la información, al promover la innovación y crear valor añadido para los clientes. 
Cuando se aplique plenamente, el marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas de la UE permitirá el desarrollo en igualdad de condiciones de servicios innovadores a unos precios competitivos en todo el mercado interior. 
Quiero apoyar a la Comisión en la tarea de supervisar y hacer cumplir el proceso de aplicación del marco reglamentario de la UE en los Estados miembros. 
En la actualidad, el establecimiento del marco reglamentario de la UE para las comunicaciones electrónicas ha sido un éxito del mercado interior, al haber demostrado ser muy beneficioso para los clientes. 
Este éxito se ha traducido en una bajada de los precios y un aumento de los servicios en el campo de las comunicaciones electrónicas. 
No obstante, el marco reglamentario se ha encontrado también con problemas debido a su lenta aplicación en muchos Estados miembros. 
Por una parte, estos problemas se reflejan en el gran número de procedimientos de infracción en curso que la Comisión ha incoado contra los Estados miembros que no han transpuesto partes del marco. 
Por otra parte, es posible que las autoridades nacionales de reglamentación de algunos Estados miembros hayan hecho incluso demasiado. 
Los operadores eficientes y los mercados eficientes no deben ser penalizados. 
En algunos Estados miembros, el exceso de reglamentación ha traído consigo una competencia draconiana que no permite a ningún operador obtener beneficios. 
La reglamentación debe existir en beneficio de los clientes, no solo de los competidores. 
La Comisión debe mantener su vigilancia eficiente de la aplicación de todo el marco de comunicaciones electrónicas, cosa que debe hacerse en el plazo de tiempo más breve posible. 
Una vez aplicado plenamente, es también muy importante que las autoridades nacionales de reglamentación transfieran esa labor de vigilancia a las autoridades de competencia. 
En este sentido, debemos confiar más en la ley de competencia. 
Insto a la Comisión a reducir las exorbitantes tarifas de los servicios itinerantes internacionales –como ha mencionado ya la señora Comisaria– y a aumentar más aún la visibilidad para los clientes de la tarificación internacional en el sitio web. 
Según tengo entendido, el sitio web se actualiza solo una vez cada seis meses. 
Esa no es una regularidad suficiente. 
Por último, quiero decir que es fundamental disponer de un sistema de portabilidad de números de móvil que funcione correctamente para que exista una competencia sana y que el coste de la portabilidad del número debe mantenerse a un bajo nivel o incluso ser gratuito en todos los Estados miembros. 
El plazo de ejecución de las operaciones para la portabilidad del número debe reducirse en algunos Estados miembros donde eso sigue siendo un problema grave. 
. 
Señor Presidente, Señorías, el décimo informe sobre la reglamentación de los mercados de las comunicaciones electrónicas es un documento muy importante para el sector, ya que proporciona un análisis objetivo y profundo de las tendencias del mercado, tanto con respecto a los desarrollos tecnológicos y económicos en el sector como en relación con las medidas encaminadas a promover la competencia. 
Quiero hacer extensivo mi sincero agradecimiento por el excelente trabajo realizado por la señora Toia, con quien coincido en que el sector de la tecnología de la información y las comunicaciones es tremendamente importante para la economía comunitaria y para los distintos países, habida cuenta de su notable contribución al crecimiento del empleo y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar y acelerar las comunicaciones. 
La legislación europea tiene que regular la relación entre fabricante y usuario, y garantizar que la tecnología digital esté disponible para todo el mundo, que los Gobiernos inviertan más en infraestructura y, sobre todo, que se mantenga una competencia libre y equitativa, asegurando así unos servicios de mejor calidad a precios cada vez más ventajosos. 
El informe aborda cinco campos temáticos. 
Primero: la mejora de los servicios itinerantes internacionales, con una reducción de las tarifas y una mayor transparencia en la facturación y la elaboración de los contratos. 
Segundo: la creación de un marco nítido para regular la relación institucional entre la Comisión Europea y el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (ERG) , para incrementar la responsabilidad e implicación de las autoridades nacionales –restaurando de esa forma la competitividad– y para proporcionar mayores incentivos a la inversión, sobre todo en los nuevos mercados emergentes. 
Tercero: un aumento del número de líneas de potencia para que la conexión por banda ancha esté disponible para todo el mundo, sin límites territoriales y en el tiempo más breve posible. 
Cuarto: la protección de la salud del usuario, tal como propugna el ponente del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que apoya plenamente a la ponente, señora Toia, a la espera de que el Parlamento acepte las recomendaciones en su informe. 
Por último, deseo felicitar al señor Reading por la labor que está y va a seguir realizando en su informe sobre la investigación, que cuenta con el pleno apoyo del Grupo del PPE-DE. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero felicitar a la señora Toia por la calidad de su informe y darle las gracias por trabajar con los ponentes alternativos y aceptar las enmiendas que hemos propuesto. 
Quiero mencionar algunos puntos esenciales. 
Necesitamos alentar la creación de un mercado de telecomunicaciones único que cubra la totalidad del territorio europeo. 
Dicho mercado único es necesario para reducir la brecha digital, lo que es un objetivo prioritario para la Unión Europea. 
Sin embargo, esta transición hacia un nuevo marco para la regulación y el suministro de comunicación electrónica tiene que respetar al público y a los consumidores, aportando la transparencia y la seguridad necesarias para el uso adecuado de las telecomunicaciones. 
Esto significa transparencia en cuestiones de seguridad y salud pública, sobre todo medidas de radiación; también significa un mercado correctamente regulado, lo que constituye la única forma de garantizar un servicio y unas condiciones de precios justos. 
Esto afecta concretamente a los servicios itinerantes internacionales. 
Es fundamental que tracemos un plan de acción, con un calendario, de manera que los consumidores puedan disfrutar de una continuidad de servicio, lo que significa la posibilidad de disponer de servicios itinerantes internacionales en todo el territorio europeo, al mejor precio y a la mayor brevedad. 
El 7 de diciembre se va a lanzar el dominio único «.eu» en Internet para las empresas. 
Lo mismo que la Comisión está proporcionando una solución concreta a esta decisión tan largamente esperada, también debería actuar para implantar un único código de marcación con una tarifa única para la Unión Europea en su totalidad. 
Esa ha de ser una de las prioridades del plan de acción, cuya importancia y relevancia acabo de exponer, reforzando un ámbito de telecomunicaciones adecuado para la libre circulación de las personas y de las comunicaciones personales. 
– «El mundo es mejor contigo» , proclama el lema de uno de los mayores proveedores europeos de servicio de telefonía móvil en Hungría. 
Pero ¿se ha hecho verdaderamente mejor el mundo durante 2004, durante el período analizado por el informe, y será mejor en el futuro como resultado del desarrollo de las comunicaciones electrónicas? 
Comoquiera que sea, podemos afirmar que el sector de la información y las comunicaciones favorece el desarrollo de la economía europea y facilita la creación de puestos de trabajo. 
Es también evidente que la expansión de las nuevas tecnologías –ante todo, la banda ancha de telefonía móvil– posibilita la integración de grupos sociales en la sociedad de la información que por medios tradicionales no podían tener acceso. 
Por consiguiente, son ventajas incontestables. 
Pero hemos de plantear también la pregunta: ¿a qué precio? 
La respuesta no es ni con mucho tan favorable como los efectos citados antes. 
Complejos modelos de precios, extrañas composiciones de tarifas, una práctica que se salta el principio del mercado único; las tarifas de los servicios itinerantes son solo un ejemplo. 
Este es el precio actual de las ventajas enumeradas, del mundo mejor. 
No estoy afirmando que sea un precio desorbitado, ya que todos nosotros, consumidores europeos, lo estamos pagando mes tras mes. 
Sin embargo, uno de los objetivos más importantes de nuestro Parlamento consiste en modificar la situación actual, que es también nuestra obligación dentro del ánimo de proteger a los consumidores. 
Y lo que es más importante, necesitamos transparencia, así como una información inequívoca y clara para los consumidores. 
Necesitamos auténtica competencia y la plena implantación del principio del mercado único y común. 
Y por último aunque no por ello menos importante, necesitamos unos precios más bajos que reflejen el genuino valor de los servicios. 
Solamente cuando se hayan alcanzado estos objetivos se habrá concedido a la protección del consumidor la importancia que merece junto con las consideraciones económicas, y si eso ocurre, habrá merecido la pena la elaboración de este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías. La realidad es que la actual regulación de las comunicaciones electrónicas no funciona muy bien. 
Lo digo como ponente del informe sobre la Directiva marco del Parlamento. 
La consecuencia es que no se está desarrollando el mercado interior de las comunicaciones electrónicas, no se está produciendo la competencia necesaria en todas partes y no se está ofreciendo a los consumidores la gama de servicios que necesitan, servicios en torno a los que debería existir una feroz competencia. 
Por tanto, los servicios no son suficientemente baratos. 
Existen multitud de ejemplos al respecto. 
Además, esto coloca a los diferentes Estados miembros en posiciones distintas: allí donde existe una fuerte competencia, el dinero va a parar a la publicidad. 
Si no existe competencia, el dinero se puede utilizar para el desarrollo de producto y la compañía en cuestión dispone de mejores oportunidades de desarrollo que otra que tenga que competir a brazo partido. 
Las empresas se encuentran, por tanto, en situaciones desiguales en los Estados miembros. 
Otra razón fundamental de lo anterior es que los Estados miembros no están aplicando esta legislación, y eso constituye decididamente un problema. 
La posición de las autoridades de reglamentación varía ampliamente de un país a otro y la situación de que gozan debería hacerse más homogénea entre los diferentes países. 
¿Cómo podemos pensar, entonces, en alcanzar el objetivo de Lisboa en tal situación? 
Tenemos que realizar un gran esfuerzo, junto con la Comisión, para convencer a los Estados miembros de que redunda en beneficio suyo aplicar esta legislación. 
Por lo que se refiere a la nueva legislación, ha de ser neutra con respecto a la tecnología. 
Sería mejor que fuera una legislación marco, en lugar de pormenorizada, y debería garantizar un entorno competitivo y un servicio seguro para los consumidores. 
Una vez más, es evidente que habría que reducir los costes de los servicios itinerantes. 
Compartimos las mismas preocupaciones que la Comisión, así que ¿no podemos avanzar juntos? 
Señor Presidente, tan solo quiero decir brevemente que estoy de acuerdo con la mayoría de los análisis expuestos por sus Señorías. 
Es cierto que el marco regulador está siendo aplicado de manera muy desigual. 
La competencia, además, está funcionando de acuerdo a sistemas nacionales muy diferentes, que a menudo son inadecuados. 
De ahí que la Comisión tenga que hacer comparecer a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia cuando las normas no se aplican. 
Existen varios casos pendientes en el Tribunal de Justicia, como saben; conocen igualmente que estoy en permanente contacto con los organismos reguladores nacionales, que se reúnen en el Grupo de entidades reguladoras europeas de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (ERG). 
Ese intercambio de pareceres es enormemente importante ya que, en cierta forma, es una intercambio de buenas prácticas y además constituye una ocasión para ejercerse presión entre sí. 
Además, los reguladores me están echando una mano con los precios de los servicios itinerantes, que son muy elevados. 
He de manifestarles que la Comisión no tiene capacidad por sí sola para imponer unos precios, pero puede ejercer presión para revisarlos a la baja. 
Eso es lo que hemos hecho con la creación de un sitio de Internet para comparar los precios en nuestros Estados miembros y, desde que se implantó dicho sitio, ha sido visitado por miles de consumidores al día. 
Además, desde que existe, hemos advertido la bajada de multitud de precios en muchos países. 
Según lo prometido, va a realizarse una revisión de los precios en el plazo de seis meses para ver cuál es la tendencia y en qué punto se encuentran las conversaciones con los reguladores nacionales a este respecto. 
Dije a sus Señorías que ya habían comenzado las conversaciones acerca del marco reglamentario actual y su posible reforma. 
Esas conversaciones van a durar todavía algunos meses más. 
El informe tan importante que tenemos sobre la mesa constituye la primera contribución del Parlamento. 
Espero con impaciencia otros debates, otras propuestas por parte del Parlamento y de las principales partes interesadas, y a partir de la primavera haré un resumen de dichos análisis, sugerencias y propuestas, de manera que podamos proceder a debatir una posible reforma del marco reglamentario, adaptándolo a las tecnologías en desarrollo y ajustándolo a las situaciones tan dispares en los distintos Estados miembros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de los siguientes informes: 
– A6-0323/2005 del señor Becsey, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica, en lo que respecta al período de aplicación del nivel mínimo del tipo impositivo normal, la Directiva 77/388/CEE relativa al Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (COM (2005) 0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051 (CNS) ), 
– A6-0324/2005 del señor Becsey, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que establecen disposiciones relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 77/388/CEE, a sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, pero establecidos en otro Estado miembro (COM (2004) 0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807 (CNS) ) y 
– la pregunta oral a la Comisión formulada por la señora Berès, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la expiración de la Directiva 1999/85/CE relativa a los tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra (O-0106/2005 – B6-0342/2005). 
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Estamos debatiendo dos temas y voy a comenzar por el nivel mínimo del tipo impositivo normal. 
Se trata de un asunto de enorme sensibilidad jurídica y política. 
Según el informe de la Comisión, estaría justificada la prórroga del actual régimen transitorio basado en la Sexta Directiva IVA, que expira el 31 de diciembre de 2005. 
A lo que me refiero es a que podríamos fijar únicamente el nivel mínimo del tipo impositivo normal, al valor actual del 15 %, y prorrogar este régimen, aún con carácter temporal, hasta 2010. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de nuestro Parlamento ha debatido esta propuesta y básicamente está de acuerdo con el planteamiento de la Comisión. 
Consecuentemente, nosotros también estamos de acuerdo con la propuesta y con su calendario, a saber, su prórroga hasta 2010. 
También hemos aceptado la necesidad de someter a debate este tema con toda urgencia, antes de la última sesión del ECOFIN el 6 de diciembre, para que el Consejo conozca la opinión del Parlamento y tome una decisión a la vista de ella. 
Sobre la base del debate en comisión hemos modificado la propuesta original presentada por la comisión en relación con una cuestión, la de que aparte del nivel mínimo nos gustaría también fijar el nivel máximo en el 25 %, que sería el nivel más alto aplicado actualmente en los Estados miembros; esto evitaría que cualquier Estado miembro tuviera que modificar la legislación o rectificar los presupuestos sobre la marcha en plazos muy breves. 
No obstante, al aprobar esta forma de proceder, la mayoría de nuestro Parlamento manifiesta que creemos en la necesidad de evitar las disparidades respecto de los tipos de IVA normales. 
Pero nuestro Parlamento también ha aprobado otra posición significativa sobre este tema, que no afecta a la precipitada decisión actual sobre la prórroga, pero que resulta importante para nosotros. 
Realmente nos gustaría evitar una situación parecida a la actual, en la que se nos solicita tiempo tanto con respecto a la prórroga del nivel mínimo del tipo de IVA normal, como al régimen de empleo intensivo que expira a finales de año, que ha sido puesto en práctica con la participación de varios Estados miembros, todos los cuales han adquirido una valiosa experiencia positiva en el proceso. 
Así pues, solicitamos a la Comisión que elabore un estudio para principios de 2007, a fin de permitir al Parlamento iniciar un debate en 2007-2008 con la debida antelación, sin ninguna prisa, sobre la orientación y profundidad de la política en materia del IVA a implantar por los Estados miembros, así como a la normativa de la Unión Europea necesaria para ello. 
En nuestra propuesta de petición, elaborada con la participación de todos los Grupos parlamentarios, solicitamos a la Comisión que evalúe las actuales diferencias de nivel de IVA implícitas –es decir, convertidas a un tipo– y sus implicaciones presupuestarias, en concreto con relación con las diferenciaciones detectadas en los Estados miembros que han entrado a formar parte de la UE en la última ampliación, que son incapaces de aplicar los distintos tipos reducidos y que no pueden efectuar la transición a las zonas especiales no incluidas en la Sexta Directiva IVA (es decir, no incluidas en el anexo K o el anexo H) hasta 2007. 
Sobre la base del material que ha de elaborar la Comisión, podremos definir nuestra posición parlamentaria en relación con el tema del IVA cobrado en origen o al consumidor, y examinar después si, dentro del espíritu de la subsidiariedad, necesitamos o no fijar un tipo mínimo y un máximo a escala comunitaria, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, si debemos utilizar un tipo tasa normal o implícito –es decir, el tipo real convertido– para estos tipos de IVA. 
Otro tema adicional que debe debatir el Parlamento en los años venideros a la luz de la eficiencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es el grado de libertad que hay que conceder a los Estados miembros para la posible reducción de los tipos de IVA, y si los tipos normales o las exenciones individuales respecto de los tipos normales es muy probable que distorsionen el mercado (en el caso de que lo distorsionen). 
Al mismo tiempo, también podríamos examinar el tema de si la prioridad asignada al impuesto al consumo –a costa de los impuestos directos, y principalmente impuestos que gravan la mano de obra– puede ayudar realmente a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de Lisboa en materia de empleo. 
Estos serían los temas del próximo debate, al que hay que conceder tiempo suficiente. 
Estoy seguro de que un buen informe sobre los antecedentes, elaborado por la comisión, puede ser de utilidad para el Parlamento en este tema y estaremos en condiciones de aceptar una posición estudiada incluso antes de 2010, pero en este punto todavía proponemos una prórroga, con la modificación de que hemos de fijar el nivel máximo en el 25 %. 
Mi segundo informe se refiere a las devoluciones del IVA. 
La modificación de la Octava Directiva, que tenemos sobre la mesa, forma parte de un paquete triple de modificaciones, altamente significativo, presentado por la Comisión en octubre de 2004, cuyo efecto ha sido ampliado por la Comisión actual, y que se ha hecho famoso por el sistema de ventanilla única. 
El Parlamento ya ha aprobado una posición sobre este tema, así como sobre la cooperación fiscal entre los Estados miembros, en conjunción con dos informes presentados al Parlamento, y ahora me complace que a petición del Consejo estemos en condiciones de expresar nuestras opiniones, incluso con carácter retroactivo, acerca de la Octava Directiva sobre las devoluciones del IVA. 
Antes que nada, quiero declarar que estamos totalmente de acuerdo con el enfoque que tiene la Comisión de todo el paquete propuesto, incluida la modificación de la Octava Directiva, ya que ayuda a las empresas a recaudar el IVA pendiente de otros Estados miembros, y agiliza asimismo este proceso haciendo uso de métodos electrónicos. 
Hasta ahora, la recaudación solo ha sido posible en el caso de que una entidad estuviera registrada a efectos del IVA en otro Estado miembro. 
Muchos han rehusado seguir este proceso largo y costoso, y en la mayoría de los casos el IVA pendiente no ha sido recaudado en absoluto, ya que el procedimiento administrativo habría costado más que la cantidad real de IVA pendiente. 
La modificación actual mejorará ante todo la situación de las pequeñas y medianas empresas, que han sido las que han encontrado mayor dificultad para sostener el aparato necesario para las devoluciones de una manera económica. 
El planteamiento del Consejo, asignando un periodo de tres meses para que las autoridades competentes evalúen una reclamación, parece también favorable a la pequeña empresa. 
Apoyamos igualmente la propuesta de que se abone una multa mensual muy estricta por las autoridades fiscales competentes por cada mes transcurrido después de la expiración del plazo. 
No hemos aceptado la enmienda propuesta que pretendía dejar la reglamentación de este tema en manos de cada Estado miembro. 
Nuestras enmiendas propuestas también han sido formuladas en consonancia con este planteamiento de la Comisión, ya que hemos hecho hincapié en que, junto a la protección de la empresa, las obligaciones de las autoridades fiscales de los Estados miembros tienen que expresarse de manera clara, con rectificaciones cuando proceda, y límites de tiempo específicos para la presentación, el estudio, la toma de decisiones y la devolución. 
Ese es el contenido de nuestras enmiendas. 
Hemos especificado asimismo por separado que el período de investigación de tres meses no puede volver a iniciarse ni siquiera en el caso de consultas, solicitudes de información adicional o cualquier otro problema –tal como se desprende de la propuesta de la Comisión– ya que, a nuestro juicio, el procedimiento completo no puede sobrepasar los cuatro meses, ni siquiera en presencia de tales problemas. 
Nuestra propuesta pretende evitar retrasos innecesarios durante el período de devolución y tener el dinero en Fondos del Tesoro. 
Aunque, por motivos legales, no hemos logrado incluir esto en nuestra opinión como propuesta formal de enmienda, espero que como parte del paquete, como parte del paquete global de una sola ventanilla, aumente la agilidad de colaboración entre las autoridades, ya que esto contribuye a evitar problemas de tesorería a las pequeñas empresas, problemas relacionados con el derecho a devoluciones de IVA y la determinación de las tasas, e incluso abusos, ya que el fraude y la formación de empresas ficticias surge, con mucha frecuencia, del intento de reclamar un IVA de exportación ficticio. 
Espero que en el transcurso del debate del Consejo, el límite de tiempo de 10 a 40 días para el envío de datos electrónicos, suministrado a las autoridades fiscales en el país de residencia, pueda acortarse en lo que respecta al límite superior de los 40 días. 
No obstante, la prioridad estriba en poner en práctica el paquete lo antes posible, y esperamos que dentro de unos pocos años (nosotros hemos solicitado cuatro años en relación con la ventanilla única) , estemos en condiciones de evaluar la ejecución sobre la base del informe de la Comisión. 
Estoy seguro de que el procedimiento (y la detección de los abusos) puede agilizarse en el futuro utilizando algún tipo de base de datos compartida –o mediante el acceso más sencillo a las bases de datos de otros Estados miembros–, pero eso va a exigir la creación de un gran número de mecanismos legales para la protección de datos y otros asuntos, que deberán estudiarse después de la primera evaluación. 
Por tanto, de momento, la cuestión más importante es que esta propuesta válida se ponga en práctica lo antes posible, y que nuestras empresas puedan beneficiarse de sus ventajas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hemos querido aprovechar los dos informes de nuestro colega diputado, el señor Becsey, sobre el tema del IVA para presentar una pregunta oral a esta Asamblea a la que, espero, siga la aprobación de una resolución. 
Por lo que respecta, efectivamente, al sistema de tipos reducidos de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, nos encontramos en una situación económica, social, política y jurídica que es incómoda, por decirlo de una manera suave, si no francamente compleja. 
Hoy nos enfrentamos a un sistema que ha sido prorrogado en dos ocasiones. 
Después se nos presentó una propuesta de la Comisión fechada en 2003, a la que los diputados a nuestro Parlamento votaron a favor de manera casi unánime el 4 de diciembre de 2003 y que, desde entonces, ha estado bloqueada por el Consejo. 
Muchas veces se nos dice que legislar mejor implica que el Parlamento trabaje con mayor celeridad, pero a veces tengo la impresión de que deberíamos conocer cómo se desarrollan las cosas desde la perspectiva del Consejo. 
Estamos aquí en el mundo de la unanimidad y, aun cuando determinados Estados miembros intervengan estrictamente sobre la base de los intereses nacionales aprovechando los tipos del IVA, están bloqueando la prórroga de este sistema en el Consejo, un sistema que ha demostrado su valía. 
De hecho, este sistema nos permite mantener el empleo, combatir el trabajo ilegal y organizar el sistema fiscal de manera más coherente a escala de los Estados miembros. 
Esa es la razón por la que nuestra comisión ha querido presentar esta pregunta oral, mediante la cual apoyamos plenamente la iniciativa de la Comisión y los sucesivos esfuerzos de la Presidencias luxemburguesa y británica, las cuales han puesto sobre la mesa una propuesta de compromiso que respeta plenamente los deseos expresados por este Parlamento desde 2003. 
Hoy nos encontramos entre la espada y la pared: este sistema prorrogado en dos ocasiones expira a finales de año y, en nueve Estados miembros, sectores enteros siguen sin saber, en estos instantes, qué sistema impositivo se les va a aplicar a partir del 1 de enero del año próximo. 
Nos encontramos hoy en vísperas del Consejo del ECOFIN en el que, espero, los Ministros Economía y Hacienda van a escuchar la señal bien audible que esta Asamblea desea enviarles por medio de esta pregunta oral, así como a través de varias declaraciones escritas, que han sido presentadas en el Registro de nuestro Parlamento con la firma de un gran número de diputados. 
La propuesta de Luxemburgo, asumida por la Presidencia británica, permite clarificar, simplificar, armonizar y poner en uso general lo que hasta ahora ha sido un simple experimento. 
Para el sector de la construcción y de los servicios domésticos, sobre todo es cuestión de prorrogar los tipos reducidos de IVA. 
Se trata de prorrogar un mecanismo más flexible y de hacer planes para que este mecanismo sea prorrogado hasta 2015. 
Es cuestión de desechar coherentemente lo que está incluido en el célebre anexo H. Con respecto a la iniciativa de la Presidencia del Reino Unido, consiste en evaluar el mecanismo entero cada cinco años. 
Me parece que tenemos delante unas propuestas equilibradas que van a permitir, repito, mantener el empleo en sectores con fuerte intensidad de mano de obra –aquí es donde entra la coherencia del mecanismo fiscal propuesto– para combatir el trabajo ilegal y contribuir a lo que probablemente se convierta en el lema de esta Cámara –y espero que, más allá de esta Cámara, del Consejo– a saber, legislar mejor y los objetivos de Lisboa. 
Permítanme decir de nuevo al Consejo, aunque constato que no está representado aquí esta mañana, lo importante que es lograr el acuerdo de los Ministros de Economía y Hacienda. 
Pienso que la solidaridad, que también debe presidir la labor de este órgano colegiado, debería cuando menos, en caso de que la propuesta de Luxemburgo y del Reino Unido lamentablemente no consiguiera obtener una aprobación unánime, conducir a otra prórroga de un año del sistema en su versión actual. 
Esa sería la solución «menos mala». 
Señor Presidente, antes de abordar mis observaciones preliminares, quiero disculparme ante usted y sus Señorías por el retraso. 
Hemos tenido problemas con el tráfico, pero ya estoy aquí para explicarles la posición de la Comisión. 
Quiero expresar mi agradecimiento al ponente, el señor Becsey, por sus dos informes, y a la señora Berès por la pregunta oral sobre una cuestión tan importante, que me preocupa muy especialmente. 
Primero comentaré la propuesta sobre el nivel mínimo del tipo normal del IVA. 
Pasaré luego a comentar la pregunta oral y la propuesta de resolución relativa a unos tipos reducidos de IVA. 
Por último, comentaré brevemente la propuesta de una octava directiva sobre el IVA, que forma parte del régimen de ventanilla única ampliamente debatido en esta Cámara el pasado mes de septiembre. 
La Comisión agradece al Parlamento Europeo la rápida tramitación de la propuesta de un nivel mínimo del tipo normal del IVA y en particular al ponente, el señor Becsey, su contribución activa y positiva. 
Esta propuesta tiene que aprobarse urgentemente, puesto que las disposiciones vigentes dejarán de existir el 31 de diciembre de 2005. 
De no tomarse una decisión rápida, se crearía una laguna jurídica en la legislación comunitaria. 
Las normas relativas al tipo impositivo normal del IVA actualmente en vigor, combinadas con los mecanismos del régimen transitorio, han funcionado por ahora de una manera aceptable. 
Por consiguiente, lo correcto sería mantener el nivel mínimo del tipo impositivo normal en un 15 % durante otro período de cinco años para abarcar la aplicación ya iniciada de la estrategia encaminada a simplificar y modernizar la legislación comunitaria actual en materia de IVA. 
Para su información, la propuesta ha recibido una acogida positiva en el Comité Económico y Social europeo. 
El Comité ha reconocido que en las circunstancias actuales –es decir, con el requisito de unanimidad– la propuesta de la Comisión es la mejor forma de proceder. 
Quiero insistir en que, aunque entiendo plenamente la preocupación de sus Señorías por el hecho de que el Consejo no haya tomado una decisión todavía, cuando solo queda un mes para que expire el período de vigencia de los tipos reducidos aplicados a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra, no creo que la propuesta actual pueda resolver este problema. 
Por consiguiente, pido encarecidamente a sus Señorías que no relacionen este informe con los debates sobre el ámbito de aplicación de los tipos reducidos de IVA que tienen lugar actualmente en el Consejo, partiendo de la base de la propuesta de compromiso de 2003 de la Comisión. 
Paso ahora a la pregunta oral y a la propuesta de resolución relativa a la aplicación de tipos reducidos de IVA a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
Quiero agradecerles que hayan formulado esta pregunta a la Comisión. 
Soy consciente de que se trata de una cuestión que preocupa mucho a los ciudadanos y a las empresas. 
A mí también me preocupa mucho, porque el régimen actual de aplicación de tipos reducidos de IVA a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra expirará a finales de este año. 
Agradezco mucho a la Presidencia británica sus esfuerzos por encontrar una solución de compromiso para los tipos reducidos de IVA. 
Esta cuestión se debatió en el Consejo Ecofin de 8 de noviembre y se volverá a debatir el 6 de diciembre. 
Sería bueno que el Consejo tomara una decisión antes de fin de año sobre la aplicación de tipos reducidos a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
Las empresas están muy preocupadas porque necesitan seguridad jurídica. 
Puedo asegurarles que la Comisión hará todo lo posible para ayudar a la Presidencia a llegar a una conclusión sobre esta cuestión. 
Sin entrar en detalles sobre el compromiso de la Presidencia, quiero explicar las dificultades que han surgido en anteriores debates sobre esta cuestión. 
Algunas delegaciones rechazan cualquier prórroga del Anexo H por razones de principio. 
Tengo que decir que realmente no entiendo esa posición. 
Los tipos reducidos que figuran en el Anexo H son opcionales, de manera que, aparte de algunas categorías en las que se aplican mayormente tipos reducidos en toda Europa, ya existen grandes disparidades entre Estados miembros. 
Si tenemos en cuenta las numerosas derogaciones específicas concedidas a algunos Estados miembros, esas disparidades resultan aún mayores. 
Los servicios de restauración son un buen ejemplo de ello. 
En la actualidad, la mitad de los Estados miembros aplican tipos reducidos a los servicios de restauración en virtud de derogaciones especiales, cosa que no ha motivado ninguna queja ni una distorsión de la competencia. 
¿Por qué no ofrecemos pues a todos los Estados miembros la oportunidad de aplicar un tipo reducido en ese sector si así quieren hacerlo? 
Algunos Estados miembros insisten en que se aumente la subsidiariedad. 
Hay que tener en cuenta asimismo las consecuencias presupuestarias de la aplicación de tipos reducidos adicionales. 
En mi opinión, son muy pocos los sectores realmente relevantes a este respecto. 
En principio, solo los servicios de restauración y el sector de la construcción podrían tener una repercusión presupuestaria importante. 
Por ejemplo, en lo que respecta al sector de la construcción, el Consejo podría considerar criterios para restringir el ámbito de aplicación de los tipos reducidos, con objeto de limitar sus posibles repercusiones presupuestarias, limitando por ejemplo el tipo reducido a edificios de cierta antigüedad. 
Quiero insistir en la importancia económica del sector de la construcción. 
Ustedes saben que la Comisión ha tenido siempre dudas sobre los efectos positivos para el empleo de la introducción de tipos reducidos de IVA. Y las sigue teniendo. 
No obstante, tenemos que darnos cuenta de que, al menos en este sector, el tipo de IVA desempeña un papel importante. 
A diferencia de lo que sucedería si se redujera el tipo impositivo, su aumento con la reintroducción del tipo normal comportaría una subida inmediata de los precios al consumo. Eso tendría consecuencias negativas para el empleo y podría incluso fomentar la economía sumergida en los Estados miembros afectados. 
Soy consciente de que las empresas, los Estados miembros afectados y el Parlamento Europeo están muy preocupados por todo esto. 
Así pues, considero que existen argumentos políticos y económicos de peso para permitir que al menos las cosas sigan como hasta ahora en este sector. 
No obstante, hay algunas condiciones. 
Primero, solo los servicios prestados localmente deberían añadirse al ámbito de aplicación actual de las disposiciones sobre tipos reducidos de IVA. 
Los tipos reducidos no deben aplicarse a nuevas categorías de bienes, porque el riesgo de crear distorsiones de la competencia es demasiado grande. 
Segundo, la simple prórroga de los tipos reducidos experimentales actuales para los servicios con fuerte intensidad de mano de obra no es factible ni conveniente. 
Aunque en un principio me tentó esa solución, tenemos que reconocer que es iluso pensar que una mera prórroga tiene más posibilidades de ser aprobada por unanimidad en el Consejo que el compromiso que se está considerando actualmente. 
Además, este experimento se ha limitado a nueve Estados miembros y la mera prórroga solo alargaría el trato desigual de los Estados miembros. 
Tengo que insistir en que el Consejo ha tenido ya más de dos años para tomar una decisión. No debe eludir sus responsabilidades una vez más. 
Tercero, el compromiso debe ser justo en el sentido de que debe representar un paso hacia el tratamiento igualitario de todos los Estados miembros. 
En mi opinión, la propuesta de la Presidencia británica de ampliar en un principio las derogaciones que tienen un plazo limitado a los nuevos Estados miembros hasta 2015, contribuiría precisamente a ese objetivo. 
Sé que algunas de sus Señorías no estarán totalmente de acuerdo con esta línea de argumentación, sobre todo en lo que respecta a la ampliación a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
Permítanme, por tanto, que aproveche esta oportunidad para recordarles que cuando el Consejo aceptó la segunda ampliación de los tipos reducidos a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra durante dos años más, la Comisión consideró que debían ofrecerse las mismas posibilidades a los nuevos Estados miembros. 
En el momento de las negociaciones de preadhesión, la posibilidad de aplicar tipos reducidos a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra no se consideró relevante, puesto que el experimento debía finalizar el 31 de diciembre de 2003; es decir, antes de la ampliación de la UE. 
Por consiguiente, la ampliación de las medidas constituía un nuevo elemento que exigiría reconsiderar la situación. 
Está claro que la situación no es la misma que en 2003 y, por tanto, es muy poco probable que el Consejo solicite a la Comisión, como hizo entonces por unanimidad, que proponga una ampliación. 
Además, la simple ampliación del experimento a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra no ofrece soluciones para la demanda generalizada de incluir también a los servicios de restauración en el ámbito de aplicación de los tipos reducidos, porque actualmente no figuran en el Anexo K. 
Para terminar, considero imperativo que el Consejo trace ahora las líneas de un compromiso factible con vistas a tomar una decisión política en diciembre durante el último Consejo Ecofin que se celebre bajo la Presidencia británica. 
No obstante, la Comisión está en manos del Consejo y no podemos hacer otra cosa que ayudar en la medida de lo posible al Consejo para que alcance un acuerdo. 
Como Comisario responsable de la fiscalidad, puedo asegurarles que la Comisión está dispuesta a poner todo de su parte y a demostrar la máxima flexibilidad durante el Consejo Ecofin de 6 de diciembre, para ayudar a alcanzar un acuerdo unánime sobre la base del compromiso británico. 
Por último, quiero hacer un breve comentario sobre la octava propuesta de directiva. 
En varias ocasiones he insistido en que una de las formas de conseguir los Objetivos de Lisboa es reduciendo las cargas administrativas transfronterizas y los costes del cumplimiento de la normativa para facilitar las actividades comunitarias de las empresas. 
Hoy podremos dar un paso más hacia este objetivo. La propuesta que hoy presentamos forma parte de un paquete más grande conocido como el régimen único. 
Las otras partes de la propuesta general –las medidas de simplificación, en virtud de las cuales los sujetos fiscales pueden quedar exentos de sus obligaciones del IVA en los Estados miembros de establecimiento, y las reglas que rigen el intercambio de información entre los Estados miembros– fueron aprobadas por el Parlamento Europeo en septiembre. 
Esta parte de la propuesta trata de reformar el procedimiento de devolución del IVA a los comerciantes que tienen que reclamar su IVA en otro Estado miembro distinto al Estado en el que están establecidos. 
El gravoso sistema de devolución basado en papel y contemplado en la octava directiva será sustituido por un procedimiento totalmente electrónico. 
En virtud de la nueva propuesta se podrá acelerar considerablemente el procedimiento de devolución del IVA. Eso beneficiará especialmente a las pequeñas y medianas empresas. 
En este sentido, celebro la contribución positiva del ponente, aunque no puedo aceptar las enmiendas propuestas. 
La mayoría de las cuestiones se abordan ya en la propuesta de la Comisión sobre la ventanilla única. 
Por todo ello, les invito a apoyar la posición original de la Comisión. 
Ahora escucharé con interés su opinión sobre los tres informes relativos al IVA que figuran en el orden del día de esta sesión y en mis comentarios finales expresaré mi opinión sobre las enmiendas que se han presentado. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, le agradezco, señor Comisario, que nos haya infundido esperanza con su discurso. 
Creo que podemos ser todo lo optimistas que podamos con respecto a la legislación sobre el IVA, porque, aunque todo el mundo habla de legislar mejor y de gobernanza, vemos que en dos de los tres puntos del orden del día ocurre precisamente lo contrario. 
Acojo con satisfacción la simplificación de los reglamentos sobre la devolución de IVA para los sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro. 
Ahora todas las empresas, incluidas las más pequeñas y también todas las PYME, tendrán la oportunidad de reclamar la devolución de su dinero en un período de tiempo aceptable. 
Aquellos de nosotros que somos miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no podemos más que apoyar esta decisión. 
Sin embargo, también existe una propuesta para ampliar el umbral del tipo normal del IVA. 
Sin duda, resulta positivo que se proponga esta prórroga, y la apoyamos, pero nos parece un poco dramático introducir una medida de este tipo menos de 30 días antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de su sucesora. 
De cualquier manera, todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. 
Se tomará una decisión en una fecha posterior, tras la cual todos podrán relajarse durante otros cinco años. 
No obstante, peores son las dificultades –y no puedo calificarlas de otra manera– en torno al Anexo K y, de manera indirecta, también en torno al Anexo H de la sexta Directiva del IVA. 
El experimento con el IVA reducido para los servicios con fuerte intensidad de mano de obra ya dura el doble de tiempo de lo inicialmente previsto. 
Ocurre que el Consejo no es capaz de realizar una evaluación y tomar decisiones. 
Los sectores en los que en la Comisión y el Parlamento depositamos en 2003 la esperanza de un tipo reducido de IVA –la industria hotelera y de servicios de restauración, el sector de la construcción, pero también las empresas de lavandería y mantenimiento de jardines– siguen todos ellos en compás de espera. 
El Consejo no dice ni «sí» ni «no» ; el Consejo no se decide y está ausente de esta Cámara. 
Estamos creando incertidumbre, y la incertidumbre es perjudicial para el desarrollo económico. 
Esto es inadmisible en un momento en el que estamos desesperados por lograr crecimiento y más empleo. 
Señor Comisario, contamos con su apoyo en el debate con el Consejo. 
Por lo demás, apoyamos plenamente los dos informes Becsey y la resolución vinculada a la pregunta oral. 
Señor Presidente, he sido yo quien ha aplaudido, y lo he hecho porque estaba plenamente de acuerdo con lo que ha dicho la señora Thyssen. 
En primer lugar, permítanme elogiar al ponente, el señor Becsey, que ha defendido su postura en este tema tan complicado y que se ha convertido en nuestro experto en IVA en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Apoyamos su informe y también lo que han dicho otros respecto a la devolución del IVA. 
Realmente es vital que esto se introduzca de manera más rápida y sencilla para las empresas que operan en otros países; de otro modo, el mercado interior en Europa será una farsa. 
El otro informe tiene que ver con la pregunta oral que hemos presentado y los plazos en los que deben abordarse ciertas cuestiones. 
Estoy totalmente de acuerdo con la señora Thyssen cuando dice que es ridículo que ahora, cuando falta solo un mes, siga habiendo incertidumbre, especialmente en los sectores de servicios con fuerte intensidad de mano de obra, que todavía no saben a qué atenerse. 
Esto no puede reprocharse al Comisario; el Consejo es el órgano jurídico responsable de esta cuestión y no es capaz de establecer un reglamento. 
He tomado la palabra para defender los servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
Lo ideal para mí sería verlos incorporados en el Anexo H, es decir, en la solución estructural. 
Espero que, en cualquier caso, nuestro llamamiento en esta Cámara sea el último empujón necesario para asegurar un acuerdo, y que se encuentre tiempo para debatir esta cuestión el próximo año. 
Yo, por lo pronto, estoy a favor de celebrar este debate con un fundamento mucho más amplio. 
Creo que la totalidad del debate sobre la sustitución de los impuestos indirectos por los directos, asunto al que su Primer Ministro, el señor Verhofstadt, se ha referido una vez más de manera muy explícita, tiene que ver con el modo en el que tratamos estos tipos impositivos de manera estructural. 
Por este motivo me uno al señor Becsey al decir que no estoy a favor de formular un tipo máximo en este período intermedio y que estoy totalmente a favor de permitir las aplicación de estos tipos estructurales bajos. 
Si quieren cambiar los impuestos directos por los indirectos, que realmente puede ser muy ventajoso, también hay que diferenciar los tipos. 
Los tipos bajos se aplican por razones sociales, de empleo y con el fin de regular e impedir el pluriempleo. 
Todos estos son elementos que deberían tenerse en cuenta. 
Quizás deberían aplicarse tipos superiores a ciertos elementos de lujo o que contaminan el medio ambiente. 
Creo que este debate estructural debería celebrarse el año que viene y espero que este Comisario pueda darle el empuje inicial a esta cuestión. 
Espero que los Estados miembros no se escondan cada vez tras la norma de la unanimidad y la opción de que disponen de poner todo tipo de trabas y concluir tratos bajo mano. 
Me uno a la señora Berès en lo que ha dicho anteriormente y digo que no considero que esto sea gobernanza o legislar mejor. 
. 
Yo también quiero expresar mi gratitud a mi colega el señor Becsey por su trabajo en relación con la cuestión del impuesto sobre el valor añadido y los documentos asociados. 
Hoy estamos debatiendo un impuesto de importancia paneuropea. 
A pesar de que la Unión Europea no comparte una política fiscal común, el impuesto sobre el valor añadido es una fuente de financiación clave para el presupuesto de la Unión Europea. 
Ya en 1977, tras la adopción de la sexta Directiva del impuesto sobre el valor añadido, se realizaron intentos para crear, en sentido general, un impuesto común sobre el valor añadido con el fin de garantizar la estabilidad de los pagos al presupuesto de la Unión Europea. 
El trabajo en este ámbito ha arrojado resultados significativos; no obstante, el sistema actual de tipos de IVA todavía prevé excepciones en forma de tipos de IVA considerablemente más bajos que se aplican a ciertos productos y servicios. 
Además, no se trata únicamente de los productos específicos que están sujetos a estos tipos de IVA en Estados miembros distintos, sino también de las condiciones de validez variables de estas excepciones. 
Un sistema tan complicado plantea problemas de previsión de flujos presupuestarios a largo plazo y también crea condiciones potencialmente distintas en las que los Estados miembros aplicarían las disposiciones de la Directiva sobre el IVA. 
Por lo tanto, quisiera proponer y apoyar esas propuestas, que la Comisión Europea revise y elabore una lista común de productos y servicios que estarían sujetos a tipos más bajos; además, la Comisión debería evaluar el impacto macroeconómico en los distintos países y sus experiencias para garantizar la validez de la lista a largo plazo en lugar de temporalmente, a menos que se especifique de otro por acuerdo mutuo. 
La introducción de una lista común ayudaría a evitar la práctica viciada de algunos países de aplicar tipos más bajos estableciendo excepciones, mientras otros países no pueden aplicar dichos tipos. 
Sin duda, una lista común también garantizaría la estabilidad de los ingresos en el presupuesto de la Unión Europea, puesto que facilitaría la previsión de flujos financieros a largo plazo. 
. –Señor Presidente, con respecto al tema de los tipos reducidos de IVA aplicados a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra, ha pasado ya casi un año desde que el Parlamento aprobó un informe, del que yo fui ponente, en el que apoyaba sin reservas el principio de que todos los Estados miembros deben tener derecho a aplicar el régimen. 
Es decepcionante comprobar que no se ha hecho ningún progreso en el último año. 
Ya dije en su momento que, por supuesto, debe existir igualdad entre los Estados miembros, pero también que debemos insistir al Consejo en que convierta este principio en elemento permanente de nuestras esperanzas de conseguir la Estrategia de Lisboa. 
Reconozco que puede que sea difícil cuantificar los beneficios en términos de creación de empleo, pero estoy también convencido de que si de pronto se volviera a aplicar el IVA a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra, el efecto sería negativo. 
Sé por mi experiencia personal en una pequeña empresa del sector de la construcción que la obligación de aplicar el tipo completo del IVA influye en la elección del consumidor. 
En un gran número de casos, los consumidores optan por ir a donde no se aplica el IVA. 
Esta resolución, que todos los Grupos han apoyado y que votaremos hoy, es razonable. 
Es lo menos que podemos esperar del Consejo si no queremos que se produzca una rápida crisis en cuanto se ponga fin a este régimen, en el que espero que se pueda alentar la participación más plena de los Estados miembros, de manera que podamos obtener datos sobre los efectos beneficiosos, que estoy seguro que pueden cuantificarse. 
. – Señor Presidente, los impuestos indirectos son una palanca fundamental para recortar los ingresos del pueblo, y por lo tanto son antipopulares. 
Las exenciones fiscales constantes para las grandes empresas y sus beneficios, so pretexto de incrementar las inversiones, vienen acompañadas de un incremento simultáneo de los impuestos indirectos y una reducción de los ingresos del pueblo. 
Por ese motivo expresamos nuestra oposición respecto a cualquier tipo de impuesto indirecto, y en especial, al sistema del impuesto sobre el valor añadido tal y como funciona actualmente. 
Recientemente en mi país, el Gobierno griego, aplicando fielmente los dictados del Pacto de Estabilidad, aumentó el IVA un uno por ciento. 
Al mismo tiempo, algunos dicen que puede que haya otra subida debido a presiones de la Comisión. 
Sin duda, en beneficio de las empresas, se ha promovido una rebaja de impuestos de un 10 %. 
Es irónico, pero puede que en última instancia lleguemos a la paradójica postura de estar a favor de un umbral del 25 % del IVA, porque entonces estaremos seguros de que no subirá más. 
Los tipos del 15 al 25 %, que no permiten una distinción entre necesidades inmediatas y lujos, los tipos uniformes que exigen que el trabajador pobre y el empresario rico paguen el mismo impuesto especial y gravan la pasta de dientes con el mismo tipo que los yates, a menudo son más altos que los tipos con los que se grava directamente a las grandes empresas. 
Incluso existen propuestas para eliminar los impuestos directos progresivos y crear un tipo estándar que sea el mismo que para los impuestos indirectos. 
El hecho de que la directiva experimental que permite un tipo de IVA inferior para los servicios con fuerte intensidad de mano de obra no pueda aplicarse de modo general es típico de la estrategia uniforme de las grandes empresas y de las luchas internas capitalistas. 
El período de aplicación de esta Directiva, que permite a los Estados miembros aplicar tipos reducidos de IVA a ciertas actividades para que puedan mantenerse al mismo tiempo los empleos correspondientes, se ha ampliado en dos ocasiones. 
Hasta ahora no se ha podido aplicar de modo general a todos los Estados miembros, que es precisamente el motivo por el que es representativo de los desacuerdos. 
Estamos luchando junto con los trabajadores por la protección de los ingresos de las clases populares, por la eliminación de los impuestos indirectos y la aplicación de una política progresiva del impuesto sobre la renta y el capital para que los trabajadores, pensionistas, desempleados y el pueblo dejen de soportar el precio y para hacer que los impuestos dejen de ser una de las herramientas de redistribución de los ingresos de los trabajadores en beneficio de las grandes empresas. 
– Señor Presidente, el informe del señor Becsey sobre el nivel mínimo del tipo impositivo normal dice que el objetivo fundamental del Parlamento Europeo es contribuir a favorecer la productividad económica y el índice de crecimiento en la UE. 
Aunque esos son sentimientos nobles, espero que me permitan ofrecerles algunos consejos de carácter general. 
Las previsiones actuales de crecimiento en 2006 para la zona del euro se sitúan, según las estimaciones del FMI, en torno al 1,8 %, obteniendo las economías más grandes los peores resultados. 
El débil crecimiento está lejos de ser suficiente para mantener el programa social de la UE. 
La Comisión sugiere que un recorte en el impuesto sobre la renta del 1 % del PIB produciría un aumento desproporcionado del crecimiento. 
Por tanto, debería utilizarse un régimen único del IVA para pasar de los impuestos directos a los indirectos. 
Lamentablemente, no existen pruebas incuestionables de que ese crecimiento se produciría. 
Además, este cambio implica una redistribución de los pobres a los ricos, como la Política Agrícola Común, que recompensa a los propietarios de tierras más que a los agricultores. 
¿Es eso realmente lo que queremos? 
Quiero sugerir que en lugar de tratar de unificar la fiscalidad, nuestros socios en la Comisión deben dejarla tranquila. 
¿No se dan cuenta de que su obsesivo afán de una ilusoria igualdad de condiciones para todos y sus políticas introspectivas basadas en la regulación están frenando el crecimiento en lugar de estimularlo? 
La Directiva sobre tiempos de trabajo, la Directiva sobre trabajadores temporales o la Política Agrícola Común son ejemplos de una Unión Europea que se resiste a despertar a la realidad de los mercados mundiales, el libre comercio y la eficiencia, aspirando en su lugar a un modelo social desfasado que no tiene cabida en la economía mundial. 
La armonización debe ocupar el último lugar en el programa de trabajo de cualquier Gobierno nacional que desee promover el crecimiento económico en su país. 
En cambio, una dosis de verdadera desregulación daría unos resultados estupendos. 
Recuerdo al señor Whittaker que las encuestas mundiales indican que Europa es la región más atractiva en todo el mundo. 
La mayoría de la población mundial preferiría vivir en Europa, incluso por encima de América. 
De ello se desprende que el sistema europeo no puede ser tan malo. 
Señor Presidente, el uso que hace de su liderazgo para realizar declaraciones políticas puede considerarse una cuestión de imagen, pero estas cosas, por muy técnicas que suenen, afectan a los aspectos fundamentales de nuestra vida como Comunidad. 
También ocurre siempre que las cuestiones relacionadas con el IVA tienen que ver con la justicia. 
No puede pasarse por alto que nuestra Unión Europea está recurriendo, en su debilidad –porque nuestra estructura organizativa ya no tiene fuerza–, a la ayuda artificial proporcionada por el IVA con el fin de poder reunir cierta cantidad de ingresos fiscales que hagan honor al nombre. 
Este es un modo de proceder muy injusto, puesto que, como sabemos, el IVA a menudo afecta a las personas equivocadas. 
Hay dos austriacos que podrían ofrecerle un ejemplo de cómo proceder. 
Ya estarán familiarizados con uno de ellos –Bruno Kreisky–, mientras que todavía tendrán que conocer al otro, Karl-Heinz Grasser. 
Fue Kreisky quien, todos estos últimos años, vio muy claramente que no llegaríamos a ningún sitio con enfoques de este tipo. 
En cambio, debemos centrar nuestros esfuerzos –sobre todo respecto a los tipos de IVA– en el IVA que se aplica en ámbitos en los que podemos recuperar parte de lo que perdemos en otros, por ejemplo las cosas que les gustan mucho a los ricos: limusinas de lujo, yates y segundas residencias. 
El objetivo de la enmienda es poner fin a estas cosas, y esto me parece desatinado. 
Karl-Heinz Grasser está intentando, al menos en Austria –y en este respecto creo que es ejemplar–, impedir que las empresas que operan en a escala internacional cambien el impuesto soportado sin ni siquiera tener que desembolsar ningún IVA. 
Puede que una oportunidad para la próxima presidencia del Consejo sea avanzar, al menos a escala europea, respecto al cierre de las lagunas del IVA. 
Señor Presidente, la mayoría de los oradores anteriores han demostrado que el modo en el que se está gestionando esta cuestión no es profesional, delata una actitud irresponsable hacia los participantes del mercado –tanto empresas como sus clientes– y crea más incertidumbre que claridad. 
En mi opinión, no parece haber ninguna seguridad respecto a planes de futuro, y tampoco el Consejo o la Comisión parecen haber hecho una parte suficiente de sus deberes. 
Si los hubieran hecho, no habría tal lío de informes, retrasos y prórrogas de acuerdos provisionales sin encontrar ninguna solución real. 
En alemán, la palabra tiene un significado doble: no solo se asocia a los impuestos, sino también a la dirección. 
Los impuestos dirigen. 
La política fiscal es un instrumento político para dirigir la economía, y si no existe una mayor claridad respecto a la misma en el ámbito europeo, si no se nos proporciona más poder para gestionarla, si no existe un debate amplio sobre ella, si no se nos proporciona una base uniforme de evaluación para la fiscalidad de las empresas, si no cerramos las lagunas fiscales, si no existen acuerdos fiscales uniformes respecto a planes de pensiones ocupacionales, entonces no podremos lograr muchos de nuestros objetivos políticos respecto al crecimiento y al empleo, puesto que no estaremos en posesión de los medios para hacerlo. 
Por ello, solicito un debate exhaustivo sobre los impuestos, que no se limite a aspectos aislados del tema. 
Lo que defiendo es un enfoque a largo plazo respecto a los impuestos, acordado entre los Estados miembros y no hecho en el último minuto, para finalmente prorrogarlo y que de ese modo no aporte ninguna solución. 
Ambos ejemplos nos demuestran que el resultado de lo que estamos debatiendo ahora será un mero acuerdo provisional que no nos llevará más lejos. 
Señor Presidente, señor Comisario, es bastante asombroso –como ha dicho el orador anterior, el señor Rosati– y decepcionante que estemos debatiendo, cuatro semanas antes de finales de año, algo que debería haberse resuelto hace mucho tiempo. 
La realidad es que las normas especiales introducidas en 1999 –durante un período de tres años en principio– respecto a los tipos reducidos del IVA se aplicaron únicamente en algunos Estados miembros y a ciertos servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
El plazo original se prorrogó repetidas veces a su término, lo cual indicaba que ni siquiera en el pasado había sido posible llegar a una solución definitiva. 
Si no se llega a otra decisión, esta norma dejará de aplicarse a finales de este año. 
Lo que sabemos es que las expectativas planteadas con la introducción de las normas especiales solo se han cumplido –en el mejor de los casos– parcialmente. 
Fue en 2003 cuando la Comisión estableció que los tipos reducidos de IVA no se estaban reflejando en precios más bajos y que apenas tenían una influencia perceptible en la situación laboral. 
Esto fue lo que llevó a mi Grupo a apoyar la propuesta de resolución conjunta de todos los partidos, que dependía del cumplimiento de varias condiciones. 
La primera de ellas fue que la prórroga fuera una situación puntual, efectiva únicamente hasta finales del año siguiente. 
En segundo lugar, que la Comisión iniciara un estudio exhaustivo de la eficacia de la medida. 
En tercer lugar, tras el final del período de ampliación, es decir, a partir de finales del año siguiente, los únicos ámbitos que se beneficiarían del tipo reducido de IVA serían aquellos en los que la reducción hubiera tenido un efecto positivo demostrable sobre los precios y el empleo. 
Así, en esos ámbitos, el acuerdo especial se haría permanente, y otros ámbitos en los que no hubiera sido efectivo quedarían excluidos del mismo para siempre. 
También se permitiría a los nuevos Estados miembros aplicar el tipo reducido para que no hubiera distorsiones de la competencia en la UE. 
Solicitamos una votación por partes respecto al apartado 2 de la propuesta de resolución común, puesto que las normas llevan en vigor un tiempo considerable y el informe mencionado es, en nuestra opinión, suficientemente detallado y explícito. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿quién se atrevería a anunciar hoy la supresión de 170 000 empleos en los países que llevan establecidos mucho tiempo en nuestra Unión? 
¿Es una locura? 
¿Una aberración? 
No, esto es simplemente lo que está ocurriendo. 
De hecho, si el Consejo ECOFIN del 6 de diciembre no amplía el tipo reducido del IVA, esta situación catastrófica comenzará en 2006. 
La realización en 1999 del experimento de los tipos reducidos del IVA para los servicios con fuerte intensidad de mano de obra ha demostrado su eficacia. 
Ha creado empleos. 
Por ejemplo, en Francia, el BTP (el sector de construcción y obras públicas) calcula que se han creado 60 000 empleos duraderos. 
El experimento también ha contribuido a la lucha contra el trabajo ilegal. 
Siguiendo todavía con Francia, el número de delitos cometidos en el sector de la construcción se ha reducido a la mitad. 
Además, esta medida es beneficiosa en la lucha contra el calentamiento global. 
La aplicación de los tipos reducidos del IVA en el contexto del trabajo para ahorrar energía beneficiaría a los consumidores y empresas afines y representa una fuente potencial de empleos que no puede deslocalizarse. 
¿Qué argumentos más convincentes podría presentar el Consejo a favor del rechazo de la ampliación de los tipos reducidos de IVA? 
En Francia, Señorías, la población ya ha expresado su enfado con una Europa que ya no cumple sus expectativas. 
Por lo tanto, esperamos verdaderamente señales positivas del Consejo en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, el 4 de mayo, tan solo unos días antes del referendo sobre la Constitución Europea, la Presidencia de la UE anunció un acuerdo inminente respecto a los tipos reducidos del IVA para el sector de los servicios de restauración en Francia, tipos que descenderían del 19,6 % al 5,5 %. 
Con el fin de hacer que la gente votara a favor de la Constitución, el Gobierno francés tuvo que confirmar valientemente esta promesa durante toda la campaña, una promesa antigua, en realidad, puesto que ya se había incluido en el programa del candidato presidencial, el señor Chirac, en 2002 e incluso en 1995. 
Del mismo modo, en su proyecto de ley de financiación para 2006, el Gobierno francés, apostando por un acuerdo en el ámbito de la UE, anunció y previó una renovación de un año del tipo reducido del IVA para el trabajo de renovación. 
Está claro que esta promesa de dos caras alimenta un sentimiento permanente de inseguridad respecto a los impuestos, inquieta a los consumidores, y sobre todo, a los profesionales de los sectores implicados. 
Ahora que nuestra población ha rechazado el superestado, ¿no ha llegado la hora de que digamos la verdad a los europeos? 
¿No ha llegado la hora de prever otro tipo de Europa: una Europa de «geometría variable» y «geografía variable»? 
Señor Presidente, coincido de la cruz a la raya con la intervención del señor Becsey, por lo que centraré mi intervención, exclusivamente, en el tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios intensivos en mano de obra. 
Cualquier sondeo que se haga en Europa revela que las preocupaciones de los europeos son dos: encontrar empleo y tener la garantía de que habrá recursos para mantener el Estado de bienestar. 
Para calmar estas inquietudes, ha habido mucha literatura y poca concreción, mucho ruido y pocas nueces. 
Probablemente una de las pocas iniciativas concretas que se han abordado en este ámbito ha sido el establecimiento de un impuesto sobre el valor añadido reducido aplicable a los servicios que crean mano de obra, los servicios que favorecen la contratación de trabajadores, especialmente de los menos cualificados. 
Un tipo reducido del IVA que permite también aflorar recursos, que antes estaban sumergidos, con los que financiar las pensiones del futuro. 
Y un IVA reducido sobre el trabajo que permite reequilibrar la inestable relación entre impuestos que gravan el capital e impuestos que gravan el trabajo. 
Nos encontramos, en este momento, con que este experimento, que empezó en el año 2000, puede finalizar si no se prorroga. 
Y nos encontramos con que el Consejo sigue sin opinión; el Consejo no sabe, no contesta. 
Quiero decirle al señor Comisario que puede hacer mucho más de lo que ha dicho en su exposición. 
El Comisario puede presionar al Consejo: puede decirle que no es una buena idea acabar con este experimento precisamente cuando se incorporan Estados nuevos, en los que los problemas que venimos a solucionar —carencia de empleos, economía sumergida— son más acuciantes que en los Estados viejos, que no es una buena idea acabar con un experimento, lo que puede suponer un incremento de los precios y una reducción del empleo, que no es una buena idea acabar con este experimento precisamente cuando vamos a discutir la Directiva relativa a los servicios, que tanta inquietud ha creado en materia de empleo en los Estados miembros, y puede el señor Comisario decirle que este Parlamento se pronuncia con unanimidad y que a este Parlamento no le gusta que lo tomen a broma, sobre todo cuando, enfrente, no hay una opinión fundada, sentada, por parte del Consejo. 
Señor Presidente, muchas gracias, señor Presidente. 
Me da la impresión de que estamos predicando a los convertidos por la sencilla razón de que el Consejo no está aquí y el Comisario está de acuerdo con la firme postura que estamos adoptando, aunque dice que no cree que la prórroga del experimento sea una solución suficientemente buena. 
Creo que en este momento, a principios de diciembre, también deberíamos considerar esa solución. 
No hay duda de que el Consejo debería tomar nota de nuestra postura, firmemente favorable a la renovación de este régimen, aplicable a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra y que pareció ser un experimento que tuvo éxito y creó nuevos empleos. 
Aparte de esto, este experimento también debería ampliarse y debería ofrecerse como posibilidad a los nuevos Estados miembros. 
La ironía de todo esto es que mientras estamos hablando aquí de tipos inferiores para experimentar con tipos bajos, hay algunos Gobiernos de otros países, incluido el de mi país, Malta, que desde que se unieron a la Unión Europea no solo no han experimentado con tipos fiscales bajos, sino que han aumentado el IVA del quince al dieciocho por ciento. 
También creo que debería ampliarse el abanico de servicios y deberían aplicarse a otros servicios, como los ambientales y de restauración. 
Este experimento ha resultado positivo, y con el fin de garantizar nuestra credibilidad con las personas que nos eligieron y a los que representamos, la Comisión y el Consejo deberían conceder un mayor valor a uno de los pocos experimentos que han tenido verdadero éxito. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, uno mi voz a la de mis colegas, a riesgo de repetir los mismos argumentos y opiniones. 
El experimento de los tipos reducidos de IVA se ha realizado en algunos Estados miembros, pero, lamentablemente para todos esos países, se ha realizado en un momento en el que la economía europea no ha sido especialmente impresionante, en particular en muchos de los Estados miembros más grandes. 
De hecho, en los sectores con fuerte intensidad de mano de obra este experimento ha contribuido todavía más de lo que se había previsto, porque ha mantenido unos niveles de empleo significativos. 
Entre otras cosas, otro argumento a favor de continuar este experimento es el hecho de que la situación económica general de Europa está cambiando ligeramente, aunque de manera muy leve de momento, lo cual quiere decir que el final del experimento tendría efectos desastrosos. 
En segundo lugar, el experimento ha sido positivo, puesto que ha producido cambios de naturaleza estructural en algunos países en espacio de seis años. 
Por ejemplo, en mi país, Italia, el experimento de los tipos reducidos del IVA ha coincidido con una medida que proporciona incentivos para la renovación de edificios a través del impuesto de la renta, cosa que ha tenido un éxito enorme. 
Es un éxito genuino, porque ha permitido que se renueve rápidamente gran parte del patrimonio inmobiliario de Italia y ha mejorado la situación económica y financiera del país. 
Desde el punto de vista financiero, la fórmula del «impuesto sobre la renta- IVA reducido» ha sacado a la luz una cantidad enorme de trabajo no declarado –que puede gravarse en beneficio del propio país–, mientras que, desde el punto de vista económico, esta fórmula ha sido probablemente el ingrediente más importante para mantener la demanda general del país en un momento en el que, en Italia, el consumo es escaso, las inversiones productivas están a la baja y las exportaciones disminuyen. 
Entre las muchas opiniones expresadas, añado las dos mías a favor del experimento. 
Por lo tanto, espero que, también con el apoyo de la Comisión, el Consejo escuche por lo menos la voz del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, aunque apoyo las conclusiones del informe respecto al tipo normal mínimo de IVA, es mi deber compartir algunos problemas que tengo con algunos de los argumentos de nuestro ponente, y me complace contar con el apoyo de la gran mayoría de mi Grupo respecto a esta cuestión. 
Después de mucho pensar, la idea de proponer un máximo del 25 % para el tipo normal de IVA me parece sabia. 
De ese modo tendríamos una especie de pasillo entre el 15 % y el 25 %, algo parecido a la serpiente monetaria en su día. 
Recordemos que el punto de partida en 1992 consistía en avanzar hacia unos tipos de IVA convergentes en el contexto del mercado único. 
Esta convergencia no llegó a producirse realmente, pero la propuesta del Parlamento de establecer un tipo máximo del 25 % podría animarnos de manera decisiva a avanzar en esa dirección e impedir así un desequilibrio demasiado grande entre tipos, algo que es perjudicial. 
Esta es la razón por la que apoyo esta propuesta, que ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y apoyada en dos ocasiones por la Comisión Europea. 
Tampoco voy a disfrazar mis reservas respecto a la idea general, señalada por el ponente en su exposición de motivos, de reestructurar fundamentalmente los sistemas fiscales incrementando los impuestos indirectos a expensas de los impuestos directos. 
De momento, veo muchas más desventajas que ventajas en esto: el peligro de estimular todavía más las presiones inflacionistas, que ya son demasiado evidentes; el peligro de quitarle el impulso a una demanda interna que en muchos casos está exhausta; y el problema relacionado con la igualdad social de dicha reestructuración. 
Por último, permítanme decir algo sobre los tipos reducidos del IVA en relación con las actividades con fuerte intensidad de mano de obra, entre otros ámbitos. 
La no renovación de esta medida, que tiene efectos positivos sobre el empleo, independientemente de la opinión del señor Klinz y otros respecto a la cuestión, no solo sería lamentable, como ha dicho usted, señor Comisario, sino que también sería una verdadera catástrofe para todos los sectores implicados. 
Apoyo a la señora Bérès, que ha explicado de manera competente nuestras preocupaciones con el fin de presionar al Consejo cuando convoque la última reunión el 6 de diciembre para lograr una solución sobre la base de la propuesta de Luxemburgo, que la Presidencia del Reino Unido ha adoptado y reforzado. 
Por ello, espero que nuestra resolución respecto a esta cuestión impresione por fin al Consejo, que sigue sin tener representantes en esta Cámara. 
Tal y como están las cosas, señor Presidente, creo que debería ser posible que los Estados miembros tuvieran más margen para determinar qué sectores se beneficiarán de un tipo reducido, y la causa de los trabajadores franceses de los servicios de restauración, por poner un ejemplo, me parece una de las más meritorias. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a que el nuevo Gobierno alemán demuestre una mayor flexibilidad. 
– Señor Presidente, quiero insistir sobre todo en la necesidad de reembolsar a las organizaciones sin ánimo de lucro o de beneficencia el IVA que pagan. 
Quiero pedir al Comisario Kovács que reitere su apoyo a esta idea, que ya expresó en una conferencia sobre el IVA del Comité Europeo de Asociaciones de Beneficencia celebrada aquí en Bruselas hace dos meses. 
Las entidades de beneficencia como –que ayuda a 900 personas con discapacidades del aprendizaje y tiene establecimientos en Braintree, Colchester, Newmarket, Saffron Walden y Sudbury, dentro de mi circunscripción– no pueden recuperar enormes sumas de dinero porque no cobran el IVA y prestan unos servicios muy subvencionados o gratuitos. 
Los estudios realizados en Irlanda y Dinamarca, así como en el Reino Unido, demuestran que eso llega a representar hasta el 4 % del gasto total de las asociaciones de beneficencia. 
Puesto que estas asociaciones prestan casi siempre servicios de ámbito nacional, es un buen argumento para defender la subsidiariedad y la decisión a escala nacional de los tipos de IVA que pagan. 
Este principio ha sido ya aceptado por el Parlamento Europeo en el informe Randzio-Plath, y pido el apoyo de la Comisión a las decisiones que tengan que tomarse antes de enero de este año. 
Sin él, las entidades de beneficencia perderán millones de euros cada año. 
– Señor Presidente, acojo con satisfacción este paquete de propuestas de la Comisión, particularmente en el contexto de la obtención de una reducción de la carga administrativa que soportan las empresas, sobre todo las de pequeño y mediano tamaño, que suministran bienes y servicios a otros Estados miembros. 
La simplificación de los procedimientos del IVA para esas empresas aumentará su eficiencia y facilitará una creciente actividad en el mercado interior, contribuyendo con ello a la Agenda de Lisboa, que se supone que debe ser hoy por hoy el objetivo y propósito de todos nosotros. 
Los mecanismos de ventanilla única, que constituyen el núcleo de ese paquete, permitirán en última instancia introducir nuevas normas para los servicios transfronterizos de empresa a empresa o de empresa a consumidor. 
Esto beneficiará en mi país sobre todo a las empresas irlandesas que prestan servicios por medios electrónicos a través de Internet a consumidores de otros Estados miembros. 
El nivel mínimo actual del tipo impositivo normal del IVA, fijado en el 15 %, expirará a finales de este año. 
La Comisión propone prorrogarlo hasta 2010. 
En términos generales, apoyo su propuesta y, sobre todo, apoyo la decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de realizar un análisis de impacto de los tipos implícito y normal de IVA en los Estados miembros, en el que también debe considerarse la posibilidad de ofrecer a todos los Estados miembros la misma oportunidad de aplicar tipos reducidos a determinados bienes y servicios. 
Tenemos que reconsiderar la cuestión de las exenciones especiales sobre los tipos reducidos. 
Mi país nunca ha solicitado tipos reducidos. 
Creo que solo hay nueve Estados miembros –si mi información es correcta– que disfrutan de ese beneficio. 
Debemos hacer algo al respecto. 
La restauración y los servicios sociales y asistenciales precisan especial atención en todos los Estados miembros. En términos de empleo y servicios, son sectores que podrían realmente impulsar las economías de toda Europa, dado que el turismo es un de los sectores que crecen. 
En la actualidad, los tipos de IVA aplicados a los alimentos en algunos Estados miembros son prohibitivos y urge reconsiderarlos. 
Observo que el informe sobre el régimen único y la devolución del IVA en general se remitió únicamente al Parlamento Europeo debido a un cambio de fundamento jurídico. 
Cada vez me preocupa más cuántas veces se plantean en este Parlamento cuestiones relacionadas con un fundamento jurídico. 
Son meramente consultivas en lo que respecta al Parlamento Europeo. 
Sin embargo, ¿qué está sucediendo con los fundamentos jurídicos? 
¿Que está sucediendo con las propuestas de la Comisión basadas en diferentes fundamentos jurídicos y los cambios o enmiendas o, en muchos casos, el doble fundamento jurídico que introduce posteriormente el Consejo? 
Necesitamos certeza en nuestra legislación. 
Una ley incierta es una mala ley. 
Debemos mantener urgentemente un debate franco sobre la cuestión del fundamento jurídico en esta Cámara. 
Señor Presidente, expreso de nuevo mi agradecimiento al Parlamento Europeo por haber examinado tan deprisa la propuesta sobre el nivel mínimo del tipo impositivo normal, considerando que las normas actuales finalizarán el 31 de diciembre de 2005, y por la contribución positiva del ponente. 
Entiendo la preocupación de sus Señorías por el escaso tiempo que nos queda, pero quiero recordarles que la Comisión presentó su propuesta ya en 2003 y es el Consejo el que ha sido incapaz de adoptar una decisión unánime. 
Comentaré brevemente algunas de las enmiendas. 
La primera de ellas propone restringir el nivel del tipo impositivo normal estableciendo un máximo del 25 % para impedir una divergencia cada vez mayor entre los tipos normales del IVA aplicados por los Estados miembros. Eso exigiría una nueva propuesta de la Comisión, de manera que no podría aprobarse a tiempo un tipo mínimo aplicable a partir del 1 de enero de 2006. 
Además, considerando la experiencia previa, es muy poco probable que fuera aprobada por unanimidad en el Consejo. 
La segunda enmienda pretende introducir una mayor flexibilidad en las disposiciones sobre el IVA para que los Estados miembros puedan reaccionar ante los cambios de la situación económica. Eso no se corresponde con la primera enmienda, que trata precisamente de evitar esa flexibilidad en lo que respecta al tipo normal. 
En términos generales, esta propuesta no es todavía el vehículo apropiado para realizar una evaluación general de los efectos macroeconómicos de los tipos de IVA y de sus consecuencias en los ingresos y los presupuestos de los Estados miembros de la UE. 
Celebro que parte del paquete de ventanilla única relativo al sistema de devolución del IVA cuente con el apoyo de sus Señorías. 
Lamentablemente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas propuestas por las siguientes razones. 
Las enmiendas 1 y 2 hacen referencia a la regulación y los acuerdos de cooperación para el procedimiento de devolución, que constituye otra parte de la propuesta de un régimen de ventanilla única. 
La enmienda 3 trata de ampliar el período de vigencia, cosa que no me parece necesaria. 
La enmienda 4 no es viable porque, por una parte, se impondría a los Estados miembros un plazo estricto de cuatro meses para las devoluciones, pero por otra parte no habría plazo máximo para que un sujeto fiscal presentara la información adicional solicitada. 
Además, la enmienda contradice el segundo apartado del mismo artículo, según el cual empieza a contar un nuevo período de tres meses desde el momento en que se recibe la información adicional del sujeto fiscal. 
Estoy convencido de que el dictamen positivo del Parlamento contribuirá a que el Consejo adopte a su debido tiempo una decisión sobre la propuesta del tipo normal, y facilitará el debate de las propuestas de un régimen único para su aprobación durante la Presidencia austriaca. 
En cuanto a los servicios con fuerte intensidad de mano de obra, he escuchado con atención todas las intervenciones y solo puedo recordarles que la Comisión ha adoptado ya las medidas necesarias para apoyar su inclusión en el ámbito de aplicación de los tipos reducidos, según se define en el Anexo H. No obstante, los debates actuales en el Consejo no son fáciles. 
He explicado en mi introducción por qué considero que la ampliación de los acuerdos experimentales no es realmente una solución viable. 
Además, necesitamos ser muy prudentes, porque un acuerdo unánime en el Consejo sobre una ampliación así parece tan difícil de conseguir como un verdadero acuerdo sobre el ámbito de aplicación de los propios tipos reducidos. 
Apoyo el consenso que refleja la resolución del Parlamento. Es una señal muy importante que enviamos al Consejo sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta los intereses de la Unión Europea en su conjunto, así como los intereses de todos los Estados miembros. 
He recibido una propuesta de resolución (1) presentada de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11 horas. 
El señor Chirac mintió deliberadamente a los trabajadores de los servicios de restauración franceses haciéndoles creer que podía reducir el IVA sobre su trabajo sin solicitar el permiso de Bruselas. 
No es seguro que el Consejo logre un acuerdo antes de finales de año respecto a la refundición de la Directiva del IVA, y especialmente respecto a la aplicación de un tipo reducido para los servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
Si la autorización de estos tipos reducidos no se amplía de un modo u otro, el 1 de enero de 2006 sectores enteros, entre los que la construcción ocupará un lugar principal, sentirán las consecuencias con toda su fuerza. 
¿Por qué hemos terminado aquí? 
En cuanto a los servicios intensivos en mano de obra, esto es una estratagema para presionar al Consejo para que adopte una reforma exhaustiva de la Directiva del IVA. 
Respecto al sector de los servicios de restauración, los anexos de la Directiva deben cambiarse. 
Alemania se opone a esto. 
No quiere que broten demandas del mismo tipo en su suelo en un momento en el que pretende incrementar sus impuestos indirectos en un 20 %. 
¿Se equivoca Alemania? 
No. 
Estos problemas no existirían si los Estados miembros hubieran mantenido su soberanía fiscal y pudieran utilizarla para estimular el empleo. 
El verdadero error y los verdaderos errores los cometen aquellos que buscan despojar de sus poderes soberanos a los Estados miembros. 
La Unión Europea ha hecho del empleo su prioridad y todavía no puede tomar una decisión respecto a la aplicación del tipo reducido del IVA en los sectores con fuerte intensidad de mano de obra. 
Debido a que el Consejo bloquea continuamente esta decisión, hoy es imposible modificar en los Estados miembros la lista de sectores que pueden beneficiarse del tipo reducido. 
Darse prisa en renovar una decisión del Consejo año tras año no es un modo responsable de abordar las cuestiones. 
La incertidumbre legal y económica en torno a estos sectores de actividad ya no es admisible. 
En el sector de la construcción y obras públicas, el tipo reducido que se aplica a las obras de renovación ha permitido a miles de pequeñas empresas, que están más afectadas por esta medida, incrementar su actividad y contratar trabajadores. 
En el sector de los servicios a domicilio, este tipo reducido ha posibilitado la reducción de la cantidad de trabajo ilegal y la mejora de las condiciones de contratación. 
Respecto al sector de los servicios de restauración, que es una fuente importante de empleos en Europa, no cabe duda de que la aplicación del tipo reducido de IVA producirá los mismos efectos ventajosos en los Estados miembros que pretenden aplicar esta medida. 
Por lo tanto, pido al Consejo que asuma sus responsabilidades y que logre un acuerdo que posibilite la liberación del potencial de creación de empleo en los sectores con fuerte intensidad de mano de obra. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la situación actual de las fuerzas de policía en Eslovaquia. 
Señor Presidente, la Comisión es muy consciente de la preocupación manifestada por sus Señorías en relación con las fuerzas de policía eslovacas. 
Dada la complejidad y sensibilidad de este asunto y el tiempo necesario para que la Comisión adopte una posición, se precisa más tiempo para analizar la cuestión y obtener información objetiva e imparcial. 
Los servicios de la Comisión responsables han estado en contacto con la Representación Permanente de la República Eslovaca aquí en Bruselas y están buscando la información solicitada. 
Además, la Comisión ha sido informada ampliamente del asunto por la Confederación Europea de Policía. 
Lamento no poder darles una respuesta más completa por el momento. 
La Comisión está haciendo todo lo posible para extraer conclusiones sobre este asunto lo antes posible y les informará puntualmente de ellas. 
Así pues, la Comisión estaría dispuesta a responder a la pregunta oral en un futuro período parcial de sesiones, si el Parlamento Europeo decidiera incluirlo en su orden del día. 
Desacreditar el propio país para conseguir los objetivos políticos propios. 
Así podríamos caracterizar la intervención de la señora Beňová y su propuesta de añadir al orden del día un debate sobre la situación de las fuerzas de policía eslovacas. 
Las maniobras políticas de los líderes sindicales de las fuerzas de policía no tienen nada que ver con la protección de las condiciones de trabajo y los derechos humanos. 
Sus mentiras, medias verdades y omisión de los hechos relativos a los salarios que, por cierto, se incrementaron dos semanas antes de la reunión en cuestión tenían como objetivo manipular a funcionarios de policía honrados y minar la efectividad de la policía, privando así a los ciudadanos de su derecho a la protección y la seguridad. 
La perspectiva del Gobierno eslovaco de hundir a los jefes sindicales lleva peligrosamente a la policía al conflicto político. 
Los embustes políticos de los líderes sindicales no deben perjudicar los excelentes resultados logrados por la policía en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en Eslovaquia. 
Las consignas de la reunión más reciente, del tipo «Si el Gobierno no paga a la policía, la mafia lo hará con gusto» van más allá de todos los principios aceptados de actividad sindical independiente. 
El derecho de asamblea de la policía nunca se ha visto menoscabado o cuestionado, como demuestra la concentración prevista para el próximo sábado. 
Ni el Parlamento Europeo ni otras instituciones de la Unión Europea deberían permitir verse arrastradas en estas desagradables maniobras políticas, que han sido coordinadas con el objetivo de desacreditar los logros de la coalición gubernamental en Eslovaquia. 
Señor Comisario, su respuesta me ha decepcionado, en lugar de sorprenderme. 
Seguiré insistiendo en que la Comisión siga esta cuestión muy de cerca. 
No puedo añadir ningún comentario a lo que nos ha dicho, porque de hecho no nos ha dicho nada. 
Por favor, no se lo tome como un ataque personal, puesto que se trata de un ataque al contenido del material presentado por la Comisión. 
Mi colega el señor Hudacký, que es de Eslovaquia, como yo, ha hablado del modo en que los sofismas políticos han llegado hasta la Cámara del Parlamento Europeo. 
Quisiera expresar categóricamente que lo que ocurrió en el Ministerio del Interior ha sido condenado rotundamente incluso por el vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, que es miembro de la coalición gubernamental, del partido del Primer Ministro Dzurinda. 
Esto indica que el asunto no puede considerarse un sofisma político interno. 
Ahora se trata de que la Comisión Europea decida si es aceptable suprimir los derechos de los oficiales de policía en Eslovaquia. Porque un oficial de policía es un empleado y un ciudadano de la UE como cualquier otro empleado o ciudadano de la UE. 
Hemos formulado dos importantes preguntas a la Comisión. 
Estas preguntas son de una importancia vital para nosotros porque pueden haber supuesto una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Código de Ética Política del Consejo de Europa. 
Creemos que la Comisión Europea tiene el deber de opinar sobre si se han vulnerado o no los derechos de los ciudadanos de un Estado miembro de la UE. 
Ayer el Parlamento permitió que esta cuestión se remitiera a la Comisión, proporcionando así una señal muy clara de que no está de acuerdo con el uso de dichas prácticas por parte de ningún Estado miembro de la UE. 
Por lo tanto, señor Comisario, le pido una vez más que esta cuestión no se deje de lado, que la retomemos en la próxima sesión del Parlamento y que informe a sus Señorías de la opinión de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario Kovács, mi Grupo –los Verdes– estaba a favor de que celebráramos este debate hoy. 
Opinamos así a raíz de la información recibida de Eslovaquia, especialmente de la Confederación Europea de Policía, que lleva en nuestras manos desde junio. 
Le instamos a que examine estas acusaciones lo antes posible porque estamos muy preocupados por algo que no consideramos una cuestión interna eslovaca. 
Someter a la policía eslovaca a la jurisdicción militar va claramente en contra de lo establecido por el Consejo de Europa, por no decir de la ética policial. 
Tratar a la policía y a los soldados como una misma cosa viola la Convención de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas. 
El estado civil de la policía es una de las cosas que la democracia ha logrado en Europa; es algo por lo que hemos luchado, especialmente en los países de los Balcanes, en los que la policía se vio involucrada en acciones militares durante los conflictos étnicos. 
Si creemos los informes que hemos recibido, tenemos que exigir que el Gobierno eslovaco –y también el Parlamento del país– revierta esta decisión equivocada, que constituye una vuelta a una época y un tipo de política que no es compatible con los principios democráticos europeos, y que vuelva a la comunidad democrática. 
¡Los funcionarios de policía también tienen derecho a manifestarse! 
Su libertad para hacerlo es emblemática de la libertad de nuestra sociedad y de la democracia. 
Por ese motivo, le pedimos a la Comisión que examine estas acusaciones con el menor retraso posible y que se pronuncie respecto a las mismas. 
. Señor Presidente, se trata de una cuestión que afecta a dos esferas. 
Parece ser que en Eslovaquia la policía ha vuelto a la jurisdicción militar, lo cual supone una remilitarización y no es aceptable. 
La policía y las fuerzas armadas son, por decirlo de manera sencilla, dos pares de botas distintas. 
No obstante, hay que decir que precisamente este tipo de confusión entre la esfera civil y la militar es característica de la Unión Europea cuando despliega el ejército o la policía en el extranjero. 
La próxima Presidencia austriaca ha llegado a definir esta como una de sus prioridades. 
En segundo lugar también se encuentra en este contexto la cuestión de la limitación de los derechos sindicales de los oficiales de policía, que tampoco es aceptable. 
Esta Cámara siempre concede mucha importancia a la violación de los derechos humanos en países fuera de la Unión Europea, pero también tiene que llamar por su nombre a las violaciones manifiestas de los derechos humanos en la Unión Europea, y en este punto su declaración no ha llegado lo suficientemente lejos, señor Comisario: aquí se pueden hacer más cosas, y es en este ámbito en el que tiene que hacerlas; es aquí donde tiene que proporcionar más información. 
Tampoco deberíamos ser reticentes al señalar los abusos de los derechos humanos en otros países; le voy a dar un ejemplo de Alemania, porque allí también se está excluyendo a personas de ciertos trabajos, existe una violencia policial excesiva y esto debe decirse abiertamente en esta Cámara. 
He estado siguiendo las recientes actividades del Ministro de Interior eslovaco, el señor Palko, con gran preocupación e inquietud. 
Estas actividades minan directamente los principios básicos de la democracia y las libertades civiles en Eslovaquia. 
El Ministro de Interior ha interferido y sigue haciéndolo en una protesta sindical legítima por parte de oficiales de policía eslovacos. 
Al despedir al presidente de la Federación de Policía y se le bajara a la categoría de policía ordinario, no solo ha interferido con los derechos personales de un representante de la policía, sino que también ha amenazado los derechos garantizados constitucionalmente de los ciudadanos, las asociaciones de ciudadanos y los sindicatos de expresar libremente sus opiniones. 
Nuestro Partido Popular –el HZDS– percibe las amenazas del Ministro Palko de imponer medidas disciplinarias contra los policías que protestan como una manifestación ridícula de arrogancia de poder. 
Estimados colegas, el señor Palko es un alto representante de un partido político que pertenece al Partido Popular Europeo. 
Por ello insto al líder de este Grupo a que no entierre la cabeza en la arena, sino que investigue el asunto detenidamente. 
En nombre de los miembros independientes del Partido Popular –el HZDS– en Eslovaquia, expreso nuestro apoyo al llamamiento realizado por la Confederación europea de policía EUROCOP para cambiar el sistema de gestión de las fuerzas policiales en Eslovaquia, y transmito nuestra petición de que la Comisión Europea investigue la cuestión. 
Nuestros debates de hoy sobre la cuestión y expresiones de apoyo hacia los policías que protestan forman parte de la campaña electoral de la oposición y de una campaña de desprestigio contra un ministro del Gobierno eslovaco que está cosechando éxitos. 
No es verdad que en tiempo de guerra los policías serán juzgados del mismo modo que los soldados. 
No es cierto que a partir de 2006 la policía eslovaca estará supervisada por el ejército. 
No es verdad que se privará a los policías de sus derechos, porque los tribunales militares llevarán a cabo procesos bajo la legislación civil y, en tiempo de guerra, los policías serán juzgados del mismo modo que ciudadanos normales. 
La policía eslovaca trabaja de acuerdo con las mismas normas que la gendarmería en Francia y los Carabinieri en Italia. 
La práctica de procesos militares que regula los delitos penales cometidos por policías lleva establecida mucho tiempo. 
Cualquier afirmación de que el servicio de policía va a ser remilitarizado debería calificarse –si me perdonan el uso de dichos términos –de tontería y demagogia. 
Quisiera señalarle a mi estimada colega la señora Beňová que la mayoría de diputados de su propio partido apoyaban este proyecto legislativo en el Parlamento eslovaco, y de hecho no prestaron su apoyo a una propuesta de enmienda dirigida a cambiar el sistema. 
– Señor Presidente, tengo que insistir en que la Comisión dé una respuesta completa en el período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
Agradezco al Comisario su ofrecimiento. 
Lamentablemente, hoy no puede darnos su respuesta, pero nosotros necesitamos una respuesta clara. 
Quiero decir a la anterior oradora que no se trata de una cuestión de propaganda. 
Estamos hablando de Eslovaquia, un nuevo Estado miembro de la Unión Europea que, según los criterios de Copenhague, tiene exactamente las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier otro miembro. 
El apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la UE consagra los derechos democráticos y las libertades fundamentales. 
En el apartado 2 del artículo 6, la Unión Europea garantiza los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
En dicho Convenio, hablamos de igualdad de acceso al sistema judicial e igualdad de tratamiento en los tribunales. 
Un tribunal militar no está formado por jueces independientes: es designado por el Gobierno y eso contradice los valores fundamentales del Tratado europeo. 
Por eso pido al Comisario que responda a dos preguntas: primero, ¿estamos en lo cierto cuando decimos que la policía en Eslovaquia no tiene el mismo acceso a un trato justo en los tribunales que cualquier otro ciudadano eslovaco? 
Segundo, ¿estoy en lo cierto cuando digo que todos los Estados miembros –incluida Eslovaquia– deben cumplir los criterios de Copenhague y que el Gobierno eslovaco, al oponerse a la libertad sindical de la policía y negarles el derecho a negociar, reunirse y actuar, está incumpliendo los criterios de Copenhague? 
Estas son las dos preguntas fundamentales que me gustaría que el Comisario respondiera claramente. 
No dudo de que Eslovaquia y su Gobierno –en particular su Gobierno– tienen que respetar esos derechos fundamentales. 
Por eso estoy plenamente de acuerdo con la señora Beňová en que es un caso grave y en que necesitamos una respuesta seria y correcta por parte de la Comisión, para que los ciudadanos eslovacos sepan que la Unión Europea está de su parte. 
Señor Presidente, solo quiero responder a aquellas de sus Señorías que han pedido a la Comisión una respuesta adecuada. 
Quiero decirles que necesitamos más información. Y para conseguir más información, necesitamos más tiempo, y desde luego antes de que un miembro de la Comisión pueda comparecer ante esta Cámara para explicar una posición adecuada, tenemos que debatir el asunto en el Colegio, cuando dispongamos de la información que necesitamos. 
Esa es mi respuesta por ahora, pero sin duda no es la última palabra de la Comisión sobre este asunto. 
La Cámara ha expresado claramente su deseo de que las cuestiones planteadas hoy aquí se respondan en una fecha posterior, y espero que el Comisario transmita este deseo. 
– Señor Presidente, solo quiero plantear una pregunta formal referente al procedimiento. 
Si he entendido bien al Comisario Kovács, la Comisión estaría dispuesta a responder a la pregunta en el período parcial de sesiones que se celebrará en Estrasburgo dentro de dos semanas. 
¿Lo he entendido correctamente? 
Es importante y urgente que recibamos una respuesta razonable y rápida. 
Los ciudadanos de Eslovaquia necesitan realmente una respuesta clara de la Comisión, de ahí la urgencia de este asunto. 
Solo quiero preguntarle si podemos confiar en un plazo así; después de todo, estamos hablando de dos semanas. 
Quiero señalar que el orden del día para las sesiones parciales de Estrasburgo, y de hecho para todas las sesiones parciales, lo decide la Conferencia de Presidentes. 
Por lo tanto, tal y como yo lo entiendo, si la Comisión está dispuesta a responder esta pregunta en Estrasburgo, será la Conferencia de Presidentes la que pueda decidir si incluir este punto en el orden del día o no hacerlo. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
. – Señor Presidente, la propuesta que tenemos sobre la mesa pretende combinar objetivos económicos con objetivos de desarrollo. 
Trata de eliminar la codecisión, por la que el Parlamento luchó durante 20 años, suprimiendo 16 reglamentos y sustituyéndolos por uno solo que deja de lado al Parlamento Europeo. 
La postura firme y unánime de la Comisión de Desarrollo, con el apoyo de otras tres comisiones, ha conseguido que prevalezca algo de sentido común. 
Ahora podemos tratar de modificar esta propuesta remitiéndola de nuevo a la Comisión de Desarrollo y acojo con gran satisfacción el trabajo realizado por la Presidencia y por los que en la Comisión han propuesto un nuevo texto. 
En irlandés se diría, que significa estar preparados, estar al tanto. 
El Parlamento no aprueba maquinalmente las cosas; tiene poder de codecisión. 
Eso es un principio. 
No es un producto que esté en venta. 
Los 37 miembros de mi Comisión han firmado una recomendación, por sugerencia mía, para devolver la propuesta y modificarla. 
Espero que la Cámara esté también de acuerdo en eso. 
Señor Presidente, quisiera dar mi más sincero apoyo a esta propuesta. 
Es inadmisible que la Comisión proponga que debamos perder poderes, por lo que apoyo la propuesta para que este asunto se devuelva a comisión. 
Señor Presidente, es posible que haya surgido cierta confusión debido a una serie de errores que se han colado en la lista nominal preparada por la Mesa, y quisiera eliminarla aclarando que todos aquellos que apoyan el compromiso que hemos acordado con el Consejo y la Comisión apoya las enmiendas del Bloque 1, aunque rechazan el resto de enmiendas. 
Durante el debate de ayer, la Comisión y el Consejo dejaron claro una vez más que no habrá un compromiso a menos que se apruebe la totalidad del Bloque 1 sin ninguna otra enmienda. 
Todos los Grupos, excepto el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, se pronunciaron ayer a favor de este compromiso. 
Es vital que, en la víspera de la Conferencia de la OMC en Hong Kong, tengamos un reglamento establecido. 
Este compromiso es el resultado de mucho trabajo. 
Gracias a la cooperación de los ponentes alternativos de los otros Grupos, hemos logrado un compromiso aceptado y apoyado casi de manera unánime. 
Considero importante que este asunto se apruebe ahora, y que si debido a posibles confusiones no se aprueba, se celebre otra votación; puede que esto no sea lo que queremos, pero de todas formas está servido. 
Por lo tanto, repito que si apoyamos el compromiso, debemos aprobar el Bloque 1 excluyendo el resto de enmiendas. 
. Señor Presidente, acojo con gran satisfacción esta directiva de la Comisión para controlar y vigilar la gripe aviar en la UE. 
Necesitamos un plan de contingencia serio que mantenga la enfermedad fuera de la UE y, si tenemos la mala fortuna de que la enfermedad penetre en Europa, necesitamos disponer de los procedimientos adecuados para erradicarla rápidamente. 
Lo nuevo de esta directiva es el seguimiento de la gripe aviar de baja patogenicidad por primera vez en Europa. 
Apoyo plenamente esta medida, porque la forma de baja patogenicidad puede mutar a la forma altamente patógena de la enfermedad, que es muy contagiosa y mortal para las aves de corral. Pero discrepo de la Comisión en un punto. 
Una vez detectada una gripe aviar de baja patogenicidad en las aves de corral, los animales afectados tienen que sacrificarse muy deprisa para evitar de inmediato la posibilidad de que la enfermedad se propague y mute en una forma de alta patogenicidad. 
La directiva mantiene que la carne de ave en la que se detecte gripe aviar de baja patogenicidad puede entrar en la cadena alimenticia sin riesgo alguno. 
No cuestiono las recomendaciones científicas, pero el procesamiento y la comercialización de esa carne será casi imposible. 
Además, destruiría la confianza de los ciudadanos en la altísima calidad de la carne de ave en Europa. 
Pido a todos los diputados a esta Cámara que apoyen las enmiendas presentadas por el Grupo del PPE-DE con vistas a adoptar un enfoque de sentido común para erradicar la gripe aviar de baja patogenicidad en la Unión Europea y mantener el pleno apoyo de los ciudadanos y los consumidores al sector. 
Quiero aprovechar el tiempo que me queda para añadir una enmienda oral que me ha presentado el señor Ebner y que apoyo plenamente. Tengo entendido que él ha hablado con otros Grupos del Parlamento y cuenta con su apoyo. 
Se trata de implicar a los cazadores en la vigilancia de la gripe aviar de baja patogenicidad. 
El Comisario manifestó también su apoyo anoche. La enmienda oral propone insertar un considerando 11b (nuevo) que diría así: «considerando que debe pedirse a los cazadores europeos que ayuden a vigilar los brotes de influenza aviar en aves silvestres, informando a las autoridades competentes cuando sospechen de aves que puedan estar infectadas.» 
Quiero someter esto a la consideración de la Cámara. 
Señor Presidente, el punto 4f tiene que ver con la composición de los consejos de administración de las agencias europeas. 
El texto dice así: 
«El Parlamento, por su parte, debe a dos representantes en el comité de dirección». 
Propongo que diga lo siguiente: 
«El Parlamento, por su parte, debe a dos representantes en el consejo de administración». 
¿Qué justificación tiene esto? 
Aunque el Parlamento, como parte del poder legislativo, no debería reclamar el derecho a tener dos representantes oficiales en todas las agencias ejecutivas subordinadas al mismo, debería conservar el derecho a delegar expertos de confianza a agencias de su elección, como lo hace con la Agencia Europea del Medio Ambiente en Copenhague o el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en Viena. 
Mi enmienda cuenta con el apoyo del ponente de este párrafo, el señor Florenz de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y también con el del ponente de las agencias reguladoras, el señor Papastamkos. 
Pido que la Cámara la apoye. 
Señor Presidente, ha habido un error de traducción, así que la versión auténtica es la inglesa. 
Al votar a favor de la enmienda 3, no estamos borrando la parte de la oración en el párrafo 13 que dice que debe realizarse una excepción en el ámbito de los servicios respecto a la asistencia sanitaria, a la educación y a los sectores audiovisuales. 
Por lo tanto, al votar a favor de la enmienda 3, estamos afirmando claramente que debe realizarse una distinción entre servicios comerciales y públicos, y que los servicios públicos como el agua, las condiciones de salubridad y la energía no deben desmantelarse o debilitarse, y apoyamos el hecho de que se realice una excepción también con la educación, la asistencia sanitaria y los sectores audiovisuales. 
Señor Désir, esto quiere decir que la versión original en inglés es la que se considera auténtica. 
Revisaremos todas las traducciones para hacerlas coincidir con este original. 
– Señor Presidente, quiero presentar una enmienda oral a la enmienda 19. 
Soy consciente de que tal vez los socialistas quieran una votación por partes de esta cuestión. 
Se trata de una aclaración respecto a los ADPIC y las MIC. 
Podría decirse que el acrónimo MIC nos ha confundido. 
Se han traducido justo al revés. 
Leeré la enmienda con los cambios técnicos: «Pide que se encuentre una solución permanente, con carácter urgente, en el ámbito de las MIC –Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio– y de los ADPIC –Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio–, con el fin de garantizar el acceso a los medicamentos de los países que no cuentan con capacidad de fabricación y se enfrentan a problemas de salud pública.» 
Lo que ha pasado es que se han cambiado esas dos palabras. 
Hay un punto en el que estoy de acuerdo con el señor Sturdy. 
El párrafo 19 menciona el acuerdo respecto a las inversiones, y esto es un error, porque este párrafo se refiere a las medidas para acceder a las medicinas, y por tanto, debería mencionarse el acuerdo sobre la propiedad intelectual – el Acuerdo ADPIC en francés y el Acuerdo TRIPS en inglés – y no el Acuerdo TRIMS, que es el acuerdo sobre inversiones. 
Por ese motivo solicitamos una votación aparte para eliminar parte de la frase referida al acuerdo sobre inversiones. 
No creo que esta parte de la oración pueda reinsertarse al principio del párrafo porque este párrafo en realidad no tiene nada que ver con este acuerdo sobre inversiones. 
– Señor Presidente, para aclarar y simplificar el texto del punto 2 del apartado 5, propongo que se sustituya: «emprendan una reforma política en profundidad en favor de la democracia y el Estado de Derecho, empezando por permitir la expresión de todas las corrientes de pensamiento y permitiendo la pluralidad de partidos» , cuya parte final es bastante torpe, por lo siguiente: «elaboren y apliquen lo antes posible el paquete de reformas necesarias para permitir la democratización del país, garantizar la expresión pacífica de la oposición política y garantizar la rápida celebración de elecciones multipartitas bajo supervisión internacional, con vistas a la reconciliación nacional.» 
Señor Presidente, para que quede claro, leeré primero la enmienda: «Reconoce el pleno derecho de las mujeres a participar libremente en el deporte y aboga por una mayor participación de las mujeres en el deporte». 
Señor Presidente, el objetivo de mi enmienda es aclarar y mejorar el texto. 
En mi opinión, es vital que el Parlamento y la Unión Europea reconozcan el derecho de las mujeres en los países en vías de desarrollo y en países islámicos, por ejemplo, Arabia Saudí, a participar plenamente en todas las actividades deportivas. 
Espero que tanto los diputados como las diputadas presentes hoy en la Cámara voten a favor de mi enmienda. 
– El turno de votaciones queda cerrado. 
He votado a favor de la devolución de esta propuesta poco acertada sobre Cooperación al Desarrollo y Cooperación Económica a la comisión. 
Puesto que la Comisión Europea ha dejado ahora claro que no tiene intención de presentar una nueva propuesta, habrá que introducir enmiendas sustanciales para garantizar que el Parlamento pueda mantener su derecho de escrutinio sobre la formulación y aplicación de la política de desarrollo. 
Me parece fundamental que el Parlamento Europeo se mantenga unido en esta lucha por defender su derecho de codecisión en materia de política de cooperación al desarrollo, actualmente debilitado con esta propuesta. 
La mitigación de la pobreza debe seguir siendo el centro de atención de todos los instrumentos de cooperación al desarrollo y, por tanto, las comisiones competentes (Comisión de Desarrollo y Comisión de Comercio Internacional) deben seguir debatiendo la cuestión en ese contexto. 
Sigo sin estar convencido de las ventajas que puede tener la división de los capítulos de cooperación al desarrollo y cooperación económica de este instrumento para los países en vías de desarrollo, puesto que la mayor parte de la política de desarrollo de la UE tiene el mismo fundamento jurídico en el Tratado que la ayuda al desarrollo y la cooperación económica exterior. 
He votado a favor de la propuesta sobre la base de mi experiencia profesional en materia de cooperación transfronteriza eslovaco-polaca en el marco de la Eurorregión Tatra. 
Han surgido varias iniciativas de Euroregión de manera natural, como iniciativas de fondo. 
Las Eurorregiones de hoy son asociaciones con personalidad jurídica y sus propias estructuras transfronterizas, y tienen la mejor experiencia en el ámbito del desarrollo regional sostenible. 
También se han convertido en importantes instrumentos de cooperación transfronteriza, lo cual es de una importancia fundamental para la cohesión europea, según los términos del Convenio sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o Autoridades Territoriales. 
En vista de su conocimiento de los problemas a los que se enfrentan las zonas fronterizas, es vital que las Eurorregiones participen en el desarrollo de estrategias para el período 2007-2013, y que desempeñen una función mayor cooperando con instituciones nacionales en la gestión de programas de la UE. 
Este informe es una iniciativa importante del Parlamento Europeo, puesto que nuestro apoyo hacia las Eurorregiones acelerará el cumplimiento de uno de los objetivos clave de la UE: la eliminación de las desigualdades regionales. 
.Gracias al compromiso de la Presidencia del Reino Unido y de los ponentes del Parlamento Europeo, ha sido posible lograr un acuerdo respecto a este reglamento relativo a la licencia obligatoria de patentes para los productos farmacéuticos. 
Este acuerdo permite lograr un nuevo equilibrio para la propuesta de la Comisión Europea que, en el contexto de la decisión de la OMC, dificultó todavía más el acceso a las medicinas para los países que sufren graves problemas en materia de sanidad pública. 
Este compromiso con el Consejo es satisfactorio porque el sistema de licencia obligatorio se extiende a las ONG, a las organizaciones internacionales y a los que no son miembros de la OMC. 
El compromiso autoriza las exportaciones a los países que forman parte del mismo bloque regional. 
Lamento la negativa a promover la transferencia de tecnología a los países del sur, al igual que la capacidad continuada de los Estados miembros de prescribir requisitos adicionales. 
Esta legislación, que no obstante entrará en vigor únicamente dos años y medio después de la adopción de la decisión de la OMC, se hace necesaria para un gran número de países en desarrollo que sufren graves problemas de sanidad pública. 
Me alegra que esta decisión coincida con el Día Mundial del Sida. 
Aunque introducen algunas mejoras al reglamento propuesto por la Comisión, las propuestas del Parlamento Europeo no abordan la cuestión central, a saber, el monopolio y el control por parte de las multinacionales farmacéuticas a través de sus patentes. 
Las propuestas planteadas por el Parlamento se encargan de «legalizar» e imponer un modelo «obligatorio» para dispensar las medicinas esenciales a una gran cantidad de personas. El objetivo profesado es la regulación, aunque se trata de un paso muy cínico, puesto que las propuestas no proporcionan mecanismos para promover la investigación y no desarrollan una capacidad para la investigación, la fabricación y el suministro – por parte de estas comunidades y para ellas – de las medicinas que les son esenciales y a las que tienen derecho. 
La idea es «regular» el acceso a las medicinas para los llamados países subdesarrollados, de manera que las multinacionales puedan cobrar menos, permitiéndoles incrementar sus mercados sin perder el estatuto privilegiado del que disfrutan. 
No obstante, esta estrategia va en contra de las conclusiones de la Conferencia de Doha de la Organización Mundial del Comercio, que afirmaban que los países deberían «romper» las patentes por motivos de salud pública, con Brasil y Sudáfrica como casos en cuestión, puesto que han logrado proporcionar medicinas a pacientes de SIDA sin cargo alguno. 
De ahí nuestro voto en contra. 
Este reglamento es un hito importante en la mejora del acceso a los medicamentos en los países en desarrollo y lo apoyo plenamente. 
Saca a la UE del punto muerto en el que se encuentra actualmente en la OMC por lo que respecta a las «licencias obligatorias» para fabricar productos farmacéuticos eficaces contra enfermedades que afligen a millones de personas en el mundo en desarrollo. 
Su aprobación significa que la UE, el mercado único más grande del mundo, podrá no solo suministrar los medicamentos esenciales que necesitan poblaciones desfavorecidas a precios asequibles, sino también apoyar el importantísimo desarrollo de la fabricación local por medio de la transferencia de tecnología y de información a los sistemas de sanidad pública de los países en desarrollo. 
Apoyo en particular los intentos del ponente principal y del ponente de opinión de extender el ámbito de aplicación de este Reglamento a países que no son miembros de la OMC, de los cuales al menos 40 son países en vías de desarrollo. 
Apoyo también los intentos de asegurar que este nuevo reglamento pueda dar también cabida al importante papel de las ONG y de los organismos de Naciones Unidas como proveedores de tratamientos sanitarios. 
Aunque pienso que todavía tenemos que encontrar soluciones ideales, aplaudo los esfuerzos realizados en la propuesta de resolución que tenemos ante nosotros. Acojo con especial satisfacción algunas de las enmiendas adoptadas por el Parlamento encaminadas a conceder más poder a los países más pobres para perseguir la lucha contra las graves enfermedades que causan horribles pérdidas de vidas, de la manera más eficaz y menos cara posible. 
La protección de los derechos de autor, y especialmente el derecho de propiedad intelectual, sin duda no es compatible con la protección de la salud y con el compromiso que debemos realizar para mejorar el acceso de los países más pobres a las medicinas que más necesitan. 
Acojo con satisfacción esta propuesta de directiva relativa a las medidas para controlar la gripe aviar. 
Con ella se pretenden actualizar las medidas de la UE a la luz de las lecciones aprendidas de otras amenazas epidémicas recientes y los nuevos conocimientos científicos que existen sobre las vías de propagación de la enfermedad y sus riesgos para la salud humana. 
La directiva actual establece únicamente medidas de control contra los virus «altamente patógenos» de la gripe aviar; es decir, los que causan importantes brotes de la enfermedad en las aves de corral y que pueden también infectar ocasionalmente a los seres humanos. 
Sin embargo, se ha demostrado que en realidad esos virus altamente patógenos se originan de los llamados virus «de baja patogenicidad» de la gripe aviar a resultas de una mutación del virus. 
Para evitar brotes importantes de la gripe aviar, la nueva legislación establecería también medidas obligatorias de vigilancia y control de los virus de baja patogenicidad de la gripe aviar que pueden transmitirse de las aves silvestres, como patos y gansos, a las aves de corral. 
Los virus de baja patogenicidad no pueden erradicarse en las aves silvestres, pero la infección de aves de corral sí que puede controlarse eficazmente, además de prevenir la mutación del virus a formas peligrosas. 
Apoyo plenamente el objetivo de la nueva legislación, puesto que garantizará que se adopten las medidas de vigilancia y prevención más adecuadas para prevenir la gripe aviar y que los riesgos para la salud, los costes económicos y los efectos negativos.... 
Ya en 1989 se preveía el peligro de que los humanos quedaran contaminados por el agente de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). 
La Comisión y los Estados miembros como Francia esperaron hasta 1996 antes de tomar medidas de protección. 
Del mismo modo, el ultraliberalismo del Gobierno de la señora Thatcher había llevado al Gobierno británico a desmantelar sus redes veterinarias nacionales. 
Cuando la fiebre aftosa asoló el ganado y las granjas porcinas de Gran Bretaña en 2003 ya no hubo ningún tipo de barrera sanitaria. 
Millones de animales fueron sacrificados como medida de precaución y piras gigantes lo quemaron todo. 
Solo la estupidez ideológica del ultraliberalismo y del comercio libre erróneo permaneció intacta. 
Tras la laxitud de las políticas de, ahora avanzamos en una dirección en la que, en el caso de la influenza aviar, se está intentando deliberadamente oscurecer la cuestión explotando los miedos básicos de las personas. 
Todo esto se disfraza como principio de precaución que no es más que la reacción regresiva de una élite europea al estilo Amish. 
Se supone que un virus, inexistente actualmente y soñado por un mundo político que busca enmendar sus debilidades pasadas en el ámbito de la asistencia sanitaria aplicando medidas de protección en la izquierda, la derecha y el centro, está atacando a la humanidad con una pandemia al estilo de Hollywood a la par de la gripe española. 
Al tomar esto como punto de partida, acumulamos antivirales ineficaces como el Tamiflu al mismo tiempo que aumentamos el miedo de la gente a hacerles olvidar las medidas poco adecuadas tomadas en relación con las deslocalizaciones, la islamización y otros problemas verdaderos que, por su parte, se pasan por alto. 
Como señala correctamente el ponente, el mejor modo de impedir una pandemia humana potencial de influenza aviar es eliminar totalmente la enfermedad de las aves. 
Por lo tanto, la Comunidad debe canalizar sus esfuerzos hacia la investigación y hacia la consecución de fondos con el fin de desarrollar y obtener vacunas orales, eficaces en todas las especies de aves relevantes, para combatir distintas cepas. 
También acogemos con satisfacción la enmienda a la directiva que está actualmente en vigor, que defiende medidas para abarcar virus patógenos bajos en aves de corral, para prevenir el riesgo de mutaciones en forma altamente patógena. 
El informe abarca una serie de medidas encaminadas a la prevención de la infección en humanos, por lo que hemos votado a favor. 
Me complace enormemente que mi informe haya sido aprobado. 
Es necesario un mayor apoyo comunitario para desarrollar la investigación de una vacuna oral para combatir las distintas cepas y para promover el uso de la misma si surgiera la necesidad; la Comunidad debería hacerse cargo del coste total de las vacunas. 
Además, debe proporcionarse apoyo comunitario a los Estados miembros para que desarrollen un sistema de seguimiento de la enfermedad, incluidos los diagnósticos de laboratorios y la investigación de vacunas apropiadas. También deberían tomarse medidas que incluyeran cooperación y apoyo técnico para terceros países, especialmente los asiáticos, con el fin de permitir que se tomen medidas preventivas y de examen en los países en los que se origina la influenza aviar; 
Respecto a la asistencia financiera comunitaria, me decepciona que se rechazara mi propuesta de aumentar el apoyo de un 50 % a un 60 % respecto a los costes soportados por los Estados miembros en casos de influenza aviar patógena alta y baja. 
También se rechazó la propuesta del apoyo del 50% respecto a la pérdida de ingresos hasta que se ponga en funcionamiento una nueva explotación sin minar, por supuesto, el funcionamiento del mercado. 
Al margen de estas consideraciones, confío en que la Comisión y el Consejo presten la debida atención a las propuestas adoptadas para proteger la sanidad pública. 
Las medidas de sanidad pública cuestan dinero. 
Están diseñadas para ayudar a un buen número de personas, e implican investigación, prevención y control. En el caso de la influenza aviar, el método para proporcionar asistencia financiera para cubrir los costes generados por las medidas veterinarias necesarias ha de actualizarse. 
Existe la posibilidad de una pandemia mundial, pero algunos Estados miembros corren más riesgo que otros debido a su situación en la ruta de vuelos migratorios de las aves salvajes. 
Si se tiene en cuenta la prevención, especialmente respecto al desarrollo de sistemas de seguimiento, costes de laboratorio e investigación de nuevas vacunas, se aprecia la magnitud del compromiso financiero necesario. 
Por tanto, he votado a favor de este informe. 
El propósito de esta propuesta de la Comisión es modificar el Reglamento 974/98, que fue el marco jurídico durante el período de cambio en el contexto de la adopción del euro en todos los países que actualmente pertenecen a la zona del euro. 
Ahora se pretende utilizar este marco jurídico para los países que se unieron a la UE el 1 de mayo de 2004 y se encontraban bajo la obligación jurídica de formar parte de la zona del euro. 
Una de las propuestas clave es reducir el tiempo utilizado para el cambio y encontrar una solución del tipo «Big Bang» , con la introducción de billetes y monedas de euro al mismo tiempo que la adopción del euro como moneda única. 
Este informe apunta en esa dirección y busca garantizar que ningún Estado miembro pueda dejar la zona del euro. 
Pensamos que eso es inadmisible y que los Estados miembros tienen perfecto derecho a dejar la zona del euro si así lo desean. 
Intentar imponer dicha restricción a los nuevos Estados miembros cuando dos países, Dinamarca y el Reino Unido, disfrutan de una cláusula de exclusión voluntaria y otro, Suecia, ha decidido no unirse, podría calificarse de discriminación. 
De ahí nuestro voto en contra. Mantenemos nuestra oposición en principio al euro. 
Está claro que la política monetaria ha llevado al estancamiento económico y al desempleo, que también… 
Entonces, ¿qué ofrece la zona del euro en la actualidad? 
La tasa de crecimiento más baja de los países industrializados. 
Desempleo. 
Limitaciones presupuestarias absurdas. 
Un aumento drástico de la deuda pública. 
Una política de intercambio inexistente y un euro sobrevalorado. 
Un Banco Central Europeo centrado en los miedos inflacionarios hasta el punto de que actualmente se está preparando para incrementar sus tipos básicos a riesgo de perjudicar la actividad económica y el empleo. 
El euro ha ocasionado gran desilusión y perjuicios, que empeorarán si las economías de la zona se alejan cada vez más. 
Tras la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea, las encuestas publicadas en la prensa occidental mostraban que, aunque los ciudadanos de estos países estaban a favor de una unión que les vinculara de una vez por todas a las democracias, no entendían todo lo que conllevaba esa unión. 
Varios de ellos estaban convencidos, y lo siguen estando, de que el cambio al euro era una opción y no una obligación. 
Es menos una cuestión de si un país puede o no puede incorporar billetes y monedas de euro en cuanto adopte la moneda única. 
Se trata más de una cuestión de si sus ciudadanos están de acuerdo y han entendido todas las consecuencias de dicho paso. 
Es imperativo que se les consulte mediante referendos. 
Acojo con satisfacción este informe, que analiza las estrategias nacionales previas a la introducción del euro y sugiere cómo pueden mejorarlas y aplicarlas en los Estados miembros que deseen entrar en la zona euro en las condiciones y fechas que decidan. 
Espero que algún día puedan aplicarse también en el Reino Unido. 
Hay algunos motivos por los que es comprensible que los nuevos Estados miembros tengan tantas ganas de introducir el euro sin mucho retraso. 
No obstante, lo que hay que tener en cuenta es el hecho de que solo el 38 % de la ciudadanía en los 10 nuevos Estados miembros está convencido de que la introducción del euro tendrá efectos beneficiosos y que casi la mitad están a favor de su introducción en una fecha lo más posterior posible. 
Ésta última opción es la que deberíamos aceptar, puesto que ofrece a los países en cuestión la oportunidad de realizar las reformas necesarias a un ritmo más tranquilo y proporciona a los ciudadanos más tiempo para acostumbrarse a la idea del cambio de posición. 
También es verdad –y no es la consideración menos importante a tener en cuenta– que la experiencia pasada, a pesar de los intentos de negarlo, demuestra que la introducción del euro conlleva un incremento de precios, puesto que las compañías se esfuerzan por recuperar los gastos incurridos durante el cambio. 
La Comisión debería demostrar que ha aprendido del fracaso de la constitución de la UE apoyando referendos para averiguar la voluntad popular –como el previsto en Polonia– en lugar de discutir contra el mismo afirmando que Polonia está obligada a introducir el euro. 
Si Estados como Reino Unido, Dinamarca y Suecia retienen su independencia monetaria, deberíamos permitir que otros lo hicieran. 
El concepto de cooperación transfronteriza voluntaria es algo que apoyo y que merece fomentarse. 
En términos generales, acojo con satisfacción la cooperación en varios ámbitos entre las administraciones de los distintos Estados miembros, especialmente cuando procede de una iniciativa voluntaria por parte de estas administraciones (aunque esto puede fomentarse) y cuando no ocasiona una nueva entidad administrativa y burocrática. 
También acojo con satisfacción el hecho de que, en este caso en particular, se incluyen las vecindades transfronterizas fuera de la UE. 
Por eso, he votado a favor de este informe. 
Ahora bien, tengo que aclarar un aspecto. 
Estas iniciativas no deben fomentarse o concebirse sobre la base de un enfoque que va contra el de los poderes centrales. 
En otras palabras, la UE no debe intentar, mediante dicho fomento, procurar la ruptura interna de los Estados miembros individuales, que únicamente sería perjudicial para ellos. Esta no es la función ni el objetivo de la Unión y no debe convertirse en tal. 
La regulación respecto a la introducción del euro ha demostrado ser un marco jurídico sólido durante el período de cambio en el contexto de la adopción del euro como moneda única en todos los países actuales de la zona del euro. 
Por lo tanto, puede considerarse una base apropiada para los futuros Estados miembros participantes, aunque son necesarios algunos cambios técnicos. 
Lo que es más importante, tras la experiencia del cambio al euro, es que ha de haber una estrategia de comunicación mejorada, a fin de proporcionar el la doble indicación de precios para informar a los ciudadanos, cambios en el período dual de circulación para las dos monedas y una ampliación de los plazos para que los bancos efectúen el cambio. 
Por tanto, he votado a favor del informe Rosati. 
Desde octubre de 1992 y después de tres prórrogas (hasta finales de 2005) , el Consejo ha decidido mantener un tipo normal de IVA mínimo en la UE del 15 %. 
El objetivo de esta propuesta de la Comisión es ampliar más este tipo hasta el 31 de diciembre de 2010, y esto es algo que apoyamos. 
La idea original que subyace al establecimiento de un tipo mínimo fue crear una banda con un tipo máximo que se armonizaría con un tipo único de IVA en toda la Comunidad. 
Aunque ningún Estado miembro cuenta con un tipo inferior al 15 % o superior al 25 %, el establecimiento de esta banda afectaría a la soberanía fiscal de los Estados miembros y a sus opciones de financiación de acuerdo con el presupuesto comunitario. 
El informe también incluye una cuestión que ha asomado una vez más y nos ha llevado a votar en su contra. 
Se están realizando intentos sutiles para agilizar el debate sobre la armonización del IVA, lo cual minaría otros elementos flexibles de los acuerdos actuales, como los tipos reducidos del IVA de acuerdo con las distintas necesidades sociales y culturales de cada Estado miembro. 
Esto refuerza todavía más nuestra decisión de votar en contra. 
Apoyo este informe, que coincide con la propuesta de la Comisión de ampliar el experimento del «Anexo K» de aplicar tipos reducidos del IVA a algunos servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
Lamento que el Parlamento Europeo tenga una opinión sobre el IVA y que esta cuestión siga siendo bloqueada por el Consejo. 
La controversia que rodea a esta propuesta es que si el Consejo no alcanza un acuerdo antes de final de diciembre, el sistema experimental de tipos reducidos dejará de ser legal en 9 Estados miembros. 
Eso no afecta al Reino Unido, un estado que aplica sus tipos reducidos en virtud del anexo H. No obstante, sería decepcionante que este sistema desapareciera. 
Hace cincuenta años, dos franceses, Maurice Lauré y Georges Egret, inventaron la mejor pieza tecnológica en la historia de la humanidad fiscal: el sistema del IVA, aplicado por más de 123 países, incluidos países de la UE desde el momento de la primera directiva en 1967. 
En la década de los 90, la religión monoteísta del mercado único buscó un tipo único de IVA cuyo sistema jurídico transfronterizo debía ser el del Estado miembro de origen de la transacción y no el del Estado miembro de consumo o de destino. 
El peligro era que se crearía un fondo de compensación continental, un enorme sistema laberíntico para distribuir los recibos del IVA del comercio intracomunitario. 
La unanimidad de los Estados miembros permitió al Consejo gravar impuestos de manera «temporal/permanente» en el país soberano de consumo. 
El paso inteligente a dar hoy sería igualar el empleo europeo en términos de fiscalidad con el empleo internacional, dejando atrás un siglo de errores y eliminando el impuesto idiota sobre el empleo. 
Del mismo modo, el inspirado sistema del IVA reducido debe utilizarse para clonar los aranceles de importación para gravarles el impuesto soportado deducible para beneficio de los exportadores, curando las enfermedades económicas y sociales de la globalización, con sus deslocalizaciones y el desempleo. 
Este informe, que apoyo plenamente, desarrolla el sistema transfronterizo de devolución del IVA para las PYME, estableciendo límites de tiempo para la presentación de datos y la devolución del IVA. 
Espero que de esa forma disminuya la carga administrativa que soportan las PYME. 
– Señor Presidente, en nombre de mis colegas quiero decir que hemos votado a favor de esta resolución sobre la OMC bien entendido que la referencia en el apartado 6 a la reforma de la PAC se refiere a la reforma de la PAC de 2003 realizada durante el mandato del Comisario Fischler. 
. Apoyo esta resolución conjunta sobre la preparación de la conferencia de la OMC y espero que facilite el importante papel del comercio internacional para promover el desarrollo económico y erradicar la pobreza. 
Apoyo en particular la enmienda que propone la reducción gradual, de aquí a 2010, de todas las formas de competencia en la exportación, incluidas las ayudas alimentarias, las subvenciones a la exportación y las empresas comerciales estatales en todos los países industrializados al mismo tiempo. 
Es fundamental que se haga una distinción entre servicios comerciales y servicios de interés público, y que estos últimos, como el agua, el saneamiento y la energía, no puedan verse desmantelados o debilitados en el GATS. 
La Ronda de Doha debe tener éxito para fortalecer el sistema de comercio multilateral y garantizar el progreso y el desarrollo armonioso de la economía mundial. 
El comercio, junto con las ayudas y la condonación de las deudas, es fundamental para conseguir los Objetivos del Milenio para 2015, de manera que en la Conferencia Ministerial de Hong Kong tienen que conseguirse resultados concretos con respecto a los aspectos del desarrollo de la Ronda de Doha. 
– La Comisión se está preparando para sacrificar nuestra agricultura y nuestra seguridad alimentaria en la Ronda de Doha. 
Se está preparando para apoyar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios –el notorio AGCS– que es simplemente una Directiva Bolkestein a escala mundial. 
La Comisión pretende reducir todavía más nuestros aranceles de importación, que no obstante, ya son los más bajos del mundo, y únicamente defenderá a medias los intereses europeos contra el en toda su guisa, contra la piratería y la falsificación o el requisito necesario para que los competidores de Europa respeten unas normas sociales y medioambientales mínimas. 
El Parlamento acoge con satisfacción de manera verdaderamente incondicional y corta de miras los beneficios de la mundialización y reserva únicamente a los países en desarrollo sus pensamientos respecto a la protección y diversificación de las economías, el reconocimiento necesario de los intereses nacionales, la libertad de elegir el ritmo y la velocidad de la liberalización o, todavía más, el mantenimiento de los empleos. 
Puesto que esta Cámara se repite, yo también voy a repetirme. 
El comercio mundial es desigual. 
Es injusto. 
Aun así, sus principales víctimas son los países de Europa y sus ciudadanos. 
Con esta resolución, la mayoría de esta Cámara, incluidos los socialistas portugueses, los socialdemócratas y los democristianos, ha reafirmado su deseo de liberalizar el comercio mundial, o en otras palabras, de abrir los mercados a la competencia entre países muy dispares en términos de desarrollo económico, para disfrute de los grandes grupos económicos y financieros, que sacarán beneficios enormes. 
La mayoría ha intentado engañar a la gente afirmando que el desarrollo puede producirse únicamente liberalizando el comercio, en el marco del ataque capitalista, cuando de hecho lo que ha ocurrido es que la pobreza ha empeorado, junto con la desigualdad en el mundo, una tendencia que solo puede empeorar, como ha advertido el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, si seguimos en el camino de las políticas de liberalización. 
Los efectos de la liberalización son los siguientes: las ganancias conseguidas por los trabajadores están minadas, la soberanía de los ciudadanos se encuentra atacada, las grandes multinacionales se apropian de los recursos naturales y de la biodiversidad, la destrucción medioambiental, un desempleo mayor, millones de pequeños agricultores dejados de lado y la seguridad y la soberanía alimentarias en riesgo. 
Por lo tanto, lo que se necesita es un orden internacional distinto, que sobre la base de una cooperación beneficiosa para ambas partes, cumpla con las necesidades de todas las comunidades; garantice que las personas pueden disfrutar de sus derechos más fundamentales en materia de alimentación, salud, vivienda, educación, cultura y ocio; lleve a cada Estado a lograr todo su potencial, respetando su soberanía y garantice la promoción de la protección medioambiental. 
Todo eso está en juego… 
. Rechazo la resolución en la versión presentada y acordada conjuntamente sobre los preparativos para la 6ª Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong. 
Las demandas y los argumentos contenidos en la misma son demasiado limitados y quisiera que sus exigencias respecto a la dimensión social en la OMC fueran mucho más lejos. 
La ronda de Doha debería incluir la consideración de las cuestiones no relacionadas con el comercio como la sociedad, el medio ambiente y la cultura. 
Las normas sociales mínimas reconocidas internacionalmente no deberían considerarse una forma de proteccionismo comercial; al contrario, posibilitan un comercio «más justo» , dado que existe una interacción entre el comercio y las cuestiones sociales. 
En mi opinión, el desarrollo económico y social justo depende de la incorporación, a modo de disposiciones vinculantes, de normas de empleo mínimas en los Acuerdos de la OMC. 
La prohibición del trabajo infantil, el derecho de hombres y mujeres a recibir un salario igual, la abolición de los trabajos forzados, la legitimidad de los sindicatos y lo que se denomina libertad para concluir acuerdos colectivos están entre las normas mínimas fundamentales de empleo, y la OIT ya exige que la mayoría de países las apliquen. 
Si queremos desarrollar un sistema justo de comercio mundial, debe haber paridad entre unas normas mínimas vinculantes de empleo como estas, junto con el cumplimiento de las normas medioambientales internacionales, y la legislación comercial en vigor de la OMC El establecimiento de normas de empleo estipuladas solo puede tener un efecto positivo en la economía de un país, y no deben considerarse un obstáculo. 
He votado a favor de una declaración sobre la Conferencia Ministerial de la OMC que envía una clara señal en el sentido de que el desarrollo debe seguir siendo el centro de atención de las conversaciones en la ronda de Doha. 
Eso significa que los más ricos, como la UE, deben realizar las reformas necesarias para poner fin a la distorsión que ocasionan las subvenciones en la agricultura y abrir sus mercados agrícolas a los productos de países más pobres que dependen de la agricultura. 
Al mismo tiempo, no deben imponer demandas injustas a los países más pobres para que abran sus mercados nacionales en otros ámbitos. 
Hay mucho en juego en Hong Kong y nosotros tenemos que demostrar nuestro compromiso con la promoción del comercio entre los países en desarrollo. 
El comercio sur-sur sigue siendo un vehículo importante para el desarrollo a largo plazo de los países, puesto que el 70 % de los aranceles pagados por los países en desarrollo se pagan a otros países en desarrollo. 
Además, los países en desarrollo tienen la posibilidad de ganar mucho, puesto que se estima que el comercio entre ellos está creciendo dos veces más deprisa que el comercio mundial y representa ya en torno al 40 % de sus exportaciones. 
Después de Seattle, Doha y Cancún, ahora le toca el turno a la Conferencia Ministerial de Hong Kong para continuar con 60 años de errores filosóficos y técnicos respecto a la reducción y, a largo plazo, a la abolición de los aranceles de importación. 
Esto se hace en nombre de una teoría ricardiana que no solo está desprovista de todo fundamento científico serio sino que se ve constantemente contradicha por los hechos. 
Se supone que la continua disminución de los aranceles de importación promueve la prosperidad económica. 
Pues bien, tras décadas de barreras arancelarias inexistentes, África sigue empobreciéndose. 
Se supone que la eliminación de los aranceles de importación crea «la riqueza de las naciones». 
Pues bien, en América del Norte, el acuerdo de comercio libre –el llamado ANALC– de 1994 destruyó a los agricultores mexicanos. 
Se supone que los ciudadanos quieren este descenso de los aranceles de importación. 
Pues bien, en noviembre de 2005, los indígenas de los Andes –en Ecuador, por ejemplo– rechazaron el ALC –el Acuerdo de Libre Comercio– que la Administración Bush busca imponer a Colombia, Perú y Ecuador. 
El Banco Mundial, la OCDE, el FMI y la OMC explican detalladamente que disminuir las barreras arancelarias significa incrementar el nivel de vida. 
Pues bien, el «asunto del plátano» está ahí para cuestionarlo. 
La OMC y la conferencia de la OMC representan conjuntamente el mercado de esclavos embellecido por Ricardo, Adam Smith y otros predicadores fraudulentos de la Biblia de la jungla. 
Me complace observar que la opinión de que el desarrollo del comercio internacional contribuye al crecimiento económico, al desarrollo, al empleo y a un mejor ambiente en materia de relaciones internacionales cuenta con muchos adeptos. 
No obstante, incluso ahora algunos grupos todavía presentan programas y agendas que forman parte de una lucha común contra un mundo más libre y abierto cuando se trata de comercio. 
Aunque no sería acertado bailarles el agua, también tenemos que entender el origen de ese descontento, porque la política no puede hacerse volviendo la espalda a la realidad. 
Con este telón de fondo, la actual Resolución Común recoge preocupaciones bastante significativas y trata algunos puntos muy relevantes. 
Por lo que a mí respecta, la UE necesita adoptar una postura negociadora clara y firme y demostrar un deseo sincero de apoyar el desarrollo económico y el crecimiento del comercio mundial. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción el hecho de que esta resolución defiende el apoyo del crecimiento económico en los países en desarrollo, y ese énfasis se sitúa en las preocupaciones sociales, medioambientales, laborales, culturales y por último, pero no por ello menos importante, económicas. 
Lo que hace falta es un comercio internacional mayor y más justo, sin perder de vista nuestras responsabilidades para con nuestros ciudadanos. 
. – Las decisiones de la UE para la Conferencia Ministerial de la OMC se caracterizan por la ambición de los imperialistas, especialmente los Estados Unidos y la UE, de utilizar las normas del comercio internacional con el fin de saquear los mercados de los países desarrollados y en desarrollo en detrimento de los ciudadanos y con consecuencias catastróficas para el medio ambiente. 
La propuesta de resolución conjunta, apoyada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, ratificaba la política agresiva de la UE en detrimento de los pueblos. 
La liberalización de los servicios promovidos bajo la «Directiva Bolkestein» en los Estados miembros de la UE está siendo seleccionada como estrategia internacional en el marco de la OMC por parte de la UE con el fin de lograr acuerdos colectivos y derechos de los trabajadores en general. 
Los recortes drásticos en las subvenciones para productos agrícolas, sobre la base de la revisión de la PAC de la UE y la reestructuración general de la producción agrícola para beneficio de los monopolios, tienen como objetivo eliminar las explotaciones pequeñas y medianas. 
Al mismo tiempo, continúa el dominio de los monopolios del grupo farmacéutico. 
La OMC es un organismo internacional imperialista que sirve para garantizar el perpetuo dominio de las grandes compañías y su rentabilidad. 
Por estas razones, los diputados europeos del Partido Comunista de Grecia han votado en contra de esta propuesta de resolución sobre la OMC, contribuyendo así al desarrollo de la lucha de los trabajadores y reforzando la lucha antiimperialista y antimonopolio para que los propios pueblos decidan su propio futuro elaborando acuerdos sobre la base del beneficio mutuo. 
. – La propuesta de resolución conjunta se esfuerza, de manera insultante e inadmisible, por difamar a la República Socialista de Vietnam, acusándola de violar los derechos humanos. 
El objetivo es ejercer presión y crear un clima de derribo de los logros socialistas y del pueblo llano con el fin de crear los requisitos previos para saquear el país. 
La estrategia de intervención de la UE creando una «oposición» financiada es bien conocida. 
Es una imprudencia descarada citar el 30º aniversario de la tremenda victoria de los vietnamitas sobre el imperialismo americano y acusar al Gobierno de falta de democracia. 
Los heroicos ciudadanos de Vietnam ganaron su independencia a costa de la vida de millones de personas asesinadas por las intervenciones imperialistas. 
¿Dónde está la sensibilidad por los derechos humanos de las decenas de miles de vietnamitas que fueron asesinados o de los miles de niños que nacen con graves problemas por el uso de productos químicos del agente naranja? 
¿Por qué no pide la por otro lado sensible UE a los Estados Unidos y a la multinacional Monsanto que paguen por las víctimas de la guerra química y biológica? 
Los imperialistas europeos y americanos nunca perdonarán al país que consiguió aplastar tres poderes imperialistas importantes, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. 
Expresamos nuestro apoyo y solidaridad con este heroico pueblo que simboliza la historia de la humanidad. 
Señor Presidente, lamento profundamente el hecho de que la señora De Palacio, en nombre de la Comisión, ya haya puesto fin a la aplicación de la tregua olímpica en el Valle de Suze durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006. 
Incluso la región del Piamonte solicitó esta tregua con el fin de poner fin, durante los Juegos, a las tensiones y disturbios creados por la oposición popular con relación a las obras que se estaban realizando en la línea de alta velocidad Lyon/Turín. 
¡Independencia para el Valle de Suze, liberad el Piamonte! 
Celebro esta resolución sobre la Tregua Olímpica en el contexto de las Olimpiadas de Invierno de Turín 2006. 
La tregua es un símbolo esencial del espíritu olímpico, que debe conservarse y respetarse. 
.He votado complacido a favor de la propuesta de resolución sobre el desarrollo y el deporte presentada y apoyada por mi colega, la señora Martens, puesto que el deporte es una de las disciplinas que reúne a las personas y las hace avanzar en el camino a una mayor sabiduría y progreso. 
Esta resolución debería ser el punto de partida de una política deportiva ambiciosa de la UE, confiando en las federaciones deportivas nacionales de los Estados miembros, especialmente en el ámbito juvenil. 
He votado a favor de esta resolución. 
Creo que debemos hacer más por promover la participación activa de los jóvenes en el deporte. 
Debemos hacer también más por promover la participación de las mujeres en actividades hasta ahora dominadas por los hombres. 
Por último, aunque no sea una cuestión que competa a la UE, tenemos que animar a los Estados miembros a que hagan más para conservar los espacios verdes y los campos de deportes en las principales conurbaciones. 
Señor Presidente, en mi opinión, falta algo esencial en el informe del señor Duff sobre las directrices para la aprobación de la Comisión Europea. 
De hecho, le recuerdo cómo, el año pasado, el señor Buttiglione, el candidato italiano a Comisario, fue crucificado positivamente a resultas de unas informaciones en su contra de manera escandalosa. 
De forma muy parecida a la de la Inquisición española, la razón no era la política que pudiera perseguir el Comisario Buttiglione, sino la cuestión de si, en su sistema de creencias más interno, no albergaba opiniones que se oponían abiertamente a esta asombrosa corrección política. 
La carnicería del señor Buttiglione fue otro paso en la represión por parte de nuestros nuevos sacerdotes totalitarios de la Izquierda. 
Si esta Cámara fuera honrada y coherente consigo misma, entonces este informe afirmaría que a los Comisarios Europeos no se les permite pensar de modos no permitidos por la corrección política. 
Señor Presidente, el informe Duff me recuerda a las inmortales palabras de William Shakespeare «mucho ruido y pocas nueces». 
Independencia, competencia, compromiso europeo, todas estas son cualidades positivas, pero en la práctica observo que esta Cámara no tiene problema en aceptar a personas como Louis Michel, que en su calidad de anterior Ministro de Asuntos Exteriores belga, fue en contra de la propia noción de cooperación europea demonizando a Austria; el señor Michel, respecto al cual se sabe de manera general que considera el código de conducta para la exportación de armas un simple trozo de papel; el señor Michel, que en marzo, durante una visita a Cuba, dijo que las cosas no estaban mal por allí y que las organizaciones de derechos humanos debían dejar de desafiar al señor Castro. 
Es una suerte que la ética y el respecto a los derechos humanos no sean criterios específicos para el nombramiento para el puesto de Comisario. 
Independientemente de la evaluación de principios, los criterios y normas que la Comisión debe seguir, como colegio, es inadmisible que el Parlamento deba adoptar informes que afirman que «se ha previsto la entrada en vigor de la Constitución para el 1 de noviembre de 2006». 
Solo una obsesión insana por el federalismo y el neoliberalismo llevarían a la mayoría del Parlamento a persistir en esta idea, incluso tras las derrotas en Francia y los Países Bajos que bloquean la adopción de la llamada Constitución Europea. 
Respecto a los principios y criterios de evaluación, hay algunos puntos positivos, pero no debemos perder de vista el hecho de que, tras la competencia, el compromiso y la adecuación de los candidatos se encuentran sus políticas, ya sean individuales o colectivas. 
Este es el criterio clave sobre el que basamos nuestra evaluación. 
Quisiera señalar que el rechazo de los ciudadanos franceses y neerlandeses de la Constitución Europea –por una gran mayoría y mediante referendo– anuló este texto de manera definitiva. 
Las repetidas referencias a este texto en los informes del Parlamento son una negación de la democracia. 
Los que afirman que representan a los europeos deberían ser los primeros en tener en cuenta los deseos de los mismos cuando se expresan de forma clara. 
En segundo lugar, este Parlamento, que no representa la opinión pública europea, puesto que apoya, por ejemplo, la adhesión de Turquía, la inmigración con el objetivo de reforzar la población y además, el principio del país de origen en la Directiva Bolkestein, no garantiza, lamentablemente, el buen funcionamiento de Europa. 
El Parlamento no sancionó a la Comisión Santer. 
Realizó una caza de brujas selectiva durante el nombramiento de la Comisión Barroso, no para bien de Europa, sino por razones ideológicas y a causa de luchas de poder entre instituciones. 
El punto de partida es que Europa no es un Estado. 
La Comisión no es, y categóricamente no debe ser, un Gobierno. 
Es simplemente un Colegio de funcionarios civiles. 
La aprobación por parte del Parlamento de la composición de la Comisión y de su Presidente sigue siendo un mero disimulo. No concede a la Comisión ningún tipo de legitimidad democrática. 
Hay que aprender de los fracasos y errores en el nombramiento de la Comisión del año pasado. 
Mereció críticas, sobre todo porque fue necesario eliminar un candidato competente porque se ceñía a sus convicciones religiosas conservadoras, mientras que un estalinista incompetente seguía en el cargo. 
Es totalmente inadmisible que los candidatos dudosos –por ejemplo, los que silencian su implicación en el lado oscuro de la financiación de partidos– no tengan problema para entrar. 
Después de todo, los futuros miembros de la Comisión deberían cumplir las normas morales más altas y los condenados por un tribunal legal no tienen sitio en ella. 
También es vergonzoso observar que no hay acuerdo respecto al modo de evaluar la competencia e idoneidad de un futuro Comisario, con la consecuencia de que se aplican distintas comparaciones. Con más razón se da esta situación cuando unos criterios y requisitos uniformes habrían dejado fuera a otros candidatos. 
No solo debe concedérsenos la oportunidad de juzgar a los Comisarios designados como personas individuales, en lugar de dejarnos engañar con un voto sobre todos ellos, sino que también es esencial que en esta Cámara acordemos criterios uniformes para evaluarlos. 
También los Estados miembros deben tener más cuidado al seleccionarlos y presentar únicamente a aquellos candidatos que están a la altura del trabajo. 
Lo que sin duda lograría esto es la elaboración de una lista de la que escoger los solicitantes más idóneos. 
Este es el único modo de impedir futuras farsas. 
El transporte marítimo es de una importancia vital para Portugal, dada nuestra considerable zona costera. 
Del mismo modo, es importante para la totalidad de la Unión, que cuenta con una frontera marítima enormemente extensa. 
Por ello pienso que es de vital importancia garantizar que los mares de Europa sean viables y competitivos, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa. 
Las medidas comunitarias que tratan la competencia en el ámbito del transporte marítimo deben tener en cuenta la aparición de nuevas naciones marítimas, como China, Corea y Taiwán. 
Por ello necesitamos instrumentos que protejan el nuevo marco para la cooperación empresarial entre operadores de servicios trasatlánticos que lleguen y salgan de la Unión. 
Por tanto, he votado a favor del informe Kratsa. 
Sin desear implicarme en un debate sobre armonización fiscal y acuerdos comunes de IVA, el objetivo principal de esta resolución es ampliar durante otro año –hasta finales de 2006– el período de prueba para aquellos Estados miembros que eligen hacerlo con vistas a aplicar un tipo reducido del IVA a ciertos servicios con fuerte intensidad de mano de obra. 
Pensamos que, puesto que se trata de una medida puntual, puede ayudar a promover la creación de empleo y a reducir la economía paralela. En este momento es demasiado pronto para evaluar el impacto socioeconómico de esta medida, que también llevará a una mayor flexibilidad en cuanto a impuestos indirectos. 
Debería tenerse en cuenta que, si esta medida terminara de repente, los precios podrían subir. 
Estos acuerdos deberían aplicarse a todos los Estados miembros actuales, puesto que los nuevos Estados miembros no deberían ser objeto de discriminación, lo cual sería inadmisible. 
– Declaro interrumpida la sesión del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 1 de diciembre de 2005. 
Señoras y señores diputados, creo que es una buena ocasión para que el Presidente les haga una declaración relativa a la pena de muerte. 
Digo que es una buena ocasión porque, como ustedes saben, el 10 de diciembre —hace dos días— celebramos el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 
Entre estos derechos, hay uno fundamental: el derecho a la vida. 
Sin embargo, lamentablemente, pocos días antes tenía lugar, en los Estados Unidos, la ejecución del condenado a muerte número 1 000 desde que esta pena se reinstauró en 1976. 
La magia de las cifras redondas —1 000— y su coincidencia en el calendario con el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos dan a esta circunstancia una especial relevancia. 
Pero no solo en los Estados Unidos tuvo lugar una ejecución, también en Singapur, el mismo día, era ejecutado otro condenado. 
Es un buen momento para recordar que la Unión Europea combate la pena de muerte, porque la considera contraria a nuestros valores. 
La abolición de la pena de muerte es una condición para la adhesión de cualquier país a la Unión Europea. 
Afortunadamente, la abolición de esta pena progresa en el mundo: en 1977, 16 países habían abolido la pena de muerte y, hoy, ya son 84. 
Pero en 76 países todavía se mantiene esa pena, y, en 24 países, aunque está abolida de hecho, puesto que no se practican ejecuciones desde hace 10 años, subsiste en el código legal. 
Aunque ha disminuido el número de países que aplican esta pena, el número de ejecuciones es dramáticamente elevado. 
Según Amnistía Internacional, en el año 2004, 7 400 personas fueron condenadas a muerte y en 25 países se ejecutó a casi 3 800 personas. 
Por lo tanto, no nos centremos solo en el número 1 000, de los Estados Unidos, y retengamos una visión global de lo que ocurre en el conjunto del mundo: 3 800 personas ejecutadas en el año 2004. 
Sin embargo, el 95 % de estas ejecuciones, prácticamente la totalidad, se produjeron en China, en Irán, en Vietnam y en los Estados Unidos. 
Así, los Estados Unidos son el único país democrático que todavía aplica de forma significativa la pena de muerte; en sus cárceles, hay 3 400 personas condenadas, esperando su ejecución. 
Un hecho significativo es que 120 personas condenadas a muerte han sido liberadas antes de su ejecución porque su inocencia ha sido probada. 
Ésta es la situación. 
Una situación que, sin embargo, permite atisbar una luz de esperanza, porque la sociedad estadounidense evoluciona en contra de la pena de muerte, así como los jurados populares, y el Tribunal Supremo ha abolido su aplicación para los menores y los discapacitados mentales. 
En doce Estados federados está abolida; en otros 20, ya no se ejecuta. 
Pero, desgraciadamente, China es el país que tiene el récord absoluto de ejecuciones capitales. 
Parece ser que habría unas 6 000 ejecuciones al año, aunque Amnistía Internacional las cifra en 3 400. 
Quiero recordarles esta situación, porque creo que nosotros, parlamentarios, tenemos que trabajar para convencer a nuestros homólogos de todos los países de que la pena de muerte ha de suprimirse, porque, para nosotros, los europeos, la vida es un derecho inalienable y nadie pierde el derecho a ese derecho cualesquiera que sean sus culpas. 
Eso es lo que quiere decir inalienable: que no depende de la responsabilidad de cada cual, sino de su propia existencia y esencia como ser humano. 
Muchas gracias por su atención. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 8 de diciembre de 2005. 
Señor Presidente, quizá en la traducción no haya quedado claro que lo que pide el señor Schulz es que, en su declaración del miércoles, la Presidencia del Consejo se pronuncie sobre esta cuestión y deje bien claro cuál es la postura del Consejo a este respecto. 
De acuerdo, entonces transmitiré la petición formulada por el Sr. Martin Schulz a la Presidencia del Consejo para que la incorpore en su declaración, pero no modificamos formalmente ningún punto del orden del día. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha presentado una solicitud por la que pide que se sustituya el título del debate «Detención de monjes y cierre de un monasterio en el Tíbet» por «Situación de los derechos humanos en el Tíbet y en Hong Kong». 
– Señor Presidente, con mucho gusto justificaré muy brevemente la solicitud. 
Mi Grupo había intentado presentar una propuesta sobre Hong Kong a la vista de las recientes declaraciones del Gobierno del territorio en que se da a entender que no habrá ningún cambio a favor del sufragio universal. 
Creo que esta Cámara conoce la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Hong Kong hace diez días: los ciudadanos de Hong Kong se manifestaban a favor del sufragio universal y de la democracia plena. 
Esta Cámara siempre les ha apoyado en el pasado y me parece que ahora tenemos una buena ocasión para volver a hacerlo. 
Señor Presidente, queremos apoyar esta solicitud, pues, si hablamos de asuntos de urgencia, este sin duda es uno de ellos, máxime a la luz de las manifestaciones a las que se ha referido el señor Watson. 
Consideramos un contratiempo que las cosas en Hong Kong no sigan por el camino que hubiésemos querido o que el Gobierno de la República Popular de China en cierta medida prometió. 
Nuestro apoyo a una causa justa no ha de considerarse una medida contra China o la República Popular, sino a favor de los ciudadanos de Hong Kong en su intento por establecer una democracia. 
China tiene que comprender que este intento de establecer una democracia en Hong Kong aportará también grandes ventajas a China. 
Teniendo en cuenta esto, apoyamos esta petición. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa también solicita que se sustituya el título del debate «Etiopía» , tal y como figura en los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho, por «Etiopía y nuevos conflictos fronterizos». 
– Señor Presidente, mi Grupo propone que se cambie el título y que este diga: «Etiopía y nuevos conflictos fronterizos». 
Como sabe esta Cámara, los problemas de esa región no solo tienen que ver con Etiopía, sino también en gran medida con otros conflictos fronterizos de la zona, y nos parece que debemos ampliar a todos ellos el alcance de la resolución. 
(1) 
El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Voy a dar prioridad a aquellos diputados que todavía no han intervenido. 
– Permítame expresar lo mucho que me alegro de que se haya concedido el premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia a las «Damas de Blanco» , un movimiento de mujeres cubanas que lucha pacíficamente por conseguir apoyo nacional e internacional a la proclamación de un indulto general en Cuba. 
He recibido personalmente información detallada sobre las actividades de las madres y las esposas de presos políticos a través de la señora Gisela Sánchez Verdecia, esposa del preso cubano Antonio Díaz Sánchez, que he adoptado simbólicamente junto con mis colegas, los diputados al Parlamento Europeo Peter Šťastný y Milan Gaľo. 
Esta heroica mujer está luchando por su marido que cumple una condena de veinte años y se encuentra en un estado de salud crítico a consecuencia del trato inhumano recibido. 
Quiero expresar mi profunda solidaridad con este grupo de mujeres cubanas en su valiente lucha por la liberación de todos los presos políticos. 
Espero que el Parlamento Europeo no cuente únicamente con el premio Sájarov para concienciar del fracaso cubano a la hora de acatar la Declaración de derechos Humanos. 
Pido al Parlamento que siga presionando para que la democracia regrese pronto a Cuba. 
– Señor Presidente, la Presidencia británica ha presentado sus propuestas desglosadas en números para las perspectivas financieras 2007-2013. 
Nos temíamos lo peor, y no nos equivocamos. 
Tras nueve meses de trabajo de la comisión temporal sobre las perspectivas financieras, el Parlamento Europeo llegó a un compromiso aceptable, que permitía garantizar a Europa un futuro ambicioso y coherente. 
En cambio, el señor Blair propone recortes drásticos y pone en peligro el proyecto de la Unión. 
Ataca los Fondos Estructurales, el desarrollo rural, la juventud y la cultura y condena a la precariedad la dotación financiera del Fondo de Ajuste a la Globalización. 
Debemos llegar a una posición madura en interés de la integración europea. 
Pongamos fin a los egoísmos nacionales y a las ventajas anacrónicas de que gozan algunos Estados miembros. 
Es preciso que el Reino Unido reconsidere su contribución al presupuesto yendo más allá de una mera medida cosmética. 
Europa es un proyecto común, no un patio de operaciones bursátil. 
Utilicemos también las opciones crediticias para dotarnos de los recursos necesarios para conseguir lo que queremos. 
De que lo hagamos depende el proyecto europeo y la solidaridad necesaria con nuestros nuevos socios. 
– Señor Presidente, Señorías, un buque cementero, el, se hundió el 2 de diciembre a las afueras del puerto de La Spezia, en el Golfo de los Poetas, que es un magnífico golfo del Mediterráneo. 
La tripulación se salvó, el sistema SeaDarQ indicó que se habían derramado unos 90 000 litros de hidrocarburos. 
Garantizar la seguridad costará al menos 2 millones de euros y las labores durarán algunos meses. 
Los servicios de socorro y la profesionalidad han sido excelentes y, sin embargo, resulta patente la urgente necesidad de controles más estrictos, porque este buque era una carraca oxidada, registrada en el Registro Naval de Ucrania y que viajaba con los documentos en regla. 
Por tanto, hay que plantear la posibilidad de llevar a cabo una investigación técnica tras el accidente para determinar las causas y responsabilidades, y este caso también debería considerarse dentro del paquete político Erika II, de modo que pueda decirse verdaderamente que los responsables de llevar a cabo los controles serán a su vez controlados. 
– Señor Presidente, Señorías, aunque el informe sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de mi colega, el señor Gollnisch, se debatirá dentro de poco, me permito plantear una cuestión de gran actualidad. 
La semana pasada, el Primer Ministro francés, el señor De Villepin, afirmaba con energía y convicción que no corresponde al legislador establecer la verdad histórica. 
Dijo que no hay historia oficial en Francia. 
Algunos días más tarde, el Jefe del Estado, el señor Chirac, dijo algo parecido: «En la República no hay historia oficial. No corresponde a la ley escribir la historia; esto es asunto de los historiadores». 
Ahora bien, ¿de qué acusan las autoridades políticas y judiciales francesas al señor Gollnisch? 
Haber dicho exactamente lo mismo algunos meses antes, a saber, que corresponde a los historiadores estudiar las cuestiones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, mal que pese a algunos de mis colegas diputados franceses, que se autoerigen en policías del pensamiento, llegando incluso a ejercer presiones políticas inaceptables para que se rechace la demanda de defensa de la inmunidad del señor Gollnisch. 
En estas condiciones, Señorías, les ruego encarecidamente que no caigan en el absurdo de aprobar este informe. 
– Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre un episodio que tuvo lugar la semana pasada en Miami, en los Estados Unidos, y sobre el cual creo que el Parlamento ha de adoptar una postura. 
Un estadounidense de 44 años de edad con un historial de enfermedad psiquiátrica volaba con su mujer desde Miami a Orlando. 
De repente, por razones que aún desconocemos, sintió la necesidad de abandonar el avión. 
Salió corriendo y fue perseguido por un policía que disparó contra él para detenerle. 
Al ver que el pasajero no cumplía sus órdenes, le ejecutó a sangre fría en la zona de embarque. 
Testigos presenciales afirman que oyeron hasta seis disparos. 
Esta es la segunda ejecución que se ha producido a los pocos meses del desafortunado incidente con un ciudadano brasileño en Londres. 
Por ello hemos de preguntarnos si esta es la sociedad que queremos crear, donde las autoridades disparan primero y luego preguntan. 
Estamos creando un clima malsano de miedo para los ciudadanos que comportará cambios lamentables en el futuro. 
Por ello creo que, como Parlamento, hemos de condenar semejante acción y hacer lo posible por garantizar que cualquier legislación que sea aprobada por este Pleno favorezca al ciudadano y el uso de la violencia. 
Señor Presidente, las Damas de Blanco, que han sido galardonadas con el Premio Sájarov, como se ha recordado esta tarde aquí, no han podido utilizar los billetes que ha puesto a su disposición el Parlamento Europeo para venir a recoger el premio el próximo miércoles, al no haber sido autorizadas por el Gobierno cubano, lo que constituye una violación flagrante de los derechos de estas personas y un desconocimiento, señor Presidente, de la voluntad mayoritaria de este Parlamento. 
Señor Presidente, la única posibilidad que tienen estas personas para estar aquí el miércoles es que puedan coger el vuelo de esta noche. 
Le pido que movilice usted todos sus esfuerzos para que ello sea posible. 
Estas personas no han cometido otro delito que el defender valerosa y pacíficamente los derechos de sus familiares y, por lo tanto, señor Presidente, creo que nosotros, como representantes del Parlamento Europeo, deberíamos movilizar todos los esfuerzos para que puedan estar aquí y recoger el Premio Sájarov el próximo miércoles. 
Señor Salafranca, puede usted tener la seguridad de que la Presidencia y todos los órganos del Parlamento han hecho todo lo que han podido para influir en las autoridades cubanas y conseguir que este permiso se conceda. 
Minutos antes de entrar en el Pleno he vuelto a hablar de nuevo con el recientemente nombrado embajador de Cuba ante la Unión Europea, que ha presentado sus cartas credenciales esta mañana a la Presidencia en ejercicio del Consejo, y espero poder hablar con el Ministro de Asuntos Exteriores cubano en el transcurso de esta tarde. 
No le puedo asegurar ningún resultado, pero sí quiero que tenga la seguridad de que la Presidencia ha puesto todo su empeño para conseguir que los galardonados con el Premio Sájarov puedan acudir a recibirlo. 
Señor Presidente, las tareas que la UE se ha impuesto a sí misma incluyen, en particular, la promoción de un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible en toda la Comunidad y el logro de un alto nivel de empleo y bienestar social, mejor calidad de vida y mayor cohesión económica y social, junto con el aumento de la solidaridad entre los Estados miembros. 
Cualquiera que lea esta lista podría pensar que pronto veremos otro paraíso terrenal. 
Sin embargo, los principios rectores antes mencionados no guardan relación con la situación real, especialmente si se tienen en cuenta los importantes recortes que se han hecho en el presupuesto. 
Ello es especialmente cierto en el caso de Polonia, donde el desempleo asciende al 20 % y muchos polacos han perdido su empleo debido a la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capital. 
El desempleo conlleva pobreza, hambre y desesperación, agravados todavía más con las propuestas de alargar los periodos de transición. 
Este tipo de meditaciones son realmente paradójicas en este periodo prenavideño, sobre todo en vista del hecho de que se están rechazando los valores cristianos junto con el conocimiento de la verdad que nos libera. 
Espero que esta verdad se haga realidad y que esta Navidad y este Año Nuevo estén llenos de esperanza y amor. 
– Señor Presidente, en estos tiempos de crisis presupuestarias latentes y perspectivas cada vez más sombrías de las conversaciones de Hong Kong, deseo llamar la atención de esta Cámara sobre un ejemplo de buen hacer comunitario. 
El 7 de diciembre, el dominio de Internet «.eu» se puso a disposición de las empresas de toda Europa para su registro y en este breve lapso de tiempo ya ha habido cien mil solicitudes de todo el continente europeo. 
En mi opinión, esto demuestra el interés por una designación europea para nuestras empresas y seguramente habrá muchas más solicitudes cuando los ciudadanos puedan registrarse individualmente en la próxima primavera. 
Como orgulloso escocés, me gustaría ver una presencia específicamente escocesa en el ciberespacio, y creo que su propio país, señor Presidente, nos ha mostrado el camino con la designación «puntCAT» que recientemente han conseguido para Cataluña. 
Deseo manifestar mi apoyo a la campaña por el «.sco» , pues una mayor presencia de la lengua y la cultura escocesas en el ciberespacio solo podría ser beneficiosa para nosotros. 
Espero que nos podamos unir a ustedes en el ciberespacio, si no geográficamente. 
– Señor Presidente, recientemente he sido observador de las elecciones presidenciales de Kazajstán junto con un grupo de importantes políticos y expertos británicos. 
Tengo cierta experiencia en esos asuntos, pues supervisé las elecciones de Indonesia el año pasado, que probablemente fueron las más complicadas que jamás se han celebrado. 
El grupo británico concluyó que las elecciones en Kazajstán habían sido libres y sin coerción. 
Otros grupos, procedentes de Bélgica, Francia, la CEI, los Estados Unidos e Indonesia, llegaron a la misma conclusión. 
El portavoz de una de las candidaturas de la oposición dijo tras las elecciones que la oposición se había equivocado al centrarse en personalidades más que en la política. 
Nosotros discrepamos completamente de las conclusiones del grupo de observadores de la OSCE, que elaboró un costoso, displicente y académicamente pomposo informe de condena del proceso electoral. 
La OSCE también contradijo la anterior declaración de los diputados a esta Cámara tras las elecciones parlamentarias del año pasado, según la cual el electorado kazajo es ahora un colectivo experimentado y está por encima de la coerción y la intimidación. 
Creo que el informe de la OSCE estuvo influido por la pugna de su burocracia interna en torno a la futura presidencia de la organización. 
Los burócratas no deberían meterse en política ni imponer a un determinado presidente. 
Eso llevaría al descrédito de la OSCE, cosa que no desea esta Cámara. 
Pido a esta Cámara que realice una investigación sobre la labor de la OSCE. 
Señor Presidente, en mi nombre y en el de los diputados Jamila Madeira y Giovanni Pittella, pido al señor Blair, representado por los estrados del Consejo, que rectifique el insulto a la inteligencia y a los valores democráticos europeos que supone la discriminación que, en su propuesta financiera, aplica a las regiones de Algarve, Basilicata, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla con respecto a tres alemanes, tres regiones griegas y una austriaca, que sufren el mismo efecto estadístico, pero reciben mejor trato. 
El próximo 20 de diciembre, en Bruselas, volveremos a interpelarle. 
Esperemos que, para entonces, no haya materializado esta vergonzosa e inaceptable discriminación y pueda felicitarle. 
– El 30 de noviembre, la Comisión reveló sus propuestas para las cuotas pesqueras y las medidas asociadas para 2006, en el marco de la Política Pesquera Común, que debe adoptar el Consejo a finales de año. 
La Comisión anunció el objetivo de introducir, en la medida de lo posible, un enfoque gradual para la recuperación de las poblaciones de peces que permita a los pescadores proseguir con sus actividades. 
Sin embargo, las propuestas de la Comisión para reducir el esfuerzo de pesca no incluyen ninguna valoración de los costes económicos y sociales para los pescadores. 
El sector pesquero, especialmente en Portugal, ya ha sido duramente golpeado, entre otros factores, por el aumento del precio del combustible. Por ello pido que se tomen medidas a escala comunitaria a fin de salvaguardar el futuro del sector, porque se trata de una política común para apoyar los ingresos de los pescadores, sobre todo los que están implicados en la pesca de bajura a pequeña escala. 
Señor Presidente, hace unos días se iniciaron las obras de construcción del gasoducto del Norte. 
Este gasoducto será perjudicial para los intereses económicos de los Estados bálticos y de los países centroeuropeos, incluida Polonia, pero a pesar de las protestas pasará de largo de estos países. 
En lugar de ello, enlazará a Rusia directamente con Alemania, poniendo en peligro la seguridad energética de una tercera parte de la UE. 
La construcción de este gasoducto podría provocar un desastre ambiental en la región del Báltico. 
Las reservas de armas químicas alemanas que se lanzaron al mar Báltico después de la Segunda Guerra Mundial podrían verse afectadas por las obras del gasoducto. 
Los productos químicos venenosos podrían contaminar las aguas del Báltico. 
Incluso la firma del acuerdo sobre este gasoducto fue un escándalo. 
Según los informes aparecidos en los medios de comunicación, Gerhard Schröder dirigirá la junta directiva de la empresa, mientras que Matthias Warning asumirá el papel de presidente de la misma. 
Hasta 1990, el señor Warning fue oficial de la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este, y supuestamente fue durante este periodo cuando conoció a Vladimir Putin, que a la sazón era agente del KGB. 
El hecho de que un antiguo Canciller esté implicado en una empresa cuyos intereses defendió tan ruidosamente es muy sospechoso. 
Propongo que se designe una comisión parlamentaria para investigar las cuestiones en torno a la construcción de este gasoducto, así como la amenaza que ello supone para el medio ambiente y para la seguridad energética de muchos Estados miembros de la UE. 
Sabe usted cuáles son los procedimientos establecidos para pedir formalmente la creación de una comisión de investigación. 
Si desea hacerlo sabe usted cómo. 
Señor Presidente, Señorías, quiero aprovechar la oportunidad para decir algo acerca del debate que la Comisión ha instigado –un término que utilizo deliberadamente– sobre la prohibición austriaca del uso de animales en los circos. 
El apartado 27 de la ley federal austriaca sobre la protección de los animales estipula que los circos, los espectáculos de variedades y otras formas de diversión similares no pueden tener animales salvajes ni utilizarlos para los espectáculos. 
En lugar de felicitar a Austria por hacer algo positivo y tomar la delantera en este ámbito, la Comisión respondió enviando una carta de advertencia al Gobierno austriaco, en la cual se le amenazaba con revocar la prohibición de los circos que tienen animales –impuesta no solo por Austria, sino también aplicada en cierta medida en otros Estados miembros de la UE– diciendo que la prohibición de los espectáculos con animales salvajes iba en contra de la libre circulación de servicios. 
La protección de los animales debería ser un valor de interés general y ello debería ser un argumento que justificara una limitación de la libre circulación de servicios. 
Los circos tradicionales no deberían basarse en el uso de animales; hay circos muy famosos que consiguen atraer a multitudes sin espectáculos con animales salvajes. 
Hay que dar prioridad a la protección y al bienestar de los animales, tanto si hablamos de los circos que tienen animales salvajes como de las condiciones en las que son transportados los animales, que desafían cualquier descripción. 
– Portugal se ha visto asolada por deslocalizaciones de empresas que han aumentado el desempleo hasta niveles alarmantes, un fenómeno que afecta en especial a las mujeres. 
En esta ocasión, la multinacional estadounidense acaba de anunciar el cierre de una de sus unidades, la fábrica de cables Linhó, que había empleado a 1 200 personas y que ahora está presionando a las 300 que quedan para que acepten el despido. Esto ocurre en un momento en que, una multinacional, conseguía beneficios con sus operaciones en Portugal, y unos beneficios globales de millones de euros. 
Por ello, señor Presidente, una vez más quiero hacer un llamamiento al Consejo y a la Comisión, para que muestren solidaridad con estos trabajadores y tomen medidas urgentes para evitar que el desempleo se agrave y detengan estas salvajes deslocalizaciones de multinacionales en diversos países de la UE y concretamente en Portugal. 
– Señor Presidente, los diputados italianos sabrán que hace pocos días el futbolista internacional Marc Zoro hubo de abandonar el terreno de juego debido a persistentes ataques racistas. 
Cada día observamos incidentes de cariz racista en todos los Estados miembros: algunos, organizados; otros, aislados. 
No hay ningún país en la Unión Europea que se libre de este fenómeno. 
La UEFA y los diputados al Parlamento Europeo están decididos a erradicarlo. 
Hay medidas prácticas, en colaboración con los medios de información, para acabar con este cáncer del fútbol. 
Recientemente, la televisión italiana transmitió algunos de sus partidos en blanco y negro para llamar la atención de la sociedad italiana y de toda la sociedad europea de que no debemos tolerar el racismo en el fútbol. 
El año que viene se juega la Copa Mundial: Enviemos un mensaje unánime de esta Cámara de que no consentiremos que se afee este bello deporte. 
Señor Presidente, Señorías, dado que dentro de poco será Navidad, aprovecho la oportunidad para desearles lo mejor a los diputados a este Parlamento. 
Les deseo buena suerte y espero que un espíritu de honestidad y verdad guíe nuestro quehacer político. 
Ahora que nos enfrentamos a las propuestas de la Presidencia británica, que opera claramente en contra de los intereses básicos de los 10 nuevos Estados miembros, no tenemos otra alternativa que plantearnos una pregunta perspicaz. 
¿Cómo es posible que uno de los países más ricos de esta Unión Europea, una Unión que sigue desarrollándose, haya diseñado un sistema en el que los países más pobres han de dar dinero a los más ricos y en el que se conciben programas de desarrollo de forma que se garantiza que los países pobres paguen la factura? 
Polonia invirtió 150 000 millones para cumplir los requisitos de la UE antes de la adhesión, y quiero expresar mi protesta en nombre de la honestidad, la verdad y la cohesión. 
La Unión Europea no podrá seguir desarrollándose sin solidaridad. 
– Señorías, quisiera hacer un llamamiento a las instituciones de la Unión, a la Comisión, el Parlamento y el Consejo, porque el Tribunal de Apelación italiano –que es, por consiguiente, una alta autoridad judicial en Italia– acaba de estimar, en una sentencia dictada con motivo de la agresión de un italiano contra unas jóvenes colombianas, que la expresión «sucia negra» no constituye un insulto racista, sino una simple manifestación genérica de hostilidad. 
No hace falta decirles que estas palabras son especialmente alarmantes. 
El diputado que ha intervenido antes que yo ha hablado de los campos de fútbol. 
El Ministro italiano de la Reforma Institucional, Roberto Calderoli, estima por su parte que los inmigrantes deben volver a su desierto a hablar con los camellos y a la jungla a bailar con los monos: ¡lo ha dicho un Ministro que pertenece al Consejo de Ministros de la Unión Europea! 
Por desgracia, los patinazos verbales son muchos y no debemos tolerarlos. 
Ahora bien, en este caso ocurre algo distinto: una institución judicial subestima manifiestamente un delito de racismo. Creo que es extremadamente grave para nuestra historia. 
Espero, pues, una reacción de nuestras instituciones. 
– Señor Presidente, ayer por la mañana presencié el incendio sin precedentes cerca de Hemel Hempstead. 
Quizá convenga recordar que no se ha informado de una sola víctima mortal a raíz de este extraordinario incidente. 
Espero que la Comisión esté en condiciones de cooperar con las autoridades británicas cuando tengan que investigarse las causas del siniestro, de manera que las enseñanzas puedan ser compartidas por los 25 Estados miembros. 
En nombre de mis electores, doy las gracias a los servicios de emergencia, bomberos, policía y ambulancias y, por supuesto, a los residentes de la zona, cuyo comportamiento ha sido, como se pueden imaginar, de enorme coraje y dignidad. 
Los ciudadanos británicos que hicieron cola en las estaciones de servicio ante el temor de que hubiera escasez del combustible se comportaron con bastante menos dignidad. 
– Señor Presidente, Señorías, Italia ha estado en el centro del debate de hoy; después del caso Zoro, decir «sucio negro» no se considera una ofensa. 
Las responsabilidades políticas en todo esto son evidentes. 
Hasta un futbolista ha recorrido el área ensalzando símbolos fascistas. 
Creo que todo esto puede remitirse a una responsabilidad concreta de las autoridades políticas, que cada vez tienden a criminalizar más a la inmigración. 
Quisiera mencionar un ejemplo muy grave sucedido hace tan solo dos días: en Italia, un ciudadano marroquí, sospechoso de ser un peligroso terrorista, tras ser sometido a dos juicios y resultar absuelto ambas veces, fue expulsado del territorio italiano por considerarlo una amenaza para la seguridad del país. 
Considero que se trata de un hecho grave, ya que no se tienen noticias precisas de dónde ha acabado este ciudadano marroquí; al parecer, estaría ahora detenido en una prisión marroquí, en la que manifiestamente no se respetan los derechos humanos. 
Creo que los Estados miembros no deben ser cómplices de las torturas practicadas en países extracomunitarios. 
– Señor Presidente, deseo hacer algunos comentarios acerca de la ampliación de la OMC. 
En noviembre de 2005, la sociedad estatal rusa de distribución de combustibles Transneft rescindió el contrato de transporte de larga duración con la compañía kazaja KazMunaiGaz, ya que actualmente está negociando la adquisición de las acciones de una refinería de petróleo lituana y un contrato de larga duración para el tránsito de petróleo, en aparente contradicción con los planes expansionistas de Rusia. 
Este país ha prohibido recientemente la importación de bienes de equipo de Lituania y ahora también de Polonia. 
Con eso se está castigando manifiestamente el apoyo de ambos países a Ucrania. 
El célebre caso Yukos demuestra la falta de un Estado de Derecho, de un poder judicial independiente, de garantías para la empresa privada y de seguridad del comercio. 
Además, está la expropiación de los ahorros de toda su vida a ciudadanos lituanos por Moscú en 1990. 
Estos hechos comprometen la credibilidad de Rusia en asuntos económicos y comerciales internacionales. 
La UE debe considerar que Rusia aún no está suficientemente madura para ser miembro de la OMC. 
– Señor Presidente, simplemente quería recordar que hace cuatro semanas hablamos aquí de las enfermeras búlgaras y del médico palestino encarcelados en Libia. 
Desde entonces, la sentencia que esperaban ha sido postergada al 31 de enero. 
Después hemos sabido que en 2005, en el marco de la lucha contra el sida, la Unión Europea envió más de un millón de euros para los niños contaminados en el hospital de Bengasi. 
Más tarde hemos sabido que Libia espera aún más dinero para hacer un gesto. 
Desde entonces no se ha expedido ninguna autorización para visitar a estas mujeres y a este hombre encarcelados en Libia. 
Desde entonces –y con esto acabo– han pasado cuatro semanas para este hombre y estas mujeres, que han sido acusados y torturados y que desde hace siete años esperan que se les trate justamente, conforme a los derechos humanos. 
Señor Presidente, mientras sigan encarcelados tendremos que seguir señalando este hecho. 
Señor Presidente, Señorías, han transcurrido casi 18 meses desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo. 
Por ello hemos tenido suficiente tiempo para formarnos una opinión sobre el modo en que opera el Parlamento y sobre el papel y la importancia de la Unión Europea. 
Aunque no tenemos problemas para aprobar resoluciones que apoyan la democracia y los derechos humanos en terceros países, lamento tener que decir que por desgracia no somos capaces de hacer cumplir efectivamente nuestros propios derechos. 
Uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es la cooperación y, sin embargo, es el principio que más a menudo pasamos por alto. 
Durante el reciente examen de la proyectada reforma del mercado del azúcar también se ha vulnerado el principio de consulta. 
Se han tomado decisiones sobre esta cuestión cuando la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural seguía elaborando el dictamen del Parlamento. 
Gran parte de la responsabilidad de este trato desdeñoso que se ha dispensado al Parlamento y a sus diputados reside en los principales Grupos de esta Cámara. 
Estos últimos están tan inmersos en sus disputas que no se percatan de que está menguando la importancia del Parlamento. 
Ha surgido una situación en la que el trabajo realizado por los diputados procedentes de Estados miembros pequeños y nuevos tiene cada vez menos importancia. 
Los diputados de estos países tienen cada vez más dificultades para que sus nombres se incluyan en la lista de oradores, y sus propuestas y enmiendas suelen ser rechazadas, bien por las principales delegaciones dentro del Parlamento, bien por la Comisión Europea. 
Esto plantea cuestiones fundamentales como hacia dónde nos dirigimos y de qué sirve nuestro trabajo. 
– Señor Presidente, Señorías, en los últimos días los ciudadanos europeos han asistido estupefactos a las acusaciones acerca de los centros de detención secretos de la CIA en Europa, los secuestros de sospechosos de terrorismo, los vuelos secretos con aviones norteamericanos y las cámaras de tortura. 
Las acciones ilegales de un Estado tan importante como los Estados Unidos de América en un continente independiente como Europa y la violación de los derechos humanos constituyen un insulto a Europa, que dio origen a la democracia y aseguró la libertad, la presunción de inocencia y la seguridad hace tres siglos con la declaración de los derechos del hombre. 
Al mismo tiempo, es irónico que estos hallazgos coincidan con el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
El siglo en el que vivimos puede mostrar muchos grandes logros. 
No obstante, es la primera vez que dos de los derechos más importantes –la seguridad y la libertad– han chocado entre sí en la escena internacional de un modo tan amplio y tan intenso que han aplastado entre ellos los derechos humanos. 
Alguien dijo en una ocasión que democracia es cuando alguien llama a tu puerta al amanecer y sabes que es el lechero. 
El Parlamento Europeo, la institución que representa a los ciudadanos europeos, tiene por lo menos la obligación de levantarse y salvaguardar el sentimiento de libertad y seguridad de los ciudadanos de Europa. 
Siento tener que interrumpirle, pero se ha agotado el tiempo previsto para este turno de intervenciones. 
– Señor Presidente, sobre una cuestión de observancia del Reglamento, ¿puedo sugerirle que amplíe el tiempo disponible para esta intervención de un minuto? 
Sí, creo que deberíamos hacerlo, pero ya lo hemos hecho: ya hemos ampliado media hora; podemos ampliarlo más tiempo, si es necesario, pero ahora ya, más que media hora, llevamos tres cuartos de hora. 
Hay doce personas más que desean intervenir y no puedo seguir dando la palabra a los diputados que han intervenido ya en anteriores sesiones. 
Les ruego que lo comprendan. 
Tenemos que pasar al siguiente punto del orden del día. 
Los diputados que no han podido intervenir hoy tendrán prioridad la próxima vez. 
– Señor Presidente, no pretendo que se prolongue este punto, pero creo que las reglas que está usted aplicando en relación con las intervenciones de un minuto van en perjuicio de su eficacia e importancia para algunos diputados a esta Cámara, muchos de los cuales, al proceder de delegaciones pequeñas, apenas si tienen ocasión de hacer constar las preocupaciones actuales de sus electores. 
Yo soy uno de los que más utilizan las intervenciones de un minuto, por un buen motivo: no tengo a otros miembros de mi delegación que intervengan en mi nombre, como hacen delegaciones mayores. 
Por eso, creo que es injusta la forma en que se está gestionando este asunto. 
Me dirigiré a usted por escrito presentándole mis razones al respecto, pero yo creo en la importancia de las intervenciones de un minuto. 
Son producto de un nuevo acuerdo introducido en la pasada legislatura –de hecho, yo fui uno de los que lo propusieron– para asegurar que esta Cámara respondiera a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. 
Muchas veces este Parlamento no lo hace, dado el tiempo que precisa para preparar los asuntos que tiene que debatir. 
Le agradecería que estuviera usted abierto a modificar la forma en que se está llevando este asunto. 
Señor De Rossa, estoy dispuesto a cambiar las normas que hemos establecido. 
Me permito recordarles que les dirigí una carta a todos ustedes hace ya bastante tiempo, explicándoles de qué manera pensaba administrar este difícil momento. 
No recibí ninguna observación en contra, pero en cualquier momento podemos revisar las normas, o sea, que si usted cree que hay alguna manera de mejorarlas, créame que, con mucho gusto, le atenderé. 
No le he dado la palabra hoy, señor De Rossa, porque ha tenido usted la suerte de intervenir en las dos sesiones anteriores, como usted sabe muy bien, y he creído que debía dar la prioridad a los diputados que han hablado anteriormente. 
El siguiente punto es el informe de Diana Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Bruno Gollnisch (2005/2072 (IMM) ) (A6-0376/2005). 
. – Señor Presidente, aprovecho este tiempo como ponente para informar a la Cámara de la decisión tomada por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
No ocultaré que ha sido un caso complicado para la comisión. 
Nuestro colega, el señor Gollnisch, se ha dirigido a nosotros, como Parlamento, para que le concedamos el amparo de la inmunidad parlamentaria. 
Deseo dar las gracias al señor Gollnisch por su cortesía y su colaboración en las investigaciones de la comisión. 
El señor Gollnisch ha sido inculpado por la justicia francesa –la del Estado miembro al que pertenece– por unas palabras expresadas en una conferencia de prensa en que, supuestamente, negaba de alguna forma el Holocausto. 
La comisión sopesó este asunto en diversas reuniones y finalmente acordó, por amplia y convincente mayoría, que en este caso no era oportuno concederle el beneficio de la inmunidad. 
La comisión consideró que las circunstancias en que pronunció las palabras que han motivado la actuación de la fiscalía francesa no permiten afirmar honestamente que estuviera ejerciendo su mandato o cumpliendo con sus deberes como diputado a esta Cámara. 
Siendo así, no compete a la comisión hacer más investigaciones, por lo que la comisión ha tomado su decisión sobre esta base. 
En consecuencia, declinamos dar al señor Gollnisch el beneficio de inmunidad parlamentaria de esta Cámara, y esta es la recomendación de la comisión a la Presidencia y a la Cámara. 
. – El mantenimiento o no de la inmunidad del señor Gollnisch es un tema delicado. 
He decidido no eludir mi responsabilidad y decir al señor Gollnisch, públicamente y con toda franqueza, por qué no defenderé su inmunidad. 
Es grande la tentación de pronunciarse sobre el contenido de las palabras que se atribuyen al diputado del. 
Es grande la tentación de recordar solamente el martirio del pueblo judío, descartando el único debate que debemos mantener, el de las condiciones de aplicación de la inmunidad parlamentaria. 
Es grande la tentación de negarse a defender la inmunidad del señor Gollnisch, no viendo en él más que al representante de una ideología que rechaza la práctica totalidad de esta Cámara y contra la cual se concibió el proyecto europeo sobre la base de la idea europea. 
A la inversa, sería grande la tentación de propugnar la defensa la inmunidad en un reflejo corporativista para asegurarnos que nunca puedan utilizarse unas palabras contra ninguno de nosotros. 
Pido que no cedamos a esas tentaciones y no convirtamos un debate técnico en un debate de historiadores. 
Esta Cámara no es un tribunal. 
El informe de la señora Wallis es equilibrado. 
Nos recuerda que la inmunidad no está hecha para proteger a los diputados al Parlamento Europeo, sino la integridad del Parlamento Europeo a través de sus representantes, y para darles la independencia con que desempeñar sus tareas. 
No hay duda de que, en Lyon, en el corazón de la Universidad donde enseña, lejos de su circunscripción electoral del Noreste de Francia, el señor Gollnisch no se expresaba como diputado al Parlamento Europeo. 
El señor Gollnisch vive peligrosamente, siempre en el filo de la navaja. 
Ese modo de vida político es en realidad característico de la extrema derecha en Francia y Alemania. 
El señor Gollnisch es demasiado culto y demasiado inteligente para no saber que la ley francesa podía condenar sus palabras. 
Si ha de lanzarse a una pelea judicial para mantenerse fiel a lo que cree que es correcto, es aconsejable que no arrastre a nuestra institución parlamentaria a un debate que no le incumbe. 
La petición de amparo, formulada con su consentimiento, señor Gollnisch, está a medio camino entre una llamada de socorro carente de fundamento jurídico, puesto que este procedimiento no amenaza en absoluto con impedirle el ejercicio de su misión, y un intento, incomprensible a mis ojos, de rehuir sus responsabilidades, como si finalmente le hubiera entrado pánico al pensar en todo lo que desencadenó a sabiendas y que sin duda ya no controla. 
No siento odio hacia usted, como tampoco ganas de apoyarle, como diputado al Parlamento Europeo, en esta prueba que usted provocó a sabiendas. 
A usted le corresponde acarrear, por sí solo, las consecuencias. 
Quizás no sea demasiado tarde para que cambie, para hacer las paces con Francia, con Europa y con nuestro doloroso pasado. 
Espero que lo consiga. 
El Parlamento Europeo no puede hacerlo por usted... 
. Señor Presidente, permítame empezar expresando mis más sincero agradecimiento a nuestra ponente, la señora Wallis. 
Hay varios miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos que se ocupan de asuntos relacionados con la inmunidad, pero creo que este caso fue especialmente difícil y delicado, que exigió ser considerado con detenimiento por la Comisión; y, si interpreto correctamente las señales, creo que tampoco fue especialmente fácil para ella personalmente. 
Nosotros, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, apoyamos las conclusiones de la ponente. 
También nosotros creemos que la inmunidad conferida por la pertenencia a esta Cámara no debería aplicarse en este caso. 
Quisiera añadir una observación personal. 
El que en otros tiempos fuera el campo de concentración de Mauthausen está situado en mi comarca, que también es mi circunscripción electoral. 
Si alguien alberga dudas de si los campos de concentración existieron realmente, estaré encantada de acompañarle a visitarlo. 
Allí encontrará supervivientes que siguen viviendo en la zona; el lugar de donde proceso también es el hogar de personas que ayudaron a los pocos que consiguieron escapar del campo; una mujer que lo hizo está siendo honrada hoy aquí. 
Con estas observaciones quisiera rendir tributo a su memoria. 
– Señor Presidente, Señorías, el informe de la señora Wallis sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria del señor Gollnisch constituye, tanto en la forma como en el fondo, un auténtico escándalo. 
Un escándalo porque nunca antes se habían tergiversado y violado hasta tal punto las normas de derecho y la jurisprudencia constante de nuestro Reglamento y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Un escándalo porque el asunto presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos fue objeto de una politización y unas presiones políticas inauditas por parte de los oponentes políticos del señor Gollnisch. 
Ha habido que elaborar nada menos que cuatro proyectos de informe, cada uno diferente en sus conclusiones y razonamientos, para llegar al que se nos presenta hoy en el Pleno, que por lo demás no es el mismo que votaron diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, puesto que la justificación de la decisión propuesta por la señora Wallis ha sido modificada posteriormente. 
El argumento esgrimido en el informe de apoyo a la decisión de no defender la inmunidad y los privilegios del señor Gollnisch es que no hacía uso de su libertad de expresión para el desempeño de su cargo cuando se expresó en una conferencia de prensa celebrada en sus locales políticos de Lyon el 11 de octubre de 2004. ¡Qué hipocresía y cuánta mentira! 
La invitación escrita a la conferencia de prensa del señor Gollnisch mencionaba, junto a su nombre, su condición de diputado al Parlamento Europeo. 
La mayoría de las reseñas de prensa hacían referencia a su condición de diputado al Parlamento Europeo. 
Por otra parte, los temas abordados sucesivamente por el señor Gollnisch estaban relacionados con Europa, ya se tratase de la adhesión de Turquía a Europa, del proceso de ratificación del Tratado constitucional europeo o del denominado informe Rousso, relativo a las opiniones políticas de determinados académicos sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial en Europa. 
La jurisprudencia constante de la Comisión de Asuntos Jurídicos en materia de opiniones emitidas por diputados al Parlamento Europeo tiende, en estos casos, a amparar sistemáticamente la inmunidad. 
En precedentes mucho más graves, con acusaciones de difamación, calumnia, resistencia a la autoridad o incluso desacato a un tribunal, se amparó la inmunidad de un diputado al Parlamento Europeo. 
Pero no así en el caso de nuestro colega, el señor Gollnisch, lo que atenta contra la independencia y la libertad de expresión de todos los diputados. 
En efecto, no nos equivoquemos: si este informe se aprueba en el Pleno, lo que resultará restringido y sujeto a la arbitrariedad es el derecho de expresión de todos los diputados al Parlamento Europeo; se aprobaría una nueva interpretación del levantamiento de la inmunidad por opiniones emitidas los diputados en el ejercicio de sus funciones; la tan preciada democracia y los valores fundamentales de Europa perderían su orgullo. 
– Señor Presidente, Señorías, celebro que podamos pronunciarnos al fin sobre la inmunidad del señor Gollnisch, ya que la sucesión de aplazamientos de la votación ha durado demasiado. 
Hemos dispuesto de tiempo suficiente para evaluar los hechos. 
No los recordaré aquí con precisión, pero quisiera insistir en la idea de que es totalmente justo apoyar el informe de la señora Wallis, que propone levantar la inmunidad del señor Gollnisch por varias razones. 
La primera, y en modo alguno la menos importante, es que el señor Gollnisch no pronunció las palabras incriminadas como diputado al Parlamento Europeo. 
Ahora bien, la inmunidad de que gozan todos los diputados al Parlamento Europeo tiene por objeto proteger su libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso aquí. 
Inmunidad no significa irresponsabilidad, al igual que la libertad de expresión no puede servir para justificar un comportamiento intolerable. 
La segunda razón es que, en el caso que nos ocupa, los valores de la Unión Europea, que se supone debemos defender nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, han sido pisoteados. 
Lejos de esos valores humanistas –muy lejos–, el señor Gollnisch, que es un excelente alumno de Jean-Marie Le Pen, intentó rivalizar con su maestro en la provocación con las palabras que pronunció en aquella conferencia de prensa. 
Por tanto, debemos condenar enérgicamente aquellas observaciones. 
La tercera y útlima razón es que, en la argumentación presentada por el señor Gollnisch, no se observa en modo alguno un. 
Siendo incapaz de aceptar las consecuencias de sus palabras, el señor Gollnisch dice ser víctima de una persecución política mezquina para apartarlo de la escena política. 
Esto es un poco absurdo a la vista de las palabras extremadamente chocantes que formuló con plena conciencia –estoy seguro– de los golpes que asestaba a nuestra democracia. 
– Señor Presidente, el artículo 7 dice que no puedo intervenir en el debate. 
No tengo intención de intervenir en el debate, pero el artículo 7 me permite rectificar un argumento inexacto. 
El tercer subapartado del apartado 8 del artículo 7 me permite intervenir sobre la base del artículo 145. 
Y el artículo 145 me concede tres minutos para una declaración personal. 
Si me lo permite, señor Presidente, y sin intervenir en el debate, que de todos modos se ha desarrollado ya, quisiera intervenir durante tres minutos sobre la base del artículo 145, tal como prevé el artículo 7, a fin de exponer mi opinión sobre acusaciones vertidas contra mí personalmente. 
Por consiguiente, no intervengo sobre el contenido del debate, sino tan solo sobre alegaciones hechas sobre mi persona por algunos oradores. 
La señora Bachelot creyó que podía decir –y esta es una opinión extendida– que yo me había expresado en el corazón de la Universidad. 
Es totalmente falso. 
Las palabras que se me reprochan fueron pronunciadas en una conferencia de prensa organizada en el contexto de mis tareas políticas, en la que respondí a las preguntas de los periodistas, como ha dicho otra oradora, la señora Schenardi, aspecto que no está seriamente en discusión. 
Si no tengo derecho a dar esas respuestas, los periodistas no deberían tener derecho a hacer preguntas sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. 
Esto me parece bastante claro y no he pronunciado esas palabras como universitario, aun cuando las autoridades académicas, por orden del Gobierno francés, intentaran atentar contra mi presunción de inocencia, por lo que fueron condenadas por el Consejo de Estado, nuestra jurisdicción suprema. 
En segundo lugar, la señora Berger ha dado a entender que yo había negado la existencia de los campos de concentración y, en particular, el de Mauthausen. 
Señora Berger, nunca he negado la existencia de los campos de concentración y ciertamente no del de Mauthausen. 
La existencia de las cámaras de gas en Mauthausen fue negada por el señor Lanzmann, realizador de la película «Shoah» , y no por mí, que, al contrario, he afirmado sin rodeos que existieron. 
Creo, señor Presidente, que estas dos precisiones eran extremadamente importantes. 
En cuanto a las posibles retractaciones y dilaciones de la Comisión, yo personalmente no he desempeñado ningún papel en este asunto. 
Quiero señalar, como ha dicho mi colega, que el Presidente de la República Francesa, el señor Chirac, acaba de afirmar que no puede haber una verdad oficial en historia. 
Me pregunto cómo se me pueden reprochar palabras que acaban de ser repetidas por el Jefe del Estado, el jefe del poder judicial, y justificar las diligencias judiciales contra mí sobre la base de una ley comunista, la ley Gayssot, que fue calificada por el señor Toubon de ley estalinista en el momento de su adopción. 
Será interesante ver qué tiene que decir el señor Toubon sobre el tema de mi inmunidad. 
Esto es todo lo que yo tenía que decir a la Cámara. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la segunda lectura de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores y a las pilas y acumuladores usados y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282 (COD) ) – Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente: Johannes Blokland (A6-0335/2005). 
. – Señor Presidente, el informe sobre pilas y acumuladores ha sido aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Esta comisión considera que las 41 enmiendas a este informe han mejorado la Posición Común del Consejo. 
Sin embargo, en la comisión aún no hemos llegado a un acuerdo acerca de un aspecto clave, en concreto, la reducción del uso de los metales pesados mercurio, cadmio y plomo en algunas pilas. 
Esta Cámara aprobó una clara postura en este terreno en primera lectura, tras lo cual al parecer surgieron objeciones, o mejor dicho, los fabricantes de pilas empezaron a ejercer una fuerte presión política. 
A fin de llegar a un acuerdo a pesar de todo, presenté una propuesta modificada, concretamente con la enmienda 42, que es una versión suavizada de la enmienda aprobada en primera lectura. 
Quisiera hacer tres comentarios en relación con la limitación de la prohibición de metales pesados. 
En primer lugar, la enmienda 42 limita la prohibición del cadmio a las pilas portátiles; por consiguiente, la prohibición no se aplica a las pilas industriales. 
La excepción hecha para las pilas industriales en primera lectura resultó ser insuficiente para la industria, porque considera que de este modo entraría en la zona de riesgo un número inaceptablemente elevado de pilas. 
Para mayor claridad, mi enmienda 42 saca por completo las pilas industriales de la zona de riesgo. 
En segundo lugar, gracias a la enmienda 42, la prohibición de usar plomo también se limita a las pilas portátiles, lo cual significa que los acumuladores industriales de plomo también quedan totalmente fuera del alcance de la prohibición. 
En tercer lugar, diversas categorías de pilas portátiles están exentas de la prohibición de plomo. 
Se trata de las pilas de botón, y las pilas para audífonos tampoco corren peligro. 
En este contexto hemos aceptado los comentarios hechos por la Fundación para los sordos y personas con problemas de audición. 
En cuarto lugar, dado que se ha suspendido durante cuatro años la prohibición de usar cadmio en las herramientas portátiles, ello nos dará suficiente tiempo para completar el paso a las pilas de ión-litio y NiMH como alternativas a las pilas de NiCd. 
Estas alternativas están ampliamente disponibles desde hace casi 10 años. 
He observado que tanto el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo como el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea han presentado una enmienda similar al artículo 4, que apoyo en esencia. 
Por último, quiero volver a tres otros ámbitos, en concreto las definiciones, la responsabilidad del productor y las pilas integradas en aparatos. 
Con respecto a las definiciones, considero que estas deberían incluirse en un artículo y no en un considerando. 
Por ello me opongo a las enmiendas 46, 48 y 50. 
La Posición Común del Consejo sigue siendo vaga en relación con algunos aspectos de la definición de las pilas portátiles. 
La palabra «portátil» es subjetiva y por ello la Comisión de Medio Ambiente preferiría una definición que estableciera un límite claro. 
La enmienda 12 especifica un peso máximo de 1 kg para las pilas portátiles. 
Además, la enmienda 12 establece un vínculo con los aparatos domésticos tal como se define en la directiva sobre residuos electrónicos. 
A fin de evitar lagunas y solapamientos en las definiciones, la Comisión de Medio Ambiente propone en la enmienda 13 una definición inversa de las pilas portátiles mediante de la definición de las pilas industriales. 
La Comisión de Medio Ambiente considera que las enmiendas 12 y 13 ofrecen más claridad acerca de estas definiciones. 
En cuanto a la responsabilidad del fabricante, tengo que decir que se trata de un principio rector para diversas directivas, además de la directiva sobre las pilas. 
En este sentido, estoy de acuerdo con la Posición Común del Consejo. 
Sin embargo, en la enmienda 44 se propone una responsabilidad compartida. 
En la práctica esto provoca mucha confusión y su aplicación es muy compleja. 
Considero que hemos de mantener la responsabilidad del fabricante y por ello me opongo a la enmienda 44. 
Las enmiendas 18 y 40 prohíben la integración de las pilas e introducen el requisito de que las pilas sean fáciles de eliminar. 
A primera vista parece ser una buena idea, pero tengo entendido que con ello muchas aplicaciones tendrán dificultades, especialmente si las pilas tienen una vida útil más larga que el aparato. 
Además, esta disposición es superflua, dado que la directiva sobre residuos electrónicos ya estipula que las pilas siempre han de eliminarse antes de que se recojan los aparatos eléctricos. 
En nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria quiero aconsejar al Pleno que mañana, teniendo en cuenta las observaciones que he hecho, apoye las enmiendas al informe. 
. Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y en especial a su ponente, el señor Blokland, por este informe. 
Hoy en día, la legislación comunitaria sobre pilas solo abarca una pequeña parte de todas las pilas portátiles que se venden anualmente en la UE. 
Esto ha dificultado el establecimiento de sistemas nacionales eficientes de recogida y reciclado. 
En consecuencia, muchas de las pilas introducidas en el mercado comunitario siguen poniendo en peligro el medio ambiente en incineradoras o en vertederos. 
Para afrontar este problema, la Comisión presentó en 2003 una nueva propuesta legislativa que había de ampliar el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria vigente a todas las pilas de nuestro mercado, y no solo a las que contienen ciertas sustancias peligrosas. 
En su propuesta, la Comisión introdujo el concepto de «sistema de circuito cerrado» , según el cual debían recogerse y reciclarse todas las pilas y sus metales debían reintroducirse en el ciclo económico. 
Al mismo tiempo, la propuesta pretendía contribuir al buen funcionamiento del mercado interior de pilas y asegurar la igualdad de condiciones para todos los operadores económicos implicados. 
En primera lectura, el Parlamento Europeo no acogió positivamente este concepto del circuito cerrado. 
Prefirió, en cambio, prohibir el uso de ciertos metales pesados en las pilas. 
El Consejo también consideró que el sistema de circuito cerrado propuesto sería difícil de cumplir en la práctica y se pronunció a favor de la prohibición del cadmio en las pilas portátiles. 
La Comisión ha aceptado el conjunto del paquete de la Posición Común como un paquete equilibrado, con la condición de que no se rebaje el nivel de protección del medio ambiente en comparación con las medidas que contenía su propuesta original. 
Aunque la Comisión ha asumido la Posición Común sin modificarla, hay ciertos aspectos que aún podrían ser objeto de mejora, sobre todo con respecto a las definiciones de los distintos tipos de pilas y los objetivos de recogida. 
Sin embargo, la Comisión sigue convencida de que el doble fundamento jurídico de la Posición Común es el enfoque correcto y que no dará lugar a los problemas que prevén algunos diputados al Parlamento. 
Confío en que el resto del proceso de codecisión permita afinar la panoplia de medidas políticas necesarias para proteger nuestro medio ambiente de la contaminación de las pilas de la forma más ecoeficiente posible. 
. – Señor Presidente, mi Grupo considera que la directiva sobre pilas es un importante primer intento de extraer del flujo de residuos estas sustancias potencialmente nocivas para el medio ambiente. 
Comenzando por los objetivos de recogida, mi Grupo duda si hay algo que objetar a que muchos Estados miembros puedan elevar la cuota de recogida establecida en la Posición Común del Consejo. 
Seamos francos al respecto: tal como afirma la evaluación de impacto de la Comisión, actualmente solo seis Estados miembros tienen un sistema nacional de recogida de pilas pequeñas para su reciclado: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia. 
Austria, después de catorce años, logra recoger un 40 %. 
La Posición Común habla de un 25 % de recogida a los seis años y de un 40 % a los diez años. 
Por lo que sabemos de los países que sí recogen las pilas, parecen objetivos razonables. 
Pero ahora el informe reclama objetivos más ambiciosos: El 40 % a los seis años y el 50 % a los doce años. 
Desde el punto de vista de los Estados miembros, que por el motivo que sea nunca han dado una gran prioridad al reciclado de pilas, se trata de cifras irreales y, si se fijan, sencillamente no se alcanzarán. 
Este no es el momento ni el lugar para hacer gestos para la galería. 
No beneficia a nadie retrasar una directiva por una pelea en torno a objetivos irreales. 
En segundo lugar, el ponente presenta su enmienda 42, en que pide la prohibición del plomo y el cadmio en las pilas para herramientas eléctricas. 
Creemos que cualquier iniciativa de este tipo debe ajustarse antes que nada al enfoque común de la evaluación del impacto, recientemente acordado entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
En esa instancia, el Parlamento, a petición mía, encomendó a expertos externos la elaboración de una evaluación de impacto, pero de alcance limitado. 
Precisamos una evaluación completa del impacto social, ambiental y económico de toda prohibición de ese tipo antes de establecerla. 
Mientras no tengamos un estudio exhaustivo, será irresponsable seguir la línea marcada por el ponente, pues estaríamos legislando sin suficientes conocimientos. 
Por último, en lo que respecta al fundamento jurídico, apoyamos la propuesta de que la directiva se base en los artículos 175 y 95. 
Creemos que si se basa tan solo en el artículo 175, correríamos el riesgo de distorsionar el mercado, pues ciertos países podrían reforzar las prohibiciones que contiene. 
Confío en que esta directiva suponga un profundo cambio de rumbo y de hábitos públicos en muchos países europeos. 
Hace mucho tiempo que deberíamos haber afrontado la recogida específica de pilas. 
Espero que podamos poner en marcha esta propuesta lo antes posible. 
. Señor Presidente, debido a que nuestro ponente alternativo, el señor Jørgensen, no puede estar presente hoy, soy yo quien tiene el placer de hablar en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Quiero empezar dando las gracias al señor Blokland por su trabajo sumamente constructivo. 
Ha presentado muchas enmiendas apoyadas por nuestro Grupo. 
El uso de pilas está creciendo cada vez más, y por ello es prioritario reaccionar ahora a fin de asegurar que se utilice la tecnología más ecológica y que las pilas más peligrosas para el medio ambiente se prohíban y se supriman. 
Por ello estamos bien predispuestos hacia esta propuesta, aunque creemos que el nivel de ambición debería ser más alto de lo que propone el Consejo. 
Es preciso eliminar en la medida de lo posible el uso de los metales pesados mercurio, cadmio y plomo en las pilas. 
Por ello, el Parlamento ha de reforzar la propuesta del Consejo que tenemos ante nosotros. 
El cadmio, el mercurio y el plomo ya están prohibidos en materiales y en piezas de vehículos comercializados después del 1 de julio de 2003, así como en equipos eléctricos y electrónicos, etc. comercializados después del 1 de julio de 2006. 
Por ello es bastante natural que sigamos prohibiendo el uso del cadmio en las pilas. 
Es especialmente importante que la excepción en relación con el cadmio en las pilas y los acumuladores usados en herramientas manuales se convierta en una prohibición una vez pasado el periodo de transición de 4 años. 
Hay buenas alternativas al uso del cadmio en estas herramientas. 
Tengo una aquí en la mano y –como espero que todos puedan oír– funciona perfectamente. 
Basta con examinarlo todo más de cerca para no tragarse lo que los grupos de presión en los pasillos intentan hacernos creer. 
Estas incluyen no solo herramientas de uso particular, sino también herramientas para trabajos pesados de uso profesional. 
No les quepa ninguna duda. 
No tienen más que visitar los sitios web de los fabricantes para verlo con sus propios ojos. 
¿Por qué no exigimos que se utilicen las alternativas más ecológicas? 
Una prohibición del uso del cadmio en las pilas para estas herramientas produciría muchos beneficios ambientales. 
Además, es importante para la competitividad europea que, llegado el momento –como ahora–, impulsemos el desarrollo de nuevas tecnologías por medio de la legislación en materia de tecnología ecológica. 
Asimismo creemos que los objetivos de recogida propuestos por el Consejo son demasiado modestos. 
Queremos aumentarlos, y creemos, como el ponente, que en este proyecto legislativo debe aplicarse el fundamento jurídico constituido por el artículo 175, porque la legislación aspira precisamente a mejorar el medio ambiente. 
Señor Presidente, quisiera centrarme en los tres aspectos básicos de esta directiva, a saber, el fundamento jurídico, la prohibición del uso de cadmio y los objetivos de recogida. 
El objetivo prioritario de esta directiva es reducir y evitar las pilas usadas, pero no podemos pasar por alto el hecho de que también es un ejemplo de legislación orientada al producto para el mercado interior. 
El hecho de que el artículo 175 sea su único fundamento jurídico podría comportar la promulgación de normas distintas y, por consiguiente, provocar distorsiones de la competencia y del mercado. 
Por esta razón, los liberales apoyamos el doble fundamento jurídico de los artículos 95 y 175 y con ello hacemos lo que ha recomendado la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Tanto en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria como en el Consejo solamente se aprobó la prohibición del uso de cadmio y mercurio en relación con las pilas portátiles. 
Nuestro Grupo no es partidario de que se incrementen las prohibiciones de comercialización ni de que se amplíe la prohibición de usar cadmio, por ejemplo, a las herramientas inalámbricas o a los equipos médicos. 
Siempre se cita el ejemplo de las herramientas eléctricas, y ahora diré, especialmente en beneficio del señor Schlyter y también de la señora Westlund, que por supuesto existen alternativas al níquel-cadmio para esas herramientas, pero toda tecnología tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 
En el caso de las pilas y los acumuladores recargables, que de todas formas representan solo una pequeña cantidad de residuos, hemos de considerar también otras características, como la eficiencia energética, la vida útil y, por supuesto, el precio que ha de pagar el consumidor por ellos. 
La presencia de una alternativa en el mercado no significa necesariamente que se trate de un sustituto adecuado. 
La cantidad real de cadmio que absorbemos en Europa a través de nuestro medio ambiente está muy por debajo del nivel considerado perjudicial para la salud por la OMS, y vale la pena observar que solo cerca del uno por ciento de este cadmio procede de las pilas. 
Permítanme acabar considerando los objetivos de recogida. 
El Consejo no apunta muy alto con sus objetivos del 25 % después de seis años y del 45 % después de diez, pero hay que decir que el 40 % y el 60 %, respectivamente, que acordamos en comisión no son realistas, pues las cuotas de algunos Estados miembros están por debajo del 10 %. 
En Alemania, más de diez años de enorme esfuerzo nos han permitido llegar al 35 %. 
Por consiguiente, es importante que revisemos los objetivos de recogida dentro de seis años y, al hacerlo, aprendamos de la experiencia y de las mejores prácticas en los Estados miembros. 
Por último, quisiera recalcar que la responsabilidad recae en todas las partes interesadas; por un lado, no debemos descargar los costes de la recogida en el comercio minorista, pero por otro hemos de obligar a los comerciantes a recoger. 
Señor Presidente, gracias, señor Blokland, por intentar mejorar esta propuesta. 
Trata de una cuestión medioambiental y el artículo 175 es su fundamento jurídico natural. 
Asimismo trata de los consumidores y de la confianza que pueden tener en los productos que compran. 
Por ello quiero que la enmienda 28 relativa al etiquetado que indique la capacidad garantizada se aplique a todas las pilas. 
Hoy he traído dos objetos. 
En este fue imposible ver en el paquete cuánto durarían las pilas. 
Sin embargo, sí fue posible en este Este destornillador contiene níquel-cadmio, mientras que este otro contiene hidruro de níquel metal. 
Este destornillador azul solo consigue atornillar estos tornillos representado cada tornillo otros diez. 
El destornillador de hidruro de níquel metal consiguió atornillar todos estos tornillos: más del doble. 
Sin embargo, esto no podría haberse sabido a la hora de comprar este destornillador. 
Es un caso en que las empresas venden al consumidor una tecnología mala y anticuada de la que intentan deshacerse. 
Si los productos no están etiquetados, se engaña aún más a los consumidores. 
No soy el único que ha realizado esta prueba. 
Entonces, si lo que nos preocupa aquí es la vida útil y el ahorro, es evidente que estas pilas duran en promedio más del doble después de 500 recargas. 
¿Por qué debería Europa quedarse atrás en materia de transferencia de tecnología? 
¿Qué tipo de mercado de exportación somos si tenemos una tecnología mala y anticuada? 
Va siendo hora de desechar el níquel-cadmio y de votar a favor de la enmienda 54. 
La industria dice que las pilas de níquel-cadmio son necesarias en estos tipos de aparatos. 
El mejor aparato en el mercado puede usarse durante un máximo de 18 minutos y 20 segundos frente a 2 minutos y 45 segundos. 
Es una nueva tecnología de pilas que beneficia al consumidor y es buena para el medio ambiente. 
Por el contrario, la vieja tecnología empeora las cosas para el consumidor y para el medio ambiente. 
De hecho, el setenta y cinco por ciento de todo el cadmio refinado se utiliza en las pilas. Es una pequeña parte de la cantidad total de cadmio. 
Sin embargo, el otro uso del cadmio no es intencionado. 
Es un efecto secundario que hemos de afrontar y eliminar de otras formas. 
En este momento estamos hablando de las pilas, y es preciso eliminar el cadmio en las pilas. 
. Señor Presidente, el proceso de almacenar y liberar energía exige la presencia de muchos metales y compuestos tóxicos que desempeñan un papel en el funcionamiento de las pilas y los acumuladores. 
Las pilas constituyen una categoría peligrosa de residuos urbanos, dado que muchos de sus componentes tienen un efecto adverso tanto para el medio ambiente como para la salud humana. 
El hecho de tirar miles de millones de pilas usadas, que acaban en los vertederos municipales y en el agua subterránea, representa una amenaza especial cuando contienen cadmio, plomo o mercurio. 
Los programas de recogida de pilas han tenido éxito en varios Estados miembros gracias a los esfuerzos que se realizan desde hace tiempo. 
Sin embargo, Polonia empieza desde una posición mucho menos ventajosa en lo que respecta a estas recogidas, dado que está menos avanzada en materia de tecnología y divulgación de información. 
Esta situación se ve agravada por el hecho de que los fabricantes y distribuidores prefieren pagar una tasa sobre el producto en lugar de emprender medidas para recoger y reciclar las pilas. 
Gracias a los esfuerzos de los ecologistas, ahora es posible encontrar contenedores para pilas usadas en muchos lugares y se han realizado aún más progresos con la recogida de acumuladores. 
Las modificaciones de la directiva garantizan que se reduzca al mínimo cualquier impacto negativo de las pilas y los acumuladores sobre el medio ambiente, a la vez que prohíben el uso de cadmio y mercurio. 
Sin embargo, al mismo tiempo, algunos de los cambios podrían mermar mucho la competitividad de los fabricantes de la UE frente a los fabricantes de fuera de Europa que no han de cumplir unas normas tan restrictivas. 
Esto significará no solo unas pilas y unos acumuladores de menor calidad, sino también precios más bajos. 
El resultado final podría ser una amenaza para el medio ambiente y la salud de los usuarios, en especial los niños pequeños. 
–El principal objetivo de esta directiva es minimizar el impacto negativo de las pilas y los acumuladores y sus residuos, a fin de ayudar a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del mismo. 
Me gustaría dar las gracias al ponente por haber planteado esta cuestión y por haber elaborado el informe. 
La directiva debería hacer hincapié sobre todo en la estimulación y el desarrollo de la investigación para encontrar sustitutos adecuados, y no en la prohibición restrictiva de pilas que contengan sustancias peligrosas, como plomo, níquel, cadmio o zinc. 
Nuestra decisión ha de basarse en conocimientos científicos y, antes de tomarla, deberíamos considerar cuidadosamente las consecuencias. 
No es sensato confiar en la masa como único indicador de limitación, y simplemente ignorar la cuestión del uso de las pilas. 
Hemos de saber cuál es el riesgo principal: utilizar una pila peligrosa o retirarla de la circulación. 
Consideremos por ejemplo las pilas usadas en la iluminación de emergencia de los aviones o los sistemas de seguridad de los ascensores, que se prohibirían según las actuales propuestas. 
Hemos de centrar nuestra atención en recoger todas las pilas usadas y concienciar al público. 
Hemos de mejorar las cifras actuales de recogida de pilas usadas en los Estados miembros de la UE, que son realmente alarmantes. 
Nuestra mejor contribución a la protección del medio ambiente sería hacer comprender a la gente que las pilas no son residuos normales. 
Por último, quiero expresar una opinión sobre la cuestión del fundamento jurídico. 
Por supuesto que es necesario proteger el medio ambiente, pero basarse únicamente en el artículo 175 como fundamento jurídico puede llevar a una competencia desleal a través de la aplicación de diferentes normas jurídicas en diferentes Estados miembros. 
Desde mi punto de vista, un doble fundamento jurídico combinaría ambos objetivos: la protección del medio ambiente y la libre e ilimitada circulación de mercancías. 
Actualmente vivimos rodeados de acumuladores y pilas. 
A medida que aumenta nuestro consumo de energía, incluso de energía renovable, y se incrementan nuestras necesidades de movilidad, utilizamos un mayor número de acumuladores y pilas. 
Evidentemente, este no es el problema; el problema es que, a menudo, estos materiales y tecnologías tienen componentes complejos y a menudo contienen también sustancias tóxicas que no recogemos o que no eliminamos con seguridad después de usarlas. 
Con nuestras actuales tecnologías de tratamiento de residuos, estas sustancias, que se queman o se eliminan, acabarán tarde o temprano en nuestros cuerpos, se acumularán y causarán enfermedades graves. 
Muchos países, incluido el mío, han empezado recientemente a recoger estos materiales, y por consiguiente los objetivos de recogida propuestos por la Comisión y el Consejo parecen ser realistas. 
Otra cuestión es si los distribuidores deberían tener también la obligación de recoger o si la recogida obligatoria debería limitarse a los fabricantes. 
Este último sistema ha demostrado tener éxito para otros materiales reciclables en nuestro país, pero evidentemente puede que sea una cuestión de diferentes prácticas de gestión de residuos en cada Estado miembro. 
Sin embargo, no basta con recoger estos materiales, sino que también es preciso reciclarlos, un requisito que implica un considerable avance tecnológico y mucha investigación y desarrollo. 
Las actuales prácticas de unos pocos Estados miembros en este sentido son muy dudosas. 
Mi país aún no ha conseguido construir plantas de procesado de acumuladores y nuestros acumuladores se eliminan en Eslovenia e Italia, mientras que Hungría compra grandes cantidades de plomo para su industria de fabricación de pilas y acumuladores. 
No creo que esta situación sea sostenible, y cada Estado miembro debería disponer de sus propias instalaciones, no solo para la recogida, sino también para la eliminación. 
Y nuestra tarea es alentar el desarrollo tecnológico y promover la sustitución de sustancias peligrosas. 
– Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo pretende que se prohíba el cadmio y se limite el uso de este material pesado desde 1988. 
Con cada texto legislativo, por ejemplo el relativo a los vehículos al final de su vida útil o a los productos eléctricos y electrónicos, este Parlamento ha recalcado un principio básico: hay que prohibir el uso del cadmio y este producto solamente debe mantenerse cuando no exista ninguna alternativa. 
Este es, desde el comienzo, el principio de sustitución, principio que fundamenta el proyecto de directiva REACH, que nos movilizó hace algún tiempo. 
Como otros sectores, la directiva REACH excluye las pilas, por el motivo de que una directiva viable debe permitirnos justamente calibrar la acción del Parlamento. 
Abogo, pues, enérgicamente por que apliquemos el principio de sustitución a las pilas que contengan cadmio. 
El señor Blokland lo ha dicho todo sobre las dificultades que ha tenido para hacer prevalecer un punto de vista ambicioso, y debemos felicitarnos por su voluntad de compromiso. 
La apoyamos. 
No obstante, me parece que el Parlamento debería poder aceptar un principio básico. 
Si existe en el mercado una tecnología que ofrezca una alternativa a las pilas de níquel-cadmio o a las pilas que contienen cadmio –ya sean las denominadas pilas portátiles o pilas industriales–, entonces debemos prohibir el cadmio. 
El señor Blokland ha intentado enumerar lo que está disponible en el mercado. 
Hay tecnologías nuevas, en particular la tecnología níquel-zinc para las pilas industriales. 
Les propongo, pues, que acepten la enmienda 4 del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que propone que, en caso de aparición en el mercado de una tecnología alternativa para las pilas industriales, se proceda a una revisión de la directiva. 
Me parece que es el mínimo absoluto para mantenernos fieles a nuestra ambición ambiental y, sobre todo, a la voluntad de promover la innovación tecnológica en la Unión Europea. 
– Considero que dividir las pilas en tres categorías, como se propone en la Posición Común, es un compromiso sensato. 
Teniendo en cuenta el hecho de que, actualmente, algunas pilas de cadmio no pueden reemplazarse, no sería aconsejable imponer una prohibición general, dado que últimamente se han logrado algunos éxitos en la recogida y reciclado de algunas de ellas, sobre todo en las versiones industriales. 
Sin embargo, sería racional imponer una prohibición completa de las pilas portátiles, dado que es muy probable que acaben en los vertederos. 
En lo que respecta a los objetivos mínimos para la recogida de pilas y acumuladores usados, para los cuales el objetivo del 25 % después de seis años parece alcanzable, considero que es una sugerencia sensata que, entre tanto, en la Unión Europea ampliada se ponga a prueba la viabilidad del segundo objetivo a diez años vista. 
Ello se efectuaría sobre el fundamento jurídico de experiencias reales de algunos años atrás en los 25 países, que en estos momentos tienen sistemas de recogida y reciclaje claramente diferentes. 
Para ello hemos de establecer un sistema de verificación. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al señor Blokland y recalcar la enorme importancia que tiene para la protección del medio ambiente una directiva sobre pilas y acumuladores y sobre pilas y acumuladores usados. 
Hay muchos ejemplos de metales parecidos a los que se utilizan en las pilas y acumuladores que se encuentran en las pruebas realizadas por personas que viven en zonas ecológicamente delicadas y en las fuentes de agua de estas zonas. 
Analizando el origen de estos metales es posible afirmar con rotundidad que algunos de ellos provienen de pilas y de acumuladores que han sido depositados en los basureros. 
Las pilas y acumuladores desechados tardan mucho en descomponerse. 
Las personas subestiman la necesidad de recoger las pilas, y por ello es preciso concienciar a la población. 
Es necesario establecer medidas jurídicas y financieras para promover la recogida de pilas, y hemos de fomentar una cultura en la cual el público adquiera el hábito de hacerlo. 
Otros problemas son los relacionados con cuestiones organizativas y con la eliminación de estos contaminantes. 
Diversas cuestiones que se han planteado solo se resolverán con el tiempo, siempre y cuando siga dándose publicidad a los programas de recogida de pilas y sigan mejorando los sistemas de recogida y eliminación. 
En particular, es necesario promover el progreso técnico en el campo de la producción de pilas, a fin de garantizar que las pilas sean seguras. 
Señor Presidente, Señorías, el señor Blokland se merece nuestro sincero agradecimiento por este informe de buena calidad, profundo y ponderado para la segunda lectura. 
El problema básico de las pilas y los acumuladores no tiene nada que ver con la energía que producen, sino con los materiales que contienen: cadmio, plomo y mercurio. 
Es bien sabido que estos componentes son tóxicos y que son perjudiciales para el medio ambiente. 
Desde mi punto de vista, la prioridad máxima es el reciclaje y no la gestión; el siguiente paso es que deben ser sustituidos por componentes menos tóxicos siempre que ello sea técnicamente posible. 
Esta modificación vuelve inofensivos, reduce y, hasta cierto punto, prohíbe estos materiales y sus proporciones en peso en las pilas de cualquier tipo. 
A mi entender, esto es lo mejor de esta directiva. 
Hay que admitir que las cuotas de recogida son muy elevadas, y las exigencias impuestas a la industria, el público en general y el comercio son considerables. 
Es un reto, y es un reto que considero sumamente positivo; implicará poner en práctica un programa de aprendizaje que hará que los seres humanos traten mejor el medio ambiente y sean más conscientes de él. 
Aunque resulte imposible conseguir cuotas elevadas siempre y en todos sitios, el requisito pone de manifiesto que la Unión Europea es líder mundial en su conciencia medioambiental y en el modo en que trata el medio ambiente. 
El debate sobre si es más apropiado definir los objetivos de recogida en función del peso o bien en función del número de artículos me resulta puramente académico. 
No tengo nada que objetar al doble fundamento jurídico que utiliza los artículos 95 y 175 del Tratado ni a la Posición Común del Consejo. 
En conjunto, considero que la cuestión fundamental es si la promoción de la investigación y de las tecnologías modernas nos permitirá, en los próximos años, sustituir muchas de nuestras pilas convencionales con alternativas como las pilas de combustible. 
En caso afirmativo, esta directiva, al igual que los materiales con los que tenemos problemas, tendrá una vida limitada. 
– Señor Presidente, acojo con gran satisfacción esta normativa que, según creo, nos ayudará a mantener limpio el medio ambiente. 
Sin embargo, también quiero hacer algunos comentarios sobre los tres asuntos principales aludidos por mis colegas, el primero de los cuales se refiere a las prohibiciones y, en concreto, la enmienda de transacción 42. 
El problema que tengo es que aún encierra la idea de una prohibición automática de las pilas de níquel-cadmio en el plazo de cuatro años, y no se pide a la Comisión que efectúe una evaluación del impacto para ver qué debemos hacer. 
Yo no estoy de acuerdo con una prohibición automática. 
Si vamos a imponer prohibiciones, debemos hacerlo con pleno conocimiento de causa. 
Además, debemos respetar la proporcionalidad: hay cadmio en la atmósfera, pero menos del 1 % procede de las pilas –es mucho más el que se debe a pesticidas y a otros usos–, por lo que la legislación que aprobemos debe ser proporcional al fin pretendido. 
Es necesario un estudio sobre esta cuestión antes de establecer una nueva normativa. 
Daré mi apoyo a la Posición Común. 
En cuanto a los objetivos, estoy de acuerdo con lo dicho sobre objetivos realistas. 
No tiene sentido plantear que avancemos automáticamente a grandes saltos, cuando actualmente tan solo un puñado de países recogen pilas. 
Reduzcamos los objetivos a un nivel alcanzable por los países en algún momento futuro y busquemos la forma de llegar hasta ahí. 
Se ha señalado que, en el plazo de nueve años, Bélgica alcanzó un nivel del 56 % y Austria, después de catorce años, aún se mueve en torno al 40 %. 
Para concluir, en cuanto al fundamento jurídico, estoy de acuerdo con el ponente y con el Grupo Socialista, pero debemos unificar criterios en cuanto a los artículos 175 y 95, porque hemos estado oponiéndonos continuamente a este asunto en la legislación ambiental durante los últimos meses. 
Deberíamos estudiarlo detenidamente y nombrar a expertos jurídicos de las tres instituciones para que discutan sobre el fundamento jurídico. 
No queremos que la legislación sobre el medio ambiente socave los niveles más altos decididos por algunos Estados miembros. 
– Señor Presidente, prohibir pura y simplemente los acumuladores de níquel-cadmio me parece seductor a primera vista, pero un análisis más detenido me incita a preconizar auténticas excepciones por lo que respecta al uso industrial de estos acumuladores. 
Estos acumuladores se aplican, en particular, en los sectores de la seguridad y del transporte, por ejemplo en aviones y trenes. 
Están muy solicitados por su seguridad funcional en condiciones críticas, por lo que resulta difícil introducir productos alternativos. 
La normativa ya es muy estricta. 
Los riesgos asociados al final de la vida útil de este tipo de acumuladores están controlados, entre otras razones por el hecho de que los fabricantes se responsabilizan de la recogida y el reciclado de sus acumuladores. 
Señorías, llamo su atención sobre las definiciones adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, en las que priman las características físicas de la pila sobre el modo en que se utiliza. 
Algunas pilas caerían así con toda probabilidad, bajo la férula de la prohibición, como las utilizadas en sistemas de respiración asistida empleados en atmósferas tóxicas, en lámparas de uso individual o colectivo en el sector minero, etc. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Blokland por su informe sumamente interesante. 
Es evidente que una sociedad sin pilas es algo ya impensable, y como ya han señalado algunos oradores, el uso de las pilas está aumentando: a escala mundial hay un incremento anual del 9 %. 
Si consideramos el uso que hacen a diario los consumidores como nosotros de aparatos electrónicos, hay buenas razones para que todos los Estados miembros redoblen sus esfuerzos por minimizar los futuros riesgos ambientales. 
Es evidente que la actual directiva de 1991 no aporta suficientes resultados en este terreno, precisamente porque no contiene objetivos firmes para la recogida y el reciclaje. 
Además, los resultados son muy difíciles de comparar en los diferentes Estados miembros. 
No quiero ocultarles los éxitos de mi región, Flandes, que han sido citados a menudo, donde el Gobierno, junto con el propio sector, ha realizado enormes esfuerzos por establecer un sistema de recogida eficiente, con el resultado de que se han recogido no menos del 60 % de las pilas. 
La clave de este éxito es la responsabilidad compartida. 
Sin una red densa y bien desarrollada de puntos de recogida no podrán alcanzarse los objetivos. 
Como ya he dicho, me gustaría abogar por unos porcentajes de recogida más altos y de hecho nuestra comisión ha aprobado mi enmienda en este sentido. 
En segundo lugar, quiero instar a todas las partes implicadas a que asuman su responsabilidad. 
He presentado una nueva enmienda a este efecto. 
Por último, quiero abogar por la seguridad jurídica para el sector, en lo que respecta al uso del cadmio tanto en las pilas como en las herramientas mecánicas, para lo cual propongo un periodo de transición de cuatro años. 
Espero que muchos diputados puedan apoyar este paquete. 
– Señor Presidente, quisiera comenzar con unas palabras de gratitud para el ponente, el señor Blokland, por el trabajo realizado. 
La protección del medio ambiente es importante y, siendo yo alguien que se dedica a la política ambiental, es mi objetivo declarado; pero debemos hallar el equilibrio entre el medio ambiente y los legítimos intereses económicos. 
En concreto, hoy me preocupa la prohibición de las pilas de níquel-cadmio en las herramientas eléctricas. 
Una prohibición absoluta inmediata o tras un período de transición de cuatro años, como propone el ponente, sería ir demasiado lejos. 
Por el contrario, prefiero respaldar a ese respecto la Posición Común y la enmienda 45 del señor Krahmer, que prevén revisar la derogación de la prohibición de las pilas de níquel-cadmio en herramientas después cuatro años y siete años y medio, respectivamente. 
En ese momento se podría considerar si existen alternativas equivalentes y si la prohibición de este tipo de pilas era razonable y estaba justificada, cosa que hoy por hoy no ocurre. 
Aunque en muchos campos ya existen alternativas tecnológicas al níquel-cadmio en el mercado, como por ejemplo los hidruros de níquel metal, estas alternativas todavía no pueden considerarse equivalentes al níquel-cadmio, como demuestra, entre otras cosas, el hecho de que la vida útil de las pilas de níquel-cadmio es superior a la de sus alternativas a base de hidruros de níquel metal, y de que son menos propensas a fallos y defectos. 
Además, las pilas de níquel cadmio se recargan más rápidamente y se descargan mucho más despacio cuando no se usan. 
Por último, las pilas a base de hidruros de níquel metal no funcionan a temperaturas inferiores a 10 ºC. 
Los fabricantes desarrollan continuamente nuevas tecnologías en la pugna por afianzar su posición en el mercado, pero una prohibición inmediata o dentro de cuatro años sería contraproducente, pues los fabricantes deberían cambiar sus métodos de producción para manejar un tipo de tecnología que aún no está plenamente desarrollada, mientras que el sector de investigación y desarrollo no podría reunir los recursos financieros que ello exigiría. 
Por lo tanto, con una prohibición no lograríamos fomentar la innovación en el campo de las nuevas tecnologías y por consiguiente tampoco nada que favorezca al medio ambiente, y sin duda no es eso lo que queremos. 
Concluiré expresando mi apoyo a los artículos 95 y 175 como doble fundamento jurídico. 
– Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente. 
Creo que las lagunas persistentes en materia de recogida se deben a la falta ambición de que a veces hacemos gala. 
Si la recogida de las pilas es posible en algunos Estados, ¿qué impide a los demás intensificar sus esfuerzos? 
La señora Jackson ha citado algunas cifras, pero se ha olvidado de Luxemburgo. 
En 2001, este país alcanzó una tasa de reciclado del 89,5 %. 
El texto sometido a nuestra consideración para su aprobación declara un objetivo mínimo de reciclaje por habitante y año de 160 gramos; en 2004, esta proporción era de 245 gramos por habitante en Luxemburgo. 
Estos son los resultados de muchas campañas de información y de todo un trabajo de prevención y sensibilización organizado por el Gobierno y los Ayuntamientos y apoyado por el comercio minorista, que participa activamente en los esfuerzos de recogida. 
Señor Presidente, es una prueba de que la recogida con vistas al reciclado es posible, y no veo por qué lo que ha hecho Luxemburgo no podría hacerse en otros países. 
Por lo que respecta a la sustitución del cadmio, creo que el objetivo final del Parlamento debería ser el principio de sustitución, aunque requiera un período de adaptación. 
. Señor Presidente, ahora hablaré únicamente de las enmiendas relativas a los tres asuntos principales de este expediente: en primer lugar, el fundamento jurídico; segundo, las definiciones de «portátil» y de «industrial» , y tercero, los objetivos de recogida. 
Primero sobre el fundamento jurídico, el preámbulo y el considerando 1 (enmiendas 1 y 2) : La Comisión sigue creyendo que el concepto de doble fundamento jurídico para esta directiva es el correcto. 
Este doble fundamento jurídico refleja el doble objetivo de la directiva propuesta. 
En efecto, la directiva pretende tanto lograr una alta protección del medio ambiente como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior. 
Además, conviene señalar que la directiva propuesta especifica que cada artículo concreto tiene un único fundamento jurídico. 
Así, los artículos que establecen disposiciones sobre la protección del medio ambiente se basan en el artículo 175 del Tratado CE. 
A su vez, los que establecen disposiciones relativas al funcionamiento del mercado interior –a saber, los artículos 4, 5 y 18 de la directiva propuesta– se basan en el artículo 95 del Tratado. 
Por consiguiente, este doble fundamento jurídico no puede provocar incompatibilidades jurídicas de los procedimientos. 
En segundo lugar, sobre la definición de los distintos tipos de pilas (apartados 3 y 6 del artículo 3, considerandos 8 y 9, enmiendas 5, 6, 12 y 13) : las definiciones de pilas «portátiles» y pilas «industriales» son importantes por cuanto determinan el alcance de la prohibición del cadmio y el tipo de necesidades de recogida. 
Por tanto, la Comisión considera que las definiciones deben atender a los siguientes criterios: deben ser claras, deben ser viables en la práctica para que los Estados miembros las apliquen de forma armonizada y deben evitar lagunas o diferencias. 
En consecuencia, la Comisión apoya las dos primeras partes de la enmienda 12, en particular la introducción del límite de peso en la definición de pilas portátiles. 
En cambio, la Comisión no respalda los otros cambios propuestos a las definiciones de los diferentes tipos de pilas (la tercera parte de la enmienda 12 y la enmienda 13). 
La Comisión apoya la supresión de la lista de ejemplos no exclusiva de los considerandos, que mejora notablemente el texto del proyecto legislativo. 
En tercer lugar, sobre los objetivos de recogida (apartados 2 y 4 del artículo 9 y enmiendas 26 a 28). 
La Comisión cree que es necesario establecer objetivos de recogida en la directiva propuesta: en primer lugar, para asegurar un nivel mínimo de protección del medio ambiente en todos los Estados miembros, y en segundo lugar, para supervisar la eficacia de los sistemas de recogida nacionales. 
Es fundamental que los objetivos sean ambiciosos desde el punto de vista del medio ambiente, pero también deben ser realizables, realistas y económicos. 
La evaluación de impacto ampliada que ha hecho la Comisión analiza en detalle este asunto y llega a la conclusión de que el objetivo de recogida de 160 gramos o del 40 % sería el más eficiente, en consonancia con una parte de la enmienda 26. 
La conveniencia de incrementar el objetivo a largo plazo se podrá considerar en el futuro, tal como prevé la letra b) del apartado 2 del artículo 20 de la directiva propuesta. 
Para ello, la Comisión tendrá en cuenta los progresos técnicos y la experiencia práctica adquirida por los Estados miembros. 
Por tanto, la Comisión acepta en principio la enmienda 26, pero se reserva su opinión sobre la enmienda 56. 
La Comisión apoya la enmienda que elimina la posibilidad de que los Estados miembros se eximan de los objetivos de recogida propuestos, los «acuerdos transitorios». 
La Comisión había propuesto esta posibilidad porque, en su formulación original, los objetivos se basaban en el peso por habitante. 
Dado que ahora se basan en las ventas, ya no es necesario prever esta posibilidad de acuerdos transitorios. 
En vista de que la directiva propuesta ya no prevé la revisión de los objetivos a largo plazo en la letra b) del apartado 2 del artículo 20, la Comisión no ve la necesidad de una obligación de revisión específica para aumentar los objetivos en una fecha concreta. 
Entregaré una lista de votación a la Secretaría con indicación de las enmiendas que la Comisión acepta y las que no. 
Quisiera señalar que la Comisión se reserva su opinión sobre las dieciocho enmiendas adicionales presentadas en el Pleno, pues necesita más tiempo para evaluar adecuadamente sus impactos ambientales, económicos y sociales. 
Creo que el Parlamento Europeo y el Consejo ya pueden ir avanzando hacia un acuerdo sobre este expediente. 
Espero que culmine pronto el proceso de codecisión para que la directiva pueda ser aplicada por los Estados miembros y logremos un alto nivel de protección ambiental en este campo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– En algunos Estados miembros, como Hungría, la recogida de pilas y acumuladores usados puede ser una actividad nueva, pero al mismo tiempo es una inversión a largo plazo en la protección del medio ambiente. 
Para que sea posible aplicar la ley, los objetivos de recogida deben ser realistas tanto en los plazos como en las cantidades. 
Unos objetivos excesivamente ambiciosos (como el 50 o el 60 %) harían que las disposiciones fueran inaplicables. 
La cultura de consumo suiza necesitó doce años para alcanzar el 60 %. 
En nuestro país, donde las pilas de carbono-zinc aún ocupan entre el 40 y el 50 % del mercado debido al bajo poder adquisitivo de los consumidores, los distribuidores no podrían financiar, ni los consumidores pagar, el coste de una recogida demasiado exigente. 
Esto llevaría no solo al cierre de empresas y a la pérdida de puestos de trabajo, sino que además daría un impulso al pujante mercado negro de importación de pilas, que constituye un creciente riesgo ecológico. 
En definitiva, una ley que no se puede cumplir produciría lo contrario de lo que se propone. 
Necesitamos una normativa –con una posible revisión en el plazo de cinco años– que nos asegure el logro de los objetivos ambientales a largo plazo y el mantenimiento de los puestos de trabajo en los sectores afectados de la industria y la distribución durante los próximos cinco o diez años. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0334/2005) de la señora Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/39/CE sobre mercados de instrumentos financieros por lo que se refiere a determinados plazos [COM (2005) 0253 – C6-0191/2005 – 2005/0111 (COD) ]. 
. Señor Presidente, para empezar me gustaría dar las gracias a la señora Kauppi y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por la eficiencia y rapidez demostradas en este expediente. 
Esta propuesta es un complemento esencial de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, la denominada «MIF» , que es probablemente el instrumento legislativo más importante aprobado recientemente en el terreno de la normativa europea en materia de valores. 
Se trata de una propuesta sencilla: posponer la fecha de entrada en vigor de la directiva, con la mitad de esta prórroga para que se prepare la industria y la otra mitad para la transposición por los Estados miembros. 
Esta propuesta responde a una justificada y legítima demanda de la industria, apoyada por las autoridades de los mercados de valores de todos los Estados miembros. 
Está claro que es necesaria una prórroga para llevar a cabo los arreglos necesarios a fin de que la MIF funcione desde el principio. 
La Comisión propuso en junio de 2005 la ampliación en seis meses del plazo de transposición, y añadimos otros seis meses para que la industria aplicara la directiva en la práctica. 
Durante las negociaciones en el Parlamento Europeo y el Consejo se han efectuado diversas mejoras y aclaraciones al texto propuesto por la Comisión en cuanto a los diferentes plazos, y la cooperación entre las tres instituciones ha sido excelente. 
El Parlamento Europeo y el Consejo proponen que la ampliación sea de nueve más nueve meses, en vez de seis más seis. 
La Comisión puede estar de acuerdo, sobre todo porque las medidas de aplicación técnica de la MIF son esenciales para la eficacia de la directiva. 
Se trata de normas técnicas complejas que no se aprobarán antes de mayo de 2006. 
Los Estados miembros y las empresas de inversión necesitan tener una visión completa del nuevo marco, incluidos los detalles técnicos de aplicación, antes de su puesta en práctica. 
Quiero subrayar que la aprobación de la «prórroga de la MIF» es un asunto urgente y que es preciso hacerla en una única lectura. 
Si las instituciones de la UE no son capaces de concluir rápidamente este debate o si hace falta una segunda lectura, la MIF entrará en vigor el próximo abril sin que nadie esté preparado. 
Habrá entonces una gran incertidumbre, porque se generará un vacío legal al derogarse el régimen de la DSI y entrará en vigor el nuevo régimen sin que haya sido transpuesta la nueva MIF. 
Tendremos así nuevas normas sin los necesarios detalles técnicos de aplicación, lo cual no es una buena solución. 
Esta propuesta de codecisión pretende retrasar la fecha de entrada en vigor de la MIF, sin entrar en la cuestión más amplia de las competencias del Consejo y del Parlamento Europeo en los procedimientos de comitología. 
Esta Cámara conoce mis puntos de vista sobre la comitología y la importancia que tiene resolver estos asuntos lo antes posible de forma equilibrada y justa. 
En el Consejo se está debatiendo y entiendo que el Parlamento Europeo está elaborando su postura de cara a la negociación. 
Yo lo celebro y espero que podamos llegar a un buen resultado cuanto antes el año que viene. 
Así, con el mayor de los respetos y comprendiendo plenamente la postura global del Parlamento, creo que las enmiendas planteadas sobre comitología y sobre la cláusula de suspensión no son necesarias ni oportunas en el contexto de esta propuesta. 
Además, para hablar de su conformidad jurídica, no explican ningún artículo del texto. 
Son conocidas las demandas del Parlamento Europeo de ampliar sus poderes colegislativos. 
Ya constan en la recientemente aprobada Directiva sobre cuotas de capital. 
El contenido básico de la enmienda 2 ya está incluido en la MIF original, y la enmienda 4 simplemente adelanta 29 días la fecha de expiración de los poderes delegados de la Comisión. 
Por tanto, les insto a que reconsideren estas enmiendas, que la Comisión preferiría que se retiraran antes de la votación. 
Entiendo que el Consejo también sería partidario de este resultado. 
La Comisión cree que una solución de este asunto solo puede conseguirse revisando la decisión sobre comitología. 
A resultas de la justificada insistencia del Parlamento, el Consejo ha optado por hacer revisar esta decisión por un grupo de «amigos de la Presidencia». 
Se está progresando y quiero reiterar mi invitación al Parlamento a que exprese con claridad sus expectativas y propuestas para los debates en curso. 
Dicho esto, la Comisión no obstaculizará la aprobación en primera lectura de esta directiva propuesta. 
Si el Parlamento mantuviera sus enmiendas sobre comitología, la Comisión las aceptaría con tal de facilitar una transposición y aplicación de la MIF sin problemas. 
La Comisión, por su parte, cooperará en lo que esté en su mano para que se trate este asunto con la urgencia debida. 
La Comisión reconoce desde hace mucho que es necesario encontrar una solución y creo que las condiciones actuales ya están maduras. 
Quedo a la espera de sus comentarios. 
. – Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, deseo empezar excusando a la ponente, la señora Kauppi, que lamenta no poder llegar a tiempo para el debate de su informe debido a problemas de transporte. 
Eso no significa que se desentienda del informe, en absoluto: ha realizado un excelente trabajo, y yo quiero darle las gracias como se merece. 
En la primera parte de su intervención, el Comisario ha presentado, en efecto, el proyecto de informe –lo que demuestra que el Parlamento Europeo está abierto y dispuesto a escuchar las explicaciones racionales– y en la segunda parte ha señalado un problema que tenemos ambas instituciones con la comitología. 
Me complace que haya concluido diciendo que está de nuestro lado si lo aprobamos tal como se ha propuesto; puedo decirle que lo haremos. 
Es importante que la Comisión y el Parlamento vayan de la mano en lo que respecta a los derechos fundamentales de esta Cámara, los derechos fundamentales democráticos y el derecho de codecisión, sobre todo en sus tratos con el Consejo. 
Lo mismo se puede decir del procedimiento de comitología y de la cláusula de suspensión. 
Mi colega el señor Radwan hablará de este asunto con más detalle. 
¿De qué trata, pues, la MIF o Directiva de mercados e instrumentos financieros? 
No es fácil de entender. 
En primer lugar, trata de la modificación de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los mercados de instrumentos financieros. 
En segundo lugar, trata de la ampliación de los plazos de transposición. 
Porque la Directiva comporta cambios sustanciales para los partícipes del mercado y para las autoridades nacionales, pues la transposición depende de la elaboración y ejecución de las correspondientes medidas técnicas y lamentablemente se está procediendo a ella en estos momentos y el paquete de medidas para la aplicación de las diecisiete disposiciones no será aprobado hasta 2006. 
El hecho es que las medidas de transposición que hay que adoptar en el nivel 2 se están retrasando y en realidad solo estarán ultimadas en un momento en que la MIF ya debería estar en vigor. 
Si estamos a favor de la ampliación de los plazos de transposición es porque se trata del llamado procedimiento Lamfalussy y porque el proceso debe completarse por medio de la comitología. 
¿Qué hacemos ahora, entonces? 
Lo que hacemos es prorrogar, por este motivo, el plazo de transposición, manteniendo asimismo en vigor la antigua Directiva ISD, relativa a los servicios de inversión, hasta que entre en vigor la MIF, es decir, hasta el 1 de noviembre de 2007. 
Por tanto, los cambios que introducimos en la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros son más formales que de contenido. 
Lo que logramos con estos plazos de transposición es evitar el vacío legal. 
Pero a la vez que hacemos estas adaptaciones formales a la realidad, modificamos también el proceso de comitología en el marco de la MIF. 
¿Por qué? 
He de decirle al señor Comisario que su primera objeción me parece incomprensible. 
Lo hacemos porque queremos aprobar, precisamente de la misma manera, las disposiciones sobre comitología que hemos acordado con el Consejo con motivo de la Directiva «Basilea II» sobre requisitos de capital y que se pueden resumir sencillamente con la expresión «cláusula de suspensión». 
Así obtendremos seguridad jurídica y claridad en cuanto a lo que queremos. 
Las propuestas que hemos recibido hasta ahora no tienen en cuenta las prerrogativas legislativas de esta Cámara, y es justo y necesario que todo acuerdo alcanzado por nosotros se extienda también a otras directivas que tratan el mismo asunto. 
Por todo ello pido a sus Señorías que en la votación en el Pleno de mañana apoyen la resolución de la comisión, pues eso, además de aportarnos una buena solución práctica, fortalecería la posición del Parlamento. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, en este debate ya se ha mencionado a menudo el procedimiento Lamfalussy. 
Uno tendría que estar realmente agradecido a la Presidencia británica, país que se considera la cuna de la democracia –cosa que ya ha mencionado el señor Karas–, por haber pugnado con tal ahínco por un asunto que ya estaba acordado entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento en la directiva «Basilea II». 
Pero si queremos reforzar los derechos del Parlamento y luchar por ellos, no se puede estar más que agradecido, pues cada nueva acción de este tipo acentúa la unidad de la Cámara en la convicción de que aquí debemos mantenernos firmes. 
La cuestión es cómo manejar el procedimiento Lamfalussy en el futuro. 
También está la cuestión de si el Consejo se toma este tema en serio. 
Si la Presidencia británica tan solo hubiera intentado hacer algo –quizá con la ayuda de los «amigos de la Presidencia» – con vistas a separar el nuevo acuerdo interinstitucional y hubiera gastado menos energía en hacerlo pasar tal como estaba, ahora estaríamos mucho más avanzados. 
Lo que tengo que decir a la Comisión es esto: hemos insertado una fecha en la directiva «Basilea II» , que es el 1 de abril de 2008, y hasta esa fecha el Parlamento respaldará el procedimiento Lamfalussy y la comitología. 
Queremos seguir apoyándolo también después, pero eso es algo que deberá acordarse para entonces. 
A todos los que aún no estén al tanto del asunto les informo de que pretendemos incorporar la cláusula de suspensión en todas sucesivas directivas. 
Cuando nos lleguen nuevas propuestas de la Comisión, no nos limitaremos a considerar si hay que cambiar o no las fechas específicas, sino que reclamaremos el derecho a examinar plenamente toda directiva que llegue a esta Cámara. 
Esperamos que la Comisión ejerza la necesaria influencia sobre el Consejo y de hecho confiamos en que así lo haga. 
Me dirijo especialmente a la Presidencia austriaca para que nos garantice una solución que por fin haga justicia a todas las instituciones y nos permita de nuevo realizar nuestra labor como es debido. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, con este informe nos encontramos en la primera fase del retorno del Parlamento Europeo sobre la directiva relativa a los servicios de inversión, que después ha sido rebautizada con el nombre de Directiva MIF. 
Hay aquí una cuestión de procedimiento: ya saben en qué condiciones aceptó el Parlamento Europeo el Proceso Lamfalussy. 
Hay una cuestión de fondo: ¿en qué condiciones se respetarán los principios que establecimos en el nivel 1 con las medidas que están en preparación en el nivel 2? 
Algo me dice que, por primera vez, el Parlamento Europeo, aprovechando el examen de las medidas del nivel 2 de esta directiva, tendrá ocasión de ejercer plenamente sus derechos, de ahí la importancia que concedemos en este texto al recordatorio de las condiciones en que el Parlamento Europeo puede, a través de la cláusula de suspensión y del derecho de avocación, intervenir de nuevo tras la aplicación de las medidas de nivel 2. 
Creo que tenemos razón en hacerlo porque, tal como se desarrolla el debate, observamos que tras la aprobación de las medidas por el Parlamento Europeo, se da manifiestamente una «creatividad» jurídica que nos incita a la vigilancia. 
En efecto, por lo que se refiere al calendario, observamos que lo que inicialmente era un único plazo se ha convertido en un plazo de transposición y un plazo de aplicación efectiva. 
En otros ámbitos, creo que el equilibrio global de esta directiva entre apertura a la competencia y transparencia es un tema suficientemente serio para que el Parlamento disponga de todos los medios necesarios para examinar, en condiciones creíbles, las propuestas que presente la Comisión en el nivel 2. 
Por esta razón, señor Comisario, espero aprovechar su espíritu de apertura hacia este Parlamento y su voluntad de diálogo con él para reafirmar plenamente, con ocasión de la aprobación de esta directiva –que es una directiva destinada a modificar el calendario–, los derechos del Parlamento en un procedimiento en el que, con toda franqueza, su intervención siempre ha versado sobre los principios y nunca ha conducido a un alargamiento de los plazos, aunque imaginamos bien las dificultades que comporta la intervención de los demás niveles en un tema tan complejo. 
Así pues, con toda franqueza, señor Comisario, puedo tranquilizarle: el Parlamento votará efectivamente a favor de las enmiendas propuestas y celebro que, en estas condiciones, pueda usted apoyarlas. 
– El documento que estamos examinando es muy importante no solo para el mercado financiero europeo, sino para el propio Parlamento Europeo, por dos motivos. 
En primer lugar, con este documento el Parlamento deja claro que es capaz de responder puntualmente a las peticiones razonadas de los partícipes del mercado de revisar los plazos de entrada en vigor de la directiva. 
En segundo lugar, y esto es igual de importante, el Parlamento hace valer la posibilidad y su derecho a prescindir de ciertas disposiciones de la directiva si se pone de manifiesto que la estrategia elegida no responde a las necesidades del mercado. 
La directiva es un instrumento genérico. 
En cierto modo resume todos los logros del mercado y hace cumplir su reglamento; sin embargo, debería quizá prestarse mayor atención a la elaboración de esta legislación especial. 
Por tanto, quisiera apoyar la propuesta presentada, pero quiero puntualizar, por otro lado, que el actual examen ha sacado a la luz considerables defectos en el proceso de aprobación de documentos jurídicos que regulan los mercados financieros. 
Es necesario revisar el método de elaboración de dichas leyes del mercado financiero: nos centramos a menudo en los detalles técnicos, cuando el verdadero problema está en el proceso de aprobación de los textos jurídicos en materia financiera. 
Se han propuesto una serie de opciones, pero ninguna de ellas es suficiente. 
Piénsese, por ejemplo, en el cambio del plazo de entrada en vigor de una determinada disposición de la ley aun antes de que empiece a funcionar. 
Esto significa que durante la fase preparatoria no se han considerado en su justa medida las posibilidades y necesidades del mercado. 
Quisiera dirigirme al señor Comisario a este respecto. 
Ha prometido usted reducir la carga de obligaciones legales que ha de soportar el mercado, pero creo que esa carga podría aligerarse si colaboráramos más estrechamente con los partícipes del mercado. 
Así sería necesario hacer menos enmiendas a las directivas antes de que entren en vigor. 
– Señor Presidente, la Lista de Junio respalda la propuesta sobre las cuatro libertades del mercado interior. 
La libre circulación de capitales es fundamental para un mercado interior eficiente. 
Para que todo esto funcione de forma satisfactoria es necesaria una normativa común. 
Esta ha de ser de estructura sencilla y no debe socavar la posibilidad de competencia institucional entre los Estados miembros. 
Es bueno que se amplíen los plazos en este informe, pues eso facilitará los preparativos ante la inminente entrada en vigor de los reglamentos. 
Por lo tanto, votaremos a favor del informe. 
Sin embargo, los cambios propuestos por el Parlamento exigen que este y el Consejo intervengan en pie de igualdad en la supervisión de la forma en que la Comisión ejerce sus poderes aplicando los cambios. 
El Parlamento trata de nuevo de aumentar su poder a expensas de los Estados miembros. 
La Comisión no debe ser una especie de Gobierno federal, y en primer lugar debe ser supervisada por los Estados miembros. 
De la misma manera que es importante alcanzar un compromiso aceptable con el Consejo, es lamentable que el Parlamento haya decidido de esta manera añadir una nueva lucha interinstitucional por el poder. 
Por eso votaremos contra las enmiendas 1, 2, 4 y 11. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la MIF (Directiva de mercados e instrumentos financieros) , antes llamada DSI (Directiva de servicios de inversión) , es un importante programa legislativo para el mercado interior de capitales. 
Con ella se pretende asegurar la igualdad de condiciones de los distintos tipos de servicios de inversión, con la máxima prioridad para la transparencia antes y después, para la protección del consumidor y para la promoción de precios competitivos en condiciones de máxima liquidez. 
En Europa, estos instrumentos nos permitirán dar un gran salto adelante hacia un mejor clima de inversión, cosa que ahora necesitamos desesperadamente. 
La complejidad de la directiva exige una cuidadosa consulta entre los diferentes operadores del mercado, y gran parte de este trabajo lo están realizando supervisores bajo la atenta mirada del Comité de Reguladores Europeos de Valores (CREV). 
La Comisión Europea, que cuenta con una plantilla limitada, no puede hacerlo por sí misma. 
Soy un firme partidario de esta postura prudente y del papel relevante que se da a los supervisores. 
Son nuestros principales aliados en el servicio al interés público y a la hora de evitar que seamos dirigidos por un puñado de grandes operadores del mercado o por mercados nacionales que velan por su propio interés, lo cual por desgracia sucedía a veces cuando se estaba realizando el trabajo preliminar para este expediente. 
El Parlamento Europeo ha hallado el equilibrio entre los diversos intereses y ahora debe procurar mantenerlo. 
Esto significa que debemos ser capaces de seguir desempeñando nuestro papel. 
Por eso pedimos que se mantenga un importante derecho en el terreno del control de la comitología: el derecho de revocación. 
La Comisión ha expresado varias veces que nos apoyará en este asunto, y lo mismo ha hecho el Consejo, si bien con ciertas reticencias; sin embargo, este punto del tratado no se corrigió en el curso del debate que tuvo lugar sobre la materia. 
Ahora que las cosas se han parado totalmente, no hay motivo para que este asunto se paralice también. 
Dado que el procedimiento Lamfalussy se refiere a expedientes del mercado financiero, urge regular la estructura del derecho de revocación del Parlamento. 
No se trata de un proyecto de prestigio ni de una cuestión de prestigio. Se trata realmente de seguir implicados en las grandes líneas trazadas en el nivel 1 y de verlas reflejadas en la fase de aplicación que hemos delegado. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados por sus observaciones. 
Está claro que todos queremos que la MIF entre en vigor en las mejores condiciones posibles, y la ampliación de los plazos de transposición y aplicación es necesaria y justificada. 
Aunque la Comisión considera que las enmiendas relativas a la comitología son jurídicamente inadecuadas en este contexto, las aceptará para permitir la aprobación de esta propuesta en una única lectura. 
Entiendo que este asunto volverá a surgir y que sus Señorías seguirán incluyendo estas enmiendas en futuras propuestas. 
Para mí es de gran importancia hallar una solución, y de ningún modo deseo que se pierda el sentido de urgencia. 
Por eso, seguiré adoptando una postura abierta ante las enmiendas. 
Son un importante signo político de las legítimas exigencias tan profundamente sentidas por esta Cámara. 
Sin embargo, no basta con airear políticamente el problema: hay que resolverlo. 
.El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12 del mediodía. 
. De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0382/2005) de la señora Fourtou en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 y otras) [2004/2208 (INI) ]. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde hace muchos años la suavidad del clima, la belleza del paisaje, unos precios atractivos y la cálida acogida de los habitantes incitan a miles de europeos a adquirir propiedades en la región española de Valencia. 
Para hacer frente a una demanda que crece vertiginosamente y luchar contra la especulación, el Gobierno autónomo de Valencia adoptó en 1994 una ley de ordenación del territorio, la llamada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). 
Desde entonces, el Parlamento Europeo ha recibido miles de peticiones contra la aplicación precisamente de esa ley. 
Los peticionarios se quejan de la usurpación abusiva, a su juicio, de sus derechos de propiedad debido a proyectos de equipamiento urbano y de ordenación del territorio. 
Las críticas se refieren tanto al fondo –legitimidad jurídica, económica y ambiental de los proyectos– como a la forma –información deficiente, falta de transparencia, plazos de impugnación y presentación de propuestas demasiado cortos e indemnizaciones demasiado bajas. 
Se sienten impotentes ante una situación por lo demás muy compleja, pues hay que recordar que la responsabilidad jurídica y política está compartida en este caso entre el Gobierno español en lo que respecta a la normativa relativa al suelo, la Comunidad Valenciana por lo que se refiere a la legislación local en materia de normas de planificación, y los municipios, que, basándose en la legislación española y regional, llevan a cabo los programas que consideran legítimos. 
Para conocer la situación sobre el terreno, la Comisión de Peticiones envió dos delegaciones, en 2004 y 2005, para recabar información de todas las partes implicadas. 
En mi calidad de ponente formé parte de la segunda delegación y me impresionó mucho el elevado número de peticionarios; no solo me emocionó lo que dijeron, sino también su confianza en la espuesta de Europa. 
Asimismo aprecié la atención que nos prestaron las autoridades valencianas y su disposición a cooperar. 
Por lo demás, la Comunidad Valenciana es consciente de los problemas y en estos momentos está elaborando una nueva ley, la llamada Ley Urbanística Valenciana (LUV) , que abordará las quejas formuladas por los peticionarios. 
Además, en un espíritu de apertura, el Gobierno valenciano invitó al Parlamento Europeo a presentarle las sugerencias que juzgue oportunas. 
Muy a menudo se critica a Europa por estar lejos de los ciudadanos. Tenemos aquí una ocasión de demostrar lo contrario: el Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Peticiones, está a la escucha de los ciudadanos. 
El problema, sin embargo, es que no podemos rebasar nuestra autoridad, pues en modo alguno podemos crear en los ciudadanos falsas expectativas que inevitablemente serán defraudadas. 
Por lo que respecta a los hechos y la competencia de la Comunidad, pedimos por tanto a la Comisión Europea que siga velando por la observancia del procedimiento de licitación y vigilando cualquier incumplimiento de las directivas ambientales. 
De hecho, ya ha comenzado a responder a nuestros llamamientos abriendo, el pasado 21 de mayo, un procedimiento de infracción contra el Reino de España por incumplimiento de la directiva sobre contratos públicos. 
Insistimos ante el Gobierno regional y ante los ayuntamientos en que presten a todas las personas afectadas por la LRAU la ayuda necesaria para incoar un posible proceso de rectificación e indemnización. 
Reclamamos que en todos los proyectos se tenga en cuenta la cuestión ambiental, tan crucial para el futuro de Europa. 
Doy las gracias a las diputadas y diputados que han hecho gala de tanto entusiasmo por este tema y han mejorado mi informe inicial, pero tengo que recordarles que solo podemos actuar dentro de los límites de nuestras competencias comunitarias y que nuestro margen de maniobra es reducido. 
Nuestra respuesta depende, y ha dependido, de nuestros temperamentos y nuestros compromisos. 
Unos tienden a hacer montones de cosas, otros a quedarse cortos; por mi parte, he intentado tomar el camino de en medio, y con ese espíritu el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa presentará algunas enmiendas destinadas únicamente a reorientar nuestros esfuerzos. 
Me siento tentada de decir a los ciudadanos europeos afectados por la LRAU que les hemos escuchado, que deploramos la situación y que no estamos aquí para juzgar, sino para intentar presionar a fin de que todos sean escuchados y respetados y que al final se encuentre una solución justa y equilibrada. 
Espero que este informe dé sus frutos, que la situación haga finalmente justicia a todos y que la Comisión de Peticiones demuestre una vez más que somos un eslabón importante de la cadena de relaciones entre los ciudadanos y el Parlamento Europeo. 
. Señor Presidente, la ponente, la señora Fourtou, y sus colegas de la Comisión de Peticiones, han trabajado arduamente sobre este informe, una iniciativa de esta Cámara en respuesta a los miles de peticiones recibidas por la comisión. 
Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en esta labor y han contribuido a este difícil y delicado debate. 
Es realmente una preocupación que afecta a muchos ciudadanos de la UE, como muestra el número de peticiones recibidas. 
Se enviaron dos misiones de investigación a Valencia, que dieron a los miembros de la comisión la oportunidad de conversar con representantes de todas las partes afectadas y tener conocimiento de primera mano de la situación. 
Sus Señorías saben mejor que nadie lo que está en juego. 
El informe de la señora Fourtou alude a una serie de materias clave que han atraído la atención política de esta Cámara. 
La Comisión, dentro de los límites de sus competencias, ha examinado este asunto principalmente desde un punto de vista de mercado interior. 
En concreto, hemos analizado el aspecto de la contratación pública en el derecho español. 
En ello voy a centrarme. 
La Comisión parte de que la aprobación de programas de acción integrada en el marco de la legislación urbanística valenciana abarca la adjudicación de obras y servicios públicos. 
La Comisión ha considerado desde las primeras fases de este proceso que la legislación urbanística valenciana suscitaba problemas con la normativa de contratación pública de la UE. 
La adjudicación de contratos se hacía sin transparencia ni publicación de anuncios en el Diario Oficial de la UE. 
No había selección objetiva ni criterios de adjudicación, ni cláusulas de precios adecuadas, ni igualdad de oportunidades para todos los interesados en las oportunidades de negocio. 
Por eso, la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción contra España en esta cuestión y enviar una carta de notificación formal el 21 de marzo de 2005. 
Desde entonces hemos estado colaborando con las autoridades competentes para corregir los defectos detectados en la aplicación de la ley vigente. 
Sin embargo, el nuevo proyecto de ley presentado a mis servicios no subsana todas las imperfecciones. 
Además, la situación práctica no ha cambiado: las autoridades públicas siguen adjudicando contratos sin seguir unos procedimientos de licitación adecuados. 
A la vista de la falta de progresos, tengo previsto enviar una carta en los próximos días a las autoridades competentes de España instándoles a tomar las medidas oportunas para remediar la situación. 
Puede ser muy complicado combinar las exigencias de la planificación con las leyes de contratación pública, pero eso no puede ser una excusa para no aplicar la normativa europea vigente. 
Se trata de normas que benefician a las autoridades públicas al aumentar sus competencias en los contratos y al disminuir el precio de las obras, suministros y servicios. 
Por eso, cuentan sus Señorías con mi compromiso de asegurar que se respeten las normas de contratación pública de la UE, tanto en la letra como en los hechos, sea cual sea la normativa que se apruebe en el futuro. 
El informe de la señora Fourtou también alude a muchas otras materias de relevancia, pero la Comisión no está en condiciones de evaluarlas al situarse fuera del ámbito de competencias de la Comunidad. 
. – Señor Presidente, como miembro de la segunda delegación parlamentaria que visitó a las autoridades españolas en Madrid y a las autoridades regionales y locales de la Comunidad Valenciana en junio de 2005, y que se reunió con grupos de peticionarios, me veo obligada a manifestar públicamente que los principales implicados demostraron una excelente predisposición para cooperar con los diputados al Parlamento Europeo y expresaron su comprensión y preocupación por las legítimas reivindicaciones de los ciudadanos, pero no por las de carácter ilícito. 
Nuestra ponente, la señora Fourtou, ha hecho una proeza elaborando el informe en nombre de la Comisión de Peticiones, y ha empleado de forma magistral toda su capacidad de abstracción a fin de quedarse con lo más relevante para reflejarlo en el informe que esta Cámara ha de votar, ateniéndose a las normas del procedimiento y a sus obligaciones legales y sin excederse en ellas. 
Lamentablemente, cuando se votó el informe Fourtou en la Comisión de Peticiones, se colaron ciertas enmiendas en el texto que afectan al principio de subsidiariedad, además de reclamaciones no acompañadas de la correspondiente prueba. 
Por eso, nosotros respaldamos las enmiendas de la ponente y de su Grupo destinadas a eliminar ciertos detalles. 
Estas enmiendas recuperan la dignidad del texto no legislativo, que, desde luego, carece de repercusiones. 
Además, con nuestra serie de enmiendas pretendemos corregir la inaceptable didáctica y el tono imperativo, sobre todo en los apartados 6 y 11, que son insultantes para un Estado miembro. 
La enmienda al apartado 11, sobre todo, destaca el problema más general de la excesiva urbanización de las costas mediterráneas en su conjunto, poniendo el acento en la naturaleza común de la protección del medio ambiente. 
En cuanto al considerando I, nuestra enmienda subsana el confuso tono del texto y recuerda los procedimientos de infracción ya ejercidos de acuerdo con el artículo 226 del Tratado y la legislación europea, tal como ha mencionado el señor Comisario, y por eso pedimos a los que voten a favor del informe que voten también a favor de estas enmiendas. 
En cuanto a si sus Señorías desean votar a favor del informe, que hagan lo que les parezca. 
. – Señor Presidente, debo comenzar disculpándome por la ausencia del señor Cashman, que no puede participar en el debate de esta mañana por problemas de transporte. 
Este informe es extremadamente importante por diversas razones: porque pretende demostrar a los ciudadanos de Valencia que el Parlamento Europeo no es solo un órgano legislativo –que lo es, por supuesto–, sino también una voz del pueblo europeo cuando siente amenazados sus derechos. 
También quisiera decir que el Grupo del PSE no aceptará enmiendas a este informe encaminadas a debilitarlo. 
En sí mismo ya es un informe de compromiso y no es tan enérgico como sin duda a mí me hubiera gustado. 
No se puede consentir que los habitantes de ciertas zonas de Valencia deban tolerar la expropiación de sus bienes por la corporación local para el consiguiente enriquecimiento de los constructores. 
Es de primordial importancia insistir en la aplicación de las directivas que recaen en otras competencias de la Comisión distintas del mercado interior. 
Me refiero en concreto a la directiva 2001, que trata de las evaluaciones estratégicas de impacto ambiental, y la directiva 2000, que trata del uso prudente y de la protección de los recursos hídricos, todo ello materia de esta queja. 
También es importante que busquemos vías de presión para que el Gobierno valenciano imponga una moratoria sobre los nuevos proyectos hasta que se haya puesto en marcha una legislación que cumpla satisfactoriamente los requisitos de la Unión Europea. 
También es esencial que se respete el derecho de los ciudadanos a una indemnización y que no se les oculten las propuestas que afecten a su propiedad, tanto si están comprándola como si ya les pertenece. 
No es correcto que los ciudadanos sean unilateralmente desposeídos de la propiedad de que disfrutan. 
En referencia a otro asunto, estoy seguro de que mi colega no desaprobará que llame la atención del Comisario McCreevy sobre el hecho de que el pasado viernes cien mil personas se manifestaron en Irlanda para expresar su ira contra la directiva Bolkestein, de la cual actualmente él es responsable. 
Ya que se encuentra hoy aquí, deseo que tenga en cuenta la preocupación expresada por esos ciudadanos europeos. 
. – Señor Presiente, felicito a mi colega, la señora Fourtou, por su ecuánime informe. 
En el Grupo ALDE prestaremos nuestro apoyo, por supuesto, a nuestras propias enmiendas, pero no a otras enmiendas que pretendan debilitar aún más el informe. 
Se trata de los derechos de los ciudadanos. 
Y, lo que es quizá más importante, se trata de un derecho que está en el núcleo de lo que es la Unión Europea. 
La libertad de circulación en la Unión Europea es un auténtico logro, y cuando nuestros ciudadanos deciden ejercerlo viviendo –a menudo jubilándose– en otro Estado miembro, merecen toda nuestra protección y apoyo. 
Muchos de ellos hacen la mayor inversión económica de su vida para la compra de su propiedad inmobiliaria. 
Eso es lo que ha sucedido con algunos ciudadanos en cierta región de un Estado miembro. 
El valor de sus propiedades se ha visto derrumbado por una ley de control del desarrollo que no parece funcionar. 
Creo que hemos elaborado un informe ecuánime que contribuirá a ejercer presión sobre las autoridades de Valencia. 
Hay tres objetivos que debemos lograr: tenemos que asegurarnos de que usted, señor Comisario, siga imponiendo la legislación comunitaria en el marco de sus poderes; debemos asegurarnos de que los ciudadanos que han acudido a nosotros se beneficien de alguna forma de compensación o indemnización, y a tal fin debemos seguir presionando a las autoridades españolas. 
Y también he de pedirle una cosa más, señor Comisario: invitamos a nuestros ciudadanos a que se desplacen y vayan a vivir en otros lugares, y no queremos volver a ver este tipo de situaciones. 
De modo que sin interferir en la normativa urbanística de cada Estado miembro –que es asunto suyo–, ¿es posible que prestemos algún asesoramiento o información a nuestros conciudadanos que vayan a adquirir una propiedad en otro Estado miembro? 
No queremos que esto vuelva a suceder. 
No pretendemos caer en el paternalismo, pero hemos de apoyar a nuestros ciudadanos cuando ejercen el derecho a la libre circulación, tan valioso para todos nosotros. 
. Señor Presidente, estamos realmente ante una cuestión profundamente europea, una cuestión de derechos: no podemos aplicar la legislación europea sin tratar el escándalo urbanístico en el Mediterráneo. 
Ni siquiera podemos aplicar el Tratado en relación con los derechos humanos, ni podemos aplicar las directivas de contratación pública, la Directiva marco del agua, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, sin enfrentarnos a lo que el Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos ha denominado esta misma mañana un horror urbanístico: ha dicho que el litoral mediterráneo está colmatado, que el territorio está sufriendo una masificación importante y un impacto irreversible que dejará una huella ecológica demasiado dura. 
Tenemos que acabar cuanto antes con este horror, que está vulnerando los derechos de las personas: miles y miles de personas —la gran mayoría son valencianos— están sufriendo esta situación. 
No es compatible un medio ambiente sostenible con este modelo. 
Yo creo que estas vulneraciones de directivas europeas han de tener una respuesta europea fuerte y rápida. 
Y, en ese sentido, hemos hecho un informe entre todos, gracias a un trabajo ejemplar de dos años de la Comisión de Peticiones, que adoptó este informe de forma unánime. 
Y, ahora, unas personas que votaron a favor en la Comisión de Peticiones quieren deteriorar, quieren debilitar de forma irreversible este informe. 
No creo que sea demasiado honesto. 
Yo creo que los intereses medioambientales de los ciudadanos van por delante de los intereses del ladrillo y del cemento, que quieren cubrir toda la costa del Mediterráneo. 
. – Señor Presidente, aunque comprendemos perfectamente a los ciudadanos que se encuentran en esa penosa situación, en el Partido por la Independencia del Reino Unidos pensamos que lo que sucede en Valencia con las expropiaciones de terrenos se debería haber resuelto mediante acuerdos bilaterales entre España y los países afectados. 
En lugar de eso, me temo que el Parlamento Europeo esté una vez más matando moscas a cañonazos. 
La planificación urbanística es una materia que debe permanecer en el nivel local para que las necesidades de cada lugar sean atendidas como es debido. 
Una política centralizada serviría para agravar los problemas, en vez de resolverlos. 
Es algo que vemos una y otra vez en los llamados proyectos europeos. 
Les recordaré algunos ejemplos. 
El primero, la Política Pesquera Común, con su sistema de cuotas sumamente perjudicial. 
Aclamado como proyecto respetuoso con el medio ambiente, ha causado un daño irreparable en las poblaciones de peces. 
Un gran número de plantas de procesamiento de pescado se han visto abocadas al cierre en el Reino Unido y la economía pesquera local ha quedado devastada. 
Y, hablando de desastres, no podemos dejar de mencionar la PAC, que ha generado ríos de vino y montañas de mantequilla y ahora está dando tantos quebraderos de cabeza al Comisario Mandelson como a los agricultores de los países en desarrollo. 
Chirac, en esencia, al proteger al pequeño agricultor francés, tiene secuestrado al mundo entero. 
En vez de estabilizar los precios de los mercados de productos primarios, la UE está perjudicando a muchas personas a las que dice querer ayudar. 
La situación que afecta a esos ciudadanos no españoles en Valencia, incluidos muchos británicos, debe abordarse entre los Gobiernos implicados. 
Lamento que el Gobierno británico no haya llegado a un acuerdo bilateral con España en esta cuestión. 
Lo que sucede, por el contrario, es que los tentáculos de la burocracia de la UE vuelven a aprovecharse de la desgracia privada para arrebatar soberanía a los Estados miembros. 
. Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi sincera gratitud a los que han participado en esta historia de éxito, cuyo último capítulo debe ser la aprobación del informe. 
Sobre todo me complace que los peticionarios hayan depositado su confianza en la Unión Europea y en la Comisión de Peticiones, que tengo el honor de presidir. 
También estoy muy contento de que el Defensor del Pueblo de la región de Valencia haya ofrecido su apoyo durante la elaboración del informe y durante nuestra fructífera búsqueda de una solución. 
Asimismo, me satisface que el trabajo realizado por los miembros de nuestra misión, que visitaron la región en junio, fuera tan productivo. 
La misión estuvo encabezada por el señor Cashman, vicepresidente de la Comisión de Peticiones, y contó también con la presencia de la señora Fourtou, a quien debo agradecer la elaboración del informe. 
Otro miembro de la misión fue la señora Panayotopoulos-Cassiotou, a quien también quiero dar las gracias, y quien dirige la secretaría de nuestra comisión. 
La notable labor realizada ha dado su fruto en este informe. 
Las peticiones, presentadas inicialmente por Charles Svoboda en nombre de la asociación radicada en Valencia, y por las señoras Schuckall y Perret, fueron posteriormente firmadas por más de 10 000 personas. 
En un principio, no era ocioso preguntarse si las peticiones merecían un estudio más detallado, pero pronto se hizo patente que sí. 
La razón no era solo que se hubieran infringido los principios de protección del medio ambiente y las normas de licitación pública, sino, sobre todo, que se hubiera conculcado un derecho fundamental de las personas: el derecho a la propiedad, y, más aún, el derecho a la propiedad de personas cuyas condiciones en muchos casos eran muy precarias y que no querían nada más que pasar el resto de sus vidas en las pequeñas casas que se habían construido ellas mismas. 
Las conversaciones mantenidas con los peticionarios, tanto durante la misión de investigación como durante nuestras reuniones, nos revelaron toda la magnitud de la tragedia que afligía a unas personas a quienes se había arrebatado una parte tan esencial de sus bienes. 
Al encontrarse con que su patrimonio les había sido confiscado sin su conocimiento y con que sus derechos fundamentales habían sido gravemente vulnerados, tuvieron una experiencia realmente desgraciada. 
Nuestra comisión aprobó por unanimidad el informe Fourtou, con una sola abstención. 
Ese informe fue el resultado de un compromiso y de los debates sobre las enmiendas dentro de la comisión. 
Por eso, creo que el informe debe ser aprobado ahora por el Parlamento sin más enmiendas que puedan distorsionar su significado. 
Puesto que ya ha sido aprobado por unanimidad una vez, me complacería enormemente que esta Cámara también lo hiciera. 
Señorías, nuestra intención es que Valencia apruebe una nueva ley. 
Ya ha prometido que lo hará, lo cual atestigua la eficacia de la labor del Parlamento y de su comisión. 
Dicha nueva ley debe tener en cuenta los derechos humanos y las normas de licitación pública relacionadas con el medio ambiente. 
La compensación de las partes afectadas es otro asunto que debe ser atendido. 
Por ese motivo, estamos instando al Gobierno valenciano a que registre los datos de cada caso individual y, si es necesario, les ofrezca una adecuada compensación. 
Espero que el Comisario McCreevy, que está aquí en nombre de la Comisión Europea, haga todo lo posible por que no se repitan las injusticias y se corrijan los errores del pasado. 
Señor Presidente, lo primero que tengo que hacer, como no puede ser de otra manera, es agradecer a la señora Fourtou la elaboración de este informe, un informe —como hemos dicho— muy debatido y trabajado; un informe que ―como también se ha dicho aquí― ha tenido, no lo olvidemos, un antecedente poco común en la Comisión de Peticiones: el hecho de que dos delegaciones parlamentarias hayan visitado la Comunidad Valenciana para hablar y tratar sobre este tema. 
Pero creo que, hoy, este tema llega a su fin y, además, que, con este informe, se va a poner en entredicho el modelo urbanístico socialista que existía en la Comunidad Valenciana, que los socialistas pusieron en marcha cuando gobernaban. 
Por eso, me congratulo, como decía el señor Libicki, de que, a partir de ahora, con este nuevo informe, que, imagino, se va a aprobar en este Parlamento Europeo, este va a aplaudir, entre otras cosas, la iniciativa de que el actual Gobierno valenciano tramite y elabore una nueva ley que sustituya a la anterior ley socialista. 
Y, sobre todo, quiero subrayar y recordar que esta nueva ley, que se podrá tramitar y aplicar, va a tener, entre otros, dos puntos fundamentales: primero, que esta nueva ley se aprueba en ejercicio de las competencias que, en materia urbanística, tiene el Gobierno valenciano en exclusiva, y, segundo, que el informe también aprueba una serie de recomendaciones para que el Estado de Derecho pueda atender las reclamaciones que, por aplicación de la antigua LRAU, hubiera o haya habido, es decir, ahora se van a salvaguardar todos los derechos de los ciudadanos que se han dirigido a esta Comisión de Peticiones. 
Señor Presidente, Señorías, estoy seguro de que la solución justa vendrá con la desaparición de la LRAU creada por el anterior Gobierno socialista, y estoy convencido de que esa solución justa va a conseguirse con la aplicación de la nueva ley que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana tiene previsto crear. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer a la señora Fourtou el trabajo que ha realizado en la Comisión. 
Ha tenido un talante abierto, hemos podido discutir muchas enmiendas de compromiso, y sabemos, además, que ha tenido un trabajo difícil, porque este es un tema en el que no pueden ustedes imaginarse la cantidad de intereses que se mueven y, por tanto, las presiones que hay. 
Quiero decirles y dejar claro que, en primer lugar, en la Comunidad Valenciana residen desde hace décadas miles de ciudadanos europeos, millones nos visitan cada año y que estas personas se muestran satisfechas de vivir en nuestra Comunidad y de los servicios de alta calidad que, en general, reciben en su vida diaria. 
Por tanto, nos referimos a una Comunidad acogedora. 
Para la mayoría de los que están allí y de los que quieren venir es una suerte poder compartir su vida con nosotros. 
También hay que decir que la mayoría puede resolver con normalidad los problemas que tiene ante los tribunales y ser atendida por determinadas autoridades locales en muchos sitios. 
Pero otros no ven solucionados esos problemas, y en estos momentos nos estamos encontrando con una cantidad muy importante de gente que no ve resueltos estos problemas. 
Por eso, me siento consternado por el hecho de que, en estos últimos tres años, hayan aumentado de manera muy notable las reclamaciones por abusos urbanísticos. 
Como ciudadano europeo, nacido y residente en la Comunidad Valenciana, lamento sinceramente que tengamos que celebrar este debate, pero hay que recordar que, si esto es así, se debe a que las reclamaciones presentadas en este Parlamento han sido efectuadas por miles de ciudadanos europeos que se sienten víctimas de abusos urbanísticos. 
Estamos, y hay que decirlo claramente, ante un hecho excepcional en España y en el resto de Europa, que, además, hay que recordar, provocó la protesta formal de diecisiete embajadores de la Unión Europea. 
Otras regiones españolas disponen de leyes parecidas a la LRAU; incluso la titular de la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente vino aquí a decir que aquella ley estaba muy bien. 
Pese a tener leyes parecidas, evidentemente no han tenido nunca un problema de esta magnitud. 
Por tanto, quiero decirles que es justo que atendamos a los ciudadanos; además, creo que las autoridades pidieron a la delegación que fue allí que hiciera propuestas, y creo que esto es lo que ha hecho la Comisión. 
Me parece necesario que exijamos el respeto de los ciudadanos frente a grupos económicos que tienen un poder enorme, y ante los cuales muchas veces los ciudadanos quedan indefensos. 
Creo que está en nuestras manos contribuir precisamente a lo que planteaba el señor Iturgaiz: que no tengamos que repetir este debate y que podamos acabar con esta situación. 
Si ahora no impulsamos estas soluciones, es evidente que en el futuro, desgraciadamente, tendremos que afrontar nuevamente aquí este problema. 
Y, como les decía, como ciudadano de la Comunidad Valenciana, deseo que se resuelvan esos problemas y que la incompetencia de un Gobierno regional no deteriore nuestra imagen, como lo está haciendo ante muchos ciudadanos europeos, porque nuestra Comunidad no se merece eso. 
Señor Presidente, permítame ante todo felicitar a la ponente, señora Fourtou, por el trabajo que hizo, lamentando que ese trabajo fuera después alterado en el proceso final de aprobación de determinadas enmiendas, desnaturalizando lo que era en su origen un informe razonable. 
Porque, finalmente, lo que nos trae hoy aquí, Señorías, es una mezcla de populismo poco responsable por parte de diputados que quieren satisfacer, a toda costa, a sus conciudadanos residentes en España y por parte de diputados españoles que han decidido hacer política local o regional desde el Parlamento Europeo —de un lado o de otro; lo acaban de ver ahora mismo—. 
Esa mezcla de populismo irresponsable de un tipo y de otro lleva a aberraciones como las que se pueden votar aquí si este texto no se modifica. 
Es triste ver el Parlamento Europeo convertido en legislador regional, pervirtiendo totalmente el principio de subsidiariedad y diciéndole a una Comunidad Autónoma qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que legislar, cuándo puede conceder licencias urbanísticas y en qué condiciones. 
Yo comprendo y comparto las críticas a esta Ley, sin duda, y comparto, por supuesto, las críticas a su aplicación por el Gobierno valenciano —a la Ley y a su aplicación—. 
Pero, Señorías, el Parlamento Europeo no es el Santuario de Lourdes, al que se acude cuando se ha perdido toda esperanza en cualquier otro ámbito. 
Esta es una Institución seria y lo único que se consigue trayendo aquí una resolución de este tipo es crear una falsa imagen ante los ciudadanos, puesto que se aprueban resoluciones que serán absolutamente estériles, porque es en las Cortes valencianas donde este tema será resuelto, y se crea una reputación que en nada contribuye a reforzar el trabajo de esta Cámara ni a reforzar el respeto que les pedimos a los ciudadanos por nuestro trabajo. 
Por tanto, las críticas que pueda tener la situación urbanística en Valencia las hago absolutamente propias: las críticas a la Ley y las críticas al Gobierno. 
Su tratamiento en esta Cámara equivale a protestar aquí por los retrasos en el metro de Londres. 
Creo que el Parlamento Europeo no es el sitio adecuado para ello y lo que estamos haciendo, con la aprobación de un documento como este, es pervertir el propio sistema institucional. 
– Señor Presidente, con mi intervención no pretendo expresar ningún tipo de menosprecio por la autonomía del País Valenciano. 
En cualquier caso, creo que es una autonomía insuficiente a la vista de las verdaderas necesidades en esa zona de los Países Catalanes. 
Dicho esto, creo que es necesario plantear la introducción de un concepto común europeo de planificación territorial y de protección del medio ambiente. 
En mi opinión, los especuladores inmobiliarios se están aprovechando de la débil autonomía valenciana. 
Este es un caldo de cultivo para la corrupción a gran escala. 
Hace falta un consenso a escala de la UE para impedir las políticas que pongan en peligro una planificación racional europea y el medio ambiente. 
Los Estados, las regiones y las comunidades autónomas deben participar en la definición de tal consenso. 
Si no se avanza en este sentido, sucederá que regiones como el País Valenciano y las Islas Baleares, donde la construcción es la principal actividad económica, verán sus territorios completamente hipotecados. 
Ya es una grave anomalía que el sector de la construcción sea la actividad más rentable en nuestra parte del mundo. 
Si no se pone coto a esta situación, algunos se van a enriquecer a costa de crear grandes problemas sociales, ecológicos y económicos en un futuro próximo. 
– Señor Presidente, señor Comisario, quisiera recordar, antes que nada, que sobre este tema ya se emitió un informe en mayo de 2005 por parte de la Comisión de Peticiones, en que se informaba de graves vulneraciones de los derechos humanos y de infracciones de la normativa comunitaria con referencia a casos reales. 
En junio de este año, una delegación del Parlamento Europeo viajó al lugar para recoger información y habló con diferentes partes, particulares, residentes y representantes del Gobierno regional y del Tribunal Constitucional. 
Hemos de tener presente que la actual ley del suelo en España concede a los propietarios el 90 % de los derechos de construcción y, debido al peculiar carácter de la ley en cuestión –la Ley de expropiación forzosa–, los propietarios están obligados a ceder sin compensación el 10 % de su terreno a cualquier corporación local que tenga un proyecto de urbanización del mismo. 
También hemos de tener en cuenta que muchos propietarios han sufrido una merma real de su patrimonio a causa de estos procesos de urbanización y que algunos proyectos urbanísticos han tenido efectos devastadores sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico de muchas zonas costeras, sobre todo en lo relativo a las futuras perspectivas de abastecimiento de agua, cuestión que es constituye aspecto que preocupa a la Unión Europea. 
Por consiguiente, celebro que la Comunidad Valenciana haya reformado su legislación y ya haya aprobado una ley nueva en sustitución de la anterior. 
Tenemos que vigilar, sobre todo, que esta nueva norma incorpore una inequívoca definición del interés público para que no vuelva a suceder que en las expropiaciones prime el interés privado sobre el público. 
También deben establecerse criterios vinculantes para el cálculo de las indemnizaciones por la expropiación de terrenos, criterios que deben sustentarse en los principios y pautas reconocidos en la jurisprudencia del TJCE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Pero también hemos de tener cuidado, en este caso particular, de no dar desde el Parlamento Europeo a los ciudadanos demasiadas esperanzas que después no puedan cumplirse. 
Señor Presidente, quisiera realizar dos puntualizaciones previas antes de entrar a fondo en el debate. 
En primer lugar, las reclamaciones que estamos examinando aquí se dirigen contra una ley legítima, aprobada por un Parlamento regional en uso de sus competencias y no invalidada por el Tribunal Constitucional. 
En segundo lugar, los juicios que aquí estamos emitiendo en ningún caso se refieren a actos ilícitos: España es un país garantista, con un sistema jurisdiccional abierto, que culmina, por cierto, en los tribunales europeos, y a ellos corresponde juzgar la ilicitud moral según el principio claro del Derecho penal 
Entiendo las reflexiones que ha hecho el señor Guardans y no hubiese tolerado yo una invasión de competencias ni del Parlamento regional ni del Parlamento nacional ni de los tribunales españoles. 
Sí corresponde a este Parlamento, y lo ha hecho con elegancia sin par la señora Fourtou, atender las peticiones de los ciudadanos y formular recomendaciones; recomendaciones, por cierto, que con enorme generosidad e inteligencia ha recogido el Gobierno actual de la Comunidad Valenciana. 
Lo que no puede este Parlamento es intentar sustituir la planificación urbanística que corresponde a las autoridades regionales, que es lo que me ha parecido entender del discurso —creo que en inglés— de mi compatriota Joan i Marí. 
En segundo lugar, tampoco puede establecer una moratoria, porque eso corresponde al Parlamento regional. 
En tercer lugar, no puede este Parlamento establecer indemnizaciones: no puede una autoridad administrativa pagar indemnizaciones sin una sentencia judicial o una resolución administrativa sin incurrir en el delito de malversación de fondos. 
Y, por último, no puede utilizarse, como bien ha dicho el señor Guardans, — y me dirijo al señor Calabuig— este Parlamento para un juicio político. 
El señor Calabuig no ha dicho que la Ley que estamos discutiendo fue decidida por la mayoría socialista a la que él pertenece, no por la mayoría a la que yo pertenezco. 
No ha dicho, en segundo lugar, que él es autor de una enmienda que dice que las peticiones se concentran en los últimos tres años, período que corresponde al Gobierno del señor Camps; las peticiones son muy anteriores y él tiene la intención política de cargar ese tema sobre el Gobierno regional, porque es el Gobierno que —por cierto, por ahora con poco éxito y espero que durante mucho tiempo— pretende derribar. 
En eso coincido con el señor Guardans: no es lícito, no es moralmente decente utilizar este Parlamento para ensuciar el nombre de una Comunidad, un Parlamento elegido legítimamente y un Gobierno respaldado por los ciudadanos. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias a sus Señorías por sus comentarios. 
El gran número de personas que han apoyado las peticiones a que se refiere el informe de la señora Fourtou demuestra que la aplicación de la LRAU en Valencia está generando problemas. 
Como he indicado al principio de este debate, muchos de los problemas planteados se sitúan fuera del ámbito del Derecho comunitario. 
Aunque la Comisión comprende las preocupaciones planteadas, no está en condiciones de dar una solución. 
Siempre que se detecten incompatibilidades con el Derecho comunitario, la Comisión no dudará en actuar y hará lo necesario para corregir la situación. 
Tal es el caso de los aspectos de la LRAU relativos a la contratación pública. 
Ahí hemos detectado una serie de problemas y se han iniciado procedimientos de infracción contra España. 
Con ellos pretendemos asegurar una correcta aplicación de la normativa comunitaria en materia de contratación pública. 
Colegas de distintos departamentos de la Comisión han estudiado el informe en relación con aspectos como la política ambiental, la justicia y los asuntos de interior, la defensa de los consumidores y la política regional. 
Sería un error despertar expectativas de que la aplicación del derecho comunitario en esos campos pueda aportar a los peticionarios una solución a sus problemas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
– Durante más de dos años, el Parlamento Europeo ha recibido decenas de miles de peticiones de ciudadanos europeos, incluidos muchos de los Países Bajos, sobre la aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la región de Valencia. 
Dicha ley faculta a los promotores a adueñarse ilegítimamente de terrenos pertenecientes a propietarios de viviendas, a los que, si se les indemniza, se hace de forma claramente insuficiente, y que además deberán volver a pagar por la construcción de carreteras, alcantarillado y alumbrado público. 
Afortunadamente, el Parlamento ha afrontado este problema y mañana votará sobre el informe elaborado al respecto por la diputada liberal señora Fourtou. 
Con ello instaremos a la Comunidad Valenciana a que mejore la legislación –un proceso que comenzó ya tras la visita de la comisión de investigación parlamentaria– y a que establezca un procedimiento para evaluar la situación de los propietarios caso por caso, con medidas compensatorias. 
En ocasiones anteriores he hablado con ciudadanos neerlandeses que habitan en la región y me complace saber que por fin se ha reconocido la urgencia del asunto. 
Celebro que Valencia, a petición de Europa, haya comenzado a revisar la ley, pero esas palabras ahora se tienen que traducir en hechos para evitar que otros propietarios vuelvan a ser tratados injustamente. 
– El derecho a la propiedad es un derecho fundamental. 
Los propietarios de inmuebles en Valencia han visto confiscados sus inmuebles y sus terrenos a escala masiva para construir encima por promotores inmobiliarios y autoridades locales en muchos casos carentes de escrúpulos, en connivencia con el Gobierno valenciano al amparo de la LRAU. 
Las peticiones al Parlamento Europeo y dos misiones de investigación son testimonio de este hecho. 
Esto es inaceptable en una sociedad libre. 
Debería haber una moratoria sobre todos los proyectos actuales y futuros de urbanización en la región hasta que sea aprobada por el Parlamento valenciano una ley totalmente respetuosa con los derechos de propiedad. 
Para los que han perdido sus inmuebles en aras al desarrollo urbanístico de las autoridades valencianas, una nueva ley debería establecer urgentemente una estructura administrativa con competencias para revisar los proyectos urbanísticos y evaluar la debida compensación a las víctimas. 
Los propietarios que han salido perjudicados de la colusión entre los constructores y las autoridades locales en Valencia deben ser debidamente indemnizados. 
Aunque celebro que las autoridades valencianas vayan a revisar su política de expropiación inmobiliaria, aún hay que hacer justicia a los ciudadanos que ya han perdido sus bienes. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0343/2005) , en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, relativa a la Posición Común aprobada por el Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE (10721/3/2005 – C6-0298/2005 – 2003/0300 (COD) ) (ponente: señora Rothe). 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, celebro que mañana vayamos a aprobar la Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y de los servicios energéticos. 
No cabe duda de que los compromisos alcanzados con el Consejo serán respaldados probablemente por todos los Grupos de esta Cámara. 
Quisiera dar las gracias de todo corazón a todos los ponentes alternativos y a todos los que han cooperado con nosotros. 
Ha sido una colaboración magnífica, que ha contribuido con toda seguridad al éxito del trabajo. 
Aunque el resultado queda por debajo de lo que proponía la Comisión y, aún más, de la postura del Parlamento en primera lectura, no obstante debo decir que es un resultado creíble. 
Los Estados miembros tienen un plazo de nueve años para reducir al menos un 9 % el consumo de energía, menos de el 11,5 % propugnado por el Parlamento. 
Además, esos objetivos –contrariamente a los deseos de la Comisión y de esta Cámara– no son vinculantes. 
Sin embargo, creo que es bueno que no hayamos desistido de llegar a ese acuerdo. 
A pesar de no haber logrado un consenso sobre objetivos vinculantes, la Directiva contiene exigencias concretas para la adopción de medidas a escala nacional. 
A partir de mediados de 2007, los Estados miembros deberán trazar planes de acción sobre la eficiencia energética y enviarlos a Bruselas regularmente, es decir, al principio cada cuatro años y después cada tres. 
Estos planes deben contemplar las medidas de los Estados encaminadas a lograr los objetivos, que pueden incluir proyectos de renovación de edificios, la promoción de equipos energéticamente eficientes o de auditorías energéticas, días sin coche e importantes campañas educativas e informativas. 
Estos planes de acción deben hacer especial hincapié en el sector público, al que la Directiva confiere un papel ejemplar. 
El resultado perseguido por esta Directiva es el establecimiento, mediante ciertos indicadores y referencias, de nuevas pautas de eficiencia energética para toda Europa. 
Tenemos un gran potencial de ahorro y realmente es hora de que lo aprovechemos mejor. 
Entre el 20 y el 30 % de nuestro consumo energético actual podría reducirse sin ninguna pérdida económica; este ahorro equivaldría al consumo de seis Estados miembros juntos: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia y los Países Bajos. 
En un momento de altos precios de la energía resulta totalmente incomprensible que no se aproveche mejor este potencial, y llama la atención la dificultad que ha habido para llegar e este acuerdo y que numerosos Estados miembros se hayan opuesto a ir más lejos. 
Esta directiva puede y debe marcar el inicio de una auténtica ofensiva de ahorro energético. 
En lo que respecta a la demanda de energía, queda mucho terreno por recuperar. 
Mientras que algunos pequeños Estados miembros –Dinamarca es uno de ellos– cuentan ya con políticas ejemplares de ahorro energético con objetivos vinculantes, muchos otros aún deben partir de cero. 
La Directiva también está destinada a crear un verdadero mercado de servicios energéticos, que serían ofrecidos por distribuidores y proveedores de energía y por prestadores independientes de servicios. 
La nueva normativa europea también tendrá el importante efecto de aportar una mayor transparencia a los consumidores, por ejemplo con contadores de consumo ajustados en la medida de lo posible a las necesidades individuales y realizando un recuento regular del consumo que permita comparar el consumo propio con el de un grupo de referencia. 
El Comisario Piebalgs ha declarado que la eficiencia energética es una prioridad para él, y le felicito por ello. 
Esta Directiva es un elemento fundamental en cualquier estrategia encaminada a este fin. 
Lo que ahora importa es transponerla y aplicarla, y espero que la Comisión vigile con ojo crítico a los Estados miembros para que esto se lleve a cabo de forma satisfactoria. 
. Señor Presidente, estoy de acuerdo con la ponente sobre la importancia de esta directiva. 
En mi opinión, se trata de una directiva genérica para todo lo que se está haciendo y que convendría hacer en materia de eficiencia energética. 
El Parlamento introdujo mejoras significativas en esta directiva en primera lectura. 
Ahora, en segunda lectura, la ponente, la señora Rothe, y los ponentes alternativos han seguido mejorando las propuestas. 
Han desarrollado una serie de elementos esenciales de la Posición Común y han negociado con éxito un paquete de enmiendas de transacción que retocarán y mejorarán todavía más la propuesta. 
Respecto al asunto de los objetivos, igual que la mayoría de sus Señorías yo lamento que solo haya sido posible un compromiso sin objetivos vinculantes, pero la versión final de las enmiendas introduce una serie de medidas preceptivas que compensan ampliamente la falta de dichos objetivos vinculantes. 
Mientras que los objetivos ahora son indicativos, los Estados miembros deberán comprometerse a aprobar y perseguir objetivos de ahorro energético nacionales y a aplicar medidas eficientes para lograrlos. 
Además, se cuantificarán los impactos de dichas medidas mediante un sistema de medición armonizado. 
Los Estados miembros también deberán planificar sus medidas e informar de los resultados mediante Planes de Acción de Eficiencia Energética. 
Estos planes serán evaluados por la Comisión, que ve en todo esto una fórmula aceptable. 
Queremos asegurar al Parlamento que el mandato dado a la Comisión de desarrollar un sistema de referencias comparativas, indicadores descendentes y mediciones ascendentes será utilizado sabia y eficazmente. 
El compromiso no contiene objetivos aparte para el sector público, sino una serie de medidas vinculantes. 
Los Estados miembros deben publicar directrices obligatorias de contratación pública para la mejora de la eficiencia energética. 
Además, deben seleccionar y aplicar una serie de requisitos de contratación pública. 
Aunque la Comisión hubiera preferido un objetivo aparte para el sector público, creemos que estos elementos y la exigencia de incluir al sector público en los planes de acción nacionales compensarán esa carencia. 
El artículo 13 sobre medición y facturación informativa del consumo de energía también ha sido mejorado respecto a la Posición Común. 
Se han reforzado los requisitos informativos del artículo 14 para los Estados miembros y la Comisión, y esto, junto con el sistema de medición, hará más fácil cuantificar y comprobar los logros de los Estados miembros. 
Aunque esta actividad vaya a incrementar la carga sobre la Comisión, afrontaremos el reto. 
Prometo al Parlamento una adecuada asignación de recursos internos para esta tarea. 
Para terminar, en diversas ocasiones ya he dicho que la eficiencia energética es una de las grandes prioridades de esta Comisión. Así seguirá siendo durante todo nuestro mandato. 
Esta nueva directiva puede ser una valiosa herramienta para llegar a esa meta. 
Por eso quiero dar las gracias al Parlamento y prometerle que la utilizaremos con la máxima eficacia. 
Y, especialmente, deseo agradecer a la ponente, la señora Rothe, y a los ponentes alternativos su compromiso, su colaboración sumamente constructiva y su intenso trabajo para llegar a un acuerdo en segunda lectura. 
. Señor Presidente, la Unión Europea se encuentra en un momento en el que tomar medidas inmediatas para mejorar la eficiencia energética es una necesidad. 
Por ello, debemos felicitarnos de haber conseguido un acuerdo entre instituciones que cuenta con el apoyo mayoritario de esta Cámara. 
Y, en este contexto, quiero felicitar, por su magnífico trabajo, a nuestra ponente, la señora Mechtild Rothe, y al resto de ponentes alternativos, por su constructiva actitud a lo largo del proceso. 
Con esta directiva pretendemos fomentar el desarrollo de un mercado de servicios energéticos que, aunque ya existe, no es suficientemente conocido por los consumidores finales. 
Ponemos encima de la mesa opciones que no requieren inversiones suplementarias, como son los contratos de ahorro energético, cuyo importe se paga con el equivalente de la factura energética ahorrada después de las modificaciones. 
Esta directiva también trata de influir en los hábitos de consumo de los ciudadanos. 
En este sentido, es una línea de acción adecuada proporcionarles información detallada sobre su consumo real y el potencial de ahorro, si se toman ciertas medidas, como la utilización de contadores inteligentes. 
En lo relativo al sector público, cabe destacar el papel ejemplar que los Estados miembros tienen que desempeñar mediante la inclusión de criterios de eficiencia energética en las licitaciones públicas. 
Durante los primeros nueve años deberán elaborar tres planes de acción de eficiencia energética, en los que detallarán las medidas tomadas y los objetivos futuros. 
Señor Presidente, permítame que termine reiterando que nuestro Grupo está plenamente satisfecho con este acuerdo, ya que creemos que los objetivos realistas, acompañados de medias económicamente viables y técnicamente posibles, constituyen la fórmula idónea para obtener resultados positivos. 
. – Señor Presidente, Señorías, deseo felicitar a mi colega, la señora Rothe, por su excelente informe. 
Ha realizado un excelente trabajo y mi Grupo y yo la apoyamos plenamente. 
Europa, que está invirtiendo de verdad en eficiencia energética, vuelve a dar ejemplo a otros continentes. 
Estamos creando un modelo para el resto del mundo, ya que es preciso adoptar medidas importantes y efectivas ante el cambio climático que nos amenaza a todos. 
El objetivo del 1 % anual de ahorro será difícil de conseguir. 
En mi país, por ejemplo, será imposible si no se hace un replanteamiento profundo de la situación actual de la eficiencia energética. 
Es una injusticia manifiesta que se pasen por alto algunas de las medidas de ahorro energético ya desarrolladas por haberse hecho demasiado pronto, por así decirlo. 
No es sensato castigar a los que ya han invertido en eficiencia energética sin esperar a que sea demasiado tarde. 
Además, en mi país ya existen directrices de eficiencia energética en la contratación pública y los edificios públicos. 
Por fortuna, entonces las negociaciones de Kyoto podrán continuar partiendo de los resultados de la cumbre de Montreal. 
Trabajemos efectivamente en las negociaciones, pues no bastará con la tecnología para que salgan bien: también será necesario el concurso de los ciudadanos, los dirigentes y los políticos. 
. – Señor Presidente, mi Grupo apoya el compromiso en segunda lectura con el Consejo porque representa un paso en la buena dirección, aunque no vaya tan lejos como nos hubiera gustado. 
En concreto, nos ha decepcionado que el objetivo de ahorro energético se haya fijado en el 9 % al cabo de nueve años, en vez del 11,5 % propuesto por el Parlamento en primera lectura. 
También nos habría gustado que los objetivos fueran vinculantes, pero al menos el compromiso establece ciertas acciones obligatorias que incluyen requisitos para la contratación pública y la introducción de planes de acción de eficiencia energética. Esto permitirá medir el avance de los Estados miembros hacia los objetivos de ahorro de energía. 
A título particular, quisiera decir que las propuestas de medición y facturación del artículo 13 son fundamentales, pues establecen el principio básico de que los consumidores tendrán derecho a recibir información sobre la cantidad de energía que utilizan. 
Solo si tienen ese conocimiento pueden los ciudadanos comenzar a adaptar su conducta y elegir opciones más ahorrativas de energía. 
Me complace que el texto acordado exija facilitar a los consumidores de electricidad y gas contadores individuales que reflejen con precisión su consumo energético y den información sobre el tiempo de utilización. 
El texto también incluye un deber de información sobre el uso y coste de la energía en las facturas emitidas a los consumidores y, lo que es esencial, exige que las facturas se basen en el consumo real, no estimado, y que su frecuencia sea suficiente como para que los consumidores puedan buscar por sí mismos una mayor eficiencia. 
Al basarse las facturas en el consumo efectivo, las empresas suministradoras ya no podrán emitir una factura estimada tras otra, lo que provocaba amplios problemas de endeudamiento. 
Creo que esta directiva marca el inicio de una nueva era en que toda Europa aprenderá a usar mejor la energía, y espero que esta Cámara respalde con entusiasmo el compromiso. 
Doy gracias a la ponente, la señora Rothe, por la excelente labor realizada para llegar a este acuerdo. 
,. – Señor Presidente, la eficiencia energética es la principal fuente de energía de Europa, es la forma más rápida y barata de alcanzar nuestros objetivos de Kyoto y nos brinda la posibilidad de invertir en Europa y crear aquí puestos de trabajo, en vez de transferir dinero a cambio de petróleo y gas a otros países o al mundo árabe. 
Esta directiva no es solo un paso adelante hacia el desarrollo de ese potencial: también complementa la apertura de los mercados europeos de gas y electricidad. 
Además de la competencia en la producción y venta de electricidad y gas, la directiva contribuirá a una mayor competencia en torno a las inversiones en tecnologías de ahorro energético, los llamados «negavatios». 
Es un mercado que puede alcanzar los miles de millones, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. 
¿Cuáles son los aspectos positivos de esta directiva? 
Para empezar, el concepto de los planes de acción nacionales, el primero de los cuales debe presentarse en junio de 2007 y tras el cual la Comisión tendrá seis meses para sugerir las mejoras que crea necesarias. 
Tres años después se realizará una evaluación y se formulará el siguiente plan, que ha de incorporar las lecciones aprendidas, a partir no solo de las buenas y malas experiencias de un plan nacional concreto, sino de veinticinco o veintisiete planes. 
Así podremos tomarnos realmente en serio en Europa el ahorro de energía. 
Sin embargo, no debemos albergar vanas ilusiones: cuando se habla de eficiencia energética, a menudo sucede que se invoca un consenso general que, a mi juicio, en realidad no existe. 
La verdadera razón por la que las grandes compañías energéticas, como RWE y E.ON, han luchado con todas sus fuerzas contra esta directiva desde los pasillos de la Comisión, del Parlamento y del Consejo es que les aterra que haya un mercado de ahorro de energía. 
Y por eso dichas compañías, respaldadas por sus simpatizantes en los Parlamentos y los Gobiernos, se han cuidado de que no haya objetivos vinculantes. 
Pero aunque lamento este hecho, no he perdido la esperanza de que algún día todos ellos –sobre todo los diputados a los Parlamentos nacionales– aprendan y quieran imitar el modelo danés: un 1,7 % obligatorio también es lo que necesitamos en otros países. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el problema energético es un problema mundial. 
Para Europa significa garantizar la seguridad del suministro, pues dependemos demasiado del exterior. 
Hay que afrontar el aumento masivo de los costes, que tendrá repercusiones sobre la economía de la Unión, y reducir el impacto ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los objetivos de Kyoto. 
Por ello, no puede aplazarse por más tiempo una acción concertada a escala europea, y la primera línea de defensa es centrarnos en el ahorro energético y la eficiencia energética. 
La directiva no es tan enérgica como habríamos esperado, el compromiso dista mucho de ser perfecto y no hay objetivos vinculantes, sino solo indicativos. 
El objetivo del 1 % anual durante nueve años es de lejos muy inferior al ahorro potencial reconocido, que supera el 30 %. 
El sector público no tendrá requisitos más estrictos, como había pedido el Parlamento. 
La directiva solo afecta marginalmente al sector del transporte. 
No obstante, la decisión de aceptar el compromiso obedece a reflexiones más generales. 
La directiva puede crear incentivos tendentes a reducir de inmediato la demanda de energía. 
Se ha aceptado la necesidad de disponer de sistemas de facturación más transparentes del consumo de energía, que ayuden a los usuarios a adoptar un enfoque de ahorro energético. 
La información contenida en el plan de acción de eficiencia energética pueden servir de estímulo para un buen comportamiento de los Estados miembros, especialmente si el método de revisión garantiza que los resultados se evaluarán sobre la base de modelos de cálculo «de abajo arriba». 
La esperanza es que la directiva contribuya a crear un auténtico mercado de servicios energéticos, que garantice la igualdad de oportunidades y de calidad de los servicios a través de incentivos selectivos. 
Una decidida opción política a favor de tecnologías que incrementen la eficiencia energética es esencial para relanzar la innovación y la competitividad europea, es decir, para que esta directiva se convierta en un instrumento eficaz para la realización de la Estrategia de Lisboa. 
Es un modo de invertir recursos en la creación de nuevos puestos de trabajo, en vez de seguir pagando a las grandes compañías petroleras. 
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a la ponente, la señora Rothe, y a todos los ponentes alternativos por este buen resultado. 
– Señor Presidente, Señorías, me parece formidable que hayamos alcanzado un compromiso que mejore la situación inicial. 
Es cierto que la eficiencia energética es un instrumento fundamental para la solución de los problemas de energía de Europa, pero no es el único medio. 
La búsqueda de la forma correcta de lograrlo es un deber inexcusable, y lo hemos cumplido a la perfección mediante este compromiso alcanzado entre la primera y la segunda lectura. 
Por eso, quiero expresar mi plena gratitud a la señora Rothe. 
Hemos conseguido plantearnos las cosas de forma más realista, tomarnos en serio las diferencias y no imponer los mismos objetivos a todos. 
Es muy importante que nos tomemos en serio las diferencias en los Estados miembros, las opciones y diferencias en las distintas áreas, campos y mercados, y por eso me complace que se haya adoptado el enfoque de las referencias comparativas y que la Comisión haya recibido el mandato de seguir desarrollándolo para tener en cuenta las distintas motivaciones. 
Hacen falta incentivos para fomentar la transparencia reducir la carga burocrática, pues ya hay datos disponibles en muchos terrenos, y también es necesaria una mentalidad de mercado, pues los proveedores de equipos de ahorro energético tendrían un argumento de venta y un interés particular en que los mercados de eficiencia energética abandonen su actual deriva divergente y se hagan más homogéneos. 
La capacidad de comparar cifras de ventas en cada segmento de mercado con las del año anterior les dotaría de un instrumento muy fácil de manejar. 
El sector de la eficiencia energética nos brinda una ocasión única de trabajar en pro de lo que es, en principio, un objetivo común. 
Ahora podemos orientar el proceso en un sentido diferente, quizá aún más rápido, al confiar en el interés particular de las partes implicadas y al tratar a cada uno de forma diferente en vez de aplicarles a todos el enfoque de «talla única». 
Por eso espero que podamos lograr finalmente mejores resultados que los que habríamos alcanzado con las obligaciones impuestas por una autoridad central. 
– En primer lugar, deseo felicitar a nuestra ponente por su excelente trabajo. 
No es poca cosa haber logrado establecer unos cincuenta compromisos con el Consejo y los cinco Grupos del Parlamento. 
A la vista de los resultados progresivos y muy positivos, quisiera indicar que este proyecto es solo el primer paso hacia una mayor eficiencia del consumo energético. 
No debemos olvidar esto cuando nos enfrentemos a los aspectos financieros de la aplicación. 
En Hungría hay 800 000 apartamentos prefabricados y en ellos la calefacción supone el 54 % del coste del funcionamiento de los hogares. 
La modernización individual de estos apartamentos es absolutamente necesaria si queremos mejorar la eficiencia energética. 
Esto costaría más de 40 000 euros por vivienda, con un período de amortización de veinticinco años. 
A la vista de la baja capacidad financiera de la población y de los Gobiernos locales, el Estado húngaro ha iniciado un programa a largo plazo de reforma de los apartamentos prefabricados. 
Esto significa fundamentalmente que el Estado anticipa los fondos necesarios a los consumidores, y que estos los reembolsarán en forma de ahorro de energía. 
Hemos gastado 15 millones de euros en el proyecto en 2004 y 32 millones en 2005. 
Cuando tratemos el presupuesto de la UE para 2007-2013, será importante recordar que, para lograr los ansiados objetivos de eficiencia energética acordados en el proyecto que hoy debatimos, más de medio millón de hogares solo en Hungría, la mayoría sin apenas recursos, necesitarán ayuda económica de la Unión Europea. 
Gracias, también en nombre de ellos, por su atención. 
– El cambio climático es una amenaza tanto para los habitantes de la Tierra como para el medio ambiente. 
Europa, además, depende cada vez más de los combustibles fósiles importados, con los efectos que esto tiene en su seguridad energética. 
Por tanto, la Unión Europea está afrontando dos grandes retos en este terreno: cómo reducir su dependencia de las importaciones y cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kyoto y también después de que acabe su vigencia. 
En ambos casos podemos recurrir a la oportunidad hasta ahora desaprovechada que ofrece la eficiencia energética. 
Al formular la directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía tuvimos ocasión de elegir entre dos enfoques. 
El primero habría consistido en optar por unos objetivos meramente indicativos y ligeramente más ambiciosos, y la segunda por unos objetivos menos ambiciosos pero vinculantes y realistas. 
Sin embargo, compruebo que la actual propuesta contiene una combinación de ambas opciones: objetivos indicativos y muy realistas. 
Hubiera preferido que fueran algo más ambiciosos. 
Creo que deberíamos plantearnos objetivos vinculantes. 
También creo que unos objetivos mayores para el sector público podrían ser un buen ejemplo para el sector privado. 
No obstante, soy consciente de que la actual realidad europea tiene cierto regusto amargo: no somos capaces de llegar a acuerdos y no recibimos respaldo en nuestro trabajo. 
Por eso debemos tener especial cuidado al definir los objetivos, de forma que puedan ser alcanzados. 
Solo así la directiva podrá animar a los países y a las personas particulares a tomar las medidas adecuadas. 
Es necesario elevar la confianza de la sociedad en la racionalidad sustancial del ordenamiento jurídico europeo, mientras que la directiva también debe servir para mejorar la reputación de la Unión Europea. 
La propuesta de que los Estados miembros elaboren tres informes sobre el uso eficiente de la energía y que se vigile de cerca el cumplimiento de los compromisos exigirá más trabajo y una mayor carga administrativa. 
Pero es la única forma responsable, seria y capaz de dar los resultados deseados. 
Señor Comisario, celebro el objetivo que ha elegido usted, pues creo que es el más importante de esta legislatura, y doy mi apoyo a la Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía. 
Creo que es un magnífico ejemplo de cómo la acción conjunta en Europa puede generar valor añadido, y no solo en términos económicos. 
Operadores transparentes, el continuo intercambio de información y la formulación de buenas prácticas por toda Europa son ciertamente esenciales para lograr las metas planteadas en este terreno. 
Señor Presidente, a lo largo de los últimos meses la energía ha protagonizado la actualidad informativa: hemos presenciado el debate sobre el gasoducto del norte de Europa; ha habido importantes noticias sobre el acuerdo de tránsito de gas entre Ucrania y Rusia; ha habido un accidente en un depósito de productos de petróleo cerca de Londres. 
Todo ello ha llenado los titulares de prensa. 
Ahora es la eficiencia energética lo que atrae la atención, pero aún no ha saltado a la primera plana. 
Sin embargo, hay indicios de que las políticas del Parlamento Europeo y de los Estados miembros están dando resultado. 
Daré solo dos ejemplos que invitan al optimismo. 
En primer lugar, China ha comenzado a aplicar objetivos: pretende reducir su intensidad energética en un 20 % para 2010. 
No es que sea un gran salto, pero se trata del mismo concepto basado en objetivos. 
Es ambicioso, pero quizá podría serlo más. 
En segundo lugar, me complace la respuesta de los países de la OPEP sobre la previsión de precios del petróleo a corto plazo. 
Los pronósticos anuncian un fuerte incremento del consumo en los Estados Unidos y China, si bien han evitado mencionar a Europa. 
Por eso, desde su punto de vista, Europa lo está haciendo razonablemente bien. 
Pero no seamos autocomplacientes: esta directiva es realmente necesaria. 
También quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que se ha dicho. 
Estoy muy agradecido a los dos representantes de los nuevos Estados miembros, la señora Herczog y el señor Cizelj, porque la mayor dificultad que hemos tenido en el Consejo ha sido con esos países. 
No deja de ser paradójico, pues el asunto se había visto quizá como un obstáculo para el crecimiento. 
En realidad es lo contrario: supone una oportunidad para el crecimiento. 
Seguiré explicando a los nuevos Estados miembros que, de hecho, no necesitan consumir una gran cantidad de energía per cápita para aumentar sus beneficios. 
Estoy de acuerdo con el señor Reul en que estamos ante una magnífica oportunidad y que debemos aprovecharla. 
Y coincido con el señor Guidoni en que deberíamos ser más ambiciosos en el sector del transporte aéreo, pero la directiva nos dará ocasión de tratar también la eficiencia energética en ese sector. 
Respecto al ejemplo danés creo que, en esta directiva, todos los demás Estados miembros seguirán su ejemplo, porque ahí no habrá sospechas. 
La industria descubrirá que sus beneficios no se reducen por la aplicación de la eficiencia energética; de hecho, quizá suceda lo contrario, pues también dará a ese sector nuevas oportunidades de crecimiento. 
Creo que la medición y la facturación serán fundamentales, pues la transparencia marcará la auténtica diferencia para el consumidor. 
No solo ha de cambiar la mentalidad del proveedor, sino también la del consumidor, lo cual podrá conseguirse mediante una información clara, transparente y correcta. 
Solo así empezarán a cambiar los hábitos de consumo. 
La directiva también tiene en cuenta la situación inicial de eficiencia energética. 
No vamos a castigar a los países que hayan comenzado antes. 
Estos podrían aprovecharlo para lograr sus objetivos. 
Pero al mismo tiempo creo que, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, habrá una gran oportunidad de ahorro energético y de eficiencia aun en los países más adelantados. 
Lo extraño es que el país que ha estado apoyando los objetivos vinculantes haya sido Dinamarca –del cual, en otras circunstancias, habríamos esperado una mayor oposición–, y los que más han hecho en cuanto al potencial de uso final dijeran que no tendrían especiales dificultades con tales objetivos. 
Considero de extrema importancia el mercado de servicios energéticos. 
No solo ofrece oportunidades para la eficiencia energética, sino también para el empleo y el crecimiento en la Unión. 
Con esta recomendación de modificar el texto de la Posición Común, nos acercamos al final del proceso legislativo sobre eficiencia de uso final y la propuesta de servicios energéticos. 
Me complace confirmar que la Comisión acepta plenamente el resultado del compromiso entre el Parlamento y el Consejo. 
Quiero invitar al Parlamento a que apoye el paquete de compromiso, que refleja los profundos cambios que la ponente, junto con los ponentes alternativos, ha llevado a cabo en un largo y difícil proceso. 
Aunque no fuera tan largo a la vista de la oposición del Parlamento y del Consejo, ha sido un compromiso muy difícil. 
Pero a la postre hubo negociaciones muy fructíferas, y creo que la propuesta, en su versión actual, es quizá aún mejor que la propuesta inicial. 
Una vez más doy las gracias por ello a los ponentes. 
Ahora nos toca cumplir nuestra parte a la Comisión y a los Estados miembros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Bersani, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la tributación empresarial en la Unión Europea: una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (2005/2120 (INI) ) (A6-0386/2005). 
. – Señor Presidente, Señorías, este informe dio lugar en comisión a un debate muy importante y positivo, y por ello deseo, ante todo, dar las gracias a todos mis colegas. 
Los motivos que sugieren la introducción de una base imponible común consolidada para las empresas que operan en distintos países de la Unión tienen que ver con la reducción de las barreras que obstaculizan la plena realización del mercado interior y se inspiran en la Estrategia de Lisboa. 
Se trata, en particular, de dos motivos. 
El primero es la necesidad de simplificar y reducir los costes de gestión y administrativos de las empresas, que hoy tienen que afrontar 25 bases imponibles diferentes. 
Gracias a esta medida, en vez de ello podrán cumplir sus obligaciones fiscales más fácilmente, recibiendo también un aliciente para invertir y operar en una dimensión europea y no exclusivamente nacional. 
El segundo motivo tiene que ver con la transparencia, porque uniformar las bases imponibles dificultará toda clase de comportamientos oportunistas, en la medida en que una base imponible común permitirá –sin interferir en modo alguno en los tipos impositivos establecidos en los distintos Estados miembros– que por fin los distintos tipos impositivos sean plenamente inteligibles y comparables. 
Estos dos motivos, plenamente reconocidos por los expertos y representantes de empresas cuya opinión recabamos durante la elaboración del informe, han convencido a gran número de miembros de la comisión. 
Con todo, se trata de una operación muy compleja, tanto desde el punto de vista político como técnico. 
Las dificultades políticas se deben al hecho de que cierto número de países –aunque menos que hace algunos años– manifiestan dificultades y se opone a abordar materias fiscales, aun cuando en este caso no se trata de tipos impositivos. 
Las principales dificultades técnicas residen en la determinación de una base homogénea de indicadores con el fin de proceder a una base imponible común. 
La Comisión trabaja desde hace tiempo en este sentido y ha creado los grupos técnicos. 
Con este informe queremos expresar nuestro aprecio por la labor realizada por la Comisión, alentándola, estimulándola y ofreciéndole una serie de sugerencias. 
El propósito y el empeño de los miembros de la comisión ha sido animar al Parlamento a manifestar su opinión de forma clara y rotunda, cosa que espero sea posible, aun cuando este conlleve por supuesto algunos sacrificios y autocontrol por parte de los Grupos políticos. 
Los asuntos fiscales son muy problemáticos. 
No es un misterio que las posiciones entre los distintos Grupos y los distintos Estados miembros están muy alejadas. 
Por esta razón, en comisión elaboramos algunas posibles ideas de compromiso que permitieran centrar la atención en el meollo de la cuestión, es decir, la base imponible común consolidada, sin entrar en el campo más vasto de la competencia o la convergencia fiscal, que sigue abierto y que no se ha abordado en este caso. 
Este planteamiento nos ha permitido redactar un informe práctico y aportar algunas propuestas útiles y concretas. 
El informe reclama la elaboración de un reglamento y señala las cuestioones que debería contener. 
Se prevé además la posibilidad de recurrir a la cooperación reforzada si no fuera posible alcanzar un acuerdo unánime, así como la adopción de un enfoque gradual para la introducción de la base común, que sería facultativa en un principio y se sometería a una evaluación a medio plazo para considerar la conveniencia de hacerla obligatoria. 
El tema que presentamos está, pues, bien delimitado, pero se trata de un asunto importante, que espero pueda reunir una amplia mayoría del Parlamento. 
Por este motivo, aunque algunas de las enmiendas que se presentaron después recogen algunas de mis propias opiniones, considero indispensable preservar, en este debate y en las votaciones en la Cámara, el perfil del informe, un punto de equilibrio alcanzado en comisión, que considero muy valioso para el éxito de esta iniciativa. 
. Señor Presidente, me complace intervenir en este debate sobre la tributación de las empresas. 
He leído con mucho interés el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y he participado en una interesantísima audiencia celebrada recientemente por la comisión sobre este asunto. 
Me complace especialmente que el proyecto de informe apoye de tal manera la actual política de tributación de empresas de la Comisión, y felicito al ponente, el señor Bersani, por su buen trabajo. 
El proyecto de informe incluye una excelente síntesis de la situación actual del impuesto de sociedades en el mercado interior. 
Sus conclusiones son muy parecidas a las de la Comisión. 
El principal objetivo de una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades es eliminar los obstáculos fiscales que dificultan el buen funcionamiento del mercado interno. 
Tales obstáculos están catalogados en el informe de la Comisión sobre impuestos de sociedades de 2001, y la Comisión propuso entonces introducir una solución integral a largo plazo: una base común consolidada del impuesto de sociedades. 
Este proyecto ha recibido recientemente un apoyo adicional durante la revisión de la Estrategia de Lisboa. 
Para lograr los objetivos de Lisboa –crecimiento, empleo, competitividad e inversión– y para promover una simplificación administrativa y la reducción de costes, necesitamos una política fiscal adecuada. 
Considero que la base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades será un elemento decisivo para dotar a la UE de los instrumentos que necesita para progresar. 
En octubre, la Comisión aprobó una comunicación que perfilaba la forma en que la política fiscal y aduanera podría contribuir a la Estrategia de Lisboa. 
Una de las medidas es la presentación de una medida legislativa comunitaria sobre la base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades para 2008. 
Sé que es un plazo muy ambicioso, pero entiendo que el que sus Señorías proponen para 2007 lo es aún más. 
Celebro que el informe del señor Bersani apoye tanto algunos de los elementos básicos de la base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades, como la consolidación y la base impositiva consolidada común a los distintos Estados miembros. 
Asimismo, me complace que el informe respalde la postura de la Comisión de que la nueva base impositiva sea opcional para las empresas, y que el informe no caiga en la trampa de abordar los tipos impositivos. 
Nuestra labor actual versa sobre la base impositiva, no sobre los tipos. 
Como saben, no todos los Estados miembros son partidarios entusiastas de la base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades. 
Pero tenemos intención de plantear una propuesta a los 25 Estados miembros, de modo que su informe será una importante herramienta adicional para la Comisión en el futuro debate sobre este asunto, cuando intentemos convencer a los actuales disidentes. 
Señor Presidente, Señorías, quiero empezar dando las gracias al señor Bersani por su colaboración en la elaboración del informe. 
El resultado es en realidad un compromiso, cosa en la que deseo hacer hincapié, ya que en nuestro Grupo existen, por supuesto, otras opiniones, y puedo decir al señor Comisario que no solo los Estados miembros se oponen a esta política, sino también algunos miembros de nuestro Grupo, el del Partido Popular Europeo. 
No solo se oponen a la base imponible única para las empresas, sino también a la idea de un único impuesto de sociedades en Europa, idea que aparece una y otra vez en este debate. 
Así pues, ¿dónde creo yo, como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que residen los problemas? 
Creo que si comenzamos a hablar de la base imponible, resulta casi inevitable que terminemos deliberando acerca de los tipos fiscales de los Estados miembros, cosa que no haremos de ningún modo. 
Si deseamos armonizar la base imponible hemos de tener en cuenta que, al hacerlo, estaremos obligados a realizar una profunda incursión en las competencias nacionales en materia de recaudación de impuestos, y nuestro Grupo se niega rotundamente a ello. 
Si lo que se pretende es crear una base imponible para las empresas europeas, es necesario tener en cuenta que las empresas –las empresas incluidas en el índice DAX, por ejemplo– ya operan de conformidad con normas contables internacionales y tenemos que aceptar ese hecho. 
Señor Comisario, si deseamos hacer política fiscal a escala europea tenemos que procurar que no se aleje de las competencias en la materia que recoge el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. 
Por último, el hecho de que el Tribunal de Justicia Europeo vaya a dictar mañana la sentencia en el caso de Marks [amp] Spencer no hace sino subrayar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo extiende aún más la influencia de Bruselas. 
Ese es otro aspecto que debe tener en cuenta este debate, y quiero destacar que nos equivocaríamos si dejáramos que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea se convirtiera en una comunidad basada en normas hechas por jueces, cosa que considero inaceptable. 
. Señor Presidente, señor Comisario Kovács, queridos colegas, la fiscalidad de las empresas en la Unión incide en el funcionamiento del mercado interior, en la competitividad de las empresas europeas y en las relaciones fiscales entre los Estados miembros. 
Es una cuestión capital para el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa y la consecución de sus objetivos de crecimiento y empleo. 
La aplicación de veinticinco impuestos sobre sociedades diferentes genera obstáculos para las actividades transfronterizas, disminuye la eficacia de las empresas, sobrecargándolas con mayores costes, y plantea numerosos problemas fiscales a los Estados miembros, así como mayor complejidad del combate contra el fraude y la evasión fiscal, del tratamiento de la doble imposición y de la resolución de las relaciones en grupos con presencia de distintos Estados miembros. 
La heterogeneidad de las regulaciones existentes impide la coordinación económica de los Estados en este ámbito, impulsa la búsqueda de ventajas a través de prácticas de optimización fiscal, que pueden afectar a la igualdad de condiciones de concurrencia empresarial, y genera incertidumbres jurídicas, que están dando lugar a una creciente judicialización. 
Quisiera felicitar al ponente, señor Bersani, por haber tratado todos estos aspectos en su informe con equilibrio y rigor, alcanzando un importante consenso en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
La creación de un marco jurídico que establezca una base imponible común consolidada para las empresas de ámbito comunitario en el impuesto de sociedades es un instrumento indispensable para abordar los problemas planteados. 
Aportará transparencia para realizar comparaciones homogéneas entre Estados e impulsar su coordinación en el ámbito fiscal de acuerdo con las líneas directrices integradas aprobadas para relanzar la Estrategia de Lisboa. 
El informe es ambicioso. 
Pretende la primera armonización fiscal en el ámbito de la imposición directa, emplaza a la Comisión a presentar una proposición legislativa de aquí a 2007 y trata de poner fin a un inmovilismo normativo perjudicial en este terreno. 
La consecución de una base imponible común tiene un gran valor en sí misma, con independencia de que sea requisito imprescindible para ulteriores avances. 
Por todo ello, apoyamos el informe decididamente y consideramos muy positivo un amplio respaldo para que no queden dudas de la voluntad del Parlamento de avanzar en este hito histórico. 
Recientemente hemos venido prestando más atención a la política fiscal, a pesar de tratarse más bien de una cuestión de política nacional. 
Desgraciadamente, estos debates se limitan al examen de diversos impuestos y no incluyen la evaluación del impacto global de cada tipo de impuesto sobre la economía. 
La finalidad del impuesto de sociedades es promocionar la oferta o, como se dice ahora, el espíritu de empresa. 
Estas características varían de un país a otro y dependen de diversos factores, como las tradiciones, la educación y la experiencia histórica. 
Por lo tanto, se necesitan distintos grados de esfuerzo para fomentar el espíritu de empresa en cada país y, por consiguiente, deben aplicarse diferentes tipos de impuesto de sociedades. 
Mi Grupo no votará a favor de las enmiendas que proponen, de una manera o de otra, igualar los tipos del impuesto de sociedades. 
Sin embargo, apoyamos las propuestas que figuran en el informe del señor Bersani, encaminadas a desarrollar un procedimiento para calcular y aplicar una base imponible común. 
Consideramos que la introducción de una base imponible común permitirá, en primer lugar, aprovechar mejor las ventajas que ofrece el mercado único y, en segundo lugar, dejará que los talentos de los empresarios se manifiesten no solo en sus propios países, sino en toda la Unión Europea. 
De este modo se contribuirá igualmente a la creación de una tradición empresarial y resultará más fácil hacer frente a los retos que plantea la mundialización. 
¿Cuáles son, así pues, los motivos de preocupación? 
Existen dos cuestiones que resultan problemáticas y que probablemente deberíamos examinar más detenidamente en el marco de nuestras actividades legislativas. 
En primer lugar, los medios para evitar la competencia desleal, ya que las pequeñas empresas tendrían que aplicar la base imponible de su país de origen, mientras que las grandes empresas que operan en varios países podrían optar por la base imponible más favorable de esos países. 
En segundo lugar, la forma de distribuir los ingresos fiscales del impuesto de sociedades entre los distintos países cuando una empresa opera en varios países y calcula este impuesto de un modo uniforme. 
Señor Presidente, Señorías, ya veo venir, como punto de nuestro orden del día, el tema de la armonización de la fiscalidad de las empresas a escala europea. 
La coexistencia dentro de la UE de 25 regímenes fiscales distintos, con pronunciadas diferencias, no solo en las condiciones en que se recaudan los impuestos, sino también en la manera en que se calculan los beneficios, ha provocado en los últimos diez años un efecto que destaca sobre todos los demás, a saber, que el porcentaje de los impuestos sobre las empresas dentro de la financiación de los presupuestos públicos va en descenso, y una parte cada vez mayor de la carga fiscal es soportada por los trabajadores por cuenta ajena o por los consumidores, siendo esta última solución la peor de todas por sus repercusiones sobre la sociedad y el crecimiento económico. 
De esta forma se concede a las grandes multinacionales en particular todas las oportunidades para reducir al mínimo su carga fiscal. 
La transferencia de precios y el traslado de pérdidas son tan solo dos de los métodos favoritos para que los beneficios aparezcan en la cuentas precisamente en el lugar en que el recaudador se muestra menos inclinado a poner la mano. 
Aparte de esta especie de dúmping fiscal, la coexistencia de regímenes fiscales ha provocado una competición por los recortes fiscales. 
El tipo medio del impuesto de sociedades ha descendido un total de 15 puntos porcentuales en los antiguos Estados miembros de la UE desde finales de los años ochenta. 
Una demostración de que estos recortes no son en modo alguno nominales la encontramos en el estudio de larga duración realizado por la Universidad de Mannheim, según el cual el importe de los impuestos pagados por los 50 mayores grupos empresariales europeos pasó del 36 % en 1988 tan solo el 31 % en 2000, lo que implica que se han regalado y malgastado miles de millones de euros de ingresos públicos. 
Resulta extraño, sin embargo, que el campeón del dúmping fiscal en Europa –sobre todo por lo que se refiere al impuesto de sociedades– no sea un país de Europa Oriental o Irlanda, sino la República Federal de Alemania, que supuestamente es un país de elevada carga fiscal, donde una reforma fiscal impuesta por el anterior Gobierno de Schröder –que la justificó por la competencia fiscal dentro de Europa– hizo que los ingresos del impuesto de sociedades quedaran totalmente congelados. 
Únicamente la armonización fiscal en Europa puede poner fin a esta locura, que permite que las empresas hagan beneficios enormes, al tiempo que contribuyen cada vez menos a la financiación de la comunidad y que las personas con rentas medias y bajas –y, a través de los impuestos sobre el consumo, incluidos los pensionistas y desempleados– acaben colmando el agujero. 
Sin embargo, no creo que baste con armonizar la base imponible. 
Lo que necesitamos urgentemente es un tipo mínimo del 40 % para el impuesto de sociedades en toda Europa, sobre una base imponible amplia. 
El dúmping fiscal está en todas partes y esta es la única forma de evitar que siga avanzando. 
. – Señor Presidente, uno de los principios de la buena fiscalidad es la certeza, tanto en las bases de cálculo como en los tipos impositivos. 
Pero la única certeza que hay en las propuestas de armonización de la base del impuesto de sociedades es que creará incertidumbre. 
Si, por ejemplo, las negociaciones siguen el patrón de desarrollo de la ley europea de sociedades, pasarán décadas antes de que tengamos una situación estable. 
Los continuos cambios de tipos y normas fiscales y la perspectiva de nuevos cambios perjudican el negocio. 
En este informe, tanto como en los primeros informes de la Comisión sobre este tema, se acepta como dogma de fe que haya de buscarse, sin cuestionarlo, el mercado único, y que haya que lograrlo mediante una discutible igualdad de oportunidades. 
Si hemos de armonizar la base del impuesto de sociedades, ¿por qué insistir en que no se armonicen también los tipos? 
No tiene sentido. 
Igual que el señor Konrad, sospecho que los tipos uniformes figuran en planes futuros, por mucho que se niegue. 
La simplificación de la normativa fiscal en cada Estado miembro, sobre todo en los antiguos, puede ser muy beneficiosa, pero es un asunto que compete a cada Estado. 
Si los Estados miembros ven la necesidad de una cooperación fiscal entre ellos, también eso debería ser su propio asunto, y no de la Comisión ni del Tribunal Europeo de Justicia. 
Mi recomendación es dejarlo como está. 
Así, los países que prosperen y atraigan las inversiones serán los que apliquen tipos fiscales más bajos y tengan los métodos más simples y menos burocráticos de cálculo y recaudación. 
Si se quiere que la fiscalidad sea más positiva para los negocios, debe ser una iniciativa de cada Estado miembro y estar regida por las leyes del mercado. 
Me temo que la coerción por parte de la Unión Europea es un mal camino para lograr la reforma fiscal. 
– Señor Presidente, tengo muy claro que la propuesta de la Comisión es un manifiesto ataque a la fiscalidad como competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Una base fiscal común llevará inexorablemente a tipos comunes. 
Con esta taimada propuesta, Bruselas aspira claramente a reemplazar al Estado como autoridad que decida sobre la tributación de las empresas. 
El control nacional del impuesto de sociedades ha sido un arma fundamental para muchos países en su pugna por la inversión internacional. 
Estonia, con su economía en fase de crecimiento, es un buen ejemplo de ello, al igual que la experiencia de la República de Irlanda. 
La armonización fiscal hurtaría a los Estados miembros el derecho a ajustar sus regímenes fiscales a sus propias necesidades, y supondría una nueva imposición de la talla única en toda Europa para cercenar la iniciativa nacional. 
El crecimiento económico, la independencia y la libertad de acción son connaturales a una mayor flexibilidad nacional, y no al revés. 
Por ejemplo, el impuesto de sociedades en mi zona de Irlanda del Norte debería reducirse drásticamente para estimular la inversión, librándonos de la excesiva dependencia del sector público. 
Señor Presidente, señor Comisario, el tema del debate de hoy es la base imponible única, cosa que en principio hay que acoger con agrado, sobre todo desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas y, en especial, para facilitarles la vida en el mercado interior único. 
No siempre podemos trazar una distinción estricta entre la base imponible, por una parte, y el tipo del impuesto, por la otra, ya que la base imponible tiene sin duda efectos sobre la clasificación de los impuestos y los equilibrios internos, cosa que hay que tener en cuenta al examinar los siguientes pasos de la Comisión. 
No deseamos introducir por la puerta trasera una especie de aproximación de los diversos regímenes fiscales, y creo que a la Comisión no le interesa intentar dicha aproximación si desea avanzar en sus negociaciones con los Estados miembros. 
Por último, me gustaría decir, en nombre de mi Grupo, que estamos a favor, sin duda alguna, de la competencia fiscal. 
Solo hay que imaginarse lo que sucedería si encerráramos a los 25 Ministros de Hacienda de la UE y no los dejáramos salir hasta que saliera una fumata blanca que anunciara que habrían llegado a una armonización fiscal; si lo hiciéramos, Europa se convertiría en una región de alta presión fiscal, y eso no es lo que queremos. 
Antes de terminar me gustaría plantear otra cuestión en forma de pregunta, a saber: ¿cómo podemos llegar a una única base imponible? 
Invariablemente, la respuesta a esta pregunta es que debemos basarnos en los sistemas de contabilidad internacionales. 
No propongo que abordemos la cuestión de si estos sistemas son buenos o malos, o la forma en que se aplican, pero en todo caso se trata de un proceso sobre el que la política europea tiene muy poca influencia. 
Por ello resulta aún más extraordinario que los políticos recomienden este sistema como orientación para la introducción de una única base imponible. 
Si lo hicieran –y recomiendo a esta Cámara, al Consejo y a la Comisión que no lo hagan–, los responsables políticos habrían capitulado y renunciado a competencias esenciales en este terreno, y ese no puede ser el camino a seguir. 
Señor Presidente, señor Comisario, me complace la propuesta de la Comisión y la propuesta que figura en el informe Bersani de introducir una base imponible común del impuesto de sociedades. 
Dicha base generará mayor transparencia en beneficio de nuestra economía y del empleo. 
Hay que señalar, no obstante, que el asunto Marks [amp] Spencer, que ya ha sido mencionado, muy pronto dará lugar, nos guste o no, a un debate sobre la armonización fiscal. 
Por ello quiero destacar ante sus Señorías las enmiendas que he presentado, junto con unos cuarenta diputados, no con el fin de armonizar impuestos, sino para introducir un tipo impositivo mínimo del impuesto de sociedades. 
Esta enmienda permite la competencia fiscal entre los Estados miembros, pero es equitativa, incluso para las empresas. 
Garantiza la recaudación de fondos suficientes para financiar nuestro modelo social y ofrece fondos suficientes para que la Administración financie cosas tales como las infraestructuras de las empresas. 
A este respecto me gustaría citar al Ministro de Asuntos Sociales de Hungría, Kinga Göncz, que considera que el recorte permanente de impuestos no encaja en el modelo social europeo y pone en peligro la financiación de los sistemas de protección social. 
A pesar de las ventajas a corto plazo que aporta, es probable que pronto hagan que se agoten los recursos necesarios para garantizar la prosperidad y la aplicación del modelo social, cosa que deseamos evitar. 
Ya tenemos un impuesto mínimo en materia de beneficios de capital, y mañana queremos un impuesto de sociedades mínimo. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera, en primer lugar, clarificar de qué estamos hablando, porque, a raíz de una intervención del Comisario McCreevy, me parece que sus ideas tampoco coinciden con las del señor Kovács, dentro de la propia Comisión, y desde luego no coinciden con las de este Parlamento, ni siquiera sobre el objeto de la discusión. 
De lo que estamos hablando ahora es de establecer unas reglas comunes para definir la base imponible. 
No estamos hablando de armonizar o aproximar los tipos impositivos, que permanecerán en manos de los Estados miembros. 
Aclarado eso, ¿por qué estoy a favor de la consolidación de la base imponible y apruebo y aplaudo el informe del señor Bersani? 
En primer lugar, porque creo en un mercado interior que funcione. 
Y para que un mercado interior funcione, las sociedades que operan en todo el mercado, las sociedades multinacionales, no pueden estar sujetas a veinticinco reglas diferentes a la hora de definir lo que es un ingreso computable o un gasto deducible. 
En segundo lugar, porque estoy a favor del ciudadano europeo, y el ciudadano europeo que quiera invertir sus ahorros en una sociedad juzgará con más claridad los beneficios de las sociedades si todas se definen con las mismas reglas. 
En tercer lugar, porque no me gusta el fraude fiscal, y creo que la consolidación de la base imponible permitirá eliminar precios de transferencia y localización de operaciones societarias en aquellos países que sean más permisivos a la hora de no computar un gasto o poder deducir una operación. 
Por último, porque si aquí se dice que se defiende la competencia fiscal entre los Estados miembros, la competencia será más limpia, más transparente, más brutal, si me lo permiten, si los distintos Estados aplican tipos diferentes —los tipos que ellos quieran— a realidades homogéneas. 
Porque será la única forma de computarlo. 
Y, para terminar, una advertencia, señor Presidente: si no lo hacemos nosotros, como lo hemos hecho en el código de buena conducta, lo hará el Tribunal de Justicia, para sonrojo de este Parlamento. 
– Señor Presidente, espero que este Parlamento, cuando vote sobre el excelente informe del señor Bersani, le preste un fuerte apoyo de cara a los debates que le esperan, señor Comisario, tanto en el Consejo como en el propio Colegio de Comisarios. 
Soy conmsciente de cuánto se ha avanzado desde que este tema se puso sobre el tapete y sé que usted se plantea recurrir a procedimientos de cooperación reforzada. 
Esperemos no nos vearnos obligados a llegar hasta ahí. 
Pero pensamos que el modo en que usted aborda el tema y su voluntad de progresar realmente son señales muy positivas. 
Mi segunda observación es que la fiscalidad puede influir en el mercado interior, y todos los que aquí se dedican todo el tiempo a decirnos que hagamos que funcione mejor el mercado interior deberían preocuparse por el hecho de que una competencia fiscal excesiva puede tener un impacto fundamental, en especial por sus efectos transfronterizos, en el funcionamiento del mercado interior. 
En cierto modo, este informe nos sitúa ante una paradoja: espero que lleguemos a un acuerdo en torno al informe Bersani, pero este, sin embargo, oculta algunas divergencias de opinión. 
Ya se esté a favor de la competencia fiscal o de la armonización de los tipos impositivos, todos necesitamos esta armonización de las bases impositivas. 
Así que demos juntos este primer paso siendo conscientes de que –como hemos visto en las audiencias de expertos– queda mucho por hacer en materia de tipos y que razonar en términos de horquilla no elimina del todo la competencia. 
Simplemente nos permite crear unas condiciones sanas y viables para el mercado interior, en línea con los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
– Señor Presidente, en buena medida me complace apoyar el informe del señor Bersani. 
El ponente ha hecho grandes esfuerzos por llegar a compromisos con nosotros en el Grupo del PPE-DE. 
Sin embargo, respaldaré dos enmiendas del Grupo para eliminar la última cláusula del considerando I –sobre la competencia fiscal desleal– y el apartado 2, también sobre la competencia fiscal. 
Esta propuesta no tiene nada que ver con la armonización de tipos impositivos. 
Quiero que haya competencia entre los Estados miembros en torno a dichos tipos, pero creo que una base impositiva común del impuesto de sociedades será positiva para la competencia entre los Estados miembros y beneficiará a las empresas en el mercado único europeo. 
Solo con una base común será posible comparar la ventaja fiscal relativa de establecerse o invertir en uno u otro Estado miembro. 
Eso presionaría a cada país para que estableciera un entorno fiscal atractivo para nuestras empresas y le obligaría a ser eficiente y cuidadoso con el gasto público y el presupuesto. 
Algunos Ministros de Hacienda pueden protestar porque limita su capacidad de aplicar incentivos especiales, por ejemplo para investigación y desarrollo. 
Yo consideraría que dichos incentivos serían coherentes con una base impositiva común, siempre que fueran totalmente transparentes. 
No serían otra cosa que tipos variables del impuesto de sociedades, y estarían permitidos dentro de unas normas claras y sencillas. 
Quisiera pedir al Comisario que confirme la aceptación de tales incentivos fiscales claros y transparentes en toda propuesta que plantee. 
Con este claro entendimiento, me complace apoyar y felicitar al señor Bersani por su informe. 
Señor Presidente, una de las consecuencias de la inexistencia de una estrategia coherente en materia fiscal es la imposibilidad de mantener el nivel de servicios sociales en Europa, y esa es la principal razón por la que cada vez perdemos más puestos de trabajo que se crean en otras partes. 
Ahora es necesario dar prioridad absoluta a la armonización de las normativas de derecho mercantil y fiscal relativas al cálculo de beneficios. 
Actualmente ni siquiera los expertos fiscales saben lo que hacen las empresas que operan a escala transfronteriza. 
Es necesario armonizar las bases imponibles; los regímenes del impuesto de sociedades no solo deben armonizarse, sino que también deben ser más transparentes y comparables, y los obsequios fiscales y las zonas económicas especiales, que han perdido toda relación con la competencia fiscal, deben pasar a la historia. 
El Consejo no puede seguir observando desde la tribuna mientras nosotros nos enfrentamos a las crecientes y perjudiciales distorsiones de la competencia que resultan de sus políticas fiscales. 
Podríamos asumir lo que hace Irlanda, pero multiplicar lo que hace Irlanda por diez o doce resulta excesivo; señor Comisario ¿quién va a pagar el coste de esta política? 
¿Los trabajadores? 
Señor Presidente, esta Cámara se equivoca si cree que son los tipos fiscales elevados los que permiten la protección social. 
No es así. 
Lo que permite la protección social es el aumento de la inversión, la creación de empleo, elevados ingresos fiscales y el aumento de los mismos. 
El país europeo que tiene uno de los tipos fiscales más elevados del impuesto de sociedades, Alemania, capta menos ingresos para su economía nacional que, por ejemplo, Eslovaquia, cuyo impuesto de sociedades tiene un tipo impositivo único. 
No son los países con bajos tipos impositivos que son los que obtienen nuevas inversiones y crean empleo los que amenazan la protección social. 
Creo que en una Europa con 20 millones de parados tenemos motivos para criticar la forma en que ha funcionado nuestras políticas. 
Lo cierto es que un régimen fiscal claro, transparente y predecible genera condiciones favorables para la inversión y la creación de empleo. 
Lo vemos en los países que tienen las tasas de crecimiento más elevadas dentro de la economía europea. 
Contar con una base imponible común y con un método común para el cálculo del impuesto no implica una armonización fiscal. 
Por el contrario, cada país debe poder elegir el nivel del impuesto de sociedades que mejor se adapte a sus condiciones fundamentales. 
Es positivo que haya competencia. 
La transparencia es igualmente muy conveniente, de modo que sepamos qué países tienen tipos impositivos elevados y cuáles tienen tipos bajos. 
No es cierto que los nuevos Estados miembros practiquen el dúmping fiscal, como afirmaba el ex Canciller alemán, Gerhard Schröder. 
Al contrario, son aquellos países que tienen numerosas lagunas y regímenes fiscales variables e impredecibles los que dificultan las cosas para las pequeñas empresas e impiden las nuevas inversiones. 
Por ello estoy a favor de este informe y felicito al señor Bersani por su excelente labor. 
Señor Presidente, al ser el último orador del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, me gustaría unirme a las felicitaciones al señor Bersani por su informe, pero también me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos y a los miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos por la manera en que han tratado este tema. 
Asimismo quiero unirme al señor García-Margallo y Marfil y decir que me complace que sea el Comisario Kovács quien llevará este expediente, y no el Comisario McCreevy, que nos visitó hace poco. 
Los impuestos directos, como ha puesto de relieve este debate, son un tema que despierta grandes emociones y controversias, y esta Cámara siempre ha tenido grandes dificultades para llegar a una Posición Común en esta materia, en particular en el último período parcial de sesiones. 
A pesar de ello creo que esta vez tendremos éxito, y espero que el Comisario Kovács también logrará llegar a un acuerdo con el Consejo o, al menos, con un gran número de Estados miembros. 
Me complace ver que el sentido común se impondrá a las luchas ideológicas. 
El sentido común me obliga igualmente a considerar el modesto papel que desempeña la Unión Europea en este terreno. 
Quiero desvincularme totalmente del comentario, hecho hace unos momentos, entre otros similares, en el que se afirmaba que Bruselas arrebata competencias a los Estados miembros. 
Simplemente considero que en este ámbito es necesario garantizar un mercado interior e igualdad de condiciones, y evitar su perturbación, así como garantizar una simplicidad y seguridad que permitan a las empresas operar en la Unión Europea. 
No es casualidad que la petición de un fundamento común consolidado provenga de los medios empresariales; pues procede, sin excepción, de las empresas, incluidas UNICE y la Mesa Redonda. 
Esto no tiene nada que ver con apoderarse de competencias a escala europea. 
Se trata simplemente de adaptarse a los deseos de la industria. 
Creo que es importante tener en cuenta cómo puede ser la situación en que todos salgan ganando. 
Si todos conocemos los fundamentos sobre los que trabajamos, las empresas tendrán una menor carga administrativa y los Gobiernos no tendrán que competir indiscriminadamente con tipos fiscales. 
Muchos de los nuevos Estados miembros cuentan con tipos impositivos reducidos con una base sumamente amplia. 
Por ello considero que la solución de este proceso de armonización de la base imponible radica en aproximar aún más los tipos, y que necesitamos esa clase de transparencia. 
El debate sobre lo que sucederá después, es decir, sobre posibles tipos o tramos mínimos o lo que sea, solo tendrá lugar más tarde. 
Por ahora lo crucial es dar el primer paso y puedo decir al Comisario Kovács que puede contar con nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, para empezar diré que no parece haber más motivos para una armonización de las bases o los tipos del impuesto de sociedades que para armonizar los impuestos sobre el patrimonio o las rentas del capital. 
En primer lugar, una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades reduciría la soberanía nacional y la subsidiariedad. 
En segundo lugar, la Comisión sostiene que no trata de armonizar tipos fiscales, pero ¿cómo es posible separar la base imponible de los tipos impositivos? ¿No llevaría la armonización de la base a la armonización de los tipos? 
Algunos colegas han confundido armonización de la base impositiva con la de la contabilidad de las empresas y los requisitos de transparencia entre ellas y sus cuentas. 
Es un error. 
Naturalmente que es posible armonizar las cuentas, pero luego estas se podrían ajustar en cada Estado miembro con fines fiscales, y eso les compete a ellos. 
En tercer lugar, la propuesta de la Comisión Europea de armonizar los impuestos de sociedades se basa en la suposición de que una nociva competencia fiscal haría que la tributación de las rentas del capital pasara a la de las rentas del trabajo, relativamente inmóvil, y que esto sería perjudicial para el empleo y para los ciudadanos de a pie de la UE. 
Pero esto es, a mi juicio, cuestionable. 
Mientras que los tipos del impuesto de sociedades han tendido a bajar en algunos Estados miembros, esto ha venido de la mano tanto de la ampliación de las bases impositivas para empresas como de una mejora de su rentabilidad subyacente. 
En mi país, por ejemplo, los tipos reducidos han supuesto una multiplicación de la recaudación. 
Hemos pasado de 385 millones de euros en 1996 a 5.707 millones en 2004. 
Por último, no olvidemos que la Agenda de Lisboa pretende hacer de la UE la economía más competitiva del mundo en 2015. 
Allanar el camino a unos tipos impositivos mínimos o a planes del impuesto de sociedades no evitará que las empresas busquen tipos más competitivos fuera de la UE. 
–Casi todo el mundo acepta que el estado actual de la economía de la UE se debe en parte al problema fundamental de la falta de competitividad en relación con países avanzados, como los Estados Unidos. 
La competencia fiscal ejerce una influencia considerable sobre el estado de la economía europea, como lo pone de manifiesto el bajo crecimiento económico registrado por algunos de los antiguos Estados miembros de mayor tamaño, en comparación con el rápido crecimiento experimentado por la mayoría de los nuevos Estados miembros que están llevando a cabo enérgicas reformas estructurales y fiscales. 
A menudo, la falta de voluntad política para aplicar reformas estructurales se traduce en acusaciones de dúmping fiscal contra los nuevos Estados miembros, y la reclamación de una armonización de los impuestos directos para restablecer el equilibrio. 
Este debate sobre la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades es resultado de ello. 
El argumento según el cual la armonización de la base imponible no tendrá repercusiones sobre los tipos impositivos y, por ende, sobre la competencia fiscal, no es totalmente correcto. 
La base imponible y el tipo impositivo están relacionados entre sí hasta cierto punto, en función de la amplitud de la base imponible armonizada y del ámbito de las exclusiones y elementos deducibles. 
Por ejemplo, si tomamos como base el actual modelo alemán, Eslovaquia se vería obligada, en las circunstancias actuales, a incrementar su tipo impositivo para mantener sus actuales ingresos fiscales. 
Por otra parte, comprendo el argumento que afirma que la armonización de la base imponible debería generar una mayor transparencia entre los distintos regímenes existentes en la Unión Europea al facilitar una comparación entre un país y otro. 
Otra ventaja importante sería la reducción del coste de las transacciones de las empresas y de los litigios judiciales. 
Señor Comisario, creo que la Comisión Europea debería examinar detenidamente todos estos argumentos acerca de la propuesta de armonización de la base imponible a fin de mantener un grado idóneo de competencia fiscal entre los Estados miembros, competencia que es condición necesaria para aumentar la competitividad en general de la Unión Europea. 
. Señor Presidente, he escuchado el debate de la Cámara con gran interés y me ha impresionado no solo su conocimiento, sino también su entusiasmo e interés por la materia. 
Como he dicho antes, celebro que el proyecto de informe apoye tanto la política de la Comisión sobre la base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades. 
Me gustaría hacer algunos comentarios sobre las enmiendas propuestas. 
Las formuladas por el señor Konrad no presentan ningún problema para la Comisión, de manera que las respaldamos. 
Pero la Comisión no acepta las enmiendas que tratan de un posible tipo mínimo y que ven la base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades como un instrumento de unificación de los tipos impositivos. 
La Comisión no tiene intención de limitar la libre competencia ni de armonizar la base impositiva. 
Lo único que pretende es dar mayor transparencia a la carga fiscal. 
Los tipos deben seguir siendo competencia de los Estados miembros. 
Si quisiéramos un tipo mínimo, sospecho que perderíamos un valioso apoyo por parte de los Estados miembros y de las empresas, que son, en definitiva, las principales beneficiarias de una base impositiva común consolidada del impuesto de sociedades. 
Y tanto como ellas se beneficiarán los consumidores a través de las ventajas para la economía en general. 
Aprecio la enmienda relativa a la investigación y desarrollo y reconozco la importancia del asunto, pero la Comisión no puede aceptarla porque el tratamiento fiscal de la investigación y desarrollo es uno de los puntos que debatiremos en el marco de nuestra labor. 
Creo que sería un error perfilarla de esta manera. 
No diré nada más por ahora. 
Agradezco el interés del Parlamento Europeo por esta materia y espero con interés el resultado del la votación sobre el informe. 
.El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12 del mediodía. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A6-0366/2005) de la señora Roure, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) -Hacia una sociedad justa [COM (2005) 0225 – C6-0178/2005 – 2005/0107 (COD) ]. 
. Señor Presidente, la Unión Europea puede estar orgullosa de sus logros en el terreno de la no discriminación, que la sitúa entre las regiones más avanzadas del mundo en este aspecto. 
En el año 2000 aprobamos dos directivas fundamentales: una proscribía la discriminación racial y otra prohibía la discriminación directa o indirecta en el empleo por motivos de religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. 
Sin embargo, la legislación no basta por sí sola para contrarrestar la discriminación. 
Muchos Estados miembros incumplen sus calendarios de transposición, y en aquellos cuya legislación nacional se conforma a las directivas europeas, es desconocida por el público en general y no se aplica debidamente. 
Por eso, la Comisión ha propuesto, entre otras cosas, declarar el año 2007 como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos. 
Con ello se pretende que el público sea consciente de los beneficios de una sociedad justa, que ofrezca a todos las mismas oportunidades al margen de su sexo, origen étnico o racial, religión o creencia, capacidad, edad u orientación sexual. 
Se resaltarán las ventajas de la diversidad como fuente de vitalidad social y económica, que Europa debe reconocer y aprovechar. 
Esta diversidad enriquece el tejido social europeo y es un componente esencial de su prosperidad económica. 
Las discusiones y actividades a lo largo del año se centrarán en tres temas principales. 
El primero, el derecho a la igualdad y la protección contra la discriminación. 
Será un elemento fundamental concienciar al público del hecho de que igualdad de trato no significa necesariamente trato idéntico, sino que a veces es necesario un trato diferente en situaciones diferentes. 
En segundo lugar, el reconocimiento de la contribución que todos pueden hacer a la sociedad, sean cuales sean sus características personales. 
El objetivo será dar a conocer los aspectos positivos y ventajas que la diversidad aporta a Europa. 
Tercero, una mejor representación social de los grupos desfavorecidos: se iniciará un debate sobre la forma de rectificar la falta de representación y la participación de ciertos grupos en la sociedad. 
Cuarto, respeto y tolerancia entre las personas y entre las distintas comunidades que componen la sociedad europea. 
La sociedad civil y los agentes sociales se implicarán plenamente en el Año Europeo. 
Uno de los principios básicos de su puesta en marcha será que las actividades se descentralizarán a escala de cada Estado miembro. 
Para hacer más efectivo el mensaje, el Año deberá articularse lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Por último, hay que asegurar que durante el Año y en todos los Estados miembros se dé la misma importancia a todas las causas de discriminación expresadas en el artículo 13 del Tratado, a saber, el sexo, el origen étnico o racial, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual. 
. – Señor Presidente, ninguna barrera institucional separa a un grupo de otro, y nada impide a nadie demostrar su valía y ser premiado por ello. 
Se han establecido sistemas específicos, en forma de exámenes o concursos que confieren cualificaciones, para asegurarse de las aptitudes de cada individuo. 
El acceso a los cargos más altos está abierto en principio a todos, sin distinción. 
No obstante, aunque todas las personas son iguales ante la ley, no siempre lo son de hecho. 
Al menos, no parece que hayamos alcanzado la igualdad de oportunidades. 
A pesar de algunos ejemplos de ascenso social espectacular, citados con tanta más complacencia cuanto más excepcionales son, las oportunidades de éxito no están repartidas por igual entre todos y si la organización social no permite a todos manifestar sus aptitudes, alimenta gérmenes de grave frustración y tensiones. 
Ni la eficacia ni la justicia salen ganando con este estado de cosas. 
Si esta es en efecto la situación, casi dos siglos después de la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre, habrá que comprender las razones. 
¿Hay que pensar que no tenemos salida? 
¿Son los principios democráticos un espejismo, o un ideal, que se aleja a medida que podemos acercarnos a ellos? 
Es cierto que las desigualdades tienden a acumularse. 
Las personas procedentes de familias modestas tienen en promedio menos oportunidades de alcanzar un nivel de instrucción elevado. 
Quien tiene un bajo nivel de instrucción tiene menos oportunidades de llegar a un estatuto social alto o ejercer una profesión bien remunerada. 
El número de mujeres que ocupan puestos elevados, sean los que sean, sigue siendo muy limitado, si no ínfimo. 
Por norma general, el poder sigue siendo prerrogativa de los hombres. 
Las personas discapacitadas siguen sin tener derecho a ocupar un lugar justo en nuestras sociedades. 
Las personas homosexuales todavía son discriminadas con demasiada frecuencia y aún hay quien considera este estado de cosas normal. 
El color de la piel y el origen étnico dejan en la cuneta a muchos hombres, mujeres y niños. 
¿Tenemos derecho a acomodarnos a esta situación? 
¿Tenemos derecho a considerar que no se puede intentar nada para aproximar la realidad al ideal democrático? 
Los obstáculos parecen grandes e inherentes a la propia organización social. 
Pero no conseguiremos superarlos negando su existencia. 
Tenemos que afrontar los hechos y condenarlos. 
Por ejemplo, la discriminación obliga a menudo a las personas a aceptar trabajos no cualificados y empleos inseguros, casi siempre mal remunerados, y por consiguiente un bajo nivel de vida. 
Las personas que sufren esta discriminación tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda decente y a la atención sanitaria. 
No tienen prácticamente ninguna posibilidad de ascender a través de la formación profesional continua y tienen pocas oportunidades de ocio. 
En estas condiciones, la educación de sus hijos está hipotecada desde el comienzo. 
Se encuentran privadas de las condiciones materiales, de las relaciones y del entorno emocional que necesitan para planificar sus vidas. 
Y es muy grande el riesgo de que acaben en la misma situación que sus padres. 
En una palabra, una desventaja genera otra. 
Quien sufre un aspecto de los efectos de la desigualdad social corre un grave riesgo de sufrir otros aspectos. 
Aunque podemos reconocer intuitivamente este fenómeno de acumulación de las desventajas, hasta ahora no ha sido estudiado extensivamente. 
Por tanto, quiero pedir al Consejo y a la Comisión un firme compromiso con la lucha contra todas las formas de discriminación en todos los países de la Unión, en particular en el marco del Año de la igualdad de oportunidades para todos. 
Hemos escuchado hace un momento lo que nos ha dicho y nos complace, pero comprenderá que estaremos muy atentos a la manera en que se pondrá en práctica. 
Concluiré recordándole que el 28 de agosto de 1963, en Washington, en su célebre discurso «Tengo un sueño» , Martin Luther King expresó con emoción la esperanza y el sueño de un mundo de libertad y justicia para todos. 
«Sueño, dijo, con que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en un país en que no serán juzgados por el color de su piel, sino por el fondo de su carácter.» 
Soñemos juntos con que de aquí a finales del decenio tendremos al fin una Unión sin discriminaciones, una Unión que brinde una oportunidad a todos los niños. 
Tengamos juntos un sueño, señor Comisario. 
. – Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a la señora Roure por su trabajo en torno a este informe. 
La Unión Europea se ha comprometido a promover los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades para todos. 
Contamos con una de las legislaciones antidiscriminatorias más completas del mundo. 
Pero deben ustedes preguntarse esto: ¿Conocen nuestros conciudadanos las directivas europeas contra la discriminación? 
¿Saben que todos los Estados miembros están obligados a transponerlas a su legislación? 
Por desgracia, creo que la respuesta es «no». 
Por ello, la iniciativa de lanzar el Año europeo de la igualdad de oportunidades es muy constructiva. 
Un acto mediático de esta magnitud es un método efectivo para aumentar la sensibilización y facilitar información. 
La igualdad de oportunidades es una política de medidas específicas encaminada a ayudar a quienes sufren desventajas a obtener un acceso equitativo a los derechos, bienes y servicios. 
Para que la igualdad sea real, debemos luchar contra todas las discriminaciones. 
Hombres y mujeres son víctimas cada día de discriminaciones para acceder a un empleo o un servicio, en particular por razón de su sexo, origen o religión. 
Es algo inaceptable, no podemos tolerar más esas prácticas. 
Las actividades que apoyará la UE en 2007 y las campañas de sensibilización y demostración son un paso en la buena dirección. 
También es primordial que haya una voluntad política real en este sentido y todos los Estados miembros sin excepción deben unir sus fuerzas. 
Por tanto, la plena aplicación de la legislación antidiscriminatoria sigue siendo una prioridad máxima. 
Es lamentable que ciertos Estados miembros hayan sido denunciados por no haber transpuesto correctamente las directivas europeas en este terreno. 
Mañana, el Parlamento debe transmitir una señal importante a nuestros conciudadanos aprobando este informe por amplia mayoría. 
La lucha contra la discriminación no la libra la izquierda ni la derecha. 
La libran hombres y mujeres con convicciones que persiguen el mismo objetivo: luchar por el respeto de los derechos humanos y, más en concreto, contra todos los tipos de discriminación. 
. El principal mensaje del Parlamento Europeo en respuesta a la propuesta de la Comisión es luchar contra todas las formas de discriminación, y es por ello que deseo felicitar especialmente a la señora Roure por su informe. 
Quiero hacer hincapié en que la igualdad de oportunidades –que es el primer derecho humano formulado por la Unión Europea– es un ámbito horizontal que abarca todos los sectores. 
Por ello, la aplicación de la igualdad de oportunidades debe ser una prioridad de primer orden no solo para el Parlamento Europeo, sino también para la UE y para todos los órganos gubernamentales de los Estados miembros. 
Me complace sobre todo la creación, por parte del Presidente Borrell, del Comité de Alto Nivel para la Igualdad de Oportunidades, al que tengo el honor de pertenecer. 
Me gustaría destacar un importante trabajo del Comité publicado hace poco, en el que se mencionan las ventajas de aplicar los principios de la diversidad cuando una empresa entrevista y selecciona a su personal. 
Los lugares de trabajo que aplican esa política, las empresas que tienen en cuenta la diversidad cultural, resultan más competitivas a largo plazo y, en algunos casos, logran una mayor eficiencia a corto y medio plazo. 
Por lo tanto, la igualdad de oportunidades no es un obstáculo para aumentar la competitividad económica, sino que la refuerzan. 
También me gustaría subrayar la responsabilidad que asumen los Estados miembros en los preparativos del Año de la Igualdad de Oportunidades, y me gustaría proponer varias iniciativas. 
He organizado la primera audiencia parlamentaria pública de Hungría, que tendrá lugar la semana próxima, en la que los ciudadanos que participen podrán exponer sus experiencias personales para ilustrar la discriminación de la que han sido objeto. 
Una chica ciega que no ha sido admitida a la universidad debido a su ceguera, y un joven de etnia romaní hablarán sobre sus vidas. 
Quiero implantar esta costumbre en Hungría e introducir en mi país las audiencias personales que celebramos en esta Cámara. 
. – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente por su buen trabajo, que no ha sido tarea fácil. 
El Año de la Igualdad de Oportunidades para Todos es una excelente idea, ya que los ciudadanos europeos aprecian mucho los derechos fundamentales y estos deben hacerse realidad para todos ellos. 
En este contexto, quisiera aludir a dos cuestiones. 
La primera, el presupuesto. 
Creo que todos los presentes estamos de acuerdo en que es vergonzosamente insuficiente: ¡quince millones de euros para los derechos fundamentales! 
Si lo comparo con el dinero gastado en otras muchas cosas de menor valor, siento una punzada en el estómago. 
La segunda cuestión es la aplicación descentralizada. 
Eso está muy bien, pero me preocupa la posibilidad de que los Estados miembros hagan su particular selección. 
No me tranquilizan todas las amables palabras que hemos oído en los últimos años sobre derechos fundamentales, porque la realidad es diferente y el mismo Comisario ha mencionado que algunos Estados miembros siguen retrasando la puesta en práctica de la normativa contra la discriminación. 
Sigue habiendo una jerarquía de discriminaciones, y creo que no deberíamos alentarla con este programa del Año de la Igualdad de Oportunidades para Todos. 
Quiero pedir al Comisario que, en nombre de la Comisión, prometa aquí y ahora, en público y de modo que conste en acta, que garantizará que todos los Estados miembros usen los fondos destinados a este Año para combatir por igual todas las formas de discriminación. 
Con esto no pretendemos dictar cómo se ha de distribuir el dinero, sino que queremos tener la certeza de que ciertos grupos «problemáticos» , que actualmente sufren discriminación –homosexuales, algunos grupos religiosos o la comunidad romaní, por ejemplo– tengan igual acceso a este programa que los demás grupos discriminados. 
Espero obtener una respuesta positiva. 
. – Señor Presiente, yo también quiero agradecer a la ponente su trabajo, y comprendo la necesidad de contar con el mayor tiempo posible de preparación para que el Año de Igualdad de Oportunidades tenga algún efecto significativo. 
La parquedad del plazo ha supuesto que queden una o dos áreas, tal como acaba de indicar mi colega, en que nos hubiera gustado ajustar más las cosas, pero no ha sido posible. 
Todos esperamos que el Año sirva de acicate a los Estados miembros que llevan un retraso particular en la aplicación de las directivas del artículo 13. 
Son directivas que reflejan la dimensión más positiva de la Unión Europea y la sociedad necesita ser consciente de sus derechos. 
Como hemos visto al tratar asuntos como la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo, a menudo los ciudadanos no se dan cuenta de que tienen derechos, con lo que no los pueden hacer valer. 
Estoy de acuerdo con la señora Roure en que la igualdad de oportunidades es un factor fundamental de la inclusión social y que debemos combatir la intolerancia y los prejuicios en todos los frentes, tanto en la calle como en el Gobierno, pues impiden que muchas personas desarrollen su potencial y que la sociedad se beneficie de su talento. 
Me hago eco también de los comentarios sobre el presupuesto, totalmente insuficiente. 
Si se piensa en las cantidades que gastamos los partidos políticos en nuestras campañas electorales intentando convencer a los ciudadanos de cosas diferentes, costará mucho más que lo presupuestado convencerles de que otros miembros de su sociedad tienen derechos que merecen ser reconocidos. 
. – Señor Presidente, yo también quisiera elogiar a la ponente por su trabajo en este campo tan importante y prestar mi voz para apoyar la designación de 2007 como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos. 
Debemos comprometernos no solo con el concepto de igualdad de oportunidades, sino también, y de forma esencial, con la igualdad efectiva de resultados. 
Todas las personas deben gozar de plena igualdad social, económica y cultural. 
Esto, lógicamente, incluye la igualdad de todas las personas, independientemente de su sexo, raza, etnia, nación de origen, edad, estado civil o familiar, orientación sexual, discapacidad, situación socioeconómica e incluso afiliación política o religiosa. 
Si nos tomamos en serio la igualdad efectiva, no solo debemos garantizar de forma continua la igualdad de oportunidades para todas esas categorías, sino también medir con precisión los resultados en contraste con cada una de ellas. 
Pienso que 2007 como Año de la Igualdad de Oportunidades para Todos puede ser la plataforma para hacerlo. 
Por eso, creo que lo que realmente sugiere esta iniciativa es un reconocimiento explícito de que hasta ahora hemos fracasado en materia de igualdad. 
En mi país, Irlanda, aún estamos aprendiendo a sobrellevar la herencia de la dominación británica y la persistente división de nuestro país, además de décadas de discriminación en el proceso electoral, en la vivienda, el empleo y la policía. 
El Tigre Celta irlandés debería se un buen ejemplo para todo el pueblo irlandés, y aun así seguimos siendo una de las sociedades con mayor desigualdad no solo en la UE, sino en todo el mundo. 
El informe Roure se centra acertadamente en los inmigrantes y en las mujeres, lo cual es especialmente relevante para mi país. 
El Año Europeo debe ser mucho más que una llamada de atención sobre la discriminación. 
La legislación igualitaria por sí misma no conseguirá erradicar las profundas desigualdades sin la voluntad política de coger el toro por los cuernos y acabar con todo tipo de discriminación. 
A este fin me hago eco del llamamiento de la señora Roure a la Comisión y al Consejo a que pongan el dinero donde ponen las palabras de cara a la lucha contra las desigualdades en toda la Unión. 
El año 2007 será un año muy importante para las cuestiones que quedan por resolver en el ámbito de la igualdad de oportunidades y su aplicación en toda la Unión Europea. 
La igualdad de oportunidades constituye el fundamento del sistema común europeo de valores, y su aplicación promocionará el respeto de los derechos humanos fundamentales. 
Este informe, que se está elaborando en el marco de un procedimiento de codecisión, aborda todos los ámbitos de aplicación –desde la creación del marco legislativo hasta la definición de los recursos financieros–, incluidas las posibilidades de participación de los Estados miembros y las organizaciones ciudadanas. 
La señora Roure ha realizado una labor encomiable. 
Lo más importante es aplicar las normativas ya aprobadas y aceptadas, y velar por que las personas afectadas conozcan la legislación promulgada en su favor. 
Por ello necesitamos hechos y no palabras. 
No basta con aplicar el principio de la igualdad de oportunidades a escala comunitaria, sino que tenemos que asegurarnos de que todos sepan que todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, independientemente de su género, raza u origen étnico, religión u opiniones, discapacidad, edad y orientación sexual. 
Es sumamente importante una información continua, así como la educación y cooperación con organizaciones ciudadanas y con ciudadanos europeos. 
Necesitamos llevar a cabo campañas para ganarnos a la opinión pública y entablar un animado diálogo social. 
No podemos concebir una Europa social sin protección de los estratos sociales vulnerables y de los grupos más expuestos a la discriminación. 
La discriminación y la exclusión tienen cientos de facetas, pues pueden basarse en la raza, el origen étnico, la religión, la edad, el género y las discapacidades físicas y mentales. 
Todos desempeñamos un papel en la aplicación de la igualdad de oportunidades, desde los órganos del Estado hasta las autoridades nacionales, desde la sociedad civil hasta cada uno de los ciudadanos europeos. 
La solidaridad es el planteamiento más adecuado y oportuno para luchar a favor de la igualdad de oportunidades. 
Todos tenemos la responsabilidad de que cada persona tenga las mismas oportunidades para desarrollar sus posibilidades en todos los ámbitos de la vida. 
En mis enmiendas he recalcado igualmente que debemos hacer todo lo posible por la igualdad, no solo a escala comunitaria e individual, sino también a escala regional, nacional y local. 
Propongo que se acepte este informe. 
– Señor Presidente, al igual que otros oradores, estoy de acuerdo con el Comisario en que la UE debe tener uno de los marcos jurídicos más avanzados en la lucha contra la discriminación. 
Por eso, agradezco que las enmiendas del Parlamento a la propuesta de la Comisión soliciten que el Año Europeo de la Igualdad de Derechos para Todos acelere el proceso de transposición de las dos directivas contra la discriminación, y por todo ello doy las gracias a la ponente, la señora Roure. 
Debo decir con pesar que mi país, Letonia, está entre los Estados que se han retrasado en la transposición. 
Los nuevos Estados miembros deberían estar sujetos a procedimientos de infracción por violaciones del derecho comunitario en la misma medida que los antiguos. 
En ese sentido, las ONG desempeñan un papel fundamental en la sensibilización. 
La Comisión debe asegurar que estas organizaciones, sobre todo las que representen a grupos discriminados, se impliquen en todas las fases del trabajo relacionado con el Año Europeo. 
Espero que el Comisario también esté de acuerdo con esto. 
. Señor Presidente, antes que nada quisiera expresar mi gratitud a los diputados por su participación en este debate. 
Quisiera subrayar que la Comisión comparte su compromiso con combatir las formas de discriminación en los Estados miembros. 
La Comisión está dispuesta a exigir a todos los Estados miembros que asignen los recursos de forma consecuente con esto. 
En términos generales, la Comisión acepta todas las enmiendas propuestas por el Parlamento. 
No las comentaré una por una, sino que me centraré en los asuntos principales. 
Aceptamos las enmiendas encaminadas a reforzar la implicación de la sociedad civil y la puesta en marcha del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos. 
Aceptamos también las crecientes referencias a la integración de la igualdad de género en las demás políticas. 
Estamos plenamente de acuerdo en que, durante el Año, todos los Estados miembros den la misma importancia a todas las causas de discriminación expresadas en el artículo 13 del Tratado: el sexo, el origen étnico o racial, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual. 
Es razonable que se establezca un sistema simplificado de gestión administrativa de los fondos en el plano nacional, como se ha propuesto. 
Estamos de acuerdo también en incrementar el presupuesto de 13,6 millones de euros a 15 millones. 
En resumen, la Comisión acepta todas las enmiendas propuestas. 
Terminaré dando sinceramente las gracias a la ponente, la señora Roure, cuyo compromiso con la lucha contra la discriminación ha sido esencial para llevar a buen puerto las negociaciones con los Estados miembros. 
El proceso ha sido rápido y muy satisfactorio. 
El texto que se ha sometido a la aprobación final de esta Cámara refuerza la postura inicial de la Comisión y nos da los medios para actuar a favor de la diversidad en toda la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12 del mediodía. 
– Señor Presidente, hablo en nombre del ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional, el señor Sjöstedt, que se halla en Hong Kong con todos los demás miembros de la comisión, excepto yo. 
Soy el único que queda aquí. 
La Comisión ha solicitado urgentemente un incremento de créditos de compromiso para Georgia en 2006-2007 a un total de 10,5 millones de euros. 
La Comisión ya acudió a nosotros de forma urgente en un momento muy tardío, sobre el asunto de Bosnia y Herzegovina. 
Francamente, si solo tuviéramos entre manos el asunto de la Comisión, diríamos que no a la urgencia, pero en tal caso quien saldría perdiendo sería el pueblo de Georgia. 
Ha llevado a la Comisión diez meses elaborar una evaluación de impacto, sin haber avisado siquiera al Parlamento de que el asunto podría estar en el orden del día. 
Sin embargo, acogemos con agrado la «revolución de terciopelo». 
Hay que reconocer que los georgianos necesitan más ayuda. 
Por ese motivo, respaldaremos la urgencia, pero advertimos a la Comisión de que, si intenta hacer esto otra vez, quizá llegue al límite de nuestra tolerancia. 
Si aprobamos esta propuesta, será debatida el miércoles por la tarde y habrá la oportunidad de presentar enmiendas mañana –que es miércoles– hasta las 10 de la mañana, y la votación sobre el informe tendría lugar el jueves. 
Ya hemos escuchado una intervención a favor, por lo que ahora puede intervenir alguien que esté en contra. 
Señor Presidente, esta no es realmente una intervención a favor, sino tan solo la expresión de la opinión de mi comisión parlamentaria, que está a favor. 
Solo quisiera pedir, aparte de lo que ha dicho el señor Ford, que se invite a la Comisión y al Consejo a que expliquen, cuando soliciten debates de urgencia, no solo cuáles son las cuestiones urgentes, sino por qué hasta ahora no se había presentado la propuesta de dicho debate. 
Debemos evitar que pase un tiempo considerable antes de que se presente una propuesta de debate de urgencia sin que ello, tal vez, sea necesario. 
Posiblemente usted o la Mesa podrían pedir a la Comisión y al Consejo que explicaran esta práctica. 
(1) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto: 
– del informe (A6-0396/2005) del señor Pitella y del señor Dombrovskis, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006, modificado por el Consejo (todas las secciones) (14864/2005 – C6 0415/2005 – 2005/2001 (BUD) ) y las notas rectificativas nº 1/2005 (14862/2005 – C6-0413/2005) , 2/2005 (14863/2005 – C6 0414/2005) , 3/2005 (00000/2005 – C6 0000/2005) al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2006, 
– del informe (A6-0395/2005) del señor Böge, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del instrumento de flexibilidad en favor de las acciones exteriores de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 24 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 COM (2005) 0278 – C6-0211/2005 – 2005/2137 (ACI) ) y 
– del informe (A6-0397/2005) del señor Garriga Polledo, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 8/2005 de la Unión Europea para el ejercicio 2005 (14861/2005 – C6-0412/2005 – 2005/2179 (BUD) ). 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, señor Ministro, Señorías, hemos cerrado el procedimiento presupuestario con éxito. 
Es un éxito de todos, pero, si me lo permiten, es ante todo un éxito del Parlamento, que ha sabido pelear por defender sus prioridades políticas. 
Doy las gracias a todos los Grupos políticos, a todos los diputados, al presidente y a la secretaría de la comisión y a todos aquellos que han contribuido con competencia y generosidad al buen desenlace del procedimiento. 
El resultado lo dice todo: pedíamos un nivel de pagos digno, acorde con un estricto control del gasto, pero también con la necesidad de disponer de medios suficientes para continuar las políticas fundamentales de la Unión. 
Hemos obtenido un presupuesto de 112 000 millones de euros y una declaración conjunta, gracias a la cual se presentará un presupuesto rectificativo, sobre todo en los Fondos Estructurales, si se registra, como pensamos, una aceleración del gasto en los nuevos Estados miembros. 
Pedíamos una atención prioritaria a las líneas presupuestarias para el crecimiento, la competitividad, la educación, la investigación, las pequeñas y medianas empresas, las políticas para los jóvenes, el medio ambiente y la cultura, y hemos obtenido la renegociación de los importes para nada menos que seis programas codecididos y la asignación de recursos adicionales por un importe de 100 millones de euros. 
Me siento especialmente satisfecho de haber alcanzado el objetivo de dar una señal política fuerte a los jóvenes europeos a través del refuerzo de los programas Sócrates, Juventud y Leonardo. 
Pedíamos al Consejo que reflexionase sobre la inadecuación del nivel de gasto fijado en Berlín para las acciones exteriores y aportamos pruebas irrefutables al respecto. 
Recordamos los compromisos solemnes contraídos por los Jefes de Estado y de Gobierno en temas como Iraq, el, el azúcar y Afganistán, en los que el Parlamento quiere aportar su propia contribución, sin sacrificar por ello los programas geográficos, las acciones humanitarias, las iniciativas esenciales para los derechos humanos y la democracia, y las acciones solidarias para el desarrollo. 
Hemos conseguido por vez primera romper el fatídico límite máximo de 200 millones de euros para la flexibilidad en las acciones exteriores. 
Está absolutamente claro: disponer de 275 millones de euros más para las acciones exteriores y de un protocolo más respetuoso de las funciones del Parlamento en materia de política exterior y de seguridad no representa un trofeo para exhibir sino una respuesta necesaria, una elección precisa, para lo que estamos llamados a hacer juntos en el mundo. 
Nos consideramos satisfechos también por otras razones de carácter general: en estos años, la Unión Europea ha sabido ganar méritos históricos, ha construido y defendido la paz en su interior, ha abatido fronteras sin recurrir al uso de la fuerza, ha propuesto sus valores sin imponerlos, y ha contribuido al crecimiento y a la cohesión de un modo a menudo turbulento e inestable. 
Hoy vivimos una crisis profunda del proyecto europeo, pero no es una crisis irreversible. 
Como escribió Henri de Saint-Simon, en estos momentos necesitaríamos una fuerza capaz de unir voluntades, de concentrar movimientos y de hacer que los intereses sean compartidos y los compromisos, firmes. 
También en el decenio de 1980, agitados vientos sacudieron el proyecto europeo, pero a pesar de las señales de tormenta, hubo un liderazgo político fuerte que nos permitió capear el temporal y salir todavía más fuertes que antes. 
Ninguno de nosotros pretende ser un nuevo Mitterand o un nuevo Kohl, pero todos juntos, si dejamos a un lado visiones egoístas, si conjugamos las necesidades presupuestarias nacionales con las prioridades de nuestras obligaciones europeas, seremos capaces de frenar la deriva y el derrumbe del diseño europeo. 
La respuesta correcta a un declive es el cambio de rumbo y, después de nuestros reveses, esta semana hemos marcado junto tanto positivo –hemos puesto la pelota en la red– con el presupuesto anual. 
Como saben el señor Ministro Lewis y la Comisaria Grybauskaité, habríamos podido utilizar el presupuesto anual como ganzúa para las perspectivas financieras, pero no quisimos hacerlo porque somos responsables y conscientes de que la Unión Europea no necesita conflictos interinstitucionales. 
Pero que el Consejo sepa que no puede proponernos una Europa pequeña y diminuta, ni puede pensar que el Parlamento Europeo vaya a conformarse con mezquinos compromisos que marquen el fin de la esperanza europea. 
El Parlamento Europeo ha hecho una contribución importante al debate sobre el presupuesto para 2007-2013 con el excelente informe del señor Böge, que hasta ahora ha sido indebidamente ignorado. 
Por otro lado, la propuesta de la Presidencia británica, lamento tener que decirlo, es inaceptable, porque es exactamente lo contrario del valioso proyecto que el Presidente Blair expuso ante el Parlamento. En efecto, libera a los Estados de sus deberes para con Europa y reparte pequeños edulcorantes aquí y allá, sin poner en marcha un proceso de reforma del presupuesto ni dar un mayor margen financiero a la Unión. 
No es solo un Robin Hood a la inversa, como alguien ha dicho, sino que representa también el peligro, que yo quisiera alejar, de que seamos responsables del entierro de la esperanza del renacer europeo. 
Nosotros, con el presupuesto anual, damos en cambio una respuesta positiva, y por ello doy las gracias también al Ministro Lewis y a la Comisaria Grybauskaité. 
Seguimos convencidos de que en una época de incertidumbres y preocupaciones la habilitación de la conciencia financiera europea constituye el único fundamento para una integración europea fructífera y confiada. 
Quisiera señalar igualmente que en el correspondiente apartado del Acuerdo Interinstitucional se indica con toda claridad que el uso del instrumento de flexibilidad durante este año nos habría permitido obtener fácilmente más de 400 millones de euros, si nos hubiésemos atenido estrictamente al texto de dicho Acuerdo. 
Así pues, el acuerdo en torno a los 275 millones de euros para el uso del instrumento de flexibilidad equivale igualmente a un acercamiento mutuo, por lo que pido a esta Cámara que apruebe este informe sobre el uso del instrumento de flexibilidad en el marco del presupuesto de 2006 en su versión actual. 
También quiero aprovechar esta oportunidad para señalar que durante las negociaciones sobre las perspectivas financieras, esta Cámara presentó una propuesta para que adoptáramos un enfoque más flexible en el futuro, basado, no obstante, estrictamente en la disciplina presupuestaria, y observar igualmente que lo que figura en el orden del día no es un fondo de mundialización, pero que tenemos que responder con mucha más rapidez y coherencia en muchas categorías importantes de la política presupuestaria europea. 
El 8 de junio, esta Cámara dejó perfectamente claro que su posición negociadora sobre esta cuestión no es a su vez, de hecho, objeto de negociación alguna. 
Permítanme añadir, a modo de conclusión, que cuando el Presidente en ejercicio del Consejo, el Primer Ministro británico, el señor Blair, afirma en relación con las negociaciones sobre las perspectivas financieras que o bien se llega a un acuerdo en diciembre o no habrá acuerdo durante las Presidencias austriaca o finlandesa, lo que hace es amenazar con bloquear esta cuestión. 
Observo con satisfacción que en algunas entrevistas alega que el Parlamento podría zanjar la cuestión, al afirmar que si el Consejo no llega a un acuerdo, la decisión sobre el presupuesto tendría que pasar al Parlamento. 
Y puedo decirle que el Parlamento está listo para hacerlo. 
. Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, diputados, colegas, celebramos un año más el debate sobre el presupuesto comunitario en su segunda lectura. 
A mí me corresponde presentar el presupuesto rectificativo nº 8. 
Al igual que otros años, y bien lo sabemos los diputados de esta Cámara, nos enfrentamos a los mismos problemas presupuestarios de ejecución y de representatividad política. 
Solamente en lo que se refiere al presupuesto del año 2005, un 10 % de los créditos de pago no han podido ser utilizados, los que ustedes, Señorías, votaron en diciembre del año pasado y, además, vamos a tener que devolver 3 800 millones de euros a los Estados miembros, por imposibilidad de ser comprometidos en aquellas decisiones que, como parlamentarios, votamos en su momento. 
Es difícil saber hasta qué punto son responsables de esta situación, que se repite año tras año, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros, el Consejo o el propio Parlamento. 
Nosotros, como Parlamento, estamos votando todos los años los créditos presupuestarios en función de nuestro propio debate político y de los intereses que creemos que nuestros electores traen a esta Cámara, y por eso estamos aquí. 
Votamos lo que creemos que son intereses de la Unión, tanto en política exterior, como en políticas internas y en Fondos estructurales. 
La Comisión Europea, y hay que reconocerlo, hace un esfuerzo creciente cada año para ejecutar mejor las políticas, los mandatos presupuestarios que, como diputados europeos, tenemos. 
Y nos consta que los Estados miembros hacen un esfuerzo, año tras año, tanto para financiar el presupuesto como para ejecutar las políticas comunitarias. 
Pero de las cifras de ejecución de cada año se deduce que sigue fallando algo en el proceso de asignación presupuestaria de los créditos que votamos y en su aplicación final, tanto en los Estados miembros como en los programas comunitarios. 
En el presupuesto rectificativo nº 8, que les presento para su aprobación, se incluye, entre otras partidas, la devolución a los Estados miembros de 3 800 millones de euros. 
Sabemos que es una buena noticia para los ministros de finanzas de los Estados miembros, dado que esta es una cantidad que no tienen que incorporar al presupuesto comunitario para financiar el ejercicio del año 2005. 
Sin embargo, desde un punto de vista europeo, no es una buena noticia, porque este ahorro proviene de una subejecución muy fuerte en créditos de pago correspondientes a los Fondos estructurales. 
En el procedimiento presupuestario del año 2005 ya pactamos con el Consejo una fuerte reducción en los Fondos estructurales, por debajo de lo que fue nuestra primera lectura del presupuesto, e incluso por debajo del anteproyecto de presupuesto que presentó la Comisión. 
Pactamos también una declaración común con las otras dos instituciones, en la que el Consejo se comprometía a presentar un presupuesto rectificativo, en el cual se incluyeran los créditos de pago necesarios para pagar Fondos estructurales, en caso de que la ejecución hubiera sido la prevista. 
Durante el mes de octubre, la Comisión Europea nos presentó un primer avance del presupuesto rectificativo nº 8, en el cual se hablaba de unas necesidades reales de presupuestación; nos hablaba, además, de 600 millones de euros en Fondos estructurales, que deberían haber sido incluidos en el presupuesto comunitario. 
A lo largo del mes de noviembre, la Comisión rehizo sus cifras, basándose en las noticias que, sobre la ejecución presupuestaria, le llegaban de los Estados miembros y, al final, lo que eran necesidades de financiación, se han convertido en excedentes. 
Incluso con esta devolución que hacemos, de 3 800 millones de euros, podrían sobrar créditos de pago en Fondos estructurales a finales de año. 
Señores diputados, la lectura que podemos hacer de esto es mala. Es una mala noticia, tanto para el presupuesto del año 2006 de nuestro colega, señor Pittella, como para la negociación de perspectivas financieras. 
El presupuesto de la Unión no puede hacerse nunca solamente a través del principio del ahorro, sino a través de los principios de efectividad y de valor añadido europeo. 
Señor Presidente, ¿cuál es el valor añadido europeo de devolver créditos de pago, año tras año, a los ministros de finanzas? 
Esta no es una buena manera de hacer el presupuesto comunitario ni de construir una Europa realmente efectiva. 
El mensaje político que lanzamos a los ciudadanos europeos año tras año es bastante decepcionante. 
Señora Comisaria, señores del Consejo, si este Parlamento vota créditos presupuestarios, lo hace con la esperanza y el deseo de que sean correctamente ejecutados por todos. 
Creo que esta es la lección que debemos aprender este año, y esperemos que a lo largo del año 2006 la ejecución sea mejor. 
. Señor Presidente, es un honor y un privilegio volver a esta Cámara para representar a la Presidencia del Consejo en este importante debate sobre el presupuesto de las Comunidades Europeas para 2006. 
La segunda lectura del Parlamento Europeo del presupuesto anual, que culmina en la votación del jueves, constituye una parte fundamental del calendario de la Unión Europea y probablemente sea este año más importante que ningún otro. 
El acuerdo entre el Consejo y la delegación parlamentaria sobre los principales elementos del presupuesto de 2006 se cerró finalmente con el mejor ánimo de cooperación y compromiso. 
Al poner en práctica ese acuerdo en el presupuesto aprobado, el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro a los ciudadanos de Europa de que, a pesar de los retos que nos plantean la Constitución y las perspectivas financieras, la Unión Europea sigue funcionando de forma efectiva y velando por sus intereses. 
No tengo que recordar a sus Señorías la importancia histórica de este procedimiento presupuestario. 
Sus Señorías son muy conscientes de que el último procedimiento de las actuales perspectivas financieras desempeña un papel crucial a la hora de reconciliar las prioridades del pasado con los objetivos del futuro a fin de asegurar cierta continuidad y la coherencia básica entre dos perspectivas financieras. 
Creo que el acuerdo alcanzado en Bruselas hace dos semanas satisface en buena medida estos objetivos. 
Aunque va un poco más lejos. 
La dificultad de reconciliar nuestras prioridades políticas con los principios fundamentales de la disciplina presupuestaria y sana gestión financiera hacen hincapié en el hecho de que las actuales estructuras presupuestarias han llegado al límite. 
Las próximas perspectivas financieras deben brindarnos la posibilidad de una reforma real y de renovación en el futuro si queremos que el presupuesto de las CE siga siendo relevante y satisfaga verdaderamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos europeos en el siglo XXI. 
No será fácil, pero si los dos brazos de la autoridad presupuestaria –el Parlamento y el Consejo, que hoy represento– pueden trabajar con el ánimo de cooperación que hemos observado para establecer finalmente el presupuesto de 2006, tendremos una oportunidad para crear una visión compartida en los próximos días de un futuro mejor en el periodo 2007-2013 y más allá. 
Volviendo a 2006, sus Señorías sabrán que el acuerdo presupuestario entre el Consejo y la delegación parlamentaria se centró básicamente en tres elementos principales. 
Para cada uno fue necesario cierto grado de compromiso de ambas partes, y en algunos casos, sinceramente, fue como adentrarse en aguas presupuestarias desconocidas, lo que tal vez explique por qué hemos necesitado más tiempo para las negociaciones del que normalmente se requería. 
Quiero destacar que en cada caso la delegación parlamentaria negoció con tenacidad y, debido a ello, algunos miembros del Consejo se sintieron incapaces de apoyar nuestro compromiso final. 
No obstante, considero que finalmente obtuvimos un resultado justo y equilibrado y conseguí que el Consejo lo aprobara por mayoría cualificada. 
En primer lugar, acordamos enmendar al alza las dotaciones financieras para seis programas codecididos en la rúbrica 3: políticas internas. 
El Consejo no vio la necesidad de proponer estos aumentos en su proyecto de presupuesto; sin embargo, la delegación parlamentaria argumentó con firmeza que los seis programas en cuestión se verían gravemente limitados sin recursos adicionales. 
Con espíritu de compromiso y siendo coherentes con el Acuerdo Interinstitucional, pude persuadir al Consejo de que aceptara estos cambios. 
Esto se ha acordado por primera vez en las actuales perspectivas financieras. 
El hecho de que haya ocurrido en el último año de estas perspectivas es quizá una feliz coincidencia y estoy seguro de que los dos brazos de la autoridad presupuestaria lo considerarán un acontecimiento excepcional. 
En segundo lugar, acordamos movilizar el instrumento de flexibilidad para los programas de la rúbrica 4: Acciones Exteriores, por un total de 275 millones de euros. 
En un principio, el Consejo consideraba que sería posible, volviendo a establecer en cierta medida las prioridades, financiar todas las acciones exteriores dentro del límite superior presupuestario. 
Sin embargo, quiero señalar que el Consejo sigue teniendo la firma determinación de satisfacer las necesidades urgentes de los socios externos, siendo coherente con las promesas realizadas y con los compromisos contraídos. 
Los Estados miembros reconocen las estrictas restricciones presupuestarias de la rúbrica 4, siendo un buen ejemplo la Política Exterior y de Seguridad Común, y finalmente se convenció al Consejo de la necesidad de movilizar el instrumento de flexibilidad para aliviar estas restricciones. 
Creo que el resultado, que es superior a las propuestas de la Comisión en algo más de 110 millones de euros, representa un compromiso justo, que garantiza recursos para prioridades muy urgentes, como Iraq, la reconstrucción tras el tsunami, las ayudas tradicionales a los países signatarios del protocolo del azúcar y la PESC. 
Asimismo, reconoce la posibilidad de que surjan necesidades adicionales en el ámbito del presupuesto para las acciones exteriores durante 2006. 
Sin embargo, quiero destacar que es la primera vez que ha sido necesario superar los 200 millones de euros en un único año. 
El Consejo considera que esto es excepcional y algunos Estados miembros siguen convencidos de que se trata de un paso innecesario. 
Espero que sus Señorías aprecien la importancia de este resultado y compartan conmigo la esperanza de que, en los próximos años, prevalecerá un uso más eficaz de los principios del nuevo establecimiento de prioridades y la reasignación en circunstancias similares. 
Por último, como exige el Tratado, el Consejo y la delegación parlamentaria acordaron fijar el nivel de pagos generales para 2006 en 111 969 millones de euros. 
Esto representa la propuesta original de la Comisión, después de tener en cuenta las notas rectificativas 1, 2 y 3, y supone más de 500 millones de euros más de lo previsto en la posición original del Consejo. 
Reconozco que esta cifra es algo más baja de lo que a algunos diputados a este Parlamento les hubiera gustado. 
Sin embargo, se basa firmemente en lo que la Comisión calcula que puede gastar efectivamente. 
Estoy convencido de que sus Señorías compartirán mi preocupación de no crear un superávit presupuestario innecesario y entenderán que es necesario actuar con prudencia. 
Por supuesto, la autoridad presupuestaria está dispuesta a plantearse un presupuesto rectificativo con miras a modificar el nivel de pagos si esto resulta necesario durante 2006. 
Como he mencionado anteriormente, creo que este acuerdo de compromiso representa un resultado justo y equilibrado para las tres instituciones: el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
No hay duda de que cada uno de nosotros podría desear mejoras, pero esa es la esencia del compromiso. 
Nadie está plenamente satisfecho, todos hemos realizado un sacrificio y hemos cambiado nuestras posiciones. 
Tanto el Consejo como el Parlamento tenían este año mandatos estrictos y no ha sido fácil encontrar un terreno común. 
Por tanto, les encomiendo esta solución y espero con interés su votación. 
Ahora me gustaría abordar brevemente otros aspectos de la segunda lectura del Consejo, que puede que a sus Señorías les guste tener en cuenta. 
En la rúbrica 1: Agricultura, el Consejo ha anulado la reducción de 150 millones de euros de la primera lectura y aceptado a cambio la nota rectificativa 2 de la Comisión, que reduce el gasto de la subrúbrica 1 en 361 millones de euros en comparación con el anteproyecto de presupuesto. 
En la rúbrica 2: Acciones Estructurales, el Consejo ha vuelto a restablecido su posición de primera lectura de rebajar 150 millones de euros con respecto al anteproyecto de presupuesto. 
Esto refleja la visión que tiene el Consejo de las perspectivas del índice de ejecución y se basa en pasadas experiencias con los déficit de ejecución, incluido el presupuesto rectificativo 8 para 2005. 
En la rúbrica 3: Políticas Internas, el Consejo ha restablecido en buena medida su posición de primera lectura, pero introducido algunos cambios modestos en algunas líneas presupuestarias fundamentales, incluido un aumento en los pagos para líneas de investigación, lo que refleja la mayor insistencia que en Hampton Court se dio a Lisboa. De este modo, se confía a la Comisión la tarea de mejorar el grado de ejecución en este terreno. 
Esto permite aumentar un 16 % los pagos en investigación en comparación con 2005. 
En la rúbrica 4: Acciones Exteriores, el Consejo ha restablecido su posición de primera lectura y también ha aceptado la nota rectificativa 1 de la Comisión relativa a la asistencia tradicional a los países firmantes del protocolo del azúcar, asignando recursos tomados de su margen de primera lectura. 
En la rúbrica 5: Gasto Administrativo, el Consejo ha aceptado en parte la enmienda de primera lectura del Parlamento al presupuesto de la Comisión a la luz de las nuevas pruebas relativas al porcentaje de vacantes. 
También aceptó la propuesta de reducir 20 millones de euros del presupuesto del Parlamento. 
Por otro lado, ha restablecido su posición de primera lectura recordando la necesidad de ahorrar costes operativos en materia de cooperación interinstitucional y economías de escala. 
Por último, en la rúbrica 7: Estrategia de preadhesión, el Consejo ha restablecido su posición de primera lectura. 
Por supuesto, el Parlamento tendrá que introducir algunos cambios en la posición en segunda lectura del Consejo para poner en práctica nuestro acuerdo sobre pagos, cantidades adoptadas por codecisión y movilización del instrumento de flexibilidad. 
Espero realmente que el Parlamento tenga en cuenta la posición del Consejo, especialmente en lo que se refiere a los compromisos en las rúbricas 2 y 4, donde existen claras oportunidades de ahorrar y de garantizar que haya un margen para los imprevistos durante 2006. 
A modo de conclusión, el acuerdo alcanzado el 30 de noviembre aporta una financiación suficiente de las distintas prioridades de la Unión Europea. 
En general, respeta los importantes principios de disciplina presupuestaria y sana gestión financiera, cuya custodia comparten el Consejo y el Parlamento. 
Se merece la confianza de los ciudadanos de la Unión Europea y contribuirá a recuperar su confianza en la Unión y sus instituciones. 
Espero que sus Señorías me perdonen por no permanecer en la Cámara durante el debate de esta mañana, ya que tengo que regresar urgentemente a Londres. 
Sin embargo, intentaré quedarme para escuchar el mayor número posible de intervenciones, y no me cabe duda de que, como es costumbre, aportarán ideas valiosas y constructivas. 
Tengo intención de volver a Estrasburgo el jueves para la votación y la aprobación del presupuesto de las CE para 2006. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, señora Comisaria, me gustaría decir que ha sido un privilegio y un placer participar en este proceso –aunque no en todas las ocasiones– y que podemos estar muy orgullosos del acuerdo que intentaremos concluir a lo largo de esta semana. 
. 
Después de haber superado con éxito este punto culminante del ciclo presupuestario, podemos decir que en las negociaciones sobre el presupuesto se ha impuesto un planteamiento constructivo, el realismo y la responsabilidad política. 
Gracias a un compromiso prudente e inevitable, hoy nos encontramos más cerca de nuestra meta, a saber, un presupuesto de la UE para 2006 que pueda desempeñar un papel determinante, no solo en lo referente a las posibilidades financieras del año próximo, sino para dar forma al futuro financiero de Europa. 
La aprobación del presupuesto puede transmitir, y espero que lo haga, un mensaje de importancia vital para la Unión Europea en el sentido de que sus instituciones siguen funcionando y pueden hacerlo de forma constructiva, para hacer decisiones importantes de forma conjunta y para alcanzar resultados positivos. 
Considero que los resultados de las negociaciones relativas al presupuesto comunitario para 2006 constituyen un éxito excelente. 
Señor Presidente, en lo que respecta al resultado positivo de las negociaciones para 2006, me gustaría decir que, en general, se ha logrado un buen resultado y el Parlamento debe estar satisfecho y orgulloso por ello. 
Me gustaría dar las gracias al señor Pitella, al señor Lewandowski –el presidente de la Comisión de Presupuestos– y a todos los ponentes que han participado en este proceso. 
Desde el principio, la Comisión respaldó firmemente la interpretación del Parlamento del instrumento de flexibilidad que el Consejo, tras duras negociaciones, ha aceptado. 
A pesar de la negativa del Consejo a superar los 200 millones de euros, ahora, con el resultado final, se han logrado 275 millones en el marco del instrumento de flexibilidad, lo que deja suficiente margen de maniobra en la rúbrica 4. 
Pasando a los programas de codecisión, se han conseguido 100 millones de euros para seis programas, lo que es un logro importante. 
Desde el primer momento, esta estrategia recibió el apoyo de la Comisión en el proceso de negociación, y ahora que se ha llegado a un acuerdo entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria, la Comisión hará todo lo que esté en su mano para implementar las nuevas cantidades. 
También me gustaría dar las gracias al Parlamento, en particular al señor Pittella, por tener en cuenta tantos aspectos de la nota de ejecutabilidad de la Comisión en relación con las enmiendas de la primera lectura. 
Ahora me gustaría abordar el nivel de créditos de pago. 
Es importante que los créditos de pago del presupuesto puedan cubrir los gastos entrantes y asegurar que los beneficiarios reciban los pagos que esperan. 
El nivel de créditos de pago acordado para 2006 viene acompañado de la declaración acordada, de modo que si resulta necesario, y sobre la base de los datos más actualizados, esto permita disponer lo antes posible de los créditos adicionales necesarios. 
A fin de facilitar el acuerdo entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria, la Comisión ha propuesto la nota rectificativa 3, que técnicamente está bien fundamentada, pero la Comisión vigilará de cerca la ejecución del presupuesto para 2006 y no dudará a la hora de utilizar las herramientas presupuestarias de que disponemos si es preciso reforzar determinados aspectos. 
En el primer caso, los créditos pueden transferirse, y, en particular, podemos recurrir a las disposiciones de la declaración acordada en el diálogo a tres bandas, si resulta necesario un presupuesto rectificativo. 
Por último, me gustaría señalar que el total de créditos de pago que se plantea representa un aumento de casi el 6 % en comparación con el presupuesto de 2005. 
El presupuesto acordado es óptimo y justo y es necesario para Europa. 
Deseo al Parlamento un debate constructivo y una votación positiva el jueves. 
. 
Me alegro de que se haya llegado a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para 2006. 
Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han tenido que hacer concesiones importantes, por lo que ahora podemos esperar que el presupuesto de la Unión Europea para 2006 sea aprobado el 15 de diciembre. 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en el Parlamento Europeo, del que formo parte, debe sentirse satisfecho de los resultados de este acuerdo, ya que hemos alcanzado nuestros principales objetivos. 
En 2006 aumentarán los créditos para los programas de codecisión, como los de investigación científica, SOCRATES, LIFE, los programas para las pequeñas y medianas empresas, los programas para la juventud y las organizaciones culturales europeas. 
El crecimiento, la competitividad y el apoyo a las PYME siempre han sido y seguirán siendo ámbitos prioritarios para el Partido Popular Europeo. 
Es sumamente importante que hayamos llegado a un acuerdo para utilizar el instrumento de flexibilidad para la política exterior y para nuevas necesidades, al destinar 275 millones de euros para Irak, a las tareas de reconstrucción en los países afectados por el tsunami y a las consecuencias de la reforma del azúcar en los países ACP, de los cuales 40 millones de euros irán a parar a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La cuantía de los créditos para 2006 era un tema de negociación muy importante para el Parlamento Europeo, y el acuerdo en torno a un importe de 111 969 millones de euros, es decir, un 1,01 % de la RNB, se sitúa dentro de los límites de las perspectivas financieras y, por lo tanto, debe considerarse un resultado positivo de las negociaciones. 
Aunque el Parlamento Europeo votó, en primera lectura, a favor de créditos sumamente más elevados, el compromiso alcanzado con el Consejo para 2006 ofrece una buena base para llegar a un acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras, así como para las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para 2007. 
Quiero felicitar a mi colega y ponente principal, el señor Pittella, al Presidente de la Comisión de Presupuestos, el señor Lewandowski, a la Comisaria y al Consejo por haber alcanzado este sólido acuerdo. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero dar las gracias hoy a todos los que han participado en nuestro trabajo, en primer lugar a nuestros ponentes generales, el señor Pittella y el señor Dombrovskis, pero también al señor Böge y al señor Garriga, así como a toda la Comisión de Presupuestos, encabezada por el señor Lewandowski. Tampoco quiero olvidar a nuestros administradores y asistentes. 
De hecho, llegamos hoy a un presupuesto inferior al que esperábamos, pero elaborado con absoluta legalidad y que respeta las perspectivas financieras actuales, a saber, el 1,09 % en créditos de compromiso. 
Esto es importante y supera los resultados obtenidos el año pasado. 
Además, podemos utilizar el instrumento de flexibilidad para respetar las promesas hechas por el Consejo. 
No obstante, deberemos recordar los problemas que hemos tenido para conseguir esta posibilidad cuando emprendamos las próximas negociaciones. 
Es más, se han respetado todos los márgenes. 
En resumen, llegamos a un presupuesto modesto y razonable, que no mermará los ingresos aportados por los Estados miembros. 
El presupuesto respeta las prioridades que hemos definido y, gracias a las diversas políticas aprobadas en régimen de codecisión, nos permite, sobre todo, anticipar la Estrategia de Lisboa y mantener lo esencial de la ayuda exterior, la ayuda que concedemos a los países más pobres y que apreciamos mucho. 
Pero quisiera abordar algunos puntos que consideramos especialmente importantes en relación con la ejecución del presupuesto. 
Hoy, el presupuesto que presentamos tiene un sentido político. 
No obstante, corresponde a la Comisión hacer que ese sentido político se mantenga con la ejecución del presupuesto. 
Es evidente que deberíamos evitar que haya excedentes el año próximo. 
En efecto, si las rúbricas presupuestarias siguen sin ejecutarse, el comprimiso del Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria, probablemente se debilitará. 
Señora Comisaria, no queremos ver más devoluciones de 2 000 millones de euros de cualquier Fondo. 
Hay que hacer todo lo necesario, les hemos dotado de los medios para ello. 
Si encuentran ustedes dificultades, hágannoslo saber oportunamente. 
Por último, quisiera decir al Consejo que es cierto que disponemos hoy de un presupuesto 2006 correcto, acordado en medio de un sinfín de problemas. 
Estamos en esta situación porque las promesas hechas por el Consejo a menudo no están respaldadas por fondos y porque usted se comprometió, hace más de dos años, a poner en práctica un sistema de información sobre la política de seguridad. 
Somos una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria y consideramos vergonzoso que las instituciones europeas, y en particular el Consejo, parezcan ignorarlo. 
La Comisión de Presupuestos aprobó la sabiduría del Consejo tratando de tomar opciones políticas enérgicas para este presupuesto de 2006. 
Albergaremos la misma preocupación con respecto a las próximas perspectivas financieras. 
Hoy tenemos solo la propuesta jurídica: la votación del 8 de junio, ampliamente aprobada por nuestro Parlamento. 
Desde entonces estamos esperando una propuesta genuina del Consejo. 
Cuando esta nos llegue, estaremos dispuestos: dispuestos a trabajar y negociar a la vista de nuestros años de experiencia compartidos. 
La Comisión de Presupuestos trabajará por un presupuesto al servicio de los ciudadanos. 
Adoptará un enfoque análogo en las negociaciones de las perspectivas financieras y el Parlamento la apoyará a fin de dotar a la Unión Europea de un marco presupuestario que permita financiar las actividades en que tiene que intervenir con vistas a desarrollar empleos de calidad y preservar el medio ambiente. 
Queremos que esto se lleve a cabo en el marco de una solidaridad real entre los países europeos, pero también con las gentes más pobres. 
Por lo que respecta al presupuesto de 2006, el Parlamento rechaza el enfoque intergubernamental para las perspectivas financieras. 
El Parlamento quiere representar a los europeos. Quiere que estemos unidos en la diversidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Lewis, quiero comenzar mi intervención dando las gracias a los ponentes, encabezados por el señor Pittella, por el constructivo resultado que hemos logrado tras las negociaciones. 
Me parece positivo que hayamos podido llegar a una conclusión en lo referente al presupuesto para 2006, a pesar de que no se hayan dilucidado las perspectivas financieras para el período 2007-2013. 
Esto pone de manifiesto que, a pesar de todo, las posiciones del Consejo y del Parlamento sobre el presupuesto para 2006 no estaban tan alejadas, a pesar de que las negociaciones fueron sumamente duras. 
Así pues, mi Grupo no desea apoyar la propuesta de rechazar el presupuesto para 2006 en señal de protesta por las propuestas de la Presidencia británica sobre las perspectivas financieras. 
Nosotros también estamos enfadados por que la Presidencia británica haya propuesto recortar la ayuda a los países más pobres de la UE a fin de dar más a los países ricos, pero ese es un debate que volveremos a abordar más adelante. 
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa se muestra especialmente complacido por que se hayan incrementado los créditos para los programas de investigación y desarrollo; además, por encima de lo acordado anteriormente. 
Nos complace haber obtenido más recursos del instrumento de flexibilidad a fin de poder financiar la reconstrucción de los daños causados por el tsunami, junto con la reconstrucción de Irak. 
En cuanto a la cuantía de los créditos de pago para 2006, que de hecho se han mantenido al 1,01 % de la renta interior bruta, será de hecho su cuantía efectiva en 2006 la que determine el presupuesto en los próximos años, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre las perspectivas financieras. 
Desde luego, este es un aspecto que podemos aceptar sin dificultades. 
En ese caso, aprobaríamos los presupuestos anuales con el Tratado como único marco, y veríamos cómo transcurren las cosas. 
Mi Grupo desea un acuerdo sobre las perspectivas financieras, pero no a cualquier precio. 
. – Señor Presidente, señor Lewis, señora Comisaria Grybauskaitë, Señorías, nosotros también consideramos que hemos logrado un compromiso aceptable y creíble. 
Nuestra meta era observar disciplina en el gasto y, al mismo tiempo, mostrar nuestra capacidad para elaborar políticas, y creo que hemos logrado hacerlo. 
Conceder al instrumento de flexibilidad 275 millones de euros nos ha permitido ayudar a las víctimas del tsunami para reconstruir sus países, promover la reconstrucción de Irak y también reforzar la nueva organización del mercado del azúcar. 
Me complace igualmente que hayamos podido hacer más por los jóvenes y la educación, a través de nuestra codecisión sobre estos programas, ya que así demostramos nuestra capacidad de elaborar políticas. 
Nuestra estrategia de abandono del petróleo en favor de más energías renovables, para promover la investigación, las pequeñas y medianas empresas y la cultura, pretende llegar a la gente donde esta se encuentra, llegar a su corazón y no solo a su cabeza. 
De ahí que me alegre de que nuestras negociaciones hayan dado este resultado. 
El hecho de que los créditos de compromiso del presupuesto para 2006 se eleven al 1,09 % nos ofrece una base adecuada para las próximas perspectivas financieras, e implica que iremos más allá de las cifras que la Presidencia luxemburguesa propuso este verano. 
Sin embargo, quiero recordar a esta Cámara que nos esperan negociaciones difíciles en el Consejo sobre las perspectivas financieras. 
Hago un llamamiento urgente, no solo para que sigamos luchando por una Europa única con la misma determinación que en el presupuesto para 2006, sino para que el Consejo tenga en cuenta que lo que está en juego es nuestra Europa común y su desarrollo continuado. 
Lo importante es que cualquier acuerdo tenga en cuenta las necesidades de los nuevos Estados miembros y la adaptación de Europa al futuro mediante nuevos productos ecológicos en el mercado mundial para dar esperanza a los jóvenes y a nosotros. 
Las negociaciones que están a punto de comenzar no deben caracterizarse por el repelente regateo que tanto repugna a la gente, sino que todas las partes deben considerar que negocian por la Europa que compartimos en un espíritu europeo. 
Por eso pido a Francia, al Reino Unido, a Alemania, a Suecia y a los Países Bajos que cedan un poco y lleguen a un verdadero acuerdo que permita un futuro mejor para todos nosotros y no arruine la imagen de Europa. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Parlamento y el Consejo han llegado a una solución de conciliación en lo referente al presupuesto para el año próximo. 
Este acuerdo se alcanzó justo antes de las negociaciones que se celebrarán mañana y las directrices para los presupuestos del período 2007-2013 que se presentarán pasado mañana. 
Ninguna de las partes de las negociaciones presupuestarias quería correr el riesgo de que estas conversaciones se fueran a pique a causa del presupuesto para 2006. 
Probablemente muy pocos miembros de esta Cámara, aparte de los representantes del Reino Unido, desean, en el marco de estas negociaciones, que se mantenga el cheque británico en años venideros. 
No existen argumentos que lo justifiquen. 
El presupuesto del año seguirá las directrices que ha establecido el Consejo. 
El límite del 1 % de los créditos de pago se alcanzará mediante una aproximación desde arriba, sin que el Parlamento pueda defender su propio territorio. 
La posibilidad misma de que el presupuesto no se adopte de forma armoniosa, como se contempla en el artículo 272 del Tratado, ha permitido que el Parlamento pueda utilizar más créditos de pago de los acordados en la propuesta de las partes negociadoras. 
En primera lectura, el Parlamento infló el globo más grande al aumentar los pagos de los Fondos Estructurales en más de 3.000 millones de euros. 
El Consejo reventó esta burbuja en el procedimiento de conciliación sin negociaciones especiales y sin que el Parlamento mantuviera su posición. 
Resulta extraño que la Comisión no se haya sentido obligada a defender su propuesta original, sino que se haya alineado con el Consejo. 
Este Parlamento lo recordará si los Fondos Estructurales no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus pagos. 
Con arreglo a la Constitución de la UE, la Unión se militarizará a un grado increíble, a pesar de que la Constitución de la UE no existe aún ni existirá en la forma en que fue rechazada por los pueblos de Francia y los Países Bajos. 
De este modo, la UE aumentará sus competencias, a pesar de que los Estados miembros no se las hayan concedido legalmente. 
Nuestro Grupo tiene una opinión muy crítica sobre el presupuesto del año próximo. 
Posiblemente algunas de sus Señorías estarán de acuerdo con la propuesta de rechazarlo. 
Queremos una Europa más social y menos militar. 
. Señor Presidente, señoras y señoras, quiero rendir homenaje al ponente, el señor Pittella, y al señor Lewandowski, Presidente de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, el presupuesto de 2006 deja mucho que desear y debería ser rechazado. 
Los miembros del Grupo Independencia/Democracia y de otros Grupos políticos han presentado una propuesta motivada con este fin, y pedimos a todos los miembros de esta Cámara que le den su apoyo. 
Los hechos son los siguientes: en 2004, diez nuevos Estados miembros se adhirieron a la UE, lo que supuso un incremento del 20 % de la población de la UE. 
Un número cada vez mayor de estos Estados miembros necesitan ayuda, solidaridad y subvenciones debido a que no tienen un grado de desarrollo suficiente. 
Otros dos Estados miembros se adherirán a la Unión Europea en 2007, con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, y la población de la UE aumentará un 6 %. 
La segunda observación que deseo hacer es que la tasa de crecimiento de la Unión Europea ha sido inferior al 2 % durante los últimos años, mientras que los Estados Unidos y el sudeste asiático crecen a mucha mayor velocidad. 
La competitividad de las empresas de la UE está en declive. 
No obstante, el presupuesto de 2006 no tiene en cuenta estos factores. 
El presupuesto aumentará en torno al 2 % una vez descontada la inflación, lo que significa que cada vez habrá menos dinero para cada ciudadano de la Unión. 
Más aún, no se ha modificado la estructura del gasto presupuestario a fin de ofrecer más dinero a los países y regiones más retrasados y a los sectores económicamente muy eficientes. 
El presupuesto mantiene los viejos mecanismos y otorga recompensas a sectores económicos que son costosos e ineficientes. 
Un presupuesto como este hará que los países más atrasados se conviertan en contribuyentes netos. 
Además, existen motivos específicos para rechazar el presupuesto para 2006, pues está siendo utilizado como amenaza para obligar a los países menos avanzados a aceptar la propuesta británica para reducir las perspectivas financieras para el período 2007-2013. 
Si no adoptan estas perspectivas financieras, corren el riesgo de tener que aceptar un presupuesto anual interino basado en las cifras correspondientes a 2006, lo que implicaría menos fondos aún. 
Si el presupuesto para 2006 anuncia lo que serán las perspectivas financieras 2007-2013, también debemos rechazarlo, ya que el Parlamento propuso un gasto de alrededor de un billón de euros para este período, mientras que la propuesta actual menciona una cifra de alrededor de 850 000 millones de euros. 
En vista de que la diferencia es de esta magnitud, resulta difícil creer que los miembros de esta Cámara no puedan ver que la opinión del Parlamento vale muy poco y está siendo despreciada, o que se concede prioridad a los intereses de algunos países sobre el interés común. 
Creo que hablo en nombre de todas sus Señorías que proponen que se rechace este presupuesto, cuando digo que las declaraciones y consignas de los dirigentes de la UE y las políticas que aplican en realidad se contradicen de manera fundamental. 
De hecho, sus políticas son tan solo una expresión del egoísmo de los ricos. 
. – Señor Presidente, intervengo en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones. 
Nuestro Grupo va a votar a favor del acuerdo alcanzado por el Consejo y el Parlamento sobre el presupuesto 2006, aun cuando dista mucho de ser satisfactorio. 
Nos resulta difícil aceptar que el nivel de pagos haya quedado fijado en el 1,01 % de la RNB. 
El compromiso que se ha logrado sobre este tema no es ni más ni menos que una rendición ante el Consejo. 
Este último recorta el gasto de la UE con una tenacidad digna de mejor causa, y al hacerlo está transgrediendo los principios de solidaridad y cohesión a fin de favorecer los intereses locales de los contribuyentes netos al presupuesto de la UE. 
Las concesiones hechas por el Consejo en cuanto al instrumento de flexibilidad y los programas aprobados de acuerdo con el procedimiento de codecisión no compensan de forma alguna esta tendencia a introducir recortes. 
La posición de la Comisaria Grybauskaitė ha supuesto una decepción para nosotros. 
Durante el procedimiento de conciliación ni siquiera se ha mantenido fiel a la posición anterior de la Comisión sobre el nivel presupuestario. 
Este último se halla ahora alarmantemente próximo al 1 %, o en otras palabras, al umbral simbólico, y de hecho real, por debajo del cual no es posible garantizar la consecución de los objetivos básicos de la UE. 
Todo ello resulta tanto más alarmante por cuanto que el presupuesto general de 2006 puede convertirse en un punto de referencia para las perspectivas financieras 2007-2013, cuya elaboración entraña una enorme dificultad. 
El riesgo de que eso ocurra incrementa la probabilidad de que las negociaciones sobre las perspectivas financieras terminen en fracaso, lo que significaría que el presupuesto general de 2006 serviría de base para los futuros presupuestos anuales. 
Así pues, las políticas de solidaridad y de cohesión podrían verse afectadas por culpa del resultado de la posición del Consejo durante muchos años. 
Hemos de cuestionarnos si este es el tipo de UE que queremos. 
Señorías, se ha aprobado la propuesta más inadecuada de todas las presentadas. 
Hemos de ser conscientes de que un presupuesto reducido no puede ser un presupuesto bueno. 
Estoy de acuerdo en que un presupuesto generoso no tiene necesariamente que ser un presupuesto bueno, pero resulta imposible que uno cicatero lo sea. 
Esta Cámara ha escuchado comentarios del tipo «el presupuesto que tenemos delante es reducido, pero bueno». 
Sin embargo, no existe consenso acerca de que eso sea así, lo mismo que no hay acuerdo acerca de un presupuesto que va a ignorar las necesidades de los países, en especial de los nuevos Estados miembros. La solidaridad constituye una preocupación básica para estos últimos. 
Señorías, determinados incidentes provocan que muchos ciudadanos de la UE pierdan su entusiasmo por las políticas comunitarias y su fe en la idea trascendental que representa la Unión Europea. 
Un ejemplo de tales incidentes es la posición adoptada recientemente por el señor Schröder, el anterior Canciller alemán, en lo que se refiere a la construcción del gasoducto a través del Mar Báltico. 
Existe una enorme controversia sobre esta conducción de gas en muchos de los nuevos Estados miembros de la UE y se le ha dado mucha publicidad negativa en estos países. 
De hecho, la publicidad no solo ha sido negativa en los nuevos Estados miembros, pues tengo delante de mí una serie de periódicos alemanes que se han pronunciado de forma tremendamente crítica respecto de las decisiones del ex Canciller. 
Si lo que ahora se pretende es decir a los nuevos Estados miembros de la UE que no va a haber suficiente dinero para que ellos alcancen sus objetivos fundamentales, aun cuando la finalidad de dichos objetivos consista en promover lo que podría denominarse un impulso natural de la Comunidad Europea, y si tales incidentes, que echan por tierra la reputación de los principales dirigentes de la UE, van acompañados de recortes a las subvenciones para los nuevos Estados miembros de la UE, hemos de ser conscientes de que este impulso de la Comunidad Europea, al que también se le conoce por el nombre de solidaridad, saldrá debilitado, en vez de fortalecido. 
Señorías, este es un presupuesto deficiente. 
No lo digo únicamente porque sea reducido. 
Como he explicado anteriormente, se trata de un deficiente porque tiene implicaciones de cara al futuro y va a destruir la tendencia y el impulso natural de la Comunidad Europea, que debería ser la preocupación principal de cada uno de nosotros 
Las cifras del presupuesto general de 2006 propuestas por el Parlamento constituyen un mensaje claro si se analizan de forma desapasionada. 
Los compromisos, o gastos en potencia, sobrepasan el 9 % del Producto Nacional Bruto. 
Eso es un buen trampolín para las negociaciones de las perspectivas financieras a largo plazo. 
Los pagos han aumentado casi un 6 % en comparación con 2005, lo que representa un aumento notablemente más grande de recursos presupuestarios que en muchos Estados miembros de la Unión Europea. 
A la vista del hecho de que la tasa esperada de inflación y de crecimiento económico en la Unión Europea durante 2006 es de un 2 %, es vidente que el presupuesto propuesto también resulta razonable desde el punto de vista macroeconómico. 
El problema que continúa acuciándonos es que la diferencia entre los compromisos y los pagos es demasiado grande. 
Este diferencial se aproxima nuevamente a los 10 000 millones de euros, lo cual va en detrimento de la flexibilidad y la eficacia del instrumento presupuestario de la UE. 
Así pues, sigo considerando vital resolver los temas que afectan a la utilización eficaz de los recursos presupuestarios, que se flexibilicen más los mecanismos para acceder a los recursos financieros en los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como que se reduzca drásticamente el holgado «colchón» entre los recursos disponibles y los que realmente se utilizan. 
Quiero terminar expresando mi reconocimiento a la labor de mis colegas diputados y a los ponentes de la Comisión de Presupuestos. 
Los resultados de su trabajo constituyen un motivo de esperanza para el planteamiento presupuestario a largo plazo. 
Señor Presidente, el segundo presupuesto de la Unión Europea ampliada está en vías de convertirse en realidad. 
El amplio consenso alcanzado en el seno del Parlamento significa que la votación final no debería depararnos ninguna sorpresa, así que voy a comenzar por expresar algunos agradecimientos, pues de lo contrario se me va a agotar el tiempo. 
Quiero dar las gracias a los ponentes, señor Pittella, señor Dombrovskis, señor Böge y señor Garriga Polledo, a los coordinadores de los Grupos políticos y a nuestra Secretaría, dirigida por la señora Fialho. 
Nuestros socios en esta tarea, es decir, el señor Lewis y la Comisaria Grybauskaitė, saben bien que el presupuesto de este año constituía todo un reto y que las tensiones han sido notables durante las negociaciones. 
Pero eso no afecta al respeto mutuo que se profesan los participantes en este triángulo institucional de la UE. 
El Parlamento debía cumplir su misión y los compromisos que había contraído al ser elegido y así lo ha hecho. 
Así lo ha puesto de manifiesto en su empeño por defender sus prioridades en las políticas interiores y exteriores, lo que no ha resultado una tarea nada sencilla en el último ejercicio de unas perspectivas financieras. 
Estoy encantado de que hayamos logrado encontrar subvenciones adicionales para seis de los programas aprobados en procedimiento de codecisión. 
También ha sido necesario movilizar el instrumento de flexibilidad e incluso sobrepasar su techo anual. 
Todas estas decisiones se han adoptado conforme al acuerdo interinstitucional, lo cual constituye una prueba del valor de este último. 
Estoy seguro de que va a transcurrir mucho tiempo antes de que olvidemos el espíritu de equipo demostrado por los miembros de la delegación del Parlamento durante estas exasperantes negociaciones. 
Ha sido un ejemplo de auténtica unidad en la diversidad y una buena señal de cara al futuro. 
Pero nuestra alegría por contar con un presupuesto anual adecuado para 2006 se ve atemperada por la incertidumbre que rodea a las perspectivas financieras plurianuales. 
No me estoy refiriendo a la incertidumbre por nuestra parte, ya que hemos adoptado una posición y ahora estamos a la espera de acontecimientos. 
Solo me cabe esperar que esta semana veamos por fin signos de que la Unión Europea está superando la crisis en la que se encuentra sumida, al alcanzar un acuerdo sobre el tema más acuciante de todos, a saber, el dinero. 
Espero asimismo que el acuerdo no sea de los que deja a los países más pobres contra las cuerdas, ya que todos somos conscientes de que estos países necesitan ser capaces de planificar a futuro con el fin de ejecutar políticas regionales sensatas. 
Señor Presidente, nuestros ponentes sobre el presupuesto nos han presentado un presupuesto práctico que aborda las realidades política y social de la Unión. 
En gran medida recoge las prioridades recomendadas por nuestro Grupo para 2006, a saber: creación de una estrategia de información eficaz; prestación de un servicio eficiente para diputados y visitantes; continuación de la compra de terrenos y edificios en condiciones adecuadas; racionalización de la política de recursos humanos y mejora de la elaboración del presupuesto por actividades, más centrada en las tareas básicas; examen exhaustivo de cualquier forma de gasto; mejor uso de nuestros recursos, reduciendo los gastos indebidos y otras malas prácticas inherentes y añadiendo así un valor real a nuestra labor. 
La conclusión efectiva de un presupuesto muy bien estructurado es, si cabe, más relevante, dado el posible resultado de las perspectivas financieras para el periodo de 2007 a 2013. 
En el proceso de conciliación presupuestaria, el equipo negociador del Parlamento siguió un largo camino hasta encontrar una fórmula viable y equilibrada. 
Del mismo modo, deberíamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para llegar a un acuerdo sobre las perspectivas financieras, pero como ha dicho la señora Jensen, no a cualquier precio. 
No deberíamos aceptar unas perspectivas financieras que dificulten, cuando no hagan imposible, cumplir de forma realista nuestras promesas y nuestros compromisos y objetivos. 
No podemos y no debemos defender de boquilla henchidos ideales como el crecimiento, el empleo, la investigación, la solidaridad social y la ampliación y, al mismo tiempo, no aportar los fondos necesarios para conseguirlos. 
Si fallamos a nuestros ciudadanos a este respecto, la apatía y su percepción de la barrera que existe entre las instituciones europeas y los ciudadanos ordinarios se hará mucho más grande. 
En otras palabras, si lo que decimos va en serio, deberíamos acompañar nuestras palabras con dinero. 
Señor Presidente, quiero también comenzar dando las gracias a los ponentes por todo el trabajo que han realizado. 
Creo que lo que hemos logrado, a saber, créditos de pago que representan el 1,01 % de la Renta Nacional Bruta, es particularmente significativo a la luz de las negociaciones sobre las perspectivas financieras. 
Es más alto de lo que Luxemburgo había ofrecido cuando ocupaba la Presidencia y es, si no estoy equivocado, también más alto de lo que actualmente está ofreciendo la Presidencia británica. 
Estoy de acuerdo con todos los que han afirmado que el logro más importante del Parlamento ha sido el mayor alcance de los programas relacionados con los jóvenes. 
Hemos recibido más fondos dentro del contexto del instrumento de flexibilidad, que es asimismo uno de los criterios importantes del Parlamento para subsiguientes perspectivas financieras. 
Permítanme referirme a la Política Exterior y de Seguridad Común, durante cuyas negociaciones ha ocurrido una cosa extraña. 
El Consejo ha querido darnos una lección recortando el gasto presupuestario, pero prácticamente cada hora iban aumentando los créditos para este ámbito político. 
Eso lo considero una política presupuestaria especialmente nefasta por parte del Consejo en este campo, habiéndose traducido en unas cantidades notablemente mayores que las propuestas inicialmente en primera lectura. 
Una explicación posible que podría ofrecer es el hecho de que ahora estamos, por tercera vez, cerrando un acuerdo con el Consejo acerca del control democrático sobre el gasto de los fondos para la PESC. 
El Consejo hizo caso omiso del acuerdo en las dos primeras ocasiones. 
Esperemos que a la tercera vaya la vencida. 
Señor Presidente, es evidente que la buena política, la que beneficia a la población europea, resulta cuando el Parlamento Europeo tiene poderes de codecisión y que la dificultades aparecen cuando el Consejo antepone los intereses nacionales. 
Del debate actual se desprende igualmente que esta Cámara ha tenido más visión de futuro con respecto a la Política Agrícola Común europea y la puesta en marcha de la reducción de las subvenciones a la exportación. 
En Cancún fue por orden del Parlamento Europeo que el señor Fischler y el señor Lamy propusieron que se suspendieran de inmediato estas subvenciones a la exportación. 
Hemos utilizado también el presupuesto y la codecisión para fomentar el desarrollo rural y para cualificar la política agrícola. 
Algunos Gobiernos –y en concreto el británico, que ahora propone recortes– deberían tomar buena nota del hecho de que esta rebaja anulará la cualificación de la Cámara, en parte por medio de la política presupuestaria, en este ámbito, y que frenará una política agrícola moderna fundada sobre el desarrollo rural, que irá sobre todo en detrimento de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. 
– En términos generales, no existe ningún inconveniente en comparar el techo de 2006, y las prioridades presupuestarias de la Comunidad, fijado en aproximadamente el 1,01 % de la RNB comunitaria, con la cifra de 2005, o con las propuestas efectuadas por las Presidencias luxemburguesa y británica para el marco financiero 2007-2013. 
Pero no olvidemos que el marco financiero para 2000-2006 preveía un 1,08 % de la RNB para el año siguiente, que la propuesta del Parlamento para las perspectivas financieras 2007-2013 prevé el 1,0 % y que la Comisión está planteando algo así como el 1,14 %. 
En los últimos años se ha producido una reducción en términos reales del presupuesto de la Comunidad, que algunos pretenden fijar en torno al 1 %. Eso significaría que los Fondos estructurales representarían entre el 0,36 % y el 0,37 % de la RNB comunitaria, lo que favorecería a los países económicamente más desarrollados en la UE. 
Una vez más se va imponiendo una lógica que extrañamente juzga cualquier concesión como una victoria, en referencia a las propuestas cada vez más negativas. 
Señor Presidente, todos los años, por estas fechas, vivimos un período de despilfarro sin precedentes en la Unión Europea. 
Me estoy refiriendo a los excedentes, que nos brindan un pequeño anticipo de lo que –por desgracia– podemos esperar a mayor escala posteriormente. 
La Comisión de Presupuestos sometió ayer a debate algo cuya presencia en el orden del día fue motivo de desconcierto, a saber, la adquisición, por importe de 3 millones de euros, de un edificio para el Parlamento Europeo en La Valetta; es preciso señalar que la intención es arrendárselo a la Comisión. 
Los cinco diputados malteses al Parlamento Europeo se oponen a esta idea, sosteniendo que se encuentra demasiado alejado y que no cuenta con un acceso fácil, y que son partidarios de continuar en régimen de alquiler dada la ventajosa renta actual. 
No obstante, se ven obligados a aceptarlo, ya que existe un excedente y hay que gastarlo. 
Así que, señor Presidente, llega uno de sus colegas, el Vicepresidente Onesta, y afirma que «se trata de una buena inversión inmobiliaria, y les prometo que, dentro de tres años, si encontramos algo mejor, podremos vender el edificio obteniendo un beneficio y trasladarnos a otro lugar». 
Nosotros nos vemos obligados a aceptar estos actos de favor y el Parlamento Europeo se convierte en especulador inmobiliario por el mero hecho de tener demasiado dinero, y luego la gente se pregunta por qué en Malta la gente se cuestiona para qué sirve esto, qué clase de despilfarro es este, a qué se debe este tipo de actuación. 
Acabemos con tales prácticas y elaboremos un presupuesto sensato, cosa que el proyecto que tenemos delante no garantiza, y entonces yo me contaré por supuesto entre quienes votan a favor del mismo. 
– Quiero aclarar simplemente una cuestión con respecto a lo que ha dicho sobre el señor Onesta, porque también yo soy miembro de la Mesa. 
El Parlamento Europeo no es, evidentemente, un especulador inmobiliario, pero se esfuerza por ser un buen gestor del dinero que se le confía. 
Por tanto, el deseo de gastar en unas condiciones adecuadas debería contar, a mi entender, con la aprobación de un hombre tan apegado al rigor presupuestario como usted. 
Señor Presidente, Señorías, de nuevo nos encontramos en esta Cámara abrazándonos todos y felicitándonos mutuamente por este presupuesto. 
Pero mientras continúa la celebración, he de formular una crítica importante, sobre todo al hecho de que la segunda lectura en comisión se realizó sin documentos, de forma que las resoluciones se aprobaron oralmente, y que los recortes y la redistribución de los fondos ni tuvieron ni tienen justificación. 
Me sorprende bastante ver que, en el ámbito de la política exterior, las organizaciones no gubernamentales y los programas para la democracia han salido muy bien parados, de hecho mucho mejor que nunca, mientras que los recortes han estado en el orden del día en casi todas las demás instancias. 
Si bien soy partidaria de los recortes, la Comisión –en las negociaciones con el Consejo y en la Comisión de Presupuestos– ha propuesto practicarlos, en una cuantía superior a los 150 millones de euros, en relación con los pagos efectuados con cargo a los Fondos Estructurales, dejando 70 millones de euros. Lo ha justificado alegando una supuesta falta de oportunidades para la ejecución en los países afectados. 
Contemplando el programa de recortes, me pregunto a qué se debe que la Comisión y la Comisaria no hayan tenido el valor de hacer lo que era correcto y oportuno. 
Los actuales recortes en los ámbitos de la política interior y exterior perjudican en mayor grado a aquellas zonas en las que el dinero podría realmente haber resultado beneficioso, y eso me merece de verdad un juicio muy crítico. 
Vamos a vigilar con atención si el dinero que queda en los Fondos Estructurales se gaste realmente. 
Lo que encuentro lamentable de este tipo de cosas es que constituye una prueba más de nuestra incapacidad para confiar en quienes administran los fondos, y por eso solicito, con carácter urgente, que no vuelva a repetirse, o de lo contrario asistiremos a la apertura de una enorme sima entre lo antiguo y lo nuevo, entre los países que contribuyen y los que reciben, y eso es precisamente lo que no podemos permitirnos de cara a las perspectivas financieras y los inminentes debates sobre las mismas. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a todos los que han trabajado arduamente para poner en marcha el presupuesto de 2006, especialmente a nuestro ponente, el señor Pittella. 
Hay tres puntos sobre los que me gustaría que la Comisión y el Consejo reflexionaran. 
En primer lugar, cada año tenemos una lucha similar para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE. 
Es una tarea cada vez más compleja debido al creciente número de exigencias excepcionales a que tiene que responder la UE, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas. 
Al mismo tiempo, la prioridades tradicionales siguen absorbiendo tantos gastos como antes. 
No creo, por tanto, que deba ser motivo de preocupación el hecho de que el presupuesto requiera un debate acalorado y prolongado para llegar a una solución de compromiso. 
Sin embargo, debería preocuparnos que, después de dedicar tiempo, dinero y esfuerzos a debatir, negociar y acordar el presupuesto, no logremos utilizar los fondos. 
Esto es totalmente inaceptable y sé que muchos otros, incluido el señor Garriga Polledo, han señalado este punto. 
Me gustaría pedir a la Comisaria que asuma plena responsabilidad para mejorar la ejecución, no solo de los programas que la Comisión defiende, sino también en lo que respecta a la voluntad del Parlamento. 
Los fondos tan arduamente negociados deben tener una repercusión en la vida de los ciudadanos de la UE y son los pagos los que tienen el efecto más directo. 
Mi segundo punto es que, en conjunto, tenemos que ser conscientes de nuestra imagen pública y de la importancia de demostrar los hábitos de trabajo de cooperación que mueven el proyecto europeo y que inspiran confianza en la Unión Europea. 
Está claro que hoy por hoy carecemos de ellos. 
Me gustaría que la Comisión tomara nota de que el Parlamento ha mejorado los recursos destinados a la política de comunicación. 
Ahora corresponde a los funcionarios de la Comisión ser más imaginativos. 
En esta época del mercado competitivo de los medios de comunicación, la necesidad de promocionar la UE y su visión y de enviar un mensaje claro, sencillo y convincente es absolutamente imperativa. 
Esto también es válido para el Parlamento. 
Los legados pasados de moda e incomprensibles como nuestros circos ambulantes no nos ayudan a ganar este juego. 
Como presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países del Asia Meridional y la SAARC, estoy profundamente decepcionado por la reducción de las cantidades destinadas a Asia, incluso con la flexibilidad adicional. 
El Consejo tiene que pensar seriamente sobre esta rúbrica inoperante. 
Nuestras reacciones ante las grandes catástrofes son instintivas. 
Tenemos compromisos con los fondos mundiales para la salud de los ODM. 
Sin embargo, no contamos con recursos suficientes. 
Esto debería ser una prioridad para la Presidencia del Consejo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Pittella y al señor Dombrovskis, ponentes del presupuesto, por su excelente proyecto presupuestario, así como al señor Lewandowski, Presidente de la Comisión de Presupuestos, por su papel conciliador en calidad de director de las negociaciones. 
El proyecto de presupuesto que tenemos delante pretende mejorar el empleo en Europa. 
En consecuencia, deben iniciarse ciertos programas plurianuales, gracias a la iniciativa del Parlamento. 
Esto es especialmente válido para el programa marco de investigación y los programas de formación. 
De esa forma, el Parlamento está mostrando la dirección en que debe desarrollarse la labor de la UE. 
Este presupuesto es el último de las vigentes perspectivas financieras. 
El nuevo marco financiero debe impulsar el espíritu emprendedor europeo y, por tanto, el empleo. 
En todo ello desempeñarán un papel clave la investigación y el desarrollo, así como la formación y el fomento de la cohesión. 
Pero, por desgracia, hasta los planes mejor trazados pueden incurrir en problemas. 
La propuesta en Luxemburgo en el mes de junio reducía drásticamente los créditos destinados a mejorar la competitividad en 60 000 millones de euros. 
Aunque el Primer Ministro Blair prometió mejoras, la propuesta de Gran Bretaña es peor aún. 
No ha habido ningún tipo de aumento de los créditos para investigación y desarrollo. 
Se han recortado otros 12 000 millones de euros de los Fondos estructurales, sobre la reducción de los 29 000 millones de euros practicada por Luxemburgo. 
Sobre el desarrollo rural, que es un elemento importante dentro de la reforma agrícola, pende la amenaza de un colapso total. 
En Luxemburgo se recortaron 14 000 millones de euros del marco financiero y ahora Gran Bretaña suprime otros 8 000 millones de euros. 
El presupuesto debe apuntar hacia el futuro y apoyar actuaciones que ningún Estado miembro por sí solo podría acometer. 
Este presupuesto muestra el camino. 
Señor Presidente, algunos aspectos de la financiación de la denominada Política Exterior y de Seguridad Común son altamente dudosos. 
Se utiliza dinero procedente de las partidas presupuestarias más dispares para subvencionar las operaciones de la UE, ya sean de naturaleza militar o política, y el denominado instrumento de flexibilidad aporta otros 40 millones de euros a la PESC. 
Lo que me gustaría saber es exactamente para qué se están utilizando estos 40 millones de euros. 
La operación EUPOL en Kinshasa está subvencionada por el Fondo de Desarrollo Europeo, esto es, con 4,3 millones de euros procedentes de la ayuda al desarrollo. 
La operación AMIS en Sudán, que incluye la formación de policías, está financiada conjuntamente por diez Estados miembros, así como por el denominado Fondo de Apoyo a la Paz para África. 
La misión EUPM en Bosnia y Herzegovina está financiada en parte con cargo al presupuesto de la Comisión, y la operación ALTHEA en Bosnia, por lo que se denomina el mecanismo ATHENA, o dicho con otras palabras, de forma nada democrática y sin supervisión parlamentaria. 
El señor Brok propone ahora que se introduzca un incremento en este campo, de 100 a 300 millones de euros. 
Usted sabe que el Tratado de Niza prohíbe a la Unión Europea mantener un presupuesto militar independiente, así que mejor será que deje de recurrir a este tipo de artimañas. 
Señor Presidente, dado que me opongo prácticamente a todo en lo que la Unión Europea propone gastar dinero durante el ejercicio presupuestario de 2006, nadie puede esperar de mí que apoye este informe o su propuesta de resolución. 
La Unión Europea es una megaburocracia que se autoperpetúa y que tiene carta blanca para financiar sus propios programas. 
En particular, me opongo a la asignación de fondos al lavado de cerebro de los jóvenes, que este informe propone utilizar para impulsar la idea de Europa. 
Creo que hasta los estudiantes más atrasados sabrán que el continente europeo existe desde hace bastante tiempo y que es algo más que una idea. 
Traer estudiantes de secundaria a esta institución para visitas con todos los gastos pagados, durante las que asisten a sesiones informativas sesgadas y llenas de falsedades sobre las maravillas de la Unión Europea, es un tosco ejercicio de lavado de cerebro, como también lo es la creación de una marabunta de centros educativos con un material de formación igualmente sesgado. 
Las repetidas referencias del informe a la más que desacreditada Estrategia de Lisboa difícilmente lo hará más creíble. 
Quisiera instar a todos los diputados a esta Cámara que generalmente creen en la democracia y en su responsabilidad ante el electorado a que voten en contra de este presupuesto y de cualquier otro documento que pretenda legitimarlo. 
Señor Presidente, los Estados miembros son en realidad los pagadores de la UE sin criterio. 
No importa los argumentos que se esgriman sobre los presupuestos, ellos pagan y luego discuten cómo gastar todo eso, cosa que no constituye realmente una elaboración presupuestaria tal como yo la entiendo. 
Por este motivo, el debate sobre el cheque británico tiene carácter político y no versa sobre una adecuada gestión financiera. 
Es una herida sangrante que se abre una y otra vez, solo porque la señora Thatcher fue lo suficientemente insensata como para aceptar que los Estados miembros devolvieran este dinero a la que actualmente es la cuarta economía más grande del mundo y, desde la ampliación, un dinero que procede de algunos de los más pequeños y pobres de Europa. 
Si esta deducción se hubiera hecho en Londres y se hubiera pagado un importe neto, la discusión nunca habría surgido. 
Independientemente del presupuesto, el proyecto europeo se está tambaleando, inseguro sobre qué hacer en la frágil zona euro e incapaz de asimilar el concepto de empresa anglosajón que los países asiáticos han hecho suyo. 
Tienen ustedes graves problemas y algunos de ellos han sido diseñados por ustedes mismos. 
– Señor Presidente, estoy encantado, en primer lugar porque a partir de ahora el Consejo va a negociar los temas de las PESC con nosotros a nivel de embajadores, dignificando con ello el papel del Parlamento en la configuración de la PESC. 
En segundo lugar, estoy encantado de que se haya alcanzado un acuerdo a tiempo sobre el presupuesto de 2006. 
A este respecto, la Presidencia británica ha tomado la decisión acertada, dado que nadie habría tolerado dos situaciones de inacción al final de una Presidencia, y el señor Blair quería cerrar el presupuesto de 2006 a tiempo para disponer de mayor margen de maniobra a la hora de negociar las perspectivas financieras. 
En tercer lugar, los créditos de pago para 2006 representan el 1,01 %, frente al 1 % el 2005, mientras que la propuesta británica prevé un 0,98 % para el período de siete años de 2007 a 2013. 
Contamos con una ligera mejora en comparación con el año presente, hemos conseguido más de lo que la Presidencia británica está descontando para los próximos siete años, pero no tenemos motivo alguno de celebración. 
No vamos a conseguir la integración europea con tan poco dinero. 
Quisiera responder al Ministro diciéndole que no estamos de acuerdo con lo que ha manifestado hoy aquí acerca de que la financiación necesaria para la rúbrica 3 y la utilización legal del instrumento de flexibilidad son, en teoría, unos «acontecimientos excepcionales». 
Me temo que el Ministro no debería haber dicho tales cosas en su intervención, ya que, más bien al contrario, no vamos a lograr la integración con menos dinero, sobre todo con menos dinero de carácter necesario. 
Dividir a los Estados miembros en contribuyentes netos y receptores netos de los créditos, cuando no vamos a invertir más del 1 % en Europa, cuando no estamos concentrando nuestras sinergias globales derivadas de la acción europea común, no permite enorgullecernos y, sin duda, no dice nada a favor de nuestro respeto por los ideales europeos. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al ponente, señor Pittella, y a su equipo por el excelente trabajo realizado y quiero añadir que no acostumbro a felicitar a todos los ponentes cuando terminan su informe. 
Su esfuerzo ha sido grande y los problemas, muchos. 
Sé bien, puesto que he sido ponente del presupuesto de la Unión, que llevar a buen término un presupuesto no es tarea fácil. 
En primer lugar, se ha conseguido poner en práctica por primera vez un principio que el Parlamento siempre había reivindicado: las cantidades aprobadas en codecisión no son sagradas y pueden modificarse si así lo considera necesario la autoridad presupuestaria. 
Estamos todos de acuerdo en que, para mejorar la gestión de los programas plurianuales, la seguridad de los paquetes financieros es un factor importante. 
Pero no podemos convertir en objetivo lo que no es más que un utensilio. 
Esto es lo que nos diferencia del Consejo. 
Quizá lo que nos separa del Consejo es la definición de los objetivos. 
Quizá el objetivo del Consejo sea simplemente la seguridad de que nada va a cambiar una vez tomada una decisión. Lo que podríamos, creo yo, denominar «la seguridad del contable». 
A todo ello tenemos que añadir que los programas cuyo montante se ha aumentado en el presupuesto 2006 son enormemente simbólicos para la Unión Europea. 
Tanto el programa Sócrates, conocido por muchos ciudadanos, como Juventud, son un ejemplo de lo que se puede hacer desde un Parlamento para crear una conciencia europea entre los ciudadanos de la Unión. 
Asimismo, el programa LIFE, que creó el propio Parlamento hace años, es uno de los que mayor aceptación tiene entre la ciudadanía europea y que muestra más claramente qué Europa queremos aquí en el Parlamento. 
Me congratulo igualmente de que el Consejo no haya podido imponer la absurda manipulación, que ellos llaman «interpretación» , de las reglas de movilización del instrumento de flexibilidad. 
Un instrumento innecesario en el acuerdo interinstitucional, que solo existe por su negativa continua y casi mística a utilizar el instrumento adecuado para tratar los casos en los que se necesitan más créditos de los previstos al principio del período de una programación de perspectivas financieras. 
Ese instrumento adecuado se llama «revisión» y su utilización no conduce ni al caos ni a la condenación eterna. 
La consecuencia de esta utilización más racional de los medios a nuestro alcance —debe sonarles la frase— ha hecho que los recortes que desde el año 2000 venimos haciendo en las acciones exteriores de la Unión sean este año menores de lo acostumbrado. 
Y como todos estos logros son cosa de dos, y tampoco quiero ser solo negativa hacia el Consejo, quiero felicitar a la Presidencia británica, en la que yo, confieso, al principio no confiaba en exceso, pero que al final ha sabido estar a la altura de las circunstancias. 
Señor Presidente, Señorías, resulta perfectamente evidente por las negociaciones sobre el presupuesto 2006, y más aún los debates sobre las perspectivas financieras, que la forma en que está actuando el Consejo recuerda a esa gente que abandona el restaurante sin pagar la factura. 
El Consejo reclama cada vez más poderes para la Unión Europea, al tiempo que se muestra dispuesto a pagar cada vez menos por ellos. El Consejo sale en defensa de los Estados miembros. 
Lo que los Estados miembros desean es que la UE se muestre cada vez más activa en lo referente a la Política Exterior y de Seguridad Común, que luche contra el terrorismo y la delincuencia, que subvencione la agricultura, que organice políticas para la protección del medio ambiente y de los consumidores, para la ayuda al desarrollo y otras muchas cosas; la lista resulta interminable. Cada vez se hace más larga y todos sabemos que eso cuesta dinero, mucho dinero. 
Así que permítanme decir al Consejo que va siendo hora de que se enteren de que tener más poderes cuesta más dinero, y que menos poderes cuestan menos dinero. 
Resulta irresponsable por parte del Consejo exigir más poderes y al ismo mostrarse menos dispuesto a gastar dinero. 
Sería beneficioso para todos reformar la manera de gastar el dinero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, tan solo quisiera hacer algunos comentarios en este momento. 
He asistido a unos cuantos debates presupuestarios, pero ninguno de ellos se ha desarrollado de una manera tan vergonzosa como el de este año, aunque yo pensara que no era posible superar las actuaciones anteriores. 
Cuando pienso en la forma en que se ha desarrollado el procedimiento presupuestario de 2006, y en cómo están evolucionando los preparativos para el próximo marco financiero, verdaderamente me pregunto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, por qué su Primer Ministro –a quien le ruego haga llegar esta reflexión– pronunció un discurso tan ardiente en Bruselas a finales de junio. 
Las palabras eran estupendas, pero no les ha seguido acción alguna. 
No es que haya sido tibia, sencillamente no ha habido ninguna. 
Me complace que la Presidencia británica del Consejo haya aprendido, en el transcurso de este procedimiento presupuestario, que esta Cámara sabe para qué está y de qué va el asunto. 
Espero que se lleve consigo esta reflexión y que la tenga presente en sus deliberaciones. 
Usted tiene una idea de Europa como un lugar donde unos pocos Jefes de Estado o de Gobierno anuncian cómo han de ir las cosas y las dirigen en tal dirección, y en el que la Comisión y el Parlamento no son sino accesorios decorativos que hay que tolerar; pues bien, he de decirle que esa Europa ya no existe. 
Si ha aprendido esta lección, entonces me sentiré muy satisfecho con la Presidencia británica del Consejo. 
No obstante, quiero formular el comentario crítico –y con esto me dirijo a la Comisaria– de que, en lo concerniente al papel desempeñado por la Comisión en el procedimiento presupuestario, precisa un cierto replanteamiento. 
No es de recibo que el Parlamento Europeo tenga que servir de escudo protector de la Comisión, al tiempo que tiene la sensación de quedarse plantado cuando la Comisión cede posiciones ante la presión del Consejo. 
Ese es otro aspecto al que, conjuntamente, hemos de presta atención si pretendemos lograr algo juntos. 
Lograr que se habilitaran fondos adicionales podría haberse conseguido con menos esfuerzo, pero el hecho es que las Presidencias a veces necesitan algo más de tiempo para entender las cosas y para acceder a apoyarlas. 
De todas formas, esta Cámara es paciente y se toma su tiempo, ya que hay algunos temas en el campo de la política educativa que queremos discutir con el Consejo. 
A usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero dejarle claro que el acuerdo interinstitucional ha demostrado ser provechoso. 
Hemos acordado entre nosotros las reglas básicas, hemos insistido en que usted se ajustara a ellas, y esa ha sido la forma correcta de proceder. 
Pero también quiero hacer algo de autocrítica por lo que respecta a un tema que me viene preocupando desde hace años, dado que en una ocasión tuve el honor de presentar en persona el presupuesto del Parlamento, y que es lo siguiente: a la larga, esta Cámara carecerá de credibilidad en las negociaciones con el Consejo o la Comisión si no tenemos un control firme de nuestro propio presupuesto. 
Si pienso en los fondos no gastados del presupuesto 2005 que hubo que tener en cuenta ayer a la hora de transferir de nuevo los créditos, o en la pelea que tuvimos que librar con nuestros buenos amigos los socialdemócratas para conseguir que el presupuesto del Parlamento se mantuviera exactamente 20 millones de euros por debajo del límite mágico del 20 % –quiero expresar mi reconocimiento al ponente, el señor Dombrovskis, por dirigirnos en dicha batalla–, considero obligado detenernos a pensar seriamente acerca de qué tiene que ver todo esto con la verdad y la claridad. 
Un Parlamento Europeo que no logra gestionar el 10 % de la cantidad presupuestada de la manera prescrita tiene un problema de credibilidad, un problema que hemos de analizar desde la autocrítica. 
Solo quiero decir una cosa más sobre las perspectivas financieras. 
Le insto a que asimile la lección que ha aprendido de que Europa está formada por Estados con idénticos derechos, no por Estados antiguos y Estados nuevos. 
Europa representa un interés común, no la suma de 25 intereses nacionales. 
Si tiene eso presente, tendrá un fin de semana venturoso; de lo contrario, será un fracaso. 
– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a nuestros colegas diputados, el señor Pittella y el señor Dombrovskis, así como a la señora Jensen, por el enorme trabajo que han llevado a cabo durante este largo procedimiento. 
Este presupuesto, aunque sea imperfecto, es a mi entender relativamente satisfactorio y celebro que el nivel de créditos de pago se haya elevado a 112 000 millones de euros, es decir, el 1,01 % de la RNB, y que nuestros gastos de funcionamiento se hayan frenado y estén relativamente estabilizados. 
Como ponente permanente para los Fondos Estructurales de la Comisión de Presupuestos, habría esperado, con todo, que el Consejo concediera más créditos a todos estos instrumentos financieros, que siguen siendo la piedra angular de las políticas encaminadas a reducir las disparidades territoriales. 
En fin, como muchos de nuestros colegas, estoy a la expectativa de los resultados de las negociaciones en el Consejo Europeo y deseo recordar enérgicamente que durante esas negociaciones conviene tener presentes las posiciones del Parlamento. 
Hoy, cuando más necesidad tenemos de Europa, es esencial que los Estados miembros doten a la Unión Europea de verdaderos recursos financieros. 
Necesitamos Europa para poder practicar una política económica ambiciosa para sus 450 millones de ciudadanos. 
Necesitamos Europa para realizar una Política Exterior y de Seguridad Común que se distinga de los imperios autosuficientes de todo el mundo. 
Para concluir, y contrariamente a la opinión expresada por algunos diputados con respecto al lavado de cerebro, necesitamos más que nunca Europa para construir un proyecto de sociedad que nos una en torno a valores comunes. 
Este es mi sueño, espero que sea también el suyo. 
Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad de este debate sobre el presupuesto 2006 para recordar a la Cámara que los pagos en este presupuesto están fijados en un nivel que es un 0,07 % de la RNB más bajo que el previsto en las perspectivas financieras 2000-2006. 
También son un 0,02 % inferiores que los pagos planeados para 2005, que está a punto de finalizar. 
Eso sin duda no es positivo, sobre todo para los nuevos Estados miembros de la UE. 
Al margen de esta objeción fundamental, quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a garantizar que el procedimiento presupuestario para 2006 llegue pronto a su fin. 
Han sido necesarias dos rondas en total de esmeradas negociaciones de conciliación con el Consejo para llegar hasta aquí, así como adoptar una postura firme tanto por parte del grupo negociador como del Parlamento en su conjunto. 
Se trata de un mensaje especialmente importante que debemos enviar en un momento en que se encuentra en curso el debate sobre las perspectivas financieras 2007-2013, y en el que las posiciones del Consejo y del Parlamento a este respecto son, por desgracia, muy dispares. 
El presupuesto 2006 fija una cifra de casi 112 000 millones de euros para cubrir los pagos, lo que equivale al 1,01 % del PNB de la UE. 
Esa cifra es notablemente superior al nivel de pagos propuesto por la Presidencia británica para los diferentes años en las perspectivas financieras 2007–2013. 
A mi juicio, este debería ser uno de nuestros argumentos clave en el debate sobre el nivel de pagos para el período 2007-2013, dado que la Unión Europea, lejos de querer abandonar la financiación de cualquiera de sus actividades presentes, está buscando actualmente incrementar su implicación. 
Quiero terminar dando las gracias a los ponentes por haber elaborado los informes. 
También deseo manifestar la esperanza de que lograremos ejecutar el presupuesto de este año en su totalidad, de forma que cuando acabe 2006 no nos tengamos que lamentar por haber fallado a la hora de adoptar un enfoque racional para el gasto de una suma tan modesta. 
– El conocimiento constituye la ventaja competitiva de la Unión Europea y nosotros somos responsables del desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. 
La Unión Europea solo es capaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a los cambios globales por medio de la unidad y la explotación del conocimiento, la innovación y la creatividad a escala europea. 
Esa es la esencia de la Estrategia de Lisboa. 
Los 25 Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a cumplir los objetivos de dicha estrategia. 
Su cumplimiento va a exigir, desde luego, unos recursos financieros suficientes, tanto en las perspectivas financieras como en el presupuesto anual. 
Así pues, para el futuro europeo común reviste una enorme importancia un presupuesto orientado al desarrollo. 
El presupuesto para 2006 no es importante solamente con vistas al próximo ejercicio, sino que será de una importancia vital en el caso de que no logremos llegar a un acuerdo sobre las futuras perspectivas financieras. 
Por esta razón yo preferiría que el presupuesto estuviera bastante más enfocado hacia el desarrollo. 
La mayoría de los recursos en el presupuesto siguen estando destinados a medidas agrícolas y estructurales, entre las que volvemos a encontrar la agricultura. 
A pesar del aumento respecto del presupuesto de 2005, es el entorno de las políticas internas al que se destina la menor cantidad de recursos en el presupuesto para 2006 y, por consiguiente, al aspecto del desarrollo de las políticas europeas. 
El techo fijado por las perspectivas financieras solo se ha alcanzado en el caso del desarrollo rural y las políticas internas continúan estando más de un 2 % por debajo del umbral. 
No obstante, sigo siendo realista y deseo felicitar a los negociadores de la Unión Europea por su tenacidad en torno a las prioridades fijadas, así como por los fondos que han logrado asegurar. 
El incremento de los fondos, menor de lo que hubiéramos deseado para programas que tienen una notable importancia para la Estrategia de Lisboa, es significativo y dice mucho en favor de la orientación que hemos trazado para el futuro. 
En el caso de un fracaso de las negociaciones sobre las perspectivas financieras, esto significa una mayor inversión orientada al desarrollo de recursos financieros europeos que la fijada en las propuestas de Luxemburgo y de Gran Bretaña para 2007-2013. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me congratulo de que, finalmente, se haya llegado a este acuerdo sobre el presupuesto para 2006, y querría subrayar, fundamentalmente, dos aspectos: uno directamente conectado con el presupuesto y otro indirectamente conectado. 
En primer lugar, querría resaltar el hecho de que se hayan dotado con 100 millones de euros más de seis programas codecididos, lo que resulta, a mi modo de ver, muy destacable y muy estimulante. 
Yo creo que esta es la vía que debe seguir el presupuesto comunitario en los próximos años. 
De forma particular, resulta muy relevante el esfuerzo que se ha hecho respecto de las pequeñas y medianas empresas. 
No hay que olvidar que, al fin y al cabo, tenemos 23 millones de PYME en Europa, que representan dos tercios, nada más y nada menos, de todo el empleo en el sector privado. 
Por tanto, no cabe duda de que el éxito de las PYME será el éxito del crecimiento y del empleo en Europa. 
Pero —y hay un pero importante— la investigación y el desarrollo son también un pilar fundamental de la competitividad de nuestra empresas, de la competitividad de nuestras economías. 
Y en este sentido, hay un hecho muy preocupante: las actuales perspectivas financieras no contemplan un crecimiento del fondo destinado a investigación y desarrollo. 
A pesar de que la Presidencia británica con buen criterio, con muy buen criterio diría yo, subraya una y otra vez la importancia de la investigación y la innovación, no hay, paralelamente, un esfuerzo de propuesta presupuestaria en esa dirección. 
La propuesta británica —que no es una propuesta original, ya lo proponía la Comisión— de incrementar los fondos del Banco Europeo de Inversiones y, a través de créditos blandos y de garantías, poder proceder a un mayor desarrollo de la investigación, no es una solución al problema, pero debe ser un instrumento complementario. 
Es fundamental, si queremos mantener la consistencia y la credibilidad de un discurso que centra la competitividad en la innovación, el desarrollo y la investigación, que se doten, en las perspectivas financieras, los fondos destinados a la investigación. 
De lo contrario, estaremos yendo hacia atrás, una vez más, respecto de los objetivos de Lisboa. 
. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, esta semana el Parlamento Europeo va a aprobar el presupuesto 2006 de la Unión Europea en segunda y última lectura. 
Eso pondrá fin al procedimiento presupuestario de la Unión Europa para 2006 y a las perspectivas financieras existentes. 
Me complace que, tras prolongados debates con el Consejo Europeo, haya sido posible alcanzar un compromiso. 
Es también importante porque el presupuesto 2006 sirve de punto de referencia a la hora de tomar decisiones sobre las próximas perspectivas financieras, las de 2007-2013. 
Espero que, esta semana, los Gobiernos de los Estados miembros en el Consejo Europeo también sean capaces de llegar a un acuerdo sobre la posición del Consejo con respecto a las perspectivas financieras. 
Hago un llamamiento al Consejo Europeo, a la hora de debatir este asunto, para que tenga asimismo en cuenta la opinión y las ideas expresadas en la resolución del Parlamento Europeo. 
Las principales prioridades del presupuesto de 2006 para las demás instituciones de la UE son la ampliación y la utilización eficaz y enormemente puntual de los recursos presupuestarios de la UE. 
La primera prioridad está vinculada a la conclusión satisfactoria de la ronda de 2004 sobre la ampliación, así como los preparativos para la siguiente ronda de la ampliación, cuando se produzca la adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
Lamentablemente, una vez más resulta necesario señalar que, aunque ha transcurrido más de un año desde la ampliación de la UE, continúan vacantes muchos puestos permanentes reservados para los nuevos Estados miembros. 
Uno de los problemas que cabe destacar en este contexto es el exceso de burocracia y la lentitud de los procedimientos de contratación de personal. 
De acuerdo con la decisión adoptada en primera lectura, la propuesta en segunda lectura va a volver a apoyar todos los puestos de trabajo permanentes solicitados por las demás instituciones en conexión con la ampliación, así como otros gastos adicionales vinculados a ella, a fin de garantizar el éxito de la siguiente ronda de ampliación de la UE. 
La segunda prioridad es la utilización eficaz y muy precisa de los recursos presupuestarios de la UE. 
Esta prioridad abarca temas como: dedicar el gasto institucional de la UE a tareas fundamentales; apoyar las nuevas peticiones presupuestarias y las solicitudes de nuevos puestos de trabajo permanentes únicamente después de haber evaluado la posibilidad de redistribuir los recursos y el personal dentro del marco del presupuesto existente; apoyar nuevas iniciativas solo después de haber analizado su impacto sobre el presupuesto y la cooperación interinstitucional con vistas a la utilización económica y eficaz de los recursos presupuestarios. 
Las dos instituciones con poderes de toma de decisiones presupuestarias –el Parlamento Europeo y el Consejo– respaldan los principios de disciplina presupuestaria y el uso racional del dinero de los contribuyentes de la UE. 
En segunda lectura, el Consejo Europeo ha propuesto volver a su posición inicial y reducir el gasto administrativo de las demás instituciones en 15 millones de euros, comparado con las peticiones iniciales de las instituciones. 
Es preciso decir que, en muchos casos, esta reducción se ha practicado de manera muy desconsiderada, sin un examen a fondo de la naturaleza y los problemas específicos del trabajo de las instituciones. 
Sin embargo, durante la reunión de conciliación se llegó a un compromiso por el cual el Consejo Europeo no se va a oponer al volumen de gasto de las otras instituciones, fijado por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
Por consiguiente, la propuesta en segunda lectura del Parlamento Europeo consiste en conservar la cantidad de gastos fijada en primera lectura por el Parlamento Europeo, subsanando parte de los recortes de gasto efectuados por el Consejo Europeo, en total unos 7,5 millones de euros. 
Para terminar quisiera volver al tema de las perspectivas financieras. 
Durante la reunión de conciliación sobre el presupuesto de la UE para 2006 se pudo apreciar que el Consejo Europeo, y concretamente la Presidencia del Reino Unido, se centraba excesivamente en un único asunto: la cifra más baja posible para los créditos de pago. 
Solo resta esperar que, durante la cumbre del Consejo Europeo de esta semana, los Gobiernos de los Estados miembros sean capaces de tratar los asuntos de la UE con una perspectiva más amplia, y no reducir todo a una sola cuestión: la cifra más baja posible para los créditos de pago. 
Una prueba especialmente chocante de esta tendencia la proporciona la inaceptable propuesta de la Presidencia británica para encontrar un compromiso entre los antiguos Estados miembros a costa de los nuevos, reduciendo un 10 % la cuantía de los fondos de la UE a que tienen acceso los nuevos Estados miembros. 
Hemos de recordar que la Presidencia luxemburguesa ya había propuesto una reducción significativa de la cantidad de recursos que debían destinarse a la política regional de la UE, en comparación con lo anunciado por la Comisión Europea. 
Afortunadamente, esta propuesta británica ya ha sido retirada. 
Solo queda esperar que la Presidencia del Reino Unido vaya en serio en cuanto a lograr un compromiso este año sobre las perspectivas financieras, y que su nueva propuesta represente una mejora. 
– El Presidente del Consejo me ha hecho saber que debe abandonar el debate en el curso del mismo. 
Se me había informado de esto; con todo, me sorprende que el Consejo no quiera responder a una cuestión tan importante ante el Parlamento, pero tomo nota de esta información. 
. Señor Presidente, quiero agradecer al Parlamento el debate de hoy y felicitar una vez más a todo el equipo negociador del Parlamento. 
Con el resultado que se negoció en este entorno político, en el que todos hemos participado, hemos logrado el mejor resultado posible. 
Deseo al Parlamento una votación favorable el jueves. 
– El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
– De conformidad con el orden del día, se procede a continuar con el debate de la declaración de la Comisión sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2006. 
. – Señor Presidente, el año que se anuncia será crucial para una Europa sin instituciones modernas y sin perspectivas presupuestarias, una Europa en crisis ante unos ciudadanos que cada vez se fían menos de ella y que nos lo han hecho saber, por desgracia, la primavera pasada. 
Por tanto, será necesario aceptar el reto –el reto de la mundialización, el reto del cambio climático, el reto energético, el reto demográfico– si queremos responder a las expectativas de los europeos y queremos que comprendan que Europa no es una masa amorfa que no guarda ninguna relación con ellos mismos. 
Desde este punto de vista, nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos les proponemos para 2006 unas orientaciones concretas, cosa que faltaba lamentablemente en su programa, señora Comisaria, en particular para transformar en acciones los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Para mejorar la competitividad europea, velaremos por reducir todas las formas de burocracia y por suprimir cualquier legislación superflua. 
En este ámbito, es importante implicar más al Parlamento Europeo y mejorar la evaluación de las medidas adoptadas. 
El PPE-DE insiste asimismo en la plena realización del mercado interior, cuyo funcionamiento óptimo es determinante para todas nuestras empresas, todos nuestros empleos y nuestros consumidores. 
Nuestra economía debe contar con la realización rápida de los grandes proyectos de redes transeuropeas de transporte, cuya financiación deberá correr no solo a cargo del presupuesto europeo, sino también de asociaciones entre el sector público y privado, que ocupan también un lugar central en nuestra ambición en materia de investigación, una ambición que no puede contentarse con promesas verbales. 
El presupuesto consagrado al nuevo programa marco de investigación e innovación será revelador. 
Seremos exigentes con los créditos disponibles y el uso que se haga de ellos. 
La investigación es la clave del empleo de mañana. 
Señora Comisaria, el PPE-DE estará también muy atento a las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Le pedimos para 2006 que emprenda una verdadera reflexión sobre la capacidad de absorción de la Unión y que debata abiertamente esta cuestión con el Parlamento. 
Es un tema muy importante para nuestros conciudadanos, que todos los días nos preguntan sobre este punto, como nos preguntan por la lucha contra la inmigración ilegal o el refuerzo de las capacidades de control en las fronteras. 
Para ello, debemos utilizar cada vez más los datos biométricos y garantizar una cooperación mejor entre sistemas informáticos, una cooperación indispensable que debemos conseguir asimismo en el marco de la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad cibernética. 
Disponemos de una herramienta eficiente –Europol–; ya es hora de otorgarle un fundamento jurídico comunitario. 
Por último, la Unión Europea tiene la vocación aportar su valor añadido a otros ámbitos, como el de la salud. 
Esperamos con impaciencia acciones concretas en materia de lucha contra la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer o los trastornos psíquicos. 
El PPE-DE desea también una propuesta a favor de la movilidad y de la información a los pacientes. 
También es un deber de la Unión Europea ocuparse de la educación. 
Ahora bien, lamentamos su falta de ambición, en especial con vistas a mejorar el aprendizaje de lenguas y desarrollar nuestros centros universitarios. 
Señora Comisaria, como sabe, la realización de nuestros objetivos y el valor añadido cotidiano de Europa están condicionados por dos exigencias fundamentales. 
Por una parte, las normas institucionales que rigen el funcionamiento de la Unión Europea: ya conoce nuestro apego al Tratado constitucional; es urgente una iniciativa vigorosa para reanudar el debate. 
Por otra parte, las perspectivas financieras: un presupuesto justo con respecto a las expectativas de todos, un presupuesto fuerte para una Europa potente y no algunas monedas puestas como por casualidad sobre la mesa por el Consejo como una miserable propina. 
. Señor Presidente, señora Vicepresidenta, verdaderamente no puedo dejar de iniciar mi intervención comentando que, aun cuando fue el Grupo de la señora Grossetête el que nos insistió en celebrar este debate, no podemos sentirnos entusiasmados por el número de sus diputados que efectivamente han hecho acto de presencia. 
Señora Vicepresidenta, tenemos la enorme ventaja de que podemos apoyar a la Comisión cuando opinamos que está yendo por la senda correcta, y criticarla cuando creemos que hay cosas que enmendar. 
Si se me permite comenzar por el Plan D, del que usted es responsable personalmente, puedo afirmar que va a contar con el pleno apoyo de este Grupo. 
Espero que usted en persona pueda dedicar, el año que viene, todos sus esfuerzos a hacer llegar al público la Constitución y el debate sobre los temas relacionados con la misma, completando así su misión. 
Volviendo a las críticas del señor Barroso sobre la propuesta de presupuesto –que ha calificado de presupuesto minimalista para una Europa minimalista–, he de decir que estamos de acuerdo con él, y nuestro Presidente, el señor Schulz, así lo ha expresado de forma rotunda. 
Espero que nuestro Presidente se mantenga lo suficientemente firme durante el diálogo como para garantizar que se defiendan los intereses de Europa en su conjunto. 
En cuanto a la cuestión de «legislar mejor» , estamos de acuerdo con usted en que lo que de verdad importa es que el proceso de puesta en práctica de las leyes de Europa sea más eficaz y más fácilmente comprensible, sin dejar de lado el punto de vista del ciudadano de a pie y, teniendo eso presente, me gustaría solicitar a los miembros de la Comisión –a todos ellos– que lean detenidamente la propuesta de Directiva de servicios y luego digan si la encuentran inteligible y un ejemplo de «legislar mejor» o no. 
Al margen de su contenido social, sería muy interesante discutir ese tema con usted, pero eso puede esperar, desde luego, hasta el año que viene. 
Me gustaría decir algo acerca de dos asuntos a los que nuestro Grupo Socialista en el Parlamento Europeo va a prestar especial atención el próximo año. 
El primero es la defensa de los derechos y libertades fundamentales en Europa, en relación con los cuales han salido a la luz y han ocurrido en los últimos meses algunas cosas especialmente censurables, y no me estoy refiriendo únicamente a las actividades de la CIA, sino más bien –por citar un par de ejemplos– a la restricción de los derechos sindicales en Eslovaquia y, también dentro de este contexto, a ciertas actitudes manifestadas en el nuevo Estado miembro de Polonia en cuanto a los derechos y libertades fundamentales de las personas homosexuales, entre otras. 
Contemplamos todos estos acontecimientos con preocupación. 
Quiero manifestar al Comisario Frattini nuestro total apoyo y pedirle que defienda sin reservas los derechos y las normas de Europa en este campo. 
Es lo único que le exigimos. 
Permítame abordar el asunto más importante, que es el de la «Europa social». 
En nuestro Grupo sabemos tan bien como el que más que no existe seguridad laboral a largo plazo; sabemos asimismo que mucha gente se ve obligada a cambiar de trabajo una y otra vez, pero es precisamente por tal razón que esta Comisión necesita acometer una acción más contundente en temas sociales, y que sea percibida en dicho sentido. 
Muchos ciudadanos –como usted, señora Vicepresidenta, bien sabe por el diálogo que mantiene con ellos– incluso opina que la UE magnifica los efectos negativos de la mundialización; son testigos de la forma en que mucha gente –incluidas, por cierto, muchas empresas– abusan de la Unión Europea, de la ampliación y de la mundialización como medios para socavar las normas sociales. 
No solo constituye un tema de preocupación en los llamados antiguos Estados miembros, sino también en los nuevos. 
Es por esta razón que la Comisión necesita mostrarse más activa en el campo de la política social; tiene que contribuir a eludir, o al menos aminorar, los efectos adversos, sin alimentar la ilusión de que podemos erigir un muro de protección alrededor de Europa. 
Así pues, hablando en nombre de mi Grupo, insto a la Comisión a que elabore una propuesta legislativa, por ejemplo, sobre acuerdos de trabajo atípicos, a que esboce –cosa que no ha hecho la Presidencia del Consejo– un enfoque viable para la creación de un fondo de adaptación a la mundialización y, por último, a que ponga encima de la mesa una directiva marco sobre servicios de interés general, que se encuentran entre los medios en virtud de los cuales los ciudadanos están conectados con el sector público. 
Lo que precisan es el apoyo por parte de la Unión Europea y de la Comisión, no que estas se encarguen de minarlos. 
Puedo asegurarle a la Vicepresidenta de la Comisión que los miembros de mi Grupo no son nada ingenuos en cuestión de temas sociales, pero sabemos que, si no logramos hacer más social a esta Europa nuestra, si fracasamos a la hora de conceder mayor relevancia a la dimensión social al abordar los temas de la mundialización y la apertura de los mercados, entonces no conseguiremos obtener el respaldo de los ciudadanos de este continente para nuestro proyecto. 
Pero eso es de imperiosa necesidad y, para que eso se produzca, necesitamos el apoyo de la Comisión. 
Eso, hablando en nombre de mi Grupo, es lo que verdaderamente le insto a que nos proporcione. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nosotros los miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, hemos adoptado una postura acerca de su programa de trabajo afín a la del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y del Grupo Unión por la Europa de las Naciones. 
De la forma en que hemos decidido estructurar su contenido resulta evidente que existen tareas que nos van a ocupar el próximo año en todos los ámbitos políticos. 
Le felicitamos por la orientación básica del programa de trabajo, que aspira a lograr una Europa más competitiva, a la consecución coherente de la Agenda de Lisboa y a conformar el mercado como un medio para fortalecer la economía europea; esas son las líneas acertadas que debemos seguir, si queremos que Europa se haga más fuerte y esté más preparada para la mundialización. 
Además, esta política acercará a Europa más a su gente al hacer visible lo que verdaderamente significa Europa para ellos como individuos. 
No obstante, también quiero formular algunas observaciones críticas. 
Esta Cámara es el lugar donde nacen muchas iniciativas políticas y el escenario de multitud de debates, y nos complacería mucho constatar que asume nuestros debates como fuente de iniciativas que, llegado el momento, acaban traduciéndose en legislación. 
Lo que Europa necesita es un único programa de trabajo para las diversas instituciones, que ponga de relieve la forma en la que trabajan juntas. 
El hecho es que, a la postre, somos nosotros los que representamos a los ciudadanos; somos nosotros los que tomamos nota de las cosas de que hablan los ciudadanos en los Estados miembros y de lo que quieren, así que le pedimos que lo tenga en cuenta. 
Debo hacer algún comentario crítico sobre la forma del programa de trabajo, del que no puede decirse que sea coherente al estar formado por dos partes que nada tienen que ver entre sí: una parte introductoria que describe elegantemente de qué trata Europa, seguida de una segunda parte que carece de toda coherencia, tanto de estructura como de lenguaje. 
Un documento así solo resulta inteligible para las personas en las instituciones que tienen que trabajar con él; no es algo con lo que se pueda transmitir a los ciudadanos una idea real de lo que Europa pretende hacer verdaderamente. 
De idéntica manera le pedimos que, para cada iniciativa que emprenda, especifique el fundamento jurídico de la misma, permitiendo saber con precisión de dónde saca Europa la competencia para hacer algo concreto en ese campo específico. 
Además, resulta aconsejable minimizar el número de propuestas que plantee, ya que a menudo es mucho más sensato concentrarse en unos pocos asuntos y hacerlos bien. 
«Legislar mejor» no solo se refiere a formular propuestas, sino también a ponerlas en práctica después. 
Sobre todo, tiene que significar ejecutarlas con mayor sencillez, mayor agilidad y más directamente, dando prioridad a los efectos de la legislación, lo que implica prestar mayor atención a los costes que se derivan de la misma. 
Si resulta que una disposición va a costar demasiado y tales costes van a superar los beneficios, entonces habrá que suprimirla. 
Eso no solo es válido para las iniciativas nuevas, pues las que ahora se están tramitando, junto con la legislación ya en vigor, también deben someterse a evaluación a fin de determinar si realmente son necesarias o si entrañan un coste excesivo. 
Sobre la base del principio de que menos es más, hemos elaborado nuestras propias propuestas, que pido a la señora Comisaria que haga suyas, ya que es importante que la UE sea clara, comprensible y más reducida, si se pretende que los ciudadanos sepan qué está ocurriendo. 
. – Señor Presidente, señora Comisaria, creo que la Comisión debe adoptar ahora su estrategia de desarrollo sostenible. 
El asunto no deja de tener repercusiones sobre el debate relativo al programa legislativo, puesto que mi Grupo criticó el programa de la Comisión precisamente por considerar insuficiente la atención prestada a las cuestiones de desarrollo sostenible. 
Desde el debate del mes pasado con el Presidente Barroso, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un informe muy importante e interesante, el tercer informe quinquenal sobre el estado del medio ambiente en la Unión Europea y la eficacia de las políticas de la Unión. 
No voy a resumir en un minuto y medio un informe de 750 páginas, pero está claro que, a pesar de los considerables progresos realizados, la situación de conjunto sigue degradándose en una serie de sectores, en particular en los transportes, la energía y la agricultura. 
Este informe contiene –y quisiera llamar su atención sobre ello– dos puntos muy importantes. 
En primer lugar, el hecho de que el coste de la inacción puede ser mayor que el coste de una política de prevención. 
Realmente me ha sorprendido saber que cada año se pierden 200 millones de jornadas de trabajo debido a enfermedades profesionales asociadas a la contaminación del aire. 
En segundo lugar, en este informe se dice que los gastos de los hogares se duplicarán de aquí a 2030. 
Esto nos da la medida del interés y la importancia de orientar las opciones de los consumidores y aplicar de forma efectiva el principio de internalización de los costes. 
Por esta razón, la resolución presentada por el Grupo de de los Verdes/Alianza Libre Europea le pide, en particular, que introduzca medidas vinculantes para las emisiones de los vehículos –asociadas a la contaminación del aire–, que reintroduzca medidas de ejecución en el marco de la directiva sobre el ecodiseño, ámbito en que la Comisión lleva retraso con respecto a su programa de trabajo, y que introduzca un impuesto sobre el queroseno en el marco de una reforma fiscal más amplia que desgrave el trabajo y que, como se recomienda desde hace mucho, penalice los productos nocivos para el medio ambiente. 
Por último, otro elemento que figura en nuestra resolución es la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva sobre los edificios a favor de una política de aislamiento más amplia y de la mejora del aislamiento de los edificios. 
En otras palabras, diré que si Bill Clinton declaró en Montreal que amaba Kyoto, por nuestra parte sabemos que la Comisión ama mucho Lisboa. 
Desearíamos que la Comisión amara más Gotemburgo y le deseo, a usted en particular, que haga que sus colegas amen más Gotemburgo. 
. – Presidente, Señorías, acabo de regresar de la Conferencia sobre el clima celebrada en Montreal, en la que se ha alcanzado un resultado importantísimo: aplicar plenamente los compromisos de Kyoto y prepararse para avanzar, manteniendo el acuerdo para más allá de 2012 con objetivos de reducción muy significativos. 
La Conferencia ha demostrado la firme voluntad de tomar un camino de desarrollo diferente, de apostar por las fuentes de energía alternativas y por el ahorro energético, y de elegir la vía de la cooperación multipolar, haciendo de todo ello la misión más importante para un mundo sumido en una crisis ambiental y en las contradicciones derivadas de unas desigualdades cada vez más acusadas. 
En esta perspectiva, Europa desempeñó en la Conferencia un importante papel, dialogando con China sobre su apertura decisiva y aislando el intento del Gobierno Bush de sabotear las conversaciones. 
Francamente, no hay ninguna traza significativa de nada de esto en el programa de trabajo que se nos presenta. 
El Presidente Barroso nos propone liberalismo y dúmping, la Directiva Bolkestein y la Directiva sobre el tiempo de trabajo, y una mundialización salvaje que genera un aumento de la contaminación por las emisiones derivadas de los transportes, que son las que superan todos los límites. 
El señor Blair, junto con el señor Barroso, en la actual situación de crisis y de fracaso, nos propone un presupuesto esquelético y por añadidura la energía nuclear. A despecho de la Conferencia de Montreal y de quienes, como China, piden energías renovables, ahorro y fuentes alternativas y limpias. 
Repito: estas políticas liberales han resultado ser un fracaso. 
Es necesaria una nueva misión para Europa y nosotros estamos llamados a buscarla. 
Hace falta cohesión social, innovación, calidad ambiental, un nuevo vínculo entre las economías y los territorios, cooperación, democracia y paz. 
No solo otra Europa es posible, sino cada vez más necesaria. 
. Señor Presidente, cuando en 1999 el Presidente de la Comisión nos prometió acceso al orden del día y las actas de las reuniones de la Comisión, unos funcionarios con unas tendencias demasiado centralizadoras se pusieron inmediatamente a crear unos órdenes del día con menos puntos, junto con unas actas muy recortadas, mientras los verdaderos órdenes del día y las actas más completas se mantuvieron en secreto durante varios años. 
La Comisión Prodi nos prometió también un programa anual global, donde se indicara el fundamento jurídico de cada uno de los proyectos de legislación. 
Los países también acordaron dejar que los Parlamentos nacionales comprobaran específicamente si se observaba el principio de subsidiariedad y tuvieran la oportunidad de mostrar tarjeta amarilla en un plazo de seis semanas. 
Además, tendría lugar en cada Parlamento un debate público sobre el programa anual. 
El Parlamento danés fue más allá y quiso permitir que cada comisión especializada llevara a cabo su propio control sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. 
Era casi demasiado bueno para ser verdad, pero entonces, como era de esperar, los centralizadores oficiosos de la Comisión impidieron leer el programa. 
Ningún Parlamento nacional puede apreciar qué va a ocurrir el año siguiente. 
Se ha eliminado el fundamento jurídico, de modo que es imposible ver si la UE está proyectando una resolución inofensiva o un reglamento vinculante. 
Las propuestas no están ordenadas por temas, como en los presupuestos y en los códigos. 
Los capítulos que se han inventado ahora se denominan prosperidad, solidaridad y seguridad. 
Todas las descripciones han pasado por una oficina orwelliana de jerga moderna, de modo que todas las futuras iniciativas beneficien a todos y no molesten a nadie. 
Cada año se adoptan entre 2 000 y 4 000 proyectos de legislación, pero el programa anual solo ha incluido 32, y 64 otras propuestas del programa anual. 
También se han mencionado ciento ochenta y dos proyectos de legislación y 295 nuevas iniciativas. 
¿Por qué no podemos ver todo lo que la Comisión tiene intención de proponer para el próximo año? 
Insisto, señor Barroso, déjenos tener un programa de trabajo detallado y completo, ordenado por capítulos y donde se establezca el fundamento jurídico para cada propuesta. 
Déjenos verlo en Internet y que comience el debate sobre lo que no podemos decidir con eficacia nosotros mismos y, por lo tanto, estamos intentando resolver a través de la UE u otros foros internacionales. 
Este debate es muy práctico, pero solo puede ser serio si se basa en un programa anual completo y sin adornos. 
Señor Presidente, mientras la Comisión habla en su programa textualmente de «colmar el vacío de comunicación» y, cito de nuevo, «consolidar las bases democráticas del proyecto europeo» , en la práctica tenemos que llegar a la conclusión de que todo se queda en teoría y que esta mismísima Comisión muchas veces sigue una política que no es nada democrática. 
La forma en que se obliga a los ciudadanos europeos a engullir las negociaciones con Turquía para la adhesión, a pesar de su falta de legitimidad democrática, es un buen ejemplo. 
Y un segundo ejemplo es lo sorprendente que resulta que la Comisión rechace la iniciativa común de los diputados a los Parlamentos nacionales de toda la Unión Europea a favor de comprobar sistemáticamente si las propuestas legislativas cumplen el principio de subsidiariedad. 
La Comisión considera este sistema comparable a nada menos que el familiar sistema de tarjetas amarillas que se preveía en la Constitución Europea. 
En consecuencia, la Comisión dice que este sistema, junto con la Constitución Europea, ha fallecido de muerte natural y que ya no debemos preocuparnos por ello. 
Pero cuando a la Comisión le apetece, salen a la luz secretamente otros documentos de la anterior Constitución Europea e incluso se hacen legalmente vinculantes. 
En consecuencia, el reglamento sobre la Agencia de Derechos Fundamentales dice que esa institución es competente para aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales y que los Estados miembros deben respetar dichos derechos cuando se aplica la legislación de la UE. 
Esta extraña Carta de los Derechos Fundamentales es una especie de catálogo de Bon Marché o Ikea que da derecho a todo y a todos a todo tipo de cosas, lo que lo convierte en un vehículo especialmente peligroso. 
Lo normal sería que estuviera enterrada junto con la Constitución Europea, pero, en cambio, y a través de una ruta secreta, la Comisión la ha hecho vinculante. 
Si la Comisión quiere aportar algo más que palabras para consolidar la democracia, deberá cambiar la base de sus prácticas de trabajo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a los representantes de los Grupos políticos sus comentarios y reacciones de hoy. 
Es la segunda vez que el Pleno del Parlamento Europeo examina el programa de trabajo de la Comisión para 2006 y espero que ambas partes aprendan algo más a raíz de este procedimiento. 
Diré algunas palabras sobre el proceso. 
Creo que merece la pena recordar que la Comisión actual fija sus objetivos para un periodo de cinco años y que un solo programa de trabajo anual no puede abarcar todo lo que deseamos lograr durante nuestro mandato. 
Tendremos que reservarnos algunas cosas para el programa de trabajo de 2007 y años posteriores. 
Recuerdo a sus Señorías que siempre es posible ajustar el programa de trabajo en la revisión intermedia. 
Este llamado catálogo de puntos adicionales, que ha sido y seguirá siendo comunicado regularmente al Parlamento Europeo, contiene información sobre cuestiones que preocupan particularmente a los diputados, que algunos de ustedes han mencionado hoy y que no se abordan necesariamente en la lista de prioridades. 
La Comisión ha agradecido enormemente el nuevo proceso de hacer partícipes a las comisiones en el proceso de establecimiento de prioridades y en el debate del programa de trabajo de la Comisión. 
Está cobrando forma de manera más seria, de modo que podamos abordar las prioridades políticas y celebrar un verdadero debate político, que será de gran utilidad en el futuro. 
En respuesta a las observaciones del señor Swoboda, la Comisión abordará la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible en su reunión de esta tarde. 
Esto representa un enfoque integrado de los objetivos de prosperidad económica, normas ambientales y cohesión social. 
Este enfoque se basa en la idea de que estos ámbitos políticos se sustentan mutuamente. 
Seguimos prestando plena atención a los asuntos sociales. 
El programa de trabajo incluye un Libro Verde sobre la evolución de la legislación laboral, que se espera que dé pie a un amplio debate, en el que participarán las instituciones de la UE, los Estados miembros, los agentes sociales y expertos en la materia. 
El objetivo es extraer conclusiones sobre las principales tendencias de la reciente evolución de la legislación laboral, tanto a escala europea como nacional. 
También servirá para determinar las cuestiones más cruciales y urgentes que debemos abordar. 
Está previsto publicar en 2006 una comunicación sobre los servicios sociales de interés general. 
También quiero señalar que la Comisión, al dar esta prioridad a la Estrategia de Lisboa renovada, demuestra su firme voluntad de crear una Europa de la solidaridad, acompañada de prosperidad y empleo. 
Seguiremos esforzándonos por que los Estados miembros y todas las partes interesadas actúen de forma eficaz y creíble. 
Sin un esfuerzo colectivo, la estrategia de crecimiento y creación de empleo no puede dar resultado. 
La credibilidad de nuestro trabajo depende de una minuciosa preparación, que incluye la consulta necesaria de las partes interesadas y la realización de evaluaciones de impacto, que sé que también interesan al Parlamento Europeo. 
Me gustaría asimismo destacar la importancia del diálogo de la Comisión con las demás instituciones durante la preparación del programa de trabajo para 2006. 
Los numerosos contactos que hemos mantenido con el Parlamento Europeo en el contexto del nuevo acuerdo marco han facilitado información útil sobre las expectativas del Parlamento con respecto a la Comisión para el año próximo. 
Durante la elaboración del programa de trabajo, el Parlamento presentó a la Comisión una lista importante de prioridades. 
También hemos mantenido un contacto muy constructivo con la Conferencia de Presidentes en el contexto de la ejecución del Plan D. Soy consciente de que nuestras dos instituciones están decididas a lograr sus objetivos. 
Tomo nota de los comentarios que han realizado hoy sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2006. 
La Comisión examinará su resolución con gran interés y responderá en consecuencia. 
Permítanme mencionar mi gratitud por la fructífera cooperación que hemos tenido en 2005. 
Espero que podamos seguir trabajando sobre ella en 2006 para garantizar que nuestro programa de trabajo se ejecute con decisión y acierto. 
También les doy las gracias por los comentarios sobre el informe de la AEMA y me complace haber podido presentarlo. 
Conocemos muy bien el contenido de dicho informe y debemos tenerlo en cuenta. 
Creo que, a la hora de luchar contra el cambio climático, la Comisión está haciendo gala de su liderazgo en el escenario mundial. 
No veo a ningún otro socio que hoy desempeñe el mismo papel. 
Por supuesto, seguiremos esforzándonos por garantizar que la Comisión mantenga este importante papel. 
Tendremos que abrir camino también en esta cuestión particular. 
– He recibido tres propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, martes, a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Señor Presidente, habíamos propuesto una enmienda oral, pero vamos a retirarla ahora que estamos satisfechos, de momento, con la declaración de la Comisión Europea, emitida ayer por la noche, según la cual tiene la firme voluntad de luchar contra cualquier forma de discriminación en todos los Estados miembros y de que está dispuesta a instarles a que asignen como es debido los recursos financieros. 
Sin embargo, vigilaremos de cerca a la Comisión y la ejecución de este programa. 
Volveremos a dirigirnos a la Comisión en caso de que no cumpla su promesa. 
Con esa condición, retiramos la enmienda oral. 
Señor Presidente, quiero pedir una aclaración. 
Ha dicho que las enmiendas 1 y 2, que hemos votado mediante votación nominal, han sido rechazadas, pero también ha dicho que necesitábamos una mayoría cualificada. 
He contado los votos en contra, y 328 votos no constituyen una mayoría cualificada. 
Le pido que aclare qué procedimiento estamos utilizando. 
Las enmiendas 1 y 2 han sido sometidas a votación nominal. 
Han votado a favor 309 diputados, pero necesitamos 367 votos favorables, según el principio de la mayoría cualificada, para aprobarlas. 
. Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a los diputados y diputadas de todos los Grupos políticos que han trabajado tanto y tan eficazmente para lograr el paquete de compromiso en primera lectura de hoy con el Consejo y la Comisión: en particular, la señora Wallis, el señor Wieland, el señor Lehne y la señora Berger, de mi Grupo político. 
La Presidencia británica se ha mostrado dispuesta a cooperar y ha aceptado muchas de las enmiendas del Parlamento, lo que nos permite ahora votar sobre este paquete de primera lectura de la parte dispositiva general del proceso monitorio europeo. 
Esto contribuirá a acelerar y simplificar los pagos transfronterizos para empresas. 
También ayudará al cobro de deudas. 
En pocas palabras, sabemos que las empresas que no cobran corren el riesgo de quebrar, con efectos colaterales para sus empleados y proveedores. 
La falta de sistemas de ejecución de pagos mina el mercado interior y la confianza empresarial. 
Sin embargo, hay algunas cuestiones técnicas pendientes, relacionadas con la elaboración de los anexos y la ultimación de nuestros considerandos, que hay que resolver con la Presidencia austriaca. 
Además, la señora Wallis nos ha pedido que examinemos una cuestión técnico-jurídica relacionada con la definición de «transfronterizo». 
Espero colaborar con la Presidencia austriaca y ultimar esta ley tan pragmática que ayudará a empresas y ciudadanos a recuperar deudas, así como celebrar un debate a fondo en el Pleno con el Consejo y la Comisión y una votación a comienzos del año que viene. 
Insto a los diputados, por tanto, a que voten a favor del paquete acordado que se nos presenta hoy en primera lectura. 
Señor Presidente, me gustaría que le preguntara al señor Pomés Ruiz por qué, entre las ocho o diez personas que ha propuesto, solo hay una mujer. 
Su pregunta lo dice todo, señor Evans. 
. Señor Presidente, efectivamente, ojalá los Estados miembros, que son quienes han propuesto a los miembros del Tribunal de Cuentas, tuvieran en cuenta que debería haber un mayor equilibrio entre ciudadanos y ciudadanas. 
– Señor Presidente, Señorías, con arreglo al artículo 168 del Reglamento, pido la devolución inmediata del informe Wallis a la comisión competente, dado que el procedimiento seguido está incompleto. 
En efecto, en comisión no se votó sobre la exposición de motivos, sino solo sobre las conclusiones. 
Pido a sus Señorías que apoyen esta petición, que constituye una importante prueba de transparencia y democracia interna. 
Señor Romagnoli, usted no pertenece a ningún Grupo político, ya que es diputado no inscrito. 
Por tanto, no puede formular esa solicitud. 
Esto demuestra lo importante que es pertenecer a un Grupo, especialmente a uno grande. 
Con esto concluye la votación. 
– Señor Presidente, Señorías, hablando de igualdad y de derechos, considero que este Parlamento muestra cierta intolerancia hacia las opiniones que no son de su agrado. 
Ayer escuché acusaciones contra un Ministro de mi Gobierno e incluso nuestro tribunal supremo, con muchos respectos declaradas por la tan cacareada independencia de la judicatura, por considerar que algunas expresiones –quizás desagradables y poco educadas– constituyen sin duda una ofensa. 
Pero citar la procedencia étnica o algunas características no siempre constituye un delito relacionado con el racismo. 
En este Parlamento, sin embargo, hablar de algunos temas parece tabú. 
Yo considero, en cambio, que todos tenemos los mismos derechos, incluida la libertad de opinión. 
En todos los 18 informes, los ponentes han propuesto que el Parlamento Europeo tenga un papel en el nombramiento de los directores ejecutivos de las diversas agencias y en la ampliación de sus mandatos. 
Dejando de lado el hecho de que realmente ponemos en tela de juicio la justificación de muchas de las agencias, la Lista de Junio no comparte la opinión de que el Parlamento Europeo deba tener más influencia en este ámbito, dado que ello comportaría un mayor supranacionalismo. 
Por eso hemos votado en contra de los informes. 
Señor Presidente, la verdad sobre el informe Roure es que de nuevo viene con la misma canción que hemos escuchado durante años y que estuvo continuamente en nuestros oídos durante los recientes disturbios de los inmigrantes en Francia, es decir que los constantes problemas que comporta la inmigración en nuestros países los hemos provocado nosotros, y solo nosotros, los repugnantes europeos que discriminan siempre y en todas partes. 
Es una canción que también tiene su eco en este informe y que está muy lejos de la realidad. 
Si queremos hablar sobre la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades en Europa, hablemos también de la llamada de las mujeres en las comunidades islámicas. 
En muchos suburbios de mi propio país, en Bruselas, por ejemplo, en la actualidad se abusa sistemáticamente de las mujeres o son tratadas de putas por los inmigrantes islámicos que quieren imponernos sus prejuicios. 
Dirijamos nuestra atención a ese aspecto, a la bomba de relojería de la sociedad multicultural que pone en peligro los logros básicos de nuestra sociedad. 
Señor Presidente, leo en el informe Roure que uno de los mensajes que deben enviarse en el transcurso de 2007, el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, es que todo el mundo tiene derecho a recibir el mismo trato. 
La promoción del respeto y la tolerancia también ocupan un puesto preferente en la agenda. 
Dado el tenor políticamente correcto del informe y la experiencia del pasado, me haré pocas ilusiones sobre la intención de la Comisión de dejar claro, a las comunidades islámicas de Europa en concreto, que la violencia contra los judíos y la discriminación contra las mujeres son inaceptables. 
Un estudio realizado en 2002 demostró, por ejemplo, que el comportamiento antisemítico es especialmente común entre los musulmanes. 
Dado que, por supuesto, esto no concuerda con la imagen políticamente correcta que tenemos, las conclusiones de ese estudio se archivaron en la papelera. 
Los casos más frecuentes y flagrantes de discriminación se cubren con el manto del amor. 
Nadie ha muerto nunca de hipocresía, claro. 
. 
El Tratado de Amsterdam representó un enorme progreso en la lucha contra la discriminación, dado que amplió el concepto a otros ámbitos además de la igualdad entre hombres y mujeres. 
El principio de igualdad y no discriminación es uno de los principales derechos fundamentales en que se fundamenta la UE. 
En esta propuesta se designa el año 2007 como Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos, con el fin de promover la igualdad y eliminar todas las formas de discriminación. 
La idea de esta iniciativa surgió de la evaluación de los resultados del Libro Verde sobre igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada. 
Ayudará a promover tres prioridades: información y aumento de la concienciación; análisis y seguimiento del impacto de la legislación contra la discriminación; e interconexión entre las personas implicadas en la lucha contra la discriminación. 
La promoción de la igualdad de oportunidades es un factor esencial para conseguir una sociedad más cohesionada, competitiva y dinámica, y un medio para recoger los beneficios de la diversidad. 
Por lo tanto, debemos difundir este tipo de iniciativa para aumentar la concienciación con el fin de combatir las actitudes discriminatorias y garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones. 
Debería actuar como una especie de campaña para ejercer presión en aquellos Estados miembros rezagados en la transposición de directivas. 
. 
En una época en que la discriminación, la desigualdad y la injusticia social van en aumento, agradecemos la reafirmación de que la no discriminación es un principio fundamental, que debe confirmarse en todas las áreas políticas, ya sean económicas, sociales o culturales. Pero eso no es todo lo que se requiere a la luz de la gravedad de la situación social en varios países de la UE. 
Aunque el informe menciona la necesidad de confirmar los derechos y la igualdad de oportunidades, de una mayor implicación y un mayor conocimiento y concienciación de los derechos –los que, añadiríamos, se pueden adquirir, o perder, o todavía hay que ganar– no condena los factores determinantes que se ocultan detrás del fracaso en el cumplimiento de esos principios. 
En la actualidad los trabajadores se enfrentan a un ataque concertado contra sus derechos y beneficios sociales –un ataque promovido a escala de la UE mediante propaganda y un aumento de la concienciación, y mediante las medidas de contención que se presentan– y el impacto real del ataque capitalista se hará notar. Lo que vemos, en otras palabras, es la explotación y destrucción más flagrante de los servicios públicos, que están siendo absorbidos por el capital privado, lo que a su vez comportará pobreza e injusticia social. 
La forma de asegurar la igualdad de oportunidades es luchar contra la política que las deteriora. 
. – «Igualdad de oportunidades para todos. 
Hacia una sociedad justa.» 
¿Quién se atrevería a pronunciarse contra un informe semejante? 
Con ese título, debería obtener incluso una unanimidad sin fisuras. 
El problema es que en el ámbito de la lucha contra las discriminaciones y por la igualdad de oportunidades, mantenemos una sobrepuja permanente. 
¿Realmente aporta este informe alguna novedad aparte de la letanía habitual de conceptos y lemas del discurso bienpensante en materia de igualdad y no discriminación? 
De hecho, el ponente nos propone la creación de un Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos en 2007, que sería un «un excelente instrumento de concienciación y de información de la opinión pública europea». 
¡Qué novedad! 
Una vez más, la igualdad se contempla a través de la obligación, de la instauración de sistemas de cuotas y de discriminación positiva. 
A esto no podemos sumarnos, porque se trata de la negación misma de la igualdad de oportunidades y de trato. 
Estamos también en contra de la posibilidad de sanciones de la Unión Europea en caso de inobservancia por un Estado miembro de las disposiciones de una directiva comunitaria. 
Se trata de competencias y soberanías nacionales en materia penal, que no pueden restringirse ni delegarse. 
. 
La igualdad en el trato está enmarcada en el Tratado de Amsterdam y es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. 
Para evaluar el progreso que se ha conseguido en la lucha contra la discriminación y reunir opiniones sobre cómo podría intensificar la Unión sus acciones en este ámbito, en mayo de 2004 la Comisión creó una amplia consulta en forma de Libro Verde titulado «Igualdad y no discriminación en la UE ampliada». 
Este Libro Verde dio lugar a la idea de crear un «Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos» en 2007, una iniciativa con cuatro objetivos, principalmente mejorar la concienciación de los ciudadanos, fomentar el debate, celebrar la diversidad y promover el respeto y la tolerancia. 
La UE ahora tiene legislación en el ámbito de la lucha contra la discriminación, pero muchos ciudadanos no saben que esa legislación existe o saben muy poco de ella. 
Así pues, me complace que se organice un acontecimiento mediático de la escala de un «Año europeo» , porque es un instrumento excelente para mejorar la conciencia de los ciudadanos europeos y proporcionarles información. 
El Año europeo también es un medio para ejercer presión sobre los Estados miembros que dan largas al asunto de transponer las directivas sobre la igualdad. 
. 
Aunque es cierto que, desde el punto de vista jurídico, la discriminación –por el motivo que sea– se combate en general, es imposible confirmar con ninguna certeza que en la práctica se impide y se combate todo tipo de discriminación. 
La Comisión cree que el Año europeo de la igualdad de oportunidades será un paso positivo en este sentido. 
Nunca me han gustado los grandes acontecimientos como forma de resolver problemas. 
Siempre he temido que promover años o días internacionales por una causa u otra en realidad pueda tener un efecto contraproducente, porque solo consiguen traspasar la ignorancia del problema a los demás días y años. 
Pero existe una opinión cada vez más mayoritaria de que se puede conseguir mucho con iniciativas como esta en cuanto a aumentar la visibilidad de la causa en cuestión. 
Creo que el tema del acontecimiento tratado en este informe entra en esa categoría y, por lo tanto, he votado a favor. 
. 
Como ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, agradezco el importante informe de la señora Roure. 
Dado que los reglamentos «Eurodac» y «Dublin II» no forman parte del desarrollo del acervo de Schengen, Dinamarca no puede recurrir a una cláusula de inclusión () para participar en esos reglamentos. 
De ahí la necesidad de un acuerdo internacional entre la Comunidad y Dinamarca, junto con un Protocolo al Acuerdo entre la Comunidad, Islandia y Noruega. 
Con estas propuestas se pretende extender a Dinamarca las disposiciones del sistema Eurodac y el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable de examinar una petición de asilo. 
Es una medida que se acoge con satisfacción, aunque dichos acuerdos deberían concluirse en circunstancias especiales y para un período de tiempo limitado. 
Esas situaciones plantean interrogantes importantes en cuanto a la diversidad de garantías que obtendrán quienes buscan asilo, según si su solicitud de asilo se resuelve en Dinamarca o en uno de los países que participan en la política de asilo europea. Es así porque Dinamarca seguirá implementado esos dos reglamentos pero quedará fuera de otras medidas en este ámbito. 
Comparto la opinión de la ponente de que el fundamento jurídico aplicable debería ser el segundo subapartado del punto 3 del artículo 300, es decir que el Parlamento debería haber sido consultado mediante el procedimiento de dictamen conforme. 
. 
Esta propuesta merece nuestro acuerdo. 
Las actividades de las diversas flotas de los Estados miembros que operan según los acuerdos y protocolos de pesca entre la UE y terceros países no deberían verse interrumpidas por razones administrativas, como las largas negociaciones y los procedimientos legales de ratificación a que están sometidos dichos acuerdos. 
Estas interrupciones suelen durar varios meses, lo que significa que los barcos se quedan en puerto, los pescadores no tienen trabajo, y se crean problemas en el suministro de productos a escala nacional y comunitaria. 
Esta propuesta hace posible que los terceros países emitan licencias de pesca en la fecha que se indica en el Canje de Notas entre las dos partes, incluso aunque aún no se haya adoptado la decisión del Consejo. 
Esperamos que esta propuesta entre en vigor lo antes posible, y que su aplicación asegure que las flotas puedan permanecer operativas, o al menos que los actuales períodos de inactividad sean más breves. 
En cualquier caso, no deben ser los pescadores quienes paguen la factura de las largas negociaciones y la renovación de los acuerdos. Habría que poner en práctica unos mecanismos de compensación económica y social para que los pescadores puedan sobrevivir. 
. 
Agradezco el informe que tenemos ante nosotros por dos motivos. 
En primer lugar, es de primera necesidad para que las dificultades administrativas y burocráticas no agraven los problemas con que se enfrenta la industria pesquera. 
El otro motivo por el que he apoyado este informe es que, como dice la ponente, todo el proceso es excesivamente burocrático, ineficiente e injustificado. 
Incluso llegaría a decir que toda esa plétora de acuerdos y licencias provisionales, que se aplican por medio de un mecanismo terriblemente engorroso bordea lo kafkiano por su absurdidad. 
Por lo tanto estoy de acuerdo con la ponente en que la situación requiere una revisión. 
La competitividad de una industria europea como la de la pesca no debe verse limitada por la ineficiencia burocrática de las instituciones de la Comunidad. 
La UE tiene un papel importante que jugar en la consolidación de la democracia y los derechos humanos en sus países vecinos más inmediatos. 
La ampliación contribuye a este desarrollo positivo. 
Por lo tanto, votamos a favor del informe de la señora Malmström. 
Sin embargo, nos oponemos al intento de utilizar el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación para reforzar y desarrollar una política exterior y de seguridad común. 
Tampoco creemos que los instrumentos deban utilizarse para ampliar el ámbito de interés de la UE a zonas que no pueden describirse como vecinas. 
. 
Por supuesto, la buena voluntad y las buenas intenciones que subyacen en el programa que discutimos merecen mi apoyo. 
En cuanto a si se está poniendo en práctica con eficacia o no, debo decir que tengo mis dudas. 
Sin embargo, dado que estamos hablando de un programa provisional, creo que nuestra prioridad en la modelación del futuro Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) debería ser la oportuna adopción de este programa, con el nuevo marco con el que ahora está equipado. Nuestros esfuerzos también deberían canalizarse hacia la revisión y, lo que es más importante, la evaluación de los pasados programas. 
La política exterior de la UE, que es la base de esa cuestión, debe funcionar con eficacia, y la eficacia solo se puede valorar con el examen de los resultados. 
Por lo tanto, esa debería ser una de nuestras principales prioridades en las próximas medidas legislativas a tomar en esta materia. 
Señor Presidente, uno de los objetivos importantes de la política ambiental europea es la rápida introducción en la UE de los sistemas de recogida de pilas. 
Es de lamentar que no se haya aceptado la enmienda 26, por lo que ahora el objetivo que estamos estableciendo es ciertamente mucho menos ambicioso. 
Sin embargo, la realidad es que la introducción de unos objetivos mínimos de reciclado nos permitirá conseguir un nivel de calidad ambiental muy elevado, y podremos reutilizar materias primas. 
Las prohibiciones referentes al níquel, el cadmio y el plomo también son un medio para llegar a este fin, y nos permitirán ejercer presión a favor de la substitución de substancias peligrosas, aunque se permitan, sin embargo, un pequeño número de excepciones. 
. El Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) no puede respaldar las enmiendas presentadas con el propósito de reforzar las restricciones sobre los Estados miembros. 
El UKIP se toma las cuestiones ambientales muy en serio, pero no podemos aceptar que la UE imponga su legislación a los Estados miembros y creemos que estas decisiones deben adoptarse a escala nacional. 
. En cuanto a las enmiendas 1 y 2 al informe Blokland sobre pilas y acumuladores, he decidido votar a favor del artículo 175 CE como único fundamento jurídico ambiental. 
En lo que respecta al debate sobre el Reglamento relativo a los gases fluorados, aunque se trata de un ejemplo menos claro, me preocupa la falta de certidumbre que estamos introduciendo en nuestra legislación a través de la dualidad de fundamentos jurídicos a raíz de las sentencias del TJCE en este ámbito. 
Lo que la industria necesita más que nada es certidumbre jurídica y, dada la jurisprudencia precedente, no estamos yendo en esta dirección. 
El artículo 175 contiene salvaguardias (en el artículo 176 del Tratado CE) contra decisiones comerciales unilaterales de efecto distorsionador que podrían ser de naturaleza proteccionista en lugar de ser justificables desde el punto de vista ambiental. 
No es necesario complicar más la legislación comunitaria con múltiples fundamentos jurídicos. 
. Comparto los puntos de vista y objetivos de la Directiva sobre pilas, pero hay que tener en cuenta dos puntos. 
Primero, los objetivos de reciclado deben ser realistas, viables y prácticos tanto para los minoristas como para los ciudadanos. Por este motivo, no apoyo algunas de las enmiendas presentadas por el ponente y otros diputados. 
Segundo, está claro que las pilas de níquel-cadmio solo aportan del 1 % al 3 % del cadmio al medio ambiente en comparación con el 27 % de los fertilizantes. 
El intento de prohibirlas parece motivado por la negativa a confrontar estos datos estadísticos con los intereses de determinados fabricantes nacionales de pilas y por la incapacidad de hacer frente a los conceptos erróneos de los ciudadanos en lo que a la situación real de la contaminación por cadmio se refiere. 
No tengo ningún problema en que la industria asuma la carga cuando hay posibilidades reales de mejorar las condiciones ambientales, pero decisiones tan perversas como la de hoy solo amenazan el respaldo a futuras medidas legislativas en materia de medio ambiente y el apoyo de los ciudadanos. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria deja claro que el objetivo de esta directiva es, en primer lugar, limitar el uso de metales pesados en pilas y acumuladores. 
La posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria contiene unas prioridades claras y aclara los objetivos de la directiva. 
La Lista de Junio apoya los esfuerzos de la UE en cuanto a los temas ambientales transfronterizos. 
Las emisiones de metales pesados son uno de esos temas. 
Así, hemos votado a favor de este informe y, en general, apoyamos la posición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en este tema. 
Sin embargo, no estamos a favor de determinadas enmiendas. 
Por ejemplo, somos críticos con que el Parlamento Europeo diga que deberían llevarse a cabo campañas de información pública sobre la recogida y el reciclado de pilas, y que exprese opiniones sobre cómo deberían llevarse a cabo esas campañas (enmienda 33). 
Tenemos toda la confianza en que los Estados miembros son capaces, por sí solos, de cumplir los requisitos establecidos por la directiva. 
Cada uno de los Estados miembros debe decidir si se necesitan campañas de información, investigación u otras medidas para conseguir este objetivo. 
. Señor Presidente, he votado sobre las diversas enmiendas al informe Blokland sobre pilas, acumuladores y sus residuos de la forma en que lo he hecho porque considero que esta Directiva reducirá los residuos metálicos pesados derivados de las pilas y mejorará los procesos de reciclaje en Londres, mi circunscripción. 
Apoyo las prohibiciones contempladas en la posición común y creo que cualquier prohibición ulterior debe estar supeditada a evaluaciones de impacto exhaustivas. 
También considero que los objetivos de reciclado deberían ser realistas y viables y que los sistemas de recolección deben ser factibles para los minoristas y los ciudadanos y, por tanto, no puedo apoyar algunas de las enmiendas presentadas por el ponente y otros diputados. 
. 
He votado a favor de este informe, que forma parte de un planteamiento equilibrado para la protección ambiental, la protección del consumidor y la promoción de la eficiencia energética. De todos los aspectos mencionados en el informe, hay uno que merece una atención especial. 
En general estoy a favor de una economía libre y abierta en la que exista un acceso total a la información –o al menos en la que se promueva ese acceso– dado que los consumidores solo gozan de una verdadera libertad de elección cuando están bien informados. 
Este informe da prioridad a la información de los consumidores, y por ello he votado a favor. 
. – He votado a favor de la aprobación de una nueva directiva europea sobre las pilas y los acumuladores, así como sobre la gestión de sus residuos. 
Este texto tiene un doble objetivo en un ámbito en el que las disparidades entre los 25 Estados miembros son enormes: por un lado, hacer las baterías y los acumuladores más limpios limitando considerablemente la presencia de metales pesados, como el cadmio y el mercurio que contienen; por otro, organizar mejor la recogida y el reciclaje de dichos productos. 
Por lo demás, Bélgica puede estar orgullosa de un sistema que sirve de modelo en Europa: una tasa de recogida del 59 %, cuando muchos Estados se estancan en tasas inferiores al 10 %. 
Esta directiva, inspirada en los experimentos logrados que han llevado a cabo los Estados miembros, fija unos objetivos ambiciosos en materia de recogida: el 40 % al cabo de seis años y el 60 % en diez años. 
Son objetivos que no pueden alcanzarse sin una política equilibrada que tenga en cuenta la globalidad de la cadena económica y que incluya en el ámbito de la cadena económica a todos y cada uno de los agentes: del productor al consumidor, pasando por los distribuidores. 
Es una norma fundamental para que en el futuro en Europa se pueda producir mejor y recoger más, en beneficio del medio ambiente y de los consumidores. 
. – Esta Directiva 91/157/CEE que pronto será revocada, en la que se establecen unos objetivos para la recuperación y la eliminación de acumuladores, formaba parte de un cuerpo de legislación ambiental incorporado a los tratados de adhesión que siguieron a las negociaciones. 
Ahora, la Comisión Europea propone que se ponga en marcha un nuevo sistema para la recogida, el procesamiento y la neutralización de los residuos de pilas y acumuladores. 
Polonia ha transpuesto las disposiciones de la anterior directiva a la legislación nacional, y se encuentra en el proceso de ponerla en práctica. 
Pero, de repente, se proponen nuevas soluciones y se establecen unos objetivos de recogida mucho más elevados que los anteriores. 
No hay ninguna duda de que es la forma correcta de garantizar la seguridad y hacer que el medio ambiente en Europa sea más limpio, pero este proceso debería ser compatible con las soluciones que se han puesto en práctica hasta la fecha. 
Es de lamentar que la mayor parte de las enmiendas del ponente no estén apoyadas por estudios o valoraciones del impacto que la nueva directiva tendrá en el desarrollo de las empresas de este sector. 
Al fin y al cabo, serán los propietarios de las empresas quienes tendrán que soportar los costes de introducción de la nueva legislación. 
A la mayoría de los Estados miembros les va resultar imposible conseguir los objetivos de recogida propuestos en las enmiendas 26 y 27 de este informe. 
Los nuevos Estados miembros están todavía en la fase de poner en práctica unos complicados programas para la recogida de pilas usadas, de conformidad con la Directiva. 
No existe una explicación racional para unos objetivos de recogida del 40 y el 60 % en estos momentos, y la propuesta de aumentar el objetivo de reciclado al 55 % es igualmente intolerable y no está justificada. 
Además, los programas para una recogida eficaz de pilas implican necesariamente aumentar la concienciación y fomentar una cultura de recogida de pilas desde la raíz. 
Lo que significa que hace falta un planteamiento a largo plazo cuando se proponen nuevas soluciones. 
. No hay duda de que tenemos que reducir la contaminación producida por las pilas y mejorar su reciclaje. 
Las pilas de níquel-cadmio son particularmente contaminantes. 
El compromiso sobre el níquel-cadmio es realista al dar un respiro de cuatro años antes del establecimiento de la prohibición total. 
Esto significa que la industria fabricante de aparatos eléctricos dispondrá de tiempo para aplicar alternativas menos contaminantes. 
Espero que mañana ningún titular anuncie que la UE prohíbe los aparatos eléctricos. 
Señor Presidente, como ponente de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, me tranquiliza que el resultado de la Directiva sobre servicios energéticos haya mejorado en las negociaciones con el Consejo. 
El Consejo ha adoptado así un planteamiento realista respecto a las propuestas del Parlamento y la Comisión. 
Esperaba que esta Directiva fuera una oportunidad para corregir las distorsiones de la competencia que implica la fracasada directiva sobre el comercio de emisiones. 
Me opuse a los objetivos de ahorro común que vinculaban a todos los Estados miembros del primero al último, porque consideraba que castigaba a aquellos países donde las medidas de ahorro de energía ya se practicaban desde hacía mucho tiempo. 
Quizás resulte paradójico, pero si tratamos a todos los Estados miembros de la misma forma, les estamos ofreciendo un trato desigual. 
Para unos, el objetivo propuesto por la Comisión era en realidad bastante duro, mientras que para otros era ridículamente sencillo. 
Un criterio para las medidas de ahorro ahora es la rentabilidad, que da a los Estados miembros una muy necesaria flexibilidad. 
Esta es mi interpretación de los resultados. 
Ahora no habrá ningún exceso de priorización de medidas: en cambio, podrían utilizarse acuerdos voluntarios, por ejemplo. 
Pero el resultado final también comportará un riesgo, si el procedimiento de comitología no se adhiere a la razón y la justicia como principio orientador. 
Existe el riesgo de caer en una excesiva burocracia. 
El método con el que deberíamos empezar a calcular la necesidad de ahorro debe ser justo y flexible y, sobre todo, debería tratar con justicia a los países donde ya hace años que se está ahorrando. 
. 
El compromiso que se ha votado en esta Cámara supone un paso atrás respecto a las propuestas iniciales, aunque deben agradecerse los intentos de conseguir una mayor eficiencia en el uso final de la energía. Por lo tanto, hemos apoyado las medidas que pretendían poner en práctica ese objetivo con eficacia. 
La propuesta final reconoce el papel central que el sector público puede desempeñar en este ámbito, por ejemplo con la creación de unos proyectos piloto de eficiencia energética, la concesión de contratos públicos, la elaboración de unos criterios de eficiencia energética y, en sus inversiones, ofreciendo incentivos para cumplir los objetivos de mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, pone el acento en la libre competencia. 
En consecuencia, la decisión de abstenernos en la votación final se ha basado en nuestra objeción a la enmienda 60, que, más que nada, está totalmente fuera de lugar. 
No podemos aceptar que, cuando se trata de eficiencia energética, el acento se ponga en la liberalización del mercado, como en el informe, que resalta «una competencia justa e igualdad de oportunidades para todos los proveedores de servicios energéticos». 
Creemos que es un sector clave en el que el Estado debe seguir siendo el principal actor. 
Hemos votado en contra de todas las enmiendas porque no creemos que el Parlamento Europeo deba opinar sobre cómo debe ahorrarse energía en los Estados miembros. 
Este tema lo resolverán mejor los propios Estados miembros. 
. 
La UE debe ser más activa cuando se trata de eficiencia energética, tanto cuando se trata de cumplir su palabra, como en su postura sobre los temas ambientales, como en Kyoto, y en cuanto al sentido común económico y ambiental. 
En temas como este, en mi opinión, el énfasis debe situarse en la eficiencia y el sentido común. 
Esas deben ser las piedras angulares de nuestras políticas ambientales y energéticas. 
. 
El proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2005, modificado mediante nota rectificativa del 16 de noviembre de 2005, es preocupante porque cancela la petición original de pago adicional de 650 millones de euros para los Fondos Estructurales –teniendo en cuenta que ya se han obtenido 380 millones de euros mediante transferencias de otras rúbricas– y recorta la misma cantidad de la ayuda en relación con los mercados agrícolas. 
Lo más alarmante es que los créditos utilizados y las pocas solicitudes recibidas de los nuevos Estados miembros no llegan al importe total de los créditos estructurales disponibles. En realidad, nos estamos aproximando al final del actual marco financiero y se aplicará la denominada norma n+2, según la cual los gastos de autorización se cancelan automáticamente si no se han puesto en práctica en dos años. 
La devolución de recursos propios a los Estados miembros ascenderá a casi 3 900 millones de euros, lo que naturalmente beneficiará a los principales contribuidores netos. 
Lo que queremos ver es que se ponga en práctica las condiciones para una aplicación completa y eficaz de los Fondos Estructurales. Esas devoluciones harán posible de nuevo resolver las limitaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ayudando así a reducir los déficit en algunos países. 
. En esta votación me he abstenido en la votación sobre la enmienda 11 por cuestiones que afectan a mi circunscripción, Londres. 
. – El procedimiento propuesto revela algunas importantes carencias jurídicas. 
El procedimiento se desarrolla en dos etapas: 
1. 
En primer lugar, tras la presentación de una demanda, el juez expide una notificación europea de pago que se notifica al deudor y este último dispone de un plazo de tres semanas para presentar una reclamación. 
2. 
En segundo lugar, a falta de reclamación, se emite un requerimiento europeo de pago. 
Este doble resorte se justifica, según los autores, por el riesgo de emitir desde un principio un título irreversible. 
Parece más razonable, para aligerar el procedimiento y garantizar los derechos del deudor: mantener solo una etapa, es decir, emitir el requerimiento europeo de pago desde el principio y conferirle carácter ejecutorio. 
-hay que alargar el plazo de oposición, 
-y que dicho plazo empiece a contar tan solo a partir del momento en que el deudor haya recibido efectivamente la notificación. 
Por esta razón, rechazamos la enmienda 12, que permite condenar a un demandado sin que este tenga conocimiento de la decisión. 
Por último, la opción propuesta en la enmienda 20 entre la notificación presentada por un agente o el envío por correo no debe existir. 
La notificación debe presentarla un agente, habida cuenta de los fallos del sistema postal en algunos países, como por ejemplo Francia. 
. 
Se puede conseguir un enorme beneficio económico si se simplifican y se aceleran los procedimientos, como muy bien saben los países que se benefician de unos sistemas legales repletos de salvaguardias y rápidos. 
Un procedimiento europeo para emitir órdenes de pago es un paso adelante en este sentido, porque promoverá una mayor seguridad jurídica en las transacciones comerciales y más justicia, como ha quedado demostrado con instrumentos nacionales similares. 
Pero como han dicho varios Estados miembros, es necesario asegurar que el alcance de un procedimiento de este tipo no vaya más allá de lo que es razonable y factible en términos de cooperación entre Estados miembros soberanos. 
Con esto en mente, he votado a favor. 
– Señor Presidente, Señorías, considero que hoy se ha cometido una grave injusticia al no defender la inmunidad del señor Gollnisch, que habló –y no entro en el fondo de lo que dijo– en calidad de diputado al Parlamento Europeo. 
Nosotros deberíamos –y digo intencionadamente «deberíamos» en vez de «debemos» – ser protegidos cuando hablamos como diputados a este Parlamento, independientemente de lo que digamos. 
No sería el primer caso en que se protege a un colega que habla, escribe o interviene fuera del Parlamento. 
Sin embargo, no vale lo mismo para el señor Gollnisch; probablemente no por lo que ha dicho, sino por su adscripción política, desagradable para algunos, que olvidan que en esta Cámara todos tenemos la misma dignidad y los mismos derechos. 
– Señor Presidente, Señorías, con democracia y transparencia le he arrancado hábilmente algunos segundos del único modo posible para quienes no pertenecemos a los llamados grandes Grupos. 
Esto no obsta a que el instrumento de la inmunidad parlamentaria debería estar sujeto a normas muy distintas. 
Todo lo que he afirmado anteriormente es bastante grave, y cualquier diputado, prescindiendo de las ideas y los proyectos políticos que aquí representa, debería tenerlo muy en cuenta, porque un día podría sucederle lo que está sucediendo hoy al señor Gollnisch solamente porque, en el curso de un debate y en pleno desempeño de sus funciones, tuvo el valor de hacer afirmaciones que otros no comparten. 
Es una vergüenza. 
Señor Presidente, he votado en contra de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del señor Gollnisch, porque considero su procesamiento como un intento no disimulado de difamación dirigido contra alguien que es inconformista como diputado a esta Cámara y como académico. 
La libre expresión de una opinión está garantizada en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, el artículo 19 de la Carta de Derechos Humanos, y el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales –algo que parece ser que la mayoría de esta Cámara ha olvidado. 
El señor Gollnisch dio una conferencia de prensa política en Lyon el 11 de octubre de 2004, y lo hizo, evidentemente, como político que es, ante todo, diputado al Parlamento Europeo. 
Se puede considerar que las declaraciones históricas que hizo en aquella ocasión son censurables, pero las realizó, por supuesto, en su calidad de diputado al Parlamento Europeo, y como tal, en los términos de todas las leyes aplicables, debería gozar de una protección de la inmunidad. 
– Señor Presidente, la inmunidad parlamentaria tiene por objeto proteger la libertad de expresión de los diputados. 
Por tanto, según la jurisprudencia constante de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, se establece como principio fundamental que, cuando los actos reprochados a un diputado formen parte de su actividad política o estén directamente asociados a la misma, la inmunidad no se levanta. 
Según dicha jurisprudencia, se incluye aquí la expresión de opiniones que se considere pertenecen a la actividad política y que sean emitidas en manifestaciones, reuniones públicas, en publicaciones políticas, en la prensa, en libros, en la televisión o incluso ante un tribunal. 
En el caso de nuestro colega, el señor Gollnisch, no cabe ninguna duda de que esta bien establecida jurisprudencia ha sido eludida de forma partidista por esta Cámara. 
El señor Gollnisch no tiene razón jurídicamente porque está en la minoría política. 
Su concepto del Derecho es de geometría variable. 
¿Qué hacen en este lugar en que se adoptan los valores y los principios de la democracia y el derecho? 
Al no haber defendido hoy la inmunidad parlamentaria de nuestro colega, el señor Gollnisch, esta Asamblea es indigna de los principios que declara, ¡indigna e injusta! 
– Señor Presidente, la mayoría de este Parlamento acaba de decidir, por razones políticas, no defender mi inmunidad. 
Sin embargo, observo con satisfacción que mi defensa ha sido compartida por muchos colegas que no pertenecen a mi formación política, tanto más cuanto que todas las acusaciones que figuraban en el anteproyecto de informe de la señora Wallis han desaparecido, como exigió la mayoría de la comisión, sin duda para tranquilizar su conciencia. 
Esta decisión se aprobó por un motivo absurdo e inhabitual: ¡se supone que me habría expresado fuera del marco de mis actividades parlamentarias, lo cual es falso! 
Pero en las circunstancias políticas actuales, el hecho de haber obtenido la supresión de todos los pasajes que podían serme hostiles en cuanto al fondo es una semivictoria. 
Dado que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud, considero el artificio de procedimiento utilizado por mis adversarios políticos la prueba de su apuro –la palabra es floja– con respecto al fondo del asunto. 
No es menos cierto que todo esto sucede en el mismo momento en que muchas voces, entre ellas las del señor De Villepin, el señor Chirac y... 
Señor Gollnisch, ha tenido usted un minuto. 
Estas explicaciones de voto son solo de un minuto. 
Una de las observaciones que hizo usted y por la que se le retiró la inmunidad fue que «corresponde a los historiadores debatir si existieron las cámaras de gas». 
Ese comentario me anima una vez más a visitar el campo de Natzweiler-Struthof, en los Vosgos, como haré en enero. 
No estamos en la, señor Gollnisch. 
Tiene la palabra el señor Vanhecke. 
Señor Presidente, francamente, me siento bastante disgustado por la idea de que esta Cámara, en las actuales circunstancias, conceda el Premio Sájarov, dado el nivel de hipocresía existente, porque suspender la inmunidad parlamentaria del señor Gollnisch no solo es una vergüenza para esta Cámara sino que además va en detrimento de la democracia. 
Ni siquiera debemos entrar en los detalles del asunto, porque cualquiera que se considere demócrata debe, en primer lugar, defender ante todo el derecho a la libre expresión de opiniones por parte de todos aquellos con quienes no está de acuerdo. 
Esta Cámara tiene el hábito de defender la inmunidad parlamentaria; que ahora se suspenda la del señor Gollnisch es algo que considero alarmante. 
Es evidente que el mundo todavía no se ha liberado de sus Robespierre, Freisler, Beria y sus cobardes cómplices en esta Cámara. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Wallis porque es contrario a la tradición de que el Parlamento no aborda la cuestión de si debe suspenderse la inmunidad cuando se expresan, o presuntamente se han expresado, opiniones que constituyen una infracción. 
Si seguimos por esta vía, podríamos llegar a abolir el propio concepto de inmunidad parlamentaria. 
– Señor Presidente, este informe, que concluye con la negativa a defender la inmunidad de nuestro colega, el señor Gollnisch, ignora todos los principios generales relativos a los privilegios e inmunidades, así como la jurisprudencia constante de las comisiones competentes en la materia. 
Se entrega también a una auténtica caza de brujas, haciéndose eco así de la posición de las autoridades judiciales y políticas francesas, porque no había razón alguna para que el señor Gollnisch no debiera haber hecho los comentarios que hizo sobre la Segunda Guerra Mundial en una conferencia de prensa convocada después del descanso veraniego. 
Fueron sacados de contexto de un modo abusivo y escandaloso. 
En realidad, si esas mismas palabras hubieran sido pronunciadas por otro, no habrían provocado este revuelo, ni siquiera se habrían reproducido. 
La prueba de ello la ha dado recientemente el señor Chirac, el Jefe de Estado francés. 
Todo este asunto, señor Presidente, tiene todos los atributos de una manipulación política, cuyo único objetivo es eliminar de la escena política a un hombre irreprochable. 
Me gustaría destacar que considero que las observaciones del señor Gollnisch son ofensivas. 
. – El señor Gollnisch pronunció el 11 de octubre de 2004, en una conferencia de prensa, palabras que ponían en duda la existencia de las cámaras de gas. 
Sin embargo, esos crímenes son hechos históricos. 
Negarlo o discutirlo es un delito. 
Y a la justicia francesa corresponde pronunciarse, conforme a la ley Gayssot, que prohíbe la expresión pública de un discurso que discuta la existencia de crímenes contra la humanidad. 
Por supuesto, hay que garantizarse la libertad de expresión de un diputado al Parlamento. 
Pero lo que está en juego en esta votación es situar a un hombre, a un profesor de universidad, frente a sus responsabilidades. 
Por esta razón, votaré a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria del señor Gollnisch. 
Para la inmensa mayoría de los diputados al Parlamento Europeo, esta votación es portadora de un mensaje: el revisionismo no tiene cabida en la Europa del «nunca más». 
. – Sorprendentemente, un punto fundamental en el asunto de nuestro colega, el señor Gollnisch, que sin embargo estaba presente en las tres primeras versiones del informe de la señora Wallis, ha desaparecido en la última. 
Se trata del: la presunción de que la acción penal está inspirada en la intención de perjudicar la actividad política del diputado. 
Uno de los principios del Parlamento Europeo es que no se levanta la inmunidad cuando existe la sospecha de que la acción penal ha sido motivada por la intención de perjudicar la actividad política del diputado. 
Ahora bien, en este expediente hay abundantes pruebas de. 
No se trata de meras suposiciones. 
La intrusión del poder político es evidente en la persona del Ministro de Justicia de la época, el señor Perben, un adversario político directo del señor Gollnisch, pues es candidato declarado a las elecciones municipales en Lyon. 
Fue él quien ordenó personalmente las diligencias cuando la instrucción había declarado inocente al señor Gollnisch. 
El fiscal general de Lyon lo reconoció en un comunicado publicado entonces por toda la prensa. 
Por tanto, no se comprende por qué la ponente ha excluido al final el. 
De los hechos y circunstancias de este asunto se desprende que las medidas adoptadas por las autoridades judiciales tienen por objeto obstaculizar la actividad política de este diputado. 
Señor Presidente, en cuanto al informe Fortou, nos preocupan los acontecimientos de España, y específicamente en la comunidad de Valencia, donde muchos ciudadanos europeos se han sentido tratados injustamente como consecuencia de una legislación regional mal formulada y una interpretación defectuosa por parte de las autoridades regionales, locales y estatales. 
Es de agradecer que las autoridades regionales valencianas hayan adoptado una actitud muy cooperadora y ya estén modificando la ley. 
La nueva ley se encuentra en proceso de redacción. 
Deberíamos dejar claro que el Parlamento Europeo no tiene competencias para abordar el tema de la anulación de una legislación local mal redactada. 
Por supuesto, debemos intervenir en aquellos casos en los que se vea afectada la legislación europea, pero esta Cámara no es responsable de todo. 
Señor Presidente, voy a hacer tres puntualizaciones y una reflexión final. 
Al haber sido rechazadas muchas de las enmiendas formuladas por la propia ponente, el informe que acabamos de votar tiene una suerte de dislates que este Parlamento no puede ignorar. 
El apartado sexto, tal y como ha quedado redactado, y no como debería haber quedado redactado según el informe de la ponente, obliga al legislador nacional y regional a introducir una serie de concreciones que pertenecen a su competencia exclusiva. 
No apelo aquí al principio de subsidiariedad: es una clara invasión de competencias. 
Lo mismo ocurre con el, que pretende suspender la aplicación de una ley legítima, aprobada por un Parlamento regional legítimo y no invalidada por el Tribunal Constitucional: es una clarísima invasión de competencias por parte de este Parlamento. 
En segundo lugar, en el considerando J, en contra también de la enmienda formulada por la propia ponente, y a instigación de los socialistas españoles, se alude a la existencia de ilícitos penales. 
Los ilícitos penales, en cualquier Estado de Derecho, como sabe el Presidente, deben ser aplicados, determinados y precisados por un tribunal, de acuerdo con un principio muy antiguo:. 
. Los diputados al Parlamento Europeo pertenecientes al UKIP han votado en contra de este informe, no porque no simpaticen ni comprendan a los propietarios de inmuebles en Valencia que se han visto privados de sus derechos de propiedad en virtud de una ley injusta, sino porque estamos totalmente en desacuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que no tiene fuerza jurídica pero que en el informe se esgrime como argumento a favor de la intervención de la UE en esta cuestión. 
Los problemas del desarrollo urbanístico en la comunidad autónoma de Valencia no son un asunto del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea en general. 
A juzgar por el informe, todos los temas políticos son responsabilidad de las instituciones de la UE. 
Esto significa que no se tiene la menor consideración por los Gobiernos electos de los Estados miembros, los diversos tipos de Gobiernos regionales electos y muy pocos de los Gobiernos locales elegidos por votación popular. 
Hemos votado en contra del presente informe. 
No creo que la UE deba interferir en la forma como cada país lleva a cabo su planificación detallada. 
Sin embargo, en este caso, los políticos verdes del país en cuestión me han pedido que vote a favor de una intervención de este tipo, porque está en juego su democracia. 
Los contratistas inmobiliarios sobornan a los políticos, no les preocupa ni la legislación ni la democracia, y mis colegas creen que debe denunciarse el problema ante los políticos de fuera del país si queremos que haya alguna reacción por parte de la clase dirigente. 
Por lo tanto, mi voto es favorable a la opinión sobre la petición firmada por 15 000 personas y entregada al Parlamento. 
Pero esto no significa que desee que las conclusiones se conviertan en legislación aplicable en toda la UE. 
. Nuestro Grupo se opone a que la UE pueda seguir actuando de este modo fuera del ámbito de competencias que le otorga cualquier tratado, lo que abriría una brecha jurisprudencial con el objetivo de inmiscuirse en las políticas municipales y urbanísticas, en asuntos arquitectónicos de los Estados miembros y en la situación financiera de propietarios y arrendadores. 
En cualquier caso, es ilegal dotar de carácter legal a un texto de naturaleza política. 
El considerando L es el motivo por el que hemos votado en contra de este informe. 
Señor Presidente, Señorías, acabamos de votar sobre el informe Bersani en el que yo, como ponente alternativo, he trabajado en su periplo por esta Cámara. 
El informe representa un buen compromiso entre quienes desean que la Unión Europea tenga más poderes en los asuntos fiscales y quienes no, ya sea en relación con la base imponible de las empresas o con el tipo a que se gravan las empresas. 
Pero, incluso mientras estábamos votando, he sido informado de que el Tribunal Europeo de Justicia ha dictado sentencia sobre el caso Marks [amp] Spencer. 
La situación ahora es que la empresa, en el Reino Unido, puede, mediante consolidación, consolidar las pérdidas y ganancias de Europa, y el Reino Unido tendrá que pagar a la empresa decenas de millones. 
No quiero discutir los detalles del caso, sino tan solo dejar claro que lo que queremos es un sistema único de leyes, y que las leyes sean elaboradas, como ahora, por este Parlamento y sus diputados. 
Aquí tenemos, de nuevo, un caso de ley elaborada por jueces, cuyos fundamentos deben debatirse. 
No creo que este deba ser el futuro de la Unión Europea. 
. La delegación apoya unos tipos fiscales mínimos y una base imponible común consolidada para las empresas que operan al menos en dos países. 
Una base imponible común consolidada y unos tipos tributarios mínimos para las empresas harán que el mercado interior sea más eficiente y, a la vez, combatirán la tendencia hacia la competencia fiscal, que es una amenaza para nuestros modelos sociales en Europa. 
La delegación no considera que el principio de fiscalidad del país de origen sea una buena idea porque puede comportar una distorsión de la competencia entre países vecinos con normas fiscales distintas. 
. 
La fiscalidad de las empresas era uno de los ámbitos que abarcaba el denominado Paquete Monti de medidas de armonización fiscal. 
La adopción de la Estrategia de Lisboa proporcionó un nuevo impulso a la idea de un mercado interior sin obstáculos fiscales. 
La propuesta que tenemos ante nosotros, según el artículo 94 del Tratado sobre la aproximación de leyes, defiende la creación de una base fiscal corporativa común consolidada. 
Los objetivos son claros: eliminar las barreras fiscales para las empresas que realizan transacciones transfronterizas y crear unas condiciones en las que las grandes corporaciones multinacionales puedan operar en un régimen único que abarque la distribución de dividendos y la compensación transfronteriza de pérdidas y beneficios, facilitando así las operaciones de reestructuración transfronteriza y las operaciones de fusión y adquisición. 
Por lo tanto, esto ayuda a consolidar el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, con lo que aumenta la existencia de lagunas jurídicas a través de las cuales las empresas pueden eludir los impuestos e impide evitar la evasión fiscal, que es lo contrario de lo que se pretendía. 
Con su planteamiento maximalista, el Parlamento está pensando incluso en promover una mayor cooperación, si algunos Estados miembros no quieren seguir esta ruta. 
Siempre nos hemos opuesto a esta ruta, porque es un ataque a la soberanía fiscal de los Estados miembros, y porque no consigue resolver el problema principal de que el trabajo soporte la mayor carga fiscal. 
Por lo tanto, hemos votado en contra del informe. 
. Acojo con satisfacción el trabajo de la Comisión en este terreno. 
Sin embargo, no quiero anticiparme al resultado del Grupo de trabajo técnico de la UE, que se ha creado para examinar esta cuestión recurriendo a cualquier normativa en este ámbito. 
Creo que la UE debe examinar todos los métodos empleados para atraer inversiones y no estoy convencido de que una base imponible armonizada vaya a atraer más inversiones extranjeras, particularmente a la ciudad de Londres. 
. Estoy convencido de que la competencia fiscal es vital. 
Rechazo de plano la afirmación de que nivelar al alza los impuestos con vistas a la armonización puede aportar una solución a la falta de competitividad de Europa. 
Una base imponible consolidada tendría el efecto de encorsetar la política fiscal de los Estados miembros. 
Si un Gobierno quisiera emprender una actividad económica mediante la concesión de créditos fiscales para investigación y desarrollo, ese Estado miembro tendría que obtener la aprobación unánime del Consejo. 
¿Es esa nuestra visión de Europa? 
¿Dónde un enfoque consolidado significa que a la hora de formular la política fiscal nacional es necesario contar con la aprobación previa de los 25 Estados miembros? 
Y mientras Europa se entretiene con estas decisiones, la competitividad de los mercados mundiales significará que los inversores sencillamente pasan de largo. 
Esta no es mi visión de Europa. 
La flexibilidad fiscal es fundamental para mejorar la competitividad europea. 
La investigación y el desarrollo forman parte del conjunto general que determina la competitividad. 
No debemos olvidar que los impuestos también. 
Y la competitividad fiscal es saludable. 
Según el presente informe, «la tendencia a la competencia en los porcentajes de los tipos pueden conducir a la erosión de los ingresos fiscales». 
Es esta una visión miope, entre otras razones porque los ejemplos polaco e irlandés la desmienten. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo (EPLP) acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión en este terreno. Sin embargo, no quiere anticiparse al resultado del Grupo de trabajo técnico de la UE, creado para examinar esta cuestión reclamando cualquier normativa en este ámbito. 
El EPLP cree que la UE debe examinar todos los métodos empleados para atraer inversiones y no está convencido de que una base imponible común vaya a atraer más inversiones extranjeras. 
La opinión del EPLP es que la armonización de la base imponible posiblemente podría conducir a unos tipos más elevados, con una ulterior armonización que no es deseable. 
El EPLP apoya el incremento de la cooperación, si los Estados miembros desean llegar a este enfoque consolidado del tipo impositivo, siempre y cuando se sigan los procedimientos adecuados y no se siente un precedente para la cooperación fiscal en el futuro. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0365/2005) del señor Alvaro, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de datos tratados en relación con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE [COM (2005) 0438- C6-0293/2005- 2005/0182 (COD) ]. 
Señor Presidente, Señorías, el compromiso alcanzado en torno a la propuesta de directiva presentada por la Comisión hace solo tres meses es fruto del trabajo serio, profesional e intenso desarrollado conjuntamente por las tres instituciones de la Unión Europea, y es resultado también de la firme voluntad común de luchar hombro con hombro contra el terrorismo y la delincuencia organizada. 
Si este Parlamento, como deseo sinceramente, se expresa a favor del compromiso alcanzado, los 25 Estados miembros de la Unión tendrán una legislación común en materia de conservación de los datos de tráfico de telecomunicaciones que hará más eficaz la lucha de los tribunales y de la policía por proteger el derecho a la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Es en sí mismo un resultado importante, un primer paso, pero fundamental, hacia una armonización gradual de las legislaciones nacionales. 
Además, si se alcanza un acuerdo, este subrayará la posibilidad de abordar temas de capital importancia para los ciudadanos europeos en el contexto de un marco comunitario, no ya intergubernamental; existirá así la posibilidad, o mejor dicho, el derecho a la plena participación no solo de la Comisión y del Consejo, sino también del Parlamento Europeo con el mismo derecho, y debo decir aquí públicamente que gracias al empeño personal y al valiente empeño del Ministro Clarke conseguimos en el Consejo un acuerdo sobre el cambio del fundamento jurídico de la actual propuesta de directiva, algo que hace tan solo unos meses no parecía nada fácil. 
Este compromiso responde a algunas de las peticiones más importantes formuladas, no solo por el Consejo, sino sobre todo por este Parlamento, a lo largo del intenso debate de los últimos meses. 
Hemos tenido en cuenta exigencias fundamentales, como la protección y la seguridad de los datos personales, la aplicación de sanciones por el uso indebido de los datos conservados y la limitación de la aplicación de la directiva a los delitos graves. 
Quiero resaltar también en esta Cámara, como ya hice en el Consejo, cuán importante es que se respeten siempre los principios de necesidad y proporcionalidad en la aplicación del artículo 15, del que se ha hablado tanto, de la directiva de 2002 vigente. 
Se trata de resultados importantes que apuntan a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y responden a los principios generales de la acción legislativa de Europa. 
Señor Presidente, en este punto quisiera, para concluir, insistir con gratitud en la calidad del trabajo realizado por el Parlamento en circunstancias difíciles y en plazos muy reducidos, en comparación con los plazos medios de tramitación parlamentaria. 
Hay que reconocer también que esta materia presenta aspectos muy complejos desde el punto de vista legal, técnico y económico, y que, en algunos temas concretos, los puntos de vista iniciales estaban aparente y sustancialmente muy alejados unos de otros. 
Precisamente por estos motivos, deseo manifestar mi gratitud personal y mi aprecio por el trabajo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en la que participé en varias ocasiones, por su presidente, el señor Cavada, y por el ponente, el señor Alvaro. 
Señor Presidente, la Comisión se felicita, pues, por el compromiso alcanzado y recomienda que sea apoyado por el Parlamento Europeo, aprobando en particular las enmiendas 51 a 92 firmadas por la señora Roure y el señor Kreissl-Dörfler por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y por el señor Reul por el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Creo que este consenso puede y debe ir más allá de las enmiendas presentadas por los dos principales Grupos del Parlamento Europeo y considero que un consenso aún más amplio de este Parlamento demostraría a nuestros conciudadanos la plena capacidad de esta gran institución, y de las tres instituciones europeas, para trabajar juntas a fin de dar respuestas concretas a las demandas de nuestros conciudadanos. 
. Señor Presidente, quisiera empezar sumándome plenamente a los sentimientos expresados hoy por mi amigo el Vicepresidente de la Comisión, el señor Frattini. 
Creo que se ha realizado un trabajo muy importante y constructivo, tanto entre el Consejo y la Comisión como entre el Consejo y el Parlamento. 
En particular, quiero expresar mi aprecio al señor Cavada y a todos los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, incluido el señor Alvaro, y a los líderes de los Grupos por la forma en que hemos trabajado para debatir estas cuestiones. 
Conforme nos acercamos al final de la Presidencia británica, me complace enormemente tener la oportunidad de participar en este debate. 
Ha sido uno de los puntos más importantes de nuestro programa de trabajo y espero que estemos de acuerdo en que las propuestas nos brindan una oportunidad para que la tres instituciones de Europa, Parlamento, Comisión y Consejo, permanezcan unidas en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada y para que envíen el mensaje de que estamos decididos a trabajar unidos para lograr estos objetivos. 
Estoy orgulloso de lo que se ha conseguido durante esta Presidencia. 
Hemos acordado una estrategia antiterrorista de la Unión Europea. 
Hemos tomado medidas para mejorar el intercambio de información con fines policiales. 
Hemos aprobado una estrategia para hacer frente a la radicalización y el reclutamiento de terroristas. 
Hemos creado un programa de la Unión Europea destinado a proteger las infraestructuras críticas contra ataques devastadores. 
Hemos previsto una evaluación por expertos de las prácticas y del desarrollo de la lucha contra el terrorismo. 
Hemos aprobado una directiva sobre el blanqueo de dinero. 
Hemos acordado propuestas para mejorar el intercambio de información entre los servicios policiales y hemos desarrollado un plan de acción europeo para hacer frente al tráfico de seres humanos. 
En ese contexto, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que también hemos dado mucha mayor prioridad a las cuestiones de inmigración en el programa de trabajo de la Unión Europea. 
Se trata de una serie de logros muy sustanciales. 
No obstante, para mí personalmente la cuestión más importante es la que estamos debatiendo hoy: el objetivo de lograr normas comunes para la conservación de datos de telecomunicaciones. 
Como ha dicho el señor Frattini, ha sido un debate franco –y todo el mundo ha querido participar en él–, pero también complicado, pues no ha sido nada fácil resolver las cuestiones de principio y las cuestiones técnicas. 
Mi compromiso ha sido escuchar en la medida de lo posible los distintos puntos de vista expresados en este Parlamento y debatir con mis colegas en el Consejo sobre cómo podemos trabajar juntos. 
Para ser sincero, en el Consejo había cierto escepticismo con respecto a la idea de aceptar un acuerdo en primera lectura y un proceso de este tipo. 
No estábamos seguros de que sería posible llegar a un acuerdo. 
Por eso el debate de hoy es tan importante. 
La afirmación de que el Parlamento Europeo en particular, no solo el Consejo y la Comisión, se compromete a hacer propuestas en este terreno me parece muy importante. 
Los instrumentos de las que estamos hablando, los datos de telecomunicaciones que describimos, son vitales para investigar y descubrir el terrorismo y la delincuencia. 
Es esencial, en mi opinión, establecer un fundamento jurídico proporcionado y equilibrado para la conservación de datos que, de otro modo, serían borrados o permanecerían en el anonimato. 
Las distintas prácticas de conservación de datos significan que la habilidad de los investigadores y fiscales para detener y juzgar a delincuentes y terroristas para evitar que causen daño, o para atraparlos una vez que lo han causado, depende del proveedor de servicios de comunicaciones utilizado por un sospechoso, una víctima o un testigo o del Estado miembro en el que se encuentran. 
Esas diferencias representan una puerta de escape para nuestros adversarios del mundo de la delincuencia, y con esta directiva, que espero que aprobemos hoy, pretendemos cerrar esa puerta. 
Hay muchos ejemplos, algunos de los cuales ya mencioné en la Comisión de Libertades Civiles en septiembre de 2005, en los que los datos de comunicaciones se han usado para seguir el rastro de los miembros de células terroristas, para ayudar a identificar a criminales y para liberar a rehenes y hacer frente a los organizadores de delitos muy graves. 
La posición del Consejo, apoyada por la Comisión, pretende llegar a un compromiso entre el Parlamento y el Consejo, en particular equilibrar las necesidades de la policía y el derecho de los ciudadanos a la privacidad mediante la inclusión de normas específicas sobre protección de datos. 
Tal como ha quedado modificada, la directiva obligará a los Estados miembros a garantizar que los datos se retengan únicamente con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves. 
Esta exigencia procede concretamente del Parlamento Europeo. 
Muchos nos dijeron que teníamos que garantizar que esto se limitara a delitos graves a escala comunitaria. 
Hemos respondido a ese punto en la propuesta, que el Consejo ha aceptado. 
En cuanto a los periodos de conservación, el periodo propuesto en el compromiso, de seis a veinticuatro meses, representa un compromiso entre los miembros del Consejo que querían un periodo máximo mucho más largo –algunos miembros del Consejo no creían en principio que deberíamos legislar en absoluto sobre esta base– y los diputados al Parlamento que se habrían sentido más satisfechos con un periodo de conservación más corto. 
Creo que esta solución de compromiso permitirá a los servicios policiales obtener los datos que necesitan sin infringir de forma desproporcionada el derecho a la intimidad. 
La Presidencia ha tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por los Estados miembros y la industria y por algunos diputados al Parlamento sobre los costes, en particular los devengados por el almacenamiento de tipos de datos como las llamadas perdidas. 
Por este motivo, la lista de datos de la directiva se ha restringido y los datos de las llamadas perdidas quedan fueran de su ámbito de aplicación en general. 
También es un motivo por el que apoyé el compromiso de la Comisión y del Consejo de revisar regularmente la efectividad de la aplicación de la Directiva junto con el Parlamento Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y los representantes de la industria. 
Es una situación muy volátil y es importante que todas las instituciones trabajen juntas para mantenernos al día sobre la mejor manera de abordarla. 
Como he señalado, el Consejo también se ha tomado muy en serio las preocupaciones expresadas en el Parlamento sobre la protección y la seguridad de los datos. 
De ahí que las enmiendas incluyan artículos sobre la protección de datos, el acceso a los mismos y las sanciones impuestas en caso de abuso. 
Estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del Parlamento de que los datos deben guardarse de forma segura y que solo pueden hacerse públicos conforme a la ley y comunicarse a personas que, por ley, estén autorizadas a verlos. 
El acceso no debe ser generalizado. 
Sé que ha sido una negociación complicada y que la cuestión que nos ocupa es técnica y compleja. 
Acojo con agrado, por tanto, que la Comisión tenga que evaluar plenamente la aplicación de la Directiva y su impacto sobre la industria y los consumidores. 
Nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho a la propiedad, nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho a la vida están amenazados por terroristas y delincuentes. 
Creo que, particularmente en esta democracia, los políticos demócratas tienen el deber y la responsabilidad de proteger estos derechos mediante el tipo de medidas que acordamos aquí. 
Espero que podamos decir al final de este debate que lo hemos logrado. 
Considero que la propuesta de la Comisión, tal como ha sido modificada por el Consejo y con el apoyo del Parlamento, nos aseguraría un instrumento con el que poder equilibrar mejor la necesidad de retener datos para proteger a nuestros ciudadanos y la necesidad de proteger y respetar su intimidad. 
Adoptamos nuevas tecnologías que ofrecen grandes oportunidades para aprender, para hacer negocios y para comunicarnos. 
Pero estas mismas tecnologías pueden se utilizadas y mal empleadas por parte de aquellos que no respetan los derechos de los demás, y también por sus víctimas. 
Es correcto, por tanto, que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para hacer justicia y proteger a los ciudadanos. 
Esto es lo que ellos, nuestros electores, exigen de nosotros y por ese motivo tenemos que actuar, de forma proporcionada y democrática, por supuesto, pero espero que con unidad. 
Me complace que mañana el Parlamento en su conjunto tenga la oportunidad de expresar su punto de vista sobre la propuesta de directiva. 
La Comisión, con la excelente aportación del señor Frattini, ya ha manifestado su apoyo. El Consejo también apoya. 
Si ustedes, el Parlamento, dan su respaldo, podremos celebrar un logro histórico, que enviará un mensaje de fuerza a todos los ciudadanos de la Unión Europea sobre nuestra determinación y nuestra capacidad para luchar contra el terrorismo y la delincuencia grave y sobre la importancia del Parlamento Europeo en esa lucha. 
Creo que el mensaje que enviaríamos sería importante por derecho propio, pero que también sería importante para los futuros acuerdos en la Unión Europea sobre cómo hacer evolucionar estas cuestiones de forma positiva y constructiva. 
Para terminar, me gustaría dar las gracias a todos mis colegas en el Parlamento, muchos de los cuales están presentes hoy en la Cámara, por el enfoque afable, positivo, atento y constructivo que han adoptado al intentar debatir estas cuestiones. 
Creo que su sabiduría puede llevarnos a una nueva frontera de la lucha contra el crimen, la delincuencia y el terrorismo en toda la Unión Europea. 
. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Clarke, me complace su presencia aquí, y también la de los distinguidos diputados con los que he tenido el privilegio de trabajar durante más de un año. 
Sin embargo, no pueden esperar de mí que salte de alegría, porque la línea que adopto difiere de la que ustedes acaban de presentar. 
Para empezar, no creo que jamás hayamos tenido que adoptar una decisión sobre la que se haya considerado realmente el fundamento jurídico, porque es obvio; hay tratados que lo dicen claramente. 
Además, la Comisión también presentó una propuesta, según el artículo 95, de una directiva que habría requerido la codecisión en esta Cámara. 
Considero que no es digno de esta Cámara celebrar que conseguimos algo que ya era legítimamente nuestro, pero, bueno, supongo que otros opinan de otra forma. 
Personalmente creo que sabíamos perfectamente bien dónde nos metíamos, y sabemos por los servicios jurídicos, incluidos los del Consejo, que el Consejo no habría estado bien aconsejado para tomar una decisión. 
También sabemos que no hubo unanimidad en el Consejo, por lo que tenía mucho sentido táctico establecer la unanimidad en esta Cámara. 
También quiero discutir gran parte del contenido de lo que han dicho. 
Las decisiones que tomamos en comisión se adoptaron conjuntamente, sin tener en cuenta las filiaciones de los partidos, y a veces unánimemente, y las enmiendas que redactamos eran excelentes. 
Una votación final de 33 contra 8, con cinco abstenciones, refleja exactamente la postura tomada por la segunda comisión más grande de esta Cámara, y el único de sus organismos constitutivos que ha tomado una decisión en este asunto. 
Opino de forma muy distinta en lo que se refiere a los límites de tiempo para la conservación de los datos, pero ustedes ya lo saben. 
He viajado mucho más lejos y he recorrido un largo camino para llegar a esos compromisos, que en la comisión hemos acordado, para mostrar una especie de columna vertebral. 
Y ahora llega este artículo X, que dispone que los Estados miembros amplíen los límites de tiempo para la conservación de los datos tanto como quieran, siempre que informen a la Comisión y le ofrezcan la oportunidad de pasar seis meses examinando si ello podría constituir una barrera para el comercio o un trastorno del mercado interior, y no si podría haber alguna objeción de naturaleza jurídica o desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Interesante. 
Un resultado de todo esto es que Polonia, el apreciado vecino de la República Federal de Alemania, tiene previsto retener los datos durante quince años. 
Sin embargo, no hemos llegado a ningún acuerdo sobre los costes que ello implica. 
El hecho de que las empresas y los ciudadanos tengan que pagar la factura de lo que piden los Estados sienta un precedente. 
Y además observo la inclusión de disposiciones sobre la protección de datos y de los ciudadanos, así como los mecanismos de sanción, pero, aunque me complacen esas medidas positivas, no exigen del Consejo más que un chasquido de dedos, dado que se refieren a la legislación nacional, que, como muy bien deben saber, no es difícil de poner en práctica. 
En cuanto al contenido, también hemos consultado con la Comisión, que adoptó una línea similar a la nuestra, y hemos llegado a la conclusión de que: 
«Está bastante claro que el texto difiere de nuestra propuesta original en varios ámbitos importantes. 
Aunque la aprobación de nuestra propuesta habría significado una armonización casi completa en este terreno, el texto de compromiso representa solo una armonización parcial.» 
Como no hemos resuelto el tema de la conservación de datos de una vez por todas, que es lo que la comisión y la Comisión pretendían, me pregunto hasta qué punto podemos decir que ha sido un éxito rotundo. 
Lo que hemos hecho es transferir a los Estados miembros una medida que la Directiva 2002/58 no les permitía poner en práctica. 
Y en general está en sus manos decidir qué forma precisa quieren que adopte, dado que les hemos proporcionado un inmenso grado de flexibilidad. 
No creo que, de esta forma, podamos decir justificadamente que hemos actuado como legisladores europeos. 
También creo que sigue habiendo continuos malentendidos en cuanto a la competencia y los futuros poderes de esta Cámara. 
Un comunicado de prensa del Grupo Socialista, del 8 de diciembre, termina con la siguiente frase: 
En el futuro, todos los expedientes relativos a esta materia se tratarán conforme al principio de codecisión con el Parlamento, incluida la revisión de la presente directiva. 
En el último caso, eso es cierto, desde luego, pero la idea de que en el futuro todo lo que sirva para combatir el terrorismo deba someterse a un procedimiento de codecisión me parece muy cuestionable, puesto que se trata de un ámbito en el que las decisiones del Consejo tienen que ser unánimes. 
También tengo entendido que Irlanda recurrirá ante el Tribunal de Justicia Europeo cualquier decisión que tomemos aquí y planteará la cuestión de si eso es posible en términos de competencia, lo cual es un giro muy interesante de los acontecimientos. 
Por último, quiero decirles que me siento muy decepcionado por la forma en que se ha llevado a cabo el procedimiento y por las contribuciones que han hecho los dos grandes Grupos. 
Me parece de un mal gusto increíble la manera en que se han comportado después de haber dedicado ocho semanas a debatir estas cuestiones en profundidad y a considerar nuestros siguientes pasos, habiendo hecho todos algunas concesiones, habiéndose logrado un gran número de compromisos y habiendo adoptado la Comisión una decisión muy clara y concreta. 
Me parece de mal gusto que algunos miembros de los grandes Grupos perjudicaran de este modo una propuesta de compromiso que el Consejo no había presentado todavía oficialmente, sin que por tanto haya habido hasta el momento negociación oficial con el Consejo, argumentando que el representante del Consejo había invalidado, en principio, su propio mandato y se veía incapaz de negociar. 
Es cierto que estoy decepcionado, pero espero con gran impaciencia la votación de mañana y, en conjunto, diré que la voluntad de trabajar juntos de una manera racional existirá siempre. 
Los resultados no tienen por qué gustar a todo el mundo. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, señor Clarke, Señorías, lo que los ciudadanos esperan de nosotros no es que nos lancemos acusaciones mutuamente sobre quién es responsable de qué, sino que nos aseguremos de resolver sus problemas de la forma más rápida y diligente posible, y lo que esperan de los responsables de la política europea no es que aborden la cuestión de cómo combatir la delincuencia organizada y el terrorismo simplemente adoptando una nueva resolución y volviendo a discutir entre ellos, sino que obtengan resultados. 
Ese ha sido nuestro problema. 
Ahora tenemos sobre la mesa algo que podría mejorar la situación: la conservación y el almacenamiento de datos. 
Puede que no sea la respuesta para todo, pero es una respuesta. 
El problema que se nos ha planteado es la forma de proteger los datos e impedir que ciudadanos inocentes se vean importunados más de lo que las circunstancias puedan justificar, y al abordarlo nos hemos hecho eco de la inquietud justificada de los ciudadanos. 
En lugar de permitir que ese problema se convierta en una historia interminable, hemos querido obtener un resultado rápido. 
Los ciudadanos tienen derecho a que les presentemos resultados inmediatos. 
Puedo decir al señor Alvaro que por esa razón nos incumbe a nosotros, aún con el escaso tiempo disponible, buscar y encontrar una solución. 
Para ser sincero, diré que la solución que hemos encontrado no es 100 % perfecta, pero nos sirve de ayuda ahora y dota a la policía de instrumentos que antes no tenía. 
Nos ayuda a hacer todo lo posible para asegurar la protección de la vida humana y los datos personales. 
El Consejo no habría dado ni un paso más; la cuestión se había reducido a una sucesión interminable de decisiones marco y discusiones. 
El señor Alvaro ha descrito con exactitud cómo el Parlamento siguió formulando preguntas durante meses seguidos, sin llevarnos a ninguna parte, porque el Consejo no estaba dispuesto a ceder, hasta que la Comisión presentó una propuesta que nos ha ayudado a alcanzar un consenso. 
Lo que ahora tenemos es un consenso alcanzado solo porque el Parlamento ha modificado su postura y ha hecho el esfuerzo de conciliar fuerzas distintas. 
Eso es lo que había que hacer, y al hacerlo nosotros también hemos salido ganando, porque ahora no hay duda alguna de que este proyecto está sujeto a codecisión. 
No me parece relevante plantearse si se podría haber obtenido el mismo resultado de alguna otra forma y en algún otro momento. 
Lo que me interesa es que este proyecto pueda completarse a finales de 2005 y entrar así en vigor. 
A este instrumento digo «sí» ; a la obtención arbitraria de datos digo «no» ; y por eso digo «sí» a las restricciones que hemos acordado finalmente. 
Se excluyen algunos tipos de datos; no se permite conservar todo tipo de información sobre Internet, sino solo una categoría muy limitada; la conservación de los datos de tráfico se aplica solo al inicio de la sesión y se permite el registro de llamadas fallidas solo cuando eso ya se esté haciendo a escala nacional. 
En eso no ha cambiado nada y los países que no recaban ese tipo de datos no tienen que hacerlo; no están obligados a nada; son libres. 
Hemos reducido los requisitos. 
Hemos establecido un período mínimo de conservación de seis meses –un período sobre el que creo que podemos seguir hablando– y de 24 meses en caso de que el plazo deba ampliarse. 
Me queda por formular una pregunta, ya planteada por el señor Alvaro y que me gustaría mucho que recibiera una respuesta, posiblemente del señor Clarke. 
El Comisario Frattini dijo, al ser consultado al respecto, que los quince años propuestos por Polonia no pueden considerarse una excepción. 
Yo pienso lo mismo, pero me sentiría mucho mejor si el señor Clarke nos dijera algo al respecto, que no puede ser la respuesta. 
Tengo que decir, claro está, que en materia de costes no conseguimos lo que me hubiera gustado conseguir, pero la cuestión de los costes ya no es tan relevante como lo era al principio del proceso, puesto que ya no se están considerando los tipos de datos en cada categoría. 
Pero sí creo que hay que tener en cuenta el giro que han dado los acontecimientos durante el procedimiento y que también afecta a otros aspectos, como los costes, que ya no son tan considerables. 
Lo cierto es que hemos conseguido mejorar enormemente la seguridad de los datos personales en lo que respecta a su control y a los posibles abusos. 
Todas las cosas que el señor Alvaro ha descrito las hemos conseguido gracias a nuestro esfuerzo conjunto. 
Ha sido muy laborioso, pero el trabajo está ya hecho. 
Ahora se ha acordado –y esperemos que mañana se apruebe– que los ciudadanos deben estar protegidos contra el uso indebido de los datos personales, que se apliquen sanciones y multas, que no pueda conservarse el contenido de las comunicaciones, que el acceso a los datos se permita únicamente en casos de delitos graves y muchas otras cosas. 
Y el Parlamento sigue siendo un actor clave, ¡sin comitología ni revisión después de dos años! 
Se amplía el ámbito de actuación de la policía, los ciudadanos disfrutan de una protección nueva y más amplia de sus datos y el Parlamento gana influencia. 
Creo que los ciudadanos tienen derecho a que nos tomemos en serio la forma de protegerlos contra la delincuencia. 
Señor Presidente, la democracia y la libertad no se defienden restringiendo los derechos humanos. 
En los estados totalitarios, las personas son culpables hasta que se demuestra su inocencia. 
En los estados regidos por el Estado de Derecho, la sospecha constituye un motivo para restringir la libertad. 
Ahora estamos debatiendo una ley que permitirá espiar a los que la ley dice proteger. 
Al menos hagamos una evaluación de impacto independiente, y hagámoslo antes de que la legislación entre en vigor. 
Los derechos humanos no pueden ser pasados por alto ni ignorados. 
Legislemos con honestidad. 
No pretendamos que lo que nos preocupa es el terrorismo cuando se trata en realidad de una cuestión de ficheros compartidos, registros nacionales, impuestos, comercio y refugiados. 
No creemos nuevos problemas de competencia en Europa. 
Cumplamos el requisito de armonización de la Directiva de protección de datos y actuemos de acuerdo con el artículo 95. 
La medida propuesta no serviría para prevenir el terrorismo. 
Pero podría dañar la confianza en la UE si se demuestra que está en conflicto con las libertades y los derechos y con el Estado de Derecho. 
Si no se pudiera justificar la necesidad de la medida, la UE estaría obligando a los Estados miembros a votar en contra de sus respectivas constituciones, en las que se integra el artículo 8.2 del Convenio del Consejo de Europa. 
Se provocaría una crisis constitucional. 
Es necesario establecer libertades y derechos en el Tratado fundamental de la UE antes de que las cosas vayan demasiado lejos. 
Sé que es fácil dejarse llevar por el odio hacia los terroristas. 
Pero recortar las libertades y los derechos significa ceder ante los ataques contra el Estado de Derecho y apartarnos de nuestros valores. 
Sigamos respetando el derecho a la intimidad. 
No abramos grandes brechas en nuestras disposiciones sobre la protección de datos. 
La protección europea de los datos es un derecho europeo del que debemos estar orgullosos. 
. 
Señor Presidente, señor Clarke, señor Vicepresidente, Señorías, mañana aprobaremos un importante instrumento europeo para combatir el terrorismo y los delitos más graves. 
Habiendo rechazado esta Cámara la decisión marco original por considerar que se basaba en un fundamento jurídico equivocado, la propuesta de directiva de la Comisión otorga ahora al Parlamento Europeo poder de codecisión. 
De la misma forma que los Estados miembros en el Consejo, nosotros también partimos de opiniones muy diversas y de una interpretación diferente, pero de nuestros debates han emergido compromisos sostenibles. 
Desde el principio, con un trabajo rápido y eficiente en mente, negociamos con el Consejo de manera informal, como es el procedimiento habitual. 
A la hora de adoptar decisiones democráticas, también es habitual tratar de conseguir mayorías a favor de una posición y negociar compromisos, y los alcanzados por los dos grandes Grupos disfrutan del apoyo de la gran mayoría de esta Cámara. 
El ponente, señor Alvaro, puede pensar que esta forma de hacer las cosas es de mal gusto, pero con él no pudimos llegar a ningún acuerdo porque no estuvo en Bruselas en la etapa final de las negociaciones, aunque la Presidencia británica fue informada tan pronto como los dos grandes Grupos alcanzaron un acuerdo informal en torno a una posición, base sobre la cual se pudo llegar a un acuerdo en el Consejo. 
Esta Cámara puede jactarse de haber conseguido algunos éxitos, como haber reducido considerablemente el número de tipos de datos comparado con los propuestos por la Comisión. 
En cuanto a los delitos penales, las diferentes opiniones iban desde «aplicable a todos los delitos» hasta «solo al terrorismo» , acordándose finalmente lo siguiente: «delitos graves según se definen en la legislación nacional, por referencia a la orden de detención europea». 
Uno de nuestros grandes logros ha sido la incorporación de la protección de los datos a la Directiva en la mayor medida posible, alcanzándose un buen equilibrio entre la protección de los ciudadanos contra los delitos graves y el terrorismo por una parte, y el respeto a la vida privada por otra. 
. 
Señor Presidente, Señorías, a pesar de algunos informes en sentido contrario, mañana no votaremos sobre el documento del Consejo relativo a la conservación de datos, sino sobre un compromiso alcanzado, y laboriosamente, por la mayoría de los miembros de la Comisión y del Consejo antes de su votación definitiva en este. 
Ahora, por primera vez, el Parlamento Europeo está implicado en el tercer pilar, el de la seguridad interior, al que se aplica el procedimiento de codecisión, algo que no querían algunos Estados miembros, entre ellos el Gobierno de mi propio país. 
La decisión de si el nivel europeo puede y debe influir en el nivel nacional y si, al hacerlo, puede y debe evitar un recorte innecesario de los derechos de los Parlamentos nacionales y/o de sus poderes, exigirá un auténtico equilibrismo. 
Eso es lo que ha llevado a la Ministra de Justicia del Gobierno federal alemán, Brigitte Zypries, a iniciar una revisión parlamentaria. 
Esta Cámara ha conseguido, en cualquier caso, que el Consejo llegue a un acuerdo y que se hagan mejoras fundamentales en aspectos importantes de la propuesta original del Consejo. 
La conservación de datos es un instrumento importante –pero no el único– para combatir los delitos graves, la delincuencia internacional y el terrorismo, que algunos Estados miembros están ya utilizando, como el Reino Unido, España y Suecia, por ejemplo. 
Consideramos, por tanto, de máxima importancia que se incorporasen las debidas garantías mínimas a escala europea antes de que la legislación nacional –sobre la que no tenemos influencia alguna– fuera mucho más allá de la propuesta actual. 
Así fue como, teniendo en cuenta consideraciones de costes y la preocupación por la protección de los datos, conseguimos incorporar el requisito de conservar determinados tipos de datos sobre el inicio, pero no el final, de las llamadas de teléfonos móviles –el término operativo es «perfil» –, pero excluyendo los datos de tráfico relacionados con las denominadas «llamadas fallidas» , salvo que las empresas conservasen ya esos datos. 
Se dejaba también a los propios Estados miembros la decisión de por cuánto tiempo debían conservar los datos, dentro de unos límites de 6 a 24 meses como máximo. 
Solo cuando ya se aplicase un período más largo –en Italia, por ejemplo– se podría seguir aplicando la normativa vigente, y a este respecto agradecería mucho recibir información sobre lo que se está haciendo en el caso de Polonia. 
Pero la protección de los datos se ha reforzado en comparación con la propuesta inicial, y se sigue aplicando la legislación nacional al acceso a los datos y al uso que de ellos se hace. 
Mi Grupo votará mayoritariamente a favor de adoptar este compromiso, aunque algunos de nosotros nos habríamos conformado con menos y posiblemente otros habrían preferido bastante más. 
Mis últimas palabras van dirigidas al señor Alvaro: ¡por un clavo se pierde una herradura! 
. – Señor Presidente, en el marco de este trabajo colectivo, quiero ensalzar la inteligencia de la propuesta inicial del Comisario Frattini y la valentía del Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Clarke, en este ámbito. 
Han sabido ustedes trabajar mostrando respeto por el Parlamento, cuando en un principio no había nada que indicara que esto iba a ocurrir. 
La votación de mañana no solo es importante, sino crucial. 
En primer lugar, porque pretende sentar las bases de un marco comunitario y dejar en manos de los Estados miembros el establecimiento de ciertos límites con respecto al volumen de los datos conservados y al espacio de tiempo durante el que se conservarán para responder a las exigencias de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. 
En segundo lugar, porque cuando se fijan límites razonables, todo el mundo puede aceptarlos. 
El período de conservación mínimo de seis meses ya lo aplican los operadores de telecomunicaciones para gestionar sus contratos y su mercadotecnia. 
Este límite de seis meses había sido sugerido ya por las autoridades nacionales para proteger los datos cuando se aprobó la primera directiva sobre la protección de datos. 
En tercer lugar, porque el Parlamento ha querido demostrar al Consejo, pero también y sobre todo a sus conciudadanos, que está dispuesto a tener en cuenta, no solo los intereses económicos, sino también las exigencias relacionadas con la protección de su seguridad y sus derechos fundamentales. 
Personalmente no conozco casos en que los intereses económicos primen sobre el interés general en una situación tan trágica, cualquiera que sea el precio que haya que pagar, y ello a pesar de los marcos jurídicos actuales de los Tratados, que son un tanto esquizofrénicos. 
La Constitución nos habría ahorrado esta multiplicidad de pilares, pero debemos atenermos a los fundamentos jurídicos de que disponemos. 
El Tribunal nos ha entreabierto recientemente una puerta; aprovechemos pues esta nueva posibilidad de elaborar la legislación comunitaria que tanto necesitamos. 
La votación de mañana revelará sin duda las contradicciones y limitaciones de la situación jurídica actual, pero sobre todo propondrá algo nuevo en un ámbito que interesa a una opinión pública capaz de comprender que nos esforzamos por velar por sus intereses en un clima de buen entendimiento, al margen de cualquier lucha por el poder y especificidades jurídicas. 
En nombre de la comisión que tengo el honor de presidir, concluiré declarando que en circunstancias distintas estamos dispuestos a afrontar este inteligente desafío sabiamente supervisado por las tres partes, y espero que continúe esta excelente cooperación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
. Señor Presidente, en repetidas ocasiones he recordado en los debates celebrados aquí con mis colegas diputados que tampoco el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea considera sagrado el derecho a la intimidad y que las invasiones pueden estar justificadas si se demuestra que las medidas en cuestión son realmente necesarias, proporcionadas y eficaces. 
Para mí está claro que lo que necesitamos para combatir el terrorismo, para combatir la delincuencia organizada, es invertir más en investigaciones específicas, invertir más en analizar los datos existentes y mejorar la cooperación entre los servicios de inteligencia y seguridad. 
El dinero, incluso nuestro euro, solo se puede gastar una vez. 
En la actualidad, los fondos se están canalizando hacia la vigilancia a gran escala, a los peces gordos, en lugar de hacia investigaciones específicas, y esa decisión me parece verdaderamente equivocada. 
Podría haber aceptado la conservación de datos sobre comunicaciones telefónicas, y todas las razones de fondo que el señor Clarke nos ha dado se referían exclusivamente a los datos sobre comunicaciones telefónicas, así que habría sido fácil y sencillo. 
¿Pero qué debemos hacer con los planes para registrar el tiempo que las personas pasan conectadas a Internet, así como los datos sobre el inicio y el fin de las sesiones? 
Vivimos en una era en la que las personas suelen tener el ordenador encendido todo el día. 
Un registro de esta naturaleza sería, por tanto, de escasa utilidad. 
En esta Cámara estamos siempre hablando de legislar mejor, para que luego se hagan estas tonterías. 
Ni siquiera han considerado las consecuencias financieras para la industria. 
Si yo tuviera que elaborar una propuesta sobre medio ambiente o política social, parecería intolerable que no le dedicara suficiente reflexión, pero en este caso no parece ser un problema. 
Quiero ahora dirigirme a los grandes Grupos. 
Mi Grupo se ha manifestado también a favor de concluir rápidamente este debate, a ser posible después de la primera lectura en esta Cámara, pero como ahora han llegado ustedes a un acuerdo con la Presidencia británica antes incluso de que el Parlamento haya adoptado una posición, nos encontramos ante una situación de hechos consumados. 
Los Grupos pequeños ni siquiera fueron informados, como tampoco sabía nada sobre el particular el ponente para este tema, señor Alvaro. 
Es muy fácil para la señora Klamt decir que no les fue posible ponerse en contacto con él, pero el señor Alvaro tiene un teléfono y lo más decente habría sido informar a la persona en cuestión. 
Ahora nos encontramos con un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos alcanzado entre bastidores, y no es suficientemente bueno. 
Por tanto, mi Grupo simplemente votará en contra de la propuesta. 
. 
Señor Presidente, a mí me parece que lo ocurrido en las últimas semanas con relación a la conservación de datos es simplemente monstruoso. 
Desde que la Comisión presentó su propuesta, esta Cámara se ha visto sometida a enormes presiones de tiempo. 
Desde que se dio el pistoletazo de salida, se nos dio a entender que esa propuesta tenía que aprobarse, fuera como fuera, antes de finalizar el año; eso ya de por sí hacía difícilmente posible un trabajo creíble y exhaustivo de nuestra parte y resulta evidente que lo que se pretendía era que no hiciéramos ningún trabajo. 
En mi opinión, otra prueba de ello es que mañana no votaremos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sino que se supone que nos limitaremos básicamente a asentir con lo decidido por el Consejo a principios de diciembre. 
En calidad de ponente alternativa de mi Grupo, permítanme que diga que me parece simplemente inaceptable que los dos grandes Grupos hagan caso omiso del voto de la Comisión y deliberadamente –que la señora Klamt tome nota– negocien con el Consejo a espaldas del ponente. 
El compromiso que los Grupos del PPE-DE y del PSE han negociado con el Consejo está corrompido hasta la médula y huele mal. 
Mi Grupo rechaza de pleno la propuesta de compromiso y yo personalmente, junto con la señora Buitenweg, del Grupo de los Verdes, he presentado ya un informe minoritario a la Comisión y he pedido que mañana se rechace la propuesta de la Comisión. 
Quiero explicarles por qué he hecho eso. 
Lo he hecho porque la introducción del requisito de conservar datos con carácter obligatorio y sistemático, datos obtenidos en cualquier ocasión y por cualquier motivo, debilita la protección de los datos de ciudadanos inocentes que no son sospechosos de nada. 
En esencia, la propuesta de la Comisión hace que penda sobre 460 millones de ciudadanos de la UE una sospecha generalizada. 
El plan para almacenar los datos obtenidos supone un flagrante ataque contra los derechos y las libertades fundamentales de los europeos, así como una amenaza de restricciones desproporcionadas sobre la intimidad de las comunicaciones y la protección de la vida privada, cuya misma esencia está en peligro. 
La libertad de prensa y la protección de sus fuentes y de los informantes en particular, está también amenazada, y –que tomen nota mis colegas diputados alemanes– dudo que esa medida soporte un escrutinio bajo el prisma de la Constitución alemana. 
El objetivo y la finalidad de esta medida siguen sin estar claros en el día de hoy. 
Todavía no se ha presentado ninguna prueba que demuestre que los delitos graves pueden prevenirse más fácilmente con la ayuda de un volumen enorme de datos, lo más variados posible, sobre comunicaciones. 
Desde luego, las autoridades policiales tienen que estar debidamente equipadas para combatir el terrorismo y los tipos más graves de actividad criminal, pero esto no justifica que se pasen por alto los derechos del individuo, que se recojan datos e información –sin que sea estrictamente necesario–, y se cotejen e intercambien, hasta que llegue un momento, en un futuro no muy lejano, en que se conozcan todos los detalles de las vidas de nuestros ciudadanos. 
¿Se convertirá así esta Europa nuestra en un estado vigilante orwelliano? 
Yo, por mi parte, sobre todo como diputada procedente de la parte oriental de Alemania, no participaré en nada parecido. 
Ciudadanos bajo sospecha general y recogida obsesiva de datos e información a la que la policía y los servicios secretos pueden acceder en cualquier momento: hubo un tiempo en que los ciudadanos, con toda la razón, salían a la calle para manifestarse en contra de este tipo de mentalidad política y sería bueno que ahora hicieran lo mismo. 
. – Señor Presidente, Señorías, existe una diferencia entre ustedes y los honorables caballeros que se sientan en los bancos de enfrente: ellos son designados por sus Gobiernos para servir a las autoridades. 
Ustedes son elegidos por los ciudadanos para defender la democracia. 
¿Qué nos piden los designados a nosotros, los elegidos? 
Que controlemos a nuestros ciudadanos, que suprimamos el derecho a la libertad de expresión. 
Eso es lo que nos están pidiendo. 
¿Debemos hacerlo? 
Imaginen solo que esta tecnología hubiera existido en 1940 y que Hitler hubiera tenido esta directiva en sus manos. 
Habría matado a muchos más de 6 millones de judíos. 
Imaginen solo que el régimen estalinista la hubiera tenido en sus manos. 
Quizás todavía estaría haciendo lo mismo. 
Eso es lo que nos están pidiendo que hagamos hoy, a costa de los ciudadanos europeos. 
No podemos permitirlo. 
Nos dicen: «Es para combatir el terrorismo». 
En otras palabras, Bin Laden y sus secuaces utilizarán teléfonos públicos, comprarán tarjetas de pago anticipado y, si quieren utilizar Internet, acudirán a un cibercafé. 
¿De qué están hablando y quién es el destinatario final? 
El destinatario final será la CIA. 
¿Pondrán ustedes a los ciudadanos europeos en manos de la CIA? 
Piensen en conciencia, sin hacer caso de las consignas de sus Grupos o partidos. 
¡Larga vida a la libertad! 
– Para su información, le comunico que, contrariamente a lo que usted pueda pensar, todo lo que usted dice hoy será recordado para siempre y conservado para siempre, pues todo se filma y se graba. 
. – Señor Presidente, Señorías, es encomiable el esfuerzo del Parlamento y del Consejo por querer alcanzar un acuerdo en primera lectura para una rápida adopción de una disposición urgente contra el terrorismo y la delincuencia. 
Siempre he sostenido que, ante una amenaza recurrente de socavar la paz y la estabilidad mundial, el ciudadano, en circunstancias excepcionales, acepta de buena gana una limitación de su esfera privada, si la otra cara de la moneda consiste en una mayor tranquilidad y seguridad. 
Considero legítima una limitación temporal de la privacidad si la colectividad puede sacar provecho de ello. 
Creo que podemos considerarnos satisfechos con los compromisos positivos alcanzados, a pesar de la habitual actitud obstruccionista de cierta izquierda, que a menudo se muestra garantista solo por conveniencia y solo de palabra, reivindicando libertad y seguridad para los ciudadanos pero después no toma medidas concretas, demostrando así que está más interesada por la demagogia y la propaganda fácil. 
Pienso que está afianzada la idea de que, en la lucha contra el terrorismo, hacen falta medidas puntuales y restrictivas, dentro del respeto de la proporcionalidad. 
Considero que el resultado de estas negociaciones será un texto de indudable valor si incluye también las medidas correctivas, con respecto a las cuales los Ministros de la UE han alcanzado ya un acuerdo. 
Se trataría de un texto que conjugaría el rigor con la protección de las libertades, al prever períodos prolongados de conservación de los datos y que, al mismo tiempo, contendría una serie de disposiciones encaminadas a regular aspectos típicos de la protección, al prever sanciones para quien utilice indebidamente dichos datos. 
Un texto que dejaría a los Estados miembros la posibilidad de proceder a la conservación de los datos relativos a las llamadas sin respuesta, aunque con limitaciones técnicas para reducir los costes. 
A este respecto, quisiera citar el ejemplo de Italia, uno de los pocos Estados miembros que ha adoptado ya una normativa específica en materia de conservación de los datos. 
Dado que la normativa italiana está demostrando ser eficaz, considero que puede compartirse la posibilidad de conservar los datos durante dos años, si así lo requieren circunstancias particulares. 
Espero, pues, que Italia, siempre dispuesta a la concertación, pueda, en el marco de la armonización de las distintas disposiciones nacionales, mantener su legislación, cuya eficacia está demostrada y además la Comisión así lo ha reconocido diciendo que Italia podía presentar una notificación derogatoria. 
El informe del señor Alvaro tiene una enorme importancia, sobre todo hoy que toda la población europea se enfrenta al temor constante a sufrir atentados terroristas. 
Los atentados de Londres y Madrid alarmaron a la población porque atacaron a objetivos civiles y a ciudadanos inocentes en su camino al trabajo, a la escuela o al hospital. 
Por una parte, los ciudadanos se ven amenazados por los que emplean el terrorismo como forma de luchar contra los Gobiernos. 
Pero por otra, los Gobiernos utilizan a las personas, o violan su derecho a la intimidad, cuando combaten el terrorismo. 
No podemos permitir que a los ciudadanos se les vigile como si estuvieran en programas de TV tipo Gran Hermano. 
Los ciudadanos eligen a sus Gobiernos para no verse ellos mismos obligados a decidir sobre asuntos públicos en el día a día. 
Pero los Gobiernos no tienen derecho a utilizar la intimidad de las personas como un asunto público. 
Por eso creo que el informe debe modificarse de manera que haga más hincapié en las obligaciones del Estado en lo que respecta a la aplicación del artículo 8 del Convenio europeo sobre los derechos humanos, que reconoce el derecho a la intimidad, de manera que ninguna parte de la directiva propuesta pueda contradecir a ese Convenio. 
– Señor Presidente, la cuestión que estamos debatiendo hoy es una de las más difíciles e importantes, porque se nos está pidiendo que encontremos un equilibrio entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad pública. 
Considero un enorme éxito, que debemos agradecer a los esfuerzos tanto del Parlamento y de la Comisión como del Consejo, que la propuesta original se haya mejorado considerablemente. 
Deja a los Estados miembros un gran margen de maniobra, primero para fijar los períodos de conservación de datos entre 6 y 24 meses; segundo, para definir los delitos respecto a los cuales utilizarán esa información y, tercero, para que las autoridades policiales puedan tener acceso a esa información con la debida autorización judicial previa. 
Estos cambios son muy importantes y puede que me hayan llevado a ignorar las objeciones que formulé en un principio, considerando que todas las enmiendas que propuse han sido aceptadas. 
No obstante, a pesar de ello no puedo votar a favor, porque creo que estas medidas por sí solas resultarán totalmente ineficaces en la práctica. 
Con total seguridad, los delincuentes podrán sortearlas fácilmente o encontrarán otros medios de comunicación y conseguirán así sus objetivos criminales a pesar de la adopción de estas medidas. 
Además, necesitamos una actuación uniforme y unánime de la comunidad internacional, una mejor coordinación de las medidas, una evaluación adecuada de los datos y, sobre todo, una mayor cooperación entre las autoridades policiales nacionales. 
Por último, como dice el Supervisor Europeo de Protección de Datos en su informe, las dificultades técnicas que plantea la aplicación de la medida son innumerables y por eso no puedo votar a su favor. 
– Señor Presidente, señor Frattini, señor Clarke, hemos intentado quitar hierro al debate, pero ha sido extremadamente difícil. 
Creo que hay que ser claros y decir la verdad. 
En el ámbito de la conservación de los datos, es necesaria una directiva, porque todos los datos relativos al tráfico ya los conservan y utilizan las autoridades policiales de la gran mayoría de Estados miembros. 
Esta es la verdad, y por ello es urgente reglamentar prácticas habituales a fin de garantizar una mejor protección de los europeos. 
Los debates sobre este informe han sido muy difíciles. 
En consecuencia, estoy contenta y orgullosa de que mi Grupo pueda apoyar el compromiso propuesto por el Consejo, no porque estemos dispuestos a aceptarlo todo, sino, al contrario, porque mi Grupo ha sabido mantenerse firme a lo largo de las negociaciones con el fin de conseguir una mayor protección de los europeos. 
La limitación del ámbito de aplicación de la directiva a los delitos graves, la protección de la seguridad de los datos y de su acceso o el recurso a sanciones penales por uso indebido, constituyen auténticos logros. 
Pusimos de manifiesto nuestras exigencias y no cedimos. 
Es cierto que se trata de un compromiso y también nosotros habríamos querido ir más lejos. 
Por esta razón hemos presentado una enmienda a la resolución legislativa que prevé, en el tercer pilar, que el acceso se reglamente en la decisión marco sobre la protección de datos. 
Yo misma soy ponente para dicha decisión marco y presentaré mi proyecto de informe a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores a comienzos de 2006. 
Consideramos que se trata de un compromiso razonable que permite encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo. 
Por último, un acuerdo en primera lectura y en el marco de la codecisión es una victoria para el Parlamento Europeo. 
Nuestra institución ha demostrado que es suficientemente madura, y podemos sentirnos orgullosos de este resultado. 
En efecto, recuerdo que en un principio rechazamos la decisión marco sobre la conservación de datos porque impedía cualquier debate democrático. 
Hemos abierto la vía para los próximos años. 
Todos los expedientes de este mismo ámbito –repito– serán tramitados en régimen de codecisión con el Parlamento, y en particular –quisiera subrayarlo– la revisión de la presente directiva, que sin duda se hará, puesto que las tecnologías evolucionan rápidamente. 
Señor Presidente, la señora Klamt ha dicho antes que no pudo contactar con el ponente, y comprendo que haya dudado cada vez más entre llamarle por teléfono o enviarle un mensaje de correo electrónico. 
Oponiéndome al compromiso alcanzado por los dos grandes Grupos, apoyo la línea del ponente. 
¿Harán las propuestas que hoy nos ocupan que nuestro mundo sea un lugar más seguro? 
No, pero está inspirando en nosotros un falso sentimiento de seguridad, porque las propuestas no son proporcionadas. 
Ofrecen garantías insuficientes para la protección de los ciudadanos inocentes y, por último, ofrecen garantías insuficientes para una buena cooperación e intercambio entre los Estados miembros, cuando esa es la clave de la eficacia policial, y todavía no hemos visto suficientes resultados. 
El Consejo ha aceptado con reticencia la codecisión, pero tengo que decir al señor Clarke que la codecisión no es un favor; es un derecho democrático, y el Consejo no tiene unos instintos democráticos demasiado arraigados, por decirlo suavemente. 
Quiero decir al Consejo que su insistencia para que esta legislación se adopte apresuradamente no es una forma razonable de hacer las cosas, ni, por tanto, de actuar conforme al concepto de «legislar mejor» del que siempre estamos hablando. 
Tengo que admitir, pues, que me decepciona ver cómo la postura crítica de esta Cámara se ha derretido en los últimos cuatro meses como nieve al sol. 
Lamento tener que decir que el compromiso que sin duda aprobaremos mañana no hace que me sienta más segura. 
– Señor Presidente, Señorías, me preguntaba por qué la Presidencia británica quería acelerar a toda costa la tramitación de esta directiva; evidentemente, el ansia de alcanzar al menos un resultado en esta desastrosa Presidencia ha impuesto también los plazos para el debate de esta directiva. 
Quiero expresar mi solidaridad con el señor Alvaro, porque creo que las enmiendas de transacción propuestas por el Grupo del Partido Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos empeoran el texto presentado por la Comisión y demuestran esencialmente dos cosas: ante todo, el carácter subalterno de este Parlamento con respecto al Consejo, y en segundo lugar, que la gran coalición alemana también proyecta su sombra sobre este Parlamento. 
Considero que esta directiva es desproporcionada, porque hace prevalecer la seguridad sobre la libertad y la democracia. 
Nos encontramos ante un lento, gradual e inexorable paso del Estado de Derecho al Estado policial, y este proceso de americanización de la Unión Europea debe atajarse por todos los medios. 
Formulamos una pregunta: «¿Pueden demostrarnos que la conservación de los datos puede contener el terrorismo? ». 
No hemos recibido ninguna respuesta. 
Señor Presidente, a principios de octubre se hizo evidente que más de 200 agentes de la policía de Rotterdam trataron de leer el expediente del que fuera jugador del Feyenoord, Robin van Persie. 
El ordenador les negó el acceso, pero registró sus nombres, porque «el Gran Hermano les está vigilando». Así que las bases de datos contienen los nombres no solo de ciudadanos muy conocidos sobre los que penden sospechas de haber cometido un delito, sino también de agentes de la policía. 
Lo que más me preocupa en esta propuesta es el uso indebido de las bases de datos por personal de las autoridades competentes. 
Mi principal objeción a esta propuesta es que la conservación de datos personales durante largos períodos de tiempo no solo constituye una invasión de la intimidad, sino que también significa que, en realidad, se trata a las personas como a sospechosos, pero sin los derechos que se otorgan a los sospechosos. 
¿No es peor el remedio que la enfermedad? 
Al no existir pruebas sobre la eficacia de esta propuesta, quiero que la Comisión y el Consejo expliquen claramente cómo se aplicará y evaluará esta directiva. 
El señor Alvaro ha hecho un trabajo excelente como ponente y el acuerdo alcanzado entre los grandes Grupos a espaldas de esta Cámara es una amenaza grave y sin precedentes para nuestros procedimientos de trabajo. 
Apoyo la línea del ponente y quiero terminar citando unas palabras de George Orwell cuando dice que «algunos grupos son más iguales que otros». 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a mis colegas en el agradecimiento al ponente por el trabajo que ha realizado en esta cuestión tan complicada. 
Al escuchar el debate de hoy en esta Cámara, he rememorado el 11 de septiembre y los atentados en Madrid y Londres. 
Este Parlamento se opuso con toda firmeza, y con razón, y criticó a todos los implicados en actos terroristas, apeló a la solidaridad entre Estados miembros y entre todas las instituciones de la Unión Europea e intentó garantizar que pudiéramos cooperar en la lucha contra la lacra terrorista. 
Una de las ideas que se plantea es la cuestión de la conservación de datos. 
A veces, cuando escuchamos las voces discordantes en el curso del debate, tenemos que volver al siguiente principio fundamental. 
Primero, Gobiernos elegidos democráticamente se han reunido y han acordado una propuesta; segundo, el Parlamento de la Unión Europea se ha reunido y es de esperar que esté de acuerdo con esta propuesta; finalmente, no se olvida el deseo de garantizar esa responsabilidad, es decir, garantizar que los guardianes y custodios sean vigilados por terceros. 
Creo que todo está recogido en este informe general con el objetivo de asegurar que podamos ofrecer esas garantías a los ciudadanos particulares. 
No debemos olvidar que cada vez que utilizamos un ordenador, ya sea para comprar los regalos de Navidad o para reservar vuelos, las empresas ya retienen datos en esas páginas web con fines de marketing y para ofrecernos otros productos. 
Lo que aparece no es una nueva criatura alienígena: la información ya queda almacenada a través de las. No podemos controlar esto. 
Lo que me preocupa –y puede que el Comisario o el Presidente en ejercicio del Consejo puedan responderme a esto– es la incertidumbre con respecto al fundamento jurídico de esta Directiva. 
Dado que se trata de luchar contra el terrorismo y la delincuencia grave, ha habido cierta controversia sobre si esto debe realizarse mediante una decisión marco y no con una directiva. 
Existe la posibilidad de que se produzca un conflicto de opiniones jurídicas a este respecto. 
Es importante conservar los derechos de los Parlamentos de los Estados miembros y de los Gobiernos a garantizar el mantenimiento de la legislación vigente en estos ámbitos. 
Todos sabemos que los ciudadanos prefieren tratar con su propio Gobierno, más que con el Gobierno europeo, para proteger sus derechos y garantías, así que debemos encontrar un equilibrio entre los dos. 
Señor Presidente, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos y su vida privada, el carácter confidencial de los datos relativos a las llamadas telefónicas y las comunicaciones se está viendo socavado cada vez más y eso es algo que, por supuesto, se hace siempre y exclusivamente al servicio de la noble causa que es la lucha contra el terrorismo. 
Simplemente me pregunto por qué cada vez se está actuando más en contra de periodistas que resultan molestos y de qué forma se protege al ciudadano privado cuando los elementos inconformistas de nuestra sociedad llegan a sentir la pesada mano del poder estatal. 
Los verdaderos delincuentes, organizados en bandas y grupos terroristas, no solo planifican sus actos con mucha antelación –lo cual hace que los planes para imponer una limitación de tiempo a la conservación de datos queden obsoletos– sino que buscan constantemente nuevas formas de eludir la persecución del estado. 
No creo que esta nueva medida de vigilancia consiga nada para prevenir atentados terroristas; al contrario, pone en peligro a los que tienen acceso a información confidencial –como médicos, abogados y periodistas, por ejemplo– en el ejercicio de sus profesiones e invade sin ningún rubor la vida privada de infinidad de ciudadanos. 
Si la conservación de datos va a convertirse en otro paso más en el camino hacia un estado controlador total, pienso que es indispensable que los ciudadanos reciban un mínimo de protección, en forma de sanciones que lleguen a aplicarse realmente en caso de que se haga un uso indebido de los datos almacenados. 
– Señora Presidenta, señor Frattini, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Consejo Europeo de marzo y el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de abril de 2004 propusieron la aplicación de normas relativas a la conservación de datos, puesto que las comunicaciones modernas, con todas las ventajas que conllevan, pueden ser utilizadas para los fines de la delincuencia internacional y, lo que es más grave, del terrorismo. 
Posteriormente, se nos presentó una decisión marco que fue rechazada por el Parlamento. A esa propuesta le siguió la que hoy nos ocupa y que, como ha dicho el señor Cavada, debemos acoger con satisfacción, ya que tiene en cuenta las prerrogativas del Parlamento con la propuesta de un nuevo fundamento jurídico. 
Pero tengo que expresar mi decepción por habernos visto obligados a trabajar en un plazo de tiempo tan reducido. 
Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido dadas las circunstancias. 
Las negociaciones han sido difíciles y el compromiso alcanzado dista mucho de ser perfecto, pero hemos hecho todo lo posible para llegar a un compromiso en primera lectura. 
Al contrario que algunos diputados de esta Cámara, celebro la decisión de establecer un período de conservación de seis meses como mínimo y de 24 meses como máximo. 
No podemos correr el riesgo de errar en nuestros esfuerzos por combatir la delincuencia porque los datos se hayan destruido demasiado deprisa o porque no se hayan conservado. 
Me parece fundamental que los datos se conserven en un lugar seguro y que no haya cabida para los abusos; las normas relativas a la protección, la seguridad y el acceso a los datos tienen que hacerse más estrictas. 
Los Estados miembros tienen que establecer sanciones adecuadas, de conformidad con sus leyes nacionales. 
Si no conseguimos aplicar esas normas con eficacia, estaremos poniendo en peligro los derechos humanos de los ciudadanos. 
Necesitamos una cláusula que garantice que en los próximos tres años podremos evaluar el sistema que estamos aprobando ahora y, en este sentido, celebro las peticiones de transparencia y de que se haga pública la evaluación final de la Comisión. 
Confío en que esa evaluación, que tendrá que proporcionar el señor Frattini, nos ayude a hacer una valoración rigurosa de la eficacia de la adopción de estos instrumentos. 
– Señora Presidenta, encontrar el punto de equilibrio entre la protección de la vida privada y la conservación de los datos de carácter personal para responder al riesgo terrorista es difícil, pues en nuestros Estados existe la tentación de transformar medidas de excepción en normas generales. 
El compromiso alcanzado con la participación del Parlamento Europeo es un paso positivo, pero no debe hacernos perder de vista el objetivo de disponer de una directiva que ofrezca un marco jurídico y unas garantías idénticas en todos los países, para todos los ciudadanos. 
Insisto en las recomendaciones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía en relación con las empresas. 
Estas no deben convertirse en un instrumento de vigilancia de los ciudadanos por parte de los Gobiernos, ni verse obstaculizadas en su actividad, y su colaboración debe ir acompañada de garantías estrictas, en particular el reembolso íntegro del sobrecoste. 
Por último, es indispensable que el dispositivo se adapte lo mejor posible al funcionamiento de la red, que no obstaculice ni el desarrollo de Internet ni el acceso a las TIC en la Unión. 
Ni uno ni otra pueden prescindir de su libertad. 
Señora Presidenta, las actuales variaciones nacionales que el señor Clarke afirma que representan una puerta abierta para los delincuentes persistirán y aumentarán en el marco del acuerdo entre conservadores y socialistas en el Consejo. Es un pretexto para la sobrerregulación que permitiría, por ejemplo, los 15 años de almacenamiento requeridos por Polonia, una lista más amplia de datos utilizados con fines muy distintos de los meramente policiales y el acceso de cualquier agencia pública o privada, y todo ello con el sello de consentimiento de Bruselas. 
En cambio, el acuerdo de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior representa una respuesta razonable y proporcionada a la lucha contra el terrorismo. 
Si mañana los diputados al Parlamento Europeo aceptan el ultimato del Consejo, habrán caído en una gran trampa. 
Este Parlamento podría dejar de fingir que le importan las libertades civiles o la competitividad de las empresas europeas. 
No es demasiado tarde para que los Estados miembros se rebelen contra este acuerdo de rendición de sus líderes ante una carta de control masivo e intromisión del Estado. 
Por último, lamento los ataques sufridos por el señor Alvaro, que en comisión casi obtuvo un clamoroso consenso general. 
Señora Klamt y señora Roure, utilizar sus tres días de ausencia a causa de un viaje oficial a Israel al final de un teléfono y un fax es una coartada barata para asestar una puñalada por la espalda. 
– Señora Presidenta, la propuesta de directiva que estamos debatiendo pone de manifiesto la forma característica, y yo diría que cínica, de actuar de la Unión Europea, que no duda en abolir –repito, abolir– y no recortar, en sus propias palabras, los derechos personales y democráticos por los que tanto han luchado los ciudadanos. 
En ese caso concreto, se trata de abolir –repito, abolir– la libertad de comunicación, la protección de los datos personales y la intimidad. 
Se trata de abolir la esencia de la confidencialidad de las comunicaciones. 
Se trata de salvaguardar e introducir legislación que imponga una vigilancia generalizada. 
Todo el mundo estará vigilado e incluso se contemplan sanciones penales y administrativas para las empresas que incumplan esa obligación de vigilancia. 
El alcance de esa vigilancia incluye todos los datos sobre comunicaciones y la insolencia de la directiva es tan grande que pide a los vigilados que financien el coste de la vigilancia. 
Además, la directiva incumple también algunas disposiciones constitucionales, por ejemplo de la Constitución griega, así como otras disposiciones de convenios internacionales, y allana obviamente el camino para la abolición de los derechos y las libertades personales. 
Nuestro Grupo rechaza la propuesta de directiva, que no traerá ninguna mejora. 
Señora Presidenta, este debate se centra en una cuestión que es de suma importancia para toda la humanidad. 
Desde hace muchos años, los diputados de esta Cámara han insistido en que la libertad es el bien más preciado de la humanidad y que la civilización humana no puede desarrollarse debidamente sin ella. 
Es cierto que el terrorismo tiene que ser combatido por todos los medios y con todos los métodos a nuestra disposición, pero esa lucha no debe librarse a expensas de la libertad humana. 
La presente directiva no logra en ningún caso el objetivo que ella misma se fija. 
Ya existen tecnologías que permiten a los verdaderos terroristas y a los verdaderos delincuentes eludir muy fácilmente los controles. 
Lo que la directiva hará en su lugar es ayudar a que millones de ciudadanos libres se vean sometidos a una vigilancia total. 
Quiero advertir al Comisario de que esos datos se filtrarán inevitablemente. 
Quiero decir también que el Comisario es un hipócrita. 
Los comentarios que ayer hizo ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, defendiéndose de las acusaciones vertidas sobre él en relación con el hecho de que la CIA hubiese trasladado a una serie de terroristas a Europa y les hubiera interrogado allí, fueron de un tenor muy diferente. 
Hoy, sin embargo, se ha manifestado a favor de una solución que recorta claramente las libertades civiles. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, quiero comenzar transmitiendo mi satisfacción por el acuerdo finalmente alcanzado en un asunto tan complejo desde el punto de vista técnico y político. 
Un tema de cuyas implicaciones se ha hablado mucho en términos de limitación de libertades, pero camuflando poderosas, inaceptables e inquietantes razones económicas; una propuesta que ha sido objeto de sucesivos y complejos debates, con voces en contra, pero también con potentes y justificadas voces a favor. 
Sé que ha sido difícil y también que el acuerdo contiene importantes concesiones y renuncias. 
Señorías, permítanme que no esté de acuerdo con aquellos que niegan la oportunidad, la eficacia o la proporción de la medida. 
Nos guste o no, nuestra sociedad de valores está amenazada y, nos guste o no, los instrumentos de los que hasta ahora disponemos no han resultado completamente eficaces para hacer frente a esta amenaza. 
Por eso, Señorías, alabo, como siempre he hecho, esta iniciativa que hoy estamos debatiendo, y que espero obtenga mañana el respaldo mayoritario de la Cámara. 
Seguridad frente a libertad, no. 
Yo digo: libertad infinita, pero con seguridad; y ello, simplemente, porque sin seguridad no podemos disfrutar plenamente de nuestras libertades. 
El terror y el crimen se aprovechan de nuestras dudas y titubeos e indagan en nuestros puntos débiles para atacar nuestras sociedades. 
Frente a ello, debemos oponer toda la potencia de nuestro sistema democrático, un sistema que siempre propugna la observancia plena de las garantías legales. 
Desconfiar de que esto sea así es poner en duda, Señorías, la labor desarrollada por nuestros jueces y policías, es dudar de la vitalidad del sistema democrático. 
Las víctimas merecen todos nuestros esfuerzos. Y, lamentablemente, Señorías, esta tarde todavía no he oído hablar de ellas. 
– Señora Presidenta, el compromiso alcanzado hoy supone la abolición de todas las protecciones impuestas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y es un monumento a la falta de armonización. 
Recurriendo al pretexto habitual para combatir el terrorismo, el Consejo armoniza un único aspecto: la obligación de conservar los datos que ya se están conservando voluntariamente, con la esperanza de poder atrapar así a unos cuantos delincuentes. 
Al mismo tiempo, rechaza la adopción de cualquier medida tangible para proteger a millones de ciudadanos inocentes y sus derechos. 
En consecuencia, aunque el señor Clarke habla de armonización, su propuesta deja intactas las exenciones contenidas en el apartado 1 del artículo 15 de la anterior directiva. 
El resultado es que el Consejo autoriza a los Estados miembros a conservar cualquier información que deseen, con el objetivo que decidan y durante el tiempo que consideren necesario, sin la más ligera presencia restricción o control efectivos de Europa. 
Mi partido, el PASOK, votará en contra. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, una nota personal: ha sido un gran placer trabajar con usted, tanto en el ámbito profesional como personal. 
Esta no es una cuestión personal, sino política. 
Lo que finalmente tenemos es una propuesta que supone un bramido para el acceso policial y un maullido para la protección de derechos fundamentales. 
Es una vergüenza que hayamos dejado escapar esta oportunidad. 
Señora Presidenta, las razones esgrimidas a favor de esta Directiva son las habituales en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, pero esto no es más que un señuelo. 
Los Gobiernos ya utilizan los medios más sofisticados para controlar las comunicaciones nacionales e internacionales. 
Los Estados Unidos de América cuentan con el sistema Echelon, que les permite interceptar cualquier forma de comunicación internacional. 
El Gobierno británico tiene el GCHQ en Cheltenham. 
Los terroristas y los delincuentes organizados lo saben y hacen todo lo posible por evitar ser rastreados y captados por estos medios. 
El objetivo de esta directiva es formalizar la creación de una sociedad de vigilancia y control de los particulares. 
El Estado concentra en sus manos cada vez más poderes, a expensas de los ciudadanos. 
La Presidencia británica está intentando utilizar a este Parlamento para ejecutar una política que ya ha sido rechazada por el Parlamento británico. 
Esta directiva representa otro paso hacia el Estado policial. 
Espero que este Parlamento la rechace. 
Señora Presidenta, es indudable que la reglamentación de la conservación de datos puede ayudarnos mucho en nuestra lucha contra el terrorismo y los delitos graves. 
Por tanto, deben reconocerse los esfuerzos de todas las personas que tratan de lograr un consenso sobre esta cuestión. 
Pero, al mismo tiempo, tengo serias dudas sobre la interpretación del artículo X de la Directiva. 
El período de conservación de datos puede ampliarse a más de dos años según este artículo, siempre que se siga el procedimiento adecuado. 
El señor Clarke respondió a un periodista polaco que le había preguntado si se podría permitir un período de conservación de datos de 15 años diciendo que un período de esa duración seguía siendo compatible con la directiva, incluso en casos tan extremos como ese. 
Las enmiendas que el partido gobernante ha presentado a la Ley de Telecomunicaciones polaca en el Parlamento polaco contemplan de hecho un período de conservación de 15 años. 
A mi modo de ver, eso es una prueba del alcance de la directiva. 
No creo que un período de conservación de 15 años sea compatible con el concepto en el que se basa la directiva, cuyo objetivo es proteger el derecho a la intimidad del individuo. 
Un período de conservación de esa duración supone además una flagrante violación del principio de proporcionalidad y significa que el efecto de la directiva no será proporcional a sus objetivos. 
Además, existe el riesgo de que puedan utilizarse procedimientos similares a los de un estado policial, lo que reforzaría los objetivos políticos del Gobierno a corto plazo a la vez que impondría a los ciudadanos un sistema de vigilancia a largo plazo y de largo alcance. 
La probabilidad de que los datos conservados durante períodos tan largos de tiempo se filtren es muy alta. 
Eso daría a los grupos criminales todavía más oportunidades de utilizarlos, lo cual es contrario al objetivo fundamental de la directiva. 
Por tanto, me gustaría recibir una respuesta clara del Comisario, y también del representante del Consejo, a la pregunta de si la Comisión considera aceptable un período de 15 años para la conservación de los datos, en línea con el procedimiento estipulado en el artículo X. 
Espero que la respuesta del señor Clarke al periodista polaco se basara en una mala interpretación de la directiva, aunque podría ocurrir también que hubiera hecho algún tipo de concesión al Gobierno polaco en este aspecto para conseguir un compromiso al coste que fuera. 
Pero puesto que estamos aprobando una normativa conjunta, tenemos derecho a exigir que todas las instituciones de la UE la interpreten de la misma forma. 
Quiero expresar mi más absoluto respeto por los que tienen sus reservas sobre lo que se está proponiendo. 
Por ello, les pido que respeten a aquellos de nosotros que creemos que esta es la forma de proteger las libertades fundamentales. 
Es importante reiterar que no estamos hablando del contenido de las llamadas o de Internet; se trata de los datos de tráfico y es obvio que es para proteger las libertades fundamentales. 
Por supuesto, hay costes; hay costes para las empresas, hay costes para cada uno de nosotros, pero el coste de la inactividad será catastrófico. 
Tenemos que hacer frente a las amenazas reales o supuestas. 
Hay quien utiliza Internet para atrapar a mujeres jóvenes y niños en los circuitos de prostitución. 
Si con esta directiva podemos romper un circuito de prostitución, esto solo habrá merecido la pena. 
Mi Grupo y yo estamos orgullosos de haber logrado un compromiso que garantiza y protege las libertades fundamentales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Consejo y la Comisión han alcanzado recientemente un acuerdo sobre la conservación de los datos almacenados y celebro que se haya podido llegar a un compromiso, después de largas e intensas negociaciones, también entre esta Cámara, el Consejo y la Comisión. 
Ese compromiso cuenta con mi apoyo. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi especial gratitud a quienes han dirigido las negociaciones en nombre del Parlamento, porque realmente han hecho todo lo que han podido. 
Pero tenemos que ser conscientes de que nos encontramos atrapados entre el deseo de proteger los derechos fundamentales y la necesidad de luchar contra el terrorismo internacional y la delincuencia organizada. 
En principio, me alegro también de que se imponga la obligación a las empresas de telecomunicaciones de conservar ciertos datos del tráfico para combatir la delincuencia organizada. 
Aunque creo que un período máximo de tres meses para la conservación de los datos habría sido perfectamente suficiente, hemos aceptado ese compromiso y la flexibilidad me parece aceptable. 
Nuestras democracias no pueden ni deben tratar de hacerlo todo visible en la vida de una persona; sea lo que sea lo que haya que hacer en la lucha contra el terrorismo, deben respetarse los principios del Estado de Derecho y por eso espero de verdad que nosotros, en Europa, nos unamos por fin para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. 
De la misma forma que las organizaciones internacionales contrarias a la ley y al orden están interconectadas, nosotros también tenemos que unirnos y luchar juntos contra ellas. 
Espero de verdad que nunca tengamos que volver a vivir sucesos tan trágicos como los ocurridos en Madrid y Londres. 
Señora Presidenta, quiero dirigirme a aquellos colegas que se han mostrado contrarios a este compromiso. 
Nos preocupan los abusos, pero también nos preocupa la desprotección de los ciudadanos. 
Ya que la sociedad democrática está hecha de limitaciones particulares y de renuncias particulares, quisiera que nos hiciéramos una pregunta: ¿a cuánta libertad individual es necesario renunciar para garantizar los derechos fundamentales, las libertades y la seguridad colectiva? 
Creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos está dispuesta a renunciar a una parte de su libertad durante un cierto tiempo, siempre que no se toque la igualdad y siempre que se garantice el control democrático y la persecución y la sanción de los posibles abusos. 
No hay que elegir entre seguridad y libertad. 
La libertad sin seguridad no existe. 
Señorías, sé de lo que les hablo: llevo catorce años viviendo con escoltas. 
No hay manera de ser libre si uno no puede llevar a los niños al colegio, si no puede andar por las calles, si tiene que mirar debajo del coche cada día para poder garantizar su vida cotidiana. 
Libertad y seguridad forman parte de la democracia. 
Señorías, yo no soy neutral. Soy una apasionada de los derechos humanos. 
Por eso les pido que apoyen esta directiva y este compromiso. 
Señora Presidenta, desde una perspectiva finlandesa debo decir que estoy ligeramente preocupado por el debate británico de hoy, porque, por un lado, tenemos a la señora Ludford de los Demócratas Liberales que está de acuerdo con el señor Batten del UKIP y luego tenemos al señor Cashman que es muy aplaudido por el Ministro británico. 
No es muy común recibir aplausos de parte de un Ministro británico en el Parlamento Europeo, así que el señor Cashman merece ser felicitado por ello. 
No obstante, me gustaría hacer tres breves comentarios. 
El primero se refiere al equilibrio entre libertad y seguridad. 
Nos hemos tomado el asunto demasiado a la ligera y no estamos encontrando el equilibrio adecuado. 
Tal vez, estamos yendo demasiado rápido. 
He oído a gente decir que aquellos que vienen de países donde el terrorismo constituye una amenaza se toman este asunto de modo distinto a los que procedemos de un país donde no existe esta amenaza. 
No estoy de acuerdo. Este es un problema común y deberíamos abordarlo desde una perspectiva más amplia. 
Mi segundo punto hace referencia a la rentabilidad o eficiencia en general. 
En mi opinión, tenemos que calcular cada acto legislativo con cautela, debemos hacer una estimación y basar en ella nuestra legislación. 
No creo que lo hayamos hecho ya. 
No hemos ido lo suficientemente lejos al intentar calcular el coste de esta legislación. 
Creo también que estamos persiguiendo a los delincuentes que no interesan, porque si eres un ladronzuelo que no es tan listo como para utilizar hotmail o redes de teléfonos móviles de prepago, entonces es que eres un poco bobo y nosotros estamos persiguiendo ladronzuelos bobos. 
Mi tercer y último punto se refiere al procedimiento. 
Podría parecer que estoy en contra de esta iniciativa en su conjunto, pero no lo estoy. 
El resultado obtenido en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior fue bastante bueno. 
Fue un buen compromiso. 
Por tanto, quiero instar al Parlamento Europeo a que no se deje acosar por el Consejo o por la Presidencia británica, sino a que llegue a un compromiso y los saque adelante. 
Señora Presidenta, me gustaría centrarme en la parte de esta Directiva relativa a Internet. 
Señor Clarke, usted piensa que la falta de cantidades masivas de datos de tráfico constituye una amenaza para nuestra seguridad. 
No estoy de acuerdo. 
La experiencia nos muestra que es la falta de seguridad en línea la que ofrece oportunidades ilimitadas a delincuentes y terroristas. 
Le daré un ejemplo práctico. 
El mes pasado, la policía neerlandesa detuvo a un grupo de tres delincuentes que controlaban una red de más de 100 000 ordenadores a los que tenían acceso no autorizado. 
El control de estos ordenadores violentados otorgaba a los delincuentes el poder de perpetrar todo tipo de delitos, desde robos de identidad masivos hasta ataques a infraestructuras vitales, pasando por la oportunidad ilimitada de acceder de forma anónima y utilizar todos los servicios de Internet, para aquellas personas que estuvieran dispuestas a pagar por ello. 
Imagínense qué podría ocurrir si estos hombres ofrecieran sus servicios a redes terroristas. 
Imagínense también cuán inservibles son los datos de tráfico, porque se refieren a personas inocentes. 
Los métodos utilizados para rastrear a estos delincuentes se encuentran especificados en la Convención sobre delincuencia cibernética, que ha sido suscrita por todos los Estados miembros, pero que muy pocos han puesto en práctica. 
Son estos métodos lo que necesitamos para luchar contra el terrorismo. 
No cabe duda de que esta directiva peca de intrusión. 
Es dudoso si servirá de algo. 
En lo que a Internet se refiere, es incluso inviable técnicamente. 
Estoy completamente de acuerdo con mis colegas, la señora In't Veld y el señor Lambrinidis. 
Temo que cunda una falsa sensación de seguridad. 
Temo que parte de esta directiva pueda suponer incluso una amenaza para nuestra seguridad. 
En el debate de la propuesta de directiva que hoy nos ocupa, debemos tener en cuenta cuatro aspectos. 
Primero, la necesidad de respetar los derechos humanos. 
La protección de los datos personales tiene que estar garantizada sean cuales sean las circunstancias. 
Segundo, cuando se cometen delitos utilizando las nuevas tecnologías, no podemos dejar a las agencias europeas de investigación criminal sin los recursos necesarios. 
Tercero, teniendo en cuenta la importancia de la competitividad, no podemos imponer cargas inaceptablemente pesadas e injustificadas al sector de los servicios. 
Y cuarto, tenemos que recurrir únicamente a legislación europea en aquellos ámbitos en los que la legislación de los Estados miembros sea menos eficiente. 
Resumiéndolo brevemente: derechos humanos, agencias eficientes de investigación de delitos, competitividad y subsidiariedad. 
Son objetivos con los que probablemente todos estamos de acuerdo. 
Nuestro orden de preferencia puede ser diferente, y es de hecho diferente incluso dentro de nuestras propias facciones, como se ha demostrado claramente en el debate de hoy. 
Señorías, permítanme compartir con ustedes una reflexión personal. 
Como joven diputado del Parlamento húngaro, mis recuerdos de la autocracia socialista se remontan a cuando yo era muy joven, pero recuerdo la insistente advertencia de mis padres siempre que trataba de hablar de política por teléfono: «¡Eso no debe discutirse por teléfono!» 
Todo el mundo sabía que las autoridades dictatoriales vigilaban las conversaciones telefónicas. 
Puede que esto les resulte familiar a mis colegas diputados de Europa del Este y Central. 
No puedo negar que, en parte debido a esos recuerdos, en mi orden de preferencias la protección de los datos personales ocupa el primer lugar. 
Por lo tanto, el único compromiso que me parece aceptable es el que defienda en igual medida los cuatro aspectos que he mencionado antes. 
Un compromiso que –aunque deje margen de maniobra para que los Estados miembros hagan más eficaces a sus agencias de investigación de delitos– no afecte a los derechos humanos. 
Una última reflexión: por tratarse de una cuestión muy delicada, la nueva legislación creada no puede ser inamovible. 
Creo que la directiva debería revisarse periódicamente, sobre todo en lo que respecta al tipo de datos exigidos por las autoridades. 
Señora Presidenta, cuando mañana votemos en el pleno una directiva de mínimos sobre la conservación de datos, lo haremos sobre la base de un acuerdo alcanzado con el Consejo y con la Comisión en virtud del cual el Parlamento Europeo tiene derecho de codecisión. 
Los ciudadanos sitúan la lucha contra la delincuencia y el terrorismo a la cabeza de la lista de lo que la UE debería acometer con éxito. 
Los ciudadanos quieren también que resolvamos los problemas conjuntamente y eso es algo que hemos logrado. 
Hemos protegido la intimidad personal y los derechos humanos. 
Además, las fuerzas policiales europeas están recibiendo ayudas modernas para combatir la delincuencia, incluida la delincuencia organizada, como la pornografía infantil, el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de mujeres y niños para fines de prostitución. 
Eso me alegra sobremanera, por lo que quiero agradecer mucho a todos su constructiva cooperación. 
Tenemos que triunfar juntos en estos ámbitos. 
También tenemos que vigilar lo que nos preocupa a todos en esta Cámara, y tenemos que hacerlo juntos. 
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar las gracias al señor Alvaro por su excelente trabajo como ponente del Parlamento para esta cuestión; la señora Cederschiöld también ha realizado una labor excelente como coponente. 
Sinceramente espero que sus esfuerzos no hayan sido en vano, ya que el arduo trabajo realizado fue obviado en el último minuto por un acuerdo entre el Consejo y la Comisión y, me da vergüenza decirlo, por los dos principales Grupos de esta Cámara. 
La idea de aprobar a toda prisa esta propuesta no es buena. 
Sí, todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el terrorismo de forma eficaz. 
Sí, todos estamos de acuerdo en que los datos de las comunicaciones electrónicas pueden ser muy útiles para buscar terroristas, traficantes de drogas o de seres humanos. 
Sí, ese tipo de información debería guardarse y utilizarse en contra de los que representan una amenaza para nuestra sociedad. 
Pero no, no todos los ciudadanos deberían ser tratados como delincuentes. 
No, no estoy convencida de que el paquete de compromiso propuesto sea equilibrado. 
Y, no, no creo que tengamos suficiente información sobre las consecuencias de esta propuesta para la intimidad de las personas y sobre las amenazas que podría comportar para las libertades civiles. 
Estoy en contra de esta propuesta. 
Primero, porque el llamado compromiso permite utilizar los datos retenidos a la hora de investigar delitos graves, sin definir estos delitos graves. 
¿Son las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en redes entre pares delitos suficientemente graves como para tener acceso a los datos retenidos? 
Uno podría suponer que sí al leer las declaraciones de la industria de contenidos. 
Si estamos aprobando leyes contra el terrorismo y, al mismo tiempo, cumplimos otros objetivos, al menos deberíamos tener la oportunidad de debatir y examinarlos debidamente y tener el derecho a procedimientos adecuados. 
Segundo, estamos dejando demasiado poder de decisión en manos de los Estados miembros. 
Sin embargo, en las comunicaciones electrónicas las fronteras son artificiales. 
¿Según qué jurisdicción evaluaríamos la gravedad de un delito cuando un paquete de datos IP circule en distintos Estados miembros, por ejemplo? 
Tercero, me opongo a esta propuesta porque deja completamente en el aire qué tipo de costes comportará y quién los deber asumir. 
Se han presentado varias estimaciones y, sin lugar a dudas, los costes para los operadores y los proveedores de servicios de Internet serán elevados. 
Como mínimo, estos costes deberían reembolsarse si nuestra intención es imponer nuevos requisitos relativos a la conservación de datos. 
– Señorías, algunos oradores han intentado dar la impresión de que esta directiva podría haber sido redactada en un Estado policial. 
Yo no comparto este punto de vista. 
Mi opinión es que esta directiva, que fue elaborada de manera conjunta por el Consejo, el Parlamento y la Comisión, contribuirá realmente a salvaguardar los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, en particular su derecho a la vida y su derecho a vivir en seguridad. 
Por tanto, apoyaré el informe en la votación de mañana. 
Creo que no existe ninguna contradicción entre la defensa de valores como el derecho de los ciudadanos a la intimidad y la protección de los datos personales, por un lado, y la lucha contra el terrorismo, por el otro. 
. Señor Presidente, Señorías, creo que se puede decir que en las últimas semanas se ha desarrollado en esta Cámara un debate y una acción política que no solo atribuye a este Parlamento un papel más importante en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, sino que refuerza también la imagen general de las tres instituciones europeas. 
Entre las muchas intervenciones que se han hecho, alguien ha afirmado que esta directiva es un instrumento no democrático y algunos han llegado a hablar de Stalin y Hitler. 
Esta directiva representa una victoria para la democracia, es un instrumento importante y equilibrado, que sirve a los ciudadanos y sirve ante todo a quienes se comprometen, pagando incluso un precio personal, con la lucha contra el crimen, y me refiero a las autoridades de investigación, a las fuerzas de policía. 
Además, como muy bien ha dicho el señor Cashman, ¿cuál es el coste de la falta de decisión, cuál es el coste de no hacer nada? 
¿Queremos seguir con veinte regímenes jurídicos diferentes, en los que cada Estado miembro hace esencialmente lo que quiere, o por el contrario es mejor converger, por vez primera, en un enfoque europeo, en una directiva, dando un primer paso hacia la armonización? 
Señorías, se trata de una directiva que se basa firmemente en los principios de la necesidad y la proporcionalidad. 
He escuchado algunas intervenciones, por ejemplo del señor Reul y de la señora Kudrycka, en las que se mencionaba una hipótesis que está examinando el Parlamento de Polonia. 
Puedo decir que la conservación de los datos durante quince años no parece cumplir los criterios de proporcionalidad y necesidad; aunque cada Estado miembro tiene el deber de demostrar por qué es proporcional y necesaria su petición, francamente el caso de los quince años me parece realmente un caso extremo. 
Deseo hacer aún dos últimas consideraciones: quiero dar las gracias a todos aquellos, y en especial al señor Díaz de Mera García Consuegra y a la señora Díez González, que han recordado a las víctimas de la delincuencia y han destacado que –y estoy plenamente de acuerdo– deben garantizarse definitivamente las libertades fundamentales de la persona. 
No obstante, Señorías, si alguien emplea un teléfono móvil para activar una bomba, como por desgracia ha sucedido, o para dar instrucciones a una banda de pedófilos, ¿es justo o no que la policía y los tribunales, es decir, las instituciones legítimas, dispongan de instrumentos para prevenir y atajar estos delitos? 
Creo que es justo que así sea y al mismo tiempo considero justo, como se dice en la directiva, que se castiguen los abusos: más instrumentos para las fuerzas de policía, más instrumentos para la magistratura de nuestros países, que son democracias, y más controles para comprobar si alguien abusa. 
En conclusión, las instituciones europeas se han dividido y se dividen por desgracia en temas importantes, pero resulta muy confortante ver –y espero que la votación de mañana lo confirme– que en el tema de la seguridad de los ciudadanos, de la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada, las instituciones europeas no se dividirán, sino que, las tres juntas, aportarán la capacidad para responder en plazos extremadamente rápidos a la demanda de nuestros conciudadanos. 
. Señora Presidenta, en primer lugar, en nuestra calidad de Presidencia hemos intentado colaborar con todos los Grupos del Parlamento Europeo. 
Presento mis respetos al señor Alvaro como ponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; he comparecido ante esa comisión en varias ocasiones para debatir estos puntos. 
Son cuestiones complicadas y por ese motivo existen opiniones divergentes, pero se trata de diferencias basadas, espero, en el respeto mutuo. 
En segundo lugar, estas propuestas se refieren a redes. 
Las redes son la delincuencia moderna, ya sean redes terroristas, pedófilas o de traficantes de personas o de drogas. 
No se trata del contenido de la comunicación, sino de la red en sí misma y de las personas implicadas. 
Es muy importante entender esto. 
En lo que respecta al punto sobre Polonia, el señor Frattini tiene toda la razón en lo que dice. 
Existe un procedimiento claro si los Estados miembros quieren superar el plazo de tiempo. 
Pueden consultar a la Comisión y esta juzgará la cuestión de la proporcionalidad, como ha señalado el señor Frattini, también en relación con los criterios del mercado único y de la competitividad en dicho mercado. 
Estos son los procedimientos y esto también está claro. 
En cuanto al asunto planteado por el señor Crowley, de Irlanda, está claro que el señor McDowell, el Ministro irlandés, planteó la cuestión del fundamento jurídico. 
Solicitamos la opinión de los servicios jurídicos del Consejo, que fueron muy claros, sobre la base del asesoramiento jurídico, al afirmar que este es el curso correcto que debemos seguir. 
Por último: se ha hablado de un Estado policiaco. 
Esto es lo contrario de un Estado policiaco. 
Todos somos democracias, tanto el Parlamento Europeo como cada uno de los países. 
Es el Estado de Derecho el que determina cómo se utiliza esta técnica, y lo que estamos haciendo es proponer el Estado de Derecho. 
Los que hablan de Hitler, Stalin o de Estados policiales se equivocan por completo. 
Esta propuesta va exactamente en la dirección contraria. 
Espero, cuando mañana se celebre la votación, que estemos de acuerdo en que el Parlamento Europeo democrático estará de lado del Consejo democrático de la Unión Europea y de la Comisión democrática en este proceso, para defender nuestra democracia frente a la delincuencia que intenta debilitarnos a nosotros y a nuestras sociedades en todo momento. 
Señora Presidenta, me gustaría decir claramente, a la atención de la señora In't Veld, y para evitar cualquier tipo de habladurías al respecto, que el ponente se encontraba en Israel hasta la noche del miércoles anterior a la crucial reunión del Consejo. 
Fue el miércoles cuando tuve acceso a las instalaciones de telecomunicaciones e informé al señor Alvaro de nuestras propuestas por correo electrónico. 
Por lo que yo sé, la señora Roure hizo lo mismo. 
La señora Kaufmann y la señora Buitenweg pensaron que se había llegado a un acuerdo a espaldas de los Grupos más pequeños, pero me gustaría recordarles que Izquierda Unitaria Europea y los Verdes ya habían rechazado el compromiso de la comisión y resulta contraproducente iniciar negociaciones con grupos que se oponen categóricamente a una propuesta; después de todo, como principio, ellos negocian todas las cuestiones con cualquier Grupo menos con el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Así que dejemos de hablar sobre «acuerdos» y aceptemos la opinión mayoritaria democrática de esta Cámara. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará el miércoles a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el informe anual del Consejo sobre los derechos humanos. 
Señora Presidenta, la Presidencia acoge con gran satisfacción este debate, que destaca la gran prioridad que todas las instituciones de la UE otorgan al fomento y la protección de los derechos humanos. Asimismo, reconoce la inmensa importancia que reviste la comunicación de las políticas y acciones de la UE en defensa de los derechos humanos de forma clara y convincente al mundo exterior. 
El entonces Consejo de Asuntos Generales decidió en diciembre de 1998, con motivo del 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la Unión Europea debía incrementar sus medidas en materia de derechos humanos y elaborar un informe anual al respecto. 
El informe de este año –que abarca el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005– es el séptimo de la serie y tiene por objeto ofrecer una visión general del trabajo de la Unión Europea, a través de sus instituciones, en la promoción de los derechos humanos. 
Como es natural, solo puede destacar los ámbitos en los que la acción de la UE ha sido particularmente importante durante el periodo contemplado. 
No pretende ser exhaustivo y no trata de duplicar la información que ya está disponible, por ejemplo, en las páginas web de la UE ni dejar constancia de las acciones emprendidas por cada uno de los Estados miembros. 
Por el contrario, sí ofrece a los ciudadanos de la Unión Europea, a los partícipes de la sociedad civil y a los Gobiernos y defensores de los derechos humanos de países terceros una visión general accesible de las preocupaciones, prioridades y acciones de la UE. 
Gran parte del informe se centra en la promoción que hace la Unión Europea de los derechos humanos y la democratización en el marco de su Política Exterior y de Seguridad Común. 
No obstante, la Unión Europea también debe ser coherente en el plano interno con las políticas que promueve en el exterior. 
Todos reconocemos que, aunque se ha hecho mucho por fomentar los derechos humanos en la Unión Europea, la situación sigue siendo mejorable. 
Por tanto, el informe expone importantes logros internos, incluida la labor continuada con vistas a crear una Agencia Europea de Derechos Fundamentales. 
Y los capítulos sobre prioridades temáticas, como los derechos humanos de las mujeres o los derechos humanos y la empresa, incluyen avances en el interior de la Unión Europea, así como en el extranjero y en organizaciones multilaterales. 
El informe también contiene información sobre los instrumentos e iniciativas de la UE en terceros países, por ejemplo los diálogos sobre derechos humanos entre la UE y China e Irán, y las nuevas consultas sobre derechos humanos establecidas durante 2005 con Rusia. 
Incluye información sobre la amplia gama de actividades llevadas a cabo por la Comisión Europea a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
En el informe se destaca que la IEDDH fue creada por iniciativa del Parlamento y que este ha utilizado sus competencias presupuestarias para incrementar sustancialmente los recursos destinados a la protección de los derechos humanos y la democracia. 
También se incluye información sobre los logros políticos y acciones específicas en relación con 17 cuestiones temáticas. Entre estas se incluyen áreas en las que la UE ha aprobado directrices sobre derechos humanos, como por ejemplo sobre la pena de muerte, la tortura, los defensores de los derechos humanos y los derechos de los niños, incluida su participación en conflictos armados, así como sobre otras cuestiones, que van desde los derechos humanos y el terrorismo hasta la democracia y las elecciones y la Corte Penal Internacional. 
El informe contiene una descripción general de la acción de la UE en organizaciones internacionales clave: la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa. 
También ofrece una panorámica por países, teniendo en cuenta las acciones de la UE en su vecindario inmediato, en África, América, Asia y Oriente Próximo. 
El Consejo seguirá buscando formas de mejorar su informe. 
La primera –que, estoy seguro, todos coincidirán en que recibió una buena acogida y tal vez llegó un poco tarde– fue la inclusión de un extenso capítulo en el que se explica la intensa labor que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo en defensa de los derechos humanos y la democratización. 
Todos saben que el Parlamento aprueba su propio informe anual y su resolución sobre los derechos humanos en el mundo y sobre la política de la Unión Europea. 
Sin embargo, pienso que sería conveniente y provechoso que los lectores de este informe entendieran cómo el Consejo, la Comisión y el Parlamento contribuyen de forma conjunta al objetivo común de la UE de fomentar y proteger los derechos humanos en el mundo. 
Me gustaría repetir, en este punto, la cálida acogida que recibió en el Consejo la reinstauración de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento el año pasado. 
Sé cuánto valora el Consejo, y en particular su Grupo de trabajo sobre derechos humanos, el contacto y la cooperación establecidos con dicha subcomisión. 
El informe de este año también pretende, por primera vez, ofrecer a los lectores ejemplos prácticos de la UE en acción. 
Por ejemplo, el capítulo sobre racismo, xenofobia y no discriminación incluye información sobre un proyecto en el marco de la IEDDH para luchar contra la discriminación de los dalits en Nepal. 
El capítulo sobre los derechos de los niños incluye un proyecto destinado a fomentar los derechos de la infancia en los Nuevos Estados Independientes. 
Creemos que estos ejemplos específicos ayudarán a los lectores a realizar relacionar la política de la UE con nuestra capacidad para lograr cambios reales en la vida de ciudadanos reales en todo el mundo. 
Otra innovación de este año ha sido la presentación de algunos análisis sobre los casos en que las acciones de la UE han funcionado bien y, de hecho, en los que ha deficiencias en nuestra labor. 
Al final de cada capítulo principal consta un breve análisis. 
Siempre se dará el caso en que algunas reflexiones internas deban ser internas si la UE quiere actuar de forma eficaz, por ejemplo en las negociaciones en las Naciones Unidas o en sus relaciones con determinados terceros países. 
No obstante, también es importante que las ONG y otros socios fundamentales sepan en qué puntos estamos satisfechos con nuestra labor y dónde queremos hacer más. 
Como cualquier informe anual, este tiene sus límites. 
Aprobado por el Consejo a principios de octubre, contiene información sobre las acciones de la UE hasta junio de 2005. 
Está claro que desde entonces se han producido acontecimientos. 
Nuestra Presidencia ha intentado utilizar los seis meses transcurridos desde junio para seguir sobre la base de la gran variedad de compromisos vigentes en la UE. 
Nos hemos esforzado por integrar los derechos humanos en todas las labores de la Unión Europea. 
Por ejemplo, hemos intentado aplicar las directrices de la UE sobre derechos humanos, prestando especial atención a la libertad de expresión, apoyando a quienes defienden los derechos humanos en aquellos lugares en los que han sufrido por ejercer su libertad de expresión. 
En las Naciones Unidas, la UE participa activamente en negociaciones en Nueva York con vistas a la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos. 
En los últimos seis meses hemos abordado numerosas cuestiones específicas en esta materia. 
Hoy, por ejemplo, examinaremos la situación en Túnez. 
Muchas de estas cuestiones se incluirán en el informe anual del próximo año. 
En conclusión, espero con interés conocer los puntos de vista del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre el propio informe y sobre las distintas cuestiones que contempla. 
Es nuestro deseo trabajar para garantizar que este informe sea correcto. 
Pero lo más importante es que necesitamos seguir trabajando juntos para que las políticas y acciones de la UE sean correctas, para garantizar que mejoremos realmente en la protección de los derechos en el mundo para poder informar de ello en los próximos años. 
. Señora Presidenta, acojo con satisfacción la última edición del informe anual de la UE sobre derechos humanos, que engloba las actividades de la Unión en materia de derechos humanos para el periodo de junio de 2004 a junio de 2005. 
Este informe es especial porque, por primera vez, ha sido elaborado conjuntamente por el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
El Consejo y la Comisión lo llevan haciendo desde hace varios años, pero, por primera vez, el Parlamento se ha sumado a ellos. 
El informe anual de la UE sobre los derechos humanos constituye una expresión muy importante de la relevancia crucial de la política en materia de derechos humanos en la configuración general de políticas de la Unión Europea. Abarca el desarrollo de la política interior de la UE en materia de derechos humanos, en particular en sus dimensiones externa e internacional. 
Su amplia cobertura de las principales cuestiones temáticas y geográficas relativas a los derechos humanos destaca el sólido compromiso de la Unión Europea con la protección y el fomento de estos derechos como principios definitorios de la Unión en el mundo: como una comunidad de valores compartidos, basada en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho. 
Abordaré brevemente algunos de estos puntos. 
Tengo seis puntos que comentar. 
Este año es crucial para el futuro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, ya que las negociaciones en curso sobre la creación de una nueva institución, el Consejo de Derechos Humanos, futuro sucesor de la actual Comisión de Derechos Humanos, ampliamente contestada. 
Con vistas a cumplir las conclusiones de la Cumbre de las Naciones Unidas en septiembre, no exagero si digo que es una oportunidad única para que la comunidad internacional se una a fin de mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para controlar, mejorar y actuar decididamente en toda situación crítica de los derechos humanos en el mundo. 
Si no hubiera sido por la Unión Europea, no habría funcionado. 
Estuve presente al principio de la Cumbre del Milenio. 
Sé lo difícil que fue llegar a un acuerdo, pero allí, la UE marcó la diferencia. 
Nuestras expectativas siguen siendo elevadas en lo que respecta al resultado y nuestra capacidad para influir positivamente en la comunidad mundial deberían tener un peso favorable en el proceso negociador. 
Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones, ya que muchos países se muestran reticentes a la hora de mejorar de forma eficaz el actual sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Tendremos que movilizar todas nuestras energías y redoblar los esfuerzos, si queremos concluir con éxito las complicadas negociaciones en curso. 
La dimensión de los derechos humanos influye cada vez más en las relaciones exteriores de la Unión Europea con una serie de países en todo el mundo: el diálogo sobre derechos humanos con China; el diálogo con Irán, aunque lamentablemente no hemos celebrado una ronda de negociaciones desde hace más de un año, pero esperamos volver a hacerlo; las consultas con Rusia en materia de derechos humanos; los diálogos locales sobre derechos humanos por parte de los jefes de misión de la Unión Europea en numerosos países; y, en concreto, nuestros avances en el marco de la Política Europea de Vecindad y su programa de trabajo relacionado con los derechos humanos en el contexto de distintos planes de acción, en los que siempre se presta mucha atención a esta materia. 
Todo esto ejemplifica en buena medida que la Unión Europea no está sola en su labor de cumplir activamente su tarea de fomentar los derechos humanos en su política exterior: también estamos viendo una mayor voluntad por parte de nuestros socios a la hora de reconocer la protección de los derechos humanos como una característica esencial del avance de sus propios países. 
No obstante, queda mucho por hacer. 
En este contexto, a menudo me preguntan qué se consigue realmente en estos diálogos o consultas. 
Mi respuesta es la siguiente: cada ronda, al finalizar, ha supuesto una oportunidad no solo para intercambiar ideas –tan importante para nuestros interlocutores a los que no les gusta que les sermoneen–, pero sobre todo, para nosotros, también para explicar, a través de nuestra experiencia que con tanto esfuerzo hemos adquirido, cómo nosotros, en la Unión Europea, hemos adaptado la legislación y las prácticas administrativas con el objetivo de respetar los derechos fundamentales y cómo esperamos que nuestros socios sigan un rumbo similar. 
Estoy convencida de que, poco a poco, el mensaje va calando. 
Los diálogos y consultas permiten a la UE plantear y debatir casos particulares de presos políticos o de otras personas que ven vulnerados sus derechos humanos. 
Sobre la base de los acuerdos de asociación de la Comunidad Europea o de los acuerdos de asociación y cooperación con terceros países, la Comisión revisa regularmente el grado de respeto de los estándares internacionales de derechos humanos por parte de los países socios. 
De hecho, los diálogos políticos con muchos de nuestros socios en el marco de estos acuerdos incluyen debates importantes sobre cuestiones de peso en materia de derechos humanos y democracia en países socios. 
Nuestro colega ya ha mencionado algunos casos concretos. 
La Comisión ha tomado la iniciativa de crear –con algunos de estos diálogos políticos– grupos de trabajo sobre derechos humanos y gobernanza, en el marco de las consultas regulares de las comisiones mixtas, por ejemplo, con Vietnam, Jordania o Marruecos. 
Me gustaría llamar su atención, en particular, sobre el programa de trabajo quinquenal sobre Barcelona, en el que se incluyen objetivos importantes sobre derechos humanos. 
Asimismo, como sus Señorías saben, todos los acuerdos de la Comunidad contienen ahora una cláusula específica sobre derechos humanos como elemento esencial. 
A este respecto, la Comisión desea garantizar que estas cláusulas sirven de herramienta positiva para mejorar la situación de los derechos humanos en los países socios. 
Creo que estos intercambios estructurados sobre derechos humanos constituyen una vía prometedora a la consecución de los objetivos para los que se han incluido estas cláusulas de derechos humanos. 
En efecto, habrá ocasiones, en casos de vulneraciones generalizadas e importantes de los derechos humanos, en los que habrá que imponer sanciones o incluso suspender un acuerdo, como es el caso de Zimbabue o Togo. 
Sin embargo, en términos generales, deberíamos evitar hacer demasiado hincapié en un enfoque «mecánico» de las sanciones o de la suspensión. 
Al contrario, en mi opinión lo importante es escudriñar sistemáticamente el historial de derechos humanos de nuestros socios y persuadirlos con medios políticos y de ayuda para que cumplan sus obligaciones en virtud de la cláusula sobre derechos humanos del acuerdo. 
En ese contexto, estoy muy agradecida por el proyecto de informe sobre las cláusulas de derechos humanos preparado tan diligentemente por su Señoría, el señor Agnoletto. 
Su informe obligará a todos los agentes que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en la Unión Europea, y en particular a sus instituciones, a seguir recapacitando sobre su valor y sobre la forma más adecuada de utilizarlas. 
El informe anual sobre derechos humanos de la UE también refleja el relanzamiento de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos para el periodo 2005-2006. 
Las modificaciones introducidas a la planificación en virtud de esta iniciativa se han basado en el resultado de una evaluación cuidadosa y diseñada para dar respuesta, en primer lugar, a las demandas de los posibles beneficiarios de la iniciativa. 
A raíz de ello se han concebido cuatro campañas con una cobertura geográfica más flexible y con acciones integradoras a escala mundial, regional y nacional. 
Hay dos elementos que me complacen particularmente: el compromiso más firme con la integración de los derechos de las mujeres y los niños, así como la mejora del incentivo para una participación eficaz de las organizaciones de la sociedad civil de los países socios del mundo en desarrollo. 
En estos momentos, mientras se adjudican los últimos contratos en el marco del presupuesto de 2004 de esta iniciativa, la publicación de las importantes convocatorias de propuestas para los presupuestos 2005-2006 es inminente; de hecho, deberían publicarse en los próximos días. 
Al mismo tiempo, las convocatorias de propuestas nacionales siguen su curso y el próximo informe anual incluirá detalles de este ejercicio. 
Lo fundamental es que la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, en sus formas presente y futura, constituye una parte esencial e integral de la política general de la Unión Europea en materia de derechos humanos. 
La Unión Europea se ve muy reforzada en sus relaciones con terceros países gracias a sus posiciones unificadas en muchas cuestiones de derechos humanos de importancia estratégica. 
Basta pensar en las directrices que hemos acordado sobre la pena de muerte, la tortura, los niños en conflictos armados y los defensores de los derechos humanos. Estas herramientas, usadas correctamente, son excelentes y ejercen una gran influencia. 
Por tanto, me gustaría saludar los esfuerzos realizados durante las Presidencias luxemburguesa y británica este año a la hora de orquestar campañas muy eficaces en el marco de estas directrices. 
También me gustaría agradecer el trabajo de las numerosas delegaciones de la Comisión que han contribuido tan eficazmente a la labor de la Troika respectiva en los países objetivo. 
El mismo trabajo en equipo es válido para la campaña de información sobre la propuesta del Consejo de derechos humanos –que he mencionado al principio– y que se realizó en 77 países. 
Cuanto más hablen con una sola voz sobre los derechos humanos la Unión, sus Estados miembros y sus instituciones, mayor será el impacto político. 
Por tanto, no debemos desistir de nuestros esfuerzos, en el Consejo, en el Parlamento y en la Comisión, para trabajar unidos de la forma más estrecha y eficaz posible. 
En ese sentido, presentamos este informe anual y espero que sirva de recordatorio estricto de los enormes retos que tenemos por delante y del buen trabajo que hemos hecho en el pasado. 
. Señora Presidenta, me complace efectuar una pequeña contribución a este debate. 
El informe anual 2005 del Consejo sobre los derechos humanos es un buen compendio de la actividad y las aspiraciones en el ámbito de los derechos humanos en el seno de la UE, así como del impacto que dicha actividad está teniendo fuera de la Unión. 
Como autor del informe más reciente del Parlamento sobre los derechos humanos, me ha producido una gran satisfacción constatar que casi todos los asuntos temáticos planteados en el informe del Parlamento han sido abordados también en este documento, reflejando una coherencia de pensamiento y prioridad. 
La pena de muerte, los derechos de la infancia –y, en concreto, los niños en los conflictos armados–, los derechos de la mujer y la igualdad de género, el papel de las empresas internacionales cara a los derechos humanos, los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y el papel de la CPI en la lucha contra la impunidad, son asuntos a los que deben conceder prioridad las sucesivas Presidencias del Consejo y la Comisión. 
Creo que, en lo posible, deberíamos tender a la creación de un informe anual exhaustivo sobre los derechos humanos para la UE en el futuro, que reflejara las opiniones del Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
No tiene sentido que el Parlamento repita el trabajo del Consejo. 
Nuestra función individual debería consistir en analizar de manera crítica el comportamiento del Consejo y de la Comisión en cuanto a la consecución de los objetivos marcados en los ámbitos clave, descritos en un informe anual sobre los derechos humanos de la UE. 
El Parlamento tiene que estar implicado de forma activa en la elaboración de este informe en los años venideros, y no basta con que le sea presentado el artículo terminado antes de su publicación. 
Por último, puesto que estamos debatiendo los derechos humanos en la UE en 2005, no puedo dejar pasar la ocasión sin manifestar mi preocupación en cuanto a la necesidad de claridad en el denominado asunto de los vuelos secretos de la CIA. 
Soy uno de los muchos diputados en esta Cámara procedentes de países de la UE que han permitido el aterrizaje y repostaje de aviones estadounidenses –militares y de la CIA– en los últimos años. 
Como portavoz en materia de derechos humanos, sería un hipócrita si no exigiera claridad por lo que respecta a si se han trasladado prisioneros a través de países de la UE hasta terceros países, donde corren peligro de ser torturados. 
. – Señora Presidenta, quiero comenzar dando las gracias a la Presidencia del Reino Unido por acceder a presentar hoy al Parlamento el informe anual sobre los derechos humanos, la primera vez que esto ocurre desde la Presidencia finlandesa en 1999. 
Como ponente parlamentario de este año para el informe anual sobre los derechos humanos, el Presidente en ejercicio sabe que mi intención, más que repetir el trabajo del Consejo en este ámbito –como ya ha manifestado el señor Coveney–, es la de reforzar la colaboración entre el Consejo y el Parlamento, de manera que la Unión Europea pueda enviar un mensaje más sólido y más coherente a favor de los derechos humanos al mundo en general. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su apoyo a la subcomisión del Parlamento durante su intervención esta tarde. 
No obstante, le invito a que haga pública la voluntad del Consejo de establecer un debate con el Parlamento acerca de una colaboración más estrecha respecto del propio informe anual en su intervención de respuesta a este debate. 
El informe anual sobre los derechos humanos de este año resulta plausible por su alcance y honestidad. 
En un año en el que el Consejo ha analizado el diálogo sobre los derechos humanos con países concretos, el descubrimiento de que el diálogo con China ha tenido un impacto reducido, si es que ha tenido alguno, es efectivamente muy importante. 
El informe en conjunto resulta más rotundo a la hora de plantear actuaciones que al evaluar su eficacia y espero que podamos presenciar un mayor uso de las evaluaciones de impacto de los derechos humanos en años venideros. 
En un momento en que la Unión Europea ha de mostrarse firme en Nueva York para procurar reforzar la defensa de un Consejo de Derechos Humanos fuerte en las Naciones Unidas, todos nosotros deberíamos reflexionar acerca de si la propia Unión Europea concede prioridad suficiente a los derechos humanos en comparación con la importancia que damos al comercio y al desarrollo en nuestras relaciones exteriores. 
Recuerdo a la señora Comisaria que, a pesar de sus comentarios esta tarde, el Parlamento sigue esperando su apoyo para conservar un fundamento jurídico independiente en la iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. 
Espero oír también sus comentarios. 
Por último, centrémonos en uno de los sucesos más sangrientos de 2005: la matanza de cientos de personas en Andizhán el 13 de mayo y la posterior detención y tortura por parte de las autoridades uzbekas de cualquiera que en apariencia pudiera haber sido testigo. 
La suspensión por la EU de partes del Acuerdo de Asociación y Cooperación, el embargo de armas y las restricciones de los visados representan y demuestran de una manera categórica al mundo que esta Unión Europea puede defender y va a defender los derechos humanos. 
Señora Presidenta, la política exterior de la UE se basa en la defensa de la paz, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho y por ese motivo concedemos tanta importancia a la dimensión política de los criterios de Copenhague en las negociaciones con los nuevos Estados miembros. 
Por supuesto, en este ámbito, la UE también ha tenido un gran éxito al difundir estos valores. 
Naturalmente, es más difícil cuando se trata de hacerlo en otros países. 
Aunque los derechos humanos siempre van incluidos en la teoría, resulta complicado lograr nuestros objetivos a través del diálogo. 
Tenemos cláusulas, pero como saben, el Parlamento ha recomendado que sean obligatorias y que se activen. 
No podemos contentarnos únicamente con la mera protesta ante acontecimientos como los ocurridos en Túnez en los que se produce una violación tan flagrante de los derechos humanos fundamentales. 
Túnez es un país estrechamente asociado con la UE. 
Como sabemos, los diálogos sobre derechos humanos con China e Irán van por mal camino. 
Tampoco estamos avanzando en nuestro diálogo con Rusia. 
Hoy hemos visto como los ganadores de nuestro Premio Sájarov –las Damas de Blanco cubanas– no han obtenido el permiso para venir aquí. 
Espero que el Consejo y la Comisión puedan acelerar sus protestas contra el dictador en La Habana, que sigue riéndose de todo el mundo. 
Queda mucho por hacer por lo que se refiere a Zimbabue, Belarús, Myanmar, Arabia Saudí, etc. 
Sabemos, por supuesto, que la UE, en tanto que poder débil, es increíblemente poderosa. 
Somos el único actor de la escena internacional que puede obtener grandes logros si se pone de acuerdo sobre la defensa de los derechos y valores humanos. 
Los que nos rodean esperan de nosotros que tengamos una política exterior común que pueda desempeñar un papel en la escena internacional y que hablemos con una sola voz. 
Esta política exterior, en forma de cooperación comercial, humanitaria, política y económica, siempre debe guiarse por el respeto de los derechos humanos. 
Como demócratas, tenemos la responsabilidad de asegurar que luchamos contra la falta de libertad y para difundir la democracia y los derechos humanos en lugares tan remotos como las aldeas de Colombia, Zimbabue y Corea del Norte. 
Por este motivo, el presente informe constituye una herramienta importante y constructiva. 
Solo espero que, en el futuro, pueda devenir más estratégico con vistas a lograr una política sobre derechos humanos más cohesionada. 
. – Señora Presidenta, al igual que mis colegas, me alegro de que mantengamos hoy este debate acerca del informe anual sobre los derechos humanos. Me complace especialmente un nuevo capítulo en el que se analiza la eficacia de los instrumentos y las iniciativas de la Unión Europea. 
Es precisamente la perspectiva elegida por el Parlamento Europeo para elaborar, con la plena cooperación de todos los Grupos políticos, su informe de este año. 
Este resultado demuestra que, en los próximos años, nosotros –la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo– podremos elaborar juntos, a la larga, un auténtico informe conjunto. 
Para conseguirlo, es importante que la información circule como un flujo continuo entre nuestras instituciones. 
Quisiera insistir, por ejemplo, en las conclusiones del Consejo de 12 de diciembre, que nos informan de que el Consejo –no teníamos dudas al respecto– lanzó, en nombre de defensores de los derechos humanos, campañas de presión activas bajo la batuta de los jefes de misión en terceros países. 
Ahora bien, es muy útil para los diputados saber a quién, cuándo o cómo el Consejo y los embajadores en terceros países aportan su apoyo en virtud de las directrices para la protección de los defensores de los derechos humanos. 
Otro ejemplo: el Consejo elabora fichas de datos en las que se evalúa la situación de los derechos humanos en los distintos países. 
También en este caso sería necesario que el Consejo remitiera al Parlamento estas fichas a fin de que las distintas delegaciones y comisiones pudiesen remitirse a ellas en el marco de su trabajo cotidiano. 
Otro ejemplo: he leído en este informe que, por primera vez, participaron representantes chinos en el diálogo estructurado sobre los derechos humanos entre la Unión y China. 
Siendo así, no entiendo por qué no participaron diputados al Parlamento en dicho diálogo, cuando los diputados piden que todos los representantes estén implicados en todos los diálogos, sea cual sea la estructura de los mismos. 
Por último, por lo que respecta a la Comisión, conocemos las deficiencias de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, pero debo decirle, señora Comisaria, que el documento que examina actualmente la Comisión Europea para la aplicación del programa horizontal para los derechos humanos me inspira las más vivas reservas y preocupaciones. 
Dicho documento no responde en nada a las expectativas del Parlamento Europeo, como tampoco a las de las ONG, como verá... 
Señora Presidenta, Señorías, cabe acoger con gran satisfacción el hecho de que la UE lleve publicando un informe anual sobre derechos humanos desde hace siete años. 
También es adecuado y correcto que hayamos aprobado la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Al mismo tiempo, sin embargo, no deberíamos fiarnos de una actitud que era muy común en la época comunista, a saber, la de crear una oficina o una agencia cada vez que surge un problema. 
Esto me lleva a algo que el representante del Consejo ha mencionado hace unos momentos. 
Me refiero a la cuestión de si realmente existe la necesidad de crear una Agencia de Derechos Fundamentales. 
Todavía necesitamos pruebas que nos convenzan de que existe esa necesidad. 
Es una buena noticia que la UE esté cooperando con distintos organismos en el ámbito de los derechos humanos, como la OSCE y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 
No obstante, es lamentable que las acciones de la UE a veces queden reducidas a una aceptación en la práctica de un doble rasero. 
Constantemente defendemos los derechos humanos en países pequeños y débiles, pero no logramos hacer lo mismo en el caso de otros más grandes y fuertes. 
El motivo para esto es que nos gusta hacer negocios con estos últimos. 
Defendemos los derechos humanos en países enemigos y neutrales, pero no nos atrevemos a hablar alto y claro cuando se violan los derechos humanos en países que son nuestros aliados. 
Asimismo, en ocasiones la Comisaria Ferrero-Waldner no habla con claridad, especialmente cuando se trata de regiones y países considerados socios estratégicos para la UE. 
Apelo a una cierta coherencia a este respecto y pido que los derechos humanos, que pertenecen a los valores fundamentales de la UE, no sean cumplidos de forma selectiva. 
Señora Presidenta, la razón por la que la UE es aceptada en todo el mundo como la voz de los derechos humanos es que, en mayor medida que otras instituciones, respalda sus palabras con hechos. 
La Comisaria ha estado muy acertada al describir como punto fundamental la cláusula que hace de los derechos humanos un componente esencial de los acuerdos de comercio y cooperación con terceros países. 
Hasta la fecha, se han concluido 120 acuerdos de este tipo. 
El Informe sobre los derechos humanos enumera los principales logros de 2005, entre otros unos controles más estrictos de la exportación de material que puede ser utilizado para torturar o la campaña contra los abusadores de niños que utilizan Internet para sus propios fines, así como la campaña para el reconocimiento de la Corte Penal Internacional. 
En el informe también se recogen contratiempos como los acontecidos en países africanos –Sudán, Zimbabue, Congo o Ruanda, por ejemplo–, o en países asiáticos como Indonesia, Sri Lanka, Irán y Myanmar. 
Como en ocasiones anteriores, China sigue siendo objeto de críticas particulares; su actitud con respecto a la libertad de opinión, de religión y de reunión es inaceptable; los periodistas y abogados críticos son acosados, los activistas de derechos humanos son perseguidos y a los acusados se les niega un juicio justo y son sometidos a torturas. Cada año, miles de personas mueren ejecutadas. 
La situación en el Tíbet sigue siendo un horror de proporciones trágicas. Pasado mañana, celebraremos un debate en el que responderemos a las intervenciones militares chinas en un monasterio tibetano como cuestión de urgencia. 
Los Estados miembros de la UE deben, al fin, ponerse manos a la obra, en lugar de abstenerse como lo han hecho en Ginebra. 
Las violaciones de los derechos humanos por parte de China deben formar parte del orden del día de la Convención sobre Derechos Humanos, cuando se reúna en dicha ciudad. 
El terrorismo, junto con los derechos civiles, ha sido la prioridad en 2005, y con toda la razón, pero el mantenimiento del Estado de Derecho es una necesidad absoluta. Esto también se aplica al trasporte de prisioneros de la CIA en Europa, un tema sobre el que celebraremos un debate mañana por la tarde. 
La intolerabilidad absoluta de cualquier incumplimiento de la Convención sobre Derechos Humanos solo es uno de los mensajes contenido en el Informe sobre los derechos humanos. 
Señora Presidenta, agradecemos que, por primera vez, el informe del Consejo mencione la acción del Parlamento en el ámbito de los derechos humanos, porque este Parlamento hace mucho. 
También agradecemos que vengan a presentarlo en esta Cámara. El Grupo Socialista así lo había solicitado en múltiples ocasiones. 
Así, nuestro propio informe se podrá ajustar mejor al seguimiento y la evaluación de sus compromisos. 
Ya basta de grandes palabras y grandes declaraciones, porque hay hechos concretos que reclaman la acción y el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido, como, por ejemplo, la ya mencionada Iniciativa Europea de Derechos Humanos y Democracia. 
¿Qué hace el Consejo con las resoluciones que en este Parlamento se aprueban? 
Tres hemos aprobado, con la que aprobaremos esta semana sobre Etiopía. 
No hemos obtenido ninguna respuesta. 
¿Qué ha sucedido con Guantánamo? 
¿Cuál ha sido su acción? 
Se están derivando muchos problemas de la inacción, a pesar de las graves violaciones de los derechos humanos que se producen. 
Y así, podría citar otros casos. 
Es mejor decir menos y hacer más, porque, de tanto decir, van a dejar de creernos. 
Este Parlamento trabaja denodadamente para que su voz sea escuchada, pero, para que su voz sea atendida, les necesitamos a ustedes, y necesitamos que ustedes renueven su compromiso con la política europea de derechos humanos, que se supone que es un pilar fundamental de nuestra acción exterior. 
Todavía estamos esperando muchas respuestas. 
Señora Presidenta, hoy volvemos a debatir sobre los derechos humanos en todo el mundo y denunciamos los defectos de los demás. 
Sin embargo, quiero centrar este debate en una vulneración flagrante de los derechos humanos perpetuada en esta Unión Europea, concretamente en el Reino Unido. 
La Directiva del Consejo 2000/78/CE prohíbe acertadamente la discriminación religiosa en el trabajo. 
Pero en virtud de una derogación contemplada en el artículo 15 de dicha Directiva, se autoriza al Gobierno del Reino Unido a practicar la discriminación contra los protestantes en Irlanda del Norte que solicitan entrar en el servicio de policía de norirlandés, simplemente porque son protestantes. 
En consecuencia, se ha denegado el ingreso en la policía a cientos de jóvenes candidatos protestantes con una cualificación excepcional, no por falta de méritos, sino porque no existe un número equivalente de candidatos de la comunidad católica. 
Así que antes de que esta Cámara y la UE hagan alarde de sus méritos en el tema de los derechos humanos, proclamo: procedamos a subsanar ese error, llevando a la práctica en su totalidad la Directiva sobre el empleo y poniendo fin a la abominable discriminación contra la comunidad mayoritaria en mi país. 
Señora Presidenta, soy la persona responsable en la Comisión de Comercio Internacional de la revisión propuesta de las cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos de asociación y de comercio. 
No basta con las palabras; necesitamos acciones. 
Con excesiva frecuencia, el Consejo y la Comisión no están dispuestos a activar el uso de estas cláusulas para presionar a terceros países para que resuelvan problemas legítimos. 
¿Podrían el Consejo y la Comisión echar un vistazo al aumento gradual de presión que se puede incorporar a una cláusula nueva y revisada sobre derechos humanos? 
El segundo punto trata de que, a veces, los fallos de los procesos interfieren con los resultados del producto. 
Acogemos con agrado el diálogo sobre derechos humanos con China e Irán. 
Durante dos años, la UE ha sido el único lugar del mundo que ha mantenido un diálogo sobre derechos humanos con el régimen profundamente detestado en Corea del Norte. 
Luego, el Consejo patrocinó una resolución condenando los derechos humanos norcoreanos en Ginebra sin informar ni a estos ni a la Comisión. 
Consiguientemente se suspendió el diálogo. 
Este año hemos patrocinado una nueva resolución con la excusa de que hemos de tener una resolución: no tenemos diálogo; nos negamos a reconocer que no lo tenemos porque contábamos con una resolución. 
– Señora Presidenta, el 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y varios acontecimientos recientes han puesto de manifiesto que queda mucho por hacer. 
Por ejemplo, los Estados Unidos también deberían ceñirse a unas normas mínimas en materia de derechos humanos y no pasarlos por alto instalando cárceles secretas en el extranjero. 
En la UE se siguen produciendo violaciones de los derechos humanos, particularmente en forma de violencia doméstica, crímenes de honor, poligamia y generalización de la discriminación de la mujer, algo que toleramos indirectamente, si aceptamos estos aspectos como parte del Islam en Europa. 
En la propia Turquía, casi el 80 % de las mujeres en zonas rurales son casadas a la fuerza. 
Persiste la discriminación contra las minorías y los miembros de otras religiones. 
Dado que, en 2004, se recibieron en la UE más solicitudes de asilo de nacionales turcos que iraquíes y que, incluso en 2005, Turquía sigue siendo el segundo país de origen más frecuente de los solicitantes de asilo en Alemania, por ejemplo, no podemos asumir que los derechos humanos son respetados realmente en la sociedad turca; y estamos hablando de un país que está negociando su adhesión a la UE. 
– Señora Presidenta, el futuro de la Unión Europea, como comunidad democrática de principios y valores, está relacionado con la coherencia de las instituciones y de los Estados miembros a la hora de defender los derechos humanos, los derechos de las minorías y las libertades democráticas. 
La Unión Europea necesita, en primer lugar, emprender iniciativas para dar forma a un nuevo marco institucional eficaz para defender los derechos humanos en el contexto de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, en sus relaciones con terceros países, debe dar máxima prioridad a la ratificación y la aplicación de todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos y a la abolición de las cámaras de tortura. 
En tercer lugar, debe ayudar a conformar un sistema democrático, abierto y global para regular la sociedad de la información y para luchar contra la brecha digital que está creando nuevas relaciones de dependencia y hegemonía entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
En cuarto lugar, necesita, sin discriminación ni intereses selectivos en los Estados miembros, aplicar todos los acuerdos de cooperación y asociación y poner en marcha los mecanismos previstos. 
. Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias a la Comisión y a todos los diputados que han contribuido a un debate impresionante. 
Siempre me impresiona la variedad de asuntos relativos a los derechos humanos en que trabajan los diputados al Parlamento Europeo. 
Desde luego resulta estimulante el compromiso respecto de estos temas, no solo el demostrado hoy sino siempre. 
Quisiera ocuparme de uno o dos aspectos específicos que se han planteado. 
Ante todo, acojo con satisfacción la sugerencia de los señores Howitt y Coveney, por cuanto deberíamos actuar sobre la base del provechoso intercambio de pareceres de hoy y celebrar ulteriores debates acerca de nuestros dos informes. 
Varios diputados han expresado su deseo en favor de un papel más activo del Parlamento Europeo en el informe anual de la UE sobre los derechos humanos. 
Tal como queda reflejado en las conclusiones acordadas en su reunión de ayer, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores ve con buenos ojos la cooperación con el Parlamento en la tarea de desarrollar y concretar su política sobre derechos humanos durante 2005 y espera profundizar más en esa relación. 
Voy a garantizar que reflexionemos muy seriamente sobre las ideas concretas que se han expuesto y estoy seguro de que podremos encontrar vías para intensificar nuestro diálogo. 
Deseo resaltar que uno de los notables puntos fuertes de la UE radica en su variedad de instituciones diferentes: poseen funciones distintas y complementarias. 
La troika se esfuerza a menudo por promocionar los derechos humanos dentro de un marco intergubernamental. 
El Parlamento puede hacer valer su peso y sus opiniones en diversas formas y, frecuentemente, con mucha mayor flexibilidad. 
Acogemos con sumo agrado tales oportunidades de compartir opiniones e ideas. 
Valoramos especialmente nuestros intercambios regulares y francos con la Subcomisión de Derechos Humanos. 
Tenemos que asegurar que nuestro trabajo esté bien coordinado y sea coherente, pero también hemos de sacar provecho a nuestras respectivas fortalezas. 
Es importante establecer una cierta diferenciación entre los papeles que desempeñan las distintas instituciones a la hora de promocionar los derechos humanos y la democratización. 
El señor Ford ha planteado una cuestión importante acerca de la forma en que utilizamos las cláusulas sobre derechos humanos. 
El Consejo estudiará con rigor cualquier tema que plantee el Parlamento Europeo. 
Conviene apuntar que su finalidad primordial consiste en facilitar una plataforma constructiva para las relaciones con terceros países en el ámbito de los derechos humanos. 
La suspensión de un acuerdo constituye un último recurso y, por tanto, se utiliza en contadas ocasiones. 
Las cláusulas sobre derechos humanos han sido invocadas, como mínimo, en 12 casos desde 1995 como base para la consulta, la suspensión de ayuda y otras medidas que han afectado a 10 países ACP. 
Evidentemente, es un arma que estamos dispuestos a utilizar. Ha de ser aplicada de manera prudente y eficaz para que produzca resultados. 
Termino aplaudiendo una vez más el firme compromiso que han demostrado las instituciones de la UE en la promoción de los derechos humanos y en la elaboración de un informe eficaz sobre la política y las acciones de la UE en este campo. 
Resulta enormemente provechoso disponer de estas ocasiones para revisar de forma conjunta nuestra actuación y la manera de mejorarla. 
Esperamos con impaciencia cooperar de manera estrecha y continuada con el Parlamento Europeo a medida que vayamos progresando en nuestra tarea en materia de derechos humanos en los meses venideros. 
Estoy muy agradecido a todos los que han contribuido a lo que ha sido un debate enormemente válido. 
. Señora Presidenta, permítame resumir este notable debate, al que personalmente concedo gran importancia. 
Por supuesto que existen todavía muchos retos, de lo contrario no necesitaríamos celebrar este debate. 
Sin embargo, la Comisión utiliza instrumentos específicos y me gustaría proporcionarles algunos ejemplos concretos, ya que a veces parece que solo estamos utilizando palabras. 
Eso no es cierto, disponemos de numerosas posibilidades y procuramos utilizarlas, pero queda aún mucho por hacer y no hemos llegado al final. 
Por ejemplo, disponemos de un instrumento mediante el cual se destinan 180 millones de euros para la promoción de la justicia y el Estado de derecho, fomentando una cultura de derechos humanos, promoviendo el proceso democrático, favoreciendo la igualdad, la tolerancia y la paz. 
En segundo lugar, tenemos programas de cooperación específicos para cada país, a los que se han asignado un total de 35 millones de euros. 
En tercer lugar, se han concedido subvenciones por valor de 14 millones de euros a organizaciones internacionales, que utilizamos para las campañas. 
Contamos asimismo con un instrumento muy importante para las misiones de la UE de observación electoral. 
Muchos diputados lo conocen y saben de su importancia, ya que han sido observadores principales en diferentes países, aun cuando el observador principal goza de un cierto grado de independencia. 
Este instrumento tiene asignados 13 millones de euros. 
La Comisión ha participado en misiones electorales presidenciales y parlamentarias. 
Ha realizado misiones de observación electoral de la UE en Etiopía, Guinea-Bissau, Burundi, Cisjordania y Gaza, así como en el Líbano, Afganistán, Sri Lanka y Liberia. 
Actualmente hay en curso otras misiones, como las de Venezuela, Haití, la República Democrática del Congo, y nuevamente en las elecciones parlamentarias en Cisjordania y Gaza. 
La política de vecindad constituye mi responsabilidad específica. 
Puedo conceder de un 10 % a un 15 % más en el caso de que un país en la región, por ejemplo Marruecos o Jordania, esté implantando mayor número de reformas en el campo de los derechos humanos. 
Creo que es algo importante. 
Con respecto a la CIA, en general tenemos la convicción clara de que el terrorismo solo se puede combatir desde el pleno respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Los derechos humanos están vigentes en cualquier situación. 
Sabemos que se trata de un reto difícil. 
Constituye un reto preservar el equilibrio correcto entre mejorar el derecho a la intimidad y combatir el terrorismo. 
Hemos de proteger a nuestra población, pero también tenemos que velar por los principios sobre los que se basa nuestra sociedad. 
Por último, con respecto al instrumento para la democracia y los derechos humanos, a menudo he proclamado que para nosotros, la IEDDH constituye nuestro buque insignia. 
Aun cuando ya no va tener un fundamento jurídico independiente, hemos propuesto un programa temático relativo a la democracia y los derechos humanos, con alcance global y con visibilidad y una programación unificada, incluida una partida presupuestaria por separado. 
El programa temático propuesto quedaría identificado dentro de cada uno de los instrumentos de acción exterior planteados. Se va a realizar una comunicación específica sobre este programa temático, explicando el alcance, los objetivos y las prioridades políticas, que será presentada a finales de enero. 
Espero que tengamos ocasión de acordar un paquete global completo, que permita al Consejo, a la Comisión y al Parlamento mirar al futuro. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los derechos humanos y la libertad de prensa en Túnez y la evaluación de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez. 
. Señora Presidenta, comenzaré dando las gracias al Parlamento Europeo por proponer este oportuno debate sobre Túnez. 
Quiero dejar constancia de nuestro reconocimiento del hecho de que Túnez haya albergado recientemente la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información del 16 al 18 de noviembre. 
Nos complace el acuerdo alcanzando en la Cumbre sobre el Compromiso de Túnez y la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, una contribución importante al esfuerzo global necesario para salvar lo que se conoce como la brecha digital. 
Al mismo tiempo, procede que contemplemos con una visión más general los asuntos de los derechos humanos y de la libertad de prensa en este país. 
El Consejo comparte la preocupación de los diputados a esta Cámara acerca de la situación de los derechos humanos en Túnez y es muy consciente de las deficiencias de la actuación de las autoridades tunecinas, sobre todo con respecto a los actos de intimidación y hostigamiento contra la sociedad civil y los activistas de derechos humanos. 
La reunión celebrada el jueves, 1 de diciembre, en la que participaron diversos diputados al Parlamento Europeo, determinadas comisiones y otras instituciones de la UE participantes en la Cumbre, para debatir específicamente la problemática de los derechos humanos en Túnez, refrendó aún más la importancia de estos temas. 
Los derechos humanos son un elemento esencial en la relación de la UE con Túnez, tal como se proclama en el Acuerdo de Asociación UE-Túnez, que entró en vigor el 1 de marzo de 1998, y en el Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad, que lo hizo el 4 de julio de este año. 
En virtud de este plan de acción, Túnez ha suscrito compromisos en el ámbito de la democracia, la buena gobernanza y los derechos humanos. 
La ejecución de estos compromisos será un elemento esencial para desarrollar las relaciones UE-Túnez. 
Incluyen, por ejemplo, la creación de una subcomisión UE-Túnez de derechos humanos. 
A tal fin seguimos animando a los tunecinos a que fijen y celebren lo antes posible una primera sesión de dicha subcomisión. 
Además, la Cumbre del décimo aniversario de Euromed, el 27 y 28 de noviembre en Barcelona, constituyó una ocasión notable para ayudar a los socios mediterráneos de la UE, incluido Túnez, a afrontar los retos del siglo XXI, incluidos los relacionados con la buena gobernanza. 
En la Cumbre de Euromed, los dirigentes refrendaron un plan de trabajo para cinco años orientado a la obtención de resultados. 
Dicho plan incluía la creación de un fondo de gobernanza para ayudar a aquellos países que hagan progresos en la buena gobernanza, permitiéndoles el acceso a fondos adicionales para invertir en sus prioridades. 
Túnez es un Estado que forma parte de los seis tratados centrales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Túnez aparece bien clasificada en la mayoría de los índices socioeconómicos de instituciones multilaterales, y los derechos sociales y económicos gozan de reconocimiento y protección. 
Túnez desempeña un papel activo dentro de las instituciones internacionales de derechos humanos y fue elegido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril de 2004. 
Sin embargo, Túnez todavía no ha suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
La UE aplaude el historial de Túnez de promoción de reformas en el mundo árabe, principalmente en cuanto a la situación de la mujer y el derecho a la educación. 
No obstante, la UE continúa preocupada por la situación de los derechos humanos en Túnez, sobre todo con relación a la libertad de expresión y de reunión y a la independencia del sistema judicial. 
Este debate ha suscitado concretamente el tema de la libertad de prensa en Túnez. 
Todos los libros y publicaciones, con la excepción de los periódicos, siguen estando sujetos a censura. 
Hasta el mes de mayo de 2005, todos los periódicos tenían que presentar sus artículos al Ministerio de Interior antes de su publicación. 
Aunque ese ya no es el caso, nos sigue preocupando el hecho de que el temor a las sanciones parece haberse traducido en una cierta autocensura, ya que ningún periódico ofrece crítica ni opinión política alguna sobre asuntos internos contrarias a la versión gubernamental. 
No obstante, es habitual el acceso a la televisión extranjera, ya que la mayoría de los hogares tunecinos disponen de televisión por satélite. 
Como ya he manifestado, la UE acoge con satisfacción el acuerdo sobre el compromiso tunecino y la agenda tunecina para la sociedad de la información, alcanzados durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez. 
La UE espera trabajar con todos los interlocutores para garantizar la ejecución plena y eficaz de ambas fases del proceso de la Cumbre, tanto en la esencia como en el seguimiento. 
Durante los preparativos y durante la propia Cumbre se denunciaron una serie de incidentes que afectaban a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. 
La Liga Tunecina de Derechos Humanos, el órgano más antiguo de derechos humanos en Túnez, denunció el acoso de sus militantes por parte de la policía y afirmó que se le había impedido su funcionamiento normal. 
Una decisión judicial en septiembre de 2005 obligó a posponer su congreso. 
La UE presentó sus quejas ante las autoridades tunecinas y publicó una declaración recordando a los tunecinos las expectativas de la UE en cuanto a sus responsabilidades en el tema de los derechos humanos. 
Durante la propia Cumbre, la Troika de la UE hizo llegar sus protestas a las autoridades tunecinas a raíz de un incidente en el Instituto Goethe, donde se impidió a las ONG reunirse para debatir los planes para una «Cumbre de los ciudadanos» alternativa. 
La UE está igualmente intranquila por otros incidentes relativos a la libertad de expresión y libertad de reunión, denunciados igualmente en el transcurso de la Cumbre. 
Entre ellos están la interrupción de las actividades de un equipo de la televisión belga, así como la anulación del taller de la Comisión Europea en el que los diputados al Parlamento Europeo debían reunirse con miembros de la sociedad civil en el centro de conferencias de la Cumbre. 
La Constitución de Túnez contempla la libertad de asociación, aunque con ciertas limitaciones. 
La ley prevé la libertad de reunión, siempre que se solicite permiso al Ministerio del Interior. 
Sin embargo, algunas ONG encuentran dificultades para alquilar oficinas y sus subvenciones son controladas. 
Diversas asociaciones han solicitado su inscripción legal y les ha sido denegada, por ejemplo el Consejo Nacional para las Libertades en Túnez. 
Las ONG denuncian igualmente que el acceso a Internet se ve periódicamente bloqueado y los mensajes electrónicos dirigidos a determinadas cuentas de correo electrónico, jamás llegan a su destinatario. 
Durante la campaña presidencial de octubre de 2004, el código electoral prohibió a los tunecinos tratar temas políticos en la prensa internacional, y a los partidos de la oposición apenas se les dio oportunidad de realizar campaña. 
Si bien reconocemos que la ley electoral salvaguarda la representación femenina en el Parlamento, así como la representación de las tendencias minoritarias, hemos advertido que el proceso global que condujo a las elecciones no proporcionaba un campo de juego homogéneo para los contendientes. 
Por tanto, alentamos a las autoridades tunecinas a que continúen mejorando el marco electoral y a que den los pasos necesarios para garantizar que las próximas elecciones cumplen totalmente las normas internacionales. 
La UE también está preocupada por los informes de las ONG, incluida Amnistía Internacional, sobre las condiciones en las cárceles en Túnez. 
Dichos informes manifiestan que sigue habiendo hacinamiento en las prisiones y trato discriminatorio de los presos políticos, así como una falta de atención médica básica, una higiene deficiente, torturas y malos tratos. 
Acogemos con satisfacción, por tanto, el hecho de que a partir de junio de 2005, las autoridades de Túnez hayan permitido el acceso a los presos por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
A principios de este año, las autoridades tunecinas anunciaron su intención de permitir a los representantes del Human Rights Watch el acceso a las prisiones, como ocurre con el Comité Internacional de la Cruz Roja, aunque no se especificaba ninguna fecha. 
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos anunció asimismo el fin de la práctica de la reclusión de los presos en régimen de aislamiento más allá de 10 días, el plazo máximo permitido con arreglo a la Constitución. 
La UE aplaude estos anuncios y espera que ambas iniciativas sean llevadas a la práctica. 
Quiero decir también algunas palabras acerca del sistema judicial en Túnez. 
Según su Constitución, es independiente. 
Sin embargo, Amnistía Internacional y otras organizaciones denuncian que las autoridades interfieren en el proceso judicial. 
El juicio en abril de 2005 del abogado y miembro del Consejo Nacional por las Libertades en Túnez, Mohamed Abbou, que había escrito un artículo criticando al Presidente tunecino Zin el Abidín ben Alí, parece confirmar esta denuncia. 
La Asociación de Magistrados tunecina se ha quejado del creciente acoso por parte del Gobierno después de que su junta emitiera un comunicado criticando el ataque contra Abbou. 
El fiscal clausuró en agosto la oficina de la Asociación de Magistrados tunecina. 
Una ley aprobada el 12 de agosto de 2005 para la creación del estatuto de los magistrados no tenía en cuenta peticiones anteriores por parte de la Asociación de Magistrados tunecina en cuanto a términos y condiciones del servicio y al parecer debilita su posición. 
Constatamos asimismo que a pesar de las reiteradas solicitudes para realizar una visita, el Ponente especial de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados todavía está a la espera de la invitación del Gobierno tunecino. 
La UE desea trabajar con Túnez para apoyar la modernización de su sistema judicial. 
La UE ha facilitado dinero a través del programa MEDA para subvencionar un proyecto que apoya esta labor y espera ver los progresos al respecto. 
Estoy seguro de que la Comisión querrá decir algo sobre este tema. 
En conclusión, la UE acoge con satisfacción los acuerdos alcanzados en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información como una contribución importante al esfuerzo global para salvar la brecha digital. 
En cuanto a la relación de la UE con el propio Túnez, deseamos que este país preserve y desarrolle su seguridad y prosperidad. 
Lamentamos las severas restricciones a la libertad de expresión y asociación y los incidentes ocurridos antes y durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
El Consejo quiere garantizar a sus Señorías que la UE va a continuar expresando su preocupación acerca de determinadas violaciones de los derechos humanos y a recalcar a las autoridades tunecinas la necesidad del pleno respeto por los derechos humanos y los principios democráticos. 
Ha llegado el momento de esperar a que las autoridades tunecinas apliquen los compromisos adquiridos por el Presidente Zin el Abidín ben Alí en cuanto a democracia, buena gobernanza y derechos humanos, contenidos en el Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad. 
La ejecución de estos compromisos será un elemento esencial para desarrollar las relaciones UE-Túnez. 
. Señor Presidente, la Comisión está muy preocupada por la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Túnez. 
Lo que me trae al Parlamento hoy es una serie de incidentes que han ocurrido durante la reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez, un acontecimiento en el que han estado presentes tanto diputados al Parlamento como la Comisión. 
He de admitir que hago referencia a estos incidentes con gran pesar, ya que hemos de reconocer que el país anfitrión había realizado un esfuerzo enorme para organizar la cumbre, que en sí misma alumbró un resultado muy positivo para la UE en el ámbito crucial del futuro de la gobernanza de Internet. 
El resultado de la cumbre es un éxito para la UE y lleva el sello «made in Europe». 
La participación activa de la Comisión y la coordinación continuada de la posición de los 25 Estados miembros, junto con la Presidencia del Reino Unido, desde el Consejo de Telecomunicaciones de junio, han tenido un impacto positivo sobre el acuerdo final. 
Hemos logrado imponer nuestras ideas, demostrando que la Europa que habla con una voz es una Europa que gana. 
Señorías, la Unión Europea ha hablado con una sola voz durante todas las negociaciones y ha ejercido una auténtica influencia en los debates. 
Por lo que se refiere a la gobernanza de Internet, los resultados de la Cumbre consagran a escala mundial un acuerdo que abarca aspectos cruciales, como la libertad de expresión y de acceso a la información, la seguridad o la lucha contra el correo basura. 
Por lo que respecta a las funciones centrales de Internet, se ha decidido, en la lógica de las propuestas presentadas por Europa, crear dos foros y dos procesos. 
Por una parte, el Foro de Gobernanza de Internet, ya conocido con las siglas IGF, y, por otra, el proceso que organiza la cooperación reforzada entre los Gobiernos sobre los principios políticos en materia de gobernanza de Internet. 
Los Gobiernos tienen responsabilidades políticas que ejercer. 
Está claro que no deben intervenir ni en la gestión técnica de Internet ni en la del ICANN. 
La Comisión es favorable a la gestión de Internet por parte del sector privado, como demuestra en este sentido la creación del dominio «.eu» 
Por lo que se refiere a la financiación de la lucha contra la brecha digital, se ha adoptado un acuerdo sobre los mecanismos financieros y se han definido prioridades para promover la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de los mecanismos de financiación existentes. 
En otras palabras, las tecnologías de la información y la comunicación serán en el futuro un instrumento importante de nuestra política de desarrollo. 
La Comisión adoptará, en el primer trimestre de 2006, una comunicación con el objetivo de evaluar los resultados de la Cumbre y exponer cómo se tendrán en cuenta en las políticas europeas. 
Las Naciones Unidas tienen intención de lanzar, en el mes de marzo de 2006, una amplia consulta con vistas a la preparación del Foro sobre la gobernanza de Internet. 
Por nuestra parte, consultaremos activamente a la industria, como hemos hecho en el pasado, y pienso que el Parlamento Europeo podrá hacerse cargo de una parte importante de la consulta a la sociedad civil. 
Por lo que respecta a la cooperación reforzada entre los Gobiernos –el segundo proceso–, el señor Annan ha manifestado su deseo de conocer antes las intenciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. 
He confirmado que era nuestra intención preparar una primera toma de posición a escala europea para mediados de febrero. 
Ahora debemos definir con los Estados miembros el proceso que permitirá cumplir los principios políticos en materia de gobernanza de Internet y la aplicación transparente y responsable de dichos principios. 
Señor Presidente, desgraciadamente, la Cumbre se vio ensombrecida por sucesos que obligaron a la Comisión a proclamar su profundo desacuerdo con la forma en que las autoridades tunecinas interfieren con los avatares de la sociedad civil, creando problemas incluso para el taller conjunto Parlamento Europeo–Comisión sobre derechos humanos, por no hablar de las restricciones de la libertad de expresión sufridas tanto antes como después de la cumbre. 
En nombre de la Comisión, la señora Ferrero-Waldner ya ha expresado nuestra inquietud al Gobierno tunecino y hemos manifestado que nos resulta difícil creer que los incidentes hayan sido el resultado de una «desafortunada» equivocación. 
También hemos explicado que, en ausencia de reacciones positivas, cada vez resultará más difícil para la Comisión continuar su planteamiento constructivo. 
En segundo lugar, los Estados miembros están contemplando una gestión por parte de la UE en materia de derechos humanos, y la Comisión va a participar de lleno. 
La intención es expresar nuestra repulsa por los recientes sucesos y reiterar nuestras demandas de octubre pasado: primero, desbloquear los proyectos de la sociedad civil, financiados por la UE; segundo, efectuar progresos en la ejecución del programa de reforma judicial; y tercero, crear una subcomisión de derechos humanos. 
La reacción a la Cumbre de Túnez fue expuesta por el Presidente Barroso en su alocución en la Cumbre de Barcelona. Expresó su profundo pesar por los intentos de ahogar la libertad de expresión durante su celebración. 
Dijo que «una sociedad que no puede confiar en su propia gente es una sociedad débil y frágil, con escasas perspectivas de un desarrollo provechoso». 
Estas gestiones constituyen nuestras primeras medidas. 
Hemos exigido acciones específicas por parte tunecina. 
A principios del año próximo, volveremos a evaluar la situación con los Estados miembros y decidiremos, en ausencia de progresos, si se deben adoptar medidas adicionales. 
Quiero asegurarles con toda firmeza que la Comisión Europea continuará sus esfuerzos por garantizar la oportuna ejecución de las previsiones del Acuerdo de Asociación y del Plan de Acción UE–Túnez en lo referente a los derechos humanos. 
Ahora contamos con un marco nuevo y más eficaz para abordar las cuestiones de los derechos humanos: la política de vecindad. 
Constituye nuestra firme intención, compartida con el Consejo, poner los instrumentos de vecindad al servicio de la mejora de la situación en el ámbito de los derechos humanos. 
Por último, aplaudo el estupendo diálogo que hemos mantenido con el Parlamento en este tema. 
Nuestros esfuerzos por promover la democracia y el respeto por los derechos humanos en Túnez serán mucho más eficaces si somos capaces de transmitir mensajes homogéneos y coherentes. 
.Señor Presidente, Túnez es un país que mantiene una relación importante con la Unión Europea. 
Es el primer país en la región que firma un acuerdo de asociación con la UE. 
Sin embargo, las circunstancias y los sucesos que han rodeado la reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información han agravado notablemente la preocupación existente en relación con los derechos humanos y la libertad de expresión en Túnez. 
En el período anterior a la cumbre, los defensores de la libertad de expresión y de asociación en Túnez sufrieron una persecución cada vez mayor. 
Existen asimismo relatos de actos de acoso a delegados a la cumbre, de agresiones a periodistas tunecinos e internacionales, prohibiciones de entrada al país, control y bloqueo de determinados sitios web, censura de ciertos documentos y discursos y la prohibición y la interrupción de reuniones. 
Incluso diputados al Parlamento Europeo y representantes de la Comisión Europea sufrieron al parecer ataques y agresiones verbales. 
Si bien reconocemos que Túnez se enfrenta a una cierta amenaza por parte de elementos extremistas y que está intentando resolver dicha amenaza, ha de hacerlo de una forma que respete los estándares sobre derechos humanos y democráticos. 
La Unión Europea tiene una responsabilidad especial para incidir en ese tema mediante el diálogo. 
. – Señor Presidente, como jefa de nuestra delegación parlamentaria en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Túnez, quiero atestiguar el papel motor desempeñado por la Unión en el avance de las negociaciones internacionales. 
La cooperación reforzada entre los Estados miembros ha permitido impulsar la creación de un Foro sobre la Gobernanza de Internet, que se reunirá por primera vez en Atenas, pero también el equilibrio democrático entre Estados, el pluralismo y la participación de la sociedad civil. 
Los derechos humanos y las libertades fundamentales constituyen la base ineludible de la gobernanza de Internet, así como del plan de acción. 
Sobre la base de las propuestas de la Unión y más especialmente de la Comisión se alcanzó un acuerdo en Túnez, en particular con los Estados Unidos. 
Quiero rendir homenaje a los negociadores de la Comisión y dar las gracias sinceramente a la señora Comisaria por asociar al Parlamento Europeo a este proceso. 
No obstante, lamento que la única sombra en esta Cumbre haya venido del propio Túnez. 
A mi juicio son inaceptables los graves incidentes que rodearon la Cumbre y que atentaron contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y de reunión, pero también contra las personas, así como los sucesos que afectaron a nuestra delegación, en particular el sabotaje del taller sobre los derechos humanos en la gobernanza de Internet. 
Estos hechos se contradicen con los compromisos suscritos por Túnez en las conclusiones de la Cumbre, así como en el Acuerdo de Asociación, violando de este modo el carácter recíproco de esos compromisos. 
Estos sucesos exigen una respuesta rápida y firme de la Unión y pido a sus Señorías que voten a favor de la resolución de compromiso, que exige la adopción sin demora de medidas concretas. 
Doy las gracias a la señora Comisaria por las muy precisas observaciones que acaba de expresar ahora mismo en este sentido. 
. – Señor Presidente, como nos ha recordado la Comisaria Reding, en hecho de que Túnez se comprometiera a organizar la que debía ser una de las más grandes cumbres mundiales no puede pasar desapercibido. 
Usted misma, señora Comisaria, ha reconocido que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información ha tenido resultados positivos; hay también un efecto secundario, un efecto de enfoque. 
No se acredita a 30 000 personas y cientos de periodistas sin llamar la atención de la opinión pública. 
Cuando la atención se enfocó en Túnez, nos dimos cuenta del desequilibrio existente entre el trato dado a los derechos humanos y las libertades fundamentales y los demás progresos innegables que Túnez ha realizado en materia de desarrollo económico y social, educación y formación e igualdad entre hombres y mujeres. 
La Unión viene siguiendo estas cosas desde hace mucho tiempo, porque Túnez es un país asociado y fue uno de los primeros en firmar con nosotros un acuerdo de asociación. 
Para nosotros, su desarrollo ha sido ejemplar y reiteramos el deseo expresado en nuestra última resolución, aprobada en septiembre, de que el desarrollo del respeto de los derechos humanos sea paralelo a los demás progresos observables. 
Por tanto, no pedimos nada más que el respeto de los compromisos contractuales contraídos por Túnez. 
No nos interesa lanzar invectivas, ni nos gustaría hacerlo. Simplemente queremos garantizar unos instrumentos de diálogo, tal como ha subrayado la señora Reding. 
Estamos dispuestos a aportar una ayuda en materia de justicia a través del programa MEDA y, conforme a la resolución que apruebe el Parlamento, queremos disponer, sobre la base de valores que deseamos compartir, de instrumentos de diálogo como el Consejo de Asociación y el Subcomité de Derechos Humanos, de forma que nuestro socio tunecino sea consciente del mensaje, todavía comedido, que esta Cámara va a transmitirle. 
Tiene lugar a raíz de las numerosas vulneraciones de los derechos humanos que se produjeron durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Túnez. 
Las recordaré brevemente: acoso a defensores de los derechos humanos y periodistas, prohibición de hecho de la celebración de una cumbre ciudadana, corte de líneas telefónicas y bloqueo de mensajerías Internet, censura del discurso del Presidente suizo, deportación de otras personalidades internacionales, entre otros Robert Ménard, galardonado con nuestro premio Sájarov, etcétera. 
Recordemos que estas violaciones no constituyen hechos aislados, singulares, sino que se trata de prácticas corrientes y cotidianas en Túnez. 
La situación de los derechos humanos en Túnez se degrada, como ya constatábamos en nuestra resolución de 29 de septiembre. 
Lo que ha pasado, me parece, desafía la política de la Unión Europea en materia de democracia y derechos humanos en este país, primer signatario de un acuerdo de asociación que contiene el famoso artículo 2. Y este es el desafío que tenemos que afrontar. 
Es cierto que el Consejo ha hecho declaraciones en varias ocasiones, pero es absolutamente lamentable que no se haya realizado ninguna gestión pública a fin de denunciar las violaciones de los derechos humanos y prestar el apoyo necesario a la increíble movilización de la sociedad civil, que en parte está representada hoy, por cierto, en el Parlamento Europeo. 
Nos parece importante que la Comisión y el Consejo contraigan el compromiso, en primer lugar, de reunir lo antes posible al Consejo de Asociación a fin de debatir la situación de los derechos humanos y las consecuencias concretas de las violaciones constatadas y, en segundo lugar, de iniciar, en el espíritu del plan de acción, un calendario de reformas sobre los aspectos que ya se han mencionado, pero un calendario concreto, con plazos de obtención de resultados medibles: uno, la reforma del sistema judicial y, en este espíritu, hay que pedir la liberación de Mohamed Abu y de todos los presos políticos de Túnez y que cesen los acosos a la asociación de magistrados; dos, el cese de los obstáculos a las actividades de la sociedad civil; tres, la cooperación con mecanismos de la ONU. 
Estos son los requisitos mínimos si queremos superar el desafío que se nos plantea. 
. – Señor Presidente, Señorías, la democracia es en realidad un proceso complejo, jamás realizado plenamente ni siquiera por nuestros propios Gobiernos. 
Sin embargo, creo que en el caso del Gobierno tunecino el grado de deficiencia es muy alto y considero necesario emprender acciones muy concretas. 
De hecho observamos los síntomas de un virtual Estado policial, que niega derechos y principios democráticos. 
Desde hace meses están bloqueados los fondos europeos destinados a la Liga Tunecina de Derechos Humanos y a otras asociaciones. 
Los defensores de los derechos humanos, a quienes hoy saludo, porque están aquí con nosotros en este Parlamento, nos han contado las intimidaciones políticas y las amenazas físicas de que son objeto. 
La libertad de prensa, como hemos visto en esta última conferencia, es inexistente y la tortura es una práctica habitual en las cárceles tunecinas. 
La oposición no tiene medio de expresarse y se reprime toda petición de democracia y reforma. 
Pedimos pues a la Comisión, que ya ha demostrado su valentía en las contactos informales, que haga mucho más y tome medidas para que se convoque de inmediato el Consejo de Asociación UE-Túnez. 
Señor Presidente, votaremos en contra de la denominada resolución de compromiso, que más bien me inclino a llamar la «resolución Flautre» , tanto se parece al texto de esta diputada. 
El propósito manifiesto de la resolución consiste en convertir en problema una serie de incidentes menores, y digo bien, incidentes menores, sucedidos durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se desarrolló en unas condiciones que nos parecen –y no somos los únicos en decirlo– totalmente satisfactorias. 
¿Por qué ensañarse con Túnez cuando tantos países de todo el mundo con los que la Unión Europea mantiene las mejores relaciones y a algunos de los cuales se dispone a acoger, son mucho menos respetuosos con las libertades fundamentales que el Gobierno tunecino? 
¿Por qué Túnez? 
Es fácil, porque Túnez lo hace demasiado bien y, a ojos de determinadas potencias –así como, por desgracia, de algunas almas simples a las que manipulan– Túnez representa tres peligros. 
En primer lugar, Túnez es un modelo de desarrollo, y nos preguntamos si determinadas superpotencias no se ensañan en destruir todo país árabe que esté en vías del desarrollo. 
Después, Túnez es un modelo de cooperación mediterránea. 
No por casualidad fue el primero en firmar un acuerdo de asociación con la Unión, y algunos podrían tener interés, en nombre de la bien conocida teoría del choque de civilizaciones, en alzar una contra otra las dos orillas del Mediterráneo, un mar cuya unidad permitiría prosperar a la región euro-africana en sentido amplio. 
Por último, Túnez es un modelo de cooperación en el mundo francófono. 
El francés es la lengua de su desarrollo, pero algunos, como vimos hace unos días en una reunión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea en Rabat, preferirían sustituir el francés por el inglés como única lengua internacional. 
Si esta Cámara se alía con los detractores sistemáticos de Túnez, como la señora Flautre, y ataca a este país, que, repito, es ejemplar, daría la impresión de querer radicalizar, al amparo de la cooperación y el respeto de los derechos humanos, las posiciones de unos y otros para favorecer finalmente el fundamentalismo islámico. 
Es lo que sucede actualmente en Iraq a través de la agencia de Occidente –o más exactamente de Washington y sus cómplices– y es un proceso que Egipto primero, y el Magreb después, podrían experimentar también. 
Si hacemos esto, no serviremos a los intereses de las potencias europeas, sino que expondremos a nuestros pueblos a los efectos de terribles divisiones en nuestra región marítima común. 
Señor Presidente, he tenido el privilegio de formar parte de la delegación del Parlamento Europeo en Túnez. 
De hecho, también he estado en la Cumbre de Ginebra y he podido seguir todo el proyecto. 
Comparto el pesar expresado por la señora Reding y mi colega, la señora Trautmann, acerca de lo que considero una interrupción totalmente innecesaria de nuestras reuniones en un país que manifiestamente ha abrazo muchos aspectos de la revolución digital, tal como ha manifestado el orador anterior. 
No he podido entender por qué se consideró necesario hacerlo. 
Quiero centrarme en algunos de los logros de la Cumbre y, concretamente, en la política que defendí después de la Cumbre de Ginebra, que se refiere a la forma en que podemos difundir la capacidad de la ciencia y la investigación informática en el mundo en desarrollo, de manera que puedan desarrollar sus propios productos. 
En la Unión Europea hemos tenido un éxito inmenso con la manera en que hemos ofrecido las ventajas de nuestra propia tecnología de red al extender la red Géant al mundo en desarrollo, y alentando también el desarrollo de mercados competitivos abiertos para proporcionar servicios de alta calidad a un coste competitivo. 
Se trata de un logro notable. 
Es triste que, con todo, se tratara de un taller lleno de profesores e investigadores universitarios en el que los tunecinos decidieron restringir la asistencia. 
Era innecesario y le restó brillantez. 
Admiro a la señora Trautmann por la forma sólida con que hizo frente a las intervenciones en nuestra reunión. 
Fue un placer contemplarla. 
– Señor Presidente, señor Ministro, señora Comisaria, si hay una cosa de la cual alegrarse tras la Cumbre recientemente organizada en Túnez, es que haya tenido el efecto positivo de convencer al mundo lo que demasiadas personas se negaban a aceptar –y todavía se niegan a aceptar, a juzgar por lo que acabo de oír–, a saber, que la democracia se pisotea todos los días en Túnez. 
En efecto, cuando pregunté a la Comisión y al Consejo al regresar de una misión en Túnez, me ha sorprendió la timidez de sus reacciones ante lo que puede calificarse de auténtica violación del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Túnez, al menos de la parte del acuerdo relativa a los derechos humanos. 
Me atrevo a creer que esa timidez no está directamente relacionada con otras perspectivas, en particular la organización por los países del Magreb de una especie de sistema de control policial para nuestras fronteras, como algunos desean, a fin de limitar la inmigración clandestina. 
Pero celebro las declaraciones que he escuchado hoy y, en particular, las de la Comisión. 
Espero que aparte de estas declaraciones y de la resolución que sin duda debemos votar al respecto, tendremos ocasión de ver que se elaboran y adoptan rápidamente medidas concretas en forma de un Consejo de Asociación y de un Subcomité de Derechos Humanos. 
Terminaré, señor Presidente, pidiendo simplemente que en esa comisión de derechos humanos participe la sociedad civil tunecina, que hoy es tratada con sumo desprecio. 
Sería conveniente que tuviera la oportunidad de expresar su punto de vista en esta comisión de reciente creación. 
– Señor Presidente, Señorías, son dos las lecciones que podemos sacar de la Cumbre de Túnez. 
Antes de nada, una evaluación de todo lo sucedido: se trataba de una Cumbre centrada en el tema de la sociedad del conocimiento, que se plantea cómo emplear las nuevas tecnologías y servicios para desarrollar una sociedad de alta tecnología, que sin embargo quiere difundir más libertad, dar oportunidades a todos, garantizar el acceso a la información y el conocimiento –basta pensar en el ordenador diseñado para el llamado mundo en desarrollo– y ampliar los espacios de libertad. 
Pues bien, en una Cumbre de este tipo, que se fija semejante objetivo, resulta aún más estridente, desagradable y grave todo lo sucedido en Túnez. 
En un debate sobre las posibles vías para ampliar los espacios de libertad y de respeto de los derechos, nos encontramos ante un comportamiento manifiesto de recorte de las libertades, de intolerancia y de obstaculización del debate. 
Todo lo sucedido es grave. 
Pedimos a la Comisión y al Consejo –que ya lo han hecho– que se expresen enérgicamente contra todo lo sucedido, recordando que mantenemos con Túnez una relación de asociación que comprende también una sección relativa a los derechos humanos. 
Por último, quisiera abordar la evaluación de las negociaciones y su próxima etapa. 
Señora Comisaria, consideramos que gracias al papel desempeñado por Europa, se han realizado progresos significativos, pero pedimos y creemos que hay que avanzar más y hacer más en relación con los compromisos contraídos, el Foro que se celebrará en Atenas y la conciencia de que la gobernanza de Internet plantea también a Europa problemas de mayor fuerza y cohesión para resistir, permítanme que emplee este término, o en todo caso responder de forma positiva, a las que hoy son posiciones dominantes y que intentan imponerse a la idea que tenemos en Europa de un desarrollo equilibrado y de una gobernanza pluralista y respetuosa de la diversidad, que permite que prevalezcan, incluso en sociedades basadas en el conocimiento y la tecnología, los principios democráticos. 
Señor Presidente, permítame aprovechar el debate para sacar a la luz algunas tendencias reprobables en la política de la UE con respecto a Oriente Próximo. 
Todos sabemos que Túnez cuenta con una Constitución estable. 
Las mujeres tienen derecho a poseer bienes, heredar, votar y divorciarse. 
El Islam es patrimonio de todo el mundo y no puede ser utilizado como monopolio político por un partido político. 
Todos sabemos que, con ocasión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, fueron acosados y duramente apaleados por las fuerzas de seguridad periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados. 
Todos sabemos de la prolongada y compleja lucha del Presidente Zin el Abidín ben Alí con Nahda, un movimiento extremista, radical y de tendencia terrorista que combina su influencia con la extrema izquierda y amenaza bastante abiertamente el régimen y la democracia en Túnez. 
No obstante, deberíamos aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje claro, no solo al Presidente ben Alí, sino a otros muchos dirigentes en Oriente Próximo. 
Hemos de apoyar firmemente cualquier medio posible de luchar y combatir contra el radicalismo, el extremismo y el abuso de poder islámico para explicar y exponer la verdad general a todo el mundo. 
Pero no debemos permitir a los países, los presidentes y los regímenes simpatizantes que abusen de nuestro apoyo para abolir, asesinar y destruir a una oposición diversa, democrática y laica. 
El avance hacia la democracia tiene que estar basado en la propiedad local y el respeto por las sensibilidades locales. 
No merecen ningún miramiento las prácticas antidemocráticas que violan los derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad de expresión y de crítica, la libertad de reunión y de recibir información. 
No podemos abordar la amenaza del terrorismo, abusando del derecho a explicar la verdad a todo el mundo y con frustración, a menos que proclamemos con toda claridad que todo hombre y toda mujer deben ser libres de expresarse de manera, clara, abierta y democrática, ya sean ciudadanos tunecinos, periodistas europeos o defensores de los derechos humanos o abogados tunecinos. 
Los monopolios estatales de periódicos, los monopolios estatales financiando todos los periódicos, los canales de radio y de televisión contradicen de forma manifiesta lo que denominamos «sociedad de la información». 
Este debería ser nuestro mensaje amistoso a nuestro amigo el Presidente Zin el Abidín ben Alí. 
– Señor Presidente, quisiera hacer mías algunas críticas y tranquilizar al señor Coûteaux de que los medios de comunicación no se prestarán a un linchamiento sistemático de Túnez. 
Al contrario, para nosotros, los socialistas, es importante celebrar, en un país que sin duda ha obtenido resultados impresionantes en el ámbito socioeconómico, una verdadera protesta democrática por parte de los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, las autoridades judiciales y abogados. 
La dinámica que han generado puede conducir sin duda a la conquista de la libertad de expresión, asociación y reunión. 
Este renacer se concreta en particular en el Movimiento del 18 de Octubre, que organizará después un foro permanente en el que desea participar el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Se ha dicho muchas veces que el Proceso de Barcelona había sido un fracaso parcial, y es cierto que fuimos timoratos. 
Europa tiene dificultades para difundir su modelo pluralista y democrático. 
Sin embargo, Túnez es un regalo para nosotros, casi un modelo. 
Los tunecinos no nos piden ayuda, sino que quieren más democracia. 
¿Sabremos apoyarlos, a ellos que, a través de luchas a veces duras, como lo son todas las luchas sociales, intentan abrir y relajar un régimen que tiende a replegarse sobre sí mismo, un régimen que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, estigmatiza a todos los defensores de los derechos humanos e impide a la magistratura y los abogados reunirse y organizarse? 
¿Sabremos pelear para que ningún régimen socialista pueda invocar su pertenencia a la Internacional Socialista para pisotear los derechos humanos? 
Solo pido una cosa: que la cuestión de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Túnez ocupe un lugar central en el Consejo de Asociación que debería celebrarse en enero de 2006 y que nadie se ande con rodeos. 
Señor Presidente, quiero empezar por una referencia a la última frase que ha pronunciado la Comisaria Reding, apelando a la coherencia. 
Yo creo que esta es la clave: la pregunta clave y la cuestión clave. 
El caso tunecino no es un caso cualquiera. 
Hace unos días lamentábamos —y así se ha dicho— que en la valoración de la Conferencia de Barcelona sobre el proceso euromediterráneo no se hubieran realizado los progresos suficientes para avanzar en la construcción de un espacio mediterráneo de respeto de los derechos humanos y de fomento de la paz. 
En el caso tunecino no estamos ante una falta de ausencia de sociedad civil. 
El problema es, precisamente, no permitir a la sociedad civil que se exprese con plena libertad. 
Y este es para mí el aspecto fundamental. 
Si la Unión Europea quiere ser coherente con ese mensaje, con ese discurso, con esa política euromediterránea, no debería mandar un mensaje de impunidad ante las situaciones que hemos visto estos días, especialmente, durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez, así como en los procesos que ha habido de detención de los diferentes líderes de organizaciones de derechos humanos. 
La coherencia, por lo tanto, es para mí la cuestión fundamental que no debemos olvidar en este debate. 
. Señor Presidente, voy a resumir este debate de una manera bastante breve y, espero hacerlo a un ritmo razonable. 
La Unión Europea desea ver que Túnez preserva y desarrolla su seguridad y prosperidad. 
Aplaudimos el historial de Túnez en la promoción de la reforma económica y social, sobre todo en cuanto a la situación de la mujer y el derecho a la educación, pero tenemos que seguir trabajando con este país en una serie de asuntos de derechos humanos y ver que se efectúan progresos, concretamente en los campos del derecho de expresión y de asociación. 
Continuaremos trabajando con las autoridades tunecinas para llevar a la práctica los compromisos en temas de democracia, buena gobernanza y derechos humanos que ha suscrito en su Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad. 
Tal como he explicado anteriormente, ejecutar esos compromisos constituirá un elemento importante para desarrollar las relaciones UE–Túnez. 
Doy las gracias a la Comisión por su contribución y, de hecho, a cada uno de los diputados al Parlamento Europeo que han intervenido en este debate. 
. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias a los diputados y diputadas a esta Cámara por haber expresado su firme apoyo a dos temas del orden del día: un apoyo positivo a la búsqueda de la gobernanza de Internet y su postura crítica en lo relativo a los derechos humanos en Túnez. 
Hay que reconocer, como han dicho algunos diputados, que las reformas económicas y sociales son un éxito en Túnez. Pero también es necesario que los tunecinos afronten el desafío de ser pioneros en materia de derechos humanos, y todavía están muy lejos de ello. 
El Comité de Asociación se reunirá a comienzos del año próximo. 
Irá seguido de la celebración de un Consejo de Asociación y tenemos la firme intención de incluir en el orden del día los problemas en materia de derechos humanos. 
En cuanto al Subcomité de Derechos Humanos, Túnez ha aceptado su creación. 
Existe un acuerdo informal sobre todos los puntos, excepto sobre los casos individuales, y esto me parece importante a la vista del debate que hemos mantenido. 
Al término de los debates que se desarrollan actualmente en el Consejo, presentaremos una propuesta formal a Túnez. 
Quisiera dar las gracias a los diputados europeos que han testimoniado su solidaridad con todos los que trabajan en el Consejo, la Comisión y el Parlamento para que los derechos humanos y la libertad de expresión se hagan realidad y no se conviertan en un fútbol político para los Gobiernos del mundo. 
A pesar de los muy lamentables sucesos registrados en Túnez en materia de derechos humanos, la Cumbre ha tenido un resultado positivo. 
En el futuro, los dos procesos –el foro de las partes interesadas y la cooperación intergubernamental reforzada– nos permitirán volver a incluir en cualquier momento en el orden del día las cuestiones relativas a la libertad, que son el soporte de las tecnologías de la información y la comunicación, y hacer de esas libertades una realidad en todos los países del mundo. 
Se han presentado seis propuestas de resolución (1) por parte de los siguientes Grupos: el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
– Túnez es un socio decididamente importante para el diálogo entre Europa y el mundo árabe. 
Uno de los fundamentos de esta colaboración es el respeto de los derechos humanos, como sanciona el Acuerdo UE-Túnez que entró en vigor en 1998 y el Plan de Acción para la Política Europea de Vecindad instaurado este año. 
El Gobierno tunecino siempre se ha mostrado especialmente abierto y dispuesto a aceptar los compromisos con la comunidad internacional en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y la gobernanza, como demuestra la reciente creación del subcomité UE-Túnez de derechos humanos y la disposición del país a organizar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
Túnez es parte activa en los seis principales tratados de las Naciones Unidas, y en comparación con los demás países árabes se preocupa por mantener el carácter laico del Estado y proteger los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. 
Naturalmente, todavía debe esforzarse por alcanzar un estado de libertad digno de un país totalmente democrático, y episodios como los sucedidos recientemente son testimonio de ello, pero de todos modos debemos reconocer los esfuerzos y los progresos realizados hasta ahora y prestar a Túnez todo nuestro apoyo 
Con esto concluye este punto. 
Como siempre, la Comisión jamás responde realmente a la pregunta, puesto que se trataba de una sequía de recursos de 3 años y medio de duración. 
He de decir que no solo estamos hablando de los recursos de la Comisión; estamos hablando de millones de libras esterlinas gastados en honorarios de abogados por parte de gente implicada en esta actuación. 
Tengo que volver a plantear la pregunta: ¿cree la Comisión que resulta proporcionado en relación al resultado haber conseguido que un paquete adicional vaya a un operador distinto de Sky, sin garantía alguna de que sea un proveedor de emisión abierta? 
Bien pudiera tratarse de otro operador de cable y, posiblemente, eso tendría un coste para el consumidor. 
Lo que es más importante, ¿va a permitir ahora la Comisión que el acuerdo presente se ejecute sin interferencias, de forma que veamos si está al servicio del interés público y si permite a los clubes de fútbol, en concreto, tener la certeza jurídica de poder gestionar sus propios recursos, especialmente a la hora de invertir en finanzas comunitarias en sus áreas locales? 
La legislación sobre competencia no está interesada en las reglas deportivas, únicamente en las actividades económicas vinculadas con los actos deportivos. 
Yo soy árbitro del juego de la competencia, no del propio partido. Las reglas deportivas como tales son reglas inherentes a un deporte o necesarias para su organización o para la organización de una competición. 
Estas no están sujetas a la aplicación de las normas sobre la competencia. 
Mi credibilidad no se ve afectada por una comida de trabajo ni nada parecido. Repito que mi obligación consiste en hacer propuestas a la Comisión sobre la base de hechos y números. 
Simplemente presenté mi decisión sobre la base de los hechos y los números. La Comisión tiene la obligación de tomar sus decisiones sobre una base informada y eso es especialmente válido en el caso de la cartera de competencia. 
Quedo más o menos satisfecho con su respuesta, pero me gustaría ser más concreto. ¿Cómo piensa la Comisión disuadir de la utilización del automóvil particular y, al mismo tiempo, fomentar los medios de transporte sostenible: la bicicleta, el transporte público y el ferrocarril? 
Ya que ha mencionado los fondos de cohesión, preguntaré lo que pudiera parecer una cuestión simplista. ¿Podría decir aproximadamente cuánto dinero gastamos en el desarrollo de la infraestructura del transporte público en nuestras ciudades? 
Creo que la gente siente interés por oír cuánto dinero se va a gastar y no solo nuestras ideas. 
. La propuesta revisada que ha presentado la Comisión sobre las obligaciones de servicio público responde a su pregunta, señor Larrea, porque habrá que velar, en efecto, por que la apertura a la competencia del transporte internacional de pasajeros respete las tareas de servicio público reconocidas por la autoridad pública. 
Entre el texto sobre la liberalización del transporte internacional de pasajeros y el relativo a las obligaciones de servicio público existe un vínculo que evitará que determinados ciudadanos, como acaba de mencionar usted en su pregunta, se vean en dificultades por no poder disponer de los medios de transporte que necesitan. 
Le agradezco su pregunta y le preciso que velaré atentamente por que esta liberalización respete la integridad de los servicios que se consideran públicos. 
Quiero dar las gracias al señor Comisario por su respuesta y preguntarle si va a prestar especial atención a la expedición de billetes únicos en el transporte urbano. 
En Dublín, por ejemplo, tenemos un tren de cercanías, una red de ferrocarril, el tranvía Luas y autobuses públicos. Hasta el momento no existe un sistema de expedición de billetes únicos válido para los cuatro. 
Vistos los crecientes indicios de aparición de un mercado negro de medicamentos antivirales contra la gripe en diversos Estados miembros, ¿podría indicar la Comisión qué medidas está adoptando para combatir estos actos irresponsables por parte de particulares y/o grupos organizados? 
Mi pregunta es la número 76 y usted no ha dejado que el Comisario la responda, a pesar de ser la siguiente, aunque usted solo ha permitido utilizar 12 de los 20 minutos a los que tiene derecho. 
. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, tengo el borrador de la lista de votación para el informe Wortmann-Kool sobre la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados. 
El proyecto es extremadamente sencillo y espero que así siga. Podemos decir «sí» al compromiso negociado por la ponente durante el diálogo informal a tres bandas. 
Mi Grupo, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, y, espero, la mayor parte de los Grupos de esta Cámara, apoyaremos las propuestas de la ponente, porque son buenas y como reconocimiento a su labor. 
Con este expediente ha demostrado que incluso las tareas más pesadas pueden llevarse a cabo con éxito. 
También quiero agradecer al Vicepresidente de la Comisión, el señor Barrot. Él y sus colaboradores han aportado sus conocimientos y una gran dedicación para fomentar y facilitar este compromiso. 
Para terminar, me gustaría decir algunas palabras como austriaco. Hace quince años, nos planteamos el objetivo de transformar la política europea en materia de transporte para incluir las preocupaciones ambientales y de salud. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la política ha sido definida como el arte de lo posible. Si esta definición es cierta, el Parlamento ha hecho pleno uso de sus posibilidades ante los ampliamente divergentes intereses de nuestros países, y también de nuestros socios. 
La diversidad de tasas de peaje y la arbitrariedad serán cosa del pasado en Europa. Al mismo tiempo, la legislación significa la aceptación del principio según el cual el que contamina paga, con lo que deseamos avanzar, con la introducción de un sistema de imputación de costes externos, antes de que finalice esta legislatura, tal como el Comisario y el Consejo nos han dicho. 
Nos estamos embarcando en un sistema de gestión del tráfico a través de tasas variables y el hecho de que estas tengan que ser variables a partir de 2010 es importante para nosotros en lo que respecta a la política de transporte. Esto supone una ventaja cualitativa. 
Se puede recurrir a los suplementos de peaje en regiones sensibles para la financiación cruzada de medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. 
A partir de 2012, el gravamen de los camiones que pesen más de 3,7 toneladas o más será la norma. La carga de la prueba para las excepciones la asumen los Estados miembros y estas han sido definidas con bastante precisión. 
Estoy convencido de que se impondrá el buen sentido en la política de transporte y que se descartarán las excepciones, ya que el cambio en el volumen del transporte de mercancías en beneficio de los camiones de menos de 12 toneladas en Alemania se ha traducido en un aumento artificial del volumen de tráfico nacional. 
Creo que podemos apoyar este compromiso, que hemos logrado conjuntamente, en su totalidad, y estoy ansioso por ver los siguientes pasos que daremos y los debates que celebraremos conjuntamente en el Parlamento sobre la internalización de los costes externos. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias a la señora Wortmann-Kool por el trabajo tenaz y notable que ha realizado. Mañana votaré a favor de este texto, aunque con cierta reticencia. 
En efecto, ocurre lo mismo con la financiación de nuestras ambiciones, que figuran en el Libro Blanco de 2001 y se proponen estabilizar las cuotas modales de los transportes, incluso financiar modos de transporte alternativos. 
Esas considerables ambiciones se han presentado a través de los 30 proyectos prioritarios. Ahora bien, hoy sabemos que el presupuesto de las redes transeuropeas no estará a la altura de lo que pide la Comisión para financiar los grandes proyectos. 
Se trata, por otra parte, de una herramienta principalmente destinada a utilizar el transporte por carretera para financiar el transporte por carretera. 
Solo ocasionalmente financiaría transportes distintos del transporte por carretera. 
Mucho me temo que, para llegar a un compromiso –y quizás habríamos debido pasar por la conciliación–, el Parlamento Europeo renuncie mañana a algunas ambiciones, es decir, que no sea suficientemente firme por lo que respecta a los costes externos y, en particular, a la cláusula de suspensión que el señor El Khadraoui ha presentado en el marco de una enmienda. 
En consecuencia, si la Comisión y los Estados miembros no proponen una directiva dentro del plazo requerido, se aplicará la cláusula automática. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, antes de nada quiero expresar mi profundo agradecimiento a la ponente, que heredó el informe tal como estaba y lo ha mejorado considerablemente en este mandato parlamentario. 
Me parece bien que por fin tengamos unas reglas uniformes. 
Después de todo, el siglo XXI no debe pasar a la historia por la presencia de capitalistas sin escrúpulos que sigan enriqueciéndose por la explotación en Europa. Pero también es importante que el dinero generado por las infraestructuras vuelva a ellas y no se utilice simplemente para llenar agujeros presupuestarios. 
Permítanme que diga algunas cosas sobre los costes externos. Tenemos también que preguntar qué costes están ya internalizados hoy y qué costes no lo están. 
¿Puede que haya algún beneficio externo frente al que deban sopesarse esos costes? Los costes de la congestión se han internalizado: los pagan los operadores de transporte, porque sus vehículos pesados no pueden moverse y, por tanto, no pueden generar producto interior bruto. 
Por tanto, es inaceptable que el sector del transporte tenga que pagarlo todo, tenga que aportar los fondos, para que luego el dinero se destine a los presupuestos generales. Me sorprende lo que ha dicho el señor Cramer. 
Le recomiendo que observe la tendencia en el volumen del transporte de mercancías de Deutsche Bahn AG entre septiembre de 1998 y octubre de 2005. En los siete años durante los cuales su partido compartió el poder en el Gobierno alemán, el volumen del transporte de mercancías por ferrocarril se redujo a la mitad. 
En cualquier caso, la «Directiva Euroviñeta» supone una decisión de futuro que a nosotros nos parece un avance hacia una política de transporte más amistosa con los ciudadanos y con el medio ambiente, como en el fondo debe de ser. 
En este sentido, es fundamental que la Directiva sea aplicable –aparte de las peculiares derogaciones alemanas para los vehículos pesados de 3,5 o más toneladas que ha mencionado la señora Lichtenberger– y que se permita el cobro de peajes no solo en las carreteras que forman parte de la red de transporte transeuropea, sino también en rutas alternativas y paralelas. 
Pero, sobre todo, la inclusión de los costes externos ha sido mucho más importante y, de hecho, tendría que haber progresado más deprisa. 
Primero, porque estamos dando un paso casi histórico que pondrá fin a la era de las carreteras gratuitas en Europa. Segundo, estamos introduciendo tasas proporcionales al uso que se haga de las carreteras. 
Tercero, la directiva acarreará costes adicionales para los transportistas de mercancías por carretera. Pero al mismo tiempo, la directiva es crucial como fuente de financiación para la construcción de carreteras. 
La directiva es absolutamente esencial para el desarrollo sostenible de infraestructuras de transporte ramificadas. 
No obstante, quiero recordar al Comisario Barrot que tenemos que realizar una evaluación sistemática del impacto para esta directiva. 
Dicha evaluación debe abarcar tanto el impacto de la directiva en los transportistas y en el mercado del transporte de mercancías por carretera, como su contribución en el logro de nuestro objetivo de aumentar la cuota de mercado del ferrocarril. 
– Señora Presidenta, felicito sinceramente a la señora Wortmann-Kool, por su tenacidad y flexibilidad, que son las mayores virtudes para lograr acuerdos justos y ponderados como el que nos presenta. 
Felicito también al Consejo y a la Presidencia británica, por su dinamismo y por las gestiones realizadas para lograr llevar a buen término el acuerdo. Desearíamos que en otros ámbitos también se produjera el mismo tipo de resultados. 
También es de justicia felicitar a la Comisión y, si el Comisario, señor Barrot, me lo permite, querría congratular especialmente al Director General, señor Lamoureux, que nos dejará muy huérfanos y al que deseamos hacer justicia por todo lo que ha hecho. 
En cuanto a la euroviñeta, saludamos la señal política que supone romper el tabú de los costes externos. 
Aguardamos con impaciencia el estudio de la Comisión y esperamos que sea creíble y aceptable para todos, también para los países periféricos, cuyas especiales circunstancias y distancias esperamos sean tenidas en cuenta. 
– Señora Presidenta, la Comisión de Transporte y Turismo consiguió llegar a un compromiso sobre la cuestión que estamos debatiendo, algo que quedó perfectamente claro en la enmienda 49. Las personas con discapacidad y de movilidad reducida tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad a la libertad de movimiento, a la libertad de elección y a la no discriminación. 
Todo el contenido posterior se basa en este principio positivo y eso es algo que celebramos, sobre todo la ampliación de los planes originales para incluir no solo a las personas de movilidad limitada, sino también a las personas con discapacidad física o mental, algo que merece ser destacado. 
Quiero en primer lugar destacar la atención al detalle en la elaboración de la propuesta; los cambios introducidos en el Reglamento hacen desde luego más difícil la práctica de la discriminación. Segundo, quiero elogiar la introducción explícita del principio de transparencia en el cálculo de los cánones impuestos por los aeropuertos a las compañías aéreas en proporción al número de pasajeros transportados, lo cual garantizará la proporcionalidad y la correlación directa con el servicio real prestado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, con esta legislación es evidente que estamos decidiendo sobre los derechos de más de 50 millones de europeos que tienen necesidades especiales cuando viajan en avión. 
Pero puede que estemos también decidiendo sobre nuestras propias vidas, ya que cualquiera puede verse discapacitado, ya sea como resultado de un accidente o de una enfermedad. 
De hecho, es probable que con el tiempo todos nos veamos afectados; es decir, como resultado del envejecimiento. 
Al fin y al cabo, todos queremos vivir hasta la vejez. Pero no queremos envejecer y desde luego no queremos perder la movilidad. 
Me siento orgulloso de que la Unión Europea haya creado –por medio de este reglamento– la primera legislación especialmente dirigida a las personas con discapacidad. La propuesta estipula que ninguna compañía aérea ni operador turístico puede negarse a aceptar una reserva para un vuelo por la movilidad reducida del pasajero. 
El segundo aspecto fundamental de la propuesta después de la obligación impuesta a las compañías aéreas es que establece la calidad y la cantidad de la asistencia de alto nivel que debe prestarse. En el futuro, esa asistencia será ofrecida también –aunque no con carácter exclusivo– por las compañías aéreas que operen fuera de los aeropuertos de la UE. 
Es bueno que se haya llegado a un consenso para que el coste de algunos servicios prestados a los pasajeros aéreos con discapacidad o movilidad reducida sea compartido por todos los pasajeros aéreos por igual. 
Quiero pedir a mis colegas diputados que mañana apoyen el informe Evans. 
. Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, uno de los factores que influyen en las empresas cuando deciden si invertir o no en una región particular es el alcance de la ayuda que recibirán en forma de ayuda estatal. 
Por tanto, esta ayuda también contribuye al crecimiento económico y a la creación de trabajo en la región en cuestión. 
Es totalmente natural que la mayor parte de la ayuda estatal se garantice en las regiones más necesitadas de la Unión Europea, pues contribuye a reducir las disparidades regionales, de modo parecido a lo que hacen los Fondos Estructurales. 
Por tanto, la prioridad debería ser utilizar la ayuda estatal en regiones de convergencia, en virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 87. 
Siete años habrían sido preferibles, pero cinco años es el mínimo absoluto necesario para impedir, en la medida de lo posible, «saltos de inversiones». Este período de cinco años debería cumplirse en el caso de las grandes empresas y de las PYME, a fin de evitar que la ayuda estatal se utilice como incentivo para deslocalizar puestos de trabajo a otras zonas de la Unión Europea, y como fuente de financiación para despidos masivos y cierres de fábricas. 
Si la ayuda estatal se utiliza, supervisa y analiza debidamente, puede resultar una herramienta útil para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, en respuesta a la palabras de mi colega, el señor Hatzidakis, me atreveré a emplear una expresión bien conocida, que quizás recuerde: «no tema». 
No tema, señora Comisaria. ¿Cree que hay Gobiernos que disponen de recursos suficientes en estos tiempos de dificultades financieras para repartir generosamente fondos entre todas las regiones? 
¿Cree que hay Gobiernos lo bastante locos como para repartir dinero entre sus regiones sabiendo que sus inversiones serán derrochadas en los años siguientes? 
No tema, señora Comisaria. Lo ha dicho hace un momento, esas sumas representan menos del 20 % de las ayudas estatales. 
No tema, señora Comisaria. Usted ha declarado personalmente, hace un momento, al comienzo de su intervención, que se implantarían controles estrictos, y nuestro colega, el señor Koterec, a quien felicito por la calidad de su trabajo, ha subrayado que existen indicadores, como las tasas de desempleo, etc. 
Esté tranquila, señora Comisaria, que elevando la red de seguridad al 25 %, los Estados miembros harán un buen uso de los indicadores que ha establecido usted, y ello en interés de Europa y de nuestros conciudadanos. 
Señoras y señores diputados, de acuerdo con el orden del día vamos a proceder a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los próximos días 15 y 16 de diciembre, incluida la Estrategia de Desarrollo. 
Para ello contamos aquí, y le damos la bienvenida, al Presidente de la Comisión, señor Barroso. 
Desgraciadamente no contamos todavía con la presencia de ningún miembro del Consejo: debe de estar acabando de preparar la nueva propuesta británica. 
– Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de observancia del Reglamento, para ofrecer a la Presidencia la oportunidad de que este debate se posponga para esta tarde. 
Tengo entendido que el Presidente en ejercicio del Consejo, el Ministro de Asuntos Europeos, tenía la intención de asistir esta mañana al debate de los preparativos de la Presidencia, y no obstante, la Presidencia en ejercicio no tiene intención de revelar sus propuestas presupuestarias hasta esta tarde. 
Hemos tenido el placer de debatir con uno de los Ministros de Asuntos Europeos más asiduos e inteligentes que han acudido a esta Cámara. 
Entablar una especie de combate en la sombra cuando no conocemos las propuestas me parece ridículo y una pérdida de tiempo. 
La Presidencia en ejercicio no está presente para hacer esta petición. 
Espero que lo esté más tarde. 
Señor Presidente, espero que pedirá garantías a la Presidencia en ejercicio de que celebrará un debate con nosotros como es debido y expondrá la propuesta presupuestaria que tiene intención de presentar al Consejo. 
Gracias, señor Watson. 
De momento el combate no sería, ni siquiera, contra una sombra sino con el vacío, porque todavía no contamos con la presencia del representante del Consejo. 
En cambio, me han comunicado que está en camino y que hay dificultades de tráfico. 
En cuanto a su petición de que el Consejo haga referencia en su intervención a la nueva propuesta que se supone que va a hacer pública hoy, debo decirle que ayer le pedí a la Presidencia británica, en el curso de la comida de despedida con motivo del final de su Presidencia, que así lo hicera, que el Parlamento no entendería demasiado bien que una nueva propuesta que se hará pública a mediodía de hoy no se incluyese en el debate, porque sería ciertamente un debate meramente protocolario y formal. 
No recibí una garantía pero sí observé cierta comprensión que, supongo, se traducirá en la práctica en, al menos, un anticipo de lo que la Presidencia va a explicar más tarde. 
Si no fuera así, creo que el Parlamento tendría, ciertamente, razones para sentirse poco apreciado. 
Por otra parte, tampoco me parece oportuno que suspendamos la sesión ahora, señor Watson, sabiendo que va a estar aquí con nosotros, próximamente, el señor Ministro. 
Espero que el sentido común y el sentido del humor del que hacen gala los británicos le asistan en su intervención para explicarnos lo que va a pasar más tarde. 
. Señor Presidente, Señorías, no necesito convencerles de que el Consejo Europeo de mañana constituye una etapa crucial para Europa. 
En Hampton Court identificamos los desafíos inmediatos; ahora debemos dotarnos de los medios para responder a esos desafíos y este es el reto de las perspectivas financieras. 
Volveré dentro de un momento sobre las perspectivas financieras, pero permítanme que antes les diga unas palabras sobre otros temas importantes que se abordarán en el Consejo Europeo. 
En Hampton Court debatimos de qué modo podía prepararse Europa para la mundialización. 
Acordamos relanzar nuestros trabajos en varios ámbitos, en particular la investigación, las universidades, la demografía, la energía, la inmigración, la seguridad y las relaciones exteriores. 
Informaré al Consejo Europeo de los trabajos en curso a raíz de la Cumbre informal. 
A este respecto, quisiera llamar su atención sobre algunos asuntos clave. 
Ayer, la Comisión adoptó los últimos puntos de la revisión de su estrategia de desarrollo sostenible. 
El objetivo es dotar de más ambición a esta estrategia velando por una mayor eficacia en su aplicación. 
Los elementos más importantes son los siguientes: velar por que todas las políticas comunitarias estén encuadradas por los principios del desarrollo sostenible; contraer el firme compromiso de conseguir los objetivos programando reuniones periódicas de nuestras instituciones para analizar la situación yexaminar las prácticas de los Estados miembros; implicar de forma sistemática a los principales agentes del desarrollo sostenible, no solo a las instituciones, sino también al mundo empresarial, que debe realizar un gran esfuerzo y, por supuesto, a las autoridades regionales y locales. 
La Comisión trabajará de forma estrecha con el Parlamento y el Consejo para preparar del mejor modo posible esta importante etapa. 
Pueden contar con mi compromiso personal y con el del Colegio de Comisarios. 
En este contexto, el éxito de la Conferencia de Montreal es una muy buena noticia. 
Demuestra que el liderazgo de la Comisión Europea y de la Unión Europea en el contexto del cambio climático ha dado su fruto. 
Paso a la cuestión del crecimiento y el empleo en el marco de la nueva Estrategia de Lisboa. 
La Comisión observa con satisfacción que la estrategia renovada para el crecimiento y el empleo va por buen camino. 
Los programas nacionales que se han elaborado demuestran que los Estados miembros comienzan a integrar el nuevo sistema de gobernanza de la Estrategia de Lisboa. 
Por mi parte, quiero señalar, desde ahora, los puntos siguientes: evidentemente existe una relación muy estrecha entre los desafíos económicos que identificamos en la cumbre informal y los que los Estados miembros identifican en sus programas nacionales. 
La Comisión asumirá todas sus responsabilidades en su informe en enero, explicando de forma clara pero constructiva cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de los programas nacionales. 
Velará asimismo por resaltar las buenas ideas y buenas prácticas que podrían ser utilizadas por todos. 
Otra cuestión importante, y de plena actualidad, es la de la inmigración. 
La Comisión está decidida a avanzar en el desarrollo de un enfoque transversal de las cuestiones migratorias. 
Este enfoque consistiría en tratar la inmigración desde el punto de vista de la prosperidad, la solidaridad y la seguridad en la Unión Europea, y ello en estrecha colaboración con los terceros Estados afectados. 
En este espíritu se inscribe la comunicación sobre un programa de acción relativo a la inmigración legal, que debatirá la Comisión la próxima semana. 
La Comisión celebra también la estrategia global contra el terrorismo que debería resultar del próximo Consejo Europeo. 
Los instrumentos recientemente propuestos por la Comisión sobre el intercambio de información, la interoperabilidad de las bases de datos o la protección de las infraestructuras críticas deberían adoptarse y aplicarse en el plazo más breve posible. 
Necesitamos mucho esos instrumentos para reforzar la eficacia de nuestra acción. 
Es, de nuevo, uno de los ámbitos en que existe un claro valor añadido europeo, si se piensa en lo que Europa puede aportar a la acción emprendida a escala nacional. 
Por último, me siento muy feliz de que las tres instituciones se hayan puesto de acuerdo sobre la iniciativa de la Comisión relativa al consenso europeo para el desarrollo. 
Como saben, este consenso será también –así lo esperamos– uno de los temas de las conclusiones del Consejo Europeo. 
Por primera vez en cincuenta años de cooperación, el consenso europeo para el desarrollo define un cuerpo común de valores, principios, objetivos y medios para la erradicación de la pobreza. 
Con la adopción de la resolución del Parlamento Europeo sobre la declaración de política de desarrollo de la Unión Europea, este consenso se convierte en una auténtica declaración tripartita europea a favor del desarrollo. 
Hoy se ha sellado un pacto por el desarrollo. 
Ahora debemos hacer realidad las promesas de más dinero y enfocar mejor esas promesas en la práctica. 
La Comisión pedirá activamente a los Estados miembros que respeten sus compromisos. 
Hemos contraído esos compromisos no solo entre nosotros, sino también en la Organización de las Naciones Unidas. 
Una vez más, estamos orgullosos, como europeos, de ser los promotores de esta iniciativa a escala mundial, pero ahora hay que traducir en acciones concretas esta ambición y estos compromisos. 
Ahora les hablaré del plato fuerte de este Consejo Europeo, las perspectivas financieras. 
Como sus Señorías saben, cada vez que hablo de temas financieros cambio al inglés. 
Lo he venido haciendo durante el último mes, por lo que ahora continuaré en inglés. 
Esta es una oportunidad para que Europa muestre a sus ciudadanos que es capaz de adoptar decisiones sobre cuestiones difíciles, que puede satisfacer sus expectativas y que se mantendrá fiel a sus valores. 
La Comisión ha expuesto sus ideas. 
El Parlamento ha hecho otro tanto. 
Ahora estamos a la espera de que lo haga el Consejo. 
Cualquier demora retrasará la aplicación de nuestras políticas. 
Y las políticas que se retrasan son políticas desmentidas. 
Soy consciente de que existen otras opciones técnicas para mantener los programas de gasto, pero seamos sinceros, se trata únicamente de medidas temporales. 
Hoy en día, Europa necesita más seguridad y más ambición para sus nuevas prioridades. 
La Comisión desempeña su papel. 
Para desbloquear las negociaciones del mes de octubre avancé cinco propuestas que han contribuido a relanzar los debates. 
El lunes expuse al Primer Ministro Blair y a otros dirigentes nacionales y al Presidente de este Parlamento varios principios y doce propuestas concretas para llegar durante esta semana a lo que considero un acuerdo ambicioso y equitativo sobre las perspectivas financieras. 
Me felicito del apoyo que la posición de la Comisión ha recibido de esta Cámara y entre los Estados miembros. 
Hoy deseo exponer los puntos en los que el Consejo Europeo debería concentrar su atención en los próximos días. 
Necesitamos una Europa ambiciosa. 
El Consejo Europeo de Hampton Court puso de manifiesto la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos y el papel que debe desempeñar la Unión Europea para superarlos. 
Pero debemos ser coherentes. 
Una vez definidos los objetivos, los Estados miembros deben facilitar los medios para alcanzarlos. 
Para apoyar la ampliación necesitamos inversión; para apoyar la reforma y la modernización necesitamos inversión; para seguir liberalizando el comercio necesitamos inversión. 
La ambición no se materializa mediante comunicados y grandes y grandiosas declaraciones. 
Se necesita actuar. 
Y para actuar se necesitan medios e instrumentos. 
La credibilidad de Europa se vería gravemente dañada si algunos no respaldan sus promesas con dinero. 
Un presupuesto moderno tiene que reconocer las realidades de la Europa ampliada, a fin de contribuir al crecimiento mediante una política de cohesión centrada en la competitividad. 
Debe ayudar a los europeos a adaptarse a la globalización, la inmigración y las amenazas contra la seguridad. 
Debe evitar dar marcha atrás en las reformas recientes, como el giro hacia el desarrollo rural en la agricultura, y no puede descuidar la tarea indispensable de volver a conectar con nuestros ciudadanos. 
La rúbrica 3b de las perspectivas financieras no es un elemento opcional, sino que reviste una importancia fundamental para la labor de la Unión. 
Un presupuesto ajustado tiene otra consecuencia directa. Hace aún más necesario que cada euro se utilice para obtener el mejor efecto, y siete años son muchos años. 
No nos negamos a aceptar ajustes sensatos en el futuro. 
Con nuestras propuestas originales, el énfasis que puso la Resolución del Parlamento en la flexibilidad dio muestras de prudencia, pues a niveles mucho más bajos resulta indispensable. 
El Consejo Europeo debe dejar margen de maniobra para que estos temas se debatan en el Parlamento y el Consejo, los dos brazos de la autoridad presupuestaria. 
El principio de flexibilidad debe aplicarse a través de la cláusula de revisión. 
En junio ya dije que era indispensable alcanzar un acuerdo. 
Y sigo convencido de ello. 
Necesitamos una cláusula de revisión exhaustiva, ambiciosa y abierta. 
Por supuesto, todos los cambios deben acordarse por unanimidad, pero es fundamental que esta Comisión y este Parlamento tengan ocasión de poner en marcha un auténtico debate, sin tabúes, acerca del futuro del gasto y los recursos de la Unión Europea. 
Asimismo, el presupuesto debe ser equitativo, tanto en el gasto, como en las contribuciones. 
Creo que hemos recorrido un largo trecho a este respecto, ya que el reconocimiento de las repercusiones que ha tenido la ampliación sobre el presupuesto ha cambiado la situación. 
Ahora tenemos que dar otro paso a fin de repartir realmente el peso de estas repercusiones. 
Esto implica mayores concesiones en lo relativo al cheque británico por parte del Reino Unido. 
Dichas concesiones serán cruciales para llegar a un acuerdo. 
Ese cambio debe vincularse a la ampliación y, puesto que la ampliación es permanente, el cambio también debe serlo, al igual que cuando el Reino Unido aceptó el recorte de su cheque en 1988 y 1999. 
Un aspecto de las propuestas presentadas la semana pasada que preocupa a la Comisión es la creación de normas paralelas: una serie de normas para la Europa de los 15 y otra serie para los demás. 
Esto genera un efecto muy desafortunado. 
Una política de cohesión de dos velocidades, con una serie de normas centradas en la competitividad y otra centrada en las transferencias financieras, no es la manera de construir una Europa competitiva o cohesionada. 
Tenemos que garantizar la coherencia de nuestros instrumentos. 
Si debe haber alguna diferenciación –y en algunos casos la necesitamos–, esta debe basarse en criterios objetivos en función del desarrollo relativo de los Estados miembros o de las distintas regiones, y no en qué Estados eran ya miembros antes de la ampliación y cuáles no. 
La Unión Europea que deseamos construir no es la Unión Europea de los antiguos Estados miembros y de los nuevos Estados miembros, sino una Unión de todos los Estados miembros, todos ellos exactamente con la misma dignidad, y ese es un aspecto sumamente importante. 
Las excepciones y los acuerdos especiales tan solo socavan la coherencia y crean nuevos riesgos para la gestión financiera. 
Como sus Señorías saben, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad ante esta Cámara y ante el público en general. 
Nos tomamos en serio la presión fiscal sobre los Estados miembros. 
La Comisión ha hecho grandes esfuerzos para elaborar un paquete de medidas que sean sencillas y comprensibles, y que permitan un alto nivel de control. 
Estas medidas pretenden, junto con la revisión del Reglamento financiero, facilitar el empleo de los programas y que estos resulten más eficientes, por lo que lamento que los principios de rentabilidad y buena gestión financiera se sacrifiquen para alcanzar un acuerdo. 
Las propuestas sobre la gestión de la política de cohesión y la modulación facultativa deben ser revisadas. 
La buena gestión podría también verse afectada si se recurre a la salida fácil y se reduce la administración. 
Simplemente no es creíble poner fin al proceso de adaptación de nuestras instituciones a la última ampliación, y menos creíble aún no adoptar previsiones para Bulgaria y Rumanía. 
Tengo que decirles, con toda honestidad, que es muy fácil y popular –yo diría demagógico– reducir la administración cuando se presenta la necesidad de hacer recortes. 
Pero en las próximas perspectivas financieras debemos hacer lugar para Bulgaria y Rumanía en todas las instituciones, en la Comisión, en el Parlamento y en todas las demás. 
Y tengo que decir que, en este momento, no tenemos los recursos para ello. 
Así pues, si deseamos la adhesión de Bulgaria y Rumanía, tenemos que incluirla en nuestro presupuesto. 
Sé que sus Señorías comparten muchas de las cuestiones que he expuesto hoy. 
Lo sé porque muchas de ellas figuran en su propia resolución y en sus comentarios. 
Me felicito de la posición que ha asumido el Parlamento, pues recoge principios firmes y soluciones imaginativas que solo pueden facilitar el acuerdo y hacer que los resultados sean más eficaces. 
Estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir a que el Consejo Europeo alcance un acuerdo en esta semana. 
Insto a la Presidencia, debido a su especial responsabilidad, y a los Estados miembros a que hagan gala de valor y determinación para llegar a un acuerdo a la altura de nuestras ambiciones. 
Espero fervientemente que cuando me dirija a la Conferencia de Presidentes de la próxima semana, nuestra tarea consista en allanar el camino hacia un acuerdo interinstitucional que infunda a Europa verdadera confianza para entrar en la próxima década. 
Pero debemos hacerlo con confianza y ambición. 
Yo mismo, ustedes y, espero, todos los presentes siempre rechazaremos una visión minimalista, estrecha y nacionalista de Europa. 
Señor Presidente, permítame comenzar pidiendo disculpas a sus Señorías por el retraso que he sufrido para llegar aquí desde el aeropuerto esta mañana. 
Permítame igualmente asegurar a esta Cámara que he escuchado con gran atención la declaración del Presidente de la Comisión que acabamos de oír y quedo a la espera de las intervenciones de sus Señorías en este importante y oportuno debate que celebramos hoy en vísperas del Consejo Europeo. 
El Consejo Europeo que se celebra esta semana en Bruselas tiene lugar al final de un año tumultuoso para la Unión Europea. 
Ha sido un año en el que los votantes de Francia y los Países Bajos rechazaron el proyecto de Tratado constitucional, un año en que se ha hecho más clara la necesidad de que Europa haga frente a las realidades de una economía globalizada y un año en el que, desgraciadamente, el terrorismo ha vuelto a atentar en las calles y trenes de una capital europea. 
Pero Europa ha reaccionado. 
Hemos desarrollado una respuesta común más clara a la globalización. 
Hemos dado muestras de una firme determinación, algo que el señor Schulz ha tenido la generosidad de reconocer en debates anteriores celebrados en esta Cámara, ante el terrorismo, lo que ha reafirmado la fuerza de nuestra solidaridad, de nuestros valores democráticos y de nuestra determinación común para que triunfen dichos valores. 
Hemos afirmado el papel y responsabilidad de Europa a escala mundial, ya sea en Nueva York, en Montreal la semana pasada, en la Franja de Gaza o en Aceh, Indonesia. 
El Reino Unido se ha sentido muy orgulloso de ocupar la Presidencia del Consejo durante este último semestre. 
Permítanme manifestar, en esta ocasión, nuestro agradecimiento a los miembros de este Parlamento por la cooperación que han mostrado para abordar esta tarea difícil pero común. 
La tarea primordial a la que se enfrenta el Consejo Europeo de esta semana es la de llegar a un acuerdo necesario y adecuado sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013, acuerdo al que el Presidente de la Comisión ha dedicado la mayoría de sus observaciones de esta mañana. 
Este acuerdo siempre ha sido uno de los grandes retos de nuestra Presidencia. 
Tras no haber llegado a un acuerdo político en el mes de junio, escuchamos los llamamientos de aquellos que, sobre todo en los nuevos Estados miembros, subrayaban la importancia de que el Consejo Europeo llegara a un acuerdo en este año, y hemos trabajado larga y duramente para conseguir tal fin. 
Las propuestas que presentamos el lunes pasado, que fueron debatidas por los Ministros de Asuntos Exteriores, primero en el cónclave informal de la semana pasada y después, una vez más, brevemente en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de esta semana, constituyen un reto para los Estados miembros –lo reconozco–, al igual que lo serán las propuestas revisadas que presentaremos hoy. 
Esas propuestas revisadas serán igualmente realistas, en vista del marco presupuestario en el que opera la mayoría de los Estados miembros a nivel nacional. 
Permítanme ser sincero, el margen de maniobra para las negociaciones es estrecho. 
Tras las amplias consultas que hemos llevado a cabo con otros Estados miembros, incluso a nivel de Jefes de Gobierno durante la semana pasada en que varios de ellos visitaron Londres y también hubo una serie de contactos bilaterales fuera de ese marco, seguimos convencidos de que estas propuestas siguen siendo la mejor y única base para llegar a un acuerdo dentro del Consejo y para un posterior debate con el Parlamento. 
Constituyen un paso importante y necesario hacia un presupuesto moderno y reformado, adaptado a los objetivos del siglo XXI, sobre los que nuestro Primer Ministro habló tan elocuentemente al inicio de la Presidencia británica ante el Parlamento Europeo. 
La revisión que proponemos llevar a cabo de todos los gastos comunitarios en 2008 y 2009 nos ofrece la oportunidad de evaluar los retos externos e internos a los que se enfrenta la Unión, los ámbitos y las formas en que la acción y el gasto comunitarios pueden añadir valor a la labor nacional y regional, y el modo de encontrar en toda equidad los recursos para mantener ese gasto. 
Se trata de una oportunidad importante para que todos nosotros, este Parlamento, el Consejo y la Comisión consideremos el mejor camino a seguir. 
Ante todos los debates en la prensa y los medios de comunicación, no perdamos de vista el importante premio que nos espera, a saber, un presupuesto que consagre un cambio fundamental en el gasto en favor de los nuevos Estados miembros, 260 000 millones de euros de ingresos para estos durante los próximos siete años, es decir 2 500 euros por habitante. 
El dinamismo económico de los nuevos Estados miembros es realmente fuente de inspiración para todos nosotros. 
Las nuevas flexibilidades que proponemos para los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión deberían garantizar que se pueda gastar una mayor parte de los créditos destinados a los nuevos Estados miembros y que cada euro que absorban los Estados miembros, sus regiones y ciudades tenga un mayor efecto. 
De este modo se lograrán grandes mejoras en las infraestructuras y cualificaciones que la Unión necesitará colectivamente para superar el reto económico de la globalización y para ofrecer la justicia social que todos nuestros ciudadanos exigen con razón. 
La futura financiación es el tema destacado del Consejo Europeo de esta semana, pero no el único, por lo que permítanme abordar brevemente algunos otros puntos que debatirán nuestros Jefes de Gobierno en esta semana. 
En primer lugar tenemos el seguimiento de la reunión informal de Jefes de Gobierno celebrada en Hampton Court en el mes de octubre. 
En esa reunión se acordó avanzar de modo más concreto en una serie de ámbitos, como estimular la investigación y el desarrollo con la creación de un Consejo Europeo de la Investigación, mejorar nuestras universidades y sus relaciones con las empresas, crear un mercado de la energía más competitivo, examinar la forma en que la inmigración puede estimular nuestra economía, cómo podemos utilizar de forma más amplia y mejorar la atención infantil para ofrecer un mejor equilibrio entre la vida laboral y la familiar, cómo podemos ofrecer una nueva formación a nuestros trabajadores para hacer frente al reto de la globalización y cómo podemos reforzar el lugar que ocupa Europa en el mundo y en nuestra seguridad colectiva. 
El Presidente Barroso y el Alto Representante Solana informarán a los Jefes de Gobierno sobre los avances logrados y las medidas que deban tomarse. 
Permítanme elogiar la labor que ya han realizado y la estrecha colaboración que han ofrecido en estos y muchos otros temas durante nuestra Presidencia. 
En segundo lugar, tenemos la cuestión de la reforma económica. 
En esta cuestión seguimos colaborando estrechamente la Comisión para llevar a cabo el plan de empleo y crecimiento para Europa. 
Esta colaboración ha dado sus frutos en estos últimos meses con la puesta en marcha de los programas nacionales de reforma basados en la Estrategia de Lisboa, por los que se crea un programa para las futuras reformas que debe llevar a cabo cada Estado miembro. 
El Consejo Europeo se felicitará de estos avances, así como de los importantes pasos que ya se han dado en aras de una mejor legislación. 
Entre ellos se encuentra la simplificación de la legislación de la Unión Europea, tanto para los ciudadanos como para las empresas europeas, y el realce de nuestra responsabilidad común, como Consejo, Comisión y Parlamento, para reducir las cargas administrativas superfluas. 
En tercer lugar, adoptaremos una estrategia antiterrorista paneuropea mediante la creación de un marco claro y coherente para la labor de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo y el establecimiento de objetivos concretos de acción. 
Esta estrategia intensifica la labor de la Unión Europea para evitar que más personas se conviertan en terroristas. 
Adoptaremos un plan de acción para hacer frente a la radicalización y el reclutamiento por parte de las organizaciones terroristas. 
Este plan intentará incrementar la protección de los ciudadanos y las infraestructuras de la Unión Europea. 
Estableceremos un programa para proteger las infraestructuras de importancia crítica en toda Europa contra atentados terroristas. 
Este plan mejorará los esfuerzos que realiza la Unión Europea para desbaratar las redes terroristas, en particular para luchar contra su financiación. 
Esta estrategia contribuirá a que la Unión Europea cree sus propias capacidades para responder a los atentados terroristas mediante la mejora de nuestras capacidades de gestión de crisis y su coordinación. 
El Consejo espera que alcancemos un acuerdo sobre las medidas relativas a la retención de datos, sobre las cuales hemos colaborado muy estrecha y eficazmente con este Parlamento en los últimos meses. 
A continuación, el Consejo Europeo definirá un planteamiento general para la inmigración. 
Se trata de un planteamiento basado en las lecciones de los acontecimientos ocurridos en los últimos meses y en las deliberaciones del debate celebrado en la sesión plenaria de octubre. 
Se centra en los problemas de África y el Mediterráneo, pero no excluye la cooperación, tan importante y necesaria, que debemos fomentar con otras regiones. 
Identifica actuaciones prioritarias para la Unión a fin de ayudar a los países de origen y tránsito a gestionar mejor los flujos migratorios y a luchar contra la inmigración ilegal. 
En quinto lugar, permítanme destacar el informe periódico sobre la política europea de seguridad y defensa que debe presentarse al Consejo. 
Este informe marcará la diferencia que nuestras misiones europeas ya tienen sobre el terreno, incluyendo las dos últimas: en Aceh –nuestra primera misión en Asia– y en el paso fronterizo de Rafah en Gaza, que constituye una manifestación en la práctica del compromiso que la Unión contrajo hace largo tiempo con las vidas y las libertades del pueblo palestino. 
Asimismo se prevé que el Consejo Europeo adopte una amplia declaración sobre esta zona del mundo: Oriente Próximo. 
En esta declaración renovaremos nuestro compromiso con un Oriente Próximo seguro, próspero y pacífico, así como nuestros esfuerzos en apoyo de las reformas políticas, sociales y económicas dentro de esa región. 
La declaración reflejará lo que la Unión Europea ha logrado durante nuestra Presidencia, a saber, la primera Cumbre Euromediterránea celebrada en noviembre, que adoptó el programa para nuestras futuras relaciones con nuestros vecinos del Mediterráneo meridional, el apoyo a la retirada de Gaza, la creación de capacidades institucionales y de seguridad palestinas, la puesta en marcha de la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea en Rafa y el incremento de la intervención de la Unión Europea en Iraq. 
Pero también expondrá los retos constantes a los que nos enfrentamos en esa región: la búsqueda de la paz entre Israel y sus vecinos, los proceso políticos internos en Iraq y Líbano, el programa nuclear iraní –tema que ya hemos debatido en esta Cámara– y la retirada del apoyo a los grupos que recurren a la violencia. 
Permítanme hacer una pausa aquí para señalar que la Presidencia no ha dejado duda alguna respecto a su condena de los comentarios atribuidos al Presidente Ahmadinejad de Irán acerca de Israel, al decir, primero, que Israel debería «ser borrado del mapa» y a continuación al negar el Holocausto y pedir que Israel sea trasladado a Europa. 
Estos comentarios son totalmente inadmisibles y los condenamos sin reservas, pues no tienen lugar dentro de un debate político civilizado. 
Por último, los Jefes de Estado y de Gobierno adoptarán igualmente una amplia estrategia global para África, que abordará la paz y la seguridad, la gobernanza, la integración regional, el comercio y la ayuda al desarrollo. 
Redefinirá la relación de la Unión con África para cubrir todo el continente. 
Será un final digno para un año en el que ese continente ha ocupado el centro de la escena, tanto en la Unión Europea como a nivel internacional, y en el que se han manifestado extraordinarios llamamientos populares en toda Europa para acabar con la pobreza. 
El consenso europeo en materia de desarrollo es el segundo tema del debate de este día. 
Es conveniente volver a abordar el tema del desarrollo a medida que nos acercamos al final de este año y de esta Presidencia. 
A lo largo de este año, la Unión Europea –que ya es el principal donante de ayuda del mundo– ha vuelto a demostrar el liderazgo que desempeña en este ámbito de trabajo. 
La Unión Europea marcó el ritmo en la Cumbre de revisión de los objetivos de desarrollo del Milenio con el compromiso de los Ministros de Desarrollo Internacional de aumentar la ayuda que asumieron en el mes de junio, decisión que fue ratificada posteriormente por el Consejo ECOFIN. 
Sin embargo, no es el momento de dormirnos sobre nuestros laureles, como muestra el consenso en materia de desarrollo, pues no solo debemos gastar sino gastar bien. 
Esta declaración a tres bandas expresa los objetivos y principios que guían la labor de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
La primera parte es una declaración política que recoge los objetivos, principios y métodos comunes para la cooperación al desarrollo a nivel tanto nacional como comunitario. 
La segunda parte constituye la base de la ejecución de la ayuda al desarrollo a nivel comunitario. 
El Consejo y la Comisión adoptaron este consenso el 22 de noviembre, tras largos debates entre todas las instituciones competentes de la Unión Europea y después de consultar a las otras partes interesadas, entre ellas a la sociedad civil europea. 
Esperamos que el Parlamento lo apruebe hoy a fin de que sea realmente una declaración a tres bandas. 
La Presidencia desea expresar un agradecimiento especial al ponente, el señor Wijkman, por su encomiable labor a la hora de garantizar la contribución del Parlamento, tan sustancial y constructiva, a este importante texto. 
Con este acuerdo, la Unión Europea tendrá su primer planteamiento común para el desarrollo, que guiará las actuaciones de la Comunidad y de los 25 Estados miembros. 
El Consejo se centra, como no podía ser de otra forma, en la erradicación de la pobreza para ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo del Milenio, en la idea de propiedad de los países asociados, en ofrecer una ayuda más eficaz y en políticas comunes para promover el desarrollo. 
Este acuerdo reviste especial importancia, ya que la Unión Europea ya presta más de la mitad de la ayuda a nivel mundial y prestará dos terceras partes de esta en 2015 de acuerdo con los compromisos asumidos ahora. 
Asimismo, el Consejo expone una revisión de la política comunitaria en materia de desarrollo que clarifica el papel de la Comisión y define los casos en que esta ofrece valor añadido. 
Permite dar prioridad a los países más pobres y tener en cuenta los objetivos de desarrollo en la elaboración de otras políticas que afectan a los países en desarrollo. 
El consenso es una declaración política importante, respecto a la cual todas las partes deberán rendir cuentas. 
Espero recibirá su apoyo. 
Hablando sinceramente, este será un Consejo Europeo importante, pero difícil; sin embargo, si lo abordamos con flexibilidad y visión, podremos hacer avances significativos en algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión y allanar el camino para Presidencias austriaca y finlandesa del próximo año. 
Escucharé con gran interés las observaciones que hagan sus Señorías y me aseguraré de transmitirlas antes de lo que será un importante debate en Bruselas al final de esta semana. 
Señor Ministro, como supongo que usted sabe, esta sesión plenaria tiene por objeto preparar el Consejo Europeo que tendrá lugar este fin de semana. 
La Presidencia debe lamentar que haya perdido usted una ocasión para informar al Parlamento de la propuesta que va a hacer próximamente. 
Así se lo pedí ayer a su Ministro responsable de las Relaciones con el Parlamento, y creo que es una pena que esta petición no haya sido atendida, lo cual, sin duda, reduce el significado de este debate. 
Lamento no haber hecho caso, señor Watson, a la propuesta que usted ha formulado al inicio de esta sesión. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la espléndida decoración que muestra hoy esta Cámara no se debe a la celebración de los logros de la Presidencia británica, sino a que en breve daremos la bienvenida a los galardonados con el Premio Sájarov, que hacen tanto, y tan extraordinariamente, por la causa de los derechos humanos en el mundo. 
No quiero aprovechar el hecho de que el Presidente en ejercicio haya llegado tarde para expresar una crítica; simplemente demuestra que también está sujeto a las limitaciones humanas, pero también demuestra, simbólicamente, que cuando se trata de políticas prácticas para impulsar a Europa el Consejo en general llega tarde y, si queremos lograr los resultados deseados para Europa, nos gustaría que el Consejo se levantara antes por la mañana. 
El Presidente del Parlamento Europeo ha dicho, loablemente, que estaría bien que se nos informara de lo que ocurre en estos momentos. 
Supongo, señor Presidente en ejercicio, el hecho de que haya decidido esperar hasta el mediodía para presentar sus propuestas para las perspectivas financieras indica que ha elegido usted un momento posterior a este debate para permitir que lo que surja de él influya en sus propuestas. 
Espero que así sea. 
El Grupo del Partido Popular Europeo quisiera que se llegue a un resultado con respecto a las perspectivas financieras, pero para nosotros lo crucial es que este ha de ser aceptable, porque Europa, tras las dificultades que hemos sufrido en varios ámbitos, necesita un éxito renovado. 
Señor Presidente, queremos indicar que hasta el momento no tenemos nada que lo muestre. 
Tal y como dijo usted, el Presidente del Consejo Europeo, Tony Blair, pronunció un discurso elocuente; así fue, y muchos miembros de mi Grupo lo aplaudieron, quizá más de los que políticamente pertenecen a su Grupo. 
Por supuesto, el estilo es importante, y sin duda admito que la Presidencia británica, ya sea en la persona del Secretario de Interior o de cualquier otro Ministro, por no mencionar al Primer Ministro y al Presidente del Consejo Europeo, ha conseguido hacer llegar su mensaje. 
En esta Asamblea nos hemos llevado bien unos con otros, pero el estilo solo no basta. 
Si el estilo no lo respalda un contenido político, el contenido sale perdiendo y ha de ser objeto de nuestras críticas, y por esto esperamos que lo que mañana y pasado mañana hagan ustedes en Bruselas tenga sus resultados. 
El Primer Ministro británico, el Presidente del Consejo Europeo, nos ha dicho que es preciso hacer más por la investigación. 
Así es, pero me parece, por las propuestas de la Presidencia británica, que lo que ahora se destina a la investigación es menos que lo que nos había ofrecido el señor Juncker. 
Entonces, ¿dónde está la lógica de lo que están haciendo los británicos? 
Nos parece crucial, y un motivo de alegría, que entre nosotros haya representantes de los ocho países de Europa Central que el 1 de mayo de 2004 se unieron a la Unión Europea. 
Será vital ver si lo que proponen en el Consejo, suponiendo que se formule dicha propuesta, realmente expresa la unidad y la solidaridad europeas, porque si no hay tal solidaridad nos veremos obligados a rechazar su propuesta. 
Para nosotros, la solidaridad y la comunidad de los europeos están primero y no puede haber europeos de primera y de segunda clase. 
Me dirijo al Presidente de la Comisión cuando digo que agradezco mucho su carta a la Presidencia británica del 12 de diciembre, y que apoyamos lo que dice en ella. 
Quiero decirle al Presidente en ejercicio que el cheque británico ha pasado a la historia, y por tanto ha de reducirse, con el objetivo fundamental de que desaparezca del todo. 
Por supuesto, somos conscientes de que esto está relacionado con la política agrícola; y por este motivo estamos a favor de una cláusula de revisión para que se reexamine todo el Presupuesto de 2008-2009 de la Unión Europea, pero lo que no debemos permitir que ocurra es que los centroeuropeos, que necesitan nuestra solidaridad más que nunca, terminen pagando el cheque británico. 
Eso no les interesa a ustedes; no nos interesa a nosotros y no lo apoyaremos. 
También pedimos que se tomen en serio los derechos legislativos del Parlamento Europeo. 
Por poner un ejemplo del que hemos tenido noticia, queremos recordarles que prometer dinero a los húngaros para la construcción de viviendas afecta a los derechos de esta Asamblea, porque es esta la que debe aprobar la legislación que permitiría hacerlo. 
Por tanto, le instamos a que se tome en serio a esta Asamblea y sus objetivos de reforma; queremos poder hacer uso de nuestro derecho tanto en política interior como exterior, y no le permitiremos al Consejo que los pase por alto. 
Con respecto a Irán, estamos con usted. 
Debemos expresar sin ambigüedades nuestra oposición a Ahmadineyad y nuestro apoyo a Israel y su derecho a existir. 
Los que cuestionan esto también están poniendo en duda, en el fondo, el derecho de los palestinos a vivir como es su derecho, porque, negar a Israel el derecho a existir es oponerse a cualquier tipo de Estado palestino; el hecho es que, sin Israel, no lo habrá. 
Por tanto, con respecto a Irán, hablen ustedes claramente en contra de Ahmadineyad y a favor de la paz en Oriente Próximo; en este sentido estamos de su parte. 
– Señor Presidente, Señorías, ha llegado la hora de que hablemos claro con la Presidencia británica del Consejo. 
Ya va siendo hora de que controlemos la política del Consejo Europeo. 
Tal y como ha escrito el señor Barroso en su carta al Consejo, mencionada por el señor Poettering, «necesitamos una Unión Europea fuerte y efectiva y estoy dispuesto a luchar por ella». 
Hace poco he tenido una interesante conversación telefónica con el señor Barroso. 
Tras leer una entrevista que se le hizo en, en la que dijo cosas que me gustaron, le telefoneé y le dije: «Ha sido una buena entrevista; ha sido un placer leerla». 
He de admitir que me respondió de forma tajante. 
Dijo: «Me critica en la prensa y los elogios me los dice por teléfono. 
¿Por qué no me alaba en público?» 
Bueno, señor Presidente de la Comisión, es lo que estoy haciendo ahora. 
Así es como hay que hacer las cosas; por tanto, ¡a luchar! 
Una mayoría aplastante de esta Asamblea apoya su posición y se opone a la línea adoptada por el Consejo que acabamos de oír, y que no impulsará a Europa hacia delante ni impulsará la cohesión, sino que contribuirá a reducir la solidaridad en su seno. 
Esta Asamblea no se quedará de brazos cruzados ante esto. 
Quiero volver sobre lo que ha dicho el señor Alexander a esta Asamblea; se ha referido a lo dicho hace seis meses por el Presidente del Consejo. 
Tenía toda la razón en lo que dijo y todos le escuchamos. 
Dijo algo importante que el señor Alexander no ha citado, por lo que yo sí lo voy a hacer. 
Dijo que si en las instituciones hay crisis, esto se debe a la falta de un liderazgo fuerte en Europa. 
Cinco meses y medio más tarde, señor Presidente en ejercicio, tengo la impresión de que esto sigue siendo cierto, y permítame expresarle qué piensa mi Grupo: sea cual sea el país que tenga la Presidencia, no solo los británicos, los Presidentes del Consejo siempre nos cuentan lo mismo. 
Siempre nos dicen que no hablemos muy alto de Europa, que no defendamos su causa con mucho entusiasmo, porque produce rechazo en la gente. 
Es evidente que si los Jefes de Estado o de Gobierno hacen callar constantemente a Europa, no pueden sorprenderse cuando los ciudadanos de Europa piensan que sus Jefes de Estado o de Gobierno tienen razón. 
La situación existente en el Consejo que usted lamenta la han propiciado ustedes mismos. 
En dos palabras, hasta aquí hemos llegado; esto no puede seguir así. 
En las instituciones europeas en general no hay crisis alguna: el Parlamento actúa y toma decisiones; quizá no siempre acierta, pero, por poner un ejemplo, hace unos días alcanzamos un buen acuerdo en materia de política sobre sustancias y productos químicos. 
Así actúa el Parlamento Europeo. 
La Comisión actúa, quizá no siempre correctamente, pero actúa; es activa. 
Las únicas personas de Europa que están en permanente estado de desacuerdo son los miembros del Consejo de los Jefes de Estado o de Gobierno, y se ha llegado a un punto en el que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre su orden del día sin temer un veto. 
Si hay crisis en la Unión Europea, entonces es sobre todo una crisis del Consejo Europeo, y espero que esto no se repita este fin de semana. 
Hace cincuenta o sesenta años el proyecto europeo no suscitó entusiasmo en todos los pueblos de Europa. 
Yo nací donde confluyen las fronteras de Alemania, los Países Bajos y Bélgica, y cuando, hace 60 años, Paul-Henri Spaak o el Primer Ministro neerlandés o el Jefe del Gobierno de Luxemburgo aparecieron por allí diciendo que los alemanes recibirían más fondos del Plan Marshall, que debíamos reconstruir el país y crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, no creo que todos los luxemburgueses, belgas, neerlandeses y franceses rompieran a aplaudir. 
Ellos también dijeron: «¿Qué? 
Esos del otro lado hace poco han estado aquí, destrozando nuestro país y matando a millones de personas, ¿y ahora resulta que están recibiendo más dinero? ». 
Y las personas que ocupaban puestos en el Gobierno dijeron: «Si quieren ustedes que haya paz en Europa, necesitan integración. 
Es la única forma de conseguirla, y así es como lo estamos haciendo, porque estamos convencidos de que es la forma correcta.» 
Por este motivo les llamamos líderes y bautizamos edificios con sus nombres. 
Es cierto que ha habido épocas en que Europa ha estado dirigida por hombres de Estado, pero tengo la impresión de que ahora la dirigen hombres de negocios cuyo único interés es idear la forma de sacar el máximo provecho del proyecto. 
Esto es lo que hace que la Cumbre Europea de este fin de semana sea tan importante. 
No se trata de vender las nuevas matemáticas a Europa –acabo de saber que existe algo así–, según las cuales un aumento reducido equivale a una reducción. 
Sin embargo, eso es incorrecto; aumentar ligeramente el cheque británico no es lo mismo que reducirlo. 
Sin duda, esta no es forma de llegar a un acuerdo; lo realmente necesario, en su lugar, es intentar situar las verdaderas necesidades de Europa en un marco financiero. 
Mientras yo me dedico al asunto de los marcos financieros, permítanme decirles que mi colega el señor Walter siempre hace brillantes análisis de lo que se nos presenta. 
En las propuestas de este Parlamento, expuestas en el informe Böge, se asigna a la política agrícola una cuota del 40 % de las perspectivas financieras durante los próximos siete años. 
La propuesta británica le asigna el 44 %. 
Nuestras propuestas están más actualizadas que las del Consejo. 
Si queremos hablar de política moderna, está todo dicho. 
Bien, por el afecto personal que profeso a la Presidencia británica del Consejo, porque los miembros laboristas son mis amigos y porque le tengo en gran estima, señor Douglas, haré algo que no suelo hacer, y es hablar en inglés: 
Para evitar malentendidos hablaré en inglés. 
Hace seis meses, señor Alexander, todos aplaudimos cuando el Presidente en ejercicio del Consejo expuso su visión de las reformas, que comprendían grandes inversiones en investigación, educación y el futuro de las altas tecnologías para nuestra Unión, y usted la ha repetido hoy. 
Al preparar esta intervención me acordé de lo que aprendí en la escuela sobre el Reino Unido: el 10 de abril de 1912 fue la fecha de otra puesta en marcha de un futuro de alta tecnología para Europa. 
Las multitudes aplaudieron entusiasmadas, al igual que lo hicieron cuando Tony Blair se dirigió a esta Cámara hace cinco meses. 
Aplaudían con entusiasmo en el momento en que ese futuro de alta tecnología zarpaba del puerto de Southampton. 
Por supuesto, ese símbolo era el. 
Hoy día nos encontramos a bordo del El capitán no es Edward John Smith, sino Anthony Charles Lynton Blair. 
Nuestro capitán tiene una ventaja enorme sobre el desafortunado señor Smith. 
Tiene el iceberg delante, pero todavía hay tiempo para evitarlo. 
Para esquivar este iceberg, señor Alexander, deben seguir ustedes el rumbo del informe Böge. 
Quiero dejarlo muy claro; permítame que le dé las coordenadas del iceberg: Böge. 
Sin duda no el 1,03 %. 
Esa es la posición del centro del iceberg. 
No navegue en esa dirección, pues de lo contrario el y su tripulación se perderán. 
Elija otra ruta y hágalo rápidamente. 
Espero firmemente que, al final de la semana, el capitán Blair habrá evitado el iceberg y habrá conducido a la Presidencia británica a un puerto seguro y a un futuro financiero asegurado para la Unión Europea. 
Eso es lo que deseo, señor Alexander. 
Si lo hace, la Presidencia británica será un éxito. 
De lo contrario, todos en Europa fracasaremos. 
Gracias, señor Schulz, los servicios de la Cámara verificarán exactamente las coordenadas del iceberg que hundió al para que estemos seguros de que eran uno cero tres. 
Señor Presidente, hace dos años exactamente se envió una carta al Presidente Prodi. 
Llevaba la firma de un Jefe de Estado –el Presidente Chirac– y de cinco Primeros Ministros: Balkenende, Blair, Persson, Schröder y Schüssel, cuatro de los cuales, ¡ay! , siguen en el cargo. 
Esta carta, firmada con tinta envenenada, es la fuente de nuestros actuales problemas, pues en ella se pedía que los gastos de la UE se limitaran al 1 % de la renta nacional bruta. 
Al mismo tiempo, esos mismos Jefes de Estado y de Gobierno exigían a la Unión políticas que no están dispuestos a financiar. 
Son dirigentes de Estados miembros que apremian a la Unión en el extranjero, pero rehúyen el debate en casa, dirigentes que desean los fines, pero no los medios. 
Palabras como «inaceptable» raramente salen de los labios tan moderados del Presidente de la Comisión, el cual, según se dice, es uno de los mejores amigos del señor Blair, pero la Comisión y el Parlamento deben rechazar al unísono un presupuesto que sitúa las preocupaciones contables por encima de la visión más amplia de la sala de juntas. 
Me felicito del contenido de la carta que el señor Barroso envió a la Presidencia en ejercicio sobre el Consejo de esta semana. 
Para los Demócratas y Liberales de esta Cámara, es mejor no llegar a un acuerdo que aceptar un mal acuerdo. 
Los Demócratas y Liberales no comprometeremos los intereses de Europa a largo plazo. 
No participaremos en la creación de una Europa de dos categorías. 
¿Qué han encontrado los nuevos Estados miembros en este mundo feliz? 
Un Presidente francés que les dice que cierren la boca, un Canciller alemán que les niega el derecho a decidir sus propias políticas fiscales y una Presidencia británica que mueve las metas de la solidaridad. 
Lo que esperamos de la Presidencia es un presupuesto que sitúe los aspectos positivos y los intereses comunes a largo plazo por encima de la satisfacción individual y las ventajas personales. 
Según parece, se presentará una propuesta que paralizará las prioridades de la Unión y no satisfará a nadie. 
Señor Presidente en ejercicio, un 1,03 % de la renta nacional bruta no es suficiente para sufragar nuestras nuevas políticas ni la ampliación. 
Esta Cámara lo comprendió cuando calculamos que las futuras necesidades financieras serían del 1,08 % de la RNB, y era un cálculo conservador. 
¿Qué pasa con el dinero para los retos a los que nos enfrentamos, como la seguridad? 
¿Qué hay de las ambiciones de la Agenda de Lisboa? 
Hace cinco años dijimos que aumentaríamos el gasto en investigación al 3 % del PIB de aquí a 2010. 
Y este gasto ha descendido aún más, hasta por debajo del 2 % el año pasado, en comparación con el 2,5 % de los Estados Unidos y más del 3 % de Japón. 
No se trata tan solo de un presupuesto para mañana. 
Es un marco que nos comprometerá hasta 2013. 
Es un presupuesto que debe promocionar la competitividad y ofrecer puestos de trabajo para los jóvenes. 
Es un presupuesto que debe sufragar la solidaridad social que Europa desea. 
El Parlamento debe rechazar cualquier acuerdo del Consejo que rebaje nuestra Unión. 
La Presidencia tiene ambiciones para ampliar el orden del día del Consejo. 
Le deseo éxito. 
Mi Grupo espera que se revise la denominada guerra contra el terrorismo. 
La complicidad de algunos Estados miembros de la UE en una guerra en la que se utiliza uranio empobrecido y fósforo blanco, en las detenciones sin juicio, en la tortura y la represión de la libertad de millones de personas en países con los que mantenemos acuerdos de cooperación estratégicos, degrada nuestra Unión. 
Hace dos días, el Consejo de Asuntos Generales pidió un planteamiento exhaustivo para la lucha contra el terrorismo que respete los derechos humanos. 
Los Demócratas y Liberales deseamos que el Consejo reafirme el respeto de la Unión Europea por el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que lo haga en serio. 
. – Señor Presidente, Señorías, acabo de aprender una cosa esta mañana: incluso en una fría mañana de diciembre puede reinar en una sala una atmósfera de mayo; de repente, veo alzarse un espíritu de revuelta contra el Consejo, contra los Gobiernos; me parece algo muy, muy interesante. 
Señor Presidente, señor Alexander, ha hablado usted de la elocuencia del señor Blair. 
Yo, por otro lado, diría que lo elocuente es la insuficiencia de la Presidencia británica. 
Es extraordinario, y si la política que nos propone usted está realmente a la altura de la instrumentalización que hace de este Parlamento y de las instituciones europeas cuando las necesita –me refiero a la conservación de los datos, que no puede usted hacer aprobar a su propio Parlamento, pues tiene la obligación y el deber de pasar por el nuestro–, si es así cómo concibe Europa, le digo una cosa: no solo fracasará –me da igual que la Presidencia británica fracase– sino que Europa también fracasará, y eso es peligroso. 
Por lo que respecta a las perspectivas financieras, cuando habla de propuestas de reforma y de su voluntad de reformar la agricultura, lo que hace en realidad es recortar los fondos para el desarrollo de las zonas rurales. 
¡Quiere usted sacrificar los aspectos más modernos de nuestro presupuesto! 
Guárdense sus aplausos, me temo que encontrarán menos motivos para aplaudir en lo que voy a decir ahora. 
Ha dicho usted una cosa extraordinaria: tenemos que ser modernos –habrá menos aplausos abriéndome camino ahora– pero ¿qué nos propone? 
¡La energía nuclear! 
Esa es una energía del pasado, de los años sesenta. 
No se quede estancado en los años sesenta. 
La modernidad quiere decir otra cosa, a saber, el hidrógeno. 
Usted no ha entendido nada, y eso es lo peligroso. 
Cuando una Presidencia no entiende una cosa, hace cualquier cosa. 
Ahora quiero decir lo siguiente en alemán, para que el señor Poettering y el señor Schulz puedan entenderme. 
Una cosa es cierta: digan a sus Gobiernos lo que han dicho hoy a la Presidencia. 
El hecho es que esos Gobiernos mezquinos, a los que ya se ha referido el señor Watson, y que hacen exactamente lo que les pide el Consejo, forman parte del problema. 
Digan al señor Steinbrück que esto no puede seguir así. 
Cuando los Verdes estaban en el Gobierno les dije que sacaran las cosas a la luz pública. 
Las aspiraciones de este Ministro de Hacienda son un escándalo. 
Además, he de decirle una cosa a la señora Grossetête: 
Diga también al señor Chirac que la defensa de la política agrícola francesa, tal cual está, es un escándalo que no nos ayuda a progresar. 
La Presidencia no es la única responsable de lo que ocurre, aunque sí lo es en parte, porque es tan débil y mediocre como los demás Gobiernos del Consejo. 
No hay ninguna que sea un ápice mejor que otra, pero los Gobiernos que representan también son parte del problema. 
No cuando están aquí, sino cuando están allí, forman parte de una completa obra de arte llamada Consejo, y vaya si es una completa obra de arte. 
Ahora quiero decirles algo sobre un par de cosas que me parecen importantes a este respecto. 
Antes en este debate se ha mencionado Irán. 
El señor Poettering tiene razón cuando afirma que lo que ha dicho el Presidente de ese país nos afecta a todos. 
Sin embargo, si vamos a pensar sobre qué hacer con respecto a él, entonces tengo una idea. 
El hecho, nos guste o no, es que es un Presidente electo. 
En estos momentos, al parecer la única forma eficaz de hablar finalmente sobre ello sería estudiar la posibilidad, o algo así, de excluir a Irán de la Copa del Mundo. 
Esto desencadenaría un debate en Irán, un debate serio. 
Pan y juegos por un lado y por otro todo el mundo haciendo y diciendo lo que quiere, esto me parece inconsecuente. 
Este tipo de debate permitiría a los ciudadanos de Irán conocer la realidad de lo que hace actualmente su líder: apartarles del resto del mundo. 
Si se separa a la gente, es preciso decirlo sin crear falsas ilusiones. 
Esto también es algo que uno puede proponer que la Presidencia del Consejo discuta, junto con, en última instancia, la guerra contra el terrorismo. 
Luchar contra el terrorismo no puede significar luchar contra la democracia. 
¿Lo comprende? 
No puede significar luchar contra la democracia. 
Después de oír lo que se ha dicho sobre las acciones de la CIA en Europa, puedo decirle que esto no es luchar contra los terroristas, sino crear las condiciones para el fanatismo. 
Debemos abandonar esta lucha errónea contra el terrorismo. 
Si desean luchar contra los terroristas, por favor, vuelvan al Estado de Derecho y entonces tendrán el apoyo de los Verdes. 
. – Señor Presidente, el pasado mes de junio la mayoría del Parlamento acogió calurosamente al señor Blair. 
Seis meses más tarde, los presidentes de los Grupos políticos han dado un paso sumamente insólito y han rechazado por unanimidad sus propuestas presupuestarias, textualmente «por falta de solidaridad». 
El Presidente de la Comisión acaba de expresarse en el mismo sentido y todo nuestro debate no puede ser más claro. 
Esta inversión de la situación debería hacer reflexionar a la Presidencia saliente. 
Los modos bruscos de la Presidencia británica hacia sus socios en general, y hacia los nuevos Estados miembros en particular, ha rebasado esta vez el umbral de lo que es aceptable y lo que no lo es. 
¿Cómo se puede pretender resolver las querellas británicas políticas y presupuestarias internas a costa de los nuevos países miembros, que son los más necesitados de fondos comunitarios, y declararse al mismo tiempo paladín de la ampliación? 
Por una parte, se concedería a los nuevos países miembros 14 000 millones de euros en créditos menos que lo propuesto en el compromiso del mes de junio, que ya era minimalista. 
Por otra, Gran Bretaña se beneficiaría, en virtud del famoso cheque, de 12 000 millones de euros de ahorro más que lo previsto seis meses antes. 
En cuanto al deseo declarado de la Presidencia en ejercicio de reformar la PAC para hacerla más equitativa, dejemos que el del pasado 7 de diciembre valore su sinceridad. 
Cito: «Cuando la Comisión propuso fijar un límite máximo al tamaño de las explotaciones que pueden acogerse a los subsidios con ocasión de la última reforma de la PAC, la iniciativa fue bloqueada por el Reino Unido porque este último tiene menos explotaciones pequeñas que los demás Estados miembros». 
Los grandes principios europeos de la actual Presidencia llegan manifiestamente hasta donde comienzan importantes intereses interiores. 
Así, había que tener una buena dosis de aplomo para tratar a los nuevos Estados miembros con la arrogancia que lo hizo el señor Straw, al comparar los fondos que les conceden en las próximas perspectivas financieras con dos planes Marshall, cuando el cheque representaría, según las cifras de su Ministro de Asuntos Exteriores, entre 2000 y 2013, un plan Marshall para el Reino Unido solo, la quinta potencia económica mundial. 
Esto ya no es cuestión de Europa, sino de ganar la lotería. 
No dejemos que vuelvan de verdad los viejos tiempos del «quiero que me devuelvan mi dinero». 
La carta de los seis contribuyentes netos más importantes, que anunciaba hace dos años que pretendían limitar los presupuestos futuros al 1 % del producto nacional bruto, reabrió por desgracia esta vía sin salida. 
El señor Blair se metió sin reservas en la brecha. 
Hay que frenar esta deriva mientras aún estemos a tiempo. 
Me parece que ha llegado el momento de elegir entre una integración a través del mercado y una construcción política, entre competencia salvaje y solidaridad, entre capitulación y ambición. 
Pronto veremos quién quiere realmente Europa. 
– Señor Presidente, si uno se sentara e intentara deliberadamente arruinar la fiesta navideña familiar, no podría hacerlo mejor que la Presidencia británica en los últimos seis meses. 
Estoy convencido, señor Alexander, que ha sido apoyado muy hábilmente por el inútil y traidor Ministerio de Asuntos de Exteriores que le respalda, pero esta mañana quizá comience a comprender, como el gran eurófilo que es, la realidad de la posición del Reino Unido dentro de la Unión Europea. 
Nunca en toda nuestra historia hemos estado más aislados, más alienados ni hemos sido más rechazados por nuestros vecinos europeos que hoy, en esta Cámara esta mañana; y me imagino que es por eso que el señor Blair le ha enviado hoy aquí para hacer este trabajo sucio. 
Porque en junio nos prometió – ¿acaso no fue así? – que acudiría a informar al Parlamento Europeo con la mayor asiduidad posible. 
Pues bien, no ha tenido las agallas de aparecer por aquí hoy. 
Tal vez sean los insultos, no lo sé. 
Tal vez está enfadado porque el señor Barroso le ha comparado con el sheriff de Nottingham. 
Sé que muchos de los nuevos Estados miembros creen que el señor Blair se comporta como Ebenezer Scrooge. 
Ahora bien, no es justo decirlo, ya que los británicos siguen pagando 30 millones de libras esterlinas diarias a una organización cuyas cuentas no han sido aprobadas durante los últimos once años, y estamos pagando la parte que nos corresponde del nuevo sistema ferroviario metropolitano de Varsovia, y del alcantarillado de Budapest, y solo Dios sabe cuántas hectáreas de tierras agrícolas francesas. 
Pero, para el señor Blair, el espíritu de las Navidades será el espectro del fracaso. 
No desea pasar a la Historia concluyendo su Presidencia semestral sin ningún acuerdo y por eso habrá un acuerdo. 
Habrá un nuevo recorte del cheque británico. 
¡Y el único vencedor de todo esto será el señor Barroso! 
Y, por supuesto, a usted, señor Barroso, le vienen bien algunos logros, ¿no es así? 
Usted envió una carta al señor Blair el 20 de octubre en la que figuraban cinco propuestas para reanudar las negociaciones, y la Presidencia británica siguió a la letra esas propuestas, entre ellas la de aceptar que en 2008 se llevaría a cabo una revisión completa del presupuesto de la UE, en la que se debatiría el resto del cheque británico. 
Así que en los próximos días se llegará a un acuerdo, pero este no resolverá el problema. 
Quiero hacer una propuesta positiva a todos ustedes. 
¿Por qué no prorrogamos la Presidencia británica otros seis meses? 
Seis meses más de, de señor Blair y de señor Alexander, seis meses más de lo mismo, y quedará claro que todo el Reino Unido es una pieza cuadrada en un agujero redondo europeo. 
Un país que comercia con todo el mundo y que está muy orgulloso de su historia reciente no pertenece, no encaja en este club y, desde nuestra perspectiva, somos como un gato entre palomas, ¿o no es así? 
Siempre les estamos retrasando. 
Siempre les estamos deteniendo. 
¡Libérense de nosotros! 
¡Arrójennos fuera! 
¡Expúlsennos! 
Y a continuación podrán continuar con sus proyectos y nosotros podremos volver a ocuparnos de nuestro país. 
¡No se trata tan solo de que «queremos que nos devuelvan nuestro dinero» , queremos que nos devuelvan nuestro país! 
. – Señor Presidente, Señorías, no podemos sino lamentar que no hayamos conocido la propuesta británica sobre el marco financiero de la Unión hasta el término del mandato presidencial y que esta nueva propuesta no se haya presentado a esta Cámara ni siquiera hoy, demostrando realmente una falta de consideración a un Parlamento adulado de palabra pero despreciado en los hechos. 
Europa se halla hoy en dificultades debido a una situación internacional que ha llevado gestionar el proceso de mundialización en vez de experimentarlo con naturalidad y en la que de producen graves incumplimientos de las normas que constituyen la única garantía de un comercio honesto y una competencia leal. 
Todos sabemos que para revigorizar Europa en esta situación se precisan medidas políticas y económicas basadas en unas líneas presupuestarias idóneas. 
Por este motivo, habríamos esperado en los meses pasados un debate más sereno y profundo en el Consejo y en todas las instituciones europeas. 
En cambio, esta propuesta de última hora, que es peor que la luxemburguesa, reduce aún más la posibilidad de relanzar las políticas de desarrollo y las políticas sociales necesarias para afrontar el problema de los más de 40 millones de pobres y los más de 20 millones de desempleados. 
La propuesta británica no tiene en cuenta siquiera la diversidad geográfica de los Estados miembros y recorta Fondos Estructurales vitales para el sur y el este de Europa. 
Esta propuesta adolece de falta de ambición y reduce el papel de Europa en el mundo. 
Señor Ministro, ha hablado usted de terrorismo, pues bien, contra el terrorismo hay que reforzar las estructuras de vigilancia y de lucha, pero también mejorar la calidad de vida dentro y fuera de la Unión y, para hacerlo se precisa voluntad política y financiación, no solo declaraciones de buenas intenciones. 
El hecho de que el propio Presidente Barroso y los distintos Jefes de Gobierno hayan manifestado claramente, si bien continúan las negociaciones, su desacuerdo con la propuesta británica, demuestra que probablemente dicha propuesta ha sido presentada al término del mandato precisamente porque el Reino Unido no quiere afrontar en términos realistas el antiguo problema del cheque británico. 
Un buen acuerdo conlleva que algunos países sepan renunciar a determinados privilegios, incluso sustanciosos, que en un determinado momento histórico de la Comunidad y en circunstancias precisas se les garantizaron y que en su momento eran justificables. 
La Unión, incluso a falta de un nuevo Tratado, tiene una enorme necesidad de equilibrios financieros que no penalicen a nadie y que anuncien una nueva política económica. 
Señor Presidente, casi siento pena por el señor Alexander, pero voy a resistir esa tentación. 
El fin de semana pasado, el de Londres publicó el discurso que el señor Blair pronunciará en Bruselas, el cual incluía las siguientes palabras: «aquí se respira el dulce aroma de la corrupción tan particular de Bélgica, que esta ha ofrecido generosamente al resto de Europa». 
Y a continuación indicaba lo que podría decir al señor Chirac la próxima vez que se reunieran: «Jacques, orgulloso defensor de la política más inmoral subvencionada por el Estado en la historia de la humanidad, a saber, la política agrícola común que cuesta 27 000 millones de libras esterlinas al año» , que transfiere dinero de los contribuyentes británicos a los «abotagados terratenientes franceses que inflan los precios de los alimentos en Europa y crean pobreza en África». 
El verdadero problema del señor Blair es que no puede decirlo. 
Debe apoyar la Unión Europea o al menos simular que lo hace. 
Sin embargo, sabe que en casa la mayoría se resiste a esta Cámara y a todo lo que esta representa y desea que la abandonemos. 
El señor Blair sabe que la Presidencia británica ha sido un desastre. 
Nosotros no estamos de acuerdo con su proyecto. 
Y ahora en el Reino Unido pagamos las consecuencias de las palomas del señor Heath en los años setenta. 
El señor Heath nos mintió para convencernos de que ingresáramos. 
Su engaño ha hecho que los sucesivos Gobiernos británicos tengan que hacer frente a las consecuencias y, poco a poco, hemos llegado a ver lo que la UE realmente es. 
Hoy día sabemos que este emperador está desnudo. 
Esta no es una democracia parlamentaria. Y nunca se pretendió que lo fuera. 
Esto esta gobernado por comités secretos, burócratas atemorizantes sin rostro y con una responsabilidad de humo y espejos. 
Esta es la nueva Unión Soviética y por eso no me extraña que Italia ahora quiera la adhesión de Rusia. 
El señor Putin se sentiría justo como en casa. 
Desde mi llegada a esta Cámara el año pasado, un gran número de personas me ha confesado en privado que nunca deberíamos haber ingresado y que deberíamos abandonar la Unión a la primera oportunidad que se presente. 
¡Y eso es lo que deberíamos hacer! 
Señor Presidente, yo también siento que debería hacer algo para ayudar al señor Alexander a salir de esta situación, pero como buen abogado que soy, me parece que no habría dinero suficiente en el presupuesto comunitario para pagar mis honorarios. 
Más bien me da pena, pero ha venido aquí a intentar convencer a esta Cámara de que la Presidencia controla lo que está sucediendo. 
Desgraciadamente, los últimos seis meses han puesto de manifiesto que esta Presidencia no ha sido capaz ni siquiera de comprender lo que sucede, por no hablar de definir una posición al respecto. 
Es el mensajero de una Presidencia a la que se le han agotado las ideas, el impulso y el tiempo. 
Lamentablemente, todo el espectro político reconoce, como hemos oído hoy, que la Presidencia británica no ha logrado lo que había prometido. 
Comenzó con grandes esperanzas y mucho garbo del Primer Ministro. 
En esta Cámara pidió que se le juzgara por sus hechos durante los seis meses de ejercicio. 
En el mes de junio advertí a esta Cámara que a menudo existe un enorme abismo entre la retórica del Primer Ministro y la realidad. 
Cualquier persona que haya observado la forma en que el Primer Ministro ha dirigido esta Presidencia entenderá sin duda mi prudencia. 
A diferencia del Ministro, ahora quiero concentrarme en las tentativas cada vez más desesperadas del señor Blair de llegar a un acuerdo sobre las perspectivas financieras y el futuro presupuesto comunitario. 
En las última semanas, sus esfuerzos diplomáticos nos han dejado sin aliento. 
La flexibilidad y la visión están muy bien, señor Alexander, pero la actuación del Primer Ministro solo ha logrado despertar la hostilidad de los países de Europa Central y Oriental –que lo consideraban un amigo–, sin acercarse ni un ápice a un compromiso sobre la reforma de la PAC en las negociaciones con los Gobiernos. 
Además, y lo que es más importante, ha incumplido la promesa que hizo al pueblo británico de no reducir su cheque, promesa que tal vez nunca debió haber hecho. 
En junio dijo que el cheque se mantendría. 
Y ahora está negociándolo sin obtener a cambio una promesa de reforma fundamental, que antes calificaba de indispensable. 
Por ello no debería sorprenderse si la reacción del público británico es hostil. 
Ha engañado al pueblo británico y este lo ha visto en directo en la pantalla de su televisor. 
Ahora pagarán más porque el Primer Ministro los ha defraudado y ha fallado al país. 
El fin de semana leí – y espero que el Presidente en ejercicio responda a ello – que el Tesoro Británico no había previsto ni un céntimo para una reducción del cheque británico, lo que significa que los contribuyentes británicos podrían terminar pagando más impuestos. 
Hoy examinaremos detenidamente las últimas propuestas presupuestarias que presentará la Presidencia. 
Siento que no las hayamos podido oír esta mañana en el Parlamento, pero las juzgaremos en parte en función de lo que los contribuyentes británicos tendrán que pagar por la mala gestión de su Gobierno y en función de si el Primer Ministro ha recibido compromisos sólidos y firmes sobre las reformas fundamentales en Europa. 
Por lo que a nosotros se refiere, sea cual fueren nuestras posiciones políticas, necesitamos una reforma sensata y gradual. 
Los presagios no han sido favorables bajo esta Presidencia. 
Señor Presidente, también yo lamento que la Presidencia en ejercicio del Consejo haya venido para no decir nada, pero permítame las siguientes observaciones y preguntas, a ver si obtenemos alguna aclaración del Consejo. 
En primer lugar, en el preámbulo de la propuesta del Consejo del día 5 de diciembre, se dice que las perspectivas financieras deben proveer los medios financieros necesarios para afrontar los desafíos internos y externos de la Unión Europea. 
¿De verdad creen ustedes que los desafíos de la Unión pueden afrontarse cada vez con menos medios? 
En segundo lugar, ustedes ―aunque no son los únicos― han despotricado con buenas razones, pero también con razones demagógicas, contra la PAC, pero, seguirán ustedes recortando dentro de la PAC la parte dedicada al desarrollo rural: la parte más moderna, más racional y más defendible de los gastos agrícolas. 
En tercer lugar, aplaudimos todos al Primer Ministro británico cuando afirmó en este Parlamento que quería un presupuesto moderno para Europa, y esperábamos que ello incluyera un aumento de los créditos destinados a alcanzar esta Europa de excelencia. 
¿Será una esperanza vana? 
¿Cambiará su primera propuesta, que significaba un 40 % de recorte con respecto a la Comisión? 
En cuarto lugar, el del presupuesto comunitario: las acciones exteriores. 
A todos los Ministros de Asuntos Exteriores se les llena la boca con promesas sobre las necesidades de los terceros países en desarrollo, o para paliar catástrofes naturales, y no tan naturales, como el hambre. 
Luego, como siempre. 
Ello significa que damos a unos lo que quitamos a los otros. 
En quinto lugar, ustedes han asumido que no se llegó a un acuerdo en junio pasado, porque las perspectivas financieras eran demasiado generosas. 
¿Van a seguir prestando oídos al sector de sus colegas que cree que el presupuesto europeo, cuanto menor, mejor? 
Lamentablemente, hay muchos países que se felicitan por que el presupuesto europeo sea cada año menor; para algunos, incluso, fue lo único positivo de su primera propuesta. 
¿Va a ganar en el Consejo la idea de tratar de detener la construcción europea con la filosofía? 
En el Parlamento, sin embargo, que quede muy claro, queremos avanzar en la construcción europea. 
No pensamos que se haya llegado demasiado lejos y que, desde ahora, es mejor que cada país se las arregle como pueda. 
He aquí el gran escollo entre el Consejo y el Parlamento. 
No se va a tratar de unos cuantos millones de euros de más o de menos. 
Vamos a juzgar a dónde nos llevan las perspectivas financieras que el Consejo Europeo nos pueda proponer. 
En sexto lugar, vimos que lo único que se les ocurrió proponer en el conflictivo tema de los ingresos de la Unión, o los recursos propios, eran una serie de chapuzas para contentar a sus socios en el acoso y derribo del presupuesto comunitario. 
¿Quieren ustedes que volvamos a las contribuciones nacionales? 
Por último, ante un ataque al sistema de recursos propios de la Unión, el Parlamento solo tiene derecho a la protesta, según los Tratados; pero, sin embargo, sépanlo ustedes y ténganlo muy claro, sí depende del Parlamento la existencia de perspectivas financieras. 
No lo olviden, y no estén tan seguros de que vamos a hacer lo que el Consejo tenga a bien demandar. 
Señor Presidente, la razón por la que el debate actual sobre las perspectivas financieras es tan tenso es que no solo está en juego el dinero. 
Lo que nos jugamos en primer lugar es un clima de confianza y, en segundo lugar, el futuro de Europa. 
Hago alusión a un clima de confianza porque el resultado de este debate debería revelar si las promesas hechas, así como el reconocimiento del Primer Ministro británico de la necesidad de ayudar a los países más débiles, tienen algún tipo de significado. 
Si no, posiblemente revele que el objetivo real es garantizar que la única prioridad de la UE sea algo completamente distinto, con lo que se violaría el principio de la política europea, algo que nos lleva al segundo problema. 
La cuestión es si queremos una Europa no solo ampliada, sino también unida, algo que requiere un cierto grado de solidaridad política. 
En la actualidad tenemos sobre la mesa las propuestas de la Comisión, las propuestas del Parlamento y el informe Böge. 
Todas ellas son manifestaciones del espíritu europeo y demuestran una comprensión de las necesidades futuras de Europa. 
Sin embargo, también tenemos ante nosotros la reciente propuesta británica, que ejemplifica el egotismo de los ricos y poderosos. 
Todos somos conscientes de que Europa ha pagado un alto precio por este egotismo a lo largo de los siglos. 
No puede existir compromiso alguno entre el egotismo y el sentimiento de espíritu nacional. 
Por esta razón debemos esperar a que se presente una propuesta británica totalmente nueva. 
Dicha propuesta es la única vía para resolver esta crisis. 
– Señor Presidente, por primera vez en once años hemos visto a un Presidente en ejercicio del Consejo renunciar a su derecho a tomar la palabra tras la primera ronda del debate. 
Tan corto es el camino de una Presidencia del esplendor a la desgracia, de las actuaciones fingidas en el escenario europeo a su fracaso ante el público, de sus grandes declaraciones al ostracismo que hoy representa la Presidencia británica del Consejo. 
Empezó anunciándose a bombo y platillo, y termina con el repicar de las campanas en una fosa común. 
Hace seis meses, queriendo ganarse de nuevo la confianza de la gente, usted les prometió liderazgo. 
Tony Blair fue responsable de la gran actuación, mientras que usted debe responsabilizarse del ostracismo. 
No me sorprende que no quiera hablar de ello. 
Usted prometió liderazgo, pero ha demostrado egoísmo nacional, con Europa como un bazar de intereses nacionales, una Europa dirigida por los Gobiernos. 
Ustedes querían recuperar la confianza de la gente, pero al final de estos seis meses todas las encuestas indican que, por culpa de sus políticas, los ciudadanos de todos los países confían cada vez menos en ustedes. 
Volviendo a las perspectivas financieras, usted ha afirmado su creencia en una Europa solidaria y, sin embargo, está dividiendo a la UE financieramente y creando una Europa de primera y otra de segunda clase. 
La solidaridad entre los Estados miembros se está convirtiendo en una cosa del pasado. 
Tras anunciar grandes reformas, está condicionando el acuerdo sobre las perspectivas financieras a la reforma agrícola; ahora, al recortar los fondos para el desarrollo regional, está echando por tierra la única reforma eficaz hasta la fecha. 
Ustedes querían preparar el camino hacia la Europa social, pero el resultado de Hampton Court fue que el modelo social en Europa de hecho no existe. 
Este es el lamentable resultado de su Presidencia. 
La seguridad interna debía ser una de las prioridades de su Presidencia pero, en lugar de ello, se ha convertido en un desastre. 
Su propio Ministro del Interior ha logrado convertirse en el primer representante de un Gobierno democrático en tachar la Convención Europea sobre los Derechos Humanos de anticuada. 
Sobre todo, la cuestión de la prohibición de la tortura pone a la Presidencia británica en una curiosa situación. 
Tal vez esa sea la explicación de por qué esta Presidencia del Consejo ha decepcionado a la opinión pública en lo que respecta a la cuestión más básica de los derechos fundamentales frente al presunto delito de secuestro y deportación, así como a la incapacidad total del Reino Unido de hacer algo al respecto. 
Solo tengo una pregunta para la Presidencia británica y es la siguiente: ¿cuándo dejarán de viajar por Europa y, en su lugar, empezarán a vivir en ella? 
Señor Presidente, las propuestas de la Presidencia para las perspectivas financieras plantean muchas dificultades, como lo han destacado el Presidente de mi Grupo, el señor Wurtz, y otros oradores esta mañana. 
Entre ellas se encuentra la reducción de los importes propuestos para desarrollo rural, los fondos de cohesión para los nuevos Estados miembros, la cultura, la juventud, la sanidad y la protección de los consumidores. 
No obstante, me gustaría abogar a favor de un único punto: la financiación del programa comunitario de apoyo al proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Esa financiación es necesaria si deseamos seguir contando con la valiosa labor de construir la paz, hacer frente a la discriminación y fomentar la reconciliación nacional. 
Es imperativo que no desaprovechemos la oportunidad de paz para Irlanda, lo que significa igualmente que el Gobierno británico tiene la responsabilidad de garantizar el avance del proceso político en Irlanda en 2006. 
Señor Presidente, la llegada a la Presidencia de la UE del Reino Unido significó que existía una posibilidad de que esta organización burocratizada e ineficiente diera el primer paso en el camino hacia mayores reformas, y de que la voz de los Estados miembros más pequeños o menos desarrollados no fuera menos audible que la de los grandes. 
Hace seis meses, en esta misma Cámara, el Primer Ministro británico dijo que debíamos olvidarnos del egotismo nacional si queríamos transformar Europa en un continente políticamente creíble y económicamente competitivo sobre la base de la solidaridad. 
Ahora, la Presidencia británica está llegando a su fin y es evidente que se trató de pura y brillante retórica. 
Es muy improbable que, en el futuro cercano, la UE se dote de un presupuesto plurianual moderno y centrado en el desarrollo. 
Es igual de improbable que se lleve a cabo cambio alguno en la manera de tomar decisiones sobre cuestiones que afectan a los 25 Estados miembros. 
La UE continuará gobernándose en negociaciones opacas dirigidas por los Estados miembros poderosos, mientras se espera que los Estados miembros débiles se mantengan callados o asientan con la cabeza. 
De lo contrario, a los nuevos Estados miembros, que fueron aceptados en la UE «como favor» , aunque estén pagando con creces su adhesión, se les acusaría de ingratos, o se les diría, en palabras del Embajador británico en Varsovia que cito a continuación: «La vida es brutal y está llena de trampas». 
No podemos consentir una UE de este tipo. 
– Hace seis meses, muchas personas en esta Cámara y también en los nuevos Estados miembros contemplaron con esperanza y simpatía la nueva y dinámica Presidencia británica y a su líder. 
Oímos hablar de una visión de la competitividad europea en el mundo y de la igualdad de las condiciones socioeconómicas en Europa. 
En Luxemburgo, varios nuevos Estados miembros también propusieron la reducción de sus requisitos de financiación en el caso de que los Estados grandes no llegaran a un compromiso. 
Lamentablemente, esta fue la base de la propuesta británica para las perspectivas financieras, reduciendo a la vez la cantidad presupuestada y reduciendo ligeramente el «cheque británico». 
En este caso, el debate no es sobre las carreteras que se han dejado de construir o los puestos de trabajo que se han dejado de crear en la nueva Europa. 
Ahora, el debate se centra en el hecho de que han demostrado a nuestros ciudadanos que el principio de solidaridad no es más que palabras bonitas. 
Queríamos que en el 2013 nuestros ciudadanos estuvieran viviendo de forma un poco más parecida a los de la Europa «de primera clase». 
Los ciudadanos de Letonia, mis conciudadanos, no quieren ser simplemente una mano de obra barata para sus mercados laborales, ni un destino turístico barato para los turistas de sus aerolíneas con precios rebajados. 
Gracias. 
– Señor Presidente, el Consejo Europeo de Bruselas consagrado a las cuestiones presupuestarias y fiscales reviste una importancia capital. 
Albión, encarnada por el socialista señor Blair, presentó su propuesta sobre las perspectivas financieras 2007-2013 tan solo diez días antes del Consejo Europeo, para que sus socios no pudieran presentar contrapropuestas. 
Además, los británicos, tácticos refinados, han llevado su habilidad hasta disgustar a sus amigos –los países del Este– y tratar con guantes de seda a sus adversarios –Francia y Alemania–, sin prácticamente tocar su descuento presupuestario. 
Les basta aparentar que sueltan lastre para conseguir un acuerdo en el Consejo, poco proclive a volver sobre este tema durante la Presidencia austriaca. 
El gran perdedor sería Francia, que probablemente seguiría financiando el cheque británico y vería aumentar vertiginosamente su contribución al presupuesto comunitario a causa de la ampliación, al mismo tiempo que recibiría menos debido a la reducción del presupuesto de la PAC. 
El otro tema de discusión es el tipo reducido de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra. 
Es maravilloso que la fiscalidad de actividades que no perjudican en nada al funcionamiento del mercado interior, como la restauración o la renovación de viviendas, se debata a escala europea y requiera la unanimidad. 
El señor Chirac tendría que haber recordado que la soberanía fiscal no existía cuando hizo promesas a los trabajadores de la hostelería que no podía cumplir. 
Sea como fuere, las decisiones adoptadas en Bruselas comprometerán a Francia durante muchos años y contribuirán, un poco más, al trágico endeudamiento de nuestro país. 
Señor Presidente, señor Ministro, hace casi veinte años, con el Acta Única, cuando abrimos nuestras fronteras para crear un espacio económico europeo, decidimos también poner en funcionamiento una serie de mecanismos financieros para ayudar a los países menos desarrollados a adaptar sus estructuras económicas a la libre competencia. 
Y, desde ese momento, la cohesión se ha convertido en un pilar fundamental de Europa, consolidándose en las perspectivas financieras negociadas en 1992 y 1999. 
Los resultados de esa política han sido extraordinarios. 
Como reconocía hace unos días el Ministro Straw, al presentar la propuesta de la Presidencia británica, se ha producido un aumento análogo en los flujos comerciales en beneficio de los Estados miembros más desarrollados y de manera tal que es perfectamente demostrable que el déficit presupuestario con la Unión Europea de los contribuyentes netos se corresponde con los superávit comerciables de estos mismos países con respecto a los de la cohesión. 
Por lo tanto, es evidente que la política de cohesión ―seguramente, la más eficaz de todas las políticas comunitarias― beneficia a todos los países de la Unión Europea, permitiendo, en un tiempo relativamente breve, la convergencia real de los territorios más rechazados. 
Pues bien, señor Ministro, la Presidencia británica rompe ese principio de cohesión, lo que supone imputar los costes financieros de la ampliación a los territorios menos desarrollados de la Unión Europea, pese a que sean los más ricos los que más se benefician de la ampliación. 
Por eso, siendo coherentes con lo aprobado en el Pleno del Parlamento Europeo, el Consejo ha de ser muy consciente de que no tiene asegurado el preceptivo apoyo parlamentario a una propuesta como la que, hasta ahora, ha puesto sobre la mesa la Presidencia británica. 
Y, si el Consejo la aprueba, desde luego haré todo lo posible para que el Parlamento la vete. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchos aspectos de nuestra cooperación con la Presidencia británica han funcionado bien; el problema es que corren el riesgo de poner en peligro la buena reputación de esta cooperación si no logran confeccionar un presupuesto razonable y realista. 
Son ustedes quienes han hablado de un presupuesto realista. 
Hay dos aspectos que deseo abordar brevemente. 
Usted mismo procede de una región agrícola que ha logrado –especialmente con la ayuda de subvenciones europeas– pasar de la agricultura a convertirse en líder en investigación y desarrollo. 
¿Por qué quiere ahora negar esto mismo a otras regiones mediante un recorte masivo de los medios de financiación modernos para la investigación y el desarrollo, o dejando de crear las condiciones necesarias para ello en una Unión ampliada? 
Ello me lleva a la cuestión de la ampliación. 
Comparto su opinión de que deberíamos negociar con Turquía, y que la creación de una gran Europa, que incluyera a Turquía, sería algo positivo. 
¿Piensa que es realista perseguir una estrategia de ampliación, como la Presidencia británica está haciendo, con un presupuesto como este y esta clase de perspectivas financieras? 
¿Piensa que es realista que esta ampliación incluya a los países de los Balcanes? 
Algo así no es creíble y la opinión pública no lo aceptará. 
Por eso no comprendo su propuesta. 
Al fin y al cabo, no pueden lograr sus propios objetivos, defendidos tanto por usted como por el señor Blair, de forma que la única cosa que puedo hacer es instarles a que cambien de opinión y regresen con un presupuesto realista en el auténtico sentido de la palabra, que a la vez tome en consideración en cierta medida las esperanzas y aspiraciones de los europeos. 
¡Lo que hasta ahora nos han presentado es inaceptable tanto para esta Cámara como para los ciudadanos de Europa! 
– Señor Presidente, en el Consejo Europeo del jueves y el viernes, usted, señor Alexander, y el señor Blair tendrán el destino de Europa en sus manos. 
Esperamos que ofrezcan un resultado equilibrado. 
Aquí en el Parlamento, hemos cumplido de hecho por lo que respecta a REACH y a la retención de datos, asuntos que hoy votamos, demostrando que la UE hace que las cosas sucedan de forma activa no solo cuando se celebran cumbres. 
Hace seis meses, su Presidencia presentó un programa con gran visión de futuro que daba importancia a la inversión futura en investigación y desarrollo. 
Fue una actuación fantástica que suscitó un gran entusiasmo entre nosotros, los diputados. 
Sin embargo, ¿qué ha ocurrido ahora con esas promesas? 
Espero que, hoy a mediodía, el señor Blair salga del bosque de Sherwood como un auténtico, y no un falso, Robin Hood, quien da a los pobres lo que quita a los ricos. 
La nueva propuesta también deberá abordar el anticuado «cheque británico». 
Debemos demostrar la solidaridad necesaria con los nuevos Estados miembros. 
Es algo que se merecen, y al señor Blair también le interesa claramente distanciarse de la voz del pasado, personificada por la señora Thatcher. 
Si el señor Blair no mantiene las promesas hechas en verano, su Presidencia no habrá tenido fundamento alguno. 
El señor Blair debe y deberá demostrar capacidad de liderazgo, de forma que la ahora empañada imagen de la UE pueda pulirse. 
El señor Blair debe demostrar que se atreve a invertir en el futuro. 
La investigación y el desarrollo son bien valorados, pero no los reembolsos ni el apoyo a las industrias del pasado. 
Por consiguiente, insto a la Presidencia británica a que encuentre una solución razonable y equilibrada, de forma que podamos restaurar la confianza en Europa. 
La pelota está en su tejado. 
– Señor Presidente, Señorías, me siento más bien molesta porque, tanto yo como los colegas de otras fuerzas políticas, miembros de la Comisión de Desarrollo, habríamos querido ver en este debate un tema de discusión más importante y no el mero anuncio de un documento, que nosotros elaboramos y que sin duda es positivo. 
Habríamos deseado también una evaluación, porque en realidad son muchos los elementos positivos que contiene el consenso europeo sobre el desarrollo, si bien los recortes presupuestarios comprometen seriamente la realización de esta visión de la política de desarrollo. 
El Parlamento Europeo ha participado conjuntamente, en primer lugar con la Comisión y después con el Consejo, en el análisis y los debates que han tenido lugar. 
Hemos participado también en varios seminarios. 
A lo largo de este proceso, el Parlamento ha hecho mucho y también ha conseguido mucho, aunque en este documento no se contemple, por ejemplo, la necesidad de democratizar las instituciones financieras internacionales y no figure una evaluación de los motivos de la falta de crecimiento de la igualdad económica. 
En cambio, crece la disparidad económica, así como nuestra responsabilidad, por ejemplo, sobre las consecuencias de las armas que producimos. 
No hay duda de que el proceso de redefinición de las políticas de desarrollo, de los instrumentos financieros y del marco de los acuerdos económicos de la UE representa un reto para el futuro. 
En este sentido, también en nuestro documento, la cuestión comercial ocupa todavía un lugar central. 
Deseo añadir además que en este documento, que requeriría otro debate, si bien hay muchos elementos positivos, todavía faltan muchos. 
Quisiera realmente que las Presidencias y la Comisión respondiesen de forma adecuada a todo lo que estamos haciendo en materia de política de desarrollo. 
– Señor Presidente, Señorías, al final Tony Blair ha optado por ponerse las ropas del sheriff de Nottingham, con sus drásticos recortes del presupuesto y su defensa radical del privilegio del cheque británico. 
Si no hay cambios de última hora, la propuesta de Londres puede ser el sello de un sonoro fracaso. 
En realidad, nos encontramos ante una crisis mucho más profunda: el señor Blair ha optado por crispar la confrontación, hacer emerger la debilidad de Europa y hacer estallar las contradicciones; solo ha puesto de manifiesto los problemas de una Europa destrozada por los egoísmos, que no quiere hacer ningún esfuerzo por apoyar la ampliación, incapaz de afrontar realmente los desafíos del tercer milenio y de afirmarse como entidad política unitaria en la escena internacional. 
Italia, como país fundador de la Unión Europea, siempre ha desempeñado su papel, siempre ha estado dispuesta a hacer sacrificios mirando adelante. 
Durante veinte años, como país contribuyente neto, ha pagado el 25 % del cheque británico. 
Sin embargo, ahora nos encontramos en una encrucijada: no podemos pagar solo nosotros los costes de la ampliación. 
Esta vez no podemos ser los únicos en dar un paso atrás. 
Señor Presidente, Señorías, la puntualidad es una virtud de reyes. 
Gran Bretaña es un reino, pero sus Ministros no son puntuales. 
De hecho, esta metáfora opera en muchos niveles. 
La UE está esperando propuestas razonables de Londres, pero Londres lleva retraso, de la misma manera que el señor Alexander ha llegado tarde hoy aquí. 
Anteriormente, el señor Cohn-Bendit ha dicho que hoy en esta Cámara había un ambiente de revolución primaveral. 
Sin embargo, tal y como yo lo veo, el ambiente más bien recuerda al invierno, como el que experimentaron los soldados en Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. 
Las relaciones entre la Comisión y el Consejo, y también entre los Estados miembros por separado, son decididamente gélidas. 
Es una vergüenza que, a principios del siglo XXI, en una época en la que se estrenan películas en 3D, el Parlamento haya vuelto cincuenta años atrás, a la época de las películas en blanco y negro. 
En la película que estamos viendo en estos momentos, el señor Barroso representa el papel del defensor de la solidaridad europea, como un sheriff bueno, y el Primer Ministro Blair hace de malo. 
Lamentablemente, solo las películas americanas del Oeste tienen un final feliz. 
Sin embargo, la película de la Presidencia británica es una película de terror que terminará en desastre. 
Zorba el griego no aparecerá ni dirá «qué catástrofe más esplendorosa» , puesto que, Señorías, esta es una catástrofe terrible. 
La Navidad se acerca. 
Señor Presidente, Señorías, hace más de cien años, un conciudadano del señor Blair, Charles Dickens, nos ofreció un retrato del Primer Ministro británico actual en. 
Sin embargo, el héroe de este cuento, un avaro de verdad, sufrió una transformación. 
Espero que lo mismo le ocurra a ese otro avaro, el Primer Ministro Blair. 
– Señor Presidente, señor Ministro, señor Barroso, Señorías, el próximo Consejo Europeo representa una etapa fundamental en el difícil proceso de construcción de la Unión. 
Un entendimiento sobre las perspectivas financieras restablecería la certidumbre en nuestra acción política y confianza en el proceso de integración, mientras que un fracaso abriría una grave crisis política. 
No obstante, la necesidad de un acuerdo no puede confundirse con la disposición a aceptar cualquier compromiso. 
En su discurso de toma de posesión en esta Cámara, el señor Blair anunció el relanzamiento de Europa y grandes innovaciones presupuestarias. 
Hoy, lamentablemente, debemos constatar que la propuesta es modesta y de perfil bajo. 
La propuesta del señor Juncker de reducir el gasto a 871 000 millones de euros representaba un compromiso difícil de aceptar, pero una nueva reducción propuesta a 846 000 millones, con recortes importantes en las políticas de cohesión para los nuevos Estados miembros y para el desarrollo rural, es inaceptable. 
Quisiera señalar, además, que la contribución de Italia sería superior a la de Francia y el Reino Unido. 
Así, serían las regiones pobres de los antiguos Estados miembros las que resultarían penalizadas, mientras permanecerían casi intactos los privilegios de los Estados que quieren un presupuesto de rebajas. 
Una solución de este tipo contradice todas las premisas del Primer Ministro británico y no puede ser aceptaba por este Parlamento. 
La única solución para salir de las estrecheces nacionales y devolver el impulso a nuestra Europa es encontrar un acuerdo ambicioso que combine competitividad y cohesión, solidaridad e innovación. 
En conclusión, permítanme citar a un hombre del futuro: Alcide De Gasperi, a quien recordamos ayer. 
Para volver a unir a Europa, hay que tirar a la basura un mundo de privilegios, un mundo de pusilanimidad y de rencores. 
Hablemos, escribamos, insistamos, no dejemos un instante de respiro, para que Europa siga estando en el orden del día. 
Señor Presidente, en junio, el Reino Unido bloqueó las perspectivas financieras propuestas por la Presidencia luxemburguesa. 
El Primer Ministro Blair nos dijo que la UE necesitaba una clase distinta de presupuesto, donde se destinara menos dinero a los objetivos tradicionales en el ámbito de la política agrícola. 
En lugar de ello, debería destinarse más dinero a objetivos modernos de promoción, como el desarrollo de las regiones pobres y de los nuevos Estados miembros. 
Sus palabras nos dieron la esperanza de que la UE avanzaría más allá de la era del egotismo nacional y de que podría hacer algunos progresos reales por lo que respecta a la modernización. 
Han pasado cinco meses en los que no ha ocurrido nada, y lamento decir que la propuesta que se nos ha presentado tras este periodo de cinco meses ha sido sumamente decepcionante. 
El Reino Unido ha demostrado ser incapaz de persuadir a sus socios para reformar la política agrícola común, y también ha sido incapaz de privarse de mayores aumentos en su reembolso. 
El resultado final es que todos los recortes al presupuesto propuestos son injustos, ya que los más afectados serán los nuevos Estados miembros. 
Resulta que una cuarta parte de los recortes propuestos por la Presidencia británica afectarán a un solo país, en concreto Polonia. Una cifra que asciende a 6 000 millones de euros. 
Quisiera preguntarle al señor Alexander si piensa que existe alguna posibilidad de que el Primer Ministro polaco regrese a su país y diga a los ciudadanos polacos que pretende aceptar una propuesta en esta línea. 
Sería totalmente irrealista esperar algo así. 
La propuesta de la Presidencia británica demuestra falta de imaginación y está basada en una visión de Europa que esta Cámara considera inaceptable. 
El Parlamento Europeo no puede dar su consentimiento a dicha visión. 
Señor Alexander, nunca antes en la historia de Europa los principios de solidaridad y cohesión han corrido un riesgo tal, y nunca antes los países europeos han estado tan absortos en la defensa de sus propios intereses egoístas y a corto plazo. 
Le pido que comunique a la Presidencia británica que esperamos que esté a la altura de las circunstancias y sea capaz de lograr un compromiso defensor de los principios en los que se sustenta la Unión Europea. 
– Señor Presidente, Señorías, este debate es importante porque pone voz al descontento que circula por Europa respecto de una Cumbre europea que, dado su planteamiento, no puede conducir sino a un fracaso anunciado. 
Si es así, para los primeros años de programación, es decir, de 2007 en adelante, será imposible utilizar eficazmente los recursos, y esto causará un daño grave. 
No obstante, es preferible correr este riesgo que no de prejuzgar definitivamente el proyecto de una Europa fuerte y solidaria y plegarse a aceptar la Europa mínima del uno por ciento. 
En efecto, el acuerdo del 1 % es un mal acuerdo que el Parlamento Europeo no puede aceptar. 
Y es aún más grave que este mal acuerdo se produzca sin una reducción sustancial del cheque británico. 
Para crecer, Europa debe ser competitiva, y para ser competitiva debe estar cohesionada. 
Con un presupuesto que recorta los gastos y fija el límite máximo en torno al 1 %, un presupuesto en el que solo se garantizan los privilegios adquiridos, no se invertirá ni en crecimiento ni en competitividad ni en cohesión, señor Presidente, y Europa se traicionará a sí misma. 
Es una Europa que no queremos, una Europa en la que no nos reconocemos. 
Haremos todo lo posible por que el Parlamento no apruebe cualquier acuerdo sobre esta Europa mínima que no es la Europa que el Parlamento quiere. 
– Señor Presidente, señor Barroso, señor Alexander, los europeos merecen algo mejor que el juego del gato y el ratón a que se entrega la Presidencia de la Unión con sus 24 socios en vísperas de un Consejo Europeo crucial para el futuro de Europa. 
Las propuestas avanzadas estos últimos días por la Presidencia británica sobre las perspectivas financieras 2007-2013 son inaceptables por dos razones. 
Sacrifican a los nuevos Estados miembros, instauran un nuevo muro entre antiguos y nuevos miembros, y pretenden perpetuar el cheque británico, que ya no tiene razón de ser. 
Por otra parte, contienen un sobreentendido sobre los gastos agrícolas que roza la amenaza y que no podemos tolerar en nuestra Unión. 
Si la Política Agrícola Común no se reforma en 2008, el Reino Unido se aferrará a su descuento inalterado. 
Ningún tema debe ser tabú en nuestra democracia, ya se trate de la dotación global del presupuesto europeo, del reparto de los gastos, de las ayudas regionales, de la PAC, de la ayuda a la investigación y la innovación o de cualquier otra política comunitaria. 
Todo puede debatirse, estudiarse y ser objeto de compromiso en nuestro interés, y esto lo comprendemos todos. 
Pero lo que no podemos aceptar es que un país conserve ventajas que ya no se corresponden en absoluto con el contexto económico y político actual, con mayor razón si van en detrimento de países que necesitan ayuda para superar las desventajas creadas por cincuenta años de régimen comunista. 
Tampoco podemos aceptar que se repudien los considerables esfuerzos realizados por la Unión Europea en el ámbito agrícola, en particular en el contexto de las negociaciones de la OMC. 
Europa ha cumplido con su deber en este punto y espera con impaciencia que otras potencias agrícolas, como los Estados Unidos, realicen esfuerzos comparables antes de continuar, si es preciso, con las reformas. 
El Primer Ministro británico, el señor Blair, nos ha declarado formalmente en esta misma Cámara su voluntad de trabajar por el bien común de Europa, de superar los egoísmos nacionales y de hacer avanzar la construcción europea durante su Presidencia. 
Esperamos de él que pase por fin a los hechos para merecer los aplausos con que muchos de mis colegas le gratificaron, quizás demasiado pronto, el pasado mes de junio. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar pidiendo disculpas a la Presidencia. 
Cuando acordó iniciar las negociaciones con Croacia, tengo que confesar que sospeché que se había llegado a un oscuro trato para superar las objeciones austriacas a la adhesión de Turquía. 
Estaba equivocado. 
Ahora sabemos que Croacia colaboraba estrechamente con La Haya y facilitaba información que permitió la importante detención del general Gotovina, y felicito a la Presidencia por esos avances. 
Si no es demasiado para el señor Alexander, también me gustaría felicitar a la Presidencia por su cooperación con el Parlamento, que permitió realizar grandes avances en algunos expedientes muy difíciles, en particular REACH, la eterna saga de la Euroviñeta y, esperamos, la retención de datos. 
También entiendo que la Presidencia está haciendo grandes avances o al menos lo intenta, para introducir transparencia en el Consejo, y espero que el señor Alexander nos diga qué avances ha logrado en ese ámbito. 
Sin embargo, sigue existiendo falta de transparencia en el Consejo, por lo que me pregunto si podría levantar durante un momento el velo respondiendo a algunas preguntas. 
¿Qué contribuyentes netos, aparte del Reino Unido, están dispuestos a incrementar su contribución para resolver el problema presupuestario? 
¿Qué beneficiarios netos están dispuestos a recibir menos a fin de resolver dicho problema? 
¿Qué beneficiarios netos entre los antiguos Estados miembros están dispuestos a recibir menos como muestra de solidaridad con los nuevos Estados miembros? 
¿Cuántos Estados miembros defienden en el Consejo programas de gastos siempre que no deban contribuir a ellos? 
¿Cuáles de los principales beneficiarios de la PAC abogan por nuevas reformas? 
¿Qué beneficiarios de la PAC están dispuestos, como el Gobierno británico, a hacer pública la información sobre el destino de los fondos? 
Me refiero a la información que muestra que el beneficio no es solo para los agricultores, sino para las sociedades multinacionales del sector de la alimentación y los grandes terratenientes. 
¿Qué Ministros de Hacienda están dispuestos a firmar una declaración de fiabilidad de sus cuentas, que ponga fin a la historia que se repite cada año para aprobar las cuentas porque los Estados miembros no las controlan? 
¿Qué Estados miembros acuden a las reuniones del Consejo y no preguntan lo que Europa puede hacer por ellos, sino qué pueden hacer ellos por Europa? 
Señor Presidente, la UE necesita un presupuesto, pero no a cualquier precio. 
La propuesta de la Comisión era óptima y coincidía con los compromisos del Consejo Europeo de Edimburgo de 1992. 
¿Recuerda aún el 1,27 % del PIB acordado en Edimburgo? 
El incremento del presupuesto propuesto por el Parlamento Europeo es realista ya que protege ámbitos cruciales de las prioridades de la UE. 
Nuestro Parlamento desea liberar el dinamismo de los nuevos Estados miembros y utilizarlo en provecho de la economía de toda la Unión. 
No debemos penalizarlos, como hace la humillante propuesta británica, y marginarlos hasta convertirlos en Estados miembros de segunda. 
La propuesta de Luxemburgo ya era exigua y se situaba en el límite de lo aceptable. 
La propuesta británica ha cruzado el límite por lo que se refiere al nivel general de compromisos e incluye una reducción inaceptable de fondos para los Estados miembros más pobres. 
Es preferible no llegar a un acuerdo que aceptar uno que vaya en contra del principio mismo de la integración europea. 
El presupuesto no está formado tan solo por cifras, sino también por principios y opciones políticas. 
Reducir el presupuesto cuando nuestra Unión se ha ampliado y tiene nuevas tareas va en contra de la lógica y el sentido común, pues implica la amputación, tajada a tajada, de las políticas comunitarias, es decir, la famosa táctica del salami. 
El presupuesto debe reflejar solidaridad, cohesión y competitividad en una Unión ampliada, y no se trata de caridad. 
No queremos caridad. 
No somos mendigos. 
Queremos que nos devuelvan nuestro dinero. 
Pero incluso si aplicamos un planteamiento contable, esta propuesta va en contra de las buenas prácticas comerciales. 
Los nuevos Estados miembros han abierto sus mercados y se han comprometido a aplicar las elevadas y costosas normas comunitarias. 
Una transferencia equivalente al 4 % del PIB era una expectativa legítima basada en promesas políticas. 
Si hoy limitamos esa ayuda estaremos incumpliendo el contrato. 
Nuestro Parlamento debe dar muestras de respeto por sí mismo y evitar la erosión de la UE en nombre de la doctrina imposible y destructiva que exige «más Europa por menos dinero». 
El principal fundamento de esa doctrina es la propuesta presupuestaria del 1 %, la famosa «Carta de los Seis» , la propuesta que pretende, en palabras del Presidente Barroso, una «Europa minimalista». 
La filosofía del 1% implica el desmadejamiento de la Unión y conduce a esta a la trampa de hacer lo imposible. 
Cuando se produce una crisis de liderazgo – como la actual –, el Parlamento Europeo debe mostrar el camino y asumir la responsabilidad, junto con la Comisión Europea, y vetar la propuesta del Consejo si hay un resultado por debajo de la propuesta luxemburguesa. 
Mis mejores deseos y una Feliz Navidad a la Presidencia británica saliente. 
Señor Presidente, la estructura del debate introduce una gran confusión, al mezclar el Consejo del jueves con el consenso europeo sobre el desarrollo. 
El malentendido explica, seguramente, que de esto último no haya dicho ni una palabra el señor Durão Barroso, aunque sí se ha referido a ello el señor Alexander. 
De ello quiero hablar en nombre del Grupo Socialista. 
Sentimos, con respecto al consenso europeo sobre el desarrollo, una gran satisfacción, no exenta, sin embargo, de preocupación. 
Satisfacción por el proceso seguido en la elaboración de la declaración; satisfacción por la iniciativa de la Comisión y del Comisario Louis Michel para que se produjera un documento que supere el del año 2000; y satisfacción, también, por la decidida implicación en esta operación de la Presidencia británica y del Ministro Hilary Benn. 
Merecedora de reconocimiento es la flexibilidad de la Comisión y del Consejo para llegar al texto final consensuado. 
Notable ha sido el tesón de la Presidencia para convencer a los otros veinticuatro Gobiernos, algunos muy reacios, al principio, a aceptar el compromiso que iba tomando forma. 
Un cambio significativo fue la voluntad de la Comisión y del Consejo de asociar el Parlamento a la firma y, antes, al proceso que ha llevado a la redacción de la declaración que define la política de desarrollo de la Unión para los próximos años. 
Nuestra participación, a través de Anders Wijkman y seguida por todos los Grupos de la Comisión de Desarrollo, ha sido eficaz; esencial fue que actuáramos con firmeza y unidad. 
Gracias a ello la declaración recoge lo principal de nuestros planteamientos. 
Esta declaración debería potenciar, encuadrándolos políticamente, los compromisos que, a propuesta del Consejo de Ministros de Desarrollo, se asumieron hace unos meses y que aumentan, drásticamente, el esfuerzo de la Unión y sus Estados miembros para superar el subdesarrollo y sus consecuencias para los pueblos que lo sufren. 
Por fin, podríamos hablar de coherencia con lo previsto en la Constitución Europea que señala, como prioridad notable, las responsabilidades de la Unión en el terreno de la solidaridad con el Sur. 
Podríamos hablar de coherencia si no fuera por otras incoherencias mayores, fuente de la preocupación antes apuntada: los anuncios de perspectivas financieras de la misma Presidencia británica, en un ejercicio de desconcertante esquizofrenia, son incompatibles con los compromisos presupuestarios contraídos desde el Consejo de Leeds y con las actuaciones previstas en la declaración que hoy se debate. 
De ahí que nuestra inquietud por todo esto quede en expectativas que nacen para ser defraudadas. 
Y de ahí que convenga dejar claro desde mi Grupo que no aceptaremos tal horizonte y nos movilizaremos para que la esperanza que hoy aquí se suscita no se venga abajo cuando se aprueben los recursos disponibles para los próximos años. 
Enhorabuena a todos hoy, pero les anuncio ya toda una dinámica de resistencia si con una mano se pretendiera quitar mañana lo que se da hoy con otra. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, debo decirle al Presidente en ejercicio que el Reino Unido es la principal causa subyacente del fracaso de la cumbre de Luxemburgo. 
El abandono de los Jefes de Estado o de Gobierno de sus responsabilidades para con Europa en conjunto, además de sus intentos prácticamente diarios de renacionalización y división de las políticas de la Unión Europea en política interna y europea no son, por supuesto, su único problema, pero usted muestra una actitud de provocación constante, y también juega la carta del chantaje. 
Usted se encuentra hoy aquí, y Tony Blair está ausente de nuevo. 
Tuve razón al darle por desaparecido el 12 de octubre. 
Usted está aquí, y al debate le sigue la propuesta para la cumbre; hace unos días, nos dijo que si no aceptábamos lo que ustedes nos proponían, lo rechazarían todo durante el año siguiente. 
Eso es chantaje. 
¿Qué han hecho ustedes durante los últimos seis meses para combatir este concepto del papel político del Consejo tan falto de solidaridad y todo sentido de la responsabilidad? 
Para que una Presidencia del Consejo sea un éxito, se necesita algo más que dos actuaciones o artificios retóricos de Tony Blair. 
En cambio, confirman el hecho de que existe una gran brecha entre los discursos y la realidad, entre los deseos y los hechos, entre las tareas y las competencias, entre lo que se anuncia y lo que de hecho se logra, entre el relevo que se pasa por escrito y las obligaciones estipuladas en los Tratados, así como aquellas de carácter moral y político. 
No puedo entender su mentalidad. 
¿Cómo le cuenta a la opinión pública que quieren reducir la competitividad, que quieren destinar menos dinero a la seguridad interna y externa, que en 2007 pondrán menos dinero sobre la mesa que el acordado para el presupuesto de 2006, que desean restar importancia al papel de Europa a escala mundial? 
Cuanto más arrogante sea su actitud respecto a los ciudadanos de Europa y a su Parlamento, mayor será nuestra confianza y determinación, y mucho mayor será la indignación de la opinión pública. 
La negociación solo es posible donde hay respeto mutuo; exige el cumplimiento de normas compartidas y debe llevarse a cabo entre iguales. 
Lejos de ser intermediarios de los intereses nacionales e individualistas de los Gobiernos, nuestra causa es la de Europa como comunidad, la de una Unión Europea eficaz y decisiva, unida en solidaridad. 
No permitiremos que el futuro de la Unión Europea quede determinado por el éxito o el fracaso de una Presidencia del Consejo o del Consejo mismo. 
Son Parlamentos como el nuestro los que deben asumir el liderazgo y la responsabilidad en vista del vacío que ustedes dejan detrás suyo. 
– Señor Presidente, creo que cualquiera que deseara ponerle un título a las opiniones expresadas por algunos Estados miembros en el Consejo elegiría el siguiente: «Cómo tener más Europa con menos dinero». 
Desde mi punto de vista, esto es imposible. 
Pienso que existen numerosas contradicciones en las discusiones mantenidas en el Consejo y en las propuestas de la Presidencia británica. 
En este debate existe una gran contradicción entre las palabras y las ambiciones por una parte y, por otra, el hecho de que solo otorguemos al presupuesto de la Comunidad el 2,5 % del gasto público en los 25 Estados miembros. 
De forma similar, numerosos Estados miembros están hacienda hincapié en este debate en la cantidad de dinero que están aportando personalmente al presupuesto comunitario. 
Sin embargo, estos mismos Estados miembros están olvidando lo que reciben, las contribuciones netas, a través del mercado único y de los Fondos Estructurales, dado que una parte importante del presupuesto de los Fondos Estructurales es recuperada por estos Estados miembros de distintas formas, algo consabido y que no necesito analizar. 
Asimismo, se discute la cuestión de los agricultores. 
Si algún día llega a revisarse la política agrícola común, le propongo a la Presidencia británica que empecemos por los agricultores a gran escala, quienes reciben la mejor parte de las subvenciones, y no por los agricultores pobres del sur, si queremos que la política agrícola común tenga un contenido social. 
En cualquier caso, como coordinador del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos para la política de cohesión, quisiera decir que el Parlamento ha expresado sus puntos de vista. 
Se trata de opiniones que apoyan un presupuesto creíble para la cohesión, una política de cohesión sin dos vías y con una gestión eficaz. 
El Parlamento no se quedará quieto; no está dispuesto a aceptar cada uno de los acuerdos del Consejo, cada decisión que se tome la semana próxima; estamos aquí para luchar hasta el final por la política de cohesión y ejerceremos todos nuestros derechos. 
– Hace seis meses llamé la atención sobre el hecho de que los cambios necesarios en la Unión Europea debían comenzar con la eliminación de la injusta discriminación que viene de largo y todavía evidente contra los nuevos Estados miembros. 
Hemos quedado decepcionados. 
Ahora, a finales de año, no solo hemos fracasado en nuestros intentos por realizar cualquier tipo de progreso para sacar a Europa de la crisis, sino que de hecho hemos iniciado nuestro camino en la dirección equivocada, en la dirección opuesta. 
Señor Schulz, el iceberg no está ante nosotros, sino detrás nuestro. 
Ya nos las ingeniamos una vez para esquivarlo. 
El problema es que nos estamos moviendo al revés. 
Está claro que el resultado será de naufragio seguro. 
Debe decirse que la propuesta de presupuesto no es adecuada como fundamento para la inmensa empresa histórica que es la reunificación europea. 
No reduce la crisis de Europa, sino que la aumenta; no une a los Estados miembros de la Unión Europea, sino que los divide. 
No ayuda a los nuevos Estados miembros, sino que los humilla. 
No convierte a Europa en más competitiva, sino que la hace retroceder. 
Esta propuesta refleja un presupuesto que nos hace frenar y nos divide. 
Hace unos años, los nuevos Estados miembros de la Unión Europea aceptaron las desventajas y las diferenciaciones de transición en Copenhague con la esperanza de que serían capaces de participar en el plan de financiación de siete años con pleno derecho, sin diferenciaciones. 
Sin embargo, lo que ahora observamos es que los antiguos Estados miembros pretenden resolver sus problemas no solucionados desde hace tiempo en detrimento de los nuevos Estados miembros. 
Es algo inaceptable, humillante e inadmisible. 
No es digno de Europa. 
Los Gobiernos deben cambiar de planteamiento. 
¡Deberían seguir al Parlamento Europeo! 
A pesar de nuestros distintos intereses, ya nos pusimos de acuerdo sobre el presupuesto en primavera, y esta Cámara cuenta con más de 700 diputados, mientras que los Gobiernos son solo 25. 
– Señor Presidente, tengo poco tiempo para hablar, por lo que me centraré en el acuerdo alcanzado en política de ayudas de la UE respecto al tema «consenso europeo». 
Me siento sumamente satisfecho por este acuerdo y el proceso gracias al cual se ha hecho realidad, no así por el debate sobre el presupuesto y la falta de liderazgo en esa esfera. 
El diálogo llevado a cabo en otoño entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento ha sido positivo y constructivo. 
Quiero dar las gracias al señor Barroso y al señor Alexander por sus comentarios positivos hoy en esta Cámara, y deseo transmitir mi agradecimiento tanto al Comisario Michel como al Ministro Hilary Benn por lo que considero ha sido resultado de su cooperación constructiva. 
Como ya se ha manifestado hoy en esta Cámara, en términos generales, la UE es el mayor donante de ayuda en el mundo. 
Sin embargo, hasta la fecha, la eficacia y la calidad de la ayuda no han sido proporcionales a su cantidad. 
Los Estados miembros de la UE están mal coordinados tanto entre ellos como en relación con la Comisión. 
Ello significa mayores costes de transacción, duplicación de esfuerzos y mayores dificultades para muchos de los países con los que cooperamos. 
La nueva política de desarrollo, que ahora dedica una parte al trabajo de la UE y la otra al de la Comisión, significará un gran progreso en este ámbito. 
Así pues, una mayor coordinación de los donantes, mayor coherencia y aumento de la eficacia son las piedras angulares de esta política. 
También hemos obtenido un acuerdo para definir el papel específico de la Comisión en la cooperación al desarrollo, algo que creo devendrá muy importante. 
Respecto a las cuestiones sustanciales, continúa dándose prioridad a la lucha contra la pobreza. 
También hemos prestado una mayor atención a cuestiones como la democracia y los derechos humanos, la importancia del uso de los recursos naturales de un modo sostenible y el papel de la mujer en las labores de desarrollo, etc. En conclusión, deseo dar las gracias a mis compañeros de la Comisión de Desarrollo por esta cooperación tan constructiva. 
Señor Presidente, siempre disfruto de estos debates. 
Teniendo en cuenta el debate de esta mañana, ¡voy a echarlos de menos! 
Que vayan ustedes a echar de menos a la Presidencia británica ya es harina de otro costal, dados los comentarios que he podido escuchar durante la última hora y media. 
No seré capaz de contestar a todas las cuestiones o acusaciones que se me han formulado durante este par de horas, pero me esforzaré por responder a algunos asuntos concretos que sus Señorías me han planteado. 
El señor Poettering ha iniciado el debate con lo que me ha parecido una acusación bastante indigna de que yo, y la Presidencia, nos habíamos levantado demasiado tarde de la cama. 
Si las 4.30 horas se considera una hora demasiado tardía, entonces pido disculpas a esta Asamblea. 
Más en serio, en las últimas 24 horas no solo, como sería de esperar, me he reunido con el Primer Ministro, nuestro Ministro de Economía y nuestro Ministro de Exteriores para preparar nuestras propuestas revisadas, sino que también he estado en Londres con los jefes de misión de cada uno de los demás 24 Estados Miembros de la Unión Europea. 
Por ello, aduciré sin problemas que trabajamos hasta tarde y que nos levantamos pronto, ya que nos esforzamos por garantizar este fin de semana el acuerdo que consideramos necesario para el futuro de Europa. 
En cuanto a la cuestión planteada por usted, señor Presidente, le puedo asegurar que no ha habido ni hay ahora ninguna descortesía intencionada en relación con la programación de las propuestas revisadas que va a presentar más tarde la Presidencia Europea, sobre todo dado el horario de este importante debate. 
En primer lugar, no serán propuestas totalmente nuevas, sino simplemente propuestas revisadas, cuyos principios he expuesto en mis observaciones introductorias. 
En segundo lugar, la acusación ha consistido en que nuestro Primer Ministro no está disponible para someterse a escrutinio en este asunto, la segunda caja de negociación. 
Nuestro Primer Ministro vendrá mañana a Estrasburgo para seguir discutiendo con la Conferencia de Presidentes. 
En tercer lugar, independientemente de la crítica dirigida a la Presidencia Británica durante este debate, con todo respeto contestaría que, tal y como ha reconocido generosamente el señor Titley, la crítica relativa al compromiso de la Presidencia con este Parlamento seguramente no merece ser formulada por sus Señorías. 
Mi presencia hoy aquí es una de las más de 80 visitas de Ministros británicos durante la Presidencia británica. 
El señor Schulz ha sido suficientemente valiente para reconocer nuestra amistad ante esta Asamblea, así que permítame que ponga en peligro aún más su reputación diciendo que a mí también me cae bien y que yo también le admiro. 
Permítanme decir unas palabras sobre la franqueza con la que me ha hablado. 
Señor Schulz, ha comentado usted si un recorte de un aumento sigue siendo un aumento, y ha hablado de lo que ha descrito como «la nueva aritmética». 
Quiero dejar claro que, en relación con las propuestas de la Comisión y las propuestas de la Presidencia luxemburguesa, una oferta infundada no es en modo alguno una oferta. 
Necesitamos un trato que estipule la ayuda, no solo de quienes gastan el dinero, sino también de quienes lo aportan. 
En cuanto al, estoy de acuerdo en que intentar garantizar un acuerdo entre 25 Estados miembros de esta Unión es un desafío «titánico» , pero me parece que puede terminar en acuerdo antes que en tragedia. 
Dentro de unos días lo sabremos. 
En cuanto al señor Watson, quien ha dicho que ningún trato es mejor que un mal trato, sin duda siento que a este respecto nos movemos en el mismo terreno. 
Aunque admiro su erudición, su crítica de la forma en que debería funcionar el presupuesto me ha hecho recordar que quizá ese sea el motivo de que los Liberales no ocupen el poder en el Reino Unido desde 1929. 
El señor Cohn-Bendit ha hablado de un vacío de éxitos durante la Presidencia británica. 
Quizá haya preferido ignorar el programa de desarrollo, del cual han hablado algunos diputados en el debate de hoy. 
Además, dada su preocupación por el medio ambiente, me ha sorprendido que no prestara la debida atención a la tenacidad de Margaret Beckett, en nombre de la Unión Europea, para asegurar el acuerdo durante la que considero ha sido una conferencia relevante sobre el cambio climático en Montreal, la semana pasada. 
El señor Farage ha empezado su intervención acusando a los funcionarios de mi Ministerio de Exteriores de ser hábiles y «traidores». 
He estado a punto de salir en su defensa y negar su acusación, antes de que uno de ellos me pidiera que dijera que sí, que era totalmente cierto. 
Hemos visto pasar volando a los fantasmas de la Navidad y a Robin Hood tropezar con el sheriff de Nottingham en la intervención del señor Farage. 
Lo mejor que puedo decir, y con ello basta, sobre esta intervención en concreto es que, en lugar de ser convincente, se ha convertido más bien en un cuento de hadas. 
El señor Kirkhope, quien, quizá para indicar su falta de respeto hacia la Presidencia, acaba de abandonar la Cámara –me pregunto si ha vuelto a su cama en lugar de levantarse de ella–, quizá haya hecho una de sus últimas apariciones como miembro del PPE ante esta Asamblea. 
Una especie de canto del cisne antes de que el jefe entrante del Partido Conservador lo destierre a la nueva irrelevancia. 
Ha dicho que la Presidencia no podría pagar sus honorarios, en caso de que él nos representara. 
No conozco las tarifas que pretende imponer el presente jefe del Partido Conservador en el Parlamento Europeo, pero sinceramente espero que no sean muy altas, teniendo en cuenta la intervención que hemos escuchado esta mañana. 
El señor Voggenhuber no se ha contenido y nos ha acusado de estar rodeados de ruinas en esta fase de nuestra Presidencia. Después ha seguido acusándonos de que las propuestas de nuestra Presidencia están enmarcadas en el egoísmo nacional. 
Esto es grave y creo que merece una contestación seria. 
No tengo ninguna duda de que, si la Presidencia británica hubiera pretendido sucumbir al egoísmo nacional, habría sido mucho más fácil, desde el punto de vista nacional, para el Reino Unido y para el Gobierno británico adoptar un enfoque que siguiera defendiendo el cambio inmediato y fundamental, por ejemplo en la Política Agrícola Común y el presupuesto más amplio de la Unión Europea. 
Ha sido mucho más difícil proponer que, pese a nuestro deseo permanente de un cambio más fundamental en la Unión, se precisa reconocer con claridad la necesidad urgente de encontrar los recursos para financiar los costes de la ampliación, y esto justifica la base de las propuestas que la semana pasada presentamos en un principio y las propuestas revisadas que se presentarán más tarde hoy. 
La señora de Brún ha hablado de la necesidad de esforzarnos más por garantizar el proceso de paz en Irlanda del Norte, y a este respecto he escuchado con mucha atención en relación con las propuestas que presentaremos. 
Permítanme ocuparme brevemente, para terminar, del asunto de la transparencia que ha planteado el señor Titley. 
He sido invitado a informar a sus Señorías de los demás logros de la Presidencia. 
Puedo asegurar a esta Asamblea, especialmente sobre la base de la solidez de las opiniones articuladas en esta Cámara a este respecto, que continuamente estamos haciendo esfuerzos a fin de aumentar la transparencia del Consejo. 
El mes pasado presentamos un documento con las opciones. 
Algunas propuestas se han tratado en Coreper I y Coreper II, y seguimos esperando que el Consejo apruebe las conclusiones este mes con respecto al importante asunto de la transparencia. 
Sin embargo, las mayoría de sus Señorías ha centrado sus intervenciones en la importante cuestión de la futura financiación. 
Que quienes hoy critican nuestra propuesta se detengan, aunque sea momentáneamente, a reflexionar sobre todo lo que podemos perder, especialmente los nuevos Estados miembros, de los que han hablado algunas de sus Señorías. 
Hablando por un instante en calidad de Ministro del Reino Unido, en lugar de exclusivamente en nombre de la Presidencia, permítanme subrayar que estamos dispuestos a pagar nuestra contribución justa al presupuesto, pero no de nuestra contribución justa. 
En junio se nos pidió que hiciéramos una contribución neta adicional de 20 000 millones de euros o más por encima de los 50 000 millones de euros que ya íbamos a pagar o, por decirlo de otra manera, que hiciéramos una contribución neta de aproximadamente un tercio más que Francia en proporción a la renta nacional bruta. 
Así, permítanme ser claro como el agua a este respecto: entonces no era justo y ahora tampoco lo es. 
Entonces no lo aceptamos y no lo aceptaremos esta semana o, de hecho, el año que viene. 
En su lugar, por primera vez en 30 años de nuestra pertenencia a esta Unión Europea –30 años en los que siempre hemos sido un buen contribuyente a la Unión– y después de muchos años de pagar más que otros países con niveles de prosperidad similares, queremos aportar una contribución que más o menos esté a la par con la de países de tamaño similar, como Francia e Italia. 
Nos parece que esto es muy claro y muy justo. 
Otros han aludido, al menos brevemente, en este importante debate, a otro gran evento de esta semana: la reunión ministerial de la OMC que se está celebrando en Hong Kong. 
Una Europa con una orientación mundial también se toma en serio sus responsabilidades de abordar la pobreza mundial y, de nuevo, felicito a los diputados que han abordado esta cuestión esta mañana. 
Siguiendo sus decisiones de principios de este año de duplicar el nivel de ayuda al desarrollo para 2010, esta Unión precisa encabezar la garantía de una conclusión verdaderamente ambiciosa de la ronda comercial actual de la OMC. 
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear un sistema mundial comercial más justo que permitirá a cientos de millones salir de la pobreza. 
Esto no es un juego en que unos ganan lo que otros pierden. 
Un sistema comercial mundial más justo también puede servir para espolear las reformas que necesita Europa si quiere mejorar su competitividad y cumplir sus promesas de justicia social. 
Por tanto, necesitamos que el resultado de la ronda, ya sea en Hong Kong o, de hecho, en los meses y los años que siguen, favorezca a los más necesitados del mundo y la creación de empleo en Europa. 
No obstante, permítanme acabar mi intervención en el debate de hoy remontándonos a julio, cuando asumimos la Presidencia. 
Algunas de sus Señorías han mencionado la intervención que nuestro Primer Ministro hizo entonces. 
Pero recordemos también el contexto del discurso que siguió inmediatamente al doble rechazo de la Constitución Europea en Francia y en los Países Bajos. 
Ha habido numerosos debates sobre el significado exacto de estas dos votaciones. 
¿Qué falla, si es que falla algo, en el proyecto constitucional? 
¿Qué han querido decirnos los ciudadanos de Europa sobre la forma de dirigir la Unión Europea? 
Estoy de acuerdo con el comentarista que ha dicho que en junio fuimos testigos del rechazo no solo del texto, sino del contexto. 
Los ciudadanos de Francia y de los Países Bajos no han presentado objeciones muy profundas a un subapartado concreto o una cláusula del proyecto de Constitución. 
En su lugar, la pregunta básica, que hoy y durante este Consejo Europeo todavía deberíamos tener presente, de estos ciudadanos europeos es qué les ofrece a ellos la Unión Europea. 
No tenían muy claro qué valor añadido podría aportar a sus vidas. 
No conocían mucho las decisiones que se habían aprobado y no confiaban en los políticos de Europa para marcar el rumbo correcto. 
Los ciudadanos no están muy seguros de las fuerzas más amplias del cambio mundial, de los desafíos económicos que afronta Europa y de cómo puede repercutir en ellos y sus familias. 
¿Quién puede culparles cuando uno de cada diez ciudadanos europeos no tiene trabajo, cuando uno de cada veinte está en paro de larga duración? 
Corresponde a quienes creen fundamentalmente en la justicia social preguntar cómo puede la Unión Europea formar parte de una solución a este desafío. 
Diría que la respuesta a las preocupaciones justificables de los ciudadanos sobre los cambios no es, mirando adentro, replegarse a una política de ansiedad y, de hecho, a una economía de proteccionismo. 
Esta vía no ofrece solución alguna, y, añadiría yo, ninguna esperanza. 
Si queremos afrontar los desafíos del mundo de hoy, hemos de mirar afuera con optimismo y determinación y convertirnos en una Europa con orientación mundial. 
Ahí encontraremos nuestra inspiración para el futuro. 
Puedo asegurarles que, por consiguiente, pasaré por alto los comentarios que he escuchado durante el debate de esta mañana con respecto a nuestro Primer Ministro y otros miembros de nuestro Gobierno antes de que venga aquí a Estrasburgo mañana. 
Puedo garantizarles que nos esforzaremos al máximo en los días y horas cruciales que nos aguardan. 
. Señor Presidente, Señorías, en esta, mi intervención final, deseo abordar tres cuestiones. 
En primer lugar trataré el asunto sumamente importante del desarrollo y, en particular, el acuerdo alumbrado en el Consejo respecto a la política de desarrollo y ayuda al desarrollo de la UE. 
A continuación, haré un análisis de las conclusiones de este debate, para luego abordar directamente la Presidencia británica. 
Respecto al desarrollo, quiero corregir algo que el señor Martínez Martínez ha dicho. 
En mi intervención inicial dije, en términos extremadamente claros, estar muy orgulloso de la contribución de la Comisión a la consecución del consenso en política de ayuda al desarrollo, un consenso que claramente existe entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Es más, fui más lejos al decir que la Comisión cumplirá su función de verificar si los Estados miembros cumplen sus compromisos en materia de ayuda al desarrollo, y de mantener al público informado sobre este asunto. 
Por lo tanto, deseo afirmar categóricamente que estamos comprometidos con una política de ayuda al desarrollo ambiciosa, que la Comisión es responsable de luchar por esta política y que deseamos continuar trabajando con el Parlamento y el Consejo para que la UE continúe siendo líder a escala internacional del suministro de ayuda a los países que más necesitan nuestra solidaridad. 
Señor Presidente, Señorías, más allá de las palabras a veces incisivas que han pronunciado los oradores en el curso de esta sesión, lo que se ha expresado en vísperas de una cita de gran importancia para la Unión es, de hecho, un gran sentimiento de preocupación. 
Preocupación ante una falta de ambición que hipotecaría la necesaria modernización de nuestras economías. 
Nuestro debate aún no ha terminado. 
. Señor Presidente, con el debido respeto, esto ocurre casi siempre que recapitulo un debate. 
Es mejor que los diputados al Parlamento entren, en lugar de salir cuando empiezo a hablar, pero, si hago una propuesta, quizá fuera buena idea de cara al futuro pensar en otro sistema para evitar interrupciones en los debates que preceden inmediatamente a la votación. 
Continuaré, pero creo que sería importante examinar esta cuestión; se trata también del respeto entre las instituciones. 
Ya he dicho, con todo el respeto que les debo, que cuando el Presidente de otra institución se expresa ante esta Cámara, tiene derecho a ser escuchado en silencio. 
Sí, señor Schulz, tiene razón, no a ser escuchado en silencio, sino con atención, con la misma atención que les he prestado a todas y a todos ustedes, Señorías. 
Me gustaría decirles, Señorías, que he sentido aquí, a lo largo de todo el debate esta mañana, una preocupación muy seria y estoy seguro de que el señor Alexander comunicará a su Gobierno y a la Presidencia esta preocupación, manifestada por prácticamente todas las fuerzas políticas del Parlamento. 
Una preocupación ante una falta de ambición que podría hipotecar la modernización de las economías, una preocupación ante el riesgo de una Europa a dos velocidades, de una Europa dividida, una preocupación por la capacidad de la Unión para dotarse de los medios necesarios para ganar la batalla de la globalización y, por tanto, la del empleo y el bienestar de los ciudadanos europeos. 
Estas preocupaciones, como saben, son también las mías, y las de la Comisión, y lo comunicaré con toda claridad en el Consejo Europeo de mañana. 
Pero la misa aún no está dicha, y llegará la hora de hacer balance. 
Mañana debemos tener un solo objetivo: llegar a un acuerdo. 
No a cualquier acuerdo, por supuesto, sino a un acuerdo que abra unas perspectivas reales –y no solo unas perspectivas financieras–, sino unas perspectivas políticas para la construcción de Europa. 
Un acuerdo que abra la vía a una negociación constructiva con el Parlamento y a la celebración de un buen acuerdo interinstitucional, ya que –casi no hace falta recordarlo– necesitamos el acuerdo de las tres instituciones. 
En resumen, un acuerdo que testimonie, para con los ciudadanos y con Europa, nuestro sentido de la responsabilidad y que ofrezca a los hombres y mujeres razones para creer en esta Europa, que una mayoría sigue esperando y pidiendo. 
Ahora quiero dirigirme a la Presidencia británica con todo el debido respeto, con amistad y sinceridad. 
En primer lugar, quiero felicitarle por lo que ha logrado durante este debate: que el señor Schulz hable en un inglés tan bueno ha sido un verdadero logro por parte de la Presidencia británica. 
Sin embargo, espero que esto no sea lo más destacado de la Presidencia británica… 
y que mañana y después también logremos un gran éxito en el Consejo. 
Sinceramente esperamos más. 
¿Cómo? 
Ese es el problema. 
¿No le preocupa a la Presidencia británica que la mayor parte de esta Asamblea y los Grupos políticos más relevantes rechacen unánimemente su propuesta? 
La opinión de esta Asamblea y la de los diputados al Parlamento que eligieron directamente nuestros ciudadanos ¿no cuenta, o cuenta tan poco, para la Presidencia del Consejo? 
Espero que las conclusiones de este debate sean importantes para su posición negociadora final en el Consejo. 
Y, ¿no le preocupa a la Presidencia británica que los máximos partidarios de su propuesta en esta Cámara sean quienes mantienen una visión estrecha, nacionalista, retrógrada de Europa? 
¿No es extraño que exista una contradicción así entre la visión progresista, moderna, abierta, competitiva de Europa expresada por el señor Blair, y la falta de ambición de la propuesta de la Presidencia británica desde el punto de vista de la seguridad financiera? 
Por tanto, con el debido respeto, sinceridad y amistad, quiero decir a la Presidencia del Consejo que hemos de evitar esta falta de conexión entre los objetivos políticos de energía, seguridad, inmigración, investigación y universidades que apoya la Presidencia, tan bien expresados en Hampton Court, y la resistencia a proporcionar los medios para conseguirlos. 
Hemos de tener el valor de explicarlo a todo el público de Europa, incluido, por supuesto, el público británico. 
Si queremos una Europa ampliada, necesitamos inversión. 
Si queremos una Europa moderna, reformista, competitiva, necesitamos inversión. 
Si queremos una Europa formulada en términos del comercio mundial, necesitamos inversión. 
Señor Presidente en ejercicio, ha mencionado usted las conversaciones internacionales sobre comercio. 
Realmente creo que si no conseguimos un buen acuerdo en el Consejo Europeo, esto podría socavar los objetivos de esas conversaciones. 
¿Por qué? 
Seamos francos: en la Unión Europea existen varias opiniones sobre las conversaciones comerciales mundiales. 
Están los que están más a favor, los que adoptan una posición más afirmativa en torno al comercio, y los más «prudentes» o que se resisten más a él. 
Algunas de las regiones menos desarrolladas de Europa y los países que tienen algunos problemas estructurales no apoyarán unas conversaciones internacionales sobre el comercio abiertas y ambiciosas si no existe una buena inversión en el desarrollo social y económico de esos países. 
Quiero que la Presidencia británica, los Estados miembros y el Consejo piensen estratégicamente, no solo como un contable, sino también como un político, y que consideren si la falta de acuerdo o un mal acuerdo en torno al presupuesto no supondrá un riesgo para los objetivos estratégicos fundamentales, como las conversaciones internacionales sobre el comercio, una Europa abierta y una Europa ampliada. 
Ya se puede oír a gente decir que con este tipo de ambición respecto de las perspectivas financieras no pueden contemplarse más ampliaciones de la Unión Europea. 
Por tanto, la cuestión que vamos a debatir mañana es muy importante. 
No es solo sobre las perspectivas financieras. 
Es sobre el presupuesto, pero es más que eso. 
Es el tipo de visión que tenemos para Europa: si se contempla una Europa ambiciosa, abierta y reformista, una Europa ampliada o una mini Europa: una Europa que no cumple los objetivos que quieren los ciudadanos de Europa. 
En cuanto al cheque británico, seamos claros: comprendemos la posición británica. 
El señor Blair dijo: «el cheque es una anomalía». 
No obstante, al mismo tiempo dijo estar listo para debatir la cuestión general del cheque cuando se celebre un debate sobre la reforma del presupuesto. 
Por este motivo creo que es importante celebrar un verdadero debate sobre el futuro de nuestro presupuesto, sin tabúes, examinando todo, el gasto y los recursos. 
Nuestros debates y las propuestas de varios Estados miembros no versan sobre la existencia del cheque británico; el problema es la magnitud del aumento del cheque. 
¿El cheque británico debería aumentar un 60 % a costa de los Estados miembros más pobres de la Unión? 
Creo que no, esto no es justo. 
Es mi deber y el deber de la Comisión representar el interés general de Europa, en particular de los Estados miembros que acaban de unirse a nuestra Unión. Desean conocer la solidaridad de la Unión Europea. 
Si las instituciones europeas no envían señales de solidaridad a los nuevos Miembros, podrían verse tentados a pensar que la Unión Europea en la que han entrado no es la Unión Europea de la solidaridad que todos los días nos esforzamos por construir. 
Creo que es posible un acuerdo. 
Es difícil, pero posible. 
Solo quiero mencionar de nuevo que en mi opinión se dan las condiciones mínimas para un acuerdo que también aceptarán la Comisión y el Parlamento, porque el Parlamento también tendrá algo que decir al respecto. 
La primera es un nivel más elevado de gasto. 
La segunda es un acuerdo más justo para los nuevos Estados miembros desde el punto de vista de la responsabilidad, brindándoles una oportunidad de demostrar si pueden o no gastar el dinero, sin partir de la base de que no pueden invertir en su propio desarrollo. 
La tercera es la aprobación del cheque británico para cumplir las condiciones de la ampliación. 
Esto es todo lo que pide la Comisión, y creemos que es justo y razonable. 
Según todos los contactos que hemos mantenido con todos los Estados miembros, creo que puede aceptarse. 
Una cuarta condición es una verdadera cláusula de revisión que permitirá a la Comisión, al Parlamento y al Consejo examinar el presupuesto a tiempo. 
Es cierto que tenemos un problema con el presupuesto. 
Sin embargo, no debería paralizarnos; deberíamos aprobar el presupuesto para los próximos siete años, pero al mismo tiempo darnos tiempo para examinarlo desde el punto de vista del gasto y los recursos. 
Deberíamos celebrar un verdadero debate sobre lo que queremos de las instituciones europeas, qué queremos en cuanto a la competitividad, qué queremos con respecto a la solidaridad. 
Esta debería ser una verdadera cláusula de revisión, no solo una cláusula de revisión maquillada, para celebrar un auténtico debate en Europa sobre los instrumentos para cumplir nuestros objetivos. 
Por último, creo que es importante que el Consejo tenga en cuenta al menos algunas, si no todas, de las buenas propuestas del Parlamento relativas a la flexibilidad, por ejemplo, el ajuste del fondo de globalización, un típico instrumento de flexibilidad, y otras buenas propuestas del Parlamento para el nuevo acuerdo interinstitucional. 
Cuando hablemos del presupuesto lo único justo será tener en cuenta las propuestas formuladas de forma responsable en el debate del Parlamento. 
Si se cumplen esas condiciones, si existe un movimiento significativo en torno a estas cuestiones que acabo de mencionar, creo que un acuerdo es posible y necesario. 
Sé que es difícil y que los Miembros del Consejo y todos los Jefes de Estado y de Gobierno presentes necesitarán demostrar mucha habilidad política. 
Me parece que un acuerdo es importante. 
Es mi deber y el de la Comisión proteger el interés general de la Unión Europea. 
Les puedo prometer que mañana, y pasado mañana, presentaremos en el Consejo Europeo esta visión de una Europa con ambición y comprometida con los objetivos de solidaridad. 
Porque sin solidaridad no hay Unión. 
Estaba recibiendo a los galardonados del Premio Sájarov, pero el ruido de los aplausos para el señor Barroso era tan intenso que me ha obligado a venir corriendo al Pleno para ver qué ocurría, porque no es normal que el señor Barroso reciba tantos aplausos y tan extensos. 
Saben ustedes que, si no hay cambios en el programa, mañana el señor Blair, Presidente en ejercicio del Consejo, vendrá a Estrasburgo a reunirse con la Conferencia de Presidentes y a explicarnos su propuesta al Consejo que hoy el Ministro que representa a la Presidencia británica no ha podido o no ha querido explicar. 
Los Grupos políticos y usted también, señor Barroso, se han pronunciado muy claramente. 
Yo solamente quiero hacerles una advertencia: no devaluemos las palabras. 
Lo que es inaceptable no debe ser aceptado, porque de lo contrario lo que hoy se declara inaceptable y mañana se acepta puede ser un bumerán que convierta los aplausos en silbidos. 
Ciertamente, la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable no puede ser una centésima de bip. 
Con esto damos por terminado este debate, agradeciendo a todos su participación en el mismo. 
– La Presidencia tiene la tarea ingrata de intentar llegar a un acuerdo en el Consejo sobre las perspectivas financieras. 
Ha de reconciliar a los seis países que quieren limitar el gasto de la Unión Europea al 1 % del PIB con los que desean un presupuesto mucho mayor. 
Tiene que tratar con el señor Chirac, que quiere proteger el gasto agrícola, del que su país se beneficia bastante más que la mayoría. 
Tiene que tratar con las expectativas de los nuevos Estados miembros y con los antiguos miembros que desean conservar sus privilegios, como España, que quiere seguir siendo beneficiaria neta en mayor medida que los países más pobres de Europa central, y Luxemburgo que, en términos per cápita, es el Estado miembro más rico y el máximo beneficiario neto. 
Tiene que ver con todos los que creen que un modo gratuito –para ellos– de aumentar los recursos consiste en recortar el cheque británico, aunque incluso con el cheque la contribución neta británica es más elevada que la de Francia e Italia. 
Deseo a la Presidencia que consiga llegar a un acuerdo que sirva de posición negociadora del Consejo para la negociación definitiva con el Parlamento. 
– La preparación de este Consejo muestra la gravedad de los problemas que tenemos en la UE e indicio de la crisis que surge de las políticas cada vez más neoliberales, al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos y financieros en los países más poderosos. 
Los países más ricos cada vez son menos solidarios; los principios del Tratado sobre cohesión económica y social están siendo completamente pisoteados; las últimas ampliaciones han tenido lugar sin ningún tipo de nuevos recursos financieros; y la situación va a ir a peor con la propuesta de la Presidencia británica de proponer más recortes para los nuevos Estados miembros y para los países de la cohesión como Portugal. 
La crisis presupuestaria personifica el gran malestar que se vive en la Unión Europea y las políticas monetarias del Banco Central Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se encargan de exacerbarlo. Además, el problema se agravará con los recortes impuestos sobre el presupuesto comunitario. 
A pesar de todo ello, se hacen nuevos intentos para restituir las prioridades contenidas en la llamada Constitución Europea, ya rechazada, tales como la militarización de la UE, la llamada seguridad interna, el control de la inmigración y la política de competencia. El resultado final de ello será la canalización de los recursos financieros hacia la satisfacción de las necesidades de los países más desarrollados económicamente, así como de los grupos económicos y financieros de esos países, a expensas de las necesidades sociales, el medio ambiente, la cohesión y la ayuda al desarrollo. 
– El marco financiero para 2007-2013 es el eje central del Consejo Europeo. 
Sin embargo, este no es el único «punto del orden del día» : la liberalización de los servicios y la llamada «lucha contra el terrorismo» también están ahí. 
Después de que la Presidencia británica hubiera dado prioridad a los intereses de los países de la UE más desarrollados económicamente al presentar una propuesta para bajar el listón todavía más y pasar por alto las contradicciones inherentes a la misma, aumentó la presión para llegar a un acuerdo lo más rápido posible. 
UNICE (la gran patronal europea) ha manifestado que se ha llegado a un acuerdo. 
A la vez que advertía del peligro de que la UE pierda «credibilidad» , presentó su lista de deseos: un acuerdo sobre las perspectivas financieras, reafirmando que este «debe ser un instrumento al servicio de la Agenda de Lisboa» ; el rápido establecimiento del mercado interior de servicios (es curioso que, para justificar la liberalización de los servicios, UNICE argumente que se trata de un «elemento esencial de la Estrategia de Lisboa» y de un «requisito de los Tratados» , apoyado por las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, para luego «vendernos» la idea de que la llamada Constitución Europea no tiene nada que ver con ello… ); y la liberalización del comercio mundial dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. 
¡He aquí la UE enmascarada! 
– Como europeo y escocés orgulloso me entristece que el Reino Unido haya representado a Escocia tan mal durante la Presidencia, y todo lo que he oído en este debate confirma mi opinión de que el Reino Unido ha perdido a amigos e influencia en nuestro nombre por esta postura desatinada en cuanto al presupuesto. 
Las propuestas anunciadas han fallado a Escocia y también a Europa. 
No tengo duda alguna de que otros Estados miembros las rechazarán rotundamente, y con 11 de los Estados más pequeños que Escocia estoy más convencido que nunca de que no existe sustituto para la independencia de Europa. 
Ahora quiero dirigir un saludo a una delegación del Parlamento Centroamericano que se encuentra en la tribuna oficial. 
Quiero también felicitar a su Presidente, señor Julio Palacios, por haber sido elegido Presidente de esta Institución que surgió de los acuerdos de Esquipulas, que pusieron fin a los años de guerras civiles en varios países centroamericanos. 
Pasamos al turno de votaciones. 
. – Señor Presidente, probablemente este sea el momento equivocado para discutir en detalle el contenido de esta propuesta, pero quisiera decir que he recibido cientos de correos electrónicos –no mandados en serie, sino mensajes escritos de forma individual– y 58 000 firmas verificadas de ciudadanos de toda Europa, en los que dan rienda suelta a sus graves preocupaciones. 
¡Ésta es la tan citada opinión pública que desea la conservación de datos! 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior se ha tomado estas protestas en serio y, mediante sus enmiendas, ha logrado una relación equilibrada entre libertad y seguridad. 
Sin embargo, la premura de tiempo acumulada no justifica la forma en que se intenta proceder con algunos elementos. 
Si este proyecto es de importancia para la opinión pública europea y no resulta ser simplemente un favor que se le hace a la Presidencia británica del Consejo, entonces tendríamos que avanzar con cautela ya que, si no lo hacemos, estaremos fomentando la creencia perjudicial de que el Consejo solo debe pedir al Parlamento que salte para que este responda: «¿Hasta dónde?» 
Cuando existe una gran presión, esto es lo que suele ocurrir. 
La alta presión es lo que permite que la naturaleza, en el transcurso de millones de años, produzca los diamantes más maravillosos. 
Sin embargo, si se pone un limón bajo presión, lo único que quedará en poco tiempo será su zumo y su pulpa. 
Depende de nosotros que esta Cámara sea un diamante o un limón; así que, para seguir siendo un diamante, les pido que se unan a mí en la aprobación de las enmiendas presentadas por su comisión. 
. – Era de esperar que el resultado de la votación no haya sido de mi agrado. 
Ya no puedo defender este informe que lleva mi nombre, por lo que lo retiro. 
Se cierra el turno de votaciones. 
Señoras y señores, estimados colegas, me complace mucho recibir, en nombre de todos ustedes, en nombre de todos nosotros, a los dos galardonados del Premio Sájarov 2005 que otorga el Parlamento Europeo y a la representante del tercer galardonado. 
En efecto, a pesar de todas las gestiones efectuadas hasta el último momento, desgraciadamente, las «Damas de Blanco» no han sido autorizadas a salir de Cuba para estar hoy con nosotros. 
Creo poder hablar en nombre de todo el Parlamento Europeo para lamentar y rechazar esta actitud de las autoridades cubanas. 
En este momento solemne quiero recordar a las «Damas de Blanco» y las razones por las cuales han sido galardonadas por el Parlamento Europeo. 
Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre, ni Nelson Mandela, ni Aung San Suu Kyi, ni Leyla Zana, ni Wei Jingshen pudieron acudir en su día a recoger su premio. 
Sus representantes acudieron aquí para hacerlo. 
Y cuando pudieron hacerlo, y algunos todavía no han podido porque siguen detenidos, vinieron a la Cámara y nos reunimos expresamente para escucharles. 
Este fue el caso de Nelson Mandela y, más recientemente, de Leyla Zana. 
Por lo tanto, seguiremos haciendo toda la presión sobre las autoridades cubanas para que puedan venir, y cuando vengan organizaremos, como hemos hecho en otras ocasiones, una sesión solemne para que puedan dirigirse a nuestro Pleno y haremos lo posible para que esto sea cuanto antes. 
Todos los galardonados de este año tienen en común su lucha por la libertad y la dignidad humana. 
Son dignos sucesores del académico soviético que da nombre al premio que concede el Parlamento Europeo. 
Los tres, cada uno a su manera, simbolizan la lucha por la afirmación de los derechos humanos en el mundo. 
La lucha frente a los regímenes que encarcelan a los críticos que tienen la osadía de criticarles. 
La lucha frente a leyes inhumanas. 
La lucha frente a los que niegan el derecho a la información y en contra de los terroristas que quieren hundir el derecho a la información en las tinieblas. 
El Parlamento Europeo ha apoyado a nuestros galardonados de este año a través de sus resoluciones y de sus iniciativas. 
Son bien conocidos por nosotros. 
Hemos seguido su trabajo, hemos seguido su lucha. 
Su presencia aquí no es sino el final de un proceso que hemos compartido a través de nuestras resoluciones. 
Es una lucha por un mundo más democrático y más justo. 
Permítanme decir, desde esta alta tribuna, que muchos europeos consideran que el derecho al respeto de los derechos humanos es algo natural, consustancial, que prácticamente es gratuito y que siempre ha sido así. 
No, ni siempre ha sido así, ni es así todavía, desgraciadamente, en muchas partes del mundo. 
Para la gran mayoría de la humanidad todavía es un sueño lejano. 
Y por eso, a nosotros, europeos, nos corresponde una especial responsabilidad en la defensa y en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. 
Permítanme un breve glosa de nuestros galardonados: las «Damas de Blanco» están representadas por la señora Blanca Reyes, que también ha sido «Dama de Blanco» hasta que, afortunadamente para ella, dejó de serlo, puesto que se consiguió la liberación de su esposo, al que tuve el placer de recibir en su nombre en este Parlamento inmediatamente después de que saliera de la cárcel. 
Estas damas se manifiestan pacíficamente todas las semanas del año en La Habana, para expresar su solidaridad con familiares y amigos encarcelados, desde marzo del 2003. 
De alguna manera son también las continuadoras del fenómeno que se conoció en su día como las «Madres de la Plaza de Mayo» que también fueron galardonadas por nosotros. 
El delito de muchos de estos prisioneros, de estos presos, no es sino el de expresar públicamente su oposición al poder como simples ciudadanos, como periodistas independientes o como disidentes pacíficos. 
Muchos de ellos han caído gravemente enfermos durante su detención en condiciones que, sin duda, la señora Reyes nos explicará. 
Hemos pedido la liberación de estos prisioneros en abril del año 2004 y todavía, desgraciadamente, hace falta mucho para conseguirlo, a pesar de algunos casos individuales que se han producido. 
La experiencia de muchos de los países europeos nos enseña que la transición a la democracia, una transición pacífica a la democracia, no se prepara precisamente encarcelando a los disidentes, sino todo lo contrario. 
Ojalá que la transición a la democracia en Cuba tome buena nota de la experiencia de algunos países europeos. 
Señora Hauwa Ibrahim: 
Usted ha puesto su talento de abogada al servicio del Estado de Derecho. 
Su fuerza, como me decía al recibirla esta mañana, es el respeto de la Ley. 
Admiramos su determinación. 
En este inmenso país que es Nigeria, usted defiende a las personas que viven bajo la amenaza de penas crueles e inhumanas. 
De penas que se aplican en virtud de la «Sharia» en doce Estados de su país. 
Usted lucha por el derecho de esas personas a un juicio justo, de acuerdo con la ley. 
Hemos seguido, créame, con indignada emoción los procesos incoados contra Amina Lawal y Safya Hussaini, acusadas de adulterio. 
Usted consiguió que triunfara la ley, exigiendo el respeto de la Constitución y de los Tratados internacionales firmados por Nigeria. 
Es inconcebible que todavía se pueda lapidar a una mujer acusada de adulterio; 
Es inconcebible que se pueda lapidar a una mujer acusada de adulterio como en los tiempos bíblicos; no se puede condenar a la amputación a jóvenes incriminados. 
En repetidas ocasiones, este Parlamento se ha expresado con firmeza contra esas penas inhumanas y contra la pena de muerte. 
Señora Ibrahim: somos sus aliados en el rechazo de esta crueldad y seremos intransigentes en este rechazo. 
Admiramos su compromiso personal. 
El compromiso personal que usted expresa con una fuerte convicción: la del derecho a la educación de los pobres, especialmente, de las mujeres, porque la pobreza se ceba especialmente en la mujer. 
Es usted un ejemplo para todas las nigerianas que quieren salir de la pobreza y la ignorancia. 
También recibimos hoy a Robert Ménard, conocido de esta casa, secretario general de Reporteros sin Fronteras, y, con él, a todos los periodistas. 
A unos profesionales que insuflan vida a la libertad de información, que nos abren los ojos a un mundo cruel. 
No puede haber democracia sin una información plural. 
La democracia es un sistema que tiene a la información como materia prima, como combustible primario. 
Sin él no puede haber democracia. 
Rendimos homenaje a los que luchan para hacer realidad todos los días, en todas las partes del mundo este principio. 
A aquellos que con demasiada frecuencia caen víctimas de la entrega apasionada a su profesión. 
Por desgracia, demasiado a menudo caen víctimas de la entrega apasionada a su profesión. 
Hace muy pocas semanas, a Robert Ménard le fue negada la autorización para acudir a la Cumbre de la Información que se celebraba en Túnez. 
Las autoridades tunecinas temían, sin duda, su testimonio. 
No deja de ser paradójico que esto ocurra precisamente cuando se habla del derecho al acceso a información libre para todos. 
Permítanme recordarles que en el año 2005, que ahora acaba, han perdido la vida 58 periodistas, uno cada semana del año, cada siete días muere un periodista en el ejercicio de sus funciones. 
Desgraciadamente, la cifra aumenta. 
Quiero rendir hoy homenaje a todos ellos, y a todos sus compañeros encarcelados o desaparecidos. 
Este Parlamento se ha movilizado y se movilizará siempre a su favor. 
Porque las dictaduras no duran eternamente. 
Algunas duran mucho, demasiado, pero no duran eternamente. 
Con sus actos crueles, tampoco los terroristas conseguirán suprimir la libertad de información, base imprescindible de nuestra vida democrática. 
Para terminar, y antes de dar la palabra a nuestros galardonados y a su representante quiero unir en una misma cita a Voltaire y a Brecht. 
Dos intelectuales separados por muchos años. 
Uno que abrió las luces y otro que sufrió las tinieblas. 
Voltaire y Brecht, los dos, coinciden en una expresión, que no sabría muy bien a quien atribuir prioritariamente. 
Lo dijeron en distintas épocas y distintos lugares y desde distintas situaciones. 
Insisto, uno abriendo la luz y otro soportando las tinieblas. 
Ambos dijeron que la libertad de expresión es el único derecho que separa la libertad de la tiranía. 
Y no aceptarlo es condenar al ser humano en el oprobio. 
Enhorabuena a nuestros galardonados por el coraje que han demostrado. 
Voltaire y Brecht nos están observando 
Muchas gracias. 
Señora Blanca Reyes, tiene usted la palabra. 
. Estimado señor José Borrell, Presidente del Parlamento Europeo, estimados señoras y señores europarlamentarios, estimadas personalidades participantes, estimado señor Robert Ménard, admirada doctora Ibrahim, queridos amigos europeos y hermanos cubanos residentes en todas las partes del mundo, el honor de haber sido distinguidas con el Premio Sájarov 2005, compartido con la hermana doctora Ibrahim y los esforzados y solidarios Reporteros sin Fronteras, ha conmovido profundamente nuestros corazones ―los de las Damas de Blanco― y los de los setenta y cinco prisioneros de conciencia apresados en Cuba durante la primavera negra de 2003. 
En primer lugar, quisiera saludar a una solidaria representación de amigas de las Damas de Blanco del exilio ―y digo bien, del exilio―, que se encuentran en la tribuna de invitados, acompañándonos. 
Yo misma soy una dama del exilio, porque las auténticas Damas de Blanco, como ustedes bien saben, no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. 
Nunca imaginamos que nuestra agrupación espontánea, motivada por el dolor y la injusticia, sin color político ni organización partidaria o de Grupo, fuera a recibir un reconocimiento tan prestigioso. 
Este premio constituye para nosotros un compromiso aún mayor con nuestra causa y con ustedes; un impulso para seguir defendiendo la inocencia de nuestros seres queridos con mayor valor y demandar su libertad inmediata e incondicional. 
El Gobierno de Cuba ha evidenciado, una vez más, la violación sistemática de los derechos humanos que practica diariamente contra la población de nuestro país, al no conceder a cinco mujeres pacíficas e indefensas permiso para viajar y compartir con ustedes esta ceremonia de entrega de los premios, a pesar de que se han realizado todos los trámites burocráticos que exigió, la mayoría innecesarios e incomprensibles, incluidas las gestiones efectuadas por este Parlamento y por Gobiernos y personalidades europeos. 
Eso no impide que las Damas de Blanco estemos hoy en Estrasburgo, al igual que lo están los setenta y cinco prisioneros condenados desde marzo de 2003 y cientos de reos de conciencia y políticos cubanos. 
Por el contrario, el mundo entero escuchará hoy las voces de ustedes y el eco de todos nosotros. 
Nosotras no recogeremos el premio hoy, pero, como Andrei Sájarov, el eminente científico y abnegado luchador por la libertad de conciencia, la ejemplar Aung San Suu Kyi, las Madres de la Plaza de Mayo y todos los demás galardonados en años anteriores, continuaremos nuestros incansables esfuerzos para que prevalezcan la justicia social, la democracia y la reconciliación. 
Especialmente, podríamos unirnos a ustedes con nuestro compatriota Oswaldo Payá Sardiñas, cubano galardonado en 2002. 
Les pedimos que nos visiten en nuestra patria, Cuba, a fin de realizar una ceremonia de entrega del Premio a la Libertad de Conciencia en un futuro inmediato. 
Serán acogidos en nuestros modestos hogares y podremos exponerles personalmente, no ya cinco mujeres, sino muchísimas más, las cruentas condiciones, las arbitrariedades, las intimidaciones y la represión que padecen nuestros prisioneros y nuestras familias. 
Quisiera, antes de terminar, mencionar, por su especial significación entre los muchísimos testimonios y felicitaciones que hemos recibido, las palabras del ex Presidente checo Václav Havel: «Estimadas damas: reciban mi más sinceras felicitaciones por el premio que les ha otorgado el Parlamento Europeo. 
Su firme actitud las hace dignas de ese reconocimiento. 
Estoy convencido de que supondrá un impulso para ustedes y sus valientes maridos, de la misma manera que el interés del mundo libre representó para mí un impulso durante los tiempos más oscuros de mi encarcelamiento. 
Václav Havel». 
Por último, y no lo consideren una impertinencia, ni tan siquiera una incorrección o descortesía, quiero anunciarles que las Damas de Blanco me han pedido que no participe en el almuerzo protocolario que ustedes ofrecerán a continuación. 
Esta política de solo pretende ser un gesto simbólico, de protesta ante la dictadura cubana y de denuncia ante el mundo, por la ausencia de quienes legítimamente son las acreedoras del premio. 
Espero que sepan entender y disculpar tan sonora ausencia. 
Agradecemos, una vez más, su reconocimiento a nosotras —esposas, madres, hijas, hermanas y tías, exponentes del pueblo cubano— y les reiteramos nuestra convicción de que no existen causas imposibles cuando están inspiradas en la razón, la reconciliación y el amor. 
Todas voces, unidas en la diversidad, por el derecho a la libertad de conciencia. 
Firmado: Laura Poyán, esposa de Héctor Maceda; 
Miriam Leyva, esposa de Óscar Espinosa Chepe; 
Berta Soler, esposa de Ángel Moya; 
Julia Núñez, esposa de Adolfo Fernández Saíz. 
La Habana, 14 de diciembre de 2005. 
Señor Presidente, presidentes de los Grupos políticos, diputados a este hermoso Parlamento, mis amigos de Abogados Sin Fronteras de Francia, personal del Parlamento, especialmente el servicio de protocolo, que me han orientado desde que llegué; quiero mencionar a Ursula Bausch y a mi guía; miembros de la prensa, Señorías: desde nuestra llegada el lunes todos ustedes nos han acogido con gran calidez. 
Empezamos con la Comisión de Asuntos Exteriores, que nos brindó la oportunidad de que todos los Grupos políticos nos escucharan. 
Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. 
Hemos sido capaces de explicar nuestro trabajo y responder a las preguntas sobre qué puede hacer la Unión Europea y el Parlamento Europeo por nosotros. 
Queremos asegurarles que, tras esta ceremonia, estaremos dispuestos a debatir todas las cuestiones específicas que deseen presentarnos, en cualquier momento, con respecto a los proyectos o programas de nuestras regiones o jurisdicciones con las comisiones y grupos de reflexión apropiados. 
En algunas de las comisiones y grupos he mencionado las estrategias que utilizábamos en la defensa de la mujer sentenciada a muerte por la ley religiosa islámica, la sharia, de Nigeria, y ahora seguiré con esto. 
Después intentaré leer mi discurso de tres minutos, tal y como me han aconsejado. 
Permítanme ahora volver sobre nuestra estrategia. 
Nuestra estrategia consistía en comprender la dinámica de la ley islámica, la sharia. 
Intentamos entender la dinámica de los mulás, los líderes religiosos. 
Intentamos comprender la dinámica de la cultura y los valores de nuestro pueblo y, sobre todo, intentamos entender la dinámica de la sociedad en la que nos movemos. 
La prensa nos hizo preguntas como: «¿Se trata del islam contra Occidente o quizá es un choque de civilizaciones? ». 
No lo sabemos. 
Sin embargo, sabíamos que una mujer había sido condenada a morir lapidada y que íbamos a utilizar el instrumento de la ley para garantizar su libertad. 
Eso es lo único que sabíamos. 
Prestamos atención a los detalles de nuestro alrededor, pero fuimos flexibles con respecto a la percepción de la sociedad de lo que estábamos haciendo. 
Actuamos localmente, pero pensábamos internacionalmente. 
Abogados Sin Fronteras de Canadá y Francia nos apoyaron, y siempre que íbamos a juicio teníamos un plan. 
También contábamos con un plan B, por si acaso. 
No les contamos a los medios de comunicación, que nos habían dado amplia cobertura, lo que querían oír. 
Les contamos lo que queríamos que supieran. Conocíamos las opiniones que circulaban sobre nosotros, así como las acusaciones, ataques verbales y amenazas, pero seguíamos estando decididos. 
Hoy compartiré con ustedes nuestra estrategia de seguridad. 
Por supuesto, recibimos muchas amenazas y tuvimos que protegernos para que no nos mataran. 
No nos desplazábamos a juicio en el mismo coche. 
A veces íbamos en nuestro coche oficial para después pasar al privado, y a veces utilizábamos el transporte público. 
Nunca viajábamos en el mismo coche dos veces, porque sabíamos que nos seguían. 
Nunca nos vestíamos dos veces igual. 
Nunca íbamos por el mismo camino dos veces, si podíamos evitarlo. 
No obstante, lo más importante era la necesidad de entrar en contacto con los fundamentalistas. 
Entablamos contacto con los extremistas, lo que intentaré ilustrar con un breve relato. 
Un periodista de la BBC, que vino de Londres, me entrevistó en el idioma local, el hausa. 
Me preguntó si la muerte por lapidación estaba en el Corán. 
Mi respuesta fue simplemente que creía que no. 
Se emitió repetidamente por la radio y los mulás decidieron contestarme por la radio. 
Dijeron que yo era contrario a la sharia y antiislamista. 
Esto significaba que había blasfemado y podría ser condenada a muerte por lapidación. 
Entonces llamé al periodista y le dije que quería reunirme con los mulás. 
Dijo: «Esto es muy peligroso. 
Ya ha oído lo que han dicho por la radio». 
El programa radiofónico no solo se emitió a los más de 70 millones de personas de Nigeria que entienden hausa, sino a toda la costa occidental de África, en varios de cuyos países se habla hausa. 
El hausa es el segundo idioma más hablado de África, después del swahili. 
Dijo que era realmente peligroso hacer eso, pero le dije que quería hacerlo. 
Dijo que no se hacía responsable de mí, pero que me presentaría. 
Fue muy amable por su parte hacerlo, y los mulás decidieron encontrarse conmigo en la mezquita. 
Era una mezquita enorme, mayor que esta Cámara, aunque no tan bonita. 
Estaban sentados al final de la sala y en medio había una silla. 
Cuando llegué me hicieron una señal para que me sentara en la silla. 
No lo hice. Me dirigí hacia ellos. 
Al acercarme decidí arrodillarme y sentarme en el suelo y, según me sentaba, me dijeron: «No puede sentarse en el suelo. 
Siéntese en la silla». 
Y les dije: «¿Cómo puedo yo, su hija, sentarme en una silla si ustedes, mis padres, se sientan en una silla? ». 
Y les contesté: «Sí» , sin mirarles nunca a la cara porque esa cultura me prohíbe hacerlo. 
Y entonces me dijeron: «¿Es usted la abogada?» 
Y yo dije: «Sí. Pero soy una abogada estúpida. 
Soy una abogada estúpida. 
No sabía lo que hacía. He acudido a ustedes porque quiero su sabiduría. 
He acudido a ustedes porque quiero saber algo. 
Quiero hacer lo correcto para la sociedad, pero no sé como hacerlo y quiero que ustedes me orienten». 
Es importante que comprendan que esa era mi estrategia. 
Escucharon lo que decía, pero hicieron más que eso. 
Dijeron: «Públicamente no la apoyaremos, pero tampoco nos opondremos a usted públicamente». 
Y eso fue todo lo que necesitaba. 
Nada más. 
Necesitábamos que nos escucharan. 
Necesitábamos que estuvieran de nuestro lado. 
Necesitábamos implicarles. 
Forma parte de la estrategia. 
En los 90 casos en que me he visto implicada, las estrategias no han sido iguales. 
Tal y como saben ustedes, no cobro por trabajar en los casos. 
Esto se debe a que he disfrutado de un gran privilegio, el de la educación, que también es mi pasión. 
Independientemente de cuál sea mi parte de este premio, todo va a la educación. 
A raíz de este Premio Sájarov he creado un fondo especial para invertir en educación, porque creo que es el buen camino. 
Ahora leeré mi discurso de tres minutos. 
Estoy abrumada por tener que recibir este prestigioso Premio Sájarov 2005 con todo este distinguido grupo de personas. 
Me entristece que las Damas de Blanco no estén presentes. 
Comparto el sentimiento del Parlamento y estoy de acuerdo con lo dicho por el Presidente. 
Me enorgullece estar asociada a Reporteros Sin Fronteras. 
Es un regalo y un mensaje que otorga poderes a las personas sin voz, sin poder, a los analfabetos y a las mujeres. 
No solo reconoce a las mujeres y a los niños del norte de Nigeria, para quienes he trabajado, sino a todos quienes no están representados en la sociedad. 
Este premio transmite a esos millones de personas que el Parlamento Europeo no solo les oye, sino que les apoya, les anima y les alaba. 
Es una lección de humildad darse cuenta de que la mayoría de nosotros nos esforzamos por el bien común, por el respeto universal a la dignidad humana, por los derechos humanos básicos y por los derechos civiles Por desgracia, algunas de las disposiciones del nuevo sistema jurídico de la sharia de mi país, Nigeria, violan algunos derechos humanos básicos, especialmente un trato equitativo ante la ley. 
A pesar de los avances científicos, una mujer en 2005 puede morir lapidada por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. 
Plantea la cuestión del respeto por la seguridad y la supremacía de la ley, el respeto por los derechos fundamentales, la separación del Estado y la religión y normas estrictas sobre pruebas. 
Esta ley ha propiciado la pérdida de cientos de vidas. 
Las 90 víctimas del sistema jurídico de la sharia, en cuya defensa me he visto implicada, son personas sin poder y sin voz. 
Son analfabetos y pobres. 
El nuevo sistema jurídico de la sharia de Nigeria debe reformarse. 
Necesitamos que nos ayuden con su voz. 
Debe reformarse. 
Nuestro objetivo reformador es un enfoque de abajo hacia arriba. 
Tenemos un plan a largo plazo, un plan a medio plazo y un plan a corto plazo. 
Nuestra metodología será flexible. 
Responderá a un sistema cultural de valores. 
Requiere habilidades de organización y analíticas, así como una inteligencia creativa. 
Hemos de pensar estratégicamente, coordinando a los donantes y cooperando con ellos, colaborando con líderes políticos, creando coaliciones y promoviendo formas alternativas de resolver disputas. 
Daremos a las personas herramientas para que formulen preguntas y promuevan mayores medidas de libertad y activismo político. 
Haremos que la gente conozca la esencia del Estado de Derecho, no la esencia de ser gobernado por la ley o por el hombre. 
A fin de fomentar esta idea y esta visión nos basaremos, sin cejar, en la lucha y los trabajos de nuestras heroínas, como la que da nombre a este edificio: Louise Weiss. 
No podemos permitirnos el lujo de encapricharnos con los avances logrados. 
Hemos de seguir basándonos en este enfoque moderno, a través de la defensa y algo más. 
Saldré de este hermoso y magnífico edificio con una mayor autoestima, porque tengo más voz. 
El Parlamento Europeo, uno de los organismos más importantes del mundo, está detrás de mí. 
Lo que es más importante, la difícil situación de los pobres y de los sin voz, con quienes hoy he paseado libremente, está captando la atención y su causa se conoce y se apoya. 
Hoy ustedes han elevado el volumen de la voz de la humanidad. 
Regresaré a Nigeria con un profundo sentido de misión y ayudaré a redefinir el futuro de las personas más vulnerables y sin poder. 
Regresaré para compartir estas aptitudes en mi país, y por todo el mundo, con humildad y pasión por la libertad y la justicia, independientemente de la raza, el color, el sexo, las creencias políticas y los privilegios. 
Mi máxima esperanza es que, a través de la aplicación efectiva del Estado de Derecho, quienes defienden la verdad y la justicia y quienes trabajan eficazmente para lograr una comunidad mejor cambiarán los corazones de las personas y la actitud de los Gobiernos que rigen la sociedad, y conseguirán el tipo de mundo que todos nosotros contemplamos. 
He elegido un camino, un camino de protección igualitaria ante la ley, un camino que conduce a la justicia, que anima y compromete, un camino para hacer el bien. 
En todos ustedes que componen el Parlamento Europeo y en todos los amantes de la humanidad he encontrado la pasión para seguir adelante. 
¡Qué gran día, qué gran honor y qué grandes personas! 
Muchas gracias. 
. Señorías, ante todo quisiera darles las gracias evidentemente por habernos concedido este premio Sájarov, a nosotros, a todo el equipo –una parte de él está aquí–, y manifestarles hasta qué punto es importante para nosotros. 
Permítanme citar un solo nombre, el de Jean-Marie Cavada, que es un amigo; sé cuánto ha batallado para que Periodistas sin Fronteras obtuviera este premio. 
Gracias, Jean-Marie. 
Quisiera comunicarles, aleatoriamente, algunas observaciones positivas y otras más negativas. 
Empezaremos por las positivas y dejaré las negativas para el final. 
En primer lugar, quiero felicitarles, a ustedes, hombres y mujeres del Parlamento, por reconocer cualidades y, sobre todo, conceder un premio como este a periodistas, a pesar de que estos les den la lata todo el tiempo y de que ustedes no les escatimen las críticas, y con razón. 
Sí, tienen razón: los periodistas no hacen muy bien su trabajo, ni mucho menos. Pero conceder el premio Sájarov a Periodistas sin Fronteras es decir también que, a pesar de todo, se reconoce que los periodistas son indispensables para la democracia, del mismo modo que son indispensables los representantes elegidos. 
También es decir –permítanme que lo recuerde aquí, aunque ya lo saben– que as pesar de las columnas de cotilleo también existe esa especie de periodismo que implica asumir riesgos cada día. 
Esa asunción cotidiana de riesgos está representada por nuestros 74 compañeros asesinados en Iraq, dos veces más que en veinte años de guerra en Vietnam, y los cinco periodistas iraquíes hoy presos entre los 120 periodistas detenidos en Iraq por el ejército norteamericano, sin que sepamos nada: ni por qué lo están, ni qué se les reprocha, ni cómo se les puede defender exactamente. A través de nosotros, es a ellos a quienes ustedes rinden homenaje; creo que lo merecen, una vez más, aunque se pueda estar irritado, con razón, por el comportamiento de la prensa. 
Permítanme citar un nombre en esta Cámara, un nombre que creo que está de actualidad: el del último periodista asesinado. 
Es la decimocuarta víctima de los atentados selectivos que se producen en este país desde hace algunos meses. 
Hay que estar con los libaneses, y hay que estar con los demócratas libaneses. 
Como saben, a través de Gebran Tueni se apunta de nuevo contra la democracia y la independencia real del Líbano. 
Tenía interés en honrar con ustedes la memoria de Gebran Tueni. 
Presentaré ahora al azar algunos puntos quizás más críticos, y el premio entregado a las Damas de Blanco me permite abordarlos. 
Todavía sigue existiendo una capacidad de indignación de «geometría variable» que me escandaliza. 
Cómo no comprender que se puede considerar escandaloso que 24 periodistas sean detenidos en Cuba y, al mismo tiempo, encontrar igual de escandaloso lo que les decía hace un momento, que el ejército norteamericano, sin justificarlo en ningún momento, tiene presos a periodistas en Iraq. 
No debemos elegir entre unos y otros. 
Hay que ser igual de intransigente en un caso y en el otro. 
En el caso de Cuba, me deja totalmente estupefacto la actitud de algunas personas. 
Cuando un Periodista sin Fronteras, se lo decía a unos amigos ayer, denuncia la dictadura en Birmania, en Corea del Norte o en Laos, nadie viene a decirnos que exageramos, que está mal, que es más complicado que eso. 
Basta que digamos que también existe una dictadura en Cuba para recibir toneladas de cartas con insultos de personas que encuentran excusas para esa dictadura. 
No me pronuncio aquí sobre si hay que mantener o no el embargo norteamericano. 
No es mi problema. 
Mi problema es que hay 300 presos de opinión en Cuba cuyo único error ha sido pedir la democracia y discutir la autoridad del señor Castro. 
¡Eso es todo! 
Y es inaceptable que se les trate de este modo, sean cuales sean las posiciones políticas que uno defienda. 
Me deja estupefacto ver personas que están dispuestas a bajar a la calle si se toca la más mínima de sus libertades, ¡pero que también están dispuestas a aplaudir a perfectos canallas de lugares remotos so pretexto de que son exóticos! 
Otra persona a la que quería mencionar, señor Presidente, es Florence Aubenas, porque ustedes han sido el ejemplo mismo de la movilización. 
Han sido ustedes extraordinarios en el Parlamento –y no sopeso las palabras, como verán–, han sido extraordinarios con Florence Aubenas. 
Los franceses, los belgas, los italianos, los alemanes, todo el mundo se movilizó. 
Pero qué injusticia para los demás. 
Hay otras Florence Aubenas, pero que no pertenecen a grandes medios de comunicación occidentales y que no son occidentales. 
Y en esos casos, resulta increíblemente difícil movilizarles, movilizar a la prensa, a veces incluso a nosotros mismos, como si hubiera dos varas de medir, como si hubiera vidas que valen más que otras, como si hubiera libertades que nos afectan y otras libertades que no nos afectan. 
Es imperativo que pongamos coto a esta forma de pensar. 
No podemos ser creíbles y no podemos decir a la gente que «en esta Cámara somos demócratas que luchamos por la democracia» si luchamos con mil veces más tesón por esa democracia cuando se trata de los nuestros que cuando se trata de los otros. Eso nos resta toda credibilidad, incluso a nuestro discurso sobre los derechos humanos. 
Quería decírselo, porque lo vivo todos los días. 
También tenía empeño en decirles que hay que poner fin a esta especie de mala conciencia tercermundista, dejar de creer que están defendiendo en esta Cámara los valores de occidente, dejar de autoflagelarse siempre y de buscar excusas para personas que no tienen ninguna. 
Los valores de la democracia que ustedes defienden aquí son universales, valen aquí, en Cuba o en Nigeria. 
Dejemos de creer que tenemos una especie de deber de memoria ardiente con esos aniversarios y esas conmemoraciones perpetuas. 
Estamos hartos de eso, centrémonos en el presente. 
Yo no tengo mala conciencia por lo que haya sucedido en el pasado. 
Tengo mala conciencia por lo que pasa hoy y por lo que no hago. 
Me gustaría abordar otro punto, si me lo permiten, sobre nuestra propia intolerancia. 
Es tan fácil defender las ideas de las personas que piensan como nosotros. 
Es tan fácil pelear por gente que se nos parece. 
Pero la democracia no es eso. 
La democracia es luchar por el derecho de expresión de los demás, incluidos los que mañana representarán un peligro para nuestras democracias. 
Esta es la paradoja y la dificultad a la que ustedes se enfrentan y yo también. 
En Periodistas sin Fronteras, lo cuento a menudo a mis amigos –veo a Dany frente a mí–, visitamos países en los que defendemos a personas que pienso que son unos canallas, y me digo que el día en que ese individuo llegue al poder, Dios mío, me volveré rápidamente. 
Al mismo tiempo, me digo que mi lugar está ahí. 
La diferencia entre cierto número de personas que hablan de democracia y los que la viven –y ustedes la viven aquí– es que se es capaz de decir esto, de asumir la defensa de personas porque no se benefician de una serie de normas jurídicas, aunque esas personas representen mañana un peligro para nosotros. 
Esta paradoja es nuestra debilidad, y al mismo tiempo nuestra fuerza. 
Me gustaría decirles dos o tres pequeñas cosas más. 
No, todos los atentados a la libertad de prensa no son lo mismo. 
Dejemos de pronunciar palabras como estas: «Esperen, no sé cómo se hacía en el pasado, la detención de un objetor de conciencia en Suiza (cuando existía la objeción de conciencia) y los 30 años de gulag en la Unión Soviética son lo mismo». 
No, no son lo mismo. 
Hay que luchar en estos dos casos diferentes. 
Dejemos de hacer creer o acabar por hacer creer a los demás que no vivimos en democracias. Vivimos de hecho en democracias. 
La mitad de los países del mundo no tienen esta democracia. 
Poner en el mismo plano el problema de la concentración de los medios de comunicación en nuestros países y el de la detención de periodistas en China o Birmania resulta repugnante para las personas que están encarceladas en China. 
Es indecente para ellas. 
En esta tribuna puedo decir lo que veo, incluso sobre ustedes. 
Eso es imposible en la mitad de los países del mundo; entonces, dejemos de mezclarlo todo. 
Sí, hay cosas que no marchan en nuestros países. 
Sí, en el ámbito de la información, hay cosas que no marchan. 
Sí, debemos reflexionar. 
Sí, al igual que ustedes, me escandaliza de vez en cuando la actitud de mis colegas y lo que hago como periodista. 
Pero hay que tener cuidado de no decir que se trata de lo mismo, de no confundir un país en el que, por lo general, el atentado contra la libertad de prensa es una excepción, con países en los que los atentados contra la libertad de prensa son la regla. 
¡No es lo mismo, por Dios! 
No les pedimos que digan «sí» a todo lo que decimos. 
No creo que estén en condiciones de hacerlo. 
Nosotros somos en cierta medida irresponsables porque no defendemos nada más que la libertad de expresión. 
Ustedes están obligados a tener en cuenta otras cosas, los intereses económicos de sus países y de Europa, los intereses diplomáticos y los militares. 
Espero –estoy seguro– que sean conscientes de ello. 
Por esta razón, no les pido que digan que la política de Europa y del Parlamento está guiada solo por los derechos humanos. 
Por suerte, eso no es cierto. 
Les pido que, cuando nos digan una cosa, cuando contraigan un compromiso, lo respeten, que respeten su palabra, cosa que a veces no hacen. 
Hace un momento, señor Presidente, nos hablaban ustedes de Túnez. 
¡Pero, diantre, existe un acuerdo de asociación con Túnez! 
Me dirán que no se trata del Parlamento, sino de las instituciones europeas. 
¿A qué se espera para aplicar ese acuerdo de asociación? 
Hay cláusulas, ustedes las han votado; son ustedes los que pierden la cara en casos como este. 
En este caso no hablamos de derechos humanos. 
No obstante, si se habla, hay que respetar la palabra dada y los compromisos. 
Como saben, les necesitamos. 
Son ustedes fantásticos –se lo he vuelto a decir ayer, señor Presidente–, cuando votan informes y resoluciones. 
No crean ni por un momento que es inútil. 
Nos apoyamos en eso. 
Es útil para las personas, sigan haciéndolo, pero lleguen hasta el final. 
Digan la verdad. 
Es lo único que se les pide. 
Hemos tenido bastante de voces temblorosas. 
Tenemos ganas de oír a personas que nos digan: «Esto es lo que puedo hacer. 
No puedo hacer más, pero al menos en esto pueden contar con nosotros.» 
Quisiera decir una última cosa. 
He creído, al igual que otros, que podíamos cambiar el mundo. 
Ahora estoy menos seguro de ello, y los otros también. 
Puede resultar tranquilizador, tienen razón: también a otros les angustia esto. 
Al mismo tiempo, no podemos contentarnos con el mundo tal cual es, señor Presidente. 
Cada vez que abro el periódico, el mundo me pone enfermo. 
Tengo una niña de cuatro años, que va a crecer y que tiene mil veces más oportunidades que una niña de la misma edad en 90 países que podría citarles. 
Y esta injusticia es inaceptable. 
¿Saben que tienen de bueno los derechos humanos? 
Que funcionan. 
Yo no salvo mi alma. 
No creo ni en Dios ni en el diablo. 
Simplemente, creo que podemos cambiar, mejorar día tras día la vida de cada persona. Para hacerlo les necesitamos a ustedes. 
– Señor Presidente, es una ironía del destino que inmediatamente después de la aprobación de la «Directiva relativa al seguimiento» , el Parlamento otorgue el Premio Sájarov a la transparencia y los derechos humanos. 
El mismo día que estamos construyendo muros para restringir la libertad de nuestros conciudadanos, concedemos premios a aquellos que derriban estos muros en el mundo que nos rodea. 
De acuerdo con los portavoces, esta Directiva debería liberarnos del asesinato, el terrorismo y la delincuencia organizada pero, en realidad, ante todo nos libera del ideal democrático. 
Lo bueno de la democracia es ser capaz de comunicarse con quien sea en el momento que sea sin tener que sentirse inquieto por tales comunicaciones. 
Los defensores de la Directiva sostienen que es necesario un seguimiento adecuado para combatir los delitos más graves, pero se equivocan. 
En la práctica, la Directiva se aplicaría a todos los delitos incluidos en la orden de detención europea, es decir, podría emplearse también para perseguir a aquellos que comparten archivos ilícitamente. 
Por eso, esta nueva Directiva ahora ha llenado de alegría a las grandes empresas de comunicación. 
Les permitirá retener su vieja tecnología, y no deberán dotarse de una más moderna con la que el consumidor podría ahorrar dinero. 
Según la Directiva, los datos podrán conservarse entre 6 y 24 meses. 
De hecho, el 80 % de todos los correos electrónicos son lo que llamamos correo no deseado. 
Se trata de una Directiva basura que comportará la conservación de correo basura, una práctica que queda lejos de ser la forma más eficaz de combatir la delincuencia organizada. 
Cuesta dinero y desvía recursos de medidas más eficaces. 
Para los delincuentes profesionales, también es fácil evitar que los pillen en la red. 
En los Estados Unidos, la policía ultracongela los datos. 
Es mucho más sencillo y eficaz, y solo afecta en concreto a sospechosos de haber cometido un delito. 
¿Dónde estaba usted el 17 de marzo? 
¿Con quién se encontró? 
¿Al lado de quién se sentó? 
¿Se sentó al lado de un conocido delincuente? 
¿Cómo puede demostrar que no tuvo ningún contacto? 
¿Cómo sabe que aquellos con quienes mantiene contacto regular por correo electrónico no están siendo perseguidos por la policía por compartir archivos ilícitos a gran escala? 
¿Cómo demuestra que no mandó material protegido por derechos de autor? 
¿Conoce el lado oscuro de aquellos con quienes se comunica? 
Los Estados gobernados por el derecho continuarán existiendo y, muy a menudo, solo se condenará a las personas cuando sean culpables pero, tal vez, la carga de la sospecha solo se levante tras interrogatorios y registros domiciliarios abusivos. 
Los Verdes hemos votado en contra de esta Directiva. 
– Señor Presidente, Señorías, voto en contra de la directiva sobre la conservación de los datos, en primer lugar porque se trata de una directiva intrusiva y técnicamente inaplicable. 
La única amenaza a la seguridad es la que afecta al derecho a la privacidad de los ciudadanos. 
De hecho, esta directiva no se refiere a los sujetos sospechosos, a los investigados o a los que tienen antecedentes, sino que ve y escucha a todos, indiscriminadamente. 
Con esta directiva se quiere institucionalizar una horrible discriminación hacia la inmensa mayoría de los ciudadanos, integrada por personas honestas y pacíficas, a las que deberíamos en cambio defender de este tipo de abusos. 
No podemos consentir la existencia en Europa de un sistema controlado de espionaje continuo e injustificado, por añadidura inútil y costoso; no podemos institucionalizar la no protección del derecho a la privacidad. 
Por estos motivos, he votado «no». 
– No he sido capaz de votar a favor de este informe porque considero que la Unión Europea simplemente no puede aprobar la recolección de datos personales de cada ciudadano. 
Además de hacer un seguimiento general de muestras de gente, las bases de datos pueden usarse para buscar personas con opiniones políticas o de otro tipo indeseables. 
Todos los regímenes totalitarios de la historia se han iniciado mediante la acumulación de datos personales de todos sus ciudadanos. 
Yo misma me crié en un régimen totalitario que duró cuarenta años, donde los comunistas en el poder recogían mis datos personales e información sobre mis llamadas telefónicas. 
La tecnología actual de transmisión de datos todavía no es lo bastante segura y, por lo tanto, usos potencialmente beneficiosos como la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el blanqueo de dinero pueden subvertirse fácilmente. 
Nunca podría justificar ante la opinión pública un voto a favor de una propuesta como esta. 
Señor Presidente, Señorías, soy plenamente consciente de la importancia de la Directiva relativa a la retención de datos que acaba de ser aprobada. 
Desde el punto de vista de la seguridad, creo que su aprobación es un paso esencial en la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves. 
Sin embargo, como uno de los firmantes de la enmienda 41, no puedo aprobar que cada Estado miembro ofrezca un reembolso distinto a los operadores por los costes en los que incurran como resultado de la retención de datos, ya que ello violaría las reglas del mercado libre. 
Hoy he votado a favor de la enmienda presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para rechazar la Directiva propuesta relativa a la conservación de datos. 
Considero que la propuesta va demasiado lejos por lo que respecta a la intimidad personal. 
También es ineficaz. 
No ayudará a combatir el terrorismo y, además, se ha impulsado a una velocidad vertiginosa y de una forma que no augura nada bueno para el futuro. 
En consecuencia, yo también he votado en contra de la propuesta en la votación final. 
Celebro el acuerdo propuesto entre el Parlamento y el Consejo. Logra el equilibrio justo entre permitir a las autoridades policiales y judiciales acceder a los datos sobre comunicaciones electrónicas y la protección de la privacidad. 
Su aprobación por parte de una mayoría en el Parlamento elegido y por parte de una mayoría cualificada de los Gobiernos del Consejo es prueba de que es aceptable para una amplia gama de opiniones. 
Permite justificadamente a la policía y a las autoridades judiciales acceder, en ciertas condiciones cuando investigan delitos graves, a datos de comunicaciones electrónicas anteriores: es decir, quién ha llamado a quién, no el contenido de las conversaciones. 
Sin embargo, me ha sorprendido la táctica de algunos que se oponen a él. 
He recibido cartas, mensajes de correo electrónico y declaraciones de personas que temen que los Gobiernos puedan escuchar sus conversaciones telefónicas y leer sus correos electrónicos. 
¿Por qué piensan eso? 
Porque así se lo han contado personas que deberían saber más, incluyendo algunos integrantes de esta Cámara que están dispuestos a engañar deliberadamente al público para lograr sus objetivos políticos. 
En principio, la Lista de Junio considera que una decisión con consecuencias de tan gran alcance para la gente no debe tomarse sobre la base de una mayoría cualificada. 
En lugar de ello, el procedimiento debería depender directamente de los Parlamentos nacionales, y las decisiones deberían tomarse a escala intergubernamental con el acuerdo unánime del Consejo y con la cooperación posterior de la policía y el sistema de justicia penal. 
También consideramos que la propuesta va demasiado lejos por lo que respecta a los beneficios esperados. 
Los Estados miembros deberían facilitar el intercambio mutuo de información con el fin de combatir el terrorismo y la delincuencia organizada con más eficacia. 
No obstante, dicha cooperación no exige la armonización a escala de la UE por lo que respecta a la conservación de la gran cantidad de información que está en juego. 
Esta propuesta también plantea importantes dudas respecto a la forma en que se observan las libertades y los derechos de los ciudadanos en una situación en que la gente en general esté bajo sospecha. 
La Lista de Junio no desea ayudar a crear en Europa una sociedad donde la gente está bajo vigilancia. 
Si un Estado miembro desea introducir la obligatoriedad de la conservación de datos, solo debería hacerlo tras un debate nacional adecuado, con una decisión tomada en su Parlamento nacional. 
Entrar por la puerta de atrás en una legislación de tan amplio alcance es algo sumamente inapropiado desde un punto de vista democrático. 
. 
Lamentamos el hecho de que la mayoría en el Parlamento no aceptara la propuesta de rechazar esta Directiva relativa a la conservación de datos de comunicaciones electrónicas, una propuesta que contaba con nuestro apoyo. 
Cabe recordar que el Parlamento había rechazado anteriormente una propuesta similar, que no contó con la decisión unánime del Consejo que habría necesitado para ser aprobada. 
La propuesta de Directiva que tenemos ante nosotros, presentada por la Comisión a iniciativa del Reino Unido, solo ha necesitado tres meses para ser aprobada por una mayoría de diputados y por una mayoría cualificada en el Consejo. 
La Presidencia británica ha manifestado su deseo de que esta Directiva entre en vigor lo antes posible. 
Consideramos que se trata de otra propuesta inaceptable, ya que forma parte de la actual ofensiva de seguridad que atenta contra los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos, con el pretexto de la llamada «lucha contra el terrorismo». 
La intención es «legalizar» algo que es ilegal. 
La Directiva intenta ampliar su alcance actual de recolección y almacenaje de datos (comunicaciones telefónicas, correo electrónico, Internet, etc.) por un periodo de hasta dos años, prorrogables, para entre otros aspectos «prevenir» infracciones. 
Se ha incluido una cláusula de flexibilidad que dará luz verde a la recolección prácticamente indiscriminada de información electrónica. 
De ahí nuestro voto en contra. 
. He votado en contra de la propuesta sobre la conservación de datos. 
El Parlamento Europeo ha sido utilizado para cortocircuitar los Parlamentos nacionales que han rechazado propuestas similares. 
Nuestro Parlamento ha perdido ciertos derechos debido al proceso que hemos adoptado con respecto a esta Directiva. 
Espero que esta actitud sirva de aviso, y no de precedente, cuando manejemos futuros expedientes en este ámbito en el proceso de codecisión: el premio que nos ofreció el Consejo por ser una institución «políticamente madura» , capaz de estar de acuerdo con el Consejo. 
Hoy hemos creado el marco para un estado de vigilancia. 
No tengo del todo claro que esto nos proporcione más seguridad y nos proteja frente a la delincuencia. 
El objetivo de la directiva ya no es la prevención contra la delincuencia. 
Por tanto, estamos empleando un enfoque dirigido por los servicios secretos que se basa en la eficacia de la seguridad y el apoyo públicos. 
La vigilancia masiva amenaza dicha seguridad. 
Tenemos alternativas a dicha vigilancia y deberíamos aprobarlas. 
. 
Esta Directiva no aporta nada que garantice ni la proporcionalidad, ni la ponderación de intereses entre seguridad y las libertades fundamentales de los ciudadanos, ambas de gran importancia para mí. 
En particular, las autoridades consideran el almacenaje de datos como una herramienta vital para investigar y combatir el terrorismo, aunque la ley ya prevé el acceso, sujeto a una resolución judicial, a aquellos datos que los operadores de servicios telefónicos almacenan para la facturación. 
Además, se ha demostrado que es imposible llegar a un acuerdo o determinar qué debería hacerse respecto a los costes incurridos como consecuencia de la conservación, de forma que los efectos resultantes en el futuro para la industria y el consumidor serán inciertos. 
Aunque yo también opino que los datos de telecomunicaciones son de gran importancia en la resolución de delitos y en la lucha contra el terrorismo internacional, el hecho es que, en este ámbito ya disponemos de amplias posibilidades de acción sin, a diferencia de la Directiva propuesta, tener que interferir en los derechos fundamentales de cada individuo. 
Una buena ley no se adopta con premura de tiempo y con una base deficiente para tomar una decisión. 
Soy muy crítico con la forma en que se ha tratado el proceso relativo a la propuesta de decisión sobre la retención de datos en la prestación de servicios de comunicación electrónica. 
Se trata de una cuestión respecto de la cual resulta difícil adoptar una postura, Es necesaria la reflexión, junto con una sólida base objetiva en relación con el aspecto de la privacidad, las consecuencias técnicas y los costes reales para los operadores de telecomunicaciones y, por ende, para los consumidores. 
Es un planteamiento que debemos a los europeos. 
Es indudable que los datos de las comunicaciones electrónicas pueden ser valiosos en diversas investigaciones de delitos. 
Sin embargo, ello no significa que debamos dar luz verde a una amplia conservación de datos. 
Debe ser posible emplear los datos de las comunicaciones electrónicas, pero solo en relación con delitos muy graves y bien tipificados, y de acuerdo con las resoluciones judiciales. 
Es deseable llevar a cabo una armonización de las disposiciones de la UE, pero estas deberían ser mucho más restrictivas de lo que indica la actual decisión. 
La propuesta de modificación de la directiva, aprobada en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, era un paso en la dirección correcta. 
Sin embargo, en la votación, esta propuesta ha sido rechazada a favor de propuestas que van demasiado lejos. 
Así pues, decidí votar en contra de la propuesta de directiva. 
Habría preferido una decisión que incluyera periodos de conservación menores y una mejor protección de la intimidad. 
Se habrían excluido los correos electrónicos y solo se habría permitido la utilización de datos de comunicación electrónica en el caso de determinados delitos graves y bien definidos. 
. La Directiva de conservación de datos impulsada bajo la Presidencia británica no ha sido exactamente esperada con ansiedad en Europa. 
En un intento por combatir el terrorismo y la delincuencia, los datos telefónicos y de Internet de ciudadanos y empresas pronto van a almacenarse durante años. 
Se trata de una infracción absoluta de la intimidad y crea una gran incertidumbre jurídica. 
No se ha tratado adecuadamente la cuestión de quién tiene acceso a estos datos y quién los emplea. 
Es muy posible que las empresas de telecomunicaciones usen los datos con fines comerciales. 
Además, no existen garantías de que el almacenaje obligatorio de datos ayude a localizar a terroristas y delincuentes. 
Aunque la Directiva es válida para toda Europa, son los Estados miembros quienes establecen la definición de «delito grave» , y no está claro quién cargará con el coste que las grandes bases de datos exigen. 
La Directiva no solo es superflua, sino que también ha sido aprobada demasiado rápido por el Consejo y el Parlamento, con el ponente simplemente marginado del proceso, y el Consejo de Ministros echando por la borda todas las garantías incorporadas por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 
Se trata de otro ejemplo de la falta de preparación de nuestras instituciones democráticas para enfrentarse a este tipo de demagogia, unos miedos comunes entre la opinión pública que los Gobiernos suelen aprovechar. 
Bajo el pretexto de responder al terrorismo, la fortaleza llamada Europa se está convirtiendo cada vez más en un Estado policial. 
No sé por qué se tuvo tanta prisa con esta propuesta, «este procedimiento legislativo extremadamente acelerado ha tenido como consecuencia, entre otras razones por los plazos de traducción, la falta de tiempo de examen de los textos o la falta de algunas traducciones. 
Ha faltado asimismo la evaluación de las consecuencias técnicas o un estudio de las repercusiones en el mercado interior. 
Teniendo en cuenta ante todo las medidas y proyectos para “legislar mejor” a nivel europeo, esperemos que el procedimiento seguido en los debates sobre el almacenamiento de datos no se convierta en la regla general» , citando directamente del informe dirigido al Parlamento. 
-Todavía hay un marco de decisión a este respecto con el Consejo de Ministros. 
-Se duda de que para esta propuesta se haya empleado el fundamento jurídico correcto. 
. 
No debe seguir abusándose del miedo al terrorismo con el propósito de anular progresivamente los derechos y las libertades fundamentales en beneficio de un Estado de vigilancia totalitario. 
Desde los ataques del 11 de septiembre, se ha hecho evidente la creciente tendencia de actuar no solo contra aquellos que se dedican a destapar asuntos, es decir los periodistas, sino también contra aquellos elementos inconformistas o que provocan el desagrado de las autoridades. 
El último ejemplo de cómo las libertades de los periodistas se han visto restringidas y censuradas es lo que conocemos como «asunto Cicero». 
No obstante, incluso en el mejor de los casos, solo se coge al pez pequeño, ya que las organizaciones de delincuentes y las redes terroristas a menudo están bien preparadas para eludir su procesamiento. 
Dado que los ataques terroristas a menudo se planean con muchos años de antelación, esto no puede impedirse simplemente mediante la conservación de datos. 
En cambio, la consecuencia de ello es la subvención permanente del hardware de red, la interferencia injustificada en la vida privada de la gente y la obstaculización en la práctica de la labor profesional de médicos, periodistas, abogados, etc. en posesión de datos confidenciales. 
Si bien todavía no hay cálculos creíbles de los efectos y los costes que se derivarán de la Directiva planeada, no es aceptable bajo ninguna circunstancia dejar a los ciudadanos indefensos ante esta gran reducción de sus derechos fundamentales. 
Si no queremos terminar pronto con algo parecido a un Internet al estilo chino, por lo menos debemos proteger a los ciudadanos de los posibles abusos mediante sanciones estrictas y disuasorias. 
. Tras la votación del informe Alvaro creo que los diputados laboristas al Parlamento Europeo consiguieron protecciones más sólidas con respecto a la seguridad de los datos de comunicación, así como la especificación de sanciones penales y administrativas ante un mal uso de los datos conservados. 
A la hora de representar a Londres, la ciudad que registra uno de los números más elevados de proveedores de servicios de Internet de la Unión Europea, las protecciones son importantes. 
. He votado a favor de la posición de la comisión LIBE, pero en contra de la resolución global. 
Una ley apresurada suele ser una mala ley. 
La presidencia del Reino Unido del Consejo ha sido quien ha metido prisa. 
Es trágico que dos grandes Grupos de diputados al Parlamento Europeo la hayan aprobado en una única lectura y no tras un escrutinio a fondo. 
Tiene muchos defectos. 
La definición de «delitos graves» es dudosa, por lo que se deja a la libre decisión de los 25 Gobiernos. 
La cuestión de los costes está poco clara. 
Los solicitantes, los Gobiernos, deberían pagar, no el ciudadano particular. 
La inclusión de los correos electrónicos no fue una buena idea. 
Nunca se consultó formalmente a la industria. 
Los correos electrónicos de Hotmail y Yahoo quedan totalmente excluidos. 
En los bombardeos de Madrid de 2004 los terroristas no enviaron ningún correo electrónico; en su lugar, uno de ellos escribió un borrador en Yahoo y sus cómplices entraron y lo leyeron. 
Se envía tanto correo electrónico basura. 
¿Por qué los Gobiernos quieren conservar el correo basura? 
El texto concede mucha libertad a los 25 Gobiernos para hacer lo que quieren. 
Les permite a ellos mismos decidir los detalles, que los Parlamentos nacionales no pueden modificar. 
Es una ley poco satisfactoria. 
Me enorgullece haberme opuesto a ella en su forma actual. 
. 
Antes de iniciar ninguna discusión sobre el informe, deseo decir que debemos saludar el hecho de que esta cuestión haya suscitado un debate tan amplio. 
En mi opinión, es una señal de que Europa está preparada y despierta ante los riesgos potenciales respecto a las libertades individuales de un planteamiento de excesiva seguridad. 
En el informe que hemos aprobado, no he detectado ninguna deriva hacia una seguridad obsesiva, ni ningún abandono de los principios fundamentales de asegurar y proteger los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. 
El informe demuestra que reconocemos la necesidad de incrementar los recursos disponibles para combatir la delincuencia, sobre todo dada la grave naturaleza de algunos tipos de delitos, siendo sin duda el terrorismo el primero de la lista, y dado el uso de nuevas tecnologías en estas actividades delictivas. 
Existe una preocupación que ha salido a la luz en el debate y en el documento aprobado, que considero debe destacarse. 
El aumento de poderes que este informe prevé solo funcionará si se realiza un seguimiento más detallado de su uso, y el Parlamento no puede perder este punto de vista en relación con esta Directiva. 
Lo que hemos aprobado hoy tiene el propósito de proteger a los ciudadanos de los delincuentes, y no debe usarse para ningún otro fin. 
. Nadie negaría la necesidad de investigar todas las medidas que pudieran contribuir a la lucha contra el terrorismo, pero solo con la conservación de datos propuesta no se conseguirá el objetivo deseado. 
Peor aún, me temo que infringirá la libertad y añadirá costes innecesarios para los negocios y los consumidores sin que en realidad nuestros ciudadanos estén más seguros. 
Es una propuesta imperfecta y el Parlamento hoy no nos ha hecho ningún favor aprobándola. 
. 
Después de hacer examen de conciencia, he votado a favor del informe: 
-con la esperanza de que las autoridades utilicen los datos solo de acuerdo con nuestras estipulaciones. 
-sabiendo que el concepto de «auto del tribunal» no puede encontrarse en todos los Estados miembros; 
-sabiendo que esta Cámara ha quitado hierro a lo que le propusieron el Consejo y la Comisión y, por último, 
-convencido de que el Parlamento protegerá de manera adecuada los derechos civiles. 
Después de dos años exigiré ver datos estadísticos sobre el acceso de las autoridades a los datos. 
. – He votado en contra de la propuesta de directiva sobre la retención de datos porque pese a las mejoras con respecto a la propuesta inicial de la Presidencia británica, tras el esfuerzo realizado por diputados al Parlamento Europeo, sigo creyendo que estas medidas por sí solas demostrarán ser ineficaces en la práctica y además minarán las libertades individuales, con consecuencias dolorosas. 
Siempre me guío por la memorable frase del presidente estadounidense Benjamin Franklin, que afirmó en 1759: «Aquellos que sacrifican una libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad temporal no merecen ni una ni otra». 
. Una buena ley no se adopta con premura de tiempo y con una base deficiente para tomar una decisión. 
Soy muy crítico con la forma en que se ha tratado el proceso relativo a la propuesta de decisión sobre la retención de datos en la prestación de servicios de comunicación electrónica. 
Se trata de una cuestión respecto de la cual resulta difícil adoptar una postura, que requiere reflexión, así como una buena base de datos fácticos. 
Este es un enfoque que nosotros, los políticos, debemos a los europeos. 
Sin duda, se da el caso de que la información sobre conversaciones telefónicas pueden resultar valiosa en varias investigaciones penales. 
Sin embargo, esto no significa que debamos dar luz verde a la retención extensiva y sistemática tanto de las conversaciones telefónicas como de los correos electrónicos. 
Debe ser posible utilizar los datos de telecomunicaciones electrónicas, pero solo en relación con delitos muy graves y bien definidos y previa decisión judicial. 
Es deseable llevar a cabo una armonización de las disposiciones de la UE, pero estas deberían ser mucho más restrictivas de lo que indica la actual decisión. 
Por otra parte, lo más probable es que se tenga que compensar a los operadores de los servicios de telecomunicaciones por los costes adicionales. 
La propuesta de modificación de la directiva, aprobada en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, era un paso en la dirección correcta. 
En la votación, sin embargo, esta propuesta fue rechazada en favor de una propuesta idéntica a la que negociaron los Gobiernos. 
Así pues, decidí votar en contra de la propuesta de directiva. 
Me hubiera gustado contar con una decisión que contemplara periodos de retención más cortos. 
Se habrían excluido los correos electrónicos y solo se habría permitido la utilización de datos de comunicación electrónica en el caso de determinados delitos graves y bien definidos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la presunta utilización, por parte de la CIA, de países europeos para el transporte y la detención ilegal de prisioneros. 
Señor Presidente, en las últimas semanas hemos oído y leído mucho sobre el supuesto uso del espacio aéreo, de aeropuertos y países europeos por parte de los Estados Unidos en su guerra mundial contra el terror, por lo que acojo con agrado el debate de esta tarde. 
De este modo, el Parlamento puede debatir una de las cuestiones fundamentales que afrontan los Gobiernos y las instituciones europeos en el siglo XXI: el equilibrio necesario entre seguridad y libertad en un mundo caracterizado en parte por el terrorismo que causa un número masivo de víctimas. 
Espero que el debate contribuya a arrojar luz sobre las cuestiones básicas asociadas, incluida la de cómo abordar la amenaza sin precedentes que todos afrontamos y que procede del terrorismo internacional, garantizando al mismo tiempo el respeto por el Estado de Derecho internacional, y cómo los Estados miembros han de tomar decisiones difíciles para mantener el equilibrio entre seguridad y libertad y asumir responsabilidades con respecto a esas decisiones. 
Asimismo, espero que el debate pueda demostrar respeto por la palabra de otros Gobiernos, los beneficios de un debate informado y un sentido de la proporción. 
Con ello el Parlamento podrá hacer una contribución valiosa y creíble al mayor debate sobre cómo salvaguardar nuestra seguridad y libertad a la vez. 
Tal y como sabrán los diputados a este Parlamento, se han lanzado acusaciones en los medios europeos e internacionales, y en otros lugares, en relación con las instalaciones de arresto en Europa y el uso de aviones para trasladar a sospechosos de terrorismo de un país a otro a fin de interrogarlos mediante el empleo de la tortura y los malos tratos. 
Estos informes han propiciado el debate entre los Ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebró el 21 de noviembre en el Consejo de Asuntos Generales. 
A raíz de ese debate, la Presidencia escribió el 29 de noviembre a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, en nombre de los socios de la Unión Europea, preguntando por las opiniones del Gobierno de los Estados Unidos sobre dichas acusaciones. 
El 5 de diciembre, antes de su visita a Europa, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos hizo una declaración pública detallada al respecto. 
La Presidencia ha enviado esta respuesta a los colegas de la Unión Europea y hoy yo he suministrado una copia de la respuesta al Presidente Borrell Fontelles. 
Algunos colegas de la Unión Europea pudieron hablar la semana pasada en Bruselas de este asunto con la Secretaria de Estado Rice. 
El Reino Unido ha expresado su satisfacción con la declaración de los Estados Unidos. 
Sé que otros colegas de la Unión Europea también han manifestado públicamente comentarios sobre la declaración de la Secretaria de Estado Rice. 
El Consejo celebra la pormenorizada declaración de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos porque todos los países europeos comparten la determinación de los Estados Unidos de proteger a ciudadanos inocentes de la amenaza del terrorismo, dentro del marco del derecho internacional. 
Seamos claros con respecto a la amenaza que ha lanzado el terrorista contemporáneo a nuestro pueblo. 
Europa ha afrontado el terrorismo durante muchos años. 
No necesito hacer una lista de los nombres de las organizaciones y las personas en cuestión, pero ninguno de nosotros ha afrontado el tipo de amenaza que afrontamos, ahora y a largo plazo, de Al Qaeda y sus seguidores. 
El terrorismo actual equivale a ataques con un número masivo de víctimas. 
Los hemos visto en Nueva York, Washington, Estambul, Madrid y hace poco en Londres y en numerosas ciudades de todo el mundo. 
Sus Señorías recordarán que, hace tan solo unos años, Estrasburgo también fue objetivo de un ataque frustrado. 
Hoy estamos expuestos a que civiles inocentes sufran ataques de suicidas fanáticos que emplean técnicas y tecnología modernas anteriormente restringidas a los estados, pero ahora disponibles a particulares a través Internet. 
Este es el panorama que nos aguarda para el futuro inmediato. 
Nuestro pueblo necesita protección frente a él; nuestros Gobiernos tienen la evidente responsabilidad de proporcionar esa protección. 
Es una responsabilidad que exige a los Gobiernos tomar decisiones difíciles, adoptar medidas concretas y explicar y defender esas decisiones y esas medidas. 
La estrategia europea para la seguridad adoptada en 2003 hace hincapié en que el terrorismo transnacional y la no proliferación de armas de destrucción masiva constituyen una amenaza que no podemos ignorar. 
Sin embargo, al mismo tiempo, al buscar respuestas a esos nuevos desafíos, es esencial que se respeten el Estado de Derecho y los derechos humanos de las personas. 
La tortura es un elemento básico de este debate. 
La tortura es detestable. 
El Gobierno británico, como todos los Gobiernos europeos, la condena sin reservas. 
Nunca la empleamos; nunca la instigamos o la perdonamos; la condenamos tajantemente y trabajamos duro codo con codo para erradicarla. 
La declaración de la Secretaria de Estado Rice del 5 de diciembre deja claro que la política del Gobierno de los Estados Unidos consiste en cumplir la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que el Gobierno de los Estados Unidos cumple su constitución, sus leyes y sus obligaciones del Tratado. 
A continuación dice que los actos de tortura física o mental están expresamente prohibidos, que el Gobierno de los Estados Unidos no autoriza o perdona la tortura de los detenidos, y que la tortura y la conspiración para cometer tortura son delitos de acuerdo con la legislación de los Estados Unidos, independientemente de donde se produzcan. 
El Consejo celebra esta declaración. 
Está bien que la palabra de otro Gobierno soberano, expresada con tanta claridad sobre un asunto tan importante, se respete en un debate más amplio sobre el equilibrio entre la seguridad y la libertad. 
Tal y como dijo la misma Secretaria de Estado Rice el 5 de septiembre, ese debate en el seno de las democracias y entre ellas es natural y saludable. 
Así debe de ser, y este Parlamento puede contribuir, y así lo ha hecho, a ese debate. 
Sé que, a la luz de las acusaciones, el Secretario General del Consejo de Europa ha pedido a los Estados miembros de dicha organización internacional una explicación de cómo garantizan la aplicación eficaz del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. 
Estoy seguro de que los Estados miembros querrán cooperar con el Consejo de Europa. 
Los intercambios informados sobre asuntos como este son importantes, incluso en interés de nuestro pueblo, que busca que sus Gobiernos e instituciones les guíen. 
Espero poder conocer pronto sus opiniones y las del Comisario Frattini en torno a este asunto tan importante. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar la Comisión Europea siente que tiene el deber moral, institucional y político de actuar para que los derechos fundamentales de toda persona sean siempre respetados y defendidos, sin excepciones de ningún tipo. 
La tortura y los tratos inhumanos son la negación de los valores en los que la Unión Europea se ha basado desde su nacimiento, y en los que se sigue basando. 
En segundo lugar, quisiera reafirmar la importancia crucial y estratégica de la acción común y de una estrecha cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América en la lucha contra el terrorismo. 
Todas las naciones democráticas europeas, los Estados Unidos y los demás socios internacionales deben defender juntos sus valores comunes contra la principal amenaza de este siglo: el terrorismo internacional. 
Como acaba de decir el Ministro Alexander, acojo con agrado la declaración formal de la Secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, que afirma que en los Estados Unidos de América no toleran la tortura, al contrario, la castigan, ya sea en territorio estadounidense o fuera de él, en cualquier parte del mundo. 
Como entenderán, se trata de una declaración vinculante, que compromete a observar cierto tipo de conducta. 
En los Estados Unidos –y es una prueba de la gran democracia estadounidense– se ha abierto un debate público en el Congreso, en el Senado, en la prensa libre estadounidense, y es un hecho sobre el que debemos reflexionar y en el que debemos fijarnos, puesto que Europa participa también en ese debate internacional sobre este importante tema. 
En tercer lugar, hay que comprobar la verdad de las acusaciones vertidas por fuentes periodísticas, acusaciones que, de demostrarse, podrían tener serias consecuencias políticas, porque constituyen una grave violación del Tratado. 
Comprobar, Señorías, quiere decir obtener pruebas: sin pruebas, según las normas del Estado de Derecho, ninguna acusación puede considerarse probada, y hasta que no se tengan pruebas, yo mismo tengo el deber de respetar la palabra y por tanto también los desmentidos que todos los Gobiernos que he consultado hasta ahora –y digo hasta ahora– han expresado. 
Esto no excluye nuestra voluntad común de buscar la verdad, pero es evidente, como ya dije a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior anteayer por la tarde, que no puedo poner en duda, sin pruebas de lo contrario, la credibilidad de Gobiernos legítimos y democráticos de países de la Unión Europea y países candidatos. 
Además, no puedo considerar que existan países europeos «imputados» , lo digo entre comillas y se lo digo en especial a los amigos polacos y rumanos. 
Tenemos el deber de comprobar si se han cometido abusos y torturas en todo el territorio europeo. 
No se puede señalar a un país u otro como objeto de la investigación, o como acusado o imputado. 
Si ha habido tortura, si ha habido tratos inhumanos, tenemos el deber de comprobarlo en todo el territorio de la Unión Europea. 
Algunos países europeos, como saben, han puesto en marcha investigaciones a escala nacional. 
Lo han hecho Gobiernos como el portugués y el polaco, y también autoridades judiciales de países miembros, como el mío, Italia, así como las de España, Alemania y otros países. 
Esas autoridades judiciales están llevando a cabo investigaciones con los poderes propios de la judicatura y es evidente que esperamos con respeto y sin ninguna posibilidad de interferencia las conclusiones de dichas investigaciones judiciales. 
Ayer me reuní con el Secretario General del Consejo de Europa. 
Me reuní con él ayer por la tarde y le confirmé el apoyo de la Comisión –y el mío personal– a la investigación que ha puesto en marcha con arreglo al artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los 46 países miembros del Consejo de Europa. 
Confirmé también al señor Davis el apoyo convencido de la Comisión a la segunda investigación emprendida en paralelo por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
El señor Marty, que es su ponente, merece un reconocimiento público por la actividad que está llevando a cabo. 
Como probablemente sepan ya, el Secretario General concluirá la investigación el 21 de febrero de 2006 y el señor Marty presentará en enero de 2006 un primer informe sobre su investigación a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
A través de los Comisarios Barrot y Ferrero-Waldner he pedido que los datos de Eurocontrol relativos a los planes de vuelo sobre el territorio europeo y todos los elementos útiles recabados por el Centro de Satélites de la Unión Europea se pongan a disposición del Consejo de Europa para su investigación. 
Actualmente no hay elementos de prueba que confirmen las acusaciones, pero debemos seguir trabajando –y yo lo haré– en estrecha colaboración con el Consejo de Europa y con este Parlamento para encontrar la verdad. 
No me corresponde determinar qué instrumento de trabajo elegirá el Parlamento para esta tarea común, me limitaré a decir que, cuando hablamos de investigación, son necesarios poderes de investigación, para interrogar, indagar e inspeccionar, y es evidente que les corresponde a ustedes decidir si dichos poderes están previstos o no, como el servicio jurídico del Parlamento parece indicar. 
En todo caso, buscar la verdad significa para mí no solo comprobar posibles abusos y sacar después las debidas consecuencias, sino también despejar el campo de perjuicios negativos y sospechas, que de otro modo podrían debilitar la necesaria acción internacional de lucha contra el terrorismo. 
En conclusión, pues, si hubiera sospechas o pruebas de que en Europa se han cometido abusos y torturas, seríamos sin duda más débiles frente a los terroristas y frente a la propaganda antidemocrática de los terroristas. 
Por esta razón, debemos conocer la verdad y por esta razón debemos hacerlo como leales amigos y aliados de los Estados Unidos de América, pero siempre salvaguardando celosamente nuestros valores comunes. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, me gustaría comenzar con dos comentarios introductorios. 
El primero es que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos se considera socio y amigo de los Estados Unidos de América. 
Lejos de que este debate, o de cualquier otro sobre este tema, se convierta en una ocasión idónea para albergar sentimientos antiestadounidenses, lo que debemos hacer es considerar los hechos a la luz de nuestros principios. 
En segundo lugar, la lucha contra el terrorismo es uno de los mayores retos de nuestro tiempo. 
A los terroristas, que quieren extender el miedo y el terror para intimidar, les respondemos que no nos dejamos intimidar y librando la guerra contra el terrorismo con toda la fuerza y determinación que de que seamos capaces. 
No puede haber compromisos con los terroristas, como tampoco puede haber compromisos cuando se encuentran en peligro la dignidad humana y el respeto de las leyes. 
Nuestro sistema de valores, valores que compartimos, no debe pasar a un segundo plano debido al oportunismo jurídico y político. 
Los principios que sustentan nuestro sistema democrático de valores no deben ser nunca abandonados, ya que son esos principios los que nos diferencian de los terroristas. 
Si adoptáramos los métodos terroristas pisoteando las leyes, ellos serían los ganadores. 
La lucha contra el terrorismo debe realizarse por medios legales y de acuerdo con los principios de la dignidad humana y los derechos humanos. 
Esto significa que si una persona es sospechosa de terrorismo, la prueba de que lo es solo puede establecerse sometiendo a dicha persona a un legítimo proceso legal. 
El secuestro, el rapto, la detención ilegal y la tortura son prácticas que nunca debemos permitir. 
Ningún Estado del planeta –ni el Parlamento Europeo, la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea o los del Consejo de Europa– puede permitir esas cosas. 
Permítanme citar lo que decía ayer en un importante periódico alemán el ponente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el parlamentario suizo Dick Marty; dijo que la información de la que disponía hasta ese momento refuerza aún más la impresión de que hay ciudadanos que han sido llevados a países europeos y han permanecido detenidos durante ciertos periodos de tiempo. 
Las propias palabras del señor Marty son: «Hay que destacar que las acusaciones nunca han sido formalmente impugnadas por los Estados Unidos». 
A pesar de acoger con satisfacción la declaración de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de su país no toleraría la tortura, esto no prueba que no se haya raptado a personas, razón por la cual exigimos información y transparencia. 
Consideramos esencial que se nos diga la verdad. 
Añadiré que esta ha sido siempre nuestra postura. 
Siempre hemos sostenido una postura crítica con respecto a Guantánamo, incluso antes de que el Tribunal Supremo estadounidense hubiera dictado sentencia. 
Puedo hablar en nombre de esta Cámara al decir que podemos estar orgullosos de nuestra defensa de los derechos humanos, en Guantánamo y en otros lugares del mundo, y del hecho de que el Tribunal Supremo haya llegado a la misma conclusión. 
Es necesario sacar a la luz lo que sucedió realmente y decir que, independientemente de nuestras críticas a los servicios secretos, estos son necesarios, incluida la CIA estadounidense, ya que sabemos que tanto ellos como la CIA nos prestan ayuda. 
En una situación como la actual, en la que una mujer alemana ha sido secuestrada en Iraq, necesitamos el apoyo de los servicios secretos, pero permítanme decir, con toda firmeza y rotundidad, que los servicios secretos también deben respetar la ley. 
La dignidad humana y los derechos humanos tienen más valor para nosotros que cualquier otra consideración. Debemos denunciar las situaciones que violen estos derechos, y en aquellos casos en que no se sepa si lo han sido o no, deben emprenderse investigaciones. 
Esta es la razón por la cual nuestro Grupo aboga por una estrecha cooperación con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europea y también, si fuera necesario, el establecimiento de una comisión temporal que contribuya a defender los derechos humanos y la dignidad humana. 
Señor Presidente, Señorías, estoy de acuerdo con el señor Poettering en que es necesario informar de las cuestiones sin prejuzgar. 
La cuestión principal es saber si instituciones de la Unión Europea o sus Estados miembros han participado –por activa o por pasiva– en la creación de prisiones ilegales y en la utilización de métodos de interrogatorio que deben calificarse de tortura. 
Las prisiones que funcionan al margen de la ley y el uso de la tortura en los interrogatorios constituirían una vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa y de la Convención contra la Tortura, ratificadas por todos los Estados miembros de la Unión Europea y por todos los candidatos a la adhesión. 
Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo con el Comisario Frattini en que no es misión del Parlamento Europeo investigar a ninguno de los Estados miembros o país candidato. Lo importante es que obtengamos una idea de cómo están las cosas en Europa en su conjunto. 
El mejor lugar donde hacer esto es desde esta Cámara. 
No obstante, si ponemos en marcha esta investigación, no podemos hacerlo ajenos a las experiencias del pasado. 
El señor Poettering tiene razón al decir que necesitamos a los servicios secretos, pero, más que nunca, necesitamos métodos modernos de investigación. 
La infiltración en organizaciones cuyas acciones están destinadas a sabotear y destruir nuestro sistema de valores, que no siempre se abstienen de destruir cosas de valor o la propia vida, es indispensable. Esto es sabido por todos, como el hecho de que se necesita algo más que una policía de tráfico para luchar contra tales organizaciones. 
También es sabido que el de los servicios secretos no es transparente: Dios sabe que no lo es. Por eso, después de todo, se llaman servicios secretos. 
También es sabido por todos que en ocasiones necesitan trabajar en secreto. Sin embargo, también es de todos sabido que los Estados Unidos de América y su actual administración no siempre son tan escrupulosos con las leyes internacionales. 
Mi opinión es que la decisión de entrar en guerra con Iraq se tomó sin referencia alguna al Derecho internacional. 
La decisión de librar esta guerra fue un desastre, y la guerra es un desastre en sí mismo. 
Por supuesto, de ahí se deduce que no se puede tener demasiada confianza en los servicios secretos de un país cuyo Gobierno actúa de manera poco transparente y legal, o que al menos da esa impresión. 
Evidentemente, es posible actuar para promover la confianza, por ejemplo, haciendo públicos los datos de hecho para que estén a la vista de todos, decir quién voló a qué lugar, cuándo y por qué razón, explicar de qué manera se tomó prisionera a determinada persona, en virtud de qué fundamento jurídico, las circunstancias que condujeron a su detención, a dónde se le llevó y cómo se le interrogó. 
Si las respuestas demuestran que todo se hizo de manera legal y moral, no habría ningún problema, pero si –y esperamos que se demuestre que no es el caso– estas respuestas parecen indicar que no tenemos más opción que concluir que instituciones de la Unión Europea o de sus Estados miembros participaron, por activa o por pasiva, en la detención ilegal de personas, en la puesta en marcha de prisiones fuera de la ley y en prácticas de tortura, entonces será inevitable imponer sanciones. 
Así pues, no prejuzguemos; en lugar de eso, hagamos simplemente una lista de las preguntas que esperamos que se contesten claramente. 
Le puedo decir al señor Poettering que no es una cuestión de «si fuera necesario» , sino que hoy mismo, en la Conferencia de Presidentes, pediremos que se cree una comisión temporal para que examine este asunto. 
Por lo que leo, deduzco que el Grupo del Partido Popular Europeo y los demás Grupos apoyarán esta petición. 
. – Señor Presidente, el investigador del Consejo de Europa, Dick Marty, ha calificado de creíbles las acusaciones de entregas extraordinarias ilegales. 
Si llega a la conclusión de que son ciertas, la cuestión que se nos plantea es cuál es el grado de complicidad de los Gobiernos de la Unión Europea. 
Todos ellos recitan de un tirón las negaciones, pero esto no ha satisfecho a quienes han manifestado su preocupación o quienes han impedido que se soliciten investigaciones parlamentarias o judiciales en una serie de países europeos. 
No sorprende que los Estados Unidos se sientan irritados por los intentos de los Gobiernos europeos de eludir la responsabilidad, y me alegro de que el Presidente en funciones haya hablado de asumir la responsabilidad. 
La Secretaria de Estado Rice dijo significativamente la semana pasada que los Estados Unidos han respetado la soberanía de otros países. 
Lo que significa: «no mováis el barco, que todos vamos juntos en él». 
Una posible hipótesis es que inmediatamente después del 11 de septiembre, comprensiblemente dispuestos a ofrecer ayuda a los Estados Unidos para localizar a los autores de un crimen tan abominable, los Gobiernos europeos ofrecieran ayuda e instalaciones de los servicios secretos a su aliado, los Estados Unidos. 
Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, se han hundido más en el fango de la ilegalidad. 
Solo limpiando la casa y empezando de nuevo sobre la base del verdadero respeto del Estado de Derecho podemos convencer a nuestros ciudadanos de que no estamos sacrificando nuestros principios. 
El problema es que vivimos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. 
El Presidente en ejercicio ha dicho que las declaraciones de la Secretaria de Estado Rice de la semana pasada deberían tomarse al pie de la letra. 
No obstante, si los Estados Unidos no toleran la tortura ni dentro ni fuera de los Estados Unidos, ¿por qué se resisten a la enmienda de McCain? 
¿Por qué la administración Bush ha dado tantas vueltas y rodeos, redefiniendo la tortura de forma que no abarque el hundimiento en agua, el encadenamiento prolongado o la hipotermia inducida? 
La declaración de la Secretaria de Estado Rice más bien formulaba preguntas que dar respuestas. 
Acojo con satisfacción la declaración del señor Frattini de que tenemos el deber de investigar. 
Además, también celebro su oferta de ayuda al Consejo de Europa. 
Este Parlamento ha de evitar duplicar la investigación de Dick Marty. 
Sin embargo, precisamos un mecanismo para atar todos los cabos, y para ello se precisa una comisión temporal. 
Entonces podremos valorar, a la luz del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, qué pruebas aparecen. 
Asimismo, celebro la declaración del señor Frattini de que encontrar la verdad fortalecerá nuestra lucha en contra del terrorismo mediante la defensa de nuestros valores. 
Estoy de acuerdo con el señor Poettering, cosa que no suele ocurrir, en que no es un proyecto antiamericano. 
Ayudar a salvar a los Estados Unidos y a Europa de las políticas desastrosas del Gobierno de Bush es un ejercicio proestadounidense. 
¡Qué cosas hay que oír! 
. Señor Presidente, el señor Alexander dice que cree en las ventajas de un debate informado, pero el problema es que no disponemos de demasiada información en la que basarnos. 
Está usted plenamente satisfecho con las respuestas dadas por la señora Rice y tal vez pueda decirnos por qué ha logrado ella convencerlo de manera tan inequívoca. 
Entiendo que no quiera causar un revuelo diplomático, pero ¿cuál es su estrategia ahora para averiguar la verdad? 
Es algo que me gustaría saber. 
Estados Unidos argumenta que no tolera la tortura, pero, tal y como alguien ha preguntado: ¿No hay que calificar de tortura que se lleve a alguien hasta el punto de casi ahogarlo? 
La señora Ludford ha mencionado la enmienda McCain en relación con esta asunto. 
¿Seguro que no deberíamos dejarnos convencer con un engañoso juego de palabras estadounidense? 
No, por supuesto que no. 
A veces no se libera en meses a los sospechosos de terrorismo y, a menudo, el trato que reciben es muy malo. 
Tal vez se dé la circunstancia de que estuvieran mal informados, pero, aunque así fuera, ni siquiera es esa la cuestión. 
La cuestión es que tanto si han sido torturados como si no, es ilegal detener a nadie sin un proceso judicial. 
Por supuesto, eso es lo que está pasando en la bahía de Guantánamo, pero sería demencial, más de lo que se puede expresar con palabras, que también en Europa se detuviera a personas sin juicio previo. 
Si este es el caso, si se encierra a personas o se las transporta ilegalmente en suelo europeo sin ningún tipo de proceso judicial, entonces los valores esenciales de la UE se encuentran en peligro y es necesario preguntarse lo que pretendemos hacer al respecto. 
Es nuestro deber abrir una investigación de estos casos. 
Aunque el Comisario Frattini nos explicó en detalle los procedimientos jurídicos, los conoceremos oportunamente. 
Si los valores esenciales de Europa están en peligro, debemos responder. 
De cualquier modo, podemos crear una comisión temporal, en la línea de aquella que funcionó tan bien en el caso de Echelon. 
Siempre podemos considerar más adelante si queremos transformarla en una comisión de investigación parlamentaria. 
Algunos diputados ya están recogiendo firmas para esto, pero con la Comisión Echelon hemos visto que incluso una comisión temporal de este tipo desencadena un búsqueda dinámica de la verdad, con un debate público que da a los ciudadanos el valor de hablar, de forma que la opinión pública se haga oír y los políticos se vean obligados a ir más allá de una simple afirmación de que están completamente seguros solo para complacer a algún Ministro estadounidense. 
. – Señor Presidente, Señorías, quisiera informar el Ministro Alexander de que hoy no hablamos de la lucha contra el terrorismo, sino de cientos de vuelos en toda Europa, de secuestros y torturas efectuados por la CIA a ciudadanos europeos o ciudadanos refugiados, de torturas practicadas en prisiones en territorio europeo. 
Todo esto se desprende ya de algunos elementos de la investigación del Consejo de Europa y, justamente, el Comisario Frattini nos pide que profundicemos en estos sucesos porque debemos estar en condiciones de probarlos. 
Hay un caso simbólico que reúne todos estos elementos y demuestra que existen pruebas de estos sucesos. 
Se trata del caso de Abu Omar, secuestrado en pleno centro de Milán por agentes de la CIA, trasladado a una base norteamericana y torturado durante 12 horas, trasladado después a Egipto, donde permaneció detenido y sometido a torturas durante más de un año. 
Finalmente, fue excarcelado y se le intimó a no relatar los abusos y violencias sufridos. 
Transgredió esa orden y desapareció 22 días después sin que se tengan noticias suyas. 
Todo esto está probado por el hecho de que los agentes de la CIA, autores del secuestro, dejaron pistas: teléfonos interceptados, llamadas a casa, llamadas al cuartel general de la CIA, pagos de hoteles con tarjetas de crédito y hasta datos dejados en el ordenador con el itinerario del automóvil. 
Considero que hay que profundizar en todos estos elementos; hay 22 órdenes de captura contra agentes de la CIA y todavía esperamos que el Gobierno italiano presente las solicitudes de extradición. 
Es evidente, pues, que las autoridades italianas tenían conocimiento del caso de Abu Omar, como es evidente que muchísimos Gobiernos europeos conocen estos sucesos. 
En efecto, tal como dice el Acuerdo de enero de 2003 celebrado en Atenas entre los Estados Unidos y la Unión Europea, hay que potenciar el uso de lugares de tránsito para el transporte de delincuentes extranjeros. 
Creo que debemos comprobar la verdad, debemos comprobar las torturas y las detenciones, debemos comprobar los vuelos y los traslados. 
Hace falta una comisión de investigación para sacar a la luz todos estos elementos. 
Tenemos la obligación de saber, por el bien de Europa, que no puede predicar los derechos humanos y tolerar violaciones y abusos. 
. Señor Presidente, si es cierto que los estadounidenses detienen y torturan a sospechosos de terrorismo en suelo europeo, esto supone un duro golpe para la confianza mutua. 
Sin embargo, no me agrada la vehemencia que demuestran algunas personas al tratar cuestiones serias en esta Cámara. 
Los Estados Unidos de América siguen siendo el mayor aliado de los Estados miembros de la UE, y aún no se ha demostrado nada. 
Sin embargo, el Gobierno de Bush deja algo que desear en lo que atañe a la transparencia del sistema de detención. Los prisioneros pueden ser detenidos durante años sin que intervengan los tribunales, y tampoco está claro de qué formas se les interroga. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a los Estados Unidos para que respeten el Estado de Derecho. 
El senador McCain estuvo acertado al presentar una enmienda para definir de manera más precisa las normas que deben regir los interrogatorios. 
Hablaría a favor del Presidente Bush si no se opusiera a ello utilizando su derecho de veto. 
La lucha contra el terrorismo es dura, pero la ley, tal como la conocemos en la Unión Europea y en Estados Unidos, debe mantenerse. 
Junto con los Estados Unidos, la UE debe encontrar una manera de reforzar la confianza mutua. 
. – Señor Presidente, Señorías, en relación con el problema extremadamente grave planteado por algunos diarios y en caso de que se confirmase lo que por ahora son meras suposiciones o fantasías, también yo considero necesario que el Parlamento aporte su contribución para arrojar luz sobre el asunto y exista una transparencia total en las relaciones entre la Unión Europea y todos los países no miembros, si bien creo que a día de hoy habría sido más útil emplear nuestro tiempo en debatir hechos más concretos. 
No quisiera remontarme demasiado en el tiempo, pero me gustaría que alguien se levantase y me dijese si, en su época, los Estados Unidos ultrajaron la soberanía de los Estados miembros europeos cuando sacrificaron miles y miles de hombres para salvar Europa. 
Ustedes, los de la izquierda, siempre me recuerdan estas cosas. 
Entonces, ¿son los Estados Unidos un pueblo amigo o no? 
No pueden serlo cuando nos viene bien y no serlo cuando nos viene mal. 
Aún no consigo convencerme de cómo es posible que hasta algunas personas que ocupan cargos institucionales y deberían mantener posiciones objetivas, evitando afirmaciones desestabilizadoras, puedan expresarse con declaraciones de condena cuando no existen siquiera pruebas de los hechos y cuando, por otra parte, los propios Estados niegan cualquier ilegalidad. 
Sin duda, nadie quiere negar el papel crucial del Parlamento en la garantía y la vigilancia del respeto de los derechos humanos y la protección de las libertades individuales y de los pueblos. 
Dicho esto, nadie está autorizado, sin embargo, para hacer procesos y expresar juicios sobre suposiciones y sospechas, sobre la mera base de algunos artículos de prensa. 
No obstante, me declaro a favor de la creación de un grupo de trabajo que profundice el asunto utilizando la información facilitada por el Consejo de Europa. 
De conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa es la única institución facultada para investigar posibles violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros. 
No quisiera que esta actitud, esta aversión a un Estado amigo de Europa, fuera solo hija de un sentimiento perverso, que se vislumbra en las intervenciones de algunos diputados y sin duda no de mi corriente política. 
En conclusión, tengo la sensación de que, en este Parlamento, y especialmente en algunas comisiones que lo componen, reina un velado pero difuso sentimiento de antiamericanismo ideológico. 
Algunos Grupos parecen impregnados de un antiamericanismo, de un antioccidentalismo visceral de antigua memoria que evidentemente revela viejas amistades soviéticas nunca apagadas. 
Puedo ver que tenemos a algunos estadounidenses en la Cámara. 
Señor Presidente, la reacción del Comisario Frattini ante los informes que indican que la CIA está transportando de manera secreta a personas sospechosas de terrorismo en Europa ha sido rápida, dinámica y enérgica. 
Si la Unión Europea respondiera con la misma energía, fuerza y celeridad contra el terrorismo que con los supuestos vuelos de la CIA, estaríamos en el buen camino. 
Por supuesto, es verdad que la lucha contra el terrorismo debe realizarse dentro de los límites que impone la ley, pero la Unión Europea tiene un problema de credibilidad. 
Siempre estamos dispuestos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de los ataques terroristas, como los de Madrid y Londres, e incluso los del 11 de septiembre de Nueva York y Washington, pero cuando se trata de tomar medidas y emprender acciones que deban contribuir a evitar el terrorismo en el futuro, no logramos nada, y lo que nos preocupa principalmente es proteger los derechos de los sospechosos de terrorismo. 
La conclusión es que la indignación selectiva del Parlamento Europeo está fuera de lugar. 
Si la Unión Europea pudiera mencionar tan solo un éxito concreto en la lucha contra el terrorismo, quizás fueran aceptables las imputaciones contra Estados Unidos, pero no puede. 
Quizás deberíamos dejar de darnos lecciones de moralidad unos a otros, ahora que parece estar claro, por ejemplo, que el Consejo, en relación con las elecciones parlamentarias de Palestina, establecerá contactos oficiales con organizaciones como Hamás y Hezbolá, la primera de las cuales, permítanme señalar, se encuentra en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Esto es indignante. 
Hay que poner fin urgentemente a esta hipocresía. Además, el marco legal en que se desarrolla la lucha contra el terrorismo debe ajustarse a las necesidades actuales. 
Señor Presidente, la protección de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, así como el cumplimiento de los compromisos y las convenciones internacionales, son una de las preocupaciones principales de los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 
Son valores extremadamente importantes, lo que permite a todos los ciudadanos de los Estados miembros democráticos de la UE vivir y trabajar con seguridad y en armonía. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo en que, aunque debemos luchar contra el terrorismo de manera eficaz (y al hacerlo protegemos las vidas de nuestros ciudadanos) , esta lucha debe llevarse a cabo respetando las convenciones internacionales vinculantes para nosotros. 
También debemos garantizar que se respete el derecho a la dignidad de todos los seres humanos, incluso si se trata de terroristas. 
El 11 de septiembre de 2001, los terroristas declararon la guerra a nuestra civilización y a su respaldo de los valores judeocristianos. 
Los Estados Unidos aceptaron el reto limitando el alcance de los planes asesinos de las organizaciones terroristas. 
No debemos olvidar que la lucha contra los fanáticos terroristas no es simplemente un breve episodio, sino algo que continuará durante décadas. 
Tras los ataques de Londres y Madrid, Europa se unió a la lucha de manera activa proponiendo líneas de acción que fueran eficaces en la lucha contra el terrorismo, pero que también garantizaran el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades humanas. Con esto también me estoy refiriendo a los derechos y libertades de los terroristas. 
En vista de lo que ya he señalado, no debería haberse utilizado la tortura, ni debe utilizarse en ninguno de los Estados miembros de la UE. 
Por lo tanto, votaré a favor de la creación de una comisión temporal para investigar las cuestiones relativas al supuesto transporte, detención e incluso tortura de prisioneros en los Estados miembros de la UE. 
Al mismo tiempo, sin embargo, es esencial que el trabajo de esta comisión no encienda en Europa sentimientos de odio hacia Estados Unidos y que no se prejuzguen sus conclusiones y resultados. 
Espero que el trabajo realizado por la comisión nos permita alcanzar un equilibrio muy necesario entre dos valores de enorme trascendencia para todos los ciudadanos europeos. 
Me refiero a la protección del derecho a la vida y la protección de la vida en sí misma, a través de medidas eficaces que garanticen nuestra seguridad, y la protección de derechos humanos fundamentales. 
Entre estos últimos se incluyen tanto el derecho a la asistencia letrada de los sospechosos de crímenes como el terrorismo y el derecho a un juicio justo. 
Señor Presidente, en esta Cámara hemos adoptado hoy un instrumento legislativo que es de vital importancia para la guerra contra el terrorismo. 
Gracias a la excelente cooperación con la Presidencia británica del Consejo y con nuestros colegas de la comisión pertinente, particularmente con nuestra coordinadora, la señora Roure, la gran mayoría de los socialdemócratas hemos apoyado este acto como arma importante en la lucha contra el terrorismo, sin cejar en nuestra oposición a la tortura de cualquier tipo. 
Estoy muy sorprendido de que el señor Alexander, el Comisario Frattini y el futuro Presidente del Consejo, el Canciller Schüssel, estén dispuestos, basándose tan solo en algunas declaraciones de la señora Rice, a creer que los estadounidenses no están practicando la tortura, ya que me gustaría ver pruebas concretas de esto. 
Después de todo, todos ustedes han oído hablar de Guantánamo y del Senador McCain, que no es ningún loco, sino que dirige una campaña concreta y bien fundamentada contra la tortura, especialmente la que llevan a cabo los Estados Unidos de América. 
Por ello es importante que desde esta Cámara lleguemos al fondo de lo que está sucediendo y que, sin prejuicios o juicios previos, también sin apartar ni cerrar los ojos a los hechos, examinemos si se han llevado a cabo en suelo europeo prácticas tales como el rapto y la tortura. 
Lo que queremos es la verdad y nada más que la verdad. Para eso necesitamos esta comisión. 
Lo último que tengo que decir tiene que ver con nuestra relación con los Estados Unidos, y en esto estoy de acuerdo con la señora Kudrycka, que ha hablado antes que yo. 
Al denunciar la tortura, también apoyamos a esa parte de los Estados Unidos que se opone tanto como nosotros a la tortura, que creo que es la mayoría de sus ciudadanos y que en cualquier caso están representados por personas como el Senador McCain. 
Esta es nuestra causa común: Europa y los Estados Unidos no solo contra el terrorismo, sino también contra la tortura. 
– Señor Presidente, corresponde a los Grupos políticos decidir indagar a fondo sobre estas afirmaciones, cuando todo el mundo experimenta actualmente un enorme malestar. 
La Comisión de Libertades Civiles, Justiocia y Asuntos de Interior tendrá en cuenta en la medida de lo posible las indicaciones dadas por los Grupos políticos. 
Personalmente estoy convencido de que hay que volver a examinar cuatro puntos principales. 
En primer lugar, hay que examinar el asunto de las entregas extraordinarias. 
¿Recurrieron los Estados Unidos a esta práctica con personas sospechosas de terrorismo? 
¿Puede considerarse legal, si por casualidad se ha producido en el territorio de la Unión Europea? 
En estas condiciones, habrá que tener presente el artículo 6 del Tratado de la Unión, los artículos 2, 3, 6 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular en materia de garantías judiciales, y también las disposiciones del Acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre la cooperación judicial en materia penal y en materia de extradición, así como los acuerdos bilaterales correspondientes. 
Habrá que tener en cuenta, al examinar esta cuestión, los problemas susctiados por los secuestros ilegales y el trato dado a los presos. 
En segundo lugar, ¿se ha aplicado esta práctica en territorio comunitario desde el 1 de enero de 2002? 
¿Se han organizado vuelos para trasladar a personas sospechosas de terrorismo? 
¿Dónde tuvo lugar su detención? 
¿Cuál era su estatuto? 
Para responder a todas estas cuestiones, señor Presidente, la Comisión de Libertades dispone, en virtud del anexo 6 del Reglamento, que define sus atribuciones, de un fundamento jurídico para activar el sistema de alerta en caso de supuesta violación de los derechos fundamentales; por tanto, podría ponerse a trabajar si los Grupos políticos le dan la oportunidad de hacerlo y trabajan de acuerdo con el Consejo de Europa o en todo caso cooperan con la comisión temporal que se va a crear. 
Sin embargo, les ruego que no esperen. 
Señor Presidente, Señorías, fue en respuesta a las terribles imágenes de Abu Ghraib, si no antes, que se desencadenó un debate también en los Estados Unidos sobre lo que era o no era admisible en la guerra legítima contra el terrorismo. 
En nombre de mi Grupo quisiera reiterar lo que han dicho los demás. 
Acogemos con satisfacción los esfuerzos realizados por el senador McCain y otros como él en el Congreso de los Estados Unidos para ilegalizar la tortura. 
La tortura es una actividad contraria a los principios estadounidenses, pero al mismo tiempo tampoco tiene cabida en Europa, por lo que es legítimo preguntar por qué un país como Suiza ha denegado en siete ocasiones el permiso a la aviación militar para sobrevolar su territorio, evidentemente sospechando que transportaba a prisioneros de manera ilegal. 
¿Qué les pasa a los demás países? 
¿Qué información han recibido de sus servicios secretos? 
¿Por qué, hasta el día de hoy, solo el Ministerio de Asuntos Exteriores danés ha actuado de forma coherente al manifestar que no se permitirán acciones contrarias a las convenciones internacionales en el espacio aéreo danés? 
¿Qué están haciendo todos los demás países europeos? 
Servimos de modelo ejemplar a otros países del mundo en los que no existe democracia y en los que los derechos humanos están amenazados. 
Debemos ser un ejemplo para ellos en todo momento. 
– Señor Presidente, ayer, el investigador del Consejo de Europa, Dick Marty, afirmó que se ha confirmado la sospecha de que la CIA, en numerosas ocasiones, ha utilizado el espacio aéreo y el territorio de varios Estados europeos para transportar prisioneros con el fin de interrogarlos en paraderos secretos. 
Esto refuerza mi convicción de que nuestro Parlamento tiene que crear, sin dilación, una comisión para investigar todas estas acusaciones. 
Se ha vertido una acusación gravísima, relacionada con el secuestro y la tortura de seres humanos, contra los Estados Unidos y varios Estados miembros de la Unión Europea; todo esto es de dominio público. 
Como el Comisario ha pedido pruebas, le voy a preguntar si el caso de Khaled El Masri, un ciudadano alemán, no es elocuente. 
Hasta hoy, ni el Gobierno de los Estados Unidos ni los Gobiernos europeos involucrados han dado una respuesta adecuada. 
En aras del interés público general y de la credibilidad de la UE como defensora internacional del respeto de los derechos humanos, es vital que esto se aclare de una vez por todas. 
¡En la Unión Europea, no tienen que existir vacíos jurídicos! 
Como representantes de los ciudadanos de la Unión Europea, tenemos la obligación de arrojar luz allí donde hay oscuridad. 
Lo que está en juego en este asunto no es ni más ni menos que la defensa de los valores más fundamentales sobre los que descansa la Unión Europea. 
La prohibición de la tortura se encuentra entre esos niveles mínimos de derechos humanos que todos los Estados tienen que cumplir de la manera más estricta, forma parte del Derecho internacional vinculante y es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. 
Si el Gobierno de un Estado miembro ayudó activamente, o si incluso solo secundó, el secuestro de personas por parte de los Estados Unidos, algo que forma parte de la denominada guerra contra el terror, con el fin de que pudiesen ser torturados en lugares secretos, entonces ese Gobierno ha abandonado el consenso fundamental sobre el que se asienta la Unión Europea y del que depende su pertenencia a la misma, y esto es lo que debe examinarse exhaustivamente. 
– Señor Presidente, Señorías, hace unos días, en Ceuta y Melilla, algunos diputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pudieron comprobar personalmente los métodos corteses empleados por la Guardia Civil, a la que el actual Gobierno español ha confiado la delicada tarea de rechazar a los inmigrantes ilegales. 
Los diputados pudieron admirar además la brillante invención del sistema de doble verja, en el que después se trata del modo que hemos escuchado a los inmigrantes ilegales. 
En realidad, esto no ha suscitado todo el escándalo del que se está hablando estos días, por noticias aparecidas en la prensa, que en primer lugar considero deben ser confirmadas por una comisión. 
Condoleezza Rice sostiene que también los Gobiernos europeos deben asumir su responsabilidad y que América ha actuado con el consenso, más o menos declarado, de los Gobiernos interesados. 
La política europea debería abandonar toda hipocresía y la idea compartida por todos de que la lucha contra el terrorismo se debe llevar a cabo sobre todo a través de los instrumentos de la inteligenciaAntes de nada, preguntémonos también por qué motivo se han tolerado la violación o el abuso del derecho de asilo por parte de muchos que, después, abusando de ese mismo derecho, han creado en Europa, en nuestras ciudades, centros de preparación y apoyo al terrorismo. 
– Señor Presidente, respaldo la cooperación con que la Unión Europea y los Estados Unidos han emprendido la lucha contra el terrorismo. 
El terrorismo es una gran amenaza para todos nosotros y para todos nuestros ciudadanos, y un fenómeno que hay que combatir en los próximos años. 
Soy proestadounidense, pero eso no significa que no vaya a poner en tela de juicio al Gobierno de los Estados Unidos por el supuesto uso de países europeos por parte de la CIA con objeto de transportar, detener ilegalmente y/o torturar a prisioneros. 
Todos deberíamos recordar que esta historia surgió en los Estados Unidos, donde existe un gran desasosiego sobre lo que puede estar ocurriendo. 
También deberíamos recordar que los Estados Unidos, al igual que todos los países de la Unión Europea, ha firmado convenios internacionales que protegen los derechos humanos y prohíben la tortura. 
Es preciso cumplir las disposiciones de estos convenios y no podemos tirarlos arbitrariamente por la ventana cuando no nos convienen. 
La Unión Europea se encuentra al frente de la protección y el respeto de los derechos humanos de todos sus ciudadanos. 
Sería un fallo por nuestra parte en Europa ignorar lo que está ocurriendo. 
Me atrevería a decir que no hacer preguntas en torno a este grave asunto menoscaba nuestro deber público. 
Es preciso que el Gobierno de los Estados Unidos aclare las cuestiones planteadas. 
Tenemos derecho a hacer preguntas y a pedir respuestas a las autoridades de los Estados Unidos. 
Estoy harto de oír que si se pone en tela de juicio a EE UU, de alguna forma no se es uno de sus amigos. 
Esto no es cierto. 
Como amigos, deberíamos poder hacer preguntas. 
Voy a citar a uno de los norteamericanos más famosos, Thomas Jefferson, cuando dijo: «En política, en religión, en filosofía nunca me ha parecido que una diferencia de opinión sea motivo para retirar la amistad». 
Debido a que hoy nos hallamos hablando sobre este asunto, por lo que a mí respecta no tengo ninguna intención de retirar mi amistad a los Estados Unidos, y espero que nadie la tenga. 
Esta es la realidad de la situación y es una cuestión que, ciertamente, no va a resolverse sola. 
Tenemos derecho a las respuestas, y el Gobierno de los Estados Unidos debería cooperar con todos nosotros para asegurar que se garantiza la cuestión planteada y que los derechos humanos y la dignidad humana no se esconden debajo de la alfombra en esta lucha. 
Es absolutamente esencial que Europa se ciña a lo que cree y nosotros creemos en los derechos humanos. 
Al mismo tiempo, por supuesto, creemos que el terrorismo debería combatirse por todos los medios. 
No podemos esconder bajo la alfombra aquello en lo que creemos y lo que es válido para nosotros, porque en esta lucha es absolutamente básico que el Parlamento haga frente a esto. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo con una comisión pero no con la histeria antiestadounidense. 
Esta, en resumidas cuentas, es nuestra posición sobre la creación de un órgano parlamentario que investigue informes de los medios de comunicación sobre las prisiones de la CIA en Europa. 
Hay que aclarar este asunto, pero hay que tener cuidado de no utilizarlo como un arma oportuna en la lucha contra los estadounidenses malos. 
Es justo que defendamos los derechos humanos, pero no hay que tirar la fruta sana con la podrida. 
No hay que exagerar las cosas y hay que distinguir entre los regímenes que basan su propia existencia en violaciones atroces de los derechos humanos y los países donde los derechos humanos solo se violan ocasionalmente. 
El Comisario Frattini es un hombre muy amable, puede que demasiado entusiasta, y me gustaría mucho creerle cuando nos dice que no han existido prisiones de este tipo en Europa. 
Mucho me temo, sin embargo, que debería escuchar las palabras de alguien más sobre el asunto. 
Me refiero al responsable de la CIA, que no ha negado los informes de prisiones secretas en nuestro continente. 
Estamos a favor de que se cree una comisión, pero no queremos que esta comisión se convierta en una plataforma para la retórica antiestadounidense. 
Una de las muchas razones para ello es que los Estados Unidos tienen varias caras. 
Tal como dije ayer, tenemos que defender los derechos humanos y rechazar el doble rasero. 
Al mismo tiempo, sin embargo, los valores universales como los derechos humanos no deben utilizarse como armas en nuestras batallas políticas. 
Debemos tenerlo presente cuando creemos una comisión. 
– Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, cuando se trata de proteger los derechos humanos, hemos de ser claros: o hay violación o no la hay. 
La tortura sigue siendo tortura, ya sea esta practicada en Iraq, Afganistán, China o en el Chile de Pinochet. 
Si han existido casos de tortura en un país democrático, con la aceptación tácita de un Gobierno electo, no deja de ser tortura; es una vergüenza para ese país y su Gobierno. 
Tenemos que condenar rotundamente, en primer lugar, todo acto que pueda constituir una violación de los derechos humanos, ya sea la humillación, el encarcelamiento ilegal o la detención de prisioneros sin protección jurídica. 
Por lo tanto, pido al señor Frattini que adopte una posición clara. 
La UE, que creó, y se encuentra en el proceso de reforzar, el espacio de libertad, seguridad y justicia, no puede permitir que este tipo de violaciones se practiquen o faciliten en su territorio. 
En este debate se han citado declaraciones efectuadas por Condoleezza Rice, que no dejan lugar a dudas. 
El problema es que tenemos la desagradable impresión de que hay dos discursos sobre esta cuestión; es como si en el Gobierno de Bush hubiera dos corrientes, la de Rice y la de Cheney. 
El informaba la semana pasada de que existían pruebas sustanciales de tortura por parte de interrogadores estadounidenses, y organizaciones no gubernamentales, como la Human Rights Watch, la American Civil Liberties Union y Human Rights First, han informado sobre incidentes graves y alarmantes. 
No ayuda mucho a los Estados Unidos la situación que persiste en Guantánamo, el rechazo de Donald Rumsfeld a autorizar una misión humanitaria de las Naciones Unidas, las dudas manifestadas en una reciente entrevista por el director de la CIA, Peter Goss, de si se puede considerar tortura el trato degradante, o la amenaza del Presidente Bush de bloquear la enmienda McCain, que prohibiría el trato degradante, cruel e inhumano de los detenidos. 
He de felicitar al Reino Unido por la reciente decisión del Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores, según la cual la información obtenida bajo tortura no se puede utilizar como prueba ante un tribunal. 
En la Europa de los valores y las libertades, queremos conocer los hechos y, si ha sucedido algo indebido, queremos asegurarnos de que no vuelva a suceder. 
En la Europa democrática no condenamos a las personas sobre la base de supuestos, sin pruebas. 
La UE debe, por lo tanto, esforzarse en lo posible por cooperar con el Consejo de Europa y con la investigación en curso. 
Esta es la mejor forma de garantizar que saldrá a la luz la verdad y que nuestros valores prevalecerán. 
– Señor Presidente, en cinco semanas, la investigación del Consejo de Europa sobre la existencia de centros de detención secretos de los Estados Unidos en Europa no ha progresado. 
Según el ponente parlamentario suizo Dick Marty, toda la información que ha recabado respalda la credibilidad de las afirmaciones, pero no ha podido obtener respuestas concretas a sus preguntas. 
Por tanto, es nuestro deber, como representantes de los ciudadanos europeos, exigir que se lleve a cabo una investigación para sacar a la luz los detalles precisos, caso por caso, de las circunstancias que puedan dar lugar a infracciones y violaciones de los derechos humanos. 
Si la información que circula fuera cierta, significaría que en el territorio de la Unión han tenido lugar crímenes graves. 
Por lo que respecta a la tortura, no nos andemos con rodeos. La CIA reconoce haber recurrido a la privación del sueño, a la exposición al frío y al ahogo; si eso no es tortura, ¿qué es? 
Si se confirmase la existencia de esos centros, pediríamos sanciones severas contra los responsables. 
En cambio, si los rumores fueran infundados, nuestra credibilidad depende de que eliminemos toda duda. 
Esto afecta a todos los Estados miembros y debemos tenerlo presente. 
La Unión, a través de su Carta de los Derechos Fundamentales – como todos decimos tan a menudo–, puede ser un modelo. 
Por tanto, no toleremos ningún ataque a los derechos humanos en el territorio de la UE. 
– Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que es muy importante crear una comisión temporal, no solo para afirmar que la Unión Europea se interesa mucho por el respeto de los derechos humanos, sino también para averiguar toda la verdad sobre este asunto. 
Me alegra haber oído al señor Alexander y al señor Frattini expresar el punto de vista de la Unión Europea, pero quisiera decir también que me ha sorprendido que el Comisario Frattini, y los representantes de la Comisión Europea, repitan con confianza los rumores según los cuales en dos países de Europa del Este, Polonia y Rumanía, habría habido centros de detención de los servicios secretos estadounidenses. 
Señorías, quisiera decir que, por lo que sé, nunca ha habido en Polonia, después de 1989, ningún campo de detención, ni estadounidense ni de otro tipo, en el que se encontraran presos ilegalmente detenidos. 
Si así fuera, me gustaría que se dijera. 
Pero, en caso contrario, quisiera que algún día se lavara el oprobio arrojado sobre mi país sin ninguna prueba, solo a base de rumores. 
Pido que la comisión temporal se ponga a trabajar, que destape toda la verdad sobre este asunto y espero con confianza el día en que diga esa verdad y mis colegas diputados la conozcan. 
– Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, esta cuestión es muy importante y fundamental. 
Por supuesto, hay que decir de entrada que, independientemente de las críticas que tengamos que hacer, la lucha contra el terrorismo es de enorme importancia y que Europa y los Estados Unidos tienen que cooperar estrechamente para librarla. 
Sin embargo, no creo que se pueda ganar a menos que se libre sobre la base del Estado de Derecho y de los derechos humanos. 
Nos toca ahora determinar si estas condiciones se han cumplido o se han pasado por alto, y es necesario que se obtengan las pruebas pertinentes con carácter de urgencia. 
Si Occidente en su conjunto no quiere arriesgarse a perder su credibilidad, es vital que todas las deficiencias que se hayan producido salgan a la luz sin demora y hay que prescindir de la llamada «táctica del salami» o, de lo contrario, tendremos que cargar durante meses y meses con el mismo problema de credibilidad que tuvimos después de la intervención del Secretario de Estado, Powell, en las Naciones Unidas con motivo de guerra de Iraq, y en otras ocasiones también. 
Conviene tener claro que lo que está en juego es la credibilidad de Occidente en su conjunto, y es debido a ello que hay que actuar con rapidez, juntos, de modo responsable o, de lo contrario, perderemos nuestra capacidad de acción. 
Creo que es positivo que –tal como ha dejado perfectamente claro el Comisario Frattini, a las dos comisiones que han tratado este asunto– el Consejo y la Comisión estén trabajando con el Consejo de Europa y que, a su instancia, se lleguen a aclaraciones de las que la comisión temporal podrá extraer una conclusión cuando se cree, tal como espero que se haga. 
Sean cuales sean los problemas que podamos tener, es preciso considerar que estos no son líneas que dividen a Europa de los Estados Unidos, sino que se mantienen debates entre los dos y que tenemos un aliado en el Senado de los Estados Unidos, que ha votado, por 98 votos, a favor de respaldar la moción McCain según la cual la tortura no puede ser un instrumento para la lucha contra el terrorismo. 
Esto demuestra de lo que es capaz la otra gran democracia del otro lado al Atlántico y nos da un punto de partida: lo que los demócratas y los defensores del Estado de Derecho, tanto en Europa como en los Estados Unidos, tienen en común, no solo es la capacidad de luchar contra el terrorismo, sino también la capacidad de hacerlo en condiciones creíbles mientras mantienen el Estado de Derecho. 
Señor Presidente, por supuesto, nos tomamos muy en serio el caso que hoy estamos debatiendo, que tiene que ver con posibles abusos que afectan al mismísimo núcleo de nuestra democracia y nuestra opinión sobre los derechos humanos. 
Las declaraciones que hemos recibido de los Estados Unidos hasta ahora no son satisfactorias. 
La historia no se sostiene en pie. 
No quiero entrar en detalles sobre la misma, pero la explicación de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, da pie a más preguntas, a las que queremos que se nos den respuestas. 
Algo sobre lo que ya se ha hecho referencia en esta Cámara, y que, a mi entender, desempeña un papel importante, es que también nos preocupa la actitud de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional. 
En la Bahía de Guantánamo, los Estados Unidos, desde principios de 2002, mantienen retenidas a cientos de personas sin someterlas a ningún tipo de juicio ni de control independiente. 
En la lucha contra el terrorismo, los políticos estadounidenses hablan con regularidad sobre la necesidad de utilizar métodos no convencionales. 
Se sabe que los Estados Unidos aplican sus propias normas en este sentido. 
Aunque el Gobierno de los Estados Unidos nos asegura que no utiliza la tortura y que se respetan todos los derechos humanos, sigue adoptando una actitud vacilante hacia las propuestas del senador McCain para mejorar la legislación contra la tortura y declararla también plenamente aplicable fuera de los Estados Unidos. 
La Unión Europea tiene la responsabilidad de garantizar la letra y el espíritu de los tratados y custodiar sus valores. 
Actualmente, no existe suficiente información disponible para suponer que algo anda mal, pero el Parlamento Europeo también tiene su propia responsabilidad. 
Tenemos que considerar la posible participación de los Estados miembros y de los futuros Estados miembros de la UE en los asuntos que estamos tratando y, quizá, las relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos. 
Como institución elegida directamente, en esta Cámara tenemos el deber de averiguar si hay algo de cierto en las acusaciones. 
Las primeras impresiones del ponente del Consejo de Europa, Dick Marty, nos reafirman en la convicción de que una investigación por nuestra parte no es, a buen seguro, un capricho. 
Por lo tanto, con carácter de urgencia, es necesario poner en marcha nuestra propia investigación, posiblemente en cooperación con el Consejo de Europa, con el fin de intentar hallar respuestas reales a las preguntas que todavía quedan por aclarar, por lo que hay que crear una comisión de investigación temporal lo más pronto posible, a la que seguirá una comisión de investigación real si resulta ser necesario. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, las acusaciones que estamos abordando son extremadamente graves. 
Si se confirmaran, constituirían una flagrante violación de los principios enumerados en el artículo 6 del Tratado, a saber, la libertad, la democracia, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho. 
Desde el último cambio realizado en el Tratado, el artículo 7 brinda la posibilidad de actuar contra un Estado miembro por violaciones graves de estos principios. 
Esta actuación puede ir hasta la suspensión de determinados derechos del Estado miembro, inclusive su derecho de voto. 
Precisamente por este motivo, es necesario que actuemos con la máxima cautela. 
Iría demasiado lejos de lo que pienso si, en estos momentos, defendiera la activación del mecanismo del artículo 7. 
Huelga decir que yo también estoy indignada por las supuestas acciones de la CIA y me preocupa extremadamente que haya Estados miembros que hayan fingido ignorarlas, pero no se puede activar un mecanismo sancionador simplemente basándose en la indignación. 
Por primera vez en la historia, el artículo 7 nos brinda la oportunidad de penalizar las faltas de los Estados miembros. 
Solo se puede activar este mecanismo cuando se han recopilado suficientes elementos concluyentes. 
Confío en que este Parlamento y su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior lo haga con gran meticulosidad. 
Señor Presidente, es evidente que hay que luchar contra el terrorismo de forma eficaz, y que esta lucha tiene, por lo tanto, que ser implacable en determinados aspectos. 
Las actividades de los servicios de inteligencia, de unidades especiales y, en muchos casos, las actividades en los límites de la ley desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo. 
Sin embargo, al mismo tiempo, la guerra contra el terror se libra en defensa de los valores liberales y democráticos fundamentales. 
Los cimientos sobre los que se asientan estos valores incluyen el, o dicho de otro manera, el derecho a la inviolabilidad de la persona, la prohibición de retener a una persona en prisión sin una orden de detención y la prohibición de utilizar la fuerza para obtener declaraciones durante los interrogatorios, lo que equivale a una prohibición absoluta de la tortura. 
Los centros dirigidos por la CIA operan fuera del alcance tanto de las Convenciones de Ginebra como del sistema judicial estadounidense, tanto civil como militar. 
Las mismas autoridades llevan a cabo investigaciones, efectúan detenciones, retienen a personas durante meses y meses, no se detienen ante nada al interrogarlas y, en algunos casos, deciden liberarlas. 
El grado de control ejercido sobre las actividades de los servicios de inteligencia es uno de los principales indicadores de la calidad de la democracia en esta nueva era global. 
Se puede observar una tendencia peligrosa en Europa. 
Me refiero a que se trata a la Unión Europea como un club económico, cuyo único objetivo es desarrollar el mercado común. 
Sin embargo, la Unión Europea no es solamente un club de este tipo sino también una comunidad política. 
La pertenencia a esta comunidad exige la firma del Tratado de la Unión Europea, que garantiza la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Digo estas palabras exactamente 24 años después de que se impusiera la ley marcial en mi país de origen, Polonia. 
Una de las características de este período fue que las personas sospechosas de llevar a cabo actividades sindicales eran retenidas en centros de detención durante meses y meses sin haber sido juzgadas. 
Hoy hablo en nombre de todos los ciudadanos de la Unión Europea para quienes los derechos humanos, las libertades políticas y las libertades civiles constituyen la razón fundamental de la existencia de la Comunidad. 
Tenemos derecho a conocer la verdad. 
Las instituciones de la Unión Europea tienen que investigar a fondo y garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros acatan el Tratado de la Unión Europea dentro del territorio de la UE. 
– Señor Presidente, sabemos con seguridad que: a) los Estados Unidos en el pasado sometieron a tortura y a trato inhumano a prisioneros, como en Abu Ghraib; b) el Presidente de los Estados Unidos ha amenazado con vetar la enmienda del Senado estadounidense que prohíbe la tortura de prisioneros fuera de las fronteras estadounidenses; ¿por qué no ha mencionado también esto, señor Alexander, en vez de aplaudir sumisamente la declaración de la señora Rice? y c) el Congreso de los Estados Unidos, dicho sea en su honor, investiga con frecuencia acusaciones de este tipo. 
No sabemos con certeza: a) si los Estados Unidos o países europeos dirigen o solían dirigir centros de detención secretos y dónde; b) si los Estados Unidos han secuestrado ciudadanos europeos u otras personas del territorio europeo con el fin de trasladarlos, interrogarlos y, posiblemente, torturarlos; c) si las autoridades o Gobiernos europeos han tolerado o han participado en este tipo de actividades ilegales. 
Por consiguiente, la cuestión es qué va a hacer ahora el Parlamento Europeo. 
¿También lo investigará o esperará a que otros lo hagan? 
Si no actuamos con firmeza, los representantes electos de nuestros ciudadanos acabarán haciendo el seguimiento de las revelaciones en la prensa internacional y reaccionarán simplemente como comentaristas de los hechos. 
Por lo tanto, apoyo la creación inmediata de una comisión parlamentaria pero, además de la cuestión referente a los centros de detención, creo que debería centrar su atención, señor Presidente, en una cuestión más amplia que se encuentra en la base de los males de hoy: la relación entre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Por desgracia, esta relación – incluso tras la declaración del señor Alexander – tiende a inclinarse, desconsideradamente, sin dignidad e incluso ilegalmente, y muy peligrosamente, hacia la primera y a alejarse de la segunda. 
– Señor Presidente, Señorías, a diferencia del Ministro Alexander, muy joven y diligente, este Parlamento no se alegra en absoluto por las declaraciones de Condoleezza Rice, ni por lo que ha dicho ni –sobre todo– por lo que no ha dicho. 
No hay en esto ningún sentimiento antiamericano, solo decimos que el equilibrio entre seguridad y libertad, entre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, se ha roto en detrimento de los derechos. 
Este Parlamento no se contenta ya con las afirmaciones solemnes de los Gobiernos implicados. 
La historia está llena de mentiras, igualmente solemnes, de esos mismos Gobiernos, y el caso de las armas químicas en Iraq nos lo recuerda. 
De momento –dice la Comisión– no hay pruebas. 
Debemos ponernos de acuerdo sobre qué se entiende por prueba: ¿la confesión pública de un Primer Ministro que se presente ante las televisiones para decir «es cierto, en el territorio de mi país he albergado prisiones secretas gestionadas por los servicios secretos estadounidenses en las que se practicaba la tortura»? 
Me parece difícil pretender este tipo de prueba. 
Señor Presidente, consideramos que las afirmaciones de Condoleezza Rice –que reivindica haber salvado muchas vidas humanas en Europa gracias a la actividad preventiva de la CIA– son más que una admisión de culpabilidad. 
Quisiera recordar también que solo reivindicamos el carácter sagrado de la prueba cuando se trata de Gobiernos, olvidándola a veces para los ciudadanos, que rápidamente se convierten de sospechosos en terroristas sin las necesarias garantías judiciales. 
Tenemos muchas buenas razones para pedir la creación de una comisión de investigación, que sirva no para sostener una acusación, sino para buscar la verdad. 
Apreciamos la firmeza del Comisario Frattini y compartimos su apoyo al trabajo desempeñado por el Consejo de Europa, pero no podemos delegar la responsabilidad de la vigilancia política y el deber de la verdad en ningún otro órgano institucional: es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. 
Señor Presidente, Señorías, durante la resistencia y la guerra fría, en todos nuestros países murieron personas bajo la tortura para proteger el bien más precioso que tenemos: la libertad. 
Y también de su sacrificio nació Europa, que se basa en una idea precisa: el respeto de la ley como presupuesto inseparable de la libertad y la democracia, sin peros ni condiciones. 
No se trata de una alternativa entre la vida o la muerte de una o varias personas, sino entre la civilización de la democracia y la barbarie de la arbitrariedad. 
Nuestro continente tiene milenios de experiencia en la tortura y sabe que no solo es engañosa en la información que arranca, sino sobre todo que corrompe irremediablemente los valores de civilización que dice proteger. 
Es un insulto a nuestra libertad y nuestra inteligencia, reforzado por un vil chantaje, afirmar que la tortura ha permitido desbaratar aunque solo sea un atentado en Europa o en otras partes del mundo. 
Hoy es nuestro deber hacer toda la luz sobre las denuncias de secuestros y malos tratos de presuntos terroristas por parte de la CIA y de traslados ilegales a otros Estados, con la complicidad de algunos Gobiernos europeos. 
La actuación de la fiscalía de Milán sobre la desaparición del imán Abu Omar, por la que se investiga a 22 miembros de la CIA, y las iniciativas del Consejo de Europa son una expresión concreta del Estado de Derecho, y quien no tiene nada que esconder no tiene nada que temer. 
Nosotros debemos desempeñar nuestro papel con una comisión del Parlamento –no importa que sea de investigación, temporal o – que se comprometa a descubrir la verdad. 
Nuestro Parlamento pide también unos Estados Unidos diferentes, no condicionados por el fanatismo y los intereses económicos del Gobierno de George W. Bush. 
Señor Presidente, me parece que ha sido un debate valioso y agradezco a sus Señorías la variedad de las contribuciones que hemos oído esta tarde. 
Tal y como he dejado claro al inicio de mi intervención de este debate, la seguridad y la libertad de todos nuestros ciudadanos son cuestiones importantes, quizá las más importantes que nuestros Gobiernos afrontan actualmente. 
Asimismo, he dicho que me parece positivo que las democracias y sus instituciones debatan las cuestiones planteadas cuando se defienden los dos principios de nuestro mundo moderno, que me parece vital que reconozcamos la amenaza sin precedentes que proviene del terrorismo contemporáneo y la longevidad de dicha amenaza, y que considero crucial que en este proceso todos respetemos el Estado de Derecho. 
He señalado la importancia de reconocer la necesidad de que los Gobiernos adopten medidas tangibles para cumplir con su responsabilidad principal, la seguridad de su pueblo, el derecho a respetar la palabra de los Gobiernos soberanos incluyendo a nuestros aliados y, en cuanto a los Gobiernos y las instituciones europeos, dar ejemplo y celebrar un debate informado. 
En general, creo que hemos logrado esos objetivos en la conversación y los debates que esta tarde hemos mantenido sobre la amenaza. 
Las imágenes de los ataques terroristas, en trenes de cercanías y metros de Madrid y Londres, centros de culto, edificios diplomáticos, bancos de Estambul, hoteles de Jordania, complejos residenciales de Arabia Saudí, y restaurantes y bares de Bali –la lista es interminable– no han sido generadas por ordenador. 
Son una realidad con la que vivimos. 
Constituyen la nueva y terrible realidad de nuestro mundo moderno. 
El terrorista contemporáneo no se limita a realizar ataques convencionales. 
Si puede adquirirá y utilizará medios químicos y biológicos para conseguir sus objetivos. 
En cuanto al Estado de Derecho, al inicio de mi intervención he mencionado la cuestión de la tortura, un aspecto central incluido en nuestro debate. 
Permítanme reiterar la posición del Gobierno del Reino Unido. 
La prohibición de la tortura es absoluta. 
El Gobierno británico, como todos los Gobiernos europeos, la condena sin reservas. 
Nunca la hemos utilizado con ningún objetivo, ni siquiera para obtener información. 
Nunca instigamos, perdonamos o apoyamos de alguna otra forma a quienes la emplean. 
De hecho, la condenamos. Hemos trabajado duro con nuestros socios internacionales para erradicar una práctica tan aborrecible. 
En cuanto a la actuación gubernamental para contrarrestar la amenaza en el seno del Estado de Derecho, me complace que bajo la Presidencia del Reino Unido la Unión Europea haya acordado una estrategia antiterrorista y que, por tanto, haya proporcionado un marco más claro en el que los Estados miembros pueden presentar su trabajo nacional y europeo, consiguiendo un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos a la vida y la libertad. 
No son solo palabras. 
La reciente extradición de un italiano al Reino Unido para enfrentarse a las acusaciones relacionadas con los ataques terroristas ocurridos en Londres en julio no se habría producido tan rápidamente si no fuera por las órdenes de detención europeas. 
Este es un ejemplo práctico de lucha contra el terrorismo de la Unión Europea y de cooperación judicial. 
Con respecto a los Gobiernos soberanos, recuerdo a sus Señorías las palabras que el 5 de diciembre pronunció la Secretaria de Estado de los Estados Unidos. Dijo lo siguiente, y de nuevo cito directamente por mor de la exactitud: «Los Estados Unidos han respetado, y seguirán haciéndolo, la soberanía de otros países. 
Los Estados Unidos no transportan, y no han transportado, detenidos de un país a otro con la finalidad de interrogarles empleando la tortura. 
Los Estados Unidos no utilizan el espacio aéreo o los aeropuertos de ningún país con objeto de transportar a un detenido de un país donde va a ser torturado. 
Los Estados Unidos no han transportado a nadie, y no transportarán a nadie, a un país cuando pensamos que va a ser torturado. 
En su caso, los Estados Unidos piden garantías de que las personas trasladadas no van a ser torturadas.» 
Por supuesto, algunas de sus Señorías han planteado la cuestión de la respuesta de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea a las acusaciones que han sido objeto de una amplia publicidad en los últimos meses. 
Permítanme por un momento hacer un inciso en mis responsabilidades como Presidente en ejercicio de la Unión Europea y compartir con esta Cámara el enfoque del Gobierno del Reino Unido para abordar estas graves acusaciones. 
Hemos investigado con atención la cuestión de la interpretación de los Estados Unidos a través del Reino Unido y no hemos identificado ninguna ocasión desde el 11 de septiembre de 2001 o antes durante el mandato del Gobierno de Bush en que hayamos recibido una petición de los Estados miembros de una interpretación en todo el territorio o espacio aéreo del Reino Unido, ni hemos tenido noticias por otros medios de ello. 
A la hora de guiar a nuestros electores con un debate informado, está bien que el Consejo de Europa pueda realizar un examen objetivo de cómo sus miembros garantizan la aplicación eficaz de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha ocupado un lugar destacado en el debate de esta tarde. 
El debate de hoy ha planteado numerosas cuestiones, muchas de ellas expuestas con gran convicción, para que las aborde el Consejo de Europa en su próxima investigación. 
Por su parte, puedo garantizar a esta Cámara que el Reino Unido responderá completamente a las preguntas del Consejo. 
Confío, y así lo espero, en que los otros Estados miembros también lo hagan. 
. Señor Presidente, Señorías, creo que del debate de hoy por la tarde se desprende una opinión ampliamente compartida por este Parlamento, y que también yo comparto plenamente: no se pueden negociar compromisos con los terroristas, pero tampoco puede haber compromisos en materia de protección de los derechos fundamentales de la persona. 
Es preciso, por un lado, hacer la luz y descubrir toda la verdad –una verdad que puede gustar o no, pero a fin de cuentas una verdad– y nosotros debemos confirmarla y evitar, como con razón ha afirmado el señor Schulz, juicios apresurados. 
Deseo dirigirme, en especial, al señor Geremek, a quien he escuchado con atención. 
En mi introducción dije a propósito de su país, Polonia, exactamente lo que él espera, a saber, que tomaba nota con respeto del desmentido solemne de las autoridades gubernamentales polacas y que no considero que se pueda hablar de países europeos imputados o sospechosos, sino que hay que buscar la verdad en todo el territorio europeo, en todos los países de Europa y en todos los países candidatos a la adhesión. 
He excluido expresamente que se pueda afirmar que sea esta una acción de búsqueda de la verdad dirigida solo a Polonia o a Rumanía. 
La verdad debe ser comprobada en todas partes. 
Una parte del debate sobre los valores esenciales de Europa se refiere tanto al derecho a la seguridad de los ciudadanos –y creo que, en esto, el Parlamento Europeo ha dicho ya varias veces que la cooperación internacional con los Estados Unidos es indispensable si queremos tener éxito en la lucha contra el terrorismo–, como al deber de la Unión Europea y de todos los países democráticos de respetar la dignidad de toda persona. 
Hoy han votado ustedes por amplia mayoría a favor de una disposición importante, una disposición útil para la lucha contra el terrorismo, en la que se ha logrado el equilibrio entre seguridad y libertad. 
Esta disposición es un buen ejemplo, al que creo deberíamos remitirnos todos. 
Un ejemplo de equilibrio entre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos fundamentales de las personas. 
Como europeos hemos trabajado junto con los Estados Unidos en contra del terrorismo, y seguiremos haciéndolo. 
Por ejemplo, Señorías, me disgusta decir que el tratado de extradición relativo precisamente a los sospechosos de terrorismo, firmado en 2003, ha sido ratificado por los Estados Unidos de América pero no por los países miembros de la Unión Europea. 
Comprenderán lo importante que sería que hoy estuviera vigente un tratado de extradición claro, con unas normas firmes, entre ellas por supuesto la prohibición de los tratos inhumanos. 
Esto nos demuestra que por desgracia también nosotros, los europeos, debemos actuar un poco más rápido. 
Por último, creo que es posible interpretar la acción y el esfuerzo de verdad como una acción no dirigida contra los Estados Unidos, sino, como alguien ha dicho, una acción a favor de una verdad que nos reforzaría a todos. 
Seremos todos más fuertes, con un resultado o con otro, porque la verdad, lo repito, puede hacernos descubrir algo o hacernos descubrir que ese algo no ha sucedido. 
En todo caso, la verdad nos reforzaría porque en la Constitución estadounidense, en el Tratado de la Unión Europea, en la Carta de Niza, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en todos esos documentos –y he citado por primera vez la Constitución norteamericana– el principio de los derechos humanos es fundamental y absoluto. 
Me pregunto entonces por qué no deberíamos trabajar juntos también en este terreno, a fin de que se apliquen esos principios solemnes. 
Este es mi compromiso personal. 
He recibido seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
-el informe del señor Geoffrey Van Orden (A6-0342/2005) , en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el grado de preparación de Bulgaria para su adhesión a la Unión Europea ((2005/2204 (INI) ), y 
-el informe del señor Pierre Moscovici (A6-0344/2005) , en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el grado de preparación de Rumanía para su adhesión a la Unión Europea (2005/2205 (INI) ). 
. – Señor Presidente, hace tan solo seis semanas que esta Asamblea habló por última vez sobre los avances de Bulgaria hacia la adhesión a la Unión Europea. 
Desde entonces he estado de nuevo en Bulgaria, al igual que el Presidente del Parlamento. 
Nos reunimos con el Presidente y el Primer Ministro de Bulgaria y con varios Ministros. 
Visité un centro de acogida de menores de una zona gravemente afectada por las inundaciones y una fábrica que había recibido fondos de la Unión Europea. 
Conversé con el Ministro de Exteriores, el Ministro de Interior, el Presidente del Tribunal Supremo y jefes de policía, incluso con los responsables de la organización nacional para combatir el crimen organizado. 
Asimismo, me reuní con las principales comisiones del Parlamento y con representantes de todos los partidos políticos. 
Ninguno de ellos parecía albergar ninguna ilusión con respecto a la labor necesaria o, de hecho, con respecto a la urgencia de abordar los ámbitos que la Comisión y el Parlamento han considerado que todavía son preocupantes. 
Sin embargo, aumenta la alarma porque la adhesión de Bulgaria está quedando atrapada en la controversia más amplia sobre la futura extensión de la Unión Europea y sobre el presupuesto de la Unión Europea. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta que en este debate intervengo también en nombre de mi Grupo político actual, espero que me excuse si hago dos comentarios personales sobre estos asuntos. 
En primer lugar, muchos de nosotros nos sentimos decepcionados porque tras la derrota de la Constitución no se ha aprovechado la oportunidad de celebrar un debate amplio y abierto sobre la naturaleza y la dirección de la Unión Europea, a fin de tener totalmente en cuenta los verdaderos deseos de nuestros ciudadanos y relacionarlo más con las necesidades del siglo XXI. 
En segundo lugar, el señor Barroso ha observado esta mañana que existe un problema estructural en el presupuesto. 
No estoy seguro de que ni él ni yo estemos de acuerdo en cuál es el problema. 
En mi opinión, se trata de que el 40 % del presupuesto de la Unión Europea se destina a la política agrícola común, y que el Reino Unido, año tras año durante veinte años, ha pagado el doble en términos netos al presupuesto de la Unión Europea, incluso con su reducción, en comparación con un país como Francia, que tiene una economía de tamaño similar. 
Permítanme volver ahora a mi papel de ponente. La cuestión es que los países que van a adherirse, como Bulgaria, sin duda no deberían sufrir desventajas debido a esas cuestiones de índole más amplia. 
El calendario de la adhesión no debería ser vulnerable a preocupaciones que no guardan relación con la futura ampliación. 
Recordemos que ni Bulgaria ni Rumanía forman parte de las futuras rondas de ampliación; forman parte de la ampliación anterior. 
Su adhesión ya está asegurada. 
De hecho, sus acuerdos presupuestarios para los dos primeros años tras la adhesión están también asegurados. 
Estoy seguro de que el Comisario lo confirmará. 
Las disposiciones financieras de Bulgaria han sido fijadas entre 2007 y 2009 en el Tratado de Adhesión, Título III, que se firmó el 25 de abril del presente año. 
Determinan las cantidades que Bulgaria pagará al presupuesto de la Unión Europea de varias formas, así como lo que recibirá en el fondo de cohesión, la asistencia al desmantelamiento nuclear, la transición, Schengen, los pagos agrícolas y otras medidas estructurales. 
Por tanto, dejando de lado todas las actitudes negativas con respecto a la ampliación en general que han empezado a surgir en algunos países, ¿qué obstáculos relevantes ha de superar Bulgaria en los próximos meses? 
En primer lugar, es preciso que todos los Estados miembros ratifiquen el Tratado de Adhesión. 
Hasta la fecha solo siete lo han hecho, y el Parlamento insta a los 18 Estados miembros restantes a que lo ratifiquen lo antes posible. 
En segundo lugar, está la cuestión del calendario preciso de la adhesión. 
El Parlamento apoya el objetivo común de la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea para el 1 de enero de 2007, siempre que se aborden ciertos asuntos que preocupan mucho. 
Sin este firme objetivo, las autoridades de Bulgaria se quedan sin un gran incentivo para esforzarse más. 
Están haciendo un esfuerzo mayor. 
Puedo notificar que en el mes pasado otros seis importantes actos legislativos han pasado por la Asamblea Nacional búlgara y me han avisado de que este año se presentará a la Asamblea Nacional los principales cambios constitucionales que solicitamos. 
No obstante, si bien el cambio legislativo es básico, no puedo remarcar con demasiada intensidad la necesidad de resultados tangibles y concretos. 
Hemos visto las pruebas del cambio, en particular en ámbitos vitales de justicia y policiales y en la lucha en contra del crimen organizado y la corrupción. 
Este ámbito, más que en ningún otro, ha sido el centro de atención de mi informe en nombre del Parlamento. 
Por supuesto, hay otros ámbitos que preocupan, incluyendo el bienestar infantil y la ayuda a las comunidades romaníes y su integración. 
Recomiendo mi informe al Parlamento. Ha contado con el máximo apoyo en la Comisión de Asuntos Exteriores, y lamento que el Grupo GUE/NGL haya elegido volver a presentar enmiendas que rechazó la comisión. 
Excepto mi propia Enmienda 16, no recomiendo que se apoye ninguna otra enmienda. 
Insto a las autoridades búlgaras a que se tomen muy en serio la necesidad de cumplir las reformas. 
Los cambios, por supuesto, son en sí mismos beneficiosos, no solo como requisito previo para pertenecer a la Unión Europea. 
Le pido a la Comisión que garantice que el Parlamento sigue participando plena y oportunamente en toda consideración del uso de las cláusulas de salvaguardia. 
El 1 de enero de 2007 es una fecha viable para la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera sumarme al comentario del señor Van Orden en un punto absolutamente decisivo: la cuestión de la financiación. 
Aunque no estoy de acuerdo totalmente con su razonamiento –cosa que no le sorprenderá–, comparto su preocupación por unas perspectivas financieras que no permitirían ni concluir con éxito la ampliación ya efectuada a diez nuevos Estados miembros, ni preparar en unas condiciones correctas la siguiente ampliación. 
Dicho esto, quiero remitirles al espíritu de mi informe, que consiste en preparar del mejor modo posible la adhesión de Rumanía en 2007, porque también yo pienso que la adhesión de Rumanía, como la de Bulgaria, es posible el 1 de enero de 2007. 
El informe que presento quiere ser una herramienta de trabajo útil y eficaz para los próximos meses. 
Por lo demás, el informe de la Comisión, tal como fue presentado el 25 de octubre por el señor Rehn, también era ejemplar en este sentido. 
Le doy las gracias de nuevo por su trabajo y, en el fondo, el informe que someto a la votación del Parlamento se sitúa en la misma óptica que la de la Comisión. 
Deseo reafirmar la amistad del Parlamento Europeo con Rumanía, así como nuestra voluntad de trabajar por un objetivo común –permitir la ampliación a 27 tras la caída del comunismo y el gran movimiento de liberación en el Este de Europa–, pero al mismo tiempo debemos confirmar la seriedad de nuestras exigencias y la solidez de nuestros criterios. 
Por esta razón es necesario tanto que el Parlamento se muestre sensible a los progresos realizados por Rumanía en la vía de la adhesión –que, creo, ha actuado como catalizador de muchos cambios y reformas– como también que se muestre exigente y vigilante y siga de cerca la aplicación práctica de dichas reformas. 
Por otra parte, en mi informe se abordan con objetividad los problemas que debe encarar Rumanía, en especial en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores por lo que respecta a la transparencia del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el control de las fronteras, la capacidad administrativa, el reconocimiento o la protección de la minoría húngara –volveré sobre ello–, pero también en materia de medio ambiente o de aplicación de la legislación. 
Y sabemos que hay toda una serie de exigencias y temas en los que debe centrarse el Gobierno rumano. 
Añadiría a mi vez que sigue existiendo la posibilidad de recurrir a la cláusula de salvaguardia. 
La cláusula de salvaguardia no es un adorno. 
Es una disposición precisa y concreta y una prueba de la seriedad del procedimiento de adhesión; no obstante, no debe percibirse como una amenaza o una sanción, sino como un mecanismo destinado a dar a Bulgaria y Rumanía el tiempo necesario para preparar su integración en el mercado interior y velar por que la adhesión se desarrolle en las mejores condiciones posibles para los Estados miembros actuales y para los nuevos. 
Este es el espíritu de mi informe, un espíritu cercano, por lo demás, al del informe del señor Van Orden, y pienso que mañana el Parlamento podrá expresar su voluntad de dar un paso más hacia la adhesión el 1 de enero de 2007. 
Ahora, algunas palabras sobre las enmiendas, tal como han sido debatidas y elaboradas en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
También aquí estamos muy cerca de un consenso y el informe ha sido votado de forma muy amplia en comisión. 
No obstante, creo que quedan tres o cuatro cuestiones delicadas que deberán discutirse mañana, y me gustaría dar mis impresiones al respecto; este es el papel del ponente. 
Está, en primer lugar, la cuestión de si juntamos o no los casos de Bulgaria y Rumanía. 
Desde luego están unidos en la práctica, pero también está el tema de los méritos propios. 
Por mi parte, he cofirmado una enmienda presentada por el señor Lagendijk, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que introduce en el apartado 3 una mención específica de la lucha contra la corrupción y a la transparencia del sistema judicial, aplicables a ambos informes, el del señor Van Orden y el mío. 
Una segunda cuestión muy delicada y muy importante es la de las adopciones. 
Ha sido objeto de una enmienda de la señora Nicholson, cuyo apego a la ley, tal como ha sido votada en Rumanía, conocemos. 
Por mi parte, pienso que quizás haya que hacer más hincapié en el interés del niño y en el marco legal de la ONU, además del Derecho rumano, para la resolución de los casos litigiosos derivados de la moratoria, y como ponente veo muchos. 
El señor Wiersma y el señor Lajendijk han presentado varias enmiendas. 
Espero que se apruebe una u otra de esas enmiendas o que se llegue a una transacción entre ellas. 
Está, por otra parte, la cuestión de las minorías. 
En el informe, propuse el concepto de autogobernanza. 
Los debates en la Comisión de Asuntos Exteriores demostraron que muchos pensaban que era necesario el respeto de las minorías, pero que no hacía falta un mandamiento al Gobierno rumano en cuanto al método, el procedimiento o la forma práctica que debía adoptar dicho aumento de la autonomía. 
Se trata de no entrometerse y no provocar conflictos a causa de formulaciones desafortunadas. 
También en este tema se han propuesto varias fórmulas por parte del señor Wiersma, de nuevo, o de la señora Nicholson. 
Ya se trate de una descentralización mayor o de una autonomía cultural, deseo también en este caso que el Parlamento manifieste su voluntad de afirmar el derecho de las minorías, en especial la húngara, al mismo tiempo que se mantiene flexible. 
Por último, la semana pasada se llegó a un consenso para evitar mencionar en este informe los rumores sobre las actividades secretas de la CIA. 
Sigo pensando que este informe de progreso no es el lugar adecuado para expresar nuestra preocupación, muy real, sobre este tema; debe tratar de la adhesión y únicamente de la adhesión. 
Por mi parte, quisiera dar las gracias a todos los que han trabajado en estas adhesiones por el apoyo que han prestado a este informe. 
Celebro que algunos añadidos juiciosos lo hayan mejorado. 
Creo que todavía podemos hacerlo mejor mañana por la mañana en la votación y espero que demos un paso hacia la adhesión de Rumanía el 1 de enero de 2007. 
. Señor Presidente, me complace dirigirme otra vez a la Asamblea con respecto a los preparativos de Bulgaria y Rumanía para su adhesión a la Unión. 
Durante este año pasado han sucedido muchas cosas. 
A finales de 2004 concluyeron las negociaciones y el Parlamento dio el visto bueno a la adhesión de Bulgaria y Rumanía, tras lo cual se firmó en abril el tratado de adhesión. 
Actualmente, el tratado está en proceso de ratificación en los Estados miembros. 
Ahora, nuestros esfuerzos, en la Comisión, y supongo, en las demás instituciones, como el Parlamento, se centran firmemente en animar y apoyar a Bulgaria y Rumanía para que terminen con éxito todos los preparativos necesarios para la adhesión. 
Ninguno de los dos países debería escatimar esfuerzos o tiempo cuando se trata de terminar la importante labor que queda aún por hacer en el ámbito nacional. 
Celebro el papel activo que ha desempeñado el Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Exteriores, así como los informes preparados por el señor Moscovici y el señor Van Orden, que subrayan las virtudes y los puntos débiles que hasta la fecha se han registrado en el progreso de ambos países. 
Tal y como han podido comprobar en los informes globales de seguimiento de la Comisión, que les presenté el 25 de octubre, nuestra valoración es en general la misma: tanto Bulgaria como Rumanía cumplen los criterios políticos. 
Al mismo tiempo, han de hacer más esfuerzos, en particular para fortalecer el Estado de Derecho, para mejorar la administración pública y el sistema judicial, para luchar contra la corrupción y para proteger efectivamente a los grupos vulnerables. 
Ambos países deben proseguir las reformas económicas estructurales para cumplir los criterios económicos y poder ser miembros de pleno derecho. 
En cuanto al acervo de la Unión Europea, tanto Bulgaria como Rumanía han seguido avanzando en la adopción y la aplicación de la legislación de la Unión Europea. 
Han alcanzado un grado considerable de alineación 13 meses antes de su adhesión, prevista para el 1 de enero de 2007. 
Sin embargo, en algunos ámbitos existen todavía graves deficiencias en los preparativos y, en general, es preciso prestar más atención a la aplicación y el cumplimiento eficaces de la legislación. 
Por tanto, de momento no es como coser y cantar. 
Bulgaria y Rumanía todavía tienen mucho que hacer y es importante que nosotros juntos, el Parlamento, los Estados miembros y la Comisión, sigamos recordándoles a ambos países que se centren en el trabajo interno relevante que aún queda por hacer. 
El 7 de noviembre envié una carta a los Ministros de Exteriores, el señor Kalfin y el señor Ungureanu, instando a Bulgaria y Rumanía a que adoptaran medidas inmediatas y decisivas para solventar las lagunas y deficiencias existentes en sus preparativos. 
Con respecto al resto de las cuestiones de los preparativos de Bulgaria y Rumanía, la Comisión seguirá supervisándolos y apoyándolos de forma intensiva hasta la adhesión. 
En este sentido celebro la ayuda y los esfuerzos del Parlamento. 
Nuestra próxima cita en relación con este asunto será para hablar de un informe centrado en las medidas adoptadas por Bulgaria y Rumanía dirigidas a abordar las principales deficiencias restantes que se determinaron en el informe global de seguimiento de octubre. 
La Comisión pretende presentar su informe al Parlamento y al Consejo en mayo de 2006. 
Entonces la Comisión podrá recomendar que el Consejo posponga la adhesión hasta el 1 de enero de 2008, si existe un grave riesgo de que alguno de los dos países no esté manifiestamente preparado para cumplir los requisitos de adhesión para enero de 2007 en una serie de ámbitos importantes. 
Tal y como prometió el Presidente Barroso a principios de año, y con la idea de que nuestro debate de abril creaba un procedimiento ampliado de consentimiento, la Comisión empleará su diálogo habitual con el Parlamento Europeo y escuchará las opiniones de esta institución sobre el posible uso de la cláusula de aplazamiento. 
La Comisión se tomaría muy en serio estas opiniones antes de emitir ninguna recomendación de asociación plena al Parlamento Europeo en cualquier decisión posible de aplazar la adhesión. 
Estoy preparado para reunirme con la Comisión de Asuntos Exteriores en primavera, por ejemplo en abril, para intercambiar opiniones sobre la situación de Bulgaria y Rumanía. 
Permítanme concluir dando las gracias al Parlamento Europeo por su enfoque constructivo y equilibrado con respecto a la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. Todo esto lo reflejan muy bien los sólidos informes del señor Moscovici y del señor Van Orden. 
La Comisión siempre acoge con satisfacción el firme compromiso del Parlamento con el proceso de adhesión y su estrecho seguimiento de los desarrollos de Bulgaria y Rumanía. 
Confío en que juntos concluiremos la quinta ronda de ampliación y será todo un éxito. 
Señor Presidente, permítame empezar rindiendo homenaje a la labor del señor Van Orden y del señor Moscovici en torno a estos expedientes como ponentes, y también decir que ha sido un placer muy especial seguir al Comisario Rehn, como defensor entregado y eficaz al impulsar la adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
Me complace el debate de hoy, que tiene lugar en una importante coyuntura en los procesos de adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
Gracias a los intercambios anteriores con sus Señorías, sé que este Parlamento presta una gran atención a todos los detalles de los preparativos de ambos países para entrar en la Unión Europea y a varios aspectos de la ampliación más amplia. 
Espero que esta tarde surja un debate que haga reflexionar. 
El Consejo Europeo de diciembre de 2004 concluyó que tanto Bulgaria como Rumanía podrán asumir todas las obligaciones para ser miembro a partir de 2007, a condición de que sigan esforzándose por aplicar las reformas necesarias y cumplir los compromisos emprendidos en el acervo. 
El Consejo Europeo de junio de 2005 reiteró esas conclusiones y celebró la firma del Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía en Luxemburgo el 25 de abril. 
Tal y como ha señalado el Consejo, esto supuso un paso importante hacia la adhesión, que contó con el firme apoyo de este Parlamento, cuando votó para aprobar la firma del Tratado. 
No es difícil ver por qué el Parlamento Europeo y el Consejo han apoyado las aspiraciones de Rumanía y Bulgaria con respecto a la Unión Europea. 
La perspectiva de pertenecer a la Unión Europea ha servido de palanca principal para realizar reformas. 
Desde que emprendieron el camino hacia la adhesión a la Unión Europea, tanto Bulgaria como Rumanía han efectuado cambios políticos y económicos de gran alcance. 
Han mejorado las condiciones de vida y las oportunidades económicas. 
Solamente en 16 años dos dictaduras han sido suplantadas, y me complace decirlo, por dos democracias. 
Son éxitos importantes logrados desde todos los puntos de vista y hemos de reconocérselo a quienes han trabajado tanto para conseguirlos. 
El escenario está ahora preparado para la pertenencia como socio de pleno derecho, algo que nos facilitará un poco más subsanar la división artificial de Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. 
Contribuirá a una Unión más estable, segura y fuerte. 
Ni los procesos de adhesión de Bulgaria ni de Rumanía están completos. 
De hecho, tal y como ha recalcado y recalcó anteriormente en junio el Comisario Rehn, es crucial para el éxito de la ampliación que cualquier país nuevo que entre en la Unión esté bien preparado para ocuparse de las obligaciones que conlleva ser miembro. 
Tal y como ha dejado claro el Comisario en su declaración pública de octubre, el jurado aún está deliberando sobre cuándo entrarán Bulgaria y Rumanía. 
Redunda en nuestro interés que Bulgaria y Rumanía estén preparados para unirse a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, tal y como se ha propuesto en el curso de nuestro debate. 
Este objetivo puede lograrse cuando ambos países intensifiquen el ritmo de las reformas en el breve período de tiempo que va desde este momento hasta la fecha clave. 
Los informes globales de seguimiento identifican ámbitos evidentes donde ambos países deben centrar sus esfuerzos. 
El informe sobre Bulgaria demuestra que cumple los criterios políticos para llegar a ser miembro, pero todavía ha de trabajar más a fin de abordar las deficiencias restantes. 
Entre ellas se incluyen medidas decisivas para reformar el sistema de justicia y la intensificación considerable de la lucha en contra del crimen organizado y la corrupción, incluso en las altas esferas. 
Asimismo, debería ser prioritario reformar el sistema de administración pública. 
En el ámbito de los derechos humanos y la protección de las minorías se precisan más esfuerzos para impedir el tráfico de seres humanos, un asunto sobre el que este Parlamento ha formulado repetidamente sus opiniones, así como para mejorar el bienestar infantil y la situación de las personas mentalmente discapacitadas y para integrar más a la minoría romaní en general. 
La Comisión también estima que Bulgaria debería estar en posición de cumplir los criterios económicos de la adhesión, a condición de que siga por el camino de las reformas actuales y se ocupe del déficit contable actual. 
Para ello convendría que intentara mantener una política fiscal prudente, mejorar el entorno de los negocios y realizar reformas aceleradas del mercado laboral. 
En torno a la adopción y la aplicación del, el informe señala que Bulgaria ha avanzado más en particular con respecto a las normas y la cultura de competencia y la política audiovisual. 
No obstante, los desarrollos de otros ámbitos han sido francamente insuficientes. 
En general, Bulgaria necesita intensificar sus esfuerzos para completar los preparativos y desarrollar una capacidad administrativa y judicial suficiente a fin de aplicar y hacer cumplir en su totalidad el ordenamiento jurídico de nuestra Unión. 
Antes he mencionado algunas deficiencias de aplicación que son especialmente acuciantes, como la necesidad de abordar la corrupción y el crimen organizado con eficacia. 
Existen otras preocupaciones relativas a la ejecución de requisitos y procedimientos de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la cooperación policial y la aplicación eficaz de derechos de propiedad intelectual a fin de luchar contra la piratería y la cuestión más amplia de la falsificación. 
La escasa supervisión del cumplimiento de las normas sobre seguros de vehículos de motor también sigue siendo preocupante, así como las deficiencias en los ámbitos de la agricultura, el bienestar de los animales, la salud pública y la seguridad alimentaria. 
Centrándome en Rumanía, la Comisión considera que cumple las condiciones para ser miembro, pero sigue siendo preciso que aborde las deficiencias restantes. 
Rumanía precisa adoptar medidas decisivas para reformar el sistema de justicia e intensificar considerablemente la lucha en contra de la corrupción, incluso en las altas esferas. 
Asimismo, debería reformar el sistema de administración pública y se necesitan más esfuerzos para mejorar la situación de las personas discapacitadas y mentalmente enfermas, un tema que sé a ciencia cierta que importa a este Parlamento. 
Estaría de acuerdo con la valoración por parte de la Comisión de que Rumanía debería estar en posición de cumplir los criterios económicos para la adhesión, a condición de que mantenga e intensifique sus esfuerzos, en particular prestando atención a su equilibrio exterior, la política de salarios del sector público y la base de ingresos del Gobierno. 
Rumanía ha avanzado en la adaptación y ejecución del acervo, en particular en ámbitos relativos a la libre circulación de personas, telecomunicaciones y protección del consumidor. 
No obstante, en otros ámbitos hay deficiencias. 
En general, como con Bulgaria, Rumanía necesita intensificar sus esfuerzos para completar preparativos y desarrollar una capacidad administrativa y judicial suficiente para aplicar y hacer cumplir en su totalidad el orden jurídico de la Unión Europea. 
Necesita abordar la corrupción, incluso la corrupción en las altas esferas. 
Tal y como ocurre con Bulgaria, Rumanía ha de afrontar las preocupaciones relativas a la aplicación de requisitos y procedimientos de la frontera exterior de la Unión Europea, así como preocupaciones por la aplicación eficaz de los derechos de propiedad intelectual. 
Una serie de deficiencias graves que precisan abordarse rápida y decisivamente también se refieren al ámbito de la agricultura y la seguridad alimentaria y a la protección del medio ambiente. 
Los primeros meses del próximo año serán cruciales en el proceso de adhesión de Rumanía. 
Rumanía ha avanzado sustancialmente para llegar a esta fase. 
Así lo reconozco abiertamente hoy ante este Parlamento. 
Sin embargo, ahora ha de renovar sus esfuerzos por abordar las preocupaciones restantes. 
Bulgaria, en los primeros meses del año, también ha de centrar todos sus esfuerzos en abordar sus deficiencias restantes. 
El informe de la Comisión proporciona una hoja de ruta eficaz, que identifica claramente los puntos débiles cruciales y debería contribuir a guiar el enfoque de Bulgaria. 
Bulgaria también ha avanzado sustancialmente hasta llegar a esta fase. 
La línea de meta está ahora a la vista y Bulgaria la cruzará, en cuanto aumente los esfuerzos y aplique las reformas pendientes. 
Ello exigirá trabajar duro, pero merecerá la pena. 
La Unión Europea seguirá prestando ayuda y apoyo a Bulgaria y Rumanía en sus esfuerzos por recorrer el último tramo hasta la adhesión. 
Espero que tanto Rumanía como Bulgaria consigan entrar en 2007. 
Dicha adhesión comportará grandes beneficios para ambos países y, añadiría, claramente al conjunto de la Unión Europea. 
Tal y como dijo mi Primer Ministro, Tony Blair, en junio a este Parlamento, la ampliación es una oportunidad histórica para crear una Unión mayor y más poderosa. 
Espero que para estas fechas del año que viene Rumanía y Bulgaria solo estén a una quincena de convertirse en miembros de pleno derecho de nuestra Unión Europea. 
. Señor Presidente, hace solo mes y medio hablamos en este hemiciclo de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea. 
Se trataba entonces del informe presentado por el Comisario, señor Rehn. 
Nuevamente lo hacemos hoy para referirnos al informe que este Parlamento aprobará mañana y que gozará, espero, de un amplio respaldo. 
Hay una coincidencia básica entre ambos informes. 
En Rumanía se han hecho muchos e importantes avances, pero todavía son necesarios esfuerzos en diversas áreas, que todos conocemos y hoy se han mencionado. 
También hay coincidencias entre ambos informes en un punto fundamental: es muy importante que se avance en materia de justicia e interior, en especial en lo que se refiere a la implementación de la reforma en el funcionamiento de la justicia, al mejor control en las fronteras y a la lucha contra la corrupción, aspecto este esencial, respecto del que el Parlamento quiere ver resultados. 
Hay otra coincidencia importante entre el informe de la Comisión y el informe Moscovici: estamos en momentos decisivos. 
Como ha dicho el Comisario, en la próxima primavera la Comisión efectuará un informe sobre el estado de preparación de Rumanía y se pronunciará sobre la eventual puesta en marcha de un mecanismo que podría retrasar un año la adhesión efectiva. 
También entonces este Parlamento tomará posición sobre este tema, como se recoge en el texto que mañana votaremos. 
Queremos estar estrechamente asociados a este asunto. 
Los resultados en materia de justicia e interior y de lucha contra la corrupción tendrán una gran relevancia en la evaluación de esta primavera. 
Por consiguiente, el Gobierno rumano debe seguir realizando los mayores esfuerzos posibles en esta y otras áreas. 
El ejemplo de los éxitos logrados en política de la competencia, que antes era un asunto de enorme preocupación, debe servirle de estímulo en los trabajos pendientes. 
Señor Presidente, es cierto que las adhesiones de Rumanía y Bulgaria no deberían ser víctimas del nuevo clima de crisis y de fatiga entre los ciudadanos que se ha puesto de manifiesto con los fracasos relacionados con el Tratado constitucional. 
Pero tenemos que ser realistas; ese clima existe y es difícil que no afecte a los miembros de este Parlamento, que están cerca de la ciudadanía y observarán cuidadosamente el estado de preparación de los dos países. 
En resumen, Rumanía tiene una cita histórica con la Unión Europea el 1 de enero de 2007. 
Como dice el informe, el Parlamento reafirma su deseo de que esta cita tenga lugar, pero también subraya que la realización del objetivo depende, en primer lugar, de que las autoridades rumanas cumplan sus compromisos. 
Nosotros apoyamos y aplaudimos los esfuerzos que hacen para llegar a tiempo y lograr la meta, pero la tarea corresponde a las autoridades rumanas. 
Deseo felicitar a los dos ponentes por su trabajo. 
Una de las razones por las que lo hago es que, como diputada húngaro al Parlamento Europeo, he estado siguiendo los esfuerzos de estos dos países y las evaluaciones del Parlamento y la Comisión todos los días desde que me incorporé al Parlamento. 
Con unas pocas enmiendas, me alegra decir que los dos informes son equilibrados y reflejan con precisión la situación actual de los dos países. 
No quiero repetir las declaraciones de las personas que han intervenido antes que yo ni las críticas del Consejo y la Comisión, ya que, tal como ya mencioné en octubre, durante el debate que siguió al informe sobre el país de la Comisión, los observadores de estos dos países están aquí con el fin de poder facilitar información de primera mano a sus respectivas autoridades tanto sobre las deficiencias como sobre las decisiones deseables propuestas por el Parlamento. 
En el curso del debate de esta mañana, durante la preparación de la cumbre que tendrá lugar este fin de semana, quedó claro sin lugar a dudas que todos los Grupos del Parlamento destacaban la importancia de la solidaridad en toda la Unión Europea, ya que es la única manera de poder mantener nuestra competitividad. 
Como ya han mencionado los dos ponentes, hay que hacer hincapié sobre la importancia de la solidaridad, incluso más en el caso de los dos países objeto del debate. 
Como húngara no puedo evitar mencionar la situación de los húngaros que viven en Rumanía. 
Espero que el Gobierno rumano apruebe la Ley sobre minorías especificada en el Acuerdo de Coalición lo más pronto posible, tal como se ha prometido. 
Sé que todos los presentes en esta Cámara ya lo saben, pero aún tengo que subrayar la importancia de la autonomía cultural, que forma la base de la ley anteriormente citada. 
Se trata de la ley que, cuando se apruebe y se cumpla, podrá asegurar la coexistencia armoniosa y duradera de la minoría y la mayoría que viven en Rumanía. 
. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal aprecia el progreso que Bulgaria y Rumanía han hecho en su esfuerzo por acercarse a la Unión Europea. 
Seguiremos apoyando a ambos países en su avance por este camino y a la vez observaremos muy atentamente la forma en la que cumplen con sus responsabilidades como candidatos. 
Como mi Grupo ha destacado repetidamente, ambos países deben ser juzgados sobre la base de sus propios resultados y por separado. 
La Comisión elaborará su próximo informe de seguimiento sobre los dos países a comienzos del año que viene y, como ha señalado el señor Millán Mon, lo hará en un clima diferente, causado por la crisis constitucional en la que está sumida la propia UE. 
El debate sobre el mismo se celebrará a mediados de 2006. 
Esto destaca todavía más la importancia de los esfuerzos de los dos países, ahora que están en la recta final para aumentar todo lo posible su eficacia y sus resultados, pues esos son los Estados miembros que necesita la Unión Europea. 
También está el problema de la capacidad de la UE para absorber a nuevos miembros y, asociado a este, el del futuro de la política de ampliación. 
Conviene señalar que el debate en el Consejo sobre Macedonia es un síntoma de este nuevo clima. 
Permítanme decir algunas cosas con referencia específica a Bulgaria. 
Tenemos un documento equilibrado del señor Van Orden, que reconoce los esfuerzos del Gobierno búlgaro, y si bien subraya el dinamismo económico del país y la tasa media de crecimiento del 4 %, señala en términos claros en qué aspectos Bulgaria ha de progresar todavía. 
Un aspecto importante del texto de la Comisión de Asuntos Exteriores es que anima a los altos funcionarios de Bulgaria a que hagan pública su renuncia a todo tipo de corrupción y que apoyen la promulgación de normas para revelar sus ingresos y su situación financiera. 
Esto contribuiría a una mayor transparencia y mejoraría la confianza en ellos. 
El Grupo Liberal desea que Rumanía y Bulgaria se conviertan en Estados miembros de la UE en 2007. 
Quisiera añadir que creo que deberíamos celebrar este debate en Bruselas en lugar de Estrasburgo. 
. 
Señor Presidente, Señorías, reconociendo los esfuerzos hechos por los dos países, nos preocupan algunas críticas vertidas en el informe de la Comisión. 
Presentamos enmiendas al informe Van Orden relativas al medio ambiente y los derechos humanos, pero lamentablemente estas fueron rechazadas. 
Con respecto al plazo fijado para el desmantelamiento de la central nuclear de Kozloduy, quiero preguntar al Comisario Rehn qué piensa la Comisión sobre el apartado 29, que admite una mayor flexibilidad con respecto al cierre de los bloques 3 y 4. 
¿Qué fuentes de energía alternativas se están considerando? 
Esta Cámara ha participado en las deliberaciones sobre el uso de las cláusulas de salvaguardia; tendremos una opinión crítica de la adhesión y basaremos nuestra decisión en el grado de aplicación de las reformas del sistema judicial, de la lucha contra la corrupción, de la protección de los niños y de la integración de la población romaní. 
. Señor Presidente, aunque las adhesiones de Rumanía y Bulgaria ya se han sometido a votación, la decepcionante situación de esos países puede causar retrasos de un año. 
Mi Grupo ha presentado una serie de enmiendas en este punto, incluida la enmienda 7, sobre la continua extorsión a la que se prestan la policía y el servicio de aduanas en detrimento de los ciudadanos comunitarios de origen turco que viajan a través de Bulgaria. 
Pero la evolución dentro de la propia Unión Europea también está dificultando nuevas ampliaciones. 
Francia amenaza con vetar las negociaciones con Macedonia, un país que está cooperando estrechamente con Croacia, con la esperanza de adherirse al mismo tiempo que ella. 
La posible aprobación de la directiva de servicios del ex comisario Bolkenstein implica que las discrepancias económicas entre los Estados miembros se van a convertir en un factor competitivo. 
Esto hace que la opinión pública de los actuales Estados miembros se vuelva en contra de nuevas ampliaciones. 
Las personas de los Países Bajos y de Francia que votaron en contra de la Constitución propuesta se oponen a la política neoliberal que destruye su bienestar y les priva de su seguridad social. 
Ahora hay fuerzas tanto dentro como fuera de los Gobiernos que erróneamente interpretan esto como una aversión al pago con cargo a los fondos regionales a países con un bajo nivel de vida. 
Si queremos más ampliaciones, debemos asegurarnos de que estos problemas se resuelvan a tiempo. 
. Señor Presidente, el pueblo polaco es particularmente favorable a las ambiciones comunitarias de Bulgaria y Rumanía y siempre ha apoyado a estos países en su esfuerzo en pro de la integración europea. 
Esto no solo se debe a nuestra proximidad geográfica, sino también a que hemos compartido una historia difícil durante las últimas décadas. 
Seguimos con mucha atención el progreso de las reformas políticas y económicas en ambos países con la esperanza de que lleguen a buen puerto. 
Sin embargo, quisiera señalar que tengo serias dudas sobre la posibilidad de que se cumplan las esperanzas de los dos países de adherirse a la Unión Europea. 
La propuesta de la Presidencia británica en relación con las perspectivas financieras 2007-2013 no contempla los costes de la nueva ampliación. 
Contrariamente a las declaraciones de sus políticos, la UE no será capaz de hacer efectivos sus compromisos anteriores. 
Esto significa también que no habrá en ninguna parte suficientes fondos comunitarios disponibles para asegurar unas condiciones equitativas a Bulgaria y Rumanía en términos de desarrollo, tanto antes como después de que se adhieran a la UE. 
Lo tomaremos como una prueba más de que el principio de solidaridad comunitario no ha sido más que papel mojado durante muchos años. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
En más de una ocasión he manifestado ya mi apoyo a la adhesión de Rumanía. 
No obstante, siento comprobar que no se han realizado progresos en la cuestión de las adopciones internacionales, pendientes de momento de la moratoria de 2001, a pesar de las reiteradas recomendaciones de este Parlamento y de las declaraciones de apertura por parte del Gobierno de Bucarest. 
Concretamente, el 14 de enero de 2005, el Primer Ministro rumano aseguró a la prensa italiana que todos los casos de adopciones internacionales pendientes serían analizados uno por uno por una comisión de expertos internacionales. 
Pero de momento, por lo que sé, ni las familias afectadas ni la propia Unión Europea han sido informadas de los procedimientos ni las conclusiones de dicho grupo de trabajo. 
En efecto, la Comisión Europea, a la que he consultado, no ha sabido ofrecerme ninguna aclaración y me han decepcionado también las respuestas recibidas del Comisario Rehn a mis preguntas, en las que defiende la actual ley rumana, que nadie discute, sin contraer ningún compromiso para la resolución de los casos pendientes antes de la entrada en vigor de dicha ley, como ha pedido expresamente el Parlamento. 
Tampoco he recibido del Gobierno rumano –al que yo mismo interpelé a través del Embajador en Bruselas– ninguna información útil ni colaboración. 
He escrito hoy una carta a los observadores de aquí informándoles de esto, esperando que quieran tomar seriamente en consideración mi petición. 
Europa, siempre disponible para los países candidatos y los casos de derechos humanos de todo el mundo, merecería quizás por una vez un mayor reconocimiento, y no verse negar de este modo una petición de hecho bastante simple. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Rumanía y Bulgaria forman parte de los doce países a los que invitamos después de la caída del Muro y la alambrada. 
Dejando aparte otras consideraciones que podamos tener ahora en mente, no debemos olvidar que forman parte de ese grupo y que esta es la razón por la que forman parte de un paquete. 
Se ha firmado el Tratado, pero los tratados con estos países contienen cláusulas de salvaguardia. 
Esto hace que sea sumamente importante que incentivemos el cumplimiento del calendario y que la Comisión presente su informe a comienzos del próximo año. 
Sobre la base de la evaluación que haga este informe y de nuestras propias conclusiones tendremos que decidir si las cláusulas de salvaguardia, que prevén una demora de un año, deben aplicarse realmente y si, como puede suceder, deben aplicarse a los dos países, a ninguno o a uno de ellos. 
No se ha decidido nada, pero debemos tener muy claro que no debemos dar a los ciudadanos la impresión de que se trata de algo automático, en otras palabras, de que si se entablan negociaciones el país candidato entra automáticamente en la fecha que quiere. 
De aquí la necesidad de mejorar la aplicación en los ámbitos mencionados por el Comisario en su último informe y en su carta, fechada el 9 de noviembre, creo, a los Gobiernos de los dos países y a la que se ha referido hoy aquí el Presidente en ejercicio, en concreto la corrupción, el crimen organizado, la seguridad de las fronteras, la seguridad alimentaria dentro del mercado único europeo, las consecuencias para el mercado único, el Estado de Derecho y el desarrollo de la administración y del sistema judicial. 
La Comisión, el señor Moscovici y el señor Van Orden, con los informes que han presentado hoy, merecen nuestra gratitud por señalar que no se trata simplemente de que estas cosas se fijen en forma de leyes. 
Lo que necesitamos hacer es ejercer la presión necesaria y prestar el apoyo preciso para que estos países puedan reunir las condiciones, pero la adhesión dependerá de que lo hagan. 
Si realmente logran el progreso necesario o no es algo que está enteramente en sus manos. 
Señor Presidente, nuestro Grupo, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, ha sido siempre un abogado infatigable de la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa Central y Oriental. 
La adhesión de Bulgaria y Rumanía completará la quinta ronda de ampliación, acabando finalmente con la división de Europa que duró décadas. 
Al igual que la adhesión de diez nuevos Estados miembros el año pasado, queremos que la adhesión de Bulgaria y Rumanía sea un éxito, no solo para los pueblos de esos países, sino también para la Unión Europea. 
Mi Grupo cree que los dos países son capaces de adoptar y aplicar todas las medidas necesarias antes de la adhesión final. 
Los informes de seguimiento de la Comisión nos indican lo que todavía tiene que pasar. 
Los aspectos que son objeto de preocupación y crítica son sobre todo una guía para que los Gobiernos y Parlamentos de estos países adopten las medidas necesarias en el tiempo que queda. 
Suponemos que los dos países se esforzarán y tomarán medidas para conseguir los objetivos de cara a la integración en la UE en enero de 2007. 
Tienen que prestar más atención a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como el refuerzo del sistema judicial. 
Además, el Parlamento Europeo resalta en sus informes la importancia de la posición de la población romaní en ambos países. 
En abril del año pasado otorgamos nuestra bendición formal a la adhesión de Rumanía y Bulgaria. 
En aquel momento, 20 meses antes de la fecha de adhesión prevista, lo hicimos con pleno conocimiento de que todavía hacía falta un notable progreso en cuestiones importantes en los dos países. 
La inclusión de una cláusula de salvaguardia que permitiese retrasar la fecha de adhesión un año fue importante en este sentido, así como la promesa de la Comisión y el Consejo de implicar plenamente al Parlamento a la hora de decidir si esta cláusula de salvaguarda se aplicaría o no. 
Pensamos que hay razones para ser moderadamente optimistas y pensar que ambos países podrán satisfacer los requisitos preceptivos hasta la próxima evaluación. 
Manifestaremos nuestra opinión sobre ello en la primavera de 2006. 
Un ultimo punto es, por supuesto, nuestra propia preparación para la ampliación. 
Mañana y pasado mañana se debatirá en el Consejo Europeo el presupuesto multianual de la UE para después de 2006, tema que ya se ha debatido largamente esta mañana. 
Deseo subrayar una vez más que compartimos la responsabilidad por el éxito de las adhesiones de Rumanía y Bulgaria y por ello debo instar a los Jefes de Gobierno a considerar esta ampliación uno de sus principios rectores en su toma de decisiones, particularmente en los dos debates de mañana. 
– Señor Presidente, Señorías, a dos meses del último informe de la Comisión y del Consejo sobre el grado de preparación de Rumanía con vistas a su adhesión a la Unión Europea, nos encontramos examinando de nuevo los progresos realizados. 
Podemos estar de acuerdo en que se han realizado progresos, pero es innegable que, para poder realizar la adhesión en enero de 2007, deberán cumplirse también otras condiciones, estipuladas en el Tratado de Adhesión y que hoy, como se pone de manifiesto en el informe Moscovici, no se reúnen en absoluto. 
Se trata, por ejemplo, de la libertad de expresión, de la justicia, de la lucha contra la corrupción, de las medidas antidiscriminatorias, de la protección de la infancia y las personas con problemas de salud mental, del recurso excesivo a la fuerza por parte de las autoridades de policía, de la gestión de los residuos industriales y domésticos, de la seguridad alimentaria y la protección ambiental, así como de la aplicación de una legislación que prevea la restitución de las propiedades inmobiliarias. 
Esto por no hablar –y quiero subrayar absolutamente todo lo dicho por otro diputado– del problema de las adopciones internacionales, que no encuentra solución ni siquiera a la luz de la nueva ley, que no tiene ningún efecto jurídico retroactivo, pero que ha impuesto un bloqueo de hecho incluso a las familias con un proceso de adopción ya en curso en el momento de la entrada en vigor de la moratoria. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión de derechos humanos. 
Negar una familia a un niño, que por otro lado ya ha abrazado, conocido y querido a sus posibles padres adoptivos, no se puede justificar de modo alguno; el interés de los niños debe ser prioritario siempre. 
Por este motivo hemos pedido que se proceda, a través del comité que se ha creado, al análisis de todas las cuestiones y todas las situaciones. 
A pesar de ello, no hemos obtenido respuestas hasta ahora. 
Presentamos también una enmienda en comisión, junto con el señor Podestà, que fue aprobada. 
Hoy se han presentado nuevas enmiendas, por parte del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. 
Como miembros del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa las respaldaremos, porque queremos que esta situación encuentre el justo reconocimiento por parte de las autoridades rumanas y se resuelva. 
Consideramos, por tanto, que resultará estratégica la intervención de los colegas observadores, presentes en el Parlamento desde el 26 de septiembre, ante su Gobierno para que cumpla los compromisos contraídos, también mediante el intercambio de experiencias con colegas de otros países. 
– Señor Presidente, el Grupo Verts/ALE ha presentado una enmienda al apartado 19 del informe sobre Bulgaria. 
Aunque el informe acoge con satisfacción las medidas prácticas adoptadas para mejorar la integración, las reformas clave para combatir la discriminación siguen estando en sus comienzos. 
Nuestra enmienda subraya ese hecho. 
En otros ámbitos la situación empeora. 
El tráfico de niños se ha duplicado. 
Las buenas noticias son que 86 instituciones búlgaras han emprendido hace poco acciones judiciales en contra del señor Siderov, líder del partido neonazi Ataka. Será llevado a los tribunales por sus discursos llenos de odio a la población romaní, judía y turca. 
Esta iniciativa merece nuestro apoyo. 
No obstante, si los diputados al Parlamento Europeo no son precavidos en sus expresiones, corren el riesgo de ser utilizados por parte de partidos como Ataka. 
El señor Van Orden se ha convertido en una figura popular en los círculos de Ataka por el uso frecuente que hace de la palabra «adaptar». 
Voy a mostrarles el periódico de Ataka con una imagen del señor Van Orden y un artículo en su interior. 
Me parece que este es un día triste para el Parlamento. 
– Para el 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumanía serán Estados miembros de la UE. 
Algunas de las condiciones establecidas en el Tratado de Adhesión benefician a estos países, mientras otras son directamente discriminatorias desde el punto de vista del primer pilar. 
Después de todo, nosotros, los nuevos Estados miembros, tenemos amplia experiencia de primera mano de tal discriminación, como por ejemplo la instauración de la libertad de circulación de personas como un ideal que se halla muy lejos de las disposiciones sobre la adhesión. 
Estoy alarmado por los esfuerzos del Gobierno de los Estados Unidos por establecer o tomar el control de bases militares en los Balcanes y la implacable presión para eximir a los ciudadanos norteamericanos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. 
El resultado final de las negociaciones sobre este asunto debería ser que se diera una clara prioridad a los intereses comunes de los Estados miembros de la UE, incluidos los nuevos Estados miembros. 
Los informes no dicen nada sobre este asunto. 
A la inversa, creo que ya es hora de entablar negociaciones sobre la seguridad energética. 
Es particularmente importante que esta seguridad se garantice en términos de suministro de electricidad a la región que puede quedar afectada por el desmantelamiento de varios bloques de la central eléctrica de Kozloduy, como ha señalado el señor Horáček. 
Señorías, les conmino una vez más a ayudar a asegurar que la adhesión de los nuevos Estados miembros a la Unión Europea avance sin contratiempos. 
No debemos permitir que estos países soporten continuas privaciones después del 1 de enero de 2007, confrontados como están con enormes problemas, causados entre otras razones por la presión privatizadora que han venido ejerciendo fuerzas externas sin el menor escrúpulo. 
No olvidemos que estamos estableciendo un precedente para las negociaciones con otros Estados balcánicos, y estos merecen una bienvenida apropiada en la UE. 
Señor Presidente, los funcionarios de aduana búlgaros siguen teniendo mala reputación por desplumar a los viajeros. 
De hecho, ahora los viajeros han empezado a anticiparse al comportamiento de los funcionarios y por ello, según un informe oficial del Gobierno neerlandés publicado hace tan solo una semana y media, muchas personas que cruzan la frontera búlgara llevan una pequeña cantidad de dinero escondida en sus pasaportes, destinada a los funcionarios de aduana búlgaros. 
Según una persona que conoce bien el tema, sería de gran ayuda que los medios de comunicación búlgaros filmasen las prácticas corruptas que se producen en la frontera. Este podría muy bien ser un consejo que el Comisario quizá desee transmitir a su homólogo búlgaro. 
El hecho es que las autoridades rumanas dan la misma importancia a la lucha contra la corrupción. 
Lo que los Países Bajos ven con preocupación, sin embargo, es el conflicto que parece existir entre el deseo de airear en público la lucha contra la corrupción, tanto a escala comunitaria como entre la población, y la indiferencia que simplemente hay que mostrar en casos judiciales. 
¿Comparte el Comisario esta conclusión por parte de un Estado miembro y, si es así, qué acciones concretas piensa adoptar con respecto a las autoridades rumanas? 
Después de todo, en este debate hemos discutido sobre la lucha contra la corrupción y el refuerzo del poder judicial, aunque seguramente esto genera un conflicto. 
El Comisario conoce esto muy bien, dada su competencia en temas rumanos. 
En resumen, el naciente sistema judicial rumano no debe sacrificarse en aras de la integración comunitaria, porque esto nos haría perder el tren. 
A modo de conclusión deseo añadir una breve observación sobre la protección de la propiedad intelectual. Sobre esta cuestión solemos pedir cuentas a China. 
El señor Moscovici, en su informe, también presiona, y con razón, a Bucarest en este sentido, ya que es bien conocido que las tiendas rumanas están llenas de productos falsificados. 
En una palabra, se ha pedido a Bucarest que actúe. 
– Señor Presidente, creo que Rumanía sigue en el buen camino para su adhesión el 1 de enero de 2007. 
No obstante, el nuevo Gobierno debe seguir reformando el poder judicial, defendiendo la libertad de los medios de comunicación, permitiendo la restitución de propiedades, protegiendo a las minorías y a los niños y luchando en contra del crimen organizado. 
Además, es preciso prestar especial atención a la reforma de la administración pública y a la lucha en contra de la corrupción, incluido el cumplimiento de la promesa de acusar a altos funcionarios de supuestos delitos graves. 
La situación de las personas con discapacidad y enfermedades mentales es también preocupante. 
El control de las fronteras por parte de Rumanía y el cobro de sus aranceles, con la resolución de la disputa de la isla de la Serpiente del mar Negro, es importante, así como mejorar la higiene alimentaria, la contaminación ambiental y la protección de la propiedad intelectual. 
Sin embargo, la reciente actuación de Rumanía ante el brote de gripe aviar ha sido excelente. 
Rumanía sigue cumpliendo el criterio de ser una economía de mercado que funciona, pero todavía son motivo de preocupación las ayudas públicas y la legislación sobre la quiebra. 
Por último, quiero mencionar el trágico asunto de las adopciones internacionales, que afecta a padres esperanzados de la Unión Europea, los Estados Unidos e Israel. 
Insto al Gobierno de Rumanía que considere la conclusión de estas adopciones, en particular los 1 100 casos previstos de huérfanos y niños abandonados para cuya adopción familias extranjeras registraron la solicitud antes de la prohibición de enero de 2005. 
Esa prohibición fue en gran medida impuesta a petición de la Unión Europea, deseosa de acabar con un sistema antes caótico y a veces corrupto. 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño no prohíbe la adopción internacional. 
Simplemente la convierte en la última solución permanente. 
El Gobierno rumano debería reconsiderar seriamente la postura cruel que mantiene hoy día. 
– Señor Presidente, la primera vez que visité Rumanía fue para ir a esquiar entre Navidades y Año Nuevo de 1989. 
Las banderas rumanas que ondeaban entonces tenían un agujero en el centro, pues les habían cortado el escudo. 
Dieciséis años después tenemos el informe del señor Moscovici, que demuestra sorprendentes logros y grandes avances. 
Intervengo ahora como miembro de la comisión parlamentaria mixta UE-Rumanía desde 1994 y como persona que ha visitado el país en numerosas ocasiones, siendo testigo de los importantes avances, sobre todo en el ámbito de la libertad de expresión, la justicia, las minorías y la infancia. 
De lo que estamos hablando es de reunificar a los ciudadanos de Europa, a personas que comparten una cultura común, un patrimonio común, una historia común y que tienen grandes vínculos lingüísticos. 
Rumanía es Europea en todos los sentidos; su mismo nombre lo revela. 
Ansío que llegue el día en que los colegas rumanos estén en esta Cámara como diputados electos al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, los preparativos de Bulgaria y Rumanía para su adhesión a la UE parecen avanzar como se esperaba. 
Hay que destacar que la adhesión de cada uno de los países debe evaluarse sobre la base de sus propios logros. 
Ojalá que los dos países puedan adherirse a la Unión a comienzos de 2007. 
La Unión está lista tanto desde el punto de vista político como institucional para aceptar a Bulgaria y Rumanía como miembros. 
Con respecto a futuras ampliaciones, sin embargo, la situación no está clara. 
Esto es evidente por el mero hecho de que la Comisión de Asuntos Exteriores no ha llegado a un consenso en torno al informe sobre la estrategia de ampliación. 
La futura ampliación y la reformulación de los Tratados deben examinarse juntas. 
Muchos pretenden restringir futuras ampliaciones y creen que la Constitución, que ha sido rechazada en un referendo nacional, debería ponerse en práctica rápidamente. 
Esta estrategia está asociada a los debates sobre la capacidad de la Unión para aceptar a más miembros y sobre alternativas a la adhesión de pleno derecho. 
Este no es un camino realista a seguir: conduce a un callejón sin salida. 
El futuro debe construirse sobre dos hechos fundamentales. 
En primer lugar está claro que la Unión seguirá expandiéndose vigorosamente y, en segundo lugar, que la Constitución ha sido rechazada de una vez por todas. 
Por ello sería sabio comenzar a diseñar un nuevo Tratado más adecuado para una Unión en expansión y que obtenga la aprobación de los ciudadanos de los Estados miembros. 
Es posible que la Unión en expansión no esté muy unida, y por ello necesitamos más mecanismos de cooperación más estrecha. 
A medida que se expande, la Unión necesita por tanto diferenciarse internamente. 
Señor Presidente, Señorías, hoy quisiera aconsejar meticulosidad y pedir a todos ustedes que nos tomemos en serio nuestros propios criterios y procedimientos. 
Este comentario está dirigido particularmente a los diputados que ya saben que Rumanía no lo conseguirá el año que viene. 
Pensaban o piensan que en el pasado Europa ha tomado decisiones precipitadas en lo referente a las ampliaciones y creen ahora que deberíamos ser de alguna forma más estrictos y que, haga lo que haga Rumanía, nunca será suficiente. 
También está dirigido a aquellos diputados que ya saben que Rumanía lo conseguirá pase lo que pase, cumpla o no las condiciones preceptivas. 
Hay razones para que el Parlamento siga siendo crítico hasta el último momento, particularmente en aspectos tan sensibles y difíciles como la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. 
Estos son los mayores problemas, no solo en Rumanía, sino en todos los países candidatos. 
Las preguntas que se plantearon hace seis meses siguen siendo esenciales: ¿Está logrando, con la ayuda de su decidido Ministro de Justicia, llevar a cabo la reforma del sistema judicial? 
¿Ocuparán nuevas personas con nuevos conocimientos puestos importantes? 
¿Es realmente posible luchar contra la corrupción en el más alto nivel? 
Son preguntas a las que no tenemos que encontrar respuesta ahora mismo. 
Lo que ahora importa es centrarnos y ser claros e inequívocos para señalar claramente lo que pensamos que debe producirse en Rumanía; el Día del Juicio está previsto para mayo de 2006. 
– Señor Presidente, estos informes expresan el deseo de la mayoría de este Parlamento: que Bulgaria y Rumanía se unan a la Unión Europea el 1 de enero de 2007. 
Sin embargo, contienen numerosos ejemplos que revelan su absoluta inadecuación para el ingreso conforme a los propios criterios de adhesión de la UE. 
Estos informes destacan sus niveles de corrupción, la proliferación del crimen organizado, además de la necesidad de reforma de sus sistemas económico y jurídico, entre muchos otros aspectos. 
Es improbable que estos países puedan transformarse en el parangón de virtudes que deben ser antes de poder incorporarse en el plazo de un año. 
Pero todos sabemos que tristemente no importa en qué estado se hallen. 
No importa cuáles sean sus niveles de corrupción y crimen organizado. 
Su adhesión forma parte del gran plan para la creación de unos Estados Unidos de Europa, y los demás factores están subordinados a esa ambición. 
A pesar de todas las acusaciones vertidas en la prensa rumana y en muchas ruedas de prensa, no estoy en contra de la adhesión de Rumanía y no me estoy manifestando en contra de los intereses de Rumanía. 
Pero, con profundo respeto por la población de Rumanía, sé que la adhesión debe ser un éxito para cada ciudadano rumano. 
Esta es su única oportunidad para evitar el fracaso de una modernización que tiene una importancia vital. 
Y la Unión Europea constituye hoy una oportunidad, quizás la última oportunidad para la población de Rumanía. 
Sin embargo, creo que también la comunidad húngara de Rumanía, que ya ha participado suficientemente en la operación de maquillaje político, debe tener esa oportunidad, pero lo que de hecho percibe es que muy pocos de los asuntos esenciales se han resuelto. 
Permítanme que cite un ejemplo. 
Cuando la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo vota que la situación de esta comunidad debería resolverse basándose en principios europeos como el autogobierno y la subsidiariedad, el Primer Ministro rumano pide al Grupo Liberal en Bruselas que elimine del texto el principio de autogobierno y lo sustituya por «autonomía cultural». 
Mientras tanto, entre bastidores, los dos grandes partidos de coalición del Gobierno –los Liberales y los Demócratas– acordaron el lunes en Bucarest eliminar la esencia de la autonomía cultural del proyecto de ley sobre las minorías, despojando a la comunidad minoritaria de toda forma de autogobierno. 
Pretenden eliminar del ya bastante incierto proyecto de ley sobre las minorías el objetivo esencial por la cual se estaba elaborando, no dejando ninguna oportunidad para el diálogo. 
Esto constituye una nueva prueba del engaño político rumano. 
Dicen una cosa a Europa y hacen otra en casa. 
¿Es posible que usen el mismo engaño político también en otros ámbitos? 
¿En relación con los problemas de la población romaní, la protección ambiental, la restitución de la propiedad, la corrupción? 
Por favor, apóyenme asegurando que respetemos los principios fundamentales de Europa y nuestra resolución de abril y no enmendemos el apartado 26 del informe Moscovici. 
El informe por el que hemos votado está bien así y el señor Moscovici merece nuestro elogio. 
Si nosotros no exigimos que se apliquen estos principios fundamentales, nadie más lo hará en nuestro lugar. 
– Señor Presidente, es un hecho que Rumanía y Bulgaria han hecho progresos significativos en la incorporación y aplicación del acervo comunitario, gracias al coherente apoyo en la estrategia de ampliación por parte de la Unión Europea. 
Celebramos todos estos cambios y reformas en el terreno político, económico y social. 
Hoy los dos países, Bulgaria y Rumanía, se encuentran en una situación crítica y existen de hecho algunos graves déficit. 
La cuestión de la protección ambiental, la cuestión de los controles en las fronteras exteriores, la cuestión de la lucha contra el crimen organizado, la seguridad de la energía nuclear y la seguridad alimentaria son cuestiones que también preocupan e interesan a los ciudadanos europeos. 
En un momento en que existe una crisis con respecto a la legitimidad de la estrategia de ampliación, la Unión Europea debe mantenerse a su vez constante en sus decisiones sobre los dos países, decisiones que en principio no deben tolerar descuentos. 
Sería un error para ambos países y para la Unión Europea. 
Por su parte, la Comisión Europea debe ayudar en el marco de la estrategia de preadhesión y en el marco de los programas que existen para la transferencia del saber hacer comunitario. 
Por último quisiera comentar dos peticiones individuales que preocupan particularmente a los ciudadanos europeos: la primera es la cuestión de la obligación de Bulgaria de respetar las disposiciones y medidas del tratado de adhesión sobre la seguridad de la central nuclear de Kozloduy, y la segunda, relativa a Rumanía, es el gran problema humanitario que se ha generado con la adopción de niños. 
Creo y confío en que las autoridades rumanas, respetando el Derecho internacional y el Derecho rumano, resolverán este problema humanitario que preocupa a los padres adoptivos en Europa. 
Señor Presidente, es bueno que las normas básicas del proceso de adhesión sean claras y, en mi opinión, de hecho lo son. 
No hay duda de que Rumanía y Bulgaria entienden lo que se espera de ellas. 
Durante mis visitas a estos dos países y mis conversaciones con personas allí lo he visto con mis propios ojos. 
Todos en Rumanía y Bulgaria saben que estamos preocupados por los aspectos pendientes en que es preciso mejorar. 
Todos saben perfectamente que los estamos observando y controlando cada fase de desarrollo. 
Sin embargo, ninguna persona con la que he hablado, desde representantes del Gobierno hasta gente en las terrazas de los cafés, está muy convencida de que realmente queramos que se adhieran en 2007, a pesar de que digamos que es así y que lo digamos en nuestras resoluciones e informes. 
¿Por qué? 
Está claro que estamos enviando señales sumamente claras sobre los aspectos negativos –problemas, dificultades y exigencias–, pero señales mucho menos claras de aliento y reconocimiento y, sobre todo, de la sinceridad con la que queremos darles la bienvenida. 
Lo que quiero decir es que sería bueno examinar cuidadosamente las reformas que se han aplicado y el modo en que Rumanía y Bulgaria están cumpliendo las exigencias para la adhesión. 
Dadas las repetidas referencias en esta Cámara a las cláusulas de protección, aplazamiento de la adhesión, capacidad de absorción y el debate sobre la frontera exterior de la UE, me temo que la señal que estamos enviando no solo a Rumanía y Bulgaria, sino a toda la región, es que Europa se ha convertido en un lugar más frío y cerrado en sí mismo. 
Esta no es la Europa que conozco. 
No es la Europa por la que lucho y trabajo y que defiendo. 
Creo que todas las reformas que Rumanía y Bulgaria han aplicado recientemente atestiguan los esfuerzos de estos países y el hecho de que dan una gran prioridad a su adhesión. 
La adhesión de Rumanía y Bulgaria a la UE será un potente catalizador y un factor que aumentará la seguridad en toda la región. 
Estoy convencida de que con nuestra ayuda estos países podrán convertirse efectivamente en miembros de la UE a más tardar en enero de 2007. 
También estoy convencida de que esto no será posible sin nuestra ayuda y apoyo y sin una perspectiva positiva. 
A mí también me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a las autoridades búlgaras y rumanas que aumenten el ritmo de su trabajo y aceleren sus preparativos para unirse a la Unión Europea. 
Ejemplos de aspectos en que deben intensificar sus esfuerzos son el funcionamiento del sistema judicial, la lucha contra la corrupción y la integración de las minorías, incluida la minoría romaní. 
En los informes Van Orden y Moscovici consta una enumeración pormenorizada de estos puntos débiles. 
En mi opinión es crucial que se cumplan estos requisitos y otros que ya se han mencionado hoy aquí, y esto por dos razones. 
Primero, estas exigencias deben cumplirse para permitir que Bulgaria y Rumanía se conviertan en miembros plenos de la UE a partir del 1 de enero de 2007. 
En segundo lugar, y en mi opinión esto es igual de importante, deben cumplirlas de modo que los dos países puedan seguir dando un ejemplo positivo a vecinos suyos como Macedonia o Serbia y Montenegro. 
Tanto Bulgaria como Rumanía han desempeñado un papel muy positivo durante los años noventa, cuando la guerra bramaba en los Balcanes y actuaron como una fuerza estabilizadora. 
Estoy convencido de que los dos países seguirán desempeñando ese papel y que se convertirán en un ejemplo no solo para sus vecinos balcánicos, sino también para ciertos políticos de poca monta, en su mayoría procedentes de los antiguos Estados miembros, que empiezan a descorazonarse y dudar incluso del objetivo mismo de la ampliación europea. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, yo también estoy de acuerdo con todos los que en esta Cámara han hecho hincapié en que solamente con la adhesión de Bulgaria y Rumanía el 1 de enero de 2007 se completará la quinta ampliación. 
Es importante que lo recordemos. 
A través del proceso de adhesión, Bulgaria y Rumanía han logrado muchas cosas. 
Sin duda existen todavía una serie de asuntos pendientes, pero el hecho de que hayan logrado tanto ilustra la voluntad política de los dos países de cumplir los compromisos que contrajeron con respecto a la Unión Europea, de modo que puedan convertirse en miembros de pleno derecho y miembros activos de la familia europea. 
Por lo que respecta a Bulgaria, tengo dos comentarios que hacer: el primero se refiere a la central nuclear de Kozloduy. 
Creo que Bulgaria debería cumplir el compromiso que contrajo al firmar el Tratado de Adhesión y cerrar las unidades 3 y 4. 
Al mismo tiempo, sin embargo, considero que Bulgaria necesita ayuda para llenar el vacío energético que se creará, ayuda como la que se va a otorgar a Eslovaquia, según mis fuentes, de modo que pueda cumplir sus compromisos en relación con la energía nuclear. 
Mi segundo comentario se refiere a la posición estratégica de Bulgaria en la frontera exterior de la Unión Europea. 
Creo que es muy importante, precisamente porque con Bulgaria tendremos una nueva frontera, que se coordinen los controles para prevenir y combatir al crimen organizado. 
Finalmente, por lo que respecta a Rumanía, creo también que la importantísima cuestión de las adopciones debe tratarse en su correcta dimensión. 
Señor Presidente, la ampliación ha sido muy beneficiosa para la Unión Europea, incluidos los antiguos miembros, y debemos alejarnos de los populistas que se quejan de lo contrario. 
Estoy convencido de que Rumanía y Bulgaria también van a enriquecer a la UE. 
Su adhesión no solo beneficiará a ellos, sino que también aportará algo a la UE. 
Cuando digo esto, no significa que no tengamos que ser estrictos con respecto a los criterios y valores de la UE. 
El caso es que falta mucho por hacer en este terreno. 
Según la lista de Transparencia Internacional del mes pasado, Bulgaria se sitúa en el puesto 55 y Rumanía en el puesto 85 en la lista de países corruptos, figurando junto a países como Mongolia o la República Dominicana. 
Lo que nos preocupa particularmente es el hecho de que la corrupción invade incluso las altas esferas. 
Otro aspecto importante que hay que mejorar es el control de las fronteras y todas las actividades asociadas, así como los derechos de las minorías. 
Bulgaria y Rumanía han hecho mucho, pero todavía tienen mucho por hacer antes de cumplir realmente los criterios. 
Esta Cámara se vio obligada a decidir muy pronto, 20 meses antes de la adhesión, pero no tomaremos la decisión efectiva sobre la cuestión de cuándo pueden adherirse estos países hasta haber recibido la última información, concretamente en abril, aunque es más probable que sea en mayo del año que viene. 
Creo que deberíamos ser justos en esto, en el sentido de que debemos dejar hablar a los hechos por sí mismos, debemos aumentar la presión ahora y Rumanía y Bulgaria deben pisar a fondo para progresar realmente en el ámbito de la corrupción. 
Sería tremendamente simbólico ver cómo altos cargos representativos y antiguas personalidades políticas han de comparecer en juicio por corrupción. 
Esto sería un símbolo maravilloso. 
Nuestro juicio dependerá de esto: será justo, pero objetivo, y también fiel a nuestros valores. 
Conociendo al Comisario, confío en que él también seguirá esta línea, en el sentido de que si los resultados son suficientemente buenos, los países en cuestión podrán adherirse en 2007, pero si hay inconvenientes, la Comisión propondrá posponer la adhesión un año más. 
Es bueno mantener los criterios para conservar el apoyo a la ampliación. 
También beneficia a la credibilidad de la UE y, por último, es muy bueno para los pueblos de Rumanía y Bulgaria, que merecen nuestro nivel de libertad y democracia. 
El Gobierno de Rumanía se esfuerza sistemáticamente por satisfacer las exigencias planteadas por la Unión Europea y el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, todavía hay un gran número de asuntos que resolver en muchos terrenos. 
La propuesta de resolución presentada trata las deficiencias de forma crítica pero justa. 
Quisiera llamar la atención sobre la importancia de las siguientes propuestas de enmienda aprobadas por la Comisión de Asuntos Exteriores. 
La situación del proyecto de ley sobre las minorías, incluido en el programa del Gobierno rumano, es incierta. 
La táctica de dilación de los partidos rumanos en el poder es inaceptable y por ello es necesario elevar una estricta advertencia a Bucarest. 
Otro asunto importante es la oferta de educación universitaria en lengua materna para los ciudadanos de las minorías étnicas, particularmente teniendo en cuenta el hecho de que la situación de los más de 1,5 millones de húngaros autóctonos de la comunidad húngara no es satisfactoria en este sentido. 
Deseo hacer hincapié en que el medio incuestionable de proteger a las minorías y garantizar su seguridad jurídica es la aplicación real del principio de subsidiariedad y autogobierno, incluido el establecimiento de ciertos tipos de autonomía. 
Señorías, no enmendemos el apartado 26. 
El proyecto de informe menciona la restitución de la propiedad, pero el tema de la restitución de la propiedad de la iglesia todavía no se ha resuelto. 
Rumanía necesita reformas y muchas nuevas leyes en el ámbito de la protección ambiental. 
Una vez más quisiera criticar el plan de explotación de la mina de oro de Rosia Montana, que debe resolverse teniendo en cuenta la opinión de las organizaciones civiles competentes y de los países afectados, como Eslovaquia y Hungría. 
Por último, es muy importante expresar firmemente la posibilidad de aplicar la cláusula de salvaguardia. 
El cumplimiento de las exigencias enumeradas significa la aplicación de los criterios de Copenhague. 
Como todos los Estados candidatos hasta ahora, Rumanía solamente podrá obtener el permiso necesario para la adhesión sobre la base de resultados reales. 
– Señor Presidente, me complace participar en este debate, principalmente para hacer de portavoz de muchos niños, jóvenes con minusvalías y personas que viven en instituciones estatales inadecuadas de Rumanía a los que he visitado recientemente. 
Sin embargo, antes de ejercer como tal, permítanme decir unas palabras sobre las conversaciones en curso relativas al presupuesto de la UE de 2007 en adelante. 
La propuesta de la Presidencia británica no establece previsiones suficientes para la ampliación a Rumanía y Bulgaria y solo cabe esperar que las conversaciones cambien esta situación. 
Sea cual sea el resultado, la UE tiene la obligación de seguir presionando para que se reformen las instituciones residenciales públicas de Rumanía. 
Esto se detalla en el informe de seguimiento de la Comisión de Ampliación. 
No es una coincidencia que prácticamente el único sector que ha experimentado notables reformas sea el de la protección infantil, en cierta medida gracias al interés que se ha tomado el Parlamento Europeo. 
El sector de los discapacitados adultos tiene planes de reforma, pero todavía no existen iniciativas sustanciales, lo cual refleja una vez más el interés demostrado por este tema en la UE. 
Con referencia al sector de la salud mental, en el que se encuentran algunas de las peores condiciones, no existen planes de mejora sustantivos y esta área ha estado olvidada en gran parte por la Unión Europea. 
Debemos abordarla. 
Como han hecho algunos de mis colegas, quisiera mencionar la cuestión de las adopciones internacionales, los «pipeline children». 
Comparto las preocupaciones de mis colegas. 
Necesitamos aclaraciones de las autoridades rumanas respecto a estos niños. 
Deben darnos garantías de que lo mejor para los niños es permanecer en Rumanía y de hecho necesitamos saber que se encuentran ya en hogares adecuados. 
Comprendo las preocupaciones de los padres adoptivos, pero también valoro las razones subyacentes a la prohibición de las adopciones internacionales. 
Sin embargo, lo más importante es anteponer las necesidades de los niños a todo lo demás. 
En algunos casos esto puede implicar que se permita que las adopciones prosigan. 
Los grupos de presión defensores de los derechos humanos con los que he hablado sostienen que gran parte de las reformas de Rumanía son simplemente fachada y la teoría no siempre se convierte en un verdadero avance sobre el terreno. 
Espero que no sea así y aplaudo a Rumanía en aquellos casos en los que ha hecho mejoras, aunque queda mucho por hacer. 
Son demasiadas las personas que siguen viviendo en condiciones inaceptables en instituciones rumanas. 
Nosotros somos su mejor esperanza. 
– Señor Presidente, Señorías, intervengo en lugar del señor Podestà, presidente de la Comisión para las Relaciones con Rumanía, por lo que mi intervención versará, en particular, sobre la situación en dicho país. 
Estamos de acuerdo en los puntos fundamentales ilustrados en el informe Moscovici. 
Los importantes progresos realizados por Rumanía se ponen de manifiesto también en el informe de progreso presentado por el Comisario Rehn en el último periodo parcial de sesiones. 
Los días 22 y 23 del pasado mes de noviembre, la Delegación Mixta UE-Rumanía se reunió para debatir el estado de avance actual y real del país candidato. 
En dicha reunión participaron también el Vicepresidente Frattini, el Comisario Rehn, los observadores rumanos en el Parlamento Europeo y el representante del Gobierno rumano. 
A la luz de todos esos informes, que testimonian los esfuerzos realizados por Rumanía, subrayamos la necesidad de apoyar el empeño de este país para que pueda unirse a nosotros el 1 de enero de 2007. 
Se han obtenido notables e innegables mejoras en el ámbito de la libertad, la comunicación, los medios, la enseñanza y los derechos humanos de las minorías étnicas, sin olvidar los importantes resultados obtenidos en el ámbito económico. 
La situación del mercado rumano hoy no es distinta de la de España, Portugal, Grecia y los diez países de la quinta ampliación doce meses antes de su adhesión. 
En la conciencia de que existen importantes aspectos mejorables, como la justicia y la lucha contra la corrupción de alto nivel y la restitución de las propiedades confiscadas, a comienzos de diciembre el Gobierno rumano lanzó un plan de acción que fija plazos irrevocables para respetar las condiciones acordadas con la Unión Europea. 
Los sistemas de control y la reorganización de las instituciones responsables de estos sectores se pusieron en marcha el pasado mes de abril; ahora, es necesario concederles el tiempo indispensable para que las actividades entren efectivamente en vigor. 
Queda en cambio sin resolver el grave problema de los niños que han entrado ya en contacto con sus nuevas familias potenciales, a causa de la nueva normativa que prohíbe las adopciones internacionales. 
A tal fin, apoyaremos la enmienda 38 al apartado 14 del informe Moscovici, en la esperanza de que el Gobierno rumano adopte decisiones inmediatas para resolver este problema. 
En todo caso, deseo expresar mis mejores deseos a los colegas de Rumanía y Bulgaria, para que desde el 1 de enero de 2007 se sienten con nosotros en este Parlamento. 
Señor Presidente, acojo con agrado el debate informado y estimulante que se ha producido esta tarde sobre este importante tema para la Unión Europea. 
Las intervenciones que hemos escuchado han reforzado mi idea de la importancia de la ampliación y subrayado los beneficios que proporciona a los países candidatos y a los Estados miembros. 
Como sucedió en nuestro debate anterior, los comentarios y preguntas de sus Señorías se han centrado en la esencia del problema y han planteado algunos aspectos interesantes que debemos considerar sobre los procesos de adhesión de Rumanía y Bulgaria, así como sobre la política de ampliación en general. 
Dado el escaso tiempo de que disponemos, limitaré mis observaciones finales a algunos de los aspectos abordados directamente por sus Señorías. 
El señor Tannock y el señor Belder han mencionado el tema de la corrupción y, sobre todo, la preocupación torno a la guardia de fronteras y la seguridad de las mismas. 
Ambos países se enfrentan a grandes retos para atajar la corrupción, y concretamente Bulgaria debe intensificar la lucha contra el crimen organizado. 
Los nuevos Gobiernos han hecho gala de su verdadero compromiso de hacer frente a estos problemas y hemos observado ciertos avances, pero todavía queda mucho por hacer. 
Es justo reconocerlo hoy ante esta Asamblea. 
En Rumanía los ejemplos de progreso incluyen: un nuevo jefe del departamento anticorrupción en la oficina del Fiscal General; la destitución de 11 nuevos fiscales superiores por ineficacia; y actualmente están en curso 22 casos de corrupción de antiguos y actuales senadores y diputados. 
Respecto al trabajo ulterior que ha realizado Rumanía, la policía de fronteras y el servicio de aduanas han destituido a un gran número de sus altos funcionarios por ineficacia y corrupción. 
Pero seamos muy claros: es preciso un avance notable e importante en estos aspectos cruciales. 
El señor Beglitis y el señor Tannock han mencionado asimismo el tema de la adopción internacional, que también ha sido tratado por la señora McGuinness en una intervención posterior en el debate. 
Es obvio que la corrupción en la adopción internacional ha sido un problema. 
Recientemente se han introducido medidas destinadas a proteger los intereses de los niños, tal como han dicho varios oradores, para mejorar la protección doméstica de los niños y las instalaciones familiares y reducir el número de niños acogidos en instituciones, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y las normas de la Unión Europea. 
Con respecto a la pregunta específica de por qué está bloqueando el Gobierno rumano las adopciones acordadas de antemano, por ejemplo a los Estados Unidos, algunos de los denominados casos que se han mencionado durante las intervenciones en este debate, tienen que ver con solicitudes presentadas durante el período de moratoria de 2001 a 2004 sobre la adopción internacional. 
En junio de 2005, las autoridades rumanas formaron un grupo de expertos que están estudiando los archivos de los niños en cuestión con el fin de analizar cada caso concreto y buscar soluciones dentro del contexto de la legislación actualmente en vigor. 
La señora McGuinness, la señora Sbarbati y la señora de Groen-Kouwenhoven también han mencionado a los niños en sentido general y han preguntado qué se está haciendo con respecto al trato que reciben en ambos países. 
Sin duda nos preocupa la situación de los niños acogidos en instituciones cuyas condiciones de vida son por lo general inadecuadas en los dos países. 
Aún queda trabajo por hacer para mejorar las condiciones, pero nos animan las medidas adoptadas recientemente por los dos Gobiernos. 
Por ejemplo, en el caso de Bulgaria, el Gobierno ha establecido seis oficinas regionales de la Agencia Estatal para la Protección de los Niños desde principios de 2005 con el fin de impulsar mejoras. 
Esta ha comenzado a aplicar un nuevo plan de acción para cerrar los viejos centros de acogida públicos. 
En el caso de Rumanía, el Gobierno está haciendo todo lo posible por sacar a los niños de los centros de acogida y entregarlos a familias de acogida o parientes. 
Ha cerrado prácticamente la totalidad de las 85 grandes hospicios y los ha sustituido por alternativas más modernas de protección infantil. 
Desde 2000 ha reducido el número de niños acogidos en centros de 37 000 a la cifra actual de 32 000. 
Respecto a un tema totalmente distinto, pero al que es oportuno responder, especialmente dada la fecha de este debate, el señor Piotrowski ha sugerido que las propuestas de la Presidencia sobre las perspectivas financieras para 2007-2013 no podrían adaptarse a Rumanía y a Bulgaria y no cumplirían los criterios de solidaridad. 
No admito ninguna de las dos afirmaciones. 
Con respecto a estos dos países, nuestras propuestas respetan plenamente sus asignaciones conforme a los acuerdos de adhesión y establecen un cambio histórico del gasto a favor de los nuevos Estados miembros y los países candidatos, además de ofrecerles una mayor flexibilidad respecto al modo de distribuir los fondos de la Unión Europea para conseguir el mayor efecto posible. 
Este cambio histórico de la financiación, que incluye importantes recortes de los ingresos del Reino Unido, demuestra por qué nuestras propuestas se refieren a la solidaridad, que ha ocupado un lugar destacado en sus comentarios. 
No tiene ningún mérito repetir la palabra «solidaridad» al tiempo que se evita el difícil reto de hallar los puntos en común en los que puedan encontrarse los contribuyentes netos y los beneficiarios netos en el curso de las próximas horas y los próximos días. 
Respecto a Bulgaria y Rumanía, reconozco que se ha hecho un gran avance hacia la adhesión a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, pero todavía queda mucho por hacer. 
La Comisión, bajo el liderazgo competente del Comisario Rehn, seguirá supervisando de cerca el avance y elaborará un informe de seguimiento en abril o mayo del año que viene. 
Este informe establecerá la base para cualquier decisión que se tome sobre si es necesario activar la denominada «cláusula de salvaguardia». 
Para evitar la demora, Rumanía y Bulgaria deben intensificar ahora el ritmo de reforma en los meses críticos de principios del año que viene y, sobre todo, hacer frente a la corrupción, muy presente en el debate de esta tarde. 
Disponen de poco tiempo para aplicar estas reformas, pero todavía tienen la posibilidad de adherirse en 2007, siempre y cuando cumplan estos importantes compromisos pendientes. 
. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar deseo dar las gracias a sus Señorías por este debate objetivo e instructivo y sus bien acertadas palabras. 
Es bueno también que en las intervenciones se haya hecho hincapié en el hecho de que se trata ahora de concluir la última ronda de ampliación, es decir, la quinta. 
Es un complemento de la histórica revolución que se inició con el desplome del Muro de Berlín hace más de 15 años. 
Mi opinión es que la Comisión y el Parlamento Europeo, así como la Presidencia, con referencia al importante discurso del señor Alexander, deberían considerar en gran medida del mismo modo los preparativos para la adhesión de Bulgaria y Rumanía y hacer hincapié en los mismos asuntos. 
La reforma del sistema judicial en particular es absolutamente esencial. 
Es esencial para la protección legal de los ciudadanos de Bulgaria y Rumanía, es esencial desde el punto de vista de la dinámica económica y la inversión extranjera y también es esencial para la aplicación de la legislación comunitaria en estos países. 
Tenemos la responsabilidad de asegurar una evaluación justa y objetiva del grado de preparación de estos países para su adhesión a la Unión en 2007. 
Lo mismo se aplica también a la reforma administrativa, y especialmente a la lucha contra la corrupción y la criminalidad, y a la solución de problemas en el ámbito de la agricultura y la seguridad alimentaria. 
Ambos tienen la oportunidad de adherirse en 2007, pero solamente si ambos hacen todo lo posible por satisfacer las exigencias y asumen el desafío con absoluta seriedad. 
Confío en que todo esté claro en este sentido, pero para estar seguro repetiré mi mensaje. 
Lo crucial ahora no es una ofensiva para granjearse el favor de las capitales de los países comunitarios, sino medidas prácticas y decididas para llevar adelante la reforma del sistema jurídico y de la administración y medidas muy firmes para combatir la corrupción y el crimen. 
Llegada la primavera, no quisiera encontrarme en la tesitura de tener que proponer, en nombre de la Comisión, el recurso a las cláusulas de salvaguardia, pero hay que decir que no se han incluido en los tratados de adhesión por amor al arte. 
Bulgaria y Rumanía deben aprovechar seriamente esta oportunidad y esforzarse al máximo para que su candidatura pueda aceptarse de modo que los dos países se adhieran en enero de 2007. 
Seremos completamente objetivos en nuestra evaluación del grado de preparación de estos países a la luz de hechos concretos. 
La Comisión apoyará las reformas de Bulgaria y Rumanía, seguirá de cerca su desarrollo y en su momento presentará al Parlamento y al Consejo una evaluación de su progreso. 
Debo hacer hincapié en que necesitaremos un diálogo regular, tal como ha indicado, entre otros, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor Brok. 
Propongo que volvamos sobre este asunto en primavera, cuando tengamos una idea más precisa del progreso de Bulgaria y Rumanía en sus esfuerzos por que su candidatura sea aceptada a comienzos de 2007. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
– En el marco del informe Moscovici, quisiera llamar su atención sobre la importancia de salvaguardar los derechos de la minoría húngara, la mayor de Rumanía. 
Más concretamente, me gustaría llamar su atención sobre el apartado 26 del informe. 
Entiendo que se ha intentado eliminar de este apartado las referencias a los principios de subsidiariedad y la autogobernanza. 
Yo considero que estos son principios fundamentales de la Unión Europea, por lo que no deberían borrarse. 
Los líderes políticos rumanos han prometido muchas veces que protegerían los derechos de la minoría húngara. 
Es hora de que Rumanía demuestre su verdadera voluntad política de poner en práctica concretamente estas promesas. 
La pregunta es: si no existe ningún problema con los derechos de la minoría húngara, ¿por qué querrían borrar los líderes rumanos partes del apartado 26? 
Creo firmemente que el Parlamento Europeo tiene la responsabilidad política de garantizar que todos los aspectos que incluye la protección de las minorías se traten adecuadamente al tiempo que se aborda la preparación de este país para acceder a la Unión Europea. 
Desde mi punto de vista, los problemas de las minorías son tan importantes como los económicos. 
– En la primavera de 2006, la Comisión Europea entregará al Consejo su dictamen final sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía en enero de 2007. 
Estas adhesiones dependerán de su capacidad para cumplir los compromisos suscritos en el Tratado de Adhesión. 
Si no lo hacen, podrán activarse las cláusulas de salvaguardia, que prevén el aplazamiento de la adhesión a 2008. 
Aunque los informes relativos al grado de preparación de Rumanía y Bulgaria destacan la importancia de los progresos realizados, en particular en materia de economía de mercado, por fuerza hemos de constatar que el ritmo de reforma debe intensificarse, especialmente en Rumanía, a fin de reforzar el sistema administrativo y judicial, la lucha contra la corrupción, la integración de la comunidad romaní y el control de las fronteras. 
Se han comprobado también retrasos preocupantes en la aplicación del acervo comunitario en materia de agricultura, contratos públicos y medio ambiente. 
Esta ampliación situará a la Unión Europea ante un doble desafío: el de no decepcionar a los ciudadanos rumanos y búlgaros, que depositan grandes esperanzas en esta adhesión, al mismo tiempo que explicamos a nuestros conciudadanos, cuando la Unión Europea atraviesa una crisis política y presupuestaria grave, la legitimidad de esta ampliación, rechazada por gran parte de la opinión pública. 
Una delegación de Austria, presidida por el Vicecanciller Gorbach, ha llegado a la Cámara. Participará en reuniones políticas para preparar la Presidencia austriaca que comenzará el 1 de enero de 2006. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B6-0343/2005). 
Formularemos las siguientes preguntas al Consejo. 
No formularemos las preguntas 2 y 8, pues tratan un asunto que ya ha estado en el orden del día de esta tarde. 
El Presidente del Consejo, dirigiéndose al Parlamento Europeo el pasado 26 de octubre, en el marco de los preparativos del próximo Consejo Europeo informal, afirmó que, en lo que respecta a la Directiva sobre el tiempo de trabajo, esperaba que se pudiera alcanzar un acuerdo bajo la Presidencia británica. 
¿Qué ha hecho exactamente la Presidencia británica para lograr este objetivo y qué avances se han registrado? 
Puedo asegurar a su Señoría que nos estamos esforzando por llegar a un acuerdo en torno a la propuesta de directiva revisada por la que se modifica la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Los debates en profundidad, tanto bilaterales como en los grupos de trabajo del Consejo, han permitido avanzar en algunos aspectos fundamentales. 
Los debates que tuvieron lugar en el Consejo de Empleo de la semana pasada fueron muy positivos. 
Avanzamos notablemente en la delimitación de los posibles elementos de un acuerdo. 
Sin embargo, lamentablemente, debido a las diferentes situaciones que atraviesan los mercados laborales de los distintos Estados miembros, además de la complejidad de las nuevas disposiciones, todavía no ha sido posible llegar a un acuerdo global. 
Desde luego, es esencial que cualquier solución alcance el equilibrio adecuado entre los objetivos de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y la protección y la promoción de la competitividad de Europa en el contexto de la globalización. 
– Muchas gracias por su respuesta, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Comprendo que, como ha dicho, no se haya alcanzado ningún acuerdo. 
Cada vez está más claro que muchos Estados miembros que quieren deshacerse de la exclusión voluntaria individual –que usted, al igual que yo, pretende mantener– tratan de evitar el uso de la exclusión voluntaria, recurriendo a trabajadores autónomos como forma de excluirse voluntariamente o asegurándose de que existan varios contratos, por ejemplo dos o tres contratos por cada trabajador, lo que hace que la idea de la Directiva sobre el tiempo de trabajo parezca ridícula. 
Le agradecería que nos dijese si el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, incluidos los diputados laboristas, nos respaldará ahora para que se mantenga la exclusión voluntaria individual. 
Estoy seguro de que una diputada con tanta experiencia como la señora Lynne reconocerá que no es responsabilidad mía responder en esta ocasión en nombre de diputados individuales a este Parlamento ni de ningún Grupo del mismo. 
Mi responsabilidad es responder en nombre de la Presidencia. 
Sin embargo, puedo asegurarle que su análisis es correcto al reconocer que uno de los principales problemas pendientes consiste en cómo aplicar la directiva: por contrato o por trabajador. 
Esta confusión ha surgido al descubrirse que, tal como ha indicado, algunos Estados miembros estaban aplicando los límites de la Directiva sobre el tiempo de trabajo por contrato, lo que permitía a las personas trabajar mucho más de 48 horas semanales al tener más de un contrato. 
Ahora debemos estudiar más a fondo cómo resolver esto y tratar de consolidar el importante avance realizado durante nuestra Presidencia, inclusive el pasado jueves. 
Señor Ministro, no entiendo la preocupación de la Presidencia británica sobre los contratos múltiples. 
Sería muy loable si ustedes estuviesen en contra del pero, con una directiva con como ustedes defienden, es irrelevante que se vea el contrato o se vea al trabajador, porque todo el mundo podrá hacer más de 48 horas. 
Yo creo que esto es una maniobra táctica; una maniobra que ha dividido al Consejo, que les está haciendo perder el tiempo y que no nos va a acercar la solución final. 
Deben ustedes leerse mejor las resoluciones de este Parlamento. 
El Parlamento sí que ha encontrado el camino de la flexibilidad y de la seguridad. 
Por favor, no inventen cuestiones nuevas y dedíquense a resolver los problemas importantes. 
Con todo mi respeto, no ha sido la Presidencia británica la que ha estado inventando respuestas a la Directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Puedo asegurar a su Señoría que seguimos buscando firmemente una solución europea que respete las prácticas laborales nacionales al tiempo que proporcione niveles adecuados de protección a los trabajadores y promueva la competitividad de acuerdo con los objetivos de empleo y crecimiento de Europa. 
– Quisiera felicitar a la Presidencia y de hecho a los demás países dentro del Consejo que reconocen la importancia de mantener la exclusión voluntaria. 
Sé que este es un expediente difícil que a todos nosotros nos gustaría ver resuelto de un modo u otro. 
Aunque el «doble acuerdo» de la exclusión voluntaria está potencialmente sobre la mesa, y teniendo en cuenta el problema de los períodos de guardia inactivos, dado que claramente es imposible cerrar el doble acuerdo, ¿no es por lo menos sensato que ustedes y/o la Presidencia austriaca traten de aclarar por separado el problema de los períodos de guardia inactivos? 
En respuesta le diré que agradezco a su Señoría que haya acudido a toda prisa a la Cámara para formular la pregunta. 
Permítame asegurarle que hemos estado muy cerca de cerrar el acuerdo que garantice los objetivos que describí la semana pasada. 
Esto es lo que me hace ser cautelosamente optimista respecto a que, con el tiempo, podremos encontrar una salida con respecto a la pregunta que me ha formulado. 
Nuestras propuestas, presentadas para este debate la semana pasada, reflejaban un intento serio de hacer frente a objeciones prácticas a la exclusión voluntaria y eran fruto de amplias consultas con los Estados miembros. 
No cabe duda de que habrá nuevas oportunidades de debate dentro del Consejo para ver si finalmente podemos alcanzar el consenso que hasta el momento no hemos conseguido. 
Espero no decepcionar a su Señoría, que acaba de unirse a nosotros en la Asamblea, con la respuesta que puedo darle, pero el Consejo no ha recibido propuestas de la Comisión sobre este tema y por lo tanto no ha abordado esta cuestión. 
– Señora Presidenta, agradezco al señor Ministro su respuesta, pero me gustaría preguntar si se incluirán algunas de estas medidas en la futura planificación en los ámbitos del desarrollo, la creación de empleo o la movilidad, que estamos celebrando en 2006. 
Los preparativos debían haberse hecho en 2005. 
, Me temo que debo limitarme simplemente a reiterar lo que dije en mi respuesta anterior de que el Consejo no ha recibido propuestas de la Comisión en relación con este asunto. 
Con todo mi respeto quisiera sugerirle que si considera que este tema debería plantearse a la Presidencia y no a la Comisión, quizá desee plantearlo a nuestros sucesores, la Presidencia austriaca. 
Como la autora de la pregunta no está presente, la pregunta nº 10 decae. 
¿Qué opinión tiene el Consejo acerca de la situación en Macedonia y cuáles serán, a su juicio, las próximas etapas del proceso de acercamiento de este país a la Unión Europea? 
El 9 de noviembre, la Comisión presentó su dictamen sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y su solicitud de adhesión a la Unión Europea, y recomendó que se le reconociese la condición de país candidato. 
Es probable que el Consejo Europeo de la próxima semana valore el dictamen con vistas a fijar la postura de la Unión Europea. 
El dictamen de la Comisión toma nota del importante progreso realizado por la ARYM. 
Hace menos de cinco años, la estabilidad de la ARYM estaba amenazada por un conflicto interno. 
Afortunadamente, en la actualidad el país está inmerso en una dinámica constructiva hacia la adhesión a la Unión Europea. 
El dictamen de la Comisión constata que la ARYM es actualmente una democracia que funciona, con instituciones estables que por lo general garantizan el Estado de Derecho. 
Se han adoptado medidas importantes con vistas a establecer una economía de mercado, y es probable que este país pueda asumir la mayor parte de las obligaciones de la adhesión a medio plazo, siempre y cuando se realicen importantes esfuerzos para adaptarlo al acervo. 
Aunque ha habido importantes avances, está claro que quedan muchos aspectos en que ahora es necesario seguir trabajando con más ahínco: hay que continuar con la aplicación efectiva del Acuerdo Marco de Ohrid, reforzar la administración pública y las instituciones, mejorar el Estado de Derecho, incluso mediante una lucha decidida contra la delincuencia y la corrupción, y desarrollar la economía. 
La recomendación del Consejo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia en esta fase es que permanezca centrada en las reformas y en la plena aplicación de todas las medidas especificadas en la nueva asociación europea. 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera preguntarle, con esta cuestión complementaria, qué está haciendo la Unión Europea en la práctica para hacer frente al desempleo juvenil y el sentimiento de desespero entre los jóvenes de Macedonia y si está previsto que el país reciba de hecho ayuda económica más sustancial, puesto que la muy vaga perspectiva de adhesión a la UE no ayudará al país. 
Aparte de esto, ¿cuál es la situación con respecto a la movilidad de los jóvenes, concretamente sus oportunidades para estudiar y formarse en la Unión Europea? 
Durante nuestra Presidencia, yo mismo tuve la oportunidad de viajar a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y reunirme directamente con la Viceprimera Ministra de ese país. 
Esta reunión me dio la oportunidad de debatir con ella sus ambiciosos planes de continuación de la reforma económica. 
Creo que la clase de reformas económicas de la que hablé en mi respuesta inicial es la base más segura sobre la que hacer frente al tipo de empleo para los jóvenes del que habla su Señoría. 
En cuanto a la aportación económica concreta de la Unión Europea a ese país para el año 2005, supondrá un total de 34,5 millones de euros destinados a respaldar su plan de reforma para la integración europea, además de otros 2,8 millones de euros destinados a la cooperación transfronteriza. 
Entre 1992 y 2004, la Unión Europea ha comprometido unos 736 millones de euros para el país. 
La pregunta nº 12 ha sido retirada por su autor y por tanto no se plantea. 
El Consejo ha señalado que desearía que el sector público desempeñe una función ejemplar en la eficiencia del uso final de la energía. 
¿Está de acuerdo el Consejo en que los desplazamientos mensuales del Parlamento Europeo entre Bruselas y Estrasburgo son un ejemplo de uso ineficiente de la energía por parte del sector público? Dado que sólo el Consejo tiene poder para decidir cual debe ser la sede del Parlamento, ¿qué medidas propone adoptar para corregir esta situación? 
Como sabrá su Señoría, el artículo 289 del Tratado CE establece que la sede de las instituciones de la Comunidad se determinarán mediante acuerdo común de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Conforme al protocolo (8) anexo al Tratado CE, y cito directamente: «El Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los doce períodos de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria» 
El Consejo no ha debatido la cuestión de la eficiencia energética y el desplazamiento mensual del Parlamento Europeo entre Bruselas y Estrasburgo. 
– ¿No es esta cuestión crucial una especie de piedra de toque de la capacidad de adaptación de la Unión? 
El ahorro de energía no era un problema en Europa hace cincuenta años, pero ahora lo es y el Consejo y el Parlamento están de acuerdo en ello. 
El público tiene derecho a que haya algún planteamiento común. 
Así que, como usted dice, este está en el Tratado, pero corresponde a los Gobiernos de los Estados miembros cambiar eso. 
Por lo tanto, ¿estará de acuerdo el Consejo en incluir el debate sobre un puesto único para el Parlamento en el próximo debate del Plan D posconstitucional? 
En primer lugar permítanme responder diciendo que el espíritu de la pregunta de su Señoría sugiere que el proceso de cambio del Tratado podría ser fácil o rápido. 
He de decir que solo hay que pensar –en este periodo de reflexión– en el destino del proyecto de Tratado constitucional en manos de los votantes de Francia y los Países Bajos para cuestionar en cierto modo esa afirmación. 
Realmente me tomo en serio la cuestión de la eficiencia energética y la Unión Europea ha adoptado varias medidas en ese sentido, cosa que es digna de elogio. 
Sin embargo, una vez más, si se trata de una cuestión que preocupa a su Señoría, le sugeriría que, dado el apretado programa que tenemos para los dos próximos días en relación con la futura financiación, debería plantear este tema a nuestros sucesores. 
– No se trata solamente de una cuestión de eficiencia energética, sino de eficiencia financiera. 
Los 300 millones de euros anuales invertidos en traer aquí al Parlamento para los períodos parciales de sesiones asciende a 2 mil millones de euros para el periodo de las perspectivas financieras. 
Usted ha hablado de la necesidad de ratificar cualquier cambio de este sistema. 
Dado que es probable que la decisión sobre recursos propios requiera la ratificación nacional, ¿no podrían añadirse de paso varias cláusulas que ahorrarían al contribuyente europeo una gran cantidad de dinero? 
El diputado que ha formulado esta pregunta no es el primer colega del Partido Laborista en el Parlamento Europeo que lo hace. 
Quizás comprendo más claramente la envergadura de este problema para los diputados al Parlamento Europeo después de haber asumido la responsabilidad como Ministro de Asuntos Europeos durante la Presidencia y de haber visto con mis propios ojos las dificultades a las que se enfrentan todos los diputados para organizar cada mes el viaje entre Bruselas y Estrasburgo. 
Sin embargo, debo decir con todo respeto que, dado el sentimiento que hay esta mañana en el Parlamento sobre la urgente y apremiante necesidad de encontrar un acuerdo sobre la futura financiación, no estoy totalmente convencido de que plantear esta cuestión a nuestros colegas de París en esta fase concreta podría considerarse la contribución más constructiva que podría hacer la Presidencia británica para llegar a un acuerdo sobre la futura financiación. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿pueden confirmar, de conformidad con los Tratados, que el Parlamento Europeo tiene una sola sede? 
El hecho es que es falso decir que tiene dos. 
La única sede es Estrasburgo. 
Podríamos muy bien, sin mayor problema, eliminar los periodos parciales de sesiones adicionales de Bruselas y con ello ahorraríamos una enorme cantidad de energía, pues en las semanas que nos quedarían libres podríamos quedarnos en casa y trabajar hasta los viernes en Estrasburgo. 
No quisiera inmiscuirme en lo que parece ser un debate interparlamentario sobre los méritos relativos de Bruselas y Estrasburgo. 
Sobre el fundamento jurídico del establecimiento del Parlamento, no tengo nada que añadir a mi respuesta anterior. 
¿No considera el Consejo que el hecho de que el Estado de bienestar británico sea casi un 30 % inferior (en términos de PIB) a sus equivalentes francés y alemán explica por qué en el índice de pobreza humana en 2004 de las Naciones Unidas (que aborda cuestiones como la sanidad, la educación, el nivel de vida y la exclusión social) , el Reino Unido queda peor situado que sus homólogos continentales y por qué su índice de pobreza infantil es un 51 % más elevado que el de Alemania y más del doble que el de Francia? 
¿Considera el Consejo que se sirve mejor al desarrollo del modelo social europeo adoptando el enfoque británico, debido al cual, desde que el Partido Laborista accedió al poder en 1997, ha aumentado la desigualdad, en tanto que ha disminuido en Francia, Alemania e Italia? 
Dado que los países nórdicos, que cuentan con un elevado nivel de protección social, también ocupan una posición mejor que los demás Estados miembros en el índice de competitividad global, ¿no considera el Consejo que se serviría mejor a la Estrategia de Lisboa concediendo más importancia a la protección y la cohesión sociales? 
El Consejo no está en condiciones de comentar la clasificación de los Estados miembros en el índice de pobreza humana de 2004 de las Naciones Unidas. 
El informe conjunto del Consejo y la Comisión sobre protección social e inclusión social contiene información útil sobre las políticas de lucha contra la pobreza dentro de los Estados miembros. 
No existe un único modelo social europeo. 
Aunque compartimos un compromiso europeo común y distintivo con la justicia social y la solidaridad, dentro de nuestra Unión hay una enorme variedad de respuestas nacionales al bienestar y a los retos sociales. 
Es correcto que los distintos modelos reflejen las diferentes tradiciones y prácticas de cada Estado miembro. 
Ya en octubre los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron en Hampton Court que, pese a que el funcionamiento de sus sistemas sociales era competencia de cada Estado miembro, Europa necesitaba reformas económicas y la modernización social para salvaguardar sus valores y responder a los desafíos y las oportunidades de globalización y cambio demográfico. 
Este acuerdo consolidará el resultado del examen intermedio de la Estrategia de Lisboa acordado en el Consejo Europeo de marzo, que estableció un nuevo centro estratégico en el empleo y el crecimiento. 
El Consejo Europeo de primavera reafirmó específicamente que el fortalecimiento de la cohesión social seguiría siendo un objetivo principal de la Unión y que la modernización de la protección social y la promoción de la inclusión social eran prioridades clave. 
– Supongo que, al igual que sucede con la maternidad y el pastel de manzana, todos en la Unión Europea, los Estados miembros y los Grupos políticos, comparten, al menos de palabra, la defensa de la solidaridad social, la justicia social y la cohesión social. 
Sin embargo, quisiera decir al Consejo que, especialmente durante esta Presidencia, gran parte de la credibilidad de esa retórica se ha visto socavada. 
No creo que los ciudadanos de los Estados miembros confíen en que realmente estemos dispuestos económicamente a defender lo que defendemos de palabra. 
Quisiera pedirle que comente un par de aspectos: en primer lugar, respecto a la cuestión del presupuesto y las perspectivas financieras, estoy segura de que usted tiene una idea de cómo se financiará esto, y en segundo lugar, que comente medidas como la Directiva de servicios... 
Me esforzaré por responder al menos a la primera parte de la pregunta de su Señoría. 
En primer lugar ha hablado de la solidaridad. Reconozco que se trata de un concepto importante para nosotros, al igual que la justicia social, no solo dentro de las fronteras de los Estados miembros o de la Unión Europea, sino mucho más allá de los límites de esta. 
Por ese motivo me enorgullece enormemente que, en los últimos meses, hayamos sido testigos de un compromiso de los Ministros de Desarrollo europeos y posteriormente de una decisión refrendada por los Ministros de Hacienda europeos de duplicar efectivamente el nivel de la ayuda al desarrollo exterior de 40 000 a 80 000 millones de dólares estadounidenses. 
Por lo tanto, no voy a disculparme ni me resistiré al hecho de que todos los diputados a esta Asamblea deberían estar muy orgullosos en esta materia mientras tratamos de cumplir nuestras obligaciones con los más pobres del mundo. 
Con respecto a la pregunta concreta de su Señoría en relación con la Directiva de servicios, a menudo se acusa a la Presidencia británica de que en el enfoque nacional británico de esta Unión existe un elemento hostil a los principios fundacionales de la Unión Europea. 
Creo en la plena realización del mercado único y creo que, dados los términos originales del Tratado de Roma, la Directiva de servicios tiene algo que aportar a la culminación y plena realización de este mercado único. 
Sin embargo, debemos reconocer que el mercado debe estar equilibrado por una financiación social del tipo que se ha asegurado históricamente dentro de esta Unión. 
Por este motivo, respecto a la segunda cuestión planteada en relación con las próximas perspectivas financieras, quisiera ver cómo la postura articulada por la Presidencia británica esta tarde, el segundo apartado de negociación, constituye la base sobre la que puede alcanzarse un acuerdo. 
Las sumas en cuestión son considerables y sentarán las bases sobre las que no solo los nuevos países en vías de adhesión, sino todos los Estados, podrán reforzar sus economías y por lo tanto su capacidad para garantizar la verdadera solidaridad y justicia social de las que se habla tan a menudo en este Parlamento. 
El modelo social que se elija tiene un efecto increíble en la igualdad. 
Estudios recientes que he examinado muestran que el modelo de sociedad que más favorece la igualdad es aquél que implica un sistema de bienestar público e impuestos relativamente elevados, etc. Mi pregunta es: ¿comparte el Consejo mi opinión sobre la importancia de este modelo para la igualdad, vinculado como está a un estado de bienestar financiado común y públicamente? 
Las políticas que deberíamos propugnar en nuestros Estados de bienestar encierran una importante perspectiva de género, pero es justo reconocer que existen, como he dicho en mis comentarios iniciales sobre esta cuestión, distintos modelos sociales en Europa. 
Me preocupa profundamente que 20 millones de conciudadanos europeos estén sin trabajo. 
Mantener el modelo social europeo, como se sugiere con frecuencia, no tranquiliza a estos 20 millones de ciudadanos. 
Hay que tomar las medidas prácticas necesarias para garantizar las reformas económicas que crearán la prosperidad capaz de proporcionar más oportunidades a estas personas. 
También hay que reconocer la noción de que el medio más seguro para hacer frente a la pobreza es proporcionar a alguien un empleo; esta es una de mis convicciones políticas. 
– Quisiera repetir que me complacen sus comentarios sobre el hecho de que no existe un único modelo social europeo. 
Creo que esto es totalmente correcto, pero ¿podría confirmarme a mí y a los demás diputados si con este comentario habla meramente en nombre de la Presidencia o lo hace en nombre del Consejo en su conjunto? 
Reflejo el espíritu y el resultado del debate que se celebró en Hampton Court, del que he hablado anteriormente. 
Se reconocieron de forma clara tanto los retos a que se enfrenta Europa ante la mundialización y el hecho de que cada Estado miembro ha tomado rumbos distintos ante los mismos. 
Teniendo en cuenta el retraso en el proceso de ratificación de la Constitución Europea, cuyo artículo 167 prevé un estatuto especial para las regiones ultraperiféricas en el marco de las ayudas de Estado, ¿prevé el Consejo la adopción de medidas transitorias que garanticen ese trato particular en razón de la distancia que separa a esas regiones del núcleo territorial del mercado interior y otras circunstancias desfavorables de las mismas? 
Cualquier modificación de los Tratados fundacionales de la Unión solamente puede entrar en vigor después de haber sido ratificada por todos los Estados miembros. 
Conforme al Tratado vigente, el Consejo ya puede adoptar medidas específicas destinadas a las regiones ultraperiféricas. 
Esto incluye políticas comunes. 
Las directrices sobre ayudas estatales regionales, que se revisan actualmente, ya contemplan disposiciones especiales para las regiones ultraperiféricas. 
Señora Presidenta, agradezco al Señor Presidente en ejercicio del Consejo su observación sobre las previsiones de las nuevas directrices en materia de ayudas de estado para las regiones ultraperiféricas, pero, en todo caso, en Derecho internacional hay una figura, que es la de los tratados firmados y no ratificados, que tienen unas ciertas consecuencias jurídicas. 
Concretamente, en la región a la que yo pertenezco, Canarias, se aprobó la Constitución Europea con un 90 % de los votos. 
En estos momentos, más de la mitad de la población de Europa ha aprobado la ratificación de este Tratado constitucional y me da la impresión de que esta ratificación no es irrelevante desde el punto de vista del Derecho europeo. 
Mantengo la respuesta que acabo de dar desde el punto de vista del Derecho europeo. 
Sin embargo, concretamente en relación con las Islas Canarias, el Parlamento debe ser consciente de que la región de nivel NUTS 2 de las Islas Canarias se beneficiará de una dotación adicional de 100 millones de euros durante el período 2007-2013 conforme a las propuestas planteadas. 
Señora Presidenta, quisiera que el Presidente en ejercicio del Consejo nos dijera cómo pretende que las regiones ultraperiféricas, que se encuentran tanto en el norte como en el sur, tomen las debidas disposiciones en ausencia de un marco presupuestario para todas esas medidas. 
El primer paso importante consiste en asegurar el acuerdo en el Consejo Europeo sobre las futuras perspectivas financieras y le aseguro a su Señoría que nos esforzaremos en lo posible en las próximas horas y días. 
¿Puede el Consejo exponer su posición acerca de los disturbios ocurridos recientemente en Francia e indicar si se pueden extraer lecciones con vistas a una mayor integración e igualdad en la UE? 
¿Puede el Consejo, por ejemplo, exponer su posición acerca del intercambio de mejores prácticas sobre política de integración utilizando mecanismos tales como el método abierto de coordinación o acerca de si son necesarias nuevas propuestas de la UE? 
No sería oportuno que el Consejo comentase los acontecimientos que se han producido en Francia recientemente, pero mientras los Estados miembros sean y sigan siendo los principales responsables de la adopción y la aplicación de sus políticas nacionales de integración, el Consejo tratará de prestarles apoyo, principalmente mediante la promoción del intercambio de experiencias y mejores prácticas. 
El Programa de La Haya para el refuerzo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, aprobado por el Consejo Europeo en noviembre de 2004, ha invitado a los Estados miembros, el Consejo y a la Comisión a promover el intercambio estructural de experiencias e información sobre la integración, respaldado por el desarrollo de un sitio web fácilmente accesible en Internet. 
En diciembre, los Ministros llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de reforzar la cooperación sobre la integración, principalmente a través de la red de puntos de contacto nacionales sobre integración. 
Este compromiso se basa en la comunicación de la Comisión: una agenda común para la integración de nacionales de terceros países en la Unión Europea. 
Esta red de integración, establecida en 2003 y respaldada por la Comisión, ha desempeñado un importante papel en el intercambio de información y mejores prácticas, además de hacer contribuciones muy valiosas a la redacción del «Manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales» , publicado por la Comisión en 2004. 
El año que viene se publicará un manual ampliado. 
– Quisiera pedir al Presidente en ejercicio que continúe con la buena labor realizada durante la Presidencia británica en el examen de los mejores modelos posibles de diversidad y de mejores prácticas e integración. 
Es una labor útil que debemos proseguir en los próximos meses. 
Se trata de una cuestión muy seria para los Estados miembros de la UE, especialmente para sus ciudades. 
Dado que este es su último turno de preguntas al Consejo, quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar lo que me han dicho muchos diputados a este Parlamento: que ha respondido a las críticas de buen grado y que usted y el equipo de funcionarios que le respaldan dejarán esta Presidencia con una reputación de escuchar a los diputados y hacer todo lo posible por responder a sus preguntas. 
Estoy casi sin palabras, dado el nivel de críticas que normalmente se me han dirigido, por el generoso cumplido que se me ha hecho, aunque sea en las últimas horas de mi comparecencia ante el Parlamento. 
Permítame devolverle el cumplido diciendo que sé que su Señoría tiene una gran reputación en el Reino Unido de muchos años de comprometido trabajo sobre la diversidad. 
Por eso no me sorprende que haya planteado hoy esa pregunta ante esta Cámara. 
Realmente puedo asegurarle lo que pide: seguiremos trabajando duramente para compartir las mejores prácticas, como he dicho, con el fin de garantizar que exista una cooperación efectiva sobre el tema de la diversidad durante el resto de la Presidencia británica y en los próximos años. 
Se ha producido un vivo debate acerca de la ronda de negociaciones de la OMC en Doha, centrándose la mayor parte de dicho debate en las concesiones que serán necesarias por parte de todos los socios, particularmente en relación con el mercado agrícola de la UE, con el fin de concluir con éxito esta ronda de negociaciones. 
Considero que no se han proporcionado detalles suficientes para evaluar los beneficios que supondría un acuerdo para los Estados miembros de la Unión Europea y sus ciudadanos. 
¿Podría indicar el Consejo su posición motivada sobre los beneficios específicos que un acuerdo en la ronda de negociaciones de Doha implicaría para la economía de la UE y de sus ciudadanos y, si no se llega a un acuerdo, cuales serían las consecuencias? 
El Consejo ha tomado nota en varias ocasiones de los posibles beneficios de un acuerdo sobre nuevos cambios en los resultados de la Organización Mundial del Comercio durante las negociaciones en el marco de la Agenda de Desarrollo de Doha dentro de dicha organización. 
El Consejo ha expresado su respaldo a futuras negociaciones multilaterales de carácter amplio, que refleja su deseo de que haya un importante avance en la liberalización del comercio mundial, la garantía del continuo crecimiento económico mundial, el aumento de la creación de puestos de trabajo, la prosperidad y el desarrollo sostenible y el tratamiento de las preocupaciones de la sociedad civil. 
El Consejo ha observado que un cambio multilateral adicional del comercio era el mejor modo de afrontar los retos planteados por el cambio económico y tecnológico y una creciente mundialización. 
El Consejo ve este cambio multilateral como el planteamiento más adecuado para la consecución de resultados importantes y equilibrados en beneficio de todos los miembros de la OMC. 
Varios estudios han tratado de evaluar la magnitud de los beneficios para la Unión Europea. 
Por ejemplo, un estudio muy citado, realizado por el Banco Mundial en 2005, calcula que el potencial de ganancias de la plena liberalización del comercio mundial de mercancías para 2015 sería de aproximadamente 65 mil millones de dólares estadounidenses para la UE de 25 y los países de la AELC. 
El Consejo no ha comentado explícitamente las consecuencias que tendría el hecho de que no se alcanzase un acuerdo. 
Las ramificaciones del fracaso de la ronda van más allá del comercio. 
Esto transmitiría un mensaje negativo sobre la cooperación multilateral. 
Por el contrario, un buen acuerdo de comercio constituye una importante parte de nuestros esfuerzos por afrontar la pobreza y promover la seguridad global a largo plazo, lo cual ha sido el centro de atención de nuestro trabajo durante la Presidencia. 
– Dado que estamos en Navidad, quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por actitud en el turno de preguntas y por su agudeza. 
Muchas veces la risa no hace daño en esta Cámara, y usted nos ha hecho reír unas cuantas veces esta tarde. 
¡Bien hecho! 
Estaría agradecida si su alegre voz se escuchase en los aeropuertos cuando llaman a los últimos pasajeros para que embarquen. 
Con respecto a la OMC, ¿podría comentar usted la diferencia entre el libre comercio y el comercio justo? 
Hay una enorme diferencia entre ambos. 
Debemos ser sinceros desde el punto de vista de lo que buscamos. 
Cuando se refiere a los beneficios, necesitamos saber cómo se distribuyen. 
¿Quién sale ganando? 
Ya que no todos ganan lo mismo. 
Agradezco humildemente los elogios que me hacen. 
Puedo ver cómo ante mi se abre toda una nueva oportunidad de empleo. 
Si no llegamos a un acuerdo en el Consejo Europeo de este fin de semana, en el futuro podrán ustedes disfrutar del suave tono de mi voz en el aeropuerto de Bruselas, anunciando la salida de los vuelos a Dublín y Edimburgo. 
Sinceramente espero que este no sea el resultado del Consejo Europeo de este fin de semana. 
No estoy seguro de si mis observaciones siempre han sido intencionadamente humorísticas, pero acepto el cumplido en el espíritu en que se ha formulado en esta época festiva. 
Respecto al tema serio y fundamental que su Señoría me plantea, puedo asegurarle que durante nuestra Presidencia hemos considerado esta cuestión en profundidad, a raíz de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Generales que se celebró para tratar los términos del mandato para el Comisario de Comercio, el señor Mandelson, dado que, desde el Gobierno que actualmente ejerce la Presidencia, no solo Margaret Beckett sino también Hilary Benn y Alan Johnson están actualmente en Hong Kong haciendo lo que pueden por defender que lo mejor que se podría conseguir en Hong Kong sería un resultado equilibrado y ambicioso que permitiera la conclusión con éxito de la ronda. 
Sin embargo, esto plantea exactamente la pregunta formulada por su Señoría: ¿qué es un resultado equilibrado y ambicioso de las conversaciones de Hong Kong y, de hecho, de la Ronda de Desarrollo de Doha en general? 
Siempre he dejado claro que no hay ni debe haber contradicciones entre un plan que favorezca el empleo en la Unión Europea y a los pobres en el mundo. 
Solo hay que considerar el beneficio potencial que obtendrían los países en desarrollo del éxito de la reunión de Hong Kong y de la Ronda de Doha para animarse a tomar las medidas necesarias para ver el progreso que no solo beneficiaría a esta Unión, sino a la causa general de demostrar que la mundialización puede funcionar, no solo para una minoría de los ciudadanos del mundo, sino también en interés de los pobres y los ricos del mundo actual, si se toman las decisiones políticas adecuadas. 
Los estándares de la asistencia a niños y discapacitados en Rumanía constituyen sin duda una cuestión de derechos humanos y la Unión tiene la obligación primordial de garantizar el bienestar de estos futuros ciudadanos de la UE. 
Ha habido mejoras en este terreno, lo que es de celebrar, pero queda mucho por hacer. 
En el Informe global de seguimiento de 2005 sobre Rumanía se acogía con satisfacción la nueva Ley sobre derechos del niño y en materia de adopciones, que entró en vigor en enero de 2005. 
Sin embargo, en el Informe de seguimiento se afirma que, tres años después de la promulgación de la Ley sobre salud mental y protección de las personas con trastornos psicológicos, los discapacitados psíquicos rumanos siguen sufriendo hacinamiento, malos tratos y violencia. 
¿Qué opina el Consejo sobre esta situación, particularmente a la luz del hecho de que la Ley sobre los discapacitados mentales es anterior a la reciente Ley de protección de la infancia? 
El Consejo es consciente del inveterado interés del Parlamento por esta cuestión y ya ha tenido la oportunidad de responder a varias preguntas parlamentarias al respecto. 
Ha sido un tema destacado en el debate que acabamos de concluir sobre la posible adhesión de Bulgaria y Rumanía. 
El Parlamento ha destacado sistemáticamente la gran importancia que otorga al cuidado de los niños, los discapacitados y los enfermos mentales en Rumanía. 
Durante todo el proceso de adhesión de este país, se ha expresado la clara posición de la Unión de que Rumanía, como futuro miembro de la Unión Europea, debe cumplir criterios estrictos en estos ámbitos. 
Los puntos de vista de la Unión se reiteraron durante la última reunión con el Consejo de Asociación entre la Unión Europea y Rumanía el 14 de junio de 2005. 
El amplio informe de seguimiento de la Comisión correspondiente a 2005 sobre Rumanía, al que hace referencia su Señoría, todavía está siendo examinado por el Consejo. 
Sin embargo, la opinión general del Consejo sigue siendo clara sobre estas cuestiones. 
Se trata de aspectos prioritarios en que es preciso abordar debidamente lo antes posible las carencias que todavía existen. 
Los avances ya realizados deben ir seguidos de la continuación de la aplicación, de nuevas mejoras y de la asignación de niveles suficientes de financiación y dotación de personal. 
Esto se aplica a todos los ámbitos de la asistencia, pero es especialmente importante con respecto a la situación de los discapacitados y los enfermos mentales. 
El Consejo seguirá de cerca y evaluará los futuros avances y continuará planteando estas preocupaciones directamente a Rumanía. 
– Agradezco su respuesta al Presidente en ejercicio del Consejo. 
El programa europeo de seguimiento y apoyo del Open Society Institute ha puesto de manifiesto que existe una total carencia de datos fiables y completos sobre las personas con discapacidades mentales en Rumanía, lo cual ha contribuido a una falta generalizada de atención pública a las personas con discapacidades intelectuales. 
De la respuesta del Ministro deduzco que la asistencia en este ámbito sería una prioridad inmediata en el marco del seguimiento por la UE de los aspectos relacionados con las personas con discapacidades mentales en Rumanía. 
Quisiera pedir al señor Ministro, con espíritu navideño y con mis mejores deseos, que si consigue este trabajo en el aeropuerto, ¿podría hacer algo con respecto a los vuelos directos a Estrasburgo? 
En primer lugar, en relación con su último comentario, comparto su forma de pensar sobre ese punto en concreto, incluso más que al principio de la Presidencia británica. 
Si no consigo un empleo en el aeropuerto de Bruselas, quizás lo haga en el de Francfort, a donde viajo con frecuencia, dada la longitud de las preguntas a las que me enfrento en esta Cámara. 
Sin embargo, con respecto al importante punto que plantea, este tema se trató directamente en el informe de seguimiento de la Comisión al que he hecho referencia. 
Rumanía ha comenzado a desarrollar una estrategia encaminada a cerrar las grandes instituciones residenciales para discapacitados y sustituirlas por servicios alternativos de base comunitaria en unidades residenciales de menor tamaño. 
También se está realizando una campaña pública de sensibilización sobre los derechos de los discapacitados, que espero que trate alguna de las cuestiones planteadas por su Señoría. 
Sin embargo, está claro que hace falta más trabajo, tal como sugiere. 
Pero debo decir que la nueva política es alentadora. 
El cuidado psiquiátrico requiere una atención más inmediata: las condiciones de vida de los pacientes son pobres y los recursos presupuestarios, como se ha dicho, son limitados. 
Todavía no se está aplicando la Ley de 2002 sobre salud mental y protección de las personas con trastornos psicológicos. 
El Gobierno ha comenzado a afrontar este problema y queremos que se redoblen estos esfuerzos. 
– Se trata de una cuestión muy grave. 
Recientemente he estado en Rumanía y he visitado algunas de las instituciones de que hemos hablado. 
Las condiciones son deplorables desde el punto de vista de la higiene y la seguridad, cuando menos. 
Le pido que haga todo lo que pueda, en sus últimos días en el cargo, para garantizar que se dé mayor prioridad a esta cuestión en el avance hacia la adhesión. 
Los comentarios que me han hecho llegar hoy serán comunicados a su vez a la Comisión Europea, en vista de su función de seguimiento continuo de este proceso de adhesión, y dada la firmeza de convicciones que se ha expresado en la Cámara esta tarde. 
El Reglamento del Consejo (CE) n° 27/2005 de 22 de diciembre de 2004 (1) por el que se establece el volumen de las cuotas pesqueras en el Báltico y otros mares introduce disposiciones sobre la distribución de cuotas y de temporadas de veda. 
Estas cuotas tienen validez de un año, lo que significa que deben negociarse anualmente. 
Dada la falta de datos concretos sobre las negociaciones en el seno del Consejo a este respecto, y en vista de la inminencia de la fecha de adopción de decisiones definitivas, ¿podría el Consejo facilitar información relativa a la evolución de estos trabajos, y en especial, a los cambios en las cuotas con respecto a las del año en curso? 
Las cuotas pesqueras para el Mar Báltico correspondientes a 2006 se acordaron entre la Comunidad Europea y Rusia en septiembre sobre la base del dictamen científico elaborado en mayo por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. 
Los detalles de interés constan en las propuestas de la Comisión de plasmar estas cuotas en la legislación comunitaria. 
Esta debería aprobarse en el Consejo de Agricultura y Pesca que se celebrará los días 20 y 21 de diciembre de 2005. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor Alexander por su respuesta. 
No obstante, habría preferido recibir una respuesta más clara al fondo de mi pregunta, que guarda relación con las normas que rigen el reparto de cuotas y las temporadas de veda. 
Ya es hora de que las negociaciones anuales al respecto se basen en hallazgos objetivos y convincentes. 
No creo que el consejo al que se ha referido el señor Alexander cumpla estos criterios. 
Como todos sabemos, el alcance de la investigación de los bancos de peces en el Báltico hasta el momento se ha reducido a un número insuficiente de estudios sobre pesca y a algo que básicamente ha llevado a la falta de consenso sobre las bases metodológicas para evaluaciones de la biomasa. 
Cuando el señor Alexander se canse de los aeropuertos, le invito al Báltico. 
Estaremos encantados de recibirle allí. 
El Consejo se reunirá los días 20 y 21 de diciembre para pactar el acuerdo pesquero en aguas de la Unión Europea. 
He remitido a su Señoría a los correspondientes detalles que constan en las propuestas de la Comisión y le recomiendo el documento COM (2005) 0598, que contiene los detalles de interés de las propuestas de la Comisión de incluir estas cuotas en la legislación comunitaria. 
También le convendría saber a su Señoría que habrá dos reglamentos distintos, uno para el Atlántico nororiental y otro, que considero que le interesa especialmente, para el Mar Báltico en particular. 
Los niños son ciudadanos europeos y tienen los mismos derechos que los adultos a no ser objeto de violencia. 
Dado que de todas formas esto ocurre, deberá adoptarse una legislación que proteja a los niños. 
No obstante, el trabajo legislativo para prohibir los castigos corporales a los niños en los Estados miembros de la UE transcurre con gran lentitud. 
En 17 Estados miembros falta una ley que proteja a los niños contra los castigos corporales. 
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para que los niños puedan gozar de los mismos derechos en toda la UE? 
Actualmente el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de que la Unión Europea prohíba el castigo físico a los niños en los Estados miembros. 
El Consejo no tiene información al respecto ni considera oportuno comentar el estado de la legislación nacional de los Estados miembros en este sentido. 
– Muchas gracias por su respuesta tan sucinta. 
Es cierto que tenemos una comunidad de valores en la UE. 
Me pregunto si se puede imaginar que, al igual que se ha hecho ante la situación social en Francia, los países de la UE, dirigidos por el Consejo, alterarán su práctica de modo que los niños no queden expuestos a la violencia en los hogares o la escuela en nuestros países europeos democráticos. 
Quisiera reiterar que el Consejo no considera oportuno comentar el estado de la legislación nacional de cada Estado miembro, pero reconozco por supuesto que el uso del castigo físico en algunos Estados miembros y los derechos de los niños no son competencia de la Unión Europea, lo cual explica la brevedad de mi respuesta. 
Señora Presidenta, por desgracia debo manifestar que la respuesta del señor Alexander no me ha parecido muy convincente. 
El Consejo ha hecho muy poco por estimular a los Estados miembros de la UE a que ratifiquen el Convenio de La Haya sobre la responsabilidad de los padres y las medidas de protección de la infancia, que regula tales asuntos. 
Todos somos conscientes de que únicamente seis Estados miembros han ratificado dicho Convenio Los demás aún no lo han hecho, lo que significa que todavía se pueden utilizar tales formas de castigo. 
Deseo preguntarle al Consejo qué medidas ha tomado al respecto. 
, Con respecto a esta pregunta, quisiera decir que no es un asunto de la Presidencia. 
Los Estados miembros son signatarios de las convenciones a título individual, no colectivo. 
Sin embargo, quisiera rechazar la alegación de que no se han adoptado medidas sobre la cuestión general del bienestar de los niños. 
Durante los últimos años, las instituciones de la Unión Europea, conjuntamente con los Estados miembros, han hecho un importante avance en materia de derechos de los niños. 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) reconoce explícitamente los derechos de los niños como un aspecto fundamental de los valores europeos. 
El artículo 24 de la Carta se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) , que ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, yo tampoco me doy por satisfecha con la respuesta que ha dado el Presidente en ejercicio del Consejo, ya que incluso si la Presidencia del Consejo no ha dado prioridad a este asunto durante su mandato, opino –al igual que probablemente todos en esta Cámara– que en la Unión Europea vivimos en una comunidad basada en valores y que la violencia contra la infancia, que incluye el castigo físico, es verdaderamente un delito contra los niños. Pido encarecidamente que se en el futuro se actúe en este sentido con el apoyo de los Estados miembros. 
, Nadie niega que puede existir una comunidad de valores. 
En lo que considero que diferimos su Señoría y yo es en si existe un fundamento jurídico para que el Consejo intervenga en este terreno. 
Simplemente quisiera reiterar los comentarios que he realizado anteriormente, en el sentido de que considero que esto no es competencia de la Presidencia. 
Los Estados miembros son signatarios de las convenciones a título individual, no colectivo. 
Dado que su autor no está presente, la Pregunta nº 21 decae. 
¿Cuándo va a terminar el periodo de reflexión derivado de los referendos celebrados en los Países Bajos y Francia? 
¿Está preparado el Consejo actualmente para examinar propuestas de reforma que resulta que están incluidas en el Tratado Constitucional de la UE? 
, Dado que el período de reflexión continuará tras el fin de la Presidencia británica, en cierto modo parece oportuno que la última pregunta que responda en este Parlamento como representante de esta anticipe lo que será un importante tema en los próximos meses. 
Señora Presidenta, quizás con su indulgencia también podría aprovechar esta oportunidad –dado que usted ha dejado claro que esta es la última pregunta a la que hay que responder– de dar las gracias a todos los miembros de la Secretaría del Consejo por su duro trabajo durante nuestra Presidencia en la elaboración del borrador de las respuestas a las preguntas que han planteado los diputados a este Parlamento. 
Más bien como el autor del prefacio de un libro, quisiera decir en este momento con todo respeto que todos los errores son responsabilidad mía y que estoy seguro de que la exactitud con que se plasman los hechos refleja la considerable experiencia y pericia de la Secretaría del Consejo. 
Para abordar directamente la pregunta de su Señoría, como sabe, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron el 17 de junio que era necesario un período de reflexión que permitiera un amplio debate en cada Estado miembro. 
Las disposiciones de reforma dentro del Tratado Constitucional –he podido experimentarlo durante nuestra Presidencia– pueden ser sensatas para un Estado miembro pero controvertidas para otro. 
Por lo tanto, el centro de atención de la Presidencia del Reino Unido ha sido participar conscientemente en un debate más amplio sobre el futuro de Europa. 
Se acordó retomar el tema durante el primer semestre de 2005, en el Consejo de primavera de la Presidencia austriaca, para hacer una evaluación general de los debates nacionales y acordar la forma de proceder en esa fase. 
– Si me lo permiten, quisiera aprovechar la oportunidad para dar las gracias a los representantes de la Presidencia por toda la ayuda y asistencia que han prestado a mis colegas durante los últimos meses. 
Quisiera dar especialmente las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo; he disfrutado mucho estos intercambios de las últimas semanas, aunque en ocasiones parezca que se produjeron en una biblioteca pública bastante vacía. 
Celebro la oportunidad de retomar un tema a menudo repetido. 
Todos los Jefes de Gobierno han respaldado públicamente el principio de que el Consejo debería reunirse en público para tratar los actos legislativos. 
Si las bonitas palabras y las buenas intenciones del Presidente en ejercicio pudieran proporcionar resultados firmes, el Consejo se habría asegurado de que la introducción de cambios en el Reglamento estaría ahora a punto de ponerse en práctica. 
En su lugar, tenemos la sugerencia de que el Consejo revisará el funcionamiento de estas medidas bajo futuras Presidencias y examinará cómo aumentar más la apertura y la transparencia, incluida la posibilidad de modificar el Reglamento. 
¿Podría decir el Presidente en ejercicio dónde está la esencia de esta propuesta? 
, Permítanme tratar de responder directamente la pregunta de su Señoría. 
En primer lugar, ambos recordamos los términos de la declaración de nuestro Primer Ministro ante esta Asamblea al inicio de la Presidencia británica, que han determinado el planteamiento que he adoptado de esta cuestión de transparencia en el Consejo. 
Este explicó la base sobre la que yo busqué primero el acuerdo de los colegas del Gobierno del Reino Unido y en función de esta el proceso que adoptamos posteriormente con otros países durante nuestra Presidencia. 
La Presidencia presentó en noviembre de 2005 un documento de opciones sobre cómo mejorar la transparencia del Consejo. 
Las propuestas han sido debatidas por el Grupo Antici y por Coreper I y II, y ahora pretendemos acordar las conclusiones del Consejo el 20 de diciembre. 
Su Señoría tendrá que esperar un poco más antes de que, eso espero, garanticemos la clase de acuerdo que le proporcionará la satisfacción que busca esta tarde. 
– Respecto al paquete general del Tratado Constitucional en su conjunto, ¿acepta el Presidente en ejercicio del Consejo que el Consejo Europeo estaba en lo cierto, dado el hecho de que la mayoría de los Estados miembros lo han ratificado? 
Fue acertado no dar por muerto el texto e inaugurar un período de reflexión, que se ha centrado mucho más en el contexto que en el texto. 
¿Está de acuerdo en que en su momento, una vez que estemos en un nuevo contexto, deberemos retomar la cuestión del texto y decidir qué hacer con él en 2007, si no en 2006? 
, Estoy de acuerdo y respaldo las observaciones planteadas por su Señoría. 
El Gobierno británico, incluso antes de asumir la Presidencia de la Unión Europea, defendió la necesidad de un período de reflexión. 
No nos pareció oportuno que ningún Gobierno hiciese una declaración unilateral respecto al estado del proyecto de Tratado constitucional, dado que el Tratado constitucional era responsabilidad de todos los miembros de la Unión Europea. 
Es justo reconocer que, incluso antes de las decisivas votaciones de Francia y Países Bajos, había habido, en el caso de España, un referendo que resultó favorable al proyecto de Tratado constitucional y varios países lo habían ratificado a su vez por la vía parlamentaria. 
Por eso me mantengo en la postura inicialmente adoptada justo antes de la Presidencia británica, que hemos mantenido durante la misma. 
En el curso de esta Presidencia, nuestro Primer Ministro ha dejado clara su idea de que cree que es necesario situar la política en mejor lugar antes de retomar la cuestión institucional. 
Pero en el curso de esta Presidencia también hemos dejado claro que consideramos necesario hacer el tipo de reformas prácticas y sensatas que permitirán operar a una Unión de 25 más efectivamente que conforme a las disposiciones del Tratado actual. 
– Al igual que otros colegas del Reino Unido, quisiera darle las gracias por sus esfuerzos de los últimos seis meses y decir también que, con respecto a la Constitución, nos ha complacido enormemente que haya habido dos votaciones negativas en Holanda y Francia e –inesperadamente para usted– no pediremos que se realice un referendo en el Reino Unido si se propone impulsar alguna parte de la Constitución en el futuro. 
, Soy muy consciente de mis responsabilidades, sobre todo en mi última respuesta, de tratar de responder en nombre de la Presidencia, y no caer en lo que sería un fascinante debate con un oponente político de mi país respecto a su posición actual, no solo con respecto al lugar que ocupan en esta Cámara, sino a su postura sobre la cuestión del proyecto de Tratado constitucional. 
La declaración que acabo de escuchar contradice claramente al menos algunas de las afirmaciones que han hecho otros colegas conservadores con respecto a algunos de los cambios prácticos y sencillos de los que acabo de hablar. 
Sin embargo, pienso que hay en juego cuestiones mucho mayores para el moderno Partido Conservador desde el punto de vista de su implicación en Europa que la respuesta que acabamos de escuchar. 
– Me pregunto si al señor Ministro le gustaría hacer algún comentario sobre la posibilidad de que los diputados conservadores británicos al Parlamento Europeo se sienten en el mismo banco que la señora Mussolini. 
, Si me lo permiten antes de concluir, quisiera decir lo siguiente: Kenneth Clarke es una figura seria en el Reino Unido, una figura conocida por esta Cámara. 
En su descripción del moderno Partido Conservador Británico dirigido por su nuevo líder ha dicho que se enfrenta a una propuesta –y cito directamente– que está «dándose cabezazos» en su extremismo. 
Ha dicho que el moderno Partido Conservador es más extremista que el Partido Conservador de William Hague o de Iain Duncan Smith. 
Depende de sus Señorías de las filas conservadoras de esta Cámara decidir si quieren marginarse más, no solo en el Reino Unido, sino también en la Unión Europea. 
Hoy ya he rendido un homenaje generoso al trabajo de uno de los conservadores británicos en esta Cámara, que a través de su papel en relación con la adhesión de uno de los posibles países candidatos a la Unión Europea ha realizado un importante trabajo en nombre de este Parlamento. 
La marginación de lo que en el pasado fue un gran partido político, tal como prevé su nuevo líder, supondría una merma no solo del Partido Conservador, sino del interés nacional británico. 
Pero en última instancia no es el único juicio injusto que harán. 
Me temo que será el primero de muchos realizados por el nuevo líder conservador. 
La pregunta nº 23 decae porque guarda relación con una problema que ya hemos debatido esta tarde. 
Puesto que el período de tiempo asignado a las preguntas ha terminado, las preguntas nº 24 a 54 se responderán por escrito. Para las preguntas no tratadas, véase el anexo «Turno de preguntas». 
Espero que me permitan concluir con un comentario personal. 
Señor Alexander, hoy ha descubierto que no solo recibe críticas de esta Cámara por la labor que realiza, sino también alabanzas. 
Le deseo mucho éxito en su mandato, que descanse durante las vacaciones y le agradezco su cooperación. 
El Turno de preguntas queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0338/2005) de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE [5786/2/2005- C6-0267/2005- 2001/0004 (COD) ] (Ponente: Andreas Schwab). 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de volver a la Directiva relativa a las máquinas, comenzaré dando mi más vivo agradecimiento a todos los participantes en este proceso, en especial a los ponentes alternativos de los demás Grupos. 
Estuvieron dispuestos a hacer muchas concesiones, por lo que les estoy especialmente agradecido. 
Agradezco además al Comisario responsable, que está presente hoy en la Cámara, su voluntad de compromiso en muchos detalles que revestían una importancia crucial para el Parlamento. 
Ello facilitará en gran medida el voto de los diputados a favor de una versión ligeramente modificada de la Posición Común. 
La directiva –que, hay que admitir con espíritu autocrítico, no es fácilmente comprensible para el público en general– estaba destinada a establecer una distinción más clara entre esta y otras directivas. 
Sin embargo, a este respecto ha surgido un problema: la Directiva relativa a los tractores. 
Mientras que anteriormente los tractores no estaban incluidos en el ámbito de la Directiva relativa a las máquinas, al igual que en el de la Directiva relativa a los tractores, ahora se incluyen en ambas. 
Se trata de una doble carga muy pesada que se impone a los fabricantes y que nos habría gustado evitar. 
Por supuesto, la directiva sobre asientos de tractor es otro asunto, y el señor Verheugen no puede haber pasado por alto las informaciones de la prensa alemana que afirman que esta directiva se considera, en Alemania y fuera de Alemania, nada menos que una monstruosidad burocrática. 
Por este motivo, le estoy enormemente agradecido por trabajar con nosotros para alcanzar nuestro objetivo, a pesar de que quizás esta tarea no esté progresando con la rapidez que todos habríamos querido. 
Este objetivo consiste en lograr una solución en la que las máquinas se incluyan en una única directiva. Es decir, que la directiva sobre tractores se aplique exclusivamente a los tractores, mientras que la Directiva de máquinas se aplique todos los demás tipos de máquinas. 
Nuestra tarea en la actualidad consiste en garantizar que alcancemos este objetivo lo antes posible. 
Por supuesto que yo habría deseado que la revisión de la directiva sobre tractores y la incorporación de todos los riesgos que aún no se han tratado concluyan antes de transcurridos los 18 meses que los Estados miembros necesitarán para implementar la Directiva relativa a las máquinas. 
Aunque soy consciente de que tales deseos no se pueden conceder siempre de forma inmediata, quisiera fijar el objetivo de 18 meses, lo cual nos llevaría al plazo para la implementación. 
Sobra decir que me habría gustado avanzar más respecto a algunos asuntos en mi calidad de ponente. Por ejemplo, la concesión de exenciones para tipos de máquinas inocuas, como los relojes de pulsera. 
Sin embargo, finalmente retiré mi enmienda a este efecto en respuesta a las graves preocupaciones, la mayoría de ellas expresadas por la Comisión, por las deficiencias de seguridad que podrían aparecer a resultas de ello. 
Al mismo tiempo, sin embargo, el Parlamento ha realizado un avance considerable desde la Posición Común original en lo que se refiere a la confidencialidad de secretos comerciales, y en mi opinión lo mismo se aplica al desguace de maquinaria. 
Evidentemente, todos somos conscientes de que la producción sostenible es crucial para Europa, entre otras cosas con vistas a cumplir los objetivos de Lisboa, aunque no se puede poner en duda que teníamos razón al impedir que los fabricantes fueran responsables con carácter general, como entonces era, del desguace de la maquinaria, ya que les es totalmente imposible conocer todos los detalles de este proceso por adelantado. 
Asimismo, estos fabricantes son a menudo pequeñas y medianas empresas. 
Opino además que aún nos queda más trabajo por hacer conjuntamente en lo que respecta a la certificación, en especial la certificación de terceros, ya que la postura esbozada en la Posición Común con respecto al marcado CE no era en absoluto aceptable para los diputados de esta Cámara. 
Independientemente del número de reuniones necesarias para elaborar esta Posición Común, opinamos que no basta con que el Consejo atienda al mínimo común denominador y proponga compromisos formales redactados de tal forma que sean difíciles de entender para cualquiera, sin hablar ya de un miembro del público o del propietario de una PYME. 
Ni que decir tiene que todos somos conscientes de las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos a este respecto, por ejemplo en lo relacionado con la traducción. 
A pesar de ello, sin embargo, nuestro objetivo debe ser redactar textos legislativos que el público en general pueda comprender, y en efecto esto se ha convertido en una causa para el señor Verheugen. 
Me complace que hayamos avanzado un poco en lo que respecta al marcado CE. 
Aunque en mi opinión aún necesitamos hacer más, ha hecho usted referencia expresa al «nuevo enfoque» del marcado CE en su programa de trabajo para el año 2006, por lo que no deseo perder mucho tiempo quejándome sobre eso ahora. 
Creo que ha llegado la hora de adoptar un enfoque más amplio y coherente y de garantizar que las normas que rigen el uso del marcado CE sean las mismas en todos los sectores. 
Esto no solo sería ventajoso por sí mismo, sino que creo que podría considerarse una forma de obtener una normativa mejor. 
Sin embargo, al elaborar esta legislación debemos considerar seriamente, una vez más, el papel del marcado CE en la Unión Europea, los niveles de calidad y seguridad a los que lo asociamos y los organismos responsables de supervisar dichos niveles. 
El motivo de mis afirmaciones radica en mi convicción de que aún nos queda mucho trabajo por delante en los Estados miembros, en lo que respecta a explicar y debatir el asunto de la vigilancia del mercado. 
No puede suceder que se responsabilice a la Unión Europea de cualquier problema que surja, incluso si los Estados miembros han eludido su deber con respecto al tiempo dedicado a la vigilancia. 
En definitiva, reitero mi más sincero agradecimiento. 
Aunque creo que hemos avanzado algo para lograr una mejor normativa y para reducir la burocracia, aún nos queda mucho que hacer. 
A este respecto, cuento con la Comisión para que avance con nuevas propuestas, en particular en el tema de los tractores, a fin de acercarnos a nuestro objetivo de legislar mejor. 
. 
Señor Presidente, Señorías, comenzaré dando las gracias al ponente, el señor Schwab, y a los ponentes alternativos por su dedicación y su cooperación constructiva, sin las que no se habría llegado a un acuerdo en segunda lectura. 
La situación en la que nos encontramos hoy en día se podría resumir muy bien con el famoso refrán de que «la paciencia es la madre de la ciencia». 
La historia de la revisión de la Directiva relativa a las máquinas es muy larga. 
Comenzó con una recomendación del «grupo Molitor» , que fue un precursor de la actual iniciativa de la Comisión de «legislar mejor». 
Cuando la Comisión presentó su propuesta de directiva a principios de 2001, tras extensos debates con todos los afectados, nadie esperaba que completar esta revisión costaría cinco años y la cantidad histórica de 43 reuniones de grupos de trabajo, sin mencionar la labor del Parlamento. 
La duración de estos debates se debió al notable tamaño y la complejidad del sector afectado por la directiva: el sector de la construcción mecánica, que abarca una gama muy diversa de productos, entre los que se incluyen máquinas, equipos mecánicos y sus componentes. 
A la vez, sin embargo, se trata de un sector que reviste una importancia crucial para le economía de la UE y de uno de los sectores industriales más eficientes. 
En el año 2004, la construcción mecánica en la Unión Europea produjo bienes por importe de 402 000 millones de euros y empleó a más de 2,6 millones de ingenieros, técnicos y otros trabajadores, la mayoría de ellos altamente cualificados. 
La producción del sector de la construcción mecánica de la UE supera de lejos a la de Japón y los Estados Unidos. 
La Unión Europea es el mayor exportador del mundo de maquinaria y aparatos mecánicos, con exportaciones por importe de 150 000 millones de euros, cifra que nos sitúa por delante de los Estados Unidos, con 62 000 millones de euros y Japón con 67 000 millones. 
Ello prueba que estamos hablando de un sector que se puede llamar una joya de la industria europea, por lo que merece especial atención. 
Ahora que contamos con una recomendación sobre las enmiendas a la Posición Común, nos encontramos muy cerca del final el proceso legislativo que conlleva la redacción de una nueva Directiva relativa a las máquinas. 
Me complace poder decirles que la Comisión puede aceptar plenamente el compromiso alcanzado por el Parlamento y el Consejo. 
De hecho, el resultado del mismo representa una mejora significativa sobre la Directiva relativa a las máquinas 98/37/CE actualmente en vigor y, como el señor Schwab ya ha apuntado, se trata de un magnífico ejemplo de «legislar mejor». 
El alcance está ahora definido con mayor detalle y han desaparecido las ambigüedades, lo que significa que ha mejorado la seguridad jurídica. 
Antes, la Directiva había dado lugar a interpretaciones diversas, lo cual ya no será el caso. 
Se ha logrado una distinción mucho más clara entre esta directiva y otras, como la directiva sobre ascensores o de la de bajo voltaje. 
La implementación de la directiva, incluida la vigilancia del mercado y la supervisión de los organismos encargados de la tarea de certificación por parte de los Estados miembros y notificados a la Comisión como tales, ha ganado en eficiencia gracias a las enmiendas en profundidad que introdujo el Parlamento en primera lectura. 
Los fabricantes de determinados tipos de máquinas para los que el ámbito de la Directiva se ha ampliado hasta abarcarlos también se beneficiarán ahora de las ventajas del mercado interior. 
Los usuarios y trabajadores se beneficiarán de una mayor protección del consumidor y de la salud. Se han llevado a cabo tales mejoras en función de nuestra propia experiencia con la directiva actual. 
En cuanto al asunto tan polémico de la relación de otros marcados con el marcado CE, confirmo que este asunto quedará resuelto durante la revisión del «nuevo enfoque» , como se afirma en la siguiente declaración de la Comisión. 
Una vez más, leeré la declaración formal de la Comisión: 
«Sin perjuicio del respeto de la legislación comunitaria, la Comisión, dentro del contexto de la revisión del Nuevo enfoque prevista para mediados de 2006, clarificará las condiciones para la aplicación de otras marcas, sean estas nacionales, europeas o privadas, en relación con el distintivo CE». 
En lo que respecta al igualmente polémico asunto de los tractores, haré público que la Comisión se ha comprometido totalmente con los principios establecidos en las dos declaraciones, que también leeré de nuevo. 
La primera declaración dice: 
«El Parlamento, el Consejo y la Comisión declaran que, con el fin de contemplar todos los aspectos relacionados con la salud y seguridad de los tractores agrícolas y forestales en una Directiva de armonización, se hace necesario modificar la Directiva 2003/37/CE relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos para tratar todos los riesgos pertinentes de la Directiva relativa a las máquinas. 
Dicha modificación de la Directiva 2003/37/CE debería incluir una modificación de la Directiva relativa a las máquinas destinada a suprimir la expresión “para los riesgos” que figura en el primer guión de la letra e) del apartado 2 del artículo 1». 
La segunda declaración es la siguiente: «La Comisión reconoce la necesidad de incluir en las Directivas sobre tractores agrícolas y forestales más requisitos relativos a riesgos que todavía no están contemplados en dichas directivas. 
A este fin, la Comisión se plantea adoptar medidas adecuadas que incluyen referencias a reglamentos de las Naciones Unidas, normas CN e ISO y códigos de la OCDE». 
Espero que esto responda a las preguntas todavía pendientes para satisfacción de todos. 
Reitero mi agradecimiento por la cooperación verdaderamente positiva y constructiva que ha ofrecido la Cámara, además de por su atención. 
. – Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega, el señor Schwab, por la excelente labor que ha realizado en torno a un texto muy complejo y difícil, con la dificultad añadida de haber tomado el relevo de nuestro anterior ponente y colega, el señor Wieland. 
Me complace enormemente lo que ha dicho el señor Comisario, así como el acuerdo que hemos alcanzado que garantiza una confirmación en segunda lectura en el Consejo. 
Me gustaría centrarme en uno o dos aspectos políticos. 
Como ha indicado el señor Comisario, el camino hacia el acuerdo sobre este complejísimo texto ha sido largo y en ocasiones ha estado lleno de baches. 
De cara al futuro, y dado su resuelto compromiso con la plan de «legislar mejor» , debemos seguir de cerca la aplicación y la efectividad de esta directiva. 
Me temo que su aplicación pueda resultar muy costosa y necesitamos asegurarnos de que sus servicios hagan un seguimiento de esto y de que no sea duplicada por normativas nacionales. 
Celebro lo que ha dicho sobre las distintas marcas, pero debemos considerar seriamente el coste del cumplimiento de la normativa. 
En este contexto quisiera señalar otros dos aspectos. 
Me complace que el Consejo haya reconocido que debe acelerar el problema de los tractores, ya que la falta de un proceso de homologación armonizado para un sector tan importante es escandalosa, y los Estados miembros deberían avergonzarse de sus reticencias en este sentido. 
Quisiera llamar su atención sobre otra categoría esencial de maquinaria, que también se ve parcialmente afectada por esta directiva. Se trata del problema de la maquinaria que circula por las carreteras. 
Hace poco asistí a un congreso de fabricantes de equipos de construcción. 
Estos me dijeron que calculan que el 70 % de sus gastos en investigación y desarrollo se destinan a asegurar la conformidad con la normativa. 
¿Cómo podemos tener una economía europea competitiva cuando cargamos a una industria primaria con este tipo de gastos de conformidad? 
Creo que es posible que tengamos problemas con esta directiva sobre maquinaria, pero el señor Comisario debe hacerles frente. 
Quisiera traer a una delegación de fabricantes de equipos de construcción para entrevistarse con él lo antes posible y tratar también sus problemas. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no cabe duda de que 18 meses es mucho tiempo para debatir un asunto en el Consejo. 
Aún así, no lo es tanto en comparación con la vida útil de las máquinas. 
He trabajado durante 20 años en el sector de la construcción mecánica y lógicamente soy consciente del significado de esta directiva, entre otras cosas en lo que respecta a lograr que la legislación sea más coherente. 
Aunque muchos usuarios se mostraron en principio escépticos, creo que ya se han disipado más o menos todas las dudas. 
Han llegado las primeras cartas de aprobación y, puesto que nuestro objetivo es centrarnos en el usuario sin ignorar la opinión pública, esta aprobación es importante. 
De todas formas, esta directiva no es importante únicamente para los usuarios, sino también para millones de consumidores, ya que contiene disposiciones legales que revisten una importancia crucial para su salud y seguridad. 
Como ha señalado el Comisario, uno de los motivos por los que esta revisión era necesaria era que las directivas anteriores no fueron suficientemente lejos. 
Entre otros motivos figura la necesidad de mejorar la seguridad jurídica, definir el ámbito con más detalle y salvaguardar la libertad de circulación de mercancías y, a la vez, garantizar un elevado nivel de protección de la seguridad y la salud de los consumidores. 
Se trata también de un objetivo prioritario para la política industrial europea. 
Agradezco a los diputados a esta Cámara y, sobre todo, a la Comisión y el Consejo su excelente cooperación. 
Sin embargo, los socialdemócratas tuvimos que incorporar algunas consideraciones clave, lo cual significa en efecto que teníamos más cosas en común con el Consejo durante la mayoría de las rondas de debates. 
Por ejemplo, queremos que la Comisión desarrolle directrices para ayudar a los Estados miembros a aumentar su capacidad. 
De este modo, se permitiría la vigilancia eficaz del mercado con vistas a la aplicación uniforme de la directiva. 
No obstante, a la vez, los socialdemócratas creían también que la confidencialidad y los secretos comerciales no deberían tener un efecto negativo en la seguridad y salud personales. 
Otro de nuestros objetivos, que hemos logrado ahora, consistía en aligerar la carga sobre las PYME, sin quitar sustancia a la Directiva ni imponer costes adicionales. 
Un objetivo también importante para nosotros era asegurar que a raíz de la revisión de la Directiva no se comprometieran las normas para las personas con discapacidades que tengan que usar ascensores. 
Hemos logrado todos estos objetivos. 
Nos opusimos a que no se incluyeran los tractores agrícolas o forestales, aunque aceptamos la explicación del señor Comisario. 
Habríamos preferido que fijara una fecha, y que fijara una fecha en el año 2008, pero dado que aún seremos diputados a este Parlamento en ese año, podremos garantizar que se den los pasos necesarios. 
No queremos excluir los aparatos pequeños, señor Schwab, ya que no nos referimos solamente a relojes de pulsera, sino que también están los extintores y aparatos pequeños similares que son relativamente peligrosos. 
No obstante, creo que hemos llegado a un buen compromiso. 
Los socialdemócratas votaremos a favor y, por una vez esta semana, deseo alabar a los británicos –sin que sirva de precedente–, puesto que nuestra cooperación con la Presidencia británica sobre este tema también ha sido excelente. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Directiva relativa a la maquinaria que examinamos hoy es la revisión de una directiva que, como usted ha dicho, data de 1998. 
Es un tema esencialmente técnico, pero que tendrá una incidencia capital sobre la industria mecánica europea y la economía europea en su conjunto. 
Quisiera recordar las cifras que ha citado el señor Verheugen y que, de hecho, son aún mejores que las que yo tenía. 
No me resisto, pues, a recordarles que el volumen de negocios anual del sector asciende a 402 000 millones de euros, de los que 113 000 millones corresponden a exportaciones a terceros países. 
La primera lectura reflejaba un compromiso razonable obtenido tras años de debates. 
Recordaré que tan solo fijar las definiciones de maquinaria y maquinaria parcialmente completada requirieron una notable dedicación en el mandato anterior. 
En la segunda lectura me he centrado, por mi parte, en las disposiciones de esta directiva relativas al marcado CE, por estimar que su formulación no era suficientemente clara en términos jurídicos. 
Agradezco al Consejo que haya aceptado mi enmienda, pero celebro que la Comisión trabaje sobre este tema, en el que todavía debemos profundizar. 
Quiero felicitar al ponente por el modo en que ha llevado las negociaciones. 
Hemos avanzado considerablemente hacia una posición común gracias a un diálogo tripartito informal entre él, el presidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, los ponentes alternativos, los representantes de la Comisión Europea y los del Consejo. 
Hemos llegado a un consenso esperado por todos los profesionales. 
Quedan sin duda algunos puntos por aclarar, en especial sobre el tema de los tractores, pero soy optimista y espero que los problemas se resuelvan gracias a la aplicación efectiva de esta directiva. 
En consecuencia, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa votará a favor del compromiso. 
Señor Presidente, Señorías, acabamos de oír que la construcción mecánica representa un sector de vital importancia para la economía europea. 
Aunque este es el caso en toda la Unión Europea, no cabe ninguna duda de que es especialmente cierto en mi país de origen. 
Por tanto, un punto interesante en el que me gustaría hacer hincapié al respecto es que esta Directiva se elaboró, entre otras cosas, en respuesta a peticiones de la industria, que dedicó grandes esfuerzos a conseguir poner esta Directiva sobre el tapete, bajo el lema de «un producto, una normativa para el mercado interior». 
Huelga decir que se trata de un avance positivo, dado que una de las ventajas de esta legislación es que el mismo tipo de maquinaria, con el mismo diseño, se puede poner en circulación en cualquier parte del mercado interior. 
Por supuesto, sería innecesario realizar pruebas adicionales en los distintos Estados miembros de la UE. 
Con motivo de esta segunda lectura, y teniendo en cuenta el debate sobre la Directiva de servicios, haré el siguiente comentario. 
Si siempre adoptáramos este enfoque como punto de partida de los debates sobre la Directiva de servicios, también avanzaríamos en ese expediente. 
A este respecto, no puedo evitar mencionar que la construcción mecánica en Europa depende en realidad especialmente de la Directiva de servicios, ya que con la maquinaria se venden servicios, al igual que productos. 
Siguiendo con el tema, haré un segundo comentario de naturaleza política. 
Se ha reiterado durante el debate de hoy que esta directiva ha tardado mucho –exactamente cinco años– en elaborarse. 
Durante la mayor parte de este tiempo, la Unión Europea contaba solamente con 15 Estados miembros. 
Como todos sabemos, la UE funciona ahora con 25 Estados miembros. 
En vistas de ello y debido a la reducción programada del número de reglamentos, hay que tener en cuenta que probablemente se tardará mucho más en alcanzar un acuerdo en el futuro sobre normativas similares y que tanto la industria como los órganos políticos responsables de tales asuntos deberían ser conscientes de este hecho. 
El principio de «menos es a veces más» también se aplica en este caso. 
Por tanto, permítanme que destaque una vez más con cuánto agrado acojo esta directiva. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quiero empezar dando las gracias al señor Schwab por su excelente labor. 
También quiero dar las gracias a la señora Weiler y a la señora De Vits, quienes han mostrado un elevado nivel de compromiso e implicación en nombre de mi Grupo, con lo que han garantizado que hubiera ciertos avances durante su colaboración con el señor Schwab. 
Los anteriores oradores ya se han referido a cuestiones clave como la salud, la seguridad y la protección del consumidor. 
Estas cuestiones constituyen la base de las características de calidad que garantizan que productos como la maquinaria sean líderes del mercado, lo que significa que nuestros fabricantes pueden hacerse con un gran mercado mundial para sus productos. 
Este es un dato excelente. 
En este contexto, estoy de acuerdo con la señora Weiler, quien ha afirmado que la seguridad jurídica es vital a este respecto. 
La seguridad jurídica quiere decir que los ingenieros mecánicos saben exactamente qué normas deben seguir y qué normativas están en vigor actualmente, por lo que no se produce un vacío. 
A su vez, esto también nos permitiría contar con un mercado eficaz en este sector. 
Al mismo tiempo, sin embargo, la seguridad jurídica también significa que debemos impedir una situación en la que varias directivas distintas se apliquen a un producto. 
Significa que debemos impulsar medidas que establezcan un régimen uniforme, especialmente en el caso de las directivas relativas a tractores. 
No es en absoluto justo que los fabricantes tengan que hacer malabarismos con distintas normativas, además de que es muy lamentable que no hayamos podido obtener la aprobación de nuestra propuesta de que este asunto se debería resolver por fin antes del año 2008. 
Es verdaderamente una pena. 
No he olvidado que cuando debatíamos este asunto una vez ante la Comisión y el Consejo durante la primera lectura, nos dijeron que el objetivo era establecer todo antes de transcurridos seis meses. 
Esto sucedió hace dieciocho meses. 
Nos dijeron lo mismo durante el debate de este año sobre este tema: todo se resolvería en los próximos seis meses. 
Por tanto, pido a los que están implicados que garanticen que este problema se resuelva sin demora. 
No debemos abandonar a nadie en la incertidumbre, entre otros a los ingenieros mecánicos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para mí la Directiva relativa a las máquinas, sobre la que tenemos que emitir un veredicto, es algo más que una mera directiva técnica sobre el mercado interior. 
Ilustra que en la Unión Europea podemos establecer una legislación social, aunque nos guste darle un toque económico. 
El resultado de las negociaciones muestra que el Parlamento tiene lo que hace falta para marcar la diferencia; me siento en deuda con el ponente, el señor Schwab, y con la señora Weiler por la forma en que han tratado este asunto. 
Gracias al Parlamento ya no se llevará a los consumidores al huerto y las cargas administrativas para nuestras empresas, originadas por marcados distintos del CE, dejarán de ser excesivas. 
El Parlamento también garantizó que fuera posible la inspección real de las máquinas más peligrosas y que esto no represente simplemente una formalidad, sino que ahora es tarea de los Estados miembros transponer esta directiva y convertirla en un ambicioso instrumento de trabajo. 
Por este motivo, todos los Estados miembros deben ponerse a trabajar para lograr el control efectivo del mercado, ya que sin él, esta directiva seguirá siendo un tigre de papel, como sucedió con la anterior. 
Quisiera decir al señor Comisario que en mi opinión la Comisión debe supervisar de cerca el compromiso de los Estados miembros, controlar si llevan a cabo esta inspección del mercado y, si es necesario en el futuro, tomar una iniciativa si se percibiera que no cumplen sus promesas, en interés de los trabajadores, consumidores y fabricantes. 
Nuestra labor ha terminado por el momento, por lo que creo que podremos aprobar esta directiva mañana. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0341/2005) de la señora Attwooll, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre redes de mujeres: pesca, agricultura y diversificación (2004/2263 (INI) ). 
. – Señor Presidente, en esta Asamblea los oradores que intervienen en el debate rinden a menudo algún homenaje al ponente. 
Este varía desde una expresión de agradecimiento bastante comedida por el gran esfuerzo realizado hasta las felicitaciones por la elaboración de un excelente informe. 
Si me encontrase en esa situación en esta ocasión, no podría felicitar al ponente con toda sinceridad, dado que considero que el informe tiene algunas carencias obvias. 
Esto no significa que no tenga algunos aspectos muy valiosos ni que haya algo en el mismo con lo que no esté en absoluto de acuerdo. 
También quisiera dar las gracias a mis colegas por el interés que han demostrado. 
Mi preocupación tiene dos vertientes: en primer lugar, el grado de redundancia del texto: hay ocasiones en que la repetición se utiliza con un efecto positivo, aunque considero que este no es el caso; en segundo lugar, la variedad de cuestiones tratadas: considero que el Parlamento Europeo debería tomarse en serio todos los aspectos de las vidas de las mujeres del sector pesquero y hacer lo posible por afrontar los problemas que les afectan. 
Pero la intención original de este informe era la de concentrase en el papel de las redes de mujeres y su potencial para contribuir al tejido socioeconómico de las comunidades dependientes de la pesca. 
Hemos mencionado dos de las analogías entre su situación y la de las mujeres vinculadas de modo similar al sector agrícola, así como la posibilidad de una acción conjunta por su parte. 
Esta idea se ha perdido. Creo que esto es lamentable, ya que las redes de mujeres son esenciales para conseguir los demás objetivos enumerados en el informe. 
Por ello, me gustaría expresar simple y brevemente mi mensaje a la Comisión y el Consejo: por favor, den ánimo y apoyo a la creación y el desarrollo de redes de mujeres, tanto a escala nacional como paneuropea. 
También les pido que respalden y alienten sus actividades de diversificación de las economías locales, de contribución al desarrollo de la política pesquera común y de aportación de un planteamiento coordinado para afrontar problemas que preocupan a todos. 
Sin embargo, el ánimo y el respaldo demandan algo más que palabras amables; implican una ayuda activa para obtener acceso a los medios financieros necesarios y medidas específicas destinadas a eliminar todas las barreras sociales y administrativas para la plena participación de las mujeres y su avance en todas las áreas del sector pesquero. 
Señor Comisario, gracias por su atención. 
También le doy las gracias de antemano por las futuras medidas concretas. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente por su informe. 
Celebro la iniciativa del Parlamento Europeo y comparto el compromiso de la ponente con la igualdad de oportunidades en el sector pesquero. 
También comparto su opinión de que la participación de las redes de mujeres es especialmente importante en este contexto. 
En el próximo periodo de programación de 2007 a 2013, la Comisión otorgará gran importancia a la promoción del papel de las mujeres en el sector pesquero. 
El Fondo Europeo de Pesca propuesto refleja el compromiso de la Comisión con la igualdad de oportunidades. 
El futuro fondo es incluso más concreto respecto al papel de las mujeres en la pesca que el actual Instrumento Financiero de Orientación Pesquera. 
Durante las diversas fases de aplicación del Fondo se promueve la integración de la perspectiva de género. 
Pediremos a los Estados miembros que garanticen que se promuevan las operaciones destinadas a mejorar el papel de las mujeres en el sector pesquero. 
El informe en cuestión solicita a la Comisión que respalde activamente las redes de mujeres existentes y la creación de nuevas redes. 
Me complace enormemente informarles de que la propuesta del Fondo Europeo de Pesca respaldará acciones específicas como el trabajo en red y el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las organizaciones que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Para el próximo periodo de programación, la Comisión sugiere incluir las acciones relativas al trabajo en red y al intercambio de experiencias entre organizaciones que promueven la igualdad de oportunidades en los programas operativos de los Estados miembros. 
Esto sustituye a nuestro anterior planteamiento de lanzar convocatorias de propuestas de acciones innovadoras directamente gestionadas por la Comisión. 
Creo que esta opción tendrá un mayor valor añadido que la financiación de proyectos a pequeña escala, lo cual se aplicaba conforme a la fórmula de acciones innovadoras. 
En 2005 se realizó una evaluación de los proyectos transnacionales para acciones innovadoras. 
Una de las principales averiguaciones de la evaluación fue que los proyectos de programa operativo contenían prestaciones mucho mayores que los proyectos de acciones innovadoras. 
La evaluación también demostró que el valor añadido comunitario de las acciones innovadoras, además del intercambio de experiencias y mejores prácticas, era bastante limitado. 
En su informe usted solicitó a la Comisión que promoviese una mayor formación vocacional y una educación específicamente destinada a las actividades de las mujeres que trabajan en el sector. 
Me complace anunciar que la nueva prioridad del Fondo Europeo de Pesca –el desarrollo sostenible de las zonas de pesca– contribuirá de forma importante a estas necesidades. 
Puede garantizarse el apoyo a la diversificación de actividades y la promoción de las múltiples oportunidades de empleo para los pescadores fuera del sector. 
Se prevén medidas como la promoción y la mejora de las habilidades profesionales, la capacidad de adaptación de los trabajadores y el acceso al empleo, especialmente a favor de las mujeres. 
Las medidas encaminadas a la diversificación de las actividades económicas, además de la educación y la formación profesional, serán especialmente beneficiosas para las mujeres de las zonas dependientes de la pesca. 
La Comisión también comparte con usted la preocupación relativa a la dificultad de contratar jóvenes en el sector pesquero. 
El sector tiene una mala imagen entre los jóvenes y es preciso hacer un esfuerzo por atraer a esta generación hacia la profesión. En este sentido, nos planteamos la concesión de más incentivos para los jóvenes pescadores al amparo del Fondo Europeo de Pesca, además de las medidas ya previstas en el marco del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera como la formación, incluso en seguridad y salud, y la mejora de las cualificaciones profesionales. 
También se ofrecerá una ayuda limitada dentro del FEP a los jóvenes pescadores que se inicien en esta profesión. 
Además, aumentarán las posibilidades de participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones. 
La nueva prioridad «desarrollo sostenible de las pesquerías» se aplicará mediante un planteamiento ascendente. 
Los agentes locales, incluidas las asociaciones de mujeres, serán el motor del diseño y la aplicación de las estrategias de desarrollo local. 
Este nuevo planteamiento constituye una oportunidad adicional para que las mujeres se impliquen en la toma de decisiones en el ámbito local y para garantizar que se tengan en cuenta sus preocupaciones concretas en las estrategias de desarrollo local. 
De modo similar, se prevé una amplia asociación con todos los agentes competentes, incluidos los representantes de las mujeres, para el establecimiento de los planes estratégicos nacionales. 
Por lo tanto, las organizaciones de mujeres deberían contribuir al análisis de las tendencias del sector pesquero y al desarrollo de una estrategia para su desarrollo sostenible. 
También se anima a las mujeres y a sus representantes a participar en los consejos consultivos regionales, que constituyen la piedra angular del pilar de «gobernanza» de la reformada política pesquera común. 
Por ejemplo, las asociaciones de mujeres ya cuentan con un asiento en los consejos consultivos regionales del Mar del Norte, los primeros en crearse a raíz de la reforma de la política pesquera común de 2002. 
Las mujeres cuentan asimismo con representación en los consejos consultivos regionales de las aguas noroccidentales. 
Por último, tras la conferencia organizada en enero de 2003 sobre el papel de las mujeres en la pesca, me complace informarles de que la Comisión prevé organizar en 2006 otra conferencia sobre la igualdad de oportunidades. 
Esta conferencia hará un balance de la situación de las mujeres en el sector pesquero y reflexionará sobre la forma de mejorar aún más la situación y hacer nuevos avances. 
Espero que los puntos de vista de este Parlamento también se vean reflejados en las actas de la conferencia. 
En conclusión, quisiera destacar la determinación de la Comisión de dar gran importancia a la igualdad de oportunidades en nuestra política. 
Sin embargo, para hacer que la igualdad de oportunidades se haga realidad, los responsables políticos de todos los niveles deben asumir su responsabilidad: en la Comisión y en los ámbitos nacional, regional y local. 
Su compromiso con este objetivo ayudará a mantener y reforzar la importancia que se otorga a la igualdad de oportunidades en todos los niveles. 
. Señor Presidente, efectivamente hablo en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, y quiero unir mis palabras a las de la ponente y a las del Comisario para decir que el papel de las mujeres en el sector pesquero debería tener un mayor reconocimiento. 
Aunque la participación de mujeres en la pesca extractiva es solo de un 3 %, las mujeres sí participan activamente en todas las demás actividades relacionadas con la pesca. 
Como consecuencia de su invisibilidad, muchas de las mujeres que trabajan en el sector carecen de derechos sociales y económicos. 
Por ello, pedimos a la Comisión que, junto a los Estados miembros, emprenda las medidas necesarias para garantizar plenamente sus derechos a estas mujeres. 
También estamos de acuerdo en que deberían tener acceso a la formación profesional, a la financiación y a los créditos en igualdad de condiciones que los hombres. 
Y sería necesario, además, reforzar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, por lo que también sería muy positiva una recomendación de la Comisión a los órganos pertinentes para que emprendieran las acciones necesarias en este sentido. 
Y, desde luego, es indispensable ayudar a las organizaciones y a las redes de mujeres, por lo que aplaudimos el compromiso de la Comisión de continuar dando su apoyo activo a las ya existentes y a la creación de otras nuevas, pues son herramientas absolutamente necesarias para el intercambio de información y para las buenas prácticas. 
Señorías, no quiero ni debo cerrar mi intervención sin hacer mención especial al colectivo de las mariscadoras, y digo mariscadoras porque este trabajo lo ejercen, mayoritariamente, mujeres mayores de 50 años que sufren problemas de salud directamente derivados de su trabajo y que carecen, en muchos casos, del derecho al desempleo, de servicios sanitarios y de seguridad en el trabajo. 
No podemos permitir que colectivos como este estén tan desprotegidos y, como miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, reclamo un mayor reconocimiento al trabajo de las mujeres en el sector y que aportemos, sin demora, soluciones a los problemas derivados de este trabajo. 
. Señor Presidente, como representante en este Parlamento de una de las regiones europeas donde la presencia de las mujeres en el sector pesquero es elevadísima, incluso en el sector extractivo, a través de actividades como el marisqueo, agradezco a la señora Attwooll su informe, que pone de relieve una fórmula extraordinaria para que las mujeres vean revalorizado su papel en la sociedad y puedan aprovechar mejor las distintas posibilidades que se abren para mejorar su formación, su especialización y sus perspectivas de futuro. 
Tengo el orgullo de poder decir que, en los últimos años, las autoridades pesqueras de mi región han prestado una especial atención al papel de las mujeres, fomentando ―e, incluso, urgiendo― el asociacionismo y apoyando sin reservas la integración de dichas asociaciones en las redes ya existentes, así como convocando foros y conferencias internacionales para fortalecerlas y crear otras nuevas, permitiendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre las mujeres de toda Europa. 
El resultado está siendo espectacular, sobre todo en lo que se refiere a la toma de conciencia de las propias mujeres de la importancia económica y social de su trabajo, pasando de asumirlo como un papel de apoyo a la economía familiar, que tradicionalmente les había tocado efectuar, a exigir compensaciones a las que, como trabajadoras, tienen derecho: mejores salarios, prestaciones sociales y demanda de formación. 
El informe de la señora Attwooll recoge fielmente el papel que han desempeñado y el que aún pueden desempeñar las redes de mujeres en este ámbito y solicita que las administraciones nacionales y la propia Comisión sigan prestando e intensificando su apoyo. 
Por todo ello, nuestro Grupo político apoya el fondo de este informe y espera que el Pleno del Parlamento lo respalde igualmente. 
. Señor Presidente, quisiera en primer lugar manifestar, como ponente alternativa de este informe, mi acuerdo con lo expuesto por la ponente, la señora Attwooll. 
Creo que con la lectura de este informe podemos ver que las redes de mujeres cumplen, pero aún pueden cumplir más y mejor en el futuro, múltiples tareas en las zonas pesqueras. 
Es importante dar visibilidad a la importantísima labor de las mujeres en este sector y conseguir, de este modo, que se valoren y se remuneren estas actividades que, en muchos casos —como ya se ha dicho aquí— se realizan de forma gratuita y, a veces, sin protección social. 
Aún queda mucho camino por recorrer. 
En el informe también se reconoce el esfuerzo que la Comisión ya ha realizado, con la celebración de la Conferencia sobre el papel de la mujer en el sector de la pesca, en 2003. 
Esperamos con ilusión la que está prevista para 2006. 
Pero queda mucho por hacer. 
Por eso me congratulo de haber escuchado en la voz del Comisario un cambio de enfoque, que es muy necesario para las mujeres en el sector pesquero. 
Creo que las medidas que la Comisión debe tomar para apoyar estas redes deben orientarse en cuatro direcciones, que se desprenden de la lectura del informe: información, financiación, representatividad y formación. 
Se debe elaborar un informe más exhaustivo. 
Coincido con la ponente en que el informe sobre las redes de mujeres nos sabe a poco. 
Es necesario elaborar un informe exhaustivo, que refleje fielmente la situación de las redes existentes, y realizar posteriormente un seguimiento de la evolución de estas. 
Hace falta financiación, pues estas redes cumplen y pueden cumplir más y mejor en el futuro funciones de interés público, desde un punto de vista económico, social e incluso ecológico, y por ello merecen que se les dediquen instrumentos de financiación. 
Es necesaria la formación que mencionaba el Comisario. 
Consciente de la importante labor de las mujeres en el sector pesquero, la Comisión debería promover la educación y formación de jóvenes en estas actividades, para permitir la continuidad de su relevo. 
Como ya se ha puesto de manifiesto, hay situaciones que sirven de muestra, como la de las mariscadoras. 
Por eso, creo que tenemos que apoyar las organizaciones de mujeres que se agrupan en torno a las redes, a fin de que logren y consoliden una mejora en sus condiciones de vida. 
Quiero anunciar que mi Grupo también va a apoyar el informe de la señora Attwooll. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría agradecerle enormemente a la señora Attwooll su labor, su informe y la forma en que ha localizado en el mapa las redes de mujeres en Europa. 
También me siento en deuda con el Comisario. 
No es la primera vez que muestra una gran preocupación social por el sector de la pesca. 
También le agradezco la forma en que desea involucrar activamente a todos los estratos sociales del sector pesquero. 
¿Por qué es esto tan importante? 
Hay tres puntos por los cuales resulta crucial que el ámbito de la pesca se amplíe hasta incluir otros factores, además de los económicos. 
A partir de la crisis del camarón en mi región y del papel que en ella ha desempeñado VinVis, me parece evidente que la red de mujeres ha contribuido a una solución y debo concluir sencillamente afirmando que se debe acoger con mucho agrado que el sector de la pesca se esté ampliando en el aspecto social. 
Me siento además encantado de que se haya concedido a esta red el lugar que le corresponde en el Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte. 
Reviste una importancia especial en el sector de la formación, la posición social y el efecto económico del sector pesquero. 
Si tengo en cuenta los elevados precios del combustible y algunos otros factores, que sin duda tienen implicaciones sociales en el sector pesquero, considero positivo que se les dé el lugar que corresponde a la red de mujeres, VinVis, como también a otras organizaciones. 
A ese respecto, me gustó mucho la audiencia que organizó el ponente en julio y en la que participaron gran número de organizaciones de mujeres. Opino que sería positivo que el Parlamento y la Comisión también organizaran actividades de este tipo. 
Una vez más, doy las gracias al ponente por su informe y espero que el Comisario realice un seguimiento de las recomendaciones. 
Su respuesta al respecto crea expectativas razonablemente positivas en este sentido, por lo que espero que los políticos también garanticemos que todos los estratos sociales de la industria pesquera ocupen el lugar que les corresponde en el sector. 
– Señor Presidente, también yo deseo felicitar y agradecer a la ponente la magnífica labor que ha realizado en su informe. 
Todos sabemos que las mujeres que se dedican a la pesca costera se encuentran en desventaja, puesto que su trabajo en este sector se considera complementario en lugar de una profesión. 
Lo que hace falta es el reconocimiento de su trabajo, tanto en el aspecto social como en el jurídico. 
Debemos apoyar y salvaguardar los derechos sociales y económicos de las mujeres en todos los sectores de la industria pesquera: igualdad salarial, derechos de pensión, seguridad social y acceso a los servicios de salud públicos. 
Necesitamos aumentar los esfuerzos por aplicar políticas que apoyen las iniciativas de crear redes de mujeres por la Unión Europea, especialmente en las zonas insulares remotas. 
El desarrollo de estas redes no debe basarse únicamente en acciones voluntarias o singulares. 
Estas redes deben institucionalizarse, de modo que su función en las zonas en las que se desarrollen se pueda fortalecer y puedan actuar como consejeras y expertas en los consejos de dichas zonas. 
En lo que respecta a la plena aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el sector pesquero, considero que estamos muy retrasados. 
Ha llegado el momento de tomar una decisión valiente, de modo que se reconozca la contribución de la mujer al desarrollo de la pesca y la vida económica en general. 
Dejemos de referirnos a las redes de mujeres simplemente con simpatía y comprensión. 
Hagamos de ellas una herramienta importante que estimulará la política pesquera, el desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente, los ecosistemas y el hombre. 
– Señor Presidente, todos los oradores anteriores han reconocido la necesidad de mantener la pesca no solo como una actividad económica, sino también social y, digamos, cultural. 
El papel tradicional de la mujer en la pesca y las diversas formas modernas de participación de la mujer en el mercado laboral en zonas con actividades pesqueras se fortalecieron de modo decisivo tras la conferencia de la Comisión en 2003 y el comienzo de la formación de redes de esta categoría concreta de trabajadores. 
No podemos sino acoger con satisfacción la iniciativa de la Comisión de Pesca y, sobre todo, de la excesivamente modesta señora Attwooll, de elaborar el informe. 
En todos los aspectos y como ponente alternativa de mi partido en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, le agradezco que haya incluido la mayoría de mis comentarios en comisión. 
Por todo ello solo nos queda confiar en que la Comisión ayudará en la nueva conferencia de 2006 a integrar una red paneuropea de mujeres dedicadas al sector pesquero. 
No solo el Fondo Europeo de Pesca, sino también los Fondos Estructurales y otros programas, como FEMMES y LEADER, se pueden convertir en herramientas para emprender acciones especiales, además de estimular avances educativos y el desarrollo de habilidades profesionales, el desarrollo de la adaptabilidad, programas de investigación del impacto de la reestructuración de las industrias pesquera y agrícola, innovación en la producción y estímulo del consumo con conciencia medioambiental y respeto por la biodiversidad. 
De estas acciones depende que los jóvenes permanezcan en las zonas pesqueras, de forma que las tradiciones, con prácticas valiosas y tradicionales, se puedan mantener con nuevas tecnologías y puedan aportar valor añadido a la Unión Europea. 
No obstante, el valor añadido proviene también del mantenimiento de las disposiciones de la Directiva 86/613 del Consejo, por lo que le pediría, señor Comisario, que la haga extensiva al sector pesquero. 
La aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad como profesionales autónomos, incluida la agricultura, así como la protección durante el embarazo, suponen áreas fundamentales y el Instituto para la Igualdad de Género tendrá una función que desempeñar con una investigación especial en esta materia. 
Señor Presidente, antes que nada quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la señora Attwooll por haber logrado especificar exactamente el papel y el significado que puede tener la mujer en el sector pesquero. 
La labor de la mujer resulta a menudo invisible, por lo que el informe de la señora Attwooll ayuda en cualquier caso a sacarla a la luz. 
La industria pesquera es una industria pesada, con largas jornadas, además de labores arriesgadas. 
La presencia de más mujeres en los barcos puede ayudar a mejorar las condiciones laborales en ellos. 
Un trabajo que es demasiado pesado o peligroso para las mujeres también suele ser negativo para los hombres. 
En muchos sectores ha pasado que tan pronto se han incorporado mujeres, han mejorado las condiciones laborales. 
Para lograr un avance real en este sector, es fundamental que se produzca una mayor implicación de la mujer en la seguridad de los barcos. 
La preocupación por la sostenibilidad es algo que también podemos esperar de las mujeres y de las redes de mujeres. 
La pesca sostenible resulta crucial para asegurar la disponibilidad de peces para la futuras generaciones. 
Los métodos sostenibles de captura con un mínimo de capturas accidentales y una buena supervisión son fundamentales. 
Este mes se establecerán las cuotas. Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones científicas, ya que de lo contrario, las generaciones futuras no pescarán nada, cosa que normalmente afecta más a las mujeres. 
Puede que sea el momento de adoptar una política de nuevo tipo, experimentar con las reservas de peces durante unos años, poner las reservas de peces en el mapa o dar a los bancos de peces la oportunidad de recuperarse. 
La estrategia marítima que en la actualidad se está elaborando es el momento adecuado para celebrar el debate al respecto. 
Invito a todos a que, en particular, impliquen a las mujeres en este debate en todos los países. 
Las mujeres a menudo comercian, y compran, pescado. 
La viabilidad de la pesca sostenible depende de la plena participación de los consumidores, al igual que de la introducción de marcas de calidad que garanticen la calidad y la sostenibilidad. 
Es positivo implicar a las mujeres en esto al máximo posible. 
Resumiendo, como la señora Attwooll, albergo grandes esperanzas en lo que se refiere a las mujeres. 
. Señor Presidente, una vez más quisiera dar las gracias a la ponente por su informe. 
Asimismo quisiera dar las gracias a todos los oradores por sus comentarios, por la determinación que han mostrado sobre el tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres en la pesca y por las propuestas que han planteado a la Comisión. 
Respecto a las redes de mujeres, permítanme decir una vez más que el Fondo Europeo de Pesca pretende respaldar el trabajo en red y el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las organizaciones que promueven la igualdad de oportunidades. 
El Fondo Europeo de Pesca también responderá a las necesidades educativas y sociales en el sector pesquero, prestando especial atención a las mujeres. 
Las redes de mujeres en la pesca ya se benefician de la financiación comunitaria conforme a programas como Equal y realmente la financiación mejorará con la entrada en vigor del Fondo Europeo de Pesca. 
La concentración del fondo en los jóvenes pescadores también será de ayuda en el campo de la igualdad de oportunidades. 
Un importante hito en la reforma de la política pesquera común se produjo en el campo de la gobernanza mediante la creación de los consejos consultivos regionales. 
Solamente puedo expresar la esperanza de que las organizaciones de mujeres asuman su lugar en los consejos consultivos regionales del mismo modo que ya lo han hecho en dos de los tres consejos consultivos regionales existentes. 
La participación en estos foros de gobernanza favorecerá la igualdad de oportunidades en diversos niveles. 
Respecto a la cuestión planteada con relación a las mariscadoras, quisiera señalar que se benefician de ayudas del IFOP conforme al programa operativo español. 
Confío en que esta financiación también pueda ser solicitada por las autoridades españolas conforme al Fondo Europeo de Pesca y confío en que la Comisión pueda respaldar estas actividades. 
De hecho, realmente puede promocionarse más un ejemplo así. 
Conjuntamente con el Comisario responsable de la igualdad de oportunidades, constantemente haré lo que esté en mi mano por subrayar a los Estados miembros la importancia de promover la igualdad de oportunidades en el sector pesquero. 
Como he dicho antes, en 2006 habrá otra conferencia, como continuación de la de 2003. 
El objetivo de dicha conferencia consiste en evaluar la situación relativa a la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y posteriormente considerar qué iniciativas adicionales pueden tomarse conjuntamente. 
Espero con interés la aportación constructiva del Parlamento a esta conferencia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la Comisión de Pesca (A6-0340/2005) sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la Política Pesquera Común y el Derecho del Mar [COM (2005) 0117- C6-0131/2005- 2005/0045 (CNS) ] (Ponente: Catherine Stihler). 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a su Señoría por su informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar. 
La financiación propuesta por este reglamento será una parte esencial del paquete de las perspectivas financieras en el sector pesquero para 2007-2013. 
Junto al Fondo Europeo de Pesca, este reglamento constituye el fundamento jurídico de la mayor parte de los gastos diversos, lo que permite la continuidad de la política pesquera común y, basándose en la propuesta original de la Comisión para las perspectivas financieras, incluirá un gasto de más de 2 500 millones de euros para el septenio de 2007 a 2013. 
La propuesta pretende crear un marco más transparente y simplificado para la ejecución de las intervenciones financieras comunitarias. 
Esta pretende mejorar la efectividad de las intervenciones financieras en el campo del control y la aplicación, en el de la recopilación de datos y el asesoramiento científico, en el refuerzo de la gobernanza de la política pesquera común y en el de las relaciones internacionales y el Derecho del Mar. 
Permítanme abordar ahora las enmiendas propuestas en el informe que tenemos ante nosotros. 
La Comisión puede aceptar la enmienda 1 y seguirá haciendo lo que le permitan sus competencias para conseguir que se garantice la sostenibilidad de los recursos en terceros países. 
Pese a que la Comisión está de acuerdo en un principio con el contenido de la enmienda 2, tiene dificultades para aceptar la forma en que se presenta. 
La enmienda propuesta podría tener el efecto de limitar el ámbito de aplicación de lo que se ha concebido como un apartado amplio y general que trata el aspecto crucial de las capacidades de control en terceros países. 
Además, la Comisión pretende concentrarse en el desarrollo de objetivos comunes en terceros países, en lugar de prescribirles vías detalladas para conseguir que alcancen estos objetivos, ya que cada país tiene necesidades distintas. 
Las enmiendas 3 a 8 deberían considerarse conjuntamente con la enmienda 17, dado que mencionan objetivos ya incluidos en las conclusiones del Consejo de 19 de julio de 2004, relativos a los acuerdos de asociación pesqueros. 
Sin embargo, las disposiciones legales de este reglamento no son el lugar adecuado para las declaraciones políticas. 
Por lo tanto, la Comisión considera que una referencia a estas conclusiones en los considerandos del reglamento propuesto, conforme a lo planteado por la enmienda 17, es el modo más adecuado para incluir estos aspectos, y por lo tanto puede aceptar dicha enmienda. 
Por consiguiente, este considerando establecerá el ámbito de aplicación de las enmiendas 3 a 8. 
Dado que la red Natura 2000 es competencia de la política ambiental comunitaria, la Comisión no puede aceptar la enmienda 9 en un reglamento que concierne exclusivamente a la política pesquera común. 
Sin embargo, la Comisión garantizará la coherencia de la política pesquera común con los objetivos ambientales. 
Por motivos similares, la Comisión no puede aceptar la enmienda 10. 
En el marco de los acuerdos de asociación pesqueros, las conclusiones del Consejo antes mencionadas reclaman coherencia entre los objetivos de la PPC y los objetivos de otras políticas comunitarias, como los objetivos ambientales. 
La Comisión valora el respaldo que ha mostrado y sigue mostrando la Comisión de Pesca a los consejos consultivos regionales. 
La enmienda 11 propuesta establece claramente el deseo de la comisión de que se facilite la labor de los consejos consultivos regionales mediante una financiación indefinida. 
Pese a que la Comisión está dispuesta a explorar opciones de financiación después del período quinquenal actualmente prescrito, a estas alturas no puede contraer un compromiso, ya que esto no se ajustaría al actual reglamento que han establecido los consejos consultivos regionales, pero esta petición puede reconsiderarse en la primera evaluación del funcionamiento de los consejos consultivos regionales tres años después de su establecimiento. 
Respecto al coste del dictamen científico, la Comisión ya está pagando a entidades independientes y fiables para que lo elaboren. 
Se acoge con agrado que los consejos consultivos regionales pongan en conocimiento de la Comisión cualquier necesidad de asesoramiento científico. 
Sin embargo, la Comisión se reserva el derecho a decidir sobre la justificación de dicha petición caso por caso y dirigirá el proceso de obtención del dictamen. 
Aunque la Comisión está de acuerdo en un principio con el contenido sustancial de la enmienda 12, tiene dificultades para aceptar la forma de la misma. 
La enmienda propuesta podría tener el efecto de limitar el ámbito de aplicación de lo que se ha concebido como un apartado amplio y general que trata los objetivos de los acuerdos de asociación pesqueros. 
La buena inversión del dinero es solo uno de los principios mencionados en las conclusiones del Consejo de 19 de julio de 2004 con respecto a los acuerdos de asociación pesqueros, y no debería resaltarse en detrimento de los demás principios y objetivos definidos en el Consejo. 
La Comisión tiene dificultades para aceptar la enmienda 13. 
La mayoría de los aspectos mencionados en la enmienda se abordan en las conclusiones del Consejo sobre los acuerdos de asociación pesqueros o en el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
La Comisión está de acuerdo con el contenido sustancial de la enmienda 14, pero no con su forma. 
En principio, la Comisión acepta presentar resúmenes y agregaciones de datos recopilados a petición expresa o para necesidades concretas, pero a estas alturas no está previsto que vaya a emitir automáticamente estos datos en una publicación o informe periódico. 
La enmienda 15 no es aceptable para la Comisión, ya que los acuerdos de asociación pesqueros se basan esencialmente en una relación comercial. 
El país tercero es responsable y soberano para gastar sus ingresos conforme al acuerdo, total o parcialmente, en apoyo a su política pesquera para los fines acordados conjuntamente en un enfoque común con la Comunidad. 
Las partes revisarán conjuntamente los resultados obtenidos con esta política. 
Sin embargo, en este contexto, la Comisión no puede imponer auditorías financieras y comprobaciones sobre el terreno en terceros países sin el consentimiento de estos. 
Por motivos similares, la Comisión no puede aceptar la enmienda 16. 
Cada acuerdo de asociación pesquero contiene disposiciones sobre el pago de fondos, así como sobre el uso de la parte de estos fondos prevista para la política pesquera del país tercero. 
Ateniéndose a los indicadores y los criterios de referencia, ambas partes evaluarán conjuntamente los resultados de esta política y, si procede, harán los ajustes necesarios. 
Sin embargo, en lo que respecta a su presupuesto nacional y su administración financiera, el país tercero es soberano. 
Como se ha dicho antes, la Comisión puede aceptar la enmienda 17. 
Respecto a la enmienda 18, la Comisión celebra el respaldo del Parlamento al refuerzo del presupuesto para la política pesquera común en el curso de las negociaciones de las perspectivas financieras para 2007-2013. 
Por definición, el reglamento propuesto solamente puede aprobarse una vez se hayan acordado, como es de esperar, las perspectivas financieras. 
Por lo tanto, añadir un considerando, tal como se propone en esta enmienda, sea probablemente una idea obsoleta. 
La Comisión está de acuerdo con el contenido sustancial de la enmienda 19, pero no con su forma. 
Las pesquerías pequeñas, que forman parte del sector dedicado a la captura, ya están incluidas como miembros de los consejos consultivos regionales en virtud de la decisión sobre los mismos. 
Por lo tanto, la Comisión ya promueve su participación en los consejos consultivos regionales como miembros de pleno derecho. 
. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos los diputados por el apoyo que han prestado a mi informe hasta el momento. 
Este informe sustituye a una serie de medidas legales vigentes que establecen el fundamento de la financiación actual, aparte de los fondos aportados por el Fondo Europeo de la Pesca. 
Ello se ajusta a la política de «legislar mejor» y simplificar la legislación. 
El informe establece objetivos de gasto, criterios sobre la aplicación de los gastos, el nivel de contribución de la Comisión y medidas de control. 
Los ámbitos fundamentales abarcados son el control y las sanciones, la recopilación de datos, el asesoramiento científico, la gobernanza de la PPC y las relaciones internacionales. 
El presupuesto total previsto para el período 2007-2013 asciende a 2 625 millones de euros, aunque las cantidades exactas, tal y como ha dicho el Comisario, dependerán de las negociaciones del presupuesto de la UE. 
Por lo que se refiere al control y las sanciones, el objetivo consiste en mejorar el control de actividades pesqueras con el fin de combatir las que perjudiquen la protección de los recursos dentro y fuera de las aguas comunitarias. 
Ello se logrará prestando ayuda financiera de la Comunidad a los Estados miembros para reducir las deficiencias detectadas en sus programas de control de la pesca y contribuyendo a la coordinación de las medidas de control, en particular a través de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca. 
En el ámbito de la recopilación de datos y el asesoramiento científico, la ayuda comunitaria permitirá la recopilación y gestión de los datos necesarios para evaluar el estado de los recursos pesqueros y de la industria pesquera dentro y fuera de las aguas comunitarias. 
Esta ayuda financiera comunitaria permitirá que los Estados miembros recopilen series de datos plurianuales, agregados y con fundamento científico que recojan información biológica, ambiental y económica. 
En el ámbito de la gobernanza, el objetivo es garantizar la participación de las partes interesadas en todas las fases de la puesta en marcha de la política, incluida su aplicación. 
En el ámbito de las relaciones internacionales y el Derecho del Mar, la ayuda financiera comunitaria servirá para la celebración de acuerdos pesqueros con terceros países, incluidos los acuerdos de cooperación, y la participación en organizaciones internacionales relacionadas con la pesca o el Derecho del Mar. 
A este ámbito se asigna la mayor parte del presupuesto, 1 592,5 millones de euros, de los que 1 522,5 millones de euros se destinan a los acuerdos pesqueros. 
Además, se ha asignado una parte de los fondos a la ayuda técnica y administrativa, incluidos los costes de personal. 
Sin embargo, aunque las cantidades asignadas por la Comisión Europea han sido incrementadas en comisión, los diputados al PE han manifestado su temor de que este aumento no fuera suficiente para cubrir todas las tareas requeridas. 
Estas se han visto aumentadas con la ampliación y la necesidad de recopilar datos sobre los nuevos mares; por ejemplo, apenas existen datos actuales sobre el Mar Negro. 
La incertidumbre sobre la financiación –sobre todo mientras estamos a la espera de un nuevo presupuesto de la UE– plantea la cuestión de si podrán facilitarse más fondos y, en tal caso, de cómo deberían asignarse. 
Si no hubiera más fondos disponibles, entonces surge la cuestión de si esta propuesta asigna los fondos de forma apropiada. 
La creación de los CCR constituye un hecho fundamental y que hay que acoger con gran satisfacción, ya que desempeñarán un papel clave en la gestión de la PPC. 
Sin embargo, debemos garantizar que los CCR reciban el apoyo adecuado. 
No obstante, no es probable que los CCR vayan a generar suficientes recursos propios una vez transcurrida la fase de puesta en marcha, e incluso es probable que los costes de funcionamiento aumenten después de esa fase inicial, dado que los CCR y sus grupos de trabajo –el CCR del Mar del Norte ya cuenta con cuatro– generarán y ejecutarán progresivamente nuevos proyectos para apoyar a la Comisión en la orientación de su gestión. 
Incluso en la fase de puesta en marcha, el nivel de apoyo a los CCR por parte de la Comisión disminuye progresiva y abruptamente, y continua haciéndolo año tras año, puesto que se espera que los propios CCR sean cada vez más autosuficientes. 
Por otra parte, las secretarías de los CCR solo tienen una capacidad limitada para buscar fuentes alternativas de financiación independiente, especialmente procedente de los Estados miembros. 
La posibilidad –o la justificación– de trasladar los costes a los interesados –miembros de la Asamblea General y de los Comités Ejecutivos– es limitada, especialmente si se tiene en cuenta que hay partes interesadas individuales –como las ONG– que pretenden participar simultáneamente en varios CCR, lo que conlleva importantes gastos de recursos. 
Es fundamental presionar para que se faciliten fondos a los CCR más allá del periodo inicial de cinco años. 
También es importante prever ayuda financiera para la recopilación de datos sobre el efecto de la pesca en el medio ambiente en relación con la adopción de un planteamiento basado en los ecosistemas. 
Casi el 60 % de los fondos se destina a los acuerdos pesqueros internacionales, por lo que sería bueno que garantizáramos su rentabilidad y que se tratara de un desarrollo justo. 
Los gastos que conllevan los acuerdos solo deberían poder acogerse a la financiación comunitaria si han sido declarados útiles y recomendados en un informe de evaluación sobre el acuerdo pertinente. 
También es importante desarrollar capacidades de control de terceros países para asegurar la supervisión sostenible de la pesca y el control de las actividades pesqueras. 
Si es necesario recortar el presupuesto orientativo de la Comisión, los ahorros deberían salir del ámbito de las relaciones internacionales, el ámbito presupuestario más importante. 
Doy las gracias a los diputados por su apoyo y les insto a que mañana den su respaldo a este informe, y deseo a todo el mundo Feliz Navidad. 
. Señor Presidente, aunque esta es una discusión prematura, puesto que todavía no tenemos las perspectivas financieras aprobadas, creo que, de todas maneras, como medida de previsión, es bueno aprobar el informe de la señora Stihler, pero me gustaría hacer varias observaciones, algunas de ellas coincidentes con las que ha formulado el señor Comisario. 
En primer lugar, no estamos de acuerdo con la afirmación de la ponente de que, en el supuesto de una disminución de los créditos previstos en la propuesta de la Comisión, estos se detraigan sin justificación alguna de la partida correspondiente a acuerdos de pesca, a pesar de que la ponente parece olvidar que la mayor parte de estos fondos están ahora destinados a sufragar la ayuda al desarrollo, y no la parte comercial de dichos acuerdos. 
Asimismo, a estas alturas resulta poco práctico el tópico recurrente de vincular la financiación de los acuerdos de pesca a análisis previos de coste-beneficio. 
En primer lugar, en los estudios y que realiza la Comisión para cada protocolo, se constata que los acuerdos siguen aportando beneficios superiores al coste para la Unión Europea y, al mismo tiempo, debido a su nuevo carácter de acuerdos de asociación, hay que tener en cuenta otros parámetros no cuantificables en un mero análisis coste-beneficio. 
En segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo con que se financien medidas de la red Natura 2000 con fondos de la PPC. 
A este respecto, me remito a lo dicho por este Parlamento en el informe Böge sobre perspectivas financieras. 
Por último, y en relación con los comités regionales de pesca, no creo que esté justificado, al menos de momento, ampliar el período previsto por la legislación comunitaria para su financiación, máxime cuando la mayoría de los RAC no están todavía en funcionamiento, por no haberse constituido ni siquiera la mitad de los que estaban previstos. 
Lo lógico es que los RAC sean un instrumento que pueda llegar a autofinanciarse, si es un instrumento tan útil como esperamos, y no convertirse en una nueva carga para los contribuyentes, máxime en una política cuya dotación financiera está siempre por debajo de los mínimos. 
. Señor Presidente, casi enlazaría con la última frase de la señora Fraga. 
No sé qué pasa que, justamente la política común que dispone de menos fondos, es la que se ve más asediada por solicitudes de todo tipo. 
En este sentido y, aunque, sinceramente, agradezco el trabajo realizado por la ponente ―y ella lo sabe―, no puedo dejar de manifestar una serie de observaciones, o más bien discrepancias, al texto que ha sido aprobado en comisión y que vamos a votar mañana. 
Me refiero concretamente a las enmiendas 6, 9, 11, 12 y 13, de las que, a continuación, haré un breve repaso. 
En el contexto de este Reglamento, y conociendo las consecuencias beneficiosas que, sobre el empleo, tienen los acuerdos internacionales en las regiones de la Comunidad, entiendo la postura de la Comisión sobre este asunto. 
El mantenimiento del empleo es un objetivo específico que nadie discute. 
Ahora bien, fijarnos este mismo objetivo sin mencionar específicamente a la Comunidad, como hace la señora Stihler, puede inducir a error. 
Como deseo me parece muy loable, pero es algo que supera el ámbito de la PPC y, desde luego, me parece un objetivo poco realista. 
Respecto a la recopilación de datos para Natura 2000, prevista en la enmienda 9, creo que debería financiarse por los fondos destinados a la política de medio ambiente ―y así lo he dicho siempre― y no por la PPC. 
Los que nos ocupamos de la PPC sabemos que con esta política se están pagando facturas por obligaciones contraídas dentro de otras políticas comunitarias, como lo prueba el peso económico creciente de la cooperación al desarrollo dentro de los acuerdos de pesca. 
Por otra parte, cuando, en la enmienda 12, la señora Stihler plantea el criterio de la rentabilidad como determinante en los acuerdos de asociación pesquera, no puedo dejar de preguntarme a qué rentabilidad se refiere, ¿la del tercer país? 
Además, señora Stihler, pienso que, si nos basásemos en este criterio de la rentabilidad, no sé si podríamos llevar a cabo la política de cooperación a la que me acabo de referir, y a la que usted misma se refiere. 
Y, verdaderamente, no sé si usted, como ponente, ha reflexionado o no sobre este criterio de rentabilidad, de tan difícil comprensión para mí. 
Acepto las dos enmiendas presentadas por el señor Guerreiro, así como la enmienda 17, presentada por la señora Stihler. 
– Señor Presidente, en esta ocasión quisiera felicitar sinceramente y de todo corazón a la ponente, así como darle las gracias por su apoyo a las enmiendas del Grupo ALDE, que están muy relacionadas con la cuestión de los acuerdos internacionales de pesca. 
Señor Comisario, debo decir que su respuesta al respecto me ha decepcionado. 
Nosotros no negamos la importancia de dichos acuerdos, sino que consideramos que, al tratarse del dinero de los contribuyentes europeos, ya sea para una ayuda selectiva o en relación con los derechos de pesca, tendríamos que saber exactamente cómo vamos a gastar ese dinero. 
En particular, la enmienda 16 se redactó con sumo cuidado con el fin de superar las dificultades jurídicas internacionales en ese aspecto. 
Estamos hablando de acuerdos de asociación pesqueros con obligaciones para ambas partes. 
Si no contamos con esta información, si no podemos evaluar lo que está pasando, ¿cómo podemos decidir la conveniencia de renovarlos cuando llegue el momento? 
Existen grandes preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en las aguas de terceros países. 
La semana pasada, la fundación Environmental Justice Foundation publicó un informe sobre la pesca ilegal en Guinea y sus vínculos con la Unión Europea. 
Una estadística ilustrativa que aparece en el informe afirma que Guinea está perdiendo por culpa de la pesca ilegal más de 34 000 toneladas de pescado cada año, con un valor calculado de 110 millones de dólares estadounidenses. 
La flota de la UE solo es una de varias flotas implicadas, pero el caso es que está implicada. 
Me parece que este ejemplo demuestra por qué es fundamental que se tomen las debidas precauciones respecto a los acuerdos pesqueros de la UE, garantizando que la Unión ayude a mejorar la gobernanza en las aguas de terceros países y se aborde la necesidad urgente de todas las partes de aumentar la calidad del control y las sanciones. 
Varias de las enmiendas a este informe ayudarían a la Unión a avanzar hacia acuerdos pesqueros más responsables. 
Respecto a un tema ligeramente distinto, el Grupo ALDE acoge con satisfacción la enmienda 11, por la que se propone que la financiación de los costes de funcionamiento de los Consejos Consultivos Regionales no se limite a los primeros cinco años. 
Como ha dicho el Comisario, ellos son la piedra angular de la gobernanza de la Política Pesquera Común revisada. 
, – Deseo destacar un asunto que ya se planteó en el debate en comisión. La financiación contemplada en la propuesta de la Comisión no nos permitirá alcanzar los objetivos establecidos en esta normativa, como por ejemplo la financiación de medidas de control e inspección, medidas de conservación, recopilación de datos y mejora de las recomendaciones científicas, la gobernanza, las relaciones internacionales y el Derecho del Mar. 
Es preciso aumentar los recursos financieros destinados a este instrumento de la Política Pesquera Común, a la luz de la ampliación de la UE y los objetivos más ambiciosos que se han establecido. Sin embargo, dicho aumento no se acerca. 
La propuesta de la Presidencia británica constituye otro más de la serie de recortes aplicados al presupuesto comunitario de 2007-2013. 
Por tanto, hemos presentado una propuesta de enmienda que afirma que el marco financiero global para la pesca, y especialmente para esta propuesta de reglamento, es claramente insuficiente para enfrentarse a la crisis económica y social del sector y para cumplir las necesidades derivadas de la revisión de 2002 de la Política Pesquera Común, defendiendo que se dote al sector pesquero de los medios financieros adecuados. 
Por otro lado, dado que consideramos fundamental la participación de los pescadores en la definición e implementación de la Política Pesquera Común en todos los niveles, hemos propuesto apoyar la creación y el fomento de asociaciones representativas de la pequeña pesca de bajura, que es de lejos la parte más importante del sector, y que dichos pescadores participen en los procesos de toma de decisiones de los Consejos Consultivos Regionales. 
Por último, el reglamento insiste en la idea de que el único factor para conservar los recursos pesqueros consiste en reducir las actividades pesqueras en la UE, sin tener en cuenta otros elementos determinantes. 
En lo que respecta a nosotros, el principal objetivo debe ser estimular la modernización y el desarrollo sostenible en el sector. Asimismo, es fundamental que se mantenga el equilibrio de los recursos pesqueros a fin de garantizar que no se interrumpa el abastecimiento al público, no se pierdan puestos de trabajo y que se mejoren las condiciones laborales y de vida de los trabajadores en ese sector. 
. – Señor Presidente, la Política Pesquera Común afecta al Reino Unido más que a muchos otros Estados miembros. 
Una vez, un Ministro del Reino Unido observó a finales de la década de 1940 que la economía británica conservaría su buena salud durante muchos años porque, según dijo, vivimos en una isla de carbón rodeada de peces. 
El carbón sigue ahí, por si queremos utilizarlo, pero casi ya no quedan peces por culpa de la desastrosa Política Pesquera Común. 
Concebido para conservar las poblaciones de peces, este mecanismo descabellado ha diezmado a algunas especies casi hasta su extinción. 
Entre las que más han disminuido se encuentran las antaño abundantes reservas del Mar del Norte y del Box Irlandés, que hasta 1973 fueron coto exclusivo de los pescadores británicos, quienes cuidaron los bancos de pesca y lograron grandes capturas. 
Entonces nos adherimos al mercado común y a la PPC, y ahora estos mares están convirtiéndose en un desierto marino, si no es que ya lo son. 
¿Un reparto justo para todos en virtud de la PPC, dicen? 
Si es así, ¿por qué tiene Gran Bretaña cuotas más bajas en las aguas alrededor de sus costas que otros países más distantes? 
¿Y qué es lo que sacan de provecho de nuestras aguas? 
La queja es que hay demasiados barcos pescando demasiados pocos peces. 
Es la realidad. 
Al amparo de la PPC, grandes flotas de buques pesqueros de países excluidos anteriormente están esquilmando estos bancos hasta su extinción, mientras que buques factoría de fertilizantes aspiran grandes cantidades de vida marina del lecho marino, destruyendo la base de la cadena alimentaria. 
¿Cómo podría una persona en su sano juicio concebir el plan de la PPC basado en cuotas, con la consecuencia de que los peces pescados en exceso son devueltos al mar? 
¿No saben que los peces descartados están muertos cuando se devuelven? 
¿No saben que para algunas especies el peso anual de descartes inútiles es equivalente al peso del pescado conseguido de forma legal? 
Comparen esta situación con la de Noruega e Islandia, que rechazaron unirse a la UE: sus poblaciones de peces siguen siendo abundantes y sus industrias pesqueras florecen porque las cuidan y prohíben los descartes. 
Mientras tanto, la flota pesquera británica ha descendido a menos de una cuarta parte de su tamaño anterior. 
La destrucción de la industria pesquera significa que los pescadores están desempleados y cobran subsidios. 
Significa que los puertos pesqueros se encuentran en plena decadencia terminal, por lo que se inyectan fondos estructurales. 
Significa que la estructura social y económica portuaria se deteriora, mientras que la UE dice estar combatiendo esta miseria particular. 
Si piensan que se trata de una simple queja británica, reflexionen otra vez. 
La industria pesquera es un factor del PNB del Reino Unido al que se asignan contribuciones del presupuesto de la UE, lo que se suma a la destrucción de un recurso natural inestimable. 
Y de esta forma, otra gallina reduce su producción de huevos de oro. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, Europa atraviesa momentos difíciles y la crisis económica no se ha superado. Ahora, la UE debe prestar atención a la forma en que gestiona y distribuye el presupuesto por esa vía. 
A fin de seguir una estrategia sostenible, sensible y sólida, es necesario tener herramientas a nuestra disposición que nos permita emprender las acciones adecuadas, en línea con lo que creo que son los deseos de todos nosotros. 
Esta propuesta de reglamento establece un marco de medidas con el fin de aplicar la Política Pesquera Común, completando la propuesta de reglamento del Consejo sobre el Fondo Europeo de Pesca (FEP) , que debatimos en la Cámara hace algunos meses. 
Como dije del FEP en su momento, es crucial que los fondos reservados para estos reglamentos sean coherentes con las necesidades reales del sector pesquero integrado en una Europa ampliada que se enfrenta a nuevos retos. 
Aunque acojo con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por aumentar la claridad y coherencia de los acuerdos financieros en el ámbito de la política pesquera común, debo manifestar mi desagrado por el desajuste entre los objetivos expresados y los fondos asignados. 
Puesto que los objetivos tras la ampliación de la UE deben ser más ambiciosos y trascendentales, no me parece adecuado imponer un recorte del 6,3 % a este instrumento financiero. 
Destaco el hecho de que el 60 % del presupuesto de los 2 625 millones de euros, distribuidos en cuatro objetivos operativos principales, se ha reservado para acuerdos pesqueros internacionales. 
La línea relativa a los acuerdos de asociación pesqueros es de vital importancia debido a su preponderancia en el presupuesto. 
Este informe mantiene la coherencia entre las conclusiones de los recientes Consejos de Agricultura y Pesca en lo relativo a la nueva Política Pesquera Común y las relaciones internacionales de la UE, cosa que me parece que tiene una importancia capital. 
Por último, la creación y el mantenimiento de los Consejos Consultivos Regionales (CCR) son factores clave de la nueva Política Pesquera Común. 
Por tanto, es esencial garantizar no solo que exista financiación para sufragar los costes iniciales de los CCR, sino también su viabilidad. A este fin, la Comisión debe clarificar hasta qué punto serán financiadas todas las zonas relacionadas con los CCR. 
– Señor Presidente, Señorías, la pesca –al igual que la agricultura– no es un sector económico cualquiera. 
La pesca contribuye a la mejora de la calidad de vida a escala europea, a la protección del litoral y a la defensa del medio ambiente. 
En muchos casos, cuando es artesanal, la pesca contribuye incluso a aumentar la actividad turística. 
Conviene destacar que la comunidad de pescadores desempeña una función fundamental. 
El oficio que ejercen con pasión es exigente, duro y peligroso y su remuneración está sujeta a demasiadas incertidumbres. 
A menudo endeudados, víctimas de la continua subida del gasóleo, los pescadores y sus familias viven con el temor a no conseguir atar los cabos y perder su empleo. 
Desde que existe, la Política Pesquera Común no les ha ayudado a liberarse de angustias. 
Al contrario, ha contribuido a la desaparición de miles de puesto de trabajo de pesca a pequeña escala y a la inseguridad social de los pescadores, sin conseguir resultados convincentes en materia de preservación de los recursos. 
Lo que es peor, a menudo ha dado la impresión de que esta política estaba sometida a la ley de los grupos de presión, más deseosos de cultivar su imagen mediática y correr tras las subvenciones que de esforzarse seriamente por la defensa del medio ambiente. 
Por esta razón, señor Comisario, los pescadores están hasta la coronilla de que se sospeche permanentemente de que son delincuentes del mar, por parte de una Comisión Europea que en cambio se muestra muy complaciente con los verdaderos piratas del mar, que son los pabellones de conveniencia. 
Señor Comisario, contrariamente a los prejuicios de su sesuda asamblea de científicos, nadie está más interesado en la preservación de los recursos pesqueros que los pescadores. 
Son su medio de sustento, su patrimonio y el futuro de sus hijos. 
Están hartos de una situación en que las cuotas relativas a las cantidades y a los días de pesca, muy a menudo definidas sin verdadero fundamento científico y que los Estados se revenden entre sí, en detrimento del sentido común, intervienen en el establecimiento de las zonas de pesca. 
La Comisión no debe seguir favoreciendo a los pescadores de determinadas nacionalidades en detrimento de los demás. 
Todo el mundo debe estar en pie de igualdad en Europa. 
Es cierto que su texto presenta algunos avances en la materia, al fijarse el objetivo formal de asociar a todos los interesados, pero me perdonará si lo califico de vago y tímido. 
No salvaremos la pesca ni los recursos pesqueros sin los pescadores y sus organizaciones profesionales y sus sindicatos. 
Los pescadores, a través de sus representantes, deben participar verdaderamente en todas las decisiones que les afecten. 
Asimismo, la Unión debe ayudar financieramente a los Estados miembros a proteger sus aguas territoriales contra los piratas de la pesca. 
Pienso, en particular, en las aguas territoriales situadas en las regiones periféricas de la Unión. 
Dado que existe un verdadero problema de financiación de una política pesquera europea justa, sostenible y valiente, no olvidemos que una de las amenazas que se ciernen sobre los recursos se debe a la contaminación provocada por el transporte marítimo. 
Detrás de esta contaminación se esconde el sistema de los pabellones de conveniencia. 
Así pues, gravemos a los responsables de esta catástrofe ecológica permanente y tendremos los medios para emprender una política realmente ambiciosa. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que, de hecho, la financiación se ha incrementado en virtud de este instrumento. 
Ello se debe a una serie de razones: la ampliación, las nuevas tecnologías, mayor amplitud de los datos, las nuevas agencias de control y la creación de los Consejos Consultivos Regionales. 
Sobre este último aspecto, quiero decir, como ya he dicho antes, que la Comisión está dispuesta a considerar la financiación de los Consejos Consultivos Regionales durante la revisión que se llevará a cabo tras el tercer año de su funcionamiento. 
Respecto a la cantidad de los fondos, si se facilitaran más fondos, la Comisión sin duda no se quejaría. 
No obstante, en la realidad esperamos contar con un incremento del 150 % para el control y las sanciones, un incremento del 160 % para la recopilación de datos y el dictamen científico, un incremento del 110 % para la gobernanza y del 120 % para las relaciones internacionales. 
Si todo va bien, dispondremos de un incremento global del 130 % si se compara el período financiero de 2000-2006 con el de 2007-2013. 
Si se produce una reducción, contaremos hasta cierto punto con un colchón, de forma que no tendremos que descontar fondos de ninguna rúbrica específica. 
Si se produjera un recorte drástico, todas las rúbricas se verían afectadas de forma lineal. 
Esperamos conocer antes de finales de esta semana cuál va a ser la situación. 
Hasta ahora, y por las indicaciones que tenemos, los recortes previstos en virtud de las perspectivas financieras con respecto a la pesca son relativamente reducidos, sobre todo en el segundo instrumento, y esperamos que se mantengan así. 
En cuanto a los acuerdos internacionales, la Comisión cree que la propuesta consigue el equilibrio entre las políticas internas y externas, entre los acuerdos internacionales y la conservación, el control y la gobernanza. 
En este momento deseo destacar que las asignaciones a los distintos ámbitos solo son indicativas y están basadas en las previsiones actuales. 
En cualquier caso, cada año deberán proponerse y aprobarse ajustes de cada programa en el procedimiento presupuestario anual. 
Quisiera insistir en la cuestión planteada por la señora Attwooll respecto a la enmienda 16. 
Dado que se trata de relaciones comerciales, las sumas de dinero se transfieren a menudo directamente al presupuesto del Estado, como parte del mismo. 
Sin embargo, pretendemos reforzar nuestro diálogo con los servicios de desarrollo de la Comisión, con el fin de mejorar la efectividad de estas sumas en relación con los objetivos de desarrollo de estos países, sobre todo en el sector pesquero. 
Con especial mención de los acuerdos de asociación pesqueros, debo señalar que cada uno de ellos contiene disposiciones sobre el pago de fondos en virtud del mismo, así como sobre el uso de la cuota financiera prevista para la política pesquera del tercer país. 
Sobre la base de indicadores y parámetros de referencia, como he dicho antes, ambas partes evaluarán conjuntamente los resultados de esta política y realizarán los ajustes necesarios allí donde resulte apropiado. 
Respecto a las observaciones realizadas por el señor Clark, no puedo estar de acuerdo con sus afirmaciones. 
La reducción de las reservas de peces es el resultado de la sobrepesca descontrolada de un año tras otro y no de la Política Pesquera Común. 
Gracias a sus medidas, esta política intenta abordar la necesidad de un equilibrio entre la disponibilidad de las poblaciones y las flotas que salen a capturarlas. 
Finalmente, la cuestión de la pesca de bajura y de la pesca a pequeña escala está un mejor planteada gracias al Fondo Europeo de Pesca, que esperamos se apruebe a principios de 2006. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de 
-el informe (A6-0339/2005) del señor Casaca, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2004/465/CE relativa a la participación financiera de la Comunidad en los programas de control de la actividad pesquera realizados por los Estados miembros [COM (2005) 0328- C6-0273/2005- 2005/0136 (CNS) ] y 
-la pregunta oral a la Comisión, formulada por el señor Morillon (O-0111/2005- B6-0344/2005) en nombre de la Comisión de Pesca, sobre sanciones comunitarias en el sector de la pesca. 
– Señor Presidente, señor Comisario, los científicos, investigadores y ONG ecologistas están cada vez más de acuerdo en que la pesca sostenible requiere un vínculo estable y a largo plazo entre los pescadores y su entorno, así como entre esta actividad económica y el control y el castigo de prácticas depredadoras. 
En su excelente documento sobre el funcionamiento de una cofradía de Cangas, en la región española de Galicia, Dora Jesús observó que cuando una comunidad pesquera concreta disfrutaba derechos pesqueros exclusivos en la zona o, para ser más exactos, cuando asumía los derechos y deberes de la propiedad de recursos naturales y comenzaba a gestionar sus propios sistemas de control primario y las sanciones, conseguía recuperar las poblaciones de percebes y hacer que las especies fueran ecológica y económicamente sostenibles en la zona controlada por esa cofradía. 
Por desgracia, la UE ha optado por una política diversa de enormes variaciones entre derechos de pesca. Europa es exclusivamente responsable de conceder esos derechos y, en el caso de determinadas especies, se establecen para prácticamente la totalidad del espacio marino europeo, pero los sistemas de control y sanción se dejan al criterio individual. 
Los fondos y los porcentajes de coparticipación propuestos por la Comisión para respaldar la inversión en el control pesquero por parte de los Estados miembros se ha reducido a 32 millones de euros para 2006, una cifra pequeña dadas las responsabilidades que recaen sobre algunas regiones y Estados miembros. 
Además, no existe ayuda comunitaria para el control y el seguimiento de la PPC. 
En este contexto, quisiera señalar que Portugal, por ejemplo, representa poco más del 2 % de la población europea, pero más del 50 % de la extensión que abarcan las Zonas Económicas Exclusivas europeas. Es más, tan solo la región de las Azores es una Zona Económica Exclusiva mayor que la de cualquier Estado miembro, a pesar de que solo cuenta con 250 000 habitantes. 
En este contexto, las aguas de las Azores solamente se han controlado en una ocasión desde que se liberalizaron el 1 de agosto de 2004, a pesar del hecho de que el Sistema de Seguimiento de Buques (VMS) ha detectado varias docenas de buques externos en esta Zona Económica Exclusiva durante ese tiempo y que en ocasiones ha habido dos docenas de buques simultáneamente. Esto contrasta enormemente con las numerosas inspecciones realizadas entre la flota tradicional de las Azores por las autoridades regionales, nacionales y comunitarias en tierra o no lejos de la costa. 
En ausencia de todo VMS, todavía no existe, como acabamos de mencionar, una protección efectiva contra los buques pesqueros no registrados y, de hecho, de los buques legalmente registrados en las zonas más pobres y periféricas de Europa. El motivo por el que el VMS está funcionando tan mal se debe a una serie de derogaciones en zonas fundamentales y a que el sistema de control en alta mar sea tan inactivo e inefectivo. 
En una conferencia sobre Política Marítima y Estrategia Marina Europea, celebrada la semana pasada por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo en Ponta Delgada, hemos sabido que en aguas de las Azores se han encontrado unas 150 especies diferentes de corales, muchas de ellas endémicas de la zona y de las que algunas pueden vivir literalmente durante miles de años. 
Entre ellas se incluyen densos bosques de coral negro, algunos de más de dos metros de altura. 
El valor de estos corales y otros organismos de aguas profundas para nuestro patrimonio se verá con el tiempo y se reconoce de forma generalizada que tienen un enorme potencial biotecnológico. 
Pese a que es cierto que se han prohibido en la región los arrastreros y el enmalle de fondo, es difícil determinar si estas prohibiciones se han hecho efectivas, ya que la Comunidad ha hecho poco o nada por controlar y proteger estos tesoros europeos. 
El anuncio de la estrategia marítima propuesta por la Comisión nos dio a todos esperanzas de poder ver algún cambio en esta situación, pero, muy a nuestro pesar, descubrimos que esta propuesta no prevé ninguna financiación comunitaria. Es decir, tiene el mismo planteamiento de antes, según el cual en Europa todo el mundo puede aprovechar los recursos marítimos, mientras que la responsabilidad de protegerlos recae enteramente en las personas que viven en las regiones en cuestión. 
En lo que respecta a la seguridad marítima y la protección del medio ambiente, actualmente en las Azores nos enfrentamos a una tragedia de enormes proporciones. Un gran buque portacontenedores con bandera de conveniencia que transportaba varios contenedores con peligrosas sustancias químicas ha encallado en un arrecife clasificado como lugar de interés comunitario como parte de la red Natura 2000. 
A pesar de los diversos paquetes legislativos, tras lo sucedido con el y el, y pese a la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, Europa todavía no cuenta con capacidad suficiente para responder a ninguno de estos desastres ni a las tragedias provocadas por la pesca insostenible. 
Por lo tanto, consideramos que debe establecerse el cuerpo de guardacostas europeos como prioridad urgente, a través del cual se integraría el control de la pesca en otras operaciones de control marítimo y las pesquerías se abrirían a toda la flota europea; un sistema efectivo, moderno y armonizado de control y sanciones. 
La liberalización del acceso a las aguas es totalmente inaceptable si no se cumplen estos requisitos. De lo contrario solo podrá haber un resultado: el patrimonio marítimo de Europa sufrirá una rápida decadencia. 
. – Señor Presidente, la cuestión de las sanciones reviste cierta urgencia. 
La igualdad de condiciones es esencial para que los pescadores confíen en la justicia de la Política Pesquera Común. 
Sin esa confianza resulta mucho más difícil aplicar instrumentos de gestión bien planteados y efectivos. 
El último informe de la Comisión sobre comportamientos que han infringido gravemente las normas de la Política Pesquera Común vuelve a mostrar la gran desigualdad de condiciones que existe en la actualidad. 
En 2003, el porcentaje de infracciones que finalmente fueron objeto de sanción dentro de los Estados miembros oscilaba entre el 24 % y el 100 %. 
La cantidad media de las multas por la misma infracción también varía considerablemente entre Estados miembros: por ejemplo, por llevar a bordo de artes de pesca prohibidos, es de 451 a 9 000 euros; por pesca no autorizada, de 375 a 8 379 euros; y por falsificación de datos, de 98 a 132 056 euros. 
Hace más de tres años, mi informe sobre las infracciones instaba a la Comisión a «que examine la posibilidad de establecer un sistema uniforme de sanciones mínimas en toda la Unión Europea… con el fin de reforzar la confianza de los pescadores en el principio fundamental de la igualdad de trato, lo que implica criterios objetivos de tipificación y calificación, así como de infracciones y sanciones». 
Acepto que estamos hablando de acuerdos mínimos, ya que debe haber espacio para ajustar la sanción al valor de la captura y penalizar las infracciones repetidas con más fuerza que los delitos cometidos por primera vez, pero creo que necesitamos mayor uniformidad tanto en el ámbito de las sanciones como en el tipo de sanciones y procedimientos correspondientes. 
Los miembros de la Comisión de Pesca agradeceríamos al Comisario que respondiera a nuestra pregunta, teniendo en cuenta que debería aclarar la declaración preliminar sobre el hecho de que el 86 % de todas las infracciones reciben en la actualidad sanciones administrativas y el 14 % sanciones penales. 
Agradeceríamos que la Comisión nos comunicara su opinión sobre las cuestiones que hemos planteado. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente y a la Comisión de Pesca por su informe sobre esta propuesta de la Comisión. 
Me satisface observar que la comisión ha emitido un juicio favorable sobre este plan, que pretende mejorar las capacidades de control de los Estados miembros, y que apoya plenamente prorrogar su validez durante un año más. 
También observo que la comisión parlamentaria es favorable a financiar, con cargo al presupuesto comunitario, los acuerdos administrativos suscritos con el Centro Común de Investigación con vistas al desarrollo de nuevas tecnologías en materia de control, así como la financiación de estudios sobre los ámbitos vinculados al control, que serán realizados por iniciativa de la Comisión. 
Sin embargo, la comisión ha presentado siete enmiendas a la propuesta. 
Lamento la extrema dificultad de aceptar ninguna de las enmiendas, sobre todo por razones formales que explicaré a continuación. 
La enmienda 2 propone un cambio en el límite de tiempo para la presentación de programas nacionales. 
Nos gustaría mantener la fecha vigente del 31 de enero, ya que la presentación de solicitudes a principios de año permitirá que la Comisión adopte una decisión que garantice la contrapartida financiera en el primer semestre. 
A su vez, ello reducirá los requisitos de planificación de las administraciones nacionales. 
También cabe destacar que las administraciones nacionales ya son plenamente conscientes de esta limitación temporal. 
En cuanto a la enmienda 3 y las enmiendas asociadas 1 y 6, la Comisión comparte el punto de vista de la comisión parlamentaria de que estos gastos deberían financiarse con cargo a una rúbrica distinta. 
Esto puede lograrse mediante una disposición presupuestaria. 
Sin embargo, no es posible financiar estas dos nuevas acciones si no estaban previstas en el texto jurídico. 
La Comisión considera que esta propuesta es el texto jurídico apropiado para introducirlas y, por lo tanto, no puede aceptar estas enmiendas. 
En la enmienda 4, la comisión parlamentaria pide a la Comisión que establezca criterios con el fin de asignar subvenciones cuando la cantidad de solicitudes supere los créditos disponibles. 
La política de la Comisión consiste en conceder subvenciones únicamente cuando se haya demostrado la necesidad de invertir, concretamente por el informe nacional sobre actividades de control, al margen de la cantidad global solicitada. 
El establecimiento de criterios introduciría cierta rigidez en la selección de proyectos y podría comportar el riesgo de que las subvenciones se concedieran a proyectos que no fuesen de interés general. 
Por lo tanto, esta enmienda es inaceptable. 
La enmienda 5 se refiere al porcentaje de la aportación para los equipos más caros, es decir, los buques y aviones patrulla. 
El aumento del porcentaje a un 75 % de los gastos subvencionables reducirá los créditos para otras acciones. 
La Comisión considera que un porcentaje no superior al 50 % sería apropiado, como norma general, para todos los tipos de inversión. 
Por lo tanto, no puede aceptar esta enmienda. 
Finalmente, la Comisión no puede aceptar la enmienda 7 porque a finales de 2006 todavía no se habrán ultimado la mayoría de los proyectos, ya que en su opinión un informe sobre la decisión será de escasa utilidad. 
Quiero recordar que la Comisión presentará un informe sobre esta decisión al Parlamento Europeo a más tardar el 30 de junio de 2008. 
Por lo que respecta a la pregunta oral a la Comisión del señor Morillon, permítanme decir que comparto plenamente el punto de vista de que las sanciones, incluidas las del sector pesquero, deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción cometida. 
También deben desalentar con eficacia cualquier infracción posterior de la misma naturaleza. 
Además, las sanciones no deben discriminar entre los ciudadanos de los Estados miembros y aquellos que no lo son. 
No podremos lograr la conformidad con las normas de la Política Pesquera Común si no aseguramos la igualdad de condiciones en la Unión Europea para todos los pescadores. 
Con el objetivo de promover la transparencia y alentar la aplicación de sanciones adecuadas y disuasorias contra los que cometen infracciones graves, la Comisión publica una comunicación anual sobre infracciones graves de las normas de la Política Pesquera Común. 
Hasta la fecha, la Comisión ha publicado cuatro de estas comunicaciones. 
En sus comentarios sobre las tablas adjuntas a dichas comunicaciones, la Comisión destacó la necesidad de reducir las disparidades existentes respecto al nivel de las sanciones impuestas a escala comunitaria. 
En estas mismas comunicaciones, la Comisión también ha manifestado su preferencia por el uso de procedimientos y sanciones administrativas cuando se trate del incumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común, ya que su imposición es más rápida y eficaz. 
La Comisión considera que una sanción, como la suspensión de una autorización de pesca, decidida por una autoridad administrativa y que se aplique de forma inmediata, sujeta a la posibilidad de revisión judicial, es un elemento de disuasión más fuerte. 
Sin embargo, la elección entre un procedimiento penal o administrativo es competencia del Estado miembro. 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 25 del Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, el Reglamento de base de la PPC, la Comisión pretende presentar oportunamente una propuesta encaminada a armonizar a escala comunitaria las sanciones aplicables a las infracciones graves. 
. – Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el control de la pesca es un factor importante para mantener el sector. Dada la necesidad de recuperar determinadas poblaciones de peces amenazados, el respaldo a los Estados miembros debe continuar de tal forma que puedan cumplir sus obligaciones de controlar, supervisar e inspeccionar las actividades pesqueras en las zonas de su jurisdicción. 
El debate estratégico de 2001, en el que las estrategias de control se encontraban entre los ejes más importantes del Libro Verde de ese año, hizo que en abril de 2005 se estableciese la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, lo cual, en mi opinión, puede marcar el inicio de una nueva era. 
Aunque esta agencia organiza y coordina las actividades de control e inspección llevadas a cabo por los Estados miembros, esta no elimina las competencias y obligaciones de los mismos. 
Mientras esperamos una decisión sobre las perspectivas financieras y el nuevo marco comunitario para 2007-2013, estos importes se desconocen todavía y la Decisión 465/2004 como tal debería prorrogarse. 
Quisiera felicitar a mi compatriota el señor Casaca por su excelente trabajo como ponente de esta cuestión. 
Señor Comisario, a pesar de sus comentarios, creo que las enmiendas introducidas en el texto original son realmente adecuadas; contribuirán a que se alcance un mejor equilibrio y hacen que el texto sea más coherente con lo que realmente trata de conseguir. 
Sin embargo, aunque respaldo plenamente este documento, quisiera llamar una vez más la atención sobre el hecho de que, desde el punto de vista financiero, sigue siendo extremadamente difícil que los Estados miembros apliquen todas las medidas deseadas. 
La comunicación de la Comisión de 2003 y los informes de incumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC) son prueba de que queda mucho por hacer. 
Para garantizar que los Estados miembros cumplan sus compromisos de adaptarse a las normas establecidas por la PPC, la Comisión debe seguir respaldando su compromiso de control e inspección. 
Señor Presidente, no cabe duda de que la Decisión 2004/465/CE, sobre una contribución financiera comunitaria a los programas de control de la pesca de los Estados miembros, ha favorecido la mejora de las estructuras de control y la financiación de los controles en cada Estado miembro y ha contribuido a la eficiencia del flujo de información. 
También ha hecho posible conferir mayores poderes a los inspectores de la UE en el campo del control y el seguimiento. 
Siempre y en todas partes, las personas que deben someterse a los programas de control los consideran una molestia e incluso a menudo una discriminación. 
Sin embargo, es un hecho desafortunado que los controles de las actividades pesqueras conforme a la Política Pesquera Común sean indispensables, como hemos aprendido por experiencia. 
El éxito de todo marco legal depende de la efectividad y la facilidad de los controles del cumplimiento de las normas que establece. 
Ni que decir tiene que las medidas adoptadas en el marco de estos programas de control cuestan dinero, y que por lo tanto debería facilitarse oportunamente la financiación necesaria para las mismas. 
Por lo tanto, respaldamos la propuesta del ponente de ampliar un año el período de validez de la Decisión 2004/465/CE. 
Esto salvaguardaría la contribución financiera comunitaria a los programas de control de la pesca al menos hasta finales de 2006, incluso si cambia el entorno presupuestario. 
Estamos de acuerdo con la evaluación que hace el ponente de las enmiendas esbozadas por la Comisión en la propuesta de decisión y también quisiéramos darle las gracias. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al autor de la pregunta oral y a la señora Attwooll por presentarla, sobre todo porque al estar presente aquí esta noche se está perdiendo la fiesta de Navidad de su Grupo, lo que pone de manifiesto su verdadera entrega. 
La cuestión de las sanciones y de si son penales o administrativas es muy importante. 
Por supuesto, nadie en esta Cámara aprobaría un incumplimiento de los reglamentos o las normas. 
Está muy bien que celebremos este debate conjuntamente con el informe Casaca porque toda la cuestión de las medidas de control de la pesca y sus requisitos no solo puede dar pie a caladeros más sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico, sino que también puede dar seguridad a muchas familias de pescadores, de forma que puedan seguir viviendo sus vidas del modo en que lo han hecho hasta ahora. 
Sin embargo, aparte de la cuestión relativa a los efectos sobre las poblaciones de peces y sus niveles, y las nuevas normas y reglamentos respecto al esfuerzo pesquero y todo lo demás, existe un estrato de burocracia adicional que tiene una repercusión directa sobre la capacidad de los pescadores de ganarse la vida. 
Señor Comisario, usted ha afirmado en varias ocasiones que prefiere las sanciones administrativas a las sanciones penales. 
También existe la cuestión de la certeza con respecto a alguna clase de uniformidad: no de armonización, sino de uniformidad de las sanciones y penas aplicables en todos los Estados miembros. 
La señora Attwooll ha mencionado en su discurso algunas de las divergencias. 
Quisiera presentarle algunas cifras más del último informe de la Comisión recibido en relación con las infracciones pesqueras. 
En España hubo 1 785 infracciones, 1 641 de las cuales se castigaron con sanciones administrativas. 
En Portugal hubo 1 579 infracciones, tres de las cuales se castigaron con sanciones penales. 
En mi país, Irlanda, de un total de 26 infracciones, 20 se sometieron a tribunales penales. 
La multa media en Portugal fue de 491 euros; en España, de 2 126 euros. 
En Irlanda, la media fue de 11 978 euros; una multa que, en virtud de la nueva legislación propuesta, que entrará en vigor el año próximo, se elevará a 220 000 euros. 
Sin duda debe haber cierta equidad y justicia respecto a la forma en que se imponen estas multas y castigos. 
Al fin y al cabo, es competencia de los Estados miembros establecer la legislación que transponga de forma adecuada la filosofía subyacente a los reglamentos y directivas sobre pesca. 
También debe existir justicia y proporcionalidad dentro de ese régimen de sanciones. 
Debe existir una preferencia por las sanciones administrativas sobre las penales. 
Recientemente, en determinados sectores se ha hablado de que la Comisión se planteaba emprender acciones contra Irlanda por la falta de aplicación de la nueva legislación, que en la actualidad está siendo tramitada en el Parlamento nacional irlandés. 
Además, señor Comisario, funcionarios de su oficina se reunieron recientemente con representantes de la comisión de pesca del Parlamento irlandés, así como con miembros de la Comisión de Pesca aquí en el Parlamento Europeo para discutir la cuestión de las sanciones penales y administrativas. 
Espero que los rumores sobre las llamadas sanciones financieras que se quieren tomar contra Irlanda sean falsos. 
Espero que esta noche pueda animarnos con la legislación vigente en Malta, donde a una infracción leve le corresponde una sanción leve, y solo de tipo administrativo. 
A las infracciones mayores les corresponden sanciones administrativas más importantes. 
En caso de infracción grave, se aplicaría una sanción penal. 
Por consiguiente, a los infractores reincidentes habría que aplicar las sanciones penales más rigurosas. 
Pero no existe justicia ni equidad cuando una infracción relativa al diario de a bordo en un país se multa únicamente con 96 euros, mientras que en otro país ello podría acarrear la confiscación del barco, de las capturas y de los aparejos. 
La proporcionalidad es necesaria. 
– Señor Presidente, estoy un poco intrigado por los antecedentes que han dado pie a la pregunta oral ante la Cámara. 
Desde 1999, los países que siguen las normas han venido cumpliendo el Reglamento (CE) nº 1447/1999 del Consejo, por el que se exigían sanciones proporcionales, eficaces y disuasorias respecto a las infracciones graves de la Política Pesquera Común. 
No es sorprendente constatar que el Reino Unido es el primero de la clase en su voluntad de cumplimiento de las exigencias de la Comisión, mientras que países que claman en voz alta su compromiso con el proyecto europeo, como España y Alemania, se encuentran entre los principales infractores. 
Las últimas cifras de las infracciones graves de la PPC son, como hemos oído, las publicadas por la Comisión para 2003. 
Demuestran que la multa media en el Reino Unido fue de casi 78 000 euros, mientras que la media de la Unión apenas alcanzó los 4 500 euros. 
Respecto a la grave cuestión de la falsificación de registros, la multa media en el Reino Unido fue de 132 000 euros, mientras que en Alemania fue irrisoria (98 euros) , pero incluso superior a la multa de la República de Irlanda, donde según dichas cifras oficiales de la Comisión no había multas que declarar para 2003, ¡aunque más tarde admitió que se habían producido 103 infracciones graves! 
Sacara de donde sacara sus cifras el orador que me ha precedido, sin duda no son las publicadas por la Comisión. 
No deja de ser significativo que esta pregunta oral únicamente se formulara, a instancia de diputados irlandeses al Parlamento Europeo y de otros, cuando un avergonzado Gobierno irlandés publicó propuestas de sanciones relacionadas con esta cuestión. 
Quiero que esto quede claro: veo ventajas en sanciones justas y proporcionadas en toda la UE, pero no estoy nada impresionado por el hecho de que, cuando los pescadores del Reino Unido eran los más afectados por castigos ejemplares, nadie se preocupaba. 
Pero cuando se pide a uno de los Estados irresponsables que se ponga en marcha, todo son lamentos por la justicia, la equidad y la igualdad de condiciones. 
La disparidad que ha prevalecido durante años supone un perjuicio material para los Estados que han cumplido las normas. 
Fíjense en la situación del Mar de Irlanda, donde la mayoría de los pescadores de mi país, Irlanda del Norte, deben competir para pescar. 
Allí competimos con pescadores de la República de Irlanda, mientras que los pescadores norirlandeses han estado sujetos durante años a las draconianas sanciones del Reino Unido. 
Además, en la actualidad, algunos pescadores del Ulster están a la espera de juicio en la sala de lo penal del juzgado de Liverpool. 
Sin embargo, parece que durante años sus homólogos del sur se han beneficiado del incumplimiento abierto de las normas sin sufrir sanciones importantes. 
Piensen en lo que eso afecta a la competitividad. 
Cada vez que el pescador de Irlanda del Norte sale a faenar, debe asumir el riesgo de sanciones despiadadas si infringe la PPC; sin embargo, según las cifras de la Comisión, el pescador de la República de Irlanda no tiene nada de qué preocuparse en las mismas aguas. 
Hasta ahora, parece que su Gobierno no se ha preocupado por las infracciones graves. 
Así que, no faltaba más, tengamos paridad de trato, pero comprendamos también el perjuicio sufrido hasta la fecha por aquellos que durante años han cumplido las normas so pena de un castigo despiadado. 
Esta tarde usted ha dicho que está a favor de las sanciones administrativas. 
Si es así, ¿apoyaría y alentaría públicamente a que el Reino Unido desistiera de los procesos judiciales en curso? 
Ello sería de gran ayuda. 
– Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de participar en este debate, pues creo que nos da la oportunidad de poner de relieve los difíciles grados de sanciones impuestos a las flotas pesqueras en distintos Estados miembros de la Unión Europea. 
Varios diputados han hablado de las disparidades de las multas y controles en los Estados miembros, que ahora no abordaré por falta de tiempo. 
En el Reino Unido se han introducido medidas draconianas. 
Ahora se proponen medidas draconianas en la República de Irlanda. 
Como ha dicho el orador anterior, el Gobierno británico las ha aplicado perfectamente desde el primer día, como siempre hace, mientras que todos los demás están rezagados. 
Sin embargo, esto no es una novedad, y no debería sorprendernos. 
Nuestros pescadores y agricultores y muchos otros sectores han sufrido este estado de cosas, mientras la situación en otros Estados apenas es equiparable. 
El resultado de esta directiva europea, aplicada por los Estados miembros, es una disparidad total entre los Estados miembros. Esto es inaceptable e inviable. 
Al igual que el orador anterior, yo provengo de Irlanda del Norte. 
Una flota de alta mar muy pequeña opera en el caladero 7A del Mar de Irlanda, sujeta a las normas draconianas impuestas por el Gobierno británico. 
Ahora deberán hacer frente a las medidas draconianas introducidas por el Gobierno de la República de Irlanda. 
A veces pescan en estas aguas y existe una gran cooperación entre los pescadores en estas zonas. 
Sin embargo, esto sirve de poco a los pescadores si, como dice el orador anterior, los llevan ante los tribunales. 
Este es el tipo de directiva que desacredita a la Unión Europea en los Estados miembros, al no haber nada parecido a la igualdad de condiciones. 
Usted ha hablado de la igualdad de condiciones. No existen. 
Debería haber proporcionalidad e igualdad de trato. 
Soy consciente de que no hay una solución fácil. 
Usted mismo lo sabe, pues visitó hace poco Irlanda del Norte. 
Lo entiendo, pero creo que la Comisión debe revisar urgentemente todo el tema de las sanciones en el sector pesquero. 
Hablando claro, creo que necesitamos sanciones y controles. 
De eso no cabe la menor duda y no estamos defendiendo otra cosa. 
Sin embargo, debemos ser realistas y las sanciones deben ser aplicables, no como las actuales propuestas inaceptables. 
Como el sector pesquero va a Bruselas la semana que viene para velar por su futuro y su destino en materia de impuestos y cuotas, este es el tipo de problema que no deberían tener que afrontar. 
Quiero plantear una pregunta a la Comisión. 
No nos sirve de intervenir en esta Cámara esta noche e intercambiar insultos entre nosotros sobre lo que hace este o el otro Estado miembro. 
A largo plazo necesitamos que cada Estado miembro respete la posición del otro. 
Usted dijo que iba a armonizar las sanciones. 
¿Cuándo va a presentar las propuestas? 
– Señor Presidente, he escuchado su intervención, señor Comisario, con gran interés y con el mayor de los respetos quisiera que aclarase su postura bastante ambivalente sobre las enmiendas 2 y 6, reiteradamente respaldadas de forma clara por la Comisión tanto en la Comisión de Pesca como a través del correo electrónico. 
Ateniéndonos a este apoyo explícito, elaboramos las enmiendas presupuestarias con el objetivo de adaptar las mismas –enmiendas 2 y 6– y ahora nos dice que la Comisión no respalda lo que durante todo este tiempo ha dicho que apoyaba. 
Parece que ha habido mensajes un tanto confusos sobre esta cuestión, por lo que le agradecería que aclarase las cosas, señor Comisario. De lo contrario, considero que será muy difícil para mi trabajar con la Comisión en el futuro. 
. Señor presidente, deseo comenzar diciendo, con respecto a la cuestión planteada por el señor Casaca, que al tramitar la concesión de ayudas la Comisión examina las solicitudes presentadas por los Estados miembros teniendo en cuenta las necesidades y eficiencias de cada Estado miembro, tal como se derivan principalmente del programa nacional y del informe más reciente sobre las actividades de control que cada Estado miembro debe transmitir a la Comisión. 
Se concede prioridad a aquellas inversiones que se consideran más rentables teniendo en cuenta el interés general por lograr un alto nivel de control en toda la Comunidad. 
Por consiguiente, la prioridad puede cambiar con el paso de los años y diferir de un Estado miembro a otro. 
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Kindermann en que el control y las sanciones son una piedra angular de la efectividad de la Política Pesquera Común. 
Tengo la firme voluntad de seguir reforzando las actividades de control y sanción. 
La creación de la agencia de control este año supondrá sin duda una importante contribución en este terreno. 
En las cuestiones planteadas por la señora Attwooll, el señor Crowley y otros oradores, con respecto a todo el tema de las sanciones, permítanme decirles que la tendencia principal, tal como se ha publicado en la comunicación, muestra que la cifra total de incumplimientos graves ha variado considerablemente de un año a otro, de 4 180 en 2000 a 9 502 en 2003. 
Es difícil saber si este aumento de los incumplimientos detectados significa que la tasa de detección de incumplimientos graves está mejorando o que el número de incumplimientos cometidos ha aumentado. 
Un importante elemento de progreso en relación con la disuasión es el hecho de que la cantidad media de multas impuestas ha aumentado de 1 757 euros en 2002 a 4 664 en 2003, lo que implica un aumento del 165 % en un año. 
Sin embargo, el hecho de que las multas impuestas en 2003 supongan solamente el 0,004 % del valor de los desembarques de 2002 nos hace pensar que las multas siguen siendo demasiado modestas como para representar un medio disuasorio real para los infractores. 
Dicho esto, se trata de una afirmación general, y deberíamos examinar los diversos subsectores e infracciones con respecto a los cuales se han impuesto estas multas. 
Algunas conclusiones de las comunicaciones anteriores son, primero, que existen diferencias sustanciales en el promedio de sanciones aplicadas, tal como han explicado esta noche una serie de diputados, y que la cantidad de sanciones sigue siendo demasiado baja como para representar un medio disuasorio eficaz contra el incumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común. 
Respecto a la elección entre el procedimiento penal o el administrativo, el artículo 25 del Reglamento (CE) nº 2371/2002 prevé que los Estados miembros adopten las medidas apropiadas contra las personas responsables cuando no se respeten las normas de pesca comunes. 
Los Estados miembros pueden iniciar acciones legales por infracción mediante procedimientos penales o administrativos, siempre que estas medidas sean efectivas y proporcionales a la gravedad de las infracciones. 
La Comisión no puede interferir de otra forma en la elección del instrumento por parte de cada Estado miembro. 
Esto podría afectar a la delicada cuestión de la soberanía estatal. 
Dicho esto, repito que la opinión de la Comisión es que los procedimientos administrativos, y por tanto las sanciones administrativas, son preferibles. 
Son preferibles porque una autoridad administrativa puede imponerlas rápidamente, al no requerir el lento proceso que implica la determinación de responsabilidades antes de imponer una sanción en un procedimiento penal. 
Son más baratos que los procedimientos judiciales. 
Las sanciones no penales pueden imponerse rápidamente y se ha visto que son más eficaces que las sanciones penales más graves. 
Por ejemplo, una sanción administrativa como la suspensión de un permiso de pesca puede ser una forma eficaz de promover el cumplimiento de la ley, puesto que puede aplicarse rápidamente. 
Lamento que la mayoría de los Estados miembros no utilicen esta herramienta más a menudo. 
La sanción, ya sea penal o administrativa, debe adaptarse a la gravedad de la infracción. 
Entre los factores atenuantes o agravantes se incluyen: un impacto negativo de la infracción en los recursos pesqueros o el tipo de pescado; los antecedentes de los infractores; la reincidencia y los teóricos beneficios económicos que se derivan de la infracción. 
La Comisión ha iniciado un proceso de consulta sobre la mejora de la calidad de los datos recopilados y comunicados y el análisis de estos datos con el fin de comparar la situación entre los Estados miembros. 
Además, la Comisión tiene previsto proponer un catálogo de sanciones que deben imponerse en casos de infracción grave para que lo apruebe el Consejo conforme al apartado 4 del artículo 25 del Reglamento del Consejo (CE) nº 2371/2002. 
El catálogo debería ayudar a aumentar el nivel de sanciones y a asegurar la igualdad de condiciones. 
Está previsto que la Comisión presente este catálogo en la segunda mitad de 2007. 
Como ya he dicho, las discrepancias son, por tanto, grandes y nuestras preferencias se decantan por las sanciones administrativas, pues son más eficaces y pueden aplicarse rápidamente. 
En respuesta a una pregunta concreta que se ha formulado, diría que nuestra propuesta de armonización de las sanciones por infracciones graves se publicará en 2007. 
Esperamos que esto asegure una mayor igualdad de condiciones y, al mismo tiempo, ayude a afrontar el tema de la proporcionalidad. 
Con respecto al último asunto indicado por el señor Casaca, relativo a las enmiendas 2 y 6, pido disculpas. 
La información que tengo es que estas enmiendas no fueron apoyadas en comisión. 
Sin embargo, revisaré esto y me pondré en contacto con él mañana antes de la votación. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe sel sñor Morillon (A6-0385/2005) , en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Seychelles sobre la pesca en aguas de las Seychelles, para el período comprendido entre el 18 de enero de 2005 y el 17 de enero de 2011 [COM (2005) 0421- C6-0321/2005- 2005/0173 (CNS) ]. 
. Señor Presidente, antes de presentar la posición de la Comisión sobre este asunto permítame extender mi gratitud a la Comisión de Pesca, y especialmente a su Presidente y ponente, el señor Morillon, por su excelente trabajo realizado en unos plazos muy ajustados. 
Como ya saben, los procedimientos de la Comisión han retrasado la ultimación de esta propuesta. 
La Comisión quiere impedir que en el futuro vuelvan a ocurrir retrasos semejantes. 
Estamos llevando a cabo actualmente consultas internas para ver la mejor manera de superar los retrasos cuya consecuencia es que se dan plazos de tiempo muy breves al Parlamento Europeo para examinar los informes. 
Espero poder informar a la Comisión de Pesca sobre posibles soluciones en un futuro próximo. 
Entretanto quiero pedir disculpas al ponente por los plazos tan breves con los que tiene que trabajar y personalmente me comprometo a conversar con él y buscar y encontrar una solución con respecto al futuro. 
En este asunto, quisiera decir que informamos con mucha antelación a las autoridades de las Seychelles sobre el retraso del procedimiento de aprobación. 
Las autoridades de las Seychelles han mostrado una gran comprensión. 
Como ya saben sus Señorías, la Comunidad mantiene una relación muy antigua con las Seychelles en el ámbito pesquero. 
El primer acuerdo pesquero con este país se remonta a 1985 y se trata de uno de los acuerdos relativos al atún más importantes en términos económicos. 
También es la piedra angular de nuestra red de acuerdos de atún en el Océano Índico. 
Este nuevo Protocolo es el primero que refleja plenamente el nuevo enfoque asociativo. 
Ambas partes suscriben un diálogo político sobre asuntos pesqueros y en particular la política del sector pesquero definida por el Gobierno de las Seychelles. 
Más de un tercio de la contribución financiera se ha destinado a apoyar la política pesquera de las Seychelles. 
En línea con este deseo, la Comisión ha celebrado una reunión del comité conjunto en abril y dos reuniones técnicas en julio y septiembre de 2005 con las autoridades de las Seychelles, con el fin de iniciar el diálogo político sobre la creación de un programa sectorial plurianual para apoyar el desarrollo de una pesca responsable en las Seychelles. 
Este trabajo incluye la creación de objetivos anuales y plurianuales, la distribución de una parte de la compensación financiera, los objetivos que deben lograrse y los criterios y procedimientos que deben seguirse con el fin de permitir una evaluación de los resultados anuales obtenidos de conformidad con el artículo 7 del Protocolo. 
De esta manera, ambas partes defienden firmemente la pesca responsable y una actividad pesquera sostenible en las aguas de las Seychelles. 
El nuevo Protocolo abarca un período de seis años, desde el 18 de enero de 2005 hasta el 17 de enero de 2011. 
Ofrece oportunidades de pesca para 40 cerqueros atuneros y 12 palangreros de superficie y prevé una aportación económica de 4 125 000 euros al año. 
El Protocolo ofrece ventajas mutuas a ambas partes. 
Voy a centrarme ahora en las enmiendas. 
En la enmienda 1 compartimos plenamente la preocupación del Parlamento y apreciamos el rápido procedimiento utilizado a pesar de los cortos plazos otorgados. 
Como ya he dicho antes, la Comisión informó a las autoridades de las Seychelles de este retraso con mucha antelación. 
Las autoridades de las Seychelles han mostrado una gran comprensión y han aceptado recibir el pago de la compensación económica por el primer año del acuerdo en una fecha posterior. 
Tal como he afirmado anteriormente, los retrasos de la transmisión se derivan sobre todo de la naturaleza de las negociaciones, pero también por el largo tiempo que conllevan los procedimientos internos. 
A la luz de esto y de mi compromiso para encontrar una solución solicito la comprensión del ponente por no poder aceptar esta enmienda. 
En cuanto a la enmienda 2, tal como se afirma en el artículo 7 del Protocolo, el Estado costero, de común acuerdo con la Comunidad, podrá decidir la forma de utilizar la contribución económica para apoyar su política pesquera. 
Por ello, es responsabilidad de las autoridades de las Seychelles establecer las principales prioridades de su política pesquera que deben aplicarse con ayuda del Protocolo de pesca. 
Por tanto, me resulta imposible aceptar esta enmienda. 
Por lo que respecta a las enmiendas 3 y 5, la Comisión está totalmente de acuerdo con su espíritu. 
Sin embargo, la Comisión ya respeta su obligación de transmisión de este tipo de información, en línea con el actual acuerdo interinstitucional y particularmente con el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
La Comisión, por tanto, considera que estas enmiendas no son realmente necesarias si mi información es correcta. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 4. 
Permítanme recordarles las disposiciones básicas de la Comunidad relativas al mandato de la Comisión para negociar en nombre de la Comunidad. 
El Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar acuerdos pesqueros entre la Comunidad y las Seychelles. 
En este sentido, la renovación periódica no requiere un nuevo mandato cada vez. 
No es necesario un nuevo mandato, dado que el mandato presente cubre estos objetivos de negociación. 
En lo relativo a la enmienda 6, el nuevo Protocolo no contempla ninguna medida selectiva, sino un apoyo a la política pesquera de las Seychelles –artículo 7 del Protocolo– para promover una pesca responsable y una actividad pesquera sostenible en las aguas de las Seychelles. 
Compartimos plenamente la preocupación de mantener informado al Parlamento Europeo sobre los diversos aspectos de la aplicación del Protocolo. 
Sin embargo, la Comisión ya respeta su obligación de transmisión de dicha información de conformidad con los actuales acuerdos interinstitucionales. 
Por tanto la Comisión considera que esta enmienda no es realmente necesaria. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, usted ya nos ha esbozado el contenido del acuerdo de asociación y nos ha explicado que es uno de los primeros, si no el primero, que la Comisión va a negociar al amparo de la nueva filosofía acordada por el Consejo en julio de 2004. 
Estoy seguro de que el general Morillon estará encantado cuando le transmita su firme voluntad de encontrar una solución al problema de los plazos. 
La Comisión de Pesca quisiera que usted reconsidere la aceptación de las enmiendas. 
Nos transmitieron la propuesta final el 18 de octubre de este año, dos semanas después del fin del plazo límite para el primer pago. 
Acepto que usted ya había hablado sobre ello con los funcionarios de las Seychelles y que ellos han sido muy comprensivos, pero esto no cambia el hecho de que fue nueve meses después de que el acuerdo debía haber entrado en vigor. 
Nos damos cuenta de las exigencias que supone negociar un nuevo tipo de acuerdo, pero en la Comisión de Pesca queremos que nos mantengan mejor informados de lo que está pasando. 
También queremos recibir información sobre el tipo de acuerdo que se está alcanzando, de ahí la insistencia en que la económica deba usarse para el desarrollo de las poblaciones costeras que viven de la pesca. 
Vuelvo al asunto a que me referí esta tarde. Estamos hablando ahora de acuerdos de asociación de pesca en los que ambas partes adquieren derechos pero también asumen obligaciones. 
Existe el sentimiento por parte de la Comisión de Pesca de que queremos conocer lo que está pasando, queremos que la Comisión nos envíe un informe a nosotros y al Consejo sobre la aplicación del acuerdo y sobre las condiciones en las cuales se ha aplicado e incluir un análisis de rentabilidad. 
Si no tenemos ese tipo de información, cuando se plantee su renovación, ¿cómo podremos dar una opinión razonada sobre los méritos del nuevo acuerdo? 
Por favor, señor Comisario, con respecto a nuestras enmiendas estaría agradecida si pudiese ver usted lo que la Comisión de Pesca trata de lograr en este sentido: una mayor implicación del Parlamento Europeo, no un intento de asumir el mandato de negociación de la Comisión sino tener una influencia real en lo que se está decidiendo. 
Lo que está en juego es el dinero de los contribuyentes europeos. 
Estamos seguros de que la Comisión hace el mayor esfuerzo posible por asegurar que se le dé un buen uso, pero nosotros formamos parte de la autoridad presupuestaria. 
Quisiéramos asegurarnos de tener la observación y el control, que es parte de nuestro mandato. 
Estoy seguro de que los diputados de la Comisión de Pesca y el general Morillon en particular le estarán profundamente agradecidos. 
. Señor Presidente, muchas gracias, señor Comisario, por sus palabras. 
Yo diría que el Acuerdo de Pesca con las islas Seychelles muestra, claramente, que los objetivos de esta política comunitaria gozan, pese a las críticas de algunos, de muy buena salud y que este tipo de protocolos sigue siendo básico para mantener la competitividad y el empleo del sector comunitario, mientras se implica, cada vez más, en el fomento de sistemas de pesca más responsables fuera de los mares comunitarios. 
La actividad prevista para 40 cerqueros y 12 palangreros supondrá para las islas Seychelles beneficiarse, como se ha dicho, de más de 4 millones de euros al año, de los que el 36 % irá destinado a apoyar su sector pesquero. 
Pero si sumamos la aportación de los armadores por diversos conceptos, como los adelantos por licencias, los cánones, las tasas, los suministros y los salarios a los marineros insulares, la cifra asciende, tal y como indica el informe de evaluación de la Comisión, señora Attwooll, entre 17 y 20 millones de euros, ya que, además, Victoria, que es el puerto base de toda la flota atunera en el Océano Índico, es un gran creador de riqueza para las Islas Seychelles. 
Ante esta balance, señor Comisario, creo que es el momento de exigir a la Comisión un mejor trato hacia los armadores, mediante la puesta en marcha, de una vez, de los acuerdos de enfoque regional, que eviten las multiplicaciones innecesarias de determinados aspectos que figuran en todos los protocolos de la zona, en este caso del Índico, como la necesidad de tener un consignatario en cada país, o de embarcar marineros en cada Estado costero y observadores también por cada uno de los protocolos, cuando, incluso, mediante sistemas rotatorios, todos los países podrían beneficiarse igualmente sin ocasionar a los armadores incrementos absurdos e indiscriminados de costes. 
La propia Comisión lleva tiempo reconociendo la necesidad de instaurar este tipo de acuerdos para las flotas que faenen en una misma zona, y por eso le pido a la Comisión que, junto con los armadores atuneros comunitarios, trabaje para lograr avances que puedan considerarse significativos en este ámbito. 
. Señor Presidente, me voy a referir muy brevemente a este acuerdo, porque es tardísimo y estas no son horas. 
Agradezco las palabras del Comisario, porque creo que se corresponden en gran medida con lo que yo pienso, y a nadie se le oculta en esta Asamblea que soy uno de los miembros de este Parlamento que se alegran mucho cada vez que se rubrica un nuevo acuerdo de pesca. 
El Acuerdo de Pesca CE/Seychelles es el acuerdo atunero más importante que ha celebrado la Comunidad Europea con un tercer país, y es un acuerdo que constituye ―y creo que algunos diputados ya lo han mencionado― la piedra angular de la actividad y de la presencia de la flota comunitaria en el Océano Índico. 
Es decir, no es que este acuerdo sea importante por sí mismo, que lo es, sino que, además, tiene muchas implicaciones no solamente económicas, sino geoestratégicas, porque las Islas Seychelles y, en concreto el puerto de Victoria, son un lugar de paso obligado para nuestra flota, que opera en ese océano, tanto para las descargas como para las recaladas y los avituallamientos. 
Pero, señor Comisario, la alegría que siento por la firma de este acuerdo no me impide criticar la lentitud y el retraso con que en este caso se ha aplicado el procedimiento. 
El primer pago ―y creo que también se ha mencionado ya― de la compensación financiera debería haberse realizado en el mes de septiembre y, por aquel entonces, ni siquiera había llegado la consulta formal al Parlamento Europeo. 
Nuestro procedimiento interno debe ser revisado cuidadosamente, para saber dónde están nuestros fallos y para corregirlos, porque no es lógico que nuestra flota esté faenando gracias a la buena voluntad del tercer país. 
Las demoras únicamente debilitan la credibilidad de la Unión Europea frente a otras potencias como, en este caso, Japón, que son muchísimo más ágiles en el cumplimiento de sus obligaciones. 
. – Señor Presidente, el Tribunal de Cuentas señaló recientemente que el 90 % de la actividad de la UE está abierta al fraude. 
Hablamos ahora de la concesión de derechos de pesca a la flota de la UE en las aguas que circundan las Seychelles. 
Existe una laguna jurídica en estos acuerdos mediante la cual se sabe que los armadores utilizan la pesca de arrastre para llenar sus bodegas y después declaran que hay problemas técnicos. 
Entonces se les permite reemplazar este barco de arrastre por otro con la misma licencia de modo que consiguen dos barcos de arrastre completos por el precio de uno. La cosa no se detiene ahí. 
Lo repiten una y otra vez, con la misma licencia, alegando este fingido problema técnico repetidas veces, ¡y todavía nos asombramos de que las poblaciones de peces se estén agotando! 
La segunda parte de este chanchullo es declarar «la suspensión de las capturas» , con lo que ya no hay contribuciones de la UE al país en cuestión y las penurias se convierten en lacerantes. 
Personas de varios países africanos dicen que todo el mundo sabe el gran fraude que se produce en sus aguas con estos acuerdos de la UE. 
Para colmo, tenemos el nuevo acuerdo con las Seychelles, tras los acuerdos con Martinica, Madagascar y las Islas de Cabo Verde, acordados y aprobados en esta Cámara durante el pasado año, y, permítanme decir, para vergüenza de esta Cámara. 
Modernos y grandes barcos de arrastre de la UE desplazan comercialmente a los pescadores locales, desembarcando sus capturas a precios con los que no pueden competir. 
Buena parte de la economía de un país del tercer mundo queda destruida, y todo porque las flotas comunitarias, debido al insensato expolio de sus propios mares, ahora salen en busca de otros objetivos. 
Tomo nota de que el Comisario Borg no estaba de acuerdo conmigo en mi última intervención, diciendo que el problema era la sobreexplotación de los recursos pesqueros, que es precisamente lo que yo dije en mis propios comentarios. 
No pasará mucho tiempo antes de que las nuevas aguas que circundan estas islas se queden también sin peces. 
Los barcos de arrastre comunitarios se trasladarán entonces, dejando una economía profundamente herida: pescadores sin trabajo y aguas sin peces, de modo que la población local no podrá recomenzar correctamente. 
¡Y la UE dice que quiere ayudar al tercer mundo! 
– Señor Presidente, debo confesar que pido la palabra para hablar en este debate con una sensación de disgusto, en parte porque son las 23.35 y muchos de nosotros nos hemos perdido nuestras fiestas de Navidad, pero sobre todo porque estamos debatiendo aquí la octava renovación del acuerdo pesquero entre la UE y las Seychelles, que normalmente podría considerarse un asunto de simple rutina. 
Como ya han indicado otros oradores, este acuerdo debió entrar en vigor el 18 de enero de 2005. 
Los buques pesqueros comunitarios han estado pescando continuamente en aguas de las Seychelles desde enero de 2005. 
Sin embargo, el Gobierno de las Seychelles no ha recibido todavía ni un euro, tal como hemos escuchado. 
Tomamos su pescado sin pagarles ni un céntimo. 
Debemos recordar que las Seychelles fue uno de los países afectados el 26 de diciembre del año pasado por el tsunami. 
Como sabemos, las comunidades de pescadores fueron las más afectadas por la catástrofe. 
Y aquí estamos nosotros, en la Unión Europea, exacerbando el problema permitiendo que nuestra flota europea de altura pesque en sus aguas y un año después todavía no les hemos pagado ni un céntimo. 
¿Cómo es posible que este Protocolo no fuera presentado al Parlamento Europeo hasta mediados de octubre de 2005, diez meses después del comienzo del acuerdo y dos semanas después de que venciera el primer pago? 
El segundo pago de conformidad con este acuerdo vence el mes que viene y aún así seguimos aquí, a las 23.40, debatiendo el texto del Protocolo, con respecto al cual el Comisario ha rechazado todas nuestras enmiendas. 
¿Qué estamos haciendo? 
¿Estamos aquí simplemente para aprobar una propuesta de la Comisión cuando no existe ni la menor pizca de humildad, de reconocimiento de este retraso y de aceptación de las enmiendas de la Comisión de Pesca? 
El Consejo dice que lo que más desea es que el Parlamento presente su dictamen lo antes posible. 
El nuevo protocolo fue firmado por las dos partes el 23 de septiembre de 2004 y, con todo, el Consejo no solicitó la consulta del Parlamento hasta el 14 de octubre de 2005, cuando había pasado más de un año. 
Soy muy consciente de todos los problemas de procedimiento internos. 
Soy plenamente consciente de que tenemos que obtener 21 traducciones diferentes de todos estos protocolos, pero somos conscientes de estos inconvenientes desde hace mucho tiempo. 
Deberían haberse tomados medidas para asegurar la aceleración de este proceso. 
Esta situación es intolerable. Es tremendamente injusto pescar en las aguas de las Seychelles o de cualquier otro país mientras se retienen sus pagos. 
Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. 
. Señor Presidente, en primer lugar, con respecto a las cuatro enmiendas que se han presentado, repito que, con respecto a la aceptación o no de la enmienda 1, que se refiere a un considerando, no supondría ningún valor añadido. 
Pretendo discutir este asunto con el presidente de la Comisión de Pesca y con la comisión misma para encontrar una solución permanente, de modo que la situación pueda resolverse, esperemos, de una vez por todas y que la Comisión de Pesca tenga tiempo suficiente para hacer la evaluación necesaria y emitir su opinión sobre los acuerdos propuestos como corresponde. 
En cuanto a la enmienda 2, tal como se afirma en el artículo 7 del Protocolo, corresponde al Estado costero decidir, de conformidad con la Comunidad, para decidir la forma de utilizar la contribución financiera para apoyar su política pesquera. 
Por ello, es responsabilidad de las autoridades de las Seychelles definir las principales prioridades de su política pesquera que deben aplicarse con la ayuda del acuerdo de pesca. 
Por tanto, el ámbito de la enmienda 2 iría en contra de este derecho ejercido por el país tercero con el que se negocian dichos acuerdos, si bien es cierto que intentamos influir y dar indicaciones en el marco de los parámetros del acuerdo alcanzado sobre el uso de los fondos. 
Sin duda, el desarrollo de las poblaciones costeras que viven de la pesca es un ámbito que intentamos recalcar a los Estados en cuestión y al que debe darse la máxima prioridad. 
Con respecto a la enmienda 3, compartimos plenamente la preocupación de mantener informado al Parlamento Europeo sobre los diversos aspectos de la aplicación del Protocolo. 
La Comisión ya respeta su obligación de transmitir dicha información de conformidad con los actuales acuerdos interinstitucionales. 
Sin embargo, examinaré maneras y medios para mejorar este proceso de comunicación y debate con el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, no puedo comprometerme aquí y ahora a aceptar la enmienda antes de evaluar todas las implicaciones en cuanto a recursos disponibles en mi DG, con las mayores responsabilidades que tenemos, sin un aumento del número de efectivos. 
Esta tarea era un problema, pues estamos hablando de unos 30 acuerdos, y debo realizar una evaluación de lo que esto implicaría antes de comprometerme positivamente. 
Sin duda intentaré encontrar formas y medios para mejorar este proceso y espero que podamos incluirlo en acuerdos futuros; una vez que lo incluyamos en uno se convertirá en un elemento estándar para todos los acuerdos. 
Debo subrayar que tengo que estar seguro, para asumir compromisos, de que somos capaces físicamente de cumplirlos. 
El problema al que nos hemos enfrentado hasta ahora residía en la duración de los procedimientos internos, las consultas desde una fase temprana con los Estados miembros y las necesidades de traducción que han aumentado considerablemente. El señor Stevenson ha hecho referencia a ello. 
Esperemos encontrar una solución a corto plazo. Discutiremos todo esto con el General Morillon en enero, de modo que elaboremos una solución que espero sea aceptable para la Comisión de Pesca para que se repitan estas incidencias, que son embarazosas para la Comisión y dejan al Parlamento Europeo sin tiempo efectivo para llevar a cabo sus funciones legales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Les anuncio que la Declaración escrita nº 52/2005, presentada por los diputados David Martin, Neil Parish, Peter Skinner, Terence Wynn y Robert Evans sobre la creciente preocupación internacional acerca de la explotación de bilis de oso en China, ha obtenido la firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento. 
De conformidad con el artículo 116 del Reglamento, se transmitirá a su destinatario y se publicará, con indicación del nombre de los firmantes, junto con los Textos aprobados del día 17 de enero de 2006. 
– Señor Presidente, deseo expresar en nombre de todos los autores nuestro agradecimiento a todos los que en esta Cámara han firmado esta declaración. 
Ha recibido el apoyo de diputados de todos los partidos y todas las nacionalidades y ahora pasará a la Comisión y al Consejo. 
Pienso que el Gobierno chino lo tendrá en cuenta realmente, porque creo que hay que poner coto a la cría de osos en China. 
Agradezco a todos su apoyo y espero que esto siga adelante con mucho ímpetu. 
– Señor Presidente, pido la palabra al amparo del artículo 145 relativo a las intervenciones por alusiones personales, que me ofrece la posibilidad de hablar hasta tres minutos, aunque no emplearé todo ese tiempo. 
Señor Presidente, acaban de facilitarnos el acta literal de la sesión del pasado martes, y me ha llamado la atención una acusación personal efectuada contra mi persona por un hombre que hasta ese momento yo creía que desempeñaba la Presidencia de sesión de forma cortés e imparcial. 
Me refiero al Vicepresidente de la sesión en cuestión, que creyó que podía interrumpirme y tomar partido sobre el fondo del asunto que me enfrenta al Gobierno francés. 
Su observación, que hacía referencia a un hecho histórico –la tragedia del campo de Struthof–, demuestra por lo demás que ignora profundamente los pormenores de esa tragedia, así como los últimos trabajos de los historiadores al respecto. 
Ese Presidente de sesión creyó también que podía hacer una observación tras la intervención de uno de mis colegas, a pesar de no contener ninguna acusación personal ni ninguna palabra insultante. 
Tengo gran experiencia en la vida parlamentaria; nunca he visto a un Presidente de sesión demostrar tanta arrogancia como el señor McMillan Scott y lo lamento profundamente. 
– Señor Presidente, es cierto que yo presidía la sesión cuando el señor Gollnisch emitió una explicación de voto. 
Utilizó todo su tiempo, le retiré la palabra e hice un comentario a título personal sobre el asunto que había planteado. 
Propongo que la Cámara lea lo que dije porque pienso que estarán de acuerdo conmigo y no con el señor Gollnisch. 
Pasamos al turno de votaciones. 
. – Señor Presidente, Señorías, como es habitual al comienzo de la votación, el ponente general presenta algunas correcciones técnicas. 
No queriendo faltar a esta tradición tampoco este año, permítanme exponer esas correcciones de orden técnico. 
Antes de nada, quisiera expresar mis agradecimientos, porque ha sido un trabajo difícil pero al mismo tiempo muy satisfactorio. 
Aprovecho pues la ocasión para manifestar un afectuoso agradecimiento a todos los colegas de la Comisión de Presupuestos, a su presidente, el señor Lewandowski, a los coordinadores y al personal de los Grupos políticos, a la secretaría y a todos sus componentes, en primer lugar al administrador, que me aseguró la ayuda constante, leal y competente de Richard Wester, una ayuda que se combinó positivamente con la escrupulosa pericia de mi asistente, Annalisa Gliubizzi. 
Mi agradecimiento también a todos ustedes, empezando por el Presidente Borrell –que siguió con atención todas las fases del procedimiento– además de, naturalmente, a todos los diputados, que han contribuido con ideas y propuestas, y que espero contribuirán también hoy, con su voto, a un buen resultado, honrándome con su confianza. 
Señorías, hemos obtenido realmente un buen resultado, una señal de inversión de la tendencia, cuyo mérito es de todas las instituciones, pero –y lo afirmo con cierto orgullo– sobre todo del Parlamento. 
Espero que este resultado abra la mente a quienes siguen sin querer entender cuán alto sería el coste de la no Europa. 
Las adaptaciones técnicas que deben introducirse son las siguientes: en primer lugar, tras la adopción o la aprobación inminente de algunos fundamentos jurídicos, tendremos que desbloquear las dotaciones previstas a modo de reserva en una serie de líneas presupuestarias. 
Quiero precisar que esto solo es técnicamente posible para aquellas líneas presupuestarias con respecto a las cuales existía ya una enmienda presentada por el Parlamento. 
Donde no se cumpla esta condición, pedimos a la Comisión que presente una propuesta de transferencia lo antes posible. 
Las líneas en cuestión son las siguientes: 02 01 04 04; 04 01 04 05; 04 05 01; 04 05 02; 04 05 03; 09 03 01; 11 07 01 y 24 02 02. 
En segundo lugar, la parte de la enmienda 209 relativa a la línea 19 08 02 01 –sobre el programa Meda– se aprueba por un importe de 25.056.550 euros. 
Esta enmienda está incluida en la votación sobre el bloque 1. 
Señor Presidente, Señorías, tras estas correcciones técnicas, propongo proceder a la votación y aprovecho también la ocasión para expresarles a todos mis mejores y más afectuosos deseos de unas felices fiestas. 
. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi acuerdo con el señor Pitella y dar las gracias a todas aquellas personas que han trabajado en la elaboración del presupuesto para 2006, además de coincidir con él en su declaración de que se ha conseguido un buen resultado y de que el presupuesto para 2006 sirve a los intereses de la Unión Europea. 
También quisiera hacer una corrección técnica, que tiene que ver con la enmienda 193 de la parte 11, en relación con el Tribunal de Justicia Europeo. 
Debido a problemas técnicos se han perdido las notas, pero el texto de la nota es el siguiente: «En esta parte se ha hecho una reducción del 3,6 por ciento en relación con los puestos de personal: cinco nuevos puestos en el sector TI (cuatro puestos B3 y uno C1) y 16 puestos para Rumanía y Bulgaria (diez puestos A7, dos B3 y cuatro C1) ». 
. – Señor Presidente, Señorías, solo quisiera decir que, si esta enmienda fuera rechazada, iríamos más allá del máximo acordado con el Consejo y, por consiguente, tendríamos algún problema con el procedimiento. 
Confío, pues, en el sentido de la responsabilidad de sus Señorías. 
Muy bien, hemos terminado el voto. 
Normalmente ahora deberíamos pasar a manifestar el acuerdo explícito del Parlamento y del Consejo sobre el procedimiento de aprobación del presupuesto y el tipo máximo de aumento. 
Pero el Ministro no está aquí todavía. 
Por lo tanto vamos a seguir votando otras cosas y después volveremos atrás. 
Por favor, sean ustedes corteses con la Presidencia británica. 
Vamos a continuar con la votación y mientras tanto llegará el Ministro. 
. – Señor Presidente, Señorías, se trata realmente de un ajuste mínimo, solo para precisar que la carta rectificativa es coherente con la número dos, es decir, con el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo, pero es solo un ajuste de forma que no incide en nada en el contenido. 
Señor Presidente, comprendo que las prisas en las votaciones llevan, a veces, a cometer los errores que, a nuestro juicio, se cometen cuando no se hacen llamamientos a la abstención, que es una posición política que debe quedar reflejada. 
Si simplemente se dice «a favor» y «en contra» , se refleja, naturalmente, el sentido del voto, pero deja de reflejarse el sentido singular de determinados votos, como ha ocurrido en este caso, en que ha habido diferentes abstenciones que hemos querido expresar. 
Seguimos votando, continuamos con el informe Schwab. 
Pero me gustaría que alguien de la Secretaría verificase dónde está el Consejo. 
– Señor Presidente, deseo expresar, de conformidad con el artículo 145, una pequeña declaración personal con respecto a los comentarios que hizo ayer la Presidencia en un debate y que considero de poca utilidad y nada positivos. 
Si bien no estoy afiliado al partido de gobierno del Reino Unido, me parece muy negativo que el Consejo no esté presente aquí esta mañana. 
Mis amigos y colegas de Gran Bretaña y yo no queremos que semejante descortesía se considere normal, al menos en esta Cámara. 
Digamos que ha sido una utilización del artículo 145 algo sofisticada. 
– Señor Presidente, si no somos respetuosos a la hora de escucharnos unos a otros, no hay razón para estar aquí. 
Intervengo de conformidad con el artículo 145 del Reglamento. 
Deseo informar a la Cámara de que el Consejo salió de su edificio hace más de una hora, el tráfico en los alrededores de Estrasburgo es extremadamente denso y el Gobierno de Su Majestad no tiene intención de desairar a esta Cámara ni a sus Señorías. 
Me han dicho que el representante del Gobierno está a cinco minutos. 
Ruego a la Cámara que sea indulgente. 
. Señor Presidente, quisiera comenzar pidiendo disculpas al Parlamento por llegar tarde esta mañana. 
La razón de ello es que me informaron de que había un horario totalmente diferente. 
Por ello yo pensaba que llegaba a tiempo, por lo que pido sinceramente disculpas a todos los diputados al Parlamento por este malentendido. 
Sin duda, si hubiese conocido la hora correcta, me habría asegurado, por cortesía con el Parlamento, de llegar a tiempo. 
Por ello pido sinceramente disculpas por este malentendido. 
Me complace señalar que el acuerdo alcanzado entre nuestras dos instituciones, tras las negociaciones con motivo de la conciliación del 24 de noviembre y el diálogo a tres bandas del 30 de noviembre, ha quedado incluido ahora en el presupuesto de 2006. 
Deseo aprovechar esta oportunidad para recordarles que quedan algunas pequeñas diferencias entre nosotros, relativas a la clasificación del gasto en el presupuesto, y que el Consejo se reserva plenamente sus derechos a este respecto. 
Sin embargo, me complace confirmar que el Consejo puede aceptar la m¨¢xima tasa de aumento que resulte de su segunda lectura. 
Deseo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al presidente de la Comisión de Presupuestos, el señor Lewandowski, a los dos ponentes, el señor Pittella y el señor Dombrovskis, y la Comisaria, la señora Grybauskaitė, por su cooperación constructiva en la elaboración del presupuesto. 
Esperemos que sean buenas noticias por lo que se refiere a las delicadas negociaciones que se llevan a cabo mientras estamos hablando en relación con las perspectivas financieras. 
Esto redundará en interés de la Unión Europea y su relación con los pueblos de Europa. 
Les agradezco mucho la labor que hemos hecho juntos para hacer posible el presupuesto de 2006. 
Una vez más, pido disculpas por el malentendido que ha causado que haya llegado tarde esta mañana. 
Agradezco a la Presidencia del Consejo su declaración. 
Antes de pasar a la firma del presupuesto permítanme que constate que el presupuesto que acabamos de aprobar para el año 2006 representa, en términos de créditos de compromiso, el 1,09 % de la renta nacional bruta para 25 países de la Unión. 
Dentro de pocas horas examinaremos en Bruselas un presupuesto para los años 2007-2013 que propone, en promedio, el 1,03 % para 27 países de la Unión. 
. – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a mis colegas por la calurosa acogida que han dado a mi informe, que marca un importante paso delante de los derechos de las personas discapacitadas y los pasajeros con movilidad reducida. 
Es un enorme voto a favor. 
Es interesante ver que ha habido seis personas que han decidido votar en contra, pero gracias a los regalos y milagros de la tecnología hemos sido capaces de conocer sus nombres y avergonzarlos. 
Estoy seguro de que esta Cámara celebrará el hecho de que el voto del Parlamento significa que podremos conseguir un acuerdo en primera lectura. 
Los 25 Gobiernos y la Comisión han indicado que aceptarán todas las enmiendas aprobadas por el Parlamento. 
Al dar las gracias a mis colegas, permítanme señalar que los ciudadanos también celebrarán el hecho de que es un logro importante bajo la Presidencia británica. 
. – Señor Presidente, Señorías, quiero confirmar la retirada de la enmienda 9, que pedía que la suma prevista de 40 millones de euros se elevara a 80 millones. 
No solo quiero confirmar su retirada, sino que deseo también asumir la responsabilidad de ello. 
La Comisión de Desarrollo aprobó esta enmienda por unanimidad y estoy muy agradecido a los miembros de dicha comisión por su clarividencia y su apoyo. 
Pero el Consejo se ha negado ha hacer el más mínimo gesto hacia los países ACP, a pesar de la posición y la acción positiva de la Presidencia británica, que puedo atestiguar. 
Por su parte, la Comisión no ha querido mover ni un dedo. 
El sistema, bloqueado por el debate presupuestario de este Parlamento, hizo el resto y le dio la estocada. 
Ahora bien, por razones imperiosas de calendario, señor Presidente, es preciso que este reglamento sea adoptado en primera lectura. 
Por tanto, hemos asumido nuestra responsabilidad y retirado la enmienda 9, que solicitaba 80 millones. 
Señorías, por las razones que acabo de indicar, me veo obligado a pedirles que voten a favor de este informe, manteniéndose así en la línea de sus votaciones presupuestarias. 
No obstante, para decir a los países ACP que aquí algunos no los olvidan, pido que mi nombre sea retirado de este texto, y propongo a mis colegas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y solo a ellos, que hagan un gesto simbólico al final votando en contra. 
– Señor Presidente, solo quiero pedir una corrección puramente formal al apartado 6 del proyecto de resolución de compromiso, volviendo a incluir el último segmento de la frase, que comienza por «a fin de» al final de la primera parte, es decir, después de «Consejo de Asociación UE-Túnez» , para restablecer el texto sobre el cual llegamos a este acuerdo. 
Pediré asimismo que en los apartados en los que simplemente se menciona «la Cumbre» , se pueda añadir entre paréntesis, por coherencia con el conjunto de la resolución, «la CMSI» , para que no haya confusiones si se citan apartados aislados de este texto. 
Por último, quisiera dar las gracias a los colegas de los distintos Grupos que han tenido a bien ampliar el asunto de esta resolución a las conclusiones de la Cumbre. 
Quiero expresar hasta qué punto es importante esta resolución tras la entrega del premio Sajarov y tras haber recordado ayer, en este Parlamento, que hay que ligar la libertad de expresión –un derecho fundamental– y la libertad de prensa a todas nuestras acciones, en especial cuando tenemos acuerdos con países amigos. 
. – Antes de proceder a la votación, quisiera proponer dos enmiendas más o menos técnicas. 
En el apartado 3 de mi informe «aplicable a todas las tres categorías que establece la letra a) del apartado 3 del artículo 87» , al final de la primera línea y al principio de la segunda, quisiera borrar la palabra «tres» , de forma que el texto quedase como «aplicable a todas las categorías que establece la letra a) del apartado 3 del artículo 87». 
Asimismo quisiera proponer otra enmienda al apartado, o a la enmienda 31, que también es de naturaleza esencialmente técnica, pero probablemente lo haga cuando votemos sobre el mismo. 
. – En la última línea, o en la última oración de este apartado, quisiera cambiar las palabras «demasiado brutal» , («príliš brutálne» en eslovaco) por las palabras «muy importante» («veľmi významné» ). 
Por tanto, se trata de cambiar las palabras «demasiado brutal» por «muy significativo». 
– Señor Presidente, al Grupo ALDE le gustaría proponer una enmienda oral a la enmienda 9 para que rece así: «Si bien es cierto que el terrorismo internacional supone una de las mayores amenazas para la sociedad en la UE y para estos valores». 
Si se aprueba esta enmienda oral, apoyaremos la enmienda 9. 
– Señor Presidente, quisiéramos proponer una enmienda oral para suprimir la palabra «OTAN» , que pensábamos que ya habíamos suprimido en las negociaciones. 
Ha habido un malentendido. No debería estar ahí. 
En este caso, propongo que la votación por partes no sería necesaria puesto que el texto rezaría así: «incluyendo instalaciones pertenecientes a bases militares como… » Deberíamos suprimir la palabra «OTAN» , lo que nos permitiría votar sobre el considerando en su conjunto y no por partes. 
– Señor Presidente, quisiera simplemente hacer un comentario lingüístico, que podría interesar a los colegas. 
La palabra «transportation» es una palabra norteamericana, la palabra inglesa es «transport». 
Teniendo en cuenta la naturaleza del informe, debería estar en inglés. 
– Señor Presidente, quisiera proponer, con una enmienda oral, una refundición de las enmiendas 14, 12 y 5. 
Esto afecta al importante y delicado tema de la adopción en Rumanía. 
Queremos proponer al Gobierno rumano que resuelva una serie de casos que todavía están pendientes a raíz de una moratoria sobre adopción internacional propuesta en el pasado por este Parlamento. 
Es una enmienda oral importante. 
La leeré con cuidado para que todos sepan qué estamos votando: «Toma nota con satisfacción de las mejoras que han conseguido las autoridades rumanas en el ámbito de la protección de la infancia e insta al Gobierno rumano a dar una solución a las solicitudes de adopción internacional presentadas durante la moratoria de junio de 2001, velando por que se examinen todos los asuntos a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la ley rumana sobre el estatuto jurídico de la adopción, con el fin de permitir las adopciones entre países, cuando esté justificado y resulte apropiado, en esos casos especiales». 
Señor Presidente, durante los últimos días he recibido preguntas de otros Grupos sobre la redacción de la enmienda 2, presentada por mi Grupo. 
Por otra parte, se ha celebrado un debate por separado, además de una votación, sobre un aspecto de este tema, el de las acusaciones de la existencia de campamentos de la CIA en Rumanía y en otros lugares, y sobre la necesidad de una investigación sobre dichas imputaciones. 
Por lo tanto, quisiera proponer que, en esta enmienda, nos limitemos a la postura de este país candidato a la adhesión y a las acciones incorrectas por su parte. 
Supongo que de este modo se eliminarían las objeciones al texto original. 
Señor Presidente, no quisiera obstaculizar los trabajos, pero dado que se trata de la última votación en la que estarán presentes los diputados en gran número, quisiera, en nombre de mi Grupo –así como en nombre de los demás diputados a la Asamblea– expresar mi sincero agradecimiento a los servicios por haber preparado las difíciles votaciones que hemos celebrado durante el pasado año. 
Han hecho un excelente trabajo y han facilitado el nuestro. 
Quisiera desearles unas felices fiestas y pedirles que sigan siendo igual de eficientes el año que viene. 
– Señor Presidente, quisiera señalar –también por el bien del señor Swoboda– que esta no es la última votación de hoy. 
Creo que es una pena que inicie tan pronto sus vacaciones navideñas y nos complacería que se quedase un poco más. 
Se cierra el turno de votaciones. 
Procedemos a las explicaciones de voto. 
. Hemos mantenido la compensación por la reforma del azúcar en los países ACP en 80 millones de euros, en vez de 40 millones de euros. 
También nos oponemos a la financiación indefinida de la PESC sin la debida justificación. 
Los socialdemócratas suecos hemos votado hoy a favor del acuerdo sobre el presupuesto para 2006, alcanzado entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
El presupuesto de la UE debe emplearse principalmente para generar pleno empleo en Europa y contribuir a impulsar el desarrollo sostenible social, económico y ambiental. 
Celebramos especialmente el hecho de que se hayan escuchado nuestras reiteradas demandas de inversión en la Estrategia de Lisboa, incluida la petición de más dinero destinado a los programas de intercambio de estudiantes y para el programa de investigación y desarrollo de la UE. 
Los pagos en la categoría de la agricultura son menores que los originalmente propuestos, y creemos que esto es justo. 
Hay demasiadas ayudas agrícolas directas, que dan lugar a una agricultura poco eficiente que daña el medio ambiente y amplía las diferencias entre los ricos y los pobres del mundo. 
Por lo tanto, no podemos respaldar formulaciones que lamenten los recortes de la ayuda a la agricultura decididos por el Consejo. 
. Los diputados al Parlamento Europeo del UKIP votan a favor del rechazo del proyecto de Presupuesto General, no porque apoyen un aumento del presupuesto, sino por el principio de que el Reino Unido debería adoptar sus propias decisiones en lo relativo a sus prioridades de financiación y no contribuir al presupuesto de la UE. 
En la votación sobre el presupuesto, los socialdemócratas hemos votado a favor del bloque 1, que implica el fortalecimiento de las partidas presupuestarias centrales para investigación, desarrollo, etc. Sin embargo, debemos decir que los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo no podemos respaldar que la UE contribuya económicamente a la expansión de la energía nuclear, ni dentro ni fuera de la Comunidad. 
. He votado a favor de esta enmienda NO para apoyar un aumento del presupuesto, sino porque no quiero que el Reino Unido gaste ninguna suma de dinero, que debería dedicarse al cumplimiento de acuerdos bilaterales. 
La Lista de Junio vota en contra de todas las propuestas que impliquen un mayor aumento de los costes. 
Considera que cada presupuesto de la UE debería limitarse al 1,00 %. 
Respecto a las cuestiones presupuestarias, la función del Parlamento debería limitarse a fijar prioridades dentro del marco presupuestario propuesto por el Consejo. 
En lugar de aceptar la primera propuesta del Consejo con respecto al nivel del presupuesto, el Parlamento optó por presentar enmiendas en primera lectura para aumentar los pagos y los próximos compromisos. 
Debido a estos aumentos propuestos del gasto hubo nuevas negociaciones con el Consejo. 
Lamentablemente, el Consejo aceptó determinados aumentos del gasto durante dichas negociaciones. 
A pesar de todo esto, el Parlamento opta una vez más por proponer nuevos aumentos del gasto en la fase previa a la segunda lectura. 
Este hecho es muy lamentable y demuestra la importancia de no aumentar la influencia del Parlamento Europeo. 
He votado en contra debido a la exposición de motivos relativa al crecimiento y a Turquía. 
Estoy en contra del crecimiento a corto plazo y a favor de la adhesión turca, y no al contrario. 
Por lo tanto, lamentablemente no podría respaldar esta propuesta de rechazar el presupuesto. 
. Los diputados al Parlamento Europeo del UKIP votan a favor del rechazo del proyecto de Presupuesto General, no porque apoyen un aumento del presupuesto, sino por el principio de que el Reino Unido debería adoptar sus propias decisiones en lo relativo a sus prioridades de financiación y no contribuir al presupuesto de la UE. 
. Voto a favor del rechazo del presupuesto no porque esté a favor de aumentarlo, sino porque no deseo que los fondos del Reino Unido se gasten de esta forma, ni en ninguna otra forma por parte de la Unión Europea. 
. Los conservadores británicos apoyan la orientación general del presupuesto de 2006, aprobando en particular el aumento del apoyo a los objetivos de Lisboa y manteniendo el nivel general del presupuesto en el 1,01 % de la RNB. 
Sin embargo, pedimos una reforma más radical del presupuesto en su conjunto. 
Respecto a la enmienda 1, el Partido Liberal danés no cree que la destrucción de alimentos sea conveniente. 
Sin embargo, el problema es la ayuda a la producción, no la ayuda a la destrucción. 
La enmienda trata de los efectos del problema, pero no aborda su causa. 
Respecto a la enmienda 2, el Partido Liberal danés desea resolver los problemas del hambre en los países en desarrollo, pero cree que eso requiere un esfuerzo mucho más serio y coordinado que el que se indica en esta propuesta. 
Con respecto a la enmienda 3, el Partido Liberal danés se opone a las ayudas a la exportación de animales vivos, pero la enmienda no resolverá este problema. 
La redacción tampoco es demasiado clara. 
Con referencia a la enmienda 6, el Partido Liberal danés está a favor de reformar el reembolso de los gastos de viaje, de manera que se devuelvan todos los gastos de viaje razonables y necesarios. 
Sin embargo, esta reforma ya se decidió con el nuevo Estatuto de los diputados. 
Por otra parte, esta enmienda no podría ponerse en práctica. 
En general, las enmiendas del señor Bonde deben considerarse mal planteadas. 
Los moderados queremos desarrollar y modernizar el presupuesto de la Unión Europea. 
Esto significa que queremos menos ayudas y más inversión en lo que requiere una economía moderna y la competencia mundial. 
También quisiéramos reforzar la capacidad de la UE para ser un sólido socio internacional en busca de la libertad, la paz y la seguridad. 
En su formato actual, el presupuesto está anticuado y presta demasiada atención a la agricultura y a las ayudas a los antiguos Estados miembros para cubrir gastos que estos países deberían poder cubrir por su cuenta. 
La ayuda de los Fondos Estructurales y de Cohesión debería destinarse en primer lugar a los nuevos Estados miembros y a las regiones pobres. 
En vista de esto, hemos buscado el fin de las ayudas a la exportación y la ayuda al cultivo de tabaco, además de eliminar progresivamente la ayuda a la agricultura. 
Sin embargo, quisiéramos aumentar la ayuda a la investigación y el desarrollo, además de las medidas de promoción de la seguridad y el desarrollo de la política de vecindad. 
La UE necesita un presupuesto, y por lo tanto votaremos a favor de la propuesta, aunque creemos que debe modificarse significativamente. 
. – El presupuesto 2006 es el último de las perspectivas financieras 2000-2006 y también el último antes de la adhesión de Rumanía y Bulgaria el 1 de enero de 2007. 
Brevemente, tres observaciones: la parte de la agricultura y del desarrollo en el presupuesto total solo asciende al 43 %, lo que resta a los británicos un argumento de peso para decir que la PAC sale demasiado cara. 
Después, digan lo que digan el Parlamento Europeo y la Comisión, el presupuesto registra una progresión constante y no controlada: el aumento de los créditos de pago es del 5,4 %, es decir, superior al de todos los presupuestos nacionales. 
Por último, el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento es fruto de un poco glorioso regateo negociado a espaldas de los ciudadanos europeos: el Consejo ha conseguido lo que quería en relación con la PESC; a cambio, el Parlamento ha preservado sus prioridades: la cultura, la juventud, la ecología o la propaganda federalista. 
El único que no está satisfecho con este presupuesto es el contribuyente europeo, que ve cómo aumentan sus impuestos, para pagar, entre otras cosas, la contribución financiera de su país a la Unión Europea. 
En 2005, Francia pagó 16 700 millones de euros. 
¿Qué sucederá en 2006 en una Unión de 25, que esperan más? 
. 
Quisiera utilizar esta explicación de voto para reflexionar sobre las negociaciones y acuerdos relativos a los presupuestos comunitarios. 
1. 
Hasta ahora ha habido más contradicciones que otra cosa en el Consejo. 
Preocupadas, las fuerzas políticas y los principales intereses económicos que se hallan en la base de la denominada «integración europea» , alertan de las consecuencias del desacuerdo entre los denominados «grandes» de la UE. 
Una segunda crisis, tras el rotundo «no» de los ciudadanos franceses y neerlandeses a la denominada «Constitución Europea» , intensificaría la sensación de que el camino que dicen que es el único carece de «credibilidad». 
Por este motivo solicitan la armonización de las «agendas» , entre otras en la Organización Mundial del Comercio. 
2. 
Por mucho que el Parlamento reste importancia a su complicidad en la reducción sistemática del presupuesto comunitario de los últimos años –sin duda esto refleja los compromisos formalizados por las fuerzas de derechas y socialdemócratas en la Comisión, el Consejo y todos los Estados miembros de la UE–, las (frías) cifras están a la vista de todos. Pasando por alto sus anteriores propuestas y tirando la coherencia por la ventana, la propuesta del Parlamento para 2006 es prácticamente equivalente a la que propuso la Presidencia luxemburguesa para 2007-2013. 
La experiencia nos ha enseñado que esta historia no acabará aquí, ya que después de todo el Parlamento tiene la costumbre glorificar hoy lo que ayer consideraba inaceptable. 
. 
A diferencia de las negociaciones en curso sobre las perspectivas financieras, el presupuesto de la UE para 2006 da ciertos motivos de satisfacción al Parlamento. 
Al mantener los créditos de pago en el 1,01 % de la RNB de la UE, el Parlamento ha conseguido un ligero aumento de la cifra del año pasado. 
Sin embargo, lo que es realmente digno de mención y el motivo de mi pleno apoyo es el aumento de la financiación disponible para una serie de programas que afectan directamente a las vidas de los ciudadanos de Europa, como es el caso de LIFE y SOCRATES. 
Otro motivo de regocijo es el aumento del presupuesto para iniciativas en el ámbito de la investigación y el respaldo a las PYME, que son cruciales si queremos alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
Respecto a las acciones estructurales, estoy de acuerdo con la idea de no aumentar la suma de la financiación futura para los nuevos Estados miembros hasta que no mejore el porcentaje de utilización de los fondos actuales. 
Por último, al aprobar este presupuesto para 2006, el Parlamento enviará un mensaje muy significativo para el debate en curso sobre las próximas perspectivas financieras 2007-2013. 
Si las perspectivas no se aprueban antes de que termine la Presidencia británica, será el presupuesto para 2006 el que sirva de base para las negociaciones del próximo presupuesto anual, mediante el uso del denominado sistema «duodecimal». 
Señor Presidente, quisiera das las gracias una vez más a la ponente por su excelente informe, al tiempo que me gustaría señalar que ha habido un error en la votación, ya que deberíamos haber votado sobre la enmienda 24, propuesta por la señora Lichtenberger, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que habría incluido el aumento automático del 60 % sobre las cargas de infraestructuras. 
Por lo demás, estoy satisfecho con el informe. 
El informe que tenemos ante nosotros tiene que ver con la tarificación de vehículos de mercancías pesadas. 
Se trata de una cuestión de gran importancia para el correcto funcionamiento del mercado interior. 
Tal como están las cosas, existen modelos muy distintos para la tarificación de las carreteras en la Unión Europea, situación que puede provocar distorsiones de la competencia. 
Los peajes de las carreteras pueden estar justificados al permitir que se apliquen tasas para cubrir la contaminación medioambiental y el desgaste de las mismas. 
En la votación de hoy, la Lista de Junio ha decidido respaldar varias de las enmiendas del informe. 
Creemos que el tráfico de mercancías pesadas constituye una parte importante del mercado interior. 
También creemos que los problemas medioambientales tienen carácter transfronterizo y que tratar estos problemas en el ámbito de la UE tiene un valor añadido. 
– El motivo por el que he votado a favor del informe es que mejora la propuesta de la Comisión al tiempo que elimina la discriminación y garantiza la igualdad de derechos para todas las personas que viajan en avión. 
Este reglamento constituye la primera ocasión en que la legislación se ocupa especialmente del transporte de personas con movilidad reducida que se ven en desventaja debido a su discapacidad, a la edad o a otros motivos. 
Aprecio el hecho de que el mercado único en el ámbito de los servicios de tráfico aéreo atenderá por igual a todos los ciudadanos y garantizará que no haya pasajeros a los que se deniegue el transporte aéreo debido a su movilidad reducida. 
La aprobación del informe envía una señal positiva a los discapacitados desde el Parlamento Europeo, y creo que también será un bonito regalo de Navidad para ellos. 
. El UKIP reconoce plenamente que es deseable una mejora de las condiciones de las personas discapacitadas, particularmente en algunos Estados de la Europa continental. 
Sin embargo, rechazamos la idea de que las mejoras sean competencia de la Comisión. 
Debería ser una prerrogativa exclusiva de los Estados nacionales democráticos. 
. He votado en contra de esta propuesta NO porque desee obstaculizar a las personas con movilidad reducida, sino porque: 
a) corresponde a los Estados miembros establecer las disposiciones adecuadas 
b) la normativa legal exige que la compañía aérea se ocupe de ello; exigir que lo hagan las agencias de viaje y las empresas de reservas volcaría sobre ellas una carga administrativa intolerable, crearía una grave confusión entre el ámbito de responsabilidad de la agencia y el de la compañía aérea, elevaría los costes y probablemente es contrario al derecho comunitario. 
. Este informe es una buena contribución al debate en curso sobre los derechos de los pasajeros con movilidad limitada. 
Siendo yo mismo una persona con discapacidad, he experimentado lo mejor y lo peor del trato como pasajero, y debo recalcar que en la mayoría de los casos los proveedores de servicios tratan de prestar el servicio más eficiente. 
Sin embargo, hay veces en que las normas de determinadas compañías aéreas o, de hecho, la actitud de un comandante pueden tener un efecto muy negativo en la experiencia viajera. 
Los aspectos más importantes de la mejora del servicio, en mi opinión, son los relativos a la formación del personal así como la existencia de directrices claras y coherentes para los operadores de todo el sector. 
Por tanto, ¿por qué no preguntar a los pasajeros en lugar de suponer que ya se conocen sus necesidades? 
Celebro el acuerdo común de la Comisión y del Consejo sobre este asunto y felicito al ponente por su capacidad de unir a la Cámara. 
. 
Según ciertas organizaciones no gubernamentales, este es el primer instrumento legal a escala comunitaria destinado específicamente a los cerca de 50 millones de personas discapacitadas de la UE. 
El objetivo es garantizar que las personas discapacitadas (como propuso el Parlamento) y las personas con movilidad reducida tengan acceso al transporte aéreo. 
El reglamento que tenemos ante nosotros establece disposiciones encaminadas a proteger y prestar ayuda a las personas discapacitadas y con movilidad reducida a la hora de viajar en avión. Esto se conseguirá protegiéndolas de la discriminación y garantizando que reciban ayuda en los aeropuertos de salida, tránsito y llegada, ayuda que debería proporcionárseles sin coste adicional para el pasajero. 
Otras iniciativas incluyen una serie de medidas de información a las personas discapacitadas y con movilidad reducida sobre sus derechos. 
Celebramos la idea de formar al personal de tierra y a la tripulación de cabina y de garantizar la disponibilidad de las infraestructuras y aeronaves necesarias para que se preste el servicio. 
Hemos votado a favor de esta iniciativa. 
. – Después de haber trabajado con la comunidad de discapacitados durante muchos años, quisiera exponer la siguiente explicación de voto. 
Las personas discapacitadas y aquellas cuya movilidad está limitada debido a una discapacidad o a otras condiciones, como una edad avanzada, siguen teniendo los mismos derechos que otros ciudadanos. 
Esto también se aplica cuando viajan en avión. 
En este grupo también deberían incluirse a las personas ciegas y sordomudas, ya que cuando viajan necesitan un acceso adecuado a la información. 
No estaría bien pedir a los pasajeros discapacitados que pagasen importes adicionales. 
Habría que proponer que estos costes se incluyeran en los gastos generales de cada transporte. 
Después de todo, no estamos hablando de grandes sumas de dinero. 
Debería garantizarse que se cubran las necesidades de los discapacitados en toda la UE, independientemente de la línea aérea o el aeropuerto que utilicen, y habría que prestarles ayuda en cada etapa de su viaje. 
Por ejemplo, esta asistencia debe incluir ayuda para desplazarse por la terminar, embarcar o bajar del avión, recoger el equipaje o enlazar con otros vuelos, y la disponibilidad de una silla de ruedas con un acompañante en el mostrador de facturación. 
Sería aconsejable pedir a las compañías que instalasen dispositivos adecuados para facilitar el embarque y la salida de los aviones a las personas discapacitadas. 
Los diseñadores de aviones de pasajeros también deberían asegurarse de adaptar características como el ancho del pasillo y el tamaño de los lavabos a las necesidades de las personas con movilidad limitada. 
Además de esto, debe establecerse un sistema uniforme para toda la UE para el suministro de ayuda a los pasajeros aéreos discapacitados, que debería incluir el desarrollo de normas de servicio obligatorias en todos los aeropuertos comunitarios. 
. 
Quisiera felicitar al señor Evans por su importante informe sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de las personas con movilidad reducida a la hora de viajar en avión, al que doy mi pleno apoyo. Celebro especialmente todas las enmiendas encaminadas a introducir un servicio integrado para facilitar el acceso de las personas discapacitadas o con movilidad reducida al transporte aéreo sin un coste adicional para ellas. 
Dado el efecto que tendrá este reglamento sobre el mercado del transporte aéreo y el objetivo que se ha fijado la UE, esta propuesta debería tener en cuenta las dificultades experimentadas por las personas con movilidad reducida, así como las de todas las personas que necesitan orientación, comunicación o ayuda escrita a la hora de viajar. 
. He votado con entusiasmo a favor el informe Evans porque creo que es una contribución importante a la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidades que reclaman libertad de volar sin obstáculos. 
. El UKIP reconoce plenamente que es deseable una mejora de las condiciones de las personas discapacitadas, particularmente en algunos Estados de la Europa continental. 
Sin embargo, rechazamos la idea de que las mejoras sean competencia de la Comisión. 
. – El objetivo que se han fijado el Consejo y el Parlamento Europeo en este terreno, es decir, el principio de un servicio integrado para facilitar el acceso al transporte aéreo a los pasajeros con discapacidad y de movilidad reducida, no solo es loable sino también indispensable, pues era urgente actuar. 
En efecto, la actual disparidad de situaciones y de trato, tanto en el acceso a los aeropuertos como en la asistencia prestada, entre aeropuertos y compañías aéreas resulta chocante. 
Ya se trate de que el acompañante no tenga plaza junto a la persona de movilidad reducida, de la ausencia de equipos médicos a bordo y en tierra, como por ejemplo sillas de ruedas eléctricas, o de la deficiente formación del personal que trabaja en el aeropuerto sobre la discapacidad, no podemos sino constatar que el principio de igualdad entre todos los pasajeros no se respeta del mismo modo en todos los aeropuertos y todas las compañías europeas. 
Por otra parte, celebro observar que los esfuerzos que deberán acometer las compañías aéreas y los aeropuertos no van a acarrear para las personas con discapacidad o de movilidad reducida gastos adicionales específicos. 
Desde luego, es lo mínimo. 
. Aplaudo este informe y estoy encantado por la amplitud de la mayoría que ha obtenido en esta Cámara. 
Muchos de nuestros ciudadanos piensan que los problemas relativos a la discapacidad se han resuelto porque existe una legislación en vigor desde hace años en muchos de nuestros países. 
No es ese el caso. La realidad más prosaica a menudo no está a la altura de los objetivos del marco jurídico y urge tomar medidas ulteriores para asegurar que todos nuestros ciudadanos tengan acceso a los medios de transporte. 
Esta es una buena experiencia en que la Unión Europea ha tomado medidas allí donde los Estados miembros no lo habían hecho, y estoy muy satisfecho de apoyarla. 
. No es competencia de la UE gestionar compañías aéreas. 
Si queremos que las recomendaciones de este tipo sean efectivas a escala internacional, las medidas debe aplicarlas el organismo que supervisa las compañías aéreas, no la UE, que quiere dictaminar sobre todos los temas, incluidas las reglas del fútbol. 
. Reconozco plenamente que es deseable mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. 
Sin embargo, rechazo la idea de que esto deba hacerlo la UE en nombre de nadie, y mucho menos en nombre de Estados nacionales soberanos. 
También rechazo la idea, implícita en este informe, de que las agencias que reservan cualquier tipo de viaje deban asumir las responsabilidades contractuales de cualquiera de las partes. 
. – Veo dos injusticias en la reforma en curso de la organización común del mercado del azúcar: 
1 – En primer lugar, para los propios productores europeos, pues las principales beneficiarias de la reforma pueden ser las grandes multinacionales consumidoras de azúcar, como Nestlé. 
Por otro lado, los pequeños productores podrían sufrir por el descenso del 31 % del precio garantizado. 
2 – Pero ante todo esta reforma es injusta para los países pobres productores de azúcar. 
Una vez más, hacemos que ellos paguen el precio. 
Las cifras hablan por sí solas. 
Los productores europeos pueden contar con un paquete de 1 500 millones de euros de compensación y 4 200 millones para la reestructuración del sector, los ACP solo tienen, por el momento, la perspectiva de una dotación de 40 millones. 
Es un importe indecente. 
En la Comisión de Desarrollo habíamos propuesto 80 millones de euros. 
El informe Lehideux atenúa algunos efectos perversos de la reforma del régimen del azúcar en la UE, al proponer: 
-dar a la ayuda un carácter complementario a los demás instrumentos financieros de la política de desarrollo de la UE, 
-medidas de diversificación de la economía de los países muy dependientes del azúcar, como los Estados insulares del Caribe o Mauricio. 
. Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe, ya que es esencial contemplar medidas de acompañamiento para los países del Protocolo del azúcar. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo debemos expresar sin embargo que lamentamos el hecho de que el acuerdo sobre el presupuesto para 2006, cerrado entre las autoridades presupuestarias, no permita el aumento de la ayuda a los países del Protocolo del azúcar, ya que el nivel de apoyo propuesto debe considerarse insuficiente. 
La Lista de Junio acoge con agrado la reforma del régimen del azúcar de la UE y considera alentador que este sector se adapte en mayor medida al mercado. 
Somos críticos con las ayudas de la UE a la exportación destinadas a productores de azúcar y celebramos el hecho de que en el futuro será posible comercializar el azúcar en condiciones más justas. 
Mediante acuerdos ventajosos, los Estados ACP han tenido un acceso especial al mercado de la UE. 
La nueva organización del mercado del azúcar tendrá por lo tanto consecuencias para algunos de ellos. 
Sin embargo, el cambio en la organización del mercado es necesaria e interesa a largo plazo a todas las partes. 
El ponente del Parlamento Europeo recomienda el pago de una importante ayuda al ajuste económico a los países ACP. 
Quisiéramos destacar que estas medidas apenas garantizarían que se llevase a cabo la reestructuración necesaria. 
Buscamos estrategias más claras y prioridades en cuanto a qué se destinarán específicamente los recursos financieros. 
De lo contrario, existe un importante riesgo de que la reestructuración necesaria a largo plazo no se aplique en la medida que cabe desear. 
. 
Como ya hemos dicho con anterioridad, nos oponemos a las premisas en que se basa la reforma de la Organización Común de Mercado del Azúcar. La UE lo utiliza como baza para obtener beneficios en el comercio de bienes y servicios industriales, y constituye un nuevo ejemplo de la liberalización del comercio de la agricultura mundial, un fenómeno que promueve la competencia y concentra la producción en el marco de la división internacional del trabajo. 
Esta política penaliza a las pequeñas y medianas empresas del sector en los países económicamente más desarrollados. 
También conduce al monocultivo, la concentración de tierras y el abandono de la agricultura por parte de millones de personas del mundo rural en los países pobres y en vías de desarrollo, lo que a su vez socava su soberanía y su seguridad alimentarias. 
Este informe pretende mejorar algunas de las propuestas de la Comisión para los signatarios del Protocolo del azúcar, aunque se queda muy corto respecto a lo que hace falta, ya que ni siquiera cuestiona y mucho menos rechaza su premisa básica: su enfoque liberalizador. 
La principal propuesta del informe pretende compensar las «graves consecuencias sociales, económicas y medioambientales» que tendrá el «proceso de ajuste» en estos países. 
Para resumirlo en una sola oración, los agricultores y la soberanía alimentaria serán los perdedores, mientras que los ganadores serán las empresas agrícolas y los principales distribuidores. 
. – El informe Lehideux es un catálogo de buenas intenciones sin resultado concreto, salvo a una ayuda financiera de 40 millones de euros en 2006. 
Los 18 países ACP signatarios del protocolo del azúcar exportan cada año 1,6 millones de toneladas de azúcar de caña a la Unión Europea al precio comunitario. 
La decisión del Consejo de reducir el precio del azúcar un 36 % en cuatro años provocará una disminución equivalente de sus ingresos de exportación. 
La OMC asesta un duro golpe a países tan pobres como Swazilandia o Malawi al obligar a la Unión Europea a reformar su sector del azúcar por una queja de Brasil. 
Como dicen con razón los países ACP, la reforma es demasiado rápida y demasiado amplia. 
En realidad, el único ganador será Brasil, primer exportador mundial de azúcar de caña, que se aprovechará de ello para aumentar su cuota de mercado de exportación en detrimento de los países ACP. 
En este momento en que estamos discutiendo en la OMC el ciclo del desarrollo, es un ejemplo malísimo el que da la Unión Europea a África, aunque la iniciativa «todo menos armas» intente enmascarar nuestras divisiones y nuestros egoísmos. 
Esta reforma de la OCM del azúcar agravará su pobreza, con todas las consecuencias que cabe imaginar en materia de inmigración. 
. 
Apoyo este informe porque reafirma las conclusiones del Consejo de que las relaciones de pesca bilaterales de la UE deberían pasar de ser acuerdos de acceso a ser «acuerdos de asociación». Este cambio contribuiría a la pesca responsable en el país tercero en cuestión y garantizaría las oportunidades pesqueras para la flota de pesca de altura de la UE. 
El acuerdo en cuestión salvaguarda las oportunidades pesqueras de unos 52 buques comunitarios, incluidos cinco palangreros de superficie portugueses. 
Celebro el hecho de que este acuerdo sea un instrumento que protegerá las actividades y los empleos de las flotas pesqueras, así como el hecho de que salvaguarde los principios generales para la conservación de los recursos pesqueros conforme a la Política Pesquera Común. 
La Lista de Junio considera que la UE debería dejar inmediatamente de formalizar acuerdos pesqueros con terceros países. 
La Política Pesquera Común ha diezmado de peces muchas aguas europeas y provocado un daño irreversible en sensibles ecosistemas marinos. 
La política pesquera también tiene consecuencias globales devastadoras. 
Los acuerdos pesqueros celebrados por la UE con terceros países generan ingresos a corto plazo para estos últimos. 
Sin embargo, a largo plazo, los acuerdos provocan una reducción de las poblaciones de peces y dificultan el desarrollo de las industrias pesqueras locales. 
Tan solo un porcentaje limitado de la compensación pagada se destina a la población local. 
Los acuerdos deberían pagarlos aquellos países o flotas que optan por hacer uso de dichos acuerdos. 
No deberían formalizarse acuerdos pesqueros dentro del marco de la UE. 
El informe contiene una enmienda positiva para que las aportaciones financieras se empleen también para el desarrollo de las poblaciones costeras dependientes de la pesca como medio de vida (enmienda 2). 
Sin embargo, el informe en su conjunto destaca que los acuerdos benefician tanto a la UE como a los terceros países. 
No compartimos este punto de vista y por lo tanto hemos votado en contra de lo que se propone sobre esta cuestión. 
La postura que expresamos a través de esta explicación de voto constituye la actitud que hemos adoptado por principio en aquellos casos que afectan a este tema. 
Por lo tanto, esta explicación de voto se aplicará a futuras cuestiones del mismo tipo. 
. 
Hemos votado a favor del Protocolo de Pesca porque garantiza oportunidades de pesca a las diversas flotas de los Estados miembros que operan en aguas de las Seychelles hasta el 17 de enero 2011, incluidos cinco palangreros portugueses de superficie. 
La renovación de este protocolo es un factor importante para garantizar la supervivencia de la pesca de palangre de superficie de los Estados miembros, una parte de la flota que se ha visto gravemente afectada por la crisis en el sector pesquero de los últimos años. 
Un buen ejemplo es Portugal, donde el número de buques se ha visto reducido año tras año. 
Sin embargo, incluso teniendo en cuenta el hecho de que este nuevo protocolo durará diez años, y teniendo presente los niveles de utilización de las oportunidades pesqueras ofrecidas, debemos destacar la reducción del número de palangreros de superficie y el aumento del coste de las licencias, que consideramos que está injustificado. Esto dará lugar a un mayor coste de los equipos y por lo tanto a una pérdida de ingresos. 
Cabe destacar que existe una propuesta de aumentar el coste de las licencias a 1 000 euros para los palangreros de superficie de más de 150 trb y a 750 euros para los de menos de 150 trb. 
. He votado en contra de este informe porque los acuerdos pesqueros, en la práctica, simplemente exportan nuestra propia desastrosa política pesquera al resto del mundo. 
La Política Pesquera Común es insostenible, ilógica y ha sido un completo desastre. 
Más aún, en nuestra Unión de 25 se desplomará bajo el peso de sus propias contradicciones. 
Debemos asegurar que la toma de decisiones de la UE sea lógica. La Política Pesquera Común no lo es y nos sitúa a los europeístas en la poco envidiable posición de tener que explicar una política ilógica y desastrosa a nuestro electorado, que es cada vez más escéptico, y con razón. 
. – No puedo sino felicitarme por la prolongación del Acuerdo de Pesca entre la CE y las Seychelles, primer acuerdo negociado en el marco de los acuerdos de cooperación. 
Este acuerdo representa una oportunidad para todos y es beneficioso para todos: 
-permitirá que los buques comunitarios tengan acceso de forma transparente y encuadrada a los recursos pesqueros de las Seychelles; 
-en contrapartida, la compensación financiera pagada por la UE será un gran apoyo para las poblaciones costeras al facilitar el desarrollo de determinados sectores económicos capitales, como la industria de la transformación o los servicios portuarios. 
-añadiré que el Acuerdo contempla la posibilidad de aumentar la compensación financiera comunitaria en función del volumen de capturas. 
Por estas razones, apoyo sin reservas este informe. 
La única sombra en el panorama sigue siendo la escasa consideración prestada al Parlamento Europeo. 
Es anormal que hayamos tenido que esperar cerca de un año a que se nos trasmitiera el texto del Protocolo, y ello por razones técnicas y administrativas. 
Espero que, en el futuro, el Parlamento Europeo pueda participar más y también se implique más en el seguimiento de este Acuerdo. 
Esperemos que esto no sea solo un brindis al sol. 
. 
Dadas las dificultades experimentadas por las empresas y los armadores implicados en la pesca en terceros países debido al tiempo transcurrido entre el vencimiento de un protocolo y la entrada en vigor del siguiente, creo que la propuesta de la Comisión debería adoptarse lo antes posible. 
Sin embargo, también estoy de acuerdo con la postura de la ponente de que debería encontrarse una solución más estable que la propuesta por la Comisión, que evite la necesidad de emplear una serie de procedimientos provisionales que provoquen problemas a los operadores comunitarios y al sector pesquero del país tercero. 
El tiempo que transcurre entre la firma del Protocolo y su adopción por parte del Consejo debe reducirse, de forma que la solicitud provisional y la emisión anticipada de las licencias no sea más que el último recurso. 
. 
Lamentamos que se haya rechazado nuestra propuesta de apoyar el aumento del sobre financiero global para la pesca. 
Este rechazo es típico de la incoherencia del Parlamento y la ponente; ambos reconocen que el presupuesto se queda corto para hacer frente a la crisis social y económica a la que se enfrenta el sector y pese a que se trata una de las principales cuestiones del informe que tenemos ante nosotros, el presupuesto no aumenta. 
Por otra parte, nos complace mucho que se haya aprobado nuestra propuesta de financiar medidas para promover o establecer asociaciones representativas de la pesca de bajura a pequeña escala y asegurar su implicación en el proceso de toma de decisiones de la Política Pesquera Común. 
Esta propuesta está en consonancia con el resultado de la audiencia pública sobre esta sección de la flota, celebrada por la Comisión de Pesca del Parlamento. 
Quisiera señalar que hay aspectos de la actual normativa sobre los que tenemos reservas debido a sus implicaciones para la soberanía de los Estados miembros. Entre ellos se incluye el papel de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y la propuesta de la ponente de establecer un acuerdo marco respecto a los acuerdos pesqueros con terceros países. 
Por consiguiente, hemos optado por abstenernos. 
. Creo que este informe es una respuesta equilibrada e inteligente a la política pesquera de la UE, y por ello lo he apoyado de todo corazón. 
. Quiero dar las gracias a todos los colegas que han votado a favor de mi informe. 
El apoyo mayoritario a los Consejos Consultivos Regionales (CCR) es una clara señal para la Comisión Europea de que esas organizaciones requieren financiación después del período transitorio. 
Los CCR permiten a los interesados locales tener voz a la hora de decidir cosas que afectan a sus intereses locales. 
Debemos pedir ahora a la Comisión que presente propuestas claras para ayudar a los CCR. 
. La ampliación de la ayuda financiera a Georgia es una demostración práctica de que la UE presta ayuda exterior efectiva a nuestros vecinos próximos. 
Los países del Cáucaso se esfuerzan denodadamente por reconstruirse y la UE puede y debe desempeñar un papel en su reconstrucción y ampliar nuestro espacio de paz y prosperidad para incluir también a ellos. 
La región no carece de problemas, pero la UE, en su calidad de agente independiente interesado y amistoso, puede favorecer el diálogo y el progreso, y por ello me complace apoyar la propuesta de hoy y me complacería apoyar más. 
Los conservadores suecos hemos votado hoy a favor de la resolución común del Parlamento Europeo sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2006. 
Creemos que las principales prioridades de la Comisión deberían ser el desarrollo del mercado interior, el refuerzo de la política exterior y de seguridad de la UE, la continuación de su trabajo sobre la ampliación prevista y la realización de esfuerzos por fortalecer la competitividad de la UE. 
Sin embargo, dudamos con respecto a determinadas partes de la resolución en las que no se respeta el principio de subsidiaridad, por ejemplo, las partes en las que se expresa el deseo de revisar los permisos de maternidad y paternidad en la UE y de aumentar los esfuerzos en el ámbito del turismo. 
. Apoyo plenamente esta resolución, en particular el apartado 9, que resalta la necesidad de tener en cuenta plenamente la calidad de los servicios públicos al completar el mercado interior; reclama una directiva marco sobre servicios de interés general; insiste en que el mercado único solo puede desarrollarse en un contexto de competencia leal, lucha contra el dúmping social y promoción de la cohesión; pide a la Comisión que contribuya a la lucha contra el enfoque de «carrera a la baja» en todos los terrenos, inclusive en relación con el cambio de pabellón marítimo. 
Debemos escuchar a las 100 000 personas que tomaron las calles de Irlanda la semana pasada para expresar su malestar ante la «carrera a la baja» que amenazan provocar las acciones de la empresa Irish Ferries y la directiva Bolkenstein. 
100 000 personas expresaron su malestar y dejaron claro que no aceptarán una Unión Europea basada en el mínimo común denominador en prestaciones sociales, de empleo y de servicios públicos. 
Pido al Comisario McCreevy de forma urgente que reintroduzca la Directiva sobre el Personal de los Transbordadores, desbloquee la Directiva sobre Trabajadores Temporales y de Agencias y modifique a fondo la directiva Bolkenstein. 
. 
Esta resolución, que lamentablemente ha sido aprobada, aunque por un pequeño margen, es una de las resoluciones más dañinas del Parlamento en apoyo a la actual política comunitaria. 
Hay aspectos clave de la resolución que equivalen a un ataque a derechos democráticos fundamentales y al Tratado de la Unión Europea. 
Un ejemplo es la reclamación de una «estrategia y una campaña interinstitucionales adecuadamente coordinadas que faciliten la rápida adopción de la Constitución Europea basada en el proyecto de Tratado Constitucional existente» , que ignora el «no» de los ciudadanos franceses y neerlandeses en los referendos celebrados sobre la denominada Constitución Europea. 
Igualmente alarmante es la propuesta de mejora de los sistemas informáticos y de mayor uso de los datos biométricos, por ejemplo el Sistema de Información de Visados (VIS) y el Sistema de Información de Schengen (SIS II) , con el fin de reducir la inmigración y reforzar las medidas represivas y la erosión de los derechos fundamentales so pretexto de luchar contra el terrorismo. 
En el ámbito del mercado interior y las políticas monetarias, se hace hincapié en las herramientas del neoliberalismo de sobra conocidas, como las liberalizaciones destinadas a aumentar la competitividad, la integración de los mercados de servicios financieros y la ampliación de la zona euro. 
De ahí nuestro voto en contra. 
. Mis colegas conservadores británicos y yo apoyamos que se renueve la insistencia en la consecución de los objetivos de Lisboa para estimular el crecimiento y el empleo y otorgar suficientes recursos a los programas marco de investigación, competitividad e innovación. 
La plena realización del mercado interior debe ser una prioridad y celebramos los pasos iniciales dados por la Comisión para eliminar toda reglamentación innecesaria. 
Sin embargo, nos preocupan los continuos intentos de facilitar la rápida adopción de la Constitución de la UE y de establecer legalmente un «Espacio de de Libertad, Seguridad y Justicia» que no apoyamos. 
,. – El programa legislativo de la Comisión para 2006 ilustra una determinada idea de Europa hoy obsoleta: 
-una Europa antidemocrática, que quiere imponer mediante el subterfugio de un plan «D» una Constitución que han rechazado franceses y neerlandeses; 
-una Europa sin fronteras, abierta a una inmigración planetaria, que permite en particular a cientos de miles de inmigrantes clandestinos regularizados en España e Italia instalarse en los demás Estados miembros; 
-una Europa antisocial, que, al poner en práctica la estrategia ultraliberal de Lisboa, deslocaliza nuestras empresas, desmantela nuestro Derecho laboral (la Directiva Bolkestein, que el señor Chirac había garantizado en el mes de abril que sería enterrada, será sometida nuevamente a votación en esta Cámara); 
-una Europa sin identidad, que, al abrir las negociaciones de adhesión con Turquía, Estado asiático y musulmán, pronto no tendrá de europeo más que el nombre; 
-una Europa antinacional, que disuelve nuestras naciones en un superestado burocrático. 
Lo que hoy necesitan nuestros pueblos, no es un enésimo programa legislativo, sino otra Europa basada en lo que constituye su identidad: la libertad de sus naciones y el genio de su civilización. 
. – La Unión Europea debe condenar públicamente los atentados a los derechos humanos y a la libertad de prensa en Túnez, para que la opinión pública tunecina lo sepa. 
El régimen tunecino se contenta con una diplomacia de pasillo para silenciar la situación, cada vez más preocupante, de los 401 presos políticos, los cinco partidos políticos no autorizados a dirigirse libremente a los ciudadanos tunecinos y las muchas asociaciones que no pueden ejercer libremente su actividades. 
Esos abogados, periodistas, trabajadores e intelectuales son reprimidos y amordazados. 
Dirijámonos, por una vez, directamente a los ciudadanos tunecinos para decirles que el Parlamento Europeo no caerá en la trampa que le tiende el señor Ben Ali mostrando complacencia hacia una dictadura que ya ni siquiera se disfraza. 
. 
El presupuesto comunitario contempla la financiación y programas específicos para proteger a los consumidores, por ejemplo mediante el apoyo a organizaciones u órganos implicados en la protección de los intereses de los consumidores y la promoción de la implicación de estas organizaciones y órganos en el proceso de toma de decisiones a escala comunitaria. 
Por lo tanto, consideramos justo que los nuevos Estados miembros reciban plenamente el mismo apoyo a sus actividades y que se promueva un alto nivel de protección a los consumidores en todos los Estados miembros de la UE. 
Esto es especialmente importante en los nuevos Estados miembros, teniendo en cuenta el nivel de desregularización, privatización y liberalización que han sufrido sus economías en el denominado proceso de transición hacia la economía de mercado y ahora que se han incorporado a la Unión prácticamente no existe ningún órgano de protección de los consumidores. 
Dicho esto, no compartimos la filosofía subyacente de la ponente respecto al concepto de «consumidor» y la protección de los consumidores, desde la perspectiva de la plena realización el mercado interior, promover el espíritu empresarial y tratar de crear una cultura de «consumo» en estos países a través de un enfoque de economía de mercado. Esta filosofía rompe las raíces culturales que existían antes de la transición, cuando el valor de una persona no se medía por su capacidad de consumo. 
De acuerdo con la ponente, el público en general y las empresas de los nuevos diez nuevos Estados miembros no son conscientes de los derechos y oportunidades que ofrece la legislación armonizada de la UE sobre la protección del consumidor. 
Compartimos plenamente el punto de vista de que la protección del consumidor es una cuestión importante. 
Sin embargo, somos críticos respecto a varias medidas propuestas en el informe, como son las siguientes: 
– el hecho de que la ponente recomiende dar mayor prioridad a la conciencia del consumidor en los programas escolares de toda Europa, cosa que consideramos que debería decidirse en el ámbito nacional, y no en la UE; 
– el hecho de que la Comisión vaya a realizar una «campaña de educación e información estratégica» para preparar a los consumidores para la introducción del euro en los nuevos Estados miembros; 
– el hecho de que la Comisión vaya a elaborar una estrategia especial para la promoción de una cultura de consumo en los nuevos Estados miembros, cosa que puede hacer independientemente cada Estado miembro; 
– el hecho de que las organizaciones de consumidores vayan a obtener una amplia financiación de la UE, sin que el informe especifique las correspondientes sumas; 
– el hecho de que se solicite a los Gobiernos de los nuevos Estados miembros que financien la formación de las organizaciones de consumidores, cosa que creemos que debería decidirse en el ámbito nacional. 
Lamentamos que el Parlamento Europeo utilice una vez más una cuestión política muy importante para introducir nuevas partidas presupuestarias y medidas comunitarias con un alcance indebidamente amplio. 
– He votado a favor de este informe ya que lo considero muy importante para todas las regiones que no pueden poner en marcha sus propias medidas de desarrollo sin ayuda financiera. 
Yo misma vivo en una de las regiones más pobres de Europa –la región de Prešov– donde el PIB es inferior a la mitad de la media europea. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción que se considere la creación de puestos de trabajo y el fomento del crecimiento como el objetivo capital de las ayudas estatales. 
Desde el punto de vista de la cohesión, es muy importante adoptar criterios transparentes que permitan que todas las regiones desfavorecidas reciban ayudas estatales. 
La integración de Gobiernos regionales en la distribución de ayudas estatales es una medida muy positiva, ya que garantiza la asignación transparente de estos fondos. 
En relación con este informe, quiero expresar mis dudas con respecto a la propuesta británica para las perspectivas financieras, puesto que pasa por alto uno de los objetivos fundamentales de la UE: equilibrar las diferencias regionales. 
Este informe aborda la cuestión de las ayudas estatales para el desarrollo de las regiones olvidadas. 
La posición de la Lista de Junio es que la política regional se puede dirigir a nivel nacional siempre que no distorsione la competencia en el mercado interior. 
. 
Nos sentimos muy decepcionados de que la mayor parte de nuestras propuestas no se haya aprobado, en particular, las que se referían a los problemas de los traslados de empresas y la protección de servicios públicos, en los que las ayudas estatales tienen un impacto. En cuanto al primero, el informe no propone ni una sola propuesta práctica, y el último ni tan siquiera se menciona. 
Celebramos que, a pesar de la propuesta original de la Comisión con respecto a las ayudas estatales regionales, estas regiones afectadas por lo que se conoce como el «efecto estadístico» conservarán la misma categoría de ayudas estatales regionales que las regiones de convergencia hasta 2013, sin ningún período de revisión. Sin embargo, esto no basta para que cambiemos de opinión y votemos a favor. 
Seguimos votando en contra ya que el Parlamento ha aceptado la propuesta de política de la Comisión sobre ayudas estatales que, con el pretexto de abordar el problema de la competencia desleal, tiene por objeto reducir el volumen de ayuda e imponer restricciones a los Estados miembros concretando cuál es la ayuda que se puede conceder horizontalmente. 
Dejemos claro que la propuesta de la Comisión de una nueva reforma de las ayudas estatales prevé reducir mucho el ámbito en que pueden concederse las ayudas estatales. 
Esta reforma, a efectos prácticos, iría en contra de la idea de una política pública que sitúa la ayuda estatal en un lugar destacado de la ayuda a los países de «cohesión» mientras luchan por el desarrollo regional. 
. – n su proyecto inicial, la Comisión Europea preveía prohibir, a partir de 2007, las ayudas estatales a las empresas en Francia. 
Ese proyecto, al igual que el de la Directiva Bolkestein, obedece a la realización de un mercado interior altamente competitivo, decidido en la Cumbre de Barcelona, donde Francia estaba representada por los señores Chirac y Jospin. 
El informe del señor Koterec aporta algunas mejoras: Francia mantendrá la posibilidad de conceder ayudas estatales, pero estas se verán notablemente reducidas. 
La política regional europea, en gran medida pagada por los contribuyentes franceses, no se contenta pues con ser cada vez más tacaña con nuestras regiones (el Hainaut francés ha perdido los Fondos Estructurales correspondientes al objetivo 1). 
Al impedir ahora a Francia tener una política industrial independiente, compromete la existencia de cientos de empresas, que a falta de una ayuda pública puntual deberán o bien deslocalizar sus actividades o bien cerrar sus puertas. 
Esta Europa, una Europa que fabrica parados y que es antisocial por ser antinacional, fue rechazada por nuestros compatriotas el 29 de mayo. 
Quieren otra Europa, una Europa que, siendo respetuosa con las soberanías nacionales, respete el empleo. 
. 
Quiero felicitar al señor Koterec por el excelente informe sobre la función de las ayudas estatales como herramienta de desarrollo regional. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi apoyo a la opinión del ponente de que, en el nuevo periodo de programación, los límites máximos de las intensidades de ayuda aplicable a las regiones ultraperiféricas de la UE deberían seguir siendo exactamente los mismos que los vigentes en el periodo precedente 2000-2006. 
También respaldo el punto de vista del ponente de que, en este sentido, debe aplicarse automáticamente a las regiones ultraperiféricas el estatuto descrito en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea, como, al fin y al cabo, se establece en el Tratado que aprueba una Constitución para Europa. 
. Me he abstenido en la votación final sobre este informe porque, si bien muchas de las incoherencias del mismo han sido enmendadas en las votaciones, podría ser más claro y preciso. 
Muchas de las enmiendas de mi Grupo, lamentablemente, no han tenido éxito, a pesar de que podían haber mejorado el informe, que de todos modos pienso que llega demasiado tarde si quería influir en el punto de vista de la Comisión Europea en este asunto vital. 
. Me complace que la Comisión haya escuchado a los Estados miembros y haya revisado su propuesta sobre la ayuda regional selectiva. 
Estoy de acuerdo en que debería haber menos ayudas estatales, pero mejor orientadas. 
Sin embargo, todavía falta mucho por hacer para asegurar que haya flexibilidad. 
Escocia se ha beneficiado directamente de las ayudas regionales selectivas asegurando miles de puestos de trabajo y ayudando a muchas empresas a desarrollarse con éxito. 
. He votado a favor de la resolución común sobre el tema de la entrega extraordinaria. 
Nadie puede ser acusado todavía de actividad ilegal en Europa, pero las pruebas indican que casi con seguridad se ha quebrantado la ley europea en una serie de Estados miembros y países candidatos. 
La labor del ponente del Consejo de Europa sobre el asunto apoya esta conclusión. 
Apoyo la creación de una comisión temporal, pero debemos tener cuidado de no echar el cerrojo a la puerta del establo después de que el caballo ya se ha escapado. 
Las circunstancias particulares en torno a la entrega extraordinaria habrán sido investigadas a fondo para cuando creemos nuestra comisión. 
En lugar de ello necesitamos una investigación más amplia que se centre en las causas más que en los síntomas; una investigación que busque la protección de la democracia a nivel interno y externo, que considere cómo podemos luchar contra el terrorismo proteger los derechos humanos. 
Compartimos el punto de vista de que es muy importante que la ayuda de la UE sea efectiva y de que es necesaria la coordinación de los esfuerzos de ayuda existentes. 
Es alentador que la resolución aborde estos aspectos de política de desarrollo. 
La Lista de Junio cree, no obstante, que la UE no debe involucrarse en las cuestiones relacionadas con las ayudas. 
Conviene que las medidas se coordinen a escala internacional en el marco de las organizaciones internacionales existentes que poseen legitimidad y experiencia. 
Somos críticos con ciertos textos de la resolución, como el que se refiere a que la UE tiene que intensificar sus esfuerzos de ayuda actuales. 
Por todas las razones expuestas anteriormente, hemos optado por abstenernos en la votación sobre esta cuestión. 
. 
La Presidencia británica ha conseguido la hazaña histórica de lograr la unanimidad en cuanto a las críticas que se le han hecho. 
Todos los Estados miembros y partidos políticos son unánimes en reconocer que no ha habido ningún resultado concreto. 
En Junio, la retórica de reforma del Primer Ministro Blair creó grandes expectativas; ya han transcurrido seis meses y nada se ha conseguido. 
Las negociaciones sobre las perspectivas financieras de 2007-2013 son un ejemplo patente de la manera en que el Reino Unido ha dirigido su Presidencia. 
Jack Straw mostró una enorme falta de sensibilidad cuando describió la propuesta británica como disciplinada, justa y orientada hacia la ampliación y con una mayor competitividad económica, mientras criticaba con vehemencia la propuesta de Luxemburgo tildándola de poco realista y desequilibrada. 
La respuesta a esto difícilmente podría haber sido más clara. 
La propuesta luxemburguesa hubiera podido aguantar el ritmo, al contar con el apoyo de 22 de los Estados miembros, mientras que la británica ha sido rechazada por todos los Estados miembros y todos los Grupos políticos del Parlamento. 
El Reino Unido se ha metido en un hoyo y no tiene idea de cómo salir de él. 
El proyecto europeo y los ciudadanos que creen en él no quieren saber nada de la clase de interés nacional demostrado hasta este momento por esta Presidencia. 
– Señor Presidente, nos hemos abstenido sobre la resolución común relativa a los traslados ocultos de presos sospechosos de terrorismo islámico por agentes de la CIA. 
Sin tomar una posición sobre el fondo, consideramos que si deben alzarse protestas contra tales prácticas, suponiendo que realmente hayan tenido lugar, estas deben proceder de los Gobiernos de los Estados miembros, algunos de los cuales son aliados de los Estados Unidos de América. 
Pero consideramos también, y quiero decirlo de forma muy clara, que la situación es anormal. 
El Derecho existe, también para quienes lo violan del modo más desvergonzado, es decir, los terroristas. 
Es totalmente contrario a nuestras tradiciones confinar a personas sin acceso al mundo exterior y sin posibilidad de defensa. 
Una de dos: o bien los cautivos de los Estados Unidos de América se consideran presos de guerra y deben ser tratados como tales, es decir, recibir periódicamente las visitas de la Cruz Roja y ser liberados al final de las hostilidades –pienso en particular en los presos de guerra capturados en Afganistán–, o bien se consideran delincuentes de Derecho común a la vista de los hechos que se les reprochan y por consiguiente deben ser defendidos por abogados, tener la posibilidad de defenderse y conocer los cargos que se les imputan. 
Este es el fundamento de nuestra civilización. 
¡No dejemos que el terrorismo destruya nuestros valores fundamentales! 
. Es cuestión de vida o muerte que el Parlamento Europeo apoye la propuesta de creación de una comisión de investigación para investigar los malos tratos a prisioneros en cárceles supuestamente gestionadas por la CIA y los vuelos secretos sobre territorio de la UE. 
Europa debe hacer frente al Gobierno de Bush, que parece que nos ve como «Estados cliente» que deben autorizar todos sus abusos. 
Es ridículo que la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, parezca esperar que toleremos sus excesos bajo la premisa de que sus acciones pueden salvar vidas europeas. 
Espero que las estrategias de seguridad europeas también salven vidas estadounidenses, pero ni ellos ni nosotros deberíamos hacerlo usando la tortura. 
Apoyo plenamente la petición de mi Grupo Socialista de que todo este asunto sea investigado por una comisión de investigación del Parlamento Europeo. 
Dicha comisión debe recibir asimismo el mandato de investigar todo el asunto de la protección de los derechos humanos y la transparencia democrática en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 
Espero que todos los diputados al Parlamento Europeo apoyen la petición presentada ahora por los diputados socialistas y aprueben la creación inmediata de la comisión de investigación. 
La resolución aborda una cuestión grave; pero, en esta situación ¿cuánto hay de especulación y de afirmaciones sueltas, y cuáles son los hechos? 
Agradecemos una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. 
Toda investigación que busque la verdad sobre este asunto es bienvenida. 
Creemos que no hay suficientes datos para que podamos expresar una opinión definitiva de una forma u otra. 
Como de costumbre, el Parlamento Europeo ha tardado en considerar enmiendas y propuestas de resolución en el Pleno. 
Por ello, en esta situación, hemos intentado evitar adoptar posiciones excesivamente delicadas hasta que se sepa algo en concreto. 
Solo queremos expresar nuestra opinión definitiva de que la cooperación en el ámbito de los servicios de inteligencia es competencia de los Estados miembros y algo que ellos mismos pueden decidir en el contexto de las relaciones bilaterales y multilaterales. 
. 
Cada vez salen a la luz más datos sobre los servicios y las agencias de seguridad de los Estados Unidos, como la CIA, que secuestra ilegalmente a personas, las transporta en avión a Europa, las detiene y, seguidamente, las mantiene aisladas y las tortura. Estos hechos lamentables e ilícitos, que violan los derechos más fundamentales, merecen ser condenados rotundamente. 
Hay que condenarlos porque, en contra de lo que algunos quieren hacerles creer, no se trata de un incidente aislado o de una serie de acusaciones sin fundamento. Al contrario, los informes que aparecen de esta espantosa situación son solamente la punta del iceberg del imperialismo estadounidense, que, bajo el manto de la denominada «lucha contra el terrorismo» , hace caso omiso de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional, y utiliza a las Naciones Unidas para sus propios fines. 
Aunque le gusta jugar con las palabras, el Gobierno de los Estados Unidos nunca ha negado la existencia de los vuelos, los secuestros ni de las cárceles ilegales. 
Es crucial que esta espantosa situación se investigue a fondo y que se adopten medidas para que dejen de ocurrir este tipo de actividades ilícitas. 
. voto sobre esta resolución se justifica porque, al igual que muchos otros electores londinenses preocupados, creo que debería haber una investigación objetiva de las acusaciones, tanto del supuesto uso de países de la UE por parte de la CIA para el transporte de prisioneros como la supuesta utilización de suelo europeo para la detención ilegal de prisioneros. 
. La primera lección del asunto en torno a los vuelos de la CIA debe ser el cierre de las bases militares de los Estados Unidos y de la OTAN en la UE y en futuros Estados miembros, como Aviano en Italia, Ramstein en Alemania y Kogalniceanu en Rumanía. 
Después de todo, son la infraestructura de los vuelos de tortura. 
El Comisario de interior de la UE, Franco Frattini, trata de restar importancia al asunto, en la medida de lo posible, y devuelve la responsabilidad a los Estados miembros. 
Esto es muy poco honesto, puesto que el asunto también tiene sin duda una dimensión comunitaria. 
La UE, en el terreno de la política de seguridad y precisamente en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, ha aceptado una estrecha cooperación con la OTAN y los Estados Unidos. 
Los acuerdos en materia de cooperación entre los servicios secretos y de intercambio ilimitado de información clasificada secreta son forman del «acuerdo Berlín plus» , que permite a la UE emprender acciones militares utilizando recursos de la OTAN. 
En febrero de 2003 se acordó directamente con los Estados Unidos una estrecha cooperación en el transporte de sospechosos. 
El comportamiento escandaloso en este sentido no es exclusivo del Gobierno estadounidense, sino que también deben sentirse avergonzados los funcionarios de la UE y los Gobiernos de la UE que tenían conocimiento de estos hechos. 
. El supuesto uso de países europeos por parte de la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros debe condenarse e investigarse a fondo. 
Me complace que el Gobierno del Reino Unido haya manifestado categóricamente que va a cooperar plenamente con la investigación del Consejo de Europa. 
. 
Todos los años el Parlamento, en uno de sus informes de iniciativa propia, presenta un «conjunto de recomendaciones» sobre los países candidatos a la UE, aunque no se menciona ningún «conjunto de recomendaciones» que el pueblo búlgaro pueda tener para la UE. 
Por ejemplo, se pide a Bulgaria que lleve a cabo «reformas estructurales sustanciales» y, seguidamente, se la felicita por su «programa de privatización». Naturalmente, si esta es la palabra correcta, se requiere una mayor transparencia en los «procesos del sector de la contratación pública, la licitación y la contratación» , para la satisfacción de los grandes grupos financieros y económicos de la UE. 
Sin embargo, esto no es todo. 
Se pide a Bulgaria a que introduzca «medidas para aportar una mayor flexibilidad al mercado laboral» y «para aumentar la movilidad de la mano de obra». 
También se recuerda al país «que es necesario que haga mayores esfuerzos en todos los ámbitos del mercado interior... con el fin de garantizar su funcionamiento efectivo». 
Se da prioridad a «resolver cuestiones de propiedad de la tierra» , y, sin embargo, ¿quién va a controlarlo? 
Existen otros ámbitos que podría mencionar, pero creo que estos ejemplos son suficientes para mostrar a la UE «en su mejor faceta» 
– Señor Presidente, Señorías, quiero resaltar que hemos votado a favor de la enmienda de transacción elaborada ayer por la tarde por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo –a la que he contribuido personalmente– a pesar de considerar que esta enmienda es menos enérgica que el texto del artículo 21, a cuya definición habíamos contribuido. 
Hemos votado a favor de esta enmienda en interés de los niños, porque queríamos que este Parlamento se expresase de forma unitaria, enérgica y convencida para transmitir un mensaje a Rumanía, a fin de que el problema de las adopciones internacionales se resuelva felizmente. 
No esperamos que esto suceda antes de Navidad, pero lo deseamos igualmente, para estos niños –que tienen un derecho prioritario a la familia, tal como sancionan todas las normas en vigor a escala internacional– puedan volver a abrazar a sus padres. 
Se trata de un derecho humano, un derecho fundamental, que el Parlamento quiere subrayar ante Rumanía, porque entre las distintas cosas que debe hacer para ajustarse al acervo europeo, debe garantizar ante todo el respeto de los derechos humanos, en este caso el derecho de los niños a disfrutar de la alegría y la felicidad de una familia. 
. 
El informe que tenemos ante nosotros reafirma el deseo de la UE de ver que Rumanía se convierte en un Estado miembro el 1 de enero de 2007, pero impone ciertas condiciones a esta adhesión. 
El ponente manifiesta su preocupación por las demoras constantes en una serie de ámbitos, como la mejora de la capacidad administrativa, la lucha contra la corrupción y la aplicación del acervo comunitario en determinados ámbitos de la agricultura, la contratación pública y el medio ambiente. 
Es evidente que estas demandas son una auténtica interferencia en la vida política de Rumanía, en ámbitos como el del derecho del país a la soberanía y la seguridad alimentaria, la contratación pública y la capacidad administrativa, que hay que dejar que aborden los rumanos. El objetivo es más el de apaciguar los intereses de los grupos financieros y económicos de los países más poderosos que el de mejorar el bienestar del pueblo rumano. 
Por consiguiente, hemos optado por abstenernos. 
. He votado a favor del informe Moscovici sobre Rumanía, pero creo que en algunos asuntos clave el Gobierno rumano debe progresar de forma acelerada, en concreto en lo que se refiere a la amplia discriminación institucionalizada de la población romaní, aclarando las acusaciones sobre el uso de supuestos centros de detención ilegales y la corrupción del Estado. 
. 
Quiero empezar agradeciendo la iniciativa del Parlamento en la elaboración de este informe, ya que creo que el papel de las mujeres en este y otros sectores es crucial para el desarrollo sostenible del tejido económico y social de la UE. 
En cuanto a este informe en particular, estoy a favor de las propuestas presentadas a la Comisión cuyo objetivo es el trato justo entre los sexos y la igualdad de derechos en el trabajo. 
Asimismo, hay que crear redes de mujeres en el sector pesquero de la UE, y conviene que las mujeres participen en grupos de acción costera y en los nuevos consejos consultivos regionales. 
También agradezco el acercamiento que se ha hecho a la Comisión de ayuda específica para respaldar las iniciativas propuestas en el informe de la señora Attwooll. 
Este informe recomienda que se adopten medidas de largo alcance en la UE con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres, principalmente, en el sector pesquero. 
La Lista de Junio cree que la UE es una unión de valores y que las mujeres y los hombres deben recibir un tratamiento totalmente igualitario y han de tener exactamente las mismas oportunidades y derechos. 
Creemos, sin embargo, que deben concebirse proyectos de investigación, programas de medidas, redes de mujeres y formación profesional especializada a escala nacional o local que no estén regulados ni controlados desde arriba por la Comisión y la UE. 
. 
Las mujeres desempeñan un papel similar en el sector pesquero y en las comunidades pesqueras al igual que lo hacen en las comunidades agrícolas, que es el de apoyar actividades relacionadas con la captura. Este trabajo se añade a las labores que realizan en el hogar, a menudo no está remunerado, es potencialmente perjudicial para su salud y no conlleva ninguna garantía de protección social. 
Las mujeres representan solo el 3 % de la mano de obra en la captura; sin embargo, existe una mayor proporción de mujeres en la recolección y la acuicultura, lo que demuestra que se han realizado progresos en lograr que se incorporen al trabajo un mayor número de mujeres. 
Las cuestiones relacionadas con el género siguen estando relegadas a un segundo plano en este sector, y los niveles de participación de las mujeres en las asociaciones y órganos pesqueros siguen siendo muy bajos. 
En este contexto, apoyamos la creación de redes y asociaciones de mujeres en el sector pesquero tanto en el ámbito local como nacional. Contarán con el apoyo comunitario y tendrán los siguientes objetivos: hacer más visible la función de las mujeres en el sector; aumentar la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones sobre la Política Pesquera Común; y llamar la atención sobre la necesidad de preservar la pesca como una actividad económica, social y cultural que es de importancia fundamental para el desarrollo de las comunidades pesqueras en diferentes países. 
. El papel de las mujeres en la pesca se olvida a menudo y sin embargo las mujeres desempeñan un papel fundamental. 
Este informe reconoce la labor de las mujeres en el sector pesquero y merece ser apoyado de todo corazón. 
Se cierra el turno de explicaciones de voto. 
– Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento a la Cámara por el respaldo que aproximadamente 400 diputados han dado a esta declaración escrita. 
Ha habido apoyo, a pesar de todas las diferencias entre partidos y países, para la idea de que tiene que existir un número de teléfono en Europa al que los niños puedan llamar para manifestar sus preocupaciones y necesidades. 
Así, damos a cientos y miles de niños desfavorecidos un gran regalo de Navidad, y esperamos que la Comisión esté escuchando atentamente esta petición. 
Espero que no lo dejemos ahí, sino que las preocupaciones y necesidades de los miembros más débiles de nuestra sociedad sigan alentándonos a actuar. 
Mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que han asumido este compromiso y que seguirán haciéndolo en el futuro. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet y en Hong Kong. (1) 
. – Señor Presidente, mi Grupo está muy preocupado por la situación de los derechos humanos en China. 
Tenemos informes regulares sobre el uso continuo de la pena de muerte y tratos inhumanos y degradantes en las prisiones, incluso sobre prácticas de tortura. 
Esta preocupación está particularmente justificada en el caso del Tíbet, desde donde seguimos recibiendo informes sobre vulneraciones de los derechos humanos, en especial contra monjes budistas y seguidores la confesión budista. 
En lo que se refiere a Hong Kong, apoyamos firmemente la petición de que se otorgue el sufragio universal en el territorio. 
Sin embargo, he de decir que en demasiados países del mundo no se habría permitido la manifestación del 4 de diciembre de decenas de miles de personas a favor de dicho sufragio universal. 
El apartado 14 de la resolución, sobre el que hemos solicitado una votación separada, invita al Dalai Lama a dirigirse al Parlamento en lo que podría ser considerada su calidad de Jefe de Estado. 
No creo que esté bien introducir un cambio tan trascendental en nuestra política de una sola China en medio de un debate de urgencia. 
Yo personalmente me he reunido y he hablado con el Dalai Lama en dos ocasiones. No me opongo a que sea invitado a la Comisión de Asuntos Exteriores o a otro lugar. 
Sin embargo, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y yo no podremos apoyar esta resolución si se mantiene este apartado. 
. – Señor Presidente, Señorías, es lamentable que tengamos que seguir llamando la atención de esta Cámara sobre la situación de los derechos humanos en China, y, aunque muchos europeos quieren ver que la situación mejora para que podamos mantener relaciones intactas y fructíferas con China, parece ser que, últimamente, la situación ha empeorado todavía más. 
Una y otra vez, nos enfrentamos al problema de que se trata al Dalai Lama como si se fuera un separatista, aunque siempre ha apoyado explícitamente la política de «una sola China» , no apoya a ningún movimiento separatista, e incluso sus propias peticiones de negociaciones sobre autonomía se formulan en los términos más pacíficos. 
El segundo punto que quiero plantear es que los monasterios están siendo utilizados como lugares donde se presiona no solo a los monjes sino también a la población general, en un intento de reeducarlos, y, dado que esto no se puede aceptar bajo ningún concepto, les pido que voten a favor de esta resolución. 
– Señor Presidente, hace dos meses aprobamos una resolución urgente en esta Cámara sobre Tenzin Delek Rinpoche, quien todavía no ha sido liberado. 
Una vez más estamos aquí, esta vez para resaltar la campaña de «educación patriótica» realizada en los monasterios tibetanos. 
El mes pasado arrestaron a cinco monjes tibetanos en el monasterio de Drepung. 
Hemos oído que también han sido torturados en la cárcel. 
¿Cuál es su delito? 
Su delito es que se negaron a firmar declaraciones que tachan a Su Santidad el Dalai Lama de separatista peligroso. 
La educación pública comenzó a utilizarse como una herramienta de represión en China en 1996, pero se ha intensificado en 2005. 
El Gobierno chino está intentando lavar el cerebro a las personas. 
Eso no es educación pública, es supresión de los derechos humanos. 
No hay duda de que los chinos volverán a decir que es un asunto interno de China, pero la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados cuando personas amantes de la paz son sometidas a ese tipo de trato. 
Necesitamos saber particularmente qué le ocurrió al joven monje tibetano Ngawang Jangchub, que murió en octubre durante una sesión de «educación patriótica». 
El Gobierno chino debe escuchar nuestras peticiones de respeto de los derechos humanos. 
Si no lo hace, lo mínimo que deberíamos hacer, y quiero decir realmente lo mínimo que deberíamos hacer, es mantener el embargo de la UE sobre el comercio de armas. 
A diferencia de uno de los oradores anteriores me gustaría que el Dalai Lama viniese aquí y se dirigiese al Parlamento. 
– Señor Presidente, a principios del mes de octubre el monje, Ngawang Jangchub, de 28 años, murió en su celda del monasterio de Drepung. 
Su muerte sobrevino a consecuencia del interrogatorio al que le sometieron cuadros de la campaña denominada «educación patriótica». 
El objetivo de esta campaña es meter en vereda a los críticos con el régimen mediante medidas de reeducación drásticas de tipo psicológico y físico. 
Más de 10 000 monjes y monjas en el Tíbet han sido obligados a sufrir lavados de cerebro desde 1996, algo que constituye una violación flagrante de la libertad de opinión y de religión. 
La intención es que las amenazas, los periodos de detención y la tortura induzcan a los moradores de los monasterios a denunciar al Dalai Lama, por escrito, como un enemigo del Estado y un separatista. 
La señora Lynn ya ha descrito cómo, el 23 de noviembre, fuerzas de seguridad chinas ocuparon el monasterio de Drepung cerca de la capital de Lhasa. 
Cuando arrestaron a cinco monjes superiores, 400 monjes organizaron una manifestación pacífica para su liberación. 
La policía y unidades especiales respondieron inmediatamente cerrando el monasterio al mundo exterior durante días enteros. 
¿Son indiferentes para los chinos las resoluciones sobre derechos humanos adoptadas por esta Cámara? 
Es evidente que para ellos no es suficiente que la Comisión, el Comisario Verheugen y el Consejo intervengan. 
¿O acaso no son más que notas a pie de página para el diálogo tan anunciado entre la UE y China? 
Hablando en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, dejen que recuerde a esta Cámara nuestro debate de octubre, en cuya ocasión pedimos, con carácter de urgencia, una mejora de las condiciones en las se mantiene detenido al muy respetado Lama Tensin Delek Rinpoche, que ponen en peligro su vida, para que pueda ser sometido a un juicio justo. 
El relator especial de la ONU contra la tortura, Manfred Nowak, acaba de publicar los resultados de su inspección de las prisiones, comisarías y campos de trabajo chinos. 
Confirma que la tortura existe y que se maltrata a los presos y a las personas consideradas sospechosas. 
El efecto del sistema de reeducación chino a través del trabajo es que se pueden enviar a las personas, sin llevarlas a juicio, a un campo de trabajo por un período de hasta tres años. 
Esto es un delito manifiesto contra su integridad personal y contra la dignidad de todo ser humano. 
,. Señor Presidente, en octubre de 2005, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el encarcelamiento injusto del Lama Tenzin Delek Rinpoche por parte de las autoridades chinas. 
Sin embargo, esta resolución no logró nada, ya que Tenzin Delek Rinpoche sigue detenido y torturado, a pesar de su mal estado de salud. 
Solo ha demostrado en qué medida se violan los derechos humanos en China. 
Las autoridades chinas están aplicando actualmente una política de «educación patriótica» y fuerzan a los tibetanos a firmar declaraciones en las que rechazan al Dalai Lama como su líder espiritual y reconocen que Tíbet forma parte de China. 
Todo aquel que se niega a firmar esta declaración es amenazado con ser perseguido y detenido. 
Como han recalcado repetidamente diversos diputados de esta Cámara, los monjes tibetanos corren un riesgo especial. 
Estas extraordinarias sesiones de «educación patriótica» ya han ocasionado la muerte de un monje en circunstancias desconocidas y la detención de cinco más. 
Aún más, el monasterio de Drepung de 7 000 monjes ha sido ocupado por las fuerzas especiales chinas desde el 25 de noviembre y, por consiguiente, está totalmente aislado del mundo exterior. 
A la vista de la situación en el Tíbet, está claro que la comunidad internacional tiene que seguir presionando a China para que mejore las condiciones en las que están los presos y para que suprima el uso de la tortura y la pena de muerte. 
Asimismo, hay que respaldar al pueblo tibetano en su lucha por la vida y una identidad nacional ininterrumpida. 
También cabe mencionar de pasada que solo una docena, más o menos, de los más de 3 000 monasterios budistas que había en el Tíbet siguen existiendo. 
Con la esperanza de que finalmente conseguiremos nuestro objetivo si aprobamos otra resolución, hay que hacer cuanto esté en nuestras manos para garantizar que las autoridades chinas cesen inmediatamente estas violaciones flagrantes de las libertades civiles. 
. – Señor Presidente, por razones de tiempo haré solo un comentario, autocrítico para más señas, con respecto a Hong Kong. 
Pedimos la abolición del sistema mediante el cual el Jefe del Ejecutivo es elegido por un comité formado por unos 800 residentes de Hong Kong seleccionados por Pekín. 
Para ser justos, sin embargo, este sistema es sin duda mejor que el sistema anterior, por el que la ex colonia británica era administrada por un gobernador nombrado por la Reina de Inglaterra. 
No recuerdo que el Parlamento Europeo hubiera aprobado una resolución en aquel entonces condenando a Gran Bretaña por imponer un sistema tan poco democrático a los ciudadanos de Hong Kong. 
Pues ¿qué derecho tiene esta Cámara, incluso hoy en día, para criticar la política colonial británica? 
No osó hacerlo en el pasado, y no creo que se atreva a hacerlo ahora por lo que se refiere a la ocupación británica de unos 300 kilómetros cuadrados de Chipre a modo de colonia, donde miles de civiles chipriotas son gobernados por un administrador nombrado por la Reina de Inglaterra. 
Antes de resultar demasiado polémico con mis honorables colegas británicos, permítanme decir que en esta resolución pedimos que se fije un calendario para la elección del Jefe del Ejecutivo del Hong Kong por sufragio universal. 
Sin embargo, en un futuro próximo deberíamos aprobar una resolución pidiendo el final de la colonización británica de Chipre. 
,. – Señor Presidente, Señorías, al fin tenemos la certeza de que el yeti no existe, porque si así fuera, las autoridades chinas le habrían hecho firmar, en el marco de su programa de educación patriótica, la declaración que califica al Dalai Lama de persona peligrosa, y lo habrían hecho público. 
Considero que el Dalai Lama es una persona sumamente honorable y estaría muy honrado de que viniera a expresarse ante esta Asamblea. 
Más en serio, ante un régimen dictatorial que constriñe, encarcela, tortura y mata, ¿cómo expresar nuestra indignación más allá de nuestro pequeño debate de esta tarde? 
Sugiero modestamente, dado que dentro de 30 meses la juventud de todo el mundo se dará cita en Pekín para los Juegos Olímpicos y que el régimen chino pretende aprovechar este evento para celebrar su modelo pseudodemocrático, permitir a nuestros atletas ser portadores de un mensaje de paz, democracia y libertad, a fin de que sean los paladines de la causa tibetana, pues de lo contrario haríamos un mal favor a todas las personas que se encuentran en esa parte del mundo. 
,. – Señor Presidente, el Gobierno colonial británico no dejó atrás ninguna estructura democrática parlamentaria en Hong Kong, sino que, más bien, creó la expectativa de que la República Popular de China introduciría ese sistema allí. 
Cuando se devolvió Hong Kong a China, se concibió la fórmula de dos sistemas en un solo país. 
La gente trabajaba con la ilusión de que, para Hong Kong, esto significaría que, a diferencia del resto de China, podía existir una democracia parlamentaria sobre la base del sufragio universal y de un sistema de diversos partidos. 
Se pensó que así podía existir una zona de prueba para futuras evoluciones en el resto de China. 
Ahora sabemos que estos dos sistemas se reducen únicamente a: capitalismo bajo el control del partido gobernante en la mayor parte de China, y capitalismo sin ese control en Hong Kong. 
La situación en Hong Kong, donde se ha dado la responsabilidad del autogobierno a un pequeño grupo selecto, es, por supuesto, preferible de lejos a la situación que se vive en el Tíbet, donde la violencia, la intimidación y la reeducación son instrumentos empleados por la autoridad central. 
Aunque mi Grupo no ha sido uno de los signatarios de la resolución, estoy dispuesto a respaldarla. 
Asimismo, quiero recordarle que el Dalai Lama ya se ha dirigido a este Pleno del Parlamento. 
,. Señor Presidente, el debate de hoy sobre las violaciones de los derechos humanos se centra en el Tíbet. 
El 23 de noviembre, funcionarios del Departamento de Seguridad Pública cerraron uno de los más antiguos monasterios budistas tibetanos acatando las órdenes de las autoridades chinas. 
Arrestaron a uno de los monjes de más alto rango, y a otros cuatro cuya suerte se desconoce. 
Una política de «educación patriótica» , que equivale a adoctrinamiento, ha sido introducida en el país con el fin de impulsar el apoyo al Gobierno chino entre los monjes tibetanos, y para luchar contra la influencia del Dalai Lama exiliado. 
El Tíbet ha sido ocupado brutalmente por China desde 1950. 
Sin embargo, los tibetanos no han renunciado a su lucha pacífica por la libertad, aunque al menos una quinta parte de los habitantes del país han muerto de hambre, han sido torturados hasta la muerte o han sido ejecutados. 
Casi todos los monasterios del país, que en un tiempo alcanzaron la cifra de más de 6 500, están en ruinas. 
El Santo Padre Juan Pablo II nos recordó que las semillas de la desestabilización, la rebelión y la violencia se siembran inevitablemente cuando no se respetan o incluso se violan los derechos humanos. 
Existe una necesidad urgente de devolver la conciencia de las personas sobre la dignidad de todo ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, de manera que se pueda utilizar como una base sólida para la libertad, la justicia y la paz en la Tierra. 
El Gobierno de la República Popular de China, sin embargo, incluso impone controles estrictos a las prácticas religiosas y lugares de culto. 
Limita el número de monjes y utiliza el exilio como castigo, en especial para todos los que no son debidamente sumisos. 
Sin embargo, a pesar de la envergadura de la tragedia del Tíbet, merece la pena señalar que el problema de las violaciones de los derechos humanos, que es un problema que ya se ha planteado en esta Cámara, afecta a la nación china en general. 
Durante años, se ha reprimido al pueblo chino, y en el país se sofocan todas las manifestaciones de independencia civil. 
Existen pruebas documentales detalladas sobre los métodos e instrumentos utilizados para aplicar tortura a los presos y del trato brutal que reciben, incluso si lo único que han hecho es expresar su descontento. 
Estas prácticas demuestran la barbarie cruel que impera en ese país. 
La situación en China en los últimos tiempos se puede describir como una mezcla altamente explosiva de comunismo y capitalismo. 
Las leyes de la economía se han convertido en la única fuerza motriz que existe en el trasfondo del desarrollo del país, y ya no hay lugar para los derechos humanos o los valores morales. 
Aunque bien es verdad que los que detentan el poder son responsables de las violaciones de los derechos humanos en cada país, no hay que olvidar que el relativismo moral del mundo occidental es también en parte responsable. 
Se sostiene categóricamente que este último fomenta los derechos humanos y, sin embargo, a las empresas de más o menos todos los países del mundo les es difícil resistirse al gigantesco mercado de consumidores y a la mano de obra barata, en especial en los campos de «reeducación a través del trabajo». 
La perspectiva de obtener enormes beneficios les ayuda a cerrar los ojos a la trágica situación de los presos, y a que la civilización materialista que está surgiendo se dirige hacia la catástrofe, al mismo tiempo que crea pobreza y el infierno sobre la Tierra para algunos y el paraíso para los ricos. 
Por lo tanto, pedimos a la comunidad internacional que deje de tratar a China como si fuera un campo de trabajo gigante y una mano de obra barata, y que se respeten los derechos humanos no solo en el Tíbet y Hong Kong, sino en toda la China. 
– Señor Presidente, uno de los problemas relacionados con las continuas violaciones de los derechos humanos en la China comunista es la falta de una protesta creíble, coherente y firme por parte de la Unión Europea. 
Siempre hablamos de los derechos humanos de boquilla, pero no actuamos acorde con lo que decimos. 
La Unión Europea y la mayor parte de los Estados miembros están más interesados en el potencial económico de China que en el respeto de los derechos humanos. 
No hay más que pensar en los intentos del Consejo Europeo por levantar el embargo de armas contra China o la forma en que, actualmente, las misiones comerciales europeas se entorpecen unas con otras en ese país. 
También me sentí incómodo cuando oí hace un rato que el Gobierno belga ha denegado al Dalai Lama el acceso a su territorio, ya que esto podría ser perjudicial para nuestros contactos con la China comunista. 
Actualmente, estamos debatiendo las situaciones en el Tíbet y Hong Kong pero también podemos debatir las amenazas a Taiwán o la existencia de campos de concentración «lao gai». 
Es hora de que Europa transmita un mensaje enérgico, por ejemplo, invitando al Dalai Lama a visitar esta Asamblea. 
. Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento Europeo en relación con la situación de los derechos humanos en China, en particular la detención de monjes y el cierre de monasterios en el Tíbet, así como con las cuestiones constitucional en Hong Kong. 
Estos temas ocupan un lugar muy importante en el programa de trabajo de nuestro diálogo con China. 
La Comisión también celebra y apoya las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 12 de diciembre, que expresan su grave preocupación por la política de derechos humanos de China, en particular con respecto a los derechos de las minorías. 
El 12 de diciembre, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores también aprobó el mandato de negociación de la Comisión en torno a un nuevo acuerdo de asociación y cooperación con China. 
El mandato también estipula que un acuerdo de asociación con China debe contener una cláusula estándar sobre derechos humanos. 
Deseo recalcar que durante muchos años no hemos concluido acuerdos con otras partes sin esa cláusula sobre derechos humanos. 
Con respecto a Hong Kong, la Unión Europea apoya la democracia en todo el mundo como el mejor medio de crear un Gobierno legítimo, estable, responsable y transparente, de proteger los derechos y la libertad y de respetar el Estado de Derecho. 
Apoya un progreso rápido y sustancial hacia el objetivo último del sufragio universal en Hong Kong, tal como se expone en la ley fundamental, de acuerdo con los deseos del pueblo de Hong Kong. 
Es importante que mantengamos la presión sobre China para impulsar el sufragio universal en Hong Kong. 
Por lo que respecta a la situación en el Tíbet, la Unión Europea ha situado la cuestión del Tíbet en un lugar muy destacado de su plan de trabajo con China. 
En particular, ha centrado su atención sobre todo en la preservación de la identidad cultural, religiosa y lingüística del pueblo tibetano. 
La situación actual en la región, que seguimos muy de cerca, nos preocupa enormemente, en particular con respecto al ejercicio de la libertad religiosa. 
Nos preocupa ver que las autoridades locales han impuesto un marco estricto que limita el ejercicio de esta libertad, y deploramos los recientes casos de detención de monjes y, en particular, el bloqueo del monasterio de Drepung en Lasa. 
Esperamos que pronto se encuentre una solución compatible con la soberanía china y el respeto de la población tibetana. 
En nuestra opinión, para lograr este objetivo último no hay más alternativa que un proceso pacífico basado en el diálogo. 
Llevamos años pidiendo el establecimiento de ese diálogo, y continuaremos pidiéndolo. 
Por ello, apoyamos plenamente el proceso que de los últimos años entre Pekín y los representantes del Dalai Lama. 
Creemos firmemente que solo un diálogo directo de este tipo puede conducir a una solución duradera del problema tibetano. 
Desde nuestro punto de vista, la apertura de un diálogo directo no debería estar sujeta a ninguna condición previa. 
Por otra parte, las partes respectivas deberían abstenerse de emprender ninguna acción que pudiera comprometer la creación del clima de confianza que parece indispensable si se desea alcanzar una solución. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término del debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Rusia. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, les estoy agradecido por haber hecho posible que lleguemos a una resolución conjunta sobre la posición de las ONG en la Federación de Rusia. 
El consenso también es importante ya que de esta manera es más fácil que podamos influenciar a las autoridades decisorias de Rusia. 
Dado que estos asuntos tienen un carácter especialmente urgente, los socialdemócratas queremos solo centrarnos en esta cuestión que se aborda en la declaración. 
La cuestión es también urgente para la Duma, que retomará el asunto dentro de cinco días. 
En la próxima sesión parlamentaria vamos a debatir la resolución sobre Chechenia. 
Estamos plenamente de acuerdo con el defensor de los derechos humanos de Rusia, Vladimir Lukin, de que el proyecto de ley va en contra de la Constitución rusa. 
También va en contra del Derecho internacional. 
Espero que la opinión de Lukin cuente mucho, ya que ha presidido la delegación conjunta del Parlamento Europeo/Duma durante muchos años. 
La libertad de las ONG para operar es parte esencial de una democracia y de una sociedad civil estable, que los dirigentes rusos han dicho que apoyan. 
Como miembro del Consejo de Europa, Rusia se ha adherido al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, por ejemplo, sus planes de restringir la libertad de asociación entran totalmente en conflicto con ello. 
El Parlamento está preocupado por los últimos acontecimientos en Rusia, y ahora la Duma tiene una excelente oportunidad de contribuir al desarrollo de la democracia. 
Puede demostrar que se pueden hacer cambios. 
Naturalmente, esperamos que sea así. 
. – Señor Presidente, Señorías, es alarmante observar los cambios en la sociedad rusa, con los más graves abusos en materia de derechos humanos ejemplificados por la nueva ley que pretende que las ONG estén subordinadas al Estado, las continuas medidas represivas dirigidas contra los antiguos responsables de Yukos, Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev, y por el estado de guerra en Chechenia. 
Se retiene a Khodorkovsky y Lebedev, lo que es contrario a la legislación rusa, en campos de prisioneros en Siberia, muy lejos de Moscú y al norte del Círculo Ártico, a temperaturas de- 50 ºC. 
El contacto con sus familiares y abogados se ha dificultado extremadamente; no tienen ningún acceso a información y no se les autoriza a leer la prensa. 
Sus abogados defensores, Yevgeni Baro y Yuri Schmit, se enfrentan también un proceso la semana que viene por difamación. 
El rechazo de los derechos humanos por parte sistema judicial ruso va de mal en peor debido a las restricciones cada vez más estrictas que se imponen a la libertad de prensa. 
Hemos de tener claro lo que está sucediendo y pedimos al Consejo y a la Comisión que utilicen su influencia sobre Rusia para que respeten los derechos humanos. 
. – Señor Presidente, hay que reconocer que en los últimos años Rusia ha hecho, en general, progresos significativos hacia el respeto de los derechos humanos y esto debemos alabarlo. 
Lamentablemente todavía hay una serie de ámbitos donde el progreso es muy necesario en este vasto país, con su larga e incomparable historia y cultura y debemos alentarlo a abordar los asuntos pendientes que requieren una reforma. 
Uno de esos asuntos es la legislación sobre las ONG. 
Es un hecho comúnmente aceptado que las ONG y las organizaciones sin ánimo de lucro son a menudo un factor clave en el desarrollo de una sociedad civil fuerte y eficaz. 
Estas organizaciones, que van desde organizaciones benéficas en favor de la infancia hasta grupos de consumidores, existen actualmente en gran número en Rusia. 
Por supuesto, es un hecho que Rusia ha sufrido gravemente a causa del terrorismo en los últimos años y el sentimiento público, expresado a través de sus representantes electos, puede –al tratar con ciertas ONG, especialmente aquellas que trabajan en Chechenia– situarse en una posición extrema y tender hacia un legalismo y una severidad indebidos. 
Aunque esto puede entenderse en determinadas circunstancias, no es aceptable desde el punto de vista del debido respeto de los derechos humanos. 
Por ello hacemos un llamamiento a la Duma rusa para que escuche nuestro consejo y se tome el tiempo necesario para revisar y mejorar las enmiendas relativas a la legislación, a la luz de las recomendaciones hechas en la revisión presidencial, el dictamen provisional del Consejo de Europa y la presente resolución. 
. – Señor Presidente, durante años, en Europa occidental se ha recalcado que Rusia era antidemocrática y que era necesario que muchas cosas cambiaran en ese país, y, en efecto, en Rusia se han producido cambios radicales durante los últimos 14 años. 
Ahora, su economía se asemeja más a la de los Estados Unidos. 
Las diferencias entre ricos y pobres que se han derivado de esta situación son ahora más pronunciadas que en la Unión Europea. 
En los ámbitos de la democracia y los derechos humanos, no cabe duda de que la situación no es mejor de lo que lo era en los últimos años de la Unión Soviética bajo el liderazgo de Gorbachov, y la opresión en Chechenia sobrepasa los crímenes de Stalin. 
En cuanto a la democracia y los derechos humanos, Rusia continúa una mala tradición. 
No es tanto Rusia la que ha cambiado, sino la percepción de esa nación en los países de la Unión Europea. 
Antes, en Europa occidental veíamos el Este, bajo el liderazgo de la Unión Soviética, como un rival económico y un oponente militar. 
Hoy en día, consideramos a Rusia un aliado y un suministrador de energía. 
Según el antiguo Canciller alemán, que en estos momentos se encuentra en nómina de Rusia, ahora este país alardea de tener una democracia intachable. 
En esas circunstancias, no sorprende mucho que haya cada vez menos lugar para las cadenas de televisión independientes y que se frene la libertad de asociación y asamblea. 
Cada vez se brindan menos oportunidades a los ciudadanos de participar en la política gubernamental. 
El regreso a un pasado imperfecto se acelera mediante una ley que coloca a las organizaciones no comerciales de ciudadanos bajo el control del Gobierno y que tiene el poder de suspender su financiación y disolverlas. 
Esta Cámara, por lo tanto, tiene razones de sobra para respaldar la crítica efectuada por el Consejo de Europa. 
. – Señor Presidente, Rusia sigue siendo el país más grande del mundo y, al ser miembro del Consejo de Europa y de la OSCE, está sometido a un examen y crítica más minuciosos por parte de la UE en lo relativo a los derechos democráticos fundamentales. 
Actualmente disfruta de privilegios como el Acuerdo de Asociación y Cooperación, una asociación estratégica basada en el Acuerdo de los Cuatro Espacios Comunes y posiblemente las ventajas de financiación del Instrumento de Vecindad y Asociación Europea y del Banco Europeo de Inversiones. 
Rusia sigue siendo una democracia, aunque imperfecta. 
Sin embargo, desde hace algún tiempo se han venido expresando temores en el sentido de que el Kremlin y los, los llamados hombres del poder cercanos al Presidente Putin, han estado tratando de limitar la libertad de los medios de comunicación y las ONG, particularmente en los casos en que pensaban que podían interferir con intereses estratégicos rusos, como el sangriento conflicto de Chechenia o la estrategia consistente en revertir algunas de las polémicas privatizaciones de los sectores del petróleo y del gas a comienzos de los noventa con el fin de aumentar la influencia del Estado. 
Un puñado de hombres, como Jodorkovski, se beneficiaron enormemente. 
Se le ha acusado de varios delitos penales y se han renacionalizado sus amplias participaciones en Yukos. 
Su polémico juicio dio paso a acusaciones internacionales de manipulación política del sistema judicial. 
Más recientemente, el 23 de noviembre, la Duma aprobó la ley que restringía la libertad de asociación y la capacidad de las ONG para operar en Rusia, imponiendo exigencias fiscales y de residencia para su registro que el Consejo de Europa, en un dictamen provisional, ha cuestionado seriamente por ser incompatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Sin embargo, y esto dice mucho en su favor, el Presidente Putin ha escuchado estas objeciones y ha pedido reescribir aspectos de la ley que infringen derechos humanos fundamentales y que no son legítimamente necesarios para luchar contra el terrorismo, como se ha mencionado en Chechenia en particular, y contra el blanqueo de dinero. 
Espero que prevalezca la razón. 
Todos deseamos ver una Rusia europea, democrática, con la que todos podamos compartir valores comunes fundamentales de derechos humanos básicos. 
. Señor Presidente, mi Grupo acoge con agrado esta resolución, en especial el Considerando I y los apartados 8 a 13, que adoptan la perspectiva más amplia sobre la cuestión que el señor Horáček y yo queríamos ver. 
A menudo, en estos debates se da el caso de que rompemos una lanza en contra de dictadores de poca monta y descuidamos el abordar la situación de los derechos humanos en Estados principales que son importantes para nosotros desde el punto de vista económico y estratégico. 
Me alegra que hoy estemos explicando en detalle cómo están las cosas en China y Rusia, ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de que nuestra dependencia económica de ellos –pues, por desgracia, dependemos económicamente de ellos en algunos ámbitos– nos impida ser imparciales en relación con los derechos humanos o nos impida ver las cuestiones que están en juego. 
Durante años, el Gobierno alemán ha minimizado la importancia de hechos como la guerra en Chechenia o la asfixia de los derechos humanos en Rusia, o incluso los pasó por alto en silencio, y cuando uno ve la posición que el antiguo Canciller alemán, el señor Schröder, ha adoptado ahora, se entiende rápidamente por qué lo hizo. 
Hemos de tener cuidado de que Gasprom, el gigante ruso de la energía de propiedad parcialmente estatal, no empiece a desempeñar un papel similar al que tuvo tiempo atrás la United Fruit Company en América Latina. 
Aunque es necesario cooperar económica y políticamente, no hay que andarse con rodeos al contar qué es lo que ocurre realmente con respecto a los derechos humanos. 
En ese aspecto no solo estoy pensando en los presos que se pudren en condiciones indescriptibles en Siberia, sobre quienes el señor Horáček ha hecho algún comentario, sino también en el intento de silenciar a organizaciones independientes –es decir, ONG– con tanto éxito como ya se ha hecho con los medios de comunicación rusos. 
Le estoy muy agradecido al señor Deß por encargarse de que utilizaremos más energías renovables, ya que la dependencia de Europa de la energía rusa nos lleva al punto de partida, manteniendo nuestras bocas cerradas sobre asuntos sobre los que no hay que correr un velo. 
,. Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Cámara sobre una tendencia peligrosa que está teniendo lugar en Rusia. 
El régimen del Presidente Putin utiliza cada vez más la Fiscalía y el Poder Judicial en ese país como armas políticas. 
El 9 de diciembre de 2005, la Fiscalía rusa acusó al Banco Neftyanoi de blanqueo de dinero y fraude fiscal. 
El director del banco, Boris Nemtsov, es uno de los políticos más liberales de Rusia y un miembro importante de la oposición contra Putin. 
Esto es especialmente significativo a la vista de las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2008 y que determinarán el futuro de la democracia en Rusia. 
En una declaración efectuada en la sede de mi partido para su boletín informativo de noviembre de 2005, el señor Nemtsov declaró que existía el riesgo de que se estableciera en Rusia un capitalismo monopolístico y controlado por el Estado. 
También manifestó su convencimiento de que, actualmente, el país está sometido a un proceso de, y cito, «Lukashenquización». 
La Unión Europea debería suspender el requisito de que los ciudadanos rusos obtengan un visado antes de poder entrar en los Estados miembros de la UE. 
La supresión de los visados serviría de garantía a la sociedad civil rusa de que el país será más democrático. 
. – Señor Presidente, toda democracia normal posee lo que se conoce como un cuarto Estado: una serie de periodistas y ciudadanos críticos, organizaciones no gubernamentales activas y organizaciones sin fines de lucro que, como representantes de la sociedad civil, ejercen de control de las autoridades, el Gobierno, la administración y el Parlamento sin limitaciones ni censura. 
Excepto en Rusia, donde se silencia a las personas o los grupos, empresarios y periodistas, que son demasiado críticos con la política del Kremlin o de Putin. 
Para colmo, ahora las autoridades rusas también pretenden silenciar a las ONG nacionales y extranjeras. 
Estoy encantado de que seis de los ocho Grupos hayan conseguido presentar una resolución conjunta, que nos permitirá poner los puntos sobre las íes. Frenará los pies a personas como la señora Alexejeva y el señor Gari Kasparov y también dará un impulso a las muchas personas que colaboran con las ONG, como el señor Nikitin en Bellona, y a las ONG como Inmemorial, Greenpeace, la fundación Social Verdict y el Grupo de Contacto de la Sociedad Civil. 
También respalda las palabras expresadas por el ex copresidente, junto conmigo, de la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia, el señor Lukin, que condena enérgicamente el proyecto de legislación en cuestión. 
La resolución que tenemos ante nosotros merece el apoyo por inmensa mayoría. 
. Señorías, la democracia y la libertad se encuentran amenazadas en Rusia. 
Esta es la idea central de la resolución, que es una respuesta a las nuevas normas según las cuales ya no será posible en el futuro introducir ninguna suma de dinero en el país a menos que se utilice para apoyar el desarrollo de la sociedad civil. 
La segunda razón para la resolución es la influencia ejercida por el Gobierno sobre la mayoría de los mercados de medios de comunicación. 
Señorías, espero que la Duma apruebe pronto una resolución similar sobre la Unión Europea. 
La libertad y, por consiguiente, la democracia, también están, a fin de cuentas, amenazadas aquí tras la aprobación de una propuesta para la retención obligatoria de las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los mensajes de correo electrónico para la policía. 
En Italia, el Primer Ministro Berlusconi controla una cuota decisiva del mercado de la televisión e incluso del mercado de los medios en general. 
Los propietarios extranjeros dominan claramente los medios de comunicación de la República Checa, donde el 80 % de la prensa está en manos de dos grupos alemanes. 
Esto constituye una clara amenaza para la libertad de información, y la situación es similar en Polonia y los Estados de los Balcanes. 
¿A nadie en la Cámara le preocupa lo más mínimo esta situación? 
Estoy convencido de que esta Cámara rechazará por unanimidad esta propuesta de resolución en cuanto considere un poco el asunto. 
Si lo no hace, la opinión que tendrá de nosotros nuestro electorado estará lejos de ser halagadora. 
A menos, por supuesto, que diputados de esta Cámara hayan elaborado una propuesta de resolución condenando a los monopolios de los medios de comunicación en los Estados miembros de la UE. 
Señor Presidente, es vergonzoso que estemos discutiendo violaciones de los derechos humanos en Rusia un jueves por la tarde. 
Es en especial lamentable ya que empleamos mucho tiempo debatiendo sobre Túnez el miércoles, cuando todos los diputados de la Cámara y los medios de comunicación estaban presentes. 
La libertad de expresión y pensamiento es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, y es la piedra angular de la democracia. 
Esto se refleja en las actividades de cientos de miles de ONG que constituyen la tercera parte de la fuerza más poderosa e influyente de Europa. 
Sin embargo, es lamentable que se aprueben leyes en Rusia que son extrañas e incomprensibles para nosotros en Europa. 
Rusia se está alejando cada vez más de los principios democráticos, y no podemos quedarnos quietos y observar cómo se niegan los derechos fundamentales en un país que mantiene relaciones privilegiadas con la UE. 
No podemos quedarnos indiferentes ante cambios que son tan ostensiblemente antidemocráticos. 
A las ONG rusas les va a ser más difícil o incluso imposible obtener financiación extranjera. 
Las nuevas restricciones se aplicarán a 450 000 organizaciones en Rusia, incluidas organizaciones extranjeras e internacionales que operan en la Federación de Rusia. 
La nueva ley prohíbe las actividades que se lleven a cabo en consonancia con las normas anteriormente vigentes por filiales y representaciones de organizaciones extranjeras e internacionales. 
Esto quiere decir que deberán cerrar sus filiales actuales, y presentar solicitudes para crear nuevas organizaciones que serán independientes de sus ONG matrices. 
Los extranjeros que no dispongan de una residencia permanente en Rusia perderán el derecho de constituir organizaciones civiles, así como el derecho a formar parte de los consejos de administración o a ser miembros de este tipo de organizaciones. 
Algunos políticos rusos han afirmado que las ONG son herramientas utilizadas por terceros países para hacer política extranjera en Rusia, pero estos argumentos son absurdos y ridiculizan el concepto de la democracia. 
La Unión Europa debería dar a conocer su firme oposición a esta actitud censurable, que es sintomática del incremento de xenofobia entre la elite política rusa. 
La existencia de 450 000 ONG en Rusia y el hecho de que sean tan activas, demuestran la popularidad de este aspecto de la vida pública y social en Rusia. 
La Unión Europea tiene que apoyar esta manifestación de la sociedad civil. 
– Señor Presidente, aunque apoyo plenamente la propuesta de resolución, solo quiero señalar que el Consejo y la Comisión están aplicando un doble rasero con respecto a los Estados del Este. 
Ahí va un ejemplo concreto:. la ampliamente conocida y regular violación de los derechos humanos en Belarús y Rusia. 
Además, Rusia está implicada en el genocidio de una nación, algo que no ocurre ni tan siquiera en Belarús. 
Sin embargo, el Consejo y la Comisión tratan a los dos Estados de forma completamente diferente. 
Se ha dado con la puerta de los Estados de la Unión Europea en las narices de Lukashenko y, sin embargo, al Presidente Putin se le acoge con los brazos abiertos. 
Si este doble rasero solo se aplica debido al petróleo y al gas de Rusia, recursos que Belarús no posee, entonces esta política es inmoral, aunque se suponga que la Unión Europea sea la abanderada de los derechos humanos, así como de la política moral. 
No creo que el Consejo y la Comisión desconozcan los principios de la política moral; sin embargo, estos principios no se deben vender por petróleo y gas. 
– Señor Presidente, espero que esta Cámara vacía no sea un reflejo de nuestra falta de interés por lo que pasa en Rusia, por muy comprensible que sea la situación aquí un jueves por la tarde. 
Lo que pasa en Rusia nos interesa, sus intereses son nuestros intereses. 
Por desgracia, el reloj de Rusia casi está volviendo a marcar la hora de los tiempos soviéticos. 
Actualmente no hay independencia judicial ni televisión libre y la oposición política ha sido totalmente marginada. 
No mencionaré siquiera lo que está pasando en Chechenia; la vida humana es muy barata allí. 
Con respecto a las ONG, lo que ocurre con ellas es otro eslabón de esta larga cadena de tristes sucesos en Rusia. 
No podemos caer víctimas del síndrome «NIMBY» : (no en mi patio trasero). 
De hecho, todo está pasando en nuestro patio trasero. Nos afecta a todos. 
Los viejos hábitos tardan en morir en la Unión Soviética, pero tenemos que ayudar a Rusia a volver a la democracia y los valores universales. 
En primer lugar, en interés del pueblo ruso: merece libertad, democracia y gobernanza transparente. 
Tampoco podemos trabajar con un socio que no se adhiere a las normas internacionales. 
Tenemos que ayudar a Rusia a convertirse en una nación segura de sí misma que vea que no existe conflicto entre fortaleza y una sociedad civil democrática y próspera. 
Tenemos que hablar con una sola voz; de otro modo, reduciremos nuestra posición a la insignificancia. 
No podemos pasar una buena Navidad, no podemos tener la conciencia tranquila si no vemos lo que le está pasando a nuestro vecino cercano. 
No se puede negar que las organizaciones conocidas como ONG y OSFL desempeñan un papel esencial en nuestra sociedad civil, tanto en grandes países como Rusia, como en pequeños como el de donde procedo. 
En Rusia, el número de las muchas organizaciones que existen es de unas setenta mil. 
Hace menos de tres semanas, el Parlamento conocido como la Duma Estatal aprobó algunas enmiendas, en primera lectura, que afectaron a estas organizaciones. 
Hay que comprender la reflexión tanto dentro de Rusia como fuera de este país sobre estas enmiendas que pueden tener un efecto en los derechos humanos. 
Sin embargo, hay que mencionar que en determinados países, había un pequeño número de estas organizaciones que se utilizaron indebidamente para fines ilícitos e ilegales. 
Por otro lado, las enmiendas propuestas por Rusia tienen un impacto negativo en estas organizaciones conocidas como «». 
En un tono positivo, se pidió orientación al Consejo de Europa, e incluso el Presidente de este país, Putin, formuló algunas propuestas al nuevo presidente. 
Para concluir, quiero decir que la solución no es la de catalogar igual a estas organizaciones, sino disponer de las herramientas jurídicas necesarias dentro de los parámetros del Convenio Europeo con el fin de identificar a las que no son legítimas. 
Gracias. 
. Señor Presidente, estoy muy agradecido por esta oportunidad de expresar la opinión de la Comisión sobre los derechos humanos en Rusia. 
Hay una serie de problemas que nos causan preocupación y que planteamos regularmente a Rusia en el marco de la asociación estratégica actual. 
Permítanme comenzar con Chechenia. 
Nos complace que las elecciones se hayan celebrado el 27 de noviembre y que se hayan llevado a cabo sin violencia. 
Dada la agitada historia de esta región, esto por sí mismo ya es un logro. 
Esperamos que sean un paso adelante en el proceso hacia una democracia pacífica allí. 
Sin embargo, hay una serie de informaciones sobre irregularidades y esperamos que se investiguen adecuadamente. 
Pero hay que hacer mucho más si queremos que Chechenia progrese hacia una estabilidad democrática. 
Aunque parece que ha habido una mejora de la situación en lo que a la seguridad se refiere, queda una cultura de impunidad. 
Es esencial que las autoridades investiguen a fondo los casos de desapariciones y las acusaciones de tortura para llevar ante la justicia a los autores, incluso si son miembros de los cuerpos de seguridad. 
Rusia debería poner en práctica también su voluntad expresa de cooperar con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los Relatores Especiales de las Naciones Unidas. 
También es importante que se vea que el Defensor del Pueblo local en Chechenia desempeña su tarea de forma imparcial y eficaz. 
Quiero expresar asimismo nuestra preocupación por el continuo acoso de las ONG, incluidas las que reciben apoyo de la Comunidad Europea, como la Asociación de Amistad Rusia-Chechenia en Nishny Nóvgorod. 
Esto también afecta a las ONG que prestan ayuda humanitaria en el marco del programa ECHO. 
En este contexto quiero llamar la atención sobre la propuesta de modificación de la legislación rusa sobre las ONG que se tramita actualmente en la Duma. 
Nos preocupaba que pudiese dificultar aún más las actividades de muchas ONG, especialmente las extranjeras, y por ello poner en peligro los esfuerzos de la Comisión por ayudar a crear la sociedad civil en Rusia, así como nuestro programa de ayuda humanitaria en Chechenia. 
Se he dicho que las enmiendas son necesarias para fortalecer el derecho de Rusia a protegerse del terrorismo. 
Por supuesto, respetamos ese derecho, pero las medidas que se tomen deben ser proporcionadas y respetar los compromisos internacionales con respecto a la sociedad civil, especialmente los relativos a la OSCE y al Consejo de Europa. 
Mi colega la Comisaria Ferrero-Waldner expresó esta preocupación con el Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Lavrov, durante la visita del Gobierno ruso a Bruselas el 7 de diciembre. 
Él expresó su comprensión y dijo que se modificaría el proyecto para abordar estas cuestiones. 
Por tanto, nos complace saber que ahora la administración presidencial ha planteado una serie de cambios del proyecto de ley a la Duma y celebramos las consultas previas habidas con el Consejo de Europa al respecto. 
Sin embargo, nos sigue preocupando que el actual proyecto de ley todavía pudiera limitar las actividades legítimas de las ONG. 
Urgimos al Parlamento ruso, por tanto, a aprovechar la segunda lectura, el 21 de diciembre, para plasmar plenamente la opinión del Consejo de Europa. 
Seguiremos este asunto de cerca, incluida la aplicación de la nueva ley aprobada. 
Finalmente, permítanme decir que queremos afrontar estos asuntos en un espíritu de cooperación con Rusia. 
Las consultas UE-Rusia sobre derechos humanos, que han comenzado este año, son ahora un tema habitual de nuestro diálogo y nos brindan la oportunidad de un intercambio franco y abierto. 
Además, la Comisión, aparte de ser el principal donante de ayuda humanitaria al Cáucaso Septentrional a través de ECHO, ha aprobado un programa de 20 millones de euros para la recuperación socioeconómica de la zona, una clara indicación de nuestra voluntad de implicarnos activamente en el proceso de fortalecimiento de la democracia y la estabilidad en la región. 
Seguiremos aprovechando todas las oportunidades para contribuir constructivamente a ese proceso. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término del debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Etiopía y los nuevos conflictos fronterizos. 
– Señor Presidente, como jefa de la misión de observación del proceso electoral de la Unión Europea en Etiopía ayudé a persuadir a los líderes de la oposición etíope a no boicotear las elecciones de mayo, asegurándoles que el mundo y la Unión Europea en particular estaban atentos. 
Tenían la sensación de que el régimen había iniciado el proceso electoral no para que prevalezca la democracia, sino para engañar a la comunidad internacional. 
A pesar de haber sido elegidos por el pueblo etíope, ahora están entre rejas. 
En han declarado en huelga de hambre desde el 28 de noviembre, se enfrentan a una posible pena de muerte y a pesar de ello son ninguneados por líderes europeos. 
Todo ello a pesar de que a comienzos de septiembre advertí a los Gobiernos europeos, a la Comisión, al Gobierno de los Estados Unidos y al Secretario General de las Naciones Unidas de que el régimen podía estar planeando la represión selectiva de los líderes de la oposición etíope. 
¿Cómo han podido fallar los Gobiernos europeos de manera tan lamentable a aquellos que confiaron en la Unión Europea, que lucharon y continúan luchando por la democracia en Etiopía? 
¿Cómo han podido los líderes europeos y americanos fallar de forma tan lamentable al pueblo etíope y a un país tan importante: el segundo más poblado de África y cuartel general de la Unión Africana? 
¿Qué mensaje están enviando a todos los africanos? 
¿Cómo pueden el Secretario General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad seguir cerrando los ojos ante las masivas violaciones de los derechos humanos en Etiopía, olvidando que esto podría conducir a otra guerra devastadora con la vecina Eritrea? 
¿Cómo puede el Sr. Blair, Primer Ministro británico y Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, seguir permitiendo la presencia en su Comisión para África del señor Meles Zenawi, que está manteniendo prisioneros y amenazando con la pena de muerte a los líderes de la oposición elegidos, periodistas, defensores de los derechos humanos y del desarrollo e incluso a los representantes etíopes del Llamamiento Mundial a la Acción contra la Pobreza? 
Esta es la tercera resolución desde julio en la que el Parlamento Europeo, con el voto de diputados de todos los Grupos políticos, expresa su profunda preocupación por la situación en Etiopía. 
¿Cómo pueden los líderes europeos no actuar ante los repetidos llamamientos de este Parlamento cuando están en juego las vidas de muchos prisioneros etíopes? 
. Señor Presidente, Etiopía es uno de los países que recibe más ayuda económica internacional; solo la Unión Europea le aporta anualmente casi 500 millones de dólares. 
Por ello, no podemos quedarnos impasibles ante los hechos que están ocurriendo en ese país, sobre todo tras la brutal y totalmente injustificada política de abusos contra los derechos humanos y encarcelamiento masivo de líderes políticos de la oposición, de defensores de los derechos humanos y de trabajadores de ONG, llevada a cabo por parte de las autoridades etíopes. 
La durísima e injustificada represión contra quienes protestaron por lo que consideraron un fraude electoral no puede quedar impune. 
Es preciso, por tanto, en primer lugar, que la Unión Europea exija a las autoridades de Addis Abeba la inmediata liberación incondicional de todos los prisioneros políticos, así como de los periodistas y editores detenidos, en segundo lugar, que se asegure que la ayuda humanitaria, todavía tan necesaria para la población, se canaliza vía ONG y las Naciones Unidas y, en tercer lugar, que se garantice el mantenimiento de los embargos de armas para la región, así como el estricto cumplimiento del código de conducta sobre exportaciones de armas. 
La decisión del Gobierno etíope de retirar sus fuerzas ha sido muy bien recibida. 
Es una situación muy tensa y el desalojo de miembros de la misión de las Naciones Unidas por parte de Eritrea no ayuda nada. 
Cuando estuvimos en Edimburgo, el embajador eritreo ante la UE me dijo que Eritrea quería resolver la situación, pero Etiopía se negaba a hacer nada. 
Esta mañana, el Primer Secretario de la Misión de Etiopía ante la UE me ha dicho que Etiopía quería resolver la situación, pero necesitaba canales de debate sobre el proceso de aplicación de la decisión de la comisión de fronteras. 
El caso es fundamentalmente que, a pesar de la animosidad pasada, existe ahora una voluntad de paz por ambas partes. ¿No podrían la Comisión y el Consejo esforzarse más activamente por reunir a las dos partes? 
En segundo lugar, sobre la situación dentro de Etiopía, el Consejo debe conocer que un grupo de diputados de todos los partidos, que participamos como observadores en las elecciones del 15 de mayo, escribimos a Hilary Benn, el Secretario de Estado de Desarrollo Internacional británico, el 23 de noviembre. 
Le exponíamos nuestra preocupación por la pérdida de vidas y la violación de los derechos humanos que se han producido allí desde junio. 
Me han dicho que la respuesta está esperando la firma del Ministro. 
Esto puede ser el equivalente político de un cheque en el correo, pero entiendo que el Consejo y la Comisión están decididos a proseguir un debate enérgico sobre democracia y derechos humanos de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. 
Espero que realmente sea enérgico y que tenga en cuenta la opción de entablar consultas urgentes de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú si no se logra un progreso. 
. Señorías, si me lo permiten, quiero preguntar al Comisario, con relación a la resolución sobre la situación en Etiopía, si la Comisión Europea, o cualquier otro donante de ayuda, ha suspendido la ayuda a Eritrea tras prohibir esta última los vuelos de helicópteros de las Naciones Unidas que controlan la situación en la frontera entre los dos países. 
Esta prohibición es una violación grave de los términos de la tregua, y sería más que sensato adoptar medidas claras sobre este asunto. 
Entiendo que Etiopía, a pesar de todas las críticas válidas, ha realizado más progresos hacia lo que llamamos democracia que su rival en África del Este, pero no podemos sino preguntarnos por qué los autores de esta resolución no han pedido que se mantengan conversaciones con los descendientes de la dinastía que gobernaban el país anteriormente, y para la devolución de la propiedad de esta dinastía y de la vieja aristocracia hereditaria. 
Sería lógico hacerlo así, a la vista de que hoy hemos aprobado resoluciones que piden a los futuros Estados miembros de la UE que hagan esta devolución. 
Hoy hemos aprobado resoluciones que piden la devolución, pero quiero preguntar si esto es un caso claro de doble rasero. 
Somos inflexibles en nuestras reclamaciones para la devolución solamente cuando se refieren a Bulgaria y Rumanía. 
No efectuamos llamamientos similares en el caso de Etiopía, puesto que sería evidente que no tendrían sentido. 
Apoyo estas resoluciones, pero me sorprende que no se pida ni al actual Jefe de la Familia Imperial de Etiopía ni tampoco al Presidente Putin que comparezcan ante el Parlamento Europeo, aunque se le pidió a Su Santidad el Dalai Lama que lo hiciera en la resolución sobre el Tíbet. 
Estoy seguro de que solo soy yo quien cree que seguramente el Parlamento Europeo está aplicando un doble rasero. 
A propósito, quiero preguntar al Comisario cuál es la respuesta de la Comisión a la reciente aprobación, por parte de miembros del Parlamento australiano, de una ley que restringe las libertades civiles y que, , permite la detención de personas durante 14 días. 
. – Señor Presidente, si mira con suficiente detenimiento el mapa del Cuerno de África, encontrará una pequeña isla de estabilidad llamada Djibouti. 
A su alrededor, la situación es precaria. 
Somalia, casi ya no existe en calidad de Estado; la situación nacional en Eritrea es extremadamente crítica, con eliminación de la oposición, y en Etiopía, la situación después de las elecciones es exactamente como la principal observadora de la UE, la señora Gomes, la ha descrito. 
No solo esto, sino que Etiopía está sujeta a la influencia desestabilizadora de Eritrea, que sabemos que apoya a las guerrillas que luchan en Ogaden, y el conflicto fronterizo entre Eritrea y Etiopía sigue amenazando con estallar en una guerra abierta. 
Hoy, aquí en esta Cámara, nos centramos en la situación nacional de la Etiopía postelectoral y, por lo tanto, la petición que tenemos que hacer no es vaga: tenemos que pedir al Gobierno que desista en el despliegue desproporcionado de fuerzas para eliminar a la oposición y a la población general, y que ha de poner en libertad a los prisioneros y periodistas sin demora. 
Hace poco, oí decir que se había arrestado a tres personas más, por lo que la situación actual es que hay 15 periodistas detenidos También hay que dar acceso a la Cruz Roja Internacional a los campos en los que tantas personas están detenidas. 
El Primer Ministro del país ha reiterado que no solo va a procesar a los dirigentes políticos, sino también a los otros 3 000 detenidos, y que no habrá ningún tipo de clemencia, ni siquiera una amnistía de Navidad. 
Dado que es evidente que el Gobierno etíope se inclina por el enfrentamiento, pedimos a la Unión Europea que considere la posibilidad de imponer –como ya lo hacemos con otros regímenes sanciones concretas contra las personas que ostentan el poder en Etiopía, lo que, estoy seguro, enviaría una señal clara. 
Si se prohíbe a estas personas viajar a Europa para ir de compras, quizá también caigan en la cuenta de que ya no cuentan con nuestro apoyo, y que no confiamos en que estén dirigiendo su país en la buena dirección. 
. – Señor Presidente, que en esta Cámara ya estemos aprobando la tercera resolución sobre Etiopía en menos de seis meses demuestra cuán grave y alarmante es la situación en ese país. 
Por alentador como pueda ser que las autoridades etíopes hayan puesto en libertad a 8 000 personas, la cifra demuestra que han tenido lugar detenciones masivas, mientras que el Gobierno, hasta la fecha, siempre ha rehusado dar a conocer el número total de personas que se encuentran detenidas o los emplazamientos en los que están detenidas. 
Por consiguiente, nuestra resolución insta al Gobierno etíope a que informe sobre el número total de personas detenidas y los lugares donde están, permita que la Comisión Internacional de la Cruz Roja tenga acceso a ellas y a sus familias, y garantice que reciben asesoramiento jurídico y asistencia sanitaria. 
. – Señor Presidente, la violación de los derechos humanos en Etiopía no es un hecho nuevo. Ni tampoco la condena de esta violación. 
En 2005, el Parlamento aprobó dos veces sendas resoluciones sobre la situación en Etiopía y dos veces se ha visto decepcionado por la respuesta. 
Recientemente, el régimen gobernante etíope emprendió una gran ofensiva alarmante contra líderes políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, trabajadores de ONG y jóvenes que expresaban su oposición al Gobierno de Addis Abeba. 
Miles de civiles han sido detenidos y encarcelados sin juicio. 
Unos 8 000 ya han sido liberados, pero un número desconocido sigue todavía en prisión. 
También estamos muy preocupados por los movimientos de tropas, tanto en el lado etíope como en el lado eritreo de la frontera. 
El miedo a una nueva guerra es ahora real y las devastadoras hostilidades del pasado reciente pueden convertirse una vez más en una realidad de pesadilla en el presente. 
Pedimos al Gobierno etíope que respete los derechos humanos de sus ciudadanos y también pedimos a los Gobiernos de Etiopía y Eritrea que se contengan, que acaten las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que, con espíritu de buena fe, resuelvan pacíficamente sus diferencias fronterizas. 
Concluiré diciendo que lo que nos ha contado la señora Gomes es muy alarmante y grave y espero que la Comisión sea capaz de responder a las preguntas que ha formulado. 
. –Señor Presidente, una vez más centramos nuestra atención en Etiopía y una vez más la situación no ha mejorado; si acaso está peor. 
Los informes son cada vez más pesimistas. 
Acabamos de oír que unos 18 000 jóvenes han sido detenidos en Addis Abeba y han sido trasladados a un campo abierto cerca del río Dedessa y hechos prisioneros. 
Tendrá que ser un campo muy grande. 
Debemos presionar con fuerza a las autoridades etíopes para que nos revelen a cuántos de sus ciudadanos están maltratando. 
Esta propuesta de resolución ofrece una serie de ideas sobre cómo hacerlo, pero le quedaría agradecido si nos pone al día, señor Comisario, sobre sus planes y sobre qué medidas va a adoptar. 
El Gobierno debe revelar cuántas personas han sido detenidas, particularmente cuantos jóvenes, y también a cuántos ha matado. 
Por tanto, ¿qué opina la Comisión sobre la creación en el futuro de una comisión de investigación independiente sobre todo este asunto? 
Hay mucho que hacer al respecto, Señorías, así que, para terminar, pues creo que seré el último orador de 2005, les deseo a todos unas vacaciones tranquilas, un feliz Hogmanay, como llamamos al Año Nuevo en Escocia, y espero verles de nuevo en 2006 para redoblar nuestros esfuerzos en torno a esa terrible situación. 
Señor Presidente, aunque espero que nuestros deseos de una Feliz Navidad también lleguen al pueblo de Etiopía, creo que la temporada vacacional también será triste para muchos de ellos. 
Digo esto porque un número no insignificante de etíopes son cristianos, y Etiopía, que es uno de los dos países más grandes de África, tiene raíces cristianas. 
Tal como yo lo veo, es otra razón por la que muchos de los Estados miembros de la UE que comparten estas raíces cristianas deben defender los derechos humanos en Etiopía. 
Confío en que el Comisario no actúe hoy como cierto pájaro africano. 
Me refiero al avestruz, que es conocido por su costumbre de esconder su cabeza en la arena. 
Espero que el señor Verheugen hable con valentía sobre la voluntad y determinación de la Comisión Europea y de las autoridades de la UE de defender los derechos humanos en un país en que estos derechos están siendo violados a pesar de lo que se diga. 
Confío en que el Comisario así lo hará, y esta confianza me da esperanza. 
Quiero desear tanto a él como a la Cámara en su conjunto una Feliz Navidad. 
. Señor Presidente, la Comisión está muy preocupada por los acontecimientos políticos internos en Etiopía desde las elecciones del 15 de mayo. 
El proceso de democratización ha llegado a una difícil encrucijada. 
La Comisión condena la matanza de civiles inocentes por parte de las fuerzas de seguridad en las calles de Addis Abeba y otras ciudades del país en julio y noviembre. 
La detención de miles de personas por simpatizar con los partidos de la oposición es inaceptable. 
La Comisión también condena la detención de los líderes de la oposición, que llevan tres semanas en huelga de hambre, poniendo en peligro sus vidas. 
La preocupación de la Comisión ha sido expresada por escrito por el Comisario Louis Michel, así como en Addis Abeba por los embajadores de la Unión Europea y los Estados Unidos, y por el Grupo de Embajadores de Países Donantes. 
Las autoridades etíopes han sido debidamente informadas de nuestra preocupación, pero todavía no han reaccionado de manera constructiva. 
En respuesta inmediata a los sucesos, la Comisión y otros donantes se han puesto de acuerdo en reconsiderar la aplicación de la ayuda al desarrollo. 
El apoyo presupuestario ya se retrasado mientras que la ayuda humanitaria, la ayuda alimentaria y otros programas continúan actualmente. 
En el frente político, los Jefes de Misión de la Unión Europea iniciarán un diálogo político estructurado con el Gobierno etíope, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú. 
Los Jefes de Misión en Addis Abeba han propuesto al Gobierno una estructura detallada para el diálogo e indicadores para medir el progreso en la situación política y de derechos humanos. 
Estos indicadores se refieren principalmente al avance en el proceso de democratización, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como cuestiones de paz y estabilidad en la región. 
En este momento, la Comisión no considera que deban iniciarse consultas, tal como se prevé en el artículo 96, porque todavía hay esperanza de que el diálogo político pueda dar resultados positivos. 
A más largo plazo, la Comisión tendrá que dedicarse a fortalecer las instituciones democráticas de Etiopía y la promoción de un diálogo abierto entre el Gobierno y la sociedad civil. 
Actualmente, la Comisión promueve el papel de defensa de la sociedad civil etíope con el objetivo de permitirle desempeñar un papel más importante en el proceso de democratización. 
En nuestra opinión, estos esfuerzos deben continuar a pesar de los reveses que sufre el proceso de democratización. 
En cuanto al proceso de paz entre Etiopía y Eritrea, deseo recordar la posición de la Unión Europea al respecto. 
La Unión Europea alienta a las partes a acatar el Acuerdo de Paz de Argel, así como la decisión final y vinculante de abril de 2002 de la Comisión de Fronteras Etiopía/Eritrea. 
Eritrea y Etiopía deben respetar y aplicar la Resolución 1640 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Además, la iniciativa corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas son el garante del Acuerdo de Paz de Argel y pueden hacer cumplir el Derecho internacional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término del debate. 
. Estoy preocupado por el deterioro de la situación entre Etiopía y Eritrea, que amenaza con provocar una nueva guerra. 
A los eritreos, la independencia les costó décadas y la muerte de decenas de miles de luchadores por la libertad. 
Desde entonces, la situación de los derechos humanos en Etiopía sigue siendo funesta, mientras que en Eritrea se ha deteriorado de suficiente a muy mala. 
Sin embargo, la sombra del conflicto que planea sobre la región dificulta todavía más una mejora significativa de los derechos humanos en ambos países. 
Por ello es importante que la Comisión y el Consejo presionen a ambos países para volver a los niveles de despliegue de tropas del 16 de diciembre de 2004, y para Eritrea en particular que dé marcha atrás en su decisión de prohibir los vuelos en helicóptero por parte de la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea y de pedir que se vayan algunos miembros de la Misión. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
– Señor Presidente, había una petición de votación por partes sobre el apartado 14, pero tras comentarlo con algunos diputados de otros Grupos podemos simplificarlo. 
Se trata de una votación por partes sobre la palabra «dirigirse». 
Si esta se retira, podremos apoyar la resolución. 
Entonces dirá lo siguiente: «Insta a la Conferencia de Presidentes a que invite a Su Santidad el Dalai Lama al Parlamento Europeo durante 2006». 
Espero que prospere la votación por partes de modo que podamos apoyar la resolución en su conjunto. 
– Señor Presidente, deseo simplemente hacer una pregunta sobre la votación por partes desde un punto de vista del procedimiento. 
¿Es correcto realizar una votación por partes cuando no se ha solicitado por escrito antes de que, de hecho, la sesión parcial haya empezado? 
Simplemente necesito una decisión sobre ello y saber qué norma va a aplicar. 
– Señor Presidente, no hay que dar a este asunto más importancia de la que tiene; el término «Jefe de Estado» no se encuentra en ninguna parte de la resolución. 
El Dalai Lama se ha dirigido al Pleno con anterioridad, y podemos, por una vez, dejar los aspectos prácticos de los preparativos a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa. 
Con esto concluye el Turno de votaciones. 
Declaro interrumpida la sesión del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 15 de diciembre de 2005. 
Señorías, el comienzo de un nuevo año suele ser un tiempo de optimismo de cara al futuro, pero este año todos estamos tristes por la trágica y prematura muerte, en la víspera de Año Nuevo, de Phillip Whitehead, el sabio e inteligente presidente de nuestra Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 
Phillip era muy respetado en esta Cámara. 
Llegó aquí en 1994, aportando su experiencia como productor de documentales de televisión y político nacional, junto con su defensa firme e incondicional de un papel activo de su país en la Unión Europea. 
Hoy quiero que recordemos su figura y sus logros en esta Cámara, como sus leyes sobre medios de comunicación o seguridad alimentaria; su incansable defensa de los derechos de los consumidores y su esfuerzo para ayudar a hacer realidad la histórica ampliación a Europa Central y Oriental. 
Quiero destacar también su sensatez, su habilidad política y el buen humor que aportó como adalid de la controvertida y compleja directiva sobre servicios a través de su comisión. 
Querido Phillip, te echaremos mucho de menos. 
Quiero pedir a todos los aquí presentes hoy que guardemos un minuto de silencio en su recuerdo. 
El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Señor Presidente, Señorías, la cuestión de la movilidad de la mano de obra y la movilidad de los estudiantes tiene una gran importancia para mi país, Eslovaquia, así como para otros nuevos miembros de la Unión. 
En esta ocasión, no pretendo hablar de períodos transitorios, a través de los cuales otros Estados miembros de la Unión Europea han impuesto restricciones considerables al movimiento de la mano de obra. 
No obstante, como miembro de la Comisión de Cultura y Educación, quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a Austria, el país que ocupa actualmente la Presidencia de la UE, que modifique sus leyes sobre la admisión de estudiantes extranjeros, entre ellos los eslovacos, en las universidades austriacas y que revoque la disposición relativa al «» a favor del principio de la igualdad de oportunidades. 
Esto podría hacerse, en mi opinión, introduciendo exámenes de ingreso o semestres de prueba. Con ello se daría un paso hacia el objetivo paneuropeo de crear una sociedad basada en el conocimiento. 
– Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, quiero expresar nuestra profunda tristeza y desilusión por las muertes sin sentido de dieciocho civiles en la aldea paquistaní de Damadola como consecuencia del bombardeo de la aviación americana. 
Quiero decir aquí que respeto totalmente los esfuerzos realizados por los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo internacional, así como las intervenciones conjuntas de los Estados Unidos y la UE para perseguir a los cerebros y autores de atentados terroristas contra civiles. 
Pero por otra parte, no hay nada en nuestras sociedades democráticas que nos impida manifestar nuestras reservas ante ataques que causan víctimas civiles en cualquier país, sobre todo cuando las víctimas son mujeres y niños. 
Señor Presidente, Señorías, la crisis de la energía entre Rusia y Ucrania ha mostrado la verdadera cara de Rusia como socio económico: una amenaza oculta de utilizar el sector de la energía con fines políticos. 
Cuando mi país, Lituania, decidió recuperar su independencia y separarse de la Unión Soviética hace quince años, fue objeto de una conducta similar por parte de Rusia: un bloqueo económico y energético. 
Haciendo repetidamente hincapié en la importancia de Rusia como socio estratégico y en su excepcional posición entre otros países, la Unión Europea está ofreciendo concesiones a Rusia. 
La principal razón de esas concesiones es la creciente dependencia del sector energético de la Unión Europea en los recursos rusos. 
¿Pero no resulta obvio que Rusia podría recurrir a las mismas tácticas que ya utilizó con nosotros en su relación con la Unión Europea si experimenta dificultades? 
Por lo tanto, les pido no solo que debatamos la adopción de una política energética común, sino también que tomemos medidas para que esa política se adopte de inmediato. 
– Señor Presidente, hace cuatro años, los Estados Unidos trasladaron a sus primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo, encapuchados y encadenados, al centro de detención de Guantánamo, su base naval en Cuba. 
Unas 500 personas, procedentes de 35 países, siguen detenidas, sin acusación ni juicio, privadas de los derechos reconocidos por las convenciones internacionales. 
Hay un número creciente de informes sobre torturas y malos tratos infligidos los presos de ese centro. 
En la práctica, los presos se encuentran en una situación «alegal». 
Varios han intentado suicidarse. 
El proyecto de los Estados Unidos de que los detenidos sean juzgados por comisiones militares no hará más que agravar la injusticia. En efecto, esas comisiones no son independientes y admiten declaraciones arrancadas mediante la tortura o la coacción. 
En estas condiciones, señor Presidente, ¿no es hora de que sumemos nuestras voces a las de quienes piden en Europa el cierre de este centro? 
Señor Presidente, Señorías, estoy convencido de que todos queremos reavivar el debate sobre la política europea, pero para eso se necesita no solo la voluntad política, sino también el lanzamiento en toda Europa de una amplia campaña de información y comunicación adaptada a los distintos grupos destinatarios. 
El conocimiento, al fin y al cabo, depende de la información. 
No existe un único libro de lectura y ejercicios que sirva para todas las escuelas de la UE; con el apoyo del Ministerio austriaco de Educación, Ciencia y Cultura, los periodistas austriacos Wolfgang Böhm y Otmar Lahodynsky han redactado uno que, con solo algunas modificaciones, podría utilizarse en todos los Estados miembros de la UE. 
Le pido, señor Presidente, que procure que este libro se publique y esté disponible en todos los Infopoints de la UE y todas las oficinas de información de la UE. 
Hemos producido también un libro de bolsillo sobre la UE para los jóvenes, con 40 preguntas y respuestas, que tampoco necesitaría demasiada adaptación para poder utilizarse en todos los Estados miembros de la UE. 
Le pido, señor Presidente, que trate de que estas dos publicaciones se incluyan en el Plan D, haciendo con ello posible la utilización de un único libro de lectura en toda Europa y una misma campaña de información. 
– Señor Presidente, acabamos de recibir a una delegación de los trabajadores portuarios que hoy se han manifestado masivamente en nuestra ciudad. 
Los representantes de los sindicatos han condenado los actos violentos cometidos por algunos incontrolados, en Estrasburgo mismo y en contra de este Parlamento, pero han llamado nuestra atención sobre los peligros que presenta la directiva portuaria para el estatuto de los estibadores, la calidad de los servicios y su seguridad. 
Han pedido a los diputados al Parlamento Europeo que rechacen, como hace dos años, esta directiva tan inútil como perjudicial cuando vuelva al Parlamento. 
Esta directiva es perjudicial y es inútil, porque, como han señalado los estibadores, los servicios portuarios europeos son los más competitivos del mundo y no es necesario intensificar la competencia en nuestros puertos. 
Señor Presidente, hemos comenzado este año con una reunión urgente de los representantes de los Estados de la UE para tratar la cuestión del suministro de gas desde Rusia. 
La crisis de la energía entre Rusia y Ucrania ha sido una llamada de advertencia para la Unión Europea. 
La dependencia del sector energético de la Unión Europea en Rusia, de donde proceden entre el 50% y el 90% de todos los recursos energéticos de los Estados de la Unión Europea, es desde hace tiempo motivo de preocupación para los ciudadanos de la Unión Europea, así como para los residentes de Europa Central y Oriental. 
Es un secreto a voces que el sector energético de la UE se sigue gestionando y regulando de tal forma que con frecuencia algunos miembros de la Unión Europa salen ganando a expensas de otros Estados, a expensas de otros Estados de la UE o perjudicando los intereses de esos Estados. 
Eso no debe ocurrir. 
Por tanto, considerando los objetivos de la Estrategia de Lisboa y la creciente demanda de recursos energéticos, le pido, señor Presidente, que trate de adoptar una única política energética de la Unión Europea, dando prioridad a la redacción de un primer texto en el programa de trabajo tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo. 
– Señor Presidente, la semana pasada la Presidencia austriaca anunció que el período de reflexión sobre la Constitución europea había finalizado y que pretendía presentar una nueva propuesta en la cumbre de junio. 
Por otra parte, en Francia, el Ministro de Asuntos Interiores, señor Sarkozy, ha propuesto un método original para revisar el texto propuesto, que se basaría en el estudio realizado por un grupo de expertos, quienes viajarían por todas las capitales europeas y recogerían sus conclusiones en un breve texto que pudiera ser aprobado por los Parlamentos nacionales. 
Quiero llamar su atención, señor Presidente, sobre el hecho de que ninguna de esas dos propuestas hace referencia al veredicto popular que llevó a reconsiderar el camino que había emprendido la Unión Europea. 
Unos meses después del «no» neerlandés, sería una buena idea que estudiáramos la experiencia que hemos adquirido y el mejor uso que podemos hacer de ella, para remediar el déficit democrático que se ha producido entre las instituciones y los ciudadanos. 
Por tanto, las declaraciones incendiarias y los procesos antidemocráticos no van a crear, desde luego, una Unión Europea de los ciudadanos. 
Señor Presidente, una cadena de radio propiedad de la jerarquía católica en España ha emprendido una campaña de apología del franquismo y del golpismo. 
La Unión Europea se ha construido sobre valores de libertad y de pluralismo, y, en varios de nuestros países, la negación del holocausto o la reivindicación del nazi-fascismo constituyen un delito. 
En España, no es delito defender los crímenes del franquismo, pero quienes lo hacen deben ser reprobados moralmente. 
Como última prueba de la actitud delirante de dicha cadena de radio, uno de sus llamados «periodistas» se hizo pasar por el Presidente Zapatero para entrevistar fraudulentamente al Presidente electo de Bolivia, Evo Morales. 
La suplantación del Presidente es un delito penado con diez años de cárcel en los Estados Unidos, pero no pedimos penas de prisión ni medidas de cierre cautelar; reclamamos, eso sí, de este Parlamento una sanción moral que podría consistir en una pena de cien padrenuestros y cincuenta avemarías en perdón de sus pecados. 
Señor Presidente, una investigación en Polonia ha revelado que el conductor responsable del accidente que se cobró la vida de seis personas, entre ellas la del diputado al Parlamento Europeo Dr. Filip Adwent, presentaba trazas de anfetaminas en el análisis de sangre que se le realizó en el momento. 
Esas sustancias afectaron a su capacidad para controlar el camión que estaba conduciendo. 
Hago referencia a este trágico accidente a la luz del informe publicado recientemente por el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías. 
En dicho informe se concluye que las toxicomanías constituyen una de las amenazas más graves a las que nos enfrentamos y que se están convirtiendo en un problema sobre todo entre la generación más joven. 
Como hemos podido comprobar, este problema no solo pone en situación de riesgo a los toxicómanos, sino a la sociedad en su conjunto. 
¿Cuántas personas, sean toxicómanos o víctimas inocentes como nuestro colega, tienen que morir todavía para que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros reaccionen y aprueben leyes duras en contra de las drogas? 
Eso es lo que se necesita, y no los textos presentados hasta la fecha, que confieren más protección al libre mercado que a las preciosas vidas humanas. 
El informe contiene propuestas relativas a la eficacia de las medidas para prevenir las toxicomanías y normas duras, y pido a todos los legisladores que velen por la incorporación de estas propuestas tanto al Derecho comunitario como a las respectivas legislaciones nacionales. 
Señor Presidente, el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania por el suministro de gas natural y el incesante aumento del precio del petróleo demuestran lo vulnerable que es Europa cuando se trata del abastecimiento de esos productos esenciales. 
Europa depende cada vez más de las importaciones, que a menudo proceden de regiones que son altamente inestables. 
Por ejemplo, ya importamos el 60 % de nuestro petróleo, y esa cifra aumentará en el futuro. 
Se está evidenciando que ningún Estado miembro de la UE, por muy grande que sea, podrá afrontar estos problemas por sí solo en el futuro. 
Por tanto, quiero pedir una vez más a la Comisión Europea y al Consejo Europeo que aceleren la preparación de una propuesta relativa a una política energética común, que debería estar también en consonancia con la política exterior y de seguridad común. 
No creo que podamos mantener la situación actual, dependiendo como dependemos de la buena voluntad de algunos regímenes autoritarios o totalitarios que son vecinos nuestros. 
Señor Presidente, Señorías, quiero denunciar desde el Partido Popular Europeo que este próximo fin de semana la organización terrorista Batasuna, el brazo político y cuna de los criminales de ETA, pretende celebrar su congreso en el País Vasco. 
Como sabrán, Batasuna está ilegalizada en España y figura en la lista de asociaciones terroristas de la Unión Europea, y sería un verdadero escándalo que Batasuna celebrara este acto, porque ello supondría un ataque directo al Estado de libertades y al Estado de Derecho de un miembro de la Unión Europea que es España, una indignidad democrática para Europa, una sumisión a los planteamientos de los terroristas de ETA-Batasuna y, sobre todo, una traición a las víctimas del terrorismo y un desprecio a su memoria. 
Señorías, ¿se imaginan ustedes que un partido ilegalizado como el partido nazi quisiera celebrar un congreso en Alemania o en Austria? , ¿se imaginan que Al Qaeda quisiera celebrar un acto en Nueva York? 
Es inimaginable. 
Pues en España, los terroristas pretenden, una vez más, saltarse la ley. 
Estos días, desgraciadamente, hay declaraciones procedentes del Gobierno nacionalista vasco y del Gobierno socialista de la nación que están dirigidas a colocar la alfombra roja a estos terroristas para que desfilen por ella sin problemas en su próximo congreso. 
El Parlamento Europeo tiene que denunciar este acto que quiere celebrar ETA-Batasuna y alzar su voz en favor del cumplimiento estricto de la Ley de Partidos. 
Señor Presidente, espero que transmita un mensaje de felicitación al Consejo por su decisión de reunirse de ahora en adelante en público cuando debata legislación sometida a codecisión. 
Con ello se satisface una antigua demanda del Parlamento Europeo y la Presidencia británica merece ser felicitada por este logro. 
La Presidencia británica ha sido bastante buena para el Parlamento Europeo también en otros aspectos. 
Decidió, en primer lugar, reanudar los debates en el Consejo sobre el sistema de comitología para dotar al Parlamento de los mismos derechos de control y avocación que el Consejo. 
Decidió, en segundo lugar, incorporar las propuestas relativas a la conservación de datos a la legislación del primer pilar sometida a codecisión, en lugar de considerarlas un arreglo intergubernamental dentro del tercer pilar, como querían otros Gobiernos. 
Por último, ha sido un ejemplo de cómo debe ser la relación entre las presidencias y el Parlamento Europeo, con un número récord de comparecencias ministeriales, entre ellas no menos de cuatro del propio Primer Ministro Blair. 
Espero que la Presidencia austriaca lo haga igual de bien. 
En el frente institucional no ha empezado bien, con el ataque bastante poco informado del Canciller Schüssel contra el Tribunal de Justicia. 
– Señor Presidente, hay una serie de Gobiernos nacionales que no aceptan el papel institucional del Parlamento Europeo. 
Creen que el Parlamento Europeo «se mueve» sobre una escala más pequeña que los Parlamentos nacionales. 
Dejemos clara una cosa: nuestro papel, nuestro papel institucional, es tan importante como el de los Parlamentos nacionales. 
El Gobierno griego está revisando la Constitución. 
Ha convocado a los partidos representados en el Parlamento griego, pero no a los partidos representados en el Parlamento Europeo. 
Eso es claramente un desaire. 
Por tanto, quiero pedirle que intervenga, de manera que los Gobiernos nacionales vean cuál es el papel que le corresponde al Parlamento Europeo, con lo que me refiero a que su papel tiene que ser similar al de los Parlamentos nacionales. 
Es intolerable que el Gobierno griego no acepte en el debate a nuestro partido, que obtuvo el 4,5 % aquí y el 6 % en las encuestas de opinión, precisamente porque se siente amenazado por nuestro ascenso. 
Por tanto, queremos el derecho a la democracia. 
Queremos el derecho a la coexistencia. 
Le ruego que se ponga en contacto con el presidente del Parlamento griego y le haga entender que eso es ilegal y descabellado. 
– Señor Presidente, Señorías, estamos celebrando el Año de la Movilidad. 
Movilidad entendida como cambio del lugar de trabajo y el lugar donde se trabaja. 
Para realizar con éxito ese tipo de cambios, se necesitan algunos medios, siendo el más básico de ellos el plurilingüismo. 
Por consiguiente, no entendemos por qué el conocimiento de la lengua del país de origen de los ciudadanos europeos que habitan en otros países de la Unión Europea no se mantiene ofreciendo clases en la lengua materna desde la guardería y la escuela infantil, de manera que tanto el país de acogida como el país de origen y la Unión Europea en su conjunto puedan mantener y desarrollar este acervo. 
Confío en que la Comisión Europea refuerce en el futuro la enseñanza de la lengua materna de los trabajadores migrantes. 
Señor Presidente, comparto con la señora Flautre la condena del escandaloso hecho de que la Bahía de Guantánamo exista desde hace cuatro años. 
Varias docenas de residentes legales de la UE siguen encarcelados allí, entre ellos algunos ciudadanos de mi propia circunscripción: Bisha al Rawi, Jamil al Banna y Omar Deghayes. 
La UE tiene que ejercer una presión unida y cohesiva sobre los Estados Unidos, cosa que no ha hecho hasta ahora. 
Ciudadanos de los futuros Estados miembros de la UE están también encarcelados allí. 
Me refiero en particular a cinco ciudadanos bosnios y a un residente legal que fueron secuestrados por agentes estadounidenses en enero de 2002, desafiando las órdenes de los tribunales bosnios, y mantenidos incomunicados durante dos años. 
Pido al Primer Ministro bosnio, Adnan Terzic, que exija su liberación y pido a la UE que le anime y apoye. 
También en el contexto de la llamada guerra contra el terror, resulta vergonzoso que el Gobierno británico ocultara al Parlamento británico durante seis semanas una carta de Louise Arbour, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que expresaba su profunda preocupación por algunas de las propuestas de la actual legislación antiterrorista que se están tramitando en el Parlamento nacional del Reino Unido, a pesar de haber solicitado que la carta se diera a conocer a la Cámara de los Lores. 
Todo el mundo debe hacer caso a lo que digan las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, Señorías, ha llegado la hora de que Austria, por segunda vez desde su adhesión a la Unión Europea en 1995, ocupe su presidencia y durante su mandato esperamos que emprenda numerosas iniciativas. 
Me han parecido unas noticias particularmente buenas que, justo antes del inicio de la Presidencia austriaca, se hayan eliminado por fin algunas de las restituciones a la exportación de animales vivos. 
Quiero ahora solicitar directamente a la Presidencia, y en los términos más enérgicos, que elimine todas las subvenciones a la exportación de animales vivos a corto plazo y que imponga a medio plazo restricciones sobre el transporte de animales vivos dentro de Europa, y que finalmente dictamine que los animales son un objeto fundamental de la protección legal europea. 
Incluso hoy, incluso en algunos Estados miembros de la UE, se transportan o mantienen en condiciones terribles todo tipo de animales. Un ejemplo dado a conocer recientemente por una organización austriaca en defensa de los animales ocurrió en un santuario animal de Italia. 
Hay que poner fin urgentemente a este tipo de cosas. 
Señor Presidente, en España, aunque a algunos les moleste, hace mucho tiempo que hay libertad en los medios de comunicación. 
Por eso, mientras algunas cadenas de radio inventan terroristas suicidas, otras se dedican a dar información seria. 
Yo sé, gracias a la COPE, que, el 29 de noviembre del año pasado, el Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja le envió a usted, señor Presidente, una carta en la que le solicitaba que colaborara y tuviera una actitud activa en defensa del español, sabiendo que la Comisión había recortado en un 33 % el número de traductores e intérpretes de esa lengua. 
Se envió esa carta al Presidente Zapatero, así como al Comisario Almunia, pero ninguno de ustedes ha hecho nada por la defensa del español en esta ocasión. 
Por eso le pido que, para no discriminar a los españoles respecto a los demás ciudadanos de la Unión, haga usted algo a favor de nuestro idioma común, porque usted ha sido elegido para formar parte de esta casa en una lista española. 
Por supuesto que he sido elegido en una lista española. 
Hubiera podido ser elegido en una lista de cualquier otro país de la Unión Europea, como usted sabe. 
Pero no creo, señora diputada, que el español haya sufrido ningún menoscabo en este Parlamento. 
Si tiene usted algún caso concreto por el que deba preocuparme le ruego me lo notifique, pero no creo que nadie haya percibido ningún menoscabo, ningún agravio, ni ninguna falta de consideración hacia el idioma español en el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en la actualidad existen 84 directivas de Lisboa aprobadas por el Parlamento Europeo; 63 de ellas tendrían que haberse transpuesto a las legislaciones nacionales antes del 1 de junio de 2005, pero solo 13 de ellas han sido transpuestas en su totalidad por todos los Estados miembros. 
La Directiva sobre biocarburantes tendría que haberse transpuesto antes de finales de 2004, pero los siguientes Estados miembros no han notificado todavía a la Comisión la legislación por la que se ejecuta dicha directiva: Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia. 
La Estrategia de Lisboa se encuentra en serios aprietos porque los Estados miembros no aplican la legislación europea. 
Señor Presidente, quiero pedirle que escriba a la Comisión, en nombre del Parlamento Europeo, para preguntarle qué está haciendo para acelerar la aplicación de la Directiva sobre biocarburantes y qué medidas está adoptando contra los Estados miembros que no transponen la legislación europea ni se toman en serio la Estrategia de Lisboa. 
Muchas gracias, señora Morgan, así se lo transmitiré a la Comisión que, por cierto, presentará sus nuevas propuestas para la Estrategia de Lisboa en la próxima Conferencia de Presidentes. 
Será una buena ocasión para que los Grupos políticos atraigan la atención sobre el tema a que usted se ha referido en su intervención. 
Señor Presidente, permítame aclarar a este Parlamento que la decisión sobre la solicitud de reunión a que se ha referido el señor Iturgaiz con anterioridad está actualmente en manos de la justicia española y, por lo tanto, corresponde al fiscal y al juez decidir en el Estado de Derecho que es España en el que la justicia es independiente, y ello, además, siguiendo un procedimiento que ha sido debatido y acordado en el Parlamento español; se trata, por lo tanto, de una decisión plenamente democrática. 
Por último, solo querría recordar que este Parlamento viene apoyando históricamente los procesos de paz y de erradicación de la violencia. 
Esperamos y estamos convencidos de que esta seguirá siendo su práctica. 
Señor Presidente, los recientes casos humanos de infección por la gripe aviar en Turquía demuestran que el riesgo de una pandemia ha aumentado y una mayoría del Parlamento neerlandés ha decidido ahora que sería conveniente introducir esterillas desinfectantes en los aeropuertos. 
Aunque el Ministro, el señor Veerman, ha rechazado esta propuesta, alegando que esa medida tendría que adoptarse a escala europea, personalmente celebro la iniciativa del Parlamento neerlandés. 
El Ministro tiene razón, por supuesto, al decir que sería mejor regular estas cuestiones a escala europea, pero el problema de los debates sobre la gripe aviar a escala europea es que las personas siempre están cargadas de buenas intenciones, pero si se llegara a producir una crisis, la Comisión no podría en ningún caso tomar medidas en un plazo de 24 horas. 
Por otra parte, tanto en la prensa británica como belga se está empezando a hablar de hasta qué punto están preparadas las empresas para hacer frente a una posible pandemia y yo creo que eso nos lleva a plantearnos también la pregunta de hasta qué punto las instituciones europeas y el Parlamento Europeo están preparados. 
Me parece que no hay absolutamente ninguna razón para que cunda el pánico, pero si se produjera una pandemia con restricciones para viajar, eso también nos afectaría a nosotros, por supuesto, y me pregunto si eso se ha tenido en cuenta. 
Señor Presidente, la propuesta final del Presidente Barroso para las perspectivas financieras 2007-2013 contiene las siguientes propuestas, aparentemente contradictorias. 
En general, en el punto 4 se dice lo siguiente: «el importe máximo total... para el periodo 2007-2013 es de 862 363 millones de euros» y que «todas las cifras se expresan en precios constantes de 2004» , pero que «se realizarán ajustes... automáticos para la inflación». 
En el punto 78 se contempla así la reducción del Reino Unido: «Durante el período 2007-2013, la contribución adicional del Reino Unido no será superior a 10 500 millones de euros». 
Estos dos puntos parecen estar en conflicto y plantean la cuestión de si los 10 500 millones de euros estarán sujetos a un ajuste técnico automático anual para la inflación. 
De ser así, esto supondría un importante coste adicional. 
Los votos del Parlamento británico se expresan en valores actuales en libras esterlinas y no están sometidos a ajustes automáticos para la inflación. 
¿Exactamente cuánto espera la UE que pague el contribuyente británico, y es eso legal? 
Señor Presidente, los Grupos del Parlamento Europeo han debatido la decisión del Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005. 
Los distintos Grupos políticos la han rechazado y sus críticas están justificadas en muchos aspectos. 
Pero al mismo tiempo, quiero advertir al Parlamento Europeo que no actúe con exceso de celo. 
Se han alcanzado numerosos acuerdos sobre las reglas de utilización de los fondos, que los diez nuevos Estados miembros consideran positivos. 
En lo que no hemos conseguido ponernos de acuerdo en el Parlamento Europeo es en la cuestión del IVA no reembolsable, la aplicación de la regla n+3 a los fondos de cohesión, que se hayan hecho posibles las asociaciones entre los sectores público y privado y la participación de recursos privados y que se esté haciendo posible la ayuda para la rehabilitación de viviendas. 
Todas estas son cuestiones muy importantes para los nuevos Estados miembros, y sería muy importante que los intereses de los nuevos Estados miembros no se vieran perjudicados durante el debate parlamentario. 
Señor Presidente, quiero informar a mis colegas de un lamentable incidente que me ocurrió en Navidades. 
La víspera de Año Nuevo, fui secuestrado en Nicosia por fuerzas de ocupación turcas y se me acusó de cruzar la línea de separación impuesta por el ejército turco en Chipre tras la invasión turca de 1974. 
Tuve suerte de ser detenido, pero no asesinado: los guardias turcos tienen órdenes de disparar contra cualquiera que se acerque a esa línea. 
Varios civiles inocentes han muerto ya de esta forma en los últimos años. 
Posteriormente, pasé tres días encarcelado en el norte de Chipre ocupado por Turquía en unas condiciones terribles, sin que las Naciones Unidas, mis familiares o el representante del Parlamento Europeo recibieran autorización para visitarme. 
Comparecí esposado en dos ocasiones ante un tribunal militar turco y en una ocasión ante un tribunal civil ilegal en el sector de Nicosia bajo ocupación turca. 
Finalmente fui liberado previo pago de una fianza de más de 25 000 euros y estoy obligado a comparecer ante los tribunales de la ocupación turca el 20 de enero; de no hacerlo, se emitirá una orden de detención contra mi persona. 
Si me consideran culpable, me enfrentaré a una sentencia de tres años de cárcel. 
Precisamente esta mañana he firmado una carta dirigida a su Señoría en respuesta a la que usted me había dirigido sobre este tema. 
Señor Presidente, quiero informar a la Cámara de las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios y tribunales alemanes. 
El problema afecta a polacos que han estado casados con cónyuges alemanes, pero que ahora están divorciados, y que reciben un trato no mejor que los pederastas. 
Los tribunales conceden invariablemente la custodia de los hijos al progenitor alemán y dan por sentado que el idioma y la cultura alemanes son superiores a sus equivalentes polacos. 
La «germanización precoz» y los «niños de descendencia alemana» eran frases utilizadas en Nuremberg por los criminales encargados de la germanización de los niños polacos. 
Los funcionarios que trabajan para la, la Oficina Alemana para el Bienestar de los Niños y los Jóvenes, utilizan hoy frases similares para justificar las prohibiciones impuestas por los alemanes a las visitas de polacos a sus hijos. 
Incluso cuando esas visitas tienen lugar, se prohíbe expresamente que hablen en polaco y se inculca a los niños que todo lo relacionado con la lengua polaca es inferior. 
La alega que la lengua polaca tiene una influencia negativa en la educación de los niños, pero esos supuestos son racistas. 
Polonia ha experimentado ya un sistema educativo alemán que se consideraba superior a todos los demás en anteriores momentos de su historia. 
¿Es esto lo que se entiende por respeto de los derechos humanos en Alemania? 
Esas prácticas infringen uno de los principios básicos de la Unión Europea, que es la promoción de la diversidad lingüística y cultural de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, quiero volver al tema de la manifestación que ha habido hoy de trabajadores portuarios contra la propuesta de directiva relativa al acceso a servicios portuarios. 
Entre los manifestantes había estibadores tanto de los antiguos como de los nuevos Estados miembros. 
Yo mismo represento a Pomerania Occidental, una región de Polonia que tiene puertos como los de Szczecin y Świnoujście Al igual que mi Grupo político, me opongo a la propuesta de directiva que la Cámara considerará en breve. 
Pero algo extraño está sucediendo en la Comisión. 
Aunque esta propuesta disfrute de escaso apoyo público y haya sido rechazada por el Parlamento Europeo en la anterior legislatura, y aunque no existan pruebas convincentes de que un reglamento de este tipo sería la solución adecuada, la propuesta se ha presentado en el último minuto. 
Espero de verdad que la actual Comisión en general, y el Comisario Barrot en particular, no cometan el mismo error en otros sectores de la economía. 
– Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre la deplorable situación de los trabajadores migrantes en la Unión y el limbo jurídico en el que suelen encontrarse. 
No estoy hablando de inmigrantes ilegales o económicos, sino de trabajadores migrantes legales de los Estados miembros de la UE, nuevos y antiguos, que en mi región son predominantemente portugueses y polacos. Para ilustrar la situación me referiré a mi propio país, pero sucede lo mismo en toda la Unión Europea. 
Para ilustrar la situación me referiré a mi propio país, pero sucede lo mismo en toda la Unión Europea. 
En el Reino Unido tenemos un sistema de registro de trabajadores en el que estos pueden inscribirse previo pago de 70 libras esterlinas (100 euros) , lo que les da derecho a recibir, al cabo de 12 meses, una serie de prestaciones sociales. 
Pero para ello necesitan un número de seguridad social. 
Y eso nos lleva a un callejón sin salida: para conseguir un número hay que concertar una cita, pero nadie responde al teléfono; así que sin cita, no hay número de seguridad social ni los trabajadores pueden inscribirse en el sistema de registro, de manera que no pueden legalizar su situación para poder trabajar, como tampoco pueden recibir protección ni prestaciones. 
– Señor Presidente, el martes 12 de enero se organizó un gran mitin en la ciudad de Rethymnon, en Creta, contra el racismo y la xenofobia, tras el homicidio de un joven trabajador inmigrante albanés. 
Dentro de unos días se celebrará un mitin en Barcelona contra el racismo en el deporte, y en los estadios de fútbol en particular, que está adquiriendo proporciones alarmantes. 
Le propongo, señor Presidente, que tome usted la iniciativa ante la Presidencia austriaca y la Comisión Europea y sugiera que en el Consejo de primavera que se celebrará en marzo se debata una estrategia integrada para combatir el racismo y la xenofobia que incluya medidas y políticas a corto y largo plazo. 
Se trataría de una iniciativa simbólica e importante para combinar las políticas sobre desarrollo económico y lucha contra el desempleo y la pobreza con las políticas contra el racismo y la xenofobia. 
– Agradezco, señor Presidente, la oportunidad de poder saludar, en la Cámara, a los trabajadores portuarios, entre los que se encuentran unos cien trabajadores portugueses, que hoy se manifiestan ante el Parlamento Europeo y que han convocado un paro en varios países de la Unión Europea. 
Los trabajadores portuarios luchan, entre otras cosas, por la defensa del empleo, la seguridad en el trabajo, la calificación profesional, los contratos laborales colectivos y los derechos sindicales, exigiendo, en consecuencia, que se rechace la Directiva relativa a los servicios portuarios, una directiva que, a pesar de haber sido ya rechazada por el Parlamento, ha vuelto inexplicablemente a ser presentada por la Comisión Europea. 
Pido, por tanto, al Parlamento Europeo, que haga lo que tiene que hacer y la rechace de nuevo. 
Señor Presidente, yo también estoy de acuerdo con las objeciones del señor Liberadzki a la Directiva relativa a los servicios portuarios, aunque hubiera preferido que esta batalla se librara con palabras, no con piedras. 
Dos policías franceses han resultado gravemente heridos hoy. 
Pero mi intervención es sobre otra cuestión. 
La reciente crisis del gas entre Ucrania y Rusia ha demostrado la necesidad de una política energética común. 
Son muchos los riesgos que entraña una situación en la que algunos Estados miembros adoptan medidas por iniciativa propia que sirven al único propósito de aumentar su propia seguridad energética, con lo que me refiero a los suministros de gas, petróleo y electricidad. 
De ahí se deduce la necesidad de una verdadera cooperación y del establecimiento de medidas armonizadas en este ámbito. 
No estoy hablando de una armonización excesiva y demasiado burocrática, sino constatando el hecho de que los Estados miembros de la UE forman una comunidad que comparte los mismos objetivos y las mismas amenazas. 
Las medidas económicas que están justificadas y son comprensibles a escala nacional deben situarse en el contexto más amplio de la preocupación por la seguridad política, geopolítica y energética. 
Esa es la tarea a la que se enfrenta también el Parlamento Europeo, por lo que celebro que el Presidente del Parlamento haya decidido incluir en el orden del día las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre esta cuestión. 
Señor Czarnecki, estudiaremos su propuesta. 
He recibido esta mañana a una representación de los trabajadores, a los que he solicitado que pongan fin a los actos que están teniendo lugar alrededor del Parlamento. 
La delegación de los, de los trabajadores que se manifestaban, estaba completamente de acuerdo conmigo en intentar evitar esas manifestaciones de carácter violento, y estoy seguro de que están haciendo todo lo que pueden para controlar a sus tropas. 
Nunca es fácil; como sabemos por experiencia, en todo colectivo hay siempre un porcentaje de revoltosos. 
El siguiente punto es la Declaración de la Comisión sobre la homofobia en Europa. 
. Señor Presidente, la competencia comunitaria en materia de medidas para la lucha contra las discriminaciones, y en particular contra la discriminación basada en la orientación sexual, se fundamenta en el artículo 13 del Tratado comunitario. 
Por otra parte, la Comisión desea recordar que la prohibición de este tipo de discriminación está explícitamente consagrada en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Sobre esta base, la Comisión, en el marco de sus competencias, se esfuerza y se esforzará por luchar firmemente contra la homofobia. 
Combatir la discriminación basada en la orientación sexual es un elemento esencial de la lucha contra la homofobia. 
La Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que abarca todos los tipos de discriminación contemplados en el artículo 13, constituye un ejemplo concreto de esta acción, y la Comisión vela y velará por la aplicación de esta directiva en los Estados miembros. 
No obstante, la Comisión es consciente de que la acción legislativa debe ir acompañada de otras iniciativas encaminadas a combatir las discriminaciones de hecho, las prácticas humillantes, los prejuicios y los estereotipos. 
Permítanme citar dos acciones concretas de la Comisión. 
La primera consiste en una campaña de información, lanzada en 2003 y titulada «Por la diversidad. Contra la discriminación» , que está actualmente en curso y tiene por objeto promover una imagen positiva de la diversidad, así como informar al público sobre las leyes contra la discriminación. 
Las organizaciones de defensa de los derechos de las personas homosexuales son algunos de los socios de esta acción. Se han emprendido así varias iniciativas, como una campaña de información y sensibilización de la opinión pública sobre las discriminaciones de que son objeto las personas homosexuales. 
La segunda iniciativa se inscribe en el marco de la reciente propuesta de convertir el año 2007 en el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos. 
Los objetivos serán informar a la población de sus derechos, promover la diversidad como reto y oportunidad para la Unión, así como poner de manifiesto la igualdad de oportunidades para todos, ya se trate de la vida económica, social, cultural o política. 
La Comisión considera que las organizaciones de lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual podrán sacar un gran partido de esta última acción. 
No es menos cierto que la Unión y la Comisión únicamente pueden actuar en el marco de los poderes que les atribuye el Tratado. 
Por ejemplo, la Comisión puede abrir un posible procedimiento de infracción contra un Estado miembro, pero a condición de que se haya comprobado una vulneración de los derechos fundamentales en el marco de la aplicación del Derecho comunitario. 
Ahora bien, al margen de las competencias de la Unión, corresponde a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para combatir la homofobia. 
En todo caso, ya se trate de situaciones que entren en el marco del Derecho comunitario o no, está claro que la Comisión condena absolutamente cualquier manifestación o expresión de homofobia. 
. Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a todos los Grupos políticos que han contribuido a redactar esta resolución. 
Agradezco en particular el trabajo del señor Cashman, la señora In't Veld y el señor Romeva i Rueda. 
Quiero plantear tres cuestiones en mi propio nombre y en el de mi Grupo. 
La primera es que esta resolución no trata sobre la homosexualidad como tal, sino sobre la homofobia, y para nosotros se trata en realidad de una cuestión de derechos humanos y de si se puede tolerar que otras personas sean marginadas por su orientación sexual. 
Todos estamos de acuerdo en que queda mucho por hacer en todos los Estados miembros y dentro de las instituciones. 
Hará falta mucha presión. 
El Comisario Frattini se ha referido al artículo 13 del Tratado y al artículo 21 de la Carta de Derechos Humanos, y yo estoy de acuerdo con eso; pero lo importante en este caso es que los Estados miembros los respeten. 
En el fondo, por eso estamos celebrando este debate: para conseguir el alineamiento de los Estados miembros. 
La segunda cuestión se refiere a dos problemas que nos estamos encontrando en la lucha contra la homofobia. 
El primero de ellos es la desigualdad en la legislación de los Estados miembros. 
Todos hemos oído hablar de los problemas vinculados a la libre circulación: una pareja puede ser aceptada, por ejemplo, en los Países bajos, pero puede no serlo ni tener los mismos derechos – sociales o de otro tipo – por ejemplo, en Italia. 
El segundo problema es una tendencia preocupante que se observa en muchos Estados miembros, y no quiero señalar a ninguno en particular. 
Todos vemos y nos enfrentamos a los problemas de delitos por odio y discriminación. 
Tenemos que recordar también que no se trata solo de la orientación sexual; se trata asimismo de la identidad de género y la expresión de género. 
Mi último comentario – que va ligeramente más allá del alcance de esta cuestión – es que tenemos que recordar que siguen existiendo 75 países que consideran ilegal la homosexualidad y 9 países que la castigan con la pena de muerte. 
Tenemos que poner fin a esta situación. 
. – Señor Presidente, Europa está construida, en efecto, sobre la base de unos principios absolutos: la igualdad, la tolerancia y el humanismo. 
Estos principios fundamentales no admiten excepciones; simplemente se nos imponen y las autoridades deben defenderlos cueste lo que cueste cuando son atacados. 
Se cometen abusos verbales con algunos de nuestros conciudadanos y están surgiendo verdaderas formas de discriminación. 
Lo más terrible de todo es el hecho de que se han propinado verdaderas palizas que han causado la muerte de varias personas en varios Estados miembros de la Unión. 
¿Qué han hecho las víctimas de esos actos innobles? 
Simplemente tienen una orientación sexual diferente, son homosexuales, y el texto que se nos propone y que debatimos esta tarde es un proyecto importante. 
Votando a favor de esta resolución, proclamamos a los cuatro vientos que queremos poner fin a la diferencia de trato que padecen los homosexuales en el territorio de la Unión y que se les garanticen los mismos derechos. 
Insistimos en este punto: es necesario que las leyes sean las mismas para todos. 
Por último, pedimos solemnemente que cesen las manifestaciones homófobas que avivan el odio, sobre todo cuando esas palabras condenatorias salen de la boca de las más altas autoridades del Estado, que son las garantes de la igualdad de trato para todos. 
Nuestro deber es garantizar los derechos fundamentales de cada persona dentro del respeto del artículo 13 del Tratado. 
Es nuestra concepción común de la democracia y de nuestros valores. 
Hemos de estar al tanto todos los días. 
Si es necesario, la lucha contra la homofobia debe recurrir a disposiciones legislativas, como ya ocurre en varios Estados de la Unión. 
La Europa de los 25 significa fraternidad e igualdad. 
No perdamos el tiempo y arranquemos de cuajo los gérmenes malsanos que brotan aquí y allá. 
Tenemos un deber de resistencia contra el odio y el rechazo de los demás. 
Hoy no puedo sino repetir las palabras del pastor alemán Martin Niemöller, que se opuso a los nazis: «Cuando vinieron a detener a mi vecino comunista, no dije nada, pues yo no era comunista. 
Cuando vinieron a detener a mi vecino gitano, no dije nada, pues yo no era gitano. 
Cuando vinieron a detener a mi vecino judío, no dije nada, pues yo no era judío. 
Cuando vinieron a detenerme a mí, ya no había nadie para defenderme». 
Muchas gracias. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en tiempos de creciente intolerancia, una abrumadora mayoría de este Parlamento ha enviado una señal muy clara y que es motivo de alegría. 
Con demasiada frecuencia se justifica la homofobia con el pretexto de defender otros derechos fundamentales, como la libertad de culto y la libertad de opinión. 
Algunos Estados miembros se escudan en el principio de subsidiariedad para legitimar la discriminación y, con el debido respeto, señor Comisario, hasta la propia Comisión suele utilizar esta cobarde excusa para mirar hacia otro lado. 
Espero que la Comisión defienda los derechos fundamentales de todos los ciudadanos europeos, con independencia de dónde vivan, porque eso es precisamente lo que hacemos también aquí en este Parlamento. 
Los derechos fundamentales no son una cuestión de subsidiariedad. Son inalienables y universales para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Pero no basta con declaraciones solemnes y con la indignación moral; como se especifica en nuestra resolución conjunta, hacen falta muchas otras cosas más. 
Tenemos que invertir no solo en información y educación, sino también en mejorar la situación legal de los homosexuales. 
Siguiendo con la misma cuestión, quiero insistir una vez más –y me gustaría escuchar del Comisario qué planes hay al respecto– en lo que se conoce como la directiva horizontal que prohíbe todo tipo de discriminación, no solo en el lugar de trabajo, sino en cualquier lugar. 
Además, es un escándalo que algunos Estados miembros sigan sin reconocer plenamente el hecho de que los homosexuales fueron blanco del régimen nazi. 
Espero que la Presidencia austriaca pueda trasladar esto a los Estados miembros en el Consejo y reconocer seguidamente que los homosexuales fueron víctimas de los nazis. 
Por último, me gustaría saber cuándo hará por fin la Comisión lo que tantas veces se le ha pedido que haga y presente propuestas para eliminar los obstáculos que dificultan la libre circulación de las parejas homosexuales casadas. 
Es intolerable que los europeos, al cruzar la frontera, pierdan sus derechos por causa de su orientación sexual, como derechos de propiedad, derecho a una pensión, derecho a la seguridad social e incluso la custodia sobre sus propios hijos. 
Me gustaría escuchar de la Comisión qué propuestas más presentará en respuesta a la petición del Parlamento Europeo en este sentido, que se remonta a octubre de 2004. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace más de un año, el señor Barroso, Presidente de la Comisión, compareció ante el pleno para responder a las declaraciones del señor Buttiglione, candidato a Comisario, e hizo una serie de promesas claras. 
He vuelto a leer su intervención una vez más. 
La lucha contra la discriminación y la igualdad de oportunidades iban a ser la máxima prioridad de esta Comisión, con un grupo de Comisarios que vigilarían todas las actividades de la Comisión y con grandes iniciativas en este ámbito. 
Quería actuar como una fuerza motriz de la política. 
Bien, mi pregunta a la Comisión es qué ha conseguido exactamente este grupo de trabajo en el último año, porque la decepcionante lista elaborada por el Comisario Frattini no hace realmente justicia a ese enorme compromiso y queda mucho trabajo por hacer. 
Como ha dicho la señora In't Veld, sigue siendo inaceptable que existan normas europeas que prohíben la discriminación de las personas por el color de su piel, por ejemplo a la hora de alquilar una casa, pero que los homosexuales sigan estando al margen de la ley. 
¿Por qué se restringe el derecho a la igualdad de trato de las personas, con independencia de su orientación sexual, al mercado de trabajo? 
En Polonia se han prohibido una serie de manifestaciones por la libertad y existen numerosos indicios de que las autoridades quieren dificultar allí el proceso de emancipación de los homosexuales. 
A mi Grupo le preocupa eso, como también le preocupan otra serie de cosas que han sucedido en Letonia y Lituania, y también en otros países. 
Es preocupante que en muchos casos los Grupos no se atrevan a decir lo que piensan sobre esta cuestión. 
Pensemos en los Liberales. 
Cuando se trata del gasto ineficiente de las subvenciones europeas, insisten en señalar y avergonzar a los culpables, pero cuando hablamos de valores europeos fundamentales, nadie dice ni una palabra, y eso no me parece bien. 
Espero, por tanto, que sus Señorías voten ahora a favor de las enmiendas, para que podamos abordar la cuestión en su conjunto. 
Señor Presidente, yo también me opongo a la discriminación por motivos de orientación sexual, pero debemos ser prudentes a la hora de conceder todavía más derechos a los homosexuales. 
Me satisface que estemos celebrando este debate hoy. 
Los derechos de los homosexuales tienen que ser defendidos en la medida de lo posible. 
No hace tanto tiempo que la homosexualidad fue eliminada de la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. 
Estoy totalmente a favor de esa medida, pero no estoy seguro de que sea una buena idea legalizar las uniones homosexuales. 
Estas últimas podrían quizá regularizarse a efectos de la ley de sucesiones, pero no se debe permitir que las parejas homosexuales adopten niños. 
Esas prácticas son negativas, perjudiciales y escandalosas, y ningún estudio psicológico ha demostrado que puedan considerarse normales. 
Señor Presidente, no hay duda alguna de que nos enfrentamos en Europa a una situación en la que los homosexuales son en ocasiones víctimas de violencia o desprecio en manos de los servicios policiales. 
Así dicen los informes sobre el particular. 
Ahora bien, no puedo más que pensar que este debate es en gran medida una pérdida de tiempo. 
Mi opinión se basa en la creencia de que sería muy buena idea recuperar el sentido de la proporción en este acalorado debate y no sucumbir a la histeria cuando describimos la situación de los homosexuales en Europa. 
«Histeria» es la única palabra apropiada para las descripciones que dibujan una situación de movimientos de resistencia, detenciones y guerra. 
La señora Roure nos ha dado un buen ejemplo de esas descripciones en su intervención. 
Quiero llamar la atención de la Cámara sobre dos hechos. 
Primero, la violencia contra los homosexuales representa solo una fracción de la violencia que es endémica en nuestras sociedades y que constituye un problema al que se enfrentan todos los Estados miembros de la UE. 
Hemos visto un ejemplo de ello hoy y hace unos meses vimos otros ejemplos en Francia. 
Se trata de una de las facetas de un problema mucho mayor. 
Otra faceta de esta cuestión es que todos los Estados miembros de la UE, sean antiguos o nuevos, cuentan con sus respectivas instituciones. 
Resulta evidente que esas instituciones, con lo que me refiero a tribunales, defensores del pueblo e incluso la opinión pública, son capaces de proporcionar protección efectiva a los derechos de las minorías. 
Si quisiéramos enfocar este debate desde una perspectiva jurídica, nos encontraríamos con toda una serie de problemas y obstáculos en forma de las disposiciones legales contenidas en los Tratados. 
Por fortuna, no podremos hacer nada para cambiar eso. 
No existe consenso en Europa respecto a la necesidad de modificar los Tratados para dar a la UE jurisdicción sobre cuestiones tan fundamentales como el reconocimiento de las uniones homosexuales y sus consecuencias fuera de las fronteras del Estado miembro que las ha autorizado. 
De ahí se deduce que no existe razón alguna para pedir a la UE que actúe en cuestiones como la homofobia. 
Pero eso tendría una consecuencia inevitable. 
La credibilidad del proceso de integración, que está siendo ya utilizada por algunos como arma ideológica, se debilitaría. 
Señor Presidente, me parece legítimo preguntar si la manera en que la señora Buitenweg ha planteado esta cuestión de la homofobia en Europa es propia de un político. 
¿Tenemos derecho a imponer nuestra forma de pensar a los electores, o a decirles cómo deben enfocar el problema de la sexualidad y de las minorías sexuales? 
Yo creo que la sexualidad es un asunto privado de las personas y que todas ellas deben ejercer su sexualidad conforme a su propia moral, religión y cultura, y de acuerdo con las costumbres locales. 
Por tanto, el Parlamento Europeo no puede plantearse el objetivo de conseguir la aceptación generalizada de la homosexualidad en Europa, ni debe esperarse algo así de él. 
No debemos olvidar que aunque algunos países europeos son más tolerantes, otros tienen unas normas sociales más conservadoras. 
Aún así, los homosexuales son víctimas de ataques y agresiones incluso en los países más tolerantes, como los Países Bajos y Francia. 
Solo tengo que mencionar el caso del homosexual Sebastian Nouchet, al que rociaron con gasolina y prendieron fuego en Francia. 
Si vamos a celebrar un debate sobre este tipo de cuestiones, debemos centrar nuestra atención en formas de prevenir una escalada del odio homofóbico. 
Pero no lo conseguiremos salvo que logremos trazar una línea entre la protección del derecho a la intimidad sexual y la violación del derecho a manifestar esa sexualidad. 
Quiero dejar claro, por tanto, que cualquier minoría que sienta la necesidad de manifestar el hecho de ser diferente, debe tener libertad para hacerlo. 
Ninguna minoría puede ser discriminada en este sentido. 
De hecho, en Polonia se ha creado todo un sistema de órganos judiciales y constitucionales, entre ellos un defensor del pueblo, para proteger esta libertad y para velar por el cumplimiento de la legislación europea. 
Las prohibiciones de organizar manifestaciones homosexuales son solo de naturaleza incidental. 
Para terminar, quiero insistir en que la ley debe beneficiar tanto a las mayorías sexuales como a las minorías sexuales. 
Señor Presidente, quiero expresar mi decepción por la declaración del Comisario Frattini, que ha sido más una repetición que una declaración. 
Señor Comisario, sabemos que está usted preocupado y sabemos que la Comisión está preocupada, pero la Comisión ha de ser juzgada por sus actos. 
Los procedimientos en caso de infracción tienen que aplicarse a todos los Estados miembros que no transpongan ni apliquen las correspondientes directivas, ya vigentes en algunos Estados miembros. 
Estoy de acuerdo en que tenemos que lanzar una campaña de educación, pero eso no es suficiente por sí solo. 
Tiene que presentarse ante esta Cámara una propuesta de directiva horizontal directamente relacionada con la directiva sobre razas y etnias prometida por el Presidente Barroso. 
Me siento afligido por algunas de las intervenciones de esta tarde. 
Lo que nos preocupa es la igualdad, no la defensa de la homosexualidad. 
Se trata de dar a los homosexuales los mismos derechos y la igualdad que otros dan tanto por sentado. 
Yo soy gay. 
Soy un homosexual, nacido de un hombre y una mujer corrientes. 
Solo por ese motivo, algunos quisieran privarme del derecho a hablar sobre mi sexualidad, a celebrar la relación que mantengo con mi pareja desde hace ya 22 años y a formar parte de la comunidad en general. 
Algunos me vilipendiarían, me despojarían de mis derechos democráticos y me lanzarían palabras de odio. 
¿Por qué? 
Porque la sociedad está preocupada por lo que percibe que es mi vida sexual. 
Ya ha sido juzgada. 
¿Qué moralidad subyace a esto? 
¿Dónde está la moralidad en predicar y alentar la discriminación y el odio, utilizando a veces la religión o las creencias como escudo o excusa? 
Quiero decir al Comisario Frattini y a toda la Comisión, así como a esta Cámara, que si no hacemos nada cuando vemos a personas golpeadas hasta la muerte, vilipendiadas y discriminadas, estaremos consintiendo y haciéndonos cómplices de esas agresiones, de las palabras de odio, de la difamación y de los malos tratos. 
Incluso en el Reino Unido, donde se han hecho grandes avances, un joven fue golpeado hasta morir justo antes de Navidades por la única razón de ser homosexual. 
Si esta Cámara no hace nada, será partícipe de todos y cada uno de los golpes lanzados contra esa persona y contra otros hombres y mujeres homosexuales como él en toda la Unión Europea. 
El simple hecho de tener que hacer una declaración así ante el Parlamento Europeo hace que este día sea muy triste. 
Señor Presidente, tengo que reconocer que, como ha dicho el señor Cashman, hasta en mi propia circunscripción de Londres seguimos viendo prejuicios y delitos homófobos. 
Hace poco, un homosexual fue asesinado simplemente debido a un prejuicio homicida. 
Hace unos años, un hombre enloquecido de odio hizo estallar una bomba con el único fin de matar a clientes homosexuales de un bar. 
Por supuesto, también mató a otros. 
Estamos hablando en particular del odio y de prejuicios personales. 
Pero lo que más nos sorprende en algunos Estados miembros es la burda intolerancia oficial: la prohibición de manifestaciones del Orgullo, el lenguaje incendiario incluso de primeros ministros, la falta de protección policial en las manifestaciones, etc. 
Necesitamos legislación europea que proscriba los delitos de odio no solo por motivos de raza –cosa que todavía no hemos conseguido– sino también de orientación sexual. 
Y tenemos que garantizar la igualdad de trato sea cual sea la raza, el género y la orientación sexual para generalizar la prohibición de todo tipo discriminación, no solo en el lugar de trabajo, sino también en la prestación de servicios y el suministro de bienes. 
La legislación fragmentada que tenemos ahora no es suficientemente buena. 
Asimismo, pido al Comisario Frattini que lidere el esfuerzo por mejorar en gran medida la protección generalizada tanto de las mujeres como de las minorías. 
Señor Presidente, en pleno siglo XXI no se puede simplemente condenar la homofobia: hay que combatirla política y jurídicamente. 
La homofobia no se puede entender sino como una combinación de ignorancia e impunidad. 
Los propios Tratados establecen que las instituciones europeas tienen que velar por el respeto de los derechos y las libertades de sus Estados miembros. 
Ello implica luchar contra la ignorancia y contra la impunidad de las declaraciones y acciones homófobas, que no solamente se producen, sino que están creciendo en algunos países europeos. 
Lamento profundamente declaraciones como las que se han hecho en Polonia o decisiones como las que se han tomado en el Parlamento letón, que vulneran fundamentalmente el principio de igualdad de derechos, que tiene que prevalecer en la construcción de los valores únicos en que se basa la Unión Europea. 
Por lo tanto, insto a la Comisión a condenar la homofobia y a establecer los mecanismos jurídicos y políticos para que un día esta sea solo una cuestión del pasado. 
Señor Presidente, no creo que haya nadie en esta Cámara acepte que los homosexuales sean discriminados, agredidos o intimidados por motivo de su orientación, pero eso no es, en el fondo, lo que estamos debatiendo hoy. 
La cuestión que estamos debatiendo es si sigue siendo posible criticar el espíritu de lo políticamente correcto que está sofocando poco a poco la libre expresión de opiniones. 
Aunque por fortuna los tiempos en que la homosexualidad era un tema tabú pertenecen ya al pasado, ahora se ha convertido en tabú expresar objeciones contra algunos tipos de conducta o quejarse por algunos homosexuales, aunque eso no guarde ninguna relación con la discriminación, el odio, etc. El caso Buttiglione sigue fresco en la memoria. 
Por ejemplo, cualquiera que se oponga al matrimonio homosexual es rápidamente tachado de homófobo y criminalizado. 
El Comisario Frattini ha hablado sobre diversidad hace un momento, pero es importante que sigamos abiertos a la diversidad de opiniones, porque la beatería de la moral sexual decimonónica está dando paso gradualmente a la beatería de lo políticamente correcto. 
– Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo se honra de haber sido la punta de lanza de la lucha contra las discriminaciones en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, el estatuto de las minorías étnicas, la situación de las personas con discapacidad y, más recientemente, el respeto de la orientación sexual. 
El artículo 13 del Tratado, la Carta de los Derechos Fundamentales y numerosas directivas otorgan a nuestra Asamblea no solo el derecho, sino también el deber de proseguir su lucha por la igualdad de derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. 
Dados los considerables avances registrados en este terreno en muchos Estados miembros, algunos esperaban que este asunto, si no resuelto, al menos quedaría amortiguado. 
No ha sido así. Podemos observar incluso un auténtico recrudecimiento del lenguaje homófono y de la violencia. 
Las recientes declaraciones de dirigentes políticos polacos nos han consternado por no suscitar, lamentablemente, más que reacciones muy tibias por parte de la Comisión Europea. 
Se han pronunciado otras intervenciones inadmisibles del mismo tenor en otros países, incluida Francia. 
En todas partes hay que deplorar actos violentos, que van de los insultos a la tortura y los asesinatos. 
Esos delitos tienen lugar en un contexto internacional especialmente preocupante: en Egipto, el Líbano y Senegal, los homosexuales son perseguidos por su modo de vida. 
Peor todavía, en Irán dos han sido ejecutados. 
Por tanto, acogemos con satisfacción la declaración de la Comisión sobre la homofobia en la Unión Europea. 
Nuestro colega del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el señor Stubb, había elaborado una resolución en nombre de nuestro Grupo que pedía a la Comisión y a los Estados miembros que adoptaran medidas concretas, legislativas y prácticas, para luchar contra este tipo de discriminación. 
Hoy examinamos una resolución común de cinco Grupos políticos. 
No podemos sino celebrar que, en esta Cámara, la lucha por los derechos humanos haya trascendido las fronteras partidistas. 
Ahora, los votos piadosos que traslucen en las declaraciones de la Comisión deben ser sustituidos pronto por una directiva integral concreta. 
A cada uno de nosotros corresponde continuar también esta lucha en nuestros países respectivos, por una forma de igualdad que no solo consiste en el derecho a la indiferencia de los demás ante la propia sexualidad, sino también en el derecho a ser diferente. 
Señor Presidente, los ataques contra homosexuales son malas noticias, y esas noticias nos están llegando de todos los rincones de la Unión Europea. 
El Vicepresidente, Comisario Frattini, nos ha explicado lo que la Comisión tiene a su disposición para hacer frente a la homofobia y lo que en realidad está haciendo al respecto, pero lo que me gustaría que nos dijera es si eso será suficiente. 
¿Pretendemos de verdad encontrar aceptable que la discriminación en los Estados miembros pueda salir impune y que no se transpongan las directivas contra la discriminación? 
Por eso es necesario que exista una mayor voluntad política y este debate contribuirá a ello. 
Cinco Grupos se han reunido y se han puesto de acuerdo sobre un texto que denuncia la discriminación por motivos de orientación sexual y que tiene como finalidad proteger a homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales. 
Pero lo cierto es que hay que hacer más; no se puede dejar que los Estados miembros transpongan las directivas contra la discriminación cómo y cuándo les parezca bien, y –como ya se ha dicho– si sus autoridades interfieren con el derecho a manifestarse, por ejemplo, prohibiendo las manifestaciones del orgullo gay, habrá que pedirles cuentas. 
Los derechos fundamentales tienen que reforzarse y tienen que aplicarse no solo en Bélgica, los Países Bajos y España, donde se reconocen plenamente los derechos de las parejas del mismo sexo, sino también en toda la Unión Europea. 
Estoy realmente indignada por lo que acabo de escuchar en contra del derecho de adopción. 
Lo que determina que un niño se desarrolle y madure es el amor y la dedicación de sus progenitores, no su orientación sexual. 
Ahí es donde empieza la discriminación sexual y, aunque gracias a Dios, la condenamos, existen potentes voces que se alzan en lugares como el Vaticano para defenderla, alentando así manifestaciones aún más flagrantes de homofobia. 
Termino, pues, diciendo que la moral es un asunto privado de cada ciudadano, pero lo que tenemos que hacer en esta Cámara es defender la ley, y eso es lo que están haciendo cinco Grupos. 
Señor Presidente, Señorías, me pregunto si viviré lo suficiente para ver la homosexualidad aceptada y vivida como algo completamente normal. 
Me pregunto si llegará el momento en que los políticos dejen de sacar provecho político para sí mismos con comentarios discriminatorios sobre las personas homosexuales, y me pregunto si las parejas del mismo sexo serán reconocidas con responsabilidades compartidas e igualdad de derechos. 
Existe algo en la visión –expresada en la definición del Papa– de las parejas homosexuales como meros acuerdos de conveniencia para conseguir sexo vacío que revela desprecio hacia las personas y que no tiene relación alguna con la realidad de la vida que viven las parejas homosexuales. 
La discriminación contra formas de vida homosexual y su marginalización empieza en la mente de las personas y el hecho de que nosotros aprobemos una directiva sobre el tema no pondrá fin a esa situación. 
Ni los acontecimientos en Polonia son accidentales ni las últimas declaraciones de un ministro italiano son un lapsus; por el contrario, son expresiones de una actitud mental. 
La lucha contra la homofobia es una tarea educativa, y se pretende que 2007 sea el Año Contra la Discriminación. 
La Comisión tiene que dar a la lucha contra la homofobia el mismo nivel de prioridad en sus actividades que a la lucha contra la discriminación por motivos de género, raza o religión. 
– Señor Presidente, la intervención del Comisario Frattini me ha decepcionado, porque lo que está haciendo es retractarse y decir que intervendremos solo cuando se infrinjan derechos, pero no cuando se violen los principios fundamentales de la Unión Europea. Aunque indirectamente, eso es lo que usted ha dicho, señor Comisario. 
Lo cierto es que la sexualidad y la orientación sexual son también derechos fundamentales que se recogen en el Tratado. 
Cuando la violación de esos derechos tiene tintes oficiales, como en Polonia, por ejemplo, donde esas personas son objeto de unas declaraciones tremendamente discriminatorias de los dirigentes políticos, y son perseguidas y heridas cuando participan en estas manifestaciones, lo cual es una ofensa contra la dignidad humana de esos jóvenes, la Comisión se mantiene al margen y decide no intervenir, alegando que no se ha infringido el Derecho comunitario. 
Su respuesta escrita a mi pregunta iba redactada precisamente en esos términos y eso, Comisario Frattini, ¡no es correcto! 
Lo que está sucediendo en Polonia se aleja del cumplimiento de los criterios de Copenhague y de los principios fundamentales de esta Unión Europea, razón por la cual tenemos que dejar claro a escala europea que eso es inaceptable y que la situación tiene que cambiar de inmediato. 
Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta Cámara sobre las manifestaciones recientes y reiteradas de intolerancia en mi país natal, Polonia, que con frecuencia adoptan la forma de incitación a la violencia contra algunas personas por motivos de su orientación sexual. 
Quiero alertar también a la Cámara del fracaso de las autoridades estatales en dar la debida respuesta a estas y a otras manifestaciones de homofobia. 
Algunos ejemplos son la prohibición de Manifestaciones por la Igualdad en Varsovia y Poznan, y el hecho de que no se hayan adoptado las medidas contempladas en la legislación polaca contra los grupos que incitan a la intolerancia y a la violencia contra personas que defienden la igualdad de derechos para todos, con independencia de su orientación sexual. 
Nos encontramos con que las autoridades aceptan lo que constituye un acoso político dirigido contra las comunidades de gays, lesbianas y bisexuales. 
El 13 de enero de 2006, un tribunal en Elblag interpuso una demanda contra Robert Biedron, el máximo responsable de la Campaña contra la Homofobia. 
La fiscalía demandó al señor Biedron por haber insultado a los católicos, aunque él ha insistido en que nunca pretendió insultar al catolicismo ni compararlo con el fascismo. 
Hay que decir que esa misma fiscalía se negó a interponer una demanda por las insultantes referencias a homosexuales contenidas en un artículo de la publicación, en el que se decía que «la homosexualidad es una enfermedad y una amenaza para la familia». 
Señor Presidente, la homofobia es un gran problema, no solo en algunos Estados miembros, sino también en el resto de Europa. Por tanto, celebro que mi propuesta de hacer un seguimiento de los delitos de odio cometidos contra homosexuales y lesbianas, bisexuales y transexuales, se haya incluido en la resolución conjunta contra la homofobia en Europa. 
Es una novedad y celebro que el Parlamento quiera apoyar esta nueva iniciativa. 
Quisiera que el Comisario explicara cómo pretende la Comisión realizar ese seguimiento en la práctica. 
Nosotros obtenemos nuestra información por medio de mediciones, y así se hace también para conocer la incidencia de actos violentos y hostiles por motivos de orientación sexual o en relación con los transexuales. 
Creo que los transexuales no están recibiendo atención suficiente. 
Lamentablemente, los transexuales siguen siendo víctimas de la exclusión, la violencia y la falta de comprensión en todos los Estados miembros de la UE. 
La Unión Europea sigue sin hacer lo suficiente para proteger los derechos humanos de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales. 
La Unión Europea tiene la oportunidad de mostrar su fortaleza y este sería un buen momento para hacerlo. 
O se protegen los derechos humanos, o no se protegen. 
Ha llegado el momento de poner en práctica esta buena teoría y utilizar los medios que la UE tiene a su disposición, como la suspensión del derecho de voto de un Estado miembro. 
Señor Presidente, solo quisiera añadir unas breves palabras a estas alturas del debate, que, por su extensión y por su profundidad, ha demostrado que, desgraciadamente, la homofobia sigue siendo un problema grave y presente en toda Europa. 
Por eso, sus palabras, señor Comisario Frattini, no han convencido mucho, por su frialdad y por la falta de un compromiso profundo y proactivo en la lucha contra esa lacra. 
Es necesaria una acción mucho más enérgica por parte de la Comisión y por parte de los países miembros, inducida, esta última, por la propia Comisión. 
La homofobia está ahí, en las costumbres, en los usos, en el lenguaje, en todo. 
No solo en los países en los que se han producido los incidentes que han dado lugar a este debate, como Polonia, sino también en países como el mío, España, donde se ha avanzado mucho en este tema, pero en cuya sociedad, autoridades y determinados estamentos aún sigue existiendo esa actitud de homofobia que tenemos que seguir combatiendo activamente. 
Suscribo las palabras pronunciadas por muchos colegas, especialmente las muy emotivas de Michael Cashman. 
– Señor Presidente, Señorías, como dijo Martin Luther King cuando lanzó la campaña en defensa de los derechos de los afroamericanos, o conquistamos juntos la libertad, o nunca la conquistaremos. 
Con eso pretendía decir que no existen derechos de los negros o derechos de los blancos: simplemente existen derechos humanos. 
La lucha contra la homofobia no significa mostrar comprensión hacia un grupo específico de la población: ante todo, significa defender los derechos humanos. 
Me asusta la arrogancia de los que niegan a los homosexuales la posibilidad de donar sangre; me asustan las campañas discriminatorias de los que son incapaces de hablar de comportamientos de alto riesgo, pero sí hablan de personas de alto riesgo en la lucha contra el sida; o los que prohíben conducir a algunas personas por el simple hecho de ser homosexuales. 
No puedo aceptar en silencio la actitud de una Comisión que se comporta como Poncio Pilatos al no tratar de exigir que se respete una directiva que ya existe contra la discriminación; una Comisión que debería iniciar el procedimiento de infracción contra los países que no respetan la libertad de las personas para elegir su orientación sexual, como sucede en Italia, Polonia y algunos otros países. 
La cuestión no afecta solo a un determinado colectivo, sino a la dignidad de toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a todos los que han intervenido. 
No obstante, me veo obligado a repetir con un mayor grado de detalle cierta información, porque algunos oradores han demostrado claramente – y digo esto con la misma franqueza que ustedes han demostrado hacia mí – que no están al tanto de lo que la Comisión está haciendo. 
Tengo que insistir –y no creo que nadie pueda tener dudas al respecto– que estamos hablando de homofobia, que constituye una violación de los derechos humanos, y ese es el único punto en el que coincido con el señor Agnoletto. 
La homofobia no consiste en proteger a determinadas categorías de personas, sino que se trata básicamente de un problema de derechos absolutos, para el que no cabe ninguna otra interpretación. 
Quiero, no obstante, aclarar ciertos puntos. 
Algunos de ustedes –la señora Bozkurt ha sido la última– me han preguntado si nos aseguraremos de que se vigile el estado de protección de los homosexuales y la lucha contra la homofobia en los Estados miembros. 
Señora Bozkurt, le puedo asegurar que esa vigilancia no solo estará garantizada, sino que ya se ha efectuado. 
Debería usted conocer el informe elaborado hace unas semanas por un grupo de expertos independientes –que, por supuesto, he puesto a disposición del Parlamento– en el que se explica qué tipo de comportamientos en cada país son contrarios a nuestra voluntad común de luchar contra la discriminación. 
El informe ha sido transmitido formalmente al Parlamento y es evidente que la única razón por la que yo –y nadie más que yo– decidí que se elaborara país por país, fue para poner a la disposición de ustedes y de nosotros los elementos necesarios para poder formarnos una opinión. 
La vigilancia, señora Bozkurt, continuará: cualquier medida contraria a ese espíritu que nos guía será públicamente señalada. 
Y también los Gobiernos –que son los que deben dar el primer paso e informar de cuáles son las reglas nacionales, no solo europeas, sobre libertad de reunión, por ejemplo– podrán extraer las debidas consecuencias si se leen los documentos relevantes. 
La información transparente es, en efecto, una prioridad. 
Otros oradores han mencionado la promesa del Presidente Barroso de aprobar una directiva horizontal –ese fue el término utilizado– para reforzar y respetar los derechos en el ámbito de la no discriminación. 
¡Eso también se ha hecho, Señorías! 
En 2005, la Comisión aprobó una comunicación formal titulada «No discriminación e igualdad de oportunidades para todos» , en la que se explicaba con claridad cuáles eran las expectativas en lo concerniente a las garantías de una mayor protección de la igualdad de derechos. 
Pero en esa comunicación al Parlamento Europeo, teníamos la obligación de recordar lo que todo el mundo sabe, y es que cuando la Comisión presenta una propuesta basada en el artículo 13, dicha propuesta –según los Tratados y no según nuestra interpretación– tiene que ser aprobada por unanimidad en el Consejo. 
Y en el seno del Consejo no existe unanimidad todavía, aunque espero que exista en el futuro. 
En cualquier caso, en la comunicación de 2005 se afirmaba con gran claridad nuestra intención de armonizar el ámbito de la protección legal contra todo tipo de discriminación, también la fundada en la orientación sexual, que es lo que algunos de ustedes dicen que no hemos hecho, Señorías. 
Paso ahora a ocuparme de otro tema, relativo a los poderes de la Comisión Europea. 
Estoy convencido de que la Comisión no tiene actualmente los poderes necesarios para actuar contra las violaciones de un derecho que afecta tan profundamente a las personas, como bien ha dicho usted, señor Cashman. 
Pero precisamente para reforzar los poderes de Europa, la Comisión, y yo personalmente, hemos vuelto a proponer la creación de una agencia europea para la protección de los derechos fundamentales. 
Esa agencia tendría las competencias que han propuesto ustedes, puesto que el Parlamento Europeo tiene la obligación de dar su opinión sobre el particular y posiblemente aumentar su poder de intervención. 
Si aceptan esta propuesta y si existe acuerdo en junio, la agencia será un instrumento dirigido expresamente a combatir los comportamientos discriminatorios. 
La propuesta ya está sobre la mesa: ahora solo queda examinarla y ya he dicho antes y repito ahora que consideraremos cualquier sugerencia del Parlamento para mejorarla. 
Pero se trata solo de uno de los instrumentos disponibles. 
Están también, por supuesto, los instrumentos habituales, como el artículo 226 del Tratado, el procedimiento de infracción y una amplia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual la Comisión no tiene lamentablemente poderes para intervenir cuando las acciones son competencia de los Estados miembros. 
Espero que la agencia entre en vigor deprisa, porque posiblemente sea el primer instrumento que responda a la exigencia de tales poderes. 
Señora Bachelot-Narquin, ha mencionado usted el derecho a la diversidad, y una vez más le contesto que estamos trabajando en ello. 
Creo que debería conocer el programa de una campaña informativa denominada precisamente «Por la diversidad». 
Con este programa, que empezó a finales de 2003 y continúa todavía, hemos querido recopilar información positiva para explicar que la diversidad es un valor para Europa. 
En él están participando los principales grupos europeos de defensa de los derechos de los homosexuales. 
Creo que están ustedes al corriente de todas estas actividades y nuestra intención es seguir trabajando intensamente en este terreno. 
Por tanto, tengo que rechazar las acusaciones lanzadas contra la Comisión por no haber hecho nada. 
Pretendemos proseguir con nuestro trabajo en este ámbito y hacerlo con un espíritu de recíproca franqueza. 
Pensé que les debía presentar datos concretos, y no solamente ideas, de iniciativas que ya están en marcha y que mejorarán nuestra convencida lucha contra todo tipo de homofobia. 
– He recibido cinco propuestas de resolución (1) en virtud del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La Lista de Junio cree que la UE es una unión de valores que tiene que fundamentar su actuación en el principio de que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos. 
Ese principio es fundamental para todas las actividades y está también recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Los Estados miembros de la UE han ratificado una serie de acuerdos internacionales legalmente vinculantes basados en dicho principio de igualdad de trato y no discriminación. 
El derecho a no ser objeto de un tratamiento especial discriminatorio por motivos de orientación sexual es, pues, un derecho humano fundamental. 
En el debate, ese derecho se ha planteado a veces como un beneficio negociable. 
Es importante que recordemos las declaraciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas cuando debatamos propuestas legislativas en esta Cámara. 
Solo en los últimos años, los Estados miembros de la UE han empezado a tratar seriamente la cuestión de la homofobia. 
Según las estadísticas suecas, el ciudadano medio tiene un riesgo de entre el 4 % y el 6 % de verse expuesto a lo que se conoce como violencia no provocada. 
Entre mujeres lesbianas y bisexuales, esa cifra varía entre el 15 % y el 24 %, mientras que en el caso de los varones homosexuales y bisexuales, entre el 28 % y el 36 % se han visto expuestos a violencia no provocada. 
El hecho de que la orientación sexual determine el riesgo de que una persona se vea expuesta a violencia es, por supuesto, inaceptable. 
Es importante que nosotros, como políticos, dejemos claro que todos los seres humanos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. 
Si manipulamos este principio, cuestionaremos los derechos humanos fundamentales y las declaraciones de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, soy diputada al Parlamento Europeo desde hace un año y medio y encuentro la experiencia… 
No tengo aquí el Reglamento, señor Presidente. 
Es una pregunta muy breve. 
Resulta muy frustrante que cada vez que formulamos preguntas en los debates, nunca obtengamos respuestas. 
He formulado una pregunta muy concreta y no he obtenido respuesta alguna. 
Señor Presidente, de conformidad con el apartado 1 del artículo 143, quiero decir que el señor Frattini está dando a entender que todos somos estúpidos porque fue él quien preparó la comunicación sobre la directiva marco más general. 
Sin embargo, no presentó una directiva, como había pedido el Parlamento, porque parece ser que no hubo unanimidad... 
– Señora Buitenweg, lo lamento, pero el apartado 1 del artículo 143 no tiene nada que ver con su petición de uso de la palabra. 
Simplemente dice que «Los diputados que solicitaren la palabra serán inscritos en una lista de oradores según el orden en que la hubieren pedido». 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Catania (A6-0411/2005) , en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el cuarto informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión (1 de mayo de 2001 – 30 de abril de 2004) (2005/2060 (INI) ). 
Señor Presidente, Señorías, el reconocimiento de la ciudadanía y de los derechos asociados a ella es una prerrogativa de los Estados miembros. 
La ciudadanía europea es un concepto nuevo, un derecho derivado de la ciudadanía nacional. 
El hecho de que cada país tenga procedimientos diferentes para el reconocimiento de la ciudadanía nacional significa que no existe un mismo procedimiento para la obtención de la ciudadanía europea. 
En el presente informe, del que soy ponente, no se cuestiona la prerrogativa de los Estados miembros: el derecho a la ciudadanía y su reconocimiento son prerrogativas suyas, como expresamente se reconoce en los Tratados. 
Posiblemente no haya llegado todavía la hora de armonizar los procedimientos de reconocimiento de la ciudadanía, como he podido comprobar incluso durante el debate en comisión. 
No obstante, creo que sería extremadamente útil y necesario que se iniciara un período de reflexión –a medio y corto plazo– sobre el valor real y efectivo del concepto de ciudadanía europea. 
En mi opinión –y no solo en la mía, sino en la de la mayoría de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior– el único modo de dotar de un valor real al concepto de ciudadanía europea es vincularlo estrechamente al de residencia. 
La ciudadanía europea en función de la residencia es una cuestión muy seria y las miles de asociaciones y pensadores que han participando en este debate han pedido ya que se ponga en práctica. 
La ciudadanía europea en función de la residencia puede integrarse con los demás procedimientos para adquirir la ciudadanía –es decir, la ciudadanía en función del linaje () o del lugar de nacimiento () – que existen en muchos países de la Unión Europea. 
Creo que el reconocimiento de la ciudadanía en función de la residencia es una forma de eliminar y evitar algunas paradojas. 
Baste con pensar, por ejemplo, que se considera ciudadano europeo –posiblemente con razón– a una persona que tiene progenitores italianos, vive en Argentina o Venezuela y nunca ha pisado suelo europeo, pero, en cambio, no se considera ciudadano europeo –injustamente, en mi opinión– a otra persona que vive y trabaja en el territorio de la Unión desde hace 10 o 20 años, pero que tiene la mala fortuna de que sus progenitores son tunecinos o egipcios. 
Creo que los lazos de sangre, el lugar de nacimiento y la residencia pueden, conjunta y simultáneamente, constituir motivos válidos para el reconocimiento del derecho de ciudadanía. 
A nosotros nos parece que afirmar que con cinco años de residencia legal en la Unión Europea se va a poder obtener la ciudadanía europea, es una forma práctica de reabrir el debate sobre el futuro de Europa que, desde que se rechazó el Tratado constitucional, se ha precipitado en una crisis que puede terminar siendo fatal e irreversible. 
Algunos derechos asociados a la ciudadanía de la UE se confieren ya sobre la base de la residencia: me refiero al derecho de petición al Parlamento Europeo y el derecho de elevar una queja al Defensor del Pueblo. 
Por consiguiente, el derecho a la libre circulación y el derecho de residencia, así como el derecho a votar en elecciones europeas y locales, podrían ampliarse, de la misma forma que esos derechos se conceden a ciudadanos europeos residentes en un país distinto al suyo propio. 
Ese sería un paso importante para la integración de tantos ciudadanos extracomunitarios que viven legalmente en Europa. 
Invito a mis colegas diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos a apoyar esta posición y a renunciar a posiciones excesivamente extremas. 
El documento que estoy presentando hoy no solo ha recibido el apoyo en comisión de mi Grupo, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, sino que cuenta también con el apoyo de la Comisión, cuyos miembros han declarado a la Comisión de Libertades Civiles que son partidarios de reconocer la ciudadanía en función de la residencia. 
El propio Comisario Frattini ha dicho que está dispuesto a dar este tipo de apoyo. 
Creo que se trata de un paso muy importante, que también ha obtenido la aprobación de numerosas organizaciones sociales y sindicales de la sociedad civil, tanto religiosas como laicas. 
Me refiero en particular a dos grandes organizaciones italianas: Cáritas y un importante sindicato católico, el CISL, que han manifestado públicamente su apoyo a este informe para instituir la ciudadanía en función de la residencia. 
Por último, quiero tranquilizar a todos aquellos que, en sus comentarios sobre este informe, han agitado el espectro de la creación de un impuesto europeo para extender los derechos de ciudadanía. 
Entre ellos está el mismísimo Primer Ministro italiano, quien en una reciente transmisión televisiva afirmó impropiamente que este Parlamento quería instituir un impuesto para extender la ciudadanía. 
Para disipar toda duda –aunque no veo amenaza alguna en este informe– propongo que eliminemos la referencia explícita a un impuesto europeo y nos centremos exclusivamente en el concepto de ciudadanía en función de la residencia. 
Espero que de esta forma ayudemos también a dejar sin excusas a los que tienen miedo a ampliar los derechos en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al señor Catania, cuya contribución me parece especialmente coherente y valiosa. 
Después del Tratado de Maastricht, que introdujo el concepto de ciudadanía europea, y después del valor añadido aportado por el proyecto de Tratado Constitucional, creo que ha llegado el momento de situar al ser humano como centro de los derechos y deberes y por tanto, si me permiten decirlo así, en el corazón del proceso de integración europeo. 
El informe parte de la consideración de que los ciudadanos europeos, como de hecho confirman las encuestas periódicas del Eurobarómetro, atribuyen gran importancia al concepto de ciudadanía. Tanto es así, que el 70 % de los ciudadanos europeos han oído hablar del principio de ciudadanía europea, cosa que ocurre en muy pocos otros ámbitos, también según el Eurobarómetro. 
El problema es que muchas de estas personas no tienen una idea clara de qué derechos y deberes se derivan de ese principio. 
Por tanto, considero que el trabajo hecho al respecto constituye un paso adelante positivo. 
Lo ilustraré con un dato sorprendente: más de dos tercios de los europeos creen que la ciudadanía europea confiere automáticamente el derecho a votar en elecciones nacionales en el país de residencia. 
Así pues, es necesario aclarar estos puntos y, como se propone en el informe, elucidarlos de manera explícita. 
El capítulo sobre el derecho de los ciudadanos a la información es muy importante y la Comisión ya está trabajando en él. 
Se están haciendo esfuerzos para informar mejor a los ciudadanos. 
El tema del que yo mismo me ocuparé es la transposición de la nueva directiva sobre el derecho de residencia de los ciudadanos europeos, para asegurar que se refuerce el aspecto de la transparencia de la información cuando los Estados miembros incorporen la directiva a su legislación nacional. 
Otro punto muy importante es el relativo a los ciudadanos no europeos; es decir, ciudadanos de países terceros que residen legalmente en la Unión Europea. 
Personalmente, soy partidario de integrar a los nacionales de países terceros que estén residiendo y trabajando legalmente en territorio europeo, y esa es también la línea política de la Comisión. 
He presentado –y, por supuesto, el Parlamento Europeo la debatirá– una propuesta de estrategia europea de integración que se basa en el principio de que la ciudadanía europea requiere un marco de derechos y deberes para los ciudadanos que no siendo europeos, quieran vivir, trabajar y residir legalmente en Europa. 
Creo que ese es el punto de partida para el informe del señor Catania y el camino que debemos defender. 
Además de derechos, están por supuesto, como todo el mundo sabe, los deberes. 
Por consiguiente, la asimilación gradual de los ciudadanos no europeos en ciudadanos europeos en función de la residencia tiene que acompañarse claramente del respeto a las leyes del país de residencia y de los principios rectores europeos que también se recogen en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Todo ello forma parte del programa de integración en el que trabajaremos en 2006 y que espero que culmine con el acuerdo del Consejo y el Parlamento. 
Se está preparando un primer paso importante, como es la concesión a las personas que lleven mucho tiempo residiendo en Europa de un permiso para residir y circular libremente dentro de la Unión Europea. 
Así se recoge en una directiva que tiene que transponerse antes del 23 de enero de este año –el plazo se termina dentro de unos días– y estoy presionando políticamente a todos los Estados miembros para que transpongan la directiva en cuestión y concedan permisos de residencia a ciudadanos no europeos que residan legalmente en Europa desde hace más de cinco años. 
Es evidente que el concepto de la ciudadanía europea en función de la residencia tiene que debatirse en profundidad. 
Estoy convencido de que se puede –posiblemente sin cambiar la estructura de los Tratados, que no establecen ningún vínculo entre ciudadanía europea y residencia– partir de un concepto de ciudadanía cívica: en otras palabras, ciudadanía vinculada a la región y al lugar en el que se trabaja y vive. 
Creo que eso sería factible sin introducir conceptos rígidos que pudieran –o quizá debieran– comportar la necesidad de modificar los Tratados. 
El concepto de ciudadanía europea no tiene su origen en la residencia, pero, al estar consagrado en los Tratados, si queremos introducir un concepto nuevo, tendremos también que cambiar los Tratados. 
Pero puesto que el fin es bueno, creo que debemos reflexionar sobre una dimensión regional en el ámbito de los derechos y deberes. 
No es coincidencia que el plan de integración que he propuesto convierta a alcaldes, presidentes de las provincias y gobernadores de las regiones en los interlocutores principales de la política de integración, más aún que los Estados miembros, porque son precisamente los que están más cerca de los problemas que afectan a los ciudadanos –sean estos comunitarios o extracomunitarios– los que mejor pueden entender la importancia del individuo y de su derecho a la educación, a la enseñanza de las lenguas y a la participación en la vida política local. 
Todas estas cuestiones están vinculadas al territorio en el que se vive. 
Esta es la estrategia en la que estoy dispuesto a empezar a trabajar enseguida, si el Parlamento adopta una posición al respecto. 
. – Señor Presidente, señor Frattini, señor Catania, en primer lugar quiero felicitarle por la calidad del trabajo realizado por la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le felicito tanto más cuanto que muchas de las propuestas que aprobamos se han recogido en el informe final: nos alegramos de ello. 
Señor Comisario, ha hablado usted de derechos y deberes, y creo que, en términos de ciudadanía, es un equilibrio con respecto al cual unos cuantos compartimos el mismo enfoque. 
Sin embargo, también hay que abordar la cuestión de los recursos propios, tal como la planteamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y la presentamos a la Comisión de Libertades Públicas, Justicia y Asuntos de Interior, que la recogió. 
Me sorprenden las palabras del Presidente del Consejo italiano. 
No se trata en absoluto de crear un nuevo impuesto, sino de proponer, en el espíritu de lo que votamos en esta Cámara con el informe Böge, un mecanismo encaminado a asegurar una carga fiscal constante. Este mecanismo no solo debería resolver los problemas recurrentes que perjudican la calidad del debate europeo, sino también, por lo que respecta al debate sobre la «justa compensación» , establecer el equilibrio entre los derechos y los deberes de quienes residen en la Unión Europea. 
Aparte de esta cuestión, creo que las propuestas del ponente con respecto a la adquisición de la nacionalidad de uno u otro de los Estados miembros y a las discriminaciones contra los nacionales de terceros países residentes en un Estado miembro dado de la Unión Europea, deberían ser asumidas por este Pleno y por unanimidad de todos los Grupos políticos. 
Espero que así sea. 
Del mismo modo, por lo que respecta a la extensión de los derechos asociados a la ciudadanía europea a los nacionales de terceros países residentes de larga duración, creo que si queremos progresar en materia de integración, si queremos que la idea de ciudadanía europea se haga realidad, el hecho de que los residentes de larga duración puedan, en particular, votar en las elecciones municipales o europeas, debería aceptarse y fomentarse a escala europea. 
Por último, con respecto a nuestro Parlamento creo que la idea de unas elecciones transnacionales sigue dinamizando nuestra labor. 
No estoy segura de que hayamos acercado esta idea a la realidad con el informe, pero me parece importante mencionarlo como un elemento que puede mejorar la ciudadanía europea y contribuir a ella. 
– Señor Presidente, con el cuarto informe sobre la ciudadanía, la Comisión Europea cumple su compromiso, recogido en el artículo 22 del Tratado de las Comunidades Europeas, de presentar un informe cada tres años sobre la aplicación por las instituciones europeas de las disposiciones contenidas en la segunda parte del Tratado titulada «Ciudadanía europea». 
Básicamente, el cuarto informe presenta los avances realizados en relación con los derechos que se derivan de la ciudadanía de la Unión. 
Hay que recordar que todos los anteriores informes sobre la ciudadanía se referían a la Europa de los 15. 
Confiamos en que el próximo informe nos ofrezca una perspectiva general de la Europa actual de los 25. 
Pero el informe Catania no nos presenta los avances realizados en cada uno de los distintos sectores que, junto con el derecho a la igualdad de trato, constituyen el carácter propio de la ciudadanía, sectores como la libertad de circulación, la participación de los ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones locales, información pública y, sobre todo, información para los jóvenes que constituirán el corazón de la Unión en el futuro. 
Al encuadrar el informe en el mandato de la Comisión de Peticiones, hemos querido hacer hincapié en el derecho de remisión al Parlamento Europeo y de queja ante el Defensor del Pueblo Europeo. 
Celebramos la forma en que el ponente ha incorporado nuestras propuestas, salvo por la omisión de la propuesta relativa a la aplicación del Código de Buena Conducta Administrativa. 
Pero el informe insiste, en el apartado 32, en la importancia del derecho a una buena administración y del derecho de acceso a documentos reconocido en el Título V de la Carta de Derechos Fundamentales. 
La presentación de un informe tiene que caracterizarse por unos procedimientos sencillos, breves y transparentes, algo que el ponente no destaca en su informe, para que los ciudadanos no duden en ejercer sus derechos. 
Igualmente, para ejercer el derecho de recurso al Defensor del Pueblo Europeo es necesario que los ciudadanos estén debidamente informados y que se haga uso de los medios que la Comisión Europea tiene a su alcance para dar a conocer lo que es la ciudadanía europea. 
– Señor Presidente, la obligación de todo ponente es comentar el informe en cuestión respetando las disposiciones legales vigentes. 
Ahora bien, el señor Catania ha formulado sus propias normas legales, la mayoría de las cuales son vagas. 
El artículo 17 del Tratado es muy claro y determina quién puede obtener la ciudadanía de la Unión Europea. 
Eso es algo que no podemos ignorar. 
Si queremos crear estructuras legales, si queremos construir estructuras que no se basen en esta disposición específica, esa es otra cuestión, como lo es que queramos modificar el Tratado. 
Diría también que, puesto que la ciudadanía de la Unión se ha convertido indudablemente en una fuente de derechos reales concretos, tiene que depender de unas reglas claras y específicas para su obtención. 
Celebro que el señor Catania haya rechazado él mismo su propuesta esta noche. 
Nos informó en comisión y habló de la utilidad de un impuesto europeo. 
Hoy parece haber comprendido hacia dónde nos llevaba esa propuesta y él mismo la ha abortado. 
El Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos rechaza estas posiciones. 
Les pregunto, Señorías, ¿está dispuesta la opinión pública en sus países a aceptar la propuesta que defiende el señor Catania o el impuesto europeo? 
. – Señor Presidente, como ponente alternativo por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, estoy muy satisfecha con el texto que se nos propone hoy y, dicho sea de paso, no he presentado ninguna enmienda para la votación en el Pleno. 
En primer lugar, quiero felicitar al señor Catania, que ha llevado a cabo un trabajo excelente en la Comisión Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y ha conseguido reunir a una mayoría de diputados en torno a su proyecto de informe. 
Gracias a las enmiendas de transacción elaboradas conjuntamente por el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa, y también a las enmiendas individuales presentadas por miembros de esos Grupos, hemos conseguido, me parece, una serie de avances importantes. 
El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que reflexionen acerca de la posibilidad de establecer una vinculación más fuerte entre la residencia legal permanente durante un período de tiempo razonable y la obtención de la ciudadanía nacional y por tanto europea. 
Afirma su deseo de que haya una mayor coordinación de criterios generales y procedimientos para la adquisición de la nacionalidad en los Estados miembros. 
En segundo lugar, pide a los Estados miembros que examinen la posibilidad de crear una tarjeta del elector europeo, común a todos los países de la Unión. 
En tercer lugar, pide a la Comisión que elabore un Libro Blanco sobre posibles avances en el terreno de la ciudadanía de la Unión. 
En cuarto lugar, pide a los Estados miembros que extiendan el derecho de voto en las elecciones municipales y europeas a los residentes de terceros países y apátridas que hayan residido permanentemente en la Unión Europea durante más de cinco años, así como el derecho a la libre circulación y el derecho al permiso de residencia en cualquiera de los Estados miembros de la UE. 
Por último, el Parlamento pide a los Estados miembros que examinen sin dilación la posibilidad de reconocer a los ciudadanos de la Unión los derechos activos y pasivos de voto en las elecciones municipales, locales y regionales en el Estado miembro en que residan, así como de concederles la opción de votar y presentarse como candidatos en las elecciones nacionales, ya sea en su país de residencia o en su país de origen, aunque no en ambos. 
A través de estas peticiones y deseos expresados por el Parlamento Europeo, se trata efectivamente de que la Unión evolucione hacia una verdadera comunidad política. 
La ciudadanía política y la participación democrática son las claves del futuro del proyecto europeo que deseamos. 
. Señor Presidente, este informe habla de algo tan básico como la vinculación entre los ciudadanos, entre las personas –por no utilizar un término que lleve ahora a confusión– y el proyecto político que nosotros intentamos desarrollar, y contiene una serie de afirmaciones de inmenso calado, todas ellas interrelacionadas y todas ellas importantes. 
En primer lugar, la nacionalidad sigue siendo competencia de los Estados miembros; sigue existiendo una entidad política en Europa que se llama «Estado». 
Eso es así, aunque a algunos no nos guste mucho. 
Si ignoramos este dato, solo estaremos construyendo utopías. 
Sin embargo, hay que tener presente que, de alguna manera, la nacionalidad también es competencia de la Unión Europea. 
Nos implica a todos. 
Cuando un Estado se niega, de forma ilegítima, a otorgar la nacionalidad a personas que residen en su territorio desde hace muchos años, está negándoles su acceso a la ciudadanía europea, lo que, por sí solo, nos faculta a nosotros y a la Comisión Europea, sin modificación de los Tratados, a valorar esta cuestión. 
Los Estados otorgan ciudadanía europea: ello no nos puede ser indiferente. 
Por otra parte, no podemos permitir que millones de personas en Europa contribuyan a nuestro bienestar y a nuestra riqueza con su trabajo y sus impuestos sin tener ninguna clase de derechos políticos. 
La materialización concreta de la solución de este problema es complicada. 
Pero no podemos aceptar que tantos millones de personas se encuentren en esa situación: contribuyendo, pero sin derecho a opinar sobre su propio futuro. 
Creo que, efectivamente, es posibilista, que, en algunos casos, va un poco más allá de lo que los Tratados permiten o de lo que algunos de nosotros apoyaríamos: por ejemplo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales han de tener la misma legitimidad y, por tanto, no creo que, en este momento, se pueda pedir que ciertas personas puedan votar en las elecciones al Parlamento Europeo y no puedan votar en las elecciones a los Parlamentos nacionales. 
Ambos Parlamentos deberían tener la misma legitimidad y las dos evoluciones, cuando lleguen, tienen que producirse al mismo tiempo. 
La Comisión tiene que publicitar mucho mejor los derechos que tienen hoy los ciudadanos europeos, por ejemplo en el ámbito consular y en tantos otros respecto de los que ni siquiera conocen los derechos que tienen a su disposición. 
La Comisión puede contribuir mucho a este debate, facilitando la transparencia sobre qué es lo que hacen los distintos Estados miembros en una materia que es y seguirá siendo, por ahora, de su competencia. 
. Señor Presidente, el Grupo Verts/ALE apoya las ideas principales contenidas en el informe del señor Catania. 
Consideramos que la ciudadanía europea basada en la residencia debe ser el objetivo último para convertir a la Unión Europea en una verdadera comunidad política. 
Los que residan legalmente y durante un largo período de tiempo en la UE deben poder disfrutar de derechos políticos con independencia de su nacionalidad original. 
La realidad crucial de la UE ampliada es que el término «nacional de terceros países» se aplica a medio millón de personas que no son nacionales de ningún Estado, sino que son antiguos ciudadanos de un Estado que ya no existe: la URSS. 
Esas personas constituyen el 20 % de la población de Letonia y el 9 % de la de Estonia. 
Son titulares de pasaportes de no nacionales emitidos por esos Estados, pero durante 15 años se han visto privados de sus derechos de participación política. 
En mi opinión, los no nacionales de Letonia y Estonia podrían ser los primeros candidatos en convertirse en «ciudadanos cívicos» de la UE, el término que acaba de proponer el Comisario Frattini, una propuesta que le agradezco mucho. 
Creo que, al aprobar el informe Catania, el Parlamento Europeo transmitirá a las autoridades de Letonia y Estonia el mensaje de que la UE considera fundamental el respeto del principio de igualdad de derechos. 
Señor Presidente, la ciudadanía tiene que ser reconocida por los Estados y, por tanto, es lógico que los que quieren ver a la UE convertida en un Estado deban luchar también por que se reconozca la ciudadanía de la Unión. 
Mi Grupo desea que exista una cooperación europea práctica, pero no quiere construir un Estado común. 
Por tanto, rechazamos los planes de desarrollar la ciudadanía de la Unión. 
El lugar para los derechos fundamentales comunes está en nuestras respectivas constituciones y en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo no tiene que ser un rival tratando de crear un nuevo Estado. 
Los electores de nuestros países tienen que decidir por sí mismos a quién reconocerán la ciudadanía y en qué condiciones, así como los derechos y deberes que asignarán a esos ciudadanos. 
El mismo concepto de reconocimiento de la ciudadanía del Estado de la UE, con la libertad de residir en cualquier parte y vender la mano de obra a precios reducidos, destruye a la UE y hace impopular la ampliación para incluir a países más pobres. 
El Movimiento de Junio es partidario de un mercado común y de la cooperación, pero se opone a una ciudadanía común. 
Permítanme recordarles también que, en 1992, los daneses votaron contra la ciudadanía tal como se contemplaba en el Tratado de Maastricht y consiguieron una exención de la ciudadanía común. 
Esa exención no se está respetando. 
Dinamarca participa en todos los aspectos de la ciudadanía común de la Unión, y el hecho de que se utilice un término danés para la ciudadanía que excluya la palabra «Estado» y que, por tanto, resulte menos vinculante categóricamente, no supone diferencia alguna. 
Señor Presidente, la noción de ciudadanía europea es realmente un concepto artificial; no es algo natural. 
La ciudadanía pertenece a los Estados nación. 
No es algo que la UE pueda robar en su desesperado esfuerzo por conseguir credibilidad interna y externa, más desesperado aún tras el humillante rechazo de una Constitución no deseada. 
Lo que se está defendiendo aquí es una estratagema falsa y vacía, urdida para dotar a Europa de la condición de Estado. 
La propuesta alcanza su punto más ridículo e inaceptable cuando propone la financiación progresiva de la UE mediante impuestos directos. 
Si los que proponen la ciudadanía europea piensan que así conseguirán que la UE sea más querida y amada defendiendo la imposición de gravámenes directos desde Bruselas, tengo que decir que, por fortuna, están más lejos de los ciudadanos de lo que yo pensaba. 
Informes tan absurdos como este contribuyen al euroescepticismo más que cualquier otra cosa que se me pueda ocurrir. 
Por tanto, supongo que a ese respecto tengo que decir: ¡esperamos más de ellos! 
Señor Presidente, Señorías, señor Vicepresidente, lo que tiene que decirse, simple y llanamente, sobre la opinión del Parlamento Europeo relativa al informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión que el señor Catania ha presentado, es que no tiene sentido. 
No hace más que exigir que se amplíe la ciudadanía de la UE para incluir a los que son residentes en la UE, pero no ciudadanos de ella, de manera que, por ejemplo, extranjeros y apátridas tendrían derecho a votar y derecho a presentarse como candidatos en unas elecciones. 
Nacionales de países terceros adquirirían los mismos derechos que los ciudadanos de la UE, pero manteniendo al mismo tiempo sus derechos en sus países de origen. 
Por poner un ejemplo, podría darse el caso de que, si el señor Catania se saliera con la suya, un estadounidense que hubiera vivido en la UE durante cinco años pudiera votar en las elecciones al Parlamento Europeo y ser él mismo elegido, y pudiera también participar en elecciones en los Estados Unidos. 
El efecto de eso sería que las personas que no fueran ciudadanos de la UE tendrían más derechos que las que sí lo fueran. 
Pero la cuestión es si los ciudadanos de la UE disfrutan realmente, en la medida inicialmente prevista, de los derechos que la ley les confiere. 
En concreto, ¿cómo está la situación en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos de la UE garantizados en el Tratado de las Comunidades Europeas? 
¿Pueden de verdad nuestros ciudadanos, por ejemplo, residir en otros Estados miembros de la UE sin verse abrumados por los trámites burocráticos? 
¿Cuáles son los obstáculos que hacen más difícil aceptar un puesto de trabajo en otro país de la UE? 
Si alguien lo acepta, ¿cómo está la situación en lo que respecta a la posibilidad de transferir la seguridad social y el seguro médico, o el cambio a otro sistema? 
¿Son innecesariamente rigurosos los controles sobre los ciudadanos en las fronteras interiores? 
El señor Catania, lamentablemente –y digo «lamentablemente» porque se trata de problemas con que todos los ciudadanos de la UE se encuentran en el día a día– no hace nada por resolver estas cuestiones, por no hablar de muchas otras. 
Si se les diera una respuesta racional, aumentaría la credibilidad de la Unión Europea a los ojos de los ciudadanos. 
Si se mejoraran las realidades de la vida cotidiana y el intercambio cultural entre los ciudadanos europeos, Europa sería aceptada más fácilmente. 
El hecho de que se haya perdido la oportunidad de hacerlo ha motivado la decisión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos de votar en contra de este informe. 
Permítanme que explique a la presidencia por qué todos los oradores están abandonando la Cámara tan pronto como finalizan sus intervenciones. 
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior está reunida desde las 7.00 horas y todos nosotros tenemos que irnos directamente allí. 
Solo quiero aclararlo por temor a que parezca una descortesía de nuestra parte. 
– Señor Presidente, la ciudadanía europea depende, como bien ha dicho el señor Catania, de la nacionalidad. 
Mientras sigamos viendo a los inmigrantes como ciudadanos de segunda clase, mientras sigamos creyendo que las personas que no tienen sangre europea no pueden adquirir derechos europeos, mientras, en lugar de integrar a los inmigrantes, queramos mantenerlos indefinidamente en un área poco definida, correremos el riesgo de que la inmigración deje de ser la gran esperanza de Europa para convertirse en su gran bomba de relojería. 
El debate sobre la ciudadanía europea, como bien ha dicho el Comisario Frattini, está directamente vinculado a la integración armoniosa de los inmigrantes y a la importante cuestión de la ciudadanía política. 
Mi partido en Grecia, PASOK, ha institucionalizado la participación de los inmigrantes en todos sus órganos. 
Para eso no hace falta ninguna ley europea. 
Apoya la participación de los inmigrantes que lleven mucho tiempo viviendo en Europa en las elecciones locales. 
En Europa debemos tener una mentalidad más abierta y estoy muy agradecido al señor Catania, porque su informe nos permite celebrar un importante debate político y tocar temas que muchos conservadores en Europa no parecen querer que se toquen. 
Señor Presidente, este informe promueve la estupidez y la falsedad que constituye la ciudadanía europea y llega incluso a sugerir la manera de defender este concepto ridículo y absurdo. 
Las instituciones de la UE demuestran, con una coherencia inquebrantable, lo totalmente ajenas que están a los sentimientos y a las opiniones de los ciudadanos. 
El Tratado de Maastricht puede haber sentado el principio de ciudadanía, pero es un ejemplo clásico de teoría imposible de aplicar en la práctica. 
Por ejemplo, la ciudadanía europea es algo a lo que no se puede renunciar. 
Yo no la quiero. 
Ni siquiera me preguntaron antes de imponérmela. 
Ahora tenemos una prueba clara de que la desesperación ha calado en los procesos mentales de los federalistas en este Parlamento. 
Ellos piensan que «una relación directa entre ciertos elementos del sistema impositivo y la financiación de la Unión Europea» contribuiría a una ciudadanía europea más equilibrada. 
Como sabe cualquier estudiante de ciencias políticas, vincular algo a un impuesto es la forma más segura de que acabe en el cajón del olvido de la historia. 
He dicho en numerosas ocasiones antes que si la UE es la respuesta, entonces la pregunta tiene que haber sido estúpida. 
– Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, acogemos con satisfacción la creación de la ciudadanía europea porque queremos una Europa de ciudadanos y no simplemente una Europa de bienes, servicios y capital. 
Esta ciudadanía reforzará la protección de los derechos y los intereses de los ciudadanos de los Estados miembros y ayudará a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Quiero felicitar al Comisario Frattini por el trabajo que ha realizado en este ámbito. 
El balance que la Comisión Europea nos ha presentado de los tres últimos años es globalmente positivo. 
Los mayores problemas detectados se encuentran sobre todo ligados a una aplicación y a unas prácticas incorrectas y no a la falta de conformidad con las legislaciones nacionales. 
Esto refuerza la importancia de una política de información para la interpretación correcta de las reglas de la Unión y la debida protección de los derechos de los ciudadanos, y nos invita a dar los pasos necesarios para hacer legalmente vinculante la Carta de Derechos Fundamentales. 
Queremos reforzar y consolidar la identidad de Europa y aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de integración europea, lo cual se debe traducir en unos niveles de participación más altos en las elecciones europeas. 
Menos positivo es el informe Catania que hoy nos ocupa, en el que cerca de la mitad de sus 40 puntos ponen en cuestión el propio concepto, defendiendo o reconociendo la ciudadanía de la Unión con independencia de que se posea la ciudadanía de un Estado miembro. Eso contradice claramente lo que está establecido en el Tratado. 
La ciudadanía europea no puede ni debe ser entendida como la intención de crear artificialmente una identidad supranacional que sustituya a los sentimientos nacionales. 
La defensa de la conciencia de un patrimonio común fundado en el conjunto de tradiciones y valores fundamentales comunes debe hacerse respetando la identidad nacional. 
La ciudadanía de la Unión es una ciudadanía complementaria que viene a sumarse a la ciudadanía nacional y que no la sustituye. 
Pretender lo contrario es destruir el concepto de ciudadanía europea y socavar el proyecto europeo. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, sirvan mis primeras palabras para felicitar al señor Catania por su excelente informe, que suscribo plenamente. 
Señorías, es cierto que aún no existe un europeo, pero también es verdad que los europeos hemos decidido compartir un destino común y que el fortalecimiento y el desarrollo de la ciudadanía europea contribuirán, sin duda, a que cada día nos sintamos todos más partícipes del proyecto europeo que estamos realizando. 
Ahora bien, conviene recordar que millones de nuestros conciudadanos viven fuera del territorio de la Unión- solo los españoles son casi un millón- y cabe recordar también que, independientemente de nuestro lugar de nacimiento o de residencia, todos somos europeos por igual. 
No puede haber europeos de primera y de segunda categoría. 
Yo mismo soy hijo de emigrantes y he pasado la mayor parte de mi vida fuera de las fronteras de la Unión. 
Conozco de primera mano lo importante que es mantener el vínculo con el país de origen y lo necesario que resulta acercar la Unión también a los europeos del exterior. 
Debemos velar por que los derechos que confiere esta ciudadanía se garanticen a los europeos que viven en Suiza o Argentina o cualquier parte del planeta, de la misma manera que se garantizan a los europeos residentes en Francia, Alemania o cualquier otro Estado de la Unión. 
Por ello, en su Libro Blanco sobre la evolución de la ciudadanía, la Comisión debería prever todas la medidas oportunas para mejorar las condiciones de ejercicio de estos derechos y garantizar que se hagan plenamente efectivos también fuera de la Unión. 
Señor Catania, le agradezco que haya aceptado las enmiendas que van en este sentido y espero que la Comisión tenga en cuenta las solicitudes de esta Cámara. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la señora Prets (A6-0400/2005) , en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual (2004/2216 (INI) ). 
. Señor Presidente, señora Comisaria, si se establece una comparación con las estadísticas y los requisitos relativos al comercio de animales, la trata de seres humanos y, en particular, de mujeres, es un tema tabú. 
Los seres humanos parecen ser menos valiosos que los animales, y todos los años vemos un enorme incremento del número de mujeres y niños que son objeto de trata; en ausencia de estadísticas y cifras sólidas, las estimaciones varían entre 800 000 y 3-4 millones de mujeres y niños todos los años. 
Cifras de este orden deberían hacernos despertar de nuestra somnolencia y enfrentarnos cara a cara con la necesidad de actuar. 
La delincuencia organizada está aumentando y las redes de la trata se han vuelto más flexibles en los métodos y rutas que utilizan. 
La demanda es mayor que nunca; el mercado está en auge. 
La trata de mujeres es un delito y una forma moderna de esclavitud. 
Exige una investigación y persecución más rigurosas de los delincuentes responsables, asistencia y apoyo para sus víctimas y también medidas preventivas. 
Tanto dentro de la UE como a escala internacional, lo que se necesita es un enfoque holístico, integrado y multidisciplinario. 
Tiene que ser holístico porque, para combatir la trata de seres humanos, hay que tener en cuenta la relación triangular entre la víctima, el cliente y el establecimiento. 
Tampoco se debe ignorar en ningún caso a los traficantes de seres humanos, los proxenetas, los intermediarios y todos los lugares donde se desarrolla la actividad, por no mencionar a los que se benefician de ella. 
El principal objetivo tiene que ser abordar los aspectos más flagrantes del problema, como la creciente feminización de la pobreza, el elevado desempleo y las diferencias de riqueza, y reducir el considerable riesgo de violencia. 
Por ello, este informe contiene propuestas concretas, como medidas para prevenir y contrarrestar el tráfico de seres humanos en la UE como parte de su Política de Vecindad, su política de desarrollo, su política exterior y muchos otros posibles ámbitos de políticas horizontales. 
La política de ayudas de la UE tiene también que centrarse más en la reducción de la pobreza y ejercer así un efecto indirecto en el tráfico de personas, pero es también necesario que las políticas de ayuda del Banco Mundial y otras grandes instituciones se analicen y examinen para averiguar si la ayuda llega realmente a las personas que la necesitan, y si no podría estar haciéndose justamente lo contrario de lo que se pretende hacer. 
Sabemos, al fin y al cabo, que la política de desarrollo internacional no reduce la pobreza y que, de hecho, puede incluso contribuir a una mayor marginación de los grupos en situación de riesgo. 
Una gran deficiencia es la ausencia de una base de datos, de manera que lo que se necesita es un sistema unificado de recogida de datos y la Comisión tiene que trabajar junto con otras organizaciones internacionales para crear ese sistema. 
La única forma de poder comparar los resultados de las investigaciones es que estas se lleven a cabo de la misma forma. 
También hacen falta campañas de información en los países de origen y de tránsito, así como un “Día Contra el Tráfico” todos los años con un logotipo que haga visible la enormidad de los problemas implicados. 
La Unión Europea debe –quiero decir con esto que los Estados miembros deben– emprender alguna acción, ya sea mediante campañas de información dirigidas en particular a las víctimas o con las estructuras existentes, como centros donde funcionarios de policía, trabajadores sociales y jueces reciben formación o lugares similares, así como con una mayor cooperación con las ONG y el poder ejecutivo. 
Para ello, las autoridades policiales necesitarán más personal y más fondos y habrá que crear oficinas de información sobre la trata de mujeres. 
Tendrán que crearse también líneas telefónicas de ayuda a escala nacional e internacional y anunciarlas en las televisiones nacionales y locales. 
Se tienen que revisar no solo los procedimientos actuales para la concesión de visados, sino también las muchas cosas que suceden a través de las redes diplomáticas. 
Es especialmente urgente que exijamos que las víctimas tengan derecho a quedarse no solo durante el tiempo que dure el juicio, sino también después de que este haya finalizado. 
Lo cierto es que el testimonio de una víctima puede ayudar considerablemente a identificar a los criminales, y sabemos que muchas víctimas no están dispuestas a testificar por temor, no solo al escarnio público, sino también a la deportación. 
Debemos de reflexionar sobre esto. Si queremos atrapar a los que cometen estos delitos, tendremos que aceptar las declaraciones anónimas de víctimas y clientes. 
Tendrán que lanzarse campañas para que los que demandan esos servicios sean conscientes de las catastróficas consecuencias de este comercio, y quisiera también que se crearan líneas directas anónimas para los clientes, de manera que pudieran aportar más pruebas. 
Pero no estoy a favor de que los clientes sean objeto de una criminalización generalizada y en este informe he tratado de no centrarme en la legislación nacional sobre la prostitución, para no sacrificar así un problema mundial por las diferencias nacionales. 
Quiero mencionar asimismo que la Comisión Internacional de Derechos de los Trabajadores del Sexo ha exigido recientemente derechos de seguridad social y su legalización en la UE. 
Otra demanda concreta tiene que ver con el tráfico de niños: parece ser que, en algunos casos, funcionarios corruptos de las aduanas retienen las tarjetas de identidad de los niños. 
Las tarjetas de identidad belgas para los niños no están numeradas; son retenidas y utilizadas para la trata de niños. 
Sugiero que se introduzca un sistema de numeración también para ellos. 
Como pueden ver, es mucho lo que podemos hacer para combatir el tráfico de seres humanos y tenemos que ser conscientes de que estas tragedias están ocurriendo a nuestras puertas. 
Señor Presidente, Señorías, estoy particularmente complacido por el debate que ha tenido lugar sobre este tema. 
Muchos de ustedes saben que considero que la lucha contra la trata de seres humanos es una de esas prioridades personales que, creo, no solo deben adquirir notoriedad, sino conseguir también resultados palpables y significativos durante mi mandato. 
El pasado mes de octubre, como bien saben, presenté una Comunicación de la Comisión dedicada a este tema, en concreto siguiendo las líneas generales sugeridas por la ponente, la señora Prets. 
Adopta un enfoque integrado orientado hacia la finalización de un plan de acción europeo para combatir, de manera firme y decisiva, la trata de seres humanos. 
En diciembre, tras esa comunicación, el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores aceptó la propuesta presentada y adoptó un plan de acción. 
Este plan se refiere específicamente a las mejores prácticas y a la normas y procedimientos comunes para combatir e impedir la trata de seres humanos. 
Con el informe de hoy, que particularmente respaldo y valoro, el Parlamento adopta una función política propia y vital –y, sin duda alguna, necesaria–, que presta especial atención a las mujeres y los niños. 
Estos son los grupos que, a mi entender, son los más vulnerables a este tipo de esclavitud, que Europa tiene el deber de combatir. 
Incluso diré que tiene un deber moral, y no solo un deber institucional y legal, de erradicar este tipo de esclavitud. 
Este deber moral, tal como sugiere el informe, nos exige que adoptemos un enfoque integrado, basado en el principio del respeto absoluto por la dignidad de todos los niños, mujeres y hombres: todo ser humano en general. 
No se trata de un fundamento jurídico o burocrático, sino que es uno de nuestros derechos fundamentales cimentados en las normas de los Tratados y de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, y también, por decirlo así, en las normas de la moralidad. 
Aunque la Unión Europea ya está aplicando políticas en este ámbito, es necesario reforzarlas. 
Me estoy refiriendo a, por ejemplo, una política concebida para reforzar el principio de la igualdad de género con el fin de impedir la marginalización del papel de la mujer en el mercado laboral y su relegación a puestos de trabajo peor pagados. 
Esta política fomentará, a buen seguro, una mejora de los niveles culturales, que serán necesarios para cortar de raíz la demanda. 
Este es otro aspecto importante: la demanda es, por desgracia, una parte esencial de la explotación. 
Si no existiera esta demanda, si hubiera menos clientes, o si el número de usuarios dispuestos a colaborar con los explotadores se redujera drásticamente, la envergadura del problema sería, sin duda, menos horrorosa. 
Entiendo los motivos por los que la ponente ha elegido no centrarse en el tema de la prostitución en el informe que estamos examinando. 
Personalmente, sin embargo –y subrayo que esto es mi punto de vista personal–, creo que también conviene abordar la cuestión de introducir medidas estrictas para disuadir a los clientes, que saben muy bien que las chicas que utilizan son explotadas y víctimas de la trata. 
Nadie puede obviar sus trágicas circunstancias. 
Se trata de un tema extremadamente sensible, que hoy no podemos examinar en profundidad, pero sobre el que tendremos que debatir. 
El grado actual de armonización es limitado. 
Los Estados miembros disponen de legislaciones diferentes y, aunque existe una decisión marco precisamente sobre la trata de seres humanos, la explotación sexual de los niños, la infamia de la pedofilia y la pornografía infantil, la armonización desde el punto de vista práctico sigue siendo limitada. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que pocas cosas se han hecho a favor de las víctimas de la trata de seres humanos, a las que no solo hay que ayudar cuando deciden colaborar con la policía. 
¡También hay que ayudarles para su reinserción en la sociedad! 
No solo hay que ayudar a un niño que ha sufrido los horrores de la pornografía y la pedofilia cuando colabora con la policía y revela los nombres de sus explotadores, sino que requiere una asistencia constante y de por vida, ya que las consecuencias del perjuicio que ha sufrido marcarán al niño para siempre. 
La Comisión también ha intentado basar el enfoque de la legislación europea en las principales directrices elaboradas por el Convenio sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
Me alegra ver que el Consejo también comparte este enfoque y, por lo tanto, está a favor de ampliar todas las formas de protección de los niños a los jóvenes menores de 18 años. 
Es preciso que no definamos el concepto de «niño» de una manera demasiado restrictiva: los que aún no han cumplido los 18 años también tienen que poder beneficiarse de las normas de protección reconocidas por las Naciones Unidas y Europa. 
También estoy de acuerdo con otro aspecto del informe, cuando pone énfasis en los vínculos existentes entre la trata de seres humanos y la inmigración ilegal en materia estrictamente penal. 
También respaldo el tema de la protección social y la necesidad de una política exterior de la Unión Europea que tenga por objeto la introducción de una referencia clara –tal como lo estamos haciendo en todas nuestras relaciones internacionales– a la trata de seres humanos como uno de los ámbitos prioritarios de la Unión. 
En definitiva, las partes que negocien con la Unión y pretendan desarrollar unas estrechas relaciones internacionales con nosotros han de entender que la Unión Europea no puede ni remotamente tolerar la ingente trata y explotación de mujeres y niños, ni de seres humanos en general. 
Para hacer todo esto es necesario disponer de una base de datos. 
Estoy de acuerdo con usted en este aspecto y, de hecho, estamos trabajando para crear una, inclusive a nivel técnico. 
Estoy cooperando estrechamente con Europol para mejorar su base de datos a fin de poder crear un sistema europeo estadístico propio que proporcione datos fiables. 
En realidad, con demasiada frecuencia, no conocemos la envergadura real del problema, y esto no se puede admitir. 
Europa tendrá una base de datos y un sistema estadístico fiable. 
Al mismo tiempo, tengo la intención no solo de aceptar la invitación del Parlamento, sino también de proponer un gran número de iniciativas prácticas que, sobre la base del plan de acción aprobado en diciembre, transformará nuestro deseo de erradicar por completo la trata de seres humanos, en particular, de niños y mujeres, en acciones concretas. 
. – Señor Presidente, señor Frattini, es gratificante que el Parlamento esté debatiendo hoy el tema de la trata de mujeres y niños. 
Cuando la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la cual he sido ponente, decidió el informe de opinión que yo debía elaborar, no solo hubo una gran mayoría que estuvo a favor de condenar categóricamente la trata detestable de personas, sino también el deseo de considerar la trata de seres humanos un aspecto de la prostitución en la UE. 
Lo importante para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior fue fijar el objetivo de reducir a la mitad el comercio en un plazo de diez años y poder ver que se hacen esfuerzos considerables para garantizar que los diputados al Parlamento Europeo obtenemos una mejor base para la toma de decisiones, unas mejores estadísticas y, por descontado, una mejor cooperación entre la policía, los fiscales y los jueces. 
Creemos –y subrayo el término «creemos» – que hasta el 50 % de las víctimas de la trata de seres humanos son niños y menores. 
Por lo tanto, era importante que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior hiciera hincapié en fijar el límite inviolable de edad en los 18 años. 
Para mí, no es sino natural que se dé a las mujeres y niños que son víctimas de la trata de seres humanos el derecho de quedarse o de ayudarles a regresar a su país. 
También espero que, en el futuro, cooperemos con la industria del turismo. 
Los distritos y municipios administrativos que reciben grandes grupos de turistas tienen que dejar claro que consideran que la trata de mujeres y niños es inadmisible. 
Un aspecto concomitante de la decisión relativa a la industria del turismo que hay que aprobar aquí en Estrasburgo son los rumores de que miles y miles de mujeres están siendo importadas para trabajar como prostitutas antes de la Copa Mundial de Fútbol de este verano, un tema que está siendo objeto de protesta por parte de las mujeres socialdemócratas de la UE. 
Me alegra poder decir que, en Suecia, tanto nuestro Ministro para la UE como el Ministro responsable de la igualdad de género han condenado esta situación, tal como lo ha hecho el presidente de la Asociación sueca de Fútbol. 
Espero que, hoy, todos los oradores de esta Cámara puedan dar su apoyo a esta protesta en contra de la trata de mujeres. 
El deporte, la prostitución y la trata de mujeres no van de la mano. 
En su aspiración por llamar la atención sobre la prostitución en la UE, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha querido ir más lejos que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 
Tengo la intención de retomar esta cuestión en otra ocasión, por ejemplo, con relación a nuestro debate sobre la comunicación del señor Frattini. 
No podemos, tal como cree la señora Prets, poner fin a la trata de personas aportando información sobre este tema. 
Lo que se necesita es que políticos valerosos, incluidos los de la UE, asuman la responsabilidad de hacerlo. 
. – Señor Presidente, Señorías, el excelente informe de la señora Prets aborda un tema sumamente apremiante y de gran actualidad. 
En efecto, en el momento mismo en que nuestras sociedades anhelan legítimamente preservar la memoria de lo que fue en siglos pasados la esclavitud, para que nunca más puedan repetirse semejantes crímenes, ¿podemos tolerar que se perpetúe y desarrolle en todo el mundo una nueva forma de esclavitud moderna, la esclavitud sexual, concebida por los traficantes como una actividad comercial cualquiera? 
La respuesta, en este caso unánime, de la señora Prets y de la Comisión de Derechos de la Mujer es «no». 
Ahora bien, por fuerza hemos de reconocer hoy que, a pesar del interés mediático, que por cierto es reciente, la gente todavía no es muy consciente de los efectos físicos y psicológicos devastadores de la trata. 
Por fuerza hemos de reconocer que los textos que hemos adoptado para combatir a escala europea a los delincuentes que se dedican cada vez más a esta actividad han quedado en la mayoría de los casos en letra muerta. 
Por ello aprecio que la señora Prets nos proponga una serie de medidas relacionadas tanto a la prevención como a la sensibilización y la represión, como supone el enfoque integrado del que hablaba el señor Frattini. 
Por primera vez se han sentado las bases para una auténtica política común de lucha contra esta terrible plaga de los tiempos modernos. 
El informe de la señora Prets evita oportunamente el debate entre la trata por un lado y la prostitución por otro. Debido a las profundas divergencias entre nuestros distintos ordenamientos jurídicos, este debate podría acabar abruptamente y conducirnos a la impotencia. 
Aprecio este planteamiento en aras a la eficacia, pero aprecio también que no se haya eludido, sin embargo, el problema tabú de la demanda, ya que en el triángulo formado por los agentes de este drama –traficantes, prostitutas y clientes– no podríamos silenciar sin caer en la hipocresía la responsabilidad de los clientes en este asunto. 
Espero, pues, que estas cuestiones planteadas se mantengan. 
Subrayan la conciencia que tiene el Parlamento del problema y su voluntad de resolverlo globalmente, es decir, de desterrar la esclavitud sexual de nuestra sociedad. 
Espero que el firme consenso manifestado en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se repita también en el Pleno, y estoy convencida de que los Comisarios competentes, en particular el señor Frattini –que nos lo ha dicho–, escucharán nuestro mensaje y que nos esforzaremos por dar prioridad a esta lucha. 
– Señor Presidente, señor Comisario, hablo en nombre del Grupo Socialista en esta Cámara cuando digo que agradecemos a la señora Prets y a todos los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género su colaboración en este informe. 
Hemos presentado muchas propuestas sobre cómo hay que librar la batalla contra la trata de mujeres. 
Señor Frattini, cuente usted con nuestro apoyo incondicional si adopta medidas decisivas contra este azote moderno. 
Hay que drenar esta ciénaga y adoptar medidas, y, con el plan de acción y la ayuda y cooperación de otros órganos como el Consejo de Europa, la OSCE y las Naciones Unidas, podremos hacerlo. 
El informe contiene muchas propuestas que podemos adoptar, y conviene aplicarlas ahora. 
Es necesario facilitar la financiación; Europol debe estar dotada de competencias para actuar; hace falta crear un equipo operativo de policía: todo esto puede ayudar. 
Durante el período parcial de sesiones de diciembre, la mitad de los diputados a esta Cámara apoyaron la creación de líneas telefónicas de ayuda para niños. 
Queremos que el programa Daphne continúe siendo un instrumento eficaz, pero separado de la prevención del consumo de drogas. 
Esto es otra cuestión, y cada granito de arena es importante, pero es necesario abordarlo por separado. 
En este sentido, Comisario, cuenta con nuestro respaldo. 
Nada de todo esto se puede retrasar más. 
Se trata de una cuestión que preocupaba tanto a su predecesor, el señor Vitorino, como a la señora Gradin; gracias a Dios, ahora hay muchas más personas interesadas en este tema. 
Sin embargo, también hemos de esperar que llegue el Mundial de Fútbol, que será otra prueba. 
Alemania espera la llegada de no menos de 40 000 prostitutas más, que supuestamente satisfarán las necesidades de los hombres que irán a ver los partidos, y el hecho de que estas mujeres no trabajarán por voluntad propia nos obliga a actuar. 
Continuaremos considerando esta cuestión en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y no vamos a quedarnos sin hacer nada al respecto.. 
Lo que tiene que salir del debate de hoy es un mensaje claro destinado a las organizaciones de que apoyamos a las mujeres en su campaña y que no nos vamos a echar atrás a la hora de plantear la cuestión de la demanda de prostitutas en términos concretos. 
Abordemos este problema juntos, en particular recopilando los datos pertinentes y también mediante medidas políticas concretas a fin de que este ámbito gris sea objeto de titulares y para sensibilizar a la opinión pública en este sentido. 
. – Señor Comisario, Señorías, agradezco de todo corazón a la señora Prets el trabajo que ha realizado. Votaré a favor de su informe. 
En él se destacan claramente nuestras carencias en el ámbito de la lucha contra la trata y el tráfico de mujeres, adolescentes y niños. 
En efecto, en Europa son tan diversas las legislaciones sobre la pedofilia, el turismo sexual y la prostitución organizada que realmente hay que tener coraje y determinación para conseguir un consenso. 
Es necesario actuar rápidamente si queremos frenar el crecimiento de estos mercados sórdidos, incluso de tipo mafioso, y combatir a los traficantes y sus cómplices, que especulan tanto con el desamparo de las prostitutas como con la privación sexual de los consumidores. 
No me siento ofendida por el hecho de que la prostitución exista y no niego que satisfaga a muchos consumidores, pero en cambio me opongo con firmeza a este atentado a la integridad de la persona. 
No puedo apoyar una seudomoral que sanciona los pecados de la carne, pero tampoco quiero aceptar una forma laxa de tolerancia que no respeta la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular la integridad de la persona, su libertad y su dignidad. 
Evidentemente, no hay que soñar con erradicar la prostitución, pero hay que diferenciar claramente entre tolerancia y legitimación. 
Estoy a favor de la penalización de la demanda. 
Es nuestro deber reflexionar juntos sobre la adopción de una legislación en profundidad encaminada a frenar el crecimiento de estos mercados y luchar contra las personas que buscan, alientan e intentan poner en práctica tales actividades. 
En todo caso, es esencial llegar a una tolerancia cero por lo que respecta a los delitos de pedofilia y violencia sexual, pero también es preciso sensibilizar y responsabilizar a los demandantes a través de campañas de información. 
En efecto, aunque el papel del cliente es miserable, estoy convencida de que no hay que barrerlo debajo de la alfombra. 
Soy consciente de que la lucha será larga y difícil, pero no quiero ser cómplice de una política del mal menor asociándome a una forma laxa de tolerancia cuyos principales beneficiarios son las redes organizadas de prostitución, que obtienen enormes beneficios económicos y además facilitan las operaciones de blanqueo de dinero. 
Terminaré diciendo que me opongo a cualquier medio de alentar la delación y la denuncia anónimas. 
. Señora Presidenta, efectivamente, el hecho de que el tráfico de personas para su explotación sexual constituya hoy la actividad criminal que crece más rápidamente y que la Unión Europea no sea ajena a este fenómeno, nos obliga a reaccionar. 
Por eso, apoyo plenamente el informe Prets, en el que se insta a la Comisión y al Consejo a establecer un marco legal claro que permita luchar contra esta forma de violencia. 
En este marco, evidentemente, tiene que haber medidas preventivas que apoyen el desarrollo y el «empoderamiento» de las mujeres en los países de origen, para evitar que caigan en manos de quienes se aprovechan de su vulnerabilidad, y medidas punitivas ejemplares contra quienes se lucran con la trata de personas. 
Sea como fuere, lo que tenemos que considerar es que esas personas son las víctimas a las que hay que atender política, social y jurídicamente, y que, en todo caso, hay que garantizar- como se hace en algunos países como, por ejemplo, Bélgica e Italia- que, para facilitar que denuncien a sus proxenetas, vean reconocido su derecho a residencia tras la presentación de esa denuncia. 
Cuando se tomen en serio estas medidas, posiblemente podremos erradicar de una forma mucho más eficaz ese tráfico de personas. 
– Señora Presidenta, Señorías, quiero agradecer a la señora Prets su informe y quiero aprovechar esta oportunidad para destacar una cuestión que nos ocupará especialmente este año. 
Los acontecimientos deportivos importantes también brindan la oportunidad de embarcarse en el negocio de la trata de seres humanos, en el que se fuerza a las mujeres a la prostitución. 
En el deporte, se hace continuamente hincapié en el juego limpio y la consideración hacia los demás, pero si, con motivo del Mundial de Fútbol, se ofrece a los aficionados a este deporte burdeles como los de Berlín, ahí es cuando me propongo aguar la fiesta. 
La trata de mujeres y niños, junto con la prostitución forzada, tiene que estar prohibida, hay que perseguirla judicialmente y es preciso ponerle trabas, tanto en el ámbito nacional como europeo. 
¡Tenemos que mostrar la tarjeta roja a todas aquellas personas que no estén dispuestas a adoptar medidas! 
. Señora Presidenta, el objetivo de la estrategia de la lucha contra la trata de mujeres y niños tiene que ser eliminar las diversas causas de esta actividad. 
El informe hace referencia a varias de estas causas, entre ellas la pobreza, el desempleo, la exclusión social, la falta de educación, la corrupción y la violencia. 
Sin embargo, nuestra prioridad ha de ser cambiar la mentalidad de las personas y apartarnos de políticas liberales que legalizan diversas formas de corrupción, adicción y prostitución en nombre de los principios tan cacareados del libre mercado. 
Un enfoque hedonista y utilitarista de las personas subyace a este tipo de problemas. 
En vez de ello, conviene que nos movamos hacia una civilización vitalista que promueva los valores éticos que aseguren el trato digno de las personas. 
Otra causa de malestar social es la crisis a que se enfrenta la familia, que fracasa en su función de crear un entorno sano desde el punto de vista moral. 
Cuando se deja a los niños indefensos en familias problemáticas, imitan los modelos que promocionan los medios de comunicación. 
Aprenden a adoptar un estilo de vida consumista en el que la única meta o motivación para actuar es el beneficio económico. 
Este tipo de estilo de vida viene impulsado por un deseo de éxito y por la rivalidad entre hombres y mujeres, que compiten unos con otros por el poder y la influencia en lugar de trabajar juntos. 
Esto da lugar a la frustración y a diversas enfermedades sociales. 
La violencia y la explotación sexual de mujeres y niños se debe a la creciente preponderancia de la sexualidad, tanto en los medios de comunicación como en otras partes. 
Este fenómeno, junto con lo que se conoce como «educación sexual» , hace que surjan necesidades antes de alcanzar la madurez mental y física, condición indispensable para el control de nuestras propias acciones. 
Esto produce personas que actúan solo según sus instintos y razonamientos primitivos y que carecen de empatía y de capacidad de crecimiento espiritual. 
– Quiero expresar mi agradecimiento a la señora Prets por su informe. 
La trata de personas, en particular de mujeres y niños, es una de las peores formas de delincuencia organizada por grupos criminales internacionales. 
Estos grupos se centran principalmente en personas incluidas en las categorías de más bajos ingresos con el pretexto de conseguir un empleo como camareras, asistentas o niñeras. 
La mayoría de las mujeres captadas de esta forma proceden de regiones donde prevalecen unas condiciones económicas y sociales adversas y un alto nivel de desempleo. 
Puesto que la trata de mujeres se comete a escala internacional por parte de grupos supranacionales bien organizados, la lucha contra este problema también requiere una coordinación supranacional. 
Es recomendable que instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea aborden esta forma moderna de esclavitud que pertenece a los siglos XX y XXI. 
Sus actividades han dado lugar a la aprobación de una serie de convenios, entre cuyos signatarios se encuentra Eslovaquia. 
Sin embargo, a mi entender, también es importante realizar un seguimiento de la aplicación real de estos convenios. 
– Señora Presidenta, el informe de la señora Prets es realmente excepcional, completo e integrado. 
Aborda brevemente todos los aspectos del problema del traslado y la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual. 
La felicito, estimada amiga, y felicito también al Comisario Frattini por la sensibilidad que ha demostrado y por los puntos de vista que ha expresado hoy sobre esta cuestión. 
El fenómeno de la trata con fines de explotación sexual y la trata de mujeres y niños es una gran vergüenza para la sociedad contemporánea. 
Por desgracia, en lugar de tender a desaparecer, está aumentando. 
La prostitución es el motivo atroz de la trata de seres humanos, pero la prostitución y la trata son dos caras de la misma moneda. 
Es un hecho que existe una tolerancia social de la prostitución en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
No es esto lo que estoy discutiendo. 
Sin embargo, no parece que en ningún Estado miembro se tolere la trata con fines de explotación sexual de las mujeres y, lo que es más importante, de los niños. 
Sin embargo, la sociedad demuestra no ser capaz de erradicar esta lacra. 
De palabra, la tolerancia es cero, pero en la práctica no hay resultados. 
¿A quién hay que culpar? 
La culpa la tienen las medidas insuficientes que se adoptan para erradicar este fenómeno. 
Tal como los zorros dijeron a las liebres, «estaríamos de acuerdo en ser vuestros aliados si no supiéramos la clase de criaturas que sois y contra quién lucháis». 
Así pues, hay que poner punto final a la hipocresía por parte de la sociedad, el Estado y los individuos. 
Este fenómeno degrada a las personas y viola los derechos humanos de las víctimas implicadas en esta operación y, por lo tanto, hay que erradicarlo. 
No hay lugar para el compromiso o la indiferencia. 
Criminalizar la aceptación cómplice de servicios sexuales de mujeres que actúan por la fuerza, el engaño o en condiciones de coacción económica y social y, sobre todo, de niños, es la primera medida práctica que es necesario adoptar y con la que, a buen seguro, se obtendrán resultados. 
Se pide al Parlamento Europeo que apruebe el informe Prets por inmensa mayoría, ya que, dejando otros temas aparte, adopta por primera vez la posición de criminalizar la aceptación de este tipo de servicios sexuales. 
Señora Presidenta, ante todo quiero felicitar a la ponente y centrar mi intervención en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en particular de Internet, y en el tráfico de mujeres, niños y niñas para su explotación sexual, aspecto al que también se hace referencia en el informe y que todavía no ha sido tratado en este debate. 
Señorías, todo lo que ilegal en la sociedad lo es también en la sociedad de la información. 
Las leyes vigentes en cada país también se aplican a los usuarios y a los generadores de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pero, en la práctica, la propia naturaleza extraterritorial de dichas tecnologías y el hecho de que dichas leyes sean distintas en cada país, dificultan enormemente su aplicación. 
Que por muy poco dinero se pueda crear un punto de información delictivo para traficar con mujeres, niñas o niños, o para cualquier otra actividad delictiva, que este punto sea accesible desde cualquier parte del mundo y que el punto de consumo de la información no tenga por qué estar en el mismo país donde se originó dicha información, dificulta enormemente la aplicación de las leyes. 
Además, es tecnológicamente posible utilizar los propios mecanismos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para dificultar el acceso de quienes persiguen el delito al punto de información susceptible de ser delictivo. 
Esto añade todavía más dificultades a la persecución del delito y, en consecuencia, a la aplicación de la ley. 
Si realmente queremos que Europa sea un espacio en el que la libertad y la seguridad sean valores compatibles que se potencien mutuamente, tenemos que abordar también este problema con decisión, profundidad y de manera conjunta. 
Se trata de un problema difícil que requiere la cooperación en el ámbito europeo. 
Conocer los riesgos, los derechos y dónde acudir para defenderse es imprescindible para la protección de las personas. 
En este sentido, la educación es fundamental y, para ello, las propias tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen unas posibilidades extremadamente positivas. 
Por todo ello, pedimos a la Comisión que, en coordinación con los Estados miembros, afronte con energía y de manera urgente este aspecto de la cuestión que estamos debatiendo. 
– La actitud de considerar mercancías a los seres humanos es una violación de los derechos humanos. 
La trata de seres humanos y la prostitución están estrechamente relacionadas, puesto que la trata de seres humanos suministra a la prostitución nuevas mujeres y niños. 
Experiencias con la legalización de la prostitución demuestran que de este modo solo aumenta la trata de seres humanos. 
Por lo tanto, es ridículo diferenciar la legislación sobre la trata de seres humanos de la relativa a la prostitución. 
La trata de seres humanos es el tipo de delito organizado que crece más rápidamente. 
Las demandas de los compradores cambian, pero lo que piden es un acceso ilimitado a mujeres y niños, y el mercado está floreciendo. 
La globalización de la economía también supone la globalización de la prostitución, que se está convirtiendo en una industria sin fronteras. 
Quiero destacar que si pensamos que podemos luchar contra la trata de seres humanos separándola de la prostitución, estamos escondiendo nuestras cabezas en la arena. 
Es hora de actuar en todos los ámbitos de la política, ya que las tristes cifras de víctimas demuestran cómo las medidas adoptadas hasta este momento no han podido controlar esta situación. 
Quiero agradecer a la señora Prets su excelente trabajo; muchas gracias por su atención. 
– Es importante que estemos celebrando este debate, pero aún más importante es adoptar medidas urgentes y efectivas para poner un fin a la trata de seres humanos y, en particular, de mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajo forzoso; esto es lo mismo que la esclavitud y supone una grave vulneración de los derechos humanos. 
No podemos cerrar los ojos ante esta lacra mundial, que afecta a unas 600 000 a 800 000 personas, de las cuales un 80 % son mujeres y niños, y también afecta a la UE, donde más de 100 000 personas al año sufren este azote. 
También hay que dar pasos para luchar contra el blanqueo de dinero y cerrar los paraísos fiscales. Asimismo, también hay que adoptar políticas socioeconómicas cuyo objeto sea mejorar la solidaridad y que estén destinadas a la cohesión económica y social. 
Sin embargo, no conozco a ningún Gobierno nacional que todavía no las haya ilegalizado. 
No puedo entender por qué estamos mareando la perdiz cuando todo esto es ya ilegal en la Unión Europea. 
Lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra y empezar a aplicar las leyes en vigor. 
Me resulta chocante también que a sus Señorías les sorprenda el hecho de que este tipo de cosas suceda al eliminar todos los controles fronterizos. 
Resulta difícil creer que alguien pueda sentirse sorprendido. 
En cuanto a la criminalización del cliente sugerida antes por alguien, en el Reino Unido la homosexualidad se legalizó para poner fin a lo que se conocía entonces como las «cartas de chantaje». 
Si empiezan a criminalizar al cliente por estas cuestiones, se encontrarán con que entra en juego la ley de consecuencias imprevistas, algo a lo que me temo que este Parlamento es demasiado aficionado. 
– Señora Presidenta, la trata de seres humanos, en especial de mujeres y niños, es tan antigua como la sociedad humana. 
También es cierto que, incluso si esta práctica casi siempre se considera que es condenable y despreciable para la posición del ser humano si se compara con otros seres vivos, en ninguna época ni en ninguna civilización, incluida, por descontado, en nuestra civilización europea, se ha abordado de manera eficaz. 
El informe Prets, por un lado, es otro intento de destacar la ineficacia de las legislaciones y medidas comunitarias y nacionales. 
Felicito a la ponente por su presentación metódica y realista y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por finalizar un texto substancial lleno de propuestas y por desarrollar medidas efectivas no solo a nivel europeo sino también mundial. 
Le felicito, Comisario, por el enfoque integrado de su última comunicación y por el plan de acción del Consejo. 
Destaco lo que para mí es el punto fuerte del informe, a pesar de que conozco las dificultades y las limitaciones impuestas por los Tratados, el llamamiento para que se apruebe un fundamento jurídico claro con el fin de luchar contra todas las formas de violencia y la trata de mujeres y niños y la plena integración en las políticas comunitarias de una política europea horizontal para la prevención y la protección de las víctimas en los sectores de la inmigración, el empleo, el comercio y las transacciones bancarias, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías que se pueden utilizar para evitar el control de la trata y la explotación y para hacer inviable su penalización. 
Otro aspecto que es motivo de esperanza es el llamamiento que hace el informe para una cooperación más estrecha entre las autoridades nacionales, Europol y Eurojust mediante la mejora de la cooperación operativa internacional. 
Es de lamentar que los Estados no se hayan apresurado, sin titubear, a ratificar los acuerdos y convenios internacionales. 
Se pide a las instituciones comunitarias que en esta cuestión salvaguarden la coordinación y la cohesión de las actividades de los foros internacionales. 
Para terminar, quiero subrayar la referencia que se hace en el informe sobre la necesidad de adoptar medidas con medios menos onerosos pero de importancia fundamental para el futuro del mundo civilizado, con lo cual me refiero a programas educativos capaces de enseñar a los niños y niñas la dignidad y, por consiguiente, el respeto por sus congéneres, para que no se conviertan ni en autores ni en víctimas. 
– Me complace felicitar a la ponente, Christa Prets, por un informe ilustrativo y oportuno. 
Es el tipo de delito que se está desarrollando con más rapidez en estos momentos, si consideramos, por ejemplo, la rápida propagación del cibersexo en Internet. 
Para luchar contra esta actividad es necesaria una cooperación internacional bien organizada. 
Hace falta un fundamento jurídico claro. 
Es necesario que elevemos la lucha a la categoría de política común de la Unión Europea, con el fin de reducir a la mitad el número de esclavos en un plazo de 10 años, tal como subraya el informe. 
El informe destaca la necesidad de hacer uso plenamente de las estructuras existentes. 
Estoy totalmente de acuerdo con ello. 
Europol tiene que subsanar la inactividad que ha prevalecido hasta ahora e identificar las redes criminales, sus métodos y las personas involucradas. 
Al mismo tiempo, las oportunidades que brinda la Política Europea de Vecindad deben aplicarse con más eficacia. 
Según la información incompleta actual, las víctimas de la esclavitud contemporánea en Europa proceden, en su mayoría, de Moldova y Ucrania. 
Para prevenir la trata de seres humanos, estos países necesitan conocimientos técnicos y asistencia financiera como la que se suministra a Bulgaria y Rumanía, países candidatos. 
Las víctimas de la trata de seres humanos son más vulnerables debido a las malas condiciones económicas de respectivas sus familias y países de origen. 
Como responsable de la delegación para las relaciones con Moldova, sé muy bien que una de cada tres mujeres en este país no tiene empleo. 
Al mismo tiempo, algunas fuentes sostienen que casi todas las prostitutas de París son moldovas. 
Es evidente que estos hechos están relacionados. 
El desempleo de las mujeres y la escasez de fuentes de subsistencia hacen posible que los delincuentes atrapen a sus víctimas con meras mentiras ofreciéndoles puestos de trabajo bien remunerados en el extranjero. 
Por consiguiente, comparto la opinión de la ponente de que en las conversaciones políticas con terceros países, el Consejo y la Comisión también tienen que plantear muy en serio el tema de la trata de mujeres y niños. 
Por mi parte, quiero llamar la atención sobre la protección de los testigos como método reconocido de la lucha contra la delincuencia organizada. 
A la hora de luchar contra la trata de seres humanos, también hay que permitir a las víctimas que testifican que empiecen una nueva vida en un nuevo país, si así lo desean. 
De los miembros de la Unión Europea, solo Bélgica e Italia lo hacen. 
Muchas gracias por su atención y vuelvo a expresar mi más sincero agradecimiento a la ponente. 
Señora Presidenta, existen siempre tres lados en el tráfico de seres humanos: las víctimas, las redes de delincuencia organizada y la demanda. 
Los clientes, o «compradores» , son fundamentalmente varones que se creen con todo el derecho de comprar mujeres, o más bien niñas. 
¿Debemos reconocerles ese derecho sin cortapisas? 
Un estudio reciente y exhaustivo encargado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género al Transcrime Institute, con sede en Italia, demuestra que este enfoque restrictivo del lado de la demanda tiene una repercusión decisiva en el número de víctimas del tráfico. 
Me complace afirmar que Finlandia está a punto de aprobar una ley similar a la que ya está en vigor en Suecia y que tipifica de delito la compra de sexo. 
El informe Prets que estamos debatiendo ahora es débil en este aspecto. 
Sé que pasará algún tiempo antes de que la mayoría de los Estados miembros tipifiquen de delito la compra de sexo, pero ¿no es hora de que tipifiquemos de delito la compra de esclavos y persigamos a los hombres que compran víctimas del tráfico? 
Concluiré mi intervención de la misma forma que he prometido terminar siempre que intervenga ante esta Cámara: , «Sostengo por tanto que la prostitución debe ser abolida». 
Acojo con gran satisfacción el informe de la señora Prets sobre la lucha contra el tráfico de esclavos y personas susceptibles de explotación sexual. 
Es una flagrante negación de los derechos fundamentales de un ser humano que debe recibir la respuesta adecuada. 
Celebro el comentario del Comisario sobre la necesidad de prestar ayuda práctica a las víctimas del tráfico. Permitir quedarse en el país a los que llegan sería una forma de ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran. 
Pero no recomiendo enfocar este problema, como ha dicho alguien aquí esta noche, con una mentalidad de «fortaleza europea» , ni utilizarlo como excusa para reforzar las fronteras. 
Celebro también que el informe haga hincapié en la definición de unos objetivos concretos para combatir el tráfico en los próximos años hasta su total erradicación. 
Celebro también que el informe insista en la definición de objetivos concretos para combatir el tráfico en los próximos años hasta su total erradicación. 
– Señora Presidenta, la trata de seres humanos es una violación muy grave de los derechos humanos. 
Principalmente se recluta a mujeres y niños para esta actividad, mediante diversos pretextos falsos, y a partir de entonces son explotados en régimen de esclavitud. 
En muchos casos, las personas que terminan en la prostitución son víctimas de la trata de seres humanos, y se les trata como seres infrahumanos. Tenemos que protegerlos de esto, tanto dentro como fuera de la Comunidad, con todos los medios a nuestro alcance, con medidas de corrección y de prevención. 
Esto supone que hay que dar la oportunidad a estos esclavos modernos atrapados en este círculo vicioso de romperlo y salir de él y empezar de nuevo. 
También hemos de impedir que haya personas que caigan en ese entorno en primer lugar. 
La prostitución no es una industria normal, en la que se lleva a cabo una actividad laboral y, por lo tanto, no hay que tratarla como tal. 
Los clientes de las prostitutas no compran servicios, sino que se aprovechan de los cuerpos de otras personas. Se trata de una forma de violencia y, a mi entender, tiene que ser punible de la misma forma que lo son otras formas de violencia. 
La penalización de los clientes de las prostitutas es la mejor manera de impedir la trata de seres humanos. 
Quisiera dar las gracias a la señora Prets por su informe. 
Las enmiendas que he presentado tienen la intención de añadirle detalles y espero que mis colegas las acepten. 
– Señora Presidenta, señor Comisario, quiero empezar felicitando a mi estimada amiga, la señora Prets, por su informe de propia iniciativa que tiene por objeto destacar el importante problema moral y político que representa la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 
A pesar de la dificultad que entraña la elaboración de estadísticas, las cifras son abrumadoras, tanto desde el punto de vista de las víctimas de la trata, en especial mujeres que son explotadas sexualmente, como de los ingresos que genera esta actividad. 
No se trata de un problema nuevo, pero merece la pena preguntarse cómo las sociedades europeas y el mundo civilizado en general toleran y, sobre todo, mantienen estos fenómenos. 
Existe un gran número de razones y responsabilidades en todos los niveles. 
Ante todo, la sociedad es responsable, dado que la explotación sexual no es necesaria; es el resultado de la ley de la oferta y la demanda. 
En segundo lugar, el Estado es responsable, dado que los Estados miembros no han logrado controlar ni luchar contra estos fenómenos y su impacto en las víctimas humanas. 
Sin embargo, ni la Unión Europea ha estado a la altura de los retos que se le han presentado ni ha creado un espacio común de justicia y seguridad. 
Sin embargo, la Unión Europea ha desempeñado, sin lugar a dudas, un papel positivo en las labores de sensibilización, cooperación y tratamiento del problema. 
La decisión marco de 2002 y la directiva de 2004 han contribuido a una cierta armonización legislativa y a una cooperación más amplia. 
Este delito está traspasando las fronteras. 
Es necesario intensificar la cooperación judicial y policial, utilizando los servicios de Europol y Eurojust. 
Es necesario que sigamos avanzando hacia la integración y la comunitarización de nuestras políticas que han de acompañar cada vez más al mercado único y a la libre circulación. 
Yo también voy a reiterar la importancia de una definición común de la delincuencia, para que podamos recopilar estadísticas, de la orden de detención europea, de un fundamento jurídico claro, de modo que nuestras políticas y sus presupuestos nacionales y comunitarios adquieran valor añadido y eficacia a escala europea. 
– Señora Presidenta, todos los que están aquí esta tarde han destacado que, en Europa, hay que dar la máxima prioridad a la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines sexuales. 
También es la razón por la que quiero agradecer a la señora Prets su informe, que contiene tantas recomendaciones concretas. 
Estamos hablando de muchos cientos de miles de mujeres y niños que acaban en esta industria criminal todos los años, la actividad criminal que crece más rápidamente y que genera montones de dinero muy fácilmente. Por lo tanto, se necesitan urgentemente más esfuerzos. 
También tenemos que hurgar en nuestros propios corazones, ya que no hay mercado sin clientes. 
Hay que hacer dinero, y este es el motivo por el que se necesitan clientes, por lo que tenemos que empezar cerca de casa para concienciar y sensibilizar a la opinión pública, así como para fomentar la visibilidad de este problema angustioso y para desalentar la explotación de estas mujeres y niños en nuestros Estados miembros. 
El día europeo contra la trata de seres humanos, al que alude este informe, podría servir de instrumento útil en este sentido. 
Estoy ansiosa por escuchar lo que el Comisario Frattini tiene que decir sobre este tema, y si tiene la intención de adoptar la idea. 
Sin embargo, al mismo tiempo, no debemos evitar los tabúes recogidos en este informe, concretamente la Copa del Mundo, ya que grandes acontecimientos como este suelen atraer a delincuentes que quieren hacer dinero fácil a expensas de mujeres y niños. 
También es conveniente adoptar medidas más decisivas para seguir la pista y llevar ante la justicia a estos delincuentes. 
Europa es demasiado lenta en la promulgación de leyes encaminadas a luchar contra la trata de seres humanos y los servicios de investigación criminal aún no dan a esta lucha la prioridad que merece. 
Por eso he sugerido que esta legislación se incluya en los informes anuales que hemos solicitado. 
Europol también tiene que empezar a localizar a los delincuentes como tarea prioritaria. 
Forma parte de su mandato y ahora también está obligada a actuar en este terreno. 
Podría continuar, pero creo que este informe marcará la pauta acertada para adoptar un postura más activa con respecto a este problema. 
– Señora Presidenta, quiero felicitar a la ponente, Christa Prets, tanto por su informe de propia iniciativa como por la sensibilidad demostrada hacia un problema social de proporciones mundiales. 
Es un problema ante el que nadie –y, en particular, el Parlamento Europeo– puede permanecer impasible, en especial cuando la información es extremadamente preocupante para los Estados miembros de la Unión Europea. 
Los términos «trata de seres humanos» , «explotación sexual» y «prostitución forzada» , tanto a escala nacional como internacional, conllevan el riesgo de una pandemia similar a la creada por la pobreza y el hambre, principalmente en los países en desarrollo, en los escalones inferiores de estas sociedades. 
Las mujeres y los niños son las víctimas. 
Estoy de acuerdo en que hay bandas de delincuentes que están operando en todo el mundo. 
Las nuevas tecnologías electrónicas dan inmunidad a estas bandas, a menudo con nuestra tolerancia. 
Sin embargo, cuando se aplican tácticas ordinarias, como la coacción, la represión, el secuestro y las amenazas a las comunidades desprotegidas, con lo cual quiero decir las mujeres y los niños menores de edad, entonces considero que es incomprensible que permanezcamos impasibles y distantes ante el fenómeno de la violencia y la violación de nuestra dignidad humana y los derechos fundamentales. 
Todos somos responsables, dado que el castigo de los traficantes y sus cómplices sigue siendo un acto teórico, y no la demostración de fuerza en la práctica en la que todos deberíamos involucrarnos. 
Para terminar quiero señalar que acontecimientos internacionales importantes, como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de fútbol en Alemania el próximo verano, sirven de tapadera para este tipo de episodios. 
La ponente tiene razón al señalarlo, pero las raíces del mal están profundamente arraigadas y, en estos casos, la mejor cura es la prevención, la vigilancia por parte de los países que son los anfitriones de estos acontecimientos deportivos y, sobre todo, la información pública para los ciudadanos que constituye el escudo de la sociedad, las mujeres y los niños. 
Le pregunto, señor Frattini, ¿está haciendo algo la Comisión en este sentido? 
. Señora Presidenta, Señorías, doy las gracias a quienes han intervenido en este debate. 
Parece ser que hay pleno consenso, y creo que el valor añadido de la Unión Europea, al abordar el problema conjuntamente mediante un enfoque global, está claro para todo el mundo. 
Me gustaría centrarme en algunos puntos concretos que se han mencionado. 
La Comisión continuará alentando y promoviendo proyectos específicos cuyo objeto es la prevención de la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas, en particular, de mujeres y niños. 
Puedo confirmar que estoy dispuesto a asegurar que los proyectos que entran dentro de la iniciativa Daphne se mantienen separados de la estrategia contra las drogas. 
Sé que el Parlamento quiere esto en concreto y, una vez que se haya elaborado una propuesta al efecto, estaré dispuesto a respaldarla y a mantener los instrumentos para la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños (el programa Daphne) separados de las iniciativas contra las drogas, puesto que es evidente que se trata de temas distintos. 
Estoy plenamente de acuerdo con la idea de una línea europea de servicios de asistencia telefónica para las víctimas, en particular para los niños. 
Yo también estoy trabajando en un proyecto de esta naturaleza y valoro sumamente la propuesta contenida en el informe. 
Me refiero a las iniciativas en el marco de la política internacional de la Unión para reducir o, más bien, erradicar el turismo sexual. 
Esto no se refiere exactamente a la introducción ilícita de seres humanos en Europa, pero, por desgracia, existen miles y miles de ciudadanos de países europeos cuyas vacaciones ideales son ir a países donde pueden tener relaciones sexuales con niñas y niños de corta edad. 
Hay que erradicar este tipo de turismo sexual, y creo que una manera de hacerlo es implicar a la inmensa red internacional de agencias de viaje. 
Las agencias de viaje conocen a la perfección, cuando organizan viajes, cuáles son los objetivos del turismo sexual y, por lo tanto, trabajaremos con los Gobiernos de los países involucrados y con la red de agencias de viaje para transmitir al menos este mensaje convincente. 
En cuanto a los acontecimientos deportivos, sin duda se trata de un asunto importante. 
Tengo la intención de escribir una carta formal al Gobierno alemán para recomendar que se adopten medidas preventivas específicas durante la Copa Mundial de Fútbol de 2006 e impedir la afluencia y concentración de personas que, por desgracia, serían destinadas a prostituirse durante ese período. 
No será una operación difícil, puesto que son problemas fáciles de identificar, y los medios y recursos del Gobierno Federal alemán, inclusive sus recursos de investigación, nos servirán de ayuda. 
Actuaré conforme a su sugerencia y enviaré esta petición. 
Estoy de acuerdo con adoptar una actitud más severa con respecto a los clientes. 
Estoy personalmente convencido –lo he dicho antes y lo repito ahora– que es necesario disuadir a la clientela. 
Habrá un debate sobre este tema y, aunque parece que existe algún tipo de divergencia de opiniones sobre el mismo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que no habría trata de seres humanos, o al menos, en menor medida, si no fuera por las personas que la demandan. 
Por este motivo, es necesario un debate con detenimiento, sobre todo por parte de los Gobiernos nacionales, como los de Suecia y Finlandia, que han adoptado esta estrategia, y también por la Unión Europea en su conjunto. 
Permítanme que reitere mi punto de vista: es necesario ser más estrictos con los clientes. 
El último tema sobre el que quiero centrarme es el intercambio de información: hay que dar más información a los países de origen, pero también hay que intercambiar más información entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Igual que yo, probablemente saben que aún no existe un registro penal europeo para las personas condenadas, por ejemplo, por pedofilia. 
El caso Fourniret fue posible debido a que nadie en otro país sabía de dónde procedía o qué clase de persona era. 
Hoy es preciso centrarse en la pedofilia, por ejemplo –tal como lo estamos haciendo– creando un registro europeo de información: no una nueva estructura, sino un flujo de información en tiempo real accesible para todos los Estados miembros para determinados tipos de condenas, comenzando con la propia pedofilia, que, a mi entender, es uno de los crímenes más odiosos. 
Es precisamente por esta razón que, cuando hablé con el director de Europol, pude apreciar el compromiso de la organización en la lucha contra la pedofilia, incluso mediante el uso de sistemas de información. 
Digo esto porque la señora Riera Madurell ha sacado el tema. 
Les puedo decir que, el año pasado, una primera investigación acerca de una banda de pedófilos en 13 países europeos, coordinada por la propia Europol, condujo a la detención de casi 100 personas. 
Se trata realmente de una buena noticia, incluso si muy poca gente tiene conocimiento de la misma. 
Repito: 13 países, y coordinada por Europol. 
Esto demuestra que Europa puede y debe adoptar medidas al respecto. 
Por supuesto, siempre pueden contar con mi apoyo incondicional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral de Enrique Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, a la Comisión sobre la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong (O-0108/2005 B6-0348/2005). 
. Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento, que tengo el honor de presidir, ha participado en la preparación de la Conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong y, en este momento, sigue trabajando de cara a las próximas etapas en la negociación de la Agenda de Desarrollo. 
Como saben, una delegación del Parlamento siguió el desarrollo de la Conferencia. 
He tenido la oportunidad de decirle al Comisario Mandelson que, en Hong Kong, la Comisión, el Parlamento y el Consejo estaban más unidos que en Bruselas, lo que fue importante para la difícil negociación. 
Ahora estamos en la fase de evaluación de lo que ocurrió en Hong Kong y de preparación de las recomendaciones para el futuro de la negociación. 
La comisión va a elaborar un informe de iniciativa, cuyo ponente será el señor Papastamkos. 
Esperamos que se pueda aprobar en el mes de abril, de tal manera que las conclusiones puedan estar sobre la mesa de cara a la cita del 30 de abril. 
En cuanto a los resultados, estamos en una etapa de la que se puede decir que lo más importante es que se ha llegado al final de la misma. 
Comparto la valoración del Comisario cuando dijo que los resultados son insuficientes para hacer de la reunión un éxito, pero suficientes para evitar un fracaso. 
Los avances realizados en materia de subvenciones agrícolas a la exportación, de producción y comercio de algodón y de acceso a los mercados libres de aranceles y cuotas de las exportaciones de los países menos avanzados no son desdeñables. 
Es importante poder confirmar a nuestros socios de los países en vías de desarrollo que seguimos fieles a nuestro compromiso de que esta sea una ronda por el desarrollo. 
Sin embargo, estamos muy lejos todavía de un resultado global y equilibrado y queda mucho trabajo por delante si queremos que esta ronda se concluya a finales de este año, teniendo en cuenta la limitación que impone la expiración del permiso de la de los Estados Unidos otorgado por el Congreso. 
En Hong Kong se definieron una serie de etapas intermedias, en las que hay elementos tan importantes como la definición de modalidades para la eliminación de los diferentes tipos de subvenciones agrícolas a la exportación, la reducción del apoyo interno a la agricultura y la mejora de las condiciones de acceso a los mercados agrícolas. 
Habrá que valorar conjuntamente si se dan las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para alcanzar un acuerdo global. 
Se va a celebrar en Ginebra, como he dicho antes, la importante reunión de finales de abril, en la que creemos que el Parlamento Europeo deberá estar representado según las modalidades que convengamos. 
Nosotros vamos a seguir este punto de una manera constante y vigilante. 
Hay tres cuestiones que querría mencionar al Comisario. 
Por una parte, la negociación sobre los servicios, que es esencial desde la perspectiva de la Unión, está sujeta, en este momento, a un calendario diferente del de la negociación sobre la agricultura y el acceso a los mercados. 
Señor Comisario, ¿cómo piensa asegurar un equilibrio de las concesiones en estos tres sectores a la vez que se respeta el calendario previsto? 
Por otra parte, el tema de las indicaciones geográficas de origen, que es muy importante para la Unión Europea, sobre todo para asegurar el futuro de la agricultura como contrapartida a la eliminación de subvenciones y también para defender nuestros productos de calidad, parece sufrir un retraso. 
¿Cómo considera el Comisario que puede paliarse este retraso? 
Por último, con respecto a la situación de los países emergentes, socios nuestros, que podrán beneficiarse de la iniciativa «todo salvo las armas» , que es una iniciativa europea importante, y que pueden sufrir de la erosión de sus preferencias, ¿cómo piensa conseguir el apoyo de los países cercanos a nosotros para un eventual acuerdo en el que tengamos que hacer balance entre inconvenientes y perspectivas? 
Evidentemente, se trata de un proceso complejo, en el que tenemos que ser capaces de obtener un equilibrio entre los intereses ofensivos de la Unión, los defensivos y la legítima ambición de los países en vías de desarrollo y, también, de convencer a nuestros conciudadanos de que nuestros intereses están mejor defendidos en una OMC que sea más fuerte, más abierta y más democrática. 
Para concluir, señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Comercio Internacional, quiero agradecer al Comisario Mandelson y a la Comisaria Fischer Boel y a sus equipos de negociadores los esfuerzos realizados y las atenciones que han tenido con nosotros. 
Les puedo asegurar que tendrán en el Parlamento Europeo un apoyo sólido, aunque sea crítico, para alcanzar estos objetivos. 
. Señor Presidente, en relación con el último comentario diré tan solo que a mi juicio es muy importante estimular y facilitar la participación del Parlamento en las cuestiones comerciales. 
Esta relación es sumamente importante para mí y espero que nuestro debate de esta noche sea una demostración más de ello. 
Estoy decidido a mantener en el futuro estos estrechos contactos periódicos entre nosotros. 
De hecho, veo que muchas de sus Señorías presentes en la Cámara hoy estuvieron igualmente en Hong Kong. 
Esta es una especie de nueva reunión temprana y un buen momento para pasar revista a la situación. 
Se me ha pedido que evalúe los resultados de la reunión de Hong Kong y que presente las conclusiones que pueden sacarse de esta. 
Lo haré. 
Asimismo, se me ha pedido que exponga mis puntos de vista acerca de los siguientes pasos que debemos dar. 
Les presentaré mis opiniones preliminares, pero también quiero que sus Señorías me transmitan a su vez sus puntos de vista y sus reflexiones para que yo pueda hacerme los míos propios. 
Por ello, mi reflexión, que es de suma actualidad y constituye un proceso activo, es que este debate se celebra en el momento preciso. 
Mañana me reuniré con otros diputados y diputadas aquí en Estrasburgo. 
No puedo pretender que la conferencia de Hong Kong haya sido un rotundo éxito, pues no lo ha sido. 
Según el Director General de la OMC, el señor Lamy, la consecución de los objetivos de la ronda ha pasado del 55 % al 60 %. 
Se trata de un incremento muy reducido, y sin duda de un 5 % muy costoso. 
Si pensamos en la cantidad de personas que estaban en Hong Kong y el dinero que ha costado su viaje y estancia, por no hablar de la privación de sueño mientras estaban allí, realmente ha sido un 5 % muy costoso. 
Sin embargo, ha bastado para evitar el fracaso e impedir que el tren de la ADD descarrilara. 
Así pues, ha sido una buena inversión y ha valido la pena. 
Debemos tener en cuenta que las expectativas se habían reducido considerablemente antes de nuestra llegada a Hong Kong. 
No esperábamos avances significativos, por lo que no estamos decepcionados. 
Algunos avances modestos era lo mejor que podíamos esperar y es lo que hemos logrado. 
En cuanto a la Unión Europea, por nuestra parte hemos sacado lo mejor de lo que en ocasiones ha sido una situación sumamente difícil. 
Y cuando hablo de «nosotros» me refiero a todos nosotros: la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
Hay que señalar –y quiero dejar constancia de mi gratitud por ello– que el alto grado de apoyo y confianza que recibieron los negociadores europeos revistió una inmensa importancia, y fue de un gran valor y un gran estímulo para nosotros. 
Fue importante para la credibilidad colectiva de Europa y considero que revestirá la misma importancia en los próximos meses. 
En Hong Kong nos encontramos en ocasiones bajo una presión política cuidadosamente organizada para que hiciéramos nuevas concesiones unilaterales o aceptásemos la culpa del fracaso. 
A final, no hicimos ni lo uno ni lo otro; no hicimos concesiones unilaterales y no se nos echó la culpa posteriormente. 
No obstante, hicimos una contribución importante, que fue reconocida como tal, al aceptar que en 2013 eliminaremos definitivamente todas las subvenciones a la exportación de productos agrícolas. 
Al hacerlo no cruzamos los límites que nos habíamos impuesto, nos mantuvimos unidos y obtuvimos crédito y credibilidad, lo que es un logro considerable. 
Europa se mostró firme y razonable, y es así como me gustaría definir lo que pretendo que sea nuestro papel y nuestros resultados en el futuro: firmes y razonables. 
Un logro importante alcanzado en Hong Kong fue el acuerdo sobre el paquete en materia de desarrollo, acuerdo que fue posible gracias a la constante presión que hicimos sobre otros países desarrollados durante los meses anteriores a la conferencia. 
Aún así, me habría gustado que los Estados Unidos, Canadá y Japón se hubieran unido plenamente a nuestra iniciativa «Todo menos armas» , y hubiesen apoyado un planteamiento sin contingentes ni derechos para todos los países y productos, como el que hemos concedido a los países menos desarrollados. 
Un 97 % –no el 100 % como el que ofrece Europa– es un importante paso adelante. 
Parece generoso, pero en realidad permitirá a los países desarrollados proteger algunos productos clave que revisten importancia para algunos de los PMA, cosa que resulta lamentable. 
De modo similar, avanzamos en lo referente a las subvenciones al algodón, pero el resultado final resultó decepcionante una vez por lo que se refiere a las subvenciones internas que se conceden en los Estados Unidos. 
Desde una perspectiva más general, los resultados obtenidos en Hong Kong hacen que todo quede por decidir, y nada de lo que figura en el texto final nos impide que continuemos buscando la ambición y el equilibrio que han sido nuestras consignas a todo lo largo de estas negociaciones. 
Tras Hong Kong podemos seguir buscando una ronda que resulte económicamente significativa y favorable al desarrollo. 
Esto implica un mayor acceso al mercado y normas comerciales internacionales más firmes para todos. 
Ahora bien, no les ocultaré que el camino que nos espera será difícil por varias razones. 
En primer lugar, existe el riesgo de que se dé prioridad a las negociaciones sobre agricultura y productos NAMA –productos industriales– y se releguen a segundo plano las negociaciones sobre servicios, normas e indicaciones geográficas. 
Es necesario reducir ese riesgo. 
En segundo lugar se ha establecido una relación entre el acceso al mercado para los productos industriales y para los productos agrícolas, que algunos Miembros de la OMC podrían interpretar como la necesidad de reducir el acceso a nuevos mercados para los productos industriales, por oposición al acceso a nuevos mercados para los productos agrícolas. 
Estaremos muy atentos a este respecto. 
En tercer lugar, lo que quizá resulte fundamental, en Hong Kong no observamos que otros socios importantes estén dispuestos a adoptar decisiones difíciles, a hacer las ofertas y contribuciones necesarias para que esta ronda termine con éxito dentro de un año o más tarde. 
Hasta que todos los negociadores principales den muestras de responsabilidad y flexibilidad mutuas –sin las cuales no podemos hacer los trueques o tratos necesarios para que esta ronda concluya con éxito– no podremos esperar que esta ronda termine antes de lo previsto. 
La conferencia apenas acaba de terminar y aún estamos considerando nuestros siguientes movimientos con la cabeza fría. 
Como ya he dicho, el debate de hoy contribuirá al análisis que estamos llevando a cabo. 
Quiero compartir con sus Señorías algunas ideas sobre este tema. 
Debemos mostrarnos firmes para que se acepte el principio del compromiso único. 
Dicho principio es fundamental para esta ronda y para la forma en que funciona la OMC. 
No debemos abandonarlo. 
No debemos seguir aceptando retrasos ni en los servicios, ni en las indicaciones geográficas ni en los ámbitos normativos, y otro tanto puede decirse de los productos industriales. 
Antes que nada tenemos que entablar un diálogo con nuestros socios para evaluar hasta dónde llegan sus ambiciones y para ver si realmente compartimos con ellos nuestra ambiciosa visión de esta ronda. 
Sinceramente espero que sea así. 
Al final, Europa podría aceptar, de forma renuente y a regañadientes, un resultado minimalista. 
Podríamos hacerlo si eso es lo que quiere el resto del mundo. 
Pero tengo que decir a sus Señorías que sería una gran vergüenza, una gran pena y una gran pérdida si lo hiciéramos. 
No ayudaría al crecimiento y a la creación de empleo en nuestras economías o las de otros países, y no contribuiría a reducir la pobreza a nivel mundial. 
Esa sigue siendo la finalidad de esta ronda. 
Por lo tanto entablaré un vigoroso diálogo con todos mis socios en las próximas semanas para ver si aún existe el material de negociación y la energía necesarios para lograr un resultado ambicioso y equilibrado. 
No obstante, no me gusta sacrificar la calidad en aras de la velocidad. 
Sé que el mandato de la Autoridad para el Fomento del Comercio de los Estados Unidos expira a mediados de 2007, y haré lo que pueda para alcanzar resultados ambiciosos en los plazos acordados en Hong Kong, pero no si ello implica sacrificar los intereses europeos o los de los países en desarrollo débiles y vulnerables, los cuales deben obtener igualmente ventajas tangibles en esta ronda. 
Esta ronda no trata únicamente sobre exportadores agrícolas competitivos a gran escala, sino de la mayoría de los países en desarrollo, y los intereses de estos no pueden sacrificarse en aras de la velocidad. 
Y lo que es más importante, debemos declarar nuestras metas sin ambigüedades, en particular por lo que respecta a la mayoría de los países en desarrollo. 
Debemos mostrarnos más activos en nuestros contactos bilaterales y regionales e indicar con claridad lo que pedimos a nuestros homólogos en la OMC y lo que no pedimos ni esperamos. 
Por ejemplo, que podemos ofrecer mucho a la gran mayoría de los países en desarrollo, pero que no pretendemos nada, o muy poco, a cambio. 
De este modo se evitarían los malentendidos –algunos reales y otros, mucho me temo, creados voluntariamente– que pueden surgir entre algunos que piensan que esta es una ronda dedicada a la defensa a ultranza de los derechos nacionales en la que intentamos extraer sacrificios a nuestros interlocutores que no están en condiciones de hacer concesiones en esta ronda. 
No es así, ni nunca lo ha sido, ni nunca lo será. 
Desde una óptica más general, es necesario reiterar los argumentos sobre desarrollo. 
La reducción de los obstáculos al comercio impulsa el crecimiento económico. 
No se trata de un precio injusto que los países en desarrollo deben pagar por imposición. 
En Hong Kong me pareció, en ocasiones, que algunos países en vías de desarrollo simplemente no están convencidos de que una apertura gradual de los mercados, con las ayudas necesarias, es buena para el desarrollo, y que la panacea para curar todas las enfermedades del mundo en desarrollo era simplemente la destrucción de la política agrícola común. 
Por supuesto, hay que proceder a la liberalización de la agricultura y esta debe ponerse al día, pero esta no es una ronda dedicada exclusivamente a la agricultura. 
Puesto que la agricultura representa menos del 5 % de comercio mundial de productos y servicios, resulta evidente que los mayores beneficios de esta ronda se encontraban en otros sectores, no solo para la Unión Europa, sino sobre todo para los países en desarrollo, los cuales obtendrían beneficios inmensos si ampliaran su comercio entre sí, comercio en el que la mayor parte la representan los productos industriales y no la agricultura. 
Así pues, existen argumentos convincentes a favor de una firme dimensión Sur-Sur en esta ronda. 
Reconozco plenamente la importancia que reviste conceder a los países en desarrollo la flexibilidad necesaria, y tenemos que explicarlo y destacarlo constantemente en el planteamiento europeo. 
Todas nuestras propuestas contemplan un trato especial y diferenciado, lo que significa, en el caso de los países menos desarrollados y más vulnerables, que no se pedirá a estos que procedan a liberalización alguna en esta ronda. 
Sin embargo, la Comunidad Europea no va aceptar una ronda de la OCDE en la que el grupo G-20 de países emergentes simplemente espere a que el mundo desarrollado haga concesiones sin grandes ventajas o ninguna para los países en desarrollo más pobres y necesitados. 
Este resultado no es admisible en Europa y tampoco lo sería en el mundo. 
Por último, me gustaría hablar sobre el papel y la contribución de los próximos meses. 
Resulta evidente que es necesario vender el resultado de una negociación y que, en el camino para llegar a esa conclusión, también es necesario explicar nuestras políticas y posiciones, sobre todo en sociedades abiertas y democráticas como las nuestras. 
En Hong Kong aprecié mucho sus opiniones y su ayuda. 
Me pareció que realmente colaborábamos como equipo europeo, incluso si en algunos temas hubo matices y algunas diferencias políticas entre nosotros. 
Me gustaría seguir contando con su ayuda para explicar, no solo a sus electores, sino también a nuestros interlocutores en la OMC que Europa sigue abrigando ambiciones para la ADD, que hemos asumido un firme compromiso con sus objetivos de desarrollo, pero que no podremos aceptar un resultado que no contribuya al crecimiento o la competitividad europeos o que no pueda ayudarnos a crear más empleos para reemplazar aquellos que Europa pierde a medida que desaparece su producción agrícola. 
Europa no está dispuesta a aceptar una ronda que no ofrece nada nuevo en materia de acceso a los mercados industriales, de servicios, de indicaciones geográficas o de otras normas que refuercen la gestión multilateral de nuestros asuntos internacionales. 
Si no se producen avances o verdaderas mejoras en esos ámbitos, no pagaremos y no seremos la única banca de esta ronda. 
Estas son mis ideas preliminares. 
Ya he entablado conversaciones con mis principales interlocutores y la próxima reunión de Davos será la primera oportunidad para comparar notas con los ministros de comercio. 
Seguiremos evaluando y refinando nuestra posición negociadora a la luz de las respuestas y comentarios de otros Miembros de la OMC, pero sobre todo, desde luego, del Consejo y de sus Señorías. 
Volveré a exponer mi planteamiento en un discurso sobre política comercial que pronunciaré el próximo lunes, 23 de enero, en Berlín, una vez que haya escuchado sus comentarios de esta noche. 
. – Señor Presidente, voy a abstenerme de referirme a los objetivos concretos de la Unión Europea y a los resultados de las negociaciones en Hong Kong tema a tema. 
El presidente de nuestra comisión, el señor Barón Crespo, ya lo ha hecho, así como el Comisario Mandelson, a quien siento la necesidad de agradecerle su capacidad negociadora en Hong Kong y por mantenernos constantemente informados a los diputados al Parlamento Europeo en la víspera de la conferencia Hong Kong y durante la misma. 
Estamos deseosos, Comisario, de continuar nuestra creativa cooperación. 
La revisión general de los resultados de la Conferencia de Hong Kong nos permite considerarlos normales pero, al mismo tiempo, teniendo en cuenta las circunstancias objetivas, cabe verlos como positivos. 
Normales debido a que, en numerosas cuestiones cruciales de la gobernanza del comercio mundial no se han realizado progresos substanciales, sino solo declaraciones de programas o declaraciones de intención. 
Positivos porque, sobre todo, ha habido un compromiso –se hizo hincapié sobre este aspecto– de continuar las negociaciones. 
La Conferencia de Hong Kong ha demostrado que nuestro camino hacia la integración satisfactoria y la consolidación de la ronda actual continúa abierto. 
Sin embargo, conviene que todos nosotros, independientemente de nuestra posición, nos demos cuenta de que no existe ninguna alternativa viable al sistema de comercio multilateral. 
No hay ninguna alternativa que pueda proteger la integración y el desarrollo económicos, la gestión eficaz de la cada vez mayor interdependencia económica y la resolución pacífica e imparcial de las diferencias. 
La conclusión satisfactoria de las negociaciones de la ronda de Doha reforzará y ampliará los intercambios internacionales y el desarrollo a este nivel. 
Asimismo, el sistema de comercio internacional será más justo, lo que generará ventajas para todos y mejorará las instituciones y los procedimientos. 
Incluso actuará como un dique de contención del bilateralismo y del proteccionismo. 
Estoy seguro de que la Unión Europea continuará sus esfuerzos y desarrollará iniciativas dinámicas para que la ronda se clausure con éxito. 
Es un reto común. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, el principal mérito del acuerdo alcanzado en Hong Kong es preservar la existencia del sistema multilateral y no hacer descarrilar la ronda de desarrollo iniciada en Doha. 
Este acuerdo provisional –como ha señalado el propio Comisario–, dista mucho de concluir la ronda; queda mucho por hacer. 
Pero, después de Seattle y Cancún, un nuevo fracaso habría abierto la puerta a una multiplicación de acuerdos bilaterales aún más desequilibrados entre el Norte y el Sur. 
El objetivo de la ronda debe seguir siendo poner las normas del comercio al servicio del desarrollo, y ese ha de seguir siendo el objetivo de la Unión Europea, aun sabiendo que significa obtener menos de lo que ofreceremos a nuestros socios del Sur, en especial en materia de acceso al mercado. 
Señor Comisario, en ocasiones he sido severo con usted y con la Comisión en relación con la política comercial. 
Mi Grupo y yo mismo nos mantendremos atentos y exigentes, en especial en temas esenciales como los servicios públicos o las medidas de apoyo a los PMA y los países ACP. 
Dicho esto, quisiera felicitarle hoy en esta Cámara por el trabajo que ha realizado, no solo por haber mantenido a la delegación del Parlamento Europeo permanentemente informada, sino también y sobre todo por haber garantizado una posición coherente de los Estados miembros en Hong Kong. 
Al decir esto, pienso en particular en la difícil decisión que hubo que tomar para llegar a un acuerdo unánime sobre la supresión de las subvenciones a las exportaciones agrícolas de aquí a 2013. 
Era una decisión esperada, una señal importante, entre otras cosas para dar más credibilidad y defender mejor la PAC en el futuro, si bien sabemos que en materia agrícola todavía está por negociar lo más difícil en relación con las ayudas nacionales y el acceso a los mercados. 
También ha demostrado usted la flexibilidad necesaria para evitar un bloqueo en el tema de los aranceles industriales y los servicios, un bloqueo que habría sido fatal para la negociación. 
Habrá que mantener esa flexibilidad, porque es legítimo que los países en desarrollo deseen controlar su apertura comercial, no poner en peligro sus industrias más frágiles y mantener la capacidad de regular sus servicios públicos. 
Una última observación: Hong Kong ha demostrado una vez más la necesidad de una reforma profunda de la OMC. 
Hemos visto una vez más cuán grande sigue siendo la crisis de confianza entre los países industrializados y los países en desarrollo, hasta qué punto la confrontación de los intereses nacionales amenaza en todo momento el avance hacia la realización de nuestros objetivos comunes: el desarrollo, la erradicación de la pobreza, un comercio más justo a escala mundial. 
Solo salvaremos el sistema comercial multilateral garantizando encaje con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que trabajan por el desarrollo humano. Esto se logrará equilibrando el libre comercio con objetivos de desarrollo social, lo que supone garantizar que las normas del comercio tengan en cuenta las dimensiones no comerciales: el medio ambiente, la salud pública y los derechos sociales. 
Señor Presidente, la redefinición de las negociaciones de Hong Kong nos obligó a no esperar avances históricos. 
Como ha señalado el Comisario Mandelson, la ronda no fue un fracaso, pero tampoco un éxito. 
La falta de democracia dominó las negociaciones, ya que estas tuvieron lugar a puerta cerrada, en las denominadas «cámaras verdes» , y la oportunidad de sacar a millones de personas de la pobreza simplemente no se aprovechó. 
Cuando digo esto, no deseo menospreciar la relación de trabajo tan estrecha que el Parlamento Europeo tuvo con la Comisión a lo largo de todo el proceso. 
A pesar de que los países más pobres del mundo unieron sus esfuerzos para hacer que la Ronda de Doha fuera un éxito para el desarrollo, se les colocó en una posición imposible, pues o bien aceptaban un texto que dejaba mucho que desear o bien serían acusados del fracaso de este juego que reclama avances. 
En unas cuantas horas del penúltimo día de negociaciones se produjo un súbito cambio en dos problemas que parecían encontrarse en un punto muerto permanente. 
La UE contaba con un plan presupuestario hasta 2013 y la OMC concluyó la declaración de Hong Kong. 
Ambas cuestiones estaban vinculadas, por supuesto, y todos aquí sabemos lo difícil que resultó para algunos renunciar a un 3,5 % del total de las ayudas agrícolas comunitarias. 
Sin embargo, un salto enorme para la UE no equivale a un pequeño paso para la OMC. 
Si bien debemos felicitarnos por el éxito de las propuestas en materia agrícola, no debemos pasar por alto que gran parte se verá erosionado por la rebaja de los derechos de los países en desarrollo a proteger sus servicios básicos y nuevas industrias. 
La eliminación de las subvenciones a la exportación de productos agrícolas que distorsionan el comercio que tendrá lugar en 2013 se producirá tres años después de lo esperado y representa un gesto simbólico para los agricultores más pobres del mundo. 
Hasta que se ponga fin al dúmping de todos los cultivos y productos subvencionados en sus mercados, seguirán enfrentándose a un reto terrible para librarse de su atroz pobreza. 
Gordon Brown admitió la semana pasada que el Reino Unido no había sabido aprovechar su doble Presidencia, la de la UE y la del G-8, para llevar a cabo su ambicioso programa de desarrollo. 
Propuso un plan de cinco puntos para revertir ese fracaso y presionar a los dirigentes mundiales a que reinicien y concluyan las negociaciones sobre comercio. 
Y eso es lo que tenemos que hacer, presionar. 
Podemos hacer mucho bien. 
Acordamos eliminar todas las formas de subvenciones a la exportación de algodón en 2006. 
Nos aseguramos de que la ayuda alimentaria ya no será utilizada sistemáticamente para disfrazar subvenciones a la exportación, y la iniciativa comunitaria «Todo menos armas» recibió el apoyo de todos nosotros. 
Señor Mandelson, usted ha dicho que vamos a crear un escenario. 
Ahora debemos utilizar ese escenario como trampolín. 
Ha llegado la hora de recuperar la ambición. 
La UE debe dar ejemplo y esperemos que otros nos sigan. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, ya sabíamos que detrás de las negociaciones comerciales no había realmente buenas intenciones, pero hay que reconocer que en la Conferencia de Hong Kong asistimos a una cumbre dominada por la hipocresía. 
A decir verdad, los países en desarrollo se sintieron totalmente estafados: no hubo prácticamente ningún progreso en el tema del algodón; la reforma del azúcar y del plátano sigue siendo extremadamente problemática y catastrófica, especialmente para los países ACP; y el libre acceso al mercado para los PMA sigue siendo, con todo, incompleto, aparte de que se ha aplazado. 
Todo esto con la única contrapartida de una presión muy fuerte a favor de una liberalización de los servicios y los productos manufacturados que pone en peligro economías extremadamente frágiles. 
Por tanto, con respecto a la agricultura, se puede decir que a pesar de un enfrentamiento aparente entre la Unión Europea y los Estados Unidos, la política seguida por estos dos bloques fue prácticamente la misma, es decir, mantener la protección para un tipo de agricultura, lo que demuestra claramente que la política de «precios más bajos» no funciona y que a la larga no resulta viable. 
Apenas se ha prestado atención, si es que se ha prestado alguna, a las normas sociales y ambientales, la agricultura a pequeña escala, a los campesinos del Sur que se ven muy amenazados por estos acuerdos, a los pequeños campesinos del Norte o a los intereses de las pequeñas y medianas explotaciones. 
Se esperaba de la Unión Europea que manifestara un interés real y coherente por los países más pobres. 
Se esperaba que promoviera el desarrollo sostenible y la armonización de las normas del comercio con las normas sociales y ambientales. 
No hemos visto nada de eso y nos sentimos tanto más decepcionados. 
Siendo así, ¿cómo pueden continuar las negociaciones? 
Estamos muy preocupados por el nuevo enfoque, que parece obedecer más a una mentalidad de «arriba abajo» que al llamado planteamiento de «abajo arriba» y que marca un retroceso a negociaciones en, que son menos transparentes y menos democráticas. 
Nos preocupa especialmente este aspecto en un momento en que buen número de nuestros conciudadanos se muestran muy inquietos y dudan de la capacidad de la Unión Europea para controlar la globalización económica, dado el modo en que se gestiona actualmente. 
– Señor Presidente, Señorías, se suponía que esta iba a ser la ronda del desarrollo, pero francamente creo que podemos resumirlo de esta manera: el ganador ha sido el egoísmo de los países del norte del mundo. 
Han vuelto a ganar los intereses de las multinacionales estadounidenses y europeas, patrocinadas y representadas eficazmente por la labor de la Comisión Europea. 
¿Cómo se puede hablar de proteccionismo demoledor o de defender el libre mercado cuando cada uno de los 25 000 productores de algodón de los Estados Unidos recibe una media de 114 000 dólares estadounidenses anuales en subvenciones? 
Esto se traduce en un recorte del 15 % del precio del algodón en el mercado mundial. 
Los 20 millones de productores africanos están, por lo tanto, condenados a pasar hambre: entre estos se cuentan los campesinos de Malí, Benín, Burkina Faso, Chad y Níger, todos los países que ocupan el último lugar del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. 
¿Cómo se puede hablar de política de desarrollo, cuando se ha prorrogado una política basada en el dúmping de los productos agrícolas hasta 2013? 
El resultado de todo esto es una mayor destrucción de las economías de los países en desarrollo y no hemos de olvidar que el 70 % de la población mundial vive de la tierra. 
La Unión Europea y los Estados Unidos se culpan mutuamente, pero, en la práctica, ninguno está dispuesto a recortar de raíz las subvenciones a la exportación agrícola del algodón. 
Esto supone continuar creando un sistema de monopolios dominado por las multinacionales de la industria agroalimentaria. 
No hemos oído decir ni una sola palabra sobre la necesidad de incluir cláusulas sociales y de respetarlas: ha habido un silencio absoluto sobre este tema. 
No solo esto, sino que se ha forzado a los países en desarrollo a abrir sus mercados a los productos industriales procedentes del norte, mientras tienen que recortar sus aranceles sustancialmente. 
El resultado es la competencia desigual, que va a destruir aún más la poca industria que se ha desarrollado hasta ahora en África y en las regiones más pobres de Asia. 
Para una opinión pública irreflexiva, un 97 % puede sonar a mucho. 
Sin embargo, sabemos que el problema va a ser el 3 % de productos que no podrán acceder libremente a los mercados del hemisferio norte. 
Asimismo, no se han confirmado en cifras concretas la ayuda al desarrollo prometida, y ni tan siquiera se ha especificado si consistirá en ayuda real o en préstamos: se trata de puras apariencias que disfrazan la farsa que se está revelando en toda su falsedad. 
Se está abriendo el mercado de servicios: la educación y los servicios sociales y sanitarios serán cada vez menos un derecho y más un producto disponible solo para las personas que pueden permitírselo. 
También se corre el riesgo de que incluso el agua se incluya en este mercado como un producto básico, que en el futuro próximo competirá con el petróleo en el mercado. 
Por no citar la situación del acceso a los medicamentos, que, en la práctica, se niegan a 30 millones de personas infectadas por el VIH en África. 
Me gustaría saber cómo se puede hablar de una ronda de desarrollo cuando uno se enfrenta a una realidad de esta naturaleza. 
. – Señor Presidente, aunque puede que la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC no haya sido un fracaso, los avances tan modestos logrados en Hong Kong hacen que el año 2006 sea especialmente difícil para las negociaciones. 
Quiero preguntar a la Comisión cómo cree que puede animar a los demás interlocutores a que adopten medidas. 
La táctica del salami del Grupo de los 20, que el Comisario Mandelson critica, ha dado finalmente como resultado que la Unión Europea acabe prácticamente con las manos vacías en lo que se refiere a productos industriales y servicios, aunque se empleó más del tiempo del necesario para discutir un acuerdo para ampliar la vigencia de las subvenciones a la exportación hasta 2013. 
Por consiguiente, la Comisión debería emplearse a fondo para mantener el impulso de Hong Kong en 2006, con el fin de poder alcanzar un acuerdo aceptable en el ámbito de la industria y, también, en el sector de los servicios. 
También quiero preguntar a la Comisión qué esfuerzos tiene intención de hacer para dar a los denominados asuntos no comerciales un lugar más destacado en el orden del día. 
Señor Presidente, yo fui uno de los 26 miembros de esta Cámara que asistió las negociaciones mundiales sobre comercio y estoy de acuerdo con el Comisario en que hubo algunos avances, pues no fueron un completo fracaso. 
Sin embargo, tengo que decir que, según lo que me pareció que sucedió en Hong Kong, se ejerció una enorme presión sobre el modelo europeo de agricultura en esas negociaciones, todo ello con el fin de ayudar a los países en desarrollo. 
Como dije en Hong Kong y como he dicho en esta Cámara en otras ocasiones, considero que se trata de una falsa impresión. 
Se esta creando la falsa impresión de que los países en desarrollo saldrían beneficiados si tuvieran un mayor acceso a los mercados de la UE. 
Nada más alejado de la verdad; de hecho, los países menos desarrollados tienen muy poco que ganar con dicho gesto. 
Si permitimos la ruina de los agricultores europeos, los verdaderos beneficiados serán los barones sudamericanos del ganado vacuno. 
En las calles de Hong Kong vimos agricultores coreanos que luchaban por su sustento, pequeños agricultores coreanos amenazados por grandes empresas transnacionales del grano, que negocian bajo el disfraz de querer ayudar a los países en desarrollo. 
En Europa no podemos permitir externalizar nuestro abastecimiento de alimentos. 
Si tratamos la agricultura y los alimentos como productos ordinarios de una línea de producción, pondremos en peligro nuestra propia seguridad alimentaria. 
Resulta evidente que las negociaciones de la OMC no podrán tener éxito mientras insistan en jugar a la ruleta rusa con nuestros abastecimientos de alimentos y con el sustento de nuestros pequeños y medianos agricultores, porque son ellos los que están en peligro, no las exportaciones agrícolas, señor Comisario. 
Tal vez ha llegado el momento de excluir la agricultura del ámbito de la OMC, porque, como usted mismo ha dicho, tan solo representa un 5 % del comercio mundial. 
¿Porqué un 5 % debe impedir los avances que pueden hacerse en el 95 % restante? 
Habrá que volver a pensar en ello en interés de las negociaciones en general, porque creo que la agricultura siempre será un problema. 
En primer lugar, nuestro método de negociación tiene un fallo. 
Un año antes de la Cumbre hacemos concesiones agrícolas revisando la PAC. 
Resultado: cuando usted llega a la mesa de negociaciones, cualquiera que sea su talento –y es inmenso–, no le queda margen de maniobra, a no ser que cruce la línea roja agrícola. 
En segundo lugar, Hong Kong convalida Seattle y Cancún. 
La agricultura, a pesar de su 5 %, es sin duda la ventaja comparativa ricardiana de Europa, si no ¿por qué iba a estar en el centro de la guerra que libra, por ejemplo, Brasil en todas las cumbres? 
En tercer lugar, países en desarrollo como México critican la reducción de los derechos de aduana, ostensiblemente generosa, destinada a facilitar el acceso al mercado, pues esos países han comprendido que el regalo aduanero no está destinado a los pobres, sino a las empresas del Norte que fabrican sus productos entre los pobres, por ejemplo en Bangladesh o Vietnam. 
En cuarto lugar, esta reducción de los derechos de aduana, políticamente simpática, es difícil de gestionar desde el punto de vista técnico. La prueba es que tras 20 años de fórmulas matemáticas, ya sean suizas u otras, en la Declaración de Hong Kong no se consigue encontrar una solución. 
Esto quiere decir, en quinto y último lugar, que la vía de la reducción de los derechos de aduanas es un callejón sin salida que debería pasar a la historia. 
La solución moderna es la invención de los derechos de aduana deducibles, en forma de créditos aduaneros o derechos de giro ofrecidos por el Estado importador al Estado exportador, un crédito igual a los importes de los derechos de aduana percibidos sobre los productos del exportador. 
Señor Mandelson, si hiciera esto, sería Harry Potter, habría conseguido casar las teorías de Ricardo y Frederick List, habría resuelto el problema de los desequilibrios económicos mundiales y habría preservado de un solo golpe los intereses de los pobres y los de los ricos, el libre comercio y la protección de nuestro modelo social. 
Señor Presidente, antes de dar las gracias al Comisario Mandelson y de que este se caiga de su asiento por la sorpresa, quisiera criticar la forma en que el Parlamento participó en esas negociaciones. 
Enviamos 26 diputados, 10 agentes de apoyo y un encargado de prensa. 
Nunca vi al encargado de prensa, que no organizó evento alguno para el Grupo del PPE-DE, y no porque estuviera ahí para prestar asistencia a nuestro Grupo, pero sí para prestarla a todo el Parlamento. 
En mi calidad de copresidente de la Conferencia Interparlamentaria que obtuvo el apoyo para dicha copresidencia, me sorprendió que no contáramos con un encargado de prensa. 
Robert Portman ha preguntado para qué había asistido el Parlamento Europeo y lo qué habían hecho los diputados. 
La señora Kinnock de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE estaba ahí; había miembros de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, entre ellos yo. 
Señor Comisario, primero quiero darle las gracias a su personal: la señora Nikolay hizo una labor extraordinaria, al igual que el señor Trojan. 
Usted también lo hizo al mantenernos informados y al día sobre las negociaciones. 
Concretamente, hoy usted nos ha pedido que avanzáramos ideas, por lo que puedo darle un par de cosas en las que pensar. 
Creo que ha realizado una muy buena labor, pero ¿podría explicarnos por qué se culpa constantemente a la UE –en particular por parte de los Estados Unidos– de entorpecer las negociaciones? 
Me parece que existen otros argumentos que deberíamos presentar y, sin embargo, nuestro mensaje no llega a su destino. 
Ya lo he dicho en otras ocasiones y espero que pueda explicarlo. 
En la Conferencia Interparlamentaria logramos sacar adelante el tema de las indicaciones geográficas. 
Usted ya lo ha dicho y, sin embargo, que yo sepa, nunca formó parte de los debates finales. 
Se trata de un tema muy importante para Europa y muchos otros países. 
Quedé decepcionado por la polarización de los debates que tuvieron lugar en Hong Kong. 
Se hicieron muy pocos esfuerzos para conciliar los puntos de vista divergentes. 
Como indicó uno de mis compañeros, se señaló y se culpó a otras personas, cosa que fue contraproducente. 
¿Es esta gran «juerga» ministerial la mejor manera de proseguir con las negociaciones? 
¿No deberíamos buscar un planteamiento menos circense? 
Muchas gracias por todo lo que ha hecho, señor Comisario, y siga así. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero tomar como punto de partida el comentario que acaba de realizar el señor Sturdy. 
Comisario, ha preguntado qué debe hacer en cuanto a la evaluación en curso y qué es lo que queremos que usted tome en consideración. 
Creo que el señor Sturdy tiene razón; no cabe duda de que en el futuro deberemos plantearnos si el enfoque único de compromiso siempre será el acertado. 
Es posible que su uso continuo tenga sentido, pero tengo la firme sospecha de que el futuro de la OMC dependerá de que se encuentren otros métodos, de una visión más flexible que posiblemente permita la negociación paralela de otras cuestiones y el uso de un plan de trabajo flexible y renovable. 
Cómo se adaptará todo esto a la ronda es algo que le compete a usted y que dejo a su buen juicio. 
De todo esto se desprende consideración que debe tener presente. 
Esta Cámara siempre ha mantenido –en realidad, yo misma elaboré un informe sobre el tema hace unos años– que también deberíamos tomar nota de las rondas bilaterales. 
Mi propio Grupo da consecuentemente una gran importancia a la ronda de negociación multilateral y yo comparto esta idea en buena medida; sin embargo, hemos de tener claro que las negociaciones bilaterales también son valiosas. 
Ahora, mi pregunta: aunque la anterior Comisión siempre se negó a celebrar acuerdos bilaterales con Asia, ¿usted, Comisario, ve las cosas de manera diferente? 
¿Le gustaría establecer otras prioridades para el trabajo en este ámbito? 
En tercer lugar, acabo de regresar de México, donde me sorprendió ver la importancia que se otorga al sector servicios y a las inversiones en infraestructuras, aunque me dio la impresión de que no existía un conocimiento muy preciso sobre lo que la Comisión quiere hacer y de lo que nos gustaría llevar a cabo en las rondas multilaterales sobre servicios. 
Quizá tiene algo que decir sobre esto. 
Mi cuarto punto tiene que ver con las normas. 
Estoy firmemente convencida de la necesidad de debatir las normas en rondas multilaterales y no en otros foros. 
Cuantos más participantes haya, más importancia cobrarán estas rondas. 
Cuanto más problemática devenga la competencia internacional, más apremiante será la cuestión que tratemos. 
Lo que me gustaría saber es si está pensando en una nueva iniciativa. 
Por último, los programas marco para la investigación están en fase de debate y muchos diputados se han referido a una cuestión que será importante desde el punto de vista de la agricultura. 
¿Cuál es su posición sobre la necesidad de invertir más en investigación agrícola y estructural? 
¿Qué piensa sobre la investigación en materia de bioetanol? 
– Señor Presidente, Señorías, el proceso que comenzó en Qatar fue denominado una ronda de desarrollo. 
La reunión ministerial en Hong Kong no cumplió su promesa, y esto es preocupante dado que, si no logramos sacar a 2 000 millones de personas de la pobreza y del hambre, el mundo se encaminará hacia una serie de explosiones políticas y sociales incontrolables de efectos devastadores. 
Entiendo que era muy difícil llegar a un compromiso, pero la meta de 2014 para la eliminación de las subvenciones cae demasiado lejos. 
Me temo que muchas cosas van a ocurrir entre este momento y esa fecha. 
Puede que Europa no tenga toda la culpa, pero en parte somos culpables, no el Comisario Mandelson sino la propia Europa. 
Se ha dicho que es necesario hacer mucho más –y hacerlo mejor– para ayudar y proteger a las personas que no han podido hacerlo por sí mismas y que quedarán aplastadas por el mercado, tal como está ocurriendo. 
Hay que reconocer al Comisario Mandelson el haber representado una Europa en Hong Kong menos arrogante que los Estados Unidos. 
Es el estado de Occidente en su conjunto, sin embargo, el que tiene que forzarnos a replantearnos la situación con detenimiento, si no queremos que la ronda se derrumbe con los martillazos del creciente desorden mundial, que ya estamos presenciando. 
Las reuniones que mantuvimos en Hong Kong demostraron tres puntos esenciales: primero, la necesidad de reformar la Organización Mundial del Comercio; en segundo lugar, el orden mundial está cambiando y China espera al acecho; y, en tercer lugar, es necesario un cambio drástico en el concepto del comercio mundial que condujo a la creación de la OMC. 
– Señor Presidente, el Comisario y el joven equipo que reunió antes de las negociaciones de Hong Kong han fracasado en el intento de encontrar el equilibrio entre el acceso al mercado para los productos agrícolas aquí en Europa frente a los productos industriales en los países del mundo en desarrollo. 
Los países del mundo en desarrollo tienen buenos motivos de rechazar sus tendencias liberalizadoras, y quizá se comportó de un modo bastante ridículo ante los ojos de la opinión pública mundial al fracasar en su intento de poner fin a las subvenciones a la exportación, algo que se debió acometer hace tiempo. 
Estamos ofreciendo a los países del mundo en desarrollo un alto grado de acceso al mercado; lo que está en tela de juicio es qué condiciones imponemos. 
Lo que está en juego aquí es la competencia, la participación a nuestro nivel de precios y según nuestros criterios, de modo que las economías de estos países puedan desarrollarse. 
En lo que se refiere al acceso del mundo en desarrollo al mercado de productos industriales y servicios de nuestra parte del mundo, es vital que el desarrollo de estos países, en materia de comercio, infraestructuras y servicios, no se eche por tierra o se imposibilite; en vez de ello, tienen derecho a que se les considere, en este ámbito también, proveedores de servicios que contribuirán al desarrollo de estos países. 
Entonces, quizá, podremos hablar de una ronda de desarrollo. 
Espero que vuelva a considerar todos estos aspectos y dé prioridad a la cualificación en la próxima ronda. 
– Señor Presidente, con una estrategia uniforme, la Unión Europea y los Estados Unidos de América, a pesar de sus antagonismos, han utilizado la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC para intensificar la explotación de los pueblos y para el saqueo de los recursos generadores de riqueza en los países en desarrollo. 
Tanto los resultados como la completa ausencia de transparencia en las negociaciones de la OMC son peligrosas para los pueblos. 
La OMC está demostrando ser una organización imperialista que sirve a los intereses de los grupos multinacionales de las grandes empresas. 
El acuerdo que salió de Hong Kong asesta un duro golpe a los ejes fundamentales de la economía y a la independencia y derechos soberanos de los países en general. 
El acuerdo sobre productos agrícolas acelerará los procedimientos para eliminar a las pequeñas y medianas explotaciones y, al mismo tiempo, fortalecerá los monopolios. 
El acuerdo relativo a los productos no agrícolas constituye un obstáculo infranqueable para el desarrollo industrial en los países en desarrollo. 
Al mismo tiempo, con la apertura de los mercados a los recursos naturales, las consecuencias también serán catastróficas para el medio ambiente. 
La denominada liberalización de los servicios –la Directiva Bolkestein– que está siendo fomentada a través de la OMC, abrirá la caja de Pandora y la vía para la plena comercialización de los productos básicos como el agua, la salud, la educación, el transporte y la información, en una tentativa de incrementar los beneficios de los monopolios. 
Sin embargo, la situación es inaceptable y el cinismo se sale de madre en la producción y suministro de fármacos. 
Se trata de un crimen contra la humanidad, dado que más de 30 000 personas mueren cada día, víctimas de los precios exorbitantes de los productos de la industria farmacéutica internacional, al no tener acceso a los medicamentos para luchar contra las principales epidemias. 
Esto demuestra que los acuerdos a través de la Organización Mundial del Comercio son simple cobardía... 
– Señor Presidente, Señorías, esperábamos mucho más de la reunión de Hong Kong, a pesar de que ya se había anunciado que iba a ser una tertulia. 
Más allá de las buenas intenciones sobre la necesidad de garantizar un sistema de comercio multilateral, quedaron por resolver demasiadas cuestiones. 
Entre los numerosos asuntos que afectan profundamente a miles de empresas y trabajadores europeos está el problema de la competencia desleal ejercida por parte de ciertos países que no pertenecen a la UE en perjuicio de Europa. 
Esta competencia desleal, como en el caso de China, consiste en el dúmping social y medioambiental. 
Para decirlo sin rodeos, esto supone que se están inundando los mercados europeos con productos de muy bajo coste, lo que, en realidad, tiene un alto precio en lo que se refiere a violaciones de los derechos humanos, la explotación de los trabajadores y una falta de protección medioambiental. 
Se trata de productos de muy mala calidad, que literalmente plagian la propiedad intelectual y los conocimientos tecnológicos de las empresas europeas con impunidad. 
La eliminación de barreras es algo positivo –nadie lo niega–, pero no debe convertirse meramente en una oportunidad para comercializar en nuestros mercados mercancías falsificadas o mercancías fabricadas con mano de obra esclava o infantil. 
Para concluir, señor Presidente, es nuestra obligación asegurarnos de que las normas de la OMC incluyan normas estrictas sobre la protección de la propiedad intelectual y la protección de los productos de calidad mediante indicaciones geográficas de origen y, también, mediante cláusulas que exijan la protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores. 
– Señor Presidente, señor Mandelson, tras la Conferencia de la OMC, ustedes declararon que era necesario que los resultados constituyeran un compromiso constructivo ya que muchas personas estaban descontentas. 
Es un punto positivo y, si se trataba de una cuestión de negociaciones presupuestarias –una descompensación en la que las concesiones, en realidad, cuestan dinero– tendría usted razón. 
En este caso, la situación es precisamente al revés. 
En las negociaciones comerciales, ganamos tanto si nosotros mismos suprimimos los aranceles como si obligamos a otros a eliminarlos. 
Esto no es una descompensación. 
Incluso si la conferencia no ha sido el desastre que muchos temían, creo que tenemos que ser honestos y decir que ha sido un fracaso. 
Los problemas se remitieron a un futuro en el que la catástrofe está cada vez más cerca, e incluso creo que, para partes importantes de los sectores industriales y de servicios, la conferencia realizó pequeños cambios para mal en el documento. 
Detecto dos reacciones preocupantes. 
En primer lugar, existe un sentido perceptible de resignación en lo que se refiere a las negociaciones multilaterales y un deseo de depositar las esperanzas en los acuerdos regionales y bilaterales. 
Estos acuerdos nunca producirán resultados que permitan liberalizar el comercio mundial en ámbitos significativos, y optar por ellos sería una manera demasiado fácil de evitar reducir progresivamente el proteccionismo que practicamos. 
En segundo lugar, oigo a personas decir que «pusimos nuestro granito de arena en Hong Kong; es culpa de otros si no avanzamos». 
Creo que esta actitud es una fórmula para el fracaso. 
Uno debe darse cuenta de que los progresos en las negociaciones no se derivan de la capacidad de señalar con el dedo el proteccionismo practicado por otros. 
Es como ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. 
En cambio, se consigue avanzar si entendemos los costes derivados de nuestro propio proteccionismo. 
Para Europa, la conferencia de Hong Kong debería ser un llamada de alerta, y no solo ante el hecho evidente de que el proteccionismo que practicamos en las cuestiones agrícolas es a costa de un asunto mucho más importante como la liberalización del comercio de los servicios y bienes industriales. 
Ante todo, conviene que nos demos cuenta, junto con los Estados Unidos, Japón y otros países, de que los costes que nuestro proteccionismo en la agricultura impone a nuestros consumidores y contribuyentes son una razón suficiente para suprimirlo. 
«El libre comercio, una de las mayores bendiciones que un Gobierno puede conferir a un pueblo, es impopular en casi todos los países» , afirmó Thomas Babington en 1824. 
La conferencia de la OMC en Hong Kong demuestra que esto bien se hubiera podido decir hoy en día. 
Todos tenemos que pagar el precio, como consumidores y trabajadores, de la falta de liberalización del comercio en todo el mundo. 
– Señor Presidente, el libre acceso a los mercados estadounidense y japonés para los países menos desarrollados es positivo, pero esta ventaja se ha diluido considerablemente por la posibilidad de que muchos productos queden excluidos. 
Lo mismo se aplica a un gran número de productos sensibles para los que no se ha realizado ningún progreso, de nuevo, creo que debido a la propia actitud de la UE. 
Los países que dependen del algodón, de los plátanos y del azúcar también quedan a un lado, claramente decepcionados. 
No obstante, es algo muy positivo que se haya fijado un plazo para la eliminación de las subvenciones a la exportación en 2013. 
Aunque creo que esta fecha es demasiado lejana, se ha fijado igualmente. 
Espero que la Comisión quiera eliminar progresivamente estas subvenciones que distorsionan la exportación mucho antes, y espero que se fije un calendario preciso. 
La UE ha prometido 1 000 millones de euros de ayuda para medidas comerciales de aquí a 2010. 
¿Puede explicar la Comisión dónde puedo encontrar esta dotación reflejada en el presupuesto plurianual del Consejo? 
Lo mismo se aplica, en realidad, a la suma de 200 millones destinados a los países que dependen de la producción de azúcar y a los compromisos asociados. 
Creo que seguimos emitiendo cheques sin nada que los respalde y es evidente que nos oponemos absolutamente a la idea de que los pobres de América Latina, Asia o África paguen, como lo hicieron, por nuestra solidaridad. 
Para conseguir que este desarrollo sea un éxito, la Unión Europea tiene que enseñar los dientes. No insistiendo ahora en la liberalización de los servicios con el Grupo de los 20 –todo lo que necesitamos hacer es mirar a la Unión Europea para ver cuán difícil nos resulta esto–, sino colocando a las normas laborales en el primer lugar de la agenda mundial para la próxima ronda y reformando nuestra agricultura de forma más amplia y acelerada durante la ronda actual. 
El Comisario merece nuestro mayor reconocimiento por haber evitado el fracaso. 
Sin embargo, solo podremos hablar de éxito a finales de 2006, si esta ronda se completa realmente y si se aplica satisfactoriamente. 
– Señor Presidente, quiero agradecer encarecidamente al Comisario lo que ha dicho, y también empezar con una crítica sobre nuestra posición negociadora como europeos, ya que creo que fuimos demasiado honestos, y es que nuestra posición rechazaba fundamentalmente la astucia como parte del mandato de negociación. 
Creo que es necesario volver a considerarlo, puesto que todos los demás utilizaron subterfugios. 
Nosotros no lo hicimos, prefiriendo poner nuestros resultados sobre el tapete enseguida. 
En el lado positivo, quiero señalar que su estilo negociador y la forma en que ha comunicado la información a esta Cámara han contribuido a redoblar nuestra determinación, por lo que tiene usted nuestro más sincero agradecimiento. 
Esto, por supuesto, nos ha permitido influir en las deliberaciones presupuestarias en Bruselas, lo que considero algo muy positivo. 
En cuanto a las denominaciones geográficas de origen, no logramos nada. 
Es algo que ha mencionado, y muchos oradores también han dejado claro cuán importante es esta cuestión para nosotros. 
He de decir al Comisario que nuestras denominaciones geográficas de origen y la propiedad intelectual que conllevan es algo por lo que tenemos que luchar. 
Al hacerlo, tendremos que ser ingeniosos y mantener un frente unido. 
– Señor Presidente, el comportamiento de la UE en Hong Kong fue una vergüenza. 
El mundo esperaba que la UE mostrara liderazgo, demostrara su solidaridad con los países en desarrollo y se esforzara por garantizar un libre comercio auténtico con pleno acceso a los mercados de los países industrializados, en particular, para los países más pobres. 
La UE hubiera tenido que utilizar su fuerte posición para desarrollar la OMC en un sistema eficiente de acuerdos multilaterales con condiciones sociales y medioambientales claras para el comercio. 
Desde donde estoy, sin embargo, la UE se comportó casi peor que los Estados Unidos. 
Fue egocéntrica, carente de solidaridad, repleta de trucos y culpable de abusar a todas luces de su poder para intentar forzar a los países en desarrollo a que abran sus mercados a nuestras exportaciones. 
No hay ningún deseo de hacer nada sobre nuestras propias subvenciones agrícolas exorbitantes y destructivas. 
El acuerdo sobre la supresión de las subvenciones a la exportación implica una excesiva demora y está repleta de condiciones poco limpias. 
La UE se pone a pontificar sobre la política de algodón de los Estados Unidos –y tiene buenos motivos para hacerlo– pero se comporta precisamente de la misma manera, como por ejemplo, cuando se trata del azúcar. 
Lo que, por otra parte, hubiera tenido que ser un paquete de desarrollo arrollador y que realmente habría hecho que las cosas avanzaran para los pobres, ha terminado como algo insignificante. 
¡Qué decepción! 
– Señor Presidente, Comisario, tanto antes de la Conferencia de la OMC en Hong Kong como durante el transcurso de la misma, la Comisión mantuvo permanentemente informado al Parlamento en cuanto al estado actual de las negociaciones. 
Esto fue muy útil, por lo que quiero expresarle mi más sincero agradecimiento. 
Quiero formular las preguntas siguientes a la Comisión. 
En primer lugar, la Comisión iba provista de buenas ideas, pero su falta de una estrategia para comunicar y convencer supuso que la percepción pública de la UE fue que siempre estaba a la defensiva. 
Otros Estados fueron lo suficientemente astutos y hábiles para describir a la Unión Europea como un obstáculo en el camino hacia el progreso por sus propias razones egoístas. 
¿Qué mejoras prevé hacer la Comisión a su estrategia de comunicaciones? 
Desde el punto de vista práctico, ¿qué propone hacer y cuándo? 
En segundo lugar, el objetivo original de la ronda de desarrollo de Doha era acordar un programa ambicioso para la reforma y la liberalización de la política comercial, en particular, en beneficio de los países en desarrollo. 
Tal como hemos visto, sobre todo antes, durante y después de Hong Kong, es lamentable que cada vez más personas asocian el término «globalización» con peligro en vez de con oportunidad. 
Aquí en Europa, vemos a toda una generación que termina su educación escolar sin haber aprendido los fundamentos de la economía social de mercado y el comercio mundial, y por este motivo son presa fácil de las campañas de desinformación y falsedades. 
También vemos a nuestros medios de comunicación realizando informes sobre el traslado de puestos de trabajo casi excluyendo todo lo demás y, sin duda, no sobre la creación de nuevos puestos de trabajo o la prosperidad adicional que aporta el comercio mundial. 
Podemos ver cómo cada vez más ciudadanos se sienten inseguros por este fenómeno y por las campañas realizadas por grupos radicales con la intención de propagar el miedo y la desinformación, y financiadas con dinero europeo. 
En la sesión plenaria del 12 de mayo, la Comisión se comprometió a presentar un plan para una campaña activa, que debía realizarse durante las negociaciones de la OMC, para convencer a los ciudadanos de las ventajas del comercio mundial. 
Hasta hoy ningún plan de este tipo ha visto todavía la luz. ¿Se está trabajando en uno y cuándo se va a presentar? 
En tercer lugar, ¿prevé la Comisión clasificar a China como economía de mercado, aunque esto siga sin estar justificado? 
– Señor Presidente, doy las gracias al Comisario. 
Me gustaría comenzar mencionando algunos aspectos positivos. 
En primer lugar – y creo que nadie lo ha dicho – el hecho de que el texto final aborda el abuso que hacen los Estados Unidos de la ayuda alimentaria y la creación de la «caja de seguridad» es de suma importancia. 
En segundo lugar, es muy importante que el texto refrene los peores excesos de la «caja azul». 
Asimismo, el texto final recoge un lenguaje sumamente alentador en relación con los productos especiales y con los mecanismos especiales de salvaguardia. 
Estos son aspectos positivos. 
Asimismo nos felicitamos de la ayuda al comercio, aunque abrigo algunas reservas ante el hecho de que el Banco Mundial y el FMI se hagan cargo de ella, teniendo en cuenta del hincapié sobre las condiciones para prestar ayuda por las que son tan bien conocidos. 
Al igual que mi compañero, el señor van den Berg, me gustaría saber de dónde saldrán los 1 000 millones de euros que el Presidente Barroso prometió en Gleneagles. 
Existen lagunas enormes en las promesas presupuestarias que se hicieron. 
Cuando presidí una conferencia de prensa del Grupo ACP en Hong Kong, pude darme cuenta de que se sentían frustrados y traicionados. 
La OMC no ha hecho favor alguno a los países ACP en lo que se refiere al azúcar, el plátano y el algodón. 
Señor Mandelson, estos países son nuestros aliados naturales, pero a menos que demostremos que existe un mandato sobre el desarrollo de Doha y que cumplimos ese mandato, creo que en los próximos meses no podremos contar con nuestros homólogos de los países ACP. 
Asimismo es absolutamente indispensable una nueva financiación a largo plazo para los países signatarios del Protocolo del azúcar. 
¿Podemos realmente, en el poco tiempo que queda, avanzar para poner fin al dúmping, para confirmar que los países en desarrollo tienen derecho a proteger sus explotaciones agrícolas, sus industrias y servicios incipientes? 
¿Permitiremos un acceso justo y equitativo para las exportaciones de los países en desarrollo? 
Estos son aspectos esenciales. 
Se trata de una lista formidable. 
Señor Comisario, ¿podrá con todo estos de aquí al 30 de abril? 
– Señor Presidente, Señorías, la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong abordó un gran número de cuestiones importantes relacionadas con el comercio mundial; sin embargo, los resultados no ofrecen ningún motivo de celebración. 
Solo se aprobó por consenso un informe del grupo de negociación sobre la facilitación del comercio, y no hubo prácticamente ningún resultado en la esfera de los servicios. 
A la Comisión le esperan algunas negociaciones difíciles esta primavera. 
En realidad, los intereses comerciales de los 149 países desarrollados y en desarrollo son muy difíciles de conciliar. 
La OMC, como organización con su propio reglamento y procedimientos de toma de decisiones, no ha sido capaz, durante los últimos cinco años, de llegar a ninguna decisión: hemos de admitir que la OMC está sufriendo una crisis. 
Por lo tanto, invito a la Comisión Europea a que inicie la reforma de la OMC: para modificar las normas y los procedimientos de toma de decisiones, añadir nuevas dimensiones a las normas, por ejemplo, sociales y medioambientales, y fomentar la competencia comercial leal entre todos los miembros de la OMC, tanto los Estados desarrollados como en desarrollo. 
También quiero añadir que debemos dejar de tratar el comercio como un aspecto separado y aislado de la producción, la seguridad laboral y los problemas medioambientales. 
El comercio es solo el resultado de la actividad económica. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, a estas alturas del debate está dicho prácticamente casi todo. 
Quizás lo más importante y relevante, como ha dicho el Comisario, es que el Parlamento esté plenamente asociado a la negociación que está llevando a cabo la Comisión. 
En cuanto a la valoración de Hong Kong, hemos oído de todo; nadie ha quedado plenamente satisfecho, es como el símil de la botella: unos la ven medio llena y otros medio vacía. 
¿Ha habido un fracaso total? 
No. 
¿Ha habido un éxito total? 
Tampoco. 
Tal vez el éxito es que no haya habido un fracaso, como en un principio se pensaba que podía haber ocurrido. 
¿Qué papel ha desempeñado la Unión Europea? 
Creo que es justo reconocer que la Comisión y el Comisario que ha estado al frente han desempeñado un papel muy digno, y hay que reconocérselo aquí, como también hay que reconocer- creo que es de justicia- que nuestra Institución ha estado plenamente informada por los servicios de la Comisión, lo cual es un paso muy importante en esa labor a la que el Comisario se ha referido. 
Unos querrían que cediéramos más en agricultura pero, evidentemente, la Unión Europea ha hecho los deberes en este campo con la reforma de la PAC, como también los ha hecho con la reforma de la pesca con la PCP. 
Son otros los que tienen que avanzar en este campo y, tal vez, como aquí se ha dicho, lo que más ha chirriado en esta Cumbre ha sido precisamente la hipócrita posición de los Estados Unidos en relación con la Unión Europea en materia de agricultura y también en cuestiones de desarrollo. 
En servicios no hemos avanzado y es necesario que los demás estén decididos a abrir los mercados a nuestras grandes empresas de servicios: es clave para todos. 
Para ellos también, puesto que los servicios afectan a todos los sectores económicos y es un tema crucial para la Unión Europea. 
Esperamos y deseamos que la Ronda de Doha pueda concluirse en beneficio de todos, cediendo todos y alcanzando un compromiso satisfactorio para un comercio más libre y más justo, con reglas multilaterales y más transparentes, por lo que le agradecemos, señor Comisario, que continúe en contacto con el Parlamento. 
Como usted ha dicho, asociar al Parlamento es asociar a los ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, a pesar de los malos augurios, la Ronda de Doha para el Desarrollo y la OMC siguen vivas. Eso sí, ahora hay que seguir trabajando con un calendario apretado. 
Yo también agradezco la cooperación que hemos mantenido en esta última Conferencia Ministerial y creo que, como se ha dicho, esta Cámara debe seguir estrechamente asociada a todo el proceso de negociación, incluido el Consejo General de 30 de abril en Ginebra. 
Felicito a la Comisión por los logros obtenidos en el ámbito de la eliminación de las subvenciones a la exportación y medidas similares. 
Ahora bien, señor Comisario, ¿podría usted profundizar en los compromisos y calendario adquiridos por parte de nuestros socios comerciales en cuanto a créditos a la exportación, ayuda alimentaria y empresas estatales? 
Puesto que el tiempo apremia, ¿ha decidido la Comisión alguna iniciativa política para alentar a los grandes actores, incluyendo las economías emergentes, a respetar sus compromisos para cerrar este año y con éxito esta ronda para el desarrollo? 
Por último, ¿cómo cree usted que los acuerdos alcanzados en Hong Kong incidirán en las negociaciones del deseable acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur? 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no volveré sobre este complejo asunto; simplemente insistiré en algunas reflexiones para resaltar hasta qué punto nos interesa contar con la Unión Europea como instrumento político para debatir temas como el comercio internacional. 
Me sumo, señor Comisario, a los agradecimientos que le han expresado, así como a la señora Fischer-Boel y al señor Johnsson del Consejo Europeo. 
Con respecto a la fecha de 2013 para el cese de las subvenciones a la exportación, he presentado la propuesta de auditoría independiente de todas las formas de ayuda, con objeto de distinguir, por una parte, los aspectos que están relacionados con la ayuda humanitaria y que deben estar sometidos a la vigilancia de la esfera pública y, por otra, los aspectos que distorsionan las reglas de la competencia en el comercio internacional y que deben eliminarse si queremos acabar con la hipocresía reinante sobre este tema. 
Quisiera llamar su atención sobre cinco puntos. 
En primer lugar, en un mundo complejo, es esencial que las naciones dispongan de un espacio de diálogo multilateral a escala planetaria para tratar los asuntos del comercio internacional. 
No obstante, lamento que los Parlamentos, que son los representantes elegidos de los pueblos, no hayan participado en las negociaciones, del mismo modo que las organizaciones no gubernamentales. 
Los Estados deben comprender que ya no es posible hacer que los Parlamentos voten a favor de la financiación de acuerdos de comercio internacional y por tanto que los ratifiquen sin implicar a los diputados al Parlamento Europeo en las negociaciones. 
Después, es imperativo que protejamos el acceso a nuestros mercados agrícolas en el período de incertidumbre que se abre. 
Tendremos que estar dispuestos a luchar en el tema de las indicaciones de origen geográfico, una batalla que no está ni mucho menos ganada. 
En cuarto lugar, hay que desarrollar un significativo proyecto de futuro, señor Comisario, con el fin de proceder a una evaluación cuantitativa y cualitativa de las repercusiones económicas y sociales de todas estas negociaciones en Europa. Un ejemplo de este tipo es el efecto en el empleo. 
A este respecto podría ser útil apoyarnos en los trabajos realizados por el Comité Económico y Social Europeo en el seno del Observatorio del Mercado Único. 
Por último, es esencial que las economías, en especial las occidentales, que crean su riqueza aplicando los principios de mercado, contribuyan a aplicar mecanismos reales de erradicación de la pobreza en el mundo. 
Si no lo hacemos nosotros, los demócratas, lo pagaremos muy caro en el plano político, en especial por la escalada de los extremismos. 
Señor Presidente, la conferencia de Hong Kong logró su modesto objetivo de trazar una hoja de ruta, y lo que eso demuestra es que esa ruta es difícil y que sus principales pilotos tendrán que dar algunas curvas muy pronunciadas. 
Lo que tenemos es un paquete de desarrollo que no es suficientemente generoso, una fecha para poner fin a las subvenciones a la exportación demasiado lejana, propuestas para el GATS que no presentan la flexibilidad necesaria y una fórmula para los productos NAMA que no es suficientemente equitativa, así como el reconocimiento de la necesidad de un trato especial y diferenciado que no presenta suficiente claridad. 
Así pues, algo avanzamos en Hong Kong, pero queda mucho por hacer y el Comisario sin duda conoce la expresión «mucho hecho y mucho por hacer». 
Creo que la mayor parte de la culpa por lo que aún queda por hacer no es de la Unión Europea, sino de nuestros principales socios comerciales. 
Quiero dar las gracias al Comisario y a su personal, y al Consejo bajo la Presidencia británica, que hicieron grandes esfuerzos para hacer avanzar muchos de estos puntos. 
– Señor Presidente, Comisario, dudo mucho que hubiéramos podido esperar más de la Cumbre de la OMC en Hong Kong. 
¿Por qué se comprometerían los países a estas alturas si el resultado final no se ha programado hasta finales de este año? 
No hay duda de que se ha empleado más tiempo en establecer un mejor equilibrio entre la ayuda a los países pobres y la atención a nuestro propio poder económico. 
Creo que los participantes están motivados para alcanzar nuevos acuerdos comerciales. 
Son necesarios unos buenos acuerdos para impedir que el comercio se convierta en una historia del Salvaje Oeste. 
La ley y el orden en el comercio nos interesan a todos. 
También confío en que, finalmente, la idea de mejorar la posición de los países pobres goce de un amplio apoyo. Así pues, considero el resultado un paso intermedio prometedor. 
Sin embargo, queda mucho por hacer antes de que podamos llamarla una auténtica ronda del desarrollo. 
Me complace el compromiso de suprimir las subvenciones a la exportación en la agricultura, incluidas las indirectas. 
Asimismo, acojo con satisfacción las iniciativas, como por ejemplo «Todos menos Armas» , de otros países, que también hay que aplicar a más productos y a todos los países menos desarrollados. 
Quiero incluir también el efecto de un tratamiento especial y diferencial, así como la creación de capacidad. 
Me complace que el Comisario comparta mi punto de vista de que esta ronda tiene que ser una ronda del desarrollo, y quiero felicitarle por su vigor y compromiso. 
Creo que está negociando desde una posición especialmente difícil, puesto que su mandato es conocido por la opinión pública de antemano y es el resultado de un proceso público de toma de decisiones en la Unión. 
Es positivo que los Estados miembros hayan presentado coherentemente un frente unido, y quizá es desafortunado que la estrategia europea, más que la de otros negociadores, haya estado sometida a ataques, a veces incluso desde círculos europeos. 
¿Es esta la razón por la que, a menudo, la Unión recibe las peores cartas, incluso si es mucho más fuerte y hace mucho más que los demás países? 
Para evitar que las negociaciones de Ginebra se celebren sin el apoyo de la opinión pública, quiero pedir al Comisario que aplique el mismo grado de compromiso en ulteriores negociaciones y siga informando al Parlamento Europeo sobre la situación y sobre la estrategia, con vistas a realizar los progresos necesarios, incluso en ámbitos importantes como la falsificación y los servicios. 
En efecto, queda mucho por hacer en estos ámbitos. 
– Señor Presidente, Comisario, la ronda de Hong Kong ha concluido y, ahora, ¿hacia dónde se dirige la OMC? 
Aunque si bien es cierto que no se ha conseguido nada en concreto, hay que decir que las líneas de comunicación no se han cerrado y que, en estas circunstancias, lo considero muy importante desde el punto de vista psicológico. 
Los comentarios que quiero plantear hoy tienen que ver más con la situación general. 
Para empezar, señor Comisario, ha hecho un muy buen uso del mandato de negociación que se le ha conferido. 
Recibió un elogio general por la manera en que la UE, por una vez, consiguió algo actuando absolutamente con una sola voz, aunque estábamos acorralados en cierto sentido. 
Sin embargo, se espera mucho más de nosotros que de los demás Estados industriales. 
En segundo lugar, ha colaborado usted extremadamente bien con esta Cámara, considerando casi una obligación la de informarnos, tanto personalmente como a través de terceros. 
Siempre hay lugar para la mejora en todo, pero realmente se nos ha informado muy exhaustivamente y se nos ha hecho partícipes de la labor que se estaba realizando francamente bien. 
La cuestión es, no obstante, si esto es suficiente, y cómo se pueden hacer las cosas en el futuro. 
Creo que los derechos del Parlamento en los asuntos relativos al comercio exterior deben reforzarse con carácter urgente, y esto es un tema aparte del Tratado Constitucional. 
A medida que la globalización crece y se intensifica, los ámbitos políticos asociados con el comercio exterior cada vez son más importantes. 
Cuando un ámbito político pasa a ser importante para la opinión pública, los representantes electos de los ciudadanos necesitan poder expresar su opinión, y este es el motivo por el cual necesitamos poder tener más influencia sobre la Comisión y poder hacer su seguimiento más de cerca. 
Al decir esto, estoy mirando el futuro en lugar de criticar la labor que están realizando ahora. 
Señor Presidente, he observado que en sus observaciones iniciales, en su respuesta a la pregunta oral del señor Barón Crespo, el Comisario pidió al Parlamento que le presentara propuestas sobre las actividades y los pasos que hay que dar en el futuro. 
Tengo entendido –y este es un tema que no se ha abordado hasta ahora en este debate– que tanto Ucrania como Rusia son candidatos al ingreso a la OMC. 
¿Cuenta el Comisario con un calendario en el que podría contemplarse la adhesión de estas dos economías tan importantes y cuáles serían algunos de los pasos necesarios para alcanzar dicha adhesión? 
Estoy pensando en un sector que, según me parece, no es objeto de debate en la OMC: la energía. 
El Parlamento deliberará acerca de ese sector esta semana. 
Pero también pienso en los productos agrícolas procedentes de un Estado miembro, Polonia, que fueron retenidos por Rusia por motivos que para muchos resultan difíciles de entender. 
Al parecer, señor Comisario, usted está muy a favor de la aplicación de normas comunes que todos los Miembros deberían observar y respetar, ya sea que su forma y concepción de la democracia y del cumplimiento del Derecho comercial internacional coincida o no con las nuestras. 
Este es un aspecto importante. 
Hasta ahora hemos abordado las relaciones de desarrollo entre lo que solía denominarse Primer Mundo y Tercer Mundo. 
El Segundo Mundo, según entiendo, era el antiguo bloque de las dictaduras comunistas. 
¿Cómo cree usted que nuestras relaciones pueden mejorar en ese sentido? 
. Señor Presidente, en respuesta a la última pregunta –que apenas guarda relación alguna con el objeto de este debate–, diré que su Señoría ha presentado un excelente argumento a favor de la incorporación de Rusia y Ucrania a la OMC, pues así se someterían a unas normas internacionales y al mecanismo de resolución de controversias de la OMC. 
Sin embargo, para poder disfrutar de ese privilegio, deben aceptar previamente ciertos compromisos diáfanos, y ese sigue siendo el motivo del debate en curso entre nosotros. 
Intentaré ser breve, pero son muchos los asuntos y cuestiones que se han planteado en este debate. 
No puedo atender a todos ellos. 
Agradezco las ideas aportadas por sus Señorías. 
He oído las críticas que se han vertido sobre lo que hemos hecho y huelga decir que estoy agradecido por los elogios y felicitaciones, pero soy muy consciente de que un negociador solo recibe elogios cuando no se equivoca en todo. 
La prueba que debe superar el negociador es hacer algo bien. 
Eso es más complicado, y ese es el reto que se me plantea en los próximos meses. 
Estoy plenamente de acuerdo con el diputado que ha dicho que debemos reforzar las competencias del Parlamento Europeo en materia de comercio –siempre lo he defendido– y, de acuerdo con el espíritu de la época, dado que nuestra relación está siendo tan fluida, no se me ocurre otra cosa mejor que reforzar la relación entre nosotros. 
Diré algo a los que han expresado su preocupación por las críticas internacionales que se han vertido contra la Unión Europea. 
Son críticas hasta cierto punto, pero mejor sería hablar de propaganda. 
En el amor y en la guerra en el terreno de las negociaciones comerciales internacionales todo está permitido, y debemos entender que cuando convergen los intereses de nuestros interlocutores, sobre todo en el ámbito de la agricultura, siempre encontraremos una cacofonía de voces que se alzan contra nosotros, todas con un mismo objetivo: poner a prueba la unidad de los 25 Estados miembros, intentar dividirlos para sacar alguna ventaja en las negociaciones. 
Por eso es tan importante la unidad que alcanzamos en Hong Kong. 
No se trata solo de darnos el alivio de nuestra propia solidaridad: la unidad de criterio y el mensaje común son la mejor respuesta que podemos dar a la propaganda que se lanza contra nosotros. 
El caso es que, en mi opinión, aunque la propaganda no cese y su intensidad no disminuya, aunque esas voces críticas mantengan su estridencia durante años, cada vez serán menos convincentes y encontrarán menos eco entre muchos de los comentaristas internacionales que siguen de cerca las negociaciones. 
Desde Hong Kong he observado una apreciación más ecuánime y matizada del contenido de esas negociaciones que en ocasiones anteriores. 
Pero no solo debemos encontrar respuestas a las críticas y a la propaganda de los demás, como bien han dicho algunos diputados; también debemos buscar aliados. 
No terminaremos esta ronda de negociaciones mientras no seamos capaces de compaginar de alguna forma nuestros intereses y objetivos con los del grupo G20 de economías emergentes. 
No es un grupo homogéneo, pero tiene una disciplina efectiva, que me complace. 
No podríamos estar negociando como lo hacemos ni tendríamos posibilidad alguna de llegar a un resultado satisfactorio si los países del G20, las economías emergentes, no estuvieran tan organizados y tan cohesionados en estas negociaciones. 
Por eso creo que, después de Cancún, a veces nos causa grandes quebraderos de cabeza toparnos en la Unión Europea con unos interlocutores tan bien organizados, pero, por otro lado, lo contrario a la organización es el caos, y el caos es el enemigo de toda ronda de negociaciones efectiva. 
Sin embargo, igual que me complace negociar con los interlocutores del G20, creo que también están en lo cierto los diputados que se han expresado hoy a favor de reforzar nuestra coalición de intereses y nuestra relación con los países ACP. 
Una cosa que he aprendido y de la que me di cuenta desde que accedí a este cargo –y que tampoco se escapa a algunas de sus Señorías, a la vista de ciertas intervenciones escuchadas hoy aquí– es que, cuando se apela o se responde a los intereses de ciertos países en desarrollo o se intenta satisfacerlos, casi siempre resulta que esto ocurre en detrimento de otros países en desarrollo, a los que se deniegan oportunidades o se les causa un disgusto. 
Y por eso, cuando se nos critica, como le ha sucedido a la Comisión esta tarde una o dos veces por no llevar a cabo la reforma agrícola con suficiente rapidez o profundidad en favor de algunos países en desarrollo bastante más competitivos, debemos entender que, en el curso de esta reforma, cuanto más rápido y cuanto más lejos queramos ir, tanto más estaremos perjudicando a otros países en desarrollo. 
Así, cuando viajo por el mundo, ya sea por África o por el Caribe, en las manifestaciones con que me encuentro no son los pobres y explotados del mundo los que nos exigen impulsar la reforma agrícola; lo que he observado en las manifestaciones es que los ciudadanos de países en desarrollo muy pobres, necesitados y privados de todo, nos piden que vayamos más despacio en nuestra reforma, y no más rápido. 
De alguna manera, la clave reside en la compensación a los países en desarrollo por los ajustes que exige la reforma agrícola. 
La señora Kinnock ha aludido con razón al problema del azúcar. 
El planteamiento de la Comisión –y digo esto en nombre de la señora Fischer Boel y en el mío propio– es claro. 
Hemos ofrecido 190 millones de euros por año durante el período de 2007 a 2013 para el plan de acción sobre el azúcar que hemos propuesto y acordado con los países ACP. 
Pero el compromiso alcanzado sobre el presupuesto supone una reducción del 20 % de los fondos de que esperábamos disponer en la rúbrica correspondiente. 
Será muy desagradable que debido a los recortes presupuestarios nos viéramos obligados a abandonar la ambición original del plan que propusimos. 
Esta noche invito al Parlamento Europeo a que ayude a la Comisión a asegurar que haya suficiente dinero para sacar adelante este plan de acción y para asegurar que satisfaga realmente las necesidades de los países ACP que dependen del azúcar y con quienes mantenemos una relación histórica tan importante –una relación que deseamos mantener en el futuro con idéntica significación–, y le pido que nos ayude a asegurar que se mantenga la asignación presupuestaria. 
Yo sin duda lucharé por mantener los 190 millones de euros iniciales, pero la autoridad presupuestaria no es la Comisión, sino esta Cámara y el Consejo. 
Por eso les pido que hagan lo que esté en sus manos por conseguirlo. 
Quisiera mencionar otro asunto que se plantea una y otra vez –y con bastante razón– en estas negociaciones, relativo a la inversión en servicios y en una infraestructura de servicios en los países en desarrollo. 
La liberalización de los servicios forma parte del programa incluido en esta ronda de negociaciones, tan importante como la agricultura. 
Quiero subrayar que nuestra intención en estas negociaciones es impulsar el comercio, que es lo que alimenta el crecimiento intereconómico. 
Pero impulsar el comercio, en mi opinión, no es lo mismo que comercializar lo que otros países y Gobiernos legítimamente quieran mantener dentro del dominio público. 
Están en su derecho. 
Este es el espacio político que les corresponde, y no hay nada en esta negociación en torno a la liberalización de los servicios que pretenda socavar, ni mucho menos anular, el derecho a regular los servicios públicos. 
Tomemos el ejemplo del agua, como ya ha mencionado un diputado: ¿dónde conseguirán los países en desarrollo el capital de inversión, la transferencia de tecnología, las aptitudes de gestión para dirigir en sus países el más eficiente sector del abastecimiento de agua que puedan desarrollar y para asegurar la distribución de agua que tan desesperadamente necesitan si no acuden a la inversión extranjera, al saber hacer extranjero y a la transferencia de tecnología extranjera? 
No debemos perder el sentido de la perspectiva cuando reconozcamos y garanticemos el derecho de los países en desarrollo a dotarse de una regulación. 
En cuanto a la agricultura –a propósito, nadie ha pedido que se excluya la agricultura de estas negociaciones; si alguien lo ha considerado deseable o posible, hace tiempo que ha visto esfumarse su anhelo para siempre–, tenemos la obligación de liberalizar el comercio de productos agrarios, pero debemos hacerlo de una forma y a un ritmo que las comunidades agrícolas europeas puedan gestionar y asumir y que se establezca el equilibrio entre las distintas categorías de países en desarrollo, que, como he dicho, no son iguales. 
Sin embargo, a medida que cambia y evoluciona la agricultura europea, la importancia de la producción y de los productos especializados y de los productos asociados a determinadas indicaciones geográficas deviene cada vez mayor. 
Por eso, la protección de las indicaciones geográficas no solo es una condición importante, sino también indispensable para poder culminar esta ronda de negociaciones. 
Esto va no solo por la señora Mann, sino también por otros diputados. 
Se trata de una empresa única, lo que significa que no habrá acuerdo hasta que no esté todo acordado. 
Esto es a mi juicio muy importante. 
Es una salvaguardia necesaria que todo miembro de la OMC se asegure de que no se pasen por alto sus intereses vitales. 
Si no hubiera una empresa única, si no existiera el principio de que no hay acuerdo mientras no esté todo acordado, nuestra posición sería mucho más débil y no solo nosotros, sino también otros miembros de la OMC, tendrían más dificultades para defender sus intereses vitales. 
En mi opinión, las indicaciones geográficas son de interés vital. 
Para concluir –y soy consciente de que no he dejado sin contestar muchas de las cuestiones que se han planteado–, el acceso a los mercados no agrícolas es un aspecto importante; trataré de los demás asuntos en los comentarios que haga dentro de una semana. Diré solamente que estas conversaciones comerciales multilaterales son muy importantes. 
¿Por qué? 
Por que la multilateralidad es fundamental, tanto los procesos como las instituciones multilaterales. 
Sí, la Unión Europea una aportación especial a esta ronda de negociaciones y a este sistema con el fin de mantener vivos, de fortalecer y de sacar adelante los valores y principios que subyacen en la esencia de esta ronda. 
No pagaremos indefinidamente y todo tiene sus límites, pero sí que estamos dispuestos a pagar por nuestros principios, y no solo por ellos, sino porque, en una ronda comercial multilateral, los beneficios potenciales para la economía mundial, para Europa y para los pobres y necesitados de todo el mundo son mucho mayores que todos los acuerdos bilaterales que tal vez podamos cerrar con otros países y regiones. 
No estoy olvidando el programa bilateral. 
De hecho, hay negociaciones en marcha con los países del Golfo; las habrá con la ASEAN cuando tengamos listo nuestro plan de trabajo, y con Mercosur. 
Dicho sea de paso, tenemos que reflexionar sobre lo que pensamos apartar de este acuerdo multilateral para la negociación bilateral con Mercosur. 
Antes que nada, debemos llevar a buen puerto las conversaciones multilaterales. 
Lograrlo será un enorme reto para los próximos meses, la manera de fortalecer las reglas del comercio internacional para reforzar los derechos sindicales, sociales y laborales, así como el comercio medioambiental. 
Hay mucho que hacer en un plazo relativamente breve. 
Si en los próximos meses consigo negociar tanto como ha planteado la señora Kinnock en su minuto y medio, estaré viajando con una frecuencia razonable. 
Eso supone cierto reto para mí. 
Sin embargo, dada la cantidad de cosas que ha mencionado y hecho constar, que seguiremos debatiendo mañana por la mañana, si puedo mantener en parte el mismo ritmo de progreso creo que no lo estaré haciendo del todo mal. 
Se ha acabado el tiempo. 
El horario de trabajo normal de los intérpretes acaba a las 22.00 horas. 
Aún nos queda otro debate, así que debemos proseguir. 
El debate queda cerrado. 
– No es ninguna sorpresa que el señor Mandelson diga que cree que los «países en desarrollo» no están convencidos de que abrir los mercados sea algo positivo para todo el mundo. 
Recordemos la verdadera cara de la liberalización del comercio mundial de las principales potencias económicas y financieras: cada tres segundos muere un niño por causas evitables; cientos y cientos de millones de personas viven en la pobreza, mientras que la riqueza se concentra a costa de la explotación de los trabajadores y de los recursos que pertenecen a toda la raza humana; en las últimas dos décadas los niveles de desigualdad han aumentado en 53 países de un grupo de 73. 
En lo que se refiere al señor Mandelson, el incremento del 55 % al 60 % en las negociaciones de la OMC, que el Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , Pascal Lamy, describió como un «éxito rotundo» , salvó a la cumbre de ser un fracaso. 
Lo más importante, dijeron, es que las negociaciones no se han «desbaratado» y que se está mejor programadas. 
Por lo tanto, seguimos nuestra lucha por la soberanía y la seguridad alimentarias, por el derecho de cada país a desarrollar su potencial económico con el fin de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de su población, por los servicios públicos, por los derechos laborales, contra la privatización del agua y en contra de que se patente la vida. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el cambio climático. 
. 
Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de debatir con sus Señorías los resultados de la exitosa conferencia sobre el cambio climático celebrada en diciembre en Montreal. 
Allí, además de la XI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también tuvimos el primer encuentro de las partes que han ratificado el Protocolo de Kyoto. 
Me satisfizo particularmente la presencia y la positiva actitud de los diez diputados al Parlamento Europeo en la conferencia de Montreal. 
Eso subraya la importancia que nuestras dos instituciones atribuyen a afrontar el reto del cambio climático y al papel que en ese empeño tiene la actuación multilateral. 
Nuestros continuos contactos y nuestra cooperación en Montreal han dado sus frutos. 
Por eso, es importante que sigamos con esta práctica en futuras conferencias. 
El resultado de la conferencia de Montreal es un hito para las negociaciones multilaterales sobre el clima. 
El Protocolo de Kyoto se ha puesto ahora plenamente en marcha, y el acuerdo sobre el plan de acción de Montreal ha allanado el camino para el debate de la futura cooperación internacional sobre el cambio climático. 
Entre otras cosas, esto aportará una mayor seguridad al mercado de emisiones de dióxido de carbono en Europa y al sector privado. 
La enumeración de los logros políticos de Montreal es realmente impresionante. 
En primer lugar, hemos acordado iniciar dos diálogos oficiales sobre el futuro régimen para afrontar el cambio climático. 
Todas las partes que no han ratificado el Protocolo de Kyoto, incluidos los Estados Unidos y Australia así como los principales países en desarrollo, están incluidos en el diálogo de la Convención. 
Sobre la base de la Convención tendrá lugar un diálogo profundo y orientado al futuro en forma de cuatro talleres que se celebrarán en los próximos dos años. 
Los resultados del diálogo se presentarán en la Conferencia de las Partes de 2007. 
El diálogo de Kyoto se utilizará para debatir nuevas reducciones de emisiones para los países en desarrollo basándose en el Protocolo de Kyoto a partir de 2012. 
Se ha constituido un grupo ad hoc especial de trabajo de las Naciones Unidas dentro del marco de dicho Protocolo. 
Este grupo realizará su tarea lo antes posible, a tiempo de asegurar que no exista discontinuidad entre el primer y el segundo período de compromisos de Kyoto. 
En segundo lugar, en Montreal se han tomado todas las decisiones precisas para el pleno funcionamiento del Protocolo de Kyoto: sus reglas operativas, conocidas como los Acuerdos de Marrakech, han sido aprobadas en su totalidad. 
La decisión de cumplimiento hace vinculante el Protocolo de Kyoto para todas las partes y prevé la creación de un Comité de aplicación. 
El programa de trabajo de adaptación quinquenal contiene toda una serie de actividades que incluyen las tareas dirigidas a aumentar nuestro conocimiento sobre los impactos y los problemas causados por el cambio climático. 
También contempla tareas específicas sobre adaptación de diseños y aplicación de medidas de adaptación. 
El Fondo de Adaptación financiará estas actividades. 
Sus recursos provendrán de las contribuciones al Mecanismo para un desarrollo limpio, que probablemente comenzarán a aportarse en 2008. 
En tercer lugar, la Conferencia de Montreal ha llegado más lejos al hacer del Protocolo del Kyoto un sistema más poderoso y eficaz. 
Se ha fortalecido el Mecanismo para un desarrollo limpio. 
Se ha acentuado y se ha hecho más transparente el papel ejecutivo y supervisor del Comité ejecutivo del mecanismo. 
La secretaría va a contratar más personal para mejorar los servicios que presta al Comité ejecutivo y a sus comités. 
Las partes también han prometido aportar fondos para la actividad del mecanismo, la mayor parte de los cuales constituirán la contribución de la Unión Europea. 
También se han constituido los organismos de aplicación conjunta. 
También se han constituido los organismos de aplicación conjunta. 
La labor preparatoria que lleve a cabo el mecanismo puede aprovecharse para la aprobación de las tareas de aplicación conjunta. 
Esto significa que es posible acelerar la aprobación de dichas tareas cuando ya se hayan elaborado planes para ellas. 
La Unión Europea también ha prometido una cantidad de dinero para dotar al comité que supervisa el mecanismo de aplicación conjunta. 
Por último, la Unión Europea ha aprovechado la Conferencia de Montreal para demostrar su significativo progreso en la aplicación del Protocolo de Kyoto. 
Las numerosas reacciones positivas que he recibido refuerzan mi convicción de que la respuesta de la UE al desafío climático puede ser no solo la más eficaz desde el punto de vista económico, sino que también puede ofrecer una ventaja competitiva para las empresas europeas. 
El acentuado interés en el sistema de comercio de derechos de emisión que hemos introducido deja claro que somos un ejemplo digno de seguir. 
La Unión Europea ha ganado una posición de liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático. 
Ha seguido apoyando el Protocolo de Kyoto a pesar de las serias dudas que se cernían sobre su entrada en vigor. 
Sin embargo, debemos ser conscientes en todo momento de que hacen falta aún mayores esfuerzos en la Unión. 
La mayor parte de sus Estados miembros deben aplicar medidas adicionales para lograr los objetivos de Kyoto. 
También harán falta medidas conjuntas en el plano de la Unión. 
La actual segunda fase del programa europeo sobre el cambio climático ayudará a determinar las medidas óptimas. 
También quisiera aludir a la cuestión del diálogo dentro de la Unión Europea sobre el cambio climático. 
Creo que el acuerdo alcanzado en Montreal de impulsar un diálogo internacional constituye un importante estímulo para la Unión Europea. 
Se ha demostrado la eficacia de la estrategia según la cual la Unión Europea intenta complementar el proceso de las Naciones Unidas con compromisos bilaterales y se esfuerza en generar confianza y en asimilar los puntos de vista de las demás partes. 
La conferencia de Montreal ha ratificado esta visión. 
La Unión Europea ahora necesita cooperar con todas las partes, sobre todo las que poseen una gran cuota de las emisiones, como los Estados Unidos, y con los países de economías emergentes, en un diálogo constructivo sobre la creciente participación en el futuro régimen internacional del sector del cambio climático. 
Creo que Montreal ha marcado una nueva fase en la cooperación internacional para combatir el cambio climático. 
El período de investigación ha terminado. 
Ahora tenemos un sistema internacional con todos los mecanismos necesarios. 
En consecuencia, nuestros esfuerzos se están centrando en consolidarlo y en asegurar su funcionamiento. 
Sin embargo, no podemos dormirnos en los laureles. 
El cambio climático exige una acción urgente y nos atañe a todos. 
Serán necesarios drásticos recortes en las emisiones de gases con efecto invernadero para estabilizar y después reducir las concentraciones de esos gases en la atmósfera de nuestro planeta. 
Por eso, este año, en la segunda fase del programa europeo sobre el cambio climático, debatiremos nuevas iniciativas para potenciar nuestra política climática. 
En ese segundo programa europeo sobre el cambio climático se realizará una profunda revisión de las políticas aplicadas en la primera fase en el sector climático, que comprenden el sistema de comercio de derechos de emisión, las actuaciones de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, el transporte aéreo y otros medios de transporte, etc. 
Partiendo de esa revisión, propondré nuevas iniciativas que fortalezcan nuestra política climática, según cuáles sean los resultados de este proceso de consulta con las partes interesadas. 
Sé que podré contar con el apoyo del Parlamento Europeo en esta tarea. 
. – Señor Presidente, a pesar de la ausencia del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, espero que mañana estemos unidos al confirmar que el Parlamento se va a tomar en serio el cambio climático y la futura política climática. 
La resolución que tendremos mañana delante ofrece una completa visión general de los resultados y expectativas de la conferencia sobre el clima celebrada en diciembre en Montreal. 
Pero comenzaré dado las gracias de todo corazón a toda la delegación de la UE que participó en la conferencia. 
Tanto la Presidencia británica como la Comisión fueron decisivas para que se lograra allí un resultado positivo. 
Como delegación parlamentaria, nosotros también nos esforzamos por cumplir con nuestra parte. 
Creo que la unidad que mostramos fue un factor fundamental en Montreal. 
La conferencia fue un éxito, y la resolución sobre el clima refleja nuestra gratitud por comenzar el diálogo acerca de la futura política climática. 
Es una resolución que mira ya hacia el segundo período de compromiso a partir de 2012 y que celebra la incorporación de los Estados Unidos, aunque mantenemos nuestra crítica por la falta de compromiso del Gobierno Bush. 
Es necesaria innovación para combatir el cambio climático. 
La Directiva sobre derechos de emisión comerciables es un claro indicador del compromiso de la UE y merece todo nuestro apoyo. 
De Montreal han llegado buenas noticias, pero también hemos sido testigos de algunas malas noticias en las últimas semanas, como el impacto de los contratiempos en el suministro energético o la crisis del gas entre Ucrania y Rusia, un conflicto que ilustra perfectamente la desesperación y la dependencia en que la UE no quiere verse envuelta, y demuestra una vez más que la Unión Europea debe dar garantías de un suministro de energía seguro. 
La Unión Europea solo puede lograr esa certeza energética mediante una política ambiciosa, una política energética común sostenible basada en la certidumbre, en la diversificación y en el ahorro. 
Esa política, sin embargo, solo podrá triunfar si se dan grandes avances en todos los frentes. 
El compromiso con la tecnología medioambiental es ahora más necesario que nunca, así como el esfuerzo por integrar a los países en desarrollo. 
Solo una política ambiciosa puede asegurar que la UE se sacuda esta desfavorable posición de dependencia y que el calentamiento del planeta se limite a dos grados. 
Hemos presentado tres enmiendas sobre la tecnología medioambiental, la crisis energética y el mundo en desarrollo, y pedimos a sus Señorías que las respalden. 
. – Señor Presidente, he ocupado escaños en Parlamentos nacionales donde los debates se sometían a estrictos horarios, y la incapacidad de este Parlamento para intentar ser algo más ágil me obliga a disculparme ante el Comisario, pues no podré quedarme a escuchar sus conclusiones. 
Hoy, ha informado de que el científico James Lovelock ha dicho que francamente ya es demasiado tarde. 
El efecto multiplicador hará que el ritmo del cambio climático se vaya acelerando sin que apenas podamos hacer algo. 
Cuando uno lee los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, según los cuales los glaciares en Suiza han retrocedido un 10 % tan solo en el año 2003, piensa que quizá no nos estemos dando cuenta de lo que de verdad está pasando. 
Henos aquí, en este fantástico palacio del consumo de energía, debatiendo lo que podría ser el final de la civilización. 
Montreal ha sido un éxito, pero solo relativamente. 
Soy muy consciente de la pesada carga que pesa sobre usted, señor Comisario. 
No se me ocurre nadie más en todo el planeta que tenga una responsabilidad más directa en buscar soluciones para intentar sacar adelante el mundo, para intentar sacar adelante el bloque económico y, con él, el mundo entero. 
Está usted atrapado entre políticas ridículas –aún seguimos subvencionando la producción de carbón– y las prioridades económicas ocupan el primer plano, como es lógico, pero a veces lo hacen en detrimento de los esfuerzos que hacemos todos por abordar estos problemas. 
Por eso le pido que sea valiente y ambicioso. 
No creamos que el mecanismo de comercio de emisiones vaya a reducir en gran medida, de alguna manera, las emisiones de la aviación. 
Necesitamos tomar más medidas, como un impuesto sobre el carburante de aviación. 
En cuanto a los fabricantes de automóviles, debemos establecer límites obligatorios de emisiones de CO2: necesitamos coches más pequeños. 
Es ridículo que estemos echando a perder el mundo porque haya gente que quiera circular por ahí en coches enormes. 
Se lo pido, señor Comisario, tome las riendas del asunto. 
Los Gobiernos siempre le criticarán y se quejarán, pero le necesitan. 
Ellos se encargarán de reducir sus ambiciones, pero si no se pone usted un listón alto, no conseguirá gran cosa. 
. – Señor Presidente, Señorías, tenemos poco tiempo para este debate, y también para evitar el cambio climático. 
Los científicos están muy preocupados por el ritmo al que está avanzando el cambio climático; les preocupa el tipo de planeta en que a sus hijos, nuestros hijos, les tocará vivir. 
Dicen que la raza humana tiene a lo sumo diez años para reducir drásticamente las emisiones. De lo contrario, dice Chris Davies, puede ser demasiado tarde. 
Todos sabemos que los Estados Unidos de América son quienes presentan más problemas en lo que a la protección del clima se refiere. 
La UE tiene ahora una gran responsabilidad, y nuestro papel de liderazgo debe quedar más patente. 
En la próxima conferencia sobre el clima, la Presidencia de la UE estará en manos de Finlandia, que en Montreal tuvo una actitud extremadamente ambigua. 
Es hora de poner el máximo empeño. 
Finlandia y Austria deben trabajar con la Comisión para esbozar una propuesta de la UE clara y presentarla a los demás países. 
Necesitamos un programa para la reducción de las propias emisiones de la UE entre 2020 y 2050. 
Las empresas también lo necesitan. 
Para poder invertir correctamente, necesitan ser capaces de calcular el valor de sus inversiones y el precio de sus emisiones en los próximos años. 
– Señor Presidente, en mi opinión debe prestarse mucha más atención a la promoción del transporte público; una alternativa, tal como ya se ha sugerido, sería la imposición de una ecotasa a la industria aeronáutica. 
¿Por qué tienen que ser tan baratos los billetes de avión? 
Dado que volar en general no es una opción para las personas de ingresos medios, un considerable recargo impositivo sería una forma muy adecuada de beneficiar al clima. 
Además, es una auténtica desgracia que el de la energía nuclear esté constantemente haciendo un uso indebido del problema para poder continuar presente. 
Cuando hablamos de cambio climático debemos atender en primerísimo lugar a las alternativas realmente sostenibles. 
Aunque la conferencia de Montreal supuso un cierto éxito, no fue suficiente, ni mucho menos, a mi juicio. 
Por eso, la UE debe lanzar un claro mensaje de que va a mantener su decidida lucha contra el cambio climático. 
. – Señorías, el informe sobre la reforma de las Naciones Unidas reconoce que el cambio climático es una de las mayores amenazas para la seguridad mundial. 
El Protocolo de Kyoto ha promovido el uso de fuentes de energía renovables, pero para seguir evolucionando positivamente, la Unión Europea debe demostrar más iniciativa en el desarrollo de esas fuentes de energía, tanto en Europa como en el resto del mundo. 
La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto tras su ratificación por la Federación de Rusia es un acontecimiento positivo, pero para reducir el cambio climático es precisa también la implicación de los Estados Unidos, país responsable de la cuarta parte de las emisiones totales. 
A mi parecer, los Estados Unidos deberían intensificar la atención que prestan a la eficiencia energética y a las medidas conservacionistas. 
Muchos países altamente desarrollados pueden alcanzar los objetivos de Kyoto por motivos al margen de la política climática. 
Sin embargo, no debemos olvidar el rápido desarrollo de China y la India, por ejemplo, países que representan la tercera parte de la población mundial y donde es crucial hallar el equilibrio entre las necesidades de desarrollo y la protección del medio ambiente. 
Quisiera apelar a la Comisión Europea para que preste especial atención a la disparidad entre las promesas del Protocolo de Kyoto y el camino seguido para cumplirlas. 
También apelo a la Comisión para que colabore con el Parlamento Europeo y el Consejo en el diseño y la defensa activa de una estrategia de la UE en las conversaciones de los foros de la ONU sobre el futuro del Protocolo de Kyoto y los compromisos posteriores a 2012. 
– Señor Presidente, sabemos que el cambio climático es peligroso y que su causa está no solo en la industrialización del mundo y el explosivo crecimiento demográfico, sino también en la naturaleza. 
Sabemos asimismo que no es posible detenerlo aunque se detenga inmediatamente el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. 
Los terribles desastres de 2005 nos demostraron de lo que es capaz la naturaleza y quizá no sean sino los primeros signos de algo a lo que quizá en el futuro debamos acostumbrarnos. 
Aunque hayan soportado un grave perjuicio, los Estados Unidos y Australia no están dispuestos a aplicar de una vez por todas el Protocolo de Kyoto. 
Es necesario ejercer presión sobre los seis países responsables de casi el 50 % de la producción de gases de efecto invernadero. 
Pero en Europa no lo estamos haciendo mucho mejor, si vamos ahora a cantar las bondades de la energía nuclear como alternativa compatible con Kyoto. 
Si no comenzamos pronto a aplicar las últimas tecnologías ecológicas de propulsión y energía que hemos desarrollado, a frenar el despilfarro de agua y a abolir los subsidios al transporte transeuropeo, estaremos condenando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a vivir en un estado permanente de emergencia ecológica. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también fui miembro de la delegación parlamentaria que acudió a la conferencia de Montreal y vi de primera mano los esfuerzos del Comisario Dimas y de la Presidencia británica por llegar a un acuerdo que, si no fue perfecto, fue muy razonable. 
A pesar de que la Administración de EE UU causara una vez más grandes problemas hasta el último momento, al final se impuso el sentido común. 
Lamentablemente, el Gobierno de los Estados Unidos no quiere entender que el Protocolo de Kyoto no representa un problema para la economía. 
Como bien dijo Bill Clinton en Montreal, las tecnologías y las energías limpias son una nueva economía que generará nuevas oportunidades de negocio y de empleo. 
Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, hace cinco mil años que Europa no asistía a alteraciones climáticas como las de los últimos años. 
Los cuatro años más cálidos registrados son 1998, 2002, 2003 y 2004. 
Si seguimos a este ritmo y si no se adoptan medidas eficaces, el calentamiento mundial traerá la desaparición de los glaciares en el norte y la expansión de los desiertos en el sur. 
Es necesario y urgente ir más lejos, no conformarse con cumplir el Protocolo de Kyoto. 
Necesitamos reducir gradualmente los impuestos sobre el trabajo, como decía la profesora MacClade, y optar por impuestos sobre la contaminación y la utilización ineficaz de los materiales y del suelo. 
También son necesarias reformas en la prestación de subsidios a los transportes, a la vivienda, a la energía y a la agricultura. 
Hacen falta subvenciones que incentiven prácticas sostenibles y tecnologías eficientes. 
¿Tendremos suficiente valor para hacer lo que debemos? 
Una cosa es segura: si no lo hacemos, estaremos hipotecando el futuro de nuestros hijos. 
– Señor Presidente, señor Dimas, tiene usted la tarea más importante de todos los comisarios. 
Si falla usted, falla la Comisión. 
Usted es quien guía al señor Barroso. 
Es hora de que nos demos cuenta del caos climático que afrontamos. 
No es posible negociar con la Madre Tierra. 
Somos huéspedes en su casa y debemos seguir sus reglas. 
Por eso debemos limitar rápidamente las emisiones. 
Hemos de imponer cargas de dióxido de carbono a los productos de países que no cumplan el acuerdo de Kyoto. 
Eso presionaría a los Estados Unidos y a Australia para que mejoraran su política. 
Los países que no asuman su responsabilidad por el clima no deben ser parásitos en nuestro planeta. 
Han fracasado las actuales políticas económica y comercial y han generado el caos y la devastación en vez de bienestar y prosperidad. 
Es necesario corregir esto cuanto antes. 
Hacen falta normas comerciales que respeten las reglas de la tierra en lugar de las de los miopes grupos de presión. 
No pueden iniciarse acciones legales contra el caos climático. 
Son necesarias impuestos sobre la aviación, cargas de dióxido de carbono sobre las importaciones, una mejor regulación de las emisiones de los vehículos, una mejor política de transporte y de comercio. 
Solo así estaremos cuidando de nuestro planeta. 
. 
Haré unos breves comentarios. 
Estoy totalmente de acuerdo en que el cambio climático es uno de los más graves problemas, si no el que más, a que se enfrenta hoy el mundo. 
Para la Comisión Europea, desde luego, y para mí en particular, el cambio climático es una de las principales prioridades, tal como he recalcado repetidamente. 
Está claro que todo este tiempo hemos estado luchando por alcanzar los objetivos que marcamos al principio del año en nuestra comunicación, también aprobada por el Parlamento Europeo y en la que se daban las recomendaciones necesarias para ganar la batalla al cambio climático. 
Esa comunicación fue el principal documento que recogía los argumentos fundamentales y que sirvió de base para todo el debate que concluyó con el acuerdo de Montreal, y no solo en Montreal, sino también durante las discusiones intermedias en el Consejo Europeo, en la cumbre del G8 en Gleneagles, en Bonn y en otras conversaciones anteriores a Montreal. 
Esto demuestra la importancia que tuvo la contribución de la Unión Europea con esta comunicación y con las diversas conversaciones bilaterales intermedias que mantuvimos con países como la India, China y otros países de rápido desarrollo como México y Brasil, que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, y también con el clima de confianza que hemos cultivado todo este tiempo, que nos ha permitido recoger este fruto. 
Por supuesto, nuestras ambiciones eran mucho mayores (y los son) , pero, como he dicho, basándonos en los Tratados, ha sido un éxito. 
Aún queda mucho camino por recorrer, y admito que hoy en día ya estamos sufriendo el cambio climático. 
Ha habido una subida de 0,7 ºC en las temperaturas, y muchos de los fenómenos que presenciamos se deben a ese cambio. 
Estamos siendo testigos de diversos fenómenos atmosféricos, como huracanes, largas sequías e inundaciones en otras partes del mundo, que se corresponden con las predicciones de los científicos sobre el cambio climático. 
Quizá no todos esos incidentes estén directamente vinculados al cambio climático, pero cumplen las predicciones generales de los científicos. 
Desde luego, el actual fenómeno de deshielo de los glaciares, tanto en los Alpes como en el Círculo Ártico, el posible cambio de dirección de la Corriente del Golfo, el aumento del nivel del mar y muchas otras anomalías tendrán graves repercusiones en la vida, la salud, el medio ambiente y los ecosistemas de toda la humanidad, que serán especialmente terribles en los países más pobres, sin medios suficientes para hacer frente a las consecuencias. 
Por eso tenemos la imperiosa obligación de afrontar el cambio climático. 
La Unión Europea es ciertamente el líder mundial en este campo. 
Estamos haciendo realmente un gran esfuerzo y espero que convenzamos de que sigan nuestro camino a otros países que no se muestran dispuestos a cooperar, como los Estados Unidos, a los que nos hemos referido antes y que actualmente emiten más dióxido de carbono que ningún otro país. 
Estoy seguro de que, en un futuro no muy lejano, todos esos países, especialmente los desarrollados, nos seguirán. 
Por supuesto, también deseamos la contribución propia de los países en desarrollo, según el principio de la ONU de participación conjunta pero diferenciada, para combatir el efecto invernadero. 
Señorías, realmente creo que con su ayuda, que necesitamos urgentemente, podremos hacer frente a este gran problema que afecta al mundo entero. 
He recibido una propuesta de resolución (1) presentada sobre la base del apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo acerca del acceso al mercado de los servicios portuarios (COM (2004) 0654 – C6 0147/2004 – 2004/0240 (COD) ) (A6-0410/2005). 
. Señor Presidente, Señorías, quisiera dar las gracias al señor Jarzembowski y a la Comisión de Transportes y Turismo por los esfuerzos que han hecho por mejorar la propuesta de la Comisión. 
Esta nueva propuesta de la Comisión de una directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios responde a las necesidades ya identificadas por la Comisión en 2001, cuando adoptó su primera propuesta al respecto. 
La propuesta que debatimos fue presentada por mi predecesora, la señora De Palacio. 
Persigue los mismos objetivos que la propuesta anterior, es decir, la realización de la libre prestación de servicios portuarios, conforme a las disposiciones del Tratado, tal como fueron confirmadas por el Consejo Europeo con la Agenda de Lisboa, la plena realización del mercado interior en el sector portuario, así como la aplicación de las conclusiones del Libro Blanco sobre los transportes de 2001, que presentaba soluciones destinadas a reducir la congestión de la red de carreteras y mejorar la cohesión con las regiones periféricas. 
Evidentemente, todo esto debería llevarse a cabo respetando plenamente la normativa en vigor en materia medioambiental –reglamentación sobre protección y seguridad marítima–, pero sobre todo en materia de empleo social y seguridad social. 
Además, el texto prevé que la Comisión adopte directrices sobre las ayudas estatales a los puertos y que los puertos beneficiarios respeten las disposiciones de la Directiva de la Comisión sobre la transparencia financiera. 
Señorías, quisiera subrayar la importancia de disponer de unos puertos eficaces: los puertos son un eslabón esencial de la cadena de transportes y del desarrollo de las autopistas del mar. 
El 90 % de nuestro tráfico exterior transita por nuestros puertos. Necesitamos un marco claro de normas que favorezcan las inversiones en los puertos. 
Señor Presidente, queridos amigos y colegas, la Comisión ha efectuado los cambios que estimó oportunos con respecto al texto que no fue aprobado en 2003. 
No obstante, soy consciente de las reservas que suscita este nuevo texto. Justamente por eso, quiero seguir con atención el debate que va a tener lugar y cuyo principal motivo he recordado: la modernización de nuestros puertos para desarrollar aún más la actividad portuaria en Europa. 
Gracias por su atención. 
Señor Presidente, ha hecho usted hincapié en el número de oradores: en cualquier caso, creo que este debate será muy ilustrativo para la Comisión. 
Por consiguiente, doy las gracias por adelantado a todos los que van a intervenir, reiterando una vez más mi agradecimiento a la comisión parlamentaria y a su ponente. 
. – Señor Presidente, quiero dar las gracias al Vicepresidente por sus claras explicaciones y por su disposición a atender a los argumentos de hecho de esta Cámara. 
Quiero recordar a sus Señorías que todos los argumentos a favor y en contra de la Directiva de servicios portuarios han sido discutidos ya durante meses, y que hay dos asuntos que quedaron establecidos nada menos que el pasado junio, en la audiencia de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Uno es que todas las partes interesadas en los puertos –desde las empresas portuarias hasta las compañías navieras– están a favor de unas reglas inequívocas de transparencia que faciliten la competencia leal entre puertos. 
Lo mismo cabe decir de todos los Grupos de esta Cámara, ninguno de los cuales, por cierto, ha presentado enmiendas sustanciales, a lo largo de las deliberaciones en la Comisión de Transportes, a las disposiciones sobre transparencia de la propuesta de la Comisión, por lo que se me antoja incomprensible que cuatro Grupos ahora pretendan que la propuesta sea rechazada en su totalidad, pues de este modo están impidiendo la introducción de normas sobre transparencia. 
Quien esté a favor de la transparencia y de la competencia justa no puede rechazar bajo ninguna circunstancia esa parte de la Directiva. 
Volviendo al asunto del acceso al mercado, en la audiencia quedó claro que aquí hay en juego intereses muy distintos. 
Los prestadores de servicios portuarios, es decir, las compañías que actualmente operan en los puertos –terminales de contenedores, prácticos de puertos, etcétera–, lógicamente no quieren que esto lo regule Europa; prefieren que permanezca en el ámbito nacional. 
Los usuarios de los servicios portuarios, como los armadores y los sectores productivos que fabrican y transportan mercancías, opinan –y creo que con acierto– que el acceso al mercado exige una normativa europea. 
Por eso afirmo que el derecho, claramente consagrado por el Tratado de la CE, de establecerse y ofrecer servicios debe regir en los puertos igual que en cualquier otro sitio, y debemos aprobar normas claras y justas que lo garanticen. 
Ahora procederé a exponer brevemente cinco argumentos a favor de la reglamentación europea del acceso al mercado. 
En primer lugar, en beneficio de los nuevos prestadores de servicios, el acceso al mercado se ha de facilitar mediante anuncios de contratos públicos de terrenos de arrendamiento público. Sin estos concursos, los nuevos prestadores nunca tendrán la oportunidad de acceder al mercado. 
En segundo lugar, en beneficio de las actuales empresas de manipulación de cargas en los puertos, estas disposiciones transitorias deben garantizar el mantenimiento de los contratos de arrendamiento público, en teoría al menos por un plazo máximo 46 años. 
Nuestra propuesta no pone en peligro, por tanto, ni una sola empresa ni un solo puesto de trabajo, pues gracias a esos largos períodos transitorios las actuales empresas pueden continuar ejerciendo su actividad. 
Nuestra propuesta también atiende a los intereses de los trabajadores portuarios, ya que pretendemos eliminar la autoasistencia de la directiva. Somos de la opinión de que no es necesaria una normativa europea de autoasistencia, pues el tráfico de contenedores, que es la actividad característica de los puertos modernos, no lo permite. 
No hay ningún buque portacontenedores que cuente con el quipo de carga necesario que permita a su propia tripulación cargar y descargar los contenedores. 
Además, como ya he explicado, las largas disposiciones transitorias protegen el empleo de los trabajadores portuarios y, en definitiva, no habrá peligro de dúmping social ni de deterioro de las condiciones de trabajo, pues la directiva dice expresamente que no interferirá en los sistemas de seguridad social de los Estados miembros ni en los convenios colectivos. 
En cuarto lugar, nuestras propuestas son también buenas para los intereses de los armadores y de las compañías usuarias, ya que, si entran nuevas empresas en el mercado, aumentarán sus posibilidades de elección entre las más eficientes y económicas, y ya no se encontrarán ante una situación de monopolio, como sucede actualmente en muchos puertos, en que deben aceptar lo que se les ofrece. 
En quinto lugar, la directiva, así modificada, también es positiva para la economía y para el consumidor, pues para estos y para la importación y la exportación es fundamental que todos los puertos estén regulados de forma más eficaz y menos onerosa. 
Por eso creo que el justo acceso al mercado, combinado con la protección del empleo y de los intereses de las actuales empresas, es la mejor solución. 
Tienen ante ustedes, Señorías, 140 enmiendas. 
No dejen de pronunciarse sobre el fondo, voten sobre la sustancia de las propuestas. 
Si devuelven la propuesta de la Comisión en su totalidad –no solo la parte de la competencia, sino también la relativa a la regulación del mercado–, nos quedaremos sin una normativa europea, en detrimento de la seguridad jurídica necesaria para poder planificar de antemano y de la certidumbre sobre qué es conforme a derecho. 
No se dejen influenciar por las huelgas de ayer. 
Me parece increíble que los sindicatos indujeran a los trabajadores con falsos argumentos a venir aquí. 
Aunque algunos de los manifestantes lanzaran bengalas, eso no debe ponernos en contra de todos los trabajadores portuarios. 
Tomemos una decisión justa sobre este asunto, eso es lo que les pido. 
,. – Señor Presidente, deseo felicitar al ponente por su trabajo, que, está claro, no ha sido reconocido por la Comisión de Transportes y Turismo. 
Yo también lamento las muestras de violencia que vimos ayer, pero debemos entender la frustración que sienten en estos momentos los estibadores. 
Esta propuesta de la Comisión trasluce un desconocimiento total de la situación. 
Es un insulto absoluto al Parlamento que se nos haya vuelto a plantear prácticamente en los mismos términos dieciocho meses después de ser rechazada por primera vez. Un auténtico insulto a la única institución europea democrática elegida directamente. 
Después de aquel rechazo, la Comisión debería haber meditado muy detenidamente. 
Igual que sucedió con la Directiva de servicios, esta también se basa en un planteamiento realmente descabellado: la absurda idea de la autogestión. 
Es una auténtica receta para el desastre y una pesadilla para la salud y la seguridad. 
Lo que hace falta para la carga y descarga de mercancías es personal dedicado en exclusiva, formado y experimentado, no una mano de obra embarcada que estaría expuesta a los peligros de unas maniobras apresuradas de carga y descarga. 
El pilotaje también se ha incluido en esta propuesta. 
Yo represento a Teesport, en el nordeste de Inglaterra, que es uno de los puertos más activos de Europa, utilizado por un gran complejo de la industria química. 
Cada día entran y salen del puerto cargamentos altamente volátiles. 
La idea de sacar a concurso los servicios de pilotaje de barcos de ese tipo para conseguir el precio más bajo es, una vez más, absurda. 
Eso pondría en peligro no solo a los trabajadores implicados, sino a toda la población de mi región. 
La Comisión debería haber hecho algo sensato: revisar totalmente su propuesta antes de presentarla. 
Espero que la retire inmediatamente cuando la rechacemos mañana, pues estoy seguro de que lo haremos. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después de que esta Cámara rechazara el paquete portuario, la Comisión, por medio de la agencia del predecesor del señor Comisario, realizó un nuevo envío en forma de contenedor con una mano adicional de pintura para hacer ver que se trataba de un segundo paquete, aunque su contenido era casi idéntico al primero. 
La Comisión ha tenido el valor de presentar una propuesta que demuestra, como bien ha dicho el señor Hughes, que desoye la voz del Parlamento. 
Habríamos agradecido un poco más de respeto, pero la Comisión parece haber considerado superflua nuestra aportación. 
Ella sola podría hacerse cargo de este asunto. 
La Comisión tiene una probada capacidad de autoasistencia, y mañana veremos que quizá le vaya mal. 
Sin embargo, la autoasistencia no es el único problema. 
Nuestro Grupo también cree que esta propuesta- con la que somos muy críticos- probablemente será rechazada, y nos damos cuenta de que el ponente, quien merece todos nuestros respetos, no ha conseguido reunir, pese a sus continuos esfuerzos pero como resultado de todas estas circunstancias, una mayoría para una solución aceptable, útil y viable basada en esta propuesta. 
Si esto no acaba de una vez con el paquete portuario y sus viajes de ida y vuelta, entonces sabremos que tenemos que cambiar de estrategia y optar por una totalmente distinta. 
Hace falta una estrategia que se centre en la resolución de los problemas reales, que preste la debida atención no solo a los bienes de inversión, sino también a las personas. 
Una estrategia que ofrezca seguridad jurídica para todos, y para ello es necesaria una pausada deliberación. 
¡Acabemos con el modelo de confrontación! 
¡Viva el modelo de consultas! 
Quizá, señor Comisario, en nombre de la Comisión, sea usted tan amable de decirnos si, cuando presenten nuevas propuestas, piensan dedicar previamente un tiempo para dialogar con todas las partes implicadas. 
. – Señor Presidente, antes que nada haré una observación: la conducta mostrada ayer por algunos de los estibadores aquí en Estrasburgo traspasa con mucho el límite de lo tolerable en la vida política. 
Sí a las protestas y a las manifestaciones, pero no a la violencia y al vandalismo. No podemos tolerarlos y debemos condenarlos. 
Vamos al asunto que nos ocupa. 
En el pasado ya pudimos hablar de los mares limpios y los puertos limpios, y por ellos hemos luchado. 
Se aprobó legislación al respecto, por ejemplo, la Directiva de noviembre de 2000 sobre instalaciones portuarias receptoras de residuos. 
Si el paquete portuario encaja en algún sitio, será en este, entre los residuos de los puertos; ese es su lugar. 
Siendo así, los socialdemócratas y muchos otros mañana rechazaremos esta directiva del «paquete portuario II». 
¿Por qué? 
La respuesta es muy sencilla: El proyecto de la Comisión no tiene en cuenta en absoluto la realidad de la mayor parte de los puertos europeos; no se puede tolerar que pretenda interferir en estructuras que funcionan y que son rentables e imponer una enorme y costosa burocracia para conseguir una competencia que ya existe en casi todos ellos. 
Por último, y lo más importante, también estamos hablando de una gran cantidad de puestos de trabajo cualificado, de familias, de una forma de vida; todo ello está en juego. 
Hasta ahora no he oído una sola razón que justifique poner en peligro esos empleos y la paz social en los puertos europeos. 
No hay ningún motivo. 
Dicen que las libertades fundamentales –constantemente invocadas– no están garantizadas en los puertos. 
Quizá suceda en algunos puertos de Europa, pero en la mayoría reina una constante competencia. 
Obviamente, el espacio para prestadores de servicios en muchos de ellos es limitado, y no hay forma posible de que todos ellos puedan entrar en acción a la vez, pero eso no quiere decir que se esté discriminando a nadie. 
Pondré como ejemplo una calle peatonal en la mejor zona de una ciudad. 
También allí el espacio es limitado, pero ¿piensa la Comisión convocar algún proceso de licitación simplemente porque un peluquero alemán no consiga arrendar inmediatamente un salón en las Ramblas de Barcelona? 
Por supuesto que no. 
No se trata solo de Europa como lugar de negocios marítimos, sino de la posición en que los europeos nos situamos respecto a otros continentes. 
Si queremos mantener nuestro modelo de vida europeo, no podemos servir los puertos europeos a las empresas asiáticas en bandeja de plata. 
Dicho sea de paso, nuestros puertos son, hoy día, mucho más eficientes que los asiáticos. 
Señor Comisario, usted ha heredado este cuestionable paquete de su predecesora, la señora De Palacio. 
Sabiendo que no es usted un cazador de herencias, le sugerimos que se deshaga de esta: nosotros le ayudaremos. 
El tipo de propuesta que queremos recibir de usted es una cuya esencia sea indiscutiblemente europea. 
Hace falta una política portuaria europea y una libre competencia justa entre puertos, además de una adecuada política para sus áreas circundantes. 
Tenemos que conseguir que los puertos europeos compitan adecuadamente con el resto del mundo. 
Si ese es el tipo de política que usted quiere, señor Comisario, estaremos con usted y cooperaremos con gusto para que pueda ver la luz. 
– Señor Presidente, señor Comisario, casi cincuenta años después de la fundación de la Comunidad, aún no tenemos un marco jurídico específico para los servicios portuarios. 
Este sector es el único de entre los transportes en que los problemas relativos a la libre circulación de servicios han de ser resueltos uno a uno por la Comisión y por el Tribunal de Justicia. 
No hay duda de que los servicios portuarios entran en las libertades fundamentales previstas por el Tratado de la CE –es decir, libertad de movimiento y de establecimiento, como el señor Comisario ha mencionado–, y los principios generales del Tratado no tienen en cuenta suficientemente las condiciones especiales que afectan a los puertos. 
Por eso es necesario un marco legislativo para el sector. 
En el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa estamos, por tanto, a favor de una directiva sobre puertos, si bien no en la forma presentada en la propuesta de la Comisión. 
De hecho, muy pocos apoyan una directiva así. 
Nosotros hemos apoyado al ponente, señor Jarzembowski, en sus esfuerzos por hacer algo más sensata esta directiva. 
A la vista de los acontecimientos que se han visto reflejados en los esfuerzos del señor Jarzembowski, me han sorprendido las violentas manifestaciones contra la propuesta de la Comisión, la cual, desde luego, no tiene la menor posibilidad de ser aprobada tal como está. 
El señor Jarzembowski debe retirar la autoasistencia de la propuesta si quiere que sea menos controvertida. 
Dicho esto, hemos oído extravagantes y falsas afirmaciones sobre estibadores Filipinos dispuestos a quedarse con los puestos de los trabajadores portuarios. 
Estos, por su parte, han correspondido a la buena voluntad existente causando disturbios frente a nuestra sede parlamentaria y destrozando numerosas ventanas de la fachada. 
Creo que esto demuestra una falta de comprensión y de respeto por el proceso democrático. 
Necesitamos una directiva de servicios portuarios que establezca el marco para la libre competencia entre los prestadores de servicios portuarios, y también para una mayor competencia entre los puertos, a lo que contribuirá la prohibición de ayudas estatales que la distorsionan. 
El verdadero punto de partida de la Comisión es que, al acabar con los monopolios, tendremos unos puertos más eficientes y mejor gestionados. 
Entonces se incrementará el transporte de mercancías por mar, lo que reducirá la carga que soportan las carreteras y el medio ambiente. 
Sin embargo, este objetivo se ha perdido de vista en el debate. 
Hay que reconocer que la propuesta de la Comisión contiene numerosas deficiencias. 
Creemos que debe tenerse más en cuenta la capacidad de los prestadores de servicios para rentabilizar y amortizar las grandes inversiones que han de hacer. 
Debe haber mejores reglas transitorias cuando los nuevos prestadores sustituyan a los antiguos. 
Si la directiva acaba siendo rechazada –tal como muchos de nosotros creemos, aunque no lo deseamos–, el documento deberá ser utilizado en los futuros trabajos de análisis del impacto de la legislación en este campo. 
Dado lo caótico de los acontecimientos hasta ahora, es comprensible que muchos quieran que la Comisión retire la propuesta. 
Debo decir que mi propio Grupo no tiene una opinión unánime sobre la postura que debemos adoptar al respecto. 
Precisamente debido al caos reinante, hay muchos que simplemente votarán en contra de la propuesta, pero seguiremos interesados en una directiva sobre puertos. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es toda una hazaña haber sido capaz de presentar una propuesta de la Comisión que ha sufrido tantas y tan fuertes críticas por todos los frentes, como es el caso. 
Todos somos testigos de lo que sucedió ayer: como acaba de explicar el señor Piecyk, los trabajadores portuarios, aunque solo una minoría, traspasaron el límite de lo admisible y trataron de tirar piedras contra su propio tejado. 
Fue algo totalmente absurdo, teniendo en cuenta que iba contra la única institución europea que ha defendido sus intereses en el pasado y que parece seguirlo haciendo ahora. 
Esta absurda acción, sin embargo, no debe enturbiar la principal y reiterada objeción de los estibadores: que si se aprueba sin cambios la propuesta de la Comisión, existe un alto riesgo de que personas bien formadas y experimentadas sean sustituidas por mano de obra barata y mal instruida, y eso es algo que no podemos respaldar. 
Lo sorprendente, obviamente, es que no solo los sindicatos han demostrado su preocupación. 
Las empresas portuarias de muchos puertos europeos también nos han pedido que no introduzcamos más burocracia en las nuevas normas. 
Al leer los estudios de impacto realizados se llega a la conclusión de que, si esta directiva es aprobada sin cambios, el resultado será una mayor incertidumbre y menores inversiones, con el adverso efecto sobre la calidad de los servicios portuarios. 
Someteré un tercer argumento a la atención de la Comisión. 
Si esta, por medio de su Presidente, ha reiterado una y otra vez que Europa solo debe legislar si es necesario, si añade algo que no puede hacerse en el plano nacional, ¿por qué ahora presenta una propuesta que trata de resolver un problema en una serie de puertos del sur de Europa imponiendo a todos los puertos europeos unas reglas uniformes? 
La conclusión de mi Grupo es que debemos rechazar esta propuesta. 
Conmino a la Comisión a que deje de presentar propuestas de este tipo y, a cambio, nos traiga otras que puedan hallar apoyo en el Parlamento. 
Realmente debemos tomar medidas drásticas contra las propuestas de ayudas públicas. 
Le sugiero que intente resolver los problemas de los puertos del sur de Europa de otra manera. 
. – Señor Presidente, la legislación en la Unión Europea y la imposición de obligaciones para armonizar la legislación nacional de los Estados miembros solo tiene sentido si resuelve problemas. 
Para las personas que trabajan en los puertos, esta directiva solo los causa. 
La Comisión ha instituido la posibilidad de la autoasistencia, con la cual los expertos especialistas que saben manejar las mercancías con seguridad y precisión pueden ser reemplazados por tripulación del barco barata, procedente de fuera de Europa. 
Aunque se retire de la directiva esta obligación de los Estados miembros, sigue siendo perjudicial para los puertos cuyas dársenas, muelles y áreas industriales adyacentes son de titularidad pública. 
Como resultado de las obligatorias licitaciones periódicas a las que deben optar los operadores, los trabajadores podrían perder su empleo al expirar los contratos. 
Así, solo sería posible la continuidad en los puertos privados, siempre que no se vieran sometidos a administración judicial ni fueran adquiridos por la competencia. 
Esta propuesta ha topado con una firme oposición, ya desde 2003, cuando fue rechazada en tercera lectura, lo que no obstó para que la Comisaria De Palacio, justo antes de cesar en 2004, dejara tras de sí la repetición de esta propuesta como una bomba de relojería. 
Un importante motivo subyacente puede bien haber sido que había partes interesadas fuera de los puertos que querían hacer más barato el transporte por mar. 
Esto es difícil de comprender, pues las tasas en Europa son más bajas que en Asia y América, y suponen una parte insignificante en los costes de producción de la industria. 
El argumento oficial básico de la Comisaria De Palacio fue promocionar el transporte naval entre España e Italia como alternativa a la intensa circulación de camiones que atraviesan la costa sur de Francia. 
Aun sin una Directiva de servicios portuarios, este transporte naval de corta distancia ya parece haberse catapultado en los últimos años. 
Además, existen informes de que sería catastrófico el impacto en los puertos alemanes, neerlandeses, belgas y franceses por todo el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, junto con su gran territorio interior común. 
Ya en 1998 esta Cámara manifestó que una posible directiva sobre puertos debería basarse en dedicar el dinero de los contribuyentes al dominio público, y en estudiar la medida en que las tasas aplicadas cubren los costes. 
Ninguna de las dos propuestas siguientes de la Comisión hizo nada de eso. 
Sin embargo, aunque hasta hace una semana los Cristiano-Demócratas y los Liberales, es decir, la mitad de esta Cámara, respaldaban la propuesta, ahora prácticamente nadie parece creer en ella. 
Podemos desactivar de una vez por todas esta bomba en la votación de mañana. 
– Señor Presidente, la delegación francesa del Grupo Independencia y Democracia está a favor del fomento del transporte marítimo. 
En el contexto jurídico actual, presenta buenos resultados. 
En el año 2000 el 41 % de las expediciones a granel dentro de Europa se transportaron por vía marítima, frente al 43 % que se transportaron por carretera. 
Pero ¿necesitamos esta directiva de servicios portuarios para favorecer esta modalidad de transporte efectiva? 
El propósito de esta nueva propuesta es superar el fracaso del primer paquete portuario, que fue rechazado por este mismo Parlamento. 
La nueva propuesta recoge lo esencial del primer intento. 
El ámbito de aplicación sigue siendo el mismo, la lista de servicios es idéntica y el fomento de la competencia sigue siendo excesivo. 
Los pocos cambios introducidos en el texto no lo mejoran en nada. 
Las autorizaciones expedidas a los prestatarios de servicios portuarios nos causan auténtico recelo. 
La imposición de nuevos procedimientos provocará un sinfín de contenciosos, y los costes de gestión aumentarán con la inseguridad jurídica. 
La duración de las autorizaciones no tiene en cuenta el largo tiempo necesario para justificar grandes decisiones de inversión. 
Estos parches sucesivos revelan un modo proceder precipitado, sin ningún estudio de impacto serio. 
El estudio publicado por el Ministerio de Transportes británico el 26 de agosto de 2005 revela incluso consecuencias agravantes: aumento del billete de entrada en el mercado, renta concedida a los grandes proveedores en detrimento de las pequeñas empresas. 
Los cambios relativos a la autoasistencia realimentan la crítica de dúmping social. 
Esta cuestión crucial demuestra que la Directiva Bolkestein sigue siendo el eje de todos los dispositivos de la Unión. 
Así, a pesar del artículo 4 y de la exclusión de los servicios de transporte de la Directiva de servicios, sabemos que son ese tipo de añagazas a las que estamos acostumbrados en esta Cámara. 
Sí, el transporte marítimo necesita reformas puntuales y precisas. 
Sí, esta directiva quiere ante todo ocultar un nuevo fracaso patente de las instituciones de la Unión. 
Sí, el transporte marítimo necesita Estados soberanos que aclaren su posición. 
. – Señor Presidente, Señorías, el proyecto de Directiva de servicios portuarios que estamos debatiendo es un producto clásico de la anterior Comisión Europea. 
Cuando presentó el proyecto en la primavera de 2004, la Comisión no realizó ningún estudio sobre su impacto en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, con el resultado de que, por ejemplo, los puertos de los países bálticos se verían obligados según esta directiva a competir con los rusos en una situación de inferioridad. 
Por tanto, por mucho que el ponente intente hallar un compromiso sobre esta propuesta, está claro que lo va a tener muy difícil. 
Por desgracia, puede ser que los organizadores de la violenta manifestación y muchos de los que la apoyan entre la izquierda de este Parlamento mañana celebren una victoria. 
Sin embargo, al margen de lo que quieran celebrar, quisiera decir a los que abogan por los relajados niveles sociales de la vieja Europa que, sin unas profundas reformas, al final no será posible mantener esos niveles. 
– Señor Presidente, esta directiva recalentada se va a decidir durante la Presidencia de Austria, que carece totalmente de puertos. 
Sigue a una caótica votación en la Comisión de Transportes y Turismo en que hubo grandes dudas sobre el resultado real. 
Les recuerdo que Gran Bretaña es una isla que cuenta con más de cien puertos comerciales, el mayor de los cuales, Southampton, está en mi circunscripción. 
Sus instalaciones aportan más de 2.000 millones de libras esterlinas a la economía británica cada año, y la economía local ingresa otros 200 millones de libras gracias al sector de los cruceros. 
Son cifras mayores. 
Al comerciar con todo el mundo, el Reino Unido gestiona más transportes internacionales de mercancías que ningún otro Estado miembro de la UE, y allí la gestión portuaria se rige por la libre empresa y las fuerzas del mercado. 
No hay titularidad pública ni subsidios estatales, de modo que el desarrollo de las instalaciones y los servicios de los puertos británicos depende de que sepan conservar la confianza de los inversores privados y altos niveles de servicio y empleo. 
Esta directiva socavará la confianza en esos valores, pues interfiere en la libre contratación mercantil e impone controles que no son necesarios ni deseables. 
Pretende resolver problemas de puertos de gestión pública que en Gran Bretaña sencillamente no existen. 
Las autoridades portuarias lo saben, los proveedores de servicios e instalaciones lo saben, los clientes lo saben: los únicos que parecen no enterarse son los miembros de la Comisión. 
Las mismas preocupaciones de los pilotos en materia de seguridad han chocado con la indiferencia. 
¿Realmente pretendemos que un personal novato pilote los mayores barcos contenedores del mundo por estrechas vías de marea y que los atraquen con seguridad? 
Siempre que la UE habla de asegurar la igualdad de condiciones, refleja un absoluto desconocimiento del mundo empresarial. 
Los puertos británicos emplean su iniciativa y el dinero de los inversores para crear una ventaja competitiva: exactamente lo contrario a la igualdad de oportunidades. 
Si saliera adelante, esta directiva tendría un gran coste, no aportaría ningún beneficio y reduciría el crecimiento y la confianza económica. 
Esta Cámara debe rechazarla. 
– Señor Presidente, señor Comisario, ante las anteriores posiciones y acontecimientos relativos a las manifestaciones en Estrasburgo y en otros lugares de Europa, todos nos hemos percatado de que este debate versa sobre un asunto de grandes dimensiones y repercusiones. 
Por eso, debemos prestar atención a sus parámetros multilaterales y, asimismo, debemos mostrar más eficacia al servir a los objetivos propuestos, a saber, el desarrollo económico, la competitividad y la convergencia entre las regiones de Europa. 
Por eso acogemos positivamente la iniciativa de la Comisión de proponer un marco normativo del que la Unión Europea carece desde hace más de cincuenta años, esto es, desde la creación de la Comunidad Europea. 
Por tanto, ante nosotros tenemos la posibilidad de dotarnos de un marco jurídico que aporte transparencia a la prestación de servicios y a las relaciones con las autoridades públicas, lo cual dotará también de mayor competitividad a nuestros puertos, no solo a los más grandes de Europa, que pierden terreno respecto a los asiáticos, sino también a otros secundarios, que podrán así desarrollarse en términos de igualdad competitiva y podrán también afrontar la explosión del comercio internacional y las ventajas que traerá la política comunitaria de transporte marítimo de corta distancia, los autobuses de mar. 
Debemos aprovechar los beneficios de estas políticas. 
Sin embargo, quisiéramos conocer un estudio de impacto antes de llegar a un resultado final. Aún no lo tenemos, y eso tiene que ver con la falta de transparencia y con la falta de un marco normativo en Europa. 
Pero debemos obtener tal estudio, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el nacional, y quisiéramos también ver esta propuesta de directiva integrada en el marco de una política portuaria más amplia, pues la competencia no es un mero marco normativo, sino que afecta a unos servicios que dan acceso y eficacia en general al funcionamiento de los puertos y al transporte. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera adherirme a los muchos que han expresado duras críticas contra la Comisión por la forma en que está llevando este asunto. 
Es desconcertante que la Comisión, menos de un año después de que fuera rechazada una anterior directiva sobre puertos, haya presentado una nueva propuesta sin consultar al sector ni al Parlamento, aun sabiendo lo sensible que es el tema. 
Y digo esto porque estoy convencido de que las cosas podrían haber sido distintas si hubiera habido voluntad desde el principio para dialogar con las partes afectadas. 
Pero no creo que el señor Barrot esté tampoco especialmente contento con este informe, y por eso mis comentarios no van dirigidos personalmente a él, aunque los tengo que decir. 
El señor Barrot sabe perfectamente que no es solo la metodología, sino el contenido del texto mismo lo que topa con una gran oposición en el sector. 
Los sindicatos están evidentemente preocupados por la extensión de la autoasistencia, pero la propuesta también ha sido duramente criticada por los puertos, las empresas portuarias, los pilotos e incluso los armadores. 
El señor Jarzembowski merece todo el crédito por su intento de salvar los muebles a pesar de todo, pero discrepo con él en lo que respecta al contenido. 
Dada la forma en que este informe ha sido presentado y después recibido por el sector, no tenemos otra opción que rechazarlo en su integridad y pedir a la Comisión que vuelva a la mesa de trabajo. 
Aprobarlo sería un acto de mal gobierno, sobre todo porque no tenemos la menor idea de qué resultado podría tener la votación. 
Si se quiere construir una casa pero se sabe que los cimentos no están bien, no queda más remedio que detener las obras y comenzar de nuevo. 
El rechazo significa que los puertos sencillamente podrán seguir operando, como han hecho durante los últimos cuarenta o cincuenta años, a veces con unas cifras de espectacular crecimiento. 
Esto no significa, desde luego, que podamos relajarnos. 
La Comisión se debe tomar su tiempo, recapacitar, iniciar un diálogo con el sector y estudiar en qué facetas de los puertos debe actuar realmente la Unión Europea. 
Un nuevo Libro Verde o un Libro Blanco, como se ha sugerido, me parece un buen punto de partida y, mientras tanto, la Comisión puede centrarse en las necesidades del sector: unas normas claras sobre la transparencia en las inversiones públicas. 
Pero, antes que nada, hay que rechazar esta propuesta. 
Señor Presidente, señor Comisario, después de haber sido rechazada en la pasada legislatura, volvemos a tratar hoy la propuesta de la Comisión para la liberalización de los servicios portuarios, y volvemos a estar prácticamente en la misma situación, porque sustancialmente nada o muy poco ha cambiado con respecto al texto que rechazamos en su momento. 
La propuesta es similar y el ponente el mismo; lo digo con todo respeto y cariño a mi colega, el señor Jarzembowski, pero creo que el rechazo mayoritario también sigue siendo igual. 
Siendo como soy partidario de la liberalización, en general, de los mercados y también de los servicios portuarios, no puedo estar a favor de la presente propuesta; en primer lugar, porque se quieren tratar solamente los servicios que se prestan dentro de cada puerto, con la sana intención de fomentar la libre concurrencia, pero no se abordan las más que supuestas prácticas contrarias a las normas de competencia entre distintos puertos europeos. 
Creo que hay muchas cosas que cambiar en las prácticas habituales de muchos puertos. 
Creo que hay algunos abusos y formas de contratación que se imponen a los prestadores de servicios que son inaceptables. 
Sin embargo, considero que los cambios no se pueden plantear de una forma tan tajante. 
Debemos propiciar una transición ordenada y garantizar, por una lado, la seguridad y la eficacia en las operaciones portuarias y, por otro, salvaguardar los derechos de los trabajadores. 
Creo que las empresas tienen derecho a elegir libremente a los trabajadores pero en primer lugar deberían asumir a aquellos que ya vinieran realizando unas labores determinadas y cuyos contratos laborales estuvieran vigentes. 
Y como ocurrió en otros sectores económicos que entraron en crisis, si sobran trabajadores, habrá que negociar entre sindicatos, empresas y administración un plan de reconversión adecuado. 
Europa y este Parlamento no deben ser percibidos por los ciudadanos como un instrumento para el capitalismo salvaje. 
Propuestas como esta, que hoy abordamos y espero que rechacemos, han influido en los "no" holandés y francés al Tratado Constitucional. 
Debemos modernizar nuestra economía, pero con la necesaria cobertura y protección a las personas afectadas, que son el primer objetivo de toda acción política. 
Así contaremos con mayor autoridad moral para rechazar el recurso a la violencia como el que vivimos ayer aquí. 
– Señor Presidente, Señorías, los Verdes de esta Cámara rechazamos el paquete portuario, también por motivos de forma, pues ya fue presentado precipitadamente por la Comisaria De Palacio en su último período parcial de sesiones, es decir, en un momento en que no le quedaba mucho tiempo en el cargo. 
Es de mal estilo volver a presentar, sin apenas cambios, una directiva que el Parlamento ya ha rechazado, y prácticamente tirársela a los pies a su sucesor y a esta Cámara. 
La oposición al paquete portuario se da en casi todos los Estados miembros; ha sido rechazada por el Gobierno conservador de los Países Bajos, por el laborista del Reino Unido y tanto por el anterior Gobierno rojiverde como por la actual coalición socialdemócrata-conservadora en Alemania. 
Es razonable temer efectos negativos en la economía, ya que las inversiones deberán amortizarse en plazos más breves, porque habrá un costoso incremento burocrático y porque ya hay competencia. 
Los costes de los puertos europeos son muy bajos, la mitad que en los Estados Unidos y la tercera parte que en Asia. 
Los estibadores hacen bien en ir a la huelga, pues temen el salarial. 
No hay sitio en una economía social de mercado para una política de congelación social como esta. 
Se opone al paquete portuario una inmensa coalición de conservadores, socialistas y verdes. 
Únanse a nosotros en el rechazo a la propuesta y demos al Comisario Barrot la oportunidad de presentarnos una nueva norma que genere la transparencia que necesitan los puertos europeos. 
– Señor Presidente, este debate se está celebrando tras la masiva manifestación contra el desempleo de los estibadores, repetida en todos los puertos de los Estados miembros con significativo éxito, y que lanzó un mensaje inequívoco a favor de retirar esta directiva sobre el acceso a los servicios portuarios. 
También hace dos años que fue rechazada la propuesta en el Parlamento Europeo. 
La nueva versión de esta directiva de servicios portuarios, pese a las engañosas proclamas de transparencia, garantías, etcétera, es aún peor que la que fue derrotada en esta Cámara el 23 de noviembre de 2003. 
Estamos ante un problema de gran relevancia política. 
Aunque el Parlamento Europeo rechazara la directiva en cuestión, aunque la nueva versión fuera rechazada en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y aunque la propuesta del ponente perdiera en la votación de la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión ha insistido en presentarla ante esta Cámara, demostrando una vez más la correlación entre la voluntad de los diputados al Parlamento Europeo y los trabajadores de este sensible sector. 
La nueva versión de la directiva incluye malvender puertos al sector privado junto con todos los servicios portuarios: carga y descarga, estibación y almacenaje. 
Terminaré añadiendo brevemente unas palabras a lo que otros oradores ya han dicho: una de las prioridades fundamentales del Parlamento Europeo es la seguridad de la vida en el mar y la seguridad del medio ambiente. 
La aprobación de esta directiva aumentaría los riesgos, y… 
– Señor Presidente, la anterior Directiva de servicios portuarios fue rechazada en la última legislatura en el pleno de 2003 y, si nada ha cambiado, ¿por qué cree la Comisión que puede esperar una respuesta diferente ahora? 
Ni la dirección ni el personal han mostrado el menor entusiasmo por esta normativa. 
Ayer, un portavoz parlamentario dijo que las protestas habían causado bastantes daños, pero ¿cuál sería el daño para los puertos británicos si se llegara a aplicar esta directiva? 
Los gestores de mis puertos locales de Felixstowe y Harwich podrían dejar de invertir más de 400 millones de euros si se vieran obligados a abrir los servicios a otras empresas. 
Nuestro sistema británico ha funcionado muy bien durante décadas, de modo que ¿por qué habría que causar problemas a sus puertos si está claro que esta normativa está pensada para ciertos puertos del continente? 
Se ha dicho que hace falta una mayor competencia en este sector para promover el crecimiento y la creación de empleo, pero, si se aplica la directiva, ¿a costa de qué será? 
Los estibadores podrían perder sus puestos de trabajo, los sistemas de seguridad podrían colapsarse y comprometer la seguridad. 
Hace dos años voté en contra de una propuesta similar y, como diputado británico, volveré a hacerlo esta semana. 
– Señor Presidente, Señorías, pasemos por alto el hecho de que los diputados a este Parlamento ya se han pronunciado en numerosas ocasiones en contra de la necesidad de aprobar esta directiva y que sus objeciones han sido desoídas. 
Si, a pesar de todo, ha de ser aprobada a cualquier precio con tal de abrir el mercado a la competencia y crear un marco jurídico que armonice los procedimientos de gestión portuaria y los haga transparentes, al menos debería ser una directiva justa y razonable. 
La presente propuesta crea considerables distorsiones y tendrá consecuencias realmente indeseables, como un descenso de la cualificación, con los obvios efectos en los niveles generales de seguridad. 
En concreto, concede al servicio de pilotaje en exclusiva ciertas prerrogativas asociadas a la salvaguarda de la seguridad naval y determinadas obligaciones específicas del servicio público. 
Pero estas características son propias de todos los servicios técnicos marítimos, incluidos los de amarre, que por eso deberían estar expresamente protegidos y no expuestos a las reglas del libre mercado. 
Pido, por tanto, que se priorice la seguridad de nuestros puertos y la profesionalidad de sus trabajadores. 
De lo contrario, me veré obligado a votar en contra. 
– Señor Presidente, igual que la mayoría de los diputados a esta Cámara, esta propuesta me causa una gran inquietud. 
Sin embargo, no solo me desagrada su contenido, sobre el que volveré más adelante, sino que también considero inaceptable que la Comisión parezca incapaz de aceptar una negativa. 
Hace dos años, igual que muchos de mis colegas, estuve en esta misma Cámara sosteniendo este mismo debate, en que ya fue rechazada una propuesta muy similar. 
Señor Comisario Barrot, ¿por qué vuelvo a encontrarme hoy en la misma situación? 
En un momento en que se nos dice que la Comisión está a punto de revocar o no va a recaer de nuevo en la sobrerregulación legislativa, nos encontramos con una propuesta como la que estamos debatiendo. 
En el Reino Unido, su contenido ha sido recibido con incredulidad por el sector. 
No hay ni un puerto que acoja la propuesta con satisfacción. 
Si se aprueba, se comprometerá y pondrá en peligro a una serie de empresas que han luchado mucho hasta convertirse en las más eficientes y competitivas de Europa. 
Entre las propuestas, los períodos de concesión y la licitación pretenden ser medidas orientadas al mercado que mejorarán los servicios y la competencia. 
Los servicios se reducirán, pues los competidores solo eligen las facetas rentables del negocio, lo que se traduciría en un menor desarrollo del sector. 
Las entidades financieras serán también más reacias a invertir su capital ante unos beneficios mínimos y no garantizados, con lo que llegaríamos justo a la situación contraria de la deseada. 
Soy partidario incondicional del libre mercado y puedo apoyar toda propuesta orientada al mercado. 
Pero no es el caso que estamos debatiendo. 
Si la UE quiere ver un enfoque orientado al mercado, le sugiero que siga el ejemplo de lo que ya tenemos en el Reino Unido: un sistema probado y acreditado. 
Pido al Parlamento que rechace la propuesta en su totalidad y envíe así un mensaje a la Comisión: «No» significa «no» en cualquier lengua, excepto en «euronés» , en que parece significar justo lo contrario. 
– Señor Presidente, señor Comisario, mañana nos espera un debate un tanto original, puesto que la Comisión de Transportes y Turismo ha dado un giro de 180 grados al procedimiento. 
Tendremos que pronunciarnos sobre el texto bruto, es decir, el texto «testamentario» de la señora De Palacio, su regalo envenenado a la Comisión Europea. 
Personalmente, votaré en contra del mismo, no porque yo sea especialmente radical –como todos pueden corroborar–, sino por tres razones. 
En primer lugar, del texto porque no podemos aceptar una denegación de la democracia parlamentaria. 
No podemos alentar a la Comisión a que vuelva a presentar los mismos textos cada vez que el Parlamento vota en contra. Tampoco podemos alentarla a no escuchar ni oír nada y a proceder con una forma mística del ultraliberalismo que desdeña las opiniones de todos, incluidas las de los profesionales. 
En segundo lugar, votaré en contra porque este texto es socialmente inaceptable y peligroso. 
Equivale a legalizar la misma servidumbre en los puertos que ya es moneda corriente en alta mar. 
Equivale, a través de la autoasistencia para el personal de a bordo, a alentar a los puertos a contratar a filipinos y malayos para ser competitivos. 
En realidad, equivale en realidad a admitir que tenía razón en junio. 
Es políticamente irresponsable, porque se ha retirado una directiva sobre las tripulaciones, que era una directiva social, y se mantiene la directiva portuaria; porque, en el marco de la iniciativa «legislar mejor» , se retiraron 60 textos del Parlamento Europeo en curso de procedimiento y, sin embargo, se mantiene la directiva sobre los servicios portuarios; porque, en realidad, este texto tiene muchos elementos aprovechables por todos los euroescépticos declarados, los más rabiosos contra Europa, y les da la razón. 
Yo, que he luchado por Europa, considero que es un insulto que se nos hace. 
Señor Comisario, sé cuáles son sus sentimientos, pienso que los problemas portuarios en Europa son la concentración excesiva en el mar del Norte, la saturación, la desorganización de los flujos del tráfico de carretera en el continente, la seguridad de los estrechos –ya vemos lo que ha pasado en el Pas-de-Calais– y la ordenación del territorio. 
Un puerto es, en primer lugar, un emplazamiento, un emplazamiento estratégico, no es un servicio abierto al público, no es un supermercado. 
En el futuro tendrán ustedes que seguir esta línea de pensamiento cuando ideen la nueva iniciativa. 
– Señor Presidente, según la Comisión, lo que esta directiva propone es facilitar la apertura del mercado de servicios portuarios, incrementando así la competitividad de los puertos europeos. 
En realidad, la directiva no abriría el mercado, sino que aumentaría la burocracia, reduciría la productividad de los puertos y también la competencia. 
La propuesta de la Comisión no tiene sentido. 
El ponente, señor Jarzembowski, ha realizado realmente un magnífico trabajo y ha presentado algunas enmiendas significativas, pero debo decir que tampoco puede hacer milagros. 
Si la propuesta es inviable, en el Parlamento no conseguiremos arreglarla. 
Europa no necesita más administración deficiente: lo que hace falta es asegurar la calidad del trabajo portuario, la seguridad de los trabajadores y sus derechos y garantizar la flexible operatividad de los puertos. 
La UE debe centrarse en lo esencial, y el objetivo de la estrategia simplificadora de la Comisión es, o se dice que es, eliminar toda normativa innecesaria. 
En este caso, al menos, el objetivo no se ha logrado. 
Espero que la Comisión aplique los principios que promulga también a la Directiva de servicios portuarios y a todo lo que haga. 
Esta directiva debe ser rechazada. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy y mañana todas las miradas del mundo sindical estarán fijadas en esta Cámara, así como las de todos los que luchan por una Europa más social. 
Ciertamente, esta primavera promete ser una época crucial, con el debate sobre la Directiva de servicios portuarios puertos este mismo mes y la Directiva Bolkestein el mes que viene. 
Como políticos responsables, se nos da la oportunidad de colocar esta Cámara en el centro de atención pública una vez más y dejar claro nuestro rechazo a continuar con el adagio de la mayor competencia, mayor privatización y mayor liberalización. 
Al rechazar esta directiva, dejaremos claro que queremos una Europa diferente, donde no solo cuente la economía, sino también las dimensiones social y ecológica. Por tanto, debe prestarse atención a los estibadores de los puertos, cuyos puestos de trabajo están en peligro pese a la necesidad de que las cargas sean manipuladas con seguridad y eficacia. 
También debe tenerse en cuenta a los pilotos que conducen los barcos con pericia a los puertos y evitan que se produzcan desastres ecológicos de mayor o menor envergadura. 
Por eso, los Verdes rechazaremos esta directiva, porque creemos que una Europa diferente es de verdad posible. 
– Señor Presidente, quisiera preguntar al señor Comisario si, aparte del señor Jarzembowski, que no sabía muy bien si debía decir «sí» o «no» , ha oído una sola intervención en que se hablara positivamente de esta Directiva de servicios portuarios. 
Los motivos del rechazo son muy variados, desde el aspecto social hasta la burocracia, pasando por el hecho de que nos parece antidemocrático que una Comisaria cuyo mandato tocaba a su fin volviera a presentar una propuesta que ya había sido desestimada. 
Esta Cámara está enteramente de acuerdo, y creo que haría usted un gran favor a la Comisión y a sí mismo si en su intervención final anunciara la retirada de la propuesta. Se anticiparía con ello a la petición del Parlamento. 
Reconozca usted que los afectados por esta directiva no la quieren y que existen otras ideas aparte de la suya de lo que son las buenas prácticas democráticas. Así tendría usted ocasión de presentar una nueva directiva que se ocupara exclusivamente de la transparencia y de las ayudas que necesitan los puertos. 
Sería una forma sensata de afrontar el problema y además haría un gran servicio a la democracia en la Unión Europea. 
– Señor Presidente, nadie duda de que hay problemas en algunos puertos europeos, pero lo que no es tan cierto es que la actual propuesta de la Comisión sea la más idónea para resolverlos. 
Tampoco la aprobación de unas cuantas enmiendas cambiará esta circunstancia. 
Dada la creciente oposición que, hasta cierto punto, tienen las implicaciones de esta propuesta entre los afectados, le ruego que reconsidere la necesidad de una medida así en el momento presente. 
En mi opinión, esta propuesta no es la acción correcta en el momento oportuno, pese a la inminente llegada de la Directiva de servicios. 
Es muy bienvenida la legislación sectorial sobre puertos, y son necesarias unas normas sobre las ayudas públicas que reciben. 
Pero esta propuesta no cumple el cometido de afrontar los problemas existentes sin imponer una excesiva carga administrativa y organizativa. 
Por eso pido a sus Señorías que la rechacen, y conmino a la Comisión a que presente una propuesta nueva, más centrada, junto con otra propuesta para la regularización de las ayudas públicas a los puertos. 
Doy mi apoyo a las enmiendas dirigidas a tal fin. 
– Señor Presidente, Señorías, lo que hemos oído hoy aquí y lo que vimos ayer en las calles de Estrasburgo nos deja una sensación de Por supuesto que no habríamos llegado a este extremo si la Comisión hubiera tenido la sensatez de enterrar tranquilamente esta catastrófica directiva sobre puertos hace dos años. 
Durante mucho tiempo ha estado claro que en la opinión pública general y en los puertos europeos en particular no había apoyo democrático para este antisocial e ideológico paquete de medidas, a las que falta la inspiración del sentido común político. 
Hasta un niño pequeño sabe –y ahora se ha hecho notorio– que la autoasistencia conduce al desempleo, a la inestabilidad social y a la inseguridad en los puertos. 
Sin embargo, la Comisión ha seguido adelante. 
Partiendo de consideraciones puramente doctrinarias, ha puesto ante nosotros una propuesta casi idéntica a la que rechazó la mayoría de este Parlamento hace dos años, demostrando poco respeto por este, en contra de su mejor juicio y en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los estibadores europeos. 
Lo mismo se puede decir, en cierta medida, de la Directiva Bolkestein. 
No debería sorprender que los ciudadanos franceses y neerlandeses, igual que harán otros en el futuro, den la espalda a esta concepción de Europa. 
Es difícil tener mayor ceguera que la Comisión ante la realidad social de los Estados miembros ni mayor distanciamiento de los problemas de los ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, con independencia de la suerte que corra esta norma, pues parece que la Cámara está muy dividida, como dijera un clásico español, a veces hay que decir lo que se siente y sentir lo que se dice, frente a inaceptables presiones en la forma por más que sean legítimas. 
El Parlamento Europeo se enfrenta hoy a un dilema: o bien avanzamos en la creación de un verdadero mercado interior o bien continuamos en un estado de estancamiento. 
Por mi parte, estoy decidido a apoyar una propuesta cuyos principios y objetivos básicos quedan recogidos en el programa de Lisboa y en el Libro Blanco de Transportes. 
La mejora de la competencia entre prestadores de servicios portuarios aumentará la competitividad y la eficacia en los puertos y contribuirá a desarrollar los servicios de transporte marítimo de mercancías, lo que constituye en definitiva el principal objetivo de la apuesta por el transporte marítimo en la Unión. 
Uno de los elementos fundamentales de la propuesta, pero que ha suscitado mayor polémica, es la inclusión de forma expresa de la autoasistencia. 
Es fundamental que los Estados miembros garanticen el reconocimiento de una modalidad de prestación de servicios portuarios que contribuya al verdadero desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, que, por su propia naturaleza, exige eficacia y rapidez en las operaciones no solo aduaneras, sino sobre todo de carga y descarga. 
Señorías, frente al miedo de aquellos que creen que la aprobación de esta directiva conllevará una merma en las condiciones laborales de los trabajadores, hay que dejar claro que la directiva no solo respeta la normativa de los Estados miembros sobre las condiciones laborales, formación y cualificaciones profesionales, sino, además, aquellas que se refieren a la salud, seguridad en el trabajo, seguridad marítima y protección del medio ambiente. 
Por añadidura, la transferencia de carga a los puertos incrementará el volumen de operaciones en los mismos, lo cual, a su vez, conducirá a un incremento del empleo. 
Señor Presidente, debo decir que mi país está situado en una encrucijada marítima clave desde el punto de vista comercial y logístico, pues somos la charnela europea entre el Mediterráneo y el Atlántico; de ahí precisamente la trascendencia de contar con puertos modernos, eficaces y bien gestionados desde el punto de vista económico, pues deben ser competitivos. 
Los puertos españoles se autoabastecen y se autofinancian frente a otros puertos; de ahí que sea necesario valorar definitivamente el tema de las ayudas a los puertos, de las ayudas de Estado, también desde el punto de vista social −trabajadores bien formados, con empleos de calidad y con todos sus derechos laborales, lo que en el Derecho marítimo a menudo no ocurre− y, por último, también desde una perspectiva medioambiental: muchos de los servicios de los que se habla son fundamentales para la seguridad y para la protección medioambiental. 
Esta nueva propuesta ha logrado una rara unanimidad, puesto que incluso aquellos que en mi país habían identificado aspectos útiles para resolver ciertos cuellos de botella y prácticas obsoletas que todavía perviven en nuestros puertos, han preferido y prefieren, hoy día, rechazarla. 
Por ello, desde la convicción de que este Parlamento hará lo que debe y rechazará esta propuesta, que ha demostrado suficientemente su inadecuación a las necesidades actuales de los puertos europeos, le ruego al señor Comisario que sea sensible, como ha demostrado serlo en otros ámbitos del transporte, y prepare cuanto antes, porque la situación global así lo requiere, un proceso de consulta actualizado, necesario y valiente que aborde abiertamente y en profundidad todos los aspectos necesarios de los puertos europeos, para contar en tiempo adecuado con las soluciones para que los puertos europeos sean los polos de desarrollo económico, social, tecnológico y medioambiental que Europa necesita y que, dado el cuadro global, contribuyan así a articular mejor una Europa más cohesionada. 
– Señor Presidente, después de aguantar todo este debate, tengo un mensaje que enviar a los estibadores reunidos en Estrasburgo. 
He escuchado uno a uno a todos los diputados al Parlamento formular argumentos favorables a los intereses de los ciudadanos de Europa, y uno a uno han expresado su acuerdo con las reivindicaciones básicas de los estibadores. 
En vez de sitiar y atacar esta casa, deberían dar un paso atrás, escuchar lo que estamos diciendo en este debate y darnos su apoyo. 
Les exhorto a que lo hagan. 
Mañana, esta Cámara se pronunciará sobre una propuesta que de hecho ya rechazó en noviembre de 2003. 
Se trata de un proyecto del que el señor Comisario ha intentado distanciarse totalmente, y se trata de un proceso deficiente desde el punto de vista democrático, pues no se han tenido en cuenta, no se ha consultado ni se ha pactado con las partes interesadas. 
Está claro que esta propuesta ha sido concebida pensando en los puertos continentales, con el deseo de liberalizar el mercado de los servicios portuarios, que en su mayor parte todavía están nacionalizados. 
Es un paso bienvenido y necesario, pero hay que darlo en la dirección correcta. 
No obstante, la industria portuaria del Reino Unido se aparta de sus homólogos continentales: nuestros puertos son privados, no reciben ayuda financiera del Estado y el capital para nuevas inversiones se obtiene del mercado. 
Debido al gran número de puertos florecientes, la industria ya goza de la sana competencia que esta propuesta pretende buscar. 
La imposición de ese modelo de titularidad a los puertos británicos sería extremadamente perniciosa. 
La amenaza de una tendencia a una mano de obra no permanente conduciría a una falta de seguridad en el trabajo, a inferiores niveles de cualificación, a salarios más bajos y al deterioro de las condiciones de trabajo, con el consiguiente efecto devastador en las comunidades circundantes. 
Mi circunscripción, en el noroeste de Inglaterra, tiene una larga y rica tradición en la industria naval, con puertos como Liverpool, Manchester y Heysham, que figuran entre los mayores de la costa británica. 
En el principal de ellos, Liverpool, se encuentra el primer dique seco comercial del Reino Unido. 
Con esta directiva, la población de Liverpool, que en parte ya se cuenta entre las más humildes de Europa, verá cómo se despide a muchos esforzados estibadores. 
Y todo esto con un paquete de compensaciones totalmente insuficiente para ajustarse a la legislación del Reino Unido, por no hablar del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
No tiene sentido que esta Cámara intente modificar la propuesta, que es en sí un absoluto despropósito. 
Por todos estos motivos, debemos votar en contra. 
– Una vez más nos enfrentamos a una inaceptable propuesta de liberalización de los servicios portuarios, y esta vez también la propuesta ha chocado con una intensa lucha por parte de los trabajadores para que sea rechazada, lucha que siempre ha contado con nuestro más firme apoyo, igual que en 2003. 
Esta propuesta de directiva se integra en la llamada «Estrategia de Lisboa» , dirigida a acelerar las liberalizaciones mediante un feroz ataque al sector y a los servicios públicos. 
Al margen de las profundas cuestiones de soberanía nacional que implica este estratégico sector, si fuera aprobada, esta propuesta conduciría al desempleo, a situaciones de precariedad laboral y a inseguridad en el trabajo, especialmente a través de lo que se conoce por autoasistencia. 
Se ataca a los convenios colectivos y a los derechos sindicales, descienden los niveles de productividad y de cualificación profesional, aumenta el riesgo de graves accidentes, y todo ello en nombre de la competencia. 
Ésta es una propuesta que pretende satisfacer los intereses de los grandes armadores. 
Por eso, hemos presentado una propuesta para rechazar la directiva. 
– Señor Presidente, hay muy buenas razones para rechazar la Directiva de servicios portuarios. 
En primer lugar, este es un asunto en que cada Estado miembro debe poder decidir, de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la UE. 
Son los Estados miembros quienes deben escoger sus propias posturas. 
Nuestra opinión básica es que en el territorio sueco deben aplicarse normas suecas. 
En segundo lugar, el proceso por el cual la Directiva de servicios portuarios ha vuelto a aparecer en la agenda es antidemocrático. 
El Parlamento Europeo rechazó una propuesta idéntica de la Comisión hace poco más de un año. 
En tercer lugar, los actores a quienes afecta esta directiva se oponen en gran medida a ella. 
Ya hay una buena competencia entre los puertos europeos. 
La Directiva de servicios portuarios distorsionaría la competencia, pues sería la propia plantilla de los armadores quien se ocupara de las tareas de carga y descarga. 
¿Quién quiere realmente esta directiva? 
Su principal defensor es la Comisión, que quiere sacar adelante esta legislación a toda costa. 
La Lista de Junio sueca la rechazará. 
– Señor Presidente, señor Comisario, estoy convencido de que encontrará en esta Cámara una mayoría favorable a una Directiva de servicios portuarios si presenta una directiva meditada que realmente promueva la transparencia y la competencia en este sector en Europa. 
La presente directiva, empero, no es la adecuada a tal fin, por lo que le sugiero que la retire. 
A lo largo del debate habrá comprobado la unanimidad que ha generado usted a este respecto en el Parlamento, más allá de los límites de los Grupos. 
Se habrá dado cuenta de que este proyecto de directiva, con su deficiente base, no está listo para el debate. 
A pesar del excelente trabajo del señor Jarzembowski, hay pocas posibilidades de que esta Cámara mejore una mala directiva cuando se le presenta. 
La Comisión también debería acostumbrarse a que el Parlamento no es el taller de reparaciones para las malas directivas. 
Lo que hace que esta directiva apenas pueda debatirse es su escasa claridad en puntos básicos: la propia definición del mercado es muy confusa. 
¿Se refiere a la competencia dentro de los puertos, de los puertos entre sí o entre estos y el conjunto de los transportes del área en que se encuentran? 
No se ha llevado a cabo ninguna valoración del impacto ni está nada claro qué beneficio puede derivarse para el consumidor de todo esto. 
Una mejor competencia, lógicamente, debe conducir a menores costes de manipulación, pero ya sabemos que estos costes en Europa son inferiores en más de un 50 % a los de Singapur o Dubai. 
Lo deseable sería que se mantuvieran así, pero esta propuesta abre la posibilidad de que se incrementen. 
¿Aumentará, pues, mediante esta directiva el número de prestadores de servicios en los puertos? 
Le ruego que reconsidere retirarla y presentarnos una en condiciones. 
Obtendrá una mayoría favorable a la transparencia y a la competencia en Europa si esa nueva propuesta está mejor pensada. 
– Señor Presidente, Señorías, una economía fuerte y continental precisa un sistema portuario en vez de puertos aislados, un sistema que integre la Europa de los veinticinco y facilite que, de la apertura a la competencia, se llegue al fortalecimiento de la competitividad general. 
La directiva no logra ese objetivo y esto, en un momento de profunda crisis política en Europa, es una mala señal, una pésima señal de la distancia entre las instituciones y las necesidades reales de los intereses en juego en un mudo globalizado. Son tantos esos intereses que ya no pueden satisfacerse siguiendo esquemas anticuados. 
Hay que eliminar señales negativas como estas. 
Lo que hace falta es un sistema portuario común, una política común y unas directrices transparentes para las inversiones y ayudas públicas. Tales directrices no se pueden limitar a priorizar la competencia entre los puertos, sino que deben ser capaces de evitar que las desventajas competitivas de algunos de esos puertos debiliten el sistema entero. 
Debemos proteger el trabajo cualificado que ahuyente el social y anime, en cambio, a la formación conjunta. 
Tenemos que proteger la eficiencia de los servicios públicos y reconocer sus exigencias en cuanto a seguridad, calidad y accesibilidad. Por último, hemos de valorar los efectos de una liberalización del sector, pues en este momento lo que más nos preocupa es la tendencia actual hacia la concentración de la producción y de la logística en algunos puertos de todo el mundo. 
Estos son los nuevos retos, que la directiva no afronta. 
Lo sucedido en el ínterin entre la primera propuesta de 2001 y esta segunda no es un buen ejemplo de política europea. 
Sin embargo, reitero que hacen falta una directiva y unas normas, cuya elaboración exigirá un gran esfuerzo político que no renuncie, sin perjuicio de la autonomía de los puertos, a sentar reglas comunes… 
– Señor Presidente, la directiva relativa a los servicios portuarios que se nos propone por segunda vez pasa totalmente por encima del interés general y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos europeos. 
Lo que es peor, solo sirve a los intereses financieros de las grandes transnacionales de transporte de mercancías, en detrimento de todos los agentes del sector portuario, del estibador al pequeño empresario. 
Su único objetivo es demoler los estatutos y las protecciones sociales y presionar los salarios a la baja para enriquecer a una minoría, y ello en detrimento de la seguridad de las personas y del medio ambiente. 
El modelo social de esta directiva es la ley de la jungla; la autoasistencia representa el renacer de la esclavitud. 
Todas las profesiones técnico-náuticas, todos los sindicatos europeos, rechazan por unanimidad esta Bolkestein portuaria. 
Ayer me manifesté con los 10 000 estibadores venidos de toda Europa ante el Parlamento. 
Puedo testimoniar su determinación a cortar el paso a esta perversa directiva. 
Puedo asegurarles que votar una directiva como esta es asumir la responsabilidad de bloquear con duras huelgas muchos puertos de la Unión, con todas las consecuencias económicas que ello conlleva. 
Recordaré a la Comisión, como han hecho otros, que los representantes de los pueblos de la Unión que somos ya habíamos rechazado esta directiva. 
Volver a proponerla casi en los mismos términos constituye una provocación política al Parlamento y a todas las autoridades portuarias. 
En nombre de la construcción de otra Europa que persiga un alto nivel de integración social y democrática, llamamos a rechazar esta directiva. 
– Señor Presidente, señor Comisario, me pregunto a quién interesa esta directiva. 
No hay una sola agencia portuaria a quien le favorezca o que la acepte, tan solo sirve a la globalización y al nuevo orden, que usted está ciertamente observando y siguiendo, aunque en realidad lo está simplificando. 
Es un atentado contra la lógica y un atentado contra la Convención 137 del Consejo Internacional de Estibadores, que claramente establece que debe darse prioridad a los estibadores cualificados. 
¿Qué pretende usted? 
En Grecia tenemos las tres cuartas partes de las islas europeas, es decir, la mayoría de los puertos de Europa. 
Sabemos cómo funcionan, y hay un buen. 
Podríamos obtener mejores resultados, pero con las personas que conocemos, los trabajadores experimentados. 
¿Vamos a contratar a trabajadores sin formación para obtener mejores resultados? 
¿Por qué atenta usted contra la lógica, la democracia y los intereses de los trabajadores? 
Definitivamente, no queremos una Europa arbitraria, sino una Europa de los ciudadanos. 
– Señor Presidente, siempre que hay manifestaciones delante de nuestros edificios, ya sea en Estrasburgo o en Bruselas, sabemos que tienen que ver con la defensa de intereses creados y, si las manifestaciones se tornan violentas, entonces sabemos que, con toda seguridad, el equilibrio de esos intereses será a todas luces la cuestión más candente. 
Pero es lamentable que las consignas y las porras oculten las verdaderas alternativas. 
Ya no se trata de cuestiones básicas como la liberalización, la transparencia y demás, sino, como pasa siempre, de los detalles de las normativas concretas. 
Por ese motivo, en este debate sobre cómo sacar adelante la directiva, estoy totalmente con el señor Jarzembowski, el ponente, en su deseo de mejorar la propuesta de la Comisión, que, hay que admitirlo, no es buena. 
Y tampoco me complace el lema «volver al principio» ; si lo hiciéramos, sería una auténtica pérdida de tiempo. 
La petición formulada de Libros Blancos e incluso Libros Verdes demuestra que en esta Cámara se quiere dejar de ser durante cinco años el legislador europeo. 
Aprecio en este debate un paralelismo no solo con el debate sobre la Directiva de servicios, que mantendremos el mes que viene, sino también con el debate constitucional. Tampoco en este la cuestión real es una Europa más o menos social, sino, básicamente, una multitud de detalles que han de llevar a una Europa operativa, mejor y compartida. 
El problema es que no hay voluntad de discutir sobre todos esos detalles ni ganas de hacer un esfuerzo por el consenso; preferimos recurrir a los eslóganes. 
Quizá atraigan la atención de los medios de información, pero no ayudan a nadie a buscar soluciones mejores y más factibles en esta Europa común. 
– Señor Presidente, es un enigma para mí por qué la Comisión Europea ha vuelto a presentar esta propuesta. 
Hemos conocido la considerable oposición que hay en esta Cámara, y ahora el señor Barrot tiene la ocasión de demostrar que la UE habla el mismo lenguaje que sus ciudadanos retirándola. 
Encuentro tres argumentos para que lo haga. 
El primero de todos, que no necesitamos la directiva. 
Muchos puertos europeos funcionan perfectamente, como sucede, por ejemplo, en mi país, Suecia. 
Allí los puertos se están desarrollando y coexisten muchas soluciones flexibles. 
Lo que de verdad necesitamos es una directiva sobre la competencia entre puertos, tal como hemos señalado desde el Grupo Socialista del Parlamento Europeo. 
Esta propuesta de la Comisión aboga por una regulación europea centralizada. 
No trata de la desregulación dentro de los puertos, como se ha dicho: es una regulación europea centralizada que no necesitamos porque no va a ayudar al desarrollo de los puertos. 
Muy al contrario, podría ser un obstáculo. 
Por eso, los puertos y el transporte no pueden evitar sentir preocupación ante el hecho de que la Comisión haya presentado esta propuesta. 
Una regulación centralizada dificultaría a los puertos llevar a cabo su actividad. 
Haría más difícil su desarrollo y el de los sistemas de transporte, pues los puertos son intercambiadores logísticos y terminales combinadas que han de ser eficientes si lo ha de ser el sistema en conjunto. 
Lo mejor sería dejar el desarrollo de los puertos a los actores regionales y locales. 
Por último, esta directiva sería perjudicial para los trabajadores portuarios. 
Ellos serían quienes pagaran el precio de la centralización reguladora que propone la Comisión. 
Se perderían probablemente muchos puestos de trabajo y se transferirían numerosas actividades a la industria subsidiaria, lo que derivaría en peores condiciones de trabajo y menor seguridad laboral. 
En definitiva, son muchas y muy buenas razones por las que propongo que el Parlamento rechace esta propuesta. 
– Señor Presidente, Señorías, nosotros apoyamos a los trabajadores portuarios contra esta directiva, que es perjudicial para el empleo, para su derecho a la seguridad y para la propia economía, porque propone una competencia basada en el dúmping, y que, por tanto, debe ser rechazada, como ya lo fue en 2003. 
Tenemos que reflexionar sobre la clase de colapso al que nos abocan las políticas de libre mercado. 
El trabajo en los puertos tiene una gloriosa y antigua tradición, que ha creado derechos y prosperidad, relacionando las actividades comerciales con las ciudades que las acogían. 
Sin esta noble labor, que la directiva quiere suprimir en aras a la política de libre mercado, no habría futuro para Europa. 
El modelo social europeo es nuestro principal recurso y esta directiva, al igual que la Directiva Bolkestein, representa su negación. 
Por este motivo considero que los trabajadores tienen razón y que este Parlamento debe atender sus demandas rechazando la directiva que se nos presenta. 
Señor Presidente, mientras empezamos con una propuesta prematura de la comisión, bajo la batuta del señor Jarzembowski, desechamos un buen paquete de enmiendas propuestas que llevaban la seguridad incorporada, con más seguridad para las empresas y los trabajadores portuarios y sin autoasistencia. 
Parece que este último aspecto todavía no ha llegado a oídos de los sindicatos y de algunos miembros de esta Cámara. 
Es lamentable, pero las tensiones y las emociones han prevalecido por encima de un debate sensato sobre el contenido y, señor Comisario, no es lo que se dice, sino cómo se dice 
Todo esto viene de la Comisión, de su predecesor para ser más exactos, que puso en marcha un debate deficiente. 
¿Por qué no retira usted esta directiva? 
Me gustaría que me lo explicara en un momento; creo que sería la mejor solución. 
Sin embargo, la realidad política actual es que el apoyo con el que cuenta el mamotreto de propuestas de modificación de la Comisión de Transportes y Turismo, donde ya obtuvo una mayoría muy ajustada, es insuficiente. 
Dado que el paquete de propuestas de modificación carece de apoyos suficientes, no podemos respaldar esta directiva. 
Sin embargo, sigo convencida de que necesitamos una política portuaria ajustada a las necesidades de Europa. 
Este aspecto ha sido aclarado profusamente por los diputados a esta Cámara, siendo el primero de ellos el señor Jarzembowski, con el que he presentado una propuesta en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. 
Queremos pedir al Comisario que presente un documento en el que fije su visión de la política portuaria en el sentido más amplio, incluida la competencia entre los puertos, como base para lo que esperamos que esta vez sea un buen debate. 
Señor Comisario, ¿está usted dispuesto a elaborar un documento de debate sustancial de este tipo? ¿Incluiría el conjunto de ideas del paquete de propuestas de modificación, tal como lo ha elaborado el señor Jarzembowski? 
Esperemos que esto ponga en marcha un buen debate. 
– Señor Presidente, cuando el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de directiva de servicios portuarios hace dos años, nadie pensaba que la Comisión volvería a presentarla. 
Sin embargo, ni nos ha consultado ni nos ha escuchado, sino que ha decidido hacer caso omiso de este Parlamento democrático. 
Debe quedar muy claro el perjuicio que esta norma, si se aprobara, causaría a los puertos, incluidos los de la costa Este que yo represento en este Parlamento. 
Sustituir una mano de obra cualificada y experimentada por personal de marinería al que se permite cargar y descargar es la mejor fórmula para que haya accidentes, lesiones e incluso muertes. 
Compárese esa situación con la del puerto de Tilbury, que ha logrado reducir los accidentes un 50 % en 2005, o Great Yarmouth, que lleva dos años sin registrar ningún accidente de notificación obligatoria. 
Quiero decir al señor Jarzembowski que esta ley sería desastrosa para el empleo. 
Los propietarios de los puertos me han dicho que estarían en peligro más de 600 nuevos puestos de trabajo en Felixstowe y más de 750 en Harwich. 
Ninguno de los 650 puestos del puerto de Tilbury estaría seguro. 
Esas son las palabras de los propios titulares de los puertos, quienes además verían desaparecer sus incentivos para realizar nuevas inversiones indispensables. 
Dos nuevos proyectos de inversión en Tilbury ya han sido congelados debido a la incertidumbre generada por esta directiva. 
Tanto la expansión portuaria en la bahía de Bathside, recientemente aprobada en Harwich, como la decisión positiva que esperamos ansiosamente esta semana para la expansión del Felixstowe hacia el sur, están en peligro. 
Recuerdo al Partido por la Independencia del Reino Unido que todo ello representa un gasto de mil millones de libras esterlinas, si se examinan las cifras, y que ahora mismo no estaríamos en este trance si no fuera porque sus diputados votaron a favor de esta directiva en la Comisión de Transportes y Turismo. 
Volviendo a las inversiones, hace más de diez años que se defiende la construcción de un puerto exterior en Great Yarmouth, que entraría en competencia con el actual puerto interior, con lo que se sustituirían puestos de trabajo existentes en vez de aumentarlos y de ampliar los servicios en una zona considerada prioritaria para abordar el desempleo en toda la Unión Europea. 
No se equivoquen: son los estibadores portuarios cualificados los que más sufrirían, personas como Steven Drew, de Yarmouth, que se encuentra en la galería pública escuchando este debate: entre él y su padre, Frank, antes que él, llevan juntos más de cincuenta y cinco años prestando servicio en este sector. 
La competencia entre puertos es necesaria, pero no dentro de los puertos. 
La Unión Europea debe hacer ahora lo que debió haber hecho antes: consultar antes que nada a los puertos, a los sindicatos y a las compañías navieras, comenzar con una hoja en blanco y admitir su derrota en esta propuesta. 
Este Parlamento Europeo, habiendo rechazado ya la propuesta de una vez por todas, debe votar «no» una segunda vez y para siempre. 
– Como se puede constatar por las intervenciones anteriores, esta propuesta de directiva ha suscitado una enorme controversia que se extiende de forma considerable más allá de esta Cámara y que afecta a muchos operadores portuarios y a la mayor parte de los trabajadores del sector. 
En cuanto a estos últimos, me gustaría manifestar que entendemos sus protestas, pero no aceptamos sus métodos violentos. 
Dicho esto, las dos comisiones que llamadas a emitir sus opiniones han manifestado su rechazo de la propuesta de directiva, sentenciando todavía más su destino político. 
No hace falta insistir en la importancia del sector portuario, señor Presidente. 
Todos sabemos que casi todo el comercio exterior en la UE se realiza a través de sus puertos, y que los puertos emplean a unas 350 000 personas directamente, sin mencionar a los empleados indirectos en el sector. 
Es más, las técnicas para el movimiento de mercancías y equipos están en constante evolución, lo que exige permanentes inversiones y renovaciones. 
Las cuestiones que se plantean, por tanto, son las siguientes: 
¿Favorece la propuesta de directa la inversión, la competencia y el acceso al mercado? 
¿Respeta los derechos adquiridos con respecto a los operadores actuales? 
¿Vulnera el principio de subsidiariedad? 
¿Es justa en lo que respecta a las indemnizaciones en caso de sustitución de los proveedores? 
¿Afecta al mercado de trabajo y a los derechos sociales de los trabajadores del sector? 
En una palabra, ¿logra los objetivos de una mayor eficiencia, más competitividad, más mercado interior y mejores servicios? 
El señor Jarzembowski ha intentado dar respuesta a estas cuestiones con un gran sentido del equilibrio y, por ello, quiero felicitarle. 
Sin embargo, me parece que es necesario volver a revisar esta propuesta a la luz de las condiciones en las que ha sido presentada por la Comisión. Lo que necesitamos es una estrategia política que estimule verdaderamente el desarrollo de los puertos europeos, como señala y corrige el ponente, que tenga en cuenta la situación actual en el mercado y que haga partícipes a todas las partes interesadas, incluido naturalmente el Parlamento. 
Le corresponde a usted, señor Comisario, dar una respuesta. 
En lo que a nosotros respecta, será mucho más fácil tomar una decisión de acuerdo con los objetivos enunciados. 
Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa también significa que debemos deshacernos de toda legislación innecesaria e ineficaz y no aumentar la burocracia. 
Los servicios portuarios europeos ya son muy competitivos en la actualidad, tanto en calidad como en tarifas. 
Este caso no constituye un conflicto entre trabajo y capital, porque los propietarios de los puertos, los usuarios y los trabajadores de los distintos países europeos consideran que esta propuesta es perjudicial e inútil. 
La competencia porque sí debe ser rechazada y lo que hace falta es prestar más atención a la calidad y la seguridad. 
Está claro que esa directiva no aumentará la competencia: al contrario, incluso podría mermarla. 
Por ejemplo, el sistema de autorización incrementará la burocracia. 
Una Convención de la OIT garantiza que los estibadores profesionales tendrán prioridad para este tipo de trabajo, y en Finlandia esta medida se ve reforzada mediante un convenio colectivo. 
El factor clave es la seguridad: ¿redundaría en beneficio de la salud y la seguridad en el trabajo si después de una dura jornada laboral la gente de mar tuviera que ayudar en la manipulación de otro cargamento en un puerto extranjero? 
Señor Presidente, el aspecto fundamental de este debate es si, en este ámbito al igual que todos los demás, la competencia y los nuevos servicios son positivos. 
Se trata de saber si la competencia hará empeorar las cosas para los consumidores, los trabajadores y las empresas. 
Al escuchar a algunos de los oradores, uno pensaría que la existencia de la competencia y de más empresas es malo para toda la sociedad. 
De hecho, podemos ver cómo estas sociedades europeas que han abierto sus puertas a las competencia y a nuevas empresas han sido testigos del desarrollo de sus servicios y negocios a precios más bajos y mejores servicios para el consumidor. 
Esto lo hemos visto en todos los ámbitos, incluidas las telecomunicaciones y la aviación, y hemos oído los mismos argumentos de advertencia antes de la puesta en marcha de la desregulación. 
Recuerdo cómo, al debatir la desregulación de las telecomunicaciones, había quien mantenía con toda seriedad que las llamadas telefónicas pasarían a la historia y que los que trabajaban en esta industria acabarían perdiendo su puesto de trabajo. 
En realidad, se han creado más puestos de trabajo. 
Al hablar de los puertos, que son tan importantes para el comercio y el desarrollo en la UE, salta a la vista que la dinámica inherente a un mayor acceso a los mercados y a la competencia entre los puertos y dentro de los mismos conducirá a un desarrollo de los servicios. 
Estos aspectos son cruciales no solo para que el sector portuario como tal pueda funcionar mejor, sino también para que la navegación, el transporte y el comercio sean más eficientes. 
De lo que se trata no es solo del flujo de mercancías en Europa, sino también de las oportunidades de desarrollo para nuevas regiones: nuevos puertos y nuevas estructuras en nuestra economía. 
Si queremos más competitividad, también debemos emprender nuevos avances y cambiar. 
Los que mantienen que todo es perfecto y que nuestros puertos en Europa funcionan exactamente como deberían no deberían temer a la competencia. 
Con nuevas empresas y nuevas oportunidades, todo se andará. 
Por ello, lo fundamental es saber si queremos, como es mi caso, que el flujo de mercancías en Europa sea más dinámico. 
No estamos hablando de contenedores; estamos hablando de personas, de mis colegas. 
Este debate versa sobre una directiva que la Federación Europea de Trabajadores del Transporte tacha con razón de innecesaria, provocadora y desequilibrada, y las autoridades portuarias y el sector también están de acuerdo. 
Contiene los peores elementos de otra propuesta que este Parlamento ya ha rechazado. 
Después de aquella votación, en lugar de olvidar o al menos presentar una propuesta decente, la Comisión ha adoptado una posición incluso peor. 
Votaré en contra de esta directiva porque socava los derechos que esta categoría de trabajadores, los estibadores, ha adquirido con gran dificultad a lo largo de mucho tiempo. 
Voy a votar en contra de esta directiva porque abre la puerta a abusos por el trato que reciben algunos trabajadores y porque enfrenta a unos trabajadores con otros. 
Voy a votar en contra de esta directiva porque reduce la salud y la seguridad en zonas tan delicadas como los puertos. 
Nosotros, que nos llenamos la boca al hablar de salud y seguridad, ¿cómo podemos hacer algo que las socave? 
Voy a votar en contra de esta directiva porque creo en una competencia equilibrada en la que cada uno pone su parte y no en la que siempre son los trabajadores y los peor pagados los que salen perdiendo. 
Creo que incluso los que están a favor de la liberalización de los servicios portuarios deberían rechazar esta directiva, ya que un voto a favor abriría camino a una directiva original que incluso nuestros colegas parecen aceptar que tiene muchas carencias. 
Debemos demostrar a las claras que estamos construyendo una Europa social y no un sistema sin conciencia. 
La votación sobre la directiva relativa a los puertos es una oportunidad de oro para dar esperanza y mostrar el camino a los muchos que esperan que una institución como la nuestra dé un paso. 
Estoy orgulloso de que el Partido Laborista de Malta y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo respondan de forma coherente a este llamamiento. 
A los millones de trabajadores europeos, entre los que se encuentran cientos de trabajadores malteses representados por la Unión General de Trabajadores, y que también están presentes hoy aquí y que se están afectados por esta directiva, queremos hacerles saber que cuentan con nuestro firme apoyo. 
– Señor Presidente, Señorías, me gustaría añadir varias consideraciones técnicas. 
Sobre todo, parece que esta propuesta no tiene en cuenta el Libro Verde que está elaborando el Comisario responsable de transporte, el señor Barrot. 
Deberíamos aprovechar la oportunidad que nos brinda esta iniciativa para examinar la nueva oferta de servicios de los países recién adheridos y debemos comparar los requisitos jurídicos nacionales sobre costes a cargo de las mercancías, para que puedan prevalecer efectivamente unas condiciones de libre mercado. 
Me parece que la directiva en cuestión va absolutamente en contra de las normas de la competencia y del mercado, en cuanto consiente la creación de oligopolios por parte de las grandes empresas que operan en los puertos del norte de Europa, en contraste con la situación diferente que existe en los puertos del Mediterráneo y, sobre todo, tolera los ataques de las grandes empresas del este asiático, que están invadiendo nuestro sistema portuario. 
Debemos comparar sin duda los efectos sobre la competencia de las políticas de ayuda estatal y aclarar el concepto y la aplicabilidad práctica de estas ayudas, en particular con respecto a los cánones necesarios y otras formas que permiten una prestación de servicios como un servicio público sujeto a normas públicas. 
Esta directiva carece sobre todo de una comparación de las normas ambientales para la realización de nuevas obras de infraestructura o de las políticas de vertido de residuos. 
Debemos aclarar las normas sobre la competitividad a la vista del riesgo de competencia desleal por parte de Oriente y sobre todo debemos reafirmar las garantías ambientales para el Mediterráneo, que es objeto de agresiones por parte de operadores que no respetan la legislación comunitaria en materia ambiental. 
La autoasistencia es una amenaza muy seria para las pequeñas y medias empresas que operan en nuestros puertos. 
– Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión ha vuelto a presentar la propuesta de directiva relativa a la liberalización de los servicios portuarios, pero no ha tenido en cuenta que fue rechazada por el Parlamento en 2003. 
Esta propuesta de directiva no se diferencia en nada de la anterior. 
Mantiene la idea de la autoasistencia, que es incompatible con las actuales condiciones laborales necesarias en los puertos europeos desde el punto de vista de la salubridad, la seguridad y la calidad de los servicios portuarios. 
¿Dónde están realmente las propuestas sobre la adecuada disposición de los puertos? 
¿Dónde están las propuestas para modernizar el funcionamiento general de los puertos? 
No hemos oído hablar de la antigua demanda de excluir del ámbito de aplicación de la directiva los servicios de pilotaje, que no son una actividad comercial, sino un servicio público cuyo propósito es la seguridad del transporte y la protección de los puertos y del entorno marino. 
Tampoco hemos oído hablar de los esfuerzos realizados por los miembros de la comisión con vistas a mejorar la propuesta de la Comisión Europea, a pesar de los loables esfuerzos del señor Jarzembowski. 
La falta de política se traducirá en un largo de periodo de incertidumbre y, por supuesto, no habrá ningún clima propicio para la inversión. 
La mejor propuesta es retirarla. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no cuestionamos la necesidad de esta directiva ni la necesidad de abrir el camino a la liberalización. Esta propuesta de directiva, sin embargo, es similar a la que fue rechazada en esta Cámara en noviembre de 2003 y no tiene en cuenta las recomendaciones del Parlamento. 
En primer lugar, no garantiza la compatibilidad con la propuesta de revisión en curso del Reglamento (CEE) nº 1191 del Consejo, relativo a las obligaciones inherentes a la noción de servicio público. Tampoco tiene en cuenta las características concretas de cada puerto, ni siquiera de los puertos de las regiones ultraperiféricas, donde los servicios públicos son vitales para la supervivencia de las comunidades y donde la liberalización forzada puede dar pie a monopolios inaceptables desde el punto de visto social y económico. 
Si la propuesta de directiva que tenemos sobre el tapete ya es inaceptable, el informe agrava la situación porque aumenta la desregulación y suscita problemas relativos a la seguridad, las garantías de servicio público, la eficiencia de los servicios portuarios, la salvaguardia de los derechos sociales, como se desprende de la propuesta de ampliar la autoasistencia sin regularla de ningún modo. 
Por todo esto creo, señor Comisario, que esta propuesta de directiva debería ser retirada y sustituida después por otra que tenga en cuenta las recomendaciones del Parlamento… 
Señorías, Estonia es un país marítimo y los servicios portuarios representan una buena parte de nuestro producto interior bruto. 
La aplicación de la Directiva de servicios portuarios no nos aportará grandes cambios. 
El mercado de los servicios portuarios fue liberalizado poco después de que Estonia se independizara de la economía de planificación soviética. 
La directiva propuesta por la Comisión Europea interfiere en líneas generales en detalles como el proceso de concesión de licencias y la duración de los contratos, mientras que deja en manos de los Estados miembros la responsabilidad de aspectos importantes. 
Unas normas uniformes y claras en materia de calidad, medio ambiente y seguridad serían más útiles para la mejora de la competencia en el mercado interior que desregulaciones detalladas. 
También comparto los temores de los trabajadores portuarios de la vieja Europa. 
Parece que la Comisión desea lograr un aumento de la eficiencia principalmente a costa de los trabajadores cualificados. 
Hay que decir que los puertos de mi Estonia natal, en la llamada «nueva Europa» , compiten en calidad, no en mano de obra barata. 
Estoy seguro de que el potencial intelectual de la Unión Europea podría dar lugar a una directiva mucho mejor. 
La Comisión debería aprovechar esta oportunidad. 
Señor Comisario, lamento decir que mañana votaré en contra de esta directiva. 
Gracias por su atención. 
. Señor Presidente, aunque el debate no ha sido un coro de alabanzas, he escuchado con toda atención a cada una y cada uno de ustedes. 
En primer lugar, conviene recordar la historia de esta propuesta, que procede de la Comisión anterior y de mi predecesora. 
Dicho esto, entiendo que al Parlamento le haya extrañado, señor Presidente, que se le presentara de nuevo esta propuesta, y comprendo que este modo de proceder haya chocado a algunas de sus Señorías. 
Simplemente, quisiera mencionar algunos puntos, que, sin justificarla, explican también la razón de que se haya vuelto a poner sobre la mesa esta propuesta. 
En primer lugar, porque, a pesar de todo, sentimos la necesidad, y algunos de ustedes lo han subrayado, de un marco jurídico claro para estimular las inversiones portuarias. 
El 90 % de las exportaciones europeas pasan por nuestros puertos. 
Necesitamos puertos eficaces y modernos. 
En segundo lugar, esta propuesta se ha vuelto a presentar con una limitación muy estricta de la autoasistencia, que en primera lectura había sido objeto sin duda de las críticas más graves. 
En tercer lugar, señor Presidente, por haber desempeñado responsabilidades sociales, no puedo consentir que se diga que esta propuesta violaría todos los derechos sociales existentes en el sector portuario. 
La Comisión no tiene intención de reducir los derechos sociales de los trabajadores del sector. 
Incluso ha incluido en su propuesta la obligación de que todos los prestatarios de servicios portuarios reciban una autorización que imponga el respeto de las normas mínimas del Derecho social comunitario. 
Además, el artículo 4 de la propuesta representa una salvaguardia, pues estipula que la directiva no debe afectar en ningún caso a la aplicación de la legislación nacional sobre las condiciones de empleo de las personas. 
Se lo digo de forma muy simple, Señorías: nunca habría vuelto a presentar esta propuesta si personalmente me hubiera parecido que presenta riesgos tan graves como los que algunos de ustedes han creído ver en ella. 
No lo habría hecho en conciencia. 
Dicho esto, he de decir que el debate ha sido útil y ha aclarado todas las dimensiones de una política portuaria que no puede reducirse en efecto al objeto de este texto. Muchos de ustedes han recordado que otros problemas son muy importantes. 
Por ejemplo, una mayor transparencia de los costes de los servicios. 
Por ejemplo, el establecimiento de una competencia más equitativa entre los puertos. Por ejemplo, también, la necesidad de estimular las inversiones para aumentar aún más nuestras capacidades portuarias. 
Por tanto, soy muy consciente de que una política portuaria no puede reducirse a un texto de esta naturaleza, y el debate ha sido muy útil en este sentido. 
Otra cosa que ha hecho el debate es poner de manifiesto la gran diversidad de situaciones portuarias que hay en Europa, aunque de esto ya me había percatado a lo largo de este mi primer año como Comisario de Transportes. 
A este respecto, tropezamos también con un problema. 
Algunos de ustedes, no sin razón, han subrayado que no se podía regular situaciones tan diferentes de un puerto a otro con un exceso de centralismo, y les doy la razón. 
Nos enfrentamos asimismo a una evolución muy rápida de las tecnologías utilizadas en los puertos, lo que pone en juego asimismo un factor que no estaba presente en la situación que prevalecía en el momento en que se concibió esta propuesta de directiva. 
Diré, por una parte, que el debate ha sido útil y, por otra, que su comisión ha realizado, a pesar de todo, un trabajo muy bueno. 
Es cierto que tienen mi pleno apoyo por adelantado si el Parlamento llega a debatir las enmiendas que propone su comisión. 
Sí a la prolongación de los plazos de autorización. 
Sí al régimen transitorio, señor Jarzembowski. 
Sí también a las enmiendas de transacción sobre la protección de las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor de la directiva, a condición, por supuesto, de que se respeten los fines perseguidos, es decir, un acceso no discriminatorio y equitativo al mercado para todos. 
Salta a la vista, y aquí nos encontramos con una paradoja, que el Comisario que les habla había esperado que se pronunciaran ustedes sobre el texto enmendado por su comisión. 
Y la paradoja es que van a tener que pronunciarse sobre el texto inicial. 
Ahora bien, no me reprocharán mi confianza en el Parlamento al decir que, en este terreno y por lo que se refiere a este texto, considero que las mejoras aportadas por el Parlamento eran excelentes y permitían responder a una serie de críticas justificadas. 
Pero así están las cosas. 
Soy consciente de que hay entre ustedes dos escuelas de pensamiento. 
Están los que dicen que el texto inicial no era modificable y también los que piensan que podía corregirse. 
Es la tesis de su ponente. 
Señor Presidente, mi tarea es difícil. 
En efecto, quiero afirmar mi respeto por el Parlamento: por una parte, debo respetar el trabajo que ha realizado su comisión y, por otra, debo respetar también la opinión que se exprese en la votación. 
En efecto, ¿no es razonable que espere a la votación para sacar todas las conclusiones pertinentes? 
Me parece que en una democracia saludable puede haber una oportunidad para votar. 
Eso es lo que creo, y no ofendo al Parlamento al decirle que se pronuncie, lamentando quizás que este procedimiento no le permita pronunciarse sobre un texto mejorado, no dudo en decirlo, por su comisión. 
Sea como fuere, señor Presidente, y lo digo con cierta solemnidad, es evidente que habiendo escuchado con atención todo este debate, sacaré mañana todas las conclusiones pertinentes del voto del Parlamento. 
Creo que es un modo de respetar al Parlamento, al igual que he reconocido la justeza de una serie de argumentos, lo que por lo demás me permitirá concebir mejor el conjunto de una política portuaria para Europa. 
Muchas gracias, Señorías, y, una vez más, solo contraigo un compromiso, el de sacar las conclusiones pertinentes una vez que hayan emitido su voto. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles –es decir, mañana – a las 12.00 horas. 
A usted corresponde, señor Comisario, sacar todas las conclusiones pertinentes. 
– Al torpedear esta segunda propuesta de directiva antes de la primera lectura y cuando el informe Jarzembowski aportaba progresos reales y constituía una buena base de trabajo, la izquierda y algunos sindicatos hunden los servicios portuarios en la inseguridad jurídica y la inestabilidad política. 
La retirada de la autoasistencia y el reconocimiento de criterios de seguridad marítima y de cualificación profesional en el procedimiento de selección para la prestación de servicios eran avances positivos con respecto a la primera propuesta de directiva. 
Los puertos europeos deben invertir para desarrollarse y responder al aumento de tráfico marítimo. 
Un puerto como Marsella necesita una competencia europea equitativa y leal para defender sus bazas y sus puestos de trabajo. 
La flota comunitaria necesita servicios portuarios eficientes y competitivos. 
Esta propuesta, sin duda imperfecta, habría aportado seguridad jurídica y estabilidad a un sector en pleno auge. 
Me sigo oponiendo al rechazo del texto, que equivale al abandono de nuestras responsabilidades. 
Si así sucediera, deseo que la Comisión proponga un Libro Verde sobre la política portuaria y que consulte a todas las partes interesadas. 
Terminaré dando las gracias a las fuerzas del orden francesas, que se encargaron de la seguridad del Parlamento ante las intolerables manifestaciones de ayer. 
. – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de 
-el informe del señor El Khadraoui, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación (2005/2084 (INI) ) (A6-0403/2005) , y 
-el informe del señor Zîle, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre las relaciones con la Federación de Rusia y China en el ámbito del transporte aéreo (2005/2085 (INI) ) (A6-0375/2005). 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos de los demás Grupos por su buena cooperación. 
Aunque no coincidimos en todos los aspectos, creo que logramos ponernos de acuerdo en lo esencial y, de este modo, conseguiremos establecer una estrategia europea sobre una cuestión que solo podrá cobrar importancia en los próximos años. 
Como saben, este debate se inició a raíz de la famosa sentencia de «cielos abiertos» del Tribunal de Justicia dictada en 2002, de la que se desprendía que la Comunidad Europea tiene competencia exclusiva en materia de servicios aéreos internacionales, más en concreto en lo referente a los sistemas de reserva automatizada, los precios de los billetes intracomunitarios y la distribución de franjas horarias o derechos de aterrizaje. 
Todos los acuerdos de aviación bilaterales vigentes entre los Estados miembros y terceros países deben ajustarse a lo dispuesto en la sentencia, por lo que será preciso revisar no menos de 2 000 acuerdos de aviación en toda la Unión. 
Hay dos formas para llevar esto a cabo. 
O bien los Estados miembros se comprometen a mantener negociaciones bilaterales con terceros países a fin de adaptar sus acuerdos bilaterales a la legislación comunitaria (58 acuerdos se han armonizado de esta forma) , o bien las negociaciones se celebrarán a escala comunitaria en virtud del llamado mandato horizontal. 
Hasta el momento, 22 países ya han aceptado los acuerdos horizontales con la Comunidad y gracias a ello ya se han adaptado 317 acuerdos bilaterales. 
Esto supone un total de 385 acuerdos, lo que quiere decir que aún nos queda mucho camino por recorrer antes de que se hayan modificado los 2 000 acuerdos. 
Por tanto, en mi informe expongo los argumentos a favor de ajustar todos los acuerdos bilaterales a las sentencias de cielos abiertos tan pronto como sea posible para evitar la incertidumbre jurídica. 
Personalmente prefiero los acuerdos comunitarios, ya que con una serie de negociaciones bastará para sustituir todos los acuerdos bilaterales vigentes con un país concreto de una sola vez. 
Después de todo, la Comunidad Europea puede ejercer más presión durante las negociaciones que un Estado miembro por sí solo, pero esto exige una visión común y cohesionada. 
Me gustaría destacar que debemos llegar a acuerdos con nuestros socios clave y con países emergentes, como China, los Estados Unidos y Rusia, tan pronto como sea posible, sin olvidar a nuestros vecinos inmediatos. 
Esto es importante por motivos económicos, así como por motivos políticos como es la seguridad de la aviación y por esto he presentado una enmienda sobre esta misma cuestión a tiempo para la votación de hoy. 
Cuando se concluyan los acuerdos comunitarios, es crucial que la Comunidad Europea considere tres aspectos fundamentales. 
En primer lugar, los acuerdos deben ser equilibrados y es importante que el acceso a los mercados de los demás sea equivalente. 
Esto quiere decir que hay que tener en cuenta aspectos como los derechos de aterrizaje, los derechos de cabotaje, la igualdad de derechos de establecimiento y de propiedad, así como las ayudas estatales. 
Antes de la sesión de hoy he presentado una enmienda para garantizar que la cuestión de las ayudas estatales se incluya en la lista. 
Esto no es baladí en vista de las medidas de seguridad más estrictas que los Estados Unidos impusieron a todas las compañías aéreas a raíz del 11 de septiembre. Solo las compañías estadounidenses recibieron ayudas, las demás no, lo que supone una distorsión de la competencia. 
En segundo lugar, en mi informe se destaca el hecho de que la apertura de los mercados debería ir siempre precedida de la convergencia legislativa y de la necesidad de que el grado de liberalización esté sujeto a condiciones justas y competitivas. 
La Unión Europea está trabajando en la elaboración de normas –si es que no las tiene ya– sobre cuestiones sociales relacionadas con la seguridad, el medio ambiente, las ayudas estatales y la competencia. 
Es inaceptable que estas normas rigurosas se vean erosionadas por la llegada de operadores del mercado sujetos a normas menos estrictas. 
Sin lugar a dudas, en los acuerdos de cielos abiertos, en que se autorizaría a las compañías aéreas de la Unión Europea y de terceros países a tener un acceso ilimitado a los mercados de los demás, es esencial que existan las normativas legales de ambas partes sean equiparables. 
De lo contrario podríamos terminar distorsionando la competencia y también nos enfrentaríamos al riesgo de deslocalización, lo que obligaría a las compañías aéreas europeas a trasladarse a países con normas menos estrictas. 
Por ello, en mi informe he presentado una enmienda a fin de incluir la convergencia de las normativas relativas a la seguridad, las ayudas estatales y la competencia para que la convergencia legislativa también tenga lugar en esos ámbitos. 
Si resulta imposible llegar a un acuerdo de cielos abiertos, se pediría a la Comisión que desarrollara mecanismos justos y transparentes para dividir los derechos de tráfico entre los Estados miembros. 
En tercer y ultimo lugar, la Comisión debería consultar e informar asimismo a todas las partes implicadas en la industria de la aviación y al Parlamento Europeo durante las negociaciones sobre los nuevos acuerdos de aviación que se concluyan en Europa y el resto del mundo en los próximos años. 
Estos tres importantes factores también quedan reflejados en el informe del señor Zîle con respecto a Rusia y China. 
También en este caso debe aplicarse el principio de reciprocidad. 
Deben suprimirse las elevadas tasas que exige Rusia por sobrevolar Siberia. 
Asia, después de todo, está cobrando cada vez más importancia y la ruta más corta para llegar a ella por aire pasa por la Federación Rusa. 
Por tanto, el señor Zîle también se merece todo nuestro apoyo. 
. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos y a los que han presentado propuestas sobre el informe de la Comisión Europea; por ello, en mi opinión, en la Comisión de Transportes y Turismo logramos un buen resultado. 
Creo que todos teníamos un objetivo común: proporcionar a los negociadores de la Comisión Europea que tratan con Rusia y China una base sobre la que trabajar y, por supuesto, lanzar una señal política al Consejo para que otorgue un mandato. 
También en estos términos, en mi opinión, logramos formular una posición muy clara sobre las cuestiones más esenciales. 
En cuanto a las relaciones con China, teniendo en cuenta la rapidez con la que ha crecido el mercado chino de la aviación –dentro de diez años, por ejemplo, China será el mayor mercado en Asia de transporte aéreo de mercancías–, nuestra labor se ha guiado por varios principios. 
En primer lugar, es preciso que avancemos rápidamente con vistas a un acuerdo integral en materia aeronáutica entre la Unión Europea y China. 
En segundo lugar, el acuerdo debería basarse, por supuesto, en un acuerdo horizontal. 
Tal como acaba de mencionar mi colega, el señor El Khadraoui, nos gustaría ser testigos de un rápido desarrollo sobre esta base de las relaciones con China. 
En tercer lugar, al mismo tiempo que preparamos un acuerdo integral, nos gustaría que se ampliara el mandato a fin de que quedaran cubiertos los requisitos relativos a la infraestructura de seguridad de los aeropuertos y de calidad del control del tráfico aéreo chino. 
En cuarto lugar, el informe hace especial hincapié en la necesidad de obtener resultados sin demora en el ámbito del transporte aéreo de mercancías, lo que permitiría a las empresas europeas competir antes en el mercado asiático, que será potencialmente el más grande. 
Con respecto a Rusia, el aspecto más importante es que la Comisión de Transportes consideró totalmente inaceptable la práctica según la cual Rusia, cada año, contraviniendo la Convención de Chicago, de la que la propia Rusia es signataria, recauda de las aerolíneas de la Unión Europea más de 250 millones de euros por el sobrevuelo de Siberia. 
La mayor parte de este dinero se invierte en la compañía aérea rusa Aeroflot, que de este modo consigue más de 100 millones de dólares anuales de beneficios y puede mantener aproximadamente el 38 % del mercado del transporte aéreo entre la Unión Europea y Rusia. 
Me complace que mis colegas de la Comisión de Transportes consideraran que la Comisión Europea debe negociar con más dureza con Rusia, tanto en el contexto de la Organización Mundial del Comercio como en proyectos para la modernización de la aviación. 
En nuestra opinión, es inaceptable que estos pagos se mantengan sin más y de forma tan poco transparente hasta 2013. 
Asimismo, para muchas aerolíneas europeas estos pagos crean obstáculos discriminatorios cuando se trata de hacerse con partes del mercado chino antes mencionado. 
En la propuesta de resolución se expresa de forma más contundente: el Parlamento Europeo no acepta otras formas de pago en sustitución de las tasas de sobrevuelo de Siberia. 
En la Comisión de Transportes también consideramos que en las negociaciones entre la Unión Europea y Rusia todas las compañías aéreas de la Unión deben gozar del mismo estatuto jurídico no discriminatorio que les permita adquirir derechos de despegue y aterrizaje permanentes en los aeropuertos rusos. 
Por último, quiero decir que a los miembros de la comisión nos gustaría recibir más información tanto sobre las negociaciones como sobre su situación para que el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de defender mejor los intereses de los europeos aerolíneas y pasajeros– en los mercados aeronáuticos de otros países. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias de todo corazón al señor El Khadraoui y al señor Zîle por su labor y por el espíritu de cooperación que ha presidido nuestros trabajos. 
Doy las gracias también a los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo por haberse empleado a fondo en este importante debate. 
Les preciso, señor Presidente, que este debate llega en su momento justo, pues en este año 2006 debo preparar nuevos acuerdos aeronáuticos. 
Era muy deseable que el Parlamento me instruyese con respecto a la política exterior de la Comunidad en el ámbito del transporte aéreo. 
Realmente, estos dos informes representan una contribución importante al diálogo interinstitucional sobre la acción comunitaria en este terreno. 
En los últimos veinte años han aumentado las responsabilidades de la Comunidad en el sector aéreo. 
Los Estados miembros han derribado las fronteras de sus mercados nacionales para construir un solo mercado –el mercado comunitario–, que descansa ahora en un conjunto completo de normas comunes, incluso en ámbitos como la seguridad, la protección o la gestión del tráfico aéreo. 
Esta comunidad de derecho fundamenta un mercado que, con el paso de los años, se ha hecho cada vez más importante. 
Ahora contamos con más de 600 millones de pasajeros y 60 millones de toneladas de mercancías transportadas al año. 
Pasar de una lógica bilateral entre Estados a acuerdos negociados a escala comunitaria ofrece perspectivas inéditas e importantes por las oportunidades que encierra el gran mercado europeo y las posibilidades de cooperación de la Comunidad. 
Este paso de una lógica bilateral a una lógica comunitaria es también una necesidad jurídica, para que se reconozca y respete nuestro acervo reglamentario en el ámbito aéreo. 
El informe del señor El Khadraoui aborda una serie de problemas clave de nuestra política. 
En primer lugar, la importancia de avanzar hacia la estandarización de los acuerdos bilaterales, que, desde las sentencias del Tribunal, adolecen de inseguridad jurídica. 
Señor El Khadraoui, estamos inmersos en esta tarea junto con los Estados miembros en un espíritu de estrecha cooperación y moviendo todas las palancas que ofrece la política exterior de la Unión Europea. 
En segundo lugar, han destacado ustedes, y se lo agradezco, la necesidad de respetar siempre este doble objetivo: apertura de los mercados y convergencia reglamentaria. 
La prioridad concedida a la convergencia reglamentaria permite desarrollar nuestras actividades internacionales y las actividades internacionales de nuestra industria en unas condiciones de competencia equitativas y sanas. 
Hemos de perseguir ambos objetivos al mismo tiempo. 
La eficacia y credibilidad de la Comunidad en las negociaciones depende de que lo logremos. 
Por último, esta cooperación reglamentaria debe apoyarse en la medida de lo posible en una cooperación técnica, para garantizar un alto nivel de convergencia en ámbitos tan cruciales como la seguridad y la protección. Pero también, por supuesto, en los problemas ambientales y sociales que forman parte del modelo social europeo. 
Con el apoyo del Parlamento, seguiremos pidiendo nuevos mandatos de negociación. 
Las prioridades para el año 2006 serán la integración de Ucrania en el espacio europeo, un acuerdo con Australia y Chile y el inicio de negociaciones con China y la India. 
China y Rusia son objeto de dos comunicaciones de la Comisión, en las que se basa el informe del señor Zîle. 
Comenzaré por Rusia y la cuestión del sobrevuelo de Siberia. 
Les agradezco su apoyo en este tema y sus legítimas exigencias. 
Estamos decididos a poner fin al cobro de unos derechos que evidentemente contravienen todas las normas internacionales y, antes de estudiar un acuerdo aéreo global con Rusia, debemos resolver esta cuestión concreta teniendo en cuenta también la voluntad de Rusia de adherirse a la OMC. 
Desde hace algunos meses he intensificado el ritmo de negociaciones con el Gobierno ruso. 
El tema se planteó en la Cumbre Unión Europea-Rusia de octubre, a raíz de una carta del Presidente Barroso al Presidente Putin. 
Mantuve dos reuniones con el Ministro de Transportes ruso, el señor Levitin, en cuyo transcurso insistí mucho en la urgencia de una solución. 
Nuestra posición es muy firme. Pedimos al Gobierno ruso que establezca un sistema transparente y no discriminatorio y que reduzca progresivamente los cobros de derechos hasta 2013, fecha acordada en 2004 entre el Gobierno ruso y la Comisión. 
Por último, pedimos la supresión de las restricciones del número de sobrevuelos de Siberia por parte de las compañías europeas. 
En esta fase, y a falta de reacciones suficientes del Gobierno ruso, es preciso recordar este asunto en todos los niveles. 
Hay que encontrar una solución a esta cuestión antes de que Rusia entre en la OMC. 
Por lo que respecta a China, un mercado en pleno crecimiento, las ventajas de un enfoque comunitario son evidentes, como demuestra el señor Zîle. 
La perspectiva de un acuerdo con China es esencial para los operadores europeos a largo plazo. 
Pero nuestro enfoque con China debe ser gradual y ordenado, a fin de reforzar nuestra cooperación al mismo tiempo que se desarrolla un nivel de convergencia reglamentaria aceptable por nuestra industria. 
La primera fase de las negociaciones debe centrarse necesariamente en la mejora del marco reglamentario y de las condiciones de explotación comercial. 
Nuestras compañías sufren restricciones no justificadas que hay que eliminar sin tardanza. 
Estos aspectos relacionados con el desempeño de la actividad serán nuestra prioridad. 
En todo caso, señor Presidente, tengo un gran interés por agradecer al Parlamento Europeo su contribución al éxito de estas importantes negociaciones, que permitirán a la Unión Europea ampliar las posibilidades de su industria de transporte aéreo, una industria que ha tenido, creo, el mérito de crear empleo en Europa y de mostrarnos el rostro de una Europa especialmente dinámica y una Europa en la que el desarrollo del transporte va acompañado de una gran seguridad y una gran calidad del transporte. 
Una vez más quisiera dar las gracias al señor El Khadraoui y al señor Zîle, y también a su comisión. 
. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, el señor El Khadraoui, por su excelente trabajo. 
La Comisión de Transportes y Turismo aceptó su informe como un compromiso adecuado. 
Por tanto, en mi nombre y en el del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, me gustaría manifestar que el informe se corresponde básicamente con la posición del Parlamento. 
Al establecer los principios generales, hemos destacado acertadamente que cuando, de conformidad con la sentencia del Tribunal, una cuestión incide en el ámbito de competencias de la Comunidad, deberá descartarse de forma pragmática cualquier tipo de discriminación entre socios dentro de la Comunidad, por un lado, y deberán concluirse acuerdos de «cielo abierto» , en la medida de lo posible, por otro. 
Los acuerdos bilaterales en vigor pueden armonizarse recurriendo a este enfoque dual. 
Al mismo tiempo, todavía queda por decidir cómo vamos a dividir entre los Estados miembros el número de vuelos que se negociarán con los socios extranjeros, en los casos en los que le número de vuelos sea limitado. 
La Comisión tendrá que presentar pronto un documento concreto sobre esta cuestión sensible al Parlamento. 
Además, creo que en el enfoque de la Comisión y del Parlamento se recoge otro principio importante, que hace hincapié en la necesidad de una mayor armonización técnica con los socios externos. 
Esta es la forma en que básicamente podemos ayudar a mantener la seguridad de los vuelos, la piedra angular de nuestra política exterior, y esta es la forma en que podemos facilitar de modo indirecto la implementación de las prioridades ambientales y de competencia. 
Sin embargo, no comparto las ideas de ampliar los derechos sociales europeos o nacionales a los acuerdos concluidos con terceros países y de permitir que los aviones vuelen bajo bandera de otras naciones. 
Que cumplan lo previsto en la legislación laboral internacional y las normas en materia de seguridad y competencia. 
Todo lo que vaya más allá de eso, incluso dentro de la Unión Europea, solo daría pie a una innecesaria campaña publicitaria contra los nuevos Estados miembros con el pretexto del inexistente dúmping social. 
También rechazo todo gravamen fiscal del transporte aéreo por motivos de protección ambiental, dado que, por un lado, no existen normas internacionales obligatorias a este respecto y, por el otro, este sector competitivo debe autofinanciarse, incluidos los aeropuertos, a partir de sus propios ingresos. 
La mejor protección ambiental es asegurar el desarrollo de medidas de seguridad técnica, no imponer nuevas cargas fiscales. 
Solo hemos aceptado la inclusión del transporte aéreo en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases en el marco del compromiso, pero la imposición de un gravamen directo está fuera de lugar. 
Como diputado de un nuevo Estado miembro, para mí reviste una importancia particular que las regiones colindantes, los Balcanes y los grandes partícipes del mercado como China, los Estados Unidos y Rusia, gocen de prioridad. 
Por último, me gustaría decir que, a fin de garantizar la transparencia de las negociaciones, el Parlamento debería participar en todas las rondas de negociación. 
. Señor Presidente, me gustaría comenzar diciendo que el señor Zîle y el señor El Khadraoui han presentado unos informes excelentes por los que quiero darles las gracias. 
El hecho de que estemos examinando estos informes conjuntamente también es positivo, ya que nos dará una idea de nuestra política en materia de aviación civil en general y con respecto a China y Rusia en particular. 
Estos son países fundamentales en términos económicos, políticos y demográficos y también países en los que la aviación está evolucionando a un ritmo muy rápido. 
EL informe presentado por el señor El Khadraoui nos proporciona una base para una política común europea en materia de aviación de cara al resto del mundo. 
Esta política fortalecerá la posición de la UE y mi Grupo aplaude este enfoque. 
El señor Zîle ha destacado en su informe que la Comisión de Transportes y Turismo no tuvo acceso al mandado de negociación con antelación, y puedo asegurar al Comisario que exigiremos a la Comisión una mayor apertura de cara al Parlamento en lo que se refiere a los mandatos de negociación. 
Creemos que la posición con respecto a Rusia, esbozada en el informe del Parlamento, es «cordial pero firme» y me complace que el Comisario también haya manifestado su apoyo a este enfoque. 
Estamos completamente de acuerdo con las exigencias relativas a las normas de calidad del servicio, protección ambiental, equipamiento técnico de los aeropuertos y control del tráfico aéreo, incluidas las cuestiones de seguridad. 
Nos oponemos básicamente a las tasas de sobrevuelo de Siberia y creemos que este asunto deberían resolverse paralelamente a las demás cuestiones que se negociarán con Rusia. 
Nos gustaría destacar que es necesario respetar el principio de reciprocidad en las relaciones con Rusia y China, entre otros. 
Esto es especialmente válido al debatir las normas que deben garantizar las mismas condiciones de competencia en el ámbito de la aviación para los Estados miembros de la UE y también para los operadores rusos y chinos. 
Por lo tanto, estoy plenamente a favor de la aprobación de estos dos informes y los ponentes se merecen nuestro agradecimiento por el trabajo realizado. 
También me complace ver que las posiciones de la Comisión, del Comisario y del Parlamento coinciden en muchos aspectos. 
. Sin lugar a dudas, el transporte aéreo es uno de los principales sectores que influye en el crecimiento y esto es algo que todos hemos tenido presente al debatir estos dos informes. 
Se ha prestado una atención particular a dos cuestiones, a saber, la seguridad de los vuelos y, por supuesto, la protección del medio ambiente. 
En cuanto a la seguridad de los vuelos se refiere, necesitamos urgentemente unos derechos de control recíprocos, no solo en el marco de SAFA (Programa de Evaluación de la Seguridad de las Aeronaves Extranjeras) , y también necesitamos, cosa que constituye un paso importante al futuro y que ya ha sido debatida en esta Cámara, formar al personal de control e intercambiar información con terceros países. 
Hay que decir, no obstante, que el transporte aéreo también ha contribuido de modo significativo a frustrar el logro del objetivo de Kyoto. 
Si no actuamos, el transporte aéreo consumirá todo el margen de maniobra relativo a las emisiones acordadas en el Protocolo de Kyoto y que otros sectores han logrado reducir. 
Esto significa que la industria ha reducido sus emisiones, los hogares particulares han reducido sus emisiones y que el transporte aéreo utilizará esas reducciones a menos que hagamos algo. 
Por este motivo, debemos dejar abierto el debate sobre posibles vías de acción, ya sea en el ámbito fiscal o en el del comercio de emisiones. 
Se trata de una cuestión que deberemos abordar si queremos tomarnos Kyoto muy en serio. 
Al mismo tiempo, tenemos que plantear –también a escala internacional– las cuestiones de la contaminación acústica y la prohibición regional de vuelos nocturnos e impedir dúmping social. 
Sin embargo, en el «cielo abierto» , donde se han emprendido medidas importantes, Europa tiene que hablar con confianza y con una sola voz si queremos mantener el equilibrio, y un país o Grupo de países no puede disponer de ventajas en la competencia mundial que a otros se les niega. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, durante toda mi vida he sentido interés por la aviación en general, por no decir pasión, y hace 40 años que empecé yo mismo a pilotar aviones. 
Siempre he estado orgulloso, y lo sigo estando, de que este campo del empeño humano –y me refiero en particular al transporte aéreo– puede servir de ejemplo de amplia cooperación internacional efectiva, en la que se dejan a un lado las diferencias ideológicas. Entre otras cosas, esto garantiza que el avión sea, de hecho, el medio de transporte más seguro. 
Por estos motivos en particular, votaré complacido a favor de los informes que hoy nos ocupan. 
Su objetivo es incrementar la cooperación internacional, lo que contribuirá a una aviación mejor, más segura y más eficiente. 
Sin embargo, no puedo respaldar plenamente uno de los informes debido a la recomendación que contiene de bloquear la adhesión de Rusia a la OMC, entre otros motivos porque no se hayan suprimido las tasas de sobrevuelo de Siberia. 
No nos equivoquemos; no estoy defendiendo las tasas como tal, ya que no representan una solución lógica. 
Sin embargo, tal como yo lo veo, resulta intolerable que lo que supone una amenaza se utilice contra un Estado soberano y que haya que eliminar un obstáculo para dejar paso a otro que, en mi opinión, es mucho más grave. 
Estoy a favor de negociaciones firmes y transparentes, pero negociaciones al fin y al cabo. 
. Señor Presidente, me gustaría alabar la labor de los dos ponentes y también felicitarles. 
Es una buena noticia que la propuesta de la UE de crear una política comunitaria en materia de aviación tenga en cuenta aspectos económicos, técnicos, jurídicos, sociales y ambientales, sin dejar de lado los requisitos de seguridad. 
La importancia de estos últimos es particularmente evidente en caso de accidentes, condiciones meteorológicas adversas o huelgas, o siempre que haya una escalada de la amenaza terrorista. 
Me gustaría añadir que los pasajeros no deben ser tratados como un mal necesario cuando se producen estas situaciones, que es lo que lamentablemente sucede en la actualidad. 
Quiero comentar brevemente varios asuntos fundamentales. 
En vista de la política de «cielos abiertos» , creo que sería conveniente aumentar el número de aeropuertos en los Estados miembros que sirven de plataformas para los vuelos internacionales a fin de facilitar el transporte tanto de pasajeros como de mercancías. 
Cuando proceda, habría que destinar fondos de la UE para modernizar aeropuertos, y me complace que se haya hecho un anuncio a este respecto. 
En segundo lugar, es preciso ofrecer un nivel similar de servicios a los ciudadanos europeos a la hora de facturar en cualquier aeropuerto y lo mismo se aplica a la cultura de servicio y a los vuelos con destino fuera de la UE. 
En tercer lugar, hay que garantizar las debidas condiciones para los pasajeros con discapacidades, tanto dentro como fuera de la UE, y, de hecho, hace unas semanas celebramos un debate sobre esta cuestión. 
En cuarto lugar, la Comunidad en su conjunto debería participar en las negociaciones de asuntos como las tasas de sobrevuelo de territorio ruso. De hecho, habría que suprimir estas tasas sin demora. 
En quinto lugar, mi propuesta es que todos los aviones utilizados por aerolíneas de la UE, independientemente de dónde se fabriquen, utilicen soluciones tecnológicas similares para garantizar la seguridad de los pasajeros. 
Me gustaría concluir diciendo que hay que instar a las compañías aéreas a que aceleren su cooperación mutua. 
Esta cooperación debe incluir la flexibilidad de precios y horarios, dado que el objetivo es lograr que los pasajeros se sientan como si fueran el centro de atención de las actividades de las aerolíneas y no como una mercancía más, como a veces ocurre. 
Señor Presidente, señor Comisario de Transportes, Señorías, intervengo aquí como ponente designado por el Grupo del PPE-DE para el informe que trata sobre las relaciones de la Unión Europea con Rusia y China en el ámbito del transporte aéreo. 
Quisiera reiterar aquí de nuevo las conclusiones que ya formulamos en su momento en la Comisión de Transportes y Turismo. 
En primer lugar, quiero felicitar a los ponentes, tanto al señor El Khadraoui como al señor Zîle. 
Creo, señor Zîle, que su trabajo ha sido absolutamente positivo, pues nos ha permitido a todos los Grupos parlamentarios entender el alcance de esta propuesta y la necesidad de crear un verdadero espacio aéreo común para consolidar nuestra posición en el mundo. 
La Unión Europea debe estrechar lazos con sus socios, entre los que se encuentran Rusia y China. 
Rusia, Señorías, constituye para la Unión Europea una prioridad, no solo como país vecino, sino también por una serie de motivos que le son propios, tanto en el plano económico como político. 
Con el 75 % del tráfico exterior de pasajeros dirigido hacia la Comunidad Europea, la Unión Europea debe ser capaz de presentar a nuestros interlocutores rusos una propuesta que contemple en el futuro un acuerdo global en el sector de la aviación, que, entendemos, debe desarrollarse por fases y una vez resuelta la problemática del pago de derechos de sobrevuelo de Siberia. 
Este último aspecto, Señorías, constituye un verdadero escollo para el inicio de las negociaciones y entendemos que la Unión Europea debe mantener una posición muy firme y de exigencia frente a nuestros colegas rusos. 
En este sentido, nos congratulamos de las palabras expresadas aquí esta mañana por el Comisario Barrot. 
Por lo que respecta a China, somos partidarios de alcanzar, igualmente, un acuerdo global, puesto que las oportunidades de mercado que presenta China para la Unión Europea son inmensas. 
Se prevé que el gigante chino registre en los próximos años un crecimiento sostenido en el sector de la aviación comercial de entre aproximadamente el 9 % y el 15 %. 
China está acometiendo, además, un proceso de reforma y liberalización en su sector de aviación, facilitando las inversiones extranjeras y emprendiendo un programa significativo de construcción de aeropuertos. 
No obstante, para iniciar con éxito las negociaciones con nuestros socios chinos, China debe, también, en primer lugar, alcanzar un acuerdo horizontal con la Unión Europea y debe resolver la problemática del sobrevuelo de Siberia, paso obligatorio de las compañías europeas para llegar a China. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías, me gustaría, en primer lugar, aprovechar la oportunidad para felicitar sinceramente a los ponentes por el trabajo que han realizado. 
La reforma del transporte aéreo internacional debe permitir asimismo, en mi opinión, la creación de un espacio aéreo común con normas uniformes. 
Consideraciones como la eficiencia y la seguridad de los vuelos no son solo una contribución a la política de vecindad de la UE, sino que también benefician en buena medida a nuestros propios intereses. 
Por tanto, en aras de nuestra propia seguridad, es de vital importancia que incorporemos normas de seguridad aérea en cualquier nuevo acuerdo sobre tráfico aéreo con terceros países, ya que esta es la única forma de evitar catástrofes aéreas en el futuro y de garantizar un alto nivel de seguridad uniforme. 
Tenemos que considerar, no obstante, la posibilidad de apoyar a aquellos Estados que no pueden cumplir estas normas técnicas. 
Lo importante no es solo el cumplimiento de las normas comunes en el ámbito de la seguridad aérea, sino también, y por encima de todo, las normas en materia de política social y ambiental. 
Se hacen pocas referencias, si es que se hace alguna, a estas normas en los acuerdos bilaterales actualmente en vigor. 
En ningún caso se puede lograr la apertura del espacio aéreo en detrimento de los trabajadores que, en terceros países, trabajan con condiciones sociales y de seguridad menos estrictas. 
Esta situación también representaría en última instancia un riesgo para la seguridad, ya que estos trabajadores estarían realizando su trabajo en condiciones intolerables. 
Si para todos los que participan en el mercado se aplican las mismas normas, entonces no habrá posibilidad alguna, en el futuro, de que la seguridad aérea peligre como consecuencia del dumping social. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente, Señorías, por supuesto, no puedo más que estar de acuerdo con los miembros de mi propio Grupo que ya han intervenido y quisiera dar las gracias a los dos ponentes. 
Hay un punto particular que me gustaría destacar. 
Es muy positivo que se haya llegado a un acuerdo a este respecto en la Cámara y con la Comisión, y estoy muy satisfecho. 
Sin embargo, me gustaría señalar que no todos los Estados miembros tienen la misma opinión favorable que nosotros de esta noción de una política común en materia de aviación en beneficio de nuestras compañías aéreas, de sus trabajadores y de los viajeros, y hay aerolíneas que a menudo se muestran más deseosas de que en las negociaciones con terceros países las represente su Gobierno nacional en lugar de la Comisión. 
Por este motivo, debemos asegurarnos de que las negociaciones de la Comisión con terceros países como, por ejemplo, los Estados Unidos, muestren a los Estados miembros que una política europea común en materia de aviación es preferible a 25 políticas diferentes en lo que respecta a terceros países. 
No debemos perder nunca de vista esta idea. 
Estamos convencidos de que es beneficioso para el sector, sus trabajadores y los pasajeros de las aerolíneas aspirar a una política única en lo que a las negociaciones con terceros países se refiere. 
No obstante, todavía tenemos que convencer a algunos Gobiernos de esto. 
Señor Presidente, querría comenzar felicitando a los dos ponentes, el señor Zîle y el señor El Khadraoui. 
A este último querría felicitarle por su acertadísimo trabajo, especialmente pertinente como hito en el camino de la construcción de los cielos abiertos entre la Unión Europea y terceros países, que nos permite precisamente reflexionar ahora sobre los logros obtenidos y los desafíos que restan y que exigen determinadas condiciones de equidad sociales y medioambientales. 
Asimismo, me gustaría felicitar al Comisario, que con admirable diligencia aprovecha con éxito el mandato comunitario y que, superando poco a poco el bilateralismo obsoleto y cada vez menos eficaz, nos permite llevar adelante la iniciativa que a menudo comporta una ventaja negociadora de credibilidad dentro de la construcción de los cielos abiertos europeos. 
En ese sentido, su especial referencia al paso de compañías nacionales a compañías europeas es enormemente esperanzadora. 
Subrayo, sin embargo, algunos aspectos que nos preocupan; principalmente la demora en el acuerdo con los Estados Unidos. 
Sabemos que es una conocida práctica dilatoria en la negociación: creyendo obtener mayores ventajas, finalmente debe acercarse o sumarse al resto. 
El Protocolo de Kioto nos lo ha demostrado. 
Le animamos, por lo tanto, a reforzar este frente. 
Por otra parte, quiero hacer hincapié en la necesidad de superar la bilateralidad en la negociación con Rusia y, desde luego, su inaceptable política de sobretasas, completamente contraria a la normativa internacional. 
Son aprendizajes que, evidentemente, también deberemos aplicar a la negociación en curso con China. 
Asimismo, desearíamos que la Agencia Europea de Seguridad Aérea reforzada encontrase una vía de coordinación resuelta e inequívoca con Eurocontrol, para que no trascienda una aparente pugna entre ambos, que puede resultar contradictoria. 
Por último, quisiera decir que, en el caso de la aplicación que se está haciendo en los acuerdos o la exigencia de normas mediambientales y legislación sobre derechos sociales, desearíamos que en esa negociación aparezcan, cada vez más, las normas internacionales más cercanas a las normas de mayor rango europeas, es decir, una estandarización al alza. 
En este sentido, desearía que el Comisario nos informase sobre la situación en la que se encuentra la conversión de los JAR OPS en los EU OPS, es decir, toda la normativa de tiempo de vuelo y tiempo de descanso tras el acuerdo obtenido en el Consejo, que nos parece también importante en el marco de la negociación de la política exterior de la Unión en el ámbito aéreo. 
– Señor Presidente, el informe de propia iniciativa del señor Zîle nos ofrece una visión exhaustiva de las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular China y Rusia en el ámbito del transporte aéreo. 
Sin embargo, lo que importa son las diferencias que existen en lo referente a los vuelos sobre el territorio de los dos países en cuestión. 
Tal como señala acertadamente el ponente, por un lado, tenemos el proceso de desarrollar, modernizar y liberalizar la aviación civil china, que ya está bastante avanzado; por otro, sin embargo, en el caso de Rusia, siguen existiendo problemas, principalmente el hecho de que, contraviniendo la legislación en materia de competencia, todos los esfuerzos de gestión y control del tráfico aéreo se están destinando a subvencionar a las aerolíneas rusas. 
En ambos casos se considera que las intervenciones del Comisario Barrot son catalíticas, aunque de momento, en el segundo caso, quedan cuestiones pendientes de solución. 
En el caso de la República Popular China, me complacen sus progresos, especialmente en lo que se refiere a su adaptación a las normas de buena cooperación con la Unión Europea, cuyos principales ejemplos son la apertura por parte de las autoridades de sus pasillos aéreos a las empresas europeas, a fin de dar pleno servicio a los pasajeros y facilitar la libre circulación de mercancías aumentando el número de vuelos. 
Como miembro de la delegación para las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular China, acojo con satisfacción la posición general del Comisario, especialmente la acción emprendida por el Comisario Barrot con vistas a la conclusión de acuerdos sobre vuelos, aunque me gustaría señalar que, para el Parlamento, sería lógico tener acceso a las condiciones del mandato de negociación que la Comisión solicita al Consejo en el caso de China. 
Por último, estoy de acuerdo con el ponente en que no deberíamos concluir un acuerdo global con Rusia a menos que se encuentre una solución al problema de los sobrevuelos de Siberia que contemple la abolición de las tasas de sobrevuelo. 
Espero que lleguemos al más armonioso de los acuerdos, porque ambas partes, Rusia y la Unión Europea, se necesitan mutuamente en aras del interés general de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, me gustaría hacer tres comentarios. 
El primero es que, aunque aplaudimos la decisión de la Comisión de avanzar hacia una ampliación gradual de los acuerdos comunitarios con terceros países, ante los efectos de gran alcance sobre el sector del transporte en su conjunto, sobre el medio ambiente y la competencia y el mercado interior, me veo obligado a instarle a que considere si la política exterior en relación con el transporte aéreo no debería someterse realmente al procedimiento de codecisión. 
En segundo lugar, lo que esperamos de la Comisión no es solo que exponga su enfoque estratégico, sino también que elabore una lista de países con los que es prioritario suscribir un acuerdo y que se empeñe en ello. 
El Comisario ha esbozado antes brevemente cómo podría ser esto. 
En tercer lugar, todos los acuerdos deben guiarse por el principio según el cual la principal prioridad debe ser la apertura mutua de los mercados en pie de igualdad; hay que tener en mente en las actuales negociaciones con Rusia y China que, si el problema con Rusia relacionado con las tasas de sobrevuelo no se solventa antes, la conclusión de un acuerdo con China sería contrario a la obligación de reciprocidad, ya que las condiciones que Rusia impone a China no son las mismas que las impuestas a las aerolíneas europeas y esto es algo que no podemos aceptar. 
– Señor Presidente, yo también deseo adherirme a los diputados que han resaltado el excelente trabajo de los ponentes, el señor El Khadraoui y el señor Zîle. 
Comparto el punto de vista del ponente acerca de la necesidad de desarrollar una política exterior de la UE en el sector de la aviación. 
Sin embargo, además de esa política, debemos ser capaces de desarrollar acuerdos bilaterales en materia de aviación con terceros países, pues muchos de nuestros socios tienen dificultades para someterse a los acuerdos comunes de la Unión. 
No obstante, quiero subrayar que tales acuerdos bilaterales deben ser un añadido y complemento de la política comunitaria en el sector de la aviación, y no sustituirla. 
Y sobre todo hay que asegurar el normal funcionamiento del tráfico aéreo sin inútiles enfrentamientos mientras negociamos. 
Como ha afirmado el ponente, hemos comprobado las dificultades de negociar un acuerdo integral con Rusia. 
Las tasas impuestas a los vuelos que atraviesan su territorio son claramente contrarias al derecho internacional y no se pueden aceptar. 
Es triste, pero cierto: parece que Rusia siempre va a utilizar su espacio aéreo con fines estratégicos. 
No creo que nos libremos de esas cargas aunque Rusia dejara de cobrar tasas de sobrevuelo. 
En la Unión Europea pagamos cada año unos 250 millones de euros por este concepto. 
Por desgracia, la mayor parte de ese dinero acaba en las cuentas de la compañía aérea rusa Aeroflot. 
Esto también es malo para la competencia en Europa. 
En el caso de Finlandia, estas cargas son significativas, pues la única ruta realista que tiene para volar a Asia pasa por encima de Siberia. 
Debemos asegurar la igualdad de condiciones para todos los operadores de la UE. 
Hoy no existe, pues esas tasas a menudo son arbitrarias y difieren de una compañía aérea a otra. 
Mientras que Rusia parece preferir la cooperación bilateral, celebro observar una actitud más abierta por parte de China. 
Espero que el Consejo esté de acuerdo en iniciar las negociaciones con este país y dar a la Comisión el mandato necesario para lograr un acuerdo común en materia de aviación. 
Por último, al establecer unas condiciones económicas y legislativas sostenibles para el tráfico aéreo con Asia, revitalizaríamos también la industria aérea europea y nos aseguraríamos la posibilidad de ofrecer rutas y conexiones de vuelo eficientes, incluso entre las regiones más distantes y menos pobladas de Europa, como puede ser el norte de Finlandia. 
. Señor Presidente, gracias a los diputados que han tenido a bien intervenir sobre los excelentes informes de los señores El Khadraoui y Zîle. 
Con sumo gusto les confirmo, en esta ocasión, mi intención de informar con toda regularidad al Parlamento sobre las orientaciones estratégicas de nuestra política de negociaciones internacionales. 
Una vez más, gracias a los dos ponentes por su excelente trabajo. 
El potencial de desarrollo del sector aéreo es considerable y forma parte integrante de nuestra política de transporte. 
Evidentemente, celebro su amplísimo apoyo a la convergencia reglamentaria, que como objetivo va de la mano de la apertura de los mercados. 
Con algunos socios que no ofrecen garantías suficientes para un entorno comercial eficaz y equitativo, la convergencia reglamentaria es prioritaria. 
La apertura de los mercados solo puede realizarse de forma progresiva cuando se requiere un enfoque prudente. 
A veces, debemos dar incluso muestras de firmeza. 
Ya es así, y lo será cada vez más con Rusia en relación con el sobrevuelo de Siberia, como acaba de subrayar la señora Kauppi, aparte de que dicho sobrevuelo ha sido objeto de tasaciones arbitrarias. 
Por tanto, celebro que apoyen con toda claridad este punto. 
Quiero prestar mucha atención a las cuestiones de protección y seguridad, que a veces se plantean con gran intensidad en este sector. 
Aparte de la competencia, debemos estar atentos al pleno respeto de las normas sociales y ambientales. 
A este respecto, quiero decir al Parlamento que el hecho de disponer de una estrategia europea y poder firmar acuerdos horizontales representa una ventaja, porque nos permite influir en el Derecho internacional de la aviación civil. 
Una Europa unida es mucho más capaz de conseguir que evolucionen ciertas normas, que avancen hacia una mayor calidad, tanto para el medio ambiente como por lo que respecta a la dimensión social. 
A este respecto, permítame comunicarle, señora Kauppi, que el texto de las «normas de funcionamiento» está siendo ultimado actualmente con vistas a la adopción de una posición común en el Consejo. 
Los juristas-lingüistas deben traducir el texto y después está previsto remitirlo al Parlamento, hacia marzo o abril, para la segunda lectura. 
Por último, quisiera decir que los avances en la negociación sobre los «cielos abiertos» con los Estados Unidos deberían dar el impulso necesario al enfoque comunitario resultante de la decisión del Tribunal de Justicia. 
En este terreno es prematuro hacer una evaluación exacta de la situación: esperamos que se aclare más la nueva interpretación del Ministerio de Transportes estadounidense sobre las normas de control de las compañías aéreas. 
Pero es cierto que hemos avanzado mucho, en particular en la convergencia reglamentaria, en la que hemos llegado prácticamente a un acuerdo. 
Espero que esta negociación dé un impulso resuelto y decisivo al enfoque comunitario, que por supuesto es muy preferible a los acuerdos bilaterales, que nunca tendrán la misma eficacia para la industria europea. 
Esto es una buena ilustración del hecho de que, en algunos terrenos, estaría muy bien que la Unión hablara con una sola voz. 
Como comprenderán, señor Presidente, agradezco de forma muy especial al Parlamento que apoye firmemente a la Comisión en esta estrategia de fomento de un estilo de negociación específicamente europeo, que en mi opinión ha de beneficiar a cada uno de los Estados miembros, así como al conjunto de la industria europea. 
Gracias a los ponentes y al Parlamento por haberse interesado por este aspecto de las relaciones exteriores y de nuestras negociaciones internacionales, que adquirirá una importancia cada vez mayor, dado el lugar creciente que la industria aeronáutica está llamada a ocupar en el mundo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
– Señor Presidente, quisiera que hiciera llegar al Presidente Borrell nuestra gratitud por sus amables palabras de ayer en homenaje a nuestro colega Phillip Whitehead. 
Sé que hablo no solo en nombre de mi delegación, sino de todo el Parlamento Europeo, pues la honrada y juiciosa concepción de la política de Phillip le procuró muchos amigos en esta Cámara. 
Mi delegación ha colocado a la entrada de la Cámara un libro de condolencias, en que esperamos que diputados de todo el Parlamento tengan la bondad de estampar sus recuerdos de Phillip. 
Entregaremos este libro de condolencias a su familia en su funeral, que tendrá lugar en la Catedral de Derby el 29 de enero. 
Mi oficina facilitará los detalles a todos los diputados que deseen asistir. 
– Gracias, señor Titley, creo que nuestros colegas y amigos habrán tomado buena nota de esas citas desgraciadamente tan tristes. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
– Con esto concluye la primera sesión de votaciones del año 2006. 
La delegación de en el Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación sobre el informe Brok porque considera que los siguientes puntos constituyen requisitos indispensables para la adhesión de Croacia a la Unión Europea: 
1. 
Solicitar la suspensión de las negociaciones de adhesión a la UE mientras que las autoridades croatas mantengan la prohibición que impide a los ciudadanos comunitarios de nacionalidad italiana acceder al mercado inmobiliario, en evidente contradicción de los principios del acervo comunitario; 
2. 
Solicitar, como condición para la adhesión de Croacia, la plena compensación por las propiedades confiscadas a miles de ciudadanos de origen italiano expulsados de territorio croata desde 1946; 
3. 
Solicitar a las autoridades croatas que acepten su responsabilidad, actualmente demostrada y documentada históricamente, por las deportaciones, atrocidades, masacres y limpieza étnica perpetradas contra miles de personas de origen italiano por el régimen comunista desde 1946. 
. Como ponente en la anterior legislatura sobre las relaciones con la República de Corea en el campo de la ciencia y la tecnología, reconozco la importancia que tienen para Europa las relaciones con esta pujante potencia económica en Asia. 
Por eso, acojo con satisfacción este informe y le doy mi apoyo, pues amplía nuestro acuerdo marco de comercio y cooperación a los nuevos Estados miembros de la UE. 
Ya contamos con un mecanismo para trabar lazos cada vez más fuertes entre la Unión Europea y la República de Corea. 
Lo importante ahora es usarlo. 
. 
He votado a favor de este informe que nos ocupa a la luz de las cuestiones que plantea, a saber, la verdadera magnitud financiera de las dificultades a las que se enfrentan las Maldivas tras la tragedia acontecida hace poco más de un año, que agravan los problemas anteriores del país, y a la luz de la responsabilidad del Parlamento Europeo en este terreno, en términos técnicos, que difiere de la responsabilidad de las instituciones financieras. 
. Está claro, y espero que nadie lo discuta, que las Maldivas deben estar incluidas en la lista de países que pueden acogerse a nuestra ayuda tras la catástrofe del tsunami de 2004. 
He apoyado con satisfacción esta propuesta y espero que podamos ponernos en marcha lo antes posible para prestar una ayuda útil y práctica a ese país. 
Señor Presidente, el informe Catania sobre la ciudadanía de la Unión, que acabamos de rechazar hace un momento, puede tener el privilegio de ser uno de los textos más incoherentes y precipitados que esta Cámara jamás haya elaborado, que ya es algo. 
En resumidas cuentas, este informe concede el derecho general de voto en todas las elecciones a cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio de forma más o menos legal. 
No se tienen en cuenta la voluntad de integración ni el dominio lingüístico ni las condiciones de nacionalidad. 
Por decirlo en pocas palabras, a los extranjeros se les conceden todos los derechos, pero ninguna obligación. 
Esto era realmente una locura. 
Este ha sido el trabajo de un puñado de ideólogos ciegos que se han negado a reconocer la realidad del modelo multicultural que ha fracasado por completo. 
Asimismo, la soberanía de nuestros Estados miembros ha salido muy mal parada en este informe. 
La ciudadanía nacional y todos sus derechos inherentes, incluido el derecho de voto, deben seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Europa no debe meterse en esto. 
Tenemos todo el derecho y todas las razones para rechazar este absurdo informe. 
– Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar mi más profunda decepción por el hecho de que el informe Catania no haya sido aprobado por el Parlamento. 
En ocasiones podemos ver tendencias progresistas en el Parlamento, aunque en otras ocasiones predominan tendencias decididamente conservadoras. 
Lamento profundamente que mi propio Grupo se haya dividido en la votación sobre este informe, que debería haber sido aceptado según el espíritu más auténticamente liberal. 
Es cierto que la ciudadanía europea está «en progreso» y que es complementaria a la ciudadanía de los Estados miembros, pero se trata de un objetivo que deberíamos intentar conseguir mediante acciones políticas. 
De este modo, Europa debe dotarse de la dignidad que se merece, intentando interpretar del mejor modo posible las nuevas necesidades y los nuevos derechos de ciudadanía que emergen, en cualquier caso, incluso antes de que el derecho se haga cargo de ellos. 
Por este motivo, al explicar mi decepción por el rechazo del informe, deseo expresar toda mi solidaridad al señor Catania, con el que he colaborado y cuyas enmiendas también he apoyado. 
Señor Presidente, doy la explicación de voto en nombre de la delegación del Partido Popular austriaco. 
Creemos que el informe Catania sobre el cuarto informe de la Comisión relativo a la ciudadanía de la Unión es completamente desacertado. 
En un momento en el que la inmensa mayoría de la población mira con escepticismo gran parte de lo que pasa en la UE, la cuestión de la ciudadanía debe abordarse con más seriedad. 
Resulta lamentable que este informe no haga más que debatir la situación de los inmigrantes y no tenga nada que decir sobre las necesidades de los ciudadanos de Europa. 
Me gustaría dejar claro que los que aspiran a entrar en la Unión Europea procedentes de terceros países, a saber, inmigrantes o solicitantes de asilo, se merecen que se les tome más en serio y se les respete más que en este informe, y por ese motivo hemos votado en contra del mismo. 
Mi Partido apoya firmemente las medidas que contribuyan a armonizar al alza los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos de los Estados miembros. 
Respaldo plenamente los elementos del informe Catania que hacen hincapié en los derechos de los trabajadores inmigrantes, en particular sus derechos civiles y políticos en materia de ciudadanía y participación electoral. 
El Sinn Féin cree firmemente que los trabajadores inmigrantes deben tener pleno acceso a los derechos civiles y humanos y que los Estados miembros deben aplicar un proceso justo e igualitario que permita naturalizar a los trabajadores inmigrantes que deseen utilizar estos mecanismos. 
Me he abstenido en la votación final sobre el informe elaborado por el señor Catania sobre el Cuarto informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión (A6-0411/2005) , porque la política del Sinn Féin considera que las cuestiones de ciudadanía, elecciones y participación política son asuntos que competen principalmente a las instituciones gubernamentales de cada Estado miembro. 
. – Nada en el informe del señor Catania sobre la ciudadanía europea merece nuestro apoyo. 
Pero hay dos propuestas especialmente chocantes. 
En primer lugar, la petición de una ciudadanía de la Unión Europea que incluya el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, nacionales y europeas para todos los residentes en un país, independientemente de su nacionalidad. 
Después, la exigencia de una armonización de la legislación en materia de nacionalidad de los Estados miembros, con el pretexto de que las diferencias generan discriminaciones para los no europeos en el acceso a la ciudadanía europea, tal como se define hoy en los Tratados. 
¿Hasta dónde llegará el delirio? 
El único acceso posible a la ciudadanía de un país es tener la nacionalidad de ese país. 
Las condiciones que deban reunirse para acceder a la nacionalidad de un Estado son competencia exclusiva del poder soberano de ese Estado. 
Conceder el derecho de voto a extranjeros independientemente de su nacionalidad equivale a conferirles un doble derecho, el que pueden ejercer en el país de acogida y el que pueden seguir ejerciendo en su país de origen. 
Por tanto, se trata en realidad de una medida injusta. 
Ser el huésped de alguien no da derecho a inmiscuirse en sus asuntos. 
Por todas estas razones, es una suerte que este informe haya sido rechazado. 
El informe tiene por objeto reforzar la ciudadanía de la Unión independizándola de la ciudadanía nacional y exigiendo normas armonizadas para la concesión de la ciudadanía nacional. 
Sin embargo, nosotros, por nuestra parte, consideramos que la ciudadanía es una de las piedras angulares de la soberanía de los Estados nacionales y que cada Estado miembro debe ser libre de tomar sus propias decisiones sobre la concesión de la ciudadanía. 
Por supuesto, existen muchos argumentos a favor de reformar las normas relativas a la adquisición de la ciudadanía nacional tras un periodo bastante largo de residencia continua en un país y en relación con la oportunidad de votar y presentarse como candidato en elecciones locales, regionales y nacionales. 
La cuestión de la ciudadanía de los Estados miembros es, sin embargo, exclusivamente competencia de los países afectados que aplican su propia legislación. 
Depende de cada Estado miembro crear las condiciones en las que se adquiere o se pierde la ciudadanía, así como el efecto que debe tener esta. 
La Unión Europea no tiene competencias a este respecto. 
La ciudadanía de la Unión está, por tanto, sometida a la ciudadanía nacional y, de este modo, debe ser definida por las leyes nacionales en esta materia. 
Asimismo, el informe contiene una serie de formulaciones relativas a la introducción de un impuesto europeo, listas europeas uniformes de partidos para las elecciones al Parlamento Europeo, la importancia de una Constitución Europea en la consolidación de la solidaridad europea y unas bases comunes para la incorporación de la dimensión europea en los programas escolares. 
. – El concepto de «ciudadanía de la Unión» , que ni siquiera tiene el calificativo de europea, es una máquina de destruir nuestros derechos nacionales a la identidad y la soberanía. 
El informe del señor Catania nos ofrece una demostración de ello, pues quiere imponer un vasto conjunto del que habrán desaparecido los franceses, los polacos, los españoles, los italianos, los alemanes o los británicos, sustituidos por «ciudadanos de la Unión» , que gozarían, en particular, de los mismos derechos políticos. 
Así, el apartado 17 del informe, que pide a los Estados miembros que concedan el derecho a votar y presentarse candidato en las elecciones nacionales a todo residente «ciudadano de la Unión» , «sin distinción de nacionalidad» , permitiría a un checo establecido en Francia participar en la elección del Presidente de la República. 
Este derecho de voto se extendería incluso a los inmigrantes extraeuropeos, puesto que el artículo 18 propone extender a «los nacionales de terceros países que residan en la UE los mismos derechos de los ciudadanos de la Unión.» 
Los pueblos europeos, amenazados de inundación por una inmigración planetaria, no necesitan una ciudadanía europea, sino la reafirmación de sus derechos nacionales. 
En particular, son cada vez más los franceses que exigen una reforma del Código de la nacionalidad basada en el principio de «ser francés se hereda o se merece». 
. – Justo cuando Europa atraviesa una crisis tanto de representación, concretada en particular en el rechazo francés y neerlandés a la Constitución europea, como de participación democrática, con una generalización creciente de la abstención en las elecciones europeas, no cesa, año tras año, y ello desde el Tratado de Maastricht de 1992, de querer hacernos tragar a la fuerza la píldora de la ciudadanía europea. 
Se trata, una vez más, de una máquina de triturar naciones e identidades nacionales para acabar sustituyéndolas por una identidad europea. 
Este nuevo «paquete» , directamente salido de las altas esferas burocráticas de los eurofederalistas, participa plenamente en el proceso de inundación y de inmigración-invasión deseado por la Comisión. 
Porque el derecho de todo ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros está concebido como el derecho central de la ciudadanía europea. 
Se comprenden, por tanto, los esfuerzos de Bruselas por simplificar y flexibilizar las modalidades de entrada y residencia en el territorio europeo, ya que condicionan la adquisición de esta nueva ciudadanía. 
La dictadura de la estupidez destruye sistemáticamente los valores y las identidades nacionales. 
No hay duda de que hay que ser valientes hoy para declarar y defender una conciencia nacional. 
. Hemos votado a favor del informe siendo conscientes de que algunos elementos del texto no deberían figurar en el mismo, como los que se refieren a la ciudadanía de la UE, la actitud favorable a la Constitución de la UE, la elección de algunos diputados al PE sobre la base de listas transnacionales, la propuesta sobre el impuesto europeo, etc. 
Hemos votado en contra de estos elementos del texto, pero finalmente hemos dado nuestro voto favorable al informe en aras de la mejora de la situación de los inmigrantes en Europa. 
Recordamos que se trata de un informe de iniciativa propia sin consecuencias jurídicas. 
. Acojo con satisfacción el informe sobre la ciudadanía de la UE en relación con los nacionales de terceros países. 
La cuestión fundamental del informe es que los ciudadanos de la UE deben poder votar en las elecciones nacionales de un Estado miembro distinto del suyo, siempre que residan en el mismo. 
Lamento que el informe haya sido rechazado, ya que era un buen informe. Sin embargo, me he abstenido de votar sobre las enmiendas a las partes 1 y 2 del apartado 11, a las partes 1 y 2 del apartado 12 y a los apartados 13, 21 y 28, al considerar que, hoy por hoy, iban demasiado lejos. 
. De la baja participación electoral, de los mensajes negativos emitidos por los referendos y de la creciente frustración con la UE se desprende que no nos vamos a ganar a los ciudadanos europeos ofreciéndoles un himno o una bandera comunes. 
Más allá de interesarse por cómo se presenta la UE a sí misma –por ejemplo, mediante un proyecto de constitución–, los ciudadanos están más preocupados por sus logros y sus fracasos. 
La consolidación de la ciudadanía de la Unión no hará que los euroescépticos se conviertan en los entusiastas que algunos querrían; esto no será así mientras carezcamos de normas mínimas europeas para la concesión de la ciudadanía y mientras no consigamos frenar los abusos del sistema de asilo. 
Los atentados de Londres, el asesinato del director Theo van Gogh y las luchas callejeras en Francia son ejemplos del hecho de que debemos, en el futuro, examinar con detenimiento las solicitudes de ciudadanía en función de la capacidad de integración del solicitante en la cultura mayoritaria. 
La negativa de los musulmanes de Europa a aceptar el ordenamiento jurídico y cultural europeo es un hecho que la UE no puede pasar por alto con el pretexto del «multiculturalismo». 
Asimismo, hay que poner fin a la práctica de las legalizaciones masivas, por las que millones de inmigrantes europeos se han convertido en «europeos» , y es necesario que el sistema de información de Schengen pueda indicar en el futuro cuándo hay embajadas en las que se aplica un enfoque de concesión masiva de visados de entrada. 
Mientras el Acuerdo de Schengen siga siendo ineficaz y no logremos hacer frente al problema de las sociedades paralelas, mientras no podamos garantizar la protección de nuestros ciudadanos europeos autóctonos, mientras se mantenga esta situación, el sueño de la ciudadanía de la Unión podrá seguir siendo prescindible. 
. 
Las cuestiones planteadas por este informe son muy interesantes y merecen un debate exhaustivo. 
Sin embargo, me gustaría señalar que no compete al Parlamento –ni a ninguna de las instituciones europeas– celebrar este debate en primera instancia. 
La adquisición de la ciudadanía es una cuestión exclusivamente nacional, una piedra angular de la soberanía de cada Estado miembro y, en mi opinión, no es negociable. 
No comparto buena parte de las premisas y conclusiones del informe y, por tanto, he votado en contra. Me gustaría por tanto que se rechazara el informe. 
Es un derecho humano poder participar de forma activa en el proceso democrático y estamos trabajando con ahínco para crear una situación en la que todo el mundo tenga este derecho. 
Sin embargo, no se puede justificar el hecho de que la UE utilice este principio para lograr sus propias ambiciones y para apoderarse del control de las estructuras democráticas de los Estados miembros y aumentar así sus poderes. 
El presente informe trata de la ciudadanía, una cuestión muy controvertida. En general, considero que estas cuestiones deben ser competencia exclusiva de los Estados miembros y que todos los derechos de la UE emanan de la ciudadanía de los Estados miembros. 
Sin embargo, este informe, que no es vinculante, intenta buscar formas de animar a los Estados miembros a que fijen normas de equidad y justicia, ya que existen casos de algunos Estados miembros que dan un trato deplorable a las minorías. 
El rechazo final de este informe es reflejo, en mi opinión, de una decisión madurada por parte del Parlamento, aunque sigo pensando que es necesario examinar estas cuestiones, que no tardarán en volver a plantearse en esta Cámara. 
. – La «ciudadanía europea» es un engendro ideológico carente de valor práctico, dado que la ciudadanía la conceden los Estados miembros. 
El papel que el informe intenta conferir a la ciudadanía «europea» tiene meramente características ideológicas y crea la falsa impresión de un «ciudadano europeo» inexistente en un «territorio político y cultural» único, de modo que parece como si no hubiera vuelta atrás de una UE imperialista y reaccionaria. 
Básicamente, el informe trata de introducir por la puerta de atrás aspectos de la reaccionaria Constitución europea rechazada por los ciudadanos de la UE, como el cobro directo de impuestos de los ciudadanos europeos por la UE, la consolidación de partidos europeos, papeletas de voto supranacionales y así sucesivamente. 
La suntuosidad europeísta que predomina en el informe es tal que se atreve –y esto no tiene precedentes en ninguna parte del mundo– a establecer el derecho a adquirir la inexistente ciudadanía «europea» de personas que han sido residentes «durante un periodo prolongado» y que, sin embargo, se verán privadas de ciudadanía y de derechos en los países en los que residen. 
Nosotros apoyamos sin reservas a los inmigrantes y estamos luchando a favor de la salvaguarda y la ampliación de plenos derechos políticos y plenos, como el derecho a votar y a presentarse como candidato a las elecciones, el pleno empleo, el salario, los derechos de seguridad social y pensión, la concesión de la ciudadanía a personas que han sido residentes durante un periodo de tiempo prolongado y así sucesivamente. 
Sin embargo, la adquisición de estos derechos no tiene nada que ver con la capciosa ideología de la «ciudadanía europea» ; este es el campo de batalla del movimiento popular en todos los Estados miembros y en Europa. 
Hemos apoyado plenamente, por supuesto, el informe de la señora Prets y también estamos muy satisfechos con las mejoras considerables aportadas por las enmiendas. 
En el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea nos preocupaba particularmente que quedara claro que los clientes de las prostitutas deben enfrentarse a sanciones sin son conscientes de que la prostitución es forzada. 
Nuestra intención a este respecto es que habría que poner de manifiesto que contra la prostitución forzada no solo hay que luchar con la ley en la mano, sino que la sociedad en su conjunto también debe considerarla un acto deleznable, y nos complace particularmente el hecho de que esta Cámara haya tomado nota de nuestra iniciativa del 8 de marzo contra la prostitución forzada durante la Copa del Mundo de fútbol, que se va a disputar en Alemania este año. 
Nuestra intención es dejar claro que hay que mostrar la tarjeta roja a la prostitución forzada y para jugar limpio tendremos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por erradicarla. 
Espero que esta Cámara envíe un mensaje claro en relación con los acontecimientos deportivos, ya que solo podemos luchar contra la prostitución forzada lanzando un mensaje claro a todos los estratos sociales y no solo mediante iniciativas legislativas, y el auge de la prostitución forzada nos debe animar a comprometernos en la lucha contra ella. 
Señor Presidente, la trata de seres humanos, que es una práctica muchos más lucrativa que el tráfico de armas y de drogas, se ha visto beneficiada por la desintegración de las estructuras estatales en una sociedad multicultural, la transición a una economía de mercado en los Estados de Europa del Este, el consiguiente impulso de la corrupción y de las organizaciones criminales y la inmigración masiva provocada por la apertura de fronteras. 
Puesto que las víctimas se encuentran demasiado avergonzadas o atemorizadas para testificar y dado que la mitad de las mujeres y menores víctimas del tráfico que regresan a su hogar vuelven a ser objeto de estas prácticas, los autores generalmente salen impunes. 
De este modo, el tipo de acción preventiva que necesitamos conlleva la educación de las víctimas en una fase lo más temprana posible y la sensibilización de la sociedad frente a este problema. 
No solo eso, sino que también, a largo plazo, deben aplicarse sanciones severas a los casos de pedofilia en la UE y la trata organizada de seres humanos debe ser castigada incluso con mayor dureza. 
. El Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra del informe Prets sobre la trata de mujeres y niños debido a la naturaleza de los artículos que contiene. 
Nos oponemos firmemente a la trata de personas y a la esclavitud, pero no creemos que sea competencia de la UE interferir en cuestiones internas de los Estados miembros y, en particular, no consideramos que la UE deba establecer una política en materia de prostitución. 
Todos los puntos mencionados en el informe ya están regulados en la legislación británica y son estas leyes las que deberían aplicarse plenamente, en lugar de crear más legislación comunitaria, que tendría consecuencias negativas. 
. El Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra del informe Prets sobre la trata de mujeres y niños debido a la naturaleza de los artículos que contiene. 
Nos oponemos firmemente a la trata de personas y a la esclavitud, pero no creemos que sea competencia de la UE interferir en cuestiones internas de los Estados miembros y, en particular, no consideramos que la UE deba establecer una política en materia de prostitución. 
Todos los puntos mencionados en el informe ya están regulados en la legislación británica y son estas leyes las que deberían aplicarse plenamente, en lugar de crear más legislación comunitaria, que tendría consecuencias negativas. 
He votado en contra de la postura del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa en relación con el apartado 46 relativo a la penalización de los clientes que deliberadamente explotan a personas en estado de necesidad. 
Aunque la línea del Grupo ALDE era votar NO a este apartado, yo considero que la compra deliberada de mujeres y niñas que se ven obligadas a prostituirse debe ser considerada un delito similar a la compra de objetos robados, es decir, al tráfico ilegal. 
Creo que incluso los Estados miembros que son contrarios a la tipificación de la compra de sexo podrían considerar esta práctica un delito penal. 
Hemos votado a favor del informe sobre la trata de mujeres y niños. 
Creemos que la mejor forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos pasa por realizar esfuerzos comunes en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, particularmente la delincuencia que viola las libertades y derechos básicos de las personas y su dignidad. 
Con vistas a dotar de efecto jurídico a las demandas planteadas y a destacar la importancia de esta cuestión, la delegación de los conservadores suecos también desea hacer hincapié en el hecho de que el asunto de la trata debe abordarse asimismo en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, más que en su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 
Sin embargo, nos oponemos a las propuestas del informe que interfieren en las competencias de los Estados miembros, por ejemplo las relativas a la organización de la policía. 
El informe de propia iniciativa se refiere a cuestiones importantes y la Lista de Junio apoya muchas de las ideas básicas que evidencia el informe. 
Hay que luchar contra la explotación sexual y la trata de seres humanos. 
Tampoco debemos pasar por alto los delitos graves que a menudo son consecuencia de la trata transfronteriza de seres humanos. 
Por tanto, es extremadamente importante facilitar la cooperación y el intercambio de información en la UE. 
La Lista de Junio considera, sin embargo, que, también en estas cuestiones, los Estados miembros deben tener libertad para elegir los métodos empleados y la forma de trabajar. 
La Lista de Junio, por tanto, decide votar en contra del informe de propia iniciativa. 
. Mis colegas conservadores británicos y yo aplaudimos el hecho de que en esta resolución se reconozca que la lucha contra la trata de personas constituye un factor clave de la lucha contra la delincuencia organizada. 
Por tanto, cualquier medida adoptada a este respecto debería ser coherente con la estrategia general contra la delincuencia organizada. 
En consecuencia, esto no debería servir de pretexto para perseguir el objetivo de convertir este ámbito en una política plenamente comunitaria. 
Por el contrario, estamos a favor de políticas nacionales efectivas y de una sólida cooperación para erradicar este nefasto comercio. 
. – Cada vez más, la trata de mujeres y la explotación sexual de los niños representan en Europa una importante economía paralela. 
Según la ONU, cerca de 4 millones de mujeres y niños son víctimas de abusos o actos violentos. 
Asistimos así a una inevitable diversificación de los modos de trata de seres humanos. 
Aumento del turismo sexual y de la demanda de niños con fines de explotación económica (mendigos, carteristas, traficantes, trabajo negro, etc.) , otras tantas formas de delincuencia y explotación que, en la mayoría de los casos, son asunto de grupos delictivos organizados. 
Debido a los peligrosos acuerdos de Schengen, que han suprimido todos los controles en las fronteras de la Unión, los niños son utilizados como contrabandistas de droga o ladrones. 
Por otra parte, en caso de detención por las autoridades, esos menores estarán exentos de diligencias judiciales. 
Si se pretende actuar de forma preventiva contra todas las formas de trata de seres humanos, hay que atacar esas mafias, ese tráfico ilegal que no cesa de crecer en una Europa abierta a los cuatro vientos. 
Seguir sumando programas comunitarios en la materia y votos piadosos de las múltiples ONG no servirá de nada. 
Solo si las personas y nuestras elites se alzan contra a la política ultraliberal y favorable a la inmigración practicada por Bruselas, podremos esperar que al fin podamos sentirnos seguros en Europa. 
. Acojo con satisfacción el informe en el que se destaca la importancia de introducir y fomentar la integración de la perspectiva de género y de un enfoque sensibilizado con respecto a la infancia en todas las políticas de la UE. 
La trata de seres humanos para su explotación sexual supone una violación de los derechos humanos y cada año de 600 000 a 800 000 hombres, mujeres y niños son víctimas del tráfico transfronterizo. 
Alrededor del 80 % de estos casos son mujeres y niñas, mientras que el 50 % son menores. 
Estoy de acuerdo en que faltan datos sobre la trata y que es necesario un enfoque más armonizado entre los Estados miembros sobre la forma en que se recopilan los datos e, igualmente, sobre la necesidad de separar los datos relativos a menores de los datos sobre hombres y mujeres. 
Es esencial que las estrategias de prevención apunten tanto a las víctimas como a los traficantes. 
Hay que prestar especial atención a los grupos más vulnerables, ante todo mejorando las oportunidades de educación y empleo, luchando contra el problema de la feminización de la pobreza, la discriminación y la desigualdad. 
Además, hay que poner en marcha más campañas, con un logotipo común para la UE y más líneas de ayuda internacionales, así como proporcionar más información sobre los derechos jurídicos a los servicios sanitarios para las víctimas en otros países. 
Por último, estoy de acuerdo en que las fuerzas del orden deben perseguir y castigar severamente a los traficantes y luchar contra la corrupción. 
. El informe Prets sobre la lucha contra la trata de mujeres y niños contribuye en buena medida a combatir uno de los problemas más acuciantes y penosos que afecta a mujeres y niños vulnerables enfrentados a este tipo de esclavitud moderna, en particular en el comercio sexual en Europa. 
El problema debe abordarse con la máxima consideración por las víctimas de la trata para que no sufran un «doble castigo» en los sistemas judiciales de los países de la UE. 
La explotación sexual de mujeres y niños es una lacra para la humanidad que va empeorando conforme pasa el tiempo. 
Comparto plenamente la idea de castigar duramente a los clientes de los esclavos sexuales. 
Sin embargo, esto no es suficiente. 
También necesitamos una estrategia común y eficaz. 
La trata de seres humanos, que está controlada por una auténtica multinacional de la delincuencia organizada similar a la mafia, se alimenta de la desesperación y de la pobreza de hombres y mujeres que huyen de sus países de origen en busca de trabajo y de una vida mejor en los países ricos del mundo. 
Aunque la trata de mujeres y niños tiene principalmente fines de explotación sexual, por desgracia también se utiliza para otros fines que son igual de despreciables y degradantes para un ser humano: trabajo forzado, esclavitud y –algo que me parece más ignominioso– la exportación de órganos. 
Se sabe que la explotación sexual forma parte de una actividad criminal más compleja, que incluye el turismo sexual, el tráfico de drogas y el contrabando de armas y residuos radioactivos. 
A fin de contribuir a la lucha contra la mafia y otras redes de delincuencia similares, vuelvo a proponer, como hice en marzo de 2004, la creación de un observatorio europeo para el control de la delincuencia organizada y la presentación de propuestas para armonizar las leyes que las sancionen en toda la Unión Europea. 
. 
No hay necesidad de repetir los argumentos que tan claramente se exponen en el informe que nos ocupa. 
Dicho esto, creo que la trata de seres humanos (y no solo de mujeres y niños, sino también de los grupos más vulnerables) , sea con fines de explotación sexual o de cualquier otra forma de explotación, merece nuestra más firme condena. 
Sin embargo, no basta con mantenernos firmes en nuestras propuestas, sino que hay que mostrar la misma determinación en nuestras acciones y ser consecuentes con ellas. 
Como resulta obvio de tantos informes parlamentarios y de tantos reportajes periodísticos, sin una cooperación entre los Estados miembros la lucha contra la trata de seres humanos será poco eficaz. 
Entiendo, por tanto, que se impone la necesidad de una mayor cooperación, una mejor coordinación y más firmeza. 
. – Se estima que el número de mujeres y niños víctimas de la trata oscila entre 700 000 y 4 millones al año en todo el mundo. 
Según la ONU, 1,2 millones son niños. 
El informe de mi colega parte de una dramática constatación: a pesar de las medidas adoptadas hasta ahora por los Estados miembros, así como por Europa, se considera que la trata de seres humanos es hoy la actividad delictiva que registra el crecimiento más rápido de todas las formas de delincuencia organizada. 
Y lamentablemente no le pondrá fin la acumulación de textos comunitarios, de resoluciones o de múltiples informes de las ONG sobre este fenómeno planetario. 
En efecto, si bien se identifican las causas: pobreza, exclusión social, desempleo, ausencia de control en las fronteras, que permite el desarrollo de sectores clandestinos de delincuencia organizada de todo tipo, violencia contra las mujeres, educación, explosión de la pornografía o incluso desaparición de las referencias morales, las soluciones propuestas en este informe son muy vagas, generales y parciales. 
Porque para luchar eficazmente contra todos estos tráficos organizados de seres humanos, lo primero que hay que hacer es restablecer los controles en las fronteras interiores de los Estados miembros. 
Su supresión, con los acuerdos de Schengen, ha hecho posible el desarrollo de toda esta industria del sexo en Europa. 
Existe una relación entre la lucha contra la trata de seres humanos, por un lado, y la demanda de servicios relacionados por parte de los que compran sexo, por otro. 
Tipificar este tipo de delito en la UE podría, sin embargo, conducir a sanciones que no se adaptan a la lógica interna de los sistemas nacionales y podría desembocar también en una prohibición de la criminalización de los clientes del sexo. 
,. Nadie puede negar el hecho de que la trata organizada de mujeres y niños es una cuestión acuciante a la que se enfrentan los países de la UE y que es necesaria una acción coordinada en el ámbito comunitario para luchar contra ella. 
Este informe muestra cómo la cooperación aportará mejores resultados que la acción individual de los Estados miembros y me complace apoyarlo. 
Aunque tengo algunas reservas sobre varias ideas contenidas en el informe, considero que la propia UE debe adoptar medidas para luchar contra este problema, en cooperación con los Estados miembros. 
,. El Partido por la Independencia del Reino Unido ha votado en contra del informe Prets sobre la trata de mujeres y niños debido a la naturaleza de los artículos que contiene. 
Nos oponemos firmemente a la trata de personas y a la esclavitud, pero no creemos que sea competencia de la UE interferir en cuestiones internas de los Estados miembros y, en particular, no consideramos que la UE deba establecer una política en materia de prostitución. 
Todos los puntos mencionados en el informe ya están regulados en la legislación británica y son estas leyes las que deberían aplicarse plenamente, en lugar de crear más legislación comunitaria, que tendría consecuencias negativas. 
– No se puede negar el hecho de que el futuro del transporte aéreo se encuentra actualmente en una encrucijada. 
El brusco aumento de los precios del petróleo el año pasado provocó problemas importantes a una serie de aerolíneas. 
Algunas de ellas se enfrentarán a pérdidas significativas y varias compañías estadounidenses están incluso recibiendo ayudas estatales otra vez. 
Las líneas aéreas de bajo coste constituyen otro problema al que debemos hacer frente y debemos preguntarnos hasta qué punto estas compañías, radicadas en países desarrollados, cumplen las normas de la Organización Internacional de la Aviación Civil y de la Organización Internacional del Trabajo y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. 
La cuestión fundamental es saber si somos capaces de garantizar que cumplan los requisitos previstos en las directivas de la CE a las que se hace referencia en los apartados 24 y 25 del informe en relación con el desarrollo de una política exterior comunitaria en el sector de la aviación, y si somos capaces de controlar que se cumplan realmente. 
En la misma línea, soy consciente de los problemas que plantean las negociaciones, en particular las que llevamos a cabo con nuestros principales socios, es decir, Rusia y China. 
Esta cuestión se aborda en el informe sobre las relaciones con la Federación Rusa y China en el ámbito del transporte aéreo. 
Probablemente la situación es más compleja en lo que a las negociaciones con los Estados Unidos se refiere, donde las relaciones rayan constantemente la competencia desleal. 
Sin embargo, a pesar de los importantes problemas a los que la Comunidad se enfrenta a la hora de negociar con sus socios externos, me gustaría destacar que estas negociaciones son de extrema urgencia y muy importantes y que el transporte aéreo no evolucionará más sin ellas. 
Esto significa que debemos prestar una atención especial al comentario final del informe El Khadraoui. 
El lugar en el que se considera que una persona trabaja a la hora de llevar a cabo tareas de cabotaje en un Estado miembro es el Estado miembro en cuestión, lo que quiere decir que las condiciones de trabajo deben ser conformes con la normativa vigente. 
Asimismo, el cabotaje en el ámbito del transporte aéreo debería considerarse un trabajo realizado dentro de la Unión Europea. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar que el planteamiento de ampliar el ámbito de aplicación a fin de cubrir todo un sector de servicios debería complementarse con métodos basados en las mejores prácticas. Entonces sería posible, tanto en este como en otros sectores, emprender negociaciones sobre la apertura del mercado y sobre la liberalización del cabotaje. 
Este enfoque también podría proporcionar nuevas oportunidades para las negociaciones sobre la directiva relativa a los servicios, incluidos los servicios de interés público. 
La aprobación de estos dos informes nos ofrece, por tanto, una nueva oportunidad para llevar a cabo las negociaciones sobre el transporte aéreo y otras cuestiones. 
Asimismo, las oportunidades para aplicar nuevos principios a las que me he referido podrían representar todo un hito y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica las acoge con satisfacción. 
. 
Creo que el establecimiento de una estrategia coherente de desarrollo para la política exterior de la Unión en materia de aviación tiene una importancia significativa. 
Esta política exterior común puede crearse bien adaptando los acuerdos bilaterales en vigor a la legislación comunitaria, bien concluyendo nuevos acuerdos entre la Comunidad y países terceros. 
En los distintos debates en comisión ha quedado claro, sin embargo, que esta estrategia no se puede sacar adelante sin acuerdos con los Estados Unidos, la Federación de Rusia y China. 
En vista de las nuevas realidades a las que se enfrenta el mercado mundial y en el contexto de las distintas iniciativas emprendidas por la Comisión Europea y por la Comisión de Transportes y Turismo, este informe merece mi apoyo. 
. 
La Unión prosigue su estrategia general para la creación de un espacio aéreo común con sus vecinos. 
La votación del informe del señor Zîle sobre las relaciones con China y Rusia en el sector del transporte aéreo forma parte de este contexto. 
Estos países comparten elevados niveles de crecimiento en el sector de la aviación y hacen frente a retos relacionados con la consolidación, la liberalización y la modernización. 
Nunca perdemos de vista la naturaleza específica de estos dos países y plantea cuestiones como la supresión de las tasas de sobrevuelo y la necesidad de ampliar el ámbito del mandato a fin de incluir cuestiones relativas a las infraestructuras de los aeropuertos y de la seguridad aérea. Por tanto, considero que este informe constituye un paso muy importante que garantiza la claridad jurídica a través de un proceso de transición que no socava la estabilidad económica del sector. 
He votado a favor de este informe, que forma parte de la cuestión más general del desarrollo de las relaciones externas de la UE en relación con la política de aviación. 
Se han distribuido las actas de ayer. 
¿Hay alguna objeción? 
– Señor Presidente, ayer estuve presente y no veo mi nombre en el Acta. 
Le agradecería que tomara nota de ello. 
Señor Poignant, procederemos a corregirlo. 
Señor Presidente, me gustaría pedir que el daño sufrido por el edificio del Parlamento a raíz de la manifestación de ayer sea pagado por los que lo causaron. 
Señor Rübig, eso ya se debatió ayer en la reunión de la Mesa. 
Quince policías resultaron heridos y se rompieron 20 ventanas. 
Tratamos los aspectos relacionados con la seguridad y también cómo reparar los daños. 
Pasamos a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la seguridad del aprovisionamiento de energía y de gas en particular. 
. Señor Presidente, Señorías, los sucesos de la primera semana de enero en torno a la disputa por el gas entre la Federación Rusa y Ucrania nos han dejado muy claro que no podemos dar por hecha la seguridad de nuestro suministro de energía. 
El gas importado de Rusia representa más de un cuarto del consumido en la Unión Europea, y como hasta un 80 % pasa por Ucrania, el suministro ininterrumpido y continuo de gas de Rusia a través de Ucrania a la Unión Europea es vital para los hogares y las y empresas. 
Sin embargo, el hecho es que los dos primeros días de enero de este año en algunos Estados miembros de la Unión Europea ha faltado hasta el 50 % del suministro. 
Una iniciativa diplomática por parte de la Comisión y la Presidencia austriaca del Consejo ha contribuido a poner fin rápidamente a esta situación. 
Esto me lleva a mencionar a Moldova y Rusia y a pedir a ambos países que regresen a la mesa de negociación en busca de una solución a largo plazo de los problemas existentes entre ellos. 
Por los informes aparecidos en los medios parece que se ha alcanzado un acuerdo para un período de tres meses, pero se trata de una solución muy a corto plazo. 
Los que importa ahora es que saquemos las lecciones correctas de lo ocurrido. 
Tal y como yo lo veo, hay tres cosas que tenemos que hacer si queremos que el suministro de gas natural de Europa sea seguro a largo plazo. 
En primer lugar, es necesario diversificar las fuentes de suministro del gas y las rutas por las que se transporta. 
Existen planes para una serie de nuevas tuberías con capacidad para transportar un total de 140 000 millones de metros cúbicos al año, que deben construirse sin demora. 
Un proyecto que parece que puede tener éxito es el gasoducto «Nabucco» , de 3 300 kilómetros de largo y que va de Austria a la zona de alrededor del Mar Caspio, pasando por Turquía, que, cuando esté finalmente terminado, en torno al 2020, podrá transportar hasta 31 000 millones de metros cúbicos de gas natural por una nueva ruta a la Unión Europea. 
En segundo lugar, tenemos que impulsar el uso de gas natural licuado. 
La capacidad actual de las instalaciones existentes alcanza los 60 000 millones de metros cúbicos al año. 
En algunos países se han puesto en marcha proyectos para establecer nuevas terminales o ampliar las instalaciones existentes. Es de esperar que hasta 2010 la capacidad aumente hasta 160 000 millones de metros cúbicos al año. 
La Unión Europea debería fijarse como objetivo para 2010 aumentar cinco veces la cantidad de gas natural licuado que importa, lo que le permitirá recibir suministros de otras regiones que no pueden están conectadas a la Unión Europea por medio de un gasoducto. 
En tercer lugar, se precisa más transparencia en los mercados de hidrocarburos para que los precios sean menos volátiles y para garantizar precios estables que reflejen el mercado, a la vez que mejoren la calidad de la información sobre las cantidades de gas natural importado, y para ello es esencial un nivel considerable de inversión. 
Es crucial que haya una perspectiva lo más atrayente posible para la inversión en energía si queremos que las empresas estén realmente dispuestas a llevar a cabo estas inversiones. 
A corto plazo tendremos que estudiar cómo evitar que se produzcan situaciones de este tipo, o cómo ocuparnos de ellas sin que tengan efectos perniciosos. 
Una opción, para estar seguros, es una mayor integración de la red de suministro de la Unión Europea, cuyo efecto sería simplificar el intercambio de gas dentro de la Comunidad, reduciendo así la dependencia de los Estados miembros de ciertos países que suministran gas o a través de los cuales este ha de transitar. 
Por supuesto, comercializar más gas en la Comunidad presupone la disponibilidad de gas en las cantidades necesarias, y por este motivo nosotros también hemos de intentar apoyar el establecimiento de mercados mayoristas solventes. 
Otro instrumento a corto plazo es, sin duda alguna, el almacenamiento de reservas de gas para superar el bache cuando se interrumpan los suministros hasta un periodo de dos meses, aunque habrá que tener en cuenta las necesidades nacionales específicas, por ejemplo la cuestión de si utilizar cavidades geológicas, centrales eléctricas o instalaciones industriales para el almacenamiento. 
La Presidencia austriaca dará prioridad a la política energética y en particular al aseguramiento de los suministros de energía. 
La seguridad del suministro, junto con la competitividad y por supuesto la sostenibilidad, es uno de los pilares sobre los que reposa la política energética europea, tanto a escala nacional como comunitaria. 
Europa ha de redoblar sus esfuerzos por igualar los desafíos presentados por la política energética, porque para 2030 el mundo utilizará un 50 % más de energía y Europa dependerá aún más de la importación de fuentes de energía fósiles. 
Teniendo todo esto en cuenta, si queremos garantizar un suministro seguro de energía para la población y la industria europeas, tendremos que optar por un enfoque que incorpore varias estrategias. 
En la Comunidad Europea tendremos que diversificar más el suministro energético haciendo un mayor uso de fuentes de energía renovables, lo que puede conllevar un aumento triple del uso de biomasa para 2010. 
El suministro energético europeo ha de basarse, entre otras cosas, en el consumo rentable de energías renovables. 
Entre las demás opciones para Europa se incluye el uso de carbón con tecnologías limpias y, a largo plazo, el de hidrógeno. 
Sin embargo, la opinión austriaca es que el uso de energía nuclear no es una opción. 
Con respecto al suministro será necesario presionar con nuestros esfuerzos a favor de la creación de un mercado interior único europeo y aumentar las inversiones en el suministro de energía. 
Por otro lado, en cuanto al consumo es preciso mejorar la eficiencia energética en la Comunidad. 
Actualmente existen grandes disparidades entre los Estados miembros en cuanto a la eficiencia energética, es decir, el consumo de energía por unidad del producto interior bruto. 
Para esto podemos partir de la base del acuerdo entre el Parlamento y el Consejo relativo a la directiva sobre la eficiencia del uso final de energía y los servicios energéticos. 
Lo ocurrido en Año Nuevo también ha demostrado lo importante que son las relaciones de la Unión Europea con sus socios. 
Es preciso apoyar firmemente estas asociaciones tanto en el ámbito multilateral –mediante los diálogos en el Foro Internacional de la Energía o al amparo del tratado sobre energía con el sudeste de Europa– como en el plano bilateral en el marco de las conversaciones de la Unión Europea con Rusia y la OPEP. 
La voluntad de cooperar es un elemento absolutamente esencial para garantizar el suministro energético. 
Por tanto, tenemos múltiples opciones a nuestra disposición. 
A nosotros nos corresponde hacer un uso eficaz y rápido de ellas. 
Puesto que la garantía del futuro suministro energético de la Unión Europea interesa a todos los Estados miembros, estoy convencido de que lo lograremos. 
. Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Parlamento por dedicar hoy algún tiempo a debatir la seguridad del aprovisionamiento de recursos energéticos y en particular de gas. 
En cierto modo, se trata de una continuación del debate que celebramos sobre los elevados precios del petróleo el año pasado. 
El precio actual del crudo sobrepasa los 60 dólares estadounidenses por barril. 
La disputa del gas entre Ucrania y Rusia desencadenó el debate sobre la seguridad del abastecimiento de la Unión Europea. 
Esta disputa saltó a la luz a principios de año, cuando Rusia cortó el suministro a Ucrania durante un día y medio. 
Esto también tuvo consecuencias en la UE al reducirse la cantidad de gas que llegaba a la Unión. 
Aunque a corto plazo resulta tranquilizador el hecho de que Ucrania y Rusia hayan llegado a un acuerdo, no debemos hacernos ilusiones. El problema no se ha disipado. 
Las negociaciones comerciales entre ambas partes proseguirán a fin de encontrar una fórmula de ajuste de precios que sea mutuamente aceptable. 
También hemos sido testigos de las repercusiones internas en Ucrania, con la votación de una moción de censura a la que se vio sometido el Gobierno ucranio la semana pasada. 
Tampoco debemos olvidar que hasta ayer no se resolvió la disputa por el precio del gas entre Rusia y Moldova y que se prevén negociaciones más detalladas en un futuro próximo. 
Creo sinceramente que todos debemos extraer nuestras conclusiones de estos acontecimientos ocurridos a principios de año. 
Así pues, ¿qué conclusiones debe extraer la UE de esta disputa? 
En primer lugar, en el contexto de este conflicto concreto, la UE se ha mostrado activa y debería seguir haciéndolo. 
No solo hemos mantenido estrechos contactos bilaterales con ambas partes a lo largo de toda la disputa, sino que también les hemos instado a que la resuelvan. 
Aunque es evidente que la UE no podía ni debía tomar partido, dejamos claro a ambas partes que redundaba en sus propios intereses que llegaran rápidamente a un acuerdo. 
En una situación de estas características, es muy importante que el Consejo –en particular la Presidencia– y la Comisión cooperen codo con codo. 
En segundo lugar, la disputa ha puesto de manifiesto la utilidad de los diálogos energéticos con Rusia y Ucrania. 
Estos diálogos nos han proporcionado los contactos necesarios para expresar nuestras preocupaciones y puntos de vista a las dos partes en un marco de confianza mutua e intereses comunes. 
Al mismo tiempo, subraya claramente la necesidad de dar un mayor impulso al diálogo. 
En tercer lugar, esta disputa ha destacado la importancia y la necesidad de contar con una política europea en materia de seguridad energética más clara, uniforme y activa. 
Si bien es cierto que la Comisión y el Parlamento llevan años defendiendo este tipo de política, ha llegado el momento de realizar avances reales en esta dirección. 
Me gustaría hacer hincapié en la importancia que reviste desarrollar un enfoque común en el ámbito energético: un objetivo que se puso de manifiesto en la cumbre informal de Hampton Court y en la reunión entre la Presidencia y la Comisión al inicio de la Presidencia austriaca. 
En su intervención de hoy, el Presidente en ejercicio del Consejo ha destacado la importancia que la Presidencia confiere a esta cuestión particular y que se han hecho muchas propuestas concretas y claras a este respecto. 
Durante la crisis hemos observado cierta falta de transparencia en el mercado europeo del gas, lo que ha dificultado el seguimiento y la evaluación precisa de la gestión de esta deficiencia. 
La directiva de 2004 relativa a las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas, una vez plenamente transpuesta, debería ayudar en este sentido. 
Uno de los objetivos del sistema de observación del mercado de la energía, que mis servicios están desarrollando actualmente, es abordar este tipo de cuestiones. 
En general, este incidente nos ha revelado con claridad nuestra creciente dependencia del aprovisionamiento externo de energía. 
La necesidad de adoptar y desarrollar un enfoque europeo común se abordará en un Libro Verde sobre política energética que la Comisión está preparando. 
Sin duda, el desarrollo de un enfoque común de la dimensión externa de la energía será un elemento fundamental de este documento. 
Esta dimensión energética externa debería basarse en una diversificación de las distintas energías, así como en la diversidad de fuentes energéticas, rutas, proveedores y redes de transporte. 
Evidentemente, necesitamos invertir más en terminales de gas natural licuado, en gasoductos para la diversificación del suministro y en instalaciones de almacenamiento de gas. 
Aunque la UE ha participado, a través de sus programas de asistencia técnica, en el fomento del desarrollo de nuevas rutas de suministro y en la actualización y la mejora de las rutas actuales, es evidente que hay otros grandes consumidores de energía que también se han mostrado muy activos y han adoptado un enfoque político de esta cuestión. 
Europa tendrá que aprender algunas lecciones al respecto, aunque nadie debe subestimar la complejidad de esta tarea. 
También tenemos que considerar, por supuesto, los aspectos internos de una política europea de la energía: primero, la necesidad de garantizar que el mercado interior de la energía de ámbito europeo sea una realidad práctica. 
Aún nos queda bastante camino por recorrer para lograr un verdadero mercado interior de la electricidad y del gas. 
También tenemos que facilitar las inversiones necesarias en infraestructuras a fin de garantizar la creciente integración de los distintos mercados nacionales de la energía en la UE. 
Hemos de reconocer que para ello es necesario contar con los medios necesarios, incluidas en su caso las ayudas financieras. 
También debemos garantizar un apoyo político y financiero suficiente a la investigación en áreas prioritarias y asegurarnos de que se introduzcan en el mercado tecnologías energéticas más eficientes, incluidas las tecnologías de carbón más limpio y de energías renovables. 
Necesitamos aplicar políticas y medidas de forma más activa que nos permitan ahorrar energía realmente y utilizarla de modo más eficiente para reducir de este modo nuestra dependencia externa. 
Hemos adoptado una legislación ambiciosa. 
Ahora ha llegado el momento de aplicarla. 
Por último, debemos mejorar las medidas de seguridad energética para impulsar los mecanismos de solidaridad a fin de hacer frente a los retos derivados de posibles interrupciones del aprovisionamiento energético. 
Hay que ser conscientes de que esta disputa particular, en lo que respecta a sus consecuencias para la UE, ha sido resuelta en un plazo muy breve de tiempo, pero debemos estar preparados para conflictos más duraderos. 
La energía no es más que un producto, si bien se trata de un producto que es fundamental para la continuidad del desarrollo de nuestra economía y nuestro bienestar. 
Debemos aprender las lecciones de este episodio, que se resumen en la necesidad de contar con una política europea común de la energía. 
Esta política debe ser clara, coherente y eficaz, tanto en el ámbito interno como externo, y debe corresponderse con los objetivos de seguridad del aprovisionamiento, competitividad y sostenibilidad. 
,. Señor Presidente, la reciente crisis de aprovisionamiento de gas es un aviso para toda la Unión Europea. 
El Grupo del PPE-DE se complace por el hecho de que la seguridad del suministro energético y la sostenibilidad de la producción y del consumo de energía constituyan una de las prioridades de la Presidencia austriaca. 
Ya iba siendo hora, dado que la seguridad de la energía es cada vez más importante para la seguridad general de la Unión Europea, y especialmente su seguridad económica. 
Cualquier dificultad, aunque sea temporal, que implique la reducción del suministro energético procedente de terceros países también causa graves distorsiones de la actividad económica de la Unión. 
Hace poco descubrimos cómo el problema de la seguridad energética no solo afecta al ámbito industrial o económico. 
La energía ha sido utilizada como arma y como instrumento de política exterior y, por ello, esta cuestión debería abordarse en el contexto de la política exterior y de seguridad. 
La reciente crisis entre Rusia y Ucrania ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchos Estados miembros de la Unión Europea que dependen hasta un extremo peligroso de un único proveedor. 
Es absolutamente esencial, por tanto, que la UE amplíe sus esfuerzos comunes al campo de la energía y que adopte medidas para crear una política energética activa. 
Está claro que los esfuerzos emprendidos a escala nacional no son suficientes, ya que no garantizan los intereses a largo plazo de la Unión en su conjunto. 
Por tanto, la acción escala europea está claramente justificada, de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
Asimismo, si nos tomamos muy en serio la idea de un mercado común, deberíamos dar a los operadores económicos, por no hablar de los ciudadanos, el mismo trato en lo que a la seguridad y al suministro de energía se refiere. 
En este contexto, valoramos muy positivamente los planes de la Presidencia de ultimar la decisión sobre la red transeuropea de energía a principios de este año. 
Sin embargo, deberíamos ir más lejos. 
Uno de los principios fundamentales de la integración europea –la solidaridad– conlleva la obligación de ayudar a todos los Estados miembros que están en peligro o en dificultades y esto se aplica a los problemas relacionados con las crisis de abastecimiento energético. 
La Unión debería adoptar medidas concretas para diversificar las fuentes y el suministro de energía y para compartir las reservas. 
Es preciso explorar todas las vías que permitan reforzar la autosuficiencia energética de la Unión. 
Tampoco debemos olvidar los principios de transparencia e igualdad de acceso. 
La UE debería proponer un código de conducta sobre las relaciones con sus principales proveedores de energía. 
Todos deberíamos hacer los esfuerzos necesarios para buscar nuevas fuentes para financiar todas las medidas destinadas a mejorar la seguridad energética de la UE, tanto a través del BEI como con cargo al propio presupuesto comunitario. 
No debemos pensar únicamente en nosotros. 
La seguridad energética debe constituir una de las piedras angulares de la política de vecindad. 
La realidad nos exige coraje. 
Una estrecha cooperación en el ámbito de la energía y la posibilidad de compartir las reservas energéticas constituyen una de las medidas más eficaces e indispensables con vistas a generar confianza tanto dentro de la Unión como entre la Unión y sus vecinos. 
Nuestros ciudadanos apreciarán los resultados tangibles de nuestras acciones para asegurar el aprovisionamiento energético. 
El Grupo del PPE-DE presentará una resolución al respecto en el próximo periodo parcial de sesiones en Bruselas. 
. – Señor Presidente, a la vez que apruebo lo que han dicho el Consejo y la Comisión sobre la política energética europea, creo que en algunos aspectos hay que ser más concretos y específicos. 
Para empezar, los grandes consumidores, la Unión Europea, los Estados Unidos, China e India, han de esforzarse más por conseguir un efecto conjunto en el mercado, en lugar de competir únicamente unos con otros por los suministros energéticos. 
En segundo lugar, deberíamos centrar nuestra atención en la infraestructura y reflexionar –no como Estado, sino con nuestras empresas– sobre la posesión y la gestión de la infraestructura sobre una base común, a fin de evitar los monopolios. 
En tercer lugar, tenemos que hacer algo con respecto a la situación en que la OMC puede proceder a resolver disputas sobre lo que sea, desde los textiles hasta los langostinos, pero no sobre productos tan importantes como el gas y el petróleo. 
En cuarto lugar, tenemos que desarrollar la infraestructura, por ejemplo el proyecto Nabucco, al que se ha referido el Ministro, que es muy importante y que la Unión Europea debería apoyar. 
En quinto lugar, todos los Estados miembros deben diversificar y formular propuestas sobre cuya base puede hacerse realidad el proyecto único europeo. 
El sexto punto es que las fuentes renovables deben, por supuesto, ser prioritarias. 
Comparto el escepticismo del Presidente en ejercicio del Consejo sobre la energía nuclear, pero el debate seguirá adelante y hemos de garantizar que se tengan en cuenta todos los aspectos positivos y criticables y que no se pase por alto la cuestión del vertido de los residuos. 
Desde luego no podemos –y este es mi séptimo punto– insistir en una política energética única con cada uno de los países; solamente teniendo en cuenta las diferencias nacionales, en particular ante el mundo exterior, podemos justificar una política energética única. 
Usted, señor Comisario, recordará que en la audiencia le pedí un programa que combinara política energética y política exterior. 
Solicité lo mismo a la Comisaria Ferrero-Waldner, pero por desgracia no se ha avanzado nada. 
Quiero insistirles de verdad en que propongan un programa así con carácter urgente, en el Libro Verde a más tardar, para que tengamos una política coherente que podamos defender ante el resto del mundo. 
Permítanme concluir dejando claro que, aunque queramos, y necesitemos, cooperar con Rusia, sus últimas acciones son inaceptables. 
Es preciso que Rusia trate con justicia a sus vecinos, porque ellos también son nuestros vecinos. 
– Señor Presidente, Señorías, los recursos energéticos se cuentan entre los factores fundamentales económicos y de producción que garantizan la competitividad de una economía y el bienestar de la población. 
Los Estados miembros de la Unión Europea garantizan sus recursos energéticos firmando acuerdos bilaterales. 
Rusia se está aprovechando de dichos acuerdos, incluso el del futuro gasoducto ruso-alemán, y está dividiendo a la Unión Europea al proporcionar a los Estados miembros individuales distintos grados de acceso al suministro de energía. 
Es más fácil influir en los países de uno en uno que en el conjunto de la Unión Europea. 
Haciendo constantemente hincapié en la importancia de Rusia como socio estratégico y su posición excepcional entre otros países, la Unión Europea hace concesiones a Rusia. 
El motivo principal de dichas concesiones es la creciente dependencia de la Unión Europea con respecto a Rusia en materia de energía. 
Sin embargo, las cuestiones recientes del suministro de gas entre Rusia y Ucrania demuestran que Rusia puede recurrir a ciertas tácticas a la hora de suministrar gas a los Estados miembros de la Unión Europea. 
Las fuentes de energía alternativas que deben utilizarse para evitar la dependencia absoluta de Rusia, es decir, los recursos de gas de Noruega, son limitadas y no podrán satisfacer la creciente demanda futura de la economía de la Unión Europea. 
Por tanto, ¿no va siendo hora de considerar la energía nuclear, la forma de energía más ecológica, como alternativa a la dependencia del suministro impredecible de la energía de Rusia? 
Otra cuestión muy importante y ampliamente debatida en la Unión Europea es la política energética común. 
Con la Comisión Europea como destinatario del suministro energético que representa los intereses de todos los 25 Estados miembros, Rusia debería mostrar más respeto. 
Rusia no podrá cortar completamente el suministro de gas a la Unión Europea; simplemente no podría disponer de él de otra forma. 
Por tanto, invito a todos no solo a debatir el desarrollo de una política energética común, sino también a tomar medidas sin demora para desarrollar la política energética común y, en particular, un sistema energético único, garantizando así la energía, además de la seguridad política para toda la Unión Europea. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, señor Bartenstein, quiero empezar por Ucrania, ya que me ha sorprendido que la disputa en torno al gas entre Rusia y Ucrania, cosa que ocurre todos los años, en Europa casi nos ha llevado a tratarlo como si fuera una crisis europea del gas. 
Ucrania, y posteriormente Moldova, se ha visto en una situación que ha alcanzado el punto extremo de una crisis, pero Europa no. 
Europa, igual que antes, ha podido confiar en unas relaciones comerciales estables con Rusia. 
Tal y como yo lo veo, lo que esta situación nos ha demostrado es que en la Unión Europea no podemos considerar a Ucrania como mero país de tránsito seguro, sino que, mediante la política energética, debemos ayudarle a liberarse de la dependencia de Rusia, a fin de que mejore sus perspectivas de futuro. 
En este aspecto es necesario un gran cambio. 
Por otro lado, todo este debate me parece una lección objetiva sobre los puntos débiles de la política energética europea, más o menos pronunciados en los diferentes Estados miembros. 
Un enfoque coordinado podría, sin duda, ayudar a mejorar la situación en los Estados miembros y en toda Europa. 
Ahora hemos aprendido el verdadero valor de los recursos naturales. 
Es preciso señalar que en toda Europa, por decirlo suavemente, derrochamos gas, y petróleo también, y esto fue objeto de más debates vigorosos en tiempos de la guerra de Irak. 
Durante bastante tiempo no hemos sido capaces de acabar con el despilfarro que hemos hecho de estas materias primas. 
Si queremos sacar las lecciones correctas de todo esto, entonces creo que hemos de ser más coherentes y hacer lo que propuso el Comisario Piebalgs cuando tomó posesión de su cargo. 
Nuestro objetivo debe ser la productividad de recursos naturales y la eficiencia energética si queremos depender menos de otros; no pretendo aspirar a una Europa autosuficiente, que sería un enfoque ingenuo con respecto a todo el debate, pero tenemos que esforzarnos por que Europa haga un uso adecuado de las materias primas. 
De esto hemos estado hablando durante décadas, mientas ha existido un Club de Roma, así que a ver si proponemos algo práctico. 
Que los que piensan que el consumo de energía nuclear es la respuesta correcta al suministro reducido –o efectivamente finito– de gas presenten por una vez una defensa seria de su opción; ¿cuántos reactores quieren construir en los próximos años, y dónde? 
¿Qué proponen hacer con los residuos que durante décadas se han generado en Europa? 
Hace unas semanas debatimos en torno al informe sobre el desmantelamiento de reactores nucleares. 
En estos momentos, todo el asunto del vertido de residuos nucleares es un terreno catastrófico. 
Si así va a ser el futuro, entonces les insto a que defiendan su posición en términos más claros, pero, por favor, ¿pueden ahorrarnos un debate sobre la prolongación de la vida útil del tipo que se está retomando incluso en torno al tema del reactor de Ignalina? 
Si realmente solo quieren prolongar la vida útil de una tecnología caduca, entonces están ustedes aumentando los riesgos inherentes a la producción de energía en lugar de alejarnos de ellos. 
. – Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, el mundo sigue asistiendo a la combustión de materia fosilizada. 
Se calcula que en 2030 la humanidad todavía obtendrá el 80 % de su energía mediante el uso de combustibles fosilizados. 
La Tierra dispone de 179 billones de metros cúbicos de yacimientos de gas confirmados. 
Una cuarta parte del gas está en Rusia y otra cuarta parte en regiones menos estables, en Irán y Qatar. 
Puede calcularse que según los índices actuales de consumo, los suministros propios de la Unión Europea serán suficientes para seis o siete años. 
El consumo de gas noruego y norteafricano para satisfacer las necesidades de la Unión Europea prolonga el periodo previsto de consumo de gas en 20 años, pero son 50 años en el caso de Rusia. 
Si la Unión Europea tiene previsto en las próximas décadas satisfacer todo el aumento de las necesidades energéticas a base de gas, no existen alternativas a las importaciones de Rusia. 
En los próximos años se desarrollarán métodos más baratos para licuar el gas, lo que ofrecerá una amplia gama de posibilidades para importarlo. 
Al mismo tiempo, estrechará su alcance. 
Así, podrá venderse gas ruso licuado a los Estados Unidos de América, que necesita gas, sin la necesidad de un gasoducto. 
Las propias reservas de gas de los Estados Unidos no bastarán ni siquiera para 10 años Europa Occidental ha dependido del gasoducto que viene de Rusia pasando por otros países. 
El conducto planeado sobre el fondo del Báltico reducirá esta dependencia. 
El proyecto es comprensible, porque algunos países por los que pasa actualmente el conducto mantienen una actitud hostil hacia Rusia. 
En Finlandia no hemos tenido, en 40 años, ni el más mínimo problema con el suministro de gas. 
Hay algo en el acuerdo del gas entre Rusia y Ucrania que requiere una explicación. 
¿A quién pertenece la empresa de suministro Ros-Ukr-Energo? 
Según los datos publicados, he descubierto que obtiene unos beneficios injustificados de unos 600 a 800 millones de dólares estadounidenses al año. 
Los oligarcas de ambos países han estado implicados en este asunto, ¿y cuál es la función de los presidentes de esos países en la generación de grandes cantidades de beneficios ocultos? 
Nuestro Grupo apoya las buenas relaciones de asociación y cooperación con Rusia en materia energética. 
. – Señor Presidente, los últimos sucesos que la prensa internacional ha calificado de «Guerra Fría» entre Ucrania y Rusia por el gas, y el proyecto menos reciente de construcción de un gasoducto entre Alemania y Rusia, pasando por alto los países Bálticos, incluida Polonia, son prueba fehaciente de que ciertos países utilizan las redes de suministro de electricidad y de gas, especialmente estas últimas, como armas políticas en sus relaciones con otros. 
Los Estados miembros esperan que la Comunidad les ayude a encontrar una solución a este problema. 
La Comunidad debería fijarse como objetivo una política cohesiva e integrada sobre las redes de suministro mencionadas, así como sobre catástrofes naturales, pandemias y la amenaza terrorista. 
Una política así permitiría salvaguardar la seguridad y la diversificación de los suministros. 
Es inaceptable que un Estado miembro, Alemania por ejemplo, forme una coalición con Rusia en torno a estos asuntos, porque perjudica los intereses de otros Estados miembros, incluidos los que acaban de entrar en la Unión Europea. 
Este es uno de los pocos casos en que la Unión Europea debería responder y en que debería hacerlo pronto y con decisión. 
Una actitud pasiva por parte de la Unión Europea significa aceptar la destrucción del principio de solidaridad y que, de hecho, no tiene influencia alguna cuando se trata de problemas económicos y políticos que son realmente importantes para Europa. 
En estas circunstancias, no hay motivo para que la Unión no siga emitiendo resoluciones y declaraciones o directivas carentes de sentido que van en detrimento de los ciudadanos europeos. 
. – Es un hecho objetivo que la estrategia energética de Rusia se basa en la utilización del gas y de los proveedores de gas para lograr sus objetivos políticos en ciertas regiones, incluida Europa. 
La reciente crisis del gas es una especie de prueba para la Unión Europea. 
Se pretendía que se notaran sus efectos, y así ha ocurrido, en Ucrania y Moldova, pero también en ocho Estados miembros de la Unión Europea, incluidas Alemania, Francia e Italia. 
Provocando una crisis así, Rusia ha perdido su categoría de socio estable y fiable. 
La única cuestión pendiente es qué conclusiones sacarán la Unión Europea y los Estados miembros individualmente. 
¿Decidirán que hay que proseguir con la construcción del conducto báltico, aunque con ello aumente la dependencia de Europa con respecto a Rusia, o se darán cuenta de que lo que se necesita es una auténtica diversificación de los suministros de gas para el conjunto de Europa y un sistema de solidaridad energética entre los Estados miembros de la Unión Europea y sus vecinos más inmediatos? 
Rusia espera que nosotros extraigamos la primera de estas conclusiones. 
Quienes ya no albergan ilusiones sobre la nueva política imperial rusa esperan lo segundo. 
Me tomaré la libertad de hacer un último comentario, a saber, que la dificultad de la Cámara para aprobar una resolución común en torno a este asunto es motivo de vergüenza para el Parlamento. 
– Señor Presidente, Señorías, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
Recientes sucesos políticos internacionales, así como factores económicos, entre ellos el constante aumento del precio del petróleo, están obligando a la Unión Europea a prestar atención a una situación tan obvia como familiar: tenemos un problema de suministro de energía estructural y un mayor nivel de dependencia. 
La demanda mundial de energía aumenta, los recursos mundiales no son ilimitados y, en cualquier caso, nuestra Unión no tiene suficiente para satisfacer sus propias necesidades. 
Los últimos sucesos demuestran el riesgo que pueden correr los suministros de energía en los que actualmente se basa nuestra economía, un riesgo que en modo alguno hemos de correr. 
Es esencial promover una mayor sinergia internacional, incluso a través de acuerdos firmados como la Carta Europea de la Energía, que crea un marco de cooperación entre Europa, Rusia y los países del Mediterráneo. 
De hecho, la cooperación con terceros países es un elemento central de la estrategia europea de suministro y contribuye a consolidar unas relaciones políticas internacionales estables. 
En este marco, ahora hay que establecer acuerdos claros, bien definidos, concretos y duraderos, en particular con Rusia. 
Por tanto, urge que los Estados miembros pongan en práctica las últimas recomendaciones sobre la aplicación de medidas de ahorro energético, que precisarán un compromiso serio por parte de las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y cada ciudadano particular. 
Además, al final tendremos que celebrar ese debate amplio y complejo sobre la elección de tecnologías para el futuro y sobre la producción y el uso de energías alternativas y renovables. 
A pesar de las diversas crisis, algunas recientes, que han marcado la economía de Europa en los últimos 40 años, este debate, por desgracia, aún no se ha celebrado. 
Es un retraso, un fallo y un vacío que hemos de intentar solventar lo antes posible y con la máxima urgencia. 
– Señor Presidente, quiero felicitar al Comisario Piebalgs por su papel en la creación del Grupo de Coordinación del Gas, que ha supuesto una gran contribución a la resolución de la disputa entre Naftagas y Gazprom a principios de mes. 
Esta situación entre Rusia y Ucrania ha sido un toque de atención para todos los que no eran conscientes del alto grado de dependencia de los Estados miembros de la UE de los combustibles importados, en general, y del gas natural de Rusia, en particular. 
Sin embargo, es importante que mantengamos cierto sentido de la proporción en esta cuestión. 
El comercio de gas entre Rusia y los Estados miembros de la UE sigue siendo viable desde el punto de vista comercial en la medida en que cada parte tiene algo que la otra desea. 
La dependencia de la importación de los Estados miembros de la UE y su creciente dependencia del gas natural es un secreto a voces. 
En la Comisión de Industria, Investigación y Energía llevamos tiempo siendo conscientes de esta situación y hemos debatido la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a esta dependencia. 
Hace diez años presenté un informe al Parlamento sobre las perspectivas del abastecimiento de gas en Europa y fui criticado por la industria por sugerir que nuestra dependencia del gas podría ser excesiva si superaba el 25 % de nuestras necesidades energéticas. 
Me gustaría recordar a la Cámara la amplia variedad de medidas disponibles con vistas a garantizar nuestras necesidades de abastecimiento: medidas legislativas, como la Directiva sobre redes transeuropeas, y acciones adoptadas por el sector para construir gasoductos e instalaciones de almacenamiento y para GNL. 
Debemos tomar nota del pulso de Rusia a la comunidad internacional, pero mi propuesta es que nuestra respuesta, a modo de solución a largo plazo, debe ser un enfoque proporcionado y práctico para mantener la diversidad de fuentes de abastecimiento y para fomentar las inversiones necesarias a tal fin. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, dentro de veinte años más o menos dependeremos en realidad en un 90 % de las importaciones de gas. 
Es todo un éxito. 
La cantidad de gas consumida por los Estados miembros y las reservas varían mucho; en otras palabras, el grado de susceptibilidad de sufrir una crisis es muy distinto. 
Cuanto más al este se halle un Estado miembro, tanto más depender del gas de Rusia. 
La Unión Europea ha presionado a Rusia para que abandone la práctica de la doble tarifa de la energía, incluido el gas, que entra en el país. 
Nos parece una condición de la pertenencia a la OMC. 
Por tanto, no creo que la doble tarifa de la energía pueda durar mucho tiempo en el comercio exterior de Rusia. 
Por supuesto, en los negocios comerciales se permite hacer descuentos a clientes buenos y regulares en general, y esto ocurre en muchos otros sectores, pero naturalmente depende de la relación existente entre el vendedor y el comprador. 
Cerrar el grifo del gas fue realmente la solución incorrecta y muy poco inteligente. 
Esto no ocurre en el comercio europeo; no ocurre muy a menudo en ámbitos menos importantes, por no decir en contextos tan importantes. 
La situación con respecto a la energía de la Unión Europea está constantemente al borde de la crisis. 
Basta una tormenta al otro lado del océano o el suceso de Ucrania para que se produzca una crisis o incluso una situación de pánico. 
Hemos de contar con fuentes de energía viables y diversas rápidamente, con una amplia gama de acuerdos de suministro y redes de transporte, y el tiempo es vital: nuestros dormitorios podrían quedarse fríos en cualquier momento. 
Necesitamos con urgencia que la Comisión elabore un programa de crisis energética. 
Los recursos que ahora tenemos no bastan. 
¿Cómo vamos a prepararnos para un corte más prolongado del suministro energético, señor Comisario? 
¿Qué tipo de mecanismos de solidaridad cabría establecer y se ocupa el próximo Libro Verde de la cuestión de la crisis energética? 
– Señor Presidente, la reciente crisis entre Rusia y Ucrania en torno al suministro de gas ha demostrado que ahora es más importante que nunca contar con un mercado europeo de la energía que dependa menos de las importaciones. 
Este no solo ofrecerá enormes oportunidades a la industria energética europea, incluidas las energías renovables, sino que también ofrecerá alguna oportunidad de hacer frente al cambio climático, fomentar el crecimiento y crear nuevos puestos de trabajo. 
Para ello queremos más transparencia, legislar mejor, una red de suministro renovada y efectiva, una estrategia energética europea, un debate sobre la autosuficiencia y la solidaridad entre los Estados miembros, así como normas que permitan a los ciudadanos decidir sobre su propio consumo de un modo viable. 
Por tanto, acogemos con satisfacción el Libro Verde, así como el programa de la Presidencia. 
Queda mucho por hacer, pero creo que podemos lograrlo. 
– Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que por la forma en que se desarrollan las conversaciones entre Ucrania y Rusia está muy claro que Europa, que es más que solo la Unión Europea, necesita una nueva y moderna política energética integral. 
Aunque se pueda debatir este asunto todo lo que queramos, la disputa entre Rusia y Ucrania ha sido, al final, entre un proveedor que quiere más dinero y un cliente que no está dispuesto a pagar más. 
Ambas partes de la disputa lo han sabido durante décadas. 
Si, por así decirlo, se establece un rumbo político que hace inevitables este tipo de crisis, sin intentar encontrar una solución a tiempo, entonces ambos Gobiernos habrán sido descuidados. 
Aunque realmente acojo con agrado el anuncio del Comisario de que pronto aparecerá un Libro Verde, por supuesto espero que no contenga ideas tan viejas como la negociación de códigos de conducta para los países productores de energía y los de países de tránsito, nuevos conductos o incluso la energía nuclear. 
Más bien hemos de basarnos, creo yo, como ya se hace en otros países, en otras fuentes, como la biomasa, el sol, el viento, el agua, la energía geotérmica y la cogeneración, y al mismo tiempo en el ahorro de energía, haciendo un uso más eficiente de ella y reduciendo las subvenciones a favor de los combustibles fósiles tradicionales. 
El suministro de energía es un servicio de interés público general, y quizá deberíamos examinar si no habría que dar más prioridad a políticas responsables que a los intentos de liberalización o al uso de medidas de liberalización para resolver este problema. 
– Señor Presidente, la falta de una estrategia común de seguridad energética a largo plazo es prueba no solo de la miopía de la UE, sino incluso de la existencia de un conflicto de intereses entre sus Estados miembros. 
Uno de los motivos de que se hayan triplicado los precios del petróleo es que la Unión Europea no ha logrado aprobar una estrategia energética inteligente. 
El aumento de los precios del petróleo favorece a las grandes empresas petroleras, pero perjudica a los Estados miembros de la Unión Europea y a sus ciudadanos. 
Es un error que los Estados miembros individuales intenten llegar a un acuerdo con Rusia, como ha hecho Alemania, sacrificando en el proceso los intereses de los Países Bálticos, Polonia, Austria y otros Estados miembros. 
Junto con la actitud pasiva de la Unión Europea, esto ha animado a Rusia a chantajear a Ucrania amenazando con cortar los suministros de gas. 
Urge que la Unión Europea esboce y aplique una estrategia de seguridad energética lo antes posible, y de hecho esto podría servir para comprobar hasta qué punto la Unión Europea sigue siendo una comunidad. 
La estrategia energética de la Unión Europea debería basarse en los criterios del eslabón más débil, que puede resumirse del modo siguiente. La eficiencia de un sistema puede medirse por su resistencia a la crisis en los países y regiones que dependen más de un proveedor, o que tienen los peores sistemas de transmisión y distribución, o los costes de generación más elevados en relación con la renta nacional. 
Deberíamos centrar nuestra atención en particular en los países vecinos y de tránsito. 
Citando a Hamlet, «ser o no ser» es el dilema que afrontamos con respecto a la seguridad energética en la Unión Europea. 
En este contexto, lamento decir que en el presupuesto de la UE para 2007-2013 no se contempla nada en absoluto con respecto a una estrategia común europea de seguridad energética. 
La felicitación navideña del Presidente ruso a los usuarios de gas de Ucrania no ha sido en modo alguno una sorpresa. 
Con esta interrupción del suministro de gas en pleno invierno, Rusia ha querido recordar no solo a Ucrania, sino también a los mercados energéticos mundiales, que actualmente el poder está en manos de los proveedores de energía. 
Los consumidores de energía tendrán que tener esto en cuenta durante un tiempo imprevisiblemente largo. 
Quiero expresar mi gratitud al Comisario Piebalgs, que durante la crisis del gas entre Rusia y Ucrania ha utilizado la influencia de la Unión Europea con la prontitud suficiente para evitar una crisis energética en Europa. 
Con respecto a las conclusiones que conviene sacar de la disputa en torno al gas entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha de ser totalmente transparente y ha de pedir lo mismo a los demás países de Europa con respecto a la información sobre cambios de los precios del gas. 
Creo que los últimos sucesos autorizan de forma especial a la Comisión a aplicar la legislación aprobada, aplicar las decisiones de adquisición de recursos alternativos y eficientes desde el punto de vista energético y la creación de un mercado energético realmente liberalizado, así como garantizar la integración de redes energéticas europeas. 
Naturalmente, hoy casi todos los oradores han mencionado este punto: la necesidad de una política energética verdaderamente común para el mercado común de la Unión Europea, que facilitaría la estabilidad política a largo plazo, no solo en Europa, sino en el mercado energético mundial. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea se encuentra en un estado de tras la crisis que se ha producido entre Ucrania y Rusia. 
Y esto ocurre en gran parte porque, hasta este momento, Rusia había demostrado siempre, incluso en momentos de intensa convulsión interna, que era un aliado energético fiable, y en ningún momento en el pasado los Estados miembros de la Unión vieron interrumpido o reducido su suministro de gas procedente de Rusia. 
Los tres días que ha durado la crisis han servido para que países como Italia estuvieran a punto de liberar sus reservas estratégicas y, sobre todo, para que la Unión en su conjunto se diera cuenta, una vez más, de la vulnerabilidad extrema de su sistema de suministro. 
Por eso, ha llegado el momento de plantearnos seriamente la posibilidad de invertir en rutas de suministro alternativas, mejorando el diálogo con socios estables, como, por ejemplo, la República de Kazajstán. 
Hemos de empezar a pensar en importar gas desde este país a través de Turquía, por ejemplo, un país candidato y, por consiguiente, extraordinariamente seguro. 
Además, tenemos que mantener y reforzar a nivel europeo las acciones de investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía y conseguir un uso más eficiente de las que ya tenemos. 
Y, por supuesto, señora Harms, no podemos prescindir de ninguna fuente de energía primaria. 
De ninguna. 
Y, por encima de prejuicios ideológicos, hemos de enfrentarnos a la realidad. 
Si usted quiere suicidarse energéticamente, es usted libre de hacerlo, pero el sacrificio ha de ser individual. 
No pretenda suicidarnos a todos contra nuestra voluntad. 
Por último, señor Presidente, termino pidiéndole a la Comisión que siga haciendo presión sobre los Estados miembros para conseguir una política energética común, que esta crisis ha demostrado que necesitamos sin duda alguna. 
No esperemos la próxima crisis para tomar medidas que serán más traumáticas y posiblemente lleguen demasiado tarde. 
– Señor Presidente, he de ser breve. 
Creo que es preciso llamar la atención sobre los aspectos de política exterior de lo que hemos presenciado en las últimas semanas, cuando Rusia amenazó con cortar los suministros de gas a Ucrania. 
Esto no ha sorprendido del todo a quienes, como yo, han trabajado con esos países durante muchos años. 
Después de todo, Rusia ha amenazado anteriormente con utilizar la energía como arma con vistas a presionar políticamente a sus vecinos directos e incluso, si me preguntan, ya lo ha hecho en una ocasión. 
Naturalmente, el resultado de lo que ha ocurrido también ha supuesto un choque para la Unión Europea y nos obliga a celebrar hoy este debate. 
Como he dicho, seré breve. Hay tres conclusiones que son importantes para nosotros en lo que respecta a esos aspectos de política exterior. 
En primer lugar, deberíamos diversificar nuestros suministros, nuestras fuentes. 
Dado que la mayoría de los países de donde obtenemos nuestra energía son inestables, cuantos más países podamos utilizar como fuentes, tanto mejor. 
En segundo lugar, hemos de reconsiderar la situación de los gasoductos en Europa. 
Somos especialmente vulnerables, ya que la mayor parte del gas se suministra a través de Ucrania. 
¿Existen alternativas posibles? 
En tercer lugar, hemos de dejar totalmente claro que a largo plazo solo podemos salvaguardar nuestro suministro energético si logramos unir nuestras fuerzas con socios fiables y democráticos. 
Por último, en mi opinión ha quedado patente que la política energética más que nunca va de la mano de la política exterior y comercial. 
– Señor Presidente, me gustaría que nos centráramos en propuestas de posibles soluciones a los problemas energéticos. 
En primer lugar, la Unión Europea debe promover en su política exterior un consumo más eficiente de la energía haciendo de ello una de las prioridades del Programa de Vecindad de la Unión Europea. 
Puede que incluso merezca la pena establecer los criterios de eficiencia energética como condición para la prestación de ayuda de la Unión Europea. 
Al hacerlo, también facilitaremos los procesos de democratización en los países vecinos; nuestra experiencia con las reformas de Lituania demuestran que la modernización de la economía proporciona un trasfondo estable necesario para el desarrollo de los procesos democráticos. 
En la política interior europea habría que prestar más atención al desarrollo y a la aplicación de un centro de innovación dedicado a la nueva generación de centrales energéticas de tamaño reducido, basadas en tecnología nuclear y de otro tipo. 
Ya tenemos un proyecto de aviación acertado, el extraordinario programa Galileo; por tanto, sin duda podemos contar también con un centro de innovación para la aplicación de programas energéticos. 
Un centro de este tipo funcionaría en los países más dependientes de una única fuente de energía. 
Quisiera creer que, aparte de la discusión general sobre una estrategia energética común, la Comisión hará finalmente algo concreto y que un centro así podría constituir la mejor prueba de cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 
– Señor Presidente, en contra de la opinión general, incluida la opinión de esta Cámara, la crisis del gas ucraniana no ha sido un hecho aislado y puntual justificado por la necesidad de implantar políticas de mercado. 
Al contrario, se trata de una política coherente relacionada en todos sus aspectos con cuestiones políticas. 
En primer lugar, Ucrania tenía un contrato, firmado en 2004 y vigente hasta 2009. 
Dicho contrato fue rescindido porque Ucrania eligió al presidente equivocado y con vistas a las próximas elecciones parlamentarias. 
En segundo lugar, el Gobierno ruso es el principal accionista de Gazprom, un monopolio dirigido por el Viceprimer Ministro. 
No es una empresa. 
No se puede hablar a la vez de precios de mercado y de un monopolio bajo control gubernamental. 
En tercer lugar, sobre el carácter singular del problema hay que recordar que Moscú ya cortó el suministro de petróleo y gas en 1990 con ánimo de frustrar el movimiento por la independencia de Lituania. 
Tras la independencia, el Gobierno ruso utilizó la misma arma para castigar a los Estados bálticos por no unirse a la CEI y por exigir la retirada de las tropas rusas. 
Cuando Lituania intentó privatizar la refinería de petróleo Mazeikiu, se volvió a cortar el suministro para dejar paso a los inversores rusos. 
Esta misma política se aplicó con éxito cuando llegó el turno de Georgia, que renunció a sus gasoductos. 
En resumen, Rusia ha utilizado constantemente una compañía energética monopolística de propiedad estatal para presionar políticamente a determinados países, dando al traste con las prácticas de mercado y con los contratos en vigor. 
Las experiencias de los nuevos Estados miembros, y de Ucrania y Moldova, cuando han adoptado una postura proeuropea, demuestran a todas luces los peligros que conlleva la falta de una política europea sólida en materia de seguridad energética. 
. 
Señor Presidente, Señorías, creo que la Comisión y la Presidencia han hecho lo correcto. 
A falta de suficiente información no nos hemos precipitado a culpar a alguien, y bajo ningún concepto queríamos expresar nuestro acuerdo con ninguna de las partes de esta disputa ni dejar entrever la más mínima señal de ello. 
Está claro que la situación podría devenir crítica muy fácilmente, ya que uno de los nuevos Estados miembros ha tenido problemas con el suministro energético para su industria desde el primer día, pero nosotros y la Comisión no hablamos deliberadamente de situación crítica y menos de crisis. 
No debemos perder vista el hecho de que la dependencia de las fuentes de energía fósiles y de sus importaciones no puede sino aumentar notablemente; la Comisión calcula que la proporción de la energía que obtenemos de estas fuentes, para 2030, aumentará desde justo por debajo del 50 %, la cifra actual, a algo así como dos tercios. 
Será posible influir en esto hasta cierto punto mediante el uso de fuentes de energía renovables y mejorando la eficiencia energética, pero no creo que podamos imprimir un giro fundamental a esta tendencia. 
La Presidencia espera con gran interés el Libro Verde, o más bien la aparición de sus primeras partes a tiempo para la Cumbre de Primavera. 
¿Cuándo, si no es ahora, vamos a hablar del desarrollo de una política energética común europea? 
Lo que nos empuja a seguir por este camino es la cuestión del gas, Rusia, Ucrania y el problema del suministro, así como los precios del petróleo, el cambio climático y también muchas otras consideraciones. 
Tanto a título personal como en nombre de la Presidencia apruebo la propuesta de la Comisión de crear una reserva de dos meses similar a la que ya existe en otro nivel para el petróleo. 
Esta Cámara tendrá la oportunidad de debatir más tarde los detalles a este respecto. 
Tal y como he dicho en mi declaración con respecto a Moldova, hemos intentado en muchos aspectos dar prioridad a ese país en nuestra política de vecindad. 
A pesar de la afirmación del señor Swoboda de que tener a Rusia como miembro de la OMC abriría ciertas posibilidades a este respecto, incluso en este caso se podría hacer muy poco en un espacio de 36 horas. 
Lo curioso es que Rusia no ha ratificado la Carta de la Energía y por tanto no se puede recurrir al procedimiento de resolución de disputas que establece la misma. 
Por tanto, está claro que hay que dar prioridad a la eficiencia energética, además de las energías renovables y la sensibilización para que, de varias formas y en mayor grado que antes, abordemos la cuestión de las importaciones del gas. 
Me queda apuntar que en los próximos años y décadas Rusia y el gas natural de Rusia se convertirán en la espina dorsal del suministro de gas de la Unión Europea. 
En calidad de austriaco, quiero señalar que en 1968 fue una empresa austriaca, OMV, la primera en celebrar un contrato de suministro con Gasprom, que ha sido absolutamente fiable durante casi cuarenta años. 
Tenemos que ganar confianza y, quizá, en cierta medida, reconstruirla. 
En mi discurso ya he hablado de la ruta alternativa del conducto «Nabucco» a través de Turquía. 
Aunque es absolutamente necesario diversificar el suministro, esto no es posible de la noche a la mañana; hemos de aprender la lección de la situación crítica que duró 36 horas. 
Teniendo en cuenta todo esto, agradezco a su Asamblea este importante debate y concluiré destacando la importancia que concedemos a este capítulo como punto del orden del día para la Cumbre de Primavera que se celebrará en marzo. 
. Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias al Parlamento por este debate, que es un claro indicador del apoyo general a los avances hacia una política europea común de la energía que respete la subsidiariedad. 
Resulta interesante que los primeros llamamientos a favor de estos avances vitales se realizaran hace 30 años, durante la primera crisis del petróleo. 
En aquel entonces, por razones evidentes, dichos llamamientos no procedían del Parlamento, sino del Consejo. 
La situación actual es, sin lugar a dudas, más compleja de lo que era entonces y, probablemente, sus consecuencias en el sector energético serán más duraderas que hace 30 años. 
Dadas las circunstancias, el Consejo, la Comisión y el Parlamento deben actuar. 
En cuanto a la dimensión de la seguridad, me gustaría mencionar dos aspectos particulares. 
En primer lugar, la ampliación ha suscitado definitivamente nuevos retos para la Unión Europea. 
La seguridad del suministro ha sido, sin lugar a dudas, un reto mayor para los nuevos Estados miembros que para los antiguos. 
En segundo lugar, el documento que estamos elaborando en este punto tiene dos autores: la señora Ferrero-Waldner y yo mismo. 
Por tanto, se abordarán las cuestiones planteadas por el señor Swoboda. 
También estudiamos las medidas que deben adoptarse en épocas de crisis. 
Como he mencionado, esta crisis ha sido muy breve y algunos oradores se han referido a la misma como una minicrisis o una crisis inexistente. 
Pero no deberíamos subestimar la importancia de la situación, porque algunos países se han visto realmente afectados. 
En la mayoría de los países, el único impacto que han sentido los ciudadanos ha sido el mediático. 
Sin embargo, en algunos países se adoptaron medidas económicas en relación con el aprovisionamiento de gas. 
Esta crisis ha sido real y deberíamos estudiar cómo podríamos reaccionar de forma más eficaz en el futuro. 
Al mismo tiempo, deberíamos actuar de inmediato. 
Ya disponemos de numerosos instrumentos que podríamos aplicar con vigor. 
En cuanto a la eficiencia energética, tenemos en vigor una Directiva sobre edificios que debe aplicarse a rajatabla. 
Lo mismo es válido para la cogeneración de electricidad y calor y para las energías renovables: disponemos de instrumentos jurídicos y deberíamos aplicarlos. 
Lo mismo cabe decir de las energías renovables. 
Ya está adoptando medidas positivas, como intentar movilizar todos los recursos posibles. 
En cuanto a los nuevos países vecinos, con los que tenemos muy buenas relaciones, me gustaría decir lo siguiente. 
Lamentablemente, es cierto que se han descuidado las cuestiones energéticas. 
El Memorando de Acuerdo con Ucrania sobre la aplicación de la política energética no se firmó hasta el año pasado durante la cumbre. 
Por lo tanto, no solo debemos ayudar en materia de aprovisionamiento externo, sino también en lo que se refiere al consumo energético, porque la intensidad de la energía en estos países, y las pérdidas energéticas, son tremendas y ningún país puede asumir los costes energéticos derivados de esa situación. 
Este también es el caso de Moldova. 
EL Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ha hecho un buen trabajo en Ucrania, pero podría intensificar sus actividades. 
Podríamos aprovechar otros recursos para fortalecerlos y utilizar los nuevos instrumentos de vecindad para reforzar nuestras políticas. 
Así será, y haremos lo mismo en lo que respecta a la política de desarrollo, porque de otro modo no habrá solución. 
Me gustaría darles de nuevo las gracias por este debate. 
Estoy convencido de que esta no será la última vez que debatamos estas cuestiones y debo decir que estos debates son para mí una importante fuente de inspiración. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
-el informe (A6-0391/2005) del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (COM (2005) 0263 – C6 0243/2005 – 2005/0118 (CNS)) 
-el informe (A6-0392/2005) del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (COM (2005) 0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119 (CNS) ), y 
-el informe (A6-0393/2005) del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad Europea y se modifica el Reglamento (CE) nº 1258/1999 sobre la financiación de la política agrícola común (COM (2005) 0263 – C6-0245/2005 – 2005/0120 (CNS) ). 
. Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría dar las gracias al señor Daul, al señor Barón Crespo, al señor Fazakas y a la señora Morgantini por su participación activa en este expediente y alabar el excelente trabajo realizado por los ponentes, el señor Fruteau, el señor Glattfelder, el señor Wynn y la señora Kinnock. 
Permítanme dar las gracias igualmente a los miembros de las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Internacional, Control Presupuestario y Desarrollo por su determinación, su aportación positiva y su debate sumamente constructivo. 
La reforma de la organización común de mercado, que no ha sufrido prácticamente ningún cambio en las últimas cuatro décadas, es una empresa importante; de hecho, hace tiempo que esta reforma era necesaria. 
La política del azúcar tiene muchas facetas. 
La lista de intereses legítimos que hay que satisfacer es muy larga: los cientos de miles de agricultores que cultivan remolacha azucarera en la Comunidad; las industrias productoras y consumidoras de azúcar y sus trabajadores; los consumidores; y, por último, nuestros socios comerciales, incluidos los países que disfrutan de preferencias inveteradas. 
Desde el principio he sido consciente de la necesidad de alcanzar un equilibrio justo entre las distintas necesidades y demandas. 
Como Comisaria responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, soy plenamente consciente de la relevancia social, económica y ambiental del sector del azúcar, tanto dentro como fuera de la Comunidad. 
Esto hace de la política azucarera un verdadero reto, que me ha llevado a comprometerme plenamente con la reforma de este sector. 
Creo que estas propuestas en su conjunto responden a las necesidades de la Comunidad. 
Son el resultado de una reflexión detenida y van en la línea del paquete de reformas de la PAC y de nuestros compromisos internacionales. 
Hemos sido ambiciosos y hemos querido llegar lejos. 
Estoy convencida de que el futuro del sector del azúcar no puede estar basado en enfoques a corto plazo. 
El paquete de reformas tiene por objeto ofrecer al sector europeo del azúcar un futuro viable y competitivo. 
Proporciona seguridad a largo plazo y una asistencia generosa para ayudar tanto a los agricultores como a los productores de azúcar durante el proceso de adaptación. 
Si actuamos ahora, dispondremos de fondos para mitigar el doloroso proceso de reestructuración que es absolutamente vital y, al mismo tiempo, para compensar a nuestros agricultores. 
La demora de esta necesaria reforma resultaría en una reducción más drástica de la producción comunitaria y en un proceso de reestructuración más severo. 
También necesitamos garantizar el cumplimiento del futuro régimen con el grupo de la OMC, y nuestras propuestas cumplen ese requisito. 
Por último, tenemos que garantizar que la Unión Europea siga siendo un mercado atractivo para los países en desarrollo y ofrecer a nuestros socios ACP la ayuda financiera necesaria para adaptarse a estos cambios inevitables. 
Tanto el Parlamento como el Consejo han realizado un trabajo muy útil desde la primera comunicación de la Comisión presentada en el verano de 2004. 
Gracias a ello, hoy tenemos los bocetos de una reforma que, en buena medida, ha sido modelada por el Parlamento. 
Lo más obvio es que toda la reforma se ha basado en un fondo de reestructuración, que fue una idea planteada originalmente por el Parlamento Europeo en el informe del señor Fruteau y del señor Daul a principios del año pasado. 
Hay muchos otros ejemplos de la influencia del Parlamento Europeo en esta reforma: el mantenimiento del sistema de intervención durante un periodo transitorio; la reducción de los recortes de precios y su prórroga durante cuatro años con un generoso régimen de compensación; todas las medidas adoptadas para garantizar una gestión más adecuada del suministro; las posibilidades de influir verdaderamente en aquellos ámbitos que se verán más afectados por la reestructuración; y la asignación de las ayudas para la reestructuración, de las que al menos un 10 % se reservarán para los agricultores de remolacha azucarera y para los contratistas de maquinaria; una cantidad que los Estados miembros podrían aumentar en función de sus situaciones específicas. 
Todo esto son ejemplos de que nuestra colaboración ha ido más allá de una mera expresión de intenciones y de que hemos obtenido un verdadero resultado político. 
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Parlamento Europeo por su cooperación. 
. – Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la Unión Europea se enfrenta hoy a la necesidad de reformar su sector del azúcar. 
Esta reforma, como todos sabemos, es ineludible. 
Obedece al deseo de ajustar la organización común del mercado del azúcar a los principios que guían la nueva Política Agrícola Común. Responde, además, a la necesidad de adaptarse a la evolución de las normas del comercio mundial. 
Sin embargo, no debemos perder de vista las consecuencias de las transformaciones que se producirán para las mujeres y los hombres que viven de la producción de azúcar en los campos y las fábricas de la Comunidad y de los países en desarrollo. 
Con esta perspectiva, es importante que la adaptación del sector europeo del azúcar no se traduzca en un desmantelamiento de la OCM del azúcar, ni en el abandono progresivo de nuestra capacidad de producción, ni en el sacrificio de nuestros productores y los de los países más pobres, debido a una apertura descontrolada del comercio mundial. 
La reforma es indispensable, es cierto, pero debe responder únicamente a los objetivos que se propone, si la búsqueda de eficacia se efectúa dentro del respeto de los imperativos de justicia social. 
Esta doble perspectiva, que es fuente de equilibrio, es el hilo conductor de los tres informes sobre los cuales debe pronunciarse el Parlamento Europeo esta semana y que fueron votados casi por unanimidad por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 29 de noviembre. 
Estos textos son el fruto de varios meses de debates y audiencias en la Comisión de Agricultura, de intercambios de puntos de vista con usted misma, señora Comisaria, así como con sus servicios, y también con las distintas partes afectadas del medio profesional. 
Traducen un compromiso negociado y aprobado por la gran mayoría de Grupos políticos de este Parlamento. 
Ese compromiso se articula en torno a cuatro aspectos principales. 
El primero consiste en la instauración de una regulación flexible del mercado del azúcar. 
Flexibilidad, pues, mediante la introducción progresiva de una lógica de mercado en el sector: es el precio de referencia, fuente de una mayor competitividad del sector. Pero regulación también, a fin de evitar las desastrosas consecuencias de un mercado del azúcar totalmente liberalizado. 
Desde el punto de vista interior, esto se traduce en el mantenimiento temporal del régimen de intervención, a fin de garantizar la estabilidad del mercado durante los próximos cuatro años, que sabemos que serán económicamente delicados. 
En el plano externo de la reforma, el deseo de regulación pasa por el mantenimiento de un control de las importaciones de azúcar procedentes de los países menos avanzados. 
En efecto, es primordial tener en cuenta hoy los daños que provocaría una apertura no controlada de los intercambios, como ha demostrado el ejemplo reciente de los Balcanes Occidentales. 
Con esta óptica y a fin de impedir cualquier incitación al fraude una vez que la iniciativa «Todo menos armas» haya surtido pleno efecto, la Comisión de Agricultura aboga, en particular, por la instauración de un guardafuegos comercial consistente en una cláusula de salvaguardia que limite las exportaciones conforme al principio del exportador neto. 
Este mecanismo permitiría luchar contra un comercio triangular destructivo, al mismo tiempo que garantizaría a los países menos avanzados el beneficio efectivo del régimen comercial preferencial con la Unión Europea para las poblaciones locales que trabajen en el sector productivo del azúcar. 
Sin ninguna repercusión sobre las perspectivas de desarrollo de la producción azucarera de los países menos avanzados, el mecanismo es totalmente conforme a los objetivos de la iniciativa «Todo menos armas». 
El segundo tema principal del compromiso que se somete al Parlamento es la solidaridad europea, en particular con las regiones más frágiles. 
Si la instauración de una regulación del comercio permite estabilizar los mercados y evitar fluctuaciones de precios demasiado bruscas en el futuro, debe ir acompañada de medidas encaminadas a amortiguar el impacto de la reforma entre las poblaciones más afectadas por el cese de actividad, en especial las poblaciones más frágiles. 
Entre ellas citaré, en primer lugar, a los agricultores: en efecto, las pérdidas de ingresos que sufrirán han de ser compensadas de forma sustancial y una parte de las ayudas previstas por el régimen de reestructuración deberá destinarse a indemnizar a quienes pierdan su derecho de suministro y se vean obligados a efectuar nuevas inversiones para dedicarse a otros cultivos. 
Vienen después los empleados de las fábricas de azúcar, que estarán totalmente a merced de la futura reestructuración del sector y que habrá que tener en cuenta imperativamente en caso de cese de la actividad industrial mediante un incremento de las condiciones que deberán cumplir los industriales para acceder a las ayudas del fondo de reestructuración. 
Por último, para evitar que las regiones más frágiles sean las principales víctimas de la reestructuración de la producción comunitaria, es esencial que los Estados miembros sigan teniendo la última palabra en cuanto al cese o el mantenimiento de la producción en su territorio. 
Asimismo es fundamental prestar la debida atención a las situaciones y condicionamientos específicos de las regiones ultraperiféricas. 
La cultura y la explotación de la caña de azúcar ocupan en ellas un lugar esencial e insustituible desde el punto de vista económico, social y cultural. 
A este respecto, señora Comisaria, quiero darle las gracias por saber escuchar tan bien y por los esfuerzos que ha realizado por asegurar un trato especial a estas regiones, en particular en materia de compensaciones y de ayuda a la comercialización. 
Estoy convencido de que estos dispositivos, reclamados por el Parlamento, permitirán a las personas de esas regiones que viven de la caña de azúcar mirar el futuro con más ecuanimidad. 
El tercer aspecto de la reforma contempla el futuro del sector a través del desarrollo de salidas alternativas. 
En un contexto mundial caracterizado, por una parte, por la subida de los precios del petróleo y, por otra, por la necesidad de luchar contra los gases de efecto invernadero, la producción de alcohol en el sector del azúcar constituye un objetivo importante en términos de desarrollo de energías alternativas. 
Habida cuenta del impacto de la reforma de la OCM sobre los niveles de producción, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural propone anticipar esta evolución a través de una política pública activa, centrada tanto en el capítulo agrícola como en el industrial: en el agrícola con medidas encaminadas a mejorar, en particular, el acceso a las ayudas destinadas a los cultivos energéticos, y en el industrial a través de una adaptación del régimen de reestructuración que permita la creación de destilerías de bioetanol. 
Estas herramientas son los componentes de un dispositivo legislativo coherente que alentaría el desarrollo del sector bioetanol, una fuente de salidas tanto para los agricultores como para los industriales del sector. 
El cuarto y último gran asunto de nuestros trabajos, pero no el menor: los precios. 
Contrastando con las propuestas iniciales de la Comisión, drásticas para el sector, para el tejido rural y para los países en desarrollo, la Comisión de Agricultura se ha pronunciado finalmente por un descenso menos rápido y más moderado del 30 % de las cotizaciones del azúcar en cuatro años. 
Este nivel de descenso de los precios garantizaría la eficacia económica de la reforma y al mismo tiempo contribuiría a atenuar su impacto sobre los agentes del sector. 
De este modo se podría garantizar un mejor mantenimiento de la actividad en las regiones de producción y la salvaguardia de cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. 
Esta moderación respondería además a los compromisos de Europa en términos de desarrollo, pues permitiría a los países ACP y a los países menos avanzados que exportan una parte de su producción a la Unión mantener unos precios remuneradores. 
A finales del mes de noviembre, en previsión de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Hong Kong y sin esperar la votación final del Parlamento Europeo, los Ministros de Agricultura de los veinticinco Estados miembros llegaron a un compromiso informal y provisional sobre las principales orientaciones de la futura reforma. 
Mientras que el propósito real de este acuerdo consistía en llegar a una línea política común, la manera en que fue explotado de inmediato por los diversos signatarios en los medios de comunicación en el sentido de que suponía un acuerdo antes de plazo, no por ello deja de enviar un mensaje claro: a mi juicio expresa la voluntad de la Comisión y del Consejo de prescindir del Parlamento Europeo, cuyo dictamen previo es sin embargo obligatorio antes de cualquier decisión. 
En este sentido, el procedimiento me parece totalmente inaceptable y debemos denunciarlo con la mayor firmeza. 
Sea como fuere, ese compromiso está hoy sobre la mesa y, si bien no sigue al pie de la letra las enmiendas propuestas por la Comisión de Agricultura, hay que decir que, tal como está en estos momentos, es una notable confirmación del grado en que el Consejo se ha distanciado de las propuestas originales. 
El compromiso señala un desplazamiento significativo a favor de las medidas más moderadas y equilibradas propuestas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en los cuatro temas principales que acabo de mencionar. 
En términos de reglamentación recoge la idea de mantener el régimen de intervención durante cuatro años antes de pasar a un precio de referencia que marque la introducción de la lógica de mercado en la OCM del azúcar. 
En segundo lugar, y sobre todo, confirma que el análisis del Parlamento sobre la necesidad de mantener cierta capacidad de gestión de la oferta de azúcar en el mercado comunitario es acertado. 
Si las medidas propuestas son diferentes, su filosofía converge en el sentido de una adaptación de la iniciativa «Todo menos armas». 
Por lo que respecta a la aplicación de la solidaridad europea, el Consejo avala el aumento de las ayudas previstas para los agricultores, proponiendo una compensación del 64,2 % de las pérdidas de ingresos, en vez del 60 % propuesto inicialmente. 
Por otra parte, recoge la idea de transferir una parte de la ayuda a la reestructuración a los agricultores, por un total del 10 % de las sumas previstas. 
En cambio, no se ha recogido la propuesta de los diputados de una vinculación parcial y una modulación de las ayudas a las regiones más desfavorecidas. 
Por lo que se refiere al tercer eje, las salidas alternativas, los Ministros de Agricultura de los veinticinco Estados miembros han confirmado la posibilidad de un desmantelamiento parcial de las fábricas que permita la creación de destilerías de bioetanol. 
Pero no se han materializado los incentivos financieros esperados para el desarrollo de los cultivos energéticos. 
Por último, en materia de precios, el descenso del 36 % en cuatro años previsto por el Consejo es menos rápido y menos drástico que las propuestas iniciales y se inscribe en la misma línea que los trabajos de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. 
A pesar de los indiscutibles avances, que hay que acoger con agrado, no se han recogido varias propuestas, en particular el endurecimiento de las condiciones que deben cumplir los industriales para beneficiarse de la ayuda a la reestructuración. 
A este respecto, es especialmente lamentable que el Consejo haya ignorado hasta ahora el conjunto de criterios sociales que deben respetarse, así como el poder concedido en última instancia a los Estados miembros para validar o no los posibles ceses de producción. 
Además, aunque para ello he de salir del marco estricto de este debate y de mis informes, debo expresar aquí toda mi indignación por el trato dado a los países ACP. 
Ante una reforma, y en particular un descenso de los precios, cuyas consecuencias serán desastrosas para gran parte de ellos, la suma de 40 millones de euros concedida por el Consejo para el año 2006 solo puede verse como una limosna irrisoria y ofensiva. 
La Unión Europea deberá encontrar imperativamente los recursos necesarios para poner remedio a esta situación, que contrasta con las declaraciones reiteradas de los Jefes de Estado y de Gobierno a favor del desarrollo de los países más pobres. 
Como ven, Señorías, los esfuerzos realizados por los Ministros de Agricultura deberán tener su continuidad en las negociaciones de febrero, a fin de llegar a un acuerdo definitivo aceptable para todos. 
Con esta perspectiva, quisiera que el Parlamento se pronunciase por la mayoría más amplia posible a favor de los tres informes que se le presentan y enviase así una señal contundente a los miembros del Consejo, para que se solventen las últimas lagunas del compromiso provisional de noviembre en el sentido de una reforma de la OCM del azúcar que sea a la vez justa y eficaz. 
. – Señora Presidenta, agradezco a la Comisaria y al señor Fruteau lo bien que han abordado una cuestión tan polémica y difícil. 
Evidentemente, la reforma del sector del azúcar es esencial, pero no puedo aceptar que algunas de las pequeñas y vulnerables economías con las que mantenemos relaciones y una cooperación muy especiales salgan perjudicadas indirectamente por lo que es una reforma interna de la Unión Europea. 
A lo largo de los debates, los países ACP han defendido un recorte gradual del precio, el final del dúmping y la financiación adicional a largo plazo para ayudarles a hacer frente a una reforma profunda. 
En gran medida, sus peticiones han sido rechazadas. 
Los países ACP opinan, como ha insinuado el señor Fruteau, que con lo que ahora hay sobre la mesa se sienten abandonados y traicionados. 
No tienen garantía alguna con respecto a la procedencia del dinero a largo plazo para ayudarles a reestructurar y diversificar tanto dentro como fuera del sector azucarero. 
Solo en el Caribe se prevé que las pérdidas debidas a los recortes ronden los 125 millones de euros. 
Los países ACP del Protocolo del Azúcar han suministrado azúcar tropical cuando Europa lo ha necesitado. 
Ahora nos piden que comprendamos la inevitable dependencia que tienen de ese producto, del que dependen para obtener ganancias de divisas, que les han aportado estabilidad y les han garantizado el mantenimiento de las democracias. 
La compensación que asciende a 7 500 millones de euros está sobre la mesa para los agricultores europeos. 
Hasta la fecha, los ACP cuentan con 40 millones de euros, que se dividen entre 18 países, y ni siquiera está claro cómo van a repartirse. 
Además, el Comisario Mandelson avisó anoche en el debate sobre la OMC que la cifra de 190 millones de euros, propuesta por la Comisión, se ve amenazada ahora por un recorte del 20 % acordado en las negociaciones presupuestarias de la Unión Europea. 
Señora Comisaria, ¿de dónde exactamente va a llegar el dinero? 
¿Tiene la Comisión nuevamente la intención de atracar el presupuesto de desarrollo para sufragar el coste de estas medidas de acompañamiento para los países ACP? 
Espero que el Comisario de Desarrollo, el señor Michel, se mantenga firme y que, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho sobre su interés por los países en desarrollo, ayude a conseguir más dinero para las medidas de acompañamiento. 
Otra cuestión es la referente a los efectos de la normativa sobre los países menos desarrollados. Le remito a las enmiendas que he presentado a este respecto. 
Casi todos los países menos desarrollados del mundo son miembros del grupo ACP. 
Por tanto, están muy interesados en la sorprendente propuesta de retirar nuestros compromisos en materia de «todo menos armas». 
A partir de 2009, todos los países menos desarrollados deberían beneficiarse del mismo precio garantizado dispuesto en el Protocolo del Azúcar de los países ACP. 
El cumplimiento de los compromisos de Europa de facilitar un acceso sin impuestos y sin cuotas, estable y a largo plazo a los países menos avanzados no debería demorarse. 
La cláusula de salvaguardia acordada por el Consejo impone un límite superior de un aumento del 25 % al año de las importaciones de los países menos avanzados. 
Esto deja en ridículo el acuerdo de «todo menos armas». 
Los países menos avanzados están a punto de perder 783 millones de euros de ganancias potenciales solo en el primer año. 
Espero que este Parlamento no acepte una situación que pone en peligro una iniciativa europea de la que hemos estado, con razón, orgullosos. 
No debemos votar a favor de ninguna demora en la aplicación o, de hecho, a favor de una cláusula de salvaguardia, que limitaría la promesa ofrecida por el acuerdo de «todo menos armas». 
De acuerdo con el objetivo de establecer una coherencia entre las prioridades agrícolas y de desarrollo, recomendaría apoyar las enmiendas sobre la eliminación de subvenciones a la exportación y la abolición de exportaciones de azúcar C. Si no actuamos estaremos emitiendo una señal totalmente equivocada a millones de personas que figuran entre las más pobres del mundo, en un momento en que Europa debe centrarse en hacer que la pobreza pase a la historia. 
– Señora Presidenta, la Comisión de Comercio Internacional ha elaborado una recomendación sobre el proyecto de informe que debatimos hoy. 
Esta consta de tres elementos principales. 
El primero establece que la Comisión propone un recorte moderado de los precios. 
Hemos propuesto que la Unión Europea restrinja las importaciones de forma más efectiva y que los agricultores productores de azúcar de la Unión Europea reciban una compensación más elevada. 
Estas propuestas son significativamente más beneficiosas para el sector del azúcar europeo que las presentadas por la Comisión Europea. 
Es una pena que la decisión del Consejo de Ministros de Agricultura, aprobada en noviembre, sea tan decepcionante, ya que no tiene suficientemente en cuenta los intereses de la agricultura europea, y de hecho es incluso cuestionable que una decisión aprobada de esta manera propicie el desarrollo de un mercado estable del azúcar en la Unión Europea. 
Hoy el Parlamento solo puede esperar cambios menores, pero nos mantenemos firmes con respecto a algunos aspectos. 
Por ejemplo, nos gustaría que los cultivadores de remolacha azucarera pudieran recibir hasta una cuota del cincuenta por ciento del fondo de reestructuración en lugar del diez por ciento actual. 
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que en opinión de la comisión la restricción efectiva de las importaciones es muy importante. 
Por ejemplo, incluso los Estados Unidos de América restringen las importaciones en condiciones preferentes. 
Si los Estados Unidos no permiten trampas, entonces la Unión Europea tampoco debería hacerlo porque socava la reputación internacional de la Unión Europea. 
Además, un sistema que impone cuotas estrictas a los productores de la Unión Europea, pero que permite a los importadores abastecer los mercados de la Unión Europea sin restricción alguna es absolutamente absurdo e injusto. 
. – Señora Presidenta, quiero decirle a la señora Comisaria que cuando presentó sus propuestas a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, le aplaudí. 
Soy consciente de que fui la única persona que aplaudió en esa comisión, lo que me creó tensiones con muchos de mis colegas. 
Aplaudí porque desde que en 1991 leí el informe del Tribunal de Cuentas he deseado que se reformara ese sector. 
He sido testigo de cambios de régimen desde el punto de vista del control presupuestario, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de la OMC y desde el punto de vista del consumidor, lo que me enfrenta con el señor Fruteau, por quien siento el mayor respeto y a quien admiro de verdad. 
Pero, francamente, no deberíamos aceptar la solicitud de «introducción de modificaciones». 
Lo que necesitamos es una revisión a fondo, tal y como ha propuesto la Comisaria. 
No deberíamos votar a favor de menos recortes de precios y de una mayor compensación y de menos recortes de cuotas que los propuestos por la Comisión. 
No deberíamos votar a favor de la utilización de instrumentos de política de cohesión estructural o social para proteger a los agricultores de azúcar. 
A todos los productores de los países ACP se les ofreció lo mismo. 
Hay grandes cantidades de fondos de la PAC disponibles para los agricultores de la Unión Europea. 
No olvidemos que los productores, procesadores y refinadores de azúcar no son los más pobres de este planeta. 
Estoy de acuerdo en que tenemos que supervisar las importaciones procedentes de los países menos avanzados para impedir el fraude y protegernos frente al comercio triangular, pero, francamente, estamos hablando de cantidades raquíticas. 
La producción de azúcar de 17 millones de toneladas en la Unión Europea no cambiará; no se producirá un desequilibrio de mercado debido a las importaciones de los países menos avanzados. 
Habría que oponerse a la enmienda 61 sobre el Acuerdo de «todo menos armas». 
Lo que estamos intentando hacer a los países menos avanzados es inaceptable. 
Deberíamos seguir la línea marcada por la señora Kinnock, garantizando que, pase lo que pase con estas reformas, el mundo en desarrollo no quede hipotecado. 
. – Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la reforma de la organización común de los mercados en el sector del azúcar es una de las mayores reformas de la Política Agrícola Común que se emprende desde que existe este Parlamento. 
Es un acto de equilibrismo entre, por un lado, las demandas de la OMC, las obligaciones derivadas de la iniciativa «Todo Menos Amas» y la decisión del panel, y, por otro lado, los productores de azúcar de remolacha y de caña y los intereses económicos asociados a ellos en Europa. 
La Comisión, representada por la Comisaria Fischer Boel, el Parlamento y, sobre todo, el Consejo, llevan el grueso de la responsabilidad de esta actuación equilibrista. 
Unas 350 000 familias de agricultores y más de 100 000 trabajadores de los sectores económicos asociados de la Unión Europea se ven afectados por ello. 
Muchos agricultores de remolacha azucarera y trabajadores de fábricas de azúcar todavía quieren saber por qué es tan necesario reformar, y a una escala tan masiva, una organización del mercado del azúcar que ha resistido durante décadas. 
La respuesta es muy sencilla: porque los compromisos internacionales adquiridos hace tiempo establecen que, a falta de reformas, el futuro del cultivo de azúcar de remolacha y de caña en la Unión Europea será muy dudoso a partir de 2009. 
La reforma de la organización común del mercado del azúcar nos brinda la oportunidad de mantener buena parte de la producción en Europa, a pesar de que ello comporte dolorosos recortes de los ingresos para los productores de azúcar. 
Es una pena –como ha dicho en efecto el señor Fruteau– que, tras el acuerdo del Consejo del 24 de noviembre, la Comisión y el Consejo de Ministros dieran la impresión de que este acuerdo había supuesto el cierre de la organización del mercado del azúcar. 
El hecho, sin embargo, es que este acuerdo fue ni más ni menos una declaración de intenciones por parte del Consejo. 
Solo cuando se reúnan otra vez los Ministros, el 19 de febrero, el Consejo podrá aprobar la reforma del mercado del azúcar. 
Me complace que el Consejo de Ministros haya tenido en cuenta, de forma significativa, las demandas que formulamos en nuestra propuesta de resolución el 10 de marzo de 2005. 
Por ejemplo, la Comisión contempla reducciones de hasta el 5 % del precio de la remolacha azucarera. 
Una mayoría en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural quería una reducción del 30 % del precio del azúcar blanco; el Consejo aceptó hasta un 36 %. 
En su propuesta la Comisión contempla el 60 % para pagos compensatorios, mientras que el Consejo quiere un aumento de hasta el 64,2 %. 
Es también esperanzador saber que la reforma durará hasta 2014/2015 y que no habrá transferencia de cuotas de un Estado miembro a otro. 
En este sentido quiero agradecer al nuevo Ministro de Agricultura alemán, el señor Horst Seehofer, que, poco después de prestar juramento, desempeñara de inmediato un papel significativo en las negociaciones del Consejo logrando que se modificaran las propuestas de la Comisión en beneficio de los cultivadores de azúcar de remolacha y de caña de la Unión Europea. 
Es preciso mejorar sobre todo el fondo de reestructuración. 
El plan del Consejo es que al menos el 10 % de los fondos destinados a la reestructuración se empleen para la agricultura. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural solicita que se utilice al menos el 50 % para la creación de medios alternativos de producción agrícola y, cuando vaya a tomarse la decisión final a este respecto en el Consejo, le pido a usted, señora Fischer Boel, y al Consejo, que tengan en cuenta el voto de esta Cámara. 
Por el uso que hace Rusia de los suministros de gas a Ucrania como instrumento de chantaje político es evidente que hemos de aprovechar cualquier oportunidad para dotar a la Unión Europea de un poco más de independencia en materia de energía. 
La agricultura europea está capacitada para utilizar los terrenos agrícolas que ya no se necesiten para la producción de alimentos para producir energía en forma de biomasa. 
La Comisión y el Consejo han de apoyar la producción de energía económicamente viable mediante el uso de fondos de reestructuración a fin de financiar su puesta en marcha, y debe hacer todo lo que esté en sus manos para poner fin a las llamadas operaciones triangulares ya mencionadas. 
En calidad de ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero agradecer en particular al presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Daul, y al ponente, el señor Fruteau, su extraordinaria cooperación en torno al informe sobre la reforma de la organización común de mercados en el sector del azúcar. 
Asimismo, quiero dar las gracias a todos los demás diputados que han contribuido constructivamente a este informe. 
Cuando votemos el jueves sobre la reforma del mercado del azúcar, esta Asamblea enviará una señal y pedirá que la Comisión y el Consejo cambien sus declaraciones de intenciones, aunque solo sea en algunos aspectos. 
. – Señora Presidenta, quiero empezar felicitando al ponente, el señor Fruteau, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, por la madurez y eficacia con que ha presentado sus propuestas y por su cooperación con los Grupos políticos y todas las comisiones parlamentarias. 
Sin embargo, por desgracia he de señalar que la Comisión y el Consejo han decidido examinar uno de los mercados quizá más importantes sin limitarse a esperar las decisiones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
¿Cree usted, señora Comisaria, que la forma en que ha manejado esta cuestión promueve una cooperación interinstitucional significativa? 
Por supuesto que no. 
¿Tiene usted que dar hoy por lo menos una muestra de buena cooperación con el Parlamento Europeo? 
¿Qué propuestas del Parlamento Europeo pretende usted aceptar? 
¿Ha recibido usted instrucciones y quiere ejercer una presión dinámica sobre el Consejo en este sentido? 
La revisión del sector azucarero supone un crimen premeditado para las zonas rurales y para la industria europea y tendrá resultados dudosos para los países en desarrollo, especialmente los países menos desarrollados. 
En numerosas regiones, incluso en mi país, Grecia, los productores de remolacha azucarera y los trabajadores de la industria del azúcar, incluido el sector azucarero griego, ya ha habido manifestaciones por las considerables repercusiones que tendrá una reducción del orden del 36 %. 
Usted ha dicho, señora Comisaria, que su objetivo era que el sector azucarero europeo fuera viable en la Unión Europea. 
¿Exagera usted o las cifras que usted maneja son incorrectas? 
Ambas predicciones y resultados demuestran que el sector azucarero se contraerá o desaparecerá, y los productores con él. 
Por tanto, en el marco de una estrecha cooperación y de una adaptación suave del nuevo mercado, formulamos ciertas propuestas que se expresan como tales en el informe Fruteau. 
Primero, la compensación sustancial por la pérdida de ingresos, principalmente a los pequeños productores, que serán los más afectados por la reducción de la ayuda. 
En segundo lugar, la activación efectiva del Fondo de Reconstrucción, como base para la consulta sustancial con todos los productores y trabajadores para la elaboración de programas operativos integrados y programas de reestructuración en un intento de detener el abandono de zonas rurales. 
En tercer lugar, ayuda de 80 euros por hectárea para zonas sembradas con cultivos energéticos y un aumento del número total de hectáreas permitidas de 1,8 a 2,8 millones. 
Esto es importante, porque se están haciendo esfuerzos por pasar a formas de energía más ecológicas. 
En cuarto lugar, la posibilidad de una ayuda nacional destinada a los productores por un período de transición y la asignación de un porcentaje de entre el 30 y el 50 % del importe dado para la reestructuración del sector a los propios productores, siempre que, por supuesto, sigan produciendo otros cultivos. 
Por supuesto, lo que esto significa, señora Comisaria, es que usted se comprometa a salvaguardar el presupuesto del azúcar durante las negociaciones en torno a las perspectivas financieras. 
De lo contrario, sería un talón devuelto que, en vista de las escasas aptitudes organizativas de la Comisión, reforzará la falta de credibilidad de las instituciones comunitarias en la mente de los ciudadanos europeos. 
. – Señora Presidenta, en primer lugar y sobre todo quiero felicitar a la señora Fischer Boel por esta reforma. 
Ha sido una propuesta ambiciosa que ha presentado la Comisión, y el subsiguiente compromiso aprobado por el Consejo es excelente. 
El resultado está claro: más libre comercio con respecto al azúcar. 
En los próximos años, los países más pobres del mundo podrán acceder libremente al mercado europeo y el precio del azúcar se reducirá a una cifra más cercana a su precio en el mercado mundial. 
Me molesta que el Parlamento haya hecho su contribución demasiado tarde. 
A pesar de las numerosas llamadas que se lanzaron el año pasado para poner todo en marcha, ahora nuestra oportunidad ya ha pasado, puesto que el Consejo de Ministros de Agricultura ya ha tomado la decisión. 
Esto no significa que el Parlamento Europeo no haya dejado huella en la reforma. 
Al contrario. 
Unas pocas características de la reforma reflejan los deseos expresados por el Parlamento Europeo. 
Por ejemplo, el capítulo sobre la reestructuración refleja nuestro deseo de fortalecer las regiones que dependen de la producción de caña de azúcar. 
Me complace mucho que, al final, hayamos aprobado una reforma de la organización común de los mercados en el sector del azúcar, que ha permanecido prácticamente igual durante 40 años. 
Mediante esta reforma hemos dado un gran paso en la dirección correcta: hacia algo que se asemeja más a una economía de mercado. 
No obstante, me gustaría que fuéramos más lejos. 
No basta con practicar el libre comercio con países de fuera de la Comunidad, ya que, por supuesto, no contamos con un mercado libre dentro de la Unión Europea. 
Solo cuando hayamos eliminado las cuotas nacionales para que la producción se lleve a cabo en los lugares más adecuados para ello y donde sea más rentable, entonces podremos hablar de un libre mercado interior. 
Hay unos cuantos aspectos de la reforma que merece la pena destacar. 
Por desgracia, el tiempo no me lo permite. 
Quiero mencionar en particular la propuesta de aumentar el uso de biocombustibles y la producción de etanol, en el que, en mi opinión, debemos invertir mucho y lo antes posible. 
Por suerte, hay una serie de Estados miembros que ya lo están haciendo. 
Mientras tanto, otros lo están aplazando y todavía no han empezado a invertir. 
Además de la caña de azúcar, también pueden cultivarse otros productos en zonas previamente destinadas a la caña de azúcar y que pueden utilizarse como biocombustible que, ecológica y económicamente y desde el punto de vista del suministro, constituirán una parte importante de la futura producción energética. 
La mayor batalla de la campaña a favor de crear una base para el biocombustible ha de librarse con los Ministros de Economía de los Estados miembros, quienes están un poco demasiado apegados a los ingresos fiscales del petróleo y la contribución que este hace a las arcas del Estado. 
Independientemente de lo justificada que pueda estar, la reforma –incluida en particular la reducción de los precios– tendrá consecuencias perjudiciales y de gran alcance para algunos de los países más pobres del mundo que no pueden hacer frente a la libre competencia en el mercado mundial. 
Dado el elevado precio del azúcar en la Unión Europea, en gran parte somos responsables de ello. 
Por tanto, es urgente que destinemos recursos suficientes a la reestructuración que afrontan esos países. 
Por último, quiero agradecer al ponente, el señor Fruteau, su constructiva cooperación. 
. – Señora Presidenta, señora Comisaria, estamos de acuerdo en que la reforma del azúcar era necesaria. 
La organización del mercado de azúcar se había pervertido desde el punto de vista de las cantidades y los recursos presupuestarios afectados: después de todo, las exportaciones superaron las cuotas en 5-6 millones de toneladas, lo que propició un desastroso efecto dúmping. 
Los beneficios obtenidos por los países ACP que pudieron suministrarnos una parte de su azúcar de acuerdo con nuestras condiciones se vieron contrarrestados por la caída de los precios a la que contribuimos con este dúmping en el mercado mundial. 
Aunque estábamos de acuerdo, se propusieron dos enfoques diferentes. 
Por un lado, estaba la idea de utilizar cuotas para reducir las cantidades a proporciones razonables e implicar más a los países del mundo en desarrollo, incluidos los países menos avanzados. 
Por otro lado, estaba el enfoque de la Comisión de empezar a liberalizar esta organización, recortando los precios y promocionando la racionalización en estos ámbitos, una solución que culminaría en la plena liberalización. 
Debatimos largo y tendido en comisión, aunque no tiene sentido entrar en detalles sobre esto ahora, ni tampoco habría tiempo. 
Al ver que en el Parlamento existía una oposición considerable, la Comisaria procedió a dejar de lado nuestra institución y, de la mano del Consejo, a concluir el asunto sin tener en cuenta al Parlamento. 
Sabía que podía permitírselo porque, en primer lugar, contaba con que el Parlamento no tenía poder de codecisión y, en segundo lugar, porque había obsequiado con regalos a aquellos cuyos intereses se veían afectados por esta organización del mercado del azúcar. 
El regalo más generoso –la ayuda a la reestructuración de 6 000 millones de euros para la industria– produjo un cambio de opinión de los grupos de interés. 
Así es cómo logró llevar a cabo su reforma. 
La única cuestión que todavía genera gran oposición es cómo se gestionarán estos fondos de reestructuración. 
Hemos presentado propuestas en este sentido. 
Es inaceptable que los agricultores reciban solo el 10 % y que no sea obligatorio hacer planes de desarrollo regional y empresarial en los que se apliquen criterios sociales o ecológicos o se tenga en cuenta a los trabajadores. 
Por tanto, mi Grupo propondrá devolver esta cuestión a la comisión para que podamos negociarla con la Comisaria y lograr algo para los agricultores y las regiones. 
Si dejamos las cosas como están, nadie moverá ni un dedo. 
Espero que los demás Grupos sigan nuestro ejemplo. 
. – Señora Presidenta, la reforma de la organización común del mercado en el sector del azúcar despierta una gran inquietud tanto en los países ACP como en las regiones ultraperiféricas. 
Esta preocupación es especialmente acusada en la isla de Reunión, donde la caña de azúcar sigue siendo el principal cultivo. 
La movilización de los agentes del sector de la caña de azúcar no ha sido vana. 
Ha dado pie a importantes modificaciones del proyecto inicial de reforma. 
Tomamos nota de esas modificaciones positivas y rendimos homenaje a la labor realizada por la Comisión de Agricultura y su ponente. 
Sin embargo, no debemos engañarnos a nosotros mismos. 
Las medidas de atenuación de los efectos de la reforma son limitadas en el tiempo, de modo que se presentan como otras tantas medidas paliativas que no tienen otro objetivo que hacer aceptar una reforma que a la larga puede tener efectos catastróficos. 
En este sentido, las regiones ultraperiféricas comparten el mismo destino que los países ACP. 
Nos es imposible hacer creer que el futuro está asegurado, sobre todo cuando son tantas las incertidumbres sobre lo que sucederá después de 2013. 
En efecto, ¿cuál será, aparte de la insuficiente compensación comunitaria, el porcentaje de la compensación nacional y, sobre todo, qué sucederá con su perpetuación después de 2013? 
Esta preocupación es tanto más legítima cuanto que la Cumbre de Hong Kong hace prever un nuevo debate a partir de 2009 con repercusiones sobre el presupuesto europeo, incluida la Política Agrícola Común. 
Sabiendo que una cepa de caña de azúcar representa en promedio siete años de cosecha y que debe ir seguida de una nueva plantación, es fácil imaginar que esas incertidumbres pueden alterar la confianza necesaria para alcanzar los objetivos de replantación hasta ahora apoyados por la Unión Europea. 
En definitiva, la cuestión es cómo se puede salvar el sector de la caña de azúcar. 
Señora Presidenta, concluiré diciendo que en esta situación, en que el futuro de nuestros plantadores no está asegurado más allá de la duración de una cepa de caña, nos es imposible aprobar el informe que se nos presenta. 
Señora Presidenta, los métodos utilizados para reformar el mercado del azúcar son contrarios a los objetivos estratégicos de la Unión Europea y de la Política Agrícola Común. 
La Unión Europea subvenciona la invasión de los excedentes de azúcar B en los mercados de terceros países. 
Esto sale caro y propicia la distorsión del comercio internacional. 
La limitación de la producción de azúcar debería imponerse principalmente a los países con altas cuotas de azúcar B, que deberían soportar el coste de la reforma. 
Después de todo, las cuotas A sirven para satisfacer las propias necesidades de los Estados miembros. 
Por tanto, combinar las cuotas A y B significa que muchos Estados miembros correrían el riesgo de dejar de ser autosuficientes en el sector del azúcar. 
También supondría que los países que no han contribuido a esta crisis de sobreproducción incurrirían en costes de reestructuración injustificablemente altos. 
A la luz del objetivo de la reforma, esta propuesta es injusta e ilógica. 
El coste de la solución de los problemas de sobreproducción causados por un pequeño número de Estados miembros lo asumirán otros, en particular los nuevos Estados miembros, que después de todo tienen cuotas B mucho menores. 
¿Por qué tendrían que hacerlo? 
Se ha asignado a los antiguos Estados miembros de la Unión Europea una cuota de azúcar B de 2,7 millones de toneladas, mientras que a los nuevos Estados miembros solo les han asignado 0,12 millones de toneladas. 
En la reforma propuesta también se han pasado por alto las cuestiones ambientales. 
Los agricultores se verán obligados a intensificar su producción de remolacha de azúcar y concentrarla en países y regiones seleccionados, todo en aras a una mayor competitividad. 
¿Qué tiene esto que ver con la protección ambiental? 
Esta reforma también es contraria a la cohesión social, económica y regional. 
Aumentará el número de explotaciones agrícolas que tendrán que cerrar y de despidos en las fábricas de azúcar, lo que es contrario a la Estrategia de Lisboa. 
La reforma propuesta del mercado del azúcar se basa en un concepto extraño de solidaridad, por el que lamentablemente tenemos que dar las gracias a la Comisión y a ciertos Gobiernos. 
La reforma del mercado del azúcar que estamos debatiendo se contradice con la Política Agrícola Común. 
De nuevo, es cada vez más evidente que esta política es común… 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, siempre hemos sostenido, tanto en la comisión como en el Parlamento, que la prisa que se daba la Comisión en llevar adelante su propuesta, hasta el grado de quebrantar las normas institucionales y comunitarias, era como mínimo sospechosa. 
El motivo de esta prisa parecía evidente: tras las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, la Comisaria tendría sin duda más dificultades para obtener la aprobación de una reforma que, sobre todo, se caracteriza por importantes recortes de precios y una compensación parcial de las pérdidas. 
Señora Presidenta, si bien estamos de acuerdo en que la reforma es necesaria, mi Grupo siempre ha solicitado que además de comportar los cambios necesarios, no debería perder de vista el objetivo esencial de mantener la competitividad internacional del sector a medio y a largo plazo. 
Por tanto, nos hemos opuesto desde el principio a la propuesta de la Comisión, porque su objetivo es concentrar la producción en ciertos Estados miembros sacrificando las zonas menos adecuadas y más débiles; por tanto, solo algunas zonas deberán pagar el precio del inevitable recorte general de la producción europea. 
Afortunadamente, el Consejo ha moderado la propuesta original de la Comisión, en parte introduciendo la oportunidad de que los Estados miembros concedan ayuda vinculada a la producción, hasta un máximo del 30 %, aunque el compromiso logrado no es del todo satisfactorio y sigue castigando excesivamente al sector. 
Así las cosas, el Parlamento debe asumir en todo las responsabilidades que le confieren los Tratados y adoptar su propia posición. 
Aunque será muy difícil reabrir un debate que ya está cerrado, cuando el Consejo llegue a aprobar formalmente la reforma ha de considerar la posibilidad de incluir algunas de las enmiendas fundamentales que propone el Parlamento para mejorar el texto. 
Entre ellas se incluye, por ejemplo, el mantenimiento del sistema de intervención hasta 2010; la modificación de la ayuda compensatoria de acuerdo con la producción; la obligatoriedad de asignar al menos el 50 % de la ayuda de reestructuración a los cultivadores de remolacha azucarera y de achicoria, a fin de compensar su pérdida de ingresos; y reformular las condiciones de acceso al sistema de reestructuración a través de la firma de un acuerdo comercial con cultivadores de remolacha azucarera y achicoria. 
– Señorías, les recomiendo que no aprueben los tres informes que se ocupan de la reforma del régimen del azúcar. 
Esta reforma es contraria al crecimiento, al empleo rural y a la economía de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea y, como tal, es contraria también a la Estrategia de Lisboa. 
La reforma no mejora suficientemente ni siquiera con las óptimas enmiendas propuestas en los informes del señor Fruteau y hará que la Unión Europea pierda su oportunidad única de desempeñar un papel de avanzadilla en la liberalización del comercio agrario en el marco de la OMC. 
Esto es muy lamentable, porque asumir un papel de avanzadilla en este asunto nos permitiría lograr nuestros objetivos en las negociaciones en torno a la liberalización del comercio de productos no agrícolas. 
El problema principal es que en lugar de basarse en las fuerzas naturales del mercado para corregir el régimen actual superburocratizado, la reforma utiliza una nueva serie de restricciones administrativas no probadas, ajenas al mercado y complejas. 
Ni la regulación de cantidades ni la de precios, por ejemplo, se utilizan en el comercio de productos más importantes, como la harina o los cereales. 
Los profundos cambios económicos de la bioenergía hacen aún más necesario un tipo diferente de reforma. 
Por estos motivos ya he presentado a las autoridades competentes propuestas de un sistema regulador basado en el mercado. 
En cuanto a los informes Fruteau, la Asamblea debería apoyarlos, en particular la recomendación de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, según la cual nunca se permitiría al Consejo concluir un acuerdo político definitivo sin consultar al Parlamento Europeo. 
Señorías, gracias por su apoyo. 
– Señora Presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Fruteau, así como al señor Daul, presidente de la comisión, quienes gracias a su cooperación han elaborado un excelente informe sobre la cuestión del azúcar y a favor del cual no tendremos problemas en votar esta semana. 
Sin embargo, aunque esta reforma del azúcar es vital, también es importante la forma de emprender este proceso y cómo lo experimentarán los agricultores de los distintos Estados miembros, y especialmente si pensarán que están recibiendo un trato justo a este respecto. 
Por ejemplo, en mi país, Finlandia, durante mucho tiempo se temía que la propuesta original de la Comisión sobre este tema acabara por completo con el cultivo del azúcar en nuestro país. 
Es lo que habría ocurrido si hubiera entrado en vigor la decisión original de la Comisión. 
Ahora tiene que cerrar otra fábrica de azúcar en Finlandia debido a la decisión inminente, y este mismo país ha de pagar una subvención a sus productores. 
Nadie puede decir que Finlandia haya ganado algo con esto, pero ahora es importante que usted, señora Comisaria, garantice a los agricultores finlandeses, así como a los de otros Estados miembros pequeños, que en el futuro se cumplan los acuerdos y que todos los países puedan dedicarse a la agricultura. 
En otro orden de cosas, se ha dicho en público que la decisión ya ha sido tomada y que el Parlamento ya no puede hacer nada al respecto. 
Esto es crear una impresión equivocada, y espero, señora Comisaria, que nos confirme que en todo lo relacionado con la agricultura siempre se escuchará al Parlamento a su debido momento y que siempre habrá cooperación. 
Así, nuestros ciudadanos confiarán en que este sistema realmente funcione. 
– Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar yo también quiero felicitar al ponente por su informe. 
Creo que el texto es bastante mejor que el texto de compromiso del Consejo, porque indica una forma de lograr una reforma muy necesaria sin penalizar drásticamente al sector agrícola y su producción, en particular en las regiones menos favorecidas. 
El compromiso del Consejo es motivo de preocupación sobre todo por las repercusiones que tendría en zonas menos adecuadas, por mucho que los recortes de la ayuda se hayan reducido sustancialmente, si bien la prórroga de cuatro años sigue siendo realmente un tapón insostenible. 
Señora Comisaria y señores representantes del Consejo, lo que pido, para no abordar cuestiones ya tratadas por otros diputados, es que reconozcan el notable grado de comprensión mostrado por la comisión parlamentaria y su presidente, el señor Daul –por toda la comisión, de hecho– por el cambio de procedimiento que propició un compromiso informal, a fin de mejorar la posición de cara a la negociación en la OMC. 
Asimismo, les pido que devuelvan el favor de la comprensión del Parlamento aceptando las mejoras propuestas para el texto, que esta Cámara aprobará con toda seguridad, en particular para permitir la ayuda estatal de transición en las regiones menos favorecidas y reajustar la compensación pagada a los agricultores, especialmente con cargo al fondo de reestructuración. 
– Señora Presidenta, Señorías, felicito al señor Fruteau por haber elaborado estas tres presentaciones especialmente importantes en torno a la reforma del sector azucarero. 
Ya el pasado noviembre el Consejo acordó los principios comunes de la organización del mercado del azúcar y las orientaciones para la reforma. 
Fue una decisión muy importante, celebrada por todos nosotros; primero, porque demostraba nuestra capacidad para aceptar cuestiones importantes para toda la Comunidad, cosa que unifica a la Unión y, en segundo lugar, porque ha fortalecido nuestra posición de cara a la negociación en Hong Kong. 
Hemos demostrado que la Comunidad no solo articula ideas, sino que también es capaz de adoptar medidas concretas. 
La Comunidad es consciente de los desafíos de la globalización y se prepara sistemáticamente para afrontarlos. 
Es una vergüenza, por supuesto, que el Consejo aceptara el acuerdo sin haber consultado al Parlamento Europeo, que representa los intereses de los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, Señorías, la forma en que se ha concebido y planificado la reforma es muy importante, pero su aplicación lo es incluso más. 
Por tanto, la reestructuración es una piedra angular de los tres informes. 
El Lituania, el principal fabricante de azúcar es la empresa danesa Danisco Sugar. No solo tiene fábricas en Lituania, sino también en Suecia, Alemania y Finlandia. 
Es evidente que la reforma propuesta animará a mantener las fábricas más eficientes y a desmantelar las que tienen pérdidas. 
Sin embargo, lo que hemos de hacer es tener en cuenta los intereses de los trabajadores, así como los de los cultivadores de materias primas, y garantizar que no se les abandone. 
Por tanto, la reforma debe facilitar, en primer lugar, la producción de productos alternativos y crear nuevas empresas, y no solo disponer la salida del mercado. 
Austria y Finlandia han prometido completar la reforma para finales de año. 
La reforma solo será un éxito si se tienen en cuenta los intereses de todos los agentes del mercado. 
– Señora Presidenta, siempre que se dice que los países ACP sufrirán si se liquida la caótica organización del sector del azúcar, el plan subyacente siempre es la protección de la propia producción de la Unión Europea. 
Si los países ACP van a sufrir porque se elimina dicha organización, esto se debe, por supuesto, a que con nuestro absurdo sistema comercial los hemos mantenido en condiciones parecidas a la esclavitud, y si se libera a los esclavos sin ayudarles a salir adelante, está claro que su situación será aún peor que antes. 
Deberíamos ayudar a los países ACP a desarrollar una producción sostenible. 
Es grotesco que no les demos más que una miseria, cuando compensamos abundantemente a nuestros productores de azúcar y a la industria azucarera. 
El importe de 200 millones de euros propuesto por Glenys Kinnock es un mínimo absoluto. 
Se ahorrará mucho dinero con la retirada gradual de la organización común del mercado en el sector del azúcar, por lo que esa compensación es fácilmente asequible. 
Asimismo debería complacernos que muchos países en desarrollo se beneficiarán de la liberalización del mercado del azúcar. 
Los problemas sociales y ambientales que se encuentran a todas luces en muchos lugares han de resolverse a través de la OIT y las convenciones sobre medio ambiente. 
Hemos de apoyar a esas fuerzas que quieren que se apliquen los requisitos pertinentes, por ejemplo en Brasil, y, sobre todo, es preciso que la OMC acepte esos requisitos como condiciones comerciales evidentes. 
– Lo siento, pero el debate de hoy, en lo que a la opinión del Parlamento sobre el sector azucarero se refiere, es una burla, dado que el Consejo ha decidido y los Gobiernos nacionales están planeando aplicar una decisión dura, antiagrícola, que eliminará miles de explotaciones pequeñas y medianas, hará que cierren muchas fábricas de azúcar y los trabajadores pasen a engrosar las filas de los desempleados. 
En Grecia los agricultores y trabajadores ya han empezado a manifestarse. 
Las decisiones del nuevo reglamento recortan drásticamente las cuotas y los precios institucionales y ponen fin a la intervención. 
Se amparan en la filosofía de la nueva PAC y constituyen instrumentos destinados a reducir los recursos para la agricultura y canalizarlos a las políticas represivas de la Unión Europea con el pretexto del terrorismo. 
Al mismo tiempo, las decisiones de la OMC demuestran que la agricultura y, por supuesto, el azúcar, han sido sentenciadas para favorecer los intereses y la rentabilidad del capital industrial europeo facilitando su mayor penetración en los países en desarrollo para poder explotarlos mejor. 
Con sus propuestas, el ponente intenta demorar un poco las repercusiones. 
Por desgracia, una muerte rápida o más lenta para el sector del azúcar… 
– Señora Presidenta, al igual que el último orador, yo también me pregunto por qué nos entretenemos en estas propuestas. 
Es cierto que el Consejo adoptó una decisión el 22 de noviembre y ahora es un hecho consumado. 
Sin embargo, si el Parlamento quiere decir algo al respecto, deberíamos recordar que el régimen del azúcar ha permanecido prácticamente intacto durante casi 40 años, y, sin embargo, aquí estamos, intentando introducir cambios profundos casi de la noche a la mañana. 
Es un sistema enfermo que necesita una reforma desde hace muchos años. 
Sin embargo, las soluciones draconianas que se proponen –es decir, el medicamento para la enfermedad– pueden matar al paciente en el proceso: se calcula que el nuevo régimen acarreará la pérdida de 100 000 puestos de trabajo en Europa y pondrá fin al cultivo de azúcar en países como Grecia e Irlanda. 
Asimismo, puede causar un daño incomparable a las economías de muchas antiguas colonias europeas de África y el Caribe, los principales beneficiarios del antiguo régimen. 
Asimismo, soy consciente –y me duele– de que mi circunscripción del este de Inglaterra alberga gran parte del cultivo de azúcar del Reino Unido. 
Recomiendo que se realice sin demora un estudio a fondo de los efectos del nuevo régimen. 
No hay que olvidar nunca que nuestras acciones afectan a los seres humanos del mundo real, más allá de nuestras cuatro paredes. 
Es una vergüenza que esta forma de gobierno burocrática y centralizada haya tardado tanto tiempo en actuar, y además solamente bajo la presión de la OMC, y que debido a ello tengan que sufrir tantas personas. 
Señora Presidenta, la reforma del mercado del azúcar que analizamos hoy es una seudorreforma peligrosa, injusta, deshonesta y antisocial. 
Es peligrosa porque llevará a la Unión Europea a depender de los suministros de azúcar del resto del mundo, lo que perjudicará la seguridad alimentaria de nuestro continente. 
Es injusta porque las exportaciones subvencionadas de azúcar B que causan tantos problemas fueron en al principio una idea de Francia y Alemania y, sin embargo, es toda la Unión Europea la que paga el precio y los nuevos Estados miembros quienes más sufren. 
En lugar de eliminar los excedentes de la exportación, la propuesta golpea en pleno corazón de la producción de azúcar en toda Europa. 
Hace tan solo unos pocos años, las grandes empresas de azúcar de Polonia pagaron un precio muy bajo por las fábricas que habían sido privatizadas. 
Estas mismas empresas recibirán ahora varias veces esa cantidad por cerrar las fábricas. 
Este es solo un ejemplo del carácter deshonesto de la reforma. 
Por último, la reforma es antisocial porque ignora la lucha de miles de cultivadores y trabajadores de fábricas de azúcar que perderán sus sustentos y a quienes les resultará difícil encontrar un nuevo trabajo. 
Esta seudorreforma bien podría llamarse, como la película de gángsters. 
Las grandes empresas de azúcar ganarán cientos de millones de euros al trasladar sus negocios fuera de la Unión Europea. 
Deberíamos rechazar esta seudorreforma por el bien de Europa. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, desde 1968 el mercado común del azúcar funcionaba bien en lo esencial; la prueba es que se producían 20 millones, se consumían 16 y solo se exportaban 4, frente a los 13 millones de Brasil. 
Pero los devotos del libre comercio nos dicen que el azúcar europeo producía diabetes económica en los países pobres. 
Por tanto, para erradicar la pobreza del mundo de la caña, hay que erradicar el azúcar de la Europa de la remolacha. 
De ahí los tres reglamentos comunitarios, con un descenso de los precios del 36 % y el consiguiente descenso de las rentas, e incluso la apertura de nuestro mercado al comercio triangular del azúcar a través de los Balcanes o los países menos avanzados en 2009, en provecho evidentemente de los grandes operadores. 
El resultado de todo esto es conocido. 
A pesar de los loables esfuerzos del señor Fruteau nos convertiremos en importadores de azúcar, los contribuyentes europeos pagarán algunas indemnizaciones a los ACP y, después de 2015, la industria agroalimentaria europea será marginada. 
Ahora bien, como para 2015 China y la India serán importadores masivos agroalimentarios, Brasil será quien alimente a Asia, mientras que Europa se quedará fuera del juego. 
Una sola pregunta, señora Comisaria, ¿por qué, desde hace veinte años, tiene usted antipatía por los pequeños campesinos europeos... 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, quiero expresar mi particular gratitud al ponente por su trabajo. 
Apoyo este compromiso, al que se llegó en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural tras intensos debates y negociaciones; pero, al mismo tiempo, hemos de ser conscientes del impacto que estos tres informes tienen en la agricultura europea en general y entre los cultivadores de remolacha en particular, así como en la industria azucarera. 
El sector del azúcar es un ejemplo del alcance de la influencia de la OMC en las economías de los distintos Estados, así como en la del conjunto de la Unión Europea. 
La Comisión de Agricultura ha logrado moderar unas cuantas propuestas de la Comisión, y creo que el resultado es sumamente aceptable. 
Espero que en las negociaciones finales entre el Consejo y la Comisión se tenga más en cuenta las demandas de la Comisión de Agricultura. 
La producción de cultivos energéticos ofrecen a los agricultores al menos la misma oportunidad de encontrar alternativas al cultivo de remolacha azucarera y de promover la producción no alimentaria, que es vital y mira al futuro. 
Tras la reforma de la PAC, la agricultura europea tendrá que pasar pronto por su próxima gran reforma. 
Sin embargo, hemos de aceptar que vivimos en un mundo interconectado y que la insistencia obstinada en mantener las cosas como están no es desde luego una alternativa viable. 
La Comisión de Agricultura opina que, en el futuro, ha de ser posible obligar al Consejo a esperar a que el Parlamento tome sus decisiones antes de tomar las suyas. 
Esta ha sido una situación excepcional y en vista de ello apoyo el procedimiento. 
Espero que a la hora de la verdad, en el futuro sigamos teniendo cultivadores de remolacha y un sector azucarero activo y atractivo. 
– Señora Presidenta, en noviembre el Consejo decidió reformar el sector azucarero europeo reduciendo los precios un 36 % en cuatro años y pagando una compensación de más de 7 000 millones de euros a dicho sector. 
Es importante que parte de esta compensación no solo se destine a los cultivadores y la industria, sino también a los trabajadores que pueden perder sus empleos a raíz de las reformas. 
No hay que olvidarlos, y me gustaría que la Comisaria se comprometiera a ayudarles para que se reciclen y puedan encontrar un empleo apropiado. 
Apoyo la decisión del Consejo de no demorar más el libre acceso al azúcar desde los países menos desarrollados al amparo de «Todo menos armas». 
Se trata de personas para las que, sobre todo cuando los precios caen en picado, las exportaciones de azúcar son vitales. 
Hemos de cumplir nuestras promesas y abrir nuestro mercado en 2009; lo hemos estado aplazando ya durante bastante tiempo. 
Lamento la decisión del Consejo de no hacer de tripas corazón en lo que se refiere a la abolición del azúcar C. Puesto que el azúcar C distorsiona el precio del mercado mundial, nos convendría buscar usos finales alternativos para los posibles excedentes, como la producción de energía. 
Quiero preguntar a la Comisaria si puede garantizar a estas alturas que el azúcar C sea eliminado. 
Puedo entender por qué ha decidido usted introducir una cuota del 25 % para contrarrestar el comercio triangular, pero ¿podría usted confirmar que esta investigación, si supera el 25 %, solo pretende contrarrestar el comercio triangular y no debilitar otras cosas? 
¿Puede usted confirmar que esto no tendrá efectos retardatarios? 
El Comisario Mandelson dijo ayer que es cierto que necesitamos 200 millones si queremos en serio ayudar a los países ACP. 
El señor Fruteau tenía razón al decir que 40 millones es una cifra inaceptable. 
No está claro de dónde obtener el dinero. 
Debería proceder de fondos nuevos. 
¿Puede usted prometer que la Comisión, en cualquier caso, se esforzará por encontrar esos 200 millones al año y que no será a costa de la categoría 4 del presupuesto de desarrollo? 
Eso supondría financiar a los países más pobres con cargo a su propio bolsillo, y este tipo de solidaridad no es el correcto. 
Señora Presidenta, todo lo que podemos decir es que este debate se celebra demasiado tarde. 
La Comisaria, a quien quiero felicitar por el hecho de que el Consejo haya aceptado la mayoría de sus ideas, ha mostrado tacto al decir que el Parlamento ha ejercido una gran influencia. 
Aunque quiero felicitar al señor Fruteau, soy consciente de que lo que decidamos hoy o mañana en una resolución tendrá poca influencia en el resultado final. 
Yo también creo que las reformas del azúcar eran necesarias. 
El grupo de expertos de la OMC nos ha criticado; ahora tenemos un acuerdo que hemos de cumplir y tener en cuenta. 
Tanto los agricultores de los Estados miembros como los de los países ACP están recibiendo un trato injusto. 
Estoy de acuerdo con los que han afirmado que el azúcar no será el principal producto para los países ACP; la producción de energía será igualmente importante. 
Disponemos de la tecnología –que ya está aplicándose en Brasil y en otros países– para transformar directamente la caña de azúcar en alcohol. 
Insto a la Comisión a que dé el mayor apoyo posible a los países ACP en este proceso, porque es preferible que dichos países usen caña de azúcar para producir energía, siempre y cuando estén en los trópicos. 
Mientras tanto, ha surgido otro problema. 
Si mi información es correcta, el mercado europeo pronto se verá inundado con un excedente de 2 millones de toneladas de azúcar. 
Esto es debido a que las exportaciones han caído y la cosecha ha sido buena. 
Aún hay una gran oferta de azúcar de intervención, y parece que en el primer año el nivel de participación en el proceso de reestructuración será inferior a lo que se esperaba. 
Quiero formular una pregunta rápida a la Comisión. 
¿Qué tiene pensado hacer a corto plazo respecto de este excedente de 2 millones de toneladas de azúcar? 
Señora Presidenta, Comisaria, en su versión actual, la reforma del azúcar será perjudicial para los países en desarrollo y para los países ACP que ahora están perdiendo su acceso al mercado y a quienes se les pagan precios más bajos por sus productos. 
En mi opinión, toda reforma agrícola que perjudique a los países en desarrollo es mala. 
Esta reforma también asesta un golpe mortal a los ingresos de miles de agricultores y trabajadores de la industria del azúcar, y la ausencia de un plan social adecuado que lo mitigue la convierte en algo inútil. 
Por último, esta reforma no beneficia al contribuyente europeo de ninguna manera, ya que es neutra desde el punto de vista del presupuesto. 
Por consiguiente, podemos afirmar que esta reforma es un desastre. 
No cabe duda de que la política azucarera europea tiene que reformarse, pero no para que solo se beneficien los grandes productores de alimentos. 
Señora Presidenta, el debate de hoy ha planteado muchas preguntas, en particular respecto del impacto que la reforma tendrá en los nuevos Estados miembros. 
Deberíamos preguntarnos si ha ocurrido algo extraordinario en el comercio mundial del azúcar o en la producción del azúcar en los dos años desde la última ampliación de la UE que justifique un cambio tan repentino en la política azucarera, y la respuesta a esta pregunta es «no». 
Lo menciono porque los nuevos Estados miembros serán los más afectados por esta reforma. 
Es bastante común que los agricultores de estos países hayan invertido todos sus ahorros en sus granjas, a pesar de que se les ha tratado injustamente. 
Quiero recordar a la Cámara que los agricultores de los antiguos Estados miembros de la UE reciben tres veces más en subvenciones que los de los nuevos Estados miembros. 
No cabe duda de que esta reforma lleva años preparándose, lo que significa que se engañó e incluso estafó de forma intencionada a la opinión pública de los nuevos Estados miembros en el momento de la adhesión. 
La aplicación de esta reforma demostrará que la idea de la solidaridad europea y la ayuda verdadera a los nuevos Estados miembros es una ilusión. 
La ayuda verdadera significa dar a los nuevos Estados miembros una oportunidad real de desarrollar sus economías, en lugar de concederles subvenciones a corto plazo. 
Uno o incluso varios países pueden perder las votaciones, pero la opinión pública polaca se opone a una reforma de este tipo, y se niega a que la engañen constantemente. 
A mi también me gustaría prescindir de una UE que funciona en estos términos. 
Señora Presidenta, Señorías, primero, quiero dar las gracias al ponente, señor Fruteau, por la labor realizada. 
Creo que el azúcar siempre ha sido y seguirá siendo un producto estratégico. 
Así que las batallas continuas en relación con las normas y reglamentos de la producción y el comercio del azúcar no son accidentales. 
No podemos olvidar que una parte considerable de la economía de la UE se relaciona con este producto, desde la agricultura hasta la industria, y hay personas trabajando en todos los sectores. 
Estas personas crean una gran parte del PIB; se ganan la vida, mantienen a sus familias y educan a sus hijos. 
Así pues, estas reformas no pueden ignorar a estas personas, nuestros ciudadanos. 
No podemos ignorar sus intereses ni permitir que sus empleos e ingresos se pongan en peligro. 
Y creo que esta es exactamente la amenaza. 
Es una pena que, al presentar la propuesta, la Comisión prestara muy poca atención a la opinión del Parlamento Europeo. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el ponente han intentado mejorar la propuesta, pero no estoy seguro de que lo hayan conseguido. 
Creo que la reforma es mucho más beneficiosa para los países en desarrollo y para las empresas transnacionales que se esconden tras ellos, o para las grandes empresas, que para los sectores más vulnerables de la comunidad de la Unión Europea, es decir, los agricultores, los trabajadores de las fábricas, y en general, los residentes de las zonas rurales. 
Por tanto, creo que la propuesta presentada, a pesar de que la Comisión de Agricultura la ha mejorado mucho, es inadecuada, injusta e insensible; y afectará a millones de residentes rurales que ya viven en la pobreza. 
Señor Didžiokas, está usted hablando y leyendo sus intervenciones demasiado rápido, y no es el único. 
Los intérpretes no pueden seguirle, así que estamos perdiendo tiempo. 
Será más ventajoso para el mensaje que quiere transmitir si habla más despacio o sin un discurso preparado. 
– Señora Presidenta, como sabemos, desde 1968 Europa intenta satisfacer sus propias necesidades de azúcar; es decir, quiere ser capaz de satisfacer la demanda con su propia producción. 
Como ocurre con muchas buenas intenciones, esta ha salido mal y, sin duda, ha comenzado a constituir un problema. 
Nuestros agricultores de remolacha azucarera no tienen ninguna oportunidad de competir con el clima cálido y los bajos salarios de los trópicos, si bien hay que decir, por supuesto, que nuestra azúcar no se produce usando técnicas de cortar y quemar ni recurre a la mano de obra infantil, ni tampoco se transporta hasta el otro lado del planeta, lo que sin duda también protege el medio ambiente. 
Permitir que los agricultores produjeran excedentes aún mayores y que los vendieran en el mercado mundial a precios subvencionados, por así decirlo, convirtiéndolos en competidores de todos los que podían producir azúcar de forma mucho más barata creó un sistema que, antes o después, estaba abocado al fracaso. 
Sin embargo, en lugar de realizar una intervención normativa lenta y sensible para evitar lo peor, durante décadas la respuesta fue apartar la mirada. 
La gota que ha colmado el vaso ha sido el acuerdo con los países ACP sobre la reexportación de su azúcar, que se ha subvencionado con unos 800 millones de euros. 
Se trata de una ayuda al desarrollo de lo más peculiar. 
Anteriormente, las exportaciones de azúcar subvencionadas se consideraban inmorales; ahora son ilegales. 
Por tanto, tendremos que trabajar duro para garantizar que nuestros agricultores, nuestras fábricas de azúcar y los trabajadores de esas fábricas salgan indemnes, en la medida de lo posible, de este lío en el que nos hemos metido. 
El debate se suspende hasta las 21.00 horas. 
– De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de Preguntas (B6-0676/2005). 
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas a la Comisión. 
Interpol, que es una organización admirable y valiosa y que está situada en el territorio de la Unión Europea, dispone de un determinado número de bases de datos: sobre documentos robados, sobre obras de arte robadas, sobre delincuentes buscados, sobre huella digitales, etc. Estas bases de datos están a disposición de los servicios policiales de todo el mundo. 
¿Está convencida la Comisión de que el funcionamiento de estas bases de datos es plenamente conforme con las leyes de la Unión sobre protección de datos personales? 
. La Comisión apoya la cooperación entre Interpol y los Estados miembros europeos, así como con órganos de la Unión Europea, como Europol. 
Al mismo tiempo, tal y como se señala en la propuesta de posición común del Consejo que presentó la Comisión en 2004 sobre la transferencia de ciertos datos a Interpol, es preciso respetar las normas de protección de datos. 
Esto se confirmó en la posición común del Consejo del 24 de enero de 2005 sobre el intercambio de ciertos datos con Interpol. Sobre todo concierne a pasaportes perdidos o robados. 
En ella se hacía hincapié en que las condiciones del intercambio debían acordarse con Interpol a fin de garantizar, y quiero subrayar lo que sigue, que los datos intercambiados respetarán los principios de protección de datos que constituyen un elemento central del intercambio de datos en el interior de la Unión, en particular con respecto al intercambio y al tratamiento automático de dichos datos. 
Quiero añadir que las normas sobre el control de la información y el acceso a los archivos de Interpol garantizarán el control de datos personales por parte de Interpol. 
En particular, estas normas establecen una comisión para el control de los archivos de Interpol y fijan la composición, el papel y las funciones de dicha comisión. 
El presidente actual de la comisión es el señor Hustinx, que en estos momentos también es el supervisor de la protección de datos de la Unión Europea. 
– Quiero formular una pregunta complementaria. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta precisa y, aunque estoy estudiando italiano, le agradezco que lo haya hecho en un inglés tan bueno. 
Es una respuesta complicada y, por tanto, difícil de asumir. 
Sin embargo, me parece que se ha referido a la posición del Consejo de enero de 2005 sobre pasaportes robados. 
Esto está claro. 
No obstante, me pregunto si me puede confirmar que la posición del Consejo también abarca suficientemente las demás bases de datos que he mencionado, de obras de arte, delincuentes buscados y huellas dactilares. 
. 
Señor Presidente, Señorías, doy las gracias a su Señoría por la pregunta complementaria. 
El Consejo ha establecido directrices muy claras y la Comisión vigilará el cumplimiento de estas normas, que se aplicarán a todas las bases de datos de Interpol. 
En particular, me refiero a ciertos principios clave de la protección de datos: ¿quién está autorizado a acceder a los datos; con qué fines específicos y predeterminados; cuánto tiempo se pueden retener los datos; y, sobre todo, quién está autorizado a usarlos y en qué circunstancias? 
Como saben, recientemente hemos presentado un proyecto de decisión marco sobre la protección de datos en virtud del tercer pilar. 
Se trata de la primera propuesta de este tipo, y amplía el ámbito de la protección de datos en el contexto de la cooperación policial. 
En las conclusiones de la última cumbre de los Ministros de Medio Ambiente de los países mediterráneos en noviembre de 2005 se expresa especial preocupación por la situación en que se encuentran la disponibilidad y la gestión de los recursos hídricos en la región. 
Concretamente, ha desaparecido el 50% de los humedales, con consecuencias nefastas para la flora y la fauna de toda la región, y se calcula que sólo el 60% de las regiones agrícolas de las costas meridionales del Mediterráneo tiene acceso a agua potable segura. 
A la vista de estos datos y de las estimaciones de los científicos según las cuales, en el futuro, el 38% de la población del Mediterráneo vivirá en zonas donde se carecerá de agua, ¿tiene intención la Comisión de presentar iniciativas concretas, en el marco de la cooperación euromediterránea, para hacer frente a este fenómeno junto con los países socios, basándose en la Directiva marco sobre política del agua (2000/60/CE (1) -por la que se establece un marco de actuación en el ámbito de la política de aguas)? 
Considerando que en el marco del programa de acción ambiental prioritario a corto y medio plazo (SMAP) , la gestión del agua y de los residuos constituye un ámbito prioritario, ¿dispone la Comisión de evaluaciones de las acciones y programas llevados a cabo al respecto? 
¿Piensa promover nuevas acciones e iniciativas en el marco de dicho programa? 
. 
Señor Presidente, la gestión de los recursos hídricos en la zona del Mediterráneo constituye un reto para todos nosotros desde el punto de vista tanto de la calidad como de la disponibilidad del agua. 
El problema de la escasez del agua en el Mediterráneo se está intensificando debido, por una parte, al aumento de la demanda de agua en ciertos sectores y zonas y, por otra, a las repercusiones del cambio climático. 
Respecto del cambio climático, quiero comentar que, desde un punto de vista científico, resulta difícil mantener que los casos aislados de sequías estén directamente relacionados con el cambio climático; sin embargo, sabemos que el cambio climático contribuye a fenómenos más graves que se están manifestando cada vez con mayor regularidad y en zonas geográficas más amplias. 
Pedimos y hemos recibido un informe del Centro Común de Investigación de la UE sobre la relación entre el cambio climático y el agua, la escasez de agua y las sequías. 
En general, la protección de nuestros recursos hídricos constituye una de las prioridades de la política medioambiental de la Unión Europea. 
De hecho, la Unión Europea ha reestructurado de forma radical su política en el sector hídrico con la directiva marco relevante. 
De esta manera, ha enviado un mensaje político que traspasa su territorio. 
Uno de los principios básicos de la política de la Unión Europea en el sector hídrico es la cooperación entre las regiones de varios Estados miembros que comparten recursos hídricos comunes. 
A este fin, se aprobó la llamada Iniciativa sobre el Agua de la UE, en cuyo marco la Unión Europea y sus Estados miembros se comprometieron a cumplir con los Objetivos del Milenio respecto del sector hídrico. 
Después de eso, la Comisión lanzó un procedimiento conjunto entre la directiva marco y la Iniciativa sobre el Agua de la UE, encabezado por Grecia por parte de la iniciativa relativa al Mediterráneo. 
El objetivo de esta cooperación es facilitar la aplicación de las políticas de administración adecuada de los recursos hídricos en los países del Mediterráneo, respetando los principios de la Directiva Marco del Agua. 
En consecuencia, puesto que los Estados miembros de la Unión Europea y los países mediterráneos terceros están trabajando juntos, se han establecido grupos de trabajo, uno de los cuales abordará la cuestión de la escasez de agua y elaborará directrices para finales de año, que se dirigirán tanto a los países de la Unión Europea como a otros países mediterráneos. 
También se propondrán medidas para prevenir y gestionar la escasez de agua y las sequías. 
El agua es una de las prioridades del plan de acción medioambiental a corto plazo, conocido como SMAP, que se está aplicando en el ámbito regional. 
La supervisión de las medidas SMAP forma parte del programa y hay informes disponibles para la mayoría de estas medidas. 
Este año se programará una evaluación detallada del programa y los resultados estarán a su disposición. 
Hasta ahora, la evidencia disponible de la aplicación de SMAP es positiva y está contribuyendo al fomento e intercambio de experiencias y mejores prácticas, en especial en el sector hídrico. 
Dentro del programa SMAP 2 entre 2000 y 2005, dos de los ocho proyectos –con una contribución comunitaria de 6,2 millones de euros– están directamente relacionados con la gestión del agua. 
La próxima generación de programas SMAP, SMAP 3, se centrará en la preparación de planes de gestión de las zonas costeras y estipulará la ayuda técnica necesaria para los Gobiernos de los Estados miembros. 
Algunos planes relevantes ya están en la fase de firma y se espera que duren tres años a partir de enero de 2006. 
– Señor Comisario, muchas gracias por la información que me ha dado en su respuesta respecto de la política de la UE en el marco de los 25 países y de su cooperación con países terceros para alcanzar los Objetivos del Milenio, en especial en el marco de la cuenca del Mediterráneo. 
Quería preguntarle si actualmente dispone de información más detallada y específica sobre las directrices que la Comisión Europea publicará respecto de la inversión pública y privada en el marco de Barcelona II, porque el sector hídrico es muy importante para la calidad de vida y el desarrollo igualitario que queremos alcanzar en la cuenca del Mediterráneo. 
. 
Para ser concreto, en primer lugar quiero decir que disponemos de varios medios para financiar tanto a los países de la Unión Europea como a los países vecinos. 
Básicamente, son: el Fondo de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Desarrollo Rural y demás. 
No obstante, también hay dinero para los países vecinos. 
Por supuesto, todo depende de que el Parlamento Europeo y el Consejo progresen en la aprobación de las Perspectivas Financieras 2007-2013. 
La Iniciativa del Agua de la UE también dispone de una serie de medidas tanto para los países europeos como para los países mediterráneos vecinos, en especial la iniciativa para el agua en el Mediterráneo, y también una serie de directivas sobre las mejores prácticas que, por supuesto, contarán con el apoyo económico necesario. 
Señor Comisario, la Agencia Europea de Medio Ambiente, en su informe de 2004, constataba que en Europa se había incrementado en un grado la temperatura por encima de la media en el resto del mundo. 
¿Ha estudiado la Comisión la implantación de un Observatorio Europeo de la Sequía? 
Otra de las consecuencias de la sequía son los incendios devastadores. 
¿Ha estudiado la Comisión alguna ayuda financiera para la prevención de incendios y para paliar las consecuencias de los mismos en las zonas rurales afectadas? 
. 
En efecto, en un informe de hace dos meses, la Agencia Europea del Medio Ambiente señalaba y hacía hincapié en que las prioridades medioambientales para la zona del Mediterráneo incluyen la sequía y la prevención y gestión de situaciones de sequía y escasez de agua, que afecta a países como Portugal y España este año en particular. 
Respecto de la sequía en Portugal y España, el Fondo de Cohesión de la Unión Europea ha asignado fondos para adaptar y apoyar las medidas que ya se financiaron hace algún tiempo para hacer frente a fenómenos meteorológicos similares. 
Respecto de las medidas a largo plazo, la Unión Europea financiará a España con más de 1 300 millones de euros a fin de apoyar el nuevo plan español sobre la gestión y el uso del agua. 
En el futuro, se pondrá especial atención en las medidas para prevenir y gestionar las sequías y la escasez de agua. 
Asimismo, quiero señalar que el informe de la Agencia del Medio Ambiente destacó la importancia de otras amenazas emergentes en la zona del Mediterráneo, en especial para los ecosistemas, a causa de los cambios de temperatura y las precipitaciones en la zona, que tienen varias consecuencias. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, esta tarde hemos debatido la seguridad del suministro energético con el Comisario Piebalgs. 
¿Qué papel cree el Comisario que desempeñan las energías renovables en esta Directiva Marco del Agua, ya que representan una estrategia de futuro fundamental para la seguridad de nuestro suministro energético? 
. La energía renovable es una de nuestras prioridades en estos momentos. 
Contamos con un Libro Verde sobre energía renovable, que intentamos promover por varios medios. 
También tenemos objetivos para la Unión Europea para 2002 y 2020. 
Todavía no los hemos conseguido, pero esperamos hacerlo a través de varios medios y medidas que estamos proponiendo. 
En este sentido, tenemos la segunda fase del programa de cambio climático europeo, que promueve fuentes de energía renovables, así como nuestras propuestas de una serie de medidas de apoyo de fuentes energéticas. 
Al mismo tiempo, la Comisión está en estos momentos debatiendo una estrategia de biocarburantes, que proporcionan un medio no solo de garantizar recursos energéticos en la Unión Europea, sino también de responder a los problemas que la nueva política agrícola acarreará para los agricultores, además de limitar los gases de efecto invernadero y de hacer frente a otros problemas ambientales. 
¿Puede informar la Comisión sobre las medidas que ha adoptado para responder a la Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 96/71/CE (2) sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (P5_TA (2004) 0030) , de 15 de enero de 2004, en la que se destacaba que, en la práctica, a menudo no se consigue aplicar efectivamente las normas laborales fundamentales en el ámbito de la libre circulación de servicios y la prevención del dumping social, especialmente en los que se refiere al apartado 10, en el que el Parlamento instaba a la Comisión a que presentara propuestas destinadas a simplificar y completar la Directiva vigente, con el fin de mejorar su aplicación en la práctica y de responder mejor a sus objetivos, así como al apartado 14, en el que se pedía a la Comisión que presentara un segundo informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva, a más tardar a finales del año 2004? 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión concede mucha importancia a la resolución del Parlamento sobre la aplicación, por parte de los Estados miembros, de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios. 
Los interlocutores sociales de todos los sectores han participado en los debates sobre la resolución, y se les ha pedido que den más información a través de un cuestionario exhaustivo. Dicho cuestionario también se ha enviado a los órganos administrativos de los Estados miembros, que es el procedimiento habitual de todas las resoluciones del Parlamento. 
La Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera ha llevado a cabo un proyecto de investigación que la Comisión ha apoyado, y que ha ido seguido de una conferencia. 
El resultado final ha sido un segundo proyecto de informe sobre la aplicación de la Directiva 96/71/EC, que abarca las mismas cuestiones que la resolución del Parlamento. 
Los servicios de la Comisión están actualmente finalizando este proyecto de informe, que se aprobará en un futuro inmediato. 
La Comisión ha desempeñado un papel activo tanto en la aplicación de la Directiva en práctica como en la mejora de la cooperación en el ámbito de la provisión de información, ya que ha trabajado junto con un grupo de especialistas de los Estados miembros. 
Uno de los resultados de este grupo de trabajo ha sido un código de conducta, junto con directrices de cooperación y documentos multilingües para los intercambios informales de información. 
El objetivo de estos últimos es facilitar la comunicación entre los puntos de contacto y los organismos de control. 
Además, se ha lanzado un sitio web dedicado al desplazamiento de trabajadores, que contiene información en tres idiomas sobre el marco jurídico que rige el desplazamiento de trabajadores y vínculos a documentos relacionados y sitios web de los Estados miembros que abarcan problemas relacionados con el desplazamiento de trabajadores. 
El sitio web también permite que los ciudadanos accedan a una lista de puntos de contacto y organismos de control, lo que significa que los organismos oficiales y los individuos pueden encontrar los puntos de contacto adecuados en los diversos Estados miembros. 
Se me ha informado que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha decidido preparar un informe de propia iniciativa sobre el impacto de la Directiva 96/71/EC sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la provisión de servicios. 
Se celebrará una audiencia sobre este informe el 26 de enero de 2006. 
Tendré un gran interés en conocer el resultado de dicha audiencia, y agradezco la oportunidad de cooperar con el Parlamento sobre esta importante cuestión. 
– Gracias por su respuesta, señor Comisario Špidla. 
Me gustaría que me aclarara si el informe, que según indica usted está acabado, es el informe fechado el 15 de noviembre de 2005 que ya ha sido distribuido en forma de proyecto entre los interlocutores sociales. 
En este caso, ¿podría usted hacer llegar este informe a los diputados al Parlamento Europeo, en particular a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales? 
¿No está usted de acuerdo en que la experiencia adquirida hasta la fecha con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores indica que es preciso modificarla para aclarar la aplicación de esa directiva a la prestación de servicios de terceros países, como Turquía, y también de algunos otros Estados miembros? 
Pienso en particular el caso Vaxholm-Laval, que, en mi opinión, supone sin lugar a dudas un desafío para el funcionamiento de la directiva. 
Por último, ¿podría indicar qué estadísticas maneja usted con respecto al número de trabajadores desplazados y cuerpos de inspectores de trabajo de los distintos Estados miembros y con respecto a la efectividad de esos inspectores? 
. Señor Presidente, Señorías, el documento al que ha hecho referencia el señor De Rossa es, en efecto, el informe que yo he mencionado. 
El documento que se ha distribuido a los interlocutores sociales es el texto original, en el que aún estamos trabajando, y damos por sentado que se debatirá con el Parlamento. 
Paso a hablar del tema de las estadísticas. 
El informe incluirá la información estadística, si bien aún tienen que finalizarse algunos detalles, ya que la interpretación de los datos estadísticos siempre resulta una tarea extremadamente compleja. 
Por el momento, la Comisión no cree que se necesite ninguna enmienda legislativa a la directiva. 
Pero lo que sí se necesita es un mejor cumplimiento de la aplicación de la directiva en la práctica, y he señalado algunas de las medidas que la Comisión ya ha tomado a ese fin. 
– Señor Presidente, estoy muy agradecido al Comisario por su clara afirmación. 
¿Estoy en lo cierto al suponer que no considera que las cuotas para los trabajadores de países terceros sea una medida adecuada para el mercado interior europeo; y que, cuando trabaje en las propuestas para la revisión de la Directiva sobre el traslado de trabajadores tendrá en cuenta el estudio francés que concluye que el sistema existente no está funcionando en los Estados miembros? 
. Señor Presidente, Señorías, tengo que admitir que no he podido identificar el informe al que ha hecho referencia el señor Schwab a partir de la cita que ha usado. 
Daré una respuesta más precisa después de haber comprobado la cita. 
El acceso de los trabajadores de países terceros constituye una política recogida en la legislación de la UE, que se aplica a todos los Estados miembros. 
Si Su Señoría desea debatir las enmiendas a las normas sobre los trabajadores de países terceros en detalle, estaré encantado de hacerlo. 
Quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta y me complace ver que la Comisión cooperará con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ahora que estamos abordando el tema en un informe de iniciativa propia introducido en relación con la Directiva sobre el traslado de trabajadores. 
El hecho es que se ha hecho patente, en especial a partir de los mensajes que han llegado de la Comisión sobre varias señales relativas al caso Vaxholm, que la Directiva sobre el traslado de trabajadores no está tan clara como sería deseable. 
Por supuesto, la intención es que los trabajadores desplazados puedan trabajar aproximadamente bajo las mismas condiciones que los nacionales de los países a los que se han desplazado. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿esta directiva está adaptada a todos los modelos de mercados laborales en el seno de la UE o solo a los gobernados por acuerdos de legislación y colectivos declarados como universalmente aplicables? 
¿Cree que está adaptada al modelo escandinavo, que implica acuerdos colectivos que no están declarados como universalmente aplicables y que se negocian con cada empresa de forma separada? 
¿O se necesita hacer un cambio en el que ese modelo de mercado laboral en particular también se incluya? 
. Cuando la directiva se debatió y aprobó no se contemplaron exclusiones temporales para ninguno de los sistemas de los Estados miembros, y por tanto se aplica de manera universal. 
Me imagino que a veces no resulta nada fácil interpretar la directiva, ya que incorpora un concepto global de la Unión Europea y abarca todas las formas diferentes de relaciones laborales. 
Por lo que respecta al enfoque básico de la Comisión sobre esta cuestión, sabrán que el caso Laval está pendiente en el Tribunal de Justicia Europeo, y por tanto solo puedo decir que no sería correcto que yo adoptara una posición específica. 
En términos generales, puedo decir que, en principio, los comentarios de la Comisión no deberían cuestionar el modelo social de ningún Estado miembro. 
No obstante, tienen que defender indefectiblemente el principio de que las libertades económicas consagradas en el Tratado pueden combinarse con los diversos modelos sociales. 
Dicho de otro modo, desde el principio la directiva pretendía proteger a los trabajadores desplazados en un nivel que fuera adecuado para el Estado miembro en cuestión. 
Como he dicho antes, en algunos casos la interpretación puede resultar problemática, pero este es el principio que sustenta a la directiva, y que se aplica a todos los Estados miembros. 
– Señor Comisario, ¿podría usted aclararme, con respecto a sus comentarios sobre el caso Vaxholm, por qué no está usted en condiciones de comentar nada? 
¿No está autorizada la Comisión o de hecho obligada a acudir al Tribunal de Justicia Europeo planteando su opinión sobre este asunto? 
¿No le ha pedido el Tribunal, en efecto, que lo haga? 
Señor De Rossa, aunque no se trata, estrictamente hablando, de una cuestión de observancia del Reglamento, si el señor Špidla es capaz de responder a esta pregunta en 15 segundos, le cederé el uso de la palabra. 
. Como sabrán, y como he dicho hace algunos minutos, el caso Laval está pendiente ante el Tribunal de Justicia Europeo, y los servicios de la Comisión están actualmente preparando los comentarios de la Comisión. 
En principio, estos no deberían cuestionar el modelo social de ningún Estado miembro. 
No obstante, tienen que defender indefectiblemente el principio de que las libertades económicas consagradas en el Tratado pueden combinarse con los diversos modelos sociales. 
Como ya han señalado los oradores anteriores, no tiene por qué haber contradicción entre los dos objetivos de apoyar una competencia económica justa y garantizar la protección de los trabajadores. 
Es evidente que cualquier modelo social que se aplique tiene que cumplir con los objetivos y los principios fundamentales de la legislación comunitaria, en particular en lo que respecta a los principios de legitimidad del objetivo, justificación objetiva y proporcionalidad. 
Señorías, la Comisión está preparando una opinión que formará parte de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
Como ya he dicho, me es imposible entrar en detalles en este momento, y no sería correcto hacerlo. 
¿Qué consecuencias prevé la Comisión que tendrá la prevista armonización de la fiscalidad directa de las empresas en el crecimiento económico estable y el empleo, principalmente en las regiones sensibles de los Estados miembros de población pequeña? 
. Gracias por la pregunta, y en respuesta a la misma puedo decirle que la Comisión no tiene ningún plan en absoluto de armonizar la tributación directa de las empresas. 
Tal y como se esboza en la comunicación de la Comisión del 25 de octubre de 2005 sobre la contribución de las políticas fiscales y aduaneras a la Estrategia de Lisboa, la Comisión quiere llevar a cabo los preparativos necesarios para establecer una base fiscal común consolidada en los próximos tres años, con vistas a presentar una medida legislativa comunitaria para 2008. 
La Comisión no pretende proponer un impuesto fiscal corporativo armonizado, que forma parte del ámbito general que querríamos armonizar. 
Con respecto a las zonas vulnerables de los Estados miembros menos poblados, habría que tener en cuenta que según las normas comunitarias en materia de ayuda estatal, los Estados miembros han de respetar condiciones estrictas cuando se establecen regímenes fiscales preferenciales a favor de las empresas que realizan inversiones en zonas subvencionadas, de acuerdo con las directrices nacionales sobre ayuda estatal regional para promover el desarrollo económico de ciertas zonas desfavorecidas de la Unión Europea. 
Las normas de ayuda estatal siguen siendo aplicables a todas las medidas estatales que puedan aprobarse en el contexto de una iniciativa común de base fiscal consolidada. 
Los preparativos de la Comisión todavía no ha alcanzado la fase del examen del impacto de una base fiscal común consolidada en distintas regiones de los Estados miembros. 
Toda propuesta legislativa presentada por la Comisión una vez realizada esta tarea irá, en cualquier caso, acompañada de la correspondiente evaluación del impacto. 
Por otro lado, quiero señalar que la base fiscal común consolidada se considera una herramienta importante para ayudar a la Comunidad a lograr los objetivos de Lisboa. 
Esta herramienta contribuirá a reducir los costes de cumplimiento y a promover las actividades transfronterizas, lo que propiciará una tasa más elevada de crecimiento económico y de empleo y un nivel más alto de competitividad en toda la Unión Europea. 
– Comisario, su respuesta me satisface completamente. 
Quería pedirle que comente la cuestión de las pequeñas y medianas empresas, en particular si la Comisión las tendrá en cuenta como parte de un grupo especial dentro de las empresas europeas en su conjunto. 
. Mi respuesta es un «sí» tajante. 
La Comisión considera que las PYME son un grupo especial que hay que apoyar, ya que genera un gran número de puestos de trabajo. 
En mi opinión, la base común consolidada del impuesto de sociedades supondrá una ventaja especial para las PYME, cuya situación es menos favorable que la de las multinacionales. 
Por tanto, si existe un grupo que pueda beneficiarse de la base común consolidada del impuesto, es el de las PYME. 
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas favorable a la compañía «Marks [amp] Spencer» , que había solicitado a las autoridades británicas deducir de su beneficio imponible las pérdidas sufridas por empresas filiales del grupo establecidas en otros países europeos, crea una nueva situación y tendrá importantes repercusiones en los ingresos del Estado procedentes de la imposición de las empresas. 
A pesar de que en el texto de la sentencia se reconoce que los Estados miembros pueden prohibir a la empresa matriz una desgravación fiscal semejante para que no resulten perjudicados los Gobiernos nacionales por las prácticas de las compañías multinacionales que intenten explotar las lagunas de la legislación tributaria para maximizar sus beneficios, este diputado opina que se abre un nuevo ámbito de competencia entre los Estados miembros por atraer a las empresas. 
¿Cómo valora la Comisión la sentencia del TJCE en cuestión? 
¿Se propone emprender alguna iniciativa legislativa? 
. El 13 de diciembre de 2005, la Comisión recibió con satisfacción la resolución del Tribunal de Justicia en el caso Marks [amp] Spencer sobre la compensación transfronteriza de pérdidas. 
El Tribunal ha interpretado el principio de libertad de establecimiento a efectos de la compensación transfronteriza de pérdidas de acuerdo con la lógica y la filosofía del mercado único y de un modo que la Comisión respalda. 
La Comisión ha de seguir esforzándose por eliminar todos los obstáculos que impiden a las empresas cosechar todos los beneficios del mercado interior. 
Por tanto, la Comisión quiere presentar próximamente una comunicación que esbozará sus opiniones sobre la compensación transfronteriza de pérdidas. 
Esta comunicación irá más allá del caso particular de Marks [amp] Spencer y se centrará en los aspectos económicos. 
La Comisión sabe que es un asunto difícil, ya que a los Estados miembros les preocupa justamente la necesidad de proteger sus ingresos fiscales, pero al mismo tiempo es evidente que no puede aceptar que los obstáculos al mercado interior sigan dificultando que las empresas inviertan en crecimiento y en creación de empleo, de acuerdo con los objetivos que se ha fijado en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
– Comisario, no ha respondido a mi pregunta. 
El caso Marks [amp] Spencer pone de manifiesto el dúmping fiscal doble. 
Tenemos ritmos diferentes y enfoques diferentes entre los Estados miembros respecto de la fiscalidad de las empresas multinacionales con las empresas matrices y las filiales en el marco de la Unión Europea. 
La decisión del Tribunal de Justicia quizá pone de manifiesto el problema en lugar de abordarlo. 
Yo le vuelvo a preguntar: ¿qué tiene pensado hacer la Comisión para limitar la evasión fiscal por parte de los grupos multinacionales y para detener la pérdida de los ingresos públicos de los Estados miembros? 
De lo contrario, ¿por qué habla de Unión Económica y Monetaria? 
. La interpretación de la Comisión de la resolución del TJCE sobre el caso Marks [amp] Spencer es totalmente conforme con la sentencia del TJCE. 
El problema en este caso es que mientras que la legislación del Reino Unido permite la compensación de pérdidas en el mercado del Reino Unido, no la admite en el caso de otras empresas o filiales de Marks [amp] Spencer ubicadas en varios Estados miembros, una en Alemania y otra en Bélgica. 
La sentencia del TJCE, que se ajusta a la filosofía del mercado interior, es favorable a Marks [amp] Spencer, y la Comisión la ha apoyado totalmente. 
La Comisión quiere estudiar minuciosamente las consecuencias presupuestarias de dichas resoluciones e intentar tomar la iniciativa para conseguir una mejor coordinación de la política fiscal de los Estados miembros: si no armonización, al menos necesitamos coordinación para evitar estos problemas. 
Para concluir, quiero referirme a la primera pregunta relativa a la base común consolidada del impuesto de sociedades, que resolvería el problema. 
La dificultad es que, como ya he dicho, en el mejor de los casos, si todo va bien, presentaremos la propuesta legislativa no antes de 2008, por lo que aún nos quedan dos años para los que hemos de idear alguna solución temporal. 
La empresa de asesoría independiente Wik ha sido encargada por la Comisión para evaluar la desregulación del mercado postal en la UE. 
En artículos publicados en la prensa sueca se señala que, entre otras cosas, la empresa de asesoría ha propuesto lo siguiente: 
Ningún país debe imponer a ningún operador postal la obligación de establecer un franqueo uniforme. La fijación del precio deberá ser libre, basada en el mercado y no regulada. 
De esta manera puede ser más barato enviar una carta entre dos lugares de la misma ciudad que entre dos ciudades distantes entre sí en el mismo país. Además, las normas sobre la frecuencia del reparto del correo deberán limitarse al menos a un día a la semana, y no a cinco días por semana como es el caso actualmente. 
¿Qué piensa la Comisión de esta propuesta? 
¿Considera la Comisión que la supresión de un franqueo uniforme puede tener consecuencias negativas para los habitantes de lugares remotos en países con escasa densidad geográfica como Suecia o Finlandia? 
,. El estudio sectorial mencionado por su Señoría fue encargado por la Comisión en 2004 a Wik Consult a fin de contribuir al trabajo ya en curso de cara a la apertura gradual a la competencia del mercado postal europeo. 
Las opiniones expresadas en el estudio son las de la empresa consultora. 
El estudio no es más que uno de los elementos que tiene en cuenta la Comisión al examinar las diferentes opciones y sus posibles consecuencias. 
Además de la consulta regular a los sectores interesados y, especialmente, una consulta pública en línea actualmente en curso, el estudio sirve en realidad de plataforma para iniciar un debate transparente y abierto sobre las condiciones que permiten introducir paulatinamente la competencia en el mercado postal. 
La Comisión piensa que el enfoque adoptado por la empresa consultora a torno a la cuestión del franqueo uniforme y la frecuencia de reparto fue un intento de dotar de mayor flexibilidad al operador postal público a fin de mantener un servicio universal viable y eficiente a largo plazo. 
La Directiva postal actual 97/67/CE, modificada por la Directiva 2002/39/CE, no impone un franqueo uniforme, sino que exige una frecuencia de reparto mínima de cinco días a la semana. 
La Comisión puede asegurar a su Señoría que en todos los aspectos de la reforma postal de la Unión Europea, incluidas las dos cuestiones mencionadas, intentará hacer todo lo posible por lograr el equilibrio justo entre el grado de armonización necesario en a escala europea y las condiciones que han de fijarse en el ámbito de los Estados miembros, que reflejarían las características tan diferentes de cada uno de los mercados postales nacionales. 
– Gracias, señor Comisario. 
Me gustaría que respondiera a mi pregunta final sobre si se ha pensado en las consecuencias para los habitantes de las regiones poco pobladas. 
Quizás esto afecte sobre todo a los que vivimos en los países nórdicos, donde hay mucha distancia entre las casas y los pueblos. 
. Como he dicho en mi respuesta, este estudio de la empresa consultora solo formará parte de las reflexiones de la Comisión. 
La finalidad de este informe particular consiste en informar a la Comisión de las reflexiones de la consultora y no prejuzga la decisión definitiva de la Comisión en estos asuntos. 
Su Señoría puede tener la seguridad de que solo forma parte de nuestro proceso general de debate y, de ningún modo, compromete a la Comisión a presentar una u otra propuesta. 
– Me alegro de poder decir que no es la única consideración, porque muchos de nosotros hacemos uso del correo y nos gustaría que se repartiera todos los días en lugar de una vez a la semana. 
Pero también existe incertidumbre con respecto a las oficinas de correo actuales que se distribuirán por toda la Irlanda rural, así como en la Europa rural. 
¿Puede el Comisario decir qué piensa la Comisión de los servicios –distintos de los postales– que se ofrecen y cuándo podría adoptar la Comisión una decisión de modo que haya más claridad? 
,. Como quizá sepa su Señoría, la Comisión ha de presentar, antes de finales de 2006, un informe sobre la orientación que estima que debería tomar la liberalización del mercado postal. 
Todos los informes y las consultas realizados forman parte de nuestro proceso de deliberación para llegar a dicha decisión. 
Como sabrá la señora McGuiness, la liberalización del mercado postal lleva un tiempo desarrollándose y este proceso incluye que la Comisión deba presentar su informe sobre la orientación a adoptar. 
La cuestión de los servicios universales es un aspecto básico de su proceso de deliberación. 
Por supuesto, se trata de que los Estados miembros organicen sus planes de la forma en que estimen adecuada en relación con las oficinas postales rurales, y de acuerdo con sus propias necesidades. 
Nuestra función específica como Comisión es examinar el plan de apertura del mercado postal. 
– ¿Promete el Comisario que no dará vía libre a la puesta en marcha de un sistema que preste un servicio de segunda clase en las comunidades rurales? 
¿En qué medidas específicas está pensando para impedir que los empresarios privados se queden con los elementos fáciles y rentables de los servicios postales, abandonando a los residentes rurales como si fueran los parientes pobres? 
Con respecto a la desregulación recientemente introducida en el Reino Unido, ¿tiene el Comisario algún plan para supervisarla o quiere hacer algún comentario al respecto? 
,. La cuestión planteada por su Señoría formará parte de nuestras reflexiones en todas las propuestas que se presenten hasta finales de 2006. 
Y, sí, soy muy consciente de la importancia de un servicio universal y, en particular, de la importancia de dicho servicio en las zonas rurales de Europa. 
Los servicios de asistencia sanitaria corren el peligro de ser excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. Los pacientes no podrán disfrutar de los mismos derechos que los clientes de otros servicios (derecho a la información sobre el prestador de los servicios, obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil). 
Los pacientes han obtenido ya, gracias al Tribunal de Justicia Europeo, el derecho al reembolso de los gastos por asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro. 
Así, el artículo 23 se limitará a incorporar la jurisprudencia a la legislación nacional y ofrecerá a los pacientes una mayor protección jurídica gracias a la definición de «asistencia hospitalaria». 
¿Qué han hecho los Estados miembros para incorporar el derecho de los pacientes al reembolso, por parte de sus sistemas se seguridad social, de los costes de la asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro? 
¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para proteger estos derechos en caso de que no se apruebe el artículo 23? 
,. El artículo 23 de la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, como señala su Señoría en su pregunta, sí codifica los vigentes derechos a la movilidad de los pacientes. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido que, en determinadas condiciones, los pacientes tienen derecho a que el coste de la asistencia sanitaria recibida en otros Estados miembros lo asuma el sistema de seguridad social de su propio Estado miembro. 
Los pacientes, sin previa autorización, tienen derecho a que se les reembolse la atención no hospitalaria recibida en otros Estados miembros. 
En cuanto a los servicios hospitalarios, puede exigirse una autorización previa antes de que un paciente pueda ir al extranjero a recibir asistencia sanitaria. 
Las autorizaciones pueden concederse cuando no pueda prestarse el cuidado necesario en el Estado miembro del paciente dentro de un plazo justificable. 
Antes de que se presentara una propuesta de directiva relativa a los servicios, la Comisión realizó un estudio sobre el cumplimiento de los derechos de los pacientes en los Estados miembros. 
La conclusión fue que los ciudadanos europeos se encuentran con obstáculos injustificados o desproporcionados cuando solicitan el reembolso por parte de sus Estados miembros de residencia de los costes de tratamientos no hospitalarios recibidos en otros Estados miembros, o cuando solicitan la autorización de asunción de los costes en caso de tratamiento hospitalario. 
Para un ciudadano particular, el derecho a recibir tratamiento en otros Estados miembros y a que su sistema de seguridad social cubra los costes es probablemente una de las mayores ventajas del mercado interior. 
Por estos motivos, la Comisión propone incluir servicios de salud en el ámbito de la directiva de servicios, así como una disposición específica sobre la asunción de los costes en los que se ha incurrido en otros Estados miembros. 
La Comisión ha participado activamente en la labor del grupo de alto nivel sobre asistencia sanitaria transfronteriza y movilidad de pacientes con vistas a establecer la mejor forma de desarrollar un marco para garantizar y promover los derechos de pacientes en el mercado interior. 
Esta labor ha demostrado los evidentes beneficios de la cooperación entre los Estados miembros en materia de salud y asistencia sanitaria, entre los cuales el reembolso de los costes es solo un aspecto. 
A una serie de Estados miembros les preocupan los efectos que la asistencia transfronteriza y la movilidad de los pacientes pueden tener en sus presupuestos sanitarios nacionales. 
A falta de un claro marco jurídico, tendremos que seguir haciendo frente a la jurisprudencia del TJCE. 
En espera de la votación que se celebrará en esta Asamblea con motivo de la primera lectura de la propuesta de Directiva de Servicios, estaría fuera de lugar especular sobre la posición en torno a ciertos artículos, pero puedo confirmar que cuando los Estados miembros impongan restricciones desproporcionadas o injustificadas, la Comisión actuará, incluso incoando procedimientos de infracción. 
Quiero dar las gracias al Comisario por su respuesta bien pensada. 
Ha dicho, con razón, que la seguridad jurídica de que se cubrirán los costes sanitarios en que incurren los Estados miembros constituye un beneficio clave, y que reviste gran importancia para la libre circulación de ciudadanos y servicios en el mercado europeo. 
Quiero hacer una pregunta, como ex Ministro de Sanidad y director de un gran hospital universitario. 
¿La Comisión es consciente de que la Directiva de servicios representa una oportunidad clave para establecer condiciones claras y disposiciones jurídicas relativas al reembolso de los costes sanitarios no urgentes a los ciudadanos de los 25 Estados miembros, sin necesidad de violar el principio de subsidiariedad? 
Además, ¿es consciente de que el Tribunal Europeo de Justicia ya no puede seguir actuando como garante e intérprete de la legislación en esta cuestión, y que no es posible que este papel lo desempeñe un grupo de alto nivel que entable debates continuos, pero que no tiene poder legislativo y no puede proporcionar seguridad jurídica? 
,. Como ya he dicho en mi respuesta, uno de los motivos de incluir los servicios sanitarios en el ámbito de la directiva de servicios fue el deseo de tratar algunas de las cuestiones planteadas por su Señoría. 
Sin embargo, como sabrá su Señoría, el debate sobre la directiva de servicios en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y en otras comisiones ha planteado otros asuntos, y la Comisión de Mercado Interior votó en un sentido determinado. 
En el período parcial de sesiones del mes que viene se llevará a cabo ante el Parlamento la primera lectura de la directiva de servicios y se debatirán las enmiendas. 
Por tanto, sobre este asunto existen muchos puntos de vista controvertidos entre parlamentarios y existen muchos puntos de vista controvertidos entre los Gobiernos de los Estados miembros sobre la inclusión de los costes sanitarios en el ámbito de la directiva de servicios. 
Como he dicho a este respecto y en relación con otras cuestiones de la directiva de servicios, estoy abierto a escuchar las preocupaciones y las opiniones de todos los interesados. 
Quiero dar las gracias al Comisario por su excelente respuesta a la señora Roithová, y me pregunto si la Comisión puede ayudarnos a entender estas cuestiones presentando datos básicos que demuestren que se trata de un ámbito en que se puede obtener valor añadido. 
Quiero decir que la atención transfronteriza podría constituir un valor añadido para los ciudadanos, que podríamos obtener mejor atención sanitaria especializada y que los pacientes podrían obtener una atención de mayor calidad, a veces a precios más bajos pero, sobre todo, de forma más eficaz. 
Estoy completamente convencida de que la Comisión puede ofrecernos información que nos ayude. 
Me pregunto qué piensa la Comisión respecto de ayudar a conseguir un mejor debate sobre estas cuestiones. 
,. Como es habitual, la señora Cederschiöld expone sus argumentos de forma muy convincente. 
No obstante, como ya he dicho en mi respuesta a la señora Roithová, existen diferentes opiniones a este respecto. 
Estoy a la espera del resultado, en primer lugar, de la votación que se celebrará el mes que viene en el Parlamento Europeo y de las diversas enmiendas propuestas en este y en otros ámbitos. 
No hay duda alguna de que la señora Cederschiöld argumenta con gran convicción, pero también hay otras opiniones. 
Los esfuerzos de la Comisión Europea dirigidos a la construcción progresiva de un mercado europeo de material de defensa más transparente y más abierto van en la dirección correcta, a pesar de las especificidades del sector. 
El procedimiento seguido hasta la fecha se basa, por una parte, en la Directiva 2004/18/CE (3) y, por otra, en el artículo 296 del Tratado, que ofrece la posibilidad de una derogación. 
¿En qué medida se propone la Comisión delimitar de forma transitoria con mayor transparencia los criterios de aplicación del artículo 296, relativo a las posibilidades de derogación, así como los criterios de control y seguimiento de los procedimientos nacionales conexos? 
¿En qué medida se consideran compatibles con los prerrequisitos de aplicación del artículo 296 las excepciones que se registran, al aplicar las autoridades públicas un procedimiento de negociación con suministradores de su elección, en cuestiones de fabricación de productos con fines de investigación, estudio y experimentación, y de suministro de material de defensa por parte de personas jurídicas en cuyo capital la administración pública tenga una participación superior al 50 %? 
. La pregunta de su Señoría puede dividirse en dos partes. 
La primera es si la Comisión quiere aclarar más los criterios que rigen el uso del artículo 296 del Tratado. 
La segunda cuestión, más específica, es la valoración de la Comisión de las normas que deben aplicarse a los contratos de investigación, estudios y experimentos en relación con la defensa. 
En cuanto a la primera cuestión, hace poco esbozamos nuestras propuestas de futuras iniciativas para mejorar la competencia transfronteriza en los contratos públicos de defensa. 
Nuestra comunicación del 6 de diciembre anunciaba la aprobación en 2006 de una comunicación interpretativa sobre el artículo 296 en relación con los contratos públicos de defensa y el inicio de los preparativos en torno a una posible directiva de contratos públicos de defensa. 
Las iniciativas se basan en los resultados de la consulta lanzada con el Libro Verde de 2004. 
La contribución del Parlamento a este debate, votado el 17 de noviembre, apoya explícitamente a la Comisión en su iniciativa. 
La comunicación interpretativa orientará sobre el uso del artículo 296 del Tratado, que concede a los Estados miembros una derogación de las normas del mercado interior y de la Directiva 2004/18 si están en juego sus intereses esenciales de seguridad. 
Esta disposición ha de aplicarse caso por caso y no puede interpretarse en sentido amplio. 
Corresponde al Estado miembro que desee acogerse a dicha disposición demostrar que la derogación está justificada y es proporcional al objetivo perseguido. 
Una posible directiva coordinaría procedimientos de contratos públicos de defensa cuando la derogación del artículo 296 no sea aplicable o cuando un Estado miembro opte por no acogerse a él. 
Establecería nuevas normas más flexibles sobre contratos públicos, mejor adaptados a la naturaleza específica del sector de la defensa. 
La aprobación por parte de la Comisión de una posible propuesta de directiva en este sentido depende de los resultados de la evaluación del impacto que se realizará en 2006. 
La Comisión no está en condiciones de ofrecer una valoración de los hechos descritos por su Señoría en la segunda parte de la pregunta. 
El artículo 296 del Tratado ha de aplicarse caso por caso y de acuerdo con las circunstancias específicas de cada uno de los casos. 
Sin embargo, los principios que deberían tenerse en cuenta al establecer las normas aplicables pueden exponerse brevemente. 
Por un lado, merece la pena destacar que los contratos públicos en relación con la investigación, el estudio y los experimentos se benefician, en ciertas condiciones, de las derogaciones específicas de la directiva vigente y del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
Los contratos de defensa de este tipo también pueden beneficiarse de derogaciones del Código de Conducta establecido por la Agencia Europea de Defensa con respecto al ámbito del artículo 296. 
Por otro lado, la cuestión de la titularidad gubernamental del capital de posibles contratistas, y las consecuencias desde el punto de vista de las normas que han de aplicarse, no es una cuestión que deba abordarse sobre la base del artículo 296: está relacionada con la derogación «interna» , tal y como ha establecido el Tribunal de Justicia. 
Sin embargo, de acuerdo con esta jurisprudencia, la derogación solo se aplica en casos de titularidad del 100 %. 
– Quiero comenzar dando las gracias al Comisario por su transparencia y por su respuesta exhaustiva a mi pregunta. 
Creo que la preocupación sobre la cuestión de la transparencia de la contratación pública y la defensa pública es una cuestión que preocupa a la economía europea en general, pero tendré en cuenta la explicación del Comisario de que clarificará las derogaciones del artículo 296 del Tratado sobre la base de la decisión relevante del Tribunal de Justicia, en especial la fase del procedimiento en la que se adjudican los contratos públicos. 
Tenemos que saber, y con urgencia, cómo tienen que intervenir los Estados miembros con un mecanismo de consulta en relación con la contratación como resultado de la investigación y la tecnología. 
,. Su Señoría, la señora Batzeli, nos recuerda las ventajas de ser transparentes en este ámbito concreto de la contratación pública. 
Sin embargo, como seguramente ella sabe, el artículo 296 otorga una discreción considerable a los Estados miembros en cuanto a la forma de organizar este tipo de actividades. 
Esperemos que nuestra reciente comunicación de diciembre de 2005 y lo que tenemos intención de hacer junto con todas las partes interesadas abra este campo aún más. 
Creo que es importante tener un mercado único europeo en el sector de la producción y el abastecimiento de armamento de defensa, que es vital para el futuro de la Unión Europea. 
Creo que la Comisión, al menos en el pasado, ha realizado una interpretación ilógicamente generosa y amplia del artículo 296. 
Sobre todo, si no es así, ¿realizará, a escala de la Comisión, una estimación de lo que nos cuesta no tener un mercado único en el sector del armamento de defensa, en cuanto al coste de las compras en el exterior que podrían haberse realizado aquí y el coste de tener un mercado de defensa europeo fragmentado y dividido con una producción por lotes en vez de una producción en serie? 
,. Entiendo que el importe total del presupuesto de defensa de la UE es del orden de los 169 000 millones de euros, de los cuales unos 82 000 millones son para adquisiciones. 
Por lo tanto, como su Señoría sugiere en su pregunta, cualquier apertura del mercado en este ámbito podría comportar un ahorro considerable en el presupuesto de defensa de muchos Estados miembros, lo que mejoraría en gran manera las finanzas públicas de dichos Estados miembros. 
De modo que existe un potencial considerable en este ámbito. 
Por otro lado, si vamos a abrir este mercado en concreto aún más, tiene que haber colaboración entre los Estados miembros en cuanto a la forma de proceder. 
Quiero que estos datos consten en las actas de esta Cámara solo para demostrar la cantidad de dinero implicado en este ámbito. 
– Se dará respuesta por escrito a las preguntas nº 28 a 30. 
¿Qué opina la Comisión de la evolución que ha experimentado Ucrania durante los últimos doce meses? ¿Qué estrategias ha previsto llevar a cabo en 2006 para aproximar en mayor medida a la Unión Europea este país tan importante y totalmente europeo? 
,. Gracias por la pregunta. 
La Política Europea de Vecindad ha acercado y seguirá acercando a Ucrania a la Unión Europea. 
Nuestra cooperación con Ucrania puede considerarse de lo más satisfactoria. 
El Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad adoptado en febrero de 2005 ha demostrado ser un instrumento esencial y eficiente para impulsar la reforma mediante una cooperación política más profunda y una mayor integración económica entre la UE y Ucrania. 
Después de la Revolución Naranja, se pudo observar una voluntad renovada por parte de Ucrania de fomentar la cooperación con la UE. 
La puesta en práctica del Plan de Acción por parte de Ucrania en el transcurso de 2005 puede valorarse positivamente. 
En la cumbre con Ucrania de diciembre de 2005, el Presidente Barroso confirmó los progresos realizados por este país en sus reformas política y económica. 
Se pudo constatar el progreso de la relación UE-Ucrania en la integración económica; el hecho de que la UE otorgara a Ucrania la condición de economía de mercado; la cooperación en los sectores clave de la energía y el transporte; un memorando de acuerdo en materia de cooperación energética; asuntos de justicia y de interior; la apertura de las negociaciones para la concesión de visados junto con las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión; así como en el ámbito de la política de seguridad y exterior, principalmente, el inicio de la misión europea de asistencia fronteriza en el tramo de la frontera entre Moldova y Ucrania correspondiente a Transdniéster. 
Sin embargo, Ucrania debe dar todavía pasos importantes en la aplicación del Plan de Acción, en ámbitos como el Estado de Derecho y, en concreto, en el ámbito económico: la lucha contra la corrupción; adoptar la legislación oportuna para la adhesión a la OMC; y mejorar el clima comercial. 
La Comisión espera aprovechar el impulso adicional conseguido con la cumbre, la primera con el Gobierno ucraniano totalmente comprometido con la reforma, para el desarrollo de nuestra relación con Ucrania. 
En febrero de 2005 la UE se comprometió a iniciar las primeras consultas sobre un acuerdo mejorado entre la UE y Ucrania tan pronto como se hayan abordado las principales prioridades políticas del Plan de Acción. 
Este compromiso sigue siendo válido; la decisión de cuándo podremos hacerlo está en manos de Ucrania y de su perseverancia en el proceso de reforma para abordar los aspectos pendientes. 
Las elecciones parlamentarias de marzo de 2006 serán una prueba importante del compromiso constante de Ucrania con la democracia, y serán esenciales para abrir nuevas perspectivas en la relación con dicho país. 
La futura relación se basará en varias condiciones esenciales: el éxito de la reforma política, el respeto por los derechos y las libertades fundamentales y la adhesión a la OMC, para que Ucrania se integre plenamente en el mercado internacional. 
Con ello se abrirán también perspectivas para la creación de una zona de libre comercio entre la UE y Ucrania. 
Para avanzar necesitamos una estrecha colaboración mutua, basada en valores comunes y en el objetivo de la integración económica, así como una mayor cooperación en varios ámbitos. 
La política de progreso constante y de pasos pequeños pero continuados y acompasados en la relación UE-Ucrania resultó satisfactoria durante el año pasado desde la Revolución Naranja, y nos permitirá abordar los futuros retos. 
– Señor Presidente, por una parte, lamento la ausencia de la Comisaria Ferrero-Waldner –y no creo que esté bien, porque su nombre aparece en el orden del día–, pero, por otra parte, me complace que la cooperación austro-húngara en la Comisión esté funcionando tan bien. 
Quiero formularle dos preguntas al señor Comisario. 
Primera, ¿qué ayuda, en forma de personal y financiación, cree que es concebible para el próximo año para impedir que el proceso de reforma en Ucrania fracase una vez más? En efecto, algunos Estados vecinos creen que así será. 
Segunda, ¿qué medidas específicas está tomando la Comisión para mejorar los vínculos de transporte entre la Unión Europea y Ucrania, y para desarrollar conceptos comunes de infraestructura que refuercen los vínculos de transporte y energía de Ucrania con occidente? 
,. Me temo que es demasiado pronto para responder a esas preguntas. 
Quizás la señora Ferrero-Waldner tiene algo en mente, pero en lo que se refiere a la Comisión, no hemos conseguido responder a la pregunta porque, primero, se necesitan reformas políticas y económicas para que Ucrania se acerque más a la Unión Europea. 
Después vendrá una cooperación más profunda. 
Quiero formular una pregunta a la Comisión. 
El hecho es que, hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado casi unánimemente un informe muy contundente sobre el tráfico de seres humanos. 
Hemos prestado mucha atención a esta cuestión, y también la hemos abordado en los contactos que hemos tenido con Ucrania. 
Con la decisión de hoy, el Parlamento está dando a su posición una mayor relevancia. 
Me gustaría que la Comisión prestara especial atención a esta cuestión, que ha recibido un apoyo increíble hoy aquí, en el Parlamento Europeo. 
,. Creo que Ucrania necesitará mucho tiempo para acercarse más a la Unión Europea, y el camino será largo. 
Por mi experiencia personal como ex Ministro de asuntos exteriores de la vecina Hungría, puedo decir que Ucrania ha avanzado mucho, y desde la Revolución Naranja no quedan muchas dudas de que Ucrania quiere acercarse, de que quiere ser un país democrático, de que quiere ser una economía de mercado. 
Pero todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar a cumplir del todo las normas y los principios de la UE. 
Tenemos dos opciones. 
Podemos ser demasiado exigentes y apartar a Ucrania de la Unión Europea, o ser más tolerantes, mostrarnos más cooperantes, y conseguir que Ucrania se acerque, teniendo en cuenta que la situación política interna del país no es tan simple. 
Ucrania se enfrenta ahora a unas elecciones generales que serán una prueba para la democracia en dicho país, sean cuales sean los resultados. 
Lo que debemos tener en cuenta no es el resultado de las elecciones, sino la naturaleza democrática del acontecimiento, que será una prueba para la democracia ucraniana. 
El 27 de noviembre, Velupillai Pirapaharan, líder de los Tigres de Liberación de Elam Tamil (LTEE) , hizo «un llamamiento urgente y definitivo» al Presidente recientemente elegido de Sri Lanka, Mahinda Rajapaske, para que reanude el proceso de paz y " satisfaga las aspiraciones políticas del pueblo Tamil». 
Pipaharan hizo saber que, si no se propone pronto una «solución política razonable» , los LTTE intensificarán su lucha por la autodeterminación, utilizando, eventualmente, métodos violentos. 
¿Cuál es la respuesta de la Comisión al tono y al contenido del discurso de Pirapaharan en el Día de los Héroes? 
Teniendo en cuenta el estancamiento del proceso de paz desde la retirada de los LTTE en 2003, y las posiciones aparentemente inconciliables de Rajapaske (que durante su campaña prometió no compartir el poder con los LTTE) y Pirapaharan, ¿no considera la UE que, en su condición de Copresidente de la Conferencia de Tokio y donante principal, tiene la responsabilidad ineludible de abrir un diálogo urgente con ambas partes, antes de que recurran de nuevo a la violencia, para encontrar una solución que reconozca el derecho de los tamiles a la autodeterminación en el seno de un Sri Lanka unido? 
,. Gracias por la pregunta. 
Hay motivos graves de preocupación en relación con la situación de Sri Lanka. 
2005 fue un mal año para el proceso de paz. 
El asesinato del ministro de Asuntos Exteriores Kadirgamar, el boicot electoral promovido por los LTTE en el norte y el este, y los numerosos asesinatos del este y en Jaffna han puesto en peligro el alto el fuego. 
El fracaso de la estructura de gestión operativa tras el tsunami, el mecanismo en el cual el Gobierno, los LTTE y los representantes musulmanes debían decidir conjuntamente sobre la reconstrucción tras el tsunami en el norte y el este, también ha sido un duro golpe, que ha creado un gran resentimiento entre la población tamil. 
Y ahora tenemos una espiral peligrosa. 
El ejército de Sri Lanka ha perdido más de 60 soldados en ataques indirectos de los LTTE en Jaffna y otras partes del norte y el este. 
Hasta ahora, el Gobierno ha actuado con una moderación considerable, pero esto no puede durar siempre. 
La Unión Europea, y la Comisión en concreto, tienen un papel importante en el proceso de paz. 
Sri Lanka es una prioridad personal de la Comisaria responsable de las relaciones exteriores, la señora Ferrero-Waldner. 
Visitó el país el marzo pasado y luchó con todas sus fuerzas para obtener un acuerdo sobre el P-TOMS. 
Todavía considera que habrían cambiado muchas cosas. 
La UE transmitió firmes mensajes a ambas partes durante todo el año. 
En concreto, la declaración de la UE de septiembre de 2005, en la que se anunciaba que las delegaciones de alto nivel de los LTTE ya no serían recibidas en las capitales de la UE, fue una señal importante de que, aunque se deseaba un planteamiento equilibrado del conflicto, la UE no toleraría más violencia por parte de los LTTE. 
La Comisión también ha ayudado a destacar el papel de los copresidentes. 
La Comisaria responsable de las relaciones exteriores asistió personalmente a tres de las cuatro reuniones que los copresidentes celebraron en 2005. 
En realidad, dos de ellas se celebraron en Bruselas. 
La Comisión siguió apoyando la mediación de Noruega a través de mensajes públicos, y privados, durante el año. 
También ha apoyado la idea de que la próxima reunión de copresidentes tenga lugar en Sri Lanka en una fecha próxima al cuarto aniversario del acuerdo de alto el fuego. 
La Comisión intensificará sus esfuerzos en el próximo año. 
Se han establecido dos prioridades en la actuación de la Comisión. 
En primer lugar, la Comisión trabajará para conseguir que el papel de los copresidentes sea aun más importante, incluyendo visitas directas a escala ministerial. 
La propia Comisaria responsable de las relaciones exteriores tiene intención de volver al país en febrero, si es posible con todos los copresidentes. 
Desea poder hablar con el señor Pirapaharan en persona y transmitirle el mensaje directo de que Europa reaccionará muy pronto si los LTTE no muestran indicios de cambio. 
En segundo lugar, ahora que el P-TOMS ha fracasado, la Comisión trabaja en una base alternativa para la reconstrucción del norte y el este. 
Quizás intente trabajar más localmente, por ejemplo en uno o dos distritos, para compensar la ausencia de un consenso más amplio entre los principales implicados. 
Agradezco al Comisario esta respuesta tan detallada. 
Quiero plantear una cuestión en relación con el ataque con una mina de hoy, que ha terminado con dos civiles muertos y doce soldados heridos. 
Es el último acontecimiento de este sangriento mes. 
Dado que, en principio, ambas partes han acordado revisar la ejecución del acuerdo de alto el fuego, ¿tiene previsto la UE, que copreside el proceso de paz, aprovechar esta oportunidad para impulsar una declaración de los derechos humanos firmada tanto por el Gobierno como por los LTTE para que la protección de los derechos humanos fundamentales sea el centro del proceso de paz? 
,. Gracias por la pregunta complementaria. 
Dado que yo no soy el Comisario responsable en esta materia, solo puedo darle mi opinión personal, y no la de la Comisión, en cuanto a este nuevo avance que la Comisión aún no ha tenido tiempo de discutir. 
Sin embargo, a mí me parece que una iniciativa como la que su Señoría propone como posible opción está totalmente de acuerdo con la política de la Comisión en cuanto a la situación en Sri Lanka. 
– Puesto que el tema se abordará más tarde en este período parcial de sesiones, no se formulará la pregunta nº 33. 
Dado que su autor no está presente, la Pregunta nº 34 decae. 
Constatamos con inquietud cómo el proceso de democratización de Colombia se encuentra continuamente obstaculizado por disturbios en el país. 
También son preocupantes las persistentes violaciones de los derechos humanos. 
El conflicto armado está registrando una escalada y el tráfico de estupefacientes sigue siendo de envergadura. 
Todo esto constituye un obstáculo para el desarrollo y la paz en Colombia. 
Diversas organizaciones de voluntarios suecos envían personal a Colombia para participar en los proyectos de paz y los proyectos con vistas a proteger los derechos de las poblaciones locales y autóctonas, en particular sus derechos de propiedad de la tierra. 
Al mismo tiempo, al igual que en otros muchos países latinoamericanos, las grandes empresas se expanden rápidamente, sobre todo, en el sector de la producción de aceite de palma. 
¿Tiene la Comisión intención de proponer alguna medida especial para apoyar el proceso de democratización en Colombia? 
,. La Comisión comparte la preocupación de su Señoría en cuanto a las continuas violaciones de los derechos humanos y las persistentes amenazas a la democracia en las regiones de Colombia afectadas por ese antiguo conflicto armado interno. 
Por lo tanto, la estrategia de la UE para Colombia pretende principalmente apoyar unas iniciativas de paz globales, con una sólida implicación de las comunidades locales. 
Así pues la intención es contribuir directamente a la consolidación de la democracia con un grupo integrado de instrumentos. 
Entre ellos, en el período de 2001 a 2005, se reservaron para Colombia más de 16 millones de euros procedentes de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, para 53 proyectos a favor de los derechos humanos y la democratización, y que ya se han puesto en práctica o están en curso. 
– Gracias, señor Comisario. 
He formulado esta pregunta precisamente porque Colombia está convirtiéndose en el escenario de nuestro segundo desastre de refugiados más importante. 
Colombia difiere de otros países en que la tierra aún está en manos de los terratenientes locales y regionales. 
Por eso aún tenemos la oportunidad de ayudar a la población local y de garantizar que la gente conserve sus tierras. 
Este es el factor importante cuando intentemos solucionar el conflicto. 
Muchas gracias por su respuesta y, naturalmente, espero que avancemos conjuntamente en estas iniciativas de paz que la UE ha tomado. 
,. No quiero tomar la palabra en este asunto, porque no conozco el problema planteado por su Señoría. 
¿Cómo valora la Comisión los resultados de la cumbre de diciembre de la ASEAN, en especial en el terreno de la defensa de los derechos humanos en dichos países, como por ejemplo en Myanmar (Birmania)? 
,. La Comisión sigue con interés los intentos de las instituciones y las personas de los países de la ASEAN para establecer un mecanismo que defienda los derechos humanos. 
La Comisión apoya esos esfuerzos y otros temas en materia de materia de derechos humanos mediante varios programas de cooperación en varios países de la ASEAN. 
En 2006 se celebrará en Manila una conferencia sobre derechos humanos, patrocinada por la CE, y con la participación de todos los países ASEAN. 
Debemos tomar nota de que, por primera vez en una cumbre de la ASEAN, se pidió la liberación de prisioneros políticos en Myanmar. 
Los líderes de la ASEAN también aceptaron enviar al Ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, actual presidente de la ASEAN, para valorar el proceso democrático durante una visita. 
Aunque esas iniciativas de la ASEAN son positivas, debemos seguir siendo prudentes en cuanto a las perspectivas de cambios inmediatos en Myanmar, y sobre todo, respecto a la liberación de Aung San Suu Kyi. 
Señor Comisario, en efecto, se ha progresado, al menos en términos del llamamiento al respeto de los derechos humanos en el país antes conocido como Birmania. 
No obstante, tengo una pregunta, o más bien una petición y una propuesta, para la Comisión Europea. 
Creo que la Comisión debería supervisar la situación de forma continua, por supuesto con ayuda del Parlamento. 
La presión internacional de Europa y de Asia es nuestra única esperanza de conseguir resultados concretos. 
Insto a la Comisión Europea a que se interese por esta cuestión de forma continua. 
,. Gracias por su propuesta, que ciertamente remitiré a la señora Ferrero-Waldner. 
Creo que las posibilidades de que dispone la Unión Europea, que no está en la región, son más limitadas que las de la ASEAN, por ejemplo. 
Creo que la ASEAN podría hacer más, pero su propuesta es digna de ser considerada. 
Las preguntas que, por falta de tiempo, no han recibido respuesta oral, la recibirán por escrito (Véase el Anexo). 
Con esto concluye el Turno de preguntas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de siguientes los informes del señor Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, mis primeras palabras quiero que sean para felicitar al señor Fruteau por el esfuerzo que ha hecho para mejorar esta propuesta de la Comisión, que supone un giro de 180 grados en la política sobre el sector del azúcar que la Unión Europea ha mantenido desde 1968 y que, además, va a acabar con el cultivo de la remolacha en muchas regiones de la Unión Europea. 
Aunque sea repetitiva, quiero hacer mención del desprecio que el Consejo ha manifestado hacia este Parlamento al haber llegado a un acuerdo y haberlo comunicado a los medios de comunicación, antes de tener en cuenta el dictamen del Parlamento. 
Se ha vulnerado un pacto entre caballeros que siempre ha existido en las instituciones. 
Con estos gestos antidemocráticos, no nos extrañe luego que los ciudadanos no crean en las instituciones y voten lo que votan y vayan a votar como van a votar. 
En cuanto al acuerdo político al que ha llegado el Consejo, este está más cerca de la propuesta de la Comisión que de lo que va a votar mañana el Parlamento Europeo. 
Solo me voy a referir a los precios. 
Ustedes han acordado una rebaja del 36 %, cuando la propuesta de la Comisión es del 39 % y en el Parlamento vamos a votar una reducción del 30 %. 
También quiero expresar mi disconformidad con la situación de agravio comparativo en que van a quedar los países que tienen una cuota de producción inferior a su consumo y que, por lo tanto, no producen los excedentes que teóricamente obligan a esta reforma. 
A estos países se los penaliza, mientras se habilita una cuota extra para los grandes productores de azúcar C. 
Por último, todos hablan de la producción de biocarburantes como una alternativa a la remolacha que van a sacar del mercado, pero ¿cómo y cuándo van a poner los medios? 
Supongo que no pensará usted, señora Comisaria, que con un millón y medio de hectáreas para cultivos energéticos y una subvención de 40 euros por hectárea se va a dar respuesta a tantos y tantos agricultores que van a perder su medio de vida. 
Señor Presidente, la decisión del Consejo es cruel para los europeos, y también para la industria azucarera húngara, y por tanto no puede aceptarse. 
El Parlamento Europeo no puede permitir la decapitación de la industria azucarera europea. 
Si se mantiene este cruel Reglamento del Consejo, dentro de 15 años la producción de azúcar estará limitada a dos Estados miembros de la Unión Europea: Francia y Alemania. 
Esto podría evitarse si el excelente, exhaustivo y equilibrado informe del ponente, Jean-Claude Fruteau, se tiene en cuenta, pero incluso la versión propuesta por la señora Fischer Boel sería más beneficiosa para los productores de azúcar europeos. 
La posición del Parlamento Europeo es que la reducción de precios debería ser del 30 %, un porcentaje más bajo que el especificado en la decisión del Consejo, y la compensación debería ser más alta, a ser posible del 100 %. 
También es importante garantizar que el período de transición no exceda los cuatro años. 
La ayuda basada en la superficie debería estar vinculada a la producción parcial, y esto debería incluirse en una de las condiciones. 
Esa es mi petición al Comisario. 
Una reducción de precios más moderada, junto con las condiciones mencionadas, daría más oportunidades de supervivencia a la producción de remolacha azucarera y a la industria del azúcar en Estados miembros como Hungría. 
Por desgracia, las cinco fábricas de azúcar húngaras pertenecen a agricultores de remolacha azucarera extranjeros –franceses, alemanes y austriacos–, que pueden decidir limitar la producción a sus propios países. 
Esto supone un riesgo para un país con una producción económica en un nivel europeo medio, como Hungría. 
Por eso pido a mis colegas diputados que corrijamos la decisión errónea del Consejo. 
Señorías, el coste del azúcar, el producto agrícola que actualmente cuenta con más subvenciones en Europa, es tres veces mayor que el precio mundial, una situación injusta e inaceptable, y la razón por la que creo que una reforma exhaustiva era, y es, inevitable. 
Una pregunta que surge es si las propuestas de la Comisión van suficientemente lejos. 
En mi opinión, se está pasando por alto el problema estructural del sector del azúcar, es decir, una sobreproducción general. 
Se está produciendo mucha más azúcar de la que se consume. 
Esta situación empeorará cuando los precios caigan, lo que solo beneficiará a los grandes productores y distribuidores. 
En el análisis final, la industria agrícola se embolsa los ahorros, mientras que los pequeños agricultores reciben menos por sus cultivos de remolacha azucarera. 
En última instancia, el consumidor acaba pagando el mismo precio por un kilo de azúcar. 
En particular, los países pobres están en riesgo de convertirse en las víctimas de esta reforma. 
El trato preferencial ha creado cultivos de azúcar locales en varios países ACP, a menudo de pequeña escala con una mínima inversión. 
Esos países no pueden competir sin más apoyo europeo. 
Por eso es importante que la enmienda Kinnock libere una cantidad anual de 200 millones de euros para los países ACP. 
De hecho, las otras enmiendas de la señora Kinnock también merecen nuestro apoyo. 
Si no conseguimos cumplir los compromisos en el marco del programa «Todo menos armas» perjudicaremos seriamente nuestra credibilidad respecto de los PMD. 
Además, esta reforma invita a debatir la abolición general de todas las subvenciones a la exportación, como se prometió recientemente en Hong Kong. 
Concluiré resumiendo que la reforma del azúcar es necesaria, pero no si sienta bien a los grandes productores e indigesta a los agricultores pobres. 
– Señor Presidente, tal como insistimos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, estamos muy preocupados por esta reforma del azúcar y por las posiciones que, por desgracia, el Consejo adoptó antes de este debate. 
Nuestras propuestas en comisión subrayaban la defensa del principio de soberanía y seguridad alimentaria, y la protección de los agricultores y de la industria en regiones y Estados miembros con dificultades. También hemos defendido un aumento de las cuotas de producción en países en los que hay un déficit de producción en relación con el consumo, como en el caso de Portugal. 
Así, hemos propuesto, y continuamos defendiendo, un aumento de las cuotas de producción en la fábrica de Coruche, en Portugal, hasta 120 000 toneladas de remolacha azucarera, para garantizar la viabilidad económica, el empleo y la producción de remolacha azucarera, dadas las buenas condiciones existentes en Portugal y el gran déficit de producción de azúcar en relación con el consumo. 
Señor Presidente, dicen que es mejor dar una caña de pescar que un pescado. 
Si vamos a cerrar la producción de azúcar en Irlanda y en la UE, podemos y debemos compensar debidamente a los agricultores y productores, aunque no sea más que para acallar la voz de nuestra conciencia. 
Pero ¿estamos locos? 
¿Por qué estamos cerrando la producción de azúcar cuando necesitamos desesperadamente encontrar alternativas para los carburantes derivados del petróleo? 
¿Por qué tenemos que pagar para tener campos vacíos y maquinaria oxidada cuando necesitamos más que nunca la producción de azúcar? 
El azúcar tiene otros usos además de los dulces. 
Por una parte, lanzamos advertencias sobre la desaparición del petróleo y promovemos alternativas; por otra parte, hacemos desaparecer el azúcar, que es una de las alternativas viables. 
Parece que una mano no sabe lo que hace la otra. 
¿Cómo conseguiremos algo de esa forma? 
Aunque tenemos previsto nuestro propio paquete de compensaciones, recordemos que terceros países, como la República de Mauricio, están siendo devastados por nuestras reformas azucareras. 
Señor Presidente, la liberalización del mercado del azúcar es un problema complejo, y requiere nuestra atención. 
El Parlamento Europeo demostró su interés en el tema al aprobar una resolución sobre la reforma futura de la organización común del mercado del azúcar el 10 de marzo de 2005. 
Por desgracia, la Comisión Europea ignoró esta resolución. 
En julio de 2005, presentó tres propuestas de Reglamento que socavaban el significado de la resolución que la Cámara había aprobado. 
Se volvió a ignorar al Parlamento el 24 de noviembre de 2005, cuando el Consejo aprobó una versión final de la reforma sin pedir la opinión de la Cámara, y con la oposición de los Ministros de Agricultura polaco y griego. 
Esto ha conducido a que se nos presenten propuestas que violan el principio de la solidaridad europea, y cuyo objetivo es garantizar que el mercado del azúcar se reforme a costa de los países más pequeños, en particular los nuevos Estados miembros de la UE. 
Otro objetivo es garantizar que la producción de azúcar europea se concentre en Alemania y Francia. 
Las soluciones propuestas perjudicarán a los agricultores y a los trabajadores de la industria azucarera y beneficiarán a las grandes empresas azucareras. 
El individuo y el principio de asociación han caído en la cuneta en esta reforma. 
Los nuevos Estados miembros han privatizado sus fábricas de azúcar, pero la gran mayoría de dichas fábricas en Polonia pasaron a manos de extranjeros a un tercio del precio que ahora les pagarán por detener la producción. 
La situación es similar en muchos otros países. 
Por estas y muchas otras razones, sugiero que se rechacen las tres propuestas, y que se prepare una nueva reforma que mantenga la resolución del Parlamento del 10 de marzo de 2005. 
Señor Presidente, soy plenamente consciente de que hay que llevar a cabo, y se llevarán a cabo, reformas mucho más profundas de la política agrícola común. 
Por desgracia, estas reformas perjudicarán a los agricultores y, como siempre, los nuevos Estados miembros son los que saldrán más perjudicados. 
Este es otro ejemplo más de los términos injustos con que nos adherimos a la UE. 
No es un secreto para la Comisaria que Polonia está en contra de la reforma del régimen del azúcar. 
Tiene que entender nuestro punto de vista y tenerlo en cuenta. 
Como ha dicho el ponente, nuestra atención tiene que centrarse en particular en los hombres y mujeres que se ganan la vida en la producción del azúcar. 
La compensación tiene que estar dirigida sobre todo a los trabajadores de las fábricas de azúcar y a los agricultores, y no a los propietarios de dichas fábricas. 
Esto es aún más importante ya que la mayoría de fábricas de azúcar en Polonia están bajo control extranjero. 
La transferencia de cuotas de producción de un país a otro debería estar prohibida para evitar la especulación. 
Esta reforma del mercado del azúcar constituye otra oportunidad perdida. 
En lugar de actuar como expresión de la solidaridad entre los Estados miembros de la UE y los países en desarrollo, resultará en una ayuda insuficiente para los países pobres y en nuevos puntos de discordia entre los Estados miembros. 
Señor Presidente, Comisario, la reforma del mercado del azúcar es urgente, ya que el Reglamento actual que gobierna las cuotas, los precios y las subvenciones a la exportación expira el 30 de junio de 2006. 
Sin embargo, los cambios que se nos han propuesto son inaceptables. 
Mi opinión, así como la de la mayoría de agricultores de remolacha azucarera en Polonia, es que la única palabra que puede usarse para describir estos cambios es «escandalosos». 
El compromiso político que el Consejo ha alcanzado es intolerable. 
Los agricultores de remolacha azucarera polacos incluso han afirmado que la reforma del mercado del azúcar de la UE se retrasó a propósito hasta después de la adhesión de los nuevos Estados miembros, para que la producción del azúcar en la UE pudiera revisarse a la baja a su costa. 
La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que las cuotas C del azúcar desestabilizan el mercado. 
El panel de la OMC no nos ha tenido en cuenta, y no hemos tenido éxito en nuestro llamamiento. 
Pero el compromiso alcanzado por el Consejo de Ministros prevé 1,1 millones de toneladas de azúcar C adicionales para los Estados miembros que más producen. 
Existe una sorprendente falta de coherencia en las medidas que han tomado la Comisión Europea y el Consejo. 
A pesar de que las metas de estas instituciones es limitar la producción, han propuesto un aumento para los países que producen grandes cantidades de lo que se conoce como azúcar C. Recibimos varios regalos de Navidad como ese, pero es una pena que Papá Noel no fuera tan generoso con todos los demás países. 
¿Cómo explican el Comisario y el Consejo el hecho de que solo unos cuantos países seleccionados vayan a recibir ayuda adicional? 
¿Cómo se han seleccionado esos países? 
Otros países mucho más pobres, incluida Polonia, tendrán que asumir el coste de todos esos regalos de Navidad, que tendrán forma de pagos de reestructuración más generosos. 
Quiero preguntar al Comisario si la reforma del mercado del azúcar solo trata de regateo, o si está basada en medidas coherentes que vayan a garantizar la competitividad del mercado del azúcar europeo. 
Pido al Parlamento que apruebe las enmiendas que he presentado con vistas a mejorar esta reforma del mercado del azúcar, al menos en parte. 
Esperemos que la Comisión y el Consejo tomen nota de ellas. 
Aún existe la posibilidad de que lo hagan, y yo se lo agradecería mucho. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el debate de hoy y la votación que tendrá lugar pondrán punto final a más de un año de trabajo en esta Cámara. 
Por otra parte, quiero subrayar el espíritu constructivo del ponente, el señor Fruteau, cuyos informes apoyo. 
No obstante, más que ser el final de un camino, este momento marca el comienzo de un proceso de desarrollo del sector. 
A usted, señora Comisaria, le diré que la tendencia a ver el mercado como la panacea de todas las cosas ha tenido consecuencias devastadoras, aunque hemos contribuido a atenuarlas un poco. 
Si esta reforma se considera, con razón, inevitable, hay que desconfiar ya de sus efectos. Esto se debe a que tras el acercamiento de las posiciones del Consejo y del Parlamento, dicha reforma se articula en torno a un descenso drástico del precio: un 36 % en cuatro años. 
Desregular a través de los precios es provechoso para los grandes productores, que pueden seguir creciendo en detrimento del medio ambiente y explotar aún más, fuera de Europa, a una mano de obra mal pagada. 
También es provechosa para los grandes consumidores, que comprarán el azúcar mucho más barato en el mercado mundial sin repercutir ese descenso en el precio de venta del producto acabado, maximizando así sus beneficios. 
Esta es su definición de desarrollo, que no debe confundirse con nuestra concepción del desarrollo 
Por otro lado, desregular a través de los precios es perjudicial para los pequeños productores de nuestros países y, más aún, de los países ACP y los países menos avanzados, que venderán su azúcar más barato y quizás piensen en cesar la producción, pero sin una fuente de ingresos alternativa que sea viable. 
Tampoco será provechosa para los pequeños consumidores: en efecto, podemos apostar por que el precio del azúcar no bajará para ellos. 
Además, en Europa, algunos países cesarán su producción y otros la mantendrán con dificultades, tanto para los productores como para las industrias y sus trabajadores. 
Me gustaría, si me lo permiten, introducir un aspecto particular belga en este punto. Celebraría la posibilidad de una reestructuración en el sector de la achicoria para la producción de inulina, que promete un buen futuro. 
He presentado enmiendas en ese sentido y les agradezco, Señorías, que las hayan aceptado. 
Por lo que se refiere al Consejo que tiene previsto reunirse en febrero, desearía que prestara más atención a la parte de la ayuda destinada a los agricultores y a las condiciones que deben reunir los industriales que soliciten una ayuda a la reestructuración. 
Estaré muy atento a ello. 
-Señor Presidente, Señorías, se ha dicho que el acuerdo en torno a la organización común del mercado del azúcar es un acuerdo histórico y constituye una decisión valiente y audaz en una situación que se ha quedado estancada durante demasiados años. 
Se ha dicho que era preciso actuar para poder disponer de los fondos que permitieran llevar a cabo esta reestructuración absolutamente imprescindible aunque dolorosa, y para garantizar, no solo que los agricultores afectados reciban una compensación, sino también que este sector sea sostenible a largo plazo. 
Esta nueva política fomentará el comercio y reforzará la posición de la Unión Europea en las negociaciones que tendrán lugar en la reunión de la OMC en Hong Kong el mes que viene. 
Con esta reforma, los países en desarrollo tendrán sin duda en la Unión Europea un mercado atractivo para sus exportaciones de azúcar, si bien, personalmente, opino que saldremos perdiendo mucho en términos de garantías de calidad y salud del consumidor. 
A este respecto, señora Comisaria, quizás debamos seguir una línea más rigurosa, más prudente y más cauta Por último, con este acuerdo la Unión Europea podrá ofrecer a sus socios ACP ayuda económica para adaptarse a los cambios, pero es probable que termine simplemente protegiendo, como siempre, a Francia y Alemania. 
Aunque aprecio enormemente la labor realizada por el ponente y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, no quiero demorarme sobre los términos del acuerdo, que ahora todos conocen. 
No obstante, una vez más debo señalar hasta qué punto se ha infravalorado la función del Parlamento Europeo, ya que esta se ha visto eludida con demasiada frecuencia por el Consejo y la propia Comisión 
Por ello, si bien espero que se aprueben las enmiendas destinadas a mejorar el texto, quiero expresar cuán defraudada me siento por el hecho de que no se haya tomado una posición más audaz en relación con la PAC a fin de garantizar la independencia energética de la Unión Europea, centrándose, como también mantuvo el Profesor Prodi, en energías alternativas o energías integradas con petróleo, como por ejemplo la energía procedente de biomasa. 
Mediante la transformación de biomasa podemos lograr ingresos que compensen con creces las pérdidas derivadas del azúcar. 
¿Es consciente de ello la señora Comisaria? 
¿Es consciente la Comisión? 
Pienso que convendría que la Unión Europea invirtiera en el sector de transformación de biomasa, que por cierto es una tecnología que produce hidrógeno de forma directa. 
De hecho, dos toneladas de biomasa seca producen las mismas calorías que una tonelada de petróleo, pero mientras que el coste potencial de la biomasa es de 200 euros por tonelada, la tonelada de petróleo cuesta 400 euros. 
Déjenme darles un ejemplo: Italia ahorraría 12 000 millones de euros y Europa 120 000 millones. 
Con esa suma podríamos aplicar una política que combine los objetivos de reforma con los fines de justicia social, de la mejor manera posible y sin traumas excesivos e inesperados. 
Podríamos aprobar medidas positivas y sostenibles para el medio ambiente, para los agricultores y los propios productores, sin fomentar una cultura asistencial y, sobre todo, sin perder puestos de trabajo. 
Señor Presidente, estamos debatiendo hoy tres informes presentados al Parlamento sobre la reforma del mercado del azúcar. 
Como representante de un nuevo Estado miembro, Polonia, deseo plantear dos asuntos importantes sobre esta reforma. 
En primer lugar, lo que ha hecho necesaria la reforma ha sido la cantidad excesiva de azúcar exportada por dos países, a saber, Alemania y Francia. 
Estas exportaciones ascienden a casi 2 millones de toneladas. Por ello, Francia y Alemania deberían soportar el coste de esta reforma reduciendo de forma significativa la cantidad de azúcar que exportan. 
Puesto que Polonia no exporta más que 90 000 toneladas, solo puede ajustar su producción dentro de estos límites. 
En segundo lugar, contrariamente a lo que ocurre en otros Estados miembros, en Polonia los límites a la producción de azúcar se han impuesto a las fábricas de azúcar y no a los agricultores. 
La mayor parte de las azucareras polacas fueron compradas por inversores alemanes y franceses que pagaron unos 200 euros por tonelada de cuota de producción. 
Los propietarios de estas fábricas se verán indemnizados con una cantidad de 730 euros por tonelada de producción abandonada, lo que significa que recibirán casi cuatro veces más que lo que pagaron. 
Es más, los bienes industriales, o en otras palabras, los edificios, los terrenos y la maquinaria seguirán en sus manos. 
Quisiera exponer estos dos graves asuntos a la Comisión y al Consejo, así como a la Comisaria, que está hoy presente en la Cámara. 
Todos ellos piensan que han propuesto una idea brillante de reforma del mercado del azúcar. 
– Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, todos estamos de acuerdo en que este sector necesita una reforma que lo haga sostenible, en consonancia con la última reforma de la PAC y los compromisos internacionales de la Unión Europea. 
No obstante, a pesar de estos nuevos objetivos, la reforma propuesta por la Comisión ocasionaría serios problemas a los agricultores europeos, entre ellos, y no el menor, la drástica reducción del precio del azúcar. 
Apoyo por tanto el informe del señor Fruteau, así como la labor realizada por los diversos Grupos políticos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que en mi opinión transmite un mensaje muy claro a la Comisión y al Consejo. 
Deseo destacar, además de la reducción en un 30 % del precio en la organización común de mercado del azúcar, la enmienda 3, sobre planes de ayuda a los agricultores, que se refiere a la posibilidad de que los Estados miembros sigan recibiendo, al menos en cierta medida, subvenciones vinculadas a la producción. De este modo se evitará que el sector azucarero desaparezca rápidamente en las regiones más amenazadas por esta reforma. 
Añadiré, no obstante, que la propuesta de la Comisión se ha elaborado teniendo más en cuenta el punto de vista de la industria de transformación que el de los productores agrícolas y más los intereses de los países con mayor excedente de producción que los de los pequeños países que ni siquiera producen suficiente remolacha azucarera para satisfacer el consumo, como es el caso de Portugal. 
El pilar de la producción de remolacha azucarera en Portugal es una fábrica que produce unas 70 000 toneladas de las 300 000 que se consumen en el país. 
En otras palabras, no son los países como Portugal los que desequilibran el mercado internacional con una producción excedentaria. 
Sin embargo, si mantenemos la posibilidad de que el fondo de reestructuración ayude a aquellos que abandonen una parte de las cuotas, estaremos ayudando al sector azucarero de algunos países como Portugal, y desplazando el apoyo a este sector del ámbito agrícola al ámbito de la transformación. 
Por último, deseo poner de manifiesto mi desacuerdo con la manera en que el Consejo ha enfocado este tema desde un punto de vista institucional. 
Por mucho que se diga que se trata de un acuerdo político y no de una decisión formal, la verdad es que esta no es la mejor manera de avanzar teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por los ciudadanos acerca de la transparencia de las instituciones europeas. 
No se trata tan solo de aplicar el acuerdo institucional al pie de la letra. 
También tenemos el deber, como representantes políticos elegidos directamente por los ciudadanos europeos, de exigir respeto por las instituciones, tanto desde un punto de vista ético como político. 
Señor Presidente, agradezco los informes del señor Fruteau y yo también quiero alabar la forma en que ha realizado su trabajo. 
Sería justo decir que no opinamos igual en cuanto a la reforma del régimen del azúcar, pero quiero pensar que ahora, al final del proceso, estamos mucho más cerca que al principio. 
Al igual que el ponente y los demás oradores, creo que es una lástima que el Consejo haya decidido llegar a un acuerdo político antes de que se haya celebrado el debate en este Parlamento. 
Creo que es una falta de respeto hacia esta Cámara. Sin embargo, me complace que el Consejo haya reconocido y apoyado la necesidad de acabar con la ayuda artificial al sector del azúcar y hacer que el régimen azucarero europeo sea más competitivo en el mercado mundial, y creo que la reducción del 36 % nos hará cumplir las normas de la OMC. 
No es tan radical como el 39 % que propone la Comisión, pero creo que nos acerca a dichas normas. 
El período de aplicación de cuatro años que el Consejo también recomienda ofrece a nuestros productores la oportunidad de adaptarse a las nuevas realidades. 
Donde me gustaría ver más acción es en dos ámbitos específicos. 
Primero, en relación con el azúcar C. Deberíamos tener un compromiso claro para abolir el azúcar C, que es evidente que distorsiona el comercio mundial y podría seguir siendo objeto de conflicto a escala de la OMC. 
Por eso el jueves apoyaré la enmienda 80, como espero que haga esta Cámara. 
Acojo con gran satisfacción la compensación de 7 000 millones de euros que se ha dado a los productores europeos y reconozco que necesitan esa ayuda. 
Sin embargo, igual que otros oradores en este debate, lamento que no estemos siendo igual de generosos con los productores de los países ACP. 
Los 18 productores ACP tienen actualmente unos ingresos estables de unos 250 millones de euros al año procedentes del régimen del azúcar. 
La propuesta de la Comisión era de 190 millones de euros al año entre 2007 y 2013, que era buena pero no suficientemente generosa. 
El problema es que el acuerdo del Consejo del 16 y 17 de diciembre no llega a los 190 millones de euros que la Comisión propuso y, como autoridad presupuestaria, junto con el Consejo, el Parlamento debe presionar para conseguir los 190 millones de euros al año si queremos que se nos considere sinceros en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Finalmente, quiero unir mi voz a la de quienes dicen que el uso del azúcar como biocarburante es una alternativa posible y un nuevo mercado potencial para el azúcar. 
La tecnología existe; debe mejorarse y adaptarse: y para ello hace falta investigación y apoyo técnico, y espero que la Comisión estudie de nuevo el tema de la reforma con más generosidad y haga más para fomentar un uso más amplio del azúcar, como medida medioambiental y como forma de compensar a los productores europeos de azúcar por la pérdida de ingresos con que se enfrentan a causa de estas propuestas. 
Señor Presidente, doy las gracias al señor Fruteau no solo por su trabajo hasta la fecha sino también por aguantar esta sesión maratoniana, y también doy las gracias a la Comisión. 
En vez de repetir algunos de los comentarios realizados sobre estas reformas, solo quiero decir que me preocupa un poco la severidad del recorte de precios. 
Lo había pedido antes con insistencia, como alternativa al uso de la reducción de cuotas como mecanismo para controlar la oferta. 
Tengo algunas preguntas concretas para la Comisión. 
Quizás la Comisaria podría darme una respuesta. 
En relación con la exacción que se va a deducir de los procesadores, ¿podría decir la Comisión si, en el caso de un país, y me refiero a Irlanda, que cultiva remolacha en 2006, la empresa tiene que contribuir a la exacción de reestructuración ese año? ¿Debería detener la producción en 2007? 
Es un tema crucial y de la respuesta depende si vamos a cultivar remolacha o no este año, quizás la última temporada para cultivar este producto en Irlanda. 
Mi segunda pregunta se refiere a un comentario que la Comisaria ha realizado antes durante el debate cuando ha dicho que el 10% que se está reservando según el programa de reestructuración para los agricultores podría ser aumentado por los Estados miembros en determinadas circunstancias. 
Quizás la Comisaria pueda indicar cuáles podrían ser esas circunstancias. 
Sin utilizar todo mi tiempo, porque todos estamos cansados y quizás exaltados, solo diré, en cuanto al mundo en desarrollo, y comparto la preocupación de otras personas de esta Cámara, que al reformar el azúcar hemos disgustado al mundo en desarrollo, porque les estamos ofreciendo acceso a nuestros mercados a precios mucho más reducidos. 
Lo que quieren es acceso a precios elevados, porque es la única forma de poder crecer y prosperar. 
Los que han pedido que así sea deberían pensar en lo que han conseguido ahora con ello. 
Finalmente, espero que con las reformas se consiga lo que la Comisaria dice que se va a conseguir: un sector del azúcar competitivo. 
Aunque, lamentablemente, creo que para Irlanda va a significar la desaparición del sector. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, el ponente, el señor Fruteau, merece nuestra gratitud por su labor comprometida, que ha contribuido a lograr lo que después de todo se puede considerar un acuerdo aceptable. 
Por supuesto, no le ayudó el hecho de que el Consejo de Agricultura y Pesca ya hubiera tomado una decisión preliminar. 
Aunque no tenemos poder de codecisión en ese ámbito, esa decisión solo se puede tolerar a la luz de las negociaciones que tuvieron lugar en la OMC en 2005. 
El compromiso que se ha alcanzado ahora sigue siendo un reto tremendo para los países afectados: tanto dentro de la UE como en los países menos avanzados y los socios ACP. 
Aunque las partes afectadas reciban pagos compensatorios, de una manera o de otra sufrirán pérdidas de ingresos. 
En el futuro, muchas regiones de la UE productoras de remolacha azucarera no podrán producir la misma cantidad de remolacha para fines de alimentación, y en algunos casos no podrán producir nada. 
La Comisión debería seguir los pasos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a ese respecto y examinar la posibilidad de incrementar los fondos por hectárea disponible para cultivos no destinados a usos alimentarios. 
En mi opinión, las propuestas clave de la Comisión de Agricultura son parecidas a las del Consejo de Agricultura y Pesca. 
Espero que se apruebe finalmente el acuerdo, ya que facilitará la planificación por parte de los cultivadores de remolacha y hará que la producción de remolacha azucarera se mantenga en la Unión Europea a pesar de los severos recortes. 
No obstante, los operadores de las fábricas de azúcar también tienen una parte de responsabilidad. 
Su tarea consiste en aplicar el régimen de la futura organización de mercado de forma que puedan concebirse soluciones socioeconómicas viables en colaboración con los sindicatos y los representantes del personal. 
– Señorías, como sin duda saben, los terrones de azúcar son un invento checo, y por ello, en mi calidad de diputado checo al Parlamento Europeo, me gustaría, si me lo permiten, aportar una serie de comentarios acerca de la propuesta de reforma de la organización común del mercado del azúcar. 
Lo primero que quisiera decir es que acojo con satisfacción el hecho de que el Consejo Europeo y la Comisión deseen reformar la política comunitaria relativa al sector del azúcar. En su estado actual, dicha política es realmente absurda y supone un gasto demasiado elevado para los consumidores y los contribuyentes. 
Esa situación debe cambiar tan pronto como sea posible y es preciso liberalizar y desregular el mercado en su conjunto. 
Por otra parte, resulta deplorable que se haya esperado a que la Organización Mundial del Comercio declarara injusta la política comunitaria para llevar a cabo una reforma del régimen del azúcar. 
Toda la Unión Europea debería reflexionar sobre este hecho. 
¿Porqué somos incapaces de liberalizar nuestros propios mercados y porqué son otros países los que deben forzarnos a hacerlo? 
Después de todo, el libre comercio y el libre mercado han aportado prosperidad a las naciones europeas a lo largo de la historia, mientras que el proteccionismo no trae más que pobreza. 
Sin embargo, los que abogan por el proteccionismo parecen estar muy representados en esta Cámara. 
Mi opinión es diametralmente opuesta a sus puntos de vista y no votaré a favor de sus enmiendas. 
Hay que reformar el régimen del azúcar lo antes posible. 
En tercer lugar, deseo referirme a una refinería de azúcar que funcionó en mi ciudad natal de 1890 a 1994. 
La apertura del mercado del azúcar tras la caída del comunismo en mi país ocasionó su quiebra. 
La refinería de azúcar de mi ciudad natal, Lysá nad Labem, quebró por su incapacidad de competir con las refinerías de azúcar subvencionadas de la Unión Europea. 
En la década de 1990, más de 50 refinerías de azúcar de la República Checa se declararon en quiebra o cerraron por esa razón. 
Los trabajadores de estas fábricas perdieron sus puestos de trabajo y no recibieron ninguna indemnización, al igual que los propietarios de las refinerías y los cultivadores de remolacha azucarera. 
Ahora ha llegado el turno a los Estados miembros veteranos de la Unión Europea de experimentar el mismo proceso de ajuste del mercado. 
Las compensaciones propuestas son extremadamente generosas, por lo que este ajuste debería resultar tarea fácil. 
Por tanto, estoy a favor de la reforma del régimen del azúcar y, de hecho, pienso que podría ir más allá. 
Nuestra experiencia en la República Checa demuestra que semejante reforma es factible y viable. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera destacar el esfuerzo realizado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para poder alcanzar un acuerdo de todos los Grupos políticos, cosa nada fácil teniendo en cuenta que la propuesta inicial de la Comisión iba más encaminada a la desaparición del cultivo del azúcar que a su reforma, sin tener en cuenta su coste social. 
Por tanto, creo que este intenso año de trabajo ha merecido la pena. 
En segundo lugar, quisiera felicitar al ponente, el compañero Jean-Claude Fruteau, que en sus tres reglamentos ha plasmado moderación, equilibrio, solidaridad y, sobre todo, la realidad de cara al futuro del sector, no solo de los 21 países productores de la Unión Europea, sino también de los países ACP y de los menos avanzados. 
Igualmente quiero sumarme a las muchas críticas oídas en la Cámara por el malestar producido por que el Consejo adoptase un acuerdo político sin esperar el informe del Parlamento. 
Esperamos que no sea un precedente para futuras reformas. 
Por último, después de tanto trabajo, me gustaría referirme al doble lenguaje que algunos diputados han mantenido desde el principio –creo que es bueno recordarlo ahora que hemos llegado al final–, votando a favor del informe Fruteau en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para después, cuando llegan a su país, dedicarse a criticarlo todo. 
Algunos nos hemos dedicado a trabajar para alcanzar acuerdos, acercar posturas, para conseguir lo que al final ha sido una realidad. 
Le pese a quien le pese, creemos que la situación actual es mucho mejor que la del comienzo; no nos gustan las reformas, no nos han gustado nunca, pero hay que reconocer que hemos mejorado la difícil situación inicial. 
Creo que ahora es el momento de lanzar un mensaje claro desde este Parlamento Europeo. 
Señorías, siempre es mejor construir que destruir por sistema. 
Es preferible hacer las cosas pensando más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, porque el tiempo siempre acaba dándonos la razón y la estrategia de la confrontación sin argumentos que se ha instalado en mi país no conduce a ninguna solución positiva. 
Finalizo pidiendo el apoyo al informe Fruteau, que es un buen informe, que podrá mejorar el acuerdo del Consejo y que, si sale reforzado de este Parlamento, nos permitirá seguir avanzando hacia un futuro mejor para el sector. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, el nuevo régimen del azúcar que se está esbozando resultará particularmente desafortunado para los cultivadores. 
En muchas regiones significará el final del cultivo de remolacha azucarera. 
El cierre de fábricas azucareras enviará al desempleo a agricultores y trabajadores industriales. 
Desgraciadamente en mi país ya se han producido las primeras manifestaciones. 
Debemos fijarnos como objetivo la supervivencia de nuestros agricultores en sus explotaciones. 
No necesitamos otro éxodo rural. 
Si queremos sustituir la remolacha azucarera por cultivos energéticos debemos mostrarnos más generosos con nuestra ayuda. 
Además, es nuestro deber para con el medio ambiente, porque los cultivos energéticos suponen la protección del medio ambiente, aunque a los países ACP no les irá mejor con el nuevo régimen. 
Señora Comisaria, es usted una persona sobria, honrada y capaz. 
Colabora usted con el señor Fruteau, quien ha elaborado propuestas muy buenas, y con el presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el señor Daul; introduce mejoras, formula propuestas audaces, demuestra a los que le critican que no está aquí por simple formalidad cuando todo está ya decidido, sino que usted quiere, sincera y constructivamente, escuchar al Parlamento. 
De esta manera, está usted protegiendo a la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a la agricultura comunitaria. 
De otro modo, veremos cómo desaparece la agricultura en muchas regiones desfavorecidas de Europa, cómo se abandonan los pueblos y cómo se deteriora el medio ambiente de Europa. 
Por el amor de Dios, no creo que sea esa su intención. 
– Señor Presidente, la reforma del azúcar constituye ante todo un problema social para los agricultores y trabajadores de Europa y de los países en desarrollo. 
Si queremos que se instaure la justicia social a escala mundial, hay que abrir el mercado europeo. 
Esta reforma es inevitable y dolorosa. Si debemos tirarnos al agua al menos hagámoslo bien. 
La Comisaria consiguió dar un salto enorme, el Consejo ha conseguido un salto más pequeño y esta Cámara querría dar un paso aún menor. 
Sin embargo, los trabajadores y agricultores están preocupados y tienen derecho a exigir sólidas garantías sociales. 
En este sentido, el fondo de reestructuración resulta vital. 
Gracias a la presión que hemos ejercido, disponemos ahora de un fondo de reestructuración más cuantioso, lo cual es importante. 
Nos gustaría que el fondo aumentara aún más, pues los trabajadores quieren algo más que el reciclaje. 
Quieren alternativas de empleo cuando cierren sus fábricas. 
El bioetanol podría ser una solución siempre que pueda producirse con poco gasto energético. 
Es necesario incrementar la financiación para la investigación en este terreno. 
Solo de esta manera es posible garantizar un futuro social y sostenible para el sector. 
Solo en esas condiciones puede el sector aceptar esta reforma. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, por una vez pase, expresaré una opinión más bien favorable sobre el proceso actual de reforma de la OCM del sector del azúcar, pero desde la perspectiva muy específica del azúcar de las regiones ultraperiféricas. 
En un momento en que la Unión Europea se ha comprometido a reducir su producción de azúcar para ajustarse a las normas del comercio mundial, los departamentos franceses de ultramar se inscriben en una lógica diametralmente opuesta: continuar el desarrollo de su producción para garantizar el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo duraderos y preservar el frágil equilibrio de las operaciones, tanto agrícolas como industriales. 
Con respecto a las propuestas de la Comisión, puede decirse que Reunión, Guadalupe y Martinica son pioneras en la adaptación de su sector de la caña de azúcar. 
En primer lugar, porque su producción es muy inferior a las cuotas autorizadas y, por tanto, no participa en la superproducción comunitaria. 
Después, porque, en los últimos treinta años las fábricas se han ido agrupando progresivamente, hasta el punto de que ya no es posible contemplar ni la supresión ni la disminución de su actividad sin poner en peligro todo el equilibrio del sector. 
Hoy, la caña es un producto de valor, íntegramente utilizable en la producción de azúcar, pero también de energía, por la utilización del bagazo o incluso de abono natural. 
La multifuncionalidad de la agricultura no es solo un proyecto teórico en nuestros departamentos, es una realidad. 
Es más, precisamente porque han sido pioneros, los departamentos de ultramar no pueden ir más lejos. 
Si bien la Comisión Europea y el Consejo se han negado a hacer cualquier concesión financiera adicional a favor de los departamentos, el acuerdo político alcanzado en el Consejo en vísperas de la Cumbre de la OMC en Hong Kong ha autorizado a Francia a establecer dispositivos que permitan la concesión de una ayuda estatal complementaria a los fondos comunitarios. 
Es posible prever la compensación del descenso de los precios con cierto margen para el aumento de la producción, lo que devolverá la serenidad y la visibilidad a un sector que ha sufrido dos años de incertidumbre. 
Quisiera felicitar al ponente, el señor Fruteau, por sus esfuerzos, y le pido solemnemente, señora Comisaria, que mantenga intactas las disposiciones recogidas en el compromiso del Consejo por lo que respecta al azúcar de los departamentos de ultramar, a fin de garantizar el futuro de este sector. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la reforma del azúcar es uno de los expedientes políticos más complejos de la Comunidad. 
Antes de llegar a un acuerdo político, el Consejo debería haber tomado en consideración el dictamen del Parlamento a fin de reforzar la cooperación entre las instituciones europeas y proporcionar así soluciones acordes con nuestras expectativas y con los desafíos que afrontamos. 
No obstante, el resultado obtenido es positivo y moderadamente satisfactorio. 
Pienso que la contribución del Parlamento al establecimiento del acuerdo ha sido crucial. 
El informe de propia iniciativa aprobado por la Cámara el pasado mes de marzo contenía una serie de sugerencias decisivas para la elaboración de la nueva propuesta El énfasis que puso esta Cámara en el impacto social de la reforma, al establecer un fondo de reestructuración para la industria, constituye una parte esencial de nuestra posición que se ha tenido en cuenta en el acuerdo. 
Es sin duda alguna una reforma dolorosa, pero si Europa quiere cumplir sus compromisos internacionales y a la vez garantizar que el sector tenga, a largo plazo, un futuro competitivo y sostenible, esta reforma resulta inevitable. 
El acuerdo alcanzado es mucho más equilibrado que la propuesta que la Comisión presentó en junio y proporciona una serie de medidas positivas, como son: la posibilidad de mantener una parte de la ayuda vinculada para aquellos que sigan produciendo, las medidas de apoyo a los cultivadores de remolacha azucarera, la atención prestada a las regiones afectadas por el desmantelamiento de la industria y la creación de un fondo de diversificación. 
Por tanto, la reforma evitará que se abandone totalmente la producción y las repercusiones sociales y de empleo serán mucho menos desastrosas de lo que temíamos. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, esta no es la primera vez que el Parlamento ha expresado su opinión sobre la reforma del régimen del azúcar. 
Yo fui uno de los que votaron a favor de la resolución que aprobamos el año pasado. 
Entre otras cosas, dicha resolución pedía que se reconsideraran las medidas de reducción de cuotas, en particular en el caso de los nuevos Estados miembros. 
Me complace que la Comisión haya revisado su estrategia original y haya propuesto una reforma basada en una reducción del precio garantizado del azúcar que satisfaga de igual manera a los productores de azúcar competitivos y a los cultivadores de remolacha azucarera. 
Mantengo, no obstante, ciertas reservas acerca del informe que se está debatiendo hoy, debido a que preconiza una reducción del precio del azúcar menor del que acordaron los Estados miembros en diciembre. 
Aquel acuerdo ya fue el resultado de un compromiso que se alcanzó moderando la propuesta más drástica de la Comisión. 
En primer lugar, no debemos olvidar que sufrimos una derrota en manos de la OMC. 
Debemos por tanto cumplir la necesidad de abrir nuestro mercado del azúcar de aquí a 2009. 
A este respecto, no puedo sino sorprenderme del exceso de atención que se está prestando a los intereses de los países menos desarrollados. 
Por una parte, estos países querrían que el precio del azúcar se redujera en los mercados no comunitarios, pero por otra parte quieren que los precios se mantengan altos en el mercado europeo al que tienen un acceso privilegiado. 
En segundo lugar, deseo subrayar que el hecho de reducir el precio del azúcar durante un período más largo beneficiaría a las empresas menos competitivas y contribuiría a perpetuar distorsiones en el mercado del azúcar. 
No solo saldrían perdiendo los productores de azúcar competitivos, sino más aún los consumidores europeos que, literalmente, pagarían la mayor parte del coste de una reducción más moderada de los precios. 
Actualmente, el azúcar cuesta a estos consumidores tres veces más que en otras partes del mundo. 
¿Es aceptable que deban seguir subvencionando un amplio sistema proteccionista cada vez que compran un producto que contiene azúcar? 
Debemos recordar que el principal propósito de la Unión Europea consiste en retirar obstáculos al comercio mutuo y no en perpetuarlos y reforzarlos. 
Debemos por tanto demostrar que somos un Parlamento verdaderamente europeo y que no tenemos miedo de aplicar mecanismos de mercado en los ámbitos de la producción y la venta de azúcar, entre otros. 
Señor Presidente, el acuerdo político ya alcanzado por los Ministros de Agricultura −incluida la Ministra socialista española y por el cual ya debería haber sido cesada− será, sin duda alguna, adoptado a finales de mes dentro de los puntos A del orden del día, es decir, sin proceder a debate alguno. 
Ya no hace falta, todo está debatido. 
Desafortunadamente, la discusión que mantenemos hoy en el Parlamento Europeo no tendrá ningún impacto en la decisión final. 
En adelante, sería deseable evitar que la voz del Parlamento vuelva a ser ninguneada de esta forma tan estruendosa, sobre todo en decisiones con consecuencias económicas y sociales de tanta importancia. 
Pero, para ello, la Comisión Europea no debe utilizar cualquier excusa que le sirva de coartada para ignorar la opinión del Parlamento, como ha hecho en esta ocasión. 
Me gustaría que quedara claro, por si todavía cabe alguna duda, que este informe, que será sometido el jueves a votación, se encuentra muy lejos del acuerdo político alcanzado por los Estados miembros, respecto tanto de los precios del azúcar como de las compensaciones a los agricultores o la libertad de los Estados miembros para mantener una parte de la ayuda acoplada, que en el acuerdo de los 25 en el Consejo, desde luego, no se recoge. 
El informe del Parlamento reparte de forma más equitativa los esfuerzos de reducción de la producción, al suprimir el cupo adicional del millón de toneladas anteriormente llamadas C. 
Éstos son solo algunos de los ejemplos que podemos encontrar si comparamos un texto con otro, pero la lista podría alargarse muchísimo más si procediéramos a un análisis detallado del acuerdo. 
En definitiva, no nos gusta la reforma, no nos gustaba la reforma de la Comisión Europea porque era horrible. 
Sin embargo, el acuerdo que se va a votar en este Parlamento el jueves nos parece el mal menor. 
Señor Presidente, he escuchado el debate con atención. Su intensidad es un indicio de que hay mucho en juego. 
Sin embargo, también es un indicio del compromiso con el que sus Señorías se han implicado en el proceso de elaboración de esta nueva reforma. 
Hablaré primero de las enmiendas. 
Creo que he encontrado en ellas muchos puntos comunes con mis propias opiniones. 
Empezaré con la nueva organización común de mercados que se propone. 
Sus Señorías han comentado que la red de seguridad es necesaria durante el período de reestructuración que acabará en 2009-2010 para reducir al mínimo las alteraciones de mercado no deseadas. 
Puedo aceptarlo. Por lo tanto puedo apoyar el contenido de las enmiendas 2, 29 y 54. 
Para no fomentar un exceso de producción y la consecuente acumulación de reservas, será necesario fijar el precio de intervención a un nivel considerablemente más bajo que el precio de referencia de la siguiente campaña. 
La intervención deberá limitarse también a una determinada cantidad máxima. 
Finalmente, creo que durante el período de reestructuración necesitamos recurrir a todas las herramientas de gestión, incluyendo el almacenamiento privado. 
Sus Señorías argumentan también que, siempre y cuando se respeten nuestros compromisos internacionales, deberían o podrían exportarse ciertas cantidades de la cuota de azúcar. 
En aras del equilibrio del mercado, esta es una idea que puedo compartir, y por lo tanto acepto las enmiendas 20, 39, 49, 51 y 68. 
Muchos de ustedes han mencionado el bioetanol. 
Comparto su análisis de que la producción de energía del futuro debería convertirse en salidas de la remolacha comunitaria. 
Siguiendo esta línea, puedo apoyar las enmiendas 11 y 42, destacando el papel político del bioetanol en el paquete de reformas. 
Como ustedes saben, la Comisión está trabajando en una serie de iniciativas políticas. 
El 1 de febrero adoptaremos una propuesta sobre la promoción de biocarburantes basados en materias primas agrícolas. 
También sé que el señor Parish trabaja actualmente en una resolución del Parlamento sobre este mismo tema. 
Creo que debemos celebrar este debate cuando se hayan adoptado esas contribuciones, y no ahora en el contexto de la reforma del azúcar. 
Debo subrayar que estoy muy interesada en recuperar este debate porque es muy importante. 
Comparto la opinión de que necesitamos abordar el problema específico que afecta a los agricultores que practican el cultivo de otoño. 
Es un problema específico de los países mediterráneos. Para ello se requerirá una ampliación provisional de la cuota sin la exacción de reestructuración para el año comercial 2006/2007. 
La Comisión puede aceptar así en principio las enmiendas 23 y 69. 
Puedo compartir su preocupación en cuanto a los ingresos de los productores de remolacha y aceptar la parte correspondiente de la enmienda 31 referente a la eliminación del 10 % adicional de flexibilidad en el precio del azúcar. 
En cuanto al azúcar industrial, puedo aceptar el contenido de la enmienda 43. 
Hay que evitar las normas estrictas y complejas cuyo cumplimiento sea difícil de controlar. 
También hay toda una serie de enmiendas técnicas que ya fueron aceptadas en los debates técnicos sobre la propuesta de la Comisión. 
Otras enmiendas tratan temas menores que se resolverían mejor en el marco de las normas de desarrollo. 
No puedo aceptar las demás enmiendas sobre la reforma de la OCM. 
Permítanme que pase ahora a la propuesta de reglamento que modifica el Reglamento del Consejo (CE) Nº 1782/2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa. 
Puedo aceptar en principio un aumento de la flexibilidad para los Estados miembros en el contexto de los pagos compensatorios y, por lo tanto, acepto el contenido de las enmiendas 5, 6, 8 y 11, adaptadas según proceda. 
Basándome en mi idea de respaldar el desarrollo de la producción de bioetanol en la Comunidad, también puedo aceptar la noción de la enmienda 7, según la cual podría cultivarse en tierras retiradas de la producción remolacha con fines que no sean la producción de azúcar. 
La enmienda 4 y la enmienda 13 plantean un sistema de compensaciones basado en la cantidad de azúcar producido a partir de la remolacha de cada agricultor. 
Estoy a favor del principio de proporcionalidad de esta reforma, por ejemplo, avanzando mayores niveles de compensación a los Estados miembros que deben afrontar una mayor reducción de sus cuotas. 
Sin embargo, el proyecto propone un sistema que diferenciaría los pagos según el volumen de remolacha producido. 
Un sistema de este tipo crearía enormes dificultades prácticas para conseguir un valor añadido muy limitado, lo que va en contra del objetivo común de simplificación, y por lo tanto no puedo aceptarlo. Tampoco puedo aceptar las demás enmiendas. 
Finalmente, quiero referirme a la propuesta de Reglamento que establece los fondos para la reestructuración. 
Puedo apoyar la idea que subyace en las enmiendas 4 y 14, según las cuales los productores de remolacha pueden beneficiarse de una parte de la ayuda para la reestructuración. 
Sin embargo, dado que los diversos Estados miembros presentan unas condiciones muy diferentes, un mínimo del 50 % sería demasiado alto. 
No olvidemos las numerosas obligaciones que deben resolverse a través de este fondo de reestructuración. Existen algunas obligaciones medioambientales y sociales que son muy importantes. 
Si tuviéramos que imponer un mínimo del 50 %, habría casos en los que tendríamos dificultades para cumplir con las diversas obligaciones. 
Por lo tanto no puedo aceptarlo. 
Como ya he dicho en mi intervención al comienzo del debate, un del 10 %, con la posibilidad de que los Estados miembros aumenten este porcentaje, parece mucho más adecuado. 
Señora McGuinnes, me dirijo específicamente a usted: jamás me atrevería a interferir en las decisiones que deben tomar los Estados miembros para decidir hasta qué punto aceptan este porcentaje de compensación. 
Igualmente, puedo apoyar el principio que establece la enmienda 5, y la parte correspondiente de la enmienda 10, en relación con la ampliación de la flexibilidad para las industrias que abandonen la producción de azúcar y pasen a sectores alternativos, como la producción de bioetanol. 
Lo mismo se aplica a la noción de renuncia parcial de cuota de la enmienda 7. 
El elemento social ya está cubierto en la propuesta y los requisitos administrativos adicionales no harían más que entorpecer el proceso de reestructuración. 
Por lo tanto, opino que las enmiendas 6, 9 y la parte correspondiente de la enmienda 7 no deben aceptarse. 
También se han presentado algunas enmiendas de última hora. 
Estoy a favor de la idea de la enmienda 17. 
Los agricultores de remolacha azucarera que sigan con la producción en los Estados miembros pero reduzcan considerablemente su cuota de azúcar deberían recibir algún tipo de ayuda estatal durante un período de transición. 
Las enmiendas propuestas a las que no me he referido son de menor importancia y por razones técnicas no considero necesario ponerlas sobre la mesa. 
Esto incluye también las enmiendas de última hora presentadas la semana pasada. 
He tomado nota de los comentarios especialmente duros que se han hecho respecto al trato que reciben los países ACP. 
En realidad, ha sido objeto de un debate muy intenso, pero no hemos olvidado a los países ACP. 
El recorte de precio previsto no afectará a estos países hasta 2008, dos años después de que se imponga a los agricultores europeos. 
No olvidemos que después de la plena aplicación de la reforma, los países ACP seguirán beneficiándose de un precio que será el doble del precio del mercado mundial. 
La Comisión siempre ha propuesto un plan de acción para los países ACP con 40 millones de euros para 2006. 
Se espera que esos fondos estén a su disposición en 2006, aunque los precios no se rebajen hasta 2008. 
Ciertamente 40 millones de euros no son muchos, pero sí suficientes para empezar, y siempre ha habido la intención de proporcionar fondos considerables para el período restante de 2007 a 2013. 
Es evidente que el volumen de esos fondos dependerá de la marcha de las negociaciones en curso sobre las perspectivas financieras. 
La reforma introduce también varias obligaciones para las empresas que quieran aceptar el fondo de reestructuración. 
Debo decir que lamento y me siento decepcionada por el hecho de que bastantes diputados, entre otros los diputados polacos, no puedan obviamente estar aquí porque debe quedar completamente claro que las empresas azucareras no pueden, repito, simplemente cobrar el fondo de reestructuración y abandonar el país. 
Tienen que proporcionar medidas para los empleados del sector azucarero. 
Esas normas se refieren a formación o jubilación anticipada, o lo que quieran. 
Este dinero se va a gastar en cooperación con el Gobierno. 
Puedo dar una respuesta a la pregunta de la señora McGuinness sobre la exacción, que es: sí, la única forma de evitar este pago al fondo de reestructuración sería abandonar la producción en 2006/2007. 
Finalmente, algunos diputados han criticado que el Consejo acordara una línea política para la reforma del azúcar el 24 de noviembre de 2005. 
La definición de una línea política en el Consejo de noviembre fue debida a una serie de circunstancias excepcionales. 
El régimen actual sigue siendo aplicable solamente durante la presente campaña y nuestros agricultores y operadores tienen que tomar algunas decisiones muy difíciles. 
Tenemos la obligación de proporcionarles, de forma oportuna, unas condiciones aceptables para que puedan tomar sus decisiones. 
Hemos perdido en el debate del grupo especial de la OMC sobre el azúcar, y urge cumplir las conclusiones de dicho grupo. 
Además, debíamos prepararnos para Hong Kong con el fin de poder defender nuestro sector azucarero, de modo que necesitábamos saber lo que teníamos que defender. 
No obstante, debo resaltar que esas circunstancias no deberían sorprender a nadie. 
Desde que presenté mi propuesta de reforma ante este Parlamento el 22 de junio, he dejado absolutamente claro que el Consejo tendría que definir su línea política sobre la reforma del azúcar en el Consejo de noviembre. 
Lo repetí cuando hablé ante la Comisión de Agricultura el 13 de septiembre de 2005 y cuando escribí una carta de seguimiento a todos los miembros de la comisión el 26 de septiembre de 2005. 
He actuado con plena transparencia durante todo el proceso para que el Parlamento pudiera desempeñar su papel al máximo. 
Pero, para terminar, permítanme decir a aquellos de ustedes que se muestran críticos hoy aquí que debemos reconocer el gran mérito de las comisiones y los diputados a esta Cámara que han realizado aportaciones muy valiosas en los últimos 12 meses. 
La realidad es que han conseguido influir en la elaboración de la reforma, una reforma que garantizará la sostenibilidad de este sector en Europa y una reforma que nos permite ofrecer una alternativa real a aquellos agricultores y a aquellas regiones que se verán más afectados por la reestructuración. 
Este es el resultado, y es un buen resultado. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12 del mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0381/2005) , presentada por la señora Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (06273/2/2005 – C6-0297/2005 – 2003/0242 (COD) ). 
. 
Señor Presidente, el Reglamento que vamos a votar mañana sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de Aarhus a las instituciones comunitarias nos obligará a tomar decisiones que son muy políticas por su naturaleza. 
Se refiere a legislación medioambiental importante en relación con el acceso a la información medioambiental y el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones. 
La Convención de Aarhus, ratificada en la Comunidad Europea por los Estados miembros y la UE, se aplicará mediante tres directivas; para ello, los dos primeros pilares ya han pasado por el procedimiento de codecisión y conciliación. 
Durante todo ese proceso he sido la ponente de los informes sobre la Convención de Aarhus. 
Esos pilares se refieren a la transparencia de la información medioambiental y al derecho de la Comunidad a implicarse. 
La tercera directiva, el acceso a la justicia, probablemente no seguirá adelante, porque los Estados miembros no han llegado a un consenso en la materia y existe la sensación general de que el proyecto debe archivarse. 
El derecho al acceso a la justicia también ha resultado ser el principal problema de este Reglamento. 
Siempre he resaltado la importancia de los derechos de los ciudadanos en materia de medio ambiente. 
La apertura y la transparencia son vitales para la democracia y un componente fundamental de nuestra propia seguridad. 
No obstante, el Reglamento que tenemos ahora ante nosotros, que amplía el alcance de las disposiciones de la Convención de Aarhus al ámbito comunitario, corre el riesgo de adquirir algunas características preocupantes. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, en su votación, alteró claramente el enfoque de las disposiciones y elevó la Convención a un nivel que, en mi opinión, no es deseable. 
Una cosa es que debamos controlar y regular, por ejemplo, la forma en que una autoridad aplica e interpreta las disposiciones de la legislación medioambiental, pero otra muy distinta es controlar y regular cómo lleva a cabo su misión un legislador elegido democráticamente. 
En la práctica, el texto de la comisión, como está ahora, otorgaría a todas las organizaciones no gubernamentales que encajen en una descripción muy general el derecho a llevar a las instituciones comunitarias ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asignándoles así una especie de posición de perro guardián en relación con dichas instituciones. 
Sin embargo, como política, no estoy dispuesta a delegar de esta forma el poder que democráticamente se me ha asignado, controlado por los ciudadanos, y espero que este tema se corrija en la votación plenaria de mañana. 
Los puntos más cruciales de la votación de mañana se refieren a las enmiendas 22, 24 y 25. 
El artículo 230 del Tratado permite a los ciudadanos entablar acciones legales en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si una decisión les afecta directa e individualmente, lo que es totalmente correcto y adecuado desde el punto de vista de la democracia. 
Pero la postura actual de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento significa que cualquier ONG de la UE podrá eludir esta disposición pidiendo una revisión interna, a la que la institución comunitaria deberá responder con una decisión formal. 
Esta decisión, junto con la enmienda 25, dejará vía libre para examinar la legalidad de la decisión original, no solo su procedimiento sino también su legalidad fundamental, y de esta forma dará a las ONG el poder de evaluar en última instancia el trabajo de las instituciones comunitarias. 
Eso les permitiría automáticamente llevar a las instituciones comunitarias ante los tribunales y, con dicha autoridad suprema, supervisar nuestro trabajo. 
En una democracia son los ciudadanos quienes ostentan la máxima autoridad, y los políticos a los que eligen ponen en práctica su voluntad. 
Pero ahora colocaremos a las ONG por encima de los ciudadanos, y para mí es algo muy difícil de aceptar. 
Es una cuestión de política y una cuestión de principios. 
Por favor, no me malinterpreten: necesitamos organizaciones medioambientales, y el mundo sería un lugar mucho más pobre si las ONG no hubieran planteado con toda justificación muchas cuestiones importantes. 
Pero lo que ahora están intentando procurarse, con una presión muy fuerte, es inquietante. 
Además, la definición de ONG en el Reglamento es muy ambigua, y por este motivo he presentado dos enmiendas a la Cámara que establecen unos criterios más detallados. 
La primera dice que una ONG tiene que haber trabajado en más de un país durante al menos dos años. 
La otra añade a la definición las palabras «que cumplan la ley». 
Esas enmiendas son esenciales para que las solicitudes de revisión permanezcan dentro de unos límites controlables y para obtener unos criterios adicionales para la naturaleza del trabajo de las ONG. 
Los miembros de nuestra comisión en este informe han presentando enmiendas que comparto complacida. 
Yo misma he resaltado la importancia, por ejemplo, de la calidad y la capacidad de comparación de la información medioambiental. 
Asimismo, apoyo la naturaleza democrática y la transparencia de nuestra toma de decisiones siempre que puedo. 
Pero, en realidad, no quiero nada más de las organizaciones medioambientales. 
Si ellas cumplieran lo que nos exigen a nosotros, si fueran más transparentes en sus actividades y sus procedimientos de financiación, si ofrecieran menos información engañosa y equívoca, no necesitaríamos imponer esas restricciones y esos criterios. 
Desde el punto de vista mundial, ha sido decepcionante ver que las ONG no siempre difunden la información correcta o corrigen la que se ha demostrado que es errónea. 
Un buen ejemplo de ello es la carta que llegó esta semana de la principal organización en materia de medio ambiente, que ofrece una imagen errónea de la oportunidad que probablemente ahora se abre ante ellas para acceder a la justicia en los tribunales. 
Mencionan que las empresas industriales pueden entablar acciones legales ante el Tribunal de Justicia, y ahora esta legislación las colocaría en el mismo nivel. 
En la carta no se menciona que las organizaciones medioambientales no aspiran, ni mucho menos, a tener el mismo nivel que las empresas, y al respecto se pide que esta decisión las afecte «directa e individualmente» , en otras palabras, como parte interesada. 
En su lugar, ahora las organizaciones medioambientales deberían poder elegir, dentro de toda la Unión e ignorando criterios relativos a las partes interesadas, en qué áreas están interesadas. 
Es engañoso que no se haya mencionado este dato fundamental. 
El acuerdo de Aarhus es una parte importante de democracia viable. 
Por este motivo los derechos de los ciudadanos no deberían constituir un abuso del derecho a acceder a la justicia para poner freno a los proyectos u ofrecer un foro para las campañas de recogida de fondos de las organizaciones. 
Tampoco puedo aceptar que el trabajo de los políticos deba tambalearse entre infinitas quejas de las organizaciones. 
No es adecuado recurrir al derecho a apelar incesantemente. 
Los abusos deteriorarían aquellos derechos de los ciudadanos que en un principio debemos defender. 
En consecuencia, en la lectura en el Pleno tenemos que ser prudentes respecto a cómo aplica realmente la Comunidad el derecho a acceder a la justicia. 
Espero que el Parlamento se acercará más al punto de vista del Consejo, que considero que es equilibrado. 
. 
Quiero dar las gracias al Parlamento Europeo y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria por su perseverancia en la redacción de este informe para la segunda lectura. 
En concreto, agradezco a la ponente, la señora Korhola, su aportación al esfuerzo para aplicar la Convención de Aahrus a las instituciones comunitarias. 
Vale la pena observar que, tras las directivas sobre el acceso a la información medioambiental y la participación pública, esta propuesta de Reglamento es la tercera propuesta legislativa consecutiva sobre la aplicación de la Convención de Aahrus, esta vez a las instituciones comunitarias, y la señora Korhola ha realizado una valiosa aportación. 
Este Reglamento se ha propuesto paralelamente a la decisión de ratificar la Convención de Aahrus, que contiene obligaciones no solo para las autoridades públicas de los Estados miembros, sino también para las instituciones comunitarias. 
En consecuencia, había que complementar las disposiciones ya existentes sobre este tema. 
Por este motivo la propuesta abarca las tres partes de la Convención, es decir, el acceso a la información medioambiental, la participación pública y el acceso a la justicia. 
La Comunidad se convirtió en parte contratante de la Convención en mayo de 2005, justo antes de la segunda conferencia de las partes celebrada en Almaty. 
Por aquel entonces, ya había tenido lugar la primera lectura del Reglamento y se había llegado a un acuerdo político en el Consejo de cara a la posición común. 
La posición común mejora y completa la propuesta inicial de la Comisión desde varios puntos de vista. 
También incorpora, literal o materialmente, muchas de las enmiendas que el Parlamento Europeo formuló en primera lectura. 
En concreto, en lo que se refiere al acceso a la información medioambiental, se propone un nuevo artículo 6 relativo a la aplicación de excepciones respecto al acceso a la información medioambiental, tal como proponía la enmienda del Parlamento Europeo. 
La posición común también incorpora elementos de las enmiendas del Parlamento Europeo en cuanto a unos requisitos más detallados para la participación pública en la preparación preliminar de los planes y programas relacionados con el medio ambiente. 
En cuanto al acceso a la justicia, el Consejo simplificó los criterios y los procedimientos que debían seguir las organizaciones no gubernamentales para presentar una solicitud de revisión interna de los actos de las instituciones comunitarias. 
Vale la pena observar que las organizaciones en cuestión ya no necesitan trabajar a escala comunitaria para ejercer este derecho. 
La Comisión está en posición de aceptar los cambios en cuestión, dado que el texto actual conserva la obligación de que el objetivo básico de las organizaciones en cuestión sea la protección del medio ambiente a escala comunitaria. 
La Comisión también ha podido aceptar los cambios en las disposiciones que se refieren a los resultados de la revisión interna y el mecanismo para que las organizaciones no gubernamentales recurran al Tribunal de Justicia. 
El Consejo ha efectuado los cambios en cuestión de cara a evitar un texto que pueda entrar en conflicto con las normas de la Convención en cuanto al derecho de acceso de los ciudadanos y grupos de ciudadanos. 
Y en este caso, la Comisión, como guardiana de los Tratados, apoya la intención del Consejo, sobre todo dado que la posición común coincide con la Convención de Aarhus, que permite que las partes contratantes adopten criterios para el acceso de los ciudadanos a la justicia. 
Espero que se llegue pronto a un acuerdo sobre esta propuesta en concreto. 
Ya hemos recorrido una gran parte del camino desde la aplicación global de la Convención de Aarhus y la aprobación de este Reglamento demostrará hasta qué punto queremos aplicarla a las instituciones comunitarias. 
. Señor Presidente, quisiera unirme a la posición de la señora Korhola; realmente, no puedo estar de acuerdo con las enmiendas 22, 23 y 25. 
Creo que la Convención de Aarhus, que en algunos países, como España, ya está siendo transpuesta, es una conquista, evidentemente, de la posibilidad de transparencia, de la formación, etc. 
Sin embargo, me preocupa extraordinariamente que posiciones que se alejan del sentido común que ha demostrado el Consejo y de la posición de la Comisión pretendan darles a las organizaciones no gubernamentales una capacidad jurídica excesiva, en mi opinión, como ha dicho la señora Korhola. 
Creo que la democracia debe ser simétrica. 
No es lógico que las organizaciones no gubernamentales tengan más derechos que los Ayuntamientos en este ámbito. 
También me parece que las regiones tampoco pueden, precisamente, tener determinada capacidad que aquí se les daría. 
Por otra parte, hay un principio de Derecho, el de interés directo, que es un tema muy debatido en la historia del Derecho y que normalmente se aplicaba a la familia o a algún problema que ocurriera en el territorio en cuestión. 
Sin embargo, me parece que el hecho de que se aplique el interés directo a cualquier ONG de Europa supone entrar en un terreno de derecho infinito, que no sabríamos dónde acabaría. 
Creo que esto puede crear muchísimos problemas, sobre todo porque, como sabemos, el desarrollo sostenible exige un conocimiento del medio directo, porque no es lo mismo un caso que otro. 
Un primer principio, que hemos mencionado muchas veces aquí, es que el concepto de desarrollo sostenible es integral, tiene que referirse a un lugar concreto y en un lugar se podrá hacer una cosa por razones económicas o sociales y en otro no se podrá hacer. 
Por tanto, el que unas ONG, muchas veces no localizadas en el sitio pertinente, puedan exigir este derecho en virtud de su interés por el medio ambiente, me parece excesivo. 
Por ello, coincido con la posición del Consejo. 
. Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría recordar que este informe del Parlamento, que debe facilitar los trabajos de adaptación a la Convención de Aarhus, es un instrumento necesario y adecuado. 
Por ello, reconozco los esfuerzos de la ponente y del resto de colegas por adaptar esta Convención a los mecanismos con los que cuentan actualmente los Estados miembros y las instituciones comunitarias, con el fin de asegurar el legítimo derecho a la información y la justicia medioambiental. 
En este sentido, pensamos que un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permitirán aplicar dichas decisiones más eficazmente y contribuirán a sensibilizar al público respecto a los problemas medioambientales. 
La Convención tendrá que reforzar la transparencia, la responsabilidad y el buen gobierno en áreas de la actuación pública tan dispares como la energía, la agricultura, el transporte o el turismo, a través del reconocimiento de una serie de derechos con los que se persigue garantizar la efectiva participación de los ciudadanos en los procesos públicos de toma de decisiones. 
Dicha información debe aportar el conocimiento suficiente para participar de una manera activa y consistente en los distintos procedimientos administrativos. 
Asimismo, debe reconocer el derecho a promover los recursos administrativos o judiciales que se consideren oportunos cuando se estime que tales derechos han sido vulnerados por las administraciones públicas. 
En cuanto a los aspectos concretos del informe, considero que respecto al acceso a la justicia de las ONG, estas no deberían tener requisitos excesivamente restrictivos, como la exigencia de trabajar a escala internacional y, sobre todo, la de no llevar inscritas más de dos años para la presentación de solicitudes. 
Pienso que en muchos casos sería una grave injusticia. 
Por otro lado, en aras de la universalización de la justicia, creo que deberíamos rechazar que el Banco Europeo de Inversiones pueda denegar el acceso a la información medioambiental, pues la Convención de Aarhus dispone que las excepciones deben interpretarse restrictivamente y la inclusión del término «bancario» amplía dicho concepto de confidencialidad. 
De hecho, la Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental no prevé normas específicas para las entidades bancarias. 
Quisiera que la Comisión estuviera de acuerdo en estas dos cuestiones puntuales porque me parecen las más importantes. 
Espero que este Reglamento se aplique lo antes posible, para garantizar el acceso a la justicia en todas las cuestiones medioambientales. 
. Señor Presidente, la aplicación de la Convención de Aarhus a las instituciones europeas constituye un gran paso adelante porque ayuda, como debe ser, a que el proceso de redacción de la legislación europea sea transparente, de modo que los ciudadanos tengan más voz en la preparación de los planes y programas medioambientales. 
Este Reglamento mejora la democracia en el ámbito medioambiental. 
Las disposiciones de Aarhus en relación con el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales se aplicarán en toda la UE. 
De ahora en adelante, no solo los Estados miembros sino también las instituciones comunitarias deberán cumplir estas disposiciones. 
Según la Convención de Aarhus el acceso a la justicia implica que los ciudadanos deben tener la opción de llevar ante el Tribunal Europeo las decisiones medioambientales tomadas por las instituciones europeas. 
En estos momentos, los ciudadanos con un interés medioambiental o las ONG dedicadas al medio ambiente no tienen ninguna posibilidad de acudir al Tribunal porque pocas veces se ven afectadas personalmente; las condiciones incluidas en el tratado de la CE se aplican al acceso a la justicia, algo que a menudo es más fácil de demostrar en el caso de los operadores económicos. 
Por supuesto, es importante que las ONG gocen del mismo grado de acceso a la justicia, aunque la forma como lo han materializado la Comisión y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre todo en las enmiendas 22 y 25, es susceptible de atraer una cierta crítica. 
Con el fin de evitar que cientos de ONG presenten objeciones triviales ante un tribunal, se utilizan las enmiendas para imponer unas condiciones estrictas que las ONG deben cumplir para solicitar una revisión interna. 
Incluso con esas condiciones, que ahora tenemos sobre la mesa y que la ponente nos ha presentado de forma independiente, habrá muchas ONG que podrán presentar solicitudes de este tipo. 
No existe la intención de presentar ante el Tribunal cada una de las decisiones medioambientales que tomen las instituciones europeas, porque ello generaría una inseguridad jurídica y no haría más que aumentar la carga de trabajo del Tribunal Europeo. 
Por otro lado, cuando existan serias dudas respecto a una determinada decisión medioambiental, tiene que ser posible plantearla ante las autoridades correspondientes. 
Mi Grupo está dividido en este tema. 
Mientras algunos son verdaderos defensores de las enmiendas 22 y 25 porque creen que así se elimina un desequilibrio, que la Convención de Aarhus se aplica mejor y que está en línea con el Tratado de la CE, otros piensan lo contrario, es decir que así se crean desigualdades, porque las ONG medioambientales tendrían una posición privilegiada, y, además, la Convención estaría como mínimo en desacuerdo con el Tratado. 
No puedo más que lamentar que no haya espacio para un término medio, que las ONG tengan la oportunidad de expresar su opinión cuando sea realmente necesario, sin que exista el riesgo de que se presenten infinitas objeciones insignificantes. 
En realidad, ahora creo que eso sería preferible si la Convención simplemente diera más oportunidades para el acceso a la justicia, que es, de hecho, lo que el último Tratado Constitucional habría hecho si no se hubiera abandonado. 
. Señor Presidente, si queremos que la Convención de Aarhus funcione como se pretende en la UE, es esencial que las normas garanticen también que determinadas organizaciones medioambientales puedan presentar pruebas ante los tribunales. 
No obstante, la posición común del Consejo no proporciona dicho acceso a las ONG. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha apoyado pues, con razón, la propuesta original de la Comisión y ha reintroducido ese elemento. 
Lamento que muchos diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos intenten impedir que se aplique equitativamente la Convención de Aarhus. 
¿No han aprendido nada de los votos negativos de Francia y los Países Bajos? 
Si queremos que el proyecto europeo se comprenda mejor y reciba apoyo, la participación y el control por parte de los ciudadanos es de gran importancia. 
Pongamos un ejemplo actual. 
El Parlamento Europeo ha decidido iniciar acciones legales contra la Comisión en el caso del retardante de llama bromado BDE, porque la Comisión había levantado la prohibición sin que el legislador le hubiera autorizado a ello. 
Además, el Gobierno danés ha seguido el ejemplo con un procedimiento jurídico similar. 
Pero también las organizaciones medioambientales deben poder iniciar acciones de este tipo cuando se incumplen las leyes de la UE. 
El sector de los productos químicos hace de las suyas de nuevo, manteniendo a los ciudadanos a raya. 
Los ciudadanos como individuos no pueden tomar decisiones en el ámbito medioambiental porque no existe un interés individual. 
Pero las ONG se ocupan de los intereses de los ciudadanos en el ámbito medioambiental y sanitario, de modo que, también en la UE, deberían poder presentar pruebas ante los tribunales. 
Por supuesto, estamos ante un caso de David contra Goliat. 
Las organizaciones medioambientales se ocupan de los intereses de los ciudadanos, mientras la industria química, respaldada con inmensas cantidades de dinero, puede imponer determinadas decisiones al sistema de la UE. 
Ya lo comprobamos con REACH. 
Sin transparencia ni acceso de los ciudadanos de a pie al Tribunal de Justicia, la UE se está convirtiendo en una apología de la democracia. 
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica apoya todas las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria a este Reglamento sobre la aplicación de la Convención de Aarhus a la UE. 
Hay dos puntos que en nuestra opinión son de especial importancia. 
Primero, es esencial que la decisión sea exhaustiva en su alcance, de modo que los proyectos financiados por la Unión Europea también queden cubiertos por los reglamentos. 
El Banco Europeo de Inversiones también debe someterse a esas normas. 
En los últimos años el BEI ha recibido muchas críticas por su forma de gestionar los temas medioambientales, por no haber tenido debidamente en cuenta al medio ambiente y por su considerable falta de transparencia. 
En segundo lugar, queremos que las organizaciones medioambientales reciban un auténtico derecho a entablar acciones legales cuando no se cumplan las normas medioambientales. 
Por lo tanto nos oponemos a toda restricción a ese derecho, por ejemplo como propone la ponente en las enmiendas 28 a 30. 
Dicha restricción significaría en la práctica que muchos de los movimientos ecológicos nacionales más importantes no tendrían la oportunidad de iniciar acciones legales, y para nosotros sería inaceptable. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, el objetivo de la presente propuesta de Reglamento es conseguir más transparencia mediante una mayor participación de los ciudadanos en la elaboración de textos legislativos, y es algo que me complace enormemente. 
Nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, dependemos de la información que recibimos de las asociaciones, organizaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados, y la reflejamos en nuestros procedimientos legislativos. 
Solo si incorporamos los intereses individuales de los principales Grupos en los textos legislativos de compromiso podremos producir una buena legislación. 
De modo que, evidentemente, los ciudadanos necesitan tener acceso a la información, y me gustaría resaltar que también es una cuestión muy importante y que debería resolverse mejor. 
Por supuesto, me sorprende que la Comisión a veces envíe información a las ONG y a las asociaciones en vez de a los diputados al Parlamento Europeo; he descubierto, por ejemplo, en relación con REACH, que muchas organizaciones y asociaciones han recibido dicha información antes de que llegara a nuestros casilleros. 
Eso no me preocupa, pero me preocupa el tipo y la forma de las enmiendas que se presentan a este Reglamento. 
El hecho de estipular que las ONG –que, por cierto, salvaguardan intereses sectoriales– pueden entablar acciones legales para que sus puntos de vista se incorporen a los textos legislativos presupone en realidad una considerable desconfianza hacia este Parlamento. 
Por norma, parece que todas las instituciones europeas están bajo sospecha general. 
Permítanme una alusión a mi anterior ocupación como cirujano veterinario cuando digo que nos estamos castrando a nosotros mismos y nos estamos privando de poder. 
Nos ponemos a nosotros mismos en tela de juicio y, en mi opinión, no podemos permitir que eso ocurra. 
Sería un grave error apoyar esta propuesta; debemos oponernos a ella firmemente. 
No quiero decir que las ONG tengan intención de ejercer una influencia negativa en el desarrollo social, pero pido que no se diga implícitamente que el Parlamento no hace bien su trabajo. 
Apoyo sinceramente la opinión del Consejo sobre la segunda lectura; todo lo demás es ir demasiado lejos. 
Eso incluye los procedimientos por infracción del Derecho comunitario, en los que se permite la intervención en procedimientos en curso: eso no beneficia tampoco a los ciudadanos. 
– Señor Presidente, es especialmente necesario que la Convención se aplique de forma plena e íntegra en todos los Estados miembros. 
Su importancia es decisiva para un mayor progreso de la política medioambiental. 
Necesitamos poner un énfasis especial en la necesidad de que la información se proporcione de forma íntegra en formato electrónico y digitalizada, ya que esto será la base para conseguir de forma adecuada la participación de los ciudadanos en todos los procedimientos de sensibilización y control medioambiental. 
Así se resolverían enseguida nuestros problemas de burocracia que hasta la fecha han sido el principal freno en todos los esfuerzos similares. 
Finalmente, lo más importante es que haya una respuesta directa e intensa del sector público a todos los aspectos del informe y las acciones propuestas, porque en varios Estados el sector público también es el proveedor de la mayor parte de la información medioambiental. 
El informe Korhola, que aborda de forma cuidadosa y prudente los complicados puntos de una operación de este tipo, en lo que a organizaciones no gubernamentales se refiere, debe abrirse a esas cuestiones y no ser tan estricto ni injusto al respecto. 
Para terminar, creo que se ha realizado un trabajo importante y quiero felicitar a la ponente por su esfuerzo. 
Desde su concepción, la Convención de Aarhus fue elogiada como uno de los logros más ambiciosos de la democracia en el ámbito de la protección del entorno humano, no solo porque establece un derecho humano de la nueva generación, es decir el derecho de las personas a un entorno sano y de calidad, sino también por suponer lógicamente que implicar a los ciudadanos elevará el nivel de protección medioambiental, primero mediante la adopción de medidas y, segundo, con la puesta en práctica de dichas medidas. 
Pero ese razonamiento debe ir más lejos. 
Hay que establecer unas normas que exijan a las autoridades compartir la información medioambiental con los ciudadanos, y ellos, a su vez, en casos extremos deben poder exigir ante los tribunales que se apliquen las normas. 
Hablamos de la puesta en práctica de los reglamentos de una democracia participativa que protege el medio ambiente. 
Considerando que la Unión Europea está elaborando un Libro Blanco con el que pretende llenar el vacío de información que la separa de sus ciudadanos, el contenido del Reglamento que tenemos sobre la mesa es de gran interés en el sentido más amplio de las relaciones con los ciudadanos. 
Tomando como base la Convención de Aarhus, en un intento de conseguir una mejor implementación de la legislación sobre protección medioambiental, la Comisión ha previsto que determinadas organizaciones no gubernamentales tengan derecho a acceder a la más elevada instancia judicial, el Tribunal Europeo. 
La conclusión lógica que se puede extraer de cara a este Reglamento es que las organizaciones no gubernamentales tienen un papel importante en la protección del medio ambiente. 
Pero la posición común del Consejo sobre este ámbito revela una interpretación distinta de la Convención. 
Se basa en el temor de un uso inadecuado del Tribunal Europeo, aunque no es una interpretación lógica. 
Tomar medidas a medias en el esfuerzo por aplicar la legislación sobre protección medioambiental y eliminar del control democrático ciertas áreas de trabajo de las instituciones europeas enviaría un mensaje político erróneo a los Estados miembros. 
Es posible que así se consiga una reducción y no un aumento de su responsabilidad en la aplicación de la legislación medioambiental. 
– Señor Presidente, quiero pedir al Comisario que concluya este debate con algunas explicaciones. 
Creo que el debate de esta noche tiene un defecto fundamental. 
La posición común objeto del informe de la señora Korhola no contiene ninguna norma sobre el acceso a la justicia. 
El Comisario ha presentado normas para el acceso a la primera parte de la Convención de Aarhus: acceso a la información, pero, tal como están las cosas, no se ha tratado en absoluto el tercer pilar de esta Convención. 
Creo que existe una cierta confusión en este sentido. 
En mi opinión, la oportunidad de pedir una revisión interna, que se estipula en la posición común, no debería confundirse con el acceso a la justicia. 
Quiero pedir al Comisario que aclare este punto. 
Pero quisiera añadir que considero absolutamente indispensable que las organizaciones no gubernamentales tengan acceso a la justicia en el ámbito medioambiental a escala europea, de modo que, si es necesario, se pueda examinar sobre el terreno la transposición práctica de la legislación europea. 
La experiencia con el derecho de demanda colectiva en Alemania ha sido muy positiva: no ha habido un exceso de demandas, y las que se han presentado tenían sentido. La mayoría de las presentadas por asociaciones han acabado siendo aceptadas. 
– Señor Presidente, el Convenio de Aarhus, firmado por los 25 Estados miembros, establece los derechos del público en tres ámbitos: el acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 
Este reglamento que tenemos sobre la mesa tiene por objeto aplicar estos derechos frente a las instituciones de la UE: el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el TJCE y el Banco Europeo de Inversiones, entre otros. 
Es esencial que los individuos directamente afectados por violaciones de leyes ambientales cuenten con algún medio de reparación, ya sea mediante un organismo de recurso, el Defensor del Pueblo o, si es necesario, mediante los tribunales. 
Sin embargo, esto no significa elaborar una carta de la abogacía, que es lo que corremos el riesgo de hacer. 
Aunque existen numerosos excelentes grupos de presión y ONG que llaman nuestra atención sobre preocupaciones legítimas respecto a cuestiones ambientales, se mantienen vigilantes y exigen responsabilidades a las instituciones en nuestro nombre, yo pediría cautela a la hora de permitir que cualquier grupo autolegitimado suponga otra carga para las instituciones y sature un sistema judicial que ya está sobrecargado. 
Aunque me opongo a las enmiendas 2, 7 y 12, mi mayor problema es la enmienda 26, que propone que se conceda a todas las ONG, independientemente de la legitimidad de sus intereses o de la transparencia de sus estatutos, el derecho ilimitado de entablar acciones judiciales contra las instituciones comunitarias en relación con sus actos administrativos u omisiones, como por ejemplo al aplicar la legislación ambiental de la UE. 
En algunos países puede constituirse una ONG con menos de cinco personas. 
Una entidad de este tipo no es responsable democráticamente bajo ningún concepto, pero estas enmiendas le permitirían desafiar a la Comisión sin aportar pruebas de cómo o quién les financia y con qué propósito. 
Es un principio inveterado del derecho de la UE –creado a lo largo de muchos años de jurisprudencia y apuntalado por el apartado 4 del artículo 230 del Tratado CE– que los ciudadanos han de tener un interés directo y personal para poder acudir al TJCE. 
Cortocircuitar el Tratado por la vía de la legislación secundaria, como las enmiendas a este reglamento, ridiculiza la idea de que es la víctima de los incumplimientos de la ley, más que los observadores interesados –cuya motivación y base de apoyo no siempre están claras–, quien debería tener la posibilidad de recurrir. 
Si el Parlamento Europeo desea ampliar el proceso interno o de revisión judicial, debería hacerlo mediante una enmienda al Tratado en primer lugar. 
Como política responsable democráticamente ante mi electorado, tampoco estoy dispuesta a delegar mi responsabilidad en organismos no elegidos ni responsables. 
– Señor Presidente, la función del Convenio de Aarhus es fomentar el control público de las cuestiones ambientales. De este modo ayuda a sensibilizar a nuestras sociedades en materia ambiental y anima a las ONG a participar activamente en la política ambiental. 
La parte más importante del Convenio es la participación pública en el proceso de toma de decisiones. 
Los Estados miembros no tuvieron la valentía de aceptar el concepto del Convenio en su totalidad. 
Pero ese es el camino a seguir. 
A los políticos nos juzgarán nuestros votantes por el estado del medio ambiente y por un futuro sostenible, y no por promesas vacías. 
He presentado una enmienda junto con otros diputados, que es la 23ª relativa en esta materia. 
Algunos diputados a esta Cámara se oponen a ella. 
No obstante, la enmienda no es más que recuperación de las palabras originales de la Comisión. 
Dice que si una revisión interna concluye que existe una contradicción con la legislación ambiental, entonces el órgano en cuestión debe tomar una decisión para subsanar el problema. 
Creo que eso es obvio. 
Si nos damos cuenta de que existe un problema ambiental y no hacemos nada al respecto, entonces el proceso no tiene ningún sentido. 
Por cierto, todos los Estados miembros –y digo todos– firmaron el Convenio original, que contiene esta idea. 
El Grupo del PSE aboga en general y en este caso en particular por un medio ambiente limpio y por la participación pública en el proceso de toma de decisiones. 
Por ese motivo apoyamos este informe en la forma en que fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Señor Presidente, Señorías, este Reglamento debe asegurar que todas las instituciones comunitarias apliquen las disposiciones de la Convención de Aarhus, un acuerdo que pretende aumentar la implicación pública en los temas medioambientales. 
Digan lo que digan algunos diputados, ciertamente la intención no es ir más allá de lo necesario para que la Comunidad pueda ser parte de la Convención de Aarhus. 
Me complace que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria haya ratificado la posición común del Consejo. 
Por lo tanto apoyo totalmente el informe y espero que se adopte en su totalidad sin necesidad de ninguna enmienda. 
Dada la creciente importancia de la política medioambiental de la Comunidad, la trascendencia de que el Reglamento cumpla todas las disposiciones de la Convención de Aahrus es considerable, al menos para conservar algo de credibilidad a los ojos de los Estados miembros y a escala internacional. 
En otras palabras, a escala de la UE deben existir las mismas obligaciones y los mismos derechos que a escala de los Estados miembros. 
Por supuesto, esto se aplica al establecimiento de posibles motivos para denegar información medioambiental. 
Ya se ha mencionado aquí el principal punto de discusión, es decir la transposición del tercer pilar de la Convención, el que trata del acceso a la justicia. 
Es evidente que el interés general del medio ambiente no puede recaer solo en las personas que tienen un interés directo o personal, como prevé la Convención. 
Por este motivo, la Comisión quería restringir el acceso a la justicia a aquellas organizaciones medioambientales que cumplan determinadas condiciones. 
El deseo de eliminar algo o añadir condiciones adicionales no solo es inaceptable sino que además contraviene la Convención de Aarhus. 
Por lo tanto espero sinceramente que aquellos diputados que deseen una política medioambiental abierta y transparente en la UE también aprueben este informe tal como está ahora. 
. 
Quiero dar las gracias a los oradores de esta noche por sus importantes intervenciones. 
Haré una valoración de las enmiendas básicas y, a la vez, responderé a los principales temas que se han planteado hoy. 
En lo que se refiere al acceso a la información medioambiental, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 14 o 15, que pretenden aplicar el régimen de excepciones a las disposiciones de la directiva 2003-2004 al acceso a la información medioambiental y a las peticiones de información dirigidas a las instituciones europeas. 
El Reglamento propuesto se amplía de forma que la legislación comunitaria existente en materia de acceso a los documentos, según establece el Reglamento nº 1049/2001, abarca todas las instituciones de la Comunidad. 
Las enmiendas específicas del Parlamento Europeo podrían provocar, como corolario, la creación de dos regímenes para el acceso a los documentos que se solaparían parcialmente, lo que no ayudaría a la transparencia y la claridad jurídica. 
El nuevo artículo 6 de la posición común ya cubre las excepciones en cuestión y el acceso a la información medioambiental; de todos modos esas excepciones deben aclararse expresamente de acuerdo con los requisitos de la Convención de Aarhus. 
Las enmiendas 7 y 12, que pretenden incluir en la definición de información medioambiental el grado de progreso de los procedimientos de acceso, no se pueden aceptar. 
No hay ninguna disposición de este tipo en la Convención de Aarhus. 
Además, los procedimientos de acceso no son información medioambiental propiamente dicha. 
Sin embargo, hay que observar que la práctica de la Comisión es publicar en su sitio web información relacionada con los procedimientos de acceso para todos los sectores políticos. 
La Comisión puede aceptar la enmienda 16 que dispone un plazo de 15 días laborables para informar a las personas que soliciten el acceso, si la institución comunitaria no tiene la información solicitada, y remitirlas a la autoridad pública que, según parezca, deba tener la información en cuestión. 
En lo que a la participación pública se refiere, la Comisión no puede aceptar que se amplíe a las políticas, como pide la enmienda 5 y, parcialmente, las enmiendas 19 y 20. 
La Convención de Aarhus fomenta la participación de los ciudadanos en la preparación preliminar de las políticas en el marco de una cláusula de máximo esfuerzo. 
Es un significado amplio y no existe un requisito de este tipo en la legislación dirigida a los Estados miembros. 
Sin embargo, debe observarse que la práctica actual, a escala comunitaria, prevé una consulta pública con las partes interesadas durante la elaboración de las políticas comunitarias. 
Además, la definición de los planes y programas medioambientales es amplia y abarca programas de naturaleza estratégica. 
La Comisión no puede aceptar que exista la necesidad de pedir la participación pública en los planes y programas financiados por las instituciones europeas, como dispone la enmienda 8. 
La Convención de Aarhus se refiere a la participación pública en los planes y programas preparados por las autoridades públicas. 
Además, el permiso para las obras de infraestructura con un impacto medioambiental considerable se otorga a escala del Estado miembro, donde ya está prevista la participación ciudadana. 
La Comisión puede aceptar en parte la enmienda 19, en lo que se refiere a la ampliación de 4 a 8 semanas del plazo para presentar comentarios en el marco de las consultas escritas. 
También puede aceptar la enmienda 20 que añade la obligación de que la institución comunitaria tenga en cuenta los resultados de la participación ciudadana. 
Esta obligación específica se deriva de la Convención de Aarhus y coincide con la práctica administrativa actual de la Comisión. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 23 que amplía el círculo de organizaciones con derecho a pedir una revisión interna desde las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo primordial sea proteger el medio ambiente hasta las que también, o como alternativa, promuevan el desarrollo sostenible. 
Este criterio específico sería muy difícil de definir y podría abarcar una amplia gama de organizaciones para las que no estaría justificado reconocer, con fines medioambientales, el derecho al acceso a un procedimiento de revisión de este tipo. 
El reconocimiento de un régimen especial para organizaciones no gubernamentales medioambientales, cuyo objetivo primordial sea defender los intereses medioambientales, se ajusta perfectamente a la Convención de Aarhus. 
Asimismo, en lo que se refiere a los criterios para legalizar organizaciones no gubernamentales, la Comisión no puede aceptar la enmienda final propuesta por la ponente, es decir que las organizaciones no gubernamentales deban realizar actividades en más de un Estado miembro 
Si bien es cierto que la propuesta inicial de la Comisión hablaba de actividades a escala europea, durante las discusiones previas a la posición común se hizo evidente que una decisión de este tipo impondría obstáculos innecesarios al derecho de acceso a la justicia. 
La Comisión está satisfecha con lo que dispone actualmente la posición común, que habla de la dimensión comunitaria del objetivo medioambiental que la organización no gubernamental debería promover en la Comunidad. 
Finalmente, las enmiendas 22, 24 y 25 se refieren a los resultados de la revisión interna de los actos administrativos adoptados por las instituciones comunitarias de conformidad con el artículo 10 y a cómo se relacionan con las disposiciones sobre el acceso al Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 12. 
Por los motivos que ya he mencionado al principio de mi intervención, la Comisión no puede aceptarlas porque sobrepasarían las disposiciones que rigen la legalización de los litigantes según la Convención. 
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 26 y 27 referentes a la adaptación de los reglamentos internos y a la fecha de entrada en vigor del Reglamento. 
Enviaré a la Secretaría del Parlamento Europeo una lista completa de las opiniones de la Comisión respecto a las enmiendas. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0001/2006) del señor Sjöstedt, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005 – 2003/0107 (COD) ). 
Señor Presidente, esta directiva sobre la que ahora vamos a tomar una decisión tiene unos antecedentes muy tangibles y prácticos. 
Se trata de las graves catástrofes ocurridas hace unos años con el derrumbe de muros de contención en minas, sobre todo en Rumanía y España. 
Fueron desastres medioambientales con graves consecuencias para el entorno y que envenenaron también los sistemas hidrológicos. 
Además, existe el constante problema ambiental de que los residuos de las plantas actuales y antiguas vierten metales pesados y otros venenos en nuestro entorno inmediato. 
Esto significa que se necesita una directiva especial para regular los residuos del sector minero y otras industrias extractivas. 
Si estudiamos la propuesta presentada por la Comisión hace unos años y la propuesta sobre la que vamos a tomar una decisión mañana, hay diferencias significativas. 
Definitivamente, el Parlamento ha contribuido a que esta directiva sea mejor y más contundente. 
Ya en primera lectura se aprobaron numerosas enmiendas del Parlamento, y en esta lectura se han añadido bastantes más. 
Quiero subrayar varias partes específicas de este informe como particularmente importantes. 
En primer lugar, las normas sobre la seguridad de los muros de contención se han diseñado para evitar que en el futuro ocurran este tipo de catástrofes. 
Esta directiva prohíbe también el método que implica altas concentraciones de cianuro, utilizado en Rumanía. 
Habrá unas normas claras para la autorización y para cómo debe tener lugar, y será posible ver qué problemas medioambientales se pueden resolver. 
Se ha dispuesto también una obligación absoluta de respetar la Directiva relativa al agua, según la cual no se puede causar ningún deterioro del estado de las aguas. 
También hay unas normas para la rehabilitación del emplazamiento donde tiene lugar la actividad minera. 
Esta Directiva quiere poner fin a una era en la que los emplazamientos deteriorados y los residuos se abandonaban. 
Para ello se introduce una garantía financiera para que las empresas reserven recursos destinados a rehabilitar los emplazamientos donde se han llevado a cabo actividades mineras. 
Cuando se trata de los nuevos Estados miembros, sobre todo Rumanía pero también Bulgaria, durante la conciliación llegamos a una fase en la que estos países presentaron unas declaraciones en las que se comprometían a no buscar exenciones y a respetar todas las normas de la directiva. 
Es importante, sobre todo porque Rumanía tiene serios problemas en este sentido. 
En cuanto a los residuos históricos, los Estados miembros deben elaborar un inventario que les obligará a investigar dónde puede haber residuos históricos que ocasionen problemas medioambientales. 
En conjunto, habrá una mejora importante en la situación medioambiental de la UE. 
Los argumentos contra estas medidas han sido principalmente financieros en el sentido de que costarían dinero a las empresas. 
Pero es importante darse cuenta de que los costes medioambientales de rehabilitar el terreno formarían parte de los costes de producción de las empresas y que eso es lo correcto. 
No incluirlos en los costes de producción no beneficiaría en nada a las empresas serias. 
Una directiva como esta favorece a las empresas mineras serias que aceptan la responsabilidad de su política medioambiental. 
Esta directiva también hará más fácil producir nueva tecnología medioambiental que permita el tratamiento de los residuos históricos, y ofrecerá a la industria europea una oportunidad en este ámbito. 
Y por último, y lo más importante de todo, está el hecho de que beneficiará al medio ambiente y a la salud de quienes viven en las zonas afectadas. 
Por supuesto, la directiva no es perfecta. 
Pocas veces lo son. 
Hay algunos aspectos que me hubiera gustado que tuvieran más peso. 
Las normas que regulan los residuos no clasificados como peligrosos son menos sólidas de lo que deberían ser. 
Y es a causa del Consejo, que hizo cambios a peor en la directiva en primera lectura. 
No obtuve del Parlamento la decisión que me habría gustado y que habría permitido negociar la eliminación de esos cambios. 
Cuando se trata de plantas de residuos, la definición es poco estricta y demasiado generosa con la industria, y así corremos el peligro de crear algunas fisuras legales. 
Cuando se trata de residuos históricos, no hay unos requisitos claros para tomar medidas para abordar el tema. 
Sin embargo, es importante darse cuenta de que, según el resto de la legislación medioambiental de la UE, sobre todo la directiva marco relativa al agua, existe una obligación absoluta de tratar aquellos casos en los que se comprueba que los residuos históricos provocan un deterioro del estado del agua. 
Esto significa que la directiva en su conjunto sigue siendo sólida. 
Podemos estar satisfechos con el trabajo que hemos realizado durante los últimos años. 
Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a las personas con las que he trabajado, como los ponentes alternativos de los diversos Grupos, que han cooperado de forma constructiva. 
Quiero dar las gracias a los funcionarios de la Comisión Europea que, esta vez, han ofrecido una colaboración excelente, junto con la Presidencia, que ha llevado a cabo una conciliación muy constructiva. 
Ha sido fácil colaborar con ellos y encontrar soluciones prácticas a los diversos problemas con los que nos hemos enfrentado. 
. Señor Presidente, seré muy breve. 
Quiero dar las gracias a los equipos del Parlamento Europeo que participaron en la reunión de conciliación con el Consejo el 6 de diciembre de 2005. 
Extiendo mi agradecimiento particular a la Vicepresidenta Roth-Behrendt y al ponente, el señor Sjöstedt, a quien también felicito por el resultado. 
Las discusiones en el Comité de Conciliación fueron constructivas y creo que el Parlamento consiguió concesiones sobre temas de vital importancia como las garantías financieras, los terrenos de excavación, las disposiciones transitorias y los países candidatos, y sobre varios otros puntos importantes. 
La Comisión apoya el texto de conciliación con particular satisfacción y espero que el Parlamento ratificará el resultado positivo conseguido por su equipo de negociación. 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos recorrido un largo camino, con muchos debates innovadores, y hoy nos reunimos para la final, por así decirlo. 
Ya solo quedamos unos cuantos, y es la tercera lectura. 
Quiero dar las gracias al ponente, el señor Sjöstedt, –nuestro «guía» –, quien, con gran experiencia y una gran dosis de energía, ha conseguido mantener el impulso de las negociaciones durante todo el recorrido hasta el Comité de Conciliación. 
El señor Sjöstedt consiguió no perder nunca de vista el objetivo y a la vez reconocer cuándo había llegado el momento de poner fin al debate y, en definitiva, también el momento de los compromisos finales. 
Le estoy muy agradecida por ello. 
La directiva sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas es, pues, un éxito para el medio ambiente, para las empresas del sector minero, y también para los seres humanos. 
Una actividad ambientalmente sostenible no consiste solo en no hacer nada y hacer de la naturaleza no deteriorada la medida de todas las cosas, por así decirlo. 
A nosotros, los seres humanos, se nos ha encomendado la tarea, incluso bíblica, de dominar la Tierra. 
Europa no se caracteriza por sus bosques primigenios y sus paisajes intactos, sino que más bien es famosa en todo el mundo por sus paisajes cultivados a lo largo de los siglos. 
Estos deberían ser utilizados por las personas para las personas, según el principio de sostenibilidad. 
Sin embargo, toda intervención en la naturaleza tiene también efectos concomitantes; no sería correcto decir que la minería no tiene un impacto en la naturaleza y el medio ambiente. 
Por lo tanto, cuando se valora una intervención, hay que ver si los beneficios compensan los gastos, las ventajas frente a los inconvenientes. 
Como resultado del progreso positivo, las posibilidades técnicas y la mayor sensibilidad medioambiental de hoy en día, los patrones que utilizamos ahora son distintos de los que se utilizaban hace cincuenta años. 
Debemos hacer un buen uso de esos logros en interés de la seguridad humana y de la preservación de la salud de nuestro entorno. 
Debemos seguir vigilando atentamente en todo momento para que podamos hacer uso de las nuevas posibilidades que sin duda se presentarán dentro de 5, 10 o incluso 20 años. 
Fueron los graves accidentes ocurridos en el sector de la minería en España y Rumanía en los últimos 10 años los que indujeron al Parlamento a pedir esta directiva. 
Ahora que la tenemos, creo que estamos en la vía correcta para conseguir algo positivo para el medio ambiente y los seres humanos. 
,. – Señor Presidente, hace unos cinco años la contaminación de cianuro en el río Tisza, ocasionada por una mina de oro de Baia Mare, en Rumanía, nos mostró a los húngaros lo peligrosos que pueden ser los residuos de la minería. 
En aquel momento mi país no era miembro de la Unión Europea. Aun así, la Comisión y el Parlamento Europeo entendieron el problema e impulsaron una directiva sobre la gestión de este tipo de residuos. 
El señor Sjöstedt se desplazó al lugar contaminado, estudió los hechos, escuchó a todos los testigos y expertos y entonces elaboró un informe excelente. 
Eso es lo que yo llamo un buen trabajo responsable por parte de un político. 
Su informe se basa en hechos reales, en peligros reales y nos ofrece soluciones reales. 
Gracias, señor Sjöstedt. 
El Grupo del PSE apoya el informe desde el principio. 
En segunda lectura, junto con otros diputados, presenté numerosas enmiendas a favor de una reglamentación más estricta. 
El ponente aceptó la mayoría de ellas y después el Comité de Conciliación también. 
Respecto a las cuestiones de la contaminación del agua, intentamos asegurar la conformidad con otras obligaciones comunitarias, en su mayor parte impuestas por la Directiva Marco del Agua. 
El compromiso logrado en la conciliación no es ideal, pero sí aceptable. 
Las garantías financieras deben cubrir por lo menos los gastos de rehabilitación del terreno afectado por la instalación de tratamiento de residuos. 
Esto es un buen resultado para nosotros. 
También estamos satisfechos con la aclaración de la operación de clausura. 
No obstante, perdimos una batalla importante. 
Los diputados socialistas al Parlamento Europeo queríamos que el vertido de residuos en cualquier cuerpo acuático receptor fuera autorizado con antelación. 
Para mí la prevención es la solución más respetuosa con el medio ambiente. 
Quizás más adelante todos entiendan este principio, no solo en esta Cámara, sino en toda Europa. 
En general, hemos logrado una buena directiva. 
Los Estados miembros, los Estados miembros potenciales y los países terceros deberían respetar el nuevo marco reglamentario. 
Tenemos que supervisar la aplicación estricta de esta directiva. 
Señor Presidente, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de las diversas industrias extractivas es un documento clave en términos de protección medioambiental y de la salud. 
También es de gran importancia para las industrias extractivas, que tendrán que asumir el coste de ponerla en práctica, y tendrá un gran impacto porque permitirá llegar a un acuerdo y reconciliar los intereses de todas las partes. 
Esta directiva merece nuestra aprobación. 
Sin embargo, como todos los documentos, estará sujeta a unas condiciones económicas cambiantes y no descubriremos su grado de eficacia hasta que haya sido puesta en práctica. 
Las revisiones futuras nos proporcionarán la oportunidad de realizar algunas enmiendas. 
Por ejemplo, los residuos mineros suelen contener componentes minerales que deberían recuperarse para limitar la necesidad de nuevas excavaciones. 
Señor Presidente, la Unión Europea y su Parlamento suelen recibir muchas críticas por introducir leyes que son innecesarias o, al menos, no son absolutamente necesarias. 
Nadie podrá decir lo mismo de la directiva que tenemos ante nosotros. 
Al contrario, hemos conseguido crear una normativa internacionalmente innovadora, que marca un hito. 
Esta normativa se elaboró después del desastre minero que tuvo lugar en el año 2000 en Baia Mare, Rumanía, para asegurarnos de que el medio ambiente y la naturaleza no volvieran a sufrir una contaminación de este tipo. 
Cuando ocurren catástrofes, lo único que podemos hacer es limitar y mitigar los daños y pagar indemnizaciones, pero, como hemos visto en este caso, con poco éxito. 
El entorno natural ha quedado destruido, y hasta ahora no ha habido ninguna sentencia en ninguno de los juicios de compensación por daños, que están casi paralizados. 
Por lo tanto, la directiva que tenemos sobre la mesa pone énfasis en la prevención, que es siempre esencial para que nuestro futuro sea seguro y evitar catástrofes medioambientales ocasionadas por la negligencia humana. 
Pero la directiva no solo regula las minas del futuro y sus residuos, sino también las viejas minas abandonadas y las que todavía están operativas, que a menudo se encuentran en condiciones técnicas deplorables. 
Como miembro del Comité de Conciliación del Parlamento, quisiera expresar mi agradecimiento particular al trabajo del señor Sjöstedt, la señora Roth-Behrendt y el señor Florenz, que han participado en el diálogo a tres bandas. 
En nombre de Hungría, quiero también darles las gracias por reflejar mi preocupación y mi propuesta, como resultado de lo cual hemos conseguido que los nuevos países candidatos, Rumanía y Bulgaria, no soliciten exenciones transitorias para la aplicación de la directiva, como demuestra su declaración adjunta. 
Los Cárpatos orientales contienen muchos tesoros, y su extracción constituye una base económica importante para el desarrollo regional. 
Sin embargo, la extracción solo debe realizarse de forma sostenible, teniendo en cuenta los intereses del entorno y la naturaleza en su máxima expresión. 
Ese es el objeto de esta directiva, y es lo que aporta. 
Me complace haber tenido el privilegio de participar en la creación de este reglamento, que es tan importante para nuestro futuro común. 
– Señor Presidente, Comisario, estoy agradecido al señor Sjöstedt, que ha negociado con gran prudencia en nombre del Parlamento, y también a la Comisión, que nos ha ofrecido su apoyo en nuestro esfuerzo por llegar a un compromiso en el Consejo. 
Permítanme que me haga eco de mi colega, el señor Olajos, que ha resaltado, con razón, que con esta propuesta legislativa realmente hemos tocado un tema que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente, y no estamos creando, en absoluto, reglamentos europeos superfluos que, según dicen, no son más que una carga para la economía. 
En este caso, también, por supuesto, el compromiso significa que la normativa ocasionará ciertos costes, pero creo que esos costes están justificados y ciertamente el sector podrá soportarlos, dado que lo que hay en juego es tan importante como la salud humana. 
Un logro especialmente importante de este compromiso es que ahora se requieren unas garantías financieras para cubrir el coste potencial derivado del terreno afectado por una instalación de residuos. 
Esos planes deben realizarse de antemano, claro, porque muchas veces los accidentes ocurren en minas que se han declarado en quiebra. Esto significa que faltan los fondos necesarios para constituir al menos unas medidas compensatorias, y de nuevo son los ciudadanos quienes deben asumir las consecuencias. 
También se especifican de forma mucho más precisa varios aspectos de la gestión de residuos, sobre todo para los casos en que el operador vierta los residuos extraídos en los huecos de excavación durante la rehabilitación del emplazamiento. 
Este tipo de rehabilitación requiere un cumplimiento estricto de las disposiciones legales a fin de evitar la contaminación del suelo o del agua. 
Además, los operadores tienen que tomar medidas de control, mantenimiento y reparadoras. Por ejemplo, están obligados a recoger o tratar el agua contaminada o lixiviados. 
Es importante que también los países candidatos, Bulgaria y Rumanía, hayan realizado declaraciones en las que prometan respetar las nuevas disposiciones. No olvidemos Baia Mare. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0001/2006) del señor Maaten, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CE (03659/2005 – C6-0373/2005 – 2002/0254 (COD) ). 
. 
Señor Presidente, en los últimos días y, de hecho, en general durante el debate de esta directiva, se me ha preguntado con regularidad si es realmente necesario fijar normas para las aguas de baño a escala europea. 
¿No es un ejemplo clásico de un tema que se podría resolver a escala de los Estados miembros? 
Sé que algunos diputados socialdemócratas neerlandeses, que por desgracia no están aquí en estos momentos, incluso dijeron en un informe que era una directiva vergonzosa para el agua de la piscina. 
Bien, no es una directiva para piscinas, ni mucho menos una directiva para el agua de la bañera. 
Se trata, por supuesto, de las aguas costeras y los lagos. 
Se ha planteado la cuestión de si la actuación europea en este ámbito añade algún valor. 
El Parlamento no tenía ninguna duda al respecto cuando la Cámara debatió este mismo punto en primera lectura. 
Pero lo que es más importante es que los Estados miembros, y sobre todo los Estados miembros, creían que se necesitaba una directiva. 
Si eso es lo que quieren, es lo que deben tener, pero creo que tendría que ser una directiva seria y no una directiva que permita más excepciones que otra cosa. 
En cualquier caso, después de más de 12 años de debate, se ha llegado a un compromiso, aunque con dificultades, entre el Consejo y el Parlamento, y supongo que mañana se trasladará a la legislación. 
La nueva directiva garantiza un agua de baño más limpia en las playas y los lagos de Europa, más información para los bañistas y menos trámites burocráticos para las autoridades locales. 
En toda la Unión Europea, más del 80 por ciento de las zonas de baño ya cumplen los estándares más estrictos, y en varios Estados miembros los cumplen incluso más del 90 por ciento de las zonas de baño. 
En la actualidad, un 12 % de los bañistas sufren anualmente náuseas, infecciones de estómago, sarpullidos, opresión en el pecho o infecciones de ojos u oídos. 
El efecto de la nueva directiva es que los estándares de salud serán más estrictos y, como resultado, se espera que solo un 8 % de los bañistas contraigan enfermedades. 
A partir de 2015, los bañistas también estarán informados de la calidad de las aguas en sus zonas de baño mediante símbolos que serán idénticos en toda Europa. 
En estos momentos, los bañistas solo pueden acceder a la calidad referente al año anterior con alguna dificultad y únicamente a través de Internet. 
Lo que me atrae es que dentro de poco podré ver por mí mismo cuál es la calidad del agua sobre el terreno, porque, no sé ustedes, pero yo no me llevo casi nunca el portátil a la playa. 
En vez de 19 parámetros, los Estados miembros solo deberán medir 2 parámetros, y este es un ejemplo de cómo se reducirán los trámites en la medición del agua. 
Durante mucho tiempo, el Parlamento Europeo y los Gobiernos estaban en desacuerdo respecto a lo estrictos que debían ser los estándares, y los costes asociados para los Estados miembros. 
Ahora hemos llegado a un compromiso satisfactorio para todas las partes, y creo que, en este sentido, aunque la Presidencia británica merece una felicitación, es la Comisión –y usted en concreto, Comisario– quien ha permitido que se llegue a este compromiso. 
También quiero dar las gracias a muchos de los ponentes alternativos por su cooperación en este sentido. 
Las aguas de baño no solo serán más limpias, serán más limpias, los costes serán asequibles y la desregulación está en marcha. 
Para terminar, me interesará oír los comentarios que hará la Comisión sobre el artículo que aparecerá pronto en la revista científica, escrito por el señor Albrecht Wiedenmann con el título más bien complejo de «Efectos derivados de la concentración en niveles carentes de efectos adversos observados» , conocidos por las siglas NOAELS. 
No podría describirles exactamente el término, pero estoy seguro de que pueden entenderlo. 
Estoy muy interesado en ver si la Comisión utilizará también ese estudio en su informe de valoración de 2008, porque contiene bastantes comentarios escuetos sobre la directiva que estamos a punto de aprobar. 
Pero añadiría que el tiempo para incorporarlo se nos está agotando rápidamente. 
Me complacerá sobremanera que la directiva se apruebe realmente mañana. 
Creo que será un éxito para todos nosotros, yo incluido, aunque no soy precisamente un gran nadador. 
Solo me meto en el agua si no me queda otro remedio. 
Después de 2015, por lo menos me gustará más tomarme un baño. 
Espero, Comisario, que podré hacerlo sin temor alguno también en su Estado miembro. 
. Señor Presidente, me encanta el mar y nadar, y por lo tanto por motivos personales estoy interesado en que los mares y las aguas de Europa sean lo más limpias posible. 
Quiero dar las gracias a la delegación del Parlamento Europeo que participó en la reunión de conciliación con el Consejo el 12 de octubre de 2005, al Vicepresidente, el señor Trakatellis, y al ponente, el señor Maaten, en concreto, y felicitarles por su importante trabajo y el resultado conseguido. 
Las discusiones en el Comité de Conciliación fueron complicadas. 
Pero, por lo menos en lo que se refiere a la cuestión vital de introducir unos criterios ambiciosos para la clasificación de las categorías de calidad adecuada, considero que el Parlamento consiguió unos resultados notables y una importante mejora en comparación con la posición original del Consejo. 
Es posible que los criterios de calidad no sean al final tan estrictos como habríamos deseado, y de hecho los estándares mínimos son menos estrictos que los que la Comisión había propuesto en un principio. 
Sin embargo, se reforzaron considerablemente durante las discusiones en el Comité de Conciliación, con el resultado de que el texto final representa una mejora considerable con respecto a las disposiciones en vigor y que datan de la época en que se adoptó la directiva en 1975 y que, por lo tanto, han quedado superadas por los nuevos datos científicos. 
La Comisión apoya el texto de conciliación con especial satisfacción y espero que el Parlamento ratificará el resultado positivo conseguido por su equipo de negociación. 
Así pues, esta noche cerramos el debate sobre dos directivas muy importantes que sin duda mejorarán el medio ambiente y protegerán la salud de los ciudadanos europeos. 
. – Señor Presidente, agradezco al ponente el buen trabajo que ha realizado, y a la Comisión esta propuesta de directiva, en particular. 
Para ser sincero, la Comisión me decepcionó un poco cuando emitió su opinión sobre la posición común del Consejo. 
Realmente me habría gustado ver más apoyo a una línea más dura y más definida sobre la calidad de las aguas de baño, ya que, al fin y al cabo, hemos suavizado considerablemente los criterios a que se refería el Comisario. 
Con el apoyo de la Comisión, podíamos haber impuesto una directiva más dura, una que obligara a los Estados miembros a introducir unos criterios más elevados sin la necesidad de enfrentar a los Estados a esos grandes gastos de los que a menudo se habla. 
No olvidemos que el principal problema de hoy en cuanto a la contaminación de las aguas de baño no es la contaminación localizada, sino las fuentes de contaminación difusa, fuentes agrícolas en concreto, claro. 
Podríamos haber conseguido una mejora considerable en este aspecto con una cantidad de dinero relativamente módica. 
Pero hemos llegado a un compromiso, y los compromisos deben cumplirse; por este motivo, pido que mañana se apruebe la propuesta de directiva en el Parlamento. 
De todos modos, hemos dado un paso en la dirección correcta. 
Y ahora pongo mis esperanzas en 2008, cuando la Comisión deberá revisar la directiva y valorar la situación del momento. 
De modo que me gustaría anticiparme a ello y pedir al Comisario, que por supuesto es un gran nadador, que se asegure de que sus servicios realicen esa valoración en consecuencia y quizás, después de todo, eleven los estándares de salud a los niveles de la OCDE, con los que todos los Estados están de acuerdo, para que no nos encontremos intentando bajar el nivel de estos estándares en este ámbito. 
Sin duda, las aguas de baño tienen un fuerte aliado en el Comisario. 
,. – Señor Presidente, como diputado húngaro del Grupo Socialista, estoy satisfecho con el resultado de la conciliación en torno a la directiva sobre las aguas de baño. 
Hemos celebrado extensos debates en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y posteriormente en el Comité de Conciliación. 
No ha sido fácil dejar claro que no podemos aplicar los mismos criterios en las aguas interiores y costeras y a los lagos –como el Lago Balatón en Hungría– que los que aplicamos al Océano Atlántico. 
Eso no significa que no queramos normas estrictas para nuestras vías navegables interiores. 
No obstante, los lagos y los océanos son claramente diferentes. 
Los países sin litoral marítimo, como Hungría y Austria, también deberían tener derecho a su propia agua de baño. 
La zona que rodea a los lagos de baño de Hungría está sujeta a una prohibición relativa a ciertas actividades industriales y agrícolas, y el sistema de alcantarillado abarca casi el 100% de las viviendas. 
Podemos mejorar muchas cosas, pero no podemos convertir un lago en un océano. 
El compromiso actual nos resulta aceptable, pero supone mucho trabajo para mi país: se cerrarán algunas playas y muchas otras tendrán que mejorar, pero ese es el precio de un medio ambiente limpio y saludable. 
Acogemos con satisfacción el compromiso respecto a una versión más estricta de la categoría «suficiente». 
También es muy importante la información pública sobre la calidad del agua en los lugares de baño. 
En efecto, en todas las playas que rodean el Lago Balatón hay enormes pancartas informativas escritas en húngaro, inglés, alemán y ruso. 
Por supuesto, también podríamos añadir el francés, en espera de que acudieran más turistas procedentes de Francia y otros países de habla francesa. 
En mi último discurso, en la segunda lectura, utilicé un tono bastante duro debido a que solo disponía de un minuto y a la celeridad de un debate profundo. 
Ahora quisiera agradecer al señor Maaten su informe y su disposición a llegar a un compromiso constructivo. 
Ha hecho un buen trabajo. 
Cuando le dé la bienvenida a Hungría, espero que pueda ver lo limpio y dulce que está nuestro Lago Balatón. 
,. – Señor Presidente, cientos de miles de ciudadanos europeos enferman cada año por bañarse en aguas contaminadas. 
Las enfermedades contraídas de este modo pueden ser más o menos graves. 
Desde el punto de vista clínico, la mayoría son benignas a moderadas, pero algunas son graves y unas pocas son mortales. 
Naturalmente, los niños, los ancianos y los que tienen el sistema inmunológico deprimido son los más vulnerables. 
Por ello, es imperativo para los órganos legislativos de la UE preocuparse realmente por la calidad de las aguas de baño. 
En efecto, llevan trabajando en esta cuestión desde hace muchos años, y sería de esperar que los parámetros utilizados para controlar la calidad del agua de baño fueran lo más estrictos posibles. 
Lamentablemente no es así, y esto se debe a una sencilla razón. En el sector recreativo y turístico hay grandes cantidades de dinero invertidas que se asocian con las aguas de baño, y si en una zona se califica el agua de baño de baja calidad, esto tiene un grave efecto económico en la región y el país en cuestión. 
Por ello, el criterio médico ya no es el principal, y los «compromisos políticos» están en el orden del día. 
Entonces, tras muchos años de conversaciones, debates y disputas –principalmente sobre cosas que si se consideran estrictamente desde el sentido común están clarísimas–, llegamos a una postura de conciliación en la que reducimos el posible perjuicio económico para los países cuyas aguas de baño son poco higiénicas e incrementamos el riesgo indirecto para la salud de nuestros ciudadanos. 
Muchos diputados y diputadas estarán muy en desacuerdo con lo que digo, pero cómo puede explicarse de otro modo, por ejemplo, que hayamos inventado una distinción, por lo que respecta a los riesgos para la salud, entre las aguas de baño interiores y las aguas de baño costeras y estemos dispuestos a aceptar que las aguas interiores puedan ser casi el doble de insalubres que las aguas costeras pero no por ello dejen de tener calidad suficiente para utilizarse como aguas de baño. 
Y cómo puede explicarse de otro modo que estemos dispuestos a considerar que las aguas de baño son de buena calidad cuando el riesgo de enfermar después de nadar en ellas es del 5%, es decir, 1 de cada 20 bañistas. 
Aunque voy a apoyar esta directiva, no tiene suficiente alcance para garantizar la seguridad de nuestras aguas de baño. 
Solo las hace menos peligrosas. 
En conclusión, es menester dar las gracias a todos los que han trabajado tan duramente para elaborar esta directiva, y especialmente a mi colega el señor Maaten, que a pesar de no ser bañista se ha esforzado mucho, a la Comisión y, por supuesto, a los miembros del Comité de Conciliación. 
. – Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero decir que a pesar de los buenos oficios del ponente, creemos que el compromiso que tenemos ante nosotros es inaceptablemente débil. 
Por esa razón, mi Grupo se va a abstener en la votación de mañana. 
Con esa abstención pretendemos indicar lo siguiente. 
En primer lugar, que los valores acordados para la protección del agua dulce no están nada claros: los parámetros se han visto tan adulterados por los cambios estadísticos que el grado de protección que proporcionarán es muy dudoso. 
Según el artículo revisado por homólogos que está a punto de aparecer en la revista científica que ha mencionado el señor Maaten, estos valores no supondrán ninguna mejora de la calidad del agua dulce. 
En segundo lugar, la verdadera oportunidad que teníamos de ampliar esta directiva para que abarcara los usos recreativos se ha perdido por completo en el compromiso. 
En tercer lugar, tras una fuerte lucha por subir el listón, de repente la delegación del Parlamento retiró todas sus demandas después de que el Consejo ofreciera un incremento mínimo de uno de los dos niveles de la categoría suficiente. 
Por último, el proceso mediante el cual se logró este acuerdo final fue muy insatisfactorio, con la presentación –oral y no por escrito– de propuestas técnicas a última hora, sin tiempo para estudiar debidamente sus implicaciones. 
Este es un resultado decepcionante, pero a pesar de eso quisiera dar las gracias a todos los implicados. 
Me doy cuenta de que no es una cuestión fácil, pero mañana nos vamos a abstener. 
. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al señor Maaten por el resultado conseguido. 
En parte, si podemos aprobar la revisión de la directiva sobre las aguas de baño es gracias a sus esfuerzos. 
También quiero dar las gracias a la Comisión por su colaboración, porque sin la ambiciosa propuesta que presentó no habría sido posible hacer más estrictos los criterios. 
Les comunico que estoy de acuerdo con el resultado de la conciliación, aunque no totalmente satisfecho. 
La categoría de «aceptable» que se ha creado no es más que una excusa para encubrir el hecho de que no se han ratificado seriamente los estándares. 
Además, la división que se ha creado entre agua salada y agua dulce se basa en una información muy limitada, y todo ello significa que la protección de los bañistas ha mejorado mucho menos de lo que podría haberlo hecho. 
Quiero llamar la atención de la Comisión y del Consejo respecto al artículo que ha mencionado el señor Maaten, que se publicará el mes próximo. 
En ese artículo se establecen los estándares que necesitamos para proteger realmente a los bañistas. 
Espero, Comisario Dimas, que esté dispuesto a utilizar esos datos en su próxima revisión, que espero que no tarde mucho en llegar. 
– Señor Presidente, un agua de baño limpia y segura es una necesidad evidente y una ayuda esencial para la prosperidad del turismo. 
En mi región de Irlanda del Norte hay muchas playas bonitas, varias de las cuales presumen de tener la bandera azul. 
Hay otras que todavía tienen que hacerse acreedoras de este honor. 
Espero que esta directiva les ayude a lograr dicha condición. 
La misma relevancia posee el cumplimiento de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. 
Esto ha resultado más fácil en los países que han podido acogerse a los fondos de cohesión, que conceden ayudas precisamente para proyectos de esa índole. 
No obstante, las regiones como la mía, que todavía no cumplen los requisitos necesarios para acogerse a los fondos de cohesión, tienen mayores dificultades para lograr un estado aceptable de la infraestructura del tratamiento de aguas. 
Por lo tanto, la financiación nacional adicional es el único recurso y hay que encontrarlo. 
Es importante ser conscientes de que la directiva sobre aguas de baño debería considerarse en ese contexto más amplio. 
Señor Presidente, quisiera recordar que los diez años de esfuerzo empleados para redactar el documento han sido diez años de pacto permanente y de colaboración. 
Ello demuestra hasta qué punto puede ser eficaz la política de la Unión Europea, porque desde su inicio comenzaron a trabajar los ayuntamientos, las autoridades locales y los Estados para mejorar las condiciones de las playas y del agua de baño, tanto en el interior como en la costa. 
Me parece importante resaltar –en un futuro siempre que imparta mis cursos lo explicaré a mis alumnos– que esto es una verdadera muestra de hasta qué punto la política medioambiental es un valor añadido para el sistema económico, para el bienestar de los ciudadanos e incluso para la plusvalía y aumento de valor del suelo. 
Una playa con agua limpia es una zona turística acogedora y de buena calidad. 
De lo contrario, sabemos que el público no irá y cada vez estará más mentalizado. 
Y esto es el resultado de una política de cooperación y el resultado de un esfuerzo mutuo. 
Por eso considero que es satisfactoria e incluso me parece muy realista la introducción de la calificación de suficiente del agua, porque creo que no podemos forzar la realidad. 
Conseguir que las aguas estén limpias cuesta muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo de gestión, muchas penalizaciones a los vertidos a lo largo de las riberas de los ríos y una política integral. 
Los políticos hemos de ser conscientes de que ese esfuerzo sale del bolsillo de los ciudadanos y de una política científica de control de vertidos muy importante y de que todo eso no es fácil de conseguir. 
Por tanto, yo me congratulo y afirmo que esto demuestra hasta qué punto la calidad del medio ambiente añade valor al sistema económico, a las industrias e incluso al beneficio social. 
– Señor Presidente, Señorías, en primer lugar le estoy muy agradecido al señor Maaten por el buen trabajo que ha hecho y por las negociaciones que ha dirigido la delegación de esta Cámara en el camino hasta la tercera lectura. 
Quiero limitarme a algunos de los aspectos médicos de la directiva. 
Las aguas de baño no están libres de gérmenes, sino que su contenido es bajo en gérmenes. 
En principio, las aguas de baño deberían ser de la misma calidad que el agua potable, porque muchos bañistas y nadadores acaban tragando agua. 
En el sur de Alemania, por ejemplo, tenemos uno de los mayores depósitos de agua potable de Europa en el lago Constanza. 
Pero no hay que olvidar que ni siquiera el agua potable está completamente libre de gérmenes, solo es baja en gérmenes, y que en nuestra vida diaria están presentes muchos gérmenes, aunque con una patogenicidad diversa. 
El grado de protección que hemos conseguido con esta directiva no es perfecto, evidentemente, pero es un primer paso en la dirección correcta. 
Al fin y al cabo, los valores límite de 330 enterococos intestinales para las aguas de interior y de 185 para las aguas costeras, que se han acordado para la categoría de «suficiente» , representan una reducción del riesgo para la salud de los bañistas del 12 % al 8 %, y «riesgo para la salud» no significa necesariamente enfermedad. 
Lo mismo ocurre con las bacterias, que son de 900 y 500 para las categorías de calidad «suficiente» y «excelente» respectivamente. 
En mi opinión, los métodos de laboratorio estandarizados deberían ser una norma, al igual que la calidad uniforme del muestreo. 
En lo que a mi se refiere, el principal motivo de preocupación debería ser que los ciudadanos estén suficientemente informados en el momento oportuno y que en todas nuestras aguas se consiga una designación de «calidad excelente». 
Otro objetivo, sujeto a estricta revisión científica al principio, debe ser controlar la carga viral de las aguas. 
Es un tema que va ganando cada vez más importancia: ha habido un rápido aumento de la cantidad de personas que han enfermado en Europa como consecuencia de enterovirus y norovirus. 
Aunque sea solo por este motivo, podemos esperar una nueva revisión de la directiva en un futuro no muy lejano. 
Estoy a favor de la directiva. 
– Señor Presidente, Comisario, Señorías, me gustaría seguir el hilo del discurso del señor Ulmer allí donde él lo ha dejado. 
En mi distrito electoral, que linda directamente con el lago Constanza, la directiva sobre las aguas de baño representa un difícil acto de equilibrio entre la protección de los consumidores –los bañistas– por una parte, y la conservación de la naturaleza y el turismo por otra. 
El compromiso al que hemos llegado en cuanto a los requisitos sobre contaminación y los estándares de calidad en la categoría de «suficiente» , como ha dicho el señor Ulmer, es un compromiso justo entre los tres intereses. 
Por este motivo, he comprobado que este compromiso ha conseguido un alto grado de aceptación en mi país, por lo que estoy muy agradecido a todos los diputados en cuestión, incluido el ponente. 
Pero también es importante observar que, al reducir la cantidad de categorías de contaminantes de 19 a 2, hemos encontrado una solución que también cumple los objetivos de una mejor legislación y una normativa menos burocrática. 
Es un buen ejemplo para demostrar que todos queremos reducir la excesiva cantidad de reglamentos que había en el pasado a los aspectos realmente importantes, y por ello, también, estoy muy agradecido a las personas implicadas. 
En opinión de mi Grupo, el alcance de esta directiva en conjunto es muy satisfactorio. 
También es de agradecer que el Parlamento no haya mantenido su intención original de ampliar el alcance de la directiva sobre las aguas de baño a otras actividades de ocio relacionadas con el agua, y también por ello doy las gracias a todos los diputados implicados. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0383/2005) de la señora Ferreira, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible (2005/2051 (INI) ). 
. – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los colegas que han contribuido a mejorar mi informe, y les indico desde ahora que apoyaré las enmiendas propuestas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Vale la pena recordar que si todos los habitantes de la Tierra adoptasen el modo de vida de los occidentales, necesitaríamos varios planetas para cubrir sus necesidades y que Occidente, y ante todo la Unión Europea, deben reconsiderar a fondo sus modos de producción y de consumo. 
Esta afirmación, que nadie discute en esta Cámara, por encima de las diferencias políticas tradicionales, ha llevado a la Comisión a integrar entre las prioridades de la Unión la exigencia del desarrollo sostenible. 
Es hora hoy de elaborar un primer balance de nuestras acciones en este terreno. El resultado es modesto. 
Hay que reconocer los progresos, pero también señalar los fracasos o, en todo caso, las lagunas. 
Bajo la presión de la opinión pública, preocupada por la continua degradación del medio ambiente, la Unión Europea ha trabajado mucho por alertar a la comunidad internacional sobre las cuestiones ecológicas. 
Pero los numerosos discursos inspirados por una acertada comprensión de la situación no siempre han surtido efecto, ni mucho menos. 
Por tanto, ha llegado el momento de actuar, porque urge una política activa encaminada a invertir el cambio climático, especialmente ante la magnitud de las recientes catástrofes naturales. 
Acojo con agrado las conclusiones de la Conferencia de Montreal y no dejaré de mencionar el papel positivo desempeñado por los representantes de la Unión Europea. 
Por otra parte, si la Unión cuenta con una legislación importante, que le ha permitido reducir los residuos industriales y dotarse de un parque automovilístico más eficiente desde el punto de vista energético y ambiental, el considerable aumento del tráfico por carretera ha reducido a la nada sus esfuerzos. 
Esto ilustra bien una de las paradojas a que se enfrenta la Unión Europea: por un lado, la libre circulación de mercancías y, por otro, su repercusión negativa en los objetivos ambientales de la Unión Europea. 
Hay dos enfoques para abordar este problema: en primer lugar, favorecer el uso de modos de transporte menos contaminantes con un apoyo financiero de la Unión Europea a grandes proyectos estructurales, y en segundo lugar, integrar el coste ambiental del transporte en el precio de los productos o gravar el transporte en función de su impacto ambiental. 
Urge también una política activa con respecto al agua. 
A pesar de las leyes y las medidas que se han adoptado, la situación sigue siendo insatisfactoria en materia de abastecimiento y calidad del agua. 
¿Hay que recordar que los niveles de contaminación química son todavía demasiado altos? 
¿No es nuestro deber señalar la responsabilidad de una cierta forma de agricultura, gran consumidora de agua y de abonos diversos? 
La próxima reforma de la PAC deberá tener en cuenta esta realidad y continuar por la vía de la reforma de las subvenciones y la ecocondicionalidad de las ayudas. 
Urge una política activa para mantener la biodiversidad. 
La lista no acaba aquí. 
Urgen medidas –como los informes ya aprobados, el informe de la señora Ries y el que se espera aprobar sobre REACH– para reducir el impacto negativo del medio ambiente sobre la salud. 
Urge actuar en materia de ayuda al desarrollo, ya que las desigualdades planetarias generan cada vez más conflictos y los países más pobres son las primeras víctimas de las catástrofes naturales. 
El desarrollo sostenible es parte de la respuesta, pues constituye un modelo de producción y consumo que puede y debe extenderse a todos los países. 
La Unión debe movilizarse y proponer medidas enérgicas para conseguir encauzar las tendencias más preocupantes y evitar situaciones irreversibles. 
Para ello, es indispensable fijar objetivos cuantificados para cada sector sujetos a una evaluación periódica con arreglo a un calendario preciso. 
De forma más global, es necesario reafirmar también los fundamentos políticos de la Unión Europea, lo que pasa por más solidaridad y coordinación. 
Alentar el dúmping generalizado es irreconciliable con las exigencias del desarrollo sostenible. 
Comporta asimismo desglosar la aplicación del desarrollo sostenible en todas las escalas, internacional, nacional y local. 
Cada propuesta legislativa ganaría si fuera apreciada desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 
Tenemos aún progresos que hacer en este terreno. 
Del mismo modo, si queremos impulsar el desarrollo sostenible, no debemos aceptar que el fundamento jurídico de los proyectos de ley relativos al medio ambiente o la salud siga siendo la sacrosanta libre circulación de mercancías. 
La Comisión carga con una responsabilidad: la protección del medio ambiente no cuenta suficientemente entre sus prioridades. 
Aunque acabe de publicar cinco de las siete estrategias temáticas, estas no ocultan la debilidad de la propuesta de revisión de la estrategia de desarrollo sostenible comunicada a finales de 2005. 
Les confesaré mi preocupación con respecto a los proyectos que nos presenta la Comisión. 
Cuando entiendo, a través de la lectura de la estrategia temática sobre los residuos, por ejemplo, que podríamos volver a enfoques nacionales en que los Estados fijarían ellos mismos las modalidades de gestión de los residuos, pienso que damos un paso atrás. 
Cuando la Comisión anuncia que quiere legislar menos renunciando a proponer medidas legislativas, sin duda exigentes para los Estados o las industrias a corto plazo, pero necesarias para el futuro, condena a la Unión Europea a la pérdida política. 
Resulta tanto más incomprensible para los ciudadanos que mantenga determinadas propuestas legislativas ya rechazadas por el Parlamento Europeo en el pasado, como la directiva sobre los servicios portuarios, o muy objetadas por los ciudadanos europeos, como la directiva sobre los servicios en el mercado interior. 
Quisiera terminar con una nota positiva: tantas malas noticias para la Unión pero también para la idea que nos hacemos del desarrollo… 
. 
Quiero empezar asegurándoles, en relación con la estrategia temática sobre residuos que, siempre que necesitemos legislar para proteger al medio ambiente y la salud de los ciudadanos europeos, legislaremos. 
Por lo tanto, no deben preocuparse por este tema, y la estrategia temática sobre residuos es un verdadero paso adelante. 
Ahora, en nombre de la Comisión, quiero agradecer la aportación del Parlamento Europeo a la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea. 
El excepcional informe Ferreira contiene muchas propuestas valiosas para la revisión, con un énfasis especial en los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible. 
Muchas de las propuestas se reflejan en la comunicación de la Comisión. 
Después de adoptar la comunicación de la Comisión sobre la estrategia de desarrollo sostenible, la Comisión desea cooperar más de cerca con el Parlamento y el Consejo y, tomando como base esta comunicación, conseguir que en junio se apruebe una estrategia europea para el desarrollo sostenible. 
El informe Ferreira será muy útil en las consultas que precederán al Consejo Europeo de junio. 
Permítanme analizar más a fondo la comunicación de la Comisión que aprobamos el 13 de diciembre y añadir algunos comentarios sobre el informe Ferreira. 
La comunicación de la Comisión es la tercera y última fase de un procedimiento de revisión detallado que ha durado más de 18 meses y en el que han participado muchos organismos interesados de toda Europa. 
Es cierto que se ha necesitado bastante tiempo para la revisión pero había que discutir detenidamente una estrategia tan importante y tan amplia. 
La Comisión presentó tres comunicaciones sobre la estrategia en 2005: las orientaciones en febrero, el proyecto de declaración de principios sobre desarrollo sostenible que el Consejo aprobó en junio, y la estrategia revisada con objetivos y un procedimiento de control más eficaz el 13 de diciembre de 2005. 
El informe Ferreira se centra principalmente en los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible. 
Esos aspectos son realmente muy importantes, dado que las tendencias ambientales no sostenibles constituyen una de las principales amenazas para nuestra prosperidad actual y futura. 
Sin embargo, hay que resaltar que la estrategia de desarrollo sostenible se refiere a los tres aspectos del desarrollo sostenible, es decir los problemas sociales, económicos y medioambientales. 
En un esfuerzo por suprimir todas las tendencias no sostenibles, también pretende conseguir la máxima sinergia posible entre esas tres dimensiones. 
La amplia gama de problemas abarcados incluye el cambio climático y la energía limpia, los recursos naturales, el transporte, la salud pública, la exclusión social, los problemas demográficos y la inmigración y la pobreza a escala mundial. 
El desarrollo sostenible aborda temas que realmente tienen que ver con los ciudadanos. 
Ellos quieren prosperidad pero también quieren un entorno limpio, una buena salud, protección social y justicia. 
La nueva estrategia propone una visión a largo plazo para una Europa sostenible que va más allá de 2010. 
El desarrollo sostenible es el principal objetivo de la Unión. 
Tanto la Estrategia de Lisboa como la estrategia de desarrollo sostenible se basan en la aplicación de este objetivo en un mundo que cambia a gran velocidad. 
La Estrategia de Lisboa y la estrategia de desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. 
La nueva estrategia aborda algunos puntos débiles de la estrategia anterior, como unas prioridades poco claras y la falta de un mecanismo de control bien definido, y confirma los principales retos, deja claros los objetivos y responde a los ya existentes, a menudo bastante cuestionables, en el marco de las correspondientes políticas, y define un nuevo mecanismo de control más estricto. 
Presta especial atención a la acción y a la aplicación eficaz en todos los sectores políticos, y a la participación de todos los organismos interesados en el correspondiente procedimiento. 
Queremos ir más allá de las palabras e identificar las prioridades para los próximos cinco años. 
La Comisión desea cooperar con el Parlamento y el Consejo en los próximos meses, bajo los auspicios de la Presidencia austriaca, de modo que se pueda acordar una estrategia común que reciba un amplio apoyo de todas las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros. 
Se necesita una estrategia acordada a escala europea para impulsar a la sociedad europea hacia unos cambios importantes y encarrilar a la Unión Europea en una vía más sostenible. 
. – Señor Presidente, este informe de la señora Ferreira es un documento político muy amplio, abierto, sólido y también crítico sobre los principales ámbitos de la política medioambiental y social, y le estoy agradecido por ello. 
No obstante, cuanto más discutimos ese tema en esta Cámara, más tengo la impresión de que, aunque nos adherimos de todo corazón a unos principios maravillosos, la triste realidad es que su aplicación práctica no parece tan halagüeña. 
Seguramente la mayoría de nosotros estamos de acuerdo, en el fondo, con la propuesta de la Comisión, a saber, que los nuevos instrumentos de mercado son necesarios, por ejemplo, las ecotasas y la internalización de todos los costes. 
Pero si pensamos en la última sesión que tuvo lugar antes de Navidad, recordaremos que la mayoría de esta Cámara decidió lo contrario, bajo la presión del Consejo y el del transporte –me refiero a la directiva sobre la Euroviñeta–, descartando así toda oportunidad de recuperar los costes externos, en concreto los costes para el medio ambiente y la salud. 
Me complace que ahora se haya invertido el tono. 
Los numerosos principios de política medioambiental y social deben quedar expresados también en medidas tangibles. 
La Comisión debe establecer unos objetivos a medio y corto plazo. 
También son necesarias unas actividades de control y evaluación, como se indica en las conclusiones en el apartado 64 de esta propuesta de resolución. 
Es necesario un verdadero cambio en nuestros métodos de producción y consumo: la pasividad en este tema nos resultará muy cara y las consecuencias serán graves, sobre todo por el aumento de la pobreza en nuestra sociedad. 
La UE tiene la obligación ética de seguir siendo el principal actor en la sostenibilidad mundial. 
Nosotros, los políticos, no debemos dejarnos gobernar por el impulso del capital. 
. Señor Presidente, la Unión Europea está haciendo todo lo posible para asegurar que los problemas medioambientales se incorporen a todas sus políticas. 
El índice de consumo de recursos naturales en Europa sobrepasa actualmente nuestra capacidad biológica en un factor superior a dos. 
Lo que significa que nuestro continente se está apropiando de una parte desproporcionada de los recursos naturales mundiales, terrestres o marinos. 
Permítanme referirme a la comunicación adoptada por la Comisión Europea el 15 de octubre de 1998, en la que la UE se comprometía a mejorar la integración de sus políticas medioambientales y energéticas, y que contenía unas medidas concretas con este fin. 
Han pasado ocho años, y no se ha conseguido aún ninguno de los objetivos establecidos en aquel documento. 
Ante nuestros propios ojos, los políticos han tomado la decisión de construir la mayor red energética de su especie, instalando una doble tubería de gas y un sistema de cables eléctricos a lo largo de todo el fondo del Mar Báltico. 
Esta construcción es una amenaza para la seguridad medioambiental, y tendrá un impacto desastroso en el entorno marino de la cuenca rodeada por tierra del mar Báltico. 
Hay varias cuestiones principales que debemos plantearnos. 
¿Hasta cuándo seguiremos elaborando leyes que no tienen nada que ver con la realidad? 
¿Hasta cuándo nuestros actos legislativos y nuestras opiniones no serán más que lemas vacíos y tópicos que no se respaldan con medidas prácticas? 
En vez de centrar nuestra atención en la resolución de los problemas más apremiantes que tenemos a mano, se presentan propuestas para un proyecto alternativo, es decir la introducción de un impuesto medioambiental. 
Me opongo a este planteamiento. 
Los problemas medioambientales no se resolverán creando sistemas impositivos. 
Más bien los agravarán, porque una mayor carga impositiva tendrá un impacto directo y negativo en la inversión en nuevas tecnologías caras. 
También habrá costes adicionales para los empresarios, con lo que puede haber más despidos. 
. – Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente por su trabajo, porque demuestra claramente la diversidad de los temas que tratamos cuando utilizamos la expresión «estrategia de desarrollo sostenible». 
El desarrollo sostenible afecta a todas las políticas de la Unión, y, en concreto, a la cooperación con el resto del mundo. 
La comunicación de la Comisión se lee con facilidad, contiene muchas palabras amables y significativas, pero me decepciona que el capítulo titulado «Establecer objetivos y plazos» sea muy corto y también muy superficial. 
Una tiene la impresión de que los autores conocen muy bien los problemas y los han analizado a fondo pero, cuando se trata de combatirlos, no consiguen penetrar más allá de la superficie. 
Espero que la estrategia anunciada por la Presidencia austriaca sea más ambiciosa y ofrezca respuestas más específicas a este tema. 
No obstante, no debemos limitarnos a esta sola estrategia. 
La seriedad con que nos tomamos el problema del desarrollo sostenible será más evidente también según como evolucionen las finanzas de la Unión en el futuro. 
Si la protección medioambiental y de las especies es un objetivo importante de la Comunidad, esto debe reflejarse en el presupuesto. 
Debemos hacer todo lo posible para asegurar que instrumentos como LIFE, que funcionan bien y son tan importantes para el medio ambiente de Europa, reciban fondos suficientes. 
La comunicación de la Comisión menciona una cantidad de tendencias no sostenibles, predominantemente el cambio climático. 
Por lo tanto se pide a la Comisión que tome aquellas medidas que constituyan instrumentos importantes para combatir el cambio climático. 
La Directiva sobre Ecodiseño adoptada el año pasado ofrece muchas oportunidades al respecto. 
Espero que pronto se pongan en marcha las primeras medidas de la Comisión para la implementación de esta directiva, sobre todo para aquellos productos con gran potencial para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero a bajo coste. 
. – Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias a la señora Ferreira por un informe excelente que, desafortunadamente, ha recibido un par de desagradables recortes por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 
Algunos de los objetivos del informe son loables. 
No los repetiré en esta Cámara, pero todos ellos son importantes. 
Cuando algo está a punto de suceder, todas las buenas intenciones de la UE suelen desaparecer. 
Lamentablemente, hay razones para temer que esto también suceda en esta cuestión, y la intervención del Comisario no me ha tranquilizado en absoluto, pues ha incorporado muy pocos elementos prácticos. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha presentado tres enmiendas: una por la que solicita objetivos más ambiciosos en términos de reducción de gases de efecto invernadero, otra por la que pide el fin de la dependencia de la energía nuclear, y una enmienda práctica sobre los problemas relacionados con los residuos que se generan como consecuencia de un planteamiento incoherente de los envases de bebidas. 
Cada año, solo en Dinamarca, entre 400 y 600 millones de latas de cerveza y bebidas refrescantes alemanas yacen esparcidas por el campo o en el camino que las lleva al sistema de incineración de residuos porque los alemanes no exigen a los daneses el pago del depósito de las latas de cerveza compradas en Alemania. 
Con un sistema de depósito común europeo, el campo y el medio ambiente daneses saldrían mucho mejor parados, al igual que las vacas que hoy en día sufren una tortura cuando mordisquean algunas de las muchas latas alemanas esparcidas por el campo. 
– Señor Presidente, le agradezco enormemente que me haya dado la palabra a pesar de que sea tan tarde para tratar un informe tan importante e interesante. 
Deseo empezar mostrándome de acuerdo con la señora Scheele: es cierto que todas las políticas tratadas por la Unión están sujetas, y deben estarlo, a los principios de la sostenibilidad. 
Sin duda, la situación financiera también forma parte de ello, por lo que no solo deberíamos deliberar dónde podríamos gastar todavía más dinero, sino también preguntarnos cómo podemos evitar una deuda excesiva para las nuevas generaciones dentro de nuestra programación financiera, a la vez que establecemos –posiblemente de forma distinta– prioridades; porque las deudas que los Estados miembros dejan a las nuevas generaciones sin duda tampoco pueden considerarse sostenibles. 
En primer lugar, creo que reforzar la responsabilidad propia por medio de la mejora de la cooperación con los agentes en este ámbito es una herramienta importante para reforzar de hecho la comprensión a nivel de las bases de que la sostenibilidad no es un principio vacío de significado que solo defendemos cuando nos ponemos a pontificar –como algunos compañeros aquí han dicho–, sino que nos afecta a cada uno de nosotros de forma bastante concreta. 
A continuación quisiera discutir una cuestión específica, a saber, la financiación de los espacios Natura 2000. 
Naturalmente, somos conscientes de que en particular en Europa occidental contamos con un grado muy alto de prosperidad, algo que no es fruto de la acción divina. 
Si de repente se marcan grandes superficies de los terrenos de los agricultores como espacios Natura 2000 con una protección monitoria, será muy difícil convencerles de que la sostenibilidad es algo tangible. 
Debemos mostrar a estos agricultores que la sostenibilidad también les beneficia mediante el pago de indemnizaciones u ofreciéndoles otras formas de ganarse la vida. 
Por este motivo, debemos estipular en esta directiva que es necesario un sistema de financiación efectivo para la red Natura 2000. 
En consecuencia, doy mi apoyo a esta directiva. 
– Señor Presidente, Comisario, quiero dar las gracias en especial a Anne Ferreira, y expresar que es una grata oportunidad estar aquí presente para hablar sobre este tema. 
El desarrollo sostenible es algo que debería aplicarse a todas las políticas y procesos de toma de decisiones de la UE. 
El desarrollo sostenible no puede separarse de la política industrial, económica o de la competencia, e incluso menos de las políticas energéticas, de tráfico o agrícolas. 
Por esta razón, ha sido un poco decepcionante que esta estrategia de desarrollo sostenible no se revisara al mismo tiempo que la estrategia de la UE sobre competitividad. 
Sin duda, la competitividad de la UE se basa en un incremento del crecimiento respetuoso con el medio ambiente, tanto por lo que respecta a la producción como al consumo. 
El consumo puede verse influenciado por el precio justo de los productos y servicios. 
El coste medioambiental también debe incluirse. 
La consecuencia será el estímulo de una producción más ecológica. 
Para conseguir resultados verdaderos, deben encontrarse indicadores fiables para una política de desarrollo sostenible. 
La ponente, entre otros, opina lo mismo. 
Dichos indicadores solo pueden obtenerse si se establecen objetivos lo bastante ambiciosos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 
Los objetivos cuantitativos, si se fijan de forma correcta, nos indican dónde hemos logrado éxitos y dónde debemos mejorar para alcanzar una situación medioambiental que no continúe perjudicando la salud humana ni la capacidad de la naturaleza de soportar la contaminación. 
Si fijamos objetivos lo suficientemente altos, estos alentarán el desarrollo, por ejemplo, de nuevas tecnologías medioambientales que a su vez impulsarán el crecimiento europeo y de esta forma alcanzaremos un desarrollo sostenible verdadero. 
– El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la situación en Oriente Próximo. 
. Señor Presidente, es un gran honor hablarles hoy del proceso de paz en Oriente Próximo. 
Es particularmente oportuno, pues acabo de volver de una visita a Gaza, Cisjordania e Israel. 
Me propuse tres objetivos para este viaje: primero, prestar apoyo a la construcción de la democracia en la antesala de las elecciones palestinas. Hay allí una importante misión de observación del proceso electoral con su colega, la señora De Keyser; en segundo lugar, subrayar la importancia del apoyo financiero de la Unión Europea al pueblo palestino, y, en tercer lugar, aumentar la visibilidad de una serie de proyectos comunitarios, especialmente en Gaza. 
Pasé un día entero en Gaza. 
La situación de seguridad allí es muy complicada, no fue fácil entrar, pero al final fue un buen día y espero que las imágenes ofrecidas al pueblo palestino muestren hasta qué punto nosotros, la Unión Europea, los estamos apoyando. 
Es un momento crítico en Oriente Próximo. 
Tanto en Israel como en los territorios palestinos ha habido cambios enormes en el paisaje político. 
Espero que estas elecciones aúpen a dos direcciones que estén dispuestas y sean capaces de inyectar nuevo vigor al proceso de paz. 
Dejé claro a israelíes y palestinos que la Comisión seguirá ofreciendo su apoyo a aquellos que busquen la paz por medios pacíficos. 
Esto significa en particular que sea cual sea la composición del nuevo Gobierno palestino, debe haber un respeto absoluto por los principios consagrados en el Acuerdo de Asociación Provisional y el Plan de Acción de la Política de Vecindad que acordamos con la Autoridad Palestina. 
Estos principios incluyen el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho y por ello un claro compromiso con la «Hoja de Ruta». 
La Autoridad Palestina ha dado garantías a la comunidad internacional de que las elecciones se celebrarán sin violencia ni intimidaciones y de acuerdo a las normas internacionales; esperemos que sea así. 
El Presidente Abbas ha dejado claro también que la aceptación de los Acuerdos de Oslo y la hoja de ruta forman la base para la participación en el futuro Gobierno. 
Creo que ha sido importante que haya emitido un mensaje tan claro. 
El Primer Ministro en funciones, el señor Olmert, a quien también vi, me aseguró que Israel facilitará la celebración de estas elecciones. 
Su Gobierno ha tomado la difícil decisión, en el contexto de una campaña preelectoral israelí, de permitir la votación en Jerusalén Este. 
He acogido con satisfacción esta decisión y espero que este espíritu constructivo ayudará a resolver los demás aspectos logísticos y prácticos de las elecciones. 
Dentro de las limitaciones impuestas por la seguridad, será muy importante que Israel haga lo posible por permitir la libre circulación de los votantes y candidatos en los territorios palestinos hasta el día de la votación incluido. 
La Unión Europea apoya las elecciones palestinas con la mayor misión de observación del proceso electoral, 240 observadores, entre ellos 50 diputados al Parlamento Europeo. 
Visité al equipo de observadores dirigido por la señora De Keyser y me quedé muy impresionada por su dedicación y profesionalidad y el de su equipo. 
También me quedé impresionada al encontrarme con el Presidente de la Comisión Electoral Central, el Dr. Hanna Nasir. 
Gracias al apoyo sostenido de la Unión Europea –que la Comisión presta desde 2003–, la CEC se ha establecido como una de las instituciones más creíbles y respetadas en los territorios palestinos. 
Durante mi visita anuncié otros 1,4 millones de euros para ayudar en el registro de votantes y las actividades de la votación, lo que eleva nuestro apoyo al proceso electoral a 18,5 millones de euros, que es una gran cantidad de dinero para tratar de asegurar que estas elecciones sean libres y justas. 
Uno de los propósitos de mi visita a Gaza fue elevar la notoriedad de la importante labor que estamos haciendo, prestando ayuda urgente para hacer más llevaderas las vidas ordinarias de los palestinos. 
Estamos mejorando el sistema de salud, construyendo escuelas y reparando carreteras, haciendo progresos en materia de residuos sólidos, aguas residuales y red de suministro eléctrico. 
Muchas de estas mejoras beneficiarán al pueblo palestino y espero que entiendan que todo eso viene de la Unión Europea. 
Inauguré algunos programas de obras públicas y también anuncié el inicio de cuatro proyectos de infraestructura energética y medioambiental en Gaza por valor de 20 millones de euros. 
Estamos trabajando lo más rápido posible pero la situación de seguridad no nos facilita el trabajo. 
Sin embargo, la revitalización de la economía de Gaza es esencial. 
Lo que vi no hizo más que reforzarme en esta convicción y seguiré presionando sobre esta cuestión en el Cuarteto –habrá una reunión del Cuarteto el 30 de enero en Londres, después de la conferencia de Afganistán– y ante Israel. 
Debemos seguir mejorando la libertad de movimientos de personas y mercancías hacia y desde Gaza. 
Por ello he relanzado el proceso de licitación de una terminal de carga en el aeropuerto por 25 millones de euros. 
Visitamos el aeropuerto y sabemos lo importante que es abrirlo, no solo a la región sino también al mundo para ayudar a facilitar el comercio palestino una vez que se reabra. 
Solo podremos seguir adelante con el proyecto cuando exista un acuerdo entre ambas partes. 
Por ello apoyamos plenamente a Jim Wolfenshon en el conjunto del proyecto que ha diseñado desde la apertura del paso de Rafah. 
No podremos aumentar el transporte hacia y desde Gaza sin unas fronteras debidamente gestionadas. 
Visité el paso fronterizo de Rafah y debo decir que el general Pistolesi y su equipo de la misión de ayuda fronteriza de la UE está haciendo un excelente trabajo. 
Me conmovió ver que los europeos están ayudando a palestinos normales a cruzar la frontera con Egipto por primera vez en muchos años; esto mantiene la gran dignidad del pueblo palestino. 
Están muy contentos. 
Hablé con dos mujeres que expresaron la esperanza de que las cosas fueran mejorando poco a poco. 
Por ello proporcionaremos un paquete adicional de 3 millones de euros de apoyo para el paso fronterizo de Rafah. 
Estamos realizando labores de aduana allí, de modo que suministraremos equipos de escaneado e impartiremos formación a los palestinos. 
Dejé claro a mis homólogos e interlocutores israelíes y palestinos que la Unión Europea está contribuyendo sustancialmente a la creación de las condiciones para una solución de dos Estados. 
Como todos los implicados, nos enfrentamos a grandes desafíos, pero pensamos en el largo plazo. 
Queremos comprometernos a largo plazo. 
Lo reiteré claramente. 
Hemos sido un socio coherente y fiable para ambos lados. 
Pero para progresar es preciso que avancen ambos bandos. 
Israel debería tomar medidas para aplicar el acuerdo logrado en noviembre con la mediación del Enviado Especial del Cuarteto, Jim Wolfensohn, sobre la mejora del acceso y la circulación –el puerto, el aeropuerto, el enlace entre Gaza y Cisjordania y la circulación dentro de Cisjordania. 
Y la Autoridad Palestina debe hacerse cargo de la ley y el orden y de las finanzas públicas. 
Debe dar pasos serios para relanzar su programa de reforma y respetar sus compromisos en el marco del Acuerdo de Asociación Provisional y el Plan de Acción de la Política de Vecindad. 
En esta coyuntura crítica nuestro mensaje es muy claro: hace falta negociar; toda acción que suponga una amenaza para la solución de los dos Estados debe cesar; y la imposición de la ley y el orden y la lucha contra el terrorismo son importantes. 
. Señor Presidente, las elecciones palestinas del 20 de enero ofrecen una oportunidad a los palestinos para consolidar la vía democrática que emprendieron en enero pasado. 
Agradecemos el compromiso de la señora Comisaria, tanto a título personal como en representación de la Comisión. 
Estas elecciones se celebran en un ambiente sumamente difícil, del que todos somos conscientes. 
Pero la importancia que el Parlamento Europeo concede a su celebración efectiva, y de hecho al proceso de paz, se desprende del hecho de haber autorizado una vez más la máxima delegación de observación compuesta por 30 diputados, que nuevamente me honro en presidir junto con la señora Napoletano, del Grupo del PSE. 
Efectivamente, muchos diputados presentes hoy aquí estarán en Palestina la semana que viene. 
La situación actual en Oriente Próximo demuestra el fracaso de la diplomacia desde hace casi un siglo. 
La única democracia a fecha de hoy en la región es Israel, nacida del deseo genuino de crear una patria judía. 
T. E. Lawrence de Arabia –primo lejano mío– compartía este mismo deseo, pero tenía asimismo un planteamiento diferente para la región. 
Un mapa recientemente descubierto que confeccionó en Versalles muestra reinos, no dominios británicos o franceses. 
Sin embargo, hoy saludamos con agrado el retorno de Europa con una actitud diferente. 
Dentro de sus compromisos de inversión para la Autoridad Palestina, ¿podría la señora Comisaria contemplar la financiación de una nueva cámara para el Consejo palestino? 
Como bien saben mis compañeros, la democracia es mi consigna. 
En las elecciones egipcias, a las que asistimos el año pasado, fuimos testigos de intimidaciones a los votantes, incluidos los seguidores de Ayman Nour, jefe del partido laico El Ghad. 
La Unión Europea afirma acertadamente que su posterior condena, en un juicio amañado, a cinco años de trabajos forzosos por el mismo juez que mandó a la cárcel a Saad Ibrahim durante tres años, constituye una mala señal. 
Quisiera preguntar a la señora Comisaria: ¿cuál es la respuesta negativa por parte de Bruselas? 
Oriente Próximo es una región de importancia estratégica fundamental y una fuente de peligro. 
Las personas que pusieron las bombas en Londres el pasado mes de julio procedían de mi distrito electoral en Yorkshire. 
Pero la clave para la estabilidad es la democracia. 
Tengo asimismo el honor de representar, en calidad de Vicepresidente, al Parlamento Europeo en la delegación a la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Sin embargo, también creo que la Unión Europea necesita un programa específico de implicación democrática en la región, y espero oír de boca de la Comisaria cuáles son sus planes a ese respecto. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a la señora Ferrero-Waldner por la información que nos ha facilitado. 
Quiero enviar también mis mejores deseos al Primer Ministro Sharon, así como a la señora Livni, por las importantes tareas que ha asumido dentro del Gobierno israelí. 
La situación en Oriente Próximo está cambiando constantemente. 
En Israel, el Primer Ministro en funciones Olmert parece decidido a llevar adelante el proceso iniciado por el Primer Ministro Sharon, con vistas a las elecciones del 28 de marzo. 
En Palestina, las inminentes elecciones –cuyo resultado no está ni mucho menos claro– llevan emparejada la importante noticia de que Hamás se va a presentar por primera vez a las elecciones al Parlamento nacional. 
Nos enfrentamos a una situación dinámica, pero expuesta a nuevos contratiempos. 
El extremadamente frágil proceso de paz –podría decirse que jamás ha despegado de la forma en que se había diseñado que lo hiciera en la «Hoja de Ruta» – puede quedar definitivamente frustrado por la situación de escalada en toda la zona: desde las dificultades para estabilizar Irán, hasta la alarmante postura adoptada por la jefatura iraní, la frágil situación en el Líbano, el papel de Siria y la turbulenta situación en Egipto. 
Volviendo a las elecciones palestinas, no quiero eludir el asunto más espinoso, esto es, el tema de Hamás. 
Al margen del resultado de las elecciones, Hamás va a jugar un papel clave en lo referente a la representación institucional del pueblo palestino. 
Me abstendré de hacer o decir nada que pueda aumentar el apoyo a, y la influencia de, Hamás y, por el contrario, voy a intentar resaltar el hecho de que si un movimiento aspira a los más altos niveles de representación política e institucional, tiene que estar dispuesto a asumir el juego democrático, empezando por el respeto al Derecho internacional y poniendo fin a la violencia. 
Desde ese punto de vista, considero un acontecimiento positivo que los candidatos de Hamás hayan suscrito el código de conducta, aún cuando sigue reinando un sentimiento generalizado de preocupación por el clima de violencia en que se van a celebrar las elecciones, sobre todo en Gaza. 
Sin embargo, me gustaría que apreciáramos en mayor medida el pluralismo que está emergiendo en Palestina, simbolizado asimismo por unas nuevas listas electorales laicas, que dan fe de lo necesarios que son la democracia, la transparencia y los esfuerzos para combatir la corrupción. 
El estado de las relaciones entre israelíes y palestinos también influye en la situación dentro de Palestina. Esa es otra de las razones por las que Israel debería detener los asentamientos en todos los territorios y evitar actuar de manera que ponga en peligro las posibilidades de resolver el conflicto, comenzando por Jerusalén Este, donde se está practicando una auténtica política de anexión. 
Así pues, el acuerdo sobre la votación en Jerusalén Este –como usted ha afirmado– es un hecho positivo, aun cuando todos somos conscientes de sus limitaciones, una vez contempladas las elecciones presidenciales. 
No obstante, sigue teniendo un enorme valor simbólico. 
. Señor Presidente, el 25 de enero los palestinos acudirán a las urnas para elegir su Parlamento por vez primera desde 1996. 
Estas elecciones tal vez se celebren seis meses más tarde de lo previsto, pero eso representa una gota en un océano para las generaciones que han suspirado por ejercer sus derechos democráticos. 
Por medio de una contribución de 18,5 millones de euros para apoyar el proceso electoral y el despliegue de una misión cualificada de observación, incluida una delegación experta de esta Cámara, la UE está mostrando a los palestinos el camino hacia la democracia real. 
Se trata de un momento crítico para la estabilidad en Oriente Próximo. 
Es vital que la Autoridad Palestina adquiera mayor legitimidad democrática. 
Solamente con unas instituciones democráticas, eficaces y operativas pueden los palestinos sentar las bases de su propio Estado, para vivir en paz con Israel. 
Algunos consideran imposible tal legitimidad cuando en estas elecciones está concurriendo una organización terrorista inscrita en la lista negra; sin embargo, Hamás se ha reconvertido en un movimiento de cambio y de reforma y ha conservado un estado de calma durante los preparativos de estas elecciones a pesar de la matanza del martes pasado en Cisjordania. 
Ha logrado apoyo popular, que puede llegar al 40 %, al brindar múltiples servicios sociales en medio de una atmósfera de pesimismo, indignación y paro. 
La facción gobernante de Al Fatah de Mohamed Abbas también se vería en apuros para alcanzar nuestro nivel de legitimidad a causa de su herencia de favoritismos y corrupción. 
Esta misma semana, la UE ha suspendido 35 millones de euros en ayuda para la Autoridad Palestina, y con toda razón, debido a que no se habían cumplido los niveles necesarios. 
Cambio y reforma son palabras positivas, pero tienen que ir acompañadas de acciones concretas. 
En los últimos meses, Hamás se ha pronunciado a favor de la moderación y su infame política relativa a Israel no ha sido incluida en su programa electoral. 
Pero si Hamás quiere trabajar con la UE, tiene que estar dispuesta a impulsar el proceso de paz. 
Eso solo puede suceder si depone las armas, abandona sus proclamas en favor de la destrucción de Israel y reconoce el derecho a existir del Estado judío. 
Tal como ha manifestado Javier Solana, los contribuyentes en la UE no van a mostrarse dispuestos a apoyar una actividad política desarrollada de acuerdo a unos parámetros violentos. 
Constituye toda una prueba de liderazgo para Ehud Olmert asumir el mando tras el infarto sufrido por Sharon a principios de este mes. 
La forma en que haga frente a los desafíos a la ley y el orden en Gaza, sobre todo a medida que los colonos redoblen sus esfuerzos violentos para evitar la evacuación de Cisjordania, va a marcar el tono de las conversaciones que esperamos que se materialicen después de las elecciones. 
Pero la amenaza de inestabilidad no debería obstaculizar la democracia y acogemos con agrado la decisión de Israel de facilitar la votación en Jerusalén Oriental, donde los palestinos han quedado prácticamente anexionados, separados de sus familias mediante un muro, condenado por el Tribunal Internacional de Justicia. 
Cualquier movimiento por parte de Israel en favor del cumplimiento del Derecho Internacional constituiría una magnífica medida para fomentar la confianza y un paso importante en el camino hacia la estabilidad en Oriente Próximo. 
Dada la amenaza del desarrollo del programa nuclear en Irán que planea sobre la región, ahora hay que dar pasos para demostrar que el respeto por la legalidad internacional sigue vivo en Oriente Próximo. 
Las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán solo tendrán auténtica legitimidad en la región cuando se obligue a Israel a deponer su desacato de las resoluciones del Consejo de Seguridad, una resistencia sin parangón en ningún otro país. 
De lo contrario, los argumentos con una doble moral solo vendrán a echar más leña al fuego. 
. Señor Presidente, creo que Oriente Próximo se encuentra entre el cambio sustancial, tanto por el lado palestino como por el lado israelí, y la esperanza. 
Pero, esta esperanza se puede frustrar rápidamente porque los hechos sobre el terreno no apuntan hacia mucho optimismo. 
De hecho, precisamente en el corazón del conflicto, en Jerusalén, la situación es muy preocupante. 
Aquí, en el Parlamento, nos preocupa que la Comisión decidiera no hacer público un informe sobre la situación en Jerusalén, que era un informe de consenso de todos los servicios de la Unión que estaban trabajando allí. 
Creo que la situación en Jerusalén puede suponer un gran obstáculo a la creación de un Estado palestino viable y creíble y convertirse en bandera para las fuerzas más extremistas y más violentas de las dos partes, que quieren bloquear el progreso hacia la paz. 
Además, creo que la Comisión debería tomar medidas para superar el ritmo de caracol y todas las vías tortuosas y burocráticas, para mejorar, así, la calidad de vida de los palestinos dentro de los planes del señor Wolfensohn. 
Como usted habrá visto, en Gaza se ha hecho algún progreso pero, en realidad, en todos los proyectos, relacionados con el puerto, el paso de mercancías, el comercio o la libertad de movimiento de las personas, los progresos han sido mínimos. 
La Autoridad Palestina tiene muy poco en su plato. 
La gente que realmente defiende la paz, que defiende un Estado con un poder solo militar, no con milicias ilegales, que son incompatibles con la paz en el lado palestino, tiene pocos argumentos si no avanzamos más rápidamente para mejorar la calidad de vida de los palestinos y si no ponemos algún freno a la expansión de sentimientos sobre el terreno cuando en Jerusalén vemos, en algún caso, la sustitución de la idea del Gran Israel por la idea de la Gran Jerusalén. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, los recientes acontecimientos en la zona de Oriente Próximo están aplicando aún más presión sobre un territorio, lastrado ya por guerras y otras muchas circunstancias. 
La crisis de las relaciones entre Irán y Occidente, la persistente inestabilidad política en Iraq, la crisis de las relaciones entre el Líbano y Siria, que exige un tratamiento muy delicado y, por supuesto, la situación en la zona de Israel y Palestina aumentan nuestra preocupación y generan un clima de notable desilusión. 
La crisis durante los últimos días en las relaciones entre Irán y Occidente han adquirido un cariz muy feo. 
La posibilidad de una intervención militar contra Irán sería desastrosa y ha de evitarse, ya que otra guerra en la zona desataría una reacción en cadena contra la seguridad y la paz, no solo en la zona de Oriente Próximo. 
La situación en el Iraq ocupado continúa desestabilizándose de forma permanente. 
La reciente revelación por parte del antiguo Secretario de Estado norteamericano Colin Powell, en el sentido de que los Estados Unidos cometieron un error de cálculo y que Sadam no poseía armas nucleares, muestra las verdaderas razones de la presencia militar de los Estados Unidos en la zona. 
Creo que las conclusiones son obvias. 
Las elecciones parlamentarias que han de celebrarse en Palestina el 25 de enero, en las que voy a estar implicado, se van a realizar a la sombra del período preelectoral del propio Israel, donde las elecciones tendrán lugar dos meses más tarde y llevarán a Israel a una nueva era, posterior a Sharon. 
Sin embargo, la Autoridad Palestina está trabajando incesantemente para que puedan celebrarse unas elecciones libres y democráticas y encuentre expresión de nuevo la opinión democrática del pueblo palestino. 
El Consejo Legislativo y la casi totalidad de los partidos políticos en Palestina quieren que Hamás participe en las elecciones, de forma que pueda hacerse cargo también de parte de la responsabilidad de las tareas legislativas. 
Eso se espera que se traduzca en unas políticas más moderadas y, en última instancia, en el desarme. 
En cuanto al proceso electoral en Jerusalén Este, parece ser que el asunto se ha dispuesto de la misma forma en que fue acordado por los palestinos en 1996. 
Esto también es algo realmente imputable a Israel. 
No obstante, tengo mis dudas acerca de hasta qué punto van a consentir los israelíes que se desarrolle una estrategia preelectoral democrática y justa también en Jerusalén Este, dado que, en términos generales, es difícil celebrar unas elecciones en régimen de ocupación. 
Citaré solamente un incidente que se ha producido ayer mismo: el candidato del Partido Popular Palestino por Jerusalén, Fadwa Khader, fue arrestado ayer durante una reunión preelectoral por el ejército de ocupación israelí y ahora se encuentra en prisión sin cargo alguno. 
Las elecciones al nuevo Consejo Legislativo Palestino van a reflejar las posibilidades y a constituir, una vez más, la prueba de que los palestinos pueden funcionar democráticamente. 
Nosotros, como Parlamento Europeo y como Unión Europea, ya hemos hecho una gran labor –tal como ha manifestado la señora Comisaria–, pero tenemos que seguir vigilando muy de cerca la evolución en la zona y, al mismo tiempo, presionar en todas las direcciones en favor de unas conversaciones importantes que conduzcan, antes de finales de 2006, a un progreso notable y, espero que muy pronto, a una solución final del problema. 
Señor Presidente, una buena noticia procedente de Iraq suena, en términos políticos, casi absurda, pero sobre la base de la reciente experiencia de primera mano, y desde luego a la vista de lo que he escuchado decir en esta Cámara, quiero contradecir tal percepción. 
A mediados de noviembre del año pasado tuve el privilegio de participar, en mi condición de diputado a esta Cámara, en una importante conferencia internacional sobre democratización en Oriente Próximo, a la que acaba de referirse el señor McMillan-Scott. 
La reunión se celebraba en Arbil, la capital de la región autónoma de Kurdistán en el norte de Iraq, donde los expertos de Europa tuvieron tiempo de reunirse, en condiciones de absoluta seguridad, con los miembros del Gobierno y del Parlamento kurdo para debatir, de manera muy franca y abierta, las perspectivas y los problemas asociados con el desarrollo de los Estados democráticos bajo el Estado de derecho en toda la región. 
Por fortuna, Iraq es mucho más que únicamente el escenario un tanto deprimente de los incesantes y atroces ataques terroristas. 
En el Kurdistán iraquí se le ofrece a la Unión Europea una oportunidad excelente para realizar una contribución notable a la urgente tarea de reconstruir Mesopotamia. 
Me gustaría mucho oír de la señora Comisaria si comparte conmigo este planteamiento y, en caso afirmativo, exactamente qué está poniendo ya en marcha la Comisión en el norte de Iraq o qué está pensando hacer allí. 
Al mismo tiempo, puedo comunicarle a esta Cámara que nuestros homólogos kurdos en Iraq están pensando en ponerse en contacto con nuestro Parlamento. 
¿Se convertirá en democrático el Oriente Próximo? 
No permitamos que las cosas se queden en recomendaciones sobre el papel, sino que hagámoslas realidad mediante nuestras actuaciones políticas personales y prácticas. 
Señor Presidente, Señorías, acojo con agrado el hecho de que se haya permitido votar a los parlamentarios palestinos que viven en el sector árabe de Jerusalén, pero creo que prohibir hacer campaña a Hamás constituye un error enormemente grave y que el Parlamento, a mi juicio, debería condenar formalmente tal prohibición. 
También es importante señalar el compromiso de la Unión con el pueblo palestino, aunque yo creo que tenemos que ampliar este compromiso en el ámbito político, en un momento en el que la Unión debería pedir a Israel no solo que mejorara las condiciones de tránsito y de entrada en Cisjordania y la Franja de Gaza, sino también que eliminara esa barrera odiosa que fragmenta el territorio palestino, divide a las comunidades locales –y en algunos casos, a las unidades familiares– y perturba, si es que no aniquila totalmente, multitud de economías árabes locales. 
La Unión Europea tiene que hacer un llamamiento a Israel para que detenga cualquier asentamiento nuevo en territorios que continúan estando ocupados y erradique cualquier discriminación contra los palestinos que están viviendo en los enclaves dentro de territorio israelí. 
Ese es un compromiso que solicito asuman el Parlamento y la Unión. 
Buenos días, señor Presidente. Quiero garantizar a la señora Comisaria que cuenta con nuestro apoyo pleno para cualquier medida que tome con respecto a Gaza. 
Estamos encantados de que el asunto de Jerusalén Este haya quedado solventado durante la reunión celebrada por el Gobierno israelí el pasado domingo. 
Nos complacen asimismo las noticias de que se han prohibido las armas el día de las elecciones en Cisjordania y la Franja de Gaza. 
Estamos haciendo un seguimiento minucioso de los últimos acontecimientos en lo referente a Hamás. 
Somos conscientes de que hemos de aplicar los mismos estándares y los mismos criterios a Hamás que al brazo armado de Al Fatah. 
La Delegación para las relaciones con Israel está dispuesta a recibir al general Pistolesi en el Parlamento y ofrecerle nuestro pleno respaldo a sus actividades. 
Asimismo, estaremos encantados de apoyar a la señora Comisaria en cualquier medida que adopte para presionar a los israelíes para que cumplan su promesa de salvaguardar la libre circulación de personas, bienes e información y, por supuesto, para que brinden total apoyo al acuerdo sobre el paso de Rafah. 
Además estamos haciendo preparativos con vistas al próximo debate sobre una solución definitiva para el asunto de Jerusalén Este y sus fronteras. 
No obstante, quiero recordar a la señora Comisaria que ayer visitó nuestro Parlamento una delegación de parlamentarios libaneses, dos de los cuales eran miembros de Hezbolá. 
Pidieron urgentemente a la UE que ayudara al Líbano y la esencia de su mensaje fue, sin ninguna sombra de duda: «salvadnos de Siria». 
Todos sabemos, sin embargo, que el principal problema hoy en Oriente Próximo no es Palestina ni Siria, sino Irán. 
En consecuencia, me gustaría comentar brevemente, si se me permite, una serie de medidas cautelares que podríamos estudiar adoptar con respecto a Irán. 
Por ejemplo, deberíamos pensar en vetar la participación de Irán en la Copa del Mundo de fútbol que se va a celebrar en Alemania. 
Deberíamos contemplar la suspensión de la ayuda técnica por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) debido a la actual reanudación del programa nuclear de Irán. 
Yo sugiero a la señora Comisaria que pensemos en la posibilidad de prohibir el aterrizaje en Europa a los aviones de Iran Air, y las formas en que podemos restringir los movimientos de representantes iraníes de alto nivel. 
Dicho esto, señora Comisaria, me gustaría, si se me permite, formular un comentario muy personal, expresándome como persona nacida en la antigua Checoslovaquia. 
Como licenciada en estudios árabes, en los últimos meses, semanas y días me he sentido muy alarmada por las crecientes aspiraciones de Rusia en Oriente Próximo. 
No estoy hablando simplemente de Irán, sino también de Siria, Yemen e Iraq. 
Contamos ahora con una ocasión única para enrolar a Rusia como asociado, y para decirles a los rusos que si son capaces de llegar a un acuerdo con los iraníes, deberían ponerse manos a la obra y demostrarlo. 
Deberíamos considerar en serio a Rusia en su papel de asociado y deberíamos decirles que si son capaces de refrendar con acciones sus palabras, deberían hacerlo. 
En caso contrario, deberían dejar de interferir en Oriente Próximo, ya que tales injerencias son peligrosas. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, la ausencia de paz en Oriente Próximo tiene consecuencias cada vez más peligrosas: amenaza de desestabilización de la comunidad palestina y riesgos asociados al comportamiento agresivo de Irán, que no alivian en nada las preocupaciones en torno a Siria. 
Me ha gustado, señora Comisaria, el relativo optimismo de su comentario inicial, pero me parece que lo que huelga decir es mejor decirlo, y quisiera contribuir a reforzar los fundamentos de este optimismo. 
El punto de vista de los medios de comunicación es que la desaparición de Ariel Sharon, en la situación actual, presagia una catástrofe y de que el panorama es bastante aterrador. 
En efecto, parece que Sharon era el único capaz de ver claro hasta el final el sorprendente proceso de partición unilateral que él concibió como etapa preparatoria para la paz. 
Quisiera subrayar verdaderamente que no es momento de caer en el pánico. 
Contrariamente a la impresión que dan los medios de comunicación, los grandes hombres no hacen la historia por sí solos: las instituciones y las situaciones también desempeñan su papel. 
En el lado israelí existen desde hace mucho tiempo dos obstáculos políticos a cualquier perspectiva de paz. 
El primer factor es que a ojos de muchos israelíes y de Ariel Sharon, todos los procesos de tipo Oslo, Taba o Ginebra no tienen en cuenta de modo suficiente el imperativo de seguridad de Israel. 
El segundo es que la principal formación de la derecha israelí, el Likud, nunca ha aceptado en modo alguno la más mínima concesión con respecto a su visión del futuro de Israel, una visión del Israel bíblico, el o el «Gran Israel» , con el pretexto del intercambio de territorios por paz. 
Ahora bien, antes de caer enfermo, Ariel Sharon había eliminado esos dos obstáculos. 
Había superado el primero poniendo de manifiesto y comenzando a ejecutar un plan encaminado a alcanzar gradualmente la paz a través de la partición. 
A muchos de nosotros en este Parlamento, señora Comisaria, no nos gusta ese plan. 
Demasiada violencia, conversaciones insuficientes y sobre el tapete un Estado palestino muy amputado. 
Pero es el único plan que existe, y se ha ganado a muchos israelíes, porque era el primero que conciliaba el imperativo absoluto de seguridad con la perspectiva de paz. 
El segundo obstáculo se superó porque Ariel Sharon tuvo la extraordinaria valentía de romper el Likud. 
Aunque Sharon haya desaparecido, ha nacido un nuevo gran partido que representa a una parte de la derecha israelí dispuesta a propiciar la paz, porque se ha tranquilizado. 
Este partido puede ser mañana la fuerza dominante en la Knesset y asociarse a otras fuerzas del centro y la derecha. 
La doctrina del partido y de su jefe, Ehud Olmert, no se orienta a la negociación, sino tan solo a la retirada de los territorios. 
Lo sabemos. 
Sin embargo, señora Comisaria, la mecánica partidista en la Knesset solo puede propiciar una profundización de la ruptura con el Likud y una aproximación a los partidos de Amir Peretz y Schlomo Ben-Ami: con Sharon o sin él, se ha producido la ruptura necesaria y lo inevitable vendrá después. 
Los israelíes se dan cuenta de ello y lo muestran en los sondeos. 
No solo no debemos dramatizar excesivamente en estos momentos, sino que debemos apoyar firmemente este proceso, porque incluso si la comunidad palestina está muy influenciada por Hamás, está bastante claro que se subirá al tren. 
La paz, señora Comisaria, es la tierra prometida de hoy, y también Moisés murió antes de llegar a ella. 
Señor Presidente, cuando la delegación palestina se reunió en noviembre con el obispo católico Michel Sabah, este declaró que no se conseguiría la paz en Oriente Próximo en los próximos 40 años si no se lograba una paz justa entre Israel y Palestina, la cual implica un auténtico Estado palestino dentro de los límites correspondientes a las fronteras anteriores a 1967, no dentro de los enclaves de Sharon. 
Jerusalén, que es también la ciudad de los palestinos, es parte de la solución. 
Jerusalén es absolutamente esencial. 
Si Israel se anexiona toda la ciudad de Jerusalén, se habrá perdido la clave para la paz, y no solo en esa zona concreta sino también para las relaciones entre los países árabes y Occidente. 
Las palabras del obispo Michel Sabah estaban en sintonía con las conclusiones del Consejo Europeo del 7 de noviembre de 2005. 
He aquí una afirmación rotunda de que Jerusalén debe mantenerse como una ciudad abierta, también para los palestinos, y una petición de que se vuelva a abrir Orient House. 
Pero aquí es donde se muestra realmente la doble moral de Occidente. 
Israel es totalmente indiferente a las declaraciones de la UE, ya que los israelíes saben que ninguno de sus Ministros de Asuntos Exteriores se toma en serio sus propias palabras. 
Incluso mantenemos vigentes los principales privilegios económicos de Israel, a pesar de que están condicionados, de forma expresa, al respeto de los derechos humanos por parte de Israel, y el Consejo acaba de disponer que no se publique su propio informe sobre Jerusalén. 
Al mismo tiempo, la UE está tratando de liberarse de todo lo que tenga que ver con los palestinos, de quienes, junto con la política de apartheid de Israel, la UE y los Estados Unidos empiezan a ser totalmente responsables. 
El hecho es que Sharon deseaba calificar de Estado estos enclaves encerrados entre muros, lo que hubiera significado que Israel dejaría de tener responsabilidad alguna respecto de los palestinos según el Derecho internacional. 
Palestina no tendría ninguna posibilidad de desarrollar una economía saneada en tales circunstancias y dependería eternamente de los demás. 
Indudablemente, las cosas van a acabar mal, a menos que ocurra ahora un milagro en Israel y acceda al poder la gente amante de la paz y la justicia, no solo en Palestina sino también en Israel, o a menos que ocurra otro milagro igualmente notable y la UE, al fin, comience a tomarse en serio sus propias palabras y el Derecho internacional y haga uso de los recursos a los que los europeos tienen fácil acceso. 
Nada va a ocurrir mientras el Consejo y la Comisaria ni siquiera mencionen los asentamientos y el muro, ni digan una sola palabra acerca de un auténtico Estado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el papel de la Unión Europea como promotor de la democracia y el desarrollo económico y como intermediario honesto entre las partes en el conflicto de Oriente Próximo ha de aplaudirse, a mi juicio, sin ningún tipo de reserva. 
El hecho de que la UE esté enviando muchos millones de euros a Oriente Próximo también está justificado dentro de este contexto, incluido el millón y medio de euros para las elecciones palestinas a los que usted ha hecho mención, señora Comisaria. 
Sin embargo, también tenemos que asegurar que los resultados de tales elecciones democráticas sean aceptados por todas las partes, aun cuando entre los vencedores de las elecciones se encuentren fuerzas políticas –como Hamás– que tal vez no nos agradan demasiado. 
Si la UE pretende ser un intermediario honesto en el conflicto palestino, tiene que alzar mucho más la voz en favor de la solución con dos Estados. 
Un paso esencial en esta dirección sería convencer a Israel para que ofreciera a los territorios palestinos el espacio necesario para su desarrollo democrático y económico. 
Solo una auténtica mejora de las condiciones de vida palestinas les hará apartarse del radicalismo político y del terror. 
Pero para que la UE pueda desempeñar ese valioso papel como mediador en esta zona geopolítica tan problemática, no debe convertirse en un Estado o partido en la línea de vanguardia en el propio conflicto. 
Por eso deseo aprovechar esta oportunidad una vez más para alertar contra la adhesión plena de Turquía a la UE. 
Eso colocaría a la Unión Europea en primera línea frente a Irán, Iraq, Siria y también, indirectamente, a Palestina. 
Señor Presidente, la excelente intervención del señor Rocard me ha recordado que en mi anterior intervención he olvidado dejar constancia de su papel como observador jefe de la delegación de la Comisión el pasado mes de enero. 
En estos momentos, la señora De Keyser, de esta Cámara, está presidiendo la misión de observadores de la Comisión en Palestina. 
Quiero dar fe de dicho cometido. 
Presento mis excusas de antemano por tener que ausentarme pronto: creo que he pillado un resfriado en Estrasburgo. 
Por tanto, me anticipo a dar las gracias a la señora Comisaria por su respuesta a mis preguntas. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Comisaria por su labor de apoyo a los esfuerzos de paz en Oriente Próximo y por aumentar la visibilidad de la Unión Europea en la región. 
Dos elecciones van a dominar los acontecimientos en Oriente Próximo en los meses venideros. 
Hamás va a participar en dichas elecciones y se espera que salga airosa. 
Es hora de que la Unión Europea, entre otros organismos, convenzan y alienten a todo el mundo en el lado palestino de que solo existe un camino: el camino elegido por cauces políticos y democráticos, que es incompatible con la lucha armada o con el terrorismo. 
Además, la vieja y la nueva guardia de Al Fatah encontrarán su forma peculiar de expresarse durante las elecciones legislativas. 
Esa es la razón por la que las elecciones tienen que ser libres y limpias: libres de cualquier limitación por parte de Israel, y libres de toda manipulación desde el interior. 
Los palestinos tienen que poder hacer campaña y votar libremente en Jerusalén Oriental. 
Espero que los observadores internacionales, incluida nuestra propia misión parlamentaria, puedan realizar su trabajo libremente, sin impedimentos ni intimidaciones. 
Las elecciones israelíes también son muy interesantes porque ahora existe una nueva esperanza, generada por la decisión de Ariel Sharon de abandonar el Likud y formar un nuevo partido político, junto con otras personas, entre ellas Simón Peres. 
Las encuestas de opinión han venido reflejando que es posible que, por fin, contemos con un Gobierno israelí estable en una Knesset verdaderamente pluralista, en vez de fragmentado en muchas facciones. 
De las encuestas de opinión resulta evidente que la opinión pública israelí está abrazando nuevas ideas, alentando un futuro pluralista, realista, seguro y pacífico, sin las rígidas posturas del pasado. 
Lamentablemente, la enfermedad del señor Sharon constituye un motivo de consternación para todos nosotros, pero confiemos en la sociedad israelí. 
Dentro del contexto de Oriente Próximo, no podemos ignorar las interferencias externas debidas a factores como Irán, Hezbolá y a otros factores interconectados, y hemos de permanecer despiertos y atentos. 
Es perentorio que los asesinos de Rafiq Hariri sean puestos a disposición de la justicia. 
– Señor Presidente, señora Comisaria, la elección de un Parlamento palestino democrático y la constitución de instituciones democráticas son requisitos indispensables para la creación de un Estado palestino viable y soberano que viva en paz y seguridad al lado de un Israel seguro, pacífico y democrático. 
Las fuerzas progresistas y Moderadas de Palestina deben impedir el avance de todas las fuerzas que alimenten la violencia ciega y los enfrentamientos, y decir no a las fuerzas que niegan la existencia del Estado de Israel. 
Son estas fuerzas palestinas extremistas las que socavan toda perspectiva para la creación de un Estado palestino. 
El sistema político palestino tiene lugar para todas las organizaciones políticas. 
Sin embargo, tiene ese lugar sin armas, sin planteamientos paramilitares, sin acciones terroristas. 
Es necesario que la Unión Europea y usted, señora Comisaria intervengan inmediatamente –y lo pido en esta ocasión– para que se libere a la candidata al Parlamento Palestino por Jerusalén, la señora Khader, que fue detenida y se encuentra actualmente en prisión. 
Debe ser liberada de inmediato y pedimos su liberación sin demora. 
Quisiera abordar dos temas importantes relacionados con la paz en Palestina y Oriente Próximo. Usted, señora Comisaria, ha mencionado uno de ellos: la grave situación económica y social del pueblo palestino que vive en Gaza y en la Cisjordania ocupada. 
Su contribución sin duda será importante para solucionar esta situación. 
Sin embargo, no puede haber paz con la pobreza, la desesperación y la marginación del pueblo palestino. 
Esta pobreza, esta marginación es el mejor aliado de las organizaciones paramilitares extremistas. 
La segunda cuestión se refiere a las tácticas inadmisibles que las autoridades israelíes siguen aplicando en los territorios palestinos ocupados, sobre todo en Jerusalén oriental. 
Los asentamientos ilegales continúan, así como la anexión de hecho de territorio, la construcción del muro y la compra forzosa de propiedades palestinas. 
El 7 de noviembre, el Consejo de Ministros adoptó una serie de decisiones en relación con Jerusalén oriental. 
El 12 de diciembre se volvió a debatir la cuestión de Jerusalén oriental. 
Considero que la Unión Europea debería adoptar medidas inmediatas en respuesta a estas tácticas inaceptables de los israelíes. 
No debemos fomentar la radicalización de las organizaciones palestinas extremistas y, en este aspecto, Israel tiene gran parte de responsabilidad. 
Señor Presidente, estos momentos constituyen una oportunidad importante para los pueblos palestino e israelí. 
Espero que las elecciones de la semana próxima se traduzcan en que Hamás salga elegido y obtenga representación. 
Europa tiene que decidir cómo tratar con esta organización. 
No podemos excluirla, y de hecho hay que animar al Gobierno israelí a que acepte la voluntad del pueblo palestino con respecto a quienes elijan como sus representantes, al margen de la dificultad que eso entrañe para los israelíes, y pienso desde luego que va a resultar difícil. 
Tenemos que negociar con Hamás después de las elecciones en cuanto a las condiciones para alentar el abandono completo de los medios violentos en pro de la consecución de sus objetivos políticos. 
El Gobierno israelí tiene que entender que los misiles, las demoliciones, los muros de segregación y los asesinatos no le van a garantizar o reportar una paz duradera. 
Es necesario el diálogo político con el enemigo, de lo contrario no habrá paz. 
Sobre todo, el Gobierno actual de Israel tiene que comprender que una paz sostenible no resulta posible sin un Estado palestino sostenible. 
Un Estado palestino «estilo queso suizo» en Cisjordania, con los israelíes controlando el queso y los palestinos controlando los agujeros, no va funcionar y no va a reportar la paz a Israel a la larga. 
Lo que hasta ahora ha brillado por su ausencia es el respeto mutuo por los derechos del otro y por la humanidad del de enfrente. 
Hemos de trabajar para garantizar que se desarrollen esos dos aspectos de una solución política en Oriente Próximo. 
. Señor Presidente, permítame dar las gracias a los diputados por un debate tan amplio e interesante. 
Oriente Próximo es un asunto sobre el que podría hablarse durante horas, pero me voy a limitar a comentar los puntos más importantes. 
En primer lugar, el señor McMillan-Scott ha planteado la cuestión de financiar una cámara para el Consejo palestino. 
Hemos de esperar al resultado de las elecciones y ver qué Gobierno se forma; volveré sobre la cuestión de Hamás en breve. 
Luego tendremos que consultar a los propios palestinos para conocer sus demandas y ver en qué podemos apoyarles. 
Dependerá de ese planteamiento conjunto el que podamos apoyar tal cámara. 
No la excluyo de plano, pero realmente corresponde a los palestinos solicitarlo. 
En segundo lugar, usted también ha preguntado cómo podemos apoyar el proceso de democratización. 
Creo que nuestra política de vecindad y el plan de acción constituirían la mejor base para dicha democratización ulterior, para el Estado de Derecho, que es uno de los asuntos centrales y uno sobre el que insistimos con mucho énfasis. 
Durante todo un año hemos mantenido unas relaciones mucho mejores con los israelíes; por una parte, porque el Primer Ministro Sharon ha cumplido su palabra de retirarse de Gaza –lo cual ha supuesto un paso adelante– y, por otra, debido al plan de acción, en el que los israelíes están sumamente interesados. 
He mantenido una conversación extensa con el Primer Ministro Olmert sobre ese tema. 
Se muestran muy interesados en hacer algo. 
En cuanto a su tercera pregunta, yo diría que estamos muy preocupados por la sentencia contra el señor Aymar Nour, el jefe del principal partido de la oposición en Egipto. 
La Comisión ha brindado todo su apoyo a la declaración de la troika hecha pública por la Unión Europea inmediatamente después de la sentencia. 
Realizaremos un seguimiento del caso en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el 30 de enero y, posteriormente, durante nuestras negociaciones en curso sobre el plan de acción con Egipto, unas negociaciones que, conviene decirlo, no se presentan sencillas. 
Volviendo a Hamás, sé que una de las cuestiones centrales gira en torno a la composición del Gobierno después de las elecciones. 
Las encuestas arrojan un porcentaje de votos comprendido entre el 30 y el 40 % a favor de Hamás. 
Consecuentemente, he manifestado con toda claridad que vamos a trabajar con cualquier Gobierno que busque la paz por medios pacíficos y que respetaremos asimismo los principios recogidos en nuestros dos principales acuerdos. 
Uno es el Acuerdo de Asociación interino. 
Como ya he dicho, la democracia y el Estado de derecho constituyen los principios básicos que todos defendemos. 
En segundo lugar está el plan de acción, en el que se contempla un compromiso claro respecto de la hoja de ruta. 
El propio Presidente Abbas ha dejado muy claro que la aceptación de los Acuerdos de Oslo y la hoja de ruta forman la base para la participación en el futuro Gobierno. 
Sé que el Gobierno israelí es muy claro y firme en cuanto a determinados asuntos que exige de un futuro Gobierno palestino. 
Nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con ambas partes en estos temas, ya que sabemos lo delicados y esenciales que son para conseguir un progreso en tales asuntos sobre los que todos estamos de acuerdo: la libre circulación de personas y mercancías para los palestinos, respecto de lo cual he anunciado la posibilidad de seguir adelante con el aeropuerto, donde estamos iniciando los procedimientos de contratación pública a fin de permitir un mayor acceso a las personas y las mercancías. 
Al propio tiempo también es importante ver cómo se puede formar Gobierno en Israel. 
Coincido con mi compañero chipriota, señor Kasoulides, en que se está originando también una situación interesante en el lado israelí. 
Incapacitado de momento el Primer Ministro Sharon, el Primer Ministro en funciones Olmet se ha hecho cargo del poder de una manera pragmática favorable a Europa –eso es lo que ha manifestado claramente–, pero de una manera que le permita apoyar la cuestión de la seguridad, que es el tema primordial para cualquier Primer Ministro en Israel. 
Esperemos que las cosas evolucionen en la dirección correcta. 
No quiero interferir en ninguno de estos procesos; todavía estamos a dos meses de las elecciones israelíes. 
Lo importante es que en el futuro haya un liderazgo que sea solvente, capaz y esté dispuesto a perseguir este objetivo. 
Estoy de acuerdo con quienes afirman que, como se ha expuesto de forma muy rotunda en el Cuarteto, tenemos que pronunciarnos con suma claridad acerca de la cuestión de los asentamientos, del muro de separación. 
El informe del Consejo –ha sido una decisión del Consejo, dicho sea de paso– no se ha publicado, pero la prensa ya se ha hecho eco del mismo, así que todo el mundo sabe lo que contiene. 
Por último, lo importante para nosotros va a ser trabajar muy estrechamente con ambas partes ya que, como bien han dicho otros muchos, el conflicto palestino–israelí afecta en gran medida la estabilidad de toda la región. 
La situación en Iraq y la inminente situación conflictiva con Irán no contribuyen a mejorar la estabilidad de la región. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todos los seres humanos tenemos el derecho de vivir en paz, a vivir en democracia y a la propia vida. 
Por ello, las facciones extremistas deben comprender que ninguna nación puede ser borrada del mapa. 
Esto es algo que ya se intentó anteriormente, incluso en Europa. 
Afortunadamente, dichas tentativas no tuvieron éxito, si bien provocaron indecibles sufrimientos y tragedias de magnitudes sin precedentes. 
En esta fase de la historia de Oriente Próximo, deberíamos centrarnos en las elecciones en Israel y los territorios palestinos. 
Esperemos que los resultados de estas elecciones permitan a ambos pueblos aproximarse a una solución pacífica. 
En estos momentos, la Unión Europea debe concentrarse en el contexto político. 
La Política de Vecindad, las infraestructuras, la educación y los asuntos sociales son sin duda importantes, pero la clave para llegar a una solución permanente reside en la política. 
A menos que se resuelva la situación política, no se avanzará en el camino hacia la paz en Oriente Próximo. 
La situación en Oriente Próximo continúa siendo motivo de preocupación, y tiene una importancia directa para nosotros en Europa dada la dependencia energética de la UE respecto de las potencias extranjeras, por mucho que mi país, Escocia, se encuentre en la situación privilegiada de ser un exportador neto de energía. 
Las reformas políticas emprendidas en algunos países de Oriente Próximo constituyen motivo de aplauso, y la UE podría hacer más para apoyar el crecimiento de la democracia en dichos países. 
La tensión actual entre la UE e Irán acerca de la reanudación del programa nuclear iraní solo puede resolverse a largo plazo mediante el diálogo, y si aspiramos a la posición de intermediario honesto, hemos de esforzarnos por no aplicar criterios de doble moral en nuestras negociaciones con Irán. 
Les comunico que la Conferencia de Presidentes acaba de aprobar sus propuestas acerca de la composición de la Comisión de Investigación sobre la Crisis de y de la Comisión Temporal sobre la Presunta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos. 
Estas propuestas han sido enviadas a todos los diputados por correo electrónico y están ya en la página web del Parlamento. 
El plazo para la presentación de enmiendas concluye esta misma mañana, a las 10.30 horas, y la votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
El siguiente punto es el informe de la señora Estrela, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa desde la perspectiva del género (2004/2219 (INI) ) (A6-0402/2005). 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la igualdad entre los géneros no ha ocupado un lugar de vanguardia en la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
No obstante, sin la participación activa de las mujeres, la Agenda de Lisboa está condenada al fracaso. 
Desgraciadamente, resulta evidente que la dimensión de género está ausente del discurso europeo y, lo que es más importante, de las actuaciones políticas. 
La mayoría de los documentos elaborados por las instituciones europeas y los Estados miembros adoptan en gran parte una perspectiva masculina. 
Resulta inaceptable que, en el siglo XXI y diez años después de la Plataforma de acción de Pekín, las mujeres sigan sufriendo todo tipo de discriminaciones –ya sea en el trabajo, en la familia, en la política o en la sociedad en general– y que no se haya logrado aún conciliar la vida familiar con la vida laboral, a pesar de que se reconozca que la vida familiar es el principal factor que mantiene a las mujeres alejadas del mercado de trabajo. 
La tasa de desempleo es del 10 % entre las mujeres y del 8,3 % entre los hombres. 
Las mujeres reciben salarios más bajos, a pesar de estar mejor cualificadas; un 58 % de las licenciaturas y un 41 % de los doctorados están en manos de mujeres. 
La política, la economía y la sociedad en general deben darse cuenta de que la conciliación entre los distintos ámbitos de la vida de la mujer constituye una cuestión de gran importancia política y social. 
La maternidad no debe ser considerada un problema para las empresas y la economía., Lejos de ser un problema es, de hecho, un servicio prestado a la sociedad que ayuda a luchar contra las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de la población, así como a garantizar la sostenibilidad del régimen de seguridad social. 
Por ello es crucial que las mujeres no sean penalizadas por la maternidad. 
Sin embargo, la verdad es que las mujeres no avanzan en su carrera profesional, no reciben bonificaciones de productividad de forma periódica, no reciben parte de los beneficios de la empresa y tienen que aceptar puestos menos importantes y menos gratificantes desde una perspectiva profesional. Peor aún: cuando los trabajadores de ambos sexos ven que sus jefes se muestran más comprensivos con aquellos que desean salir antes de la hora para recoger el coche que con aquellos que desean hacer lo mismo para recoger a sus hijos de la escuela, esta actitud pone de manifiesto la mentalidad de quienes tienen en sus manos el poder económico y la infravaloración de que son objeto las tareas encomendadas tradicionalmente a las mujeres. 
Asimismo hay que recordar que la sociedad está organizada de acuerdo con ideas masculinas. 
Son ellos los que fijan los horarios sin tener en cuenta que hay que recoger a los niños de la escuela y que es necesario llenar la nevera para que la familia pueda comer. 
Este es un problema general, no solo de las mujeres. 
Es necesario adoptar las políticas necesarias para estimular el reparto de las tareas del hogar. 
Por ese motivo, los padres deberían tener el derecho inalienable a un permiso parental tras el nacimiento o adopción de un hijo, sin perder derechos laborales. 
Se ha demostrado que el reparto de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres constituye el primer paso hacia la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral que tanto necesitamos. 
Con el mismo derecho a desarrollar una carrera profesional que los hombres, las mujeres no deben verse obligadas a hacer el mismo trabajo que los hombres fuera del hogar y tres veces más que ellos en casa. 
La participación de la mujer en el ámbito político, social y económico es un factor indispensable para el progreso social. 
La igualdad entre los géneros es un tema sumamente moderno y contemporáneo que debe formar parte de la agenda política cotidiana de la UE. 
Uno de los principales objetivos de la UE debería ser la igualdad en la representación dentro de los órganos que toman las decisiones políticas. 
La integración de la mujer en el proceso decisorio es una necesidad actual y un requisito absoluto para fortalecer la democracia. 
Ha llegado la hora de dejar atrás la idea de que las mujeres pueden trabajar, pero no pueden tomar decisiones. 
El camino es largo y está lleno de obstáculos, pero debemos avanzar por él sin perder un instante más. 
La mujeres no pueden esperar generaciones para que las mentalidades cambien y el sistema se ajuste por sí mismo. 
Deben actuar y luchar por el derecho a la igualdad con los hombres, tanto en la vida pública como en la privada, porque nadie cede voluntariamente el poder que ha detentado durante siglos. 
Una cosa es segura, quien tiene privilegios, no desea perderlos; nadie abandona el sillón en el que se encuentra cómodamente sentado a menos que se le exija hacerlo. 
La historia nos muestra que los hombres no suelen mostrar su tradicional caballerosidad en esas circunstancias. 
Este informe pretende solucionar algunos de estos problemas. 
Por ello pido al Parlamento que apruebe este informe, y espero que una vez adoptado, la Comisión y los Estados miembros tengan en cuenta las propuestas y recomendaciones que recoge. 
Me gustaría aprovechar esta ocasión para manifestar mi agradecimiento por la colaboración de la unidad de política, de la secretaría de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de sus Señorías que han presentado enmiendas. 
Gracias a todos ustedes. 
. Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar a la ponente por su informe y por la propuesta de resolución sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa desde la perspectiva de género. 
Representa una contribución muy útil a nuestra Agenda común por el crecimiento y el empleo. 
Pone usted de manifiesto con claridad y energía lo que la política de igualdad entre el hombre y la mujer puede aportar a la Estrategia de Lisboa. 
En efecto, la persistencia de diferencias importantes entre las mujeres y los hombres es muy preocupante. 
Es esencial proseguir nuestros esfuerzos y consolidar la integración de la dimensión de género en todas las políticas, el «gender mainstreaming». 
La necesidad de atajar las disparidades entre mujeres y hombres en materia de empleo o formación y, en particular, las diferencias en las remuneraciones y sus causas debe estar en el centro de nuestras preocupaciones. 
Es importante atajar las desigualdades estructurales entre los hombres y las mujeres, a fin de garantizar una participación igual de todos en la vida económica y social, lo que pasa por una mejor aplicación del Derecho comunitario. 
Pero es importante abordar el conjunto de factores que dan lugar a estas diferencias, por ejemplo el predominio de las mujeres en sectores menos remunerados, la persistencia de los estereotipos, en especial en la enseñanza y la formación, o, como muy bien ha señalado usted, la dificultad de conciliar la vida profesional y la vida privada. 
Las cuestiones de conciliación entre vida profesional y vida privada son un elemento clave en materia de igualdad. 
Deben abarcar todos los aspectos posibles: cuidado de los niños y personas dependientes, ordenación del tiempo de trabajo, nuevas formas de trabajo, etcétera. 
Y los hombres deben participar plenamente en las medidas de conciliación. 
También se destaca el deber de gobernanza que nos incumbe, en particular mediante una buena coordinación de las distintas políticas, la cooperación entre instituciones y con los agentes competentes, y un seguimiento estadístico y analítico de nuestras políticas. 
La Comisión comparte plenamente esos puntos de vista, como testimonia el informe anual sobre la igualdad entre mujeres y hombres que presenta desde 2004 a la cumbre de primavera. 
El informe plantea todos esos puntos como prioridades de acción para el futuro. 
El compromiso de la Comisión en materia de igualdad entre hombres y mujeres se reflejará asimismo en el plan de trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres que la Comisión presentará próximamente. 
En ella pondrá de manifiesto, en particular, la cuestión de la gobernanza, cuya importancia ha destacado usted con gran utilidad. 
Por otra parte, la Comisión lleva a cabo un seguimiento permanente de la política de igualdad a través de análisis y estudios, así como mediante la elaboración de estadísticas específicas. 
Periódicamente se encargan estudios a expertos, y esos estudios se publican. 
En 2005 se realizó, en particular, un estudio sobre la conciliación entre la vida profesional y la vida privada. 
Por último, la Comisión analiza los programas nacionales de reforma de los Estados miembros desde la perspectiva de género a fin de aportar una contribución importante al capítulo de «empleo» del informe anual de seguimiento. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero felicitar a la señora Estrela por la excelente labor que ha llevado a cabo con este informe. Este forma parte de los trabajos iniciados con la Estrategia de Lisboa y, en mi opinión, destaca un hecho de importancia extraordinaria para los hombres y las mujeres en general, y para las mujeres en particular, a saber, el ambicioso objetivo de alcanzar el pleno empleo en Europa de aquí a 2010. 
Este objetivo se fijó porque solo así Europa podrá garantizar el Estado de bienestar para sus ciudadanos, que es parte de su historia y de su cultura, y que constituye uno de sus mayores logros. 
Ese es el primer tema que deseaba destacar. 
El segundo se refiere al objetivo de pleno empleo –una tasa de empleo del 70 % en Europa– teniendo en cuenta que algunos países del norte de Europa, al igual que los Estados Unidos, ya han superado esa meta. Y no cabe duda de que la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo no es solamente lo que desean las mujeres, sino lo que necesita toda nuestra Comunidad. 
El informe de la señora Estrela, que nosotros hemos propuesto y que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha adoptado, promociona la contribución de la mujer para alcanzar este objetivo. 
En primer lugar, al hacer hincapié en las estadísticas que han modificado nuestro planteamiento para evaluar los datos. 
Me felicito sobremanera de que en muchos países se empiece a hablar de «tasas de empleo» en lugar del maleable concepto de «tasa de desempleo» , lo que indica un punto de partida importante, al igual que disponer de estadísticas de gran precisión sobre todas las actividades relacionadas con el trabajo y sobre el papel de la mujer en el mercado laboral representará una importante inflexión. 
La cifras del empleo siguen siendo preocupantes. 
Resulta evidente que lo sucedido en Europa en estos últimos cuatro años no ha contribuido a alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Algunos factores han tenido sin duda un efecto negativo sobre el empleo, como las diferencias salariales, que sin duda no contribuyen a que las mujeres que no necesitan trabajar opten al empleo, y la necesidad de la formación permanente, en particular para las mujeres mayores, las cuales, al igual que los hombres mayores, se encuentran entre los excluidos del lugar de trabajo. 
No obstante, creo que esta resolución constituye una contribución importante a la Estrategia de Lisboa y que con los recursos –aún inexistentes– nos ayudará a alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Grupo Socialdemócrata ha asumido la tarea de redactar el informe de iniciativa propia de la señora Estrela y de llevar a cabo la revisión a medio plazo, y ha descubierto que la dimensión de género se queda corta en la Estrategia de Lisboa. 
Ya se ha mencionado la consigna «salario igual por trabajo igual». 
Esa consigna figura desde hace años sobre el papel, pero no ha sido puesta en práctica. 
La realidad es una diferencia media entre el 15 % y el 30 % a escala de la UE. 
Las cosas no pueden seguir así. 
En las empresas, las mujeres casi no ocupan puestos ejecutivos. 
Incluso tenemos algunos buenos modelos fuera de la Unión Europea, como el de Noruega. 
En ese país, el Gobierno ha promulgado una Ley que exige que un 40 % de los miembros de los consejos de administración de las empresas cotizadas en bolsa sean mujeres. 
Tenga el valor de tomar iniciativas de este tipo, señor Comisario, e intégrelas en la hoja de ruta. 
La demanda de independencia no debe figurar únicamente sobre el papel. 
Los interlocutores sociales deben mostrarse más activos en este ámbito. 
Estoy harto de oír que ello se debe a la cualificación de las mujeres. 
Como ya se ha dicho aquí, actualmente las mujeres están mejor cualificadas y el número de licenciadas es muy superior al de licenciados, y a pesar de ello no hemos roto las barreras que impiden a la mujer ascender. 
Por lo tanto no debería haber motivo alguno para que las mujeres no avanzaran, y tengo que decir que existe una falta de voluntad política en este aspecto. 
Una y otra vez se ha hablado mucho de buena fe, tanto en esta Cámara como en la Comisión. 
¿Dónde está entonces la pega? 
¿Por qué las mujeres no logran –incluso en la política– el avance decisivo? 
El informe de la señora Estrela contribuye a agitarnos una vez más y a cambiar el papel del hombre. 
La conciliación de la vida familiar con la vida laboral y la integración de las cuestiones de género en las políticas no son algo que corresponda únicamente a las mujeres. 
Por ello le pido que aumente la presión. 
Pido a la Comisión que, por fin, presente la ruta a seguir y que no se limite a describir una vez más los hechos, sin mostrarse valiente y avanzar. 
El nuevo Instituto Europeo de la Igualdad de Género será un paso muy importante y valiente, pues nos permitirá demostrar que Europa se toma en serio la igualdad. 
Por ello le pido que traduzca sus palabras en actos. 
El Modelo de Lisboa y la Estrategia de Lisboa solo pueden tener éxito si se integra plenamente a la mujer en ellos. 
. Señor Presidente, efectivamente la Estrategia de Lisboa, refundida en Gotemburgo con la estrategia de desarrollo sostenible, persigue como objetivo lograr el crecimiento económico, la cohesión social y la reducción de la pobreza en la Unión y, para ello, establece que los tres pilares complementarios en los que debe basarse son el económico, el social y el medioambiental. 
Los tres son igualmente importantes, señor Comisario. 
Teniendo en cuenta que la inclusión social dentro de la Estrategia de Lisboa se refiere específicamente a las mujeres, celebro y felicito a la señora Estrela por su informe, porque supone una excelente oportunidad para recordar al Consejo y a la Comisión la necesidad de impregnar todas las políticas de la Unión de una dimensión transversal en cuanto a la perspectiva de género. 
Tal y como explícitamente se dice en el informe, se precisa una mejor coordinación entre la política de enfoque integrado de la igualdad entre las mujeres y los hombres, por un lado, y la Estrategia de Lisboa, por otro, con objeto de tener en cuenta sistemáticamente la perspectiva de género en la realización de los ambiciosos objetivos de Lisboa, en particular en las grandes orientaciones de las políticas económicas, en las líneas directrices para el empleo, en la política medioambiental −léase Directiva REACH−, en la política del mercado interior −léase Directiva Bolkestein sobre servicios− y, finalmente, en las políticas de integración de las personas inmigrantes. 
Por otro lado, resulta también obvia la vinculación entre la Plataforma de Acción de Beijing y la Estrategia de Lisboa, por lo que la necesidad de aprovechar el potencial productivo de los trabajadores y trabajadoras europeos es clave para el cumplimiento de ambas agendas. 
Por último, como ya se ha dicho también, apoyamos la enmienda presentada por las compañeras Gröner y Estrela en la que se pide a la Comisión que haga de la conciliación de la vida laboral y de la vida privada una de sus prioridades en la hoja de ruta para la igualdad entre hombres y mujeres, que en estos momentos está en discusión, y que revise, en colaboración con los Estados miembros, los interlocutores sociales y otros actores, la Directiva 96/34/CE en lo que respecta a su idoneidad y eficacia. 
Dicha revisión debería centrarse en cómo mejorar la situación de las mujeres y los hombres a fin de lograr la conciliación de la vida laboral y familiar, tanto para ellas como para ellos, lo cual sería un factor fundamental para conseguir la igualdad de género en todos los aspectos de la vida. 
Señor Presidente, los dirigentes de la UE han prometido actuar de forma decisiva para erradicar la pobreza de aquí a 2010, pero cubierta más de la mitad del período de diez años de la Agenda de Lisboa, no ha ocurrido tal cosa. 
A la vista de lo anterior, la promesa de la Agenda de Lisboa de abordar la igualdad de género ha de enjuiciarse con un cierto grado de escepticismo. 
El informe de la señora Estrela plantea medidas prácticas para garantizar la igualdad de género, incluidas las oportunidades de empleo para las mujeres, y le doy las gracias por su excelente labor. 
La creación de oportunidades de empleo no consiste en proporcionar a las mujeres puestos de trabajo escasamente remunerados o con condiciones laborales menos favorables. 
Tales oportunidades deben poseer en esencia igualdad para las mujeres al nivel de las equivalentes para los hombres. 
Por término medio existe una diferencia de remuneración del 15 % en toda la UE, pero en un estudio reciente en mi país, Irlanda, se ha puesto de manifiesto que la diferencia salarial achacable al género ha crecido: ha aumentado para las mujeres, a pesar del crecimiento económico de Irlanda. 
A las mujeres irlandesas se les paga un 17 % menos que a los hombres por el mismo trabajo, así que está claro, tal como afirma la señora Estrela, que el crecimiento y los puestos de trabajo por sí solos no van a traer la igualdad de género. 
El Presidente Barroso informó ayer al Parlamento sobre su compromiso con la hoja de ruta para la igualdad de género, que se ocupa entre otras cosas del empleo y la reducción de la diferencia de remuneración. 
Le recomiendo el informe de la señora Estrela a él y al Comisario Michel como base válida para avanzar en este campo. 
El énfasis actual por alcanzar el crecimiento a costa de la inclusión social, de las condiciones laborales y de la protección medioambiental no va a conducirnos desde luego en dirección a una mayor igualdad de género. 
Esa hay que abordarla mediante una acción real y no simplemente con palabras. 
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Señor Presidente, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en Lisboa y adoptaron la estrategia homónima, actuaron como si fueran directores de empresas de producción. 
Según esta Estrategia, la Unión Europea debía convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, y superar a los Estados Unidos de América. 
Uno de los objetivos a largo plazo era un aumento de la tasa de empleo al 70 %. 
Para ello se elevaría la edad de jubilación, privando así a los ciudadanos al retiro reposado al que tienen derecho. 
Otro de los objetivos es utilizar mejor el capital humano mediante el incremento de la productividad de los trabajadores. 
Los propios europeos se oponen a ello, pues desean tener más tiempo libre y vacaciones más largas. 
Algunas de sus Señorías conocen muy bien este tipo de presiones. 
Esa era una de las características de la época del comunismo soviético, sobre todo en los años cincuenta. 
Las personas trabajaban muy duro para alcanzar un 200 % del objetivo fijado, tan solo para morir de extenuación antes de que les otorgasen alguna medalla póstuma. 
Ahora, en aras de la igualdad entre los géneros, las mujeres deben salir a trabajar, en lugar de educar a sus hijos. 
La Estrategia pide la creación de guarderías para al menos un 90 % de los niños mayores de tres años, y para al menos un 30 % de los menores de tres años. 
Desgraciadamente, todos conocemos demasiado bien los resultados de un experimento parecido que tuvo lugar durante el período más oscuro y más insensato del socialismo. 
La sociedad tiene que comprender que ninguna institución podrá remplazar a la madre cuando se trata de cuidar a niños pequeños de hasta siete años de edad. 
Únicamente una madre puede ofrecer el cariño que es necesario para el buen desarrollo del niño. 
Por ello sería preferible que la Estrategia contemplara el pago de un salario y derechos de jubilación para las madres que se dedican a la educación de sus hijos. 
De este modo se contribuiría a reducir el desempleo. 
Y lo que es más importante, sería la mejor inversión que podemos hacer en nuestro futuro, porque los niños y los jóvenes son nuestro futuro. 
Nos oponemos a que las personas sean tratadas simplemente como unidades de trabajo y a la explotación de la mujer. 
Las mujeres deberían gozar de una protección especial, ya que son ellas las que dan a luz y educan las nuevas generaciones. 
– Señor Presidente, en el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la Unión Europea se fijó el ambicioso objetivo de alcanzar en 2010 una tasa de empleo femenino del 60 %. 
Apoyo plenamente estas ambiciones, esperando sobre todo que no sean en vano, porque en materia de igualdad entre hombres y mujeres se han avanzado muchas ideas, se han elaborado muchos planes y redactado muchos expedientes e informes, pero se han visto pocos resultados concretos. 
Las disparidades sociales, salariales y profesionales siguen estando de actualidad en Francia, pero también en el resto de Europa. 
Ya se trate de la mejora de los servicios de guardería –en especial mediante un aumento del número de equipamientos disponibles– o de la promoción de nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, a fin de conciliar más fácilmente la vida profesional, familiar y privada, todas estas medidas contribuyen a promover la igualdad entre hombres y mujeres de un modo mucho más eficaz que la aplicación forzada y sistemática del concepto de no discriminación, preconizado por algunos grupos de presión feministas muy activos en el Parlamento Europeo y que invocan en cada ocasión y siempre con fines muy ideológicos. 
Me complace decir que el informe de mi colega, la señora Estrela, va en este sentido. 
Todas y todos saldremos ganando si demostramos pragmatismo y sentido común. 
Por último, me parece muy importante tener en cuenta también las peculiaridades culturales y étnicas, que muy a menudo representan un freno a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
– Señor Presidente, señor Comisario, esta no es la primera vez que debatimos los problemas de la participación de las mujeres en el proceso productivo y sus consecuencias para nuestro progreso y la cohesión social. 
No obstante, esta es la primera vez que contamos con un planteamiento integral y general para esta cuestión, como el que figura en el informe de la señora Estrela, que destaca la importancia de la dimensión de género para alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Quiero dar las gracias a la señora Estrela por su iniciativa y su labor, así como a los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades que participaron en esta tarea. 
Otros oradores han hablado de la discriminación y de los problemas a los que las mujeres se enfrentan actualmente en el mercado de trabajo, como su acceso y destino, así como de los problemas específicos a los que hacen frente los grupos vulnerables de nuestra sociedad, como las inmigrantes y las mujeres mayores. 
Hoy día podemos darnos cuenta que ningún modelo social de la Unión Europea ha abordado esta cuestión con éxito notable. 
Sin embargo, sería conveniente estudiar e investigar detenidamente las distintas experiencias, a fin de poder utilizarlas a la hora de elaborar las directrices políticas de la Unión Europea y en los esfuerzos que realizan los Estados miembros. 
Es por ello por lo que me gustaría pedir a la Comisión Europea que abordará la cuestión de los diferentes conceptos y métodos que se emplean para calcular la participación en el mercado de trabajo. 
No todos tenemos la misma definición de desempleo, desempleo estacional y desempleo de larga duración. 
Por ello tenemos que abordar estos conceptos con la mayor uniformidad posible a fin de que podamos registrar la situación real y dar a nuestra tarea su verdadera dimensión y la dirección correcta, tanto en la Unión Europea como en los Estados miembros. 
De forma similar, la Comisión debería tener en cuenta las importantes diferencias de concepto y de políticas en materia de permiso parental, el uso de los derechos, etc. No podemos hablar de esfuerzos para alcanzar los objetivos de Lisboa, cuando existen tantos conceptos y planteamientos distintos en los Estados miembros. 
Asimismo me gustaría hacer hincapié en la importancia que debemos conceder a la propuesta de adoptar un planteamiento colectivo y general en la cuestión de la mujer, propuesta que figura en el informe Estrela. 
Su integración, que es una filosofía de la Unión Europea, debe llevarse a cabo en todas las políticas y evaluaciones de los planes de acción, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros. 
Por último, me gustaría pedirle que esta integración se efectúe en las evaluaciones que realiza la Comisión Europea de los avances hacia los objetivos de Lisboa y en las evaluaciones de los distintos fondos. 
Nuestra comisión parlamentaria será su aliada en esta tarea. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la señora Estrela, que ha realizado un trabajo excelente y en el que espero pueda usted inspirarse, señor Comisario. 
¿Cómo se puede seguir pretendiendo convertir la economía de la Unión Europea en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo de aquí a 2010 sin erradicar las disparidades persistentes entre mujeres y hombres? 
A mitad de camino de la Estrategia de Lisboa, no podemos sino constatar, por desgracia, el fracaso en la realización de sus objetivos. 
La dimensión de género no puede quedarse acantonada en unos pocos ámbitos de dicha Estrategia. Es un elemento inevitable, horizontal y transversal, que no se reduce a un ejercicio consistente en tachar casillas en el marco de una evaluación de impacto. 
Requiere concentrarse en los sistemas y las estructuras que crean y mantienen las desigualdades y acentúan las diferencias. 
El desempleo de las mujeres es tres puntos más alto que el de los hombres. 
El 33 % de las mujeres trabajan involuntariamente a tiempo parcial frente a un 6 % de los hombres. 
Para un mismo trabajo, las diferencias salariales oscilan entre el 6 % y el 30 %, cuando la igualdad de trato es un principio fundamental del Derecho comunitario desde 1957. 
Si Europa quiere alcanzar sus objetivos de crecimiento y empleo, sería hora de cambiar las mentalidades. 
El tiempo de trabajo de las mujeres debe ser una elección y no un condicionamiento que las conduzca a una situación de precariedad. 
Es necesario optimizar el acceso de las mujeres a la formación a lo largo de toda la vida. 
Una voluntad política real debe conducir a la adopción de medidas destinadas a la familia, para que los hombres y las mujeres puedan conciliar la vida profesional, familiar y social: aumento del número de estructuras de cuidado de niños a costes asequibles y fomento de las licencias parentales para los hombres, para que puedan implicarse más en la educación de los hijos. 
Es urgente hacer de la perspectiva de género una prioridad absoluta y cumplir la promesa de una Europa basada en los valores de democracia, igualdad y justicia social para todos, tanto mujeres como hombres. 
Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa no debe limitarse a los objetivos de política económica, sino que debe recoger principios para reforzar la cohesión social y el desarrollo sostenible. 
Debemos tener muy claro que la igualdad entre los géneros debe desempeñar un papel importante en el proceso de Lisboa. 
Asimismo debemos dejar claro que los Estados miembros deben aplicar las directrices de Barcelona en materia de cuidados infantiles. 
La conciliación de la vida familiar y la vida profesional debe dejar de ser un sueño inalcanzable hecho de palabras vacías, para convertirse en un elemento de vanguardia del proceso de Lisboa. 
Asimismo debemos dejar claras las responsabilidades de los Estados miembros en este aspecto. 
Debemos señalar, no obstante, que es necesario examinar detenidamente muchas cosas, como los regímenes de seguridad social y de pensiones de los Estados miembros, que favorecen a las personas sin hijos y discriminan a las familias con hijos. 
Debemos tener el valor de examinar de una buena vez todo esto. 
Debemos prestar atención igualmente a las diferencias salariales entre los géneros que aún existen en la Unión Europea, y que van del 15 % al 33 %. 
Este hecho debe llevarnos a hacer más a favor de la igualdad entre los géneros dentro de la Unión Europea. 
Además, debemos dejar claro que, aparte de los objetivos para mejorar los servicios de guardería, tenemos que luchar contra la enorme discriminación de la que todavía son objeto las mujeres a pesar de tener un nivel de formación superior al de los hombres; esta discriminación se refleja especialmente en las amplias diferencias salariales que existen en la Unión Europea. 
Asimismo debe concederse mucha más importancia a ofrecer una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo a fin de conciliar la vida familiar con la vida profesional. 
Somos conscientes de que las tendencias demográficas constituyen un problema enorme en la Unión Europea, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ofrecer estímulos en este sentido. 
Debemos dejar claro que tener hijos también da felicidad y enriquece la vida, y debemos ofrecer incentivos a las familias. 
No podemos permanecer impasibles cuando los subsidios por hijo y otros subsidios similares no son más que limosnas para las familias con hijos, las cuales sufren una discriminación evidente en los regímenes de seguridad social y de pensiones. 
– Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la realidad ha venido a confirmar nuestras frecuentes advertencias en el sentido de que la aplicación de la Estrategia de Lisboa solo daba prioridad a la liberalización y a la flexibilidad del mercado laboral. Este hecho, junto con el Pacto de estabilidad y crecimiento, está teniendo efectos negativos en el ámbito social, en particular para las mujeres. 
No basta con declarar que es necesario adoptar medidas urgentes para promover el empleo, para crear empleos de alta calidad y para la inclusión de la mujer a fin de alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Lo que necesitamos es dar marcha atrás a las políticas que ponen en peligro la igualdad de derechos y fomentan la discriminación de la mujer, sobre todo en el lugar de trabajo. 
Aparte del incremento del desempleo entre las mujeres que se han visto afectadas por la reestructuración y deslocalización de las empresas multinacionales y de los sectores industriales afectados por la liberalización del comercio interior, como el sector textil, de la confección, del calzado y muchos otros, los nuevos puestos de trabajo que se crean son cada vez más precarios, están mal pagados, son discriminatorios y no respetan los derechos de las trabajadoras. 
Aun así, se han presentado nuevas propuestas de directiva, dentro del ámbito de la denominada «Estrategia de Lisboa» , que podrían agravar la discriminación de la mujer, empeorar el desempleo y ahondar aún más la exclusión social. 
Entre ellas se encuentra la propuesta de directiva sobre la organización del tiempo de trabajo y la célebre Directiva Bolkestein relativa a la liberalización del sector de los servicios. 
Por ello no es posible seguir afirmando que se defienden los derechos de la mujer, al tiempo que se socavan sistemáticamente estos, ya sea a través de la líneas generales de la política económica, o bien a través de políticas y medidas destinadas a crear un mercado interior. 
Señor Presidente, Señorías, es sumamente importante que al menos las instituciones comunitarias y los Estados miembros tomen en consideración este informe. 
Señor Presidente, la Estrategia de Lisboa fijó el objetivo de alcanzar una tasa de empleo del 60 % para las mujeres en 2010, y una tasa de pleno empleo para todas las personas dispuestas a trabajar en 2010. 
Es algo que no se va a alcanzar. 
La Estrategia de Lisboa no es sino otra forma de perjudicar a las economías europeas a través de la interferencia estatal y el exceso de reglamentación. 
Este informe es representativo del enfoque socialista tan querido en este Parlamento. 
Diagnostica el problema, que estriba en que las economías de Europa tienen que ser más competitivas y que Europa está perdiendo a pasos agigantados su posición competitiva, pero luego se dedica a idear medidas que son irrelevantes o que verdaderamente vendrán a agravar el problema. 
El informe recomienda que los Estados miembros adopten medidas para asegurar que se garanticen unos ingresos mínimos para las mujeres más desfavorecidas, especialmente a las madres de familias monoparentales. 
¿Qué otra cosa podría estar mejor calculada para crear desempleo que garantizar unos ingresos mínimos por no trabajar? 
El informe afirma que los salarios y las condiciones de trabajo en muchos Estados miembros, sobre todo en las grandes cadenas comerciales, atentan contra la dignidad de las mujeres y a menudo son la causa de abortos espontáneos y discapacidades. 
No se aporta prueba alguna que sustente tan monstruosa afirmación. 
Puedo asegurarles que cualquier cadena comercial en Gran Bretaña que provocara abortos espontáneos y discapacidades tardaría muy poco en ser denunciada ante los tribunales. 
La mejor forma para garantizar el máximo empleo para las personas, hombres y mujeres, que quieren trabajar consiste en dejar de presionar a las empresas y suprimir reglamentaciones. 
Desde luego que debe existir igual salario por igual trabajo, y a fin de ayudar a los padres que desean quedarse en casa y cuidar de los hijos deberíamos reducir la carga fiscal a los padres que trabajan, al igual que deberíamos reducirla para todos los que deseen trabajar. 
Tales políticas jamás se darán en la UE de tendencia socialista, otra de las razones por las que Gran Bretaña debería abandonar la Unión Europea y emprender las acciones necesarias para garantizar la regeneración económica y la prosperidad mientras esté a tiempo de hacerlo. 
– Señorías, la Estrategia de Lisboa es un documento excelente, pero como el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, expuso al Parlamento Europeo, peca de falta de realismo. 
Es por ello por lo que me felicito de este informe y expreso mi agradecimiento a su autora, que intenta abordar en su texto las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros. 
¿Realmente estamos intentando determinar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, en un momento en que este proceso ya ha iniciado su segunda mitad? 
En la sección I del informe, la ponente hace referencia al Grupo de la Plataforma de Pekín. 
Resulta lamentable que yo haya sido la única representante de la UE que haya asistido a la Conferencia de Pekín que realizó la décima evaluación de la Plataforma de Pekín y su aplicación en la práctica. 
Lo que me preocupa es que este informe resulte ser uno de esos informes que describen con precisión la situación y condición de la mujer en los Estados miembros de la UE, ya sea en el ámbito del empleo, la situación social o la salud, pero cuyo fondo no se aplique en la práctica. 
Sin embargo, sigo abrigando la esperanza de que este informe no acabe en el archivo, y mi esperanza se ha visto reforzada por la Presidencia austriaca, que ha postulado la salud de la mujer entre su prioridades. 
Aquí encontramos, una vez más, otro problema, ya que los regímenes de asistencia sanitaria de los Estados miembros son, de conformidad con el principio de subsidiariedad, ámbito de competencia exclusiva de los Estados miembros. 
En vista de que sabemos que el sector sanitario de los Estados miembros de la Unión está siendo objeto de una reforma sumamente delicada, la protección de la salud debería coordinarse a escala comunitaria. 
Para que una mujer pueda cumplir su papel en la sociedad, goce de los mismos derechos en el lugar del trabajo y sea una buena madre, necesita gozar de buena salud. 
La protección de la salud de la mujer en una población que envejece debería ser una de las principales metas de la Estrategia de Lisboa, ya sea a través de exámenes preventivos para detectar el cáncer de mama o el cáncer de cuello de útero, o mediante la investigación de las causas de los nacimientos prematuros y de la creciente infertilidad. 
– Permítanme antes que nada expresar mi agradecimiento a la ponente, la señora Estrela, y a los ponentes alternativos y demás miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por la labor que han realizado para redactar este informe de iniciativa propia. 
El informe de Wim Kok nos ha convencido de que la Estrategia de Lisboa necesita una profunda revisión, incluso desde la perspectiva de la igualdad de género. 
No debemos olvidar las competencias de la mujer y el carácter especial de su importante papel, en un contexto que trasciende la economía de los Estados miembros. 
Para encontrar un equilibrio adecuado entre la vida laboral y la familiar es necesario que tengamos en cuenta la misión social que cumple la mujer para mejorar la situación demográfica de Europa. 
No debemos pasar por alto de modo alguno el trabajo no reconocido oficialmente e impagado que llevan a cabo las mujeres. 
Para ello debemos desarrollar la metodología correspondiente, junto con técnicas de evaluación e informes estadísticos. 
Estoy convencida de que el reconocimiento social y la remuneración económica de este trabajo mejorarán significativamente la situación económica y la condición social de la mujer. 
Permítanme recordar una de las conclusiones y objetivos que el Consejo Europeo formuló en marzo de 2000: pleno empleo en Europa, en una nueva sociedad más adaptada a las elecciones personales de mujeres y hombres. 
No basta con que todas las personas tengan un empleo. 
En los regímenes comunistas, la tasa de empleo era del 100 %, y sabemos cuál era el nivel de vida. 
No basta con que todos los ciudadanos sean capaces de utilizar ordenadores y de aplicar de forma eficaz la información de que disponen. 
El objetivo primordial de la Estrategia de Lisboa es de carácter económico, pero la estrategia solo podrá tener éxito si contribuye igualmente al avance cultural de Europa. 
El nivel cultural europeo no puede disociarse de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de género. 
Europa solo será creíble si las mujeres, hombres y niños que viven en ella no tienen que soportar una pobreza y una exclusión social extremas, y si sus ciudadanos pueden pensar de modo crítico, comprender los fenómenos sociales y comunicarse bien, es decir, de forma humana entre sí en su vida cotidiana. 
Señor Presidente, en el tercer milenio, una mujer tiene que tener la oportunidad de decidir si desea trabajar o quedarse en casa. 
Si opta por trabajar, tiene que ser juzgada de acuerdo a su rendimiento, no según su género. 
Las mujeres tienen la llave para alcanzar el objetivo global de la Estrategia de Lisboa de crear más crecimiento y puestos de trabajo en la Unión Europa. 
El aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral tiene que constituir una prioridad máxima para la UE. 
Unas tasas de participación más elevadas para las mujeres contribuirán a resolver los retos demográficos de Europa, así como a aumentar el crecimiento y la productividad. 
Sin embargo, estos avances tienen que ir de la mano de una mayor igualdad de género en el mercado laboral. 
La discriminación contra las mujeres, la segregación en el trabajo y la discriminación por motivos de embarazo siguen existiendo a gran escala. 
Además, la diferencia de remuneración en función del género se mantiene en toda Europa. Actualmente se encuentra en el 15 % para trabajos a tiempo completo, llegando a ser del 40 % en los trabajos a tiempo parcial. 
El Grupo del PSE confía en acciones puntuales para ayudar a promover el empleo de los grupos más vulnerables en nuestras sociedades, a saber, las mujeres de edad avanzada, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y las mujeres con discapacidad. 
El desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento plantea exigencias notables en cuanto al nivel educativo de los trabajadores. 
Las chicas están superando a los chicos en el colegio y participan más mujeres que hombres en la educación y la formación de adultos. 
Tenemos que aprovechar mejor este potencial y tiene que haber un planteamiento permanente para garantizar la igualdad de género desde la educación hasta el desarrollo profesional y las pensiones adecuadas para las mujeres. 
Tenemos que combatir en favor de una sociedad con igualdad entre los sexos que sea apta para el siglo XXI y forme parte integral de nuestro modelo social europeo. 
En los últimos años se han realizado ciertos progresos, pero aún queda mucho por hacer. 
La responsabilidad de alcanzar los objetivos globales de la Estrategia de Lisboa corresponde en última instancia a los Estados miembros, que han de asumir con carácter urgente sus responsabilidades para garantizar que estos ambiciosos objetivos se hagan realidad. 
– Señor Presidente, las medidas que propone el informe objeto de este debate abordan en apariencia el empleo femenino y los problemas relativos a la igualdad, pero en realidad resultan en recortes y en la abolición de todos los acuerdos positivos y derechos logrados por las mujeres a través de la dura lucha de clases, el movimiento de bases y el movimiento feminista, 
pues están relacionados con la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
Fomentan el trabajo a tiempo parcial, el empleo con horarios flexibles, el trabajo en turnos y los contratos de trabajo por duración determinada en el sector de la atención a domicilio, el sector social, el sector sanitario y otros sectores, dando lugar así a una explotación más intensa de la mujer, a un empleo más precario y, por consiguiente, a un incremento del desempleo y de la inseguridad. 
Señor Comisario, son las trabajadoras, son las mujeres de la clase trabajadora las que están siendo aplastadas por las políticas en contra de los movimientos de base, ya que las mujeres acomodadas no tienen esos problemas. 
El informe destaca igualmente el modelo y la filosofía tradicionales de la familia en tanto que unidad de producción que resuelve las necesidades de sus miembros. 
En nuestra opinión, esto es sumamente peligroso. 
Se aumentan las responsabilidades del hombre para convencer a las familias proletarias de que la responsabilidad de la reproducción de sus miembros corresponde a estos. 
De este modo, la familia carga con todo el peso, el problema de los hijos y de la salud, y de la educación y, al mismo tiempo, ponemos a estos sectores en las manos de burdos vendedores y comerciantes que compran y venden, y conducen a las clases trabajadoras a un punto muerto. 
Consideramos que estas medidas no corresponden a la exigencia de integrar los derechos de la mujer en la obra social, y de una política pública que ayude a las mujeres y a las madres, y proteja a los niños y a las personas mayores. 
Estas propuestas pretenden en última instancia rebajar, privatizar y comercializar los actuales servicios sociales con el consentimiento de las mujeres y de las familias de las clases trabajadoras. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría expresar mi agradecimiento a la ponente, señora Estrela, por este informe de iniciativa propia. 
Las recomendaciones que figuran en el informe piden a los Estados miembros que adopten medidas urgentes para alcanzar los objetivos de la agenda de Lisboa en lo relativo al incremento del empleo y de la calidad de este, y a la inclusión social de la mujer, teniendo en cuenta el importante potencial económico que podría lograrse con el aumento de las tasas de empleo femenino. 
Si deseamos alcanzar el objetivo de una tasa de empleo femenino del 60 % en la Unión para 2010, que postula la Estrategia de Lisboa, tenemos que empezar a poner en práctica las medidas pertinentes. 
Los Estados miembros y la Comisión deben seguir concentrándose en adoptar medidas eficaces a favor del crecimiento, sobre todo en las regiones europeas más desfavorecidas, en las que la falta de trabajo obliga a sus habitantes, sobre todo a las mujeres, a aceptar empleos en grandes cadenas de comercio minorista en muchos Estados miembros, en condiciones de trabajo humillantes, con horarios inaceptables y salarios sumamente bajos. 
Sé de lo que hablo, pues vivo en la alejada región de Prešov en Eslovaquia, donde la tasa media de desempleo es del 23 % y el salario medio [mensual] es de unas 12 000 coronas eslovacas, lo que equivale a aproximadamente 300 euros. 
Es de suma importancia generar un entorno favorable para las empresas, fomentar el espíritu de empresa entre las mujeres y conceder microcréditos a las mujeres para ayudarles a crear sus propias empresas. 
La situación de las mujeres en países que cuentan con un buen sistema de microcréditos ha cambiado de modo significativo. 
Además es necesario que las mujeres tengan un mayor acceso a la enseñanza de posgrado y al aprendizaje permanente, así como a las nuevas tecnologías y a la Sociedad de la Información para que puedan hacer frente a la competencia que existe en el mercado de trabajo. 
Para que la ampliación de la UE pueda actuar como catalizador para mejorar las políticas en materia de igualdad de género en los nuevos Estados miembros, debemos mejorar igualmente el nivel de las medidas de ejecución de la legislación nacional destinadas a eliminar las desigualdades de género en el empleo, la remuneración y/o la representación política. 
Señorías, estoy convencida de que las mujeres desempeñan un papel clave para alcanzar los objetivos de Lisboa y, por ende, merecen la atención de las instituciones europeas y de los Gobiernos de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de la ponente destaca un hecho preocupante que, desgraciadamente, a menudo se pasa por alto, a saber, la desigualdad entre las mujeres y los hombres en la investigación sigue existiendo y nos impide cumplir los objetivos de Lisboa. 
Los miembros de la Comisión de Industria, Investigación y Energía esperábamos obtener más recursos para la investigación en el nuevo presupuesto. 
Una mayor y mejor investigación y, por ende, más recursos para la investigación son la mejor arma en la lucha por la competencia y el crecimiento en Europa. 
Desgraciadamente, las recientes negociaciones presupuestarias no han dado suficiente prioridad a la investigación. 
Y es una gran pena. 
Las estrategias de la Agenda de Lisboa son las garantes del futuro de Europa. 
A pesar de que los programas de investigación de la UE solo constituyen una pequeña parte del total de los recursos destinados a la investigación en Europa, debemos reflexionar detenidamente a la hora de establecer nuestras prioridades. 
El mismo hecho de que las mujeres europeas estén poco representadas en el mundo de la investigación, a pesar de estar mejor cualificadas que los hombres, implica que Europa cuenta con un potencial enorme que no se aprovecha. 
Es imperioso hacer algo al respecto. 
Muy pocas mujeres que ocupan altos puestos académicos tienen cónyuge e hijos, mientras que sus homólogos masculinos generalmente los tienen. 
Las candidatas a puestos de investigación tienen grandes dificultades para conseguirlos. 
En toda Europa, los candidatos titulados más recientemente son de hecho mujeres, pero en los puestos más altos de la jerarquía siguen estando cómoda y firmemente instalados los hombres. 
Ahora bien, es de suma importancia saber que las mujeres son más vulnerables que los hombres, ya que la competencia por los fondos de investigación es dura. 
Debemos aumentar el número de mujeres que ocupan altos puestos académicos y realizan estudios de doctorado a fin de hacer frente a los retos que nos acechan. 
En la inversión en educación, investigación e innovación reside nuestra única oportunidad para tener éxito en la economía basada en el conocimiento. 
El potencial femenino desaprovechado en el ámbito de la investigación es la energía nuclear del futuro. 
Debemos estimular mejor a las mujeres para que elijan una carrera en la investigación y, al mismo tiempo, debemos ofrecer mejores condiciones a mujeres y hombres en el mundo de la investigación. 
Por ejemplo, la gran mayoría de los puestos de investigación en Europa son temporales, y si no ponemos remedio pronto a esta situación, la investigación pública quedará relegada a un segundo plano, detrás de la privada. 
Esto podría implicar a largo plazo que la mayoría de los profesores universitarios sean mujeres, lo que reflejaría esta situación en los escalones inferiores del sistema educativo, al tiempo que los hombres trabajarían en la investigación industrial, que ofrece mejores salarios, goza de mayor prestigio y en la cual actualmente tan solo un 15 % de los investigadores son mujeres. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, queda mucho por hacer si queremos alcanzar los objetivos de Lisboa, y hay algo que debemos tener claro: solo los alcanzaremos con ayuda de la mujer. 
En muchos Estados miembros persiste una diferencia injustificable entre los salarios de los hombres y los de las mujeres. 
Todavía existe discriminación en los ascensos. 
La familia sigue teniendo que adaptarse al trabajo. 
Y sin embargo, los empleos deberían ajustarse a las necesidades de la familia. 
Sin duda es necesario realizar una profunda reflexión sobre todos los ámbitos para la integración de las cuestiones de género en las políticas generales, pero también hay que tener en cuenta la integración de las cuestiones familiares en las políticas generales. 
Necesitamos encontrar nuevos planteamientos en esté ámbito. 
Todos estamos de acuerdo –aunque no nos gusta decirlo– en que las mujeres necesitan más ayuda para desarrollar su espíritu de empresa. 
Las mujeres contribuyen a la eficiencia y competitividad de Europa. 
La educación y la formación permanente son la clave. 
El mayor potencial de los ciudadanos europeos siguen siendo sus conocimientos y debemos seguir promocionándolos en un marco de igualdad. 
Quiero dar las gracias a la ponente, la señora Estrela, por abordar de forma tan exhaustiva en su informe los numerosos problemas existentes. 
La señora Thomsen ha mencionado el ámbito de «la mujer y la investigación» , y me gustaría destacar otro ámbito, a saber, el del empleo doméstico en el sector privado. 
En realidad no existe motivo alguno para dar a los trabajos domésticos un trato distinto al del trabajo industrial o comercial. 
Si el marido y la mujer trabajan fuera del hogar y uno de ellos se encarga de las labores del hogar, eso es un trabajo y no un placer privado. 
Por otra parte, si las familias contaran con buenos servicios domésticos –tanto en el cuidado y la educación de los niños y los jóvenes, como en el cuidado y atención de las personas mayores– gran parte del trabajo social quedaría cubierto y, al mismo tiempo, se crearían valiosos puestos de trabajo. 
Un trabajo reconocido y asegurado contribuye igualmente al régimen de la seguridad social y permite que muchas mujeres abandonen la ilegalidad para asumir un trabajo con prestaciones sociales en materia de jubilación y enfermedad. 
Asimismo creo que estas son las razones por las que dicho trabajo es tan poco apreciado. 
A algo que no cuesta nada no se le concede la misma condición, no se reconoce su valor y nadie lo quiere. 
Debemos realizar campañas de sensibilización en este ámbito, en lugar de devaluar este trabajo a un salario de subsistencia. 
Los Estados miembros deben mejorar las perspectivas económicas, físicas y mentales. 
Pues solo una sociedad europea favorable a la familia podrá alcanzar los objetivos de Lisboa. 
La Estrategia de Lisboa nos brinda la oportunidad de concentrarnos en estos ámbitos tan importantes. 
Debemos hacerlo para poner en marcha este proceso y mantenerlo en movimiento. 
Señor Presidente, cuando el Consejo Europeo se reunió en Lisboa en 2000 aprobó una serie de objetivos estratégicos destinados a convertir la Unión Europea en una economía dinámica y competitiva en un período de diez años. 
Esa economía debía ser capaz de lograr elevadas tasas de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. 
Han transcurrido cinco años y los resultados aún no se notan. 
La mayoría de las medidas acordadas siguen siendo papel mojado. 
Se han expresado preocupaciones no solo acerca la falta de resultados en el ámbito económico, sino también sobre la falta de avances en la lucha contra la discriminación. 
Las mujeres siguen ocupando una posición inferior a la de los hombres en el mercado laboral europeo. 
Esto resulta evidente si tenemos en cuenta la importante diferencia salarial entre hombres y mujeres, y los obstáculos que estas últimas encuentran al buscar empleo. 
Aunque el porcentaje de mujeres que trabajan en Europa aumentó ligeramente en 2003, lo cierto es que tan solo un poco más de la mitad de las mujeres europeas trabajan fuera del hogar. 
Los nuevos puestos de trabajo creados para mujeres suelen ser precarios y estar mal pagados, y los derechos de jubilación de las mujeres son muy inferiores a los de los hombres. 
Actualmente, en Europa un 58 % de las personas con títulos de enseñanza superior son mujeres. 
No obstante, estas reciben ascensos con menos frecuencia y ganan entre un 15 % y un 40 % menos que los hombres que realizan un trabajo equivalente. 
Si queremos aplicar la Estrategia de Lisboa, debemos dar prioridad a medidas concretas destinadas a ayudar y promocionar el empleo para las mujeres y la creación de empresas por parte de estas. 
Es necesario introducir modificaciones en una política de empleo que discrimina a la mujer, en particular en vista de las teorías postuladas recientemente, según las cuales el papel supuestamente natural de la mujer es el hogar, y que el papel de las mujeres en la sociedad del siglo XXI debería limitarse a las tareas domésticas. 
Si las mujeres se retiraran del mercado de trabajo, los hombres podrían ocupar las vacantes que se generarían. 
Varios políticos polacos creen que esta sería una forma eficaz de luchar contra el desempleo. 
¿Es esta realmente la vía que debe seguir una Europa innovadora y competitiva? 
Espero realmente que no y por ello apoyo firmemente el informe de la señora Estrela. 
– Señor Presidente, se ha dicho con frecuencia que la estrategia europea en materia de empleo es un medio fundamental para aplicar la Estrategia de Lisboa y que contempla una tasa de empleo en Europa del 70 % y, lo que es más importante, una tasa de empleo femenino del 60 %. 
El informe de iniciativa propia que debemos votar hoy –a cuya ponente, la señora Estrela, felicito sinceramente, junto con los miembros de la comisión parlamentaria y a sus Señorías presentes en este debate– contribuirá a la consecución de este objetivo, al tiempo que protegerá la tan debatida igualdad de trato y la mejora cualitativa de las oportunidades de las mujeres para participar en el mercado de trabajo. 
En la Unión Europea, las mujeres tan solo representan algo más de la mitad de la población, pero también poseen un 58 % de las licenciaturas universitarias y un 41 % de los doctorados. 
Constituyen un recurso que debemos mantener mediante la formación permanente y que debemos desarrollar en empleos de calidad y nuevas formas de servicios, como el empleo a tiempo parcial, el teletrabajo y los horarios flexibles elegidos libremente y que no terminen por dividir la personalidad de la mujer hasta hacerla caer en la esquizofrenia. 
Estas situaciones no se derivan únicamente en la desigualdad salarial, sino también de la falta de protección legal para el desarrollo profesional, que se ve afectada por la vida familiar y, nos guste o no, es de esta vida familiar que depende el desarrollo demográfico de la Unión. 
La desigualdad comienza en el período de formación. 
A partir del período de estudios existe una diferencia de trato que dificulta el desarrollo familiar. 
Al mismo tiempo, no existe una armonización de la legislación a fin de que estos períodos gocen de la protección de que goza el tiempo de trabajo. 
Los objetivos que contemplan satisfacer el 90 % de la demanda de guarderías para niños en edad escolar y de un 33 % de la demanda para niños en edad preescolar, no son suficientes, a menos que se ofrezca una enseñanza preescolar de calidad, cosa que solo se da en muy pocos países europeos. 
Estas plazas deben ser económicas y no deben ir acompañadas de una reducción de los ingresos de la mujer. 
Sin embargo, el ingreso de las mujeres se ve reducido debido a la diferencia de trato fiscal y en materia de pensiones. 
Otra cuestión que se ha planteado y que deseo destacar por mi parte es el reconocimiento del trabajo informal que realizan las mujeres. 
Es necesario ayudar no solo a las madres de familias monoparentales, sino también a las mujeres en general para educar uno, dos o más hijos. 
Esta es la única manera en que podremos sentirnos orgullosos de intentar convertir a Europa en una potencia mundial de primer orden y de fomentar el desarrollo y la prosperidad que brindará la cohesión social. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la señora Estrela por su informe y añadir una consideración más a lo dicho hasta ahora, que mayoritariamente comparto. 
Señorías, si, tal como señala el apartado 23 del informe, de lo que se trata es de conseguir una mayor coordinación entre las políticas de igualdad de género y la Estrategia de Lisboa, para que se tenga más en cuenta la perspectiva de género en la realización de los objetivos fijados en el año 2000 para la Unión Europea, quiero llamar la atención sobre la todavía muy escasa presencia de mujeres en el ámbito científico y tecnológico, y también en los puestos importantes de decisión en nuestro tejido empresarial. 
Si queremos conseguir, tal como dicen los objetivos de Lisboa, que Europa sea una economía basada en el conocimiento, dinámica y competitiva, la ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan en ello un papel fundamental, y la participación de las mujeres en estos ámbitos, a todos los niveles, dista mucho de igualar a la de los hombres. 
No hablo únicamente de una cuestión de justicia, sino también de eficacia. 
Las mujeres somos aproximadamente la mitad de la población, y utilizar únicamente la mitad de los cerebros no es ni inteligente ni eficaz. 
De los estudios previos a la tramitación del Séptimo Programa Marco de I+D que está en curso sabemos que Europa necesita 750 000 nuevos investigadores e investigadoras debidamente formados. 
Es el momento de tomar las medidas necesarias para que, sin renunciar a la excelencia, accedan a estos nuevos puestos de trabajo de manera equilibrada hombres y mujeres. 
La mayoría de estudios realizados han puesto también de relieve la falta de datos desglosados por género en los ámbitos científico y tecnológico. 
Es esta una dificultad adicional para emprender políticas eficaces que incidan sobre las raíces del problema. 
El Instituto Europeo de Igualdad de Género deberá desempeñar un papel importante y abordar con carácter prioritario esta carencia. 
Pedimos a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, emprenda las acciones necesarias para avanzar en la solución de este problema, fundamental para que la Estrategia de Lisboa coseche el éxito que todas y todos deseamos. 
Los análisis del crecimiento en la Unión Europea muestran que no hemos adoptado un planteamiento suficientemente eficaz o serio para alcanzar las metas de la Estrategia de Lisboa. 
El hecho de que en el ámbito del empleo y los salarios las mujeres se encuentren en una posición considerablemente inferior a la de los hombres resulta algo increíble y totalmente inaceptable para los Estados miembros de la Unión Europea en esta época. 
En vista de que nos encontramos ante un grave problema en Europa, a saber, el envejecimiento de la población y una reducida tasa de natalidad, tenemos que resolver el problema de la desigualdad en el trabajo conjuntamente con estos problemas. 
Esta situación debería preocuparnos hasta tal punto que deberíamos dirigir todos nuestros esfuerzos, tanto a escala comunitaria como nacional, a determinar las causas de este problema y a encontrar un solución tan eficaz y seria como sea posible. 
Necesitamos una verdadera colaboración de toda la sociedad, ya que no podemos descargar simplemente la responsabilidad en las mujeres, las cuales ya no están dispuestas a encargarse por sí solas del cuidado de los hijos y, al mismo tiempo, a encontrarse en una posición económica desventajosa, primero a corto plazo y después a largo plazo, cuando se jubilen. 
Lo que necesitamos, así pues, son medidas legales adecuadas, el consenso de la sociedad en su conjunto y la voluntad de los ciudadanos, tanto mujeres como hombres, de asumir las pesadas pero maravillosas tareas que llamamos familiares. 
Para ello debe mejorar la actitud de la sociedad hacia la vida y estimular a las mujeres para que no dejen pasar ni renuncien a la más hermosa misión y alegría que ofrece la vida: la maternidad. 
La maternidad no impide necesariamente una carrera profesional o política, simplemente es necesario elegir el momento correcto para cada cosa. 
Incluso podemos considerar como modelo a las diputadas del Parlamento Europeo, pues algunas de nosotras tenemos el orgullo de tener tres, cinco y hasta nueve o diez hijos. 
Y estas diputadas no han venido al Parlamento a descansar, sino que trabajan de forma muy responsable y eficaz, pues conocen las necesidades de cada persona y también tienen una sensibilidad social. 
. Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar por felicitar a los hombres, los muy pocos hombres que han asistido a este debate y a aquellos, aún más escasos, que han intervenido en él. 
Es una prueba de que las mujeres tienen razón al decir que todavía queda mucho trabajo por hacer. 
Así pues, quisiera felicitar de verdad a los que han participado en el debate, porque versa sobre un tema que no solo es asunto de las mujeres, sino un asunto de toda la sociedad y de todos los implicados en la sociedad. 
Y desde luego, esta es la óptica con la que quiere trabajar la Comisión en relación con este problema. 
Por otra parte, quisiera decir que comparto las ideas dominantes que se han expresado en esta Cámara y que he escuchado con toda atención. 
En cambio, no estoy de acuerdo con algunas intervenciones que alientan el mantenimiento de las mujeres en funciones estereotipadas, diría incluso de otra época. 
Las mujeres trabajadoras no son la causa del desempleo. 
Es un argumento que se oye con demasiada frecuencia en determinados medios, y evidentemente hay que luchar contra este tipo de argumentos, porque impiden realizar progresos significativos en algunos países. 
Dicho esto, ¿qué hace la Comisión? 
Quisiera recordar que, en lo esencial, las peticiones que se han formulado competen a las políticas nacionales. 
Sigue correspondiendo a los Estados legislar sobre las principales cuestiones planteadas. 
Reconozco, por supuesto, que la Comisión tiene una función que desempeñar y precisaré los ámbitos en los que tiene intención de intervenir y cómo. 
Las nuevas directrices integradas reafirman claramente la necesidad de integrar la dimensión de género en todas las políticas de empleo, así como la necesidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas las acciones emprendidas. 
La nueva estrategia para el empleo retoma el objetivo de una tasa de empleo del 60 % en 2010. 
Entre sus directrices figura en particular la eliminación de las diferencias de género y la promoción de la conciliación entre vida profesional y vida privada. 
Por otra parte, la Comisión ha hecho de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas un principio fundamental de la acción de la Comunidad. 
Les recuerdo que está inscrito como tal en el artículo 3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
Se aplica a través de una estrategia marco comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
Dicha estrategia tiene por objeto establecer un marco de acción en el que todas las actividades comunitarias, incluidas las actividades y las políticas económicas, así como la política de empleo, puedan contribuir a alcanzar el objetivo de supresión de las desigualdades y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
La Comisión prepara actualmente un plan de trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres que tomará el relevo de la estrategia marco a partir de 2007. 
Al igual que esta, apuntará a una aplicación efectiva de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias, y en especial en la Estrategia de Lisboa. 
Quisiera decir unas palabras sobre las diferencias salariales. 
Las diferencias de salario entre hombres y mujeres son un fenómeno complejo y no solo obedecen a la discriminación. 
En efecto, son resultado de varios factores, como la segregación del mercado de trabajo, la persistencia de estereotipos, en particular en la enseñanza y la formación, y la dificultad de conciliar vida profesional y vida privada. 
Hay que responder, por tanto, a todos los factores subyacentes. 
Es conveniente destacar la especial atención que queremos prestar a la reducción de las diferencias salariales en la estrategia para el empleo. 
Dos directrices llaman explícitamente a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a actuar en este sentido. 
Hay que señalar también que la Presidencia austriaca ha anunciado su intención de organizar una conferencia sobre el tema de las diferencias salariales a finales del mes de mayo en Bruselas, y me parece que nos brindará una ocasión bastante excepcional de realizar nuevos progresos en este ámbito. 
Unas palabras sobre el modo de estudiar y analizar la evolución de la posición de las mujeres en el mercado de trabajo desde el punto de vista del conocimiento de sus derechos y del papel de los hombres. 
La Comisión efectúa un seguimiento permanente de la política de igualdad y realiza o encarga periódicamente análisis y estudios sobre los aspectos económicos y jurídicos de la igualdad. 
El informe anual sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que la Comisión presenta desde 2004 en la cumbre de primavera de los Jefes de Estado y de Gobierno, es un documento muy importante para el seguimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 
El informe expone los principales cambios de la situación respectiva de las mujeres y los hombres en materia de educación, empleo y vida social. 
Identifica los progresos realizados y las tareas que siguen pendientes. 
La Comisión analiza, también en esta óptica, los programas nacionales de reforma de los Estados miembros en el marco de la Estrategia de Lisboa, lo que aportará una contribución importante al capítulo de «empleo» del informe anual de seguimiento. 
¿Cómo piensa mejorar la Comisión la metodología estadística a fin de tener en cuenta el aspecto de género? 
La integración de la dimensión de género tiene lugar también, por supuesto, en el ámbito estadístico. 
Ello requiere una metodología estadística y una utilización de los datos estadísticos que informan de los aspectos de género. 
Como subraya el proyecto de resolución, la disponibilidad de indicadores estadísticos adecuados, coherentes y comparables es absolutamente indispensable para garantizar un seguimiento de las políticas. 
Eurostat colabora activamente con los institutos nacionales de estadística a fin de implantar una metodología común que permita la recogida de datos fiables y comparables a escala europea. 
En efecto, es importante recoger los datos en este nivel. 
El futuro instituto del género también debería contribuir sensiblemente a mejorar el seguimiento estadístico de la política de igualdad. 
De todos modos, quisiera recordar, porque creo que es útil decir las cosas como son, que ese instituto será, ante todo, un instrumento técnico y en ningún caso un órgano político o proveedor de recursos financieros. 
Esta es, señor Presidente, Señorías, la respuesta de la Comisión, que comparte plenamente las preocupaciones expresadas en el informe y que felicita una vez más a la ponente por su excelente trabajo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral a la Comisión (O-0080/2005 – B6-0345/2005) , formulada por el señor Bowis en nombre de la Comisión de Desarrollo, sobre discapacidad y desarrollo. 
. Señor Presidente, usted, el señor Comisario y yo vivimos con una discapacidad. 
Si no tenemos nuestras gafas, no podemos funcionar; no puedo leer, no puedo conducir o evitar chocarme con los objetos, pero vivo en una sociedad en la que se me ayuda a superar dicha discapacidad y, por tanto, a funcionar, incluso como diputado a este Parlamento. 
Sin embargo, si viviera en un país en desarrollo sería menos afortunado. 
Una de cada diez personas en los países en desarrollo vive con alguna discapacidad. 
Una de cada cuatro familias pobres en los países en desarrollo cuenta con algún miembro que vive con una discapacidad. 
Eso constituye un desafío, pero este debate no solo trata de caras largas, simpatía y compasión; trata de festejar las capacidades de las personas con discapacidad y ver la forma en que podemos permitirles funcionar y contribuir a sus propias vidas, economías y comunidades. 
Nuestra política, o resolución, se ocupa de poner fin al rechazo, acabar con el planteamiento del montón de desechos, de erradicar los estigmas en lo que respecta a las discapacidades. 
Queremos una política de prevención, de cuidados, de recuperación y de derechos humanos. 
Queremos poner fin a las zonas con acceso restringido para la gente con discapacidades. 
Queremos, si se me permite la frase, ver una discapacidad. 
Queremos ver rota esa vinculación con la pobreza tan inevitable para la gente con enfermedades y discapacidades en los países en desarrollo: no hay riqueza sin salud, pero tampoco ingresos sin medicina. 
La ausencia de ingresos significa la falta de medicamentos; la ausencia de transporte equivale a la falta de escuelas; la carencia de un certificado de sanidad implica la falta de trabajo; no disponer de acceso equivale a la falta de oportunidades para demostrar la valía de uno. 
No solo se trata de la movilidad, se trata de todas las discapacidades que tenemos que aprender a superar de diversas formas, ya sea la vista, el oído, la dificultad para el aprendizaje, los problemas respiratorios o los ataques. 
Nuestra política tiene que ser de doble vía, y estoy utilizando ese término deliberadamente: se halla dentro de la orientación que ha elaborado la Comisión. 
Es la doble vía de la prevención y los servicios de atención. 
Es el doble carril de la política para gente con discapacidades y políticas desarrolladas por personas con discapacidades, decididas por ellas y que participan en su elaboración. 
Recordamos con satisfacción a los diputados de Uganda ocupando los escaños reservados especialmente para ellos en el Parlamento ugandés para personas con discapacidades. 
Queremos ver el apoyo para las organizaciones de gente discapacitada. 
Queremos que se reconozca que las enfermedades olvidadas constituyen algunas de las causas más importantes de la discapacidad. 
Muchas precisan esas nuevas asociaciones para desarrollar medicamentos; muchas necesitan tener acceso a los medicamentos que nosotros en Occidente damos por descontados. 
Así lo he manifestado en muchas ocasiones. 
No obstante, puedo vivir con las pastillas, los análisis de sangre y la atención especializada que recibo para superarla y para llevar una vida razonablemente normal. 
Pero cuando estuve en Malí y acudí a ver los servicios allí para los diabéticos, me encontré con una habitación en una clínica y otra en un hospital con personas que habían sufrido amputaciones de piernas o brazos, pérdida de visión, que tenían el hígado destrozado y estaban abocadas a una muerte temprana. 
Necesitamos una política que ayude a la gente a sobrevivir. 
Esas personas podrían estar realizando alguna contribución a la economía de Malí. 
Nuestras resoluciones ACP aprobadas en Bruselas en 2001, en Ciudad del Cabo en 2002 y durante el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, en 2003, en Europa: he ahí los elementos de guía. 
Pero ese es uno de los secretos mejor guardados en Europa y en el mundo en desarrollo. 
Mi petición al señor Comisario consiste en extraer las magníficas ideas de ahí y ponerlas en práctica. 
En concreto, no queremos ver más dinero público europeo invertido en seguir construyendo barreras para las personas con discapacidad. 
Los años desde 1999 hasta 2009 forman el Decenio Africano de las Personas con Discapacidad, concebido por la Unión Africana. 
Esa fecha objetivo coincide con el final de nuestro mandato como parlamentarios y Comisarios. 
Para entonces espero que miremos hacia atrás y digamos que hicimos el esfuerzo por ayudar a la gente discapacitada a conseguir cosas, a hacerles útiles y a hacerles personas reales y completas dentro de las economías y las comunidades en que viven. 
. Señor Presidente, Señorías, la nota de orientación sobre discapacidad y desarrollo es el punto de referencia para la integración de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en la política de desarrollo. 
Por otra parte, quisiera agradecer a su Señoría el enfoque específico y evidentemente muy interesante que ha dado a este gravísimo problema. 
La nota ofrece una serie de orientaciones y consejos concretos; por tanto, no se trata propiamente de aplicarla tal cual, sino más bien de darle una amplia difusión entre las personas interesadas. 
Esa amplia difusión se ha efectuado ya entre las direcciones generales de la familia RELEX y las delegaciones. 
Además, en septiembre de 2005 se organizó una sesión de formación sobre la discapacidad. 
La Comisión ha difundido también la nota en el exterior, publicándola en forma de folleto en inglés, francés, español y portugués y colgándola en Internet. 
La integración de la discapacidad en la política de desarrollo está recogida además en el punto 97 del Consenso Europeo para el Desarrollo, que ustedes aprobaron hace algunas semanas. 
Dicho punto contempla la prevención de la exclusión social y la lucha contra todas las formas de discriminación, incluidas las relacionadas con la condición de las personas con discapacidad. 
A este fin, se estipula que la Comunidad promoverá el diálogo y la protección social. 
El nivel nacional es el más adecuado para poner en práctica esta dimensión. 
La prevención de la exclusión y la lucha contra la discriminación se harán, pues, previa solicitud de los países socios y sobre la base de un diálogo con los mismos. 
Por tanto, sobre esta base y en este nivel, se desarrollarán posibles programas en materia de discapacidad. 
La Comisión apoya evidentemente la mejora de los resultados en materia de salud y educación a través de proyectos y, cada vez más, con apoyo presupuestario. 
El diálogo político forma parte de esta ayuda y, en el marco de ese diálogo político, la Comisión puede responder a las peticiones formuladas en este debate. 
Por tanto, dentro del respeto del principio de adecuación, la Comisión intentará alentar la integración de la discapacidad o de las personas con discapacidad en las estrategias de desarrollo de los países socios. 
Intentaremos convencer a los Gobiernos de que es importante tratar eficazmente estas cuestiones. 
Es evidente que pondremos todo nuestro empeño en la batalla en este sentido. 
Comprendo plenamente la dramática situación de los discapacitados, que es más dramática aún en los países en desarrollo y, en especial, entre las categorías más pobres, porque con mucha frecuencia soy testigo de esos dramas humanos, y por eso me complace tanto hablarles ahora de esta cuestión. Por otra parte, reconozco que a veces soy testigo también del escaso interés, de la falta de interés o incluso del comportamiento de exclusión hacia los discapacitados de algunas sociedades que carecen de todo. 
Por consiguiente, estoy plenamente convencido de la legitimidad de su deseo, su atención y su preocupación y no dejaré de desplegar toda la energía de que dispone la Comisión para abordar más específicamente esta cuestión. 
Señor Presidente, un 10 % de la población mundial tiene alguna discapacidad, pero como acaba de decir el señor Bowis, este porcentaje es mucho más elevado en los países en vías de desarrollo. 
Cuando deliberamos sobre las personas discapacitadas de los países en vías de desarrollo hablamos de personas que sufren discapacidades tanto físicas como mentales, no solo de los ciegos, sino también de los niños traumatizados por la guerra, de modo que hablamos de cientos de millones de personas. 
A menudo, los países en vías de desarrollo carecen de instituciones para las personas discapacitadas, las cuales frecuentemente viven en condiciones de aislamiento. 
La UNESCO estima que un 98 % de los menores con discapacidades de estos países no asisten a la escuela. 
Estas cifras hablan por sí mismas, y los responsables políticos deben tener especialmente en cuenta a este grupo de personas. 
Además, los objetivos del Milenio resultarán mucho más difíciles de alcanzar si no tomamos en consideración a una parte tan amplia de la población. 
Después de todo, las personas con discapacidades no se benefician automáticamente de los programas destinados a luchar contra la pobreza, un ámbito en el que no han sido integrados. 
Los problemas saltan a la vista, la cuestión es qué hacer al respecto. 
Como ya se ha dicho, en 2003 la Comisión elaboró una nota orientativa para todas sus delegaciones y servicios en la que concedía un lugar en la política de desarrollo a las personas con discapacidades. 
En vista de lo que la Comisión ya ha dicho sobre la prioridad concedida al diálogo político, me gustaría que nos dijera si queda aún algo por decir acerca de los resultados. 
¿Es posible adoptar otras medidas en beneficio de las personas con discapacidades? 
¿Se han encontrado soluciones prácticas para problemas concretos, como por ejemplo, en el ámbito educativo? 
La educación es, después de todo, fundamental para luchar contra la pobreza y la exclusión social, que afecta sobre todo a las personas discapacitadas. 
¿Han participado personas con discapacidades en el diseño y aplicación de estos programas? 
En los Países Bajos sí lo hacen y con excelentes resultados. 
Por último, ¿qué piensa hacer la Comisión respecto al intercambio de conocimientos y la combinación de formaciones en este ámbito? 
. Señor Presidente, este debate pone de manifiesto que la discapacidad constituye un elemento significativo y que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar las políticas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. 
Queda claro que discapacidad y pobreza están íntimamente relacionadas, como lo está la discapacidad con la enfermedad y con la falta de atención sanitaria. 
Ya lo sabíamos en Europa, donde la discapacidad está mucho más presente en los sectores marginales de la sociedad y, además, los discapacitados sufren mucho más por su condición en esos sectores que en otros más acomodados. 
Lo que ahora comprobamos es que, del mismo modo, la discapacidad afecta mucho más al mundo en desarrollo que a nuestros países industrializados y que los discapacitados del Sur sufren por su condición mucho más que los del Norte desarrollado. 
La Resolución que aprobaremos identifica esta situación y apela a la responsabilidad de la Unión Europea para combatirla. 
La Comisión recibirá una recomendación del Parlamento para que tenga presente el fenómeno de discapacidad en toda su actuación, tanto en la estrategia europea para el desarrollo de África como en el consenso europeo sobre el desarrollo. 
Esta Resolución debería contribuir además a sensibilizar acerca de este problema a nuestros Gobiernos y a nuestras opiniones públicas. 
Pero, dicho todo lo anterior y comprometidos desde el Grupo Socialista nuestros esfuerzos en este ámbito, me parece pertinente destacar la actuación de algunos países en desarrollo que están protagonizando una admirable movilización en su esfuerzo solidario, luchando contra la discapacidad más vinculada a la pobreza, a la falta de atención médica y al propio subdesarrollo. 
Cuba es un ejemplo indiscutible: no se ha contentado con una política destinada a prevenir y a paliar las discapacidades en su propia sociedad, sino que, desde hace varios años, desarrolla una potente acción solidaria con otros países ligada a ese mismo fenómeno. 
Ahí está la llamada «Operación Milagro» , que ha hecho que en el año 2005, con recursos aportados principalmente por Venezuela, más de 208 000 latinoamericanos y caribeños que eran ciegos recuperen la vista después de operarse gratuitamente en Cuba. 
Recién elegido Presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó una serie de acuerdos en La Habana. 
Uno de ellos prevé que más de medio millón de bolivianos ciegos puedan ser tratados primero en la Isla y luego en varias clínicas oftalmológicas que se montarán en Bolivia por especialistas y con tecnología de Cuba. 
Hay proyectos parecidos en marcha en Venezuela y en otros países latinoamericanos y se está hablando con Sudáfrica para explorar iniciativas semejantes. 
Estas actuaciones deberían valorarse en el Parlamento Europeo, como se valoran en los países concernidos, bastante más que las buenas palabras y bienintencionadas resoluciones. 
. Señor Presidente, acojo con satisfacción la ocasión de debatir este asunto, al tiempo que quiero dar las gracias al señor Bowis por esta oportunidad. 
Las personas con discapacidad, según hemos escuchado, representan un 10 % de cualquier población, pero el 20 % de los más pobres son discapacitados. 
El 82 % de la gente discapacitada vive por debajo del umbral de pobreza en los países en desarrollo. 
Sufren una exclusión aún mayor que las personas discapacitadas dentro de la UE. 
Se ven excluidos de la vida social, económica y política y, en muchos casos, se les niega el acceso a la comida, al agua y a un cobijo. 
Cuando nos referimos a discapacidad y desarrollo, no estamos hablando de caridad, sino de derechos humanos fundamentales. 
Todas las personas –discapacitadas o no– merecen un trato igual. 
Esa es la razón por la que me complace que estemos haciendo énfasis en el enfoque basado en los derechos. 
Hemos de garantizar que las personas discapacitadas y sus organizaciones estén involucradas en los debates acerca de lo que se necesita y en su prestación. 
Me agrada que hayamos logrado avanzar por lo que respecta a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas. 
Esperemos ver algún resultado en 2007. 
Muchos de ustedes saben que he sido ponente de la posición del Parlamento en este tema. 
Sin embargo, hemos de garantizar que en la Convención se incorporen procedimientos de control y ejecución. 
Es por eso que he abogado por una Convención jurídicamente vinculante. 
Es importante que, sea lo que sea lo que alumbremos, se emprendan acciones reales y que dichas acciones estén sometidas a control y evaluación. 
Parte de dicha acción consiste en evitar que más personas sufran discapacidades. 
Una forma de erradicarlas es garantizar que no se utilicen minas terrestres y bombas de racimo. 
Hemos de emprender acciones contra todos los países que las fabrican, venden o utilizan. 
. Señor Presidente, el peso de las discapacidades y las enfermedades evitables en los países en desarrollo debería gravitar pesadamente sobre nuestra conciencia: cuando un niño contrae una enfermedad parasitaria discapacitante por agua contaminada debido a que su madre no puede permitirse dos cucharadas de lejía para añadir al cubo de agua potable de la familia; cuando un niño contrae VIH de las agujas compartidas utilizadas por las organizaciones de ayuda humanitaria; o cuando un hombre o una mujer sufren alguna discapacidad por culpa de un trabajo explotador peligroso que crea artículos de consumo baratos para nosotros. 
¡Somos tan acomodados, sanos y ricos ¡Tenemos que devolver lo que sea con creces. 
No debemos llevarnos nada de los países más pobres por métodos que impliquen destrucción y discapacidad. 
Nos gusta introducir salvedades en nuestro paquetes de ayuda. 
La salvedad que tenemos que incluir en nuestros paquetes de ayuda es que esta debe abarcar a las personas con discapacidades y los proyectos subvencionados deberían incluir esquemas diseñados para cubrir sus necesidades especiales y crear oportunidades nuevas e iguales. 
Hemos de incluir la capacitación en todos nuestros planteamientos de desarrollo en países en desarrollo. 
Y me gustaría recordarles que la discapacidad aún constituye, en sí misma, un entorno de desarrollo dentro de la UE. 
De conformidad con el orden del día se procede al Turno de votaciones. 
Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento referente a la votación, usted acaba de decir que es derecho de cada uno de los diputados solicitar una comprobación. 
También es derecho del Presidente señalar que existe una mayoría aplastante a favor; y si los compañeros del UKIP comienzan a gritar allí en el fondo, por favor, ignórelos. 
– Señor Beazley, esa es la decisión del Presidente que dirige la sesión en esta Cámara. 
Mi decisión es que se verifique la votación a fin de que todos puedan estar seguros de cuál ha sido el resultado. 
Señor Presidente, ¿es su deseo que ciertos diputados a esta Cámara sean considerados ciudadanos de segunda clase o no? 
– No pienso continuar esta conversación. 
Señor Presidente, deseo invocar los artículos 168 y 53 del Reglamento, y me gustaría preguntar a la Comisión, a este respecto, si está dispuesta a aceptar las enmiendas a este informe que ha aprobado el Parlamento, en particular la enmienda 14, de acuerdo con la cual un 50 % de de los fondos de reestructuración, que suman 6 000 millones de euros, se destinarán a los productores. 
Esta enmienda fue aprobada en comisión. 
La enmienda fue presentada por el señor Goepel. 
También me gustaría pedir a la Comisión que acepte las enmiendas 10 y 11, que exigen la presentación de un plan de desarrollo para la región al introducir medidas de reestructuración y que la Comisión y los Estados miembros interesados comuniquen dichos planes de desarrollo. 
. Señor Presidente, creo que será útil responder a esta pregunta y aclarar este punto. 
La Comisión puede aceptar que al menos el 10 % de los importes de la ayuda de reestructuración se reserven a los cultivadores de remolacha azucarera y a los fabricantes de maquinaria. 
Los Estados miembros podrían aumentar este importe en función de su situación concreta. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo y sobre la base del artículo 168, solicito que este informe sea devuelto a la comisión parlamentaria a fin de que podamos negociar con la Comisión y el Consejo para lograr la aceptación de estos dos puntos. 
En su decisión, el Consejo señaló que únicamente un 10 % de los fondos de estructuración irían a parar a los productores –incluyendo los de los países en vías de desarrollo– y que el resto se destinará al sector azucarero sin imponer condiciones, a fin de permitirle financiar el cierre de sus plantas sin tener que tomar en consideración la pérdida de empleos ni las necesidades regionales. 
Por ello nos gustaría iniciar negociaciones en lo que sería una audiencia. 
La única posibilidad que nos queda para hacer que el Consejo negocie es devolver el informe ahora y aprovechar las cuatro semanas que nos quedan entre este momento y el próximo período parcial de sesiones para lograr un aumento para los productores. 
Señor Presidente, el señor Graefe zu Baringdorf tiene razón cuando dice que presentamos la enmienda con la idea de que se utilizaría al menos un 50 % de los fondos de reestructuración. 
En cambio, la Comisión propone un mínimo del 10 % y que cada Estado miembro pueda aumentar libremente y sin límites esta cantidad, por lo que nuestro Grupo considera que esta cuestión ya no representa un problema. 
Pido a la Cámara que vote en contra de esta enmienda. 
. – Señor Presidente, comparto plenamente la opinión que acaba de expresar el representante del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos: era de hecho una petición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
La Comisión, y la señora Comisaria ya lo había dicho hace dos días, está dispuesta a permitir que los Estados miembros puedan incrementar el porcentaje del 10 %. 
En consecuencia, la cuestión queda resuelta y, por tanto, por lo que a mí respecta, estoy en contra de la remisión a comisión. 
Señor Presidente, si votamos ahora, me gustaría que la votación fuera nominal. 
No nos fue posible presentar una propuesta de votación nominal antes, ya que no sabíamos si la votación tendría lugar. 
De ello se desprende que esta solicitud solo podemos hacerla ahora y de forma oral. 
Por lo tanto, solicito una votación nominal. 
– Señor Presidente, me remito al artículo 138 relativo a las traducciones. 
La enmienda 1 presentada por el Grupo Independencia y Democracia propone un proyecto de resolución alternativo que entiende y respeta el rechazo de nuestra nación de todo superestado y por tanto de toda Constitución. 
Ahora bien, la traducción de esta enmienda, en especial la versión inglesa, distorsiona el sentido del original en varios aspectos. 
Así, donde hablamos de «la continuación de la construcción europea» , expresión políticamente neutra, la traducción habla de «la integración europea» , expresión que designa el proceso supranacional que rechazamos. 
Sin duda se trata del reflejo pavloviano que ha contaminado muchos despachos de este edificio, que sigue sin admitir que otra Europa es posible. 
Por lo tanto, quiero señalar que solo la versión original francesa es auténtica. 
. 
Señor Presidente, a menos que se trate de un malentendido, me parece que ha llamado por mi nombre al diputado que acaba de intervenir. 
No quiero que se tenga la impresión de que los ponentes estamos de acuerdo con su interpretación. 
Esta tentativa desesperada de utilizar la traducción para modificar el fondo no es admisible. 
Los ponentes no tienen nada que ver con ella. 
Señor Presidente, en mi calidad de presidente de la comisión parlamentaria me gustaría dar las gracias a los ponentes por la labor que han realizado en una de las cuestiones de mayor interés para nosotros en 2006, en un momento en que todo cambia constantemente y, en mi calidad de diputado alemán, quiero hacer una serie de correcciones a los servicios del Parlamento. 
La traducción alemana resulta en ocasiones confusa y en otras es incorrecta, ya que –por solo mencionar un ejemplo– traduce el término «documentos europeos» por «eurodocumentos». 
No deseamos producir papel, sino exponer cuestiones de fondo político. 
. Señor Presidente, con el fin de ajustar el texto a los Tratados, preferiríamos la redacción «regiones ultraperiféricas de la UE adyacentes al continente europeo». 
. – Señor Presidente, el ponente y la lista de votación del Grupo del PPE-DE se oponen a la propuesta de los liberales de introducir el subtítulo «Magreb». 
Ha ido usted demasiado rápido y no estaba mirando en mi dirección. 
El Grupo del PPE-DE se opone al subtítulo «Magreb» después del apartado 33. 
. – Señor Presidente, en aras de una mayor exhaustividad, llamar a la Ciudad del Vaticano «país» es ir demasiado lejos en la definición, por lo que he cambiado el texto por «Estados soberanos». 
Señor Presidente, mi Grupo no está de acuerdo con que la enmienda 2, presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, se anule si se aprueba nuestra enmienda 24. 
En nuestra opinión, estas enmiendas no son contradictorias entre sí, sino que son compatibles, de modo que es posible votar a favor de ambas. 
. – Señor Presidente, estoy de acuerdo en que la enmienda 2 no decae. 
Podemos someterla a votación por separado. 
Señor Presidente, Señorías, proponemos que la palabra «Hezbollah» se sustituya por las palabras «todas las milicias libanesas y no libanesas». 
. – Señor Presidente, se trata de una enmienda oral muy complicada. 
Como podrá apreciar, las negociaciones continúan al día de hoy en Londres. 
Son muy delicadas en lo que respecta a la necesidad de hallar una solución pacífica duradera al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en por el territorio de Nagorno-Karabaj. 
Para que el texto adopte una posición más neutral, quiero que el párrafo diga lo siguiente: 
«Considera que el conflicto de Nagorno-Karabaj está obstaculizando el desarrollo de Armenia y Azerbaiyán y la cooperación regional, así como la aplicación eficaz de la PEV en cuanto tal; insta a ambas partes a que eludan las acciones unilaterales y la formulación de declaraciones agresivas y a que se esfuercen por resolver el conflicto por medio de un diálogo constructivo con todas las fuerzas implicadas, sobre la base del respeto de los derechos de las minorías y de los principios del Derecho internacional; » –esto es fundamental– «destaca la importancia de continuar las reformas democráticas para el desarrollo de la región y para las relaciones con la UE; insta a todas las partes interesadas a que busquen los medios que permitan el retorno gradual respetando los derechos de las minorías, en particular, en lo que respecta al retorno de los refugiados azerbaiyanos a los territorios ocupados; insta, asimismo, a los países miembros del grupo de Minsk de la OSCE a que coordinen su acción de forma más efectiva con el Representante especial de la UE para el Cáucaso meridional con miras a conseguir que progresen las negociaciones». 
– El Turno de votaciones queda cerrado. 
– Señor Presidente, ¿a qué viene esta supuesta modificación del Reglamento contra los tumultos en la Cámara, cuanto este Parlamento es una de las asambleas más anodinas, apagadas y tristes del mundo? 
¡Y encima no va a afectar solo a la Cámara, sino también a lo que ocurre en los pasillos! 
Se ha obligado a algunos de nuestros colegas a retirar una exposición autorizada, que mostraba las similitudes entre la cultura de muerte del régimen hitleriano y la cultura de muerte de la sociedad hedonista actual, ambas inspiradas en principios eugenésicos. 
Pero en el momento en que hablo en este Parlamento, otra exposición ensalza los supuestos méritos de la democracia china maoísta, donde los campos de trabajo siguen encerrando aún hoy a decenas de millones de presos, detenidos por delitos de opinión, y donde la ideología totalitaria comunista todavía imperante ha cometido sus más horribles masacres. 
El autor de este informe, el señor Onesta, es un hombre respetable, pero pertenece a un Grupo que cometió el escándalo más increíble contra un Jefe de Estado presente en esta Cámara, el Presidente Jacques Chirac, que acababa de ser elegido en aquel momento. 
Lo que hoy vale, mañana está fuera de lugar: ¡dos varas de medir, según se pertenezca a un Grupo grande o pequeño! 
– Señor Presidente, yo también tengo algunos reparos sobre el informe Onesta, a pesar de haber votado a favor. 
Siento un gran respeto por el ponente, que es un hombre muy amable y me ha ayudado en numerosas ocasiones. 
Sin embargo, me preocupa cómo se van a interpretar las normas por un Presidente del Parlamento partidista como es nuestro actual Presidente, que no parece entender el concepto de la libre expresión y es muy autoritario en la forma en que trata a los diputados de esta Cámara. 
En la sesión solemne en homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebró en esta Cámara en marzo de 2005, nos aconsejó prudentemente que no utilizáramos sucesos terribles para promover mensajes políticos, y luego fue él mismo el que lo hizo. 
Por lo tanto, ¿cómo va a supervisar las nuevas normas en esta Cámara? 
El Parlamento encarna la institución de la libertad. 
La representación política se considera la encarnación misma de la democracia, y la legislación un acto de la voluntad del electorado, en un espíritu de consentimiento mutuo y expresión soberana. 
Los regímenes políticos democráticos adoptaron instituciones parlamentarias debido a la apertura y transparencia de sus debates y debido a que el pueblo podía controlar a sus representantes en el momento de las elecciones. 
Los representantes tienen un «estatuto especial» , que les es otorgado por considerárseles una «muestra representativa de la población». 
Su libertad es un derecho y una obligación, su responsabilidad es la política y, como decía Popper, el día de su juicio es el día de las elecciones. 
Es por ello por lo que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos siempre ha estado a favor de un planteamiento prudente sobre este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Después de todo, un código de esta índole tiene límites, y estos límites se derivan de la integridad de las diputadas y diputados que ejercen su mandato. 
Son los límites de la libertad con la que el pueblo hizo el Parlamento, dentro de la cual el pueblo es representado en el Parlamento y que este no desea que se retire al Parlamento. 
. – El informe del diputado francés del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, el señor Onesta, sobre las sanciones impuestas a los diputados en caso de perturbación dentro y fuera de la Cámara, es un golpe bajo a la libertad de expresión, en particular para las minorías políticas. 
Es el comienzo de imposición de un régimen, una forma de totalitarismo larvado, de normalización, como se decía en la época de auge del comunismo, algo que, viniendo de los Verdes, no sorprende. 
Es evidente que al Parlamento Europeo no le basta que las minorías, en especial los diputados no inscritos, sean víctimas de discriminaciones escandalosas en relación con el derecho de los diputados; hay que ir más allá y sancionarlos, incluso financieramente, por un comportamiento considerado «políticamente incorrecto» por la mayoría. 
Este golpe de Estado reglamentario es intolerable y destructivo de la libertad. 
Pienso que, en un momento en que hay más 20 millones de parados en Europa y la inmigración inunda nuestros Estados nacionales, el Parlamento Europeo tendría cosas mejores que hacer que pisotear la democracia parlamentaria, aunque sea la europea. 
. He votado a favor de este informe. 
Es una censura de la conducta de una minoría de diputados la que hace necesario este informe. 
. – Este informe, redactado por una pluma de gran autoridad científica en el Derecho parlamentario, por cuya lectura notamos que se ha servido de los grandes maestros de la disciplina, como Eugène Pierre, por ejemplo, descansa en una opción filosófica: la de la oligarquía, es decir, en la lengua de Aristóteles, «el gobierno de unos pocos». 
Así, una treintena de diputados al Parlamento Europeo (presidentes de sesión y quienes imponen sanciones, escuchan a los sancionados y confirman las sanciones) serán responsables de supervisar a sus colegas. 
Como todos los diputados deben su puesto a la soberanía, sea popular o nacional, es la propia soberanía la que será supervisada. 
Francia inventó la soberanía parlamentaria en 1791, suplantando la soberanía popular. 
Ahora bien, dado que el Parlamento, por su composición, solo representa a una clase social, la burguesía y otras profesiones denominadas liberales, esta confiscó en su provecho la soberanía popular o nacional. 
Un grupúsculo de oligarcas establece en este informe los instrumentos de neutralización de los posibles diputados del pueblo que salven los filtros electorales y mediáticos. 
Por tanto, este informe, que habría debido limitarse a una sola palabra – «libertad» de los representantes de los pueblos–, puede resumirse en una sola palabra: oligarquía. 
. – Las nuevas enmiendas al Reglamento interno del Parlamento Europeo relativas a las normas de conducta de las diputadas y diputados del Parlamento Europeo constituyen un intento de utilizar la vigilancia y las sanciones, en nombre del buen funcionamiento del Parlamento, para restringir y controlar la expresión de las reacciones, protestas y desacuerdos, y para aterrorizar a aquellas diputadas y diputados que deseen manifestar su oposición a la política contra los movimientos de base de la UE, a aspectos de esta o a acontecimientos políticos de relevancia. 
Las nuevas medidas autocráticas prevén sanciones financieras, la exclusión de reuniones e instituciones, e incluso una propuesta para ser despojado de la investidura parlamentaria. 
De este modo pretenden limitar las respuestas con pancartas, piquetes de huelga y demás, al señalar «con delicadeza» que no son admisibles si provocan «enfrentamientos» o trastornan las actividades parlamentarias. 
Se contemplan amenazas y sanciones similares para la infracción de las disposiciones sobre la confidencialidad de las «reuniones a puerta cerrada» y la publicación de documentos que, cabe señalarlo, a menudo circulan en los medios de comunicación. 
Votaremos contra estas nuevas enmiendas autocráticas y declaramos que no nos someteremos e intentaremos de todos los modos posibles presentar los problemas de las clases trabajadoras e informar al pueblo ante el que somos responsables. 
. 
El sentido de la responsabilidad, el respeto y elevado rigor intelectual que se espera de las diputadas y diputados del Parlamento Europeo nunca les ha impedido expresar abiertamente sus puntos de vista, al contrario. 
Si bien se han producido algunos abusos inadmisibles y bien documentados, también es cierto que algunos países han desarrollado algunas prácticas y costumbres que realzan el prestigio de sus asambleas parlamentarias y les otorgan un carácter y sabor propios. 
Tenemos el ejemplo del Reino Unido. 
Me parece que, aparte de las disposiciones de la reglamentación en vigor, las normas y la conducta son dictadas primordialmente por los precedentes, los cuales son, por definición, un trabajo en desarrollo en el caso del Parlamento Europeo. 
El mandato de las diputadas y diputados europeos es el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, y no hay motivo para pensar que los representantes electos carecen de alguna de ellas. 
Estoy a favor de la mayor parte de las medidas contenidas en este informe, aunque opino firmemente que el Parlamento debe proceder a una votación individual sobre los cambios para nuestros procedimientos, cuando esta votación abarque una serie de puntos en uno solo. 
Por estos motivos, me he abstenido, aunque acojo con satisfacción la aprobación del informe en su conjunto, ya que está claro que, para citar un ejemplo, varios diputados se han aprovechado hasta la fecha de nuestras normas bastante permisivas. 
. – He votado a favor del excelente informe de mi colega, la señora Vlasto, relativo a la aplicación de la Carta Europea de la Pequeña Empresa, porque esas pequeñas empresas son el verdadero motor de creación de riqueza y progreso social para un número muy elevado de conciudadanos europeos. 
Apoyo las propuestas encaminadas a confiar a la colaboración internacional de las Cámaras de Comercio un importante papel en materia de competitividad de las pequeñas empresas y a reconocer las empresas artesanales. 
Este informe tiene razón en subrayar que ni la Comisión Europea ni determinados Estados miembros han comprendido el gran desafío que representa la jubilación de millones de personas que gestionan pequeñas empresas. 
Por último, hay que hacer todo lo posible por que el funcionamiento cotidiano de este estrato económico, que es tan vital para el crecimiento, el empleo y la satisfacción de los consumidores, resulte más sencillo y más seguro desde el punto de vista jurídico, fiscal y social. 
. La delegación de los conservadores británicos se complace en respaldar el contenido de la mayor parte del informe de la señora Vlasto, pero ha decidido abstenerse debido a la formulación del apartado 22. 
Creemos que la competencia fiscal es beneficiosa y no constituye una ayuda estatal ilícita; no somos partidarios de la creación de una base imponible común y consolidada para el impuesto de sociedades. 
Sin embargo, felicitamos a la señora Vlasto y reiteramos nuestra determinación de crear un entorno que estimule la prosperidad de las pequeñas empresas. 
Las pequeñas empresas revisten una importancia crucial para la creación de puestos de trabajo en los Estados miembros y, por ende, para el futuro desarrollo de Europa. 
Sin embargo, esta no es una cuestión que trascienda las fronteras. 
Al contrario, cada Estado miembro debe decidir por sí mismo su propia política en materia de pequeñas empresas. 
La competencia institucional, en la cual los Estados miembros pueden encontrar buenas soluciones de manera independiente sin verse impedidos por las rígidas normativas comunitarias, reviste una importancia insólita para el desarrollo de las pequeñas empresas. 
Es precisamente por eso por lo que creemos que la UE no es la solución para establecer un entorno favorable a las pequeñas empresas. 
Este informe indica que existen obstáculos que impiden el desarrollo de las pequeñas empresas, por ejemplo, para obtener créditos y al hacer sus declaraciones fiscales, así como con los procedimientos administrativos para acceder a los Fondos estructurales y de desarrollo. 
Los Estados miembros deben esforzarse más para simplificar las cosas para las pequeñas empresas, y el informe señala que existen grandes diferencias en materia de educación empresarial y el cultivo del espíritu de empresa en las escuelas. 
Asimismo afirma que la Carta debería tener fuerza de ley y carácter vinculante, pues así sería mayor la implicación de los Estados miembros. 
Creer que una Carta Europea y una serie de informes anuales son la solución es tan solo otro ejemplo de que la UE no está suficientemente arraigada en la realidad. 
Por ello, la Lista de Junio ha votado en contra del informe. 
. – Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel esencial en la competencia y la innovación, en la formación profesional e incluso en la ordenación del territorio. 
Crean empleo y riqueza. 
Aún es más notable que lo hagan si se tiene en cuenta que a menudo están aplastadas bajo cargas fiscales, sociales y reglamentarias que llegan al límite de lo soportable; que están sometidas a la competencia mundial desenfrenada con menos armas que los grandes grupos para defenderse de ella; que el acceso a los capitales, indispensable para la inversión, les resulta más difícil, y que el cambio de propiedad pone en peligro a menudo su propia existencia. 
¿Puede venir la solución de Bruselas? 
Lo dudo. 
Las políticas europeas nunca han tenido realmente en cuenta ni los intereses ni las características específicas de las PYME, a pesar de que representan el 99 % de las empresas. 
Las ayudas o los programas comunitarios son accesibles sobre todo a las empresas que disponen de servicios especializados. 
La normativa europea es de una complejidad pasmosa y las normas impuestas son costosas de aplicar. 
La política comercial de apertura a la competencia mundial desenfrenada y desleal se suma a estas dificultades. 
Es cierto que la libre empresa crea empleo y riqueza y es cierto que es preciso favorecerla. 
Pero para que la Unión Europea desempeñe un papel en este sentido, será necesario que deje de ser una tecnocracia más devota de la ideología europeísta que de los intereses de los europeos. 
. – Esta Carta es una buena cosa, es incluso un éxito, porque se aplica en 35 países. 
Pero su aplicación deja que desear, como ilustra el quinto informe, que por lo demás solo contempla tres de sus diez líneas de acción. 
Intenté reparar, con una enmienda, una omisión de esta Carta, que ignora que, en muchos Estados miembros, los propietarios de pequeñas empresas, pero sobre todo los millones de cónyuges que trabajan para ellos, no están cubiertas por la seguridad social. 
Desde 1997, el Parlamento reivindica un estatuto marco para esa mano de obra invisible. 
Propusimos una modificación de la Directiva de 1986 relativa a la aplicación del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma. 
Pero la Comisión Europea ignora nuestras peticiones. 
Lo lamento tanto más cuanto que el informe que votamos no ha recogido mi enmienda y un extraño procedimiento me ha impedido presentarla al Pleno. 
Pero como en la resolución se hace referencia a los sistemas de seguridad social para estimular el espíritu de empresa, espero que mi sugerencia pueda tomarse en consideración en la aplicación de la tercera línea de acción de la Carta, que se centra en el propósito de legislar y regular mejor. 
. 
Deseo felicitar a la señora Vlasto por su importante informe sobre la aplicación de la Carta europea de las pequeñas empresas. Apoyo plenamente este informe y me felicito en especial de la idea de extender el ámbito de aplicación de la Carta, no solo a los países candidatos a la UE, sino también a los países mediterráneos, lo que contribuirá al desarrollo de la política europea de vecindad. 
Es indispensable adoptar medidas concretas y simplificadas y programas de inversión, a saber, la creación y desarrollo de fondos locales de capital de riesgo y programas de financiación («business angels» ), que permitan que las pequeñas empresas de ámbito local y regional incrementen sus inversiones en proyectos innovadores. 
. Aplaudo este informe sobre la aplicación de la Carta Europea para las pequeñas empresas y las microempresas. 
Hay que mantener el enfoque de la Carta y alentar más la participación de estas empresas en diversos programas de la UE. 
. 
El informe sobre la Carta europea de las pequeñas empresas reviste una gran importancia en vista del tejido de las empresas europeas, que está formado sobre todo por pequeñas empresas. 
En mi calidad de ponente sobre turismo sostenible de la UE, no dudo en felicitarme de las medidas que se están adoptando en este ámbito clave para el turismo, que sin duda es uno de los sectores económicos de más importancia para el crecimiento y el desarrollo económico de Europa. 
En nuestra opinión, las prioridades consistentes en una mano de obra cualificada, la formación de empresarios y la mejora de la legislación permitirán que este sector aproveche todas sus posibilidades, elimine las deficiencias y apoye el crecimiento en los diversos países signatarios de la Carta. 
Por tanto, he votado a favor del informe Vlasto. 
Las PYME son la columna vertebral de la economía europea, de la creación de empleo y del desarrollo regional. 
Por ello, la participación de las PYME es un factor vital a la hora de aplicar los objetivos contemplados en la Estrategia de Lisboa, que pretenden fomentar el crecimiento sostenible y la creación de más empleos de mayor calidad. 
Por ello me felicito de la aplicación de una Carta europea para las PYME, lo que permitirá a los Estados miembros la posibilidad de intercambiar buenas prácticas. 
La finalidad de este informe es reforzar los aspectos de las políticas comunitarias destinados a las PYME. Para ello recomienda racionalizar los instrumentos europeos ya existentes. 
Este informe destaca una vez más las dificultades que tienen las PYME para acceder a los programas de la Unión Europea y la financiación que estos ofrecen. 
Además de estos obstáculos, la situación empeorará, ya que el paquete financiero para las próximas perspectivas financieras 2007-2013, que adoptó el Consejo, sufrió durísimos recortes cercanos al 50 %. 
Me refiero a los proyectos de los que se benefician las PYME dentro del título «Competitividad, crecimiento y empleo» , y más concretamente al Séptimo Programa marco de desarrollo y el programa para la competitividad y la innovación. 
Señor Presidente, Señorías, al votar hoy a favor del informe del señor Fruteau sobre la reforma del mercado del azúcar lo hice con toda intención, ya que el mercado comunitario del azúcar es un mercado sumamente sensible. 
La remolacha azucarera es un producto importante para muchos de nuestros agricultores, pues puede cultivarse en lugares en los que las condiciones son demasiado adversas para otros productos agrícolas, por lo que una reforma bien meditada es crucial para garantizar la supervivencia de las explotaciones, en particular de las pequeñas y medianas. 
La reforma es necesaria, pero las ideas de la Comisión al respecto superan una vez más el objetivo, por lo que hoy pedimos un menor recorte de los precios del azúcar y la remolacha, más ayudas para el cultivo de materias primas sostenibles para sustituir el cultivo de la remolacha y pagos de compensación más elevados. 
También el Consejo considera que es necesario realizar ajustes y, en su decisión, menciona muchas de nuestras exigencias. 
La decisión del Consejo equivale a un triunfo para esta Cámara y para los cultivadores europeos de remolacha azucarera, pero los recortes siguen siendo excesivos. 
En vista de ello, me parece que envía una señal totalmente equivocada, en el sentido de que el Consejo debería formular, a instancias de la Comisión, una declaración de intenciones incluso antes de la votación en el Parlamento. 
Creo que las enmiendas que hemos propuesto hoy representan una solución mejor. 
Lo que tenemos es una buena reforma y queremos una mejor. 
Es eso lo que defiendo y por lo que he votado hoy. 
. – ¡Dejemos de dar con una mano y quitar con la otra! 
Este informe busca un equilibrio entre protección de las rentas de los agricultores europeos y de los países ACP. 
Propone así un descenso de precios más reducido y escalonado en el tiempo, para que los países ACP puedan encajar mejor el golpe de la reforma, así como un aumento sustancial del acceso al mercado europeo del azúcar procedente de los países menos avanzados. 
Las dos enmiendas del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo van también en la buena dirección, al prever la supresión total de las subvenciones a la exportación europea (a más tardar en 2013) y compensaciones para la reestructuración del sector azucarero de los países ACP, sobre la base de unas necesidades estimadas de 200 millones de euros al año. 
Es cierto que me habría gustado que la UE fuera más lejos y concediera de inmediato los medios para dicha reestructuración, en vez de la miseria de 40 millones que se ha prometido (propusimos el doble en la Comisión de Desarrollo). 
También me habría gustado que la fecha de entrada en vigor de la iniciativa «Todo menos armas» se fijara en 2009 y que la Unión suprimiera la posibilidad de exportar azúcar a bajo precio en el marco de la cuota C. 
Pero proseguimos la lucha en el marco de las negociaciones en curso sobre las perspectivas financieras. 
. La reforma es esencial. 
Sin embargo, los daños colaterales de esta reforma no deben repercutir en las economías pequeñas y vulnerables de los países ACP con los que mantenemos unas relaciones muy especiales. 
Los países ACP de África, del Caribe y del Pacífico sienten con razón que el acuerdo en el Consejo supone una traición y un abandono. 
Lo que el Parlamento ha propuesto hoy es igualmente insatisfactorio y, por esta razón, he votado en contra de la resolución. 
Hoy el Parlamento ha votado a favor de un aplazamiento en la aplicación del Acuerdo «Todo menos armas» (TMA). 
Esta medida limitará seriamente la promesa de una iniciativa concebida para proporcionar a los países menos desarrollados el acceso sin aranceles ni cuotas a los mercados del azúcar de la UE. 
Pido al Consejo que cumpla su compromiso con el TMA y que no aplique mecanismos de demora ni de protección. 
En estos momentos hay que mirar hacia el futuro y asegurarnos de que damos a los países ACP la ayuda financiera suficiente para su reestructuración. 
Se ha ofrecido a los agricultores europeos una compensación que asciende a 7 500 millones de euros, mientras que, hasta la fecha, la de los países ACP solo es de 40 millones de euros. 
Hoy, el Parlamento ha acordado que hay que satisfacer las necesidades de los países ACP que la Comisión estima en 200 millones de euros, con una nueva financiación actualizada. 
Espero que se tenga en cuenta. 
. Celebro la decisión que el Parlamento ha tomado hoy de respaldar la tan necesaria reforma del régimen comunitario del azúcar. 
Esta reforma mejorará la competitividad del sector del azúcar de la UE al suprimir las ayudas artificiales a la producción que han fomentado la sobreproducción y el dúmping del azúcar comunitario subvencionado en los mercados mundiales a precios que, a menudo, están por debajo del coste de producción. 
Con este fin, he votado a favor de poner fin a las subvenciones a las exportaciones comunitarias que distorsionan el comercio, como máximo en 2013. 
Estas subvenciones hacen bajar los precios del mercado mundial, repercuten negativamente en la capacidad de los países en desarrollo para el comercio y contradicen los propios objetivos de la política de desarrollo de la Unión. 
También he votado para asegurar que la UE cumple sus compromisos con algunos de los países más pobres del mundo a fin de permitir el acceso de su azúcar a nuestros mercados, sin aranceles ni cuotas, a partir de 2009 a través de la Iniciativa «Todo menos armas». 
No deben tolerarse más demoras ni restricciones como incentivo para que estos países desarrollen sus industrias incipientes. 
Lamento que aún no se haya acordado nuevo dinero para ayudar a los productores de los 18 países ACP signatarios del Protocolo del Azúcar a la vista del generoso paquete financiero disponible como parte de esta reforma para los productores comunitarios. 
Se inspira en el nihilismo. 
Destruir. 
Destruir. 
Destruir la industria del carbón, las acerías, el sector textil y, sobre todo, la agricultura. 
Hay tierras de cultivo: se las pone en barbecho. 
Hay leche: se instauran cuotas. 
Hay viñas: se arrancan. 
Pero, como todo esto no bastó para acabar con nosotros, así que se revisó totalmente la Política Agrícola Común. 
Inventaron la desvinculación –es decir, cobrar por no producir nada–, porque esta es su filosofía: no crear. 
No tienen más que un ideal: crear un gran asilo de ancianos continental, alimentado por despidos masivos. 
La reforma de la organización común del mercado del azúcar es un ejemplo perfecto de esta ideología. 
Tenemos refinerías de azúcar: la Comisión a pagarles por no producir nada. 
Por cada tonelada de azúcar que no produzcan les pagará 400, 500 o 600 euros, durante cuatro años. 
Después ya no quedarán productores, sino tan solo consumidores que ya no tendrán medios para consumir, entonces solo quedará eliminarlos. 
¡Viva la muerte! 
Este era el grito de llamada de los brahmanes. 
Acogemos con sumo agrado la reforma del régimen del azúcar, pero en este informe que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha elaborado para el Parlamento existen muchas partes por las cuales no voy a votar a favor. 
El régimen del azúcar ha necesitado una reforma durante al menos 15 años cuando el Tribunal de Cuentas llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre el régimen del azúcar (Informe especial 4/91) y concluyó que el sistema padecía de un exceso de oferta y de unos modelos de producción ineficientes y carentes de neutralidad presupuestaria. 
No puedo aceptar el llamamiento para la «introducción de modificaciones». 
Es necesario una renovación radical, no meras modificaciones. 
No puedo votar a favor de unos recortes de precios menores, una mayor compensación y menos recortes de cuotas que los propuestos por la Comisión. 
No votaré a favor de que se utilicen instrumentos de política de cohesión social y estructural para proteger a los productores de azúcar. 
Ya hay grandes dotaciones de fondos PAC ya para los agricultores de la UE. 
Estoy de acuerdo en que necesitamos controlar las importaciones de los países menos desarrollados (PMD) y protegernos del comercio triangular, pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas: 125 000 toneladas procedentes de los PMD. 
La producción de azúcar de la UE es de unos 17,4 millones de toneladas. 
¿Por qué nos centramos tanto en las importaciones de los PMD? 
. La reforma del régimen del azúcar de la UE necesitará una gran capacidad de reestructuración por parte de los productores y agricultores de la UE, así como de los agricultores de los países signatarios del Protocolo del Azúcar, cuyos medios de vida se han estructurado en torno al comercio con la UE durante más de 40 años. 
Mientras que los agricultores de la UE disponen de compensaciones y planes de ayuda necesarios, como parte de un paquete financiero generoso, lamento que no se haya concedido todavía más dinero para ayudar a los productores de los 18 países ACP signatarios del Protocolo del Azúcar. 
Creo que la UE tiene la obligación de destinar fondos suficientes en concepto de ayuda a la reestructuración a estos países al amparo de las perspectivas financieras, más allá de los 40 millones de euros comprometidos hasta este momento para 2006. 
Por lo tanto, he votado a favor de una enmienda para incorporar la ayuda de la UE a los países ACP en el marco de la propuesta de ayuda directa. 
Creo que las propuestas de la Comisión para las nuevas perspectivas financieras, que tienen en cuenta una dotación de 190 millones de euros anuales para ayudar a los productores de los países ACP a adaptarse a la reforma del azúcar, constituyen la base para un plan de ajuste más aceptable para nuestros socios comerciales de los países ACP. 
La delegación del partido conservador británico ha votado en contra de este informe, porque sus principales recomendaciones no convienen a los intereses de los eficientes productores de azúcar del Reino Unido, ni tampoco logran, a nuestro entender, la reducción de la producción de azúcar en la UE necesaria para evitar recortes de cuota lineales. 
No es justo que se castigue a nuestros agricultores por su eficiencia, que suelen producir más de 300 toneladas anuales, recibiendo solo un 50 % de compensación. 
Esta cifra es considerablemente más baja que la que tanto la Comisión como el Consejo han propuesto. 
Asimismo, la idea de que los Estados miembros pueden quedarse con una suma indeterminada de sus subvenciones vinculadas a la producción hace caso omiso de la última reforma de la PAC y hará que menos productores eficientes mantengan la producción general a un nivel insostenible. 
Sin embargo, apoyamos la dirección del informe con respecto al aumento de las primas para los cultivos energéticos y el incremento de la superficie máxima garantizada para esta producción con el fin de fomentar la promoción de los biocombustibles. 
– Señor Presidente, siempre he aceptado la necesidad de una revisión del régimen del azúcar de la política agrícola común, pero me opongo a la destrucción total de la industria del azúcar en mi país y en otros Estados miembros de la UE. 
Irlanda se enfrenta a la perspectiva del cierre de su única planta de tratamiento. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el consumo mundial de azúcar en 2004-2005 fue de 144,8 millones de toneladas, con una producción de solo 149 millones de toneladas. 
Podemos prever un aumento exponencial ya que China, la India y muchas otras economías que evolucionan rápidamente aumentan su consumo de azúcar de los 10 kg per cápita al año actuales a la media europea de 35 kg per cápita anuales. 
Tenemos que mantener la capacidad de producción y transformación para hacer frente a estos futuros retos. 
Al haber perdido la votación sobre la organización común del mercado, lógicamente he apoyado los otros dos informes –sobre los planes de ayuda directa y la reestructuración temporal de la industria del azúcar– con el fin de garantizar el mejor acuerdo posible para los agricultores irlandeses, de la UE y de los países ACP. 
En general, la posición del Parlamento es una mejora de las propuestas de la Comisión y el Consejo, pero no llegan lo suficientemente lejos. 
. 
Reconozco que es necesario reformar el sector europeo del azúcar. 
No obstante, a fin de que resulte equitativa y eficaz, esta reforma debe establecer un equilibrio entre los siguientes elementos: 
los compromisos comerciales internacionales asumidos; 
los objetivos propuestos para aumentar la competitividad del sector; 
la estabilidad del mercado comunitario; 
la viabilidad y sostenibilidad del sector, en particular en lo referente a garantizar la renta de los productores europeos; 
y las condiciones comerciales preferenciales que la UE concede a los países ACP y a los países menos desarrollados, en particular mediante incentivos para la exportación de azúcar hacia la UE, en el marco de la iniciativa «Todo menos armas». 
A tal fin, me felicito de las líneas generales de la reforma que propone este informe, junto con siguientes enmiendas para mejorar las propuestas de reforma de la Comisión: 
un recorte menos pronunciado de los precios; 
la adopción de un reglamento comercial; 
la aplicación de medidas destinadas a amortiguar los efectos económicos de la reforma; 
y ayudas para el desarrollo de diferentes productos para ofrecer una salida alternativa a la producción de azúcar. 
Por tanto, he votado a favor de este informe. 
. Dicen que es mejor enseñar a pescar que dar de comer. 
Por supuesto, si vamos a proceder insensiblemente al cierre de la producción de azúcar en Irlanda y la UE, tenemos que compensar adecuadamente a los agricultores y productores... incluso si solo es para acallar la voz de nuestras conciencias. 
Pero ¿estamos locos? 
¿Por qué estamos cerrando la producción de azúcar cuando necesitamos desesperadamente encontrar alternativas para los carburantes derivados del petróleo? 
¿Por qué estamos pagando por tener campos vacíos y equipos oxidados, cuando necesitamos la producción de azúcar más que nunca? 
El azúcar tiene otros usos además de los dulces. 
Por una parte, estamos alertando sobre la desaparición del petróleo y fomentamos alternativas. 
Por otra, se hace desaparecer el azúcar, una de las alternativas viables. 
Parece que una mano no sabe lo que hace la otra. 
¿Cómo conseguiremos algo de esa forma? 
Aunque tenemos previsto nuestro propio paquete de compensaciones, recordemos que terceros países, como la República de Mauricio, están siendo devastados por nuestras reformas azucareras. 
. 
Existe un amplio consenso de que es necesario reformar el sector del azúcar para que esta importante industria sea más sostenible, de acuerdo con la última reforma de la PAC y las obligaciones internacionales de la UE. 
Sin embargo, a pesar de estos nobles objetivos, la reforma que propone la Comisión provocaría graves problemas a los agricultores europeos, en particular debido a la fuerte reducción del precio del azúcar. 
Por ello apoyo el informe del señor Fruteau, así como la labor que han llevado a cabo los distintos Grupos políticos en la Comisión de Agricultura, que envían, en mi opinión, un mensaje sumamente claro a la Comisión y al Consejo. 
Además de limitar las reducciones de precios al 30 % en la organización común de mercado del azúcar, quiero destacar la enmienda 3 relativa a los programas de ayuda para los agricultura, que contempla la posibilidad de que los Estados miembros sigan disfrutando de subsidios vinculados a la producción, al menos hasta cierto punto. De este modo se evitará que el sector azucarero desaparezca rápidamente en las regiones más amenazadas por esta reforma. 
Asimismo quisiera destacar la posibilidad de que el fondo de reestructuración conceda ayudas a aquellos agricultores que renuncien a parte de su cuota, contemplada en la enmienda 7, lo que permitiría a algunas explotaciones llevar a cabo su conversión. 
Apoyamos una reforma radical del sector del azúcar de la UE. 
Resulta absurdo sostener un mercado que no es competitivo mediante un amplio proteccionismo e importantes ayudas económicas. 
El Parlamento Europeo intenta cerrar el paso a las propuestas de reforma de la Comisión. 
El Parlamento Europeo desea que la reforma se aplique durante un período más prolongado, limitar las reducciones de precios, aumentar las ayudas a la reestructuración y conceder formas especiales de ayuda a la producción en zonas con «condiciones climáticas estructurales». 
De este modo se pospondrían los ajustes estructurales necesarios. 
En general, las propuestas de la Comisión para esta reforma van más lejos. 
Por ello hemos decidido votar contra las propuestas del Parlamento Europeo. 
. 
Para explicar mi voto contrario a las enmiendas 73, 18/rev. y 18 a los informes Fruteau sobre OCM azúcar, disposiciones comunes aplicables en el marco de la PAC, y régimen para la reestructuración del azúcar en la CE, respectivamente. 
He seguido este con la máxima atención, dadas las repercusiones sociales y económicas que una mala reforma podría tener para numerosas regiones europeas, muchas de ellas españolas. 
Y recuerdo perfectamente los argumentos esgrimidos tanto por la Comisaria como por el Presidente de la Comisión de Agricultura del PE en defensa de la posibilidad de que el Consejo adoptase un acuerdo político antes de que hubiese finalizado el trámite parlamentario. 
La Conferencia de Hong- Kong no nos iba a esperar, ni tampoco la campaña de siembras. 
Así lo expresó, a través de una carta a la Comisaria Fisher-Boel, el Presidente Daul. 
Las razones eran de peso, y así lo entendimos. 
No puedo, por tanto, apoyar hoy con mi voto esta crítica totalmente injustificada dirigida al Consejo, no en este. 
Por todo ello, y porque el acuerdo alcanzado es lo más parecido a la posición de la comisión AGRI, he votado que no a estas tres enmiendas. 
. 
El sector del azúcar debe reformarse para que sea más sostenible, tras la última reforma de la PAC. 
Sin embargo, esta reforma provocará graves problemas a los agricultores europeos, sobre todo debido a la fuerte reducción del precio del azúcar. 
El hecho de que la propuesta de la Comisión se base en los intereses de los principales países productores de excedentes y no en los pequeños países que no producen suficiente remolacha azucarera para satisfacer su consumo, como Portugal, nos recuerda que los desequilibrios del mercado mundial no se deben a países como Portugal. 
Por ello me gustaría destacar la posibilidad, que propone este informe, de que los Estados miembros sigan beneficiándose de subvenciones vinculadas a la protección, al menos hasta cierto punto. De este modo se evitará que el sector azucarero desaparezca rápidamente en las regiones más amenazadas por esta reforma. 
Por ello me sorprende que se haya mantenido la posibilidad del fondo de reestructuración y las ayudas para quienes renuncien únicamente a parte de su cuota. De este modo, la industria azucarera en algunos países, como Portugal, podría abandonar el sector agrícola para dedicarse a la industria de la transformación. 
Por tanto, he votado a favor de los informes Fruteau. 
. He votado a favor de esta resolución. 
Condeno categóricamente el abuso continuado de los derechos humanos de ciudadanos inocentes a escala masiva en Chechenia. 
Los aspectos democráticos, de derechos humanos y de buen gobierno tienen que formar parte de la política de la UE para la cooperación con Rusia. 
Una Rusia caracterizada por la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos es una Rusia más atractiva para la inversión extranjera. 
También es un vecino mucho más estable y predecible. 
. Chechenia fue conquistada por la Rusia Imperial en el siglo XIX, su pueblo fue deportado en varias ocasiones por Stalin y, más recientemente, ha sido bombardeado y asesinado bajo los regímenes de Yeltsin y Putin. 
Tras la primera guerra, en los años noventa, el negociador de la paz, Alexander Lebed, acordó en nombre de Rusia que Chechenia pudiera elegir democráticamente la independencia tras un período transitorio, pero este acuerdo nunca fue cumplido, por lo que no podemos esperar que los chechenos consideren que su país forma parte de Rusia. 
Ningún pueblo está dispuesto a someterse a quienes lo han asesinado y oprimido de modo brutal, de manera que la resistencia nunca terminará y, me temo, tampoco su supresión a manos de una superpotencia militar. 
Esta resolución resulta relativamente blanda en relación con la intimidación y el engaño que caracterizaron las elecciones celebradas recientemente con la intención de obtener un apoyo mayoritario para las marionetas de Moscú. 
Además, el texto vuelve a hacer hincapié en la integridad territorial de Rusia, a pesar de que el mantenimiento de esta región como parte de Rusia se basa exclusivamente en la violencia. 
En vista de la desesperada situación que reina actualmente, esta resolución que destaca con toda razón los numerosos abusos cometidos, resulta preferible a seguir guardando silencio ante las fechorías de nuestro principal proveedor de energía, y es por ello por lo que he votado a favor de ella. 
Me ha complacido apoyar esta resolución y el trabajo de mi colega de Grupo, Bart Staes, quien sé que ha estado trabajando en estrecha colaboración con la comunidad chechena. 
La situación en Chechenia se puede mejorar si la UE se involucra y esta propuesta contiene ideas que conviene asegurar que se lleven adelante. 
Señor Presidente, el Informe Duff/Voggenhuber equivale a que el Parlamento Europeo ponga por los suelos la democracia y refleja la opinión de que los referendos celebrados en los Países Bajos y Francia carecen de importancia, y que la Constitución debe entrar en vigor en 2009, por cualquier medio y pase lo que pase. 
Esto es algo peor que el hecho de que la Comisión Europea actúe como si esta cuestión no fuera de su incumbencia. 
En realidad es lo mismo. 
Esta Cámara se encuentra en muy mala compañía bajo la Presidencia de Austria, cuyo canciller, el señor Schüssel, no se avergüenza de pedir la repetición de los referendos en Francia y los Países Bajos, con la idea de que el pueblo siga votando hasta que lo haga en el sentido que desean los eurócratas. 
Y eso en sí no es tan malo, en vista de que en otros países ni siquiera se votará –como en el mío, por ejemplo, en el que no se votará sobre asuntos como la Constitución europea– y los Parlamentos deberán ratificar esa monstruosidad sin consulta popular. 
En todo caso, todas las instituciones europeas están evidentemente unidas en su desprecio por las democracias nacionales y por la voluntad democrática popular. 
Esta no es la manera de hacer algo para contrarrestar la gran repugnancia que nuestro pueblo siente por Europa. 
– Señor Presidente, después de escuchar el debate de ayer sobre este tema, he decidido decir algo sobre el extraño concepto de la democracia que tienen algunos diputados de esta Cámara y la Comisión. 
He oído decir que en los referendos celebrados hasta este momento, hay un mayor número de personas que han votado «sí» que «no» en todos los países y que, por lo tanto, tenemos que seguir adelante con esta maravillosa Constitución. 
Como un grupo de personas de mi muy sabio electorado de Northampton y Daventry me dijeron en las elecciones generales del Reino Unido del año pasado, en Inglaterra, mi partido –los Conservadores– obtuvo más votos que el Partido Laborista o los Demócratas-Liberales. 
Por lo tanto, quizá, utilizando esta maravillosa visión eurócrata de la democracia, deberíamos ser los que estuviésemos en el poder. 
La democracia consiste en seguir los deseos democráticos de las personas y garantizar que los ciudadanos tienen el poder de elegir la dirección en la que quieren que se mueva su ayuntamiento, su Parlamento o Europa. 
No consiste en quitarles el poder a las personas, ignorando sus opiniones y dándoselo a una clase política que se cree más sabia. 
Por este motivo, he votado en contra del informe. 
– Señor Presidente, durante el debate del informe Duff-Voggenhuber, algunos diputados han hecho algunos comentarios muy divertidos, comparando a los diputados que no estaban de acuerdo con ellos con avestruces. 
Lo hicieron con humor, y les felicito, porque, con respecto al mismo tema, el año pasado lo hicieron más bien con violencia, lo que demuestra que hemos hecho bien en modificar nuestro Reglamento. 
Quisiera asumir aquí la defensa de esa denigrada ave, porque ningún naturalista ha visto jamás a un avestruz meter la cabeza en la arena. 
Al contrario, es bien sabido que cuando el león se acerca, el avestruz, para proteger su nidada, se sacrifica alejándose un poco del nido y dejándose devorar por la fiera. 
Por tanto, el avestruz está ahí para sacrificarse por las generaciones futuras: ¡es un símbolo de valentía y devoción! 
Así que para cualquier científico o naturalista, que le llamen avestruz no es un insulto, sino un honor. 
Señor Presidente, me gustaría hacer una breve declaración sobre el sentido de mi voto sobre el informe Voggenhuber/Duff. 
Se trata de un buen informe, cuyo principal fundamento es que Europa debe seguir adelante, y eso es lo importante, ya que quienes votaron «no» en los referendos tampoco estaban satisfechos con el estado actual de Europa. 
Este informe expone que es necesario contar con el apoyo popular y que tenemos a nuestro alcance varias opciones, aspecto que también es importante, ya que los referendos son un hecho, con los votos negativos en los referendos francés y neerlandés, y los votos afirmativos en los referendos de España y Luxemburgo. 
También me complace que el texto actual incorpore la enmienda 18, la cual declara expresamente que es necesario satisfacer hasta cierto punto las objeciones de los ciudadanos de países como Francia y los Países Bajos. 
Esto está claro como el agua, y es eso lo que lo hace un buen informe, cuyo fundamento es que debemos seguir adelante, que debemos tener el valor de salir de este punto muerto, pero que debemos hacerlo a través de las opciones que se nos ofrecen; el período de reflexión en que nos encontramos actualmente, tomando en consideración la opinión pública, incluso la de los países en que el resultado de los referendos ha sido negativo. Este me parece un planteamiento sano, y es por ello por lo que los miembros de la delegación de la CDA apoyamos con entusiasmo esta forma de proceder. 
– Señor Presidente, medio año después del «no» francés y neerlandés, vemos cómo el Parlamento Europeo tira a la papelera la voluntad democráticamente expresada por la mayoría. 
Parece que es absolutamente necesario que la Constitución entre en vigor, pase lo que pase, en algún momento del año 2009. 
Es irónico que una de las razones citadas en el informe para justificar la necesidad de una Constitución Europea es que después de las entradas de Bulgaria y Rumanía no será posible ninguna ampliación con arreglo al actual Tratado de Niza. 
Es bien sabido que la oposición a nuevas ampliaciones, y seguramente a la posible entrada de Turquía, fue una de las principales razones del rechazo de la Constitución. 
Hoy se ve que esta Cámara demuestra una vez más lo lejos que está de los ciudadanos a los que así y todo pretende representar. 
. Dejemos que los ciudadanos decidan. 
Solo se pueden modificar los tratados por unanimidad. 
La propuesta de Constitución ha sido rechazada por el 55 % de los electores en Francia y un 62 % en los Países Bajos. 
Hay que respetar este veredicto. 
Por lo tanto, la propuesta de Constitución ESTÁ muerta con arreglo a las normas aprobadas por unanimidad entre los Estados miembros de la UE. 
La próxima reunión del Consejo Europeo tiene que declarar, en consecuencia, que el proyecto de texto está muerto; reflexionar sobre los votos del «no» ; volver a leer las cuestiones de la Declaración de Laeken y retomar los primeros originales. 
La condición indispensable es decidir si los Tratados requieren la aprobación popular. 
Creemos que los tratados han de ser aprobados por referendo en todos los Estados miembros donde sea jurídicamente posible. 
Sería deseable que los referendos se celebraran en la misma fecha. 
Hay que pedir tanto a los defensores como a los detractores de la Constitución que elaboren un texto conjunto para el debate sobre las posibilidades futuras. 
Puede incluir enmiendas conjuntas sobre la transparencia y los procedimientos democráticos, sobre los que el grupo de trabajo puede opinar. 
Incluirá seguramente diferentes propuestas para catálogos de competencias sobre los que los miembros pueden discrepar. 
Tras un año de debate, conviene presentar dos alternativas a los electores nacionales: Por un lado, una Constitución renovada; por otro, un Acuerdo de Cooperación entre las democracias europeas. 
La nueva Convención, elegida directamente, tiene que trabajar en público en grupos de trabajo y sesiones plenarias durante un año. 
Habrá un grupo de trabajo especial por cada capítulo de los Tratados vigentes para permitir una simplificación drástica de los textos complicados que ahora existen. 
Por último, el Pleno de la Convención podrá adoptar dos propuestas diferentes, un proyecto de Constitución y un proyecto de Acuerdo de Cooperación y, a continuación, preguntar a los electores qué es lo que prefieren. 
Cuando tengamos el veredicto de los ciudadanos, los Estados miembros podrán, en ese momento, reunirse en una conferencia intergubernamental formal y adoptar las decisiones necesarias para que se aprueben formalmente, según las exigencias de las constituciones nacionales. 
Si uno o dos Estados miembros rechazan los proyectos, deberá hallarse una solución por unanimidad con respecto a las normas del juego acordadas para los cambios en los Tratados. 
Nosotros, que somos minoría en la Comisión Constitucional del Parlamento Europeo y en el Intergrupo SOS Democracia en el Parlamento Europeo, esperamos y creemos que los ciudadanos de la mayor parte de los Estados considerarán que no existe ninguna necesidad de una constitución que vaya más allá de sus propias constituciones nacionales. 
Esperamos que los defensores de la Constitución demuestren el mismo respeto por la democracia. 
Nuestra alternativa se puede fundamentar en siete amplias propuestas: 
La Constitución está muerta. 
En vez de una Constitución complicada y el Tratado de Niza, que tiene prioridad sobre las constituciones nacionales, queremos un acuerdo de cooperación con menos de 50 artículos. 
Los países que no quieran adherirse al acuerdo de cooperación pueden elegir un acuerdo de libre comercio en su lugar. 
El Consejo Europeo deberá crear un grupo de trabajo con igual número de defensores y detractores de la Constitución con el fin de presentar una propuesta de reglamento que sea lo suficientemente flexible para unir y no para dividir a Europa, tal como hemos visto que hace la Constitución. 
La apertura y el pleno acceso a la documentación será la norma principal. 
Todas las excepciones se aprobarán con un apoyo del 75 %. 
El Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Parlamento de la UE deberán poder controlar todos los gastos. 
Los dirigentes deberán ser responsables directos a través de la urna ante quienes tienen que acatar sus decisiones en cada país. 
Las leyes deberán aprobarse por unanimidad o por una mayoría del 75 % entre los Estados miembros y por mayoría simple en el Parlamento de la Unión Europea. 
Deberá existir la oportunidad de ejercer el veto, cuando un Parlamento nacional vote en contra de una propuesta de legislación de la UE y solicite al primer ministro o presidente que saque el caso a colación en la próxima cumbre. 
Los Parlamentos nacionales controlarán el principio de subsidiariedad. 
Hay que proceder a una revisión crítica de las 100 000 páginas de legislación vigente y, en su mayoría, deben eliminarse o devolverse a los Estados miembros. 
Las leyes deberán aprobarse como un conjunto común de normas mínimas que da a los Estados miembros una mayor flexibilidad y la posibilidad de disponer de un mayor grado de protección en seguridad, sanidad, medio ambiente, condiciones laborales, condiciones sociales y protección del consumidor. 
Preferiríamos el reconocimiento mutuo a una armonización total. 
La política exterior y de seguridad, la cooperación en la zona euro y la cooperación jurídica no deberán ser parte obligatoria de la cooperación, sino que podrán transferirse a una cooperación mejorada si así lo desean los distintos países. 
La defensa deberá excluirse del marco de la Unión. 
. – Con este informe sobre el período de reflexión, el Parlamento tenía una ocasión única de hacer un trabajo útil: habría podido ser la primera institución europea en lanzar la reflexión sobre las opciones realistas para salir de la situación creada por el doble «no» francés y neerlandés, en torno a dos orientaciones: un texto constitucional recentrado en las partes I y II y una revisión de la parte III dedicada a las políticas. 
Era la voluntad de los coponentes del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y del Grupo de los Demócratas y Liberales por Europa, cuyos constantes esfuerzos saludo, y junto a los cuales he firmado enmiendas a favor de un «núcleo constitucional». 
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo han rechazado esta línea política pragmática y útil, reafirmando su adhesión al texto actual de la Constitución. 
La idea es que es posible hacer que franceses y neerlandeses vuelvan a votar el mismo texto. 
Esta denegación del voto de los pueblos es estéril, cualesquiera que hayan sido las posiciones de unos y otros: por ello, celebro que la delegación socialista francesa, con pocas excepciones, se haya abstenido. 
Al final, el único mensaje útil que se desprende de este texto es que el período de reflexión debe continuar hasta junio de 2007. 
. La pausa para reflexionar sobre la Constitución Europea se ha caracterizado hasta ahora más por el silencio que por el debate. 
Aunque el Parlamento, por medio de esta resolución, está haciendo un intento encomiable de relanzar el debate, la resolución también manifiesta la expectativa de que un resultado del periodo de reflexión será el mantenimiento del texto actual de la Constitución, cosa que me parece engañosa e indeseable, en la medida en que no tiene en cuenta el rechazo de la Constitución por los electorados francés y neerlandés. 
Es lamentable que el Parlamento, en este punto, haya hecho caso omiso a las advertencias formuladas por sus ponentes, el señor Duff y el señor Voggenhuber, y por esta razón me he abstenido en la votación final sobre la resolución. 
El periodo de reflexión debe utilizarse para preparar un acuerdo sobre el procedimiento de una nueva reforma de los Tratados que sea lo más democrático posible. 
Al decir «no» a la Constitución, los franceses y los neerlandeses sin duda no dijeron «sí» al rumbo que sigue hoy Europa. 
Hemos votado a favor del informe sobre una evaluación del debate sobre la Unión Europea. 
Creemos que el informe es en lo esencial correcto, pero queremos hacer hincapié en que no es tarea de las instituciones europeas convencer a los ciudadanos de qué cambios son necesarios o constructivos. 
La formación de la opinión y el debate político deben basarse en el compromiso de los individuos e inspirarse en los que desempeñan un papel en la sociedad democrática, en los partidos políticos y en otras asociaciones voluntarias. 
. El informe Duff/Voggenhuber se equivoca al enjuiciar las realidades políticas, tanto en los Países Bajos como en Francia. 
Exigir, como hace, que se garantice que la Constitución entre en vigor en 2009 es un insulto no solo a los votantes neerlandeses, sino también al Estado de Derecho en la UE. 
Otros pasajes (apartados 1, 5, 7 y 31) tampoco hacen justicia al inequívoco voto negativo en los Países Bajos. 
Por esa razón me parece imposible votar a favor del informe. 
También creo que los Países Bajos tienen que dejar claro precisamente lo que quieren, tanto si desean renegociar la Constitución, como si prefieren continuar basándose en el Tratado de Niza o empezar todo el proceso de nuevo. 
Si los Países Bajos optan por la renegociación, tendrán que señalar claramente lo que quieren. 
Un mensaje claro de los Países Bajos a esta Cámara habría sido muy útil, teniendo en cuenta el hecho de que, en los Países Bajos, el debate se ha cerrado. 
. 
Apoyo y he votado a favor del informe que tenemos sobre la mesa. 
La Constitución Europea no ha «muerto». 
Los votos en contra en los referendos francés y neerlandés sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa no fueron un «certificado de defunción» , sino únicamente el aplazamiento del proceso de ratificación en curso por entonces. 
Sin embargo, a la vista de los resultados negativos en Francia y los Países Bajos, no parece posible continuar tratando de ratificar el texto actual sin modificarlo. 
Dicho esto, la idea de abandonar el proyecto de Constitución es totalmente descabellada. 
Un acuerdo constitucional, tal como señalan los ponentes, es esencial si la UE quiere ganarse (o recuperar) la confianza de los ciudadanos europeos, mantener la dinámica de la integración europea y desempeñar un papel creíble en la escena internacional. 
Sobre este telón de fondo, el «periodo de reflexión» debería servir para relanzar el proyecto de Constitución, basado en debates públicos amplios sobre el futuro de Europa en los que participaran los ciudadanos, la sociedad civil, los interlocutores sociales y los Parlamentos regionales y nacionales. 
La finalidad de este debate debería consistir en clarificar, profundizar y perfeccionar la Constitución, examinar las críticas que se le hacen, encontrar soluciones a la crisis constitucional y abordar las preocupaciones de los ciudadanos de Europa. 
. 
Hemos votado en contra de este informe, que consideramos que supone una presión inaceptable sobre los Estados miembros y sus instituciones democráticas, tras el rechazo de la denominada Constitución Europea por los ciudadanos de Francia y los Países Bajos. 
Aunque el Parlamento reconoce que la ratificación ahora de la Constitución chocaría con «dificultades que podrían resultar insuperables» , a menos que pudieran tomarse medidas para abordar las preocupaciones expresadas en Francia, los Países Bajos y otros Estados miembros, la mayoría seguiría adelante y transformaría el actual periodo de reflexión en el relanzamiento del borrador de la Constitución, sobre la base de un debate público más amplio acerca del futuro de la integración europea. 
Lo que la mayoría del Parlamento querría ver es una mayor campaña de propaganda para presionar a los ciudadanos a aceptar la denominada Constitución Europea. 
Aunque estamos de acuerdo con que el Tratado de Niza no constituye una base para el futuro –y por eso hemos votado en contra–, nos oponemos a los intentos de continuar por el camino de un mayor neoliberalismo, federalismo y militarismo. 
Queremos una Europa en la que haya una mayor cooperación entre Estados miembros iguales y soberanos, una mayor cohesión económica y social, una mayor solidaridad y un compromiso auténtico con la paz y el progreso social. 
. – El fracaso del Tratado constitucional es menos un problema de texto que de contexto. 
Desde el exterior, Europa se ve como la entidad política en que mejor se cumplen las libertades públicas, los derechos sociales y la preservación del medio ambiente de todo el mundo. 
Pero, en el interior, las poblaciones dudan de un proyecto de integración para el que los Estados se niegan a poner los medios. 
El informe del Parlamento no aporta ninguna respuesta a las dudas, los temores y los egoísmos nacionales. 
En vez de atacar los problemas: la falta de crecimiento, el desempleo y las tensiones en el campo y en la ciudad, la Comisión y el Parlamento preconizan el diálogo, los foros, en breve «la cháchara». 
Diálogo, sí, ¿pero sobre qué? 
¿Sobre asuntos a los que la clase política no es capaz de dar respuesta? 
A la Unión le falta no solo una visión de futuro concreta, sino sobre todo auténticos hombres de Estado. 
Si a pesar de todo he votado a favor del informe, ha sido por no unir mi voz a la de quienes se oponen a una Europa más integrada y solidaria. 
. 
El debate sobre las grandes cuestiones europeas que se ha producido en los últimos meses se ha caracterizado más por la emoción que por el pensamiento. 
Tanto si hablamos de la Constitución como de la directiva de servicios o de REACH –por nombrar solo unos pocos casos–, el reto que tenemos que afrontar es la simplificación del lenguaje que usamos y la manera en que nos comunicamos, para no ceder el terreno a los denominados populistas. 
Apenas alguna otra institución posee tantas estructuras y tantos medios para apoyar la comunicación, y apenas también ninguna otra institución utiliza un lenguaje cuya complejidad abre la puerta a las tergiversaciones deliberadas o involuntarias. 
Con demasiada frecuencia, las dos cosas que se quedan en agua de borrajas en cualquier debate sobre Europa son la referencia común a lo que se ha conseguido y una explicación de las novedades introducidas en ese contexto. 
Hay fundamentalmente dos grandes escuelas de pensamiento en lo que se refiere al futuro de Europa. 
Una de las cosas que ha hecho la Constitución ha sido demostrar cómo los que quieren más Europa y los que quieren menos se aúnan para frenar el avance de Europa, no por su manera de pensar, sino por la orientación de su voto. 
Si estas contradicciones se aclaran y resultan más fácilmente comprensibles en provecho de los ciudadanos, el resultado será un nuevo y auténtico debate europeo. 
El informe Duff va en la dirección correcta; todo lo que se necesita es acción. 
. 
La mayoría del Parlamento, incluidos los socialistas y socialdemócratas portugueses, ha aprobado un informe que lanza las campanas al vuelo. 
Al amparo de un «periodo de reflexión» dice que debe haber debate, aunque, abandonando la prudencia, ha anunciado ya su conclusión: «relanzar el proyecto constitucional» ; «evitar otra derrota» ; «ampliar» el «consenso constitucional» ; «dar publicidad» , con «fondos suficientes» , «tranquilizar y convencer a la opinión pública» y «garantizar que la Constitución entre en vigor» «en 2009». 
Dejando aparte el hecho de que no tiene poder para hacer esto, el Parlamento está intentando confundir las cosas y declarar fraudulentamente que la «Constitución Europea» no ha sido rechazada realmente. 
Ha sido rechazada por los franceses y por los neerlandeses, con lo cual ha dejado de tener valor alguno, por lo menos de acuerdo con los Tratados. 
No es una coincidencia que la UNICE, la asociación de empresarios europeos, diga en una carta a la Presidencia austriaca: «hay una urgente necesidad de encontrar la salida a la crisis actual de la UE». 
Continúa diciendo que la «pausa para reflexionar… parece estar más marcada por la pausa que por la reflexión». 
Los capitanes europeos de la industria y las fuerzas políticas que ejecutan sus directrices están, una vez más, en contra de los deseos de los ciudadanos, intentando recuperar la iniciativa. 
He votado a favor del apartado 27, pero no comparto su segunda frase. 
No hace falta tranquilizar a la opinión pública. 
Los ciudadanos pueden pensar por sí mismos y adoptar su propio punto de vista acerca de la Constitución. 
. 
Quiero felicitar al señor Duff y al señor Voggenhuber por su excelente informe sobre el periodo de reflexión: estructura, temas y contexto de una evaluación del debate sobre la Unión Europea. Estoy de acuerdo con la propuesta de que este periodo de reflexión se utilice para relanzar el proyecto constitucional sobre la base de un amplio debate público en torno al futuro de la integración europea. 
También estoy de acuerdo con la sugerencia de que este nuevo diálogo democrático, que debería verse como una oportunidad para promover la democracia europea, debería conducirse y coordinarse en toda la Unión, estructurado por temas comunes y en fases realistas de acuerdo con un marco acordado para la evaluación y concebido para dar pie a opciones políticas decisivas. 
También reconozco que es estratégicamente importante para las instituciones políticas fomentar una actitud activa por parte de los medios de comunicación (en particular la televisión, la prensa y la radio local) y de lograr que den publicidad e intensifiquen el debate. 
Estoy de acuerdo, además, con que las conclusiones del periodo de reflexión deberían redactarse a más tardar durante la segunda mitad de 2007, y que debería alcanzarse una decisión clara en esa fase sobre cómo proceder con la Constitución, y que, en cualquier caso, deberían hacerse todos los esfuerzos por garantizar que la Constitución entre vigor en 2009. 
. Celebro este informe que aclara, tras el «no» francés a la Constitución, dónde estamos en lo que se refiere a las futuras reformas constitucionales de la UE. 
Los ponentes tienen razón al observar que la Unión dispone de varias opciones, que van desde el abandono total del proyecto constitucional, seguir intentando ratificar el texto actual sin modificaciones, intentar aclarar o añadir nuevos elementos al texto actual, reestructurar o modificar el texto o embarcarse en una nueva versión. 
No se deberían sacar conclusiones sobre estas opciones hasta que concluya el período de reflexión, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2007. 
. En la Constitución, que los votantes de los Países Bajos y Francia rechazaron por amplia mayoría, había un poco de todo. 
La mayoría del electorado está a favor de que las reuniones del Consejo se abran al público, de una prueba de subsidiariedad por parte de los Parlamentos nacionales o de los tímidos avances hacia una iniciativa ciudadana en el artículo 47. 
Estas cosas se podrían haber introducido hace mucho tiempo, incluso sin Constitución. 
Mucho más controvertidas eran las decisiones de política económica y militar que este texto iba a consagrar, como que la libre competencia sin trabas fuera uno de los principales objetivos de la UE, la cada vez más amplia liberalización de los servicios o el constante perfeccionamiento de los sistemas de armamentos de los Estados miembros. 
Ambos ponentes quieren adoptar la práctica de las ventas condicionadas, que implica que los aspectos positivos son rehenes de los negativos, en la creencia de que su aprobación es solo una cuestión de tiempo. 
Incluso quieren frenar la admisión de nuevos Estados miembros hasta el momento en que se haya aprobado la Constitución. 
Mi partido, el Partido Socialista, es el más grande de los que, en los Países Bajos, hicieron campaña con éxito contra este proyecto de Tratado Constitucional. 
Después de su rechazo por los votantes, hemos presentado propuestas en el Parlamento neerlandés en torno a la transparencia, la prueba de subsidiariedad y la iniciativa ciudadana, similares a las que el señor Brok recomendó a esta Cámara en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, la misma alternativa que he presentado en la enmienda 6, cuyo rechazo representa una oportunidad perdida. 
. Señor Presidente, la escasa atención prestada a las raíces históricas y religiosas de la Unión, el insulso enfoque de «corta y pega» para insertar la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado sin que nadie tenga la oportunidad de intervenir en su contenido, la inexistente o, en todo caso, limitada información que ha llegado a los europeos con respecto a las decisiones adoptadas en la Convención y un proceso de ampliación que, a pesar de su indudable valor añadido para enriquecer a toda Europa, se presentó a los europeos sin una campaña efectiva de los medios de comunicación que explicara las razones de la ampliación y las oportunidades que ofrecía a todo el mundo, son solo algunas de las razones del fracaso del proceso de ratificación de un Tratado que debería haber sido parte fundamental de una Unión con la que, lamentablemente, incluso hoy, sus propios ciudadanos encuentran difícil identificarse. 
Estoy convencida de que las mejoras introducidas en el Tratado Constitucional son necesarias y, teniendo esto presente, esperamos que al final del periodo de reflexión podamos embarcarnos en una nueva vía que nos permita clarificar los aspectos hoy controvertidos de manera más eficaz y comprensible. 
Por esta razón, votaremos a favor de esta resolución confiando en que, con la implicación de todas las instituciones comunitarias y nacionales y de los representantes de la sociedad civil y del mundo académico, podamos llegar rápidamente a un texto nuevo y quizás simplificado, pero que esté dotado de un alma común, con la que todos los europeos se puedan identificar. 
. – El informe constituye un intento inaceptable de distorsionar la voluntad de los ciudadanos de Francia y los Países Bajos, que rechazaron alborozadamente el reaccionario Tratado Constitucional europeo, intentando introducirlo de nuevo por la puerta trasera. 
El informe ni siquiera se molesta en negociar enmiendas menores sobre el contenido de la Constitución Europea, que da por hechas. 
Con el desprecio más absoluto de la voluntad expresada por los ciudadanos, intenta organizar una campaña de desinformación a fin de coaccionar a los trabajadores para que finalmente acepten la Constitución Europea, de manera que pueda entrar en vigor en 2009. 
Por eso quiere organizar un «diálogo social» concertado y concede a los medios de comunicación un papel todavía más activo en el intento de lavar el cerebro a las masas de manera que, con una pistola en su cabeza, consientan en la adopción de la Constitución Europea. 
Por eso propone que haya una riada de dinero, para conseguir el objetivo de cambiar la mentalidad de la gente. 
Necesitan aceptar el hecho de que la Constitución Europea ha muerto y ninguna campaña para coaccionar a las masas la va a resucitar. 
Los ciudadanos de la UE necesitan entender que nunca saldrá una buena Constitución Europea de la unión imperialista del capital europeo. 
El único desarrollo positivo para los trabajadores y las clases trabajadoras es la política de debilitar la UE y enterrar finalmente cualquier intento de volver a introducir nada que se denomine acuerdo constitucional de este organismo reaccionario. 
. 
Estas son las razones por las que todavía rechazo la Constitución de la UE: 
1. 
Si nos queda cualquier esperanza de una Europa social y civil, el Tratado Constitucional de la UE debe archivarse de una vez por todas. 
2. 
La Constitución de la UE intenta acelerar significativamente la militarización de la UE y (en III-311) establece toda una serie de proyectos militaristas. 
3. 
La Constitución de la UE intenta preparar a la UE para poder hacer la guerra a escala mundial. 
Despeja el camino a intervenciones militares en todo el mundo (I-41,1 y III-309). 
4. 
El Tratado Constitucional de la UE incluye la obligación explícita de rearmarse (I-41,3). 
Si se ratificara, habría una tendencia todavía mayor a gastar más dinero en armamentos. 
5. 
Con el Tratado Constitucional de la UE, su política se vería condicionada únicamente por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y no por la Carta en su conjunto (I-3,4). 
Eso permitiría que la UE los interpretara de manera que pudiera hacer la guerra incluso sin un mandato de las Naciones Unidas. 
6. 
El Tratado Constitucional de la UE sirve de proyecto programático, permitiendo que avance la militarización de la UE sin tener en cuenta los Tratados tal como están en la actualidad. 
Entre los ejemplos de esto están la ampliación de la Agencia de Armamentos de la UE (III-311) y el establecimiento de los Grupos de Batalla (III-312). 
7. 
El Tratado Constitucional de la UE trata de constitucionalizar el neoliberalismo (III-177) , de lo que la directiva antisocial llamada Bolkestein no es sino un anticipo. 
La propuesta de la Canciller federal alemana, la señora Merkel, de que se podría maquinar la repetición del voto en Francia y los Países Bajos añadiendo a la Constitución de la UE una declaración sobre la «dimensión social» de Europa que no sería legalmente vinculante, es nada menos que un escándalo. 
. 
Una de nuestras preocupaciones más apremiantes es preparar la estructura institucional de la UE para los próximos retos, como las futuras rondas de ampliación. 
Estoy de acuerdo, por consiguiente, con que pronto tengamos que reanudar el debate institucional. 
Siento también que haya que concluir el debate que empezó con el «Tratado Constitucional». 
Acepto y apoyo la idea de que debe haber reflexión, debate y conclusión en este asunto. 
Por otra parte, ni acepto ni apoyo la idea que está detrás de lo que algunos han venido diciendo, concretamente que solo hay un resultado posible, cualquiera que este sea. 
El debate, y en particular el necesario debate con los ciudadanos, es por definición abierto y libre, y me opondré enérgicamente a cualquier intento de restringirlo. 
El proyecto de Constitución no era el camino que Europa debía seguir, por lo que los intentos para rehabilitarlo no son bien acogidos. 
Seré el primero en decir que la UE necesita una nueva manera de trabajar y, una nueva Constitución, pero no el texto viciado que los electores rechazaron de forma tan aplastante en los Países Bajos y en Francia. 
Es necesario que llevemos de nuevo a la UE a los principios originales y que discernamos para qué sirve, en qué ámbitos supone un valor añadido y en cuáles no. 
En toda la UE, sus instituciones y sus prácticas no tienen muy buena acogida por parte de nuestro electorado, y no podemos reprochárselo; tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar. 
Si la UE no existiera tendríamos que inventar una, pero no en el marco del proyecto de Constitución ni en su forma actual. 
He votado en contra de este informe ya que me opongo totalmente a toda iniciativa de resucitar la Constitución europea. 
El fracaso de la Constitución, que acogemos con satisfacción, hubiera tenido que brindar a los dirigentes de las naciones europeas la oportunidad de reflexionar verdaderamente sobre la naturaleza y la dirección de la Unión Europea. 
No cabe duda de que los británicos, y los ciudadanos de muchos otros países, no quieren subsumir su nación en un Estado llamado Europa. 
Mucha gente comparte la visión de los conservadores británicos de una UE que es una comunidad dispersa de naciones soberanas, centrada en el mercado único y que coopera estrechamente en otros ámbitos donde existe un valor añadido real. 
Observo con preocupación la determinación de los eurointegracionistas de volver a presentar una Constitución Europea en 2009, gastar más dinero público en campañas de propaganda con el fin de apoyar este objetivo e introducir limitaciones políticas y geográficas en la UE. 
. He votado en contra de la enmienda nº 26, segunda parte. 
Esto no hay que entenderlo como que estoy en contra de un referendo consultivo en toda Europa. 
En realidad, estoy muy a favor. 
Sin embargo, toda la experiencia académica y práctica en referendos indica que no deben celebrarse el mismo día que las elecciones para elegir una asamblea representativa o Parlamento. 
. – Las conclusiones de este informe no respetan la situación actual en la Unión Europea: ¿cómo podemos declarar que la ratificación de la Constitución europea debe tener lugar en 2009 y que el Tratado de Niza es completamente inútil? 
¿Cómo podemos hablar de un «período de reflexión» cuando el proyecto de Constitución actual ha sido definitivamente rechazado por dos Estados fundadores de la Unión? 
El Tratado actual es sin duda insuficiente, pero nos es útil. 
Debe mejorarse de forma progresiva con otros tratados y otros acuerdos, que podrían incluir algunos elementos de la parte 1 de la Constitución. 
En esta fase de la reunificación europea, ¿no es prematura una Constitución? 
Actualmente, es más necesario que nunca, en interés de los Estados miembros y de los ciudadanos, y en el interés europeo, acercarse a las realidades concretas que viven los ciudadanos de los nuevos Estados miembros y no ignorarlas, si no queremos acentuar aún más el déficit democrático. 
¿Podremos dar confianza a los nuevos países para hacerles creer en el proyecto europeo? 
No saquemos conclusiones prematuras en nombre de los ciudadanos de los Estados miembros. 
– Señor Presidente, es bien conocido que este Parlamento lucha por comunicarse con los ciudadanos que supuestamente representa. 
Hace poco hablé con un grupo sobre cómo resolver mejor este problema y me han dicho que, en general, se consideraba que los políticos eran aburridos, grises y utilizaban un lenguaje completamente anticuado. 
Amablemente sugirieron lo siguiente, utilizando las palabras de un artista contemporáneo conocido por sus grabaciones, Tony Hatch, sobre cómo lograr que se entienda mejor la política europea de vecindad. 
Dijeron: «Vecinos, todo el mundo necesita buenos vecinos; un solo saludo con la mano cada mañana ayuda a que un día sea mejor. 
Los vecinos necesitan conocerse mutuamente; la puerta de al lado solo está a un paso. 
Vecinos, todo el mundo necesita buenos vecinos; con un poco de comprensión uno puede encontrar la armonía perfecta. 
Los vecinos han de estar allí cuando se necesitan; aquí es donde los buenos vecinos se convierten en buenos amigos.» 
Para todos los que conocen la obra de Tony Hatch, estarán muy orgullosos de que esto se haya leído hoy aquí. 
– Señor Presidente, Señorías, he apoyado el informe del señor Tannock sobre la política europea de vecindad, aprobado el mismo día que el informe Duff-Voggenhuber sobre el futuro del proceso constitucional. 
El Parlamento ha adoptado así una posición política coherente y ambiciosa, cosa que me complace mucho. 
En efecto, no habrá ratificación de un Tratado Constitucional sin unas fronteras claramente establecidas, que permitan decir cuáles son los Estados de Eurasia que no tienen visos de adherirse y los que deben prepararse para ello activamente. 
Además, las ambiciones de la Unión Europea pasan por una política exterior y de seguridad común que, antes de situar a la Unión en el gran escenario diplomático internacional, debería centrarse en su esfera de influencia, a través de cooperaciones con los Estados y posibles comunidades políticas de nuestro entorno. 
El objeto de esta útil aportación del Parlamento es simplemente definir el futuro contenido de la política de vecindad hacia Rusia, Turquía, Oriente Próximo y el Magreb. 
Por último, me complace la alusión en el informe a la necesidad de definir en un futuro próximo esta política de vecindad de común acuerdo con las organizaciones paneuropeas existentes, como la OCDE y el Consejo de Europa. 
– Señor Presidente, ha sido un placer votar a favor del informe sobre la política europea de vecindad. 
La Unión Europea no es un fuerte; la Unión Europea no es una isla. 
Cuantos más países de nuestro alrededor vivan en paz, estabilidad y prosperidad, más seguros estaremos. 
La razón por la que he pedido la palabra es que en mi opinión la importancia de una buena política de vecindad excede con mucho la interpretación que hace de ella actualmente la Unión Europea. 
En nuestro pensamiento actual, la ampliación forzosa desempeña un papel mucho más importante que la política de vecindad. 
Algunos países nunca podrán llegar a ser miembros de la Unión Europea, a otros les damos vagas promesas y algunos consideran privilegiados a otros más. 
Creo que sería más inteligente desarrollar un tipo de estatuto asociado especial y ampliar la política de vecindad. 
En lugar de aceptar a algunos países y hacer caso omiso de otros, castigándolos, deberíamos pensar en términos de una buena política de vecindad. 
. 
La UE no debe pasar por alto su deber de abogar por el respeto del Derecho internacional y el desarrollo de una economía social de mercado. 
Así pues, tenemos que conformar la imagen de la UE en el mundo, dando a la política europea de vecindad (PEV) un papel central para mantener relaciones constructivas con los que están más cerca de nosotros, para construir un área de paz y prosperidad. 
He votado a favor del informe Tannock debido a la importancia que concede al artículo 6 del Tratado de Maastricht como piedra angular de la PEV, aunque dejando claro que esta política no es una alternativa al ingreso en la UE. 
Por último, doy la bienvenida al reconocimiento de la contribución hecha por socios futuros como Cabo Verde a nuestra lucha común contra el terrorismo, el tráfico ilegal de armas, la pobreza y la esclavitud humana. 
Este reconocimiento proviene de las excelentes posiciones geoestratégicas adoptadas por esos socios y las reformas fundamentales que muchos de ellos han emprendido, por no mencionar la antigua afinidad cultural e histórica con la Europa continental y con las regiones más remotas, incluidas las del Atlántico, debido a su proximidad geográfica. 
Hablando en general, la Lista de Junio apoya la política de vecindad de la UE porque está encaminada a fortalecer la democracia y promover el comercio y la prosperidad en países inmediatamente vecinos de la UE. 
Por ello hemos votado a favor del informe en la votación final. 
Creemos que los instrumentos para la política de vecindad tienen que ser flexibles y económicos. 
La política de vecindad debería limitarse a cuestiones relativas a la cooperación comercial, la democracia y los derechos humanos. 
No debe utilizarse, como se hace ahora, para extender el ámbito de intereses de la UE a la política común exterior y de seguridad. 
. 
La Política Europea de Vecindad (PEV) es indicativa de la gran importancia que la UE concede a la construcción de relaciones futuras con sus vecinos, sean o no países candidatos al ingreso en la UE. 
Redunda sin duda en interés de la UE promover el desarrollo democrático en su vecindad inmediata. 
La PEV debería elaborar una estrategia más clara de relaciones con nuestros vecinos que contribuya a construir y desarrollar un espacio común de paz, estabilidad, seguridad, respeto de los derechos humanos, democracia, Estado de Derecho y prosperidad, y ofrezca a los países asociados relaciones privilegiadas y una posición destacada en las relaciones externas de la UE con otras regiones del mundo. 
Apoyo las propuestas del ponente que destacan la necesidad de incrementar los fondos para el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI) para abordar el problema del acceso al mercado interior, para establecer una clara estrategia con vistas a combatir el terrorismo internacional y el crimen organizado, para mejorar la legislación sobre redes de energía y de transporte y cooperar en cuestiones ambientales. 
Por último, hay que conceder especial relevancia a la política energética, teniendo en cuenta que la UE está rodeada por las mayores reservas de gas y petróleo del mundo. 
La política europea de vecindad es una estrategia fundamental que permite a la UE ampliada establecer relaciones estructuradas con todos sus nuevos vecinos del este y del sur, con el objetivo de defender y reafirmar los valores comunes de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo de políticas comunes. 
. 
El informe sobre el que ha votado hoy esta Cámara, del diputado al Parlamento Europeo Charles Tannock, conservador británico, refuerza una vez más los rasgos de la política de vecindad de la UE, que intenta perseguir los intereses geopolíticos de la UE, aunque se disimulen con la retórica sobre los derechos humanos. 
1. 
La intención es que la política de vecindad de la UE sea un medio para crear un ámbito geopolítico de influencia para la Unión Europea y sus Estados miembros, centrando sus esfuerzos en la creación de «asociaciones privilegiadazas» para los países vecinos, incluidos los del Cáucaso meridional. 
2. 
El informe es bastante franco sobre la orientación geostratégica de la política de vecindad, destinada a garantizar el suministro de materias primas a la UE. 
La «política energética» es un aspecto importante de la política de vecindad de la UE, al estar la UE «rodeada por las reservas más importantes del mundo de petróleo y gas natural (Rusia, la cuenca del Caspio, Oriente Próximo y África del Norte) ». 
Subraya repetidamente el significado geostratégico de países de tránsito como Georgia y Armenia. 
4. 
El plan es que la influencia de la UE se sustente provocando el cambio de régimen en Belarús y en todas partes. 
Basta con considerar el trato diferente aplicado en Belarús y Uzbekistán, el último de los cuales tolera la presencia de bases militares de Estados miembros de la UE, como la alemana en Termez, para que quede claro que aquí lo que más preocupa es la extensión del ámbito de influencia de la UE. 
5. 
También en términos de política militar, los países vecinos quedan encadenados a la UE, con la idea de que puedan tomar parte en intervenciones militares y participar en las estructuras militares de la UE. 
. 
La UE tiene todo a su favor para ser un agente importante en la escena internacional; no de la manera que algunos quisieran, pero seguramente un organismo importante en las relaciones internacionales. 
Esta idea viene de la política europea de vecindad –en términos tanto formales como sustanciales– dado que, desde mi punto de vista, es de cajón que la UE puede y debe desempeñar su destacado papel en la escena internacional. 
Aunque estoy a favor de una mayor ampliación, soy también consciente del carácter finito del proceso y del hecho de que, pase lo que pase, siempre será necesario desarrollar una política encaminada a promover un amplio espacio de paz, estabilidad y prosperidad a nuestro alrededor. 
Eso es tanto una necesidad geoestratégica como una obligación moral. 
Considero por ello que es de vital importancia para el Parlamento vigilar de cerca esta política –y el correspondiente marco financiero– porque se trata de un terreno en que es posible convertir las palabras en actos. 
La experiencia mediterránea puede que no prometa nada bueno, pero ha habido otras experiencias, más positivas, y debemos inspirarnos en ellas. 
. 
Cabo Verde es un ejemplo perfecto de democracia, gobernanza y respeto de los derechos humanos y mantiene profundos vínculos históricos, políticos, culturales y geográficos con la UE. 
Eso la sitúa en una posición única y privilegiada para desarrollar vínculos más estrechos entre Europa y África. El país es también una avanzada estable y segura del espacio europeo. 
Aunque está en la frontera sudoriental atlántica de Europa, Cabo Verde ha sido incluido en otros programas que, por sí mismos, ni reflejan la proximidad real del país, ni reconocen su identificación con los valores que compartimos, como el Estado de Derecho, la promoción de relaciones de buena vecindad y los principios de la economía de mercado y el desarrollo sostenible. 
Es bien sabido que se ha hecho un primer contacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición de Cabo Verde, para exponer el caso del país y obtener un estatuto especial o establecer una asociación con la UE. 
La inclusión del país en la política de vecindad podría resultar un paso importante en esa dirección. Cabo Verde podría representar también un contrapeso crucial en esta política, que sería que todos los más pobres se centraran por escaso margen en las fronteras del sur y del este de la Unión. 
Me complace que se hayan aprobado las enmiendas 36 y 38. 
Yo mismo he visto en funcionamiento la política de vecindad de la UE en varios países y es vital mantener este ámbito de la política para poder extender nuestro espacio de democracia y libertad. 
La UE mira más al exterior de lo que a menudo se le reconoce, y mientras en los últimos años las preocupaciones internas reclamaban la mayor parte de los titulares, muchos de los logros han sido en el exterior, a menudo entre bastidores. 
Es fundamental que estas acciones prosigan y me complace haber apoyado esta resolución. 
– Señor Presidente, el hecho de que el informe Estrela seguramente no sea el peor informe que hemos aprobado en la historia de este Parlamento es por supuesto consecuencia de nuestro acuerdo fundamental sobre el meollo de este asunto. 
Las mujeres tienen derecho a integrarse en el proceso laboral normal en pie de igualdad con los hombres en todos los aspectos, y además con el derecho a recibir un salario igual por un trabajo igual, aunque todos sabemos que se necesita todavía progresar más en este aspecto. 
Sobre esto, entonces, estamos de acuerdo. 
Quiero señalar, sin embargo, que en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, un número muy elevado de mujeres optan libremente por trabajar en casa en su propia familia, y que incluso más mujeres desearían tomar esta opción si fuera financieramente posible. 
El trabajo a tiempo parcial y unas buenas guarderías son soluciones parciales, pero el establecimiento de una paga parental completa para quienes trabajan en casa o tienen niños pequeños sería una buena medida. 
Además de esto, hay que decir que es preciso resolver la cuestión de los derechos de pensión y los acuerdos de seguridad social de los padres que trabajan en casa a tiempo total o parcial, cuya contribución a la sociedad tiene un valor incalculable. 
Hemos votado a favor de la enmienda 19. 
Interpretamos que el concepto de «ingreso mínimo garantizado» , que aparece en la enmienda arriba mencionada, implica un nivel de vida razonable garantizado, ya que nos parece bien la idea de garantizar un nivel de vida razonable pero nos oponemos a la introducción de salarios mínimos regulados por el Estado. 
. Tanto yo como mis colegas conservadores británicos apoyamos plenamente el principio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Creemos firmemente que tanto las mujeres como los hombres tienen que desempeñar un papel importante en la consecución de las metas económicas de la Estrategia de Lisboa, a saber, garantizar el crecimiento económico y unos elevados niveles de empleo a largo plazo. 
Sin embargo, nos hemos abstenido en la votación de este informe ya que creemos que las medidas propuestas son tan preceptivas que servirían para poco para lograr mejorar la posición de las mujeres en la vida económica diaria de los Estados miembros de la UE, algo que es una meta deseable. 
Hombres y mujeres necesitan, ante todo, trabajar en sociedades donde el crecimiento económico dé lugar a más y mejores oportunidades profesionales y de empleo, lo que posibilitaría el más alto grado de prestaciones sociales que este informe considera su objetivo. 
. 
El objetivo de la renovación económica, social y ambiental de la UE, tal como se proyecta en la Estrategia de Lisboa, era convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, con más y mejores empleos y mayor cohesión social. 
Puesto que apoyo incondicionalmente estos objetivos, me preocupa principalmente el hecho de que las familias europeas sigan soportando desigualdades en nuestras sociedades. 
Hay que luchar contra ellas para ayudar a la gente a conciliar trabajo, familia y vidas privadas. 
Esta es la única manera en que podemos construir una sociedad dedicada a la educación y formación continuadas, en cuya raíz esté el deseo de garantizar que nuestros ciudadanos sean gente entendida y bien informada. 
Por ello he votado a favor del informe Estrela. 
La inclusión social y el respeto de la igualdad de género son principios fundamentales que sustentan la Estrategia de Lisboa. 
Estos principios, sin embargo, no dejan de ser más que buenas intenciones. 
Con respecto a la igualdad de género, la situación es muy alarmante: diferentes niveles de empleo, salario, acceso al mercado de trabajo y progreso en el mismo, educación y participación en programas de formación profesional. Las mujeres también tienen mayores dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. 
La igualdad de trato debería ser un principio básico del Derecho comunitario, aunque tenemos que convertir los principios políticos en acciones prácticas. 
El diagnóstico hace tiempo que se conoce. 
Siempre es el mismo problema: a los Estados miembros les falta la valentía y la voluntad para aplicar las soluciones que se han planteado. 
Las perspectivas financieras, en la forma en que fueron adoptadas por el Consejo, no prometen nada bueno, en términos de los drásticos recortes de los fondos más estrechamente relacionados con la Estrategia de Lisboa. 
Espero sinceramente que las conversaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo consigan limitar el daño ya hecho. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre discapacidades y desarrollo. 
– Señor Presidente, hay más de 600 millones de discapacitados en el mundo, y más de 400 millones de ellos viven en países en desarrollo. 
A muchos de los discapacitados se les quita de la vista, en la medida en que sus conciudadanos se niegan a reconocer el problema. 
En general, los discapacitados son también pobres. 
Suelen ver denegados sus derechos fundamentales, como la educación y el trabajo, y se les impide desarrollar su autoestima. 
Está claro, sin embargo, que los discapacitados tienen potencial para implicarse activamente en el desarrollo de sus países. 
Se da el caso a menudo de que la ayuda al desarrollo no se vincula directamente con los problemas de los discapacitados. 
Esto significa que estos últimos se ven condenados a la exclusión social, la marginalidad y a quedar atrapados en el círculo vicioso de la pobreza y la discapacidad. 
En este contexto merece la pena tener en cuenta que la discapacidad y la pobreza a menudo están relacionadas. 
La relación opera en ambos sentidos. 
La discapacidad aumenta la probabilidad de la pobreza, mientras que las malas condiciones de vida y la miseria aumentan la probabilidad de que surja la discapacidad. 
Una de las razones por las que a los discapacitados no se les ha prestado la atención que merecen puede residir en la incomprensión del potencial de lo que puede ser visto como un grupo impotente, a saber, los discapacitados y sus familias. 
Teniendo en cuenta el gran número de discapacitados, el coste a corto plazo de su educación e integración seguramente supondrá una ganancia económica para los discapacitados a largo plazo, así como para sus familias y para la sociedad en su conjunto. 
Cabe señalar además que, por desgracia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio tampoco tienen en cuenta las necesidades de los discapacitados. 
En la práctica, ni los programas sectoriales ni los intersectoriales contemplan prestaciones adecuadas a los discapacitados. 
Los programas dedicados específicamente a los discapacitados suelen ser muy reducidos y apenas influyen en las estrategias nacionales o internacionales para combatir la pobreza o impulsar el desarrollo. 
Esto hay que remediarlo. 
Tenemos que recordar que el desarrollo también implica integrar a los individuos que han sido excluidos, como los discapacitados, y hacer que tengan las posibilidad de llevar una vida plena y activa. 
Esto significa permitirles ir a la escuela, educar a sus hijos, acceder a los servicios de sanidad y las terapias y ser miembros activos de la sociedad. 
Los discapacitados tienen derecho a romper el círculo vicioso de la pobreza y la discapacidad. 
– El número de personas discapacitadas en el mundo es enorme. 
Voy a aprovechar la oportunidad que me da la pregunta del señor Bowis para centrarme en dos categorías de discapacidades evitables en el mundo en desarrollo: la ceguera infantil y la amputación por explosivos. 
Mientras estamos aquí sentados, en el mundo hay aproximadamente un millón de niños ciegos cuya pérdida de visión se hubiera podido evitar; siendo una de las causas más importantes las infecciones oculares fáciles y económicas de tratar. 
Con un coste de unos pocos millones de euros, que probablemente asciende a menos de un uno por ciento de nuestro presupuesto, hubiéramos podido impedir que un millón de niños vivan en la oscuridad total durante el resto de sus vidas. 
Me atrevo a proponer que, además de la campaña VISIÓN 2020 de la OMS, intentemos crear y financiar totalmente un grupo de trabajo de la UE «Alto a la ceguera infantil» con el objetivo de erradicar la ceguera pediátrica evitable, lo más pronto posible, y, sin duda, mucho antes de 2020. 
Igualmente de alarmante es la situación de los efectos catastróficos de las minas terrestres. 
Miles de niños de países en desarrollo han sufrido la amputación traumática de piernas y brazos debido a explosiones de minas terrestres. 
Antes de que termine este debate parlamentario, lo más probable es que unos cuantos niños, en alguna parte de Asia, África o América del Sur, vean volar por los aires algunas de sus extremidades por culpa de estos dispositivos infernales. 
Conocemos muy bien qué países fabrican, venden y usan minas terrestres y, sin embargo, no hacemos lo suficiente para pararles los pies y castigarles por sus fechorías. 
Propongo que estos países se incluyan en una lista negra lo más pronto posible y que nuestra Unión y, a ser posible, toda la comunidad internacional les impongan medidas drásticas, como un embargo económico total. 
La ceguera infantil y la pérdida de extremidades relacionadas con las minas terrestres son dos formas de discapacidad grave en el mundo en desarrollo que se pueden impedir en buena medida, si demostramos voluntad y determinación para ello. 
Comisario, ruego que presente propuestas determinantes necesarias para reducir estas formas de discapacidad y, con toda seguridad, contará con el pleno apoyo del Parlamento. 
. Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Bowis y a los distintos oradores por haber apuntado realmente a un tema que demasiado a menudo se olvida y que presenta aspectos especialmente graves de los dramas humanos que provoca la pobreza. 
La educación de los niños discapacitados, por ejemplo, es parte integrante de las estrategias de educación de muchos países en desarrollo, como Uganda o Etiopía. 
Este tema se aborda sistemáticamente en el marco del diálogo de programación y aplicación entre la Comisión y los Gobiernos de los países socios. 
Debo decir que el debate que hemos mantenido hoy llega realmente en el momento justo. 
A partir de la semana que viene y hasta el mes de abril, visitaré todas las regiones correspondientes a las organizaciones regionales. 
Iré, por tanto, a debatir, discutir, definir y también a escuchar tanto a los países individualmente como a las organizaciones regionales, para intentar –como prometí en la declaración sobre la política general de desarrollo– ayudar a nuestros socios a desarrollar o proponer programas coherentes, que sean realmente convergentes. 
No es fácil, porque cada uno se atiene a su propio terreno. 
Debo decir, señor Bowis, que comparto plenamente su punto de vista: hasta hoy, en los países pobres, donde hay mucha gente que sufre, los discapacitados son una categoría aparte. 
He descubierto, por ejemplo, auténticos dramas, de una magnitud inimaginable, en la República Democrática del Congo, donde la sociedad bienpensante da caza a los «niños brujos». 
Se les llama «niños brujos» simplemente porque son niños de la calle, que viven solos, y a los que realmente se acosa como a animales. 
¡Es algo atroz! 
En el marco del diálogo político con la RDC y algunas asociaciones locales, he emprendido programas, que vamos a financiar, para luchar contra este fenómeno. 
He visto a esos niños, he estado con ellos. 
Es absolutamente abominable, indescriptible. 
No solo sufren una discapacidad física, sino a veces también una discapacidad mental. 
Por tanto, equipado con el plan de trabajo, la nota de orientación y la propuesta de resolución que sin duda aprobarán ustedes, les prometo abordar esta cuestión de forma sistemática, en todos los seminarios, en todas las reuniones bilaterales que mantenga en cada país. 
En los documentos de estrategia nacionales, pediré que se propongan programas y proyectos directamente destinados a esos niños y esas personas discapacitadas. 
Creo que esto ha sido realmente muy oportuno y les agradezco que me hayan llamado la atención sobre este problema, porque, al calor de la acción, se descuidan algunas cuestiones y, aunque es cierto que corresponde a los Estados asociados formular propuestas, también debemos presentar sugerencias. 
Nuestros socios se ocupan normalmente de los problemas que les parecen prioritarios, pero abandonan a las categorías marginales, a los despreciados, con las dramáticas consecuencias que ello implica. 
Por tanto, a mi regreso de estas visitas de trabajo sobre los documentos de estrategia nacionales cuyo objetivo es elaborar una propuesta de programación común a los Estados miembros y la Comisión, a fin de ser más eficaces y coherentes en la definición de nuestro programa de desarrollo, propongo presentarles un informe. 
Informaré al Parlamento a comienzos del mes de abril sobre las propuestas o proyectos que hemos emprendido y analizaré con ustedes el programa y los progresos que se hayan realizado. 
Creo que no puedo proponer nada mejor: les prometo utilizar su propuesta de resolución a modo de guión y entonces juzgarán ustedes si hemos hecho avances significativos. 
Les prometo ser sistemático en mi proceder e informarles de forma objetiva. 
Les prometo utilizar toda mi capacidad de convicción para pedir a los Estados asociados que hagan de esta dramática cuestión un elemento ineludible de su política social, educativa y cultural. 
Conozco algunos proyectos culturales destinados a grupos de discapacitados que han permitido a jóvenes expresarse a través del arte. 
Hay toda una gama de posibilidades y puedo afirmarles que mi alegato no es en absoluto circunstancial. 
Me han sensibilizado ustedes mucho con respecto a este problema, al que en general prestamos demasiado poca atención. 
Espero poder mostrarles en abril que el trabajo parlamentario y las iniciativas que han adoptado no han caído en saco roto: su propuesta ocupará plenamente el lugar que merece, porque estoy convencido de que es una causa justa. 
Para cerrar el debate se han presentado seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de cinco propuestas de resolución sobre Perú: Extradición y proceso del antiguo Presidente Alberto Fujimori (1). 
. – Señor Presidente, el señor Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, encontró refugio en Japón después de que su Gobierno fuera acusado de una serie de abusos de los derechos humanos y de casos de corrupción. 
Japón rechazó numerosos intentos de extradición, pero, inesperadamente, el señor Fujimori apareció hace poco en Chile como parte de un extraño intento de regresar a la vida política en Perú. 
A continuación, el Fiscal General peruano solicitó su extradición de Chile con el fin de que se enfrentara a un total de 12 acusaciones, entre ellas la utilización de un escuadrón de la muerte para matar a 25 personas en dos incidentes separados. 
Acogemos con satisfacción y apoyamos la extradición del señor Fujimori a Perú para que se enfrente a las graves acusaciones que se le imputan en un tribunal de justicia y, si se le encuentra culpable, sea castigado debidamente y en consecuencia. 
Al mismo tiempo, no puedo dejar de preguntarme por qué, aunque esperamos que tenga lugar la extradición de Chile, no fuimos tan exigentes con la extradición de Japón cuando se solicitaba reiteradamente en el pasado. 
. Señor Presidente, soy coautor, como el panel indica, de una proposición, que hemos firmado varios Grupos, de apoyo a la extradición de Chile a Perú del prófugo, antiguo dictador, Fujimori, por razones de defensa de los derechos humanos, de lucha contra la impunidad y, también, para ayudar a fortalecer la democracia en Perú. 
El conjunto de pruebas, de indicios y de documentación, que no solo el Gobierno y las autoridades judiciales peruanas han aportado, sino también organizaciones internacionales de derechos humanos, son tan abrumadores en cuanto a asesinatos, torturas, corrupción y abuso de poder por parte del antiguo Presidente Fujimori, que, durante diez años de gobierno autoritario, muchos de los cuales con sistema dictatorial, oprimió al pueblo peruano, que creo que esa extradición se va a producir, sobre todo dado el enorme prestigio del poder judicial chileno. 
No obstante, que una institución como el Parlamento Europeo apoye ese proceso también va a ayudar, sin duda, a crear un clima internacional y binacional entre ambos países, cuyas relaciones no son fáciles, en la buena dirección. 
Por ello, hemos contribuido a apoyar esta Resolución, y lo hago ahora con estas palabras y con el voto. 
. Señor Presidente, es importante que se entienda que la Resolución que va a aprobar el Parlamento Europeo esta tarde no va dirigida contra nadie. 
Al contrario, el Gobierno y la justicia chilenos han actuado ejemplarmente. 
El Gobierno de Perú ha cumplido cabalmente con sus obligaciones al solicitar que un prófugo de la justicia sea extraditado para responder ante la misma de las numerosas causas pendientes. 
Precisamente estos días hemos asistido a un ejemplo de madurez democrática en Chile, donde el candidato de la oposición ha reconocido deportivamente su derrota y ha acudido personalmente a felicitar a la Presidenta electa. 
Por eso, no nos debe de extrañar que Chile, después de una transición modélica se haya convertido en un referente de progreso, de crecimiento y en un referente de estabilidad y de normalidad democrática. 
La Unión Europea, también, ha expresado su solidaridad, y este Parlamento en particular, con la causa de la consolidación democrática en Chile. 
Yo mismo tuve el privilegio de encabezar una misión de diputados europeos que estuvimos presentes en la elección presidencial en el año 2000. 
Por eso, y sobre la base de una petición de las autoridades competentes peruanas, le pido, señor Comisario, que la Unión envíe una misión de observación electoral a las próximas elecciones presidenciales en Perú, para dar testimonio de nuestra solidaridad con la causa de la consolidación democrática en ese país. 
Señor Presidente, nada más lógico en ese contexto que la Resolución que va a aprobar el Parlamento Europeo esta tarde, con la que no se persigue otro propósito que el de subrayar con toda contundencia, una vez más, que en un Estado de Derecho las normas jurídicas solo se conciben cualificadas por la obligación de cumplirlas y que en un Estado de Derecho, también, señor Presidente, nadie puede ni debe estar por encima de la Ley. 
. – Señor Presidente, los últimos dos Presidentes de Perú, Fujimori y Toledo, se presentaban a sí mismos como milagreros y salvadores del país. 
Los dos conseguían ganarse así a los votantes una vez, para dejarlos luego decepcionados. 
El propio señor Fujimori no ocultaba su oposición a la democracia parlamentaria y gobernaba con indiferencia hacia los deseos del electorado. 
Esta es por sí misma una razón suficiente para castigarle y negarle una segunda oportunidad de dirigir el país; el intento de desembarazarse de él debido a sus antecedentes japoneses tiene mucho menos que ver en esto. 
Recuerda el método que se utilizó contra el ex Presidente de Zambia, Nkomo, cuya ascendencia sirvió de excusa para negarle el derecho, una vez derrotado, a presentarse de nuevo. 
Una vez cometidas sus fechorías, Fujimori huyó primero a Japón y después intentó volver a través de Chile, por lo visto con la ilusión de que la gran masa de peruanos querían ser dirigidas por un dictador y le devolverían el poder. 
Ahora, en toda Latinoamérica salen elegidos Presidentes de mejor categoría. 
El error de cálculo de Fujimori nos da una excelente oportunidad para dejar claro que incluso a los ex Presidentes se les puede castigar por sus abusos de poder. 
Tenemos razón en insistir que se le juzgue en Perú. 
. Señor Presidente, poco a poco van cayendo dictadores y los y las demócratas van llegando al poder en América Latina. 
Me congratulo especialmente por el hecho de que empiecen a ser reconocidas las capacidades de las mujeres progresistas latinoamericanas, llevándolas democráticamente a las jefaturas de los Estados. 
Ahora el reto consiste en que estos y estas demócratas afronten la lucha contra la impunidad y apuesten con coraje por hacer aflorar la verdad, pero sobre todo por hacer justicia, en sus respectivos países. 
La detención de Fujimori en Chile, como en su día lo fue la detención de Pinochet en Londres, supone un claro signo de que avanzar hacia esta justicia no solamente es necesario, sino que también es posible. 
A nadie se le escapa hoy que bajo el régimen de Fujimori tuvieron lugar numerosas violaciones de derechos humanos y de hecho dicho régimen fue un nada ejemplar ejemplo, valga la redundancia, de corrupción institucionalizada y generalizada. 
Por ello, la extradición de Fujimori a Perú, donde debe ser juzgado con garantías, es deseable, aunque no suficiente. 
La Unión Europea, en coherencia con su firme apuesta por la lucha contra la impunidad, debe reconocer el importante trabajo de las organizaciones de víctimas de la dictadura fujimorista y defensoras de derechos humanos y apoyarlas en su labor. 
Por ello, es deseable, por ejemplo, apoyar la iniciativa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del 11 de enero de 2006, invitando a los candidatos y candidatas presidenciales a suscribir un acuerdo de medidas concretas para apoyar la vigencia de los derechos humanos, entre las que figura la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno, fortaleciendo así la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN). 
. – Señor Presidente, hablando como amigo desde hace mucho tiempo de Chile y Perú, la cuestión sobre la extradición de Fujimori me interesa mucho. 
Estos dos países tienen recuerdos que vienen de largo, que se remontan a la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, en la que Perú perdió Arica y Tacna a manos de Chile. 
Así pues, a veces las cuestiones bilaterales, por desgracia, se ven manchadas por una nube de revancha y rivalidad regional. 
Esta Cámara tiene que hacer hincapié en el hecho de que esto no debe influir en la decisión relativa a la petición de extradición de Fujimori. 
También está claro que ha sido desde hace tiempo un objetivo político del actual Gobierno peruano del señor Toledo tratar de lograr el regreso de Japón del ex Presidente Fujimori para someterle a juicio acusado de corrupción y violación de los derechos humanos durante el largo conflicto con Sendero Luminoso y Tupac Amaru. 
De hecho, personal del señor Toledo me plantearon este tema a mí personalmente en Bruselas el año pasado durante su visita de Estado a Bélgica. 
Me solicitaron que la UE planteara este asunto a Japón, y estoy de acuerdo con el orador anterior en que hemos sido algo negligentes sobre esta cuestión. 
También se dice que el señor Fujimori fue elegido Presidente por segunda vez, en 2000, tras una votación fraudulenta. 
Fujimori, como todos sabemos, finalmente se exilió en Japón en noviembre de 2000 después de que se descubriera que su jefe de seguridad, Vladimiro Montesino, había sobornado a un congresista. 
Fue entonces cuando Fujimori redescubrió su nacionalidad japonesa, algo que, de conformidad con el Derecho peruano, le hubiera impedido presentarse como candidato para un cargo público, en particular a la Presidencia, de acuerdo con la Constitución peruana de 1990. 
Es escandaloso, por lo tanto, que Japón secundara esta ficción. 
Aunque ahora es la justicia chilena la que debe decidir, la extradición siempre tiene una dimensión política entre Estados soberanos, por lo que espero que los jueces en Chile acepten que el señor Fujimori ha de responder a un caso muy grave ante sus ciudadanos, a quienes defraudó tan miserablemente en el pasado. 
. – Señor Presidente, hoy se ha dicho unas cuantas veces que esta resolución no se dirige contra nadie, pero que el Parlamento Europeo se alegra de este giro de los acontecimientos, y da la bienvenida a la cooperación entre Perú y Chile que ha dado pie a la detención de Fujimori. 
El Parlamento Europeo, además, apoya la petición de Perú de extraditar a Fujimori, y solicita a las autoridades peruanas, como cuestión política, que garanticen que todos los testigos gocen de plena protección. 
Todos estos son factores importantes para conseguir que Fujimori responda –como debe– de los abusos de los derechos humanos y de la corrupción que hubo en su país. 
La lucha contra la no es solo uno de los principales pilares de la política exterior de la Unión Europea, sino también una de las bases para apuntalar a todos los países gobernados conforme a las normas del Estado de Derecho. 
No son pocos los Estados latinoamericanos en los que un exceso de impunidad ha dejado muchas heridas abiertas, y esta es una razón más para apoyar esta causa e impulsarla. 
. Señor Presidente, Señorías, agradezco al Parlamento Europeo que me haya brindado la ocasión de participar en el debate sobre una posible resolución relativa al proceso de extradición del antiguo Presidente Alberto Fujimori a Perú. 
Perú ha hecho un valiente ejercicio de análisis del estado de violencia política sin precedentes que vivió el país entre 1980 y 2000. 
La «Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional» se constituyó durante el Gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua y fue confirmada por el Presidente Toledo. 
La Unión Europea y sus instituciones apoyaron los trabajos de esta Comisión desde el comienzo, traduciéndose dicho apoyo, en particular, en una ayuda financiera concedida con cargo al presupuesto comunitario. 
La Unión Europea y el Parlamento Europeo han manifestado su apoyo a los trabajos de esta Comisión y a la aplicación de sus recomendaciones. 
Actualmente, la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos apoya la aplicación de dichas recomendaciones a través de un programa que acaba de establecerse con la. 
En este marco, Perú prepara actualmente las elecciones presidenciales de abril de 2006. 
La comunidad internacional concede gran importancia a que estas elecciones se desarrollen en un clima de transparencia, estabilidad y serenidad y permitan que prosiga la consolidación democrática en curso. 
Como saben, la Unión Europea ha hecho de la defensa de los derechos humanos y la democracia la piedra angular de su política exterior en general y de la relativa a América Latina en particular. 
La lucha contra la impunidad constituye evidentemente un elemento esencial. 
La Comisión felicita a los Gobiernos chileno y peruano por su cooperación para la detención del señor Fujimori por las autoridades chilenas y, por supuesto, alienta a los dos Gobiernos a que sigan cooperando en esta vía. 
En este contexto, la Comisión no puede sino expresar su confianza en los sistemas judiciales de los dos países en cuestión. 
La Comisión está convencida de que la solicitud de extradición presentada por Perú se tramitará en Chile observando plenamente la legislación vigente y que será posible una solución dentro del respeto de los derechos fundamentales, conforme a las leyes y las normas internacionales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Egipto: violencia contra refugiados sudaneses (1). 
. – Señor Presidente, el 30 de diciembre de 2005, las fuerzas de seguridad egipcias desalojaron un campamento que se había establecido frente a la oficina principal del ACNUR en El Cairo en septiembre de ese año como hogar temporal de más de 2 500 emigrantes, refugiados y solicitantes de asilo sudaneses. 
Las fuerzas de seguridad actuaron con gran brutalidad y el resultado de sus acciones es muy, muy triste: 30 muertos y más de 60 heridos. 
El Ministro del Interior egipcio intentó cargar la culpa a los sudaneses, alegando que les había entrado el pánico y habían intentado huir, pero periodistas que estuvieron presentes informan de que nada de eso pasó. 
Si aprobamos esta resolución, en esta Cámara nos uniremos a un número de destacadas figuras de las Naciones Unidas que ya han denunciado estos hechos. 
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha criticado la brutalidad de las fuerzas de seguridad y ha dicho que no se puede justificar esta clase de violencia y que esta pérdida de vidas humanas es indefendible. 
Es bueno que las autoridades egipcias hayan decidido investigar ahora lo que pasó. 
Pedimos al Gobierno egipcio que permita la participación en estas investigaciones de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos independientes egipcias. 
Puesto que el respeto de los derechos humanos es fundamental para el acuerdo de asociación de Egipto con la Unión Europea, instamos al Consejo y a la Comisión a plantear estos incidentes en la próxima reunión del Consejo de la Asociación de la UE con Egipto. 
La última cosa que quiero decir es que me gustaría proponer dos enmiendas orales antes de la votación. 
. – Señor Presidente, quiero señalar al Comisario que acogemos con satisfacción la decisión del Gobierno egipcio de iniciar una investigación completa sobre el incidente del 30 de diciembre, en el que, después del ataque de la policía egipcia al campo de refugiados sudaneses en El Cairo, se produjeron muchas muertes y heridos. 
Esperamos que la investigación se lleve a cabo de forma exhaustiva y objetiva. 
En ningún caso prejuzgamos que culpe del incidente a las autoridades egipcias. 
Tampoco estamos diciendo que los representantes regionales del ACNUR y ciertos elementos aislados entre los refugiados que se manifestaban, sean necesariamente responsables de lo que ocurrió. 
Por este motivo, creemos que es imperativo que se lleve a cabo una verdadera investigación independiente sobre el incidente en el que, conviene recordar, murieron 27 personas, entre ellas niños. 
Confiamos que una investigación limpia no solo llegará al fondo del problema, sino que contribuirá a evitar que incidentes similares ocurran en el futuro. 
. – Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de intervenir y de ser uno de los autores de esta resolución, que tiene por objeto destacar un suceso trágico y brutal que sucedió en El Cairo, en Egipto, el 30 de diciembre de 2005 en el que murieron al menos 27 personas: 9 mujeres, 7 hombres y 11 niños, según las autoridades egipcias. 
Sin embargo, algunos testigos presenciales, ONG y miembros de la prensa internacional reivindican que el número de muertos fue mucho más elevado. 
Esto ocurrió cuando fuerzas de seguridad egipcias evacuaron a la fuerza a unos 2 500 inmigrantes sudaneses, refugiados y solicitantes de asilo que se habían instalado frente a la sede del ACNUR, solicitando que se les trasladara a terceros países. 
En el poco tiempo de que dispongo, quiero centrarme en algunos puntos. 
En primer lugar, este Parlamento tiene la responsabilidad de destacar y condenar medidas que han sido adoptadas por autoridades oficiales y que son una violación trágica de los derechos humanos, en particular, cuando estos acontecimientos suceden en la vecindad de la UE y en países con los que estamos trabajando a través de acuerdos de cooperación y asociación. 
En este caso, la UE y Egipto tienen un acuerdo de asociación en vigor desde junio de 2004. 
El Acuerdo Euromediterráneo, suscrito por ambas partes, también es importante, al igual que lo es el Proceso de Barcelona. 
Por lo tanto, todo aquel que sugiera que se trata de una cuestión interna y de competencia exclusiva de Egipto está equivocado. 
Es asunto nuestro, de la misma manera que lo que ocurre dentro de la UE compete a Egipto cuando afecta a los acuerdos mencionados. 
En segundo lugar, acojo con agrado el compromiso de las autoridades egipcias de iniciar una investigación sobre lo sucedido el 30 de diciembre. 
Pido encarecidamente a las autoridades que se aseguren de que esta investigación es totalmente abierta y transparente y que expertos de las Naciones Unidas y, a ser posible, de organizaciones de los derechos humanos egipcios participen en ella. 
La investigación tiene que ser creíble, si queremos aprender lecciones de lo que ha ocurrido. 
Espero que los aspectos positivos de este oscuro acontecimiento que empaña este suceso serán una garantía creíble por parte de las autoridades egipcias de que sus fuerzas de seguridad actuarán de conformidad con las normas internacionales y sin el uso de la fuerza desproporcionada en el futuro. 
Por último, esta propuesta es una muestra de apoyo al ACNUR y pide a la Comisión que establezca una asociación más estrecha con este organismo, ofreciendo tanto apoyo político como financiero para ayudarle en su misión en El Cairo con el fin de trabajar más estrechamente con las autoridades egipcias para encontrar soluciones duraderas a la difícil situación de los inmigrantes y refugiados sudaneses en Egipto. 
. – Señorías, la situación de los derechos humanos en Egipto es sumamente insólita. 
Aunque ni siquiera el Parlamento Europeo ha sido capaz de protestar por el hecho de que el ejército impidiera a los votantes entrar en los centros electorales de varias ciudades en las recientes elecciones, la estabilidad política debe salvaguardarse en Egipto para garantizar la paz en Oriente Próximo. 
Pero debemos preguntarnos si esa estabilidad política debería conseguirse a expensas de los derechos democráticos fundamentales de los ciudadanos. 
La situación descrita en la propuesta de resolución debería servir de aviso enérgico a este respecto. 
Si ahora las autoridades egipcias no solo van a considerar a los seguidores de los Hermanos Musulmanes como una amenaza, sino que también van a tratar de adoptar leyes con vistas a la prohibición de partidos laicos, entonces tenemos que llamar la atención sobre este hecho. 
Esto ayudaría a corregir la creencia errónea de que el enfoque adoptado por los tribunales egipcios no es algo que consideremos que se aparta mucho de la norma. 
Una situación en la que el culpable de una falta dudosa pueda ser condenado a varios años de prisión solo puede interpretarse de una de dos maneras. O bien el sistema legal contiene disposiciones muy irregulares, o el resultado de la labor del poder judicial sugiere implicaciones políticas. 
No podemos permanecer indiferentes en ninguno de los casos. 
¿Cómo podemos hacer caso omiso del hecho de que refugiados de Sudán o de otros sitios sean devueltos a su país de origen, cuando se enfrentan a la amenaza de la muerte? 
El hecho de que un acuerdo de paz se haya firmado ahora entre las partes en conflicto en Sudán no significa que el conflicto de Darfur se haya resuelto. 
El problema de los refugiados y su posible repatriación debe atajarse, en cooperación con los Gobiernos sudanés y egipcio, aunque soy consciente de los problemas que eso implica. 
Debemos por consiguiente apoyar la labor del ACNUR y prevenir más incidentes que vulneren compromisos internacionales, y en particular la Convención sobre Refugiados de la ONU. 
Tal como yo lo veo, es completamente intolerable que se torture a los prisioneros –aunque ese sea el enfoque adoptado por los Estados Unidos– o que los refugiados deban morir cuando se cierran los campos de refugiados. 
No cabe duda de que con arreglo al Acuerdo de Asociación, esos asuntos deben investigarse en un informe anual, y confío en que sea así. 
Estoy por consiguiente a favor de la resolución. 
. – Señor Presidente, los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar el 30 de diciembre en El Cairo se saldaron con la muerte de 27 personas según las autoridades egipcias, pero en realidad hubo muchas más: decenas, incluso centenas, hasta 220 muertos según algunas fuentes. 
Hay que condenar enérgicamente estos sucesos e identificar claramente a los responsables. 
En primer lugar, la responsabilidad de las fuerzas del orden egipcias, cuya violencia durante la intervención debe denunciarse enérgicamente. 
Por desgracia, tienen la reputación de recurrir a la violencia de forma sistemática y excesiva. 
También el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) tiene su parte de responsabilidad. 
En primer lugar, por dejar que la situación se envenenara. 
Después, por utilizar un lenguaje ambiguo, incluso discursos contradictorios, sobre el estatuto de las personas sudanesas. 
Basta leer los intercambios de cartas entre la oficina del ACNUR en El Cairo y las autoridades egipcias para constatarlo. 
Por último, por pedir directamente la intervención de las autoridades egipcias, corriendo así el riesgo de desbordamientos. 
Tampoco hay que perder de vista el callejón sin salida en que se encontraban esos agentes. 
En efecto, tras la firma de un acuerdo de paz el 26 de mayo de 2004 en Sudán, se detuvieron todos los programas de reinstalación, a pesar de que la situación en Sudán sigue siendo, como sabemos, muy inestable, como acreditan numerosos informes, entre ellos el reciente informe de Human Rights Watch. 
Los Estados, al negarse a acoger a estas personas por la mera razón de que se había firmado un acuerdo de paz, tienen también su parte de responsabilidad. 
No es decente pedir a Egipto, que acoge ya entre 2 y 3 millones de sudaneses, 27 000 de ellos registrados en el ACNUR, que acoja a todos los refugiados de ese país. 
Por todas estas razones, como han dicho los colegas, me parece importante que se lleve a cabo una investigación. 
Pero es igualmente importante que las autoridades egipcias liberen a todas las personas que siguen detenidas, se abstengan de cualquier expulsión y den libre acceso a los representantes del ACNUR para que puedan examinar las solicitudes de los refugiados. 
Es igual de importante que esta tragedia se inscriba en el contexto de la política general de asilo e inmigración. 
No podemos denegar el asilo a personas que corren peligro en su país y no se trata en este caso de un asunto egipcio-sudanés, como tampoco Ceuta y Melilla eran un asunto hispano-marroquí. 
La Conferencia euroafricana sobre la migración debe celebrarse lo antes posible. 
Señor Presidente, señor Comisario, no voy a repetir los argumentos que los colegas autores de esta propuesta de resolución han dicho con anterioridad, pero sí quiero insistir en la importancia de esta Resolución, que es el resultado de un acontecimiento gravísimo: la muerte de 27 personas –oficialmente, pero, probablemente, como han dicho otros oradores, el número es muy superior–, cuando se concentraban pacíficamente frente a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en El Cairo. 
Esas personas de origen sudanés –sudaneses inmigrantes que pedían papeles y ser atendidos por su condición de refugiados– fueron objeto de una carga excesiva, salvaje, que provocó esa tragedia y esa violencia extrema que hoy nos abocan a la necesidad de una investigación en profundidad, seria, exhaustiva, transparente e independiente, no solo para exigir las sanciones o las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que haya lugar, sino también para impedir que en el futuro situaciones así se puedan producir en Egipto, porque el flujo de sudaneses va a seguir llegando, dada la inmigración del Sur al Norte, como también ocurre en la zona cercana a mi país, de países al sur de Marruecos, hacia Marruecos y hacia España. 
La defensa del principio de los derechos humanos es universal, sea en Marruecos, en España, en Egipto o en cualquier lugar, mucho más, como han dicho algunos oradores, en un país que se acoge a condiciones de vecindad con la Unión Europea. 
– Señor Presidente, ¿no ha sufrido ya bastante el pueblo sudanés? 
En primer lugar, han conseguido sobrevivir y escapar de una guerra, y ahora son perseguidos en Egipto cuando tratan de contactar pacíficamente con la ONU. 
Egipto sustituyó a muchos de sus más altos funcionarios y Ministros a finales del año pasado, y ahora es el momento de que sustituyan a sus jefes de policía. 
No podemos aceptar nunca una situación en la que países con los que cooperamos tanto permitan a las fuerzas de policía atacar a civiles de esa manera. 
Esperamos poder cooperar perfectamente con el ACNUR para aclarar todo lo que ha sucedido en esa situación. 
Quiero recordarles finalmente que, por ejemplo, mi país, con la ayuda de la CIA, ha enviado a supuestos terroristas sospechosos a Egipto para ser torturados. 
Esto es algo que nosotros mismos debemos dejar de hacer. 
. – Señor Presidente, el asunto del debate de hoy sobre violaciones de los derechos humanos y democracia son los trágicos sucesos de El Cairo, donde varios centenares de policías atacaron a un grupo de refugiados sudaneses significativamente mucho más pequeño, que habían viajado a Egipto en busca de ayuda y protección. 
Los refugiados fueron arrinconados y entonces la policía egipcia los atacó con cañones de agua y porras. 
Varios refugiados murieron y el destino del resto del grupo, que incluía a mujeres y niños, es por desgracia desconocido. 
A Egipto le gusta llamarse democracia, pero por este acto se ha alineado con los muchos otros observadores del conflicto en Sudán, no todos ellos pasivos. 
La lucha dura ya más de 20 años, y dos millones de personas han perdido sus vidas. 
Seis millones se han visto forzados a abandonar sus hogares y miles de mujeres y niños han sido secuestrados o violados. 
La Organización de las Naciones Unidas ha hecho poco por ayudar a los refugiados sudaneses. 
Ha concedido el estatuto de refugiado tan solo a unos pocos miles, la mayoría de los cuales quieren emigrar a Estados Unidos, Canadá o Europa. 
En la práctica, Sudán se halla en situación de guerra desde que consiguió la independencia. 
La población africana más morena, del sur del país, protesta contra la discriminación por la población árabe que está ahora en el poder en Jartum. 
La religión también desempeña un papel en este conflicto interno, porque una vez en el poder, los árabes, en su mayor parte musulmanes, han tratado como esclavos a los africanos más morenos, animistas y cristianos. 
Por eso tantos intentan huir a países vecinos como Kenia, Egipto, Uganda o Etiopía. 
Queremos hacer constar nuestra indignación y protesta contra el trato impuesto por las autoridades egipcias a la gente que busca ayuda. 
Ya que debatimos la cuestión en esta Cámara, haríamos bien en considerar no solo las causas del conflicto, sino también las fuentes de las armas usadas en Sudán. 
Los países ricos del G8 prometieron esforzarse por acabar con la pobreza y la injusticia. 
Sin embargo, estos mismos países todavía exportan armas, municiones y equipos militares a los países pobres implicados en conflictos y ayudan a sostener a regímenes represivos. 
De este modo, los países del G8 también participan de las violaciones de derechos humanos y actividades antidemocráticas. 
El conflicto de Sudán es asimismo indicativo de un fracaso por parte de la comunidad internacional. 
Esta última no ha demostrado la voluntad de limitar o poner fin a las series de agresiones e injusticias perpetradas durante muchos años. 
Apoyamos la resolución. 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión considera esencial que todos los signatarios de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados apliquen sus disposiciones. 
Por esta razón, comparte las preocupaciones expresadas por las delegaciones del Parlamento Europeo ante el trágico saldo de la evacuación por la fuerza de los emigrantes y refugiados sudaneses en El Cairo y el encarcelamiento de gran número de ellos. 
La Comisión apoya la iniciativa de pedir a las autoridades egipcias que liberen a todos los solicitantes de asilo que aún están en prisión. 
Tras la reciente liberación de 250 refugiados, no sabemos exactamente si todavía hay en las cárceles mujeres, niños y refugiados procedentes de la región de Darfour. 
Evidentemente, todos los detenidos que no estén acusados de actos delictivos deberían ser liberados. 
Nos sumamos también a la petición de que se suspenda el procedimiento de expulsión de los solicitantes de asilo sudaneses, e insistimos en el estricto respeto del principio de no expulsión. 
Por lo demás, la Comisión apoya la petición presentada a las autoridades egipcias de que creen una institución pública, conforme a las normas internacionales, encargada de tramitar la solicitudes de asilo. 
En el marco de las acciones financiadas por el programa de la línea presupuestaria relativa a la cooperación con terceros países en materia de migración, la Comisión financia, desde 2004, un proyecto de más de un millón de euros a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el objetivo de mejorar la protección de los solicitantes de asilo y los refugiados en Egipto. 
Uno de los objetivos del proyecto es apoyar la creación, dentro del Gobierno egipcio, de una unidad responsable de los temas de asilo. 
A este respecto, la Comisión ha sido informada de que las negociaciones entre el ACNUR y el Gobierno egipcio no han llegado a buen término. 
La Comisión desea que las autoridades egipcias se comprometan lo antes posible con las actividades previstas en el proyecto. 
Por lo que respecta a la responsabilidad del ACNUR, me niego a respaldar las críticas pronunciadas por una oradora en este sentido. 
Sé que es enormemente difícil para los responsables del ACNUR abordar este tipo de cuestiones. 
Por mi cargo, mantengo muchos contactos con responsables del ACNUR y puedo decirles que su trabajo es extremadamente difícil. 
En efecto, no pueden sino respetar las normas que se les imponen en contextos a menudo muy delicados, ya que, para poder ayudar a los refugiados, deben mantener unas relaciones correctas, o en todo caso positivas, con los distintos Gobiernos. 
Considero, pues, que la crítica es un tanto excesiva. 
No pretendo juzgar lo que se ha dicho, pero a mi entender es prematuro y, ante todo, esas acusaciones deberían comprobarse. 
En el contexto de la política de vecindad, la Comisión, con el apoyo de la Presidencia y de la Secretaría del Consejo, está renegociando un plan de acción que contiene una propuesta encaminada a entablar un diálogo sobre las cuestiones relacionadas con el asilo. 
Las negociaciones están en curso. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de seis propuestas de resolución sobre Camboya: represión política (1). 
. – Señor Presidente, Camboya es uno de los países más pobres del mundo. 
Padece también la falta de una judicatura independiente y una corrupción extendida. 
El tráfico de personas, la prostitución infantil, más la persecución y la tortura impunes de opositores políticos, son solo unos pocos de los rasgos de la vida cotidiana en Camboya. 
Una represión así, junto con la detención, en las últimas semanas, de representantes de entidades humanitarias, sindicatos y periodistas acusados de divulgar supuestas informaciones falsas, ha despertado con razón la preocupación de la comunidad internacional. 
El Gobierno camboyano utiliza de forma rutinaria el sistema judicial para reprimir a la oposición política. 
Camboya infringe permanentemente los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, especialmente la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951. 
Impone un trato inhumano a la gente que intenta huir de Vietnam y organiza deportaciones brutales. 
La comunidad internacional debe emprender acciones decisivas para garantizar la libertad de todas las organizaciones humanitarias activistas y retirar los cargos en su contra. 
También debe presionar para que finalicen la persecución y la intimidación. 
El Acuerdo de Cooperación de 1993 entre la Unión Europea y Camboya obliga a la Unión a dar pasos concretos para garantizar el respeto de todos los derechos humanos en Camboya, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. 
. – Señor Presidente, el pasado mes, un tribunal en la capital de Camboya, Phnom Penh, condenó al líder de la oposición, Sam Rainsy, en rebeldía, a dieciocho meses de prisión por calumniar al Primer Ministro, Hun Sen, y al Príncipe Norodom Ranariddh. 
Al señor Sam también se le multó con la suma de 20 millones de rieles, el equivalente a 4 000 euros, supuestamente por manchar la reputación de sus rivales políticos. 
A comienzos de este mes, el Gobierno de Camboya arrestó a dos activistas pro derechos humanos: Kem Sokha, presidente del «Centro Camboyano de Derechos Humanos» y Yeng Virak, director del «Centro Comunitario de Educación Jurídica» , que están detenidos en relación con el despliegue de una pancarta que conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. 
A raíz de una reunión con el diplomático estadounidense Christopher Hill, el Primer Ministro aceptó liberar a Kem Sokha y Pa Nguon Teang bajo fianza, lo que sucedió el 17 de enero, pero las acusaciones de difamación contra ellos y otros muchos que fueron liberados, no han sido retiradas. 
La condena de Sam Rainsy y la detención de los activistas pro derechos humanos son solo un par de ejemplos de toda una serie de calumnias y acusaciones a figuras públicas en los últimos dos años, que han conocido la suspensión de la inmunidad parlamentaria y la condena de Cheam Channy y, en su ausencia, de Chea Poch. 
Este es el retorno a los días del Estado de partido único de Hun Sen. 
Estos sucesos son indicativos de una nueva reacción violenta y una bofetada en la cara del proceso de democratización en el sudeste asiático. 
Las opiniones y comentarios disidentes deberían contestarse por medio del debate público en lugar de los tribunales de justicia, y la detención de disidentes en Camboya es una seria amenaza a la libertad de expresión y al pluralismo político en ese país. 
Tenemos que actuar contra este nuevo intento de los que están en el poder de neutralizar a la oposición y completar el proceso de convertir Camboya en una dictadura. 
. – Señor Presidente, la cultura camboyana fue una vez conocida en todo el mundo como símbolo de paz, aunque, desde entonces, difícilmente ningún otro país ha tenido que sufrir tanto como Camboya, que fue ocupada por extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, la última guerra de Vietnam y dos veces más en la guerra de Indochina; sufrió entonces el terror de los Jemeres Rojos, con su política de exterminio de millones de personas de manera que no admite comparación, seguido de otra variedad del comunismo –esta vez el vietnamita– que implicó también el dominio extranjero. 
Después de que el país soportara todos estos horrores, la puesta en marcha de un proceso de paz allí ha necesitado una enorme esfuerzo político por parte de las Naciones Unidas, la Unión Europea y, claro está, de la gente que vive allí; ha sido un asunto complicado y ha necesitado mucha dedicación y mucho dinero. 
Se puede decir que lo que se consiguió entonces está, hoy, en ruinas, ya que vemos que otro régimen injusto se está estableciendo en Camboya y, como esto es algo que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia, remito a esta Cámara al apartado 5 de nuestra resolución, que señala muy claramente que el acuerdo que concluimos con Camboya se fundamenta en la democracia y en los derechos humanos. 
No es una frase diplomática vacía con la que educadamente introduzcamos agradables transacciones; por el contrario, expresa los términos en los que tratamos. 
El Consejo, la Comisión y este Parlamento tienen ahora la tarea de dejar claro a nuestros socios camboyanos que si continúan violando estos términos, no podrán seguir tratando con nosotros. 
Debemos, de una vez por todas, presionar efectivamente a Camboya para que defienda los derechos humanos, y eso significa algo más que simplemente mandar notas de protesta. 
Por esta razón sugeriría que invitáramos a esta Cámara –y tan pronto como sea posible– al enviado especial de las Naciones Unidas en Camboya para tener una discusión exhaustiva con él sobre cómo van las cosas en este atormentado país. 
Podemos alegrarnos de que nuestra presión y la ejercida por los Estados Unidos –porque es bueno que cooperemos en esto– ha dado lugar a la liberación de prisioneros, pero, aunque sin duda tengamos que reconocerlo, sabemos que van a ser juzgados. 
Sabemos que hay muchos otros prisioneros y que se han emitido muchas más citaciones y órdenes de detención, y somos conscientes especialmente de la represión de las minorías. 
Al enfrentarnos a estas cosas, debemos hacerlo con perseverancia, ya que la perseverancia, por encima de todo, es lo que cuenta en la política de derechos humanos. 
. – Señor Presidente, Camboya era un vecino pacífico de Vietnam, hasta que los extranjeros intervinieron en sus asuntos a comienzos de la década de 1970. 
En Vietnam, la guerra se abatió sobre la reunificación de los sectores del norte y del sur de lo que había sido una vez una colonia francesa, con los Estados Unidos deseando mantener el sur en su ámbito de influencia. 
La sospecha de que el movimiento guerrillero vietnamita, que luchaba por reunificar el norte y el sur, utilizaba rutas de suministro que pasaban por partes inhóspitas de Camboya, fue una razón suficiente para que los estadounidenses intervinieran y pusieran el país bajo el control de un Gobierno amigo. 
Desde entonces, Camboya, antiguamente tan pacífica, ha sido un país enemistado consigo mismo. 
Parece que el poder estatal, que se ha conseguido con tanta dificultad, no debe ponerse en tela de juicio en modo alguno. 
Se ha desarrollado una tradición en que los partidos ya no quieran coaligarse con otros ni tolerar la oposición. 
En primer lugar, hubo un Gobierno amigo de los Estados Unidos, al que siguió el reino del terror del prochino Pol Pot y después, con la ayuda vietnamita, el Gobierno de Hun Sen. Las elecciones posteriores han tenido resultados que han hecho prácticamente imposible formar Gobiernos de amplia base. 
Diversos partidos no quieren cooperar con los demás, sino, por el contrario, gobernar solos. 
Esta actitud ha derivado ahora en la detención y el encarcelamiento de diputados de la oposición. 
También se detiene a periodistas, activistas pro derechos humanos y sindicalistas, acusados de difamación. 
La consecuencia de todo esto es que la policía y el poder judicial se han convertido en instrumentos de querellas políticas. 
De momento, no tengo la impresión de que la oposición sea mucho más democrática que el partido que gobierna. 
Todas la fuerzas políticas de Camboya deberían abandonar esta clase de comportamiento. 
Hasta ahora, el mundo exterior ha sido incapaz de ayudar a Camboya a desarrollar una democracia tolerante. 
Merece la pena recordar que el régimen sangriento de Pol Pot siguió estando reconocido internacionalmente durante un largo periodo de tiempo, incluso después de su derrota, por la única razón de que el nuevo régimen de Hun Sen, que había liberado el país de esa banda de asesinos, era sospechoso de mantener relaciones amistosas con su vecino vietnamita. 
En el futuro, Camboya debe recibir un mensaje muy diferente. 
Europa no debe tomar partido sobre la base de consideraciones que a los camboyanos les parecen incomprensibles, sino que debe apoyar sistemáticamente los derechos humanos y la democracia, con independencia de quién esté en el poder. 
. – Señor Presidente, creo que estos debates urgentes son importantes para esta Cámara y para la Unión Europea. 
Creo que merecen la pena. 
Sin embargo, mientras hablamos de Camboya, me llama la atención el hecho de que ya hemos hablado de esto antes en esta misma Cámara y que ya hemos escuchado todo esto antes. 
En concreto, hablamos de esto el 13 de enero de 2005, el 10 de marzo de 2005 y el 1 de diciembre de 2005. 
¿Se apuesta alguien a que volveremos a hablar sobre lo mismo dentro de seis meses? 
No estoy diciendo que estos debates no deban celebrarse. 
Lo que digo es que hay que hacer que nuestra preocupación se vea correspondida por las acciones de las demás instituciones de la UE y de los Estados miembros a los que servimos. 
Me refiero, en particular, al apartado 4 de la resolución. 
No carecemos de armas; no carecemos de medidas de presión que no podamos emplear. 
El 50 % de los gastos anuales del Gobierno camboyano dependen de la comunidad de donantes. 
Conviene que utilicemos esta presión con mayor ahínco para conseguir un cambio, en lugar de emplear únicamente palabras cordiales. 
No se trata de que Occidente instruya a una nación en desarrollo sobre cómo debe gobernarse; se trata de que la Unión Europea espere de Camboya que cumpla los acuerdos que ya ha firmado y que esté a la altura de los principios internacionales de la decencia. 
Estamos dispuestos a desempeñar nuestra parte en ese proceso. 
En el apartado 12, reiteramos nuestro llamamiento para que una delegación de esta Cámara vaya a Camboya para ver los problemas con nuestros propios ojos. 
Esta propuesta de resolución cuenta con el respaldo entusiasta de mi Grupo y con mi propio respaldo. 
Contiene un maremagno de información y objetivos dignos, pero sin una mayor presión económica declarada por nuestra parte, me temo que se quedará en una lista de la compra que nunca se cumplirá, 
. – Señor Presidente, solo puedo hacerme eco de la declaración realizada por el señor Smith. 
Parece que volvamos una y otra vez sobre el mismo tema, sin resultados reales. 
¿Se debe quizá a que Camboya está demasiado lejos? 
El sufrimiento humano, independientemente de donde ocurra, siempre es el mismo cuando se refiere a las personas. 
He de citar lo que Human Rights Watch dijo sobre Camboya en 2005: «La oposición política se desmanteló efectivamente con la detención o amenaza de detener a parlamentarios de la oposición y la impunidad de los autores de los abusos continuados contra los derechos humanos. 
Juicios políticos demostraron el control constante, la interferencia e intimidación en la labor de los tribunales por parte del Gobierno.» 
Esta es la situación sombría en Camboya. 
Quiero recordar que en 1997 el único político de la oposición, Sam Rainsy –quien, paradójicamente, está protegido por la Iniciativa del Pasaporte a la Libertad de esta Cámara– daba un discurso en la capital cuando varias granadas fueron lanzadas contra la multitud que estaba delante de él y donde murieron al menos 16 personas. 
Esto es lo que ocurre cuando un líder de la oposición hace un discurso en la capital de ese país. 
No podemos continuar dando apoyo solo de boquilla; hemos de obrar de acuerdo con nuestras opiniones. 
Tal como ha dicho el señor Smith, una de las sanciones más efectivas sería dejar de dar dinero a Camboya mientras no se cumplan los criterios rectores de la democracia y de los derechos humanos. 
Asimismo, sería muy eficaz prohibir los visados de viaje a los funcionarios, ya que la elite de este país va a las capitales de Europa para ir de compras, etc. 
No obstante, por el contrario, hay que mantener el libre comercio. 
Las sanciones comerciales no harían más que aumentar la pobreza y la miseria de la gente. 
La Cámara se solidariza con los ciudadanos de Camboya que luchan por la democracia y los derechos humanos. 
. Señor Presidente, me sumo a las palabras de los colegas que han intervenido con anterioridad, pero especialmente a las de la compañera Geringer de Oedenberg, miembro de mi Grupo y autora de una de estas resoluciones que vamos a votar seguidamente. 
Efectivamente, el caso de Camboya es un caso de una historia reciente, trágica, de violaciones flagrantes de los derechos humanos y, en el pasado, de guerras tremendamente violentas. 
Se comprende el desánimo de muchos colegas al ver que las cosas no mejoran y que nosotros tratamos una y otra vez aquí esta cuestión, pero no por ello debemos dejar de traerla a colación cuando se producen hechos como los recientes, de represión de defensores de derechos humanos, de empresas de radio, de sindicatos de maestros, de activistas, de periodistas, de sindicalistas de distintas áreas, de antiguos parlamentarios, etc. Solamente con una acción enérgica y decidida por parte de la Unión Europea, de la Comisión y de este Parlamento hacia Camboya se puede conseguir que ese tipo de acciones disminuyan o desaparezcan. 
Hay cinco puntos que no voy a recordar, pero, especialmente quisiera recordar a Camboya la acción que puede ejercer y ejerce la comunidad de donantes y la cláusula de derechos humanos en el Acuerdo de Cooperación Unión Europea-Camboya. 
También es importante el envío de una delegación a Camboya para evaluar la situación. 
Y, por último, quiero hacer hincapié en el reconocimiento del estatus de refugiado a los jemeres que vienen de Vietnam. 
Por falta de tiempo, señor Presidente, no me alargo en la argumentación, pero, insisto, me sumo a lo que han dicho los colegas con anterioridad. 
. – Señorías, los derechos humanos representan un conjunto de ideales. Incluso los países más democráticos solo se acercan a estos ideales en determinados ámbitos. 
En cualquier caso, hasta hace poco Camboya se enfrentaba todavía con problemas como los restos de las tropas de Pol Pot, el analfabetismo y la falta de intelectuales o de industria alguna en el país. 
En comparación, la situación actual es indudablemente una clara mejora. Al mismo tiempo, sin embargo, es por supuesto intolerable que se haga caso omiso de procedimientos básicos cuando diputados al Parlamento camboyano son condenados a varios años de prisión. 
Hay claramente una necesidad urgente de garantizar que se den las condiciones para permitir que los representantes de las organizaciones internacionales hagan su trabajo, así como para promover la aparición de una prensa libre y el respeto de los derechos sindicales. 
Una misión de reconocimiento sería sin duda una idea excelente, y yo recomendaría que se enviara a representantes del Parlamento Europeo al país tan pronto como fuera posible, una vez que se hubiera alcanzado un acuerdo con el Gobierno camboyano. 
Encuentro particularmente alarmante que sea posible que se abuse del poder judicial en los casos de supuesta difamación. 
Si aprobáramos tácitamente un enfoque de esa clase, podríamos ser considerados cómplices de esos crímenes. 
Por consiguiente, estoy muy a favor de la propuesta de resolución. 
– Señor Presidente, ha habido no menos de tres resoluciones del Parlamento Europeo sobre Camboya el año pasado, y me gustaría que esta Cámara lo tuviera en cuenta cuando hablo de este asunto. 
Las autoridades camboyanas se muestran indiferentes a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y a las orientaciones de la Unión Europea sobre este asunto, adoptadas hace dos años. 
Me gustó mucho que hace seis días la Presidencia austriaca presentara una protesta tan enérgica e inequívoca contra el deterioro de la situación en Camboya. 
La detención de periodistas, activistas independientes y sindicalistas da fe de la naturaleza cada vez más represiva del régimen en ese país. 
Estoy de acuerdo con el señor Smith y el señor Vatanen, que han dicho que debemos presionar económicamente a las autoridades camboyanas. 
El cincuenta por ciento del presupuesto de Camboya consiste en ayuda extranjera y debemos utilizar ese instrumento. 
Estoy también muy a favor de mandar una delegación tal como se propone en la resolución. 
Realmente necesitamos ver por nosotros mismos cómo está ahí la situación. 
. Señor Presidente, la situación política actual en Camboya sigue siendo muy preocupante. 
Desde que se levantó la inmunidad parlamentaria del señor Sam Rainsy, el líder del Partido Sam Rainsy de la oposición camboyana, y de dos otros miembros de la Asamblea Nacional en febrero del año pasado, la situación política se ha deteriorado considerablemente. 
La reciente detención del señor Kem Sokha, director del Centro camboyano de derechos humanos, y otros defensores de los derechos humanos constituye el último capítulo de esta historia deprimente. 
Lamentablemente, resulta irónico que estas últimas detenciones se relacionen con acontecimientos que tuvieron lugar el Día de los Derechos Humanos, cuando una serie de organizaciones celebraban pacíficamente e intentaban defender los principios de los derechos humanos y de la democracia. 
La Comisión acoge con gran satisfacción la reciente liberación bajo fianza del señor Sokha y de otras cuatro personas, pero le hubiera gustado que las autoridades camboyanas hubieran ido más lejos y hubieran retirado todas las acusaciones. 
La Comisión cree que el debilitamiento de la oposición mediante el uso politizado de la judicatura amenaza con alterar el proceso democrático que aún está en fase de desarrollo en Camboya. 
Asimismo, la detención selectiva de organizaciones de defensa de los derechos humanos acusándolas desproporcionadamente por lo penal –no por lo civil– de supuestos delitos está creando un clima de miedo entre los defensores de los derechos humanos en el país. 
La Comisión y los Estados miembros de la UE han acordado una serie de medidas para responder a la situación. 
Después de una declaración enérgica de la UE al respecto, la UE pretende plantear estas cuestiones directamente al Primer Ministro en la primera oportunidad que se presente. 
Al mismo tiempo, la Comisión y los Estados miembros trabajarán incluso más estrechamente con las organizaciones de defensa de los derechos humanos que se han seleccionado para apoyar su labor. 
Tal como recomendó el Parlamento en su última resolución sobre Camboya, actualmente la Comisión está considerando si propone la creación de un grupo de trabajo sobre cooperación en los ámbitos del desarrollo de instituciones, reforma administrativa, gobernanza y derechos humanos con el fin de que las autoridades camboyanas participen constructivamente en estas cuestiones. 
Por último, en la próxima reunión de donantes que tendrá lugar en Phnom Penh en marzo, la UE y la comunidad de donantes en su conjunto transmitirán enérgicamente a las autoridades camboyanas el mensaje de que hay que respetar la libertad de expresión y otros derechos humanos elementales en interés de todos los ciudadanos camboyanos. 
Quiero asegurar a esta Cámara que la Comisión, a través de su delegación en Phnom Penh, y junto con las misiones de los Estados miembros en Camboya, proseguirá con su labor de supervisar la situación muy de cerca. 
La comunidad internacional, en especial la UE, que ha desempeñado un papel tan fundamental en la configuración de la nueva Camboya, tiene que asegurarse de que la situación política no se deteriora más y ha de apoyar el fortalecimiento y la intensificación de la democracia camboyana. 
Naturalmente, estoy de acuerdo con sus Señorías del Parlamento Europeo en que los sucesos en cuestión son muy graves y merecen toda nuestra atención. 
La Comisión, junto con los Estados miembros de la UE, está explorando la posibilidad de adoptar más medidas, además de las que acabo de mencionar. 
Sin embargo, no creo que, llegados a este punto, deba suspenderse el acuerdo de cooperación CE-Camboya. 
Esto dejaría en suspenso nuestro diálogo político e interrumpiría nuestros programas de desarrollo en detrimento de la pobre gente de Camboya. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de unos momentos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de votaciones. 
– Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quiero proponer una corrección en el considerando F, que debe referirse, no a 462 ciudadanos sudaneses, sino a 650, que es el número de personas amenazadas de deportación. 
Queremos proponer también, en el marco de la misma enmienda, que ese cambio se haga igualmente en el apartado 5. 
He comprobado las versiones francesa, española y alemana, y en ellas ya se ha introducido el cambio. 
Quiero pedirle que solicite a los servicios que examinen todas las versiones lingüísticas en este sentido. 
– Señor Presidente, en esta enmienda se ha omitido el nombre de uno de los parlamentarios y nos complacería si se pudiera introducir. 
En ese caso, quedaría así: «la sentencia en contra de Sam Rainsy y Chea Poch». 
–Se trata de un añadido, señor Presidente. 
Uno de los problemas en Camboya es que este país tiene algo en común con Belarús. Insultar al Primer Ministro de Camboya se considera un delito penal, algo muy inusual en el mundo moderno. 
Normalmente, un insulto como mucho es un delito civil y se castiga con una multa o una denuncia por difamación. 
En Camboya uno va a la cárcel, de ahí la razón por la que se ha encarcelado a algunas de estas personas. 
Queremos añadir el siguiente texto: «... y cuestiona que el mancillamiento del cargo del Primer Ministro sea necesariamente un delito penal». 
– Señor Presidente, mi inglés no es tan bueno como el de mi colega, el señor Tannock, pero creo que «mancillar» no es la palabra correcta. 
Es «difamar» , ¿no es así? 
Por lo tanto, ¿podemos asegurarnos de que esta enmienda oral se formule correctamente? 
– Me alegra mucho aceptar la sugerencia de cambiar la palabra «mancillar» por «difamar». 
Esta era mi intención original. 
Con esto concluye la votación. 
. Acojo con satisfacción esta propuesta que aborda la importante cuestión de cómo se puede conseguir la integración de las necesidades de las personas con discapacidad en la política de desarrollo y cómo se pueden tratar cuestiones como la estigmatización que sufren estas personas, el tratamiento y la asistencia que reciben 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el jueves 19 de enero de 2006. 
Señoras y señores diputados, antes de empezar nuestra sesión plenaria creo que las circunstancias obligan a que la Presidencia haga una pequeña declaración relativa a los dos trágicos acontecimientos que se han producido en dos países de la Unión Europea. 
Como saben, el día 19 de enero el accidente de un avión del ejército eslovaco causó la muerte de 42 militares cuando volvían de una misión de paz de la OTAN en Kosovo. 
Ello me recuerda otros trágicos acontecimientos relacionados con la presencia de militares españoles en Afganistán. 
Esta vez han sido eslovacos. 
Y el 28 de enero, en Katowice, el derrumbamiento del techo de un pabellón de exposiciones ha causado la muerte de varias decenas de personas, un centenar de heridos y todavía no sabemos cuántos desaparecidos. 
El pueblo polaco está conmovido por esta tragedia y todos los demás pueblos de Europa con él. 
He expresado nuestro más profundo sentir y la mayor solidaridad del Parlamento Europeo con las víctimas y sus familias. 
Las banderas eslovaca y polaca ondean a media asta en nuestro Parlamento en señal de luto. 
En nombre de todos ustedes me he dirigido por carta a los Jefes de ambos Estados para expresarles nuestra condolencia. 
Y ahora les pido que con un minuto de silencio rindamos homenaje a estas víctimas. 
¿Hay alguna observación? 
Tiene la palabra la señora Frassoni. 
– Señor Presidente, Señorías, mi intervención será muy sencilla, muy breve y nada apasionante: quiero decir que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea desea añadir su firma a la resolución sobre Cuba. 
De acuerdo, así se hará. 
El siguiente punto es el debate conjunto sobre Política Exterior y Seguridad Común sobre los puntos siguientes: 
– la Declaración del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común sobre las perspectivas de la política exterior común para 2006; y 
– el informe de Elmar Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC, incluidas sus implicaciones financieras para el presupuesto general de las Comunidades Europeas- 2004 (2005/2134 (INI) ) (A6-0389/2005). 
Antes de dar la palabra a los oradores, me gustaría agradecer la labor desempeñada por la Sra. De Keyser, jefe de los observadores de la Unión Europea en las elecciones en Palestina, y al Sr. McMillan-Scott, que encabezó la delegación de nuestros 27 observadores parlamentarios. 
Sin duda tendremos ocasión de escuchar su testimonio durante el debate, pero quiero, desde ahora mismo, subrayar el importante papel que han desempeñado nuestros diputados aportando testimonios objetivos de la vitalidad del proceso electoral desarrollado en los territorios palestinos. 
También creo que la ocasión es buena para esperar que las circunstancias no impidan al Presidente Mahmud Abbás a aceptar la que tiene hecha por el Parlamento Europeo para acudir cuando lo estime oportuno. 
. Señor Presidente, permítame con mis primeras palabras unirme a las suyas para felicitar a la persona que ha encarnado el Parlamento Europeo y, en su conjunto, a la Unión Europea en la misión de observación de las elecciones palestinas, la señora De Keyser, buena amiga de todos nosotros y buena amiga mía, en particular, por la gran labor realizada en este periodo de tiempo tan difícil, en el que la misión de los observadores ha sido de gran importancia. 
No sé si está la señora De Keyser en la sala, pero en cualquier caso me gustaría expresarle mi admiración y mi reconocimiento y darle una prueba más de mi amistad y de mi simpatía. 
Señor Presidente, Señorías, no les engaño al decirles que me resulta muy complicado iniciar esta sesión el día 1 de febrero del año 2006. 
Si tuviéramos la capacidad de pasar nuestra moviola mental para retroceder solamente un mes, hasta el 1 de enero de este año, y viéramos lo que ha acontecido en el mundo en estos treinta días, nos daríamos cuenta de que realmente puede ser útil hacer algunas reflexiones en este Parlamento; reflexiones que tienen que ver con la capacidad de la Unión Europea para hacer política, con la capacidad de la Unión Europea de hacer política internacional y con la obligación que todos tenemos, si fijamos claramente nuestro pensamiento en lo que ha acontecido en estos treinta días a los que me gustaría pasar revista, de sacar algunas conclusiones sobre cómo no podemos seguir actuando y sobre cómo sí deberíamos empezar a actuar. 
Permítanme, pues, que les recuerde muy brevemente lo que ha acontecido en treinta días. 
La noche del primero de año de 2006 muchos de nosotros la pasamos despiertos, tratando de solucionar un gravísimo problema que nos afectaba: Ucrania y Rusia tenían un problema de difícil solución por falta de un acuerdo energético entre ambos países. 
Si ese acuerdo energético se hubiera mantenido como desacuerdo, habría tenido repercusiones enormemente graves en el suministro energético para muchos países de la Unión Europea. 
Noche número uno del año. 
La noche número tres del año 2006, el Gobierno de Irán tomó una decisión importantísima: empezar a enriquecer uranio. 
Y, menos de una semana después, empezaba a romper los sellos que habían sido colocados por la Agencia Internacional de la Energía Atómica de Viena, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Junta de Gobernadores de dicho Organismo. 
Pocos días después, el Primer Ministro Sharon era ingresado en una clínica de Jerusalén y desgraciadamente todavía no se ha recuperado del todo. 
Me gustaría desear a la familia del Primer Ministro Sharon, desde aquí, en nombre de ustedes, si me lo permiten, su pronto restablecimiento. 
Independientemente de las diferencias que hayamos podido tener en el pasado, independientemente de las dificultades y malentendidos que hayamos tenido, los hombres que han luchado, las personas que han trabajado con nosotros deben ser reconocidas en sus momentos de dificultad. 
No muchos días después, surgieron problemas serios con el principio de las elecciones en Palestina, y una vez más la señora De Keyser estaba allí para intentar resolverlos. 
A finales del mes tuvieron lugar las elecciones palestinas, cuyo resultado provocó una conmoción. 
Días después, en el contexto de otro tema absolutamente fundamental para la Unión Europea, fallecía inesperadamente el Presidente Rugova, el Presidente de Kosovo. 
También en los últimos días del mes se ha celebrado una reunión fundamental de la Unión Africana, con la cual estamos cooperando de manera intensísima tratando de resolver un problema grave: el problema de Darfur. 
Por último, hace muy pocos días, también en este mes, recibimos del Secretario General de las Naciones Unidas la petición de que estuviéramos prestos a tomar una decisión sobre la posibilidad de que la Unión Europea se implique en la seguridad y la defensa de las elecciones que van a tener lugar dentro de pocos meses en el Congo. 
Señorías, si nos pusiéramos a pensar, aunque solo fuera brevemente, sobre estos treinta días, tendríamos que extraer enormes lecciones. 
Y muchas de ellas tendrían que ver con la influencia de la Unión Europea en el mundo actual, porque en todos estos temas que he mencionado, en todos ellos, la Unión Europea ha tenido que desempeñar un papel fundamental: ya sea en el tema de la seguridad energética, fundamental, que seguirá con nosotros a lo largo de todo el año 2006; ya sea en el tema de Irán, que seguirá con nosotros en los próximos días y, seguramente, más allá de los próximos días, y a ello me quiero referir después; ya sea en las elecciones en Palestina y sus consecuencias; ya sea tras la muerte del Presidente Rugova y ante las consecuencias que va a tener en el año 2006 —esperemos que solo en el año 2006— sobre el desarrollo final de los acuerdos sobre el estatuto de Kosovo; ya sea en los temas relacionados con los cambios que se han producido en la Unión Africana, con la que tenemos unas relaciones profundas de amistad, de afecto y de cooperación. 
Empezaré, si me permite la Presidencia, a referirme muy brevemente a estos temas que he señalado, los más importantes de los que se nos han planteado en este mes y que, sin duda ninguna, van a constituir la agenda fundamental el año 2006 para este Parlamento y para la Unión Europea, pero no sin antes decir una vez más, a la Presidencia del Parlamento y a los miembros de este, que no cabe duda de que la Unión Europea es un actor fundamental en política exterior, que tiene que seguir siéndolo, que la experiencia nos demuestra que, aunque no lo queramos, tenemos que serlo, y que solamente en treinta días hemos tenido que ocuparnos de tantísimas cuestiones, que en algunos momentos incluso nos han impedido pensar; tal ha sido la actividad en la que hemos estado inmersos durante todos los días de este mes. 
Esta mañana, Señorías, la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento ha recibido a dos personalidades de Ucrania: al Ministro de Asuntos Exteriores, señor Tarasyuk, y a Yulia Timoshenko, una dignísima parlamentaria. 
La Comisión de Asuntos Exteriores ha visto —espero que muchos de ustedes lo hayan podido comentar— la situación tan difícil en la que se encuentra un país amigo, un país fundamental para la estabilidad y la seguridad de Europa como es Ucrania. 
Hace ahora aproximadamente un año, todos nosotros, el Parlamento Europeo y yo mismo, tratábamos de resolver un problema gravísimo en Ucrania. 
Hoy, un año después, vemos que muchos de los problemas que entonces existían no tienen la misma gravedad, pero, desgraciadamente, tienen una gravedad suficientemente intensa para que sigamos trabajando, fundamentalmente para que ese gran país no pierda su rumbo, para que ese gran país siga avanzando por la vía del desarrollo económico, político, de seguridad y de aproximación a Europa que todos deseamos. 
Los señores diputados y señoras diputadas que han escuchado esta mañana tanto al Ministro de Asuntos Exteriores como a la señora Yulia Timoshenko se habrán dado cuenta de que, desgraciadamente, el problema es muy serio y tenemos que concederle una importancia especial y esencial. 
En los pocos minutos que se me conceden en esta primera intervención no entraré más en detalles, pero sí les quiero decir que las elecciones que van a tener lugar en Ucrania, no dentro de un año, sino dentro de dos meses, serán absolutamente fundamentales para todos nosotros, no solamente para la Unión Europea, sino también para Ucrania, sin duda ninguna, y para todos los países de la parte este de nuestro continente, que se verán afectados por los resultados de las mismas. 
Sería una gran tristeza para todos nosotros que lo que hace un año llamábamos la Revolución Naranja dejara de ser una revolución naranja y pasara a ser una revolución de otra naturaleza o un paso atrás en la serie de pasos adelante que ese país dio hace un año. 
Señor Presidente, permítame pasar al segundo punto al que quisiera hacer referencia: la situación con Irán. 
Creo que los señores diputados están bien informados sobre lo que ha acontecido en Irán desde el día 3 de enero de este año, hace unos pocos días, y sobre todo lo que ha acontecido desde el día 13, en el que la Unión Europea tomó, en Berlín, la decisión de convocar un consejo extraordinario de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía y, posteriormente, de solicitar a esa Junta de Gobernadores que transfiriera el correspondiente a Irán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Desde entonces han pasado muchas cosas, porque los días pasan como si fueran segundos y los meses, como si fueran horas. 
Les puedo decir que en el momento en que estoy hablándoles a ustedes, en este mismo momento, los representantes de China y Rusia se encuentran en Teherán, con un mandato de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más la Unión Europea, para intentar hacer el último esfuerzo para poder llegar a un acuerdo en la reunión que va a tener lugar el día 2, es decir, mañana. 
Les puedo decir que la noche de antes de ayer, hasta muy altas horas de la madrugada, los miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos tuvimos una reunión, a mi juicio, importante, con Rusia y con China para llegar a un posible acuerdo sobre un borrador de resolución. 
Y les puedo decir que hemos llegado a ese acuerdo, que esta misma tarde será presentado en Viena para que sea debatido mañana. 
Es un borrador de resolución, Señorías, en el cual se hacen los siguientes llamamientos: en primer lugar, un llamamiento a Irán, para que vuelva a la situación anterior, es decir, para que no continúe con sus ideas o con sus aspiraciones de enriquecer uranio, sino que vuelva otra vez a la posición de negociación; y, en segundo lugar, un llamamiento para que se apruebe la resolución que se va a poner sobre la mesa esta tarde, con el apoyo de Rusia y China, y que esa resolución y todas las resoluciones anejas que se han adoptado en los últimos meses pasen al Consejo de Seguridad y que este no adopte ninguna resolución hasta la reunión ordinaria del mes de marzo de la Junta de Gobernadores. 
Estamos tratando, con ello, de mandar un mensaje claro a las autoridades de Irán y, a la vez, tratando de conseguir el mayor consenso posible en la comunidad internacional. 
El tema que nos ocupa es un tema fundamental, ligado a la proliferación de armas de destrucción masiva, y, por lo tanto, nos parece indispensable obtener el mayor acuerdo posible entre los miembros de la comunidad internacional y, muy concretamente, entre los miembros de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía. 
No quisiera decirles que soy optimista, porque me parece que ser optimista sobre estos temas es difícil, pero creo que en las últimas horas hemos hecho un esfuerzo de gran intensidad entre todos los miembros de la comunidad internacional, liderados, sin ningún género de dudas, por las posiciones que mantiene la Unión Europea desde hace ya varios meses y varios años. 
Por lo tanto, esperamos que el debate que se iniciará mañana, y que tendrá seguramente más de un día de duración, nos permita avanzar en la vía de racionalizar la posición de Irán en aquellos temas relacionados con los aspectos nucleares. 
El tercer punto que quería tocar, señor Presidente, muy brevemente, dado que el tiempo corre, es el de las elecciones en Palestina. 
Ya me he referido al buen trabajo realizado por la Unión Europa en lo que se refiere a la observación; me gustaría hacer dos o tres reflexiones sobre los resultados. 
Los resultados, Señorías, han sido una sorpresa para todos: una sorpresa para Hamás, una sorpresa para Fatah, una sorpresa para Israel y una sorpresa para la comunidad internacional. 
Se esperaba, sin duda, que Hamás obtuviera unos resultados mejores de los que había tenido últimamente, pero nadie ―ni en Hamás, ni en Fatah, ni en la comunidad internacional― esperaba que el resultado fuera de la magnitud que ha obtenido Hamás. 
¿Cuáles son las posiciones que a mi juicio deberíamos tener en este momento? 
Y no son posiciones personales, son posiciones que han estado ya acordadas por el Consejo de Asuntos Generales, por los Ministros de Asuntos Exteriores el lunes por la mañana ―es decir, hace unas horas― y por la tarde, en el Cuarteto, con nuestros amigos de Rusia y de los Estados Unidos y con el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Señorías, pensamos ―y creo que pensamos bien― que hay que seguir ayudando al Presidente Abu Mazen. 
Él se presentó a las elecciones con una plataforma que era la plataforma que nosotros defendíamos: la plataforma de avanzar por el camino de la paz; la plataforma de reconocer que había que negociar con Israel; la plataforma de que había que acabar con la Intifada; y la plataforma de que había que poner en marcha la hoja de ruta. 
Esas eran las posiciones del Presidente Abu Mazen, por las que fue apoyado masivamente por sus conciudadanos de Palestina. 
Ha habido unas elecciones posteriores en las que la victoria ha sido de Hamás por una mayoría muy sustancial, una mayoría absoluta, en una plataforma que en cierta manera no es la misma plataforma que la del Presidente Abbás. 
Por lo tanto, sin ninguna duda, en el futuro ―cuando el Gobierno sea formado después de la negociación que tendrá lugar, muy probablemente, dentro de varias semanas, por lo que muy probablemente no tendremos Gobierno hasta dentro de dos o tres meses por lo menos― habrá la posibilidad de un choque de posiciones entre los unos y los otros, entre lo que ha representado el Presidente Abu Mazen y lo que representa Hamás. 
En la declaración del lunes del Consejo, de los Ministros de Asuntos Exteriores, que seguidamente fue reconocida también en la reunión del Cuarteto, decimos algunas cosas a mi juicio importantes que conviene conocer y que conviene, sobre todo, explicar. 
Decimos claramente que las elecciones se han desarrollado, de acuerdo con el informe de los observadores y, muy en particular, de la presidenta de los observadores, de una manera clara, de una manera limpia y de una manera justa. 
Decimos después en esa declaración que Europa está dispuesta a seguir colaborando sin ninguna duda con nuestros amigos palestinos, con los cuales hemos cooperado durante años y años desde el proceso de Oslo, en el que hemos invertido los europeos recursos económicos y también recursos políticos y psicológicos, en gran medida, y que estamos dispuestos a seguirlo haciendo; y estamos dispuestos a seguirlo haciendo en el tiempo que va desde ahora hasta que se forme el nuevo Gobierno, sin duda ninguna. 
Pero una vez que se forme el nuevo Gobierno, si lo que corresponde es que sea liderado por Hamás, algunas condiciones o algunas reflexiones habría que hacerse en esta Cámara. 
Sería difícil que el Parlamento Europeo y la Unión Europea en su conjunto no dijeran claramente a nuestros amigos palestinos varias cosas; en concreto, tres: la primera es que no es compatible la violencia con el resultado electoral en una democracia. 
En una democracia, los partidos que salgan elegidos deben abandonar la violencia y deben jugar el juego democrático. 
Lo segundo que deberíamos decir con el mismo cariño y con el mismo afecto que hemos tenido siempre por nuestros amigos palestinos es que, si quieren la ayuda de la Unión Europea, es imprescindible que su política sea una política compatible con lo que ha sido, desde los acuerdos de Oslo, desde el año 1993 hasta ahora, la posición de este Parlamento y la posición de la Unión Europea. 
Nosotros queremos dos Estados que vivan juntos, en paz, en prosperidad; queremos que se llegue a unas negociaciones por la vía pacífica ―no por otra vía― y, por lo tanto, pedimos a las dos partes ―si lo que deseamos es eso― que el uno reconozca al otro y que el otro reconozca al uno. 
Sería imposible que este Parlamento apoyara nada que no contuviera un reconocimiento explícito por parte de todas las autoridades palestinas, sean quienes sean, de que Israel es una realidad con la que hay que pactar y con la que hay que llegar a un acuerdo. 
En tercer lugar, nos gustaría decir a nuestros amigos palestinos ―se lo he dicho yo personalmente en varias ocasiones ya desde las elecciones, y tengo la oportunidad de hablar con el Presidente prácticamente todos los días― que sería muy bueno que el nuevo Gobierno que nazca después de las elecciones, dentro de tres meses, también reconozca todos los acuerdos que la Autoridad Palestina ha firmado en los últimos años. 
Sería absurdo que partiéramos otra vez de cero en un esfuerzo que hemos hecho durante mucho tiempo y que muchos de ustedes han hecho también durante mucho tiempo. 
Por tanto, Señorías, esto es lo que queremos decir muy sencillamente, y creo que todo el mundo lo debe comprender; y creo y espero que nuestros amigos palestinos, sean del partido que sean, sea cual sea el partido o la formación en la que hayan participado en estas elecciones, entiendan que esto no es imponer nada a nadie, que esto no es tratar de violentar la voluntad de nadie, sino que es realmente exponer de una manera clara, de una manera sencilla, cuál ha sido la posición de la Unión Europea: no desde ayer, sino desde el año 1993, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo. 
Y creo que aquí deberíamos estar todos unidos en esta misión; creo que, como hemos hecho en el Consejo de Asuntos Generales, como ha hecho el Cuarteto la noche siguiente al Consejo de Asuntos Generales, debemos mostrarnos firmes en esta materia. 
Lo cual no quiere decir que en estas horas difíciles que estamos viviendo, en estas horas en que el Presidente Abu Mazen tiene la enorme responsabilidad de formar Gobierno, de tomar contacto con todas las distintas formaciones políticas, no ayudemos, o no ayudemos lo más posible al Presidente Abu Mazen en estos momentos en los que todavía tiene el control de la situación, para que en estos tres meses que seguramente le quedarán seguramente hasta que tenga el nuevo Gobierno no haya una bancarrota económica. 
Cometeríamos un gravísimo error, a mi juicio, si abandonáramos hoy al Presidente Abu Mazen, desde el punto de vista económico, y esos recursos no fueran utilizados, o no llegaran, y corriéramos el riesgo de encontrar a la Autoridad Palestina en una situación de gran dificultad en esta hora y en este momento. 
Es una apelación para que todos nosotros y el Parlamento Europeo ―si en algún momento la Comisión, que espero que lo haga, hace una petición, una recomendación al Parlamento Europeo en este sentido― tengamos la generosidad de apoyar al Presidente Abu Mazen en estos meses que quedan hasta que haya un nuevo Gobierno, para que se afinque, se asiente él y lo que él significa. 
Creo que deberíamos decir un sí, un sí rotundo para que así sea lo que suceda en el futuro. 
Les quiero decir que lo que tenemos delante de nosotros va a ser una novedad, va a ser difícil, no va a ser fácil, pero creo que tenemos que seguir empeñados en que ese proceso de paz avance bajo las condiciones a las que antes he hecho referencia. 
No son condiciones, como he dicho, absurdas; no son condiciones que salgan de una noche loca, sino que salen de muchos años de trabajo, de trabajar juntos, de trabajar con nuestros amigos palestinos para que el proceso pueda seguir adelante. 
Señor Presidente, paso muy brevemente a decirles dos palabras sobre la situación en Kosovo, después del fallecimiento del Presidente Rugova. 
Tuve la tristeza ―y la alegría, también― de participar en el entierro del Presidente Rugova. 
La familia me pidió que en nombre de la Unión Europea tomara la palabra en ese momento, y lo hice, lo hice pensando en todos ustedes, lo hice pensando en todos los ciudadanos de Europa, que estoy seguro que estaban acompañando al Presidente Rugova en ese momento. 
Pero se abre un proceso difícil, no nos engañemos. 
Porque si el proceso en sí, con el Presidente Rugova vivo y siendo él el paraguas, digamos, de toda la operación política que se nos viene encima, ya era difícil, nos podemos imaginar lo que va a suponer sin su presencia. 
En mi intervención pedí a los dirigentes políticos y al pueblo de Kosovo en general generosidad, unidad y responsabilidad en estos momentos para poder avanzar, y creo que de alguna manera esas palabras, dichas por mí o dichas por otros, han sido escuchadas: hoy tenemos ya una persona que sustituye al Presidente Rugova, algo que yo me temía que iba a tardar mucho más en llegar, y que a la vez va a presidir el equipo que llevará conjuntamente, bajo la dirección del señor Ahtisaari, ex Presidente de Finlandia, la negociación con nuestros amigos de Serbia. 
Esperemos, por tanto, que podamos movernos en esa dirección, que nos podamos mover con una rapidez relativa, pero vuelvo a insistir en que va a ser necesario poner mucha energía para avanzar por este camino hacia la solución definitiva de la situación de Kosovo, que sin duda significaría un paso fundamental para la estabilidad de toda la región de los Balcanes, de los países a los que hemos ofrecido la perspectiva europea desde la Cumbre de Tesalónica y en múltiples ocasiones. 
Señor Presidente, me parece que se me acaba el tiempo y sentiría mucho no poder desarrollar algunos de los otros temas que me gustaría haber desarrollado con ustedes, teniendo en cuenta la actividad tan enorme que ha tenido lugar en estos veinte días. 
Quisiera decirles que seguimos trabajando de manera muy intensa con la Unión Africana para intentar resolver el problema de la paz en Darfur. 
Hemos avanzado mucho en la negociación Norte-Sur, llegando a un acuerdo, pero tenemos desgraciadamente el proceso de Abuja, que no acaba de avanzar. 
Trabajamos todo lo que podemos en esa dirección. 
Afortunadamente, la reunión de la Unión Africana ha encontrado una fórmula de compromiso para que el presidente de la Unión Africana sea el Presidente del Congo Brazzaville y no el Presidente de Sudán, lo que hubiera sido un gran problema para las negociaciones futuras; por lo tanto, y con gran satisfacción, haremos todo lo posible para que el proceso de Abuja avance y, al mismo tiempo, empezaremos a planificar ―porque nos va a corresponder a nosotros tomar muchas responsabilidades― la transición de una fuerza que está presente sobre el terreno, dirigida por la Unión Africana, a una fuerza que más tarde o más temprano, pero dentro de pocos meses, serán cascos azules de las Naciones Unidas y con la que, sin duda ninguna, tendremos que seguir colaborando. 
La última palabra que quiero decir, Señor Presidente, es que, como saben sus Señorías, hemos recibido del Secretario General de las Naciones Unidas ―o por lo menos hemos recibido la Presidencia y yo― una demanda para ver si podíamos ayudar en las elecciones que se van a celebrar en la República Democrática del Congo y que darán el empuje final al proceso de transición democrática en el Congo; si sale bien, supondrá la estabilización de una parte de la columna vertebral de África; se trata, pues, de algo fundamental para todos nosotros. 
Se nos pide que ayudemos, y hoy hay en Kinshasa una misión de que espero que el día 7, dentro de pocos días, nos pueda dar sus resultados, para ver si al final los Estados miembros de la Unión Europea tomamos la decisión de apoyar a las Naciones Unidas atendiendo a esa oferta, a esa petición que nos hacen. 
Señorías, señor Presidente, acabo aquí. 
Sería infinita la cantidad de cosas que me gustaría compartir con sus Señorías en este primer día del mes de febrero del año 2006, un año que ha empezado con una actividad realmente trepidante, que nos va a hacer trepidar a todos y que nos debe hacer trabajar con una energía, una capacidad y una dedicación como pocas veces habremos visto en la Unión Europea. 
La Unión Europea, por la voluntad de sus Señorías, por la voluntad de los ciudadanos de Europa y por la voluntad de los Gobiernos de Europa, tiene que ser un actor fundamental en la escena internacional. 
Y como acaban de ver, Señorías, solamente enunciando lo que ha ocurrido este mes, no nos queda más remedio que serlo, queramos o no: no podemos cerrar los ojos a los problemas que están aconteciendo en el mundo, y les quiero decir, que el mundo quiere que Europa actúe. 
Allá donde uno va encuentra a la gente, a los líderes políticos que llaman a la puerta de Europa diciendo «Actuad. 
Actuad; tenéis una manera de actuar que nos gusta; tenéis una manera de actuar que nos va bien; tenéis una manera de actuar que es mejor para el mundo, el mundo multilateral en que los ciudadanos de la Unión Europea piensan». 
El Eurobarómetro, señor Presidente, nos dice todos los días, todos los meses, o cada dos meses, pero nos lo dice siempre que se lo preguntamos, lo que sus Señorías quieren. 
Por lo tanto, sigamos en ese camino, tratemos de que el Parlamento y todas las instituciones trabajemos juntos, porque somos necesarios para un mundo mejor. 
Señor Presidente, me gustaría hablar mucho más, pero sé que no es posible. 
Me callaré, pues, y esperaré a las preguntas que sus Señorías me quieran formular; me esforzaré por contestarlas de la mejor manera posible, con el mismo respeto y el mismo cariño que siempre he mostrado por este Parlamento. 
Gracias, Señorías. 
. – Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, teniendo en cuenta el punto en el que empezó la Política Exterior y de Seguridad Común europea hace varios años, hemos de señalar que los que han participado en ella pueden exhibir algunos logros extraordinarios, que se están consiguiendo cosas hasta ahora impensables en los Balcanes, a través de la troika de la UE y en muchos otros ámbitos, y que la Unión Europea, a través de su política de ampliación, su política de vecindad, su política mediterránea y muchas otras ha realizado una importante contribución a la estabilidad mundial. 
El Parlamento siempre ha apoyado esta labor y es consciente de su propia incapacidad para implicarse de forma activa en la política exterior, porque es una tarea que corresponde al ejecutivo. 
No obstante, aunque el Parlamento debe tener la posibilidad de supervisar dicha política, no podemos hacerlo de forma adecuada, ya que casi siempre se nos informa de un hecho después de que haya ocurrido y nuestra participación en el proceso de debate no constituye una prioridad. 
Esta situación es mejorable; tenemos que cambiar las cosas de conformidad con esta interpretación del artículo 21 y espero que podamos utilizar medios pacíficos para que el Consejo y la Comisión se avengan a ello. 
Pero también hemos de tener claro que, hasta ahora, esta Cámara solo ha sido capaz de presentar argumentos presupuestarios para salirse con la suya, y tenemos que ir más allá si queremos supervisar y ser consultados. 
A modo de ejemplo, podemos preguntar: ¿qué pasa en el Congo? 
Todos hemos leído en la prensa sobre los planes para una posible intervención militar en ese país, pero en ningún momento del proceso nadie ha pensado en informar de ello a esta Cámara o a la comisión competente. 
Creo que no podemos seguir así. 
Aunque he dicho que se han conseguido muchas cosas positivas, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. 
Nos encontramos en una situación mucho más difícil que hace un año; no podemos echar la culpa a la política europea, ni mucho menos: las cosas como son y el señor Solana dio algunos ejemplos de ello a principios de año. 
Veamos, si quieren, la situación en Irán. Estamos intentando por todos los medios entablar conversaciones con ese país y nadie tiene una idea clara de cómo evitar una escalada ahora que Iraq podría acabar teniendo un Gobierno chiíta que podría aliarse con Irán y que las elecciones palestinas las ha ganado Hamás, un grupo vinculado y financiado por Irán, por no hablar de Hezbolá y todo lo demás. 
Este panorama puede resultar muy deprimente si consideramos qué significa para la paz mundial y qué puede significar también desde el punto de vista de la seguridad de nuestro abastecimiento de energía, teniendo en cuenta la manera en que una Rusia políticamente resucitada usa la energía como instrumento político, lo que hace temer a los países vecinos por la continuidad de su independencia y de su libertad para tomar decisiones por sí mismos. 
Y esto es solo una pequeña muestra. 
La situación pone de manifiesto que, en materia de política exterior, en la Unión Europea estamos peor que hace un año y, por tanto, hemos de elaborar una estrategia para hacer frente a la situación. 
Tenemos que ser mucho más activos y establecer conexiones de forma que no se penalice a ningún país individual, sino que nos unamos en la defensa de nuestros intereses, bien para abordar la situación en Ucrania, bien con respecto a la política energética en general. 
Nuestros Estados miembros y nuestros vecinos tienen que entender que no podremos defender nuestros intereses a menos que lo hagamos juntos en lugar de cada uno por su lado. 
Ninguno de nosotros puede salvarnos; hay que decir con más claridad que solo podremos defender nuestros intereses si permanecemos unidos. 
Tenemos algo que aportar, y un lugar en que podemos hacerlo son los Balcanes, donde este año se celebrará un referendo en Montenegro y habrá negociaciones sobre el estatuto de Kosovo, así que hay decisiones importantes en perspectiva. 
La manera de implicar a Serbia en todo esto es una de las cuestiones realmente importantes y difíciles que tenemos que abordar. 
También es preciso que mejoren notablemente las relaciones transatlánticas para que, a través de los valores que compartimos, se pueda poner orden en el panorama que acabo de describir. 
También hemos de ser suficientemente fuertes para influir en la política estadounidense y eso implica reforzar la dimensión preventiva de la política y su carácter de diálogo para garantizar una mayor seguridad en un mundo multilateral. 
Significa que tenemos que afilar algunos de nuestros instrumentos. 
Nos gustaría que el señor Solana fuera Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión el 1 de enero de 2007; aunque el fracaso de la Constitución significa que no lo será, otra consecuencia es que hay que mejorar los instrumentos para maximizar la eficacia de todas las instituciones en lugar de enfrentarlas. 
Como ha dicho el señor Solana, este enfoque multilateral es una razón por la cual el mundo quiere una política exterior europea. 
La opinión pública también la quiere; nada les importa tanto como que tomemos medidas conjuntas en este terreno, y eso nos obliga a unirnos a nuestros homólogos nacionales para dejar atrás las medias tintas del pasado y acordar maneras de garantizar el derecho a la vida de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, en su introducción el Alto Representante se ha referido a los 31 primeros días de este año y, por tanto, también de la Presidencia austriaca del Consejo, diciendo que ha sido una época turbulenta, y es cierto que lo ha sido. 
Un reflejo de ello puede encontrarse en el orden del día de la primera reunión del Consejo bajo la Presidencia austriaca, hace dos días. 
Era importante que el Consejo examinara las cuestiones, muchas de las cuales ha mencionado el señor Solana, y tomara decisiones que transmitieran un mensaje claro, porque en lo que respecta a las grandes cuestiones de hoy, es importante que la Unión Europea hable claro, de forma inequívoca y con una sola voz y, por supuesto, lo estamos haciendo junto con la Comisión, al tiempo que buscamos el diálogo con el Parlamento Europeo. 
Quiero señalar que en los 31 días de mandato de la Presidencia austriaca hasta la fecha, el Ministro de Asuntos Exteriores, muchos otros Presidentes del Consejo y yo mismo hemos tenido bastantes oportunidades de venir a debatir cuestiones de interés para la Cámara, y agradezco haber tenido ayer la oportunidad de informar a la Comisión de Asuntos Exteriores de los aspectos de política exterior de la primera reunión del Consejo bajo la Presidencia austriaca. 
La Presidencia austriaca quiere seguir afirmando su disposición a debatir en nombre del Consejo y desea mantener el diálogo con la Cámara. 
En esta breve intervención quiero centrarme en dos puntos: primero, el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común –de eso trata el punto correspondiente del orden del día– y, segundo, las relaciones entre esta Cámara y el Consejo respecto del presupuesto de dicha política. 
En primer lugar, el acuerdo interinstitucional de 1999 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario especifica que el Consejo elaborará un informe que establezca los aspectos principales y las opciones básicas de la PESC, junto con sus implicaciones económicas para el presupuesto general. En abril de 2005, el Consejo envió al Parlamento el informe de 2004, que se incluye en nuestro orden del día de hoy y en el que intenta hacer lo que le pidió el Parlamento y reflexionar sobre la estrategia de seguridad europea. 
En consecuencia, el informe presta especial atención a cuestiones importantes en relación con ese tema, en particular a aspectos de la Política Exterior y de Seguridad Común como, por ejemplo, la gestión de crisis y la prevención de conflictos, la lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva y de armas cortas, las relaciones exteriores en diversas zonas geográficas, etcétera. 
El Consejo ha intentado elaborar un informe exhaustivo que tenga en cuenta los resultados y las actividades en relación con la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La elaboración de estos informes es una cuestión preceptiva y ayuda a hacer visible y transparente la labor que se lleva a cabo en relación con la PESC. 
También se han hecho esfuerzos por tener en cuenta las opiniones del Parlamento Europeo y una consecuencia de ello es que el informe incluye un capítulo especial con una sinopsis de actividades futuras, propuestas de actividades para el año que viene y posibles respuestas a cualquier crisis que pueda ocurrir. 
Si me lo permiten, pasaré a hablar del segundo tema, el presupuesto de la Política Exterior y de Seguridad Común. Quiero señalar que la creación de la PESC, así como de la Política Europea de Seguridad y Defensa, constituye sin duda uno de los éxitos de la Unión Europea; las operaciones de gestión de crisis en los Balcanes, en África, en Asia y en Oriente Próximo han ayudado a hacer más visible a la Unión Europea en la escena internacional. 
Es prioritario seguir haciéndolo de conformidad con la Estrategia de Seguridad Europea, pero esto solo puede llevarse a cabo efectivamente con una financiación adecuada. 
En las conclusiones del acuerdo sobre las próximas perspectivas financieras, el Consejo Europeo pide a la autoridad presupuestaria que aumente significativamente la financiación de la Política Exterior y de Seguridad Común para el período que comienza en 2007 a fin de cubrir las necesidades futuras de recursos sobre la base de los pronósticos que el Consejo presenta anualmente, con un margen razonable para las actividades imprevistas. 
Un resultado del diálogo a tres bandas ha sido un acuerdo de añadir 40 millones de euros al Presupuesto de la PESC, situándolo en un importe total de 102,6 millones de euros para el año 2006 y, si bien se trata de un paso en la buena dirección, nos aguardan grandes retos. 
Si la Unión Europea se implica en Kosovo, seguramente necesitará una financiación sustancial que el Presupuesto de la PESC para 2006 no podrá aportar. 
Estamos reflexionando sobre la manera de abordar una situación de ese tipo. 
El informe de la Presidencia al Consejo Europeo sobre la PESD invitaba a la Presidencia austriaca a seguir trabajando para que el Presupuesto de la PESC garantice una financiación suficiente para las misiones civiles de la PESD. 
La Presidencia espera colaborar de manera constructiva con el Parlamento Europeo sobre esta cuestión, y en breve le facilitará información relevante de conformidad con el acuerdo alcanzado durante el diálogo a tres bandas sobre el Presupuesto 2006. 
Se espera que el Comité Político y de Seguridad, a través de su representante, informe sobre el tema en marzo de este año. 
Permítanme concluir volviendo a señalar que la Presidencia espera colaborar de manera constructiva con esta Cámara por conseguir un Presupuesto de la PESC más cuantioso y eficiente en las negociaciones en torno al futuro acuerdo interinstitucional y el procedimiento del Presupuesto de 2007. 
. Señor Presidente, mientras en 2004 y 2005 fuimos testigos de las horribles secuelas del tsunami, coincido con el señor Solana en que este año nos enfrentamos a retos políticos particulares. 
Me gustaría comenzar con Ucrania y Rusia, porque eso me lleva a un punto muy importante. 
Como saben, la Comisión –el Presidente Barroso, el Comisario Piebalgs y yo– ha actuado tanto entre bastidores como en un primer plano con el fin de favorecer el diálogo entre Ucrania y Rusia. 
Lo importante es, en primer lugar, que nosotros –al igual que ellos– hemos llegado a una solución. 
En segundo lugar, también hemos aprendido una lección muy importante de esto, y es que la cuestión de la energía reviste gran importancia y tiene que ocupar un lugar mucho más prioritario en nuestro plan de trabajo político. 
La cuestión de la energía abarca la seguridad energética, la diversificación y los modos de abordar este aspecto en el futuro. 
Por lo tanto, la Comisión elaborará una comunicación en la materia que tendrá en cuenta todos estos aspectos. 
El segundo punto del que deseo hablar se refiere a las elecciones palestinas. 
Quiero felicitar a la señora De Keyser. 
Nos encontramos en Gaza hace dos semanas en circunstancias difíciles, cuando la situación respecto a la seguridad todavía no estaba clara. 
Pensamos que Hamás obtendría un 30 a 40 % de los votos. 
Como para todo el mundo, el resultado fue una sorpresa. 
No obstante, permítanme decir que lo más importante es que las elecciones se celebraron en condiciones de libertad, juego limpio y relativa seguridad. 
Esto ya supone un logro. Me lleva a creer que las misiones de observación electoral están adquiriendo cada vez más importancia. 
Lo vemos en Sri Lanka, Palestina, Gaza y Afganistán, por citar algunos pocos casos. 
En el futuro lo veremos en el Congo y Haití. 
Es una herramienta muy importante que sin duda querremos utilizar a favor de todos nuestros amigos europeos del Parlamento y del Consejo y a favor del público europeo. 
Volviendo a Palestina, el lunes celebramos una reunión muy importante del Consejo y por la tarde una reunión del «Cuarteto». 
El señor Solana ya ha informado de la dinámica principal de los tres grandes principios: tiene que haber un compromiso de no recurrir a la violencia; el nuevo Gobierno palestino debe reconocer al Estado de Israel y también ha de cumplir las obligaciones que tiene contraídas, a saber, Oslo y la «Hoja de Ruta». 
Sin embargo, también nos enfrentamos a un reto. 
El Gobierno en funciones podría mantenerse durante dos o tres meses. 
¿Qué hacemos, especialmente con respecto a la ayuda económica? 
En la Comisión tenemos que encontrar soluciones. 
Ya he dicho que intentaríamos librar 10 millones de euros de nuestro mecanismo de financiación de infraestructuras, en el que queda algo de dinero para desembolsar. 
También hemos dicho que ayudaríamos con las compañías de servicios públicos, abonándolos directamente a los israelíes para ayudar también a ese Gobierno. 
No obstante, tenemos que ver asimismo lo que se puede hacer con el dinero que hay en nuestro Fondo Fiduciario del Banco Mundial. 
Estaba bloqueado y no se ha desembolsado porque todavía no se han cumplido los criterios de referencia. 
Una misión del Banco Mundial se va a desplazar allí y tendremos que ver qué se puede hacer. 
Esto quiere decir que intentaremos trabajar de modo coherente junto con el Presidente, el Consejo, la secretaría del Consejo y el señor Solana para decidir qué instrumentos es mejor utilizar para dar coherencia, rapidez y eficacia a la política exterior lo antes posible. 
Respecto a las cuestiones de política exterior, se aproximan las elecciones en Ucrania. 
No hace ni una hora que me he reunido con Boris Tarasyuk. 
Sabemos lo importantes que serán estas elecciones. 
De nuevo, será importante enviar un equipo de observación electoral de la OCDE, quizás con el apoyo de este Parlamento. 
También podríamos decir que se hizo mucho en 2005, por ejemplo, respecto a la condición de economía de mercado, cuestión de la que nos hemos ocupado junto con los ucranios. 
Podríamos ocuparnos de bastantes cuestiones importantes, como la entrega de visados y la readmisión. 
Esperamos que tras unas elecciones libres y justas podamos ofrecerles un acuerdo mejor, quizás un acuerdo de libre comercio. 
Esto favorecería todavía más su posición y mejoraría sus planteamientos con respecto a nosotros. 
Todo eso me lleva a las cuestiones más generales. 
Tanto el señor Brok como el señor Winkler, el Presidente en ejercicio del Consejo, han subrayado la importancia de la coherencia entre los distintos instrumentos que la Unión Europea tiene a su disposición en el primer y segundo pilar. 
Yo no podría estar más de acuerdo. 
En nuestra opinión, es una tarea muy importante asegurar que todos los instrumentos de política exterior de la UE –ayuda al desarrollo, diplomacia, política comercial, gestión de crisis civiles y militares, creación de instituciones, ayuda humanitaria– funcionen en el marco de un conjunto coherente, como engranajes que encajan en una máquina bien engrasada. 
Después de todo, esta es la lógica subyacente al hecho de que la Comisión esté «plenamente asociada» a la Política Exterior y de Seguridad Común. 
También refleja el rumbo en que nos estaba llevando el Tratado Constitucional. 
Como subraya el informe del señor Brok, los retos a que nos enfrentamos en materia de seguridad abarcan todos los ámbitos de los tres pilares de la UE. 
La seguridad no solo consiste en la defensa y el despliegue militar, sino que también abarca la gestión de crisis civiles y la sabia gestión de las relaciones bilaterales, de las que tenemos muchas. 
También comprende la salud pública: piensen en la gripe aviar. 
Incluye el medio ambiente: piensen en el Protocolo de Kyoto. 
Consiste en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 
Ayer celebramos la conferencia de Afganistán. 
También se trata de colaborar en la institucionalización o de luchar contra el azote de las drogas. 
Tenemos muchos instrumentos que podemos utilizar y aplicar juntos. 
No solo se trata de suministros de energía y precios, sino también de la lucha contra la pobreza en el mundo y de nuestra capacidad para integrar nuestras poblaciones inmigrantes. 
La Unión Europea tiene que hacer frente, cada vez más, a estas responsabilidades globales en el ámbito de la paz y la seguridad. 
Ahora tenemos una caja de herramientas impresionante con la que hacerlo. 
Pero una buena caja de herramientas no sirve de nada si las herramientas no funcionan de manera muy compenetrada. 
Por lo tanto, este debe ser nuestro objetivo. 
Una respuesta efectiva a la crisis exige instrumentos que se complementen unos a otros. 
Necesitamos buenos instrumentos comunitarios que funcionen paralelamente a los instrumentos de la PESC. 
Es una receta que puede funcionar. 
Por ejemplo, nuestra contribución al proceso de paz en Aceh es una combinación de instrumentos comunitarios y de la PESC. 
La Comisión también ha financiado, por ejemplo, las negociaciones de paz del Presidente Ahtisaari recurriendo al mecanismo de reacción rápida. 
Por lo tanto, hemos intentado ser flexibles. 
La PESC lanzó la Misión de Seguimiento de Aceh para controlar el cumplimiento del acuerdo de paz. 
Al mismo tiempo, por ejemplo, la Comisión y los Estados miembros, en cooperación con la comunidad internacional, han implantado un paquete de medidas a largo plazo para apoyar el proceso de paz. 
Otro ejemplo es la misión de asistencia fronteriza en Moldova y Ucrania, donde la Comisión está financiando el despliegue de equipos móviles para impartir consejo y formación práctica a los funcionarios de control de fronteras y de aduanas de Moldova y Ucrania. 
El objetivo a largo plazo –favorecer una resolución del conflicto de Transdniéster– coincide con el del Representante Especial de la UE. 
Por lo tanto, la Misión de Asistencia Fronteriza y el Representante Especial de la UE cooperan muy estrechamente. 
Nuestro jefe de misión también hace las veces de primer consejero político del Representante Especial, uno de cuyos equipos está radicado en los locales de nuestra misión. 
Los primeros resultados son bastante positivos. 
La ayuda comunitaria refuerza el efecto de la asistencia de la PESC y viceversa. 
En ningún caso la contribución de la Unión Europea habría sido exhaustiva o significativa si no hubiera utilizado tanto los instrumentos comunitarios como los de la PESC. 
Y, sobre todo, su efecto sobre el terreno –en las vidas de las personas– se vería reducido de manera significativa. 
También tenemos que reforzar los instrumentos existentes en la UE apoyando nuestros objetivos de seguridad. 
La diplomacia requiere palos y zanahorias, ya se hable de armas de destrucción masiva o de promover la estabilidad y la prosperidad en nuestra vecindad. 
El acceso al mercado interior más grande del mundo o a nuestros importantes programas de ayuda representa una zanahoria considerable. 
Este uso complementario de los instrumentos comunitarios y de la PESC ha de convertirse en norma, no en excepción. 
En 2006 la tarea para todos nosotros –Parlamento, Consejo y Comisión– es trabajar para mejorar la coherencia de nuestros distintos pilares y políticas. 
La cuestión también se tratará en el documento conceptual sobre el proyecto exterior de la UE que el Presidente Barroso anunció en Hampton Court, previsto para el Consejo Europeo de junio. 
La Comisión se centrará especialmente en construir sus capacidades de respuesta a la crisis. 
En la Dirección General de Relaciones Exteriores, una «plataforma de crisis» mejorará la coordinación de la política interior y exterior y también garantizará una aplicación más eficaz de proyectos y operaciones. 
Complementará nuestros instrumentos existentes, como el mecanismo de protección civil, la ayuda humanitaria y el mecanismo de reacción rápida. 
También queremos mejorar nuestra estrategia de alerta y preparación ante catástrofes. 
De acuerdo con las nuevas perspectivas financieras, el instrumento de estabilidad también ayudará a garantizar la continuidad entre las intervenciones a corto y a largo plazo. 
Nuestro objetivo es desarrollar soluciones flexibles y ajustadas a situaciones de crisis y complementar mejor al componente militar de la respuesta a la crisis. 
Por último, también colaboraremos muy estrechamente con los dos brazos de la autoridad presupuestaria para garantizar recursos adecuados para la PESC. 
La Comisión acoge con satisfacción el incremento sustancial del presupuesto de la PESC en 2006 con el fin de hacer frente a nuevas demandas concretas. 
Sabemos que las habrá. 
También entendemos las conclusiones del Consejo Europeo respecto de las futuras perspectivas financieras. 
Nuestro propósito común debe consistir en disponer de recursos suficientes para abarcar todas las prioridades en materia de relaciones exteriores, teniendo en cuenta el recorte del 20 % que prevé la propuesta de la Comisión respecto a la rúbrica 4. 
A la luz de experiencias pasadas, una cuestión especial será garantizar una flexibilidad suficiente para responder a necesidades imprevistas. 
También espero que se mantenga el apoyo a nuestro instrumento de estabilidad para que nos permita progresar verdaderamente en materia de respuesta a las crisis y de coherencia. 
Esta es la dinámica principal del modo en el que nos gustaría abordar el año 2006 y sus retos políticos. 
– Nada de esto es nuevo para mí, porque desde hace muchos años estoy de acuerdo con lo que han ido diciendo mis amigos el señor Solana y la señora Ferrero-Waldner. 
El único punto en el que discrepo es la idea de que los recursos son suficientes para que la UE pueda intervenir en la política mundial, como ha dicho el señor Solana y desean nuestros socios y los ciudadanos. 
Esto no es así. 
No es así en términos de recursos ni de organización, y lo correcto sería pensar en la mejor manera de utilizar los instrumentos del Tratado de Niza para coordinar las acciones y la organización internas de forma más eficaz. 
Además, el apoyo del Parlamento, al que hay que consultar previamente en vez de notificarle los hechos consumados es fundamental para alcanzar un consenso. 
Por tanto, no hay una gran diferencia entre lo que estamos escuchando por parte del Consejo y de la Comisión respecto de las directrices. Pero ni siquiera los mejores cocineros, como Bocuse o Alain Ducas, son capaces de hacer buenas tortillas si no tienen suficientes huevos. 
Por otra parte, además de unidad entre las instituciones europeas, hoy en día es esencial establecer asociaciones estratégicas con los principales socios, y la más importante es la asociación transatlántica, seguida de las asociaciones estratégicas con Rusia y China y, en el plano siguiente, con la India, Japón, Brasil, Indonesia y Pakistán. 
Este aspecto es vital en vista de las cuestiones internacionales que están en juego, como el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas, pero para que se haga realidad tiene que haber recursos a través de los diferentes canales. 
Señor Presidente, la señora Ferrero-Waldner ha mencionado brevemente la cuestión de la inmigración. 
El envejecimiento de la población en la UE significa que en las próximas décadas tendrá que haber un volumen de inmigración significativo, tanto del Sur como del Este. 
Tendremos que vigilar la situación de forma activa y tomando la iniciativa, y necesitaremos políticas internas que permitan acoger e integrar a estos inmigrantes y controlar nuestras fronteras externas de forma más eficaz, ahora que la ampliación ha modificado las fronteras existentes hasta hace poco. 
En cuanto a las cuestiones más candentes de este debate, quiero decir que estamos de acuerdo tanto con la cuestión de Palestina como con la de Irán. 
Tenemos que ser cautelosos y prudentes, pero también respetar resueltamente nuestros principios. 
Bajo ninguna circunstancia podemos titubear sobre los principios que siempre nos han guiado y, en esta cuestión en particular, los principios que rigen desde comienzos de los años noventa. 
También tenemos que dejar algún margen de maniobra en el otro lado. 
Las palabras «firmeza» y «cautela» tienen que ser las consignas de este debate sobre Irán y Oriente Próximo. 
En cuanto a Kosovo, un elemento crucial desde hace muchos años en relación con los Balcanes, seguimos insistiendo en que hay que mantener la integridad territorial y garantizar el respeto de las minorías. 
A menos que se respeten estos dos principios en Kosovo, tendremos mucha dificultad para conseguir cualquier atisbo de estabilidad en la región. 
Señor Presidente, Señorías, la seguridad energética es por supuesto una cuestión técnica, pero se ha convertido en una cuestión política, porque aunque la demanda sigue aumentando, la oferta tenderá a estabilizarse en los próximos años. 
Si no lo hacemos tendremos algunas sorpresas. 
. – Señor Presidente, Señorías, la descripción que ha hecho el señor Solana del comienzo del año 2006 es desalentadora. 
En esencia, lo que ha dicho el señor Winkler subraya la visión de la Presidencia actual de que este año nos esperan tiempos difíciles y la Comisaria Ferrero-Waldner, a su vez, ha dicho en gran parte lo mismo. 
Así pues, tendremos que salvar escollos. 
Los europeos tienen que ser conscientes de que el señor Solana, el señor Winkler y la señora Ferrero-Waldner han hablado nada menos que de la política de vecindad de la Unión Europea, a cuyas puertas se encuentran las zonas de crisis que han descrito. 
Estas regiones se hallan en una fase crítica de su desarrollo y encierran riesgos inherentes que amenazan a todos los ciudadanos de esta Unión nuestra; no hay otra forma de decirlo. 
Si dejamos esto de lado y examinamos la descripción que hace el señor Brok, en su informe sobre la situación actual de la política exterior europea en manos de las instituciones ejecutivas, de los instrumentos con que cuentan las propias instituciones y nosotros en esta Cámara, nos encontramos con un discurso igualmente desalentador. 
Más que nunca, la política exterior de la Unión Europea constituye un elemento fundamental de la política europea, y vale la pena destacar, como ha señalado con razón el señor Brok, que los ciudadanos la quieren y la apoyan. 
Pero seamos honestos con nosotros mismos: no disponemos de los instrumentos que requiere una política europea para ser eficaces, así que en esta Cámara tenemos que insistir en que mejoren las cosas en este terreno. 
Tomemos el ejemplo de Ucrania: hace un año, todos vimos que podemos ser muy eficaces cuando estamos presentes sobre el terreno con todas nuestras fuerzas unidas en las personas de Javier Solana, el Alto Representante de nuestra Unión, autorizado para hablar y actuar en nombre de todos nosotros; el Presidente polaco, el señor Kwasniewski, como jefe de un Estado que se adhirió inmediatamente, con buenas posibilidades de influir en el país y con el apoyo permanente de otros Jefes de Gobierno, que a su vez pueden influir en otras partes interesadas –en el Gobierno ruso, por ejemplo– a través de la Unión Europea; esos hombres ayudaron a llevar la Revolución Naranja a buen puerto de forma pacífica. 
Ha pasado un año y hoy escuchamos de visitantes ucranios a esta Cámara que muchas de las cosas que se consiguieron están de nuevo en peligro y en franco retroceso. 
No hace falta que diga nada más sobre la descripción de la amenaza que supone la situación energética que, por supuesto, también afecta muy seriamente a Ucrania. 
¿Cómo es posible que lo que celebrábamos con tanto entusiasmo hace un año ahora –en el espacio de un año– retroceda de esta forma? 
Tenemos que reflexionar sobre ello y el señor Winkler tiene razón al decir que hemos de hacerlo en el contexto de las perspectivas financieras, porque es inaceptable que, cada vez que el Consejo se reúne, comunique al mundo nuestra necesidad de asumir compromisos internacionales y después recorte la financiación que exigen dichos compromisos. 
Una cosa que está bien clara, incluso desde el punto de vista de la situación económica, es que tenemos que comprometernos a lograr la máxima estabilidad que podamos en Oriente Próximo. 
Hamás tiene que renunciar a la violencia, pero la UE también tiene que cumplir con su palabra y tenemos que hablar con Hamás si no queremos cometer el error que cometimos en Argelia al no reconocer unas elecciones legítimas. 
Esto tenemos que tenerlo claro, porque cumplir con nuestra palabra es otra contribución a la paz. 
Si lo hacemos, también podremos exigir que los demás –Hamás en particular– avancen hacia la democracia, y espero que lo consigamos. 
. – Señor Presidente, una Política Exterior y de Seguridad Común que promueva los valores de Europa en el mundo y traiga la paz y la seguridad a nuestros vecinos es a lo que aspiran los liberales y demócratas. 
Pero los líderes europeos se muestran manifiestamente incapaces de lograrlo. 
Actuando juntos, nuestra Unión podría haber utilizado su fuerza para promover la democracia y la estabilidad. 
En cambio, sus políticas han prestado un apoyo tácito a tiranías como las de Túnez, Egipto y Siria. 
Nunca exigimos que la diplomacia dependiera de la liberación de demócratas como Ayman Nour en Egipto o del derecho al retorno a su país del líder de la oposición Sam Rainsy en Asia, que actualmente se encuentra exiliado mientras financiamos la dictadura de Hun Sen. 
Señora Ferrero-Waldner, señor Solana, ¿por qué se sorprenden ante las elecciones palestinas? 
La Unión Europea ha ido vendiendo promesas de democracia, paz y derechos humanos en Palestina mientras nuestra ayuda al desarrollo ha alimentado a Al Fatah, cuyos miembros queman ahora imágenes de uno de nuestros Primeros Ministros y las negociaciones de paz no han llevado a nada. 
Lejos de ser un protagonista, señor Solana, las consecuencias del fracaso de Europa se pueden ver con facilidad. 
Israel, impertérrito, construye un muro alrededor de Jerusalén oriental violando sus obligaciones establecidas en la «Hoja de Ruta» y el Derecho internacional. 
Los palestinos, cansados de la lentitud del progreso y de unos servicios sociales vergonzosos, apuestan por Hamás en las urnas. 
Y ahora el pronóstico es peor que nunca. 
Por supuesto, Hamás debe renunciar a la violencia y favorecer una solución basada en dos Estados. 
Pero también debe hacerlo Israel. 
Como ha dicho hoy Leila Shahid, la Delegada General de la Autoridad Palestina: «Hacen falta dos para bailar un tango». 
La Comisaria ha hablado de políticas basadas en los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios democráticos, pero ¿dónde está la insistencia en estos magnos ideales cuando tantas veces se practica un pragmatismo carente de principios? 
Una dinámica mundial a favor de la resolución pacífica de conflictos sería un contrapeso importante frente a las torpes maneras de los Estados Unidos; garantizaría la seguridad, la prosperidad y el prestigio mundial de Europa y también nos proporcionaría un mayor refuerzo respecto a microestados como las Maldivas y las Seychelles, cuyos Gobiernos violan los derechos humanos a pesar de depender casi totalmente de nuestra ayuda y nuestro comercio. 
Según el Eurobarómetro, es un deseo compartido por el 70 % de nuestros ciudadanos. 
Señor Solana, los liberales y demócratas nos oponemos a que se haga caso omiso de las opiniones del Parlamento en cuestiones de importancia mundial. 
Queremos verles menos en televisión y más aquí en esta Cámara. 
Y estamos hartos del secretismo del Consejo y de su desprecio del derecho del Parlamento a ser consultado previamente respecto a las prioridades políticas. 
Esos derechos están consagrados en el artículo 21 del Tratado y en el Acuerdo Interinstitucional de 1999. 
Nos enfrentamos a muchos retos importantes: democratizar nuestro vecindario inmediato, en particular las antiguas repúblicas soviéticas que se encuentran actualmente a merced de la política energética de Rusia; garantizar que las elecciones en Belarús sean libres y justas y asegurar que los referendos de Kosovo y Montenegro no terminen de manera violenta. 
La función de la política exterior no debe agotarse con esto. 
Entiendo que la venta de armas a China vuelva a aparecer en los planes del Consejo, pero China sigue sin lamentar las matanzas de la Plaza Tiananmen y sin liberar, después de 16 años, a todos los encarcelados. 
Así que exigimos que nos garantice, señor Winkler, que la Presidencia de Austria no levantará el embargo de armas de la Unión. 
Más apremiante es la cuestión de Irán. 
La Junta de Gobernadores del OIEA se reúne mañana para decidir si remite el caso de Irán al Consejo de Seguridad. 
Impedir que Irán construya armas nucleares debe ser nuestro objetivo. 
Por ese motivo, Europa debe comprometerse a respetar las conclusiones del OIEA previstas para marzo. 
Pero llevar adelante el desarme de las potencias nucleares actuales, de acuerdo con los compromisos que hemos contraído, es el mensaje más contundente y convincente que podríamos enviar. 
Una Europa que aprende a utilizar sus músculos en pro del bien es una fuerza que hay que reconocer. 
. – Señor Presidente, señora Ferrero-Waldner, señor Solana, señor Winkler, Señorías 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Solana, Señorías, la situación actual en Palestina e Irán es efectivamente difícil y no envidio a nadie que intente intervenir en ella. 
Creo que la única oportunidad que tiene la Unión Europea es explicar los hechos y evitar toda ambigüedad; tenemos que hablar claro. 
Los estatutos de Hamás de 1988 son, en efecto, espantosos, y quienes los lean no pueden más que estremecerse, pero ahora Hamás ocupa cargos electos y ante ello tenemos que dejar claro que la política exterior y las relaciones con Israel no están en manos de Hamás, sino en las del Presidente Abbás. 
Es a él a quien tenemos que dar al menos una oportunidad; de una vez por todas tenemos que decir a Israel que le dé la oportunidad de demostrar que hay otra política diferente de la que defiende Hamás. 
Si fracasamos, perderemos. 
No podemos mantener una actitud ambigua con Hamás, no solo en la cuestión de la paz, sino también con respecto al fundamentalismo. 
Existe el riesgo de que aparezca una sociedad fundamentalista. 
Pero la única manera de tener alguna credibilidad es no andarnos tampoco con rodeos cuando hablamos con Israel. 
No hay futuro para los palestinos en la conquista y la ocupación; eso es algo que Israel tiene que entender, es un terreno político en el que tiene que cambiar de enfoque. 
Un muro que simboliza la conquista no es el tipo de muro que garantiza la seguridad. 
Si contemplamos nuestra historia –la suya, por ejemplo, desde que se manifestó contra la OTAN hasta que llegó a ser su Secretario General; o mi propia historia, o la historia del señor Fischer–, uno se dice que es importante no perder nunca la esperanza de que las personas cambien, y eso es aplicable a Hamás. 
Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. 
Este cambio es necesario para nuestra propia seguridad y tenemos que empujar a Hamás a hacerlo. 
Solo lo conseguiremos si los israelíes y los palestinos entienden que, en lo que respecta a la Unión Europea, no hay nada que discutir: el derecho de Israel a existir ya no se discute y nosotros ya no aceptamos que se discuta esta cuestión. 
El derecho de los palestinos a existir ya no se discute y nosotros ya no aceptamos que se discuta esta cuestión. 
Ambos aspectos son inseparables y, si conseguimos que esto se acepte como un hecho, podremos hacer algo incluso en esta espinosa situación. 
La posición respecto de Irán no es diferente; también tiene derecho a asegurar su abastecimiento de energía. 
Como diputado del Grupo de los Verdes estoy en contra de la energía nuclear, pero no podemos aceptar que algunos Estados no usen otra cosa y al mismo tiempo digan a los iraníes que ellos no pueden usarla; eso es inmoral. 
Por supuesto, digamos «no» a la bomba atómica, pero entonces también tenemos que ofrecer a Irán seguridad para su territorio, porque ese ha sido su gran miedo desde que fue atacado por Iraq. 
Esa es nuestra tarea; la claridad y la seguridad nos llevarán a la meta. 
– Señor Presidente, señor Solana, señora Ferrero-Waldner, señor Winkler, quiero aprovechar la rara oportunidad de la presencia del señor Solana en esta Cámara para hablar de uno o dos aspectos de la Política Exterior y de Seguridad Común que resultan especialmente problemáticos para mi Grupo. 
Basaré mis comentarios en particular en el Programa Operativo del Consejo para 2006, ya que se trata del documento de referencia más reciente. 
En primer lugar, la importancia desproporcionada que se concede a la dimensión militar de la PESC. 
El Programa enumera uno a uno y con verdadera gula los catálogos de fuerzas, las operaciones de reacción rápida, los grupos tácticos, la Agencia Europea de Defensa y la asociación estratégica entre la Unión Europea y la OTAN. 
Los 25 tienen de este modo la impresión de estar jugando con los mayores, pero la importancia que se dan es ilusoria y está fuera de lugar. 
Por otra parte, y esta es mi segunda observación, las grandes heridas abiertas en algunas de las regiones más sensibles del mundo, heridas que requieren alguna creatividad política de Europa frente al enfoque irresponsable de los dirigentes estadounidenses y de sus aliados, ocupan a su vez un puesto marginal en el programa de trabajo de la PESC. 
Así, de las 14 páginas de texto del Programa Operativo para 2006, el Próximo Oriente se despacha en menos de dos líneas y media, que dicen que la Unión Europea mantendrá sus esfuerzos por aplicar la «Hoja de Ruta». 
Ni una palabra sobre la opción de los dirigentes israelíes por una estrategia unilateral, que se opone sin duda al espíritu de la «Hoja de Ruta» y a todo el proceso de paz. 
Iraq, a su vez, se merece tres líneas, pero no hay mención alguna de la guerra ni de la estrategia catastrófica de Bush, que nos deja a todos en un trágico punto muerto. 
Esto me lleva a nuestra mayor crítica, que ya tuve la oportunidad de expresar en esta misma Cámara en junio de 2003 en el momento de la publicación de su informe sobre la estrategia europea de seguridad que aún está en vigor, señor Solana. 
El informe hace una descripción apocalíptica de las nuevas amenazas sin analizar sus causas profundas, y leemos con incredulidad, y cito, que «trabajando juntos, la Unión Europea y los Estados Unidos pueden constituir una gran fuerza al servicio del bien en el mundo». 
Así que, señor Solana, ¿cómo evalúa usted los dos años de aplicación de esta estrategia? 
¿Es el mundo un lugar más seguro y más justo? 
En mi opinión, un buen criterio para juzgarlo es el caso de Oriente Próximo, del que paso a hablar ahora. 
A este respecto, permítanme informar a sus Señorías de la presencia en la tribuna de la señora Leïla Shahid, la nueva delegada general de Palestina en la Unión Europea, a quien quiero dar la bienvenida. 
Incluso antes de las elecciones palestinas, pedí al Parlamento que incluyera en el orden del día el informe, severo pero preciso, de los diplomáticos europeos sobre Jerusalén, que el Consejo mantuvo en secreto para no alterar sus relaciones con las autoridades israelíes. 
¿En qué punto nos encontramos hoy? 
Al igual que algunos de mis colegas, acabo de regresar de Palestina, donde hemos estado observando las elecciones legislativas. 
Hemos podido constatar con placer y emoción el desarrollo ejemplar del escrutinio, el ambiente festivo en las calles a pesar de la ocupación y la buena acogida que nos dieron como extranjeros. 
Este orgullo de poder demostrar al mundo la capacidad del pueblo palestino para construir su democracia es un importante activo para el futuro que no podemos olvidar por el resultado de las elecciones. 
Lo mismo ocurre con el deseo de paz de los palestinos con su vecino Israel y de que haya dos pueblos y dos Estados, un tema que estaba presente en todas las conversaciones que mantuvimos. 
Cualquiera que asuma el riesgo de dejar morir de hambre a esas mujeres, hombres y niños o, en efecto, de radicalizarlos suspendiendo su ayuda vital, estaría asumiendo una gran responsabilidad. 
En su lugar, apoyémonos en las aspiraciones de democracia y una paz justa, mayoritarias en la sociedad palestina actual, y que cualquier Autoridad Palestina deberá tener en cuenta. 
Está en juego el futuro mismo de la asociación entre las dos regiones. 
En cuanto al resultado de las elecciones, tengamos cuidado y no las analicemos desde una perspectiva puramente palestina. 
Sin duda, el rechazo popular de Al Fatah es real. 
Cualquier poder hegemónico tiende a divorciarse de la sociedad. 
Sin embargo, está claro que la Autoridad Palestina ha perdido su credibilidad ante los ciudadanos porque no ha conseguido mejorar su suerte ni ofrecerles nuevas perspectivas debido al bloqueo del proceso de paz. 
Diez años después de las grandes esperanzas, el sentimiento es de extrema exasperación ante la ocupación continuada, el desarrollo de los asentamientos, la construcción del muro, los asesinatos «selectivos» , las detenciones, el encarcelamiento de presos, la violencia cotidiana y el deterioro de las condiciones de vida a causa del aislamiento de los territorios. 
En cuanto al Estado palestino y Jerusalén, se considera que la Autoridad Palestina ha aceptado mucho y obtenido muy poco. 
¿Qué se puede hacer, entonces? 
Como usted ha dicho, señor Solana, no cabe duda de que tenemos que presionar a Hamás para que ponga fin a la violencia y a los atentados. 
Pero ¿qué dice usted a las autoridades israelíes? 
No he escuchado nada a este respecto. 
También tenemos que demostrar claramente que, en lo que respecta a nosotros, no existe una versión de «geometría variable» del Derecho internacional. 
Como cualquier Estado, Israel tiene que cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
Asimismo, tiene que seguir las recomendaciones del Tribunal Internacional de Justicia. Tiene que cumplir sus obligaciones con arreglo a la «Hoja de Ruta». 
Señor Presidente, en ese contexto está claro que la actitud a adoptar frente al informe de nuestros diplomáticos sobre Jerusalén es la siguiente: tenemos que publicarlo sin más, poner en práctica sus recomendaciones y, en general, elegir una alternativa real a la estrategia del Presidente Bush, que ha fracasado en Oriente Próximo y más allá, en toda la región. 
Escuchemos los gritos de alarma de sociedades que están al borde de la desesperación. 
Supongo que todos los oradores son conscientes de que en nuestro orden del día hay a continuación un punto específicamente dedicado al análisis de la situación en Oriente Medio, el resultado de las elecciones en Palestina y la publicación o no de este informe al que ha hecho referencia el señor Wurtz. 
Son ustedes los que han querido organizar el debate dividiéndolo de esta manera. 
Supongo que son conscientes de que están claramente alterando el orden del día y entrando en otro de los puntos que vienen a continuación. 
. – Señor Presidente, hace exactamente una semana estaba observando las elecciones palestinas en nombre de esta Cámara y una pancarta gigante, en particular, me llamó la atención. Era en Ramalá y representaba al ayatolá Jomeini junto a los dirigentes de Hamás, Yasin y Rantisi. 
El mensaje político está bien claro. En lugar de aspirar a alcanzar un acuerdo y la paz con el Estado judío, tenemos que arrancar esa página de la historia porque es lo que Jomeini pedía y, según el actual presiente iraní Ahmadineyad, sus palabras son sabias. 
En combinación con las aspiraciones nucleares del régimen de los mulás en Teherán –cuya naturaleza pacífica es muy dudosa–, el mundo occidental, la UE y los Estados Unidos, se enfrentan a un reto particularmente difícil. 
El comentario del historiador Dan Diner sobre las elecciones parlamentarias palestinas era que «con Hamás en Ramalá, Irán se ha acercado mucho más a Israel» , y tenía razón. 
Según informes recientes de Teherán, muchos iraníes prooccidentales consideran que este hecho constituye una victoria gradual del salvajismo sobre la civilización. 
Espero sinceramente que las instituciones europeas, lejos de compartir esta resignación, adopten una postura firme a favor del derecho de Israel a existir y, en consecuencia, a favor de nuestra propia civilización. 
. – Señor Presidente, Señorías, quiero llamar la atención del Consejo y de la Comisión sobre cuatro cuestiones en las que es necesario tomar medidas rápidas y coherentes en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La primera prioridad es la política de vecindad. En primer lugar, la vía de salida de Rusia y Ucrania. 
Hemos de tener en cuenta que en este momento Rusia no tiene buenas relaciones con ninguno de sus estados vecinos, ya que no están basadas en el respeto y beneficio mutuos, sino que se manifiestan a través de sanciones económicas o energéticas y de la negativa a firmar los acuerdos elaborados con respecto a las fronteras. 
En este momento, Rusia bloquea la exportación de productos alimenticios ucranios. 
Por lo tanto, pido al señor Solana y a la Comisión que tomen medidas inmediatas para que se levante el bloqueo y, al mismo tiempo, recuerden a Rusia que sus acciones entran en conflicto con las exigencias de la Organización Mundial del Comercio, a la que según sus declaraciones desea adherirse. 
En segundo lugar, la crisis del suministro de gas en Ucrania, Moldova y Georgia ha sido como una llamada de atención para Europa, ya que demuestra que dicho suministro no está garantizado, que hay que diversificarlo y que tiene que haber coordinación entre las políticas de seguridad y energía de la Unión Europea y los Estados miembros. 
En tercer lugar, en este contexto tenemos que mencionar el acuerdo sobre el gasoducto del Norte de Europa, en cuyo proyecto de construcción participa el ex canciller alemán, despertando así inquietudes en materia de corrupción política. 
Al no evaluar este hecho desde sus propios puntos de vista con suficiente coherencia, las instituciones europeas están mermando la confianza de los ciudadanos europeos y, por cierto, nos impiden hablar de la lucha contra la corrupción en otras partes del mundo. 
Ahora quiero mencionar otra región: China. 
En este momento, China se encuentra en una fase de rápido desarrollo y está dispuesta a dar alta prioridad a la cooperación con la Unión Europea. 
Si nuestro diálogo con China no se vuelve más serio y constructivo, puede que busque estrechar sus relaciones en otra parte. 
Por último, en las relaciones entre el Consejo y el Parlamento queremos que no solo se consulte al Parlamento, sino que se tenga en cuenta su opinión, especialmente en relación con eso de «hablar con una sola voz». 
– Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo tiene que ser una de las prioridades de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El informe está en lo cierto al llamar la atención sobre la importancia del respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi solidaridad total e incondicional con el Primer Ministro danés, quien actualmente está viéndose muy presionado a que tome medidas contra los dibujantes que se atrevieron a representar nada menos que al profeta Mahoma. 
Los países islámicos, incluida Turquía –un país candidato a la UE–, exigen disculpas y sanciones e incluso insisten en boicotear los productos daneses. 
El Primer Ministro Rasmussen está en lo cierto al afirmar que no hay democracia sin libertad de expresión. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento deberían permanecer unidos en la defensa de nuestras libertades. 
Si no lo consiguen, ya ni siquiera valdrá la pena hablar de política de seguridad y defensa porque no habrá nada que defender. 
– Señor Presidente, hace un rato el señor Solana ha afirmado que la Unión Europea necesita intervenir a escala mundial. 
Por lo tanto, tenemos que consolidar la Política Exterior y de Seguridad Común y la crisis constitucional sin duda no ayuda. 
Pero la cohesión no puede alcanzarse enteramente a través de las instituciones comunes. 
Se logra sobre todo a base de voluntad política común. 
Así pues, buena parte dependerá de las acciones personales, el acierto y la creatividad del señor Solana y la señora Ferrero-Waldner en el curso de este año. 
La señora Ferrero-Waldner también ha prometido una comunicación especial sobre la estrategia de seguridad energética de la Unión Europea. 
Además, el informe del señor Brok hace referencia a la necesidad de una estrategia de seguridad energética. 
De hecho, solo se trata de soluciones temporales. 
Lo que la Unión Europea necesita realmente es que nos fijemos el objetivo de crear una verdadera política común de seguridad energética. 
Solo entonces será posible prevenir situaciones como la que surgió hace dos años, cuando los proveedores rusos chantajearon a Belarús, o como la de principios de este mes, cuando Rusia chantajeó a Ucrania. 
Los Estados miembros centroeuropeos también se han visto afectados. 
¿Realmente queremos que se nos chantajee de esta manera en el futuro y queremos morirnos de frío como está ocurriendo en Georgia en estos momentos? 
La única alternativa es una política energética común europea. 
Otro punto que quiero mencionar es que nuestra política hacia Rusia tiene que cambiar. 
La falta de progreso en determinados aspectos es criticable. 
Dos de ellos aparecen en el informe del señor Brok, es decir, los problemas relativos a los derechos humanos y la reducción de armas en la región de Kaliningrado. 
La lista debería ser mucho más larga, e incluir una solución común de los conflictos regionales, sobre todo en Transdniéster y en el Cáucaso meridional, junto con todo el paquete de Kaliningrado. 
– Señor Presidente, Señorías, como europeos tenemos que respetar el resultado de la votación libre en Palestina y animar a los que han salido elegidos a formar un Gobierno que elija el camino de la negociación, reconozca a Israel y renuncie a la violencia, como ha señalado el propio Presidente Abu Mazen. 
El resultado de la votación también refleja el sufrimiento y la humillación de la vida cotidiana bajo la ocupación, oprimida entre los controles, el muro y los asentamientos y, al mismo tiempo, resuena como una severa crítica a los políticos palestinos. 
La retirada unilateral de Gaza ha debilitado la posición del Presidente Abu Mazen, por razones obvias. 
Por lo tanto, surgen dos necesidades imperiosas: no abandonar la perspectiva de una paz negociada y pedir a ambas partes que renuncien a cualquier medida que pueda poner en peligro la paz. 
Así pues, estoy de acuerdo con las condiciones claras que usted, señor Solana, ha fijado a los palestinos. 
Pero en el mismo espíritu le pregunto: ¿no tiene objeciones que poner a Israel, que nunca ha aceptado la idea de operar dentro de la «Hoja de Ruta»? 
Este debate ha comenzado en la sociedad israelí. 
Además, el propio Hamás ha demostrado su capacidad para respetar una tregua negociada durante todo un año. 
Creo que Israel debería poner coto a los asentamientos y evitar toda medida de anexión de Jerusalén Este. 
Sobre el tema de la ayuda económica, estoy totalmente de acuerdo con usted: es esencial prevenir el colapso y evaluar la situación a medida que evolucione. 
En el mismo espíritu quiero hacerle una pregunta, señor Solana, así como al Consejo y a la Comisión: ¿creen que deberíamos presionar a las autoridades israelíes para que dejen de bloquear la transferencia de los ingresos fiscales a los palestinos? 
Ya que se trata de dinero palestino, creo que en la situación actual los israelíes están echando leña al fuego. 
– Señor Presidente, pensaba que se había ampliado mi tiempo de uso de la palabra un minuto, pero quizá desee comprobarlo mientras hablo. 
Señor Alto Representante, señor Comisario, señor Presidente, al principio de este debate se nos ha dado una visión general impresionante de los acontecimientos de los últimos 30 días. 
Quiero felicitar al señor Solana y a la Comisaria Ferrero-Waldner, así como a la Presidencia, por su incansable voluntad de abordar los desastres que han ocurrido y todos esos dolorosos acontecimientos. 
También quiero felicitar a las misiones de observación de las elecciones de la UE en general y a los que han actuado en las regiones palestinas en particular, porque su trabajo tiene que haber sido muy difícil. 
Creo que podemos aprender dos lecciones del resumen que nos ha presentado el señor Solana. 
La primera es que la Unión Europea solo puede ser eficaz si actuamos unidos. 
Por lo tanto, anteayer me alegré de escuchar que el Consejo de Asuntos Generales había tomado una decisión unánime en relación con las condiciones en las que podría mantenerse el apoyo económico a la Autoridad Palestina. 
También me alegró mucho escuchar que las cuatro partes habían celebrado una reunión de urgencia aquella misma noche. 
Imaginen las implicaciones si un Jefe de Gobierno hubiera dicho una cosa, un Ministro otra y un tercer Primer Ministro hubiera transmitido un mensaje completamente diferente. 
Es evidente que hubiera sido muy perjudicial, pero no ocurrió, y espero que las cosas sigan así. 
Huelga decir que necesitamos unanimidad en todos los expedientes. 
También hay que facilitar fondos suficientes. 
No tengo tanta confianza como la Comisaria en que se vayan a dotar fondos para ello en las perspectivas financieras 2007-2013. 
Al igual que ella, quiero subrayar que hay que demostrar flexibilidad suficiente. 
Por último, estoy de acuerdo en que siempre que el Alto Representante, la Comisaria y el Presidente en ejercicio del Consejo impliquen al Parlamento en sus actividades de forma regular, podrán contar con todo nuestro apoyo. 
– Señor Presidente, sobre la referencia del señor Solana a los Balcanes, solo quiero decir que apoyamos incondicionalmente sus esfuerzos en un lugar en el que asumimos la responsabilidad directa sobre la paz en Europa; nadie más puede hacerlo por nosotros, y tenemos que desarrollar de manera creíble la perspectiva europea de la región. 
Quiero felicitarle por la decisión que tomó el lunes por la noche, en la que sintetizó acertadamente todas las cosas diversas que se dicen en Europa sobre Irán. 
Pido a todos que dejemos mucho margen para la maniobra diplomática y la negociación mientras avanzamos por el camino trazado. 
La perspectiva de la reunión de Irán con China y Rusia es una buena noticia, pero no debemos perder de vista que ni el señor Schüssel ni el señor Steinmeier pueden decidir si se ha cruzado la línea roja y si la paz mundial está en peligro, sino que esta es una decisión que corresponde a las Naciones Unidas y a nadie más. 
No podemos controlar la situación nosotros solos y es difícil, cuando tratamos con un predicador del odio como Ahmadineyad, seguir buscando nuevas maneras de hacerle entrar en razón, la razón que forma parte de la estrategia de seguridad europea que usted ha establecido y que está basada en la no proliferación. 
Sabemos que si la situación en Irán experimenta una escalada, supondría una enorme amenaza para todo lo que nos interesa defender: impedir que caigan armas nucleares en manos iraníes, reducir la amenaza contra Israel y más seguridad para este país. 
Por eso espero que encontremos una salida pacífica, aunque resulte una tarea difícil. 
Permítanme decir, en mi calidad de presidenta de la delegación, que existe otra voz en Irán. 
No dejaré que las relaciones diplomáticas… 
– Señor Presidente, ayer murió el centésimo militar británico asesinado en Iraq. 
Estos valientes hombres han hecho el sacrificio definitivo de dar su vida por su país. 
Pero han sido traicionados. 
Se les envió a la guerra al amparo de las mentiras y los caprichos del Primer Ministro Tony Blair. 
Esto ocurrió por una sencilla razón: el señor Blair y el Gobierno laborista no tienen ningún concepto de lo que conforma el interés nacional británico. 
Ahora el señor Blair quiere implicar a la nación británica en otra mentira y otro capricho. 
Esa mentira es que el interés nacional británico reside en una cosa llamada política exterior común europea. 
Ayer también se produjo otro acontecimiento significativo. 
En Londres, el señor Solana habló de la cuestión de Palestina en nombre de la Unión Europea. 
Esto sucede a pesar de que la política exterior común europea debería estar muerta y enterrada a raíz del rechazo de la Constitución europea. 
Es una clara señal de que el Gobierno laborista está cediendo el control de la política exterior a la Unión Europea. 
El Canciller Bismarck señaló una vez, como es bien sabido, que los Balcanes enteros no valían tanto como los huesos de un único granadero de Pomerania. 
Pues bien, toda la política exterior común europea y el ejército europeo previsto no valen tanto como los huesos de un único militar británico, sea hombre o mujer. 
– Señora Ferrero-Waldner, señor Solana, Señorías, el debate de hoy se refiere a la necesidad de una Política Exterior y de Seguridad Común europea más abierta, más eficaz y más responsable. 
Podemos sentirnos satisfechos de que, en los últimos años, se haya realizado un gran trabajo de ampliación de la fuerza militar civil europea. 
Pero, por desgracia, el informe del señor Brok demuestra que aún quedan demasiadas deficiencias y problemas sin resolver en la PESC. 
Hay serias dificultades inherentes a la adopción de posiciones decisivas respecto de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSD) y de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). 
Estas políticas padecen una grave falta de recursos y también se hace hincapié en la necesidad de un control parlamentario democrático. 
Estas son solo algunas de las cuestiones relevantes en el debate de hoy. 
Así que nosotros, el Parlamento Europeo, tenemos que ser capaces de mejorar las cosas, y eso incluye reclamar una coordinación política adecuada para asegurar un diálogo intenso entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre estas cuestiones. 
Sabemos que no es fácil, pero se trata de la influencia y el desarrollo institucionales del Parlamento Europeo. 
El apoyo claro de los ciudadanos europeos a las medidas de seguridad conjuntas europeas obliga al Parlamento Europeo a ampliar su influencia institucional y su participación en la toma de decisiones. 
La seguridad solo aumentará si los mensajes del señor Chirac, del señor Solana o de la señora Merkel o las decisiones tomadas en el ámbito de las armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo o la energía son predecibles, y no toman por sorpresa a un Parlamento Europeo no preparado. 
– Señor Presidente, una política exterior común podría haber prevenido la crisis energética en Europa oriental. 
También podría haber tenido en cuenta las preocupaciones de Polonia en relación con la construcción del gasoducto ruso-alemán por el Mar Báltico y reconocer los intereses de Polonia como intereses del conjunto de Europa. 
Los ciudadanos de la Unión Europea y del mundo esperan que tengamos una política exterior común y que defendamos a los débiles, con o sin Constitución Europea. 
Por tanto, no podemos permitir que Israel monopolice la política exterior en su parte del mundo. 
Hamás renunciará al terror y la violencia cuando se cree un Estado palestino, lo que reducirá la amenaza terrorista en el mundo. 
Al igual que el señor Cohn-Bendit, estoy en contra de las armas nucleares, pero no puedo entender por qué Israel puede poseer una bomba atómica e Irán no. 
– Señor Presidente, cuando escucho la letanía de crisis y problemas a que nos enfrentamos, me alarma que tantas personas piensen que la respuesta a estos problemas sea el refuerzo de la Unión Europea. 
Las ambiciones y pretensiones de la política exterior de la UE ya penetran en todos los ámbitos, desde la defensa hasta la inmigración y el suministro de energía, y son pocos los resultados positivos que vemos al respecto. 
Yo preferiría un enfoque más modesto en el que la Unión Europea se centrara tan solo en aquellos ámbitos en los que puede añadir realmente un valor práctico mediante la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, la observación electoral y cosas por el estilo. 
También diría que en estos tiempos difíciles en los que han surgido nuevas fuerzas que son una amenaza para la verdadera naturaleza de nuestras sociedades libres, necesitamos más solidaridad entre las democracias y menos autopromoción de la UE. 
Las lecciones de los últimos años demuestran que cuando las democracias occidentales están divididas, sus intereses salen mal parados. 
Los enemigos de la democracia explotarán estas divisiones para conseguir sus propios objetivos. 
Acabo de volver tras la participación en la misión de observación electoral en las zonas de Autoridad Palestina y Jerusalén Este. 
Los resultados de las elecciones reflejan un grito de la calle. 
Dice usted con razón que la composición exacta del nuevo Gobierno de la Autoridad Palestina no estará clara durante algún tiempo, pero sin duda reflejará el nuevo poder de Hamás. 
Es fundamental que no prestemos apoyo a ese Gobierno a menos que renuncie a la violencia, reconozca el derecho de Israel a su existencia y aborde positivamente el proceso de paz. 
En ocasiones pasadas he expresado mi inquietud por la naturaleza de la financiación de la UE y la validez de las garantías para prevenir el abuso de nuestros fondos. 
Ahora esta inquietud se va a multiplicar. 
No solo debemos garantizar la transparencia de la ayuda financiera y asegurar que no se utilice para apoyar el terrorismo y el extremismo: también hay una necesidad imperiosa de garantizar que nuestro dinero se utilice de forma efectiva para que beneficie directamente al pueblo palestino. 
Por último, esforcémonos más por asegurar que no haya diferencias de enfoque entre los europeos y los Estados Unidos. 
Compartimos un interés común por la paz y la estabilidad en Oriente Próximo. 
– Señor Presidente, hemos escuchado con gran interés la intervención del señor Solana, en particular la primera parte en la que ha enumerado lo ocurrido a lo largo del mes de enero. 
Espero que esto no marque una pauta para el resto del año y espero que cada mes se añadan nuevos elementos a la agenda exterior. 
Destaco las observaciones que ha hecho, en particular al comienzo, sobre la situación en Europa tras los problemas relativos al suministro de gas a Ucrania y otros países. 
Creo que una consecuencia de lo que ocurrió a principios de enero ha sido que ahora la política energética ocupa un lugar destacado en nuestra lista de prioridades. 
He sacado algunas conclusiones de los recientes acontecimientos. 
En primer lugar, que quizá no nos hemos organizado muy bien como consumidores porque nuestro suministro de energía es muy vulnerable, demasiado vulnerable en mi opinión, ya que los efectos de una escasez inesperada de energía pueden ser devastadores. 
En segundo lugar, he observado que algunos Estados miembros son más vulnerables que otros, lo que de algún modo contradice la noción de solidaridad que preconizamos en la Unión Europea. 
Ha quedado claro que algunos países muy próximos son vulnerables, y la cuestión de la solidaridad mutua, sobre todo entre nuestros vecinos, es un tema importante. 
Por supuesto, también es una cuestión técnica. 
Podemos invertir en maneras mejores y más diversificadas de obtener energía. 
El tercer punto que quiero mencionar, que en realidad es el más importante, es que se están usando los suministros de energía y el acceso a los mismos como arma política, en este caso contra Ucrania, pero también contra Moldova y, en algunos aspectos, también contra Georgia. 
En el pasado hemos llamado la atención sobre este peligro. 
Los rusos ya han proferido antes esas amenazas y creo que, a este respecto, tenemos que actuar con firmeza, porque es inaceptable. 
También tenemos que asegurarnos de no depender de Rusia hasta el punto de no atrevernos a decir nada y callarnos porque dependemos demasiado de dicho país. 
Quiero hacer una última observación sobre el programa de trabajo de este año. 
Este programa se fija por sí mismo. 
La Unión Europea no puede ignorar su responsabilidad. 
Sobre todo, quiero pedir al Consejo y a la Comisión que reconsideren la pregunta de cómo es posible, tras el éxito en Georgia, pero antes en Serbia y en Ucrania, que la situación corra el riesgo de volver a fracasar. 
¿Hemos cometido errores? 
Creo que también deberíamos analizar esto. 
– Señor Presidente, quiero señalar que mientras Europa analiza su Política Exterior y de Seguridad Común, también debería revisar sus principios rectores. 
Creo que en lo que respecta a la seguridad y, en consecuencia, a la paz, es esencial que Europa adopte el concepto denominado seguridad humana. 
Esto implica abordar cuestiones como la mejor manera de hacer frente a las enfermedades graves, al hambre, a la violación de los derechos humanos y a los ataques contra la democracia. 
En mi opinión, otro elemento fundamental de la política de seguridad de la Unión tiene que ser una política de seguridad energética. 
Quiero señalar que, hasta ahora, Europa no ha tenido en cuenta que el suministro de energía podría convertirse en el instrumento de una política imperialista. 
No está en juego la escasez de gas o de petróleo, sino el uso de enormes recursos energéticos como medio de aplicar una política imperialista. 
Creo que se trata de un reto importante para Europa al que hasta ahora no hemos logrado responder. 
– Señor Presidente, he leído el informe y he escuchado al señor Solana con atención. 
No estoy seguro que sirvan primordialmente a los intereses de Europa. 
Tengo la sensación de que seguimos sirviendo a los intereses de los Estados Unidos y eso es un problema. 
Nos están arrastrando a una enemistad con Rusia, a hostilidades con China y lo mismo con Irán. 
No podemos dejarnos atrapar por la mentalidad estadounidense. 
Tenemos que aprender a decir «no» a los Estados Unidos si queremos tener una política exterior importante que, por supuesto, creo que no puede ser común para Suecia y Grecia, Chipre y Estonia, ya que cada Estado tiene que abordar cuestiones muy diferentes. 
El señor Schulz ha dicho que la parte más débil de Europa está amenazada. 
Sí, lo está. 
El de Turquía contra Grecia constituye una amenaza. 
Las violaciones constantes y diarias del espacio aéreo griego por parte de aviones militares turcos constituyen una amenaza. 
El muro en Nicosia constituye una amenaza. 
El muro en Jerusalén constituye una amenaza. 
Por tanto, ¿podemos decir que todas las fuerzas de ocupación deberían abandonar los países en los que se encuentran? 
¿Que el ejército de ocupación debería abandonar Chipre, que el ejército de ocupación israelí... ? 
– Señor Presidente, se han planteado muchas cuestiones en el transcurso de este debate sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. 
En mi opinión, los europeos necesitan tres tipos de seguridad para sentirse verdaderamente seguros. 
Comenzaré con la seguridad energética. 
La Unión en su conjunto está muy preocupada por este tema, así como algunos Estados miembros individuales como Polonia. 
No parece que haya un deseo de emprender una acción común en este terreno. 
Alemania ha mejorado la seguridad de su propio suministro de energía firmando un acuerdo con Rusia para la construcción del gasoducto del norte. 
Por desgracia, la actuación de Alemania ha socavado la seguridad del suministro energético de Polonia. 
Hasta ahora, la Unión no ha conseguido responder a esta situación, si bien es muy evidente que Rusia está usando el suministro de materias primas energéticas como importante instrumento para influir en las políticas de otros países. 
La decisión de Rusia de cortar el suministro de gas a Ucrania y Georgia ha demostrado que ese instrumento puede ser muy eficaz. 
Paso a hablar de la seguridad alimentaria. 
La seguridad de nuestro suministro de alimentos está basada en la Política Agrícola Común, pero por desgracia dicha política es cada vez más criticada. 
Por último, quiero mencionar la seguridad física, que ahora está mucho más amenazada a causa del terrorismo. 
No puede haber una Política Exterior y de Seguridad Común significativa sin que se produzca un progreso sustancial en los tres ámbitos que he señalado. 
Confío en que el señor Solana y la señora Ferrero-Waldner tengan en cuenta mis observaciones. 
– Está claro que la situación política en todo el mundo, de un país a otro y de una región a otra, no se corresponde con nuestros valores, aspiraciones y expectativas ni está volviéndose más tranquila y más democrática. 
Pero, al mismo tiempo, en varias partes del mundo se nos pide más Europa de forma explícita. 
En Mongolia dicen que la Unión Europea es su tercer vecino. 
Y cuando visito los países balcánicos, Latinoamérica, Transcaucasia o Asia Central, escucho lo mismo: más Europa. 
Sin embargo, mientras numerosos socios quieren más Europa, nosotros estamos inmersos en nuestras propias preocupaciones improductivas y nos olvidamos de las ideas fundamentales de Schuman y de otros padres de Europa en nuestro deseo de construir más Europa con menos dinero. 
No me sorprende que nuestros socios y nuestros ciudadanos no entiendan la jerga sobre los diferentes pilares de nuestra política, pero pueden percibir cuándo estamos unidos y cuándo estamos divididos y somos ineficaces. 
La experiencia con el suministro de energía nos ha enseñado que las políticas nacionales por sí solas no traerán consigo una mayor seguridad interior ni una mayor influencia exterior. 
Tengo la impresión de que ya ahora el curso de los acontecimientos exige más política común de lo que comportaría el ya ratificado Tratado Constitucional. 
Si realmente queremos desempeñar un papel importante en los Balcanes, en Europa Oriental o en cualquier otra parte, tenemos que encontrar maneras de expresar nuestra política exterior y de seguridad con más fuerza. 
Algo que sin duda contribuiría a ello es una mayor consideración por el papel del Parlamento Europeo, que ha demostrado actuar de forma dinámica y responsable. 
– Señor Presidente, prácticamente puedo seguir donde ha terminado el señor Peterle, porque si como usted ha dicho, señor Solana, muchos en Europa nos están pidiendo que actuemos, entonces ha llegado realmente el momento de pasar a la acción. 
Permítanme citar solo dos ejemplos de lo que quiero decir. 
No me alegro del dolor ajeno cuando afirmo que la gran iniciativa estadounidense para Oriente Próximo ha fracasado y que la intervención en Iraq no ha ayudado para nada a mejorar las cosas. 
El apoyo insuficiente y vacilante a la política de paz y a la iniciativa de paz en Oriente Próximo ha ayudado a que Hamás ganara las elecciones; diré tan solo de pasada que la propia Al Fatah tiene gran parte de culpa. 
En cuanto a Irán, todos sabemos que una mayor implicación de los Estados Unidos en la política de seguridad sería importante para convencer a Irán de que se abstuviera de desarrollar sus propias armas nucleares. 
Ahora ha llegado el momento de que la Unión Europea –cooperando con los Estados Unidos en lugar de oponerse a ellos, cosa que sería absurda– defina con claridad lo que podría ser una política exterior integral en Oriente Próximo, que incluyera desde una firme política de paz hasta el apoyo a la sociedad civil en cada uno de los países. 
El segundo ejemplo es el de la política energética. 
Como ya se ha dicho, somos un gran consumidor y necesitamos presentar un frente más unido en el mercado mundial; tenemos que movilizar y formar coaliciones con otros consumidores. 
Hemos visto lo que ocurre –por ejemplo, en Irán– cuando no hacemos causa común con ellos. 
Si Rusia empieza a hacer de su política energética un instrumento de política nacionalista, entonces tendremos que europeizar más la nuestra, o al menos parte de ella. 
Señora Comisaria, esperamos el informe con gran interés. 
Sobre esta cuestión le pregunté hace mucho tiempo, durante su comparecencia con motivo de su nombramiento. 
Es sumamente importante que ahora tengamos ese informe en nuestras manos y podamos decir en voz alta que aunque necesitamos nuestras políticas energéticas nacionales, estas tienen que complementarse y ampliarse con una política energética europea fuerte, que también constituye un instrumento esencial de la política exterior. 
– Señor Presidente, Señorías, el papel de la UE como agente internacional es muy importante y se ha reforzado en los últimos años. 
La UE consigue resultados de manera amable, es decir, a través de negociaciones, debates, persuasión y gestión de crisis. 
A veces se trata de un proceso lento, pero crea una base firme para soluciones duraderas y para una sociedad viable. 
En su política exterior, la UE subraya la importancia de la democracia y queremos avanzar por ese camino. 
A este respecto, me gustaría que la UE hiciera más hincapié en que sin alfabetización no puede haber democracia, y tampoco sin respeto de los derechos de las mujeres. 
Por tanto, tenemos que hacer más para asegurarnos que los niños, los jóvenes y las mujeres de diferentes partes del mundo sepan leer. Eso creará una base para la democracia, la paz y el respeto de los derechos humanos. 
– Señor Presidente, el rechazo del Tratado Constitucional en los referendos francés y neerlandés ha significado que todo el documento ha dejado de ser relevante. 
Está resultando muy difícil para algunas personas aceptar la desaparición de un concepto que se ha promovido durante tantos años. 
La Política Exterior y de Seguridad Común constituía una parte importante del Tratado, pero quiero recordarles que se rechazó de forma inequívoca. 
Por eso nos sorprende que se estén haciendo esfuerzos por remitirse a un documento que carece de sentido y que está muerto. 
El informe del señor Brok es un ejemplo de este enfoque. 
Convierte a la Cámara en el hazmerreír y pisotea los principios democráticos que defiende la Comunidad Europea. 
El período de reflexión tras la desaparición de este Tratado no debería estar dedicado a hacer entrar algunos capítulos específicos de la Constitución por la puerta de atrás. 
En su lugar, habría que aprovechar el tiempo para volver a evaluar la acción común en el ámbito internacional y para hacer mayor hincapié en la importancia de cuestiones como la seguridad energética y las amenazas de las epidemias y el terrorismo. 
– Señor Presidente, la Unión Europea tiene una política de seguridad efectiva, que es la Política Agrícola Común. 
Durante muchos años, esta política ha garantizado la seguridad alimentaria de la Comunidad en general y de sus ciudadanos, naciones y países. 
La seguridad alimentaria es vital para todos ellos. 
Ahora Europa ha satisfecho su hambre, pero tiende a olvidar cómo ocurrió y gracias a quién. 
La Política Agrícola Común está siendo criticada y se ha convertido en un terreno de prueba para reformas irresponsables como la reforma del mercado del azúcar, a resultas de la cual Europa pronto dependerá del resto del mundo en el abastecimiento de azúcar. 
Se está eliminando la protección de los mercados agrícolas europeos y nuestros agricultores lo saben bien. 
En Polonia, los productores de fruta son los más afectados. 
Los recortes mal planteados de la Política Agrícola Común llevarán al colapso de la seguridad alimentaria, que es crucial para la seguridad de Europa en su conjunto. 
Aún queda tiempo para impedir que esto ocurra, pero el enfoque político de las cuestiones agrícolas tiene que cambiar. 
Las pancartas que llevan los sindicatos agrícolas polacos a menudo muestran consignas relativas al papel que ha desempeñado la producción de alimentos en la larga lucha por la independencia de Polonia, así como su voluntad combativa. 
Cuando debatimos y decidimos sobre cuestiones agrícolas deberíamos recordar que son los agricultores quienes nos alimentan y nos defienden, y que ellos son los verdaderos guardianes de la seguridad de Europa. 
– Señor Presidente, he prestado atención y creía haberlo oído todo, pero cuando he escuchado a Daniel Cohn-Bendit apoyando la energía nuclear –aunque sea en Irán– tengo que decir que me he quedado algo sorprendido. 
¿Quién dice que Joschka Fischer ha cambiado? 
¡Creo que «Danny el rojo» también ha cambiado un poco! 
Voy a adoptar una perspectiva institucional y hacer tres comentarios. 
El primero es que la PESC y la defensa son ámbitos fundamentales para nosotros en el futuro. 
Somos una superpotencia comercial y de ayuda, pero a menudo somos invisibles en el terreno de la PESC y la defensa. 
Hay que hacer algo al respecto y no estoy de acuerdo con el señor Piotrowski. 
Lo primero que necesitamos es una constitución. 
La segunda observación que quería hacer es que necesitamos tres cosas: en primer lugar, necesitamos una defensa común, necesitamos las garantías de seguridad que nos proporcionaría la constitución. 
En segundo lugar, necesitamos hablar con una sola voz. 
Para eso necesitamos un Presidente y un Ministro de Exteriores. 
En tercer lugar, necesitamos incrementar el presupuesto de la PESC. 
Todo esto debería estar incluido en un mismo paquete. 
Si conseguimos reunir un poco de voluntad política en torno a esto, creo que entonces tal vez consigamos una Política Exterior y de Seguridad Común. 
La tercera observación es que tenemos que empezar a pensar seriamente en los distintos elementos de la constitución y considerarla en dos vertientes. 
Hay cuestiones que ya estamos aplicando, como la Agencia Europea de Defensa, los grupos de combate y la cláusula de solidaridad contra el terrorismo. 
Pero hay cuestiones que tenemos que empezar a aplicar lo antes posible cuando entre en vigor la Constitución. 
Entre ellas se incluye la figura de un Presidente, un Ministro de Exteriores, un servicio de relaciones exteriores y la consulta previa al Parlamento Europeo. 
El comentario final que quería hacer es que en lugar de ceñirnos a la batalla institucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo en torno a la PESC, tenemos que prepararnos, ponernos manos a la obra y trabajar juntos. 
– Señor Presidente, casi he podido sentir el dolor de mi buen amigo el señor Solana cuando ha rememorado lo ocurrido el primer mes de este año al imaginar que si el resto del año va a ser como el primer mes, no va a resultar nada fácil. 
Pero tengo otro comentario que hacer. 
Creo que lo que usted ha dicho, en esencia, es que el mundo en 2006 se enfrentará de nuevo a una alternativa fundamental: la elección entre guerras preventivas o políticas preventivas. 
No me cabe duda de que lo que dice y lo que se deduce claramente de su experiencia es que en 2006 necesitamos políticas preventivas. 
La esencia de los valores de esta Unión Europea en el terreno de la política exterior está en las políticas preventivas. 
Cuando contemplamos los instrumentos a los que tan bien se ha referido la Comisaria, es justo decir que sí, que quizás sea la opción más difícil, pero también que es la opción que históricamente ha arrojado resultados positivos. 
Tenemos que recordarlo en estos tiempos difíciles. 
Señor Solana, quiero decirle que ahora en Palestina hay muchas personas que siguen un rumbo equivocado, y por ello los pobres ciudadanos de Palestina necesitan contar con una voz europea fuerte. 
Lo que ha dicho usted es correcto: necesitamos paciencia, sabiduría y equilibrio. 
Me ha complacido mucho oírle decir que no deberíamos provocar la bancarrota de Palestina, porque usted y yo sabemos que habrá otros que se ocuparán de que esto no ocurra: Irán, Egipto y otros. 
Esta no es nuestra causa y por ello confío en usted. 
Estaremos a su lado garantizando, junto con la Comisión y el Presidente en ejercicio, el señor Winkler, que Europa se ocupe de que se abran puertas y se entable el diálogo, y esperamos que abra puertas una vez más en los próximos tres meses. 
– Señor Presidente, agradezco todo lo que se ha dicho sobre el tema de Ucrania. 
Pero no podemos descuidarnos. 
Los acontecimientos de los próximos dos meses determinarán si los frutos de la Revolución Naranja podrán madurar completamente o si se caerán al suelo sin haber madurado. 
Ucrania necesita mucha más Europa en los próximos dos meses. 
Es fundamental que las instituciones europeas se hagan oír en ese país. 
Tenemos que mantener un diálogo constante con los dirigentes y con la sociedad ucrania. 
Hay que crear un frente proeuropeo en Ucrania. 
Existe una implicación rusa sin precedentes en los acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania. 
Se ha usado el gas como arma. 
Se va a establecer una nueva constitución y el próximo Parlamento decidirá si Ucrania avanza con Europa o si sigue su propio camino, como ha hecho a menudo en el pasado. 
Tenemos que animar a los dirigentes de los partidos políticos que luchan por estar representados en el Parlamento a que formen un frente proeuropeo sólido, para que podamos contar con un buen socio en los próximos cuatro años. 
– Señor Presidente, la implicación de la pregunta del señor Wurtz al señor Solana sobre lo que ha mejorado en los últimos dos años es que las mejoras decisivas de la situación mundial están de alguna manera en manos de la Unión Europea. 
Los que querían un mundo multipolar y reducir el poder de la única superpotencia no se sorprenderán de que sea así. 
Lo que algunos diputados han dicho refleja sus opiniones eurocéntricas y su decepción por nuestro lugar en este mundo multipolar. 
Solo me queda darles la bienvenida a un mundo que no es más agradable por el hecho de ser multipolar y por dar cabida a nuevos poderes a escala global y regional. 
Los europeos estamos muy lejos de salir perjudicados de esta situación y me uno a los que han felicitado al señor Solana por buscar una decisión conjunta con China y Rusia sobre la cuestión de someter o no las ambiciones nucleares de Irán al Consejo de Seguridad. 
Si bien espero que tengan éxito, no estoy nada descontento con el enfoque actual. 
– En su discurso de apertura, el señor Solana ha hecho referencia a ciertos acontecimientos que ocurrieron el mes pasado y a ciertos retos a los que Europa se enfrenta, incluida la disputa sobre los suministros de gas de Rusia, las elecciones en Palestina y la situación en Oriente Próximo, la triste situación en Iraq, la crisis respecto del programa nuclear de Irán y el estatuto irresuelto de Kosovo. 
Todos estos acontecimientos y problemas tienen un aspecto en común: ningún país europeo, ni siquiera el más grande, puede enfrentarse solo a esos problemas. 
Dicho de otro modo, si queremos resolverlos tenemos que combinar nuestras fuerzas y desarrollar nuestras políticas comunes en materia de asuntos exteriores, seguridad y defensa. 
Eso es lo que quieren los políticos de muchos países y, como han dicho otros oradores, también es lo que quieren los europeos. 
El informe del señor Brok, sobre el que votaremos mañana, se refiere al progreso en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, pero también menciona una serie de problemas como la implicación inadecuada del Parlamento en el proceso de elaboración de la política exterior. 
Por eso quiero hacer un llamamiento al Consejo para que acate el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea y siempre consulte al Parlamento a comienzos de año sobre sus progresos y planes, en lugar de limitarse a presentar resúmenes del año anterior. 
. Señor Presidente, permítame retomar algunas cuestiones que ya se han mencionado. 
La cuestión más importante, como muchos de ustedes han señalado, es que hoy necesitamos una Europa más fuerte en política exterior. 
Para conseguir una Europa más fuerte en política exterior tenemos que trabajar juntos. 
Tenemos que trabajar juntos especialmente en los temas que están en el candelero. 
Uno de ellos, mencionado por muchos de ustedes, es la política energética. 
Como he dicho antes, actualmente estamos trabajando en ello. 
Eso significa, sin duda, que deberíamos disponer de una política energética mejor gestionada, si no una política exterior común. 
Sé que como mínimo tenemos que ir en esta dirección, y ya disponemos de muchos instrumentos valiosos con los que hacerlo, incluidos los diálogos políticos y determinados diálogos energéticos. 
Después están los diálogos multilaterales: tenemos que sentar a la OPEP a la mesa; tenemos que hablar más con la OPEP y con el Consejo de Cooperación del Golfo. 
Como he dicho, la estrategia de diversificación será crucial para todos nosotros. 
Tenemos que considerar la integración en el mercado energético europeo de los mercados energéticos de nuestros países vecinos, siguiendo el ejemplo de la Comunidad Energética del Sudeste de Europa, por ejemplo. 
También disponemos de un gran número de instrumentos financieros para fomentar la coordinación de los asuntos energéticos. 
La seguridad del suministro energético, como he mencionado antes, es crucial. 
Por lo tanto, puedo prometerles que estamos trabajando en ello y en cuanto la comunicación vea la luz, volveremos sobre ello. 
Como ha mencionado el señor Rasmussen, también es muy importante que exista una diplomacia preventiva. 
Eso es esencial. 
Estoy de acuerdo con ello. 
No se puede erradicar la pobreza de un día para otro; no se puede ocupar uno de las distintas clases de gestión de crisis o incluso de la gestión poscrisis y esperar un cambio inmediatamente. 
Para eso necesitamos encontrar una vía sostenible y cohesiva. 
La migración es otro tema muy importante de la política exterior. 
De nuevo, todos tendremos que cooperar con los países de origen, con los países de tránsito y con la Unión Europea para encontrar el modo correcto de equilibrar la política interior y la exterior. 
La lucha contra el terrorismo; la lucha contra las drogas: todo eso nos llevará muchos años, pero estas batallas tendrán que librarse cada vez más con un frente unido. 
Las armas de destrucción masiva; el apoyo a la democracia, el Estado de Derecho y las elecciones libres y justas: todo esto se contempla en nuestra política de vecindad, así que sin duda eso también nos lo tomaremos muy en serio. 
Tenemos un incentivo positivo en ese aspecto en nuestro programa de Barcelona, por ejemplo, pero también necesitamos todo el apoyo posible para poder progresar de verdad con esta política. 
Las asociaciones estratégicas con potencias importantes, como las relaciones transatlánticas; las relaciones con China, India, Brasil y las excelentes relaciones con América Latina: todas ellas son importantes porque tenemos la posibilidad de cooperar en un marco multilateral, colaborando también con las Naciones Unidas, como se ha dicho. 
Sin duda, también es importante que podamos combinar el impulso de nuestros valores comunes con la estrategia multilateral. 
La política de vecindad constituye una parte importante de la estrategia de seguridad, porque realmente intentamos exportar estabilidad colaborando con Ucrania, el Cáucaso meridional y los países mediterráneos. 
Por ello tenemos grandes aspiraciones para hacer más segura a Europa; sabemos que tenemos muchos retos por delante, pero no veo otro camino que no sea intentar reforzar todos nuestros instrumentos y esforzarnos por conseguir una Europa común basada en valores comunes junto con el resto del mundo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Alto Representante, Señorías, aunque no puedo, en el poco tiempo de que dispongo, hablar en detalle de las muchas cuestiones que se han planteado en este debate, hay algunos puntos que quiero abordar y que, como representante del Consejo, considero importantes. 
El Alto Representante ha sido el primero en decir –y muchos se han echo eco de sus palabras– que existe una demanda global de una política exterior europea. 
Es algo que también preocupa a los ciudadanos europeos, y nosotros –el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo– tenemos que unirnos para satisfacer esa necesidad; como ha dicho antes el señor Watson, tenemos que construir la Unión Europea sobre una base de valores, y esto es aplicable evidente y específicamente a la política exterior, donde tenemos que dar ejemplo si queremos paz y estabilidad en el mundo. 
Estoy totalmente de acuerdo con eso y les aseguro que la Presidencia austriaca, al igual que las Presidencias que le han precedido y las que le seguirán, se compromete, durante los seis meses de mandato, a defender los valores de protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y también, repitiendo las palabras del señor Geremek, lo que denominamos «seguridad humana» : la lucha por la salud, la campaña en contra de las armas y del rearme. 
La política exterior de la Unión Europea es pacífica; en ese sentido, no somos una potencia militar. 
La diplomacia preventiva es el elemento fundamental. 
En nuestro compromiso a favor del multilateralismo nos esforzamos por actuar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho internacional. 
Es la única manera de mantener nuestra credibilidad a los ojos del mundo. 
Quiero comentar brevemente algunas de las cuestiones que se han planteado. 
En respuesta a muchos oradores que han mencionado la política energética, quiero añadir algo a lo que ha dicho la Comisaria Ferrero-Waldner. 
Huelga decir que la Comisión está desempeñando un papel bastante importante en este ámbito y la Presidencia del Consejo está trabajando en estrecha colaboración con ella. 
La cuestión de la política energética europea será fundamental en el Consejo Europeo de marzo, para el que la Presidencia británica ya ha sentado las bases. 
Queremos continuar lo que ellos comenzaron. 
También se ha mencionado en este debate la seguridad del suministro de energía, que es una cuestión crucial y que implica la diversificación de las fuentes y redes de energía, así como la reducción de la dependencia unilateral de los proveedores y redes de energía y, en particular, el apoyo y la promoción activa de las energías renovables y las fuentes de energía alternativas. 
Por supuesto, se trata de una cuestión a la que prestaremos mucha atención. 
Se ha mencionado a Rusia en repetidas ocasiones; la política de vecindad europea en términos generales y la política europea en relación con Rusia revisten una importancia fundamental. 
Rusia es un socio importante y cuando dialogamos con ella tenemos que hacer hincapié en los valores de los que he hablado; huelga decir que los derechos humanos son otra cuestión que se les tiene que plantear en un diálogo amplio. 
Pero creo que tenemos que ser conscientes de que Rusia es un socio estratégico tan importante para Europa como los Estados Unidos. 
Estoy muy agradecido a la señora Beer por haber planteado el tema de los Balcanes, como ha hecho el señor Solana en su introducción. 
Durante sus seis meses de mandato, la Presidencia austriaca del Consejo dará la máxima prioridad a los Balcanes Occidentales en interés de la estabilidad en la región y, por tanto, en interés de la paz y la estabilidad en Europa. 
Otra cosa que se ha dicho sobre la política exterior europea es que deberíamos centrarnos principalmente en nuestros propios vecinos. 
Eso es lo que estamos haciendo y es importante que lo hagamos, pero en el mundo actual no hay ninguna situación o crisis que no afecte también a los intereses y la estabilidad de la Unión Europea; eso es lo que convierte a la Unión Europea en un agente mundial, y por eso también tiene que dotarse de los recursos necesarios para desempeñar ese papel. 
Hoy, el Alto Representante se muestra incansable –en el sentido literal de la palabra– viajando por todo el mundo al servicio de la paz, y lo hace en interés de una política exterior europea creíble, en nuestros propios intereses y también en interés de la estabilidad y la paz en Europa. 
Paso a tratar una cuestión de particular importancia para la opinión pública y que también es prioritaria para la Presidencia austriaca del Consejo. 
Me refiero a la protección de los ciudadanos europeos en países terceros, de la que la Unión Europea es responsable, como han demostrado los acontecimientos y las crisis recientes. 
La Presidencia austriaca del Consejo quiere ayudar a organizar mejor la cooperación consular para proteger a los ciudadanos cuando se encuentran en el extranjero y también para equiparla con los recursos adecuados. 
Por último, quiero comentar lo que se ha dicho sobre China. 
Lo único que quiero decir sobre el embargo de armas es que, en este momento, como sabrán, no hay consenso en el Consejo a este respecto. 
La cuestión no está en el orden del día, pero al margen de lo que se decida, es una cuestión de principios para el Consejo y la política exterior europea que no se produzca un aumento de la cantidad de armas que se exportan a China. 
. Señor Presidente, quiero terminar muy brevemente, porque mucho de lo que he dicho en términos generales ha sido una repetición de lo que pensamos. 
Estamos intentando repetir con distintas palabras lo que la mayoría de las personas piensa sobre la política exterior de la Unión Europea. 
En lugar de repasar una letanía de temas cada vez que nos reunimos, yo preferiría que intentáramos concentrarnos en algunos de los temas y profundizar en ellos. 
Al fin y al cabo, hemos repasado todos los problemas del mundo en un par de horas o así con no sé cuántos oradores. 
Queremos que este debate sea útil. 
Por ello agradezco al señor Watson su buena recomendación de que yo aparezca menos en televisión y en vez de ello venga aquí. 
Le prometo que cada vez que salga en televisión le llamaré antes para que pueda tomar nota del tiempo que aparezco en televisión y las horas que paso aquí. 
Así que tome nota de ello. 
Dicho esto con amabilidad y respeto a mi buen amigo, me gustaría, si es posible, organizar un debate para que podamos profundizar en el tema, que es muy importante. 
Intentaré centrarme en un número reducido de temas, que son muy importantes. 
Podemos hablar de política exterior común, pero si fracasamos no será una política exterior común. 
Igualmente podríamos cerrar si fracasamos. 
Miren los Balcanes: si no estamos preparados y dispuestos a arreglar la situación de los Balcanes, podemos hablar de Irán, podemos hablar de lo que quieran, pero fracasaremos, y yo no quiero fracasar. 
Por tanto, siempre me verán trabajando. 
Eso es lo que intento hacer y lo que seguiré haciendo. 
Gracias por las amables palabras de algunos de ustedes con respecto a mi labor. 
Gracias también a los que no la aprecian. 
También quiero agradecer a Leïla Shahid las amables palabras que ha pronunciado acerca de mí en los últimos días, cuando he defendido, y como también ella debería defender, la postura del Presidente Abu Mazen, a quien deberíamos tratar de ayudar al máximo. 
Creo que él es la persona más importante a quien deberíamos apoyar ahora. 
Respecto al resto de cuestiones, veamos cómo se desarrolla todo. 
En las próximas horas probablemente tendremos que tomar algunas decisiones muy importantes. 
Si el tiempo lo permite y ustedes están dispuestos a venir, con mucho gusto realizaré una declaración para explicar la situación en caso de que ocurra algo muy importante. 
Señor Presidente, lo dejo en sus manos. 
Si quiere plantearlo, hágalo. 
Si no quiere, no lo haga. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los resultados de las elecciones palestinas, la situación en Oriente Próximo y la decisión del Consejo de no poner a disposición de la opinión pública el informe sobre Jerusalén Este. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque ya se ha dicho bastante en el punto 4 del orden del día sobre las elecciones en Palestina, las consecuencias que se derivan de ellas y el camino a seguir, quiero plantear una serie de cuestiones que se trataron en la reunión del Consejo del lunes. 
Lo primero –y quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la señora De Keyser y a todos los diputados que han participado en la observación de estas elecciones– es que las elecciones se desarrollaron según lo previsto. Todo el mundo está de acuerdo a este respecto y creo que han sido una expresión inequívoca y democrática de la voluntad popular. 
Esto es incuestionable. 
La respuesta de la Presidencia y de prácticamente todos los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea ha sido inmediata, y han actuado independientemente unos de otros, de una manera que indicaba que, en esencia, se guiaban por los mismos principios. 
Remito a la Cámara a las declaraciones hechas por el «Cuarteto» de Oriente Próximo entre el 26 y el 30 de enero, que dejaban claro que la comunidad internacional sigue creyendo que la solución pacífica y duradera del conflicto entre Israel y los palestinos está condicionada a la no violencia, el reconocimiento del derecho de Israel a existir y el cumplimiento de todas las obligaciones bilaterales actuales. 
Era y es particularmente importante que las declaraciones del Consejo y de los Estados miembros de la Unión Europea sean casi idénticas a las que han hecho nuestro socios del «Cuarteto». 
Tanto el «Cuarteto» como la Unión Europea esperan un compromiso inequívoco de cualquier futuro Gobierno palestino con los principios que he enumerado, y subrayan que el apoyo internacional a la nueva Autoridad Palestina Autónoma estará condicionado al respeto de esos principios. 
Se ha vuelto a recordar a Israel y a la Autoridad Palestina Autónoma las obligaciones que les impone la «Hoja de Ruta» , y el «Cuarteto» ha recibido un apoyo sustancial del Consejo, que también espera que el nuevo Consejo Legislativo palestino apoye un Gobierno comprometido con los principios de una solución pacífica y negociada del conflicto con Israel que esté basada en los acuerdos que ya se han alcanzado en la «Hoja de Ruta» , con el Estado de Derecho, con las reformas y con la gestión adecuada de sus finanzas. 
Si todo eso se pone en práctica, la Unión Europea estará dispuesta a seguir apoyando a los palestinos en su desarrollo económico y en la construcción de un Estado democrático. 
Sería prematuro tomar decisiones en este momento y, puesto que no podemos hacerlo, tenemos que decir con claridad que la Unión Europea, como los otros socios que están haciendo sus propias aportaciones, está dispuesta a seguir prestando apoyo si se cumplen determinadas condiciones. 
Por supuesto, este debate surgió por el tema de Jerusalén Este, y ahora quiero decir algunas cosas sobre esta cuestión en particular. 
Lo que se desprendió del debate anterior fue una expectativa muy clara de que la Unión Europea tiene que adoptar un enfoque equitativo, con una política coherente en Oriente Próximo que no solo esté guiada por los intereses de Israel o de los palestinos, sino que sea equilibrada. 
Además, la Unión Europea está preocupada por las actividades de Israel en Jerusalén Este, incluida la colonización incesante y la ampliación del muro de separación, así como la destrucción de hogares palestinos. 
Estas actividades son contrarias al Derecho internacional, merman la posibilidad de llegar a una resolución de la cuestión de Jerusalén y amenazan con impedir una solución basada en la coexistencia de dos Estados viables. 
Estas consideraciones han empujado al Consejo a pedir a las oficinas del Consejo relevantes que presenten a la UE un análisis detallado de la situación en Jerusalén Este, a partir de la información que han facilitado las misiones de la UE en Jerusalén y Ramalá. 
Pero en vista del cambio de la situación, en especial la perspectiva de las elecciones en Israel, el 12 de diciembre el Consejo decidió no publicar ese estudio, sino informar a los máximos representantes del Gobierno israelí sobre las preocupaciones de la Unión Europea en este ámbito. 
Desde entonces se han producido dos gestiones: una por parte de la troika de la UE ante el Ministro de Asuntos Exteriores israelí el 19 de diciembre, y la otra por parte de la Presidencia ante los principales partidos políticos israelíes el 23 de ese mismo mes. 
La Unión Europea está satisfecha de que Israel haya decidido permitir que algunos pudieran votar en Jerusalén Este, lo que contribuiría al éxito de las elecciones. 
. Señor Presidente, como hemos mencionado en el debate anterior, sin duda nos enfrentamos a una nueva realidad. 
El lunes, los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunieron con el «Cuarteto» para debatir nuestra respuesta a la entrada de Hamás en la escena política palestina, y las implicaciones de nuestra ayuda a la Autoridad Palestina. 
Permítanme hacer hincapié en tres elementos. 
El primero son nuestros principios, que deben quedar absolutamente claros. 
Hemos apoyado las elecciones palestinas aportando una ayuda económica de 18,5 millones de euros. 
Además, ha habido 240 observadores electorales bajo la excelente dirección de la señora De Keyser. 
También hemos demostrado nuestro compromiso a favor de la creación de instituciones democráticas. 
Creo que se trata a todas luces de una posición de principios. 
¿Deberíamos abandonar hoy esa posición solo porque no nos gusta el resultado de las elecciones? 
Creo que sería un error. 
Por el contrario, tenemos que pedir respeto por el resultado de unas elecciones democráticas. 
Cuando visité Gaza, dije que estábamos dispuestos a cooperar con un Gobierno que busque la paz por medios pacíficos. 
Como ha repetido el «Cuarteto» , esto significa cooperación, un clara postura contraria a la violencia, el reconocimiento de Israel y la aceptación de los compromisos contraídos, inclusive la «Hoja de Ruta» y el acuerdo de Oslo. 
El segundo elemento son las responsabilidades: ahora la pelota está en el tejado de los dirigentes palestinos. 
Tienen la responsabilidad de comportarse como socios y cumplir los criterios que establece la comunidad internacional. 
Aún no esta clara la forma en que Hamás, al amparo de su programa de cambio y reforma, ejercerá las responsabilidades que tendrá que asumir el nuevo Gobierno palestino. 
Esto tardará un tiempo en ponerse de manifiesto. 
En ambos debates he transmitido un mensaje claro de la comunidad internacional sobre nuestras expectativas. 
También he dicho que la Comisión Europea está dispuesta a cooperar con cualquier Gobierno que realmente busque la paz por medios pacíficos. 
No obstante, somos conscientes de las necesidades económicas y humanitarias de los ciudadanos palestinos, que, en efecto, son considerables. 
También somos conscientes de que los palestinos aspiran legítimamente a tener un Estado. 
Hemos de tener en cuenta que la financiación de los donantes es crucial para aliviar la situación de los palestinos y prevenir el círculo vicioso de la pobreza y el extremismo. 
Pero también hemos de tener en cuenta nuestro propio compromiso con una solución basada en dos Estados y las necesidades de Israel en materia de seguridad. 
Por tanto, en primer lugar esperamos que los miembros del futuro Gobierno palestino se comprometan con estos tres principios. 
Esto es aplicable al Acuerdo de Asociación Provisional UE-Palestina. 
Dicho acuerdo establece claramente que hay que respetar las libertades democráticas, el Estado de Derecho y los derechos humanos. 
Además, el Plan de Acción derivado de la política de vecindad también afirma claramente que la «Hoja de Ruta» tiene que ser el camino que conduce a la paz. 
Si bien seguiremos vigilando de cerca a Hamás como organización, primero tenemos que juzgar las acciones del nuevo Gobierno palestino, incluida su labor en el campo de la seguridad y la estabilidad. 
La estabilización de la hacienda pública constituye un reto importante e inmediato. 
Estoy dispuesta a actuar de forma constructiva respecto de los problemas fiscales de la Autoridad Palestina y aliviar sus problemas de liquidez, especial ahora en que hay un Gobierno en funciones. 
Pero otros también tienen que asumir sus responsabilidades. 
Esto incluye a Israel, que debe seguir transfiriendo a la Autoridad Palestina los ingresos aduaneros. 
Al igual que otros miembros del «Cuarteto» , yo también hablaré personalmente con los israelíes sobre este asunto. 
El papel de los propios palestinos también será crucial. 
El Banco Mundial va a enviar una misión para ver qué puede hacer y cómo la Autoridad Palestina podría cumplir los criterios de referencia, quizá recortando el presupuesto. 
Tienen que encontrar la manera de levantar la suspensión de los pagos del Fondo Fiduciario del Banco Mundial. 
Aún hay allí 35 millones de dólares estadounidenses. 
Todavía no se han desembolsado porque no podían pagarse. 
Espero contar con el apoyo del Parlamento para encontrar una solución a corto plazo. 
No obstante, también será importante que el nuevo Gobierno ponga en marcha reformas esenciales. 
Esto debería hacerse con el mismo espíritu con el que hemos cooperado con la Autoridad Palestina en el pasado. 
Mientras tanto, la Comisión tiene la intención de mantener los programas de ayuda que garanticen las necesidades básicas de los palestinos, incluido el mecanismo para infraestructuras, la ayuda alimentaria y la asistencia humanitaria y a los refugiados. 
Para concluir, permítanme decir que el proceso de paz está, como todos sabemos, en un momento muy delicado. 
El año 2005 se caracterizó por medidas unilaterales de Israel y la parálisis institucional palestina. 
Ahora la comunidad internacional tiene que abrir una perspectiva de progreso palpable, aplicando nuestros esfuerzos en ambos bandos, con los israelíes y con la Autoridad Palestina. 
Estoy de acuerdo en que, en ese contexto, tenemos que fortalecer a Mahmud Abbás y su autoridad para proporcionar estabilidad y demostrar que las negociaciones darán resultados positivos. 
Por eso quiero subrayar la importancia de evitar cualquier medida unilateral que pueda perjudicar las negociaciones sobre el estatuto final, incluidos los ataques terroristas, la expansión de los asentamientos y el muro de separación. 
Por tanto, ahora tenemos que cooperar muy estrechamente: los próximos días y meses serán absolutamente cruciales tanto para la estabilidad de Oriente Próximo como para la nuestra propia. 
– Señor Presidente, he tenido el privilegio de presidir una vez más la mayor misión de observación electoral formada por representantes elegidos en Palestina: la del Parlamento Europeo. 
Primero quiero dar las gracias por su labor a los otros 26 diputados y diputadas al Parlamento Europeo que formaron parte de la delegación, en particular a mi vicepresidenta, la señora Napoletano, y, por supuesto, a la señora De Keyser en su calidad de observadora jefa del equipo de la Unión Europea. 
También quiero dar las gracias al personal del Parlamento Europeo que nos acompañó y que llevó a cabo un excelente trabajo en circunstancias muy difíciles. 
La semana pasada escuchamos en las calles de Palestina el clamor a favor de la opción y del cambio. 
Escuchamos el ruido de la democracia. 
A nuestro juicio, como ha dicho uno de mis colegas, el proceso fue perfecto. 
Los votantes acudieron libremente a las urnas, hombres, mujeres, jóvenes y viejos. 
Los colegios electorales, por lo general situados en escuelas y administrados por maestros, funcionaron de modo eficiente y estaban bien organizados. 
En general, las fuerzas israelíes se mantuvieron al margen. 
El proceso fue perfecto y no cabe duda de que el resultado refleja el deseo de los ciudadanos, pero es fruto más de su desencanto con Al Fatah que de su amor por Hamás. 
En efecto, la gente de Hamás que conocimos no era muy amigable. 
No solo vamos a asistir a la aparición de una política islamista fundamentalista en Palestina, sino en todo el mundo árabe –inclusive en Egipto, donde la Hermandad Musulmana obtuvo buenos resultados en noviembre y diciembre, y en las próximas elecciones parlamentarias de Marruecos–, un mundo árabe de 250 millones de personas. 
Este es el reto para todas nuestras instituciones. 
Tenemos que cooperar, porque a mi juicio, si bien hemos difundido el proceso democrático, no hemos hecho lo mismo con los valores de la democracia a los que estamos tan acostumbrados en la Unión Europea. 
La democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de la protección de las minorías: estos son los valores que tenemos que difundir. 
– Señor Presidente, mis primeros pensamientos son para los miembros de la misión que aún están sobre el terreno. 
He recibido muchas palabras de agradecimiento que quiero compartir con ellos: han realizado un trabajo extraordinario. 
También he recibido mucha ayuda del Consejo, del señor Otte, que estuvo en Palestina, y de Jeannette. 
Pero quiero dar las gracias en particular a usted, señora Comisaria. 
Tuvo usted que orientarme en algunas decisiones difíciles. 
Mencionaré dos de ellas. 
En primer lugar, el despliegue de nuestra misión en Gaza en condiciones de seguridad precaria. 
Desde el principio fuimos la única misión de observación en Gaza. 
Después, la decisión delicada, señora Comisaria, de reunirme con los candidatos de «Cambio y Reforma» , la lista de Hamás. 
Por supuesto, escogimos a los candidatos con los que íbamos a reunirnos; eran candidatos moderados. 
Pero también quiero decir que fuimos la única misión que se reunió con candidatos del partido «Cambio y Reforma» y que la historia nos da la razón, ya que el 44 % de la población palestina votó a favor de esa lista. 
Ahora quiero decir que nos enfrentamos a tres retos. 
El primer reto –que yo también considero difícil– es respetar la elección de los palestinos, una elección que, como ha dicho el señor McMillan-Scott, se declara a favor del cambio y no necesariamente del islamismo radical. 
No todos los palestinos, ni siquiera la mitad de ellos, se han convertido en islamistas radicales. 
Quieren el cambio tanto dentro como fuera de Palestina y una paz que tarda mucho en llegar. 
El segundo reto, señora Comisaria, es no ceder a la tentación del unilateralismo en la búsqueda de la paz. 
Desde Isaac Rabin no habíamos visto ningún indicio de bilateralismo en las decisiones y negociaciones entre Israel y Palestina. 
La retirada de Gaza fue una decisión unilateral. 
La presencia de Hamás en el Gobierno palestino hoy reforzaría ese unilateralismo y no conduciría a la paz. 
Espero que la Unión Europea trabaje en ese sentido. 
El tercer reto consiste en distinguir, independientemente de las circunstancias, entre el Gobierno palestino, que tendrá que asumir sus responsabilidades, y el pueblo palestino, que no puede ser rehén de su propia elección. 
Es cierto que los ciudadanos han hecho esa elección, pero tienen necesidades básicas que nosotros hemos de asegurar que se satisfagan a pesar de lo que ocurra en el futuro; de otro modo estaremos abocados a la catástrofe. 
Por último, permítanme contarles lo que me dijo una mujer palestina justo después de las elecciones. 
En respuesta a mi pregunta: «¿No tiene miedo de ser gobernada por la? », ella respondió: «No, no hemos tenido miedo de decir no a los israelíes, que son más fuertes que nosotros. 
No hemos tenido miedo de decir no a Al Fatah porque nos ha decepcionado. 
Podremos decir no a Hamás si también nos decepciona.» 
Esta es la lección de la democracia parlamentaria que los palestinos han entendido a la perfección. 
. – Señora Presidenta, las elecciones son como un retrato. 
De hecho, son como la radiografía de una sociedad en un momento dado. 
Estas elecciones son para todos nosotros un llamamiento a abrazar el realismo y poner fin a la hipocresía en la comunidad internacional. 
Millones de palestinos están desesperados. 
No tienen nada que perder y votan por los que prometen cualquier cambio, cualquier reforma y el fin de la corrupción. 
Hablamos demasiado de Oriente Próximo y muy poco de la situación real de los hombres, mujeres, niños y ancianos que, junto con sus familias, están desesperados. 
Tenemos que enviar un mensaje de respeto a esa nueva mayoría. 
Pero tiene que combinarse con un mensaje que afirme que nuestro apoyo está supeditado al fin de la violencia, la resistencia violenta y el terrorismo. 
Pero tenemos que respetar el deseo de los ciudadanos. 
No finjamos que seguiremos proyectando la misma película y manteniendo el mismo guión, y que solo cambiaremos a uno de los personajes. 
Eso solo conduciría al fracaso. 
Nos hallamos ante un nuevo escenario que exige nuevas propuestas, un nuevo compromiso y nuevas presiones sobre ambas partes del conflicto. 
La situación actual ha surgido precisamente porque no hemos hecho esto. 
Tenemos que presionar más a las dos partes del conflicto. 
Tenemos que buscar la paz, pero no podemos olvidar que estamos hablando de personas reales. 
. Señora Presidenta, creo que ahora, más que nunca, el papel mediador de la Unión Europea es necesario. 
Ahora, menos que nunca, no podemos abandonar la zona ni podemos abandonar al pueblo palestino y, al mismo tiempo, deberíamos sacar lecciones. 
¿Qué es lo que hemos aprendido de nuestra intervención en la zona y de nuestra ayuda al pueblo palestino? 
¿Qué hemos aprendido de proclamar durante años que la solución eran las elecciones, la democracia, que eran un paso y una condición para la paz, cuando, ahora, vemos que las propias elecciones se han convertido en un problema, y no en una solución? 
No he oído ninguna autocrítica por parte del Consejo o de la Comisión acerca de lo que hemos hecho mal, después de miles de millones de euros en inversiones. 
Creo que esta victoria de Hamás refleja una situación en que la política israelí ha llegado a generar una profecía autorrealizadora. 
Durante años han dicho: no hay palestino para la paz. 
Finalmente, han conseguido, a todas luces, que sea cierto. 
Ahora, la Unión Europea debe dejar patente que, si Hamás quiere continuar, tiene que aceptar las reglas de juego y los acuerdos ya asumidos por el Gobierno palestino, reconocer a Israel y disolver sus milicias. 
Y, al mismo tiempo, tenemos que trabajar muy duro para abrir un horizonte de paz. 
Una de las razones fundamentales de la victoria de Hamás es que no hay esperanza, no hay esperanza de un acuerdo definitivo en Oriente Próximo. 
Además, año tras año, ha seguido deteriorándose la calidad de vida de los palestinos. 
Los compromisos sobre el terreno del Cuarteto para mejorar el bienestar de los palestinos han avanzado al paso del caracol, muy lentamente, y las vías tortuosas y las trabas puestas no se han superado de forma convincente. 
. – Señora Presidenta, antes que nada quiero aprovechar mi intervención para dar las gracias a la señora De Keyser y al señor McMillan-Scott por el esfuerzo que han realizado, junto con otros diputados al Parlamento Europeo, en el curso de su misión. 
El recuento de votos en las elecciones ha confirmado a Hamás como el primer poder político y este resultado hay que respetarlo. 
Al mismo tiempo, el resultado no debe sorprendernos. 
Es la consecuencia de numerosos factores tanto locales como internacionales. 
Los palestinos, a pesar de las declaraciones de Occidente, por desgracia aún no han visto que se promueva su objetivo de crear su propio Estado independiente. 
Pero han visto cómo se ha legalizado la política racista del muro y de los asentamientos. 
El resultado constituye un mensaje tanto para los propios palestinos como para la comunidad internacional, en especial para nosotros, sobre nuestra política inadecuada, que no ha conseguido presionar a Israel para que aplique la «Hoja de Ruta» y las resoluciones de las Naciones Unidas para fomentar un proceso político y solo se ha conformado con apoyar a los palestinos económicamente. 
Por desgracia, no estoy seguro de que hayamos sido capaces de recibir esos mensajes, puesto que hoy el Parlamento Europeo está promoviendo una resolución tendenciosa y unilateral. 
Nuestra reacción al nuevo Gobierno no puede consistir en suspender los esfuerzos por reanudar el proceso de paz, como han anunciado los Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, Hamás tiene que renunciar a la violencia, reconocer el derecho del Estado de Israel y cooperar con el Presidente Abbás para continuar el proceso de paz. 
Al mismo tiempo, necesitamos que tanto la Unión Europea como otros miembros del «Cuarteto» reconfirmen el compromiso de crear un Estado palestino al lado del Estado de Israel con Jerusalén Este como capital. 
Señora Presidenta, Señorías, Europa está recogiendo lo que ha sembrado: los miles de millones que se han prodigado a Palestina, un dinero que se ha malgastado y cuya gestión no se ha supervisado como es debido, han ocasionado el tsunami Hamás. 
Ha llegado al poder una organización terrorista cuyo objetivo estratégico declarado –confirmado por las innumerables ambigüedades con las que los dirigentes de la organización han respondido a nuestras preguntas durante la misión– es la creación de un Estado de la, que dice adiós a la paz, a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres y de las minorías religiosas. 
Hamás nos ha dado una respuesta muy clara al rechazar todas las peticiones que ha hecho el «Cuarteto» de Oriente Próximo. 
La Internacional Socialista, a través del señor Schulz, ya ha dicho que está a favor de negociar con Hamás, si bien nunca se ha opuesto al uso escandaloso de la ayuda que se ha dado a la Autoridad Palestina. 
Pero la verdad es que cualquiera que confíe en que Hamás se vaya a moderar está entregando Palestina a los extremistas, y es un destino que el valiente, humilde, inteligente y trabajador pueblo palestino no se merece en absoluto. 
– Señora Presidenta, aparte de la cuestión de si el notorio informe de los diplomáticos europeos es oficial, tenemos que llegar a la conclusión de que el efecto de este documento, que ha sido objeto de un amplio debate, es proporcionar más pruebas sobre la posición propalestina excesivamente unilateral de los organismos oficiales de la Unión Europea. 
Los representantes europeos afirman constantemente, como hizo Bismarck, que son intermediarios honestos, pero en realidad defienden sobre todo a los palestinos, lo que es perjudicial para la independencia de la UE. 
Ya que hablamos de ello, será mejor que confesemos que los miles de millones de los impuestos europeos que se han enviado a la Autoridad Palestina durante los últimos años en forma de ayuda han servido principalmente para apoyar a un régimen totalmente corrupto. 
El Consejo y la Comisión siempre han desairado todas las preguntas que les he formulado a este respecto, y ahora tenemos que enfrentarnos a las consecuencias. 
Los corruptos han sido barridos por la victoria electoral del movimiento terrorista islámico Hamás. 
La responsabilidad de la UE a este respecto es aplastante. 
Señora Presidenta, aunque los recientes resultados de las elecciones en Palestina no inciten precisamente al optimismo, creo que uno de los mayores errores que podrían cometer la Unión Europea, en general, y este Parlamento, en particular, sería incurrir en conclusiones precipitadas. 
Lo que sí creo que podemos afirmar, sin incurrir en error alguno, es que la presencia de la misión de observación de elecciones de la Unión Europea es un éxito que hay que anotar en el tablero de la Comisión Europea y que —como ha dicho la Comisaria Ferrero-Waldner— refuerza su visibilidad y contribuye a la consolidación de la democracia en todo el mundo. 
Por eso, hay que felicitar a la Comisión y también a nuestros colegas Edward McMillan-Scott y Véronique De Keyser, así como al resto de miembros de esta Cámara que les han acompañado. 
Señora Presidenta, creo que sería prematuro extraer la conclusión de que el balbuceante proceso de paz en Oriente Medio quedaría enterrado con motivo de los resultados de estas elecciones o que estas elecciones constituyen el epitafio de los acuerdos de Oslo. 
Creo que hay que dar un poco más de tiempo al tiempo y ver cómo se mueven las fichas del tablero. 
En particular, a pesar de los errores cometidos, hay que tomar en consideración como interlocutor válido al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, esperar la constitución del nuevo Gobierno, sin olvidar —como decía la señora De Keyser— que el 75 % de los ciudadanos que han votado a esta formación política no quieren la destrucción del Estado de Israel y, por último, señora Presidenta, valorar cuál será la repercusión de este proceso electoral en las elecciones en Israel. 
Pero, señora Comisaria, más pronto o más tarde, con independencia de las urgencias del corto plazo, la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre una cosa fundamental: saber si las ingentes necesidades —como usted ha dicho— que tiene el pueblo palestino son compatibles con la existencia y la inclusión en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea de Hamás, cuya convención fundacional pide la liquidación y la destrucción del Estado de Israel. 
En esto, señora Presidenta, la Unión Europea no puede actuar con un doble rasero: o se renuncia a la violencia como medio de acción política y al terror o se tendrá que renunciar a la acción y a la ayuda de la Unión Europea. 
– Señora Presidenta, quiero dar las gracias al señor McMillan-Scott y a la señora De Keyser: las elecciones se han celebrado sin ningún contratiempo. 
Pero ante todo se trata de unas elecciones históricas: es el primer cambio democrático en el mundo árabe. 
El pueblo palestino no ha votado a favor de Hamás, sino en contra de Al Fatah. 
Hamás ha ganado sobre la base de un programa centrado en la lucha contra la corrupción y la reforma de la OLP, la única organización autorizada para negociar. 
Sobre todo, ha ganado con un programa social que se aplicará específicamente dentro de Palestina. 
Estas fueron mis impresiones cuando, al margen de nuestra misión, me reuní con los alcaldes palestinos y su asociación, que está dominada por Hamás. 
Respecto de la ayuda, tenemos que seguir apoyando al pueblo palestino, asegurarnos de que cobren los funcionarios y, sobre todo, impedir que el Estado se hunda. De lo contrario, la Autoridad Palestina caerá en manos de otro país. 
Señorías, es imprescindible que esperemos, pero no caigamos en el optimismo inocente. 
Lean la Carta de Hamás: es despreciable e indigna. 
Hay que abolirla para que el nuevo Gobierno pueda convertirse en un interlocutor. 
Tenemos que fijar una fecha, un calendario, para que Hamás asuma sus responsabilidades, porque se ha convertido en un partido legítimo en un país democrático. 
– Señora Presidenta, seré rápida porque solo dispongo de un minuto para expresar mi decepción al ver que, en esta Cámara, nuestro Parlamento ha evitado cuidadosamente «decir la verdad». 
Hay seis referencias, siete considerandos y doce artículos en este texto sobre el resultado de las elecciones palestinas, y ni una vez consiguen citar, ni siquiera mencionar, a Hamás y los estatutos de odio en que se basa su ideología y sus actuaciones. 
El señor Schapira acaba de decir hasta qué punto es despreciable –creo que ese es el término que ha usado– y el señor Cohn-Bendit ha hablado de unos estatutos repugnantes. 
No cabe duda de que comparto sus opiniones. 
Diría que nos merecemos un Premio Nobel al «Tópico» en un momento en que, a pesar de los estatutos, hemos escuchado al «Cuarteto» de Oriente Próximo, a los Ministros europeos, a los medios de comunicación y al señor Solana, hace solo unos momentos, hacerse la pregunta crucial: ¿cómo podemos cooperar con Hamás y seguir ayudando a los palestinos si Hamás no renuncia al terror y no reconoce a Israel? 
Por su parte, Mahmud Abbás no emplea toda su fuerza para formular sus exigencias frente a los islamistas. 
Sí, el escrutinio fue democrático, al menos por la manera en que se llevó a cabo. 
Sí, Hamás ha ganado. 
Sí, queremos seguir ayudando a la Autoridad Palestina. 
Sí, Hamás tiene que tomar decisiones cruciales y cambiar. 
Esto es lo que habría que decir de forma clara y directa a los pragmáticos de ambos lados: unas elecciones democráticas acaban de dar el poder a una ideología antidemocrática. 
Esta es la difícil ecuación que tenemos que resolver hoy. 
– Señora Presidenta, las elecciones en Palestina se han realizado de una manera ejemplar. 
Quiero felicitar a los palestinos y dar las gracias a mis colegas. 
Pero aún hay problemas en Israel y Palestina. Palestina está ocupada. 
Se hace hincapié en ese hecho en una lista de resoluciones de las Naciones Unidas, que critica las continuas violaciones del Derecho internacional por parte de Israel, así como los asentamientos, el horrible muro y el intento de anexionar Jerusalén Este, por mencionar los peores problemas. 
La difícil situación en Palestina se menciona en la propuesta de resolución común, que contiene una serie de aspectos constructivos. 
La propuesta establece las condiciones relevantes para Hamás. 
Tenemos que estar muy al tanto para que Hamás no recaiga en el terrorismo, ya que ha mantenido la paz desde hace más de un año. 
Sin duda, no podemos quitarles el derecho que tienen a la resistencia armada a la ocupación según la Convención de Ginebra, pero tenemos que esforzarnos con firmeza y prudencia para que la situación no se descontrole. 
Todos los grupos no gubernamentales tienen que desarmarse tanto en Palestina como entre los colonos israelíes. 
Tenemos que desalentar cualquier forma de radicalización tanto en Palestina como en Israel. 
La propuesta de resolución que tenemos ante nosotros puede leerse como un reconocimiento unilateral y, si queremos contribuir a la paz, esto sería peligroso. 
Por tanto, insto a los diputados a que voten a favor de las enmiendas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, en especial la enmienda al apartado 10, que contiene una formulación muy clara sobre la decisión del Consejo de no publicar el informe sobre Jerusalén Este preparado por los Jefes de Delegación en Palestina. 
Una vez que se haya retirado claramente la crítica que hace este informe de la situación en Jerusalén Este, junto con las consiguientes recomendaciones, la propuesta de resolución será un instrumento adecuado para avanzar hacia una paz justa entre Israel y Palestina. 
Pido que ahora seamos coherentes. 
No tenemos suficiente credibilidad entre los palestinos, y ya es hora de que la tengamos. 
– Señora Presidenta, Señorías, tengo que decir que estoy muy agradecida a la Comisión, así como a la señora De Keyser, al señor McMillan-Scott y a toda nuestra delegación por su sensibilidad e inteligencia. 
Pero creo que la decisión de no publicar el informe sobre Jerusalén Este –que de hecho es el tema principal del debate– y la incapacidad para adoptar efectivamente las medidas pertinentes han ayudado a Hamás, porque no cabe duda de que algunas verdades no deben callarse. 
Creo que estaba claro que Hamás iba a ganar. 
La comunidad internacional es en gran parte responsable de ello, ya que, tras la firma de los acuerdos de Oslo, fue incapaz de garantizar que el Derecho internacional prevaleciera y fuera respetado. 
Así que ni aplicó el principio de «dos pueblos, dos Estados» ni prestó apoyo suficiente a Mahmud Abbás, ya que la ayuda económica no basta; lo que los palestinos quieren es apoyo político. 
Al mismo tiempo, tampoco presionó a Israel para impedir el crecimiento de los asentamientos y la anexión de tierras. 
En particular, si bien la comunidad internacional tenía la fuerza necesaria para presionar, creo que no consiguió que las negociaciones se reanudaran de forma efectiva. 
Sin embargo, los palestinos han conseguido responder con un proceso electoral democrático en el que los ciudadanos tomaron parte, expresando su necesidad de vida, justicia y paz. 
Para mí, como mujer, la victoria de Hamás es un resultado terrible; pero la considero un voto de protesta contra Al Fatah, que ha dominado a la sociedad palestina durante muchos años, pero ha sido incapaz de cumplir sus promesas, y también constituye un voto contra la corrupción, si bien esta es una cuestión un tanto demagógica. 
En mi opinión, la tarea de la Comisión Europea y de la comunidad internacional es reanudar el diálogo y mantenerlo vivo, asegurando así que tanto Hamás como Israel puedan poner fin a la violencia y reconozcan el principio de «dos pueblos, dos Estados» en la práctica. 
– Señora Presidenta, Hamás es perverso: es responsable de algunos de los ataques terroristas más viles que jamás se hayan visto. 
El hecho de que ahora haya ganado unas elecciones democráticas no cambia o diluye su personalidad terrorista. 
Puesto que provengo de Irlanda del Norte, puedo hablar a la luz de la experiencia de una organización terrorista similar, el IRA, que también se aseguró una base electoral. 
Se cometieron errores fundamentales con la esperanza de que se apartaran del camino del terror. 
Los valores democráticos se distorsionaron, se hizo concesión tras concesión, pero cada vez que conseguían una, aparecían nuevas demandas. 
Así es como piensan y funcionan las organizaciones terroristas, mientras libran su larga y polifacética guerra. 
Por tanto, insto a que se tome una posición firme y resuelta, y que no hagamos concesiones al principio de que la UE no ayudará a una autoridad dirigida por los terroristas de Hamás. 
Quebrantemos esa regla y tanto nosotros como la democracia saldremos perdiendo. 
– Señora Presidenta, Señorías, Europa debe tener un objetivo fundamental para la construcción de la paz en Oriente Próximo y para combatir el terrorismo, también por medios políticos. 
Ese objetivo es garantizar tanto la existencia y la seguridad de Israel como la creación de un Estado palestino. 
En los últimos tiempos, gracias al trabajo de Ariel Sharon y Abu Mazen, se han dado pasos importantes para avanzar en esa dirección. 
¿Puede representar la victoria electoral de Hamás un revés para nosotros? 
¿Corre el riesgo de convertir a Palestina en un nuevo régimen teocrático y fundamentalista? 
Las palabras de Mahmud Zahar, el portavoz de Hamás, que había prometido un nuevo Gobierno palestino sin miembros seculares porque «traen consigo el sida y la homosexualidad» , no anuncian nada bueno, como tampoco otras declaraciones a propósito de Israel. 
Europa tiene la obligación de hacer oír su voz, con iniciativas políticas enérgicas que obliguen a Hamás a seguir la senda que ya había emprendido. 
Europa tendrá que hacer que el nuevo Gobierno comprenda que si piensa amenazar la existencia de Israel, perderá los fondos destinados a Palestina. 
Si Hamás escoge el camino de la intolerancia, hará un gran daño a su pueblo y condicionará negativamente el resultado electoral en Israel. 
Por tanto, apoyemos a Abu Mazen y sea bienvenida la idea de su visita al Parlamento Europeo. 
Defendamos los derechos de los palestinos cristianos: constituyen una minoría en peligro de extinción en Oriente Próximo, pero también un factor importante para la paz y la estabilidad. 
Trabajemos confiadamente para que las ideas de Anuar Zabun, quien ha dicho que las negociaciones con Israel son, o prohibidas por la religión, no prevalezcan. 
Estoy convencido de que el pueblo palestino no piensa así. 
– Señora Presidenta, el nuevo Parlamento palestino es el que ha surgido de unas elecciones reconocidas por la comunidad internacional. 
Nosotros respetamos ese resultado y apoyaremos al Presidente Abu Mazen en sus intentos de formar un Gobierno que se mostrará firme en su defensa del Derecho internacional y en su oposición a la violencia. 
Por tanto, resulta perverso que hoy se amenace con detener el flujo de fondos europeos a la Autoridad Palestina. 
De suceder eso, se correría el riesgo de que Estados y grupos violentos ocuparan el lugar de la UE y de que soldados y oficiales de policía palestinos en paro fueran reclutados por Al Qaeda. 
Recordemos que el 13 de junio de 1980, en la Cumbre de Venecia, la OLP fue reconocida por la CE. 
Prosiguió, a través del diálogo, guiando lo que en su momento fue una organización terrorista por una senda que condujo al reconocimiento del derecho de Israel a la existencia y su participación en el proceso de paz. 
La victoria electoral de Hamás nos presenta ahora un reto similar. 
Hay que destacar que los Estados Unidos, antes de las elecciones, hicieron saber que había que entablar conversaciones con Hamás, pese a figurar en la lista de organizaciones terroristas. 
El Parlamento Europeo tiene que hacer ahora su propia contribución constructiva y, tan pronto como sea posible, invitar a una delegación de la Asamblea Palestina recién elegida a Bruselas, porque ahora lo que urge son medidas que promuevan la confianza y no gestos de amenaza. 
– Señora Presidenta, en las últimas semanas hemos visto el ciclo de contrastes y contradicciones que ha caracterizado la relación de la UE con Oriente Próximo. 
Pedimos a nuestros socios legitimidad y transparencia; sin embargo, ocultamos la verdad cuando legalmente nos obliga a actuar. 
Favorecemos las elecciones democráticas en Palestina; sin embargo, cuestionamos la voz de los ciudadanos cuando la escuchamos. 
Ayudamos a la corrupta Al Fatah durante años; sin embargo, en pocos días ponemos en duda las intenciones humanitarias de los integrantes de la nueva Autoridad Palestina. 
Dudamos del deseo de la nueva Autoridad Palestina de construir puentes de confianza y cooperación; sin embargo, pasamos por alto la continuidad de la construcción del muro de separación. 
Financiamos instituciones democráticas en Palestina, y con razón; sin embargo, impedimos el derecho de autodeterminación de los habitantes anexionados en Jerusalén Este. 
Pedimos a Hamás que renuncie a la violencia o se enfrente a las consecuencias, y con razón; sin embargo, nos quedamos de brazos cruzados mientras el ejército israelí dispara contra niños inocentes en Gaza y Ramalá. 
Pedimos a Hamás que reconozca a Israel, y con razón; sin embargo, permanecemos en silencio mientras Israel burla las leyes internacionales. 
Fundamentalmente, los palestinos preguntan: ¿qué pretende la UE, la democracia o la supresión? 
¿Quiere construir puentes o barreras? 
¿Respeta o cuestiona el Derecho internacional? 
La decisión de Hamás de cambiar las balas por los votos marca un cambio estratégico que podría derivar en conversaciones con Israel. 
La EU tiene que estar a la altura de este cambio y demostrar la igualdad y equidad cruciales para la creación de un Estado palestino que viva en paz con Israel. 
– Señorías, tenemos que detener de inmediato el flujo de fondos a Palestina, donde Hamás se ha alzado con el poder. 
Se trata claramente de un movimiento terrorista, que no reconoce al Estado de Israel, que no quiere el desarme y que impone la. 
¿Qué uso hará Hamás del dinero de los contribuyentes de la UE? 
¿Se dedicará a quemar los ojos de la gente, lapidar mujeres o amputar manos? 
¿A cuántas personas matarán las armas de Hamás? 
Señorías, tenemos que admitir que la Unión tiene su parte de culpa en el polvorín que es actualmente Oriente Próximo, porque ha escondido la cabeza en la arena y ha adoptado una política ambigua. 
Yo soy checa y mi país fue uno de los primeros en suministrar armas al nuevo Estado de Israel en 1948, para que pudieran defender su territorio. 
En aquella época, los actuales Estados miembros de la UE expresaron su horror ante el holocausto y apoyaron la creación de un Estado judío. 
¿Cómo han actuado desde entonces? 
¿A quién ha apoyado claramente la Unión Europea: a Israel o a los terroristas palestinos? 
Por favor, pongamos fin a este doble juego y digamos en voz alta y clara que Hamás, que desde hace varios años recibe fondos indirectamente de la Unión, sigue una política inicua y que los ciudadanos de la UE no la financiarán con sus impuestos. 
– Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, aquí estamos, reaccionando con asombro ante algo que en realidad se explica por sí mismo: unas elecciones ganadas por un partido que da al pueblo la impresión de que se preocupa por él, frente al resto de los partidos que podrían tacharse de pandilla de ladrones corruptos. 
Estas son las conclusiones que debemos extraer de lo sucedido. 
Debemos esforzarnos aún más por hacer que la ayuda de la UE sea visible, ya que de ese modo enviaremos a los ciudadanos el mensaje de que la paz y la democracia merecen nuestro apoyo. 
Creo que no son solo los Gobiernos los que necesitan escuchar eso. 
El resultado de estas elecciones es un desastre para la región. 
Podemos hablar en este caso, sin duda, de ciclos de cinco años: hace unos diez años que murió Rabin y los atentados terroristas impidieron la elección de Peres; cinco años después se produjo el inicio de la Intifada, y aquí estamos de nuevo. 
Se sigue partiendo de cero una y otra vez. 
Aún así, creo que no debemos abandonar la esperanza de que Hamás contribuya al desarrollo y que debemos enunciar las condiciones en las que esto será posible. 
Si, sobre la base de los escaños ganados en el Parlamento, Hamás se hace cargo de la Autoridad Palestina, tendrá que renunciar a la violencia, reconocer el derecho a la existencia de Israel y aceptar los acuerdos ya alcanzados, o de lo contrario habrá que volver a empezar otra vez de cero. 
Mi esperanza es que eso suceda antes de las elecciones israelíes, para que podamos evitar el tipo de acontecimientos adversos que harían más difícil volver a ponernos de acuerdo. 
Durante este período, el «Cuarteto» tendrá que dejar claro que, si funciona, la ayuda económica se mantendrá y la seguridad estará garantizada. 
Por eso celebro que el «Cuarteto» haya respondido tan pronto el mismo fin de semana. 
Quiero expresar asimismo mi gratitud a la señora De Keyser y a su equipo, y también a nuestra delegación parlamentaria, encabezada por el señor McMillan-Scott, por su labor. 
– Señora Presidenta, yo también quiero aprovechar mi intervención de entrada para felicitar a mis honorables amigos, la señora De Keyser y el señor McMillan-Scott, por su importante contribución al seguimiento de las elecciones palestinas. 
El pueblo palestino ha votado de manera democrática y creo que todos nosotros debemos respetar ahora su voluntad democrática y formular la nueva estrategia europea basándonos en la nueva realidad política de Oriente Próximo y Palestina. 
Lamentablemente, el señor Solana no está aquí hoy para que pueda decirle que cuando declaró, una semana antes de las elecciones palestinas, que la ayuda económica que recibe Palestina debería suspenderse si Hamás ganaba, cometió un error muy grave. 
Esa declaración del señor Solana fue utilizada por Hamás y básicamente tuvo un efecto bumerán para las fuerzas progresistas moderadas de Palestina. 
Así las cosas, me parece que existe un grave déficit en la Unión Europea. 
No he oído ninguna declaración, ninguna preocupación expresada por la política unilateral del Gobierno israelí, no he oído ninguna declaración sobre la política y la decisión del señor Olmert de congelar los 50 millones de dólares estadounidenses reembolsados a las autoridades palestinas. 
Quiero pedir una cosa a la Comisión: que solicite la prórroga de la tregua declarada por Hamás. 
Esta sí que es una cuestión importante, y no las diversas condiciones que se dictan de manera unilateral a los palestinos. 
– Señora Presidenta, tuve serias dudas sobre si había que permitir que un Hamás no reformado se presentara a las elecciones palestinas. 
Quizás el señor Bush y otros pensaban que Hamás no ganaría, o que cambiaría sustancialmente su retórica y sus políticas si entraba en el proceso electoral. 
Lamento decir que discrepo. 
Hamás sigue siendo una organización terrorista con vínculos con la Hermandad Musulmana y Hezbolá. 
Está empeñada en exterminar a Israel y establecer un estado islámico con capital en Jerusalén. 
En efecto, sus estatutos indican que defiende la mundial, incluido el uso de terroristas suicidas y el establecimiento de una teocracia y un califato islámico en todo el mundo. 
Está claro que en cualquier Estado miembro de la UE sería un partido político ilegal. 
Siempre he criticado la corrupción galopante durante el mandato del Presidente Arafat y he intentado investigarla en el último Parlamento, pero por desgracia los hallazgos de mi Grupo de trabajo nunca se debatieron en el Pleno. 
Ahora los palestinos de a pie han emitido un voto de protesta masivo. 
No obstante, está claro que una organización como Hamás, considerada terrorista, no puede ser un interlocutor legítimo de la UE, ni recibir un céntimo del dinero de nuestros contribuyentes hasta que renuncie a la violencia y reconozca el Estado de Israel. 
Siempre he apoyado el muro de seguridad sobre la base de que ha salvado vidas humanas frente a los terroristas suicidas. 
Por desgracia, ha truncado comunidades, pero no constituye la frontera definitiva de un futuro Estado palestino. 
Sin embargo, una victoria de Hamás dificultará mucho un acuerdo de paz a cambio de territorios. 
Asimismo, la resolución final de la cuestión de Jerusalén Este, así como las cuestiones del derecho de retorno, serán casi imposibles con Hamás en el Gobierno de la Autoridad Palestina. 
Señora Presidenta, seguramente la victoria electoral de Hamás no es una buena noticia para los demócratas, para los progresistas ni, desde luego, para la gente de izquierdas, pero esa victoria se ha producido en unas elecciones limpias, y hay que reconocerlo. 
Por lo tanto, debemos felicitarnos por un hecho: que Hamás esté en el juego político, lo que ya es un avance. 
Y para que esté todavía más en el juego político debemos ser capaces de integrarlo plenamente también en las relaciones entre la Autoridad Nacional Palestina y la Unión Europea. 
Yo quiero recordar que la primera vez, quizás, que un representante electo de Hamás en estas elecciones se reúna con la Unión Europea será en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea que tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo. 
Por cierto, a ese lugar vendrán después, tras las elecciones israelíes, los nuevos diputados elegidos en ese país. 
Así pues, contribuyamos entre todos, en ese lugar común, a un diálogo y a un democrático de Hamás que beneficiará a todo el mundo. 
– Señora Presidenta, las estadísticas son claras: un escaño más de Hamás a escala nacional significa muchos más en los distritos. 
Los ciudadanos confían en Hamás y tenemos que respetarles de forma inteligente, transparente y responsable. 
¿Tenemos un plan para hacerlo? 
Tenemos una estrategia: no violencia, desarme y la existencia de Israel. 
En relación con la no violencia: si un día tenemos una declaración que denuncia la violencia y al siguiente sufrimos un atentado terrorista, ¿qué haremos entonces? 
Hamás es un movimiento de resistencia. 
Si continúa la ocupación, el Gobierno no excluirá la resistencia violenta. 
¿Qué haremos entonces? 
En relación con la existencia del Estado de Israel: ¿basta con comenzar las negociaciones tras las elecciones israelíes? 
En relación con el desarme: ¿queremos integrar las milicias de Hamás en las fuerzas de seguridad y en la policía palestina? 
¿En qué condiciones? 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, es indudable que se han cometido errores en el pasado, pero ahora es momento de mirar adelante. 
Las conclusiones que extraigamos no deben ser prematuras y debemos reflexionar debidamente antes de iniciar la siguiente etapa. 
Durante el debate se ha dicho –y con razón– que seguimos teniendo un socio en la persona del Presidente Abbás, ya que es alguien con quien podemos seguir hablando y alguien con quien podemos continuar negociando. 
Podemos seguir contando con él como socio, porque el nuevo Gobierno no puede modificar ni modificará la Constitución que va a entrar en vigor. 
No debemos perder la esperanza; por el contrario, tenemos que mirar al futuro. 
Pero una cosa está clara –el Consejo lo explicó el lunes y lo mismo hizo el «Cuarteto» – y es que existen una serie de principios de los que no podemos alejarnos, y dejemos muy claro que entre ellos está la renuncia a la violencia, el reconocimiento del derecho a la existencia de Israel y la continuación del proceso de paz. 
Se ha dicho también, una y otra vez, que la política europea tiene que ser ecuánime y en eso estoy totalmente de acuerdo; en el fondo, se trata de una realidad evidente. 
He explicado también claramente en mi primera intervención cuál es la posición del Consejo en lo que se refiere a nuestra relación con Israel y a las críticas que le hacemos. 
Lo que importa es que Europa debe hablar con una sola voz. 
Si queremos tener alguna influencia, debemos hablar también la misma lengua que nuestros socios en el «Cuarteto» , y eso es también importante. 
Estoy particularmente agradecido a la Comisión por haber formulado, con prudencia y sin precipitarse innecesariamente, una estrategia para ayudar al pueblo palestino. 
Como han dicho varios participantes en este debate, el pueblo palestino ha sufrido mucho y seguirá sufriendo, y no podemos abandonarlo a su suerte. 
Sé, señora Comisaria Ferrero-Waldner, que la política de la Comisión con respecto a los palestinos es encomiable, coherente y merecedora de nuestro apoyo. 
. Señora Presidenta, señor Winkler, Señorías, 
En primer lugar, permítanme darles las gracias por sus amables palabras sobre las elecciones y las observaciones. 
Todo el mérito es para la señora De Keyser y su equipo, así como para el señor McMillan-Scott y su equipo. 
También para los ciudadanos palestinos, que han demostrado que pueden celebrar elecciones libres y limpias por mucho que no siempre estemos contentos con el resultado. 
Ahora tenemos que respetar el deseo de los ciudadanos palestinos. 
Como hemos dicho en la declaración del «Cuarteto» , los palestinos han votado por el cambio. 
Sabemos por qué. 
Las urnas demuestran que hay una ligera mayoría a favor de la paz con Israel. 
Ese ha de ser el buen camino. 
Estamos dispuestos a seguir apoyando a los ciudadanos palestinos. 
Queremos hacerlo, como hemos hecho hasta ahora. 
No hay ninguna otra organización, aparte de la Unión Europea, y en particular de la Comisión Europea, que haya hecho tanto por los ciudadanos palestinos durante años. 
No obstante, salir elegido y asumir las funciones también es una cuestión de responsabilidad política. 
Por eso pedimos –e incluso esperamos– que el nuevo Gobierno palestino confirme su compromiso con la paz a través de medios pacíficos, en particular a través de las tres condiciones que se mencionan en la declaración del «Cuarteto» : no violencia, el reconocimiento de Israel y el respeto de las obligaciones contraídas, es decir, el acuerdo de Oslo y la «Hoja de Ruta». 
Estas condiciones reflejan a todas luces un compromiso a favor la paz, de una solución basada en dos Estados, pero también de un ambicioso plan de reforma para la Autoridad Palestina. Tenía muchas ganas de mencionar esto. 
También quiero decir que la política del «Cuarteto» –y en este terreno estamos cooperando realmente– es muy equilibrada. 
Algunos diputados han dicho que es tendenciosa: los que aún no han visto la última declaración del «Cuarteto» , que hagan el favor de leerla. 
Quiero hacer referencia al último párrafo, donde decimos: «el Cuarteto reitera su compromiso con los principios descritos en la Hoja de Ruta y en la declaración anterior y reafirma su compromiso con una solución justa, integral y duradera del conflicto árabe-israelí basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nº 242 y 338». 
Creo que esto refleja de por sí nuestro apoyo a las obligaciones mutuas. 
Permítanme reiterar que ahora nuestro primer objetivo tiene que ser garantizar que Israel transfiera los ingresos fiscales a la Autoridad. 
Para ser más exactos, se trata de dinero palestino. 
Creemos que no sería constructivo para Israel retenerlo en un momento tan crucial. 
También hablaré con las autoridades israelíes sobre este tema y sé que otros colegas del Cuarteto lo harán igualmente. 
De verdad espero que pronto se transfieran los fondos, porque cubrirían una buena parte de los salarios de los empleados de la Autoridad Palestina y también proporcionarían ingresos muy necesarios para las familias. 
Sería un gesto humanitario que Israel podría hacer en un momento crucial. 
El Presidente del Banco Mundial, que comparte esta opinión, también me ha tranquilizado. 
Me reuní con el señor Wolfowitz ayer en Londres. 
Según sus palabras «la mejora de la vida de los palestinos ayudará a todo el proceso; tenemos que ser los últimos en retirarnos». 
Acojo con satisfacción esta declaración y espero que ayude. 
No obstante, por esta razón, los miembros de la Liga Árabe también tienen que cumplir sus promesas de apoyo lo antes posible. 
Ayer, en la Conferencia de Londres sobre Afganistán, la Ministra de Asuntos Exteriores austriaca, Ursula Plassnik, y yo aprovechamos la oportunidad para hablar con diferentes representantes árabes, en un intento de hacerlo posible. 
Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos en los tiempos que corren. 
Se trata de un período crucial porque también tenemos elecciones en Israel. 
Queremos que el proceso de paz pueda continuar en el futuro. 
Por lo tanto, invito a los diputados a que sigan cooperando con nosotros. 
A pesar de las dificultades, queremos que el camino a la paz tenga menos baches en el futuro. 
Al término del debate se han presentado seis propuestas de resolución (1) de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
– Una vez superado su estupor inicial ante el resultado de las elecciones palestinas, Europa tiene ahora que reconocer la legalidad de la consulta y la legitimidad del nuevo Gobierno y, de hecho, celebrar la elevada participación electoral de los ciudadanos palestinos. 
Solo si demostramos plena confianza y seguimos cooperando podremos reclamar al nuevo Gobierno el compromiso necesario para llevar a término la «Hoja de Ruta». 
Naturalmente, nuestra atención debe ser mayor, precisamente por las grandes tensiones que han surgido en los últimos años entre el partido ahora en el poder y la llamada sociedad occidental, pero estoy convencido de que este tipo de fricción no se elimina apretando los puños. 
Por el contrario, hay que dar a Hamás la oportunidad de demostrar que puede respetar el compromiso contraído más de una vez por el propio Presidente Abbás de adherirse al calendario, respetar los acuerdos y las obligaciones existentes y buscar una solución negociada al conflicto con Israel. 
Cortar los fondos que recibe la Autoridad Palestina no es, por tanto, la solución. 
Lo que se necesita –y en esto debemos ser absolutamente firmes– es reforzar el sistema de control, también mediante una mayor cooperación a escala internacional, para tener la seguridad de que los recursos se destinen exclusivamente al desarrollo económico, político y social de la sociedad palestina, y no a la destrucción de la nuestra. 
De conformidad con el orden el día, se procede al debate de la pregunta oral al Consejo sobre la posición de la UE con respecto al Gobierno cubano, formulada por Graham Watson, Cecilia Malmström, Emma Bonino y Marco Pannella en nombre del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (O-0112/2005 – B6-0675/2005). 
– Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, aunque relegado a un segundo plano por los importantes acontecimientos de Oriente Próximo, en La Habana hay un dictador barbudo que lleva décadas mofándose del mundo. 
Gobierna un país donde se violan los derechos humanos, donde las personas viven en condiciones de gran pobreza y donde los disidentes son encarcelados y perseguidos. 
Después de China, Cuba es la mayor cárcel del mundo para periodistas. 
En la primavera de 2003, una oleada de opresión barrió la isla. 
Figuras destacadas del movimiento democrático fueron detenidas y, después de someterlas a juicios farsa, 75 de ellas fueron condenadas a largas penas de prisión. 
El año pasado, un numeroso grupo de jóvenes fue arrestado con carácter preventivo, alegando que podían causar problemas. Eso solo demuestra cuánto miedo hay en la isla. 
Cuando, justo antes de Navidades, el Parlamento Europeo concedió su Premio Sájarov a las Damas de Blanco –las esposas e hijas de los disidentes encarcelados–, las representantes del movimiento no recibieron autorización para abandonar la isla y viajar a Estrasburgo. 
Cuba es una dictadura horrenda y los hechos que acabo de mencionar son bien conocidos. 
En los últimos años, la situación se ha deteriorado. 
La situación de los presos políticos es muy grave. 
Mi amigo Héctor Palacios, condenado a 25 años de cárcel, está muy enfermo y los médicos temen por su vida. 
No está recibiendo tratamiento para su hipertensión arterial y las complicaciones asociadas a esa afección cardiaca. 
Por citar otro ejemplo, Adolfo Fernández Seinz –un periodista condenado a 15 años de prisión– tiene también problemas de salud y ha adelgazado 20 kilos desde su ingreso en prisión. 
Fuera de las cárceles, los disidentes también son perseguidos, como por ejemplo, el ganador del Premio Sájarov Oswaldo José Payá Sardiñas y el defensor invidente de los derechos humanos Juan Carlos González Leiva, que está retenido en su domicilio desde abril de 2004. 
Por supuesto, es totalmente inaceptable que en Cuba se siga encarcelando a las personas por sus ideas. 
Es igualmente inaceptable que esos presos no reciban la asistencia necesaria cuando tienen problemas de salud. 
Cuando hace un año el Consejo de Ministros decidió modificar la posición común que había mantenido durante muchos años y, en su lugar, entabló conversaciones con el régimen, se imaginó que con ello podría conseguir algún tipo de apertura en Cuba. 
Esa política fue criticada por una mayoría en esta Cámara y, un año después, hay que reconocer que no se ha conseguido nada con ella. 
Fue una decisión equivocada que debemos reconsiderar. 
¿Qué pretende hacer el Consejo ahora para apoyar a los disidentes en Cuba? 
¿Cómo podemos prestar un apoyo constructivo al movimiento por la democracia y al pueblo cubano? 
Tenemos que intensificar la presión sobre Fidel Castro y, al mismo tiempo, encontrar una forma estratégica de identificar a las fuerzas positivas de la democracia que existen. 
¿Por qué es tan difícil apoyar a las fuerzas de la democracia en Cuba cuando se puede hacerlo en Belarús? 
Porque sigue existiendo un vergonzoso romanticismo en torno a Castro. 
Me gustaría mucho obtener algunas respuestas del Consejo a estas preguntas. 
Señora Presidenta, señora Malmström, el Consejo celebra el permanente interés del Parlamento por la mejora de la situación en Cuba y no cejaremos en nuestro empeño común de conseguir en ese país una transición pacífica. 
Permítanme que cite la posición común alcanzada en diciembre de 1996, que sigue siendo aplicable y que decía entre otras cosas que el objetivo de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba era favorecer el proceso de transición a una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano. 
La transición sería seguramente pacífica si el régimen actual iniciara o permitiera ese proceso, pero no correspondía a la política de la Unión Europea tratar de imponer esa transición con medidas coercitivas que causaran más dificultades económicas al pueblo cubano. 
Con ese propósito de promover una transición pacífica en Cuba, la Unión Europea ha entablado el diálogo con las autoridades cubanas y con todos los sectores de la sociedad cubana, recordando periódicamente a las autoridades cubanas su responsabilidad fundamental en materia de derechos humanos, principalmente la libertad de expresión y la libertad de asociación. 
Puesto que no tiene ningún sentido emprender una acción política si no surte ningún efecto en las personas a las que va dirigida, el Consejo ha revisado algunos aspectos prácticos de su política para hacerla realmente eficaz, sobre todo para intensificar el diálogo con la oposición pacífica, que ha acogido con gran satisfacción estos contactos más estrechos. 
Tras las conclusiones finales del Consejo de 31 de enero de 2005, tanto la Presidencia luxemburguesa como la británica y, sobre todo, la delegación de la Unión Europea en La Habana, han estrechado lazos con la oposición y con elementos independientes y, de este modo, han centrado su atención en aspectos fundamentales a medio plazo de la transición, como por ejemplo el inicio de un diálogo con miembros destacados de la oposición pacífica, con especial referencia a sus planes prácticos de cara al futuro, y en otros medios para apoyar a las organizaciones independientes y a la sociedad civil. 
Al mismo tiempo, el Consejo ha condenado abiertamente la conducta intolerable de las autoridades cubanas no solo en el propio país, sino también con políticos y visitantes europeos. 
La Presidencia ha planteado la cuestión del acceso a los Ministerios en La Habana y ha hecho saber al Gobierno cubano que no debe esperar ningún diálogo si niega ese acceso a las embajadas de la Unión Europea y se niega a reconocer o a hablar con representantes de la UE. 
El Consejo ha reiterado también su voluntad de proseguir el constructivo diálogo con las autoridades cubanas, sobre una base recíproca y no discriminatoria, en lo que respecta, entre otras cosas, a la concesión de visados para las visitas de representantes de los Gobiernos interesados. 
La Presidencia de la Unión Europea ha expresado, en un comunicado oficial, que lamenta las medidas adoptadas por el Gobierno cubano para impedir que las llamadas Damas de Blanco viajasen a Estrasburgo para recoger el Premio Sájarov 2005 a la libertad intelectual que el Parlamento Europeo les había concedido. 
Este tipo de hechos, como también la negativa del Gobierno a permitir que Oswaldo Payá viajara para participar en el foro de ONG sobre la libertad de expresión en diciembre, demuestra claramente el menosprecio de las autoridades cubanas por el derecho a la libre circulación de sus propios ciudadanos, recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
El Consejo lamenta asimismo la ausencia de progreso en lo que respecta a la liberación de presos políticos y ha denunciado la detención, el verano pasado, de más miembros de la oposición pacífica y las medidas adoptadas por las autoridades cubanas para restringir la libre expresión de opiniones, la libertad de reunión y la libertad de prensa. 
El Consejo sigue exigiendo a Cuba la liberación de todos los presos políticos. 
La UE ha intervenido a favor de la situación de los presos que se han declarado en huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que se les mantienen. 
Además, y para terminar, permítanme recordar a la Cámara el papel activo y constante que ha desempeñado la UE, con el apoyo incondicional de su Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde el año pasado fue una de las signatarias de una resolución presentada sobre el tema de Cuba. 
. 
Señora Presidenta, Cuba es el único país de América Latina que no se encuentra vinculado a la Unión Europea en virtud de un acuerdo de asociación o de cooperación. 
Ello no es así por una causa imputable a la Unión Europea, ni a muchos miembros de este Parlamento, que nos hemos esforzado por preservar la capacidad de diálogo y de interlocución con las autoridades y con el pueblo de Cuba. 
Hechos lamentables, como la prohibición de acudir al Parlamento Europeo a las Damas de Blanco o el incremento de la represión, como dice el texto de la resolución que será aprobada mañana por este Parlamento, de la que han sido víctimas periodistas independientes, como ha denunciado recientemente Reporteros sin Fronteras, pacíficos militantes defensores de los derechos humanos, ponen claramente de manifiesto el desconocimiento sistemático de los más elementales derechos en la isla. 
Por eso, la resolución dice que estos hechos defraudan las aspiraciones de mejora de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, objetivo principal de los cambios introducidos por el Consejo, en enero de 2005, en la posición común, y pide, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que este obre en consecuencia. 
Y yo le recuerdo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que cuando ustedes aprobaron el levantamiento de las medidas que acompañaban a la posición común del Consejo, ustedes pidieron la liberación inmediata e incondicional de las personas que estaban detenidas, y ahora se ha agravado la situación de esas personas. 
Decía Andrei Sájarov, señora Presidenta, que muchas veces las voces que más cuentan son las voces que no se oyen. 
Y yo creo, señora Presidenta, que este Parlamento ha tenido una vez más que tomar la palabra precisamente para hacer suya la causa de la libertad y para defender y dar a conocer en este hemiciclo, que representa a los ciudadanos de la Unión Europea, a aquellas personas que luchan en Cuba por su libertad y por su dignidad. 
. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nuestro Grupo se felicita de que el contexto en que se verifica este debate sobre Cuba asegure razonablemente un compromiso bastante amplio para una propuesta de resolución. 
Siempre hemos creído que hay en este Parlamento y en las instituciones de la Unión una amplia base para el acuerdo y para una buena dirección en las relaciones con Cuba. 
Como Grupo, nuestra posición es muy clara: en primer lugar, en el contexto actual no podemos sino certificar que las autoridades cubanas no han dado las señales esperadas en relación a la mejora de los derechos humanos en el país. 
En segundo lugar, nos vemos ante la imposibilidad de entregar el Premio Sájarov a las Damas de Blanco y debemos, por consiguiente, instar a las autoridades cubanas a que permitan a este colectivo su visita a Europa para atender a la invitación del Parlamento Europeo. 
Al mismo tiempo, creemos que hay que encargar al Presidente del Parlamento que realice todas las gestiones que estén en su mano para asegurar la entrega efectiva del Premio. 
Sostenemos, sin embargo, que en el actual clima de las relaciones, las perspectivas de avance son mejores en la actualidad que con la anterior política del Consejo, que conducía a un callejón sin salida, como lo ha sido —es lo menos que se puede decir— la que durante décadas ha insistido en una política de sanciones y de embargo. 
Apostamos por el mantenimiento de la actual política del Consejo con dos objetivos: el primero, mantener firmemente la reclamación de los derechos humanos en Cuba, la liberación de los presos de opinión y de la oposición pacífica y el respeto a las libertades democráticas y, segundo objetivo, mantener e incrementar la relación y el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que en Cuba están implicados o interesados en la relación con Europa y en la evolución del país, los cambios inevitables que en Cuba vamos a ver en los próximos tiempos. 
. Efectivamente coincido en que son numerosas las alarmas que nos indican que el régimen cubano sigue aplicando una política de represión ante las opiniones disidentes, de encarcelamiento arbitrario de grupos opositores, de hostigamiento constante de todo aquel que manifiesta una postura contraria a la gubernamental. 
Es también preocupante, por otro lado, la represión contra colectivos a los que desde el régimen se ha estigmatizado, tales como los homosexuales o ciertos intelectuales. 
El caso concreto que nos ocupa, la prohibición por el régimen de que las Damas de Blanco salgan del país para recibir el Premio Sájarov, es un ejemplo más de esta preocupante situación. 
No obstante, como ya se ha dicho, la política de bloqueo y aislacionismo a la que varias potencias occidentales han sometido a Cuba durante décadas solo ha servido para que los sectores más duros del régimen vean reforzada su postura. 
Por ello celebro que en junio de 2005 el Consejo de la Unión Europea decidiera ofrecer de nuevo un espacio de diálogo político a Cuba. 
Con ello se pretendía, entre otras cosas, empezar a preparar el terreno de lo que muchos y muchas esperamos que sea una inminente transición hacia la democracia. 
Quienes hemos sufrido una dictadura sabemos lo difícil que es construir una democracia, especialmente cuando quienes deberían ser tus aliados desde fuera te dan la espalda. 
En este sentido, resulta esperanzador ver como están apareciendo cada vez más grupos comunitarios, universitarios y científicos, tanto en medios rurales como en las ciudades, bajo el techo de las iglesias o en centros educativos y sociales; grupos que antes no existían y cuyo trabajo puede constituir una contribución valiosa al desarrollo político en Cuba. 
Ya es hora de que el régimen cubano entienda que su futuro no pasa por mantener el statu quo actual, sino por afrontar de forma seria y creíble esa transición que, sobre todo, reclama el propio pueblo cubano. 
Por ello, es necesario que desde la Unión Europea dejemos bien claro que nuestra intención no es otra que ayudar a Cuba a entrar en la modernidad por la vía de la democracia, y también por ello no debemos dejar de reclamar la libertad de todas las personas condenadas a largos años de cárcel por oposición pacífica al régimen. 
. Señor Presidente, para manifestar la posición contraria de la iniciativa común que se va a votar mañana. 
Esa iniciativa está basada, y así lo destilan todos los poros del escrito, en una posición que es de excepción, una posición que desde hace tiempo se ha venido manteniendo por parte de la Unión Europea. 
Es el único país del mundo donde la Unión Europea mantiene una situación de excepción, no hay otro caso. 
Y yo creo que no es justo y además que no influye para nada. 
Se está viendo que esa posición mañana se votará y no va a influir absolutamente en nada. 
Yo reclamo el fin de esa situación de excepción. 
Que Cuba, en la Unión Europea, tenga un trato igual que cualquier otro país del mundo. 
Que mantengamos una posición que permita una agenda de debate común, en donde se vean todos los temas. 
Por supuesto, en primer lugar, hay que exigir el levantamiento del bloqueo norteamericano sobre la isla de Cuba. 
Por supuesto, todo lo que significa la petición de extradición del terrorista Posada Carriles y, además, incluir en la Cumbre Iberoamericana todo lo referente a lo ya debatido en esa Cumbre Iberoamericana entre la Unión Europea y Cuba. 
Por lo tanto, miren ustedes, Cuba tiene muchos defectos, pero es un ejemplo de cooperación Sur/Sur. 
La sociedad cubana es un ejemplo en relación a todos los servicios públicos, siendo un país pobre. 
Y, por lo tanto, yo creo que la Unión Europea no debe ir al dictado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, no debe hacerlo. 
Y, por lo tanto, reclamo lógicamente una posición independiente que resuelva el levantamiento del estado de excepción entre la Unión Europea y Cuba. 
– Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano. 
Este Parlamento ha debatido muchas veces –demasiadas– la violación de los derechos humanos en Cuba. 
«Palabras, palabras, palabras» , mientras esperamos señales positivas de un régimen moribundo que no tiene intención alguna de cambiar de rumbo. 
En enero de 2005, el Consejo hizo una serie de concesiones con la esperanza de promover una actitud diferente. 
Pero todas sus expectativas se vieron rápidamente defraudadas: la libertad de expresión sigue siendo, lamentablemente, solo una quimera, como también ha demostrado la negativa a permitir que las Damas de Blanco viajaran hasta aquí para recibir el Premio Sájarov de 2005. 
No podemos seguir esperando. 
En esta situación tenemos la obligación y el deber, como Unión Europea, de hacer más y de hacerlo mejor y más deprisa. 
Soy un socialista reformista y sueño, por tanto, con una sociedad basada en los valores de la libertad, la participación, la democracia y la justicia social. 
Soy también el diputado más joven de esta Cámara y en mi corazón y en mi mente comparto las aspiraciones de mis coetáneos cubanos que quieren poder mirar al futuro con optimismo, soñando con un país por fin más abierto, más moderno y más justo. 
– Señor Presidente, Señorías, me he dirigido a esta Cámara en diversas ocasiones para recordar el sufrimiento en Cuba sobre todo de las personas que siguen luchando pacíficamente por la democracia y los derechos humanos. 
Lamentablemente, la triste realidad exige nuevas denuncias y nuevas protestas. 
En la última sesión plenaria del año pasado pudimos constatar los niveles de intolerancia que ha alcanzado el régimen de Fidel Castro. 
Un grupo de mujeres cuyo único crimen ha sido solicitar la libertad para sus maridos e hijos, presos políticos injustamente detenidos durante la represión de marzo de 2003, no recibió autorización para viajar al Parlamento Europeo a recibir el Premio Sájarov y con él nuestro justo homenaje y los mensajes de respeto de los pueblos de Europa. 
Lamentablemente, esa decisión y esa actitud no sorprenden. 
Owaldo Payá, ganador del Premio Sájarov en 2002, se ha visto también repetidamente imposibilitado de viajar a Europa para relatar de viva voz lo que acontece realmente en Cuba y para debatir con nosotros la situación. 
El Parlamento ha mantenido, por eso, una invitación abierta para que pueda venir aquí en cuanto le concedan la autorización necesaria. 
Ahora debemos extender esa invitación a las Damas de Blanco e insistir en que también ellas puedan venir y recibir en persona la expresión de nuestro cálido homenaje y nuestra solidaridad. 
Sería posible efectuar la entrega del premio en La Habana, pero no deberíamos contentarnos con eso. 
Sería nuestra exigencia mínima, pero siempre debemos aspirar a más. No podemos aceptar los gestos fugaces y bajo cuerda, ni transigir con los caprichos de la dictadura. 
Hay que dar a Oswaldo Payá y a las Damas de Blanco un foro público para que puedan difundir el mensaje de su campaña pacífica a favor de la libertad y la justicia. Los ciudadanos de Europa, sobre todo los jóvenes, tienen que conocer su historia y su lucha ejemplar en defensa de los derechos humanos. 
Espero que a resultas de este debate nadie pueda decir que dudamos en condenar una dictadura brutal. 
Espero que el Consejo reconozca finalmente el error cometido y deje de engañarse, porque, como se ha visto, eso solo redunda en más represión y más injusticia. 
Seguiremos exigiendo a Europa más firmeza. 
Que nadie diga que el Parlamento Europeo duda en condenar inequívocamente a un régimen dictatorial. 
Ese es mi llamamiento, de demócratas a demócratas. 
Yo doy las gracias a mi Grupo, que me da tiempo de palabra sabiendo que no coincido con su postura. 
En efecto, yo no votaré la resolución, que me parece desequilibrada, inútil y perjudicial para la imagen de la Unión Europea ante el mundo en desarrollo. 
Veinte parlamentarios en la sala demuestran, por otra parte, la prioridad que para los colegas tiene este debate. 
La propuesta socialista me parecía más correcta, pero luego se han perdido consideraciones fundamentales como el bloqueo de los Estados Unidos y Guantánamo, la violación más escandalosa de derechos humanos que se da en la isla. 
El desequilibrio es mayor al no reconocerse las realizaciones de Cuba y, en particular, el esfuerzo que viene realizando en la cooperación con países del Caribe, de América Latina, de África y aun de Asia. 
La semana pasada, hablando de discapacidad y desarrollo, subrayábamos cómo en el 2005 se había operado de forma gratuita en Cuba a 208.000 ciegos de esos países. 
Eso aquí no parece tener importancia, pero la tiene, y mucha, entre las gentes que han recuperado la vista y entre sus pueblos. 
El que haya más de 20.000 médicos cubanos y casi tantos docentes e instructores deportivos actuando en el mismo campo de la solidaridad Sur deja en evidencia lo que aquí muchos niegan o callan, pero su postura sectaria, que se traduce por resoluciones como esta, daña la imagen de la Unión Europea ante los países y los pueblos del Sur que sienten por Cuba respeto y agradecimiento. 
Por último, con esta resolución no conseguiremos sino confirmar a las autoridades cubanas en su convencimiento de que la Unión Europea no es un interlocutor independiente, sino apenas una prolongación apendicular de los intereses y estrategias de la administración Bush, y no moverán ni un dedo en la dirección que muchos desearíamos ver avanzar las cosas en su país; es decir, que también en ese sentido esta resolución resulta fundamentalmente inútil salvo para aquellos que en la Cámara tienen por objetivo, sencillamente, mantener a Cuba en un estado de excepción, discriminatorio y distinto del que se da a otros países con regímenes parecidos. 
Lo más lamentable es que, con estos planteamientos, Europa es cada vez menos relevante en buena parte del escenario internacional. 
Por todo esto, repito que no votaré la resolución y espero de mis colegas, por lo menos, que atiendan a mis argumentos, sea cual sea su voto mañana; si es como el mío, mejor. 
– Señor Presidente, para algunas personas, también en Europa, Cuba es un paraíso, mientras que para otras es el infierno. 
Si se utiliza la actual vara de medir europea basada en una democracia pluralista y en los derechos humanos, ese país deja mucho que desear. 
El poder lleva casi medio siglo en manos del mismo movimiento y del mismo dirigente. 
Los cubanos no tienen libertad para viajar al extranjero, ni siquiera para recibir premios que se les haya concedido. 
La oposición tiene pocas oportunidades de organizarse y si, a pesar de todo, lo consigue, no se le da la posibilidad de comprobar el apoyo público de que goza en unas elecciones. 
Al igual que su gran vecino, los Estados Unidos, Cuba sigue aplicando la pena de muerte y eso podemos y debemos condenarlo. 
Pero aunque Cuba se merezca todas estas críticas, no creo que estemos tratando con una dictadura normal. 
El país ha conseguido grandes logros y, durante años, ha servido de ejemplo al resto de Latinoamérica en materia de educación, asistencia sanitaria y otros servicios públicos, así como en la protección de los sectores más vulnerables de la población. 
En términos de democracia y derechos humanos, no ha sido desde luego peor que el resto de Latinoamérica. 
Sigue siendo fuente de inspiración para aquellos electores –la mayoría– que están a favor de la modernización en Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. 
Europa no ha seguido nunca la táctica de Norteamérica de aislar a Cuba y ha hecho bien, porque gran parte de las lacras de Cuba se ven favorecidas por esa misma táctica. 
Si queremos que la situación en Cuba mejore, debemos tratar de establecer una relación abierta. 
– Señor Presidente, el hecho de que la situación de los derechos humanos en ese museo del estalinismo que es la dictadura comunista de Cuba se siga deteriorando, es por supuesto una desgracia, pero quiero llamar la atención del Parlamento sobre nuestro propio Comisario europeo, el belga Louis Michel, a quien hay que culpar al menos en parte por esto. 
Fue Louis Michel quien, no hace tanto tiempo y después de una agradable visita de cuatro días a La Habana, recomendó al Consejo Europeo, en términos categóricos, que no se planteara imponer sanciones diplomáticas. 
Fue también Louis Michel quien replicó a las organizaciones de derechos humanos que no debían provocar al régimen de Fidel Castro. 
Mientras, por ejemplo, Human Rights Watch pidió a la Unión Europea que no normalizara sus relaciones económicas con Cuba hasta que los presos políticos fueran liberados y se emprendieran reformas democráticas, el señor Michel se declaró partidario de una ampliación incondicional del Acuerdo de Cotonú para incluir a Cuba. 
La realidad es que, por supuesto, Louis Michel mantiene relaciones amistosas con los Adolf Hitler, los Stalin y los Mao de nuestro tiempo, porque eso es lo que es Fidel Castro. 
La situación en Cuba es muy grave. 
Los cubanos se ven cada vez más privados de los derechos humanos fundamentales y el número de presos políticos está aumentando. 
Europa podría ser un buen ejemplo. 
Como diputado al Parlamento Europeo, que junto con mis colegas, la señora Pleštinská y el señor Gaľa, hemos adoptado a un preso político cubano, estoy deseando que la opinión pública internacional ejerza una mayor presión sobre Fidel Castro. 
Quiero creer que una de las primeras decisiones tomadas bajo la presión de la opinión pública sería la liberación de los presos políticos que son maltratados y malviven en condiciones inhumanas en las cárceles. 
Ese es uno de los motivos por los que apoyo la propuesta de resolución relativa a la posición de la Unión Europea con respecto al Gobierno cubano, en cuyo apartado 9 hace referencia a la reimposición de sanciones a Cuba por el Consejo de la Unión Europea. 
No entiendo por qué se suspendieron temporalmente las sanciones el 31 de enero de 2005, puesto que en el apartado 1 de la propuesta de resolución se dice claramente que Cuba no ha realizado ninguna mejora significativa en materia de derechos humanos desde 2003. 
¿Fue una recompensa por ignorancia o había en juego otros intereses? 
Quiero creer que esta vez el Consejo reimpondrá las sanciones de una manera más eficaz. 
Para asegurarlo se precisa cooperación. 
Lo ideal sería que hubiera una cooperación principalmente con las Naciones Unidas y el Gobierno de los Estados Unidos. 
Entiendo que llegar a un consenso en el seno de las Naciones Unidas es casi imposible, pero si las sanciones pudieran coordinarse con los Estados Unidos y posiblemente Canadá, podría conseguirse el resultado necesario. 
Señor Presidente, la Unión Europea y sus instituciones no pueden ser ni serán nunca indiferentes al destino de millones de personas que viven en condiciones de represión y al de muchas personas que sufren terribles condiciones en las cárceles. 
– Señor Presidente, fue en 2005 cuando el propio Castro y el señor Roque plantearon por primera vez el tema de la Cuba poscastrista. 
Mientras tanto, los cubanos están cansados de luchar por mantenerse a flote y la vida de los pequeños grupos de cubanos que tienen el valor de actuar política o socialmente se convierte en un infierno. 
Europa tiene que hablar con una sola voz en La Habana en contra de las graves violaciones de los derechos humanos y a favor del diálogo con las autoridades sobre reformas políticas y económicas para impedir que los logros conseguidos en materia de asistencia sanitaria y educación en los primeros años de la revolución se vayan al traste. 
Pero ese diálogo tiene también que poner fin al régimen totalitario y al bloqueo de las reformas económicas. 
Solo así podrán los cubanos, a través de sus propias iniciativas, su agricultura y sus pequeños mercados, recuperar la perspectiva de un futuro mejor y libre de violencia que no les llegará de Miami. 
Europa tiene ahora que reflexionar sobre la necesidad de ofrecer a la Cuba poscastrista una perspectiva social, económica y democrática. 
El señor Solana, la Comisión y el Consejo tienen que entablar un diálogo con ella. 
Tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos y centrarnos en los derechos humanos y en un diálogo que ofrezca muchas y nuevas perspectivas. 
Corresponde a Castro y Roque demostrar de qué madera están hechos y subirse al carro. 
Estuve en Cuba en enero y desde allí las Damas de Blanco les envían su más cordial saludo y se sienten muy complacidas por el premio que se les ha otorgado. 
– «A quien más teme la tiranía es a los que ejercen la libertad» : las palabras de José Martí, un héroe del siglo XIX que luchó por la independencia cubana, siguen siendo tan relevantes hoy como cuando las pronunció. 
Podríamos añadir que aparte de su propia oposición, una dictadura también teme a quienes ejercen la libertad en otros países.