Sin embargo, como europeos, debemos tener las ideas claras. 
El socio al que aludo saldrá del bache y renovará su atención hacia América Latina. 
Está en su derecho, pero Europa tiene valores e intereses que no siempre coinciden con los norteamericanos. 
Valga mencionar la mera existencia de Mercosur o de Alca o, simplemente, las diferentes posiciones que mantenemos respecto a temas como la pena de muerte o el tribunal permanente de justicia internacional. 
En cuanto a los objetivos de la estrategia común que se mencionan, es loable ambicionar- cómo no- el establecimiento de una zona euro-latinoamericana de paz y estabilidad, así como la firma de una carta para la paz, tarea en mi opinión difícil de lograr, pero no tanto como alcanzar objetivos equivalentes, ambicionados por el proceso mediterráneo de Barcelona, y cuya realización no ha hecho posible hasta ahora solucionar el conflicto de Oriente Medio. 
Por otro lado, aplaudo el propósito de compartir la prosperidad mediante la creación de una zona de libre comercio hacia el año 2010. 
Sin embargo, quisiera aludir nuevamente al proceso de Barcelona para advertir que el proceso que ambicionamos para América Latina debe tener en cuenta la desigualdad, esto es, el distinto peso económico de los socios, porque ello puede llevar a que, en teoría, el comercio sea libre para todos pero, en la práctica, se encuentre sometido a la más onerosa de las cargas, es decir, la desigualdad real que, como sabemos todos, a veces es imponente en el continente al que nos referimos. 
Esto puede llegar a convertir el supuesto libre comercio en un simple eslogan. 
De ahí que cuando, pretendiendo crear una asociación entre miembros supuestamente iguales, se evidencia que éstos no lo son, sea importante recurrir a un instrumento fundamental. 
Me refiero a una genuina política de cooperación al desarrollo, que es la única que puede atenuar- aunque me temo que no antes de 2010- los enormes desniveles socioeconómicos existentes hoy día entre la Unión y América Latina y entre los propios socios latinoamericanos entre sí. 
Por último, quiero recordar a los ultraliberales que no sólo la ayuda al desarrollo no es incompatible con el libre comercio, sino que éste- salvo que por tal se entienda meramente el ejercicio libre, pero cínico y hasta cruel, de la desigualdad- necesita de aquélla. 
En ocasiones, no es posible un comercio digno sin que una cooperación al desarrollo eficiente y transparente siente las bases previas en que ha de tener lugar el juego libre, pero limpio. 
Señor Presidente, Señorías, no puedo dejar de felicitar muy sinceramente al Sr. Salafranca por el exhaustivo trabajo realizado. 
No cabe duda de que, para dar un verdadero espesor a lo que se decidió en Río de Janeiro, en la primera Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, de América Latina y el Caribe, es necesario que las declaraciones solemnes se materialicen en hechos, estrategias y oportunidades que reaviven el diálogo entre la Unión Europea y América Latina. 
Por lo tanto, no nos debe sorprender que en el informe Salafranca se afirme con decisión que, para alcanzar una verdadera asociación estratégica birregional, la Unión Europea no dispone de más instrumentos que el de relanzar con fuerza y determinación una nueva estrategia común y que la mejor ocasión para hacerlo podría ser la Cumbre de Madrid de mayo de 2002. 
Por lo tanto, es justo sentar ya desde ahora las bases y encontrar los instrumentos más simples y más inmediatamente comprensibles tanto para los ciudadanos de la Unión como para los de América Latina. 
En consecuencia, bienvenida sea la constitución de una asamblea única transatlántica eurolatinoamericana con ámbitos de acción muy amplios, entre los cuales ante todo está la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la lucha contra la droga y la delincuencia organizada privilegiando atentamente el sector de la educación, de la cultura y del libre comercio que, como decía el orador que me ha precedido, debe llevarse a cabo siempre y en todo caso sin producir desigualdades. 
La estrategia, como sugería el ponente, podría ser precisamente la de un fondo único de solidaridad birregional, bien definida y, por consiguiente, más controlable. 
Sin embargo, más allá de los instrumentos técnico financieros, es fundamental que exista una clara voluntad política, que asumamos un mayor compromiso que la Unión puede y debe contraer para relanzar una fuerte política de cooperación al desarrollo. 
Los vínculos históricos, culturales y de sangre que unen a muchos europeos con el continente latinoamericano hacen que cada vez que uno de nosotros viaja a América Latina, se sienta como en su casa, señor Presidente. 
Estos vínculos non imponen un deber moral, además de político, de continuar defendiendo con renovado esfuerzo la especificidad del papel europeo basado en la fuerza de esos valores que fueron el origen de nuestro proyecto de integración. 
Es también por estas razones que, en nombre del Grupo de los Liberales Europeos, reitero nuestro pleno apoyo a este informe. 
Señor Presidente, la estrategia común para América Latina es una estrategia que plantea para Europa elementos muy novedosos en este mundo cada vez más complicado. 
Y esta novedad se plasmará en la manera en que las relaciones entre Europa y América Latina se organizarán en torno a tres temas: el primero es el enfrentamiento respecto a las reglas del juego en el proceso de globalización y, en particular, la cuestión de la democracia y de la reducción de la pobreza; el segundo es la cuestión de la integración política regional; el tercero es la gestión común de las grandes emergencias medioambientales. 
En este sentido, el informe del Sr. Salafranca, aunque nuestro Grupo apoya su planteamiento general, contiene algunos elementos que creemos que siguen siendo el reflejo de una visión no lo suficientemente atenta a la novedad de las cuestiones a las que debemos saber responder. 
En particular, mi Grupo pone seriamente en duda el acento puesto en la dimensión comercial de las relaciones entre Europa y América Latina, en particular la necesidad de someterlas a la lógica de las normas actuales de la Organización Mundial de Comercio, unas normas que son contestadas ampliamente no solo en América Latina, sino también en Europa. 
En segundo lugar, no estamos de acuerdo con la evaluación a priori positiva del plan "Puebla-Panamá" que es un plan de grandes infraestructuras que tendrán un considerable impacto desde el punto de vista social y medioambiental. 
Antes de que la Unión Europea pueda unirse, como se pide en el informe, a la comunidad financiera para contribuir al éxito del plan, creo que deberíamos evaluar atentamente este impacto. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar y expresar mi agradecimiento al Sr. Salafranca, por su informe, muy completo, muy bueno y muy oportuno, porque precisamente una vez que se ha completado sobre el papel el proceso de ampliación, quedan dos cosas pendientes: la estrategia euromediterránea y ésta sobre América Latina. 
Y justamente América Latina, con su proceso de organización creciente, ofrece más posibilidades y a la vez tiene repercusiones internacionales que debemos contemplar de forma positiva. 
Creo que es una esperanza para nosotros la influencia de la Unión Europea con América Latina en la ONU para poder tener una dirección de solución pacífica de los conflictos, frente a la militarización y el uso agresivo de la fuerza que en este momento practica Estados Unidos. 
Por ello, pienso que es importante y oportuno, y el Parlamento demuestra aquí que estamos trabajando en tiempo real. 
Por ello, sin duda, nuestro Grupo apoyará sin reservas el proyecto del Sr. Salafranca. 
No estamos de acuerdo en algunas cuestiones, muy concretas, pero las veremos en su momento. 
Pensamos en la inclusión de Cuba, que para nosotros es imprescindible, y también en la apuesta que se hace por la solución pacífica del conflicto de Colombia, como apuesta de la Unión Europea en esa dirección. 
Señor Presidente, los países de América Latina y de la Unión Europea disponen de un terreno cultural común que facilita mucho la relación mutua entre nuestros pueblos. 
Con todo, pese a algunas perspectivas prometedoras brindadas por la primera cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, celebrada en 1999 en Río de Janeiro, y que iba encaminada a una cooperación estratégica con incidencia en los planos económico, social y ecológico, los resultados hasta hoy distan de ser satisfactorios. 
Las razones de ese déficit son de diversos orígenes y remiten a diferentes responsabilidades. 
Por la parte que nos corresponde, parece existir a veces como una autoinhibición europea, tal vez a causa incluso de la primacía geoestratégica- y no sólo de ella- de los Estados Unidos en todo el subcontinente americano. 
Como es sabido, los países de América Latina afrontan la adhesión a la zona de libre comercio americana y que podría producirse a partir de 2005 (por tanto, ¡falta poco! ). 
En el momento en que más que nunca desde el fin de la guerra fría resulta patente la necesidad de establecer fuertes cooperaciones en la escena internacional, la Unión Europea no debe desentenderse de ninguna de sus obligaciones ni de los imperativos que se le plantean. 
Y uno de los más importantes es precisamente el de ser capaz de formular estrategias comunes y coherentes y darles contenido político efectivo. 
Así, las propuestas presentadas por nuestro colega el Sr. Salafranca en este informe de iniciativa parlamentaria, a quien agradecemos su excelente trabajo, merecen todo nuestro apoyo. 
Y no sólo porque fundamenta y enumera prácticamente todos los aspectos que debe comprender una estrategia común para el aumento de las relaciones euroamericanas, sino también porque llegan en el momento oportuno, es decir, el que precede a la preparación de la segunda Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno, que se celebrará el próximo mes de mayo. 
Señor Presidente, me parece que hay un gran ausente en el informe que se nos presenta. 
Ese gran ausente es el indio. 
El indio, es decir, los pueblos autóctonos de este subcontinente. 
El indio, que evidentemente olvidamos demasiado a menudo, porque el indio es un poco nuestra mala conciencia. 
¿Cómo podemos abordar las relaciones con la denominada América Latina y olvidar a estos pueblos? 
En su mayoría han sido reducidos a la miseria, cuando no exterminados, por nuestra supuesta civilización. 
Este olvido ha sido justamente destacado por la Comisión de Desarrollo en su opinión. 
Por ejemplo, en la letra g del artículo 50 del informe se prevé la participación financiera de la Unión en la propuesta Puebla-Panamá. 
¿Cómo contemplar esa ayuda cuando dicha propuesta afecta a zonas en las que los indios son mayoritarios, en Chiapas, en Guatemala, es que no se ha consultado a los indios? 
Me costaría votar favorablemente este informe. 
Señor Presidente, el establecimiento de una estrategia común entre la Unión Europea y América Latina, tal como se decidió en Río de Janeiro en 1999, es una cuestión de justicia que por fin sitúa en sus dimensiones adecuadas unas relaciones interregionales históricamente infravaloradas. 
El Grupo Socialista en la Comisión de Desarrollo y Cooperación suscribe los objetivos previstos en la resolución que propone la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, por la que quiero felicitar al Sr. Salafranca. 
Consideramos que es necesario ampliar el contenido de la agenda política y profundizar en el diálogo en todos los niveles políticos e institucionales, en el marco de una asociación real. 
Creemos que es necesaria la conclusión de acuerdos de asociación con la comunidad andina y América Central, con vistas a la creación de una zona euro-latinoamericana de libre cambio. 
También consideramos, sin embargo, que hay que atender de manera prioritaria a los problemas de desarrollo que subsisten en muchos países de América Latina, donde hay doscientos millones de personas pobres. 
Nos preocupan particularmente la zona andina, Centroamérica y el Caribe. 
En la zona andina, la inestabilidad, la violencia institucional, los problemas de narcotráfico y la gestión de los flujos migratorios tienen que tratarse desde una perspectiva global, que integre la cooperación para el desarrollo, la liberalización comercial, la transformación institucional, los derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas. 
La creación de una zona euro-latinoamericana de paz y estabilidad tiene que concretarse en torno a los derechos humanos, la democracia y la lucha contra el narcotráfico. 
En Centroamérica, la ayuda al desarrollo social y la lucha contra la pobreza tienen que ponerse por delante de cualquier otra iniciativa, como la de la sociedad de la información. 
Lo contrario sería empezar la casa por el tejado. 
Quiero hacer también una referencia especial al Caribe y, en concreto, a Cuba, como ya se ha hecho en la mañana de hoy. 
Cuba no forma parte del Acuerdo de Cotonou ni cuenta con una relación institucionalizada con la Unión Europea. 
Creemos que las perspectivas de desarrollo de Cuba- donde, desde hace tiempo, invierten empresas europeas- y la situación de su población merecen un tratamiento por parte de la Unión Europea que vaya mucho más allá de la indiferencia que, hasta ahora, hemos demostrado hacia Cuba. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Salafranca por su magnífico informe y también al Sr. Kreissl-Dörfler por su opinión, en nombre de la Comisión de Industria, sobre este tema. 
El informe Salafranca es un informe muy comprensivo en general y bastante ambicioso. 
Solamente voy a referirme a un tema: al del apartado 60 del informe, relativo a la necesidad de una dotación financiera adecuada; y querría ponerlo en relación con el informe que nos presentó ayer el Presidente del Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica durante el año 2000. 
En ese informe, en el apartado 5.5.8, se señala una cosa muy grave: que más del 25% de los créditos de compromiso asignados para América Latina en el año 2000 no pudieron ser utilizados. 
Y no pudieron ser utilizados por deficiencias administrativas. 
No resulta muy claro en el informe del Tribunal de Cuentas si las deficiencias administrativas son estrictamente de los países beneficiarios de la ayuda comunitaria o de la propia administración comunitaria. 
En la respuesta de la Comisión, se hace alusión a una serie de medidas que evitarían que eso se produjera en este año y en el año próximo, y el propio Sr. Salafranca hace referencia a otro tema que es la necesidad de dotación de personal en la Dirección general para América Latina. 
Hace algún tiempo el Director de dicha Dirección General me decía a mí- y estoy hablando de hace más de diez años- que en la Dirección no necesitaban más dinero, sino más personal. 
No sé si en este momento hemos resuelto ese problema de cuello de botella. 
Finalmente, una de las propuestas que hace la Comisión es la de reforzar las funciones de desconcentración de las delegaciones. 
Y quiero insistir también en algo en lo que ha insistido el Sr. Salafranca, y es que un país muy importante de América Latina, con el que mantenemos unas relaciones privilegiadas- se trata de Ecuador- todavía no cuenta con una delegación, a pesar de los acuerdos y compromisos anteriores por parte de este Parlamento y de la propia Comisión. 
Señor Presidente, en el tiempo que queda, como comprenderá el Sr. Salafranca, quisiera centrar mis observaciones en el párrafo 7 de la resolución sobre la necesidad urgente y suprema de prestar apoyo al proceso de paz en Colombia como aspecto prioritario de esa estrategia. 
En particular quisiera insistir en dos puntos. 
En primer lugar, la promesa hecha personalmente por el Presidente Pastrana ante este Parlamento acerca del desmantelamiento de grupos paramilitares no ha sido cumplida, ni se está cumpliendo. 
Así lo dicen el representante especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Comisión de Observadores de México y los relatos de 10 pescadores asesinados en Santa Martha, así como de las 18 personas a las que se les obligó a hundir la cara en el suelo y que a continuación fueron matadas a tiros por fuerzas paramilitares en Buga, y todo eso únicamente durante el mes pasado. 
La violación de derechos humanos es algo gravísimo y continuo y, como ha dicho mi propio embajador británico, en estos tiempos confusos las guerrillas y los paramilitares son terroristas, unas y otros, y deberíamos luchar contra ellas por todos los medios como parte del actual programa de lucha contra el terrorismo. 
Así lo pensamos nosotros, particularmente después del asesinato del mochilero británico Jeremy Parks, el 28 de octubre. 
La Presidencia belga incluyó acertadamente la acción contra los paramilitares como una de nuestras cuatro prioridades en Colombia. 
En agosto del presente año. Quizá pueda decirnos el Comisario en su respuesta qué progresos se han conseguido como resultado de la presión que se está ejerciendo. 
En segundo lugar, apoyamos la propuesta del Comisario Patten en favor de un laboratorio de paz en el Magdalena Medio. 
Es una importante contribución al proceso de paz, en contraste con la ayuda militar americana del Plan Colombia, que hemos condenado sin ambages. 
Ahora bien, esa región del Magdalena Medio ha sufrido una incursión de guerrilleros. 
Ahí están, amenazando a los campesinos para que planten coca porque, si no, perecerán. 
Ahí están, explotando su propia empresa, teniendo incluso sus propios impuestos, y ahora quieren cooptar a organizaciones no gubernamentales para lograr que el dinero de la Unión Europea vaya a sus bolsillos y así puedan socavar el proceso de paz en vez de promoverlo. 
Quisiera que el Comisario nos dijera ahora qué mecanismos de control y de verificación va a introducir para que el dinero de la Unión Europea se utilice para fomentar el proceso de paz y no para que lo malgasten fuerzas paramilitares en contra de nuestros objetivos más sinceros. 
Bienvenida 
Relaciones UE/América Latina (continuación) 
. Señor Presidente, como nobleza obliga, creo que debo corresponder a la intervención positiva y constructiva del Sr. Bolkestein. 
Como ponente, le diría que casi no he echado de menos la presencia del Sr. Patten. 
También expreso mi agradecimiento al conjunto de los colegas. 
A guisa de precisión, diré que se ha mencionado en este debate que el gran olvido de este informe era no haber mencionado a los pueblos indígenas. 
Voy a leer el apartado 27, en el que se "pide que la nueva Estrategia Común dé prioridad a la educación, la sanidad y la cultura, y prevea acciones concretas en apoyo de los países latinoamericanos que lo precisen, incluidas muy especialmente las minorías étnicas y los grupos indígenas". 
Por tanto, decir que ha habido un olvido, cuando estamos pidiendo que se dé la máxima prioridad dentro de la nueva Estrategia Común a las minorías indígenas, me parece una clara contradicción, aunque, naturalmente, respeto la opinión de todos los colegas. 
Muchas gracias, señor Salafranca. 
Lamento que el colega que ha hecho esta observación no esté presente y que, en consecuencia, no haya podido escuchar sus palabras; pero, de cualquier modo, se le informará de su puntualización. 
Construcción naval 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval es particularmente importante, dado que la construcción naval es un sector de importancia estratégica para la Unión Europea. 
Permítanme que a continuación exponga la posición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que lamentablemente no coincide con la de la ponente. 
Yo quiero agradecer a la ponente, Sra. Riis-Jørgensen, el excelente trabajo que ha realizado en un plazo muy escaso de tiempo. 
Por lo tanto, yo le expreso mi agradecimiento a pesar de sus dificultades para reconocer la legalidad de la propuesta. 
Nuestra comisión, evidentemente, ha verificado este aspecto y hemos llegado a la conclusión de que el fundamento jurídico elegido es el adecuado y las dudas que se han expresado con respecto a su legalidad son infundadas. 
Por lo tanto, yo quisiera hacer unas breves consideraciones sobre el contenido de la propuesta y del informe. 
En este contexto, no quiero dejar de recordar, no obstante, la buena colaboración que hemos mantenido con la Comisión de Industria, Comercia Exterior, Investigación y Energía. 
Yo creo que presentamos una buena propuesta y espero que la Comisión también haga suyas las enmiendas del Parlamento. 
El Consejo de Industria y Energía confirmó en sus conclusiones del 5 de diciembre de 2000 la interrupción de las ayudas de funcionamiento a la construcción naval a partir del 1 de enero de 2001, de conformidad con la Decisión del Consejo de 1998. 
Ya entonces se indicó, no obstante, la posibilidad de que la Comisión adoptase otra posición, una vez examinada la situación, en el caso de un fracaso de las negociaciones con Corea. 
Es preciso constatar que Corea no ha cumplido lo convenido en 2000 en lo que respecta a la disciplina en materia de precios y subvenciones. 
La Comisión tuvo que considerar, por lo tanto, la posibilidad de proponer un mecanismo de ayuda temporal a la construcción naval europea en el caso de que fracasasen las negociaciones con Corea, que sigue infringiendo los acuerdos comerciales vigentes con la concesión de ayudas estatales. 
Ahora se presenta esta propuesta, dado que las negociaciones han fracasado, y debemos evaluar las medidas de protección que se proponen. 
En opinión de nuestra comisión, la propuesta es insuficiente, puesto que su ámbito de aplicación está limitado a los buques contenedores y buques cisterna para el transporte de productos petrolíferos y de productos químicos, excluidos los de acero inoxidable. 
La propuesta autoriza unas ayudas de funcionamiento del 6% y, en casos extraordinarios, hasta del 14%. También prevé el inicio de un procedimiento de solución de diferencias ante la OMC. 
Las ayudas sólo se mantendrán hasta la conclusión de dicho procedimiento y, en todo caso, como máximo hasta el 31 de diciembre de 2002. 
A nuestro parecer, el Parlamento Europeo debería mantenerse firme en su posición a favor del inicio de un procedimiento de solución de diferencias. 
Es necesario mejorar, no obstante, la propuesta relativa a las medidas de ayuda temporales presentada, toda vez que los tres segmentos del mercado que abarca su campo de aplicación representan tan sólo el 20% de la construcción naval europea. 
La competencia desleal de Corea afecta, en cambio, prácticamente a todos los segmentos del mercado de la Unión Europea.. 
Sobre todo es necesario que se incluyan las categorías de buques que serán objeto de la queja ante la OMC. 
Sólo así transmitiremos un mensaje claro y convincente a Corea. 
En este sentido, yo creo, señor Comisario, que es de fundamental importancia que usted haga suyas las enmiendas 2, 3, 4, 5 y 6. 
También nos parece insuficiente el período de vigencia. Por consiguiente, proponemos que las medidas protectoras se mantengan al menos durante el periodo de vigencia del actual Reglamento 1540/98 sobre las ayudas a la construcción naval, que concluye el 31 de diciembre de 2003 o, en caso necesario, hasta que finalice el procedimiento ante la OMC. 
Desde el Parlamento Europeo, desde la Unión Europea, no podemos permitir que unas prácticas comerciales desleales perjudiquen a la economía europea y pongan en peligro puestos de trabajo, o de lo contrario éstas se extenderán también a otros sectores, con repercusiones negativas para el crecimiento y empleo. 
Al mismo tiempo también debemos establecer, no obstante, una cuidadosa distinción entre las medidas protectoras justificadas y la protección de determinados sectores que contraviene los principios del mercado, mediante la concesión de ayudas estatales que impiden una leal competencia. 
Yo creo que la propuesta de la comisión competente responde a estas aspiraciones y les pido que voten afirmativamente el informe, y también ruego a la Comisión que indique su voluntad de hacer suyas las enmiendas. 
Señor Presidente, yo voy a intervenir en representación del ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y colega, Sr. Valdivielso de Cué, no porque él se oponga al informe, sino porque no ha podido estar presente. 
Las propuestas que ha expuesto la Sra. Randzio-Plath obtuvieron el respaldo de una gran mayoría en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía: 39 votos a favor y 9 en contra. 
El objetivo es emitir una señal contra la política de dumping de Corea del Sur, que en la última década ha llevado al borde de la ruina a la construcción naval europea, al mantener las ayudas y un trato privilegiado a empresas en situación de quiebra. 
Durante más de un año hemos desarrollado una política encaminada a alcanzar un acuerdo con Corea del Sur. 
El 5 de junio de 2000 se adoptó un protocolo en ese sentido. Corea del Sur no lo ha cumplido. 
En diciembre de 2000 decidimos presentar una queja ante la OMC. 
Corea del Sur no reaccionó. 
Por esto, en el mes de julio la Comisión decidió, justificadamente, que hasta finales de 2002 las autoridades nacionales podrán conceder ayudas temporales a la construcción naval, que no se pagarán con fondos europeos, por un montante de hasta un 14% para un determinado número de buques. 
Este es el quid de la cuestión. 
Exactamente igual que ha propuesto la Sra. Randzio-Plath, también nosotros queremos que el campo de aplicación se amplíe a los transbordadores para el transporte de trenes, personas y vehículos de transporte de mercancías, así como a los buques cisterna para el transporte de gas natural y gas de refinería, y que el período de vigencia se prolongue hasta 2003, o sea, durante un plazo de dos años. 
Pedimos a los colegas que apoyen el informe y voten en contra de la enmienda del Grupo liberal que propone el rechazo del proyecto de informe en su totalidad. 
Corea del Sur tiene la palabra. 
Ninguno de nosotros desea mantener las subvenciones de manera permanente. Pero esta es la única posibilidad a nuestro alcance para ejercer una presión a favor de la industria de construcción naval europea en este contexto. 
Al haber llegado el momento del turno de votaciones, se interrumpe el debate en este punto. Se reanudará por la tarde alrededor de las 16.45 horas, tras el debate sobre la situación internacional en el que participará la Comisión. 
Se procede al turno de votaciones. 
Votaciones 
El próximo punto del orden del día son las votaciones. 
Procedimiento sin debate: 
Recomendación para la segunda lectura en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las leyes de los Estados miembros sobre las medidas que han de adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor (11253/1/2001- C5-0474/2001- 2000/0211 (COD) ). 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0364/2001) de Erik Meijer, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la intervención de los Estados miembros en materia de requisitos y adjudicación de contratos de servicio público en el transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable (COM (2000) 7- C5-0326/2000- 2000/0212 (COD)) 
Señor Presidente, quisiera presentar una enmienda oral de la enmienda 75. 
Después de la votación sobre la enmienda 130: El Presidente. 
Lo siento, señor Fatuzzo, pero eso significa que la enmienda 75 decae. 
Señor Presidente, no hay que decir "lo siento" porque lo que yo quería figura en la enmienda: se refiere a los jubilados. 
(Risas y aplausos) 
Nos gusta agradar a los presentes. 
Antes de la votación sobre la propuesta de resolución legislativa: 
Señor Presidente, quisiera pedirle que aplazara la votación sobre la resolución legislativa debido a la comunicación de ayer de la Comisaria de Palacio, según la cual parece no querer aceptar lo que el Parlamento acaba de decidir por una gran mayoría. 
Creo que debe existir un plazo para que consultemos más detalladamente con la Sra. de Palacio sobre este procedimiento, porque, en caso contrario, si bien es cierto que dentro de unos meses presentará la propuesta para adoptar un reglamento, el contenido será distinto del aceptado ahora por el Parlamento. 
De ahí que le proponga que aplacemos esta votación sobre la resolución legislativa. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, mi bando ha perdido una votación decisiva, pero el proceso debe continuar. 
Ahora tenemos que procurar que el Consejo adopte una posición. 
Si interrumpimos el proceso y aplazamos la votación, el Consejo podrá seguir refugiándose en la inacción. 
Por esto, yo propongo que desestimemos la enmienda del ponente y procedamos a la votación final, a fin de situar el balón en el campo del Consejo. 
En todo caso, aún nos queda la segunda lectura y el procedimiento de conciliación. 
Aplazar ahora la votación no nos servirá de nada.. 
Queremos avanzar en relación con este tema y por esto yo les pido que rechacen la enmienda del Sr. Meijer. 
Señor Presidente, quiero preguntar al Grupo Liberal, después de que hemos aceptado las enmiendas 48 y 49, si no debe decaer automáticamente la enmienda 47. 
Esta es mi pregunta, dado que hemos acordado que la Comisión debe formular propuestas en este sentido. Por ello debe decaer entonces la enmienda 47. 
Me parece que es una equivocación pero si el Grupo liberal quiere apoyarme, puede estar seguro de que aceptaré su apoyo con gran placer. 
(Risas y aplausos) 
Mr. 
President, not always! 
Señor Presidente, lamentablemente, el ponente tiene razón. 
Pensé que mi enmienda era mucho mejor, pero bueno, la suya ha sido adoptada antes, así que creo que no tiene sentido votar la mía. 
Sin embargo, señalo que la Comisión ha dicho que no es correcta la del ponente y la mía, sí. 
La enmienda 47 decae. 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Informe (A5-0359/2001) de Luis Berenguer Fúster, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mediación en los seguros (COM (2000) 511- C5-0484/2000- 2000/0213 (COD)) 
Señor Presidente, quisiera referirme a la lista de votación que ha recomendado el PPE-DE. 
En la enmienda 8 había un error como consecuencia de una equivocación en el proyecto original, que ahora ha quedado subsanada. 
Por lo tanto la enmienda 8 debe ser apoyada por el Grupo PPE-DE a título de recomendación. 
De forma análoga, las enmiendas 57, 13, 46 y 47 llevan un error en la traducción al inglés que destruye su sentido. 
La palabra inglesa "by" debe ser reemplazada por la palabra "to" en el párrafo c) pertinente. 
El ponente, Sr. Berenguer Fúster, apoya mis dos propuestas. 
Velaremos por que las versiones traducidas se corrijan y se correspondan entre sí. 
. Señor Presidente, en la enmienda 55, más que de hacer una enmienda oral, se trata de añadir un texto que ha debido olvidarse, ya que no aparece en la misma. 
Así pues, hay que añadir al final del texto de la enmienda 55 las siguientes palabras: "deberá dar el nombre de estas compañías aseguradoras". 
¿Hay alguna objeción acerca de esa enmienda oral? 
Señor Presidente, en mi opinión, la enmienda 60 no es incompatible con la 41 y puede ser votada como añadido. 
Me gustaría escuchar la opinión del grupo proponente. 
Señor Presidente, la modificación propuesta puede considerarse perfectamente como texto añadido, así que puede ser votada como tal. 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Colegas, ahora votaremos únicamente sobre los dos informes Caudron. 
Los demás temas se dejarán para la votación de mañana. 
Señor Presidente, nos encontramos en medio de nuestra hoja de voto. 
Simplemente, quisiera subrayar lo absurdo de estas sesiones sin el viernes, en las que no podemos atenernos a nuestro orden del día de forma satisfactoria. 
(Aplausos prolongados) 
Señor Presidente, a la vista del enorme paquete de votaciones pendientes, le ruego encarecidamente que comencemos con las votaciones a primera hora de la mañana, pues de otro modo no daremos abasto. 
Nos estamos ocupando de la cuestión y se informará a su debido tiempo a los diputados. 
Informe (A5-0376/2001) de Gérard Caudron, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Programa Marco Plurianual de la Comunidad Europea 2002-2006 de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (COM (2001) 94- C5-0087/2001- 2001/0053 (COD)) 
Señor Presidente, se ha anunciado que la enmienda 35 no se va a debatir porque no afecta a todas las versiones lingüísticas. 
Se trata de la utilización de un lenguaje no sexista en la totalidad de la propuesta, y por ello pido que se vele en cualquier caso por que en la totalidad del programa marco de investigación se emplee un lenguaje no sexista. 
Velaremos por que las expresiones que se utilicen no se circunscriban a hombres o a mujeres. 
Antes de la votación sobre las enmiendas 322 y 333: 
Lo siento: no puedo estar de acuerdo porque estamos votando sobre adiciones a textos. 
Señor Presidente, los principios que figuran en el informe Caudron, son exactamente los mismos que los que se recogen en las enmiendas de los Sres. Liese, Nisticò, Fiori y Trakatellis, excepto que en estas enmiendas se ha añadido una cosa, a saber, que también debemos tener en cuenta el Convenio de Naciones Unidas sobre la Infancia. 
Ése es el único punto que se ha añadido, y espero, por tanto, que nuestros colegas socialistas y también otros voten a favor de estas enmiendas. 
Muchas gracias por la aclaración. 
Señor Caudron, ¿está usted de acuerdo? 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. van Velzen. Está el pequeño añadido que acaba de indicarnos. 
Podemos, pues, votarlo, y yo voto a favor. 
Muchas gracias. 
Lo demás vendrá más adelante, cuando lleguemos a otras partes de las enmiendas 332 y 333. 
Por el momento lo que estamos sometiendo a votación es esa sección. 
Señor Presidente, me parece que el ponente quiere formular alguna observación. 
Señor Caudron, la Sra. McNally está adivinando lo que piensa usted. 
Sí, en efecto, quería hacer un comentario, pero cuando se está en segunda fila, se le ve a uno más fácilmente que cuando se está algo más lejos. 
Con respecto a las tres partes, la opinión del ponente es votar la primera, votar la segunda y, contrariamente a una nota que se ha enviado a la Presidencia, votar en contra de la tercera parte, aquella en la que se precisa, todo el mundo puede verlo, que los trabajos deben referirse a células madre de embriones o fetos procedentes de abortos naturales o interrupciones del embarazo practicadas para salvaguardar la salud de la madre. 
Se trata de una formulación de otra época. 
Sí, lo lamento, porque en este debate estamos repitiendo el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y me parece muy preocupante. 
Señor Caudron, me parece que está usted mezclando dos partes. 
Estamos votando en este momento sobre la parte 3, que son las células madre. 
Ha mencionado usted a este respecto la cuestión de los embriones. 
Ahora estamos votando únicamente sobre el aspecto relativo a las células madre de esta enmienda, que es la sección 3 de la enmienda. 
No, no me he equivocado, señor Presidente, es en el apartado 3, en la última parte del apartado 3. 
No se trata del apartado 4. 
Para que todo quede perfectamente claro, quisiera que me confirmaran si se trata de la parte de la frase que habla de la salud de la madre. 
Sí, es esa parte, señor Presidente, la que deseo que no se vote. 
Ahora ya lo veo con claridad. 
Antes de la votación sobre la enmienda 330 Turmes (Verts/ALE). 
Señor Presidente, esta enmienda trata de una evaluación tecnológica. 
En principio todos los grupos están de acuerdo pero nuestra enmienda peca por exceso de rigidez en lo que se refiere a las implicaciones financieras. 
Dice: "un mínimo del 3 por ciento". 
Por lo tanto propongo una enmienda oral que dirá: "Las actividades en todos los campos temáticos solo deberían fomentarse en caso de que un cierto porcentaje de cada proyecto se utilice para la evaluación de las repercusiones de las opciones tecnológicas". 
Eso está clarísimo. 
¿Hay alguna objeción a esa enmienda oral? 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
Enmienda 33 
Señor Presidente, tal vez, pueda invitar al ponente a plantear su enmienda oral por 335. 
Se acordó con el ponente que cambiaría la palabra "y" por "o". 
Es una enmienda oral mínima y sé que el ponente está de acuerdo en ello. 
¿Quiere usted decir "pez o animal", o se trata de "nuevas o mejoradas"? 
Señor Presidente, con mi reacción, ve hasta qué punto he trabajado poco en este informe. 
La propuesta de enmienda oral que hemos formulado se refiere a la segunda parte de la enmienda 335 "razas nuevas o mejoradas". En efecto, creo que es más lógico poner ahí "o" en vez de "y", porque realmente no se podría incluir la especie humana en la categoría de "razas nuevas y mejoradas". 
Muy bien, así que se trata de " nuevas o mejoradas. 
¿Hay alguna objeción a esa enmienda oral? 
Señor Presidente, con respecto a la enmienda 320, puedo aceptar lo que propone de añadir al tema de la calidad un punto de vista nutricional, pero no puedo aceptar las eliminaciones contenidas en esta enmienda. 
Si los que han presentado esta enmienda están de acuerdo, puedo aceptar la parte complementaria con relación al texto. 
¿Aceptan los Verdes la enmienda oral a título de adición? 
(El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea acepta la enmienda oral) 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Informe (A5-0355/2001) de Gérard Caudron, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa al Programa Marco plurianual de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) 2002-2006 para actividades de investigación y formación, destinado a facilitar la creación del Espacio Europeo de la Investigación (COM (2001) 94- C5-0171/2001- 2001/0054 (CNS) ). 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Con eso concluye la votación. 
Informe Meijer (A5-0364/2001) 
Señor Presidente, hemos aprobado el nuevo reglamento relativo a la intervención de los Estados miembros en la liberalización de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vías navegables, a fin de consolidarlo como un nuevo mercado único europeo. 
Y al respecto, nuestro Grupo parlamentario de los Verdes/Alianza Liberal Europea ha introducido varias enmiendas, orientadas a preservar los aspectos medioambientales y de sostenibilidad en el mercado del transporte, tales como la utilización racional de la energía y el cumplimiento de las normas sobre control de emisiones atmosféricas contaminadoras, gases de efecto invernadero, ruidos, etc., así como a dar prioridad a las alternativas de transporte que mejor contribuyan a la esperada reducción de las congestiones del tráfico. 
Hemos abogado por la defensa de la calidad del transporte, ya sea operado por empresas públicas como por empresas privadas, y hemos planteado que las condiciones sociales de salud y seguridad de los empleados de dichas empresas estén estrechamente vinculadas con la calidad del servicio que ofrecen. 
Pensamos que, igualmente, la liberalización no debe conducir a rebajar la consideración del transporte de viajeros como un instrumento social y de solidaridad con los estratos de la población más débiles, como son los escolares, aprendices, jubilados y personas con alguna discapacidad, todos los cuales deben continuar protegidos a través de limitaciones en las tarifas. 
Hablando de tarifas, éstas deben armonizarse para facilitar la integración y la interoperabilidad de los distintos modos de transporte y, en particular, el transfronterizo, donde también hay que acompasar horarios, redes de servicio, etc. 
El transporte debe ser ofertado y estar disponible en todas las regiones, por todo el territorio, y deberá garantizarse que también llegue a las zonas menos pobladas y menos favorecidas y a precios asequibles. 
Por último, lo que no es aceptable es que se liberalicen los transportes urbano, suburbano y regional y que se mantengan por parte de algunos gobiernos posturas cerradas a la liberalización del transporte de ámbito estatal, como por ejemplo los ferrocarriles de pasajeros. 
Aunque sea de forma controlada, el mercado debe estar abierto a la libre competencia en toda la Unión. 
Señor Presidente, en mi doble condición de diputado y de representante del Partido de los Pensionistas, quiero expresar mi satisfacción por la aceptación en este texto que regula los servicios públicos de transporte por ferrocarril, carretera y vía navegable en toda Europa, de la enmienda 130 presentada por los Verdes- a los que les agradezco que lo hayan hecho- y sometida a votación antes de la enmienda oral tendente, al igual que la enmienda de los Verdes, a ampliar la posibilidad de conceder también a los pensionistas la libre circulación en los transportes públicos. 
Por lo tanto, quiero dar las gracias a todos los diputados que han votado a favor, en particular a los diputados europeos de la Liga del Norte, Sres. Gobbo, Borghezio y Speroni- y ante todo a los diputados del Grupo de los Verdes que han presentado la enmienda sometida a votación, así como a todos aquellos, principalmente los Socialistas, que han votado favorablemente. 
. 
(FR) Esta propuesta de reglamento nos parece una auténtica amenaza que se cierne sobre el servicio público de los transportes urbanos de viajeros, porque suprime la libertad de gestión de las colectividades territoriales. 
El cuestionamiento de este principio esencial en numerosos Estados miembros, que puede llegar incluso hasta un reconocimiento constitucional, deja mal parada la libertad de elección, además de la libertad de organización de los servicios públicos locales, lo que afectará al propio servicio. 
Sin embargo, estamos de acuerdo con la exclusión de los servicios ferroviarios de larga distancia debido a los derechos exclusivos sin compensación de los que son objeto. 
Asimismo, aprobamos el conjunto de enmiendas encaminadas a garantizar el mantenimiento de las cláusulas sociales. 
En cambio, la inclusión del ferrocarril de corta distancia en el ámbito de aplicación de este reglamento nos parece inaceptable porque un recorte de las líneas pondría en peligro la seguridad y la coherencia de la gestión. 
El objetivo de nuestra propuesta es rechazar este texto, que no es ni aceptable ni deseable para la perennidad del servicio público local de transporte de viajeros. 
. 
(FR) Desde hace lustros, los gobiernos vienen cerrando en toda Europa los servicios de transportes ferroviarios para favorecer los intereses privados del transporte por automóvil en todas sus formas, causa de los trágicos accidentes en los túneles del Mont Blanc y del San Gotardo y del enorme coste humano y social de todos los accidentes más "ordinarios". 
Actualmente, las redes de carreteras están al borde de la asfixia y algunos capitales privados se vuelven hacia el ferrocarril para obtener allí nuevos beneficios, ayudados en este afán por las instancias europeas así como por los gobiernos nacionales. 
Ni los usuarios ni la población en general pueden esperar nada bueno de la privatización de los servicios públicos. 
Ni tampoco los trabajadores de este sector que denuncian y luchan contra la privatización y los estragos que acarrea para el empleo y las condiciones de trabajo. 
Es cierto que el ponente siente preocupación por los daños de la "liberalización salvaje" y prevé la posibilidad de que las colectividades locales se opongan a la misma, sin embargo, no por ello deja de situarse entre los que reconocen que la privatización es un hecho, que el desmantelamiento de los servicios públicos es ineludible y que sólo intentan reglamentar un poco este proceso. 
Estamos a favor del desarrollo del transporte colectivo público sobre los grandes ejes internacionales, así como sobre las redes regionales y locales, y en consecuencia no queremos respaldar ni directa ni indirectamente el desmantelamiento de los servicios públicos porque, incluso reglamentado, este desmantelamiento es perjudicial para los usuarios, para los trabajadores del sector y constituye una regresión social grave. 
Por todo ello hemos rechazado este informe y reafirmamos que el servicio público debe ser concebido y puesto en práctica en todas partes de manera que responda a las necesidades de los usuarios y no para que arroje beneficios a empresas privadas. 
Este informe procura mejorar la propuesta de la Comisión que, a pesar del nombre, pretende efectivamente la privatización de los transportes de pasajeros. 
Aunque se hayan aprobado propuestas importantes a favor de las cuales votamos, la verdad es que la introducción de la competencia podría poner en entredicho derechos actualmente existentes para los usuarios (pases sociales) y para los trabajadores, cosa que no se ha salvaguardado suficientemente en este informe y, desde luego, aún menos se hará en la práctica de la Comisión y del Consejo. 
Así, podrían llegar a crearse mayores dificultades a la movilidad de los usuarios, aunque algunas propuestas aprobadas por el Parlamento que siguen una orientación diferente sean positivas. 
Tampoco está debidamente garantizada la coordinación entre los diferentes medios de transporte, ni se dan las respuestas adecuadas a los usuarios que se encuentran en zonas menos rentables, que los privados podrían no considerar rentables y, por tanto, anular el servicio correspondiente. 
Por último, el voto en contra de la resolución legislativa se justifica también por los temores que sentimos en cuanto a la aplicación de la Comisión y a las consecuencias para los trabajadores y los usuarios, que pueden poner en entredicho un servicio de calidad a precios bajos. 
Por lo demás, tomamos nota de que, a pesar de que la Comisión apuesta por la privatización de los servicios de transporte, una parte seguirá apoyada con fondos públicos, lo que resulta inadmisible. 
, por escrito. 
(FR) La propuesta recuerda con toda claridad que su objetivo es desarrollar la competencia en el ámbito de la prestación de servicios de transporte. 
En contra de lo que se reitera en varias ocasiones, todo demuestra que en el marco de la competencia denominada "regulada", esta apertura del mercado no ha dado buenos resultados ni ha mejorado la eficacia de los servicios, sino todo lo contrario. 
La tendencia general hacia la liberalización va en contra de la mejora del servicio para los usuarios, de la mejora de las condiciones de trabajo, del respeto del medio ambiente, de la seguridad de circulación y de la política de ordenación territorial que no haya sido impuesta por los condicionamientos del mercado. 
Nos declaramos en contra de toda liberalización de los transportes, a favor de su mantenimiento como servicios públicos y a favor de la cooperación entre las empresas públicas a nivel europeo. 
Estamos en contra de que se conceda cualquier ayuda del Estado a los operadores privados que, por otra parte, no están dispuestos a invertir en las infraestructuras necesarias. 
Asimismo, estamos a favor de la renacionalización inmediata de todas las líneas y redes de ferrocarriles privadas que existen en Europa y a favor de la renacionalización y municipalización de los transportes urbanos y de corta distancia. 
El problema de fondo es que no se puede transigir con la lógica del mercado. 
Cuando ésta se aplica, se hace en detrimento de otra lógica: la del servicio público. 
Lo que explica por qué hemos votado en contra de este informe. 
Informe Jarzembowski (A5-0354/2001) 
Señor Presidente, el libre acceso al mercado de los servicios portuarios y la igualdad de oportunidades en este terreno, además de conveniente, es una exigencia de los Tratados de la Unión. 
En este sentido, es necesario regular y controlar que no se produzcan ayudas de ningún Estado a sus puertos, ya que ello atenta contra la libre competencia entre los distintos puertos comunitarios. 
Sin embargo, hay aspectos que no deben ser regulados exclusivamente por la Unión. 
Los Estados miembros y sus entidades constitucionales con competencias en la materia deben mantener su capacidad para incluir sus normas específicas para la licitación de los contratos de prestación de servicios portuarios y para la protección de los trabajadores afectados. 
Además, el practicaje, el amarre y la manipulación de la carga, incluidos estiba, arrumaje y transbordo, dada su condición de servicios obligatorios, no deben incluirse en la directiva comunitaria liberalizadora de servicios portuarios, sino que su regulación debe quedar en manos de los Estados y sus autoridades portuarias, por razones de seguridad del tráfico marítimo. 
En un aeropuerto se produciría el caos si hubiera más de una entidad prestadora del servicio de control aéreo. 
En un puerto, por el mismo motivo, solamente debe haber un servicio de practicaje y uno de amarre. 
Como usted sabe, señor Presidente, nací y viví en Génova hasta los 21 años. 
Todas las mañanas desde mi casa, situada en una zona muy famosa de la parte alta de la ciudad, podía admirar y contemplar la vista extraordinaria del puerto de Génova que, sin embargo, es un puerto muy industrial como muchos puertos de la Unión Europea. 
Pues bien, me habría gustado encontrar en este texto que regula la organización del puerto, de los servicios portuarios y de su seguridad, un mayor esfuerzo y una mayor participación financiera de la Unión Europea de modo que todos los puertos de Europa sin distinción- tanto del norte de Europa como del Mediterráneo- se apoyen financieramente, al igual que lo hacen nuestros competidores de Corea del Sur con la construcción naval en su país. 
También nosotros debemos ayudar a nuestros puertos y a nuestra navegación marítima. 
Abrir los servicios portuarios a la competencia, y además de la forma en que lo está fomentando la Comisión, tendrá una serie de consecuencias negativas y graves: 
a) para la calidad en la utilización de los puertos y los estándares aplicados, a causa de su competencia y en la contratación de personal no especializado; 
b) para las condiciones de trabajo y el futuro del empleo de los trabajadores de los puertos, poniendo en peligro su salud y su seguridad, recortando su formación profesional y debilitando sus habilidades; 
c) para la seguridad de los transportes marítimos y para el medio ambiente, a causa del empeoramiento general de los servicios prestados. 
A pesar de que la resolución de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo hace algunas mejoras con las enmiendas aprobadas, la filosofía sigue siendo la misma que la de la Comisión, haciendo hincapié en el ámbito del control de las autoridades públicas, y por estas razones he votado en contra. 
Bajo el título general de la directiva comunitaria que estamos analizando hoy, está oculto un gran salto dirigido hacia la privatización de los puertos y, más especialmente, de los servicios ofrecidos por estos, como el practicaje, el remolque y el amarre de los buques, estiba, y almacenaje de mercancías, tráfico de pasajeros. 
El objetivo al que se aspira no es la mejora de los servicios portuarios prestados, sino la venta a precio de saldo de un sector que todavía es de carácter público, al capital, y la entrega de una infraestructura preparada a los monopolios privados para su explotación y su madurez. 
Consecuencias inevitables de esto serán el derrocamiento de las relaciones y conquistas laborales y la reducción trágica de los niveles de seguridad para los trabajadores, los pasajeros de los buques y los servicios prestados. 
Desde el principio subrayamos que somos categóricamente contrarios a la directiva y al informe Jarzembowski, y las rechazamos en su totalidad. 
Nos negamos a entrar en la lógica que admite la privatización como algo inevitable e intenta salvar lo que se pueda de algunos servicios. 
Por el contrario, apoyamos firmemente la postura sobre servicios portuarios y puertos públicos, incluidos orgánicamente en un plan global de desarrollo que utilice las posibilidades de cada país, que apoye la economía y el empleo, que garantice la seguridad de la vida en el puerto y en el mar. 
Estas son cuestiones excepcionalmente delicadas para Grecia, que dispone de grandes complejos insulares, así como para el espacio del Mar Egeo, sensible desde el punto de vista económico, social y de seguridad nacional. 
Además señalamos que puertos de carácter múltiple, sólo si conservan su carácter público pueden realizar eficazmente su labor, como por ejemplo el puerto de El Pireo, que sostiene y presta servicio a la reparación de los buques. 
Lo que se está intentando es algo más que exasperante y ofensivo. 
Se realiza una intervención en la propia unidad empresarial, el puerto, y le prohibe hacer lo que hace cualquier otra empresa, es decir, funcionar como una entidad unitaria. 
¡Imponen la partición y la competencia interna entre los servicios del mismo sector! 
Y simultáneamente la directiva habla de condiciones de "servicio público", ¡que deja en la jurisdicción de los particulares! 
El Partido Comunista de Grecia esta luchando, al lado de los trabajadores, por conseguir servicios portuarios unitarios, públicos al 100%, de modo que estén en situación de funcionar, de evolucionar y de conectarse con otros sectores de la economía. 
Son razones de un funcionamiento correcto, de seguridad, de coordinación y de desarrollo las que hacen necesario apoyar un servicio unitario, vertical, con una actividad que ayude y que apoye a la otra. 
En el caso contrario, está en peligro el funcionamiento efectivo y armonioso del sector; se mina y se destruye toda acción coordinadora y se abren los sacos de Eolo para una seguridad, que se encuentra bajo la protección de las leyes del beneficio y de la competencia y se abandona a la buena voluntad de las empresas. 
Por estas razones, hemos votado en contra del informe Jarzembowski. 
. 
(FR) El proyecto de informe que nos ha sido presentado no es aceptable en estas condiciones. 
En primer lugar, porque da una respuesta confusa a cuestiones fundamentales de la competencia entre los puertos europeos y de transparencia financiera en la concesión de subvenciones. 
Pero también y sobre todo porque la liberalización sin discernimiento del conjunto de servicios portuarios constituye una grave amenaza para la seguridad, el medio ambiente y el empleo. 
En lo relativo a la seguridad, porque la apertura a la competencia de servicios muy especializados (como el practicaje) , que exige conocimientos específicos y adaptados a cada puerto, entraña el riesgo de desestabilizar seriamente las condiciones de seguridad en las que se ejercen estas profesiones. 
En lo relativo al medio ambiente, porque la liberalización no permite tomarlo debidamente en consideración de una manera satisfactoria. 
Respecto a estos dos puntos, el informe y la directiva están en contradicción con la política de reforzamiento de la "seguridad marítima" y de reducción de los riesgos para el medio ambiente lanzada por la Unión a raíz de la catástrofe del Erika. 
En lo relativo al empleo, por último, porque la apertura de los servicios portuarios a la competencia- en particular, aquellos que utilizan más mano de obra, como la manipulación de la carga- encierra el riesgo de sumergir los puertos europeos en la peligrosa espiral de la "mínima oferta en el plano social". 
Una deriva semejante sería insostenible en zonas a menudo debilitadas o en bolsas de empleo que ya se han visto gravemente afectadas por las reconversiones industriales. 
Por tanto, no puedo respaldar todas aquellas disposiciones que se traducirían en una apertura a la competencia, sin contrapartidas y sin cortafuegos, del conjunto de los servicios portuarios. 
Es el motivo por el que he votado a favor de la totalidad de las enmiendas encaminadas a excluir los servicios portuarios (practicaje, pilotaje práctico y manipulación de la carga) del ámbito de la liberalización que propone la directiva. 
Estas enmiendas no han sido aprobadas y, en consecuencia, he votado en contra del informe. 
. 
(FR) Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a nuestro ponente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, Sr. Georg Jarzembowski, y a todos los miembros de dicha comisión por el trabajo de calidad que nos ha presentado. 
He votado en contra del presente informe por varias razones. 
Para mí, votar en contra de este informe significa, en primer lugar, rechazar la liberalización de los servicios portuarios, es decir, estar en contra de la privatización obligatoria de las profesiones de manipulación de la carga y del amarre. 
El practicaje, debido a que es el único de los servicios intraportuarios que ha sido reconocido como un servicio público obligatorio y como una actividad que necesita una gran atención en materia de seguridad, es el único servicio intraportuario que seguirá siendo controlado por los Estados miembros y que, en consecuencia, se ve excluido del ámbito de aplicación de la directiva. 
Pero el hecho de que los pilotos prácticos, por ejemplo, que prestan un servicio de interés general reconocido internacionalmente, proporcionando una ayuda indispensable tanto para la prevención en materia de protección del medio ambiente, como para ofrecer la máxima seguridad posible, estén a partir de ahora sujetos a la competencia es para mí sencillamente incomprensible. 
Para mí, votar en contra de este informe significa también rechazar la liberalización entre los puertos, es decir, rechazar la competencia entre los puertos, competencia que sólo puede tener consecuencias nefastas y desastrosas, y ello a nivel de la calidad de los servicios prestados, así como de las condiciones de trabajo. 
Votar en contra de este informe es, pues, defender una mayor cooperación entre los puertos, es reconocer que los puertos son un elemento integral de la ordenación territorial, y que como tal, no deben estar sujetos a una competencia que entrañaría el peligro de hacerlos desaparecer. 
Éstas son, expresadas brevemente, las dos razones principales que me han llevado a no dar un voto favorable a este informe en la votación final. 
. 
(FR) Esta propuesta sobre la liberalización de los servicios portuarios nos preocupa de entrada por las consecuencias concretas que podría tener. 
En realidad, nos parece del todo inoportuno querer abrir a la competencia la totalidad de los servicios portuarios cualquiera que sea su naturaleza, en la medida en que algunos de ellos tienen carácter de servicio público debido a sus obligaciones particulares. 
Por encima de las diferencias nacionales respecto del concepto en sí de servicio público aplicado a los servicios portuarios, se trata de garantizar en todos los Estados una seguridad óptima, que sólo ellos pueden definir y enmarcar a través de misiones de servicio público, por medio de aptitudes profesionales, limitaciones o la definición de sus actividades. 
La lógica económica en favor de los usuarios no debe en ningún caso primar sobre la seguridad en su sentido más amplio; la seguridad de las personas, del medio ambiente o del material. 
Por consiguiente, tanto si se trata de practicaje, arrumaje o de otras prestaciones, estimamos que esta propuesta debe excluir a la totalidad de las prestaciones que según las normas de cada Estado revisten un carácter de servicio público. 
Puesto que no es éste el caso, hemos votado en contra de este texto. 
Nuestro voto refleja nuestra posición respecto de un informe profundamente polémico que no cuenta con la aceptación de ningún sector de los servicios portuarios. 
Como es sabido, la propuesta de la Comisión pretende abrir a la competencia sectores importantes relacionados con la seguridad portuaria y no garantiza los derechos de los trabajadores. 
El propio informe, aunque contiene algunas referencias positivas, mantiene aspectos negativos al dar cierta cobertura a la posición de la Comisión. 
Para países como Portugal, esta propuesta puede tener efectos muy negativos en un sector afectado por otras medidas, igualmente negativas, por lo que hemos votado en contra. 
. 
(FR) El ponente Sr. Jarzembowski, tras haber atacado al transporte ferroviario público, hoy la emprende contra los servicios portuarios. 
La lógica, siempre la misma, se sitúa en la dependencia directa del proceso de liberalización de las telecomunicaciones, los transportes, la energía y correos. 
Se trata de someter al yugo del mercado a las autoridades responsables de la organización, a las infraestructuras y a los profesionales que garantizan misiones de servicio público a menudo en un marco público. 
Trescientos puertos de la Unión Europea, así como todas las actividades portuarias, tales como la manipulación de la carga, el practicaje, el atoaje, el amarre, los servicios de embarque y desembarque, se verán afectados por esta directiva. 
Y sin embargo, una reciente encuesta, confirmada por el éxito de la "eurohuelga" de estibadores del pasado 6 de noviembre, demuestra que los profesionales de los servicios portuarios rechazan masivamente estas propuestas. 
La larga batalla de enmiendas que ha tenido lugar en el seno de la Comisión de Transportes ha permitido, por el momento, que ya no se ejerza la competencia en el interior de los puertos, sino entre los puertos. 
Pero estos resultados no son satisfactorios y hemos rechazado el informe Jarzembowski porque exigimos el mantenimiento de las obligaciones de servicio público en materia de seguridad, regularidad, continuidad, calidad, así como en lo relativo al precio, a la armonización del régimen más favorable para el acervo social de los trabajadores portuarios y al respeto del medio ambiente,. 
. La mayor parte de los puertos británicos están bien organizados y son prósperos porque los operadores privados se ocupan del trabajo que antes efectuaban las autoridades locales, que siempre estaban cortas de dinero, y están gestionando los puertos como empresas con éxito. 
La directiva propuesta de la Comisión Europea en favor de aumentar la competencia respecto de los servicios portuarios en la Unión Europea amenaza con trastornar esa situación. 
La directiva propuesta dejaría que los puertos británicos quedaran vulnerables a operaciones de adquisición análogas a la adquisición de algunas compañías eléctricas por Electricité de France. 
Impondría una burocracia innecesaria a un mercado portuario del Reino Unido que ya es sumamente competitivo y que tiene mucho éxito. 
Amenazaría la naturaleza independiente, de base comercial y libre de subsidios, de los puertos británicos. 
Quisiera que los operadores privados quedasen al margen del ámbito de esta directiva. 
Señor Presidente, está claro que se ha dado un nuevo impulso a la política europea relativa a los puertos con la introducción del port package. 
El informe de acceso al mercado de los puertos ha levantado una polvareda en el Parlamento Europeo, y no sólo porque la propuesta de la Comisión Europea tratara originariamente la competencia dentro de los puertos. 
Se han ignorado completamente los deseos del PE manifestados en 1997 en cuanto a la adopción de un reglamento relativo a la competencia entre los puertos. 
Se pedían reglas de juego claras respecto de la transparencia financiera y las ayudas de estado al sector portuario. 
El Grupo VVD dentro del Grupo ELDR quiere que se garantice una mayor transparencia del dinero público en los puertos, y pide a la Comisión Europea que presente una propuesta al respecto antes de la entrada en vigor de la directiva actual. 
En caso contrario, hay que preguntarse si la directiva supone todavía una plusvalía para los puertos europeos y los usuarios. 
Existen diferencias de opinión en mi Grupo respecto de qué servicios deben caer y quedar fuera del ámbito de la directiva. 
El VVD respalda al ponente cuando señala que la directiva debe limitarse a los servicios técnicos náuticos. 
Sin embargo, los servicios de practicaje sí deben figurar, en nuestra opinión, en la directiva. 
Los servicios de manipulación de la carga son terrestres por naturaleza y no deben figurar, por tanto, en esta directiva. 
Además, los gestores de los puertos y los usuarios deben efectuar inversiones relativamente elevadas en infraestructuras y supraestructuras. 
La licitación de la manipulación de la carga, más que nada, daría lugar a un papeleo burocrático. 
Esta carga administrativa no es proporcional al resultado que se contempla y crea inseguridad en las Administraciones que realizan inversiones. Va en contra, asimismo, de las competencias en materia de ordenación territorial de los ayuntamientos, a los que todavía pertenecen la mayoría de los puertos de los Países Bajos. 
El VVD está en contra de que la manipulación de la carga se recoja en esta directiva. 
. 
(FR) Quisiera felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado sobre este asunto tan delicado. 
A diferencia de lo habitual, las discrepancias no han sido políticas, sino nacionales, y el compromiso alcanzado se revela globalmente positivo. 
Esta directiva era necesaria porque debe llevarse a cabo la apertura de los servicios portuarios a la competencia y los puertos europeos necesitan una reglamentación europea sobre los servicios portuarios. 
Si se favorece la competencia, es indispensable organizarla a través de un marco apropiado. 
No obstante, hay que tener en cuenta las características específicas de cada una de las actividades. 
Me refiero, en particular, al practicaje y al pilotaje práctico que deben seguir dependiendo de la autoridad portuaria por razones de seguridad. 
Este tipo de gestión funciona muy bien en Francia y aunque estas actividades están abiertas a la competencia en otros países europeos, estoy a favor de que por el momento se excluyan del ámbito de aplicación de la directiva. 
Nos encontramos ante servicios portuarios de interés general. 
Si se mantienen estos servicios en el ámbito de aplicación de la directiva, la noción de autoridad portuaria perderá su razón de ser. 
En cambio, en lo relativo a la manipulación de la carga, apruebo la liberalización porque nos encontramos ante un servicio de carácter comercial y la apertura a la competencia debería ser sinónimo de más empleo en los puertos. 
Por último, he apoyado las disposiciones a favor de una mayor transparencia de las relaciones financieras entre los puertos y los Estados miembros. 
En aras de la seguridad jurídica y de la competencia leal entre los puertos europeos, las subvenciones que conceden las autoridades nacionales deben estar sujetas a controles exhaustivos. 
Informe Berenguer Fúster (A5-0359/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor de la regulación de la mediación en los seguros. 
Aprovecho la ocasión para expresar el deseo de que la Unión Europea regule cuanto antes también la mediación en los seguros públicos. 
Señor Presidente, usted me preguntará cuáles son los seguros públicos. 
Evidentemente, son la previsión social y el seguro de enfermedad También en estos sectores los ciudadanos tienen derecho a estar informados correctamente sobre qué les ofrece el sector público con vistas a su futura vida de pensionistas y cuánto deben pagar ahora como trabajadores para tener derecho a una pensión en el futuro. 
Asimismo en Europa se deberían regular y, por ende, potenciar por todos los medios posibles también los servicios de información a los trabajadores y a los pensionistas sobre sus derechos a la pensión. 
. (FI) La mediación transfronteriza en los seguros aumenta las posibilidades de los consumidores de elegir entre diferentes compañías de seguros. 
La propuesta de directiva que nos ocupa hace ahora posible que los mediadores de seguros registrados también puedan desarrollar sus actividades en los demás Estados miembros. 
Sin embargo, cuando los ciudadanos de la Unión procedan a elegir entre las diferentes compañías, deben poder confiar en que nosotros, como legisladores europeos, garantizamos la protección del consumidor cerciorándonos de la alta profesionalidad de los agentes de seguros. 
El informe sobre la propuesta de directiva relativa a la mediación en los seguros que hemos elaborado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es, a grandes rasgos, satisfactorio. 
Garantizamos que los agentes de seguros cuenten con la capacitación profesional necesaria, con su correspondiente seguro de responsabilidad civil, u otro similar, y con la suficiente solvencia económica. 
Los agentes de seguros también deben gozar de una reputación intachable, sin que hayan sido objeto de quiebras precedentes. 
Sin embargo, también debemos asegurarnos de que la normativa de la CE no desemboque en una burocracia superflua. 
En nuestra comisión hemos presentado numerosas enmiendas que, en opinión de muchos expertos, racionalizan de forma clara la Directiva y permiten a los Estados miembros adoptar soluciones que tengan en cuenta las peculiaridades nacionales. 
Hemos podido llegar a compromisos que, por lo que parece, también serán respaldados por la mayoría de los Estados miembros en el Consejo. 
Es importante que el ámbito de la Directiva excluya a las personas cuya actividad profesional principal no sea la mediación de seguros. 
Me refiero, en particular, a las agencias de viajes, las cuales ofrecen a sus clientes seguros de viaje incluidos en el paquete de servicios. 
Estos operadores facilitan las cosas a los clientes en buena medida y en Finlandia, por ejemplo, están sometidos a control por parte de las autoridades. 
Los seguros de viaje suelen incluir también seguros de accidente, en los que se contempla, a su vez, una indemnización en caso de fallecimiento. 
Así pues, ha sido pertinente especificar que estas actividades quedan excluidas del ámbito de la Directiva en lo concerniente a los seguros de vida. 
También hubiera sido más provechoso excluir del ámbito de la Directiva a los agentes cuya responsabilidad legal esté avalada por la compañía de seguros a la que representan o que, en virtud de la legislación nacional correspondiente, reciban de por sí tanto las garantías de su compañía, como la formación profesional adecuada. 
Puesto que, lamentablemente, no ha sido posible excluir completamente de la Directiva a los agentes a tiempo parcial avalados por sus compañías, habrá que dar por buenas las exenciones propuestas por nuestra comisión en materia de requisitos de inscripción de los mediadores. 
Es ambigua la relación entre la enmienda 14 y las enmiendas 16 y 6, dado que la enmienda 14 permite excluir totalmente del ámbito de la Directiva, por ejemplo, los seguros de viaje y de animales, mientras que, en otros apartados, los mediadores de dichos seguros son eximidos únicamente de la obligación de estar inscritos. 
Si todavía fuera posible proponer modificaciones, yo propondría que se supriman las enmiendas 18 y 22. 
La venta de seguros por parte de las entidades bancarias es una actividad aseguradora como las demás, de modo que no debería existir una normativa específica para tal actividad. 
Informe Caudron (A5-0376/2001) 
Señor Presidente, ¿qué es la subsidiariedad de la que tanto se habla en la Unión europea? 
Subsidiariedad, como usted sabe, señor Presidente, significa que a escala europea se debe actuar cuando con ello se ofrecen mayores ventajas y mayores beneficios a todos los ciudadanos de Europa. 
Entonces, ¿cómo se debe llevar a cabo la investigación científica en Europa? 
¿Acaso con 15 proyectos diferentes de 15 Estados diferentes- que en el futuro serán 15 más los 12 que ingresarán, o sea, 27, o no sería mejor contar con un único fondo de investigación? 
¿Es mejor tomar una única decisión de cómo gastar el dinero de todos los veintisiete Estados de la Unión, los quince actuales más los doce candidatos, o dejar veintisiete capítulos de gasto diferentes? 
Hemos de decidirnos a contar con un único fondo de investigación europea. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe porque los resultados parciales de la votación son incompatibles con mis convicciones éticas y morales personales. 
Además, no acierto a comprender que la investigación en la agricultura y la industria forestal reciban un tratamiento que no pasa de marginal, ¡cuando justamente en este ámbito resulta imprescindible para el futuro de la agricultura y de la industria forestal establecer prioridades en materia de investigación! 
. 
(FR) Este informe se sitúa en la línea de la política de las instituciones europeas cuando hace hincapié en las ayudas a la patronal con el pretexto de la investigación y cuando intenta relacionar cada vez más la investigación con los intereses privados, aunque la camufle dotándola de un aspecto de moda como puede ser el ecologista o regionalista. 
Este informe tampoco está exento de concesiones a determinadas ideas oscurantistas, religiosas o no. 
En cuanto al presupuesto del Sexto programa marco, éste penaliza financieramente a las unidades de investigación cuyos trabajos son considerados no prioritarios porque son poco susceptibles de tener aplicaciones rentables a corto o medio plazo para el sector privado. 
La única razón por la que hemos votado a favor de este informe es que no queremos perjudicar determinadas líneas de investigación que el informe apoya y que apuntan al progreso científico, médico o tecnológico, ni tampoco correr el riesgo de privar a los investigadores del sector público de las financiaciones que necesitan. 
Asimismo, hemos aprobado todas las enmiendas que podían representar un avance con respecto a la situación actual. 
Pese a las gestiones del ponente y de la mayoría de los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, no está garantizada la no discriminación de países y regiones cuya estructura empresarial no tiene capacidad económica, aunque existan recursos científicos, para participar en programas encaminados a la transferencia rápida del conocimiento en materia de innovación tecnológica. 
Así, las medidas de cohesión consagradas en el Tratado serán insuficientes ante la pérdida de competitividad que ello representa. 
Los objetivos de la estrategia de Lisboa tenían como presupuesto el pleno empleo y la lucha contra la exclusión y no lo contrario. 
Sin el aprovechamiento del conocimiento y la participación en los programas, las regiones más desfavorecidas quedarán alejadas de la convergencia económica y social. 
. 
(FR) He votado a favor del presente informe. 
Hace mucho tiempo que apoyo los esfuerzos de investigación a nivel europeo. 
Asimismo, me alegra que nuestro Parlamento proclame su voluntad de crear y desarrollar este espacio interdisciplinario y comunitario. 
En Francia, en particular, asistimos a un descenso alarmante del número de investigadores. 
Los más talentosos se expatrían a menudo fuera de nuestras fronteras debido a políticas nacionales decepcionantes, y son muy pocos los que vuelven. 
Asimismo, el dispositivo incluido en este informe relativo a la modalidad de los investigadores y la ayuda al regreso, espero que permita superar las carencias de algunos gobiernos. 
Estimular la investigación equivale también a garantizar una política de formación independiente que se apoye en las competencias en vigor a nivel europeo. 
Aunque la misión del legislador es crear un marco para la investigación, existe el riesgo de encerrarla en un yugo demasiado apretado. 
Asimismo, debemos favorecer la Europa de los descubrimientos y es conveniente que fomentemos los trabajos en el ámbito de la biotecnología que representan el futuro. 
También debemos apoyar la investigación fundamental europea que es decisiva para la competitividad de nuestras empresas, así como los numerosos trabajos que emprenden las PYME que, como todos sabemos, hacen una aportación muy necesaria para el descubrimiento y la innovación. 
La investigación afecta asimismo a la vida diaria de todos los europeos, y los ámbitos prioritarios como la seguridad alimentaria, la lucha contra las grandes enfermedades y la mejora de la salud pública demuestran la voluntad de asociar la investigación con el bienestar. 
Señalo asimismo con satisfacción el apoyo que se propone al desarrollo de la investigación sobre las enfermedades infantiles, ámbito en que las políticas nacionales han fracasado a menudo. 
Por ello espero a que la Comisión publique propuestas sobre los medicamentos para niños. 
. (SV) La investigación y el desarrollo son decisivos para que Europa llegue a ser un continente caracterizado por el crecimiento económico y el bienestar. 
La competencia internacional, especialmente de EE.UU., aumenta la necesidad de realizar nuevos y mayores esfuerzos en materia de investigación científica. 
En su propuesta del Sexto Programa marco, la Comisión ha identificado numerosos problemas y campos de investigación en los que debería concentrarse Europa. 
Evidentemente es importante que los investigadores europeos cooperen entre sí y que las investigaciones tengan algún grado de coordinación. 
También es particularmente importante que no incentivemos solamente la circulación física de los investigadores, sino que también la divulgación de sus investigaciones. 
Nos preocupa que el programa marco conlleve una centralización tan terminante de las investigaciones. 
Se disponen enormes recursos para la investigación en ciertos campos. 
De esta manera se gobierna la investigación de manera inconveniente, ya que los campos de investigación de los países miembros van a estar orientados por las prioridades fijadas por la Comisión. 
En los países pequeños, con un reducido presupuesto para investigación científica, se corre el riesgo de que la UE se transforme en la principal fuente de financiación de la investigación, dando origen a un centralismo perjudicial. 
En nuestra condición de liberales, estamos a favor de la libre investigación. 
Desde el punto de vista de la eficacia, ésta ha demostrado ser muy superior a las formas de investigación dirigidas políticamente. 
Las sociedades que dan gran espacio de maniobra a sus investigadores para elegir disciplinas y métodos alcanzan, a largo plazo, mejores resultados que aquellas en las que los políticos fijan los rumbos. 
La idea de la libertad para la búsqueda del conocimiento ha caracterizado la investigación europea durante siglos. 
Las universidades tienen un importante papel, deben colaborar con el sector público y con la industria, pero su tarea fundamental no debe ser recibir encargos de éstos. 
Pensamos que el Sexto Programa marco centraliza demasiado la libre investigación. 
Por eso hemos optado por abstenernos en la votación del informe Caudron. 
. 
(FR) En mi calidad de miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y de la Comisión temporal sobre Genética Humana ("Bioética") , atribuyo una importancia muy especial a este informe, respecto a sus dos aspectos principales: 
las condiciones para la concesión de ayuda a la investigación en Europa, y 
el marco ético dentro del cual el Parlamento Europeo se propone llevarla a cabo. 
Como se desprende de las enmiendas, lo fundamental del debate se ha centrado en la parte relativa a la "ética aplicada" a las biotecnologías. 
En la medida en que la mayoría de los sufragios ha autorizado convertir en instrumento a la persona humana, con la autorización de la explotación de embriones humanos, en este caso, concebidos en el marco de "tratamientos de la esterilidad" mediante la fecundación in vitro, en detrimento del fomento de la integridad y de la dignidad de la persona, considero que el marco ético mantenido por mayoría en la primera lectura da una coloración negativa al conjunto del informe, incluidas las disposiciones técnicas. 
En resumen, a pesar de las buenas disposiciones técnicas, las disposiciones supuestamente "éticas" perjudican la totalidad del informe al no respetar a la persona humana. 
. 
(PT) La clonación terapéutica que brinda nuevas oportunidades de cura de determinadas enfermedades, presupone la destrucción de embriones y, aunque esté más explorada (y, por eso, sea más accesible) que otras, no es la única ni seguramente la ideal. 
Por eso, sería un error que el legislador, de tanto querer dar luz verde a esa técnica, abdicase de su obligación de legislar de una forma firme, para muchos años (lo que en una esfera de tan rápida evolución resulta aún más necesario) , señalando a los científicos y a la industria que deben optar por el desarrollo de técnicas, algunas de ellas poco desarrolladas hoy y muy onerosas (como la manipulación con células adultas) , pero respecto de las cuales existe aún un amplio campo de exploración. 
No podemos dejar de luchar por la aparición de técnicas que entrañen las ventajas de la manipulación con embriones humanos sin tener sus inconvenientes éticos. 
Por otro lado, la creación de embriones mediante la transferencia del núcleo de células facilitaría la clonación para efectos reproductivos (consensualmente considerada aberrante). 
Así, en el plano jurídico, soy partidario de la prohibición, en el nivel europeo, de la creación de embriones humanos por clonación (tanto para fines terapéuticos como para fines reproductivos). 
Con todo, esa prohibición debe admitir dos excepciones: los embriones supranumerarios y las 64 líneas celulares disponibles. 
Ahora bien, respecto de la financiación de la investigación, y, en particular, en el ámbito del sexto Programa Marco (objeto de este informe Caudron) , considero que se debe conceder prioridad a la financiación comunitaria de proyectos de investigación que establezcan el recurso a células germinales adultas para fines terapéuticos. 
. (SV) El informe Caudron fija las prioridades y el marco para la investigación europea, financiada con recursos comunitarios mediante el Sexto Programa marco. 
Opino, como cristianodemócrata, que se necesitan marcos éticos en la sociedad. 
Esos marcos también deben existir para la investigación científica. 
El más fundamental de esos aspectos es el respeto por la dignidad humana. 
Por muy loables que sean los fines, no se justifica que usemos a seres humanos como medios para alcanzarlos. 
Las investigaciones con células madre embrionarias son éticamente muy polémicas y, además, están prohibidas en cuatro países miembros. 
Tratándose de células madre adultas, el caso es diferente. 
Por eso opino que la investigación que se vale de células madre adultas debe tener prioridad, en tanto que la muy controvertida investigación con células madre embrionales no debería recibir recursos del programa marco. 
Aplicando el principio de subsidiariedad, nada impide a los gobiernos nacionales apoyar ese tipo de investigaciones. 
Los recursos del programa marco son, a pesar de todo, limitados. 
Estamos obligados a elegir. 
Entonces, la investigación éticamente controvertida y que, además, se opone a la legislación de algunos países miembros, no debe recibir apoyo. 
Por eso he optado por dar mi respaldo a la enmienda 334, firmada por mí, en la que en su punto 4 dice que: 
"Las investigaciones con células madre embrionarias no deberán financiarse con recursos comunitarios, ya que en los Estados miembros no hay acuerdo sobre esta materia". 
Distintos colegas neerlandeses han manifestado a los medios de comunicación que el Grupo Liberal no quiere poner límites a la investigación científica. 
Nuestro comportamiento a la hora de votar demuestra que esto es absurdo. 
En primer lugar figura la enmienda 41, que ha sido aceptada y es de origen liberal. 
Aquí se exigió que se respetarán principios éticos básicos tales como la protección de la dignidad humana, de los datos personales y de la vida privada tanto en la ejecución del programa como en los resultados. 
En cuanto a la investigación de las células madre, hay que cumplir las directrices de la Comisión Ética de la Fundación Europea de la Ciencia. 
Además, nuestro Grupo está de acuerdo con la enmienda 22 de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
De esta manera, las actividades dirigidas a la clonación de las personas para la reproducción, así como la creación de embriones humanos para la investigación y para efectuar modificaciones eugénicas en el material hereditario no podrán ser consideradas a la hora de la financiación. 
Desgraciadamente, se ha adoptado el texto restrictivo de la enmienda 322, según la cual, también los clones terapéuticos quedan descartados. 
Lo consideramos lamentable, ya que los clones terapéuticos precisamente ofrecen posibilidades reales para los pacientes con Alzheimer, Parkinson, diabetes y SIDA. 
Informe Caudron (A5-0355/2001): 
Señor Presidente, cuando era muy joven, tendría yo diez u once años, alguien me regaló un libro con unas ilustraciones muy bonitas de Walt Disney. 
Su título era "Nuestro amigo el átomo" y contenía unos magníficos dibujos con que sólo Walt Disney era capaz de ilustrar sus obras que son- las podemos definir así- universalmente conocidas. 
Quedé prendado por ese libro que explicaba perfectamente la ciencia a un chaval como yo. 
Desde entonces soy favorable a la energía nuclear y por esto he votado a favor de este texto, sobre todo porque fomenta los estudios y las investigaciones en el sector de la energía nuclear en Europa que, en mi opinión, deberíamos incrementar todavía más. 
Señor Presidente, a mi juicio, la expiración del Tratado Euratom ofrece a Europa la oportunidad de despedirse de la utilización de la energía nuclear. Sin embargo, en la votación de hoy sobre el Programa Euratom se ha acordado seguir financiando la investigación en energía nuclear. 
Así, por ejemplo, la enmienda 12 tiene el siguiente tenor: "la seguridad de los reactores existentes (concediendo prioridad a los reactores en los países candidatos a la adhesión) , así como de los reactores de nueva generación". 
Es decir, la seguridad de las futuras centrales nucleares. 
La investigación debe dirigirse al fomento de las fuentes de energía no nucleares, sobre todo de las energías renovables, para así contribuir al progresivo abandono de la energía nuclear en Europa. 
Por esta razón en la votación de hoy hemos rechazado no sólo la enmienda 12, sino el Programa Euratom en su totalidad. 
. (EN) Acojo calurosamente este informe de Gérard Caudron que recomienda que se introduzcan cambios en la asignación de gastos para la propuesta de la Comisión de que se destinen 16.000 millones de euros al presupuesto de investigaciones. 
Ya es hora de que el programa de investigaciones sobre la salud se amplíe para que incluya a más enfermedades comunes: muchas personas han tenido contacto, estrecho o menos estrecho, con enfermedades como el cáncer, las enfermedades degenerativas y las enfermedades cardiovasculares. 
Asignando fondos a las investigaciones sobre esas enfermedades, se vería que la UE estaba trabajando en favor de causas reales que afectan a la vida real de la gente. 
Los aspectos éticos, jurídicos y sociales de las cuestiones de investigación son cada vez más importantes, si no tan importantes como las investigaciones. 
Por lo tanto, pidiendo que se asignen fondos en esas esferas, la comisión parlamentaria muestra que está al corriente de la importancia de esas cuestiones de nuestros días. 
El llamamiento para la asignación de fondos a la sociedad de información demuestra una sincera voluntad de sustanciar las ambiciones declaradas por la Unión en la denominada Cumbre dot-com de Lisboa, en favor de hacer de la UE una de las economías más competitivas y dinámicas del mundo. 
No hay otra opción: si la UE quiere convertirse en un interlocutor mundial fidedigno de la nueva economía y de la sociedad de la información, habrá que invertir fondos sustanciales lo antes posible en esta esfera. 
Por último, la asignación de dinero para las investigaciones debe estar precedida siempre por un examen del medio ambiente. 
Asignando fondos a las investigaciones respecto de nuevas fuentes de energía renovables, este informe demuestra que está bien equilibrado y que es imparcial desde el punto de vista ecológico. 
Señora Presidenta, lamentablemente, se ha producido alguna confusión en nuestro Grupo durante la votación de esta tarde en relación con el informe Jarzembowsky. 
La línea del grupo era que si la manipulación de la carga no se recogía en la directiva, votaríamos en contra. 
Pensábamos que ése era el caso, pero resulta que no es así. De ahí que se produjera alguna confusión. 
La intención del grupo era votar a favor al final, en la votación final, y no en contra, tal como hemos hecho, y me gustaría que esto figurara en el Acta. 
Señor Sterckx, tomamos acta con mucho gusto del deseo de su Grupo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación internacional. 
Cedo la palabra inmediatamente a la Sra. Durant, Presidenta en ejercicio del Consejo. 
. 
(FR) Señora Presidenta, señora Ministra, señoras y señores diputados, como saben, la situación en Afganistán evoluciona muy rápidamente. 
Casi cada hora llegan noticias frescas y dramáticas. 
La estrategia militar contra los talibanes está teniendo éxito. 
No obstante, es importante insistir en el hecho de que, a pesar de los acontecimientos alentadores de estos últimos días, la misión está lejos de su fin. 
El aspecto militar de la campaña no ha alcanzado aún todos sus objetivos y siempre hemos sostenido abiertamente que el aspecto humanitario y diplomático es de vital importancia. 
A la luz de lo ocurrido, conviene redoblar los esfuerzos en este ámbito. 
Por otra parte, es pertinente intensificar los esfuerzos encaminados a la formación de un gobierno para el pueblo afgano que tenga una amplia base de apoyo. 
Como ha resaltado la Sra. Durant, apoyamos enérgicamente el proceso encabezado por la Organización de las Naciones Unidas, bajo la égida del embajador Brahimi. 
Por otra parte, debemos aprovechar el nuevo predominio militar con vistas a incrementar nuestro esfuerzo humanitario. 
La Comisión desempeña un papel activo en estos dos frentes. 
La semana pasada, el Comisario Patten se reunió con el Sr. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, y esta semana, se ha reunido con el embajador Brahimi en Nueva York. 
La Comisión trabajará en estrecha colaboración con el Banco Mundial y las otras partes para hacer una evaluación de las necesidades y contribuir al esfuerzo de reconstrucción en Afganistán. 
La Comisión no tiene intención de especular en estos momentos sobre las sumas exactas que serán necesarias. 
En un primer momento, la comunidad internacional deberá proceder a una evaluación de las necesidades urgentes y definir, en consulta con el pueblo afgano, cuáles son exactamente las necesidades. 
Entretanto, nos esforzamos en garantizar que los 52 millones de euros de ayuda concedidos con cargo al programa ECHO para 2001 y los 22,5 millones de euros destinados en 2001 a las personas desplazadas llegan a los necesitados. 
Asimismo, nos disponemos, a través del Programa Mundial de Alimentos, a poner a disposición 23,5 millones de euros en ayuda alimentaria, o sea, 36.300 toneladas aproximadamente, y concederemos a las ONG 4,5 millones de euros para abastecer a la población de alimentos, semillas y herramientas, lo que equivale a un total cercano a los 100 millones de euros en ayudas este año. 
Por otra parte, ya hemos previsto garantizar que en 2002 se mantengan, como mínimo, estos niveles. 
Como saben, la Comisión no ha escatimado esfuerzos desde el 11 de septiembre. 
Como saben también, en espacio de pocos días hemos presentado nuevas medidas para luchar contra el terrorismo en Europa, en particular, una definición común de los actos terroristas, la orden europea de detención, que sustituye el pesado sistema en vigor de extradición entre los Estados miembros, el endurecimiento de las normas relativas al blanqueo de capitales y, por último, un dispositivo legislativo que permite la inmediata congelación de los bienes de un individuo o una organización en cualquier parte de Europa, desde el momento de su identificación como posible fuente de financiación del terrorismo. 
Por otra parte, la Comisión se ha apresurado a adoptar medidas para mejorar la seguridad de los transportes aéreos, medidas que van desde el acceso a la cabina del piloto hasta la vigilancia del equipaje. 
Paralelamente, los ministros europeos han decidido de común acuerdo que los Estados miembros deben poder proteger a las compañías aéreas contra las peores consecuencias del 11 de septiembre, proporcionándoles, por ejemplo, una cobertura de seguros contra los actos de terrorismo, algo que las aseguradoras comerciales ya no ofrecen, al tiempo que se evita una guerra de subvenciones que falsee la competencia. 
La Unión Europea proporciona asimismo una ayuda humanitaria masiva tanto en el interior como el exterior de Afganistán. 
En este sentido, la Unión y sus Estados miembros ya ha movilizado una suma cercana a los 310 millones de euros para paliar las penurias del pueblo afgano. 
Este esfuerzo, únicamente superado por el de los Estados Unidos, es muy poco conocido, pero ya ha salvado vidas. 
Por otra parte, la Oficina de Ayuda Humanitaria, ECHO, ha actuado con una diligencia impresionante para traducir los compromisos en actos. 
Bajo la égida del Presidente Romano Prodi, la Comisión participa también en los esfuerzos diplomáticos de crucial importancia, y la Sra. Ministra Durant ha hecho referencia a los viajes que el Sr. Prodi realizará durante los próximos días y semanas. 
Una gestión semejante da fe, evidentemente, de la voluntad de los europeos de constituir una acción diplomática internacional equilibrada. 
Como saben, desde los días que siguieron a los atentados, el Sr. Chris Patten ha viajado, en compañía del Sr. Louis Michel, Ministro de Asuntos Exteriores y representante de la Presidencia belga del Consejo de la UE, y del Sr. Solana, a Pakistán, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. 
En todos estos países han escuchado el mismo mensaje: toda la humanidad debe unirse en la lucha contra el terrorismo. 
Han tratado sobre la necesidad de reforzar los lazos de cooperación en la región. 
La Unión ya ha tomado una iniciativa comercial importante que mejora el acceso de las exportaciones pakistaníes en Europa, y esperamos poder celebrar próximamente un acuerdo de libre intercambio con los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo. 
Por otra parte, presentaremos propuestas encaminadas a la celebración de un acuerdo de comercio y cooperación con Irán. 
Asimismo, estamos desempeñando plenamente nuestro papel en los esfuerzos encaminados a relanzar el proceso de paz en Oriente Medio, no solamente proporcionando ayuda financiera a la Autoridad Palestina, que es víctima de enormes dificultades, sino también actuando con vistas a poder aplicar el informe Mitchell del que la Unión Europea también es firmante. 
Los Sres. Peres y Arafat, como ha resaltado la Sra. Durant, han participado esta semana en la Conferencia Euromediterránea que se ha celebrado en Bruselas. 
Como saben, la Unión Europea pone en práctica una política exterior común, pero no se trata de una política única. 
Cada país, cada institución, utiliza sus propias bazas y pone sus propios recursos al servicio de la causa común. 
La acción decidida de los distintos Estados miembros viene a reforzar el esfuerzo común y viceversa. 
El hecho de que los Estados miembros adopten iniciativas independientes, especialmente en un contexto de crisis, no es señal de fracaso de la Unión. 
Es el reflejo de su propia naturaleza. 
Para terminar, puedo decirles, en nombre de la Comisión, que somos perfectamente conscientes del hecho de que los acontecimientos del 11 de septiembre han cambiado el orden internacional y hemos reconocido que los ataques contra Nueva York y Washington han representado un ataque no sólo contra los Estados Unidos, sino también contra toda la sociedad libre y abierta. 
La amenaza es común, y por ello exige una respuesta concertada. 
La Unión Europea, y en particular la Comisión Europea, contribuye plenamente a este objetivo común y tenemos la intención de seguir por este camino. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, queridos colegas, anteayer un avión cayó sobre Nueva York, y todos contuvimos una vez más la respiración, porque temíamos que se tratase de un nuevo ataque terrorista. 
Gracias a Dios no ha sido un atentado terrorista, aunque las consecuencias han sido igualmente terribles. 
Pero esta sospecha del lunes pone de manifiesto que el terrorismo influye en nuestra vida y que no podemos pasar sin más al orden del día. 
Por ello, debemos decir que consideramos el terrorismo como un formidable desafío, un desafío político, económico e incluso militar. 
Acojo con satisfacción sus palabras, señora Presidenta del Consejo. 
Coinciden con las ideas clave que me he anotado: las redes terroristas deben ser eliminadas. 
Ya hemos visto las imágenes, imágenes de alegría en Kabul, pero también de los muertos, de los que han sido, como es evidente, masacrados, y por ello exigimos a la Alianza del Norte, dirigida por Ahmed Schah Massud, a quien pudimos saludar aquí en el mes de abril, que se actúe en Afganistán, en Kabul, como un buen representante, en pro de la dignidad humana y de un mejor futuro para este sufrido país 
Lo que necesitamos ahora- y en ello coincido con la señora Presidenta del Consejo- es la actuación de las Naciones Unidas. 
Es bueno que nuestros amigos americanos cuenten con las Naciones Unidas. 
Pero lo que sí hace falta, y ahí debe desempeñar la Unión Europea un importante papel, es una alianza, una coalición para la reconstrucción de Afganistán. 
No podemos cometer de nuevo el error de los años 80 y 90 dejando solo a Afganistán, sino que debemos ayudar a Afganistán. 
El papel de la Unión Europea en todo este asunto, señora Presidenta, ha sido más bien triste. 
Naturalmente, las cuestiones militares gozan de prioridad ante las cuestiones nacionales. 
Aún no hemos llegado a un estadio en que los europeos actuemos conjuntamente. 
Lo que algunos países de la Unión Europea han hecho en las últimas semanas me parece lamentable. 
Primero se produjo ese encuentro a tres con ocasión de la reunión del Consejo en Gante, y después la reunión de Londres. 
Debo decir que me ha parecido lamentable. 
En la Unión Europea no tenemos ningún autoproclamado jefe, sino un Presidente del Consejo y una Comisión. 
A la reunión de Londres se autoinvitó la gente, incluido el Presidente del Consejo, algo a mi juicio especialmente lamentable. 
En Londres estaban representados Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Alemania, Países bajos y la Presidencia Belga. 
No acudieron Grecia, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, Irlanda y Dinamarca. 
Me habría gustado que la Presidencia belga- y tengo una opinión muy positiva de esta Presidencia, en particular del Primer Ministro Guy Verhofstadt- se hubiera pronunciado en contra de esta reunión, pues habría sido tarea de la Presidencia invitar a tal reunión y no pedir ser invitado para poder estar también en Londres. 
Espero que en el futuro observemos otras formas de actuación y que no se produzca una escisión así en el seno de la Unión Europea. 
Lógicamente, también debe aprenderse de los errores. 
Espero que aprendamos de estos errores. 
Para nuestro Grupo es fundamental que actuemos conjuntamente, y no sólo al nivel de la cooperación intergubernamental. 
Queremos una Europa unida y por ello esperamos de la Presidencia del Consejo una actuación valiente y decidida. 
Apoyaremos a la Presidencia del Consejo cuando actúe así, como también apoyaremos a la Comisión. 
Señor Busquin, hago el siguiente llamamiento a la Comisión, a su Presidente y al resto de sus miembros: ¡hagan oír con toda claridad la voz de Europa! 
La Comisión debe intervenir, debe dar su opinión y no puede aceptar sin más los acontecimientos, como hemos tenido la ocasión de ver en los últimos meses y semanas. 
Tenemos una oportunidad si actuamos de forma decidida, y puedo decirles en nombre de nuestro Grupo que apoyaremos decididamente tanto a la Presidencia del Consejo como a la Comisión si se hace valer inequívocamente el interés común de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, poco más de dos meses después de los ataques del 11 de septiembre, hemos comprendido todos, incluidos los Estados Unidos, que, para hacer frente al terrorismo global, es preciso formular una política que tiene muchas dimensiones: la militar, la de seguridad, la de inteligencia, la humanitaria, añadiría la cultural, y otras. 
Y tener una voluntad común: la de la coalición, que tiene como marco o base las Naciones Unidas. 
Las noticias de los últimos días confirman que en Afganistán empieza a haber esperanza, y hay que decir algo muy claramente: las primeras víctimas y los primeros rehenes del fundamentalismo agresivo del terrorismo han sido los afganos, y especialmente las afganas, porque son ellos y ellas los que más han sufrido esta situación. 
Prueba de ello son las imágenes que estamos viendo en la televisión de mujeres- y de hombres, pero sobre todo de mujeres- que ya pueden ir con la cara descubierta. 
Ése es el primer hecho. 
Ahora tenemos la obligación de buscar- con las Naciones Unidas- una solución política a la situación afgana, en primer lugar, y a todo el complejo del centro de Asia. 
La Unión Europea debe continuar colaborando en la línea de la ayuda humanitaria, de la cooperación con ACNUR, para hacer frente al problema de los refugiados y desplazados, y también para que, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, haya un plan de estabilidad y de futuro democrático para Afganistán. 
En segundo lugar, tenemos que seguir intensificando nuestra acción, para que la Unión Europea pueda dar una respuesta al terrorismo. 
Está mejorando la cooperación policial. 
Ayer mismo, en mi país, fueron detenidas once personas de la red de Bin Laden en España, y no pasa día sin que esto ocurra en otros países de la Unión. 
En general, estamos garantizando derechos a aquellos que quieren combatir contra nuestro sistema democrático y pluralista, y eso nos honra, pero plantea problemas. 
Y, en el Parlamento, estamos tratando de avanzar rápidamente con la Comisión en la formulación de una política común antiterrorista. 
Por ahí hay que seguir. 
En tercer lugar, constatamos nuestra falta de capacidad conjunta en el terreno militar. 
En cierto modo, hemos compensado esa falta con otras políticas, pero eso no justifica el vacío en la política de seguridad y defensa. 
Aquí, más que volver a ver quién se reunió en Gante, o- recordando aquella vieja película "Adivina quién viene a cenar esta noche" calcular quién estuvo en Londres y quién no estuvo, lo que el Parlamento Europeo tiene que decir al Consejo y a la Comisión es que queremos que la política de seguridad y defensa se incluya en los Tratados. 
Aprovecho la ocasión para decirle al Sr. Comisario que mi Grupo- y creo que todo el Parlamento- espera que la Comisión, haciendo uso de sus facultades como guardiana de los Tratados, y también de su facultad de iniciativa, tenga una línea clara, de cara a Laeken y de cara a la Convención, planteando estas cuestiones. 
Ahí les apoyaremos y de ese modo podremos superar la situación actual: actualizando nuestra política de seguridad y de defensa, actualizando las misiones de Petersberg y afirmándolo conjuntamente. 
Por ahí tiene que ir la respuesta. 
Un último comentario, señora Presidenta, sobre un punto absolutamente esencial que tuvimos ocasión de evocar en el foro euromediterráneo- que siguió al foro que tuvo el Consejo -, en el que pudimos hablar con nuestros colegas, los parlamentarios de ambas riberas del Mediterráneo. 
Se escucharon voces coincidentes- árabes, israelíes y europeas- en el sentido de que tenemos que seguir trabajando- y la Unión Europea desempeña, por primera vez, un papel central- para que haya un Estado israelí con fronteras seguras, junto a un Estado palestino con fronteras también seguras. 
Ésa será la única base para una solución estable en Oriente Medio. 
Por eso, desde aquí tenemos que apoyar decididamente la labor de nuestros representantes, tanto aquí como en Oriente Medio. 
Señora Presidenta, la guerra de Afganistán está dando ahora buenos dividendos militares, como se ha podido ver en estas últimas 48 horas por la extraordinaria escala y velocidad del colapso de los Talibán, aunque sigan siendo potencialmente muy fuertes en grandes partes del país y los terroristas que han estado socorriendo sigan escondidos. 
Ahora bien, hay aspectos de la guerra y no únicamente el aspecto del terrorismo, que se han mantenido más o menos en secreto y un grupo que me gustaría mencionar- al cual, señora Presidenta, rindió usted tributo el lunes- son los periodistas que pagan el precio definitivo por poder contarnos lo que sucede. 
Sabemos tan poco acerca de la guerra moderna y nos sentimos tan descartados por los poderes que luchan que sin la voluntad y el profesionalismo de los periodistas no sabríamos nada de nada. 
Lo que sabemos del éxito comparativo en Mazar-i-Sharif y ahora en Kabul, e incluso por informes del frente que va hasta Kandahar, es que se tropieza con nuevos problemas. 
La coalición internacional- particularmente los Estados Unidos y en especial su Presidente- han partido de la hipótesis de que la Alianza Septentrional es obediente hasta cierto punto, y de que hará algunas cosas y no hará otras. 
Por ejemplo, se nos dijo con cierta certidumbre que la Alianza no ocuparía Kabul. 
Sin embargo, está en Kabul. 
Me parece que la Alianza no es tan obediente como muchos de sus componentes sugerían o esperaban. 
Todo esto da una urgencia aún mayor a la iniciativa diplomática en favor de generar el respeto del Estado de derecho y un proceso gubernamental estable, aunque no se cuente actualmente con un gobierno estable. 
La cuestión es aún más acuciante porque mientras estoy hablando surgen ya nuevas libertades, como podemos ver por las imágenes de la televisión de Kabul. 
Ahora bien, también se nos habla de nuevas causas de temor, ya que Afganistán posee una historia brutal y la brutalidad no es únicamente patrimonio de los Talibán. 
O sea que hay una gran necesidad de obrar con urgencia. 
El segundo problema es el humanitario, que precedía a la guerra pero que ha quedado combinado con ella. 
Ahora que hay una gran extensión de territorio que no está sometido al control de los Talibán, tenemos que determinar visiblemente y urgentemente lo que hay que hacer y situarnos sobre el terreno para hacerlo. 
Nuestro apoyo de las actividades humanitarias tiene que convertirse en medidas prácticas. 
El Comisario ha hablado de cantidades de dinero extraordinarias, que creo haberle oído que en gran parte pasaban inadvertidas. 
Desgraciadamente la contribución de Europa pasa a menudo inadvertida en ese tipo de situaciones, y es preciso que tengamos una presencia visible sobre el terreno y que mostremos nuestra solidaridad, no solamente en la campaña militar sino también en las actividades humanitarias. 
Dos últimas observaciones. 
Una se refiere al Oriente Medio. 
Aprecio mucho la diplomacia tranquila pero efectiva del Sr. Solana y de sus colegas, de la Presidencia belga, de la Comisión y de otros, porque, mientras América miraba en otra dirección, hemos conseguido desescalar las peores tensiones, un preludio necesario para el proceso Mitchell que abre el camino hacia una paz viable. 
Mis colegas se han referido ya a la política europea de seguridad y de defensa. 
Mi Grupo es firmemente partidario de ella y acoge con satisfacción todo lo que se haga en esa dirección. 
Creíamos que eso era lo que significaba la sigla PESD hasta que recientemente descubrimos en Downing Street que se trata de PESG, que es política europea de seguridad y gastronomía. 
Señora Presidenta, quisiera oír sus observaciones acerca de la política europea de seguridad y gastronomía, que es contraria al concepto de una seguridad europea y de una política de defensa en favor de todos y no en favor de unos cuantos. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, quisiera centrar mi intervención en Afganistán. 
Resulta extremadamente difícil formular preguntas sobre la evolución militar de la situación, ya que ésta es muy fluida. 
Sí quiero formular una pregunta, y se trata de un elemento que, a mi juicio, cobrará el mismo protagonismo en los próximos días. 
Se trata de la idea del envío de una fuerza de pacificación de la ONU a Kabul a fin de que la situación permanezca bajo control ¿Se ha discutido alguna vez en el Consejo, de una u otra forma, el hecho de que los países europeos o, tal vez, la Unión en su conjunto, participen en la fuerza de pacificación de la ONU, o el Consejo tiene el convencimiento de que sería mejor que esta fuerza de pacificación de la ONU estuviera integrada solamente por representantes de países árabes? 
En otras palabras, ¿va a haber una implicación futura de la UE en la fuerza de pacificación de la ONU? 
Ahora el aspecto humanitario. 
Está claro que todavía hay que hacer frente a muchas necesidades y también está claro que la conquista de grandes zonas de Afganistán por la Alianza del Norte aumenta las posibilidades de prestar esta ayuda ¿Sabe la Comisión si toda la ayuda que esta institución quiere facilitar podrá ser prestada de forma rápida y eficaz en este momento o en los próximos días o existen todavía obstáculos? 
En caso afirmativo, cuáles. 
Por último, el terreno político y diplomático. 
Mi Grupo tiene miedo de que los políticos sean aplastados por los militares. 
La situación es tal que las conquistas militares preceden a las políticas. 
Mi Grupo teme que el logro de una solución política se vea dificultado, e incluso imposibilitado, si la Alianza del Norte sigue avanzando hacia el Sur. 
Sé que la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea, además del enviado de la ONU, el Sr. Brahimi, están implicados en la búsqueda de lo que usted ha llamado un Gobierno estable ¿Cuáles son en este momento y en los próximos días las implicaciones concretas de la UE en la búsqueda de esta solución política que, en mi opinión, tiene una prioridad extraordinariamente alta? 
Por último, una observación sobre Londres. 
No me inquieta tanto que allí se reúnan países que contribuyen militarmente y que quieran hablar sobre ello. 
Lo que me inquieta es que también figure la política respecto de Oriente Medio en la agenda de Londres. Quisiera preguntarle a usted, entre otros, señora Presidenta, si la política respecto de Oriente Medio se hace en Londres o en Bruselas. 
Señora Ministra, señor Comisario, no renunciemos a nuestro placer porque vuelve a oírse música en las calles de la capital afgana y una voz de mujer en las ondas de Radio Kabul. 
La sensación de liberación que se adivina en las caras de los afganos y la derrota de los opresores que se encuentran entre los más oscurantistas y los más crueles del planeta, nos sienta bien a todas y a todos. 
No obstante, miremos bien de frente y sin pérdida de tiempo a todas las facetas de la realidad para evitar que un día no lejano la esperanza se vea seguida por una nueva pesadilla. 
En primer lugar, los combates no han terminado aún, por desgracia. 
Los talibanes, reagrupados en el sur del país y en la frontera paquistaní, se jugarán el todo por el todo para intentar salvar a cualquier precio lo que les queda de poder y de capacidad de hacer daño. 
Sería un desastre que consiguieran unir a su funesta causa a la población pastún, si esta se sintiera rechazada por los nuevos amos del país. 
En cuanto a las diferentes facciones rivales que componen la Alianza del Norte, cuidémonos mucho de idealizarlas. 
La suerte de las mujeres en algunas provincias bajo su control no nos permite albergar el sosiego. 
Por otra parte, su comportamiento en el pasado, y de este pasado sólo hace cinco años, así como las inquietantes noticias que nos llegan de Mazar-i-Sharif no permiten lamentablemente ignorar el riesgo de verles, antes o después, entregarse a sangrientos ajustes de cuentas en los territorios reconquistados. 
La experiencia demuestra que los aliados eficaces en una acción militar pueden transformarse en serios obstáculos para encontrar una solución política. 
Ahora bien, la salida política ha sido desde un comienzo la cuestión determinante. 
En segundo lugar, midamos el desamparo del pueblo afgano abrumado por cinco años de terror, de meses de sequía y de miseria y, al final, de cinco semanas de intensos bombardeos. 
La ONU calcula que en este país devastado el número de personas amenazas por el hambre es de siete millones y medio. 
En este sentido, su representante especial, Sr. Lakhdar Brahimi, ha multiplicado sus llamamientos para que se ponga fin a la guerra cuanto antes. 
Lo que este país necesita, por el contrario, es un ambicioso plan de ayuda de urgencia y al desarrollo. 
No olvidemos que el objetivo de la movilización internacional fue la neutralización de las redes terroristas, el agotamiento de las fuentes, en particular, financieras, que las alimentan y también la desecación de la capa social y política en la que prosperan. 
Este objetivo justo y ambicioso no se ha alcanzado en modo alguno hasta ahora y cualquier fracaso de la solución política del problema afgano sólo nos alejaría más de dicha solución. 
El papel que incumbe a un interlocutor internacional como la Unión Europea es decir a través de sus Estados miembros especialmente a la ONU, pero también en el marco de nuestras relaciones con los dirigentes estadounidenses, así como con los países de la región, que debe prevalecer la solución política que dimane de los afganos en su diversidad y de los afganos que, por haber sido hasta ahora las principales víctimas de los talibanes, deben encontrarse hoy entre los artífices del cambio, porque ya es hora de llevar a este pueblo mártir la estabilidad, la dignidad y la paz. 
Señora Presidenta, hay una palabra tabú que no he oído pronunciar en ningún momento durante esta hora de debate, que no escucho en las negociaciones que se celebran en Roma o en Peshawar, en Islamabad o en Nueva York. 
Existe un tabú que pretendo, que pretendemos afrontar y que no es otro que la participación de las mujeres, una consistente participación de las mujeres en el Gobierno provisional de Afganistán. 
El Secretario General de las Naciones Unidas confía en un Gobierno transitorio étnicamente equilibrado. 
El Consejo, en la persona de la Sra. Durant, nos decía que confía en una composición justa y duradera. 
Pero ¿de qué justicia estamos hablando? 
Millones de mujeres afganas no solo han sido las primeras víctimas, sino que a lo largo de todos estos años han sido también las grandes artífices de una oposición pacífica en todo el mundo. 
Las conocen: son las mujeres de Negar, de Rawa; han estado aquí en el Parlamento Europeo; son las que llevaban el país antes que los talibanes. 
Eran el 40% de los médicos, el 50% de los educadores, el 70% de la administración, mientras que los hombres se estaban haciendo la guerra. 
A pesar de esto, sólo veo hombres sentados alrededor de la mesa de negociaciones, sólo veo hombres: barbas más o menos largas, más o menos cortas, pero ya no he visto a ninguna de esas fantásticas mujeres que, sin embargo, hemos encontrado. 
Pues bien, sé perfectamente que me encontraré sonrisas y sonrisitas por todas partes. 
Sé muy bien cómo me sentí ante esas sonrisas en 1997 y 1998, cuando este Parlamento y la Comisión fueron, me consta, las únicas Instituciones que desde 1997 apoyaron la campaña "Una flor para las mujeres de Kabul". 
Nuestro valor, nuestro valor, Señorías, creo que ha de continuar. 
Basta de palabrería, de discriminaciones, de exclamaciones: ¡mujeres, pobrecitas! 
¡Basta ya! 
Queremos que las mujeres afganas asuman una responsabilidad política visible en la reconstrucción de su país en el Gobierno transitorio. 
Sé que esto no bastará, sé que es necesaria una movilización de la opinión pública. 
Por esto, organizamos para el 24 de noviembre una jornada mundial de ayuno en el mundo entero, un satyagraha mundial, para que por fin las mujeres formen parte de este Gobierno provisional. 
Confío en que nuestra propuesta no sea recibida con la sorna habitual. 
Con frecuencia quien se ocupa seriamente de derechos humanos tiene mucha más capacidad de visión, de aplicación y de concreción que aquellos que siempre creen que lo saben todo y que piensan que hoy el mundo puede avanzar simplemente con la tradicional realpolitik. 
¡No es así! 
La parte humana, las personas son las artífices de su futuro. 
Pero ¿qué futuro sin la mitad de la población? 
Por lo tanto: 24 de noviembre, día de satyagraha mundial, para que las mujeres formen parte de este Gobierno provisional. 
Señora Presidenta, Afganistán vive en la actualidad horas de incertidumbre que van a revelarse cruciales para el futuro. 
El fin del poder dictatorial de los talibanes abre la puerta a una reconstrucción democrática que está sin embargo lejos de haberse ganado. 
Es probable una guerrilla islamista a la argelina contra la cual los bombardeos masivos son absolutamente inoperantes y que será necesario detener. 
La Unión Europea debe adoptar posiciones decididas y claras, ya que, como han dicho Emma Bonino y Francis Wurtz, las mujeres afganas no deben ser sacrificadas en el proceso de reconstrucción política. 
La participación de las mujeres es clave para una reconstrucción duradera de Afganistán. 
Desde las primeras negociaciones deben estar presentes, y desde el primer día se las debe llamar a participar en un nuevo gobierno. 
Ésta es la única solución que puede garantizar la protección y el respeto de los derechos de las mujeres y de todos los derechos humanos. 
La Unión Europea no puede apoyar un proyecto de gobierno que no toma en consideración esta dimensión esencial. 
Integrar a las mujeres es también un primer paso hacia la democracia. 
Ésta democracia no sabría desafortunadamente conformarse con señores de la guerra que se han hecho culpables de violaciones repetidas de los derechos humanos, de exacciones múltiples y que se preocuparan más de defender, cualesquiera que sean sus contornos, su etnia que el porvenir del país. 
Es preciso poner fin al reinado de la impunidad. 
Los afganos deben estar representados por un gobierno mixto, democrático, representativo de todas las etnias y respetuoso con los derechos humanos. 
Señora Presidenta, los últimos acontecimientos han demostrado al mundo que la estrategia militar que sigue el Gobierno de los Estados Unidos en Afganistán está dando resultados. 
Conseguir que los Talibán pierdan el poder en Afganistán es un objetivo legítimo. 
Los Talibán se escudan detrás de Osama Bin Laden, terrorista internacional que ha cometido actos de terror odiosos, no solamente este año sino también en años anteriores. 
Poner como ejemplo a un terrorista es ya de por sí un delito. 
La ocupación de ciudades estratégicas fundamentales en Afganistán esta semana ayudará sin duda alguna al proceso de erosión del poder de los Talibán, pero aún queda mucho por hacer para derrotarlos en un futuro próximo. 
Constituyen una fuerza militar que hay que tener en cuenta y poseen una extensa experiencia militar. 
Espero que el régimen Talibán sufra una derrota y se vea reemplazado por una alianza más amplia de agrupaciones políticas de Afganistán. 
No va a ser cosa fácil, pero hay que luchar vigorosamente por conseguirlo como opción militar. 
En virtud de la resolución 1373 de las Naciones Unidas nos incumbe a todos velar por que los que han participado en la realización de actos de terrorismo tan viles en América el pasado mes de septiembre sean llevados ante la justicia. 
También nosotros tenemos que evitar que haya nuevos ataques terroristas, y eso sólo se puede conseguir si la comunidad internacional sigue trabajando en estrecha colaboración. 
Una cuestión de la que sin duda alguna hay que ocuparse en el contexto de la guerra de Afganistán es la de las necesidades humanitarias del pueblo afgano. 
La comunidad internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y por conducto de la Unión Europea, tiene que desplegar una estrategia visible y viable que garantice que los suministros humanitarios lleguen al pueblo afgano. 
Una estrategia humanitaria visible es una prioridad absoluta para que el pueblo afgano pueda luchar contra el invierno extremado que se avecina. 
Tiene que haber entregas seguras y constantes de ayuda humanitaria para los que la necesitan. Esto sólo se puede llevar a cabo con la participación de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales fundamentales. 
A su debido tiempo las Naciones Unidas y la Unión Europea deberían recibir un papel positivo que desempeñar en el establecimiento de nuevas estructuras políticas en Afganistán. 
Todos tenemos un papel que desempeñar para conseguir que el terrorismo internacional quede derrotado. 
No hay duda de que se requiere un método multifacético si queremos garantizar la lucha directa contra las raíces del terrorismo internacional. 
Quisiera decir a título de conclusión que es importantísimo que reiteremos el mensaje de que la guerra contra el terrorismo no es una batalla contra el Islam. 
Hay millones de musulmanes que viven dentro de nuestra Unión que están perfectamente integrados en nuestras sociedades y que contribuyen positivamente al desarrollo de la Unión Europea. 
La Unión Europea es una entidad política que es amiga, y lo seguirá siendo siempre, del pueblo musulmán. 
Tenemos que reafirmar este mensaje en todas las oportunidades que se presenten. 
Se ha puesto también de manifiesto que no se trata solamente de cazar a los terroristas, sino también de liberar al pueblo de su propio Gobierno, un Gobierno que no es querido por su propio pueblo. 
Esto es de todo punto evidente, y creo que debemos proclamar públicamente, para así dejarlo bien claro, que no tenemos nada en contra de este pueblo islámico, sino que queremos construir con él un futuro en libertad. 
Esto significa también, evidentemente- y así lo muestra la Historia afgana- que debemos hacerlo con un Gobierno autóctono, respetando sus propias decisiones, y que no debemos inmiscuirnos allí en las cuestiones de detalle. 
En mi opinión, tendría una importancia extraordinaria conseguir establecer un Gobierno de reconciliación en Afganistán. 
La Unión Europea debe intervenir y ayudar aquí con sus capacidades de prevención y de gestión de crisis civiles, para así coadyuvar en la organización de la reconstrucción de este país, siempre que así lo deseen los interesados. 
Por lo demás, en estas semanas se ha puesto de relieve que la Unión Europea puede prestar una importante contribución allá donde actúa. 
A mi juicio, la coalición antiterrorista no habría funcionado en Oriente Próximo y Medio como lo ha hecho sin la actividad desarrollada por la Unión Europea y la Troika durante sus viajes por la zona. 
Por otro lado, debemos tener en cuenta que en el ámbito militar, en el que somos muy débiles, nos hemos permitido cuidar las relaciones bilaterales y ofrecer soluciones directrices. 
A mi juicio, ello pone de manifiesto que debemos encontrar formas de actuación común más intensas en todo el ámbito de la política de seguridad y de defensa, y que debe quedar claro que los principales Estados miembros que creen desempeñar todavía un papel importante no han tenido en realidad influencia alguna en ninguna de las estrategias que se han llevado a la práctica, y que por ello sólo desempeñaremos un papel destacado si actuamos conjuntamente, si alcanzamos no más allá de 2003 nuestro objetivo de formar una Fuerza de intervención rápida de 60.000 hombres y si apuntalamos de forma decidida el ámbito de la prevención y de gestión de crisis civiles con este tercer componente. 
Asimismo, creo que esta cuestión debe debatirse a fondo a la vista de Laeken y en el marco del proceso post-Niza. 
Una y otra vez comprobamos, cuando actuamos en materia de política exterior, que las deficiencias de nuestras estructuras nos impiden colocar todo nuestro verdadero peso en la balanza. 
Pienso en el caos de organización que se ha producido con frecuencia en los Balcanes, las cuestiones de competencia, y no entre Solana y Patten, sino entre las estructuras construidas en paralelo que, a pesar de toda la experiencia adquirida, siguen funcionando enfrentadas y no de forma conjunta. 
Estas estructuras deben reunirse en manos, por ejemplo, de la Comisión con un vínculo de legitimación propio con el Consejo. 
Estas son, a mi juicio, las lecciones que deben extraerse de los dos últimos meses, y sobre la base de las mismas debemos formular nuestras pretensiones ante los dirigentes de nuestros países; además, creo que es necesario, por el futuro de nuestros pueblos, fomentar con mayor intensidad esta actuación conjunta en el futuro en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, espero que me disculparán si hablo durante medio minuto más. 
Dado que el Sr. McMillan-Scott no estaba, tal vez podamos ocupar medio minuto de su tiempo. 
En primer lugar, quisiera decir que el objetivo de la lucha contra el terrorismo internacional no se logra, desgraciadamente, con la caída de Kabul o con la posible caída en breve de Kandahar. 
Todavía debemos centrarnos en otras muchas exigencias. 
Por supuesto, es muy importante localizar las células terroristas en Europa y en otros lugares, terminar con las fuentes de financiación del terrorismo internacional y, a decir verdad, cerrar todo el debate, también en nuestra sociedad, sobre qué grupos están activos en nuestra sociedad y cómo podemos frenarlos. 
Creo, asimismo, que hay que establecer un gran número de condiciones en Afganistán para que este tipo de caldos de cultivo del terrorismo internacional pueda ser eliminado. 
Un Gobierno multiétnico es lógico, pero por supuesto, también debemos encontrar una solución especial para Kabul. 
Debe lograrse la paz con los países que rodean Afganistán a fin de establecer una zona de estabilidad y paz. 
Los refugiados deben poder volver a su país, y hay que investir una cantidad increíble de dinero en la reconstrucción de Afganistán. 
Por último, también hay que velar por que se establezca un Gobierno que respete los derechos humanos. 
Ése es el paquete total de medidas que hay que adoptar. 
Las causas también pueden situarse indirectamente en Oriente Medio. 
No es así, pero ese argumento sí ha sido utilizado por Bin Laden. 
Creo, por tanto, que el proceso de paz en Oriente Medio necesita un impulso adicional, y me pregunto si no ha llegado ahora el momento de dárselo. 
Se lo pregunto a la Presidenta del Consejo, si me escucha. 
Le pregunto especialmente a usted si no va a encargarse conjuntamente con la Comisión de que se adopte por fin una resolución de la ONU sobre el Estado palestino ¿No ha llegado el momento de forzar la ruptura, tal como también hicimos hace años con Israel? 
Me pregunto, asimismo, si no es necesario evaluar el papel de Arabia Saudita en la financiación de todas las instituciones de Europa Occidental sobre las que pueden plantearse interrogantes. 
La posición de Siria ya se ha mencionado antes. 
Creo- nuestro Presidente así lo ha señalado- que también es útil y necesario ayudar al joven Assad a desempeñar ese papel mucho más positivo que todos esperábamos de él y que hasta ahora, por todo tipo de circunstancias, no ha podido cumplir. 
Sin embargo, Siria desempeña un papel crucial y, por tanto, debe manifestarse mucho más en la zona. 
Si queremos desempeñar un papel en tanto UE, también en el proceso total de paz, entonces, debemos tener cuidado con las actividades que emprendemos, entre otras cosas, en relación con la venta de armas o el suministro de bienes de doble uso a Irán. 
Israel mira a este país con gran preocupación, y creo que este tipo de señales es muy importante. 
Y por último, señora Presidenta, casi todos lo han dicho y no lo voy a repetir más, pero no puede ser que la Unión Europea siga dando una imagen fragmentada. 
Debemos estar unidos, debemos actuar de forma comunitaria en el ámbito de la política exterior, de paz y seguridad. 
Si todavía no entendemos este mensaje, ¿cómo vamos a desempeñar un papel en la gran escena internacional? 
Por tanto, hago un llamamiento dramático, también a la Presidencia, a fin de lograr grandes avances en ese terreno. 
Señora Presidenta, me felicito por este debate que se está celebrando en el día de hoy, en un momento en el que la situación evoluciona de hora en hora y, espero, de forma positiva, en Afganistán. 
Sé que Europa tiene dos obligaciones con respecto a Afganistán. 
Efectivamente, en lo relativo a la ONU, hemos de sopesar la resolución política del conflicto, con el fin de que se instaure, como ha dicho Guy Verhofstadt, un gobierno estable, legítimo, democrático y muy representativo de todos los grupos étnicos, y que suscriba los principios de los derechos humanos. 
Pero creo que tenemos un segundo deber con respecto a Afganistán, un deber de urgencia. 
Sabemos que la situación humanitaria en Afganistán es trágica. 
Resulta del efecto combinado de una guerra que está desgarrando a este país desde hace 23 años y una sequía que lo asola desde hace tres. 
Sabemos que 7 millones de personas dependían ya de la ayuda humanitaria antes de la puesta en marcha de las operaciones militares. 
Sabemos también que hasta 100.000 niños podrían morir este invierno si en las próximas semanas no les llegan víveres en cantidades suficientes. 
Por ello solicitamos que Europa ponga en marcha una intervención urgente de gran alcance frente a este drama humanitario. 
En el marco de una concertación que deseamos permanente entre la Unión Europea, Estados Unidos, los Estados vecinos de Afganistán, las agencias especializadas de la ONU y las ONGs que trabajan en Afganistán, pedimos- como ha hecho usted en varias ocasiones, señora Presidenta- la creación de corredores humanitarios seguros que permitan que llegue una ayuda de urgencia alimentaria y alojamientos para los desplazados afganos. 
Esto no es solamente una cuestión de urgencia, es simplemente el deber de los pueblos de la Unión Europea, a los que representamos aquí. 
Señora Presidenta, voy a responder o en todo caso a intentar dar algunos elementos de respuesta a algunas observaciones que se han realizado en el transcurso de este debate, más interesante en la medida en que se produce en un momento al mismo tiempo cargado de esperanza pero cuyo resultado no está del todo claro. 
Quisiera en primer lugar volver sobre esa famosa reunión de Londres, que varios de ustedes han mencionado, y recordar en este sentido que no se trataba en ningún modo de una reunión organizada por iniciativa de la Presidencia. 
La Presidencia tiene como misión invitar y presidir las reuniones de los Quince. 
En Gante, por el contrario, se trataba de una reunión convocada por motivos militares o, dicho de otra manera, aquellos que quisieron reunirse en Gante invocaron razones militares. 
En lo que se refiere a la reunión de Londres, quisiera igualmente aclarar que la Presidencia, que no tuvo la iniciativa de esta reunión, fue sin embargo invitada. 
A partir del momento en el que fue invitada, el Presidente del Consejo Europeo, Sr. Verhofstadt, se puso inmediatamente en contacto con sus diferentes colegas para conocer la posición de cada uno de ellos. 
Alentado insistentemente a viajar a Londres, se comprometió inmediatamente, algo que se hizo durante el COREPER del día siguiente, a informar de todo lo que se dijera y decidió asistir acompañado por el Sr. Solana, al considerar que estas cuestiones eran efectivamente muy importantes ya que estaban vinculadas a la seguridad. 
Estos son algunos elementos de hecho que les sitúan en el contexto de esta reunión de Londres y que me permiten repetir que el papel de la Unión Europea es evidentemente diplomático y político pero también humanitario y esto no es un paréntesis sino una afirmación clara. 
En mi introducción declaré, y el Sr. Busquin también lo declaró en nombre de la Comisión, que concedemos una gran importancia a las cuestiones humanitarias, no solamente a nivel de las palabras o de los medios financieros sino también y sobre todo a nivel de los hechos. 
Vigilamos para que se pongan en marcha. 
Pueden ustedes estar convencidos de la determinación y de la presidencia del Consejo y de la Comisión para avanzar de forma muy concreta, muy precisa y urgente con respecto a las respuestas que han de darse e intentar darles la mayor difusión. 
Efectivamente, es importante que se sepa y que se vea, independientemente de la acción que se emprenda, que la Unión Europea quiere jugar y jugará un papel en este sentido. 
Comparto también el sentimiento del Sr. Poettering sobre la necesidad de que Europa hable con una sola voz. 
Puedo asegurarles en este sentido que la Presidencia del Consejo ha desplegado todos sus esfuerzos para que así sea, principalmente con ocasión de la reunión de Londres, reunión lo convocada por nosotros, pero para la cual la Presidencia fue invitada a consultar previamente a los demás Estados miembros y a asistir con el Sr. Solana. 
Esto es todo sobre Londres, Gante y sobre esas preguntas. 
Con respecto a la pregunta del Sr. Lajendijk relativa entre otras cosas a la fuerza de las Naciones Unidas y el régimen post-talibán, el Consejo no ha discutido aún sobre la participación de la Unión Europea como tal en una fuerza de las Naciones Unidas y por tanto, en este momento, no ha decidido su posición. 
Por consiguiente no puedo transmitirla. 
Por el contrario, en lo que respecta a la estabilización del régimen post-talibán, me parece que esta estabilización pasa necesariamente por una concertación con los países de la región bajo los auspicios de las Naciones Unidas y por tanto del Consejo de Seguridad. 
Ya que hablamos de este régimen post-talibán, del que todos esperamos que sea estable, multiétnico y democrático, sabiendo también que el camino a recorrer será difícil, quisiera insistir sobre todo en una cuestión que me interesa en gran medida al igual que a la Presidencia del Consejo, la problemática del género. 
Efectivamente, si bien se trata de trabajar por una representación o por un gobierno más democrático, estable, etc., se trata también de tomar en consideración la cuestión del sexo. 
No podría comprender, y tampoco la Presidencia del Consejo, que las mujeres afganas, que han sido las primeras víctimas del régimen de los talibanes en términos de privaciones múltiples, principalmente de derechos, asumiendo enormes responsabilidades, queden excluidas de la construcción de este gobierno y de su acción posterior. 
Finalmente, creo que todas o casi todas las intervenciones han puesto en evidencia hasta qué punto necesitamos más Europa en el plano de la seguridad común. 
Es necesaria una acción comunitaria. 
La Presidencia belga está convencida de ello y deseo realmente que esta cuestión figure en el menú de la Cumbre de Laeken. 
Los acontecimientos recientes demuestran suficientemente que es necesario avanzar de común acuerdo, de forma más armoniosa y en un marco comunitario. 
Éstos son algunos de los elementos de respuesta que quisiera aportar a este debate que creo ha hecho hincapié en principios enormemente útiles e importantes para los días, las semanas y los meses venideros. 
Señora Presidenta, simplemente para aportar tres precisiones. 
Como ha señalado la Sra. Durant, la cuestión de la ayuda humanitaria es, evidentemente, primordial. 
Y como han señalado también varios diputados desde esta tribuna, es una prioridad en el momento en el que se acerca el invierno y amenaza a las poblaciones. 
No puedo más que confirmar la voluntad de poner en práctica las cantidades previstas. 
Repito: se trata de 100 millones de euros para 2001, que están encauzados por la World Food Organisation y también por las organizaciones no gubernamentales. 
Dicho esto, si se fijaran las posiciones relativas a los corredores de seguridad, creo que es nuestro deber vigilar, a través de ECHO, para que la ayuda se canalice de la forma más eficaz posible. 
Ésa es en todo caso la voluntad de la Comisión. 
Sólo puedo confirmarlo. 
De la misma forma, la Comisión evalúa, con la comunidad internacional y el pueblo afgano, incluidas por supuesto las mujeres, las necesidades que van a surgir de la reconstrucción, como hemos hecho por cierto en Serbia, donde este mismo proceso se considera un ejemplo de eficacia en el tiempo. 
Finalmente, a nivel diplomático, el Sr. Prodi y el Sr. Patten en particular están enteramente disponibles para responder a las invitaciones de la Presidencia de la Unión Europea, que no dejará de hacer en los próximos días. 
Doy las gracias al señor Comisario Busquin. 
El debate queda cerrado. 
Negociaciones en el marco del Convenio sobre las armas biológicas y tóxicas a raíz de los recientes ataques con ántrax 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las negociaciones en el marco del Convenio sobre las armas biológicas y tóxicas a raíz de los recientes ataques con ántrax. 
Doy a continuación la palabra a la señora Ministra Durant, que hablará en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, señoras, señores, quisiera abordar la cuestión de las negociaciones relativas al Convenio sobre las armas biológicas y tóxicas. 
Los recientes atentados del 11 de septiembre no han hecho más que reforzar nuestra convicción de que ahora más que nunca son indispensables instrumentos multilaterales que contemplen el desarme y la no proliferación. 
Conviene efectivamente hacer todo lo posible para prohibir a las organizaciones terroristas y a sus miembros el acceso a medios más poderosos para llevar a cabo sus actividades criminales. 
En esta perspectiva, la lucha contra las armas biológicas debe proseguirse a un ritmo más sostenido, en atención principalmente a la amenaza de posibles atentados bioterroristas. 
En este sentido, el Convenio sobre las armas biológicas y tóxicas constituye un instrumento fundamental. La Unión Europea y sus Estados miembros se han comprometido a promover su universalidad. 
La Unión Europea llevará a cabo, con vistas a la quinta Conferencia de revisión del Convenio sobre las armas biológicas y tóxicas que tendrá lugar en Ginebra del 19 de noviembre al 7 de diciembre de 2001, una nueva llamada a los Estados que no han accedido al Convenio sobre la prohibición de las armas biológicas y tóxicas, para ratificarlo en el plazo más breve posible. 
El refuerzo de este Convenio constituye por otra parte una prioridad de la Unión en el ámbito del desarme. 
El Consejo concede así una importancia primordial a la conclusión de las negociaciones que se han producido en Ginebra, en el seno del grupo ad hoc, sobre un protocolo jurídicamente vinculante que fije un régimen eficaz que permita que se respete el Convenio sobre las armas biológicas y tóxicas. 
En sus conclusiones del 11 de junio de 2001, el Consejo de la Unión Europea confirmó de nuevo su compromiso de contribuir a la redacción de un protocolo que contenga una serie de medidas concretas que definió, en su posición común del 17 de mayo de 1999, como esencial para la puesta en marcha de un instrumento eficaz. 
En este sentido, la Unión lamenta que el grupo especial no haya llegado a cumplir su mandato, llevar a buen término estas negociaciones sobre un protocolo jurídicamente vinculante antes del inicio de la quinta Conferencia de examen. 
Efectivamente, la Unión manifestó su decepción frente al rechazo de Estados Unidos de aceptar el texto de síntesis presentado por el presidente del grupo especial. 
El Consejo mantiene por tanto su posición. 
La amenaza que constituyen las armas biológicas exige una respuesta multilateral apropiada. 
El Consejo seguirá señalando la importancia que concede a los trabajos que deben llevar a un instrumento jurídicamente vinculante y, en particular, al mantenimiento del grupo especial. 
La Unión ha tomado nota de la declaración de Estados Unidos según la cual estos últimos apoyan todos los mecanismos multilaterales actualmente en vigor que contemplan el dominio, la no proliferación y el control de las exportaciones de armas, así como sus propuestas alternativas. La Unión continúa con el examen de estas propuestas. 
Ya las hemos discutido con Estados Unidos y seguiremos haciéndolo en el marco de la preparación de la Conferencia de examen. La Unión se reserva el derecho de formular también propuestas. 
Finalmente, la Unión desea que se preserve el acervo de las negociaciones y que la Conferencia de examen pueda adoptar decisiones que ofrezcan perspectivas para una reanudación rápida de las negociaciones en el marco multilateral del Convenio, con la participación de todos los Estados que sean parte. 
Señor Presidente, señora Ministra, señoras y señores, no quisiera añadir muchas cosas a lo que la señora Ministra acaba de decir. 
Quisiera simplemente confirmar que la Unión Europea siempre ha estado a favor de este texto de compromiso, convencida de la importancia de los acuerdos de no proliferación de armamentos, aunque éstos se acompañen de medidas de verificación eficaces. 
La Unión está convencida de que una señal negativa en cuanto a los progresos de los compromisos internacionales en materia de no proliferación de armamento es de forma general perjudicial para la seguridad global. 
Como se ha dicho, no se ha aceptado el compromiso. 
Por tanto, no habrá resolución probablemente para el 19 de noviembre, pero prosiguen con regularidad los contactos entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre este tema. 
Los Estados Unidos consideran además que los acontecimientos del 11 de septiembre y los que siguieron no alteran su posición con respecto al protocolo de verificación elaborado en el seno del grupo ad hoc. 
Por el contrario, la Unión Europea mantiene que ese texto de compromiso hubiera permitido un avance importante en un momento especialmente crítico. 
La Unión Europea considera también que la dinámica de discusión del grupo ad hoc debe quedar preservada, aunque puede ser que la forma y el procedimiento deban adaptarse a las circunstancias. 
Los Estados Unidos están preparando nuevas propuestas de medidas de protección contra el riesgo de un ataque biológico insistiendo en la necesidad de defenderse contra el peligro terrorista. La Unión Europea considera que algunas propuestas de Estados Unidos hay que considerarlas de forma positiva. 
Sin embargo, ésta considera también la posibilidad de añadir otras que pretenden mejorar el Convenio y favorecer el desarrollo a más largo plazo de un instrumento jurídicamente vinculante, pero ahí tocamos el corazón del problema. 
La Unión propondrá también un mecanismo que permita proseguir el diálogo sobre el Convenio de manera regular y abriéndolo a todas las partes. 
Estas medidas formarán parte sin duda de los debates de la quinta conferencia de Revisión. 
En conclusión, como se ha dicho, una cosa es cierta, no habrá protocolo de verificación del Convenio biológico a corto plazo. 
Velamos para mantener los logros del grupo de trabajo ad hoc. 
Se producen consultas regulares con Estados Unidos e intentamos, a partir de sus propuestas, completar éstas con las nuestras, con el fin de preservar el espíritu de un diálogo abierto y regular con todas las partes del Convenio que es, a nuestro juicio, la clave del multilateralismo. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, se dice que los refranes son la expresión de la sabiduría de las naciones y, según uno francés no hay mal que por bien no venga. 
La terrible catástrofe del World Trade Center, el inicio por parte de unos locos furiosos de la campaña de intoxicación con ántrax tendrán al menos el mérito de despertar a la opinión pública y, a través de ésta, a los responsables políticos y hacer que tomen conciencia de los peligros del desarrollo de un terrorismo internacional decidido a imponer su visión del mundo por cualquier medio. 
En este sentido sólo hay que recordar las últimas baladronadas de Osama Bin Laden. 
Espero, entre paréntesis, que sean las últimas porque no debería faltar mucho para que rinda cuentas de sus crímenes ante la justicia internacional. 
Pero espero que tras esa caída inminente, la comunidad internacional no deje de proseguir con su acción para el control y el rechazo de las armas biológicas y químicas y para hacer que desaparezca su terrible amenaza. 
Con este fin este Parlamento ha preparado la propuesta de resolución que se someterá mañana a la aprobación de nuestros colegas. 
Nos alegramos del cambio de actitud del Gobierno americano, que se retiró el pasado mes de julio de las negociaciones para la conclusión de un protocolo de aplicación del Convenio- señor Comisario, acaba de recordárnoslo- y esperamos que la nueva conferencia prevista en Ginebra y de la que usted ha informado, señora Presidenta en ejercicio, a partir de la próxima semana tenga así mejores auspicios. 
Damos las gracias al Consejo en su persona, señora Presidenta en ejercicio, por habernos asegurado la voluntad del propio Consejo de coordinar en este sentido la acción de los gobiernos de los Estados miembros. 
Así pues, invitamos a la Comisión a instaurar bajo su control una agencia especializada capaz de intervenir con rapidez en cada ocasión que pudiera sospecharse la posibilidad de que se produzcan infracciones al Convenio. 
¿Podría darnos, señor Comisario, su opinión personal sobre este punto? 
Señor Presidente, este año, con anterioridad, manifestamos nuestra decepción por la falta de apoyo de Estados Unidos al refuerzo del Tratado sobre armas biológicas. 
La cuestión del bioterror se ha convertido repentinamente en actual con motivo de los acontecimientos del 11 de septiembre y el ataque con ántrax en los Estados Unidos. 
Las armas biológicas amenazan con convertirse en parte de una guerra asimétrica que se caracteriza por la lucha contra el terrorismo. 
El tratado, por supuesto, está dirigido a los Estados, pero la ejecución efectiva del mismo también dificulta que los terroristas puedan disponer de estas armas. 
Estas armas ya están prohibidas desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente, todavía siguen existiendo. 
De ahí que aboguemos por reglas internacionales vinculantes a fin de mejorar la vigilancia del tratado. 
Afortunadamente, los americanos han vuelto a la mesa de negociaciones. 
Se enfrentan a un problema que no pueden resolver ellos solos. 
Sin embargo, las propuestas que han realizado tienen todavía muchos fallos. 
Cuanto más firmes y transparentes sean los controles, mejor, y ésa también debe ser la postura de la Unión Europa en la próxima conferencia de revisión del tratado que se celebrará a finales de este mes. 
Éste debe convertirse en un medio para aprehender a los fabricantes de armas biológicas, pero también para localizar los antiguos arsenales. 
Rusia ha elaborado amplios programas ¿Cómo han terminado y qué se ha hecho con el conocimiento adquirido? 
Circulan rumores sobre científicos que han trabajado en estos programas y que pudieran haber ofrecido sus servicios a otros. 
El ataque con ántrax en los EE.UU. nos obliga a examinar de nuevo cómo podemos poner fin a los programas de armas de Iraq. 
La ONU debe adoptar nuevas iniciativas al respecto. El tratado no ofrece, por supuesto, suficiente protección contra el bioterror, contra los llamados actores no gubernamentales. 
Para lograr esa protección, es necesaria una mayor y mejor colaboración entre los servicios de policía y los servicios de información, así como mejores métodos de localización. 
Es necesaria una mejor protección de los ciudadanos frente a posibles ataques y frente a las consecuencias que pueden derivar de los mismos. 
Muchos países se están preparando para poder defenderse mejor del ántrax o de la viruela. 
Cuesta muchísimo dinero. 
Los países pobres no lo tienen y podrían convertirse, por tanto, en las mayores víctimas de una eventual epidemia de viruela como consecuencia del bioterror. 
Quisiera hacer un llamamiento a la Unión Europea y a los países de la Unión Europea a fin de que no sólo estudien la posible protección de sus propios ciudadanos, sino que también examinen si pueden ayudar a los países en desarrollo en el establecimiento de programas destinados a proteger a su propia población en caso de eventuales ataques terroristas con armas biológicas. 
Señor Presidente, mi Grupo, el Grupo Liberal, quiere hacer tres observaciones que voy a formular en forma de preguntas. 
En primer lugar- y esta cuestión figurará en la resolución de transacción que todavía no está impresa, pero en todo caso figura en nuestra propia resolución- mi colega, la baronesa Nicholson de Winterbourne, señala que las Naciones Unidas son lentísimas, o lo han sido en el pasado, antes de responder cuando se reciben informes sobre infracciones por la utilización de ese tipo de armas. 
Por ejemplo, cuando Saddam Hussein en los primeros años del decenio de 1990 utilizó esas armas en los pantanos de Irán, las Naciones Unidas necesitaron tres semanas y media hasta poder situar inspectores sobre el terreno, con lo que Saddam Hussein tuvo todo el tiempo que necesitaba para esconder las pruebas de sus delitos. 
¿Podría indicar el Consejo amablemente a las Naciones Unidas que necesitamos una respuesta mucho más rápida que tres semanas y media si ese tipo de incidentes vuelven a suceder en el futuro, como tememos que suceda? 
En segundo lugar- y este extremo aparece en la resolución del Grupo Liberal y también en la resolución de transacción- el problema del ántrax en los Estados Unidos ha concentrado toda nuestra atención en la necesidad de reaccionar rápidamente y de analizar lo que está sucediendo. 
No hay ninguna agencia para toda la Unión Europea que se ocupe de esta cuestión pero en los Estados Unidos de América está el Centro para la Lucha contra Enfermedades, en Atlanta. 
¿Estaría dispuesta la Comisión a proponer que se cree una agencia de la Unión Europea, bajo su control, que coordinaría la labor de las agencias nacionales pertinentes de nuestros Estados miembros en la esfera de las enfermedades transmisibles? 
Esto aceleraría nuestra reacción y nos ayudaría en el plano de la Unión. 
Mi tercera pregunta se dirige al Consejo, y espero que sea una pregunta puramente hipotética. 
Si las investigaciones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos de América indican que el estallido de ántrax proviene del Iraq y por consiguiente la opinión pública norteamericana se pronuncia abrumadoramente en favor de un ataque contra el Iraq- y me imagino que George Bush difícilmente podría resistir a una opinión pública tan abrumadora, ¿cuál sería la posición del Consejo? 
¿Animaríamos a la Unión Europea a que atacase también al Iraq, o nos esforzaríamos por frenar a George Bush? 
¿Ha considerado el Consejo esta cuestión? 
Señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, ¡Qué el cielo nos proteja contra las armas que han sido creadas para defendernos! 
Tras los atentados del 11 de septiembre en Manhattan, la población americana continúa paralizada por el miedo como consecuencia de los ataques con ántrax, que si bien ocasionan un número limitado de víctimas, tienen un efecto psicológico masivo hasta fuera de Estados Unidos. 
El producto mortal que se ha utilizado, muestra, por su concentración y pureza, que procede de laboratorios situados en los propios Estados Unidos, que es el único país que puede haberlo fabricado. 
Esto pone de relieve, sin duda alguna, que la actual legislación no elimina el riesgo que corre nuestra población ante la fabricación de armas químicas y biológicas. 
Dentro de poco se celebrará una conferencia en Ginebra, y recordamos que Estados Unidos, en particular, se retiró el pasado mes de julio de las negociaciones sobre el protocolo que se estaba discutiendo. 
El Parlamento Europeo adoptó el 14 de junio pasado una resolución para sumarse a la adopción del protocolo. 
No obstante, estamos convencidos de que tanto la fabricación como la utilización de las armas químicas y biológicas debería ser totalmente prohibida por la comunidad internacional, y esta obligación debería ser vinculante. 
Los arsenales actuales deberían ser destruidos por expertos, y me temo que incluso el protocolo puede resultar demasiado débil para ello. 
Señor Presidente, hace mucho tiempo que tenemos un tratado contra las armas biológicas y contra las armas con toxinas. 
Su aplicación y el seguimiento de su aplicación no son posibles sin un protocolo que prevea la forma en que esto se lleve a cabo. 
Durante años hemos intentado hacerlo. 
No lo hemos conseguido. 
Los Estados Unidos han boicoteado el protocolo, no me pregunten por qué. 
Leo los análisis de algunos analistas americanos que dicen que no les había dado tiempo a terminar ciertos programas de tal guerra y tenían muchísimo trabajo. 
En cualquier caso, después de los terribles sucesos en Nueva York y los casos de ántrax en los Estados Unidos, debemos volver lo antes posible al sentido del seguimiento y de la aplicación de este tratado. 
Con gran asombro he escuchado al Sr. Comisario decir que la postura de los Estados Unidos no ha cambiado, que no vamos a tener en breve un protocolo y cuanto este prevé sobre el seguimiento y la aplicación del tratado. 
Creo que lo que tenemos en el proyecto común de decisión que presentamos debemos quitarlo, estimados colegas, es decir, donde decimos que saludamos el cambio de postura de los Estados Unidos. 
Mañana debemos cambiarlo con una enmienda oral. 
Segundo, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, no nos ha dicho de qué forma puede intentar ejercer mayor presión a los Estados Unidos, si es de ellos de quienes depende toda la historia. 
Y yo tengo mis dudas, o sea, ¿es que son suficientes los debates? 
Tercero, hay nuevos datos, señor Presidente. 
Se ha demostrado que se pueden producir armas de este tipo de desastre masivo utilizando mecánica genética; basándose en supuestas investigaciones sobre la fabricación de vacunas y de otras terapias o también investigaciones reales que pueden desviarse muy fácilmente hacia objetivos militares. 
He elaborado una enmienda para nuestra resolución mañana. 
Pienso que debemos adoptarla y que la Unión Europea debe plantear también este tema en el debate. 
Finalmente, si se demuestra, señorías, como dice el FBI, que el carbunco se ha fabricado y procede de los Estados Unidos, ¿No hay en esta Sala ningún diputado que proponga, alguien, no sé quién, el bombardeo a Estados Unidos? 
Señor Presidente, ya que es la primera vez que intervengo en este Pleno, permítame que salude a la Presidencia, al Consejo y a sus Señorías. 
La posible utilización de tecnologías militares y de armas biológicas y químicas por parte de grupos subversivos ha dejado de ser un riesgo remoto y se ha convertido en un problema real de defensa de la población civil. 
La filtración de secretos militares, la fuga de expertos y el robo de materiales son un hecho y el substrato real con que cuenta la estrategia terrorista para golpear a las poblaciones civiles, indefensas ante estas nuevas agresiones. 
Para hacer frente a este nuevo escenario bélico, donde el enemigo está perfectamente camuflado entre las redes de la sociedad civil, protegido por aquellos derechos de libertad contra los que lucha, y donde los objetivos no sólo son las fuerzas armadas, sino la población civil, es de fundamental importancia conocer qué amenazas acechan la seguridad de los ciudadanos. 
Habida cuenta de que algunas naciones, al no firmar la Convención de Ginebra sobre armas químicas y biológicas, han seguido desarrollando, como hemos escuchado, estas tecnologías bélicas, pedimos a los Estados Unidos y a las Repúblicas de la antigua Unión Soviética y, en todo caso, a los Estados que no han participado o no se han adherido, que suministren información pormenorizada sobre los agentes biológicos y químicos que conocen, que podrían de alguna manera ser descubiertos o sustraídos por los grupos terroristas. 
Todo esto con el fin de conseguir lo antes posible datos útiles para prevenir la producción, el almacenamiento y la difusión de tales medios de destrucción masiva, así como para poner a punto las necesarias medidas de información del personal de las instituciones civiles y paramilitares al efecto de que sean aptas para hacer frente de manera eficaz y rápida a estos nuevos escenarios de desastres provocados por hombres sin escrúpulos. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Ministra, no hay nada de lo dicho en este debate que no apoye. 
No obstante, quiero hacer unas observaciones complementarias en relación con tres puntos sobre los que, a mi juicio, debe insistirse mucho más. 
En primer lugar, no podremos esperar que otros Estados realicen a largo plazo una política de seguridad distinta de la que nosotros aplicamos. 
Si no queremos que se sigan extendiendo las armas de destrucción masiva, por ejemplo en este ámbito, será la Unión Europea y sus socios quienes deban manifestarlo así con una mayor claridad. 
En segundo lugar, es evidente que, con respecto a los años ochenta, en EE.UU. se ha verificado un cambio de paradigmas y de estrategia en la cuestión de la verificación. 
A la vista de lo trágico de este asunto, que se ha puesto de manifiesto a partir del 11 de septiembre, la actitud moderada de la Unión Europea en esta cuestión, que yo a veces entiendo, me parece inadecuada, y espero que la forma de actuación unilateral de EE.UU. a la que se acaba de aludir quede superada, por experiencia propia. 
El tercer problema es el decisivo. 
No es acertado remitirse únicamente a EE.UU. Es evidente que este cambio de paradigma también se ha producido en Europa Occidental. 
En el modelo sobre el que se debate en relación con la Convención sobre armas biológicas percibimos también una crisis financiera de la que participan también algunos Estados miembros de la Unión Europea. 
Desde la adopción original de la convención las disposiciones en materia de control han empeorado. 
Este hecho es muy sintomático, señora Ministra en mayo de este año interpele al Consejo en relación con estos asuntos. 
Hasta ahora no he recibido respuesta alguna, y me temo que la intensidad con la que abordamos este tema es demasiado pequeña. 
Señor Presidente, señora Ministra, señoras y señores, quisiera simplemente responder a las preguntas sobre el tema "Agencia o no Agencia", como han señalado el Sr. Morillon, el Sr. Swoboda y el Sr. Dunn. 
De hecho, en el caso del Convenio para la prohibición de las armas biológicas y tóxicas, no se trataba evidentemente de hablar de una Agencia. 
La posición de la Unión consistía en proponer un mecanismo de prosecución del diálogo por encima de la Conferencia de examen en forma de reuniones anuales de las partes, como para el Convenio Químico, o de reuniones de expertos, es decir, siguiendo al antiguo grupo ad hoc, como se ha explicado en el estado actual del debate del Convenio. 
Sin embargo, quisiera señalarles que a partir de la cumbre de Gante y, por supuesto, a petición de la Presidencia de la Unión Europea, la Comisión ha efectuado un trabajo consistente en examinar esta cuestión en sus diferentes aspectos y por tanto en inventariar los laboratorios, en intentar ver qué tipos de respuesta podemos aportar, y en la reunión de la Comisión de ayer había además una nota informativa común de los Comisarios Byrne, para la Salud de los Consumidores, Liikanen y yo mismo para ver cómo podemos poner en práctica en la Unión Europea, por supuesto, de acuerdo con los Estados miembros, una mejor coordinación para alcanzar los objetivos sin pasar necesariamente por la creación de una Agencia. 
Éste es, de alguna forma, el sentido de la actuación. 
En este sentido, les señalo que, en el ámbito de la propia investigación, y por tanto de las potencialidades de conocimiento en esta materia, hemos previsto un encuentro el 13 de diciembre en Bruselas de todos los expertos de los Estados miembros dedicado a esta cuestión. 
Gracias, señor Comisario. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el párrafo 2º, artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Construcción naval (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A5-0373/2001) de la Sra. Riis-Jørgensen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 401- C5-0393/2001- 2000/0153 (CNS) ) relativa al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval 
Señor Presidente, después de felicitar a la ponente, quisiera comenzar mi intervención destacando que el sector de la construcción naval se enfrenta, en toda Europa, a una grave crisis que puede afectar a la propia credibilidad de la Unión Europea y poner, quizá, en grave riesgo la continuidad de este sector en la propia Unión, ante la competencia desleal ejercida por Corea del Sur. 
Pero que además puede representar una invitación y un estímulo para extender las prácticas desleales coreanas a otros sectores de la actividad económica como la automoción, la electrónica o el acero. 
Invitación, por supuesto, que se extiende no sólo a la propia Corea sino a otros países, principalmente de aquel ámbito territorial. 
La trasparencia se nos antoja un reto: la libre competencia en un libre mercado. 
Pero libre mercado supone las mismas leyes para todos, y dado que esto no existe en estos momentos, nuestra trasparencia en un mundo y en un tiempo concretos en que no se dan los otros elementos necesarios para que exista dicho libre mercado, además de una ingenuidad puede suponer un riesgo seguro de siniestro y también una falta de solidaridad de la Unión Europea con los Estados miembros y con ciudades de estos Estados. 
Éste es el caso de una ciudad como la mía- Vigo -, en el noroeste peninsular de España, donde empresas y familias hemos hecho un enorme esfuerzo y un duro sacrificio para situarnos en parámetros de competitividad. 
Razones de solidaridad exigen, por lo tanto, medidas de defensa de un sector estratégico también para Europa; medidas que imponen ampliar la cobertura del mecanismo defensivo de apoyo a todas las categorías de barcos construidos por los astilleros coreanos y que imponen igualmente extender el período de vigencia del mecanismo defensivo hasta el 31 de diciembre de 2003, período de vigencia, por otra parte, del Reglamento (CE) nº 1540/98 o, alternativamente, hasta que finalice el procedimiento contra Corea ante la OMC. 
Nos va en ello, señor Presidente, nuestro futuro, el de los Estados y el de los pueblos de los ciudadanos europeos. 
Veinte años después será definitivamente tarde. 
Creo que son razones de solidaridad las que exigen y hacen esperar que la Comisión y el Consejo actúen en el sentido expuesto. 
Son las razones que formulan las empresas y los trabajadores del sector, allí donde en Europa la construcción naval es importante. 
Señor Presidente, aquellas de sus Señorías que me conocen saben que no acostumbro a mostrarme partidario de las ayudas públicas que distorsionan la competencia. 
Ello no significa que no reconozca que algunas de estas ayudas públicas tienen su sentido y deben seguir existiendo si sirven a los objetivos que están previstos en el Tratado. 
A pesar de ello, y precisamente porque ése es uno de los casos, quiero manifestar mi apoyo total a la propuesta de la Comisión y a las enmiendas presentadas por las comisiones competentes, que proponen un mecanismo defensivo y temporal en el sector de la construcción naval para hacer frente a las prácticas desleales de la República de Corea. 
En este apartado, no caben soluciones como la propuesta por el Grupo de los Demócratas y Liberales Europeos que, bajo el manto de una posición extremadamente ortodoxa contra las ayudas públicas, producirían consecuencias desastrosas contra el sector de la construcción naval europeo. 
Parece un hecho incontrovertible que la República de Corea practica el dumping en el sector, y por esa razón la industria europea no puede mostrarse competitiva. 
Es cierto que la Comisión ha iniciado un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio para combatir esa competencia desleal, pero, también es cierto que mientras se sustancia ese procedimiento la industria europea de la construcción naval puede terminar desapareciendo, con las importantes repercusiones que puede haber para el empleo. 
Debemos tener en cuenta que esas ayudas tienen una doble característica que las hace dignas de apoyo: en primer lugar, son transitorias- solamente van a prestarse hasta que la OMC resuelva el conflicto planteado- y, en segundo lugar, son defensivas- responden a un ataque producido por la competencia desleal de la República de Corea -, y en esos precisos términos son perfectamente aceptables. 
Asimismo, son aceptables las enmiendas aprobadas por la comisión competente, que incluyen algunos tipos de barco que igualmente se encuentran afectados por esas prácticas desleales de Corea. 
Se ha planteado con la ponente la existencia de un posible informe jurídico de los servicios del Consejo, que se manifieste en contra de estas medidas propuestas por la Comisión. 
Bien, a falta de saber cuáles son esos razonamientos jurídicos, nosotros debemos estar tranquilos con los informes jurídicos tanto del Parlamento Europeo como de la propia Comisión, que hablan de la procedencia de estas ayudas en los términos planteados por la Comisión, que no quedan distorsionados ni modificados sustancialmente por las propuestas que se han aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
. (DA) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, protesto contra la ausencia hoy aquí del Consejo para dar la valoración jurídica exigida por nosotros. 
Es inaceptable que como Parlamento no tengamos acceso a las mismas informaciones que el Consejo. 
Es una discriminación inaceptable de las dos instituciones. 
Me hubiera gustado ver cómo aplazábamos el debate de la propuesta en este Parlamento hasta recibir la valoración jurídica del Consejo. 
Desgraciadamente no lo han querido los dos grandes Grupos políticos. 
La exigencia habitual de transparencia al parecer no es tan importante cuando hay dinero en juego e intereses nacionales que cuidar. 
He recibido, en cambio, respuesta de la Comisión sobre la conformidad del Reglamento con las normas de la OMC. 
La Comisión no ve ningún problema. 
No estoy de acuerdo. 
La Comisión dice que el Reglamento no tendrá ningún efecto negativo para terceros países. 
A partir de ahora, por ejemplo, un astillero japonés deberá competir con astilleros europeos que reciben ayudas de Estado. 
Luego el Reglamento sí tiene un efecto negativo para terceros países, por ejemplo, Japón. 
La Comisión dice asimismo que el Reglamento propuesto no puede ser considerado como una acción unilateral por parte de la UE contra Corea del Sur, lo que sería contrario a las normas de la OMC. 
Figura de forma absolutamente específica en el Reglamento que los astilleros europeos sólo podrán recibir ayudas de Estados si compiten directamente con astilleros coreanos. 
Corea aparece por tanto mencionada específicamente. 
No cabe imaginar una acción más unilateral. 
Con esta propuesta hacemos en la UE algo directamente ilegal. 
Insisto en rechazar lo que fue aprobado en la comisión del Parlamento y preferiría que la Comisión retirara su propuesta y en su lugar se concentrara en llevar un caso OMC contra los coreanos. 
¿Qué se propone la Comisión con las numerosas enmiendas que ampliarán el número de tipos de barco que pueden recibir ayudas y prolongarán la vigencia del Reglamento? 
¿Confirmará hoy la Comisión que bajo ninguna circunstancia cumplirá las exigencias del Parlamento? 
¿Confirmará o desmentirá la Comisión que tiene planes de presentar una propuesta modificada en la que se incluyen los buques metaneros? 
Espero que la Comisión quiera contestar a estas preguntas. 
Señor Presidente, hace años que los astilleros europeos vienen denunciando el dumping que Corea del Sur practica en cuanto a los precios de venta de los buques que allí se construyen. 
Por fin, y después de tantas quejas que se han planteado al respecto, la Comisión ha presentado una iniciativa, con la aquiescencia del Consejo, y nos ha propuesto unas medidas provisionales, que constituyen un mecanismo de defensa temporal, diseñado específicamente para contrarrestar las prácticas desleales de Corea en tanto se sustancia un procedimiento de reclamación ante la Organización Mundial del Comercio. 
Sin embargo, la Comisión, en su propuesta de ayudas a la construcción naval, sólo incluye los buques contenedores y los buques cisterna petroleros. 
Nosotros reclamamos que se incluyan también los buques especiales para el transporte de otros gases derivados del petróleo y de gas natural licuado, así como los "ferries", "bulkcarries" y "ro-ro", todos los cuales se encuentran incluidos en las quejas presentadas ante la OMC. 
Es hora de que Corea sepa que la Unión está resueltamente determinada a defender su industria de construcción naval frente a las prácticas desleales de cualquier otro país. 
Señor Presidente, esta propuesta de la Comisión surge a raíz de los problemas resultantes de los acuerdos de liberalización que aceptó negociar en el ámbito de la OCDE, dado que simultáneamente limitaba las ayudas estatales al sector naval, promovía la concentración de astilleros y más tarde eliminaba las ayudas al funcionamiento. 
Ahora que existen graves problemas en el sector, que es de importancia estratégica para la Unión Europea, en particular para garantizar la seguridad de abastecimiento en condiciones adecuadas y evitar una excesiva dependencia exterior, resulta necesario apoyar la industria naval europea para afrontar el dumping de Corea. 
Pero la propuesta de la Comisión, pese a ser importante para este momento, es sólo temporal y parcial y se sitúa, al final, en el mismo plano del dumping de Corea. 
En cualquier caso, es importante que, como mínimo, se tengan en cuenta las propuestas que presenta el ponente, incluida la prolongación de las ayudas al funcionamiento de 6% y en casos especiales hasta el límite de 14%, comprendiendo también otras embarcaciones, por lo que apoyamos este informe para evitar que a corto plazo se agraven los problemas económicos y sociales que ya existen en ese sector. 
Señor Presidente, ahora que la Comisión propone volver a otorgar ayudas a la construcción naval, se aplaza el problema. En el pasado quedó claro que las ayudas al sector de la construcción naval debían concluir a mediados de 2001. 
La reintroducción de ayudas temporales está en contra de los compromisos acordados y es inaceptable. 
La concesión de ayudas al sector de la construcción naval resulta superflua y poco recomendable. 
Superflua, porque la construcción naval en Europa se encamina a la construcción de barcos tecnológicamente avanzados y no a una simple producción en serie como la de los países con bajos salarios. 
Por tanto, no ofrece ninguna solución a los problemas del sector. 
La concesión de ayudas es poco recomendable porque las empresas no viables continúan produciendo gracias a las ayudas. Sigue sin existir una producción eficiente. 
El sector no obtiene beneficios de la concesión de una ayuda no genérica. 
Las soluciones estructurales a los problemas de la construcción naval europea radican en una competencia saneada y en reformas estructurales. 
La propuesta de la Comisión deteriorará estas relaciones por mucho tiempo. 
El mercado interior se verá perturbado porque los propios Estados miembros darán contenido al reglamento, y existirá una competencia desleal como consecuencia de las ayudas no genéricas. 
Europa se coloca con esta propuesta en una posición insostenible. 
La presentación de una queja ante la OMC es inverosímil si la Comisión mantiene las ayudas temporales, tal como ha propuesto. 
Esta propuesta nos suscita dificultades insalvables, al igual que a la ponente originaria, la Sra. Riis- Jørgensen. 
Realmente, no me imagino que el responsable Comisario Bolkestein no piense otra cosa. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, la Unión Europea y Corea del Sur han venido manteniendo negociaciones, sin resultado hasta el momento, con el fin de lograr una situación de competencia leal en los mercados mundiales del sector de los astilleros. 
La Comisión acaba de aprobar una estrategia, según la cual este contencioso se someterá al arbitraje de la OMC. 
Apoyo esta decisión y doy las gracias a todos los Comisarios que han contribuido activamente a la adopción de la misma. 
Sin embargo, la Comisión presentó simultáneamente una propuesta que permitiría continuar provisionalmente las ayudas a determinados astilleros hasta que finalice el procedimiento de reclamación ante la OMC. 
Según la propuesta de reglamento de la Comisión, los mecanismos de subvención serían medidas excepcionales y provisionales, y tan solo afectarían a determinadas categorías de barcos. 
A primera vista, la propuesta de la Comisión puede parecer justificada, pero, en realidad, distorsiona la competencia tanto en los mercados mundiales, como dentro de la propia UE, y carece de base jurídica real. 
La vinculación del mecanismo defensivo al procedimiento de reclamación ante la OMC es completamente artificial. 
Estos dos asuntos no tienen ninguna relación lógica entre sí y, por lo tanto, deberían ser tratados de forma independiente. 
Todos los que estamos involucrados en la actividad política comprendemos lo siguiente: aquí hacemos política, así que no se trata de un proceso legal. 
Si queremos el respaldo de la OMC, debemos proceder de acuerdo con las normas de la OMC. 
Mediante la concesión de ayudas, la propia UE incurre en acciones que distorsionan la competencia, que es precisamente de lo que se acusa a Corea ahora. 
Ello nos resta crédito y debilita nuestra posición negociadora en el seno de la OMC. 
He dicho que la propuesta de la Comisión también distorsiona la competencia en el interior de la UE. 
Aunque las ayudas estén destinadas a determinadas categorías de barcos, los astilleros que las reciban se beneficiarán siempre de las subvenciones y estarán en mejor posición que el resto de los astilleros. 
Esto dificulta especialmente la competitividad de la industria naval de alta tecnología, la cual ha respondido a la cada vez más dura competencia especializándose en productos que requieren tecnologías avanzadas. 
Por ejemplo, mi país, Finlandia, ha venido reduciendo desde el principio las subvenciones a los astilleros en cumplimiento de lo acordado, y hemos invertido en la producción de cruceros de lujo y otros navíos que utilizan altas tecnologías. 
En consecuencia, estas medidas han permitido que los astilleros finlandeses hayan conseguido ser competitivos a nivel mundial, competitividad de la que nos intenta privar la Comisión con esta propuesta. 
Señorías, debo señalar de entrada mi satisfacción por la forma como se ha enmendado afortunadamente en comisión el informe de la Sra. Jørgensen, lo que va a permitir poner en práctica un mecanismo de defensa de nuestra construcción naval. 
Todo el mundo conoce, efectivamente, las dificultades que ha sufrido el sector durante años, dificultades que se deben a la competencia desleal coreana. 
Todos saben también que Corea sigue practicando precios inferiores a los precios de coste, que las autoridades coreanas proporcionan a los astilleros ayudas directas e indirectas enmascaradas, que astilleros en quiebra se mantienen en actividad, que la capacidad de producción surcoreana aumentó un 170 % entre 1998 y 1997 cuando en el mismo periodo la producción europea caía en un 30 %. 
Al mismo tiempo sin embargo las ayudas europeas llegaron a su fin. 
Todos los intentos de solución amistosa resultaron vanos y fue necesario presentar una denuncia ante la OMC. 
Estoy satisfecho de que esta demanda se vea acompañada ahora de una propuesta de mecanismo de defensa. 
Sería absurdo dejar a la industria europea sin defensa durante este periodo, la Comisión propone un mecanismo de defensa en forma de ayudas. 
Lo apoyo, pero debo añadir que la competencia coreana incide también en los metaneros. 
Una empresa coreana, deudora de 5 millardos de dólares de pérdidas enjugadas por bancos estatales ha acaparado ella sola el mercado, rompiendo los precios de la mitad del tonelaje industrial en el año 2000. 
En el momento en que las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre implican una pausa en los pedidos de buques de crucero, un sector que no necesita ayuda, se necesitan pedidos de metaneros y por ello creo que es necesario integrar a este sector en el mecanismo de defensa. 
Ésta es, Señorías, mi contribución a este importante debate sobre la construcción naval. 
Yo también deseo un apoyo masivo de este Parlamento a la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a la ponente, la señora Riis-Jørgensen por su valiente y denodada lucha a favor de la libre economía de mercado. 
La ponente sabe algo que los demás colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión deberían saber: las subvenciones estatales, de cualquier clase, perjudican la economía, el mercado y a los consumidores. 
Las subvenciones dan origen a la ineficacia y aumentan los costes. 
Lo triste es que los colegas quieren empeorar una ya mala propuesta. 
Soy sueco. 
En la década de los 70 éramos la segunda nación del mundo en la construcción naval, después de Japón. 
Mi primer trabajo lo conseguí en uno de los mayores astilleros suecos de la época. 
Construimos el mayor buque-tanque de todos los tiempos. 
Cuando aumentó la competencia de países como Portugal, Japón y Corea del Sur, el estado sueco invirtió 2 mil millones de euros para salvar a la industria naval. 
Nunca ha habido una inversión industrial tan desastrosa, que haya costado tanto y que haya dado tan pocos resultados. 
La necesaria reestructuración de la industria se frenó y no se crearon nuevas fuentes de trabajo. 
Si hoy en la UE queremos mostrar verdadera solidaridad con los trabajadores de los astilleros y con sus familias, debemos rechazar la propuesta de la Comisión y de la comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, voy derecho al asunto. 
Nuestro Grupo respalda la propuesta de la Comisión enmendada. 
Por supuesto, nos hacemos algunas preguntas relacionadas con la forma en que creamos mecanismos defensivos cuando, por lo visto, existe una competencia que no es transparente, no es clara y es desleal. 
La ponente propone que no se adopten disposiciones genéricas, tal como ahora se ha propuesto, es decir, que no sean aplicables a tipos de barcos y eventualmente a su ampliación, sino a regiones y astilleros. 
Hay que conceder una ayuda especial en el marco de los acuerdos que hemos concluido al respecto. 
Esto realmente plantea la pregunta de en qué forma personas que, digamos, quieren dar prioridad a los principios liberales, deben actuar en el momento en que se ocasionan daños. 
Pondré un ejemplo. 
En este momento, la Comisión ha iniciado un procedimiento contra la construcción jurídica Schelde-Damen, eso quiere decir que Damen ha tomado el control de Schelde por 1 florín. 
Se han planteado interrogantes al respecto en cuanto a si eso era posible. 
Mi pregunta es si conforme al espíritu de la directiva que ahora se propone, es posible que la Comisión también aparte su atención- digamos parcialmente- de las construcciones jurídicas creadas en este marco, también en el caso del ejemplo mencionado anteriormente. 
Señor Presidente, los medios de la política de la Unión Europea, que en complicidad con los gobiernos de nuestros países nos han llevado reducir este sector de importancia estratégica, son prohibir la concesión de ayudas públicas, principalmente, a los astilleros públicos, la negativa a perdonar las deudas que habían contraído sus anteriores propietarios particulares, así como su entrega casi gratuita a particulares otra vez. 
La ya difícil situación se ha agravado con la política del dumping, principalmente en Corea del sur. 
El golpe que comenzó con la séptima directiva, ha sido funesto para la construcción naval de Grecia, excepcionalmente desarrollada. 
Se han perdido miles de puestos de trabajo, las condiciones laborales, de seguridad y de higiene en el sector han empeorado, hace poco hemos lamentado la muerte de otros cinco trabajadores, víctimas de la especulación capitalista en el sector naval. 
Hoy, con hipocresía se propone dar las ayudas anteriormente prohibidas a los astilleros ya privados como su único medio de salvación. 
Una vez más se pone en evidencia la dedicación de la Unión Europea a servir al gran capital. 
En opinión del partido Comunista de Grecia, la única solución viable es la creación de una entidad pública unitaria que pueda enfrentarse a la competencia internacional, pero que ayude al empleo y a la economía. 
Señor Presidente, a lo largo del debate han quedado algunas cosas claras y con consenso general. 
Hay consenso general de que la crisis afecta al sector de la construcción naval de la Unión Europea, hay consenso en que esa crisis se debe, entre otras causas, a una competencia desleal por parte de la República de Corea del Sur, que, según el Sr. Caudron, se concreta en tres medidas: precios inferiores a los costes, ayudas a los astilleros y mantenimiento de astilleros en quiebra. 
Se ha subrayado también que la crisis es grave. 
En estos 10 últimos años, Corea ha aumentado su capacidad en un 180%, mientras que nosotros la hemos reducido en un 30%. 
¿Qué hemos hecho hasta ahora? 
Hasta ahora hemos firmado un acuerdo con Corea del Sur que este país no ha respetado. 
Hemos planteado una queja que todavía no se ha sustanciado. 
Y, recientemente, se ha decidido un doble curso de acción: en primer lugar, llevar el caso a la OMC y, en segundo lugar, establecer el mecanismo defensivo, selectivo y temporal de que estamos hablando. 
Es como si el Comisario Sr. Bolkestein, recordando a Cicerón, ante los incumplimientos de Corea hubiese recordado las Catilinarias "Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra ?". 
A los que me han precedido en el uso de la palabra, casi todos procedentes del Norte, en contra de esta decisión, les recordaría un aforismo militar que dice que "la misión de la artillería es bombardear a la infantería, a ser posible la enemiga", en este caso, las piezas del Norte están apuntando a las posiciones de la Unión Europea, invocando, en muchos casos la situación de Japón o la de otras industrias. 
¿Qué quiere hacer el Parlamento Europeo? 
Apoyar al Sr. Bolkestein, de todo corazón, y pedirle que sea más generoso. 
Que sea más generoso en cuanto al ámbito de la protección: es decir, -como ha subrayado el Sr. Ortuondo- que se extienda también a aquellos barcos que sufren la competencia desleal, los que transportan gases, los "ro-ro", etc. y que sea menos cicatero en cuanto a la fecha de aplicación. 
Si es así, señor Bolkestein, que Dios le bendiga. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión, que nos propone un reglamento temporal, cierto es, segmentado, para el sector de la construcción naval, pero que, en cierto modo, y una vez más, contribuye a reducir al mínimo los efectos de un proteccionismo que existe en varios bloques comerciales del mundo y no sólo en Corea. 
Y en Corea no se trata de proteccionismo: se trata de una enorme violación de las normas de la OMC. 
Y queremos creer que la queja presentada infundirá cierta eficacia y cierta disciplina a este sector. 
No obstante, la Comisión revela saber que el mecanismo propuesto es insuficiente, que es sólo un paso y con toda la carga que tienen los inmediatismos, dado que supera el décifit y las crisis- y algunas ya han sido mencionadas aquí y no voy a repetirlas- del sector de la industria naval. 
Pero, si bien es verdad que los países nórdicos apuestan por una inversión y una tecnología substitutiva y, por eso, consiguen más valores y también mantenerse activos en el mercado sin grandes convulsiones sociales, eso no es igualmente cierto en otras regiones de la Unión Europea, como, por ejemplo, el sur de Europa, regiones en que ese sector es el mayor empleador, un empleador que se desdobla en un conjunto de servicios e industrias subsidiarias. 
Y muchas veces es la única actividad que engendra desarrollo en esas regiones, por lo que la desaparición de la actividad sería una tragedia social para ciertas regiones, en particular de mi país, de España y de Grecia. 
Pero, si bien es verdad que esperamos de la Comisión, al menos hasta 2003, la aplicación de este reglamento, esperamos mucho más para el futuro y otra consideración para el sector. 
Señor Presidente, el 5 de diciembre de 2000, el Consejo decidió que la subvención estatal de hasta un 9 por ciento otorgada a la industria naval terminaría para todos los Estados miembros a fines del año 2000. 
Esto por dos razones. 
La subvención estatal no había tenido un mayor efecto en la capacidad de supervivencia del sector y existía el convencimiento de que esas ayudas disminuirían tanto como fuese posible y posiblemente desaparecerían. 
El Parlamento compartía esta opinión el año pasado. 
Además, las subvenciones estatales se oponen a los acuerdos internacionales de comercio, lo que se demuestra por el intento de la Comisión en 1999 y en 2000 de alcanzar una solución negociada con Corea del Sur, debido a la violación por parte de este país de los acuerdos comerciales vigentes al conceder generosas subvenciones estatales. 
En cambio, cuando esto fracasa, la Comisión presenta una propuesta sobre el denominado reglamento de defensa temporal de los astilleros, con subvenciones de entre un 6 y un 14 por ciento. 
En la propuesta de la comisión se dice que estas ayudas se extenderán hasta fines de 2003, al mismo tiempo que se inicia ante la OMC un procedimiento para resolver los conflictos con Corea del Sur por violación de los acuerdos comerciales. 
La reinstauración de subvenciones estatales en el ámbito de la UE no mejora las condiciones para resolver los conflictos con Corea del Sur. 
Lo mejor sería rechazar la propuesta de la Comisión y concentrar las fuerzas en el procedimiento contra Corea del Sur en el seno de la OMC. 
Finalmente me gustaría formular una pregunta al Comisario Bolkestein. ¿Cómo cree usted que se entiende esta propuesta en relación con la política de competencia de la Unión, en la que intentamos minimizar, ojalá eliminar, las ayudas estatales a las industrias, con el objeto de crear una competencia sana y justa entre las empresas? 
. (EN) Señor Presidente, mi colega el Sr. Monti me ha pedido que me disculpe en su nombre ante el Parlamento por su ausencia y que responda en su nombre. 
En nombre del Sr. Monti, quisiera dar gracias a la Sra. Riiss-Jorgensen por lo mucho que ha trabajado y por la considerable cantidad de datos que nos ofrece en este informe. 
Quedamos sumamente agradecidos por la rapidez con que el Parlamento ha tramitado esta cuestión. 
Quisiera aprovechar también la oportunidad para explicar al Parlamento la posición de la Comisión sobre este informe. 
En términos ideales no sería necesario que la Comisión presentara esta propuesta. 
Todos sabemos que la asistencia operativa es una forma de asistencia particularmente desagradable, porque no brinda ningún incentivo para mejorar la eficiencia ni produce ningún beneficio en términos de competitividad de los astilleros, por ejemplo estimulando la capacitación o el desarrollo de investigaciones. 
Tampoco es una ayuda para el medio ambiente. 
Por todas esas razones y después de muchos años durante los cuales se ha concedido ayuda operativa a la industria naval, la Comisión ha resuelto finalmente prohibir esa ayuda a partir del final del año pasado. 
Ahora bien, para citar a un filósofo bien conocido diré que no vivimos en el mejor de todos los mundos posibles. 
Siendo las cosas como son, es perfectamente normal que la Comunidad adopte medidas contra prácticas competitivas tan inequitativas, y la propuesta en favor de un mecanismo defensivo temporal debe enfocarse desde ese punto de vista. 
Esta propuesta es parte de una estrategia en dos planos contra las prácticas coreanas y está destinada a apoyar la acción de la Comunidad contra Corea en la OMC. 
Se trata de una medida excepcional, y se ha adoptado a la luz de una situación que hizo que un representante citara con razón a Cicerón, diciendo: "¿ Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra ?". 
Como ya he dicho, se trata de una medida excepcional cuya finalidad es ejercer presión sobre Corea para que acuda a la mesa de negociación con la Comunidad, y forzarla a poner término a sus prácticas comerciales desleales. 
Por lo que se refiere a la Comisión, no se trata en modo alguno del comienzo de un nuevo régimen, posiblemente de composición abierta, para la asistencia operativa. 
Permítanme que diga terminantemente que no es esa la intención de la Comisión. 
Observo que las enmiendas presentadas respecto de la propuesta de la Comisión se refieren a tres cuestiones principales. 
En primer lugar, el ámbito del mecanismo; en segundo lugar, la información que ha de ponerse a disposición de los Estados miembros y también de terceras partes por conducto de los Estados miembros; en tercer y último lugar, la cuestión de la duración. 
Me gustaría responder a esas cuestiones en ese mismo orden. 
Por lo tanto, hablemos en primer lugar del ámbito del mecanismo: las enmiendas propuestas en el informe ampliarían considerablemente el ámbito del mecanismo, que abarca únicamente los segmentos del mercado que la Comisión ha identificado, en su informe sobre el reglamento relativo a barreras comerciales, como segmentos que ya han experimentado perjuicios considerables como resultado de las prácticas coreanas desleales. 
La propuesta prevé un equilibrio entre un tope máximo de asistencia del 14 por ciento por una parte, y una limitación de la posibilidad de ampararse en el mecanismo, por otra. 
Por lo tanto está destinada específicamente a contrarrestar las prácticas coreanas desleales. 
Una ampliación cualquiera del ámbito del mecanismo podría modificar la naturaleza de la propuesta. 
Quisiera señalar a la atención de los diputados el artículo 2 6) de la propuesta, que dispone que la Comisión mantenga en examen los segmentos del mercado que se presten para la asistencia a la luz de pruebas que demuestren claramente que un segmento del mercado concreto de la Comunidad se ha visto directamente lesionado por condiciones competitivas desleales y opacas. 
En consecuencia, la Comisión supervisará la situación y mantendrá informado al Parlamento de todo posible examen en virtud de dicha disposición. 
La segunda cuestión se refiere a informaciones proporcionadas a Estados miembros y a terceras partes por conducto de Estados miembros, como por ejemplo la supresión del nombre y la dirección del astillero solicitante y del adquirente potencial. 
Ésa es la intención de las enmiendas presentadas. 
La información que se ha especificado en el artículo 2 a) de la propuesta de la Comisión es el mínimo necesario para que las terceras partes puedan presentar observaciones útiles a la Comisión y para velar por la eficacia del procedimiento de transparencia. 
La finalidad de esa disposición es acelerar el procedimiento. 
La opción alternativa consistiría en incoar el procedimiento oficial de investigación en todos los casos en los que la Comisión tuviera alguna duda acerca de la compatibilidad de la asistencia. 
Esto requeriría la publicación completa de informaciones detalladas acerca de la notificación. 
En tercer lugar está la prórroga de la fecha de expiración hasta el 31 de diciembre de 2003. 
Algunos diputados de este Parlamento han alegado que la fecha de expiración del mecanismo es demasiado corta, pero para el final del 2002 tendremos ya una buena idea de cómo se está desarrollando la acción de la OMC. 
Sería una oportunidad adecuada para hacer inventario de la situación y para reconsiderar si siguen siendo necesarias medidas especiales para la construcción de buques. 
La Comisión podría, en ese momento, proponer al Consejo una prórroga de la vigencia de los mecanismos defensivos. 
Además de lo que acabo de decir en nombre de mi colega el Sr. Monti, me gustaría contestar más concretamente a dos o tres preguntas que se acaban de hacer a la Comisión. 
En primer lugar, el Sr. Blokland alega que es necesario introducir cambios estructurales en vez de seguir aportando más ayuda a industrias achacosas. 
Estoy de acuerdo con él en que, en términos ideales, las subvenciones deberían ser para cambios estructurales. 
Esperemos que en el caso presente sea así. 
Algunos diputados se han referido a la cuestión de la compatibilidad con la OMC. 
En opinión de la Comisión la propuesta en favor de un mecanismo defensivo temporal es perfectamente compatible con las ayudas legales de la OMC, a condición de que no sean prohibitivas, que no provoquen los denominados efectos perjudiciales y que sean instrumentos legítimos de política nacional por lo que se refiere a la OMC. 
Por consiguiente la Comunidad Europea tiene derecho a conceder ayuda a sus constructores de buques. 
En realidad la Comunidad Europea ha estado concediendo esa ayuda a su industria naval durante muchos años, hasta el 31 de diciembre del año 2000. 
En la medida en que las subvenciones no son sanciones en el sentido del procedimiento de solución de controversias, han de ser consideradas como medidas normativas permitidas. 
En consecuencia el recurso a la solución de controversias no puede considerarse en modo alguno como una limitación de los derechos y obligaciones normales de los Estados miembros en el marco de los acuerdos de la OMC. 
Por último, en respuesta a la pregunta de la Sra. Riis-Jorgensen, que quisiera saber si la Comisión va a presentar una nueva propuesta por las razones explicadas, diré que la Comisión no estima que haya motivo alguno para modificar la propuesta. 
Por lo tanto la Comisión no proyecta presentar una nueva propuesta. 
La Comisión agradece el apoyo que el Parlamento ha prestado hasta ahora a esta propuesta. 
Por las razones que he indicado, las enmiendas propuestas no son aceptables para la Comisión. 
Espero muy sinceramente que podamos contar con el continuo apoyo del Parlamento a este respecto. 
Señor Presidente, me satisface que el Sr. Bolkestein haya confirmado que no va a presentar una nueva propuesta. 
Ahora bien, también se ha referido a la cláusula de revisión de la propuesta. 
Señor Bolkestein, ¿puede asegurarme hoy que no va usted a ceder ante Francia y a permitirla que subvencione a sus astilleros a fin de poder obtener el acuerdo del Consejo en diciembre? 
¿Puede confirmarnos que no concertará ningún acuerdo con Francia antes de esa reunión? 
. (EN) En respuesta a la pregunta de la Sra. Riis-Jørgensen, repetiré que la Comisión se atiene a la posición que acabo de exponer. 
Por lo que se refiere a la Comisión, no se debería seguir negociando sobre el particular. 
Veremos lo que sucede en el Consejo de Ministros de Industria al principio de diciembre. 
En cuanto a la posición de un Estado miembro, la Comisión no tiene nada que añadir. 
Señor Presidente, intervengo para hablar del orden de los trabajos. 
A mí me parece que es muy desagradable en el contexto de la realización de los trabajos por parte de los diputados al Parlamento Europeo que la hora fijada en el orden del día para abordar los informes sea cambiada constantemente. 
En un principio, el informe de la Sra. Peijs debía ser abordado en la sesión de tarde, luego se nos comunicó que había sido aplazado hasta la sesión que empieza a las 21.00 horas y, después, de repente, se nos hace saber a las 17.15 horas que empezamos a abordarlo justo ahora. 
Este constante mareo no es admisible desde el punto de vista de la organización de la agenda de los diputados. 
Otro asunto sobre el que quisiera llamar la atención es la ausencia del Consejo. 
El turno de preguntas al Consejo comienza ahora. 
Seguro que los representantes del Consejo hubieran podido personarse media hora antes para debatir, por ejemplo, esta cuestión tan importante para la industria naval. 
Pero el Consejo vuelve a brillar por su ausencia. 
Lamento esto profundamente. 
Comprendo bien su preocupación, Señoría, pero le señalo que el turno de preguntas al Consejo figura también en nuestro orden del día a una hora muy concreta, las 17.30 horas. Por consiguiente, los diputados que han presentado preguntas se van a reunir con nosotros en unos minutos. 
Hemos de dejarles sitio. Dicho esto, sabe usted que nuestros debates están programados en el orden, pero nunca se puede, a cinco minutos o a un cuarto de hora, prever su duración exacta, sobre todo porque los Comisarios y los Ministros hacen uso de un tiempo de palabra en ocasiones mucho más largo de lo que prevé el servicio de la sesión. 
Por ello les pido que comprendan y sean flexibles. 
Faltan aún dos o tres minutos para las 17.30 horas. 
Suspendo por tanto la sesión a la espera del turno de preguntas al Consejo. 
(La sesión, interrumpida a las 17.27 horas, se reanuda a las 17.30 horas) 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0338/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
En nombre del Consejo, como Presidenta en ejercicio, está con nosotros la Sra. Durant, a la que agradecemos su presencia. Es la Viceprimer Ministro y Ministro de Movilidad y Transportes. 
Dado que su autor no está presente, el Sr. Bart Staes, la pregunta 1 decae. 
Como hemos comenzado hoy a la hora, probablemente esto ha sorprendido a algunos colegas, que cuentan siempre con el retraso, pero hoy no. 
La segunda pregunta ha sido retirada. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0778/01): 
Asunto: Directrices para el proceso de integración de Cardiff ¿Cómo piensa el Consejo elaborar un conjunto de directrices para la evaluación, el seguimiento y el control adecuados de las nueve estrategias del Consejo, así como del proceso general de Cardiff para la integración del medio ambiente? 
¿Se incluirán en esas directrices recomendaciones para una mayor transparencia del proceso y mayor participación de los interesados en la concepción y la aplicación de las estrategias? 
¿Cómo garantizará el Consejo la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso de Cardiff? 
Señor Presidente, Señorías, el Consejo quisiera recordar en primer lugar que el proceso de Cardiff ha llevado a seis formaciones del Consejo a presentar al Consejo Europeo estrategias que contemplan la integración del medio ambiente en su política. 
Estas estrategias afectaban a los sectores del transporte, de la energía, de la agricultura, de la industria, del mercado interior y de la cooperación para el desarrollo. 
El Consejo, en sus formaciones Asuntos generales, Ecofin y Pesca, prevé presentar las tres últimas estrategias correspondientes al Consejo Europeo de Barcelona en la primavera de 2002. 
Las nueve estrategias de integración han de verse concretadas en forma de acciones sectoriales, adoptadas por la mayoría en codecisión con el Parlamento Europeo. 
Paralelamente al proceso de Cardiff, conviene señalar la existencia del proceso de Lisboa, que incluye el proceso social de Luxemburgo de 1997, relativo al empleo, y el proceso económico de Colonia de 1999, él mismo enriquecido en Gotemburgo con una tercera dimensión, la ambiental, constituida por la estrategia para el desarrollo sostenible, que pretende también integrar el medio ambiente en las políticas sectoriales. 
Todo esto es lo que la Unión debería presentar en la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible que tendrá lugar como saben ustedes en Johannesburgo, en septiembre de 2002. 
Al crear esta estrategia para el desarrollo sostenible, el Consejo Europeo ha dado prioridad, para la parte ambiental, al cambio climático, a los transportes ecológicamente viables, a la gestión responsable de los recursos naturales y, finalmente, a la gestión de los riesgos para la salud pública. 
El proceso de Cardiff ha sido objeto, desde su inicio en 1998, de una evaluación y de un seguimiento que se integra en este marco ampliado del proceso de Lisboa, continuando su propia existencia. 
La puesta en práctica de la estrategia para el desarrollo sostenible debe apoyarse, como se decidió en Gotemburgo, en cuatro puntos. 
En primer lugar, un informe de síntesis anual de la Comisión que concentre las tres dimensiones del proceso de Lisboa incluyendo la estrategia para el desarrollo sostenible. Un informe así deberá presentarse también al Consejo Europeo de Barcelona. 
En segundo lugar, una evaluación y una orientación política en los Consejos Europeos de primavera. 
En tercer lugar, unos indicadores estructurales de desarrollo sostenible que serán, de acuerdo con una comunicación de la Comisión, avalados por el Consejo antes de que se sometan al Consejo Europeo de Laeken. 
Finalmente, en cuarto lugar, una comunicación de la Comisión sobre una mejor regulación, regulación según la cual todas las propuestas más importantes de esta institución serán previamente objeto de una evaluación de sus efectos sobre la estrategia para el desarrollo sostenible, entre ellas la integración del medio ambiente. 
El Consejo está trabajando en la puesta a punto de las conclusiones del Consejo Europeo en lo que respecta a las estructuras de trabajo. 
Éstas serán concebidas teniendo en cuenta principalmente los principios de la gobernación en materia de transparencia, de participación de los accionistas, de mejores técnicas de regulación y de reorientación de las políticas comunitarias. 
No es cosa fácil, tratar de poner en práctica los principios de la sostenibilidad ambiental. 
En realidad el Consejo está tratando de inventar la rueda. 
La impresión que muchos de nosotros tenemos es que las negociaciones están teniendo lugar a puerta cerrada. 
No sé si la Presidencia está tratando de hacer pública la negociación, o de aumentar la transparencia del proceso e involucrar quizás a otras organizaciones, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, en la elaboración de estrategias. 
Quisiera preguntar a la Presidenta en ejercicio, en particular, qué se está haciendo para insistir ante los grupos de trabajo a fin de que definan objetivos específicos a plazo mediano, objetivos y programas de acción claros, para que podamos tener algo que estudiar y para que dispongamos de un medio que permita medir el progreso y lo conseguido. 
Comparto su preocupación por la transparencia, por la apertura, de forma que se pueda disponer de indicadores y elementos concretos. 
Comparto igualmente su preocupación en cuanto a la toma en consideración de dictámenes, de consejos o de elementos concretos que emanan de actores, principalmente de ONGs. 
Tomo buena nota de su sugerencia, de su solicitud de incrementar esta transparencia y esta forma de participación de todos los que contribuyen a la elaboración de las estrategias de desarrollo sostenible sobre el terreno. 
Espero, efectivamente, que en esta preocupación por la transparencia, el Consejo pueda igualmente integrar los elementos a los que alude para garantizar que esos indicadores de desarrollo sostenible, que están en preparación y deberán tratarse en Laeken, puedan, en la continuación del proceso y en la perspectiva de Barcelona, mejorarse desde el punto de vista, al mismo tiempo, de la transparencia y de sus repercusiones o de la consideración de lo que puede venir de todos los que actúan en concreto sobre el terreno en materia de desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, muy distinguida señora Presidenta del Consejo, señoras y señores, el proceso de Cardiff tiene una importancia fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible. 
El Parlamento Europeo, en particular la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Política de Consumidores, han realizado un trabajo preparatorio muy bueno, y creo que en esta cámara la transparencia y, naturalmente, el dialogo se dan por descontados. 
En este Parlamento se celebran audiencias con mucha asiduidad, y nos esforzamos por mantener el mejor dialogo posible con las ONG. 
Mi pregunta apunta en esta dirección: acabamos de cerrar las negociaciones de la OMC. 
¿Cómo ve usted la posibilidad de coordinar el proceso de Cardiff en una consulta con las organizaciones de la OMC? 
Señor Presidente, su preocupación tanto por la transparencia como por la correspondencia o coherencia entre, por una parte, los resultados de la Cumbre de Doha, de la que esperamos los últimos elementos y, por otra, las estrategias de desarrollo sostenible, es muy interesante. 
Es cierto que, como vimos en Doha, resulta difícil aunque interesante incluir las políticas medioambientales en un contexto más multilateral. 
Se trata en ese caso de un avance importante con respecto a nuestro punto de partida. 
Creo que este elemento es muy positivo y que actualmente, con posterioridad a Doha, será necesario sacar el máximo beneficio a los logros que se engranaron en Doha y utilizarlos en el marco de las acciones a poner en práctica en el ámbito de la Unión Europea para garantizar que el desarrollo sostenible no solamente continúe necesitando de una ambición generosa y valiente de todos, sino que sobre todo se traduzca, en el respeto por el principio de transparencia y después de un diálogo constructivo, en acciones concretas sobre el terreno. 
Por consiguiente, creo que la correspondencia entre las dos partes, lo que se ha logrado en el seno de un foro más amplio y lo que ha sido o está siendo en el ámbito de la Unión Europea y, en particular, lo que deberá ser en el Consejo de Laeken y en Barcelona, debería ser coherente y señalar los hitos de un entorno estructural, concreto y propicio a la integración del desarrollo duradero en el conjunto de las políticas aplicadas en el ámbito del Consejo y de la Unión Europea en general. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0781/01): 
Asunto: Desembarco de gran número de inmigrantes ilegales en las Islas Canarias En relación con informaciones recientes que hablan de la utilización de buques nodrizas para el desembarco de gran número de inmigrantes ilegales en las Islas Canarias procedentes del continente africano, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para garantizar la integridad del espacio marítimo comunitario en esta zona? 
Señor Presidente, el Consejo ha respondido ya en varias ocasiones a preguntas que emanan de miembros del Parlamento Europeo relativas a la inmigración ilegal que se efectúa por vía marítima a partir del continente africano. 
Me permito referirme en especial a las respuestas a las preguntas orales H-2701, H-0330/01, H-0699/01 relativas a la inmigración ilegal en la Unión Europea, y a las respuestas a las preguntas escritas E-0085/01 y E-1045/01, que abordaban también esos problemas. 
El Consejo ya adoptó varias medidas destinadas a combatir la inmigración ilegal. La elaboración de planes de acción, para los países y regiones de origen de inmigrantes clandestinos y/o solicitantes de asilo, en el marco del grupo de alto nivel "Asilo/Migración", es un buen ejemplo. 
En el marco de la cooperación Schengen se han puesto en práctica medidas para mejorar la eficacia de los controles de los Estados miembros en las fronteras marítimas. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, estas medidas dependen en este momento del acervo comunitario. 
La ejecución de las medidas de control corresponde evidentemente a los Estados miembros, y la vigilancia y el control de las aguas territoriales dependen por tanto de la competencia de estos últimos. 
El Consejo señala además que estas instancias preparatorias examinan en la actualidad la puesta en práctica de un conjunto de buenas prácticas destinado a guiar mejor a los Estados miembros en la aplicación de estos controles. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, la Presidencia del Consejo se dará cuenta de que este diputado no puede quedar contento con referencias a simples declaraciones por escrito. 
La situación actual en las Islas Canarias es una verdadera invasión. 
Están entrando, aproximadamente, cien personas cada semana que, por otro lado, estamos enviando al resto de la Comunidad. 
Hace una semana, el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria envió doscientos inmigrantes a Madrid, con billete de ida. 
Si la Unión Europea no cuida esta frontera, le aseguro que tendremos una verdadera invasión, que va a cambiar todos los parámetros. 
Quizá la pregunta complementaria sea- en relación a unas respuestas que me dio ayer el Comisario, Sr. Vitorino, sobre nuevas propuestas de la Comisión- si el Consejo está considerando dichas propuestas de la Comisión sobre control de las fronteras exteriores, sobre acuerdos de inmigración con países limítrofes y sobre devolución a sus países de origen de los inmigrantes llegados ilegalmente a nuestro territorio. 
Señor Presidente, puedo comprender que la respuesta que doy en nombre del Consejo le parezca posiblemente insuficiente con respecto a una situación que considera preocupante y extremadamente importante; como acabo de decir, sólo puedo referirme a la competencia de los Estados miembros en lo que se refiere a las decisiones adoptadas a nivel comunitario. 
Efectivamente, a ellos incumbe, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la aplicación de las medidas necesarias, que han quedado fijadas en un marco comunitario. 
Pregunta nº 5 formulada por, a quien sustituye el Sr. Ortuondo Larrea (H-0783/01): 
Asunto: Referencia al nacionalismo en las Conclusiones del Consejo Europeo del 21 de septiembre de 2001 Tras los terribles atentados terroristas y la tragedia del pasado 11 de septiembre, el pueblo de los Estados Unidos ha reaccionado con gran fortaleza, dando muestras evidentes de un nacionalismo o patriotismo basado en los valores democráticos y morales que constituyen el fundamento de la sociedad estadounidense. 
Una nacionalismo democrático semejante a éste fue el que dio origen al nacimiento de la mayor parte de los actuales Estados de la Unión Europea frente al absolutismo. 
El hecho de que determinados Estados europeos se caracterizaran por una agresividad imperialista, lo cual provocó las trágicas guerras de la historia europea, no tiene nada que ver con el anhelo pacífico de libertad que caracteriza al nacionalismo democrático de la mayoría de nuestras naciones. 
Por este motivo, resulta sorprendente que, en las Conclusiones del Consejo Europeo del 21 de septiembre de 2001, motivadas precisamente por los atentados contra las ciudades de los Estados Unidos, se utilice una vez más sin distinción el término nacionalismo como similar a los términos racismo y xenofobia, con lo que se ofende objetivamente a los europeos que se sienten por igual miembros pacíficos, democráticos y solidarios de una nación y de una cultura nacional que miembros de la comunidad europea y de la comunidad universal. 
¿No cree el Consejo que resulta claramente injusto relacionar indiscriminadamente el nacionalismo con el racismo y la xenofobia? 
. (FR) El Consejo recuerda que no le corresponde comentar las conclusiones del Consejo Europeo. 
En este caso, conviene señalar sin embargo que, en sus conclusiones del 21 de septiembre de 2001, el Consejo Europeo señaló la necesidad de combatir cualquier deriva nacionalista, racista o xenófoba. 
E insisto, cualquier deriva nacionalista, que no es lo mismo que el nacionalismo. 
El término "nacionalismo" no aparece por cierto en el texto. 
Aparecen sólo "las derivas, los usos abusivos, en términos nacionalistas, racistas o xenófobos". 
Y, en ese sentido, no me parece que la posición que ha adoptado el Consejo sea realmente contradictoria con la que ha manifestado usted en su pregunta. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, el Consejo Europeo ha sabido diferenciar entre la religión y la sociedad árabe y musulmana, por una parte, y los grupos fanáticos, terroristas islámicos, por otra. 
Sin embargo en sus conclusiones del día 21 de septiembre, el Consejo Europeo expresa la necesidad, como usted ha dicho, de combatir toda deriva nacionalista, como si ser nacionalista constituyera en sí mismo un delito o un atentado contra los derechos humanos. 
¿No está de acuerdo el Consejo en que subrayar la necesidad de combatir al nacionalismo pacífico, que defiende por vías exclusivamente democráticas algo que Naciones Unidas aprobó como el universal derecho de los pueblos a su libre autodeterminación, podría ser una muestra de intolerancia y fascismo por parte de los Gobiernos de la Unión Europea? 
Si bien es cierto que existen grupos nacionalistas radicales- que apoyan el terrorismo- también hay grupos violentos de ideología unionista o ecologista que, igualmente, cometen actos violentos. 
¿Considera por ello el Consejo que se debe de combatir el unionismo británico, por ejemplo, o el ecologismo en todas sus expresiones? 
¿No sería mejor utilizar la prudencia y el respeto democrático en toda referencia al nacionalismo, al unionismo, al ecologismo o cualquier otra ideología? 
Confirmo lo que acabo de decir: No hay ninguna referencia al nacionalismo como movimiento no democrático. 
Lo que aquí se señala son los usos abusivos, las derivas, ya sean racistas, xenófobas, excluyentes, pero en sí, no se ha señalado al nacionalismo como un elemento generador de estas derivas. 
Por el contrario, el nacionalismo puede en ocasiones ser utilizado para fines mucho más extremistas que son totalmente condenables. 
Es además el mismo caso en cualquier ámbito de la acción política, también en ese caso algunas acciones políticas democráticas benefician a la democracia en su conjunto y a la libertad de expresión. Pero en cada ocasión en que se produzcan derivas, son peligrosas y han de ser combatidas. 
Quedo agradecido a la Presidenta en ejercicio por sus últimas observaciones. 
Pertenezco a un movimiento nacional en mi propio país, Escocia, que a lo largo de los 100 últimos años ha hecho grandes cambios constitucionales sin derramar una sola gota de sangre humana y sin que haya ocurrido un solo acto de violencia. 
Como la Presidenta en ejercicio sabe muy bien, hay otros lugares en los que cambios constitucionales análogos han tenido lugar y siguen teniendo lugar. 
El Consejo y la Presidenta en ejercicio quizá deseen dejar de lado deliberadamente lo que ha preguntado el Sr. Nogueira Roman. 
Es un gran error decir que hay algunos aspectos que tienden a atraer al terrorismo y que por lo tanto hay que atacar esos aspectos. 
La verdad es que un terrorista es alguien que estima que el fin justifica los medios. 
Es absurdo creer que si el fin es noble, cualquier clase de medios están justificados. 
Los que lo creen, restan toda nobleza a los fines que desean alcanzar. 
Me gustaría que el Consejo fuera menos selectivo en su actitud ante ese tipo de cuestiones. 
Comparto su punto de vista y me permito aquí, en atención al debate que acabamos de mantener sobre la situación internacional, recordar que de la misma manera, en materia de nacionalismo como he dicho, o en otros ámbitos, y tomo en este caso el ejemplo religioso especialmente de actualidad en el marco de lo que está ocurriendo en Afganistán, está claro que para el Consejo una cosa es una religión, que depende de la vida privada, de la decisión individual de cada uno, y cito aquí el Islam, que no tiene nada que ver con el uso abusivo y escandaloso que se ha hecho entre otros por terroristas que llevan hasta la ignominia la utilización de una religión para fines que tienen otro objetivo muy diferente. 
No puedo más que repetir aquí, en el marco de su gestión, esta convicción del Consejo de que efectivamente se trata también de respetar en Europa, y en todo el mundo, un Islam democrático, un Islam que pertenece a la esfera de la vida privada, o que se manifiesta de forma legítima, pero también de combatir cualquier forma de expresión religiosa que persiga otros fines diferentes, escandalosamente reprensibles. 
Tomo la palabra únicamente para aclarar las observaciones que ha hecho mi honorable colega, Sr. MacCormick: en realidad, fue la elección de un gobierno laborista en 1997 la que dio lugar a que en 1999 quedara elegido democráticamente el histórico parlamento escocés. 
De no haber sido por ese gobierno laborista, no tendríamos un parlamento escocés. 
Recuerdo a los señores diputados que este es un turno exclusivamente de preguntas. 
Esas aclaraciones las pueden hacer después en el pasillo. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0784/01): 
Asunto: Entrada ilegal de inmigrantes clandestinos en Grecia a través de Turquía- Vulneración de la Asociación para la Adhesión El fenómeno de la entrada ilegal de miles de inmigrantes clandestinos procedentes de las costas turcas, que llegan al litoral griego en embarcaciones de traficantes turcos, ha alcanzado dimensiones explosivas. 
La entrada de estos inmigrantes clandestinos se produce sin que las autoridades turcas hagan ningún intento de evitarlo y vulnerando las disposiciones de la Asociación para la Adhesión, mientras que las medidas que toman las autoridades griegas no son suficientes, lo que provoca la entrada sistemática y masiva de inmigrantes clandestinos al territorio griego y, por extensión, a la UE. 
Teniendo en cuenta el clima de inseguridad que provoca el flujo incontrolado de inmigración en la UE, intensificado tras el ataque terrorista en los Estados Unidos, ¿cuál es la posición del Consejo ante este flujo de inmigrantes ilegales procedentes de Turquía? 
¿Qué medidas se propone tomar el Consejo ante Turquía en tanto que país candidato a la adhesión, sobre la base de los términos recogidos en la Asociación para la Adhesión relativos a la prevención de la inmigración clandestina y al refuerzo de la gestión de las fronteras con vistas a la adopción del acervo de Schengen, a fin de impedir la entrada de inmigrantes ilegales en Grecia y garantizar la seguridad de las fronteras de la UE? 
Sobre la pregunta del Sr. Trakatellis, el Consejo ha manifestado con frecuencia su preocupación por el fenómeno de la inmigración clandestina y recuerda además, entre otras, las conclusiones de los Consejos Europeos de Tampere, de Santa María de Feira y de Niza. 
En lo que respecta a la acción que ha llevado a cabo y continúa haciendo en este ámbito, el Consejo le remite a las respuestas que ya ha proporcionado a muchas preguntas que emanaban de los miembros del Parlamento Europeo relativas a la inmigración ilegal. 
El Consejo recuerda que el Consejo Europeo decidió en Helsinki considerar a Turquía como un país candidato con vocación de integrarse en la Unión de acuerdo con los mismos criterios que los que se aplican a los demás países candidatos. 
El Consejo Europeo de Helsinki ha previsto, y cito, "que con el fin de intensificar los trabajos orientados a ajustar la legislación y las prácticas turcas sobre el acervo, la Comisión está invitada a elaborar un proceso de examen analítico del acervo". 
De conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Feira, la Comisión informará al Consejo del avance de los trabajos preparatorios del examen analítico del acervo con Turquía. 
El Consejo adoptó formalmente el 8 de marzo de 2000 la Asociación para la Adhesión relativa a Turquía. 
De conformidad con esta Asociación para la Adhesión, Turquía adoptó un programa nacional para la adopción del acervo que fija el marco de la política a emprender, el calendario de los trabajos legislativos, así como las exigencias administrativas y presupuestarias necesarias para que Turquía adopte el acervo comunitario. 
De acuerdo con la práctica establecida para todos los países candidatos, la Comisión evaluará este programa nacional para la adopción del acervo de Turquía en el informe regular 2001 de conformidad con la Asociación para la Adhesión. 
La Unión Europea seguirá muy de cerca la puesta en marcha concreta de las diferentes medidas anunciadas en este marco. 
Este programa nacional sobre el acervo contiene diferentes medidas en el ámbito de la justicia y de los asuntos interiores. 
Entre los objetivos principales sobre los que se han iniciado estos trabajos a lo largo del 2001, conviene señalar el refuerzo de los controles en las fronteras y la armonización de la legislación y de las prácticas en el ámbito de los visados, con el acervo de la Unión, así como, finalmente, la adopción del acervo en el ámbito de la migración con vistas, entre otras cosas, a prevenir la inmigración ilegal. 
El Consejo ha repetido de nuevo su preocupación frente a la afluencia masiva al territorio griego de inmigrantes clandestinos procedentes de Turquía o que pasan por este país. 
La Unión ha pedido a Turquía que ponga en práctica las medidas pertinentes expuestas en el informe de la Unión Europea de noviembre de 2000. Está dispuesta además a ayudar económicamente a Turquía a proseguir con la aplicación del planteamiento recomendado, de acuerdo con Asociación para la Adhesión. 
En este sentido, el Consejo ha tomado nota con interés de la intención de Turquía de levantar a medio plazo la reserva geográfica formulada a propósito del Convenio de Ginebra de 1951 relativo al estatuto de los refugiados. 
El Consejo ha iniciado además un diálogo activo con los países de origen de solicitantes de asilo y/o inmigrantes clandestinos en el marco del grupo de alto nivel "Asilo y migración". Este grupo, instituido por el Consejo en diciembre de 1998 como dije por cierto al contestar a la pregunta de otro miembro sobre la cuestión de Canarias, tiene por tanto como misión elaborar planes de acción para algunos países. 
Para la elaboración de estos planes de acción, el grupo ha adoptado un planteamiento global, entre distintos pilares, que tome en consideración aspectos que dependen de la política exterior, del desarrollo económico y de la gestión de los flujos migratorios. 
Entre los países elegidos para dichos planes de acción figura Irak, como país de origen y de tránsito de inmigrantes. 
Turquía, en razón de su situación geográfica, es evidentemente un importante país de tránsito. 
En el marco del plan de acción relativo a Irak, el Consejo ya ha iniciado un diálogo con Turquía con el fin de poner en práctica el plan de acción de la Unión Europea relativo a Irak, de 26 de enero de 1998. Una de las medidas del plan de acción es la negociación de un acuerdo de tránsito con Turquía. 
Me alegro de lo extenso de la respuesta por parte del Consejo, pero quisiera hacer las dos preguntas siguientes: Lo seguro es, como ha mencionado el Presidente del Gobierno de Grecia, el Sr. Simitis, que está previsto que este año haya 260.000 inmigrantes ilegales. 
Doscientos sesenta mil inmigrantes ilegales que pasarán a través de Turquía y, como pueden entender, es imposible que no se noten. 
Consiguientemente, ¿qué acciones concretas ha realizado el Consejo en cuanto a Turquía, que es considerada como un país candidato y con la que hay asociación, para que vigile mejor sus fronteras y que, por consiguiente, no haya este terrible número de inmigrantes ilegales? 
Segundo, que es precisamente lo más importante, ¿qué tiene en mente el Consejo? 
¿Está en situación de elaborar una política global para que este problema se solucione satisfactoriamente y para que cada uno pueda controlar con seguridad las fronteras y los inmigrantes ilegales? 
Por supuesto, los que piden asilo político, piden asilo político, pero a partir de ahí habrá que realizar algún control. 
. (FR) Señor Presidente, quisiera confirmar lo que acabo de decir sobre la acción del Consejo por la que se contempla efectivamente poner en marcha cosas que se han decidido en el marco del plan de acción turco. 
Por otra parte, sobre la cuestión más general de las migraciones, en la cual reconozco y el Consejo reconoce gustosamente, Turquía, por su situación geográfica, es un país que se encuentra en una situación particular- y por ello, el efecto de esta situación que adelanta usted es conocido- quisiera señalar que, en el marco de la Presidencia belga, hemos puesto precisamente en marcha por primera vez una Conferencia que se celebró en Bruselas hace varias semanas sobre las migraciones, Conferencia europea en el marco de una reflexión necesaria sobre la cuestión de los movimientos migratorios. 
Pienso que este debate debe seguir su camino, y la Presidencia belga ha pretendido iniciarlo, independientemente de las decisiones adoptadas con respecto a Turquía o a Irak, en el marco de los debates que Europa celebra al mismo tiempo con Turquía en el marco del estatuto que se le ha concedido, y con países no europeos, no candidatos, para intentar gestionar mejor los problemas vinculados con esos flujos migratorios. 
Quiero decir a la Sra. Ministra que hay un gran contrasentido en Turquía. 
Por una parte es un gran pasador de inmigrantes, pero por otro, a Grecia llegan también inmigrantes políticos que proceden de la propia Turquía o de otro país, pero que en Turquía se les persigue; por ejemplo a los kurdos de Irak, que a causa de su acción podrían ser perseguidos en Turquía. 
¿Cómo se podrían combinar estas dos cosas? 
Es decir, que por un lado Turquía dejara estas persecuciones y que se pudiera denegar la entrada a los que entran ilegalmente en territorio comunitario, en territorio griego; pero que por otro lado también se diese protección a cuantos solicitan asilo político, dado que Turquía es un país en el que todavía está en vigor la pena de muerte y, como hemos visto en el informe de progreso que nos dio la Comisión ayer, hay faltas de democracia muy graves. 
A la siguiente pregunta la Sra. Presidenta no considera conveniente contestar. 
Probablemente considera que no es una pregunta, sino una declaración que hace el señor diputado. 
Está en la voluntad de la Sra. Presidenta. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0788/01): 
Asunto: Declaraciones del Sr. Berlusconi En unas recientes declaraciones, el Primer Ministro italiano, Sr. Berlusconi, identificaba en el fondo el terrorismo con las grandes manifestaciones y las demandas en favor de una globalización diferente, al tiempo que formulaba una serie de comparaciones y juicios sobre la civilización occidental y la de los países islámicos carentes de todo rigor histórico y que el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Michel, Ministro de Asuntos Exteriores belga, calificó de casi bárbaras, estúpidas y carentes de fundamento histórico. 
Dado que las declaraciones del Sr. Berlusconi contradicen por entero la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, firmada y proclamada por los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión durante el Consejo Europeo de Niza el 7 de diciembre de 2000, ¿podría el Consejo adoptar una posición oficial y colectiva acerca de este asunto? 
Señor Presidente, no corresponde evidentemente al Consejo manifestarse sobre las declaraciones hechas por el Sr. Berlusconi. 
El Consejo debe recordar aquí los términos en los cuales el Consejo Europeo se manifestó en sus conclusiones, con posterioridad a la reunión extraordinaria que tuvo lugar en Bruselas el pasado 21 de septiembre. 
Efectivamente, al hacer una llamada a la comunidad internacional para la continuación, en todos los foros multinacionales, del diálogo y de la negociación con vistas a construir, en Europa y en otras partes, un mundo de paz, de derecho y de tolerancia, el Consejo Europeo ha señalado también la necesidad de combatir cualquier deriva racista y xenófoba y de rechazar cualquier identificación entre el terrorismo y el mundo árabe o musulmán. 
En esta medida parece indiscutible que la posición oficial y concertada, que ustedes desean, ya fue adoptada por el Consejo en su sesión del pasado 21 de septiembre. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, en mi pregunta había dos temas. 
Uno está en relación con los puntos de vista, llamémoslos así, del Sr. Berlusconi sobre los árabes y el Islam. 
Constato en lo que me ha leído que el Consejo difiere, por no decir que condena, estos puntos de vista. 
Y me alegro por ello. 
Pero también le he hecho una segunda pregunta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
El Sr. Berlusconi, en sus declaraciones identificaba con el terrorismo las grandes manifestaciones que se organizan en todo el mundo cada cierto tiempo, en Europa y en América, por los que creen que la mundialización puede tener otra cara y otra dirección. 
Identificó estas manifestaciones con el terrorismo. 
¿Cuál es la opinión del Consejo sobre esta cuestión, que es excepcionalmente importante y que, en el futuro, nos lo vamos a encontrar ante nosotros? 
Señor Presidente, quisiera recordar que no corresponde al Consejo manifestarse sobre las declaraciones realizadas entre otros por el Sr. Berlusconi, no solamente en los aspectos vinculados al Islam o a cualquier identificación entre el terrorismo y el mundo árabe, sino también en las cuestiones vinculadas a la globalización. 
Por tanto, me atengo a las acciones y a las tomas de posición del Consejo del pasado 21 de septiembre que, creo, dan claramente el tono del punto de vista del Consejo Europeo, en cuanto a su voluntad de rechazar toda asimilación en este ámbito. 
Tampoco corresponde al Consejo, entre otros temas, hacer comentarios o manifestarse sobre declaraciones del Sr. Berlusconi. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0791/01): 
Asunto: Inclusión de datos adicionales en los nuevos documentos de identidad de la Unión Europea Los recientes atentados terroristas perpetrados en los EE. UU. han suscitado intensos debates sobre la necesidad de incluir en los documentos de identidad de los Estados miembros de la Unión datos exhaustivos sobre las características y la procedencia del titular. 
Según informaciones publicadas en la prensa griega, esta cuestión será examinada el próximo mes de diciembre en Bruselas, en el marco del Consejo de Ministros de Justicia, Asuntos de Interior y Orden Público de los 15 Estados miembros de la UE. 
¿Podría informar el Consejo si en los debates que entablen estos Ministros se incluirán los datos adicionales destinados a determinar más claramente la identidad de los ciudadanos europeos y, en general, de los residentes en la Unión Europea, a saber: huella digital, color de ojos y cabello, estatura, peso, grupo y subgrupo sanguíneos, cicatrices visibles y otras peculiaridades físicas, vellosidad, discapacidad, nacionalidad, lugar de nacimiento, confesión religiosa, estado civil, profesión y titulación. 
¿Podría dar el Consejo una respuesta concreta sobre cada uno de los datos más arriba enumerados, y precisar si examinará la inclusión de posibles datos adicionales en los pasaportes actualmente vigentes en todos los Estados miembros de la UE y, en este caso, de cuáles? 
Le agradezco su pregunta ya que permitirá al Consejo disipar lo que es claramente un gran malentendido por parte de la prensa griega. 
El Consejo "Justicia, asuntos interiores y protección civil", en su sesión especial del 20 de septiembre de 2001 posterior a los acontecimientos del 11 de septiembre, procedió a un amplio debate sobre las medidas a adoptar en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional. 
Es cierto que el Consejo ha debatido sobre la inclusión de datos biométricos pero en los visados a expedir a los nacionales de países terceros. 
Como consecuencia de este debate, la Comisión acaba de someter al Consejo una propuesta de reglamento con vistas a asegurar más esta categoría de visados previendo la posibilidad de incluir una fotografía digital, con el fin de asegurar que el titular del pasaporte sea efectivamente la persona a la que se ha expedido el documento. 
El Consejo daría un gran valor a que el Parlamento remitiera con rapidez un dictamen sobre esta nueva propuesta. 
Finalmente, es usted consciente de que los documentos de identidad de los nacionales de los Estados miembros constituyen un ámbito que depende de la competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Doy las gracias a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo por su respuesta tan clara. 
Ha confirmado que se celebran debates en el Consejo para incluir otros datos en los pasaportes y en los visados, como ha dicho, como la fotografía digital, que es un dato importantísimo, y datos biométricos adicionales. 
¿Puede ser más específica, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, en cuanto a qué datos adicionales se está debatiendo y si en estos datos están incluidas, aparte de las huellas dactilares, otros datos biométricos; y si se va a incluir también la confesión religiosa? 
Es una cuestión que interesa especialmente a mi país. 
También quisiera preguntar por qué piensa pedir datos sobre los documentos nacionales de identidad sólo de los que proceden de países terceros y no de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por lo que sé, también la Unión Europea cuenta con numerosos terroristas, como por ejemplo en España, y también en Grecia, en mi patria. 
¿No es así necesario facilitar a las autoridades policiales europeas que localicen también a los terroristas europeos? 
Deseaba evidentemente asegurarme de la precisión de mi respuesta. 
Efectivamente, eso no afecta a los visados y, con respecto a los datos proporcionados, sólo se contemplan las huellas digitales. 
Por tanto, puedo tranquilizarle sobre la pregunta, por ejemplo, de la religión. 
Creo que es importante que el Parlamento, como le he propuesto, pueda pronunciarse rápidamente sobre esta propuesta de forma que se pueda avanzar después. 
Pero puede estar tranquilo, no se trata en este caso más que de huellas digitales. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0795/01): 
Asunto: Discriminación por razón de la edad ¿Tiene intención el Consejo de modificar su política actual de discriminación de los candidatos a puestos de trabajo de 45 años o más, a la luz de la investigación que está llevando a cabo el Defensor del Pueblo, en la que se trata de determinar si dicha discriminación por razones de edad constituye una práctica de mala administración? 
El Consejo no considera que la fijación de un límite de edad en 45 años para la contratación de funcionarios en el grado básico constituya en sí una discriminación, porque la diferencia de trato fijada por este límite, por una parte, está de acuerdo con el Tratado CEE así como con el estatuto de los funcionarios y, por otra, se basa en razones objetivas, relativas principalmente a la noción de carrera profesional que está en el centro de la función comunitaria. 
Esta consideración se ha transmitido al Defensor del Pueblo europeo en dos ocasiones. 
Es necesario además destacar que este límite de edad se ve señalado de forma sistemática, y hasta un máximo de seis años, para tomar en consideración las necesidades familiares, entre otras la educación de los niños, del servicio militar o de discapacidades físicas. 
El límite de edad se señala igualmente en otros casos para responder a las necesidades de contratación específicas impuestas por necesidades de servicio o nuevas necesidades de la institución. 
Este ha sido por ejemplo el caso para la contratación de traductores de lenguas nórdicas. También ha sido el caso recientemente para los puestos publicados en el ámbito político-militar. 
Efectivamente, la Secretaría General del Consejo no debería privarse de la experiencia de los candidatos de más edad cuando se revela como indispensable, pero también debe velar por el rejuvenecimiento de sus trabajadores para las funciones que dependen de las tareas permanentes de la institución, por ejemplo, la traducción o la secretaría. 
Finalmente, ha llamado usted la atención sobre el hecho de que el proceso de reforma administrativa y de refuerzo de la cooperación interinstitucional en curso prevé, entre otras, la creación de una oficina interinstitucional de selección. 
La cuestión del límite de edad no se ha resuelto en el marco de los trabajos preparatorios para la creación de esta oficina. 
Sigue siendo también posible planteársela en el marco de las propuestas de reforma del estatuto, sobre las cuales el Consejo, actuando como legislador, deberá pronunciarse. 
A la espera de los resultados de estos trabajos, que deberían permitir la definición de reglas comunes para todas las instituciones, no parece oportuno modificar la práctica actualmente aplicada en la Secretaría General del Consejo para la contratación de funcionarios en el grado básico de la carrera. Ésta parece al mismo tiempo conforme con las normas de derecho y con los intereses de la institución. 
Doy gracias a la Presidenta en ejercicio por su respuesta. 
La cuestión de la discriminación por razones de edad en el Consejo suscitó mi interés en el último período parcial de sesiones, cuando se me preguntó lo que pensaba sobre el particular. 
Mi reacción inmediata fue que, mientras que por una parte procuramos promover un trato más equitativo de los trabajadores de edad, por otra parte, en una de nuestras propias Instituciones de la UE- según lo que ha dicho la Ministra, en más de una- estamos discriminando contra los que tienen 45 años o más. 
Es una triste situación que a las personas que tienen 45 años o más no se las considere para un puesto de trabajo. 
Imagínense el talento, los conocimientos y la experiencia que se pierden. 
Me gustaría preguntar a la Presidenta en ejercicio qué medidas se están adoptando para tratar de la misma manera a todas las solicitudes de empleo. 
Es interesante lo que se nos ha dicho acerca de la oficina de contratación institucional. 
¿Qué calendarios ha fijado para su creación, y cuáles son las normas comunes que tendrán todas las instituciones? 
Permítanme que aclare algo que ha dicho usted. 
La edad básica se ha aumentado en seis años. 
¿Significa eso que se ha aumentado a 51 años o que de 39 años ha pasado a 45? 
Señor Presidente, quisiera simplemente responder a una de las preguntas complementarias precisas que se han planteado. 
Efectivamente, el límite se ha fijado en 45 años, y no es posible llegar más allá de los 51 años. 
Ésta es en todo caso una respuesta concreta a una de las preguntas precisas que se me han planteado en un segundo momento. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 10 y 11 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0796/01): 
Asunto: Medidas específicas de refugio y apoyo a la población de Afganistán A tenor de la actual situación y del peligro de que se produzca en Afganistán una verdadera catástrofe humanitaria, ¿qué acciones y medidas eficaces adoptará el Consejo para evitar que cientos de miles de mujeres y personas inocentes sean víctimas de una violencia indiscriminada o del azote del frío y el hambre? 
¿Abrirá corredores, salidas políticas y humanitarias? 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0825/01): 
Asunto: Oleada de refugiados afganos a las puertas de Europa Hace ya bastantes años que Turquía constituye uno de los principales puntos de entrada de inmigrantes económicos o refugiados políticos en la Unión Europea. 
Tras los atentados terroristas de los EE.UU., la corriente dominante de refugiados está formada por los ciudadanos afganos que buscan amparo frente al feroz régimen de los talibán, pero fundamentalmente frente a la guerra. 
Según información digna de crédito, decenas de miles de refugiados afganos se disponen a pasar de Turquía a las costas griegas y a Italia. 
¿Cómo califica el Consejo a los refugiados afganos? ¿Considera que tienen derecho a obtener asilo político? 
¿Se estudia acogerlos en países europeos mediante cuotas? 
¿Hay algún tipo de colaboración con las autoridades turcas? ¿Qué opina el Consejo de las condiciones en que "están alojados" los refugiados en Italia y Grecia (centros de acogida de inmigrantes, etc.)? 
¿Qué medidas puede tomar en colaboración con las autoridades griegas e italianas? 
Señor Presidente, tal como indicó en las anteriores respuestas sobre el mismo tema, el Consejo comparte plenamente sus preocupaciones relativas a la situación humanitaria catastrófica de Afganistán. 
En su sesión de los días 8 y 9 de octubre de 2001, el Consejo reafirmó que la Unión y sus Estados miembros harán todo lo posible para evitar un drama humanitario en Afganistán y en los países limítrofes, lo que ha de hacerse en colaboración estrecha con el ACNUR y las demás agencias especializadas, el CICR, los Estados Unidos, los países limítrofes y otros socios en el marco de organizaciones multilaterales. 
En esta ocasión, el Consejo ha recordado que, frente a la crisis humanitaria, la Comunidad y sus Estados miembros ya han liberado una suma de 316 millones de euros. 
El Consejo ha acogido con satisfacción las primeras medidas adoptadas por la Comisión para acudir en ayuda de los refugiados y la ha invitado a presentar otras nuevas sin tardanza. 
En este sentido, debo señalar que el recurso a la reserva para ayudas de urgencia, hasta un importe de 25 millones de euros, con cargo a la ayuda humanitaria a la población afgana ya fue aprobado en el diálogo presupuestario tripartito del pasado 15 de octubre. 
Por otra parte, el Consejo ha reafirmado la voluntad de la Unión de apoyar, llegado el momento, un proceso político comprometido en Afganistán, con el apoyo de las Naciones Unidas, así como contribuir a la reconstrucción, a la modernización, al desarrollo y a la apertura de este país. 
La actualidad nos confirma la necesidad de trabajar en este sentido. 
El Consejo es favorable a la apertura de corredores humanitarios, pero señala que esto supone la cooperación de las fuerzas que controlan la situación sobre el terreno. 
En este contexto, el Consejo lamenta profundamente que los talibanes hayan obstaculizado en varias ocasiones la llegada de la ayuda humanitaria, hayan acosado a las ONG, destruido las infraestructuras humanitarias, rechazado la cooperación con las instituciones internacionales y muy recientemente hayan exigido que los convoyes que intentan hacer llegar la ayuda humanitaria a los afganos que lo necesitan paguen peajes. 
Habida cuenta de la situación imperante en la actualidad en Afganistán, es difícil evidentemente garantizar una eficacia absoluta de cualquier medida. 
Sin embargo, sabe usted sin duda que la Unión, apoyando plenamente los esfuerzos emprendidos para erradicar el terrorismo como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, participa activamente en la acción humanitaria destinada a ayudar a los desplazados en la región. 
La posición constante del Consejo frente a estas situaciones ha sido la de trabajar a favor del mantenimiento de las personas desplazadas en la región vecina, con el fin de facilitar su retorno en cuanto las circunstancias lo permitan. 
Debo recordar que el 20 de Julio de 2001, el Consejo adoptó una directiva relativa a la protección temporal, en el territorio de los Estados miembros, de personas desplazadas en el caso de una afluencia masiva. 
Habida cuenta de que esta directiva no entra en aplicación hasta diciembre de 2002, la Comisión comunicó, en los Consejos de los días 27 y 28 del pasado mes de septiembre, su disponibilidad para ver cómo podría realizarse en caso de necesidad una aplicación anticipada de las reglas previstas por la citada directiva. 
En esta óptica, la Comisión acaba de solicitar a los Estados miembros que proporcionen a Eurostat cada quince días los datos estadísticos sobre las solicitudes de asilo y las entradas irregulares de ciudadanos afganos. 
En cuanto a las condiciones de recepción en los centros de acogida, el Consejo no dispone de información. 
Y diré en este sentido que las instancias del Consejo están examinando actualmente una propuesta de directiva que fije normas mínimas para las condiciones de recepción de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. 
Finalmente, con respecto a las relaciones con Turquía, debo recordar que se han producido reuniones con carácter regular entre las instancias del Consejo y Turquía, en el marco de la aplicación del plan de acción para Irak elaborado por el grupo de alto nivel "Asilo y migración", como por otra parte expliqué en una respuesta a una pregunta anterior. 
Con toda probabilidad a finales del mes de noviembre se producirá una nueva reunión. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta. 
El grave problema que tenemos es que toda esa ayuda humanitaria de la Unión Europea, ese caudal de millones de euros, se está encauzando a través de Pakistán. 
Pakistán, es el único país- junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes- que ha venido apoyando al régimen talibán. 
Es un error dar la llave y la administración de esa ayuda humanitaria a Pakistán. 
Sin embargo, se está haciendo, y este error político es causa de que la ayuda no esté llegando a todos los beneficiarios afganos que tendrían que recibirla. 
Señora Presidenta, por favor ¿podría usted, ahora que se ha tomado ya Kabul, revisar este hecho para que esa ayuda humanitaria de la Unión Europea no se encauce a través de Pakistán, como se está haciendo, no le demos la llave y la administración a Pakistán, sino que se haga directamente para que llegue a la población de Afganistán? 
Para empezar quiero dar las gracias a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo, y a todo el grupo de la Presidencia belga que, creo que por su composición femenina, quizás nos dé respuestas muy correctas. 
Ha sido muy importante lo que ha dicho, a saber: que las regulaciones de la directiva sobre la afluencia masiva de personas desplazadas se apliquen antes de que entre en vigor la directiva en los países miembros. 
En este sentido quisiera preguntar: en casos como los de Grecia, en donde tuvimos 700 personas en la isla de Zante, cuya mayoría procedían de Afganistán, y del Kurdistán irakí, ¿Podría Grecia servirse de las regulaciones de la directiva, y entre estas, utilizar los recursos del Fondo Europeo para los Refugiados? 
Quisiera recordar lo que dije en mi primera respuesta a la pregunta común relativa a la aplicación anticipada de la directiva. 
Evidentemente, vale para cualquier Estado miembro. 
En esta óptica además hemos pedido que se proporcionen con regularidad a Eurostat datos estadísticos, de forma que se pueda contemplar una aplicación anticipada de la directiva en razón de una situación que no era previsible entonces. 
Por lo demás, en lo que respecta a la llegada de la ayuda humanitaria, esencialmente en ese caso se trata de una competencia de la Comisión y con respecto a la cual resulta difícil para el Consejo tomar una posición. 
Tomo buena nota de las observaciones sobre la llegada de la ayuda. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0797/01): 
Asunto: Petición de pena de muerte para 16 afganos acusados de cambiar de religión En Afganistán, un fiscal ha llevado a los tribunales de Kabul a 16 afganos y ha pedido para ellos la pena de muerte. 
En un juicio simultáneo que se celebra también en Kabul, ocho colaboradores de la organización de ayuda al desarrollo Shelter Now International han sido acusados de hacer proselitismo para la religión cristiana. 
También en este caso el fiscal solicita la pena de muerte, de conformidad con la ley islámica del país. 
Alemania, los EE.UU y Australia se ocupan por vía diplomática del caso de los ocho colaboradores y de procurarles asistencia jurídica. 
En su respuesta a una pregunta que formulé al respecto a la Comisión, ésta me informó de que los citados tres países ya se ocupan del caso por lo que la Unión Europea no necesita hacerlo. 
Pero ningún diplomático ni ningún país ni la Unión Europeo se ocupa de la suerte de los 16 acusados afganos. 
La Unión Europea trabaja activamente a escala global contra la pena de muerte y por la libertad de religión basada en la tolerancia y el respeto hacia las distintas creencias. 
¿De qué forma se ha puesto esta actitud de manifiesto en la actuación del Consejo con respecto al proceso que se sigue contra los 16 afganos que han cambiado de religión? 
¿De qué forma sigue, vigila y actúa la Unión Europea, a través del Consejo, con vistas al procesamiento de los 16 afganos para los que se pide la pena de muerte en Kabul? 
¿Qué acciones concretas ha previsto llevar a cabo para garantizar la seguridad jurídica, la protección y la vida de los acusados? 
El Consejo comparte sus temores sobre el tema de los ciudadanos afganos y de los cooperantes extranjeros acusados por los talibanes de conversión religiosa y de proselitismo, y sobre los cuales pesa una amenaza muy grave de pena de muerte. 
La posición del Consejo sobre el tema de la pena de muerte es bien conocida. 
La promoción y el respeto de los derechos fundamentales del hombre, incluida la libertad de religión y de convicción, constituyen un elemento esencial de la política de la Unión Europea con respecto a países terceros y están, en este sentido, incluidos en la posición común de la Unión Europea sobre Afganistán. 
Los principales instrumentos jurídicos internacionales garantizan a todos el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de convicción y la libertad de manifestar, individual o colectivamente, en público o en privado, la propia creencia religiosa o convicción. 
La Unión ha comunicado sus preocupaciones en lo que respecta a la situación de los derechos humanos en Afganistán en diferentes foros internacionales, principalmente ante la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que todos los Estados miembros de la Unión Europea apoyaron el proyecto italiano de resolución sobre las violaciones de los derechos humanos en Afganistán. 
Habida cuenta de que los Estados miembros de la Unión no reconocen al gobierno de los talibanes, resulta extremadamente difícil comunicarse con ellos y acceder a los territorios bajo su control. 
Éste era por otra parte el caso antes del 11 de septiembre de 2001. 
Los esfuerzos diplomáticos bilaterales para proteger a los cooperantes extranjeros, esfuerzos realizados por los diplomáticos alemanes, americanos y australianos desde Islamabad no han dado hasta hoy resultados tangibles. 
Desde el inicio de las acciones militares en Afganistán, el 7 de octubre, es aún más difícil, evidentemente, seguir de cerca la suerte de los dieciséis afganos a los que se refiere la pregunta y contribuir a la solución política de este asunto. 
Créame sinceramente que lo lamento, pero comprenderá también que la situación es hoy aún más difícil de evaluar de lo que era anteriormente. 
Doy las gracias a la Presidencia belga por esta respuesta. 
Se nota que hay interés y sinceros deseos de hacer lo mejor en favor de esas personas. 
Kabul ha caído. 
El gobierno talibán huye. 
Afganistán abre las puertas a un nuevo futuro. 
En este escenario, deseo francamente que la Presidencia belga haga todo lo posible para obtener información sobre esos 16 afganos condenados a muerte. 
¿Están todavía en Kabul? 
¿Han sido trasladados a Kandahar? 
¿Podemos salvarlos? 
¿Qué ha pasado con los ocho voluntarios de Shelter Now International? 
Me alegraría mucho que la Presidencia belga pudiese decir aquí en el Parlamento que esas 24 personas están a salvo, que son personas libres y que están vivas. 
Mi deseo es que la Presidencia haga todo lo que esté a su alcance. 
Ahora que Kabul se ha abierto hay nuevas posibilidades. 
Quiero preguntarle si usted cree que se puede obtener información antes de fin de año. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 13 decae. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0806/01): 
Asunto: Prioridades para el sector pesquero durante la segunda mitad de la Presidencia belga ¿Establecerá el Consejo, bajo la Presidencia belga, las prioridades de la segunda mitad de su mandato para el sector pesquero teniendo en cuenta los particulares requisitos de países periféricos como Irlanda, que tiene bajo su jurisdicción el 11% de las aguas comunitarias, pero que sólo dispone del 4% de las cuotas pesqueras comunitarias? 
El Consejo le remite a la respuesta que ya facilitó a esta misma pregunta en el turno de preguntas del período de sesiones del mes de septiembre de 2001, y ello tanto sobre las intenciones de la Presidencia como en cuanto al calendario de los debates en el seno del Consejo con respecto al Libro Verde de la Comisión, de la prórroga de los programas de orientación plurianual y de la reconstitución de las existencias amenazadas como sobre la pregunta de la reconversión de los buques y pescadores que dependían del Acuerdo de pesca con Marruecos. 
Señor Presidente, me gustaría dar gracias a la Presidenta en ejercicio por su respuesta, aunque ha sido tan corta como lacónica. 
¿Está de acuerdo la Presidenta en ejercicio en que las pesquerías son importantes para las zonas marítimas periféricas de toda la Unión en las que no hay ninguna otra fuente de empleo? 
¿Está también de acuerdo en que en mi país, Irlanda, la industria pesquera no se ha beneficiado mucho del hecho de pertenecer a la Unión Europea porque las pesquerías más prolíficas situadas dentro de un límite razonable de distancia de nuestra costa están siendo saqueadas por Estados marítimos codiciosos de la Unión? 
¿Va a indagar la Presidenta en ejercicio durante su mandato, entre la fecha de hoy y el final del año, sobre lo que puede hacerse en favor de zonas situadas alrededor de la costa irlandesa, incluida mi propia circunscripción del oeste de Irlanda, que tenían antes pesquerías prolíficas que seguramente no han sido saqueadas por nuestra pequeña flota de bajura? 
¿No le parece que las políticas de desarrollo regional y las políticas de pesca no deberían examinarse separadamente, sino en tándem? 
El Consejo ha respondido ya en varias ocasiones a una pregunta de la que comprendo evidentemente la importancia y la pertinencia desde el punto de vista del que la plantea, pero por lo demás, me atengo a lo que declaré y a lo que declaró el Consejo en respuesta a otras preguntas sobre sus intenciones en materia de prórroga, de programas anuales, de reconstitución de las existencias y de reconversión de buques y pescadores. 
Sólo puedo confirmar aquí las respuestas anteriores del Consejo a la misma pregunta, comprendiendo muy bien que ésta es especialmente preocupante para quien acaba de plantearla. 
Señor Presidente, usted no permitió a la Presidencia belga responder a mi pregunta complementaria de la pregunta 12. 
Normalmente se contestan las preguntas complementarias; precisamente en este momento se acaba de contestar una pregunta complementaria de la pregunta 14. 
Creo que ha sido una descortesía no dar a la Presidencia belga esta posibilidad. 
Señor Sacrédeus, la Sra. Durant, Presidenta en ejercicio del Consejo, en algunos casos ha declinado contestar a la pregunta porque consideraba que ya estaba contestada, pero de todas formas yo le traslado a la Sra. Durant su petición. 
Está en la voluntad de la Sra. Durant considerar que ya no es una pregunta, o que ya está contestada. 
De todas formas, señora Durant, si usted tiene algún mensaje que transmitir al diputado, alguna contestación, tiene usted la palabra. 
Quisiera simplemente confirmar, señor Presidente, que como respondí de forma bastante completa a su pregunta sobre esas 16 personas, deseo evidentemente, como todos los aquí presentes, que esas personas puedan seguir con vida. 
Por supuesto. 
Y que, en la medida de las posibilidades, en contactos bilaterales, en la dificultad de la situación actual, aunque si tiene quizá algo de positivo, ya que en las últimas 24 horas asistimos a la liberación de Kabul, acaso de Kandahar y a los movimientos de talibanes, deseo realmente que se pueda hacer todo lo posible para identificar a esas personas y salvar sus vidas, pero no puedo comprometerme aquí con acciones particulares. 
En todo caso, sepa que todo lo que pueda hacerse deberá hacerse, pero en una situación extremadamente confusa como la que reina en este momento sobre el terreno. 
En mi intervención anterior señalé que en mi pregunta complementaria decía que estamos ante una nueva situación en Afganistán y en Kabul, ahora que los talibanes huyen de la capital. 
Hace un mes, cuando se formuló la pregunta y la Presidencia belga preparó su respuesta, la situación era diferente. 
Hoy hay nuevas posibilidades. 
Por eso agradezco la respuesta complementaria de la Presidencia belga, esto es, que va a actuar en la nueva situación producida en Afganistán. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0807/01): 
Asunto: Revisión de la posición común sobre Cuba El 11 de julio pasado preguntamos al Consejo qué intenciones tenía sobre la revisión de la posición de la Unión Europea respecto a Cuba. 
Obtuve el 5 de septiembre una respuesta por escrito, detallada y satisfactoria. 
Estimo además sumamente acertada la iniciativa de la Presidencia belga destinada a reanudar el diálogo con un país que, como Cuba, demuestra el mayor interés en cooperar con Europa y que tiene en los Estados miembros de la Unión a su principal interlocutor económico. 
Realizada la misión a La Habana del Presidente en ejercicio y trasladadas sus impresiones al Consejo, reitero mi preocupación preguntando: ¿No parece anacrónico y fuera de lugar que Cuba sea el único país de América Latina con quien la Unión Europea no mantiene acuerdo alguno de cooperación, siendo de ello grandemente responsable la actual "posición común" de la Unión sobre Cuba? 
¿Piensa el Consejo, o no, que ha llegado la hora de revisar y actualizar esa posición común que no representa la postura de cada uno de los Estados miembros respecto a Cuba, y cuyo texto nos parece obsoleto, además de haberse comprobado que no ha surtido efecto alguno en la dirección que sus promotores decían esperar? 
¿Es cierto que en el debate que se viene produciendo en el seno del Consejo, con vistas a la revisión de la posición común de la Unión Europea respecto de Cuba, hay un Gobierno nacional que se opone radicalmente a dicha revisión, manteniendo así prácticamente bloqueada una actualización que considero justa, urgente e indispensable? 
Una vez más, esta honorable Asamblea invita a la Presidencia del Consejo a hablar de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. 
Deseo pues aprovechar esta ocasión para recordar algunos puntos, y quizá aclarar algunos malentendidos con respecto a estas relaciones. 
La posición común de la Unión Europea sobre Cuba sigue siendo la base de la política de la Unión Europea con respecto a este país. 
Tal como se desprende del Tratado de la Unión Europea, las posiciones comunes son uno de los instrumentos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea (Cf. artículo 12) y las decisiones relativas a la política exterior y de seguridad común se adoptan por unanimidad (Cf. artículo 23). 
El Consejo, en la novena revisión de la posición común sobre Cuba, el pasado 25 de junio, señaló que ésta seguía siendo válida. 
Los objetivos de la Unión Europea con respecto a Cuba siguen pretendiendo estimular un proceso de transición pacífico hacia el pluralismo democrático y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Paralelamente, el Consejo ha manifestado constantemente su disponibilidad para mantener un diálogo franco y constructivo sobre todas las cuestiones de interés común. 
El pasado mes de junio, el Consejo reafirmó su intención de mantener este planteamiento. 
Manifestó también su opinión favorable a la instauración de un diálogo político abierto y a la búsqueda de un futuro acuerdo-marco de cooperación basado en el respeto de principios democráticos, en los principios de los derechos humanos y del Estado de Derecho. 
En este espíritu, los días 23 y 24 del pasado mes de agosto, una misión exploradora de la troika de la Unión Europea, dirigida por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos exteriores, Sr. Louis Michel, viajó a La Habana. 
Por otra parte, el Consejo, con ocasión de la novena evaluación de la posición común, ha instado a la Comisión a reforzar sus esfuerzos de cooperación, principalmente con organismos civiles y no gubernamentales en Cuba, con el fin de que una presencia amplia de actores de la Unión Europea sobre el terreno contribuya de forma más eficaz a la realización de los objetivos de posición común. 
Por otra parte, y como usted señala, Cuba tiene como principal socio económico a los Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, no debemos olvidar que son las autoridades cubanas quienes han interrumpido el diálogo entre la Unión Europea y Cuba, cuando anularon, casi el día anterior, la misión de la troika de la Unión a nivel de directores generales, prevista para los días 27 y 28 de abril de 2000. 
También fueron las autoridades cubanas las que retiraron, en mayo de 2000, su solicitud de adhesión al acuerdo de Cotonou. 
Por otra parte, y tal como el Consejo señaló en la novena revisión de la posición común, hasta ese momento no ha podido constatarse ningún elemento significativo que demuestre un cambio de política por parte del Gobierno cubano y que vaya en el sentido de la realización de los objetivos de la posición común. 
Se ha previsto una nueva reunión entre el ministro cubano de asuntos exteriores y la troika de la Unión, a petición de Cuba, al margen de la 55 Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en este momento, y aún no puedo por tanto informar sobre ningún elemento en lo que respecta a esta segunda reunión. 
Señor Presidente, la contestación de la Sra. Ministra me lleva a preguntarle si ella tiene conocimiento de que, hace unas semanas, una delegación del Parlamento Europeo visitó Cuba. 
En esa visita, los colegas se entrevistaron con las autoridades cubanas, con la iglesia, con ONG y con los once embajadores residentes de los países de la Unión. 
Todos ellos, con excepción de un embajador, coincidieron al decir que la posición común es inútil, porque no contribuye ni al progreso de los cubanos ni al de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. 
Por lo tanto, la Sra. Ministra, Presidenta en ejercicio del Consejo, debe saber que esa posición común está sobrepasada, que es obsoleta y que, por otra parte, es un anacronismo, una injusticia y un disparate que Cuba sea el único país de América Latina con el que la Unión Europea no tiene ningún convenio de cooperación, lo que la sitúa en una posición difícil- en la situación de catástrofe que vive Cuba en estos momentos- para poder ayudar a la reconstrucción de lo que el huracán Michelle ha destruido. 
Señor Presidente, como le he dicho en mi respuesta, creo que efectivamente la visita de la troika de la Unión Europea, la reunión que se produce en este momento al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, podrán sin duda nutrir también el trabajo del Consejo en este ámbito. 
Sin embargo, me atengo a nuestra voluntad y a nuestros objetivos que contemplan estimular un proceso de transición pacífica y sobre todo desarrollar un diálogo que sea el más sincero, el más abierto, el más constructivo posible, sobre todas las cuestiones de interés común. 
No puedo, por tanto, más que confirmar el interés que esos contactos bilaterales pueden suscitar y esperar que puedan alimentar las posiciones siguientes del Consejo. 
Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, realmente su respuesta ha sido muy interesante. 
Yo fui miembro de la delegación a la que se refería Miguel Ángel Martínez y pude ser testigo de que, efectivamente, ONG, embajadores, incluso los llamados disidentes en Cuba, consideran que es poco útil la posición común. 
Yo quería, señora Presidenta, recordar que si a muchos diputados de aquí nos parece injusta la posición común con respecto a Cuba es porque, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo aduanero con Turquía y todos sabemos aquí que Turquía no cumple con los derechos humanos básicos. 
De hecho, la diputada kurda Leyla Zana, que ha recibido el Premio Sajarov, está en prisión, y una delegación europea no ha podido visitarla en estos últimos días. 
También tenemos acuerdos especialísimos con Marruecos, que tampoco cumple con los derechos humanos. 
Lo que decimos es que, en la posición común con respecto a Cuba, se exige que ésta realice cambios antes de llegar a un acuerdo de cooperación y eso es lo que nos parece injusto, señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Por eso, nosotros insistimos siempre en que esa revisión- que va a ser la décima ahora -, debería tener en cuenta la opinión de todas estas personas en Cuba, y observamos también que hay dos varas de medir. 
Aunque no se trata de una pregunta, la Sra. Durant tiene la capacidad de hacer su reflexión si lo considera oportuno. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0810/01): 
Asunto: Reducción del fenómeno de despoblación en las zonas rurales Bajo la Presidencia belga de la UE y en consulta con la próxima Presidencia española, ¿ha examinado el Consejo la necesidad de una política europea activa destinada a reducir la despoblación en las zonas rurales de los Estados miembros, incluida Irlanda? 
¿Tiene intención de realizar una declaración sobre los asuntos que han de ser estudiados, incluyendo los aspectos financieros, proyectos piloto, estudios, y la participación de importantes ONG? 
¿Va a pedir a la Comisión que emita una comunicación sobre las políticas destinadas a reducir la despoblación en las zonas rurales? 
Quisiera en primer lugar recordar que, en el marco de la política regional europea, y principalmente en el periodo de programación actual 2000-2006, existe la posibilidad de apoyar la reconversión económica y social de las zonas rurales del Objetivo 2, que tienen una densidad de población inferior a 100 habitantes por km2. 
El Consejo desearía igualmente llamar su atención sobre el hecho de que, con posterioridad a la presentación por parte de la Comisión del segundo informe sobre la cohesión económica y social, representantes de los Estados miembros, de la Comisión y del Parlamento Europeo se reunieron el pasado mes de junio, por iniciativa de la Presidencia sueca del Consejo, en Lycksele, en el Norte de Suecia, para compartir sus experiencias y discutir sobre el futuro de las zonas despobladas, incluidas las zonas rurales, un futuro por el cual la Presidencia, que nosotros asumimos este semestre, sigue trabajando. 
El Consejo considera que conviene ante todo en este momento intentar potenciar al máximo todas las posibilidades de la actual regulación para luchar contra la despoblación y el empobrecimiento de algunas zonas rurales. 
Se trata de una tarea que corresponde principalmente a los Estados miembros, en el respeto por los criterios definidos a nivel comunitario. 
Habida cuenta de que las propuestas de la Comisión para el futuro periodo de programación no se esperan hasta 2004, el Consejo considera que es aún prematuro iniciar un nuevo debate sobre la puesta en marcha de una política de la Unión Europea en favor de las zonas rurales despobladas o en proceso de despoblación que iría más allá de lo que está actualmente en vigor. 
Doy las gracias a la Presidenta en ejercicio por su respuesta. 
¿No está de acuerdo en que es necesario que haya mayor coordinación entre las políticas nacionales y las políticas destinadas a conseguir objetivos de desarrollo rural y que debería haber más interés por la descentralización y la creación de nuevas oportunidades de empleo en las regiones? 
¿Qué nuevas medidas se pueden adoptar ahora para fomentar y conseguir ese objetivo? 
¿Va a procurar la Presidenta en ejercicio que esta cuestión se incluya en el orden del día para que se siga estudiando bajo la Presidencia española? 
Sólo puedo confirmar lo que acabo de decir, que pienso, y el Consejo también, que la regulación actual ha de ser utilizada al máximo de sus potencialidades. 
Habida cuenta de que se trata de un marco comunitario, en el cual las acciones concretas deben ponerlas en práctica sin embargo los Estados miembros, soy partidaria de llegar más lejos en la utilización del actual reglamento, en lugar de iniciar prematuramente un nuevo debate sobre la puesta en marcha de una política a favor de esas zonas. 
Creo que el marco existente puede ser mejor explotado, no solamente a nivel comunitario, sino también y sobre todo a nivel subsidiario, es decir, en el ámbito de los Estados miembros que deben tratar de poner en práctica esas políticas en el marco de los criterios definidos a nivel comunitario. 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0814/01): 
Asunto: Ciudadanía europea, estudiantes y prestaciones estatales ¿Ha examinado el Consejo las conclusiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que figuran en la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2001 (a raíz de una acción interpuesta por un estudiante francés que cursa estudios en Bélgica y a quien se le denegó la concesión de la prestación de subsistencia) , en las que se confirma que los estudiantes que residen en un Estado miembro distinto del propio tienen derecho a las mismas prestaciones que los nacionales del Estado de residencia, y que la sentencia es retroactiva? 
¿Qué consecuencias inmediatas se derivan para todos los Estados miembros de esta sentencia? 
La sentencia CE 184/99 que cita usted, señor, se dictó el 20 de septiembre de 2001. 
Por tanto es un poco pronto para que el Consejo haya tenido tiempo para estudiar la cuestión en todas sus implicaciones y, como es incuestionable, el Consejo respetará esta sentencia del tribunal y extraerá por supuesto todas sus consecuencias. 
En cualquier caso, corresponde a los Estados miembros extraer las consecuencias de esta sentencia. 
Es una respuesta un poco corta, pero que está vinculada esencialmente con el hecho de que esta sentencia se ha dictado muy recientemente. 
Aprecio y comprendo los problemas que la Presidenta en ejercicio tiene con esta cuestión. 
Ahora bien, en diversas ocasiones he planteado en este Parlamento la cuestión en relación con, particularmente, los estudiantes del programa Erasmus que habían sido tratados de forma diferentes en diferentes Estados miembros. 
Una de las consecuencias de lo antedicho es que ahora todos los Estados miembros tendrán la obligación de velar por que haya un sistema común disponible para prestar asistencia a los estudiantes que forman parte de programas Erasmus o que están estudiando a jornada completa programas en países diferentes de sus propios Estados miembros. 
En consecuencia pido a la Presidenta en ejercicio que plantee inmediatamente esta cuestión ante la próxima reunión del Consejo, de ser posible de forma que no haya más demoras, para que no se puedan denegar ya oportunidades a muchos estudiantes que hasta ahora no han podido beneficiarse o cuyos padres han tenido que pagar por ellos para que estudien en el extranjero, a fin de que estas anomalías y estas desigualdades desaparezcan en el futuro. 
Sólo puedo tomar nota de su petición formal y urgente de asumir esta pregunta y repetir que el Consejo respetará esta sentencia del Tribunal inmediatamente que la haya estudiado en todas sus consecuencias e implicaciones. 
Pero tomo nota de su interés en que el Consejo pueda darse por enterado. 
Quisiera preguntar a la Presidenta en ejercicio si puede confirmarme mi convicción de que los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a beneficiarse de esa decisión, tanto si los Estados miembros han instituido disposiciones para interpretar la decisión como si no lo han hecho. 
¿No tengo razón cuando digo que desde la fecha en que se adoptó la decisión los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse de ella? 
Deseo realmente, en este momento, y por el carácter muy reciente de esta sentencia del Tribunal, atenerme a lo que he dicho pero entiendo bien la interpretación que desea hacer. 
Deseo realmente que el Consejo pueda tener tiempo para estudiar las implicaciones de la sentencia e identificar en qué medida la pregunta que plantea usted se ve confirmada, invalidada o interpretada. 
Deseo que se dé al Consejo el tiempo necesario para examinar las implicaciones, y por tanto las consecuencias de esta sentencia del Tribunal del pasado mes de septiembre. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
A título informativo diré que me estoy refiriendo a una decisión anterior del Tribunal que decidió que, independientemente de que un Estado miembro haya instituido o no haya instituido decisiones para ejecutar las disposiciones derivadas de sus decisiones o de las decisiones del Consejo o de la Comisión, los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse de esas decisiones. 
Me limitaré sencillamente a preguntar a la Presidenta en ejercicio si puede confirmar que el resultado de esta decisión particular del Tribunal significa que todos los ciudadanos podrán beneficiarse, sean cuales fueren los beneficios, a partir de la fecha de la decisión y que ningún Estado miembro está facultado para intentar restringir los mencionados derechos. 
Como Presidente de la sesión tomo nota de su interpretación. 
Se la traslado al Consejo. 
Tomo nota de los elementos que adelanta usted, pero me atengo a la respuesta que ya he formulado. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 18 y 19 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 18 formulada por (H-0816/01): 
Asunto: Sellafield y la amenaza terrorista El Consejo Europeo, celebrado el 21 de septiembre de 2001 a raíz de los trágicos acontecimientos en los Estados Unidos, declaró que el terrorismo constituye una amenaza real para el mundo y para Europa y propuso el bloqueo de la financiación de las organizaciones terroristas como medio decisivo para afrontar este desafío. 
¿Qué planes de emergencia ha estudiado el Consejo para responder a la amenaza de un ataque terrorista contra instalaciones nucleares en la UE y, en particular, contra la central de Sellafield, teniendo en cuenta, además, la decisión totalmente inaceptable del Secretario Británico de Medio Ambiente de dar luz verde, el 3 de octubre de 2001, a la apertura de la instalación de óxidos mixtos (MOX) en Sellafield, cuya aprobación formal se había retrasado debido a la falsificación de registros por parte de la empresa BNFL? 
¿Tiene el Consejo la intención de utilizar sus buenos oficios para instar al Gobierno del Reino Unido a retirar su última decisión? ¿Tiene asimismo la intención de pedir a la Comisión que intervenga en este asunto? 
¿Acepta que la única solución es el cierre de la central de Sellafield? 
Pregunta nº 19 formulada por (H-0824/01): 
Asunto: La planta de combustible MOX en Sellafield Considerando que el 3 de octubre de 2001 Gobierno británico autorizó unas nuevas instalaciones de combustible de plutonio en el complejo nuclear de Sellafield, ¿puede aclarar el Consejo cuál es su postura sobre esta propuesta, particularmente en lo que hace a los aspectos de seguridad, dados los inquietantes informes que constatan que estas instalaciones aumentarán el comercio mundial de plutonio, que este comercio incrementará a su vez el riesgo para la seguridad mundial, que el transporte de materiales utilizables en la fabricación de armas hace estas instalaciones vulnerables a los terroristas y que, especialmente tras los atroces acontecimientos del 11 de septiembre, existe el riesgo de que Sellafield pueda convertirse en objetivo terrorista con consecuencias catastróficas para la población del Reino Unido, de Irlanda y del resto del mundo? 
La planta MOX de 470 millones de libras, construida hace cinco años por la compañía estatal British Nuclear Fuels plc, aunque aún no está en servicio, debe demostrar sin embargo que los beneficios de esta planta superan los riesgos para la salud y el medio ambiente, tal como dispone la legislación europea. 
En su sesión extraordinaria del pasado 21 de septiembre, el Consejo decidió que la lucha contra el terrorismo será más que nunca un objetivo prioritario de la Unión Europea. 
La gran importancia que el Consejo concede a esta lucha se deduce también claramente del número de reuniones que diversas formaciones del Consejo y el Consejo Europeo han dedicado y dedicarán a este tema bajo la Presidencia belga. 
En este contexto se puede recordar también que la Unión Europea, en las conclusiones del Consejo "Asuntos generales" de los días 8 y 9 de octubre de 2001, reafirma su acción a favor de la no proliferación y del desarme. 
En lo que respecta más en concreto a las dos preguntas planteadas, el Consejo llama la atención sobre el hecho de que, en lo esencial, las medidas relativas a la seguridad física de las instalaciones son competencia nacional. 
Independientemente de las circunstancias específicas que contempla, el Tratado CEEA ha organizado las modalidades del control de la seguridad de los materiales nucleares para uso civil en la Unión Europea, es decir, del conjunto de medidas que permitan verificar qué materiales y equipos nucleares no se han desviado del uso, pacífico, por supuesto, previsto. 
Corresponde a la Comisión velar por la aplicación de estas disposiciones y de la regulación comunitaria que se deduce especialmente del reglamento 3227/76 por el que se aplican las disposiciones sobre el control de seguridad de Euratom. 
En especial, la Oficina del control de seguridad de Euratom tiene como tarea verificar, si es necesario mediante inspectores, que los explotadores de instalaciones nucleares respetan las obligaciones de control que incluye el Tratado, así como las que estipula el reglamento 3227/76. 
A nivel internacional, existen varios instrumentos legalmente vinculantes en los que el Reino Unido y los demás Estados miembros son partes, por ejemplo, el Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares del 3 de marzo de 1980, del que varias disposiciones abarcan por ejemplo el vuelo o cualquier otra muestra ilícita de materiales nucleares, y requieren la cooperación y la asistencia de los demás Estados que son partes contratantes para con la parte que es la víctima. 
De forma más general, el Tratado de la Unión Europea prevé la cooperación policial y judicial en materia penal entre los Estados miembros, principalmente en su artículo 29. 
Sobre esta base el Consejo está examinando en la actualidad una propuesta de decisión-marco del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo. 
Esta propuesta contiene, entre otras, disposiciones que establecen una lista de infracciones terroristas, en su artículo 3, y una lista de penas y sanciones mínimas, en su artículo 5, así como disposiciones relativas a la extradición y la persecución, en el artículo 11, y la cooperación entre Estados miembros, en el artículo 12. 
Doy gracias a la Presidenta en ejercicio por su extensa respuesta, gran parte de la cual he escuchado ya anteriormente. 
¿Sabe la Presidenta en ejercicio que British Nuclear Fuels es técnicamente insolvente? 
¿Sabe que sus obligaciones después de la clausura de las centrales nucleares y de la evacuación de desechos nucleares ascienden a 34.000 millones de libras mientras que sólo tiene 235 millones de libras de fondos de los accionistas en sus balances presupuestarios? 
¿Acepta también, en virtud de esas circunstancias, que no existe la menor justificación económica para seguir explotando la central nuclear de Sellafield, y menos aún para procurar ampliar sus operaciones nucleares en el futuro, y que, por el contrario, deberíamos cerrar la planta? 
Si la Comisión tuviera- como venimos pidiendo desde hace años- un grupo de inspectores nucleares independientes que inspeccionasen el funcionamiento de Sellafield, hubieran corroborado hace ya varios años lo que acabo de decir. 
Quizá puedan corroborarlo ahora. 
Quisiera señalar a la atención de la Presidenta en ejercicio que no ha tratado de la segunda parte de mi pregunta relativa al hecho de que British Nuclear Fuels no ha establecido todavía los beneficios económicos de la planta de combustible a base de mezcla de óxidos, cosa que está obligada a hacer en virtud de los reglamentos vigentes de la UE antes de encargar la construcción de la planta. 
Quisiera también señalar a su atención el informe de la comisión parlamentaria sobre el Proyecto de evaluación de opciones técnicas y científicas. 
Se trata de una comisión de investigación que ha encargado un amplio informe sobre las plantas de Sellafield y de Cap La Hague, y que ha suscitado preocupaciones suficientemente graves acerca de las descargas de desechos de las plantas de Cap La Hague y de Sellafield en la atmósfera y en el agua. 
El informe pone de relieve lo inadecuado de la capacidad de la Comisión para llevar a cabo sus funciones en el marco del Tratado Euratom, y también ha citado un estudio alemán que ha indicado que tanto la planta de Cap La Hague como la de Sellafield descargan algo así como 10 veces más que la dispersión permitida de contaminación radiactiva atmosférica. 
Responderé que las tareas, las misiones que espera en términos de control o de arbitraje son misiones reservadas a la Comisión y sobre las cuales hoy no estoy capacitada para proporcionarle precisiones en nombre del Consejo. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
He pedido a la Presidenta en ejercicio que se ocupe por favor de la segunda parte de mi pregunta, pero no lo ha hecho ni en su primera ni en su segunda respuesta. 
Queda a juicio de la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo considerar si ha contestado suficientemente la pregunta. 
Señor Presidente, efectivamente, este segundo elemento era más una constatación que usted manifestaba en el marco de su pregunta. 
Por otro lado, en lo que respecta a esta constatación, sólo puedo repetir que se trata de elementos más en relación con la Comisión que con el Consejo, con respecto por ejemplo a la conformidad con la legislación comunitaria. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta 20 decae. 
Pregunta nº 21 formulada por (H-0820/01): 
Asunto: Nuevas disposiciones sobre valores límite de dioxinas: amenaza para la pesca en el Mar Báltico La propuesta de la Comisión relativa a los valores límite de las dioxinas en el pescado puede suponer un golpe mortal para la pesca sueca. 
Según la Dirección Nacional de Pesca de este país, es probable que esta propuesta tenga como consecuencia la prohibición total de la venta de salmón y de anguilas del Mar Báltico. 
También es probable que se prohiba la venta de arenques del Mar Báltico destinados al consumo. 
En el peor de los casos, pueden perder su empleo unos dos mil pescadores. 
Suecia será el país más afectado, ya que Finlandia y Dinamarca cuentan con zonas de pesca en el Océano Atlántico. 
Es importante no adoptar medidas precipitadamente. 
La posición sueca con respecto a este tema es que, por ahora, es preferible dar consejos en materia de alimentación sobre la frecuencia con la que debe consumirse pescado al mismo tiempo que se lucha intensamente contra el vertido de dioxinas, en vez de fijar valores límite. 
Desde el punto de vista de la salud pública, esta posición parece la adecuada, ya que se trata de cantidades extremadamente bajas de sustancias nocivas y el pescado es un alimento importante. 
¿Podría el Consejo modificar la propuesta de la Comisión para que no desaparezca una proporción muy elevada de la industria pesquera sueca? 
La Presidencia del Consejo concentra en la actualidad todos sus esfuerzos con vistas a llegar a una solución de compromiso equilibrada, que permita garantizar la protección de la salud pública evitando crear perturbaciones económicas como las que ha mencionado. 
La Presidencia está de hecho en contacto estrecho, tanto con la Comisión como con los miembros del Consejo, con el fin de que esta solución pueda ser aprobada por el Consejo de ahora a fin de noviembre de 2001, plazo en el cual el Consejo ha de pronunciarse después de la transmisión por parte de la Comisión de sus propuestas a finales de 2001. 
Doy las gracias al Consejo por su respuesta. 
Me parece muy provechoso que se intente lograr un acuerdo. 
Quiero preguntar al Consejo si ese acuerdo se fundamenta en la aplicación de recomendaciones sobre el consumo de pescado del Mar Báltico o, en cambio, en valores límite absolutos. 
¿Se piensa en este tipo de orientación para el acuerdo? 
Quisiera subrayar también que la posibilidad de consumir arenques del Mar Báltico no sólo tiene trascendencia económica sino también cultural. 
Prohibir la pesca en el Mar Báltico sería como vedar los mejillones o las patatas fritas en Bélgica, cosa que me parece impensable. 
Señora Presidenta, es una pregunta que tiene componente hasta cultural, diría yo. 
Puede usted contestarla como considere oportuno, previas las consultas pertinentes al equipo del Consejo. 
En esta fase, me resulta difícil concretar en qué incidirán las recomendaciones. 
Puedo decirle, por otra parte, que efectivamente la falta de patatas fritas en Bélgica plantearía para mí un problema nacional importante. 
Sería sin embargo bastante secundario con respecto a la cuestión que le preocupa, pero sobre la cual es difícil por el momento reaccionar, al tratarse tanto de la naturaleza de las recomendaciones que se harán como de la búsqueda de un compromiso que pueda mantenerse al máximo posible desde un punto de vista económico o desde otro. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 22 decae. 
Pregunta nº 23 formulada por (H-0838/01): 
Asunto: Presidencia Belga: Reglamento sobre dibujos y modelos ¿Ha conseguido convencer la Presidencia Belga al Estado Miembro que impedía con su postura la aprobación del Reglamento sobre los dibujos y los modelos? 
Con respecto a su pregunta, el Consejo le informa de que constató, en la sesión del 27 de septiembre del Consejo "Mercado interior, consumidores y turismo", que ya no existen obstáculos a la adopción de la propuesta de reglamento sobre los dibujos o modelos comunitarios. 
La propuesta está actualmente en fase de puesta a punto por parte de los juristas-lingüistas y su adopción formal por el Consejo está prevista para finales de este mes o principios de diciembre. 
En primer lugar quiero felicitar a la Presidencia belga por haber conseguido convencer al Gobierno belga para que retirara las objeciones lingüísticas que, según información anterior, eran las que impedían la aprobación de este Reglamento de dibujos y modelos. 
Por otra parte, celebramos que- todavía bajo la Presidencia belga- este Reglamento, tan necesario para el funcionamiento del mercado interior- y también para el funcionamiento de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Alicante -, sea aprobado de forma inmediata. 
No es una pregunta, por lo tanto, salvo que quiera hacer alguna reflexión la Sra. Presidenta, ya podemos dar por terminado este turno de preguntas, declarando según el Reglamento que al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 24 a 27 serán contestadas por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.02 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0357/2001) de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en euros (COM (2001) 439- C5-0379/2001- 2001/0174 (COD)) 
Señor Presidente, la Comisión adoptó un Libro Verde en 1990 sobre pagos, y a partir de ese momento comenzaron las conversaciones con los bancos, entre otras cuestiones, sobre los pagos transfronterizos. 
Inicialmente, existieron reparos justificados por parte de los bancos y, durante años, hemos trabajado en ello para superarlos. 
Ahora contamos con un número de cuenta bancaria internacional, el IBAN; tenemos un código de identificación de bancos, el BIC; y existe una dispensa de hasta 12.500 EUR de la obligación de informar al Banco Central, que coincide con el límite exento de notificación establecido en la directiva sobre blanqueo de dinero. 
Existe un formato para poder enviar los pagos de forma totalmente automática. 
Para mi decepción, esto sólo ha dado lugar a transferencias más caras. 
A finales de 2000 estuvimos presentes el Comisario Bolkestein y yo misma en esta sala plenaria, y el Comisario prometió en esa oportunidad que adoptaría medidas si a mediados de este año no había cambiado nada. 
La Comisión y el Parlamento constataron en julio que la situación no había variado, tras realizar cada uno de ellos una amplia investigación. 
Al contrario, empeoraba. 
El Comisario ha mantenido su palabra y ha presentado un reglamento, y yo concluyo que los bancos simplemente han dejado pasar dos instantes. 
En noviembre de 2000, e incluso en julio de ese año, había todavía tiempo suficiente para lograr una autorregulación seria que hubieran preferido todas las partes frente a este toque de atención. 
Asimismo, el Banco Central Europeo ha elogiado esta iniciativa en su informe anual de 2000. Me sumo a ello, pero manifiesto al mismo tiempo mi sorpresa por el hecho de que solamente un número muy reducido de bancos se haya acogido a ella. 
Para gran alegría del Parlamento, el Consejo de Gante ha manifestado su acuerdo con el reglamento, y esperamos que esto influya positivamente en el Consejo de Mercado Interior. 
A continuación las enmiendas. 
No puedo respaldar la enmienda 9 relativa a la autorregulación. 
Tal como ya se ha dicho, la idea de la autorregulación ciertamente nos parece agradable, pero entonces, todos los bancos debían haber respaldado la propuesta. 
Debería haberse visto acompañada de un control, garantías, sanciones, etc. Sin embargo, la enmienda liberal crea confusión en cuanto al calendario para la entrada en vigor y es algo que no se puede regular técnicamente en este reglamento. 
Las otras nuevas enmiendas son resultado de una buena colaboración entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Doy las gracias a la Presidenta del Consejo por esa buena colaboración. 
Ahora tengo la gran esperanza de que el Consejo de Mercado Interior del 26 de noviembre llegue al acuerdo al que urgía el Consejo de Gante. 
Los cambios que propongo respecto de la postura de la Comisión son los siguientes. 
Antes de nada, he propuesto una modificación del calendario para la entrada en vigor: 1 de marzo en lugar de 1 de enero. 
El 1 de marzo todos los países habrán superado su período de transición. 
Además, desde el punto de vista práctico, ya no lograremos que se publique el 1 de enero en el Diario Oficial. 
Propongo algunas enmiendas en relación con los cheques, a saber, 10, 13 y 16. 
No quiero que los cheques caigan en el principio de costes iguales del que se habla en el artículo 3, ya que cada vez más bancos quieren librarse de los cheques transfronterizos. 
Las garantías de los cheques difieren mucho según los países. 
El cheque sí continúa cayendo en la parte del reglamento dedicada a la transparencia, es decir, el artículo 4. 
Otra propuesta de modificación trata sobre la obligación de comunicar los códigos IBAN y BIC al banco del país. 
Algunos bancos, como en el caso del Postbank y de los bancos por Internet tienen sus propios códigos y, entonces, no hay que imponerles los códigos IBAN y BIC. 
Por último, la anterior enmienda de la Sra. Torres Marques. 
Algunos Estados miembros tenían problemas con otro nuevo instituto, y ésa no ha sido nunca nuestra intención. 
Lo hemos solucionado con un considerando sobre procedimientos redress y un artículo sobre sanciones al que sí que concedemos mucha importancia. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Bolkestein por su valor y por haber cumplido su palabra. 
Sus servicios siempre han estado disponibles a la hora de realizar consultas, y todo eso puede dar lugar a que este reglamento concluya su paso por la instituciones de forma positiva. Se espera que el Parlamento brinde un amplio apoyo al mismo. 
Señor Presidente, hoy hemos tenido un orden del día muy apretado. 
Hemos tenido los temas de investigación del Sr. Caudron, en la votación los servicios portuarios del Sr. Jarzembowski, la construcción naval del colega Riis-Jørgensen, y al mirar al publico asistente a la tribuna, debo decir que pensaba que todos los temas eran económica o socialmente importantes, pero que en muchas ocasiones el público no ha entendido nada. 
Con el presente tema la situación es distinta. 
Yo mismo, el verano pasado, aparqué en una ocasión en Austria tremendamente mal y me sentí terriblemente culpable. 
Pero la mala conciencia por este aparcamiento prohibido se vio rápidamente desplazada por la preocupación por cuánto me costaría la transferencia de los 200 schilling austríacos de la multa desde Alemania a Austria. 
Por ello me dirigí rápidamente a la autoridad austríaca competente y pagué en efectivo, porque tenía miedo de que las comisiones de transferencia del importe de la multa fueran superiores a la multa misma. 
Lo fundamental, y esto debemos tenerlo en cuenta siempre en esta Cámara, es cómo esta Europa se presenta ante el ciudadano en particular, y en muchos puntos se muestra muy incompleta. 
El 1 de enero tendremos el euro. 
En alemán hay un verbo que se llama "begreifen", que significa comprender, pero el verbo "begreifen" también comprende la idea de tocar. 
Los ciudadanos podrán tocar el euro, y, en consecuencia, la confianza en el euro aumentará a partir de ese momento. 
No obstante, debemos ofrecer al ciudadano el entorno adecuado para que perciba los pagos que efectúe a nivel europeo como los pagos efectuados en su territorio nacional. 
Por ello el presente reglamento reviste una enorme importancia, y lamento profundamente que a la Comisión no se le haya ocurrido adoptar un reglamento así hasta ahora. 
Hace 9 meses fui ponente de opinión. En tal ocasión, la Comisión me dijo que entre los bancos hay senderos, y yo contesté que si puede ganarse dinero con senderos, se gana dinero con senderos. 
Si puede ganarse dinero con autopistas, se gana dinero con autopistas. 
También necesitamos autopistas en el sector bancario. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, en primer quiero agradecerle su testarudez y decisión, que ya han dejado su impronta en este asunto. 
En 45 días todos los ciudadanos y ciudadanas de la zona euro dispondrán de las monedas y billetes del euro, la moneda única, el- a mi juicio- mayor proyecto de identidad e integración de la Unión Europea. 
La zona euro se convertirá en el mercado nacional dentro del mercado interior. 
Todos estamos llamados a hacer todo lo posible para eliminar los obstáculos al mercado financiero nacional, y no sólo en relación con los pagos transfronterizos. 
Las diferencias de coste entre las transferencias nacionales y transfronterizas en este mercado nacional son contrarias a nuestros objetivos. 
Un estudio de la Comisión ha demostrado que, si bien desde 1993 se aprecia una constante reducción de los costes, los ciudadanos tienen que pagar en algunos bancos hasta 24 euros por una transferencia de 100 euros a otro país de la UE. 
Por eso, esta propuesta de la Comisión y el informe son necesarios. 
A pesar de ello debo decir en nombre de mi Grupo que veríamos con buenos ojos una efectiva autorregulación de los bancos que fuera duradera, amplia y fiable. 
Ciertamente, las propuestas actuales desarrollan una autorregulación de este tipo, pero nos parece insuficiente. 
Por eso traemos aquí este informe. 
Si se implantase una autorregulación fiable y duradera, podríamos pronunciarnos en la próxima lectura en contra del reglamento, lo cual permitiría a la Comisión no imponer su propuesta de reglamento. 
Pero estamos esperando la actuación de los bancos. 
Suya es la oportunidad. 
Debemos actuar así porque todas las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes. 
Señor Presidente, hablo en nombre de la Sra. Torres Marques, que, por razones poderosas, no puede estar presente, y me adhiero a su pensamiento y al sentido de su intervención. 
Hace años que el Parlamento Europeo y en particular su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios viene insistiendo en la necesidad de que los bancos creen sistemas de pago en la zona del euro que permitan a los ciudadanos utilizar el euro como si se tratase de una moneda nacional. 
A pesar de la existencia de cambios fijos entre las diferentes monedas de la zona del euro, se tramitan los pagos transfronterizos con los mismos costos que los pagos internos. 
Y los ciudadanos no lo comprenden: ¿por qué se tramitan los pagos de la zona del euro como si se tratara de pagos internacionales? 
¿Hay o no hay una zona de pago en euros? 
Los bancos han perfeccionado sus sistemas de pago en el nivel nacional mediante tarjetas de crédito y de débito y portamonedas electrónicos, han perfeccionado sus operaciones internacionales y se han olvidado del espacio del euro. 
Ahora bien, la zona del euro es para nosotros una región de moneda única que debe tener normas monetarias comunes y fáciles de comprender por los ciudadanos. 
Menos mal que un estudio reciente de la Comisión, al mostrar que los costos de las transferencias de la zona del euro, lejos de haberse reducido, se han mantenido en valores elevados, ha hecho necesario el proyecto de reglamento que estamos examinando y que pretende equiparar, a partir de enero de 2002, los costos de pagos transfronterizos mediante tarjetas de crédito y de débito que cada banco aplica en su mercado nacional. 
La Comisión propone que lo mismo se haga, a partir de enero de 2003, con las transferencias bancarias y los cheques. 
El Partido Socialista Europeo está de acuerdo con las propuestas de la ponente, por lo que este proyecto de reglamento merece nuestra aprobación, y esperamos también que sea posible un acuerdo con el Consejo en primer lectura. 
En ningún caso debe su aplicación hacer aumentar los costos nacionales. 
En efecto, los pagos transfronterizos sólo representan el 1% de los pagos totales realizados por los bancos y se trata de pagos electrónicos que representan una reducción efectiva de puestos de trabajo para el sistema bancario. 
De modo que las instituciones europeas deben rechazar firmemente el aprovechamiento de este reglamento para la aplicación de impuestos sobre los pagos internos. 
Por lo demás, los ciudadanos ya lo han condenado y rechazado. 
De las principales enmiendas aprobadas destacamos la que versa sobre las sanciones por aplicar en caso de incumplimiento del reglamento por alguna entidad bancaria, así como la indicación de los procesos que seguir en otras situaciones para dar garantías a los ciudadanos que utilicen el euro. 
Creo que, con la aprobación de este reglamento, el Parlamento está contribuyendo a un buen lanzamiento de la nueva moneda ante los ciudadanos, aumentando la credibilidad y la fuerza del euro, facilitando la transición cultural y económica indispensable. 
Esperamos que, tras la decisión del Consejo Europeo de Gante, se apruebe esta legislación lo antes posible. 
Esa decisión política será buena para la zona del euro, pero sobre todo para la Unión Europea. 
Señor Presidente, en la política hay que elegir a veces entre algo terrible y algo poco deseable, y realmente nos encontramos en semejante situación. 
Una solución para el problema de los pagos transfronterizos está ahora a la vista y, en realidad, es algo bueno. 
Asimismo, se va a adoptar un reglamento gracias a la tenacidad de este Parlamento, y creo que el nombre de nuestra ponente continuará unido indisolublemente a él. 
Su tenacidad ha dado lugar en gran medida a que ahora exista una propuesta para hacer algo ante este problema. 
Los consumidores y las empresas deben poder contar con servicios eficientes, seguros y baratos en el ámbito de los pagos transfronterizos en el mercado interior tras la llegada de la nueva moneda Al fin y al cabo, el euro da la posibilidad de acercar realmente Europa al ciudadano, tal como se acaba de decir, y hacer tangible Europa. 
De ahí que esta moneda también deba ser usada como moneda europea sin obstáculos o costes demasiado elevados. 
Ningún ciudadano entenderá por qué la transferencia de euros de un país a otro debe generar unos costes tan elevados. 
Se debe a los bancos, ahí reside el problema. 
No obstante, naturalmente, al final no se responsabilizará a los bancos, sino a nosotros en tanto políticos: a fin de cuentas, nos hemos ocupado del euro y nos enfrentamos, entonces, a un problema. 
Sin embargo, no es sólo nuestro problema, también es de los bancos. 
Por ello, la transición, en primer lugar, tiene que ser tan flexible y fluida como sea posible, y es bueno que se haga todo lo posible para lograrlo. 
Los bancos deben poder concentrarse plenamente en una introducción con éxito de los billetes y monedas de euro a principios del año que viene y, si eso se logra, la eurozona puede evolucionar en lo que a los pagos se refiere hacia un solo país con un solo mercado. 
Creo que las nuevas enmiendas de nuestra ponente están, afortunadamente, bien definidas en lo que a eso respecta y las apoyaremos. 
Lo que no nos gusta de la propuesta es que, desde luego, puede conducir a una situación en la que también los pagos internos, que ahora muchas veces son gratuitos o casi lo parecen, se encarezcan para el consumidor. Eso tampoco hará más popular al euro. 
La cuestión radica en evitar esa situación. 
Por último, ¿por qué hay que elegir entre dos males? 
Señor Presidente, no somos banqueros. 
No sé cómo se tienen que calcular las tarifas bancarias, y sinceramente no quiero saberlo, para eso están los banqueros. 
De ahí que mi Grupo sienta una gran predilección por la autorregulación. 
Hemos presentado una enmienda al respecto. 
Si no tiene éxito- y los bancos no están hasta el momento lo suficientemente dispuestos a hacer algo- entonces, estas disposiciones son, desgraciadamente, ineludibles. 
Señor Presidente, la llegada del euro crea grandes expectativas en los ciudadanos. 
Una de ellas es que se va a pagar un precio único por el empleo de los medios de pago con la utilización del euro en los Estados miembros que participan en él. 
Es poco positivo que antes de la introducción del euro, el problema de las tarifas de los pagos transfronterizos no se haya solucionado de forma adecuada. 
Hay que reprochárselo mucho a los bancos y a las instituciones financieras. 
Resulta evidente que la autorregulación no funciona en ese sector. 
De ahí que sienta mucho respeto por los esfuerzos del Comisario Bolkestein y de la ponente, la Sra. Peijs, que han trabajado tenazmente en la búsqueda de una solución. 
Se han dado buenos argumentos para que los bancos en su conjunto no impongan costes por la realización de pagos transfronterizos electrónicos. 
La técnica actual posibilita la práctica de estas transacciones de pago a un coste bajo, y la misma técnica también puede emplearse a la hora de efectuar los pagos transfronterizos. 
El mantenimiento de tarifas distintas no es deseable y se opone a la idea de un mercado interior de pagos y una moneda única. 
Los pagos electrónicos significan un ahorro para los bancos porque se fomentan menos los pagos con tarjetas de débito o crédito, que requieren mucho trabajo. 
Respaldo, por tanto, la línea de la Comisión europea y de la ponente, la Sra. Peijs, y manifiesto el deseo de que la rápida introducción de esta medida refuerce la confianza del consumidor en el euro. 
Señor Presidente, en esta misma Asamblea, el 26 de octubre de 2000, ya expuse por qué las comisiones bancarias sobre los pagos transfronterizos en Europa, a su nivel actual, resultan de obstáculos técnicos que desaparecerán con el tiempo, esperemos, pero que por el momento son incuestionables. 
En estas condiciones, su demonización por parte de algunos señala al mismo tiempo una búsqueda obsesiva de uniformización en el mercado interior y un choque de rechazo de la propaganda a favor del euro que había prometido milagros imposibles. 
Al haber tratado ya esos puntos no volveré sobre ellos. 
La propuesta de reglamento que examinamos en el día de hoy se sitúa en la etapa siguiente. 
Ya que el mercado resiste, se propone utilizar la fuerza para hacerle ceder decretando la igualdad obligatoria de las comisiones bancarias sobre las transferencias interiores al igual que sobre las transferencias transfronterizas. 
Este proyecto nos parece inoportuno, no solamente porque niega las realidades del mercado que se vengarán en el futuro de una o de otra forma sino, también, por cuatro razones. 
Una, viola la subsidiariedad ya que esta cuestión debería depender de los Estados miembros. 
Dos, viola la libertad de precios, de la que se creía que la Comisión era el guardián vigilante, pero para el euro, ¿de qué grandes principios no se aceptaría el sacrificio? 
Tres, viola los repetidos compromisos de utilizar lo menos posible la fórmula del reglamento ya que éste, aplicándose directamente en el territorio de los Estados miembros, evita el poder de transposición muy legítimo, sin embargo, de los parlamentos nacionales. 
Cuatro, finalmente, va a conducir a numerosas formas más o menos disfrazadas de trato desigual de los ciudadanos ya que los costes reales, pero prohibidos, de los pagos transfronterizos deberán transferirse a otros productos bancarios. 
Éstas son, señor Presidente, muchas más razones que no son necesarias para rechazar este reglamento. 
Señor Presidente, el Parlamento viene exigiendo durante muchos años que la Comisión proceda a la adopción de medidas encaminadas a abaratar las comisiones que los bancos cobran a los consumidores sobre los pagos bancarios. 
La situación actual, en la que el usuario puede llegar a pagar una comisión al banco de hasta 23 euros por el pago de una factura de cien euros, es inadmisible. 
Esto ya ha sido mencionado también por otros colegas. 
Por si fuera poco, este problema ganará en extensión a partir de principios del próximo año, una vez que los doce Estados miembros integrantes de la zona euro hayan adoptado el euro como moneda. 
De hecho, el desarrollo del régimen de pagos y la reducción de costes para los bancos con su reflejo en el precio al consumidor ha sido un asunto de la "máxima urgencia" en la agenda de nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Es muy probable que la Comisión comparta este objetivo nuestro, pero los medios para alcanzar tal objetivo se alejan, en parte, de los deseos primigenios del Parlamento. 
Los problemas estructurales no deben ser solucionados con imposiciones. 
Las comisiones sobre los pagos transfronterizos tan solo se reducirán de manera sostenida si somos capaces de establecer unos estándares técnicos para la zona euro que permitan tratar los pagos de forma automatizada. 
Los altos costes actuales se derivan de la circunstancia de que los pagos deben ser tratados manualmente. 
Este método ancestral de revolver papel tras papel derrocha tiempo y dinero. 
Puesto que tampoco ha existido el suficiente consenso en el seno del sector bancario como para haber logrado establecer un estándar técnico, el Parlamento, con ocasión del debate de numerosos informes relativos a esta materia, ha hecho hincapié en la importancia del papel del BCE a la hora de desarrollar un régimen de pagos. 
El Parlamento ya exigió, a finales del año pasado, que el BCE convocara a un grupo de trabajo, integrado por expertos en estas disciplinas, para hacerle cargo de la creación de un estándar aplicable. 
La idea del Parlamento era que el grupo de trabajo hubiera podido desarrollar su labor durante el año transcurrido, de forma que sus propuestas se hubiesen hecho públicas antes de las próximas Navidades. 
Obviamente, este procedimiento también hubiera otorgado una ventaja competitiva a aquellas entidades financieras que hubiesen sido capaces de adoptar con más rapidez el nuevo régimen. 
Es una lástima que esto no se haya hecho realidad. 
Así pues, esta vez debemos conformarnos con apoyar la propuesta de la Comisión, la cual, en efecto, no recoge en todos sus aspectos los primeros deseos del Parlamento. 
Señor Presidente, en mi opinión, la propuesta de la Comisión llega aún en buen momento- más vale tarde que nunca- y pone de manifiesto que la unión monetaria no sólo redunda en beneficio de los mercados y empresas, sino también en beneficio de los consumidores y consumidoras. 
Quiero recordar que nos venimos ocupando de este tema desde hace más de 10 años, como la ponente ha dicho con razón, y siempre hemos apostado por la autorregulación y los acuerdos voluntarios; que, no obstante, siempre ha sido necesario legislar en esta materia, con el objeto de, por ejemplo, conseguir unas transferencias más rápidas y seguras y, sobre todo, más baratas. 
A este respecto, pienso en la doble comisión que tenían que pagar el ordenante y el beneficiario de la transferencia. 
Esos tiempos pertenecen, afortunadamente, al pasado, pero lo que en el Parlamento Europeo hemos aprendido de ello es que es necesario contar con una normativa en la materia. 
Por ello, acojo con satisfacción el reglamento en su literalidad y en su configuración. 
No es una mera relación de precios obligatorios, sino que dice muy claramente que las transferencias nacionales y las transferencias en pagos transfronterizos deben equipararse porque nos hallamos en un mercado interior. 
Este mercado interior exige un sistema de pago europeo, y no sólo un sistema como el TARGET para los grandes pagos, sino también para los pagos de poco valor, para las transferencias de pequeñas cantidades. 
Esto afecta a todos: al padre o a la madre que tienen hijos que van al colegio o a la universidad en el extranjero, a cualquiera de nosotros que encarga un libro o quiere pagar un viaje o la habitación de un hotel en otro país europeo. 
Afecta a los que tienen un apartamento o incluso una casa de vacaciones. 
A todos les afecta la misma situación, como a los trabajadores migrantes que perciben su salario en un país y lo envían a casa, a sus familias. 
Es en ellos en quien debemos pensar. 
24 euros de media por 100 euros de transferencia es simplemente demasiado e inaceptable. 
Rechazo por ello la propuesta del Sr. Maaten. 
Ya se han probado todas las posibilidades, ahora debemos adoptar decisiones. 
Por otro lado, debo reconocer que no comprendo la respuesta del Sr. Karas. 
¿Por qué debe presentarse justamente en las próximas dos o tres semanas una propuesta que llega con 15 años de retraso? 
He de decir que las propuestas de posponer todo hasta 2005 son, desde mi punto de vista, inaceptables. 
Lo único que, a mi juicio, cabe aceptar es el argumento de la ponente, y por ello creo que debemos obtener una amplia mayoría en este Parlamento para este gran proyecto, pues ya contaríamos desde hace tiempo con un sistema de pagos europeo si los bancos y cajas de ahorro así lo hubieran querido. 
Señor Presidente, es evidente que los bancos llevan años jugando con este tema y han acabado por perder, de modo que se ha hecho necesario adoptar una normativa imperativa por vía de reglamento. 
Es inaceptable que en transferencias de, por ejemplo, 100 euros se apliquen comisiones bancarias de 18 euros, y además a menudo 2 veces- una al ordenante y otra al beneficiario-. 
Y es inaceptable porque hace tiempo que las entidades financieras disponen de los instrumentos técnicos que permiten efectuar las transferencias y el pago de cheques y de cartas de pago rápidamente y a bajo coste. 
Debemos procurar- y esto ya se ha señalado en varias ocasiones- que, como consecuencia de la reducción de las comisiones en las operaciones transfronterizas, no aumenten a cambio las de las operaciones nacionales. 
Si ello ocurriera, acto seguido deberán regularse las comisiones en el ámbito nacional con carácter imperativo mediante reglamento. 
Este punto debemos dejarlo bien claro. 
La nota discordante es el hecho de que se abogue por un aplazamiento de la fecha de dos meses. 
En este punto, desgraciadamente, no puedo estar de acuerdo con la ponente. 
Los bancos han podido desde siempre subir los intereses y las comisiones de un día para otro. 
Así que ahora serán capaces de reducir sus comisiones a una cuantía normal en un período de un mes y medio. 
Espero que las enmiendas a este respecto no reciban el respaldo mayoritario. 
Señor Presidente, doy las gracias a la Comisión por la propuesta valiente de reglamento y felicito a nuestra colega, la Sra. Peijs, por su apuesta de años a favor de este expediente, sin la cual, tal vez, no hubiéramos podido convencer a la Comisión y al Consejo de la necesidad de esta iniciativa legislativa. 
Por otra parte, respaldo todas las enmiendas que la Sra. Peijs ha presentado en nombre de nuestro Grupo. 
Sin embargo, señor Presidente, considero lamentable que casi tres años después del lanzamiento del euro bancario y en el umbral del 1 de enero de 2002, tengamos que trabajar en un texto legislativo como éste. 
Me resulta incomprensible que los bancos, que entre sí pueden entenderse tan rápida y eficientemente en lo que al tráfico transfronterizo se refiere y que están organizados en organizaciones profesionales que funcionan bien, deban ser forzados por ley a organizarse y automatizarse decentemente para poder trabajar a más bajo precio en un mercado único y dejar de discriminar. 
El carácter obligatorio del principio de no discriminación nos hará fruncir las cejas, pero no hay alternativa: no intervenir sería más grave, ya que aceptaríamos algo que algunos pequeños empresarios y consumidores temen: que las ventajas del euro no sean tangibles para ellos y que los pagos transfronterizos sigan costando alrededor de 20 EUR cada uno. 
El 1 de enero no nos podemos permitir ninguna pérdida de confianza de los consumidores o de los pequeños empresarios, por tanto, no tenemos elección. 
Señor Presidente, me preocupa todavía una cuestión y quisiera formular una pregunta al Comisario relacionada con ella ¿Cómo podemos evitar que este reglamento sea utilizado por los bancos como excusa para imponer tarifas a los pagos internos, y qué piensa la propia Comisión de esta propuesta? 
¿Se ve como un acicate para en el último momento llegar a un gentlemen's agreement con los bancos o tiene la intención, señor Comisario, de seguir adelante con el reglamento? 
Espero que usted, en tanto Comisión, continúe tomando decisiones al respecto. 
Señor Presidente, en octubre del año pasado, tal como la Sra. Peijs acaba de decir hace un momento, estuve presente en este mismo lugar para hablar sobre la misma cuestión, a saber, la puesta en marcha de un espacio de pagos común. 
La Comisión acababa de publicar su cuarta o quinta comunicación al respecto, y en ella se establecía que el mercado interior y la moneda única tenían que ir acompañados de un espacio de pagos común. 
Entonces, se produjeron críticas en este Parlamento hacia la Comisión porque podía resultar demasiado pasiva. 
Todavía lo recuerdo bien. 
La Sra. Peijs se preguntaba cuándo iba a actuar la Comisión. 
Ahora bien, señor Presidente, la Comisión ha escuchado atentamente a la Sra. Peijs y ha actuado; eso no podrá negarlo ahora nadie. 
La Comisión ha presentado un proyecto de reglamento que se basa en un principio simple, a saber, cada pago en euros debe costar lo mismo, sea interno o transfronterizo. 
Esto es muy importante para los ciudadanos, tal como muchos miembros del Parlamento han señalado. 
El euro es hoy, sobre todo, una moneda virtual para los ciudadanos. 
Sin embargo, el 1 de enero de 2002 la moneda adoptará una forma concreta, ya que desde esa fecha 300 millones de europeos van a utilizar los mismos billetes y monedas. 
En la actualidad, los ciudadanos de Europa aceptan todavía que un pago transfronterizo sea más caro que uno interno. 
El motivo es que se trata de monedas distintas pero, tras el 1 de enero ése dejará de ser el caso. 
Los ciudadanos se formularán entonces la pregunta de qué utilidad tiene el euro si los pagos transfronterizos continúan siendo tan caros como ahora. 
Quiera recordar a este respecto que nuestro último estudio sobre los costes de las transferencias transfronterizas ha arrojado resultados sorprendentes. 
Resulta que en el año 2001 la media de los costes de una transferencia transfronteriza de 100 EUR se sitúa nada menos que los 24 EUR. 
En 1993 realizamos ya el mismo estudio. 
Lamentablemente, hemos tenido que constatar bastante que en ocho años no se ha producido ningún avance. 
La Comisión ha decidido, por ello, recurrir a un instrumento como el reglamento. 
El propio mercado no ha tenido éxito a la hora de encontrar soluciones para el problema que se discute, y con esta intervención, el legislador obliga a los agentes económicos a crear las infraestructuras que necesita el mercado. 
Como bien sabe la Sra. Peijs, soy un liberal convencido, y lamento haberme visto obligado a adoptar un texto tan vinculante para los bancos. 
Sin embargo, es la única manera de incitar a los agentes económicos a que trabajen en un nuevo sistema que resulta imprescindible para el buen funcionamiento del mercado interior. 
Constato con alegría que los primeros resultados ya están por verse. 
Ahora se ha propuesto un plan en una parte del sector bancario a fin de crear un nuevo sistema de pagos transfronterizos. Eso prueba que la propuesta actual de reglamento también es realista. 
En el sector bancario también se puede aplicar la máxima: querer es poder. 
Lo que sí me ha asombrado es la idea del sector bancario conforme a la cual nosotros, los bancos nos obligamos ejecutar el plan, por tanto, usted, Comisión, puede retirar su propuesta de reglamento. 
En primer lugar, no puede perderse de vista el hecho de que este plan solamente puede contar con el respaldo de una parte del sector bancario. 
Al fin y al cabo, hay tres asociaciones europeas de la comunidad bancaria y solamente una de ellas me ha escrito para proponer este plan. 
Éste es un hecho importante. 
Después de todo, un sistema de pagos es una red, y una red se desarrolla al ritmo de los miembros más lentos que pertenecen a la misma. 
Ahora bien, basta con que una parte de los miembros de una red se niegue a evolucionar, para bloquear a todos los restantes. 
Ésa es, asimismo, una de las razones por las que en los últimos diez años no se ha logrado ningún avance. 
La segunda cuestión es que el plan propuesto llega demasiado tarde. 
Se ha anunciado en un comunicado de prensa dos semanas antes de la tramitación de la propuesta en el Parlamento. 
La Comisión, sin embargo, lleva ya once años pidiendo que se actúe en esta cuestión, pero en ese tiempo se ha logrado muy poco, y por esos motivos, señor Presidente, la Comisión tampoco puede reaccionar de forma positiva ante los miembros del Parlamento que han propuesto dar al sector bancario una cierta competencia autorreguladora. 
El sector bancario, o por lo menos una parte del mismo, ha tenido tiempo suficiente y ahora viene con su propia propuesta. 
Esto no basta y es demasiado tarde y, por ello, la Comisión debe seguir con la propuesta de reglamento. 
Por tanto, no es lógico, señor Presidente, exigir la retirada de la propuesta precisamente antes de que los primeros resultados sean tangibles. 
Por eso, la idea de aplazar el reglamento tal como se propone en la enmienda 9 del Sr. Maaten, no me parece aceptable. 
Repito lo que acabo de decir: las propuestas de autorregulación llegan demasiado tarde. 
Señor Presidente, cada llamamiento de la Comisión dirigido a la comunidad bancaria es o ha sido apoyado por el Parlamento, algo que resulta muy alentador. 
Aprecio en ese sentido el trabajo dedicado que muchos miembros de este Parlamento han realizado para lograr que disminuyan los costes de las transferencias y, sobre todo, el de la ponente, la Sra. Peijs, que ha trabajado con determinación. 
La Sra. Peijs expresaba con ello la opinión de los ciudadanos y la gran importancia que tiene para las empresas, y no menos para las pequeñas y medianas empresas. 
La propuesta que la Comisión ha presentado supone una materialización concreta de lo que se denomina la Europa de los ciudadanos. 
Paso ahora a otro punto de discusión, a saber, la fecha en que debe entrar en vigor el actual proyecto de reglamento. 
Algunos miembros de este Parlamento se han referido en ese sentido al dictamen del Banco Central Europeo. En él se señala que el BCE está totalmente de acuerdo con los objetivos que perseguimos con nuestra propuesta, pero que nosotros, la Comisión, por tanto, vamos demasiado deprisa y somos demasiado exigente. 
La clave, en opinión del BCE, es que los bancos necesitan más tiempo para implantar la infraestructura necesaria y las medidas logísticas. 
Por ello, el Banco Central Europeo propone el 1 de enero de 2005 como fecha de entrada en vigor del reglamento. 
Señor Presidente, por una parte, no cuestiono que se necesite tiempo suficiente para poner en marcha toda esta infraestructura, pero por otra, considero también que este problema no puede ser exagerado. 
Desde hace ya años los bancos nos dicen que, al fin y al cabo, las transferencias transfronterizas solamente representan un 1 por ciento de las trasferencias totales. 
La entrada en vigor del reglamento en 2003 no conllevará, por tanto, ningún coste adicional insalvable, y si nuestras expectativas son ciertas, y resulta que el descenso de los precios se traduce en un mayor uso de este medio de pago, habrá incluso más motivos para acelerar la marcha de estas actividades. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Peijs contiene dieciséis enmiendas, siete a los considerandos y nueve a los artículos. 
Una sola enmienda no es aceptable y es la número 9 relativa al aplazamiento del reglamento, aspecto al que acabo de referirme. 
Una enmienda suscita un problema jurídico, a saber, la enmienda 4 relativo al aumento de los costes de los pagos internos. 
Se trata de una declaración política que, ciertamente, suscribo en su totalidad, pero que no tiene cabida en el texto jurídico. 
Por lo demás, señor Presidente, quisiera entrar en la pregunta que me ha formulado la última oradora, la Sra. Thyssen relativa a cómo veo la posibilidad de que los bancos compensen lo que pierden con los pagos internacionales con los pagos internos. 
Como muy bien se ha señalado, el reglamento que se propone no es una medida reguladora de los precios: después de todo, los precios de las transacciones no son fijos y eso significa que, en teoría, los precios de las transacciones internas podrían aumentar. 
No obstante, una parte esencial este reglamento es la transparencia. 
Los bancos deben comunicar a sus clientes los precios de los diferentes tipos de transferencias. También deben informar a sus clientes cuando esos precios varíen. 
Eso significa que existirá una total transparencia en cuanto a todo lo que cuesta esto. La Comisión parte de que el juego normal de la competencia dará lugar a que los distintos costes de los pagos internos se mantengan bajo control y, por tanto, no aumentarán. 
En la enmienda número 6, se plantea que los Estados miembros deben asumir su responsabilidad respecto de la aplicación del reglamento. 
La Comisión está de acuerdo con la primera parte de la enmienda. La segunda parte resulta algo misteriosa para la Comisión y le es difícil emitir ahora un juicio sobre la misma. 
El promotor de la enmienda 10 pretende con ella que el principio de no discriminación no sea aplicable a los cheques de pago. 
Ahora bien, la Comisión nunca ha querido fomentar el uso de los cheques y, por tanto, está de acuerdo con esa enmienda. 
Además, la ponente, la Sra. Peijs, desea que la entrada en vigor del reglamento se aplace hasta el 1 de marzo de 2002. 
Eso no supone un problema para la Comisión. Por tanto, podemos aceptar esa enmienda. 
Las siete enmiendas restantes son en principio aceptables, pero algunas sí deben ser reformuladas. 
Señor Presidente, esta propuesta se va a discutir en el Consejo de Mercado Interior del 26 de noviembre, en unos diez días. 
Estoy convencido de que se llegará a un acuerdo, no sólo porque el Consejo Europeo de Gante haya pedido al Consejo que llegue a una rápida conclusión y haya respaldado esta propuesta. 
Sé que la ponente, la Sra. Peijs, también tiene muchos contactos con el Consejo y puede refrendar, creo yo, mis presentimientos. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Peijs por el excelente documento que ha elaborado y por todas sus actividades desde 1989 a fin de que disminuyan los costes de los pagos transfronterizos. 
Espero, señor Presidente, que la segunda lectura solamente sea un acto formal de manera que el texto pueda ser publicado en enero. 
Por último, una segunda pregunta formulada por la Sra. Thyssen. 
Me ha preguntado también si la Comisión tiene la intención de mantener su plan, de no ceder ante la presión de los bancos, y si esta institución considera que esto constituye un acicate para los bancos. 
No, señor Presidente, esto se ha elaborado como un reglamento y la Comisión tiene toda la intención de mantenerse firme y velar por que entre en vigor en marzo del año que viene y por que las transferencias transfronterizas no sean más caras que las nacionales. 
Señor Presidente, por último, quiero dar las gracias al Parlamento en su conjunto por la buena colaboración que ha existido. 
Eso muestra cómo puede avanzarse cuando ambas instituciones, Parlamento y Comisión, siguen la misma línea. 
Esta propuesta permite que los ciudadanos de nuestros países vean las ventajas concretas de Europa y refuerza la confianza en la Unión Europea. 
Señor Presidente, no quiero que el Sr. Bolkestein regrese a casa pensando que en este Parlamento hacemos cosas extraordinariamente misteriosas. 
La primera parte de la enmienda a la que el Comisario se ha referido, se mantiene. 
También puede estar de acuerdo con ella. 
Nosotros mismos consideramos que la segunda parte tenía una forma un poco extraña, tanto más cuanto que la intención del Parlamento no era crear un nuevo instituto. 
La hemos convertido en un considerando y ahí figura, por tanto, casi la misma petición de los procedimientos de redress que en la directiva de 1997. 
Creo que con ello todas las cuestiones misteriosas han desaparecido, señor Presidente, de manera que todos podemos trabajar juntos en la segunda lectura. 
Señor Presidente, la Comisión ha tomado nota de lo que la Sra. Peijs acaba de decir y fijará más detalladamente su posición. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Estructura e impuestos especiales aplicables al tabaco manufacturado 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0352/2001) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de la directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/79/CEE, la Directiva 92/80/CEE y la Directiva 95/59/CE en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco manufacturado (COM (2001) 133- C5-0139/2001- 2001/0063 (CNS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, lo siento pero no puedo contribuir a que haya armonía entre los dos órganos institucionales en el caso de este proyecto de directiva. 
Lo siento, pero voy a recomendar el rechazo de la propuesta de la Comisión. 
Tal como ya saben, los cigarrillos no son un producto al que no se apliquen impuestos. 
Les grava ya un impuesto especial y el impuesto sobre el valor añadido, y la fiscalidad en Europa es considerable; llega al 70% ó al 80% del precio del cigarro. 
Ahora la Comisión propone un impuesto mínimo estable de 70 euros, complementario del sistema que se basa en la fiscalidad proporcional vigente hoy en día. 
El argumento para ello es que el gravamen fiscal diverge de un país a otro de la Unión Europea y sin embargo tiene que converger. 
Esta es la primera inexactitud. 
No es verdad que haya una divergencia de la fiscalidad, es verdad que no hay una convergencia especial, pero divergencia no hay. 
Hay mayor convergencia en los cigarrillos de la que hay en otros muchos productos, y esto lo confirma el estudio independiente de la Dirección General de Investigaciones del Parlamento Europeo que, naturalmente, no se ha elaborado para ayudar a mi propuesta. 
¿Y por qué debe converger la fiscalidad, según la Comisión? 
Porque contribuye a la diferenciación de los precios que, a su vez, ayuda a desarrollar el contrabando y el fraude fiscal. 
Por supuesto, esto debe desaparecer y el Parlamento ha propuesto repetidamente medidas que, por desgraciada, no se han adoptado para terminar con el contrabando de cigarrillos. 
Pero para hacer desaparecer los fenómenos de diferenciación de los precios, debe borrarse del mapa la propia diferencia. 
La Comisión ha admitido que desconoce si la convergencia de la fiscalidad conducirá a una convergencia de precios. 
Con seguridad no habrá convergencia, porque el carácter monopolístico de la industria lleva a la elección estratégica del precio. 
Estos precios no son el resultado del funcionamiento del mercado, son armas de la competencia monopolística y es una utopía esperar su igualación. 
Además, la propuesta de la Comisión no prevé nada sobre la armonización del IVA. 
La fluctuación de dicho impuesto entre los Estados miembros llega al 100%. 
Realmente el tráfico ilegal, si es que es realmente ilegal comprar cigarrillos baratos en un país de la Unión en el que han pagado su impuesto, y venderlos en otro país de la Unión en el que son más caros; si esto es entonces ilegalidad- que para mí no lo es, es el funcionamiento normal del mercado único- pero en la medida que es ilegal o si no se ha pagado el impuesto, como en el caso de Inglaterra, ahí la situación no va a cambiar para dicho país que verdaderamente está soportando el contrabando de cigarrillos- 50% de los cigarrillos que se fuman en Inglaterra son ilegales precisamente porque el Fisco ha aumentado sus precios- así pues, no afectará a la situación de Inglaterra porque no se verán afectados por la propuesta de la Comisión los precios en Bélgica, Holanda o Francia, de donde se alimenta el tráfico ilegal. 
Por el contrario, los precios van a subir en los Estados miembros del sur, y especialmente, en los países candidatos a la Unión Europea si es que los admitimos, cuando los admitamos, que espero que lo hagamos; en dichos países el aumento de los precios con esta directiva llegará al 200% ó 400%. 
Ya se pueden imaginar si hay excepciones capaces para cubrir aumentos de precio de esta índole, y qué puede pasar con el contrabando de Ucrania, de Rusia, de China o de a India si aceptamos tales aumentos. 
También argumenta la salud pública, es decir, que el aumento del precio de los cigarrillos limita el tabaquismo. 
Esto no lo sabemos. 
¿De dónde nos sacamos una cosa así? 
Tenemos las estadísticas... Pero es que las estadísticas se elaboran sobre la base de los cigarrillos legales. 
El aumento del precio del cigarrillo limita el tabaquismo legal, pero fomenta el ilegal y en Inglaterra las mafias se dan a la orgía y han desorganizado el mercado de los cigarrillos precisamente por esta razón. 
Además, señor Comisario, diría que el Consejo no se ha portado con el Parlamento con el debido respeto y con el debido tacto, porque una semana antes de dar nuestra opinión, nos presenta un acuerdo político con el que nos intenta cambiar la opinión. 
No creo que esta sea la forma correcta de funcionar de nuestras instituciones democráticas y si es así como va a funcionar nuestro Parlamento, me pregunto por qué razón ganamos la guerra fría. 
Y he escuchado en la ponencia anterior que es usted un liberal convencido. 
Me impresiona que venga usted a apoyar una medida que económicamente sólo favorece a los grandes monopolios por razones en que, desgraciadamente, no puedo extenderme en explicar; pero que sabe muy bien que son así, y políticamente nos viene con unos modos que se parecen muchísimo al absolutismo. 
Creo que tales diferencias entre la teoría que apoyamos y la práctica que seguimos deben hacerle pensar. 
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
(DE) Señor Presidente, el ponente les propone rechazar la propuesta de la Comisión. En la comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior nos duele hacer esto sin decir a la Comisión por qué, al menos sin decírselo a la Comisión por escrito. 
No obstante, en conjunto cabe decir lo siguiente: esta directiva no puede quedar así. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha precisado en su opinión algunos detalles, limitándose en ello a su ámbito. 
Es indudable que la cuestión de la protección de la salud desempeña un cierto papel en la propuesta de Directiva. 
Pero este no es el tema que incumbe a nuestra Comisión. 
Evidentemente, en relación con la protección de la salud la pregunta de si debe exigirse un impuesto mínimo de 140, 120, 100, 80 o 60 euros tiene su importancia, pero no para la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
A este respecto, la directiva parece mostrar dos puntos débiles básicos que, desde una correcta perspectiva de mercado interior, no permiten su aprobación en sus actuales términos. 
Por un lado, el régimen del impuesto mínimo se ve lastrado por el problema de que a este impuesto mínimo se le añade el IVA. 
Si un país cumple con apuros el requisito del impuesto mínimo y aplica un IVA muy bajo, deberá constatarse la existencia de distorsiones de la competencia si se compara esta situación con la de un país en el que se aplican un impuesto mínimo superior y un IVA relativamente alto. 
Por ello estimamos adecuado no exigir más en el futuro un impuesto especial mínimo excluido el IVA, sino establecer un sistema que prevea un impuesto mínimo incluido el IVA asociado al mismo. 
El segundo punto hace referencia al apartado 1 del artículo 3. 
A nuestro juicio, esta propuesta no establece una distinción entre cigarrillos y rollos de tabaco o puros que se corresponda con la realidad. 
La propuesta pretende sugerir que los rollos de tabaco con filtro son cigarrillos con una cobertura oscura y, por tanto, deben gravarse como cigarrillos. 
Sin duda alguna, puede discutirse sobre los efectos de los filtros en la salud, pero lo que no cabe discutir es que un rollo de tabaco con filtro es al menos un poco más sano que un rollo de tabaco sin filtro. 
Pero, si equiparo el rollo de tabaco con filtro al cigarrillo a efectos impositivos, estoy castigando entonces- ¡y yo no soy fumador de rollos de tabaco- el producto en principio más sano al gravarlo como un cigarrillo. 
Por ello, creo que este punto debe mejorarse. 
Rechazamos, en fin, la propuesta. 
Aunque suene duro: debe mejorarse a fondo y con cuidado. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, puedo dar las gracias a la Comisión por la propuesta relativa a una mayor convergencia en la subida de los impuestos especiales aplicables al tabaco. 
El Parlamento la solicitó hace algunos años, y la Comisión nos la ofrece ahora. 
La propuesta implica, en nuestra opinión, un avance en comparación con la situación actual, y resuelve también algunos problemas, entre ellos, el mantenimiento de excepciones, tal como sucede ahora en el caso de Suecia, y en el futuro, con los países que ingresen. 
Por ello, se trata, a nuestro juicio, de una propuesta meditada. 
En primer lugar está la cuestión del IVA, a la cual también se han referido los Sres. Katiforis y Wieland. 
Comparto su postura al respecto y, por ello, mi Grupo ha presentado de nuevo la enmienda que ya fue aceptada en la Comisión de Asuntos Jurídicos, a saber, tomar también el IVA en consideración en el cálculo. 
En segundo lugar, en nuestra comisión consideramos que había que situar claramente el asunto en el contexto de las negociaciones actuales que se desarrollan en la Organización Mundial de la Salud, ya que resulta muy importante en esta cuestión. 
En tercer lugar, opinamos que debe hacerse mucho frente al contrabando. 
No suscribo la opinión del ponente relativa a que el aumento de los impuestos especiales en cuanto tales fomenta el contrabando o, dando la vuelta al razonamiento, que al rebajar los impuestos especiales, habría menos contrabando. 
Opino que deben adoptarse otras medidas contra el contrabando, que por lo demás, también son objeto de debate en la Organización Mundial de la Salud. 
Además, hemos presentado una enmienda relativa a las ayudas que se conceden al tabaco, una cuestión a la que nos referimos a menudo y que también es relevante a este respecto. 
Asimismo, hemos presentado una enmienda en la que señalamos que realmente deberíamos esforzarnos por establecer un sistema, quizá ahora no, sino en 2005, en el que se apliquen impuestos especiales más bajos a los productos menos nocivos. 
Por tanto, respaldamos en grandes líneas la propuesta de la Comisión y, además, también la posición que el Consejo ya ha adoptado en esta materia. 
Señor Presidente, esta es una de las veces en que estoy de acuerdo con el ponente, Sr. Katiforis; no porque hablemos la misma lengua o tengamos la misma nacionalidad, sino porque estamos de acuerdo en lo que se llama sentido común. 
Lo siento, pero el sentido común falta en esta propuesta de directiva, cuyo rechazo, en su totalidad, también proponemos. 
Si no es rechazada, todos corremos el peligro de quedar en evidencia porque una posible adopción de una directiva de esta índole, tendría justo las consecuencias contrarias de las que el Consejo intenta conseguir. 
Igualmente quiero señalar que sería de mucha utilidad si el Consejo estuviese presente, en lugar de ausente, como ausente está el sentido común. 
El Consejo dice que aspira a combatir el fraude fiscal y el tráfico ilegal de cigarrillos. 
Pero es que de aumentar los impuestos, aumentará también el fraude fiscal. 
Es sabido por todos que cuanto mayores son los impuestos, tanto más atractivo es el fraude. 
Si aumentamos el precio de los cigarrillos, como se nos está proponiendo, entonces vamos a aumentar, con toda seguridad, el tráfico ilegal de cigarrillos, porque de esta manera haremos los cigarrillos legales más caros que los ilegales. 
Por tanto vamos en contra de lo que queremos conseguir. 
También nos dice el Consejo que aspira a la protección de la salud pública, que se conseguirá porque mucha gente dejará de fumar a causa de los precios. 
Pues a ver si alguien nos puede decir que se deja de fumar cuando sube el tabaco. 
Bueno, en el mejor de los casos el consumo no cambiará en nada. 
En el peor, el fumador con rentas bajas se verá obligado a comprar cigarrillos más baratos, y consiguientemente más nocivos. 
¿Es esto lo que queremos conseguir? 
¡Pues qué bien! 
Además, las propuestas de la directiva son injustas porque, ante todo, limitan la aplicación principalmente a cinco Estados miembros del sur. 
A los otros diez no les afecta porque ya están en el punto más alto. 
En segundo lugar, en estos cinco Estados miembros, de los que los cuatro son del sur, va a aumentar el coste de vida sin que mejore la renta y la presión de la inflación también aumentará. 
Asimismo, quisiera que todos nos preguntásemos qué es los que piensan los países candidatos a la adhesión sobre esta directiva. 
¿Piensan que es en el sentido de que la Unión Europea se preocupa por ellos? 
Y sería provechoso ver de qué modo podrían sus gobiernos convencerles de que anexionarse a la Unión Europea es por el bien del consumo, cuando éste tenga que pagar del 200% al 500% más caros los cigarrillos a causa de una directiva como esta. 
Finamente, quiero expresar mi propio pesar por el hecho de que el Ecofin se haya apresurado a intentar adelantar la votación de mañana, sacando lo que habían conseguido acordar. 
Señor Presidente, me gustaría dar gracias a la Comisión por esta propuesta. 
El ponente no me deja más opción que la de estar en desacuerdo con él. 
Ayer mismo aprobamos en este Parlamento una resolución que exponía la opinión del Parlamento Europeo sobre la tercera ronda de negociaciones acerca de la Convención marco de la OMS sobre el control del tabaco. 
Este Parlamento no debería olvidar nunca que el tabaco es la principal causa de enfermedades evitables en toda la Unión Europea. 
Ningún otro producto se le parece. 
Cada año medio millón de ciudadanos de la Unión Europea perecen sin razón por culpa del tabaco. 
En Escocia, país que represento, 13.000 personas murieron el año pasado a causa del tabaco. 
La propuesta de la Comisión ayudará a la gente a dejar de fumar. 
Esa propuesta introducirá una cantidad mínima en efectivo en concepto de impuestos sobre los cigarrillos. 
Por lo general la norma se expresa como porcentaje del impuesto, incluido el precio de venta al por menor, y por lo tanto tiene escaso efecto para los Estados miembros y los países solicitantes, en los que los precios al por menor son ya bajos. 
Cuanto más caro es un paquete de cigarrillos, mayor es el interés por dejar de fumar. 
Algunos dicen que la forma más eficaz de ayudar a los fumadores a liberarse de su adicción consiste en subir el precio. 
Por eso toda medida encaminada a reducir el hábito de fumar suscita una calurosa acogida y en mi opinión es más importante que cualquiera de los argumentos en favor de apoyar a la industria del tabaco. 
Por lo que se refiere al contrabando, a diferencia del ponente diré que estimo que esta propuesta evitará el contrabando dentro de la UE. 
Las tasas mínimas de derechos de entrada en la UE son importantes y eficaces para abordar el flagelo del contrabando. 
La propuesta de la Comisión es una buena propuesta y por lo tanto debemos apoyarla sin reservas. 
Señor Presidente, me llama la atención que el informe Katiforis no dé ninguna explicación ante el hecho de que la propuesta de la Comisión Europea relativa a la modificación de las tarifas de los impuestos especiales para el tabaco haya sido eliminada. 
Por lo visto, esa postura no puede ser motivada. 
Esta nueva propuesta trata de una modificación de las directivas actuales; la base jurídica, por tanto, no se cuestiona. 
Las razones de esta modificación son, entre otras, que los Estados miembros pierden muchos impuestos especiales por el fraude y el contrabando. 
El mercado interior no funciona todavía tan bien en este ámbito, y existen distorsiones de la competencia. 
Si las diferencias entre los Estados miembros disminuyen, se dificultarán el fraude y el contrabando y, ojalá, lleguen, incluso, a desaparecer. 
Además, el aumento necesario de los impuestos especiales que tendrá lugar en algunos Estados miembros como consecuencia de esta directiva, no perjudicará a la salud. 
Por los motivos mencionados, aplaudo que la presión mínima de los impuestos especiales se sitúe en el 57 por ciento. 
En el caso de que las prácticas de contrabando, en las que incluso colaboran fabricantes de tabaco, no desaparezcan, la Comisión Europea tendrá que adoptar medidas complementarias. 
En diferentes ocasiones me he mostrado decidido a eliminar las ayudas al cultivo de tabaco. 
Por ello, puedo respaldar sinceramente las enmiendas del Sr. Maaten. 
La Unión Europea resulta todavía muy poco creíble en este punto. 
Por una parte se dificulta el uso del tabaco a través de mensajes exhortantes, se prohíbe la publicidad del tabaco y se suben los impuestos especiales; mientras que por otra, se destinan 1.000 millones de EUR al tabaco en forma de ayudas. 
Apoyar a los cultivadores de tabaco para que se pasen a otro tipo de cultivo en el que se refuercen más las ayudas es una solución indulgente y merece, por ello, el respaldo del Parlamento Europeo. 
Por tanto, hago un llamamiento para que el Consejo respalde las propuestas de la Comisión Europea y no ceda a la presión de uno o dos Estados miembros. 
Además, tengo reparos ante la apropiación del Sr. Folias del sentido común. 
Con el mismo derecho, puedo plantear que cada uno tiene derecho a cometer sus propias estupideces. 
Señor Presidente, señor Comisario, acaba usted de darnos un ejemplo. 
¿Puedo preguntarle si, a juicio de la Comisión, a la hora de enjuiciar los productos del tabaco, al igual que a los Comisarios, lo importante no es el envoltorio sino el contenido? 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión se fija siempre en el contenido más que en la forma. 
Ahora bien, en esta ocasión la forma es importante. 
Si pregunta uno al hombre de la calle en la Unión Europea: " ¿Qué es esto? 
¿Se parece más a un cigarrillo o a un puro?. 
Porque es exactamente del mismo tamaño que un cigarrillo, tiene la misma anchura y los mismos límites de peso ", el interlocutor contestará sin dudar un solo momento :" Es como un cigarrillo "y no" Es como un puro ". 
Ésa es también la opinión de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Consejo Europeo de primavera 2002 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0528/01) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe de síntesis de la Comisión en preparación del Consejo Europeo de la primavera de 2002. 
Señor Presidente, en marzo de 2000 el Consejo Europeo de Lisboa diseñó una nueva estrategia para el siglo siguiente. 
Entonces contábamos con unos datos económicos que invitaban al optimismo y pensábamos que realmente podíamos conseguir un crecimiento sostenible de al menos el 3%, la reforma de la economía, el pleno empleo y la inclusión social, 
Hoy nos encontramos en un punto de partida difícil, porque la economía mundial ha evolucionado en otra dirección y la Unión Europea, pese a su disposición a introducir reformas y a las ya aplicadas, registra una ralentización de su economía. 
Por ello, uno se pregunta con mucha más insistencia que durante la preparación de la primera Cumbre de primavera en Estocolmo: ¿Cómo quiere la Comisión dar continuidad al ambicioso proyecto de convertir a la Unión Europea en el espacio económico más dinámico y competitivo del mundo sobre la base de la innovación y el conocimiento, un espacio económico que sea capaz de resolver el problema que acabo de describir? 
Esta pregunta se plantea con mayor insistencia con respecto a la Cumbre de primavera de Barcelona porque, tras una evaluación de dos años de estrategia, debe quedar claro en qué ámbitos se han ajustado efectivamente los Estados miembros y la política europea a los objetivos cuantitativos y cualitativos, y en qué medida ha sido posible anudar unas medidas a otras y hacerlas así visibles. 
En efecto, los planes presupuestarios de todos los Estados miembros han previsto en la misma medida mayores inversiones en investigación y desarrollo, en innovaciones o en el desarrollo continuado de la sociedad de la información y de la comunicación. 
Por desgracia, los pocos datos que constan al Parlamento Europeo no hablan aún el idioma que nosotros queremos, porque con la estrategia de Lisboa y su decidida aplicación nos hemos propuesto conseguir un alto valor añadido de política coordinada a nivel europeo en el panorama de la política económica, financiera, de empleo y social, con el objeto de aclarar a los ciudadanos y ciudadanos qué valor puede tener para ellos y, en particular, para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población. 
Indudablemente, también debe plantearse la pregunta de cómo se ha afrontado el ambicioso objetivo de aumentar las inversiones en la Unión Europea. 
¿Cómo se han plasmado de hecho las inversiones en infraestructuras transfronterizas, más allá de los informes? 
El Parlamento Europeo debe plantear todas estas preguntas, porque la Comisión está obligada a proporcionar, a través de su informe de síntesis, las bases de los nuevos debates en la Cumbre de primavera, debates que se traducirán en última instancia en las ideas directrices de la política económica de la Unión Europea y de los Estados miembros para el futuro. 
Ante la actual situación de ralentización económica y los nuevos retos que plantean las negativas consecuencias económicas de los terribles atentados terroristas del 11 de septiembre- cuestiones éstas que tienen una nueva cualidad, la quiebra de la confianza de los consumidores -, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué podemos hacer para conjurar una profecía que se cumple por sí misma y que reza que nos deslizamos hacia la recesión? 
Por ello, la Comisión tiene una alta responsabilidad a la hora de fomentar la orientación hacia los objetivos y medidas más concretas en el ámbito de las reformas económicas, medidas que no sólo incidan en el mercado laboral, sino en todos los mercados, en el pleno empleo y en la inclusión social, proporcionando para ello las ideas directrices. 
En este contexto se suscita, lógicamente, la cuestión- y quiero planteársela justamente a usted, señor Comisario -, de si el entorno fiscal, que, por desgracia, se sigue caracterizando por la actuación individual de los Estados miembros y no por la coordinación, influye negativamente en las inversiones en la Unión Europea, en particular en las inversiones transfronterizas. 
Señor Comisario, el Parlamento no tiene aún claro a fecha de hoy cómo se le va a hacer partícipe de una vez por todas en todo este proceso, que llega ahora a la segunda Cumbre de primavera. 
Hasta ahora no hemos participado en el diálogo macroeconómico. 
Tampoco está prevista la organización de un encuentro con todas las partes, al igual que antes de la Cumbre de Lisboa. 
Se suscita así la pregunta de en qué medida el Parlamento participa adecuadamente en este proceso y, de este modo, hacer valer los intereses de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de determinar las prioridades de la política económica y de estructuras de la Unión Europea. 
En efecto, nos encontramos en una situación en la que debemos movilizar las fuerzas y alimentar el optimismo. 
¿Cómo pretende hacer esto con este informe de síntesis? 
¿Qué métodos de trabajo va a elegir y qué líneas directrices quiere establecer? 
. 
(DE) Señor Presidente, en respuesta a las preguntas de la Sra. Randzio-Plath, diré en primer lugar que el informe de síntesis de la Comisión para el Consejo Europeo de primavera, que tendrá lugar en marzo de 2002, está actualmente en preparación. 
Como pidió el Consejo Europeo, el informe evaluará los progresos conseguidos respecto de las dimensiones económica, social y medioambiental de la estrategia de Lisboa. 
Desde la Cumbre de Gotemburgo cabe mencionar en particular la dimensión medioambiental. 
Una parte de esa evaluación tratará de los progresos alcanzados por el Consejo y el Parlamento en relación con el programa de reforma aceptado en Lisboa. 
La evaluación se basará en la serie de indicadores estructurales que la Comisión propuso en su comunicación de 30 de octubre de 2001. 
Como sabe muy bien la Sra. Randzio-Plath, esos indicadores estructurales son un reflejo muy exacto de los progresos conseguidos y la Comisión los considera como un instrumento valioso. 
El objetivo del desarrollo sostenible guía la evaluación de cada una de las partes de esa estrategia. 
La orientación principal del informe de síntesis dependerá también de la labor que desarrollen este Parlamento y el Consejo hasta el final de este año. 
En consecuencia, es algo temprano para dar detalles en este momento acerca del contenido y la estructura de los informes. 
Ahora bien, estoy de acuerdo con la Sra. Randzio-Plath en que el informe de síntesis habrá de tener en cuenta la situación que probablemente prevalezca cuando tenga lugar el Consejo Europeo de Barcelona. 
Esto significa, por una parte, la nueva situación internacional a que se ha referido, y por otra parte, la introducción del euro el 1 de enero del año próximo. 
En la reciente cumbre oficiosa de Gante, los Jefes de Estado y de Gobierno y la Comisión renovaron su voluntad de continuar la estrategia aceptada en Lisboa de reforma económica y estructural y de renovación social con determinación, en respuesta a los dos factores mencionados: el nuevo contexto, y la introducción del euro. 
Habrá que mantener la continuidad y la necesidad a largo plazo del programa de reforma, especialmente teniendo en cuenta las dificultades de la actual situación económica. 
La situación económica en la zona del euro y en el mundo ha obligado a ajustar la política económica, pero la confirmación por el Consejo Europeo de Gante de su voluntad de promover el pacto de crecimiento y estabilidad ha impartido confianza en que se preservará el marco básico de política de la Unión Económica y Monetaria y ha facilitado sin duda alguna los recientes ajustes de la política monetaria. 
Esto demuestra que la coordinación de la política económica está funcionando. 
A pesar de todo ello, aún queda margen para fortalecer la coordinación de la política económica en línea con las propuestas presentadas por la Comisión, con miras a promover una evaluación común de la situación económica y respuestas apropiadas en materia de política económica. 
Para reforzar ese mensaje, el Sr. Prodi va a escribir a este Parlamento, al Presidente del Consejo y a los Jefes de Estado y de Gobierno esta semana, instándoles a que continúen sus esfuerzos encaminados a conseguir progresos antes de Barcelona respecto de los elementos fundamentales de las reformas de Lisboa, como por ejemplo el examen de las telecomunicaciones y las patentes en la Comunidad, en consonancia con el calendario de trabajo en vigor, así como algunas de las propuestas en materia de servicios financieros. 
Por su propia naturaleza, el informe de síntesis abarca una amplia gama de actividades de la Comisión. 
Por eso algunos servicios de la Comisión contribuyen a su preparación, y esta labor la está supervisando en el plano político un grupo de Comisarios que se ocupan del crecimiento, la competitividad, el empleo y el desarrollo sostenible. 
El informe debía ser adoptado por la Comisión el 15 de enero de 2002 y el mismo día será presentado a este Parlamento. 
Si presentamos el informe en fecha tan temprana es porque queremos dar tiempo a las demás Instituciones de la Unión Europea para que transmitan sus puntos de vista sobre el informe a tiempo para que se pueda contribuir a la labor del Consejo Europeo de Barcelona. 
Me parece que eso es precisamente lo que quiere la Sra. Randzio-Plath. 
Por último, por lo que se refiere al método abierto de coordinación, se tiene la intención en el contexto de la estrategia de Lisboa de elaborar indicadores en el plano de los Estados miembros y de compartir las experiencias y prácticas óptimas. 
Ese método se usa en consonancia con los principios enunciados en el Libro Blanco sobre buena gestión pública en esferas en las que la acción legislativa con arreglo al méthode communataire, o sea el método de la Comunidad, no se puede seguir. 
Espero haber contestado a las preguntas formuladas por la Sra. Randzio-Plath. 
Como ya he dicho en ocasiones anteriores, será para mí un placer ir a su comisión parlamentaria y exponer con mayor detalle lo que la Comisión tiene la intención de hacer en la Cumbre de Barcelona. 
Ahora bien, sería conveniente que mi futura aparición ante la comisión parlamentaria de asuntos económicos y monetarios tuviera lugar después del 15 de enero, porque para entonces el Parlamento y yo mismo estaremos en posesión de los documentos que constituirán la aportación de la Comisión al Consejo de Barcelona. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sirva esta intervención para apoyar en nombre del Grupo Liberal la posición que ha expresado la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el tema que sustenta este debate. 
Celebro la disposición que acaba de expresar el Comisario Sr. Bolkestein a discutir en comisión el contenido de la propuesta del informe de síntesis, que ha de ser la base para la discusión en una reunión, que esperamos que sea muy importante y que se celebrará en mi ciudad y en la del Presidente de esta sesión. 
Por lo tanto, tenemos un interés especial en que Barcelona sea realmente un éxito y se recuerde como un avance realmente importante en los compromisos que se han ido adquiriendo desde la reunión de Lisboa el año pasado. 
Quisiera insistir en un aspecto que, tanto la Comisión como el Grupo Liberal, hemos ido poniendo de relieve. 
Se trata de la necesidad de consolidar y clarificar los mecanismos y los objetivos en materia de política económica y monetaria. 
Hay una cierta confusión, como ustedes saben- y esto se ha discutido tanto en la Comisión como en este Pleno entre la Europa del euro (que ya como ha citado también el Sr. Comisario está ya cerca en culminar su última etapa con la circulación de billetes y monedas) , la representación exterior del euro y, por otro lado, el sistema de adopción de decisiones en materia de política económica y monetaria. 
Y sabemos que esta situación no es satisfactoria y la crisis actual lo pone de relieve. 
Nosotros esperamos que realmente se supere la situación presente como, de manera muy optimista, viene repitiendo periódicamente el colega del Sr. Bolkestein, el Comisario Solbes. 
Quien al mismo tiempo, sin embargo, se ve obligado a ir revisando a la baja las expectativas de crecimiento. 
Por lo tanto, yo querría insistir en este aspecto y también en otro que el Sr. Comisario no ha citado y que creo es muy importante dentro de los diversos elementos de Lisboa y su desarrollo posterior: se trata del elemento formativo y tecnológico. 
En Lisboa, se establece para 2010 el objetivo de una sociedad plenamente competitiva, en la que seamos capaces de superar el desfase tecnológico y científico que sufrimos con respecto a los Estados Unidos, que eran el término de referencia establecido en Lisboa. 
Se trata de un elemento que hay que introducir también- entiendo yo- en este informe de síntesis, y en las reuniones posteriores hay elementos que así lo consideran. 
. 
(EN) Doy gracias al Sr. Gasòliba i Böhm y a la Sra. Randzio-Plath por las observaciones que han hecho. 
Debo insistir en que los progresos conseguidos desde la cumbre de Lisboa han sido insuficientes. 
En la esfera de los servicios financieros, por ejemplo, la Comisión tiene la intención de sostener una reunión de examen de mitad de período en febrero del año que viene, para provocar un mayor interés político en el perfeccionamiento del mercado interior y para conseguir los difíciles objetivos que nos fijó el Consejo Europeo de Lisboa. 
He de insistir, sin embargo, en que no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. 
Sigue habiendo dificultades considerables y tenemos que aprovechar la reunión de Lisboa para seguir progresando. 
Sería interesante que los ministros Ecofin estuvieran presentes en Barcelona para que pudieran hacer, in situ, lo que los miembros del Consejo Europeo quieren que hagan. 
Hasta ahora los miembros del Consejo Europeo han hecho muchas declaraciones de elogio, pero cuando los ministros tienen que ocuparse de los temas que están sobre la mesa la voluntad política parece evaporarse. 
Si los ministros Ecofin estuvieran presentes en el Consejo de Barcelona quizá podrían resolver esos problemas allí y entonces. 
En el caso de las patentes, el Consejo Europeo ha dado instrucciones al Consejo para que se tome una decisión este año antes de Navidad. 
No soy optimista. 
Eso pone de relieve la necesidad de que el Consejo Europeo de Barcelona sea práctico y recalca la necesidad de que progresemos más de lo que se ha progresado hasta ahora. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Reconversión de los buques y los pescadores dependientes del Acuerdo de pesca con Marruecos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0395/2001) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se promueve la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del Acuerdo de pesca con Marruecos (COM (2001) 384- C5-0407/2001- 2001/0163 (CNS)) 
. Señor Presidente, el Parlamento Europeo brinda a la Comisión la posibilidad de corregir la propuesta de reglamento que en su día remitió al Parlamento y al Consejo. 
En efecto, lo que intenta el informe aprobado por la Comisión de Pesca, que ahora discutimos, es corregir las rigideces que la citada propuesta contiene y que hacen que no sirva para solucionar los problemas a los que se enfrentan los afectados por la no renovación del acuerdo pesquero CE-Marruecos. 
Desde el momento de su expiración, el 30 de noviembre de 1999, hasta el momento en el que estuvo claro que no se concluiría uno nuevo, armadores de más de 400 embarcaciones y unos 4 300 pescadores estuvieron viviendo entre la esperanza y el miedo en tanto que las negociaciones entre la Comunidad y Marruecos se iban prolongando. 
No fue hasta el 26 de marzo de 2001, cuando el Comisario Fischler comunicó que había sido imposible concluir un acuerdo en beneficio mutuo. 
A partir de ese momento, la Comunidad se fijó el objetivo de reconvertir la flota pesquera afectada. 
Con la presentación de esta propuesta de reglamento, la Comisión se ajusta a las directrices dadas por el Consejo Europeo de Niza, de 7 de diciembre de 2000. 
En esta Cumbre, el Consejo Europeo encargó a la Comisión proponer un programa de acción específico para la reestructuración de esta flota comunitaria. 
Debo afirmar claramente que esta propuesta de reglamento no se ajusta a las necesidades del sector afectado. 
Nuevamente la Comisión parece presentar propuestas, cuya finalidad se nos escapa, pero que no se corresponden con una acción decidida de apoyo a una flota y a unas comarcas que sufren una grave crisis. 
En efecto, en lugar de ayudar a preservar la mayor parte de la flota y su actividad económica, la Comisión presenta una propuesta rígida, cuyo efecto será, si el Consejo la aprobara sin las modificaciones sustanciales aprobadas por la Comisión de Pesca, el desguace de una flota para la cual armadores y autoridades locales de esas regiones se sienten capaces de encontrar alternativas. 
Por todo ello se impone modificar esta propuesta, en el sentido que ha aprobado la Comisión de Pesca, para que las acciones previstas puedan surtir efecto en beneficio del sector afectado. 
La Comisión de Pesca no comparte la visión desguazadora de la Comisión. 
La Comisión podría haberse centrado en las oportunidades existentes en sectores alternativos, como la industria de la transformación, la acuicultura y especialmente la promoción de productos de la pesca. 
Del mismo modo, la propuesta excluye a sectores directamente afectados por la no renovación del acuerdo, como son las industrias pesqueras no extractivas. 
Las empresas en tierra, durante el largo proceso de negociación, han sufrido una serie de perjuicios económicos que las han llevado a regulaciones de empleo y a despidos, originándoles un importante volumen de pérdidas. 
Hoy por hoy se ven abocadas a un futuro tan incierto como el de la flota de la que dependen. 
Frente a este enfoque que prima el desguace, el propio sector afectado y las autoridades regionales han alcanzado compromisos verbales con sociedades y con armadores de varios países del Magreb para constituir sociedades mixtas, de manera que, según estimaciones del propio sector, del artesanal, podrían reubicarse con la ayuda de esta medida específica, si fuese más flexible, un centenar de barcos, reduciendo a 26 los destinados al desguace. 
Con ello se conseguiría mantener una actividad económica vital para determinadas comarcas y asegurar la continuidad de unos armadores y pescadores que quieren seguir siéndolo. 
Las enmiendas del informe de la Comisión de Pesca, en resumen, modifican la propuesta de reglamento de la manera siguiente: 
Además de los armadores y los pescadores, se incluye a la industria pesquera en tierra, cuya actividad estaba directamente ligada a la existencia de este acuerdo, siempre que su volumen de pérdidas supere el 70%. 
Se suprime la exigencia establecida de que los afectados tengan que haber sido subsidiados durante al menos nueve meses consecutivos por paralización de actividad para beneficiarse ahora de esta medida específica. 
Esta exigencia implicaría la exclusión de quienes, a veces de forma temporal, encontraron un empleo alternativo a la espera de la conclusión de un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. 
Ello es aún más grave si tenemos en cuenta que estos armadores y pescadores no habían sido advertidos de que, de encontrar una actividad, serían penalizados a la hora de ser reconvertidos. 
La Comisión de Pesca ha rechazado también la exigencia de devolución de las ayudas percibidas por modernización. 
No procede aplicar un criterio penalizador con carácter retroactivo a unas ayudas que en el momento de su concesión no estaban sujetas a esa condicionalidad. 
La propuesta de la Comisión propone incrementar la ayuda pública por armador en un 20% en caso de desguace o traspaso a un tercer país. 
La Comisión de Pesca estima que los pescadores deben beneficiarse también de este incremento de un 20%. 
Hemos hecho también otro reparto, con relación al montante financiero designado a esta medida específica, rebajando el destinado al desguace al 30%, la creación de sociedades mixtas a un 35%, y las medidas socioeconómicas a un 35% también. 
Ello permitirá una mejor ejecución de la medida específica. 
Por último, una mención al aspecto presupuestario. 
De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Niza, la Comisión propone adjudicar hasta 197 millones de euros para esta medida específica. 
Propone movilizar el instrumento de flexibilidad en 2002 y asignar los créditos correspondientes a la rúbrica 2 de las perspectivas financieras. 
El ahorro que supone la no renovación del acuerdo ha sido de 500 millones de euros. 
Resulta natural que la Comunidad participe también en el coste que supone la reconversión de esa flota. 
Señor Presidente, este hemiciclo escucha quizá, por última vez, palabras relacionadas con lo que durante catorce años hemos conocido como acuerdo pesquero con Marruecos. 
Mañana, con la votación del informe que hoy se debate, nuestra institución escribe la última página de una historia que nos ha acompañado desde agosto de 1987, cuando la Unión Europea firmó su primer acuerdo de pesca con este país, pero que para España se remonta a hace casi veinticinco años. 
Hay, por tanto, pescadores y armadores comunitarios cuya vida ha estado exclusivamente ligada a la existencia del caladero marroquí. 
Nuestra obligación consiste hoy, por tanto, en cerrar esa página con la mayor dignidad y la mayor responsabilidad posibles hacia el sector que va a sufrir una reconversión pesquera sin precedentes. 
Debemos agradecer a la Comisión los esfuerzos realizados en los dos últimos y largos años para que lo que mañana vamos a votar no se produjera. 
Pero ante lo irreversible de la situación debemos reconocer, también, la solidaridad que transmite la propuesta de la Comisión, su reconocimiento de que el final de una época no puede cerrarse con el espectáculo de un mero regateo ante los ojos de quienes esperan ansiosos este plan para seguir viviendo y trabajando, y cuyo montante financiero está plenamente justificado. 
Esperamos que por su propia dignidad el resto de las instituciones compartan esta necesidad. 
Las enmiendas introducidas por la Comisión de Pesca contribuyen sobre todo a añadir un mayor grado de flexibilidad para permitir que la solidaridad comunitaria pueda ser verdaderamente aprovechada por una flota muy heterogénea que en estos dos años no ha cesado de buscar sus propias salidas; salidas que una mayor rigidez normativa podría contribuir a cegar. 
Por otra parte, nuestra primera obligación consiste en aprobar este informe para proporcionar así la base jurídica necesaria para que en la segunda lectura del presupuesto se puedan habilitar los créditos necesarios para financiar el plan de reestructuración. 
Un plan de reestructuración que acabará, sin duda, con una parte de una flota histórica, pero que no puede constituir el final de las relaciones pesqueras con Marruecos. 
Es imposible pensar que Marruecos desee verdaderamente dar la espalda a la Unión Europea, entre otras razones porque compartimos dos mares y estamos obligados a ser vecinos, y de esta vecindad Marruecos no puede sino obtener ventajas. 
Pido, por tanto, a la Comisión que sepa mantenerse receptiva y fomentar cualquier iniciativa de cooperación pesquera que en mutuo beneficio deberá surgir en el futuro. 
Por último, sólo me queda agradecer a la Sra. ponente el excelente trabajo realizado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de reglamento del Consejo relativa al fomento de la reconversión de los barcos y los pescadores, que dependía del Acuerdo de Pesca con Marruecos y sobre la cual versa el excelente informe de la Sra. Miguélez Ramos, nos merece una aprobación sin reservas. 
La propuesta muestra que la Unión Europea se interesa por la suerte de actividades tan vulnerables y tan frágiles cuya supervivencia- ya ven sus Señorías- dependía de la renovación o no de un acuerdo de pesca con Marruecos. 
La solidaridad europea funciona y sigue funcionando. 
Eso para los escépticos. 
La propuesta de la Comisión abarca los problemas de la reconversión en sus aspectos económicos y sociales. 
Tiene también el mérito de movilizar fondos nuevos, 197 millones de euros, que son compatibles con la movilización de otros recursos ya atribuidos en el ámbito de los Fondos estructurales. 
En Portugal, hay 570 pescadores que están recibiendo apoyo en el ámbito de este programa, 400 de los cuales viven en Sesimbra, una pequeña y bella ciudad pescadora y turística muy próxima a Lisboa. 
De esos 400 que viven en Sesimbra, 150 tienen ya una edad superior a 55 años, lo que permite encaminarlos a una prejubilación, ya que con esa edad es difícil reciclarlos a otro oficio. 
Simplemente, mientras que los armadores pueden obtener aumentos de 20%, no sucede lo mismo con los pescadores, lo que constituye, a mi juicio, una injusticia. 
Ahora bien, si los pescadores no desempeñan ninguna otra actividad podrían obtener diez mil euros en un plazo de un año. 
La posibilidad de un aumento del 20%, aun modesto, les permitiría elevar esa cuantía a doce mil euros, con lo que resultaría un poco más atractiva. 
Por otro lado, la propuesta tiene una estructura bastante rígida, debería ser más flexible y permitir a los Estados, en el caso de Portugal y España, una mejor adaptación a situaciones en verdad complejas que a veces no caben en el rígido corsé del reglamento. 
Flexibilidad, también, que debería ser admitida para que no se contabilicen todos los apoyos ya concedidos hasta finales de 2001 en la parte del artículo 4 del IFOP destinada a medidas socioeconómicas y todos ellos reflejados en la región de Lisboa y del valle del Tajo y sería mejor que se pudieran diluir en otros programas. 
Por último, señor Presidente, Señorías, estoy enteramente de acuerdo con el contenido y las propuestas del informe de la Sra. Miguélez Ramos, que me parecen lúcidas y sensatas, en particular las que se refieren a la posibilidad de apoyar actividades de transformación que dependían de la pesca. 
De hecho, no tiene sentido que no se puedan financiar también ciertas actividades de transformación y comercialización dependientes de la pesca y que padecen en este caso repercusiones muy negativas. 
Por eso, manifestamos también nuestra gratitud al informe de la Sra. Miguélez Ramos. 
Señor Presidente, tengo el placer de comunicar al Parlamento que el acuerdo sobre pesquerías de las Naciones Unidas entrará en vigor el 11 de diciembre, tras el depósito del instrumento de ratificación Nº 30 por Malta. 
Volviendo a la cuestión de Marruecos, los Verdes votarán en contra de esta propuesta, no porque nos opongamos a que se indemnice a los pescadores que no pueden trabajar sino porque nos oponemos a este acuerdo concreto. 
En primer lugar, dispone la concesión de primas solamente para algunas personas, las que están involucradas en Marruecos. 
Esto representa una discriminación contra otros pescadores y armadores. 
En segundo lugar, promoverá un número aún mayor de transferencias de buques a terceros países, con inclusión del uso de pabellones de conveniencia, y no se ha instituido todavía ningún control para evitarlo. 
En tercer lugar, sienta un precedente funesto si cada vez que un acuerdo no se concierta o que se plantean problemas que son totalmente previsibles, decidimos utilizar sumas enormes del dinero que pagan los contribuyentes europeos. 
Es evidente que el problema de los acuerdos de pesca tiene que ser abordado. 
Marruecos es el primero, pero después de él habrá otros. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer a la Sra. Miguélez el excelente trabajo que ha realizado. 
Su calidad es tanto más notable en cuanto se refiere a una cuestión tremendamente traumática para una nutrida población dependiente de la pesca en Portugal, y en Galicia, Andalucía y Canarias, en España. 
Se trata de paliar de la mejor manera posible lo que yo entiendo- y perdone la expresión- como la crónica de una muerte anunciada. 
Mi Grupo ya hace tiempo que manifestó en esta Cámara los riesgos en que se incurría al no vincular el acuerdo de pesca con Marruecos con el acuerdo de asociación. 
Hoy sólo puedo constatar que el Reino de Marruecos no ha mostrado el talante negociador propio de un socio comercial. 
Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión para amortiguar el impacto de la falta de acuerdo con Marruecos, pero no voy a repetir lo ya dicho. 
Basta con hacer referencia a las intervenciones de la Sra. ponente y de la Sra. Fraga, por ejemplo, para dar cuenta de que la Comisión de Pesca ha mejorado notablemente la propuesta de la Comisión, haciéndola más justa. 
En este sentido, sólo me queda pedir, y mi Grupo lo va a hacer, que este Parlamento apruebe mañana el informe de la Comisión de Pesca, redactado por la Sra. Miguélez, y que, una vez aprobado por el Parlamento, este informe sea dotado rápidamente de los instrumentos financieros adecuados para que se lleve a la práctica. 
Y, en este sentido, quiero manifestar claramente que el instrumento de flexibilidad presupuestaria es fundamental. 
Sería el colmo, Señorías que- por poner un ejemplo- una región del Objetivo 1, con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea, que además sufre las consecuencias de la competencia creada por acuerdos muy favorables que los europeos hemos otorgado a Marruecos en el sector de los productos frutícolas, sería el colmo, pues, que esa región no sólo padezca los efectos de una dura reconversión por no firmarse el acuerdo de Marruecos, sino que además, por la cicatería presupuestaria de algunos, se quedara falta de fondos estructurales. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, a estas horas voy a tratar de ser muy breve y muy conciso. 
Primero, quiero felicitar a nuestra ponente, la Sra. Miguélez, por el buen trabajo que ha realizado a pesar de la urgencia que teníamos. 
Quiero felicitarnos también, creo que a todos, por el trabajo que ha realizado la Comisión de Pesca. 
Creo que entre todos hemos conseguido estar a la altura que reclamaban las circunstancias: la ponente, los autores de las enmiendas, los que han hecho posibles los compromisos alcanzados y los diputados que nos han apoyado, a los que agradecemos su comprensión y su solidaridad. 
El trámite de urgencia, como decía, obliga siempre a acelerar el trabajo más de lo deseable, pero, aun así, el resultado ha sido muy positivo. 
Espero ahora que la Comisión tenga en cuenta las importantes mejoras que la Comisión de Pesca ha introducido en su propuesta. 
Destaco la extensión de las ayudas, la mejor cobertura y, sobre todo, la flexibilidad introducida para la aplicación de las distintas medidas contempladas. 
En segundo lugar, hay que hablar de la financiación de este plan, aunque éste no sea el ámbito estricto de nuestra comisión. 
El Consejo asumió en Niza un compromiso político al más alto nivel- a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno- con los afectados por la dramática situación creada tras el fracaso de las negociaciones con Marruecos. 
Creo que la Comisión Europea ha estado también a la altura de las circunstancias, y quiero reconocerlo aquí: la movilización del instrumento de flexibilidad y los 197 millones de euros que propone para la financiación lo ponen de manifiesto. 
Les felicito, por tanto, por ello. 
Pido ahora a la Comisión de Presupuestos de esta Cámara y al Consejo que apoyen a la Comisión Europea y a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y que alcancen el compromiso necesario para destinar al fin propuesto los 197 millones de euros imprescindibles. 
Hay un compromiso político, hay una opinión favorable de la Comisión de Pesca del Parlamento y demandamos con toda firmeza su cumplimiento. 
Señor Presidente, reviste la mayor importancia que se apruebe este informe para que haya una decisión en el próximo Consejo de Pesca sobre el programa de reestructuración de la flota que faenaba en Marruecos y se encuentra parada desde finales de 1999, cosa que afecta a pescadores y armadores portugueses y españoles y a las poblaciones de las zonas en que viven. 
Es que las indemnizaciones por la inactividad terminan al final de este año. 
Así, pues, la cuestión fundamental es la de la financiación de 197 millones de euros para el programa de reestructuración que se debe iniciar en enero de 2002 y se debe mejorar en los términos propuestos en el informe de la Sra. Miguélez Ramos. 
Por nuestra parte, consideramos aceptable la propuesta que ha hecho la Comisión de utilización de un instrumento de flexibilidad en el presupuesto y lamentamos que no haya quedado más clara la cuestión en la primera lectura presupuestaria del Parlamento Europeo inscribiéndose los importes en la línea y pidiéndose la utilización del instrumento de flexibilidad, como, por lo demás, había propuesto la Comisión de Pesca, como acaba de recordar nuestro presidente. 
De modo que es importante que el próximo consejo presupuestario acabe con los bloqueos y tenga en cuenta estas propuestas, creando la solución adecuada a la entrada en vigor del programa de reestructuración de la flota al comienzo del próximo año. 
Señor Presidente, señor Comisario, es tarde, pero estamos despiertos, muy despiertos incluso. 
Tocan a rebato, y el nudo gordiano aún no está cortado, pero el Parlamento- espero- no ceja. 
¿De qué se trata? 
De puestos de trabajo y del crédito de la Unión Europea ante el ciudadano europeo 
Gracias al trámite de urgencia de nuestro colega Daniel Varela, tenemos esta la noche la oportunidad de hablar sobre un tema que es tan urgente como problemático. 
Se trata de cómo abordar abierta y honradamente las consecuencias para la Península Ibérica del fracaso de las negociaciones con Marruecos. 
Expongo los hechos rápidamente: desde noviembre de 1999 hemos venido escuchando que la flota de la UE- en la práctica, pescadores de alta mar españoles y portugueses- ya no pueden faenar en los caladeros de la costa de Marruecos. 
4.300 pescadores afectados, repartidos en 400 barcos, esperan la prórroga de las indemnizaciones que expiran en diciembre de 2001, como la Sra. Miguélez Ramos nos ha expuesto con gran contundencia. 
Detrás de estos números hay personas, familias, municipios enteros volcados en una actividad tradicional a la que ahora se debe ofrecer una perspectiva de futuro. 
Perspectiva no significa limitarse únicamente a ayudas económicas. 
Antes bien, debemos conseguir- y en este punto me dirijo a la Comisión y al Consejo- elaborar un concepto amplio que sea convincente y cuyo objetivo pueda ser una actividad pesquera reducida, o bien otra alternativa económica. 
A mi juicio, el presente informe pone claramente de relieve una vez más la extraordinaria importancia y urgencia de los trabajos de reforma de la política pesquera común de la Unión Europea, que es el objeto de nuestro debate. 
El hecho de que los conceptos clave- relaciones exteriores, acuerdos comerciales, reducción de capacidades- recorran como un hilo rojo los documentos de trabajo llamando a las reformas no es ninguna coincidencia. 
Antes bien, la actual situación en España y Portugal nos muestra que ya es hora de cerrar un paquete que merezca realmente el nombre de reforma. 
No se trata de convertir a quienes ejercen tan noble actividad en meros receptores de limosnas. 
Esto es algo que, como comunidad de valores que somos, no podemos admitir. 
Creo que, a la vista de la reducción de los ingresos, hemos sabido reconocer los enormes retos que se plantean. 
Deje que demos juntos los pasos adecuados y mostremos la flexibilidad que la ponente y los demás colegas han reclamado. 
Señor Presidente, la propuesta que la Comisión presenta es positiva, pero se debe mejorarla. 
Subrayo tres aspectos a este respecto: el primero es el de que no tiene sentido la rigidez que la propuesta de reglamento impone en relación con el porcentaje de sumas que asignar a cada tipo de acciones. 
Lo que tendría sentido sería, dentro del plan global con normas claras, dejar a cada uno de los Estados la flexibilidad para asignar esas sumas en función de sus necesidades. 
Por ejemplo, en el caso de Portugal, reducir las sumas para la destrucción de embarcaciones y aumentar las sumas para la reestructuración de algunas de ellas y para la parte social. 
En segundo lugar, un plan de esa naturaleza debería incluir también asignaciones para la reconversión económica de zonas más dependientes de la pesca e incluir en el marco de esas compensaciones actividades colaterales como, por ejemplo, la industria de transformación. 
Eso entrañaría desde el principio que se reforzara el plan financiero, cosa que, por desgracia, no ha ocurrido en esta propuesta de la Comisión, que, aun así, está esforzándose para afrontar algunos problemas de procedimiento presupuestario. 
El tercer aspecto que quisiera subrayar es el de que, en la óptica de la Comisión, esta ayuda va encaminada esencialmente a cerrar un capítulo de la Política Pesquera Común, que fue el Acuerdo con Marruecos, sin hacer un esfuerzo que, en mi opinión, era necesario para ampliar las posibilidades de pesca de esos países en aguas de terceros países, ni adoptar debidamente medidas, también necesarias, para ayudar a esas empresas a internacionalizarse más fácilmente. 
La Comisión de Pesca ha hecho algunas enmiendas y yo quisiera rendir un homenaje a la ponente, que se ha comprometido intensamente en ese proceso. 
Nosotros mismos hemos procurado corresponder también con enmiendas que van a mejorar claramente las lagunas que presenta esta propuesta. 
Como ha dicho la Sra. Fraga Estévez, espero- ya que no ha habido capacidad política para negociar en el momento apropiado- que haya ahora dignidad en las respuestas que vamos a dar a los pescadores afectados. 
Y espero que el Pleno apruebe la propuesta de la Comisión de Pesca y que el Consejo haga el trabajo que debe hacer. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.20 horas). 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, no he conseguido volver a mi puesto. 
Quisiera señalar brevemente que no aparezco en la lista de los presentes aunque estuve en la sesión y en la votación. 
Aunque se refiere al lunes, quisiera pedir que lo incluyan en Acta. 
Muchas gracias. 
Evidentemente no firmé, pero estuve presente y participé en el debate. 
Gracias. 
Bien, mi querido colega, se corregirá. 
¿Hay más observaciones relativas al Acta? 
Señora Presidenta, antes de que comience el debate, quisiera transmitir los sentimientos de la población irlandesa en relación con el futuro de nuestra compañía aérea nacional, Aer Lingus. 
Con anterioridad al ataque terrorista de Nueva York, presentaba unos excelentes resultados en el sector de las líneas aéreas, transportando a un millón cien mil pasajeros. 
Aporta mucho a nuestra economía nacional. 
Existe un gran deseo de que no se considere que el gobierno está concediendo ayudas estatales para mantenerla a flote. 
Eso no tiene realmente relación con el Acta; por lo demás, habrá un debate sobre este tema. 
¿Hay alguna otra observación sobre el Acta? 
(El Acta queda aprobada). 
Señora Presidenta, quisiera llamar su atención sobre la detención en Grecia hace una semana de doce ciudadanos británicos y dos holandeses. 
Entre los ciudadanos británicos se encontraban dos de mi circunscripción, Paul y Lesley Coppin de Mildenhall en Suffolk. 
Han sido detenidos por las autoridades griegas acusados de espionaje. Se trata de personas aficionados a ver aviones, de entusiastas de la aviación que pasaban unas vacaciones en Grecia. 
Me parece bastante raro que sigan detenidos en otro Estado miembro y me pregunto si hay algo que usted pueda hacer para llamar la atención de las autoridades griegas sobre este asunto de tal forma que puedan ser puestos en libertad lo antes posible. 
Señor Van Orden, hemos tomado buena nota de sus comentarios y le daremos el curso que les corresponde. 
Situación económica y del empleo en los transportes aéreos así como en los sectores industriales y en los servicios conexos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación económica y del empleo en los transportes aéreos así como en los sectores industriales y de servicios conexos. 
Tiene la palabra la Sra. Durant, en nombre del Consejo. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores, evidentemente, el accidente del avión de American Airlines ocurrido el lunes 12 de noviembre en Nueva York nos ha recordado a todos cuál es la cruda y terrible realidad del sector aéreo. 
Este nuevo accidente amenaza con ampliar la situación de crisis tanto económica como social que sufre el sector desde el 11 de septiembre. 
Sin embargo, no debe hacernos olvidar cuál es la raíz de esta crisis, que se deriva de la conjunción de problemas coyunturales directamente relacionados con los atentados del 11 de septiembre, pero también de dificultades estructurales previas que salieron a la luz y se acentuaron con los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Como Presidenta del Consejo de Transportes y Ministra Federal belga, en efecto, estoy particularmente preocupada por esta situación. 
Creo que, ahora más que nunca, es esencial llevar a cabo reformas estructurales de carácter económico y social que permitan al sector superar la crisis actual, respaldarlo con medidas sociales y sentar las bases de un desarrollo duradero del sector a largo plazo. 
Para ello, hay que entender cuál es la verdadera raíz del problema e identificar los obstáculos a superar, tarea que me gustaría empezar a abordar aquí junto con ustedes y con la Sra. Diamantopoulou. 
El principal motivo de la fragilidad inherente al sector del transporte aéreo europeo es su excesiva fragmentación, agravada por una falta de consolidación a escala comunitaria y por una falta de alianzas estratégicas. 
Efectivamente, hasta ahora, la construcción comunitaria se basaba en la voluntad de crear un mercado único en el que se garantizaran unas condiciones óptimas de competencia. 
La competencia feroz que se deriva de ello, en un sector en el que los costes marginales son relativamente bajos, genera simultáneamente problemas de superávit de capacidad y de precios excesivamente bajos en relación con los costes medios soportados por las compañías aéreas. 
Por tanto, esta competencia especialmente fuerte ha contribuido a debilitar a las empresas, que se han vuelto vulnerables ante cualquier revés económico, dada la estrechez de su margen. 
Desde hace tiempo, la industria aeronáutica americana está considerablemente más concentrada que la europea, lo cual, junto con otros factores, le ha ayudado a afrontar, mal que bien, la crisis que afecta muy especialmente a Estados Unidos. 
Aunque el origen de las dificultades del sector aeronáutico no debe intentar explicarse con los atentados, sino sobre la base de consideraciones estructurales, los acontecimientos del 11 de septiembre se han sumado a este conjunto de nuevos condicionantes que han precipitado la crisis actual, y que se ven reforzados por el contexto actual de recesión económica. 
En concreto, y por orden cronológico, mencionaré el hecho de que el espacio aéreo norteamericano haya estado cerrado durante 4 días, de que la confianza de los pasajeros se haya debilitado y de que el tráfico aéreo haya bajado considerablemente- un 20 % para los vuelos turísticos con respecto a 2000, sobre todo en las rutas trasatlánticas, dónde se confirma una reducción del 30 % -y, para rematar la situación, no hay duda de que el trágico accidente de anteayer no hará más que agravar este panorama. 
Otro elemento es que las aseguradoras han decidido incrementar las primas de los seguros para los pasajeros y para los aviones en caso de accidente vinculado a una situación de guerra o de acto terrorista. 
Han decidido, igualmente, limitar la cobertura de las compañías aéreas a 50 millones de dólares para los daños causados a terceros en estas mismas circunstancias. 
Por otra parte, las medidas de seguridad suplementarias suponen necesariamente costes adicionales para los aeropuertos y para las compañías aéreas. 
Finalmente, último elemento, pero no menor que los demás, las ayudas americanas- más de 15.000 millones de dólares de ayuda directa e inmediata y de créditos federales a las compañías, más de 120 millones de dólares para los proveedores de servicios -, han provocado distorsiones de competencia con respecto a la industria europea, sobre todo porque han permitido prácticas depredadoras por parte de algunas compañías en las líneas trasatlánticas. 
Las consecuencias económicas y sociales que esta suma de factores estructurales y coyunturales tiene en Europa son de sobra conocidas: quiebras y grandes dificultades para las compañías aéreas, inversiones congeladas y fuerte crisis del sector de la industria aeronáutica. 
¿Qué respuestas ha aportado hasta la fecha el Consejo? 
Ya en sus reuniones del 14 de septiembre y del 16 de octubre, los ministros de transportes abordaron, al igual que lo hicieron el 21 de septiembre el Consejo Europeo y los ministros de economía y finanzas, las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre para el sector, con el fin de dar una respuesta rápida y coordinada de todos los Estados miembros que permitiera apoyar la reestructuración del sector, intentando en todo momento mantener las bases de una competencia sana. 
En concreto, el Consejo de Transportes del 16 de octubre examinó las propuestas que presenta la comunicación de la Comisión Europea del 10 de octubre sobre la situación económica del sector, con el fin de intentar implantar un cierto número de elementos. 
En primer lugar, el Consejo ha coordinado con gran celeridad las intervenciones de los Estados miembros en materia de seguros. 
Ha decidido que las ayudas gubernamentales a las compañías aéreas y a los prestadores de servicios encaminadas a paliar la insuficiencia, e incluso la ausencia de cobertura para los riesgos de guerra se prorrogarían hasta el 31 de diciembre. 
Estos planteamientos deben ser notificados a la Comisión y examinados por ella mensualmente. 
En cuanto al coste de las medidas suplementarias de seguridad, los Estados miembros han aceptado que pueda ser asumido, en un primer momento, sin que esto se considere una ayuda de Estado. 
Sin embargo, han subrayado la necesidad de que, en el futuro, cuando se retorne a una situación más normal, usuarios y operadores contribuyan a soportar este coste. 
Con relación al cierre del espacio aéreo durante cuatro días, el Consejo solicitó y obtuvo de la Comisión una cierta flexibilidad para permitir la concesión de ayudas circunscritas más allá de este periodo a las compañías aéreas víctimas del cierre del espacio aéreo y de sus consecuencias, evidentemente sobre la base de criterios objetivables. 
Tanto los Estados miembros como la Comisión consideran que este respaldo debe respetar el gran acervo comunitario en materia de restricción de las ayudas estatales al sector, y que no debe en ningún caso provocar distorsiones de competencia. 
Nos negamos a que las ayudas estatales sean empleadas por las compañías americanas para tirar los precios. 
Nuestras compañías soportan la competencia desleal llevada a cabo por las compañías americanas. 
No debemos permitir que una situación como esta perdure en el seno de la Unión Europea. 
Este es el motivo por el cual la Presidencia apoya la propuesta de la Comisión de adoptar un código de conducta con los Estados Unidos, con el fin, precisamente, de impedir estas distorsiones de la competencia o de luchar contra ellas. 
Por otra parte, el Consejo ha tomado en consideración la demanda, formulada por algunas compañías aéreas, de flexibilizar la aplicación de los procedimientos de atribución de las franjas horarias. 
Por otra parte, una de las claves para una rápida reactivación de las actividades aéreas es, evidentemente, recuperar la confianza de los pasajeros. 
Desde esta perspectiva, Presidencia y Comisión han trabajado muy activamente con el apoyo de los demás Estados miembros para definir y poner en práctica lo antes posible medidas destinadas a reforzar la seguridad en los aeropuertos y a bordo de los aviones. 
Esta labor se ha planteado en dos etapas: la primera de ellas, que es prioritaria, pretende comunitarizar las recomendaciones de la Conferencia Europea de Aviación Civil en materia de control de pasajeros y equipajes en los aeropuertos, que, por cierto, son fruto de largos años de experiencia. 
Efectivamente, los controles en las fases iniciales del proceso siempre son los más eficaces. 
Como ustedes saben, el Consejo ha invertido mucho tiempo y mucha energía, principalmente a través de un grupo conjunto de expertos Consejo- Administración, para facilitar un acuerdo político de los Estados miembros a partir del Consejo del próximo 7 de diciembre. 
Dentro de un espíritu de estrecha coordinación con el Parlamento Europeo, creo que es muy importante terminar lo antes posible. 
Además, el Consejo del 16 de octubre manifestó su esperanza de que, bajo este prisma, el Parlamento Europeo esté en disposición de dar su opinión en el menor plazo posible. 
Efectivamente, creo que nuestra opinión pública difícilmente entendería que el Consejo o el Parlamento demoraran sus avances en un dossier tan crucial como este. 
La Presidencia está a disposición del Parlamento Europeo para facilitar un estrecho diálogo entre las dos instituciones, y para que los miembros del Parlamento Europeo puedan aprovechar la experiencia de sus especialistas con vistas a una rápida adopción. 
En una segunda etapa, estudiaremos la oportunidad de establecer medidas adicionales de seguridad sobre la base del informe final de este grupo ad hoc conjunto Presidencia- Comisión, que será presentado el 7 de diciembre. 
Quizás algunas de ellas necesiten iniciativas legislativas para completar la primera etapa, representada por el Reglamento "Seguridad", que actualmente está siendo sometido a examen. 
Por tanto, el Consejo del 16 de octubre ha permitido reaccionar de forma coherente ante la crisis del sector, pero ahora debemos esforzarnos por reconstruir unos cimientos sólidos y sin vicios para el sector, sabiendo que la actual crisis podría durar muchos meses. 
Para contribuir al debate de hoy, les propongo compartir mi análisis personal de las perspectivas que se presentan para el sector y de las medidas que convendría tomar. 
El debate, que todavía no se ha iniciado en el Consejo, es aún más necesario en este recinto parlamentario, considerando que este mismo Parlamento estará sin duda llamado a participar en él durante los próximos meses. 
Desde un punto de vista estructural, debemos por tanto velar por que el sector pueda reestructurarse bajo la forma de una reorganización del cielo europeo en torno a algunas grandes alianzas. 
Una fórmula que permitiría a las compañías aéreas recuperar su viabilidad real sería canalizar mejor la presión de la competencia en el sector, concretamente recurriendo a una cierta forma de consolidación. 
Sin preconizar fusiones o tomas de participación que requerirían una reestructuración global del sistema reglamentario de competencia, la creación de alianzas o de acercamientos comerciales sería ya suficiente para empezar a paliar un cierto número de problemas. 
Por ejemplo, permitiría limitar los excedentes de capacidad que lastran los resultados del sector y suavizar la excesiva competencia que existe en algunas líneas. 
Se trata de permitir la explotación de las economías de escala y de red que están particularmente desarrolladas en este sector. 
Junto a la Comisión, debemos igualmente pensar, dentro de un plazo, en una estrategia que permita afrontar situaciones similares, y especialmente estudiar las adaptaciones a las normas de competencia europea requeridas, superando, si fuera posible, los obstáculos legales que existen actualmente. 
Esto plantea la cuestión sensible del control de las compañías, y requiere también de una reflexión más profunda sobre el papel de la Unión Europea frente a terceros Estados, en concreto frente a Estados Unidos. 
Efectivamente, debemos permitir que las grandes compañías europeas, en torno a las cuales se organizará el futuro panorama aéreo, estén mejor dotadas frente a sus grandes competidoras norteamericanas. 
Desde este punto de vista, personalmente apoyo, dentro de un plazo concreto, la concesión de un mandato claro a la Comisión para que negocie con los interlocutores internacionales, en concreto con los americanos. 
Para el futuro de la aviación civil, es importante que la Unión Europea se exprese con una única voz. 
Sin embargo, considero que la etapa previa y necesaria a este paso hacia adelante es la creación de un marco reglamentario del sector aéreo que sea más coherente y más completo. 
Este marco "interior" debe instaurar las bases no viciadas y propicias a un nuevo despegue del sector, y permitir evitar las distorsiones de competencia. 
Hay que extraer del vacío actual un corpus reglamentario claro y apremiante. 
Todos los ámbitos de la aviación deben participar en este movimiento, ya sea la seguridad, la lucha contra la contaminación acústica o la protección del medio ambiente, más en general. 
En este sentido, las propuestas de la Comisión sobre el Cielo Único Europeo deben ser rápidamente examinadas. 
Este proyecto constituye el punto de partida de un esquema reglamentario que deberá ser lo más detallado posible, con el fin de construir un mercado europeo fuerte y unido. 
La Unión Europea debe, en un futuro, llegar a ser un interlocutor en pie de igualdad en las negociaciones internacionales, sobre todo frente a sus homólogos americanos. 
Espero que mis colegas del Consejo "Transportes" y yo tengamos la oportunidad de retomar la cuestión de la competencia de la Comunidad en las negociaciones internacionales en el ámbito aéreo. 
Esta reflexión debe presidir las condiciones de este mandato y las garantías que se le darán a los Estados miembros sobre la transparencia de esas negociaciones llevadas a cabo en nombre de la Comunidad. 
La vertiente social de la crisis debe también ser objeto de una actuación en profundidad. 
La quiebra de Sabena y los despidos anunciados nos recuerdan su importancia y su urgencia. 
La desaparición de una compañía aérea ocasiona pérdidas de empleos no solamente en el seno de la propia empresa, sino también dentro de las compañías subcontratadas. 
Sabena era el cliente más importante de numerosas empresas, empezando por el aeropuerto de Bruselas- Nacional, pero también de distintos proveedores de servicios aeroportuarios. 
El replanteamiento del sector de la aviación civil no puede obviar la reflexión sobre el conjunto de la política social en un contexto de liberalización. 
Por tanto, parece imperativo para la Presidencia belga poder intervenir en el ámbito de los planes sociales o de la recalificación de los empleados, respetando en todo momento el principio según el cual el dinero público no debe utilizarse para subvencionar a las compañías. 
Parece igualmente imperativo profundizar el análisis del impacto social y medioambiental de la liberalización del transporte aéreo, con vistas a favorecer una mayor armonización en este campo. 
Finalmente, sería importante desarrollar intervenciones del Fondo Social Europeo mejor segmentadas. 
Efectivamente, los documentos de programación, fijados por la Comisión y los Estados miembros, deben poder ser adaptados a las crisis de un sector. 
Esto permitiría reaccionar con celeridad ante el incremento en el número de demandantes de empleo y reorientarles con igual celeridad, gracias a una actualización de sus capacidades rápida y adaptada. 
Por lo tanto, el problema radica en el desarrollo de la adaptabilidad. 
Entre los demás imperativos, citaría igualmente la necesidad de crear a escala comunitaria un sistema de información y de control de las decisiones de despido, de reforzar la consulta con los interlocutores sociales, y finalmente, de instaurar una gestión provisional de las crisis en el marco del Observatorio Europeo del Cambio, inaugurado en Dublín el 23 de octubre. 
En este sentido, es importante que el Consejo "Empleo y Política Social" del 3 de diciembre estudie la comunicación de la Comisión relativa a las reestructuraciones de empresas, anunciada por la Comisión con ocasión de la crisis de Marks& Spencer el pasado verano. 
En efecto, se tratará de abordar la noción de responsabilidad social de las empresas en el contexto de las reestructuraciones. 
El Consejo "Empleo" de diciembre permitirá con certeza llegar a un acuerdo sobre la Directiva "Información y consulta a los trabajadores", lo cual representa también un indudable avance en la consulta a los órganos de representación en caso de crisis. 
Finalmente, en una perspectiva a largo plazo, el reto que se nos plantea es también el de conseguir que la aviación civil sea una actividad duradera. 
La seguridad, la estabilidad económica y el respeto al medio ambiente son los elementos esenciales del desarrollo duradero de este sector, lo cual me lleva a mi último punto: la necesidad de impulsar la dimensión medioambiental del sector. 
Las respuestas necesarias a las dificultades económicas y sociales a corto plazo, así como las medidas relativas a las normas de seguridad que, por su parte, se plantean a medio plazo, no deben en ningún caso ser perniciosas ni para el mantenimiento ni para la ampliación de los proyectos en curso en este campo. 
Un crecimiento del sector que respete el medio ambiente será, a partir de ahora, la condición necesaria para la supervivencia de esta modalidad de transporte. 
Durante la Asamblea General de la OACI, que se celebró en Montreal el pasado mes de septiembre, pudimos constatar que se han realizado importantes progresos. 
Debemos sacar partido de lo que la Unión Europea ha conseguido- lo cual, de entrada, no se daba por hecho, créanme -, es decir, de la consideración de las diferencias locales, nacionales y regionales a la hora de definir estas políticas públicas, para adoptar reglamentaciones europeas que efectivamente garanticen una calidad elevada en la protección del medio ambiente. 
Hay que concretizar estos avances políticos, sobre todo tomando rápidamente medidas anti-ruido adecuadas, pero también adoptando medidas capaces de reducir las emisiones de gas con efecto invernadero en el marco del compromiso que asumimos en Kioto y que confirmamos en Bonn y en Marrakech. 
Aunque las compañías aéreas europeas se han visto menos afectadas que sus homólogas americanas, es necesario que intentemos crear a escala comunitaria un marco reglamentario que les garantice una viabilidad real, lo cual implica, en particular, una revisión de las reglas de competencia. 
Por otra parte, en caso de crisis, es necesario que el marco reglamentario pueda garantizar un alto nivel de protección social. 
Juntos, debemos construir una aviación civil duradera a escala económica, social y medioambiental. 
Debemos actuar de forma rápida para garantizar un nivel de seguridad que devuelva la tranquilidad a los pasajeros lo antes posible, y, de paso, asegurarnos que la aviación civil vuelva a ser el puente entre los pueblos, el factor de paz que siempre ha sido. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, la aviación civil europea ha mostrado y sigue mostrando imperfecciones estructurales graves. 
Los sucesos del 11 de septiembre han tenido un efecto multiplicador de una situación ya difícil. 
El número de pasajeros de las compañías aéreas principales ha disminuido de forma espectacular, y ahora se ha estabilizado en una reducción del 20% en relación con el año 2000. 
Este último periodo, las compañías han comunicado 30.000 despidos. 
Dos compañías aéreas, Sabena y Swissair, están en quiebra. 
La quiebra de Sabena, la ha conducido a despedir a 7.500 empleados de un día para otro. 
Y no se excluye que haya más despidos en este sector a nivel europeo. 
La semana pasada me reuní con los socios europeos que representan a todos los sectores en la aviación. 
Se hizo una descripción interesante. 
El ámbito de las compañías aéreas es un pueblo mundial, un pueblo que ha sufrido un terremoto y todas sus construcciones, grandes o pequeñas, débiles o fuertes, están en peligro. 
¿Y cómo hacemos frente en Europa a una parte del problema cuyas dimensiones son realmente mundiales? 
Creo que es importante que enviemos claramente el mensaje, y estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Ministra Durant: no vamos a ayudar al sector si permitimos que la crisis económica comenzada el 11 de septiembre retrase la toma de decisiones sobre la reestructuración y unificación del sector. 
El mensaje principal debe ser que la respuesta es la reestructuración del sector de las compañías aéreas. 
Es importante que todos entendamos que no prestamos ayuda al sector con una inyección masiva de dinero público, también debemos darnos cuenta de que, en un periodo de crisis, la reestructuración no se puede llevar a cabo sin instrumentos adicionales económicos y sociales. 
La comunicación que ha aprobado la Comisión Europea el 10 de octubre titulada "Las consecuencias del ataque terrorista a los Estados Unidos de América en el sector de la aviación" es la primera reacción ante la situación extrema, y por consiguiente, se concentra en restituir la confianza planificando medidas de seguridad adicionales, así como en medidas económicas para poder sostener al sector. 
Por supuesto, también voy a estar totalmente de acuerdo con la Sra. Ministra en que en la Unión Europea, a causa de sus particularidades institucionales y de las políticas específicas con que contamos, no hemos tenido la posibilidad de reaccionar inmediatamente, tal como sucedió en los Estados Unidos, en lo referente a la ayuda a las empresas europeas. 
En esta comunicación hay determinados puntos y medidas importantes. 
La Comisión Europea está analizando, en el marco de las normas de las ayudas públicas, las medidas para indemnizar a las compañías aéreas por los daños sufridos durante los cuatro días del bloqueo del espacio aéreo americano. 
Esta compensación se debe conceder a todas y cada una de las compañías aéreas que cuentan con el permiso del Estado miembro. 
La Comisión Europea, en dicho marco, examinará diversas medidas para indemnizar por gastos suplementarios de la seguridad y para continuar las intervenciones públicas hasta finales del año en curso. 
Basándonos en las normas de la competencia y en la legislación del mercado en relación con las compañías de seguros, la Comisión verifica en este momento algunos planes de seguridad mensuales a medio plazo. 
Igualmente está examinando la posibilidad de encontrar una solución más a largo plazo en el tema de la seguridad. 
Finalmente, la Comisión y el Consejo de Transportes han inducido a los Estados miembros a confirmar si las compañías aéreas de países terceros pueden ofrecer el mismo nivel de cobertura en materia de seguros que la prevista para las compañías aéreas europeas. 
Para posibilitar la reestructuración debida y la estabilización de la industria de los transportes aéreos se debe solucionar, ahora más que nunca, la cuestión de la propiedad y del control. 
Las limitaciones impuestas a las líneas aéreas por las normas tradicionales de la propiedad y control en el acuerdo bilateral sobre servicios aéreos hacen muy difíciles tanto las fusiones y las adquisiciones, como las inversiones externas, incluso hallándose las compañías en una situación económica difícil. 
Por esta razón, la Comunidad necesita, sea como sea, una dinámica política común en las relaciones internacionales. 
Para mover este procedimiento, la Comisión Europea lleva pidiendo muchos años al Consejo que le dé instrucciones para llegar a un acuerdo Unión Europea- Estados Unidos de América sobre el tráfico aéreo. 
Un acuerdo de esta índole sería en beneficio de nuestro sector de la aviación. 
Finalmente, la Comisión Europea, de conformidad con los reglamentos sobre las franjas horarias, es de la opinión de que la situación es excepcionalmente crítica y está de acuerdo en proponer a los coordinadores de aeropuertos que permitan que se mantengan los slots que no se hayan aprovechado en el periodo estival del 2001, así como en el periodo invernal actual 2001/2002, para los próximos periodos de programación correspondientes. 
La Presidenta en ejercicio del Consejo se ha referido con mucha claridad a los problemas específicos y a la necesidad de una política europea directa y de un acuerdo a nivel europeo. 
No voy a repetir ciertas cosas, voy a hacer hincapié en el tema de la crisis social. 
Tal como he dicho, ha habido ya 30.000 despidos en unas pocas semanas. 
Hay crisis en todos los sectores y ahora se está realizando un estudio para ver su repercusión en los relacionados con las líneas aéreas. 
El análisis sobre las causas de los despidos lleva a múltiples y diversos factores. 
Unos se deben a esta crisis por si misma, que empezó el año pasado en primavera. 
Otros a la caída de la demanda. 
Una parte a la readaptación retrasada de las posibilidades de corregir la relación entre la oferta y la demanda, después de muchos años de un gran desarrollo. 
Es difícil analizar inmediatamente las causas del total de los despidos, pero seguro que debemos ver qué posibilidades tenemos de intervenir inmediatamente y cuál es el papel de la Unión Europea y de la Comisión Europea. 
En principio debemos decir que hay un marco legislativo bastante completo que da la posibilidad a las empresas de consultar a sus trabajadores para encontrar modelos de organización del trabajo a fin de reducir los despidos lo más posible. 
Ya, en los casos concretos de British Airways y de Alitalia, en donde ha habido un gran número de despidos, han contado también con la información y cooperación correctas con los portavoces de los trabajadores. 
Pero, claro, la legislación no puede poner fin ahora a los despidos. 
Por esta razón, los fondos comunitarios disponibles deberán ser utilizados para hacer frente a las consecuencias de la crisis. 
Hay un instrumento económico que es el Fondo Social Europeo. 
Se puede utilizar de tres formas: La primera es mediante la estrategia europea para el empleo, para la formación, la reeducación de los despedidos o, muchas veces, para ayudarles a conservar sus aptitudes, que se pueden perder en un mercado laboral tan especializado. 
La segunda es la posibilidad de la ayuda a asalariados cuyo puesto de trabajo esté amenazado. 
Ya se ha mencionado el problema de las pequeñas y medianas empresas satélites de las compañías aéreas. 
Tercera, mediante el fondo social, activar a las autoridades locales y regionales sobre programas de lucha contra, por ejemplo, el cierre de pequeños aeropuertos o para solucionar problemas locales relacionados con despidos o crisis en sectores concretos, para solucionarlos en su ámbito. 
Del lado de los Reglamentos Financieros del Fondo Social Europeo, se realizan las regulaciones a nivel europeo, pero hay cierta flexibilidad para reorientar la dirección de los fondos, flexibilidad causada por las crisis y por las situaciones especiales. 
Debemos decir que el fondo social va a cofinanciar algunas medidas para Sabena. 
Estos son los instrumentos, legislativos y sociales. 
Por supuesto, siempre uno de los instrumentos más valiosos en periodos de crisis es el diálogo social y el debate con los interlocutores sociales. 
La Comisión Europea, inmediatamente después de la crisis del 11 de septiembre, comenzó el diálogo europeo por sectores sobre temas relacionados con la aviación. 
Ya ha habido debates con los interlocutores sociales por medio del Comité de diálogo sectorial y se ha decidido que el tres de diciembre haya un workshop europeo, en el que participen todos los sectores en el ámbito de los interlocutores sociales, y también los representantes nacionales de los quince Estados miembros, en el que se discutirá más sobre la repercusión en el empleo y los problemas sociales causados, para lograr en común el acuerdo sobre las medidas que podamos tener en mente inmediatamente. 
Señora Presidenta, en esta época de crisis en la que no son nada fáciles las respuestas y las recetas de recuperación, la cooperación correcta y directa tanto entre las instituciones europeas, como entre los interlocutores sociales, es una condición indispensable para dar los próximos pasos. 
Señor Presidente, el motivo de esta resolución urgente es obvio. 
Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a los representantes de los demás Grupos por participar en la consecución de este consenso. 
Es cierto que los ataques a EE.UU. de septiembre han tenido unas consecuencias catastróficas para la industria de la aviación, entre ellas las que han afectado a la confianza de los pasajeros, además de las decenas de miles de puestos de trabajo que ya se han perdido en todo el mundo y, en particular, en Europa. 
Por desgracia, esta situación no se reduce al sector de las líneas aéreas. Ahora son patentes las repercusiones tanto en la industria aeroespacial como en el turismo. 
En mi país, el Reino Unido, la lenta recuperación tras la epidemia de fiebre aftosa ha sufrido un duro golpe que es verdaderamente difícil de soportar. 
Con independencia del fracaso de algunas compañías de la Unión Europea a la hora de enfrentarse a los retos del mundo de los negocios, la gran mayoría de las empresas se ha encontrado, sin que fuera culpa suya, al borde de la quiebra, o incluso en una situación peor. 
Recuerdo a mi propio gobierno, junto con dirigentes de otros países, insistiendo, tres o cuatro días después del incidente, en que se darían ayudas lo más rápidamente posible. 
Por desgracia, aparte de la ayuda a corto plazo para las coberturas de seguro, que debería haber sido de 180 días como al principio en Estados Unidos, no ha llegado ninguna ayuda económica. 
No me consta que exista ninguna compensación por las pérdidas económicas derivadas del cierre del espacio aéreo y de los aeropuertos de EE.UU., ni por las medidas de seguridad complementarias que se ha esperado que adopte la industria del transporte aéreo. 
Son los Estados miembros los que deberían asumir los gastos de seguridad. 
En resumen, la situación es una vergüenza, y lo es más porque las pérdidas de empleos previstas hace dos meses por muchas empresas ya están aumentando debido a la falta de ayuda. 
Nosotros en este Parlamento queremos que se actúe y que se actúe ya. 
No nos interesa esperar a un análisis caso por caso de la Comisión sobre el que pueda llegarse a un acuerdo en algún momento futuro. 
Exigimos que se pongan ya a disposición de aquéllos que cumplan las condiciones paquetes de ayuda financiera provisional. 
En conclusión, debo comunicar a la Comisión y al Consejo que tengo la intención de que este asunto siga encabezando el orden del día y espero, como mínimo, que se presente a este Parlamento, en el segundo período parcial de sesiones de noviembre, un informe sobre los avances realizados. 
Espero que sus señorías apoyen mis palabras porque debemos recordar que está en peligro el sustento de miles de personas. 
La ausencia de acción no es una opción, como tampoco lo es una charla sobre cuestiones medioambientales, porque al paso que vamos no tendremos industria de la aviación de la que preocuparnos. 
Señora Presidenta, traía preparada esta mañana a la Asamblea una intervención sobre la situación del sector del transporte aéreo. 
La he modificado radicalmente a la vista de lo que he oído decir a la Sra. Presidenta en ejercicio y a la Sra. Comisaria esta mañana. 
Francamente, lo que hemos oído es totalmente inaceptable. 
Nos encontramos ante la típica situación del Consejo de Ministros tocando la lira como un Nerón moderno mientras arde la industria aeronáutica de la Unión Europea. 
Señora Presidenta en ejercicio, estamos en una crisis profunda. 
Usted, mejor que nadie, debería saberlo por su propio Estado miembro. 
Algunas compañías aéreas han quebrado. Otras están al borde de la quiebra; ¿y qué respuesta se nos da? 
Se nos sugiere que la Comisión puede sentarse con los estadounidenses a hablar con ellos sobre las ayudas que están concediendo para intentar jugar en igualdad de condiciones. 
Para cuando eso ocurra, ¡ya no habrá un sector europeo de la aviación civil que pueda jugar! 
Necesitamos que se actúe ahora. 
No queremos perder el tiempo manteniéndonos al margen, queremos una acción directa para que nuestra industria de aviación civil pueda sobrevivir y tener un futuro. 
La respuesta de Estados Unidos tras los acontecimientos del 11 de septiembre fue directamente al grano. 
Pusieron 5 mil millones de dólares estadounidenses inmediatamente a disposición de sus compañías aéreas y ofrecieron otros 10 mil millones de dólares de ayuda indirecta para que pudieran superar otras crisis en caso de que se produjeran. 
¿Y qué hicimos nosotros? 
Perdimos el tiempo y dijimos: "Bueno, podríamos hacer esto" y, como decía la Sra. Foster: "Bueno, dijimos que se podría pagar compensación por los días perdidos". 
Eso no es suficiente. 
Necesitamos una acción directa ya. 
Lo que me ha horrorizado hoy ha sido el tono de las intervenciones de la Comisión y de la Presidencia en ejercicio. 
Es como si aceptaran que las compañías aéreas tienen que hundirse y que miles de puestos de trabajo tienen que desaparecer, sin hacer nada por evitarlo. 
Hasta hoy, yo sospechaba que los Estados miembros querían utilizar esta crisis para consolidar el sector, para deshacerse de algunas compañías aéreas. 
Pues bien, hoy la Sra. Presidenta en ejercicio prácticamente lo ha admitido. 
Si esto es así, yo lo condeno. 
Hoy nos acompañan en la galería miembros de los sindicatos. 
Quiero decirles que tienen el apoyo de mi Grupo en la lucha por mantener vivo el sector europeo de la aviación civil. 
Desgraciadamente, por lo que he oído hoy, un compromiso similar del Consejo de Ministros parece muy lejano. 
Me pregunto, señora Presidenta en ejercicio, si la historia recordará a la presidencia belga del año 2001 como a la presidencia que supervisó la desaparición de la industria europea de la aviación civil. 
Señora Presidenta, opino que hay que mantener la calma en una situación como la que estamos viviendo. 
Mi Grupo ha suscrito la moción y está preparado para participar en toda acción encaminada a hacer frente con rapidez, inmediatez y, espero, con eficacia a la situación actual y a perseguir tres objetivos: defender por todos los medios la industria europea de cualquier competencia desleal por parte de los Estados Unidos, acelerar la reestructuración de la industria europea y cumplir las obligaciones que, por otra parte nos marcamos antes de la crisis, de garantizar, en todo caso, condiciones de seguridad y de respeto medioambiental más elevadas que las actuales. 
Son muchos los objetivos que Europa tiene que perseguir al mismo tiempo si queremos salir de la situación en que nos hallamos. 
No cabe duda de que esto implica la necesidad de que el Consejo confiera lo antes posible a la Comisión un mandato de negociación, de que sea posible hablar con una sola voz con los Estados Unidos y controlar qué sucede en ese frente. En definitiva, de que haya que defenderse o de que tengan que usarse las mismas armas en la situación en la que nos encontramos. 
La defensa contra un ataque de una industria que se ha reestructurado antes, que se ha hecho más competitiva antes, no puede ser una excusa para mantener la situación actual. 
En consecuencia, es necesario que mantengamos con coherencia nuestras ayudas, dentro de los limites mencionados de ayudas destinadas a paliar el cierre que se ha registrado, así como algunos costes de seguros y algunos costes extras de seguridad, pero nada más. 
Hemos de mantener en estos términos las ayudas de Estado y debemos gestionar con mucho tino las etapas de reestructuración. 
No cabe duda de que la industria europea tendrá que pasar por etapas, incluso dolorosas, de reconversión y por ello, es probable que puedan darse otras quiebras. 
Pero hay maneras y maneras de gestionarlas. 
Esto es fundamental y quizás nos gustaría oír algo más sobre esto tanto por parte del Consejo de Ministros como por parte de la Comisión, alguna propuesta más sobre la gestión de las transiciones. 
Pongo un pequeño ejemplo: la quiebra de Sabena o la reestructuración de la nueva Sabena obliga a que actualmente se discuta sobre los slots en las líneas europeas. 
Existen pequeñas compañías competitivas, con capacidad de colocar, de contratar personas dispuestas a operaciones de co-sharing con éstas. 
Pues bien, no hay que limitarse a actitudes defensivas, sino que hay que abrirse también a estas posibilidades, en definitiva, a un mercado en mayor evolución: es necesario tener el coraje y la capacidad de seguirlo no solo en las formas defensivas, sino también en las activas. 
Creo que de este modo podríamos responder perfectamente también a las exigencias de los sindicatos y a las de los trabajadores entendiendo que ésta es la manera correcta con que garantizamos, a largo plazo, trabajo efectivo. 
Un último punto: no es solo un problema de las compañías aéreas, sino también un problema que afecta a todo el sector en su conjunto, o sea, al turismo en general. 
Si no conseguimos devolver la confianza a nuestros ciudadanos y hacerlos volar nuevamente, una buena parte del trabajo que estamos realizando resultará inútil. 
Ésta es una tarea que nadie ha mencionado todavía, pero que creo que al final todos debemos abordar. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, mi Grupo apoya las orientaciones que acaban de ser desarrolladas por la Presidencia del Consejo y por la Comisión. 
Creo que no debemos equivocarnos de debate. 
El sector aéreo sufre una crisis coyuntural y estructural, como ya se ha dicho, pero el conjunto de la economía europea y mundial también está en crisis. 
Por tanto, la verdadera respuesta al problema del empleo es, evidentemente, una reactivación del crecimiento y de las políticas globales de solidaridad social y de creación de empleo. 
En cuanto al sector aéreo, con relación a la reunión sobre el diálogo social anunciada por la Sra. Comisaria, creo que la degradación de las condiciones laborales y salariales que se está produciendo en este sector es, evidentemente, un punto sobre el que debemos permanecer muy alerta. 
Por otra parte, a escala de la Unión Europea, desearíamos que la política de competencia de la Comunidad fuese adoptada, y que no impidiera la reestructuración del sector, sino que, por el contrario, la favoreciera y, por otra parte, que esta política de reestructuración a medio plazo fuera compatible con las orientaciones desarrolladas por el Libro Blanco de la política de transportes, es decir, el desarrollo de una política de transportes intermodal que refleje, a medio plazo, los costes reales para el conjunto de los sectores. 
Finalmente, y creo que hay que hacer una llamada de atención sobre este aspecto, esta Asamblea siempre se ha pronunciado mayoritariamente en contra de una espiral de ayudas estatales. 
Me resultaría incomprensible que una mayoría de esta Asamblea generara, para un sector concreto, una espiral ascendente de ayudas del Estado. 
Para terminar, en cuanto a los Estados Unidos, vamos a hablar claro. 
Los Estados Unidos de América nos han presentado una política de hechos consumados. 
Su postura de ayuda a su sector aéreo es inaceptable y contraria a una competencia leal en el plano internacional. 
Y dado que, aparentemente, no podemos presentar esta cuestión ante la OMC, es necesario que, en el marco del partenariado global Estados Unidos / Europa, la Unión Europea pueda hacer valer intereses legítimos que, en el futuro, deberían ayudar tanto a las compañías americanas como a las europeas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señora Presidenta del Consejo, la situación económica y laboral en las líneas aéreas y la industria aeronáutica así como en los sectores industriales y de servicios que de ellas dependen es crítica. 
Los acontecimientos del 11-S no produjeron esta situación de crisis, pero la agudizaron dramáticamente. 
Las causas principales son la pérdida de confianza de los clientes y, en consecuencia, una caída del número de pasajeros; las pérdidas por el cierre del espacio aéreo norteamericano y el cierre de aeropuertos; la disminución de la cobertura de los seguros, el descenso del número de turistas procedentes del los EEUU y de Lejano Oriente así como la anulación o retirada de encargos de nuevos aviones. 
Las causas principales de esta crisis son de naturaleza estructural: una competencia ruinosa entre las líneas aéreas, sobrecapacidades instaladas, recesión económica generalizada y decisiones erróneas de los equipos directivos. 
La presente Resolución del Parlamento Europeo se refiere a un gama de medidas necesarias, como por ejemplo compensaciones por causa de cierre de espacios aéreos y de aeropuertos, apoyo financiero o aval por parte de los Estados miembros como compensación a la disminución de la cobertura de los seguros, elaboración de propuestas sobre el apoyo financiero al sector del tráfico aéreo europeo para alcanzar una igualdad competitiva con los EEUU y la preparación de estrategias para mantener o crear puestos de trabajo. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea / Izquierda Verde Nórdica apoya esta Resolución, aunque sabemos que está diseñada para el corto plazo y representa sólo un primer paso urgente. 
A medio y largo plazo necesitamos un espacio aéreo europeo armonizado, estándares más elevados de calidad y de seguridad, personal perfectamente formado, altos estándares sociales y nada de salarios precarios. 
Los despidos masivos que se efectuaron aún antes del 11-S son completamente inaceptables bajo nuestro punto de vista. 
Necesitamos una estrategia de coordinación de las diferentes modalidades del tráfico, esto es un concepto general europeo sobre tráfico aéreo. 
Individualmente no puede resolverse este problema. 
Señora Presidenta, tras el impacto del 11 de septiembre, cuando ya se había puesto dramáticamente de manifiesto la crisis de la industria aeronáutica y de sus servicios conexos, la situación se ha ido complicando todavía más a raíz de los acontecimientos de los últimos días que vienen a ponernos frente a un problema: el problema de la crisis en general, y el problema de la seguridad si se corrobora la interpretación del accidente aéreo que nos obligaría a reconsiderar con mayor atención la cuestión del mantenimiento con miras a la seguridad de los medios de transporte. 
No cabe duda de que la situación de guerra y la economía de guerra han hecho precipitar los acontecimientos en lo que atañe a la crisis real de las compañías aéreas y que han llevado a Sabena y a Swissair a consecuencias extremas: una crisis debida, como se ha mencionado, a múltiples causas como, y no por ser menos importante, una evidente gestión equivocada del sector desde el punto de vista estratégico, que ha visto compañías aéreas, podríamos decir, demasiado individualistas y poco propensas a adoptar formas de asociación que permitieran racionalizar los recursos humanos, estructurales y financieros. Hemos visto políticas tarifarias equivocadas y que a menudo incumplen las normas en materia de competencia y aeropuertos, pongo por ejemplo el de Malpensa para referirme a mi país, poco fiables desde el punto de vista de la seguridad. 
Ahora está claro que en la situación actual el problema se manifiesta en términos de dramática urgencia ante la pérdida de más de 30.000 puestos de trabajo en Europa y de 180.000 puestos de trabajo en el mundo. 
En Italia la compañía de bandera se ha planteado la cuestión de la recapitalización. 
Se está preparando a una especie de régimen de austeridad con el recorte de otros 1.000 puestos de trabajo a añadir a los 2.500 ya anunciados. 
Italiatour, Eurofly y la unidad informática Sygmatravel serán redimensionadas drásticamente, si no suprimidas. 
La recapitalización tendrá que contar con la aprobación de Bruselas. 
La Comisión ya autorizó el 17 de octubre el pago de una subvención pública de 387 millones de euros, pero las necesidades de Alitalia ascienden a 1.500 millones de euros y no sabemos hasta qué punto serán efectivas las medidas puestas en práctica por el Ministerio de Hacienda a través de la emisión de obligaciones. 
Probablemente, desde el punto de vista de una reforma estructural, resultará más eficaz reforzar las relaciones comerciales con Air France o entrar en el consorcio Skyteam. 
En conclusión, al aceptar la propuesta de resolución común, consideramos que la situación impone intervenciones en distintos frentes por parte de la Unión Europea, unas intervenciones de máxima urgencia que con la valiosa ayuda de los agentes sociales europeos logren paliar al máximo esta agobiante situación de crisis. 
Acto seguido, sin embargo, serán necesarias intervenciones que se deberán programar en términos de modernización y racionalización del sector, amén de un fuerte y evidente compromiso en favor del turismo que, como se ha recordado, es un sector del que se habla muchas veces pero para el cual objetivamente muy poco se hace todavía. 
Por último, hacemos votos por que las ya inminentes reflexiones sobre el Libro Blanco en materia de transportes desemboquen en compromisos fuertes y claros en apoyo de la economía de los sectores de los transportes y del turismo en beneficio de los muchos trabajadores y sobre todo de sus familias que no pueden sufrir más perjuicios. 
Señora Presidenta, la masacre terrorista del once de septiembre y la catástrofe aérea del lunes pasado nos han sacudido fuertemente, tanto por lo efímera que resulta la vida como por la cohesión que existe en nuestras sociedades. 
Un atentado perpetrado en los Estados Unidos significa también un atentado al resto del mundo civilizado y viceversa. 
Ahora que las consecuencias son cada vez más evidentes, debemos buscar también soluciones para las consecuencias económicas. 
En nuestra opinión, la solución ha de estar perfectamente alineada con la política que la Unión Europea emplea en el sector del transporte, es decir, que en principio las compañías tienen que operar sin ayudas estatales directas. 
La consideración de si se debe hacer una excepción se tiene que encuadrar en el contexto adecuado porque el tráfico aéreo engloba un mercado mundial. 
No se puede aceptar que algunas compañías europeas se hundan porque se les niega la ayuda de emergencia, cuando en otras partes del mundo las compañías se sostienen gracias a la participación estatal. 
Tomando en cuenta las medidas adoptadas en los Estados Unidos, la Unión Europea no puede quedarse de brazos cruzados. 
Por lo tanto, tenemos que estudiar, cuanto antes mejor, hasta dónde podemos y queremos llegar. 
Esta cuestión no queda limitada al tráfico aéreo. 
Es decir, muchos sectores relacionados con la aviación están gravemente afectados como también lo está el turismo. 
Asimismo, tenemos hacer una distinción entre las medidas a corto y a largo plazo. 
En primer lugar, me parece que la ayuda ha de limitarse al sector afectado y a los perjuicios provocados directamente por este fatídico once de septiembre. 
Me parece lógico que se proceda al reembolso de los costes de los seguros, como también parece necesario que se dé alguna compensación por los ingresos dejados de percibir, porque de lo contrario tal vez sobrevivirían sólo algunas compañías aéreas en la Unión Europea. 
No obstante, esto no significa que, con la excusa de la compensación, salvemos a las empresas que estaban ya en una situación financiera crítica. 
Señora Presidenta, permítame que le hable de las medidas a largo plazo. 
El carácter mundial de la aviación y el afán de ofrecer una cartera de servicios atractivos obligan a las empresas a buscar las ventajas de la expansión. 
Por este motivo, dentro y fuera de la Unión Europea quedarán menos compañías que las actuales. 
De esta forma, el sector se globalizará de verdad. 
Me parece que la legislación nacional e internacional tiene que adaptarse a esta nueva realidad, como también algunos de los derechos existentes. 
Ya no son las aspiraciones nacionales las que marcan la pauta, sino las exigencias del mercado. 
En este sentido, doy mi apoyo a las medidas propuestas por la Comisión Europea y espero que estas le sean ventajosas a la Unión Europea en otros terrenos. 
Señora Presidenta, la quiebra, hace unos días, de Sabena, la compañía aérea belga, no sólo se perfila como la mayor quiebra empresarial en la historia belga, sino también es en primer lugar un drama humano y social para los 7.500 o quizás 12.000 trabajadores. 
Ya se ha dicho aquí y es obvio que el caso de Sabena no es el único. 
Hay muchísimas compañías aéreas que están viviendo tiempos realmente difíciles y los acontecimientos del once de septiembre no han hecho sino agravar esta situación. 
Soy consciente de ello, pero con respecto al tema de Sabena la Presidenta del Consejo, la Sra. Durant, ocultó a este Parlamento dos cuestiones esenciales. 
La primera cuestión de importancia es que Sabena llevaba ya 40 años ininterrumpidos con pérdidas, excepto algún añito gracias tal vez a un maquillaje contable. 
Los contribuyentes han llegado a inyectar en los últimos 40 años 62 millardos de francos en esta empresa. 
La segunda cuestión trata de la causa. 
Sabena era una empresa estatal belga con todas las características del estado belga y del "Parti socialiste". 
Esto significaba una retahíla de favoritismos políticos, nombramientos a dedo de personas claramente incompetentes y una intervención política de la casa real belga para que la empresa siguiera en manos francófonas. 
Por este motivo se saboteó la alianza con la KLM, cosa que sabe todo el mundo en mi país. 
Por cierto, el Congreso de Diputados acaba de nombrar una comisión de investigación parlamentaria para examinar con lupa esta mala gestión realizada desde hace años y esto no se hace en mi país a la ligera. 
El sector del transporte aéreo está viviendo tiempos difíciles, de acuerdo, y mientras que los norteamericanos digan "America first" en Europa debemos buscar soluciones basadas en la política de "Europa primero". 
No obstante, en el expediente de Sabena habrá que depurar en primer lugar las responsabilidades donde las haya, es decir, en la casa real y en los sucesivos gobiernos belgas. 
Señor Presidente, las compañías aéreas, la industria aeronáutica y el turismo son, lógicamente, los primeros y más visibles sectores afectados por los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Sin embargo, además del turismo no podemos olvidar que muchas pequeñas y medianas empresas y su personal que trabajan como proveedores en la proximidad de los aeropuertos sufrirán también las consecuencias en sus propias carnes. 
En Bélgica se prevé que la pequeña y mediana empresa perderá un puesto de trabajo por cada puesto de trabajo perdido en Sabena. 
En nuestra opinión, se preste la ayuda estatal que se preste, ésta debe beneficiar a todos sectores afectados por igual. 
Asimismo, contamos con que las medidas que adopte la Comisión, se lleven a cabo con rapidez y a gran escala. 
En primer lugar, pensamos que estas medidas deberían consistir en la aprobación de un margen de actuación que permitiera a las administraciones realizar inversiones en la seguridad del transporte aéreo, en una tramitación acelerada de las ayudas financieras específicas y en una gestión más flexible, durante un tiempo limitado, de los slots. 
La situación extremadamente difícil en la que se encuentra el sector del transporte aéreo ha de servir de acicate a la Comisión para que actúe con contundencia contra las prácticas de competencia desleal en las relaciones transatlánticas. 
En los tiempos que corren todo depende de muchos factores. 
Si estos se vuelven simultáneamente en nuestra contra entonces esto puede suponer un desastre como es el caso de Sabena que es el ejemplo más dramático. 
Como diputada belga, me gustaría insistir en que DAT reciba el mismo trato que cualquier otra compañía aérea afectada por las consecuencias del 11 de septiembre. 
También ha de ser considerada como una empresa en fase de reestructuración y debe poder hacer uso de las mismas facilidades de las que disponen las otras compañías que se encuentran en la misma situación. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera desear mucha suerte a los trabajadores y a las empresas que han sido víctimas de esta situación y espero que les podamos ofrecer mejores perspectivas a corto plazo. 
Señor Presidente, ante la catástrofe social que supone para Bélgica la quiebra de Sabena, me gustaría darle un poco de humanidad a este encuentro dedicándole mis primeras palabras a todos los que, sin contemplaciones, se han visto despojados de su trabajo de la noche a la mañana. 
Invito a los que utilizarían este dossier concreto para sentar en el banquillo a las empresas públicas a medir cuidadosamente la responsabilidad de cada cual. 
Sí, Europa es responsable cuando, en el seno de la Comisión, algunos preconizan una liberalización acelerada, inhumana, brutal. 
Sí, Europa se presenta hoy, ante los ojos de todos, como el verdadero motor de este proceso. 
La gente ya no quiere esta Europa. 
Hoy, la gente quiere construir con nosotros una Europa social, la que defendimos en Lisboa, que desarrolle los indicadores de convergencia para potenciar el empleo y para luchar contra el paro, una Europa, en fin, que rechace la fatalidad del mercado. 
Los doce mil empleados de Sabena despedidos a principios de mes son las primeras víctimas de esta difusa liberalización de la aviación civil. 
Otras compañías europeas arrojan datos preocupantes. 
Miles de personas temen encontrarse en la calle, y no entienden cómo la Comisión Europea se muestra intransigente con los plazos de reembolso del crédito-puente concedido a la compañía belga, mientras que los Estados Unidos subvencionan a golpe de miles de millones de dólares a sus compañías nacionales para mantener las franjas europeas. 
Consideran inadmisible que la Comisión dé prioridad a las sanciones y a los ukases, en nombre de las virtudes del liberalismo y del mercado, al tiempo que este mismo liberalismo salvaje nos recuerda simultáneamente sus limitaciones con los cierres que se producen continuamente en Europa. 
Con la implantación del proceso de Lisboa, las autoridades comunitarias y los Estados miembros han demostrado que pueden tener en cuenta las consecuencias humanas y territoriales que cada decisión conlleva. 
Una liberalización tan ciega como esta no hará avanzar la idea europea, la confianza en sus instituciones, nuestro proyecto de paz y de progreso social. 
Conducirá inevitablemente al rechazo de esta visión europea y simplista por parte de los ciudadanos. 
Hace dos días, señora Comisaria, la votación del informe Langen en el Parlamento Europeo afirmaba que ciertos sectores no deben abrirse a la competencia, y entre ellos se encuentran los sectores que usted menciona. 
Hablemos claro, no rechazamos empresas públicas modernas y eficaces, no queremos que sean sacrificadas, ni que sean objeto de burla. 
Esperamos una visión prospectiva del desarrollo económico, un proyecto humano, inteligente, que permita un desarrollo duradero. 
Espero que lo veamos el 3 de septiembre. 
Señor Presidente, señora Presidenta, señora Comisaria, lo que ha pasado en mi país con Sabena es muy dramático, y me alegro de que el gobierno belga se esté esforzando por buscar una solución a las secuelas sociales directas e indirectas de este drama. 
Evidentemente, no será posible resolver todo en una quiebra de esta dimensión, pero por lo menos es importante que se haga también un esfuerzo de forma indirecta en el ámbito de la formación y el reciclaje. 
Asimismo, quisiera pedir a la Comisaria que nos aclarara si se va a hacer también algo a nivel europeo, de cuánto dinero se trata y de qué tipo de esfuerzos estamos hablando para ayudar a las diferentes compañías aéreas. 
Es obvio que el caso de Sabena es el más espectacular, pero también las otras compañías aéreas están viviendo un drama social. 
Se requiere un enfoque europeo del problema y un apoyo europeo, para que la gente sepa que Europa está haciendo algo por ellos. 
Porque coincido con mi colega que ha dicho muy acertadamente que se tiene de Europa una imagen muy limitada que, a mi juicio, hay que cambiar. 
Me parece que una cosa ha quedado muy clara. 
El papel de los Estados miembros, el enfoque individual de cada Estado miembro en relación con el sector del transporte aéreo, ha terminado. 
Ya llevamos años diciéndolo a pesar de que quedan todavía algunas personas en este Parlamento que opinan que se debe mantener el enfoque nacional. 
Me parece que ya es hora de darle carpetazo y debemos optar por un planteamiento europeo de la cuestión. 
Las ayudas estatales a las compañías aéreas nacionales no tienen sentido. 
Ahora tenemos que decidir con premura si es viable prestar ayuda europea a un sector europeo- coincido con usted, señor Simpson- y en qué circunstancias. 
No obstante, no creo que el problema se solucione diciendo: de acuerdo, ellos ponen cinco millardos de dólares encima de la mesa, y nosotros ponemos cinco millardos de euros encima de la mesa. 
Creo que así no se resuelve el problema porque al mismo tiempo habrá que llevar a cabo una reestructuración. 
No hubiera tenido ningún sentido que el gobierno belga o, eventualmente, la Unión Europea hubiera inyectado más dinero en Sabena para mantenerla operativa. 
Sabena tenía que someterse a una operación de reestructuración, Sabena tenía que hacer algo y esto ha ocurrido ahora de forma dolorosa. 
Se ha esperado demasiado tiempo para hacerlo de forma racional y ahora está ocurriendo de forma salvaje. 
Es una pena, pero creo que hemos de sacar una lección de esto. 
Por otra parte, el hecho de que Sabena sea la primera compañía aérea nacional que desaparece es muy significativo. 
Estamos demasiado obsesionados con la idea de mantener las compañías aéreas nacionales y- muchos colegas lo han vuelto a decir aquí- esa época ha terminado. 
Tenemos que enfocar esto a nivel europeo y eso implica: control aéreo, medidas de seguridad y acuerdos con terceros países. 
Señora Ministra, me alegro de que usted ya haya creado una pequeña apertura, pero al mismo tiempo espero que sepa convencer a todos sus colegas, porque era ahí donde había más resistencia en el Consejo. 
Los Estados miembros no quieren ceder el control, no quieren europeizarlo y ahora estamos pagando las consecuencias. 
Los norteamericanos sí son capaces de hacer una política conjunta pero nosotros no. 
A nivel internacional usted no es la representante cuando se trata de temas relacionados con la aviación. Son los quince Estados miembros que negocian y que cierran tratos con "open skies" etcétera, etcétera y que finalmente compiten políticamente entre ellos. 
Por lo tanto, señora Presidenta del Consejo, espero que sepa convencer a sus colegas. 
Asimismo, espero que todo el mundo en este Parlamento por fin esté convencido de que hay que dar una respuesta europea a estos temas y ya no una nacional. 
Señor Presidente, creo que, efectivamente, frente a la recesión del sector aeronáutico y del transporte aéreo, necesitamos decisiones enérgicas para restablecer la confianza y ofrecer perspectivas. 
A mí, personalmente, la respuesta de la Comisión que prima la aceleración de las reestructuraciones en el transporte aéreo no me satisface. 
Soy partidario de una aproximación europea, aunque habría que discutir su contenido y la forma de hacerla. 
Restablecer la confianza.... 
Creo que la confianza pasa, en efecto, por la seguridad, y una dimensión de la seguridad en este sector, al igual que en otros, implica un know-how, unas capacidades y unas cualificaciones del personal. 
Señora Comisaria, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a la urgencia de un desarrollo del diálogo social, pero no nos contentemos únicamente con el diálogo social en un momento en el que la gente se enfrenta al problema de los despidos. 
¿Se escucha de verdad a los trabajadores de estas plantillas? 
Efectivamente, ellos también tienen observaciones, reflexiones, propuestas que hacer, y lo que acabamos de decidir sobre la consulta a los asalariados se podría quizás llevar a la práctica mucho más rápido. 
Creo que restablecer la confianza es también aprender la lección de la crisis actual y poner freno al proceso de liberalización en curso. 
Francamente, no creo que la liberalización que se ha llevado a cabo en el sector haya contribuido a su desarrollo, más bien diría que ha favorecido las dificultades. 
Restablecer la confianza es también, en un momento dado, asumir la responsabilidad de facilitar ayudas. 
Creo que las medidas específicas limitadas son insuficientes para afrontar esta crisis. 
Dado que, ciertamente, las ayudas americanas son importantes, considero que harían falta ayudas compensatorias en el transporte aéreo, condicionándolas también al mantenimiento del empleo. 
Finalmente, creo que también necesitamos abrir perspectivas. 
En mi opinión, en las perspectivas duraderas, habría que analizar cómo la Unión Europea puede trabajar junto con las autoridades públicas no en favor de las concentraciones, sino del desarrollo de la cooperación internacional entre las compañías en materia de seguridad y de gestión del tráfico aéreo. 
Señor Presidente, pienso que hay que reforzar también la cooperación entre el transporte aéreo y el ferroviario, con la integración de los aeropuertos en las redes transeuropeas. 
Señor Presidente, los ataques terroristas de septiembre han perturbado las operaciones de muchas compañías aéreas europeas, provocando pérdidas de puestos de trabajo en el sector de la aviación y una reducción del número de turistas extranjeros que llegan a Europa. 
Nosotros queremos conservar las compañías aéreas competitivas de Europa. 
Estoy de acuerdo con las propuestas fundamentales recogidas en las resoluciones consensuadas que tenemos ante nosotros hoy. 
Es importante que la Comisión elabore una serie de propuestas que haga posible que la industria europea del transporte aéreo resista la competencia derivada de las enormes ayudas que el gobierno de EE.UU. está dando a las líneas aéreas estadounidenses en este momento. 
Debemos asegurarnos de que el sector europeo de la aviación recibe un tratamiento igual que el de sus competidores estadounidenses, especialmente en lo que se refiere a los vuelos transatlánticos. 
Por ejemplo, desde la perspectiva irlandesa, Aer Lingus depende en gran medida de los viajes transatlánticos. 
Otras líneas aéreas de la UE también obtienen importantes beneficios de sus rutas transatlánticas. 
Es importante que estas líneas aéreas de la UE puedan competir con las líneas aéreas de EE.UU. que han recibido recientemente ayudas estatales de su gobierno. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señora Comisaria, me voy a referir sólo a dos aspectos para una razonable reestructuración económica y socialmente asumible del tráfico aéreo. 
Señora Presidenta, usted fue muy generosa hace un momento cuando dijo que el Consejo ha reaccionado de forma unitaria. 
Lo dudo, señora Presidenta, y quisiera advertirle vehementemente de que se ocupe de que en todos los Estados miembros- sea en las garantías a los seguros, sea en las compensaciones, sea en las eventuales ayudas a las reestructuraciones- se concedan o no las mismas subvenciones. 
No puede ser que en un Estado se subvencione una línea aérea de manera especial y en otro no, cuando ambas deben competir lealmente en un mismo mercado. 
Esto no funcionará. 
Queremos condiciones que garanticen la competencia leal entre las líneas aéreas. 
Como Presidenta del Consejo, usted debe ocuparse de ello, y usted, señora Comisaria, debe denunciar, llegado el caso, a aquellos Estados miembros, si se llega a las recusaciones, que atenten contra el mercado interno. 
En segundo lugar, señora Presidenta del Consejo, usted se ha referido con razón a que necesitamos una reestructuración. 
Probablemente habrá actores globales y algunas compañías regionales. Este proceso de decantación no puede ir vinculado al Estado miembro A o al B. Necesitamos un espacio aéreo global europeo que funcione. 
Ahora bien, señora Presidenta del Consejo, esto sólo puede funcionar si los Estados miembros ceden sus competencias sobre derechos de despegue y aterrizaje a la Comunidad y todos juntos administramos esos derechos. 
Sólo así podemos dar a nuestras compañías una oportunidad de éxito en el contexto de una competencia leal europea. 
Le pido encarecidamente que se comprometa a influir sobre los Estados miembros respecto de estos dos puntos. 
Señor Presidente, al tomar decisiones sobre la industria europea de la aviación, hemos de tener en cuenta la interdependencia de nuestra economía y de nuestras políticas, tanto en Europa como globalmente. 
El hecho es que la irlandesa Aer Lingus ya había recibido un duro golpe por el descenso de las industrias de alta tecnología que había perjudicado mucho al lucrativo mercado de los viajes de negocios de Aer Lingus porque los hombres y las mujeres de negocios sencillamente ya no cruzaban el Atlántico. 
Está claro que el 11 de septiembre prácticamente liquidó ese negocio. 
El turismo es también un gran eje de la economía de Irlanda. 
Nuestra compañía aérea es un activo importante en ese sector. 
Si permitimos que se hunda, ¿quién va a prestar servicio al sector turístico irlandés? 
Me temo que el Consejo y la Comisión están confundidos. 
Están siendo minimalistas y poco generosos en su respuesta a la crisis de la compañía aérea irlandesa. 
Así lo perciben los trabajadores de Aer Lingus y el pueblo irlandés en general. 
En Europa pagaremos el precio de esa percepción. 
Es importante que reconozcamos que la compañía de bandera de cada Estado miembro es tan importante como el himno nacional o la bandera. 
Pueden ustedes sacudir la cabeza, pero esa es la realidad. 
Hemos de tenerlo en cuenta. 
Podemos lamentarlo, pero debemos tenerlo en cuenta al abordar esta crisis. 
Finalmente, le pediría a la Comisión y al Consejo que se ocuparan de cuatro cosas. 
Es necesario responder urgentemente a la solicitud de permiso para ayudar a la compañía aérea con la compensación debida tras el 11 de septiembre que el gobierno irlandés ha dirigido a la Comisión. 
Se necesita una reforma urgente de las normas sobre competencia. 
Se necesitan urgentemente ayudas que contribuyan a que las compañías creen alianzas a escala europea y hagan posible que las compañías nacionales no sean aniquiladas. 
Por último, necesitamos propuestas firmes sobre el paquete del fondo social del que se ha hablado hoy aquí. 
El Parlamento debería debatir estas propuestas en su siguiente sesión de Estrasburgo en diciembre, no en la del próximo mes de junio. 
Señor Presidente, es verdad que en el sector del transporte aéreo, en el marco de la ley de la selva, en la salvaje política liberalista, hay fusiones, y también quiebras de compañías aéreas nacionales que han conocido épocas de un desarrollo especial. 
Un ejemplo clamoroso es la quiebra de Swissair y de Sabena y seguro que hay continuación. 
Al final van a sobrevivir en Europa, por lo menos a medio plazo, sólo dos o tres compañías grandes que se van a repartir el filete con las compañías gigantescas americanas, que ya se ocuparon de introducirse e imponerse en el mercado europeo, con la complicidad de nuestros gobiernos. 
El atentado terrorista del once de septiembre ha intensificado la crisis y ha servido de excusa para recortar la actividad y para realizar despidos masivos. 
En esta oscura situación para muchas compañías aéreas nacionales, es Europa quien da el tiro de gracia, prohibiendo las ayudas públicas, mientras que los gobiernos de los Estados Unidos dan ayudas considerables a sus gigantescas compañías. 
Seguro que esta situación va a continuar y por la concentración del capital, tendrán que pagar los trabajadores que perderán su trabajo, y los consumidores, pagando cada vez más caros los billetes. 
He aquí la razón por la cual la única solución es intensificar la lucha para anular esta política y para apartar a quienes la aplican. 
Señor Presidente, tenemos que restaurar la confianza pública en la aviación y tenemos que dejar que el mercado decida qué ocurre con las propias líneas aéreas. 
Restaurar la confianza pública significa poner orden en los controles de seguridad y mejorar la calidad del personal, la formación, los procedimientos de trabajo, los salarios y las condiciones. 
Significa, quizás, que haya un servicio de seguridad en los aeropuertos dirigido por el Estado y al que se pague debidamente. 
Eso puede crear más puestos de trabajo. 
En cuanto a las líneas aéreas y a su viabilidad financiera, no deseamos más intervención, más burocracia ni más retrasos. 
Necesitamos ayudas destinadas a aspectos concretos como los seguros y el coste de la seguridad. 
Debemos dejar que el mercado decida cuál va a ser el futuro del sector aéreo. 
Como ya se ha dicho, Sabena sólo consiguió beneficios un año de los muchos que ha existido. 
Aer Lingus, Alitalia, Air France y KLM no le van muy a la zaga. 
¿Por qué demonios debemos apoyar a Aer Lingus cuando Ryanair puede ganar dinero sin dificultad alguna, igual que Easyjet, igual que GO o igual que Buzz? 
Todas estas líneas aéreas son capaces de ganar dinero en tiempo difíciles. 
¿Por qué debemos, pues, salvar a compañías como Sabena y Aer Lingus que tienen exceso de capacidad, demasiadas rutas, demasiados pocos pasajeros y demasiado orgullo estatal? 
Tengo dos preguntas concretas que quisiera plantear a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo. 
En primer lugar, me inclino a creer que existen problemas con los slots de Sabena que se han ofrecido, en Gran Bretaña, por ejemplo, a British Midland y British European Airways. 
Pueden tenerlos durante un breve período de tiempo, pero el coordinador ha sugerido que pueden perderlos dentro de seis meses si se reforma DAT y quiere recuperar esos slots. 
Eso es inaceptable. 
Si Sabena no puede utilizar esos slots, debería permitirse que los usen otros. 
En segundo lugar, ¿qué se está haciendo para que el personal del aeropuerto de Bruselas no restrinja la circulación de esas líneas aéreas con nuevos slots mediante piquetes y retrasos en el aeropuerto? 
Es necesario que se garantice la libre circulación tanto en tierra como en aire. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, no quisiéramos que en este difícil momento las Instituciones europeas cayeran en un exceso de celo y de mercado al tiempo: por una parte, pretender un rigor absoluto en el régimen de las ayudas de Estado impidiendo cualquier intervención de apoyo a las compañías aéreas, en nombre de una liberalización en este caso ciega y sorda y por otra, el riesgo concreto de encontrarnos- actualmente contabilizamos 30.000 parados en 30 días- con 100.000 parados en 100 días en un sector poco protegido por los amortiguadores sociales. 
Desde hace dos meses venimos diciendo que después del 11 de septiembre el mundo ha cambiado y que han cambiado las categorías de la política. 
En este sentido, no quisiéramos pecar de miopes escogiendo no revisar nuestro orden de prioridades. 
En una construcción europea basada en la cohesión social, en una Europa construida sobre el valor fundamental del trabajo, ¿qué prioridad asignamos actualmente al riesgo de una avalancha incontrolada de desempleo? 
¿Acaso aún podemos pensar en rechazar la fatalidad del mercado? 
Todos somos conscientes de que esta crisis viene de antiguo, de que no depende solamente de lo que ocurrió el 11 de septiembre y de que también es producto de una excesiva segmentación del mercado. 
Sin embargo, no creemos que sea una buena solución el extremo opuesto, o sea, tener como objetivo una excesiva concentración para que al final sobrevivan sólo tres compañías de bandera: la francesa, la británica y la alemana. 
Ésta no es una hipótesis tan remota si pensamos en lo que le ha pasado a Sabena, si pensamos en la artificiosa caída del valor nominal de las acciones de muchas compañías que corren el peligro de ser vendidas a precio de saldo: un ejemplo significativo podría ser el de Alitalia. 
Por último, señor Presidente, bienvenido sea el código de conducta con las compañías de los Estados Unidos para evitar la piratería en el mercado, siempre y cuando, como han recordado otros colegas, exista la voluntad real de los Gobiernos europeos de imponer que se respeten, de lo contrario sólo se quedará en un enésimo melancólico resumen de buenas intenciones. 
Señor Presidente, la Agencia Internacional de Transporte prevé que la pérdida de empleo en la industria aeronáutica a nivel mundial como consecuencia de los atentados ascenderá a unos 200.000 puestos de trabajo. 
Asimismo, esta organización prevé unas pérdidas económicas para este año de siete millardos de dólares y que la industria tardará doce meses en recuperarse. 
A esto tenemos que enfrentarnos, señor Presidente: se trata de una crisis mundial en toda regla que tiene importantes consecuencias para Europa. 
Esto en primer lugar. 
En segundo lugar, está claro que desde hacía tiempo había grandes problemas en esta industria- lo que algunos colegas han dicho ya en intervenciones anteriores. 
Muy a mi pesar, cuando se trata de un tema de despidos masivos soy a menudo el portavoz y, créanme, siempre es algo muy triste. 
Esta vez es también una historia triste pero con alguna peculiaridad: algunos de los responsables de este drama están sentados justo enfrente, son los mismos miembros del Consejo. 
En nuestra resolución pedimos que se cree una industria aeronáutica europea, que se diseñe una política europea de transporte aéreo. 
Sin embargo, lo único que ha hecho el Consejo es impulsar una política de "national carriers" que sólo vela por los propios intereses nacionales y que tiene como consecuencia que cada uno quiera tener su propio tratado con los Estados Unidos. 
El Sr. De Rossa ha dicho que el "national carrier" es tan sagrado como el himno nacional. Bueno, si empezamos así entonces no vamos a llegar nunca a ninguna solución. 
Si decimos que cada uno va por libre, no vamos a encontrar nunca una solución europea. 
Entonces llegaríamos a un saneamiento sin piedad y ese es justo el peligro que estamos corriendo ahora. Me parece que todos estamos de acuerdo con que esto no debería ocurrir, pero para ello hemos de quitarnos la idea de encima de que ahora, en este mercado interior, podemos tener todavía "national carriers". 
Señorías, no es posible hacer una buena política social cuando el trasfondo económico se encuentra en un estado caótico y el Consejo no ha hecho nada al respecto. 
Sin embargo, la Comisión ha hecho lo que ha podido. 
Hay muchas propuestas encima de la mesa, pero el Consejo las ha rechazado todas. 
Lo primero que debería hacer el Consejo es dejar que la Comisión sea la única interlocutora con los Estados Unidos. Si no son capaces de hacer esto, es mejor que se callen cuando hablan de otras cosas. 
Señor Presidente, los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre han cambiado, sin duda, el rostro de la industria de la aviación y probablemente tendrán más consecuencias en los próximos meses. 
Yo quisiera ocuparme hoy de los efectos que están teniendo en las zonas regionales de Europa, más que en las grandes ciudades como Londres, Birmingham y París, porque éstas sobrevivirán y recibirán apoyo. 
En Irlanda del Norte observamos con atención la salida de Sabena y después la de Aer Lingus, que ofrecía un servicio de Belfast a Shannon para vuelos transatlánticos que mucha gente de Irlanda del Norte utilizaba. 
El gobierno de la República de Irlanda había dicho que deseaba una mayor cooperación con Irlanda del Norte, pero en cuanto surge el primer problema, huye. 
¡Ese es el tipo de cooperación que tenemos que aguantar nosotros los unionistas! 
Nadie puede convencerme de que algunas de las grandes compañías no hayan aprovechado esta situación para arreglar algunos de sus propios problemas. 
British Airways permaneció en Irlanda del Norte y se mantuvo al lado de su personal a pesar de las bombas y de las balas. 
¿Qué ha hecho ahora? 
¡Se ha retirado también de Irlanda del Norte! 
La condeno por ello. 
Espero, señora Comisaria, que no se le permita mantener esos slots con el fin de abrir rutas más lucrativas y que si existen otras compañías dispuestas a partir desde las regiones se les den esos slots. 
Mi opinión a este respecto es muy firme. 
No estoy a favor de conceder grandes sumas de dinero para salvar a compañías ineficaces. 
En cierta medida, el Sr. Atkins tiene razón: hay otras compañías que están ganando dinero y hay que apoyarlas. 
Quiero decir a la Comisión y al Consejo que no pueden venir aquí y darnos una charla. 
Tendrán que volver con propuestas firmes y positivas. 
Es el momento de actuar y de tener un poco de realismo. 
Si el Consejo y la Comisión no pueden hacerlo ahora, les presionaremos hasta que lo hagan. 
. (FR) Señor Presidente, sobre una controversia que acabamos de tener, le diré brevemente que, en mi opinión, aquí nadie, ni el Consejo, ni la Comisión, ni ninguno de nosotros, tiene la exclusiva de la indignación ante los problemas sociales que se le plantean hoy a cada una de la compañías, y quizás a algunas más que a otras. 
Y, por mi cargo, se lo puedo decir de buena tinta. 
Por tanto, creo que esta cuestión del drama social que sufren un cierto número de colectivos y de trabajadores del sector aéreo nos afecta evidentemente a todos. 
Pero, por otra parte, a pesar de ello y de la necesidad de reaccionar ante este problema, considero que retomar la senda del pasado recurriendo a ayudas públicas masivas es eludir u ocultar una situación que existía antes del 11 de septiembre. 
Este sector es un sector frágil, en el que el margen de beneficio ha sido extremadamente reducido en estos últimos años y, por consiguiente, más allá de esta indignación que todos sentimos ante el problema social que se plantea, creo que pensar que el mero retorno a la ayuda masiva y estructural va a aportar una respuesta a los problemas del sector es eludir un escollo que se nos presentará más tarde de forma más dramática todavía. 
En nombre del Consejo, aunque este debate no haya hecho más que empezar en su seno, creo de verdad que no va a ser fácil, y sus intervenciones dan fe de ello. 
Todos sabemos, en efecto, lo importante que es el apego nacional a las compañías. 
Y en este punto, hablo más en nombre propio que en nombre del Consejo, en dónde vamos a tener que iniciar este debate. 
Lo hemos iniciado inmediatamente, con respuesta inmediatas y puntuales en este sector. 
Sí, hay ayudas. 
Hay ayudas puntuales y segmentadas relativas a los cuatro días en que se cerró el espacio aéreo, y existe la posibilidad, sobre la base de criterios objetivos, de ir más allá. 
Ha habido ayudas en cuanto a posibilidades de cobertura de seguro. 
Hay ayudas, que no son de carácter financiero, para la cuestión de las franjas horarias, para permitir que las compañías aéreas levanten cabeza, o al menos para evitar que caigan aún más bajo. 
Ha habido respuestas. 
También creo que lo que hemos hecho en materia de seguridad es una respuesta inmediata que afecta a elementos cuya naturaleza infunde confianza a los pasajeros en el aspecto de la seguridad, que evidentemente es esencial para que el público recupere la confianza. 
Así pues, creo que las respuestas que han aportado el Consejo y la Comisión son respuestas inmediatas. 
Es cierto que los dramas sociales que presenciamos por doquier en las distintas compañías aéreas, pero también y de manera especial en Bélgica, y que requieren igualmente respuestas sociales que impliquen una consideración de estos problemas, no deben ocultar la necesidad de iniciar rápidamente en el Consejo el debate sobre una consolidación más estructural del sector. Esta es la única vía para aportar estructuralmente a este sector no sólo las respuestas sociales que necesita, sino las respuestas económicas y las respuestas que deberían garantizar que, en un futuro, no se olvide- como algunos han señalado- la necesidad de una intermodalidad, la necesidad de inscribirse, también en materia de transporte aéreo, en el contexto del transporte de corto recorrido a escala europea, el desarrollo del tren de alta velocidad y todas las alternativas que permiten también, evidentemente, aportar respuestas en el ámbito de una política de transporte común. 
Pero, verdaderamente, considero que el retorno a la ayuda pública masiva sería un paso en falso, un paso atrás, un paso que sobre todo amenazaría con generarnos más tarde dificultades aún más considerables. 
A cambio, hemos aportado respuestas segmentadas. 
También hay algunas más: está el Reglamento "Seguridad", que espero podamos culminar el 7 de diciembre. 
Espero asimismo que, en este punto, el Parlamento tenga la posibilidad de dar su opinión en este debate. 
La tarea es todavía ingente, pero realmente creo que ya es hora de iniciar este debate sobre la consolidación estructural, en paralelo a las respuestas puntuales que se han aportado, y que eran necesarias a muy corto plazo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Lucha contra la exclusión social 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, como es sabido y el reciente informe de la Comisión sobre la inclusión social confirma, la pobreza se mantiene en niveles demasiado elevados. 
Los últimos datos disponibles sobre la renta en los Estados miembros, aunque no capten toda la complejidad y multiplicidad de las dimensiones de la pobreza y la exclusión social, demuestran que en 1997 casi el 18% de la población de la Unión Europea, es decir, más de 60 millones de personas, formaban parte de hogares en los que la renta se situaba por debajo del 60% de la media de la renta nacional y que casi la mitad de esos 60 millones de personas había vivido por debajo del umbral de la pobreza relativa durante tres años consecutivos. 
Esta situación demuestra que es urgente poner en práctica una estrategia global de lucha contra la pobreza y la exclusión social y en defensa de los derechos humanos en toda su multidimensionalidad y que este programa es un instrumento que urge aplicar. 
Hace un año aprobamos aquí el informe en primera lectura sobre este programa comunitario de incentivación de la cooperación entre los Estados miembros en materia de lucha contra la exclusión social como uno de los elementos importantes de la estrategia de lucha contra la pobreza de que tanto habló el Consejo en la Cumbre de Lisboa, en marzo de 2000. 
Pero, simultáneamente, los Estados miembros contrajeron nuevos compromisos, con la formulación, en Niza, de los objetivos de lucha contra la pobreza y en Estocolmo, donde se comprometieron a promover el desarrollo sostenible y empleos de calidad y afirmaron querer contribuir así a la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social. 
Asimismo se elaboraron los planes nacionales de inclusión social que determinan un conjunto de factores que aumentan considerablemente el riesgo de pobreza y exclusión social, como el desempleo, en particular el de larga duración, la renta baja, el empleo de poca calidad, la carencia de alojamiento, la salud precaria, la inmigración, el abandono escolar temprano, la desigualdad entre los sexos, la discriminación y el racismo, la discapacidad, la vejez, las rupturas familiares, la toxicodependencia y el alcoholismo, además de la residencia en una zona afectada de desventajas múltiples. 
A veces esos factores de riesgo interactúan y se acumulan a lo largo del tiempo, con lo que resulta necesario romper el ciclo recurrente de pobreza y prevenir la pobreza intergeneracional y las nuevas formas de pobreza, incluida la infoexclusión. 
Y en ese marco el programa cobra un significado especial, como un instrumento más para luchar contra la pobreza y la exclusión social, que, como vemos, sigue avanzando. 
Por último, después de vencer la intransigencia del Consejo respecto de los aspectos que el Parlamento siempre ha considerado esenciales, en particular en la esfera del presupuesto del programa, de la participación y del apoyo financiero a las ONG, del papel del Parlamento Europeo y del fomento de planteamientos innovadores, hubo un proceso largo que comprendió una segunda lectura el 17 de mayo de este año, diversas reuniones de trabajo con la Presidencia belga y la conciliación, en la que, por fin, se logró un consenso, el 18 de septiembre. 
Del acuerdo alcanzado conviene citar los aspectos relacionados con el presupuesto y su aumento en cinco millones de euros, con lo que se sitúa ahora en 75 millones para los cinco años del programa, lo que aún es escaso, pero, dada la intransigencia del Consejo, la ausencia de acuerdo entrañaría la imposibilidad de que el programa entrara en vigor a comienzos del próximo año. 
Se consiguió también la consagración del fomento de planteamientos innovadores y el apoyo financiero a las acciones de desarrollo por parte de las ONG, que pasó de 80% a 90% en condiciones excepcionales y también es digno de subrayar que se consagró la participación de las ONG, del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones en la preparación y la materialización de la mesa redonda anual sobre la evaluación de la situación y la aplicación del programa. 
Conviene también decir que se reconoció el papel del Parlamento Europeo, en particular en el examen, en tiempo útil, del informe de síntesis para el Consejo de primavera, que la Comisión elaborará anualmente y en el que examinará la coherencia global de las políticas con la cohesión social, incluidos los avances logrados en el marco de este programa. 
Así, pues, agradezco, por último, señor Presidente, Señorías, a todos cuantos han participado y han contribuido a la materialización de esa propuesta y del consenso alcanzado en el nivel del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo quisiera expresar nuestra satisfacción porque ya estamos preparados, a nivel europeo, para aplicar por primera vez, una estrategia comunitaria para luchar contra la exclusión social. 
Los retos a los que tenemos que hacer frente son urgentes. 
No es inaceptable sólo el hecho de que tantos millones de ciudadanos en la Unión Europea y en los países candidatos a la adhesión vivan por debajo del nivel de la pobreza, sino también que la sociedad del conocimiento que estamos creando y la diversidad cultural que caracteriza cada vez más a la sociedad europea encierren nuevos peligros de exclusión de los ciudadanos. 
Consideramos especialmente importante que este programa comunitario nos dé la oportunidad de elaborar nuestras políticas basándonos en datos científicos actuales, estudios estadísticos, y en el intercambio de buenas prácticas también con países de fuera de la Unión Europea, como los del Espacio Económico Europeo. 
Esto tiene especial importancia para los países miembros en los que no es tradición aplicar estrategias basadas en la investigación social, y son estos los países que se enfrentan hoy en día a los problemas sociales más graves. 
Tal como acaba de decir la ponente, Sra. Figueiredo, el Parlamento Europeo apuntaba más alto en relación con este programa comunitario. 
A pesar de todo, apoya el proyecto común, fruto de la conciliación con el Consejo, y expresa su satisfacción por el papel constructivo de la Comisión Europea. 
Los puntos principales de esta conciliación los ha referido la Sra. ponente. 
Quisiéramos subrayar especialmente los enfoques innovadores que la Comisión Europea se ha comprometido a fomentar para que participen en la sociedad los ciudadanos que hallan dificultades específicas. 
El camino que tenemos que recorrer hasta el año 2010, límite temporal y político impuesto en Lisboa, es largo y difícil. 
Consideramos indispensable que el Consejo Europeo de Laeken selle con voluntad decisiva este esfuerzo. 
Necesitamos esta decisión, especialmente en esta época en que, como se ha subrayado en el anterior debate, en Europa estamos notando cada vez más las consecuencias sociales y económicas de la crisis provocada por el atentado del 11 de septiembre y, paralelamente, debemos movilizar también a los Estados miembros, para que fomenten un diálogo público e incluyan la lucha contra la exclusión social en todas sus políticas. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la ponente por haber trabajado con tanta seriedad y dedicación y agradecer también el trabajo que ha realizado nuestra propia comisión, como acaba de señalar el Sr. Rocard. 
Este programa de acción constituye un importante paso adelante para la Unión Europea. 
Forma parte del reconocimiento del enorme problema de exclusión social, que no es sólo consecuencia de la pobreza, aunque está, por supuesto, vinculado a ella. 
Algunos de esos vínculos se exponen en el excelente informe de la Sra. Lynne sobre el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, que vamos a debatir después, y en el informe del Sr. Nobilia donde se reconocen los problemas a los que se enfrentan las personas mayores o con discapacidad a la hora ejercer, por ejemplo, su derecho de libre circulación porque las prestaciones por incapacidad no se incluyen en la coordinación de los sistemas de seguridad social. 
En los debates sobre este programa de acción, el Parlamento ha insistido en la necesidad de que la sociedad civil participe en el propio programa y en su evaluación. 
Esta participación es esencial. 
Es evidente que las políticas de arriba abajo, y la esperanza de que el crecimiento económico general vencería de algún modo la pobreza y sacaría a los pobres de esa situación, no han funcionado. 
Por tanto, esperamos que la investigación y los programas financiados con este modesto aumento de dinero, de alcance limitado como acaba de decir el Sr. Rocard, no se concentren sólo en las políticas sino también en la formulación de las políticas y en las decisiones sobre financiación, lo cual podría, en sí mismo, constituir una dimensión innovadora. 
Hace poco asistí a una conferencia de un gobierno local en la que se analizaban los planes nacionales de inclusión. 
A los oradores, que representaban a organizaciones de grupos que sufren con frecuencia la exclusión social- pobres, personas con discapacidad o pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, etc. -, se les preguntó si preferirían la aplicación de políticas que habían funcionado en otros lugares o bien un programa completo de verdadera consulta, aunque no tuvieran lo que querían. 
La respuesta, sin excepción, fue que querían ser consultados porque eso suponía respeto a su experiencia y a sus opiniones. 
Tengo también la esperanza de que las actividades financiadas al amparo de este programa no se concentren sólo en el empleo como respuesta a la exclusión. 
Ésta no es una solución si el trabajo está mal pagado y supone explotación. 
Yo, como muchos otros, estoy deseando leer y evaluar los resultados de este programa y espero que supongan un verdadero avance en la lucha contra la exclusión social. 
Señor Presidente, como la Sra. ponente, también nosotros saludamos este plan de acción contra la exclusión social. 
Creemos que se han conseguido cosas- como siempre, en los procesos de conciliación no se consigue todo lo que se quiere- y, aunque el presupuesto sigue siendo bajo, se ha logrado aumentar también el presupuesto de las ONG y que el papel del Parlamento Europeo sea muy importante. 
Creo que en el documento figuran palabras preciosas: se recuerda el artículo 2- que pide un elevado nivel de empleo y lucha contra la pobreza- y se recuerda que el Consejo considera inaceptables los niveles de pobreza que aún hay en la Unión Europea; pero corremos el riesgo de que aplicar este plan de acción- cuya puesta en práctica el próximo año saludamos- sea como poner una tirita en una herida mientras, por otro lado, dejamos que ésta se desangre. 
En el debate anterior se ha hablado de las virtudes del mercado para sostener las compañías aéreas, pero se habla menos de los 12 000 empleos de Sabena. 
Podemos correr el riesgo de perder mucha sangre mientras tapamos con una tirita la herida. 
Pero, de todos modos, señor Presidente, sea bienvenido este plan contra la exclusión social. 
Señor Presidente, quisiera aplaudir el resultado final del proceso de conciliación y felicitar, de forma especial, a la Sra. Figueiredo que, gracias a una labor muy meticulosa y a la cooperación acertada de todas las partes, finalmente ha conseguido que tengamos este instrumento mucho antes de lo que esperábamos. 
Señor Presidente, los ponentes han referido con vehemencia la incapacidad y las limitadas posibilidades de este instrumento y así son las cosas. 
Sin embargo, debemos comenzar partiendo de la base de que estamos hablando de una parte del hacer político que no es competencia europea. 
No tenemos función de dirección política; pero por primera vez hay una decisión común de cooperación entre los Estados miembros. 
En el marco, pues, de esta decisión común, han sucedido tres cosas: Primera, se presentan por primera vez planes nacionales de acción contra la exclusión y la pobreza. 
Segunda, por primera vez la Comisión de Protección Social y la Comisión Europea colaboramos para llegar a marcos comunes de política. 
Les recuerdo que ni siquiera existe definición común de la palabra "pobreza" en la Unión Europea. 
Tercera es este programa, que es un primer instrumento, pero un paso importante. 
Es significativo el hecho de que en el proceso de conciliación, primero, haya habido un aumento de su presupuesto, gracias a la presión y a la intervención tan importante del parlamento Europeo y, segundo, que hayamos logrado, la posición común de la Comisión y del Parlamento Europeo sobre el 90% de la participación en organizaciones que realmente no gozan de recursos propios. 
¿Qué es lo que hace este instrumento? 
Voy a ayudarme de siete puntos para decir cuáles son sus elementos básicos: primero, apoya y ayuda a las estructuras en los Estados miembros a recopilar datos y a analizar e investigar sobre la situación en todos los países miembros; segundo, por primera vez, ayuda a la cooperación para desarrollar índices sociales comunes; tercero ayuda a los procesos de seguimiento y materialización de los programas de los planes nacionales de acción para el empleo; cuarto, ayuda al intercambio de prácticas correctas y de programas; quinto, implica a todas las instituciones, administración local, ONG, gobiernos, fundaciones, universidades; sexto, implica especialmente, e insistimos en ello, a las instituciones de las personas víctimas de la pobreza y de la exclusión y, séptimo, da la posibilidad de sensibilizar a la opinión pública sobre el grave problema de la pobreza, que no se soluciona simplemente con la intervención de los gobiernos y con los programas europeos, sino con la movilización de toda la sociedad. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Comunicación de la Presidenta 
Señora Presidenta, ¿cuándo se va a debatir mi informe- el informe Lynne sobre 2003, Año Europeo de las Personas con Discapacidad? 
¿Ahora, va a ser aproximadamente a las 15.30 horas? 
Hay un intérprete de lengua de signos que llega ahora para el debate a las 17.30 horas porque todo se ha cambiado tanto que no sabemos cuándo se va a debatir este informe. 
Hay entre el público asistente personas sordas y tenemos al intérprete de lengua de signos. 
Por tanto, ¿podemos, por favor, ceñirnos a algún tipo de horario? 
Señora Lynne, hace usted bien informándome de esto. 
Creo que podemos mantener sin problemas su informe a la hora que estaba prevista, a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, entendemos los motivos por los que los Sres. Comisarios Lamy y Fischler no pueden estar con nosotros esta tarde. 
¿Podría usted confirmar, no obstante, que ambos Comisarios van a tener la oportunidad de informarnos sobre las importantes negociaciones de Doha y sobre si se aceptaron los puntos de vista de la UE? 
Por supuesto, señora McNally, con toda seguridad, celebraremos este debate con la Comisión en diciembre, pero efectivamente no podemos reprocharle a los comisarios afectados el que no hayan podido volver a tiempo. 
Señora Presidenta, una intervención muy breve, sólo para una aclaración. 
Ayer no pude participar en la votación del informe Caudron y, por tanto, no reparé en un error que quisiera señalar a sus Señorías. 
Por un error de los servicios de sesión, una propuesta de enmienda que habíamos presentado al informe Caudron sobre el programa de investigación fue incluida por equivocación en el informe Euratom. 
Es la propuesta de enmienda nº 20. 
No pretendo insistir en este asunto, porque había otras enmiendas de otros diputados que versaban sobre el mismo asunto, pero quería formular esta observación, pues tal vez extrañara que la inserción de la enmienda en el marco de Euratom careciera del menor sentido. 
Señor Ribeiro e Castro, tomamos nota gustosamente, y vamos a hacer la corrección necesaria. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Antes de que empezáramos a votar, estaba en el bar de diputados. 
Durante aproximadamente 15 minutos, nadie ha venido a buscarla. 
Luego se ha acercado un hombre y le he preguntado si la bolsa era suya. 
Le he dicho que, dada la situación en cuanto a seguridad, era aconsejable permanecer junto al equipaje y que, además, para estar en el bar de diputados había que ser invitado por un diputado. 
Él se ha mostrado muy arrogante y molesto. 
Ha cogido la bolsa y se ha marchado. 
Ha dicho que conocía a la Sra. Muscardini. 
Entonces ha llegado ella al bar y le he preguntado si conocía al caballero; le he dicho que debido a los problemas de seguridad, le había informado amablemente de la situación. 
Me gustaría decir a esta Asamblea que como parlamentarios también tenemos una responsabilidad. 
Hemos estado pidiendo que aumenten las medidas de seguridad y todos nosotros debemos, por tanto, hacernos responsables de las personas que traemos aquí o que permitimos entrar en nuestro nombre. 
Sólo quisiera pedirle, señora Presidenta, que recordara a la Asamblea nuestras responsabilidades en cuanto a seguridad en el futuro. 
La felicito, señora Foster, por haber estado tan alerta, sobre todo en un momento tan oportuno. 
Votaciones 
. (DA) Señora Presidenta, me gustaría dejar claro a mis compañeros en este Parlamento que si se aprueba la enmienda 9 presentada por el Grupo Liberal, la cuestión será remitida a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Éste será el modo correcto de obrar ya que nos dará más tiempo para examinar las consecuencias jurídicas de esta propuesta. 
Recibí ayer una respuesta del Consejo en la que se hace constar que éste no se pronunciará sobre la validez jurídica de la propuesta mientras la propuesta esté a debate en el Consejo. 
Pienso sencillamente que sería una equivocación que procediéramos a la votación en este Parlamento antes de que se nos facilite tal valoración jurídica. 
La respuesta del Consejo me parece completamente inaceptable. 
Pido a mis colegas que respalden la enmienda 9 para que podamos tener una nueva tramitación en la comisión. 
Señora Riis-Jørgensen, le doy las gracias por haber explicado muy claramente el alcance de esta enmienda, que someto de inmediato a votación nominal. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0352/2001) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión Económica y Monetaria, sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 92/79/CEE, la Directiva 92/80/CEE y la Directiva 95/59/CE en lo relativo a la estructura y a los tipos de los impuestos especiales aplicables a los tabacos manufacturados (COM (2001) 133- C5-0139/2001- 2001/0063 (CNS)) 
Tras el rechazo de la propuesta de la Comisión 
Señora Presidenta, en este momento quisiera decirle tanto a usted como a la Comisión, que creo que el artículo 68 del Reglamento está en vigor y que, por supuesto, debe darle la palabra a la Sra. Comisaria y preguntarle si la Comisión retira su propuesta. 
Este es el primer paso. 
Sí, este es el motivo por el cual le cedía la palabra a la Comisión. 
Le doy las gracias, señor ponente, y creo que el Comisario Bolkestein desea intervenir. 
. (EN) Señora Presidenta, entiendo que el informe del Sr. Katiforis ha sido aceptado. 
Eso significa que se rechaza la propuesta de la Comisión. 
Me gustaría decir en primer lugar que la Comisión lamenta mucho el resultado de esta votación, en especial, porque la propuesta de la Comisión es precisamente lo que el Parlamento había pedido en 1996. 
Se trata de una situación poco corriente: el Parlamento pide algo a la Comisión; la Comisión hace lo que se le pide y el Parlamento rechaza lo que la Comisión ha hecho. 
No obstante, informaré a la Comisión de este resultado lamentable la semana que viene en el curso de su próxima reunión y hablaré con mis colegas y con el Presidente Prodi sobre las medidas que deben adoptarse ahora en relación con las normas del Tratado, las cuales son perfectamente claras. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, quisiere referirme brevemente a ese punto. 
En primer lugar, la propuesta de la Comisión estaba equivocada, pero todavía importa más, señor Comisario, el hecho de que se hayan celebrado elecciones entre tanto, lo cual debería ser tomado en por cuenta la Comisión. 
No podemos seguir comentando esta cuestión durante más tiempo. 
Señora Presidenta, es decepcionante que el Consejo haya querido dirigir la opinión del Parlamento con un acuerdo político y no haya tenido la amabilidad de dejar primero que el Parlamento se pronuncie. 
Valga esto como breve respuesta a cuanto ha dicho el Sr. Bolkestein. 
Pero quisiera decirle que en la base del artículo 68 del Reglamento, la respuesta del Sr. Bolkestein es incompleta. 
El reglamento es claro. 
Hemos preguntado a la Comisión si retirará su propuesta. 
El Sr. Bolkestein no nos ha dicho si la va a retirar. 
Nos ha dicho que se pondrá de acuerdo con sus colegas sobre lo que va a hacer. 
En este caso, saco la conclusión de que la Comisión se niega a retirar su propuesta. 
Por consiguiente, debemos avanzar en el tercer apartado del artículo, el cual prevé que debe enviar de nuevo el tema a la comisión competente, sin que votemos nosotros sobre el proyecto de resolución legislativa. 
Esto es lo que le propongo que hagamos. 
Exactamente, señor Katiforis, creo que así es como debemos ver las cosas. 
Señora Presidenta, el Sr. Katiforis tiene razón, pero si los precedentes en esta Asamblea es algo a lo que hay que atenerse, ahora que el Parlamento ha realizado una propuesta, dentro de cinco años la Comisión presentará una idea que nosotros volveremos a rechazar. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Informe (A5-0395/2001) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo destinado a promover la reconversión de los buques y de los pescadores que, hasta 1999, dependían del Acuerdo de Pesca con Marruecos (COM (2001) 384- C5-0407/2001- 2001/0163 (CNS)) 
Antes de que se inicie la votación 
Presidenta de la Comisión de Presupuestos. (EN) Señora Presidenta, sería una enmienda oral consistente en un nuevo Considerando 12. 
Afectaría también a la propuesta de resolución legislativa y diría lo siguiente: " La propuesta no se ha previsto desde el punto de vista financiero. 
La parte financiera de la propuesta debería cubrirse mediante recursos adicionales. " 
. Señora Presidenta, como ponente de este informe quiero decir dos cosas: la primera, que esta misma enmienda que presenta oralmente mi colega el Sr. Wynn ha sido rechazada en votación en la Comisión de Pesca el día que se votó mi informe. 
La segunda, que no me opongo a que esta enmienda se presente y que sea esta Cámara la que decida acerca del contenido de la misma. 
. (EN) Señora Presidenta, ¿está claro que la votación se refiere sólo a la parte legislativa de la propuesta y no a la parte presupuestaria? 
Vamos a pronunciarnos sobre la enmienda oral que el Sr. Wynn acaba de enunciar, la cual, por descontado, tiene implicaciones financieras, como supongo que todo el mundo habrá visto. 
Hay párrafos enteros del texto que son distintos. 
Parece como si el traductor hubiese traducido otro texto. 
Pido por favor, que se controle y, de paso, quisiera decir que también en otros casos hemos visto algunos errores en las traducciones al griego. 
Si supiese griego, se daría cuenta de lo que voy a decir ahora. 
En un tema relacionado con la tuberculosis y la malaria, estas enfermedades se tradujeron al griego como tuberculosis y malaria y no con las palabras griegas correspondientes. 
Lo siento muchísimo, señor Alyssandrakis. 
Sólo me cabe comprometerme a que las versiones lingüísticas sean controladas y verificadas muy cuidadosamente. 
Me confirman que así será, y no solamente para la versión griega, ya que también hay otras versiones afectadas por estos errores. 
Por tanto, haremos lo posible para que todo sea efectivamente rectificado. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0356/2001) de la Sra. Schörling, en nombre del la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Blanco de la Comisión "Estrategia para la futura política en el ámbito de las sustancias químicas" (COM (2001) 88- C5-0258/2001- 2001/2118 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, me gustaría pedirle que examine cuánto ha costado esta votación a los contribuyentes europeos. 
También me gustaría que usted consiguiera dinero para un curso en el que los miembros de la comisión aprendan a trabajar juntos. 
Resulta sencillamente escandaloso que debamos estar votando durante un hora algo que deberían haber aclarado en la comisión. 
Ahora estos puñeteros dentro de poco deben reunirse. 
¡Esto no puede continuar! 
Señor Blak, creo que, a partir de ese momento, deberíamos contabilizar el coste de todas las votaciones. 
Informe (A5-0341/2001) de la Sra. Flemming, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social: tarificación y gestión duradera de los recursos hidráulicos (COM (2000) 477- C5-0634/2000- 2000/2298 (COS)) 
Antes de la votación sobre la propuesta de resolución en su conjunto 
Señora Presidenta, lamento enormemente tener que recomendar a mi Grupo que no voten mi informe en la votación final, pues ni mi Grupo ni yo pensamos que sea leal tratar un problema nacional en el Parlamento Europeo. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Señora Presidenta, sólo quería seguir con la cuestión de orden anterior y preguntar cuándo vamos a poder debatir las propuestas del informe del Sr. Corbett- que, según creo, están bloqueadas en la Comisión de Asuntos Constitucionales- para que pueda reformarse este procedimiento ridículo, con seis páginas de enmiendas en el pleno sobre un informe. 
Seremos el hazmerreír si no hacemos la reforma y ponemos en orden esta Asamblea. 
Informe (A5-0323/2001) de la Sra. Corbey, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la aplicación de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y a los residuos de los envases (2000/2319 (INI)) 
FR (El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0336/2001) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre un partenariado global y una estrategia común para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (2000/2249 (INI)) 
Antes de iniciarse la votación 
Señora Presidenta, quisiera decir que en el orden del día figura: votación de 12.00 a 13.00 horas, reanudación a las 18.30 horas. 
Creo que deberíamos atenernos al orden del día. 
Les advierto, queridos colegas, que ayer nos extralimitamos sobre los horarios previstos, y que, por tanto, esta reflexión habría sido igualmente válida. 
En consecuencia, voy a consultar a la Asamblea: ¿Quién quiere continuar? 
(La Asamblea decide continuar con las votaciones) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0704/2001) , del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las detenciones arbitrarias y la situación política en Laos 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre las negociaciones en el marco del Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas tras los recientes ataques con ántrax 
Antes de la votación sobre el párrafo 2 
Para este párrafo 2, dadas las incertidumbres existentes sobre la postura concreta del Presidente de los Estados Unidos, propongo corregir la segunda parte mencionando "including the search of effective procedures" en lugar de "including the establishment". 
Señora Presidenta, hay una breve enmienda oral que ha sido aceptada por todos los firmantes de esta resolución común y que consiste en lo siguiente: en el párrafo 2, después de la palabra "terrorismo", una nueva frase que diga: "exige que los gobiernos nacionales asuman la responsabilidad de los costes de seguridad adicionales." 
Si no hay ninguna objeción a esta enmienda oral, la propuesta de resolución que someto a votación incluye la enmienda oral que la Sra. Foster acaba de explicitar. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, ya ha presidido usted más de 358 votaciones separadas. 
Espero que los colegas estén de acuerdo en que esto subraya la necesidad de reformar nuestro Reglamento. 
Señora Presidenta, deduzco del anuncio que el próximo informe es el informe Bouwman. 
¿Significa esto que no habrá un debate sobre la OMC? 
Eso será en diciembre, señor Rübig, porque, como he dicho antes, el Sr. Lamy y el Sr. Fischler no podrán unirse a nosotros a tiempo. 
Me temo que no puedo estar de acuerdo con la postura del Sr. Corbett sobre las votaciones en esta sesión plenaria. 
Hay muchas comisiones en este Parlamento en las que no existe representación de todos los Estados miembros. 
Por tanto, nos encontraremos con que esas personas se ven privadas de su derecho al voto y eso se va a convertir en un problema mayor a medida que la Unión Europea se amplíe. 
Debemos ofrecer la oportunidad de que diputados de todos y cada uno de los Estados miembros puedan votar sobre estos informes y sobre estas importantes enmiendas. 
. 
(DA) El Grupo EDD ha votado en contra de esta recomendación, puesto que la puesta en práctica de la recomendación significaría que ámbitos políticos vitales y fundamentales- la regulación penal y policial de nuestra vida diaria- serían arrebatados finalmente de manos de los países miembros y traspasados a la UE. 
La recomendación es una demostración retórica absurda de la falta de conexión de la mayoría del Parlamento con la realidad- en un doble sentido: en primer lugar, resulta- incluso entonces- inimaginable políticamente que los gobiernos de los países miembros quieran aceptar una aprobación que posibilite un Código Penal comunitario y la creación de una policía federal. 
En segundo lugar, la aprobación se encuentra desfasada con respecto a la realidad social que dice que el sueño del Parlamento de un estado federal europeo se revelará como una pesadilla. 
No existe una, sino quince culturas y sistemas judiciales diferentes en la UE. 
Un Código Penal comunitario y una policía comunitaria mutilarán en el mejor de los casos las tradiciones judiciales de los países miembros y en el peor de los casos fortalecerán un sistema centralista sin control democrático- y sin solución a los problemas a los que los países miembros se enfrentan. 
El núcleo de la cooperación europea debe ser la diversidad y el respecto a los sistemas judiciales de los demás países. 
Informe Figueiredo (A5-0372/2001) 
Señora Presidenta, el informe Figueiredo sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación para luchar contra la exclusión social ha contado con mi voto favorable. 
Debo decir que en Italia el Gobierno de centro, aliado con los partidos socialistas europeos, aumentó mucho las pensiones mínimas italianas al pasar de 382 a 490 euros al mes y que ahora el Gobierno de centroderecha del Sr. Berlusconi las ha aumentado de 382 a 490 euros para todos aquellos que tienen más de 70 años de edad y ha ampliado el número de beneficiarios. 
Espero y sugiero a los otros 14 Estados de la Unión Europea y a los 12 países candidatos que sigan este ejemplo no solo en beneficio de las personas mayores y jubiladas, sino también de aquellas que carecen de una pensión porque a todas las edades se tiene derecho a vivir. 
Señor Presidente, he votado este informe y quisiera aprovechar esta ocasión para decir hasta qué punto es lamentable que el Parlamento Europeo y las instituciones europeas no sean aceptados por los electores, los ciudadanos de la Unión Europea, porque nosotros no seamos capaces de reaccionar a tiempo y adecuadamente a los problemas que se plantean. 
La semana pasada sucedió en relación al transporte de animales, ahora respecto de las transacciones transfronterizas. 
Durante años los ciudadanos han estado quejándose, han asumido perjuicios y ahora resulta que estamos en una situación en la que vamos a remolque. 
Ojalá se aplique inmediatamente la iniciativa de la Sra. Peijs. 
En su momento, cuando la introducción del euro, le informé al Comisario competente, el Sr. Monti, de este tema y le pedí a la Comisión que se ocupase de ello lo antes posible. 
Han tardado varios años, lo cual es lamentable por los muchos perjuicios que ha ocasionado. 
Creo que deberíamos, por subrayarlo una vez más, estar más cerca de los ciudadanos y escuchar mejor sus problemas para así poder reaccionar adecuadamente. 
Quisiera añadir que había previsto una explicación de voto sobre el informe Flemming. Naturalmente, ahora no es necesaria. 
. (FR) Hemos votado en contra de la propuesta de reglamento sobre los pagos transfronterizos en euros, que quiere obligar a los bancos a no imputarles ningún gasto, dando a entender erróneamente que son gratuitos. 
Este deseo absurdo, motivado únicamente por la voluntad de que la gente crea que el euro, por si mismo, elimina todas estas comisiones de los pagos transfronterizos, amenaza con producir efectos perversos de todo tipo que pueden costarnos caro. 
Además, esta propuesta es jurídicamente defectuosa. 
Se fundamenta en efecto en el artículo 95-1 TCE, relativo a la implantación del mercado interior. 
Por tanto, debería aplicarse de forma idéntica a los quince miembros de la Unión. 
Sin embargo, no es el caso, ya que tres miembros de la Unión no pertenecen a la zona euro. 
En estas condiciones, sin duda habría sido más adecuado darle al reglamento la base legal del artículo 123-4 TCE (última frase) , que se refiere a las medidas a adoptar para la introducción del euro, y que por tanto sólo se aplica a los países que participan en la moneda única. 
Pero el artículo 123-4 requiere la unanimidad de los votos en el Consejo, y el artículo 95 sólo la mayoría cualificada. 
Sin duda, este es el dato que ha inclinado la balanza, con el fin de eliminar las reticencias de ciertos países. 
Sin embargo, no deja de ser cierto que es difícil imaginar cuál será la situación jurídica concreta en los países que no son miembros de la zona euro, que se verán obligados a dar un trato privilegiado a los giros transfronterizos realizados en una moneda que no será la suya. 
A este extraño fenómeno viene a sumarse, en el reglamento, la ausencia de artículos que se refieran a las eventuales sanciones aplicables a las entidades bancarias recalcitrantes... 
Esto es evidente, puesto que la Comunidad no tiene competencia alguna en este campo. 
El Parlamento Europeo ha querido llenar este vacío votando a favor de una enmienda que invita a los Estados miembros a definir y a adoptar sanciones "disuasorias", pero este tipo de exhortaciones no tienen ningún efecto jurídico. 
. (EN) Sólo quedan 46 días para que los billetes y monedas de euro circulen por los doce países que participan en este nuevo régimen monetario del euro. 
La desaparición de las monedas nacionales y la introducción de una moneda única europea no es una tarea fácil. 
Sólo en los doce países de la zona euro viven más de 290 millones de personas. 
Sin embargo, yo no creo que los gobiernos de la UE hayan sido muy activos a la hora de poner en marcha amplias campañas de información acerca de los cambios prácticos que se van a producir próximamente. 
Es muy importante que tanto las pequeñas como las grandes empresas se pongan en contacto con sus bancos y calculen la cantidad de monedas y billetes que van a necesitar para llevar a cabo sus negocios a partir del próximo 1 de enero. 
Las encuestas realizadas en la UE han mostrado que los bancos confían en que los cajeros automáticos dispongan de la cantidad necesaria de los nuevos billetes de euros. 
El Banco Central Europeo está convencido de que la cantidad requerida de nuevos billetes de euros estará repartida por las instituciones financieras de los países que no están en la zona euro. 
Yo creo que el plazo de cinco semanas para realizar la transición tiene una duración correcta. 
Sería demasiado pedir a las pequeñas empresas europeas que operaran con dos monedas diferentes durante el plazo originalmente previsto de seis meses. 
Acojo favorablemente el hecho de que las diversas asociaciones de consumidores europeas se mantengan alerta durante la fase de transición para que estén protegidos los intereses de los consumidores durante ese período de sustitución de las monedas por el euro. 
Yo, por supuesto, apoyo la necesidad de establecer medidas que reduzcan los costes entre los pagos internos y transnacionales. 
Los consumidores tienen sólidos argumentos para cambiar el sistema vigente en la actualidad. 
Debemos reforzar la confianza en las estructuras de la nueva moneda euro. 
No obstante, esta propuesta de reglamento que tenemos ante nosotros hoy no discrimina entre los sistemas de pago eficaces e ineficaces. 
Este reglamento no aborda adecuadamente la relación entre el euro y las demás monedas de los Estados miembros que no participan en el euro. 
Creo que es justo decir que el euro tiende a fomentar la estabilidad económica. 
Pienso que ha habido claras pruebas desde los trágicos ataques terroristas que se produjeron en Estados Unidos el pasado mes de septiembre. 
No queremos dar a quienes especulan con monedas internacionales la oportunidad de contraponer una moneda de un Estado europeo a otra. 
Esto sólo produciría mayores devaluaciones del euro, que es exactamente lo que ocurrió en el otoño de 1992. 
El euro es bueno para las empresas europeas. Reduce los costes de exportación. 
Es bueno para los viajeros europeos y contribuye a la estabilidad económica de la Unión Europea a medio y largo plazo. 
. (FR) He votado a favor del informe de la Sra. Peijs, y quiero subrayar la calidad de la labor realizada por nuestro ponente. 
Me alegro de que nuestra Asamblea se pronuncie, por fin, sobre un asunto tan importante. 
Por lo visto, la paciencia de los consumidores europeos ha llegado al límite. 
Hemos de constatar que las entidades bancarias han ido demasiado lejos multiplicando promesas incumplidas, respaldadas por el convencimiento de que Bruselas no se atrevería a limitar la libre fijación de las tarifas. 
Sin embargo, la Comisión ha estado negociando con ellas desde hace once años... 
Los bancos siempre se han negado a realizar las inversiones necesarias para que los giros transfronterizos sean baratos. Y eso, a pesar de que el sistema actual les permite ahorrarse unas cantidades nada despreciables. 
El consumidor no es el único que soporta estos gastos bancarios inducidos: las PYME que se dedican a la exportación sufren particularmente esta situación, ya que su competitividad se ve gravada sin que exista un motivo claro para ello. 
Esta situación, que ya es incomprensible para las PYME y para los consumidores desde la introducción del euro, el 1 de enero de 1999, amenaza con volverse explosiva con el tránsito al euro fiduciario, dentro de menos de dos meses. 
¿Cómo explicar que la zona euro sólo constituye un espacio único de pago para los billetes y las monedas, mientras que la utilización de todos los demás medios de pago se desincentiva por la existencia de fuertes sangrías bancarias? 
¿Cómo justificar que una transferencia de Lille a Bastia sea más barata que la misma operación entre Lille y Bruselas? 
Queda el temor de que los bancos empleen su libertad en la fijación de las tarifas para subir sus precios internos y recuperar así lo que dejen de ganar en la zona euro. 
Sin embargo, como ha dicho el Comisario Bolkestein, "Los bancos saben perfectamente que la opinión pública tiene expectativas legítimas." 
Esperemos que, efectivamente, lo sepan. 
La Unión Europea está compuesta de estados soberanos, cada uno con su escaño en las Naciones Unidas y, hasta ahora, cada uno con su propia moneda. 
Los bancos forman parte de los circuitos financieros nacionales y cobran fuertes comisiones sobre los pagos y reintegros transfronterizos. 
A partir de enero de 2002, once Estados miembros van a hacer como si fueran un único país en el aspecto financiero. 
Los bancos son partidarios mientras que esto signifique un aumento de sus actividades, pero no si se ven obligados a prescindir de los ingresos adicionales de sus clientes. 
Parece atractivo exigir que se igualen los costes de las transacciones nacionales y transfronterizas en euros. 
Este fue desde hace tiempo un deseo del Comisario Bolkestein y es ahora la propuesta de la Sra. Peijs. 
Lo apoyo siempre y cuando esto signifique que los bancos prescindan de sus comisiones en concepto de pagos transfronterizos. 
No obstante, el considerando 5 bis no impide que se cobren nuevas comisiones sobre las transacciones nacionales como compensación por la pérdida de ingresos procedentes de los pagos transfronterizos. 
En lugar de gravar fuertemente una pequeña parte de las transacciones, sobre todo las comerciales, ahora todas se verán gravadas ligeramente. 
Esto significa que la gran mayoría de los clientes se tendrán que enfrentar a un aumento de gastos. 
Como esto va en detrimento de los titulares corrientes de las cuentas bancarias, voto en contra. 
Informe Chichester (A5-0363/2001) 
Señor Presidente, el texto presentado por el Sr. Chichester se refiere al abastecimiento energético y contiene elementos favorables a la energía nuclear. 
En múltiples ocasiones he manifestado que tanto el Partido de los Pensionistas como yo estamos a favor del uso de la energía nuclear. 
En particular quiero recalcar que soy partidario de utilizar al máximo las centrales nucleares de los países candidatos. 
En mi calidad de miembro de la comisión interparlamentaria mixta Bulgaria/UE, he visitado recientemente la central de Bohunice en Eslovaquia y la central de Kozloduy en Bulgaria. 
Estos países han de poder utilizar la energía de origen nuclear si los reactores cumplen determinados requisitos de seguridad, ya que no disponen de medios económicos para soportar más costes adicionales inútiles para sustituir un tipo de energía por otro. 
Cuando las centrales nucleares son seguras, se debe permitir su funcionamiento, de manera especial a los países candidatos. 
Señor Presidente, celebro la presentación del Libro Verde de la Comisión sobre una estrategia para garantizar el aprovisionamiento energético. 
Lamentablemente debo constatar una vez más que se presta demasiado poca atención a las fuentes de energía renovable. 
No podremos alcanzar el objetivo acordado en Kyoto hasta que no demos preferencia a las energías renovables. 
Por ello, estoy muy decepcionado por la aprobación del informe Chichester, pues en él sigue primando la energía nuclear. 
El continuo aumento del consumo de energía junto con la reducción de las fuentes y de las reservas de combustibles fósiles, pone de relieve el abastecimiento energético en una cuestión especialmente importante de las políticas interior y exterior de la Unión Europea. 
El informe Chichester, aunque acentúa la necesidad de ahorrar energía, de aumentar el rendimiento energético, de desarrollar sistemas de transporte más eficaces, deposita la esperanza de solucionar el problema, por un lado, en la liberalización del mercado y de la competencia, y por otro, en el control de los países abastecedores. 
Este planteamiento viene bien a los intereses imperialistas más generales. 
Pero perjudica a los trabajadores y, más generalmente, a los ciudadanos, tanto de los países abastecedores, como de los consumidores; los trabajadores son sacrificados en aras del beneficio de las empresas multinacionales que crean y explotan crisis, que provocan guerras para controlar las regiones del planeta interesantes desde el punto de vista energético. 
La política energética en cuanto a la utilización de las fuentes de energía a escala local obedece a las mismas órdenes, y sus consecuencias son negativas para los intereses populares, para el desarrollo, para garantizar una energía de calidad para toda la población, segura y aceptable en sentido medioambiental. 
El problema se agudiza aún más con la liberación del mercado energético y con las privatizaciones de las unidades de producción y de las redes de transporte. 
Consideramos que el sector estratégico de la energía (abastecimiento de materias primas, producción, redes de transporte) debe pertenecer al sector público y obedecer a planificaciones nacionales, que se readaptarán periódicamente teniendo en cuenta las necesidades nacionales y las condiciones internacionales. 
La política energética debe garantizar un suministro barato de energía para las necesidades de la población; debe garantizar la seguridad de los trabajadores y de los residentes, debe ocuparse de proteger el medio ambiente. 
Estos deben ser los objetivos principales, por encima de cualquier coeficiente económico. 
Hay que reorientar la política de los transportes hacia la utilización de los medios de transporte de masas, fomentar y animar hacia el uso de las fuentes renovables, así como investigar para encontrar sistemas de producción más rentables y sistemas de consumo más económicos, sistemas que contaminen menos. 
Es imprescindible que la Unión Europea y los Estados miembros respondan a los requisitos de protección del medio ambiente; y la debilidad para reducir las emisiones a los niveles planteados en Kyoto es como encontrar justificaciones de los pecados. 
Los grandes problemas del clima, del agujero de la capa de ozono, etc. no se pueden solucionar ni en detrimento del desarrollo de los países más pobres, ni a costa de los trabajadores, ni con la aceptación fatalista de la catástrofe de nuestro planeta. 
Los trabajadores de Europa y de todo el mundo, los dos mil millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica, exigen y luchan por una política energética distinta, que sea contraria a los intereses y opciones imperialistas, contraria al capital monopolístico que usurpa el ramo energético. 
Una política que respete y proteja el medio ambiente, que cree los cimientos de unas condiciones de vida humanas. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votados en contra del informe Chichester. 
. (FR) Al referirse a la dependencia de Europa en materia energética, el informe oculta el hecho de que la mayor dependencia no se da tanto frente a otros países como frente a los grandes trusts petrolíferos, quienes, a menudo, controlan también las demás fuentes de energía. 
Esta es la dependencia que Europa tuvo que pagar muy caro con la crisis del petróleo de 1973, cuando estos trusts decidieron imponer un incremento generalizado del precio del petróleo para rentabilizar sus yacimientos menos rentables. 
Esta dependencia frente a los trusts se traduce también por el "grave riesgo de inestabilidad de los precios a corto plazo y de falta de recursos a largo plazo" del que habla con preocupación el informe. 
El desigual reparto de las fuentes de energía en el planeta, un dato geológico, no es lo que amenaza la utilización racional de estos recursos respetando el medio ambiente natural, sino el hecho de que su gestión esté en manos de grandes grupos privados, preocupados exclusivamente por su margen de beneficios, y que pueden a su vez ser víctimas de las fluctuaciones erráticas del mercado, e incluso de la especulación bursátil. 
El problema supera el ámbito europeo: los recursos mundiales sólo podrán ser gestionados racionalmente y repartidos entre todos si se acepta hacer un esfuerzo colectivo a escala mundial, lo cual implica el fin del dominio que ejercen los grupos privados sobre estos recursos, y una organización de la economía totalmente distinta. 
. (FR) En el debate en sesión plenaria del martes por la tarde, dije que apoyaba el "Paquete Chichester" sobre la seguridad de los abastecimientos energéticos, y ello a pesar de unas exigencias de liberalización del sector energético que no habría podido respaldar si hubieran sido propuestas de forma aislada, pero que, en este caso, se integran en un "paquete" completo diversificado y valiente que supone un avance para la reflexión europea en este campo. 
Este es el motivo por el cual he votado a favor del "paquete". 
Por lo demás, sigo sin entender cómo se puede, por una parte, defender una liberalización cuyo objetivo es reducir los precios, y que se traduce por el fomento de las fuentes de energía "menos costosas" y, por otra, quejarse de una dependencia frente al exterior que se intensifica a medida que el consumo aumenta (o no disminuye) , debido a que los precios son muy (o demasiado) bajos. 
Espero que los "fundadores" de la liberalización me den algún día una explicación clara sobre este punto. 
. (FR) El informe Chichester pretende presentar una "estrategia europea" para la seguridad en el abastecimiento energético. 
Pero, en la resolución, es muy difícil encontrar una mínima exposición clara de línea directiva a seguir. 
En ella cabe todo, se puede decir cualquier cosa, y también lo contrario. 
Las cuestiones que fundamentan de verdad una "estrategia" son evitadas. 
¿Se puede reestructurar el sector de la energía sin una verdadera política pública, apoyada y concertada? 
¿Es posible remitirse al "mercado" (es decir, al juego de intereses financieros privados)? 
¿La energía es un "bien común", o una simple mercancía? 
¿Cómo puede ser aceptable el riesgo atómico? 
Los deseos piadosos salpican la resolución. 
Así, para permitir la renovación del parque nuclear, reclama "medidas apropiadas" que garanticen "la eliminación" de los residuos radiactivos y la "seguridad" de las centrales. 
Eso es pedir peras al olmo. 
Por encima de su confusión, el informe Chichester se inscribe en el marco de las políticas neo-liberales. 
El párrafo 18 quiere "favorecer la continuidad del proceso de apertura del mercado en la UE" y el párrafo 42 considera que "es esencial culminar la liberalización de los mercados energéticos". 
Todo ello, a pesar de que sólo una política de servicios públicos puede responder a las exigencias sociales y medioambientales, y garantizar un "desarrollo duradero" en este sector económico. 
Votamos en contra de la resolución. 
Algunas enmiendas presentadas por el ponente indican que el aumento de la capacidad instalada de energía nuclear en Europa es indispensable para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 
Esa argumentación carece de racionalidad y objetividad. 
Todos los datos indican lo contrario. 
La Unión Europea ya redujo en un 4% sus emisiones de gases con efecto de invernadero entre 1990 y 1999 y podrá cumplir la cuota de reducción restante de aquí a 2012 (4%) mediante medidas de bajo costo. 
Según los datos de la Comisión Europea, es posible cumplir los compromisos de Kyoto mediante la aplicación de medidas de costo inferior a 20 euros por tonelada de CO2. 
Entre esas medidas propuestas por la Comisión Europea (Programa europeo para los cambios climáticos y Directiva marco sobre el comercio de emisiones) no figura la promoción de la energía nuclear. 
. (FR) La cuestión del abastecimiento energético de los Estados miembros es un elemento fundamental de su seguridad que, naturalmente, compete ante todo a las soberanías nacionales. 
Sin embargo, considerando las importantes interacciones que tienen las opciones energéticas, puede ser interesante decantarse por una aproximación prospectiva y estudiar esta cuestión a escala europea, como hace el Libro Verde. 
Por descontado, este examen debe abordarse dejando de lado cualquier prejuicio ideológico que pretenda dar una visión diabólica o romántica de una u otra fuente de energía. 
En caso contrario, ya no sería un discurso racional. 
Esta es la vía que ha elegido el informe Chichester, al subrayar, al igual que el Libro Verde, la necesidad que tienen los Estados miembros de mantener una combinación equilibrada de las fuentes de energía, que dé por tanto vía libre a la electricidad de origen nuclear. 
Es la única manera de no intensificar la dependencia de los países europeos frente al exterior. 
Es igualmente la única manera para la Unión Europea de asumir sus compromisos internacionales en materia de limitación de emisiones de CO2 en la atmósfera. 
Por tanto, la energía nuclear debe seguir siendo objeto de investigaciones y de desarrollos que valoricen la ventaja científica e industrial que tenemos en este campo, que le aseguren a nuestros países una autonomía máxima en materia de recursos energéticos, que preserven el medio ambiente y que consigan una satisfactoria eliminación de los residuos finales. 
Con relación a este último punto, lamento que el informe Caudron no le haya dado toda la importancia que se merece a esta vertiente de la investigación, que sin embargo es esencial. 
Si no avanzamos en esta dirección, el incremento de la demanda se dirigirá fatalmente hacia las energías fósiles, tan criticables desde el punto de vista medioambiental como problemáticas en cuanto a la seguridad de su abastecimiento. 
Informe Flemming (A5-0341/2001) 
Señor Presidente, antes de entrar en el informe Flemming, quisiera hablar del informe Katiforis que hemos rechazado. 
Creo firmemente que al rechazar ese informe esta Asamblea no ha hecho nada hoy por fomentar la salud pública. 
Nunca deberíamos olvidar que el tabaco es la principal causa de enfermedades evitables en la UE y que cada año medio millón de ciudadanos de la UE mueren sin necesidad debido al tabaco. 
La propuesta de la Comisión habría ayudado a la gente a dejar de fumar y es muy triste que no la apoyáramos. 
Paso, no obstante, a la cuestión que nos ocupa: el informe Flemming. 
Aunque el informe ha sido rechazado, me gustaría explicar por qué tanto yo como otros dos colegas escoceses hemos apoyado algunas de las enmiendas. 
En primer lugar, creemos que, en consonancia con la enmienda 3, no puede obligarse a ningún país a ceder agua contra su voluntad y gratuitamente. 
La enmienda habla por sí misma y por eso la hemos apoyado. 
La enmienda 5 trataba de la cuestión más técnica de las cuencas de agua. 
Estamos de acuerdo en que las zonas de cuencas de agua no son bases adecuadas para las políticas de fijación de precios en todas las regiones. 
Gran parte del agua de Escocia se gestiona entre cuencas y, por consiguiente, teníamos que apoyar esa enmienda. 
En tercer lugar, el rechazo del informe Flemming probablemente aseguraba que ningún informe pudiera ser cautivo de un interés nacional. 
Espero que el debate sobre el agua continúe porque muchos ciudadanos están muy preocupados por este asunto. 
El informe adopta totalmente la comunicación de la Comisión, cuya lógica es plantear como una mercancía un recurso natural, el agua, y también como eje de la materialización de otras políticas sectoriales negativas, como es la política agraria. 
Somos categóricamente contrarios a esta lógica y a las propuestas negativas que la materializan. 
El eje central del informe es la llamada "tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos" mediante la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y mediante la limitación del consumo y de su uso, precisamente por el aumento de su precio. 
Simultáneamente, el informe se inspira en la famosa lógica de "quien contamina, paga" lógica que acarrea nuevos incentivos y beneficios para el capital. 
Con la hipócrita excusa de la supuesta garantía de la sostenibilidad de los recursos hídricos, aquellos que en realidad van a pagar las consecuencias de las medidas propuestas, y muy caras por cierto, son los consumidores, y especialmente los agricultores, sobre todo los agricultores del sur de Europa, puesto que tanto el informe como la comunicación relativa de la Comisión refieren que son los mayores consumidores de agua, que además pagan menos del "coste real". 
Esta política llevará a un aumento del coste y al exterminio posterior de la pequeña y mediana población agrícola, la cual ya está soportando las consecuencias catastróficas de la Política Agrícola Común. 
Es característica la mención del informe según la cual el coste se divide en coste monetario, ambiental y de recursos hídricos, estimando que, hasta ahora, sólo se apreciaba el monetario. 
Así por ejemplo, siempre según el informe, el coste de construcción y de funcionamiento de un embalse en un río, debido a la extracción excesiva (del uso agrícola) "puede agravar a los usuarios... " o incluso, si se juzga necesario el tratamiento de las aguas a causa de la contaminación, de abonos por ejemplo, entonces el coste lo pagarán los agricultores. 
Estamos en contra de todo intento de tratar el agua como un producto "comercial". 
Nos negamos categóricamente a que la Comisión se nombre protectora de los recursos hídricos, que con la excusa de "fomentar un uso sostenible", una vez más "lleva el agua al molino" de los intereses privados, ofreciéndoles la posibilidad de introducirse y actuar en un sector público puro de bien común. 
Todo el intento no es más que un capítulo más de la catastrófica política comunitaria que va a funcionar en detrimento de los consumidores, de los agricultores, funcionando simultáneamente como un combatiente de primera línea para fomentar también otras políticas, como por ejemplo, el exterminio del sector agrícola. 
La protección y la gestión correcta de los recursos hídricos no se consigue con mecanismos de una política tarificadora de represión y de medidas para cobrar a costa de los consumidores. 
Las únicas que se beneficiarán de una política de este tipo serán algunas grandes empresas que, vendiendo caro su perfil "respetuoso con el medio ambiente", encontrarán una buena oportunidad más de super-aumentar sus beneficios. 
. (FR) En sus Considerandos, el informe afirma que el agua "no es un producto comercial como los demás" y que "el acceso al agua es un derecho inalienable del hombre". 
Sin embargo, esta afirmación vale bien poco frente a Vivendi, Suez y demás grandes grupos, que acaparan el "mercado" del agua para obtener pingües beneficios con el beneplácito de los Estados que están a su servicio. 
De hecho, dada la existencia de industrias que contaminan y que arruinan los recursos del planeta, a mayor gloria de las cuentas bancarias de sus accionistas, parece un deseo piadoso. 
En este siglo XXI, en el que el mundo nunca ha tenido a su disposición tantos medios técnicos, la barbarie social del capitalismo es la primera responsable de que toda una parte de la humanidad no tenga acceso al agua corriente, y ni siquiera a un agua potable. 
El problema del agua, que es vital para cientos de millones de seres humanos, supera ampliamente el marco geográfico de Europa, y, para ser resuelto, necesitaría, al igual que muchos otros problemas, que la humanidad pusiera fin a la dictadura del mercado, del beneficio y de la competencia. 
Dentro de este sistema, el ponente plantea la "gestión duradera de los recursos del agua" desde el ángulo de la tarificación y la imposición, lo cual, una vez más, significa que los que tienen medios, particulares y sobre todo grupos industriales, podrán seguir desperdiciando, incluso contaminando, mientras que otros, más pobres, seguirán viéndose privados de ella. 
El agua, ese bien vital, debería ser proporcionada gratuitamente a todos por parte de la sociedad, y su gestión debería ser planificada en función de las necesidades reales, y sometida al control democrático de la población. 
Esto equivale a decir que la organización actual de la economía, basada en el ánimo de lucro, es orgánicamente incapaz de garantizar una "gestión duradera de los recursos de agua" y, precisamente por eso, que supone una amenaza para el futuro de la humanidad, tanto en este campo como en otros muchos. 
Una gran parte de los seres humanos está compuesta por agua y también nuestra alimentación contiene muchísima agua. 
En nuestros trabajos y hogares el agua es omnipresente. 
No podemos vivir sin el flujo continuo de este líquido. 
El que se apodera del agua, gobierna sobre sus conciudadanos. 
Por esta razón, el suministro del agua no debe caer en manos privadas. 
La Comisión de Medio Ambiente ha llegado a la conclusión acertada de que el acceso al agua es un derecho humano y, por lo tanto, el agua no constituye un producto comercial. 
La pregunta que surge ahora es cómo podemos luchar contra la escasez de los recursos hidráulicos y la contaminación. 
El acertado principio de que paga el que contamina sirve para rebajar los beneficios de las industrias contaminantes, pero no es buen argumento para que se suban considerablemente los gastos de los hogares. 
Es mejor que se aumente la cantidad disponible de agua potable por medio de la desalinización del agua del mar que bombear el agua del subsuelo o trasvasarla de los ríos hacia los pantanos. 
La Unión Soviética intentó alguna vez llenar el Mar de Aral con agua procedente de los ríos que desembocan en el Polo norte. 
Ahora España quiere trasvasar la mitad del agua del Ebro para fomentar el turismo del sur de España. 
Esto va en detrimento de la vida de la fauna y flora y de las personas en la cuenca del Ebro. 
Gracias a las críticas recibidas la derecha ha bloqueado esta decisión. 
Esto demuestra que el dinero y el prestigio se siguen imponiendo a la gestión sostenible del medio ambiente. 
A pesar de la protesta de las ONG portuguesas y de mí mismo, el Gobierno portugués insiste en un planteamiento maximalista del proyecto de Alqueva y está preparando una capacidad hasta la cota 152 m. 
Esta comunicación y este informe sobre la tarifación sostenible del agua demuestra que la capacidad hasta la cota 139m, como vengo proponiendo, no sólo permitiría salvar más de 600.000 árboles, así como habitat de gran importancia, sino que, además, sería más sostenible económicamente. 
Nos arriesgamos a desforestar hasta la cota 152m y después, en vista del precio del agua, comprobar que la capacidad hasta la cota 139m sería suficiente para las necesidades agrícolas. 
. (FR) La construcción naval disfruta desde hace años de importantes subvenciones tanto por parte de los Estados nacionales como por parte de las instituciones europeas. 
Esto no le ha impedido reducir sus plantillas, e incluso cerrar astilleros enteros, echando a sus trabajadores a la calle. 
La patronal de la construcción naval intenta conseguir que estas subvenciones se prolonguen, con el argumento de la competencia, pero el dinero que se les pueda dar seguiría aumentando el beneficio de estas empresas, y seguiría repartiéndose entre sus accionistas, con el riesgo de que estos últimos retiraran sus capitales y los invirtieran en otro sitio en el momento en que los astilleros fueran menos rentables, sin preocuparse por la suerte de los trabajadores. 
Esto les resulta especialmente fácil, ya que numerosos astilleros navales dependen de grupos industriales que, como Alstom, tienen intereses en varios sectores, y despiden a trabajadores en algunos de ellos recibiendo al mismo tiempo subvenciones en otros. 
Hemos votado en contra de este informe, porque no tenemos la intención de ayudar de ninguna manera a los accionistas de los grandes trusts de la construcción naval. 
Si la construcción naval es necesaria para la economía europea, hay que nacionalizarla, en lugar de subvencionar a fondo perdido a sus propietarios privados. 
. 
(DE) Mi Grupo saluda la propuesta de la Comisión sobre medidas temporales en favor de los astilleros europeos en vista del fracaso de las negociaciones para acabar en breve plazo con la competencia internacional desleal en el sector naviero. 
Apoyamos también completa y expresamente las enmiendas del Parlamento contenidas en el informe, especialmente la extensión del periodo de vigencia de las mismas hasta finales de 2003. 
Mi Grupo, junto con diputados de otros Grupos, se ha estado refiriendo desde hace tiempo al problema de los astilleros europeos en general y, concretamente, a la situación específica en que se encuentran como consecuencia de la competencia internacional. 
En septiembre, el Grupo GUE/NGL estudió sobre el terreno la situación de los astilleros de Alemania del Este y pidió a la Comisión que tomase cartas en el asunto. 
Nos parece positivo que ahora la Comisión haya presentado una propuesta que garantiza soluciones rápidamente realizables a los astilleros que han sido perjudicados por una probada competencia desleal causada por las prácticas comerciales coreanas. 
Muchos de esos astilleros se encuentran en regiones estructuralmente débiles con grandes problemas económicos y sociales y representan el núcleo de la estructura económica existente. 
Su existencia y prosperidad son necesarias para la seguridad de miles de puestos de trabajo y para el desarrollo económico de esas regiones. 
Mi Grupo defiende, no obstante, la postura de que son necesarias también ulteriores medidas para asegurar el futuro de los astilleros europeos, un sector industrial europeo imprescindible. 
Éstas podrían ser: 
un programa de ayudas a la inversión dirigido a la consecución de efectos positivos sobre el empleo, de carácter estructural y a largo plazo, 
promoción de la colaboración europea en investigación y desarrollo de la economía marítima, 
desarrollo de una política marítima acordada a nivel europeo, 
diseño y aplicación de una política europea de transporte que potencie el trasvase del transporte de personas y de mercancías por tierra al transporte por mar. 
Instamos a la Comisión que tome postura en el primer semestre de 2002 sobre los temas fundamentales del futuro de los astilleros europeos y que proponga un programa de actuación para la solución de los problemas a medio y largo plazo. 
No obstante, la continuación de la competencia desleal, ahora con Corea, traslada la actividad definitivamente a Oriente y provoca la desaparición de toda la actividad, ya sea de construcción o de reparación/transformación de buques, en la Unión Europea. 
Sin astilleros activos y tecnológicamente actualizados, las estrategias de seguridad marítima, empleo y cohesión regional estarán en riesgo, difícilmente recuperable con paliativos. 
Informe Katiforis (A5-0352/2001) 
. (IT) Considero fundamental, como creo que todos en este Pleno, la defensa y protección de la salud humana. 
Por eso, pienso que es prioritario apoyar la posición por la que se pretende gravar tanto con un impuesto especial mínimo del 57% como con el pago de un importe mínimo de 70 euros el precio de venta del tabaco manufacturado. 
La propuesta tiene un valor fundamental a la hora de desalentar el consumo de tabaco por parte de los consumidores habituales, así como un valor de prevención a la hora de desanimar su consumo por parte de quien lo hace por primera vez. 
Como ya señalé en mi pregunta P-2140/99 a la Comisión Europea, creo contradictorio conceder créditos y ayudas europeos a los productores de tabaco y declararse comprometidos en la lucha antitabáquica. 
En consecuencia, confío en que el Parlamento Europeo, al mostrarse favorable a esta medida, contribuya a arrojar luz sobre el tema. 
Todo esto, que quede claro, debe hacerse a condición de que tanto los Estados miembros como los órganos comunitarios aumenten la acción de prevención, de control y de represión del trafico y del comercio ilegal de cigarrillos. 
. (FR) La Comisión nos está sacando de quicio con propuestas irreflexivas e inadecuadas en el campo de la fiscalidad indirecta, particularmente en lo relativo a los impuestos especiales. 
Hoy, sus propuestas se refieren al tabaco. 
Ya sabemos que también está "maquinando" una propuesta para incrementar los impuestos sobre el alcohol y para eliminar el impuesto 0 sobre el vino, que es igualmente inadecuada, e incluso anti-productiva. 
Al igual que nosotros, el Comité Económico y Social ha rechazado por mayoría aplastante la propuesta de la Comisión, por ser un instrumento inadecuado que, en lugar de reducir la diferencia existente en los tipos de los impuestos especiales aplicados por los Estados miembros, corre incluso el riesgo de acentuarla todavía más. 
Por tanto, el supuesto objetivo que persigue una mayor armonización no se vería cumplido, y el compromiso de equilibrio entre los partidarios de una fiscalidad proporcional y los defensores de una fiscalidad de tipo específico, alcanzado bajo la Presidencia luxemburguesa en 1992, sería puesto en tela de juicio gratuitamente. 
Efectivamente, este compromiso se fundamentaba en un equilibrio de los sacrificios a realizar de cara a la armonización, para permitir la entrada en vigor del Mercado Único en 1993. 
La aplicación de esta desafortunada propuesta de la Comisión conlleva además el riesgo de que se produzca un contrabando a gran escala en los Estados miembros del Sur de la UE y, tras la ampliación, en Europa Central. 
El incremento en el precio de los cigarrillos se situará entre el 200 y el 500%, lo cual es otra muestra de la falta de realismo de esta propuesta. 
Los argumentos de nuestro ponente para rechazar pura y simplemente la propuesta de la Comisión, argumentos que comparto, son convincentes en más de un aspecto. Paso a citarlos: 
· Errores técnicos en el análisis; 
· Ruptura de los equilibrios actuales; 
· Incertidumbres y falta de realismo en los objetivos propuestos; 
· Referencia a las divergencias en los ingresos fiscales, en lugar de a la convergencia en los tipos impositivos; 
(Intervención acortada por aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
. (IT) He votado a favor de la resolución legislativa Katiforis sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/79 CEE, la Directiva 92/80 CEE y la Directiva 95/59 CEE en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores de tabaco, a través de la cual se invita a la Comisión a retirar la propuesta en virtud de una serie de consideraciones unánimemente compartidas por todo el grupo italiano (Republicanos, Demócratas e Italia de los Valores) del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
La propuesta de revisión de las primas actuales a la producción de tabaco tendría impactos desastrosos en la economía de zonas rurales enteras que resultan entre las más desfavorecidas de la Unión Europea, según se desprende de un reciente estudio estadístico europeo elaborado por Eurostat. 
El recorte exclusivamente sanitario con el que la Comisión afronta la "cuestión tabaco" justifica el intento de poner en tela de juicio las ayudas comunitarias a los productores y llega a proponer incluso la revisión anticipada de la organización común del mercado para eliminar cuotas y primas destinados al sector. 
Dicha postura nos parece precipitada y equivocada y por suerte fue corregida por la Cumbre de Gotemburgo. 
Estamos convencidos de que no se puede penalizar un sector de la agricultura en el que se basa la mayor parte la economía de Estados como Grecia, Italia y España. 
La propuesta de la Comisión, en lugar de reducir el consumo de cigarrillos, crearía problemas a los transformadores y les obligaría a cambiar sus relaciones comerciales de suministro desde terceros países, con la consecuencia de que las producciones nacionales se sustituirían por importaciones de variedades de menor calidad. 
Por último, consideramos ambigua la posición de los que hacen depender la lucha contra el tabaquismo de la supresión de las ayudas a los cultivadores de tabaco. 
En efecto, curiosamente, los Estados miembros que no son productores pero que no han prohibido el tabaco, recuperarían cantidades en favor de su agricultura continental que ya está suficientemente apoyada y además seguirían cobrando hipócritamente millones de euros en tasas e impuestos especiales sobre las labores de tabaco. 
Informe Schörling (A5-0356/2001) 
. (FR) El informe Schörling tiene el mérito de recordar que "la Unión Europea es el principal productor mundial de sustancias químicas" y que "ya va siendo hora de establecer un control (real) de las sustancias químicas"; efectivamente, sabemos que "la inmensa mayoría de las sustancias existentes- ¡que están en el mercado desde hace 20 años por lo menos! -no han sido nunca debidamente testadas", y se observa que ciertas enfermedades graves van en aumento y que "parece haber una relación directa (entre) estas enfermedades y la exposición a las sustancias químicas". 
En consecuencia, preconiza un control riguroso de las sustancias químicas que están en el mercado, la realización de tests previos a cualquier comercialización de estos productos- y la retirada de los que no superen estos tests -, así como una serie de medidas obligatorias para los industriales y los distribuidores comerciales, encaminadas a exigirles que garanticen un mínimo de seguridad. 
Esta postura defiende los intereses de la población, pero no agrada a la Unión de Industrias Químicas, una organización patronal francesa que, en un correo dirigido a los diputados europeos, se opone a las exigencias que se quieren imponer a las empresas fabricantes o comercializadoras de productos químicos. 
Aunque sólo sea por este grupo de presión de la patronal de la química, que no tiene vergüenza, votaremos a favor del informe Schörling y de las medidas que propone, a pesar de que, por otra parte, la ponente se pronuncie a favor del mercado. 
. (EN) Tanto el Libro Blanco de la Comisión como el informe elaborado por la Sra. Schorling están equivocados, sobre todo éste último. 
El informe se base en la presunción general de que existe un gran número de sustancias químicas que suponen riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente y no tiene en cuenta los efectos beneficiosos para la salud y el medioambiente y para la sociedad que derivan de muchas sustancias químicas artificiales. 
El párrafo 16 del informe intenta hacer extensivo el sistema REACH a las sustancias químicas fabricadas en un volumen inferior a una tonelada al año; esto supondrá posiblemente multiplicar por veinte el número de sustancias químicas que requieren autorización, además de una carga de trabajo imposible para los que tienen asignada la función de conceder esa autorización. 
El ámbito de aplicación debería limitarse a aquellas sustancias químicas producidas en volúmenes superiores a una tonelada, según se recoge en el Libro Blanco. 
El párrafo 38, donde se indican qué sustancias deberían calificarse de muy preocupantes, es demasiado amplio para hacer viable cualquier sistema de autorización. 
La definición debería restringirse a las sustancias de tipo CMR (categorías 1 y 2) y POP, según se definen en el Convenio de Estocolmo. 
Lo previsto en el informe conduciría a un aumento inaceptable de la cantidad de pruebas con animales. 
Un informe del Instituto de Salud Medioambiental del Reino Unido (Institute of Environmental Health) calculaba que se necesitarían 12.800.000 animales para probar 30.000 sustancias químicas. 
Muchos grupos europeos de protección de los animales se han hecho eco de estas cifras. 
La ponente reconoce este problema, pero tiene demasiada fe en la disponibilidad de pruebas aceptables sin animales. 
Asimismo, sólo en reunir la información "de base" relativa a las sustancias químicas fabricadas en un volumen superior a una tonelada al año se tardaría aproximadamente 36 años, según el informe del IEH. 
Por tanto, el calendario previsto en el informe (2008) no es en absoluto realista. 
A la industria química europea se le ha consultado demasiado tarde y los intentos de autorregulación de ésta (p.ej.: Administración de Productos, la Iniciativa de Investigación a Largo Plazo y "Confianza en las Sustancias Químicas") han sido completamente pasados por alto por la ponente en este informe. 
Dado que parece probable que las propuestas del informe aumenten la carga administrativa que soporta el sector (en particular, las PYMEs) a la vez que perjudican su competitividad a escala global, éste es un descuido grave. 
. (DE) Acabo de votar en contra del informe Schörling. 
Mi Grupo del PPE no ha logrado una mayoría para sus constructivas enmiendas. 
Lo que hemos aprobado hace un momento está ideológicamente sesgado de modo claro. 
Naturalmente que se trata de la protección del medio ambiente, pero también se trata de puestos de trabajo innovadores y competitivos en la industria química. 
En las últimas semanas me he estado informando sobre el terreno sobre las consecuencias del informe Schörling. 
He visitado fábricas y he mantenido conversaciones con directivos de empresas, trabajadores y sindicatos. 
Desde ninguna de estas partes se cuestionan los objetivos del Libro Blanco de la Comisión cuyo objetivo es asegurar la sostenibilidad de la industria química. 
Desde un punto de vista ecológico necesitamos la mayor protección posible del medio ambiente y de los consumidores. Es obvio. 
Pero económicamente necesitamos un marco uniforme de condiciones para asegurar una competencia leal para las PYMES, para quienes aplican los productos y para otros posteriores fabricantes. 
Desde un punto de vista social se trata de un alto nivel de protección del trabajador y de la salud. 
Al menos pudimos evitar que se acordase un registro obligatorio para materiales cuyo volumen producido excediese al año de una tonelada. 
El volumen actual fijado en 10 toneladas y la obligación de etiquetarlo antes de que circule en el mercado plantea muchas dificultades prácticas a las autoridades. 
El PPE tuvo éxito al conseguir que el doble control de todos los productos químicos no lograse una mayoría. 
No mejoran la seguridad, sino que cuestan tiempo y dinero y son además innecesarios ya que las autoridades exmaninan de todas maneras esos datos. 
No me parece aceptable sustituir métodos y materiales peligrosos que en otro caso estarían prohibidos. 
La definición de "peligroso" no puede depender de las propiedades de un material concreto, sino de su utilización. 
Es como un cuchillo: es muy útil en la casa y en la vida diaria, pero se vuelve peligroso si es usado como arma para atentar contra la integridad física o para secuestrar aviones. 
Lamentablemente, la publicación de datos secretos se ha aprobado también. 
Cuando haya que declarar los volúmenes de producción, los métodos o las fórmulas especiales que dan a una empresa ventaja competititva, la competencia tendrá sus días contados. 
¡Esto va contra la esencia de nuestras empresas! 
Todos los competidores podrán copiar sistemas muy perfeccionados sin ningún problema. 
Hay que fijar claramente qué datos son propiedad privada y cuales no. 
Espero que antes de la segunda lectura en el Parlamento las tres comisiones que se ocupan del tema superen sus dificultades y lleguen a un acuerdo más equilibrado. 
Me congratulo no sólo del tenor, sino también de la importancia (patente en la estrategia aprobada por la Unión Europea para la Conferencia "Río + 10", que se celebrará en 2002) que la Comisión Europea atribuye a la nueva política en materia de substancias químicas. 
Considero particularmente positivos los siguientes aspectos: 
1) La prohibición total, en el plazo de una generación (2020) , de los vertidos y las emisiones al medio ambiente de todas las substancias peligrosas. 
2) La creación de un sistema único de registro, evaluación y autorización de substancias químicas (REACH) , en substitución del sistema actual que trata de forma distinta las nuevas substancias y las existentes. 
3) La consagración del principio de precaución, mediante la inversión de la carga de la prueba en el caso de las substancias que inspiren gran preocupación. 
Corresponderá al fabricante probar que un producto no es peligroso. 
Por lo que se refiere al informe Schorling, lo considero muy positivo, pero prefiero, en cuanto al umbral del tonelaje, la posición de la Comisión Europea. 
El sistema protegerá a los ciudadanos, si es viable. 
Evaluar de la misma forma las substancias producidas en cantidad inferior y superior a una tonelada volverá el sistema demasiado pesado y, por ello, contrario a los objetivos formulados. 
. (FR) Desearía concretar los motivos que me han llevado a votar a favor de este informe, tal y como ha quedado tras ser modificado. 
De entrada, creo que se trata de una postura equilibrada, que, por una parte, mejora la protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos, y, por otra, mantiene la competitividad de la industria química, sin dejar de inscribirse en el marco de la estrategia de desarrollo duradero adoptada en Gotemburgo. 
Dense cuenta de que, de las más de 100.000 sustancias químicas que existen, en la actualidad sólo una ínfima minoría ha sido testada, y de que, además, su producción aumenta cada año. 
Así, en el sistema actual, sólo un 14% de las sustancias químicas producidas en una cantidad superior a una tonelada es objeto de clasificación. 
Los tristes acontecimientos de Toulouse han demostrado recientemente la urgente necesidad de suplir esta falta de información. 
Al mismo tiempo, es necesario crear un sistema de registro, evaluación y autorización que sea "gestionable" para las autoridades públicas y que la industria pueda, en el momento que lo desee, alimentar con los datos necesarios. 
Igualmente, el enfoque del informe me parece equilibrado porque, además de los argumentos puramente medioambientalistas, tiene en consideración ciertos aspectos socioeconómicos de la futura legislación (sobre todo el hecho de que los trabajadores de la industria química estén más expuestos, o los condicionantes concretos que afectan a las pequeñas y medianas empresas). 
Asimismo, el informe favorece la transparencia respetando al mismo tiempo la protección de datos y el secreto industrial, lo cual es una buena cosa. 
Por ende, se han añadido al texto de la Comisión referencias claras al principio de precaución y al principio de sustitución. 
Finalmente, en mi opinión, uno de los puntos más importantes es la exigencia de que todas las sustancias tengan que ser registradas (aunque se trate de un registro simplificado para algunas de ellas). 
Efectivamente, a menudo las sustancias producidas en cantidades más reducidas son las más peligrosas para la salud o el medio ambiente. 
Los calendarios que plantea el informe me parecen igualmente correctos, porque son realistas. 
Me alegro de que tras el Libro Blanco se sucedan una serie de futuras propuestas legislativas de la Comisión, y las espero con interés. 
. (FR) La votación de este informe en la Comisión de Medio Ambiente es un mensaje claro dirigido a la industria y a las autoridades nacionales para un control sin fisuras de las sustancias químicas, que debe ir acompañado de la eliminación de las sustancias tóxicas y nocivas para la salud y el medio ambiente. 
En este sentido, apoyamos globalmente la filosofía de este informe, que mejora, en un cierto número de elementos, la ambiciosa propuesta de la Comisión. 
Dicho esto, creemos que para que nuestro mensaje se difunda, debe estar equilibrado. 
Este es el motivo por el cual respaldamos una aproximación pragmática y rechazamos un conjunto de exigencias no realistas que penalizan gravemente a la industria química europea. 
Permítannos al menos recordar que esta industria no representa menos de 5 millones de empleos directos e indirectos. 
De entrada, rechazamos el párrafo 16, que exige el registro de todas las sustancias con un peso inferior a una tonelada: hay 100.000 productos afectados por esta exigencia, en lugar de los 30.000 propuestos por la Comisión; decenas de miles de expedientes; una burocracia inverosímil; un infierno para las numerosas PYME del sector, ¡y todo ello para productos que, en su mayoría, nunca saldrán al mercado! 
La extensión del ámbito de aplicación del procedimiento de autorización (§ 38) es igualmente imposible de llevar a la práctica: para no llegar a una situación inmanejable, pedimos que se excluyan de este ámbito de aplicación las sustancias para las que no exista prueba alguna de toxicidad (nuestra enmienda 68). 
En resumen, el mensaje debe ser enérgico, pero también ha de ser creíble. 
Declarar la guerra a la industria, a los trabajadores y a las autoridades nacionales no nos parece ni adecuado, ni productivo. 
. (SV) Habida cuenta del riesgo que las sustancias químicas representan para la salud de las personas y para el medio ambiente, los cristianodemócratas suecos pensamos que es obvio que aquellas sustancias que no hayan sido analizadas no puedan venderse, de acuerdo al principio de "no data, no marketing". 
Somos partidarios del principio de sustitución, que desde hace tiempo sirve de fundamento a la política sueca de sustancias químicas. 
Asimismo, pensamos que respecto a las sustancias que dan origen a sospechas debe invertirse la carga probatoria, lo que implica que deben ser las industrias y no las autoridades las que demuestren que puede usarse una determinada sustancia. 
Puesto que las sustancias químicas pueden conllevar riesgos considerables, aunque se trate de pequeñas cantidades, opinamos que la importación o la producción de cantidades inferiores a una tonelada en el ámbito de la UE deberían regirse por el nuevo sistema. 
En consecuencia, vamos a disentir en numerosos puntos de la postura del Grupo PPE-DE. 
Informe Corbey (A5-0323/2001) 
Los embalajes lujosos constituyen hoy en día un reclamo para atraer a los compradores. 
Se despilfarra mucho material con esta práctica. 
Suena muy ecológico que se eche la culpa a los consumidores que compren alimentos o artículos de consumo envueltos con material de embalaje. 
Sin embargo, los consumidores mismos no producen estos residuos, es lo que queda después de sus adquisiciones. 
Son las víctimas de una venta condicionada, porque actualmente apenas se puede comprar nada sin generar después basura por las envolturas correspondientes. 
Por esta razón, hemos de luchar directamente contra la producción y venta de este material de desecho en vez de culpabilizar a los consumidores. 
En la resolución propuesta, la Sra. Corbey señala con mucha razón a los fabricantes y vendedores como responsables de poder evitar que se genere tanta basura por el material de embalaje y constata que la directiva de 1994 relativa al embalaje apenas se ha aplicado. 
La Comisión Europea sigue mostrándose muy pasiva a la hora de presentar nuevas propuestas y los Estados miembros tardan años en aplicar los acuerdos anteriores sobre el reciclaje. 
Lamentablemente, la propuesta de la ponente intenta hacer malabarismos entre dos ideas. 
Su intento de evitar que se genere más basura lo apoyo sinceramente. Pero no veo con buenos ojos que los consumidores tengan que pagar más por toda esta basura. 
Es verdad que el reciclaje es importante, pero no constituye la solución mas importante. 
Informe Salafranca Sánchez Negra (A5-0336/2001) 
. (DA) Votamos en contra del informe a pesar de las buenas iniciativas relativas a la cooperación entre la UE y los países latinoamericanos, entre ellas, la prevención de conflictos, la cooperación al desarrollo, la lucha contra la pobreza y el narcotráfico. 
Nuestra oposición obedece a que una serie de las propuestas del informe dan por hecho en la UE la cooperación supranacional relativa, por ejemplo, a la política exterior, de seguridad y de defensa y a ámbitos dentro de las cuestiones institucionales, judiciales y de política interior. 
Creemos que la cooperación en los ámbitos mencionados puede resolverse completamente a través de la cooperación interestatal. 
. (FR) Las pocas frases que en el informe se refieren a la "salud, la educación y la lucha contra la extrema pobreza", "la lucha contra la droga" o "la protección del medio ambiente", que son algunos de los objetivos que la Unión Europea pretende defender en esta región del mundo, no son más que la tapadera de unas intenciones mucho menos confesables. 
Los países de la Unión Europea se burlan como del mal fario de la suerte de los pueblos de América Latina al plantearse como "objetivo último" la "liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca de los intercambios de bienes y servicios de todo tipo entre las dos regiones, de acuerdo con las normas de la OMC". 
Ante todo y sobre todo, les gustaría recuperar su retraso en la penetración en los mercados de América Latina, que ya están un tanto saqueados por la presencia de otros depredadores mucho más poderosos, como las multinacionales norteamericanas. 
En lugar de aportar el desarrollo prometido, la apertura de los mercados a las grandes empresas y a las entidades financieras ha hundido a América Latina en la miseria. 
¡Al menos 224 millones de latinoamericanos viven en una pobreza extrema, es decir, más del 40% de la población de esta región! 
Y ni siquiera se contempla la posibilidad de anular las deudas que ahogan a estos países. 
La Cumbre de Río de 28/29 de junio de 1999 marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones birregionales con vistas a la creación de una cooperación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. 
La nueva estrategia común deberá tener como principales objetivos, conforme a las prioridades aprobadas en Río, objetivos de ámbito político (ampliación del programa político birregional; actualización y revisión del diálogo político ministerial; creación de una Asamblea Trasatlántica Euro-latinoamericana) ; económico, financiero y comercial (conclusión de distintos Acuerdos de Asociación y creación de una Zona Europa-América Latina de Libre Comercio, prevista para 2010) y social y cultural (creación de un Fondo de Solidaridad Birregional y de un Plan global de lucha contra la droga, entre otros). 
Por eso, doy mi apoyo total a la posición del ponente en la reiteración de la necesidad de materialización de la Asociación Estratégica Birregional, aprobada en la Cumbre de Río, y en la recomendación al Consejo Europeo con vistas a la aprobación de la estrategia común de la UE respecto de América Latina y del Caribe, basándose en los objetivos establecidos en las prioridades de la Cumbre de Río. 
Insistencia, por último, en la necesidad de fortalecimiento de la cooperación a partir de una colaboración sostenida e integrada y encaminada al fomento del desarrollo humano y del desarrollo de la sociedad civil y el consiguiente provecho para todas las capas de la población. 
Propuesta de resolución transportes aéreos (B5-0702/2001) 
. (FR) Presentar a las compañías aéreas como víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos es mentir y no tener vergüenza. 
Porque, aunque algunas compañías tienen dificultades, no es cosa de ayer, y no todas están en esa situación, ni mucho menos. 
La compañía Air France, por ejemplo, ha aumentado un 22 % los dividendos liquidados a sus accionistas, liquidación que tuvo lugar tres días después de los atentados de Nueva York y Washington. 
Acaba de comprar Air Afrique y de introducir en su órbita a Alitalia, así como a la compañía checa CSA. 
Y, al igual que otras grandes compañías europeas, por cierto, se beneficia ampliamente de las quiebras de AOM-Air Liberté, Sabena o Swissair. 
Este es el juego del libre mercado, del que los dirigentes nacionales y europeos consideran que debería imperar por doquier, en la economía y en el destino de los trabajadores. 
Durante estos últimos años, ha provocado en Europa la supresión de cientos de miles de empleos sólo en el sector aéreo, sin que los dirigentes nacionales y europeos hayan pestañeado lo más mínimo, porque los accionistas de las compañías se han embolsado así enormes beneficios, como el riquísimo Barón Seillière, el "patrón de los patrones" francés. 
Para los capitalistas del sector aéreo, los atentados del 11 de septiembre no han sido más que una excusa para conseguir nuevas subvenciones, pero sin abandonar por ello su ofensiva contra sus asalariados. 
Y los distintos gobiernos nacionales han respaldado y arropado esta actitud. 
De nuevo, lo hemos visto hace muy poco en Francia, en Bélgica, en Suiza, cuando han quebrado varias compañías, dejando en la calle a decenas de miles de empleados, sin que a los principales protagonistas y responsables de estas quiebras, como el Barón Seillière, les haya afectado lo más mínimo. 
Por tanto, hemos votado en contra de esta resolución, que tiene el cinismo de invocar el empleo para financiar nuevas subvenciones a las empresas y a los capitalistas del sector aéreo, que ya son responsables de la supresión de cientos de miles de puestos de trabajo. 
El motivo por el cual no puedo votar a favor de esta resolución es porque la línea general de la misma parte de la premisa de tener que proteger la expansión del tráfico aéreo, que hasta hace poco se consideraba como una evolución lógica. 
Hasta ahora, esta expansión constituía un gran problema para el medio ambiente por el incremento de los daños, mayor inseguridad y más superficie para los aeropuertos. 
Además, el tráfico aéreo ya se encontraba en una posición fiscal mucho más ventajosa en comparación con el ferrocarril porque el queroseno no se grava todavía y todas las formas del transporte terrestre sí. 
También antes de los acontecimientos del 11 de septiembre había motivos más que suficientes como para buscar alguna posibilidad de poner fin a esta expansión y dar marcha atrás. 
El hecho de que ahora haya disminuido el número de pasajeros no debería ser motivo para ayudar con más dinero público a las compañías aéreas, sino más bien justo lo contrario, debería constituir el motivo para invertir todo ese dinero en la mejora de otras formas de transporte de pasajeros dentro de Europa. 
El cobro de un suplemento sobre las tarifas aéreas que han bajado mucho en los últimos años a causa de la competencia, podría compensar el aumento de las primas de los seguros. 
A mi juicio, no hay ningún motivo que justifique una mayor inversión de dinero público en el tráfico aéreo. 
No obstante, este dinero sí lo necesitamos para proteger la posición de los trabajadores de las compañías aéreas. Estos han pensado durante años que tenían un empleo protegido por las administraciones en un sector en plena expansión, pero ahora ese sector está en retroceso o quiebra. 
(La sesión, interrumpida a las 14 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0348/2001) del Sr. Bouwman, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (COM (2000) 832- C5-0017/2001- 2001/0008 (DOC) ). 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, antes de proceder al debate de mi informe- espero que se fijen también un momento en la hora- quisiera plantear la cuestión de cómo se va debatir este informe aquí. 
En el orden del día ponía que se iba a debatir esta mañana antes de las doce. 
Sin embargo, todo se ha retrasado. 
No hay nada que hacer al respecto porque así funcionan las cosas aquí. 
Este informe se iba a debatir en el marco del procedimiento de codecisión sobre los derechos de los trabajadores y la insolvencia. 
Como ponente, no tengo ningún inconveniente de que se debata ahora pero sí me opongo a que se someta a votación a continuación por la tarde cuando haya una dudosa representación de los votos. 
Por este motivo, quisiera pedir- cosa que he consultado con los grandes partidos- que acordemos que ahora se debata el informe, pero que se aplace la votación hasta el periodo de sesiones de Bruselas y eventualmente a una fecha posterior, no siendo yo partidario de esta última opción. 
Esto nos daría también la oportunidad de presentar algunas enmiendas y cambios en el informe. 
Parecía un informe incuestionable pero, sin embargo, hay algunos elementos que necesitamos debatir. 
Por lo tanto, quisiera pedir que se aplace la votación hasta la próxima vez que nos reunamos. Ignoro si usted me puede contestar directamente. 
Muchas gracias, señor Bouwman. He tomado nota de su petición. 
Ahora pueden tomar la palabra dos señorías, una a favor de esta petición y otra en contra. 
¿Quién quiere tomar la palabra a favor de esta petición? 
La Sra. Van den Burg. 
Dispone usted de un minuto. 
Quisiera decirle que apoyo esta petición porque, efectivamente, me parece que no cabe que sólo una muy pequeña representación de este Parlamento vote sobre un informe en el marco de un procedimiento de codecisión. 
Además, esto nos da tal vez más tiempo para investigar si puede haber acuerdos sobre los puntos que ahora son controvertidos, porque también es cierto que se trata de un informe complejo en el cual hay ciertas dudas sobre las diferentes enmiendas. 
Por lo tanto, doy mi apoyo a esta petición. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Gollnisch en contra de esta petición. 
Dispone usted también de un minuto. 
No del todo, señora Presidenta, había solicitado el uso de la palabra en el marco de una cuestión de orden, pero que se identifica plenamente con las preocupaciones del ponente. 
Me habría gustado saber si sería posible que la Comisión nos diera algunas indicaciones sobre los motivos por los que ha retirado su Comunicación sobre la Organización Mundial del Comercio inicialmente prevista en el orden del día, y, eventualmente, en qué momento se producirá esta importante comunicación. 
Muchas gracias, señor Gollnisch. A continuación responderé a su petición, pero ahora vamos a terminar primero la cuestión que estaba en el orden del día, es decir, la petición del Sr. Bouwman. 
(El Parlamento decide la devolución a la Comisión) Tiene la palabra la Sra. Diamantopoulou para que pueda explicar porqué se ha quitado del orden del día el debate sobre la OMC. 
. (EN) Señora Presidenta, sólo quiero decir que al Sr. Lamy le ha sido imposible estar aquí debido a que la reunión de la OMC ha durado más de lo previsto. 
Por tanto, la Comisión presentará, por supuesto, una declaración al Parlamento pero no sé decir cuándo será. 
El Sr. Lamy acudirá aquí en cuanto pueda. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou, y puedo confirmar lo que ha dicho. 
Yo misma acabo de regresar de Doha y ha sido una ronda de negociaciones muy dura. 
El Sr. Lamy ha aterrizado esta mañana a las seis en Bruselas y me imagino que no hay ninguna objeción a mostrar cierta indulgencia con él. 
Señor Bouwman, tiene usted la palabra en calidad de ponente y dispone de cinco minutos para presentar su informe. 
Señora Presidenta, gracias de nuevo. También quiero dar las gracias por el gran apoyo que han recibido mis propuestas. 
Todo esto supone quizás una victoria pírrica pero ya lo veremos más tarde. 
Quisiera plantear lo siguiente. Se ha presentado aquí un documento sobre los derechos de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia, es decir, cuando una empresa ya no puede cumplir con sus obligaciones financieras. 
Se trata de una modificación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo en la que se han introducido algunas mejoras con respecto al texto anterior. 
Dicha directiva pretende ofrecer unas garantías mínimas en caso de insolvencia. 
Casi en el mismo momento en que me designaron ponente sobre este asunto, recibimos una visita de una delegación de la empresa española Sintel, -una empresa escindida de Telefónica, o mejor dicho, vendida- cuyos trabajadores ya llevaban meses manifestándose en Madrid porque no habían cobrado sus nóminas desde hacía meses. 
Dicho de otra forma, no necesitaba una descripción más realista de lo que ya sabía y sentía con viveza de lo que se esconde en el informe detrás de la terminología de insolvencia. 
Está claro que el documento anterior data del año 80. 
Mientras tanto se han producido muchos cambios, sobre todo en el mercado laboral, con respecto a las diferentes categorías de trabajadores y sus definiciones, hoy en día hay una mayor globalización e internacionalización de la economía y hay más empresas que son operativas tanto dentro de un país determinado como fuera de él. 
Además, quedan aún muchos casos en que no está claro qué país tiene que correr con los gastos de los subsidios. 
Hemos visto que ha habido unos casos en el Tribunal de Justicia y todo esto ha puesto de manifiesto que la Comisión tenía que presentar una propuesta de modificación de la Directiva existente. 
Las tres cuestiones más importantes eran entonces: el concepto de insolvencia, la fijación de un límite de tiempo para la garantía y sobre todo los casos de insolvencia en situaciones transnacionales. 
Tengo una gran admiración por las personas que redactaron las propuestas de la Comisión y que presentaron, después de unas negociaciones muy intensas, las modificaciones. 
Estas están sobre todo relacionadas con el nuevo fundamento jurídico después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, con una idea más precisa del ámbito de aplicación y la eventual supresión de los anexos en los que se incluyen muchos grupos que se tienen que suprimir o no, con una nueva noción de insolvencia y, especialmente, con la introducción de nuevas disposiciones que especifiquen la institución de garantía competente en situaciones transnacionales. 
Me parece importante que volvamos a fijarnos en lo que yo he definido como el ámbito de aplicación del conjunto, porque creo que se puede discutir sobre la pregunta de qué categorías se pueden exceptuar, sobre todo en el ámbito del personal doméstico y los denominados "share fishermen". 
Personalmente, preferiría suprimir todo esto en su totalidad, postura que he defendido en el debate. 
Me parece que la Comisión está también a favor de suprimirlo pero en algunos países hay excepciones normativas y tampoco queremos complicar más esta cuestión. 
Lo que sí nos parece importante es que en las Directivas de intervención la Comisión haya incluido algunos elementos que ya estaban en pleno desarrollo en el mercado laboral, como son el tema de los trabajadores a tiempo parcial, los que tienen una relación laboral con una empresa de trabajo temporal o los trabajadores con un contrato temporal, elementos que estaban regulados en otras Directivas actuales. 
Como no estamos seguros todavía de sus consecuencias, hemos de señalar- y algunos ya lo han hecho, como se pondrá de manifiesto a continuación- que actualmente hay cada vez más categorías de trabajadores autónomos, semi autónomos y cuasi autonómos, como son denominados por algunos, sin personal o con personal que tal vez tendrían que ser incluidos, y sobre todo aquellos que trabajan sin personal. 
Lógicamente, los autónomos con personal son una especie de empresarios. 
Además, también está la categoría de los que trabajan desde casa, fíjense bien en la traducción del término, me refiero literalmente a los que trabajan desde su propio domicilio, y así se puede seguir discutiendo. 
En mi opinión, sería muy positivo que, de acuerdo con los debates en el marco del diálogo social sobre la modernización de las relaciones laborales, se diera un pasito hacia delante con respecto a la labor legislativa y de ahí que hayamos presentado algunas propuestas que tienen ahora entre manos. 
Por lo tanto, aprovecho la ocasión para pedirles que apoyen las enmiendas en relación con los autónomos sin personal, los "self-employed", para que se abra por lo menos el debate con el Consejo. 
Quisiera señalarles que se trata de un procedimiento de codecisión y que vamos a negociarlo después de la segunda lectura para que podamos progresar en el marco de la seguridad social y de la política social de Europa. 
Señora Presidenta, me resulta un poco extraño tener que tomar la palabra en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero esto lo ha originado el cambio del orden del día por lo que no puede estar aquí ahora la Sra. Oomen-Ruijten, que es quien ha redactado la opinión sobre el informe del Sr. Bouwman- por el cual le felicito sinceramente. 
Voy a ser muy breve en cuanto a la opinión. 
En esta se intentan subrayar los aspectos jurídicos de esta Directiva. 
Algunas cosas se han adoptado, otras no han sido adoptadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
En cualquier caso, a la Comisión de Asuntos Jurídicos le parece sumamente importante que no haya ningún cabo suelto en esta materia. 
Por eso, nos parece también importante que se reenvíe el informe a la Comisión para que se vuelva a estudiar cómo está redactado. 
Me refiero también, o quizás sobre todo, a la posición de los autónomos. 
En efecto, nos parece positivo que el ámbito de aplicación se extienda a los autónomos, por lo menos los autónomos que puedan ser comparados con los trabajadores asalariados. 
Pero por otro lado puede que se corra el riesgo de que se dé una oportunidad a trabajadores que no queremos incluir en esta definición, que de esta manera pueden convertirse en una especie de acreedores preferentes en caso de quiebra. 
Ignoro si se hace una distinción suficiente entre estas dos situaciones en los textos aquí presentados. 
Este es un problema sobre el que hace falta reflexionar más, también por lo que a la posición de los autónomos se refiere. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, antes de empezar mi intervención querría decirle al Sr. Bouwman que él se refería a la empresa Sintel, que quebró y dejó en la calle a un importante número de trabajadores, pero hace ya bastantes meses que el Gobierno español asumió los salarios atrasados de esta empresa y recolocó y buscó soluciones para todos los trabajadores. 
Eso para completar su información, Sr. Bouwman. 
Ahora paso a mi intervención sobre este informe. 
Se trata, en el documento que debatimos, de una propuesta para modificar la Directiva 80/987/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. 
Efectivamente, el Sr. Bouwman ha puesto un ejemplo muy claro de esta situación. 
Con la modificación se pretende tener en cuenta la evolución del derecho de insolvencia en los Estados miembros y la necesidad de coherencia con otras directivas comunitarias en materia jurídico-laboral, ya adoptadas. 
Todo ello desde la voluntad política de garantizar a los trabajadores asalariados un mínimo de protección comunitaria en caso de insolvencia de su empresario. 
Las dificultades para lograr el objetivo previsto en la aplicación de la Directiva son, en mi opinión, de tres clases: primero, el concepto de la insolvencia; segundo, la complejidad de las medidas introducidas para poner límite a la cuantía y tiempos computables y, tercero, los casos de insolvencia en situaciones transnacionales. 
Con ánimo de clarificar las cosas, el Grupo del Partido Popular Europeo ha reiterado dos enmiendas: la número 16, que contempla las situaciones de externalización o próximas a ellas, subcontratos, falsos autónomos, etc., que pudieran encubrir un verdadero contrato de trabajo. 
En nuestra opinión, es necesario desvelar la realidad antes del disfrute de la protección: se protege al trabajador asalariado. 
Lo contrario sería abrir una puerta ancha que agotase pronto el fondo respectivo. 
La enmienda 17 clarifica la retribución protegible desde el fondo nacional correspondiente y evita el fraude. 
Todo ello es propio del carácter tuitivo de la legislación laboral y se inspira en la voluntad de definir con claridad los conceptos necesarios para que el fondo cumpla su finalidad. 
Claridad conceptual que impulsa hacia la seguridad jurídica y la armonización. 
Lamentablemente, éste es un caso que- recientemente lo hemos visto en otra empresa belga- se está dando en grandes empresas, debido a la reestructuración de las mismas y a las relaciones que existen en este momento en el mundo económico. 
Señora Presidenta, desconozco si esta tarde es la primera vez que usted preside el Parlamento. 
En todo caso, enhorabuena. 
Asimismo, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe y por haberse preparado tan bien para redactarlo. 
En efecto, me temo que en las circunstancias presentes se trata de un dossier de total actualidad y sin duda lo seguirá siendo en los próximos tiempos. 
Razón de más para intentar prestar una buena protección a los trabajadores asalariados que se ven enfrentados a quiebras o suspensiones de pago. 
Esta fue la apuesta cuando se preparaba este informe. 
Por mi parte, me alegro de que hayamos llegado a un gran entendimiento dentro de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Es verdad, quedan algunos cabos por atar, unos puntos sobre los que no se ha llegado todavía a un acuerdo. 
El Sr. Pronk acaba de decir que, efectivamente, puede haber algunos malentendidos sobre las enmiendas. 
Me refiero sobre todo a la cuestión que él ha mencionado, es decir, la inclusión de un grupo de autónomos en esta regulación, en especial los autónomos que puedan ser comparados con los trabajadores asalariados, pero que no puede dar cabida a que se abra la puerta a todo tipo de arreglos entre empresarios y prestadores de servicios para aprovecharse también de estos fondos. Coincidimos en lo que a la intención se refiere. 
El tiempo que nos queda hasta que el informe se someta a votación, debería ser empleado para investigar si se pueden despejar estos malentendidos y si se puede expresar esta intención compartida en una enmienda de compromiso. 
La cuestión de los autónomos me parece muy importante, también en este dossier. 
No obstante, es una cuestión que aparece también en otros dossiers. 
Por eso, quisiera hacérselo notar a la Comisaria y pedirle que la Comisión tomara más iniciativa al respecto, también en la cuestión de llegar a una definición de qué categorías tienen que ser equiparables a la de los trabajadores asalariados. 
Naturalmente, esto no sólo es muy importante para los casos de insolvencia, sino también para muchos otros temas relacionados con la protección laboral y el derecho laboral. 
La legislación europea deja la redacción de estas definiciones los Estados miembros y hemos observado que hay muchas divergencias entre ellas. 
A medida que haya más situaciones laborales transnacionales, algo que ocurrirá cada vez con mayor frecuencia en la Unión Europea, nos veremos cada vez más confrontados con las diferentes definiciones y con diferentes grupos que provocarán una distorsión en las relaciones entre los distintos mercados laborales. 
A mi juicio, es algo sumamente preocupante sobre todo con vistas a la ampliación, como ya hemos podido ver en el pasado y como vemos que está pasando ahora en las regiones transfronterizas de la Unión Europea. 
Por lo tanto, quisiera preguntar a la Comisaria qué iniciativas va a tomar sobre esta cuestión y pedirle enérgicamente que tome cartas en el asunto. 
Señora Presidenta, junto con mis felicitaciones al Sr. ponente por la labor que ha realizado, quisiera expresar también mi agradecimiento por la colaboración de la que ha hecho gala para que sean aprobadas las modificaciones necesarias en toda esta empresa. 
La modificación de esta directiva viene como continuación de la modificación de otras dos directivas relativas a los despidos colectivos y a la transmisión de empresas y su objetivo común es la protección de los intereses de los trabajadores en el marco de las reestructuraciones de las empresas. 
Esto es algo que no debemos olvidar. 
Así pues, objetivamente plantean un tema de coordinación de los conceptos comunes utilizados y a los que creo que se debe prestar atención en la elaboración final. 
En segundo término, esta directiva deja abierta la cuestión de la definición comunitaria del salario. 
A pesar de las dificultades, la aceptación por parte de los Quince de una definición mínima común del trabajador asalariado es condición indispensable para aplicar la directiva unitariamente. 
De otra forma, cada país, al tener una concepción más o menos amplia de esta, diferencia como le parece el campo de aplicación de la directiva. 
Es un punto en el que debemos ser cuidadosos. 
Entre las modificaciones propuestas, y que yo también apoyo, está la ampliación del campo de aplicación de la directiva a aquellos trabajadores que, en virtud de la legislación nacional, puedan equipararse a los asalariados, los llamados falsos autónomos. 
Si no somos maduros para ampliar la directiva a los autónomos, por lo menos que podamos ampliar la aplicación de la directiva a aquellos asalariados autónomos, que por una legislación específica se consideran asalariados. 
Segundo, la modificación es para incluir en la definición de los requisitos cubiertos las indemnizaciones pagadas en el caso de despido que contempla el convenio internacional 173, y no veo por qué no podemos cubrirlas en Europa. 
Tercero, redefinir más claramente el concepto de insolvencia de modo que cubra todo procedimiento de insolvencia colectiva, y no sólo el caso del clásico procedimiento de la quiebra. 
Por otra parte, se encuentra entre los objetivos de la directiva y no se ha planteado formulación alguna. 
Estas tres modificaciones deberán ser aprobadas por la Sesión Plenaria. 
. (EN) Señora Presidenta, me complace la favorable recepción que ha tenido la propuesta de la Comisión y me gustaría dar las gracias al Parlamento por sus aportaciones para reforzar más la protección de los trabajadores afectados por la insolvencia de su empresario. 
La Directiva sobre Insolvencia ha demostrado ser un instrumento inestimable para proteger a los empleados en los casos de recesiones económicas y constituirá un instrumento legislativo fundamental para responder al actual clima de cierres y despidos. 
Aunque la estructura básica de la directiva debe mantenerse, es necesario revisar algunos puntos concretos. 
Acojo favorablemente la enmienda 2 destinada a impedir el establecimiento de nuevas restricciones que se sumen a las ya existentes en la actualidad en los Estados miembros, y también la enmienda 9, que propone prohibir los umbrales mínimos para tener derecho a prestaciones al amparo de esta directiva. 
Estoy también a favor de la enmienda 4 que propone hacer extensiva la protección de trabajadores asalariados a otros casos de insolvencia de su empresario distintos de las situaciones contempladas en la definición de insolvencia propuesta por la Comisión. 
He de decir, primero, que la ampliación de la definición puede aceptarse plenamente. 
Sin embargo, en cuanto a la enmienda 6, la inclusión de cualquier otro procedimiento o incluso de situaciones de insolvencia "de facto" sólo puede aceptarse como opción para los Estados miembros y no como obligación. 
Puedo también aceptar la enmienda 11 que propone incluir la paga por despido en caso de finalización de la relación laboral, añadiendo la expresión "cuando corresponda". 
El término "paga" debería seguir siendo definido por la legislación nacional de los Estados miembros. 
La enmienda 14, que propone la supresión de los límites a la cuantía, no puede aceptarse íntegramente pero comparto sus preocupaciones sobre esta cuestión y podría aceptar una disposición que permita que los límites sean compatibles con el fin social de la directiva de tal modo que se evite un nivel inaceptable para los trabajadores. 
También estoy dispuesta a completar esta disposición con una cláusula de no-regresión que impida a los Estados miembros, al aplicar la directiva modificada, reducir la protección ya prevista. 
Por último, puedo aceptar que se vuelva a introducir el viejo Artículo 5 de la directiva- la enmienda 15- pero sólo en la vieja versión, sin cambios, de este Artículo de la directiva de 1980. 
No puedo aceptar el resto de enmiendas, en particular la enmienda 13 que pretende aumentar el período mínimo para la paga a seis meses. 
Dicho aumento reduciría en gran medida las posibilidades de que la directiva se adoptara y supondría una carga financiera considerablemente mayor para la hacienda pública y para los empresarios que, a su vez, pondría en duda el conjunto del sistema de garantías salariales. 
No puedo aceptar la enmienda 1, que pretende impedir que "se convierta" a los trabajadores asalariados en autónomos; ni la enmienda 7 que propone el establecimiento de una definición comunitaria de "trabajador asalariado"; ni las enmiendas 8 y 16 que proponen añadir categorías de trabajadores que no pueden ser excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. 
Los esfuerzos contra la "conversión" ilegal de asalariados en autónomos deben hacerse en la esfera nacional. 
Una definición comunitaria de persona asalariada no debe incluirse en una directiva particular y los trabajadores autónomos no pueden contemplarse porque no tienen a un empresario que pueda ser insolvente. 
En consonancia con sus comentarios, estoy de acuerdo en que hay diferentes tipos de autónomos. 
Hay algunos autónomos que son económicamente dependientes. 
Esta cuestión se planteó en 2000 cuando celebramos consultas con los agentes sociales. 
Las respuestas de los agentes sociales subrayaron la necesidad de aclarar y analizar la situación en todos los Estados miembros porque existe una diversidad de situaciones, muchos tipos distintos de autónomos. 
Por este motivo ya hemos emprendido un estudio que nos dará una visión general de la naturaleza del fenómeno en toda la Unión Europea. 
Una vez que tengamos los resultados del estudio, la Comisión los analizará y, previa consulta con los agentes sociales, propondremos la forma adecuada de abordar este asunto. 
Las otras categorías- trabajadores del hogar y categorías similares- están incluidas en la medida en que se consideren trabajadores asalariados en la legislación nacional. 
No existe, por tanto, necesidad de mencionarlos específicamente. 
Por último, algunas enmiendas deberían rechazarse porque no contribuyen a conseguir el objetivo que subyace a la propuesta. 
Resumiendo: puedo aceptar, a expensas de algunos cambios menores en la redacción, las enmiendas 2, 4, 6, 9, y 11, y partes de las enmiendas 14 y 15. 
Rechazo las enmiendas 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17 y 18. 
Me gustaría agradecerles su contribución. 
Me gustaría, en particular, dar las gracias y felicitar al Sr. Bouwman por sus aportaciones y por el informe. 
Se ha decidido, justo antes del inicio del debate, aplazar la votación. 
Se comunicará más adelante cuándo tendrá lugar esta votación. 
Queda cerrado el debate. 
Muchas gracias. 
Ah, perdón, el Sr. Bouwman ha pedido la palabra. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a la Presidenta de esta sesión después del debate de su primer informe como Presidenta. 
Muchas gracias. 
Ha sido un placer empezar la presidencia con un ponente neerlandés. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Nobilia en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre los nuevos mercados laborales europeos abiertos y accesibles para todos. 
Nuevos mercados de trabajo abiertos y accesibles para todos 
Señora Presidenta, en nombre de mi colega el Sr. Nobilia, que no está presente, y de mi Grupo, quisiera invocar el artículo 146 y pedir a la Asamblea que se aplace el debate de este importante informe al período parcial de sesiones de diciembre. 
Mi colega el Sr. Nobilia ha procurado por otras vías ese aplazamiento, pero, por desgracia, se lo han impedido las normas de funcionamiento del Parlamento y, por tanto, no nos queda otra opción que la de pedir a la Asamblea, de conformidad con el artículo 146, como he dicho, ese aplazamiento hasta el mes de diciembre: del debate y de la votación. 
Señor Ribeiro, he tomado nota de su petición. 
Puede pedir la palabra una persona que quiera hablar a favor de esta petición. 
Señor Pronk, dispone usted de un minuto. 
Señora Presidenta, permítame que aproveche también la oportunidad para felicitarla por su primer debate en que tantos neerlandeses están tomando la palabra. 
El CDA como delegación mayoritaria del mayor Grupo Parlamentario quiere apoyar esta petición. 
A mi juicio, es una petición lógica. 
El debate ha quedado aplazado y el Sr. Nobilia no estaba al tanto. 
Se trata de un informe importante y me parece bien aplazarlo. 
No creo que seamos capaces en estos momentos ni de esta manera de mantener un debate serio. 
Hay que posponerlo. 
No es necesario que lo sometamos a votación hoy. Por lo tanto, damos nuestro apoyo a esta solicitud. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Empezamos por el debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0710/2001 de los diputados Wallis, Sanders-ten Holte y Caveri, en nombre del Grupo ELDR, sobre el accidente en el túnel del Gotardo; 
B5-0718/2001 de los diputados Isler Béguin y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, sobre el accidente en el túnel del Gotardo; 
B5-0724/2001 de los diputados Simpson y Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre el accidente en el túnel del Gotardo; 
B5-0725/2001 de los diputados Ainardi y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la catástrofe del túnel del Gotardo; 
B5-0734/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre el accidente en el túnel del Gotardo. 
Señor Presidente, las catástrofes que han tenido lugar muy recientemente y con excesiva frecuencia en los túneles del Mont-Blanc y del Gotardo son una denuncia dramática de la actual política de transportes que se aplica en Europa. 
Y en este caso, denuncia equivale a decir condena. 
Efectivamente, parece que el mundo del transporte por carretera se ha liberado de todo marco jurídico, de toda norma de control. 
Las empresas de transporte se eximen a si mismas de obtener la licencia, el permiso de trabajo pasa a ser facultativo para unos conductores que, cada vez con más frecuencia, son extracomunitarios, mientras que el tiempo que pasan al volante está al límite de la normativa, y ellos al límite de sus fuerzas. 
¿Cuántos Gotardos y Mont Blancs tienen que volver a incendiarse para que una legislación estricta, un sistema eficaz de control armonizado y europeo les ampare? 
Los vecinos de todas las zonas sensibles o con alta densidad de población, al igual que todos los profesionales, le reclaman a Europa una solución, y es un tema de urgencia vital. 
Hoy, sería de sentido común establecer en cada túnel importantes operativos de escolta de seguridad para los convoyes organizados de camiones. 
Mientras no se implante esta primera medida de protección, la reapertura de estos dos túneles incendiados seguirá poniendo en peligro la vida ajena. 
Para obtener esta armonización de las normas de seguridad para los túneles, no debemos seguir armándonos de paciencia, sino señalar claramente y denunciar esta pusilanimidad política, este desentendimiento de los poderes públicos frente a la necesaria aunque costosa reorganización de los pasos subterráneos. 
Se impone un enderezamiento de las prácticas del sector del transporte por carretera, e igualmente una reflexión profunda sobre nuestra política de transportes. 
Los sucesos dramáticos ocurridos en los túneles reflejan los atascos prácticos e ideológicos del tráfico por carretera en su conjunto, que obstruye algunos ejes de circulación, asfixiando totalmente nuestro medio ambiente. 
Por tanto, abramos los ojos, quitémonos las vendas de la rutina de la carretera, y veremos por fin todo este entramado europeo de estaciones y de ferrocarriles que han quedado prácticamente sin explotar por culpa del transporte combinado tren/carretera. 
Y observamos que hay puertos, como los de Italia, que tienen un potencial de tránsito susceptible de descongestionar en gran medida el tráfico de los ejes del transporte por carretera en el comercio europeo. 
El recuerdo de las víctimas del Gotardo y del Mont Blanc debe estimular en nosotros un nuevo espíritu, más precavido y respetuoso con nuestra forma de desplazarnos. 
Realmente, entonces hubiésemos debido haber discutido también el triste acontecimiento del túnel de Gotthard. 
Si sólo vamos a seguir discutiendo sin tomar mayores medidas debemos contar con que sigue y seguirá habiendo más accidentes en esa difícil y delicada zona especialmente de los Alpes. 
Esto es inaceptable desde mi punto de vista, desde mi modo de entender la política. 
Por ello debemos poner todo de nuestra parte para llevar a la práctica realmente lo que la Comisión ha recogido acertadamente en su Libro Blanco. 
No dudo de que se necesiten medidas concretas de seguridad en los túneles. No dudo de que se necesiten controles más estrictos de la jornada laboral especialmente. 
Espero que lleguemos pronto a un final del procedimiento de conciliación y, sobre todo, que lleguemos a la realización y al control de las medidas correspondientes de ámbito europeo concernientes a la jornada laboral. 
Pero el problema fundamental es el tráfico masivo que hay en las carreteras y la cantidad de transporte pesado que circula por los Alpes. 
No se trata de ninguna manera, como siempre se interpreta de manera equivocada y demagógica, de dificultar los vínculos económicos y la cohesión, sino que se trata de que esa cohesión y esos vínculos económicos, de que el comercio, en definitiva, se efectúe de modo que, en primer lugar, sea compatible con el medio ambiente y, en segundo lugar, que el riesgo de accidentes se minimice. 
No podemos reducirlo a cero, pero sí reducirlo a un mínimo y, especialmente, dar una buena oportunidad al ferrocarril. 
Yo que también elaboré un informe sobre la apertura de las rutas internacionales de transporte de mercancías, pienso que en este caso el ferrocarril debe entrar a competir más ampliamente. 
Pero también estoy a favor en nombre de mi Grupo de que la política de transportes- lo repito como conclusión final -, tal y como está recogida en el Libro Blanco sea puesta en práctica rápidamente, repito, rápidamente, para evitar lo antes posible que se produzcan accidentes como los de Gotthard. 
¿Quién puede oponerse al contenido formal de esa resolución, cuando, tras el drama del Mont-Blanc, una vez más, un túnel ha segado vidas humanas? 
Sin duda alguna, el Parlamento lo aprobará. 
Se pasará a la orden del día, y las cosas seguirán como antes, porque diseñar en una resolución una política de transporte integrado para el conjunto de la Región Alpina no basta para que se aplique en la práctica. 
Necesitaríamos una verdadera reorientación de la política de transportes a escala europea. 
Necesitaríamos una voluntad política de luchar contra el lobby del transporte por carretera. 
Necesitaríamos, sobre todo, invertir para desarrollar las redes ferroviarias en función de las necesidades generales, y no en función del beneficio. 
Esto exigiría una ruptura radical con su política de privatización y de desmantelamiento de los servicios públicos. 
Y además, la organización del transporte de mercancías va indisolublemente unida al funcionamiento económico global. 
Por ejemplo, el desarrollo del sistema de "stock cero", beneficioso para los intereses privados, es una aberración desde el punto de vista social, porque contribuye en gran medida a la saturación de las carreteras. 
Por tanto, dar prioridad a los intereses privados se opone necesariamente al interés general. 
En estas condiciones, esta resolución, que apoyaremos con nuestro voto, vendrá a sumarse a la larga lista de deseos piadosos que el Parlamento Europeo engrosa con una contribución nada despreciable. 
Señor Presidente, parecen cosas del destino, pero el 24 de octubre, último día del último período parcial de sesiones, abordamos la situación del túnel de Mont Blanc con vistas a su inminente reapertura. 
Estábamos en desacuerdo: había quien, como yo, estaba a favor y quien quería posponer este importante acontecimiento. 
Durante el debate nos sacudió de repente la noticia del último accidente del San Gotardo, un accidente no previsto, muy parecido al del Mont Blanc pero que se pensaba que ya no volvería a suceder. 
Al explicar los motivos de una inmediata reapertura al tráfico del túnel del Mont Blanc, los que estaban a favor volvieron a esgrimir las razones de la seguridad basándose principalmente en un documento de la empresa que lo gestiona, en el que se dice pomposamente y quizás con buen criterio que, tras el accidente, el túnel de Mont Blanc es, hoy por hoy, el más seguro del mundo. 
Pues bien, recuerdo los enunciados, las etiquetas oficiales, por decirlo así, que consideraban el San Gotardo como el túnel más seguro si no del mundo, sí de Europa. 
En aquel momento todas las etiquetas quedaron en nada ante la evidencia de un nuevo accidente. 
Ahora sabemos que bastó, que basta y que puede bastar en el futuro un accidente muy banal para convertir estos túneles superseguros en trampas para muchas personas que pagan siempre con su vida. 
Es difícil depurar las responsabilidades de estos accidentes, y desde luego no es nuestro cometido. 
Sin embargo, es justo recalcar un dato que, por el contrario, sí pone en evidencia una responsabilidad que es nuestra, y en especial de la Comisión. 
En efecto, habida cuenta de que los vehículos que atraviesan el San Gotardo son cinco veces más numerosos que los que circulan normalmente por todos los demás ejes viarios, nos encontramos ante un error en la política de transportes y en este caso Europa está implicada porque la mayor parte de los vehículos, sobre todo los pesados, son europeos. 
Por lo tanto, las preguntas que hago a la Comisión son dos: ¿qué ha pasado con la directiva sobre la armonización de las normas mínimas de seguridad para los túneles varios y ferroviarios? 
Y ¿dónde ha ido a parar el plan de acción para una política integrada de transportes en la región alpina? 
Empecemos a dar estas respuestas y luego pasaremos al tema tan manido del traslado del transporte por carretera al ferrocarril. 
Por último, señor Presidente, no estoy de acuerdo en prohibir el tránsito de vehículos pesados. 
También los transportistas disfrutan de un derecho de paso y de servicio. 
Señor Presidente, las dramáticas consecuencias del accidente en Gotardo, y más aún tras las consecuencias igualmente trágicas en los túneles de Mont Blanc y de Turena, hacen más urgente todavía el tema de la seguridad de los túneles. 
En el ámbito europeo se debe fomentar dos cosas. 
La primera es los estándares mejorados sobre los túneles y la segunda la ayuda a los transportes ferroviarios de los vehículos de carretera a través de los Alpes. 
En el libro Blanco, al que se han referido casi todos los ponentes, la Comisión había anunciado que propondría una regulación reglamentaria europea en la que se determinen los requisitos mínimos de seguridad en los túneles. 
Estos requisitos afectan el equipo técnico, las normas de circulación, la información a los usuarios, las normas sobre la educación del personal que explota los túneles, y también del personal que se ocupa de los accidentes cuando hay problemas, así como de los servicios de salvamento. 
Es una empresa complicada en la que se debe tener en cuenta multitud de parámetros distintos si pensamos en las grandes diferencias entre los túneles, no sólo por las características Geográficas, sino también por las dimensiones e incluso por la densidad de la circulación. 
La Comisión, en colaboración con los mejores especialistas, por el momento ha avanzado en obras preparatorias con vistas a presentar al Parlamento una propuesta a principios del año 2002. 
Hasta entonces, convocará un encuentro de políticos y de economistas de las regiones de los Alpes y de los Pirineos. 
Por supuesto, las acertadas propuestas legislativas no pueden tener ningún resultado si no son aprobadas y aplicadas. 
Y en especial, en relación con la seguridad en los túneles, quisiera recordarles también otras propuestas que aún no han sido aprobadas. 
Quisiera recordar la propuesta de adopción de un tacógrafo digital que da la posibilidad de controlar exactamente la duración de la conducción de los conductores de camiones, propuesta con la cual no están de acuerdo muchos de los Estados miembros. 
Igualmente deberá señalarse la propuesta de la Comisión sobre las condiciones de trabajo de los conductores de camiones. 
Ya el Sr. Swoboda se ha referido a ello. 
El tema de la certificación de los conductores profesionales, el de los camiones pequeños que, superando constantemente el límite de los 90 Km., se han convertido en peligros móviles en la mayoría de las carreteras y en la mayoría de los Estados miembros. 
El incendio en el túnel concreto también pone de relieve la necesidad de informar a los usuarios de los túneles. 
Ha quedado claro que, si hubieran sido informados, muchos de ellos habrían podido salvarse utilizando la salida de emergencia o abandonando inmediatamente sus coches. 
Y por supuesto, este accidente en concreto saca otra vez a la superficie la cuestión del transporte de mercancías en la región de los Alpes. 
Hay prioridad absoluta a medio plazo para que se den a la circulación, lo más pronto posible, ejes ferroviarios que aligeren el transporte de mercancías mediante el transporte ferroviario de vehículos de carretera, tema que es una de las grandes prioridades del Libro Blanco. 
La Comisión Europea ha avanzado también en la financiación, en el periodo 1994-2000, de estudios enfocados a materializar la nueva conexión ferroviaria Lyón- Turín, que hasta el momento ha ascendido a sesenta millones y es el 50% de los gastos totales. 
Esta obra, de la que la Comunidad es, indiscutiblemente y hasta el momento, el mayor financiador, es una de las catorce obras aprobadas por el Consejo Europeo de Essen en 1994 y que, desgraciadamente, no será posible su ejecución hasta el año 2010. 
Igualmente se debería poner en funcionamiento lo antes posible, el eje ferroviario de Brennero de acuerdo con las líneas directrices de 1996 para la red de transportes de Europa occidental. 
¿Qué es lo que se puede hacer a corto plazo después del problema ocasionado con el cierre del túnel de San Gotardo? 
Se deberá hacer uso inmediatamente de las posibilidades de transporte ferroviario de los vehículos de carretera en los Alpes. 
Este accidente, con su dramática repercusión, es una razón más para realizar todos los esfuerzos posibles a fin de que el transporte por carretera de mercancías se transfiera a los ferrocarriles, un método de realizar los transportes que en Europa es sólo del 8%, mientras que en los Estados Unidos ha alcanzado el 40% del mercado. 
La Comisión Europea ha emprendido también nuevas iniciativas. 
En enero de 2001 propuso al Consejo que firmara, en nombre de la Comisión Europea, el protocolo sobre los transportes adjunto al Convenio de los Alpes, como mensaje político para restablecer la igual distribución de las diversas formas de transporte. 
A la vista de las dificultades de financiación de estas obras, en el Libro Blanco hay una propuesta sobre la legislación comunitaria que determinará principios de tarificación más justa, para tener en consideración todos los gastos para todos los medios de transporte, así como para la seguridad. 
Esta tarificación va a posibilitar la financiación de obras en regiones sensibles como los Alpes o los Pirineos, y dará la posibilidad de financiar obras considerables de estructuras ferroviarias, aplicando así el sistema suizo. 
Además, la Comisión está dispuesta a hacer depender cualquier financiación de redes transeuropeas del pleno respeto a los requisitos de seguridad más estrictos. 
Concluyendo, la Comisión ha tomado o va a tomar diversas medidas concretas para dar solución a los problemas específicos de los Pirineos, de los Alpes, y de otras regiones. 
Quisiera confirmarle que se van a realizar todos los esfuerzos posibles para poder garantizar a los usuarios un nivel más alto de seguridad. 
Se lo agradezco infinitamente, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, es esencial para la paz en el mundo que las personas de distintas religiones y razas se respeten y que puedan convivir pacíficamente. 
En un número creciente de lugares del mundo no ocurre así y esto es muy preocupante. 
Lamentablemente, Nigeria es un ejemplo angustioso. 
No queda mucho de la esperanza que albergamos cuando el presidente democráticamente electo sucedió al régimen militar corrupto. 
En todo el país los choques étnicos y religiosos están al orden del día. 
No pasa ningún mes sin que haya baños de sangre que causan la muerte a centenares de nigerianos y, en vez de que cesen los enfrentamientos, esto va de mal en peor. 
El balance de octubre, por ejemplo, es realmente espeluznante. 
Hay luchas entre musulmanes y cristianos en Jos, disturbios en Kano donde encima se han detectado brotes de cólera y en Middle Belt se han registrado enfrentamientos étnicos y masacres por parte del ejército regular. 
El gobierno no hace más que guardar silencio. 
Después de dos semanas el presidente Obasanjo anunció finalmente la creación de una comisión especial para investigar los asesinatos. 
La gran cuestión es si el presidente es todavía capaz de gobernar este país tan sumamente complicado. 
Por lo visto, su posición no es lo suficientemente fuerte como para mantener unido el país y crear las condiciones para que los diferentes grupos de población puedan convivir pacíficamente. 
Es una situación realmente angustiosa. 
Justo cuando el problema de los talibán está casi resuelto, resulta que hay regiones, como en el norte de Nigeria, donde se introduce la sharia. 
La autonomía de estas regiones no puede llegar tan lejos como para que se introduzcan unas reglas que son opuestas a la legislación nacional y que tienen como efecto la represión de la propia población y de las mujeres en particular. 
Es monstruoso que se condene a muerte a una mujer embarazada bajo la acusación de haber mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio. 
Quiero preguntar a la Comisión qué puede hacer la Unión Europea al respecto. 
En todo caso, habrá que intensificar el diálogo con Nigeria. 
Sin embargo, Europa no puede hacer mucho si el propio presidente y su gobierno ni siquiera tienen el valor de actuar y hacer todo lo posible para que los nigerianos puedan llegar a una convivencia pacífica. 
Señor Presidente, hace dos años se produjo, después de unas elecciones limpias en el multiétnico y densamente poblado estado de Nigeria, el cambio de la dictadura militar a una democracia parlamentaria. 
Sin embargo, el experto presidente Olusegun Obasanjo se ve cada vez más inmerso en el complicado desafío de controlar los enfrentamientos entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur, que con frecuencia terminan en unos baños de sangre horripilantes. 
Recientemente, por ejemplo, nos llenó de nuevo de gran preocupación la reprobable represalia militar en el estado federal de Benue. 
Con gran inquietud constato que en diferentes ocasiones el ejército parece tomar la justicia por su mano. 
Es comprensible que los Tivs, que están más relacionados con el sur, desconfíen del ejército por el apoyo mostrado hacia los Jukuns, más orientados al norte, el grupo de población al que pertenece también el actual ministro de Defensa. 
Es sumamente importante que las fuerzas militares se muevan dentro del mandato constitucional y al servicio de la seguridad de todos los ciudadanos. 
Asimismo, con el aumento de las tensiones en Middle Belt, queda ilustrada mi creciente preocupación por el abismo que se está abriendo cada vez más entre el centro y el sur con motivo de las diferencias religiosas. 
Cuando el presidente Obasanjo, apenas hace dos semanas, volvió a asegurar en un encuentro personal en Washington con su homólogo americano, el presidente Bush, su apoyo a la coalición internacional contra el terrorismo, se vio confrontado ese mismo viernes 2 de noviembre con la entrada en vigor de la decisión de introducir el derecho penal islámico, la sharia, en Kaduna como décimotercer estado federal. 
Desgraciadamente, esto no fomentará la convivencia pacífica entre musulmanes y la gran minoría cristiana en este estado. 
Como punto final, señor Presidente, quisiera manifestar desde este sitio mi gran apoyo a los intentos del presidente nigeriano y el parlamento de investigar las causas de los continuos conflictos étnicos y religiosos y abordarlos, a lo que hace referencia el punto cuatro de la resolución entre otras cosas. 
Pido al Consejo y a la Comisión que presten su ayuda en la medida de lo posible. 
Señor Presidente, aquéllos de nosotros que estuvimos en Abuja y Kano el año pasado con motivo de la reunión ACP acogimos favorablemente el paso de la dictadura militar a la democracia del Presidente Obasanjo. 
También nos percatamos de la tensión a punto de estallar que existía en el país, particularmente en el norte, con brotes de violencia. 
La ley sharia, exigida por algunos musulmanes y temida por la mayoría de los cristianos y demás religiones, ha sido un poderoso símbolo de la causa de esa tensión; en parte por el hecho de que el norte de Nigeria no se ha beneficiado de la independencia y del petróleo como ha hecho el sur, y en parte como resentimiento por la corrupción del país que les parece crónica. 
Miles de personas han muerto a causa de la violencia, sobre todo en Kaduna, y muchos hogares, iglesias y empresas de cristianos han sido destruidos. 
El gobierno del estado de Zanfara ha concedido a los grupos de vigilantes locales la facultad de aplicar la sharia. 
En respuesta, diecisiete estados del sur han exigido el derecho a crear sus propias fuerzas policiales. 
Los norteños están abandonando Lagos tras producirse disturbios que han provocado muertes. 
En el norte, a los periodistas de Kano se les amenaza con la sharia si presentan ésta de manera negativa. 
Ahora vemos en Benue y Taraba, en el este y el centro de Nigeria, otras guerras, pero éstas son de carácter tribal, no religioso. 
Las disputas de Jukun y Tiv versan sobre tierras y antiguas rivalidades, no sobre religión. 
Diecinueve soldados que intentaban mantener la paz fueron secuestrados y asesinados. 
Luego se produjeron las terribles represalias en las que Zabikian, un pueblo de 20.000 habitantes, fue destruido y más de 200 personas asesinadas. 
Por supuesto, acogemos favorablemente el anuncio del Presidente Obasanjo de abrir una investigación. 
Debe pararse la violencia étnica y religiosa en Nigeria. 
Debe existir igualdad ante la ley; no miedo y violencia. 
La corrupción, provenga de donde provenga, debe extirparse. 
La Unión Europea debe prestar su apoyo. 
También debe ofrecer ayuda humanitaria a Nigeria, donde más de 200 personas han muerto de cólera en las últimas semanas y ayudar a las personas que han sido desplazadas a causa de la violencia. 
Señor Presidente, Señorías, los acontecimientos en y en torno a Afganistán han desviado nuestra atención de otros focos de tensión presentes en otras regiones del mundo como es el caso de Nigeria. 
No debe la Unión Europea mostrarse indiferente respecto de lo que está sucediendo en ese populoso país africano. 
A principios de este año, el Presidente nigeriano Obasanjo dijo que el año 2001 sería el año en que la población nigeriana recogería los frutos de la democracia. 
Por ello apostamos cuando nos reunimos en Abuja en el marco de la Asamblea conjunta de la ACP y de la UE. 
El voto de confianza se ha transformado en una seria preocupación. 
Una escisión dentro del partido del gobierno de Nigeria, la ausencia de mejoras económicas y la permanencia de pésimas condiciones de vida entre la población han provocado una creciente predisposición a la violencia que está preparando el terreno a los extremistas políticos. 
Para mantenerlos en jaque, el Presidente Obasanjo se ha visto obligado a enviar soldados a siete estados federados nigerianos. 
Más de 3000 personas han muerto en este tiempo, y el temor a que los militares tomen de nuevo el poder está volviendo. 
Las tensiones religiosas y étnicas están creciendo por la introducción y la aplicación de la sharia en cada vez más estados federados. 
A menudo, los actos violentos no son penalizados. 
El Presidente y todas las fuerzas democráticas de Nigeria están comprometidas a actuar contra la violencia sin desfallecimiento y con medios democráticos, a imponer el respeto a los derechos humanos universales y a promover reformas económicas a favor de todas las regiones del país para acabar con la miseria. 
De la Comisión hay que esperar que acompañe ofensivamente este proceso y haga todo lo que esté en su poder para que este foco de tensión en África sea reconducido democráticamente. 
Señor Presidente, cuando usted anuncia un debate sobre la República Democrática de Nigeria, estoy convencido de que la audiencia, al igual que yo, lo asocia con una oligarquía militar, corrupta, de un país de África que nosotros apoyamos. 
Nigeria es la prueba, señor Presidente, de que la riqueza y el valor de una nación se miden con frecuencia por la importancia que concede a los derechos humanos, y particularmente a la mujer, a la infancia y a los trabajadores. 
Así, Nigeria es el país más poblado de África. 
En este aspecto, tiene recursos. 
Este país dispone igualmente de recursos mineros, y de una importante producción de petróleo que debería garantizarle a su población la erradicación de la miseria. 
Además, su gran diversidad podría ser un verdadero factor de dinamismo. 
Pero desde hace décadas, se ha permitido que se desarrolle un clima de violencia contra los demócratas. 
Los gobernantes nunca han impuesto verdaderas sanciones a los responsables de los asesinatos y de la violencia extrajudicial. 
Al no llevar a cabo ninguna actuación preventiva, el poder militar ha dado carta blanca a un clima de conflicto étnico soterrado, y un conflicto de esta naturaleza, que enfrenta al Este del país a los Tivs y a los Jukuns, acaba de provocar la muerte de 200 civiles, víctimas de una masacre. 
Señor Presidente, señora Comisaria, miren por dónde, lo que es sorprendente en grado sumo, es que las autoridades del Estado intenten trivializar esta actuación explicando que los soldados implicados en la matanza han actuado en respuesta al asesinato de compañeros milicianos. 
En mi opinión, tal y como lo reafirmamos en la Cumbre ACP el pasado 1 de noviembre, debemos obligar a los países que pretenden ser nuestros interlocutores legítimos, y que elegimos como interlocutores, a someterse a las normas comunes y a los convenios internacionales cuando nos solicitan ayudas financieras. 
En cuanto a Nigeria, este proceso pasa por luchar contra la aplicación de la charia islámica- en concreto, hace varias semanas, se permitió que una mujer fuera lapidada ante las cámaras de televisión, sin que ningún país reaccionara- e, igualmente, se está desarrollando en paralelo un clima anti-islámico, se están incendiando mezquitas, y eso también ocurre ante la indiferencia general. 
Finalmente, se impone la apertura de una investigación independiente sobre los asesinatos ocurridos en noviembre de 1999 y en octubre de 2001. 
Hay que señalar que nuestros colegas parlamentarios nigerianos han calificado estas matanzas de "purificación étnica". 
Para terminar, creo que he defendido frecuentemente en este foro la anulación de la deuda de los países del Tercer Mundo. 
Pues bien, señor Presidente, esta anulación de la deuda hay que condicionarla al hecho de que en estos países se respeten de verdad los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y de los niños. 
No debemos seguir aceptando que estos países se pongan la etiqueta de demócratas, firmando convenios que luego no aplican. 
Señor Presidente, entre el 22 y el 24 de octubre pasados, soldados nigerianos asaltaron a la población de la provincia de Benue. 
En esta matanza, más de 200 civiles fueron asesinados, y algunas casas y tenderetes fueron incendiados. 
Hay que abrir una investigación rápida, imparcial y eficaz sobre esta carnicería. 
El gobierno federal nigeriano debe encarecidamente garantizar el respeto absoluto a la Constitución y el Estado de derecho. 
No lo hace, a pesar de las esperanzas que se habían depositado en él. 
El ejército nigeriano es incapaz de restablecer el orden civil, cosa que por cierto no forma parte de sus competencias. 
Sólo una fuerza policial que respetase los derechos humanos sería capaz de devolverle la confianza a las distintas comunidades. 
El Parlamento Europeo tiene la obligación de condenar estas carnicerías, que vienen a sumarse a la intolerancia religiosa y al mal funcionamiento de la justicia. 
La interpretación abusiva de la charia, tal y como se aplica actualmente en Nigeria, es una violación de los derechos humanos fundamentales, y ante todo de los de la mujer. 
Ni la Unión Europea ni las Naciones Unidas han tomado nota en sus resoluciones del recrudecimiento de los conflictos étnicos en Nigeria. 
Urge aportar ayuda humanitaria para las personas desplazadas y para los refugiados. 
Finalmente, la Unión Europea debería aplicar el procedimiento previsto por el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou. 
Señor Presidente, el asesinato de cientos de miembros de la comunidad Benoue, así como la lapidación de la mujer embarazada en el norte de Nigeria muestran la desesperada situación en la que se halla este país. 
La Comisión Europea, en el marco de sus competencias y posibilidades, sigue de cerca la situación. 
En mayo de 2001, la Comisión publicó una posición común que prevé la ayuda al diálogo social con Nigeria. 
La base de esta posición común son los derechos humanos y las dos misiones con líderes diplomáticos de la Unión Europea han entrado en contacto con el gobierno de Nigeria. 
Una de las misiones estaba relacionada con la situación económica y la otra con los derechos humanos y han subrayado el problema de dichos derechos y la necesidad de que el gobierno intervenga y emprenda acciones. 
El gobierno ha admitido los problemas, ha acentuado que piensa continuar sus esfuerzos en esta dirección, pero los diputados han registrado, creo, los límites de las posibilidades de intervención del gobierno concreto. 
Hay dos puntos en las resoluciones a los que me quiero referir muy brevemente. 
El primero es sobre la educación de las fuerzas de seguridad en el sector de los derechos humanos. 
Es un sector nuevo para la Comunidad ya que hasta hoy, se incluía en las cooperaciones militares. 
Sin embargo, hoy en día la Comunidad apoya tales programas en Argelia, Guatemala, Ucrania, el territorio palestino. 
La Comisión está reexaminando las posibilidades de intervenir en África occidental, Liberia y la Costa de Marfil y en cuanto a Nigeria, El Reino Unido, Francia y los Estados Unidos participan en dichas acciones. 
La Comisión sigue los problemas des los derechos humanos, pero no puede intervenir en este sector de educación de las fuerzas de seguridad si no lo solicita el gobierno de Nigeria. 
En cuanto a la ayuda humanitaria, la Comisión Europea interviene donde las autoridades nacionales o locales no están en situación de afrontar desastres naturales, o calamidades provocadas por el hombre, y si estos países piden ayuda del extranjero. 
Hasta hoy, Nigeria no ha solicitado ayuda. 
Las autoridades locales solucionan en mayor o menor medida los problemas que se les presentan, principalmente por los movimientos de la población en el interior del país; pero debemos subrayar que, tal como hemos oído, los problemas de Nigeria son de carácter profundamente estructural. 
La ayuda al desarrollo a corto plazo no es suficiente para solucionarlos. 
Con todo, la Comisión considera significativo el seguimiento directo e in situ de los cambios recientes y, por esta razón, proyecta enviar una delegación de la ECHO a Nigeria, a fin de registrar los peligros mencionados. 
Se lo agradezco infinitamente, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Catástrofes naturales 
Señor Presidente, antes de empezar a consumir mi tiempo de dos minutos y como cuestión de orden, quiero señalar a la Presidencia que se ha producido un error en el texto que le ha sido transcrito. 
En el apartado cuatro de la Resolución falta una frase que dice literalmente "que sea compatible con la doctrina de la Unión Europea sobre cooperación, respeto a los derechos humanos y democracia". 
Ese fue el texto acordado por todos los grupos según consta en un documento que le ha remitido a la Presidencia la consejera de materia de relaciones internacionales del Grupo de los Verdes. 
Y ahora sí, señor Presidente, empezando con mi turno reglamentario quisiera señalar que lo que esta Resolución intenta afrontar es el problema de la devastación creada por el huracán Michelle, que ha afectado singularmente a tres países: Honduras, Nicaragua y Cuba. 
Estos efectos son tanto más terribles, cuanto los tres países se debaten en una situación de pobreza que yo caracterizaría de extrema. 
Puesto que en la Resolución se hace referencia a la reciente visita que hicimos a Nicaragua, simplemente, como datos ilustrativos de la situación del país, quisiera señalar que Nicaragua es, en estos momentos, el país más pobre de la América continental. Que el 50% de los nicaragüenses viven en estado de pobreza y el 17% en situación de extrema pobreza- ser pobre en Nicaragua quiere decir tener que vivir con un dólar al mes-. 
En datos macroeconómicos, Nicaragua tiene una deuda externa de 6 500 millones de dólares, exporta menos de la tercera parte de lo que importa y el país cuadra su balanza de pagos y vive, en definitiva, de la ayuda internacional y de las remesas de emigrantes, singularmente en Estados Unidos y Costa Rica. 
En cuanto a la situación de Cuba, en otra visita de la delegación, creo que todos coincidiremos en que la situación del país es extraordinariamente tenebrosa. 
Cuba, en estos momentos, vive, en primer lugar, de las remesas de emigrantes y, en segundo lugar, del turismo, que son partidas más importantes que todas las exportaciones cubanas juntas. 
Así las cosas, lo que esta Resolución pretende es, en primer lugar, mostrar la solidaridad con los pueblos afectados y con las víctimas humanas que se han producido como consecuencia del huracán. 
En segundo lugar, y me dirijo muy especialmente a la Sra. Comisaria, quiero mostrar la satisfacción de este Parlamento por cómo ha actuado la Oficina de Ayuda Humanitaria. 
En tercer lugar, pido que en el caso de Honduras y Nicaragua los daños que se evalúen se consideren en el marco del programa de reconstrucción de América Central. 
Puesto que de Nicaragua hablamos, hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista, y me dirijo aquí a la ponente, que dice que, como se han producido desvíos de fondos- y se refiere a los fondos europeos -, hay que hacer tal y tal cosa. 
Yo me he tomado la molestia de llamar a la delegación de la Comisión en Nicaragua. 
Aquí tengo un fax en que se me dice que en ningún caso se ha demostrado, ni ha habido investigación alguna sobre esos fondos, por tanto no se puede afirmar que haya desvíos. 
En la reciente visita comprobamos que esas acusaciones se habían producido en el marco de una campaña electoral, pero que no hay ninguna decisión judicial al respecto. 
Por tanto, me parece extraordinariamente temerario hacer afirmaciones en este tema. 
Señor Presidente, por lo que se refiere a Cuba, la frase que hemos añadido puede ser interpretada por las distintas fuerzas políticas como tengan a bien. 
Pero cuando nosotros decimos que queremos que se produzca un acuerdo de cooperación de acuerdo con la doctrina europea, queremos decir lo que dijo el informe Newens y lo que dijo la posición común, iremos a un acuerdo de cooperación cuando el régimen cubano avance significativamente en la mejora del respeto a los derechos humanos y progrese hacia una democracia pluralista. 
Esa es la doctrina de la Unión, que se recoge de forma implícita en esta Resolución. 
Querido colega, le advierto que se le había descontado el tiempo de su introducción, y por tanto ha hablado usted efectivamente durante tres minutos y medio. 
Pero su discurso ha sido interesante, y no hay ningún problema. 
Me gustaría simplemente decir que, tres años después del huracán Mitch, Centroamérica vuelve a ser castigada por una tragedia con el huracán Michelle. 
Desde entonces, no olvidemos que ha sufrido un terremoto, la sequía y la hambruna. 
Sin embargo, a pesar de estas catástrofes, en estos países se está produciendo un lento restablecimiento de la democracia, y la delegación europea que acaba de recorrer Guatemala, Honduras y Nicaragua, de la que he formado parte, es unánime en esta apreciación. 
La regularidad de las recientes elecciones en Nicaragua es otro botón de muestra. 
Por tanto, creo que, en esta evolución democrática, la actuación de la Unión Europea ha sido decisiva, y podemos estar orgullosos de ello. 
Esto es lo que me lleva a pedir dos cosas: la primera, que se eleve el importe de los créditos destinados al plan de reconstrucción de América Latina, que actualmente asciende a 250 millones de euros para el periodo 1999-2002, en la medida en que no se han tenido en cuenta las recientes catástrofes. La segunda, que se revise la anacrónica postura de la Unión Europea con respecto a Cuba. 
Cuba también ha sufrido una devastación total con este nuevo huracán, que para ella es el más violento de los últimos cincuenta años, y actualmente es el único país de Centroamérica que no ha firmado un acuerdo de cooperación con la Unión Europea, por lo que, en estas situaciones de desamparo, sólo cuanta con ayudas humanitarias y de emergencia. 
Por lo tanto, en cuanto a Cuba, les podría decir, en clave de humor, que no sean más papistas que el Papa, sabiendo que él no ha dudado qué partido tomar, pero la trágica situación de este país me impide tomarme la cosa a broma. 
Y, ya más en serio, les diría: "no nos equivoquemos de enemigo". 
El enemigo ya no es el comunismo, sino el terrorismo, y éste se alimenta de la miseria; la democracia no se construye sobre el hambre. 
Ahora bien, Cuba es una pieza importante, incluso esencial, del proceso de integración y de pacificación que se está produciendo en Centroamérica. 
En consecuencia, le pido encarecidamente al Consejo que le dé un mandato a la Comisión para retomar los debates democráticos de cooperación con Cuba, pero dentro del respeto absoluto a los valores democráticos europeos, que no toleran la ley del embudo. 
Señor Presidente, es bastante triste es que en estas tardes de urgencias casi siempre tengamos que solicitar de nuevo ayuda para catástrofes que asolan precisamente a los países más pobres. 
Tanto la delegación que- como decía el Sr. García Margallo- visitó Cuba y el El Salvador como la delegación posterior que se desplazó a Honduras y Nicaragua, pudieron ver la situación en que se encuentran estos países. 
Es una situación tenebrosa. 
Nadie diría de Cuba que tiene una situación tenebrosa; seguramente hay muchos problemas que Cuba debe de resolver, pero no hay nada de tenebroso en ella y cualquiera que viaje a Cuba lo puede comprobar. 
En todo caso, Sr. Presidente, creo que hay que felicitar a la Comisión Europea por la rápida reacción ante esta catástrofe. 
Hay que saludar también que en Cuba no haya habido tantas víctimas gracias a la rapidísima y buenísima organización de que hicieron gala las autoridades en servicio de la población e incluso de los turistas. 
Algunos turistas españoles manifestaron en la televisión, que habían recibido un trato excelente en una situación de emergencia como esa. 
Yo estaba muy contenta porque había desaparecido del apartado 4 la última frase, que es un añadido cogido por los pelos. 
Porque lo que lamentan en Cuba las organizaciones no gubernamentales, la iglesia y hasta los representantes de la Unión Europea, lo que lamentan incluso los disidentes es que haya una posición común que impide una relación normalizada con Cuba como existe con el resto de los países. 
Es bastante triste para la Unión Europea que sea Cuba el único país de la Latinoamérica que no tiene un acuerdo de cooperación. 
Somos conscientes de que cuando se aprueba aquí una resolución como ésta, ha de ser objeto de un consenso mayoritario. 
Si es verdad que hubo un acuerdo en que figurara esa frase, debe de estar; pero, desde luego, lo que hay que lamentar es que no haya un acuerdo de cooperación con Cuba, pues a este país se le debe de exigir lo mismo que al resto de los países. 
Ayer se debatió aquí esa cuestión y se vio que ni a Turquía ni a Marruecos ni a una parte importante de los países de Latinoamérica se les exige que tomen medidas antes de llegar al acuerdo. 
Sólo se lo exigimos a Cuba. 
Esa es la diferencia. 
Y eso se pudo constatar aquí, señor Presidente. 
Por eso, si hay que incluir la frase, se incluye, pero es de lamentar que sea sólo Cuba el país al que se le exige el cumplimiento de esas condiciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en nombre del Grupo de los Verdes, quiero expresar también nuestra solidaridad con la población de Honduras, de Nicaragua y de Cuba, cruelmente castigada por el paso del devastador huracán Michelle. 
Junto con Iris, el 8 de octubre, o junto con Mitch, al que todavía recordamos, este huracán forma parte de esa larga lista de catástrofes naturales que, regularmente, afectan a zonas ya debilitadas, y en las que la desgracia viene a sumarse a la pobreza. 
Estas catástrofes, catalogadas como naturales, nos recuerdan una vez más que el cambio climático y el desarrollo no duradero acentúan y seguirán acentuando en el futuro unos efectos devastadores que ya de por sí son considerables. 
Y aunque la Unión Europea puede estar orgullosa de la ayuda que la ha concedido a Honduras y a Nicaragua, nos vemos obligados a dejar constancia de que Cuba está totalmente excluida de esta solidaridad. 
Cuba, que ha sufrido la catástrofe más grave de estos últimos cincuenta años, no puede beneficiarse de nuestro apoyo, porque es el único país de América Latina y Central que no tiene un acuerdo de cooperación con la Unión. 
Esta situación está desfasada, y nos corresponde reafirmar la necesidad de concluir rápidamente con Cuba un acuerdo de cooperación basado en un desarrollo ecológicamente duradero, y de revisar la postura de la Unión Europea. 
Defendemos la igualdad de trato para todos los países, y Cuba ha quedado totalmente excluida de este principio. 
Por añadidura, el embargo americano que soporta esta isla le impide comprar los alimentos y las medicinas que el pueblo cubano necesita con urgencia. 
Las farmacias están vacías y los hospitales tienen todo tipo de carencias. 
No podemos tolerar una situación que priva a todo un pueblo de las ayudas que, en cambio, sí llegan a la población de los países vecinos que han sido víctimas de esas mismas catástrofes. 
Para cambiar este estado de cosas, debemos también secundar la petición de que se levante el embargo que pesa sobre Cuba. 
Señor Presidente, nuestra primera reacción es la del pésame sincero a las familias y a los pueblos de las víctimas pero, inmediatamente debemos reiterar nuestro compromiso de solidaridad con los países afectados, cuidándonos de que esa solidaridad se traduzca en acciones inmediatas, generosas y eficaces. 
El protagonismo inicial correspondía a nuestra Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO) y parece que la Comisión ha actuado con la rapidez necesaria a través de dicha Oficina. 
Pero no debería acabar ahí la acción de la Unión Europea, sino que nuestra participación debería ser notable en la reconstrucción de todo aquello que haya sido destruido o dañado por el huracán Michelle. 
Buena parte de nuestros esfuerzos encontrará acomodo en el plan de reconstrucción para América Central, así como en el marco de los acuerdos que la Unión mantiene con Honduras y con Nicaragua. 
Y aquí es donde nos damos de bruces con la lamentable carencia de un acuerdo semejante con la República de Cuba. 
No tiene sentido que Cuba que, entre otras cosas, tiene en los Estados miembros de la Unión Europea a su principal interlocutor económico, comercial, turístico, etc., sea el único país de América Latina con quien la Unión no ha suscrito un convenio de cooperación. 
Por ello, en la situación actual la Unión Europea se encuentra limitada a actuar casi exclusivamente en el ámbito de la asistencia humanitaria y de emergencia. 
Desde aquí pedimos a la Comisión mucha flexibilidad a la hora de interpretar la idoneidad de proyectos que, junto a ese tipo de ayuda, también contribuyan a la superación de los daños y a la reconstrucción de los sectores más afectados en la Isla por los efectos del huracán. 
Es urgente reformar la posición común de la Unión Europea sobre Cuba- hoy obsoleta y hasta contraproducente- de cara a los objetivos que decía perseguir cuando se estableció en 1996, es decir, el progreso y la prosperidad del pueblo cubano. 
Yo también hubiera preferido que el párrafo añadido por el Grupo del Partido Popular Europeo fuera para exigir a Cuba lo mismo que se exige a los demás países con los que coopera la Unión Europea. 
En todo caso, no creo que lo tenebroso se dé tanto en la situación de Cuba como en las gafas que algunos se ponen para mirar a Cuba exclusivamente. 
Señor Presidente, esperamos que el diálogo, sin condiciones previas y sin exclusión de tema alguno en su agenda, que parece haberse reiniciado con el encuentro de este lunes en Nueva York entre el Presidente del Consejo y el Canciller cubano, dé pronto sus frutos y conduzca a la firma de un tratado de cooperación que beneficie a Cuba y que permita a la Unión Europea actuar con normalidad, con mayor eficacia y hasta con mayor influencia en sus relaciones con aquel país. 
Inundaciones en Argelia 
Señor Presidente, desde hace muchos años Argelia es un país turbulento. 
Su reputación e imagen en el extranjero se ha visto dañada por la violencia, las masacres y las violaciones de los derechos humanos, pero eso no es nada comparado con el dolor y el sufrimiento de su pueblo. 
Un millón de personas murieron en la lucha por la independencia y otras 100.000 han muerto en las actuales luchas por el poder entre militantes islámicos y militares y en la minoría bereber que pretende un reconocimiento político y cultural. 
Ahora, en este país, cuyas cuatro quintas partes las ocupa- paradójicamente- el desierto del Sahara, se ha producido la catástrofe de las inundaciones en Argel, donde las riadas han provocado un número de víctimas que se va acercando al millar mientras continúa la horrible tarea de buscar entre el barro y los escombros. 
No es la primera vez que se produce este tipo de calamidad. 
En 1994, 30.000 personas se quedaron sin hogar en la zona de Tinfouf; pero a diferencia de esa ocasión en que se perdieron siete vidas, ahora ya han muerto 693 personas, hay más de 300 desaparecidos y se cree que 20.000 personas se han quedado sin hogar. 
Lo urgente ahora es que la Unión Europea contribuya con ayuda humanitaria. 
Existe una evidente necesidad de alojamiento, alimentos y productos médicos y yo, desde luego, acojo favorablemente los 750.000 euros que se han concedido para estos fines en el marco del fondo de ECHO, así como los prometidos 225 millones del Banco Europeo de Inversiones para las cañerías de suministro de agua potable. 
Se necesitan también maquinaria pesada adecuada para hacer frente a situaciones como ésta, e incluso los picos y las palas parecen escasear. 
Teniendo en cuenta que Argelia se encuentra en una zona de terremotos, sería prudente que en el futuro dispusieran de todo esto. 
Me gustaría oír de la Comisión las propuestas que tiene al respecto. 
Es también necesario analizar la práctica de sellar las alcantarillas de recogida de agua para evitar ataques terroristas, porque, en este caso, ha agravado claramente la situación. 
Señor Presidente, nos hemos quedado anonadados ante la gran cantidad de víctimas que han originado las inundaciones. Creo que la UE, la Comisión y los Estados miembros están obligados a hacer cuanto esté en su mano para ayudar a los afectados a salir de esta difícil situación. 
Aunque Algeria está más al sur que nosotros, sabemos que en invierno el clima puede ser frío y lluvioso. 
Necesitan, pues, ayuda. Todo lo que podamos hacer para reducir su sufrimiento debe ser hecho y sin condiciones. 
Esto no quiere decir que no podamos ver algún signo de esperanza tras esta catástrofe y tras nuestra ayuda, a saber: la esperanza de que Algeria encuentre un camino para fortalecer realmente el importante diálogo entre los que buscan la paz y la libertad para el país. 
Las víctimas algerinas causadas no sólo por la guerra colonial, sino también las que se han producido en los últimos meses y años, son horrorosas. 
Los hechos son horribles, y ya es hora de que el gobierno y el Presidente del país encuentren una vía para salir de la crisis. 
Con la elección de Bouteflika como Presidente se despertaron muchas esperanzas, pero en los últimos meses se han producido también muchas decepciones, decepciones porque se habla mucho y se hace poco, decepciones porque se habla ex catedra, se habla al pueblo pero no se habla con la población. 
Los trágicos sucesos de la Cabilia- una comisión los ha estudiado sobre el terreno y ha descubierto sus causas- deberían ser un motivo para transformar las condiciones del diálogo, para transformar las condiciones políticas argelinas. 
La causa de los disturbios en la Cabilia que se han extendido a todo el país o a amplias regiones del país, no han sido instigadores anarquistas o grupos dirigidos desde el extranjero, sino que, como constató la Comisión para Algeria, la causa fue la falta de actuación de las fuerzas de seguridad. 
Por ello, estos trágicos sucesos deberían servir de motivo para que en Algeria se ensaye otra política, una política dirigida a dar más oportunidades a la población, incluso más oportunidades económicas y sociales. 
Señor Presidente, como decía el Sr. Swoboda, Argelia ya tenía bastante castigo con las muertes que hay continuamente, sobre todo de personas inocentes, y también con la pobreza que asola una parte de su población. 
Por lo tanto, esta catástrofe viene a agravar esa situación, con más de 600 víctimas, como se decía, y con más de 20.000 personas que han perdido toda clase de vivienda. 
También en este caso se felicita en la Resolución a la Comisión Europea por reaccionar de forma inmediata, pero probablemente sería necesaria una ayuda especial de emergencia. 
Es verdad que el Parlamento Europeo colegisla el presupuesto con el Consejo, y, por lo tanto, el resultado es el que todos logramos, lo sé, pero me invade la tristeza- sobre todo en las tardes en que desgraciadamente tenemos que hablar de tantas catástrofes- por no tener una partida suficiente que prevea estas catástrofes. 
Porque siempre nos encontramos en la necesidad de mendigar, de rescatar algún dinero para hacer frente a ellas. 
En el caso concreto de la Resolución, se solicita también a la Comisión Europea que pueda enviar expertos y técnicos que ayuden a evaluar los daños y que vean la forma de reconstruir lo destruido. 
Sé que a la Comisión Europea se le piden muchas cosas, pero es verdad también que el Parlamento Europeo es muy sensible tanto a la situación de los países de América Central- como decíamos antes- como a la de los países del Mediterráneo. 
Habría que solicitar- y solicitarnos- como se dijo el otro día en la Comisión de Desarrollo al hablar de la reconstrucción de Afganistán (... después de haberla destruido previamente... ) , que dicha reconstrucción no suponga una detracción de fondos para países del Mediterráneo, de América Latina y de África, que tanto necesitan de ellos. 
Señor Presidente, de entrada, me gustaría expresar mi total solidaridad y la de mi Grupo con el pueblo argelino, que de nuevo se ha visto golpeado por una gran tragedia. 
A nosotros, que estamos del lado del pueblo argelino, sobre todo en su lucha por la independencia, nos han afectado mucho las trágicas consecuencias de las inundaciones en este país. 
Los daños materiales, y en especial las pérdidas humanas, hacen peligrar el desarrollo del país, y recrudecen las carencias tanto estructurales como políticas que ya sufre habitualmente. 
Esta catástrofe pone nuevamente de relieve las incapacidades del gobierno argelino: la construcción de viviendas y de infraestructuras de carreteras en zonas inundables y el cierre voluntario de las alcantarillas por supuestos motivos de seguridad dan fe de la verdadera irresponsabilidad de sus dirigentes. 
A esto, hay que añadir episodios de corrupción y fondos que no se aplican adecuadamente. 
El gobierno ha fracasado en su misión principal de satisfacer el interés general. 
No se han garantizado en ningún caso ni la cobertura de las necesidades ni la seguridad de la población. 
En consecuencia, hemos de invitar a las autoridades argelinas a que corrijan enérgicamente sus errores del pasado. 
Esta situación no debe reproducirse bajo ningún concepto, ni en Argelia ni en ningún otro sitio. 
No se puede seguir tolerando que se ponga en peligro la vida de los ciudadanos por culpa de comportamientos irresponsables, interesados o culpables. 
Señor Presidente, podríamos preguntarnos por qué nos estamos ocupando de una inundación, aunque sea de enormes proporciones, ocurrida en Algeria. 
De hecho, en los últimos días se está desarrollando un vivo debate sobre la consternación. 
En un gran evento celebrado en Nürnberg, uno de los principales arabistas de Alemania se ha lamentado de que en zonas del mundo islámico haya muy poca consternación por los crueles acontecimientos de Nueva York. 
Entonces le repliqué de que nosotros tampoco manifestamos mucha por Chechenia, donde fueron asesinadas 100.000 personas, o por Irak, donde 100.000 personas, sobre todo niños, han muerto de hambre. 
De hecho hay algo así como particulares culturas de la consternación que difieren según culturas y según regiones del mundo 
Por eso debemos procurar mostrar nuestra consternación ante nuestros socios árabes y musulmanes cuando sufren semejantes catástrofes, para que los terroristas- éste fue el objetivo del 11-S- no enfrenten a una civilización contra otra y no puedan dar lugar al clash of civilisations. 
Los muertos argelinos también son nuestros muertos. 
Los sin techo de Algeria son también nuestros sin techo. 
Si en el ámbito económico hablamos de una global village, debemos también hablar de una global village de la compasión y de la solidaridad. 
Por ello, la Unión Europea está obligada a suministrar una generosa ayuda humanitaria a nuestros socios del mediterráneo, del mundo árabe, con los que ahora estamos colaborando más estrechamente que nunca, ante nuestra propia puerta, pero también debemos procurar que Algeria emprenda una vía que le permita tener mayor capacidad que hasta ahora de ayudarse a sí misma. 
Ayuda para la autoayuda debe ser nuestro objetivo prioritario, pero también deber ser un objetivo nuestro ayudar ahora y en términos concretos a las víctimas de esta catástrofe, no sólo con dinero, no sólo con un cheque generoso, sino también haciéndoles ver que su destino es un destino que nosotros los europeos lo compartimos de corazón, un destino que nos afecta como si fuese el nuestro. 
. (EN) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a sus señorías por sus amables palabras en relación con ECHO; transmitiré estas felicitaciones al Sr. Nielson, el Comisario responsable. 
En primer lugar, respecto del huracán Michelle, la Comisión ha seguido de cerca sus efectos en Centroamérica y en la zona del Caribe desde el inicio de la crisis, en cooperación con nuestros expertos y nuestros socios en esta materia. 
El huracán Michelle empezó el 29 de octubre como una tormenta tropical en la costa norte de Nicaragua y Honduras, donde causó graves inundaciones. 
Los sistemas de comunicación demostraron su eficacia al ser los únicos sistemas operativos que permitieron una rápida evaluación en zonas de difícil acceso como Moskita. 
El 1 de noviembre, ECHO inició conversaciones con las ONGs presentes en el terreno para establecer sistemas de emergencia, en particular, en la región de Moskita de Honduras y Nicaragua- las zonas más afectadas. 
El 4 de noviembre, Michelle se convirtió en un huracán que cruzó Cuba y afectó a Jamaica. 
Afortunadamente, las autoridades locales habían puesto en marcha medidas de evacuación oportunas. 
Los servicios de ECHO decidieron la financiación una vez realizada la evaluación inicial de los daños del huracán en Cuba. 
Esta decisión de asignar 1.050.000 euros debe ser aprobada a finales de esta semana y se aplicará a la región de Moskita en Honduras y Nicaragua, a Cuba y a Jamaica. 
La decisión implicará, fundamentalmente, evacuación de personas en peligro, ayuda humanitaria para Honduras, alojamientos provisionales en Jamaica y distribución de agua y de paquetes con productos médicos y sanitarios en todos los países. 
Sus señorías han planteado dos grandes cuestiones. 
Una de ellas se refiere a Nicaragua. 
Quisiera asegurarles que todos los fondos repartidos son objeto de un seguimiento periódico y que no se han detectado hasta ahora irregularidades. 
Esa fue la valoración de la delegación del Parlamento que visitó Nicaragua. 
El segundo comentario se refiere a Cuba. 
Algunas personas deseaban una revisión de la Posición Común de la UE sobre Cuba anunciada el 25 de junio de 2001. 
Pero se seguía diciendo que Cuba no había recibido ayuda humanitaria alguna hasta ahora. 
En realidad, Cuba se ha beneficiado de alrededor de 125 millones de ayuda desde 1993, en gran medida, ayuda de tipo humanitario, así como del programa de seguridad alimentaria y de algunas ayudas de partidas presupuestarias. 
Pero por el momento, la línea seguida por la Comisión es la propuesta en la última Posición Común de la UE que ya he mencionado. 
En cuanto a Argelia, la situación en el país es muy compleja. 
Hay muchos tipos distintos de problemas, pero sólo me referiré al problema de las inundaciones del pasado fin de semana. 
La Comisión Europea ha seguido la situación con mucha atención y preocupación. 
El Presidente Prodi envió un mensaje al Presidente Bouteflika para expresar la solidaridad de la Unión Europea con las víctimas de las inundaciones en Argelia. 
Desde ese momento, la Comisión, a través de su oficina de ayuda humanitaria, ha respondido de manera rápida a las inundaciones. 
Se ha adoptado, con arreglo al procedimiento prioritario de emergencia, la decisión de asignar 758.800 euros de ayuda humanitaria para ayudar a atender las necesidades urgentes de las víctimas. 
Los fondos ya se están empleando en acciones de ayuda de diversa índole, tales como alojamientos provisionales, camas, ropa y mantas, agua, o ayuda sanitaria y médica. 
Las operaciones humanitarias financiadas al amparo de esta decisión las llevará a cabo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y dos ONGs, Médicins du Monde y Médicins sans Frontières. 
Con esas decisiones sobre el huracán Michelle y sobre las inundaciones en Argelia, la Comisión pone de manifiesto su firme decisión de atender las necesidades de las víctimas de desastres humanos siempre que se produzcan. 
Se lo agradezco infinitamente, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0723/2001 del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre las armas de calibre corto; 
B5-0729/2001 de los diputados Morgantini y Brie, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el control del tráfico internacional de armas y del corretaje de armamento; 
B5-0730/2001 de los diputados Maes, McKenna y Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, sobre el control del tráfico internacional de armas y del corretaje de armamento. 
Señora Comisaria, señora Presidenta, al igual que ciertos focos de conflicto de escaso alcance geográfico y mediático, ciertas categorías de armas, llamadas "ligeras", tienen también "escaso alcance legislativo y financiero", es decir, están insuficientemente reguladas por la legislación y son baratas. 
Entonces, ¿porqué nos sorprende que las armas de este tipo sean las que mantienen vivos estos focos de conflicto olvidados? 
Sin embargo, sólo por la cantidad de víctimas que han provocado, deberíamos alarmarnos, si no fuera porque la pobreza nos oculta a los muertos. 
A pesar de ello, a través del programa de acción de las Naciones Unidas, ha surgido una conciencia internacional para contener y regular el comercio, mejor dicho el tráfico, de estas armas ligeras que son responsables de la pérdida de tantas vidas humanas. 
El actual contexto internacional, con la coalición armada en Afganistán y la lucha internacional contra el terrorismo, refuerza aún más la necesidad de sumarse a esta iniciativa voluntaria y pionera de la Naciones Unidas, y de apoyarla. 
La Europa de la Defensa, con un Estado Mayor en cada país, no puede acaparar en exclusiva el capítulo militar de la Unión Europea. 
Debe cimentarse sobre la base de una Europa de la prevención y del control del comercio de armas, a través de un arsenal legislativo coercitivo que regule todas las facetas de esta industria. 
El corretaje de armas, los permisos de exportación y de tenencia, así como los procedimientos de extradición y de cooperación policial, deben estar en el punto de mira de nuestra legislación y ser objeto de un proceso de armonización por parte de nuestra Unión Europea. 
En lugar de intentar intervenir en conflictos que ya han estallado, ¿no sería mejor evitarlos desde el principio? 
La construcción legislativa de la actual Unión lo permite, ahora que su capítulo militar todavía está en preparación. 
Que Europa aproveche esta oportunidad para hacerlo. 
Señor Presidente, nos preocupa mucho la proliferación de armas de pequeño calibre y de armas ligeras, y, en particular, el tráfico ilegal y la circulación incontrolada de estas armas. 
No sé por qué el Parlamento ha decidido presentar una resolución urgente en este momento, a no ser que desee hacer una contribución útil en el contexto de la actual crisis internacional por la continua amenaza que suponen las armas en poder de los terroristas o por las consecuencias de la gran acumulación de armas en manos de los talibanes en Afganistán. 
En la propuesta de resolución, que recoge muchos elementos útiles, se hacen algunas referencias de pasada a estas cuestiones. 
Durante muchos años he trabajado por acabar con el problema de las minas antipersonales, pero siempre he intentado centrar la atención sobre los verdaderos culpables que utilizan estas armas de manera indiscriminada e irresponsable. 
Normalmente se trataba de grupos de rebeldes armados procedentes de países en desarrollo que no tenían respeto alguno por la vida humana y a los que les habían suministrado las armas países no occidentales. 
Es importante, por tanto, que al analizar la cuestión de las armas de pequeño calibre, nos cuidemos de no obsesionarnos en exceso con nuestras propias autoridades o nuestra industria: estos son los blancos fáciles. 
Deberíamos, por el contrario, centrarnos en los grupos terroristas y en otros elementos criminales que disponen de reservas de armas o que siguen obteniéndolas de diversas fuentes. 
Es escandaloso, por ejemplo, que se hayan tolerado durante tanto tiempo los grandes arsenales de armas en poder de organizaciones terroristas como el IRA en un Estado miembro de la UE para que pudiera amenazar o llevar a cabo ataques en otro. 
En relación con Afganistán, es de esperar que allí se establezca muy pronto un gobierno legítimo con aspiraciones democráticas y deseoso de conectar de manera positiva con el mundo real y de iniciar el desarrollo de una economía sostenible y de una vida mejor para su pueblo. 
Deben hacerse también esfuerzos por retirar las armas en manos de los talibanes y por integrar a los excombatientes en la sociedad. 
Y no me estoy refiriendo a los terroristas de ese país. 
Se han logrado muchas cosas. 
En el futuro deberíamos centrarnos, en cuanto a las armas de pequeño calibre, en identificar y destruir las reservas de armas en poder de insurgentes, terroristas y delincuentes y en cortar sus fuentes de suministro. 
En esto deberíamos centrar nuestros esfuerzos en los próximos meses y años. 
Señor Presidente, hace casi diez años, a principios de los noventa, viajé por Khyber Pass, un viaje que recomiendo mucho a todas sus señorías (aunque quizás no en este momento). 
En la cima de ese paso, hay un pequeño pueblo en el que se puede comprar comida, agua y "souvenirs". 
Los "souvenirs" son drogas, Kalashnikovs caseros y lanzacohetes tierra-aire de fabricación casera. 
Con el dinero que llevaba calculé que podía comprar diez Kalashnikovs o tres lanzacohetes. 
El único problema era cómo pasarlos por los controles de aduanas, ¡así que no los compré! 
El 10 de octubre de este año hubo un discurso en las Naciones Unidas, en Nueva York, del Secretario Adjunto de EE.UU. para el Control de Armas. 
Empleó frases que sonaban maravillosamente como "debemos redoblar nuestros esfuerzos a favor de la no-proliferación y el control de armas" o "todo el planeta se enfrenta a un reto en materia de seguridad". 
Pero no presentó propuesta alguna para el control de las armas de pequeño calibre. 
¿Por qué? 
Porque una tremendamente poderosa y rica organización llamada la Asociación Nacional del Rifle- NRA- había contribuido a la elección del gobierno actual, que, por tanto, no se va a enfrentar a esta Asociación. 
A la vista de los acontecimientos del 11 de septiembre y de la elevada tasa de asesinatos en los Estados Unidos de América, me pregunto qué hará falta para que este país coopere con el resto del mundo en la resolución de este problema. 
Mi Grupo apoya la propuesta de resolución porque es un pequeño paso en la dirección correcta. 
Señor Presidente, la acumulación de estas armas pequeñas en muchos puntos del planeta crea condiciones desestabilizadoras y de crisis y la Unión Europea se ha comprometido, dentro de sus posibilidades, a combatir este fenómeno. 
En la acción común de la Unión Europea para las armas ligeras y pequeñas, propone adoptar una serie de medidas para crear confianza, a las que se añaden medidas para aumentar la transparencia. 
La Unión promete proporcionar financiación y ayuda técnica a estados, organismos internacionales y ONG que soliciten apoyo para cumplir con estos objetivos. 
La Unión Europea saluda los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilegal de armas pequeñas y, por supuesto, reconoce que los resultados podrían ser más concretos, más claros, tal como se ha dicho en esta Asamblea. 
Sin embargo creemos que sólo la realización de esta primera cumbre es un paso importante. 
Aplaudimos especialmente la decisión sobre la organización de una nueva cumbre antes del año 2006 de modo que, hasta entonces, se haya realizado un examen y una evaluación del progreso realizado. 
Se lo agradezco infinitamente, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Tal y como indica nuestro panel luminoso, el próximo informe es el de la Sra. Lynne. 
Está previsto en el orden del día para las 17.30 horas. 
Por tanto, voy a interrumpir un momento la sesión. 
(La sesión, interrumpida a las 17.20 horas, se reanuda a las 17.30 horas) 
Comunicación del Presidente 
Quisiera referirme a algo muy especial: hoy, por primera vez, si no me equivoco y no engaño a la Asamblea, vamos a tener la oportunidad de disponer de doce cabinas, porque, en atención a este informe y por solicitud de la ponente, hoy vamos a tener interpretación gestual, que se encuentra aquí, a mi derecha, como ven, lo que constituye, de hecho, un pequeño homenaje a la comunicación entre este Parlamento y los ciudadanos de Europa, sean los que fueren. 
2003, Año europeo de las personas con discapacidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0377/2001) de la Sra. Lynne, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 271- C5- 0306/2001- 2001/0116 (CNS) ) relativa al Año europeo de las personas con discapacidad. 
. (EN) Señor Presidente, doy la bienvenida al intérprete de lengua de signos. 
Desearía que pudiéramos contar con interpretación de lengua de signos en todos los debates para que todo el mundo pudiera conocer todos los informes. 
La hora del debate es muy triste, con tan pocos diputados presentes en la Asamblea y, lo que tiene aún mayor importancia, presentes para la votación posterior. 
Es muy importante que demostremos nuestro compromiso con las personas discapacitadas. 
Relegar el informe al final del orden del día de Estrasburgo no demuestra compromiso alguno. 
Habiendo dicho esto, agradezco a la Comisión su cooperación en mi informe así como la de todos los demás integrantes de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. 
He logrado incorporar numerosas enmiendas suyas. 
Creo que ese es uno de los motivos por los que no tenemos hoy ninguna enmienda nueva. 
2003, el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, no debe ser sólo un conjunto de palabras vacías sobre los problemas que sufren las personas con discapacidad. 
Para empezar, debemos alejarnos de verdad del modelo médico de discapacidad y avanzar hacia un modelo de discapacidad social y basado en derechos. 
Debemos asegurarnos de que integramos a las personas con discapacidad; de que toda la legislación tiene en cuenta las necesidades específicas de estas personas, ya sean usuarios de sillas de ruedas, personas con discapacidad visual o auditiva, con dificultades de aprendizaje o con un problema de salud mental. 
Todos los ciudadanos de la UE deberían tener iguales derechos. 
Espero que en 2003- si no antes- todos los edificios del Parlamento sean accesibles a las personas con discapacidad- ahora no lo son- y que todos los Estados miembros de la UE sean conscientes de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad. 
Les contaré lo que le ocurrió a Jenny, una ciudadana de mi circunscripción electoral que es coordinadora de Acces Charter. 
La invité a las audiencias sobre el Artículo 13 del programa contra la discriminación. 
Usa silla de ruedas. 
Para empezar, no podía entrar en el edificio del Parlamento en Bruselas sin pasar por las puertas giratorias porque se negaban a abrir las puertas dobles. 
Les reprendí. 
Abrieron las puertas, quitaron la cuerda que las enganchaba y 20 minutos después las habían vuelto a cerrar y a enganchar. 
Le reservamos una habitación de hotel con acceso para personas con discapacidad. 
Alguien había puesto una cama delante de la puerta del baño, por lo que ella no podía entrar. 
Tuvo que cambiar de hotel. 
Después salió para intentar cenar algo con sus compañeros; recuerden que iba en silla de ruedas. 
Ningún taxi de Bruselas la paraba. 
Consiguió llegar a un restaurante. 
El encargado salió y le dijo: " No puede entrar aquí. 
Su aspecto produciría rechazo en otros comensales ". 
Cuando llegó al aeropuerto, fue sometida un registro de todo el cuerpo. 
Reprendió al personal de seguridad. 
Uno de ellos le dijo: ¡" Que tenga un buen viaje. 
Espero que su avión se estrelle "! 
Esto demuestra los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad y la necesidad real de una directiva sobre discapacidad. 
Espero que asistamos al anuncio de esta directiva en 2003. 
Hemos de disponer de financiación para una gran investigación sobre la situación de las personas con discapacidad. 
Tenemos que contar con un estudio sobre la situación a la que se enfrentan las personas con discapacidad en instituciones concretas. 
Es esencial que las administraciones locales y regionales se impliquen en este año pero es todavía más importante que las organizaciones de personas con discapacidad y las que las representen participen en este año. 
He pedido específicamente que se aumente la financiación de 12 millones de euros a 15 millones de euros en los próximos dos años. 
Particularmente, en cuanto a interpretación de lengua de signos, asistencia personal, salas de reuniones u hoteles accesibles, etc., hay costes añadidos; además, la financiación para ONGs que se ocupan específicamente de la discapacidad sólo cubre 2002 y no el propio año 2003. 
Asimismo, en consonancia con el Artículo 13 del Programa de Acción contra la Discriminación, he pedido un aumento de las subvenciones de gastos derivados de acontecimientos especiales a escala europea de tal forma que pasen de "no exceder del 80%" a "no exceder del 90%". 
Debemos también realizar una evaluación adecuada del año en un lenguaje sencillo y claro y en formatos accesibles. 
Yo he hecho, a mi propia costa, que mi informe estuviera en todos los formatos accesibles. 
Pero me gustaría que, en el futuro, la Comisión ofrezca en formato accesible, previa petición, cualquier informe en cualquier fase. 
Por último, el año debe ser un paso en la dirección correcta para luchar contra la discriminación. 
Pero, lo que es más importante, debe ser una celebración de la contribución a la sociedad de las personas con discapacidad. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera decir que hablo en nombre de mi colega el Sr. Andrews y que es para mi un gran honor hacerlo dadas las importantes cuestiones que recoge este excelente informe de la Sra. Lynne. 
La finalidad de este año es realizar un esfuerzo coordinado destinado a cambiar actitudes, a promover la eliminación de las barreras sociales y arquitectónicas que se oponen a la igualdad y a ayudar al desarrollo de las leyes y las políticas. 
Esto significa darle valor a la diversidad y celebrar la diversidad. 
Supone también concienciarnos de los problemas de discriminación múltiple. 
Quiero resaltar nuestro apoyo pleno a la designación de 2003 como el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. 
Me consta que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores apoya también los objetivos del año, puesto que sus integrantes han respaldado unánimemente la opinión de mi colega. 
En la Unión Europea existen aproximadamente 38 millones de personas con discapacidad. 
Se enfrentan a una gran variedad de obstáculos, entre ellos a distintas formas de discriminación. 
Las personas con discapacidades físicas o sensoriales forman parte de nuestra sociedad igual que las personas sin discapacidad. 
Sin embargo, con mucha frecuencia, se les impide participar en esa sociedad. 
Y lo que empeora las cosas, como dice el Sr. Andrews en su opinión, es que no son sus discapacidades las que se lo impiden, sino su entorno y las actitudes hacia ellos. Sufren una discriminación múltiple. 
Esto debe cambiar. 
Entre los problemas se encuentra el transporte público y el acceso a los edificios, o las escaleras y puertas que no tienen el ancho suficiente para permitir el acceso a las sillas de ruedas. 
Las encuestas muestran que con mucha frecuencia se infravalora la capacidad intelectual de las personas con discapacidades físicas. 
Puede discriminárseles cuando solicitan puestos de trabajo. 
Excluir de la sociedad de las personas con discapacidad no sólo supone negarles sus derechos fundamentales, sino privar también a la sociedad de diversidad y capacidad de inclusión. 
Las personas con discapacidad pueden hacer una aportación positiva a la sociedad. 
Sus experiencias pueden fomentar una mayor tolerancia, comprensión y sensibilización sobre las necesidades de los demás más allá de sus propias capacidades y habilidades. 
Nuestro objetivo debe ser acabar con la discriminación y garantizar los derechos de estas personas. 
Es importante que la discriminación de las personas con discapacidad se aborde como una cuestión de integración. 
Las cuatro enmiendas presentadas por mi colega, el Sr. Andrews, recibieron el pleno apoyo de la ponente, la Sra. Lynne y la aprobación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Ahora son las enmiendas 20, 45, 47 y 48. 
No tengo nada que añadir, salvo felicitar a la Sra. Lynne por su excelente informe y por la conmovedora intervención que ha realizado en la presentación del informe. 
Señor Presidente, Señorías, señor intérprete gestual, quiero hacer algunas consideraciones sobre el Año mundial de las personas con discapacidad también en nombre del Sr. Mario Mantovani que está especialmente sensibilizado con este tema y que hoy no ha podido estar presente. 
Se trata de una cuestión muy amplia. 
Basta repasar algunas cifras: actualmente en la Unión Europea hay 38 millones de personas con discapacidad. 
Esto significa que uno de cada diez europeos encuentra barreras no solo en el ámbito laboral, sino también para acceder a los transportes públicos, a los edificios, a los servicios privados, a la enseñanza, a la formación y, en definitiva, a todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
Sin embargo, existen otras barreras menos evidentes pero igual de infranqueables que limitan la libertad de los ciudadanos europeos con discapacidad: por ejemplo, las barreras en los desplazamientos dentro de la Unión, en la elección de residir en otro Estado miembro. 
Todos estos obstáculos impiden con demasiada frecuencia a las personas con discapacidad desempeñar ese papel activo en la sociedad, en el trabajo, en la enseñanza, en las actividades cotidianas que desean cumplir. 
Es necesario desarrollar una estrategia muy amplia para garantizar a este colectivo la igualdad de oportunidades en el pleno respeto de la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos. 
Con todo, existe un derecho que destaca entre todos los demás: el derecho a la plena ciudadanía. 
Por esto, el Grupo del Partido Popular Europeo votará con convicción la propuesta de decisión del Consejo relativa a 2003, Año de las personas con discapacidad o, como se llamaban antes, minusválidos. 
Quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Lynne, por el buen trabajo realizado y por haber acogido las 17 enmiendas presentadas en comisión. 
Nosotros presentamos tres de ellas que valoramos muchísimo porque plasman tres conceptos: primero, el papel que desempeña la familia en la vida de las personas con discapacidad; segundo, la promoción de una cultura social de la sociedad y de la solidaridad, entendida como facultad de comprender que el valor de las personas con discapacidad no está solo en la capacidad de hacer más o menos cosas, sino sobre todo en lo que representan como seres humanos a todos los efectos; tercero y último, la profundización del concepto de calidad de vida de las personas con discapacidad, entendido no solo como posibilidad de empleo o de formación, sino como actividad cotidiana en todas sus expresiones, junto con la familia, dentro y en el seno de la sociedad, pero que sea verdaderamente una calidad de vida elevada, igual también para ellos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señora ponente, Señorías, es una feliz casualidad que esta semana, en las proximidades de la sala de plenos, se celebre una exposición organizada por Bernd Posselt que lleva por título "Cadena del Entendimiento". 
Está formada por manos, manos que se ayudan, manos que se unen, manos que dan fuerza, y está dedicada a las personas discapacitadas, y al trabajo de las personas discapacitadas también. 
Quisiera felicitar a todas las personas que han dado tiempo, paciencia, fuerza, amor y abnegación a otras personas que necesitan de su ayuda. 
Son las familias de los discapacitados, pero también otros muchos. 
A ellos tampoco deberíamos dejarlos solos en el Año de los Discapacitados. 
Otra idea. Estoy feliz por el Año de los Discapacitados de 2003, justo además en ese momento, porque eso demuestra que el Pacto por el Crecimiento y la Estabilidad y una política activa en favor de los discapacitados no constituyen una contradicción, sino que no se excluyen si nos tomamos en serio el modelo social europeo, el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos frente los que nos sentimos obligados. 
Pero debemos hacer aún muchas cosas. 
Necesitamos una mayor equiparación en la vida cotidiana. Para ello se necesita la ejecución de todos los compromisos de la Constitución. 
Debemos ir del principle to practice. 
En segundo lugar, necesitamos una integración más completa. 
La integración no debe acabar en la escuela, sino que debe abarcar también la vida profesional y la vida social. 
En tercer lugar, necesitamos el derecho de apoyo para una vida autónoma. Los discapacitados deben poder elegir el tipo de vida que quieren. 
En cuarto lugar, debemos cambiar las imágenes que tenemos, concretamente la imágen del discapacitado dedicado a tareas de bricolaje. 
El PC, internet y la integración mediante nuevos recursos pueden sernos de gran ayuda. 
En este sentido nos alegramos de que se celebre el Año de los Discapacitados, porque esperamos que cambie nuestro modo de verlos y que realicemos nuevas acciones para superar injusticias y obstáculos que subsisten aún en nuestra sociedad. 
Señor Presidente, ante todo quisiera felicitar a la Sra. Lynne, no sólo por el informe en concreto, sino también por su fe constante en la lucha por las personas con discapacidad. 
Quisiera dar las gracias de una manera especial al Parlamento por el apoyo y el calor con el que ha aceptado la propuesta sobre el año 2003. 
El 2003 deberá ser un año que envíe claramente el mensaje de que las políticas por las personas con discapacidad no son simplemente políticas de solidaridad. 
No son sólo políticas humanitarias y filantrópicas. 
Son políticas basadas en los derechos fundamentales de la persona, en los derechos del ciudadano. 
La segunda cosa importante es que en el año 2003 se deberá hacer una movilización no sólo de los gobiernos, sino también de las sociedades e incluso del mundo empresarial y de la comunidad científica. 
Los propios gobiernos deberán avanzar en planes de acción relacionados con un conjunto de políticas. 
Los transportes, la arquitectura de las ciudades, las políticas especificas para el mercado de trabajo, la educación. 
La sociedad tendrá que avanzar en cooperaciones y en iniciativas de carácter innovador más intensamente, sobre todo mediante la sociedad civil y las ONG, que sirvan de base de nuevas propuestas a la Unión Europea. 
El mundo empresarial puede desempeñar un papel importante. 
El apoyo a la investigación, a la tecnología de los nuevos productos puede brindar nuevos productos excepcionales para las personas con discapacidad, y los nuevos productos de la tecnología pueden adaptarse a las necesidades especiales de las diversas formas de invalidez. 
Ya que la Sra. Lynne se ha referido a los materiales impresos de la Comisión, quisiera informarles de que justo ayer puse en funcionamiento mi nueva página web, que se puede leer en la lengua de los ciegos. 
El año 2003 debe ser aceptado como un año en que tenemos que fomentar también las prioridades europeas, tal como se han determinado en la comunicación de la Comisión "Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad" y también que cada Estado miembro pueda fomentar sus objetivos nacionales, porque son distintos en cada país puesto que hay distintos niveles del desarrollo de las políticas sobre las personas con discapacidad. 
Quiero decir que acepto la mayoría de sus enmiendas, literal o literariamente. 
Quisiera destacar especialmente los puntos siguientes: primero que estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de acentuar más la sensibilización en cuanto a la diversidad de las discapacidades y sobre el hecho de que hay personas con discapacidades muy graves, que son víctimas de múltiples discriminaciones y, por supuesto, también están los casos de las personas que viven en instituciones. 
El segundo elemento significativo lo forman las políticas específicas para la educación y el empleo. 
La condición para el acceso al mercado laboral es la educación y es a ésta a la que debemos dar más importancia. 
El tercer punto importante es la necesidad de que cooperen todas las entidades implicadas. 
No podemos sólo proponer y materializar políticas para las personas con discapacidad. 
Hay que trabajar con sus organizaciones para poder presentar políticas en las que ellos mismos participen. 
Creemos que el año 2003 será el comienzo de una nueva forma de colaboración, de una nueva forma de política innovadora para las personas con discapacidad en el ámbito europeo. 
El presupuesto, que es de doce millones de euros, es reducido, pero debemos recalcar que no afecta a la materialización de las políticas sino a la ayuda a organizar actos concretos de envergadura local o nacional que van a funcionar más como puntos de movilización de las sociedades y de las organizaciones. 
Y tengo que decir que creemos que es lógico dejar el porcentaje de financiación del 50% para acciones a nivel nacional porque dará la posibilidad de organizar más eventos, y también de que los gobiernos funcionen complementariamente en un abanico de políticas. 
Quisiera felicitar, una vez más, a la Sra. Lynne por su postura personal y decirle que la decisión final del Consejo se tomará el 3 de diciembre de 2001, que coincide con el día de las personas con discapacidad. 
Muchas gracias, señora Comisaria Anna Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 17.55, se reanuda a las 18.30). 
El martes por la mañana acordamos la urgencia de la ayuda financiera para una serie de Estados balcánicos, tema que, muy a mi pesar, tendrá que ser tratado, evidentemente, en el mini pleno, aunque hoy a mediodía habríamos tenido tiempo suficiente para tratar el tema dado que ha habido dos sesiones interrumpidas. 
Antes, incluso, los temas del orden del día correspondiente al martes por la mañana se trataban los viernes. 
Espero que pronto vuelva ello a ser posible cuando podamos disponer de los viernes, pero quisiera aprovechar la ocasión para preguntar en qué sesión de las de Bruselas se tratarán estos temas, pues usted no lo ha anunciado. 
Señor Posselt, la información que me han dado es la de que se aprobarán el miércoles, día 28, y entrarán en el orden del día del miércoles, día 28. 
En cuanto al resto de sus consideraciones, señor Posselt, está en su pleno derecho de hacerlas, pero espero que la Conferencia de Presidentes considere el fondo de sus observaciones, que tienen alguna razón de ser, debo decirle. 
Votaciones 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el Año europeo de las personas con discapacidad; sin embargo, señor Comisario, Señorías, también hay Estados en que sus leyes contienen disposiciones que discriminan a las personas discapacitadas. 
Lamento decirlo, pero también Italia tiene una ley que los discrimina por motivos de edad y que, por lo tanto, vulnera dos veces el artículo 13 del Tratado de Amsterdam. Dicha ley establece que los discapacitados que tienen más de 65 años no tienen derecho a la indemnización de 350 euros a la que sí tienen derecho las personas con discapacidad que enferman antes de cumplir los 65 años. 
En consecuencia, pido a la Comisión que presente la propuesta de aplicación del articulo 13 incluso fuera del ámbito laboral y que obligue a los Estados miembros que todavía no lo hacen a aplicar dicho artículo: me refiero en especial a Italia y confío en que el Gobierno del Sr. Berlusconi escuche lo que estoy diciendo y derogue las leyes contra las personas con discapacidad vigentes en Italia y, desgraciadamente, en otras partes de nuestra Europa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar en el contexto de esta explicación de voto a la Sra. Lynne por su magnífico informe, al Sr. Karas por haberse referido a mi exposición y a la Sra. Petter que la ha hecho viable. 
Es una gran iniciativa para niños discapacitados o traumatizados que son atendidos por el Centro para la Infancia de Múnich. 
Esta iniciativa está siendo continuada en Italia y Francia por un grupo de colegas. 
La Sra. Lynne, espontáneamente, se ha ofrecido a continuar la exposición en Inglaterra. 
Les felicito encarecidamente. 
Es un buen preludio para nuestros preparativos relacionados con el Año de los Discapacitados. 
Por ello felicito a todos los que se hayan sumado a esta iniciativa de Baviera. 
A pesar de las buenas intenciones de la Sra. ponente, nos tememos que, con motivo del año de las personas con discapacidad, se gaste mucho dinero, se organicen muchos actos, pero la situación de las personas con discapacidad siga siendo la misma, sobre todo para las personas que pertenecen a las capas populares pobres. 
Y nos tememos esto porque constatamos que es hipócrita todo este interés por las personas con discapacidad expresado por las diversas instituciones de la Unión Europea, ya que la responsable de la situación en la que se encuentran estas personas es la propia política de la Unión, con sus reestructuraciones capitalistas, la privatización de la salud, la asistencia social, la educación, el golpe asestado a las conquistas de los trabajadores y a la seguridad social. 
Las primeras víctimas dramáticas de esta política son los minusválidos y las personas con discapacidad. 
Con hipocresía afirman que fomentan "la igualdad de oportunidades para combatir las discriminaciones". 
Pero ¿tienen las mismas oportunidades, sobre todo en la prevención de la minusvalía, el joven o el niño que procede de las capas populares pobres, que está expuesto a factores patógenos y a accidentes, y el niño o el joven de la clase burguesa? 
¿Tiene las mismas posibilidades, a la hora de encontrar trabajo, el hijo de un ejecutivo de una empresa multinacional y el de un parado? 
Es imposible luchar contra cada discriminación que se desarrolla en la sociedad capitalista, cuando hay y prepondera la gran distinción entre explotadores y explotados. 
¿De qué lucha contra la discriminación estamos hablando, cuando con su política siembran la miseria, el paro, el analfabetismo? 
De los treinta y ocho millones de minusválidos en la Unión Europea, siete millones y medio están en edad escolar. 
¿Cuántos de estos niños tienen un colegio especial o una clase especial o medios especiales para su educación? 
En Grecia sólo el 7% de los niños minusválidos tiene un colegio especial al que ir, en tanto que 185.000 niños con discapacidad están fuera del proceso de escolarización. 
Sin embrago, en ningún texto de la Unión Europea, ni tampoco en el que estamos debatiendo, se habla de salud gratuita y pública, asistencia social y educación especial, aunque fuera sólo para estas personas. 
En ningún lugar habla de prestación gratuita de las ayudas técnicas imprescindibles, para la educación, la contratación, la vida diaria. 
La situación cambiará cuando los pueblos, los trabajadores y los minusválidos, con su lucha pongan obstáculos a la política de la "libre competencia y de las leyes del mercado", hasta derrocarla. 
El Partido Comunista de Grecia vota a favor de una lucha de este tipo. 
. (FR) Aunque ya sabemos que las celebraciones de este tipo, como el Día de la Mujer o el Día del SIDA, están principalmente destinadas a limpiar la conciencia de los que impulsan estas iniciativas más sinceramente, y a disimular la voluntad de no mover un dedo de los que se suman a ellas de forma más cínica, hemos votado a favor del informe sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa al Año Europeo del Discapacitado, porque eso es lo que desean las asociaciones de discapacitados, que esperan que las acciones que se realicen dentro de esta iniciativa les ayuden a despertar el interés de la opinión pública, y, al mismo tiempo, a dar a conocer sus justas reivindicaciones. 
Dicho esto, queremos denunciar la hipocresía de todos los que, dentro del Parlamento Europeo, de otras instituciones de la Unión Europea o de instancias nacionales, tienen capacidad de decisión, y proclaman a los cuatro vientos su compromiso con los derechos humanos, con la no-discriminación, con la igualdad, pero, a la hora de la verdad, se niegan a pasar a la acción y a adoptar medidas de coerción que, por ejemplo, impongan a las empresas la contratación de discapacitados o exijan la adaptación de los medios de transporte. 
Y todo esto se debe a que dan prioridad al derecho a obtener beneficios sobre el derecho a satisfacer las necesidades fundamentales de la humanidad, a pesar de que disponen de los medios necesarios en el seno de la sociedad. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se suspende la sesión a las 18.50 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 15 de noviembre de 2001. 
Comunicación de la Presidenta 
Señorías, el terrorismo ha golpeado de nuevo cruelmente a España. 
El 23 de noviembre, Ana Isabel Arostegui y Javier Mijangos, agentes de la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, fueron cobardemente asesinados cuando ejercían su profesión en Beasaín, en el País Vasco español. 
Dos días antes, en Bilbao, los terroristas habían hecho explosionar una bomba dirigida a otros dos agentes de esta misma policía, los cuales resultaron heridos. 
He enviado inmediatamente, en mi nombre y en el del Parlamento Europeo, mi sincero pésame a las familias de las víctimas de estos odiosos atentados, así como mis deseos de pronto restablecimiento a los heridos. 
Los terroristas, en España, han demostrado de nuevo estar cegados por la violencia, su desprecio del derecho a la vida y su rechazo de la democracia. 
Tras haber atentado contra la justicia, en la persona del juez José María Lidon Corbi, ahora han atacado al cuerpo de policía autonómica vasca. 
Con ello, han expresado su voluntad de atentar contra los principales pilares de la democracia. 
Les pido, Señorías, que rindamos un emotivo homenaje de respeto a las víctimas, a sus familias y a todos aquellos que luchan por la democracia, guardando un minuto de silencio. 
(El Pleno, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señorías; desgraciadamente, cinco periodistas han sido asesinados en Afganistán desde nuestro último período parcial de sesiones. 
Maria Grazia Cutulli, Julio Fuentes, Harry Burton y Azizullah Haidari han sido víctimas de una emboscada entre Jalalabad y Kabul. 
Ulf Stroemberg ha resultado muerto tras sufrir un robo en Taloqan. 
Además, como ustedes saben, estamos muy preocupados por el secuestro de Ken Hechtman. 
Los ocho periodistas fallecidos en Afganistán desde el comienzo del conflicto, ejercían con valor, pasión y tenacidad su noble oficio. 
Para ellos el deber de informar era prioritario. 
Y por eso deseo rendirles un expresivo, emotivo y sincero homenaje, ya que gracias a ellos hemos podido estar al corriente del desarrollo de los acontecimientos en este país. 
La libertad de información es una de las libertades más frágiles, como sus muertes lo demuestran. 
Admiro la manera en que cumplieron la labor que les había sido confiada. 
En estos momentos rendimos homenaje a sus familias y a sus colegas, tan cruelmente afectados por este pesar. 
Les pido que guardemos un minuto de silencio para expresarles nuestro más sincero pésame. 
(El Pleno, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Orden del día 
Señora Presidenta, sólo quiero recordar en este Pleno el trágico suceso que ayer se produjo en Roma en el que murieron muchos bomberos y otros resultaron heridos, algunos de ellos graves. 
Acudieron a salvar vidas humanas con el mismo valor que mostraron los bomberos de Nueva York. 
Como ciudadanos europeos y como Parlamento Europeo, creo que es justo recordar a estos hombres valientes que sacrificaron su vida para tratar de salvar otras vidas. 
Se hundió un edificio y si ellos no se hubieran sacrificado quizás habrían muerto muchas más personas. 
Pienso que también este Parlamento debería recordar a estos valientes y denodados bomberos. 
Señor Tajani, ya he enviado un telegrama de condolencia a las autoridades italianas. 
Señora Presidenta, también yo quiero asociarme a las condolencias por las personas que murieron ayer en el suceso de Roma y expresar mi simpatía y solidaridad con las fuerzas del orden, en especial la guardia municipal, que no solo están dispuestas a luchar contra la delincuencia, sino también a ayudar a la población civil europea, incluso en momentos difíciles como estos, y que siempre están dispuestas, como lamentablemente ocurrió en Roma y en Nueva York, a perder su vida en actos de gran valor. 
Señora Presidenta, en esta semana dedicada al empleo, quisiera señalar a la atención de sus Señorías los muchos millares de trabajadores portugueses que viven una situación preocupante de gran inestabilidad, como quiebras de empresas que se suceden con toda impunidad sin que se recuerde a nadie su responsabilidad, sobre todo porque se sabe que eran viables y tenían buenas carteras de pedidos, como sucedió en la Molin, en la Confelis y en la Norporte. 
A pesar de que los salarios que reciben los trabajadores portugueses son de los más bajos de la Unión Europea, surgen de nuevo innumerables casos de empresas con salarios atrasados, que ascienden ya a más de veinte mil millones de escudos y afectan a muchos millares de trabajadores. 
Destaco de modo especial la situación que se vive en las empresas vidrieras Mandata y Mortensen, de Marinha Grande, en la empresa de transformación de maderas Sotima, en Proença-a-Nova, en Cuftexteis, en Ansião, y las amenazas que se ciernen sobre centenares de trabajadores de la empresa textil Eres, en Fundão, por la importancia local y regional y por las consecuencias para el desarrollo de zonas en dificultad. 
Además de la solidaridad para con esos trabajadores, quisiera, señora Presidenta, que sensibilizara a la Comisión y al Consejo respecto de esa grave situación que aflige a millares de trabajadores portugueses. 
Señora Presidenta, simplemente en mi condición de vasco y, por tanto, como español quiero agradecer la sensibilidad que permanentemente la señora Presidenta muestra hacia el problema del terrorismo en el País Vasco. 
Por otra parte, y desgraciadamente, quiero constatar que a veces en esos momentos, teóricamente de silencio, hay personas que están hablando, incluso por teléfono, lo que me parece una falta total de consideración, entre otras muchas cosas. 
En virtud del apartado 4 del artículo 19, quisiera pedirle que intervenga personalmente ante las autoridades griegas en nombre de mis electores Paul y Lesley Coppin de Mildenhall, y Anna Skinner de Epping, en relación con su hermano Anthony Adamiak, y en nombre de los otros europeos que en estos momentos se encuentran detenidos en Grecia por observar aviones. 
Respetamos la independencia del Poder Judicial en Grecia y la cooperación que hemos recibido hasta ahora por parte de las autoridades griegas, pero teniendo en cuenta que estas personas ya llevan tres semanas en prisión sin cargos y ahora deberán esperar dos semanas más hasta que se presenten los cargos, espero que coincidirá conmigo en que se trata de una necesidad humanitaria urgente apelar en nombre de los detenidos y también recordar a las autoridades griegas su deber absoluto, conforme a la Convención de los Derechos Humanos, de formular cargos contra los acusados. 
Doce personas fueron de vacaciones y terminaron en prisión. 
Pido su intervención en nombre del Parlamento Europeo. 
Señor Howitt, como usted sabe, nuestro colega, el Sr. Van Orden, ya había intervenido en el último Pleno en Estrasburgo. 
Inmediatamente después mi gabinete intervino ante la Representación Permanente de Grecia. 
Entre las informaciones facilitadas, se nos transmitió que el lunes de esta semana debía producirse una comparecencia. 
No se nos ha podido confirmar si la misma ha tenido lugar. 
Puedo asegurarle que estoy dispuesta a intervenir yo misma si la situación, que seguimos con toda nuestra atención, así lo exige. 
Señora Presidenta, doy las gracias a mis Sres. colegas en quienes veo con enorme satisfacción un gran interés por los derechos humanos y por el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho en los países de la Unión Europea. 
Paralelamente agradezco que se me dé la oportunidad de señalar que en Grecia, así como en el Reino Unido, respetan en el más alto grado todas las normas, procesales y fundamentales, así como los derechos humanos y el Estado de derecho. 
En este sentido considero que las autoridades judiciales de mi país serán muy justas y respetarán todas las disposiciones, tanto del derecho interno de Grecia, como de las convenciones internacionales. 
Pero motivado por este suceso y a título informativo, quisiera hacer saber al Parlamento algunas cosas a fin de que sepamos cómo están las cosas. 
Estamos en una época en que el tema del terrorismo es de dimensión internacional. 
A los detenidos en Grecia, anteriormente habían sido arrestados en otro aeropuerto, se les había indicado que no podían fotografiar recintos militares, máxime cuando está en funcionamiento o cuando se realizan maniobras y, por lo que dicen los periódicos, entre su material se hallaron seguimientos de comunicaciones entre aviones de combate, o entre aviones y las bases. 
A continuación les encontraron en otro aeropuerto. En otro los detuvieron, tras haberles notificado lo que ocurría. 
Se hacen ustedes cargo de que en una época de sensibilización sobre el terrorismo, en una época en que todos saben que en todas las bases militares de Europa hay prohibiciones similares, y puesto que habían sido informados, todo margen de elasticidad había sido agotado. 
De todas formas, estoy seguro de que se respetarán con precisión todas las disposiciones procesales, porque Grecia está en la vanguardia de los Quince en el respeto de todas las garantías necesarias para los ciudadanos de cualquier país que sean juzgados en Grecia. 
Espero haber informado al Parlamento sobre cualquier duda. 
Gracias, señor Souladakis. 
Señorías, he recibido una decena de cuestiones de orden, que en su mayoría se refieren a este asunto, y puesto que el mismo se está convirtiendo en un debate, asumo la responsabilidad de interrumpir las cuestiones de orden para pasar al debate sobre la preparación del Consejo Europeo de Laeken, sin perjuicio, naturalmente, de proseguir con las intervenciones después del cierre del debate. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto 
de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001; 
del informe (A5-0368/2001) de los Sres. Leinen y Méndez de Vigo, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el Consejo Europeo de Laeken y el futuro de la Unión (2001/2180 (INI) ); 
el informe (A5-0399/2001) de la Sra. Kaufmann sobre el Libro Blanco de la Comisión "La gobernanza europea" (COM (2001) 428- C5-0454/2001- 2001/2181 (COS) ); 
las preguntas orales (B5-0529/2001) al Consejo y (B5-0530/2001) a la Comisión, del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre una estrategia europea para fomentar la calidad en las políticas social y de empleo. 
Como conclusión de este debate conjunto, he recibido seis propuestas de resolución sobre el Consejo Europeo, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Saludo la presencia del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Ministro Louis Michel. 
Nos satisface verlo entre nosotros y a continuación le concedo el uso de la palabra. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, el Consejo Europeo de Bruselas- Laeken de los días 14 y 15 de diciembre tratará, como ustedes saben, los siguientes temas: el futuro de la Unión Europea, la política europea de seguridad y de defensa, la ampliación, la lucha contra el terrorismo, el espacio de libertad, seguridad y justicia, la situación general de la Unión y las perspectivas de futuro, el empleo y la cohesión social, las sedes de los diferentes órganos y oficinas y, finalmente, las relaciones exteriores. 
El futuro de la Unión Europea: el Consejo Europeo aprobará el texto de una declaración con miras a abrir el debate sobre el futuro de Europa. 
Dicho texto comprende una primera parte sobre los puntos fuertes, y también sobre los puntos débiles, de la construcción europea, una segunda parte que reagrupa las cuestiones temáticas que podrán someterse a la Convención y una tercera parte que establece las modalidades de la organización del debate. 
El Consejo de "Asuntos Generales" del 19 de noviembre ya ha permitido confirmar la convergencia de los Estados miembros con respecto al procedimiento. 
El acuerdo de principio de la convocatoria de una Convención preparatoria marca una etapa importante hacia una Unión más comprensible, hacia una Unión más fuerte y más preocupada por la consecución de sus objetivos esenciales. 
Evidentemente, está confirmada la participación, en la Convención, de los representantes de los gobiernos, de la Comisión, de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. 
En cuanto a los países candidatos, la propuesta de la Presidencia se basa en los siguientes principios: estos países estarán plenamente asociados con derecho a voz a los trabajos de la Convención y participarán en igualdad de condiciones que los Estados miembros, es decir, con un representante gubernamental y dos representantes parlamentarios; los países candidatos que aún no hayan firmado su Tratado de adhesión no participarán en el consenso de la Convención para elaborar el informe final de ésta. 
El Presidente de la Convención será designado por el Consejo Europeo de Laeken, quien estará asistido por un Praesidium formado por representantes de los diferentes componentes de la Convención. 
Se ha confirmado la participación de la Presidencia en ejercicio; está por decidir la participación de los representantes de las dos Presidencias siguientes. 
Finalmente, la secretaría de la Convención estará desempeñada por la Secretaría General del Consejo; este último podrá procurarse oportunamente la ayuda de la Comisión, así como de las secretarías del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. 
Se ha producido un acuerdo unánime en favor de una consulta de la sociedad civil a través de organizaciones representativas en el ámbito europeo y nacional. 
Ha sido descartada la idea de un foro asambleísta específico. 
Estas organizaciones podrán ser oídas o consultadas de acuerdo con unos métodos que deben definirse. 
Las contribuciones de dichas organizaciones formarán parte de la documentación oficial que se transmitirá a los miembros de la Convención. 
Los trabajos de la Convención empezarán lo antes posible bajo la Presidencia española y serán clausurados por el Consejo Europeo de junio de 2003. 
Se sigue estudiando el plazo de tiempo que deberá transcurrir entre el final de los trabajos de la Convención y el inicio de la Conferencia Intergubernamental. 
En cuanto a los temas, el planteamiento de la Presidencia se basa en el contenido de la declaración de Niza, con miras a establecer un mandato lo bastante amplio y coherente, que la Presidencia podrá tomar en consideración para sus trabajos. 
La Presidencia comparte en este punto las recomendaciones emitidas por los ponentes, los Sres. Leinen y Méndez de Vigo. 
Dichos temas se distribuyen en cinco grupos de preguntas abiertas y neutras: los objetivos y el contenido de las políticas de la Unión, el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros, la legitimidad democrática del sistema, la capacidad de la Unión para decidir y conducir sus políticas. 
Durante su visita a las capitales, el Primer Ministro presentará un esbozo de la declaración de Laeken, en el cual los temas que la Convención podría tratar se presentarán en forma de preguntas y de opciones, para permitir que las delegaciones se pronuncien con pleno conocimiento de causa. 
Con el fin de concluir sobre este importante capítulo, desearía hacer las siguientes observaciones. 
Más allá del contenido de la declaración de Laeken, la Convención mantendrá el control de su orden del día. 
Sería inútil, creo yo, querer limitarla con un mandato definido de antemano. 
La Presidencia ha intentado explicitar y enumerar los temas de Niza, cuya declaración había sido redactada ex profeso de manera relativamente abierta. 
Ninguna de las propuestas de la Presidencia debe ser interpretada como un mandato con vistas a la futura Conferencia Intergubernamental. 
El mandato de esta Conferencia se decidirá de conformidad con los procedimientos establecidos en los Tratados. 
Finalmente, el objetivo de la declaración de Laeken es procurar que el método de la Convención dé sus frutos y que sus resultados sean recogidos por la Conferencia Intergubernamental de 2004. 
El objetivo del debate sobre el futuro de Europa debe consistir asimismo en lograr una Unión Europea más próxima, más transparente y más eficaz. 
En tal sentido, el Consejo ha tomado nota con interés del informe de la Sra. Kaufmann sobre el Libro Blanco "La gobernanza Europea". 
Comparto concretamente la preocupación de procurar que una mayor implicación de los actores de la sociedad civil en el funcionamiento de la Unión no perjudique el papel central que deben desempeñar las autoridades representativas y políticamente responsables. 
Pasaré ahora a referirme a la política europea de seguridad y de defensa. 
La Presidencia someterá al Consejo Europeo un informe sobre el balance de los progresos realizados. 
En efecto, los trabajos han avanzado convenientemente en lo relativo a la mejora de las capacidades militares y al refuerzo de las capacidades civiles, como lo han demostrado las conferencias sobre capacidades organizadas los días 19 y 20 de noviembre pasado. 
Con respecto a la declaración sobre el carácter operativo de la PESD, la Unión se halla frente al siguiente dilema: o bien se encuentra en la imposibilidad de responder a una crisis debido a un veto impuesto por un miembro de la OTAN que no es miembro de la Unión, o bien se declara operativa sin acceso a los medios de la OTAN, lo que sería ineficaz. 
En ambos casos, deseo señalarles el hecho de que lo que está en juego, naturalmente, es la credibilidad de la Unión. 
La tercera vía preconizada por la Presidencia consistiría en declarar que la Unión decidirá caso por caso su respuesta a una crisis, en función de los medios y de las capacidades militares y civiles de que dispondrá. 
Esto es lo que deseaba manifestar sobre la política europea de seguridad y de defensa. 
(NL) Paso a otro punto: la ampliación. 
En el Consejo de Asuntos Generales del 19 de noviembre el informe de la Comisión ha dado lugar a un amplio debate. 
Se han logrado serios avances en las negociaciones de adhesión. 
Es de esperar que las conversaciones con los países que estarán listos para la adhesión a partir de 2002 finalicen a tiempo para que dichos países puedan participar en las elecciones europeas de 2004. 
La Presidencia belga ha mantenido el ritmo vigoroso y constante de sus antecesores suecos. 
Al mismo tiempo la atención volvió a centrarse en la adopción del acervo comunitario por parte de los países candidatos. 
En el Consejo Europeo de Laeken los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán la oportunidad de emitir mensajes a estos países. 
El calendario fijado en Niza y especificado en Gotemburgo se cumplirá íntegramente. 
La ampliación es irreversible y se prevé que con anterioridad a 2004 podrán integrarse diez nuevos miembros. 
En 2002 la Comisión presentará al Consejo propuestas acerca de la agricultura, la política en materia de cohesión y el presupuesto de la Unión. 
La Comisión elaborará un itinerario para aquellos países que no entren a formar parte de la primera fase de ampliación. 
Pondrá en marcha un plan para fortalecer las instituciones de los países candidatos, dotándole de un total de 250 millones de euros. 
Ahora me ocuparé de la lucha contra el terrorismo. 
En el Consejo Europeo de Laeken la Presidencia presentará un sintético informe que incluya las medidas adoptadas por la Unión en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 
Creo poder afirmar que la Unión ha actuado con rapidez y eficacia en el marco de la lucha contra el terrorismo. 
Ha dado una respuesta global, lo cual ha de considerarse el valor añadido de la acción europea: la Unión se ha hecho valer como un socio eficiente y creíble, e incluso imprescindible, con el que los Estados Unidos y terceros países pueden contar en su lucha contra el terrorismo. 
La Unión ha consagrado su papel diplomático y humanitario. 
La Unión y la zona euro han contribuido a la estabilización de la economía en un momento de gran convulsión. 
Por último, a pesar de los enormes esfuerzos dedicados a la lucha contra el terrorismo, la Presidencia belga no ha perdido de vista las demás prioridades de la Unión Europea, entre ellas la ampliación, el seguimiento de Tampere y Lisboa, etcétera. 
(FR) Paso ahora a referirme a la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
El Consejo Europeo de Laeken debe permitir reafirmar la importancia de la realización de un espacio común de libertad, justicia y seguridad. 
La respuesta de la Unión al desafío lanzado por la tragedia del 11 de septiembre ha demostrado la voluntad política de los Estados miembros de progresar en este ámbito. 
La creación de una política común de asilo y de inmigración constituía una de las prioridades del programa de la Presidencia belga. 
Estos progresos esperados no se han producido. 
La Cumbre de Laeken debería servir para reactivar la dinámica en favor del asilo y la inmigración a través de la aplicación de Tampere, para completar y reforzar la coordinación de los instrumentos de cooperación policial y judicial- creación definitiva de Eurojust -, para reafirmar el principio del reconocimiento mutuo y para manifestar, de este modo, la confianza depositada por cada Estado miembro en el orden jurídico de sus socios. 
En concreto, la Presidencia espera lograr en Laeken un acuerdo sobre los siguientes elementos: decisión marco relativa a la orden de busca y captura europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros; decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo; decisión marco relativa a la ejecución en la Unión Europea de las decisiones de bloqueo de cuentas y de pruebas; acuerdo sobre la lista común de organizaciones terroristas. 
Paso al punto siguiente: la situación económica y las perspectivas para la Unión Europea. 
Esta cuestión será tratada el primer día del Consejo Europeo. 
Los ministros de Finanzas presentarán los Eurokits y comunicarán los resultados de sus negociaciones sobre los pagos transfronterizos. 
El mensaje de Laeken debe permitir reforzar la credibilidad de la Unión, haciendo hincapié en los progresos realizados después de Doha, sobre todo en el ámbito del comercio internacional, en la manifestación más intensa de los efectos beneficiosos del mercado único y en el respeto del pacto de estabilidad económica. 
En la Cumbre se pondrá de relieve la necesidad de reafirmar nuestra determinación con respecto al proceso iniciado en Lisboa y en Gotemburgo. 
Con miras a la preparación del Consejo Europeo de Barcelona, quedan por llevar a cabo realizaciones concretas antes de fin de año: la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria, progresos en el ámbito de la patente comunitaria, un acuerdo sobre los pagos transfronterizos en euros, los contratos públicos y la puesta en marcha del proyecto Galileo. 
En relación con el empleo, el Consejo Europeo estudiará el "paquete sobre el empleo", suscribirá los elementos de dicho paquete, así como las líneas directrices para 2002. 
El Consejo Europeo tomará nota de la inclusión en estas últimas de un nuevo objetivo horizontal relativo a la calidad del empleo y adoptará una primera lista homologada de indicadores para la calidad del empleo. 
Con respecto a las sedes de los diferentes órganos y agencias, los Jefes de Estado y de gobierno procurarán llegar a un acuerdo sobre la sede de algunos órganos y agencias de la Unión y de la Comunidad Europea. 
En cuanto a las relaciones exteriores, el Consejo Europeo examinará a la luz de la situación actual las cuestiones internacionales. 
Éste se pronunciará, en su caso, sobre la situación en Afganistán, en los Balcanes Occidentales y en Oriente Medio. 
Como habrán podido comprobar, la Presidencia belga se ha esforzado por reafirmar el lugar que ocupa la Unión en el escenario internacional. 
En conclusión, les he resumido, señoras y señores diputados, el programa de trabajo del Consejo Europeo de Laeken. 
Dicho Consejo conducirá a la toma de decisiones de la Unión sobre cuestiones fundamentales que comprometerán duraderamente el futuro de ésta: la introducción física del euro, la confirmación del carácter irreversible de la ampliación, el carácter operativo de la política europea de seguridad y de defensa. 
El Consejo de Laeken constituirá asimismo el punto de partida de una reflexión sobre el futuro de la construcción europea. 
Dicha reflexión estará basada en una amplia consulta de los ciudadanos europeos. 
Este es el sentido de la denominada "declaración de Laeken". 
(Aplausos) 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, la Cumbre de Laeken deberá representar una etapa importante en el proceso de integración europea. 
Hoy ustedes van a votar dos informes que afectan a la propia articulación del proyecto europeo y a la dirección que el mismo tomará en los años venideros: el informe de los Sres. Leinen y Méndez de Vigo sobre el futuro de la Unión y el informe de la Sra. Kaufmann sobre la gobernanza europea. 
Para abordar dichos temas debemos ante todo responder a algunos interrogantes políticos de fondo: ¿cuáles son los nuevos retos internos y externos de la Unión? 
¿Cómo simplificar la arquitectura institucional de la Unión? 
¿Cómo repartir las distintas responsabilidades y asociar a los Parlamentos nacionales? 
En efecto, la forma organizativa no puede ser considerada por sí sola, sino que debe ser funcional con respecto a los objetivos que pretendemos alcanzar y ha de reflejar el proyecto de sociedad que desea la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos. 
La Comunicación sobre el futuro de la Unión que presentaremos antes del Consejo de Laeken, se basará precisamente en estas consideraciones que, por otra parte, me parece que figuran en ambos informes objeto de examen. 
Ante todo examinemos el informe sobre el futuro de la Unión. 
Si la Unión se tuviera que limitar a las políticas que gestionaba en los años sesenta o setenta, probablemente el actual contexto institucional sería apropiado. 
Pero la cuestión política es otra: los ciudadanos reclaman a la Unión que haga mucho más, piden que se resuelvan problemas complejos que sólo la actual dimensión de la Unión permite afrontar con éxito. 
Sin embargo, las actuales estructuras institucionales no consiguen responder con eficacia a estos nuevos retos. 
Por esto, es necesaria una reforma del sistema institucional para que la Unión pueda tomar con mayor eficacia las decisiones que los ciudadanos esperan. 
En efecto, no podemos continuar despertando nuevas expectativas sin dotarnos de los medios para satisfacerlas. 
Por esto, debemos acometer reformas institucionales que vayan más allá de lo previsto en Niza. 
Asimismo debemos preservar la esencia del método comunitario, basado en el triángulo institucional, el verdadero mecanismo que ha permitido la historia de éxitos de la Comunidad Europea a lo largo de cincuenta años: un método equilibrado, basado en un Parlamento fuerte, en un Consejo fuerte, en una Comisión fuerte y, aunque va más allá del triángulo, yo diría, en un Tribunal de Justicia fuerte. 
Es el único método que nos puede permitir combinar eficacia y democracia. 
No obstante, dicho método se debe renovar y acomodar a la nueva realidad europea y a las nuevas prioridades de la Unión. 
En el primer período parcial de sesiones después de Niza, todos- ustedes, el Presidente del Consejo Europeo y yo- hicimos una constatación: es necesario reforzar la dimensión democrática del método de reforma de los Tratados. 
En particular, existe una fuerte demanda de que no se limite la intervención de los representantes democráticamente elegidos a la sola etapa de ratificación de los textos de base de nuestra Unión. 
En la situación jurídica actual, con los límites que tenemos, la mejor solución es que la Conferencia Intergubernamental- que espero una vez más que sea breve y decisiva- vaya precedida por una profunda preparación que reúna a las Instituciones y a los Parlamentos nacionales y Europeo. 
Dentro de dos semanas, en Leaken, el Consejo Europeo tomará una decisión histórica al convocar la Convención encargada de preparar la Conferencia Intergubernamental. 
Una Convención ajustada al modelo seguido para la Carta de Derechos Fundamentales responde bien a la necesidad de reforzar el papel de los pueblos en la construcción de una Unión que, desde su origen, es una unión de Estados y una unión de pueblos. 
Esta fórmula, propuesta ya desde principio de año por la Comisión y el Parlamento Europeo, ha ido conquistando partidarios y se ha ido imponiendo también en aquellos Estados miembros que, hace algunos meses- pensemos en lo que ocurrió en Gotemburgo- se mostraban muy reacios o contrarios a aceptarla. 
La convocatoria de una Convención, su composición y organización, así como la ampliación de la agenda de la reforma constitucional de la Unión, son el eje alrededor del cual gira la Declaración de Laeken. 
Estos aspectos se analizan en el proyecto de resolución que hoy se somete a su consideración. 
En primer lugar quiero felicitar a los ponentes, Sres. Leinen y Méndez de Vigo, por el excelente informe elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
La Comisión Europea está sustancialmente de acuerdo con la mayor parte del informe. 
En efecto, el Parlamento y la Comisión coinciden en considerar que se debe partir de los cuatro puntos de Niza que, sin embargo, abordan, tal como demuestra el informe, muchos más aspectos que lo que podría sugerir una primera lectura. 
En todo caso, es impensable imponer tabúes, límites en los debates de una Convención en que la mayor parte de sus miembros serán diputados. 
Por lo tanto, se deberán afrontar todas las cuestiones que ofrecen un respaldo adecuado. 
Es más bien sobre algunos aspectos de la composición de la Convención que la Comisión invita al Parlamento Europeo a una reflexión posterior. 
Como ustedes saben, existe un fuerte respaldo a la idea de que el Presidente de la Convención sea nombrado por el Consejo Europeo de Laeken. 
Yo también, en nombre de la Comisión, apoyo esta posición, porque no basta que la Convención exista y que funcione bien: la Convención deberá convencer a los Estados miembros. 
Y un Presidente nombrado por el Consejo Europeo que goce de la confianza de los Jefes de Estado y de Gobierno, podrá crear mucho más fácilmente el clima de confianza necesario entre la Convención y el Consejo Europeo. 
Estamos plenamente de acuerdo con la propuesta de garantizar que el Presidente de la Convención participe también en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Por el contrario, existe un punto de divergencia, dado que la Comisión es más favorable a un presidium más restringido respecto al proyecto de resolución que hoy van a votar, con un representante por cada miembro. 
El presidium deberá organizar los trabajos de la Convención. 
Es imposible que en él queden representadas todas las opiniones, todas las tendencias y todos los intereses. 
El proyecto de resolución pide que la Convención adopte por unanimidad una propuesta única y coherente que pueda constituir la única base de negociación y de decisión de la Conferencia Intergubernamental. 
Yo lo espero y estaría muy contento de que esto fuera así, sin embargo, hay que ser realistas. 
En efecto, es objetivamente posible que no se pueda encontrar un amplio consenso sino reduciendo mucho o reduciendo excesivamente nuestras ambiciones. 
En consecuencia, al día de hoy prefiero entrar en la Conferencia Intergubernamental con opciones más fuertes y opciones más débiles, para seguir teniendo la posibilidad de llegar a respuestas fuertes, más que dejar recaer el nivel de ambición dentro de la Convención, mucho antes de la puesta en marcha de los trabajos de la Conferencia. 
Por último, veo que coincidimos en pedir que la Conferencia Intergubernamental concluya sus trabajos antes del inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones europeas. 
Señora Presidenta, Señorías, estamos viviendo un momento fundamental en la vida de la Unión: un momento que ha de prepararse utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance, y no sólo el examinado con anterioridad, de la reforma de los Tratados. 
Por esto, al principio de mi mandato, indiqué en la reforma de la gobernanza, o sea, en la mejora de nuestra manera de trabajar con Tratados constantes, uno de los objetivos estratégicos de la Comisión. 
Por lo tanto, quisiera detenerme brevemente en el informe Kaufmann sobre la reforma de la gobernanza. 
Ante todo quiero felicitar a la Sra. Sylvia Kaufmann, al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Sr. Napolitano, y a todo el Parlamento Europeo por la rapidez y la eficacia con las que se han realizado los trabajos, en los que han participado como mínimo diez comisiones parlamentarias. 
También en este caso, tenemos significativos puntos de convergencia. 
Ambas Instituciones consideran necesario reexaminar críticamente y, si fuera menester, reformar la gobernanza a escala europea. 
El Parlamento Europeo está a favor de la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, como propuse en mi intervención del pasado 2 de octubre. 
La Comisión está dispuesta a este diálogo, en el que esperamos que participe también el Consejo, al menos en lo que a las cuestiones de competencia de las tres Instituciones se refiere. 
Hace unas horas he vuelto a reiterar este punto durante la reunión de la troika y confío en que se puedan hacer progresos en este sentido. 
El Parlamento Europeo concuerda, asimismo, con la Comisión en la necesidad de simplificar los procedimientos presupuestarios y de convertir en más transparentes las actividades del Consejo. 
Por último, lo que cuenta es que la Comisión y el Parlamento coincidan en considerar que el punto de referencia político central de la problemática de la gobernanza debe continuar siendo el aspecto de la legitimación democrática, al que el aspecto de la eficacia, pese a ser sumamente importante, debe quedar subordinado. 
El informe Kaufmann señala asimismo una serie de preocupaciones del Parlamento. 
Quiero reiterar ante todo que las propuestas de la Comisión contenidas en el Libro Blanco están orientadas a reforzar el proceso democrático y, en consecuencia, a reforzar el papel del Parlamento Europeo. 
De hecho, mantengo inalterado mi punto de vista: el Parlamento Europeo es el elemento clave de la legitimación democrática sin la cual no puede existir un verdadero respaldo de los ciudadanos europeos. 
No obstante, examinemos también las preocupaciones. 
En primer lugar, se expresa el temor de un desbancamiento del Parlamento Europeo por parte de la sociedad civil. 
Les puedo garantizar que ésta no es la intención de la Comisión, dado que la Comisión ha sido la que ha propuesto que cada Institución vuelva a sus tareas originales y que se vuelvan a definir las respectivas competencias. 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo- y ésta es la opinión de la Comisión- es la máxima expresión democrática de la sociedad civil europea y es el representante natural de sus instancias. 
Al mismo tiempo, la Comisión debe tomar decisiones fundamentadas en el proceso de elaboración de las propuestas legislativas. 
La misma, por lo tanto, no puede prescindir de las consultas apropiadas, repito, consultas con los agentes económicos y sociales, con el mundo científico y técnico y con los representantes de la cultura. 
En consecuencia, es preciso racionalizar y estructurar un diálogo que desde hace tiempo es una característica constante de nuestra manera de trabajar. 
He leído con gran atención el informe Kaufmann sobre este punto y les aseguro que tendremos muy en cuenta las indicaciones, incluso las metodológicas, contenidas en él. 
De la misma manera, la Comisión no tiene ni nunca ha tenido la intención de volver a poner en duda las prerrogativas del Parlamento Europeo en cuanto colegislador. 
Nuestras propuestas sobre la corregulación y sobre la autorregulación están dirigidas única y exclusivamente a evitar que prácticas que ya existen desde hace años, procedan en la anarquía y acaben en los abusos que ustedes mismos han señalado. 
Las propuestas de la Comisión tienen única y exclusivamente este objetivo. 
Además, según nuestras propuestas, el posible recurso a la corregulación se decidiría caso por caso, previo dictamen del Parlamento Europeo. 
Ya he afirmado que los criterios y los límites del recurso a estos nuevos instrumentos legislativos debería ser objeto de debate- y posiblemente de un acuerdo- entre las Instituciones, preferiblemente en el ámbito de un Grupo de Trabajo interinstitucional que propuse el 2 de octubre pasado. 
Es por esto que es tan importante este grupo. 
El mismo método debería aplicarse para el recurso a la directivas marco, es decir, a actos legislativos de principio y de orientación que confieran a la Comisión y a las administraciones encargadas de la ejecución en los Estados miembros una competencia más amplia para adoptar las normas ejecutivas. 
Ya he expresado el convencimiento de la Comisión de que el Parlamento deberá disponer, junto con el Consejo, de un dispositivo jurídico simple que permita al legislador seguir y controlar las acciones del Ejecutivo. 
Existen muchas experiencias nacionales en las que nos podríamos inspirar para mejorar la etapa de ejecución de las políticas comunitarias y para permitir a la autoridad legislativa orientar y controlar de manera eficaz a la autoridad ejecutiva. 
También esta cuestión precisa una negociación en profundidad entre las tres Instituciones. 
Ya tuve ocasión de decir que quizás el mecanismo de avocación- el llamado call-back- por parte del legislador de las medidas ejecutivas de la Comisión no es el mejor dispositivo posible, o por lo menos debe profundizarse notablemente. 
Sin embargo, precisamente con miras a este objetivo, la Comisión reflexiona activamente sobre otras hipótesis y cuenta con presentar propuestas concretas, preferiblemente en el transcurso del debate interinstitucional que he augurado. 
Confirmo asimismo que no sería oportuno decidir un plan de acción concreto sobre la manera de legislar dentro de la Comunidad- el que se suele llamar better regulation- antes de que todas las Instituciones lo hayan debatido. 
Por esto, en virtud del compromiso contraído ante ustedes, la Comisión tiene la intención de aprobar en los próximos días sólo un documento de consulta que permita concentrar el diálogo interinstitucional en algunas medidas prioritarias, sugeridas también por el grupo intergubernamental presidido por el Sr. Mandelkern. 
Asimismo, trabajaremos para que el Consejo Europeo de Laeken se oriente en este sentido e invite a las Instituciones a llegar juntos a la estrategia coordinada augurada en Lisboa no más tarde del mes de junio de 2002. 
Por último, quisiera aclarar algún punto en lo que a la acción de regulación se refiere. 
Estoy de acuerdo con sus Señorías en que debemos evitar fragmentar la actividad ejecutiva y debilitar los controles democráticos. 
Asimismo, la Comisión no puede continuar asumiendo la plena responsabilidad política por actividades de agencias sobre las cuales ejerce sólo una influencia parcial. 
Por ello, proponemos que se defina un modelo general de agencia que asegure al Parlamento, al Consejo y a la Comisión una representación equilibrada. 
En esta línea se sitúan nuestras últimas propuestas, pero para esto nos hace falta el apoyo convencido del Parlamento a fin de alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. 
Señorías, hace dos semanas presentamos y debatimos con ustedes nuestro informe sobre los progresos realizados en el frente de la ampliación, unos progresos que nos permiten perseguir el objetivo- que hoy me parece realista- de admitir hasta diez nuevos Estados miembros antes de las elecciones de 2004. 
Ahora sólo quiero subrayar la importancia de continuar asociando progresivamente a los países candidatos a las actividades de la Unión. 
Por esto, la participación de los representantes de los Estados candidatos en los trabajos de la Convención es tan importante. 
Por las mismas razones, estamos asociando a cada vez más países candidatos a las actividades y a los programas de la Unión. 
Además de la ampliación y de la reforma de los Tratados, existen otro puntos en el orden del día del Consejo Europeo de Laeken en los que quisiera detenerme muy brevemente. 
La Unión ha desempeñado un papel activo en los esfuerzos diplomáticos encaminados a hacer frente a la actual crisis internacional. 
Asimismo, las numerosas visitas que, junto con el Presidente en ejercicio del Consejo, he realizado en Washington, en Oriente Próximo y, últimamente, en India y Paquistán han reforzado mi profundo convencimiento de la necesidad y también de la solicitud de desempeñar un papel global por parte de la Unión. 
En consecuencia, hemos presentado varias propuestas necesarias en los distintos sectores para la lucha contra el terrorismo. 
Ahora debemos avanzar por esta vía y continuar dando muestras de fuerte voluntad política y de gran determinación. 
En particular, hemos de mantener y potenciar nuestro compromiso en pos de una plena y eficaz ejecución del mandato de Tampere, respecto a la que presentaremos una evaluación al Consejo Europeo. 
El proceso puesto en marcha ha sido globalmente positivo y debe desarrollarse con el máximo grado de visibilidad y de transparencia para que los ciudadanos puedan ver en él una respuesta a sus preocupaciones cotidianas de seguridad. 
Los Estados miembros empiezan a reconocer la necesidad de inspirarse en principios e instrumentos típicos del sistema comunitario, como el principio de mutuo reconocimiento. 
Sin embargo, existe todavía cierta renuencia en los Estados miembros a avanzar en sectores sensibles como la inmigración o los visados, una renuencia que se debería superar con una voluntad política más fuerte. 
Señora Presidenta, Señorías, los retos que tenemos ante nosotros y los recientes acontecimientos internacionales confirman la pertinencia y la validez del proyecto europeo que se tiene que reforzar y adaptar para responder plenamente a las nuevas necesidades de los ciudadanos. 
Para construir la nueva Europa, el método comunitario que consigue combinar legitimidad democrática y eficacia, continúa siendo el camino a seguir. 
Por lo tanto es a su renovación y a su fortalecimiento que deben tender las futuras reformas de los Tratados. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señorías, estamos en vísperas de una Cumbre importante para la historia de la Comunidad, bajo presidencia belga. 
Bélgica está en el centro geográfico de la Unión Europea y espero que también sepa estar en el centro político de la Unión Europea. 
Respondiendo al Presidente del Consejo, en relación con el orden del día que ha planteado, en primer lugar, señora Presidenta, quiero expresar el apoyo de mi Grupo a los informes Leinen, Méndez de Vigo y Kaufmann, que tratan de la cuestión central del futuro de la Unión. 
En primer lugar, nosotros hemos apoyado desde el principio que haya una Convención, porque la Convención ha demostrado ser el método para poder debatir en público y poder elaborar democráticamente la Carta de Derechos Fundamentales. 
A partir de ahí creemos que hay que aplicar este método: una Convención políticamente sólida, democráticamente vertebrada y metodológicamente consistente y consecuente con sus objetivos. 
Por ello, me permito hacer sugerencias concretas al Presidente del Consejo en relación con las afirmaciones que ha hecho. 
Señor Presidente del Consejo, el Parlamento agradecería que se actuara en la designación del presidente como se hizo en la Convención de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Propongan ustedes un presidente en Laeken y dejen a la Convención elegir al presidente. 
Creo que es una cuestión de buenas formas, que en democracia son muy importantes. 
En segundo lugar, creo también que es importante que ustedes hablen de la doble legitimidad de la Unión, porque parece que la sociedad civil no tuviera que ver ni con los parlamentarios europeos ni con los de los Estados miembros. 
Es interesante abrirnos y consultar a las organizaciones que enriquecen la sociedad civil, pero la legitimidad democrática parte esencialmente de los representantes elegidos. 
En este sentido, ha mencionado el señor Presidente que está abierta todavía la composición de la Mesa o del Presidium de la Convención. 
Si figuran en la Mesa el Presidente y la Troika, la propuesta del Parlamento Europeo tiene sentido- dos parlamentarios europeos y dos de los Estados miembros- porque eso daría un equilibrio entre las dos ramas de la legitimidad democrática. 
En siguiente lugar, insistimos en que haya una propuesta global y coherente, no queremos un muestrario de propuestas donde elegir. 
Y en relación con la posible pausa, a la que aludido el señor Presidente, nosotros queremos que haya una propuesta bajo la Presidencia griega que concluya los trabajos, no queremos que el resultado de la Convención quede para las calendas griegas, tiene que tener un seguimiento y debe llevar a una decisión del Consejo Europeo. 
En relación con la Comisión, señor Presidente de la Comisión, le animo a que, en función de la responsabilidad que usted tiene como guardián de los Tratados, que es una función de la Comisión, haga propuestas lo más rápidamente posible. 
Hay dos puntos, contenidos en la Declaración nº 23, para los que la Comisión tiene plena competencia, la simplificación de los Tratados y el reparto de competencias. 
Depositen ustedes cuanto antes una propuesta para que la podamos debatir. 
Ésa es una función de la Comisión a la cual no se puede sustraer. 
En relación con la gobernanza, que es un tema relacionado, les rogamos que no nos sepulten- como dicen los anglosajones- bajo alabanzas fingidas, lo que se dice en español como "matarnos a besos", porque realmente hay unas propuestas muy interesantes, pero ahora sacan el informe Handelkern. 
¿Porqué no nos sentamos y llegamos a un acuerdo interinstitucional sobre la gobernanza? 
Nosotros también tenemos una responsabilidad democrática y lo que no podemos consentir es que el poder legislativo se nos sustraiga por la puerta de atrás. 
Ésta es una advertencia seria. 
(Aplausos de la izquierda) En último lugar, señora Presidenta, en relación con la PESC, con la lucha contra el terrorismo, saben ustedes que estamos trabajando seriamente para- por la vía de urgencia- poder tener una orden de busca y captura europea, una decisión marco sobre el terrorismo, una lucha también importante contra el lavado de dinero, que está ligado a lo anterior, y creemos que eso debe ser objeto de un esfuerzo conjunto de todos. 
Pero además, también tenemos que actuar aprendiendo de los errores y de las carencias, y hay una carencia muy importante ante la cual la Unión tiene que ser responsable, y creo que en Laeken se podría dar un paso importante incluyendo la defensa entre los temas que tenemos que tratar en la Convención y que deben de entrar en los Tratados. 
Los primeros rehenes del terrorismo han sido los afganos y sobre todo las afganas. 
Y en Oriente Medio tenemos que seguir insistiendo para encontrar una solución que permita que el Estado israelí tenga fronteras seguras, pero también que el Estado palestino sea viable y respetado. 
Nuestro debate de hoy trata sobre el futuro de Europa y éste podría ser mi punto de partida. 
El Presidente Prodi ha hablado sobre la necesidad indispensable del triángulo institucional: la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
Es indispensable y cada una de sus partes tiene un núcleo, un papel y una responsabilidad indispensables y ventajas que se desprenden del hecho mismo de que las tres partes trabajen bien juntas. 
Personalmente, cada vez estoy más harto de los denominados análisis que aparecen en la prensa y de los comentarios sobre el tema de la personalidad que no captan lo esencial. 
Lo fundamental del papel de la Comisión es que es el centro y núcleo del proyecto europeo- y es indispensable que así sea- y ésa es la estructura de la verdad que debemos fomentar, defender y sobre la que debemos volver constantemente. 
Con respecto al sentido de Europa al que antes hacía referencia Hans-Gert Poettering, creo que se ha visto reducido al más alto nivel a través de los miembros del Consejo Europeo. 
Todos los Estados tienen derecho a celebrar reuniones bilaterales y multilaterales, pero para cada una de esas iniciativas existe un momento y un lugar. 
No es el momento ni el lugar de llevarlas a cabo inmediatamente antes y en el mismo lugar que la reunión del Consejo en la que está previsto debatir los mismos temas, como en el caso de Gante. 
Cuando reducimos la Política Europea de Seguridad y Defensa a ese teatro absurdo de quién asiste y quién no a las cenas políticas en Downing Street, estamos debilitando la idea misma de Europa, y lo que necesitamos es el compromiso, a nivel del Consejo Europeo y que incluya a todos, de dar coherencia interna y un sentido coherente a Europa. 
El Presidente de la Comisión y Enrique Barón Crespo han hecho referencia a esta cuestión del diálogo y el equilibrio interinstitucional, y el Presidente Prodi ha hablado de la delicada cuestión del procedimiento de avocación o el denominado call-back. 
Lo único que me gustaría recordarle, y ya hemos pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento que se ocupe de esta cuestión con carácter de urgencia, es que ahora tenemos ante nosotros la responsabilidad, entre otras cosas, de comenzar a aplicar una parte muy importante del programa de reforma económica y estructural de Lisboa, a saber, la creación del mercado único europeo de servicios financieros. 
Si no podemos resolver los niveles de compromiso y establecer un reglamento sobre las condiciones adecuadas entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, corremos el riesgo de no poder alcanzar el objetivo y la tan necesaria reforma. 
Por consiguiente, existe una urgencia general y, en algunas partes, incluso una urgencia específica. 
Espero que todos los países candidatos participen en la Convención según el principio de Helsinki, a saber, la igualdad de trato. 
Eso es todo y hay 13 países candidatos. 
En segundo lugar, espero que se respete un período mínimo entre la Convención y la Conferencia Intergubernamental. 
Estoy de acuerdo con todos los que han dicho que este asunto de la reforma deberá estar terminado antes de las próximas elecciones europeas porque entonces habrá un nuevo Parlamento, una nueva Europa después de la ampliación y una nueva Comisión. 
Señora Presidenta, no voy a repetir, en el poco tiempo de que dispongo, lo que ya ha expuesto nuestro excelente ponente y tampoco voy a referirme a la estrategia del Consejo y los Estados miembros, que desde hace meses están procurando programar la Convención de manera que resulte lo más débil y menos exitosa posible. 
En esta situación histórica, en vísperas de la que posiblemente será una de las cumbres más importantes, previa a una Conferencia Intergubernamental histórica, yo quisiera dirigirme a la Comisión. 
Señor Presidente de la Comisión, me gustaría recordarle que las visiones y propuestas de la Comisión han estado en la base de todos los grandes proyectos de la integración europea, que la Comisión ha encarnado el spiritus rector y la capacidad visionaria en casi todas las grandes etapas. 
Permítame que le recuerde el Acta Única Europea, el Paquete Delors 1, la Cumbre de Maastricht, con el Pacto Delors 2 y el informe sobre la Unión Económica y Monetaria, el Libro Blanco sobre la realización del mercado interior, el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competencia y el empleo, con sus visiones sobre el diálogo social y la incorporación de un capítulo social al Tratado, los libros blancos sobre la política medioambiental y sobre el papel del Parlamento, y todos los grandes proyectos de la Comisión, que ha estado en la vanguardia de las Conferencias Intergubernamentales. 
Usted se ha referido hoy al triángulo de las instituciones. 
Sí, es cierto, también existe una lucha de poder entre el Consejo y el Parlamento, pero en el lugar que le corresponde a la Comisión yo sólo veo un agujero negro. 
Señor Presidente de la Comisión, ¿dónde está el libro blanco sobre la democracia europea? 
¿Dónde está su proyecto de una constitución europea? 
¿Dónde está su libro blanco sobre un sistema de "controles y contrapesos" en este espacio supranacional, sobre el método de la Convención, sobre los derechos ciudadanos, los derechos fundamentales y los derechos humanos en Europa? 
No ha presentado ninguno de estos trabajos y lo que aporta ahora, sus observaciones marginales, es demasiado poco. 
Sólo voy a destacar un aspecto. Si ni siquiera concede a la Convención el derecho a elegir a su Presidente entre sus miembros, ¡la está desautorizando ante toda la opinión pública europea! 
Este es sólo uno de los muchos planteamientos equivocados que se ha dedicado a difundir, en vez de proponer una visión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, yo voy a centrarme en la declaración de Laeken y, en particular, en la Convención. 
Esta Asamblea ha insistido, sobre todo después de la malograda Cumbre de Niza, en la necesidad de que por fin se aplique un nuevo método para preparar las conferencias intergubernamentales. 
Se ha comprometido, por encima de las fronteras de los partidos, y junto con las y los colegas de los Parlamentos nacionales y con diversos representantes de la sociedad civil, a relegar de una vez por todas al pasado la política de la diplomacia secreta a puerta cerrada, de la opacidad del proceso de adopción de decisiones, del chalaneo durante sesiones maratonianas hasta altas horas de la noche. 
Este nuevo método y la convocatoria de una convención son urgentemente necesarios, a mi parecer, para la futura capacidad de actuación de la Unión Europea, puesto que la preocupación primordial ha de ser el fortalecimiento de la democracia en Europa. 
Nuestra primera preocupación son los ciudadanos y ciudadanas de Europa e impulsar un debate amplio y exhaustivo sobre la construcción de la futura casa común europea, que es de esperar que en 2004 incluya a otros diez países europeos. 
Señor Presidente del Consejo, usted nos ha presentado hoy las líneas maestras de la declaración de Laeken, que se espera que sea declaración ambiciosa. 
Permítame que vuelva a comentar algunos puntos. 
La composición de la Convención es sumamente importante en opinión de mi Grupo y consideramos que, en este contexto, se deberían tener en cuenta muy especialmente dos aspectos. 
El primero es el principio del pluralismo político. 
Es imprescindible que se garantice que en la Convención estén representadas las fuerzas políticas más diversas, que las delegaciones de los parlamentos nacionales o del Parlamento Europeo no estén integradas sólo por diputados de los grandes partidos políticos, sino que también es necesaria la presencia de representantes de los partidos políticos más pequeños de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea y, sobre todo, es necesario un debate político productivo a favor y en contra, pues sólo así cobra interés la discusión. 
También es necesario contar con una representación equilibrada de ambos sexos. 
He visto que se han presentado algunas enmiendas al informe de los colega Méndez de Vigo y Leinen que apuntan en este sentido y yo espero que muchas y muchos colegas les den su apoyo y, sobre todo, que los parlamentos nacionales y también el Consejo busquen luego la manera de cumplir este criterio. 
Yo creo que es urgentemente necesario un diálogo estructurado con la sociedad civil, con unos objetivos bien definidos. 
Usted lo ha recordado, señor Presidente del Consejo. 
También me parece que se podría considerar la conveniencia de que el Comité Económico y Social asuma una función mediadora en este contexto, en su calidad de importante canal de expresión de la sociedad civil. 
Me ha alegrado mucho la noticia de que la Convención determinará directamente su orden del día, puesto que de hecho no sólo están en juego los temas institucionales, sino una amplia gama de cuestiones políticas muy diversas y cómo se definirán en el futuro las diferentes políticas europeas. 
Cuando podemos leer en un informe de la Comisión que la pobreza afecta actualmente a 60 millones de personas en la Unión Europea, yo creo que esta preocupante cifra ya nos da una medida de cuán grande es la necesidad de acción política y nos indica que es preciso que la Convención marque un cambio de rumbo y una orientación política distinta en Europa. 
Señor Presidente, tras los recientes acontecimientos internacionales, la política exterior de la Unión Europea debe tener una mayor trascendencia; sin embargo, los Gobiernos de los Estados miembros no pueden ignorar que no puede existir una política exterior común sin una inteligencia común. 
La situación geopolítica, las pobrezas- un problema cada vez más emergente- la expansión del terrorismo con células en todos los países del planeta, nos deben impulsar a estudiar en la cumbre de Laeken un proyecto para una verdadera inteligencia común, una nueva inteligencia que no nazca y no se desarrolle como Europol, sino que sea capaz de trabajar de manera transparente con analistas de la política, de la economía y de la cultura capaces de dar a nuestra política exterior una visión de conjunto y una inmediatez sin la cual la Unión Europea, prescindiendo de cualquier reforma institucional, no podrá arrancar. 
El logro de la paz en Afganistán y su consiguiente reestructuración sugieren que ya desde ahora se ha de definir el papel de la Unión sea como presencia mediadora, sea como fuerza proposicional, al objeto de que el futuro de Afganistán esté marcado no solo por la reactivación económica y por un sistema político democrático, sino también por la reconquista del papel de las mujeres en la política y en la vida social. 
La Unión no puede ignorar que, para alcanzar una verdadera paz en Oriente Próximo, hay que comprometerse activamente contra aquellos que fomentan o que, en todo caso, no se oponen al terrorismo local que, está claro, viene respaldado a escala internacional, y la Unión cuenta con los instrumentos económicos y políticos para intervenir en este sentido. 
En conclusión, el éxito o el fracaso de la Convención depende de las convicciones, de las verdaderas convicciones europeas que nos mueven, de las convicciones que tenemos, como partidos y Gobiernos, de no basarnos solamente en reformas sobre el papel, sino en hechos concretos que puedan mejorar no solo las condiciones de nuestros países, sino la de los países que se dirigen a nosotros. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimado Presidente Prodi, el 14 y 15 de diciembre los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordarán la celebración de una convención con vistas a elaborar una constitución para una confederación de estados nacionales- ¡acabad con la confusión! 
Una confederación de estados nacionales es un estado federal, un estado federal es un estado y no una confederación. 
De la misma forma que un cuchillo para la fruta es un cuchillo y no una fruta. 
Los estados tienen constituciones, mientras que las confederaciones de estados están basadas en acuerdos de derecho internacional entre naciones independientes. 
Pido a los Jefes de Estado y de Gobierno que den a la convención un mandato claro. 
¿Debe elaborar un borrador de constitución para un estado federal, sí o no? 
¿O debe elaborar un borrador de acuerdo entre naciones independientes que no vaya encaminado a la creación de un estado? 
¿Por qué no dejar a la Convención que elabore dos propuestas diferentes claras y nítidas sobre un estado federal y una confederación de estados, modelo 1 de los federalistas y modelo 2 de los eurorealistas, que se centren en los problemas transfronterizos que nosotros mismos no podemos resolver en nuestros propios parlamentos? 
Envíense las propuestas a debate en la opinión pública con un referéndum posterior, en el cual se pregunte a todos los ciudadanos comunitarios si desean una constitución para un estado comunitario o un acuerdo entre naciones unidas. 
Cuando tengamos la respuesta de los ciudadanos, puede celebrarse una conferencia gubernamental con el objeto de proponer una modificación de los tratados existentes. 
La gran mayoría de los ciudadanos de todos los países comunitarios desean un referéndum. 
¿Por qué no preguntarles entonces antes de hacer algo en su nombre? 
Emprendamos una competición pacífica en torno al futuro de Europa- ¡que los ciudadanos den su respuesta! 
Creo que los ciudadanos prefieren nuestra versión de la Europa de las Democracias, presentada en la opinión minoritaria de los miembros de SOS Democracia, sin embargo, acataré gustosamente la decisión de la mayoría en un referéndum, pero nunca me doblegaré ante funcionarios y ministros encerrados en sus despachos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, el informe que elaboramos el colega Méndez de Vigo y yo mismo fue adoptado por una gran mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Sólo se opusieron a él los colegas Bonde, Berthu y Sacrédeus. 
Por lo tanto, la inmensa mayoría comparte nuestras posiciones y me ha alegrado oír hoy que la Presidencia belga del Consejo también coincide con muchas partes del mismo y la Comisión puede hacer suyos asimismo muchos de los puntos que plantea el Parlamento. 
Existe una gran corriente de opinión que considera la Cumbre de Laeken como un hito importante que debemos aprovechar para dotar a la Unión Europea de mayor capacidad de acción y hacerla más democrática; además, tal vez también sea la última oportunidad de hacerlo antes de la ampliación, antes de que la actual Unión de quince Estados se amplíe hasta abarcar 25 ó 30. 
Yo estoy muy agradecido a todas las personas que han contribuido a que este nuevo método también se pueda aplicar efectivamente. 
Cuando vuelvo la mirada atrás, recuerdo que a principios de este año, en enero y febrero, todo esto parecía quedar aún muy lejos. 
Yo quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido a hacer posible efectivamente un nuevo método, una convención en la que los representantes de los parlamentos podrán participar en la definición de este proyecto sobre el futuro de nuestra Unión Europea con los mismos derechos que los representantes de los Gobiernos. 
La Convención no debe servir, sin embargo, como una coartada y yo creo que sería muy decepcionante que nos limitásemos a hacer una lista de las opciones que existen en Europa. 
Éstas ya las conocemos a través de las conversaciones entre los Jefes de Estado. 
Son bien conocidas y no constituyen ninguna novedad. 
La Convención debe ser un órgano político que busque soluciones, que haga un verdadero esfuerzo para alcanzar un consenso sobre cómo queremos seguir avanzando en Europa. 
¡Esta es la verdadera tarea que tenemos por delante! 
La posibilidad de presentar una diversidad de propuestas, más federalistas que intergubernamentales, suena muy atractiva. 
Sin embargo, señor Presidente de la Comisión, ¿conseguiremos luego respuestas sólidas en la Conferencia Intergubernamental si presentamos un batiburrillo de propuestas? Yo lo dudo mucho. 
Cada uno podrá elegir la respuesta que más le plazca y, como resultado del principio de unanimidad, en la Conferencia Intergubernamental se planteará la misma situación de bloqueo que ya se dio en Amsterdam y en Niza. 
No, yo creo que la Convención ofrece la gran oportunidad de alcanzar la mayoría más amplia posible mediante el método del consenso. 
No se trata de alcanzar la unanimidad, sino de concretar la tendencia predominante, la mayoría predominante que se perfile. 
Si presentamos una propuesta coherente de este tipo a la Conferencia Intergubernamental, también maximizaremos la probabilidad de que ésta sea aceptada, pues a un Gobierno, naturalmente, le resulta difícil rechazar un consenso. 
Todavía quedarán cuestiones por negociar. Todavía faltará recogerlo todo en un texto jurídico. 
La Conferencia Intergubernamental deberá encargarse de todas estas tareas, pero yo les prevengo contra el riesgo de encomendar a la Convención únicamente la tarea de presentar las opciones en otros términos. 
Esta no es una tarea propia de una Convención, de un órgano político. 
Tomamos nota de que el Consejo se propone presentar en Laeken una propuesta para la designación del Presidente. 
No tengo nada que objetar, pero creo que la Convención también debe tener la oportunidad de ratificarlo y de elegirlo. 
Una Convención debe elegir directamente su Presidente. Este trámite se tendría que cumplir. 
Señor Presidente de la Comisión, usted ha mencionado una Mesa reducida. 
Esta Mesa tendrá mucho trabajo. 
Será el órgano encargado de dirigir la Convención y en realidad sería una ventaja que tanto la oposición como la mayoría, de los parlamentos nacionales y también del Parlamento Europeo, se sientan representadas por el mismo. 
En cuanto al calendario, yo me alegro de que los propios Gobiernos declaren que los trabajos deben durar aproximadamente un año. 
Es decir, que la Convención concluirá su tarea en junio de 2003. 
A continuación debe seguir una pausa, pero sólo durante el verano. 
Yo propongo que todos dediquemos los meses de julio y agosto a recuperar fuerzas, de manera que en septiembre se pueda inaugurar la Conferencia Intergubernamental bajo la Presidencia italiana y para fines de 2003 se haya completado la redacción del tratado constitucional, a tiempo las elecciones europeas y también para la ampliación. 
Este debería ser un documento que podamos presentar a los pueblos de Europa y yo creo que si conseguimos un documento que se pueda leer en la escuela y los alumnos lo comprendan, también lograremos reducir el distanciamiento de los ciudadanos con respecto a Europa. 
¡Esta es nuestra tarea! 
. Señor Presidente, creo que estamos ante un Consejo Europeo, el de Laeken, enormemente importante. 
Estamos ante uno de esos tiempos eje, como lo llamaba Karl Jaspers. 
Nos encontramos con que la puesta en circulación del euro va a acrecentar el sentimiento de pertenencia a Europa. 
Las negociaciones de ampliación van a suponer el hacer realidad un viejo sueño de muchos europeos. 
Creo que los acontecimientos terroristas contra Washington y Nueva York del pasado 11 de septiembre han despertado la conciencia de los europeos, que nos están pidiendo más Europa y mejor Europa. 
Por tanto, la responsabilidad, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que tienen ustedes es grande. 
Pero déjeme decirle que creo que ustedes están haciendo una muy buena labor, y quiero decir públicamente que esta Presidencia belga ha tenido una actitud exquisita con el Parlamento Europeo, de colaboración, de participación, de escucha y, en suma, de hacer las cosas juntos. 
La apuesta por la Convención es una apuesta que este Parlamento adoptó hace ya mucho tiempo, incluso antes de Niza. 
En la Resolución de 17 de noviembre de 1997, que tuve el honor de presentar junto con Dimitri Tsatsos, relativa al Tratado de Amsterdam, ya decíamos que el método intergubernamental para la revisión de los Tratados había llegado a su fin y que había que buscar otro método. 
Ese método es la Convención. 
Y no crean ustedes que el Parlamento Europeo lo hacía por una manía. 
No. 
Lo hacía porque la Convención acerca Europa a los ciudadanos, porque es más abierta, es más pública, es más transparente, es más participativa; permite, como demostró la Convención que elaboró la Carta, que los ciudadanos se involucren en la realización de Europa. 
Por eso hemos apostado por la Convención, y yo me alegro de que la Convención vaya a ser una realidad en la declaración de Laeken. 
Pero no hay que engañarse respecto de la Convención. 
La Convención es un instrumento. 
Sobre otra Convención célebre de la historia, la Convención de Filadelfia, Georges Washington decía que podía hablar de todo, proponer de todo y decidir de nada. 
Ésta también. 
Nosotros lo que queremos es ayudar a la toma de decisiones, acercando Europa a los ciudadanos, a la gente, uniendo las diferentes legitimidades de la Unión Europea. 
Por tanto, señores del Consejo, no hay que tener miedo a la Convención. 
No hay que utilizar un instrumento de éxito y vaciarlo de contenido. 
No hay que encorsetar la Convención. 
Hay que dar a la Convención la posibilidad de tener éxito. 
Los que me han precedido en el uso de la palabra- y sobre todo el señor Leinen, con quien he tenido un enorme placer en colaborar para realizar este informe- han hablado de muchos temas. 
Déjenme que yo recalque algunos. 
En primer lugar, lo que el Parlamento Europeo pide es que, si utilizamos como modelo la Convención que elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales, las cuatro partes que la compongan estén equilibradas. 
En esa Convención había dieciséis diputados europeos y sesentaidós miembros de la Convención. 
En la propuesta que usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha enviado a las capitales sigue habiendo dieciséis diputados europeos, pero hay ciento doce miembros de la Convención. 
Y no me vale con que me digan que algunos son observadores, porque los observadores tienen exactamente los mismos derechos que el resto, y así debe ser, salvo la participación en el consenso final. 
Yo quiero decir, pese a lo que ha dicho algún orador anterior, que la Comisión ha participado, y mucho, y quiero elogiar las notas de reflexión del Comisario Barnier, que han sido muy importantes. 
Pero persiste, quizá, un equívoco respecto del consenso: consenso no significa unanimidad. 
No lo fue en la Convención que elaboró la Carta. 
Hubo miembros de la Convención que estaban en contra- aquí tenemos alguno, muy notable -, pero había una mayoría suficiente, un consenso suficiente. 
Por tanto, no repitamos que consenso significa unanimidad. 
No, significa un apoyo final al texto resultante. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hay un tema que usted ha dicho que está todavía en el aire, que es eso que se llama el enfriamiento. 
Y a mí, cuando tengo que explicar que después de ese trabajo de ciento doce personas para llegar a un resultado final, los Gobiernos quieren enfriarlo, me resulta enormemente complicado. 
¿Qué es eso de enfriar? 
Si el resultado es bueno, adóptenlo inmediatamente, y vayamos a hacer otra cosa. 
Vayamos a preparar la ampliación. 
En suma, señor Presidente, yo creo que hay que perderle el miedo a la Convención. 
Hay que pensar que Europa nos está exigiendo un signo identificativo. 
Es la Conferencia Intergubernamental. 
Y yo espero que, al final de ese proceso, el signo identificativo sea una Constitución de la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, sin duda existen estrechas y, en parte, indisolubles vinculaciones entre el debate sobre el futuro de la Unión Europea y la reforma de la gobernanza. 
Si leen el texto de mi informe podrán constatar que justamente no escatima las críticas. 
En él se adopta una posición muy clara con respecto a muchos de los temas que aborda la Comisión en su Libro Blanco y- si me permiten que use una expresión muy en boga actualmente en Alemania- esto también es bueno. 
Precisamente por esto, señor Presidente de la Comisión, para mí es importante expresarle mi agradecimiento, al igual que a los colaboradores y colaboradoras que han participado en la elaboración del Libro Blanco, por esta iniciativa y, sobre todo, por la voluntad que en él expresa la Comisión de revisar y modificar sin condiciones previas y también con actitud autocrítica todas las normas, procedimientos y modos de actuación a través de los que ejerce sus competencias la Unión, o sea, de todo lo que se designa con el concepto de gobernanza. 
Esto merece todo el respeto, pues en la práctica se trata ni más ni menos que de colmar la brecha que actualmente existe entre la Unión y sus ciudadanas y ciudadanos. 
La Comisión puede contar con la estrecha colaboración del Parlamento en esta liza. 
Como es sabido, el debate sobre la reforma de la gobernanza apenas acaba de empezar. 
Muchas propuestas de la Comisión requieren un examen detenido. En el Libro Blanco se anuncian algunas iniciativas. 
Nos pronunciaremos sobre ellas cuando se hayan concretado. 
Yo parto de la base de que algunas propuestas se podrán hacer realidad muy pronto, sin necesidad de esperar hasta finales del año próximo. 
La clave está en la elaboración, anunciada por el Comisario Kinnock en el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión, de la lista de los comités y grupos que participan en procedimiento de consulta. 
En este contexto, yo quisiera señalar que, a mi parecer, en el futuro toda propuesta legislativa podría ir acompañada de una lista de todos los expertos y expertas, asociaciones y organizaciones que hayan participado en su elaboración.. 
El Parlamento apoya, en efecto, la mejora de la participación y la consulta que propugna el Libro Blanco. 
Sin embargo, opinamos que esto requiere un acuerdo interinstitucional sobre los procedimientos de consulta democrática y yo me congratulo, señor Presidente Prodi, de que usted lo haya recordado y apoyado positivamente hoy. 
Señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, mi informe adopta una posición decidida y detallada sobre el tema de la mejora de la calidad de la legislación y no por azar, puesto que es un aspecto muy básico de la función del Parlamento, en su calidad de colegislador. 
El Parlamento ha insistido repetidamente en el valor que concede al método comunitario y ha destacado que considera el mantenimiento del equilibrio interinstitucional como el camino adecuado para avanzar en la integración. Es decir que no defendemos simplemente un concepto, sino su contenido, su sustancia política. 
Por esto yo quiero manifestar también con toda claridad ahora que en el Parlamento ha causado una gran inquietud, por decirlo suavemente, la noticia de que el Consejo y la Comisión llevan un largo tiempo trabajando en la elaboración de un plan de acción para mejorar la calidad de la redacción de la legislación y ya han empezado a elaborar documentos a la chita callando, con el objetivo de debatir dicho programa de acción en Laeken, sin incluir al Parlamento en los trabajos en su calidad de colegislador y sin comunicárselo siquiera. 
Creemos que esto constituye un grave incumplimiento del método comunitario y el informe así lo expresa con toda claridad en su punto 30. 
Por esto, en el informe también se pide que el programa de acción para mejorar la calidad de la legislación no se incluya entre los temas de la Cumbre de Laeken. 
No se trata en absoluto de que el Parlamento no esté dispuesto a participar en las deliberaciones sobre las posibilidades de simplificar o mejorar la legislación. 
El Presidente Prodi ha anunciado hoy que la Comisión presentará un documento consultivo con el fin de iniciar un diálogo con esta Asamblea sobre esta cuestión y yo puedo asegurarles que el Parlamento está dispuesto a entablarlo. 
No obstante, un aspecto muy importante para nosotros- y quiero decirlo con toda claridad- es que el Parlamento no está dispuesto a aceptar que se menoscaben de ningún modo las competencias legislativas que le corresponden en su calidad de único órgano elegido directamente por los ciudadanos y ciudadanas. 
Me refiero en particular al tema de la coregulación. 
Mantenemos una posición muy crítica con respecto al recurso a las llamadas directivas marco. 
Es preciso establecer mecanismos de control democrático adecuados y en este aspecto, señor Presidente de la Comisión, es evidente que mantenemos discrepancias. 
Nosotros queremos que se establezca un mecanismo de revocación con un plazo fijo. 
En verdad me ha sorprendido mucho que el representante del Consejo no se haya referido para nada justamente a este tema, puesto que la mejora de la legislación afecta a las tres instituciones y a mí, desde luego, me interesaría conocer la posición de la Presidencia del Consejo sobre esta cuestión y también sobre el grupo de trabajo interinstitucional cuya creación se propone. 
Señor Presidente, a pesar de toda esta retórica, no puedo evitar tener la sensación de que, en realidad, lo que se pretende con la Cumbre de Laeken es rehabilitar un poco la imagen francamente deteriorada de la Presidencia belga. En otras palabras, se trata de una tentativa de borrar los sucesivos errores cometidos por el equipo gubernamental Verhofstadt-Michel. 
Últimamente basta con leer la prensa extranjera de calidad, como The Spectator y The Wall Street Journal, para enterarse de los daños ocasionados por el actual Gobierno belga como consecuencia de su torpe actuación o los insultos proferidos contra Austria e Italia por parte de nuestro Ministro Michel, aquí presente. 
Todo esto es lamentable, puesto que la Presidencia belga podía haber dejado su impronta sobre el debate en curso acerca de las tareas prioritarias de Europa, las fronteras europeas y el déficit democrático. 
Sabemos por experiencia que el Estado unitario-federal belga no funciona democráticamente y que, por tanto, un Estado unitario-federal europeo tampoco puede funcionar democráticamente. 
Sabemos por experiencia que es preferible dejar, por ejemplo, las decisiones en materia de seguridad social en manos de las naciones y que es preciso cumplir estrictamente el principio de subsidiariedad. 
Sabemos por experiencia que las diferencias lingüísticas y culturales de los diferentes pueblos deben respetarse rigurosamente para garantizar una convivencia equilibrada y democrática. 
Sabemos por experiencia que surge un problema cuando las personas, los ciudadanos y los votantes no se reconocen en la estructura política que decide sobre ellos. 
En mi país, Flandes, el 70% de los encuestados no logra mencionar ni una sola institución europea, y el 40% ni siquiera sabe que elige a los miembros del Parlamento Europeo. 
Pues bien, ahora la idea es que la maquinaria propagandística de Laeken acabe con todo ello. De este modo, la Presidencia belga finalizará tal como comenzó: como una frivolidad al servicio del enorme amor propio de unos pocos ministros. 
Señor Presidente, con la agenda de política social aprobada en los Consejos Europeos de Lisboa y de Niza iniciamos una nueva etapa de la política social y de empleo de la Unión Europea. 
La calidad de los puestos de trabajo y de la política social ha pasado a ocupar el lugar central, tal como acaban de recordarnos el Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión. 
El Parlamento quiere participar plenamente en este proceso. 
Por esto, desde la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales presentamos una pregunta oral dirigida a la Comisión y al Consejo, acompañada de una propuesta de resolución. 
Yo intervengo en representación del presidente de la comisión, Michel Rocard. 
Nosotros tenemos el convencimiento de que unos puestos de trabajo seguros, un entorno laboral favorable y un reconocimiento adecuado de los derechos de los trabajadores, no reducen la productividad y el crecimiento económicos y, por consiguiente, la creación de empleo, sino que por el contrario los fomentan. 
El objetivo es que haya trabajo para todos. 
Queremos establecer una estrategia encaminada a crear más y mejores puestos de trabajo. 
La calidad del empleo incluye la satisfacción con el trabajo, que incrementa la motivación de los trabajadores y fomenta la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 
Estamos esperando una propuesta de la Comisión sobre el estatuto de los trabajadores temporales. 
La calidad del empleo incluye asimismo la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, la conciliación de la vida familiar y profesional, y medidas a favor de la permanencia en el mercado de trabajo de las personas mayores. 
Para ello necesitamos formación profesional en sus más modernas formas. 
Es necesaria una formación continua y la formación permanente. 
La capacidad de adaptación de las empresas frente a los cambios estructurales es particularmente importante para la creación de más y mejores puestos de trabajo, para lo cual es preciso garantizar, mediante unas normas mínimas de ámbito europeo, la participación de los trabajadores y su puntual información y consulta, de manera que tengan la posibilidad de prepararse para el cambio. 
En comparación con nuestros socios económicos, los Estados Unidos por ejemplo, Europa adolece de una tasa de actividad más baja. 
El Consejo Europeo de Lisboa reconoció este problema y se propuso un ambicioso objetivo de incremento progresivo de la tasa de actividad. 
Es imprescindible que alcancemos este objetivo. La Comisión ha presentado, como parte de la preparación de la Cumbre de Laeken, una comunicación en la que expone las líneas maestras de una estrategia de empleo y política social y de fomento de su calidad. 
Ésta debe incluir, no en último término sino en primer lugar, la elaboración de unos indicadores y unos criterios adecuados. 
El Sr. Prodi nos ha informado al respecto. 
Como he indicado al principio, el Parlamento Europeo espera tener una plena participación en las deliberaciones. 
Estamos asistiendo cada vez con mayor frecuencia a la elaboración de la política social europea a través de un diálogo entre algunos subcomités del Consejo- como el Comité de Empleo, por ejemplo, o el Comité de Protección Social- y la Comisión. 
A menudo se deja de lado al Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo tiene que tener la oportunidad de participar debidamente en la elaboración de las propuestas sobre cuestiones como el empleo y la protección social, que afectan directamente a todos los ciudadanos. 
Para ello es necesario que los órganos técnicos competentes y la Comisión nos mantengan al corriente de sus trabajos y que el Consejo Europeo consulte a su debido tiempo al Parlamento. 
Esperamos un compromiso claro de la Cumbre de Laeken en este sentido. 
Al fin y al cabo, somos los representantes populares y, por lo tanto, en el fondo, el primer órgano de la Unión Europea. 
El Presidente Prodi acaba de describir, con muy bellas palabras, al Parlamento Europeo como la expresión más importante de la Europa democrática. 
Por todas estas razones, señor Presidente en funciones del Consejo y señor Presidente de la Comisión, aguardamos con gran interés sus respuestas a nuestras preguntas orales. 
Señor Presidente, prácticamente después de la intervención del Presidente del Grupo Socialista, señor Barón Crespo, me queda poco por decir. 
Me voy a referir al Libro Blanco de la Comisión y, conjuntamente con él, a ese misterioso documento del Consejo, que es el informe Mandelkern, del que se habla pero del que no tenemos conocimiento. 
Los dos documentos inciden sobre las facultades legislativas del Parlamento. 
El Presidente Prodi se ha comprometido a no presentar ninguna propuesta en el Consejo Europeo de Laeken, y parece correcto que, en efecto, en Laeken no se discutan estas cuestiones, porque, en definitiva, son cuestiones que afectan a la esencia misma del procedimiento de redacción de una nueva Constitución europea y que, por tanto, deberían ser objeto de discusión en el seno de la Convención y, eventualmente, en el seno de la Conferencia Intergubernamental. 
De lo que se trata aquí es de establecer las competencias legislativas de las instituciones europeas y recordar que, en todas las Constituciones europeas, es el órgano de representación popular, el Parlamento, el que ostenta esa representación popular. 
Todas las expresiones que se utilizan en el Libro Blanco, las expresiones relativas a las facultades de ejecución, expresiones relativas a procedimientos de autorregulación y corregulación, expresiones relativas a la estrategia de Lisboa, van todas dirigidas a recortar las escasas facultades legislativas del Parlamento. 
Señor Presidente, dispongo de un minuto, y me parece bastante vergonzoso que a los ponentes de opinión se les conceda tan sólo un minuto de tiempo de palabra para un asunto tan sumamente importante. 
Señoras y señores, aunque, hablando en términos generales, Niza no respondió a las expectativas, los resultados tampoco fueron tan negativos en los terrenos que son de la competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, de la cual yo tengo el honor de ser el ponente de opinión. 
Con ello me refiero especialmente a las mejoras introducidas a iniciativa nuestra en el funcionamiento del sistema jurídico europeo. 
Por eso, la mayor preocupación de la Comisión de Asuntos Jurídicos es que, independientemente del destino del Tratado de Niza, las modificaciones positivas que acabo de mencionar entren en vigor al margen de la íntegra ratificación de Niza. 
Por lo que a la Declaración de Laeken se refiere, la Unión Europea debe demostrar, por decirlo de una forma muy concisa, que está preparada para afrontar los retos de los próximos años. 
Debe ocuparse de sus tareas prioritarias y llevar a buen término lo que le corresponde hacer. 
En este sentido el ciudadano europeo espera de Laeken una clara señal de que se está trabajando seriamente en una política europea en materia de defensa, tanto desde el punto de vista interno como externo. 
He sido todo lo generoso que he podido, señor De Clercq, pero no debemos olvidar el tiempo de intervención que ha sido asignado a su comisión. 
Señor Presidente, me alegra que el Sr. Prodi esté presente para que pueda escuchar lo que voy a decir. 
La Comisión de Medio Ambiente está muy descontenta con la idea de los acuerdos voluntarios como modo de procedimiento. 
Queremos que exista un marco jurídico para dichos acuerdos porque creemos que esto se parece demasiado a una práctica legislativa secreta. 
No estamos en absoluto contentos con el enfoque de corregulación- sea esto lo que fuere- porque lo vemos como una manera de alejarse de mecanismos jurídicos vinculantes que pueden dejar fuera el control democrático. 
Como el Sr. Prodi sabrá, no estamos muy contentos con la idea de hacer público el consejo de los expertos. 
Estamos agradecidos por las migajas que recibimos y a veces nos gustaría conocer la autoría de la legislación que más tarde destrozamos. 
Sobre la cuestión de la aplicación, sentimos una gran preocupación por el cumplimiento de la ley de manera que se tengan en cuenta las condiciones regionales y locales. 
Creemos que, para empezar, sería mejor elaborar una legislación más flexible. 
Si se van a tomar en cuenta las condiciones regionales y locales, esto significará probablemente que se desestabilizarán las condiciones de una competencia justa y equitativa. 
Vemos que existe una gran necesidad de que la Comisión dedique más energía a la cuestión de la aplicación y no vemos ninguna necesidad real de que establezca criterios para centrar su trabajo en la investigación de posibles infracciones de la ley. 
Lo que la Comisión necesita es más personal. 
Por último, recomiendo al Sr. Prodi que lea el boletín que el Centro de política europea publica ocasionalmente sobre los estudios del impacto legislativo. 
Presenta la idea de realizar un estudio del impacto legislativo de cada nueva ley para evaluar su necesidad, examinar alternativas así como su impacto general. 
Incluiría, y puede que esto no le parezca nada recomendable al Sr. Prodi o a su personal, la idea de crear una oficina específica para la evaluación legislativa dentro del propio gabinete del Secretario General de la Comisión. 
Creo que eso sería una buena idea. 
Señor Presidente, cinco principios sustentan la reforma de la gobernanza de la UE: apertura, participación, clara distribución de responsabilidades, eficacia y consecuencia. 
Los trabajos en torno a estos principios no deben considerarse terminados en tanto se olvide a la mitad de la humanidad. 
Jamás podrá afirmar que trabaja en pro de la participación quien no asegure la intervención tanto de hombres como de mujeres. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades exigió la creación de una autoridad para materias de igualdad de oportunidades que, entre otras cosas, se encargue de reunir y analizar datos y tendencias, que se incorpore a los grupos que trabajan en favor de los derechos de la mujer y a organizaciones no gubernamentales en la base de datos relacionados con la sociedad civil que piensa crear la Comisión y a velar por la adaptación de la información nacional y local a las exigencias de la igualdad de oportunidades, puesto que las prioridades, condiciones y necesidades de los hombres y de las mujeres son distintas. 
Es lamentable que en este informe no se haya incorporado ninguna de nuestras exigencias. 
Señor Presidente, pienso que el debate sobre el futuro de Europa se debe abordar con gran responsabilidad para evitar un fracaso como el que experimentó el método intergubernamental en Niza. 
Hay que reconocer la legitimidad de la ciudadanía europea de los ciudadanos de los Estados miembros, porque también de está forma se contribuirá a acercar las Instituciones europeas a los ciudadanos. 
Hoy debemos registrar la evolución de los sistemas de las organizaciones interinstitucionales y dicha evolución cuanto más se convierte en sofisticada más aleja a los ciudadanos de las Instituciones. 
Cuando las instituciones funcionan no hay problemas, pero cuando no funcionan- y el número de peticiones que recibimos demuestra este sensible rechazo de las instituciones por parte de los ciudadanos- los ciudadanos sufren la violencia de las Instituciones. 
La consecuencia positiva es que hay que reforzar las instituciones que defienden a los ciudadanos de la Unión en el goce de sus derechos. 
La Comisión de Peticiones se ha visto obligada a emitir una opinión muy crítica sobre los propósitos de buena gobernanza de la Comisión, puesto que no ha encontrado ninguna referencia ni al Defensor del Pueblo Europeo ni mucho menos a la Comisión de Peticiones como instrumento institucional de defensa de los derechos de los ciudadanos que por esto recurren al derecho de petición. 
El sistema propuesto para una buena gobernanza nos ha parecido falto de cualquier propuesta significativa que consiga acercar el ciudadano a Europa. 
Quizás sea un intento nominalmente eficiente y sustancialmente sin efectos reales. 
Por último, esperamos que se consiga patentizar la obscura tarea del Consejo al menos a través de la publicidad de las sesiones de la Institución cuando actúa en sede legislativa para evitar que todo esto sea un agujero negro. 
Estimo que las consideraciones expresadas en estos informes podrán ser acogidas en las demás sedes institucionales europeas, convencido de que el Parlamento es el único órgano que cuenta con la legitimación popular. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, permítanme que exponga tan sólo dos observaciones, vinculadas entre sí. 
Yo creo que la práctica política de la Unión Europea después del 11 de septiembre, con la actuación de una serie de Estados miembros que se entregaron al bilateralismo o parecieron dejarse arrastrar por actitudes dirigistas, ha dejado claro que la Unión Europea es fuerte siempre que actúa según el método comunitario y es débil cuando no lo hace. 
Esta es la lección de los últimos dos o tres meses, que nos indica cuán necesaria es una reforma general de la Unión Europea que evite en el futuro la repetición de este modo de actuación que nos debilita. 
Es importante, por consiguiente, que en Laeken se acuerde el mecanismo adecuado. 
El Consejo Europeo todavía no adoptará, en lo esencial, decisiones sobre los contenidos en Laeken, pero los métodos que se adopten para la elaboración de dichos contenidos serán decisivos para el éxito final. 
Yo creo que debe quedar claro que si se constituye una Convención, cuya creación será posible gracias también al apoyo de la Presidencia del Consejo, de una serie de Gobiernos y de la Comisión, y en la que participarán parlamentarios nacionales y europeos, sus procedimientos no se deben organizar de un modo que no deje el margen de maniobra necesario para alcanzar las decisiones adecuadas. 
Tampoco puede ser que no cuente con un procedimiento que permita sentar las bases para las negociaciones finales entre los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Sobre todo, no es admisible que entre la Convención y la Cumbre medie un lapso de tiempo muy dilatado, durante el cual el antiguo método de la conferencia intergubernamental diplomática pueda acabar anulando todo el impulso político alcanzado por los parlamentarios. 
Yo creo que esto nos dará la medida decisiva del éxito o el fracaso de Laeken. 
Yo les deseo que tengan mucho éxito porque sé que, en el Consejo y en la Comisión, ustedes también comprenden que es necesario que prevalezcan estas posiciones, a fin de que podamos trabajar conjuntamente para alcanzar un resultado compartido. 
La Convención supone un primer paso hacia una nueva constitución europea, una valerosa visión acerca del futuro de Europa, un euro que, en lugar de sumirse en un aislamiento monetario, se integre en la política socieconómica, una Comisión Europea transformada en un Gobierno europeo, unas elecciones europeas con listas europeas y cabezas de lista que puedan designar al Presidente de la Comisión Europea a través del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, queremos más votaciones por mayoría cualificada en el Consejo, queremos más codecisión en el Parlamento Europeo. 
Las reuniones del Consejo deben revestir carácter público, de modo que los parlamentos nacionales puedan controlar adecuadamente a los ministros del Consejo. 
Confiamos en que se produzca una intensa colaboración entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
Esto es lo que se denomina visión de futuro. 
La Convención ha de ir en busca del consenso. No vale una lista de posibles opciones. 
La Convención ha de abrir un diálogo transparente con la sociedad civil, puesto que parte del futuro de Europa depende de una mayor colaboración europea en aquellos ámbitos donde los ciudadanos esperan resultados transfronterizos, como pueden ser la seguridad alimentaria, la inmigración, la contaminación del medio ambiente, el crimen internacional y el terrorismo. 
Sin embargo, hay otras tantas políticas que pueden permanecer en manos de las regiones y la sociedad civil. 
Dicho de otro modo, soy partidario de una subsidiariedad más positiva. 
Debemos guardarnos de no entrar en una situación de autismo europeo centrando toda nuestra atención en la renovación de la arquitectura institucional, lo cual ha de ir acompañado de una mayor colaboración en el ámbito del contenido. 
La creación de nuevas formas de gobernanza europea pasa necesariamente por la aplicación de un método de trabajo más abierto, orientado a la obtención de resultados concretos. 
Podremos lograr este fin con la ayuda de nuevos instrumentos tales como la autorregulación y la corregulación y la coordinación abierta, pero antes debemos cerciorarnos de que, en caso de fracaso, tengamos a nuestra disposición un mecanismo de call back al que podamos recurrir y que nos permita reclamar la devolución de las competencias delegadas. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción las presentes resoluciones. 
Propongo que, como Parlamento Europeo, nos pronunciemos hoy a favor de una nueva forma transparente de gobernanza europea. Votemos a favor de la Convención, de tal modo que el futuro de Europa pueda ser un futuro democrático. 
Señor Presidente, en febrero de 1787 se celebró una convención anterior en Filadelfia. 
En un inicio, varios Estados americanos se oponían a convocar el evento y otros estaban decididos a restringir su mandato y a diluir sus efectos. 
La competencia formal de la convención era sumamente restrictiva y no podía decidir por sí misma, sino únicamente proponer. 
Y sin embargo, de dicho experimento floreció la Constitución de los Estados Unidos y la democracia parlamentaria poscolonial que aún reconocemos al día de hoy. 
Esta Convención Europea sólo podrá producir un resultado similar a éste si nosotros, como Parlamento, somos audaces, persuasivos y nos organizamos bien. 
Bajo la presidencia de nuestro George Washington europeo, debemos elaborar un conjunto de propuestas claras, y aunque aceptamos las cuestiones que Laeken nos plantea, debemos conservar la capacidad de poder hacernos a nosotros mismos algunas preguntas. 
Seamos realmente creativos en beneficio de Europa. 
Señor Presidente, la Unión ya tiene implícitamente en los Tratados la esencia de una Constitución. 
Todos tenemos nuestra mirada puesta en la Convención para que la haga explícita y clara y para que cree el marco jurídico necesario para una Europa completamente democrática. 
Eso, naturalmente, implicará, como se ha dicho en el transcurso del presente debate, el pleno reconocimiento de las prerrogativas y las competencias de esta gran Asamblea Parlamentaria paneuropea. 
Pero la democracia no será eficaz a este nivel a menos que también sea plenamente eficaz a nivel de los pequeños batallones: a nivel de las autoridades locales, a nivel de las regiones constitucionales, las comunidades autónomas de los Estados miembros. 
Ahora bien, esto significa que la Convención deberá también examinar esa cuestión, y para mejorar la gobernanza en Europa, como ha dicho la Comisión, será necesario examinar de cerca la participación adecuada de las autoridades regionales y locales. 
Pensaba que la Comisión se había mostrado algo tímida en lo que ha dicho a este respecto, pero por desgracia, el Parlamento apunta a una timidez aún mayor y menosprecia todas las referencias a la participación regional con la Comisión contenidas en el Libro Blanco. 
El considerando M y el apartado 26, tal y como aparecen redactados actualmente en el, por otra parte admirable, informe de la Sra. Kaufmann son realmente lamentables. 
Queremos un reforzamiento de la referencia a la participación necesaria de la Comisión y el Parlamento con las autoridades locales y regionales, así como con los parlamentos nacionales. 
No queremos socavar las bases del marco constitucional de Europa. Queremos mejorarlo. 
Señor Presidente, la Cumbre de Laeken será el fundamento de un nuevo Tratado de la UE. 
En la resolución del Parlamento Europeo se exige que la modificación del Tratado dé origen a una constitución, es decir, una especie de paso decisivo hacia un estado federal. 
Creo que se ha olvidado un aspecto fundamental, esto es, que el pueblo irlandés ha utilizado su derecho a oponerse al Tratado de Niza. 
En la Cumbre de Laeken se debería respetar este derecho y esta negativa del pueblo irlandés al Tratado de Niza. 
El mensaje irlandés es claro: menos centralismo y estructuras supraestatales y más respeto a la democracia nacional. 
Necesitamos que se modifique el Tratado en el sentido de aumentar la apertura en el Consejo de Ministros, permitiendo a los estados nacionales el control de las decisiones, y facultando a los parlamentos nacionales para proponer leyes, en lugar de la burocracia de la Comisión. 
Éste es un importante debate y me gustaría felicitar a la Comisión por su publicación del Libro Blanco sobre la gobernanza europea. 
A la luz de los recientes acontecimientos, es obvio que ha llegado la hora de hacer balance, pero no puede haber ninguna duda acerca de la relevancia que la Unión Europea ha tenido para los Estados miembros y sus ciudadanos. 
La Unión Europea ha hecho realidad casi todos los ideales y aspiraciones de los padres fundadores de Europa. 
El logro de la paz por sí solo justifica nuestra existencia, pero hemos alcanzado mucho más, sin olvidar el hecho de que los ideales consagrados en el Tratado de Roma- de prestar ayuda al desarrollo económico y social de países pequeños y poco desarrollados- también han sido alcanzados por lo general. 
Irlanda da fe de este hecho y, a pesar del resultado del referéndum sobre el Tratado de Niza, la población irlandesa reconoce gustosa los beneficios que hemos obtenido de nuestra adhesión y también apoya las propuestas sobre la ampliación. 
¿Qué ha fallado entonces? 
En mi opinión, hemos fracasado en nuestro intento de comunicar el concepto de Europa. 
Los ciudadanos no se sienten parte de la familia europea. 
El aislamiento que perciben del proceso de toma de decisiones les ha dejado decepcionados y distantes. 
Esta sensación de abandono ha provocado apatía e indiferencia, como demuestra la bajísima participación en las recientes elecciones europeas y, en el caso de Irlanda, el rechazo del Tratado de Niza. 
La Comisión y el Parlamento están en lo cierto respecto a una cosa, la UE carece de legitimidad democrática. 
Por otra parte, ningún profano en la materia ni muchos diputados comprenden realmente cómo funciona todo el sistema. 
El Libro Blanco y este informe forman parte de una promoción agresiva, la idea de vender el concepto de la UE a nuestros ciudadanos con mucho más ímpetu para que la población aprenda a amarla. 
Por debajo de todo esto está la batalla interinstitucional, y el Sr. Prodi así como el Parlamento intentan desesperadamente preservar el método comunitario, porque temen que exista demasiado intergubernamentalismo. 
A los ciudadanos de a pie poco les importará quién sea el vencedor de esta batalla entre las instituciones. 
Ya es hora de comunicar al electorado de cada Estado miembro las intenciones reales del proyecto de la UE. 
Sólo así sabremos si quieren formar parte de él y si el proyecto llegará a funcionar alguna vez. 
Pero quizás, después de lo ocurrido en Irlanda, Dinamarca y Suiza, es posible que eso sea llevar la democracia un poco demasiado lejos para todos ustedes. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, querido Comisario Barnier, queridos colegas, creo que los ponentes Méndez de Vigo y Leinen nos han presentado de nuevo un trabajo acabado, aunque creo que se han dedicado en exceso a la metodología. 
Evidentemente, es preferible tener un ciclomotor en lugar de una bicicleta, va más deprisa, pero si no se sabe adónde se va, pienso que ello no representa un avance. 
Me he congratulado de oír a los colegas Poettering, Cox y Voggenhuber, quienes, por primera vez desde hace tiempo han basado sus intervenciones en la cuestión de la Comisión. 
Pienso que hoy tenemos un problema muy grave. 
Tenemos un conflicto. 
En cierto modo, cada uno barre para adentro, Consejo y Parlamento. 
Aumentamos nuestros poderes de codecisión, pero al mismo tiempo estamos destruyendo la Comisión. 
Esta destrucción de la Comisión va acompañada de un proceso de burocratización, y pienso que de nada sirve, señora Theorin, hablar de transparencia, de gobernanza, de codecisión, de legitimación democrática, cuando ni siquiera se puede hablar de elección de la Comisión por sufragio universal directo. 
Pienso que está en juego el equilibrio de nuestras instituciones y que no podemos sustraernos al gran modelo norteamericano; es el equilibrio de nuestras instituciones, el check and balance, la división de poderes y no el reparto del pastel entre las diferentes instituciones lo que debe estar en el centro de nuestras discusiones, de nuestros debates y de dicha Conferencia Intergubernamental y, antes de ésta, de la Convención. 
Pienso que es la única manera de luchar contra esta burocratización, la única forma de que nuestras instituciones recobren legitimidad, la única forma de reactivar la construcción europea. 
Así pues, como decía el colega Salafranca, no hay vientos favorables para aquellos que no saben adónde ir, y pienso que el problema de nuestro Parlamento es ante todo saber, comprender, adónde quiere ir. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha demostrado, con la adopción por unanimidad del informe Kaufmann, que somos capaces de responder con decisión en un breve plazo- dispusimos de muy poco tiempo- frente a unas importantes propuestas de reforma de la Comisión y hoy y mañana ya podremos adoptare una posición al respecto, a tiempo para la Cumbre Europea de Laeken. 
Permítanme que destaque algunos aspectos del informe Kaufmann y remarque lo siguiente: señor Presidente de la Comisión, nosotros acogemos con satisfacción su anuncio de que mantiene la propuesta de creación de un grupo de trabajo conjunto que presentó en octubre. 
Lo importante ahora es que éste se ponga en marcha cuanto antes y que a continuación iniciemos también la debida colaboración en torno a esta temática. 
El Grupo del PPE insiste, en todo caso, en la necesidad de que los trabajos comiencen pronto. 
Nos congratulamos de que la Comisión de la Unión Europea haya renunciado a establecer estructuras administrativas semiautónomas a escala regional y municipal, tal como todavía podía leerse en algún anteproyecto de su Libro Blanco. 
No obstante, en el fondo también nos parece inaceptable que la Comisión deje de lado el método de coordinación olvidando al colegislador europeo, el Parlamento Europeo, y adopte directrices que sólo cuentan con la bendición del Consejo de Ministros y mediante las cuales la Comisión marca orientaciones con las riendas privilegiadas de los programas en la mano. 
También en este contexto es necesaria la participación del colegislador. 
Nosotros les pedimos que reformen profundamente el procedimiento de la comitología. 
No es admisible que se vacíen de contenido, en conjunción con las burocracias nacionales, las competencias legislativas del Parlamento Europeo por la vía de las normas de aplicación, cuyo contenido, finalidad y alcance no se han determinado previamente. 
También pedimos que se reduzcan al mínimo las agencias europeas. 
¿Podemos permitirnos recordarles que la Comisión y el Parlamento Europeo son aliados natos a la hora de impulsar la integración europea y actuar en interés de los ciudadanos de Europa? 
La transposición de la legislación europea requiere una cultura particular de la administración pública en todos los ámbitos, que también debe incluir la aplicación de las normas europeas por parte de las autoridades de los Estados miembros. 
Es urgentemente necesaria la formación inicial y continua de los funcionarios en todos estos ámbitos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en realidad el presente debate es prematuro puesto que por el momento no es posible hacerse una idea precisa de las probabilidades de éxito de la Cumbre de Laeken. 
Ello no obstante, señor Presidente del Consejo, ya no cabe duda de que la Presidencia belga pasará a la historia como un suceso memorable, aunque sólo fuera porque a raíz del atentado contra Nueva York la lucha contra el terrorismo y el papel de Europa en el mundo se han convertido en la prioridad más absoluta. 
Mi Grupo considera harto importante que la Cumbre de Laeken explique una vez más a Europa que hemos de aportar nuestro propio grano de arena, empezando por la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas para los conflictos internacionales, prestando nuestro pleno apoyo a las instituciones de Naciones Unidas, y que tenemos la intención de reforzar de nuevo el diálogo con los Estados árabes. 
Asumir ese papel genuinamente europeo significa entre otras cosas que Europa se niega a suspender y congelar los principios del Estado de derecho y los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo, que Europa reclama que se haga justicia en el marco de un Tribunal Internacional y no en el ámbito de unos tribunales de excepción. 
Espero, señor Presidente del Consejo, que Laeken emita claramente esta señal, incluso de cara a los Estados Unidos. 
Sin embargo, existe el riesgo de que, en cierto modo, esta prioridad acabe eclipsando las otras 16 prioridades. 
Es por eso por lo que, en nombre de mi Grupo, quisiera transmitir un deseo a la Presidencia del Consejo: esperamos que la Presidencia del Consejo haga un esfuerzo especial para recordar en la Cumbre de Laeken que las ambiciones de Lisboa continúan vigentes a pesar de la recesión económica, las reestructuraciones de las empresas y el incremento del desempleo. 
Es importante que la Cumbre de Laeken convenza a los ciudadanos de que Europa significa más que la introducción del euro, que se trata asimismo del crecimiento económico, el empleo, el futuro de las pensiones y la lucha contra la exclusión social. 
Señor Presidente del Consejo, la declaración acerca del futuro de Europa constituye sin duda la apoteosis de Laeken. 
Ahora bien, actualmente, dicha declaración no es más que un documento de trabajo personal del Primer Ministro que el Presidente del Consejo pasea por todas las capitales europeas. 
El borrador es un secreto bien guardado, incluso para este Parlamento, lo cual quiere decir que estamos llamados a aportar nuestra contribución a este documento sin tener conocimiento de él. 
Me atrevo a decir que lamento esta evolución de los hechos. 
Por eso, quisiera formular algunas sugerencias, en nuestra opinión importantes, respecto a la declaración sobre el futuro de la Unión Europea. 
En primer lugar debemos evitar que la Declaración de Laeken cree situaciones en las que las competencias de la Unión Europea permanezcan encorsetadas, en las que, más allá de lo explícitamente estipulado en el Tratado, Europa no disponga de margen de maniobra o en las que se trabaje con unas listas de competencias. 
Le puedo asegurar, señor Presidente del Consejo, que estas opciones no responden a las expectativas de los ciudadanos. 
En segundo término, los rumores que nos llegan por vía no oficial nos advierten del peligro de que la voz europea esté escasamente representada en la Convención en comparación con el número de representantes de los Estados miembros. 
Confiamos en que Laeken ponga en marcha una Convención equilibrada en la que también esté garantizada la participación de las mujeres. 
En tercer lugar, señor Presidente del Consejo, me ha sorprendido su comentario- espero que no lo haya entendido bien- de que "la idea de organizar una asamblea paralela en el foro de la sociedad civil ha sido descartada". 
Ésta es una noticia terrible puesto que, en mi opinión, está claro que el debate sobre el futuro de Europa quedará de entrada seriamente hipotecado si no se atribuye a la sociedad civil el papel que le corresponde, si no se crea una plataforma debidamente estructurada donde se pueda abrir un diálogo con las organizaciones sociales y si no queda otra cosa que un debate virtual por ordenador que, en realidad, carece de una participación real. 
Espero que aún se esté a tiempo para rectificar este error en Laeken. De todas formas, deseo mucho éxito a la Presidencia del Consejo. 
Señor Presidente, usted dijo que la apertura, la eficacia y el acercamiento de la UE a los ciudadanos serán materias importantes en Laeken. 
Coincido plenamente con usted. 
Después del poco feliz acuerdo de Niza, del plebiscito irlandés y del escepticismo que, según muchas encuestas de opinión, crece en numerosos países miembros respecto al proyecto comunitario, hay muchas esperanzas cifradas en Laeken y en los cambios. 
La UE debe ser más inteligible y accesible para los ciudadanos. 
Se necesita una legislación que aclare cómo se gobierna la Unión y defina las facultades de las diversas instituciones. 
Hay que eliminar tareas y concentrarse solamente en aquellas de carácter transfronterizo. 
No creo que los ciudadanos quieran que la UE haga más cosas en todos los campos, sino que quieren que sea eficaz en las materias que le son propias y que sus decisiones sean tomadas abiertamente. 
Es completamente inaceptable legislar a puertas cerradas, como lo hace el Consejo de Ministros. 
Para ampliar y profundizar la UE habrá que recuperar la confianza de los ciudadanos y hacerlos participar. 
Esto no se logra mediante hermosas declaraciones ni con ejercicios constitucionales académicos, sino que con verdaderas reformas y con coraje político. 
Espero que el resto del Consejo Europeo sea tan valiente como la Presidencia belga. 
Señor Presidente, sólo quisiera subrayar lo que acaba de decir el ponente Sr. Méndez de Vigo. 
No tiene ningún sentido montar una Convención y luego hacer de todo para que no tenga éxito. 
¿Qué significa "tener éxito"? 
Significa dar un paso significativo hacia una Unión más fuerte y más integrada, lo que conlleva necesariamente una reducción del papel y del poder de cada Estado- éste es el problema, señor Ministro Michel- en favor de las Instituciones comunes. 
Hoy ésta es su responsabilidad como Consejo Europeo y ésta es la elección que ustedes tienen que hacer: reducir su poder. 
En Niza ustedes no lo consiguieron porque el método intergubernamental es un obstáculo por sí mismo, en cuanto favorece a los que van retrasados e impone a todos integrarse a su escasa velocidad. 
El Presidente Michel y el Presidente Prodi han vivido momentos realmente desagradables en estos meses, unos momentos durante los cuales las insuficiencia de instrumentos comunes se ha puesto de manifiesto con una evidencia a veces cruel. 
Creo que la Convención- una Convención real- debe ser un embrión de asamblea constituyente y creo que constituye la única verdadera clave para que el futuro de la Unión Europea sea más brillante que la cacofonía que hoy escuchamos. 
Señor Presidente, respecto de la estrategia europea para fomentar la calidad en el trabajo y en la política social, no basta enunciar y aprobar intenciones: es fundamental que se cree empleo de calidad, con derechos, y que se establezcan objetivos concretos para el cumplimiento efectivo de todos los derechos sociales. 
No basta con crear empleo: es fundamental que no sea precario, que los salarios permitan vivir con dignidad y se paguen a tiempo y no como está sucediendo en Portugal, donde, pese a haber una baja tasa oficial de desempleo, se mantienen los salarios más bajos de la Unión Europea, se agrava la precariedad, vuelven los casos de empresas con salarios atrasados y se dificulta el desarrollo de zonas que entran en crisis. 
Una política orientada a la calidad en el plano social exige que se conceda prioridad al empleo con derechos y se preste atención particular a las mujeres y a los jóvenes, incluida su formación, pero también a la remuneración y al vínculo contractual y también una atención especial a las personas de edad y a la mejora de las pensiones y las jubilaciones, en particular de las mínimas, lo que entraña que la Unión Europea no puede seguir insistiendo en conceder prioridad absoluta a las políticas monetarias del Pacto de Estabilidad, como sigue sucediendo. 
Señor Presidente, creo que el proyecto de declaración que el Consejo de Laeken deberá hacer público para organizar el debate sobre el futuro de la Unión ha sido preparado en unas condiciones muy curiosas. 
El entorno de la Presidencia belga se jacta, según la prensa, de haber evitado transmitir demasiado pronto el texto a sus socios, a fin de que éstos no dispongan de tiempo para volver a elaborarlo. 
Se trata de una manera de trabajar que no ayuda mucho y que nos lleva a lanzar una advertencia a los miembros del Consejo: recuerden que ustedes representan países, democracias nacionales, los cuales deben mantener las manos libres en esta negociación. 
Lo ideal hubiera sido crear, en una primera fase, un foro parlamentario formado por representantes de los Parlamentos nacionales, o bien trabajar basándose en propuestas de los Parlamentos nacionales, ya que estos últimos constituyen un buen nivel para hacer la síntesis de lo que cada nación piensa. 
En todo caso, señores Jefes de Estado y de Gobierno, no se dejen imponer un mecanismo que desembocaría en unas propuestas desfasadas con respecto a los intereses y a las preferencias de nuestros pueblos. 
Este es un punto que profundizaré en mi explicación de voto sobre la resolución que se presentará. 
Señor Presidente, en todas las fases de desarrollo de la Unión Europea numerosos democratacristianos han desempeñado un destacado papel. También en esta ocasión pretendemos aunar nuestras fuerzas para hacer de Europa un éxito permanente. 
A decir verdad, la Cumbre de Niza, que supuestamente debería haberse convertido en la cumbre de la verdad, no puede considerarse un logro, especialmente en lo que se refiere al objetivo de preparar las instituciones europeas para la ampliación. 
Esperemos que los Jefes de Estado y de Gobierno sean conscientes de que en Laeken no pueden permitirse el lujo de volver a formular conclusiones ambiguas o precipitadas. 
El informe de los Sres. Leinen y Méndez de Vigo pone claramente de manifiesto cuáles son las decisiones que hemos de adoptar si queremos llevar por buen camino el futuro de la Unión. 
Respaldamos este informe y aprovecho la ocasión para felicitar de todo corazón a los ponentes por su trabajo. 
Señor Presidente del Consejo, su trabajo aún no ha concluido y su Presidencia aún no ha llegado a su fin. Por tanto, sería prematuro evaluar su Presidencia en este momento. 
Sin embargo, a la espera de la Cumbre de Laeken quisiera decirle lo siguiente: comprobamos- y los resultados de las encuestas apuntan en la misma dirección- que los ciudadanos europeos pierden el interés. 
No es que se vuelvan contra Europa, pero dejan de sentirse implicados. 
Por eso mismo, también es fundamental que facilitemos más información, que abramos el debate al gran público, que adoptemos una actitud más abierta para con las ONG, que expliquemos que los objetivos de la Unión redundan en beneficio de cada cual y que la Unión muestra el mismo respecto hacia todos los ciudadanos. 
En este sentido quisiera instarle a que, como Jefe de Gobierno de un país pequeño, no deje que le vuelvan a arrinconar, como sucedió en Gante y en el fondo también en Londres. 
La gente no lo entiende y, por supuesto, no lo acepta. 
Quisiera instarle asimismo a que garantice que todas las lenguas y sus usuarios continúen gozando el mismo respeto. 
Le ruego no lleve adelante la normativa prevista respecto al uso lingüístico en las agencias para la protección de los derechos de propiedad industrial. 
La gente no lo entiende, la gente no lo quiere, la gente no lo comprende, la gente no lo acepta. 
La gente no quiere un idioma de segunda y tampoco quiere ser tratada como ciudadanos de segunda. 
Señor Presidente, Señorías, mencionaré cinco puntos en el breve tiempo de que dispongo. 
Primero: está bien la Convención; no es la Constituyente, pero es todo lo que realísticamente se podía conseguir. 
Segundo: debe tenerse cuidado de no desvalorizar o banalizar la expresión "Constitución europea" y es preciso que los miembros de la Convención sean valientes e innovadores en su papel. 
Tercero: el federalismo no debe jugarse sólo entre los Estados y la Unión Europea olvidando el básico nivel regional y local y el papel de las minorías lingüísticas o nacionales. 
Cuarto: en cuanto al método. 
Tiene razón el Comisario Barnier cuando habla de "consensus maximum"; no se trata de querer la unanimidad sobre las reformas. 
Y quinto: los plazos. 
Cuidado con las posibles pausas demasiado largas entre la Convención y la Conferencia Intergubernamental que debería adoptar la Constitución Europea porque, lamentablemente, los ánimos se enfrían enseguida ante las reformas. 
Señor Presidente, los colegas Leinen y Méndez de Vigo han abierto, con el modelo de la convención, un camino practicable y yo espero que también exitoso para avanzar hacia el futuro de Europa. 
Yo también coincido con su petición de una agenda ampliada con respecto a la Declaración nº 23, que en cualquier caso debería establecer la propia Convención. 
No obstante, con esta agenda ampliada no se puede esperar alcanzar justamente el resultado que se pretende, que es contar con una única base de decisión. 
Al contrario, yo creo que es evidente que se debe dejar abierta la posibilidad de que se presenten diversas opciones, que también puedan contemplar las diferentes posiciones. 
Hay, sin embargo, un aspecto en el que sé que estoy absolutamente solo en esta Asamblea, aunque la razón está de mi parte. 
Quiero volver a advertirles contra el riesgo de adelantar la Conferencia Intergubernamental, que en Niza se fijó para 2004, porque estoy firmemente convencido de que los ciudadanos lo interpretarán como una huida hacia adelante antes de que ellos depositen su voto. 
Si realmente se aspira a un debate abierto y cercano a los ciudadanos, como hoy se ha afirmado desde todas las posiciones, el marco más idóneo para ello son las próximas elecciones europeas, con la inclusión de estos temas. 
Señor Presidente, hasta la fecha la Presidencia belga también ha dado algunos pasos importantes en el marco de los preparativos para la ampliación de la Unión. 
Tanto es así que en este momento reina un optimismo generalizado: la mera alusión a la fecha de 2004 induce a creer que el trabajo ya está prácticamente hecho. 
Incluso se habla de un big bang de diez países a la vez. 
Sin embargo, el Comisario Verheugen es más cauto cuando afirma que en el año 2004 tal vez pueda acceder a la Unión un total de hasta diez países. 
No olvidemos que no nos corresponde a nosotros establecer la fecha de acceso de los países candidatos: 2004 no es más que una suposición y una esperanza y, por tanto, no ofrece ninguna garantía a nadie. 
Por eso mismo, tanto nosotros como ellos hemos de seguir haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance para obtener un resultado positivo y creíble. 
En el seno de la Unión actual nos queda por explicar cuál es el verdadero sentido de la ampliación. 
Como es obvio muchos acogen este fantástico proceso histórico con un enorme entusiasmo, y con razón. 
Corren falsos rumores sobre los costes de la ampliación. Con ello se pretende sembrar el pánico, aparte de que todas estas teorías se basan en casos extremos: como si no hubiera ya quedado de manifiesto hace tiempo que todo este proceso de ampliación y los gastos correspondientes se desarrollan bajo el paraguas financiero del presupuesto comunitario. 
Es casi más importante que seamos plenamente conscientes de la necesidad de consagrar enérgicamente el carácter de la Unión como federación de Estados de derecho democráticos. 
Ello está más claro que nunca como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo está al servicio del interés común, así que toda renuencia en este terreno constituirá una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. 
En realidad, es muy extraño que nuestra federación de Estados de derecho, como tal, no haya contribuido a que los Estados miembros depositen una mayor confianza en el sistema jurídico de sus socios. En este ámbito queda aún mucho camino por recorrer. 
Permítanme presentar mi enhorabuena a los coponentes por un informe excelente y también a la Presidencia belga por haber llevado a cabo la idea, surgida del Parlamento, de preparar la próxima Conferencia Intergubernamental a través de una Convención, aunque deberemos esperar aún a que se celebre la Cumbre de Laeken. 
Es una mejora impresionante respecto a las preparaciones de anteriores Conferencias Intergubernamentales. 
En vez del grupo habitual de funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores que se reúnen a puerta cerrada, tendremos un organismo representativo que tomará ideas abiertamente de un amplio debate público y que elaborará un conjunto coherente de propuestas para la reforma. 
Es una tremenda oportunidad, pero no garantiza que dé resultados y somos nosotros los que deberemos hacer algo al respecto. 
Lo haremos si evitamos divisiones por motivos de teología o por el vocabulario de la integración europea que, en ocasiones, nos divide por una palabra, a pesar de que en lo esencial estamos unidos. 
Permítanme que les dé un par de ejemplos: en algunos partidos políticos y en algunos países la palabra "federalismo" se equipara erróneamente a centralismo, lo que da lugar a que se hable de crear un Superestado centralizado, como ha hecho el Sr. Farage hace un momento. 
Eso no lo quiere nadie y si definimos federalismo como niveles diferentes de gobernanza, lo más descentralizado posible, pero centralizado allí donde es necesario con todos los niveles estructurados democráticamente, entonces ya tendremos los comienzos de un sistema de tipo federal y, conforme a dicha definición, me complace proclamarme federalista. 
En algunos países la palabra "constitución" significa un texto casi sagrado que ha surgido tras una revolución o tras haber conseguido la independencia nacional. 
En otros países, como el Reino Unido, es un concepto más pragmático. 
En ese sentido pragmático, ya tenemos una constitución europea, no es muy buena, pero la tenemos y deberíamos seguir mejorándola. 
La constitución son los Tratados que establecen el ámbito de competencias de la UE, los poderes de las instituciones, los procedimientos legislativos y presupuestarios. 
Reconozcamos que, de facto, los Tratados forman una constitución. 
Mejoremos nuestra constitución, en primer lugar, codificándola para hacerla sencilla y clara y convertirla en un texto único para que los ciudadanos vean cómo funciona esta constitución, y, en segundo lugar, haciéndola más clara en varios sentidos: aclarar las responsabilidades, de qué es responsable la Unión y de qué no lo es, y aclarar las estructuras. 
Permítanme ponerles un ejemplo de la confusión que existe en estos momentos. 
Las funciones del Sr. Solana y del Sr. Patten deberían fusionarse en una sola persona que represente a la Unión en el exterior, quizás con un estatuto especial como Vicepresidente de la Comisión designado especialmente. 
Por último, en lo que respecta a la claridad y la transparencia democrática: es fundamental que toda la legislación supere las dos pruebas de aceptabilidad ante el Consejo, que representa a los Estados, y aceptabilidad ante el Parlamento, que representa a los ciudadanos, una doble garantía respecto a la calidad y aceptabilidad de la legislación europea. 
He dicho que es una oportunidad, pero no una garantía. 
Debemos luchar para introducir los cambios necesarios a través de la Convención. 
Señor Presidente, en opinión del Grupo de los Liberales, la Convención debe proponer modelos básicos alternativos para el desarrollo de la UE. 
Una de estas alternativas es el proceso que está en marcha ahora con rumbo al Estado Federal. 
La Comisión supranacional se convertiría en el Gobierno federal de la Unión, el cual ostentaría los poderes ejecutivo y legislativo y funcionaría en virtud del apoyo del también supranacional Parlamento Europeo. 
El Consejo de Ministros se convertiría en la segunda Cámara del Parlamento. 
Al lado de este modelo federal, hay que examinar una estructura que se base en los principios de una Confederación de Estados. 
En tal estructura, el órgano de gobierno sería un Consejo de Ministros renovado, que estaría compuesto por representantes de los Estados miembros. 
Puesto que el derecho de propuesta recaería en el Consejo, éste no podría actuar como Cámara legislativa en representación de los Estados miembros, tal y como ocurre en la actualidad. 
Como contrapeso, habría que crear una Cámara paralela al Parlamento Europeo supranacional compuesta por diputados de los Parlamentos nacionales, con el fin de afianzar la posición de los Estados miembros. 
En mi opinión, este sistema confederal fragmentado es más apropiado para la futura Unión Europea ampliada que el modelo federal centralizado. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario Barnier, señoras y señores colegas, para empezar quiero felicitar yo también a los dos ponentes, a los Sres. Méndez de Vigo y Leinen por la excepcional labor que nos han presentado y por la forma en que han actuado, diría que desde el principio hasta hoy, de modo que realmente han incluido en su informe todas las ideas posibles y las opiniones de miembros del Parlamento Europeo. 
Está claro que las ideas, propuestas y ambiciones sobre el futuro de Europa, así como respuestas a los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, son muchas, muy correctas e interesantes. 
Pero ninguna idea, ningún sueño, ninguna propuesta puede tener resultado si no hay un método correcto para que dichos sueños e ideas se materialicen. 
Este método no es otro que la Convención, la Convention, el Parlamento que debe ser reflejo exacto de todas las potencias políticas de hoy en Europa. 
Los trabajos de esta Convención, en los que creemos que debe desarrollarse el diálogo democrático más completo, deben ofrecer una propuesta que sea la síntesis y la resultante de cuantas opiniones se expresen allí. 
Sólo de esta forma y en esta base, el marco en el que se construya la Europa del futuro será más representativo, más democrático y por tanto más efectivo, y en paralelo, será continuo y justo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, ya sé que tiene usted prisa y que debe marcharse, pero aun así yo quisiera agradecerle muy sinceramente que haya cumplido la promesa que hizo en su día a los parlamentarios, a saber, que no se presentaría en Laeken ningún tema que ya haya sido objeto de una decisión previa, así como su insistencia en la creación de un grupo de trabajo interinstitucional. 
Esta cooperación con el Parlamento establece un modelo muy importante y yo quiero agradecérselo muy sinceramente. 
También quiero agradecer, no obstante, a los ponentes Leinen y Méndez de Vigo y a la Sra. Kaufmann el acierto con que han situado en el centro de sus excelentes informes la importancia que concedemos a una configuración más democrática y eficaz de las estructuras de decisión de Europa y la necesidad de evitar cualquier contradicción en este aspecto, como las que a veces se han dado. 
Tendremos que sacrificar algunos elementos de la democracia en aras de la eficacia. 
Lo que nos interesa destacar- y esto vale tanto en el caso de la Convención como en lo que respecta a la legislación- es nuestro convencimiento, en nuestra calidad de parlamentarios elegidos directamente por el pueblo, no de que podemos hacerlo todo, esto sería absolutamente falso, sino de que debemos ejercer el control del proceso de decisión. 
En este aspecto, seguramente siguen subsistiendo pequeñas diferencias, señor Presidente de la Comisión. 
Nosotros deseamos el derecho de revocación sólo para aquellos casos en los que una estructura de decisión delegada no consiga adoptar una decisión o adopte una decisión equivocada, en el sentido de ser contraria a la voluntad del legislador. 
Sería preferible y siempre será favorable que las demás instancias decidan en consonancia con la línea ya establecida en nuestras decisiones legislativas fundamentales y nuestras orientaciones políticas. 
Yo espero, en primer lugar, que el Consejo se muestre dispuesto a crear pronto el grupo de trabajo interinstitucional y, en segundo lugar, que en junio del año próximo ya podamos cerrar tal vez el acuerdo sobre la base de los informes Mandelkern y Kaufmann-y de las conclusiones de la Comisión, o por lo menos que el Consejo pueda admitir entonces que las tres instituciones han logrado encontrar una vía democrática y eficaz para el futuro desarrollo de Europa. 
Señor Presidente, la cuestión de la gobernanza europea es un problema muy complejo y muy poco comprensible para nuestros ciudadanos, lo que a pesar de todo constituye una paradoja. 
Todos somos conscientes de que Europa sufre un grave déficit democrático, y por eso es necesario, evidentemente, reformar a fondo la manera en que se ejercen los poderes en el plano europeo. 
Debemos hacerlo teniendo tres objetivos en mente: clarificar el proceso de decisión, mejorar su eficacia y su transparencia, favorecer la participación de los ciudadanos. 
Por eso apruebo las orientaciones contenidas en el Libro Blanco y en el informe Kaufmann. 
Naturalmente, se ha de garantizar una mayor transparencia de los trabajos del Consejo, se ha de favorecer una mejor participación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo, se ha de simplificar la legislación comunitaria y se han de crear las condiciones para lograr una verdadera concertación con la sociedad civil. 
Además, considero útil, como lo ha subrayado la Comisión de Asuntos Constitucionales, elaborar un acuerdo interinstitucional sobre la colegislación, garantizando al Parlamento Europeo el ejercicio efectivo de su función y de su responsabilidad política. 
Esta reforma de la gobernanza está, pues, bien encaminada. 
Pero es evidente que nunca sustituirá la profunda reforma que resulta vital para nuestras instituciones. 
Debemos dotarnos rápidamente de una constitución simple y legible, que defina claramente el reparto de las competencias, que precise las funciones de cada uno, para que el ciudadano entienda, por fin, lo que hace cada uno y para que pueda saber sobre quién recaen las responsabilidades. 
Finalmente, en este recinto todos sabemos que no existe poder democrático sin legitimidad democrática. 
Por eso un día- que deseo que sea lo más cercano posible- el Presidente del Ejecutivo europeo deberá ser elegido por sufragio universal. 
Señor Presidente, la Cumbre de Laeken será una Cumbre importante pero difícil, sobre todo por la trascendencia de los temas objeto de examen. 
En esta breve intervención quisiera detenerme sólo en los aspectos institucionales de la Cumbre. 
La Convención deberá trabajar en la puesta en marcha de una nueva etapa destinada a dar vida a una Constitución que lleve al nacimiento de una federación de Estados-nación, pero que establezca también cuáles son las competencias de las distintas Instituciones: la Comisión, el Consejo, los Estados miembros, las regiones, las grandes ciudades. 
Elecciones, éstas, que se deberán realizar bajo el signo de la solidaridad y de la subsidiariedad, dos valores que deberán inspirar la nueva Constitución. 
En Laeken también se tendrán que discutir los plazos de este camino hacia las nuevas Instituciones. 
En efecto, hay que evitar que las decisiones fundamentales para el destino de la Unión se tomen coincidiendo con la campaña electoral. 
Por esto, consideramos oportuno la puesta en marcha de la Conferencia Intergubernamental durante la Presidencia italiana en el segundo semestre de 2003. 
Evidentemente, el proceso constitucional no podrá prescindir de la participación de los pueblos a través del voto de los parlamentos- habríamos querido, por ejemplo, que la Carta de Niza se debatiera, se enmendara por el Parlamento porque hay partes, sobre todo las que afectan a la persona, que no nos convencen del todo- empezando por el Europeo, porque sin la participación de los ciudadanos y de sus representantes no conseguiremos convertir a la Europa del euro en una Europa política, destinada a ampliar en el futuro sus fronteras quizás hasta los Urales. En definitiva, una gran Europa protagonista de un largo y duradero período de paz. 
Señor Presidente, me concentraré en los asuntos jurídicos que actualmente más me preocupan en relación con la "construcción de la UE". 
Existe el riesgo de que el Consejo empiece a violar la Convención del Consejo Europeo, artículos 8 y 10, además de los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, sobre el respeto a la vida privada, a la libre expresión y a la protección de los datos de carácter personal. 
No es mucho lo que los ciudadanos pueden hacer al respecto. 
Debido al deficiente equilibrio de poder en materia jurídica, la indispensable legislación para combatir al terrorismo amenaza con corroer a la democracia. 
El modelo interestatal está obsoleto. 
El Parlamento Europeo tiene que ser colegislador y el Tribunal de las Comunidades Europeas debe contar con plenas facultades. 
El Consejo no se debe transformar en un estado dentro del estado. 
El 11 de septiembre desapareció la eficacia de la estructura de pilares. 
Se ha acortado la distancia entre los asuntos de seguridad interior y exterior. 
Ahora se requieren medidas enérgicas contra la delincuencia y el terrorismo. 
Sin embargo, esto tiene que ir acompañado de mayor transparencia y de seguridad jurídica, especialmente en relación con los principios del denominado due process, esto es, que sin ley previa no hay delito, el derecho a defensa y a ser juzgado por un tribunal imparcial, la proporcionalidad y la presunción de inocencia. 
Estos derechos deben ser categóricos en el ámbito comunitario. 
La reunión de Laeken debe impulsar la apertura y la democracia, condiciones necesarias para que tenga éxito la ampliación. 
Se necesita una Convención constituida principalmente por parlamentarios, obviamente con un número considerable de representantes de la institución comunitaria que está más cerca de los ciudadanos. 
La Convención debería hacer una propuesta que permitiese a los ciudadanos saber sobre qué materias tienen que decidir. 
Los que quieran desarrollar, mejorar y ampliar la UE deberían apoyar la idea de una constitución que contemple la distribución del poder y que esperamos que surja del excelente informe de hoy. 
Señor Presidente, Señorías, ¡sin parlamento, no hay democracia! 
Hoy volvemos a constatar que el Parlamento Europeo es el principal factor de integración de la Unión Europea. 
En ningún otro lugar, debaten el Consejo, la Comisión y el Parlamento ante toda la opinión pública, no siempre de manera coincidente, pero sí abiertamente y yo espero que también de manera constructiva. 
Nuestros tres ponentes han presentado unos excelentes informes. 
El Parlamento Europeo ha venido impulsando después de Niza un proceso comunitario que se debería arrancar en Laeken. 
Yo comparto la preocupación del Presidente de la Comisión Prodi en el sentido de que la Unión Europea todavía no está suficientemente equipada para la ampliación. 
Por lo tanto, quiero rogarle al señor Presidente del Consejo que vuelva a examinar con detención si lo que se decidió en Niza mejora efectivamente la capacidad operativa del Consejo y del Parlamento. 
¡Yo lo dudo! 
La Comunidad Europea y la Unión Europea se han ido desarrollando hasta ahora muy bien a lo largo de casi cincuenta años y yo espero que nos preparemos para afrontar los próximos cincuenta años de una manera que nos permita seguir trabajando con intensidad reforzada en la construcción de nuestra Unión Europea durante otro medio siglo. 
Señor Presidente, la próxima Cumbre de Laeken acabará siendo una reunión de gran transcendencia, puesto que en ella deberá fijarse el orden del día de la Convención encargada de formular propuestas para la reforma de las instituciones europeas, y todo el mundo sabe cuán importantes son los órdenes del día para la buena evolución de las negociaciones. 
Acogemos con satisfacción la composición de la Convención, aunque advierto de la necesidad de lograr un equilibrio político. 
Incumbe en primer lugar a los parlamentos nacionales velar por el cumplimiento de esta condición. 
Por lo demás, comparto la opinión de que corresponde a la Convención designar al Presidente de la misma. 
Por lo que al orden del día de la CIG de 2003-2004 se refiere, el Consejo parte obviamente de los cuatro puntos recogidos en la Declaración nº 23 del Tratado de Niza. Quisiera comentarlos brevemente. 
Respecto a la delimitación de las competencias somos partidarios de una estructura europea más federal en la que los poderes se repartan claramente entre la Unión, los Estados miembros y las regiones. 
En cuanto a la estructura de los futuros tratados abogamos por un tratado básico que revista carácter constitucional e integre asimismo la Carta. 
Opinamos que el papel de los parlamentos nacionales consiste antes que nada en orientar y controlar a sus propios ministros a fin de supervisar la ejecución de la política europea. 
¿Cabe ampliar las tareas de la Convención? 
La política exterior y de seguridad común ha de incorporarse al pilar comunitario. 
Lo mismo digo con respecto a la política policial, judicial y penal. A este fin hace falta una Fiscalía europea, un Fiscal europeo y una Europol comunitaria. 
También es fundamental que se refuercen las competencias legislativas y presupuestarias del Parlamento Europeo. 
El Presidente de la Comisión Europea debe ser elegido por el Parlamento Europeo y las reuniones del Consejo de Ministros Europeo que traten de cuestiones legislativas han de ser públicas. 
Me alegro de que el Sr. Prodi por fin haya suscrito este punto de vista, y tengo curiosidad por saber si el Sr. Michel hará lo mismo. 
Todas estas cuestiones afectan principalmente a la transparencia y al contenido democrático de la Unión. Creo que deberían incluirse necesariamente en el orden del día de la Convención para que en el momento de la adhesión de los nuevos Estados miembros la Unión se fundamente en unos cimientos más firmes, propios de un Estado de derecho moderno. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, fíjese, yo creo que lo más importante de la Cumbre de Laeken es esto: que el Consejo sea capaz de cambiar la tendencia respecto a Niza, es decir, que pasemos de la sensación de fracaso de la Cumbre que cerró la Presidencia francesa hace prácticamente un año, a una sensación de éxito a nivel político y para los ciudadanos en la Cumbre de Laeken. 
Yo creo que eso es lo que pide el magnífico informe de los colegas Leinen y Méndez de Vigo. 
Más allá de los detalles, de las propuestas concretas, que son importantes, lo esencial es que en Laeken se pueda abrir una perspectiva diferente, una perspectiva constitucional, y eso significa, sin duda alguna, como decía antes, cambiar la tendencia. 
Es muy importante el método para la próxima reforma. 
Es fundamental la Convención. 
Pero tampoco podemos dejar que la Convención se convierta en un fetiche. 
Y para que no se convierta en un fetiche, la Convención tiene que ser convocada para preparar una reforma con contenidos, con una agenda real. 
Si la agenda de la próxima reforma quedara restringida a la Declaración nº 23 aneja al Tratado de Niza, no estaríamos entrando con buen pie, y el informe que, probablemente, aprobará mañana esta Cámara pide más. 
Pide una agenda más amplia. 
Sobre todo pide una agenda que incluya de nuevo las políticas de la Unión y las instituciones destinadas a gestionar esas políticas. 
Pide incluso que la Unión tenga personalidad jurídica propia. 
Para esa agenda, y no para distraer a la opinión pública, es para lo que tiene que ser convocada la Convención. 
Y la Convención necesita una agenda, pero necesita también un mandato, una composición, un método de trabajo y un calendario que la hagan útil. 
Subrayo lo que decía el señor Méndez de Vigo: sería increíble mantener el número de representantes del Parlamento Europeo que hubo en la Convención encargada de redactar la Carta de Derechos Fundamentales cuando el conjunto de miembros de la próxima Convención va a crecer sensiblemente. 
Ese desequilibrio sería, desde luego, inaceptable. 
En segundo lugar, la Convención debe trabajar no sobre la unanimidad, sino sobre el consenso mayoritario. 
Yo creo que ésa es la definición exacta. 
Tener derecho a pronunciarse sobre quién va a presidirla y terminar a tiempo. 
Terminar a tiempo para que no se metan sus conclusiones en el congelador, porque el tiempo, efectivamente, todo lo cura y todo lo hace olvidar. 
Ése es el compromiso que pedimos a Laeken: una reforma ambiciosa con un método distinto para conseguir más Europa y una mejor Europa. 
. (FR) Señora Presidenta, Señorías, tenía ante todo la intención de responder punto por punto a todos los oradores, pero me temo que, desgraciadamente, lo avanzado de la hora no me permita entrar en detalles. 
No obstante, trataré de responder de la manera más concreta posible. 
Primero, desearía dar sinceramente las gracias al Parlamento Europeo y a la mayoría de los oradores por la calidad de las intervenciones que he oído y por el extraordinario voluntarismo europeo que he percibido. 
Debo decirles que en los otros foros europeos donde me reúno, no percibo todos los días el mismo voluntarismo. 
Se me ha dado una cura de optimismo que no estaba preparado para recibir. 
El nivel de ambición que ustedes fijan para la construcción europea corresponde de sobras a una idea y a una ambición que yo comparto y que nosotros compartimos. 
Así pues, a pocos días vista de Laeken, se trata indiscutiblemente de un compromiso que es bienvenido y que casi todos ustedes han asumido. 
Alguien ha dicho que la Cumbre de Laeken supondrá un ejercicio difícil; estoy convencido de ello, porque, en especial a través del debate sobre el futuro de Europa, los quince Estados de la Unión se enfrentarán a algunas opciones que constituyen otros tantos puntos de ruptura, y, puesto que son tan importantes para el futuro de Europa, algunos tendrán que mostrar necesariamente una virtud difícil en el mundo político, la de la renuncia. 
Señoras y señores, desearía centrarme unos instantes en la Convención, y querría decirles, primero, lo que la Convención no es. 
Eso me permitirá quizá tranquilizar a quienes ya ven en la Convención mil y una razones para renunciar a determinadas cosas en las que siempre han creído, y que, sin embargo, no favorecen a Europa. 
La Convención no es la CIG y nunca ha estado en la mente de nadie que lo sea. 
La Convención- y creo que el Sr. Méndez de Vigo lo ha dicho- no puede ser una excusa. 
Desde mi punto de vista, ésta debe ser ante todo una caja de resonancia útil. 
Podría incluso decirlo de otra manera. 
La Convención también puede ser un reto lanzado a la responsabilidad política de los miembros de la CIG, reto que tendrán o no que aceptar, porque supongo que ésta obligará a los miembros del Consejo a asumir su responsabilidad política. 
Imaginemos, por ejemplo, que la Convención proponga, con respecto a un determinado tema referido a una cuestión fundamental para el futuro de Europa, tres o cuatro opciones: una que se presenta por unanimidad o por consenso, otra que presenta el 80% de los miembros y una tercera que presenta la mitad de los miembros. 
Sabemos que la CIG no estará obligada a elegir entre dichas opciones y que muy bien podría decidirse por una opción diferente, inventar algo distinto, dar a esas opciones una respuesta diferente de la que la Convención habría dado. 
En este caso, cuando los miembros de la CIG asuman su responsabilidad, cuando aprueben una u otra opción o cuando se tengan que aprobar, de hecho, opciones presentadas por la Convención, correrán al mismo tiempo el peligro de estar en una situación ambigua no sólo con respecto a la Convención, sino también con respecto a la sociedad civil, que debe, en alguna parte, cifrar sus intenciones, sus expectativas, sus esperanzas, en esta Convención. 
Por lo tanto, no menospreciemos la Convención por el hecho de que no es un órgano decisorio, no subestimemos su peso político, su fuerza política. 
No les oculto que tengo algunas dudas con respecto a la composición, aunque no crea que hoy haya que descartar la demanda de aumentar el número de diputados europeos. 
Pienso que se trata de una cuestión lo bastante legítima, aun cuando debo recordar que, en nuestra propuesta, hemos recogido porcentajes que habían sido decididos para la Carta de los Derechos Fundamentales. 
La diferencia en relación con la Carta consiste en que la participación de los países candidatos está resuelta. 
Se trata de una diferencia que hay que tener en cuenta. 
Recuerdo que en el Consejo Europeo de Gand se formularon demandas en el sentido contrario a lo que exige el Parlamento Europeo. 
Varios países exigieron que se aumentara el número de diputados nacionales bien para que la coalición que está en el poder tenga una mejor representación, bien para tener en cuenta las entidades subnacionales, o bien debido al sistema bicameral. 
En el fondo, lo que importa no es la cantidad, sino la calidad, y pienso que los diputados europeos dispondrán siempre de una ventaja por el hecho de que controlan tanto este expediente como los procedimientos. 
Desearía añadir una observación con respecto a dicha composición: sería lamentable que se crearan rivalidades estériles entre bloques o entre componentes específicos. 
Creo que el debate debe ser abierto, los comportamientos no deben circunscribirse al cuerpo al que se pertenece. 
Creo que debe desarrollarse sobre la base de un rigor intelectual, de una objetividad intelectual, de un libre pensamiento intelectual, filosófico, cultural, político; debe desarrollarse con una gran alteza de miras. 
No dudo, por otra parte, de que todos seamos capaces de ello en cada momento. 
Por lo tanto, por lo que a mí respecta, en todo caso, estoy dispuesto a considerar si una mayor representación del Parlamento Europeo no supondrá demasiados inconvenientes, como, por ejemplo, un número demasiado elevado de personas en la Convención, así como el hecho de que podemos enfrentarnos a exigencias similares. 
Eso traería aparejado un número de representantes o de mandatarios en la Convención que no facilitaría la realización de un buen trabajo en la misma. 
Al comenzar la exposición, ya he tenido la oportunidad de dar mi opinión sobre el resultado y la utilidad de la Convención. 
Pienso que nuestro proyecto se orienta en el sentido de lo que propone el Parlamento. 
Métodos consensuales ahí donde es factible y, cuando es necesario, la posibilidad de presentar alternativas, por ejemplo, por orden de prelación. 
Sin embargo, se ha de evitar imponer desde el principio el método del consenso, porque pienso que debilitaría la Convención, ya que ésta adoptaría la fórmula del menor común denominador. 
La posibilidad de que la Convención presente diferentes alternativas permitirá proceder a un debate entre las diferentes partes. 
Desearía analizar las diferentes preguntas que se me han formulado sobre la ampliación. 
Querría responder a las personas que se han mostrado no ya escépticas, sino visiblemente preocupadas. 
Todos manifiestan ser favorables a la ampliación, todos manifiestan que se trata de un acto político e histórico importante, pero al mismo tiempo los argumentos que algunos utilizan parecen demostrar que no han oído nuestros argumentos y expresan ciertas dudas con respecto a la ampliación. 
Siempre se ha dicho que, primero, trataríamos de continuar el ritmo de negociaciones dentro del ritmo excepcional marcado por la Presidencia sueca y que, segundo, lo haríamos evaluando a cada uno según sus propios méritos. 
El hecho de que hoy se pueda apreciar que el balance a medio plazo de estas negociaciones es particularmente positivo no significa, evidentemente, como piensan algunos oradores, que existe cierto laxismo político que nos llevaría a estar dispuestos a aceptar la entrada de diez países, antes de 2004, sin más elementos de juicio u criterios adicionales. 
Esto no es así, naturalmente, y, por lo tanto, seguimos manifestando, con respecto a la ampliación: "sí", es irreversible, pero "sí" también es necesario que cada uno sea evaluado según sus propios méritos. 
Esto en cuanto a la ampliación. 
Creo que el Sr. Barón Crespo se ha referido al Praesidium, mostrándose favorable a una participación de las Presidencias siguientes. 
No me opongo en absoluto a ello, pero hay que evitar un desequilibrio. 
Una propuesta de compromiso podría consistir en que las próximas Presidencias participen en calidad de observadores. 
La Convención puede tratar cualquier asunto, incluyendo la política europea de seguridad y de defensa. 
Sabemos que hay que tener en cuenta los cuatro temas de Niza relativos a la Convención. 
Pero desde el momento en que se ha dicho que esta Convención no sería la CIG, que no tendría un carácter decisorio, no entiendo muy bien por qué, en ciertos casos, parece que se quiere limitar a toda costa el campo de extensión de los temas de Niza. 
Si, al agotar la reflexión sobre los temas de Niza, nos extendemos a otras cuestiones, sería bastante preocupante, para una operación que asociará a la gran sociedad civil al debate decir: "Vamos a obligarles a encorsetarse con temas bien concretos, sólo podrán discutir las cuestiones que queremos que discutan". 
Esto resulta muy limitado. 
Nosotros somos más bien favorables a un punto de vista más optimista, a una interpretación más amplia de los cuatro temas de Niza. 
Espero poder contar con el apoyo del Parlamento Europeo, al menos de los disputados más optimistas, para ayudarnos a convencer de este punto de vista y de esta orientación. 
En relación con la intervención del Sr. Cox, comparto el punto de vista, que también ha expresado el Sr. Poettering, según el cual la Comisión debe seguir estando en el centro del sistema comunitario. 
La cuestión del plazo también es importante. 
Las dificultades son múltiples y los plazos electorales numerosos. 
El plazo entre la Convención y la CIG, en mi opinión, debe ser de seis meses; de lo contrario, pienso que corremos el peligro de dar un margen de tiempo para deshacer los logros de la Convención, del debate, y lo peor sería que un período demasiado extenso nos hiciera acudir a la CIG habiendo olvidado o habiendo dado tiempo para que algunos finjan haber olvidado los logros, o para vaciar de significado las opciones y, por tanto, los trabajos de la Convención. 
Esto es lo esencial, señoras y señores, de lo que quería manifestar. 
Es probable que haya pasado por alto algunas cuestiones, pero ahora debo responder a la última oradora, que me ha preguntado si era favorable a la transparencia de los trabajos del Consejo. 
Es evidente que soy favorable a la transparencia de los trabajos del Consejo. 
Desgraciadamente, soy mucho más reacio si de lo que se trata es de crear las condiciones de un ejercicio para producir un golpe de efecto, lo que debilitaría la calidad del debate en el seno del Consejo. 
Soy un diputado curtido, señora, llevo más de veinte años de trabajo parlamentario. 
También fui durante mucho tiempo jefe de la oposición en mi país- demasiado tiempo, a mi manera de ver-. 
Incluso en el Parlamento, con el fin de tener en cuenta realmente el interés del ciudadano, a veces es necesario discutir determinados temas, determinados expedientes, a puerta cerrada, y no sólo cuando se alude a nombres o a personas. 
Pienso que no sería prudente sacar partido, con fines propagandísticos, de unos debates esenciales para que se pongan de acuerdo quince Jefes de Estado o ministros de Asuntos Exteriores sobre temas extremadamente delicados. 
No me opongo en absoluto a los debates públicos sobre determinados temas, pero no estoy seguro de que el hecho de pretender que todos los Consejos deben organizarse y celebrarse públicamente dé los resultados que ustedes y yo deseamos. 
Por lo tanto, digo: transparencia "sí"; en cuanto a propaganda, tengo mis reservas. 
Con respecto a la manera de asociar a la sociedad civil a los trabajos de esta Convención, existirían dos fórmulas. 
La primera fórmula consistiría en crear un segundo foro, una segunda institución, una segunda asamblea. 
Primera dificultad de este trabajo: ¿cuáles serían las bases para seleccionar a los miembros de esta segunda asamblea, que tendría la inmensa responsabilidad de representar a toda la sociedad civil europea? 
Es extremadamente difícil efectuar una selección para saber quién es el mejor portavoz y de qué. 
Por consiguiente, habríamos creado una institución que haría la competencia a la Convención, compuesta por personas representativas en función de las instituciones. 
Era una alternativa, una primera fórmula. 
La segunda fórmula en que la hemos pensado consiste en trabajar con lo que denominaré una red estructurada que tiene su origen en la sociedad civil. 
Habría que procurar que dicha red estructurada sea apenas limitativa, que todos aquellos que representan, todos aquellos que expresan las ideas de una parte de la opinión puedan transmitir a la Convención lo que piensan, cuáles son sus aspiraciones, sus críticas, sus propuestas, y que la Convención pueda, en su caso, convocarles para escucharles; es decir, se trata de un enfoque de intercambio de ideas dinámico entre la Convención y todo lo que tiene vida en la sociedad europea, ya sea el medio académico, el medio escolar, el medio de las ONG, el medio asociativo. 
Es importante que todos estos pequeños canales puedan expresarse. 
Hemos optado por una red estructurada, en el entendimiento de que todo el trabajo de estas personas formará parte de la documentación oficial de la Convención y de que todos aquellos que se dirigirán a la Convención recibirán una respuesta que no será un simple acuse de recibo. 
Pienso que en un momento dado haremos emerger las fuerzas más representativas de nuestra sociedad. 
Hago esta precisión para evitar malentendidos. 
Es grato saber que usted está convencido de la buena voluntad de este Parlamento, pero como sin duda comprenderá nosotros, y por tanto también los ciudadanos europeos, tenemos mucho que ganar o perder con el éxito o el fracaso de esta Convención. 
Tiene la palabra el Sr. Barnier. 
. (FR) Señora Presidenta, señor Ministro, señoras y señores diputados, yo también desearía darles las gracias, en nombre de la Comisión, por la densidad y por la calidad de las intervenciones que han realizado en este debate sobre los dos grandes temas: la gobernanza y Laeken. 
Les ruego disculpen al Presidente Prodi, quien ha debido marcharse hace unos instantes debido a un obligado compromiso con el Comité Económico y Social. 
Con respecto a la gobernanza, permítanme hacer hincapié en las primera palabras de la Sra. Kaufmann, a quien desearía, al igual que el Sr. Prodi, volver a darle sinceramente las gracias por su disponibilidad y la calidad del trabajo que ha realizado en nombre de ustedes sobre este asunto importante y difícil a la vez. 
En efecto, señora Kaufmann, usted lo ha expresado muy bien: el debate sobre la gobernanza forma parte del gran debate sobre el futuro de la Unión. 
Lo que está en juego no es sólo nuestra razón de ser- después me referiré a ello -, sino también nuestra forma de ser, nuestra manera de actuar. 
La Comisión- y concretamente en el Libro Blanco sobre la gobernanza- reforzará la capacidad de colegislación del Parlamento Europeo. 
Con este Libro Blanco proponemos al Parlamento la posibilidad de ejercer mejor sus prerrogativas, y entre estas prerrogativas se hallan aquellas que consisten en controlar mejor la calidad de la elección de instrumentos legislativos, aquellas que consisten en controlar mejor la calidad del recurso a los estudios de expertos- ¿tiene un carácter pluralista? -, la calidad del recurso a la consulta- ¿tiene un carácter equitativo? -. 
Para ser totalmente franco, queda por discutir entre nosotros un punto de debate en el que el Sr. Swoboda ha insistido en su intervención de hace un momento: no estamos convencidos de las ventajas de un dispositivo que permitirá en cualquier momento suspender los actos legislativos, ese famoso dispositivo "call back", mientras que la responsabilidad de la Comisión en el marco de la comitología actual no está consolidada. 
Nosotros hemos propuesto estudiar juntos, con ustedes, con el Parlamento y con el Consejo, otros mecanismos que permitirán al Parlamento Europeo, en las materias que hoy están cubiertas por la codecisión, ejercer su responsabilidad de control de manera proporcional, es decir, equilibrada. 
Pero más allá de ese punto de debate, señoras y señores diputados, sobre el que aún debemos trabajar juntos, desearía manifestarles que consideramos que este debate que acaban de celebrar sobre el conjunto de la cuestión de la gobernanza constituye la forma, tras esta sesión de hoy, de poder avanzar. 
Desearía decir algunas palabras, a mi vez, sobre la Cumbre de Laeken, en la que hemos trabajado mucho, al igual que el Presidente Prodi. 
Todavía vamos a trabajar mucho de cara a Laeken y después de Laeken. 
Pero no sin antes haber saludado la calidad- ya lo he hecho ante la Comisión de Asuntos Constitucionales- del trabajo de sus dos ponentes, Jo Leinen y el Sr. Méndez de Vigo. 
Uno de ustedes, con su franqueza habitual, ha expresado unas palabras muy duras a propósito de la Comisión, que está en el centro del modelo y del método comunitario, y que procura seguir estando en el centro con esa triple función de propuesta, de control y de ejecución que le han otorgado los Tratados. Con la reunificación del continente europeo, en el momento en que aumentarán las disparidades y en que las fuerzas centrífugas serán mayores, este papel será aún más necesario de lo que lo ha sido desde hace cincuenta años. 
El Sr. Voggenhuber ha dicho "la Comisión carece de visión". 
No creo que esté presente para escuchar mi respuesta, pero a pesar de todo la daré. 
Cada uno es libre de atribuir a esta palabra "visión" el sentido que desee. 
Por lo que a mí respecta, tengo más bien la costumbre de practicar el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, y si cito esta gran frase de Jean Monet es simplemente para hacerme eco de lo que decía hace un momento el ministro Michel, ya que confesaba que, en cierto modo, había venido aquí buscando una cura de optimismo que no se le prodigaba en otros recintos. 
Y bien, deseaba remitirles a esa gran frase de Jean Monet. 
A propósito de voluntarismo- y este ha sido el rasgo común de muchas de las intervenciones de sus Señorías -, el Presidente Prodi ha anunciado en este hemiciclo cuatro objetivos estratégicos. 
Queremos ratificarlos, y él mismo tendrá la ocasión de hacerlo en su intervención en el Pleno, el 11 de diciembre próximo, para presentar el estado de la Unión. 
¿Qué habría manifestado el Parlamento si antes del comienzo de la Convención, por la que hemos luchado juntos, la Comisión hubiese dado su visión definitiva de nuestro Tratado constitucional o de nuestra Constitución, ignorando o anticipándose al debate democrático que se va a iniciar, por primera vez, sobre temas tan amplios? 
Ya lo sé, lo digo amparándome en la autoridad de mi colega y amigo Vitorino, que ha trabajado mucho con ustedes en la anterior Convención sobre los derechos fundamentales; pero en este caso se trata de temas más abiertos desde el punto de vista político, y probablemente más difíciles. 
Es preciso que haya debate. 
Vamos a participar en él, pero para nosotros no se trataba de anticiparnos al debate o de hacer como si éste no contara. 
No subestimemos el enfoque de la gobernanza y del Libro Blanco, la intensidad de este debate de hoy demuestra que no se trata de temas anodinos. 
Antes de concluir- puesto que he prometido ser breve sobre esta cuestión de la Convención de Laeken y sobre todo del post-Laeken -, desearía expresar en nombre de la Comisión nuestra gratitud a la Presidencia belga, a Guy Verhofstadt y a Louis Michel, en particular, por el voluntarismo político y el valor que han demostrado y que tendrán que demostrar en los días que quedan de aquí a Laeken para convencer de que la línea del proyecto de declaración sobre la que han trabajado y que proponen a los Estados miembros será respetada, de que no será menguada. 
Yo también he escuchado hace un momento a Louis Michel utilizar palabras que para mí resultan muy conocidas. 
Creo que con esta Convención y con el tiempo que se le dedicará por primera vez en un debate institucional, disponemos del tiempo suficiente- dos años- y de un método abierto que no se reduce, tratándose de una reforma del Tratado de las propias instituciones, a un diálogo secreto entre los ministros del gobierno, dentro la comodidad del método gubernamental, que ha demostrado sus límites en Amsterdam y Niza. 
Aprovechemos esta oportunidad y hagamos de esta Convención una caja de resonancia hacia arriba, hacia las instituciones, hacia los gobiernos que deberán tomar decisiones y hacia los ciudadanos que ustedes representan. 
Esta Convención- repitámoslo para clarificar las cosas- no tomará ninguna decisión. 
Y desde el momento en que este punto está claro, entonces hay que aceptar- me ha alegrado mucho, también en este punto, escuchar al ministro Michel- que no se haga una lectura pusilánime o demasiado rígida de los cuatro puntos de Niza. 
Por el contrario, es necesario hacer una lectura flexible y constructiva, fusionando estos cuatro puntos y tratándolos con ambición. 
Como podemos darnos cuenta, eso conduce claramente a un proceso de naturaleza constitucional. 
No tengamos miedo de las palabras. 
Y el hecho de hacer una lectura ambiciosa de estos cuatro puntos- sobre todo el punto referente al ejercicio de las competencias, a los instrumentos adecuados para ejercer los poderes actuales y a la clarificación de las competencias- nos conduce, lógica y naturalmente, a plantearnos el proyecto europeo. 
¿Qué queremos hacer juntos? 
¿Algunos quieren volver atrás, deshacer el acervo comunitario? 
¿Queremos ir más lejos desde el punto de vista de la integración, del interés general de los ciudadanos, del tercer pilar, de la política exterior, de la defensa? 
Estas son las demandas y las peticiones de los ciudadanos. 
Si queremos ir más lejos, ¿deseamos hacerlo todos juntos o sólo algunos? 
¿Y de qué forma? 
Estas son las preguntas esenciales, estos cuatro guiones, y la Convención- que no tomará decisiones, sino que presentará propuestas claves- tendrá que trabajar. 
Esto es lo que deseaba manifestar, y, finalmente, yo también pienso que nosotros, que vamos a participar en esta Convención, deberemos mostrarnos permeables y permanecer a la escucha de las manifestaciones que se producirán durante esos días fuera de la misma. 
Entre los ciudadanos, en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones; y estoy muy atento respecto al marco que para el debate público, para el debate ciudadano, constituyen las regiones, donde pueden decirse y transmitirse muchas cosas. 
Debemos mostrarnos permeables al debate que se desarrollará en la sociedad civil. 
La Comisión no será espectadora en todo este período, sino que tendrá su lugar específico en el seno de esta Convención, del mismo modo que participará luego en la Conferencia Intergubernamental y que el Presidente de la Comisión, a su vez, participará activamente en el Consejo Europeo de la última Conferencia Gubernamental, a más tardar a principios del año 2004, antes de las elecciones europeas. 
La semana próxima nos pronunciaremos respecto a una comunicación sobre Laeken- en la que estoy trabajando con el Presidente Prodi- que incluirá aplicaciones para antes y después de Laeken. 
Pueden contar con nosotros, pueden contar conmigo: la Comisión propondrá regularmente y someterá a debate contribuciones, comunicaciones, sobre cada uno de los temas. 
He oído que algunos presidentes de grupo así lo manifestaban o lo pedían. 
Deseo tranquilizar tanto al presidente Poettering como al Sr. Barón Crespo o al Sr. Cox, no sólo sobre el problema de la simplificación o de las competencias, señor Barón Crespo, sino sobre todas las demás cuestiones; pero con respecto a las competencias, cuestión que nos interesa directamente, la Comisión pondrá sobre la mesa de la Convención contribuciones, propuestas, para expresar un punto de vista que confirmaremos la semana próxima en nuestra comunicación y que será para expresar, en todo caso, que es necesario mantener el método comunitario, pero también renovarlo y legitimarlo. 
Muchas gracias, señor Barnier. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Cuestiones de orden (continuación) 
El 15 de noviembre puse en su atención la difícil situación en que se encuentran los observadores de aviones detenidos en Grecia, entre los que se encuentran mis electores Lesley y Paul Coppin. 
Eso fue hace dos semanas y siguen en prisión. 
La semana pasada visité a la Sra. Coppin que se encuentra muy afligida. 
Puede que algunos de los detenidos hayan sido demasiado entusiastas en sus manifestaciones y, técnicamente, hayan podido parecer que infringían la ley griega, pero otros integrantes del grupo, incluida la Sra. Coppin, no han hecho absolutamente nada malo. 
No existe ninguna prueba contra ellos ni ningún fundamento para mantenerlos detenidos. 
Por consiguiente, estas personas han permanecido detenidos durante casi tres semanas sin ningún fundamento que lo justifique. 
Ni ellos ni su abogado han tenido acceso a las pruebas cuando éstas fueron presentadas inicialmente al juez que investiga la causa y que tomó sus decisiones arbitrarias a puerta cerrada. 
Durante la mayor parte del tiempo, la Sra. Coppin y los demás detenidos no tenían ni idea de la naturaleza de los cargos contra ellos ni cuánto tiempo podían permanecer detenidos antes de que se estudiara su caso. 
Esto es vergonzoso se mire por donde se mire y un abuso flagrante de sus derechos civiles y humanos. 
Las disposiciones del artículo 5 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos así como la jurisprudencia establecen claramente que las personas detenidas dentro de la Unión Europea deben ser llevadas sin perdida de tiempo- y esto significa en el plazo de siete días- ante un juez, que deberá ponerlos inmediatamente en libertad en caso de que no existan pruebas para su detención. 
Para el juez debía estar claro, a más tardar el 16 de noviembre, que no existe ninguna prueba contra muchas de las personas y que en consecuencia debían haber sido puestas inmediatamente en libertad. 
Lo que estamos presenciando ahora es una farsa de la justicia. 
Le pido, señora Presidenta, y al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión, que emprendan acción inmediatamente ante las autoridades griegas para garantizar la liberación inmediata de todos los detenidos, en particular, de la Sra. Coppin. 
No se puede tolerar que esta situación se prolongue ni un día más. 
Muchas gracias. 
La Presidenta ya ha hecho las diligencias oportunas ante la Representación Permanente de Grecia a través de su Gabinete, al tiempo que se ha mostrado dispuesta a ocuparse personalmente del tema si la situación se mantiene. 
Tiene la palabra la baronesa Ludford. 
Esta tarde, al inicio de la sesión, la Sra. Presidenta consideró necesario interrumpir y aplazar la oportunidad de que los diputados plantearan este asunto. 
Pensó que debía dar prioridad al debate sobre el futuro de Europa. 
Pero el futuro de Europa no será nada si nuestra población no nos apoya. 
Este caso es un ejemplo perfecto de las repercusiones que la calidad o no de la integración europea tiene sobre las personas. 
El Parlamento ha tenido la oportunidad de demostrar su relevancia a la población y la ha desperdiciado cuando goza de máxima audiencia. 
Nuestra intervención ahora choca con el debate presidencial respecto a la posición de la mayoría de nuestros colegas. 
Me resulta difícil creer que al cabo de casi tres semanas haya sido imposible esclarecer, y mucho menos oír, los cargos contra los 12 británicos. 
También estoy desconcertada respecto al papel que al parecer han tenido las Fuerzas aéreas griegas en la revisión de los cargos en contraposición de un fiscal independiente. 
Los acusados no han tenido la oportunidad de refutar las pruebas en un juicio público, y ahora el tribunal superior al que ha sido remitido el caso deliberará en secreto. 
El Sr. Souladakis ha dicho antes que las autoridades griegas responsables de la justicia penal habían respetado todos los derechos pertinentes. 
Me sorprende que el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos sea tan débil. 
Es posible que necesitemos una revisión a nivel europeo con vistas a reforzar dichas normas y desde luego debemos hacerlo paralelamente con la orden europea de detención y entrega. 
Hago un llamamiento a las autoridades griegas para que esclarezcan los cargos, pongan en libertad bajo fianza a los acusados y celebren un juicio abierto antes del viernes de esta semana. 
Quisiera hacer hincapié en el hecho de que esta cuestión ha obtenido el respaldo de todos los partidos de mi país. 
No sólo afecta a ciudadanos británicos, sino también a ciudadanos neerlandeses. 
Ha despertado un enorme interés en la opinión pública y plantea interrogantes en unos momentos en que nos disponemos a avanzar en el ámbito de la Justicia y Asuntos Interiores a nivel europeo sobre la base del reconocimiento mutuo. 
Esto implica que debemos poder contar con que el ordenamiento jurídico de cada país está a la altura de las circunstancias y reúne las condiciones mínimas establecidas en el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. 
Es importante y me alegra que su Señoría haya anunciado que la Presidenta se ocupará de este asunto. 
Muchas gracias, señor Corbett. 
Las cuestiones planteadas por los diferentes oradores han quedado claras. 
Ya he dicho al Sr. Van Orden que el Gabinete de la Presidenta se encarga del tema, que ya se han adoptado medidas y que, en caso necesario, la Presidenta intervendrá en persona si las cosas no varían. 
Al hilo de las cuestiones de procedimiento que se han planteado hoy, quiero agradecer a la Sra. Presidenta su decisión de volver a llevar la cuestión ante las autoridades griegas. 
Intervengo, en particular, sobre mi elector Wayne Groves de Tamworth, quien ni siquiera tenia una cámara fotográfica, por lo que aún no sé por qué continúa detenido. 
Duerme en el suelo sobre un delgado colchón, según tengo entendido, al igual que los otros detenidos. 
Lleva allí tres semanas. 
¿Por qué se les mantiene detenidos a pesar de que un magistrado dijo ayer que no existen pruebas reales contra ellos? 
Creo, al igual que todo el mundo, que ésta es una infracción del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. 
Si los países candidatos deben declarar que suscribirán dicho convenio antes de su integración a la UE, no hay ninguna duda de que los actuales Estados miembros deben suscribirlo ya. 
Quisiera referirme a esta misma cuestión, aunque sin incurrir en repeticiones. 
Dos jóvenes de mi distrito electoral continúan encarcelados en Grecia por causa del mismo delito: parece ser que Grecia lo considera algo muy grave. 
Recuérdese que el siguiente punto del orden del día lo constituye el mandato de detención europeo. 
Habida cuenta de lo que está sucediendo en Grecia se trata de un tema que tanto nosotros como el Consejo hemos de plantear con suma cautela a fin de evitar que se produzcan alteraciones europeas en el ámbito de la política penal. 
Muchas gracias. 
Ya he respondido a esta cuestión. 
Señora Presidenta, ya que hablamos de derechos humanos, desearía intervenir sobre una cuestión de método, válida para el conjunto de los acuerdos de asociación. 
Hoy tendrá lugar un debate conjunto sobre los acuerdos de asociación con Egipto, al que acompañarán preguntas orales y propuestas de resolución. 
Con el fin de procurar celebrar un debate democrático y una votación más coherente sobre todos los acuerdos de asociación, es importante realizar sesiones separadas. 
Sugerimos que el debate trate, en una primera fase, de las preguntas orales y las resoluciones y luego, en una segunda fase, que tenga lugar la votación sobre los acuerdos de asociación. 
No es ni lógico ni coherente adoptar una posición simultáneamente. 
Las preguntas orales y las resoluciones tienen por objeto suscitar el interés de los poderes políticos de estos países y concederles el tiempo necesario para poder discutirlas y dar una respuesta al respecto. 
Este método en dos fases nos permite reafirmar la importancia fundamental que para nosotros reviste el conjunto del acuerdo, sobre todo el artículo 2 sobre los derechos humanos. 
El ejemplo de Egipto es revelador para demostrar que no pasamos por alto una decisión constitutiva de una violación de los derechos humanos- la última condena de los homosexuales -, y que desprecia los valores que defendemos en el artículo 2 de nuestros acuerdos. 
Por consiguiente, nuestro Grupo desea mantener, en una sesión, el debate y la votación de las preguntas orales y las propuestas de resolución, y aplazar a una sesión posterior los acuerdos de asociación. 
Se trata de una solicitud que ya hemos presentado por escrito a la Sra. Presidenta. 
Señor Presidente, quizá usted no lo sepa, pero la Sra. Fontaine seguro que tiene en mente la siguiente cuestión. 
Desde hace diez años la traemos a colación constantemente al Parlamento Europeo y concierne a tres marinos griegos, miembros de la tripulación más baja de un buque griego que fueron detenidos y condenados a penas muy graves en Egipto como responsables de la existencia de siete toneladas y media de drogas en el buque. 
Para gloria de la justicia egipcia, culpables de este delito no fueron los propietarios del buque, ni los Jefes del buque, sino estos tres desgraciados, miembros de la tripulación más baja. 
Ya la Sra. Fontaine, y también todos los Presidentes anteriores, han expresado su solidaridad y han solicitado su puesta en libertad o su traslado a Grecia. 
Hace dos años y medio, uno de los tres murió en las cárceles a causa de las inadmisibles condiciones de reclusión. 
Hace pocos días murió otro, imagínese, de amígdalas. 
Queda uno vivo, con la salud destrozada. 
Antes de que éste también deje su último aliento, que el Parlamento solicite su puesta en libertad. 
Lucha contra el terrorismo /EUROJUST 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0397/2001 del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo (COM (2001) 521- C5-0452/2001- 2001/0217 (CNS) ) y la propuesta de decisión marco del Consejo sobre el la orden de busca y captura europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros (COM (2001) 522- C5-0453/2001- 2001/0215 (CNS) ); 
A5-0398/2001 de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión del Consejo sobre la creación de Eurojust para reforzar la lucha contra la delincuencia grave organizada. 
. (EN) Señora Presidenta, es lamentable y quizás incluso vergonzoso que hayan sido necesarios los acontecimientos del 11 de septiembre para presionar a los gobiernos europeos a buscar soluciones eficaces a un problema que asola nuestro continente desde hace más de una generación. 
En 1997 en Amsterdam y de nuevo en 1999 en Tampere, en Finlandia, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a luchar contra el terrorismo. 
La revisión que hemos llevado a cabo este mismo año del progreso alcanzado demostró que no habían hecho nada al respecto, motivo por el que el Parlamento Europeo presentó un informe en el que se les pedía que adoptaran medidas. 
Los acontecimientos del 11 de septiembre, afortunadamente, han propiciado dichas medidas y espero con interés poder viajar en breve a Washington para tratar sobre la actuación común entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a los Grupos políticos de esta Asamblea por su cooperación en la elaboración del presente informe, en particular, a los diputados españoles. 
En mi informe, acojo favorablemente buena parte de la propuesta de la Comisión de decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo y la orden europea de detención y entrega. 
Las enmiendas que he presentado van encaminadas a restringir la lista de delitos definidos como de terrorismo y contemplados en la orden europea de detención y entrega a los delitos penales transfronterizos más graves y, si me lo permiten, haré referencia a la enmienda 16, que especifica que dichos delitos como aquéllos que tienen como objetivo socavar las libertades fundamentales, la democracia, el respeto de los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado de Derecho, que son el fundamento de nuestras sociedades. 
También intentamos incluir medidas que garanticen las libertades civiles a través del establecimiento inequívoco como base para la adopción de medidas los convenios internacionales sobre derechos humanos, el fortalecimiento del principio de non bis in idem, que tenga en cuenta el tiempo transcurrido en detención a la espera de juicio y permita a los Estados miembros negarse a la extradición cuando existan razones evidentemente sólidas para ello, incluidos aquellos casos en que una persona declarada culpable pudiera enfrentarse a la pena de muerte. 
Por otra parte, intentamos proporcionar ayuda a las víctimas del terrorismo y a sus familias. 
Pediré a la Asamblea que apruebe una enmienda que fue presentada fuera de plazo y que tiene en cuenta los acontecimientos más recientes acaecidos en el seno del Consejo. 
Un Estado miembro está amenazando con bloquear el avance hacia la orden europea de detención y entrega. 
Existe un método- que personalmente no recomiendo- pero que podría resultar necesario in extremis, para presionar y poder seguir avanzando, a saber, acogerse al artículo 40 del Tratado que permite la cooperación reforzada entre algunos Estados miembros. 
El terrorismo es un reto supranacional y exige una respuesta supranacional. 
No podemos permitir que el bloqueo de un Estado miembro nos impida la actuación común en la lucha contra el terrorismo. 
Cuando el 12 de septiembre nos reunimos en esta Asamblea, celebramos un debate en el que recuerdo que el Sr. Poettering y muchos otros dijeron que todos éramos estadounidenses. 
Desde entonces hemos descubierto que, en primer lugar, debemos ser europeos. 
Admitimos que el reconocimiento de las decisiones judiciales y de las normas judiciales exige que podamos confiar en los sistemas de los demás, pero no una fe ciega y, por esa razón, he presentado una enmienda en la que hago un llamamiento a favor de medidas urgentes para mejorar los sistemas judiciales en nuestros Estados miembros, para fomentar los puntos de referencia y alentar el intercambio de la mejor práctica. 
El proceso de creación de un ámbito de libertad, seguridad y justicia es similar al de crear el mercado único, pero es más urgente y, lo que es más, no estamos tratando sobre la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, sino sobre la libertad de las personas. 
Los Verdes y otros Grupos políticos sostienen que no debemos seguir adelante hasta que no estemos seguros de que los procedimientos judiciales de todo el mundo sean perfectos. 
No obstante, la opinión mayoritaria en la comisión reconoce que el ámbito del reto al que nos enfrentamos y el imperativo histórico son tales que debemos seguir impulsando estas medidas con prudencia y vigilancia, pero también con determinación. 
Debemos garantizar la acción eficaz contra los terroristas y, al mismo tiempo, no podemos negar el derecho legitimo a la expresión política de queja. 
Me sorprendió leer esta mañana en El País una interpretación de una enmienda, que yo apoyo, según la cual se ilegalizaría Herri Batasuna. 
Yo no interpreto la enmienda de esa manera, ni tampoco sería necesaria dicha enmienda para señalar con el dedo a los que participan en actos de apoyo a los terroristas. 
Eso ya lo hacen otras disposiciones de lo que proponemos. 
Quisiera decir a los colegas, y en particular a nuestros colegas españoles, que en nuestra determinación de luchar contra el terrorismo, debemos reconocer que los terroristas a veces expresan quejas políticas, y dichas quejas exigen una respuesta política. 
El Consejo está debatiendo las propuestas presentadas por la Comisión; el Parlamento, que necesita urgentemente poderes de codecisión, puede volver a ser consultado sobre esta cuestión. 
Estamos decididos a ayudar a los gobiernos en sus esfuerzos y, al tiempo, mantener el delicado equilibrio entre las necesidades en materia de seguridad de nuestros ciudadanos y la garantía de sus libertades democráticas. 
En este sentido, la cooperación en materia de Justicia y Asuntos Interiores ha recibido un fuerte impulso. 
Lo que quiera que fuere lo que planeamos en Amsterdam, la paradoja es que son los acontecimientos los que impulsan a Europa hacia delante: del mismo modo que la elección del Sr. Haider nos llevó a adoptar legislación eficaz contra el racismo y la xenofobia, puede que el Sr. Bin Laden haya hecho mucho por la integración de la Unión Europea. 
Permítanme decir, por último, que ha sido un gran placer ver a su Señoría, como compañero del Partido Liberal Demócrata, ocupar la Presidencia durante esta sesión. 
Señora Presidenta, señora Ministra, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, una llave importante para acceder al espacio europeo de libertad, seguridad y justicia es la cooperación judicial reforzada entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Con la creación definitiva de Eurojust tendremos esta llave en la mano. 
Esto nos permitirá luchar de manera flexible y con éxito, traspasando las fronteras interiores de la Comunidad, contra los delitos graves, como el terrorismo, el tráfico de seres humanos y el tráfico de drogas. 
El Parlamento Europeo aprobó la creación de Eurojust ya en febrero de 2001, con el 1 de enero de 2002 como plazo previsto para su puesta en marcha. 
Las modificaciones sustanciales introducidas por el Consejo en las iniciativas en las que se apoya Eurojust hacen necesaria una nueva consulta del Parlamento Europeo, pero yo creo que esto no será un impedimento para que Eurojust se ponga en marcha a principios del año próximo. 
Inmediatamente después del 11 de septiembre, el Consejo demostró que es capaz de reaccionar con rapidez cuando es preciso, como lo es, en efecto, cuando está en juego la seguridad de las personas en Europa. 
El Consejo ya ha incorporado, además, en el documento que hoy se debate algunas enmiendas fundamentales propuestas por el Parlamento Europeo en la primera consulta. 
Por ejemplo, los ámbitos de competencia de Eurojust se han formulado de manera que también incluyan los casos limítrofes y las nuevas formas de delitos graves. 
Además, Eurojust también podrá apoyar investigaciones y medidas de procesamiento que trasciendan el marco prescrito, cuando así lo solicite una autoridad nacional competente. 
Esto garantiza un alto grado de flexibilidad y eficacia en la lucha común contra la delincuencia, que no conoce fronteras. 
Las propuestas del Parlamento encaminadas a asegurar una cooperación sin roces entre Eurojust y las autoridades nacionales han encontrado asimismo cabida en el nuevo documento del Consejo. Un hecho que yo deseo agradecer explícitamente en este contexto. 
No obstante, todavía es preciso incorporar algunas enmiendas para hacer de Eurojust el instrumento más adecuado posible contra la delincuencia transfronteriza. 
Si he interpretado bien las señales de los Gobiernos de los Estados miembros y del Consejo, se podrá lograr un amplio acuerdo al respecto entre el Parlamento y el Consejo. 
Los Gobiernos alemán y francés retomaron, por ejemplo, en su reunión del fin de semana pasado en Nantes, la concepción del Parlamento Europeo, según la cual Eurojust debería ser el embrión de una fiscalía europea. 
Esto fortalece el aspecto judicial de la Unión Europea, da valor a los convenios ya redactados pero todavía no ratificados y da continuidad a las iniciativas anteriores. 
Por otra parte, yo creo que también es importante que las investigaciones y la actuaciones procesales de Eurojust no se vean obstaculizada por trabas burocráticas innecesarias. 
No tiene sentido crear puntos de enlace nacionales con Eurojust. 
Las personas activas en el marco de Eurojust y en los Estados miembros deben poder comunicarse directamente sin rodeos. 
Las experiencias con la delincuencia organizada demuestran que sólo los caminos y procedimientos cortos permiten que las investigaciones logren resultados rápidos y certeros. 
Me refiero a la protección de los datos. 
Es preciso garantizar al ciudadano individual un nivel de protección elevado y adecuado de los datos con los que trabaje Eurojust. 
Esto sólo se conseguirá si se limita al mínimo necesario el almacenamiento de datos personales y éstos no se conservan más que el tiempo imprescindible. 
Huelga decir que el manejo de los datos de víctimas y testigos debe estar sujeto a exigencias muy particulares. 
También es evidente que se debe garantizar el derecho de información de las personas individuales y éste debe ser exigible ante los tribunales. 
Las señales positivas recibidas del Consejo también en cuanto a los aspectos relativos a la protección de los datos son muy satisfactorias. Yo espero, no obstante, que vayan todavía mucho más allá. 
Solamente no voy a poder ver satisfecho un deseo, según parece: Eurojust no tendrá su sede en Luxemburgo. 
Sin embargo, habría sido una buena manera de simbolizar la independencia de este servicio y su proximidad a la justicia común europea. 
Señora Presidenta, tengo el placer de representar a la Presidencia porque, desafortunadamente, el Ministro de Justicia no puede asistir. 
Se me ha pedido que trate esta cuestión en su nombre, lo que, obviamente, hago con mucho gusto. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar deseo comenzar dándoles las gracias por la rapidez y la flexibilidad que han demostrado durante las últimas semanas. 
El Consejo del 20 de septiembre y luego el Consejo Europeo que se reunió el día siguiente decidieron, como ustedes saben, aplicar de inmediato el plan de acción de lucha contra el terrorismo y establecer, para cada una de las tres decisiones que hoy nos ocupan- y que son los elementos claves de este plan de acción- un plazo que vence el mes de diciembre. 
El ciudadano europeo no comprendería, en efecto, que la Unión Europea no demostrase toda la diligencia necesaria para adoptar dichas medidas. 
La rapidez con la que los ponentes han trabajado, la rapidez de la Comisión de Libertades para examinar los informes y la disponibilidad de ustedes para discutirlos hoy son ejemplares. 
Todo eso condicionaba el respeto de los plazos fijados para la adopción de dichas decisiones, y la Presidencia les está muy reconocida por este apoyo dado a sus trabajos. 
Señora Presidenta, me referiré ante todo a la decisión por la que se crea Eurojust, luego a la decisión marco sobre la orden de busca y captura europea y finalizaré refiriéndome a la decisión marco relativa a la incriminación del terrorismo. 
No insistiré casi en los objetivos de cada uno de los instrumentos. 
Ustedes los conocen suficientemente bien. 
Desearía limitarme a la razón por la que han invitado hoy a la Presidencia, es decir: efectuaré un balance de los trabajos preparatorios en relación con cada una de estas decisiones. 
(NL) Por lo que a Eurojust se refiere, la creación de una unidad definitiva ya constituía una de nuestras principales prioridades en materia de justicia. 
A raíz de la amenaza terrorista no hemos podido por menos que reafirmarnos en nuestro propósito. 
Estamos haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance para garantizar que este instrumento pueda adoptarse en diciembre con objeto de realizar los objetivos de Tampere. 
Me alegro de poder comunicarles que todos los indicios apuntan a que el Consejo estará en condiciones de respetar este plazo. 
Efectivamente, durante las reuniones del Consejo de 27 y 28 de septiembre se alcanzó un acuerdo político acerca de los artículos 1 a 8 de la decisión. 
Ustedes saben que dichos artículos conforman el núcleo duro de la decisión sobre la creación de Eurojust. 
Bajo la Presidencia belga el grupo de trabajo dedicó 13 días de reunión a este instrumento. 
El texto íntegro ya ha sido objeto de una lectura global en el grupo de trabajo. Ya lo ha estudiado el comité del artículo 36 y ahora ha sido sometido al COREPER. 
(FR) El 17 de mayo del año en curso se había aprobado un primer dictamen de este Parlamento, pero habida cuenta de las numerosas modificaciones de que el texto había sido objeto, resultó necesario proceder a una nueva consulta. 
La Presidencia ha prestado particular atención al hecho de que en las negociaciones se tengan en cuenta los dictámenes emitidos por esta Asamblea. 
Eurojust debe aportar un verdadero valor añadido con respecto a los instrumentos existentes. 
La reunión, en el seno de un solo organismo, de magistrados de los Estados miembros, permitirá, sin duda alguna, una buena coordinación y una estrecha cooperación entre las autoridades encargadas de las diligencias procesales. 
Eurojust proporcionará, pues, un instrumento eficaz con miras a la creación de ese espacio de libertad, seguridad y justicia que constituye nuestro objetivo desde el Tratado de Amsterdam. 
En tal sentido, convendría, pues, permitir una cooperación real y efectiva entre Eurojust, por una parte, y los otros organismos creados en el marco de nuestra Unión, por otra. 
Era necesario, por tanto, evitar cuidadosamente los conflictos de competencias y las duplicidades. 
Todas estas cuestiones son objeto de disposiciones en el proyecto de decisión. 
La cooperación entre Eurojust y Europol y las relaciones que ambos organismos deberán mantener serán objeto de un acuerdo distinto. 
Dicho proyecto de acuerdo está en curso de elaboración entre los miembros de la unidad provisional pro Eurojust y los representantes de Europol. 
En efecto, era más que deseable asociar a los primeros afectados por esta reflexión e integrar de manera más adecuada los cambios posteriores de Europol, que actualmente se están negociando en el seno de la Unión Europea. 
(NL) Señora Presidenta, señoras y señores, conforme a sus deseos las competencias de Eurojust han sido definidas de tal forma que podrá disponer del margen de maniobra necesario para tratar casos límite así como nuevas formas de criminalidad. 
Eurojust participará en la coordinación de las autoridades responsables de los Estados miembros pudiendo instarles a crear equipos de investigación conjuntos. 
Las autoridades de los Estados miembros que se nieguen a acceder a la petición de Eurojust estarán obligadas a justificar su negativa. 
Gran parte de las disposiciones del proyecto de decisión se refiere a la introducción de reglas destinadas a proteger los datos personales, puesto que ya era y continúa siendo imprescindible que Eurojust pueda tratar estos datos y que, al mismo tiempo, se ofrezcan las máximas garantías respecto a la protección de la intimidad. 
Se han tenido en cuenta los conocimientos adquiridos por la unidad provisional creada el 1 de marzo del año en curso. 
Algunos representantes de esta unidad participaron en el grupo de trabajo, aportando su experiencia durante los trabajos del mismo. 
Es para mí un placer subrayar que, especialmente a lo largo de las últimas semanas, los trabajos de la unidad provisional han puesto claramente de manifiesto la importancia y utilidad de una unidad como Eurojust. 
Señora Presidenta, Señorías, me imagino que les agradará- eso al menos espero- saber que según el último estado de los trabajos corresponderá al Parlamento la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto. 
Quedan por solucionar algunas cuestiones importantes, aunque son pocas. 
Se refieren principalmente a las modalidades relativas al derecho de acceso a los datos personales, la entrada en vigor de la decisión y el estatuto del personal de Eurojust. 
(FR) Finalmente, sigue abierta la cuestión de la sede. 
En la Cumbre de Laeken deberá adoptarse una decisión. 
Finalizaré, señora Presidenta, señoras y señores, esta parte de mi exposición, llamándoles la atención sobre el hecho de que el 16 de noviembre la Presidencia insistió en que los Estados miembros deben preparar desde ahora la aplicación de la decisión marco por la que se crea Eurojust, para que esta unidad pueda ser realmente operativa lo antes posible. 
Permítanme pasar a los trabajos relativos a la orden de busca y captura europea. 
Ustedes saben que la propuesta de la Comisión se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
Eso implica que cada autoridad nacional debe reconocer ipso facto, y a través de unos controles mínimos, la petición de entrega de una persona, formulada por la autoridad judicial de otro Estado miembro. 
La orden de busca y captura europea deberá sustituir, con respecto a las infracciones que entran en su ámbito de aplicación, el mecanismo actual de extradición. 
(NL) Desde el punto de vista técnico la decisión marco sobre la orden de busca y captura es un instrumento complejo puesto que no sólo incide en importantes aspectos del procedimiento penal, sino que también afecta a cuestiones relacionadas con la descripción que permita localizar a las personas afectadas. 
Habida cuenta de la enorme envergadura de las tareas y con vistas al cumplimiento de los plazos la Presidencia ha acelerado considerablemente el ritmo de los trabajos en el Consejo. 
El expediente ha sido tratado directamente en el seno del comité contemplado en el artículo 36 a fin de garantizar el estudio inmediato de las cuestiones más delicadas. Por eso mismo, han tenido que convocarse diversas reuniones extraordinarias. 
Del mismo modo han tenido lugar varias reuniones de expertos con objeto de allanar el camino en el ámbito técnico. 
Hasta la fecha los debates del comité contemplado en el artículo 36 se han centrado fundamentalmente en el ámbito de aplicación del instrumento relacionado con la problemática del requisito de la doble incriminación y en las modalidades del control judicial ejercido en el Estado miembro de ejecución. 
Los Estados miembros coinciden en que el ámbito de aplicación ha de definirse en virtud de una lista positiva de infracciones. 
El principio de la lista negativa no ha podido mantenerse porque la definición de un ámbito de aplicación tan amplio no permitía alcanzar un acuerdo acerca de la suspensión del requisito de la doble incriminación. 
Durante el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del 16 de noviembre se logró un amplio consenso sobre la propuesta de transacción de la Presidencia sobre la aplicación de una lista positiva y un a modo de acuerdo sobre la eliminación de la doble incriminación para infracciones que no figuren en dicha lista. 
(FR) Esas infracciones son las establecidas por el Tratado de la Unión Europea, por las conclusiones de Tampere, por el documento anejo al Convenio Europol y por las cuatro infracciones propuestas por la Comisión, es decir: el sabotaje, el incendio criminal, los crímenes contra la humanidad en el sentido del estatuto del Tribunal Penal Internacional, el secuestro de aviones y de buques. 
La misma incluye, entre otros, el terrorismo y la trata de seres humanos. 
Con el fin de obtener un acuerdo unánime será indispensable, sin duda, una adecuación de la lista. 
El Consejo ha acordado trabajar basándose en dos propuestas. 
Una establece que la exigencia de doble incriminación no se descarte salvo si la infracción se considera grave en el Estado que emite la orden. 
Ello implicaría un umbral superior a la pena de doce meses actualmente establecida para las infracciones no armonizadas en el ámbito de los quince Estados miembros. 
La otra propuesta establece que la supresión de la doble incriminación esté limitada a las infracciones cometidas en todo o en parte en el territorio del Estado que emite la orden, puesto que la idea consiste en que no se podría rechazar una entrega por hechos cometidos en el territorio de este Estado. 
(NL) Durante el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del 16 de noviembre los Ministros lograron un acuerdo sobre las condiciones en las que la persona afectada pueda hacer valer sus derechos en el Estado de ejecución, así como sobre el plazo de entrega. 
Los principios fundamentales son los siguientes: el Derecho del Estado de ejecución determinará las modalidades de garantía de los derechos. 
En caso de que la persona buscada manifieste su consentimiento con la entrega el plazo es de diez días. 
En caso de detención el plazo se fija en sesenta días. 
En casos especiales estos plazos pueden prorrogarse por treinta días. 
Las demás disposiciones de la propuesta de la Comisión se trataron en el seno del comité contemplado en el artículo 36 durante los días 22 y 23 de noviembre. 
El debate se centró en los motivos por los que un Estado miembro puede negarse a la ejecución de la orden y en las condiciones para la aplicación del principio de territorialidad y el principio de especialidad. 
Aunque en este momento sería prematuro hablar de un acuerdo, los trabajos se desarrollan en un ambiente muy constructivo y todas las disposiciones ya han sido debatidas ampliamente. 
(FR) Se concede una atención muy especial- y creo, señoras y señores, que ello corresponde a una preocupación que ustedes han manifestado- a los derechos de la persona buscada: derechos de defensa, derecho en materia de utilización de idiomas, derechos en materia de traslado. 
Se hará hincapié, en tal sentido, en que no se debe ignorar el interés que puede tener la persona buscada de gozar de un procedimiento judicial, así como de comparecer lo antes posible ante su juez. 
Otro avance evidente con respecto al procedimiento actual de extradición es la disminución de la pena privativa de libertad a la que, en su caso, será condenada la persona entregada, tomando en consideración todas las medidas de detención vinculadas con la ejecución de la orden de busca y captura europea sufridas en el Estado de ejecución. 
Este es el balance de las negociaciones sobre la decisión marco relativa a la orden de busca y captura europea. 
Repito que siguen existiendo dificultades, pero tenemos esperanzas de que éstas puedan resolverse de aquí a la semana próxima. 
(NL) El tercer instrumento al que quisiera referirme hoy es la decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. 
Si bien es cierto que para esta decisión podemos basarnos en la experiencia adquirida en relación con los dos instrumentos que ustedes y yo acabamos de comentar, no por ello es menos importante. 
En primer lugar por su importante contribución al fortalecimiento de la cooperación judicial mediante la unificación de las incriminaciones. 
Es fundamental que se diseñe una estrategia común en materia de terrorismo, desarrollando una verdadera política penal europea en este terreno. 
Es asimismo fundamental que a los tribunales penales europeos se les otorgue unas amplias competencias judiciales al respecto. 
Ahora bien, la importancia de la decisión marco también está en su enorme delicadeza, como han señalado algunos de ustedes: es imprescindible que tenga en cuenta todos los actos de índole terrorista, entre ellos la participación y el apoyo a los grupos terroristas, pero al mismo tiempo no puede ir demasiado lejos. 
El Consejo es plenamente consciente de ello y, por tanto, los trabajos se desarrollan a la luz de estos elementos. 
Avanzan a buen ritmo, como demuestra el resultado de las reuniones del 16 de noviembre. 
Ya se ha podido comprobar que las modificaciones introducidas han aproximado las posturas. 
(FR) La definición de la infracción terrorista está casi terminada. 
Se ha precisado el elemento intencional inicial. 
Éste se completa con dos elementos que también pueden caracterizar la intención terrorista, es decir, el hecho de intimidar gravemente a la población u obligar ilegítimamente a un Estado a realizar un determinado acto. 
Al mismo tiempo, los comportamientos contemplados se han vuelto a definir, a fin de cubrir sólo infracciones que revisten un alto grado de gravedad. 
Estos esfuerzos responden a las preocupaciones y críticas que se han formulado sobre el carácter, inicialmente demasiado amplio, de la definición. 
El Consejo ha aprobado dos elementos adicionales para confirmar las garantías de respeto de los derechos fundamentales. 
En primer lugar, en el preámbulo se contemplará que la decisión marco se establece sin perjuicio del ejercicio de los derechos humanos, concretamente de los derechos de asociación, expresión y manifestación. 
Por otro lado, una declaración política completará estas precauciones, indicando que la decisión no está dirigida a las personas que actúan para mantener o restaurar los valores democráticos ni a las personas que ejercen su derecho a manifestar sus opiniones, aun cuando durante el ejercicio de este derecho cometan infracciones. 
Finalmente, el preámbulo excluirá del ámbito de aplicación de la decisión marco las actividades de las fuerzas armadas en período de conflicto armado y en el ejercicio de sus funciones oficiales, según están regidas por el Derecho internacional. 
Esto es por lo que respecta al delito de terrorismo propiamente dicho. 
(NL) Por lo que al poder judicial se refiere, el Consejo continúa siendo partidario de unas competencias judiciales amplias debido a la gravedad de los actos terroristas. 
A este respecto se pondrá en marcha un mecanismo de coordinación para solucionar posibles conflictos entre Estados miembros, lo cual no sería de extrañar habida cuenta del amplio poder judicial de los mismos. 
En materia de penalización los trabajos continúan. 
En su versión actual el texto obliga a todos los Estados miembros a sancionar los delitos terroristas con una pena superior a la que se aplica a los mismos actos cometidos sin ánimo de terrorismo. 
Los debates celebrados al respecto en el seno del COREPER el pasado viernes se referían precisamente a las penas aplicables a delitos relacionados con grupos terroristas. 
La propuesta de establecer una pena máxima de quince años por dirigir un grupo terrorista y de ocho años por participar en un grupo de estas características parece ganar cada vez más adeptos 
En caso de que el grupo aún no haya cometido actos terroristas el hecho de asumir la dirección del mismo se sancionará igualmente con una pena de ocho años, aunque, de momento, los debates sobre este tema no han llegado a su fin. 
(FR) Con esto, señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, finalizo el balance que deseaba efectuar sobre las tres decisiones marco del Consejo que hoy figuran en el orden del día de nuestros trabajos. 
Como les decía, la Presidencia confía en que las discusiones sobre estos tres instrumentos finalicen de aquí a diciembre. 
Ello constituirá, sin duda, una proeza, a la vista de lo recargado de la agenda del Consejo, pero sobre todo demostrará, en vísperas de la Cumbre de Laeken, que la Unión Europea ya ha adquirido una verdadera madurez en la elaboración de la justicia penal europea y que es capaz de aplicar los objetivos que se ha fijado. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Gebhardt por su informe sobre la creación de la unidad Eurojust. 
Las ideas que la Comisión expresó a ese respecto en su comunicación de noviembre de 2000, así como las recomendaciones que el Parlamento Europeo aprobó en mayo de este año, a raíz de la presentación de un informe de la Sra. Gebhardt, están recogidas en gran medida en el texto que en este momento está examinando el Consejo. 
Por eso, creo que podría limitarme a subrayar dos o tres aspectos más en particular. 
En primer lugar, como ha dicho la Sra. Gebhardt, en la versión que en este momento se está examinando se han desarrollado y mejorado las normas en materia de protección de los datos personales. 
El proyecto adopta un planteamiento equilibrado que respeta simultáneamente los intereses legítimos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la necesidad de eficacia en la coordinación de las investigaciones y las acciones judiciales. 
Existirá un autoridad de supervisión conjunta, independiente en materia de protección de los datos y, en caso necesario, soluciones legales disponibles en el nivel del acceso al control por los tribunales nacionales. 
En segundo lugar, se ha reforzado el papel de las instituciones de la Unión y la Comisión participa plenamente en la labor de Eurojust en al ámbito de sus diversos cometidos. 
El Parlamento será plenamente informado sobre las cuestiones presupuestarias y espero que se le confiera la tarea de aprobación de la gestión presupuestaria. 
El excelente informe de la Sra. Gebhardt incluye también una lista de enmiendas suplementarias, la mayor parte de las cuales cuenta con la aprobación de la Comisión. 
Cito tan sólo, como ejemplos, la relativa a la composición de la autoridad de supervisión conjunta en materia de datos personales, a la cooperación entre el organismo de lucha contra el fraude de la Comisión, a la OLAF, a Eurojust, a la aprobación de la ejecución del presupuesto por el Parlamento, a los plazos para el almacenamiento de datos o a la ley aplicable en caso de perjuicio resultante de un proceso de datos incorrectos. 
Espero que el Consejo tenga también en cuenta esas propuestas. 
Señora Presidenta, Señorías, en relación con las otras dos iniciativas en examen, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 vinieron trágicamente a confirmar las fundadas recomendaciones que el Parlamento Europeo adoptó el 5 de septiembre de 2001, a raíz de la presentación de un informe de iniciativa elaborado por el Sr. Graham Watson. 
Como Comisario encargado de la Justicia y Asuntos Interiores, quisiera felicitar y rendir homenaje público al presidente de la Comisión de Libertades Públicas de este Parlamento, cuyo esfuerzo, cuyo nombre, quedará asociado a esta iniciativa de gran alcance político que es la lucha contra el terrorismo y la delincuencia en la Unión Europea. 
En las propuestas que la Comisión presentó el día 19 de septiembre y que en este momento está examinando el Consejo, se tuvieron en cuenta en gran medida las recomendaciones del informe Watson de septiembre. 
Quisiera comenzar por la propuesta de decisión-marco relativa a la lucha contra el terrorismo. 
En relación con esa propuesta, el debate en el Consejo se ha centrado en las tres cuestiones más importantes y al tiempo más problemáticas: la definición de infracción terrorista, la caracterización de las normas de competencia para el juicio de actos terroristas y el marco de sanciones aplicable a las acciones terroristas. 
Por lo que se refiere a la definición, surgió la preocupación de garantizar que la acción legítima, como en el marco de la actividad de los sindicatos o de los movimientos antiglobalización, no podría en circunstancia alguna quedar comprendida en el ámbito de la decisión-marco. 
La Comisión, desde el primer momento, subscribió esa interpretación y considera que aquella hacia la que nos encaminamos es una solución que, respetando la estructura esencial de la propuesta inicial de la Comisión, es decir, "definición de infracción terrorista a partir de la determinación de un elemento objetivo, acto terrorista, acompañada de la determinación de un elemento subjetivo, la motivación terrorista en los términos que constan en la propuesta" -éste es el texto que en este momento está examinando el Consejo- permite determinar en la propia norma legal, de forma más pormenorizada, los requisitos que se deben cumplir para que se considere incursa en ella una infracción terrorista. 
Por eso, nos sumamos a la mejora de la definición constante del texto en examen en el Consejo. 
Por lo demás, este aspecto brinda una garantía suplementaria: la de que ningún delito común, ni siquiera los actos violentos cometidos incidentalmente al margen de ciertas manifestaciones, quede comprendido en el instrumento de represión del terrorismo. 
El Consejo está examinando en este momento la posibilidad de introducir una declaración que aclare que todos cuantos actúen en pro de la preservación o la restauración de valores democráticos, como ocurrió, en particular, en el caso de algunos Estados miembros durante la segunda guerra mundial, no pueden ser considerados terroristas. 
Este aspecto sigue la misma orientación que algunas enmiendas propuestas por el Parlamento, en el sentido de garantizar que la presente decisión-marco no pondrá en peligro en ningún caso los derechos y las libertades fundamentales en que se basan nuestros países. 
Por lo que se refiere a las competencias, el debate en el Consejo se aproxima a una solución que está muy próxima a la propugnada por las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. 
En el Consejo existe un consenso en el sentido de una fórmula equilibrada que combine la propuesta inicial de la Comisión y el proyecto más ambicioso propuesto por algunos Estados miembros y por el Parlamento en el sentido de que se pueda hacer extensiva la competencia jurisdiccional a todo el territorio de la Unión. 
Como resultado de ello, los Estados miembros pueden, si lo desean, ampliar su competencia, si la infracción se ha cometido en cualquier punto del territorio de la Unión. 
En cuanto a la tercera cuestión, la de las sanciones, creo que en esta decisión-marco sigue siendo el problema principal, dada la ausencia de un consenso sobre un nivel común de sanciones para las infracciones individuales de terrorismo. 
La Comisión no está aún satisfecha con el planteamiento actualmente utilizado en relación con las infracciones individuales según la cual no se armonizarían las sanciones aplicables a las infracciones terroristas cometidas por individuos, sino que aplicarían sanciones más rigurosas que las establecidas en virtud de la legislación nacional para las mismas infracciones, pero cometidas sin la intención especial requerida para los actos terroristas. 
Creo que, si limitáramos nuestras ambiciones de esta forma, no cumpliríamos el mandato establecido en la letra e) del artículo 31 del Tratado ni la recomendación incluida en el informe Watson. 
Además, no seríamos coherentes con el hecho de que en instrumentos anteriores hayamos conseguido adoptar sanciones comunes por la falsificación del euro, para la ayuda a la emigración clandestina o para el tráfico de seres humanos y sería inexplicable que no consiguiéramos alcanzar un nivel idéntico de ambición cuando se trata de sancionar actos terroristas. 
Espero que sea posible encontrar una solución en la base de la propuesta que la Comisión presentó con vistas a construir un cuadro de sanciones para las infracciones individuales enumeradas en los artículos 1 y 2 de la propuesta de la Comisión, con mayor flexibilidad en su adaptación a la escala de penas vigente en el derecho nacional de cada uno de los Estados miembros. 
Por último, en esta decisión-marco se dispone que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas posibles para garantizar la asistencia apropiada a la familia de las víctimas, aplicando, cuando sea posible, el artículo 4 de la decisión-marco sobre el estatuto de las víctimas en materia de proceso penal. 
Este planteamiento es plenamente coherente con el punto de vista del Parlamento. 
Señora Presidenta, Señorías, en cuanto a la segunda decisión-marco, la de la orden europea de busca y captura, creemos que debe basarse en el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en materia penal, con lo que corresponderá a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de octubre de 1999, y a la indicación que nos dieron los Jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo de Gante, del pasado 19 de octubre. 
El texto ahora en debate, presentado por la Presidencia, incluye una lista positiva de infracciones respecto de las cuales ahora se debería hacer una verificación del requisito de la doble incriminación. 
Como saben sus Señorías, la propuesta de la Comisión que hoy está en debate iba orientada a que la doble abolición fuera universal, con la excepción de una lista negativa identificada por la Comisión. 
Desde el Consejo Europeo de Gante, resultó claro que este planteamiento de la Comisión no tendría un apoyo mayoritario en el Consejo. 
A eso se debe que la Presidencia haya presentado una propuesta de transacción, que presupone que la ejecución de la orden europea de busca y captura en relación con las infracciones incluidas en la lista positiva no exija la verificación de la doble incriminación. 
La Comisión está dispuesta a apoyar esta propuesta de transacción de la Presidencia, siempre y cuando el de las infracciones incluidas en dicha lista positiva sea un contenido substancial y represente un mensaje claro e inequívoco de que fortalecemos los mecanismos de la cooperación judiciaria para luchar contra las formas de criminalidad organizada transnacional. 
Para que el mecanismo de lucha positiva funcione y sea eficaz, es necesario que, en la definición de las infracciones de la lista positiva, se respete el contenido de dichas infracciones vigente en la legislación del Estado miembro que emita una orden de busca y captura. 
Éste es un elemento esencial. 
Sin el respeto de este elemento, se reintroduciría también la condición de doble incriminación para esas infracciones, que es exactamente lo que se pretende evitar. 
Creo que estamos aproximándonos a un acuerdo sobre el contenido de la lista positiva. 
Pero en este momento ese acuerdo aún no se ha alcanzado ni garantizado completamente. 
Espero que de aquí al Consejo del 6 y 7 de diciembre sea posible forjar un acuerdo unánime sobre una lista positiva substancial que corresponda al objetivo de un mecanismo europeo de orden de busca y captura eficaz y de aplicación sencilla. 
En relación con un último aspecto que quisiera abordar, la Comisión incluyó en su propuesta un conjunto de normas que tienen como objetivo conciliar la eficacia de la lucha contra la delincuencia, por un lado, y, por otro, la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 
Espero que el Consejo resista la tentación de eliminar disposiciones de protección con el argumento de que no son necesarias, dado que los Estados miembros están obligados, en cualquier caso, a respetar las garantías legales. 
Es verdad que uno de los elementos esenciales de la construcción de dicho mecanismo es el principio de confianza mutua resultante de la firma por los Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 1950, y de la proclamación conjunta de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en diciembre de 2000. 
Pero creo que no reviste menor importancia subrayar algunos mecanismos concretos que se deben introducir en esta decisión-marco para garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Otras enmiendas en el mismo sentido consisten en adaptar la redacción de la norma Ne bis in idem, que figura en el artículo 29 de la propuesta de la Comisión, a la formulación del artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a fin de prever que la orden de busca y captura debe ir acompañada de la prueba de que la persona fue informada efectivamente del procedimiento a tiempo para preparar su defensa en el caso de que fuera condenada en rebeldía. 
Otro buen ejemplo de esas normas es la determinación del período de pena privativa de libertad de la sanción establecida en el artículo 24 de la propuesta de la Comisión, en que se debe tener en cuenta el período de detención en el Estado miembro de ejecución para el cálculo de la compensación en caso de que la persona por entregar no fuera condenada. 
Debe existir un equilibrio entre la necesidad de rapidez y eficacia en la cooperación entre las autoridades judiciales y los intereses de las personas, que no deben estar sujetas a coacciones suplementarias ni excesivas ni ver restringidas sus posibilidades de defensa. 
Por parte de la Comisión, consideramos deseable, en materia de identificación de las normas y los principios que garantizan los derechos fundamentales en un espacio judicial europeo, profundizar esas normas, y, por eso, la Comisión tiene conciencia de que es deseable proseguir la labor de aproximación de las legislaciones procesales penales de los Estados miembros. 
Tenemos que garantizar, al mismo tiempo, la eficacia de la acción legal y la salvaguardia de los derechos individuales. 
Por eso, puede ser necesario, en el nivel de la Unión, abordar de forma más convergente el derecho de asistencia lingüística, el tratamiento adecuado de los elementos de prueba o la cuestión del régimen jurídico de la fianza. 
La Comisión está examinando la hipótesis de presentar una comunicación sobre esos aspectos que podría comprender una extensa serie de elementos. 
Esas cuestiones requieren un planteamiento horizontal y, por eso, proponemos desarrollarlas posteriormente en un mecanismo específico. 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera concluir refiriéndome a la propuesta del Sr. Watson de enmienda oral hoy formulada en esta Asamblea. 
En este momento en que estamos debatiendo la posición de la Comisión, hay que proseguir un esfuerzo de negociación para obtener un acuerdo entre quince. 
No es un acuerdo a cualquier precio, sino un acuerdo que responda al imperativo de la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada que afrontamos. 
Y acogemos con satisfacción el compromiso de la Presidencia belga con vistas a intentar conseguir dicho acuerdo. 
Pero también quisiera dejar claro que, para la orden europea de busca y captura, es posible que haya un acuerdo sobre la lista de treinta y cuatro delitos a la que acaba de referirse la ministra Sra. Anne Neyts-Uyttebroeck. 
Y decir también con claridad que en esa lista no hay delitos menores, porque es una lista aneja al Convenio Europol. 
Y me parece que, si se consideran relevantes esos delitos para la cooperación policial en el ámbito de Europol, también debe serlo en cuanto a gravedad indiscutible para la cooperación judicial penal. 
Independientemente de los usos jurídicos nacionales y de la censura moral que en el nivel nacional puedan suscitar este o aquel delito, estoy convencido de que en este momento el camino que seguir va orientado a obtener un acuerdo entre quince, un acuerdo substancial sobre una lista de delitos para aplicar la orden europea de busca y captura. 
Si no fuera posible ese acuerdo entre quince, después tendríamos que pensar en lo que deberíamos hacer a continuación. 
. Señora Presidenta, creo que hoy nuestra reflexión debe de partir de lo básico, la fortuna y la responsabilidad de vivir en Estados democráticos de Derecho. 
En el Estado democrático de Derecho cualquier reivindicación política es admisible y respetable, bienvenida es siempre la confrontación democrática de ideas; ésa es nuestra bandera, nuestra íntima esencia, nuestra seña de identidad, de la que participa toda la construcción europea. 
Pero de igual manera, el Estado democrático de Derecho rechaza a quienes declinan sus ideas en regueros de sangre. 
Frente a quienes siembran terror, muerte y destrucción en nuestras sociedades, sólo hay un diálogo posible, el que emana de la aplicación de la ley. 
Ésa es la reflexión de fondo. 
He dicho que estamos construyendo, sobre las bases y los principios de nuestros ordenamientos jurídicos de Estado democrático de Derecho, una Europa democrática de Derecho. 
Teníamos una situación absolutamente asimétrica entre los progresos en el ámbito de la seguridad y los progresos en el ámbito de la libertad y de la justicia. 
Las tres propuestas debatidas responden- y ya era hora- a una demanda de la ciudadanía y a un impulso político claro, al más alto nivel, de los Jefes de Estado y de Gobierno, que, como muy bien ha recordado el Sr. Watson, va de Viena a Tampere, y se refuerza tras el 11 de septiembre en el Consejo Europeo extraordinario de Bruselas y en Gante. 
Estas tres medidas responden, además, a los principios sobre los que se ha construido Europa. 
Primero, la cooperación y la coordinación, eso es Eurojust, cooperemos y coordinemos para ser más eficaces en la justicia. 
Segundo, el reconocimiento mutuo sobre el que se basa el mercado interior que es- como ha dicho el Comisario- corolario de la confianza entre Estados, eso es esencialmente la orden de busca y captura. 
Por último, la armonización allí donde sea necesaria y la necesidad de armonización en lo que respecta al terrorismo es evidente pues sólo seis Estados miembros tenían una legislación. 
Señora Presidenta, confío- estoy segura- de que con un voto abrumador- mañana -, en favor de estos informes, el Parlamento dará, como lo ha venido haciendo siempre, la señal política que, como responsables representantes de la ciudadanía, tenemos la obligación de dar en la construcción de las sociedades democráticas de Derecho, en las que tenemos la fortuna de vivir. 
Señora Presidenta, en efecto, desde el pasado 11 de septiembre, hemos tenido muchas ocasiones para reflexionar y debatir sobre las consecuencias de los acontecimientos de aquel día fatal y hoy no es una excepción. 
Sin duda, los atentados en Nueva York nos han hecho caer en la cuenta de que nadie se puede sentir a salvo del terrorismo, de que cuando matan a un hombre y a una mujer en Beasaín, como ha ocurrido la semana pasada, nos afecta a todos y cada uno de nosotros, y de que no es razonable pedir que en democracia se dialogue bajo la amenaza de la muerte, Sr. Watson. 
Esos acontecimientos nos han permitido también recordar que teníamos un enorme retraso en el cumplimiento de los compromisos que los Jefes de Estado y de Gobierno habían adquirido en Tampere para desarrollar el tercer pilar de la Unión Europea. 
El informe que aprobamos por amplia mayoría en comisión contiene aportaciones, a mi juicio, muy valiosas, a la, por otra parte excelente, propuesta de la Comisión. 
Por ejemplo, para definir la violencia callejera claramente como una de las formas de expresión del terrorismo, o para incorporar una referencia a las víctimas y a sus familias y para ofrecer aliento político y amparo jurídico con objeto de identificar y perseguir judicialmente al terrorismo y a su entorno. 
Ése es precisamente el sentido de la enmienda que presentamos al Pleno y así ha de interpretarse. 
Espero que éstas y otras contribuciones se añadan al texto que está debatiendo el Consejo, y en particular, ésta última que espero que también cuente con el voto del ponente y sea tomada en consideración para elaborar la lista europea de organizaciones terroristas que el Parlamento ha reclamado. 
Los Ministros de Justicia e Interior deben hacer sus deberes los próximos días 6 y 7, y si no lo hacen, la Presidencia ha de cumplir su compromiso ante el Parlamento de llevarlo a Laeken, y si allí algún Estado miembro tiene la tentación de bloquear una propuesta que cuenta con el apoyo generalizado de nuestra ciudadanía, me parece muy bien que se articule una cooperación reforzada según lo previsto en el artículo 40 del Tratado. 
Las demandas al Consejo no nacen el 11 de septiembre. 
En septiembre del año 2000, es decir hace un año, la gran mayoría de eurodiputados suscribió una declaración por escrito pidiendo las medidas que hoy se someten a nuestra consideración. 
Las mismas medidas que exigimos a la Comisión en el informe de iniciativa sobre el papel de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo que aprobamos, también por amplísima mayoría, el 5 de septiembre pasado. 
Pues bien, hay que dejar muy claro que en ninguna de ellas hay el más mínimo recorte de las libertades civiles de los ciudadanos europeos. 
Es exactamente al contrario, estamos dando a la justicia instrumentos para mejor defender la libertad de todos, porque frente a la libre circulación del delito, debemos abrir las puertas a la libre circulación de la justicia. 
Señora Presidenta, las dos disposiciones que hoy debatimos responden a una convicción y a un objetivo: nuestra convicción es que es posible derrotar al terrorismo y nuestro objetivo es fortalecer el Estado de Derecho, dándole todos los instrumentos para conseguirlo. 
En democracia, las ideas políticas se someten a las urnas, nunca las representan los terroristas. 
Estoy segura de que todos los colegas comparten este criterio. 
Quiero remarcar en concreto lo que cambiarán estas dos iniciativas cuando el Consejo Europeo de Laeken las apruebe: en primer lugar, Europa dejará de ser "solidaria con" para pasar a ser "responsable de". 
La solidaridad de los europeos con los demócratas españoles en su lucha contra ETA dará paso a la responsabilidad de todos los demócratas europeos para derrotar al terrorismo. 
En segundo lugar, y en cuanto a la orden de detención y entrega, los acuerdos entre Gobiernos serán sustituidos por el reconocimiento y la colaboración entre los distintos sistemas judiciales. 
Un requerimiento judicial habrá de ejecutarse sin dilación, haya sido dictado por un juez español o francés, esté el sujeto reclamado en uno u otro territorio. 
No más espectáculos bochornosos como el de Olano, para que se me entienda. 
Pero más allá de la reflexión sobre el futuro, no puedo evitar pensar con amargura que estas dos disposiciones llegan tarde, demasiado tarde, para las víctimas. 
¡Lo que hubiera cambiado para ellas si esto lo hubiéramos hecho antes! 
Si lo hubiéramos hecho hace diez años, estoy segura de que ETA estaría ya derrotada, y muchos amigos del alma que los terroristas nos han asesinado aún estarían con nosotros, seguirían llevando a sus hijos al colegio, dando clases, escribiendo artículos de prensa, administrando justicia, representando a sus votantes. 
Por eso les pido, Señorías, que piensen mañana en esto antes de votar. 
Que piensen que las consecuencias no serán sólo políticas, serán sobre todo humanas, y al Consejo le pido que esté a la altura política de las circunstancias, que no pierda esta oportunidad. 
Hay quien cree que la política es el arte de lo posible. Yo me encuentro entre los que defienden que la política ha de servir para hacer posible lo necesario. 
Confío en que los quince compartan este criterio. 
Les aseguro que derrotar al terrorismo es posible y no saben, Señorías, hasta qué punto es necesario. 
Señora Presidenta, el argumento de que las medidas antiterroristas y la orden de detención y entrega europea no escatiman los derechos fundamentales solamente es sostenible si se respeta en la práctica el sistema de protección de los acusados en virtud del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. 
Pero eso depende de la capacidad de cada juez de la Unión Europea para comprender y aplicar las disposiciones del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. 
No tenemos ningún programa comunitario coherente que garantice que lo harán. 
Aun a riesgo de que se me tilde de chovinista por plantear el problema de los británicos en Grecia, permítanme criticar a mi Gobierno del Reino Unido. 
El Gobierno intenta obtener la aprobación de una ley antiterrorista con la excepción del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos para poder detener a los sospechosos sin un juicio como es debido, sin representación legal ni revisión judicial y sin poder oír las pruebas presentadas por los servicios de inteligencia. 
Ciertamente, esto deja al Reino Unido exento de credibilidad en la campaña en favor de la mejora mutua de las condiciones que se aplican en la Unión Europea. 
Otro acontecimiento preocupante en el Reino Unido es la intención de que las medidas de cooperación en materia de policía y seguridad no deban pasar por el Parlamento de Westminster y eludan el debido examen democrático. 
Aquí debatimos, pero no tenemos igualdad con los ministros a la hora de decidir sobre la legislación. 
Unido al secretismo del Consejo, esto significa una posición muy insatisfactoria en términos de democracia, justicia y derechos humanos. 
Por último, permítanme hacer un llamamiento directo al Comisario Vitorino para que garantice que las organizaciones que actúan en el ámbito de la mejora de las condiciones de la justicia, tales como la admirable Fair Trials Abroad (Por un juicio justo en el extranjero) , puedan recibir ayuda con cargo al presupuesto comunitario. 
Señora Presidenta, Señorías, la lucha contra el terrorismo es una necesidad absoluta y la legitimidad de ésta no puede ponerse en entredicho si no queremos debilitar nuestras democracias. 
Pero en ningún caso debe servir de pretexto para coartar nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades democráticas. 
¿Cómo puede justificarse una propuesta europea de lucha contra el terrorismo si no es posible extraer de ella ninguna plusvalía? 
En efecto, en la fase actual de la legislación de los Estados miembros, los autores de atentados no pueden quedar sin castigo. 
Puesto que el enemigo público número uno es el terrorismo, ¿por qué no limitar la orden de busca y captura europea a los delitos terroristas? 
Si la incautación de instalaciones estatales o gubernamentales, de medios de transporte públicos, de infraestructuras, de lugares públicos, es constitutiva de un delito terrorista, o si la manifestación legítima de nuestras libertades de expresión, de asociación, de nuestros derechos sindicales, es en el futuro susceptible de ser criminalizada o calificada de terrorista, si se aceptan estos elementos, estaremos renunciando, al votar a favor de estos informes, a todos nuestros derechos democráticos. 
Debe incluirse en esta propuesta de directiva marco una garantía explícita de esos derechos y libertades. 
Tememos asimismo que determinadas infracciones puedan estar comprendidas en la orden, ya que el criterio adoptado es el de la pena, mientras que la persona incriminada debería ser protegida, como los inmigrantes, los solicitantes de asilo. 
Incluso el apoyo prestado a estas personas se convertiría en terrorismo. 
Es necesario un mínimo de armonización de los procedimientos penales de los Estados miembros, a fin de garantizar el principio de igualdad ante la ley, la protección de los derechos dentro del principio de colegialidad. 
Por otro lado, puesto que los menores de edad no pueden ser objeto de una orden de busca y captura, la calificación penal de éstos también debe ser armonizada. 
La creación de un espacio de seguridad, libertad y justicia requiere que estas tres dimensiones sean plenamente efectivas. 
Desgraciadamente, comprobamos que el aspecto relativo a la seguridad domina la política de la Unión y de los Estados miembros. 
La lucha contra el terrorismo debe traducirse por una seguridad para todos los residentes, sin exclusión alguna, y el total respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Finalmente, si en el futuro el Consejo debe aprobar un nuevo texto, esperamos, en efecto, que se vuelva a consultar a nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, existe una relación constante entre las restricciones de las libertades individuales y colectivas que se producen en los Estados miembros y las que se producen en Europa, del mismo modo que es constante la función de enlace y conexión entre los dos fenómenos ejercitada por el Gobierno del Reino Unido, antes con la pareja Reagan-Thatcher y ahora con la pareja Bush-Blair. 
La criminal acción terrorista del 11 de septiembre contra los Estados Unidos está ofreciendo a muchos Gobiernos europeos el pretexto para promulgar leyes que eliminan la libertad que nada tienen que ver con la lucha contra el terrorismo. 
Dejando de lado los tribunales militares especiales instituidos por el Presidente Bush, basta reflexionar sobre las recientes leyes promulgadas o propuestas en Italia o en el Reino Unido, para entender que las mismas tienen como objetivo el control y la represión de una creciente oposición política a un orden mundial, social y económico injusto e inhumano: el bienestar, la opulencia, el crecimiento, el desarrollo de una quinta parte de la humanidad son el espejo del hambre, de la escasez de medios, del continuo empeoramiento económico, del subdesarrollo de los otros cuatro quintos. 
Es extraño que no se consiga nunca encontrar la fórmula jurídica para calificar toda esta masacre social como acto terrorista, mientras que se consigue calificar enseguida como actos terroristas todas esas manifestaciones de oposición social que se han experimentado en estos últimos tiempos, de Seattle a Génova. 
En el artículo 3 del proyecto de decisión marco sobre terrorismo figura un claro mensaje a todos los que desde ahora en adelante querrán demostrar su oposición al pensamiento único neoliberal y al sistema social que de él se deriva. 
Las mujeres, los hombres, los trabajadores, los estudiantes, los parados, los pacifistas y los ecologistas ya no serán opositores sino terroristas porque- come decía, equivocándose, el viejo Hegel- "todo lo que es real es racional", y para nuestros legisladores nada es más real que el desorden social y económico existente y nada es más irracional, y por tanto terrorista, que la necesidad de subvertirlo o de derribarlo. 
Por último, quisiera decir claramente que estoy bastante de acuerdo con la orden de busca y captura europea y que, como italiano, deploro que sea mi país el que se oponga a alcanzar una decisión unánime. 
Es una vergüenza porque con esta posición el Gobierno Berlusconi pretende excluir la corrupción de la lista de los delitos positivos. 
Señora Presidenta, tras los acontecimientos del 11 de septiembre, también Europa, las Instituciones europeas deben sentir la responsabilidad y han de tener el valor de alcanzar cuanto antes un acuerdo común entre los Estados miembros sobre la lucha contra el terrorismo y en general la lucha contra la gran delincuencia organizada. 
Entre los instrumentos jurídicos capaces de convertir en realmente eficaz esta lucha está, sin duda, la orden europea de detención que puede sustituir por fin los complejos y demasiado burocráticos procedimientos de extradición que han llegado a ser insuficientes e inadecuados para contrarrestar los fenómenos criminales, especialmente los internacionales. 
Dicho esto, es oportuno no obstante avanzar por etapas. 
La emoción de los trágicos acontecimientos terroristas de los últimos meses deben llevar ciertamente y sin titubeos a un reforzamiento de la cooperación judicial entre los Estados miembros; sin embargo, la aceleración en curso debe ser, en todo caso, conducida progresivamente y con un gran sentido de la responsabilidad. 
En efecto, las buenas leyes no van de acuerdo con la prisa y con la aproximación y la emotividad, sobre todo en la definición de los delitos a los que se debe aplicar la orden europea de detención. 
En consecuencia, expresamos algunas perplejidades frente a la propuesta de la Presidencia belga de aplicar desde ahora mismo la orden europea de detención a una lista de casi 30 tipos de delitos. 
No se puede, en nuestra opinión, equiparar el terrorismo o la trata de seres humanos, sólo por poner dos ejemplos, con la falsificación de productos o con la falsificación de documentos administrativos. 
En el interés general, por lo tanto, sería más razonable proponer y aprobar, en primer lugar y con el consenso unánime de todos los Estados miembros, una primera lista restringida y luego, en un segundo momento, ampliar dicha lista gradualmente concentrándose, por consiguiente, en una primera etapa en los delitos de terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de droga, tráfico de armas, trata de seres humanos y abuso de menores. 
Señor Presidente, desde luego que deben adoptarse medidas contra el terrorismo, es evidente. 
Sin embargo, si recapacitamos un poco, resulta interesante a propósito de esto observar que la mayoría de países cuenta con suficientes normas. 
Añádase a esto que podría pensarse en ampliar la obligación recíproca de entregar a criminales buscados, pero esto sería bastante más restrictivo que lo aquí prescrito. 
Con esta introducción quiero decir que me resulta difícil encontrar palabras suficientemente fuertes para expresar mi distanciamiento de las propuestas que tenemos aquí. 
Este distanciamiento no lo manifiesto sólo como político, sino ante todo como experto jurídico. 
Sostengo que será sumamente complicado encontrar una organización de juristas o de abogados en los países miembros que se sume a estas propuestas. 
Todas albergan mayores o menores reparos y varias manifiestan muy claramente su rechazo, pues será el fin el que acabe justificando los medios y los medios que se emplearán supondrán una violación de ideales fundamentales de seguridad jurídica, ante lo que, por ejemplo, el Consejo Danés de la Abogacía se ha pronunciado muy claramente en contra. 
Pienso que esta reacción provocada por el pánico ha supuesto que estas propuestas fueran tramitadas con un abandono absolutamente escandaloso de todo requisito elemental de un análisis normal. 
Estas reformas jurídicas fundamentales, que forman parte del género legislativo más complicado, se llevan a cabo con un procedimiento de consulta detallado sin que se haya emprendido ningún debate sustancial al respecto y a causa de- sí, discúlpeme, señor Comisario- unos preparativos insuficientes, por decirlo suavemente. 
Esto me recuerda de modo inquietante un "robo de cadáver" político y es una violación de exigencias elementales en materia de seguridad jurídica. 
Señora Presidenta, es necesario y urgente armonizar las normas judiciales, pero quiero llamar la atención de la Presidenta y de sus Señorías sobre la necesidad de armonizar asimismo- de lo contrario, no sirve de mucho armonizar las normas judiciales- las funciones de los servicios de inteligencia y de lucha contra el terrorismo. 
La actualidad demuestra lo muy necesario que es esto, más allá de las muchas argumentaciones que hemos escuchado por parte de los distintos colegas pertenecientes a las formaciones de izquierda, los cuales tienden a hacernos olvidar la peligrosidad de los elementos de conexión y de operatividad del terrorismo. 
De hecho, por citar un ejemplo, las revelaciones publicadas hoy en el diario italiano La Repubblica sobre la cesión de importante material nuclear que formaba parte de la dotación en poder del régimen de Mobutu, plantean graves escenarios en relación con estos tráficos que se han llevado a cabo, y que quizás aún se están llevando a cabo mientras estamos hablando, en los Estados de la Unión Europea. 
Es increíble la historia de esta negociación que tenía como protagonista a un exdirigente gubernamental que circulaba libremente por Europa aprovechando su condición de refugiado político. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en realidad es un hecho trágico que haya sido necesario que ocurriera un suceso tan dramático como los ataques terroristas de Nueva York y Washington para despertar de su sopor a Europa y en particular al Consejo Europeo. 
Yo me alegro, no obstante, de que esto por fin haya sucedido, y además con tanta rapidez, y se haya logrado completar en un plazo muy breve un paquete contra el terrorismo. 
Éste abarca desde el blanqueo de dinero, pasando por la congelación de cuentas bancarias, hasta las medidas que hoy se debaten. 
Me congratulo de que el terrorismo se defina como un delito en los quince Estados miembros y no sólo en 6 como hasta ahora, de manera que sea posible su persecución. 
Me congratulo de que un día podamos contar, eso espero, con la orden de busca y captura europea. 
Confío en que las animosidades nacionales no vuelvan a provocar el aplazamiento de esta orden de busca y captura europea, tan urgentemente necesaria. 
¡Sólo tienen que recoger la propuesta del Parlamento! Yo creo que adoptamos una posición muy adecuada al respecto. 
Yo me alegro de que Eurojust también se haga realidad y al mismo tiempo avancemos un paso más en la dirección adecuada con la ampliación de sus competencias a la lucha contra el terrorismo. 
Todo ello es muy positivo pues indica a los ciudadanos el valor añadido que puede ofrecer la Unión Europea. 
Yo pido, no obstante, que se concreten los aspectos que todavía quedan pendientes en determinados ámbitos. 
Por ejemplo, es preciso exigir por fin a los Estados miembros- y con consecuencias en caso de incumplimiento- que transmitan la información a Europol, que se establezca una coordinación óptima entre Eurojust y Europol, y que se introduzcan un control y un seguimiento parlamentarios adecuados.. 
El Parlamento ha presentado excelentes propuestas en este sentido y yo felicito al ponente y también a todo el equipo de ponentes "en la sombra". 
Espero que su excelente trabajo también obtenga un pleno apoyo mañana. 
A raíz de los atentados del 11 de septiembre no podíamos por menos que reforzar también la política antiterrorista europea. 
Por lo tanto, la propuesta de la Comisión sobre la tipificación y las sanciones aplicables a los actos terroristas merece nuestro apoyo. 
Sin embargo, estoy menos entusiasmada con la propuesta de la Comisión sobre una orden de busca y captura europea de alcance general en la que se suprime el requisito de la doble incriminación a todos los niveles. 
Me parece que va demasiado lejos, y eso por diversas razones: obliga a los países que aplican un Derecho penal más tolerante a ponerse a la defensiva, aparte que en estas condiciones el procedimiento judicial no ofrece suficientes garantías. 
El ámbito de aplicación propuesto ya no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo. Por eso mismo, la enorme presión política y el ritmo vertiginoso de la toma de decisiones no están en absoluto justificados. 
La presente propuesta causa una verdadera revolución en la aplicación del Derecho penal a escala nacional y europea, por lo que merece unas decisiones bien meditadas y transparentes precedidas de un debate público satisfactorio. 
Es más, en realidad el Parlamento está obligado a evaluar una propuesta de la Comisión que ya ha sido modificada profundamente por el Consejo: una lista positiva en lugar de una lista negativa, y todo ello a puerta cerrada. 
Aunque podamos esperar y confiar en que el debate celebrado en el Consejo conduzca a un compromiso aceptable, nadie nos lo garantiza, aparte de que lo que se vota mañana no es eso. 
Por ello, consideramos que el presente debate plenario y la votación tal y como se plantea en este momento son en cierto modo absurdos e incluso prematuros. 
Por esa razón las delegaciones del Partido Laborista PvdA de los Países Bajos se abstendrán en la votación de mañana sobre la propuesta de la Comisión acerca de la orden de busca y captura europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, pronunciaré un punto de vista distinto al anterior: los miembros de la Alianza Libre Europea aprobarán las medidas propuestas en el ámbito de la lucha antiterrorista. 
Somos partidarios de que se refuercen las medidas penales destinadas a combatir el terrorismo. 
Puntualizamos, sin embargo, que la tipificación del concepto de terrorismo debe definirse tal y como propone el Parlamento Europeo, ya que, pese a todo, albergamos cierto recelo. 
No olvidemos las cuestiones de orden sobre el trainspotting y el planespotting de los griegos y sobre las personas que están en prisión por causa de ello. 
Ustedes dirán que esto no tiene nada que ver, pero no cabe duda de que el sentido de la justicia difiere considerablemente de un país a otro. 
Del mismo modo me inspira cierta desconfianza la facilidad con la que algunos aplican el término terrorismo a cualquier cosa. 
A algunos representantes de la Alianza Libre Europea les resulta más difícil aceptar la orden de busca y captura europea: en este caso nuestra aprobación está sujeta a una serie de condiciones manifiestas. 
Las garantías exigidas por nosotros se recogen en las enmiendas del Parlamento Europeo. Esperamos que se aprueben, puesto que las consideramos como un mínimo absoluto. 
Si el Consejo se niega a incorporarlas, rectificaremos nuestra opinión y convenceremos a nuestros colegas de los parlamentos nacionales de que hace falta una mejor protección de las libertades de los ciudadanos para garantizar un procedimiento judicial correcto. 
Para nosotros se trata de condiciones mínimas. Ahora bien, después de haber escuchado las comunicaciones del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario Vitorino confiamos un poco más en que las cosas pueden ir por buen camino. 
Obviamente, es importante que se creen las condiciones necesarias para que podamos seguir adelante con la armonización de la legislación, con los procedimientos judiciales europeos designando a un Fiscal europeo, etcétera. 
Hay quien defiende que el método comunitario debe extenderse al tercer pilar y tal vez tengamos que optar con más ahínco por esta vía. 
No permitiremos que se amordace o se reprima a la oposición democrática en nombre de la lucha contra el terrorismo ni que se socaven las acciones de los sindicatos, asociaciones y organizaciones. 
Por otra parte, queremos avanzar en la lucha contra la delincuencia internacional organizada. 
Personalmente he vivido situaciones desesperantes en las que se luchaba por la entrega de personas de las que se sabía a ciencia cierta que habían cometido delitos. 
Por todo ello, estoy dispuesta a respaldar la presente iniciativa, aunque sin perjuicio de las reservas que he formulado antes. 
Señora Presidenta, yo también deseo unirme a aquellos que han manifestado su satisfacción por la oportunidad de celebrar este debate. 
El escaso tiempo de que disponemos no nos permitirá entrar de lleno en todas las complejidades y pormenores. 
No obstante, puedo decir de entrada que todos y cada uno de nosotros hacemos causa común en la lucha contra el terrorismo y cualquier forma de violencia con fines políticos o de otro tipo. 
En este sentido, nos gustaría apoyar la coordinación y cooperación entre los Estados miembros en la protección de los derechos e intereses de cada uno de los Estados miembros y de la Unión Europea en su conjunto, así como de sus 370 millones de ciudadanos. 
En la Cumbre de Tampere dimos el primer paso hacia ese proceso. 
No obstante, lo que hoy tenemos aquí ante nosotros respecto a la orden europea de detención y entrega representa una injerencia grave y una alteración de los códigos penales nacionales y de los derechos civiles y de protección de que goza cada individuo en el seno de todos los Estados miembros. 
Es un error llegar tan lejos y tan deprisa, sin comprender debidamente o reconocer plenamente las diferencias que existen entre los diferentes códigos penales en el seno de la Unión Europea. 
Por consiguiente, quisiera instar a todos los diputados a que apoyen las enmiendas que mis colegas y yo hemos presentado, en particular, las enmiendas 92 hasta 101, que establecen, en primer lugar, el requisito de una revisión judicial o el derecho de apelación contra la orden de detención en la fase de ejecución así como de emisión, en segundo lugar, una lista común de delitos flagrantes, que deberá ser elaborada y no ser utilizada como impedimento, en tercer lugar, la no injerencia en la ley sobre el riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito, en cuarto lugar, la presentación de pruebas a primera vista antes de que pueda aplicarse la orden de detención, y por último, la garantía de celebración de juicio sin pérdida de tiempo en el que se dicte la orden de arresto. 
He representado a electores en otros Estados miembros de la Unión Europea en los que se les ha mantenido detenidos sin juicio durante dos años, sin que pudieran acogerse al habeas corpus y sin ninguna oportunidad de denunciar su caso. 
Por último, respecto al paquete global sobre la lucha contra el terrorismo, debemos garantizar el respeto de los derechos y las libertades fundamentales. 
No basta con que el Sr. Comisario diga que tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales: es sólo una decisión política no vinculante legalmente. 
Todos los Estados miembros han suscrito el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos que establece disposiciones específicas que afectan a todas las personas. 
Observo que un Estado miembro, apenas la semana pasada, no ha tenido la menor consideración de los derechos y las libertades de las personas. 
Nosotros, como Parlamento Europeo y representantes de un organismo transnacional, no deberíamos permitir que esa situación continúe. 
Quisiera aprovechar el breve tiempo de intervención de que dispongo para resaltar la difícil situación de las víctimas del terrorismo que caen en el olvido con demasiada rapidez. 
Estuve en casa de una de mis electoras el otro día, una mujer que ha perdido a su marido, asesinado por terroristas del IRA, porque pertenecía al ejército. 
Cuando por fin obtuvo una indemnización para sus tres hijos- chicos de corta edad- le ofrecieron la mísera suma de unos cuantos cientos de libras por cada hijo. 
Podría continuar enumerando una triste letanía del trato que reciben las víctimas del terrorismo. 
Este Parlamento debería reconocer que esas personas deben recibir un trato especial. 
Los gobiernos responsables deberían garantizar que se les dispensa dicho trato para paliar el terrible daño que han sufrido y el dolor que deben soportar. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que es muy difícil hablar en tan poco tiempo de cuestiones tan delicadas; sin embargo, quiero decir que, a diferencia de lo que he oído de boca de muchos oradores, es verdad que tras el 11 de septiembre hemos subido la guardia y hemos elaborado una serie de medidas entre las cuales se cuentan las que estamos debatiendo esta tarde. 
El año pasado, no obstante, creamos Eurojust y, como se ha recordado, ya emitimos una importante opinión con el fin de que éste pudiera armonizar la cooperación judicial dentro de Europa. 
Hoy damos un paso adelante, damos un salto cualitativo para sentar las bases de una futura fiscalía europea, motivo por el cual considero que todo esto avanza en un espacio jurídico más importante, que no es un espacio represivo, Sr. Vitorino, sino un espacio de libertad. 
Creo que usted se ha inspirado en estos principios y creo que es un hecho fundamental, acerca del cual estamos a punto de expresar una opinión y respecto al cual consideramos que puede haber, sin duda, una apertura hacia todo este mundo de la cooperación y esta solidaridad. 
Obviamente, existen problemas específicos y, obviamente, se refieren a la orden de detención y entrega, sobre la cual debemos reflexionar atentamente. 
Estimo que sólo la superficialidad y la irresponsabilidad del Sr. Di Lello pueden sembrar dudas sobre el Gobierno italiano de una manera tan rápida. 
Creo que esto no es justo. 
Las figuras jurídicas tienen su propio procedimiento judicial y nosotros estamos perfeccionando este Derecho procesal europeo, este espacio europeo; sin embargo, evidente y prudentemente, no debemos elaborar una lista de delitos, porque siempre podríamos ir añadiéndole otros y cada lista de delitos, evidentemente, es siempre insuficiente. 
Debemos saber que existen delitos transnacionales, que existe un delito de terrorismo internacional, Sra. Presidenta, delicado, importante y dramático en la sociedad actual: a este fin, lo único y lo primero que debemos hacer es coordinar las actividades. 
El Derecho procesal italiano, por ejemplo, tiene unas particularidades y confiamos en que haya una unanimidad razonada y activa en el seno del Consejo. 
Yo sí celebro que hoy, por fin, tratemos estos dos informes: el informe Watson y el informe Gebhardt, aunque haya sido como consecuencia de los desgraciados acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos. 
Pero creo que estamos ante una oportunidad. 
Podemos lograr un avance importantísimo, un paso de gigante en el cumplimiento de los acuerdos de Tampere y en la creación del espacio europeo de libertad, justicia y seguridad que todos deseamos, respetando el equilibrio entre libertad y seguridad, que a nadie le quepa duda. 
Y lo más importante, podemos conseguir aportar nuestro granito de arena en la solución de este difícil, complejo y doloroso problema que nos azota, que no conoce fronteras y que es el terrorismo. 
El Parlamento hizo su trabajo antes del 11 de septiembre y ahora también: me refiero a la Resolución que aprobamos el pasado 5 de septiembre. 
La Comisión ha demostrado tener rapidez de reflejos y eficacia proponiendo las decisiones marco que hoy debatimos. 
Esperamos que el Consejo Europeo también esté a la altura de las circunstancias y tome las decisiones adecuadas en la línea que ha marcado la Comisión y que este Parlamento está marcando hoy, y que en la Cumbre de Laeken, responda a la demanda ciudadana de acotar cada vez más el campo de actuación de los terroristas y del terrorismo en general, a pesar de las complicaciones técnicas, y de castigar adecuadamente a los culpables que tanta sangre inocente han derramado y tantas vidas han segado cruel e inútilmente. 
Señora Presidenta, cuando debatíamos el Convenio de Schengen, una de las objeciones más frecuentes era que las fronteras habrían detenido a los policías y a los jueces pero no habrían detenido a los criminales. 
Era una objeción lógica, a pesar de que el Convenio de Schengen ha supuesto un avance. 
Pues bien, los instrumentos que ahora el Consejo está a punto de aprobar, en particular la orden de detención europea, son la respuesta a aquellas objeciones. 
Por fin las fronteras ya no detendrán a los jueces y a las fuerzas de policía. 
Por esto, lo considero un gran avance en la integración europea y es por esto que encuentro francamente incomprensible la posición del Gobierno italiano que manifiesta algunas perplejidades frente a la inclusión de delitos, sobre todo delitos financieros, en esta lista. 
Espero que la posición del Gobierno se revise en estos días e invito a la Comisión y al Consejo de Ministros a que avancen por esta vía que me parece muy correcta, ya que todas las investigaciones pasan por estos delitos. 
Entre otras cosas, recuerdo que ya en el mes de julio este Parlamento aprobó casi por unanimidad- y, Sr. Gargani, también el grupo de Forza Italia la votó- la otra moción Watson en la que se invitaba al Consejo a que adoptara una decisión que incluyera una orden de busca y captura europea también respecto, lo subrayo, de la corrupción y del fraude. 
Por lo tanto, ya existe un precedente, pero, aparte de esto, creo que éste es el camino correcto para la seguridad italiana y para la seguridad europea. 
Señora Presidenta, vengo de un país aturdido por el más atroz horror totalitario, aquél que pretende extender el terror ejecutando a no importa quién de una manera absolutamente implacable. 
Puedo decir con orgullo, mirando a mi compañera Bárbara Dührkop, y a tantas víctimas, y casi con emoción, que en mi país nadie ha caído en la tentación de establecer o de pedir medidas de emergencia. 
Lo que nadie ha comprendido nunca y no ha podido tolerar nunca en ese mismo país es que a los asesinos, una vez que cruzan una frontera que ya no existe, deje de perseguírseles con la misma fuerza con que se les persigue en aquel territorio. 
No hay, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, ningún motivo técnico que pueda justificarlo y no se puede explicar a ningún ciudadano de la Unión que por razones técnicas no se puede avanzar en el camino de perseguir el terror y el crimen. 
Una definición común del delito de terrorismo y unas sanciones comunes son una necesidad para evitar, como hemos oído decir tantas veces al Comisario, paraísos judiciales en Europa. 
Y son, además, un mensaje político claro del empeño de la Unión en este terreno. 
Lo mismo podemos decir de la propuesta de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales que hemos convenido en llamar orden de busca y captura europea. 
Apoyamos la superación de la extradición entre Estados miembros y la supresión de la doble incriminación, tal como la desarrolla la Comisión. 
Y espero que el Consejo tenga este deseo del Parlamento en cuenta. 
Creo, señora Presidenta, que extender la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo y contra el crimen es el modo de aumentar la eficacia sin menoscabar, en absoluto, la libertad que los terroristas y los criminales pretenden liquidar. 
. 
(FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señor Comisario, desearía ante todo reparar un olvido en relación con mi presentación. 
Este olvido ha sido no haber dado las gracias y felicitado a los ponentes por el excelente trabajo que han realizado. 
Deseo, pues, repararlo ahora. 
Creo que el debate que hemos oído ilustra muy bien la dificultad del ejercicio- si puedo llamarlo de esta manera -, del trabajo al que nos enfrentamos y que consiste en acoger favorablemente lo que acaba de manifestar la Sra. Terrón i Cusí, es decir: los terroristas no poder gozar de la libertad para cometer los crímenes atroces que han cometido, pero, al mismo tiempo, hay que procurar que las libertades fundamentales, que todos reconocemos, sean igualmente respetadas. 
Ahí reside la dificultad del trabajo que debemos realizar. 
He tratado de explicarles dentro de qué espíritu lo enfocamos y que tenemos en mente esa doble preocupación de trabajar rápidamente, pero no de manera negligente, de acoger también favorablemente el respeto, que debe ser continuo, de nuestras libertades fundamentales, incluyendo el derecho de defensa para los incriminados, incluyendo los derechos de las víctimas, ya que también ellas deben ser objeto de toda nuestra atención y de todas las preocupaciones; tratamos de combinar todo eso, y, naturalmente, no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta, como ustedes saben, como se ha recordado en este debate, tanto las tradiciones jurídicas como judiciales de los diferentes Estados miembros, que, además, no son las mismas. 
También en este caso es necesario conciliar todos estos aspectos. 
Puedo decirles, y esta será mi consideración final, que seguiremos manteniendo esa doble preocupación en la mente, y basándonos en esta doble preocupación trataremos- naturalmente, con el apoyo y la dirección de la Comisión- de llevar a buen término nuestros trabajos. 
Finalmente, si es preciso, deseo volver a confirmar, como ya lo había hecho durante mi exposición introductoria, que, evidentemente, procuraremos que las acciones emprendidas en el marco del ejercicio de derechos políticos y de derechos sindicales no puedan en ningún caso ser calificadas de actos terroristas, y, por lo tanto, constituir motivo para la puesta en marcha de estos nuevos mecanismos en los que trabajamos. 
. 
(FR) Señora Presidenta, dos palabras para decir al Sr. Krarup "no", que nosotros no hemos actuado precipitadamente; hemos realizado un trabajo que nos ha llevado más de un año acabar, hemos consultado a expertos nacionales, a profesores de universidad. 
Siempre hemos escuchado a los expertos. 
No se puede decir que nuestra propuesta sea una propuesta que no hemos reflexionado. 
Lo rechazo formalmente. 
En segundo lugar, no hay motivo para temer, señoras y señores diputados. 
La definición de terrorismo, como la Sra. Ministra acaba de decirlo, es una definición que está siendo mejorada en los trabajos del Consejo. 
Ésta se ajusta a la línea del Convenio del Consejo de Europa de 1977. 
Es totalmente coherente con la propuesta india que ahora se discute en las Naciones Unidas en Nueva York, y puedo asegurarles que en los considerandos está absolutamente claro que en el ámbito de actividades terroristas no se incluyen ni las manifestaciones antiglobalización ni la acción sindical. 
Es una evidencia que calificaría de cartesiana. 
Lo comprobarán en los textos. 
Finalmente, la Comisión tiene la conciencia absolutamente tranquila. 
Entendemos la dificultad política e incluso el drama político que representa este enorme paso adelante que damos para convertir a Europa en un espacio de libertad, seguridad y justicia, y que, finalmente, es necesario ser fieles- y estoy seguro de que seremos fieles- a los valores del respeto del Estado de Derecho y de las libertades fundamentales de los ciudadanos; pero al mismo tiempo la libertad, la autoridad de la libertad, consiste en ser firmes en la lucha contra el crimen y el terrorismo, y también seremos firmes en la lucha contra el crimen y el terrorismo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Seguridad de la aviación civil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0415/2001) , del Sr. Foster, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil (COM (2001) 575- C5-0481/2001- 2001/0234 (COD)) 
. (EN) Señor Presidente, los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados Unidos han dado un nuevo impulso al reforzamiento de las disposiciones sobre la seguridad de la aviación civil. 
El Consejo Europeo, que se reunió el día siguiente de los ataques terroristas contra los Estados Unidos, pidió al Consejo de Transportes que evaluara las medidas que debían adoptarse para mejorar la seguridad de la aviación y que completara su examen de aquéllas ya propuestas. 
La propuesta de reglamento era bastante sencilla y ha sido modificada. 
Por otra parte, hemos podido saber que el anexo técnico adjunto, el documento 30, basado en la Conferencia Europea de Aviación Civil- o CEAC- había vencido. 
Aunque el Parlamento ha respondido con celeridad al desafío, creemos que esto no debería significar una merma del control parlamentario y nos reservamos el derecho a modificar en segunda lectura el anexo revisado al presente reglamento adoptado por el Consejo en su posición común. 
Me he reunido con representantes del Consejo y de la Comisión y he realizado una amplia consulta al sector. 
Debido a las dificultades relativa al anexo, como he mencionado antes, opté por seguir adelante con el informe en los siguientes términos: trabajar con la propuesta de reglamento y el anexo sin modificar el anexo original tal y como lo recibió el Parlamento, pero reservándonos el derecho a una segunda lectura después de la posición común adoptada por el Consejo. 
Esta opción es conforme con los procedimientos establecidos y garantiza un control parlamentario adecuado. 
El proyecto de reglamento es relativo, principalmente, al control de acceso y al equipaje de pasajeros, así como al control de carga en tierra en aeropuertos, y está recogido en su totalidad en mi exposición de motivos. 
Su alcance no abarca la seguridad a bordo, aspecto que posiblemente deberá ser abordado en un futuro. 
Las normas técnicas propiamente dichas son las que aprobó la CEAC en 1992 en el documento 30 (parte 2) , relativas a cuestiones de seguridad, y revisadas en enero de 2001 y, como se ha mencionado, en estos momentos están siendo actualizadas. 
La CEAC reúne a 38 Estados Europeos, incluidos todos los Estados miembros de la UE. 
Conviene señalar al Parlamento que este acuerdo alcanzado entre 38 países sentará un precedente, porque será la primera vez que el acuerdo será vinculante para sus partes contratantes. 
El documento 30 se había utilizado anteriormente sólo con carácter de orientación general. 
A raíz de la resolución común que el Parlamento aprobó en la última sesión plenaria sobre el tema de la aviación, los ámbitos clave para introducir enmiendas a este texto son los siguientes: primero, los Estados miembros asumen la responsabilidad de los costes adicionales en materia de seguridad a la luz de los ataques terroristas; segundo, las inspecciones de aeropuertos deben realizarse sin previo aviso si queremos que los aeropuertos sean inspeccionados en sus autenticas condiciones de funcionamiento; tercero, los Estados miembros asumen la responsabilidad de ayudar a los empleadores en el control del personal responsable de todas las tareas relacionadas con la seguridad, entre otros motivos, porque los empleadores no siempre tienen derecho a acceder a los datos del personal como consecuencia de las estrictas leyes sobre la protección de la intimidad; cuarto, cuando se haga un requerimiento de modificaciones estructurales en aeropuertos, éstas deberán aplicarse en el plazo de seis meses; y quinto, que se formule un procedimiento, como es actualmente el caso de la CEAC, que permita el libre acceso del sector a la Comisión de Comitología sin que las estructuras jurídicas en vigor representen ningún problema. 
Asimismo, sobre una cuestión general, pedimos una cooperación mas eficaz en el ámbito del intercambio de información con fines de seguridad. 
Para terminar, todos conocemos las consecuencias catastróficas que el 11 de septiembre ha tenido para el sector de la aviación y del turismo. 
Ya se han perdido en todo el mundo unos 200.000 puestos de trabajo relacionados directamente con dichos sectores, 30.000 de ellos solamente en la UE, y esto no es más que la punta del iceberg. 
Las grandes empresas no han sido las únicas afectadas, sino también miles de pequeñas empresas, como los clubes pequeños de aviación que entrenan a los pilotos del mañana. 
Compañías aéreas, fabricantes, hoteles, el sector de transportes, todos ellos dependen de que encontremos una solución a este problema. 
El presente informe no es la única solución, pero es un paso en la dirección acertada a condición de que los Estados miembros reconozcan su deber moral de proteger a sus ciudadanos y asuman su responsabilidad de contribuir a la financiación de estas medidas adicionales de seguridad. 
Es evidente que deben adoptarse medidas urgentes para restablecer la confianza del público lo que, a su vez, favorecerá al sector de la aviación civil, al turismo y a la Unión Europea en su conjunto. 
Señor Presidente, evidentemente mi Grupo está dispuesto a agilizar la elaboración de normas comunes para la seguridad de la aviación civil: después de los acontecimientos del 11 de septiembre ni siquiera hace falta explicar por qué. 
Nuestras observaciones se ciñen a los cuatro puntos formulados en nuestras enmiendas. Estimamos importante que se tengan en cuenta los intereses del sector, prestando especial atención a la seguridad y el justo reparto de las cargas y los costes correspondientes. 
En primer lugar tenemos que poner todo nuestro empeño en alcanzar el máximo nivel de seguridad por lo que se refiere a la protección de los aeropuertos y dentro de los aeropuertos. 
Es lo mínimo que los ciudadanos pueden exigirnos. 
En segundo término, es imprescindible que las medidas complementarias que sin duda se adoptarán más en adelante se contrasten con la aplicación de la presente normativa. 
En otras palabras, hemos de cerciorarnos de que las propuestas surtan el efecto deseado en la práctica. 
En tercer lugar, la Comisión debe averiguar en colaboración con la CEAC y la OACI si los aeropuertos de terceros países, es decir, los aeropuertos que no caen en el ámbito de aplicación de la presente normativa, reúnen las condiciones de seguridad básicas, puesto que es previsible que, de producirse fallos en el nuevo sistema, éstos tengan su origen en esos aeropuertos. 
Sé por experiencia propia que en Albania se puede entrar en el avión sin pasar previamente por un detector de explosivos. 
La cuarta y última cuestión es que hacen falta normas uniformes para la financiación de las medidas propuestas a fin de evitar la competencia desleal. 
Cabe la posibilidad de conceder ayudas públicas siempre y cuando esta ayuda esté directamente relacionada con los gastos ocasionados por la presente normativa. 
Por supuesto hay que demostrar que resulta imprescindible. 
También somos partidarios de que el propio sector, tanto los operadores como los usuarios, carguen con parte de los gastos. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento, el Consejo y la Comisión coinciden en su afán `por señalar que es necesario mejorar la seguridad de la aviación. 
Los debates, que en seguida se iniciaron, también han demostrado que existe un pleno acuerdo en cuanto a la orientación de fondo. 
Los sucesos del 11 de septiembre evidenciaron, obviamente, deficiencias adicionales que es preciso contemplar con independencia de los problemas estructurales, que muchas compañías aéreas ya tenían con anterioridad. 
No se deben mezclar ambas cosas. 
Nosotros pensamos que es necesario mejor la seguridad en todos los ámbitos relevantes, esto es, en los aeropuertos, en las fases previas al despegue, en la facturación de equipajes y también en los aviones. 
Mi Grupo y yo personalmente también opinamos que, puesto que la seguridad es un asunto de interés público y debe estar garantizada para todos los ciudadanos que hagan uso de los servicios de las compañías de aviación, el erario público también debe contribuir a financiar los costes asociados al incremento de la seguridad. 
Para ello es preciso establecer, obviamente, un procedimiento único a escala europea, pues de lo contrario no resolveríamos el problema y se generarían, además, distorsiones de la competencia si todos los costes se hiciesen recaer de nuevo únicamente sobre los aeropuertos o las compañías de aviación. 
Esta Asamblea siempre está debatiendo en términos generales sobre la liberalización y ahora queremos mejorar también con fondos públicos la seguridad en este sector liberalizado. 
Esto exige, naturalmente, un debate general sobre los criterios que se pueden y se deben aplicar para poder intervenir con fondos públicos en los mercados liberalizados. 
. Gracias, señor Presidente, señorías, permítanme en primer lugar que exprese mi agradecimiento a la Cámara, a la Institución, por incluir el tema de la seguridad de la aviación civil en el orden del día de esta sesión plenaria. 
Quiero agradecer, por lo tanto, la celeridad, la rapidez, para tratar este asunto, debido a las urgencias planteadas por la situación general. 
Felicito a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por concluir su primera lectura de la propuesta de la Comisión en tan poco tiempo, porque además, aunque han tardado poco, eso no ha ido en detrimento de la calidad del trabajo realizado, y en ese sentido quiero agradecer muy especialmente a la Sra. Foster, como ponente de esta iniciativa, el excelente trabajo que ha realizado a pesar de la urgencia, de la falta de tiempo y, además, escuchando atentamente a los sectores implicados, lo cual es la mejor manera de actuar. 
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la necesidad de dar una respuesta inmediata, considerando el mandato del Consejo Europeo del 21 de septiembre pasado, nuestro objetivo era alcanzar un acuerdo antes de fin de año. 
En su informe, la Sra. Foster, reconoce plenamente la necesidad de reforzar de forma armonizada los requisitos de seguridad aplicables a la aviación civil, después del 11 de septiembre. 
Me complace señalar que la Comisión está de acuerdo, en términos generales, con el informe, ya que da apoyo a nuestra intención de introducir normas de seguridad para la aviación civil, comunes en la Unión Europea, y de establecer un sistema de inspección comunitario dirigido a comprobar la eficacia y uniformidad de las mismas, y, por lo tanto, insisto, a reforzar las medidas de seguridad que, como señalaba el Sr. Wiersma o el Sr. Markov, son medidas absolutamente necesarias y urgentes. 
En lo que se refiere a las modificaciones propuestas, la primera parte de la enmienda 14, referida a la introducción paulatina de determinadas medidas de seguridad, se acepta en principio, aunque las medidas afectadas y el calendario debiéramos ajustarlos un poco. 
Una serie de enmiendas están dirigidas a garantizar que parte de los costes de aplicación de las medidas de seguridad esté cubierta por los Estados de la Unión, sobre una base permanente o temporal. 
Respecto a estas enmiendas, las número 1, 6, 10, 11, 15, 19, 21 y 22, la Comisión participa plenamente de su espíritu, y puede aceptarlas en principio, aunque plantean un importante tema relacionado con la modalidad de financiación de las medidas de seguridad. 
Tenemos que ver qué redacción habría que darles para que fueran asumidas por la Comisión. 
Hoy en día la situación puede variar de un país a otro, o incluso de un aeropuerto a otro, sin embargo, la Comisión no cree que este factor pueda mejorar la eficacia de las medidas de seguridad. 
Cuando la Comisión indicó en su Comunicación, del 10 de octubre, sobre el impacto económico de los ataques terroristas, que se podría considerar positivamente la posibilidad de financiación con fondos públicos de medidas de seguridad adicionales, lamentablemente, tengo que decirlo, señorías, en el Consejo la acogida no fue nada entusiasta, por decirlo suavemente. 
Dicho francamente, fue poco respaldada por la mayoría de los Estados de la Unión. 
Por tanto, tal referencia en el presente Reglamento sé que provocará serias dificultades en el Consejo, aunque, insisto, participamos de la posición del Parlamento, porque sabemos la crisis enorme que atraviesa el sector de la aviación europea en este momento. 
Sector que además tiene que enfrentarse a la competencia, yo creo que desleal, en muchas ocasiones, de las compañías norteamericanas que se están beneficiando de ayudas directas importantes, suministradas por la Administración de dicho país. 
Es posible también que la financiación de las disposiciones que no están directamente relacionadas con la mejora de la seguridad, no se incluya en este Reglamento. 
Sin embargo, con vistas a encontrar una salida al importante problema de financiación de medidas adicionales, insisto, estoy dispuesta a comprometerme a analizar la necesidad de armonización de la organización y financiación de los controles de seguridad de los Estados de la Unión, considerando lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y a hacer las propuestas necesarias para tener en cuenta el resultado de dichos análisis. 
Con tal actuación, la Comisión tendría en consideración la opinión manifestada por este Parlamento mediante las diferentes enmiendas que seguro que aprobará mañana. 
Por lo que se refiere a la enmienda nº 7, que sugiere la supresión de un mecanismo de control comunitario dirigido a comprobar la proporcionalidad y justificación de medidas de seguridad de la aviación civil, más estrictas, adoptadas por los Estados, la Comisión debe rechazar esta enmienda, aun cuando el Parlamento y el Consejo son de la misma opinión. 
Creemos que es legítimo acordar a la Comisión el poder de evitar restricciones artificiales justificadas por razones económicas. 
La enmienda nº 9 sugiere que se comunique a cada compañía aérea los resultados de los informes de inspección comunitarios. 
Dichos informes contienen, señorías, información general sobre la aplicación del Reglamento por parte de los Estados de la Unión, y sobre el funcionamiento de su propio sistema de control de calidad y su capacidad de detectar deficiencias. 
Sin embargo, no mencionan detalles tales como la indicación del nivel de riesgo y su evolución respecto a cada compañía aérea, y por lo tanto, comunicar estos informes no contribuirá a mejorar la seguridad individual, y en ese sentido, la Comisión no puede aceptar el contenido de esta enmienda. 
Hay otras enmiendas que también se han rechazado, porque comportan problemas legales, como es el caso del último párrafo de la enmienda 14, de la enmienda 5, que cambia las normas de referencia producidas por una organización externa, la CEAC, de la enmienda 12, que es contraria a los procedimientos de comitología, y de la enmienda 17, que retrasaría la entrada en vigor del Reglamento, condicionándola a un estudio sobre su impacto, sin indicación sobre la decisión final. 
Por lo que se refiere al resto de las enmiendas, refuerzan o aclaran el texto, y la Comisión puede aceptarlas, con ligeros cambios de redacción. 
La Comisión también podría aceptar la enmienda nº 20, matizando que sería complicado llevar a cabo sus efectos extraterritoriales, basándose en controles bilaterales o multilaterales. 
Señor Presidente, señorías, la Comisión no ha escatimado ningún esfuerzo para intentar lograr, facilitar, un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento en primera lectura, sobre un tema tan importante y sobre todo tan urgente. 
Me temo que esto no va a ser posible dada la falta de acuerdo previo a la votación de mañana. 
No obstante, creo que en breve tiempo, para el mes de marzo, podríamos estar en la situación de disponer del texto, con un pequeño retraso, pero que si ello redunda en una mayor calidad del texto y de las propuestas, tampoco es una cuestión tan dramática, teniendo en cuenta que parte de las medidas aquí contempladas se están empezando a aplicar directamente por los Estados de la Unión. 
Felicito de nuevo a la Sra. Foster. 
Agradezco de nuevo a esta Cámara la urgencia y el esfuerzo dedicado a esta medida, que es clave, y espero que en el mes de marzo tengamos ya definitivamente un acuerdo completo entre todas las instituciones. 
Muchas gracias, señora de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Intereses financieros de las Comunidades 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0390/2001 de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad (COM (2001) 272- C5-0225/2001- 2001/0115 (COD) ); 
A5- 0393/2001 del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe anual de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude (COM (2001) 255- C5-0469/2001- 2001/2186 (COS) ) y sobre la Comunicación de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude- Plan de acción para 2001-2003 (COM (2001) 254- C5-0470/2001- 2001/2186 (COS)) 
. (DE) Señor Presidente, la protección de los intereses financieros de la Comunidad es un concepto de difícil comprensión para el ciudadano de la calle. 
Sin embargo, le afecta muy directamente, en su calidad de contribuyente que aporta su dinero para la construcción y desarrollo de una Europa unida, pero no para su uso indebido o fraudulento y otras actividades delictivas. 
Está autorizado a exigir, con razón, que las instituciones europeas a las que confía su dinero sean escrupulosas en su manejo y que si se comete algún fraude, lo descubran y lo castiguen. 
Nuestro cometido debe ser responder con todos los medios a esta confianza del ciudadano. 
Hasta ahora estos medios han resultado ser, no obstante, armas romas y las pérdidas de fondos comunitarios como resultado de acciones delictivas van en aumento, como demuestran los datos, que indican que éstas se han duplicado hasta superar los 2.000 millones de euros en el último año. 
Por lo demás, las cantidades no detectadas son seguramente aún más elevadas. 
A pesar de los progresos en la detección del fraude, la cooperación transfronteriza en materia judicial sigue estando muy rezagada con respecto a la delincuencia transnacional organizada. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento han venido lamentándose durante muchos años esta situación, pero hasta ahora se había hecho muy poco o nada para remediarla- El Convenio sobre la Protección de los Intereses Financieros de la Comunidad que se firmó hace ya cinco años largos en Cannes y los protocolos adicionales todavía no han sido ratificados por todos los Estados miembros y por lo tanto no han entrado en vigor. 
A pesar de todos los llamamientos y resoluciones del Parlamento y algunas declaraciones de las Cumbres del Consejo seguimos careciendo de un marco jurídico común europeo para la protección del presupuesto comunitario y ni siquiera contamos con una definición clara del fraude contra el erario comunitario, sin mencionar ya el desarrollo de investigaciones y la imposición de sanciones, que deberían ser a la vez eficaces, proporcionadas y disuasivas. 
Ante esta situación de bloqueo, la Comisión presenta ahora una propuesta de directiva que recoge los elementos del Convenio de 1995 y en parte también de los protocolos, una propuesta que el Parlamento Europeo ya realizó, por otra parte, antes de la Cumbre de 1995. 
La Comisión se basa acertadamente en el fundamento del apartado 4 del artículo 280 del Tratado de Amsterdam, que obliga a la Comunidad a participar de manera activa en la protección de sus fondos. 
Por otra parte, se debería dar por zanjado el debate estéril sobre la adscripción al primer o al tercer pilar del Tratado, sobre todo habida cuenta que el Tratado de Niza confirma la adscripción de la protección de las finanzas comunitarias al primer pilar. 
Por lo tanto, no debemos irnos por las ramas de los análisis jurídicos, sino emitir la señal clara de que nos tomamos en serio la protección penal contra el uso fraudulento delictivo de los fondos europeos. 
En este sentido, acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión con vistas a la aproximación de las legislaciones nacionales. 
Sin embargo, sólo puede constituir una etapa previa a la creación de una fiscalía europea encargada de la protección de los intereses financieros de la Comunidad, que ya se pidió en la Conferencia Intergubernamental de preparación del Tratado de Niza, pero lamentablemente no se debatió. 
Esperamos con impaciencia la presentación del Libro Verde de la Comisión sobre este tema, señora Schreyer. 
Habría sido bueno poder disponer ya de él, junto con la propuesta de directiva. 
Para salvar esta carencia, la Comisión de Control Presupuestario solicita en sus enmiendas que en la próxima revisión de los Tratados se incluya la creación de una fiscalía europea, siguiendo el modelo del corpus juris e inscrita en el primer pilar. 
En la Cumbre de Laeken se deben sentar ya las primeras bases en este sentido. 
Como una etapa intermedia, que no requeriría una modificación de los Tratados, la Comisión de Control Presupuestario propone la creación de una fiscalía financiera interna según el modelo de las tres fases descrito en el segundo informe del Comité de Sabios Independientes. 
Como ya he dicho, nosotros acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión, pero pedimos que se adopte un instrumento más enérgico, o sea, un reglamento en vez de una directiva. 
¿Por qué? 
Las directivas obligan a los Estados miembros a cumplir unos objetivos, los reglamentos les prescriben además los instrumentos para alcanzarlos. 
La propuesta de directiva tiene por objeto unificar la definición en el Derecho penal de todos los Estados miembros de determinadas actuaciones en detrimento del presupuesto comunitario, como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, etc. Para evitar una nueva confusión, como la que ya se ha dado, resulta claramente preferible el instrumento jurídico del reglamento. 
Yo insto encarecidamente al Parlamento, la Comisión y el Consejo a que sigan conjuntamente este camino político necesario. 
Les invito a que voten afirmativamente mi informe, al que no se ha presentado ninguna enmienda. 
Señor Presidente, si observan las cifras sobre el fraude y sobre las irregularidades que afectan al presupuesto europeo del año 2000, podrán constatar ante todo un enorme incremento de las irregularidades comprobadas. 
Para que no haya lugar a discusión, al contribuyente o la contribuyente les es indiferente si se trata de un fraude o de una irregularidad, lo cierto es que el dinero se ha gastado de manera indebida. 
Dicho esto, naturalmente es posible discutir si ha mejorado la investigación o se ha incrementado el fraude, o se han cometido más irregularidades. 
Yo supongo que probablemente se trata de una combinación de ambas cosas. 
Puede que la señora Comisaria sea de otro parecer, pero no podemos llegar hasta el extremo de afirmar que cuando hayamos descubierto un 100% de irregularidades, la lucha contra el fraude será óptima, pues entre tanto nos habremos quedado sin presupuesto. 
En esta situación- y me parece que la Comisaria competente fue diputada en otra vida anterior -, en el ejercicio de esta función uno se pregunta: ¿qué ocurriría en una empresa si la dirección presentase estas cifras en un ejercicio? 
Aquí siempre se nos dice: ¡Somos una de las mejores administraciones! 
¡Estamos haciendo un esfuerzo! 
Yo creo que en una empresa ocurriría algo muy distinto de lo que la Comisaria nos presenta como un plan de acción. 
Me parece que deberíamos empezar a plantearnos- y esta también era, de hecho, la intención de mi informe- cuál podría ser nuestro objetivo. 
La Sra. Theato ya ha señalado una posibilidad, una posibilidad importante, por cierto. 
No podemos soslayar esta cuestión si queremos que algo cambie. 
Tenemos que abordar el tema de la fiscalía europea, sin aplazarlo con la excusa de la modificación del Tratado. 
Los Tratados ofrecen posibilidades. 
Si usted se resiste a ello, señora Schreyer, es asunto suyo, pero nosotros no podemos seguir permaneciendo inactivos ante nuestras y nuestros contribuyentes y decirles que es imposible hacer nada. 
No es para esto que tenemos una Comisión. 
La tenemos para que actúe, señora Schreyer, permítame que se lo recuerde. 
Por el mismo motivo tenemos que prestar cada vez más atención al tema de la protección de los intereses financieros de la Unión en los países candidatos. 
También en este sentido ha habido y hay propuestas que apuntan hacia la necesidad de que algún día concedamos también competencias consultivas a nuestra nueva unidad antifraude; esto ya lo sabemos. 
El problema no está en los países candidatos, como hemos podido comprobar en el caso de Eslovaquia, sino en la incapacidad de esta Comisión para afrontar por fin como es debido la problemática de la ampliación, de manera que nuestros conciudadanos y conciudadanas puedan llegar a pensar que la ampliación se ha preparado tan bien- también desde el punto de vista financiero- que pueden aceptarla gustosos. 
La Comisión tiene una gran responsabilidad en este aspecto. 
A mí me parece, señora Comisaria, que si me viera obligado a presentar y aceptar esas cifras, desde luego me sentiría inclinado a pensar que es necesario aprovechar todas las oportunidades de mejorar la situación. 
Finalmente, un último tema, y sería bueno que aprovechásemos la oportunidad de actuar conjuntamente al menos en relación con este asunto. 
Se trata de una pregunta que también quisiera plantear. 
Señora Schreyer, está previsto designar al Sr. Alberto Perduca para el puesto de director de la división operativa de la OLAF. 
Por su preparación como fiscal y su experiencia en la lucha contra la mafia, así como su experiencia internacional, es el hombre ideal para esta tarea. 
Lamentablemente, el Gobierno italiano viene bloqueando desde hace ya meses su nombramiento. 
Tal vez podría decirnos, señora Schreyer, qué ha hecho hasta ahora la Comisión ante esta situación. 
¿No se requeriría tal vez una intervención personal del Presidente de la Comisión? 
¿O, por ventura, esto ya se ha hecho? 
Señor Presidente, Señorías, los Estados miembros suscribieron en 1955 un Convenio que les compromete a penalizar el fraude contra las finanzas comunitarias a fin de proteger los intereses y las finanzas de la Comunidad. 
Más adelante se suscribieron otros protocolos adicionales que definen asimismo la corrupción y el blanqueo de capitales como delitos contra las finanzas comunitarias. 
En realidad no hay nada que objetar contra dicho Convenio y dichos protocolos, salvo que hasta ahora no se han ratificado en su totalidad y, por lo tanto, todavía no han entrado en vigor. 
No voy a negar que en 2000 se ha registrado algún movimiento en relación con la ratificación. 
Yo también he solicitado de manera reiterada, casi machaconamente, su ratificación en cada reunión de los Ministros de Finanzas, pero lo cierto es que el ritmo lo marca el último. 
Hasta ahora sólo siete Estados miembros han ratificado el protocolo que también define como delito el blanqueo de dinero. 
Por consiguiente, todavía tendríamos para largo si tuviésemos que esperar hasta la conclusión del proceso. 
No nos conformamos con ello y este es el motivo de la propuesta de directiva, que recoge los contenidos esenciales del protocolo y del Convenio en forma de una directiva. Esto ya se ha debatido, por otra parte, en diversas ocasiones en el Parlamento y los presidentes también lo han solicitado reiteradamente. 
Yo quiero agradecerle, señora Theato, y naturalmente también a toda la comisión, que coincidan con nosotros en señalar que ya hemos esperado demasiado y estamos dispuestos a recurrir a la legislación comunitaria, sin depender del Convenio, o sea, del instrumento del tercer pilar. 
La Comisión de Control Presupuestario ha presentado muchas enmiendas, que fueron aprobadas en comisión. 
La Comisión comparte el objetivo y la motivación de muchas de ellas. 
No obstante, en la gran mayoría de los casos, la propuesta de directiva presentada no es, en opinión de la Comisión, el lugar jurídicamente apropiado para dar cabida a dichas enmiendas. 
Por lo tanto, yo les ruego que no consideren la propuesta de directiva en cierto modo como un soporte del que se pueden colgar muchos deseos, aspiraciones y propuestas acertados. 
Esto es particularmente cierto en lo que respecta al fiscal europeo. 
Según nuestro análisis, que por otra parte es compartido por otros, no existe un fundamento jurídico para la creación del comité de seguimiento de la OLAF. 
Tampoco parece posible optar por el instrumento del reglamento, puesto que la propuesta, en la forma en que se ha presentado, prevé, por ejemplo, la adscripción de un juez encargado de la instrucción previa al Tribunal de Justicia Europeo. 
El Tratado establece, sin embargo, de manera detallada las tareas y funciones judiciales del Tribunal de Justicia Europeo. 
Por lo tanto, no es posible semiinstitucionalizar mediante un reglamento la incorporación de un nuevo juez de encargado de la instrucción previa. 
También esto requiere una modificación del Tratado. 
Dentro de pocas semanas vamos a presentar, no obstante, el Libro Verde- la Sra. Theato lo ha recordado- y éste abrirá, naturalmente, un debate amplio. 
Tengo la plena certeza de que ustedes, en su calidad de protagonistas de la propuesta, trasladarán fielmente este debate a los círculos especializados, por llamarlos así, y a los Estados miembros, a fin de que no volvamos a encontrarnos en la situación que se dio en Niza, donde se expresaron muchas reservas, pero ninguna voluntad de aceptación. 
Otras enmiendas propuestas carecen asimismo del fundamento jurídico necesario, a nuestro parecer. 
Consideramos que las disposiciones relativas a la cooperación con las autoridades procesales nacionales son incompatibles con el artículo 280 del Tratado, puesto que afectan a la aplicación de la legislación penal de los Estados miembros y a la administración nacional de justicia. 
La Comisión tampoco puede asumir la propuesta de que la directiva pase a ser un reglamento, dado que la Comunidad no puede promulgar por el momento ningún tipo de normas legislativas de aplicación directa en los Estados miembros. 
Yo comprendo su deseo y también apoyo, naturalmente, a la vista de la situación actual, su petición de que ésta se materialice pronto, pero lo cierto es que todavía estamos muy lejos de una situación en la que la Comunidad Europea pueda promulgar normas legislativas de aplicación directa. 
Lo cual seguro que tampoco sería acogido con agrado por los parlamentos nacionales. 
Entre las enmiendas que la Comisión puede hacer suyas sin ninguna, figuran la enmiendas 2 y la 11, que recalcan la importancia de la introducción del nuevo artículo 280 para la protección de los intereses financieros. 
La enmienda 27, que prevé penas de cárcel que puedan entrañar la extradición, es imprescindible para la persecución eficaz de los delitos económicos, y la Comisión estaría dispuesta a aceptar asimismo la primera frase de las enmiendas 3 y 7, respectivamente, con la condición de que éstas se voten por separado mañana. 
También quiero manifestar explícitamente que las propuestas relativas a la ampliación del catálogo de delitos con vistas a la protección de los intereses financieros, concretamente la inclusión del fraude en concursos y subastas públicas y el ejercicio abusivo del cargo, son dignas de atención y, a mi parecer, merecen ser tomadas en consideración. 
En este caso, la discrepancia está más bien en la estrategia elegida. 
La estrategia que propone la Comisión es recoger casi literalmente la formulación del Convenio, de manera que los Estados miembros se encuentren exactamente ante el mismo texto que ya aprobaron en otra ocasión y, por lo tanto, no existe ningún motivo que impida transformarlos en otro instrumento con un plazo bien definido para su transposición. 
Esta es una de las medidas legislativas que propone la Comisión para proteger los intereses financieros de la Comunidad. 
La Comisión enumeró en el informe sobre la lucha contra el fraude las propuestas presentadas en 2000, entre ellas, por ejemplo, la propuesta de modificación de la directiva contra el blanqueo de capitales, la propuesta sobre la protección del euro contra las falsificaciones o las medidas relativas a la lucha contra la falsificación de mercancías. 
Todo ello entra, en efecto, también dentro del ámbito de la lucha contra el fraude. 
El informe de la Comisión enumera asimismo, en un total de cincuenta páginas, las medidas adoptadas por los Estados miembros en 1999 y 2000 con vistas a la protección de los intereses de la Comunidad. 
La lista comienza con la ampliación por parte de Bélgica de las competencias de la autoridad aduanera a una zona de doce millas de la costa e incluye, por ejemplo, la creación de un sistema centralizado de control de la información en la administración aduanera y fiscal danesa o el incremento del personal dedicado a la inspección general del gasto agrario en las regiones españolas. 
En el Reino Unido se creo, por ejemplo, un servicio de coordinación encargado de realizar investigaciones exhaustivas en el ámbito de los fondos estructurales. 
El ponente, es decir, usted, señor Bösch, se hace eco del informe, muy crítico, del Tribunal de Cuentas que señala las enormes discrepancias en la aplicación por parte de los Estados miembros del Reglamento por el que se establece la obligación de comunicar los errores cometidos en la ejecución de los fondos estructurales. 
Yo puedo asegurarle que yo también comparto su crítica y la del Tribunal de Cuentas. 
Por esto estamos trabajando intensamente, en colaboración con los Estados miembros, para conseguir una transposición homogénea y, sobre todo, también completa de dicho Reglamento relativo a la comunicación. 
Ésta también está empezando a dar sus primeros frutos. 
Quiero volver a repetir que, aun cuando seguramente seguimos manteniendo diferencias de parecer en lo que respecta a la interpretación, lo cierto es que la transposición había sido muy vacilante en los años anteriores. 
Según pudimos comprobar, se tardaba una eternidad en comunicar los errores. 
En este contexto ocurre lo mismo que con las estadísticas policiales. 
¿Es positivo o negativo que aumente o que disminuya el número de casos detectados por la policía? 
Yo quiero rogarles, por consiguiente, que no desacrediten a los Estados miembros que se toman en serio la comunicación de los errores cometidos y los comunican con frecuencia, en cumplimiento del Reglamento, y que no digan que se trata en cierto modo de una coartada, pues se trata de un instrumento problemático, que genera en cierto modo un estímulo negativo. 
En efecto, cuanto mayor es el número de errores que se comunican, evidentemente también disponemos de más información para poder introducir correcciones financieras. 
Sin embargo, lo cierto es que no podemos prescindir de estos medios. 
Yo también estoy de acuerdo con el ponente, con usted, señor Bösch, en cuanto a la necesidad de unas estadísticas con mayor valor informativo, que permitan diferenciar los nuevos casos comunicados de aquellos incluidos ya con anterioridad en las estadísticas. 
Sobre todo, tenemos que comprobar qué ocurre, de hecho, luego con los casos comprobados, qué medidas se adoptan. 
La OLAF, la DG de Presupuestos y la DG de Política Regional están trabajando en este tema, pero es una labor trabajosa. 
Yo estoy segura de que el año próximo no tendremos el éxito que en realidad aspiramos a alcanzar, sino que el valor informativo se tendrá que ir mejorando sector a sector, como quien dice. 
Todo depende también de la cooperación de los Estados miembros, en cuyo contexto la OLAF ya colabora intensamente con el llamado COCOLAF. 
Yo puedo asegurarles, no obstante, que cualquier sospecha de fraude- también, justamente, en relación con los Fondos estructurales- se comunica a la OLAF. 
Las irregularidades más frecuentes en relación con los Fondos estructurales aparecen asociadas, por ejemplo, a la aprobación de proyectos por parte de los Estados miembros cuando, de hecho, ya ha finalizado el período de subvención. 
También son frecuentes los errores asociados al hecho de que no se ha tenido en cuenta el solapamiento con otras políticas comunitarias. 
Un error muy frecuente es la aprobación de los proyectos sin disponer aun de una evaluación del impacto medioambiental. 
Muchos recursos van a parar a sectores infraestructurales; un error muy frecuente; como ya he señalado. 
Si ustedes me preguntan qué perjuicio ocasiona esto, evidentemente, sería muy difícil decirlo. 
No se trata de un perjuicio financiero, pero tal vez se podría ocasionar un perjuicio desde el punto de vista del medio ambiente, al no haberse realizado una evaluación del impacto medioambiental. 
En lo que se refiere a las correcciones financieras, que también son un aspecto esencial, contaremos con unas normas más estrictas para el nuevo período de subvención. 
Ustedes piden en el informe que, en el contexto de las correcciones financieras y de los Fondos estructurales, se presente antes del 15 de diciembre, una lista, caso a caso, de todos los errores comunicados entre 1995 y 2000. 
Ahora mismo no disponemos de esa información y no podremos disponer de ella tan pronto. 
La Comisión puede comprometerse a intentar obtener directamente esta información con respecto a los nuevos errores comunicados, de manera que su comunicación tenga un mayor valor informativo y permita comprobar qué errores están asociados a un perjuicio financiero. 
¿Qué posición cabe esperar que adopte el Consejo con respecto a la directiva relativa a la protección de los intereses financieros? 
Lamentablemente, algunos Estados miembros ya se han pronunciado de manera muy clara en contra de dicha directiva, por consideraciones jurídicas dogmáticas. 
Usted ya lo ha señalado. 
Todos los Estados miembros declararán en el Consejo que evidentemente es preciso hacer algo en relación con este tema, pero a continuación argumentarán que éste se inscribe en el tercer pilar y no en el primero. 
En vista de lo cual, yo desearía que los Ministros y Ministras de Justicia que plantean estos argumentos los expusieran en un debate público. 
Nadie los entendería. 
La población tampoco acepta que se diga que no se puede hacer nada al respecto porque unas cuestiones forman parte del primer pilar, mientras que otras se inscriben dentro del tercer pilar y sólo se puede actuar a escala comunitaria en relación con este último. 
Es del todo evidente que la protección del interés comunitario requiere instrumentos comunitarios y es una satisfacción para mí, y yo lo agradezco mucho, que el Parlamento Europeo y la Comisión persigan el mismo fin en este contexto. 
Señor Presidente, Europa siempre se ha construido sobre la base de personas que se han arriesgado, y, desde luego, en este capítulo de la protección de los intereses financieros de la Comunidad, el Parlamento- en particular su Comisión de Control Presupuestario- lo ha hecho. 
Especialmente a una de las ponentes, la Sra. Theato, presidenta de dicha comisión, debe reconocerse su empeño y que los éxitos que en este terreno consigamos serán en gran parte mérito suyo. 
Dicho esto, yo, señor Presidente, al igual que una parte importante de esta Cámara, comparto las preocupaciones de la Comisión. 
Tenemos que ir hacia un espacio de justicia, y ello requiere responsabilidad en la manera de hacerlo, porque es una constante en la construcción europea que las fuerzas que frenan esa construcción se aprovechan de los errores que los más entusiastas cometen cuando pierden de vista el Tratado. 
Es por ello, señor Presidente, que hoy represento aquí una voz crítica, no sobre la idea del Fiscal europeo, sino sobre el hecho de que se establezca de forma detallada su estatuto- bien es cierto que un estatuto de transición, pero un estatuto al fin y al cabo. 
Se trata de una figura que requiere reflexión de esta Cámara, reflexión no sólo de la Comisión de Control Presupuestario, sino reflexión de esta Cámara, reflexión en diálogo con las instituciones y, en particular, en diálogo con la Comisión. 
A partir de ahí, de común acuerdo, podremos presentar una propuesta al amparo del Tratado. 
Y digo lo mismo sobre las reflexiones de la Sra. Comisaria sobre la idea de la ponente de utilizar un reglamento en vez de una directiva. 
Ello no entra en las competencias del Parlamento. 
Se trata de competencias de nuestras sociedades y de los Estados de Derecho. 
No se pueden crear obligaciones directas desde el estrato comunitario para los ciudadanos salvo en determinadas circunstancias. 
Y por lo tanto, señor Presidente, aquí elevo una voz crítica, crítica pero admirada del trabajo que se ha realizado. 
Me gustaría, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a los dos diputados por sus esfuerzos en la redacción de estos informes. 
Han trabajado infatigablemente en la lucha contra el fraude en la Unión Europea desde que fueron designados. 
No obstante, existe un problema. 
Según el informe de la Comisión, el fraude se ha duplicado, en particular, en los ingresos recaudados durante el año 2000. 
Esto es motivo de gran preocupación, pero debemos situarlo dentro de su contexto y recordar que, en buena medida, es culpa de los Estados miembros que no se toman en serio el fraude. 
No recaudan los fondos que le corresponden a la Unión Europea, por ejemplo, del contrabando de cigarrillos y los fondos que podríamos obtener en concepto de impuestos. 
Los Estados miembros tampoco se toman en serio el fraude porque tenemos aún cuatro Estados miembros que no han ratificado el Convenio sobre la Protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, lo que significa que nadie puede avanzar en términos de la lucha contra el fraude. 
En lo que respecta a los Fondos Estructurales, el 40% de los créditos se utiliza en los Estados miembros y los datos de que disponemos, en términos del seguimiento de la utilización de dichos fondos, son poco fiables. 
Es una situación patética. 
¿Qué hacemos cuando descubrimos un caso de fraude? 
Enviamos un dossier a la OLAF que se encarga de la investigación y luego el dossier permanece en una estantería porque nadie inicia un procedimiento penal. 
Es un verdadero problema. 
¿Quién va a interponer la acción judicial? 
Sólo dos personas han sido enjuiciadas hasta ahora por la OLAF y esto significa dar luz verde a los defraudadores en la UE. 
Debemos preguntar a los que están en contra de una fiscalía europea ¿qué otra alternativa quieren? 
En el presente informe pedimos quizás demasiado al solicitar un reglamento. 
Pero además sabemos que aproximadamente la mitad de los Estados miembros están en contra y existe la posibilidad de perder la oportunidad de que tengamos una fiscalía europea que defienda los intereses financieros de la Unión Europea. 
Es posible que estemos pidiendo demasiado y en un plazo demasiado corto, y eso me preocupa, pero respeto a los diputados que realmente están intentando tirar la casa por la ventana en esta cuestión de lucha contra el fraude. 
Señor Presidente, yo también quisiera comenzar dando las gracias a los dos ponentes. 
Sé que ambos se han desvivido por esta cuestión desde el primer momento. 
Empezaré por el informe BÖSCH. 
En las enmiendas que el Grupo Liberal ha presentado al respecto damos a entender que el plazo fijado para la creación de la Fiscalía europea- mediados de 2002- nos parece un tanto prematuro. 
Para evitar posibles malentendidos quisiera subrayar que estamos a favor de la creación de una Fiscalía europea, pero que mediados de 2002 nos parece demasiado pronto. 
En nuestra opinión, es necesario que se preste más atención a los futuros Estados miembros de la Europa Central y Oriental. Por eso, instamos al Tribunal de Cuentas a que presente a la mayor brevedad posible un informe al respecto, de modo que podamos averiguar antes de que estos países accedan a la Unión Europea si son capaces de hacerse cargo del control financiero. 
Por lo demás es fundamental que la OLAF colabore estrechamente con las organizaciones similares de los nuevos Estados miembros. 
Que no haya tampoco malentendido con respecto al informe THEATO: somos partidarios de que haya un Fiscal europeo, pero consideramos que la mayor parte de las enmiendas adoptadas en comisión- casi siempre con mayoría de un solo voto- van demasiado lejos. 
En esta fase no optamos por un reglamento sino por una directiva. 
No queremos medirnos con el Consejo: anteponemos la línea mantenida por la Comisión a la excesiva precisión sugerida en las diversas enmiendas. 
Si dichas enmiendas acabaran adoptándose en esta fase tendríamos que replantear el tema en la Comisión de Control Presupuestario puesto que, a nuestro modo de ver, este tipo de asuntos requiere el mayor consenso posible. Resulta inaceptable que se aprueben con escasa mayoría. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la política que ha desarrollado hasta ahora la Comisión Prodi en el campo de la lucha contra el fraude sólo se puede describir, lamentablemente, como vacilante y dilatoria en los aspectos verdaderamente decisivos. 
Yo tengo, además, muy pocas esperanzas de que esto cambie. 
Sobre todo en lo que respecta a la fiscalía europea. 
Un Libro Verde es cuanto tiene previsto la Comisión para el año de mandato que aún le queda. 
Al programa de reforma de la Comisión que usted tanto ha alabado le falta la red de seguridad decisiva. 
Es preciso que se puedan exigir responsabilidades ante los tribunales a quienes abusen de sus libertades. 
Por lo tanto, su primera tarea tendría que haber sido cerrar los casos antiguos y llevar a los responsables ante la justicia. 
En vez de hacerlo, ustedes se escudan en las dilaciones de la justicia en Bélgica y Luxemburgo. 
Para que esta triste realidad no quede tan patente, mantiene usted una política de denegación de información al Parlamento, que ahora, además, quiere inscribir explícitamente en el Reglamento. 
Se arroga usted el derecho a decidir si la información al Parlamento sobre determinado suceso redunda en interés de la Unión Europea o no. 
Me gustaría haber visto su reacción en sus tiempos de diputada en Berlín, señora Schreyer, si el alcalde hubiese alegado que ofrecerle información sobre determinado tema era contrario al interés de la ciudad. 
Es exactamente la actitud que adopta usted ahora con respecto al Parlamento Europeo y aparentemente ni siquiera se da cuenta de que con ello no sólo debilita a esta Asamblea, sino en última instancia también a la Comisión que usted representa. 
Muchas gracias, señora Stauner. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Calidad de la gasolina y del gasóleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0389/2001) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de la gasolina y del gasóleo (COM (2001) 241- C5-0197/2001- 2001/0107 (COD) ). 
. (FI) Señor Presidente, presento aquí esta tarde un informe relativo a la mejora de la calidad de los combustibles. 
El Parlamento Europeo participó en la elaboración de la legislación sobre esta materia, que en un principio fue aprobada en 1998, o sea, hace tres años, y, mediante el procedimiento de codecisión, el Parlamento consiguió en buena medida la introducción de combustibles más limpios, lo cual contribuye a una reducción notable de las emisiones procedentes del tráfico rodado. 
El Parlamento Europeo observó ya entonces que la reducción del contenido en azufre es un aspecto fundamental en la mejora de la calidad de los combustibles. 
En el procedimiento de codecisión y en la conciliación conseguimos fijar los índices de azufre en niveles muy bajos, a pesar de que la industria petrolera había llamado enérgicamente la atención sobre los costes de este programa. 
Por otra parte, podemos constatar que la industria del automóvil y los fabricantes de catalizadores consideraban totalmente imprescindible la introducción en el mercado de estos combustibles más limpios con bajo contenido en azufre, puesto que, de lo contrario, no hubieran estado en condiciones de desarrollar la fabricación de motores más limpios, mejores y más avanzados, que contaminen menos. 
Ahora nos encontramos en una fase de revisión de la propuesta de directiva en la que la Comisión se ha dado cuenta- llevando toda la razón- de que, entre los factores de calidad de los combustibles, el azufre es una sustancia más relevante de lo que sabíamos por entonces. 
La Comisión propone que, para el año 2011, tanto la gasolina como el gasóleo no contengan prácticamente azufre. 
Estamos hablando de contenidos ínfimos. 
Esto tiene una importancia fundamental, puesto que se ha observado que también decrece el consumo de combustibles cuando disminuye el contenido en azufre, y, durante el tiempo transcurrido, la política climática se ha convertido en un objetivo central de la Unión Europea. 
Tenemos que encontrar todos los medios posibles que puedan contribuir a la reducción del consumo de los combustibles para automóviles. 
Éste es también uno de los objetivos más importantes de esta propuesta. 
Así pues, es de esperar que ahora el Parlamento Europeo adopte la decisión, en la votación de mañana, de que estos combustibles sin contenido en azufre sean introducidos al cien por cien en el mercado ya en el año 2008, y no en el año 2011 como propone la Comisión. 
Nosotros estimamos que esto es perfectamente posible y que tendrá repercusiones positivas en el desarrollo de los automóviles. 
La industria del automóvil podrá desarrollar motores mejores y más avanzados, que consumirán menos combustible. 
Tal y como propone la Comisión, nosotros también partimos de la base de que la introducción en el mercado debe iniciarse en 2005. 
Es importante que el Parlamento decida que los combustibles sin azufre empiecen a estar gradualmente a disposición del público en todo el territorio de la Unión ya a partir del año 2005. 
Nosotros exigimos que esta disponibilidad tenga una cobertura geográfica completa. 
En el pasado, se ha venido dando la situación de que cada Estado miembro ha avanzado a un ritmo ligeramente distinto en la mejora de la calidad de los combustibles. 
La Comisión de Medio Ambiente propone que sea posible conceder a los Estados miembros determinados períodos de transición o ciertas exenciones cuando se vuelva a revisar esta Directiva. 
El Parlamento propone que esta revisión se lleve a cabo un año antes de lo establecido por la Comisión; nosotros queremos que la revisión tenga lugar en el año 2005. 
Al contrario de lo exigido por ciertas instancias, la Comisión de Medio Ambiente ha llegado a la conclusión de que aquí debemos ceñirnos estrictamente al azufre. 
En la revisión del año 2005 podremos volver sobre los demás parámetros de calidad de los combustibles. 
En mi opinión, se trata de una línea justificada, dado que la Comisión tendrá tiempo, entretanto, para investigar el asunto. 
Quisiera asimismo destacar que la maquinaria móvil no viaria también deberá empezar a utilizar combustibles más limpios. 
Esto es perfectamente posible: las máquinas de trabajo usan ya gasóleo en ocho Estados miembros. 
Ojalá que el Parlamento decida mañana que esta maquinaria de trabajo también debe empezar a usar combustibles más limpios, al igual que los vehículos viarios. 
La Comisión de Energía reconoce la conveniencia de alcanzar un contenido cero de azufre en la gasolina y el gasóleo. 
El aumento de las temperaturas de combustión en los nuevos motores de los vehículos aumenta el grado de eficacia y, de ese modo, se reducen las emisiones de CO2. 
No obstante, el aumento resultante de las emisiones de óxido de nitrógeno debe ser compensado por catalizadores, y la práctica eliminación del azufre hace que dichos catalizadores sean eficaces en la eliminación de las emisiones. 
Otra ventaja es la reducción de la emisión de partículas, por lo que la Comisión de Industria está a favor de la propuesta de la Comisión. 
La aprobación por mayoría en la comisión exigía que la aplicación se llevara a cabo a un ritmo bastante más rápido que el que proponía la Comisión, si bien a algunos nos preocupaba la afirmación de la Comisión de que, en realidad, esto producirá un aumento neto de las emisiones de CO2. 
Por tanto, le ruego, señor Comisario, que nos diga si se ratifica en la advertencia de la Comisión o si está dispuesto a aceptar la aplicación más rápida solicitada por la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Industria. 
Asimismo nos gustaría señalar que la norma comunitaria relativa a un nivel de contenido de azufre de 10 partes por millón contrasta con el nivel de 15 ppm en los Estados Unidos. 
Esto nos dificultará la importación de combustibles de aquel país en caso de emergencia. 
También quisiéramos sugerir que la Comisión fomente la investigación sobre los efectos de las emisiones de partículas ultra finas generadas por los motores de gasolina y gasóleo de inyección. 
La cuestión de la calidad de los combustibles utilizados por las máquinas móviles no de carretera sigue pendiente. 
Entendemos que las propuestas sobre esta cuestión se presentarán en 2002. 
No hay ninguna duda de que es urgente que así se haga, pero instamos a la Comisión a que tenga plenamente en cuenta los intereses de los que pertenecen a este sector y al sector agrícola que trabajan con dichas máquinas. 
Damos luz verde a esta propuesta. 
Es más, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sugeriría a la Comisión que ice las velas y acelere su puesta en práctica. 
¿Está dispuesto, señor Comisario, a acceder a esta petición? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión ha llevado a cabo importantes trabajos previos para esta directiva- me refiero a los programas Auto-Oil I y Auto-Oil II- que han permitido una propuesta técnicamente documentada y equilibrada. 
Le doy la enhorabuena por ello a la Comisión, y también quiero dar la enhorabuena muy especialmente a la ponente, Sra. Hautala, que ha hecho un gran trabajo. 
Yo coincido con ella en que es importante disponer de combustibles de bajo contenido en azufre lo antes posible, porque los avances tecnológicos en el sector del automóvil permiten ahorros de combustible y, sobre todo, menores emisiones contaminantes. 
Pero también es cierto que, para producir estos carburantes, las refinerías deben consumir más energía y emitir más gases contaminantes y que, mientras el parque automovilístico no se renueve, las ventajas medioambientales de los combustibles bajos en azufre no van a ser efectivas. 
Es una cuestión de equilibrio entre emisiones, por lo que tenemos que ser prácticos en cuanto a los calendarios y adecuar el ritmo de introducción de los nuevos combustibles al ritmo de la renovación del parque de vehículos. 
Lo contrario sería obligar a los usuarios a cambiar de vehículo, pero eso es imposible. 
Es conveniente reducir el período transitorio de convivencia de los diferentes combustibles, en eso estoy de acuerdo, pero con una cierta dosis de flexibilidad para algunos países, por lo que he dicho anteriormente. 
Y por ello proponemos desde mi Grupo que, al mismo tiempo que se adelanta la fecha, exista la posibilidad de introducir exenciones temporales en aquellos Estados miembros que demuestren que el balance de la calidad del aire va a ser negativo. 
También es conveniente la introducción del nuevo combustible en la maquinaria móvil no viaria, pero a un ritmo más lento que para el resto, por los mismos argumentos que he explicado para los coches. 
En este sentido va nuestra enmienda nº 40, para la que pido su apoyo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, todos los automóviles, nuevos o antiguos, pueden utilizar combustible sin azufre. 
Para ello no se requiere ninguna adaptación especial, ni piezas adicionales o complementarias. 
En este aspecto, la situación es muy distinta que en el caso del debate sobre la gasolina con o sin plomo. 
Cualquier vehículo puede utilizar, por lo tanto, combustible con un bajo contenido de azufre y éste tiene incluso un efecto positivo justamente en los motores diesel más antiguos. 
El combustible libre de azufre reduce el tamaño de las partículas, particularmente también en estos vehículos más antiguos. 
No obstante, el uso de combustible libre de azufre es necesario, sobre todo, porque queremos que se introduzcan nuevas tecnologías en el mercado cuya finalidad no sea reducir las emisiones clásicas sino el consumo. 
Necesitamos motores diesel y motores de gasolina de inyección directa con una amplia banda de consumo reducido. 
En esta banda de bajo consumo se incrementa la proporción de óxidos nitrosos y por esto es necesario incorporar al sistema de emisión de gases de escape tecnologías específicas que permitan retenerlos. 
Por muchas vueltas que le demos, lo cierto es que el azufre constituye un obstáculo para ello. 
Para economizar combustible y reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte es necesario lisa y llanamente introducir cuanto antes el uso de combustible libre de azufre. 
Por lo demás, yo no comprendo cómo se explica que pueda circular por las carreteras un vehículo diesel con valores casi negativos desde el punto de vista de la emisión de partículas- el aire sale por detrás más limpio de lo que entra por delante- y en la misma carretera se encuentren tractores y excavadoras que emiten partículas de manera masiva debido a la mala calidad del combustible. 
Yo creo que estos vehículos también deberían utilizar un combustible más limpio para que así podamos reducir la emisión de partículas. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente, autora de uno de los mejores informes de los últimos tiempos sobre materias relacionadas con la gasolina y los vehículos. 
Comparto la mayor parte de sus criterios. 
Me gustaría subrayar especialmente la importancia de adelantar esta propuesta al 2008, en lugar de 2011. 
Es muy provechoso que se incluya el combustible de las máquinas y que se les dé el mismo trato que al resto de los vehículos. 
No existen razones para dar un tratamiento especial a las maquinarias que normalmente no vemos en los caminos; por el contrario, la propuesta de la Comisión más bien retardaría las posibilidades de hacer algo radical en esta materia. 
También me parece muy bien que la ponente haya propuesto una revisión completa de los combustibles no tradicionales y que proponga el aumento de la proporción de 5 por ciento de etanol, que es el máximo permitido actualmente. 
Hay un problema: los incentivos económicos. 
Entiendo el razonamiento de la ponente, pero creo que la propuesta no está redactada correctamente. 
De acuerdo con el Tratado, hoy existen estos incentivos. 
En cambio, si los incorporamos en cada una de las directivas que aprobemos, corremos el riesgo de crear un tratamiento horizontal que significaría, según la interpretación del Consejo, cercenar las posibilidades de obtener tales incentivos. 
Por eso, esta redacción no nos favorece. 
Quisiera que la ponente pensase en esto. 
. (EN) Señor Presidente, Señorías, es para mí un placer poder dirigirme al Parlamento Europeo en este debate en nombre de mi colega, la Comisaria Wallström. 
Me complace en cierto sentido porque me permite volver sobre una de mis antiguas ocupaciones. Fui ministro de Medio Ambiente en el país que mejor conozco. 
Pero también lamento tener que estar aquí porque el motivo de ello es que la Comisaria Wallström no se encuentra bien. 
Le deseo una pronta recuperación para que pueda intervenir en mi nombre y tratar sobre los Balcanes en una futura ocasión o incluso sobre Egipto. 
Permítanme decir, como admirador no oficial, que reconozco que el informe de la Sra. Hautala hace una contribución significativa a la propuesta de la Comisión que, en mi opinión, aportará una combinación de ventajas medioambientales y económicas a nuestros ciudadanos. 
La disponibilidad de combustibles con un contenido máximo de azufre de 10 partes por millón eliminará las barreras técnicas restantes a la introducción de vehículos con un consumo más eficaz del combustible, lo que a su vez proporciona la base para mayores reducciones de las emisiones de dióxido de carbono. 
Su utilización en vehículos más antiguos también permitirá importantes reducciones de las emisiones de contaminantes convencionales, lo que propiciará una mejor calidad del aire. 
Permítanme pasar a las cuestiones fundamentales que se plantean en las enmiendas presentadas y, en primer lugar, me referiré al calendario en unos términos que, sospecho, a la distinguida ponente le resultarán bastante familiares. 
Varias de las enmiendas proponen que se adelante tres años la fecha final a partir de la cual la totalidad de la gasolina y el gasóleo que se distribuya estará sujeta a un contenido máximo de azufre de 10 partes por millón y se fije en el 1 de enero de 2008 con la posibilidad de eximir a los Estados miembros que tuvieran razones justificadas para ello. 
La Comisión ha elegido la fecha del 1 de enero de 2011 y, para el gasóleo, aunque pendiente de confirmación antes del 31 de diciembre, cinco años antes, en 2006, de manera que todos los Estados miembros gocen de una combinación de las ventajas de la calidad del aire y una cierta reducción de las emisiones de CO2 gracias al combustible de 10 ppm. 
A pesar de que la Comisión está dispuesta a estudiar la posibilidad de adelantar la fecha final fijada en el 1 de enero de 2011, la Comisión no aprueba el enfoque del Parlamento con respecto a una posible prolongación del plazo. 
Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 5, 11, 15, 18, 23, 31, 32, 38 y 39. 
No obstante, la Comisión puede aceptar la enmienda 30, relativa a un adelanto de la fecha de revisión. 
La Comisión también puede aceptar las enmiendas 22 y 46 y, en parte, las enmiendas 8, 17, 42, 43 y 45, relativas a definir con mayor detalle la disponibilidad de gasolina y gasóleo con un contenido máximo de azufre de 10 ppm durante el período de introducción. 
Luego está la cuestión de la calidad del combustible que utilizan las máquinas móviles no de carretera. 
Varias otras enmiendas hacen referencia a la necesidad de mejorar y armonizar la calidad del combustible que utilizan las máquinas en toda la Comunidad. 
La Comisión reconoce que la importancia relativa de las emisiones en este sector sigue creciendo a medida que mejora la calidad medioambiental de los motores utilizados en los vehículos para uso en carretera. 
De hecho, ya no hay ninguna duda de que el combustible que utiliza este sector en algunos Estados miembros deberá ser mejorado en el futuro. 
No obstante, puesto que aún no ha finalizado el trabajo sobre la segunda fase de las normas de emisiones para los motores de compresión utilizados en máquinas móviles no viarias ni tampoco se ha identificado aún la calidad necesaria de los combustibles para dichas normas, la Comisión no puede aceptar por ahora las enmiendas 3, 12, 26, 37 y 40. 
Permítanme pasar a otras enmiendas. 
La Comisión no acepta las enmiendas 10, 19 y 27 sobre incentivos fiscales habida cuenta del fundamento jurídico de esta propuesta, así como de las posibilidades de que ya disponen los Estados miembros, en virtud de legislación comunitaria diferente, para fomentar combustibles menos contaminantes a través de incentivos fiscales. 
Respecto a la cuestión de los combustibles alternativos, y en particular los biocombustibles, la Comisión se complace en estudiar más a fondo esta cuestión a medida que avanzan los trabajos en este campo. 
La Comisión, por consiguiente, puede aceptar las enmiendas 33 y 48 y, en principio, las enmiendas 14 y 44. 
La Comisión también puede aceptar, en parte, la enmienda 47 relativa a los demás aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en la revisión y, en principio, la enmienda 28 y la enmienda 29 relativas a la presentación de informes. 
En cuanto a las enmiendas restantes, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 20, 21, 24, 25, 36 y 41. 
Podemos aceptar las enmiendas 1, 2, 6, 7, 9, 16 y 34. También podemos aceptar, en parte, las enmiendas 4, 13 y 47 y, en principio, la enmienda 35. 
Por último, quisiera decir que el Parlamento ha contribuido de manera significativa a la mejora de esta propuesta. 
Ha hecho gala de su humildad. 
En consecuencia, quisiera expresar, una vez más, mi agradecimiento a la ponente por sus esfuerzos, su profesionalidad y su dedicación, y dar las gracias también a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía por su contribución. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Egipto 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
la recomendación (A5-0387/2001) , en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra (8220/2001- COM (2001) 184- C5-0381/2001- 2001/0092 (AVC) ) (Ponente: Sr. Hughes Martin) 
las preguntas orales: 
B5-0531/01 del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, al Consejo, sobre la celebración de un Acuerdo de Asociación con Egipto; 
B5-0532/01 del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a la Comisión, sobre la celebración de un Acuerdo de Asociación con Egipto. 
De conformidad con el artículo 146 del Reglamento, he recibido de 39 diputados, a título individual, así como del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, una solicitud con objeto de aplazar al período parcial de sesiones de enero de 2002 la recomendación del Sr. Hughes Martin, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Árabe de Egipto, por otra, manteniendo no obstante, en nuestro orden del día de hoy, las preguntas orales al Consejo y a la Comisión sobre este asunto. 
Señor Presidente, reconocemos en Egipto una de las situaciones mejores, o menos peores, de esa región. 
No estamos en contra del Acuerdo de Asociación, pero lo único que pedimos es que se aplace la aprobación de este Acuerdo porque, especialmente en los acuerdos de asociación, existe, en teoría, una cláusula muy fuerte sobre el respeto a los derechos humanos. 
La Comisión y el Consejo no nos han dado nunca, repito, nunca garantías de respeto a los derechos humanos en el ámbito de los acuerdos de cooperación o de asociación. 
Ironías del destino, estamos llamados a votar justo en el momento en que se reciben de Egipto noticias especialmente preocupantes de persecuciones contra ciudadanos homosexuales- con un proceso que ha condenado a 26 personas hasta cinco años de reclusión- y de ciudadanos católicos. 
Pues bien, justo en este momento, tomarse algunas semanas de plazo para aprobar, para ratificar estos acuerdos de asociación para conseguir del Consejo y de la Comisión, así como de las autoridades egipcias garantías adecuadas, no creo que sea un acto de hostilidad contra Egipto, sino más bien un acto de confianza en su, pero también en nuestra, capacidad de convertir los derechos humanos en un aspecto estratégico fundamental de política exterior y de política de cooperación. 
Señor Presidente, en esta Asamblea adoptamos a menudo numerosas resoluciones y pronunciamos muchas bellas palabras. 
Ahora tenemos una oportunidad excepcional de influir sobre los derechos de la población de Egipto que ha visto mermados sus derechos humanos. 
Debemos influir y mejorar el comportamiento de Egipto en este ámbito. 
Debemos conceder a Egipto, amigo de la UE, tiempo para la reflexión. 
Las resoluciones y las palabras, aunque bien intencionadas, no parecen dar mucho resultado. 
Tenemos ahora la oportunidad de actuar. 
El 11 de septiembre debería habernos enseñado que debemos aplicar los mismos principios a nuestros amigos y a nuestros enemigos. 
Egipto es amigo. 
Debemos dar tiempo a Egipto para que reflexione, porque si disminuimos los derechos de las personas que viven en dichos países, terminaremos por mermar nuestros propios derechos humanos. 
Insto a la Asamblea a que dé su apoyo a la propuesta. 
. (FR) Señor Presidente, esta solicitud de aplazamiento del debate y de la votación del proyecto de Acuerdo de Asociación con Egipto es totalmente irrealizable, por no decir surrealista, y demuestra un desconocimiento absoluto del Acuerdo y de este gran país amigo, como es Egipto. 
Este proyecto de Acuerdo consta de 92 artículos que atañen no sólo aspectos económicos y sociales, sino también el diálogo político, factor de progreso y de paz. 
El mismo ha sido negociado durante más de siete años, en unas condiciones difíciles. 
Sin duda, las consecuencias de dicho aplazamiento no han sido tomadas en consideración por los autores de la solicitud, sobre todo en el contexto internacional actual. 
Hay que recordar que, contrariamente a otros países árabes, Egipto nunca ha sido un refugio para los terroristas. 
Por el contrario, Egipto ha pagado un pesado tributo al terrorismo. 
Sería irresponsable no aprobar este Acuerdo. 
Es ilusorio calcar nuestros modelos, imponer nuestra ley. 
Es ilusorio no tener en cuenta la cultura, la identidad, la soberanía de Egipto. 
Los Estados miembros y nosotros debemos ratificar este Acuerdo. 
Se lo debemos a la Unión, ya que será uno de los componentes esenciales de la indispensable reactivación del proceso de Barcelona. Se lo debemos también a Egipto, gran país amigo, cuyo papel en Oriente Próximo en favor de la paz no plantea duda alguna. 
Someto a votación la solicitud de aplazamiento del debate. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el 14 de julio pasado me encontraba en El Cairo con algunos de mis colegas del Grupo del Partido Popular Europeo, para celebrar una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio y con representantes de la Asamblea del Pueblo de la República Árabe de Egipto. 
Habíamos previsto esta etapa al término de una misión informativa que, de Tel Aviv a Jerusalén y a Ramallah, nos había permitido tomar mayor conciencia a la vez de la gravedad de la situación y de la mediación que Unión Europea había emprendido gracias a la dedicación permanente- nunca insistiremos lo bastante- de su representante, el Embajador Moratinos, y de su equipo. 
Habíamos previsto dicha etapa porque conocíamos la importancia del papel desempeñado por Egipto en esta región de Oriente Próximo tras las valientes decisiones del Presidente Sadat, que le iban a costar la vida, y del Presidente Mubarak, que hoy arriesga la suya, porque ninguno de los dos ha dudado en contribuir a la puesta en marcha del proceso de paz, hoy desgraciadamente bloqueado. 
En ese momento nos había impresionado la pertinencia del análisis de nuestros amigos egipcios y no dejé de recordarlo cuando ocurrió el drama del 11 de septiembre. 
Hace tres semanas, en esta Asamblea, tenía el honor de presidir el comité de redacción de la declaración final del Foro Euromediterráneo, convocado excepcionalmente por nuestra Presidenta, para hacer frente a la nueva crisis y reactivar el proceso de Barcelona. 
Con la ayuda, entre otros, del representante egipcio en dicho Foro, logramos aprobar un texto por el que, además, se hacía un llamamiento a la reactivación de un diálogo intercultural e interreligioso entre los pueblos de las dos costas del Mediterráneo, para lograr una mejor comprensión no tanto dentro de un espíritu de tolerancia, ya que se tolera lo que nos es difícil de soportar, sino más bien dentro un verdadero respeto recíproco que nos permita aceptar nuestras diferencias y a enriquecernos con nuestra complementariedad. 
Es por eso por lo que valoro particularmente el excelente informe de nuestro colega Hughes Martin. 
Sí, corresponde al interés común de la Unión Europea y de Egipto formalizar su asociación mediante la firma del Acuerdo cuya decisión nos propone el Consejo, y sería totalmente irresponsable por parte del Parlamento Europeo retrasar de alguna manera esta firma. 
Hago un llamamiento a mis colegas, guardianes demasiado celosos del templo de los derechos humanos, para que reflexionen en la imagen que Occidente, en general, y la Unión Europea, en particular, transmiten de sí mismos cuando pretenden, a tiempo y a destiempo, dar lecciones a sus socios de los países árabes y africanos, que deberían servirles de ejemplo para que tomaran conciencia de que algunas veces de la misma forma en que estarían dispuestos a dar, también tienen que estar a veces dispuestos a recibir. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo creo que el ponente ha realizado un excelente trabajo en la elaboración del informe y podemos congratularnos de que, después de tantos años de negociaciones, Egipto se avenga por fin a suscribir con nosotros dicho acuerdo. 
Poco antes habíamos acordado aplazar el informe y yo creo que quien desee abordar seriamente el tema de los derechos humanos en Egipto tiene que estar de acuerdo con el informe. 
Éste ofrece a la Unión Europea la posibilidad de empezar a ocuparse de este tema, en aplicación de la cláusula sobre los derechos humanos del artículo 2. 
Quienes tengan un verdadero interés por la paz en Oriente Medio tienen que apoyar ineludiblemente el informe, ya que éste fortalece a un país que lleva años luchando por ella. 
Me resulta incomprensible que colegas que hace una semana aprobaron por unanimidad el informe en comisión ahora tengan reservas. 
En Egipto no ha cambiado nada, yo no sé dónde se puede haber producido algún cambio que les lleve a defender ahora una posición distinta de la que defendieron en la comisión. 
Finalmente, quisiera referirme a una última cuestión, concretamente a la carta que nos escribió el Presidente del Parlamento egipcio. 
Yo quiero manifestar que este intento de influir de este modo sobre una decisión absolutamente autónoma de un Parlamento es insólito y por esto mañana voy a presentar, en nombre de mi Grupo, una enmienda oral que ya he consensuado con el ponente. 
Señor Presidente, señor Comisario, evidentemente la firma de un acuerdo es un acontecimiento muy importante en el proceso de Barcelona, y especialmente si este acuerdo se firma con Egipto, un país de la máxima importancia, que creemos y sabemos que puede liderar los diálogos norte-sur y sur-sur y el desarrollo económico y comercial. 
Creemos además, lo ha dicho el General Morillon, que no sólo en los aspectos económicos y financieros, sino en todos los aspectos relacionados con el diálogo cultural y la sociedad civil, Egipto quiere y puede liderar. 
Por otra parte, está fuera de duda la importancia de Egipto como mediador en el conflicto israelo/palestino. 
Por todo ello, es especialmente preocupante que tengamos evidencias de falta de respeto a las libertades y los derechos humanos fundamentales como las que hemos comentado. 
Por tanto, el artículo 2 no puede ser una cláusula sólo política, debe ser una cláusula real; el progreso de la democracia es un camino importante para estos países, por lo tanto, creemos que es necesario que el Gobierno de Egipto tome buena nota de ello. 
Quisiera decirle una cosa, Sr. Sakellariou, nadie ha planteado que se vote contra este informe; la votación anterior no era a favor o en contra de este informe. 
Creo que un toque de atención significa simplemente no penalizar a Egipto, sino dar a Egipto toda la importancia que tiene como país. 
Señor Presidente, Señorías, saludamos la propuesta de la firma de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Egipto que contribuya al fortalecimiento de la asociación euromediterránea. 
La Unión acuerda un lugar privilegiado al capítulo de las libertades y de los derechos fundamentales. 
El estricto respeto de estos derechos debe ser la condición sine qua non de nuestra firma de dicho Acuerdo. 
Desde 1981, Egipto está bajo una ley de urgencia que otorga amplias prerrogativas a las autoridades, ignorando los derechos humanos y las libertades democráticas. 
Hoy estas últimas están bloqueadas y se hallan bajo el más estricto control de las autoridades. 
El valioso trabajo de las ONG nos advierte de esta cuestión. 
Pedimos, pues, al Gobierno egipcio que ponga término a dicha ley de urgencia, para que hombres y mujeres gocen plenamente de todos sus derechos, para que la orientación sexual, la libertad religiosa, la libertad de opinión, puedan expresarse sin que por ello se cometa un delito. 
No pasaremos por alto la decisión de condena de los homosexuales, lo que constituye una violación de los derechos humanos que desprecia los valores que defendemos. 
Ni injerencia, ni superioridad de valores, ni lecciones que dar, sino deber de denunciar y de condenar. 
Los derechos humanos son universales y están por encima de las fronteras. 
Señor Presidente, la firma de un acuerdo de asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y Egipto me produce sentimientos encontrados. 
Mis objeciones se centran principalmente en la injusta e insegura situación social en la que se hallan los cristianos egipcios. 
La pregunta oral dirigida a la Comisión pone de manifiesto esta preocupación. 
¿Cómo piensa incitar a las autoridades egipcias a que mejoren la situación de la comunidad copta? 
No nos olvidemos de que se trata como mínimo de seis millones de ciudadanos egipcios. 
Por eso es tanto más lamentable que la propuesta de resolución no haga mención de la violación de los derechos fundamentales de este grupo social. 
A modo de ejemplo quisiera denunciar tres graves abusos sufridos por los cristianos egipcios: las autoridades egipcias no sólo bloquean la construcción de nuevas iglesias, sino que, además, participan en la persecución judicial de los musulmanes que desean convertirse al cristianismo. Encubren estas prácticas acusando a estas personas de cometer actividades subversivas. 
En tercer lugar, la comunidad cristiana del Alto Egipto está sometida a una persecución religiosa abierta perpetrada por fundamentalistas musulmanes. 
Tal vacío de poder resulta intolerable, aparte de que este problema no se soluciona combinando el arresto de islamistas con la detención arbitraria de cristianos autóctonos. 
Por todo ello, ruego a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros que incluyan estos abusos en el orden del día del diálogo con las autoridades egipcias. 
Están obligados a hacerlo en virtud del contenido del presente acuerdo de asociación. 
Esta disposición fundamental sale aún más reforzada por el hecho positivo de que, desde el 11 de septiembre, la Iglesias copta está negociando con el Gobierno egipcio. 
Señor Presidente, yo también quiero hacer presente al señor ponente que aquí nadie ha propuesto desaprobar los Acuerdos de Asociación con Egipto. 
No estamos tratando de imponer un debate de quien tiene la pretensión de ser el idealista de los derechos humanos contra el realismo de la política y de los intereses. 
Pienso que se trata de todo lo contrario, señor ponente, creo que nosotros sólo somos algo más realistas. 
Después de siete años, como usted ha recordado, quizás esperar uno o dos meses para dar tiempo a responder a cosas concretas antes de implementar un acuerdo afortunadamente irreversible por muchos aspectos, pues bien, creo que es una muestra de realismo. 
Además, perseguir con declaraciones que no valen para nada, que son vacías, que hemos hecho y que haremos a miles, la cuestión de los derechos humanos privándonos de un instrumento de presión concreto, justo en el momento en que podríamos hablar de la misma concretamente, pues bien, se me antoja una falta de realismo. 
Lo que hemos pedido es que, por una vez, la Comisión Europea, la Unión Europea, incluya y considere la cuestión de los derechos humanos como una cuestión que hay que concretar, incluso en las relaciones de fuerza con los demás países. 
Sabemos que existe una cláusula de los derechos humanos, sabemos que, en teoría, esta cláusula podría ayudar a que se respeten los derechos humanos en Egipto e incluso a que en Europa se comprendiera a un país como Egipto. 
El problema es que la cuestión de los derechos humanos, la posibilidad de incidir directamente, de ejercer una presión concreta sobre la cuestión de los derechos humanos es una política que no figura en la estrategia de la Comisión Europea, es una política que se vacía de contenido. 
Con nuestra propuesta hemos tratado de ser una pizca más realistas que ustedes. 
Ustedes no han tenido tiempo de esperar, no hay problema: ¡Vivan los acuerdos de asociación, viva el libre comercio, viva Egipto! 
Sin embargo, no será fácil hacer valer la cuestión de los derechos humanos. 
Señor Presidente, en primer lugar, acaso debemos precipitarnos a estrechar los lazos con Egipto, con la esperanza de que las cuestiones sin resolver y un fallo injusto se disiparán y se resolverán por sí solos y sin que nos hayamos detenido a examinar minuciosamente qué hay en el fondo del Estado, es decir, el trato que dispensa a sus ciudadanos: los casos de abuso de los derechos humanos fundamentales, los 52 hombres procesados por su homosexualidad, porque Egipto quiere proteger el orden y sus valores nacionales, la condena de 23 de estos hombres, la represión de los cristianos por parte de extremistas islámicos, que se tolera y no se castiga, el caso del Dr. Saad El-din Ibrahim y otros intelectuales encarcelados por haber utilizado fondos que la Unión Europea les había concedido. 
Asimismo, la correspondencia con el Presidente de la Asamblea del Pueblo de Egipto y el Embajador en Bruselas no parecen sino resaltar la complacencia de Egipto respecto a este asunto y un afán de esquivar y de restar importancia a estos problemas. 
¿Aprueba el Parlamento las violaciones del derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y la libertad de asociación, ya sea ésta social, política, religiosa o sexual? 
Porque eso es lo que estaremos diciendo si restamos importancia al tema de los derechos humanos. 
Debemos transmitir un mensaje inequívoco en el sentido de que la Comunidad Europea no puede ni debe ni tolerará semejantes abusos flagrantes de los derechos humanos fundamentales. 
. (EN) Puesto que es un debate conjunto, propongo que tratemos al mismo tiempo sobre el informe y la pregunta oral, y me gustaría decir, para comenzar, que valoramos mucho la posición de Egipto como potencia clave de la región. 
Egipto, como han dicho varios oradores, desempeña un importante papel en el apoyo del proceso de paz en Oriente Próximo y la cuestión que el distinguido y aguerrido General Morillon ha planteado sobre los sacrificios que algunos han realizado para apoyar el proceso de paz es completamente cierta. 
También estamos encantados de que Egipto respalde una mayor participación de la Unión Europea en el proceso de paz de Oriente Próximo. 
Asimismo desempeña una gran actividad en otros asuntos regionales, en particular, en el fomento de la resolución de la guerra civil en Sudán, en el fomento del libre comercio en la región a través de iniciativas como el proceso de Agadir que, naturalmente, también incluye a Marruecos, Túnez, Jordania y COMESA. 
También agradecemos a Egipto su contribución a la consolidación del apoyo del mundo árabe a la campaña contra el terrorismo internacional. 
Sólo puedo decir que me siento aliviado por el desenlace de la votación de hace un momento, habida cuenta de que hemos presionado a Egipto insistentemente para que concluya las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación. 
Recuerdo haberme encontrado de pie ante esta Asamblea y oír la pregunta sobre qué me proponía hacer para presionar a los egipcios para que accedieran cuanto antes a iniciar las negociaciones. 
Por tanto, ha sido una experiencia bastante inusual para mí encontrarme hoy con una propuesta de aplazamiento. 
Las negociaciones del Acuerdo de Asociación fueron largas, pero su firma marcó una nueva etapa importante en las relaciones que Europa mantiene con Egipto. 
El Acuerdo de Cooperación de 1978 cumplió ampliamente su propósito, pero la Unión Europea y Egipto han cambiado de tal manera que resultan irreconocibles y era necesario un nuevo acuerdo para sustentar unas relaciones que se han vuelto mucho más maduras. 
El Acuerdo responde a los enormes intereses económicos y sociales, bilaterales y regionales que comparten la Unión Europea y Egipto, y el resultado de las negociaciones es bueno para ambas partes. 
Es bueno para Egipto porque ayudará a la economía egipcia a afrontar el reto de la globalización con más éxito y más competitivamente y a llevar a cabo las reformas dentro del contexto de unas relaciones económicas y políticas privilegiadas con la Unión Europea. 
Es bueno para la Unión Europea porque dará una nueva profundidad y calidad a nuestras relaciones con este interlocutor político y económico clave y, además, el acuerdo es bueno para el proceso de Barcelona. 
Con este acuerdo se crea ampliamente la infraestructura de los acuerdos de asociación que los sustenta, y espero que en breve podamos avanzar satisfactoriamente en el caso de Argelia, el Líbano y Siria. 
Ahora existe un cúmulo de acuerdos de importancia fundamental que hará posible que florezcan otras iniciativas en el marco del proceso de Barcelona. 
Permítanme referirme una vez más a la zona de libre comercio propuesta entre los países que firmaron el mencionado Acuerdo de Agadir. 
Ahora debemos mirar más allá de las negociaciones del acuerdo y centrarnos en la necesidad de una pronta ratificación y aplicación adecuada, y quiero hacer hincapié en la cuestión de la ratificación. 
Es más que lamentable que el acuerdo con Jordania, por ejemplo, no haya sido ratificado todavía por todos los Estados miembros y debemos animar a los interesados a que sigan adelante con la ratificación de estos acuerdos con bastante más celeridad. 
Evidentemente, acogemos con satisfacción el excelente informe elaborado por el distinguido Sr. Martin. 
Es un trabajo muy profesional y estamos agradecidos por ello y por el apoyo a la rápida ratificación del acuerdo por el Parlamento. 
A todos nos beneficia que las disposiciones del acuerdo entren en vigor cuanto antes, y espero que, en este caso, el proceso de ratificación avance con rapidez. 
Éste será un acto de procedimiento importante, pero además una señal muy positiva y alentadora para el parlamento egipcio y los parlamentos de los Estados miembros. 
Ciertamente, los retrasos de procedimiento en el proceso de ratificación por parte de algunos Estados miembros son a menudo incomprensibles para nuestros socios mediterráneos. 
He observado que a algunos diputados les preocupa que nuestros acuerdos con países asociados mediterráneos no hagan suficiente hincapié en las relaciones interparlamentarias. 
La práctica actual indica que el Parlamento no dudará en desarrollar contactos cada vez más estrechos con su interlocutor egipcio, pero, además, permítanme resaltar que las relaciones interparlamentarias están bien cubiertas en los textos pertinentes. 
También he observado la preocupación del Parlamento Europeo, la cual entiendo, por la situación de los derechos civiles, religiosos y políticos en Egipto. 
Puedo asegurar a sus Señorías que no he dudado en tratar regularmente sobre estas cuestiones con mis homólogos egipcios. 
La Comisión supervisa continuamente todos los aspectos de las relaciones de la Unión Europea con Egipto, incluido el respeto de los derechos humanos, y se mantiene vigilante ante los problemas en materia de derechos humanos con independencia del acuerdo. 
Las disposiciones del nuevo acuerdo proporcionan a ambas partes importantes medidas de salvaguarda y un valioso foro adicional. 
Cuando el acuerdo entre en vigor, podremos plantear, y espero que resolver, cualquier asunto de importancia en el consejo o comité de asociación pertinente. 
Me limitaré a observar- con toda delicadeza a las Señorías que pudieran no estar de acuerdo con esta observación y que se dejaron arrastrar por una oleada de entusiasmo hace un momento y votaron en contra de seguir adelante con la ratificación del presente acuerdo- que el acuerdo nos proporciona un foro mucho mejor para tratar con los egipcios precisamente sobre los problemas que se han planteado. 
La Comisión aborda ocasionalmente casos individuales, incluido el de las supuestas restricciones a que es sometida la comunidad copta. 
La Comisión colabora estrechamente con los Estados miembros en la toma de posiciones sobre estas cuestiones y espero que el Parlamento haya observado que nunca dudamos a la hora de exponer nuestros puntos de vista a las autoridades egipcias. 
Observo que, en lo relativo a las sentencias desmesuradamente leves a los acusados de instigar levantamientos con intenciones asesinas contra los cristianos del Alto Egipto, el Tribunal de Apelación ha ordenado un nuevo juicio. 
Recientemente, la delegación de la Comisión ha explicado la base contractual de las subvenciones concedidas a organizaciones no gubernamentales en el contexto del llamamiento de Saad Ibrahim sobre el que he tratado en anteriores ocasiones con mis homólogos egipcios. 
La Comisión se ha unido a los Estados miembros para expresar nuestra preocupación a las autoridades egipcias por el fallo del reciente juicio que condena a los homosexuales y comprendo las preocupaciones que han expresado sus Señorías por esta causa. 
Pero debemos observar también los avances alentadores, la nueva legislación social sobre los derechos de las mujeres, la supervisión de las elecciones por parte de los tribunales y las importantes decisiones que han tomado los tribunales sobre la constitucionalidad de la legislación contenciosa. 
La necesidad de unas relaciones buenas y fluidas entre Europa y Egipto rara vez ha tenido más importancia. 
En las últimas semanas, todo el mundo ha hablado sobre la importancia vital de intentar demostrar al mundo árabe e islámico que la campaña contra el terrorismo no significa que Occidente haya enfrentado Europa y los Estados Unidos al mundo del Islam. 
Toda persona sensata ha defendido que, cuando menos, es poco prudente dar lecciones al mundo islámico, como si tuviéramos el monopolio de la virtud. 
Todo el mundo ha hablado de la importancia de profundizar en el diálogo con el mundo islámico. 
Tenemos un acuerdo que nos brinda la oportunidad de sentar las bases para nuestras relaciones con los países de la cuenca mediterránea. 
La idea de que pudiéramos tener una política seria sobre el Mediterráneo sin celebrar un acuerdo con Egipto es "de necios", como dirían los estadounidenses. 
Es evidente que deberemos abordar el tema de los derechos humanos... 
(Interrupción del Sr. Cashman) 
Respeto a su Señoría, pero creo que estará dispuesto a reconocer que no necesito tomar lecciones de nadie en materia de derechos humanos. 
Queremos proseguir nuestro diálogo sobre los derechos humanos con Egipto y otros países en el marco del proceso de Barcelona, pero sería muy extraño sostener que Europa debe tener una política constructiva seria en el Mediterráneo y que debe mantener un diálogo serio y profundo con los países islámicos y, al mismo tiempo, rechazar un acuerdo de asociación con Egipto. 
Por tanto, espero que el Parlamento siga el ejemplo del excelente informe, ampliamente alabado por todos los diputados, que ha elaborado el Sr. Martin. 
Espero que el Parlamento se mantenga vigilante respecto a la situación de los derechos civiles, políticos y sociales en Egipto, pero que también siga esforzándose en favor de unas relaciones más estrechas entre la Unión Europea y el pueblo y el Gobierno egipcios. 
Señor Presidente, sólo desearía manifestar al Comisario Patten que desde hace dos años existe un Acuerdo de Asociación con otro país árabe, que se llama Túnez, y que las cosas van de mal en peor. 
Eso es todo. 
No se ha referido usted a una cuestión de orden. 
Quisiera informar al Comisario Patten de que la intención de la Asamblea no era rechazar el Acuerdo de Asociación, sino aplazarlo. 
En cuanto a lecciones en materia de derechos humanos, todos- con independencia de nuestra trayectoria- debemos aprender sobre los derechos humanos. 
El debate queda cerrado. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Ayuda a la reconstrucción 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0386/2001 del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 551- C5-0477/2001- 2001/0223 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CE) núms. 2666/2000 del Consejo relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la ex República Yugoslava de Macedonia y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1628/96 y se modifican los Reglamentos (CEE) nos 3906/89 y 1360/90 y las Decisiones 97/256/CE y 1999/311/CE y el Reglamento (CE) nº 2667/2000 sobre la Agencia Europea de Reconstrucción; 
A5-0385/2001 del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta y la propuesta modificada de decisión del Consejo (COM (2001) 519- C5-0486/2001 + COM (2001) 613- 2001/0213 (CNS) ) encaminadas a modificar la Decisión 1999/733/CE del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera suplementaria a la antigua República Yugoslava de Macedonia; 
A5-0411/2001 del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 610- C5-0558/2001- 2001/0250 (CNS) ) que modifica la Decisión 1999/325/CE del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Bosnia y Herzegovina; 
A5-0410/2001 del Sr. Färm, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 618- C5-0559/2001- 2001/0258 (CNS) ) encaminada a modificar la Decisión 2001/549/CE de 16 de julio de 2001 por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República Federativa de Yugoslavia. 
Señor Presidente, en realidad la pregunta de si la propuesta de la Comisión de ampliar las actividades de la Agencia Europea de Reconstrucción a Macedonia merece nuestro apoyo tiene fácil respuesta. 
Cuando la Comisión lanzó hace uno o dos meses su propuesta surgieron algunas dudas. 
Estos reparos no tenían nada que ver con la valoración de la Agencia de Reconstrucción: a este respecto la Comisión de Asuntos Exteriores ha mostrado su aprecio desde el primer momento. 
Dicha evaluación positiva se ha visto confirmada recientemente por una observación enormemente halagadora del Tribunal de Cuentas acerca de la rapidez y la eficiencia con que la Agencia ha venido desplegando sus actividades hasta la fecha. 
En resumen, nuestras objeciones iniciales no iban dirigidas a la Agencia, sino que tenían su origen en la aparente indecisión de la Comisión. Era como si ella misma no supiera muy bien cómo orientar la ayuda a los Balcanes. 
¿Se gestionaría íntegramente a través de la Agencia de Reconstrucción, primero en Yugoslavia, luego en Macedonia y más adelante tal vez en Albania y Croacia; o la Comisión seguiría fiel a su política original de desconcentración de las competencias en favor de las delegaciones presentes en los diferentes países? 
Posteriormente tuvimos la oportunidad de comentar esta cuestión con el Comisario. Nos ha prometido que la Comisión presentará en breve, a comienzos del año que viene, una posición acerca de la estrategia relativa a la ayuda a los Balcanes en la que se especificará el papel de la Agencia de Reconstrucción y de las representaciones en el marco de la desconcentración. 
Esperamos ese informe con sumo interés. 
En la actualidad- y con eso se despejan todas las dudas- no hay alternativa: si pretendemos ayudar rápida y eficazmente a Macedonia hemos de otorgar necesariamente un papel importante a la Agencia. 
Creo que a este respecto coincidimos plenamente con la Comisión. 
¿Por qué es tan sumamente importante que prestemos ayuda a Macedonia y que lo hagamos a través de la Agencia? 
He subrayado reiteradas veces, en este mismo debate y en otras ocasiones, especialmente a raíz del 11 de septiembre, que los acontecimientos en Macedonia revisten especial importancia para la Unión Europea. 
El peso de Macedonia supera con mucho la superficie de ese país relativamente pequeño de los Balcanes. 
Por primera vez la Unión Europea ha logrado llevar a cabo en los Balcanes, en Macedonia, hablando con una sola voz, aquello que posiblemente hubiéramos querido hacer desde hace tiempo. 
Se trata del mayor éxito jamás conseguido por la política exterior europea. 
Hablar con una voz y hacer lo que se les da bien: eso es lo que la Comisión y la Unión Europea han hecho en Macedonia hasta ahora. 
Se ha hablado, se ha negociado, se han alcanzado compromisos, se ha prometido ayuda financiera y se ha prometido una reducida cantidad de ayuda militar. 
En mi opinión, es lo mejor que la Unión Europea puede ofrecer en este momento. Es importante que este esfuerzo- haber prevenido hace unos meses que estallara una guerra civil- tenga continuación y que aportemos suficiente ayuda financiera y suficiente reconstrucción material. 
Por eso, el Parlamento también ve con buenos ojos que se implique a la Agencia. 
Me temo que si las cosas salen mal en Macedonia acabarán saliendo mal en los Balcanes en general. 
De ahí que insista una vez más en la necesidad de implicar a la Agencia y de diseñar una buena estrategia. 
Es sabido- los Sres. Swoboda y Pack y el propio Comisario lo han podido comprobar sobre el terreno en varias ocasiones- que Macedonia vive unos momentos de gran tensión. 
Bajo la presión del Parlamento Europeo, la Unión Europea y numerosas instancias internacionales el Parlamento de Macedonia ha ratificado por fin la Constitución. 
Ello ha creado y sigue creando enormes tensiones. 
Europa está en condiciones de relajar la situación. Una de las maneras más adecuadas radica en pasar sin más demora de las palabras a la acción. 
Para ello necesitamos la Agencia. 
En resumidas cuentas, Macedonia necesita rápidamente ayuda material y política, así que en este mismo momento no podemos prescindir de la Agencia de Reconstrucción. 
Ruego encarecidamente a la Comisión que clarifique en qué consistirá exactamente su estrategia para los Balcanes, cuál debe ser el papel de la Agencia y qué función se otorgará en el futuro a otros servicios de la Comisión. 
. (SV) Señor Presidente, diputados, miembros de la Comisión, posiblemente hoy he establecido una marca en el Parlamento. 
Probablemente no necesitaré tanto tiempo. 
Por fin parece que los acontecimientos en los Balcanes se están estabilizando y se avanza en la dirección correcta. 
Por fin existe algo que se asemeja a la paz, aunque está protegida por las armas, aunque continúa la violencia contra algunos grupos étnicos y aunque falta mucho para alcanzar una convivencia pacífica. 
Se ha desarmado a los grupos armados de Macedonia gracias, especialmente, a una importante acción de la UE. 
Cabe, por tanto, albergar un cierto optimismo, aunque la historia nos ha demostrado con demasiada frecuencia que la paz es frágil, especialmente en el oeste de los Balcanes. 
La democracia también se afianza. 
El otoño pasado cayó la dictadura de Milosevic gracias a las decidas acciones del pueblo yugoslavo. 
Tanto en Croacia como en Bosnia y en Herzegovina, aunque con algunas dificultades en este último caso, las fuerzas democráticas han hecho avances. 
Ha sido un privilegio estar presente como observador del Parlamento Europeo en este histórico acontecimiento. 
Sin embargo, queda mucho por hacer. 
Existe una enorme necesidad de reconstrucción física, pero también de construcción de infraestructuras y de la economía, que se le dejó en ruinas en la década pasada. 
Lo más importante es, quizás, conseguir un verdadero proceso de reconciliación que permita poner fin a las limpiezas étnicas que han surgido en esos países y, además, resolver los graves problemas que aún quedan en relación con los refugiados y las displaced persons. 
En estas condiciones, en la Comisión de Presupuestos hemos aprobado tres informes sobre prolongación, y en ciertos casos aun aumento, de la ayuda macrofinanciera a Macedonia, a Bosnia y Herzegovina y a Yugoslavia. 
Para comenzar, algunas palabras sobre Macedonia. 
En noviembre de 1999, el Consejo decidió dar a Macedonia una ayuda macrofinanciera de 80 millones, una parte en calidad de préstamo y otra, 30 millones de euros, como subvención. 
Esta decisión se adoptó en relación con la guerra de Kosovo, ya que esa crisis originó enormes costes en Macedonia debido a la llegada de cientos de miles de refugiados. 
La intención ha sido facilitar la realización de reformas estructurales y contrarrestar las perturbaciones económicas derivadas del conflicto de Kosovo. 
La ayuda está unida a exigencias, especialmente a la continuación del programa de reformas económicas y de la administración pública y a que se cumplan los acuerdos de Ohrid de hace algunos meses. 
Como es sabido, Macedonia se vio afectada por un conflicto armado interno. 
Obviamente esto ha creado nuevos problemas y ha retrasado la ejecución de las ayudas. 
Sólo una parte de ellas ha podido entregarse dentro de los plazos fijados. 
Por esa razón queremos prolongar el fundamento jurídico de esa ayuda. 
A nuestro juicio es totalmente acertado. 
Sin embargo, la Comisión propone también que se aumenten las subvenciones, ya que empieza a tener problemas con Macedonia, donde el desarrollo ha sido en general positivo. 
El conflicto ha intensificado los problemas. 
Por eso la Comisión propone que las subvenciones aumenten en 18 millones. 
En estas circunstancias, la Comisión de Presupuestos opina que la propuesta de la Comisión es razonable. 
No obstante, hemos presentado algunas enmiendas para hacer hincapié en que primordialmente corresponde a la Comisión administrar estas ayudas, pero junto con el Comité de Política Exterior y Política de Seguridad y con el Comité Económico y Financiero. 
Esto, porque para nosotros no sólo es importante poder controlar el manejo financiero de las ayudas sino que también aspectos más políticos como, por ejemplo, que las ayudas no se usen para pertrechar al ejército macedonio. 
También hacemos hincapié en que estas ayudas, es decir, las subvenciones en combinación con préstamos "blandos" a largo plazo, deben ser excepcionales y en ningún caso deben convertirse en normales. 
Después tenemos el caso de Bosnia y Herzegovina. 
En mayo de 1999 decidimos conceder esta ayuda, un préstamo de 20 millones y una subvención de hasta 40 millones. 
Evidentemente esto se hizo para mejorar la situación económica y para respaldar la reconstrucción de Bosnia. 
La condición fue, obviamente, que continuasen las reformas de la economía y de las instituciones democráticas. 
Hemos tenido algunos problemas. 
Para hacerlo necesitamos que se prolongue el fundamento legal. 
También conviene tener en cuenta que las elecciones de Bosnia en noviembre de 2000 significaron un retraso generalizado; ha habido negociaciones, el Alto representante tuvo que intervenir, etcétera. 
Esto ha retardado las reformas y los trabajos legislativos y, consecuentemente, la ejecución de las ayudas. 
El crecimiento económico no ha sido muy bueno. 
Por eso, estas ayudas son realmente necesarias y la Comisión de Presupuestos respalda la propuesta de la Comisión de modificar el reglamento del Consejo, de manera que podamos prolongar los plazos hasta finales de 2002. 
Con todo, en este caso deben aplicarse las mismas condiciones respecto al Comité de Política Exterior y Política de Seguridad señaladas respecto a Macedonia. 
Para terminar, algunas palabras sobre el tercer asunto, Yugoslavia. 
Este año decidimos conceder una ayuda macrofinanciera de 300 millones, también en forma de préstamo y subvención. 
La intención fue principalmente ayudar a la estabilidad económica, social y política yugoslava, pero también, quiero subrayar, para fomentar el papel estabilizador de este país en toda la región. 
Este año ha quedado demostrado que la situación económica quizá era un poco más difícil de lo que pensábamos. 
El proceso de privatizaciones ha sido especialmente lento, lo que ha significado que los presupuestos hayan perdido los ingresos de esas privatizaciones. 
También es sabido que ha habido un complicado proceso para resolver las relaciones de Yugoslavia con el Banco Mundial, con el FMI, etcétera. 
Si no se suministra dinero, existe un evidente riesgo de que se empeore aún más la situación económica. 
Hay que pensar que Yugoslavia tiene una deuda enorme, que sobrepasa el 140 por ciento del PNB. 
Por eso quiere la Comisión que esas nuevas cantidades- un aumento de 45 millones- sean subvenciones. 
La Comisión de Presupuestos no se opone, pero hace hincapié en que esto debe considerarse como una parte de los programas plurianuales de la UE y que es una ayuda de carácter excepcional. 
También hemos añadido que las ayudas deberán pagarse con la condición de que Yugoslavia siga su camino hacia un estado de derecho y que continúe colaborando estrechamente con el Tribunal de La Haya. 
En nuestra opinión, en estos tres casos habrá que seguir los procedimientos presupuestarios ordinarios para conseguir nuevos recursos durante este año. 
Por tanto, sólo podrán obtenerse mediante un proceso paralelo con traspaso de fondos de otras partidas presupuestarias, lo que requiere una decisión de las autoridades. 
Señor Presidente, en la sesión pasada, en Estrasburgo, la Comisión pidió que se diese a estas materias el carácter de urgente. 
En esa oportunidad dije que, antes que nada, había que aclarar un par de cosas. 
En primer lugar, queríamos ver la propuesta concreta de la Comisión respecto a los traspasos necesarios para conseguir los millones, 45 y 18 respectivamente, de manera que podamos ver de dónde se sacarán esos recursos. 
La propuesta de traspasos se discute actualmente en la Comisión de Presupuestos. 
En segundo lugar, queríamos terminar la conciliación con el Consejo sobre los presupuestos del año próximo, para asegurar así que estas acciones se podrán combinar con otras- por ejemplo la reconstrucción- destinadas al oeste de los Balcanes. 
Ahora hemos llegado a un acuerdo con el Consejo que implica que esa nueva ayuda macrofinanciera deberá entenderse como front loading de las partidas presupuestarias del próximo año. 
Al mismo tiempo, aceptamos la propuesta presupuestaria preliminar de la Comisión para los Balcanes, que espero que se mantenga en la segunda lectura de los presupuestos en la próxima sesión de Estrasburgo. 
Por estas razones respaldamos estas tres propuestas. 
Para finalizar, permítanme referirme muy brevemente a la opinión de la Comisión de Presupuestos, y mía, sobre el informe Lagendijk sobre la Agencia Europea de Reconstrucción. 
He tenido la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de esta Agencia y me parece un ejemplo de eficacia, cosa que también opina el señor Lagendijk y que ha sido ratificada por el informe del Tribunal de Cuentas. 
Una de ellas es que, a raíz de las presiones del Parlamento, se ha establecido un modelo más descentralizado para la adopción de decisiones y la ejecución de las subvenciones comunitarias, evitando la anterior toma de decisiones- lenta e ineficaz- inspirada en el tradicional procedimiento de comité. 
A pesar de los excelentes resultados de esta Agencia, las enmiendas de la Comisión de Presupuestos quieren hacer hincapié en la importancia de aplicar principios presupuestarios adecuados cuando haya que distinguir entre gastos administrativos y operacionales, para facilitar, entre otras cosas, una correcta evaluación de las actividades. 
Además, queremos incorporar una referencia al artículo 274 del Tratado, con el objeto de subrayar claramente que se trata de acciones en las que la responsabilidad primordial de su ejecución radica en la Comisión y no en los Estados miembros. 
Señor Presidente, el colega Lagendijk ha elaborado un excelente informe. 
También quiero felicitar muy sinceramente al Sr. Färm y manifestarles a ambos mi agradecimiento en nombre de mi Grupo, que hoy represento casi en solitario, y mi conformidad de principio con todo lo que han expuesto. 
Dicho esto, también quisiera destacar un par de aspectos. 
Yo creo que el mecanismo de reacción rápida, este instrumento que permite aportar fondos de manera rápida, eficiente y libre de burocracia a las regiones en crisis, es un instrumento realmente adecuado. 
Justamente en Yugoslavia, como también ha señalado el Comisario, se agradece esta ayuda efectivamente rápida y eficaz, que sólo fue posible gracias a la existencia de este instrumento, en lugar de tener que recurrir al tedioso procedimiento habitual. 
Yo también considero francamente necesario que éste se haga extensivo a Macedonia, donde el difícil proceso político requiere sin duda un apoyo. 
Este proceso todavía no ha concluido ni mucho menos. 
Las leyes se tienen que aplicar con objeto de que los ciudadanos albaneses puedan comprobar que efectivamente han ganado algo con las enmiendas de la Constitución. 
Los habitantes macedonios de la región deben comprender que el objetivo es justamente que, si actúan como se espera de una democracia, también tendrán su compensación a través de una mejora de su vida cotidiana. 
Nosotros suscribimos todo esto y también estamos de acuerdo con las reservas que ha señalado el Sr. Färm. 
No obstante, yo creo que la Comisión las conoce muy bien y sin duda también las respeta. 
Volviendo sobre el tema de la instalación de la Agencia en Macedonia, yo considero que, dadas las insuficiencias en la ejecución y desembolso de los recursos financieros previstos para dicho país desde 1996, ya hace tiempo que se hubiese tenido que buscar algún remedio. 
Sin duda, ha faltado voluntad por parte del Gobierno macedonio y quienes hemos estado allí sabemos que sencillamente no estaban en condiciones de poder responder. 
No voy a entrar ahora en si no podían o no querían hacerlo, en cualquier caso faltó voluntad por parte del Gobierno y, en última instancia, la delegación sobre el terreno tampoco pudo prestarle la ayuda adecuada. 
Faltó la ayuda técnica necesaria que la Comisión hubiese debido prestar a dicho Gobierno. 
Yo creo, por lo tanto, que es bueno que el Comisario haya contemplado ahora posibles medidas para acelerar el proceso. 
Esto es favorable para la Agencia, que está desarrollando una excelente labor en Kosovo; yo espero que podremos constatarlo el próximo fin de semana en Belgrado. 
Nosotros deseamos que esto sea posible, que desde allí se haga por fin lo que están esperando todos los macedonios y tampoco tengo nada que objetar en contra de su instalación. 
No obstante, apreciado señor Comisario, lo que me preocupa es que ahora se ponga remedio de este modo. 
Yo habría deseado que se hubiese estructurado el trabajo en dicha región y me gustaría que nos dijese esta noche si está dispuesto y en condiciones de elaborar un proyecto que descentralice las delegaciones y les permita desarrollar esta labor o si, por el contrario, se propone establecer agencias de este tipo en toda la región. 
Yo creo que nos debe usted esta respuesta y me gustaría que nos dijese cuándo cree que podrían presentarnos este documento los servicios de la Comisión. 
Con esta condición, yo estoy dispuesta a desearle sin reservas mucho éxito en la instalación de la Agencia, ya que considero que todos hemos tenido excelentes experiencias en este contexto. 
No voy a formular ahora ningún reproche contra la delegación sobre el terreno. 
Ésta no estaba en condiciones de poder cumplir lo que esperábamos de ella, simplemente porque no estaba descentralizada, cualquier que sea el significado de este término, y no podía prestar la ayuda técnica necesaria. 
Por consiguiente, yo espero sinceramente que nos presente un proyecto a más largo plazo que permita que todos los países de la zona puedan sentirse tratados más o menos en igualdad de condiciones, lo cual yo creo que esto también es importante para evitar que surjan rivalidades entre ellos. 
Señor Presidente, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar muy sinceramente a los ponentes por su trabajo. 
Como ya ha señalado el colega Lagendijk, la situación en los Balcanes es ahora completamente distinta que hace medio año o un año, en particular si se piensa en las elecciones en Kosovo y el arreglo alcanzado en Macedonia. 
Esto no debe inducirnos, no obstante, a declarar que todo ha salido bien, el asunto está resuelto y aunque demos algún bandazo, todo acabará saliendo bien. 
Yo también considero acertado y justificado el paso que propone la Comisión. 
Sin embargo, señor Comisario- ya lo hemos discutido -, si efectivamente es cierto, y yo así lo creo, que existen serias diferencias entre el trabajo de la Agencia y el de las delegaciones, y entre una y otras, en el justo término medio por decirlo así, se encuentran las delegaciones descentralizadas, deberíamos extraer conclusiones generales de este hecho, que no se debe a la bondad o maldad de unos y otros. 
Sin duda también se explica por la estructura de los procesos de decisión. 
Comprendo que seguramente no pueda darnos hoy una respuesta. 
Yo quisiera dirigirle, no obstante, otra petición, a saber, que aplique realmente a la reestructuración del trabajo y la política de la Comisión en los Balcanes toda la imaginación que usted sin duda posee, señor Comisario, pero que seguramente también tienen sus colaboradoras y colaboradores. 
Por mi parte, yo pienso que la Agencia no es sólo una agencia de reconstrucción, sino que ya es también una agencia de desarrollo y que, en conjunto, debería cumplir un papel más amplio. 
Reconozco que esto también se podría llevar a cabo perfectamente junto con las delegaciones, a las que también se van a encomendar tareas adicionales en la línea de la descentralización. 
Sin embargo, aun así pienso que a principios de la primavera, a principios del año próximo deberíamos presentar una propuesta sobre cómo creemos que se debe estructurar la ayuda, el apoyo y la labor de desarrollo de la Comisión en los Balcanes para los próximos diez años. En efecto, se requieren diez años como mínimo para lograr el "despegue" que todos deseamos para los Balcanes y que es necesario para la paz y la estabilidad en Europa. 
(EN) Señor Presidente, supongo que sería algo exagerado afirmar que la Asamblea se encuentra repleta de amigos bien informados de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, aunque los presentes están perfectamente cualificados para tratar sobre este asunto porque creo que las Señorías que sin duda más saben sobre Macedonia y que, en cierto sentido, mejor conocen el sudeste de Europa en su conjunto se encuentran en esta Asamblea. 
Les estoy muy agradecido, Señorías, por su contribución al que ha sido un desarrollo bastante fructífero de la estrategia de Europa en los Balcanes y, en particular, doy las gracias al ponente, Sr. Lagendijk, por su informe. 
Permitan que restablezca el contexto en el que celebramos el presente debate. 
Como sus Señorías saben, Macedonia fue el primer país con el que negociamos un acuerdo de estabilización y asociación. 
Mientras negociábamos dicho acuerdo, durante cada una de mis visitas a la Antigua República Yugoslava de Macedonia- y he visitado Skopje más veces que cualquier otra capital del mundo durante los últimos años- siempre éramos nosotros los que recibíamos las quejas por la falta de celeridad en la entrega de nuestra ayuda al desarrollo. 
Cuando este año surgió la crisis, realizamos grandes esfuerzos y rindo un voto de agradecimiento especial a la labor de mi colega Javier Solana. 
Realizamos enormes esfuerzos en un intento de devolver al buen camino a la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Estábamos encantados con el Acuerdo del Lago Ohrid y dijimos abiertamente que haríamos cualquier cosa que estuviera en nuestras manos para contribuir a la aplicación del acuerdo marco en el Lago Ohrid. 
Me preocupaba, como he explicado a sus Señorías, que a menos que hiciéramos un esfuerzo especial, no podríamos entregar dicha ayuda con la rapidez necesaria. 
Me hubiera gustado mucho poder haber seguido todo el proceso de desconcentración mucho más deprisa en el caso de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y entregar nuestra ayuda de un modo convencional, pero eso equivalía a correr riesgos. 
El modo más seguro de suministrar la ayuda era ampliando la red de la Agencia para la Reconstrucción y ése fue el motivo por el que nos encontramos aquí esta noche. 
Sé que algunas de sus Señorías, comprensiblemente, estaban algo confusas acerca de la estrategia de nuestra gestión. 
Con la sabiduría que da la experiencia, que nos permite a todos ser mucho más sabios, quizás lo sensato hubiera sido consultar antes a sus Señorías. 
Pero espero que hayamos conseguido convencerles de que no existía ninguna intención por nuestra parte de reducir nuestras relaciones con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Me he reunido con el Presidente Trikovsky esta misma semana. Se dirigía a un desayuno de oración- lamento decir que no era mi caso- y creo que en esta ocasión hemos conseguido convencerle, así como a las autoridades de Skopje, de que estamos intentando suministrar la ayuda lo más rápidamente posible y ya hemos comenzado a proporcionarla en los sectores eléctrico y de la vivienda, etc. 
Es comprensible que sus Señorías piensen que existe cierta confusión en nuestra estrategia de gestión para toda la región, pero no creo que yo esté siendo incoherente al sostener, por un lado, que debemos trabajar a través de Europe Aid, a través de la desconcentración, que ya ha comenzado y que ahora debemos impulsar lo más rápidamente posible, y por otro, al afirmar que pueden darse casos excepcionales, especialmente crisis, que necesiten disposiciones diferentes. 
En estos momentos estamos estudiando, por ejemplo, cómo debemos abordar la situación en Afganistán- si deberíamos destinar una unidad operativa a Afganistán para poder poner en marcha cuanto antes proyectos de acción rápida. 
Por tanto, no creo que sea incoherente seguir impulsando la reforma de Europe Aid, sin olvidar al mismo tiempo que de vez en cuando son necesarios otros tipos de actuación. 
Permítanme recordar a sus Señorías que hemos prometido 30 millones de euros para la aplicación del acuerdo marco y que además ya hemos desembolsado 12,5 millones de euros a través del dispositivo de reacción rápida. 
Hemos comprometido 5 millones de euros aproximadamente a través de ECHO en ayuda humanitaria y hemos creado el programa regular CARDS por valor de 42 millones de euros para este año para la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Todo ese trabajo, excepto la dimensión ECHO, lo llevará a cabo la Agencia durante los próximos meses. 
En lo que a nosotros respecta, el próximo acontecimiento en el horizonte será la conferencia de donantes que intentará organizar la ayuda junto con el Banco Mundial. 
Se han puesto algunas condiciones, como sabrán sus Señorías. 
En primer lugar, hemos insistido en la necesidad de aplicar un acuerdo marco sobre la aprobación de enmiendas a la Constitución a través del Parlamento de Skopje. 
También queríamos que se aprobara una ley sobre el gobierno local, porque francamente de lo contrario es poco probable que los Estados Unidos asistan a la conferencia de donantes. 
Como mi colega el Comisario Solbes estará dispuesto a asegurarles, para proporcionar ayuda macrofinanciera en una conferencia de donantes es absolutamente fundamental celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 
La ayuda macrofinanciera no se concede a menos que exista dicho acuerdo. 
El Presidente Trikovsky me ha asegurado esta misma semana que el acuerdo con el FMI ya está en camino y creo que la reunión pertinente se celebrará en Washington a comienzos de diciembre. 
Por consiguiente, espero que a condición de que se aprueben la legislación a la que me he referido, las enmiendas constitucionales y la recomendación de un acuerdo al Consejo de Administración del FMI, podremos celebrar una fructífera conferencia de donantes. 
Si todas las partes están de acuerdo, así como la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la celebraremos antes de Navidad, pero lo haremos en el momento en que parezca que la conferencia tiene más posibilidades de éxito. 
Lo que no quiero hacer es fijar una fecha por segunda vez y luego tener que aplazarla, porque eso sería desastroso. 
Agradezco a sus Señorías la rapidez con que han presentado su opinión sobre lo que proponemos. 
Lamento no poder expresar mi gratitud aceptando todas las enmiendas presentadas. 
Como es habitual, no puedo hacerlo. 
Algunas de las enmiendas, por ejemplo, las que hacen referencia al carácter provisional de lo que estamos haciendo, no tienen ningún valor jurídico real. 
Otras, según he podido saber, no son realmente idóneas para ser incluidas en una decisión jurídica. 
No obstante, quiero responder de manera algo diferente a dos de los argumentos planteados y que sus Señorías comprenderán. 
En primer lugar, quiero asegurar al Parlamento que naturalmente será consultado si surge la cuestión de ampliar la Agencia a otros países. 
Si lo propusiéramos, consultaremos al Parlamento naturalmente. 
En segundo lugar, y ésta es una observación que el Sr. Swoboda ha planteado con mucha elocuencia, a sus Señorías les preocupa la integridad de la gestión de lo que estamos haciendo en el sudeste de Europa. 
Les preocupa la coherencia de lo que estamos haciendo en el sudeste de Europa y, comprensiblemente, nos presionan para que creemos una estrategia para la gestión de la ayuda comunitaria a los Balcanes. 
Lo hago encantado. 
Sólo le ruego al Parlamento que no me presione para que lo haga antes del 31 de enero. 
Les diré por qué. 
En la Comisión tenemos un buen equipo de personas trabajando sobre los Balcanes. 
El equipo dedica tres cuartas partes de su tiempo a asistir a reuniones en el Consejo, en unidades de intervención consultivas y a la elaboración de informes; nos encontramos en medio de la elaboración de un informe para el Consejo, que naturalmente será presentado al Parlamento, sobre el progreso general del proceso de estabilización y asociación. 
No quiero exigirle tareas poco razonables, pero puedo garantizar al Parlamento que el año próximo, tan pronto como sea posible, acudiré al Parlamento para explicar el tipo de estrategia que creo que sus Señorías tienen derecho a pedir y que nosotros ofreceremos encantados. 
Es muy importante que el Parlamento se asegure de vez en cuando de que realmente sabemos lo que estamos haciendo. 
Llevo poco más de dos años en el cargo y lo que voy a decir no indica que todo lo que ha sucedido haya sido gracias a que existe una nueva Comisión- no estoy diciendo eso en absoluto. 
Pero hemos asistido, en primer lugar, a una transformación en la región con los admirables acontecimientos recientes, como ha dicho su Señoría: las elecciones en Kosovo y los avances en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Sabemos que cada vez que avanzamos un par de pasos, sucede algo que nos hace retroceder de nuevo, pero creo que desde Croacia hasta Serbia, Macedonia y Albania avanzamos en la dirección acertada. 
Tenemos una estrategia coherente y hemos hecho avances considerables. 
Y esos avances los hemos hecho porque hemos trabajado juntos de manera que la estabilidad se ha extendido a la región y ha apoyado a los que están dispuestos valientemente a discutir y trabajar por la reforma económica y política. 
Al final del proceso de establecimiento y asociación esta la perspectiva de una posible adhesión a la Unión Europea. 
Éste ha sido el elemento mas formidable de llevar mayor paz y estabilidad al sudeste de Europa. 
Debemos asegurarnos de que la enorme inversión política y financiera que hemos realizado durante el último par de años continúa dando frutos en un progreso y desarrollo estable. 
Ni que decir tiene que eso será más probable si podemos seguir contando con la colaboración del Parlamento. 
¿Quiere decir, señor Comisario, que cuanto antes el año próximo significa antes de finales de marzo? 
Señor Comisario, yo también puedo confirmar que el Presidente Trikowsky asistió al "desayuno de oración"; el que no estuvo allí fue usted. 
Por otra parte, quiero señalar que si seguimos por este camino, pronto habrá más comisarios que diputados en el Parlamento. 
¡Esto también es una buena noticia! 
. (EN) Sugiero, señor Presidente, que él rece por mí 
Yo lo hice. 
Señor Presidente, después de los comentarios de mi colega, el Comisario Patten, sobre los diferentes elementos políticos de la situación en los Balcanes, voy a centrarme en los tres programas de ayuda macrofinanciera. 
En el caso de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Sr. Farm ha puesto de relieve muy claramente que estamos hablando de dos cosas: por una parte, de un incremento de la cuantía de la ayuda y, en segundo lugar, de la ampliación del plazo de ejecución de la misma. 
Hasta ahora hemos desembolsado 30 millones de euros debido a ciertos retrasos en la obtención del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre su programa económico. 
Es cierto que las condiciones establecidas referidas a los cambios constitucionales que se están poniendo en marcha, y el necesario apoyo que estamos prestando a la estabilización económica y al proceso de reformas, exigen la cooperación con el Fondo Monetario y, de acuerdo con nuestra información, las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia se encuentran muy cerca del establecimiento de un marco económico que será acompañado por el programa de seguimiento, y que serviría de enlace con un programa de apoyo por parte del Fondo. 
La situación económica sigue siendo extremadamente precaria. Ésa es la razón por la que el Fondo Monetario Internacional nos ha informado de las necesidades financieras a corto plazo y de la necesidad del aumento de las contribuciones de los diferentes donantes para cubrir el déficit de financiación exterior de los años 2001 y 2002. 
Ésa es la razón fundamental de nuestra decisión de incrementar en 18 millones de donación adicional nuestras aportaciones a Macedonia. 
En el caso de Bosnia y Herzegovina, en este momento estamos ejecutando la ayuda. 
Están previstos 60 millones, 40 de donación y 20 de préstamo. 
Se han desembolsado ya los dos primeros tramos, a finales de 1999 y a finales de 2000, y se está avanzando en el proceso de estabilización y reforma económica. 
Nos queda por desembolsar un último tramo, de 15 millones de euros, y las condiciones necesarias para el desembolso están muy cerca de cumplirse. 
Esta semana se encuentra en Sarajevo una misión de la Comisión encargada de evaluar los progresos realizados y, a nivel más general, cabe observar que el nuevo Gobierno salido de las elecciones a veces tarda en llevar a cabo los procesos de reforma y está negociando un nuevo programa con el Fondo Monetario. 
Se ha referido el Sr. Farm también a la necesidad de ampliar el plazo dado que el previsto inicialmente para la ejecución de las aportaciones ha expirado. 
Desde otro punto de vista, el ponente nos planteaba una necesidad de modificar también la ayuda financiera o macrofinanciera de la República Federativa de Yugoslavia. 
Los 300 millones, 225 de préstamo y 75 de donación, se están mostrando insuficientes. 
Hemos desembolsado ya 260 y, en el momento actual, la Comisión está preparando un próximo contacto con las autoridades yugoslavas que nos permitirá- esperamos -, cumplidas las condiciones, desembolsar el segundo tramo. 
Sin embargo, es cierto que, de acuerdo con la información recibida del Fondo Monetario Internacional, será necesaria una financiación exterior adicional para eliminar el nuevo déficit de financiación de 150 millones de euros, y ésa es la razón por la que proponemos aumentar el elemento de donación en 45 millones hasta un máximo de donación de 120 millones. 
Yo quiero agradecer al Sr. Farm su dedicación a este tema. 
La importancia y la rapidez con la que lo ha tramitado. 
También quiero agradecer su apoyo al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Wynn, y al Sr. Brok, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Las referidas a la condicionalidad política, al Reglamento financiero y al marco multianual financiero son, en principio, aceptables, aunque plantean ciertos problemas de presentación o de coherencia en algunos casos concretos. 
De coherencia, por ejemplo, con la referencia al tema "CARDS" en lo que se refiere a la ayuda plurianual, porque- lo hemos ya destacado varias veces en estas sesiones plenarias- la base "CARDS" no tiene nada que ver con la ayuda macrofinanciera. 
Son elementos totalmente diferentes, y creo que debemos mantener separados los procesos para utilizarlos de forma correcta en cada uno de los casos que se plantee. 
Tampoco somos favorables a la referencia de que se trata de una asistencia totalmente excepcional y sin precedente para el futuro. 
Es cierto que es así. 
Pero prácticamente ésa es la situación de todas las ayudas macrofinancieras. 
Por lo tanto, pensamos que no tiene excesivo sentido debatir hoy este tema. 
Como tampoco creemos que tenga excesivo sentido incluir elementos que supongan retrasos adicionales en todo el proceso de puesta a disposición de esta ayuda. 
En ese sentido, con la debida información que siempre daremos al Parlamento, habría que pensar mucho mejor cuál es el papel del Comité de Asistencia, que tiene una naturaleza distinta. 
Todos estos temas se podrán clarificar con más detalle posteriormente, pero quería dar un avance sobre cuál es nuestra posición inicial. 
Muchas gracias, señor Comisario Solbes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 612- C5-0520/2001- 2001/0251 (COD) ) relativa a la contribución de la Comunidad Europea al "Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria". 
Señor Presidente, gracias en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Intervengo para defender la contribución de la Comunidad Europea a la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, y lo hago con una sensación agridulce. 
Con satisfacción, porque hemos sido capaces de aprobar una contribución económica significativa de la Unión a la creación de un Fondo Mundial promovido por el Secretario General de las Naciones Unidas, para luchar contra las tres enfermedades contagiosas más frecuentes en el mundo, que afectan a los países menos desarrollados, que se ven atrapados en el círculo vicioso de la enfermedad y la pobreza. A mayor pobreza, el riesgo de enfermedades contagiosas aumenta; con más enfermedades, la magnitud de la pobreza no hace sino agravarse. 
Con satisfacción también, porque hemos sido capaces de hacerlo en un tiempo récord, en un procedimiento de codecisión, con urgencia y en primera lectura, presentando y negociando con el Consejo una serie de enmiendas que, en nuestra opinión, mejoran el texto de la propuesta inicial. 
Debo manifestar también nuestro pesar porque el Consejo y sobre todo la Comisión nos han colocado en una difícil posición, al presentarnos para su aprobación un texto que en su redacción inicial ignoraba al Parlamento y nos privaba del pleno ejercicio de nuestras responsabilidades como autoridad presupuestaria, ignorando incluso que este Parlamento se ha pronunciado con reiteración sobre la necesidad de una más enérgica actuación en una estrategia global de lucha contra la pobreza y, en concreto, de la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, en un informe de nuestro colega Bashir Khanbhai, aquí presente, en el que hemos trabajado durante mucho tiempo y aprobado en el Pleno en una resolución del 4 de octubre de este mismo año, a la que el documento inicial que se nos proponía ni siquiera hacía referencia. 
En su declaración común de mayo último, el Consejo y la Comisión acogieron positivamente la propuesta del Secretario General de Naciones Unidas de crear este Fondo Mundial. 
La Comisión ya anunció en julio su intención de comprometer 120 millones de euros para financiarlo; sin embargo, el Parlamento no recibió hasta hace un mes la documentación necesaria para poder comenzar sus trabajos, documentación que además era incompleta y no nos permitía trabajar adecuadamente. 
Debo decir que en el curso de las dos últimas semanas, el Consejo y el Parlamento hemos dado pruebas de la mejor disposición y de la flexibilidad necesarias para alcanzar un acuerdo sobre las enmiendas que queríamos introducir y que serán aprobadas- eso espero- mañana por la mañana. 
Para nosotros, la adicionalidad de la contribución al Fondo es una cuestión esencial. 
Tal como decimos en nuestra enmienda 2, los primeros 60 millones de euros con cargo al presupuesto de 2001 deberían sumarse a los recursos ya existentes y no ser detraídos de otras líneas presupuestarias, ya destinadas a los programas de desarrollo. 
Tal como dice la enmienda 3, estos 60 millones de euros no deberían prejuzgar ni condicionar futuras contribuciones anuales, tal como decimos explícitamente en nuestra enmienda 4, sobre la que mañana, probablemente, señor Comisario, plantearé una enmienda oral antes de su votación. 
Para nosotros, la duración y el mantenimiento de la contribución de la Unión a este Fondo Mundial resulta fundamental por la propia naturaleza de estas enfermedades. 
La lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria debe mantenerse enérgicamente durante los próximos años o no tendrá éxito; si no fuera así, los 60 millones de euros que ahora aportamos no tendrían ninguna eficacia. 
El Parlamento no puede hacer dejación de sus responsabilidades como autoridad presupuestaria, y por eso, en la enmienda 6, pedimos a la Comisión que remita al Parlamento toda la información necesaria para que, como concluimos en la última de nuestras enmiendas, la 7, podamos garantizar, mediante el oportuno informe, la adecuación, la transparencia, la buena gestión y los métodos de trabajo del Fondo Mundial que deberá formar parte de futuros informes anuales que la Comunidad deberá hacer sobre su contribución a la asistencia externa. 
En la Cumbre del G8 celebrada en julio de 2000 en Okinawa, los países ricos industrializados prometieron fondos sustanciales para luchar contra enfermedades contagiosas y ayudar a los enfermos de los países pobres. 
En septiembre del pasado año, la Comisión celebró una conferencia sobre este tema en Bruselas, pero la conferencia no estuvo secundada por ninguna acción. 
Cuatro millones de entre las personas más pobres mueren cada año. 
En julio de 2001 se celebró otra reunión en Génova y el Sr. Prodi anunció ante los medios de comunicación de todo el mundo una donación de 120 millones de euros. 
Mi informe, aprobado por unanimidad el 4 de octubre de este año, ha permanecido en una estantería acumulando polvo. 
El Consejo adoptó una propuesta sobre un fundamento jurídico para poder ejecutar el fondo, pero hasta ahora no se ha entregado ni un euro, y otros dos millones de personas han muerto. 
Cuando las bombas terroristas causan muertes, las víctimas atraen fondos con gran rapidez, pero no nos acordamos de los tres o cuatro millones de personas que mueren de enfermedades. 
¿Por qué tarda tanto la Comisión en presentar un plan sobre la ejecución, sabiendo que 10.000 personas mueren cada día? 
Hacemos promesas llenos de orgullo, pero no las cumplimos. 
¿Acaso no nos importan esas personas? 
Los Comisarios se han marchado. 
No hay ningún interés. 
Echemos una mirada a los asistentes en esta Asamblea, no hay casi nadie. 
Eso demuestra la prioridad que la Unión Europea da a un proyecto tan importante. 
No se trata de la Antigua República Yugoslava de Macedonia o Macedonia. 
Es el Sida, que afecta a los más pobres del mundo y ya es hora de que la contribución de la UE no sea sólo de 20 euros por cada persona que muere, apenas el 1% de lo que hace falta, sino de 6.000 millones de euros al año. 
Hemos debatido a menudo sobre estos problemas en el pasado, pero es muy acertado que volvamos a hacerlo esta noche: 36,1 millones de personas viven con el VIH/Sida en todo el mundo, la reaparición de la tuberculosis está causando estragos y 300 millones de personas padecen los efectos debilitadores y dolorosos de la malaria. 
Si hay algo que necesite una respuesta innovadora e internacional, es la preponderancia de estas enfermedades transmisibles. 
Queremos apoyar, en principio, este Fondo Mundial de lucha contra las enfermedades transmisibles. 
Queremos que el Fondo se centre en la prevención así como en el tratamiento de estas tres enfermedades. 
Queremos un marco de gobernanza innovador y viable. 
Queremos una auténtica cooperación internacional de manera que no parezca un asunto de donantes como cualquier otro. 
Queremos mecanismos de financiación que permitan hacer un seguimiento rápido de los fondos para que podamos mantener el compromiso político y movilizar recursos adicionales. 
Son cuestiones difíciles y me solidarizo con la Comisión por los retrasos que le han sido impuestos en la presentación de la presente solicitud de un fundamento jurídico. 
Pero la Comisión debería reflexionar también sobre el motivo por el que las propuestas presentadas en segunda lectura sobre nuestra ayuda a través de la línea presupuestaria para enfermedades relacionadas con la pobreza fueron recortadas respecto a lo que el Parlamento pedía, y por qué el Presidente Prodi anunció 60 millones de euros de ayuda al Fondo Mundial con cargo a los países ACP, algo que no tenía derecho a hacer y a lo que se opuso el Consejo, según hemos podido oír en esta Asamblea del Presidente en ejercicio. 
Debemos ocuparnos de que dichos fondos se sumen realmente a los esfuerzos de todo el mundo y que no vayan a parar a los bolsillos de las empresas farmacéuticas. 
Las enmiendas que hemos negociado con talante constructivo con la Comisión y el Consejo mejoran esta propuesta: el reconocimiento de que necesitamos fondos adicionales, el hecho de que éste no es más que un primer pago y el ruego a la Comisión de que presente un fundamento jurídico para futuras contribuciones y elabore un informe de manera que podamos ocuparnos de estas cuestiones relativas a la información. 
Quiero preguntarle, señor Comisario Nielson, si puede adelantarnos un calendario de la presentación de dichas propuestas en el transcurso del año próximo, para que podamos ocuparnos debidamente de ello en el proceso presupuestario. 
Señor Presidente, hace tiempo que, ante la trágica situación, reclamamos un aumento de los fondos para el sida. 
El Parlamento Europeo ha confirmado esta opción, aprobando el informe Khanbhai. 
La decisión de desbloquear 120 millones suplementarios no ha podido, naturalmente, sino contar con nuestro asentimiento. 
Sin embargo, la proposición que hoy se nos presenta, con algunas tergiversaciones, asigna sólo 60 millones, y, además, éstos deben consignarse en el presupuesto actual. 
No se trata de un suplemento, y ello sin que dispongamos del carácter permanente de estos fondos. 
Además, la asignación de dicho importe exclusivamente al fondo internacional nos plantea interrogantes. 
En efecto, ¿cuál es el objetivo de este fondo? 
¿Es únicamente la prevención? 
¿O habrá que tomar en consideración la necesidad del acceso a los tratamientos de los países del Sur? 
¿Equipando las estructuras sanitarias, proporcionando medicamentos? 
Creo que estas preguntas deben ser formuladas. 
¿De que manera se gestionará dicho fondo? 
¿De qué manera aquellos que necesitan este fondo, es decir, los países del Sur, y no simplemente los países donantes, podrán influir en las decisiones? 
Creo que debemos formularnos todas estas preguntas, ya que cada día hay personas que mueren; nosotros tenemos el dinero, a nosotros nos corresponde ayudarles. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos encontramos ante una catástrofe humanitaria sin precedentes. 
Cuarenta millones de personas están actualmente infectadas por el VIH y tres millones morirán antes de que finalice el año, según el informe de la OMS, que hoy mismo se ha publicado. 
Es evidente que las víctimas proceden esencialmente del África subsahariana. 
No se trata sólo de una catástrofe sanitaria, sino también ecológica y económica. 
La OMS prevé que los países menos avanzados perderán una quinta parte de su PNB de aquí al año 2010 a causa de esta enfermedad, y, en un país como Zambia, morirán un millón de niños. 
Los importes anunciados pueden parecer sustanciales; pero, como decía mi colega hace un momento, ¿quién administrará estos fondos? , ¿llegarán realmente a los destinatarios, a las personas que más los necesitan? 
La lucha contra estas enfermedades debe ir acompañada, como ustedes y yo lo sabemos, de infraestructuras- dispensarios y estructuras sociales, médicos -, y eso no es compatible con las imposiciones del FMI y del Banco Mundial, que impiden la contratación de funcionarios y de médicos. 
Una vez más, señor Presidente, deseo manifestar que la anulación de la deuda de los países del Tercer Mundo y la asignación de ese dinero a la educación, a la prevención y a la salud es una buena manera de luchar durablemente contra esta enfermedad. 
Concluiré diciendo que ya resulta inaceptable que hayamos podido contemplar lo que ocurrió el año pasado con la industria farmacéutica, que se permitió una actitud arrogante frente a algunos países; es intolerable. 
Hoy sabemos que cuando se administra AZT a mujeres embarazadas, éstas dan a luz niños sanos. 
Debemos acabar una vez para siempre con esta arrogancia. 
. (EN) Permítanme, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Parlamento por su amable reacción. 
La Comisión solicitó el procedimiento de urgencia para establecer un fundamento jurídico sobre el compromiso financiero para el Fondo Mundial con cargo al presupuesto para este año a través de la modificación del fundamento jurídico de la línea presupuestaria B7-6211 Ayuda a la pobreza relacionada con enfermedades en los países en desarrollo. 
Hemos propuesto transferir 60 millones de euros a esta línea. 
Esta propuesta es de gran relevancia política porque el Fondo ha despertado un amplio interés y son muchas las esperanzas de que sea un éxito. 
Estoy de acuerdo con el contenido de los comentarios del Sr. Sylla y el Sr. Rod, que reflejan el hecho de que realmente son muchas las preguntas que debemos hacernos. 
Son muchas las preguntas que permanecen sin respuesta. 
Ésta es la verdadera razón por la que no ha sido fácil ni posible para la Comisión sacar adelante este dossier de una manera vistosa, elegante y oportuna. 
Aún no ha sido negociado a nivel internacional, pero sin embargo necesitamos la operación presupuestaria sobre la que estamos debatiendo esta noche. 
Lamento que la propuesta se haya presentado a la autoridad presupuestaria ya casi a finales de año, pero eso refleja el hecho de que no teníamos nada bueno o lo suficientemente claro antes de esa fecha. 
Agradezco la determinación del Parlamento de convertir este proceso en un éxito, a pesar de estas trabas de procedimiento. 
Acojo favorablemente el resultado de las negociaciones de la semana pasada entre las tres instituciones. 
Tomo nota de que el Parlamento ha realizado nuevos esfuerzos para tener en cuenta el deseo del Consejo de introducir nuevas modificaciones en los considerandos. 
La Comisión puede aceptar la enmienda oral presentada por sus Señorías aquí hoy y que mañana será sometida a votación con vistas a obtener cuanto antes la aprobación del Consejo. 
Respecto a la contabilidad, la auditoria y la presentación de informes, queremos que todo sea completamente transparente para el Parlamento. 
No obstante, por el bien de la transparencia, quisiera hacer una pequeña llamada a la cautela porque si lo que se persigue es aunar recursos en un fondo mundial, debemos evitar convertirnos en un interlocutor muy difícil en esta misión al insistir en nuestros sistemas de presentación de informes, nuestra auditoria y nuestros procedimientos contables. 
Es un problema que ya hemos encontrado con otras organizaciones internacionales y que, en muchos casos, convierte a la Comisión en un interlocutor poco adecuado. 
Asimismo es necesaria una cierta adaptabilidad si queremos llegar a ser un socio que funcione bien en este proyecta. 
La Comisión no tiene ninguna reserva en cuanto a las enmiendas presentadas aquí, pero no debemos olvidar que éste es un esfuerzo colectivo y ésa es precisamente la idea fundamental. 
En respuesta a las observaciones del Sr. Khanbhai de que aún no hemos hecho entrega de ningún euro, permítame decirle que cada día desembolsamos grandes sumas para la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis. 
Sería un grave error pensar- y peor aún expresar- que lo único que estamos haciendo es lo relativo a este Fondo. 
Todo el mundo sabe que eso no es cierto, pero esperamos que este Fondo añada algo a nuestras otras formas de actuación. 
Eso es lo que básicamente intentamos garantizar en las negociaciones que se están celebrando en estos momentos, ver si podemos enderezar estos temas contenciosos. 
Estamos preparando un reglamento revisado para la línea presupuestaria B7-6211. 
Este fundamento jurídico a más largo plazo servirá de base para la aplicación del Programa de acción comunitario relativo a la prevención del sida y de otras enfermedades transmisibles en los años 2003-2006. 
Lo que se propone es que en el futuro la ayuda a iniciativas mundiales como el Fondo Mundial sean financiadas con cargo a esta línea presupuestaria. 
Aún deberemos tratar sobre el nivel de financiación. 
En la primera lectura del Presupuesto para 2002, el Parlamento propuso una nueva línea presupuestaria específica para el Fondo a partir del año próximo, pero ahora hemos llegado al acuerdo de reagrupar esta línea presupuestaria específica con aquélla destinada a las enfermedades relacionadas con la pobreza y utilizar un fundamento jurídico integrado. 
Como he indicado antes, la Comisión desea continuar intercambiando durante algún tiempo opiniones con el Parlamento sobre las modalidades y los métodos de trabajo del Fondo. 
Se espera que el Fondo esté listo y funcionando a partir de enero de 2002 y todos los miembros del grupo de trabajo transitorio del Fondo están negociando e intentando llegar a un consenso sobre un gran número de temas pendientes y difíciles. 
La Comisión está intentando desempeñar un papel constructivo y activo en dichas negociaciones y espero con interés poder informar al Parlamento sobre dicho proceso. 
También espero que podamos contar con la colaboración del Parlamento para convertir este nuevo Fondo en algo que realmente aumente la eficacia de nuestra respuesta a la lucha contra estas enfermedades. 
Por último, permítanme confirmar nuestra propuesta de destinar 60 millones de euros adicionales con cargo al 9º FED, una vez que el Acuerdo de Cotonou haya sido ratificado y que hayan finalizado las negociaciones con el Grupo ACP. 
Estos fondos irán destinados a actividades en los países ACP. 
Reconozco que esto complica algo la función administrativa del Fondo Mundial, pero creo que en este caso no tenemos otra alternativa. 
Es una realidad y no es el mayor problema al que debemos hacer frente. 
Gracias una vez más por la cooperación del Parlamento en el tratamiento de este asunto, a pesar de las dificultades que hemos encontrado. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 0.05 horas) 
Quisiera llamar la atención sobre la situación en Zimbabwe, que está empeorando. 
Hemos asistido al injustificado incumplimiento por parte del Presidente Mugabe de las garantías presentadas en septiembre en la Cumbre de Abuja y, apenas la semana pasada, al desaire ocasionado a la Troika de la UE durante su visita. 
Parece que ha llegado el momento de aplicar unas agudas sanciones a Mugabe y sus secuaces. 
Eso es lo que habíamos pedido en la resolución del Parlamento, y quisiera pedirles que hagan todo lo que esté a su alcance para que ello se produzca. 
Como usted sabe, señor Van Orden, al final de la visita de la troika se hizo el mismo comentario, esto es, que en el caso de incumplimiento de los compromisos, la Unión Europea no podría dejar de tomar iniciativas, incluso de carácter sancionatorio. 
Creo que tendremos que ser coherentes, caso de que, como parece, las cosas no marchen positivamente. 
Genética humana 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0391/2001) del Sr. Fiori, en nombre de la Comisión temporal sobre genética humana y otras nuevas tecnologías de la medicina moderna, sobre las repercusiones éticas, jurídicas, económicas y sociales de la genética humana (2001/2097 (INI) ). 
. 
(IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en junio del pasado año el Presidente Bill Clinton en los Estados Unidos y el Primer Ministro Tony Blair en el Reino Unido presentaron al mundo el mapa del genoma humano, al que habían llegado simultáneamente los equipos de investigación de ambos países. 
Un mes más tarde, Nature sometía a la atención de la comunidad científica mundial los descubrimientos realizados de manera más concreta. 
Es reciente la noticia del primer experimento que pone en marcha el proceso para la clonación humana en los Estados Unidos. 
Como ocurre con frecuencia con las profecías del día después, hoy se levantan voces alarmadas que al unísono expresan la más indignada condena y preocupación. 
Los mismos investigadores reconocen haber indicado el camino a aquellos que quieran cometer la locura de clonar al ser humano. 
Son dos momentos históricos: entre ambos ha transcurrido algo más que un año, pero parece que casi se esté hablando de dos épocas históricas diferentes. 
Más allá de los escenarios inquietantes, sin embargo, creo que puedo afirmar que, entre estos dos momentos históricos, nace una nueva manera de hacer medicina: la medicina curativa está dejando paso a una medicina regenerativa, orientada a la predicción. 
En un próximo futuro probablemente seremos capaces de prever a qué patologías estaremos destinados y, lo que es más importante, se podrán determinar los medios para evitar que lleguen a manifestarse. 
De este modo, se inauguran, como suele hacer la historia de los descubrimientos humanos, dos caminos contrapuestos: de un lado, se abre el maravilloso camino de la esperanza terapéutica, y del otro, se elimina la angustiante frontera que marca el límite con la monstruosidad ética de la clonación humana. 
Por lo tanto, a nosotros nos corresponde la paradójica tarea de marcar los límites en el maremágnum de lo desconocido que tenemos ante nosotros. 
Se trata del mayor proyecto del siglo que acaba de comenzar, al que está llamada toda la humanidad. 
Y es precisamente gracias a esta concienciación que se ha advertido la necesidad de crear Grupos de Reflexión que velen por las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de los nuevos programas de investigación. 
De hecho, las extraordinarias posibilidades del progreso científico y médico, leídas a la luz de las potencialidades intrínsecas a las mismas, han activado las alarmas. 
El temor es el que obligó a la UNESCO a crear un Comité de Bioética para el estudio de la repercusiones sociales derivadas del conocimiento del genoma y que determinó, en 1997, la aprobación de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. 
Posteriormente, el amplio consenso alcanzado por la Declaración hizo posible que la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemorara el 50º aniversario de otro importantísimo documento- la Declaración Universal de Derechos Humanos- transponiendo la Declaración sobre el Genoma de la UNESCO. 
No obstante, tengo la sensación de que, cuando se entra en el detalle de las regulaciones, algunos de los principios que tanto hemos defendido se esfuman inexplicablemente. 
Aunque soy consciente de la envergadura del tema, trataré de hacer una síntesis de las repercusiones del proyecto sobre los derechos humanos y su dignidad que están en la base de nuestro informe. 
Yo resumiría en cuatro objetivos el intento y el empeño de conciliar los anhelados progresos de la ciencia con el más absoluto respeto a la sacralidad de la vida humana. 
Ante todo, se pone de manifiesto el progreso de los experimentos científicos de genética para conseguir beneficios terapéuticos. 
Partiendo del conocimiento del genoma es necesario servirse de experimentos clínicos. 
La misma medicina nos enseña que siempre llega el momento en que dichos experimentos deben ensayarse en el ser humano y, por lo tanto, resulta evidente la necesidad de adoptar todas las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de quien se somete a los mismos, al objeto de que no exista ningún riesgo para su salud y, con mayor motivo, para su vida y pudiendo basarse, en todo caso, en su consentimiento libre e informado. 
En segundo lugar, también a la luz de las escasas informaciones de que disponemos hasta la fecha, podemos afirmar que el conocimiento del genoma podría permitir la mutación de nuestros genes. 
En consecuencia, es absolutamente necesario indicar ya desde ahora cuáles son las puertas que nunca deberemos abrir. 
Y aquí vuelvo a recordar la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos que prohibe las intervenciones sobre el mismo que afectan a la línea germinal. 
Lo ocurrido en estos días me parece que no ha ido en esa dirección. 
Además, el conocimiento es un continuo devenir que exige un seguimiento constante. 
A la vista de las informaciones de que disponemos, la única certeza respecto a la que nos podemos confrontar es la naturaleza humana de los embriones, sea cual sea su destino. 
En tercer lugar, las puertas que abre el conocimiento del genoma nos plantean serios riesgos de violación de la intimidad, como consecuencia del propio conocimiento. 
Debemos poder garantizar que la información obtenida del conocimiento de nuestro patrimonio genético no llegue a manos de terceros distintos de los que la utilizan en nuestro beneficio. 
En efecto, es evidente que, en el caso de que se pudiera llegar a conocer la predisposición de un individuo a contraer una determinada enfermedad, se daría pie fácilmente a una nueva fuente de discriminación, por ejemplo y no sólo, en el ámbito laboral. 
Debemos ser conscientes de este riesgo y de la necesidad de adoptar las medidas oportunas para evitarlo. 
Por último, otro objetivo que la investigación pone en juego para el futuro de la humanidad es su universalización. 
Es evidente que la investigación requiere notables inversiones y que los incentivos económicos son indispensables para el progreso. 
Sin embargo, también es verdad que no podemos aceptar que se coloque en segundo plano la necesidad de que los resultados del progreso representen el patrimonio indiscutible de la humanidad. 
Si no somos capaces de universalizar los beneficios del conocimiento del genoma humano, podemos afirmar desde ahora mismo que hemos fracasado. 
La ciencia, en lugar de haber sido un medio para crear un mundo más justo, habrá contribuido a crear más diferencias entre ricos y pobres y se habrá impuesto como un instrumento más de diversificación social. 
En esta óptica, no hay que soslayar la importancia y la dificultad de establecer de manera ponderada una seria regulación de las patentes, el fin y la justa distribución de los beneficios entre todos los seres humanos: es de nuevo el equilibrio entre el incentivo a la iniciativa y la protección de la dignidad humana y el instrumento para alcanzarla. 
En Oviedo el Consejo de Europa, preocupado por garantizar los derechos humanos en los Estados miembros, dio unas indicaciones precisas: la prohibición de cualquier forma de discriminación basada en el patrimonio genético, la prohibición de intervenir en el genoma que trascienda los fines terapéuticos, la prohibición absoluta de modificar el genoma hereditario y la prohibición de seleccionar el sexo. 
A mi modo de ver, debemos atenernos a estos puntos. 
Señorías, nos encontramos ante una serie de retos para los científicos, los juristas, los estudiosos de ética, los sociólogos y para quien, como nosotros, debe marcar desde las Instituciones los límites del nuevo camino. 
He abordado el informe- una tarea que hace temblar las venas y el pulso, y no sé si he estado a la altura del cometido que me han confiado- guiado por un principio para mí imprescindible: no he considerado ir más allá donde el progreso pedía paso a la sacralidad de la vida humana, donde chocaba con el respeto de la dignidad humana. 
En esta disyuntiva, he considerado que era el progreso que debía cambiar su rumbo. 
Hoy ya se conoce uno de estos rumbos: es una alternativa no destructiva, tan prometedora como la investigación sobre las células embrionarias pero que se sirve de células adultas. 
Creo que deberíamos preferir esta vía que, además de ser deseable, no plantea ningún tipo de conflicto ético y social. 
El respeto a la dignidad humana, en el marco de la investigación biomédica, implica que la ciencia se debe someter al ser humano y no lo contrario. 
Todos los seres humanos deben ser protegidos durante todas y cada una de las etapas de su existencia, desde la concepción a la muerte natural, en particular si son vulnerables o portadores de algún defecto genético. 
Estoy a favor del progreso en la investigación científica, también por ser fuente de desarrollo económico, pero considero que debo impedir que, por no haber prestado la debida atención a los principios éticos que lo deben inspirar, se convierta en una especie de trampa mortal para el ser humano. 
Y termino dando las gracias a todos los que han colaborado en mi informe. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, estimados colegas, quisiera dar las gracias, ante todo, al ponente, Sr. Fiori, por su excelente trabajo. 
Creo que ha presentado un excelente informe y el mensaje político es claro: decimos sí a la investigación, decimos sí al tratamiento de las enfermedades graves, pero la dignidad humana es el principio supremo y ésta puede poner también limitaciones a la investigación. 
Esto significa, por ejemplo, que rechazamos la clonación de seres humanos en todos las fases de su desarrollo. 
La noticia procedente de los EE.UU. de que la empresa ACT ha clonado un embrión humano nos ha impactado a todos. 
Las personas se están se están preocupando con razón. 
Creo que estar en contra de la clonación de embriones humanos no es una actitud de derechas ni conservadora. 
Quiero hacer una cita de un documento del partido comunista francés. En el mismo se dice: la autorización de la clonación terapéutica mediante la transferencia del núcleo causa muchos problemas éticos. 
El primer problema se refiere al embrión. 
El segundo problema se refiere a la mujer como donante del óvulo y al riesgo de que surja un auténtico mercado. 
El tercer problema se refiere a las medidas cautelares relativas a la clonación reproductiva. 
Aunque los dos objetivos de la clonación sean diferentes, es claro que existe un gran riesgo de que surja una especie de automatismo y a este respecto no disponemos, por el momento, de los medios apropiados para dominar este ámbito. 
A esto no se puede añadir más. 
La clonación, denominada terapéutica, conduce a la clonación reproductiva y por esta razón debe ser prohibida. 
Esto dice el informe Fiori. 
Estoy impresionado por las enmiendas de los socialdemócratas y otros, que quieren suprimir del informe Fiori este pasaje. 
Esto tampoco es lógico en la argumentación de los que quieren suprimir esto. 
En el informe Caudron acordamos que no queremos fomentar la clonación de embriones. 
Quiero dar las gracias al Comisario Busquin por el hecho de que la Comisión haya puesto en claro una vez más al inicio de la semana que la Comisión no apoyará esta técnica. 
Pero si no la prohibimos, esto será una invitación a las empresas como ACT a que vengan a Europa, cuando se prohiba en los EE. UU. 
No puedo imaginar que la mayoría del Parlamento quiera esto. 
Por consiguiente, ruego que se apoye el informe Fiori y se rechacen las peticiones de supresión. 
Señor Presidente, el trabajo de la Comisión Temporal sobre Genética Humana ha sido complejo e interesante. 
Hay pruebas de ello en el amplio y exhaustivo informe del Sr. Fiori que acompaña a la propuesta de resolución. 
El proyecto de resolución presentado por el ponente en comisión sintetizaba de manera equilibrada las conclusiones a las que llegamos a través de nuestras indagaciones que afrontaron los muchos problemas éticos y políticos planteados por los grandes progresos científicos de los últimos años: los avances de las pruebas genéticas que abren perspectivas de identificación precoz y los posibles remedios a determinadas enfermedades degenerativas graves, pero que al mismo tiempo plantean riesgos para la protección de los datos personales que, en este terreno, afectan no solo al individuo, sino también al conjunto de sus consanguíneos, por lo que, junto con el derecho a saber y al derecho de cada uno a conocer los posibles riesgos de predisposición a futuras enfermedades, se plantea el nuevo derecho de no saber y, queriendo, de afrontar el destino que la vida nos depara en el futuro. 
Se han afrontado los problemas que plantea la aplicación de las normas sobre patentes- instrumento tradicional de política industrial que favorece la financiación privada de la investigación- a esas innovaciones biotecnológicas y biomédicas que tienen que ver con organismos vivos y que por eso suscitan delicadas cuestiones de límite entre invención como producto de la actividad humana, y descubrimiento, no apropiable, de la materia viviente. 
Por último, se han abordado los dilemas más interesantes de las nuevas fronteras de la investigación sobre las células estaminales que ofrecen extraordinarias potencialidades de posibles intervenciones capaces, tal vez, de eliminar de raíz enfermedades invencibles hasta la fecha, pero que plantean dramáticos interrogantes sobre los principios éticos que han de considerarse infranqueables. 
No partimos de cero, también gracias al estimable trabajo del Grupo Europeo de Ética y de muchos instrumentos elaborados a escala comunitaria e internacional, tanto es así que en este tema nuestro Parlamento, hace dos semanas, pudo aprobar, por amplia mayoría, unos criterios prudentes y compartidos con ocasión de la puesta en marcha del Sexto Programa marco de investigación que da prioridad a las investigaciones necesarias en este sector financiando en particular las que tienen por objeto las células estaminales adultas y las células embrionarias procedentes de abortos o de embriones llamados excedentarios, producidos con fines de procreación asistida y ya no utilizables para dichos fines, dentro de los límites en que las leyes de los Estados miembros lo permitan. 
Lamentablemente, en el seno de la comisión el proyecto originario se ha tergiversado y ha prevalecido una orientación inspirada en el miedo y no en la esperanza. 
Se han agitado los fantasmas de la clonación que genera monstruos, hasta llegar a la absurda conclusión de que es mejor dejar morir, destruir los embriones excedentarios que utilizarlos en beneficio de una investigación médica que puede salvar a la humanidad, a nuestros hijos, a las futuras generaciones de los azotes que nos afligieron en el pasado y que continúan amenazándonos. 
No queremos que el cuerpo de las mujeres se utilice para producir embriones para la investigación, pero es inmoral impedir el uso de los que existen en beneficio de la humanidad. 
No se ha invocado la dignidad humana para ahorrarle humillantes sufrimientos, sino sólo para proteger los primeros agregados de células de embriones en estado precoz. 
Sin embargo, jamás, jamás en la historia de la humanidad el embrión humano ha encontrado una protección comparable a la actual. 
Se pretende que unas investigaciones lícitas, reguladas y controladas abran las puertas a funestas especulaciones, casi como si tuviéramos que prohibir los trasplantes de órganos que salvan una vida, sólo porque pueden haber turbios tráficos de órganos. 
Combatámoslos, pero no sacrifiquemos las esperanzas de curación. 
Se invocan leyes divinas para no asumir la responsabilidad que una rígida ética laica impone a los democráticamente elegidos de tomar decisiones en aras del bien común. 
Por el contrario, es necesario ponderar los valores en juego y, con toda cautela y prudencia, con todos los límites razonables y contrastando toda lógica mercantil, permitir no obstante la libertad de conocimiento, de investigación, de esperanza de nuevas metas en el tratamiento de enfermedades atroces. 
Por esto, mi Grupo espera que el Parlamento Europeo no contradiga lo que sabiamente decidió hace tan sólo quince días. 
Señor Presidente, estimado Comisario, ¿queremos que Europa se transforme en un museo? 
Este debate se puede ver desde muchos ángulos y encierra numerosos aspectos éticos. 
Hay que respetar al ser humano, pero también se justifica éticamente intentar disminuir su sufrimiento. 
La primera de estas perspectivas- el respeto al ser humano- predomina en el informe de la comisión. 
En este debate no se discute una legislación, pero nos interesa dar señales inequívocas a los que directamente se ven afectados por este asunto: la comunidad de investigadores científicos y los enfermos. 
¿Estamos diciendo a los investigadores de Europa que no vale la pena intentar realizar estudios sobre las células madre? 
¿Decimos a los pacientes que sufren enfermedades hasta ahora incurables que no queremos probar nuevos caminos que podrían significarles un alivio? 
Los liberales somos humildes ante el conocimiento y la investigación científica. 
También somos humildes respecto a las investigaciones con células madre. 
En las actuales condiciones no se sabe exactamente qué podría significar esta investigación para las personas, pero los experimentos realizados con animales son prometedores. 
Por eso no conviene descartar la investigación con células madre embrionarias, sino que ésta debe desarrollarse paralelamente con otras formas de investigación sobre estas células. 
La investigación paralela aumentará nuestros conocimientos. 
Las diferentes investigaciones se enriquecen recíprocamente. 
Entendemos que las ayudas públicas a la investigación son una garantía para que ésta beneficie a la mayor cantidad posible de personas. 
Nos hubiese gustado que el Sexto Programa marco para la investigación hubiese respaldado la clonación terapéutica. 
La prohibición absoluta de determinadas formas de investigación conlleva riesgos de abusos y de especulación. 
¡Es obvio que algún tipo de investigación debe estar sujeto a controles de los órganos públicos! 
A mi juicio, las subvenciones públicas aumentan las posibilidades de ejercer control. 
El Grupo Liberal opina que es importante que continúen y profundicen estas discusiones. 
Nadie debe tener el monopolio de la ética. 
Tengo dudas acerca del funcionamiento del grupo que asesora al Consejo en materias éticas. 
No ha habido transparencia. 
Tampoco creo que se haya permitido la crítica dentro del grupo. 
Tendremos que reflexionar mucho más en el Parlamento que en la comisión temporal. 
Me refiero a asuntos relacionados con los seguros, la genética y las condiciones laborales. 
El debate sobre materias genéticas debe tener lugar en todas las comisiones. 
Así podrá llegar a ser más objetivo. 
Para terminar, quisiera decir en nombre del Grupo Liberal que no votaremos a favor de este informe, en su estado actual. 
Podremos darle nuestro apoyo sólo si se aprueban ciertas enmiendas. 
Señor Presidente, los primeros intentos de clonación de seres humanos en los EE.UU. nos deben de servir de advertencia para poner hoy coto de manera muy clara a cualquier clonación del ser humano. 
La distinción entre clonación terapéutica y clonación reproductiva es un truco semántico. 
En ambos casos se produce un embrión, se lo declara superfluo, se lo destruye y se lo utiliza como materia prima. 
Por esta razón, nos debemos oponer con toda claridad a la clonación pues la generación deliberada de vida para fines de investigación es una violación de la dignidad humana. 
El ser humano no debe ser jamás medio para un fin. 
La vida humana no es una mercancía de consumo. 
No debe ser degradada a la condición de mercancía, y la generación de embriones humanos como almacén de repuestos no es conciliable con la dignidad humana, sino que para nosotros, esto debe quedar claro hoy, la dignidad humana tiene claramente prioridad sobre la investigación. 
La clonación terapéutica es una precursora de la clonación reproductiva y tiene un efecto de arrastre. 
Debemos establecer una prohibición clara de la clonación terapéutica pues, de lo contrario, no podremos detener el peligro de la escalada de la utilización de embriones a nivel mundial. 
La investigación con células madre en embriones practica también la destrucción de embriones. 
Aquí se trata también fundamentalmente de la clonación terapéutica. 
Por consiguiente, hoy debemos sentar aquí una señal clara de que no deseamos una sociedad en la que las mujeres se conviertan en suministradoras de óvulos y los embriones se conviertan en una mercancía comercial lucrativa. 
En la investigación en el ámbito de las células madre adultas tenemos una clara alternativa contra la investigación en células madre de embriones y con ello se vuelve superflua la clonación terapéutica. 
También a la hora de las patentes debemos esperar de la Comisión claramente que termine con la situación actual de que no hay claridad acerca de qué puede patentarse y que dicte en esta materia una directriz clara, pues no debemos interpretar como una invención el descubrimiento de la vida humana. 
La vida humana no se crea por un tercero. 
En consecuencia, necesitamos una señal muy clara. 
Europa no debe ser un campo de minas ético. 
Necesitamos fronteras éticas claras. 
No debemos tener lagunas legales y la dignidad humana debe ser para nosotros el hilo conductor. 
Señor Presidente, Señorías, el encuentro entre la política y la investigación no siempre es fácil. 
La propia investigación no puede concebirse sin riesgos. 
Actualmente, se está iniciando una investigación, la de las células madre, y no tenemos tiempo de esperar a sus resultados en diez o quince años. 
Ése es el sentido de la comisión que creamos el año pasado. 
La pasada semana votamos, con el Sexto Programa-marco para la investigación, una jerarquización de las prioridades y de las financiaciones de la investigación genética. 
Estoy de acuerdo con esta votación mesurada que coincide con la opinión del Comité europeo de ética. 
El riesgo denunciado por el informe de hoy es que la investigación médica implique el deseo de la clonación humana. 
El informe propone la prohibición y sobre todo la penalización de este tipo de tentativas. 
Me felicito especialmente de que vayamos más allá de la simple declaración de prohibición, y he defendido que se hable de criminalización de la clonación con fines reproductivos. 
Pero, ¿es necesario deducir que el planteamiento terapéutico de la investigación de las células madre, tanto adultas como excedentarias, debe ser denunciado y rechazado? 
¿Quién presta a los sabios e investigadores de hoy proyectos forzosamente diabólicos? 
¿Son los propios investigadores o son otros diferentes? 
Es necesario evitar la confusión entre clonaciones- no estoy de acuerdo con el orador anterior- y pensar quizá que la humanidad es capaz de producir garantías y controles. 
Les recordaré en este sentido la historia de Frankenstein, que es con todo un mito fundador de nuestra modernidad. 
Recuerden que el creador del monstruo se ve conminado por éste a darle una compañera. 
El profesor empieza por crear la compañera para Frankenstein. 
Comienza, y posteriormente renuncia a fabricarle una novia. 
Renuncia por tanto a dar descendencia al monstruo, condenándolo así a la soledad y a la muerte. 
Ése es el final de la historia de Frankenstein. 
En este mito fundador de nuestra época, la humanidad demuestra su capacidad para ejercer un control sobre sí misma. 
Por tanto, en la hipótesis de la clonación terapéutica, que trata, recordemos, de las células madre, interfieren dos realidades humanas, y quisiera reseñar en ese sentido la cuestión del estatuto del embrión y la de la utilización del cuerpo de la mujer. 
Algunos, y eso es complicado, confunden células y embriones y no desean ninguna investigación, ni siquiera la del embrión excedentario, la reproducción asistida, o la del embrión procedente de un aborto. 
Hemos de saber con claridad que de esta forma vuelven a poner sobre el tapete la condena del aborto. 
Eso es política, no investigación. 
Otros, entre los que me encuentro, señalan que la producción de las células madre necesita la utilización de ovocitos producidos por mujeres. 
Hay que desconfiar, y en ese sentido estoy de acuerdo con muchas oradoras, de la instrumentalización de las mujeres en la investigación. 
Y lamento mucho que, en una última reunión de coordinadores, en la que desafortunadamente no me encontraba, la supresión del considerando AJ se haya decidido- era una de mis enmiendas- sin una consulta colectiva. 
Hemos vuelto a proponerlo. 
Eso me lleva, para terminar, a señalar que hay claramente una doble preocupación, la de aquéllos que quieren avanzar de nuevo en la lucha contra el derecho al aborto, y la de aquéllos que estarían de acuerdo en comercializar el cuerpo de las mujeres. 
Esto es complicado y difícil. 
Dicho esto, hay cosas en este informe que me interesan: la necesidad de la gratuidad, del consentimiento, y de la no-discriminación con las pruebas genéticas en el empleo y en las aseguradoras. 
Señor Presidente, evidentemente éste es un debate importante y comparto la inquietud de aquellos diputados que desean respaldar una investigación que permita un avance auténtico y continuo de la medicina y la mejora de la calidad de vida del individuo y de la sociedad, en tanto que, al mismo tiempo, se salvaguarda la dignidad de cada individuo frente a los abusos resultantes de la infracción de las normas éticas, necesarias para la aplicación de esas salvaguardias. 
Los científicos que intencionadamente ignoran esas salvaguardias están perjudicando a la ciencia y están actuando en contra del bien común. 
Los sucesos de los últimos días alumbran claramente esta posibilidad y con seguridad alertan al Parlamento sobre la necesidad de emprender acciones rápidas y efectivas. 
Sin querer discutir las explicaciones de los investigadores asegurando que este avance no tiene por objetivo la creación de un ser humano, la realidad es que un asunto de tal trascendencia no puede ser confiado a unos individuos que gozan de libertad para actuar al margen de la legislación existente. 
En nombre de mi Grupo respaldo completamente las disposiciones de los parágrafos 54 y 55 de la propuesta de resolución que solicitan la prohibición de la clonación humana, independientemente de la técnica empleada, y de otras actividades cuyo propósito es modificar el genoma humano. 
Para los ciudadanos, y ciertamente también para los parlamentarios, este es un asunto sensible y complejo y no me considero cualificado para tratar los numerosos argumentos científicos que incluye este debate. 
Pero estoy seguro de lo siguiente: la sociedad no va a tolerar ninguna intrusión, y debe ser protegida de cualquiera de ellas, sean intencionadas o no, que reduzca la dignidad y la santidad de cada ser humano a un objeto susceptible de ser manipulado científicamente. 
Nosotros, que compartimos la maravilla de nuestra creación, debemos actuar ahora en interés de la humanidad. 
Señor Presidente, es decepcionante que sólo ahora podamos ocuparnos del informe tan importante que ha elaborado la Comisión temporal sobre Genética Humana. 
El informe Fiori proporciona un marco ético para la investigación genética, pero desgraciadamente, en parte, puede decirse que a buenas horas, ya que la financiación de esta investigación se establece en el sexto programa marco. 
Hago un llamamiento al Consejo, que todavía tiene que tramitar esta materia, a fin de que establezca un marco ético responsable. 
Esto implica, en cualquier caso, que la investigación prohibida en uno o más Estados miembros, tal como sucede en el caso de la investigación efectuada con embriones humanos, nunca pueda beneficiarse de financiación comunitaria. 
El informe Fiori ofrece una buena visión general de la ética y de otros dilemas que conlleva esta investigación sobre genética humana. 
La Comisión temporal ha trabajado tenazmente durante un año y, en general, estoy satisfecho con el informe tal como está ahora. 
El informe ha sido radicalmente modificado por el ponente tras su revisión. 
También era necesario, pero todavía echo algo en falta. 
No un asunto concreto, ya que todas las cuestiones vinculadas a la genética humana han sido abordadas en este informe, pero no obstante... 
Desde mi creencia cristiana, este mundo con todas las plantas, animales y personas es obra de Dios. Una obra en la que Dios ha establecido numerosas posibilidades. 
La humanidad está, por ello, en situación de encontrar soluciones para los problemas. 
Creo que el ser humano debe y puede encontrar terapias y tratamientos para las enfermedades. 
Sin embargo, me niego a creer que esa investigación para encontrar cura a las enfermedades tenga que efectuarse con embriones humanos. 
Un embrión es un ser humano en potencia, tiene todo para convertirse en persona y es obra de Dios y, en cuanto tal, merece protección desde el primer momento. 
El filósofo Emmanuel Kant ya lo decía y yo lo repito: "Actúa de forma que la gente sea al mismo tiempo un objetivo y nunca sólo un medio". 
Si los embriones humanos se utilizan para la investigación y se destruyen, sucede precisamente eso. 
Esto es aplicable tanto a los embriones excedentarios de las fertilizaciones in vitro como en el caso de los embriones creados especialmente para la investigación. 
También nosotros hemos acogido con desconcierto la noticia de que en los Estados Unidos se han clonado embriones humanos. 
Esta instrumentalización de un principio de vida humana resulta totalmente inaceptable desde el punto de vista moral. 
Afortunadamente, tras la condena efectuada por el presidente Bush, el Comisario Busquin también ha condenado este experimento. 
En el informe Fiori se pide, con razón, que se prohíba esta clonación terapéutica. 
Por lo demás, tengo serios reparos ante las esperanzas exageradas que han despertado algunos científicos y también algunos de nosotros, no sólo en los ciudadanos sanos, sino lo que es más grave, en los pacientes. 
Si este tipo de investigación logra alguna vez una aplicación clínica, no será antes de uno o dos decenios. 
Sin embargo, ¿no debemos impulsar y utilizar las buenas terapias que pueden desarrollarse con la ayuda de las células madre? 
Opino que sí, pero, de nuevo, no a costa de los embriones humanos. 
Es un milagro, y lo veo como una bendición de Dios, que también haya células madre adultas. 
Estas células madre, que se pueden encontrar en el cordón umbilical, la sangre, el tejido graso y el encéfalo, entre otros, pueden diferenciarse y, así, constituyen también una rica diversidad de tipos de tejidos. 
Dediquemos todos nuestros medios, conocimientos y, no en última instancia, dinero para desarrollar terapias con ayuda de las prometedoras investigaciones con células madre adultas. 
Felicito al ponente Fiori por el resultado que nos ha presentado, y espero que podamos concluir hoy esta sesión de forma irreprochable. 
Señor Presidente, Señorías, en muy contadas ocasiones el Parlamento Europeo se ha encontrado ante un tema tan delicado y al mismo tiempo tan importante como el que se aborda en el informe Fiori. Un tema plena y totalmente político, propio del legislador, tal como nosotros, los radicales, hemos tratado sin éxito de que se entendiera en nuestro país, así como un tema social que afecta en primer lugar a millones y millones de enfermos afectos de enfermedades, hoy por hoy, incurables, que nos miran para recibir una respuesta que para ellos puede significar una esperanza concreta de salvación y de vida. 
Hoy nos encontramos potencialmente ante esos grandes cambios en la historia de la humanidad comparables al descubrimiento de la penicilina o de las vacunas. 
Estamos ante una toma de posición que sería veleidoso y trágico frenar. 
Desde este punto de vista, lamentablemente, el excelente trabajo preparatorio del Sr. Fiori ha dado lugar a un texto de base, fruto de la combinación de dos fundamentalismos bien enraizados en nuestro Parlamento que, como todos los fundamentalismos, pretenden que Europa permanezca inerte, mientras que a su alrededor todo el mundo se mueve. 
El espíritu de Galileo se cierne sobre nosotros. 
Para nosotros, los radicales, la elección de hoy debe ser clara: no al informe Fiori tal cual; sí a la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas en pos de la libertad de la investigación científica; sí a todo tipo de investigación terapéutica que pueda dar vida y no muerte a la vida que existe y no a la que sólo figura en los manuales de doctrina y que hoy yace en los congeladores de los laboratorios en espera de ser destruida, y por lo tanto, sí a la investigación sobre las células estaminales objetivamente más manipulables; sí a la investigación sobre los embriones excedentarios carentes de un proyecto de vida; sí a la clonación terapéutica que, como ayer y hoy mismo han vuelto a afirmar el premio Nobel Dulbecco y el ex ministro italiano de Sanidad, Sr. Veronesi, respectivamente, no tiene nada que ver, repito, nada que ver con la clonación humana; por último, sí a una Europa adulta, laica y responsable en materia de investigación. 
Señor Presidente, solamente deseo informarle de que están en la tribuna de invitados los alumnos del Master en Ciencias Políticas de la Fundación Exterior y para Iberoamérica del Gobierno español. 
Se trata de un distinguido grupo de jóvenes políticos- concejales, diputados, altos funcionarios de las administraciones públicas- de diversos países iberoamericanos que nos visitan y que han realizado una fructífera estancia de trabajo esta semana en Bruselas y que son una buena muestra, señor Presidente, de los estrechos vínculos crecientes entre Europa e Iberoamérica. 
Gracias, señor Vidal-Quadras. 
Me sumo a sus palabras. 
Señor Presidente, se ha prestado mucha atención al expediente que hoy nos ocupa. 
Hemos consultado con colegas parlamentarios dentro y fuera del país, de los Estados miembros y también de los Estados candidatos. 
Ha habido muchas discusiones y, después de todos estos insumos, señor Presidente, me he formado una opinión completamente personal en este expediente difícil, pero también de gran carga ética. 
Quiero señalar en lo tocante a esto que sí respeto todo juicio formado escrupulosamente. 
La clasificación en izquierdas o derechas, conservador o moderno no es pertinente en este asunto. 
Tampoco puedo tolerar que mi postura o la de otros colegas sea calificada de fundamentalista, tal como ahora acaba de suceder. 
Señor Presidente, mi idea y comportamiento se suman en gran medida a lo acordado en mi Grupo. 
Me distancio en un punto: estoy a favor de utilizar los embriones excedentarios de la FIV, pero quiero restringir la creación consciente de embriones excedentarios. 
Estoy en contra de que se cierren las posibilidades que puede ofrecer la clonación terapéutica en el futuro para curar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. 
Señor Presidente, nunca se ha tratado de una clonación reproductiva y es deseable que exista una prohibición internacional absoluta. 
Rechazo la producción de embriones solamente para la investigación. 
En mi opinión, nos enfrentamos a un problema de definición en el caso de la clonación terapéutica ¿Puede un óvulo mío combinado con una célula de mi propia piel servir en el futuro para crear una célula de corazón destinada a mí misma? 
Por último, señor Presidente, la legislación en materia de patente no sirve: la inalienabilidad del cuerpo humano está establecida, pero la legislación es ambigua y, en consecuencia, se conceden patentes que no quedan a disposición de la gente y de las posibilidades para curar. 
Además, pido también a mis colegas del D66 y del VVD que han votado otra cosa en la tramitación de este informe, que también respalden este punto de nuestro Grupo. 
Señor Presidente, después de casi un año de trabajo intensivo con los descubrimientos de la genética humana y de su influjo en la medicina, tras innumerables audiencias y tras conversaciones mantenidas en las visitas de información in situ me siento hoy más pobre en lo que respecta a una esperanza. 
Estoy francamente decepcionado. 
La Comisión Temporal sobre Genética Humana y Otras Nuevas Tecnologías de la Medicina Moderna no ha logrado el objetivo esperado por mí. 
Efectivamente, el informe aprobado por la comisión no establecerá la base para una legislación coherente sobre biotecnología en los Estados miembros de la Unión Europea que muchos, conmigo, habían deseado. 
Más bien amenaza con volar en pedazos a causa del caos de opiniones de las enmiendas en el Pleno. Al final, estos pedazos no podrán encajar debidamente entre sí. 
Por esta razón les pido, estimados y estimadas colegas, que evitemos, al menos, lo peor. 
Permítannos acordar solamente aquello que contemple equilibradamente los aspectos sociales, económicos y jurídicos y en ningún caso destruya las fronteras éticas rigurosamente trazadas. 
El Parlamento Europeo no debe fracasar en este punto. 
Hemos de establecer criterios. 
Establecer criterios en una democracia representativa es tarea del Parlamento directamente elegido y no ha de confiarse a los gobiernos ni a las fuerzas que no se deban directamente al bien común. 
En el pasado fin de semana los gobiernos francés y alemán han establecido en unas consultas realizadas en Nantes las vías hacia una posición común sobre las cuestiones de la economía y de la ética que plantea la biotecnología. 
Quiero citar un documento del Gobierno federal alemán: "Un acuerdo tal entre Alemania y Francia podría ser el comienzo de un acuerdo más amplio a nivel europeo". 
El Parlamento Europeo puede acortar el camino y asegurar ya hoy algunos puntos. 
La Comisión sobre Genética Humana, como la denominamos de forma abreviada, ha reunido cuidadosamente las informaciones necesarias y el espectro de las posiciones valorativas. 
Ahora el Parlamento Europeo debe señalar a la ciencia, a la medicina y a la economía de los Estados miembros de la Unión el camino hacia el futuro de la revolución biotecnológica. 
Sin embargo, a este respecto no debemos caer en la trampa de una falsa fe en el progreso. 
No todo progreso que alcancen los seres humanos es al mismo tiempo también un progreso para la humanidad. 
Pero tampoco debemos someternos a ideologías o a dogmas así como tampoco hemos de sentar otros nuevos. 
Muchos se sienten tan inseguros en el ámbito de la ética que les gustaría ignorarla. 
Pero en este punto existe una gran claridad. 
Sólo que a veces no lo vemos. 
Por ejemplo: de un óvulo humano fecundado sólo puede resultar un ser humano y nada más. 
Por consiguiente, desde el momento de la unión del esperma masculino con el óvulo femenino lo que importa es la protección absoluta de la dignidad humana. 
Este derecho fundamental absoluto ha sido formulado por escrito siempre y, recientemente, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Hemos de atenernos a esto. 
Bajo este supuesto no podemos autorizar la clonación- sea cual sea su objetivo -, es decir, ni la reproductiva ni la terapéutica. 
No puede ser. 
Bajo este presupuesto se excluye también que utilicemos o produzcamos embriones para fines de investigación. 
Las intervenciones intencionadas en la línea germinal humana las prohibe la ética médica de la ayuda y de la curación, y también una mirada a las consecuencias catastróficas de todo tipo. 
Quisiera quedarme en estos comentarios. 
En la votación de esta tarde tenemos que respetar, además, una serie de otras fronteras. 
Pero también hemos de pronunciarnos hoy en pro del progreso en las ciencias biológicas. 
Apoyándolas debidamente, quizá nos acerquen más a la realización del sueño de la victoria sobre la enfermedad y el sufrimiento y deberíamos apoyar con más fuerza que hasta hoy las alternativas que existen, por ejemplo, en el ámbito de las células madre adultas. 
Ahí, creo yo, está también, de hecho, el futuro. 
Señor Presidente, el debate que nos ocupa hoy es muy importante. 
Al fin y al cabo, hablamos aquí de nada menos que la vida misma. 
Debatimos sobre una investigación científica que potencialmente puede curar a las personas que sufren enfermedades graves, tales como el Parkinson, el Alzheimer, la EM, la diabetes y, quizá, incluso el SIDA, o que puede mejorar o alargar la vida de estas personas. 
En verdad, no es una cuestión que podamos tratar a la ligera. 
Por tanto, me parece un mal asunto que el Parlamento se niegue a reconocer explícitamente la diferencia entre la clonación reproductiva y la clonación terapéutica: la primera está encaminada a la creación de personas nuevas; la segunda, a la creación de un nuevo tejido. 
Prohibir directa o indirectamente la segunda significa cerrar los ojos a un número de posibilidades científicas que podrían ayudar a las personas. 
Señor Presidente, la subsidiariedad está lejos de ser buscada en este informe. 
Precisamente, los dilemas éticos y morales deben solucionarse lo más cerca posible de las propias personas porque apelan directamente a la conciencia personal. 
El llamamiento efectuado a la Comisión para que presente propuestas legislativas, no cuenta con la aprobación de mi Grupo. 
Por último, debo señalar sinceramente mi preocupación por el monopolio que algunos colegas de derechas y Verdes creen tener en el ámbito de la ética. 
Algunos colegas dan la impresión de considerar automáticamente que la posición más estricta es la de principios más elevados. 
Dificultar o incluso prohibir una investigación prometedora para curar a gente enferma, disminuir su sufrimiento o hasta salvar su vida, es también una decisión que conlleva fuertes implicaciones éticas. 
Señor Presidente, Comisario, quiero respaldar el informe del Sr. Fiori, que creo que ha conseguido hallar el justo equilibrio. 
Mi opinión ha cambiado en el transcurso del año pasado a resultas de las pruebas que hemos podido escuchar en la Comisión Temporal. 
Tengo dos preocupaciones fundamentales: en primer lugar, numerosas pruebas sugieren que bien pudiera ser que el desarrollo de las investigaciones con células madre embrionarias no arrojasen los resultados que todos deseamos en términos de progreso en algunas de las más serias enfermedades que afligen a muchos miembros de nuestra sociedad y de muchas de nuestras propias familias, en segundo lugar, en el transcurso de estas investigaciones, vamos a permitir que muchas personas, y en especial mujeres que sufren de infertilidad, sean explotadas. 
No estoy en contra de la investigación con embriones- yo misma sufro infertilidad, me he beneficiado de la misma y he donado embriones excedentarios con fines de investigación- pero debemos asegurarnos que para alcanzar los objetivos que todos deseamos, no nos concentramos en una sola dirección, descuidando otras áreas de investigación que encierran la misma o quizá una mayor promesa de éxito. 
Señor Presidente, muchas personas padecen todavía enfermedades degenerativas incurables que afectan a todo el cuerpo, tal como la esclerosis múltiple, el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes y la leucemia. 
Otras tienen un órgano que funciona mal o que está dañado en un cuerpo sano en lo que al resto se refiere, ése puede ser el caso del corazón, los riñones, el hígado o los pulmones. 
En tanto personas, hemos tenido éxito a la hora de cambiar todas las cosas que nos rodean en el mundo, pero las deficiencias de nuestro propio cuerpo sólo las podemos solucionar todavía en cierta medida. 
Así mismo, pensamos que la reparación y mejora de nuestra calidad corporal es simplemente horrorosa ¿Va a actuar la humanidad como creadora de sí misma y eso se opone al fin para el cual la gente ha sido puesta en la tierra? 
Pocos estarán a favor de crear seres humanos superiores e invulnerables que a la larga desbanquen a las personas normales. 
Además, el sacrificio de vidas humanas para proporcionar con ello una mejor calidad a otras vidas, despierta sentimientos de canibalismo. 
A veces se trata de una discusión de puntos extremos. 
Por una parte, la posición extrema de querer prohibir toda investigación científica y mandar a prisión a todos los investigadores, y por otra, la de querer permitir toda aplicación comercial como, por ejemplo, la desarrollada por la empresa americana Advanced Cell Technology y, con ello, hacer todo lo posible en el aspecto individual para las personas ricas que pueden y quieren pagarlo. 
Rechazo ambos extremos. 
El uso de las células madre del propio cuerpo o, si fuera necesario, de los embriones excedentarios es defendible. 
Ante la creación eventual de vida particular con este fin, hay que estudiar las alternativas antes de proceder a ello, y realmente sobrepasamos las fronteras de lo aceptable con el comercio de embriones. 
Eso es también aplicable a la valoración y modificación de la vida humana según los deseos de las aseguradoras. 
Una vez sopesado todo, me siento más de acuerdo con la línea del Sr. Caudron que con la del Sr. Fiori. 
Señor Presidente, señoras y señores, por una vez el Parlamento Europeo no va retrasado con respecto a la historia. 
En un momento en el que una firma americana acaba de conseguir la clonación de un embrión humano, la Comisión Temporal sobre Genética Humana publica su informe, excelente por cierto. 
En efecto, protege el embrión humano prohibiendo la clonación, tanto con fines reproductivos como terapéuticos. 
Prohíbe la financiación pública europea para la investigación del embrión humano aconsejando la utilización de embriones excedentarios para las parejas estériles, y finalmente utilizando al máximo el trabajo sobre las células madre adultas. 
El hombre no es propietario, sino simple usufructuario de la vida. Por tanto no puede apropiarse, ni siquiera en parte, de este patrimonio inalienable por naturaleza. 
Aquellos que, jugando a aprendices de brujo, se enriquecieran así, deberían pagar derechos de autor al Creador. 
En ningún caso el embrión humano debería verse reducido a un simple material de laboratorio, a un instrumento con fines comerciales. 
Por ello el legislador debe definir para el embrión un estatuto que colme el vacío jurídico actual prohibiendo en especial patentar la materia viva. 
Frente a una mecánica genética tan frágil y compleja, que alcanza también al misterio y a lo sagrado, es despreciar la evolución de la humanidad, su pasado y su futuro, acumular, con el pretexto de investigaciones, beneficios efímeros. 
Mis colegas del Frente Nacional y yo mismo defendemos la integridad y la dignidad de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. 
Aquéllos que se oponen han entrado sin saberlo en el reino de la barbarie. 
Manipular el misterio de la vida es conducir a la humanidad a catástrofes mucho más terribles que las de las vacas locas y de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob. 
Señor Presidente, las noticias científicas de los últimos días han creado un contexto dramático para la presentación del informe Fiori. 
Pero más importantes para mí han sido las numerosas cartas que he recibido de academias científicas, de organizaciones médicas y de asociaciones de enfermos en que solicitan que no cerremos la puerta a una investigación esperanzadora y tan prometedora. 
Verdaderamente, los nuevos conocimientos en la genética humana nos van a ayudar a comprender los puntos de nuestro potencial genético vulnerables y sensibles a la presión y a los ataques medioambiental, así como a concienciarnos de nuestra vida a fin posibilitar el desarrollo de nuevas estrategias para prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades. 
Por otra parte, la investigación con células madre puede aplicarse en terapias de enfermedades como por ejemplo el Parkinson, Alzheimer, la leucemia y muchas otras. 
Sin embargo, la investigación en estos campos debe estar limitada para no crear problemas éticos, sociales y jurídicos. 
Este es el objetivo de las enmiendas que he presentado junto con otros de mis Sres. colegas, igual que en el informe Caudron, para que sea lícito desarrollar la investigación innovadora que he descrito, manteniendo todos los equilibrios para evitar problemas éticos. 
Así tenemos esperanza en el futuro y en la situación favorable que para la medicina esta investigación promete. 
Quiero creer que el Parlamento Europeo va a aprobar esta línea que pone límites, pero que también mantiene el equilibrio correcto entre el avance científico y la ética. 
El texto que vamos a votar debe dejar la puerta abierta a la ampliación de nuevas posibilidades para librar a las sociedades humanas del mayor número posible de desgracias causadas por las enfermedades. 
No debe ser dictado por la confusión y por el miedo o por reacción ante algo que no comprendemos plenamente, sino por el valor al conquistar lo nuevo que ha mostrado siempre el ser humano desde la época de Prometeo. 
Señor Presidente, este debate afecta a las cuestiones esenciales de la humanidad: ¿Qué es la vida, como aprehender la marcha inevitable hacia la muerte que caracteriza a cualquier existencia? 
Transmitir la vida, ¿no sería el sentido profundo de la evolución, la única ley moral de una naturaleza, insensible por cierto, a nuestros conceptos morales? 
La vida es indudablemente un proceso. 
Resulta vano pretender definir el principio de la vida. 
Para algunos, ésta comienza con la fusión de un espermatozoide y un óvulo. 
Pero cualquier espermatozoide vive, aunque sean millardos moviéndose inútilmente. 
Un óvulo no fecundado deja de vivir. 
El embrión, al dividirse en dos, después en cuatro, en ocho, en dieciséis y más células, representa el proceso de la vida. 
Hasta el cuarto día, cada célula es totipotente, encierra todas las informaciones genéticas de un ser humano en potencia. 
Pero para llegar a ese ser humano es necesario que el embrión se adhiera a un útero y se desarrolle durante meses. 
Sin embargo, un embrión no es un material cualquiera. 
No habría razones para sacrificarlo. 
Nuestras sociedades aceptan generalmente el aborto con el fin de preservar la salud física o psíquica de una madre. 
¿Esta ética del menor mal posible no puede aplicarse a los embriones excedentarios para los cuales ya no existe un proyecto parental? 
¿No es mejor utilizar esos embriones para una investigación seria, en lugar de destruirlos? 
La clonación con fines reproductivos no tiene ningún defensor en el Parlamento. 
Pero las posibilidades que se abren con la clonación con fines terapéuticos merecen ser objeto de una investigación fundamental bien dirigida. 
Nuestra sociedad acepta la investigación médica seria sobre el feto, el niño, el adulto y el cadáver. 
¿Por qué un estatuto especial sólo para el embrión? 
Defiendo la ciencia y el derecho a saber más. 
Defiendo una financiación pública de esta investigación necesaria. 
Sería irresponsable dejar la exclusiva al sector comercial. 
Cualquier investigación no tiene la certeza de salir adelante. 
Es necesario apoyar todas las pistas serias. 
Esto vale tanto para la investigación sobre las células madre adultas como para los 216 tipos de células del cuerpo humano. 
Sólo unas veinte tienen el poder de la pluripotencia. 
No se puede despreciar la investigación de las células madre embrionarias. 
Éstas son pluripotentes por naturaleza y pueden ayudar a la regeneración de todos los tejidos de los que está compuesto el cuerpo humano. 
Tengo el convencimiento de que la ciencia genética progresará con o sin Europa. 
Pero espero que Europa no vaya retrasada en esta evolución. 
Respeto a los colegas que mantienen dudas, que ven más los riesgos que las esperanzas, pero no acepto que se utilice la necesaria defensa de la dignidad humana como una especie de maza destinada a hacer callar a los que no quieren limitar toda la dignidad humana a un montón de células. 
¿Dónde queda la dignidad de los que sufren mil muertes antes de fallecer, que se hunden en la enfermedad o en la demencia? 
¿Podemos realmente centrarnos en exclusiva en la defensa de la vida que nace, cuando la vida que está ahí se la ignora con mucha frecuencia, se la desprecia y se la oprime? 
Buscar nuevas terapias contra enfermedades crueles, contra algunas predisposiciones o, peor aún, predestinaciones genéticas, ¿no sería eso la verdadera defensa de la dignidad humana? 
Señor Presidente, el informe del Sr. Fiori sobre genética marca una etapa importante en el debate europeo e internacional sobre una cuestión delicada e interesante que exige una fuerte atención en el mundo político por las responsabilidades que conlleva. 
La ciencia debe progresar y avanzar y nosotros no conocemos sino una mínima parte de lo conocible y de la misma célula de la que estamos hablando. 
Pero no por esto todo es lícito: si la libertad es de por sí un valor absoluto pero no es nunca absoluta por su propia naturaleza, del mismo modo la ciencia y la investigación científica son y representan valores irrenunciables para los descubrimientos importantes que pueden ponerse al servicio de la humanidad, pero que no pueden considerarse absolutos, o sea, libres de vínculos con el derecho, la ética y la moral. 
Por lo tanto, la posición de los republicanos europeos, de los demócratas y de Italia de los Valores coincide con la posición expresada en la votación sobre el informe Caudron: rechaza la clonación humana y las manipulaciones genéticas, pero es favorable a la financiación prioritaria de la investigación sobre las células estaminales adultas y sobre la embrionarias derivadas de un aborto espontáneo y terapéutico, con un puntual control público. 
Queridos colegas, se ha abierto el gran debate entre bioética y derecho que, sin embargo, no se ha de abordar desde posiciones moralistas porque la discriminación no es entre laicos progresistas y católicos conservadores- ésta es una visión maniquea y facilona- sino entre los que creen que a la ciencia se le puede permitir todo, incluso despreciar la dignidad de la vida, y los que consideran que esto no es posible. 
De todos modos, le damos las gracias al Sr. Fiori, ya que el suyo, sobre todo si se acogerán nuestras importantes enmiendas, es un trabajo importante, una buena base para reflexionar de ahora en adelante y para evitar que los descubrimientos importantes lleguen a ser propiedades patentadas para uso y consumo de los poderosos y no puestas al servicio de toda la humanidad. 
Señor Presidente, estamos unánimemente en contra de la clonación con fines reproductivos, lo que muestra su carácter peligroso. 
Entonces, ¿por qué hacer una diferencia semántica con la clonación con fines terapéuticos cuando es lo mismo? 
Añadir la palabra "terapéutica", ¿cambia el acto? 
¿Hemos podido separar lo nuclear civil de lo militar? 
Sobre todo porque estas nuevas técnicas van a implicar la necesidad de una producción acelerada de ovocitos con las consecuencias que conocemos sobre la explotación del cuerpo de la mujer, los efectos secundarios para ésta y el tráfico de ovarios. 
Además, la investigación a partir de células madre adultas abre las mismas perspectivas sin problema ético. 
Una palabra sobre la finalidad "terapia genética": con mucha frecuencia el carácter genético es una predisposición a la enfermedad, y algunos factores exteriores van a provocar el desarrollo de la propia enfermedad. 
Vamos a modificar un gen ante una simple predisposición, cuando sabemos hoy, después del descubrimiento del genoma humano, que un gen modifica otras funciones que ahora mismo son desconocidas para nosotros. 
Señorías, no es por convicción religiosa sino como ateo por lo que reclamo el principio de precaución. 
Señor Presidente, en mi opinión, el hecho de que los recientes descubrimientos en el campo de la biotecnología hayan llegado a la fase en la que domina todavía el sistema capitalista, es una desgracia para la humanidad. 
En el sistema inhumano de explotación en que vivimos hoy en día, en el que dichos descubrimientos se someten a la búsqueda del beneficio, es imposible que se pongan al servicio de la humanidad. 
Por el contrario, es totalmente normal que se pongan al servicio de los monopolios del sector. 
No nos parecerá extraño que se desarrolle, por ejemplo, un mercado de ovarios humanos, de fetos y de células blastiformes o incluso que las nuevas posibilidades terapéuticas sean accesibles para quienes puedan pagar grandes sumas. 
Estimados colegas, de cualquier forma debemos ser muy cuidadosos con las modificaciones del material genético. 
No puedo dejar de pensar que la vida ha necesitado mil millones de años para evolucionar en nuestro planeta y lo ha hecho siguiendo la selección natural. 
Ahora tenemos la posibilidad de intervenir en el proceso de la evolución; quizás podamos ver las consecuencias inmediatas, pero no podemos prever que va a suceder dentro de un millón de años. 
Y si les parece que es mucho tiempo, como astrónomo que soy, les puedo asegurar que el sol existirá durante otros 4.500 millones de años. 
También tenemos ante nosotros el fenómeno degenerativo de la concesión de patentes de organismos vivos y de genes humanos. 
Nuestra postura es clara. 
Ninguna parte del cuerpo humano, ninguna célula, ninguna molécula puede ser objeto de patentes. 
Igualmente somos categóricamente contrarios a que patronales, entidades aseguradoras, servicios secretos, etc. utilicen el código genético. 
El informe Fiori contiene opiniones interesantes y útiles sobre una serie de cuestiones. 
En bastantes artículos señala los peligros derivados de la comercialización, especialmente para los grupos de población más débiles económicamente. 
Sin embargo, al final se queda bastante atascado en la lógica de la competitividad y su posición es casi neutral en la cuestión jurídica. 
¡Ojalá que el debate que concluimos hoy señale el principio de una reflexión más general y que sea el motivo para desarrollar una postura más responsable en estos temas! 
Señor Presidente, la bioética o la ética de la materia viva nos enfrenta a cuestiones esenciales, y es un honor para este Parlamento abordarlas en el día de hoy. 
¿Qué concepción tenemos del ser humano? 
Una concepción utilitarista o cientificista en la que el ser humano, y especialmente los más débiles, están al servicio de la ciencia, o una concepción humanista que pone la ciencia al servicio del ser humano. 
¿Qué es lo que constituye la dignidad del ser humano? 
¿Aceptaremos que la dignidad puede variar en función de la edad, la capacidad, la salud o el modo de creación del embrión? 
No, deseo que el Parlamento reafirme con insistencia, mientras los laboratorios provocan a la conciencia mundial clonando seres humanos, que todos tenemos la misma dignidad y la misma condición de humanidad. 
¿Cuál es el sentido de la investigación científica? 
¿Permitiremos que la investigación sea el espejismo de un nuevo eldorado financiero? 
No, la investigación debe conservar su grandeza, estar al servicio del ser humano y más en concreto aliviar el sufrimiento, ayudar y cuidar a las personas con discapacidades, mejorar las condiciones de vida de todos, incluso en los países en vías de desarrollo. 
No debe existir contradicción entre la dignidad del embrión y la del enfermo. 
Nuestra posición debe ser por tanto coherente y fundamentada. 
No hemos de estar sometidos a los avatares del momento, sino basar nuestra posición en el respeto por la dignidad del ser humano, única garantía de una ciencia de progreso. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Fiori es un informe ambicioso y ponderado. 
Ambicioso porque no sólo trata de la investigación del genoma, que puede estar de moda, sino que abarca todas las cuestiones suscitadas por dicha investigación o relacionadas con ella: Usos de los datos genéticos, patentabilidad de los productos y procedimientos derivados del material biológico, condiciones de las pruebas genéticas, clonación, investigación sobre células madre y programa marco de investigación. 
Y ponderado, porque presenta soluciones equilibradas alejadas de los fundamentalismos de uno o de otro signo. 
Así, en materia de células madre se distingue entre las células madre embrionarias y las denominadas adultas, se da prioridad a la investigación sobre estas últimas- muy prometedora- y se considera que las condiciones de producción y de obtención de células madre implican riesgos para la integridad del cuerpo de la mujer cuando se recurre a la clonación terapéutica, que por eso se rechaza, o a los embriones excedentarios, práctica que también por eso se rechaza. 
Algunos sostienen, en nombre de la libertad de investigación, la posibilidad de experimentar sin límite con tal que la finalidad última sea terapéutica. 
La investigación, señorías, es indispensable y hay que favorecerla especialmente, pero como todo derecho, tiene sus límites y sobre todo, un límite infranqueable, la dignidad humana. 
Quienes creemos en esta dignidad, quienes tratamos de tutelar a todos los seres vivos, no podemos sacrificar esos valores en el altar de una libertad de investigación convertida en norma ética suprema y sin límite, y menos cuando esa libertad se está convirtiendo, de hecho, en la libertad de realizar las investigaciones más rentables para los grandes grupos farmacéuticos. 
Hoy se nos están esgrimiendo perspectivas de futuro como si fuesen realidades, cuando son sólo todavía promesas. 
Señor Presidente, el ponente ha tenido el coraje necesario para huir de simplificaciones y adentrarse en el tema de modo serio y ponderado. 
Su informe se inspira en una línea ética aceptable por todos, que no es la de ciertas posiciones religiosas, respetables pero que provocan amplio rechazo, ni esa ética laica a la que hoy se ha invocado como supuesta norma suprema, que provoca no menos rechazo. 
Creo, por tanto, que el informe debe ser apoyado íntegramente. 
Señor Presidente, cuando hace aproximadamente un año votamos la creación de la Comisión Temporal sobre Genética Humana y Otras Nuevas Tecnologías de la Medicina Moderna, no nos podíamos imaginar que el día de la votación relativa coincidiría con las declaraciones de líderes de estados, de científicos, de empresas privadas y de otras instituciones interesadas. 
La comunicación de la Advance Cell Technology sobre la creación de embriones humanos mediante la clonación hace que la votación de hoy sea aún más crucial. 
Los debates precedentes han demostrado pequeñas omisiones en sectores muy importantes, como la protección de los derechos humanos, la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la autodeterminación, la confidencialidad de los datos personales, el respeto a las personas con incapacidad y la prohibición de la discriminación de los trabajadores sobre la base de criterios genéticos. 
En los temas referidos se ha logrado fácilmente un consenso amplio. 
Asimismo la Comisión está de acuerdo en que la información genética de personas vivas no puede ser patentable. 
Casi unánime ha sido también la postura de la Comisión Temporal sobre la prohibición de la financiación de la investigación relacionada con la clonación reproductiva. 
Sin embargo, en el difícil punto de la clonación terapéutica, las reflexiones y los diversos puntos de vista han cubierto la mayor parte del tiempo. 
La inexistencia de un marco internacional y de normas de aplicación de la investigación relativa, así como el peligro de una creación intencionada o comercial de numerosos embriones ha sido una de las razones de las reservas más profundas. 
Está claro que de momento en este sector no es posible garantizar un amplio consenso y hace falta, continuando los trabajos de la Comisión Temporal, una ampliación más detallada. 
Estoy segura de que si salvaguardamos un acuerdo internacional, y si las instituciones privadas y las públicas se mueven en campos de investigación predeterminados en virtud de protocolos acordados, las reservas mencionadas anteriormente dejarán de ser tales. 
Sólo así se puede encontrar el camino hacia la solución de problemas crónicos de la salud sin peligro de desvíos que violarían la Carta de los Derechos Fundamentales sobre la dignidad humana, que son principios y valores que deben estar por encima de la libertad de la investigación. 
Señor Presidente, en este debate está en juego mucho más que nuestra visión de la genética humana: se trata también de qué papel asignamos a los políticos europeos en la evaluación de la ética, de la ciencia y de la integridad del ciudadano europeo. 
No estoy en posesión de la verdad absoluta y opino que es conveniente ser humilde. 
Los ciudadanos son muy capaces de tomar sus propias decisiones con honradez y en conciencia. 
Personalmente, estoy a favor de una investigación científica tan libre como sea posible de cara a la posible cura de enfermedades hasta ahora incurables como el Parkinson, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, aunque en este último caso, también uno, por supuesto, simplemente puede dejar de fumar. 
El trabajo de nuestra comisión ha puesto de manifiesto que la ciencia europea asume de forma plenamente escrupulosa su responsabilidad. 
No puedo acallar mi conciencia por el hecho de que no respaldemos o incluso prohibamos las formas de investigación que nos ocupan, incluyendo la clonación terapéutica y la investigación de las células madre con ayuda de embriones excedentarios. 
Por supuesto, otros llegan a una conclusión distinta, y lo respeto, pero por ello, tenemos que tener en cuenta que los diferentes Estados miembros contarán con una legislación dispar. 
Por tanto, señor Presidente, no puedo estar de acuerdo con la propuesta presentada si ésta permanece sin cambios. 
Quisiera dar las gracias al ponente por un informe excelente sobre un difícil tema. 
Considero que el Parlamento debe rechazar con firmeza la clonación humana. 
Los últimos sucesos en los Estados Unidos son ciertamente alarmantes, pero no podemos tolerar la experimentación o el comercio con la vida humana. 
Hablando en términos técnicos, no existe diferencia entre la clonación terapéutica y la reproductiva. 
Si permitimos que se lleve adelante la clonación humana bajo el manto de la clonación terapéutica, nos arriesgamos a que se produzcan abusos que tengan como resultado la concepción de niños minusválidos o discapacitados. 
Este es mi mayor temor ante estos experimentos y creo que esos temores están bien fundados en algunas de las declaraciones realizadas, tales como las del Dr. Antinori. 
No se deberían crear embriones humanos con fines de investigación, pero eso ya ha ocurrido este verano en los Estados Unidos. 
La protección de la propiedad intelectual debe ser excluida de estos experimentos. 
Se están utilizando mujeres como materia prima para esas investigaciones, porque hay un procedimiento usurpador para extraer huevos, la materia prima de la clonación. 
Ya existe un comercio para ello, lo que es absolutamente reprobable. 
Señor Presidente, si Europa quiere ser la economía más competitiva y dinámica del mundo, como se ha declarado con orgullo en el Consejo de Lisboa, entonces debemos proporcionar las condiciones y el entorno que estimulen a nuestros científicos a poner a prueba las fronteras del conocimiento. 
No podemos renquear en esa búsqueda, si bien también debemos salvaguardar la dignidad del ser humano. 
¿Qué es la dignidad humana? 
¿Cuál es la dignidad de alguien que padece la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, fibrosis quística o cuadriplejía a causa de una lesión medular? 
Sí, el embrión también tiene dignidad, pero disponemos de enormes cantidades de embriones excedentarios que normalmente son congelados y en última instancia destruidos. 
¿No sería mejor que estos se emplearan con fines de investigación, con el permiso de los progenitores, en lugar de ser inútilmente destruidos? 
Es esencial que cualquier investigación semejante en estos ámbitos sensibles sea llevada a cabo bajo una estricta normativa y solo en aquellos países donde esté permitida y exista una legislación apropiada. 
A mis amigos les diría que el Buen Samaritano cruzó el camino para ayudar a su vecino: vuestro vecino quizá padezca la enfermedad de Parkinson, o la enfermedad de Alzheimer o una lesión medular, o diabetes. 
Con el debido respeto, ¿pasarían ustedes del otro lado? 
Este informe también trata el asunto del registro de patentes sobre invenciones biotecnológicas, Directiva 98/44. 
Esta directiva ha pasado por todos los procedimientos legislativos necesarios en la Unión Europea para convertirse en ley, en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento. 
La transposición, sin embargo, lleva años de retraso. 
Con seguridad depende de la Comisión el insistir, con todos los poderes legales a su disposición, en que todos los países que falten procedan a su transposición. 
En demasiadas ocasiones, en todos estos asuntos de progreso, la Comisión y los Estados miembros emplean bellas palabras y luego dudan y titubean mientras Europa sigue retrasándose más. 
Señor Comisario, le pido que sea fuerte. 
Le pido que dé un paso adelante por el futuro de Europa. 
Señor Presidente, la dimensión ética de este debate es crucial, pero no debemos quedarnos ahí: también debemos analizar el poder ¿Quién tiene poder de decisión sobre el cuerpo humano? 
La directiva sobre biotecnología regula este poder. 
Desgraciadamente, esta directiva no resulta completamente clara. 
Las posibilidades a la hora de otorgar una patente están formuladas de forma demasiado amplia y, por ello, el poder se concentra únicamente en manos de los grandes titulares de patentes. Debemos hacer algo al respecto. 
En primer lugar, debemos someter la directiva a una evaluación profunda de sus consecuencias socioeconómicas y, si fuera necesario, proponer una reforma. 
En segundo lugar, debemos ocuparnos de que las empresas farmacéuticas se entiendan con el público. 
Su programa de investigación debe verse influido por éste ¿Qué queremos saber, qué podemos saber y quién puede saber qué? 
En tercer lugar, debemos ocuparnos de que la terapia genética continúe siendo accesible a todos. 
La terapia genética es actualmente muy cara y eso puede poner en peligro su accesibilidad. 
En cuarto lugar, debemos preguntarnos cuáles son las consecuencias sociales de la revolución médica: nos hacemos más viejos, más individualistas, prohibimos las anomalías, y todo eso tiene consecuencias para las relaciones humanas, el mercado de trabajo y el sistema de asistencia médica. 
Por último, debemos elaborar una agenda de investigación pública, que no puede verse limitada por las fronteras artificiales y éticas. 
Debemos pasar de una ética constreñida, basada en la religión ortodoxa, a una ética social amplia. 
El sexto programa marco desempeña un papel fundamental en ello, pero la colaboración entre las instituciones públicas nacionales es, al menos, igual de importante. 
Señor Presiente, hablo en nombre de una considerable minoría de mi Grupo que desea fomentar la investigación científica con las células madre embrionarias y que también defiende la clonación terapéutica: precisamente, con la tecnología genética se posibilitan avances médicos que de otra forma serían imposibles. 
Rechazamos plenamente la clonación reproductiva, no sólo de las personas, sino también de los animales. 
No compartimos la motivación cristiana y oscurantista que figura en la mayor parte del informe Fiori. 
La observación de que la clonación terapéutica conduce automáticamente a la clonación reproductiva no se mantiene. 
De ahí que no respaldemos el informe Fiori en su forma actual. 
Señor Presidente, en el momento en el que nuestros conciudadanos nos piden, después de haber construido la Europa de las mercancías, que construyamos la Europa de los hombres, el embrión se invita al corazón de Europa. 
Quisiera dar las gracias aquí a la Presidenta del Parlamento que, tras los trabajos británicos del mes de agosto pasado que autorizaban la clonación con fines terapéuticos, ha oído la voz de una serie de diputados que pedimos la creación de una comisión ad hoc que, después de haber oído mucho, dio lugar al informe del Sr. Fiori a quien saludo por su compromiso notable en este expediente. 
Así, al contrario que en otros parlamentos, como por ejemplo el francés, nos encontramos en una cita en el momento oportuno en el que una sociedad privada nos anuncia, con el pretexto de un objetivo terapéutico, haber procedido a la clonación humana. 
Entiendo el objetivo, pero hemos de ser conscientes de que bajo este objetivo se trata de hecho de una verdadera coartada, si recordamos que hay otro objetivo subyacente, el afán de lucro y un mercado potencial sin límites. 
Porque, ¿de qué se trata? 
Desafiando el principio de indisponibilidad y de no-patrimonialización del cuerpo humano desde el momento de su concepción, definido en todas las declaraciones internacionales, se nos propone convertirnos en aquello que combatimos, organismos genéticamente modificados mediante la creación, de cualquier modo, de embriones como reserva de recambios humanos que permitan reparar a los enfermos. 
Nosotros, que sabemos que hay un momento en un proceso de decisión en el que es preciso levantar la nariz del manillar y plantearse la cuestión: "¿ Sigo o me detengo ?", pensamos que ha llegado el momento de fijar el límite, ya que la frontera entre la clonación con fines reproductivos y la clonación con fines terapéuticos es muy tenue, porque esta última no es de hecho más que una clonación con fines reproductivos interrumpida. 
No sé si estoy en el campo de la ética, pero soy bien consciente en cualquier caso, al manifestarme así, de no estar en el campo de la modernidad. 
Poco importan esas clasificaciones arcaicas, ya que creo que el verdadero choque de civilizaciones está entre aquéllos, neocientificistas, que consideran al hombre como un material, y aquéllos que lo consideran un patrimonio no disponible para fines técnicos. 
En este espíritu presenté la enmienda 213 sobre la no-patentabilidad de la materia viva, al igual que la enmienda 212, que señala que no hay ninguna diferencia entre clonación con fines terapéuticos y no-terapéuticos. 
También es en este espíritu en el que hago una llamada a la Presidenta del Parlamento para que nuestra comisión se convierta en permanente, al Presidente de la Comisión, para que instaure unos Estados generales europeos de la bioética con el fin de no hurtar este debate a los ciudadanos, y finalmente a los Jefes de Estado y de Gobierno para que en pongan en marcha una convención internacional de bioética. 
En primer lugar, quisiera felicitar al ponente y a su equipo por el trabajo realizado en la elaboración de lo que fue un buen informe, hasta que tuvimos esa lamentable votación en comisión que, desgraciadamente, ha producido ahora un informe que personalmente no puedo respaldar. 
El debate sobre este informe tiene lugar en un momento muy oportuno, después de que unas compañías de investigación estadounidenses hayan anunciado que han clonado con éxito células humanas. 
Queda muy claro que si aceptamos este informe quedaremos a remolque del resto del mundo en el desarrollo de tratamientos muy importantes contra el cáncer, diabetes y las enfermedades de Parkinson y Alzheimer. 
Este debate no impone ninguna exigencia legal a los Estados miembros, pero si los mensajes que estamos emitiendo hoy aquí tuviesen un fuerte eco en toda Europa desencadenarán en el futuro importantes efectos en áreas esenciales de la investigación médica. 
Estas propuestas son restrictivas y extremas. 
No reflejan un enfoque razonable y equilibrado. 
Si se observa a los Estados miembros, por ejemplo al Reino Unido, podemos comprobar que se ha tomado una autentica posición de vanguardia al reconocer los indudables beneficios potenciales de esta tecnología y que también existe una necesidad de establecer unos controles y unos adecuados protocolos de autorización que reflejen las verdaderas implicaciones éticas. 
En mi opinión, no deberíamos aceptar estas propuestas en su configuración actual, porque no son realistas, porque son potencialmente perjudiciales y dañarán seriamente la investigación médica en toda la Unión Europea. 
El anuncio hecho esta semana en los Estados Unidos ha demostrado muy claramente la velocidad a la que se está moviendo actualmente la investigación y la necesidad de impulsar la tecnología y la legislación al mismo ritmo. 
Si estas propuestas llegan a convertirse en política de la UE veremos cómo el reloj gira hacia atrás en lugar de acelerarse para mantener el ritmo de estos importantes avances tecnológicos. 
Señor Presidente, me encuentro entre aquéllos que están en contra de la clonación, también de la terapéutica. 
La diferencia entre la clonación terapéutica y la reproductiva es sobre todo una diferencia semántica, y la clonación terapéutica abre la puerta de alguna forma a la clonación reproductiva. 
Las buenas intenciones, tales como la búsqueda de soluciones para las enfermedades, no bastan para impedir lo que se quiere evitar, es decir- y todo el mundo está de acuerdo en ello -, la clonación reproductiva y la investigación eugénica. 
Quien sugiere que no existe transparencia, que se impone una moral, que se reclama una supremacía ética no tienen razón: se ha discutido durante más de un año, todas las posturas han sido analizadas detalladamente, se ha escuchado a científicos y expertos, y en la votación de hoy el voto de todos cuenta por igual. 
Observo a menudo que cuando no se está de acuerdo con los Liberales, especialmente en los Países Bajos, empiezan inmediatamente a hablar de la imposición de una moral. 
Eso no hace justicia a los hechos, al pensamiento independiente de los colegas. 
Señor Presidente, la sugerencia de que la clonación terapéutica es indispensable para la cura de las personas es engañosa: hay métodos de investigación alternativos que también son prometedores. 
Estoy en contra de la clonación y del uso de embriones, también de los embriones excedentarios, porque considero que no se puede utilizar a las personas como instrumentos, ya que creo que las consecuencias son peligrosas. 
De todas formas, también dará lugar a que se efectúen elecciones respecto de distintos tipos de vida humana, y hay alternativas. 
La investigación es importante, pero la tarea de la Administración es establecer los marcos. 
Éstos no deben tener únicamente por objeto, tal como dicen los Liberales, evitar que la economía y la investigación médica y científicas se vean alteradas. 
En mi opinión, tampoco deben verse inspirados exclusivamente por el libre mercado y los intereses particulares. 
También debemos tener en cuenta el interés general: las consecuencias para las personas en general y no sólo para los enfermos, las consecuencias para la sociedad y para las generaciones futuras. 
No puede ser que creemos vida para destruirla después. 
Señor Presidente, felicito al ponente y estoy extraordinariamente satisfecho con este informe. 
En el transcurso de este debate, en ocasiones ha sido difícil distinguir entre el calor y la luz. 
Como políticos tenemos la obligación de informarnos antes de ser dogmáticos y prescriptivos en asuntos de investigación médica y científica, sin perjuicio de la herramienta legislativa del principio de precaución que está a nuestra disposición para las áreas que presentan incertidumbres científicas. 
Debemos permitir que la investigación prosiga con el fin de aliviar el sufrimiento de los millones de personas que padecen enfermedades graves y lesiones medulares, Alzheimer, Parkinson, enfermedades de neurona motora, diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas: la lista es interminable. 
En cualquier caso, la adecuada regulación y la autorización para investigar en la comunidad científica es una cuestión que nos atañe a todos, en el plano del Estado miembro, de la UE e internacionalmente, y el estado actual de tal regulación es, en cierta medida, preocupante. 
Permítanme ser muy claro. 
Trazo una línea hasta la clonación reproductiva, la eugenesia y la creación deliberada de embriones con fines de investigación. 
Pero incluso el Vaticano no prohíbe toda investigación con células madre embrionarias: la acepta con material de abortos espontáneos. 
A aquellos que digan que eso solo constituye una distinción semántica entre la clonación terapéutica y la reproductiva, les digo: tengo un cuchillo de carnicero en mis manos, con el mismo puedo cortar un filete de forma absolutamente legal o les puedo cortar la cabeza en completa ilegalidad- justas sanciones, justas penas. 
En la vida de hoy disponemos de muchísimos ejemplos como este. 
No permitir la financiación pública de investigaciones que son legales en un Estado miembro constituye una sanción curiosa: nadie obliga a ningún Estado miembro a legalizar cualquier tipo de investigación. 
O la investigación es aceptable y respetuosa con la vida humana y la dignidad de la humanidad o no lo es. 
El modo en que sea financiada no la convierte en más o menos ética. 
Regulemos y autoricemos las investigaciones en este sensible y relevante campo, con sanciones proporcionadas para el rufián que quisiera anteponer su propia gloria al bien común y al destino de la humanidad. 
Allí donde se encuentre éste o ésta, que Dios guíe las manos de las comunidades científica, política y médica en esta encrucijada excitante, si bien imponente y desconcertante, en el momento en que ponemos a prueba las fronteras del conocimiento. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, durante un año hemos tenido en este Parlamento ocasión de ocuparnos intensamente de los planteamientos éticos, sociales, económicos y jurídicos de la genética humana. 
Quiero dar las gracias al Sr. Fiori por su completo informe. 
En la actualidad nos hallamos en una relación conflictiva entre el avance vertiginoso de la moderna medicina y los fundamentos éticos de nuestra sociedad. 
El desciframiento del genoma humano, la atribución de funciones a los genes, las nuevas técnicas de la medicina y ahora la terapia con células madre abren nuevas posibilidades revolucionarias de sanar enfermedades muy específicas. 
Pero con esto crece simultáneamente nuestra responsabilidad política. 
La función de la política es definir límites de manera inequívoca y proporcionar una orientación valorativa inequívoca. 
En ningún caso debemos permitir que el avance científico y las esperanzas terapéuticas resultantes del mismo remuevan los límites éticos. 
La empresa ACT nos ha puesto en esta semana ante hechos consumados con la producción de un embrión humano mediante la transferencia del núcleo. 
Esto es una clara transgresión de las fronteras éticas. 
Por esta razón, es urgentemente necesario que desde el Parlamento Europeo demos una señal clara en pro de la protección de la dignidad humana contra una investigación que no conozca fronteras ni tabúes. 
Por consiguiente, es preciso que nos pronunciemos de manera clara contra la clonación reproductiva y contra la clonación terapéutica de embriones humanos, contra toda suerte de intervenciones en la línea germinal humana y contra la producción de embriones humanos con el fin exclusivo de la investigación. 
Esta prohibición debe regir tanto para la investigación privada como para la investigación pública. 
En el ámbito de la investigación en células madre me pronuncio fundamentalmente en contra de la investigación que utilice embriones. 
No obstante, en la investigación básica me parece aceptable la investigación en las 72 líneas de células madre embrionarias, que ya existían antes del 1.8.2001. 
En lugar de producir vida de manera general, se debe fomentar en especial, como alternativa, la investigación en células madre fetales y adultas. 
Toda persona tiene derecho a su unicidad. 
Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones expresadas: nuestro colega, el Sr. Fiori, ha realizado un enorme trabajo, cuyo resultado es excelente y denota responsabilidad. 
Nosotros, los demócrata-cristianos, hemos adoptado una postura muy reservada en cuanto a la creación de embriones destinados a clonación tanto para fines terapéuticos, como para fines reproductivos. 
En cambio, no nos oponemos al desarrollo de la tecnología génica, sino que somos partidarios de la investigación. 
Pero queremos que ésta se lleve a cabo respetando la dignidad humana. 
La vida humana es valiosa de por sí, desde sus principios, así que hay que velar conscientemente por su integridad. 
En el transcurso de este año, he escuchado con frecuencia que no podemos encadenar la ciencia o detener el desarrollo. 
Esta frase es inquietantemente inexacta y desafortunada. 
Todos estamos de acuerdo en que hay que detener un determinado tipo de desarrollo, pues nadie en esta Asamblea quiere permitir la clonación reproductiva. 
Hasta tal punto recordamos todavía la horripilante historia. 
Pero es como si algunos hubieran olvidado que los que velaban por la pureza de las razas a principios de siglo eran considerados científicos de élite de su tiempo, y no meros endemoniados. 
Ellos querían ayudar a la humanidad desde su propia escala de valores, tal como muchos quieren hacerlo ahora. 
Por ello, es imprescindible que los políticos asuman ahora la responsabilidad que les corresponde. 
Debemos tener presente en base a qué principios vamos a avanzar ahora. 
En los debates sobre la ética de las técnicas de manipulación genética se ha esgrimido a menudo la amenaza de un superhombre como escenario espantoso, pero el verdadero peligro no se encuentra tanto en la idea de crear un superhombre, sino en la idea de controlar a un infrahombre. 
Esto se concreta en forma de higiene social, en cuyo ámbito se intenta discernir entre modos de vida óptimos e inadecuados para eliminar lo inservible. 
Esto es lo que nos han recordado también los representantes de los grupos de discapacitados que han visitado nuestra comisión: no deberíamos crear una sociedad donde sólo tengan cabida los sanos. 
Hay al menos dos aspectos en los que la clonación terapéutica y la reproductiva no se diferencian entre sí: desde el punto de vista técnico, se trata de la misma práctica, y si lo consideramos desde el punto de vista del embrión, en ambos casos éste es convertido en un objeto cuya manipulación persigue fines distintos al fin único para el que el embrión en sí ha sido concebido. 
¿Cómo podríamos asegurarnos de no pasar más adelante a la clonación humana aduciendo, precisamente, que se trata de algo que ya hemos hecho si lo consideramos en términos técnicos? 
Debemos debatir esto ahora con seriedad para que podamos comprender qué es lo que realmente estamos decidiendo. 
Señor Presidente, el debate que estamos celebrando aquí atañe a las cuestiones fundamentales de la condición humana. 
¿Existe un derecho a una salud que abarque toda la vida? 
¿Existe un derecho a un hijo propio o un derecho a un hijo propio sano o, al final, un derecho a una vida sin fin, naturalmente con salud? 
Se dispone de nuevas técnicas. 
Se nos hacen muchas promesas de salud. 
Hasta ahora no están demostradas, al menos en el ámbito de la investigación en células madres de embriones. 
¿Vamos a dejarnos utilizar por la industria con sus intereses comerciales? 
El término de "clon terapéutico" es una envoltura engañosa. 
Se puede utilizar también con fines reproductivos. 
¿Es defendible éticamente la producción de clones o la utilización de los denominados embriones superfluos para descuartizarlos, para aprovechar las células madres? 
No, esto no es defendible. 
Es, más bien, algo así como una moderna forma de canibalismo. 
En este sentido, esta discusión está, propiamente, obsoleta, superada por la realidad. 
Existen alternativas serias, células madre adultas, células madre procedentes de sangre del cordón umbilical. 
Estas técnicas están mostrando ya hoy grandes éxitos en la actividad médica, considerablemente mayores que la investigación de células madre procedentes de embriones. 
Estas alternativas son éticamente irreprochables. 
Se insta a la política a que establezca límites. 
La ciencia no está condiciones de hacerlo, pues tampoco quiere hacerlo. 
Hemos de decidir nosotros. 
Hemos de ser valientes, frente a todas las impugnaciones. 
No a la utilización de células madre procedentes de embriones, clonados o excedentarios, es igual. No a las intervenciones en la línea germinal humana. 
Seamos valientes y establezcamos límites estrictos. 
Ya es hora de hacerlo. 
Felicito al Sr. Fiori. 
Las directrices éticas de este informe han sido acordadas tras una año de debates y discusiones. 
Ha habido un apoyo abrumador a la investigación ética, pero se ha rechazado cualquier forma de clonación humana, destrucción de embriones humanos en la investigación o intervención en la línea germinal. 
Por lo tanto, nos sentimos decepcionados cuando el informe Caudron, votado recientemente, contempló la financiación pública de investigaciones, entrando en conflicto con estas directrices y en contra de la posición constitucional de mi país y de otros tres Estados miembros. 
Ahora, algunas de las enmiendas al informe Fiori van más allá que el informe Caudron. 
La enmienda 238 permitiría la intervención en línea germinal con fines terapéuticos y esta enmienda, combinada con la enmienda 237, permitiría la clonación terapéutica. 
Es éticamente incorrecto dañar o destruir algunas vidas humanas para el potencial beneficio de otros, y de acuerdo con los principales científicos internacionales, las investigaciones que se realizan en los Estados Unidos prueban que la utilización del embrión es innecesaria. 
La nueva embriología está probando que las células adultas y otras células madre postnatales tienen un vasto potencial biomédico, tan grande o mayor que el potencial de las células madre embrionarias, que ya se está designando como antigua embriología. 
De modo que existen otras alternativas exitosas, éticas y que no suscitan controversias. 
Recordemos que algunos avances científicos resultan en mermas éticas. 
Señor Presidente, quiero ante todo felicitar también al Sr. Fiori por su excelente informe, con el que estoy plenamente de acuerdo, porque los horizontes tan llenos de esperanza que abre ante nosotros la biotecnología pueden hacernos olvidar que el ser humano no debe, en ningún caso, ser utilizado como un instrumento al servicio de la ciencia, y el informe del Sr. Fiori marca con claridad los límites éticos de la investigación biotecnológica. 
En efecto, una sociedad que se llama civilizada, una sociedad como la nuestra, que hace de la defensa de los derechos humanos su estandarte, no puede tolerar que se manipule al ser humano, aunque sea en estado embrionario, por noble que sea el objetivo que se persigue. 
Por tanto, la investigación con células madre embrionarias- aunque sean sobrantes -, la clonación humana- sea del tipo que sea, porque toda es la misma, toda supone la destrucción de un ser humano o abre las puertas a esta posible destrucción -, la creación de embriones para la investigación, son prácticas inaceptables porque atentan contra la dignidad del ser humano y el valor supremo de la vida que este Parlamento, que la Unión Europea, dice defender con tanto ahínco. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, ante todo quisiera felicitar efusivamente a los miembros de la Comisión Temporal sobre Genética Humana, presidida por el Sr. Goebbels, y al ponente, Sr. Fiori, que ha hecho un trabajo muy apreciable. 
La evolución que se ha producido recientemente en Estados Unidos en materia de clonación humana ha sacado de nuevo a la luz la necesidad y la urgencia de una reflexión política profunda en este ámbito, también y sobre todo a nivel europeo. 
Como saben ustedes, al tratarse de un informe de propia iniciativa, la Comisión no está obligada a adoptar formalmente una posición. 
Pero, habida cuenta de la importancia política de las cuestiones que se han planteado, quisiera informarles acerca de mis reflexiones sobre los puntos principales que se han abordado y las posiciones manifestadas a su vez en el texto de la resolución. 
Lo haré en el orden en el que estos puntos se han mencionado. 
Sobre las condiciones-marco de la genética humana, la Comisión no puede más que suscribir en su totalidad lo que se ha dicho. 
En materia de genética humana, es evidente que las consideraciones éticas son determinantes. 
Como recuerda el artículo 13 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la investigación debe ser libre, pero, por otro lado, el progreso tecnológico evidentemente sólo puede ser aplicado de forma totalmente responsable. 
La idea de un progreso tecnológico responsable es además uno de los grandes ejes del plan de acción sobre las cuestiones de ciencias-sociedad que pronto va a presentar la Comisión. 
Vamos a las grandes cuestiones en juego. 
El test genético: la resolución menciona muy oportunamente la cuestión de los tests genéticos. 
De hecho existe una necesidad de reforzar la coherencia de los estándares de calidad en este ámbito, mediante la armonización o el mutuo reconocimiento. 
La Comisión va a realizar un estudio sobre las diferentes opciones técnicas a contemplar en este plano. 
La necesidad de coordinar mejor a nivel europeo la investigación genética de las enfermedades poco comunes es igualmente manifiesta. 
Y les recuerdo que en el nuevo programa-marco de investigación, el apoyo a la puesta en red de laboratorios que trabajan en este ámbito será posible en el espíritu de la resolución sobre las enfermedades poco comunes adoptada en 1999 por el Parlamento Europeo y el Consejo. 
La farmacogenética: la resolución defiende también el establecimiento de un marco reglamentario armonizado para el desarrollo de nuevos productos basados en la genética. 
Como saben ustedes, ya existe un marco armonizado por el desarrollo, el test y la autorización de productos biomédicos. 
La legislación comunitaria relativa a los productos farmacéuticos se aplica ya a la terapia genética y a los medicamentos utilizados en terapia celular en términos de principios generales. 
Sin embargo, ante los avances constantes en materia de ciencias y biotecnología, deberán aportarse adaptaciones técnicas con el fin de abarcar científicamente algunos productos. 
Tercer punto: la utilización de datos personales vinculados al análisis del genoma. 
En materia de utilización de datos personales, el derecho a la protección de la vida privada y la exigencia del consentimiento libre e informado son esenciales, evidentemente. 
La Comisión examinará si, y en qué medida, es necesario actualizar y completar la legislación comunitaria existente sobre la protección de la vida privada. 
Personalmente, creo que uno de los puntos a examinar con atención es la cuestión de la utilización de estos datos por las compañías de seguros, mencionada por otra parte de forma explícita en la resolución. 
La patentabilidad: mencionan ustedes igualmente el problema de la patentabilidad de los productos procedentes de la biotecnología. 
Se trata de una cuestión especialmente importante que afecta a nociones fundamentales, manteniendo igualmente numerosos aspectos muy técnicos. 
Como saben, la directiva finalmente adoptada por la Comunidad en este ámbito lo fue diez años después de intensos debates, principalmente en el Parlamento Europeo, y en la actualidad sólo está traducida a un cierto número de legislaciones nacionales. 
En un contexto de competencia internacional muy fuerte, esta directiva proporciona a los investigadores e industriales europeos un indispensable marco de referencia común. 
Pero habida cuenta de su importancia para la innovación, lo más urgente es fijar las condiciones que le permitan aplicarse de forma efectiva. 
En este estadio, no se trata de poner enmiendas a la directiva, ni de revisar su contenido, sino que conviene incuestionablemente clarificar algunos aspectos. 
Esta directiva y los debates a los que da lugar ponen en evidencia el tipo de relaciones que van a tener que establecerse entre la sociedad en un sentido amplio y la ciencia, entre la comunidad científica y el legislador. 
La ciencia avanza rápidamente, el progreso de los conocimientos se acelera, y sin embargo es necesario legislar. 
Les corresponde a los responsables políticos y mandatarios públicos hacerlo con toda responsabilidad. 
Pero las decisiones adoptadas deben ser examinadas permanentemente a la luz del progreso de los conocimientos, en un diálogo abierto entre investigadores, juristas, responsables políticos y ciudadanos. 
Inevitablemente se va a desarrollar una jurisprudencia. No puede hacerse además en un "vacío científico" igual que la ciencia no puede desarrollarse en un "vacío jurídico". 
Para clarificar algunos aspectos de esta cuestión de la patentabilidad de los productos procedentes de la biotecnología, y de la aplicación de la directiva, el Grupo de Alto Nivel sobre ciencia y tecnología de la materia viva que he puesto en marcha, y que está presidido por el profesor Axel Kahn, ha sido invitado a manifestarse en este sentido. 
Recientemente ha hecho pública una importante declaración, que se traducirá en el informe anual al Parlamento y al Consejo, que prevé por cierto la directiva. 
Este grupo recuerda así que la protección de los genes mediante patente no se aplica a estos elementos tal como existen en su entorno natural, sino a moléculas aisladas del cuerpo humano, utilizadas en el contexto de una aplicación técnica bien definida. 
Señala por tanto el carácter inexacto y engañoso de la expresión "patentar la vida". 
En el mismo espíritu, el grupo recuerda que la patente no tiene en ningún caso como función y como consecuencia convertir a su titular en "propietario" del objeto protegido, sino concederle el derecho de explotación exclusiva del producto de su invención durante un período de tiempo. 
Y alerta contra los efectos negativos potenciales de estrategias de adopción de patentes demasiado amplias sobre la investigación y sus aplicaciones médicas. 
Finalmente, el Grupo llama la atención sobre la necesidad de desarrollar una verdadera cultura de la propiedad intelectual entre los investigadores, con frecuencia poco cercanos a estas realidades. 
Y sugiere iniciar un proceso de aprendizaje colectivo y de intercambio de experiencias en este ámbito, que asocie a la comunidad científica, al mundo jurídico, a los responsables políticos, a la industria, a los medios de comunicación y al público. 
En este espíritu, y para preparar el informe anual al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de la directiva europea sobre la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, la Comisión considera la posibilidad de reunir a un grupo de expertos científicos y juristas que puedan clarificar algunos aspectos. 
En el momento en el que se preparó la directiva, las perspectivas terapéuticas vinculadas a la utilización de las células madre no estaban tan claramente identificadas como hoy. 
Paralelamente, la Comisión ha pedido al Grupo Europeo de Ética un dictamen sobre la cuestión específica de la patentabilidad de los productos procedentes de esta técnica. 
Este dictamen se espera aquí al final de este año. 
Voy ahora al último punto mencionado, las células madre y las investigaciones sobre el embrión y la clonación. 
Esta cuestión de la utilización de las células madre, el debate lo ha señalado, es un tema especialmente delicado. 
El anuncio, a principios de esta semana, de los resultados obtenidos en materia de clonación con fines terapéuticos por investigadores de una empresa americana ha reavivado los interrogantes que suscita esta tecnología. Me ha llevado a recordar que la Comisión se ha opuesto a cualquier forma de investigación que implique la creación de embriones humanos únicamente con fines de investigación, o con vistas a la producción de células madre. 
Ante todo, debo recordar sin embargo aquí en cuanto a la forma: en materia de bioética, la Comunidad no posee competencias normativas. 
Pero, por razones principalmente vinculadas al respeto por la diversidad de las sensibilidades y de las culturas en el plano nacional, a los Estados miembros corresponde actualmente fijar la regulación en este ámbito. 
En cuanto al fondo, las cuestiones mencionadas son objeto en la actualidad de un debate intenso en los Estados miembros, aquí en el Parlamento Europeo, y me alegro por ello, en el Consejo de Europa, con el cual trabaja la Comisión en estrecha colaboración, así como a nivel internacional. 
En lo que respecta a algunos principios fundamentales, existe un acuerdo unánime. 
La clonación humana con carácter reproductivo es condenada universalmente, lo es por ejemplo de forma explícita en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
En este espíritu, la Comisión apoya totalmente la iniciativa franco-alemana orientada a fijar un convenio internacional que prohíba la clonación humana con carácter reproductivo. 
Por encima de esta cuestión, los problemas de la utilización de las células madre de origen excedentario y de la utilización de embriones humanos con fines de investigación son, como saben, objeto de apreciaciones que varían de forma considerable en función de las sensibilidades y de las convicciones. 
Las cuestiones éticas que se le asocian son complejas, porque es necesario poner en la balanza algunos principios fundamentales y los riesgos de deriva, con el interés de los enfermos y las posibilidades de reducir considerablemente su sufrimiento y el de los allegados. 
Fijar los límites no es por tanto nunca fácil, es importante llegar a una posición equilibrada, que sea la más ampliamente aceptable. 
A mi juicio, la posición que consiste en prohibir la creación de embriones humanos pero en autorizar, en condiciones éticas estrictamente controladas y en el respeto por las leyes nacionales, la utilización de embriones ya existentes, llamados excedentarios, y especialmente para la producción de células madre, realiza este equilibrio. 
Esta posición refleja la opinión del Grupo Europeo de Ética, que considera que la creación de embriones humanos mediante transferencia de núcleos de células somáticas para las necesidades de la investigación sería prematura, habida cuenta del amplio campo de investigación a explorar con ayuda de otras fuentes de células madre humanas, principalmente a partir de embriones humanos ya existentes, llamados excedentarios. 
¿Podemos cerrarnos definitivamente algunas posibilidades de investigación a riesgo de privarnos de los medios para aliviar graves sufrimientos, y de comprometer las oportunidades de Europa de seguir a la cabeza de los conocimientos? 
En el estado actual de los conocimientos, muchas cuestiones siguen aún abiertas, incluso en términos puramente científicos. 
Ésta es la razón por la cual la Comisión organizará- quisiera reiterar mi invitación a todos los diputados interesados- los días 18 y 19 de diciembre aquí en Bruselas una conferencia sobre el tema: "Células madre: ¿terapias para el futuro ?". 
Los debates deberían centrarse en las promesas y las prioridades de la investigación sobre las células madre, pero también en las dificultades de cualquier naturaleza a las cuales debe hacer frente. 
Termino con un último punto que es la gobernanza y el debate público. 
En este espíritu, no puedo más que suscribir el informe. 
Puedo decirles que el plan de acción "ciencias-sociedad" que estamos preparando va en este sentido. 
Pretende estimular el debate público sobre esta cuestión. 
Es absolutamente indispensable que el debate sea lo más amplio y lo más público posible. 
Como conclusión, señor Presidente, señoras y señores diputados, sobre cuestiones que comprometen claramente el futuro de la sociedad europea, me alegra enormemente comprobar que esta Asamblea ha representado el papel de un lugar esencial de debate de calidad. 
En una Europa cuyos ciudadanos comparten los mismos valores fundamentales, pero pueden diferir de opinión en algunos temas, es efectivamente por excelencia en el Parlamento Europeo donde ha de operarse la confrontación democrática de opiniones. 
La Comisión desea seguir asociándose a sus esfuerzos en este ámbito y continuará colaborando estrechamente con ustedes, al igual que con los Estados miembros, realizando el indispensable esfuerzo de información, de reflexión y de intercambio que implica un progreso científico y tecnológico responsable. 
(Se suspende la sesión a las 10:55 horas y se reanuda a las 11:05 horas) 
Votaciones 
. 
(IT) Señora Presidenta, comparto la posición expresada por el Comisario Busquin; sin embargo, la voluntad del Parlamento es reducir la comercialización de estas sustancias que son potencialmente peligrosas para el medio ambiente y para el ser humano. 
Las enmiendas 1 y 2 a los considerandos representan un deseo y una indicación del Parlamento. 
Somos contrarios a la enmienda 3. 
(La Presidenta declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0404/2001) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 293- C5-0374/2001- 2001/0131 (CNS) ) relativo a la aplicación de un plan de preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0176/2001) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento (CE, CECA, Euratom) del Consejo (COM (2000) 461- C5-0627/2000- 2000/0203 (CNS) ) relativo al Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0424/2001) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones suplementario de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2001 (2001/2243 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0348/2001) del Sr. Bouwman, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 832- C5-0017/2001- 2001/0008 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0415/2001) del Sr. Foster, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 575-C5-481/2001- 2001/0234 (COD) ) por la que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil 
Enmienda 6 
. 
(EN) Quisiera introducir una enmienda oral en la última frase de la enmienda 6, que debería rezar: "... los Estados miembros deben aceptar una proporción equitativa de los costes de la seguridad de la aviación sobre la base de que las amenazas contra la seguridad de la aviación constituyen una manifestación de las amenazas contra el Estado ". 
(Al levantarse más de 12 diputados, la enmienda no se acepta) Enmienda 20 
Señora Presidenta, ahora que hemos introducido todos estos cambios, estoy seguro de que sus servicios le dirán que el texto ha mutado en algo más bien incoherente en términos del texto y su propósito. 
Teniendo en cuenta la preparación del Libro Verde de la Comisión sobre la Fiscalía Financiera Europea, los prolegómenos de la CIG de 2004 y el hecho de que varias comisiones de esta Asamblea no han sido consultadas, solicito que este informe sea devuelto a comisión. 
Señora Presidenta, suscribo los argumentos del Sr. Heaton-Harris. 
Es un informe controvertido. 
Es importante que el Parlamento logre el mayor consenso posible sobre esta cuestión y, por ello, quisiera proponer que el informe sea devuelto a la Comisión de Presupuestos. 
Señora Presidenta, lo que acaba de decir el Sr. Heaton-Harris es, en parte, correcto. 
El Sr. Heaton-Harris se ha referido a una parte en la que se trata de una solución provisional de un abogado interno, mientras que las demás enmiendas sobre la propuesta de directiva han pasado. 
Creo que esta devolución no es necesariamente el procedimiento con el que podamos solucionar el problema que ha surgido a causa de la votación. 
No puedo juzgar y tampoco veo sobre la base de las votaciones realizadas en la comisión cómo deba modificarse luego este informe. 
Señora Presidenta, efectivamente, tras el resultado de la votación hay algunas incoherencias, pero son incoherencias menores. 
Estamos en primera lectura, y si cada vez que hay incoherencias de este tipo devolvemos el informe a comisión, tendríamos que devolver una cantidad importantísima de primeras lecturas. 
Es, insisto por lo tanto, totalmente improcedente que devolvamos el informe a comisión. 
No puedo sino repetir una vez más mis argumentos. Señora Presidenta: esto se refiere a una materia muy controvertida y es importante que el Parlamento logre el mayor consenso posible. 
De ahí que quiera abogar, en nombre de mi Grupo, por la devolución, de manera que lo volvamos a examinar bien. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de devolución a la comisión) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0389/2001) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 241- C5-0197/2001- 2001/0107 (COD) ) relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 98/70/CE 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 612- C5-0520/2001- 2001/0251 (COD) ) relativa a la contribución de la Comunidad Europea al "Fondo mundial de Lucha contra el VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria" 
Enmienda 4 
Señora Presidenta, podríamos votar en bloque las siete enmiendas, pero en relación con la enmienda 4 quería proponer una enmienda oral. 
Según la versión española, la enmienda oral que se propone cambia solamente tres palabras: en la primera línea, donde dice "la Comunidad establecerá una base jurídica para futuras contribuciones", debería decir, "la Comisión debe proponer una base jurídica para futuras contribuciones", y así hasta el final. 
Según la versión española, no es necesario hacer mayores modificaciones, lo que ocurre es que el texto de compromiso que negociamos con el Consejo era de lengua inglesa y en esta versión sería necesario hacer dos modificaciones: en la primera línea, sería la misma modificación que he indicado para el castellano, es decir: "The Commission should propose", en lugar de "The Community will establish", y en la última línea debe decir "on the three communicable diseases, including any further contributions to the Global Fund". 
Son las dos modificaciones que propondría en la versión inglesa. 
Señora Presidenta, de acuerdo con el ponente, y presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, Sr. Watson, quisiera presentar una enmienda oral a esta enmienda de transacción, que añadiría una primera frase. 
En inglés dice así: 
"... 
Apela al Consejo para que haga todo lo posible por ejecutar el mandato del Consejo Europeo de 21 de septiembre y de 19 de octubre para aprobar por unanimidad esta propuesta. 
En caso de fracasar, aplicar el Artículo 40... " 
(Al no haberse levantado más de once diputados, no se acepta la enmienda) 
Señora Presidenta, realmente no entiendo el rechazo que se ha expresado en esta Cámara, pero temo que vayamos a vivir la misma escena y por lo tanto no presento esta enmienda oral. 
Vamos a intentar dejar claro con nuestras explicaciones de voto que el recurso al artículo 40, es sólo una manera de decir que van a quedar aislados quienes no quieran estar en el compromiso que ya tomó el Consejo el día 21 de septiembre y el 19 de octubre. 
Señora Presidenta, ¿podemos preguntar por qué la enmienda más radical, es decir, la 23, no se ha votado en primer lugar? 
Son totalmente compatibles. 
Vamos a votarlas en un momento. 
Las votaremos las dos. 
Estábamos estudiando el problema y hemos llegado a la conclusión de que eran compatibles. 
Señora Presidenta, quisiera poner en duda su decisión relativa a que las dos enmiendas son compatibles. 
Claramente se ocupan del mismo asunto utilizando deliberadamente un lenguaje diferente y pienso que ahora que hemos adoptado la enmienda 10, la cual saludo, la enmienda 23 ya no es necesaria. 
No, señor Corbett, no comparto esta apreciación. 
Señor Presidente, mi petición de palabra se ha visto realizada, en principio. 
Solicité el uso de la palabra antes de la votación. 
De hecho, esta petición está satisfecha con la adopción de la enmienda 10. 
En ella coincido con el Sr. Corbett, pues hemos exigido una representación adecuada de los dos sexos. 
Esta puede ser también, naturalmente, fifty-fifty, no debe ser de dos terceras partes de un sexo y de sólo una tercera parte del otro sexo. 
Por consiguiente, la enmienda que hemos aceptado, sigue adelante. 
En este sentido, hemos tomado una decisión correcta. 
Con prudencia, la Asamblea ha concluido en este sentido. 
Enmienda 2 
Señora Presidenta, estimados colegas, como ponentes solicitamos que se eliminen las palabras "cumbre de clausura en diciembre de 2003" y en su lugar se escriba "cumbre inaugural". 
Luego, que todo siga como en el texto. 
Esto tiene una base real. El final de la Convención será muy probablemente en junio de 2003 y si no queremos tener una pausa de más de tres meses hasta que comience la Conferencia Intergubernamental, ésta no debe tener lugar en diciembre sino tras la pausa de verano. 
Por esta razón, es preciso realizar una modificación en el sentido de quienes presentan la enmienda, de manera que se diga: "El final de la Convención y la cumbre inaugural de la Conferencia Intergubernamental no deben tener una pausa intermedia de más de tres meses". 
Ésta es la enmienda oral. 
(La Presidenta comprueba que no hay oposición a que se tenga en cuenta la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0399/2001) de la Sra. Kauffmann, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el Libro Blanco de la Comisión "La gobernanza europea" (COM (2001) 428- C5-0454/2001- 2001/2181 (COS)) 
Señora Presidenta, en el párrafo 18 se trata solamente de un cambio de lugar. 
Luego viene la enmienda 9 y quisiera decir algo al respecto. 
En primer lugar, esta enmienda no es una enmienda del Grupo, sino mía como ponente. 
En esta enmienda se trata de mejorar la lógica del texto y también de hacer coincidir en su contenido las afirmaciones acerca de las agencias de regulación. 
Ayer hablé sobre esto con los diferentes Grupos y se logró un acuerdo. 
Esto significa, pues, que la enmienda 9 se refiere al punto 19 y, en concreto, a la supresión de la segunda parte del apartado. 
Al mismo tiempo, el apartado, acortado así, debe ser incluido después del título "Autoridades de regulación autónomas", antes del punto 16. 
En el punto 16, en la línea quinta, debe incluirse la palabra "solamente", de manera que luego diga: "solamente se pueda aprobar, si... " 
Puesto que tengo el uso de la palabra, en el apartado 37 hay un error de traducción en la versión sueca. 
En lugar de "Comité Económico y Social" debe decir correctamente "Comité de las Regiones". 
Sí, señora Kauffmann, ya hemos hecho que se rectifique. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0739/2001) , del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre una estrategia europea para fomentar la calidad en el trabajo y en la política social 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, me acaban de informar de que el gendarme francés, que ayer fue tiroteado por, probablemente, terroristas de ETA, acaba de fallecer. 
Yo quiero expresar en nombre de mi Grupo- y creo que en nombre de toda la Cámara- el pésame y la condolencia por esta nueva víctima de la lucha antiterrorista en Europa. 
Señor Barón Crespo, se lo agradezco infinitamente. 
El Sr. Bayrou acababa de comunicarme esta terrible noticia. 
Quisiera darle la palabra inmediatamente. 
Señora Presidenta, sucede que este gendarme fue asesinado ayer por la tarde en mi región, en la ciudad de la que soy representante, y la impresión es muy grande. 
Es la segunda ocasión en una semana en la que los gendarmes franceses se ven alcanzados por las balas de terroristas que se saltan los controles de policía. 
Quiero decir simplemente que hace tiempo que, en esta Asamblea, sabemos que el terrorismo no tiene fronteras. 
Hace tiempo que, en este Asamblea, sabemos que lo que ocurre a unos va a ocurrir a otros, y creo que si el Parlamento Europeo pudiera, con un minuto de silencio, transmitir a su familia y a sus allegados su solidaridad a la gendarmería y a todos los franceses y a los europeos aquejados de este mal, sería un gesto muy importante para ellos. 
Gracias, señor Bayrou. 
Me adhiero totalmente a su propuesta e invito a sus Señorías a guardar un minuto de silencio. 
Naturalmente, transmitiré a la familia de este gendarme el pésame de esta Asamblea. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la protección de los intereses financieros de las Comunidades, la lucha contra el fraude y el Plan de acción de la Comisión para 2001-2003 (COM (2001) 254- C5-0470/2001- 2001/2186 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0740/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la celebración de un Acuerdo de Asociación con Egipto 
Señora Presidenta, después de la elaboración de la propuesta de resolución sobre Egipto hemos recibido una carta del Presidente del Parlamento egipcio, que sería mejor que no la hubiéramos recibido. 
Por esta razón, quisiera presentar una enmienda oral en el sentido de que después del considerando E añadamos lo siguiente: 
"Manifestando su pesar por algunos párrafos de la carta del Presidente de la Asamblea del Pueblo de la República Árabe de Egipto sobre la presente resolución" 
(DE) He hablado sobre esto con el ponente y él está también de acuerdo con que incluyamos esta enmienda. 
(La Presidenta comprueba que no hay oposición a que se tenga en cuenta la enmienda oral) 
Señora Presidenta, creo que nos alegraría mucho a todos conocer la carta de la que ha hablado su Señoría Sakellariou, y si los servicios competentes pudieran distribuirla, nos agradaría enormemente. 
Señora Presidenta, simplemente para señalar que sería necesario pedir a los servicios que verificaran la versión francesa de esta enmienda. 
No solamente no se adapta a la versión original sino que es casi ininteligible. 
Eso es muy grave, señora. Flesch. 
Vamos a darle una solución con la mayor atención. 
Enmienda 51 
Me adhiero a la Sra. Flemming en su queja sobre la calidad de la traducción. 
La versión inglesa de esta enmienda es completamente diferente a la original francesa y es en su mayor parte incomprensible. 
No deseo que los anglófonos que lean esta enmienda piensen por un solo segundo que he votado en su favor. 
Estoy en disposición de votar a favor de la versión francesa y le pido que indague la calidad de la traducción de este informe. 
Señora McNally, he oído bien lo que desea. 
Creo que todos compartimos ese deseo. 
Párrafo 95 
(IT) Señora Presidenta, en el texto que tenemos propongo incluir una enmienda oral. De lo contrario, no tiene ningún significado, ya que en las supresiones falta la introducción. 
La enmienda oral es la siguiente: "Considera que la creación de dicho foro... ", y luego continúa en la forma conocida por todos los colegas. 
(La Presidenta comprueba que no hay oposición a que se tengan en cuenta las enmiendas orales) 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Señora Presidenta, he tenido conocimiento por la comunicación social de que la policía chilena ha invadido una sede del Partido Comunista chileno, ha detenido a varios miembros y ha herido a la propia secretaria general. 
Eso sucede unas días antes de las elecciones, que se celebrarán el 16 de diciembre, y, según la comunicación social, el propio Gobierno chileno ha mostrado su extrañeza por esa situación. 
Quisiera pedirle, señora Presidenta, que procure averiguar la realidad de esa situación y, en caso de que sea verdadera, que envíe una protesta de este Parlamento. 
Porque me parece inadmisible que haya sucedido eso y quisiera, por mi parte, hacer ya constar aquí mi protesta. 
Señora Presidenta, he votado en contra de la propuesta de la Comisión, porque la Comisión utiliza también la reforma de su gestión financiera, urgentemente necesaria, en mi opinión, como pretexto para debilitar las facultades de control del Parlamento Europeo. 
El Tratado CE prevé que la Comisión presenta las informaciones necesarias a petición del Parlamento. 
Ahora la Comisión quiere colocar bajo reservas en el régimen presupuestario este derecho de información. 
Por ejemplo, en el futuro la Comisión pretende estudiar si la entrega de informaciones al Parlamento iría en contra de los intereses de la Unión. 
Surge así la absurda situación en la que el inspeccionado, es decir, la Comisión, decide qué informaciones presentará al inspector, es decir, al Parlamento, y cuáles no. 
De esta manera, no sólo resulta debilitado el Parlamento sino también la propia Comisión. 
En el futuro tendrá que escuchar el reproche de que no ha aprendido del pasado y de que se sigue sustrayendo a un control eficaz. 
Informe Bouwman (A5-0348/2001) 
El texto que acabamos de examinar pretende revisar una directiva de 1980 que garantiza una protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, y principalmente el pago de los salarios impagados en un tiempo mínimo de tres meses. 
Era necesaria una actualización, y la hemos aprobado, por ejemplo para clarificar el trato de los casos de empresas que poseen sucursales en varios países europeos o, para proteger mejor a los trabajadores a tiempo parcial y a los trabajadores a domicilio. 
Sin embargo, no podemos aceptar la demagogia de enmiendas a la que se ha entregado el Parlamento Europeo, que concluye, con la mejor intención del mundo, multiplicando las prescripciones de detalle que se imponen a todos los países miembros. 
Ciertamente, no es que no sea interesante imaginar todos los casos de relaciones de trabajo susceptibles de asociar una persona a una empresa, de enumerar todas las formas de salarios, de dietas o de primas anexas, o de inventariar todos los casos de insolvencia formal o informal, pero nos parece que esas disposiciones deben devolverse a la legislación de los Estados miembros. 
Igualmente, puede resultar útil ampliar el periodo durante el cual los salarios están garantizados, pero a los Estados miembros corresponde apreciar, en el contexto de sus relaciones sociales y de sus propios presupuestos, si esta extensión es útil y viable. 
Nos encontramos ante un ejemplo concreto que muestra bien cómo una directiva, que en teoría debería limitarse a fijar objetivos generales, puede encontrarse pervertida por efecto de presiones diversas para llegar a un texto vinculante y demasiado detallado que puede resultar inadaptado a la situación de algunos países miembros. 
- (EN) Los diputados conservadores del Reino Unido aprecian el empuje del informe Bouwman pero han votado en contra de las enmiendas 13 y 14, así como de algunas otras. 
Estas enmiendas van mucho más allá de los objetivos originales de la Comisión al presentar esta propuesta, y no hay razones que sugieran que los niveles de protección contenidos en la directiva original sean inadecuados. 
La eliminación de la capacidad de los Estados miembros para establecer un umbral superior sobre la cantidad de las reclamaciones de pagos pendientes que debe ser garantizada iría mucho más allá del objetivo de proporcionar un nivel mínimo de protección para salvaguardar a los vulnerables. 
La ampliación a seis meses del periodo mínimo para las reclamaciones de pagos pendientes que debe ser garantizado también aumentaría sensiblemente el gasto público y superaría en mucho los objetivos sociales de la directiva. 
Quisiéramos hacer notar que el gobierno del Reino Unido también apoya la posición de los conservadores, y confiamos que en esta ocasión los diputados laboristas también acepten las instrucciones de su gobierno nacional. 
He solicitado votaciones nominales para cerciorarme. 
Como el trabajo constituye un insumo de coste importante en la producción de bienes, y todavía más en la prestación de servicios, se observa siempre cómo los empresarios intentan reducir sus obligaciones de pago. 
Todavía hoy, los empresarios sospechosos y los empresarios en dificultades intentan no pagar los salarios atrasados. 
Así, los trabajadores no reciben aquello a lo que tienen derecho, o solamente pueden hacer valer sus derechos acudiendo al juez. 
La propuesta de la Comisión Europea olvida determinar en qué casos se trata de un empresario, un trabajador o un salario exigible. 
El ponente, el Sr. Bouwman, propone muy acertadamente que los trabajadores autónomos por obra, los trabajadores a domicilio y el personal doméstico se incluyan en este reglamento, de manera que no exista la posibilidad de que un empresario mal intencionado deje de abonar un salario. 
La creación de instituciones de garantía nacionales se convierte en obligatoria, y deben ser independientes del capital de explotación de los empresarios. 
Todos los compromisos salariales de los empresarios- primas por horas extraordinarias, paga de vacaciones y las indemnizaciones por despido inclusive- deben recogerse en la norma y no puede establecerse un techo para los pagos. 
Ésta es una de las buenas propuestas con la que la Unión Europea podría hacer finalmente algo a favor de los trabajadores. 
Durante los últimos años, la mayoría de las propuestas han seguido, sobre todo, los intereses de los empresarios. 
Informe Foster (A5-0415/2001) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe de la Sra. Foster sobre la seguridad en los aeropuertos. 
Recalco con satisfacción que en este texto se piden inspecciones por sorpresa, sin aviso previo. 
Me parece una cosa lógica pero muy rara hasta la fecha y por ello la valoro. 
De todas maneras, he visto que a estas inspecciones se han destinado solamente 1.215 millones de euros. 
Es una cantidad muy exigua e insuficiente. 
¿Por qué la Sra. Foster no ha pedido más dinero para estas inspecciones? 
Se podría decir que quiere hacer ahorros en el presupuesto del Parlamento Europeo. 
La Sra. Foster se me antoja algo tacaña, quizás más que los escoceses o los genoveses. 
Yo soy un genovés y pido y creo que convendría emplear más dinero para estas inspecciones en los aeropuertos. 
Nadie se opone a que se incremente la seguridad en los aeropuertos y a bordo de los aviones. 
Pero el problema es, tal como preocupa en la justificación de una enmienda, que los acontecimientos "del 11 de septiembre en Estados Unidos han demostrado que la liberalización de los servicios aeroportuarios (... ) hacía más compleja una estricta aplicación de las medidas de seguridad". 
La privatización de estos servicios y lo que ello implica de carrera por el beneficio, por la rentabilidad y por la sobreexplotación de una mano de obra de estatuto precario no casan bien con la seguridad. 
Imponer a los operadores de la aviación civil, y a los principales, las sociedades que gestionan los aeropuertos y las compañías aéreas, no sólo respetar unas normas de seguridad incrementadas sino tomar además a su cargo lo menos. 
En lugar de eso, el ponente concluye que corresponde a los Estados asumir los gastos. 
Más claro, para él, los intereses privados pueden mostrarse irresponsables, incapaces de asegurar una seguridad digna de ese nombre, no conservarían por ello en menor medida el derecho de producir beneficios... y, encima, serían subvencionados por los Estados, por tanto por la colectividad. 
Eso es reírse del mundo. 
Por ello, al votar por un refuerzo de las medidas de seguridad en el sector aéreo, denunciamos este nuevo pretexto de subvencionar los intereses privados con fondos públicos. 
Por tanto, hemos votado en contra de este informe. 
La propuesta sobre la seguridad en la aviación no hace frente al llamado terrorismo. 
Es simplemente que la lucha contra el terrorismo se utiliza como excusa para crear un terror masivo que facilite la aceptación de las políticas antidemocráticas y antipopulares que se quieren fomentar. 
Con la misma excusa se presenta una oportunidad de primera clase para especular fomentando la adopción o la imposición de medidas de "seguridad", en forma de equipos o de servicios carísimos, cuyo tremendo coste deberán pagar los usuarios- pasajeros, puesto que incide en ellos. 
Además se está intentando "internacionalizar" e imponer la toma de "medidas antiterroristas" en todos los países, que se someterán a los controles realizados por los "inspectores", cuya misión es deliberadamente incierta y no está nada clara. 
No es casual este intento de que la propuesta tenga vigencia mundial- con la excusa de los acuerdos interestatales de los Estados miembros de la Unión Europea- puesto que el objetivo es tener el control más amplio posible y la máxima reducción de las libertades populares. 
Ejemplo característico es la nueva ley sobre la seguridad en los transportes aéreos, firmada el 19 de noviembre por el Presidente Bush, según la cual las compañías aéreas extranjeras están obligadas a presentar inmediatamente todos los datos de los pasajeros que se dirigen a Estados Unidos a las autoridades competentes. 
Los Estados Unidos solicitan de las compañías aéreas de muchos países que presenten con anticipación listas en las que estén incluidos los datos detallados de todos los pasajeros, con su nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de pasaporte y el lugar donde ha sido expedido, número de visado o del permiso de residencia y "cualquier otra información necesaria", para descubrir a posibles terroristas. 
Paralelamente avisan de que, si no se avienen a esto, desde el 29 de noviembre, los pasajeros de estas compañías se someterán a controles excepcionalmente estrictos realizados por las autoridades americanas y a inspecciones meticulosas de su equipaje, que pueden llegar a durar muchas horas. 
Se trata de un sabor amargo del "fichaje", de la limitación y de la reducción de la libre circulación de los ciudadanos y de sus derechos, bajo un clima de "terror", para ayudar a aspiraciones ajenas a la seguridad. 
Nuestra opinión es que las medidas vigentes ya son más que suficientes y no hacen falta medidas complementarias. 
Los fenómenos terroristas tienen causas sociales y por consiguiente hay que hacerles frente socialmente. 
La adopción de medidas de represión cada vez más severas y esencialmente ineficaces, es intencionada y tiene objetivos distintos a la lucha contra el terrorismo. 
Felicito a la Sra. Foster por el excelente informe que nos presenta y al que doy mi apoyo total. 
Es un trabajo que denota un gran conocimiento técnico en el planteamiento de un asunto de importancia decisiva para el futuro de la aviación civil y en relación con el cual quisiera subrayar los siguientes puntos: 
necesidad de que los Estados miembros se comprometan con la aplicación de una política integrada de financiación de los seguros en los transportes aéreos, que deberá ser competencia íntegra de los Gobiernos, en la medida en que las amenazas a los transportes aéreos constituyen una amenaza a los propios Estados; 
necesidad de instauración de determinadas normas comunes en la esfera de la aviación civil, de conformidad con lo acordado en la Conferencia Europea de Aviación Civil, como forma de aumentar la seguridad en los aeropuertos de la Unión Europea. 
El crecimiento del tráfico aéreo llegó ya a su fin antes de que los aviones llenos de pasajeros que lo ignoraban fueran utilizados por los terroristas como misiles para destruir grandes edificios. 
La lucha encarnizada durante años por la competencia entre las fiables y antiguas compañías aéreas nacionales y los aventureros recién llegados dio lugar a la aparición de un exceso de capacidad, de manera que las primeras ya no resisten los contratiempos y deben solicitar ayudas de estado para sobrevivir. 
La elección parece oscilar ahora entre un saneamiento frío, en el que varias compañías aéreas vayan a la quiebra y se produzcan despidos masivos, y una competencia de precios subvencionada por la Administración que debe permitir el mantenimiento de este exceso de capacidad. 
Como la Sra. Foster va a salirse con la suya, los contribuyentes deben pagar las pérdidas de las empresas privatizadas y las empresas privadas van a contar con un poder de decisión sobre la política pública. 
Abogo por una solución muy distinta a la de un saneamiento frío o a la de la concesión de ayudas. 
La competencia inútil y despilfarradora debe ser sustituida por una cooperación y una toma de decisiones respecto de una red básica que debe seguir estando disponible para los enlaces con otros continentes y, si fuera necesario, también con los territorios periféricos de Europa. 
Los gastos derivados de los seguros, la seguridad, las campañas publicitarias y el impuesto sobre el queroseno deben incorporarse plenamente a los precios de los vuelos para que, así, el avión pierda su ventaja competitiva respecto del tren. 
Entonces, la readaptación y la seguridad del personal a corto plazo puede ser financiada con los nuevos impuestos, sin que haya que volver a otorgar ayudas a las empresas. 
Informe Theato (A5-0390/2001) 
Señora Presidenta, usted sabe que he llegado a este Parlamento gracias a los votos de los pensionistas italianos, como representante del Partido de los Pensionistas. 
Ahora bien, en lo que respecta al informe de la Sra. Theato sobre los intereses financieros de la Comunidad europea, perdone, pero cuando leo la palabra "intereses" pienso en los intereses que se deberían pagar a los pensionistas por el retraso en el pago de sus pensiones. 
En consecuencia, he votado automáticamente a favor de este texto, aunque también he pensado: "Quién sabe si algún día lograremos defender los intereses de los pensionistas haciendo pagar intereses por los retrasos que se verifican en toda Europa en el pago de sus pensiones." 
Estoy en desacuerdo con el Sr. Fatuzzo acerca del informe Theato porque, en tanto ala democrática europea del PPE, al igual que lo están los conservadores británicos, estuvimos completamente en contra del informe Theato desde principio a fin. 
Consideramos que la propuesta inicial fue enmendada por la ponente sin ninguna perspectiva e incluyó en su propuesta que la Fiscalía Financiera Europea abocaría en un Corpus Juris. 
En muchas ocasiones se mencionó que, inicialmente, la Fiscalía Financiera Europea constituiría la primera instancia únicamente para proteger los intereses financieros de la Comunidad, lo que posteriormente conduciría a asuntos mucho mayores. 
Señora Presidenta, incluso a pesar de que me ha pedido que agrupe mis votaciones nominales- me ha sorprendido que me lo pidiera a mí en este informe en particular y no a otra persona en el informe Fiori. Habrá notado que los conservadores británicos efectivamente han conseguido persuadir a varias delegaciones de esta Asamblea para lograr una mayoría contra algunas de las propuestas. 
Sin embargo, todo el informe, tal y como estaba, sigue siendo inaceptable. 
En primer lugar, quisiera decir que a pesar de que me encontraba aquí por el informe Theato no he participado exactamente por las mismas razones que el Sr. Heaton-Harris. 
Es completamente incorrecto y erróneo que participemos en este tipo de votaciones. 
Volviendo al informe Watson, todos coincidimos en que es necesaria la cooperación y la coordinación para combatir el terrorismo. 
En cualquier caso, quisiera referirme en particular a la orden de captura europea. 
Esto constituye una interferencia capital y una alteración de los sistemas judiciales nacionales y de los procedimientos penales en los Estados miembros. 
Además de volcar las salvaguardias de los derechos civiles que se han ido construyendo sobre los precedentes y, en especial en el Reino Unido e Irlanda, bajo el sistema del derecho común, no toma en consideración los diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros. 
Tampoco se tiene en cuenta la garantía del derecho de apelación ni el derecho a la revisión judicial, tanto en la fase de ejecución como en la fase de dictamen, ni tampoco se consideran los derechos del individuo involucrado. 
También fracasa en el establecimiento de un mecanismo que resuelva las dificultades y los problemas que surgen cuando un Estado miembro rechaza aplicar la garantía de detención fuera de las áreas específicas que se excluyen. 
Por ultimo, si esta ley o propuesta fuese incorporada a cualquier Estado miembro o país no-miembro, el Parlamento sería el primero en oponerse y quejarse. 
Sin embargo, cuando un Estado miembro de la UE reintroduce la detención sin juicio y abole el derecho a la revisión judicial, permanecemos callados y consentimos un trato que socava las libertades civiles e ignora por completo la Convención Europea de Derechos del Hombre. 
Esto es incorrecto y erróneo. 
A pesar de que he votado a favor, lo he hecho con graves y serias reservas. 
. (SV) Hoy, en la votación del informe sobre protección penal de los intereses financieros de la Comunidad, hemos optado por votar en blanco. 
No nos oponemos a la creación de una fiscalía común para delitos económicos, pero el informe va demasiado lejos y contiene detalles que carecen de relevancia en esta etapa. 
Además, nos oponemos a los deseos de la ponente de transformar la directiva de la Comisión en un reglamento. 
. (DA) Aunque respaldamos plenamente las iniciativas destinadas a luchar contra el fraude, hemos elegido votar en contra del informe, puesto que no creemos que la creación de una fiscalía europea para cuestiones financieras sea una solución adecuada al problema. 
Informe Hautala (A5-0389/2001) 
Quisiera dar una explicación de voto en nombre del Grupo de los conservadores británicos, el ala democrática europea del PPE, y exponer por qué nos oponemos a que esta regulación se extienda a los tractores agrícolas. 
La razón primordial de esta directiva no es controlar la propia contaminación atmosférica que inhalamos, sino efectivamente reducir el efecto del dióxido de azufre sobre los sistemas de catalización avanzados. 
Los tractores no están equipados de estos sistemas con lo cual carecería de sentido ampliar esta regulación a los mismos. 
El resultado sería un aumento de la producción de dióxido de carbono en las refinerías y también un aumento del 10% del precio del combustible para los agricultores. 
De modo que, a pesar de que saludamos este informe como ha sido presentado, no podemos apoyar las enmiendas relativas a los tractores y, por tanto, como esas enmiendas fueron aceptadas, hemos votado en contra del conjunto del informe. 
Confío en que el ponente, la Comisión y el Consejo tomen nota del hecho de que por lo menos les faltaban 70 votos para alcanzar la mayoría cualificada para la segunda lectura. 
, por escrito. (FR) Estamos evidentemente a favor del incremento de la calidad de la gasolina y de los carburantes diesel con el fin de proteger el medio ambiente. 
Pero, una vez más, con este pretexto se proponen subvenciones, no a los consumidores sino a los constructores. 
Al estar en contra de cualquier subvención a la gran patronal y, en especial, a los riquísimos grupos de empresas del sector automovilístico o petrolero, no hemos votado a favor de este informe. 
Para mejorar la calidad del aire, principalmente en zonas urbanas, pueden utilizarse tres medios diferentes, pero convergentes: disposiciones legislativas relativas a la calidad del aire, normas relativas a las emisiones de los vehículos y normas aplicables a los carburantes. 
Es en este tercer ámbito en el que se han producido directivas sucesivas, previendo la retirada progresiva de la gasolina con plomo, y la posibilidad para los Estados miembros de recurrir a incentivos fiscales para carburantes más limpios. 
Cuanto más nos hemos opuesto a una regulación europea uniforme de la calidad del aire, que es un problema local, más útil nos parece armonizar las especificaciones de los carburantes, los mercados de las refinerías que superan ampliamente las fronteras. 
Este tema de las normas de los carburantes debería ser ocasión para introducir más enérgicamente especificaciones favorables a los biocarburantes; en efecto, los carburantes procedentes de nuestras producciones agrícolas son irreprochables en el plano del efecto invernadero, contribuyen de una forma importante a la autonomía energética de Europa y aportan una salida muy importante a algunas de nuestras producciones agrícolas. 
Hemos de avanzar de forma mucho más enérgica en el sentido de legislaciones que favorecen la sustitución de cantidades crecientes de hidrocarburos fósiles en los carburantes de los motores. 
Recomendación Hugues Martin (A5-0387/2001) 
Señora Presidenta, he votado en contra del informe del Sr. Hugues Martín sobre las relaciones entre la Unión europea y la República Árabe de Egipto. 
¿Por qué he votado en contra? 
Porque existen derechos civiles que en Egipto no se respetan suficientemente. 
Estos derechos son de todos los ciudadanos egipcios y nosotros, antes de dar el dinero, deberíamos pedir que se cumplan y controlar que se cumplen las normas elementales de protección de los ciudadanos egipcios de cualquier edad tanto si son jóvenes como trabajadores o pensionistas. 
El consejo, motivado por el Acuerdo Euromediterráneo con Egipto, deberá conceder una importancia especial a la protección de los ciudadanos comunitarios que se enfrentan a problemas de déficit de libertades en dicho país. 
Especialmente es necesario que el Consejo intervenga en el caso del último griego superviviente de los tres que fueron condenados a hace diez años por tráfico de drogas. 
Ya dos de ellos, a pesar de su juventud, han muerto en las condiciones insoportables de la las cárceles egipcias. 
El Consejo deberá intervenir para salvar la vida del último marino griego superviviente que se halla en las cárceles egipcias, que debe cumplir su condena en las cárceles griegas. 
Teniendo en cuenta esta cuestión de los derechos humanos, que con razón ha sensibilizado a la sociedad griega, me he abstenido en la resolución Martin Hugues. 
. He votado en contra para manifestar mi protesta por la existencia de violaciones de derechos humanos en Egipto contra diferentes colectivos por razones de conciencia, de índole política, de origen cultural o de orientación sexual, como demuestra lo sucedido recientemente en un juicio contra decenas de personas en El Cairo. 
. 
(EN) He votado en contra del informe por los actuales abusos contra los derechos humanos, los homosexuales, los intelectuales y las minorías religiosas. 
. (SV) El gobierno egipcio debe adoptar medidas para mejorar la situación de los 8 a 10 millones de coptos que viven en el país y que son discriminados en la legislación, en la vida laboral y social y en el ejercicio de su credo. 
En la política estatal de nominaciones, los coptos son tratados como ciudadanos de segunda clase. 
En Egipto no hay completa libertad religiosa, ya que existen leyes que obstaculizan a los cristianos para reparar sus antiguas iglesias o para construir nuevas. 
Es importante que la minoría cristiana pueda sentir que el aparato judicial es imparcial. 
La problemática de los derechos humanos en Egipto, especialmente la reciente caza de brujas de homosexuales y la disminución de la libertad de las mujeres, exige que se le preste atención en el contexto de las relaciones entre Egipto y la Unión Europea. El Consejo y la Comisión no hacen nada o lo que hacen resulta insuficiente. 
De ahí que vote en contra de este informe. 
La discusión sobre el acuerdo euromediterráneo CE- Egipto ilustra de forma trágica la concepción de la Unión Europea en materia de política exterior. 
En este tipo de acuerdo, lo que prima ante todo es la instauración de una zona de libre cambio en el Mediterráneo, es la prioridad que se da a las liberalizaciones y al desmantelamiento de los servicios públicos. 
Los Estados miembros no deben continuar manteniendo las relaciones comerciales con el Estado egipcio que desprecia los derechos humanos, la libertad de expresión y de conciencia, que practica la pena de muerte y que no respeta el pluralismo político. 
Hoy, el encarcelamiento de 52 egipcios por homosexualidad debería ser momento para reorientar de forma radical nuestras relaciones con Egipto pero también con otros países de tendencia totalitaria. 
La urgencia de hoy, para nosotros, consiste en exigir del Presidente Mubarak y de su Gobierno la liberación inmediata e incondicional de esos 52 detenidos. 
Se trata de sancionar al Estado egipcio y a su política no contribuyendo al enriquecimiento financiero de una minoría que desprecia los derechos humanos. 
Informe Watson (A5-0397/2001) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Watson por el que se establece la orden de busca y captura europea, a pesar de que estoy muy preocupado porque en este informe se establece que los jueces competentes pueden recurrir a dicha orden de busca y captura incluso por delitos que se castigan con una pena de cuatro meses. 
Tras el terrible atentado de las Torres Gemelas que ha propiciado por fin la orden de busca y captura europea, ver que después ésta se utiliza para ladrones de gallinas, pues bien, me produce cierta tristeza. 
Creo que tendríamos que emplear esta orden de busca y captura para delitos gravísimos y no solamente para delitos mucho menos graves, en los que debería prevalecer el Derecho nacional. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo debe intervenir también en los Estados miembros para armonizar, además de las legislaciones especificas, las funciones de los organismos encargados de las investigaciones. 
De hecho, la eficacia y la eficiencia de la acción de prevención, de lucha contra el terrorismo, dependen mucho de la coordinación de estos organismos y de su modernización. 
Pensamos y formulamos la propuesta de la creación de una escuela europea de inteligencia. 
Actualmente, faltan incluso oficinas de enlace entre los distintos organismos. 
Hemos tenido recientemente un ejemplo evidente, con graves consecuencias, de esta falta de conexión entre las actividades de lucha, de inteligencia y de información de los organismos que operan en los Estados europeos. 
Es el caso- y en este sentido también nosotros, los europeos, somos responsables- del salvaje asesinato del comandante Masud cometido por inmigrantes ilegales de nacionalidad tunecina que circulaban con toda tranquilidad por Europa con pasaportes falsos robados en Bélgica y Holanda. 
Señora Presidenta, quiero decir que existe un gran contraste entre aquello que el Parlamento defiende normalmente, es decir, la democracia, los derechos humanos y la seguridad jurídica, y lo que ha sucedido hoy, cuando hemos aprobado este informe del Sr. Watson relativo a la lucha contra el terrorismo a una velocidad que no se corresponde con el análisis que debería haberse realizado y con el debate público que debería haber precedido a un informe semejante. 
Tendrá consecuencias incalculables para la seguridad jurídica en los Estados miembros y hay varias ONGs que han alertado de ello. 
Nos han exhortado a iniciar un debate a fondo y a realizar un análisis exhaustivo antes de que lo aprobáramos. 
Pienso que muchos de nosotros hemos adoptado decisiones en este sentido que chocan con nuestras constituciones nacionales en ámbitos como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la democracia y la seguridad jurídica. 
Mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, no apoya el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos sobre la orden de busca y captura europea. 
Ciertamente, fomentar la unificación y la internacionalización de los desafíos como son el terrorismo o las drogas hacen necesaria la creación de un espacio único de derecho, que se apoye en la consolidación y en la ampliación de los derechos democráticos. 
Pero fomentar la orden de busca y captura europea, con el apresuramiento y la falta de reflexión con la que se está llevando a cabo: 
a) no expresa la madurez de procedimientos internos en la Unión Europea, sino la presión ejercida por los Estados Unidos; 
b) no se limita a los desafíos urgentes del terrorismo, sino que se amplía a una gran gama de acciones no conectadas con esta; 
c) no se realiza consultando a la sociedad civil, sino procediendo a imponer autoritariamente; 
d) limita de forma asfixiante el espacio de derecho de los países miembros. 
Con estos datos es con los que se presenta inquietante la posibilidad de crear una construcción europea autoritaria con déficit democráticos serios. 
Desde hace algún tiempo, y especialmente este último año, la Unión Europea se ha convertido en una fábrica de leyes que limitan las libertades democráticas (sistema de información Schengen, ampliación de las competencias de la Europol, Fiscal Europeo, limitaciones a la entrada y circulación de los migrantes). 
Es característico que unos días antes del 11 de septiembre se aprobara un informe sobre la toma de iniciativas para luchar contra el terrorismo. 
Ahora se solicita al Parlamento Europeo su opinión- opinión que sin embargo no compromete en absoluto al Consejo ni a la Comisión- sobre dos decisiones marco relacionadas con el llamado terrorismo y la orden de busca y captura europea. 
No hay ninguna duda de que los terribles sucesos del 11 de septiembre se han utilizado como excusa para acelerar la aplicación de decisiones políticas tomadas hace mucho tiempo. 
Los autores reales y morales de los ataques han hecho un gran regalo a los imperialistas americanos y a los europeos: les han dado el motivo de hacer un ajuste de cuentas a escala mundial y también en el interior. 
El Partido Comunista de Grecia, sintiéndose responsable ante las libertades y derechos populares, y teniendo la amarga experiencia de la semejanza espantosa de bastantes disposiciones propuestas con ciertas leyes que han enviado a miles de combatientes griegos a la cárcel o al exilio o incluso a la ejecución, tiene la obligación de desvelar las intenciones reales de la clase dirigente de la Unión Europea. 
Debemos señalar que todos los llamados "crímenes terroristas" ya están penalizados por la legislación penal de todos los Estados. 
El objetivo real es aterrorizar todo movimiento de resistencia y de desobediencia política, así como a los partidos que se oponen y que reaccionan dinámicamente ante parte o ante el total de la política de la mundialización capitalista. 
Se pueden considerar perfectamente crímenes terroristas formas usuales de movilización como por ejemplo ocupaciones simbólicas, o el resultado de las movilizaciones, como alterar el suministro eléctrico o de agua cuando el ramo equivalente esta en huelga. 
Los productores de algodón desesperados por la política de la Unión, que se manifiestan en las autovías llevando sus tractores, corren el peligro de ser calificados de terroristas y de ser condenados a la pena de prisión de por lo menos 5 ó 10 años. 
Hemos llegado al punto en que se castiga como crimen terrorista incluso expresar la propia opinión. 
La decisión marco sobre la orden europea de detención, de dudosa legalidad es un golpe a los derechos de soberanía de los Estados miembros, y es contrario a los apartados 2, 6 y 7 del artículo 5 de la Constitución Griega. 
Anulando la doble incriminación, la posibilidad de extradición de un nacional a otro Estado, la posibilidad posterior de que el Estado al que ha sido extraditado el acusado lo extradite a su vez (sin el permiso del Estado que lo había entregado) a un tercer estado que no es miembro de la Unión Europea (por ejemplo, Grecia entrega a Alemania a un kurdo, y Alemania lo entrega a Turquía sin consultar a Grecia) anulan principios básicos del derecho penal. 
Igualmente se anulan derechos y libertades procesales esenciales totalmente indispensables para la protección de los perseguidos. 
Con la ley del terror y la orden europea de captura se completa la creación de un mecanismo espantoso de represión. 
Es evidente que los que lo están elaborando saben muy bien que su política antipopular, en el ámbito de la Unión Europea y mundialmente, provoca reacciones populares. 
Esperan que estas reacciones aumenten constantemente y tienen miedo al torrente de la ira popular. 
Lo que no saben, o quizás se niegan a aceptar es que no hay ninguna fuerza capaz de parar este torrente. 
Las enmiendas presentadas, en el mejor de los casos, intentan mejorar determinadas posturas desafiantes o vacíos en los textos, sin cambiar en nada su naturaleza. 
Nosotros no podemos entrar en una lógica así. 
La única postura honrada, la única postura que respeta los derechos democráticos colectivos e individuales es el rechazo global de las dos propuestas. 
Por estas razones los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista Griego hemos votado en contra del informe. 
Las propuestas de la Comisión destinadas a unificar la definición del terrorismo, a definir un umbral mínimo de sanciones, y a poner en práctica una orden de busca y captura europea que sustituya al antiguo sistema de extradición, nos dejan muy insatisfechos. 
Efectivamente, se trata de viejos proyectos federalistas que vuelven a sacarse de la cartera aprovechando la ocasión de los atentados 11 de septiembre, pero que en realidad no aportan ningún elemento concreto muy decisivo a la lucha contra el terrorismo. 
La primera propuesta, relativa a la definición del terrorismo y sus sanciones, fue anunciada con gran estruendo como si la falta de definición armonizada, en los países de la Unión Europea, constituyera hoy un fallo terrible en el cual se deslizarían los terroristas. 
Nada de eso. 
Las definiciones y las sanciones pueden variar de un Estado a otro, pero ninguno deja en cualquier caso a los terroristas en libertad. 
Todo el mundo está de acuerdo en la cuestión, aunque los nombres varíen. 
El texto propuesto satisface por tanto la obsesión de los federalistas por uniformizar, pero no va a cambiar gran cosa en la realidad. 
Lo mismo ocurre con la segunda propuesta, relativa a la orden de busca y captura europea. 
La extradición es actualmente, sin ninguna duda, un procedimiento demasiado largo, pero protector de los derechos individuales. 
La orden de busca y captura Europea podría ser más rápida, pero no es más segura, ya que es necesario en cualquier caso adoptar precauciones. 
Pedimos en especial que la autoridad judicial del país de ejecución no se aísle en una función de registro formal de la solicitud de transferencia, sino que se prevean medidas de salvaguarda para garantizar la protección de las libertades. 
Esta cláusula es tanto más necesaria en la medida en que, al ritmo en que van las adhesiones, no sabemos qué países serán miembros de la Unión Europea en diez o en veinte años. 
El procedimiento debería ser aún más restrictivo cuando se solicita al país de ejecución que entregue a uno de sus propios nacionales a otro país. 
En ese caso, pensamos que la extradición en su forma tradicional, y no la orden de busca y captura europea, debería ser el procedimiento normal. 
Respaldo el informe y la propuesta actuales relativos a la decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. 
Los países europeos deben colaborar entre sí dado que el terrorismo tiene generalmente carácter transfronterizo. 
El mandamiento de detención europeo va, sin embargo, demasiado lejos para mí en un punto. Se trata de la lista negativa y la supresión de la doble incriminación que propone la Comisión. 
Una orden general y activa de detención y, con ella, la eliminación de la doble incriminación, tropezará con grandes problemas dado que a los Estados miembros ni siquiera les gusta entregar criminales ahora. 
Varios Estados miembros, entre ellos los Países Bajos, al fin y al cabo, harán todo lo posible por evitar la entrega por motivos, por ejemplo, de eutanasia o aborto. 
Por ello, he respaldado las enmiendas de los colegas Niall Andrews y Brian Crowley. 
Abogan por una lista positiva. Esto coincide también con la idea actual del Consejo. 
El mandamiento de detención europeo, entonces, sería solamente aplicable en relación con los crímenes que aparecen en esa lista. 
Pienso en un mandamiento de detención que sea aplicable a los hechos punibles para los que ya existe una penalización armonizada en el ámbito europeo, tal como por ejemplo, el terrorismo. 
Si resulta que esto funciona bien, siempre puede ampliarse el número de crímenes que figuren en la lista positiva. 
Quizá en el futuro se pueda llegar, en efecto, a una lista negativa. 
Ahora es demasiado pronto para ello. 
No hay que olvidar que el derecho penal de los Estados miembros tiene que ver en gran medida con la cultura nacional. 
Sencillamente, las diferencias entre los Estados miembro son demasiado grandes en este momento. 
Dado que las enmiendas de los Sres. Andrews y Crowley no se han aceptado, no podemos respaldar la segunda parte del informe del Sr. Watson, relativa a el mandamiento de detención europeo. 
Votar a favor de una lista negativa, cuando el Consejo está de acuerdo sobre una positiva, nos parece carente de sentido. 
. (DA) Respaldamos la lucha contra el terrorismo y queremos defender el principio de que la lucha política se haga con medios democráticos en estados democráticos. 
El que votemos en contra del informe Watson relativo a la lucha contra el terrorismo y a la orden de busca y captura europea común obedece a los siguientes motivos: 
1.Se ha intentado hacer pasar las propuestas por el Parlamento y el Consejo bajo un procedimiento de urgencia que excluye la posibilidad de un debate público sobre la materia y que no permite llevar a cabo un análisis profundo de las consecuencias para los derechos democráticos y para la seguridad jurídica. 
2. 
La orden de busca y captura europea común supondrá una armonización de los marcos penales por la puerta falsa. 
Esto es sumamente problemático puesto que existen tradiciones judiciales muy diferentes entre los Estados miembros. 
Asimismo una armonización e implantación de un concepto comunitario de terrorismo chocará con las muy diferentes realidades políticas de los Estados miembros. 
3. 
Nos oponemos a la introducción de la posibilidad de reducción de pena por cooperar anónimamente en el trabajo de investigación como un principio que puede suponer con demasiada facilidad denuncias falsas o impunidad para criminales graves. 
4. 
Se ha intentado sacar adelante las actuales propuestas a alta velocidad bajo la impresión causada por las circunstancias del 11 de septiembre. 
Sin embargo, las propuestas no tratan sobre el tipo de circunstancias que ya están prohibidas y pueden ser enjuiciadas en todos los Estados miembros. 
Las propuestas tratan, en cambio, del llamado terrorismo europeo, que en la definición muy infundada que contienen las propuestas, puede abarcar desde los asesinatos de civiles a manos de ETA a las acciones y manifestaciones de individuos y de organizaciones políticas legales. 
Europa debe cooperar de forma más eficiente en la lucha contra el terrorismo, tanto en su interior como a escala internacional. 
Para nosotros, está claro que el terrorismo constituye una de las mayores amenazas contra la democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo económico y social. 
El terrorismo no es un fenómeno reciente, sino que en los últimos años hemos presenciado un aumento de las actividades terroristas, con un cambio profundo en la naturaleza de las infracciones terroristas (al surgir amenazas nuevas) y con la utilización de nuevos y mucho más complejos instrumentos, por lo que los efectos reales o potenciales de esos ataques resultan cada vez más devastadores y mortales. 
Los terribles acontecimientos del 11 de septiembre vinieron a demostrar, dolorosamente, esta realidad, así como la urgencia de encontrar una respuesta eficaz para ese flagelo; así, reviste importancia decisiva que nuestros Estados miembros dispongan de una legislación penal eficaz para luchar contra el terrorismo y que se adopten medidas con vistas al fortalecimiento de la cooperación policial y judicial, así como la cooperación en el nivel internacional. 
La primera de esas iniciativas propone la adopción de una definición común de los actos terroristas y la definición de los niveles de sanciones (que deberán ser efectivas, proporcionales y disuasorias) , que deberán reflejar en todos los Estados miembros la gravedad de dichos actos. 
En este momento existen grandes diferencias de un Estado miembro a otro, pues sólo seis Estados miembros disponen de legislación específica relativa al terrorismo (uno de ellos es Portugal) , por lo que resulta esencial una armonización en ese nivel para evitar que los terroristas puedan sacar provecho de esas diferencias de tratamiento jurídico entre Estados o exploren cualesquiera lagunas jurídicas resultantes de los límites geográficos de las investigaciones. 
La segunda iniciativa se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
Su objetivo es substituir los procesos tradicionales de extradición (pues, al ser la extradición una figura procesal, morosa y compleja, ha dejado de estar adaptada a un espacio sin fronteras) por un simple sistema de entrega de los delincuentes basado en una orden europea de busca y captura, en que dicha orden, al ser emitida en uno de los Estados miembros, deberá ser ejecutada en todo el territorio de la Unión, pero, en cualquier caso, deberá siempre dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos europeos en materia de garantía de los derechos individuales. 
Así, la aprobación de esas propuestas será la prueba inequívoca de que los Estados miembros están dispuestos a reforzar su cooperación, en todos los niveles, en la lucha contra el terrorismo. 
Es difícil resumir en una tan breve explicación de voto lo que sería necesario subrayar en cuanto a los peligrosos aspectos negativos inscritos en estas propuestas de decisión-marco de la Comisión y que, incomprensiblemente, el Gobierno portugués apoya. 
Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, la Comisión Europea anuncia propuestas que ya venía preparando, protagonizadas por el Comisario António Vitorino, que, superando con mucho la necesaria cooperación entre los Estados, procura avanzar hacia una supranacionalización de aspectos fundamentales de la Justicia. 
La concepción del "terrorismo" propuesta por la Comisión permite "criminalizar" la acción de quienes luchan por la liberalización nacional y por la transformación social, las luchas y acciones de los trabajadores y las poblaciones, con evidentes consecuencias para la plena garantía de los derechos democráticos y de las libertades fundamentales. 
La propuesta de "orden europea de busca y captura", que tiene como objetivo la supresión del principio de doble incriminación- aunque llegue a ser limitada- es un auténtico "caballo de Troya", en una estrategia que exigirá cada vez más avances y se justificará con las "necesidades" de los instrumentos antes creados. 
El informe, a pesar de modificar algunos de los aspectos negativos de las propuestas de la Comisión, se inscribe en la misma lógica. 
A eso se debe mi voto en contra. 
. 
(EN) He votado en contra de este informe porque no se refiere a todas las formas de terrorismo. 
Ignora completamente todas las diferentes expresiones de terrorismo de estado. 
Todos somos conscientes de los diferentes tipos de terrorismo que han sido empleados por los gobiernos españoles desde 1975. 
Este fracaso en mencionar el terrorismo de Estado, incluso en sus consideraciones generales, es profundamente lamentable. 
También nos consta a todos que la legislación antiterrorista, tal y como se propone, no garantiza un juicio justo en toda la UE. 
Sabemos que este mismo año 2001, en el Reino de España, el Gobierno español ha perdonado a torturadores, ha liberado a altos funcionarios ya condenados por librar una "guerra sucia" y ha tolerado la tortura en su forma más abyecta, hasta este mismo momento. 
El Parlamento Europeo ha cerrado los ojos. 
Todos lo lamentaremos, porque esa realidad ya no constituye un asunto interno de un Estado miembro. 
Los Liberales no hemos podido dar nuestra conformidad a la enmienda 34 porque no es sostenible la referencia directa a la Carta de Derechos Fundamentales, que no tiene aún fuerza legal. 
En lo que respecta a la "Orden de busca y captura europea" preferimos una lista positiva frente a la lista negativa que contiene el informe, pues de esta manera queda intacto el principio de legalidad como pilar del Derecho penal. 
- (EN) Los conservadores británicos hemos votado a favor del informe Watson para subrayar nuestro continuo apoyo a la guerra contra el terrorismo y para confirmar nuestra determinación por asegurar que la Unión Europea presenta un frente unido contra aquellos que persiguen socavar nuestros valores y nuestro modo de vida. 
Sin embargo, tenemos algunas reserves acerca de algunos detalles contenidos en esta medida. 
En especial, nos preocupa que incluyendo alrededor de 22 delitos en el espectro de la orden de captura, esta medida vaya más allá de lo necesario para atajar la inmediata amenaza terrorista. 
Nuestros grupos no están contentos con la propuesta del Comisario europeo Vitorino relativa a el mandamiento de detención europeo. 
Las enmiendas aceptadas por el Parlamento Europeo (informe Watson) sí constituyen una clara mejora en relación con la propuesta de la Comisión. 
Nuestra mayor preocupación, la protección del liberal derecho penal neerlandés a través de la aplicación del mandamiento de detención europeo con sólo una lista limitada de los llamados "eurocrímenes", no ha desaparecido todavía. 
Defendemos un mandamiento de detención europeo para poder actuar todavía mejor contra el terrorismo y el crimen organizado, pero solamente con las siguientes condiciones: en primer lugar, que las detenciones se efectúen únicamente conforme a una lista positiva de "eurocrímenes"; y en segundo lugar, que la lista de "eurocrímenes" se limite a delitos severos que ya son punibles en todos los países europeos, como por ejemplo el asesinato. 
El mandamiento de detención europeo no puede hacer peligrar en ningún caso la práctica neerlandesa en el ámbito del aborto, la eutanasia y las drogas. 
Por ahora, podemos sacar en conclusión de la escasa información que nos llega del Consejo de Ministros que éste sí está negociando una lista positiva, y por el momento, parece contener no menos de 27 "eurocrímenes" ampliamente definidos. 
El Consejo está hablando ahora, por tanto, de una propuesta sustancialmente distinta de la de la Comisión. 
El Parlamento va con retraso respecto de los hechos por estar ocupándose de la propuesta originaria de la Comisión. 
Además, parece que en este momento el Gobierno neerlandés puede contribuir más, a través del Consejo, a que desaparezcan nuestras preocupaciones que nosotros a través del Parlamento Europeo. 
Este expediente vuelve a poner al descubierto el abismo democrático existente en la UE: el control por la Cámara Baja sí es teóricamente posible aquí puesto que el Consejo decide por unanimidad. 
En la práctica, sin embargo, resulta difícil por la opacidad del Consejo y la tardía disponibilidad de los documentos. 
Las prisas con que se está tramitando esta sensible cuestión agravan más el problema. 
Por todas estas razones, nuestros grupos votan a favor de las modificaciones que contiene el informe Watson, ya que suponen una clara mejora de la propuesta de la Comisión, pero nos abstenemos en la votación relativa a la resolución legislativa. 
. (SV) La lucha contra el terrorismo es y será una tarea muy prioritaria de la UE. 
Sin embargo, este combate no debe menoscabar el imperio de la ley. 
Nos preocupa que los gobiernos de la Unión se apresuren a coordinar sus legislaciones nacionales contra el terrorismo. 
Diferentes tradiciones jurídicas tendrán que unificarse en muy corto tiempo. 
Esto amenaza la seguridad jurídica. 
Cabe destacar especialmente la propuesta de definición del concepto de terrorismo redactada por la Comisión. 
A nuestro juicio, esta definición es muy amplia y permite demasiadas interpretaciones. 
Las personas que por motivos políticos protesten contra las estructuras políticas vigentes empleando métodos ilegales podrían perfectamente quedar comprendidas dentro de esta definición. 
No es lógico calificar como terroristas a los que protestan contra una sociedad que consideran injusta. 
Es necesario que se defina más concretamente qué conductas pueden ser calificadas como terroristas. 
Por eso es oportuna la específica enmienda del Parlamento Europeo en esta materia. 
El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deben tener verdaderas posibilidades de influir, antes de que el Consejo de Ministros adopte la decisión final. 
La mayoría de los terroristas no eligen ellos mismos ser terroristas, pero se sienten obligados a utilizar medios extremos e inaceptables como último recurso ante la incomprensión de los dirigentes políticos frente a su papel opositor y sus posturas conflictivas. 
Algunos líderes, a la postre respetados, como sucede en el caso de los dirigentes de Israel, Palestina, Sudáfrica y muchas antiguas colonias, iniciaron su papel político como terroristas. 
No se lucha contra el terrorismo creando más incomprensión y desconfianza, sino preocupándose de que los problemas para los que los terroristas solicitan atención se solucionen rápidamente y sin violencia. 
Los políticos que ven el peligro del terrorismo en todas partes, corren el riesgo de establecer un estado de policía, en el que no existan las libertades y los derechos democráticos esenciales. 
Eso conduce a su vez a un nuevo endurecimiento del clima político, que constituye un caldo de cultivo para el terrorismo. 
El respeto de la ley desaparece cuando las personas ven que se les deja de proteger ante una detención arbitraria, una prisión preventiva amplia, y una entrega controvertida. 
Lo mismo sucede si se intimida a la oposición no terrorista y se puede encarcelar a las personas por crímenes que en su propio país no son punibles. 
En tanto existan garantías insuficientes a fin de evitar estos fenómenos, considero contraproducente una norma europea para luchar realmente contra el terrorismo. 
. (IT) El Pleno ha aprobado una enmienda de transacción sobre las resoluciones legislativas relativas al informe Watson sobre la lucha contra el terrorismo y sobre la orden de busca y captura europea. 
Ambas enmiendas invitan al Consejo a aplicar el articulo 40 del Tratado de la Unión cuando no se pueda conseguir la unanimidad, o bien en el caso de que la unanimidad implique un debilitamiento sustancial de la propuesta. 
Lamentablemente, un pequeño número de diputados, entre ellos los colegas italianos de Alianza Nacional, han impedido que se pudiera someter a votación una enmienda oral propuesta por el mismo ponente, enmienda que si se hubiera aprobado habría aclarado mejor la voluntad política del Parlamento. 
En efecto, la exhortación al Consejo a votar de conformidad con el articulo 40 se debe considerar en última instancia. 
Confiamos en que el Consejo pueda alcanzar la unanimidad en la dirección de los compromisos asumidos conjuntamente en Gante y refrendados de una manera tan clara por el Parlamento europeo con el voto de hoy. 
Por nuestra parte, como diputados italianos, seguiremos empleándonos a fondo para que nuestro Gobierno modifique su posición y acepte extender el procedimiento de detención europea a todos los delitos previstos en la propuesta de la Comisión Europea y renunciar al procedimiento de extradición que constituiría una violación flagrante del espíritu y de la letra de los compromisos unánime y solemnemente contraídos en Gante y en Bruselas bajo los efectos de la conmoción de la tragedia del ataque a las Torres Gemelas. 
En consecuencia, hago votos por que ahora ningún Estado reduzca su compromiso con la lucha contra el terrorismo y espero que no sea justamente el mío, que desde siempre ha contribuido a los progresos de la Unión, el que se quede aislado. 
Todas estas decisiones dependen del Gobierno italiano, ya que sería inaceptable que su veto comprometiera una política entera. 
De ahí, la oportuna referencia al articulo 40 del Tratado. 
Con esta votación se nos pide hoy que califiquemos como actos de terrorismo lo que para nosotros son actos de solidaridad, actos de justicia. 
Por ejemplo, "la perturbación o interrupción del abastecimiento de agua, de electricidad o de cualquier otro recurso fundamental". 
Estas acciones son generalmente las de trabajadores que se organizan para defender sus condiciones de trabajo, sus empleos, incluso su herramienta de trabajo, frente a las privatizaciones que les amenazan. 
Trabajadores, no Bin Laden. 
El fondo de la propuesta es sancionar como acto terrorista todo lo que pretende "amenazar y atentar contra ellas, o destruir las estructuras políticas, económicas o sociales de un país", es decir, cualquier cuestionamiento de la injusticia y del orden establecidos: la ocupación de las Assedic o de agencias de empleo por parte de desempleados por ejemplo, o la de las viviendas vacías por sin techo, o las manifestaciones europeas contra estructuras como el FMI, la OMC o el Banco Mundial. 
Este dispositivo pretende esencialmente criminalizar el movimiento social mediante el cuestionamiento de los derechos elementales. 
Por ello no he votado este informe que nos convierte en terroristas. 
Tras el 11 de septiembre, el Comisario Vitorino puso acertadamente en marcha los ya existentes acuerdos de Tampere a fin de lograr una colaboración más efectiva en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y de la colaboración policial y judicial. 
De ahí que respaldemos plenamente la propuesta relativa a la lucha contra el terrorismo. 
Así mismo, somos partidarios de un mandamiento de detención europeo. 
Sin embargo, no compartimos la perspectiva de la actual propuesta- una lista negativa- y ya la consideramos anticuada porque, mientras tanto, en el Consejo se trabaja, con razón, en una lista positiva. 
En efecto, los acontecimientos del 11 de septiembre nos obligan a actuar rápidamente. 
Por tanto, no votaremos en contra- a pesar de nuestros reparos ante una lista negativa -, sino que nos abstendremos, a la espera de que la Comisión Europea y el Consejo todavía puedan lograr este año una lista positiva que permita adoptar el mandamiento de detención europeo en 2001. 
Por ello, esperamos que las mejoras propuestas, entre otras, por nuestra delegación del PvdA, sean recogidas por el Consejo, entre otras cuestiones, en el caso de la obtención de pruebas, el derecho de asistencia, más posibilidades para la audiencia del sospechoso y el principio non bis in ídem. 
Los miembros belgas del Grupo del PSE se han abstenido en la votación final relativa al mandamiento de detención europeo. 
Apoyan los esfuerzos del Parlamento Europeo con el objeto de ayudar a desarrollar el marco legislativo en la lucha frente al terrorismo. 
El mandamiento de detención europeo es un instrumento útil, pero los miembros belgas de la delegación del PSE no están de acuerdo con un mandamiento de detención europeo con vigencia general para los delitos de una pena superior al año. Se inclinan por el enfoque del Consejo, que se fundamenta en una lista positiva basada en el mandato de la Europol. 
Informe Gebhardt (A5-0398/2001) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe del Sr. Gebhardt. 
Evidentemente, estoy a favor de cualquier lucha contra las injusticias, y lo que ocurre con la delincuencia organizada es una grave injusticia. 
Los ciudadanos deben estar protegidos por los jueces europeos y esperemos que pronto haya realmente jueces europeos. 
Sin embargo, señora Presidenta, para que existan es necesario que exista un código penal como ya he pedido en repetidas ocasiones. 
También en esta ocasión insisto en que hay que contar con un código penal y un código de enjuiciamiento penal europeos, de lo contrario es inútil que haya jueces europeos. 
Por segunda vez en dos meses llega al debate en la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo un informe relativo a la creación de Eurojust. 
Además llega el mismo día que se está debatiendo sobre la ley europea del terror y sobre la orden europea de captura. 
La Eurojust es una institución que está compuesta por un portavoz de cada país (fiscal, juez o policía) cuyas competencias serán muy amplias e incontrolables en la investigación y en la actuación judicial. 
Tendrá el poder de ordenar, esencialmente, a las autoridades de cualquier Estado que comiencen a investigar o a actuar judicialmente, incluso a participar ella misma en las investigaciones, mediante la creación de grupos comunes de acción. 
El Estado miembro debe adaptarse a sus indicaciones, en caso contrario debe justificar especialmente su negativa. 
En el debate anterior, argumentaban la necesidad de crear Eurojust aduciendo la lucha contra la criminalidad transfronteriza, es decir la lucha contra crímenes sobre los que podría haber un choque de competencias entre dos países miembros por lo menos. 
Ahora parece que la clase dirigente de la Unión Europea considera que no les hacen falta las excusas. 
En el nuevo texto, esta nueva super- autoridad podrá intervenir incluso si el crimen atañe a un solo país. 
Por supuesto, entre los delitos que conciernen a Eurojust está el llamado terrorismo. 
Eurojust, en la ejecución de su sagrada labor se verá ayudada por cuatro bases de datos diferentes con datos personales delicados: los antecedentes penales, que conserva cada Estado miembro de sus ciudadanos, el sistema de información Schengen, la red judicial europea y los archivos de Europol. 
El largo catálogo de los datos personales incluyen datos relacionados con la "procedencia racial o nacional, ideas políticas, convicciones religiosas o filosóficas o la participación en organizaciones sindicales, así como datos relativos a la salud y la vida sexual". 
Básicamente se trata de la legalización del fichaje por medio de un cuerpo para- judicial europeo. 
Sin duda se trata de una institución superconcentradora y autoritaria, que anula cualquier concepto de soberanía nacional. 
Es también un golpe a la famosa independencia operativa de la justicia, de la que tanto presumía la democracia burguesa. 
No nos debemos engañar, el objetivo de todo este arsenal jurídico no es principalmente acabar con el crimen penal común. 
Junto con la ley del terror, la orden europea de captura y el próximo fiscal europeo se intenta crear un mecanismo de represión supranacional que se utilice en contra de las libertades democráticas, y especialmente contra el movimiento popular, cuando este se oponga a las opciones político-económicas principales. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista Griego hemos votado en contra del informe. 
Me parece positivo la creación de Eurojust- y con ella, hacer posible la colaboración entre los fiscales de los distintos Estados miembros. 
Aunque a primera vista la tarea se limita solamente a la coordinación y la asistencia, Eurojust también puede solicitar una investigación o solicitar que se entable una persecución. 
Mi preocupación es que Eurojust se convierta al final en un Ministerio Público europeo (MP europeo). 
Nótese que, me refiero a un MP europeo general; puede ser necesario un fiscal europeo con responsabilidades en los asuntos financieros. 
Así, podrían garantizarse adecuadamente los intereses financieros de la Comunidad. 
Se trata, por tanto, de un MP europeo con competencias limitadas. 
En este momento, por lo menos, la creación de un sistema penal en el ámbito europeo es una idea no deseada e irreal. 
El derecho penal nacional está estrechamente vinculado a la soberanía nacional de los Estados miembros y debe formar parte de un sistema democrático de derecho que cuente con suficientes instrumentos de control. 
No soy partidario de un MP europeo de carácter general. 
Además, sólo una fiscalía nacional puede tener en cuenta de forma suficiente los aspectos culturales del derecho penal nacional. 
La decisión de decretar una persecución debe tomarse, entonces, en el marco de un Estado miembro individual. 
El ministro neerlandés de justicia, el Sr. Korthals, ha asegurado al parlamento neerlandés que Eurojust no va convertirse en un MP. 
Si algún día se quiere llegar a un MP, no va a ser a través de Eurojust. 
Con esta condición, hemos decidido respaldar esta propuesta, en tanto Grupo europeo de Unión Cristiana-SGP. 
He votado a favor de esta propuesta, porque se integra en un conjunto coherente de medidas que pueden y deben contribuir a que Europa pueda cooperar de una forma más eficiente en la lucha contra el terrorismo, ya sea en su interior o a escala internacional. 
En esta misma sesión hemos examinado positivamente las iniciativas relativas a la aprobación de una definición común de los actos terroristas y los niveles de sanciones, así como la substitución de los procesos tradicionales de extradición por un simple sistema de entrega de delincuentes, basado en una orden europea de busca y captura. 
La propuesta sobre Eurojust tiene como objetivo mejorar efectivamente la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros (garantizando la salvaguarda de los derechos fundamentales) , pues la lucha contra el terrorismo, así como contra las otras formas de delincuencia, sólo es posible mediante el fortalecimiento de la cooperación de las autoridades judiciales, así como policiales (con relieve especial para el papel que ha de desempeñar Europol). 
Se trata de un proyecto importante y ambicioso, pues la delincuencia no conoce fronteras. 
De modo que es importante que se fomente esa cooperación judicial, así como el intercambio de información entre los Estados miembros. 
Los ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho a exigir que la Unión afronte con eficacia el problema de las amenazas en aumento de la delincuencia contra su libertad y sus derechos. 
Para hacerlo, es necesario adoptar una estrategia nueva, que consiste en coordinar todos los esfuerzos con vistas a luchar y prevenir la delincuencia en todo el territorio de los Estados miembros. 
Informe Lagendijk (A5-0386/2001) 
Señora Presidenta, con su informe el Sr. Lagendijk ha presentado una solicitud de ayudas a favor de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Es, sin duda, positivo que la Unión Europea eche una mano a la Antigua República Yugoslava de Macedonia en la desastrosa situación en que se halla, especialmente después de que se haya visto afectada por luchas intestinas. 
Sin embargo, pido e insisto y me gustaría que estas ayudas se concedieran a todos los Estados de Europa central y oriental que necesitan ayuda financiera, tras más de cincuenta años de dictadura comunista. 
Informe Färm A5-0385/2001) 
Constato que en los últimos meses ha pasado lo que ya había previsto inicialmente el 15 de marzo y el 3 de mayo. 
Léase una vez más el Acta. 
Había dicho entonces que el pronunciamiento a favor del apoyo precipitado al Gobierno macedonio, la calificación de extremistas dada a los albaneses desesperados y la entrega de dinero no conducirían a la búsqueda de soluciones, de la paz y la reconciliación, sino a la incitación a la violencia. 
Una parte de la población y del Gobierno macedonio soñaba con una Macedonia sin albaneses o con habitantes sólo de origen albanés completamente irreconocibles y adaptados. 
Esa parte quería comprar armas con ayuda de la asistencia aportada por la Unión Europea para lograr la paz. 
Ojalá la modificación de la constitución termine con la idea de que dentro de las fronteras de ese país sólo hay sitio para una lengua y un pueblo y se solucionen todos los problemas originados por negar o incluso ahuyentar a la gran minoría albanesa. 
Si en el futuro cambian los papeles porque los albaneses se conviertan en el mayor grupo de población, espero que muestren más entendimiento ante los deseos de la minoría macedonia del que ahora existe para los albaneses. 
Si las ayudas futuras se utilizan para la paz, la reconciliación y la reconstrucción, puedo estar totalmente de acuerdo con el informe. 
Informe Färm (A5-0410/2001) 
Los tres territorios que tras la fragmentación de la antigua Yugoslavia han continuado figurando en el mapa europeo con el mismo nombre, ni siquiera funcionan en la práctica como una federación independiente. 
Así mismo, la extradición del antiguo presidente al Tribunal de La Haya ha mostrado haberse convertido en un asunto exclusivo del Gobierno de la región autónoma en que vivía. 
Montenegro ya no se ve sometido desde hace algunos años al control aduanero de Yugoslavia y el marco alemán, que se introdujo allí como medio de pago, será sustituido dentro de poco por el euro. 
Kosovo ha sido separado con violencia por el mundo exterior, y la gran mayoría de los habitantes quiere que así se quede. 
Nunca aceptarán el regreso a un Estado que ya no reconocían de ninguna manera ocho años antes. 
Hoy día, en la práctica, Yugoslavia sólo existe en las cabezas de políticos y funcionarios fuera de ese país. 
Lo lamento como amigo y conocedor de la antigua Yugoslavia federal, pero acepto la realidad que la gente decide desde la base. 
Ahora que también ha desaparecido el tercer Estado con ese nombre, no me opongo a que se otorgue apoyo financiero para la reconstrucción y la lucha contra la pobreza a los tres territorios por separado o a su deseo de adherirse cada uno de ellos individualmente a la UE. 
Informe Färm (A5-0411/2001) 
La antigua provincia turca de Bosnia-Herzegovina no forma una unidad étnica. 
Sus fronteras incluso fueron completamente borradas debido a las redistribuciones provinciales del antiguo reino de Yugoslavia en 1929, la división entre un territorio serbio y croata mediante el Tratado "Sporazum" en 1939 y su asignación a Croacia en 1941, Estado satélite nazi. 
La razón principal por la que el movimiento de liberación liderado por Tito eligió establecer la región autónoma de Bosnia-Herzegovina en 1945 fue que consideraba este territorio como un crisol para crear un solo pueblo serbocroata. 
Algún día Serbia, Croacia, Bosnia y Montenegro se fundirían como una gran región autónoma serbocroata, con la misma posición dominante dentro del estado federal de Yugoslavia que Rusia dentro de la Unión Soviética. 
Como la mayoría de la población de la antigua Yugoslavia está formada por serbios y croatas, su lealtad está con los nuevos Estados vecinos, Serbia y Croacia, de los que se sienten injustificadamente separados. 
Empiezo a tener la impresión de que seguimos sin tener eso en cuenta, a pesar de la federalización de Bosnia acordada en Dayton. 
El apoyo financiero es necesario, pero sin la condición de que se refuercen los órganos comunes de la Administración. 
También causaría espanto en Bélgica que la UE subvencionara el traspaso de competencias de Flandes y Valonia a la federación. 
Informe Lagendijk (A5-0386/2001) e informes Färm (A5-0385, 0410, 0411/2001) 
, por escrito. (FR) Hemos votado en contra de estos informes que no son más que la expresión financiera de la política de las grandes potencias imperialistas en esta región del mundo. 
Esta supuesta "ayuda" a los Balcanes está de hecho destinada a "ayudar a la balanza de pagos y a aliviar las obligaciones financieras exteriores" de esos países como se ha escrito en uno de los informes Färm (Macedonia). 
Las grandes potencias tienen una responsabilidad máxima en la explosión de la antigua Yugoslavia. 
Son culpables de los bombardeos que han afectado no solamente a las regiones contempladas sino también a las regiones vecinas, aunque haya sido empujando al exilio a una parte de la población de Kosovo. 
Su diplomacia de geometría variable, que apoyan tanto unos como otros, que se apoya en las oposiciones de tipo étnico y, por ende, que las aviva, no lleva la paz a la región sino que siembra la guerra. 
Nuestro voto en contra de esos informes manifiesta nuestra oposición al conjunto de la política de las potencias imperialistas en los Balcanes y a sus intervenciones. 
Señora Presidenta, aunque he votado a favor, el informe sobre el futuro de la Unión Europea en vísperas del Consejo de Laeken no me satisface, pues no se dice que en el futuro la Unión Europea tendrá que tener competencias para legislar sobre los sistemas de pensiones europeos. 
Todos los quince Estados miembros más los otros doce Estados que han solicitado entrar en la Unión Europea tienen sistemas de pensiones deficitarios. 
Los Estados nacionales no han sido capaces de administrar sus fondos. 
¿Qué mejor prueba de que sólo la Unión Europea podrá resolver los problemas de los trabajadores que entregan su dinero a los Estados nacionales y luego no lo encuentran cuando llegan a jubilarse? 
Tal vez, lo espero, estoy seguro, la Unión Europea sabrá administrar mejor los fondos de pensiones de los ciudadanos europeos. 
Respecto de este informe sobre el futuro de la Unión Europea, en especial el Consejo de Laeken, existen varios asuntos sobre los que podría estar a favor, en el momento en que queremos trazar un Nuevo y más dinámico futuro para la Unión Europea. 
Sin embargo, presentar y aceptar propuestas que prácticamente coinciden con una constitución para el futuro de Europa, trabar sobre la asunción de que eso va a ocurrir en cualquier caso sin tomar en consideración o consultar al pueblo, es inaceptable. 
También se ha mencionado el déficit democrático y la necesidad de aglutinar a todos los cabos de la sociedad. 
Con una Convención tendremos una serie selecta de organizaciones no gubernamentales que supuestamente representan a la mayoría del pueblo de la Unión Europea. 
Sin embargo, llegado el momento de poner en práctica el resultado de tal Convención, ¿cuántos países propondrán un referéndum que propicie un completo apoyo democrático al futuro que se desea alcanzar? 
Esta es la razón por la que me he abstenido en la votación final de este informe en particular. 
En lo que respecta a la resolución sobre el futuro de la Unión, las razones por las que no he podido emitir un voto favorable son múltiples, y no señalaré más que dos. 
En primer lugar, el Parlamento no debería seguir pecando de excesiva timidez al no abordar de frente las cuestiones cruciales del futuro de la construcción europea, limitándose a dar indicaciones muy cosméticas por cierto a aquéllos que en realidad desean cumplir nuestras funciones. 
Además, el Parlamento se daña a sí mismo cuando da prioridad a la experiencia parlamentaria del futuro presidente de la Convención en detrimento de una competencia ejecutiva cuando la Comisión, y en especial el Comisario Barnier, recuerda con razón en cada ocasión que la confianza de los gobiernos en la persona del presidente de la Convención constituirá un elemento determinante en el éxito que se espera de ella. 
Para emitir su dictamen sobre la preparación de la próxima Conferencia Intergubernamental, el Parlamento Europeo acaba de adoptar una resolución muy curiosa. 
No se ha molestado ni siquiera en citar los cuatro temas que, según el Consejo de Niza, deben servir de base a la futura discusión (reparto de competencias, simplificación, Carta de los Derechos Fundamentales, función de los Parlamentos nacionales) , sino que hace una larga enumeración de las reivindicaciones tradicionales de los federalistas en todos los ámbitos. 
Lo remata todo con la petición de una "Constitución para la Unión", palabra que no aparece en las conclusiones de Niza pero que, sin embargo, debería constituir, según él, el "objetivo" de la CIG. 
El Parlamento Europeo habría hecho mejor estudiando seriamente el análisis de la declaración nº 23 del Consejo de Niza, que menciona no el objetivo de una Constitución europea sino el de una mejora "de la legitimidad democrática y de la transparencia de la Unión", lo que nos parece muy diferente, incluso opuesto. 
Efectivamente, la Constitución implicaría la instalación de un poder supranacional superior, incluso en las cuestiones fundamentales, que alejaría aún más a Europa de sus pueblos y debilitaría más su legitimidad democrática. 
El Consejo de Niza, ¿no se inclinaba más bien hacia otro objetivo cuando mencionaba, entre los cuatro temas privilegiados en el orden del día de la futura CIG, "la función de los Parlamentos nacionales en la arquitectura europea"? 
Ese "en" muestra bien que la urgencia consiste en reintroducir los Parlamentos nacionales "en el interior" de los mecanismos de decisión europeos, con el fin de renovar los vínculos con los pueblos. 
Pero el Parlamento Europeo está muy lejos de ese debate tan importante, ya que su resolución no le dedica una palabra. 
Sin duda, el Consejo de Laeken puede, si quiere, escaparse por las nubes federalistas, pero nosotros le aconsejamos que si desea responder a los verdaderos problemas de Europa siga la reorientación iniciada por el Consejo de Niza. 
Esta cumbre debe hacer "balance de los últimos meses y preparar el futuro", se nos dice. 
Para los trabajadores de la Unión Europea, el balance son decenas de miles de despidos en Moulinex, en Sabena, en AOM, en Danone, en las empresas vinculadas a la informática y en su pretendida nueva economía, en la que se despide con más rapidez que se contrata. 
El balance, para las capas populares, es un nivel de desempleo insoportable, el aumento de la precariedad y de la pobreza, el analfabetismo y la falta de cuidados. 
Cuando los ponentes desean que "el progreso político, económico y social, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos" se tomen en consideración mediante "el establecimiento de un sistema económico y monetario equilibrado en medio de la consolidación de la política de cohesión económica y social, (... ) del refuerzo de la política de empleo", no hacen más que repetir las palabras huecas utilizadas por todos aquéllos que no saben qué es el temor al desempleo y la incertidumbre por el futuro. 
Por lo demás, la creación de una Convención encargada de preparar el futuro de Europa y la revisión de los Tratados, el único nombre que, en Francia, se intuye para presidirla, Giscard d ' Estaing, indica hasta qué punto estará alejada de los intereses de los trabajadores y de la población trabajadora en Europa. 
El informe se enmarca en la estrategia de quienes apuestan en la próxima Conferencia Intergubernamental por otro salto cualitativo y significativo en la integración federalista de la UE, bajo el dominio de las grandes potencias, que, necesariamente, pondrá en entredicho la soberanía de países como Portugal. 
Insiste en la aceleración de la preparación de un nuevo Tratado que ahonde la integración federalista y "olvide" las lecciones y las consecuencias políticas del rechazo del Tratado de Niza por el pueblo irlandés. 
Entre otros innumerables aspectos, que critico, propugna la creación de una "convención" -que algunos abordan como si de una "asamblea constituyente" se tratara- que plantea como instrumento de condicionamiento del ejercicio de la competencia exclusiva de los gobiernos y parlamentos nacionales en cuanto a la revisión de los Tratados, mientras que en cuanto a su composición sólo garantiza la participación de los mayores partidos nacionales y reduce la participación de partidos con diferentes posiciones políticas sobre Europa y pone en entredicho el pluralismo y la auténtica participación independiente y democrática de los parlamentos nacionales. 
Por ello, voto en contra. 
. 
(EN) Quisiera dejar constancia en Acta de que he votado en contra de una serie de propuestas presentadas en el informe Leinen y Méndez de Vigo en la Cumbre de Laeken. 
Quisiera destacar el hecho de que he votado en contra del parágrafo 4 (d) que solicita "La desaparición de la distinción entre los gastos obligatorios y no obligatorios". 
De nuevo, esto constituye un ataque estrafalario a la PAC, que nos ha prestado un buen servicio. 
No creo que tal medida redunde en el mejor interés del futuro de la Unión. 
La PAC constituye el fundamento sobre el cual se ha construido la Comunidad. Sigue significando la certidumbre en un clima económico difícil. 
A resultas de la aprobación de este texto y de otras propuestas, me he abstenido en la votación final. 
Lamento profundamente que 430 diputados de la Asamblea hayan votado en contra de esta política fundamental de la PAC, como he subrayado anteriormente. 
En el pasado la Unión Europea ha sido un baluarte contra la recesión. 
Ha sido muy ventajosa para mi propio país, Irlanda, y sé que en el futuro seguirá siendo un motor para los ciudadanos de Europa. 
Pero no deberíamos desarmar las buenas estructuras y abandonar a su suerte a los ganaderos y sus familias. 
Está claro que los planes para el futuro de la Unión Europea abrigan la intención de estar aún más al servicio de los intereses del gran capital, y de consolidar la nueva clase imperialista. 
Se fomenta más una política descontrolada neoliberal, con todo lo que esto supone para los pueblos. 
Por tanto, es necesario desarrollar más, más masivamente y con más fuerza las reacciones de los trabajadores y en general de nuestros pueblos, para detener el fomento de esta política, para cambiar de rumbo radicalmente. 
El objetivo central de la nueva reforma a la que el Consejo Europeo de Laeken y posteriormente la Cumbre Intergubernamental aspiran, sigue siendo militarizar Europa, reducir la independencia nacional y la soberanía popular, limitar básicamente los derechos sociales y democráticos de los ciudadanos, y atacar frontalmente al movimiento obrero y el nivel de vida de los trabajadores. 
La amplia participación de instituciones y órganos nacionales y europeos propuesta no toma la dirección contraria, no anula esta política, sino que se asegura cómplices en su materialización. 
La participación de todas estas instituciones no cambia el fondo del debate, ni tampoco da la posibilidad de intervenir, puesto que, aparte de todo lo demás, no va a tener carácter decisorio sino sólo consultivo. 
Por otra parte da a las potencias dominantes la oportunidad de aplicar posteriormente sus planes con apariencia legal y democrática. 
Se realiza un esfuerzo por amortiguar la reacción popular esperada que hubo en las revisiones anteriores de los Tratados, en Maastricht, Ámsterdam y Niza. 
Por esta razón se está poniendo a prueba otra vez el mismo método utilizado para la "Carta de los Derechos". 
Pero las consecuencias de este método se han probado en la práctica y han demostrado que la participación más amplia no sólo no ha logrado consolidar y ampliar los derechos individuales y sociales de acuerdo con las necesidades actuales, sino que por el contrario, estos derechos han sido reducidos de acuerdo a las órdenes del gran capital, causando reacciones populares graves. 
Los trabajadores luchan y van a seguir luchando para limitar las consecuencias negativas de estos planes y decisiones, y en su lucha van a aprovechar cuantas posibilidades haya. 
Pero ni se engañan ni se desorientan, su lucha es cada vez más intensa y su contraataque más dinámico para conseguir otra Europa, otras instituciones populares que estén al servicio de sus intereses, la paz y la colaboración, en la base del beneficio recíproco, para lograr el respeto real y no aparente de todos sus derechos individuales y colectivos. 
Si consideramos la UE como un solo macroestado en vez de una alianza de colaboración entre pueblos libres que juntos quieren abordar sus problemas transfronterizos, debemos constatar que ese Estado muestra muchos defectos democráticos. 
Se arregla mucho en las reuniones secretas celebradas entre los gobernantes de los Estados miembros absorbidos. 
Si colaboran en las decisiones contrarias a los deseos de sus parlamentos nacionales, siempre pueden echar la culpa de las decisiones tomadas a los otros Estados miembros. 
El macroestado sí tiene un Parlamento elegido por sufragio directo, que puede debatir todo, pero ese Parlamento no cuenta, al contrario que los parlamentos nacionales, con un poder de iniciativa y tampoco tiene la última palabra respecto de la legislación, el presupuesto y la formación de coaliciones. 
Solamente puede oponerse a los textos legislativos de la Comisión Europea cuando los que votan a favor son más que el conjunto de los que no asisten, las abstenciones y los votos en contra. 
Debido a esta falta de democracia, las grandes empresas tienen mucha más influencia y los ciudadanos individuales o sus organizaciones mucha menos que en una democracia normal. 
Acertadamente, ambos ponentes se decantan a favor de una mayor democracia. 
Al mismo tiempo, también se inclinan por mantener la tendencia seguida durante años hacia una mayor uniformidad y centralización. 
Los habitantes de la Unión Europea no tienen nada que ganar si se otorga más poder a una Administración más grande y difícil a la hora de ser influida. 
De ahí que mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, rechace esta parte de las propuestas. 
Con toda razón el informe Leinen- Méndez de Vigo ha obtenido el apoyo masivo del Pleno. 
Al proponer un método más democrático, más transparente y eficaz para la reforma del Tratado, la resolución del Parlamento Europeo intenta poner remedio a un dato que confirman todos los sondeos: la indiferencia de los ciudadanos con respecto a la construcción europea. 
Será necesario esperar que la Cumbre de Laeken consiga crear, mediante el mandato de la Convención, las condiciones indispensables para un proyecto institucional más lógico y equilibrado. 
Los ciudadanos se reconocerán de nuevo en el proyecto europeo si los participantes en la Cumbre consiguen presentarles objetivos políticos por los cuales es útil y necesario luchar. 
Para ponerlos en marcha no es necesario crear nuevas instituciones. 
Bastará con mejorar y hacer que funcionen mejor las que tenemos. 
Celebro el buen trabajo del ponente y por esta razón he dado también mi conformidad al informe. 
Sin embargo, lamento que en conexión con este tema haya aparecido ya por segunda vez un problema con los conceptos de "constitución" y "tratado constitucional". 
En la votación en el Pleno sobre el informe Méndez Vigo/Seguro sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión el 31 de mayo de 2001 hubo que presentar un corrigendum oficial al Acta con el texto correcto de "tratado constitucional". 
El mismo problema surgió en la Comisión de Asuntos Constitucionales en la votación del informe Méndez Vigo sobre el Consejo Europeo de Laecken y el futuro de la Unión Europea el 22 de octubre de 2001 en Estrasburgo a causa de la diversidad de documentos de votación- las enmiendas transaccionales estaban solamente en inglés y francés- y, a pesar de mi intervención, no se pudo solucionar mediante una corrección oral. 
Ruego a la Mesa del Parlamento que compruebe este asunto. 
Informe Kaufmann (A5-0399/2001) 
Señora Presidenta, también he votado a favor del informe de la Sra. Sylvia-Yvonne Kaufmann sobre la gobernanza europea. En el apartado 21, que figura en la última línea de la pagina 12, se lee que se espera que se publiquen las explicaciones de voto de los miembros del Consejo europeo cuando votan sus decisiones, unas explicaciones de voto que actualmente no se publican. 
Remarco con satisfacción que, por el contrario, el Parlamento Europeo lo prevé y lo permite, y además se honra en permitir a sus diputados que formulen sus explicaciones de voto. 
Como quiera que entre estos diputados estoy yo, coincido en que también en el Consejo Europeo se sepa por qué los ministros europeos han votado de una manera o de otra. 
con respecto al Libro Blanco sobre la gobernanza europea, he votado sin dudar a favor del informe de la Sra. Kaufmann, ya que corrige de manera útil parte de los errores e inconsecuencias del documento procedente de la Comisión. 
Pero sigue siendo lamentable que el Parlamento no ejerza una voluntad más fuerte en diferentes puntos mal tratados por este documento, principalmente en nuestra función en el proceso de consulta de la sociedad civil, así como en la necesidad de tratar directamente y por separado con los poderes regionales por una parte, y con los poderes locales, por otra. 
El pasado 4 de septiembre tuve ocasión de manifestar en esta Asamblea, ante el Presidente Prodi, una primera reacción al Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea. 
Expuse que la preocupación por profundizar en la democracia, en el marco ordenado de la democracia representativa, me parecía ausente del texto. 
Los debates posteriores han aportado por todas partes confirmaciones a esta crítica. 
Es necesario decir que el título del informe, la "gobernanza" europea, palabra que no tiene sentido claro en casi ninguna lengua de la Unión Europea, no ha hecho más que aumentar los malentendidos. 
Pero quizá estaba hecho aposta, para confundir las pistas. 
Porque cuanto más se reflexiona menos inocente parece este Libro Blanco. 
Veo una incoherencia, una omisión y un contrasentido. 
La incoherencia se encuentra en el principio que, según el libro Blanco (Título IV, página 37) , ha inspirado a sus redactores: "integrar a los pueblos de Europa en el respeto escrupuloso por las identidades nacionales". 
Es tan contradictorio como la "federación de Estados-nación" de Jacques Delors, cuyo redactor principal del libro Blanco es además cercano. 
En la confusión que resulta, se olvida el elemento principal del proceso de decisión europeo: el Estado nacional. 
Las propuestas del informe pretenden efectivamente (página 38) , "estructurar la relación entre la Unión Europea y la sociedad civil", desarrollar las interacciones con "los actores regionales y locales", y reforzar la confianza del público en la utilización de los expertos, etc.... 
Todas estas acciones tienen como efecto sortear a los Estados nacionales, que desaparecen del campo de visión del informe, cuando deberían constituir un punto de paso obligado. 
Finalmente, como dije el 4 de septiembre, el Libro Blanco parece creer que la "gobernanza" puede funcionar haciendo abstracción de la democracia representativa. 
El informe Kauffmann votado por esta Asamblea corrige enérgicamente este contrasentido y lo felicitamos, pero omite aclarar que la democracia representativa está falseada, incluso desnaturalizada, cuando la democracia nacional no ocupa el primer lugar. 
. (DA) El Movimiento de Junio y el Movimiento Popular contra la Unión Europea han renunciado a votar el informe Kaufmann. 
Esta decisión obedece a que aunque el informe contenga elementos muy positivos, el Movimiento de Junio no puede votar a favor de un informe que propone iniciativas tan federalistas como ésta.. 
Informe Bösch (A5-0393/2001) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Bösch sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad y la lucha contra el fraude. 
Usted sabe, señora Presidenta, que las personas mayores y los pensionistas son las primeras víctimas del fraude. 
Si en la Unión Europea, al administrar el dinero de Europa, hay tanto dinero que desaparece- lamentablemente, se han perdido por fraudes 2.028 millones de euros en 2000- quien más sufre por esta situación son las personas más débiles de la Unión europea. 
En consecuencia, invito a la Comisión a que presente propuestas para emplear más dinero con el fin de descubrir los fraudes antes de que se lleven a cabo. 
Coincido con el último par de comentarios del Sr. Crowley. 
Los conservadores británicos, que forman el ala democrática europea del Grupo PPE-DE, han votado en contra de la totalidad del informe Bösch porque, de nuevo, se menciona la Fiscalía Financiera Europea y hay comentarios explícitos para conferirle más competencias cuando se establezca, lo que consecuentemente conduce a un Corpus Juris. 
Es ciertamente sorprendente que esta Asamblea, que tanto desea hacer avanzar el proyecto europeo, se muestre tan despreocupada sobre la forma en que contempla el sistema legal que pretende crear para el pueblo de la Unión Europea. 
La Fiscalía Financiera Europea plantea muchos problemas, no solo los mencionados en una intervención previa del Sr. Crowley, porque el Reino Unido e Irlanda tienen sistemas jurídicos completamente distintos de los de la Europa continental. 
Y de nuevo los conservadores británicos votan con gran placer en contra de otro informe. 
La UE está alejada de sus habitantes debido a su tamaño. 
Eso la convierte en un nido ideal para la existencia de nepotismo y la desaparición de normas para una pequeña elite de poder y su entorno. 
Esta elite piensa que está por encima de la ley, que sí se aplica a otros. 
Resulta interesante para las empresas opacas y parasitarias mantener buenos contactos con miembros de la Comisión Europea y con altos funcionarios. 
En 1999, Paul van Buitenen, funcionario de la Comisión, dio contenido a esto en su libro "La lucha por Europa". 
Así mismo, la innecesaria circulación de mucho dinero a través de fondos invita al abuso y a la confusión. 
Toda Administración y todo grupo de presión intentará siempre conseguir el máximo dinero subvencionado posible, y contar con la mayor libertad a la hora de gastarlo. 
Esta situación no se varía ideando todavía más procedimientos burocráticos y preceptos. 
Los fondos deben estar dirigidos a buscar la solidaridad con los económicamente más débiles y a la redistribución en beneficio de las regiones más pobres, no al paternalismo o a proyectos de prestigio. 
Todo lo que tenga que ver con ello puede quedar mejor dentro del circuito de los recursos de las Administraciones nacionales, sin las diligencias de los funcionarios de Bruselas. 
Comparto la crítica del ponente Bösch respecto de la Comisión Europea, el estancamiento de las investigaciones sobre fraude y nepotismo y la limitada fuerza ofensiva de la OLAF. 
. (IT) No cabe duda de que la lucha contra los fraudes que perjudican los intereses financieros de la Comunidad debe ser una de las prioridades de la actividad de la Comisión Europea. 
El Grupo Unión por la Europa de las Naciones no puede sino felicitarse de los buenos resultados conseguidos por la OLAF a lo largo del año 2000 y espera que dicha actividad pueda dar frutos aún más significativos en los años venideros. 
Lo piden los ciudadanos, los mismos Estados miembros y, cabe suponerlo, todo el Parlamento en su conjunto. 
Sin embargo, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, en particular la delegación italiana, no puede dar su voto favorable a la resolución Bösch, a pesar de compartir parte de sus contenidos, es decir, los que configuran una voluntad política de combatir mejor los fraudes. 
En particular, nos oponemos muy firmemente a la inclusión en la resolución de los apartados 32 y 35 que constituyen una inadmisible manifestación de injerencia en los asuntos internos de uno de los Estados miembros. 
En efecto, "llamar la atención sobre las modificaciones de los actos legislativos recientemente adoptados en Italia" -apartado 32- e "invitar al Gobierno italiano a que deje de impedir el traslado de sus jueces para que cumplan funciones directivas en la OLAF" -apartado 35- son tanto en la forma como en el fondo críticas inaceptables, ya que afectan al ejercicio de los poderes soberanos de un Estado miembro ejercidos en el pleno respeto de todas las normas democráticas. 
Por lo tanto, deploramos con vigor la inclusión de ambos apartados en la resolución, cosa que constituye un peligroso precedente en las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, unas relaciones que han de estar marcadas siempre y en todo caso por un mutuo respeto de las posiciones, incluso cuando éstas son diferentes. 
Acuerdo con Egipto (B5-0740/2001) 
Egipto es un país en el que la protección de los derechos humanos está poco garantizada. 
Esto se ha vuelto a poner claramente de manifiesto durante los últimos meses en el penoso caso de los 52 hombres homosexuales que, debido a su orientación sexual, han sido detenidos y enviados a la cárcel. 
A pesar de nuestras preguntas parlamentarias, la Comisión Europea no ha incluido esta cuestión en su agenda durante la reciente cumbre con Mubarak. 
Parece que las cuestiones relativas a los derechos humanos quedan rezagadas cuando los intereses militares y económicos están en juego. 
Consideramos que no es justo que en estas condiciones se recompense a Egipto por su mal comportamiento y, por ello, hemos votado en contra. 
Informe Fiori (A5-0391/2001) 
Señora Presidenta, he votado en contra del informe Fiori. 
Porque estoy a favor de la investigación científica, pero estoy preocupado. 
¿Por qué estoy preocupado? 
Estoy preocupado porque, al modificar los genes del ser humano, en el futuro no habrá en la naturaleza humana, en la vida del ser humano algo muy importante. 
¿Qué es lo más importante en la vida de los seres humanos? 
El amor, señora Presidenta. 
¿Y si mañana tenemos unos seres humanos incapaces de amar en todas las formas en que se expresa el amor? 
¿Qué vida tendrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? 
Por esto, estoy en contra de cualquier tipo de manipulación genética humana. 
Señor Presidente, el sorprendente resultado de la votación sobre el informe Fiori se puede interpretar de distintas maneras. 
Pero lo cierto es que demuestra que el Parlamento considera que se ha de hacer una profunda reflexión sobre este tema tan delicado. 
Aprovecho la ocasión para reiterar la clara posición de la Liga del Norte- Padania: estamos y siempre estaremos en contra de toda hipótesis de clonación humana. 
Nuestra posición se basa en el convencimiento de que el embrión que se crea es vida humana desde su concepción y que toda manipulación del embrión determina su muerte. 
Existen alternativas de investigación éticamente compartibles, además de válidas, desde el punto de vista científico como la investigación sobre las células estaminales presentes también en el individuo ya nacido. 
Por lo tanto, en esta ocasión pedimos inversiones en investigación y experimentación sobre las células estaminales extraídas de sujetos ya nacidos. 
Señor Presidente, esta Alta Asamblea se ha revelado hoy como no digna del excelente informe de un Comité sobre Genética Humana. 
Conducida por una insana alianza de Socialistas y Liberales una mayoría de esta Asamblea desfiguró un informe, contra el cual casi todos tuvimos que votar al final, para dejar en pie, como faro de la protección europea de la vida, el excelente resultado de la Comisión sobre Genética Humana, es decir, el texto original del informe Fiori. 
Estoy orgulloso de que este comité haya elaborado en apenas un año de trabajo este excelente informe que permanecerá en pie como resultado de una comisión de verdaderos expertos. 
Esta Asamblea debe aprender todavía a manejar dignamente este informe. 
Quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos y quiero hacer un llamamiento a las organizaciones para la protección de la vida humana de la Unión Europea, que al final se están volviendo tan activas como las organizaciones protectoras de animales, a que observen aquí con atención la conducta de voto de los colegas y entren con nosotros en debate para que esta Asamblea permanezca en la línea que se inició con el informe Gergo a comienzos de los años 80, es decir, estar en pro de la vida, en pro de la vida humana, en pro del ser humano. 
Desde su concepción hasta su muerte natural el ser humano merece nuestra total protección, sin ningún relativismo. 
Señor Presidente, en el caso del informe Fiori el Parlamento ha renunciado a sus responsabilidades de Asamblea legislativa, puesto que en su inmensa mayoría ha pretendido asumir responsabilidades de autoridad ética y moral. 
Ésta es la razón, la causa del fracaso de esta Comisión sobre Genética. 
Afortunadamente, nos queda el informe Caudron que al menos nos dice que la Unión Europea sabrá financiar los proyectos que se refieren a las células estaminales de los embriones excedentarios. 
Al menos tendremos la garantía de que la Unión Europea o las indicaciones de la Unión Europea no nos obligarán a tirar a la basura células que podrían salvar y curar a millones de personas. 
Por lo demás, ahora es el turno de las legislaciones nacionales. 
Esperamos que algunos se muestren más sabios que otros y menos obsequiosos con las burocracias clericales que pretenden imponer su moral y su ética a todos los ciudadanos y no sólo a los que siguen esas prácticas religiosas. 
Señor Presidente, me parece una gran lástima y una oportunidad perdida por este Parlamento que no se haya adoptado este informe. 
¿Dónde reside la culpa, señor Presidente? 
En el hecho de que todo lo vinculado con este informe ha sido mal gestionado: en las primeras dos fases teníamos un informe bastante liberal- para mí demasiado liberal- y luego tenemos aquí una votación final muy restrictiva. 
¿Por qué es una lástima que no tengamos un informe? 
Porque ahora dejamos que la industria haga lo que quiera: no hemos acordado nada sobre la modificación absolutamente necesaria de la legislación de patentes que limita a las posibilidades de curación de la gente. 
Tampoco hemos acordado nada sobre las pruebas genéticas: no hemos acordado si se puede pedir algo semejante en los países europeos en el momento de suscribir un seguro. 
Señor Presidente, es una oportunidad perdida, lo hemos gestionado mal y pienso que, con lo que ha sucedido ahora, después de once meses, no nos hemos prestado un servicio a nosotros mismos y tampoco, ciertamente, a los ciudadanos europeos. 
En lo que se refiere al informe del Sr. Fiori y a la resolución que se ha deducido de dicho informe, pero también en gran medida de los trabajos de la Comisión Temporal sobre Genética Humana, no podía más que votar negativamente en razón de las contradicciones importantes incluidas o que se han dejado en la resolución, pero debo decir que esta votación no hace justicia a los trabajos de la Comisión que nuestro colega, el Sr. Goebbels, ha dirigido de forma notable. 
Comparto el sentimiento que acaba de manifestar con mucha justicia nuestra colega, la Sra. Oomen-Ruijten, y debo decir además que el voto global negativo del Parlamento, si bien tranquiliza claramente todas las conciencias, deja intactos los problemas considerables que han llevado a crear la comisión y que por lo demás no han hecho más que incrementarse desde su creación, como han demostrado los acontecimientos del pasado fin de semana. 
Hemos votado en contra de este informe que, ni siquiera enmendado, es aceptable. 
Que incluyera groseros errores científicos no sería lo más grave. 
Está sobre todo lleno, de principio a fin, de un espíritu oscurantista frente a la ciencia y sus aplicaciones. 
¿Algunas investigaciones pueden terminar en derivas? 
Sin duda, sobre todo en una sociedad en la que la aplicación la harán empresas privadas con el objetivo de obtener un beneficio. 
Pero, ¿por qué prohibir a algunas de ellas vinculadas a la investigación genética, por qué privar de financiación pública a algunos investigadores cuyos trabajos- el tiempo lo dirá- pueden ser decisivos para la mejora de la vida de muchos seres humanos? 
Hemos votado las pocas buenas intenciones del texto cuando no se limitaban a ser más que platónicas, principalmente en lo que respecta a la protección de los trabajadores, de los discapacitados, de las personas aquejadas de enfermedades poco comunes. 
Pero rechazamos el conjunto de su planteamiento, de inspiración clerical, reaccionaria y misógina. 
Rechazamos todo lo que va contra el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y a decidir, o no, interrumpir un embarazo. 
En cuanto a las patentes, no sólo estamos en contra absolutamente de cualquier idea de patentar la materia viva, sino que estamos en contra de las patentes igualmente innobles de los productos médicos que alejan de los cuidados sanitarios a millones de seres humanos demasiado pobres para pagar. 
Más en concreto, estamos en contra de cualquier forma de patente de inventos que no pretendan proteger al inventor sino garantizar beneficios de monopolio para los grupos capitalistas que los comercializan. 
No es a la investigación a quien hay que contener, es a la economía basada en el beneficio a lo que hay que poner fin. 
Estando confiados en la capacidad de la humanidad para dominar, algún día, su economía y su vida social liberándose de los obstáculos de la propiedad privada, afirmamos nuestra confianza en los trabajos de los investigadores y en lo que la ciencia podría aportar a una sociedad liberada de la explotación, del reino del capital y del oscurantismo. 
El examen del informe Fiori y de su resolución se ha caracterizado por una confrontación brutal entre promotores de la instrumentalización de la vida y del embrión, y defensores de su humanidad, y por tanto, de su integridad. 
Este debate tumultuoso se ha desarrollado ampliamente sobre un fondo de confusión de valores, que confirma la fragilidad histórica de los fundamentos de nuestra civilización humanista y cristiana frente a los ataques combinados del cientificismo y del materialismo. 
Esta confusión de los valores en Europa y en el seno de los Estados miembros ha prohibido hasta el presente toda posibilidad de definir el estatuto del embrión, y lo lamento. 
Cuando la ciencia nos demuestra que la utilización de las células madre adultas deja sin objeto la de las células embrionarias, la corriente de pensamiento cientificista se obstina en pretender violar el "santuario de la vida" promoviendo la instrumentalización del embrión humano. 
Ésa es la prueba de que los defensores de la humanidad de la vida en todos sus estadios de desarrollo se enfrentan a una verdadera ideología, no sólo deshumanizante, sino envuelta en un falso humanismo y realismo. 
He votado a favor de este informe. 
Deploro enormemente el rechazo, en sesión plenaria, del informe Fiori sobre las "incidencias éticas, jurídicas, económicas y sociales de la genética humana". 
Los problemas vinculados a la genética humana no deben abordarse en términos emocionales y reductores. 
Parece que ha sido, sin embargo, lo que ha guiado a la mayoría de los diputados europeos que se han pronunciado contra este texto equilibrado. 
Esta votación marca una parada sin precedentes en la investigación europea. 
La Unión va a sufrir un retraso considerable con respecto a sus socios internacionales, y a dejar en suspenso muchos interrogantes. 
A la vista de los grandes principios fundamentales y de los valores universales que defendemos, el Parlamento Europeo tenía la posibilidad de excluir totalmente los riesgos de la eugenesia así como la clonación con fines reproductivos, poniendo en marcha sólidas barreras jurídicas para encuadrar lo que es posible y aceptable en la investigación genética. 
Al no posicionarse en este tema de gran actualidad, al Parlamento Europeo le ha faltado valentía. 
Esta situación parece más deplorable en la medida en que sabemos que muchos enfermos esperan el desarrollo de nuevas terapias que representan una oportunidad para muchos de ellos. 
Di mi conformidad a la directiva de 1998 sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que consideré correcta, aunque seguramente es mejorable, como la mayoría de los textos que votamos aquí. 
Sin embargo, es necesaria porque en este punto no podemos permitirnos en la Unión Europea un vacío legal relativo a este tema si queremos seguir siendo competitivos en la investigación internacional, cosa que seguramente no sucederá si no damos ninguna protección a las invenciones en el ámbito biotecnológico ni damos un espacio de maniobra a la investigación. 
Son embargo, este espacio de maniobra no puede conducir a que se desplacen las fronteras éticas. 
Respecto de la esperanza de tratamiento de las personas que hoy padecen una enfermedad incurable hasta ahora, soy de la opinión de que la Iglesia también debe mostrarse abierta cuando se trate de establecer y de aplicar nuevos métodos terapéuticos a personas con enfermedades gravísimas. 
La investigación en células madre existentes y el fomento de la misma (como la fomenta también el Presidente Bush en los EE.UU.) debería estar permitida en la investigación básica en toda Europa. 
Sin embargo, debería otorgarse prioridad a la investigación en células madre adultas y fetales. 
La utilización de células madre para fines terapéuticos figura en vanguardia como nuevo método, potencialmente revolucionario, para el tratamiento de enfermedades y daños corporales. 
El objetivo de esta terapia es el desarrollo de células o de un tejido diferenciados para ser trasplantados a pacientes con enfermedades tales como diabetes, Alzheimer, Parkinson, infarto etc., enfermedades para las cuales no existe hoy ninguna terapia o tratamiento eficaces. 
En todo caso, tengo claro que debe tratarse solamente de líneas de células madre ya existentes que se pueden conservar y multiplicar en cultivos. 
Para mí existe una transgresión de la frontera ética allí donde se críen intencionadamente embriones para la investigación. 
Esto no debe ser. 
. 
(EN) El informe Fiori, incluso en su forma enmendada, constituye una contribución confusa y estéril al debate público sobre la investigación con células madre y otros asuntos que plantean los avances de la investigación médica. 
Las decisiones de esta naturaleza son cuestiones que corresponden claramente a los Estados miembros y el Parlamento Europeo debe respetar la subsidiariedad. 
El Reino Unido, por ejemplo, ha sorteado muy apropiadamente su propio debate sobre la investigación con células madre y ha llegado a la conclusión que un programa de investigación estrictamente regulado puede, eventualmente, redundar en beneficios para aquellos que padecen afecciones muy dolorosas y gravemente incapacitadoras. 
El Reino Unido ha transpuesto con éxito la directiva de patentes, como todos los Estados miembros debían haber hecho, y la distinción entre invenciones y descubrimientos ha sido muy claramente comprendida. 
Por estas razones los diputados del PLPE han votado en contra del informe Fiori. 
El informe Fiori ha marcado un intento histórico en la Unión Europea de imponer la adopción de una posición común en lo que constituye el fundamento de las civilizaciones: la definición de la persona humana y de su dignidad. 
Hemos asistido a un combate virulento entre los defensores de la dignidad integral y no negociable de la persona humana, entre los que me encuentro, y los promotores de una ideología cientificista trufada de materialismo. 
Con el rechazo de 400 votos contra 37 del informe, el Parlamento ha dado por sí mismo la demostración evidente e irrefutable de los límites del parlamentarismo europeo. 
Los diputados han rechazado en conjunto cualquier solución de compromiso, lo que constituye una victoria de la filosofía sobre la lógica política, y me alegro por ello. 
Ésa es la prueba de que el Parlamento Europeo, considerado el "órgano democrático" de la UE, no tiene la legitimidad institucional, ni la capacidad política para imponer una posición común sobre lo que fundamenta la "naturaleza de la persona humana" y su dignidad. 
Con esta votación, el Parlamento Europeo ha probado que sólo los Estados pueden constituir el marco apropiado para tratar estas cuestiones esenciales, en el respeto por la tradición cultural y espiritual que fundamenta nuestra civilización. 
Propugno la prohibición, en el nivel europeo, de la creación de embriones humanos por clonación (para fines terapéuticos y para fines reproductivos). 
Por dos razones: 
1) no podemos dejar de luchar por la aparición de técnicas que entrañen las ventajas de la manipulación con embriones humanos sin tener sus inconvenientes éticos. 
Sería un error que el legislador, por tanto querer dar luz verde a esta técnica, abdicara de su obligación de legislar de una forma enérgica, para muchos años (cosa que en una esfera de tan rápida evolución es aún más necesaria) y señalar, a los científicos y a la industria, que deben optar por la creación de técnicas, algunas de ellas aún poco desarrolladas y muy onerosas (como la manipulación con células adultas) , pero respecto de las cuales existe aún un amplio campo de experimentación, 
2) la creación de embriones mediante la transferencia del núcleo de células facilitaría la clonación para efectos reproductivos (consensualmente considerada aberrante). 
Por lo demás, fue por esa razón por la que el Tribunal Constitucional inglés ha rechazado esta semana la legislación que autorizaba la clonación terapéutica. 
Con todo, esta prohibición debe admitir tres excepciones (fuertemente controladas y reglamentadas): 
se debe permitir la investigación sobre embriones supranumerarios (criados para la fertilización in vitro, pero cuya implantación en los padres genéticos ha dejado de ser posible y por eso se encuentran congelados y condenados a la destrucción); 
se debe permitir la investigación sobre las 64 líneas celulares ya existentes; 
se debe permitir la investigación de células estaminales embrionarias o fetales resultantes de abortos espontáneos o terapéuticos. 
, por escrito. 
(FR) He votado en contra de la resolución de este informe tal como fue enmendado al igual que mis compañeros de la Delegación Socialista Francesa y del Grupo parlamentario de los Socialistas Europeos, ya que he constatado que el Parlamento Europeo no ha conseguido llegar a una posición razonable y consensuada sobre las cuestiones éticas y jurídicas fundamentales de la genética humana, algo que deploro. 
Pienso además que el texto así obtenido es incoherente y en varios puntos contradictorio, por ejemplo, en lo que se refiere a la financiación de la investigación sobre las células madre embrionarias o sobre la utilización de los embriones excedentarios. 
Este voto negativo ilustra la incapacidad del ponente y de la Comisión temporal para conducir este debate, sin duda difícil, a buen puerto. 
La falta de opinión del Parlamento Europeo es tanto más perjudicial en la medida en que se produce en el momento en que algunos Estados miembros habrán de transponer a su legislación nacional la directiva sobre patentabilidad de la materia viva y por tanto de modificar su legislación sobre la materia. 
He querido aportar mi ayuda a la libertad de la investigación, en especial a la investigación genética, sobre las células madre embrionarias excedentarias y aunque este tipo de investigación conlleva algunas incertidumbres y riesgos, sería muy importante disponer de una regulación y una financiación comunitarias para no dejar el monopolio a la empresa privada en este ámbito. 
- (SV) El informe Fiori se ocupa de muchos aspectos interesantes relacionados con la genética humana, entre otros, de los principios éticos que deben regir esta materia. 
Como cristianodemócrata, opino que en la sociedad se necesitan referentes éticos. 
El más fundamental de éstos es el respeto a la dignidad humana. 
Por muy loables que sean los fines, no se justifica que se emplee a seres humanos como medio para alcanzarlos. 
Por eso la clonación no se justifica en ninguna de sus formas, se le denomine terapéutica o reproductiva. 
No cabe hacer semejante distinción, ya que la clonación terapéutica no es otra cosa que una clonación reproductiva en su origen, en que desde el comienzo se ha decidido destruir el embrión, fruto del desplazamiento del núcleo de las células. 
En el embrión está todo lo que se necesita para la vida humana. 
Hasta el nacimiento, e incluso después, somos personas en desarrollo y no otra cosa que llega a ser persona. 
La investigación de células madre embrionarias es éticamente muy discutible y, además, está prohibida en cuatro países miembros (Alemania, Austria, Irlanda y Portugal). 
No es el caso de las células madre adultas. 
Por eso creo que hay que dar prioridad a las investigaciones que se centran en estas últimas, en tanto que las investigaciones sobre células madre embrionales no deberían recibir recursos del programa marco. 
En concordancia con el principio de subsidiariedad, nada impide a los gobiernos nacionales apoyar estas investigaciones. 
Los recursos del programa marco son, a pesar de todo, limitados. 
Nos vemos obligados a hacer una selección. 
Entonces no deberían recibir ayudas las investigaciones que son tan discutibles éticamente y que, además, están prohibidas en las legislaciones de muchos países miembros. 
Por eso, consecuentemente con mi voto al informe Caudron sobre el Sexto Programa marco, he optado por dar mi respaldo al informe tal como estaba antes de su tratamiento en el Pleno. 
Existen desafíos fundamentales para los cuales la noción misma de compromiso ya no tiene pertinencia y que nos ponen ante decisiones radicales. 
Eso ocurre con la genética humana, que pone en juego la dignidad no negociable de lo humano. 
Las líneas de separación que cruzan este Parlamento han aparecido con claridad en el momento de la votación del informe Fiori. 
Hay una línea liberal-libertaria que instrumentaliza la bandera de la libertad de investigación e invoca una llamada necesidad de no dejarse distanciar por Estados Unidos para reclamar la financiación por la Unión Europea de la investigación de las células madre embrionarias y los embriones excedentarios, abriendo así las compuertas a la cosificación y a la mercantilización de la vida humana en sus primeros momentos, en el estadio extremo de su fragilidad embrionaria, en el desarrollo de verdaderas granjas de embriones, en las que se crearían embriones humanos con el único fin de matarlos y cultivar sus células. 
Una línea llamada de compromiso parece especialmente hipócrita y no constituye más que una forma desviada de autorizar la clonación con fines terapéuticos. 
Es la que consiste en aceptar la financiación de la investigación de las líneas celulares obtenidas a partir de células madre embrionarias, lo que supone la destrucción de embriones y autoriza de hecho la clonación con fines terapéuticos, ya que las líneas celulares no tienen el mismo patrimonio genético que el receptor aquejado de una enfermedad incurable. 
La tercera posición, la que nosotros apoyamos, y que ha defendido con convicción y competencia Elizabeth Montfort, consiste en rechazar cualquier excepción al respeto de la dignidad del ser humano, cualquiera que sea su nivel de desarrollo. 
Pedimos el mantenimiento de la prohibición de la clonación y negamos la falsa distinción entre clonación con fines reproductivos y clonación con fines terapéuticos, cuando se trata de un único y mismo proceso. 
Pedimos la prohibición de la investigación de las células madre embrionarias y los embriones excedentarios y pedimos un apoyo basado en las investigaciones sobre las células madre adultas, cuyas aplicaciones terapéuticas son especialmente prometedoras. 
El informe Fiori ha marcado el intento de algunos diputados de reintroducir en el pensamiento político europeo una supuesta jerarquía en la dignidad de las personas. 
A mi juicio, y me sumo a la tradición cultural y espiritual europea, ninguna jerarquía es aceptable en lo que respecta a la dignidad de las personas. 
Ya se trate de enfermos, de discapacitados, al principio o al final de la vida, cualquier persona humana goza de la misma dignidad. 
Me opongo también de forma categórica a cualquier intento de pretenda someter a una parte de la humanidad supuestamente en beneficio de la otra. 
Es dignificante para el hombre buscar su bien en todos los aspectos, y la investigación científica contribuye a ello en tanto en cuanto haya de adaptarse. 
La filosofía y la historia nos enseñan que todo compromiso sobre el respeto por la persona humana lleva inevitablemente a su negación. 
Para terminar, es mediante el coraje político y la clara visión de lo que hace la dignidad y la grandeza de la persona humana como se hace posible permanentemente el mantenimiento de una civilización y de un progreso realmente humanos. 
Con esto se cierran las explicaciones de voto. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se cierra la sesión a las 14.13 horas.) 
Declaro reanudada la sesión del Parlamento Europeo interrumpida el jueves 29 de noviembre de 2001. 
El acta de la sesión del jueves 29 de noviembre ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, mi intervención es en relación con el informe Fiori sobre el que votamos en Bruselas la última vez. 
He de decir que fue una de las peores actuaciones del Parlamento. 
Tuvimos una comisión temporal que se reunió durante diez meses para examinar un tema que se podría haber examinado en el seno de comisiones ya existentes. 
En primer lugar, fue un abuso de la categoría de comisión temporal; el Parlamento tiene mucha suerte de contar con este privilegio, y no creo que debamos abusar de él, sobre todo en la manera en la que se abusó en aquella votación y en el resultado final. 
Como presidente de la Comisión de Presupuestos, me encantaría saber cuál ha sido el coste de esa comisión temporal para obtener un resultado que al final no servía de nada. 
Espero que, si en el futuro se crean comisiones temporales, se ocupen de temas que no estén incluidos en la estructura normal de las comisiones. 
Si en el futuro hacemos investigaciones, intentemos llevarlas a cabo dentro del presupuesto y sin generar gastos suplementarios. 
Señor Wynn, puedo asegurarle que recibirá usted una respuesta muy rápidamente. 
(Se aprueba el acta de la sesión anterior) 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes. 
En relación con las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la reunión de la OMC en Qatar, tengo una petición de dos grupos que desean que tras este debate se proceda a la votación de una resolución: se trata del Grupo del Partido Socialista Europeo y del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
¿Quién desea intervenir para presentar esta petición? 
Señora Presidenta, en las negociaciones extraordinariamente importantes que fueron precedidas de los muchos debates que mantuvimos en esta Asamblea, en este Parlamento, y que llevaron a la resolución que presentamos a la Comisión, en la que luego el Comisario se ha basado todo el tiempo durante la ronda de negociaciones diciendo: "finalmente necesitaré el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo", quizá se nos haya dado más de lo que ya teníamos formalmente. 
Y entonces, ¿cómo podemos decidir mantener un debate sin que se manifieste nuestra opinión? 
Francamente, no me lo puedo imaginar. 
Quisiera hacer un llamamiento, también a los colegas de otros partidos, sea cual sea su opinión sobre este tema, para que este debate se cierre con una toma de posición política. 
La Comisión se lo merece y la dignidad de nuestra Cámara también. 
Teniendo en cuenta la importancia que tienen estas negociaciones, hemos de hacer pleno uso de nuestras competencias para llegar a una postura sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, creo que nadie negará aquí que la Cumbre de Doha era un acontecimiento político importante, no solamente para la Unión Europea sino para el mundo entero. 
Me parece igualmente importante proceder a analizar seriamente los resultados de esta cumbre y las decisiones que en ella se han tomado. 
Antes de correr el riesgo de adoptar una posición superficial, el Parlamento puede limitarse a emitir algunas breves consideraciones. 
Me parece sin embargo que es demasiado pronto para hacer una valoración política seria, aun cuando esto es lo que se espera de un parlamento. 
Pienso que hay que esperar y no votar ninguna resolución esta semana. 
Someto ahora a votación esta petición. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Siguiendo con la jornada del martes, tengo una petición del Sr. Westendorp para aplazar la votación sobre las telecomunicaciones al miércoles. 
Señora Presidenta, en relación con el paquete de telecomunicaciones que vamos a votar- en principio, mañana -, quería pedirle que la votación se aplazara al miércoles. 
Acabamos de tener una reunión con el Consejo y con la Comisión y nos aconsejan que, para que tengan tiempo los distintos grupos de examinar las propuestas de compromiso, se vote un día después. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) Miércoles 
Señora Presidenta, en el proyecto de orden del día del miércoles figura un debate conjunto sobre Oriente Medio a las 15.00 horas. 
A los diputados les podría ser útil que antes del debate, que provocará gran interés, los servicios del Parlamento se plantearan volver a imprimir copias de la alocución conjunta dirigida a esta Asamblea por los respectivos portavoces del Knesset y del Consejo Legislativo Palestino. 
El mensaje que se transmitió en aquella ocasión podría arrojar alguna luz sobre la oscuridad en la que ahora nos encontramos. 
Señor Beazley, creo que usted hace alusión a los discursos que el Presidente Avraham Burg y el presidente Abu Ala pronunciaron ante el Parlamento. 
Estos discursos están a disposición de todos los colegas que deseen consultarlos. 
Me parece que no tenemos necesidad de enviarlos. 
Pueden ser consultados sin dificultad. 
Así las cosas, creo que usted acaba de hacer una sugerencia sumamente interesante. 
Jueves 
En relación con los derechos humanos, tercer punto de los problemas de actualidad, urgentes y de especial importancia, tengo una petición del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea para sustituir el epígrafe, "Sulawesi", por un nuevo epígrafe titulado "Drama de la inmigración en Irlanda". 
Señora Presidenta, en la enumeración de las urgencias relativas a derechos humanos hay una sobre Irian Jaya y otra sobre Sulawesi. 
Ambas islas son parte de un país, que es Indonesia. 
Yo propongo que se junten las dos bajo un epígrafe que sea "Indonesia", y que bajo ese epígrafe se trate de la situación en ambas islas, y así tendríamos espacio para ocuparnos de la trágica situación que se ha producido en Irlanda. 
Estoy de acuerdo, señor Barón Crespo, creo que es una sugerencia muy buena. 
Propone, en efecto, incluir un nuevo epígrafe sin que por ello tenga que desaparecer otro, puesto que se juntan dos epígrafes ya existentes. 
¿Vamos por tanto a votar esta petición de inclusión de un nuevo epígrafe "Drama de la inmigración en Irlanda"? 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
El orden de los trabajos queda así fijado. 
Intervenciones en relación con el procedimiento 
Deseo señalar una cuestión de orden para poner en conocimiento de esta Asamblea la grave descortesía y la falta de respeto demostradas por un miembro de la presidencia belga. 
Me refiero a la Sra. Magda Aelvoet, ministra de Protección del Consumidor, Salud Pública y Medio Ambiente del Parlamento Federal de Bélgica. 
Escribí a la Sra. Aelvoet el 13 de junio de 2001- y la carta la firmaron veinte diputados de esta Asamblea- solicitando reunirme con ella para tratar el tema de la importación fraudulenta de productos de piel de gatos y perros a la UE desde Asia y China. 
No recibimos ninguna respuesta a dicha carta. 
Volví a escribir el 12 de julio de 2001 y no recibí respuesta. 
La Sra. Aelvoet vino a Estrasburgo el 12 de septiembre de 2001 para hablar ante una reunión intergrupo sobre protección de los animales. 
Le planteé el tema: dijo que me había escrito y que había extendido una invitación a los diputados del Parlamento Europeo que habían firmado la carta conmigo para que fuéramos a Bruselas a reunirnos con ella. 
Cuando regresé a Bruselas, no había rastro de esta carta. 
Escribí por tercera vez a la Sra. Aelvoet solicitando la carta y no he recibido respuesta. 
Tres veces he insistido con llamadas telefónicas y nuevamente no he recibido respuesta. 
Creo que esto es una grave descortesía hacia los diputados de la Asamblea que firmamos la carta y también me parece increíble que un ministro de la Presidencia de la UE compareciera ante una reunión intergrupo llena de gente y dijera que me había escrito, cuando sabía perfectamente que era mentira y que no se había enviado carta alguna. 
Espero, por tanto, señora Presidenta, que usted confirme, en nombre de esta Asamblea, que este tipo de comportamiento por parte de un ministro de la Presidencia es una grave descortesía y no se va a tolerar en el futuro. 
Señor Stevenson, con mucho gusto tomamos nota de su protesta. 
Señora Presidenta, al igual que el Sr. Stevenson, deseo plantear una cuestión de orden relativa a una descortesía con esta Asamblea. 
Hace unos meses escribí al Presidente de la Comisión formulando una pregunta escrita formal, tal como tengo derecho a hacer como diputado. 
Recibí una respuesta en la que se me decía lo siguiente: 'la investigación necesaria para ofrecer una respuesta detallada sería absolutamente desproporcionada con respecto a los resultados deseados y excedería los requisitos de una respuesta a una pregunta escrita.' 
Esto es una tremenda descortesía para cualquier diputado que formule una pregunta a un organismo que se supone que está para servir y que es transparente en las respuestas a las peticiones de información. 
Si éste fuera el tipo de respuesta que diera un ministro del Gobierno británico a un miembro de la Cámara de los Comunes, sería merecidamente abucheado. 
Espero algo mejor del Presidente de la Comisión. 
Quiero decir, en nombre de esta Asamblea, que cuando un diputado hace una pregunta perfectamente legítima, espero que esa pregunta sea respondida en toda su extensión. 
No vale con que se nos den justificaciones y algo así como una callada por respuesta. 
Quisiera recordar al Presidente de la Comisión sus promesas de transparencia y apertura en cuanto a la información dada a esta Asamblea. 
Estoy de acuerdo, señor Bradbourn, comparto plenamente esta opinión. 
Señora Presidenta, yo había anunciado que deseaba hacer una declaración, en nombre del Grupo Socialista, en relación con la crisis constitucional abierta en la Unión Europea tras la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la semana pasada. 
La declaración es la siguiente: 
Quiero expresar nuestra preocupación ante la grave situación que se plantea ante la Cumbre de Laeken, porque el Parlamento Europeo con su apoyo al informe de la Sra. Reding- que recuerdo que era del PPE -, así como al informe del Sr. Watson- que es Liberal -, apoyado por el Parlamento de forma masiva, ha definido una línea clara en relación con la lucha antiterrorista. 
Después del 11 de septiembre, el Consejo Europeo, en dos ocasiones, en Bruselas y en Gante, sin que ningún Jefe de Gobierno manifestara reservas, ha sostenido esta misma línea. 
El Parlamento Europeo ha tramitado por la vía de urgencia las dos propuestas de la Comisión con un apoyo absolutamente masivo en el último pleno de Bruselas. 
Hoy es el día en que el Parlamento va a ser consultado nuevamente y nos encontramos con la situación de un Gobierno, el italiano, que se niega a aceptar algo que es claro y evidente para todas las instituciones de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, le ruego que exprese en nombre de mi Grupo, en primer lugar, nuestro apoyo al Presidente del Consejo Europeo, Sr. Verhofstadt, que mañana se va a desplazar a Roma para intentar desbloquear esta situación inaceptable; en segundo lugar, que exprese nuestro apoyo a la Comisión, que ha ejercido su derecho de iniciativa con responsabilidad y con sentido del deber. 
Por último, quiero también que exprese nuestra protesta enérgica como Parlamento ante las inaceptables declaraciones, en lenguaje burdo y tabernario, hechas este fin de semana por un antiguo colega nuestro, hoy Ministro del Gobierno italiano, el Sr. Bossi, que harían palidecer de envidia al Sr. Haider. 
Éste es un tema muy importante, en el que estamos todos unidos. 
Si no podemos seguir adelante entre quince, lo haremos catorce, pero hay que luchar contra el terrorismo en todos los terrenos, y uno de ellos es el de la corrupción y el del reciclado y blanqueo de dinero. 
(Aplausos de la izquierda) 
Desde luego comparto la preocupación que ha manifestado Enrique Barón Crespo por el hecho de que los ministros de Justicia e Interior no hayan alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de orden de detención europea. 
Sin embargo, observo que, además de la visita prevista del Sr. Verhofstadt a Roma, el martes de esta semana habrá una reunión extraordinaria de los ministros de Justicia e Interior. 
Es de esperar que se pueda alcanzar un acuerdo entonces. 
La Asamblea anticipó que no se alcanzaría un acuerdo y aconsejó que por lo menos se considerara la posibilidad de usar el artículo 40 del Tratado, que permitiría a varios países proceder sobre la base de una cooperación reforzada. 
Nadie desea esa solución; hay que esperar que podamos lograr un acuerdo entre los 15, pero no se debe permitir que un país detenga los progresos en la lucha antiterrorista solicitada por los Jefes de Estado y de Gobierno en Gante. 
(Aplausos desde la izquierda y el centro) 
Señora Presidenta, me veo obligado a intervenir, porque el Sr. Barón Crespo no pierde, efectivamente, ocasión de transformar observaciones que incluso podrían tener cierto fundamento en una cruzada que, por cierto, se viene repitiendo desde que en Italia el pueblo eligió con total libertad un nuevo gobierno. 
El Sr. Barón Crespo no quiere entrar en razones: cuanto antes lo haga, mejor para todos. 
También a los diputados que protestan quisiera decirles: así es la democracia, Señorías, cada pueblo elige libre y democráticamente su propio gobierno. 
En términos más específicos, debo señalar la absoluta falsedad de la afirmación del Sr. Barón Crespo. 
Nadie hay más empeñado en la lucha contra el terrorismo que el Gobierno y el pueblo italianos. 
El Gobierno y el pueblo italianos han sufrido en los últimos años la lacra del terrorismo y siempre han estado en primera línea. 
Es inútil confundir las cosas, es inútil pretender que es harina todo lo blanco. 
Estamos debatiendo acerca de una hipotética ampliación de la orden de detención europea y sobre ese aspecto, el de su ampliación a otros delitos no previstos inicialmente, sobre el que se está intentando lograr una configuración- y nosotros confiamos en que se conseguirá- que tenga en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas y los diferentes marcos legislativos propios de cada país a fin de que, al socaire de la emergencia terrorista que sin duda existe, no se adopten posturas que adolezcan de un marco legislativo comunitario poco armónico. 
Por tanto, no hay otro asunto. 
Aquellos que pretendan aprovechar los dramáticos hechos del 11 de septiembre para persistir en esa desatinada campaña contra un gobierno elegido legítimamente no encontrarán el menor consenso. 
Por último, espero que el Sr. Barón Crespo sepa emplear su fogosidad para causas más fundadas y deje de usar como pretexto los asuntos que nos ocupan. 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Presidenta, estimados colegas, nuestro colega, el Sr. Barón Crespo, ha hecho un comentario que da pie para una discusión. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo quiero manifestar nuestra esperanza de que el Gobierno italiano, en el que tenemos la máxima confianza, contribuya a que al final podamos llegar a un acuerdo. 
La lucha contra el terrorismo tiene prioridad para nosotros y en este tema no debe haber ninguna diferencia entre las familias de los partidos políticos. 
Sin embargo, señor Barón Crespo, creo también que este tema no es apropiado para una controversia entre partidos políticos y sabemos también- por favor escúcheme, intento ser muy concreto- que no hay ningún resultado en el tema del estatuto de los partidos. 
Usted sabe también que en esencia no han sido mis compañeros de partido quienes han contribuido a este fracaso: le ruego que exprese también ante su propio partido la crítica que manifiesta en otros casos, cuando no llegamos a resultados, como ahora en el tema del estatuto de los partidos. 
Su credibilidad sería mayor si usted midiera con las mismas medidas en todos las partes del espectro político. 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Presidenta, mi Grupo ha votado, en su gran mayoría, en contra del informe Watson sobre la orden de detención europea No obstante, nuestros motivos eran muy distintos a los del Sr. Berlusconi y doy esta explicación del voto para evitar que nos metan en el mismo saco. 
En principio, el Grupo de los Verdes es partidario de la orden de detención europea, pero sólo cuando se hayan desarrollado unas normas mínimas en materia de derecho procesal penal, como por ejemplo en relación con la asistencia jurídica o con los métodos de detención. 
La filosofía de una orden de detención europea es que todos los sistemas jurídicos son más o menos parecidos y que no importa realmente en qué país se procese al inculpado. 
Sin embargo, en estos momentos la situación no es así. 
Si estos sistemas fueran realmente tan parecidos, no sería tan difícil llegar a esas normas mínimas. 
Efectivamente, sé que todo el mundo a la larga es partidario de estas normas mínimas pero nuestro Grupo las ha puesto como condición para adoptar la orden de detención europea. 
Por lo tanto, por principio es una postura radicalmente distinta a la que mantiene el Sr. Berlusconi y no queremos que se confunda. 
Tampoco debe de ser confundida con una especie de sentimiento anti-europeo. 
Estaremos a favor de la orden de detención europea pero sólo cuando se haya cumplido esta condición. 
Señora Presidenta, nuestro colega, el Sr. Poettering, con ocasión de la orden de detención europea de acaba de mencionar el estatuto de los partidos europeo. 
La relación sólo puede ser el hecho de que queremos ambas cosas. 
No he entendido del todo su reproche a nuestro Grupo. 
En cualquier caso, usted ha hablado como si nuestro Grupo fuera culpable de que esto no haya resultado ahora. 
Sin embargo, según mis informaciones las cosas estaban de otra manera. 
Esto no puede ser verdad, el estatuto europeo no puede ser una financiación encubierta de partidos regionales o nacionales. 
Solamente quería dejar esto claro para que no se produzca aquí ninguna falsa impresión o un debate equivocado. 
Señora Presidenta, quisiera hablar de otro asunto, para cambiar un poco el ambiente. 
Hoy es el día mundial de los derechos humanos y quisiera expresar mi dolor y mi repulsa por la trágica muerte por asfixia de ocho inmigrantes, entre ellos tres niños, dentro de un contenedor en el sur de Irlanda. 
Ocho inmigrantes muertos, víctimas no tanto de los traficantes, como se apresuraron a declarar las autoridades, cuanto de la insensibilidad europea y de un sistema mundial que permite y estimula la libre circulación de los capitales, pero no la libre circulación de las personas, de un sistema que condena a las dos terceras partes de los seres humanos del planeta a vivir en increíbles condiciones de pobreza. 
El Parlamento Europeo no puede permanecer indiferente ante la tragedia de los inmigrantes; y, además, no podemos sentirnos seguros en una Europa convertida en fortaleza, con tanto sufrimiento humano a nuestro alrededor y con semejantes diferencias de progreso y desarrollo. 
Considero muy positivo el hecho de que debatamos el asunto de los refugiados y los inmigrantes el jueves entre los problemas de urgencia, pero quisiera pedirle, señora Presidenta, que transmitiera estos puntos de vista al Consejo de Laeken. 
Deseo hablar también del descubrimiento de ocho cadáveres en un contenedor de muebles en el Condado de Wexford durante el fin de semana. 
Entre los fallecidos había un niño de cuatro años, una muchacha de diez años y un chico de dieciséis. 
También se encontraron tres adultos- dos hombres y una mujer- y cinco supervivientes. 
Al parecer, hasta donde sabemos, unas once de esas personas procedían de Turquía, una de Albania y una de Argelia. 
Me parece bastante atroz que en Europa se den situaciones en las que la gente esté tan desesperada que tenga que ponerse en manos de delincuentes para intentar encontrar una nueva vida en Europa. 
Hemos hecho cosas serias con respecto al trato a los delincuentes por un lado y nuestro enfoque de la inmigración por otro. 
No podemos seguir permitiendo una situación en la que la gente se encuentre tan desesperada que esté dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso a ponerse a sí misma y a sus hijos en peligro con tal de encontrar una nueva vida. 
Voy a pedir a aquellos que apoyan en esta Asamblea al Sr. Berlusconi en su oposición a la orden de detención europea que se pregunten por qué apoyan una situación en la que los delincuentes que metieron a esta gente en el contenedor van a escapar a la justicia que debe recaer sobre ellos. 
¿Podría preguntar también, señora Presidenta... ? 
(La Presidenta interrumpe al orador.) 
Señora Presidenta, voy a hacerle una propuesta muy simple dentro de la lógica del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Puesto que ocho personas acaban de perder la vida en circunstancias dramáticas y, a menudo, usted, señora Presidenta, nos ha invitado a expresar nuestro respeto por las víctimas de la violencia guardando un minuto de silencio, sería bastante normal que mañana por la mañana, al inicio de la sesión, guardáramos un minuto de silencio por estas ocho personas que acaban de morir, víctimas de traficantes innobles. 
Señora Presidenta, espero que el nuevo presidente trate a todos los diputados por igual. 
Vengo señalando desde hace ya bastante rato- desde mucho antes que muchos que ya han hablado- que deseo plantear una cuestión de orden. 
Quiero comentar dos cosas. 
La primera es en relación con el ataque del Sr. Stevenson a una ministra belga que no está aquí para defenderse. 
Un ataque personal y virulento como ese está injustificado cuando la persona no está presente. 
En segundo lugar, en relación con lo que ha sucedido en Irlanda esta semana, lo correcto es que tengamos un debate al respecto. 
La gente se está centrando en el aspecto equivocado. 
Está bastante claro que la mentalidad de fortaleza de Europa es lo que está provocando que la gente arriesgue sus vidas, confiando en personas que intentan sacar un beneficio. 
Tenemos que abrir las fronteras en lugar de fomentar este tipo de mentalidad de fortaleza. 
Es la única manera de garantizar que la gente no pierda su vida de una manera tan trágica. 
Dover y Wexford son sólo dos ejemplos de lo que está por venir. 
Por último, me decepciona mucho que algunos de mis colegas irlandeses de esta Asamblea no creyeran que podían apoyar que este tema se debatiera en el Parlamento. 
Es una tragedia, teniendo en cuenta que sucedió en su propia circunscripción. 
Señora Presidenta, intervengo para apoyar los comentarios del Sr. de Rossa y de la Sra. McKenna con respecto a la horrenda situación y tragedia de Wexford, Irlanda. 
El Gobierno irlandés ya ha mostrado sus condolencias y adoptará las medidas oportunas. 
También la apoyo a usted, señora Presidenta, en su decisión de abrir un hueco en el orden del día del martes para tener un debate sobre esta tragedia. 
Estoy de acuerdo, señor Fitzsimons. 
Como usted sabe, el Parlamento acaba de decidir la inclusión de este asunto dentro del debate sobre problemas de actualidad, el jueves. 
Señora Presidenta, en el último periodo parcial de sesiones de Bruselas dijo usted muy amablemente que escribiría a las autoridades griegas acerca de los doce británicos y dos holandeses aficionados a la observación de aviones que fueron detenidos. 
Me pregunto si ha recibido usted respuesta a esa carta. 
El habitante de mi circunscripción Wayne Groves sigue en prisión después de casi cinco semanas, sin acusación y sin ser juzgado. 
Creo que esto va en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
También quisiera saber si hay algo más que usted pudiera hacer por ellos y si ha recibido respuesta. 
Sí, señora Lynne, he obtenido respuesta de Georges Papandreu, Ministro de Asuntos Exteriores, que naturalmente le voy a comunicar a usted lo más rápidamente posible así como a los demás colegas, dado que esta respuesta es totalmente pública. 
Como podrá comprobar, lamentablemente no nos satisface plenamente por lo que se refiere a las personas detenidas. 
Señora Presidenta, estoy a favor de la cuestión de orden de la Sra. Lynne, pero le rogaría que volviera a ponerse en contacto con las autoridades griegas. Asimismo, quiero hacer un llamamiento a mis colegas griegos para que se procure que estos "spotters", que debido a su afición a observar los movimientos aeronáuticos ya llevan casi cinco semanas en una cárcel griega, puedan comparecer antes del próximo viernes. 
Señora Presidenta, quisiera respaldar lo que ha dicho la Sra. Lynne. 
Hoy es el Día de los Derechos Humanos y sigue habiendo doce ciudadanos europeos en prisión en Grecia sin ser juzgados. 
Algunos diputados de enfrente han estado planteando el tema de la orden de detención europea- este incidente muestra precisamente por qué a los diputados de este lado del Hemiciclo nos preocupa la orden de detención europea. 
Unos ciudadanos británicos dedicados a la inofensiva actividad de observar aviones se encuentran en prisión en Grecia sin juicio. 
Estoy deseando ver la respuesta que ha recibido usted, y que usted misma ha definido como insatisfactoria, y espero que responda en términos muy enérgicos al Gobierno griego. 
No se les debe consentir que tengan a ciudadanos europeos en prisión sin juicio. 
Señor Perry, lamentablemente, la respuesta no es satisfactoria, como acabo de decirles. 
" He expresado públicamente el interés que el Ministerio de Asuntos Exteriores presta a este asunto. 
No obstante, como podrá comprender perfectamente, es inconcebible que el poder ejecutivo intervenga en la forma que sea en la labor y la independencia del poder judicial. " 
Esto es lo que me responde el Sr. Papandreu. 
Lógicamente, voy a ver cuál es el curso que puedo dar a este asunto. 
Pero, lamentablemente, por el momento es una respuesta negativa. 
Señora Presidenta, quisiera comentar las posiciones de sus colegas en relación con la detención de ciertos ciudadanos británicos en Grecia, y, en primer lugar, asegurarles que nosotros los diputados no tenemos- y no podía ser de otro modo- posibilidad alguna de influir en la- independiente- justicia griega, de la misma manera que- supongo- ustedes no pueden influir a la justicia en su país. 
Segundo, deben saber, como ya dijimos en Bruselas durante el debate anterior, que los hechos por los que esas personas han sido detenidas, al menos por lo que se deduce de lo publicado en la prensa, son hechos por los que habrían sido detenidas en cualquiera de los quince países miembros de la Unión Europea. 
Por consiguiente, bueno será respetar las instituciones en las que descansa el funcionamiento común de los quince países, respetar la independencia de la justicia, y respetar la legislación vigente en cada uno de los quince países. 
Y que queden claras un par de cosas: aquí hay quince países, con representantes de muchos partidos y tendencias, todos con la misma consideración y con los mismos derechos, y nadie tiene derecho a reconvenir a otros países, como si tratara de países que no pertenecen a Europa. 
Quiero darle las gracias, señora Presidenta, por escribir una carta a las autoridades griegas acerca de los observadores de aviones, y por lo que ha dicho hoy. 
Es especialmente importante que lo haga en nombre de todo el Parlamento Europeo y dado que usted representa a un Estado miembro que no pertenece a ninguno de las dos partes. 
Dijo usted que reflexionaría sobre qué otras medidas adoptar. 
¿Le puedo preguntar cuándo informará al pleno al respecto? 
Quiero también dar las gracias al Sr. Souladakis por sus palabras. 
Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de que se respeten los derechos humanos y en la necesidad de cooperación entre nuestros dos Estados en la Unión Europea, así como en que se respete la independencia del poder judicial. 
Quizás pueda a través de usted, señora Presidenta, apelar a todos los diputados griegos de esta Asamblea para ver si pudiéramos redactar algún tipo de declaración conjunta en apoyo de esos principios, lo cual podría promover el entendimiento y facilitar una más rápida resolución de este tema para las doce personas implicadas. 
Señora Presidenta, como usted bien sabe, la situación que en España provoca el terrorismo de ETA es terrible, y aprovecho esta oportunidad para darle las gracias por su labor durante su presidencia. 
Reitero mi más absoluto rechazo contra ETA y contra todos aquellos que la apoyan o justifican. 
Señora Presidenta, tanto mi partido como yo mismo hemos sido injuriados gravemente en algunos medios de comunicación españoles, ya que por enfermedad no pude estar presente en el pasado Pleno de Bruselas, donde se debatió y votó el informe del Sr. Watson, que suscribí en su totalidad mediante varias notas de prensa, enviadas a todos los medios de comunicación españoles 24 horas antes del debate y de la votación, y que fueron sistemáticamente silenciadas. 
Por todo esto, señora Presidenta, le pido su amparo ante la situación de indefensión a la que me he visto sometido. 
Y para ello le ruego formalmente que, ya que mi posición y la de mi partido fueron claras, públicas, y previas a la votación, figure mi voto como positivo al informe del Sr. Watson, así como a las enmiendas 117 y 118, pues así habría votado de haber estado presente. 
Asimismo le digo que asumir ese voto mío no variará significativamente el resultado final de esa votación. 
Por último, doy las gracias públicamente a la Agencia Efe, que fue la única que se hizo eco y reflejó en sus comunicados la verdad. 
Siempre estaremos al lado de la defensa de la vida, de los derechos más fundamentales y en contra de los asesinos y de todos aquellos que los justifican o apoyan. 
Señora Presidenta, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Por coincidencia, en el orden del día de esta semana figura un debate conjunto sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, que exige una intervención directa del Parlamento en el tema de los derechos humanos. 
A principios de este año, denuncié en esta Asamblea el perdón de quince torturadores por parte del Gobierno español, ya que significa que la tortura sigue siendo una práctica frecuente de la policía española. 
Tres meses más tarde, una joven, Iratxe Sorzabal, 
(El orador levanta una pancarta) 
fue sexualmente humillada y sometida a sesiones de tortura durante horas desde el momento de su detención. 
Estas fotos se tomaron en el hospital y muestran las marcas... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Señora Presidenta, el miércoles vamos a debatir un epígrafe titulado "Cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos" en el ámbito de la lucha antiterrorista. 
Ahora bien, hemos sabido, por Internet principalmente, que este debate va a tener lugar después del intercambio de correspondencia entre un representante del Sr. Bush, el Sr. Forster, me parece, y del Sr. Prodi. 
Carta que el Parlamento no tiene, pero que se puede leer en Internet, y en la que el Gobierno de los Estados Unidos solicita una cuarentena de medidas a Europa en el marco de la cooperación en la lucha antiterrorista. 
Parece ser también, pero solo se trata de "parece ser", puesto que no tenemos ningún documento, que el Sr. Prodi ha respondido al Gobierno de los Estados Unidos mediante carta enviada a finales del mes de noviembre. 
Creo que para que este debate un tanto precipitado pueda celebrarse en las mejores condiciones- ahora bien, este debate está previsto para el miércoles- sería interesante que el Parlamento pudiera tener en su poder la carta que el Gobierno de los Estados Unidos ha enviado al Sr. Prodi, y la respuesta del Sr. Prodi. 
Esta es la petición que yo le hago. 
Perfectamente, señor Krivine, vamos a comprobar todo esto a la mayor brevedad. 
Señora Presidenta, esta cuestión podría revestir algún interés para la Asamblea. 
Sus Señorías quizá recuerden haber votado en el miniperiodo parcial de sesiones el informe Foster sobre las normas comunes para la seguridad de la aviación civil. 
Dicho informe se tuvo que presentar muy deprisa a causa de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Después estuvimos a la espera de la respuesta del Consejo de Transportes que se reunía el pasado viernes, y todos esperábamos que se alcanzara una posición común. 
Quisiera informar a la Asamblea de que el Consejo de Transporte y los Estados miembros no alcanzaron una posición común, pese a los llamamientos urgentes de todas partes sobre la necesidad imperiosa de tales medidas y pese a que este Parlamento había hecho malabarismos para hacer todo lo que estuviera en su mano en un brevísimo periodo de tiempo. 
El comportamiento de los Estados miembros y del Consejo en todo este tema ha sido pésimo. 
Ésta es probablemente una de las medidas más importantes que se han presentado desde el 11 de septiembre y habría afectado a treinta y ocho países europeos. 
Mantendré informada a la Asamblea de los avances, pero quisiera que usted, señora Presidenta, hiciera llegar nuestros comentarios a la Presidencia. 
Quiero llamar su atención, señora Presidenta, así como la de nuestro Parlamento, sobre el comportamiento inaceptable y discriminatorio adoptado por las autoridades albanesas frente a la minoría helénica, principalmente en la ciudad de Chimara, donde fuerzas especiales de la policía han derribado, la semana pasada, inmuebles pertenecientes a miembros de la minoría- los cuales, incluso mujeres y niños, han sido maltratados físicamente-. 
Se trata entre otros de la sede administrativa de la minoría, de la escuela minoritaria y de varios comercios, etc., que, con el pretexto de que habían sido construidos arbitrariamente, han sido destruidos por bulldozers por orden del alcalde de la ciudad, cuya elección, hay que subrayarlo, no ha sido reconocida como legítima por los observadores del Consejo de Europa. 
Creo, señora Presidenta, que el Parlamento debería tomar nota de estos actos sumamente lamentables con vistas a la preparación de las futuras negociaciones para un acuerdo de estabilización y de asociación entre la Unión Europea y Albania. 
Le doy las gracias. 
¿Somos unos gandules dedicados, de la mañana a la noche, a divertirnos y enriquecernos? 
Yo creo que no. 
Y, sin embargo, es esto lo que se lee en un libro del periodista italiano Mario Giordano titulado "La Unión hace la estafa" ("L ' Unione fa la truffa"). 
¡El título habla por sí solo! 
Ese periodista es, por desgracia, director de una importante cadena de televisión italiana. 
El libro, que encontré en una librería de Roma- donde me encontraba visitando, como de costumbre, a mi madre y mi hermana -, me puso los pelos de punta, al ver que nos califica a todos nosotros, diputados, de holgazanes exclusivamente dedicados a planificar fraudes y estafas. 
¿Sería usted tan amable, señora Presidenta, de examinar este libro y promover una acción legal por calumnia contra Mario Giordano, que, por mucho que me pese, es, por desgracia, italiano? 
Le agradezco, señor Fatuzzo, esta información y puedo asegurarle que vamos a examinar detenidamente este libro y a ver qué es lo que podemos hacer para restablecer nuestra reputación. 
Señora Presidenta, quiero traer a esta sala la rotunda protesta y la indignación del campesinado griego, que se encuentra de nuevo masiva y decididamente movilizado en contra de la antiagraria política de la Unión Europea, que los expulsa de sus tierras y los arruina, que lleva la desolación a nuestros campos. 
Nuestros campesinos luchan contra la política de cuotas que pone límites a cultivos con perspectiva, incluso en el caso de productos de los que la Unión Europea y Grecia son excepcionalmente deficitarias, como son el aceite, el tabaco, el algodón; sobre el algodón, precisamente, el Consejo ha ignorado la resolución del Parlamento Europeo que solicitaba un aumento de la cuota del orden del 50%. 
Nuestros campesinos luchan contra su explotación por el capital del sector transformador, que les arrebata su producción a precios de risa. 
Cientos de miles han abandonado ya las labores agrícolas para engrosar las filas del paro. 
Piden el abandono de las cuotas, al menos para los productos de los que Europa es deficitaria. 
Protestan por la política seguida hasta hoy. 
Piden obras de infraestructura; de riego, por ejemplo. 
Piden precios de productor que cubran la producción y dejen un beneficio. 
Señora Presidenta, en su justa lucha por la supervivencia estamos a su lado con todas nuestras fuerzas, por mucho que su lucha sea tildada de terrorista, de acuerdo con la definición de terrorismo acordada recientemente por los ministros de Justicia de la Unión Europea, y que nos tememos que será aprobada por el Consejo de Laeken. 
Señora Presidenta, esta semana hace diez años que nuestra ganadora del premio Sajarov, Aung San Suu Kyi, recibió el premio Nobel de la Paz. 
Este sábado, todos los galardonados vivos acudirán a Oslo para conmemorar los 100 años del premio Nobel de la Paz; ella no estará allí. 
Se encuentra bajo arresto domiciliario desde septiembre de 2000 y no se le permite desplazarse libremente desde hace trece años. 
¿Sería usted tan amable, señora Presidenta, de enviarle un mensaje de apoyo de este Parlamento y de instar a la Fundación Nobel noruega a que exprese su profunda preocupación por el hecho de que no pueda estar presente el sábado en Oslo? 
¿Podría también solicitar a la Fundación Nobel que inste a la junta militar de Rangún, Birmania, a que conceda la libertad a Aung San Suu Kyi sin demora? 
Señora Kinnock, estoy naturalmente totalmente dispuesta a hacer esta gestión, pero pienso que tendrá todavía más fuerza cuando el debate que figura en el orden del día bajo el epígrafe "Derechos humanos" se haya celebrado, es decir el jueves. 
En ese momento, podré transmitir la posición que claramente haya sido adoptada por el Parlamento Europeo. 
Quisiera anunciarles que, a petición de varios grupos, mañana procederemos a una breve pero sin embargo intensa conmemoración del 11 de septiembre. 
Tendrá lugar en sesión plenaria, justamente antes de la alocución del Presidente surcoreano, es decir hacia las 11.50 horas. 
Autoridad Alimentaria Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0416/2001) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de la posición común del Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (1088/1/2001- C5-0414/2001- 2000/0286 (COD) ) (Ponente: Sr. Whitehead). 
. (EN) Señora Presidenta, el debate de hoy es la culminación de un largo proceso que comenzó en los días de la epidemia de EEB. 
En cierto sentido es una propuesta que procede tanto de esta Asamblea como de otras instituciones de la Unión Europea, ya que nuestras dos comisiones temporales de investigación concluyeron con la recomendación de que debía haber un organismo de este tipo. 
Una Comisión cayó, otra entró en funciones aceptando que debía surgir algo así y es la propuesta del Presidente Prodi, impulsada por el Comisario, la que hoy examinamos. 
Se trata, por lo tanto, de la labor de muchas manos y si el debate de hoy se considera tranquilo y, espero, racional, es por cómo los tres lados del triángulo de fuerzas han intentado llegar a una conclusión concertada a tiempo para este debate en segunda lectura, para así acelerar la introducción del nuevo organismo en sí. 
Si podemos evitar la etapa de conciliación, lo haremos. 
Quizás siga habiendo algunas reservas a las que me referiré dentro de un momento, pero hemos llegado a un punto en el que creo que hay consenso en la Asamblea. 
Sin duda contamos con una mayoría en ella y quisiera dar las gracias a los ponentes y a los ponentes en la sombra de los otros Grupos políticos, en particular al Sr. Bowis, a la Sra. Paulsen y al Sr. Staes por el trabajo que han realizado ya desde el Libro Blanco inicial. 
También quisiera dar las gracias a mi propia investigadora, Michelle Smythe, y a todos los que en la Comisión y en el Consejo, tanto bajo la Presidencia sueca como bajo la Presidencia belga, han sacado esto adelante. 
Puesto que la Sra. Aelvoet se ha llevado hoy una pequeña reprimenda, elogiaré también su contribución. 
Ahora hemos acordado un calendario para que el nuevo organismo quede establecido y en funcionamiento. 
Para ello hay una serie de compromisos específicos: dieciséis nuevas enmiendas que cuentan ampliamente con la aprobación de la Comisión- espero que el Sr. Byrne pueda decirlo- y del Consejo. 
En primer lugar, tuvimos que adoptar un procedimiento poco habitual para un punto que sigue suscitando dudas, esto es, la sede del nuevo organismo. 
Queríamos definir unos criterios para la misma, pues pensamos que debíamos hacerlo. 
Sin embargo, el Consejo no estuvo dispuesto a aceptarlos en el corpus del texto. 
Pero no por ello se tiene que desechar todo el informe: lo hemos puesto en la resolución legislativa y esperamos que usted, señora Presidenta, pueda exponer exactamente cuál es nuestro razonamiento. 
La decisión se deberá tomar teniendo en cuenta los méritos, y no mediante el tipo de mercadeo político sobre el que actualmente se rumorea. 
Sería el peor de los comienzos que este organismo tuviera su sede en un lugar inapropiado por la peor de las razones. 
Presentamos las enmiendas de compromiso para sacar adelante las principales prioridades en las que ha insistido siempre este Parlamento: en primer lugar, una audiencia parlamentaria para el director ejecutivo propuesto del nuevo organismo y un periodo de tres meses para que el Parlamento exprese su opinión sobre los candidatos a una pequeña junta directiva muy especializada. 
Ésa es la junta que se reunirá en público y que hará igualmente públicas sus opiniones, de modo que los ciudadanos europeos puedan conocer sus recomendaciones. 
Contribuirá al análisis, la comunicación y la gestión de riesgos, cuando su consejo sea oportuno. 
Además, esta legislación ofrece protección a los que desean informar sobre prácticas no seguras relativas a la alimentación humana o animal. 
Los ciudadanos tienen el deber de decir la verdad y creo que lo hemos garantizado. 
Si se aprueban las dieciséis enmiendas de compromiso, y las otras ya acordadas con la Presidencia, podemos proceder a la creación de la nueva AESA. 
El problema de la EEB, por ejemplo, aún sigue entre nosotros: esta semana se han notificado casos en dos Estados miembros que antes no tenían. 
Todo el mundo sabe que la alimentación humana y la alimentación animal deben ser más seguras. 
Los procedimientos por los que tales productos entran a la Unión Europea y salen de ella han de ser abiertos, transparentes y, sobre todo, seguros. 
Algunas prácticas de la ganadería industrial nos han puesto en riesgo a todos nosotros. 
Tanto los productores como los consumidores no pueden sino salir beneficiados de un organismo de vigilancia que proteja los intereses de todos y no esté comprometido con nadie. 
Esta es la base sobre la que recomiendo esta propuesta a la Asamblea. 
Ya hemos recorrido mucho camino desde que la Comisión publicó su primer Libro Blanco. 
En esa época tuve el privilegio de escribir el informe para el Parlamento con mi amigo del otro lado del Hemiciclo- el Sr. Whitehead- actuando como sombra. 
Ahora actúo en reciprocidad como sombra para este informe. 
Mi partido no vale mucho para la armonización, pero sí somos un partido para la armonía y eso es lo que hemos visto en este informe y en la forma en la que se ha tratado. 
También yo deseo rendir homenaje al ponente y a los ponentes en la sombra, así como al Comisario, Sr. David Byrne, y- me atrevo a decirlo a la luz de los anteriores comentarios- a Magda Aelvoet, la ministra. 
Espero que la Sra. McKenna no se ofenda si la elogio en su ausencia, ya que ella también ha contribuido a buscar y ayudarnos a encontrar compromisos que tengan sentido, que no traicionen a nadie y que promuevan el concepto de seguridad alimentaria para los pueblos de Europa. 
Este es un tema de considerable importancia para las personas. 
No hay nada más importante que la seguridad de los alimentos y las bebidas que consumen ellas y sus familias. 
Hay una dimensión europea en todo esto porque, cada vez más, no sólo los alimentos cruzan las fronteras, sino también la gente. 
Por lo tanto, necesitamos estar seguros de que la comida que consumimos ha crecido en un suelo en el que podemos confiar y de que se sabe que los fertilizantes que se le han añadido son seguros para la salud. 
Los piensos que se dan al ganado también contribuyen a garantizar que la comida que termina en nuestros supermercados y en nuestras mesas merece nuestra confianza. 
Después, queremos estar seguros de que el procesado de los alimentos es seguro y, finalmente, queremos estarlo de que, cuando se almacena y se vende al por menor, siguen siendo seguros para que los llevemos a casa. 
Después, por supuesto, depende de nosotros. 
En este informe hay muchos temas críticos- el título de la autoridad de seguridad alimentaria ha sido crucial para nosotros. 
No queremos un organismo que haga de todo; queremos un organismo que se centre en la seguridad, en la evaluación de los riesgos, en orientar oportunamente a los gestores de riesgos. 
Un organismo que entienda que el riesgo nunca se puede eliminar pero que se puede detectar y tratar debidamente. 
La ciencia es crucial, y también lo es la independencia; por ello es importante dónde se sitúe la sede de este organismo. 
El proceso de preconciliación- si puedo llamarlo así- que hemos seguido es un ejemplo de cómo adoptar medidas mediante el Parlamento y las instituciones. 
En esta última fase el Parlamento ha intervenido abrumadoramente con una sola voz. 
Sé que la Comisión y el Consejo han escuchado y creo que se han beneficiado, porque estamos trabajando juntos en este tema. 
Señora Presidenta, estimados colegas, distinguido señor Comisario, al hablar hoy sobre la Autoridad Alimentaria Europea deberíamos decirnos, ante todo, una cosa, y también a las ciudadanas y a los ciudadanos de la Unión Europea: estamos convencidos de que también hoy, sin esta autoridad de seguridad alimentaria, los alimentos que consumen los ciudadanos en la Unión Europea son seguros. 
Tan seguros que yo estoy convencida de que se cuentan entre los más seguros del mundo. 
Pero si, no obstante, creemos que una autoridad de seguridad alimentaria significa una ventaja y una mejora en la Unión Europea, entonces esto debe tener una razón. 
Quiero enumerar tres condiciones que, en mi opinión, han de ser satisfechas para lograr semejante mejora. 
El Sr. Wobis y el Sr. Whitehead se han referido ya a las mismas. 
En primer lugar, la calidad de los expertos. 
No puede ser que los Estados miembros envíen como expertos y científicos a esta autoridad a aquellos de quienes quieren librarse. 
Señor Comisario, es tarea suya invitar a los Estados miembros a que envíen solamente a los mejores de entre los mejores. 
En segundo lugar; para lograr una mejora es necesario que haya transparencia y apertura. 
La Autoridad debe asegurar, más aún que los comités científicos que desde la crisis de la EEB tienen un alto grado de transparencia, que la confianza de la población descanse justificadamente en ella. 
Esto significa que debe ser abierta y transparente en lo que ella haga. 
Como última condición, estimados colegas, señor Byrne, es necesario el control. 
Es también tarea suya, tarea de la Comisión, transmitir a los Estados miembros que la vigilancia y el control son las tareas más propias de los países miembros, que ustedes en los últimos años han descuidado desde el aspecto penal. 
Si queremos seguir garantizando alimentos seguros, si queremos quizá garantizar una mayor seguridad, si queremos recobrar la confianza de la población, hemos de actuar sólo bajo estas condiciones y con un control más estricto. 
Entonces la Autoridad Alimentaria Europea significará un avance para la Unión Europea. 
Le ruego, señor Comisario, que vele por que esto sea así. 
Señora Presidenta, estimados colegas, estimado Comisario, me parece casi increíble que hayamos conseguido una legislación tan buena. 
Si bien es cierto que dos años es un largo tiempo, pensé que tardaría aún más. 
Es muy importante que hablemos de la seguridad y que seamos capaces de ponernos de acuerdo en esta materia. 
Esto es algo que podemos medir. 
Lo más importante de esta nueva legislación es la apertura y la transparencia. 
Digamos lo que digamos y hagamos lo que hagamos, se producirán nuevas crisis. 
Habrá nuevos escándalos. 
Se presentarán nuevos resultados de estudios científicos, en cualquier sentido, que atemorizarán a la población, justa o injustamente. 
La única manera de afrontar esto es con absoluta apertura y transparencia. 
A la gente no se le calma solamente con la publicación de decisiones. 
Ahora se informará inmediatamente a todos los interesados, esto es, a las organizaciones de consumidores, a las organizaciones medioambientales y a los medios de información. 
No se trata sólo de informar sobre las opiniones de la mayoría de la comunidad científica, sino que también de lo que digan las minorías. 
Así nadie podrá decir que la Unión esconde algo a sus ciudadanos. 
Para terminar quisiera decir que todo esto me parece muy bien, pero me pregunto cómo haremos para controlar su cumplimiento. 
¿Dónde está el sistema de sanciones para los países miembros y las empresas que no cumplan con las normas de seguridad? 
Éste es un paso, el primero y de gran tamaño. 
Sin embargo, nunca olvidemos que esto habrá que materializarlo para que no se reduzca sólo a palabras en un documento. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, señor ponente, me parece que el reglamento que se ha presentado ahora es realmente revolucionario. 
Efectivamente, creo que las crisis pueden tener un efecto purificador. 
También en el sector alimentario vemos que las crisis tienen como consecuencia que se progrese en el ámbito legislativo. 
En efecto, el reglamento aquí presentado constituye un paso en la buena dirección. 
Quisiera resaltar unos temas que eran sobre todo importantes para mi Grupo y que hemos conseguido que se incluyeran. 
En primer lugar, este reglamento impedirá que los alimentos contaminados puedan ser exportados a terceros países, que eran muchas veces países del Tercer Mundo. 
En segundo lugar, se subraya la diversidad del suministro de alimentos, se señala que existen productos típicos y tradicionales, todo esto hemos de reconocerlo, como también que la alimentación desempeña un determinado papel cultural. 
En tercer lugar, como Parlamento hemos conseguido que la Autoridad Alimentaria Europea, que estaba planificada, se haya convertido en una Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, lo cual es una importante victoria. 
El Parlamento junto con usted, señor ponente, ha conseguido que hayamos podido desempeñar un papel para que hubiera una mayor transparencia y claridad en todo este conjunto. 
En efecto, necesitábamos una mayor transparencia para volver a dar confianza a los consumidores. 
Como Parlamento también hemos procurado que hubiera más apertura en la constitución de la Junta Directiva y en el nombramiento del Director. 
Finalmente, hemos defendido que hubiera más criterios objetivos para la sede de esta Autoridad. 
Después de la segunda lectura resultó que la Comisión de Medio Ambiente había redactado 28 enmiendas, y entre estas 28 enmiendas algunas con las que el Consejo tenía ciertas dificultades. 
Hicimos una especie de ejercicio de pre-mediación, de la que me siento muy satisfecho, porque tanto el ponente como los coponentes y los ponentes de los partidos han procurado que nosotros como Parlamento hayamos podido hablar con una sola voz con el Consejo, un Consejo en el que hemos escuchado una voz, en el que la Sra. Aelvoet nos ha escuchado y me alegro sinceramente por ello. 
Señora Presidenta, en nuestro Grupo hay total coincidencia con la orientación de este informe. 
Pensamos que es adecuado presentar algunas enmiendas que no se han incluido en la postura común. 
Además, opinamos que el carácter de esas enmiendas es tal, que deberían facilitar la búsqueda de una solución conjunta con el Consejo de Ministros y con la Comisión. 
La enmienda más importante del Parlamento Europeo es la que puntualiza que se trata de una Autoridad en relación con la seguridad alimentaria y no con los alimentos en general. 
Esta aclaración es importante para nosotros. 
Conviene que se preste especial atención a los aspectos relativos a la seguridad. 
En la enmienda 4 se menciona la concordancia entre las normas comunitarias e internacionales en materia de alimentos. 
Es obvio que la UE debe colaborar con otros continentes. 
Especialmente el desarrollo de los acontecimientos en el seno de la Organización Mundial del Comercio, OMC, podría derivar en una serie de conflictos entre los diferentes sistemas de normas. 
En ese caso, pensamos que es muy importante sostener el derecho a contar con normas más estrictas, para proteger la salud pública y el medio ambiente. 
La enmienda 22 se ocupa de la financiación de la Autoridad. 
Nos parece que las autoridades deben ser financiadas con recursos de los presupuestos. 
No deben financiarse mediante el cobro de tasas por sus servicios. 
Por eso es tan importante para nosotros esta enmienda 22. 
Algunas enmiendas, que obviamente respaldamos, tratan de la apertura. 
La enmienda 41 implica que las reuniones de dirección deben ser públicas y que las puertas cerradas deben constituir una excepción. 
En nuestra opinión esto es de gran importancia. 
La propuesta concerniente a la amplia representación geográfica de los miembros también nos parece adecuada. 
Las propuestas que estamos discutiendo tienen su origen en las graves crisis que se han vivido en la Unión en los últimos años en relación con la seguridad alimentaria. 
Para mencionar algunas de ellas, recordaré la dioxina, la EEB y la salmonela. 
Todos esos escándalos están directamente relacionados con la explotación industrializada de la agricultura y con una política agrícola en la que los beneficios y los grandes volúmenes de producción han tenido preeminencia frente al medio ambiente, la protección a los animales y la seguridad alimentaria. 
Para que la UE realmente pueda hacer frente a los problemas se necesitará una nueva política agrícola común, en la que se dé preferencia a la solidez, a la protección a los animales y al medio ambiente. 
Sólo entonces podremos abocarnos a las verdaderas causas de los problemas alimentarios de la Unión. 
Señora Presidenta, las opiniones de los 370 millones de ciudadanos de la Unión Europea acerca de la cadena alimentaria han cambiado drásticamente en los últimos años. 
Esto se debe en parte a la aparición de la EEB, de la fiebre aftosa en Europa y al escándalo de las dioxinas en los pollos que se produjo hace un par de años. 
Por supuesto, el consumidor siempre tiene razón, pero en esta ocasión los legisladores de la Unión Europea han tenido que redoblar sus esfuerzos para mejorar la seguridad de la cadena alimentaria en Europa y para restablecer la confianza de los consumidores en los productos alimentarios dentro de la Unión. 
No ha sido una tarea fácil. 
Sin embargo, en el Libro Blanco al que se ha referido el Sr. Bowis que presentó la Comisión se indica un abanico de directivas y reglamentos que se deben actualizar y modernizar para hacer más segura la cadena alimentaria en Europa. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para encomiar al Sr. Byrne, Comisario de Sanidad y Protección de los Consumidores, por su determinación absoluta de garantizar que los consumidores de la Unión Europea tengan plena confianza en todos los productos alimentarios que se venden en la Unión. 
Esto no sólo significa mejorar los niveles de seguridad de la producción dentro de la Unión, sino también hacer más estrictas las normas y condiciones para la importación a la misma de productos alimentarios. 
El elemento clave de este Libro Blanco es la creación de la autoridad alimentaria, tal como hemos hablado hoy. 
Es muy importante que dicha autoridad esté creada y en marcha lo antes posible, sin importar dónde se establezca. 
La Autoridad Alimentaria Europea puede trabajar con los 15 gobiernos de la Unión, con capacidad consultiva y preventiva, para garantizar que los productos alimentarios cumplan con los más estrictos criterios de salud pública desde la granja hasta la mesa. 
Vivimos en un mercado interior que tiene plena libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 
La comida es un producto comercializable internacionalmente y, por lo tanto, es muy importante que se adopte un enfoque común coordinado para promover la seguridad alimentaria en Europa. 
Este es lo justo y adecuado teniendo en cuenta que los consumidores están cruzando de un lado a otro las fronteras de la Unión Europea todos los días. 
También apoyo el enfoque adoptado por el Comisario Byrne en garantizar que todas las partes interesadas estén adecuadamente representadas con respecto a la aplicación de las nuevas directivas y reglamentos en virtud del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. 
Los grupos que representan a la industria alimentaria, a las organizaciones agrarias y a los intereses de los consumidores intervienen todos activamente en la ejecución de estas directivas y reglamentos. 
De hecho, a resultas del Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión con respecto a la ejecución de las nuevas directivas y reglamentos en el área de la protección de los consumidores y la salud pública. 
Tenemos la intención de permanecer siempre vigilantes para garantizar que, mejor antes que después, se restablezca plenamente la confianza en la cadena alimentaria europea. 
Mis felicitaciones al ponente, Sr. Whitehead, y a todos que han intervenido en la elaboración de este excelente informe. 
Señora Presidenta, frente a la multiplicación de las crisis alimentarias: dioxina, salmonela, listeriosis, fiebre aftosa y encefalopatía espongiforme bovina, numerosos Estados miembros se han dotado de sistemas de vigilancia sanitaria. 
A comienzos de 2002, Europa creará su propia Autoridad Alimentaria. 
Esta nueva instancia quiere, por una parte, responder a las expectativas de los ciudadanos que sitúan la seguridad alimentaria a la cabeza de sus prioridades cotidianas, al mismo nivel que el desempleo, y, por otra parte, dotar a la Unión Europea de un órgano que sea capaz de defender y de promover el modelo agrícola europeo en el escenario internacional. 
En efecto, los productos agrícolas forman hoy parte integrante del ciclo de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. 
Dentro de la OMC, el grupo de Cairn se opone a una agricultura que incluya la seguridad alimentaria. 
Por ello estamos a favor de un consejo de administración compuesto por dieciséis miembros, y no por doce como propone el informe. 
Por último, la definición de las misiones: ¿quién será responsable de la alerta, de la gestión y del control? 
La misión de la Agencia francesa se limita a la evaluación del riesgo, mientras que el Ministro de Agricultura se encarga de la gestión del riesgo. 
La Agencia europea deberá limitarse a una misión de vigilancia. 
En fin, los potenciales conflictos con las agencias nacionales: Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica y Grecia poseen sus propias agencias nacionales. 
Alemania, Países Bajos, Portugal y España están a punto de crear la suya. 
La Agencia europea deberá limitarse a una misión de coordinación respetando la autonomía de las agencias nacionales. 
Señora, señor Comisario, Señorías, en un momento en que los eurofederalistas invocan la necesidad de una Europa política que, según ellos, permitiría orientar la construcción europea hacia una mayor democracia, es decir otorgar menos poderes a la Comisión Europea, ¿qué creen ustedes que ocurre? 
Que ve la luz un nuevo órgano, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, y es necesario advertir que esta autoridad, por el sistema de nombramiento de los representantes que constituirán su futuro consejo de administración, dependerá de hecho de la Comisión Europea, y eso a pesar de su naturaleza jurídica. 
Recordemos, con motivo de la crisis de las vacas locas, las imperdonables actuaciones de la Comisión Europea, cuya prioridad en aquel momento era la realización a cualquier precio del mercado único, y no la seguridad alimentaria de los consumidores europeos. 
Para hacer más creíble la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea a los ojos de los ciudadanos de los Estados miembros, no es suficiente con que su sede sea independiente y físicamente distante de la Comisión Europea; es necesario que los miembros del futuro consejo de administración del nuevo órgano puedan ser objeto de control por estos mismos ciudadanos, todo ello a través de su representación en el Parlamento Europeo. 
La Autoridad no parece dar pruebas suficientes de independencia. 
Estará sometida al poder de los grupos de presión así como a los deseos de la Comisión Europea y, por consiguiente, solo será independiente en el sufragio universal. 
Por otra parte, ¿quién nos garantiza que respetará el principio de subsidiariedad y los particularismos alimentarios? 
¿Va a asfixiar a las PYME alimentarias con una reglamentación cada vez más rígida, que los ciudadanos soportan cada vez menos? 
¿Por qué llamarla "Autoridad" cuando no tendrá poder legislativo? 
Y, finalmente, por qué darle tantos medios- 67 millones de euros, 339 funcionarios- cuando trabajando en conexión con las agencias nacionales ya existentes, podría ser igual de eficaz pero menos costosa. 
Gracias. 
Desde hace años, tratamos de devolver la confianza a los consumidores y creo que la creación de esta Autoridad de seguridad alimentaria va en este sentido. 
Debemos reconocer que la concertación ha sido buena en la gestión de este asunto, y hoy se trata de no quedarnos retasados. 
El riesgo cero no existe y las consecuencias de un problema bacteriológico- relacionado o no con el terrorismo- pueden ser de una considerable importancia para todos los ciudadanos. 
Sabemos muy bien que la contaminación por la alimentación puede afectar a la mayor parte de la gente. 
Por tanto, la seguridad debe ser el centro de este dispositivo. 
Sin embargo, el enloquecimiento no debe apoderarse de nosotros, pues la cadena alimentaria europea, después de las numerosas decisiones que hemos tomado aquí, es sin duda una de las más seguras del mundo, pero las carencias puestas de manifiesto con motivo de las anteriores crisis nos obligan a tomar medidas reforzadas de seguridad alimentaria. 
Para que sea eficaz y creíble, esta Autoridad debe reunir a los mejores expertos científicos; debe limitarse, en el marco de la alerta rápida, a evaluar el riesgo, quedando la gestión de este riesgo dentro del ámbito político. 
Debe también trabajar en conexión con las agencias nacionales. 
Las intervenciones deberán ser proporcionales al nivel del riesgo registrado: si se trata simplemente de un rumor, será necesario reforzar en ese momento la comunicación; si, por el contrario, hay un riesgo, habrá que tomar las medidas precautorias necesarias y en caso de peligro comprobado, tomar medidas preventivas. 
Por último, esta Autoridad debe ser independiente y totalmente transparente. 
Al mismo tiempo, los controles deben reforzarse y las sanciones, en caso de falta grave, deberán ser no solamente fuertes sino efectivas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, nuestros alimentos son, por regla general, seguros. 
Sin embargo, cada año se mueren unas 2000 personas debido a intoxicación por salmonela. 
Sólo ya en los Estados Unidos fallece una media de 9000 personas al año a causa de intoxicaciones alimentarias por microbios. 
Estas cifras son inquietantes y ni siquiera estamos hablando de otras enfermedades relacionadas con los alimentos. 
Gracias a los principios generales de esta legislación alimentaria se establecen los nuevos fundamentos para la seguridad alimentaria en los que nos podremos basar los próximos meses y años. 
A partir de ahí, debemos promover un sistema que dé confianza a los consumidores. 
Los productos alimentarios han sido y son muchas veces motivo de fuertes emociones, como muestra el ejemplo de la carne de vacuno en Europa. 
La política no puede ni debe negar estas emociones, pero sí es necesario que nos dejemos guiar por los hechos. 
Ahí está el gran papel de la Autoridad Alimentaria Europea: tiene que ser el paradigma de la objetividad. 
La Autoridad Alimentaria Europea ha de colaborar con las autoridades nacionales, pero al mismo tiempo hemos de procurar que no nazca carente de fuerzas y que se nombre un director prestigioso que no tenga que recurrir a métodos autoritarios, sino que posea la calidad y la autoridad suficientes como para imponerse. 
Para terminar, quisiera dedicar unas palabras de gratitud hacia el ponente que ha demostrado disponer de esta calidad y autoridad. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, efectivamente, los Verdes votarán el informe Whitehead. 
La Autoridad Alimentaria Europea, instrumento indispensable de la seguridad alimentaria al servicio de los consumidores así como de las instancias políticas europeas, es indispensable en las misiones que se le encomienden. 
La primera es la de identificar todas las disfunciones que han llevado a las recientes crisis en materia de seguridad alimentaria, ya sean las crisis de la alimentación animal- pollo con dioxina, fiebre aftosa, tráfico de productos veterinarios, sobreutilización de vacunas y de tranquilizantes para animales- y sobre todo la crisis de fondo de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Les recuerdo que incluso Finlandia conoce hoy su primer caso de "vaca loca". 
Es, por tanto, un primer punto. 
La segunda: es esta Autoridad la que debe también parar la diseminación salvaje de productos transgénicos contaminantes que infestan incluso los cultivos tradicionales de cereales, cuando los consumidores rechazan estas plantas transgénicas, cuyas únicas virtudes son comerciales. 
Por tanto, esta agencia debe también, además de poner remedio a todo esto, garantizar la seguridad desde la horca al tenedor. 
Para ello, esta Autoridad Alimentaria debe aplicar desde el comienzo del año próximo los principios de transparencia y de seguimiento de los que mis colegas ya han hablado. 
El fracaso de la higiene como criterio único, puesto en evidencia por las numerosas crisis que hemos citado, en especial la de las harinas animales, demuestra que dicha agencia debe poder dar listas de recomendaciones, de etiquetados, de productos que tengan especificidades locales, calidades de granja, en lugar de limitarse únicamente a las normas industriales, que no impiden ni la salmonela, ni la listeria, ni epidemias aún más dramáticas. 
Su principal misión es, por tanto, una función de coordinación de las agencias nacionales y para ello es necesario que goce de un funcionamiento independiente y transparente. 
Me pregunto en cambio acerca de la enmienda 34, que habla del nombramiento del consejo de administración, nombramiento que parece cuanto menos opaco, puesto que se habla de meritocracia del consejo de administración. 
¿Qué es entonces esta "meritocracia" de una agencia que tiene la obligación de estar compuesta por científicos idóneos? 
El consejo de administración, por su parte, tiene un papel político y gestor. 
Temo mucho que esta "meritocracia" encubra la presión de los grandes grupos agroalimentarios. 
Espero que el Sr. Comisario pueda tranquilizarme a este respecto. 
Por lo que se refiere al sitio de la futura Agencia, para nosotros es una cuestión secundaria... 
(La Presidenta retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, visto el tira y afloja por conseguir la sede está claro que la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea es algo muy prestigioso. 
Lamentablemente, esto no redunda en una mayor seguridad alimentaria o en una mayor confianza de los consumidores. 
Otra cuestión que nos preocupa es el afán de querer dictar nuestras estrictas normas al resto del mundo. 
He de decir que en otras partes del mundo a menudo no están en la situación privilegiada de aspirar a las más altas normas de seguridad alimentaria. 
Están más bien preocupados por conseguir los alimentos suficientes como para poder sobrevivir. 
Es evidente que no podemos exportar a estos países sin más los alimentos que no cumplan nuestros requisitos de seguridad. 
Sin embargo, en aquellos casos en que la exportación de alimentos pudiera tener un efecto beneficioso con respecto a la seguridad alimentaria de esos países, habría que permitir exportarlos. 
En estos casos no se debería permitir la destrucción automática de estas partidas de alimentos. 
Con respecto al nombramiento de la Consejo de administración doy mi apoyo al acuerdo que se ha alcanzado con el Consejo. 
En efecto, no es prudente que se amplíe esta Consejo de administración con más miembros, porque esto no sería positivo si se quiere que sea una institución dinámica. 
Además, no soy partidario de que en el Parlamento Europeo se hagan consultas previas al nombramiento de los miembros de la Consejo de administración. 
Y aún menos unas para el nombramiento del Director Ejecutivo. 
Sería conveniente que el Parlamento Europeo se distanciara un poco más de las tareas ejecutivas de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea que está a punto de ser creada. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es de esperar que esta semana la Cumbre de Laeken adopte, entre otras decisiones, una posición respecto de la Autoridad Alimentaria y escoja una sede. 
Sabemos lo importante que es la adopción de esa decisión. 
Ya han pasado algunos años desde el inicio de ese procedimiento, esa propuesta está sobre la mesa al menos desde 1999; por tanto, es necesario que se adopte. 
Yo creo que el Parlamento, al volver a proponer la enmienda votada en primera lectura hace ya unos meses, pretende afirmar dos cosas de las que usted, señor Comisario, debería hacerse eco ante los gobiernos; la primera de ellas es que se trata de un procedimiento de codecisión y, por tanto, creemos que también respecto del asunto de la se debe tener en cuenta la opinión del Parlamento respecto de los criterios que votaremos mañana. 
Sabemos que en Laeken habrá, por un lado, cierta propensión al intercambio de cromos- yo te doy un puesto de Presidente de la Convención, tú me das la sede de la Autoridad, yo te doy la Academia de Policía -, pero yo considero, en cambio, que quizá convenga que se tomen todas estas decisiones teniendo presentes algunos parámetros estrictamente relacionados con los intereses de la institución que se pretende crear. 
Por tanto, si el Parlamento subraya que la sede de la Autoridad debe contar con una larga tradición en el sector de la seguridad y la investigación alimentarias, se trata claramente de un parámetro que se debe subrayar con insistencia. 
Cuando se habla de la necesidad de una buena infraestructura científica y de servicios en el sector de la seguridad alimentaria, es conveniente que tanto usted, señor Comisario, como la Comisión hagan hincapié en este criterio. 
Si se dice que debe ser de fácil acceso desde el punto de vista de la comunicaciones, es decir, que ha de contar con medios de comunicación rápidos y de buena calidad, si se dice que debe estar en contacto con los servicios que se ocupan de la salud pública y de la defensa de los consumidores, me resulta, evidentemente, difícil no pensar que en Ispra se encuentra el Centro Común de Investigación, que proporciona empleo a miles de trabajadores europeos y, por tanto, tampoco puedo dejar de pensar que estos criterios son aplicables a una única ciudad candidata: Parma, en Italia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, muchas gracias, señor ponente, por el buen trabajo que usted, como se esperaba, ha presentado. 
Creo que este reglamento y también este fundamento jurídico contribuirán en las medidas que sigan a la mejora de la seguridad alimentaria en la Unión Europea. 
Con esto sentamos los principios superiores de la nueva legislación alimentaria. 
En el ámbito de la legislación general en materia alimentaria quisiera decir, en especial, que se ha logrado desarrollar de manera convincente el principio de la configuración sin lagunas de los métodos de mejora de la seguridad alimentaria desde la explotación agrícola hasta el consumidor. 
Un elemento esencial de los principios acuñados aquí está en la trazabilidad garantizada de los productos. 
Creo que con esto hemos creado dos nuevos principios y requisitos esenciales para la mejora de la seguridad alimentaria. 
En el punto central del reglamento figura la creación de la Autoridad Alimentaria Europea, o, como se la denomina también en una enmienda, "Autoridad para la Seguridad Alimentaria". 
A este respecto no quisiera darme por satisfecho con la definición. 
Me importa, sobre todo, que se establezcan las condiciones marco para esta Autoridad. 
Esto incluye, en primer lugar, una buena dotación financiera. 
Creo que esto no se ha logrado aún en el grado que desearíamos, así como la creación de los requisitos bajo los cuales pueda realizarse la comunicación de la Autoridad con las diversas autoridades de los Estados miembros; en los Estados miembros no existen aún las instancias pertinentes. 
En este punto queda aún mucho por hacer. 
En lo que respecta a la naturaleza pública de la Autoridad, creo que la enmienda del Parlamento es acertada, pero hemos de garantizar también que la Autoridad pueda reunirse a puerta cerrada en ciertas circunstancias. 
Es esencial, y muchos lo han dicho ya, la localización y si el Consejo rechaza nuestras propuestas, entonces, en mi opinión, debe establecer la Autoridad allí donde nuestras demandas y condiciones no estén satisfechas. 
Esto no lo podemos dejar así. 
Tampoco lo vamos a permitir. 
En este punto el Consejo debe plegarse de una vez y elegir la localización de modo que sea posible la comunicación con la Comisión, con el Consejo y con los Estados miembros. 
Señora Presidenta, doy las gracias al ponente del informe por este extraordinario trabajo. 
Como ya ha sido señalado, el Parlamento Europeo se ha venido mostrando muy activo durante algunos años en las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria. 
El ponente también ha realizado un buen trabajo en el marco de las conversaciones que ha mantenido con la Comisión y con el Consejo para garantizar que no se retrase la iniciativa de la creación de la Autoridad Alimentaria Europea, es decir, que en la Cumbre de Laeken hay que adoptar ya la decisión sobre la sede de la Agencia. 
En mi opinión, el Parlamento tiene toda la razón en lo que ha declarado sobre los criterios de selección: conviene destacar la facilidad de coordinación de la investigación, la Agencia debe ser independiente y hay que conseguir dotarla de expertos competentes para garantizar la calidad. 
En cuanto a la transparencia, no puedo sino sumarme a lo dicho por los oradores precedentes, pero la transparencia también significa que hay que colaborar con las organizaciones de consumidores. 
Permítanme comenzar diciendo que soy totalmente partidario de la seguridad de los alimentos tanto humanos como animales, pero no puedo entender por qué la Unión Europea cree que es necesario establecer una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Creo que tengo razón al decir que casi todas las enfermedades importantes, a excepción posiblemente de la EEB, proceden de países de fuera de la Unión Europea. 
Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, que ya existe y hace precisamente ese trabajo, debiera ser suficiente para este fin y puede proteger todos nuestros intereses. 
Me llama la atención que la Unión Europea esté creando otro organismo cuasi-gubernamental más que, como casi todas las agencias que crea la UE, será caro de dirigir y se convertirá en una obra cara e inútil. 
Si existe la necesidad, sin duda ha de corresponder a cada gobierno nacional estudiar los problemas pertinentes. 
Éstos se ajustarán a las condiciones del país y el gobierno podrá actuar en consonancia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, permítanme que empiece con unas palabras de aprecio por la manera tan excelente en que el ponente, pero también los ponentes de los partidos, han manejado esta cuestión tan complicada que se ha podido resolver, a pesar de todo, con mucha agilidad. 
Naturalmente, quedan algunos detalles que requieren nuestra atención como por ejemplo el tema de la inspección, es decir, de quién depende esta inspección, quién se encarga de la organización, del control y de la gestión de esta Autoridad de Seguridad Alimentaria. 
No deben ser dieciséis miembros sino doce, porque necesitamos que haya independencia. 
¿Qué queremos decir con seguridad alimentaria? 
Nos referimos a que en el mercado interior nos encargamos de garantizar que los alimentos sean seguros. 
Esto implica que no sólo lo garantizamos en la Europa de los quince, sino también en los países que están a punto de ingresar en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, justo sobre esta última cuestión estoy algo preocupada. 
Tengo mis preocupaciones no porque los alimentos en estos países candidatos no sean seguros, no quiero decir eso, sino porque faltan buenas infraestructuras para controlar e inspeccionar la seguridad alimentaria y para procurar que los consumidores recobren la confianza. 
El jueves pasado hubo una reunión con los expertos de los países candidatos que pusieron de manifiesto que no disponen de las adecuadas infraestructuras para velar por la seguridad alimentaria. 
Esta es una cara de la moneda: el control, también por parte de la administración, del buen funcionamiento. 
Hay también otra cara, que es la ausencia de consumidores conscientes y críticos con respecto a los temas alimentarios. 
Esto quiere decir que faltan organizaciones de consumidores bien entrenadas que operen con independencia y que estimulen a las administraciones para que apliquen una buena política. 
Y esta misma falta de organización crítica y consciente la detecto en las asociaciones de productores. 
Señora Presidenta, me pregunto si el Comisario nos puede dar alguna información adicional para ver qué se puede hacer para mejorar esta situación en el futuro. 
Señora Presidenta, la vida es un constante análisis de riesgos y beneficios: qué hacemos, a dónde vamos y qué comemos. 
Aunque la cadena alimentaria europea sigue siendo una de las más seguras del mundo, los escándalos recientes han dañado la confianza de nuestros consumidores en los alimentos que comemos y en los métodos que empleamos para producirlos. 
Los ciudadanos han perdido la confianza en los sistemas de seguridad nacionales y europeo tras los escándalos y los sustos con la carne de vacuno, la Escherichia coli, la listeria, la salmonela, las dioxinas, los huevos, la carne de ave de corral, la leche y las hormonas. 
La lista continúa. 
Los ciudadanos quieren tener la tranquilidad de que el camino desde la granja hasta el mercado, el supermercado, el horno, el frigorífico y la mesa es tan seguro como cabe esperar razonablemente. 
Quieren una valoración de la seguridad sin secretismos, que no se realice tras las puertas cerradas de la Comisión, ni que se vea contaminada por los intereses de los productores o de grupos de presión. 
Desde el comienzo de su mandato, Comisario Byrne, ha respondido a las necesidades de los consumidores de Europa realizando todos los esfuerzos posibles para aumentar la seguridad de la cadena alimentaria. 
Esta propuesta tiene una importancia fundamental para la protección de los consumidores en la Unión Europea. 
Las instituciones de la Unión se han unido para sentar los principios de la legislación alimentaria con un nuevo organismo que puede proteger los alimentos que comemos y la forma en la que se producen. 
Mi enhorabuena al ponente, Sr. Whitehead, y al ponente en la sombra, Sr. Bowis, por un trabajo bien hecho a lo largo de todos los debates que han tenido lugar en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
El resultado de su enfoque consensuado ha sido el de reforzar y unificar la voz del Parlamento Europeo sobre la cuestión clave que está en litigio. 
Quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que escuchen esta voz única y que adopten 'Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria' como nombre de la institución. 
Mantener la palabra 'seguridad' en el título del organismo emitirá un mensaje más claro a los consumidores acerca de su propósito y sus objetivos. 
También creo firmemente que para que el organismo cuente con la confianza y el respaldo de los pueblos de Europa, es imprescindible que actúe y se comunique de una manera totalmente transparente e independiente, dedicándose a la evaluación de los riesgos en materia de seguridad alimentaria. 
La comunicación de riesgos será también un elemento fundamental. 
Sólo hay que mirar a la investigación sobre la EEB realizada en el Reino Unido y al informe Philips que afirmaban que la ruptura de la comunicación de riesgos fue un factor de primer orden en la acentuación de la crisis. 
Concluyendo, en relación con la gestión de riesgos, el uso mesurado y proporcionado del principio de proporcionalidad o la gestión política... 
(La Presidenta interrumpe a la oradora) 
Señora Presidenta, el de la seguridad alimentaria es uno de los muchos asuntos unificadores en la Europa de los ciudadanos que todos deseamos. 
En cuanto a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, creo que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel de extrema importancia: se ha hecho un gran trabajo entre la primera y la segunda lecturas y, en mi opinión, la votación de mañana producirá un marco muy pertinente. pues, de hecho, en lo que hace a este punto ya no habrá excusa en la que podamos escudarnos. 
Dispondremos de un instrumento que pueda contribuir a la vigilancia constante de la seguridad alimentaria en Europa. 
En el marco de este importante trabajo, llevado a cabo por el ponente como por la comisión competente, existen aún algunos pequeños puntos que, en mi opinión, han quedado pendientes de definición: resulta, por ejemplo, de la mayor importancia que en el consejo de administración se incluya el componente agrícola, ya que, tratándose de un proceso, lo lógico es que todas sus partes se encuentren presentes. 
Quedan asimismo algunas lagunas en el plano de los procedimientos. 
No cabe duda de que sabremos buscar el asesoramiento de operadores del sector alimentario, de personas y empresas especializadas en todos los ámbitos que constituyen el sistema alimentario, a fin de garantizar que el necesario flujo de informaciones libre de recelos las mesas de nuestros conciudadanos. 
Está, por último, el tema de la sede. 
Se ha presentado una enmienda para que su elección sea independiente de la sede de la Comisión y las demás instituciones. 
La sede debería situarse en una localidad dotada tanto de una larga tradición en materia de seguridad alimentaria como de infraestructuras científicas y amplios recursos en el campo de la seguridad. 
Rompo, como es obvio, una lanza a favor de Parma, pues esta ciudad es uno de los centros neurálgicos del sistema agroalimentario italiano. 
Espero que el Consejo de Laeken tenga en justa consideración esa candidatura. 
Señora Presidenta, señor Comisario, distinguidos colegas, al contrario que el Sr. Titford soy de la convicción de que hay que celebrar la creación de una Autoridad Alimentaria Europea, eficiente e independiente, como sistema de alarma previa. 
Debe servir de centro de referencia transparente y científico para la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros, pero debe estar también abierta a los productores y a los consumidores. 
La Información, el asesoramiento y la comunicación de los riesgos para los consumidores contribuirán a fortalecer la confianza en nuestros productos alimentarios. 
La seguridad alimentaria es el requisito fundamental para los consumidores que quieran alimentarse de manera sana y debemos velar por esto. 
Los escándalos alimentarios de los últimos años han mostrado que es necesario, en especial, una traslación consecuente de las directivas así como el control in situ de los productos alimentarios y de alimentación animal. 
Una conexión óptima de los centros científicos de esta Autoridad con los órganos de control de los Estados miembros es el requisito imprescindible para una trazabilidad perfecta de los productos. 
Esto genera seguridad del productor al consumidor. 
Los productos alimentarios importados deben ser tan seguros como los que se producen en la UE. 
Los controles estrictos en las actuales fronteras exteriores de la UE durante la importación de los productos alimentarios son los garantes de esta seguridad. 
Al mismo tiempo, antes de la adhesión se deben instituir en los países del centro y del este de Europa sistemas capaces para el control de la seguridad de los productos alimentarios para consumo humano y para consumo de los animales. 
Sin embargo, con el presente reglamento no se soluciona una problemática importante, en concreto, la delimitación entre productos alimentarios y medicamentos. 
Es necesario mantener tan reducida como sea posible la zona gris entre las dos categorías de productos, productos alimentarios y medicamentos. 
Si esto no se logra, se generarán nuevos problemas de delimitación e inseguridades jurídicas. 
Por esta razón, es urgentemente necesario velar para que en la revisión de la legislación relativa a los medicamentos se dicte una definición inequívoca de productos alimentarios y de medicamentos, es decir, una clara delimitación, pues sólo mediante definiciones claras contribuiremos a una mayor seguridad de los consumidores. 
. 
(EN) Señora Presidenta, recuerdo que cuando el Presidente Prodi me ofreció en primer lugar esta cartera concreta en julio de 1999 me recalcó la importancia de la seguridad alimentaria a lo largo de la vida de esta Comisión. 
Sugirió, en particular, la importancia de crear un organismo de seguridad alimentaria también durante ese periodo. 
Dijo que era importante que los consumidores de la Unión Europea tuvieran la misma confianza en esa institución que la que tienen en su Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Espero que el nuevo organismo pueda satisfacer en este sentido a nuestros consumidores y a nuestros ciudadanos. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Presidente Prodi por su apoyo permanente para convertir esta idea en una realidad tangible. 
Durante la primera y la segunda lecturas se ha mantenido el gran alcance de la legislación alimentaria general, que abarca todos los aspectos de la cadena de producción de alimentos humanos y animales que pueden influir directa o indirectamente en la seguridad alimentaria. 
La Comisión lo celebra. 
También destacamos la importancia de las amplias atribuciones que se han mantenido para el trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Es importante que ésta desarrolle una visión de conjunto de toda la cadena., lo cual debe incluir aspectos de la salud y el bienestar animal, la seguridad de los piensos y la seguridad fitosanitaria, en particular en el nivel de producción primario. 
Dados nuestros recientes problemas de seguridad alimentaria, habría sido impensable tener un organismo alimentario que no abarcara esos temas. 
La Comisión apoya la enmienda nº 1, que propone que el organismo se denomine Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, sin que por ello se vean afectadas sus amplias competencias, cosa muy importante. La Comisión puede apoyar las enmiendas núms. 
29 a 44, presentadas por el Sr. Whitehead, el Sr. Bowis, la Sra. Paulsen y el Sr. Staes. 
Éstas sustituyen a las enmiendas núms. 2 a 6, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 25 y 27, que no apoyo. 
Puedo también aceptar las enmiendas núms. 7, 10, 13, 14, 16, 19, 21 y 26. 
Muchas de ellas aportan claridad al texto o incrementan la transparencia del desarrollo de la legislación alimentaria o de los procedimientos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
También acojo favorablemente las enmiendas núms. 22, 23 y 24, que adaptan el texto para velar por que existan los procedimientos presupuestarios correctos y que las disposiciones para terceros países, sobre todo los de la AELC, sean adecuados y estén de consonancia con los procedimientos habituales de las agencias. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda nº 8, que permitiría que alimentos de consumo humano o animal no seguros se exportaran desde la Comunidad al suministrador original de un tercer país sin ninguna restricción ni control. 
Esto es claramente una práctica inaceptable que no estoy dispuesto a apoyar. 
Los alimentos o piensos rechazados podrían acabar bien siendo usados en un tercer país o embarcados de vuelta a la UE, y ello constituiría un riesgo para la seguridad alimentaria. 
Desde la experiencia, la Comisión sabe que dichas prácticas también están potencialmente abiertas al fraude y a los abusos del mercado negro. 
No apoyo la enmienda nº 28, que se refiere al procedimiento de selección de la sede, así como a la definición de los criterios de selección. 
Sin embargo, observo que el Parlamento también propone otro enfoque, que supone la adopción de una resolución sobre el informe en la que se insta al Consejo a que contemple determinados criterios en la selección de la sede del organismo. 
La Asamblea es consciente de que creo firmemente que la sede del organismo se debe elegir con arreglo a unos criterios racionales y prácticos que faciliten un funcionamiento sin problemas de la AESA. 
Por estas razones, puedo apoyar los principios que se expresan en la resolución. 
También apoyo la declaración conjunta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento sobre los miembros de la junta directiva del organismo. 
Creo que la enmienda nº 37 sobre el tamaño de ésta, el proceso de selección y los criterios de candidatura consiguen el equilibrio adecuado entre las distintas opiniones expresadas en una primera lectura por las tres instituciones. 
Para concluir, quisiera decir que desde que tomé posesión del cargo de Comisario de Sanidad y Protección de los Consumidores, he dejado claro que la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria era una prioridad de primer orden. 
Las medidas de la Comunidad para proteger la seguridad de la oferta alimentaria necesitan de una sólida base científica y el organismo la proporcionará. 
Está diseñado para ser el primer puerto de escala en los temas científicos relativos a la seguridad de nuestra oferta alimentaria. 
Hoy estamos dando un importante paso hacia la creación del organismo, hacia conseguir que el consumidor europeo disponga de la oferta alimentaria más segura del mundo, lo que es nuestro objetivo final. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Whitehead, a su equipo y a los diputados al Parlamento que han trabajado en estrecha colaboración con él en las enmiendas de la segunda lectura, y también al Sr. Bowis, a la Sra. Paulsen y al Sr. Staes. 
Quiero darles las gracias por la estrecha relación de trabajo que ha existido entre todos nosotros- no sólo entre nuestras dos grandes instituciones, sino también a nivel personal entre ustedes cuatro y yo mismo. 
Por otra parte, quisiera dar las gracias al Consejo, tanto a la Presidencia sueca como a la belga, y también a la ministra Magda Aelvoet, que arrimó el hombro en relación con este tema en varias ocasiones. 
Doy las gracias asimismo a todas las personas de mi propia Comisión que trabajaron conmigo con tanta diligencia, cuidado y ahínco. 
No sólo valoro el excelente trabajo que se ha realizado, sino que también deseo dar las gracias a todos los que han contribuido a la celeridad con la que se ha tramitado esta compleja propuesta. 
El espíritu de colaboración con el que las tres grandes instituciones han afrontado este asunto ha sido admirable. 
Es evidente, viendo las enmiendas sobre las que va a votar el Parlamento, que se han buscado compromisos que han de permitir la aprobación del reglamento sin tener que recurrir a un lento proceso de conciliación. 
Esto facilitará el establecimiento de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a comienzos del año que viene. 
Redes y servicios de comunicaciones electrónicas 
De conformidad con el orden del día se procede ahora al debate conjunto de cinco recomendaciones para la segunda lectura: 
(A5-0433/2001) en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (10419/1/2001- C5-0417/2001- 2000/0188 (DOC) ) (Ponente: Sra. Niebler) 
(A5-0432/2001) en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (12170/1/2001- C5-0490/2001- 2000/0187 (DOC) ) (Ponente: Sra. Niebler) 
(A5-0435/2001) en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (10420/1/2001- C5-0415/2001- 2000/0184 (DOC) ) (Ponente: Sr. Paasilinna) 
(A5-0434/2001) en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (10418/1/2001- C5-0416/2001- 2000/0186 (DOC) ) (Ponente: Sr. Brunetta) 
(A5-0438/2001) en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (10421/1/2001- C5-0418/2001- 2000/0183 (DOC) ) (Ponente: Sr. Harbour) 
Distinguida señora Presidenta, distinguido señor Comisario, distinguido señor Ministro, estimados colegas, ante todo quisiera dar las gracias a la Comisión por haber acompañado de manera tan excelente y constructiva en todos los debates este paquete de telecomunicaciones. 
Pero quiero dar las gracias también cordialmente a la Presidencia del Consejo belga que con su gran implicación y con su interés ha intentado proporcionar aquí realmente una línea de compromiso entre el Consejo y el Parlamento, y pienso que si nos ponemos de acuerdo el miércoles- cosa que espero vivamente- se lo deberemos solamente a la excelente dirección negociadora de la Presidencia del Consejo belga. 
Muchas gracias. 
Sin embargo, quiero dirigir un agradecimiento especial, naturalmente, a todos los ponentes y ponentes alternativos que no sólo ha trabajado conjuntamente con expertez durante muchos meses sino que también han realizado conjuntamente formulaciones constructivas a la hora de los compromisos. 
La Unión Europea ha logrado infinitas cosas en el mercado de las telecomunicaciones en los últimos doce años. 
Se han roto los monopolios de los operadores establecidos, el mercado ha sido liberalizado y desregulado completamente en muchos ámbitos tanto en beneficio de los usuarios como también de la economía. 
La bajada de los precios, la variedad de nuevas ofertas y servicios de diferentes operadores son un resultado que puede verse. 
Pero, naturalmente, no hay nada que no se deba mejorar aún. 
Así lo han mostrado los resultados del informe sobre telecomunicaciones en el año 1999 y, recientemente, el séptimo informe de realización de la Comisión. 
Quiero pronunciar solamente dos términos: liberar la última milla a favor de operadores alternativos, en este punto tienen que producirse todavía algunas cosas en los Estados miembros, conexión de los participantes que es aún muy insatisfactoria en algunos Estados miembros. 
Todavía se ofrecen precios de dumping por parte de operadores establecidos, y existen aun cuellos de botella en el ámbito de las líneas alquiladas. 
En este sentido el nuevo marco jurídico para la regulación de las telecomunicaciones debe proporcionar ayuda. 
Ahora quisiera presentar brevemente mis dos informes sobre el paquete de las telecomunicaciones y, luego, quisiera referirme aún a otros dos puntos críticos de las otras directivas. 
En primer lugar, sobre la directiva autorización. 
El sentido y el objetivo de la directiva autorización es una armonización de las reglamentaciones de autorización en los Estados miembros. 
Lo subrayo otra vez, lo dije ya también durante la primera lectura, la Comisión ha elaborado en este punto excelentes propuestas que yo celebré en la primera lectura y que yo apoyo expresamente en la segunda lectura. 
Hasta ahora los procedimientos para la explotación de redes de comunicación y para la oferta de servicios de comunicación estaban configurados de diferente manera. 
Había diferentes requisitos, en especial, diferentes obligaciones de información de los operadores, los procedimientos eran de duración diferente, los costes y el contenido de las autorizaciones eran diferentes. 
Esta situación se elimina ahora mediante la nueva directiva autorización. 
A este respecto la directiva prevé un cambio de paradigma pues va a cambiar el régimen de autorización. 
Hasta ahora, era usual en la práctica conceder autorizaciones singulares, pero con la traslación de la directiva se cambia el planteamiento hacia autorizaciones generales, es decir, en el futuro el operador de una red de comunicación no tiene que solicitar una decisión administrativa, sino anunciar solamente que quiere iniciar su explotación de la red aunque, naturalmente, debe cumplir los requisitos que estén formulados en la autorización general o en las directivas. 
Las obligaciones de los prestadores, en especial las obligaciones de información, resultan simplificadas mediante la nueva directiva, se practica una reducción a lo necesario, por consiguiente se ofrece también aquí una solución favorable a los operadores. 
Como Parlamento hemos conseguido que se aporte más transparencia a la atribución de los derechos de paso, por ejemplo, mediante la constitución de un registro en el que se fijen los procedimientos para la atribución de los derechos de paso en los Estados miembros, y hemos logrado también que se garantice en todos los Estados miembros la protección jurídica frente a las decisiones relativas a los derechos de paso. 
Nos gustaría haber conseguido más, en especial en la parte de los costes. 
También en este punto, el Parlamento ha dado mucho valor a que en el futuro, en la medida de lo posible, no se impongan a los operadores costes desproporcionados, asó lo formularía yo, respecto de los derechos de uso, números, atribución y frecuencias. 
En este punto no hemos llegado aún al final de la discusión. 
Sin embargo, en el caso de que se llegase a un compromiso en relación con todo el paquete, el Parlamento cambiará su posición en este ámbito a favor de la recomendación del Consejo. 
El sentido y el objetivo de la decisión es que en el futuro la Comisión esté más incluida a la hora de la atribución de frecuencias. 
Esto es acertado y es bueno que sea así. 
Las frecuencias son bienes económicos escasos, las atribuciones de frecuencias son decisiones altamente políticas que han de tomarse y, en consecuencia, hemos de asegurar que los que tienen la responsabilidad política de decidir estén también incluidos. 
Efectivamente, la atribución de frecuencias, la distribución de frecuencias y la adjudicación de frecuencias han dejado de ser asuntos técnicos y se han convertido realmente en un juego político. 
Existen dos puntos en los que el Consejo y el Parlamento no están completamente de acuerdo ahora y me alegro especialmente de que el Sr. Ministro Daems esté presente hoy en el Pleno. 
Quizá mas tarde, en el debate, pueda decir él alguna cosa precisamente sobre los dos puntos que tanto me interesan. 
El primer punto, que el Parlamento ha abordado varias veces, es la cuestión de implicar al Parlamento en las futuras decisiones políticas sobre el espectro radioeléctrico. 
Como Parlamento, habíamos demandado que siempre que se trate, específicamente, de la reatribución de frecuencias, el Parlamento ha de ser preguntado, escuchado y ha de intervenir en la adopción de acuerdos. 
Con este fin, en la segunda lectura habíamos adoptado en la comisión una enmienda que nos garantiza este derecho en forma de artículo vinculante en la directiva, en la decisión. 
El Consejo quiere recoger ahora este artículo o esta propuesta en forma de un considerando en la decisión. 
Aquí pido al Sr. Daems que si estamos de acuerdo en el asunto de que el Parlamento decidirá también en codecisión sobre esta adjudicación política de frecuencias, estudie la manera de que podamos incluir también esto en la decisión y sin que tengamos por qué hacer de esto un mero considerando. 
El segundo punto se refiere a la cuestión de en qué grado debe ocuparse la Comisión de la atribución de frecuencias. 
En esto el Parlamento habría pedido que en las frecuencias de dimensión comunitaria la Comisión esté llamada a intervenir o a elaborar propuestas. 
En la decisión o en la propuesta de la Presidencia del Consejo belga, que ahora tengo ante mí, veo que en este punto eliminando las pequeñas dos palabritas de la enmienda 1, es decir, in particular, se amplían considerablemente las competencias de decisión. 
También aquí pido una vez más al ministro competente a que analice si podemos ponernos de acuerdo en suprimir estas dos pequeñas palabras, pues de esa manera respetamos el principio de subsidiariedad y, y con ello llegamos a una solución entre el Consejo y el Parlamento. 
No puedo imaginar que el Consejo tampoco haya podido aceptar esto. 
Permítanme que comente aún dos puntos que se refieren a otras directivas, en concreto, a la directiva marco y a la directiva servicios universales. 
Ante todo no quisiera dejar pasar la ocasión de dar cordialmente las gracias a la Presidencia del Consejo belga. 
La Presidencia del Consejo belga ha elaborado un excelente compromiso con el Consejo en relación con el artículo 6. 
En el mismo se trata de la cuestión de quién tendrá en el futuro la facultad de decidir en los planteamientos jurídicos relativos a las telecomunicaciones. ¿La Comisión o los Estados miembros? 
Soy de la opinión que como Parlamento podemos aceptar el compromiso que ha resultado. 
Muchos colegas habrían deseado que hubiéramos ido aún más lejos en este ámbito, pero no se ha podido lograr. 
Sin embargo, lo que ahora resulte como compromiso, es decir, que en las cuestiones de derecho de la competencia la Comisión puede intervenir, en especial, en las cuestiones de la definición del mercado y en la cuestión de qué sea significant market power, es un compromiso enteramente correcto. 
Paso ahora al punto que me interesa especialmente y con ello cierro también mi intervención. 
En relación con la televisión digital en Europa hace muchos años que venimos pensando cómo lograremos que se fomente más aún la televisión digital en Europa. 
Para mí también ha sido una de las grandes decepciones, a causa de la modificación de las propuestas de la Presidencia del Consejo belga, que en este punto no hayamos conseguido nada o muy poco. 
En definitiva se trata de dos puntos. 
Por un lado, se trata de la cuestión: ¿Podemos ampliar extender las obligaciones de emisión a las API e IPG? 
Como Parlamento nos hemos mostrado unánimemente partidarios de esto en todas las negociaciones y en este punto pido una vez más poner en marcha un proceso de reflexión o también pensar junto a con la Comisión cómo podemos asegurar esto. 
También sobre el tema de "un estándar común único en la Unión Europea" para la televisión digital, creo que deben venir muchas más cosas que lo que se ha mostrado hasta ahora por parte de la Presidencia del Consejo belga. 
Quizá la Comisión pueda sentar también aquí una señal clara para ayudar realmente a la televisión digital a abrirse paso en Europa. 
. 
(FI) Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, estimados colegas, el cambio más importante en Europa es, sin duda, la integración en la red, hecho que, seguramente, nos vinculará aun más que la moneda única. 
Se trata de algo cotidiano y disponible a todas horas, y su importancia crece sin cesar. 
La idea básica de todo el gran proyecto de la Europa electrónica es evitar que la distribución de la tecnología digital se lleve a cabo en Europa de forma similar a como amenaza hacerse en muchos otros lugares del mundo, y nosotros, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, hemos adoptado una línea común en esta materia. 
Tanto la propuesta de directiva marco de la Comisión como el resto de las disposiciones incluidas en este paquete relativo a las telecomunicaciones apuntan en la dirección correcta y son muy equilibradas, así que yo me siento muy satisfecho con las mismas. 
En estos tiempos vertiginosos y cambiantes, nosotros vamos a recuperar el trecho que nos mantiene rezagados y hemos prestado especial atención a la importancia de la convergencia, de la aproximación. 
Esto significa que, cada vez en mayor medida, los mismos contenidos podrán ser elaborados con los mismos equipos, transmitidos por los mismos canales y recibidos a través de las mismas terminales. 
Esto abrirá un espacio de información completamente nuevo, o quizás sería mejor hablar de un mundo de la información, habida cuenta que forma parte de nosotros, acompañándonos en el lugar de trabajo, en casa o cuando nos desplazamos. 
Nosotros, aquí en el Parlamento, queremos que este mundo esté regulado, pero al mismo tiempo abierto a la competencia, de modo que no se constituyan en su ámbito monopolios, "duopolios" o cárteles. 
Ello mantendrá bajos los precios, seguirá facilitando el acceso de los usuarios y contribuirá a mantener el empleo y el crecimiento en el sector. 
Podría incluso decir que si estas normas hubieran estado en vigor cuando adoptamos en Lisboa la decisión sobre la Europa electrónica, a la vez que se daba inicio a las subastas del espectro radioeléctrico, la catástrofe derivada de estas subastas no habría tenido lugar de la forma que lo ha hecho. 
Hubieran existido unas pautas para homogeneizar y armonizar las ofertas de subasta, evitándose así el cobro de cantidades desorbitadas, como también la caída en picado del sector y la quiebra de cientos empresas, con la subsiguiente y fatal destrucción de empleo acarreada. 
Puesto que el paquete relativo a las telecomunicaciones armoniza la legislación de la Unión en la materia, éste tiene una gran relevancia a la hora de competir en otros mercados fuera de la Unión Europea. Nosotros conseguiremos disfrutar de un mercado más homogéneo en este sector, el cual es ya de por sí transnacional y transfronterizo. 
En tales circunstancias, nos veríamos dotados de un mayor grado de competitividad conferido por el marco de la Unión Europea, lo cual influiría con seguridad en el empleo, en las posibilidades de éxito de las empresas y en los precios. 
Entre estas cinco propuestas legislativas, considero esencial la Directiva marco. 
En ella se han incluido los asuntos más delicados. 
Ahora tenemos ante nosotros, por un lado, este informe mío examinado en la comisión parlamentaria, y doy las gracias por ello a los colegas- pues fue aprobado por unanimidad -, y, por otro lado, la propuesta de la Presidencia belga. 
Esta última ha acogido en gran medida lo propuesto por el Parlamento, y considero que deberíamos aprobarla. 
Ha tenido en cuenta la posición del Parlamento en dos cuestiones fundamentales que hemos venido poniendo de relieve durante el verano y el otoño: el artículo 6 y el artículo 4. 
Este último afecta al procedimiento de recurso y el primero a la colaboración entre la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación. 
Ahora, por vez primera, -y esto puede considerarse como un gran avance- la Comisión puede injerir en las reglamentaciones nacionales en caso de que éstas no estén en conformidad con las disposiciones generales relativas a la definición de los mercados y a la determinación de poder significativo en el mercado. 
Éstas eran las dos cuestiones que queríamos ver consumadas, y ahora- gracias al país que ostenta la Presidencia- ambas están incluidas en su propuesta; también espero que la Presidencia pueda comunicarnos si es posible que también el Consejo las suscriba. 
Si es así, entonces creo que deberíamos aprobar este paquete. 
Tengo entendido que la Comisión también comparte esta postura. 
, ponente. (IT) Señora Presidenta, señor Comisario Liikanen, el nuevo marco reglamentario para las telecomunicaciones sustituye el régimen comunitario que propició la apertura de los mercados nacionales en Europa y el fin de la época de los monopolios. 
Para fundamentar la revisión del marco comunitario de las telecomunicaciones, la Comisión Europea había manifestado la intención de reducir las tasas de regulación en razón de los objetivos de liberalización alcanzados sobre la base del modelo aún vigente. 
En efecto, el objetivo consistía en infundir una mayor confianza en las fuerzas de mercado a fin de favorecer la competitividad del mercado europeo y promover la inversión en los mercados emergentes, favoreciendo la oferta de servicios innovadores. 
Por tanto, la revisión del modelo vigente debería hacerse con vistas a hacer pasar en el mercado de las telecomunicaciones el progresivo tránsito de la fase de liberalización a una fase de competencia efectiva y consolidada. 
La relación entre la evolución del marco reglamentario y la dinámica de los mercados debería establecerse desde una perspectiva forward-looking que favorezca las condiciones competitivas, garantizando la rápida difusión de los servicios innovadores a fin de orientar el mercado y la futura aplicación exclusiva de la normativa antitrust en paulatina sustitución de las normas reguladoras ex ante. 
El nuevo modelo debería instaurar una fase transitoria que facilite este pasaje hacia un mercado de las telecomunicaciones cuya gestión pueda efectuarse de manera análoga a la de cualquier otro sector económico, siempre dentro del riguroso respeto de la disciplina tutelada por la competencia. 
El logro de este objetivo puede basarse en el empleo de un cuerpo de normas ex ante, armonizadas en el nivel europeo y caracterizadas por la transitoriedad y la excepcionalidad; en otras palabras, el reglamento que estamos debatiendo aquí y que hemos de aprobar ex ante debe incluir las condiciones de su propia eliminación en el momento en que se haya alcanzado un adecuado nivel de competencia. 
A fin de garantizar la proporcionalidad de la intervención en relación con los objetivos reglamentarios, convendrá mantener estas normas ex ante en unos niveles de prescripciones e intensidad mínimos. 
Teniendo en cuenta la flexibilidad del nuevo modelo, que amplía con gran discrecionalidad el ámbito de intervención de las autoridades reguladoras internacionales, la estructura básica del nuevo marco normativo debe caracterizarse por la exigencia de garantizar la facultad de supervisión de las resoluciones de las autoridades nacionales prevista por la Comisión con el fin de garantizar la interpretación correcta del nuevo marco y evitar, así, efectos distorsionantes para la competitividad del mercado europeo en las distintas áreas geográficas. 
De hecho, la falta de un poder centralizado en el nivel europeo que permita evaluar la coherencia final de las decisiones nacionales en relación con los objetivos comunitarios plantea una seria amenaza para el logro de los propios objetivos del nuevo marco reglamentario. 
A este respecto, Presidente Daems, Comisario Liikanen, me permito exponer una enmienda que, junto a otros 51 miembros de diversos Grupos políticos, he presentado precisamente a la directiva del Sr. Paasilinna, que con tanto tino ha trabajado en su propuesta referente a la directiva relativa a las telecomunicaciones. 
Mediante la mencionada enmienda se pretende otorgar una mayor claridad al papel de los operadores, evitar la segmentación en la aplicación del derecho comunitario en los distintos Estados miembros y asegurar el desarrollo de un verdadero mercado interior de las telecomunicaciones. 
La adopción de mi propuesta facilitaría la armonización, que sólo se logrará gracias a la previsión de un poder definido de manera inequívoca mediante el cual la Comisión Europea pueda intervenir para garantizar que la aplicación de la disciplina comunitaria sea coherente con los objetivos y persiga los mismos fines en todos los Estados miembros. 
La armonización y el poder centralizado son esenciales para la construcción del mercado paneuropeo de las telecomunicaciones. 
Es eso lo que desean los operadores, es lo que desea el mercado, Presidente Daems, Comisario Liikanen. 
El mercado desea la creación de un mercado paneuropeo de las telecomunicaciones; en cambio, es a menudo la miopía de las autoridades nacionales la que tiende a frenar en la actualidad ese proceso evolutivo. Por esa razón, he propuesto esta enmienda con la esperanza de que goce de la consideración de la Presidencia belga, del Consejo, de la Comisión y de esta Asamblea. 
. 
(EN) Señor Presidente, en el último grupo de este paquete de directivas, la directiva de servicio universal y de los derechos de los usuarios, de la que he tenido el honor de ser ponente, se encuentra en la vanguardia de todo el paquete. 
Estas son cuestiones que verdaderamente tienen significado para todos los consumidores y usuarios de servicios de comunicación electrónica. 
La posición común que hemos recibido del Consejo constituyó un avance fundamental respecto del texto de la primera lectura y quisiera dar las gracias al Consejo y la Comisión por aceptar tantas de las ideas y sugerencias del Parlamento. 
El nuevo texto ha sido sustancialmente reestructurado y esclarecido, lo cual es importante para una efectiva transposición en los Estados miembros. 
Como parte de esa reestructuración se exponen claramente los aspectos de intervención en el mercado que contiene esta directiva- y, en el plano de los precios de venta al consumidor, aquí hay una intensa intervención en el mercado. 
Merece la pena que todos nosotros en esta Asamblea recordemos que estas medidas son consideradas de transición hacia un mercado completamente abierto en el que las reglas de la competencia imperen soberanamente. 
Esa es la dirección en la que nos queremos mover. 
Quisiera retomar otras mejoras que se han producido como resultado de la segunda lectura. 
Quisiera dar las gracias al Consejo por trabajar tan estrechamente con nosotros y también dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos que han colaborado muy estrechamente conmigo aportando sus sugerencias. 
Confío en que estén satisfechos con los resultados que hemos conseguido. 
Es importante que recordemos que la esencia de esta directiva de servicio universal es garantizar que un servicio básico esté a disposición tanto de consumidores capacitados como discapacitados en todo el mercado único, y también que el contenido de los derechos de los usuarios garanticen que los consumidores tienen el derecho a unos términos contractuales claros, a una completa y transparente información sobre precios y también una garantía sobre otros importantes servicios. 
Los cambios que hemos afinado, especialmente en la segunda lectura, atañen a algunas otras mejoras respecto de la provisión a usuarios discapacitados. 
Me complace decir que en el estadio de la posición común, en un artículo separado, disponemos de una clara indicación sobre la importancia que tienen los Estados miembros en la provisión de una amplia gama de servicios a los usuarios incapacitados, en especial al asegurar que los usuarios discapacitados dispongan del grado de elección y gama de servicios que el resto de consumidores espera. 
Se trata de unas disposiciones de amplio espectro que se irán desarrollando conforme aumenten los servicios. 
El nuevo elemento- que celebro hayamos introducido, y quisiera dar las gracias al Consejo por aceptar esto- consiste en estimular el desarrollo de unas nítidas normas de calidad respecto del servicio a usuarios discapacitados. 
Esto es algo que hemos añadido en este estadio porque nos pareció que era oportuno disponer de unas disposiciones comunes, pero si no tenemos un medio para controlarlas y asegurar que evolucionan junto con el resto de la gama de servicios contemplados, entonces probablemente nada cambie. No podremos ver que los usuarios discapacitados saquen provecho de las nuevas tecnologías y los nuevos servicios de la forma en que todos deseamos. 
Esta es una disposición importante que estoy seguro contará con el respaldo de todos los diputados. 
El segundo campo en el que nos hemos centrado en la segunda lectura ha sido asegurar que las pequeñas y medianas empresas también se beneficien del tipo de derechos del usuario que se exige para los consumidores individuales. 
En un mundo de vertiginoso desarrollo, ya sabemos que las pequeñas y medianas empresas constituyen un objetivo esencial para las comunicaciones electrónicas avanzadas. 
Queremos que las PYMEs participen realmente en el comercio electrónico, en las nuevas posibilidades que les proporcionan unas comunicaciones electrónicas avanzadas. 
No tienen por qué tener la misma capacidad de negociación que las grandes empresas y por ello se han contemplado disposiciones para las mismas. 
Para terminar, quisiera hablar sobre un tercer aspecto que nos ha inmerso en numerosas y duras negociaciones con el Consejo, en concreto, sobre las obligaciones de retransmisión incluidas en esta directiva. 
Estas permiten a los Estados miembros imponer la obligación de retransmitir canales de servicio público y canales de especial interés en los sistemas de comunicación electrónica. 
Muchos colegas consideran que esto debería extenderse específicamente a los sistemas por satélite y a los sistemas de acceso condicional. 
El Consejo y la Comisión nos han expresado que esto ya queda completamente cubierto por la directiva de acceso e interconexión, pero los diputados no están de acuerdo con ello. 
A la hora de considerar el paquete de compromiso sobre el que vamos a votar, recomiendo a sus Señorías que no apoyemos este aspecto a menos que la Comisión nos asegure que seguirá vigilando esta cuestión muy estrechamente cuando se contemple la Directiva de Televisión sin Fronteras y que estimulará las disposiciones relativas a un acceso justo. 
Si así lo hacemos, estoy seguro que estaremos en disposición de avanzar y aprobar todo el paquete, lo que constituirá un avance fundamental para la economía y la competitividad de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que felicite a los ponentes y ponentes de los partidos por el trabajo que han realizado con la Presidencia buscando una base común que nos sirva para poder llegar a un acuerdo que nos permita tomar, con cierta agilidad, una decisión con la cual seamos capaces de fomentar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y, por lo tanto, también el mercado interior. 
Quisiera extender mis felicitaciones también a la Comisión, que nos ha ayudado, junto con los ponentes y los ponentes de los partidos, con apoyo y consejos para llegar finalmente a una posición común. 
Permítanme que aclare un momento cómo ha sido el proceso antes de llegar a este punto. 
Hablando de proceso, me refiero al procedimiento que hemos seguido para llegar a un paquete potencialmente aceptable para el Parlamento. 
Señorías, ustedes han de saber que no es sencillo unir y reconciliar las opiniones más variadas, sobre todo cuando se trata de las opiniones de los diferentes Estados miembros, para poder presentar un paquete de común acuerdo. 
Por lo tanto, la Presidencia ha preparado en este contexto la respuesta a las recomendaciones para la segunda lectura relativa a las directivas aquí presentadas, y, para ser sincero, se trata de una respuesta muy equilibrada y armónica que la Presidencia cree que puede ser aceptada. 
Bien es verdad que habría que redactar unas declaraciones adicionales porque no todo puede quedar reflejado en el cuerpo de una directiva, como por ejemplo con respecto a las observaciones de la primera ponente, la Sra. Niebler. 
A mi juicio, es obvio que una nueva política requiere, por ejemplo, información e implicación por parte del Parlamento, sobre todo cuando se trata del uso del espectro existente. 
A pesar de todo, creo que este principio general necesita una explicación del que lo aplica, es decir, de la Comisión, y pienso por lo tanto que también las declaraciones de la Comisión, no sólo al respecto sino también sobre algunos otros aspectos- y lo acaban de decir algunos ponentes- sí tendrían su importancia. 
Me parece que el papel que me corresponde ahora es el siguiente: si ustedes como Parlamento pueden garantizar que se acepte esta respuesta común de la Presidencia del Consejo, todo esto se llevará a la práctica. 
Dicho de otra forma: me parece sumamente importante decirles formalmente que si la Comisión puede aceptar plenamente nuestra respuesta y si el Parlamento apoya plenamente esta postura común del Consejo, el Consejo la adoptará también. 
O sea, se trata, como se ha dicho anteriormente, de un paquete de directivas. 
Un paquete que entraña el riesgo de que, cuando se tire de una cuerda, se pueda desmoronar completamente. 
No lo digo porque me guste decirlo, sino porque el realismo político que todos poseemos nos enseña que, si queremos avanzar con agilidad, hemos de adoptar una posición común que nos ofrece muchas ventajas. 
Seamos sinceros, la flexibilidad hacia el Parlamento de la que ha dado muestras el Consejo ha sido ejemplar y contenía un dato muy importante, que era nuevo para mí: el concepto de mercado interior ha sido puesto claramente en un primer plano, también por el Consejo. 
En mi opinión, se trata de un hecho muy especial y novedoso. 
Es en este contexto en el que la Presidencia del Consejo ha presentado aquí su respuesta y no quisiera correr el riesgo de que, si se llega a tirar de la cuerda- se lo digo con toda mi franqueza -, mis colegas, que me han pedido que les dijera esto, volvieran a su posición común anterior, porque en ese caso creo que sería imposible saber qué saldría de un eventual procedimiento posterior. 
Para terminar, me parece que hemos llegado a un punto en que podemos dar un salto muy grande hacia adelante, en que la flexibilidad del Consejo es, y me atrevo a decirlo, bastante ejemplar, en que hay un fomento para la industria, en que contribuimos a la creación del mercado interior y en que, a través de este mercado interior, creamos todo tipo de ventajas para los consumidores tan diferentes entre si y con todos sus aspectos, por medio de horarios universales entre otras cosas, que a todos nos parece tan importante. 
Dicho de otra manera: el Consejo se compromete formalmente a poner en marcha este paquete sin excepción alguna, si la Comisión lo apoya plenamente y si ustedes opinan que es aceptable. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias al Presidente del Consejo por su forma tan clara y directa de expresarse, ya que dice simplemente: lo toman o lo dejan. 
Pero le admiro sobre todo tanto por la gran perseverancia con la que ha trabajado como por el resultado que hemos alcanzado. 
He de reconocer que una frase importante de la intervención del Presidente del Consejo me ha llegado profundamente, que ha sido cuando ha resaltado la importancia del mercado interior. 
Lamentablemente, hemos tenido que trabajar demasiado tiempo con un Consejo que nos daba la sensación de que las palabras "mercado interior" ya no existían. 
Gracias a usted, y también puedo decir que gracias a muchos de mis colegas del Parlamento Europeo, estas palabras han vuelto a pasar a primer plano. 
Señor Presidente, se trata de que vamos a tener mayor competitividad, más jugadores, más operadores de redes móviles virtuales, etcétera, y todo esto es, naturalmente, muy positivo. 
Se trata de encontrar un delicado equilibrio entre unas reglas establecidas por una parte, y las posibilidades de seguir desarrollando el mercado, por otra. 
Estamos ahora inmersos en una fase de transición y hemos de llegar lo más pronto posible a una situación de normalidad, no a algo previo o posterior, sino hacia algo definitivo por decirlo de forma sencilla. 
Por lo tanto, nos tenemos que hacer la pregunta de si el conjunto de normas y de intervenciones en el mercado que tenemos ahora, resistirá en el futuro. 
Me parece que esto deber ser uno de los criterios de evaluación de la Comisión, que tiene que valorar constantemente si no podemos avanzar con mayor rapidez hacia lo que yo llamo un mercado normalizado, o sea, el mercado definitivo. 
Naturalmente, también hemos de preguntarnos: ¿en qué se beneficia el consumidor? 
¿Vamos a tener más servicios por menos dinero? 
Por eso, estoy contento con la propuesta del Consejo con respecto al "roaming" internacional y quisiera preguntar al Comisario: ¿qué piensa hacer la Comisión para evitar el año que viene, cuando empiecen las vacaciones de verano, que los electores nos bombardeen con quejas de que todo esto sigue siendo demasiado caro, que las llamadas de un teléfono fijo a uno móvil siguen costando demasiado? 
Estas son las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y es en este ámbito simplemente donde tenemos que mostrar resultados. 
Por otra parte, el artículo 6 ha sido mencionado ya muchas veces. 
Está claro que se puede valorar de diferentes maneras. 
Por mi parte, me alegro de que el Consejo por fin haya hecho de tripas corazón y haya reconocido que en el mercado interior le corresponde a la Comisión tener un papel más independiente. 
En la ronda siguiente seguiremos luchando, porque creo que lo que usted ofrece ahora es muy escaso porque para un mercado interior de verdad hay que ofrecer más. 
Pero también en esta cuestión hay que actuar con cierta dosis de realismo. 
Además, he entendido de sus palabras que usted interpreta la cláusula de revisión como algo en el sentido de ir avanzando hacia ese mercado único interior. 
A pesar de que no ha adoptado la enmienda 36, en la práctica sí la ha aceptado, por lo cual le estoy muy agradecido. 
Como última cuestión, creo que es de suma importancia que la Comisión nos explique qué pasos piensa tomar en el tema de la televisión digital para que se llegue a establecer lo más rápido posible ese estándar común europeo. 
Señor Presidente, se trata del futuro europeo, se trata de la realización de los objetivos de Lisboa y, en mi opinión, la Comisión debe desempeñar el papel de protagonista en ello. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, distinguidos colegas, en tan breve tiempo quisiera referirme sólo brevemente a algunos puntos. 
Señor Ministro Daems, usted ha indicado con razón que ustedes han logrado cosas notables en el Consejo y usted se ha referido a la pertinente flexibilidad del Consejo. 
Usted dice que hemos logrado un buen compromiso. 
Yo lo veo también así. 
Creo que muchos colegas de mi Grupo lo valorarán así igualmente. 
El compromiso es aceptable. 
Existen mucho puntos en los que hay que seguir negociando. 
Mi colega, Win van Velzen, ha dado la palabra clave acertada. 
Tenemos que seguir negociando. 
Tendremos que seguir luchando para lograr un mercado único común, pues esto es solamente un paso y va a ser necesario más trabajo. 
Creo que en el Parlamento tenemos una dificultad y ya he escuchado muchas voces al respecto, que dicen que es difícil hacer ya un diálogo a tres bandas informal en el marco de la segunda lectura. 
Implica mucho trabajo, mucha inversión de tiempo dadas todas las dificultades lingüísticas que van unidas al mismo. 
Todo el paquete que tenemos ante nosotros es muy complejo y requiere mucho trabajo de detalle. 
Creo que aquí hemos de invertir más en el futuro por parte del Parlamento- con esto me dirijo al Parlamento y ¡menos a la Comisión y al Consejo, aunque de manera indirecta también- para asegurar que tengamos también a disposición todo el apoyo que requiere un trabajo tan complejo desde el punto de vista político. 
Con esto no va a estar garantizado todavía por completo el mercado único. 
Es cierto que en el futuro la Comisión va a tener más poder y posibilidades de imponerse. 
Nosotros no lo hemos denominado veto. 
Probablemente esto sea acertado desde el punto de vista político, pero nada va en esta dirección. 
No obstante, las autoridades nacionales de reglamentación tienen mediante la cooperación y la consulta la posibilidad de garantizar su intervención en los mercados nacionales. 
Existe una definición interesante de un mercado transnacional. 
No obstante, seguimos teniendo dos problemas- a esto se han referido también algunos colegas- en el ámbito de la interoperabilidad de los estándares. 
Creo que en este punto la propuesta no es suficiente. 
No entiendo a nuestros países por qué no están a favor de la interoperabilidad en el ámbito de los estándares. 
Espero que en este punto se produzcan aún algunas cosas más. 
También en lo que respecta a la participación del Parlamento en las medidas técnicas, esto incluye sobre todo el informe de mi colega, la Sra. Niebler, en la que soy ponente alternativa, es preciso conseguir mucho más para el Parlamento en el marco de la consultación. 
Sólo me atrevo a aludir a que ojalá nuestro colega, el Sr. Von Wogau, nos llegue en el año próximo con un informe interesante que incluya la cuestión de la participación del Parlamento en el marco de tales procesos técnicos de consulta. 
Una vez más, de aquí al miércoles tendremos un poco de tiempo de deliberación, y el Consejo y la Comisión tienen una vez más la posibilidad de pronunciarse sobre estos puntos. 
Me alegraría que lo hicieran hoy una vez más. 
Muchas gracias, señor Presidente, señor Comisario y señor Ministro Daems. 
Me sumo, naturalmente, a las palabras de elogio de mis colegas dirigidas al Sr. Daems por todos sus esfuerzos en los que la Sra. Marcel también ha contribuido lo suyo. 
Volveré sobre este tema luego, pero primero quisiera dar las gracias a todos mis colegas, en especial a todos los ponentes, por la forma tan agradable e intensiva en que hemos colaborado hasta ahora. 
Porque hemos de darnos cuenta de que lo presentado aquí es fruto de la armonía con la que hemos trabajado en este Parlamento sobre este paquete. 
El Consejo ha entendido perfectamente que no hemos querido ceder en los puntos esenciales, sobre todo en relación con nuestro afán de conseguir un mercado único interior para las telecomunicaciones en el que las empresas y consumidores puedan beneficiarse de los logros de esta Europa unida. 
Y eso sólo se puede conseguir de esta forma. 
Por eso, es esencial que lleguemos a unos acuerdos sobre los procedimientos adecuados y que los vigile en última instancia la Comisión. 
Por otra parte, lo que echo en falta en este paquete es una clara apuesta por un estándar común europeo para la televisión digital interactiva y mi Grupo lo lamenta seriamente. 
Lo que sí queda claro es que Europa no es una institución que aprenda fácilmente. 
Porque el enorme éxito del estándar común de telefonía móvil GSM, del que tanto los consumidores como las empresas se han beneficiado y seguirán beneficiándose en el futuro, no es, por lo visto, un argumento lo suficientemente convincente para el Consejo como para atreverse por una vez a adoptar una postura clara inequívoca en materia de la televisión digital. 
Por lo tanto, pido al Comisario Liikaanen que sí lo haga, siguiendo los pasos de su antecesor Bangemann, y que promueva la plataforma API y, al mismo tiempo, solicito que nos dé un calendario para ello. 
Señorías, el paquete que se ha presentado ahora, ya lo habrán entendido, este acuerdo es aceptable para mi Grupo y espero únicamente, además espero que el Sr. Daems me lo pueda confirmar, que se aplique la ley al pie de la letra en todos los Estados miembros. 
Repito, en todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, distinguido Ministro, distinguida Comisión, distinguidos colegas, tampoco podía faltar la voz de los Verdes en el coro de alabanzas para todos los que tan duramente y tan largo tiempo han trabajado para que nos hayamos podido acercar milímetro a milímetro y módulo a módulo. 
Quiero dar la razón a todos los que me han precedido en el uso de la palabra, en especial, al Sr. Ministro, en el sentido de que deberíamos ver todo esto a la luz del e-Europa y a la luz del mercado interior. 
Aprecio sus esfuerzos, no sólo personalmente, sino también en nombre de mi Grupo, y sé que a veces cabe solucionar muchas cosas sobre la marcha, tomando un café o también por otras vías más informales, por ejemplo, en una comida exquisita. 
Perdónenme, pero me duele un poco el vientre. 
No porque en los últimos tiempos haya pasado tanto tiempo con lobistas de uno y otro lado en comidas exquisitas, sino porque la comida, según el punto de vista, me resultaba demasiado opulenta o demasiado miserable. 
Demasiado opulenta en el sentido de lo que ha dicho ya mi colega van Velzen: come pájaro, más no te vamos a dar, o demasiado miserable en el sentido de que a la hora de los compromisos se aceptan algunas propuestas del Parlamento Europeo con pequeñas modificaciones, con tan pequeñas y nebulosas modificaciones que afectan a pequeñas palabras como shall o may, que luego se intercambian y que de repente ya no representan para mí modificaciones pequeñas. 
Quisiera destacar brevemente una cosa, pues en el ámbito del servicio universal he tenido con el colega Harbour un intercambio de información y una cooperación excelentes durante todo el tiempo. 
Quisiera destacar solamente un punto en el ámbito de los servicios universales y, en concreto, cuando se trata de usuarios con minusvalías. 
En este punto no vamos a hacer regalos. 
Vivimos en una sociedad que por razones de solidaridad y también por razones económicas adopta medidas necesarias. 
Se trata más bien de que después de tantos años demos señales muy importantes, también en este ámbito, para posibilitar a los minusválidos el pleno acceso, como usuarios plenamente integrados, a esta sociedad de la información y de la comunicación, y esta disposición política, esta conciencia y esta voluntad políticas, todo esto no se daba en absoluto, con estas dimensiones, hace 20 años. 
En realidad, he querido destacar esto para mostrarles a todos ustedes que tengo confianza en el tiempo. 
Pero esto no basta para calmar mis dolores de vientre. 
Creo, que a pesar de este dolor de vientre, apoyaré gustosa este compromiso, pues yo, como todos ustedes, soy partidaria de este mercado interior y me habría gustado que éste se hubiera instalado y asentado ayer y no en un futuro próximo. 
Pero también me sumo a los crucial points, a las piezas centrales, que han sido mencionadas por mis colegas, que para mí no significan realmente una solución en el compromiso: interoperabilidad, televisión digital, obligación de transmitir, artículo 6 de la directiva marco. 
Con esta comida, abundante o algo miserable, pienso todavía un milímetro o dos milímetros más allá. 
Y me gustaría escucharles a ustedes lo que quizá nos tienen que decir aún y entonces, aunque se me revuelva el estómago, les daríamos gustosos nuestra aprobación. 
Quisiera dar las gracias a los ponentes en nombre de mi Grupo y en nombre del Parlamento por el fabuloso trabajo que han realizado en sus informes conjuntos. 
Al contemplar lo que el Consejo acordó en Lisboa y en especial la nueva iniciativa europea y al considerar el uso de las ventajas que, derivadas de la revolución de las telecomunicaciones, quedan a disposición de Europa, podemos constatar que existen numerosas y excelentes oportunidades al alcance de nuestra mano, si bien éstas requieren un orden adecuado, unas normas adecuadas y una regulación adecuada que garantice su aprovechamiento en beneficio de todos. 
Llegado este momento quisiera felicitar especialmente al Comisario Liikanen por las innovadoras medidas que ha presentado y por la forma en que se está esforzando por insertar a Europa en el siglo XXI. 
Supongo que resulta apropiado que un hombre de sus orígenes sea el que lo haga. 
En cualquier caso, existen una serie de peligros y riesgos y, en especial, quisiera ocuparme de dos aspectos. 
En primer lugar está la cuestión del servicio universal- la obligación universal sobre la que hablaba mi colega Malcolm Harbour. 
Yo voy a adoptar una perspectiva ligeramente diferente. 
Existe un riesgo relacionado con la competencia de que, con la introducción de nuevas regulaciones y nuevas normas, se produzca una selección de los mercados más valiosos, de los segmentos más valiosos, y que repentinamente se genere un beneficio para las grandes áreas urbanas, a la par que una pérdida para las zonas rurales y periféricas. 
Además, como acaba de mencionar Malcolm Harbour, está la cuestión del acceso de los discapacitados. 
Las empresas y las instituciones deben ser obligadas a adaptar sus servicios de modo que se colmen las necesidades de los consumidores y especialmente de aquellos consumidores para los que Internet y la revolución de las telecomunicaciones pueden proporcionarles la mayor de las oportunidades al insertarles en el mundo real y hacerles partícipes del diálogo. 
Una tercera cuestión en la que me quisiera centrar es el riesgo de crear nuevos analfabetos o nuevas brechas entre los que tienen conocimientos informáticos y electrónicos y los que carecen de los mismos. 
En Europa tenemos actualmente una población que está envejeciendo: tenemos una enorme población de mediana y avanzada edad que quizá no tenga la formación y la capacitación necesaria para adaptarse con provecho a los ordenadores, al comercio electrónico, etc. Lo que se está haciendo en nuestros colegios y facilitar el acceso en el proceso educativo es muy importante, pero debemos considerar nuevas vías para incorporar al proceso a las personas de mediana edad y a los mayores. 
Por último, la iniciativa e-scola es excelente. 
Confío en que pueda ser ampliada para incorporar a las personas más mayores y más zonas periféricas. 
Mi último comentario es que, a la hora de hablar de consumidores, debemos asegurarnos que hablamos de todos los consumidores de Europa y no sólo de aquellos que viven en las zonas urbanas de mayor tamaño. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, señores ponentes, creo firmemente que hemos de compartir el objetivo de fondo del plan de propuestas que nos disponemos a votar, vale decir, la consumación del Mercado Interior con su corolario de liberalización e instauración de un régimen de competencia efectiva en un sector, como el de las telecomunicaciones, de importancia decisiva para Europa, para su economía y el bienestar de sus ciudadanos. 
No obstante, creo que nadie puede pretender, y mucho menos la Comisión, que este plan de propuestas- que sin duda representa un paso substancial en la dirección adecuada- constituirá por sí sólo una solución positiva y definitiva. 
Tengo para mí que no será así; de hecho, el destino del reglamento sobre el unbundling del local loop, a pesar de la práctica unanimidad de que ha gozado y la dificultad para aplicarla, son un claro ejemplo de ello. 
Hay una contradicción de fondo que persiste en muchos Estados miembros, sobre todo en aquellos en los que las agencias de telecomunicaciones de control público conservan aún un peso significativo, por lo que el Estado resulta ser árbitro y jugador a la vez. 
En el ámbito de muchas administraciones públicas existe un poderoso conflicto de intereses que, a mi entender, constituye uno de los peores obstáculos para el desarrollo del proceso de liberalización en el sector de las TLC. 
Quizá para atenuar los efectos negativos de las asimetrías existentes en los distintos mercados nacionales convendría dotar a la Comisión de un mayor papel de control y tutela de las autoridades reguladoras nacionales, además de crear mecanismos mediante los cuales las distintas autoridades nacionales puedan coordinarse y colaborar entre sí. 
Por ese motivo, los radicales italianos apoyan la enmienda del ponente Brunetta. 
Podría tratarse de una opción oportuna e incluso de la solución definitiva. 
Si deseamos un mercado de las telecomunicaciones abierto, competitivo y eficiente, debemos cumplir con el requisito indispensable de reducir el papel gestor de los Estados en el sector de las telecomunicaciones. Estado y administraciones han de tener un único y necesario papel: el de reguladores. 
Desempeñar dos papeles- pretender ser árbitro y jugador a la vez- sólo contribuirá a desacelerar el proceso de liberalización y a llevarlo al borde del fracaso. 
Señor Presidente, la importancia del paquete como un todo está clara, tanto para uno de los sectores económicos más importantes de Europa como para sus consumidores y usuarios. 
¿Pero nos estamos moviendo lo suficientemente rápido como para mantenernos al día respecto de un mercado cambiante? 
Quisiera felicitar a mis colegas, especialmente al equipo del PPE-DE, por alcanzar esta situación en la que gran parte de la posición del Parlamento ha sido incorporada en el texto del Consejo. 
En particular, celebro los progresos realizados en el artículo 4 de la directiva marco, de suerte que se ha aceptado el principio de recurso contra decisiones de las ANR sobre el fondo de un asunto y no sólo contra las relativas a si un proceso ha sido conducido correctamente. 
Esto reconforta en alguna medida a los operadores y establece una situación más equilibrada. 
También saludo las mejoras en el artículo 6 de esa directiva, con las que se consigue un marco regulador más uniforme en todos los Estados miembros al exigir la cooperación y la coordinación entre las ANR y la Comisión. 
Personalmente, prefiero el acercamiento voluntario a la adopción de unas normas comunes para la tecnología de la televisión digital, que pretender la imposición de una solución. 
Yo digo que debemos dejar que el mercado nos dé la respuesta. 
El paquete, en su actual formulación, parece constituir una considerable mejora respecto de la propuesta original, pero seguimos teniendo en cuenta la preocupación de los consumidores por el nivel de competencia y de servicio, que debe ser tratada mediante una transición más rápida hacia un verdadero mercado interior regido por las reglas generales de la competencia. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Harbour, por el modo cooperativo y pragmático con el que ha trabajado en la directiva de servicio universal. 
En especial, sus esfuerzos por alcanzar un consenso han propiciado que las enmiendas del Grupo socialista- que tenían por fin reforzar las disposiciones relativas a la obligación de retransmisión y conceder unos derechos de acceso más sólidos a los usuarios discapacitados- hayan sido llevadas adelante en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
El rápido ritmo del cambio tecnológico en el sector de las telecomunicaciones implica que la legislación debe mantenerse al día respecto del ritmo de los avances. 
Pero debe reflejar las crecientes expectativas de los usuarios y consumidores respecto de un paquete mínimo de servicios a un precio asequible que garantice el acceso para todos. 
La revolución de las telecomunicaciones ha producido un aumento de las expectativas de los consumidores. 
Nos corresponde a nosotros responder y garantizar que, en la UE, nuestro marco legislativo pueda generar competencia y un beneficio para el consumidor. 
Los consumidores, por ejemplo, no se han beneficiado de la existencia de múltiples competidores en el mercado de la telefonía móvil. 
Las tarifas no se han reducido en consonancia con los menores costes de la explotación de redes, lo que ha propiciado en el Reino Unido una investigación de Oftel y una investigación de la Comisión Europea. 
Esta directiva debe garantizar un verdadero acceso universal que se extienda a todos los usuarios, en particular a aquellos que tienen especiales necesidades sociales, aquellos que tienen bajos ingresos y los que tienen discapacidades. 
Los discapacitados quedarán al margen de las oportunidades si no existen suficientes garantías de acceso en toda Europa a los teléfonos públicos, a los servicios de información telefónica y a las opciones de programación electrónica. 
Sólo en mi país dos millones de invidentes y personas con visión parcial podrían beneficiarse de esta directiva si el Consejo y la Comisión aceptasen nuestras enmiendas. 
Por ultimo, respecto de las disposiciones relativas a la obligación de retransmitir, debemos encontrar un medio que permita que servicios y canales que sean de interés público sean incorporados a las plataformas de cable y satélite. 
Si no lo hacemos, me temo que el futuro de la televisión vía satélite estará dominado por la cultura televisiva de los concursos de preguntas en los que aparecen amas de casa desnudándose, y se desterrarán los programas educativos y de interés general. 
Seamos claros: la enmienda 26 no pretende un espacio gratuito para las emisoras públicas en los servicios de acceso restringido y mucho menos su imposición u obligación. 
El hecho es que las condiciones de mercado no siempre propician una "obligación de retransmitir". 
Es adecuado permitir que los Estados miembros intervengan siempre y cuando resulte apropiado hacerlo. 
Confío en que la Comisión y el Consejo perciban la conveniencia de respaldar esta cuestión. 
Estamos a favor de un acuerdo rápido, pero éste está condicionado a la aceptación, por parte del Consejo y de la Comisión, de nuestras enmiendas, que son un verdadero y comprometido intento de asegurar que este nuevo mundo feliz de las comunicaciones electrónicas sea verdaderamente universal. 
Señor Presidente, estimado Comisario, señor Ministro, si llegamos a un acuerdo esta semana estaremos frente a una de las pocas decisiones en las que se habrá cumplido el calendario fijado por el Consejo Europeo. 
Ésta es una buena razón para que nos esforcemos para hacer algo en esta materia, contrariamente a lo que ha ocurrido otras veces que se han discutido resoluciones sobre liberalizaciones. 
Doy las gracias especialmente al ponente Malcom Harbour, con quien he colaborado estrechamente. 
Coincido con los oradores que han señalado que estamos estableciendo importantes reglas para los usuarios discapacitados. 
En ciertas ocasiones me he avergonzado de que nuestras normas no hayan sido tan avanzadas como las que rigen en otros grandes mercados. 
Quisiera subrayar también lo que dijo Malcom Harbour sobre el principio de must carry. 
La intensidad con que hemos discutido los temas relativos a la televisión durante las últimas semanas demuestra que no es posible distinguir completamente entre los contenidos y los principios que sostuvimos la primera vez que discutimos las convergencias. 
Estamos hablando de importantes valores culturales, en los que la Comisión y los Estados miembros deben ser capaces de liberarse de las estrictas normas comerciales. 
Hay que respaldar el acuerdo contenido en el informe Paasilinna. 
Espero que la Comisión aplique también una política de competencia más justa entre los países grandes y pequeños, de manera que puedan seguir existiendo los mercados pequeños y diferentes. 
Esto es algo a lo que quizás no se ha prestado la suficiente atención. 
También está el asunto de la televisión digital. 
Lamento sinceramente la postura del Consejo sobre la API para receptores digitales. 
El Parlamento Europeo ha manifestado en reiteradas oportunidades que respalda un estándar abierto, común y aprobado. 
En esta materia no existe un mercado como en otros sectores. 
Por eso no cabe buscar un mercado. 
Espero que antes de la votación del miércoles la Comisión pueda decirnos qué medidas piensa adoptar- y cuándo- para alcanzar la interoperabilidad, esto es, la verdadera libertad de opción para los consumidores. 
Por tanto, espero que la Comisión emita alguna declaración antes de la votación del miércoles. 
Esto es importante para la competitividad del sector respecto a otros segmentos del ámbito de las telecomunicaciones. 
Distinguido señor Presidente, quiero sumarme expresamente al agradecimiento que se está dirigiendo a la Comisión, al Consejo y a todos los colegas. 
Con su esfuerzo han hecho avanzar notablemente el mercado de telecomunicaciones en la Unión Europea. 
Pero, contrariamente a lo que indica la palabra, tras el mercado de las telecomunicaciones se esconde una cosa que, en especial, en la presente opinión del Consejo, se ha quedado demasiado corta. 
Celebro sobremanera que no sólo la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, cuyas deliberaciones aporto aquí, sino también la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, hayan sido unánimes en llamar la atención acerca de que no basta, precisamente, con que intentemos conjurar sólo de palabra el peligro de una laguna digital en la Unión Europea. 
No hablo ahora del acceso para los discapacitados, donde creo que se han logrado realmente avances importantes. 
Hablo del principio del acceso digital para todos, pero que después exige también la interoperabilidad de los aparatos, de las interfaces de programación de aplicaciones y de los servicios. 
Aunque lamento esto y quisiera elogiar expresamente a la Presidencia belga por todo lo demás, ésta es la desventaja de este resultado: para la televisión digital, se están sentando ahora las bases de un acceso igual a través de un estándar igual y, naturalmente, necesitamos un equilibrado balance entre el desarrollo del mercado y el compromiso con el bien común, pero estos dos puntos de vista han sido tratados por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en su adopción de acuerdos. 
De ahí, la llamada urgente al Consejo en pro de una equilibrada consideración del bien cultural de la igualdad de acceso para todos. 
Por favor, hagan mejoras en este punto y entonces todos nosotros daremos encantados nuestra conformidad. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, siguiendo el lema de "todo está dicho ya, pero no por mí", y a propósito de dos o tres puntos, quiero subrayar, sin más, lo que han dicho mis predecesoras y predecesores en el uso de la palabra. 
Yo pertenecí a la pequeña minoría que no estaba satisfecha con el artículo 6 de la directiva marco en primera lectura. 
El compromiso que ahora se ha presentado ahora cuenta también con mi conformidad. 
Creo que se ha logrado encontrar un equilibrio entre la cercanía al mercado de los reglamentadores nacionales y el veto, el derecho de objeción de la Comisión, a fin de hacer avanzar el mercado interior, pues todos estamos a favor del mismo, incluso nosotros. 
En este punto vemos absolutamente una fragmentación de los mercados. 
Quiero referirme de una manera general al modo de proceder, en sí. 
Seguramente, se trata de un mercado de gran vitalidad, de una tecnología en veloz desarrollo, y hemos intentado de dar cuenta de esto negociando con relativa fluidez. 
Sin embargo, quiero formular expresamente, una vez más, una advertencia. 
Como Parlamento- y me refiero a nosotros- no deberíamos permitir necesariamente que se nos despojase siempre de los derechos que tenemos en el procedimiento legislativo. 
Podemos comprender esto una o otra vez, cuando se tenga prisa, pero creo que debe ser la excepción. 
Quiera destacar ahora otro punto. 
La oradora que me ha precedido ha aludido con mucha claridad- y no puedo menos que subrayar esto en mi calidad de miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía- a que un estándar único y la interoperabilidad en la televisión digital no sólo es un tema de política industrial, sino también un tema de los consumidores. 
Yo he prometido siempre a mis consumidores y a mis ciudadanas y ciudadanos que nos ocuparemos de que haya un solo estándar mediante el cual puedan ver por un aparato todo lo que quieran ver, sin tener que utilizar varios aparatos. 
Creo que tenemos que avanzar aún un trecho por esta vía. 
Quisiera subrayar exactamente lo que ha dicho mi predecesora en el uso de la palabra, la Sra. Hieronymi. 
Quizá puedan saltar la Comisión y el Consejo un poco más allá de las pequeñas sombras hacia el compromiso que hay sobre la televisión digital. 
Entonces me resultaría también esencialmente más fácil dar mi conformidad a todo el paquete. 
Con esto pongo término a mis explicaciones, indicando que me he atenido a mi turno de palabra. 
Señor Presidente, me da la impresión que este resultado es una reivindicación del método comunitario. 
Gran parte del proceso ha sido iniciado e impulsado por las declaraciones de la Cumbre de Lisboa, pero nada hubiese ocurrido si esas exposiciones declarativas no hubiesen sido convertidas por la Comisión en unas excelentes y funcionales propuestas. 
Entonces éstas fueron impulsadas hacia delante por los ponentes, con un excelente trabajo entre los diferentes partidos en este Parlamento, y consolidadas como resultado de las innovadoras habilidades negociadoras de la Presidencia belga y del Sr. Daems- quien se las compuso para incluir una ruta gastronómica por Bruselas en su esfuerzo por asegurar un consenso. 
Esta combinación ha tenido éxito al empujar a los Estados miembros y a las autoridades nacionales de reglamentación- algunas de las cuales pataleando y vociferando- hacia una estrategia paneuropea. 
Me parece que esto nos enseña algunas lecciones para la Cumbre de Barcelona del año próximo: si queremos hacer avanzar la agenda de reformas económicas en este sector y en otros, debemos seguir confiando en el comprobado método comunitario y no recurrir al intergubernamentalismo que, francamente, estaba implícito en gran parte de lo que el Consejo parecía sugerir en la posición negociadora que adoptó respecto de este paquete. 
Señor Presidente, Señorías, el presente paquete era, en realidad, una de las prioridades centrales de la Presidencia del Consejo y yo quiero agradecer la dedicación con que se ha impulsado el procedimiento. 
Necesitamos alcanzar compromisos razonables y los necesitamos pronto. 
Este es un mercado muy dinámico y esto exige procedimientos de decisión rápidos, que permitan adoptar decisiones vinculantes y, sobre todo, mejorar a la vez la seguridad jurídica. 
Ésta es, en efecto, uno de los requisitos para que se realicen inversiones a largo plazo, que son justamente muy necesarias en la actual coyuntura. 
Yo quiero recordar tan sólo que únicamente en Austria ya tenemos en este momento 80 procedimientos pendientes, sobre los que el Tribunal Supremo hasta ahora ha emitido dictamen en apenas dos casos. 
Este no es el camino adecuado para seguir avanzando en el futuro. 
La importancia de la directiva relativa a la autorización reside, a mi parecer, en que, si bien la armonización es muy positiva, es preciso garantizar al mismo tiempo los derechos de paso Tiene que ser posible contar con el apoyo de las autoridades para hacer valer estos derechos cuando se ha pagado por ellos. 
En la directiva relativa al acceso es especialmente importante el libre acceso a las interfaces. 
No se debe subestimar la futura importancia de la independencia de los operadores alternativos, sobre todo con respecto a la interfaz. 
Para las pequeñas y medianas empresas es particularmente importante que en el futuro siga siendo posible un desarrollo dinámico en este ámbito. 
En el caso del servicio universal, se requieren unas definiciones claras de las condiciones que deberá cumplir, sobre todo en cuanto a qué aspectos que le corresponderá financiar al operador y cuáles serán de financiación pública, y en este último caso habrá que decidir si se debe prever una licitación pública. 
En efecto, yo francamente soy incapaz de explicarles a mis conciudadanos qué diferencia existe entre una conferencia telefónica entre Kehl y Estrasburgo y otra entre Estrasburgo y París. 
Yo creo que en este aspecto nos queda aún mucho por hacer. 
Señor Presidente, confío en que incluso en este tardío estadio, en el último momento, podamos alcanzar entre las tres instituciones un acuerdo respecto de este paquete. 
Otros han mencionado las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, pero existen otras necesidades que exigen una conclusión: las necesidades de la industria de disponer con prontitud de claridad sobre las nuevas reglas, la necesidad de los ciudadanos europeos de unos servicios de telecomunicaciones competitivos, baratos y eficientes, las necesidades de las empresas de la Unión Europea en cuanto a la educación, la investigación y las aplicaciones de índole social. 
En especial, quisiera preguntar sobre los derechos de los usuarios discapacitados y dirigir una pregunta específica a la Comisión sobre el texto de compromiso de la Presidencia. 
Esto es importante, no sólo por motivos sociales, sino respecto del acceso al empleo de los usuarios discapacitados. 
Quisiera preguntarle al Comisario Liikanen si en su opinión el compromiso de la Presidencia comprende esos principios, que estaban contenidos tanto en la directiva marco como en la directiva de servicio universal. 
Los usuarios discapacitados han criticado duramente la no ejecución de la directiva RTTE y esto constituye una cuestión muy importante para muchos de nosotros. 
El Parlamento ha respaldado acertadamente unos poderes cuidadosamente trazados para la Comisión y también comprende que un cierto grado de cualificación es esencial. 
Hay una demanda de normas claras que deben ser aplicadas coherentemente en el seno de las autoridades nacionales de reglamentación y entre las autoridades de reglamentación. 
Los poderes de la Comisión han de estar circunscritos y limitados en el tiempo, como efectivamente se encontraban en las enmiendas del Parlamento y en el compromiso de la Presidencia. 
Confío en que cuando vayamos a votar el miércoles hayamos alcanzado un acuerdo entre los grupos políticos y entre las tres instituciones. 
Estos informes desempeñarán un papel esencial, no solo en la configuración del futuro de las telecomunicaciones sino también en el aseguramiento de una mayor capacidad de elección entre la competencia del mercado europeo. 
Y lo que es incluso más importante, espero que nos permitan avanzar en alguna medida en nuestro camino hacia la sociedad basada en la información, hacia la disminución de la distancia existente entre aquellos que tienen acceso a la tecnología de la información y los que no lo tienen. 
Estoy hablando de la directiva de acceso e interconexión que ha sido ampliada para proporcionar un marco armonizado y favorecedor de la competencia que estimule las infraestructuras de redes en competencia y la interoperatividad de los servicios. 
Confío en que esta asegurará que los cuellos de botella existentes en el mercado no coarten el nacimiento y el crecimiento de servicios innovadores, especialmente aquellos para personas con discapacidades y los servicios que beneficien a usuarios y consumidores. 
Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, en primer lugar, necesitamos influir en el modo en que los Estados miembros regulan el acceso y la interconexión y, en segundo lugar, necesitamos que los operadores con un PMS concedan a otros operadores de red facilidades de interconexión de forma transparente. 
Un campo en el que hemos tenido problemas y en el que la estrategia armonizada de los Estados miembros ha sido difícil de obtener es el del roaming internacional y la terminación de la llamada en redes de telefonía móvil. 
Me consta que esta directiva quizá no sea el lugar apropiado para una información tan detallada aunque, sin embargo, en ausencia de cualquier movimiento por parte de los operadores, creo que es importante que resaltemos esta cuestión. 
El hecho es que la terminación de una llamada en redes móviles es diez veces más cara que la terminación en redes fijas. 
Puedo entender algunos de los problemas del roaming internacional, pero las diferencias son demasiado grandes como para ser creíbles en términos de los costes efectivamente soportados y en el conjunto de Europa hay un gran abanico de precios para el mismo servicio. 
El país más caro lo es casi el doble que el más barato. 
Quisiera intentar asegurar que, contemplando un terreno de juego uniforme y un mercado único, los precios al consumidor se basen en los costes y sean transparentes y supongan un beneficio para el consumidor, especialmente para las PYMEs, que intentan acceder a toda Europa y beneficiarse del mercado único. 
Espero que la Comisión tenga más éxito del que tuvo al ejecutar la directiva del bucle local en los 15 Estados miembros, porque esta directiva requiere que sea implementada rápidamente, ya que unos precios más bajos, unas mayores posibilidades de elección y unos mejores servicios deben constituir una absoluta prioridad para la UE si queremos alcanzar una Europa socialmente más inclusiva y una Europa de una sola velocidad. 
Señor Presidente, desde el Consejo Europeo de Lisboa hemos recorrido un largo camino en un espacio de tiempo relativamente corto. 
Las tres instituciones, Consejo, Parlamento y Comisión, éramos conscientes de que el factor tiempo es vital en una de las tecnologías en más rápida evolución. 
Ya se aprobó la Directiva relativa al comercio electrónico, aprobamos la Directiva relativa a la desagregación del bucle local- que, por cierto, todavía los Estados miembros no han cumplido plenamente -, pero, ahora, el negocio de las telecomunicaciones, que parecía un negocio seguro, se está haciendo cada vez más problemático, sin que tampoco se beneficien por ello los usuarios. 
Es, por lo tanto, necesario un nuevo marco. 
Y a eso obedece este paquete de directivas que tenemos ante nosotros. 
No se trata de regular más. 
Se trata de regular lo necesario en un equilibrio entre operadores y consumidores. 
Pero, sobre todo, de lo que se trata es de regular de la misma manera, de regular igual, para evitar, precisamente, lo que se estaba produciendo: una fragmentación del mercado interior. 
De ahí que el Parlamento Europeo intentara resolver este problema, que el Consejo, en su posición común, hiciera una contraoferta, que yo creo que estaba bajo mínimos, pero ahora la Presidencia ha conseguido un paquete que está por encima de esos mínimos. 
Evidentemente, lo que se nos ofrece no es lo ideal, no es lo que nos gustaría a todos obtener, pero, como dice el refrán, lo mejor es enemigo de lo bueno, y, en aras de la certidumbre de los operadores, en aras de la necesidad de tener un filtro en la Comisión que arregle los problemas del mercado interior, y también- por qué no decirlo -, en aras de una buena imagen del funcionamiento de nuestras instituciones, yo recomiendo la aprobación de este paquete. 
Señor Presidente, Señorías, más allá de los elogios, a los que naturalmente también me sumo, subsisten no obstante algunas gruesas gotas de amargura, que también se han señalado ya. 
Voy a hablar ahora en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte de las directivas relativas a la autorización y al espectro radioeléctrico, así como de "ponente en la sombra" de mi Grupo para la directiva marco. 
La Comisión de Cultura aprobó por unanimidad todos los informes y también conseguimos que la comisión competente para el fondo tomara en consideración los aspectos esenciales de nuestra posición. 
Todas las aspiraciones de la comisión fueron desestimadas, en cambio, por el Consejo, lo cual resulta más que decepcionante. 
Para ir al grano, aunque el paquete de directivas que estamos debatiendo se designe abreviadamente como el "paquete de las telecomunicaciones", es preciso dejar bien claro que éste no se refiere en modo alguno únicamente a los aspectos que afectan a las telecomunicaciones en sentido estricto. 
En la práctica, la convergencia técnica hace necesario establecer distinciones entre las ofertas electrónicas no sólo desde el punto de vista del procedimiento de transmisión y del aparato receptor, sino que- hablando claro- a nuestro parecer el tema de fondo es sobre todo el de la televisión digital y otras ofertas significativas desde el punto de vista periodístico. 
Por esto, el objetivo de la Comisión de Cultura es que la diversidad cultural de Europa tenga cabida en las redes en toda su amplitud y no esté supeditada exclusivamente a las leyes del mercado y de la competencia. 
Por consiguiente, el tema de la interoperabilidad es irrenunciable a nuestro parecer y otro tanto sucede con la transmisión obligatoria. 
Sólo así se podrá ofrecer a los Estados miembros y a los operadores que participan en el mercado la seguridad jurídica de que tendrán la posibilidad de garantizar las ofertas de interés general, y sólo así se podrá asegurar, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, que todos y todas puedan acceder a todo el abanico de ofertas. 
Evidentemente, la decisión sobre los contenidos no es tarea europea, pero sí lo es velar por que el comercio no aniquile a la cultura. 
La renuncia a la interoperabilidad no sólo es culturalmente restrictiva, sino que a fin de cuentas también puede llegar a ser perjudicial para el mercado interior. 
El compromiso del Consejo es, por lo tanto, absolutamente insuficiente y nosotros confiamos en que algo se mueva todavía en este aspecto. 
Señor Presidente, yo, como todo el mundo, o quizá como la mayoría de los miembros de esta Asamblea, deseo un mercado único. 
Pero no deseo un mercado en el que la competencia sea la regla suprema. 
La regulación es necesaria tanto económicamente como socialmente. 
Si no hay competencia, no se generará innovación en los servicios, pero si hay una competencia sofocante, tampoco habrá innovación en los servicios. 
Por lo tanto, es necesario hallar el justo equilibrio. 
De modo que quisiera hacerles saber a la Comisión y al Consejo que el Parlamento les está ofreciendo una oportunidad de mejorar el equilibrio del paquete que tienen ante ellos, y les instaría a que acepten las propuestas presentadas por el Parlamento. 
Por coincidencia, la Comisión ha presentado hoy un documento de trabajo sobre la actividad de las industrias que proporcionan servicios de interés económico general, y aquí también se incluyen las telecomunicaciones. 
Ese documento señala que la liberalización está teniendo en general un efecto neto beneficioso, pero quisiera expresarle a la Comisión que es necesario que presenten más investigaciones y pruebas más sólidas respecto de sectores específicos para convencerme de que eso es cierto en todos los casos. 
Por ultimo, quisiera sugerir que la Comisión debe tener en cuenta sin más dilación las sospechas sobre la fijación de precios respecto de las llamadas de teléfonos móviles en roaming. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, siempre que se cierra un debate y se aprueba un paquete tan importante como lo es, en este caso, el paquete de telecomunicaciones, es comprensible y necesario que dirijamos la mirada hacia el futuro. 
En el presente contexto, se plantean de inmediato dos preguntas. 
¿Puede prever ya la Comisión qué transformaciones experimentará el mercado, no sólo en el sentido de un incremento de la competencia? 
¿Qué efectos cabe esperar desde el punto de vista del empleo? 
¿Pueden prever ya, sobre la base del paquete que se va aprobar, si se reducirá efectivamente la brecha digital? 
¿No creen que las medidas que se van a aplicar ahora constituyen un contexto ideal para mejorar la transparencia, tanto desde el punto de vista de los costes como desde el de los usuarios? 
En efecto, con las nuevas directivas, vamos a tener que enfrentarnos justamente con una desconcertante avalancha de información sobre las tarifas de las telecomunicaciones y la transparencia en el ámbito de la economía debería ser, sin duda, al menos tan importante como lo es en la política. 
El Consejo y la Comisión han ejercido una considerable presión sobre el Parlamento para que su propuesta sea considerada como grabada en mármol. 
Sin embargo, ocho enmiendas han sido presentadas por parlamentarios procedentes de cinco grupos diferentes, lo que demuestra por el contrario el carácter insuficiente del texto base. 
Los firmantes de estas enmiendas, apoyados por la Comisión de Asuntos Jurídicos, quieren principalmente, en un deseo de neutralidad técnica, que las obligaciones de difusión, el must carry, se apliquen igualmente con respecto al satélite, a los sistemas de acceso condicional y a las empresas que facilitan el acceso a plataformas de televisión digital. 
Pedimos, en nombre de la coherencia jurídica, que los sistemas de acceso condicional y los demás recursos asociados se integren también en el párrafo 2; este es el objeto de la enmienda 26, la única presentada por nuestro Grupo. 
Señor Ministro, nos permitimos insistir: nos gustan mucho, como a todos, los discursos sobre la reducción de la fractura numérica, pero nos gustaría también que el Parlamento estuviera autorizado de vez en cuando a ejercer un poder de codecisión. 
Señor Presidente, en la actual sociedad del conocimiento los servicios electrónicos constituyen un bien público. 
En consecuencia, deben combinarse los requisitos de competencia con la calidad y la accesibilidad- desde el punto de vista económico, independientemente de la situación geográfica y de las características personales del usuario- de los servicios, con el objetivo fundamental, en todo caso, de garantizar el acceso universal. 
Con toda razón, por lo tanto, se insiste especialmente en la facilitación del acceso a las personas con necesidades especiales. 
La consulta con los usuarios constituye un presupuesto indispensable al objeto de garantizar las regulaciones más adecuadas desde el punto de vista social. 
Muy especialmente celebro la enmienda por la cual los Estados miembros deben mantener consultas públicas a fin de establecer una definición de usuario con necesidades especiales. 
Esto significa que debe iniciarse un amplio diálogo con los representantes de cada uno de los grupos de personas con necesidades especiales, según sus particularidades. 
Debe, pues, prestarse particular atención a las medidas dirigidas a los usuarios disminuidos, como la prestación del servicio de teléfono público de telefonía textual, u otras medidas similares para sordos o personas con problemas de habla. 
Y aún más; desde el momento en que se acepta este parámetro, habrá que desarrollar- paralelamente a las normas generales de eficacia y rendimiento- normas de eficacia y rendimiento de los servicios para personas disminuidas, porque sólo así será posible un seguimiento del grado de acceso de estas personas a los servicios electrónicos. 
. 
(EN) Las cuatro directivas que tienen hoy ante ustedes, junto con la Decisión Spectrum, configuran el nuevo marco regulador para las comunicaciones electrónicas- una piedra de toque de la estrategia para la e-Europa, la sociedad de la información para todos, acordada en el Consejo Europeo de Lisboa. 
Desde Lisboa, sucesivos Consejos Europeos han apelado a la Comisión, al Consejo y al Parlamento para que el nuevo marco sea introducido a finales de este año. 
Aun nos quedan dos semanas. 
El tiempo se acaba, pero la UE aun tiene la oportunidad de cumplir con esa fecha límite. 
El paquete de enmiendas de compromiso que está hoy ante ustedes cuenta con un alto grado de apoyo en el Consejo, tal y como la Presidencia nos ha expresado hoy. 
Se trata, desde luego, de un compromiso. 
Nadie obtiene todo lo que desea- ni el Parlamento, ni el Consejo, ni la Comisión. 
Pero en cualquier caso la Comisión opina que se trata de un compromiso equilibrado. 
Mi análisis es que ninguna institución obtendrá nada más en conciliación. 
Un acuerdo sobre este paquete emitirá hacia el exterior una importante y positiva señal. 
Todos sabemos que el sector de las comunicaciones ha sufrido muchas vicisitudes a lo largo de, más o menos, el año pasado. 
Un pronto acuerdo sobre este paquete constituirá un estímulo bien recibido. 
El paquete ejercerá una influencia positiva en el sector de varias formas diferentes. 
El nuevo marco desregulará, exigiendo a los reguladores la eliminación normas a medida que vayan siendo innecesarias, de suerte que sólo regulen cuando se produzca una disfunción del mercado. 
De este modo, el paquete dispone una transición hacia el objetivo final que todos compartimos: depositar en el derecho de la competencia el control de las fuerzas del mercado en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
El nuevo marco simplifica y desregula los sistemas nacionales de licencias, eliminando el anterior control regulador sobre el acceso al mercado para la prestación de servicios y redes, y centrando tales controles únicamente sobre la frecuencia y los recursos de numeración. 
Protege y fortalece el servicio universal, implantando el justo equilibrio entre los derechos de los usuarios y la necesidad de no imponer cargas desproporcionadas a los operadores. 
En especial, deja claro que el acceso funcional a Internet constituye una parte fundamental del conjunto de servicios que debe ser asequible y disponible para todos los ciudadanos de la UE. 
El Sr. Martin me ha preguntado sobre el impacto de esta solución sobre la brecha digital y el empleo. 
Está muy claro que el servicio universal tiene un impacto fundamental sobre la disponibilidad. 
Pero también necesitamos medidas políticas que se centren en la cualificación de todos los ciudadanos y en los contenidos. 
Necesitamos una disponibilidad a bajo precio; necesitamos capacitación y contenidos en el idioma propio de todo el mundo para cerrar la brecha digital. 
Por ultimo, -y de forma crucial- el nuevo marco, con las enmiendas contenidas en el paquete de compromiso, incluiría las salvaguardias necesarias para garantizar que los reguladores actúen coherentemente en toda la UE, de suerte que las empresas pueden esperar ser tratadas en toda la UE de forma similar en situaciones similares. 
En este punto quisiera dar especialmente las gracias al Parlamento Europeo por su sólido respaldo, sin el cual no hubiéramos podido alcanzar este tipo de compromiso con el Consejo. 
Voy a explicar la forma en que el paquete de compromiso se ocupa de las tres cuestiones fundamentales que han dominado las discusiones entre el Consejo y el Parlamento durante la segunda lectura: el derecho de recurso (artículo 4) , el mecanismo de transparencia (artículo 6 de la directiva marco) , incluyendo cuestiones relacionadas con el espectro radioeléctrico, y finalmente la interoperabilidad de los aparatos de televisión digital- que ha sido planteada esta noche por muchas de sus Señorías. 
En cuanto al derecho de recurso, el paquete de compromiso adopta la línea del Parlamento exigiendo a los Estados miembros que garanticen que la sustancia del caso sea debidamente tenida en cuenta. 
Respecto del mecanismo de transparencia, el paquete de compromiso tiende en gran medida hacia la posición del Parlamento y de la Comisión. 
El texto concede amplios poderes a la Comisión para exigir de las autoridades nacionales de reglamentación la retirada de medidas provisionales en las áreas fundamentales vinculadas al funcionamiento del mercado único: definición de los mercados y designación, o a la inversa, de empresas con un poder de mercado significativo (PMS). 
Las decisiones de la Comisión están sujetas al procedimiento de un comité consultivo. 
El espectro radioeléctrico está cubierto por el artículo 6, parágrafo 2, conforme al cual se exige a los reguladores que cooperen entre sí para garantizar una coherente aplicación del marco regulador. 
Este compromiso no prevé amplios poderes de intervención para la Comisión en asuntos relacionados con el espectro. 
En cualquier caso, la Comisión opina que esta disposición, junto con la Decisión Spectrum, mejorará en toda la UE la coordinación en asuntos relacionados con la política relativa al espectro radioeléctrico. 
Referente a la Decisión Spectrum, la Comisión está muy satisfecha con la propuesta de compromiso, por cuanto se alcanzan los objetivos fundamentales perseguidos en la propuesta original de la Comisión. 
La aprobación de la Decisión Spectrum con esta configuración constituiría un gran paso adelante. 
Además, demuestra lo mucho que han evolucionado las distintas posiciones en este importante asunto, teniendo en cuenta el fracaso no tan lejano de otras propuestas legislativas que discurrían por derroteros similares. 
La Decisión Spectrum en su forma actual establecerá un marco general y permanente para acometer la política relativa al espectro radioeléctrico y las cuestiones legales en el contexto de todas las áreas políticas comunitarias concernidas. 
De este modo, se refleja la creciente importancia del espectro radioeléctrico en los objetivos de la política comunitaria, que dependen de la disponibilidad y de una eficiente gestión de las frecuencias como un recurso fundamental para proporcionar un uso de las tecnologías inalámbricas, económica y socialmente importante, en las comunicaciones electrónicas, el transporte, la difusión, etc. 
La Decisión Spectrum hace posible emprender las acciones adecuadas para asegurar un uso eficiente del espectro y la gestión del espectro. 
También prevé medidas técnicas de ejecución que deben ser aprobadas en el marco de la Decisión Spectrum como un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica. 
Muchos diputados del Parlamento Europeo han planteado el asunto de la televisión digital. 
Hemos recibido con claridad el mensaje del Parlamento Europeo. 
En cuanto a la interoperabilidad de la televisión digital, el paquete de compromiso tiende hacia la posición del Parlamento, incorporando gran parte del texto del Parlamento Europeo. 
Un nuevo artículo y el correspondiente considerando serían incorporados a la directiva marco, ocupándose específicamente de la interoperabilidad de los servicios de la televisión digital interactiva. 
Se impondría a los Estados miembros la obligación de incentivar el uso, por parte de los operadores de plataformas y de los fabricantes de equipos, de unas interfaces de programas de aplicación abiertas. 
Además, a los Estados miembros también se les exigiría que fomenten que los propietarios de las API pongan a disposición de los proveedores de servicios, en unos términos justos, razonables y no discriminatorios, toda la información necesaria para proporcionar todos los servicios propios de la capacidad de las interfaces de programas de aplicación. 
Es evidente que una obligación de fomentar no llega tan lejos como una obligación de asegurar. 
Sin embargo- y hago hincapié en esto- las disposiciones del artículo 16 sobre la estandarización permiten que los estándares sean obligatorios un año después de la entrada en vigor de la directiva en el caso de que la interoperabilidad no pudiera ser garantizada con la aplicación de normas voluntarias. 
La combinación de estas dos disposiciones constituye un paso hacia delante para la interoperabilidad de la televisión digital, lo que en opinión de todos, es un resultado deseable para los consumidores europeos. 
El artículo 16 significa que un año después de la entrada en vigor de la directiva, la Comisión debe realizar consultas públicas y después proponer el procedimiento de comitología, al que seguiría la aprobación por parte de la Comisión. 
Además, por cuanto hemos comprendido la férrea voluntad del Parlamento Europeo por seguir avanzando con la interoperabilidad, la Comisión está en disposición de empezar a promocionar los estándares europeos de interoperabilidad junto con todas las partes involucradas. 
La Sra. Read y el Sr. Fitzsimmons han planteado hoy aquí la cuestión de los discapacitados. 
En primer lugar, respecto de las enmiendas relativas a los discapacitados, la mayoría de las mismas han sido aceptadas en la posición del Consejo, excepción hecha, quizá, de dos que se solapan con el texto del Consejo. 
En segundo lugar, estoy personalmente convencido de que las tecnologías de la información nos proporcionan más posibilidades de las que teníamos antes para conceder igualdad de oportunidades a los discapacitados. 
Al hacer que la sociedad sea mejor para los discapacitados, la estamos haciendo mejor para todos. 
La semana pasada celebramos la conferencia sobre las tecnologías de la sociedad de la información, en la que también participó la Sra. Read. Vimos unas fantásticas nuevas aplicaciones que mejoran la vida de los discapacitados. 
Debemos estimular sin reservas su utilización. 
Lo mismo vale para la conferencia sobre el e-gobierno. 
Ese es el camino que estamos siguiendo. 
La recomendación de hace algunas semanas sobre las directrices de accesibilidad de la Comisión, constituye otro ejemplo de ello. 
En lo que concierne al vínculo entre la directiva RTTE y este paquete, vamos a considerar y estudiar esta cuestión. 
Volveré sobre ello más tarde. 
El paquete de compromiso no deja de ser un compromiso. 
Ninguna institución obtiene todo lo que desea. 
Sin embargo, este compromiso es equilibrado. 
Representa el justo equilibrio entre las opiniones del Consejo y las del Parlamento. 
Como tal, la Comisión recomienda a la Asamblea que lo acepte. 
La Comisión transmitirá a los servicios del Parlamento su posición detallada acerca de las enmiendas, incluidas aquellas que no quedan cubiertas por el compromiso del Consejo. 
Por ultimo, quisiera dar las gracias al Parlamento y a la Presidencia por su sustancial y particularmente estrecha colaboración en este asunto. 
Mi agradecimiento particular va dirigido a los ponentes, la Sra. Niebler, el Sr. Paasilinna, el Sr. Harbour y el Sr. Brunetta, los ponentes de las cinco directivas sobre telecomunicaciones, así como al Presidente de la comisión, el Sr. Westendorp y Cabeza. 
Pero no quisiera olvidar a los ponentes en la sombra y a aquellos otros diputados del Parlamento Europeo que participado tan activamente en el debate sobre el paquete de las telecomunicaciones. 
Ha sido un excelente ejemplo del funcionamiento óptimo del método comunitario. 
Ha sido un paquete legal extremadamente complejo. Todo el mundo ha tenido un papel que desempeñar. 
Hemos trabajado por la misma solución de compromiso y- si es aprobada esta semana- lo hemos hecho muy rápidamente. 
El resultado de ello será que Europa dispondrá de la legislación más moderna y tecnológicamente neutra para el futuro. 
Estoy convencido de que será positiva para el empleo, positiva para el crecimiento y positiva para un acceso equitativo para todos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Comunico a las señoras y señores diputados que los servicios de la Mesa disponen de la lista de enmiendas aceptadas y no aceptadas por la Comisión. 
Cualquiera de ustedes que quiera disponer de esta lista puede solicitarla a los servicios de la Mesa, que se la proporcionarán. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Ayuda financiera a las PYME de carácter innovador y generadoras de empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0422/2001) del Sr. Bushill-Matthews, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Iniciativa para el crecimiento y el empleo: Medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) de carácter innovador y generadoras de empleo (COM (2001) 399- C5-0459/2001- 2001/2183 (COS) ). 
. 
(EN) Este es el segundo informe del Parlamento sobre la iniciativa para el crecimiento y el empleo, que es un programa plurianual, pero también es, quizá inusualmente, el segundo en este año natural y la razón de ello es que el informe de 1999 fue pospuesto hasta enero de este año, fundamentalmente porque la Comisión fue en cierta medida perezosa- un comentario que recuerdo hice en mi intervención en enero. 
Este año, me complace decir que la Comisión ha elaborado un informe muy completo y, por lo general, mucho mejor y quisiera darles las gracias por la cooperación que han ofrecido. 
Irónicamente, en esta ocasión el tiempo ha sido más bien un problema relacionado con el Parlamento, en parte porque la Comisión de Industria decidió que quería elaborar una opinión y escribió a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y preguntó si la votación en comisión podría ser retrasada. 
La votación fue pospuesta y entonces la Comisión de Industria decidió que, después de todo, no deseaba elaborar una opinión. 
Pero estas cosas pasan. 
En cualquier caso, quisiera dar las gracias a los colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por sus enmiendas que, por lo general, han mejorado significativamente el informe. 
Quisiera dar las gracias a la Comisión de Asuntos Económicos por su opinión, que la comisión ha respaldado completamente y que está absolutamente ligado al eje del informe, y también quisiera dar las gracias a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por aprobar este informe por unanimidad hace algunas semanas. 
El Parlamento, claramente, espera que sus opiniones, tal y como se expresan en este informe, cuando se vote mañana constituyan una verdadera ayuda para la Comisión y el FEI a la hora de determinar cualquier cambio en el programa para el año que viene, en cuyo caso cada año el informe debe ser presentado anualmente en su momento oportuno, con la debida antelación para que pueda influir en lo que vaya a suceder en el año siguiente. 
Por lo tanto, el desafío para todo el mundo en el año 2002 es presentar el informe en la Sesión plenaria de noviembre en lugar de en la Sesión plenaria de diciembre. 
La Comisión puede ayudar, espero que lo haga, acelerando las consultas entre los servicios, que parece ser siguen siendo más bien parsimoniosas. 
Sé de buenas Fuentes que el propio informe de la Comisión permaneció en las bandejas de entrada de algunas DG durante varias semanas antes de que fuese rescatado para que pudiera avanzar. 
También puede ayudar compartiendo con el Parlamento el informe trimestral del FEI y doy las gracias a la Comisión por comprometerse públicamente en la Comisión de Empleo a hacerlo así. 
Esto será de gran ayuda, pero el Parlamento, con seguridad, puede contribuir afinando su propio acto en el sentido de respetar la agenda con mayor pulcritud en la próxima ocasión. 
Entre tanto, solo quisiera destacar tres aspectos del informe: el parágrafo 13, en el que en el informe de la Comisión del año próximo nos gustaría ver pruebas más concretas acerca del aumento del empleo que este programa plurianual haya producido, y no porque dudemos que se haya producido ese aumento, sino por que la próxima vez quisiéramos ver unos datos más sólidos. 
En el parágrafo 14 hay una serie de referencias a otras etapas del desarrollo de las PYMEs en su ciclo de negocio. 
Quisiéramos que también se prestase atención a esto. 
Por ultimo, volviendo a la parte inicial del informe, en el considerando F, se hace deliberadamente una comparación con los Estados Unidos, porque allí, una regulación más escasa propicia un espíritu mucho más empresarial. 
En la UE creemos que, en nuestra postura frente a la PYMEs, debemos adoptar una perspectiva más similar a la de los Estados Unidos. 
He tomado nota con gran interés del acta de la reunión del Consejo de Industria de los días 4 y 5 de diciembre, en la que se proclaman con orgullo los verdaderos progresos realizados bajo la Presidencia belga hacia "una mejores prácticas enfocadas a la supresión de la burocracia". 
Si eso es cierto, es bien recibido. 
Así quiero creerlo. Me complacería mucho ver pruebas de ello. 
En cualquier caso, todos debemos dar el máximo por que así sea. 
Las PYMEs asumen actualmente dos tercios del conjunto de los trabajadores- la mayoría de todos los trabajadores empleados en la Unión Europea. 
Pero las normas laborales europeas las configuran los interlocutores sociales que representan a los mayores empleadores y a los grandes sindicatos, pero no a la minoría de los trabajadores. 
Todos coincidimos al reconocer que las PYMEs son en conjunto los mayores empleadores, que las PYMEs son el motor más importante para el crecimiento de las economías europeas. 
No es suficiente decir que nos hemos ocupado de las PYMEs, que tenemos la iniciativa por el empleo y el crecimiento. 
Supone una gran ayuda, pero debemos hacer mucho más. 
Yo voy a exponer brevemente la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y no voy a dedicar demasiado tiempo a aclarar que las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía en nuestra sociedad europea. 
Éstas tienen cada vez más dificultades de financiación y, si consideramos los acuerdos que se alcanzarán en el marco del segundo paquete de Basilea, podemos dar por seguro que éstas todavía se acentuarán. 
Nuevos métodos de financiación, como el capital riesgo, la cotización en bolsa y todas las demás posibilidades que se están experimentando o sugiriendo en estos momentos, constituyen sin duda un camino viable que tendremos que considerar en Europa, pero al que, desde luego, no pueden recurrir en igual medida todas las pequeñas y medianas empresas. 
Por esto, yo me congratulo de que la Comisión se lo plantee como un tema europeo. 
No obstante también quisiera dirigir a la Comisión una petición fundamental, basada en la experiencia práctica- yo hablo con muchos pequeños y medianos empresarios -, a saber, que el futuro apoyo a las PYME se adecue también a sus condiciones. 
Muchos pequeños y medianos empresarios no saben- o les resulta muy difícil averiguar- dónde se conceden las ayudas de ámbito europeo. 
En otras palabras, éstas deben ser transparentes. 
También recibo muy a menudo quejas sobre la complejidad del procedimiento de concesión de las subvenciones de ámbito europeo, las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para cumplir los requisitos exigidos y los elevados costes que esto les supone en muchos casos. 
En tercer lugar, es necesario que puedan contar con las ayudas en el momento oportuno. 
Unos procedimientos de solicitud muy largos, que abarcan varios años, agotan sencillamente las energías de los pequeños y medianos empresarios, que no logran llegar hasta el final. 
La Comisión debería hacer, por lo tanto, cuanto esté en su mano para que en el futuro las ayudas destinadas a las PYME también se adecuen a las circunstancias de los solicitantes del grupo meta, o sea, de los pequeños y medianos empresarios. 
No obstante, el apoyo financiero no es el único camino para aliviar las cargas de las PYME y responder a sus necesidades desde el ámbito europeo, sino que también deberíamos examinar las posibilidades de reducir sus cargas, evitando aumentar la burocracia y adoptar disposiciones adicionales, que pesan cada vez más gravosamente sobre ellas. 
Yo creo que sería muy oportuno establecer un "filtro" en la Dirección General de Empresa que permita interponer a tiempo un veto, a fin de dar paso a las disposiciones favorables para las PYME y excluir las que sean desfavorables. 
Señor Presidente, por una vez, el Consejo, la Comisión y el Parlamento por fin coinciden. 
El apoyo a las PYME contribuye a fomentar las inversiones y la innovación, y al desarrollo de nuevas filosofías empresariales. 
Para impulsar la iniciativa a favor del crecimiento y el empleo, se creó un programa plurianual y el Parlamento aprobó un presupuesto de 450 millones de euros. 
Las PYME son el motor del empleo en Europa. 
Emplean a un 70% del total de asalariados y forman a más del 80% de los aprendices. 
Sin embargo, para ampliar sus oportunidades en el mercado, es preciso reducir sus cargas financieras y fiscales, y necesitan un mayor acceso al capital riesgo. 
El Banco Europeo de Inversiones no debería destinar sus créditos únicamente a las empresas basadas en el conocimiento de los sectores multimedios y biotecnológico, sino también a las tecnologías de punta en los sectores del medio ambiente y la energía, así como a los servicios innovadores en el sector artesanal, comercial y turístico. 
Se han pagado algo más de 93 millones de euros en concepto de bonificación de intereses, en vez de los 100 millones previstos, pero aun así se han creado 54.000 nuevos puestos de trabajo, en lugar de los 33.000 que se esperaba. 
¡Si esto no es un éxito! 
El excelente informe que ha elaborado el colega Bushill-Matthews cuenta con el pleno apoyo del Grupo del PPE y mi comisión lo aprobó por unanimidad. 
Yo comparto su crítica en el sentido de que nuestra Comisión de Asuntos Sociales y Empleo recibió el informe demasiado tarde. 
Demasiados servicios intervinieron al parecer en su elaboración. 
El Parlamento Europeo sólo puede asumir, no obstante, su responsabilidad y ejercer su función de control si recibe la información con tiempo. 
Los futuros informes deberían concentrarse en aquellos aspectos que contribuyan a un análisis eficaz. 
¿Los empleos innovadores son de calidad? 
¿Cómo se garantiza su durabilidad? 
¿Cuántas mujeres participan en ellos? 
A fin de cuentas, éstas son un elemento esencial de la estrategia europea de empleo. 
A pesar de estas críticas, el informe de la Comisión es alentador y demuestra que las inversiones en este sector de futuro resultan rentables, y esto favorece indiscutiblemente los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 
Por mi parte, quisiera felicitar también al Sr. Bushill-Matthews por su informe. 
Hizo todo lo que estaba a su alcance para poner este informe lo más pronto posible en la agenda, pero, como él mismo ya ha señalado, no es culpa suya si no se ha conseguido. 
La Comisión, por su parte también, ha contribuido para que se pudiera presentar este informe antes y además, el contenido del informe que ha presentado la Comisión ahora es mucho más sustancioso que la primera vez que lo debatimos porque ya tenemos más experiencia con la Iniciativa para el crecimiento y el empleo. 
El informe trata de esta Iniciativa para el crecimiento y el empleo y de los tres instrumentos que fueron desarrollados para ello, el plan de ayuda inicial del MET, el programa JEV y el mecanismo de garantía PYME. 
Tal como hice el año pasado, quisiera resaltar en nombre de mi Grupo la dimensión social. 
Esta iniciativa fue tomada por el Parlamento Europeo después de la Cumbre de Luxemburgo en 1997 y desde el principio se dejó muy claro que las iniciativas no se deberían limitar a ese sector tecnológico tan avanzado, sino que también deberían abarcar el sector social, y creo que no debemos dejar de repetirlo. 
Sólo hay una cuestión en este informe en la que no coincido plenamente con el ponente y me refiero al considerando f) en el que se cita a los Estados Unidos de América. 
Allí se invierte más en nuevas iniciativas y con mayor facilidad se da el paso de crear una empresa propia. 
Reconozco que esto es así, pero no comparto su análisis de que esto esté motivado por una menor regulación en los Estados Unidos. 
Me parece más bien que tiene que ver con toda una cultura empresarial: allí se está más acostumbrado a tomar iniciativas, y el fracaso se considera menos grave, es decir, no es ningún drama si alguna vez se quiebra porque se vuelve a empezar después. 
Creo que este tipo de factores desempeñan un papel mucho más importante que la cultura reguladora en si misma. 
Además, me parece que esta observación es demasiado simplista. 
Espero que en la votación de mañana podamos llegar a un consenso sobre este punto, porque sería una pena que este informe no fuera adoptado por unanimidad. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de Los Verdes/ALE saludo este informe y felicito al ponente. 
Coincido con las críticas vertidas sobre el informe de la Comisión y con muchos de los comentarios expresados aquí esta noche, tanto por el ponente como por otros oradores, en relación con el apoyo que necesitan las PYMEs. 
Sin embargo, el informe no trata adecuadamente la cuestión fundamental de si estos instrumentos financieros han creado efectivamente puestos de trabajo. 
La enmienda de mi Grupo hace referencia expresa a este hecho. 
La intención declarada del mecanismo de garantía PYME es estimular la creación de empleo, apoyando las actividades de inversión de las PYMEs dentro de la UE a través de una mayor disponibilidad de financiación crediticia. 
La estimación del empleo creado asciende a una media de 1,3 puestos de trabajo por PYME en los dos últimos años, lo que se califica como significativo. 
Pero no disponemos de un análisis coste/beneficio y de suficientes informaciones concretas. 
Quisiera pedirles a los colegas que apoyen este informe, pero que también apoyen la enmienda, que aclara este extremo. 
Señor Presidente, aprovecho que tengo el uso de la palabra para desmentir la información de la página reglamentaria y a los oradores anteriores que suponiendo que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha votado por unanimidad el informe Bushill-Matthews, me atribuye un voto que está en las antípodas de mis convicciones. 
Este informe es un alegato a favor de la concesión de una ayuda financiera mayor a las pequeñas y medianas empresas. 
Me opongo aún más a la idea de dar dinero público a empresas privadas por cuanto detrás de la palabra comodín PYME, muy a menudo se esconden grandes grupos financieros e industriales. 
Nunca se le ocurriría al ponente, conocido por ser un ferviente partidario del mercado llamado libre, proponer una ayuda financiera a favor de los trabajadores despedidos por los mismos grupos industriales y financieros o similares. 
En cambio, tiende el plato, sin complejos, para que el dinero público vaya, a través de mecanismos de garantía o de financiaciones incentivadas, a las cajas fuertes de los grandes grupos, para terminar añadiéndose a la fortuna privada de los accionistas. 
Y por una hipocresía a la que los Estados nacionales así como las instituciones europeas están acostumbrados, esta ayuda financiera incrementada se propone en nombre de la creación de empleo. 
El dinero público debe ir a los servicios públicos- sanidad, educación, transporte público- que podrían y deberían ser creadores de muchos más empleos útiles para todos, más que a estos jóvenes retoños que engullen dinero sin que su utilidad para la sociedad sea evidente. 
La sanidad queda reducida a la cuestación pública para hacer frente a ciertas enfermedades. 
¡Qué hagan entonces los empresarios cuestaciones públicas! 
El Parlamento no tiene que disponer, a favor de éstos, del dinero de los contribuyentes. 
. (EN) Señor Presidente, hemos recibido con gran interés el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento relativo al segundo informe anual sobre las iniciativas para el crecimiento y el empleo. 
Aprecio mucho el espíritu de cooperación habido con el ponente y los comentarios favorables expresados respecto del informe anual. 
En especial, me consta que el informe de la comisión- y cito, "saluda de forma general el contenido y el análisis del minucioso y más completo informe 2000 y alaba a la Comisión y al FEI cuando se han hecho progresos". 
Quisiera abordar las cuestiones fundamentales planteadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el informe elaborado por el Sr. Bushill-Matthews y he agrupado mis comentarios bajo tres títulos: suministro de información al Parlamento y su coordinación, cobertura geográfica y actualización de los instrumentos. 
En primer lugar, respecto del suministro de información. 
La culminación de los procedimientos formales de la Comisión para la aprobación de un informe de esta naturaleza puede parecer demasiado larga y, francamente, en ocasiones lo es. 
La Comisión ha asistido al ponente dándole una copia preliminar del informe antes de su publicación. 
Tenemos la intención de continuar con esta práctica de mantener informado al ponente con anterioridad a la culminación del procedimiento formal de la Comisión. 
También hemos considerado hasta qué punto podemos compartir la información trimestral recibida del FEI sin necesidad de un procedimiento formal de la Comisión. 
Hay que tener en cuenta que esta información trimestral se utiliza fundamentalmente con fines operativos. 
Su función es garantizar el adecuado seguimiento de los programas por parte de la Comisión y no se puede confiar en que aporte el mismo grado de exactitud y detalle que se espera del informe anual. 
En segundo lugar, respecto de la cobertura geográfica. 
La distribución geográfica del proyecto suscrito tanto bajo la iniciativa ETF y como bajo los programas de garantía para PYMEs varía sensiblemente. 
Las dificultades para ejecutar la iniciativa ETF en todos los países de la Unión Europea deriva de los diferentes estadios de desarrollo del mercado del capital riesgo en los distintos países, junto con el requisito de que la iniciativa ETF sólo invierte pari passu con al menos un 50% del capital desembolsado por el sector privado. 
En aquellos países en los que existe una escasa actividad de capital riesgo es difícil, si no imposible, cumplir la segunda condición. 
Entretanto, el aprovechamiento del instrumento ha continuado con éxito con la firma de otra inversión extranjera y otras tres en proceso, en general correspondiendo con la cobertura geográfica de once países. 
Como se puede comprobar en nuestro informe anual la distribución de la garantía PYME es muy satisfactoria. 
La alta asunción inicial en Alemania y Francia era atribuible a la existencia en esos dos países de unos bien desarrollados programas nacionales de garantía, que estuvieron en disposición de beneficiarse rápidamente de este instrumento. 
En tercer lugar, respecto de los instrumentos. 
Los tres instrumentos de la iniciativa por el crecimiento y el empleo han sido integrados en el nuevo programa plurianual para la empresa y el espíritu empresarial y, en especial, en PYMES 2001-2005. un cambio en las condiciones del mercado propiciaron que la Comisión propusiera un replanteamiento de la iniciativa ETF en sentido gradual: semilla, estadio temprano e incubación. 
De forma similar, indujo a la Comisión a proponer la diversificación de las carteras de la garantía PYME, por ejemplo, hacia microcréditos a favor de las empresas más pequeñas y créditos ITC que permiten a las pequeñas empresas beneficiarse del potencial del comercio electrónico. 
Por ultimo, respecto de la simplificación de las uniones temporales de empresas en Europa, nuestros expertos jurídicos y de presupuesto han llegado a la conclusión de que la decisión del Consejo sobre el programa plurianual para la empresa y la iniciativa empresarial no permite una simplificación en términos significativos. 
Para conseguir esto sería necesaria una nueva decisión del Consejo y tal decisión requeriría una nueva asignación presupuestaria. 
Antes de remitir una adecuada propuesta al Consejo, acerca de la cual sería consultado el Parlamento, los servicios de la Comisión están trabajando en una evaluación completa de la unión temporal de empresas en Europa. 
A la luz de esta evaluación los correspondientes servicios de la Comisión pueden remitir una propuesta para reducir sensiblemente la vida del programa para la unión temporal de empresas europeas y, de esta suerte, no se consumiría la totalidad del presupuesto. 
En cualquier caso, yo mismo y mis servicios les seguiremos manteniendo informados sobre cualquier evolución que se produzca a este respecto. 
Comercialización de los piensos compuestos para animales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0421/2001) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3653/2001- C5-0491/2001- 2000/0015 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo, relativa a la circulación de los piensos compuestos, y por la que se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, hemos conseguido sacar adelante la declaración abierta. 
Cuando digo "hemos", me refiero al Parlamento Europeo, ciertamente también con el apoyo de la Comisión, si bien ésta tuvo un leve acceso de debilidad durante el procedimiento, en relación con la defensa de los aspectos que considerábamos que debían figurar necesariamente en el etiquetado de los piensos compuestos. 
Voy a decirlo con toda claridad y creo que las y los colegas lo confirmarán: si el Parlamento Europeo no hubiese tenido poderes de codecisión en este ámbito, no lo habríamos conseguido. 
En consecuencia, más allá del tema que hoy se debate, yo quisiera insistir en que necesitamos poder de codecisión en todos los aspectos de la política agraria, con objeto de poder alcanzar resultados favorables y razonables, como ha ocurrido en este caso, y lograr gracias a la competencia y la sabiduría política que prevalecen en el Parlamento, movilizadas en apoyo de la Comisión- de una posición firme de la Comisión, quiero subrayarlo -, unos resultados razonables en las discusiones con el Consejo. 
El tema de la declaración abierta tiene una larga historia. 
La directiva que vamos a modificar data de 1979. 
Entonces se suprimió a escala europea la declaración abierta ya vigente, al menos en Alemania. 
Yo he venido trabajando desde entonces en este tema e intentando enmendar el error que se cometió entonces. 
Ha habido que esperar mucho, 25 años, pero en política tampoco conviene pecar de impaciente. 
Por otra parte, es evidente que hemos conseguido este resultado debido a la crisis de la EEB. 
Ésta evidenció que los ganaderos deben saber con qué están alimentando a sus animales para poder asumir la responsabilidad de su alimentación. 
Esta catástrofe nos ha enseñado entre tanto que todo lo que damos de comer a los animales también está presente en la cadena alimentaria y es ingerido, no directamente, pero sí de manera indirecta, por las personas. 
En consecuencia, es urgentemente necesario que los ganaderos conozcan el contenido de los piensos. 
En el contexto del procedimiento de designación de la Comisión, en el Parlamento le preguntamos, señor Comisario Byrne, al igual que al Sr. Fischler, cuál era su posición con respecto a la declaración abierta. 
Usted respondió entonces que se presentaría la propuesta. 
Y, en efecto, se presentó, pero tuvieron que transcurrir otros tres años, o dos años y medio, hasta que recibimos el proyecto. 
Sin embargo, lo bueno se hace esperar. 
Como ya he señalado, el Consejo volvió a retirar las buenas propuestas de la Comisión, que nosotros sólo habíamos mejorado en lo que respecta a la lista positiva, y la Comisión aceptó la sugerencia del Consejo de que se propusiese y adoptase una declaración semiabierta. 
El presente resultado nos ha permitido rectificar en la dirección adecuada. 
Ahora se introducirá la declaración abierta. 
Con la incorporación de un margen de tolerancia del 15%, tomamos en consideración las sugerencias de la industria y las condiciones para su aplicación práctica, a fin de evitar devoluciones de partidas de piensos, pero también hemos conseguido que los ganaderos puedan conocer la composición exacta de los piensos, si así lo solicitan. 
Hemos logrado asimismo que la Comisión presente antes de finales del año próximo una lista positiva o por lo menos un proyecto de lista, de manera que podremos alcanzar un resultado positivo también en este aspecto dentro de la presente legislatura. 
Es preciso determinar qué materias primas se pueden incorporar a los piensos. 
Antes de acabar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a las y los colegas, y muy especialmente al vicepresidente Friedrich, que presidió la delegación, así como también al colega Kindermann. 
Los tres constituimos la delegación negociadora y debo decir que no habríamos podido lograrlo si no hubiésemos mantenido una coherencia y una coincidencia tan grandes e incluso una satisfacción en el esfuerzo por demostrar que también somos capaces de plasmar nuestras ideas en documentos y leyes. 
Por todo ello, muchas gracias. 
Yo creo que hicimos un buen trabajo y fue interesante mantener esta colaboración en un procedimiento de conciliación de estas características. 
De hecho, declaramos que había sido un parto de los montes, que acabó alumbrando un ratón, pues el esfuerzo fue gigantesco en relación con lo que se dirimía en la negociación. 
Pero también fue satisfactorio conseguirlo. 
Muchas gracias, por lo tanto, a todos cuantos participaron en el empeño y también a los demás colegas. 
Es un resultado que podremos exhibir en nuestros países y antes de nuestras elecciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay un refrán que dice que lo bueno a veces se hace esperar y el ponente, Sr. Graefe zu Baringdorf, acaba de recordarlo explícitamente a propósito de esta historia interminable. 
Justamente en el contexto de la codecisión ha quedado demostrado que el Parlamento, a fin de cuentas, siempre aporta buenas ideas y así lo ha hecho también en el caso de la inacabable historia de la declaración de la composición de los piensos. 
Tenemos que tener presente que se trata de grandes cantidades y, por lo tanto, también está en juego mucho dinero. 
No dinero de la Unión Europea, sino de los participantes en el mercado. 
Estamos hablando de un volumen de unos 400 millones de toneladas de piensos. 
Para que quede claro el alcance del tema que hoy se debate, la mitad de ese volumen, alrededor de 200 millones de toneladas, corresponde a piensos industriales y dos terceras partes de éstos, unos 115 millones de toneladas, son piensos compuestos. 
En el procedimiento de conciliación se ha conseguido finalmente, en la tercera lectura y gracias al esfuerzo de todas las partes- quiero destacarlo muy elogiosamente -, un resultado aceptable en los aspectos más importantes. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf ya los ha recordado. 
Se establece una declaración abierta con indicación de las cantidades, tal como pedía el Parlamento; el margen del 15% se acerca ya al máximo admisible, a mi parecer, pero se ha alcanzado un consenso. 
No obstante, el productor deberá- y yo concedo un gran valor a este "deberá" comunicar los porcentajes exactos a petición del cliente. 
El tercer aspecto es la lista positiva. 
En este caso estamos hablando de unos 20.000 componentes y es una tarea difícil pero, a mi parecer, también interesante e importante establecer la citada lista positiva. 
Se ha concedido un plazo más amplio para su formulación, tras la transposición de la directiva, pero yo creo que es importante que se haga así. 
El informe de evaluación seguramente permitirá introducir entonces nuevas mejores, como por ejemplo una posible acreditación de los productores de piensos compuestos. 
Finalmente, yo quisiera recordar un último detalle. 
La primera lista positiva en toda Europa fue el llamado Reinheitsgebot o "Decreto de pureza de la cerveza". 
Éste se promulgó en 1486 en mi región natal- ya lo recordé en otra ocasión- y en 1516 se hizo extensivo a toda Baviera; era una lista positiva adecuada para la producción de cerveza y deberían procurar emularla elaborando una lista positiva igualmente adecuada para los piensos compuestos. 
El ponente, el presidente del comité de conciliación, Sr. Friedrich, y los Sres. Graefe zu Baringdorf y Kindermann merecen, por lo tanto, mi especial agradecimiento y reconocimiento por su tenaz y firme labor negociadora. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, el resultado que conseguimos en el comité de conciliación es muy favorable; en esto, la mayoría estamos de acuerdo. 
Por lo tanto, yo quiero expresar, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo nuestro sincero y especial agradecimiento al ponente por su compromiso y sobre todo por la colaboración mantenida, también con los demás colegas. 
Si el Pleno ratifica el resultado, habremos dado un nuevo paso importante para mejorar la transparencia y la seguridad en el sector de la producción de piensos. 
Sin embargo, además de la presente propuesta de reglamento, también tenemos pendientes otros informes, que se ocupan igualmente del tema de los piensos, y que el Parlamento, el Consejo y, sobre todo, también la Comisión están negociando en estos momentos. 
Basta recordar el proyecto de reglamento sobre los subproductos animales no destinados al consumo humano, particularmente los de la categoría III, así como también los usos futuros de los restos de alimentos y residuos de la producción alimentaria. 
Yo creo que debería seguir siendo posible utilizar estos productos secundarios, transformados mediante procedimientos seguros sujetos a unas condiciones rigurosas y sobre todo con un control eficaz de las diferentes fases del proceso de transformación, como piensos de alto valor nutritivo en la producción de cerdos y aves de corral, siempre que los resultados científicos no indiquen en el futuro lo contrario. Yo espero que el Parlamento y también la Comisión y el Consejo demuestren entonces la misma voluntad de compromiso que en el procedimiento objeto del debate de esta tarde. 
Señor Presidente, yo también considero que el informe era acertado y que con el resultado conseguido en el comité de conciliación ha quedado expedito el camino para su transposición. 
Sin embargo, al mismo tiempo tengo claro que la transposición todavía puede llevar un tiempo. 
Los Estados miembros siguen siendo los responsables del control de los piensos en la Comunidad y los intereses de las partes implicadas en el proceso son muy diversos. 
Por lo tanto, va a ser necesario empezar a hablar en un futuro no muy distante de los programas de control, de la supervisión de la composición de los piensos y de la estandarización de las normas comunes. 
Yo agradezco que en el comité de conciliación se incorporasen datos indicativos al respecto, que de hecho concuerdan con mi propia experiencia. 
Me preocupa, no obstante, el reparto de los costes, me refiero a los costes de las declaraciones y de los controles destinados a vigilar su cumplimiento. 
Yo me opongo a que simplemente se transfieran los costes a los ganaderos, como se ha venido haciendo hasta ahora. 
A mi parecer, los fabricantes de piensos, los importadores, los comerciantes y sobre todo también los controladores- que serán muy numerosos -, deberían respetar también el principio de transparencia en el reparto de los costes en el contexto del procedimiento de aplicación. 
Además, también me parecen necesarias unas normas de seguridad en el ámbito de la producción de piensos que protejan y garanticen la salud humana y animal, de manera que no llegue al mercado ningún producto que plantee dudas significativas desde el punto de vista de la salud y la protección del consumidor. 
Esto impone, naturalmente, el principio previo de que las buenas prácticas profesionales de producción no se deben aplicar sólo en algunos aspectos, mientras se dejan de observar en otros. 
Todavía falta que el reparto en cada zona de producción según este principio demuestre su eficacia en los próximos años y yo espero que, después de este informe y del buen resultado alcanzado en el comité de conciliación, no vuelva a surgir en el futuro próximo otro nuevo escándalo en ningún lugar, ya sea en relación con el vino, la miel o cualquier otro del gran número de alimentos que deberán figurar en la lista que estamos esperando, sea positiva o negativa, verde o de otro color, pues en cualquier caso seguro que será enormemente larga. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, quiero felicitar a las instituciones europeas y a los componentes del comité de conciliación que, bajo la presidencia del Sr. Graefe zu Baringdorf y la Sra. Neyts-Uyttebroeck- que me gustaría que hubiese estado aquí- han sabido, sin escatimar esfuerzos, aunar voluntades para lograr un punto de encuentro razonable entre los dos escollos fundamentales que se presentaban en un principio como insalvables. A saber: en primer lugar, la declaración obligatoria de todas las materias primas, con un margen de tolerancia del 15%, y la obligación de los productores de pienso de comunicar los porcentajes exactos, siempre que sean requeridos por los ganaderos, a lo que yo creo que debería añadirse un plazo, marcado previamente en esta legislación, y, en segundo lugar, la lista positiva- de la que todos los oradores que me han precedido han hablado- que la Comisión debe presentar antes de que finalice el año 2002, una vez realizados los estudios de viabilidad. 
Cuando se trata de restaurar la confianza de los consumidores, tras las recientes crisis en el ámbito alimentario (la EEB, dioxinas, etc.) , la transparencia absoluta es necesaria, yo diría imprescindible. 
Pero, Señorías, éste es un ejemplo de cómo en el ámbito de la aplicación del procedimiento de codecisión es posible alcanzar razonables acuerdos- buenos acuerdos, diría yo -, por lo cual, desde la Comisión de Agricultura, seguimos y seguiremos pidiendo al Consejo que extienda paulatinamente dicho procedimiento a todos los actos legislativos dentro del ámbito de la política agraria comunitaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, yo quiero felicitar muy sinceramente al ponente y a la delegación del Parlamento Europeo en el comité de conciliación. 
Su obstinación ha permitido conseguir finalmente un resultado presentable. 
Después de casi dos años de negociaciones con la Comisión y el Consejo en el marco del procedimiento de conciliación, por fin se ha logrado alcanzar un compromiso en lo que respecta a las disposiciones sobre el etiquetado de los piensos compuestos. 
Yo creo que el Pleno puede votar mañana con toda tranquilidad esta directiva. 
La directiva constituye a mi modo de ver una prueba de que en el futuro el Parlamento Europeo debe disponer también de poder de codecisión en relación con los temas agrarios. 
Los puntos centrales de discusión fueron, como todos sabemos, la declaración abierta, la lista positiva y la presentación de un informe de evaluación. 
El objetivo principal del Parlamento Europeo era establecer unas disposiciones precisas en materia de etiquetado, que contemplen la declaración obligatoria, tanto cuantitativa como cualitativa, de las materias primas. 
Por fin, se consiguió negociar un texto de compromiso con el Consejo, que no compartía inicialmente esta posición. 
Éste establece ahora que se deberán declarar obligatoriamente las cantidades de las materias primas en porcentaje de peso, con un margen de tolerancia, y que también se deberá comunicar el porcentaje exacto a los ganaderos que lo soliciten. 
Sólo esta declaración obligatoria de las materias primas autorizadas permitirá que los consumidores puedan recuperar en el futuro la confianza en los productos de los ganaderos y ya sabemos cuán necesaria es para éstos una buena reputación entre los consumidores y la confianza de los mismos. 
La lista positiva, que se deberá presentar antes de finales de 2002, permitirá conseguir este objetivo. 
Finalmente, yo también quisiera señalar, desde un punto de vista constructivo, que en las futuras modificaciones de la directiva se debería contar también con la participación del Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, después de dos lecturas y del procedimiento de conciliación, el informe sobre la circulación de los piensos compuestos establece ahora la declaración abierta obligatoria y la Comisión deberá presentar antes de finales de 2002 una lista positiva de las materias primas autorizadas para la producción de piensos. 
Estos eran dos objetivos centrales del Parlamento Europeo, que el Consejo rechazó inicialmente. 
El informe de mi colega Graefe zu Baringdorf constituye un modelo de eficacia en el desarrollo de la labor legislativa del Consejo y del Parlamento. 
A pesar de las diferencias existentes entre los partidos políticos, conseguimos formular mediante una colaboración constructiva los puntos que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europea consideraba importantes. 
Gracias a las meditadas negociaciones en el marco del procedimiento de conciliación, bajo la batuta de nuestro vicepresidente, el doctor Friedrich, a quien yo quiero expresar mi más sincero agradecimiento, al final se logró un buen resultado. 
Vamos a dar el paso adecuado en la dirección adecuada. 
El Parlamento ha conseguido ver cumplidos sus dos objetivos centrales pero, además, el Consejo también ha incorporado elementos positivos. 
La posibilidad de conceder un margen de tolerancia de + 15% en la declaración de todas las materias primas me parece aceptable, toda vez que el fabricante está obligado a comunicar los porcentajes exactos cuando el cliente lo solicite. 
También me parece que responde a las exigencias de la aplicación práctica la presentación de un informe de evaluación al cabo de tres años y la revisión en caso necesario del margen de tolerancia de acuerdo con el desarrollo científico y tecnológico. 
Sería deseable poder seguir desarrollando en el futuro una colaboración constructiva más intensa en el ámbito de la PAC en el marco del procedimiento de codecisión. 
Antes de acabar, a pesar del éxito conseguido, yo quisiera formular una advertencia. Unas buenas normas europeas de nada sirven sin un control. 
Las crisis de la EEB y de las dioxinas no son fruto de la ausencia de normas europeas, sino el resultado de acciones criminales y dudosas, a las que es preciso responder de manera consecuente por otros medios. 
. (EN) Señor Presidente, distinguidas Señorías, todos estamos de acuerdo en que el sector agrícola en la UE debe mantener su compromiso por satisfacer las legítimas expectativas y demandas tanto de la comunidad ganadera como de los consumidores. 
Actualmente, la comercialización de piensos compuestos ha mejorado con toda seguridad en términos de averiguación y transparencia de la composición- dos cuestiones que eran de gran preocupación para nuestro mayor consumidor, el ciudadano europeo. 
Estos principios pueden aplicarse a todos los piensos para animales. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf dice que los ganaderos deben conocer lo que contienen los piensos, el Sr. Kinderman aplica esto a las sobras, a los residuos y a restos alimentarios y coincido plenamente con esas opiniones. 
Esta norma es una de las piedras de toque necesarias para generar certidumbre y confianza. 
Los ganaderos tienen derecho a recibir una información básica para poder informar adecuadamente a sus consumidores. 
Desde el mismo inicio el Consejo se topó con enormes dificultades para acordar una posición común. 
La mayoría de los Estados miembros se oponían a esta obligación y las posiciones del Parlamento y del Consejo se distanciaban estaban considerablemente distanciadas. 
En su momento, con la perspectiva de alcanzar un compromiso, la Comisión aceptó la posición del Consejo, que finalmente contaba con el apoyo unánime de todos los Estados miembros. 
Esto condujo a una diferencia de punto de vista entre el Consejo y el Parlamento después de la segunda lectura en abril. 
Me complace, no obstante, que se haya encontrado una solución aceptable en conciliación con la declaración obligatoria de todas las materias primas de los piensos con su nombre específico, debiéndose indicar los porcentajes exactos con una tolerancia de alrededor del 15%. 
No obstante, en lo que concierne a la solicitud de una lista positiva de las materias primas para piensos ya he expresado en repetidas ocasiones las reserves de la Comisión. Esto atañe especialmente al plazo de presentación de una propuesta para finales del año próximo. 
Esta es una tarea muy compleja. 
La Comisión ya ha impulsado un estudio de viabilidad sobre este asunto. 
La licitación fue publicada el junio pasado y el contratista trabaja actualmente en el asunto y también se pondrá en contacto con diputados de este Parlamento. 
Consecuentemente, me comprometo a remitir al Consejo y al Parlamento el informe sobre el resultado de este estudio tan pronto como sea posible y en cualquier caso antes del 31 de diciembre de 2002. 
No obstante, no puedo garantizar que esté en disposición de presentar una propuesta legislativa sobre el establecimiento de una lista positiva. 
Por esta razón, la Comisión se ha visto en la necesidad de emitir una declaración sobre este asunto. 
Muchas gracias, señor Comisario Erkki Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se suspende la sesión a las 21.30 horas) 
Decisión sobre la urgencia 
Escuchamos al Sr. Katiforis, que habla en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo. 
Katiforis (PSE). 
(EN) Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha estudiado cómo debemos continuar trabajando en esta directiva tras haber rechazado la propuesta de la Comisión en el último Pleno por una mayoría considerable. 
Según el Reglamento, disponemos de dos meses para deliberar y luego presentar una respuesta. 
La Comisión Económica me ha dado hasta el lunes para completar mis negociaciones con los colegas, la Comisión y la Presidencia. 
Por lo que puedo ver, el asunto carece de urgencia porque, en cualquier caso, el acuerdo político supuestamente alcanzado en el Consejo sobre la cuestión no está previsto que se ponga en marcha antes de julio. 
Por consiguiente, hay mucho tiempo para las negociaciones y los contactos, y no falta mucho para el 15 de enero- fecha en que debemos responder. 
Por lo tanto, no veo ninguna necesidad para el procedimiento de urgencia y mi propuesta es que rechacemos la solicitud de urgencia. 
(El Parlamento rechaza la urgencia) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) relativo a la financiación adicional en 2001 con arreglo al actual Convenio CE-OOPS para 1999-2001 (COM (2001) 714- C5-0663/2001- 2001/0288 (CNS)) 
La Presidenta- Escuchamos al Sr. Wynn, que habla en nombre de la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo. 
Señora Presidenta, anoche, la Comisión de Presupuestos y, según tengo entendido, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa trataron sobre esta cuestión. 
No hay ningún problema para que se conceda la urgencia y podemos hacerlo sin informe y sin debate. 
(El Parlamento aprueba la urgencia) 
Proyecto de reglamento del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas específicas frente a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (COM (2001) 569- C5-0665/2001- 2001/0228 (CNS) ) (Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores) 
Escuchamos al Sr. Wynn, que se expresa en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, competente para el fondo. 
Como los colegas recordarán, tratamos sobre este asunto por el procedimiento de urgencia en octubre. 
Me complace poder informar de que el Consejo ya ha aceptado el fundamento jurídico propuesto. 
No obstante, quisiéramos protestar por el hecho de que no se haya incluido a la propuesta ninguno de los dos apéndices, aunque comprendemos los motivos por los que no se ha hecho. 
A pesar de todo, anoche tratamos sobre este punto en comisión y reconocemos la urgencia. 
Queremos proponer un procedimiento de urgencia sin informe. 
A continuación, los Grupos políticos deberán presentar las enmiendas, que podrían ser similares a las que aprobamos en octubre. 
(El Parlamento aprueba la urgencia) 
Presentación por parte del Sr. Prodi del programa de trabajo de la Comisión para 2002 así como de la comunicación sobre el futuro de la Unión Europea " Renovar el método comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por la Comisión de su programa de trabajo para 2002, así como la comunicación sobre el futuro de la Unión "Renovar el método comunitario". 
A continuación concedo la palabra al Sr. Prodi, Presidente de la Comisión. 
, Presidente de la Comisión. (IT) Señora Presidenta, Señorías, el debate anual sobre el estado de la Unión, una de nuestras citas más importantes, se desarrolla este año en un momento decisivo para la Unión Europea. 
En efecto, en estos días, en estos meses, está cobrando forma la gran Europa. 
En menos de doce meses podrán concluir las negociaciones con los países candidatos a la adhesión que hayan respetado los criterios establecidos para la ampliación a fin de que la Unión pueda acoger, antes de las próximas elecciones europeas, hasta diecinueve nuevos países miembros. 
En menos de tres semanas, el euro, el símbolo más sólido y evidente de la unión- no sólo económica sino también política- de Europa será una realidad concreta. 
Por último, antes de que concluya esta semana, el Consejo Europeo de Laeken tomará la decisión de crear una Convención que deberá preparar la reforma de los Tratados y que reunirá, por vez primera, a representantes de los gobiernos y parlamentos nacionales, de la Comisión Europea y de esta Asamblea. 
La gran Europa que comienza a cobrar forma es una Europa unida, democrática y proyectada hacia el futuro. 
Con esta perspectiva ha funcionado la Comisión durante el año que ahora acaba y con ella se propone continuar haciéndolo en el año que está a punto de iniciarse. 
Sra. Presidenta, Señorías, antes de pasar a la exposición del trabajo realizado por la Comisión en el curso de 2001 y al que tenemos programado para 2002, quisiera decir una vez más que considero esenciales para el buen funcionamiento de la Unión la plena colaboración y la transparencia entre las instituciones. 
Con ese propósito, ya en enero del corriente año anuncié a sus Señorías que la Comisión tenía intención de renovar nuestra metodología común de trabajo a fin de que una colaboración entre nuestras Instituciones resulte aún más eficaz y transparente. 
Antes de exponer estas propuestas a sus Señorías, quisiera recordar los principios fundamentales que deben inspirar nuestra cooperación. 
Primero: hay que salvaguardar el derecho de iniciativa de la Comisión, que es uno de los pilares de la construcción comunitaria y garantía de su integridad. 
Una Comisión fuerte hace que el Parlamento Europeo sea más fuerte. 
Segundo: hay que defender la naturaleza tripartita de la colaboración interinstitucional. 
En efecto, ésta sólo resultará eficaz si los dos órganos legislativos, el Parlamento y el Consejo, pueden dialogar con la Comisión sobre una base común de transparencia. 
Ahora quisiera detallar mis propuestas de renovación, que contribuirán- espero- a mejorar de un modo decisivo el diálogo entre nuestras Instituciones. 
En primer lugar, a partir de este año el programa de trabajo ya no es un catálogo de intenciones legislativas sino que se convierte, como han pedido ustedes, en un verdadero programa político. 
En este programa, que la Comisión se compromete ante sus Señorías a respetar, se definen tanto las prioridades para el año en cuestión como las iniciativas necesarias para solventarlas. 
Sé que alguno de ustedes se asombró de no recibir, como venía ocurriendo en años precedentes, el catálogo anual de las intenciones legislativas adjunto al programa de trabajo para 2002. 
No obstante, quiero señalar que nosotros hemos escuchado con gran atención as declaraciones de muchos de Sus Señorias hechas el pasado 13 de febrero en esta misma Asamblea. 
Pedían claramente que la Comisión abandonase el método, aplicado hasta ahora, de la lista de propuestas legislativas y que pusiese en práctica uno nuevo. 
Y así lo hemos hecho diligentemente. 
Estos mismos argumentos, expuestos, por lo demás, en un escrito de la Presidenta Fontaine el pasado 10 de septiembre, nos impulsaron a sustituir el catálogo por un instrumento mucho más fiable de programación trimestral, utilizado por el porpio Colegio para programar sus tareas y que sus Señorías tendrán a su disposición periódicamente. 
A fin de actuar con la mayor transparencia le he pedido al Secretario general de la Comisión que hiciese llegar inmediatamente al Secretario General del Parlamento la lista general de propuestas de los servicios de la Comisión a partir de la cual se decidió el programa de trabajo para 2002. 
Si esta experiencia resulta positiva, estamos dispuestos a repetirla en los años venideros. 
En segundo lugar, es asimismo fundamental insistir en que la preparación de semejante programa dependerá, en el futuro, de un diálogo más estructurado entre nuestras Instituciones. 
Ésa es la razón por la que hemos previsto para el año próximo un trayecto con más etapas que se iniciará, a principios de año, con la preparación del programa de trabajo para 2003. 
Los dos puntos culminantes de este diálogo político corresponderán a los meses de febrero, que será cuando vendré a presentarles las prioridades políticas aprobadas por la Comisión para 2003, y noviembre, que será cuando vendré a exponer el programa de trabajo adoptado por la Comisión en función a partir de dichas prioridades. 
Gracias al debate sostenido en la Conferencia de Presidentes, me hago cargo de que existe entre nosotros un acuerdo sobre las grandes orientaciones que acabo de exponer. 
Por nuestra parte, comenzaremos cuanto antes a definir los detalles e iniciar su ejecución completa. 
La Sra. de Palacio, que a petición mía inició un diálogo al respecto con sus Señorías, continuará con su trabajo y proseguirá el diálogo a fin de concluir los acuerdos el próximo mes de enero. 
Por último, me parece importante subrayar que las etapas del trayecto no deben entorpecer el ejercicio de nuestras respectivas tareas, de manera que podamos seguir asumiendo nuestras respectivas responsabilidades. 
En cuanto al presupuesto de 2001: es demasiado larga la lista de lo que se ha hecho en el transcurso de un año como para que yo pueda hacer a sus Señorías, aquí y ahora, una relación pormenorizada. 
Me limitaré, por tanto, a recordar las esferas en las que la Unión ha obtenido, con la decisiva contribución de la Comisión, los mayores logros en el año 2001: la preparación del tránsito al euro; los progresos en las negociaciones sobre la ampliación; las relaciones con los Balcanes; el diálogo con Rusia; la inauguración en Doha de una nueva ronda de negociaciones comerciales; la adopción de una estrategia para el desarrollo sostenible, que se extiende mucho más allá de la simple adopción de una serie de medidas concretas y que propiciará progresivamente una revisión de conjunto de nuestras políticas internas; por último, la reanudación- particularmente visible después del 11 de septiembre- de las actuaciones encaminadas a la creación de un espacio común europeo de justicia y seguridad. 
En cada una de esas esferas y durante todo el año la actuación de la Comisión ha contado con un apoyo decisivo en esta Asamblea. 
Volviendo ahora la mirada hacia 2002, y con el fin de presentarles con la mayor claridad posible la suma de nuestros propósitos para el próximo año, estoy seguro de que sus Señorías me permitirán que, al presentarlos, agrupe en cuatro capítulos fundamentales las siete prioridades señaladas por la Comisión para su programa del año 2002. 
Estos cuatro grandes capítulos son: la seguridad interior, el euro y los asuntos económicos y sociales, la ampliación y, por último, el debate sobre el futuro de Europa y el proceso de reforma de las instituciones. 
La estrategia anual, elaborada ya en febrero pasado, preveía seis prioridades. 
Los sucesos del 11 de septiembre nos impulsaron- como comprenderán, semejante flexibilidad es un completo indispensable de cualquier programa para hacer frente a situaciones imprevistas- a añadir una séptima. 
En 2002 la Comisión presentará, por tanto, una serie de medidas encaminadas a luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada y garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
Entre ellas figuran las siguientes: la puesta en marcha de un sistema integrado de control de las fronteras exteriores, el desarrollo de la protección civil, las disposiciones relativas a la salud pública y al fortalecimiento de la seguridad de los transportes. 
Como tuve oportunidad de señalar el 12 de noviembre en Brujas, el fortalecimiento de la cooperación judicial y policial sentará las bases para la creación, más a largo plazo, de una policía integrada para luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. 
Desde el comienzo, esta Comisión ha incluido entre los cuatro ejes que han de guiar su tarea la ambición de reorientar la acción- hasta entonces esencialmente económica- de la Unión, en sentido más amplio, a un tiempo económico, social y ambiental. 
El programa para 2002 es un fiel reflejo de ese espíritu. 
La introducción del euro representará la etapa más importante y, también, la más concreta de la integración europea A ese respecto,. me alegra que se hayan superado todas las diferencias políticas relativas al problema de los pagos transfronterizos, por lo que la Presidenta Sra. Fontaine podrá anunciar en breve la aprobación de una posición común. 
Gracias a las medidas adoptadas por el camino del euro, la nuestra es hoy, a pesar de ser la más abierta del mundo, una economía fuerte y estable. 
¿Cuáles habrían sido, podemos preguntar, las repercusiones del 11 de septiembre, si no hubiésemos tenido el euro. 
La estabilidad es la base de nuestras políticas futuras, por lo que debemos protegerla. 
Cierto es que la coyuntura actual no es fácil, pero confío en que seremos capaces de superar las dificultades que se nos plantean a corto plazo. 
Tenemos las herramientas para hacerlo; me refiero, en particular, al pacto de estabilidad y a las directrices generales en materia de política económica. 
Pero hemos de reflexionar sobre la necesidad de mejorar la coordinación de las políticas presupuestarias de los países de la zona del euro. 
Nuestras economías nunca fueron tan interdependientes como ahora, a consecuencia de la moneda única. 
En este sentido he señalado recientemente que sería oportuno trabajar en la formulación de un código de conducta que, teniendo en cuenta las interdependencias entre las políticas presupuestarias de los países de la zona del euro, consolide la coherencia global y la credibilidad de nuestra política económica. 
Lo que me preocupa en gran medida es más bien el futuro a largo plazo. 
Europa necesita reformas estructurales, condición necesaria para un crecimiento sostenido y creador de empleo. 
Creo que a ese respecto ya tenemos la receta adecuada. 
A lo largo de dos etapas fundamentales, ambas concluidas durante la primera parte del mandato de esta Comisión- una en Lisboa en marzo de 2000, la otra en Göteborg en junio de 2001 -, los Estados miembros se comprometieron a favor de un desarrollo sostenible, apto para conjugar competitividad, justicia social y respeto del medio ambiente. 
El programa de trabajo de la Comisión para 2002 confirma esa línea de acción. 
La ejecución de los compromisos de Gteborg constituye una de las siete prioridades señaladas para el próximo año. 
En la misma perspectiva se sitúa ël compromiso de preparar y propiciar el éxito de la reunión sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo. 
¿A qué se debe mi preocupación? 
Al retraso con el que las decisiones, una vez asumidas oficialmente, se materializan en actos concretos. 
El peñasco que bloquea la vía del desarrollo de GALILEO, iniciativa y tecnología esenciales para el crecimiento y la competitividad de la economía europea, es tan sólo el último de una serie ya demasiado larga de obstáculos. 
No vamos a recordarlos todos; basta con mencionar, a modo de ejemplo, el de la patente europea. 
La incapacidad para dar curso a los compromisos solemnemente asumidos y anunciados y la falta de voluntad para avanzar por la senda de la consumación definitiva del Mercado Único están resultando demasiado gravosos para Europa: el costo del incumplimiento del proyecto europeo- o, podríamos decir, el de Lisboa- está resultando por momentos insoportable. 
En el informe económico anual, que la Comisión presentará dentro de poco más de un mes, como preparación precisamente del Consejo de primavera, se detallará todo lo referente a este punto; huelga decir que en Barcelona habrá que dar por último un paso decisivo. 
No obstante, como ya señalé en Brujas, la Comisión por sí sola nada puede hacer: es necesario que los Estados miembros asuman sus responsabilidades y adopten sus decisiones. 
Por lo demás, también el Parlamento ha de desempeñar su papel: estoy convencido, por ejemplo, de que la falta de acuerdos respecto de la nueva legislación relativa a las ofertas públicas de adquisición ha impedido un desarrollo positivo de nuestros mercados financieros. 
En este sector, la debilidad de la economía europea frente a la norteamericana resulta manifiesta. 
Consciente de los numerosos factores que contribuyen al bienestar de la economía, la Comisión presentará en el transcurso de 2002 propuestas legislativas de particular relevancia en el ámbito de la banca y los servicios financieros. 
Presentaremos asimismo una estrategia de política de defensa del consumidor y medidas para apoyar las inversiones privadas en materia de investigación y desarrollo. 
Una moneda, un mercado financiero, una política económica: esos son nuestros objetivos. 
Nuestra preocupación fundamental, en cualquier caso, sigue siendo el empleo, elemento indispensable para la cohesión social. 
Así será en el año 2002 y también en los muchos años por venir. 
Por eso, en Barcelona presentaremos una comunicación sobre los aspectos sociales de las reestructuraciones empresariales destinada a los interlocutores sociales, con el convencimiento de que existe una correlación positiva entre protección social y competitividad. 
Llevar a buen término la ampliación y que constituya un éxito para toda la Unión: ésa es la prioridad número uno que la Comisión se fijó desde el principio de su mandato. 
Ya el 13 de octubre de 1999, cuando pedí, aquí mismo y delante de todos sus Señorías, que el Consejo Europeo llevase a cabo antes de finales de 2002 las reformas necesarias para la ampliación y señalé que la Comisión consideraba posible que para esa fecha se diesen por concluidas las negociaciones con los países que hubieran respetado los criterios de adhesión. 
Hoy la Unión ha hecho suya esa fecha, el año 2002, oficialmente. 
En sólo dos años los avances logrados han sido impresionantes. 
Sé muy bien que aún tenemos por delante fases de extraordinariamente delicadas; basta pensar en los capítulos relativos a los Fondos estructurales o a la agricultura, pero, a lo largo de los doce próximos meses, los países que, gracias a sus esfuerzos, hayan demostrado estar preparados, verán abrirse la puerta de la adhesión antes de la renovación de esta Asamblea. 
Así, pues, 2002 será un año decisivo y el programa de la Comisión es fiel reflejo de la importancia de esa cita. 
No sólo porque, como acabo de recordar, deberán proseguir y después concluir las negociaciones, sino también porque se han de iniciar y determinar progresivamente los objetivos y los instrumentos correspondientes a cada una de las políticas comunitarias en consonancia con la nueva situación de una Unión que habrá acogido a otros nueve países miembros. 
Es preciso que a lo largo de 2002 y aún más durante 2003 y 2004- y esto vale también para nuestros sucesores en años venideros- realicemos una verdadera revolución intelectual. 
La gran Europa dará la medida de nuestras reflexiones, de nuestra capacidad de planificar y de actuar. 
Adaptarse a esta nueva dimensión europea es indispensable para la Comisión, pero también lo es para las restantes Instituciones y para los Estados miembros de la Unión. 
Debemos explicar esta nueva realidad a nuestros ciudadanos a fin de ayudarlos a superar sus temores y apreciar las oportunidades humanas, culturales y económicas de la ampliación. 
Desde el punto de vista económico, la ampliación es una de las pocas situaciones en las que todas las partes interesadas pueden salir beneficiadas. 
De entrada, redundará en un mayor crecimiento, tanto para los nuevos países miembros como para los Quince. 
No hay duda de que las repercusiones de la ampliación en el seno de la Unión variará de un país a otro, de una región a otra. 
No obstante, gracias al Mercado Único, sus beneficios podrán percibirse en todo su territorio. 
Esta gran Europa no podrá limitarse, sin embargo, a extenderse hacia el Este y el Sur. 
Deberá continuar por la vía del acercamiento progresivo a los Balcanes y erigir ante sus mismas puertas, tanto en dirección a Rusia y Ucrania como al Mediterráneo, un arco de estabilidad. 
En previsión de la reunión de Valencia en el mes de abril, la Comisión presentará propuestas encaminadas a mejorar el funcionamiento y la cooperación euromediterránea, sobre todo en los sectores educativo y cultural. 
También a lo largo de 2002 la Comisión propondrá medidas apropiadas para estimular las inversiones y mejorar la cooperación en la esfera de la inmigración, así como a consolidar el papel de la Unión en el proceso de paz de Oriente Medio. 
La ampliación es una empresa de proporciones históricas,. 
Pero no por ello debe propiciar la parálisis de la Unión. 
En ese marco se inscribe el debate sobre la governance europea que esta Comisión ha contribuido a impulsar con el propio Libro Blanco. 
Es importante que prosiga el diálogo entre nuestras instituciones sobre los asuntos planteados en el Libro Blanco y a las acciones pertinentes, aspecto sobre el cual el programa de trabajo de 2002 aporta precisas indicaciones. 
Sin embargo, el debate sobre Europa y su futuro se ha ido extendiendo bastante más allá de los límites trazados en el Libro Blanco hasta asumir una naturaleza más abiertamente constitucional. 
Esta Comisión, por lo demás, ha luchado desde el principio por que la Unión diese un nuevo impulso al debate institucional. 
Desde el mes de septiembre de 1999, en esta misma Asamblea y delante de todos sus Señorías pedí con insistencia que en la Conferencia Intergubernamental del año 2000 se aprobara un programa más extenso, que trascendiese los "restos de Amsterdam". 
Les dije, en aquella ocasión, que temía una reforma mínima y, como tal, inapropiada para darnos un auténtico poder de decisión. 
Tras el acuerdo- esencial, sin duda, pero indiscutiblemente mínimo- de Niza, la Comisión, junto con el Parlamento, sostuvo de inmediato la idea de una Convención, que hoy cuenta con el apoyo general. 
Me alegro de ello, pues tengo la certeza de que ésa es la senda correcta para construir la nueva Europa, más democrática y transparente. 
Entretanto ya se ha puesto en marcha en todos los países europeos un amplio debate sobre el futuro de la Unión, que deberá proseguir y contribuir a alimentar la labor de la Convención. 
Ha pasado el tiempo en que se podían dejar para mañana las reformas necesarias, como si los acontecimientos estuviesen dispuestos a esperar nuestras decisiones. 
Una contribución importante a esa reflexión la constituyen el informe Méndez de Vigo y Kaufmann y el debate celebrado por el Parlamento en Pleno. 
En la preparación del Consejo de Laeken, la Comisión presentó el pasado 5 de diciembre una comunicación propia. 
Como hemos explicado en este documento, mediante el cual sólo pretendemos ofrecer algunas indicaciones para el debate, la clave del problema radica en la renovación y el fortalecimiento del método comunitario. 
Nuestro objetivo no debe ser el de modificar los equilibrios logrados en los cincuenta últimos años; se trata, en cambio, de modernizar nuestro sistema y lograr que los pueblos de Europa lo sientan como propio. 
Creo que la Convención deberá ser un texto coherente, basado en una lógica propia y una lista de gastos; un texto aprobado por consenso, es decir, rehuyendo la unanimidad a toda costa y que refleje las opiniones minoritarias; un texto más sencillo, más fácil de leer, que exponga con claridad tanto los principios que animan nuestra labor- y la Carta de los Derechos Fundamentales deberá ser su núcleo- como los objetivos hacia los que avanzamos; un texto que vuelva transparente la organización de los poderes públicos europeos, es decir, que describa con claridad no sólo el funcionamiento de las Instituciones y los instrumentos necesarios para el logro de los objetivos que se ha asignado; un texto, por último, apto para evolucionar y, con ese fin, constituido por un núcleo de normas fundamentales y un conjunto de disposiciones de carácter más técnico. 
Antes de que la Convención inicie su labor, la Comisión adoptará posiciones sobre de numerosos asuntos, como, por ejemplo, el de las competencias de la Unión y los Estados miembros, el del fortalecimiento del papel legislativo del Parlamento, el de la distinción entre las funciones ejecutiva y legislativa del Consejo o el de las misiones ejecutivas de la Comisión. 
La ampliación del voto por mayoría, las modalidades para la revisión de los Tratados, los recursos propios de la Unión son, asimismo, otros de los temas sujetos a debate político y que deberemos afrontar en un futuro cercano. 
Para concluir estas reflexiones acerca de la próxima Convención, quisiera hacer hincapié en una cuestión que se suele resumir en una sola palabra: la Constitución. 
A mi entender, lo esencial no es el nombre que reciba el texto resultante de la labor de la Convención y la Conferencia Intergubernamental; mi objetivo es que ese texto, tanto por su contenido como por la naturaleza abierta y democrática del proceso que lo haya engendrado, pueda finalmente ser considerado por todos una Constitución. 
Confío en que el programa de trabajo de 2002 constituirá la trama sobre la que nuestras Instituciones tejerán, a lo largo de los próximos doce meses, una relación de colaboración intensa, constante y fructífera. 
. (FR) Señora Presidenta, señor Presidente, señoras y señores Comisarios, señoras y señores diputados, desearía comenzar, si me lo permiten, por darles las gracias a todos por la admirable cooperación que hemos mantenido durante los seis últimos meses. 
Como no sé si después, o mañana- puesto que volveré mañana -, estarán aún presentes, deseaba hacer hoy estas manifestaciones y decirles gracias. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores. 
La presidencia se complace de que produzca este debate en torno al programa de trabajo de la Comisión correspondiente al año 2002. 
El pasado año se oyeron intensas críticas procedentes del Parlamento en relación con la ausencia del Consejo durante este importante debate. 
En respuesta a su postura, señor Poettering, que considera que la política europea estaría siendo descuidada por los ministros de Asuntos Exteriores, le puedo asegurar que eso no es así y que no rehuimos el debate público, aunque de eso ya se habrá dado cuenta a estas alturas. 
Dicho esto, la presidencia no considera que la celebración de este debate sea algo tan obvio. 
En primer lugar, nos estamos pronunciando acerca de un documento con tan solo algunos días de antigüedad y que la presidencia apenas ha tenido tiempo de conocer. 
En segundo lugar, la participación en este debate constituye un difícil ejercicio de equilibrismo para la presidencia mientras que su Parlamento se puede y se debe dedicar obviamente y con toda libertad al ejercicio de su función de control. 
Coincido plenamente con usted en que la política del Consejo y de la Comisión debe ser lo más coherente posible. 
Esta preocupación en torno a la coherencia es compartida por el Consejo y por la Comisión, lo que, a propósito, se ha traducido en hechos concretos. 
La Presidencia belga ha comenzado, como sabrá, justamente con la presentación del estado de los trabajos de las demás entidades del Consejo al Consejo de Asuntos Generales. 
Nuestra presidencia ha actuado así con el objeto de que el Consejo de Asuntos Generales pueda coordinar horizontalmente todas las actividades de las diferentes entidades del Consejo y garantizar, de este modo, la coherencia y coordinación interna con respecto a los objetivos generales de la Unión. 
No obstante, todas las entidades gozan obviamente de autonomía a la hora de redactar sus propios programas de trabajo y de hacer valer sus propios criterios. 
Las instituciones están obligadas, además, a respetar la autonomía de los demás. 
Por consiguiente, no he venido aquí, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores comisarios, para evaluar a la Comisión y su documento de trabajo con una actitud crítica, ni para compararlo con los logros anteriores y las prioridades futuras del Consejo. 
Lo hemos estudiado con gran interés. 
Y es que la Comisión se ha centrado en este programa de trabajo en sus funciones y objetivo principales, por lo que ya no ofrece, tal y como ha apuntado el presidente, una relación exhaustiva de sus actividades, cosa que anteriormente- y aún lo recuerdo personalmente- se traducía en una larga lista de medidas legislativas y políticas. 
Gracias a su actual formato, el programa de trabajo ha ganado, sin duda, en claridad. 
Nos complace que la Comisión esté cumpliendo la mayoría de los plazos en la consecución de los objetivos estratégicos referidos al período 2000-2005. En lo que respecta a las operaciones de reforma interna, como las referidas al terreno de las negociaciones de ampliación y las negociaciones sobre la nueva ronda multilateral de comercio, la reconstrucción de los Balcanes Occidentales y las negociaciones acerca del cambio climático, la Comisión ha asumido efectivamente y de forma plena, a lo largo del año que toca a su fin, el papel de impulsora y ha reaccionado en los momentos en que resultaba necesaria una actuación comunitaria. 
(FR) Señora Presidenta, señoras y señores, temas como las negociaciones de adhesión, el lanzamiento con éxito del euro, el desarrollo sostenible o la lucha contra el terrorismo y la delincuencia continuarán mereciendo nuestra atención. 
Con el fin de alcanzar los objetivos determinados, será necesario, evidentemente, seguir coordinando lo mejor posible la acción de las diferentes instituciones de la Unión. 
No obstante, no les resultará difícil comprender que, como representante de una Presidencia que está al final de su mandato, me es difícil ponerme en el lugar de las próximas Presidencias para presentar el programa de actividades del Consejo para el año 2002. 
La presentación al Parlamento Europeo del programa de la futura Presidencia española permitirá, sin duda alguna, realizar y profundizar este debate. 
Me permito, sin embargo, hacer algunos comentarios. 
Con respecto a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, así como al fomento de la seguridad de los ciudadanos europeos tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, se ha hecho todo lo posible para dar una respuesta adecuada, rápida y coherente en el plano europeo. 
Suscribimos plenamente el objetivo de brindar a los ciudadanos un alto nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia, y deseo subrayar la manera constructiva en que el Consejo y el Parlamento Europeo han trabajado juntos en total cooperación con la Comisión. 
Esta misma mañana, señora Presidenta, la aprobación del trámite de urgencia por este Parlamento nos lo acaba nuevamente de demostrar. 
El terrorismo constituye un verdadero desafío para el mundo y para Europa. 
Conviene, pues, continuar nuestra misión, reforzando más la cooperación policial y judicial. 
La propia realización de este espacio común de libertad, justicia y seguridad, que no está acabado, sigue siendo, además, una preocupación preponderante. 
Es esencial mantener la dinámica en relación con el asilo y la inmigración mediante la aplicación de las conclusiones de Tampere. 
El trabajo por realizar sigue siendo considerable y el Consejo Europeo de Laeken le dará un nuevo impulso. 
La llegada de los billetes y monedas en euros, así como la generalización de la utilización de la nueva moneda escrituraria y electrónica, constituirán un salto cualitativo sin precedentes en el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. 
Tras la supresión de las fronteras, que ha creado un gran mercado interno, el euro será para los actores económicos y para los ciudadanos la segunda realidad concreta y tangible de la construcción europea. 
(FR) Este salto cualitativo debería convertir a Europa en una verdadera comunidad económica y financiera. 
La coordinación reforzada de las políticas económicas se transformará, por tanto, en un ejercicio cuyos desafíos serán ahora percibidos como verdaderos desafíos sociales. 
Evidentemente, las prioridades económicas también tendrán en cuenta otros objetivos, tales como la construcción de un mercado único de servicios financieros o de empleo, la coordinación a través de las estrategias para el empleo y la inserción social. 
(NL) Señora Presidenta, señoras y señores, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores comisarios. 
La consecución de una estrategia de desarrollo sostenible para la Unión Europea requiere un enfoque integrado que tenga en cuenta el equilibrio de los aspectos económicos, sociales y ecológicos. 
El Consejo vela en este sentido por el equilibrio entre los indicadores sociales, económicos y medioambientales. 
Estos indicadores son fundamentales para el informe de síntesis referido a la estrategia sobre desarrollo sostenible que debe redactar la Comisión para el Consejo Europeo de Barcelona. 
En ese momento se analizarán por primera vez los avances logrados desde que esta estrategia fuera aprobada por el Consejo Europeo de Gotemburgo en junio de 2001. 
La estrategia se someterá a evaluación posteriormente en cada reunión de primavera del Consejo Europeo. 
La primera vez será en Barcelona. 
Se han logran avances significativos en las negociaciones de adhesión y parece que los objetivos se cumplirán. 
El calendario aprobado en Niza y detallado en Gotemburgo se podrá cumplir en su totalidad. 
Las negociaciones de adhesión con los países que estarán listos el próximo año deberán cerrarse, lo que permitirá a estos países participar en las elecciones europeas del 2004. 
El ritmo de los trabajos de la Comisión encaja perfectamente con el de las sucesivas presidencias del Consejo, lo que sin duda se mantendrá así en el futuro. 
La Comisión y el Consejo velan por que los aspectos cuantitativos de estos procesos de adhesión no anulen los aspectos cualitativos. 
Con ello quiero decir que resulta importante que los aspirantes a Estados miembros adopten el acervo en sus sistemas jurídicos y que es igualmente importante que adapten y modernicen simultáneamente sus administraciones, que desarrollen aún más su capacidad jurídica y que apliquen el acervo en la vida real. 
La enorme atención que se está prestando en la actualidad a la capacidad administrativa y judicial de los aspirantes a Estados miembros es una consecuencia de esta preocupación. 
La presidencia constata asimismo con satisfacción que la región del Mediterráneo haya sido designada región prioritaria por la Comisión para el 2002, lo que supondrá un nuevo impulso para el proceso de Barcelona y para el reforzamiento de sus instrumentos. 
(FR) La Conferencia Euromediterránea celebrada los días 5 y 6 de noviembre en Bruselas, demostró, en el nuevo contexto internacional, la adhesión de todos los socios al proceso como marco esencial y privilegiado del diálogo y de cooperación entre la Unión Europea y los países de las riveras sur y sudeste del Mediterráneo. 
El hecho de que la red de los acuerdos de asociación sea más densa demuestra que dicha asociación constituye, por excelencia, el instrumento para organizar nuestros intercambios. 
Una V Conferencia Euromediterránea tendrá lugar asimismo los días 22 y 23 del próximo mes de abril, en Valencia. 
Señora Presidenta, señoras y señores, estos son algunos comentarios sobre el programa de trabajo 2002 de la Comisión. 
Corresponderá a las próximas Presidencias, y en particular a la Presidencia española, continuar este intercambio de ideas constructivo con la Comisión y con el Parlamento Europeo. 
Les doy las gracias por su atención. 
Doy las gracias a la Sra. Ministra. 
Señora Ministra, desearía darle las gracias por las delicadas palabras que ha pronunciado previamente a su intervención y por su apreciación positiva sobre la cooperación entre su Presidencia y el Parlamento Europeo. 
Creo poder decir que compartimos esta apreciación, y, en tal sentido, querría subrayar asimismo ante mis colegas que la Presidencia del Consejo participa por primera vez, que yo sepa, en el debate sobre la presentación del programa de la Comisión. 
Se trata de una innovación muy positiva, que deseaba saludar, y también deseaba darle las gracias por ello. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señorías, ante todo, señora Presidenta del Consejo, quiero agradecer la gestión que usted ha hecho durante la Presidencia belga y decir que verdaderamente se demuestra, en este caso, que haber sido previamente diputada al Parlamento Europeo es una buena escuela para gestionar los asuntos europeos en un Gobierno. 
Dicho esto, señor Presidente de la Comisión, conviene que con sinceridad y con franqueza superemos un desencuentro que hay entre nosotros. 
Mi Grupo pidió al comienzo de la legislatura que la Comisión presentara un programa político para votar su investidura y ese programa- y lo planteamos en aquel momento- tenía que llevar a que se ajustara el programa anual, no sólo en términos legislativos. 
Pero lo que ocurrió el otro día en la Conferencia de Presidentes, y hoy se ha vuelto a repetir, yo creo que necesita una aclaración. 
Nosotros no hemos pedido que ustedes no presenten el programa legislativo, ni fuera de plazo. 
Lo que hemos pedido es que presenten un programa político y ustedes han hecho un programa de trabajo: muy bien, nosotros tomamos nota, pero también queremos el programa legislativo porque somos una de las partes de la codecisión. 
Y la prueba de que teníamos razón es que me han dicho que, anoche, por email, llegó el programa legislativo como un anexo. 
Es importante que seamos capaces de respetar los plazos y los acuerdos que tenemos y, a partir de ahí, ustedes pueden organizar el trabajo como quieran: haciendo planning, programming, rolling on, y lo que quieran. 
Yo me temo mucho que va a aumentar el número de funcionarios rellenando formularios. 
Pero ése es su problema. 
Ahora bien, cumplan ustedes sus compromisos con el Parlamento. 
Y, en ese sentido, tengo que decir, señor Presidente, que convendría que en su secretaría mejoraran el departamento o servicio que se ocupa del correo porque hemos planteado una pregunta parlamentaria en relación a cómo van ustedes a tratar el asunto de la multa del lino, concretamente en España, y cuatro presidentes de Grupo, ante el bloqueo del Grupo liberal y del Grupo PPE de esta pregunta que tenía que haberse visto en este Pleno, hemos escrito y estamos esperando una respuesta. 
Es importante- y me alegro de que esté aquí la señora Vicepresidenta de la Comisión- que no dejemos pudrir las cuestiones. 
Por lo tanto, le agradecería que en este tema hubiera más diligencia. 
Ahora bien, estos problemas, en relación con el programa, son un juego de niños al lado de la situación actual. 
Estamos en vísperas de la Cumbre de Laeken y la cuestión fundamental es la defensa del método comunitario. 
Y lo digo porque se están acumulando nubarrones en el horizonte. 
Aquí, ayer, en nombre de mi Grupo- y me alegro de que esté la Presidenta en ejercicio del Consejo -, apoyamos decididamente a la Presidencia belga del Consejo y al Consejo en un tema que nos parece muy importante- me parece que hoy está el Presidente Verhofstadt en Roma -, y es que consigamos sacar, a 15, una legislación antiterrorista que este Parlamento, el Consejo y la Comisión han apoyado. 
Creemos que ésa es una defensa importante del método comunitario. 
Si no es a 15 será a 14. 
Preferiríamos que fuera a 15, pero ése es un tema en el que les apoyamos claramente. 
También nos preocupa, en este momento, el que haya- y me refiero a un punto que suscitó ayer el Sr. Poettering- algunos Gobiernos- el de Austria y el de Italia- que se oponen a que los criterios de democracia estén en el estatuto de los partidos políticos. 
De cara a Laeken, señor Presidente de la Comisión, la parte más interesante de su discurso ha sido la del final: cuando usted no sólo ha apoyado la Convención, sino que le ha dado contenido, en total acuerdo con la línea del informe Leinen-Méndez de Vigo. 
Yo le pido, en relación con la Convención, que lo que ha dicho usted hoy aquí lo defienda en el Consejo Europeo de Laeken, que haya una propuesta coherente, que esa propuesta, aunque haya que enfriarla o digerirla, no se quede en el cajón. 
Me interesaría saber cómo se va a articular eso con el calendario de cara a conseguir la ampliación y la reforma de los Tratados antes del 2004, y cuál es su posición respecto a la composición del Presidium de la Convención. 
Y, además, y como último punto, no dejen ustedes la secretaría de la Convención al Consejo; es conveniente que en ella participemos todos, porque el que parte y reparte se lleva la mejor parte. 
Y, en ese sentido, señor Presidente yo le pediría una ampliación de las respuestas que usted ha dado en relación con la Convención. 
Usted apela a que el Parlamento y la Comisión trabajemos juntos- y creo que podemos hacer grandes cosas en defensa del método comunitario -, pero es importante que ustedes tengan la gallardía y la capacidad de hacer uso de su monopolio de iniciativa, que no debe ser un monopolio simplemente de explotación, sino que debe ser una vía para poder conseguir lo que usted ha planteado: unos textos que tengan un valor constitucional y, sobre todo, que sean el reflejo de la democracia y la transparencia que queremos en esta Unión ampliada. 
Señora Presidenta, cuando la semana pasada tratamos sobre este punto en la Conferencia de Presidentes, mi Grupo- el de los Liberales Demócratas- votó a favor de que hoy celebráramos un debate y en contra de su aplazamiento. 
Lamento que hoy mis observaciones sean principalmente relativas al procedimiento y no al contenido, porque creo que aún no hemos dado con el procedimiento correcto. 
No obstante, quisiera saludar el trabajo realizado este año por la Comisión y reconocer el enorme progreso en la preparación del lanzamiento del euro; el importante avance sobre la ampliación, que acogemos muy favorablemente; la labor que está realizando en el sudeste de Europa; el gran avance en la Organización Mundial del Comercio y el programa tan estimulante sobre el desarrollo sostenible. 
Todo ello y los esfuerzos en el ámbito común de la justicia y la seguridad han sido posible gracias a la Comisión. 
Estoy muy de acuerdo con el planteamiento de las prioridades para el año próximo, que son sensatas y aceptables, en particular, cuando se afirma que debemos colaborar más estrechamente en el fomento del método comunitario en la construcción del futuro de Europa. 
No obstante, en el programa legislativo quedan interrogantes para los que necesitamos respuestas. 
¿Por qué el año pasado a estas alturas sólo se había procesado el 45% del programa y el 55% no? 
¿A qué es debido que se añadieran 117 o 118 nuevas partidas que no habían sido previstas? 
No estoy en contra de la flexibilidad- eso es bueno en política- pero esto parece bastante más caótico que cualquier definición de flexibilidad. 
Respeto plenamente el derecho de iniciativa de la Comisión, pero quisiera instar a la Comisión a que no espere hasta febrero para hacer una declaración general sobre las prioridades y, luego, en noviembre, presente un programa de trabajo específico. 
Debemos celebrar un diálogo intenso en los intervalos y algunas escalas intermedias en las que podamos hacer evaluaciones. 
Creemos al igual que usted, señor Presidente de la Comisión, en la buena gobernanza, y este Parlamento se comprometerá a ser un interlocutor de calidad en términos de la aportación y las repercusiones de la colegislación, pero para ello hacen falta criterios. 
Debemos debatir unos con otros- y éste no es un intento de interferir en el derecho de iniciativa de la Comisión- ¿es necesaria la legislación? 
¿Es proporcional? 
¿Respeta la subsidiaridad? 
¿Es transparente y democrática? 
¿Cuáles son las opciones para la aplicación? 
¿Podemos realizar algún tipo de evaluación de las repercusiones de la legislación antes de llevar a término la iniciativa? 
La Comisión ya dispone de un maravilloso procedimiento de consulta a los interlocutores sociales. 
Comparta ese procedimiento también con nosotros, no porque queramos interferir en su derecho a hacer un llamamiento final, sino porque también nosotros somos interlocutores y no puede dejar de lado al Parlamento ni podemos esperar a la víspera del debate para obtener los documentos. 
Nuestra Presidenta le ha comunicado un plan que nos gustaría recomendarle. 
Nuestra Conferencia de Presidentes respalda lo que la Presidenta ha dicho. 
Nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales respalda lo que ella ha dicho y, si lo hacemos, el año próximo negociaremos más sobre política y menos sobre los procedimientos. 
Tenemos que hacerlo bien. Debemos hacerlo pronto para evitar una repetición de este desencuentro mutuo innecesario que no ayuda a ninguna de las dos instituciones a implantar la buena gobernanza en la Unión Europea. 
Señor Presidente de la Comisión, señora Presidenta del Consejo, desearía hacer algunas reflexiones sobre el tema central de la discusión de hoy: el programa legislativo y el programa de trabajo de la Comisión. 
Señor Presidente de la Comisión, usted nos ha dicho que deseaba una colaboración plena y transparente entre la Comisión y el Parlamento. 
Está bien. 
Usted nos ha dicho: "Para ser fuerte, el Parlamento Europeo necesita una Comisión fuerte". 
Estamos de acuerdo. 
Pero usted comprenderá que no podemos aceptar ir de comparsas más o menos dóciles de la Comisión. 
Es evidente que estamos totalmente de acuerdo en que es importante que el programa de trabajo tenga una buena legibilidad política, lo que ocurre en este caso; eso no le dispensa, sin embargo, de presentar un programa legislativo. 
Ahora bien, hoy nos encontramos frente a un programa de trabajo que se nos ha comunicado a último momento y a un programa legislativo que conocimos ayer por la noche. 
Nos es difícil trabajar en estas condiciones. 
El Parlamento Europeo ya adolece del hecho de no tener ningún derecho de iniciativa legislativa, incluso en caso de inacción de la Comisión- lo que se trata, en mi opinión, de una anomalía institucional que habría que corregir para enjugar el déficit democrático. 
Sin embargo, el Parlamento goza de un poder de cooperación activa reconocido por la Comisión. 
Hago recordar que, desde el inicio de la legislatura, estamos vinculados con la Comisión por un acuerdo marco, acuerdo que define claramente el papel del Parlamento en el proceso legislativo. 
De conformidad con dicho acuerdo, el programa legislativo 2002 tendría que habérsenos presentado en octubre último, acompañado por una evaluación del programa anterior; de esa manera habríamos podido hacer críticas, observaciones o propuestas en un momento políticamente más adecuado y en plazos más razonables. 
Es preciso subrayar que, en el plano político, sería muy pertinente que los debates políticos sobre el presupuesto y el programa legislativo se reforzaran y completaran recíprocamente. 
El mes de octubre o de noviembre se presta a ello. 
Hoy llevamos dos meses de retraso y carecemos de programa legislativo o, más bien, acabamos de descubrirlo. 
En estas condiciones, considero que el Parlamento está desposeído de facto de su poder de control y de influencia, lo que no es bueno. 
Recordaré asimismo algunos hechos concretos: el 30 de noviembre- hace apenas unos días- se había ejecutado menos de la mitad del programa 2001. 
Por otro lado, la mitad de las iniciativas tomadas no estaban contempladas en el programa legislativo 2001. 
Lo menos que puede decirse es que resulta sorprendente: es fácil admitir que los acontecimientos imprevistos que han alterado completamente la agenda política justificaban la presentación de propuestas para tener en cuenta dichas alteraciones, pero una lectura atenta de los textos demuestra que, en su mayoría, estas nuevas propuestas nada tienen que ver con la actualidad o que, en todo caso, tendrían que haber sido presentadas en otro momento y no en el contexto del programa 2001. 
Esto revela, en mi opinión- y creo que la mayoría de los miembros de mi Grupo estarán de acuerdo- un considerable desorden en el seno de la Comisión y una falta de visión común de las líneas directrices que deberían guiar el trabajo común de nuestras instituciones. 
Las explicaciones que usted nos da para justificarlo, que guardan relación con las reformas internas de la Comisión, no pueden contentarnos eternamente. 
Señalo que se dan estas explicaciones desde el inicio de la legislatura. 
No podemos aceptar, señor Presidente, que el Parlamento Europeo sea desposeído de su poder de control, que se le reconoce claramente; esta situación no es buena ni para el Parlamento ni para la propia Comisión. 
En el momento en que se habla de buena gobernanza, de reconciliación con el ciudadano, lo menos que puede exigirse es que los compromisos asumidos sean respetados y que las prerrogativas del Parlamento también lo sean. 
Señora Presidenta, yo también quiero expresar mis felicitaciones a la Presidencia belga del Consejo y espero que todos juntos logremos una cumbre realmente con éxito en Laeken. 
Hoy está aquí a debate el programa de trabajo de la Comisión y quiero decir que mi Grupo político apoya la resolución común de otros Grupos políticos sobre este programa de trabajo. 
¿Por qué? 
Porque existe un acuerdo interinstitucional entre ambas instituciones y no me parece realmente inadecuado por parte de esta Asamblea que esperemos sencilla y llanamente que la Comisión cumpla sus promesas frente al Parlamento. 
Señor Prodi, en su Libro Blanco sobre governance se dice en muchas páginas cómo se puede gobernar mejor Europa. 
Sólo que lo que no se cumple lo que se incluye entre las tareas elementales, es decir, la presentación de un programa legislativo. 
Esta mañana he oído que ayer por la noche llegó un mail con un anexo. 
El texto que conozco hasta ahora es un programa de trabajo que, después de todo lo que he leído, realmente está saturado de lugares comunes. 
Se anuncian amplios abanicos de medidas, se quieren proponer más medidas, otras medidas concretas están en preparación y así hasta 20 páginas más. 
Pero el Consejo y sobre todo el Parlamento deben saber a tiempo qué leyes se van a poner en marcha y fundamentalmente cuándo. 
Tenemos que saber cuál es su justificación para que podamos actuar aquí conjuntamente. 
No quiero olvidar llamar la atención sobre el hecho de que los Parlamentos nacionales, que desempeñan en este proceso también un papel, además no poco relevante, tienen bastantes dificultades con la totalidad del procedimiento y este problema, Señor Presidente de la Comisión, tiene que superarse. 
Aún algunas observaciones sobre su comunicación relativa a Laeken. 
Desde mi punto de vista contiene unas consideraciones muy interesantes y dignas de ser apoyadas. 
Es cierto que una estricta limitación a los cuatro puntos centrales mencionados en Niza, debilitaría la credibilidad de la Convención, es decir, hay que ampliar el catálogo de cuestiones para hacer honor a las esperanzas de las ciudadanas y ciudadanos y para que la Unión Europea tenga futuro. 
No obstante, tengo que decirle que también en este documento siempre me he sorprendido de porqué la Comisión muestra tan poco valor para abrir caminos nuevos precisamente ante esta cumbre tan importante. 
¿Qué pueden esperar las ciudadanas y ciudadanos cuando la Comisión con plena ausencia de ambiciones dice, tal como figura en el texto, que quiere defender una idea determinada de Europa? 
¿Cuál? 
¿Cómo debe ser la deseada profundización que apoyamos y cuáles deben ser los rasgos democráticos tal como se dice en el texto? 
Me parece algo oscuro porqué precisamente de cara a Laeken, a la dimensión histórica de la convocatoria de la Convención, no se dice con toda claridad: sí, nuestro objetivo común es la creación de una Europa realmente democrática. Señor Presidente de la Comisión, espero de la Comisión que en el futuro actúe con mucha más energía en su función de motor de la integración europea. 
Señora Presidenta, permítame comenzar con una profecía: la actual Comisión sobrevivirá difícilmente al año nuevo de 2004. 
Puede caer por nuevos escándalos de fraude, porque no se han despejado los viejos y porque las reformas que pueden impedir nuevos casos no se han implantado. 
La Comisión puede asimismo caer a instancias del Parlamento mediante una moción de censura. 
Éste espera al final del camino si no se cambia ahora de vía, creo. 
Los Presidentes de comisión del Parlamento han solicitado la entrega de los llamados informes de seguimiento sobre las negociaciones con los países solicitantes. 
Los Presidentes de grupo del Parlamento han reiterado esta demanda. 
De todas formas no los hemos obtenido. 
Los diputados al Parlamento Europeo acudimos cada día a las sesiones de las comisiones sin los documentos relevantes y reales del proceso legislativo secreto. 
Se habla solemnemente del Parlamento como colegislador, pero el poder legislativo ha sido conquistado en realidad por funcionarios y ministros en el Consejo y en la Comisión. 
Nos humillamos todo el tiempo. 
La gente que se humilla puede un día votar a favor de una moción de censura contra la Comisión. 
Según las reglas de juego acordadas, deberíamos haber recibido el programa legislativo de la Comisión en octubre. 
Ahora hemos recibido una redacción con consideraciones generales y esta tarde una relación vacía, pero todavía no contamos con un verdadero catálogo legislativo. 
La Comisión debe presentar su programa anual indicando las propuestas de fundamento, de modo que en cada propuesta podemos posicionarnos sobre si la Comisión respeta el principio de subsidiariedad y el de proporcionalidad. 
No es sólo un derecho que tenemos. 
Es un deber que el Tratado impone a cada institución. 
Todos debemos procurar que la UE no apruebe normas, como los países miembros pueden hacer igual de bien o mejor. 
Solicitamos un debate independiente de la situación del programa anual con respecto al principio de subsidiariedad y estamos de acuerdo con los demás grupos en criticar el secretismo de la Comisión en lo que a sus planes se refiere. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en mi opinión, la defensa del método comunitario se ha convertido en una coartada para muchos y, para algunos, incluso en una religión, con sus grandes sacerdotes y sus sacerdotes menores: me refiero al Presidente Delors, a usted, Presidente Prodi, o a Ferdinando Riccardi, que nos ofrece su homilía cotidiana desde la Agence Europe. 
Pero esta religión ha perdido, Señorías, a su dios, porque el método comunitario que todos sus Señorías defienden se basaba en el carácter central de la Comisión, y este carácter ya no existe. 
La Comisión ya no ocupa el papel central de nuestra construcción europea, ya no es- como cuando los Estados miembros eran seis, o nueve- el motor de la construcción europea. 
En la Europa de quince Estados hemos sido testigos de una serie de inventos institucionales y al Sr. PESC se le ha ido de las manos el control de la Comisión. 
Pues, bien, Señorías, yo quisiera que el Sr. Méndez de Vigo y tantos otros respondiesen a la pregunta principal: ¿creen sus Señorías sinceramente que una Comisión de 25 miembros, basada en el principio de colegialidad, recibirá por parte de algunos países- hablo de Francia, de Alemania, por no mencionar al Reino Unido- la delegación de mando, la confianza necesaria para tomar decisiones centrales? 
Es imposible. 
La Comisión, tal como fue concebida- como centro, como motor del método comunitario- está muerta y, a menos que cambie radicalmente la construcción europea, lo que veremos cada vez más será una Comisión convertida en secretaría del Consejo, una Comisión, por tanto, que, de acuerdo, puede hacer algunos esfuerzos. 
Pero yo creo, señor Presidente Pottering, que lo que estamos haciendo es, por así decirlo, disparar contra la ambulancia, porque el problema de Laeken es un problema institucional, el problema es Laeken, el problema está en transformar radicalmente el sistema institucional para devolver la fuerza y la legitimidad a la Comisión. 
Sólo la aplicación del sistema norteamericano- la separación del Ejecutivo, la elección directa del Presidente de la Comisión, y con un Parlamento que controle, que avale los compromisos institucionales- nos permitirá contar con una Europa que funcione, con una Comisión fuerte, un Parlamento fuerte, una Cámara de los Estados fuerte; de lo contrario, lo que tendremos cada vez más será una Comisión convertida en secretaría del Consejo. 
Señor Presidente, a pesar de que estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que se han hecho hoy en el sentido de que el año 2001 ha sido bastante fructífero, existen motivos reales de preocupación por el modo en que este debate se está celebrando hoy. 
En primer lugar, una cuestión de principios, tenemos el acuerdo institucional de 1993 que dice que el programa debe ser presentado antes de octubre, y luego nuestro acuerdo de 2000, según el cual debemos celebrar un amplio debate sobre el programa antes de su aplicación. 
Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido en este caso en particular. 
¿Por qué es esto del todo insuficiente? 
En primer lugar, el programa que nos han presentado carece de enfoque. 
Resulta difícil descubrir las prioridades cuando éstas son siete y, dentro de las prioridades, hay montones de temas que generan nuevas ideas. 
Cuando las prioridades son más de tres, como decía Bob Zoellick, Representante de Comercio estadounidense, nos perdemos en los detalles y no podemos centrarnos en lo que es realmente importante. 
En segundo lugar, faltan los detalles. 
Tengo entendido que ahora nos han enviado el programa legislativo por correo electrónico, pero el Parlamento no ha participado en dicho programa y, como han dicho otros oradores, parece que el programa legislativo de este año no se ha aplicado. 
El Sr. Barón Crespo tiene razón cuando dice que no lo queríamos. 
En tercer lugar, hay una falta de coordinación: no sólo coordinación entre nosotros, sino con los parlamentos nacionales. 
Como ha dicho la Sra. Kaufmann: ¿cómo es posible establecer un programa para la Unión Europea sin la participación de todos los interlocutores que se verán afectados a nivel político por dicho programa? 
Esto me lleva a decir que nos iba mejor con el Presidente Santer. 
Nos iba mejor con la anterior Comisión en lo que se refiere a la presentación del programa. 
Al menos el programa era sólo un esbozo y se realizaba un auténtico esfuerzo para intentar establecer las prioridades institucionales, y teníamos un programa legislativo con detalles, que podíamos ver delante de nosotros. 
Mi conclusión hoy es que la Comisión está ahí para proponer. 
Tiene el derecho de iniciativa, pero no es el gobierno europeo. 
No puede acudir aquí y decir éste será el programa de la Unión Europea y esperar que nos limitemos a aceptar todo lo que está en sus documentos. 
¿No está dispuesto a reconocer, señor Presidente, que sería mejor para el éxito de la Unión Europea que volviéramos a la presentación de las propuestas del programa legislativo en octubre? 
En ese caso podríamos negociar, debatir, consultar y concluir un programa que la Unión podría presentar para el año próximo. 
Si nos tiene a todos nosotros con usted, saldrá mucho mejor parado que si existen guerras interinstitucionales, que es lo que parece haber desatado esta mañana. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, nos encontramos ante dos dilemas. 
El primero es que aunque usted- hay que ser justos- ha presentado acertadamente un programa político, sin embargo falta la prueba de dicho programa que debería ser el programa legislativo con el que aplicar los objetivos políticos. 
Segundo: en su programa dice muy poco del hecho de que apenas hemos cumplido el programa 2001. 
Usted señala dos veces al Parlamento y al Consejo como los culpables pero creo que es la Comisión la responsable de ello. 
Tercero: el Parlamento ha rechazado precisamente este año algunas propuestas de la Comisión o las ha modificado esencialmente. 
¿Cómo va a proceder con estas pautas que ha marcado el Parlamento? 
Señora Vicepresidenta, podría decirle algunas cosas al respecto y, en especial, en el sector del transporte y del medio ambiente hay muy pocas propuestas y observaciones sobre cómo se quiere aplicar la llamada sostenibilidad. 
Todos sabemos que en la aplicación hay una serie de problemas. 
Usted llama la atención en un documento también sobre los problemas de aplicación. 
Pero la Comisión también tiene problemas en la aplicación. 
Entre las decisiones de la Comisión, la obligación que contrae la Comisión y el pago de los créditos financieros no sólo pasan meses sino a veces también años. 
Por ello, es importante que la Comisión recapacite sobre cómo puede mejorar su propia aplicación y también cómo los Gobiernos pueden mejorar sus ideas legislativas o las ideas legislativas de la Unión Europea. 
Con ello llego al dilema del documento de Laeken que tengo personalmente y probablemente tengan también la mayoría de nosotros. 
El documento es bueno. 
Los objetivos también lo son. 
Señor Presidente de la Comisión, ¿pero porqué son tan ambivalentes, tan vacilantes y no se exponen claramente? 
Hay una frase por la que la Comisión considera oportuna la posibilidad de proporcionar a la Unión un texto de principios básicos. 
¿Por qué no se dice claramente que estamos a favor de proporcionar un texto de principios básicos, ya le llamemos Constitución, Carta o de otro modo? 
El lenguaje es la prueba de que la Comisión no expresa claramente a favor de qué está. 
Creo que en el presente momento es especialmente importante que tengamos una Convención. 
Sólo que esta Convención es soportada fundamentalmente por diputados de los diferentes Estados miembros. 
Por un lado están las representaciones de nuestros Gobiernos y para el método comunitario, del que se preocupan con razón, están los diputados al Parlamento Europeo y los representantes de la Comisión. 
Si el Consejo- esto va dirigido a la Sra. Presidenta del Consejo- considera hacer Presidente de la Convención a un antiguo Jefe de Gobierno o, tal como parece, a un antiguo Presidente y no a un antiguo presidente de la Comisión, entonces me temo que esta Convención se verá afectada de antemano en cierto modo por la mácula de que la mayoría no está orientada al método comunitario y que quizás no está demasiado interesada en fortalecer a la Comisión y a este Parlamento. 
Señor Presidente de la Comisión, en una fase de este tipo, ante una situación así, creo que un documento de la Comisión que aprobó usted a comienzos de diciembre, debería hablar un idioma más claro. 
Usted lo ha dicho en parte hoy en su intervención. 
No se podría, ni debería sino que en opinión de la Comisión se tendría que reforzar el nivel comunitario y al Parlamento como el órgano legislativo central de la Unión Europea. 
En este sentido, nos encontramos ante el dilema de que podemos darle la razón. 
Pero nos encontramos ante el dilema de que en una delicada situación política deseamos una Comisión y un Presidente de la Comisión que diga de un modo más fuerte, claro y unívoco lo que es el meollo del asunto, es decir, que hay que fortalecer en total a la Unión Europea y que el método comunitario es el método que queremos proporcionar para el futuro de Europa. 
Señor Presidente, mis colegas han manifestado numerosas y justificadas críticas sobre los procedimientos del programa de hoy. 
Sin embargo, permítame decir que considero provechoso que se haga una especie de evaluación del año que termina y que se piense más estratégicamente respecto a los métodos de trabajo de la Comisión. 
Pero hablemos ahora del futuro. 
El Presidente Prodi se refirió a la mejor forma de actuar frente al programa anual. 
Como ponente del Parlamento he tenido la oportunidad de hacer un seguimiento de este asunto durante largo tiempo. 
Espero que pronto podamos terminar estos trabajos para comenzar con el programa de 2003. 
En la medida que se ha desarrollado el procedimiento de codecisión, el Parlamento y el Consejo deberían tener un papel más relevante en la formulación del programa anual. 
Esto no significa que se cuestione el derecho de la Comisión a presentar iniciativas, pero si las tres instituciones caminaran más coordinadamente los trabajos comunes ganarían en apertura y eficacia. 
Además, los Parlamento nacionales y los ciudadanos podrían seguir el proceso con mayor facilidad. 
En cuanto al calendario, parece que nos vamos a poner de acuerdo. 
Será una presentación inicial de las prioridades generales seguida de un estrecho diálogo entre la Comisión y las comisiones respectivas para afinar los detalles. 
Conviene que las comisiones parlamentarias se incorporen desde el comienzo ya que serán éstas las que tramitarán posteriormente las propuestas. 
Después podremos presentar la propuesta final, a más tardar al comienzo de noviembre. 
En cuanto al contenido del programa, las críticas del año pasado no significan que nos opongamos a que se legisle sobre la materia. 
Por el contrario, en el acuerdo marco se hace referencia a un programa legislativo anual. 
El Parlamento ha exigido propuestas claras, ordenadas jerárquicamente, que contengan justificaciones, calendarios, referencias presupuestarias, fundamentos jurídicos y datos sobre los responsables. 
También hay que mejorar los seguimientos y las evaluaciones. 
Como hemos visto, se devuelven muchas propuestas y otras desaparecen. 
Se debería crear una especie de base de datos que permitiese conocer la situación de cada una de las propuestas. 
Señor Presidente de la Comisión, un proceso claro, abierto y previsible beneficiaría a todas las instituciones y a los ciudadanos, a quienes debemos servir. 
Nuestra responsabilidad común es que esto se haga realidad. 
Señor Presidente, creemos que la comunicación de la Comisión al Consejo de Laeken, con miras a la organización del debate previo a la CIG, se equivoca tanto en el objetivo como en el método. 
En cuanto al objetivo, la Comisión considera que será necesario- cito- "extraer orientaciones creíbles para que la Europa ampliada sea capaz de continuar su integración política, económica y social". 
Ahora bien, si los diferentes pueblos desean la cooperación y el trabajo en común en el plano europeo, ninguno, que yo sepa, ha pedido nunca, tras una consulta democrática, la integración en el sentido riguroso que se le atribuye en este recinto, es decir, la unificación política, económica y social. 
Hoy el objetivo no es reforzar esta "integración-reunificación", disfrazada de instituciones supranacionales, que no deseamos, sino organizar mejor, hacer más efectivo el control de las naciones sobre Bruselas. 
En estas condiciones, el método comunitario, a veces útil, no debe ser sistematizado, ya que es demasiado supranacional, demasiado rígido, y separa demasiado a la Unión de la realidad de sus pueblos. 
Es preferible buscar procedimientos más flexibles, basados en el respeto de las democracias nacionales. 
Por eso la futura Convención debería basarse sobre todo en los Parlamentos nacionales, que habrían de trabajar en un sistema de redes. 
Y, para empezar, son éstos, los Parlamentos nacionales, los que deberían encargarse de organizar el debate con sus respectivas opiniones públicas y de presentar propuestas sin tener que pasar por un foro artificial de asociaciones, supuestamente europeas, pero que, en todo caso, no son representativas. 
Señor Presidente, en mi opinión, las prioridades del programa de trabajo de la Comisión para el año 2002 tienen que centrarse en los retos inmediatos que tiene planteados la Unión Europea, tanto en su dimensión interna (mercado interior y Unión Económica y Monetaria) , como en su proyección externa- especialmente después de los atentados del 11 de septiembre -, incluida, por supuesto, la lucha contra el terrorismo. 
Estos retos son muy claros: cómo reactivar nuestras economías a unas semanas del alumbramiento de la moneda única, cómo aprovechar los retos y las oportunidades que plantea la adhesión, con 13 países llamando a las puertas de nuestro proyecto y, al mismo tiempo, cómo reinventar una nueva Europa en una coyuntura y en un momento en el que estamos a punto de alumbrar los trabajos de una convención dirigida a preparar una nueva Conferencia Intergubernamental que debe tener por objeto el evitar que el Viejo Continente se convierta en un continente viejo. 
Este programa de trabajo de la Comisión para el año 2002 viene acompañado de una comunicación sobre el método comunitario. 
Creo que ése es un tema absolutamente esencial y creo que sería un grave error el que cometeríamos si procediésemos a una absolutización de lo accesorio y nos dejásemos invadir por una hipertrofia de lo inmediato o del presente. 
El año que viene habrá elecciones en varios Estados miembros de la Unión Europea y necesitamos una institución que vele no sólo por las próximas generaciones, sino que tome en consideración las preocupaciones y los retos de éstas. 
Y esa institución tiene que ser, señor Presidente, la Comisión Europea. 
Éste no es el momento de analizar los decimales que nos presentan los analistas financieros. 
Es el momento de las grandes tendencias y creo, señor Presidente, que sería un error grave que este Parlamento magnificase los errores que pudiera cometer la Comisión Europea. 
Y quiero decir esto, señor Presidente, porque al Parlamento y al proyecto comunitario les interesa tener una Comisión fuerte. 
Por eso, señor Presidente, me parece que, antes de dedicarnos a dar lecciones de cómo arreglar el mundo, deberíamos darnos una vuelta- o tres- por nuestras propia institución y respetar los trabajos y las decisiones que se toman en el ámbito de nuestros órganos parlamentarios. 
Digo esto en relación con una referencia que ha hecho el Sr. Barón- lamento que no esté en este momento en la Asamblea- y, francamente, creo que no se puede aprovechar este debate para introducir cuestiones extemporáneas que no están en el orden del día en estos momentos de nuestras preocupaciones ni de este debate. 
Igualmente entiendo, señor Presidente, que sería un error grave que la Comisión no dedicase todos sus esfuerzos a restaurar esa alianza, ese tándem armónico entre el Parlamento y la Comisión que está en el origen de todos los progresos que ha experimentado el proyecto comunitario. 
Espero, señor Presidente, que, por medio de este programa de trabajo, las discordias del pasado puedan transformarse en las concordias del presente y espero que ése sea el método que presida nuestros trabajos entre la Comisión y el Parlamento. 
Todo lo demás, señor Presidente, es confundir lo accesorio con lo fundamental, las sombras del cuadro con el cuadro. 
Deberíamos movilizar todos nuestros esfuerzos para consolidar, como he dicho, esa alianza estratégica. 
El Presidente Prodi ha declarado que era partidario de la cooperación interinstitucional y de la plena transparencia. 
Naturalmente, acojo favorablemente dicha declaración: es fundamental para que este procedimiento funcione. 
Pero hay que empezar por respetar los procedimientos ya acordados, que son conocidos y que están establecidos por escrito. 
Tengo aquí el Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión aprobado hace apenas dos años. 
También tengo el artículo 57 de nuestro Reglamento que establece cómo debemos tratar sobre el programa legislativo anual y refleja los acuerdos que hemos celebrado en el pasado con la Comisión. 
Dicho artículo establece que al Comisión presentará su Programa legislativo anual en octubre. 
Naturalmente sabemos que pueden producirse retrasos, ya ha ocurrido antes. 
Pero especifica que este Programa legislativo anual debe hacer referencia a todas las propuestas de carácter legislativo y todos los actos incluidos en el programa deben indicar el fundamento jurídico y el calendario previsto para su aprobación. 
Sobre esta base, lo que nos han presentado esta semana incumple nuestro Reglamento y los acuerdos en vigor alcanzados entre ambas instituciones. 
La única innovación positiva es que por primera vez se ha cumplido el apartado 6 del artículo 57 con la declaración que ha realizado la Presidenta en ejercicio del Consejo que, al igual que otros, acojo con satisfacción. 
Lo cierto es que tenemos un programa de trabajo, un programa de trabajo- no un programa legislativo- en el que se exponen las prioridades. 
Exponer las prioridades está muy bien y las prioridades elegidas son buenas- quizá obvias, pero a pesar de todo son las correctas. 
Pero necesitamos los detalles, necesitamos los detalles que exigen nuestro Reglamento y nuestro Acuerdo marco. 
Los necesitamos para que nuestras comisiones puedan trabajar y planificar su trabajo y nombrar ponentes para que trabajen con la Comisión en la fase prelegislativa. 
Es por el bien de la Comisión y por el nuestro propio. 
Tengo entendido que estamos recibiendo ahora los detalles por correo electrónico, pero aun así, por lo que puedo ver, no se mencionan el fundamento jurídico ni el calendario de cada propuesta. 
Está muy bien que se celebren debates generales sobre amplias prioridades, pero eso lo hacemos varias veces al año, cuando la Comisión presenta su programa, cuando cada Presidencia presenta su programa, y solemos celebrar ese tipo de debate también en torno a cada reunión del Consejo Europeo. 
Lo que se supone que debemos obtener son también los detalles esenciales. 
El Presidente Prodi está en lo cierto cuando dice que es necesario mejorar el método, pero tenemos un procedimiento para negociar dichas mejoras, el informe Malmström de nuestra comisión, por ejemplo. 
La Sra. Malmström ya ha iniciado conversaciones con la Comisión sobre eso y, francamente, deberíamos haber esperado al resultado del informe antes de modificar el procedimiento. 
El Presidente de la Comisión no puede unilateralmente tomar acuerdos en vigor y hacerlos pedazos. 
Los nuevos métodos deben ser aprobados por ambas instituciones. 
, Presidente de la Comisión. (IT) Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio, Señorías, este debate me parece útil y esclarecedor. 
En él se han lanzado algunos mensajes extraordinariamente precisos que la Comisión tendrá en cuenta, puesto que tenemos los mismos objetivos y existe una alianza armónica entre el Parlamento y la Comisión. 
Quizá haya habido momentos en los que no supiéramos afinar los instrumentos para logra esa alianza armónica, pero, aún así, hemos trabajado extraordinariamente bien. 
Quisiera decir algunas cosas al respecto. 
Les aseguro que la Comisión se ha dedicado de forma explícita a colaborar con el Parlamento; estoy convencido de que nunca antes un Presidente de la Comisión había acudido tanto a las sesiones plenarias y- cuando se le ha solicitado- a todas las sesiones de comisión. 
Cada uno de los Comisarios suele comparecer unas siete veces al año ante la comisión parlamentaria competente para examinar los problemas políticos propios de su función o de su cartera; el 80% de los expedientes es abordado en sesión plenaria por el Comisario competente; se ha enviado una cantidad sin precedentes de documentos confidenciales al Parlamento; hasta ahora hemos respondido todos los años a más de 3.000 preguntas parlamentarias y a 200 peticiones que tienen como protagonista al Defensor del Pueblo. 
Así, pues, hacemos un esfuerzo enorme por respetar ese compromiso de seriedad para con el Parlamento. 
Existen, sin duda, carencias, existen algunos problemas, pero ha sido precisamente para remediar a esas carencias del pasado hemos cambiado el método de trabajo. 
Ahora oigo decir- y soy sensible al significado- que no basta con el programa político: la elaboración del programa político ha sido un paso hacia delante, pero no basta, porque éste debe ir acompañado del programa legislativo. 
Hemos tenido ciertas dificultades para llevarlo a cabo y, cuando hemos comprendido cuál era el mensaje, lo hemos proporcionado de inmediato, aunque con un retraso técnico, porque teníamos un programa legislativo. 
Sabemos, no obstante, que el punto crucial de la relación con el Parlamento es el programa político y sobre eso debemos aunar esfuerzos. 
Aquí se dice: no empezar en febrero y terminar en noviembre sin que haya un intercambio continuo entre nosotros. 
Pues también yo estoy plenamente de acuerdo al respecto. 
Sólo pido que podamos contar con los calendarios de trabajo con los presidentes de las comisiones con mucha antelación: he de asegurar a sus Señorías que las pocas ocasiones en las que no se ha podido organizar una reunión ha sido porque existían compromisos absolutamente ineludibles. 
Pero, si trabajamos de manera conjunta en la elaboración de este calendario, creo que lograremos llegar a esas conclusiones. 
Después de estas palabras sobre el problema de la colaboración, quisiera ahora referirme brevemente al papel de la Comisión, de la futura Convención, partiendo de un hecho que podría parecer tangencial pero que, a mi entender, reviste gran importancia: debemos apoyar al Consejo respecto de la secretaría de la Convención. 
La Convención, claro está, no decide nada por sí misma, pero resulta tan innovadora como método de trabajo y es tan interesante que pueda operar ante todo nuestro continente, ante todos nuestros ciudadanos, que acabará cobrando una importancia enorme. 
Me gustaría formular aquí otra observación que se desprende de ello: de vez en cuando se ha dicho en esta Asamblea que a la Comisión le falta fuerza. 
Si bien no seré yo quien lo niegue, quisiera analizar los resultados obtenidos, aunque sólo sea a media voz y en un lenguaje, como se suele decir, a veces poco comprensible. 
Yo creo, en cambio, que lo que cuenta es el resultado. 
La Convención no ha nacido, no nos ha sido regalada: la Convención ha sido el fruto de la colaboración entre el Parlamento y la Comisión inmediatamente después de Niza, en los días de máxima desesperación de ambas instituciones. 
Y ha sido precisamente ese trabajo conjunto lo que nos ha permitido volver a avanzar hacia una meta que parecía del todo imprevista. 
Hay que reconocer la enorme ayuda prestada por la Presidencia belga, que hizo de ese asunto su bandera, pero ha sido el trabajo conjunto Parlamento-Comisión lo que nos ha devuelto- repito- la posibilidad, jamás alcanzada en la historia europea, de proceder a una renovación de las Instituciones en un marco amplio, con un debate abierto y con tiempo por delante, de modo tal que todos los ciudadanos europeos puedan escucharnos y comprendan lo que estamos debatiendo. 
Cuando ese debate llegue a ser para los ciudadanos europeos el de la eficiencia de las instituciones, el de la votación por unanimidad o el de los distintos vetos, el de la necesidad de actuar de manera expeditiva para poder trabajar al servicio de la propia Europa, entonces y sólo entonces se entenderá y de forma extraordinaria. En efecto. 
Nuestro problema consistía en que las decisiones se tomaban en sedes y en momentos que resultaban incomprensibles. 
Conque es la fuerza de la Comisión, la fuerza del Parlamento: la paciencia, pero también no haber perdido nunca de vista los objetivos por alcanzar. 
Quisiera recordar a Su señoría el Sr. Swoboda, cuya intervención ha sido muy constructiva, que, por lo que se refiere a la posición sobre el texto fundamental, nuestra propuesta se remonta a enero de 2001: fue allí donde centramos nuestros esfuerzos para que dicho texto llegue a ser poco a poco el verdadero punto de referencia de toda nuestra actuación. 
2001 ha sido un año en el que hemos delimitado nuestra labor, hemos delineado la estrategia. 
Sin duda es mucho lo que arriesgamos, pues la Convención representa todo, todo nuestro futuro; sin embargo, por fin hemos llevado el debate al terreno adecuado, aquél en el que los ciudadanos podrán escucharnos. 
Por último, quisiera concluir un poco humorísticamente a propósito de la reforma de las instituciones, recordando al Sr. Barón Crespo y a los otros cuatro presidentes que respondí a sus cartas el día 5 de diciembre y que la respuesta lleva el número de registro 850511. 
Creo, por tanto, que debemos reformar los servicios postales, aunque no sé si en lo que hace al remitente o al destinatario. 
En cualquier caso, yo respondí, como acostumbro, a vuelta de correo. 
-El debate queda cerrado. 
-De conformidad con el orden del día, se procede a continuación a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Reunión de la Organización Mundial del Comercio en Qatar. 
. 
(NL) Estimados diputados, hace un mes se celebró, como sabrán, la cuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Doha, Qatar. 
Esta reunión se puede calificar de éxito para la comunidad internacional y, más concretamente, para la Unión Europea. 
No ha sido una tarea fácil, ya que la Unión Europea partió a Doha con una agenda amplia y ambiciosa. 
Algunos de ustedes han podido seguir la evolución de las negociaciones in situ. 
Como Presidente del Consejo, he intercambiado opiniones en varias ocasiones con los diputados al Parlamento Europeo quienes contaban con una sala de reunión muy cerca de la de la presidencia, lo que ha resultado muy práctico. 
Todos los presentes han podido comprobar plenamente el gran escepticismo inicial reinante entre gran parte de los miembros de la OMC en torno a la amplia agenda de la UE. 
El 19 de noviembre último, el Consejo de "Asuntos Generales" se felicitó por los resultados obtenidos en Doha y por el excelente trabajo realizado por nuestros negociadores, los Comisarios Pascal Lamy y Franz Fischler, y sus colaboradores. 
Gracias a dicho trabajo, así como a la cohesión y solidaridad demostrada por la Unión en torno a estas negociaciones, lograron, a partir de una situación al principio desfavorable para la Unión, en el seno de la OMC, corregir el rumbo y obtener resultados que van mucho más allá de lo que era posible esperar. 
La Unión, que siguió siendo en todo momento un actor determinante de la Conferencia, consiguió, por fin, alcanzar su objetivo central de iniciar un nuevo ciclo de negociaciones comerciales multilaterales a la vez sobre la liberalización de los intercambios, el refuerzo de las normas y las exigencias del desarrollo. 
En efecto, la dimensión del desarrollo constituye el aspecto esencial de lo que ahora se denomina el "Doha development agenda". 
Esta es, por otro lado, la denominación que se ha dado al conjunto de los textos aprobados. 
El programa de trabajo aprobado con miras a las negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la declaración ministerial comprende un importante paquete de realizaciones y recoge las cuestiones no resueltas relativas sobre todo a un reajuste o a una mejora de los acuerdos existentes en el contexto de la agenda de negociación, y que entra en el ámbito del "single undertaking". 
Además, todos los capítulos de la agenda se refieren a los esfuerzos específicos en favor de los países en desarrollo, ya se trate del acceso de sus productos a los mercados, del trato especial y diferenciado que debe otorgárseles, de la asistencia técnica o- expresión difícil de traducir- de su "capacity building". 
Señor Presidente, señoras y señores, no puedo dejar de subrayar la importancia que la V Conferencia Ministerial revestirá para esta dimensión del desarrollo, que deberá tener lugar antes de finales de 2003 y que constituirá un momento clave en las negociaciones. 
Será necesario, en efecto, tomar decisiones con respecto a las negociaciones posteriores, especialmente en relación con las inversiones y la competencia, temas que habrán sido estudiados durante la primera fase. 
Es evidente que se tratará de un momento de evaluación muy importante tanto para los países en desarrollo como para los demás países. 
Además, la Unión debe felicitarse, en particular, de la aprobación de la excepción referente al Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y los países ACP. 
(NL) Señor Presidente, señores comisarios, en el ámbito del acceso de los medicamentos, la Unión Europea ha realizado un esfuerzo considerable. 
En un primer momento, ha logrado acercar posturas muy dispares y ha contribuido en gran medida a un texto final que pudiera resultar aceptable para todas las partes. 
La declaración sobre TRIPS y la sanidad pública garantiza a los países en vías de desarrollo la flexibilidad deseada en el acuerdo sobre TRIPS, incluso sin necesidad de modificar dicho acuerdo. 
Hasta las ONGs han acogido el acuerdo de forma positiva. 
En lo que respecta al resto de la normativa, se ha dado un importante paso en la conformación de la dimensión medioambiental del comercio mundial. 
La Unión Europea ha logrado que se inicien con carácter inmediato negociaciones sobre el medio ambiente y que se clarifique la relación entre las normas de la OMC y las normas comerciales de los acuerdos medioambientales multilaterales. 
Se trata de un paso muy importante. 
Por otra parte, la agenda de negociaciones ofrece perspectivas para la ampliación de las cuestiones medioambientales durante la quinta conferencia ministerial. 
Ahora bien, como ocurre en toda negociación, no todo ha ido como hubiésemos deseado. 
Así, no ha resultado posible, a pesar de los esfuerzos, doblegar la resistencia de los países en vías de desarrollo contra la introducción de normas laborales básicas en las negociaciones comerciales. 
No se ha podido lograr una referencia en la declaración ministerial a la creación de un foro permanente entre la OIT y otras organizaciones internacionales, entre las que se encontraría la OMC. 
La Unión Europea sí ha logrado por el contrario que el fragmento que limitaba el diálogo referido a las normas laborales fundamentales a la OIT no se mantuviera como se planteó, lo que deja las puertas abiertas a la creación de un foro permanente. 
En este fragmento se añadió, a petición de la presidencia, un anexo a las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 14 de noviembre en Doha, Qatar, en el que el Consejo y la Comisión ratifican este objetivo. 
En lo que respecta a las llamadas cuestiones de Singapur que forman parte de las prioridades del mundo empresarial europeo y que se refieren a inversiones, codecisión, facilidades comerciales y transparencia en temas como el gasto público, también se acordó continuar con las negociaciones más adelante. 
Éstas se iniciarán tras la quinta conferencia ministerial a partir de un consenso explícito en torno a sus modalidades. 
También existen motivos para la satisfacción en el terreno de la agricultura. 
En las negociaciones se tratará de mejorar aún más el acceso a los mercados y la eliminación de las diferentes formas de ayudas que desvirtúen la actividad comercial. 
Además de los aspectos puramente comerciales, se tendrán en cuenta cuestiones que no estén relacionadas con el comercio. 
Algunos de ustedes han seguido muy de cerca el culebrón referido a las ayudas a la exportación. 
Conocerán el resultado pero permítanme asegurarles que se ha tratado de un camino difícil y que las perspectivas no fueron nada halagüeñas durante mucho tiempo a la vista de que los comisarios no parecían capaces de lograr un acuerdo bueno. 
Pero finalmente se ha logrado y ello merece nuestra enhorabuena. 
(FR) Finalmente, dos palabras sobre la transparencia. 
La organización de los trabajos internos en Doha se desarrolló de manera ejemplar. 
La alternancia de sesiones plenarias, por una parte, y de grupos temáticos, por otra, permitió la necesaria combinación de la transparencia y la eficacia. 
Durante las sesiones plenarias las delegaciones tuvieron la ocasión de expresar todas sus opiniones y de escuchar las posiciones de los demás, así como de escuchar las evaluaciones- cito- de los amigos del Presidente. 
Éstos presidían los grupos temáticos, cuyo objetivo era facilitar las discusiones bilaterales y multilaterales entre los miembros de la OMC, armonizar las posiciones y formular compromisos sobre los textos. 
Hay que señalar que ninguno de los amigos del Presidente era originario de la Unión Europea o de los Estados Unidos y que estos últimos no estaban, por tanto, representados en el momento de la redacción de los nuevos equilibrios textuales. 
Lo subrayo porque, a menudo, se tiende a creer que todo lo que ocurre en la OMC es resultado de una connivencia permanente entre los Estados Unidos y la Unión Europea y que los demás no intervienen; esto demuestra lo contrario. 
Por consiguiente, nuestros respectivos representantes tomaron conocimiento de los textos al mismo tiempo que las demás delegaciones. 
Varias delegaciones de países en vías de desarrollo manifestaron durante su discurso de clausura su apreciación y satisfacción respecto al método de trabajo seguido. 
Señores Presidentes, señor Comisario, señoras y señores, creo que hoy podemos afirmar: el fracaso de Seattle se ha desvanecido. 
Se ha restaurado la credibilidad en la OMC. 
Además en el contexto internacional actual, el éxito de la Conferencia es una señal positiva basada en la solidaridad internacional y en la confianza en la evolución real de la economía mundial. 
Les doy las gracias por su atención. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión considera que la reunión ministerial de Doha constituyó un éxito: éxito con respecto a los objetivos que habían sido definidos por la Unión, éxito con respecto a los intereses que perseguían los países en desarrollo y éxito, finalmente, con respecto a las necesidades de la economía mundial y del sistema multilateral del comercio. 
Regresamos de Doha con una OMC a la vez más fuerte y más equilibrada, lo cual formaba parte del objetivo central del mandato que el Consejo y esta Asamblea habían otorgado a los negociadores. 
Así pues, los resultados están sobradamente a la altura de muchas de las preocupaciones que ustedes mismos expresaron en este recinto, concretamente en sus dos resoluciones del 25 de octubre. 
Trataré de demostrarles, en pocas palabras, en qué los resultados están a la altura de dichas preocupaciones, habida cuenta de los tres objetivos principales que perseguía la Unión: la integración de los países en desarrollo, una mejor gobernanza de la globalización y un mejor acceso para todos al mercado. 
Empecemos por el primer objetivo, que es la integración de los países en desarrollo en la economía mundial, objetivo que está plena y constantemente presente en cada elemento del programa de negociación que aprobamos en Doha. 
Desde el punto de vista de la política del desarrollo, hemos progresado en los cuatro aspectos de la política comercial que son críticos para el desarrollo: hemos logrado un mejor acceso para los países en desarrollo a nuestros mercados; mejores políticas internas, sobre todo con el capítulo "inversión, competencia, contratos públicos" de nuestro programa de trabajo; un mayor fortalecimiento del papel de los países en desarrollo en el proceso de negociaciones multilaterales y, finalmente, reforzar la capacidad de estos países para sacar provecho de la liberalización de los intercambios. 
Un punto en el que deseo insistir es el proceso de negociación. 
En este sentido, creo, como la Presidenta del Consejo acaba de recordarlo- y estoy completamente de acuerdo con ella- que en Doha el método de trabajo fue más transparente, y permitió a los países en desarrollo- que, como ustedes recuerdan, se habían marchado de Seattle frustrados o furiosos- participar plenamente en los mecanismos de decisión. 
Se trata de un cambio importante. 
En materia de asistencia técnica a los países en desarrollo deberemos, en el seno de la Comisión, con el Consejo y, llegado el momento, con el Parlamento, replantear la manera en que la Unión lleva a cabo sus esfuerzos- como Unión y a través de los Estados miembros- en relación con los programas de asistencia técnica a los países en desarrollo en el ámbito comercial. 
Recordemos, finalmente, que, con respecto a un tema que era importante para ustedes y que es la situación particular de los países menos avanzados, lo que había sido reconocido en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA, en Bruselas, ahora ha sido integrado en el programa de trabajo de la OMC, lo cual también constituye una buena noticia. 
La Sra. Neyts-Uyttebroeck ya ha mencionado la declaración sobre los derechos de propiedad intelectual y la salud, que, en mi opinión, ilustra bastante lo que hemos logrado, puesto que la Unión había hecho la elección- algo difícil, pero ahora positiva- de tratar de tender un puente entre las preocupaciones de los Estados Unidos, por un lado, y las preocupaciones de los terceros, por otro. 
Este es un caso preciso en que nuestro papel de intermediario, sumado a una apertura a las tesis de unos y otros, resultó ser, finalmente, el correcto. 
Segundo objetivo de la Unión: mejorar la gobernanza de la globalización. 
Ustedes conocen las tesis de la Comisión en relación con este punto. 
Hoy nos enfrentamos a un déficit de normas multilaterales, de tal modo que se pone en tela de juicio la igualdad de los actores económicos, la transparencia de las transacciones, la protección de algunos valores sociales, lo que a menudo provoca miedo o ansiedad. 
La mundialización de los mercados ha avanzado más deprisa que las instituciones y los mecanismos de regulación. 
Esto también es válido tanto en materia económica como en materia social o medioambiental. 
Necesitamos, por consiguiente- y ustedes conocen nuestra tesis sobre este punto -, una coherencia entre todos los elementos del sistema multilateral, unas relaciones más constantes, más claras, más firmes, entre sus diferentes pilares. 
La OMC es uno de estos pilares. 
No es el único, y no puede soportar sola el peso de dicha coherencia. 
En este punto, y conforme, una vez más, al mandato que teníamos, Doha representa un avance apreciable. 
En efecto, ahora forman parte del programa de trabajo, en materia de regulación de los mercados, una serie de normas internacionales sobre la inversión, la competencia, los contratos públicos y la facilitación de los intercambios. 
Desde el punto de vista del medio ambiente, Doha contribuirá a una mayor coherencia internacional, a establecer negociaciones destinadas a clarificar, en el contexto de la OMC, el estatuto de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. 
Ustedes saben que la Unión debió batallar mucho para obtener esta decisión. 
Creo que tuvo razón en hacerlo, ya que se trata de una primicia con miras a una mejor articulación entre los diferentes pilares de la gobernanza internacional- es decir, entre el pilar comercial y el pilar medioambiental-. 
No deseamos, en efecto, que éste, desde el punto de vista de las incoherencias o de los posibles conflictos, continúe dependiendo totalmente del mecanismo de arreglo de las diferencias de la OMC, cualesquiera que sean las virtudes de dicho mecanismo. 
Con respecto al punto relativo a las cuestiones de gobernanza internacional, no hemos ocultado nuestra decepción a la vista del resultado de la negociación, resultado que aceptamos in situ. 
Se trata de las cuestiones sociales. 
No hubo un acuerdo general para que se aceptara un vínculo tan claro como el que nosotros deseábamos entre la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones, entre las que se encuentra la OMC. 
Lo lamentamos. 
Esta idea chocó con una oposición política por parte de los países en desarrollo y no logramos superarla. 
No es una razón para resignarnos. 
Por el contrario, creo que hay que utilizar todos los medios multilaterales disponibles para hacer progresar dicha idea, que es la de la Unión y que formaba parte de nuestro mandato, reforzando sobre todo la Organización Internacional del Trabajo en el plano multilateral. 
Al no haberse logrado un éxito multilateral en este punto, vamos a desarrollar- y lo hemos hecho recientemente- los demás aspectos de la política comunitaria, en particular la parte bilateral y la parte unilateral. 
Desde este punto de vista, el acuerdo que ayer obtuvimos en el Consejo, por mayoría cualificada, sobre la renovación de las preferencias generalizadas- acuerdo que amplía considerablemente la condicionalidad social de las preferencias comerciales- es una buena noticia. 
Ésta demuestra a todos aquellos de ustedes para quienes este punto es importante que si no logramos penetrar en el conjunto de los frentes, al menos, en el frente unilateral, ayer, con el acuerdo del Consejo, con el acuerdo de este Parlamento- que había apoyado y mantenido dicha posición- y con el acuerdo del Comité Económico y Social, superamos una etapa importante. 
En cuanto a las cuestiones de funcionamiento de la OMC, este Parlamento había manifestado algunas preocupaciones. 
Existe una buena noticia en relación con este punto, es decir: Doha funcionó, efectivamente, de manera más abierta, y la combinación bastante inteligente de reuniones plenarias, de reuniones restringidas, de participaciones regionales con geometría variable, permitió, por ejemplo, una importante participación del continente africano en las decisiones. 
La noticia menos buena es que, por el momento, en este programa no hay decisión de negociación sobre la reforma de la propia Organización Mundial del Comercio. 
En realidad, nadie apoyaba dicha reforma debido sobre todo a los riesgos de bloqueo que inevitablemente provoca este tema. 
Pienso que sólo se pospuso y que la ronda que hemos iniciado en Doha no se cerrará sin que esta cuestión se vuelva a poner sobre la mesa. 
Desde el punto de vista de la relación con los Parlamentos nacionales o con esta misma Asamblea, la propuesta de introducir en la declaración una referencia a una asociación más estrecha de los Parlamentos y de los Estados miembros no fue aprobada. 
No fue aprobada debido a las presiones de algunos países en desarrollo que no son muy favorables a dicha idea y debido, también, a una posición norteamericana, de la que lo menos que puede decirse es que era reservada en cuanto a este punto. 
En todo caso, no había in situ el número suficiente de representantes de las autoridades parlamentarias norteamericanas para sacar adelante seriamente dicho asunto. 
Eso no significa que, por lo que respecta a la Comisión y al Parlamento, no trabajemos en lo sucesivo dentro del espíritu de aquello que deseamos impulsar dentro de la OMC, es decir: transparencia, información, consulta. 
Creo que lo hacemos a satisfacción de aquellos de ustedes que se interesan por estas cuestiones, y tengo la intención de continuar haciéndolo. 
Último objetivo, la continuación de la propia liberalización de los intercambios: liberalización de los intercambios de bienes, de servicios, de inversiones, contribución al crecimiento mundial y, por tanto, a la reducción de la pobreza, siempre que las normas sobre una distribución justa de los beneficios progresen. 
Con respecto a este punto, los resultados se ajustan totalmente a lo que deseamos. 
Me refiero a la eliminación de los derechos de aduanas en materia de bienes: en este asunto contemplamos claramente, por ejemplo, las cuestiones de los picos arancelarios. 
Me refiero asimismo a la liberalización en los ámbitos de los servicios: el calendario está fijado, las negociaciones permitirán abrir mercados importantes a las empresas de la Unión. 
Ustedes saben- y aquellos de ustedes que se encontraban in situ se esforzaron por conseguirlo- que las preocupaciones que ustedes tenían con respecto a la protección del consumidor, a la salud, a la educación, al servicio público o a la diversidad cultural fueron tomadas en consideración. 
El programa de negociación aprobado en Doha no nos compromete en absoluto a superar los límites establecidos a la vez por el Consejo y el Parlamento en este punto. 
Finalmente, último punto: la agricultura. 
Voy a ceder la palabra a Franz Fischler, quien se extenderá sobre este tema. 
En tal sentido, creo que también logramos nuestro objetivo principal, que consistía en mantener la capacidad de la Unión para cambiar la política agrícola común de acuerdo a un ritmo que es y será el que decidan las instituciones de la Unión. 
Para finalizar, manifestaré, como- digamos- negociador principal, que el trabajo con la Presidencia belga, a través de la Presidencia belga, de los Estados miembros cuya presencia no siempre es del todo cómoda en este género de circunstancias, y con aquellas y aquellos de ustedes que estaban allí, fue una de las claves del éxito de este asunto. 
Ya lo he dicho públicamente. 
Considero normal que lo exprese de manera rotunda ante ustedes. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, Señorías, para tener una idea realista de lo que el acuerdo de Doha significa para la agricultura, me voy a referir muy brevemente a los diversos puntos de la declaración de Doha. 
La primera parte de la declaración trata sobre el objetivo general de las negociaciones agrarias en el marco de la OMC, es decir, la creación de un sistema de comercio justo y orientado al mercado. 
Al mismo tiempo, se reconoce también el trabajo que se ha realizado desde comienzos del año 2000 en el marco de las llamadas negociaciones sobre el artículo 20. 
El siguiente apartado trata los tres clásicos pilares del comercio: acceso al mercado, exportación, competencia y medidas internas de apoyo. 
En el acceso al mercado se eligió la "formulación de amplias negociaciones con el objetivo de lograr mejoras sustanciales en el acceso al mercado". 
Allí se reflejan las conclusiones del Consejo de Agricultura del 27 de septiembre de 1999, en las que se reconoce la importancia de una liberalización adicional del comercio agrícola como contribución a un crecimiento económico sostenible. 
Con el concepto "amplias negociaciones" se quiere decir que se pueden incluir en las negociaciones todos los productos agrícolas pero también que se tienen que tratar todas las cuestiones. 
En este contexto, hemos aclarado también totalmente que se deben incluir los datos geográficos. 
En lo que se refiere a las subvenciones a las exportaciones, en el texto se habla de la reducción de todas las formas de ayudas, es decir, exactamente lo que el Parlamento indicó en su resolución del octubre. 
Además se dice que las negociaciones se deben llevar a cabo de cara a la desaparición total de las subvenciones a la exportación. 
En el texto se dice además unívocamente que ninguna de las declaraciones sobre los tres pilares debe anticiparse al resultado de las negociaciones. 
No existe pues actualmente ninguna obligación para negociar en esta ronda sobre la supresión total de las subvenciones a la exportación. 
En cualquier caso también sabemos que existe una amplia coalición contra la prosecución de las subvenciones a la exportación. 
El grupo Cairns, los EE.UU y el grupo de los 77 países en vías de desarrollo se han pronunciado todos ellos en contra de la prosecución de las subvenciones a la exportación. 
En lo tocante al apoyo interno, en el texto se habla de reducciones esenciales en el campo de las medidas de apoyo que distorsionan la competencia. 
Esto está asimismo en consonancia con su resolución, en la que se exige un abandono de las medidas distorsionadoras de la competencia y corresponde a nuestro mandato que nos obliga a realizar negociaciones sobre los apoyos internos manteniendo al mismo tiempo el concepto de la blue box y de la green box. 
Hemos elegido conscientemente la palabra concepto para indicar que estamos dispuestos a negociar sobre los detalles de la blue box y de la green box. 
El grado de distorsión de la competencia configurará uno de los elementos centrales en todos los debates relacionados con las medidas internas de apoyo. 
Otro importante punto es el trato especial y diferenciado de los países en vías de desarrollo. 
Sé que se cuenta entre sus prioridades integrar a los países en vías de desarrollo en el comercio internacional. 
La formulación de la declaración de Doha encaja con este objetivo y corresponde también al mandato del Consejo de 1999. 
Finalmente, el texto se refiere a los aspectos no relacionados con el comercio. 
Se reconocen expresamente las propuestas que los miembros de la OMC han realizado ya antes en Ginebra en este campo. 
Como saben, la Unión Europea también ha presentado una serie de propuestas sobre los aspectos más importantes no relacionados con el comercio, sobre el medio ambiente, desarrollo de las áreas rurales, seguridad de los alimentos, aspectos de los consumidores, etiquetado y protección de los animales. 
Mediante el reconocimiento expreso de los aspectos no relacionados con el comercio, la declaración de Doha nos permite seguir persiguiendo estos objetivos en las próximas negociaciones. 
La última sección contiene el calendario para el acuerdo de modalidades, el 31 de marzo del 2003 y los plazos para la presentación de los proyectos completos. 
Esto debe ocurrir hasta la próxima Conferencia de Ministros de la OMC para que el acuerdo sobre la agricultura se pueda lograr simultáneamente con el paquete global hasta el 1 de enero del 2005. 
Con independencia de la parte meramente agrícola del texto quiero indicar que el apartado relativo al acuerdo TRIPS trata asimismo de la cuestión de los datos geográficos. 
De este modo, podemos seguir nuestros objetivos en las negociaciones sobre los datos geográficos, tanto en las negociaciones agrícolas como en las relativas a TRIPS. 
Finalmente, paralelamente a la declaración sobre el inicio de la ronda de desarrollo de Doha, se logró también un acuerdo sobre el Waiber ACP que nos permite concluir la solución negociada con los EE.UU y Ecuador para finalizar el litigio de los plátanos. 
Esto significa que se puede aprobar la propuesta ya presentada por la Comisión tan pronto como sus Señorías hayan emitido su dictamen aquí en el Parlamento Europeo, como espero aún esta semana. 
Para finalizar, permítanme realizar la observación de que el satisfactorio resultado de la Conferencia de Doha no significa necesariamente que las próximas negociaciones agrícolas vayan a ser por ello sencillas. 
Los objetivos de los demás grandes miembros de la OMC divergen en parte mucho de los nuestros, pero vamos a hacer todo para asegurar el modelo agrícola europeo y al mismo tiempo negociar un sistema de comercio justo y más fuerte orientado al mercado para los productos agrícolas. 
Va a depender mucho de que se logre mantener una posición común de los Estados miembros y su apoyo va a ser de ayuda. 
Así mismo nos será de ayuda que se mantenga la buena cooperación que hemos tenido con el Consejo y también dentro de la Comisión sobre este tema. 
-Debemos interrumpir este debate. 
Propongo que intentemos completar la lista de oradores de los Grupos políticos y luego lo interrumpimos. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, distinguidos Comisarios, el lanzamiento de una nueva y amplia ronda de negociaciones trianual en la Conferencia de Doha representa un hito muy positivo tanto para la Organización Mundial del Comercio, como para la actual situación económica mundial. 
El programa de desarrollo de Doha, que incluye medidas de liberalización del comercio y elementos para la creación de nuevas reglas del juego, ha dado prioridad al compromiso de los países desarrollados de reforzar las propias capacidades de los países en vías de desarrollo y de ayudarlos en la aplicación de las normas ya vigentes de la OMC. 
Estoy convencido de que los pequeños y clamorosos grupos antiglobalización han recibido ahora en Doha una respuesta clara por parte de los países en desarrollo también. 
Nosotros queremos participar en la liberalización del comercio mundial y en su clarificación mediante unas reglas del juego, ya que ello también repercutirá en beneficio de los países en desarrollo. 
La presencia de China y Taiwan en la OMC en Doha también ha marcado un hito importante. 
Es de desear que Rusia, a su vez, sea capaz de despejar lo suficiente sus propias estructuras internas como para estar también en condiciones de participar en este proyecto. 
Los objetivos específicos de la Unión fueron alcanzados en Doha de forma, cuando menos, aceptable. 
El éxito de las difíciles negociaciones llevadas a cabo durante días gracias a las actuaciones de ambos Comisarios, el Sr. Lamy y el Sr. Fischler, representa un logro loable. 
También la cohesión interna del Consejo se mantuvo firme todo el tiempo, circunstancia que, obviamente, era requisito indispensable para la aprobación del resultado de las negociaciones por parte de la Unión. 
Paralelamente al proceso ordinario de negociación, los Comisarios, Sr. Lamy y Sr. Fischler, así como la Ministra, Sra. Neyts-Uyttebroeck, nos mantuvieron a los diputados asistentes constantemente informados sobre el rumbo de las negociaciones. 
Se decidió que el desarrollo sostenible y la consideración del medio ambiente en todas las decisiones en materia de política económica constituyeran el objetivo global de las futuras negociaciones, cosa que, sin duda, es de una importancia fundamental para nosotros en los países de la Unión. 
Dado que también el comercio de productos agrícolas será abordado en las negociaciones sobre la base de una agenda amplia, pero sin condiciones previas sobre el régimen de subvenciones definitivo o sobre los calendarios, estaremos en condiciones de negociar con tranquilidad este asunto tan delicado, a la vez que se reforma la Política Agrícola Común de la Unión. 
Nuestra Delegación parlamentaria, que mantuvo conversaciones en Doha con muchas otras delegaciones participantes, ha lamentado que el Congreso de EEUU no haya enviado a sus representantes a Doha. 
Considerando que aspiramos a desarrollar la transparencia de la OMC y el control parlamentario sobre las Conferencias ministeriales, la presencia del Congreso de EEUU es imprescindible. 
También es una actitud realista constatar que sólo podremos avanzar en esta cuestión si contamos con la aprobación de los Gobiernos. 
Es de desear que Alemania, como pudimos escuchar en Doha de forma extraoficial, acuda próximamente a los órganos de la OMC para la tramitar oficialmente su postura. 
Señor Presidente, Presidenta del Consejo, señores comisarios, la conferencia de la OMC de Qatar supuso un hito, especialmente para quienes consideran que la mundialización constituye uno de los principales retos del siglo XVI y que otro desafío se refiere al control democrático y político de dicha mundialización. 
Mi Grupo opina que la mundialización requiere urgentemente normas e instituciones de carácter mundial. 
Esto significa que la mundialización también puede estar al servicio de la humanidad y no al revés. 
Tal y como lo ha expresado el Comisario Lamy, la cumbre de Seattle de hace dos años fue un fracaso. 
Implicó numerosos aspectos. 
No fue transparente, los grupos no fueron equitativos y la participación no estuvo bien organizada. 
También existía el temor de que dicho fracaso pudiera hundir cuestiones que nos afectan a todos como el desarrollo, el derecho a aplicar una política interior propia, los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. 
En realidad, es todo un logro que dos años después hayamos podido cambiar realmente esta situación en Qatar. 
Un primer paso hacia una nueva OMC en el marco de un esfuerzo para que la mundialización disponga de normas que se encuentren al servicio de los valores humanos. 
Mi Grupo se siente por lo tanto especialmente satisfecho con los resultados de esta cuarta conferencia ministerial. 
No porque estemos satisfechos con todos los elementos, en absoluto. 
Seguiremos presionando y se han ido numerosos puntos al traste pero en el fondo se ha dado un paso de gigante. 
Este nuevo paso será, sin duda, importante a la hora de acabar con las grandes desigualdades entre norte y sur. 
Se trata de uno de los aspectos más importantes del fenómeno de la mundialización. 
Lo que se ha logrado en relación con la agenda de la OMC es destacable tanto en lo referido al modo en que diferentes países en vías de desarrollo han participado de forma conjunta y bien organizados en el debate, como en relación con el propio orden del día. 
Queríamos una ronda sobre el desarrollo y al menos podemos decir que existe una agenda sobre el desarrollo. 
Ahora hay que esperar obviamente a los resultados concretos. 
En este sentido, el tema TRIPS y la sanidad pública resultan de gran importancia. 
Se ha reconocido que, en condiciones de necesidad, la sanidad pública y su conveniencia se encuentra, en ocasiones, por encima de los derechos de propiedad intelectual y este planteamiento cabe dentro de las normas de propiedad intelectual. 
Esto requiere obviamente una interpretación más detallada pero lo importante es lo logrado en el plano político. 
Este reconocimiento permitirá que muchos suban a bordo de una nueva OMC moderna y mundial. 
Por supuesto que los demás acuerdos en torno al abanico de la declaración de Cotonou de los países ACS y de la EU también es de vital importancia, ya que con ellos se ha logrado un avance importantísimo en nuestra relación con los países ACS, un avance que quizás no se hubiera logrado de otro modo. 
En el capítulo del medio ambiente y del comercio, hemos logrado incluir varios puntos en la agenda, algo que temíamos no lograr hasta el último momento. 
Se trata de un avance enorme, de la ruptura de un tabú; no se trata de llegar a un proteccionismo verde pero es muy importante haber conseguido este objetivo. 
Presidente, mi Grupo considera que es lamentable que apenas se haya avanzado en el terreno de la democracia y de la transparencia- tal y como ha apuntado el comisario Lamy -, así como en el ámbito de los derechos de los trabajadores. 
En fin, hemos podido evitar que se retrocediera pero existe la necesidad de lograr urgentemente éxitos en este campo. 
Quisiera terminar diciendo que nuestro Grupo valora enormemente el modo en que hemos trabajado con los comisarios Lamy y Fischler, así como con el Presidente del Consejo, y que lo manifestado por el comisario en el sentido de que esta Cámara debería aprobar por fin los resultados obtenidos en Doha nos sitúa en una democracia plena y madura con un papel democrático pleno. 
Lo valoramos en gran medida y esperamos que sigamos cosechando frutos a lo largo de los próximos años. 
En nombre del Grupo de los Liberales, yo también deseo hacer extensivo nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena al Consejo y a la Comisión, especialmente al Comisario Lamy. 
En nuestra opinión, sin la labor eficaz del Comisario y el Consejo, en cooperación con el Parlamento, nunca se habría propuesto la nueva ronda y mucho menos se habría lanzado, y estamos agradecidos por ello. 
Nos parece que la Cumbre de Doha ha representado la consolidación de dos temas o dos tendencias en el seno de la OMC. 
El primer tema es el primer intento concertado de tener en cuenta las necesidades y las quejas legítimas de los países en desarrollo. 
Ya hemos hecho referencia al Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, al texto sobre la aplicación, al movimiento estadounidense en materia de anti-dumping, a la rendija abierta en la posición europea sobre agricultura- para nosotros son avances muy significativos. 
El segundo tema o tendencia es que las conversaciones se han extendido mucho más allá de las preocupaciones tradicionales de acceso al mercado y han avanzado hacia el desarrollo de nuevas reglas, de la competencia, de la inversión y, sobre todo, del medio ambiente. 
Esto nos parece, una vez más, un avance muy satisfactorio y nos alegra mucho comprobar que parece haberse establecido un equilibrio- un equilibrio sensato y viable entre las necesidades de los países en desarrollo y la necesidad de desarrollar nuevas normas en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
Hay quien ha sugerido- creo que han sido mis amigos del Grupo de los Verdes y otros críticos con la OMC- que de alguna manera estas dos cosas son incompatibles entre sí y que el desarrollo de un nuevo reglamento sobre la OMC va en contra de los intereses de los países en desarrollo. 
Nos parece especialmente extraño que los diputados Verdes de esta Asamblea y los defensores del medio ambiente rechacen las negociaciones sobre el medio ambiente en el seno de la OMC, en nombre de los países en desarrollo. 
En nuestra opinión no se puede prescindir de disciplinas multilaterales sostenibles en materia de medio ambiente a cambio de intentos multilaterales para paliar la pobreza. 
Ha llegado el momento de actuar. 
Algunas de las noticias de estos últimos días son algo confusas, en particular, las que llegan desde los Estados Unidos sobre las concesiones que se han extraído de la Administración en el debate por vía rápida y el debate sobre el comercio y el acero en Washington. 
Debemos seguir presionando para asegurarnos de que el impulso dado en Doha se mantiene durante los próximos años, y no hay ninguna duda de que nos esforzaremos por conseguirlo. 
Señor Presidente, no es ningún secreto que el Grupo Verts/ALE no comparte el punto de vista mayoritario sobre el resultado de la reunión de Doha. 
Para nosotros, salvo raras excepciones, no ha sido un éxito. 
Ha sido un ejemplo poco edificante de cómo los países más ricos intimidan a los más pobres, y que ha llevado a muchos a afirmar que la supuesta victoria de Doha ha sido un fracaso para la democracia. 
Aunque no hay duda de que es cierto que los países en desarrollo se han hecho valer con mucha más fuerza que nunca- algo que debe ser alabado -, también es cierto que el resultado de Doha no ha cumplido las expectativas de la ronda de desarrollo que nos habían prometido. 
Éste no es sólo el punto de vista del Grupo Verts/ALE, sino también de la amplia mayoría de las ONG del norte y del sur, así como de muchos de los representantes del sur. 
Permítanme recordarles algunas de las intervenciones en el debate del Pleno de Doha. 
El Ministro de Comercio indio, Sr. Murasoli Muran, dijo que la única conclusión que cabía sacar es que la opinión de los países en desarrollo cuenta poco en la elaboración de la agenda de la OMC; parece que todo el proceso ha sido una mera formalidad y estamos siendo coaccionados en contra de nuestra voluntad. 
Permítanme recordarles lo que dijo Jamaica. 
El Embajador Sr. Randsford Smith dijo que lamentaban que los proyectos de texto, que fueron presentados a esta conferencia ministerial como el resultado del proceso preliminar de Ginebra, no reflejan suficientemente ni captan la posición ni las propuestas de los países en desarrollo. 
Podría citarles muchas intervenciones similares. 
Veamos con algo más detenimiento lo que éstas significan realmente. 
Sólo hubo un breve reconocimiento de la necesidad de revisar los temas de aplicación: ése era un punto clave del orden del día para los países en desarrollo que asistieron a Doha. 
El lenguaje sobre la eliminación gradual de las subvenciones a las exportaciones agrícolas fue sustancialmente suavizado debido a las objeciones de la Unión Europea. 
Como consecuencia de ello, se seguirá devastando los medios de vida de los agricultores del sur. 
Como dijo el Ministro de Comercio de Tanzania, Sr. Iddi Simba, una política agrícola equivocada puede causar la pérdida de las elecciones en Francia, pero en África significa la pérdida de vidas humanas. 
No existe ningún compromiso respecto a la pronta eliminación de aranceles para textiles y confección debido a la firme resistencia de los Estados Unidos. 
Las exigencias de desarrollo unidas al fomento de la seguridad alimentaria, que fomentan numerosos países en desarrollo, fueron completamente pasadas por alto. 
Señor Comisario Lamy, no espero que usted esté de acuerdo con este análisis, pero como mínimo debería reconocer el enfado y la frustración perfectamente reales de los países en desarrollo a lo largo de toda la conferencia y prometer que en las negociaciones que ahora comienzan situaremos sus intereses realmente a la cabeza de nuestras prioridades. 
Señor Presidente, Señorías, en Doha se realizó un buen trabajo. 
Pienso que existen tres razones para valorar positivamente los resultados. 
La primera es la gran entrada de los países del Sur y la evidencia de un comienzo de multilateralismo efectivo. 
Antes de Doha carecíamos de una agenda negociada previamente; tras Doha existe una gran cantidad de reivindicaciones, expuestas por los países del Sur, que deben ser tratadas. 
Por consiguiente, la OMC, aún frágil y mejor legitimada, se ha reforzado. 
Naturalmente, no se trata todavía de una democratización como la que aspiraban las ONG y los diputados europeos; pero los avances son claros, y la Sra. Neyts tiene razón en subrayar la transparencia y la mejora del método en Doha. 
No advertí, como Caroline Lucas, las protestas generales, y percibí, por el contrario, cierto alivio general al ver que dicho método lograba finalmente obtener cierto consenso. 
Debo añadir- y me ha sorprendido que no se haya aludido a ello en las palabras preliminares- que asumimos el compromiso de negociar la reforma del organismo de arreglo de las diferencias. 
En segundo lugar, se ha abierto una puerta para examinar la coherencia entre las opciones sociales y las normas comerciales. 
Ciertamente, la liberalización prosigue, y ello sobre todo para responder a los intereses de los países del Sur respecto al acceso al mercado. 
Pero gracias a la Unión Europea- y pienso que podemos dar las gracias a Pascal Lamy por su firmeza- contamos con un esbozo de agenda amplia: el medio ambiente, la inversión y la competencia podrán ser negociados basándose en un consenso explícito. 
En realidad, aún es poco, y es comprensible que algunas ONG desearan una agenda más ambiciosa, que integrase concretamente la cuestión social. 
Pero para eso, debemos superar serias contradicciones entre éstas y nosotros. 
No deben de ocultarse, en efecto, las contradicciones de intereses y el hecho de pretender hablar siempre en nombre del Sur. 
Es necesario que se expresen las diferencias para que puedan superarse, y es así como se pudo avanzar, cuando la conjunción Norte-Sur fue efectiva, en el caso de los medicamentos. 
De igual modo, no se podrá avanzar en el ámbito social si no se reflexiona adecuadamente en la manera de ayudar a reforzar el sindicalismo internacional. 
En tercer lugar, por primera vez se acordó la misma importancia a la aplicación y a los nuevos temas. 
Tampoco en este caso he hecho la misma lectura de los resultados que Caroline Lucas. 
Avanzamos desde el punto de vista del método, y, gracias a la India, no se trata de la evaluación previa, sino de la evaluación a medida que se desarrollan las negociaciones: se negocia en el ámbito textil, de la agricultura, de las medidas antidumping, de las subvenciones e incluso de la propiedad intelectual, con posibilidades de una nueva negociación. 
En último término, para concluir, tenemos que llevar a cabo un gran esfuerzo con miras al futuro para que el tren vaya por el buen camino, y quiero someter dos ideas: la primera consiste en que la política comercial de la Unión corre el peligro de verse desfavorecida por la ausencia de política común. 
Nos falta cierto grado de cohesión, y tenemos la obligación de clarificar nuestro modelo social agrícola e industrial. 
Segunda idea: la cuestión social es emblemática. 
No se trata de renunciar y de ajustarse a la OIT. 
La Unión Europea debe exigir dimensiones sociales multilaterales para el desarrollo y la solidaridad. 
Por consiguiente, tenemos mucho trabajo en el telar; pero eso no debe asustarnos. 
Señor Presidente, las actuales negociaciones sobre el comercio mundial son importantes para el futuro desarrollo de la Unión Europea, en particular, en el contexto de la ampliación. 
Me complace que nuestros negociadores comprendan el alcance de este desafío y- espero- saquen provecho de la sabiduría que da la experiencia con el actual régimen. 
Desde una perspectiva agrícola, no debemos permitir que los Estados Unidos dicten la política agrícola. 
En la ocasión anterior, insistieron en desmantelar la ayuda a la agricultura y luego procedieron a prestar ayuda a los agricultores estadounidenses a un nivel tres veces más alto que la que reciben los agricultores europeos. 
Me alegra mucho que en las conversaciones preliminares parece que hayamos alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre las restituciones a la exportación. 
Desde una perspectiva irlandesa, las restituciones a la exportación son cruciales porque dependemos de las exportaciones a terceros países. 
Asimismo, debemos adoptar una posición firme sobre las importaciones de alimentos procedentes de fuera de la Unión Europea. 
Estamos realizando fuertes inversiones en la aplicación de seguridad alimentaria y hemos prohibido la utilización de activadores del crecimiento. 
Y a pesar de ello, se espera que los agricultores de la Unión Europea compitan con las importaciones de países en los que se utilizan dichos productos. 
Asimismo, en relación con la carne de ovino- importante para los agricultores europeos y, en particular, para los irlandeses- unos acuerdos mal gestionados con Nueva Zelanda significan que no existe ningún control que impida la política deliberada de Nueva Zelanda de inundar el mercado de la Unión Europea en períodos de máxima producción. 
Señor Presidente, si bien no dudo que la conferencia de Doha ha sido un éxito, antes de ella pensaba y sigo pensando que la posición europea de la estrategia del programa ampliado ha sido un grave error. 
De hecho, si, incluso en el futuro, recargamos a la OMC con demasiadas expectativas relativas a demasiados sectores, nos arriesgamos a que esa organización fracase en su único objetivo fundamental: el acceso a los mercados, el fin del estancamiento del comercio internacional, que interesa tanto a los países ricos como a los países pobres. 
Por último, una observación, señor Comisario, sobre la agricultura: antes de congratularnos por nuestra buena conciencia, no olvidemos que el emblema de la negociación europea- según ha explicado el Sr. Fischler- ha sido en realidad la defensa de lo indefendible, la defensa de la política agraria comunitaria. 
Nos preocupamos de las normas laborales en África, en Asia y en Sudamérica y en Doha defendimos a los ricos campesinos franceses contra los campesinos pobres del sudeste asiático, África y Latinoamérica. 
Ésa es la realidad. 
Por tanto, dejemos el programa ampliado y preocupémonos en todo caso de la apertura de los mercados, sobre todo de nuestros ricos mercados agrarios y textiles. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la delegación del sur del Cáucaso sólo quiero comunicar que un empleado de la Comisión, que estaba en servicio diplomático, ha sido asesinado en Georgia alevosamente. 
Pido que la Presidenta dirija un mensaje al Presidente Schwardnasse en nombre del Parlamento y le pida no sólo que se haga todo para aclarar este asesinato sino que se adopten por fin las medidas necesarias para proporcionar a las personas que trabajan en Georgia para Georgia la protección adecuada y que este trabajo que es necesario se pueda también realizar. 
Considero este incidente como muy serio; queremos hacer todo para ayudar al sur del Cáucaso pero esta región debe hacer también todos los esfuerzos para proteger a las personas que le han sido confiadas. 
Hemos tomado nota, señor Schleicher, y seguramente se adoptará su propuesta. 
Ahora pasamos al turno de votaciones. 
Votaciones 
¿Desea la Comisión hacer uso de la palabra? 
Señor Presidente, se había hablado con la Comisión que antes de la votación final sobre la resolución legislativa íbamos a recibir una opinión de la Comisión sobre hasta qué punto está dispuesta a aceptar nuestras enmiendas. 
Conmemoración de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, unas palabras explicativas. 
El presente informe ya incluye una serie de enmiendas aprobadas que creemos que se llevarán a cabo. 
Tenemos un procedimiento inusual- la Asamblea ya ha aprobado los criterios sobre la sede de la Autoridad Alimentaria Europea. 
El Consejo no estaba dispuesto a aceptarlo como parte del informe. 
En cambio, creemos que era necesario declarar cuáles debían ser los criterios e insistir en este punto. 
El mejor modo de hacerlo sin acudir a la conciliación es que lo aprobemos como una resolución legislativa que, en consecuencia, sólo será vinculante para el Parlamento. 
Esperamos que la Presidenta del Parlamento transmita dicha información y nuestro punto de vista sobre la cuestión a la Cumbre de Laeken dentro de dos días. 
Ruego a la Comisión que comunique su posición sobre las enmiendas. 
. (FR) Presente en 30.000 explotaciones de la Unión Europea, el cultivo de semillas de gramíneas y leguminosas, principales especies contempladas por esta organización común de mercado, reviste una gran importancia para el empleo, la renta de los productores, el equilibrio socioeconómico de numerosas regiones, la biodiversidad y la seguridad del abastecimiento. 
Pero, por una parte, los precios de mercado cobrados por los productores han registrado estos últimos años fluctuaciones importantes y, por otra, la Unión Europea sigue siendo deficitaria en alrededor de 15.000 toneladas. 
Conviene, pues, felicitarse del mantenimiento al nivel actual del importe de la ayuda en el sector de las semillas, sabiendo que es necesaria para mantener el equilibrio entre la producción y el mercado; en estas condiciones, no creo necesario introducir un estabilizador presupuestario, puesto que el mercado ha demostrado su capacidad para autorregularse, y ello teniendo en cuenta sobre todo que la propuesta de la Comisión relativa a dicho mecanismo de estabilización es general y vaga. 
Finalmente, creo inapropiado tomar como modelo el aplicado al sector de las semillas de arroz, que puede arbitrarse con el mercado del consumo alimentario. 
Finalmente, y sobre todo, sería torpe repartir un importe máximo garantizado entre los Estados miembros, ya que las firmas del sector de las semillas están a menudo implantadas en varios países. 
Este es el sentido de las enmiendas que he presentado en comisión, donde han sido aprobadas por unanimidad. 
Me congratulo de comprobar que el Parlamento Europeo ha compartido dicho criterio en el Pleno. 
Informe Cunha (A5-0425/2001) 
. 
(NL) Los acuerdos de pesca a los que la UE llega con países en vías de desarrollo son negativos para el medio ambiente y para estos países. 
El hecho de que los pescadores se sientan aparentemente obligados a trasladar su actividad desde las aguas de la UE a otros lugares demuestra que los caladeros de la UE se han visto tan reducidos como consecuencia de esta actividad que las capturas han dejado de ser suficientes. 
Este problema medioambiental debe atajarse de raíz mediante la reducción de la capacidad de la flota y no procediendo a esquilmar otros lugares. 
Por otra parte, los acuerdos afectan negativamente a la economía local, ya que los modernos barcos de la UE roban las capturas de los pescadores locales. 
El hecho de que la UE pague dinero a los gobiernos de estos países en el marco del acuerdo para ayudar a estos pescadores a encontrar otro medio de subsistencia es absurdo. 
Las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca y por el Grupo ELRD a la propuesta de la Comisión suponen una mejora del texto del acuerdo. 
D66 ha respaldado por consiguiente dichas enmiendas. 
Considerando que por los motivos citados nos mostramos contrarios al acuerdo, hemos votado en contra de la resolución. 
Informes Lage (A5-0402/2001) y Cunha (A5-0425/2001) 
. (FR) Nos hemos abstenido respecto al conjunto de los informes sobre los acuerdos pesqueros con Guinea-Bissau y Cabo Verde puesto que si bien procuran ciertos ingresos a estos Estados no hacen sino reglamentar el saqueo de los recursos naturales de Guinea-Bissau y de Cabo Verde debido al gran volumen de pesca de los países europeos. 
La única razón por la que hemos votado a favor de las enmiendas 7 al informe Lage y 5 al informe Cunha radica en que, al menos, tienen el mérito de acordar un importe preciso respecto a la compensación financiera, a pesar de no tener en cuenta la cuestión de saber si dicho importe compensa realmente la pérdida de este recurso natural. 
Informe Gargani (A5-0428/2001) 
. (EN) Para comenzar, deseo hacer constar mi agradecimiento al ponente, Sr. Gargani, por su informe sobre la Capital europea de la Cultura 2005. 
Apoyo plenamente este informe porque represento la ciudad de Cork en el Parlamento Europeo. 
Cork cuenta con una antigua y orgullosa tradición como la segunda ciudad de Irlanda y ha sido un centro de estudio, industria, comercio y cultura durante más de 800 años. 
Por su condición de importante ciudad portuaria, también ha estado abierta a las influencias extranjeras que le han ayudado a desarrollar muchos nuevos nexos y contactos. 
La historia de Irlanda podría escribirse en Cork, porque se ha visto afectada de manera similar a la totalidad de Irlanda. 
En lo relativo a la conquista y colonización, la muerte de la lengua y las tradiciones autóctonas gaélicas, la hambruna y la emigración, Cork ha estado en el centro de todos estos enormes cambios. 
Hoy, Cork es una ciudad moderna bien desarrollada, con la mirada puesta en las futuras tecnologías y con oportunidades de desarrollo. 
No obstante, a pesar de esta visión progresista, nunca ha olvidado ni descuidado su pasado, es más, atesora y protege su historia y su cultura en el ballet, el Teatro de la Ópera, el Teatro Everyman, el Centro de Arte Triskel, la Factoría Nacional de Escultura, la Galería de Arte Crawford, la Escuela de Arte y Diseño Crawford, la Universidad de Cork, el Instituto de Tecnología de Cork, el Conservatorio y la Escuela de Comercio, por mencionar sólo algunos. 
Desde sus antiguos personajes ilustres en el campo de la música, la danza, las artes y la literatura, se enorgullece de la nueva generación de activistas en estos ámbitos. 
En Cork nos sentimos orgullosos de nuestra hospitalidad y damos la bienvenida a todos, y afrontamos cualquier nuevo reto que se nos presente con la confianza que garantiza el conocimiento de la experiencia pasada. 
En 2005, como Capital europea de la cultura, Cork demostrará a todos que tiene un pasado magnífico, pero que además es fuente de inspiración para el futuro. 
Aprovecho esta oportunidad para hacer extensiva a todos la bienvenida a Cork, ahora y en 2005. 
Sé que les emocionará su belleza, su humor, su vitalidad y su tranquilidad. 
Cuando se encuentren en Cork no tendrán ganas de marcharse. 
Informe Graefe zu Baringdorf (A5-0421/2001) 
Señor Presidente, se trata del informe sobre la circulación de los piensos compuestos para animales y, por tanto, de la alimentación de los animales, y entre los animales figuran también los peces. 
Usted sabe, Señor Presidente, que a mí los peces me conocen mucho, sobre todo los peses pensionistas, por lo que no he podido por menos de preguntarles a ellos, en particular a los peces pensionistas de Marruecos, qué les parecía esta directiva sobre la composición de los alimentos para animales. 
No bromeo, Señor Presidente, sólo intento expresar a mi modo habitual los motivos que me han movido a votar a favor. 
Estos peces, saliendo de su habitual mutismo, me han manifestado que ven con buenos ojos este documento, pero me agradecerían que dijese al Sr. Graefe zu Baringdorf que, en las próximas modificaciones de esta directiva, se ocupe de que también la alimentación de los animales cuente con un menú y no se vean obligados a alimentarse siempre con los mismos platos. 
¡También ellos se cansan de la sopa de siempre! 
Informe Whitehead (A5-0416/2001) 
Señor Presidente, debo explicar mi voto en relación a este documento sobre la institución de la Autoridad Alimentaria Europea. 
No era mi intención, Señor Presidente, pero también este segundo asunto nos remite a la cocina. 
Tal vez porque es la hora de comer, el próximo también lo haga. 
He votado a favor, porque, como es natural, los alimentos de nuestra mesa deben de ser buenos. 
Pero creo que no estaría de más realizar también inspecciones de estas directivas relativas al control de los alimentos. 
Por desgracia, a nuestros Estados miembros no desean las inspecciones y por eso yo insisto en que en el futuro esa Agencia Alimentaria tenga el poder de ordenar que se hagan inspecciones sorpresivas en los comedores públicos, en las cantinas de los centros educativos, en los comedores de empresa, en los comedores de los asilos en los que se atiende a los ancianos cuando ya no están en condiciones de vivir en familia. 
¡La alimentación es muy, pero muy importante! 
Señor Presidente, quisiera añadir que he votado con gran satisfacción a favor de las enmiendas a la postura común en relación con la seguridad de los alimentos cuyo ponente ha sido el Sr. Whitehead. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a este colega por su gran esfuerzo, ya que gracias a su trabajo hemos logrado llegar a buenos acuerdos claros y definidos con los demás grupos y llegar al punto en el que nos encontramos. 
Hoy solo hemos aprobado las enmiendas que gozan del beneplácito íntegro de la Comisión. 
También se ha llegado a acuerdos con el Consejo. 
Esto significa que la Autoridad Alimentaria podría estar operativa en 2002, lo que implica que los plazos se están cumpliendo puntualmente. 
Creo que podemos afirmar sin miedo que esto se debe a la buena colaboración entre los grupos de esta Cámara. 
Hemos creado un marco que tiene que funcionar. 
Si también lográramos situar a los hombres y mujeres adecuados en los puestos apropiados y otorgar a la Autoridad una sede que le ofrezca la posibilidad de establecer contactos externos con la máxima flexibilidad, creo que se darían todas las condiciones para el éxito de esta Autoridad Alimentaria. 
Presidente, esto depende en este momento de la propia Autoridad y le deseo toda la suerte del mundo en esta tarea. 
. (FR) El hecho de crear una "Autoridad Alimentaria Europea" para que controle la seguridad de los productos comestibles en el ámbito de la Unión podría ser útil para los consumidores. 
Nosotros estamos de acuerdo con el principio. 
Pero subrayamos que, contrariamente a lo que ocurre con otras administraciones en otros países, en particular en los Estados Unidos, la Autoridad Alimentaria Europea sólo podrá aconsejar y carecerá de poderes. ¿De qué valdrán, en estas condiciones, sus recomendaciones? 
Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los escándalos recientes en el sector alimentario- de la vaca loca al pollo alimentado con dioxinas- han demostrado que la seguridad alimentaria y la búsqueda del beneficio son elementos contradictorios. 
La Autoridad Alimentaria Europea corre el peligro de convertirse, en tales condiciones, en un organismo puramente decorativo. 
Algunos avances en la creación de la Autoridad Alimentaria Europea son positivos, aunque se siga afirmando que ésta no puede funcionar como una panacea para la resolución de los problemas de seguridad alimentaria o una cortina de humo para la opinión pública. 
Es necesario salvaguardar la existencia de una Autoridad que garantice la evaluación del riesgo para la seguridad de los alimentos, fundamentada en sólidos dictámenes científicos y sin que pueda desreponsabilizar ni substituir a la Comisión en el nivel de la gestión del riesgo de la política alimentaria comunitaria ni tan siquiera a las autoridades competentes en cada uno de los Estados miembros. 
El principio fundamental de cualquier legislación alimentaria es la protección de la salud humana y, por eso mismo, resulta fundamental la introducción del principio cautelar en la gestión de los riesgos, cuando los datos científicos no sean suficientes ni concluyentes. 
Ahora bien, hay razones para preguntar si sería necesaria una estructura tan pesada desde el punto de vista administrativo y presupuestario y hay que subrayar la necesidad de garantizar la participación de un representante de cada Estado miembro en la administración. 
En cualquier caso, conviene reafirmar que sólo con una profunda modificación de la PAC y una verdadera política alimentaria que no se base en los intereses de las multinacionales de la agroindustria o en la liberalización del comercio agrícola se puede resolver el problema alimentario. 
. (FR) He votado a favor de este informe. 
Desde hace años procuramos devolver la confianza a los consumidores, y la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea es uno de los elementos que se inscriben en este contexto. 
El riesgo cero no existe, y sabemos las consecuencias que un problema bacteorológico (no sólo ligado al terrorismo) acarrearía para la mayoría de los ciudadanos. 
Por consiguiente, la seguridad debe ser el núcleo del dispositivo establecido. 
Sin embargo, no hay que sacar este problema de quicio, puesto que no debemos olvidar que la cadena alimentaria europea es una de las más seguras del mundo; pero, para ser eficaz y creíble, la Autoridad deberá rodearse de los mejores expertos científicos y apoyarse en la red de las agencias nacionales existentes. 
Otro aspecto importante que conviene subrayar es la necesaria separación entre la evaluación del riesgo, que compete al ámbito científico, y su gestión (medidas adoptadas) , que pertenece exclusivamente al ámbito político. 
Recordaré que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al nivel del riesgo que se corre. 
Tratándose de un riesgo que carezca de fundamento- el caso de un rumor, por ejemplo -, conviene responder a través de una comunicación destinada a los consumidores. 
En caso de riesgo potencial debe adoptarse un dispositivo de precaución, y, finalmente, en caso de riesgo real, es imprescindible tomar medidas de precaución. 
Si deseamos una eficacia óptima, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea debe ser completamente independiente- se determinará la composición de sus organismos- y demostrar una gran transparencia en estas decisiones. 
Finalmente, las sanciones en caso de faltas graves o de fraudes no sólo deberán ser importantes, sino que sobre todo deberán ser aplicadas. 
. (FR) He votado a favor de esta recomendación puesto que considero que la posición común así enmendada introduce mejoras importantes con respecto a la propuesta original de la Comisión. 
Suscribo plenamente el deseo firmemente expresado por las instituciones europeas: la futura Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea debe ser creada de inmediato y comenzar sus actividades a principios del año 2002. 
En ese sentido, he apoyado al ponente en su voluntad de que se apruebe un texto que recoja el acuerdo del Consejo, a fin de evitar un procedimiento de conciliación, que siempre resulta demasiado largo. 
La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea será un elemento clave y contribuirá- así lo espero- a controlar mejor los riesgos relacionados con los alimentos en toda la Unión Europea. 
La vigilancia y el control corresponderán siempre a los Estados miembros, y la gestión de los riesgos y del sistema de alerta rápida seguirá siendo competencia de la Comisión Europea. 
Finalmente, apruebo la adopción de criterios que permitan elegir, teniendo en cuenta el interés general, el mejor sitio para la implantación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea: creo que la ciudad de Lille reúne ampliamente las condiciones exigidas por esta recomendación. 
. (EN) Apoyo incondicionalmente este informe de mi colega socialista que pide el establecimiento de principios y requisitos generales de la legislación alimentaria y de la Autoridad Alimentaria Europea. 
La seguridad alimentaria es motivo de gran preocupación para la mayoría de los ciudadanos europeos y, en consecuencia, es de vital importancia que esta Autoridad sea eficaz, democrática y transparente una vez que haya quedado establecida. 
De manera que el papel propuesto para el Parlamento garantice que este organismo permanece bajo el estricto control y demuestre ser todo lo legítimo posible. 
Por otra parte, es muy deseable que la futura sede de esta Autoridad sea físicamente independiente de otras instituciones comunitarias. 
Eso garantizará su independencia y, por consiguiente, será más creíble a los ojos de los ciudadanos. 
Por último, pedimos la estrecha cooperación con los organismos pertinentes siempre que sea necesario: cuando se sospeche de la existencia de un riesgo alimentario, lo sensato es que la Autoridad capitalice los conocimientos de que disponen otras asociaciones relacionadas. 
. 
(NL) El Grupo de D-66 ha votado a favor del informe Whitehead relativo a la Autoridad Alimentaria Europea. 
D66 se muestra satisfecho con la planificación temporal de este informe, justo antes de la Cumbre Europea de Laeken. 
La cuestión en torno a la sede de la AAE no puede separarse de la cuestión, aún sin resolver, de la sede del Parlamento Europeo y del trajín de idas y venidas del PE entre Bruselas y Estrasburgo. 
Esperamos que los jefes de estado y de gobierno traten estos temas en toda su extensión en Laeken. 
Informe Bushill-Matthews (A5-0422/2001) 
Señor Presidente, el Sr. Bushill-Matthews ha informado acerca de la asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas. 
Un pensionista genovés de setenta años, Guido Facchinetti, que es un cocinero experto y ha trabajado toda su vida en varios restaurantes, me pidió que votara a favor de este documento por los motivos que ya he citado, es decir, que es bueno que las pequeñas y medianas empresas sean financiadas por Europa. 
Me dijo: "Si tuviese medios económicos, incluso a mis setenta años abriría nuevos restaurantes en toda Europa donde se prepararían trenzas al pesto, polenta a la genovesa, focachas de Recco y cazuelas de pescado de Camogli" -con perdón de los amigos peces que me estén escuchando- " porque se trata de una cocina excelente y me gustaría promocionarla en toda Europa. 
¡Pero necesito el dinero! " 
Espero que este documento le permita continuar ejerciendo su maravillosa capacidad de cocinero, italiano y genovés. 
El lanzamiento de la Iniciativa para el crecimiento y el empleo es un paso muy positivo para el aumento y la mejora de las perspectivas del empleo en la UE. 
En los últimos años a las PYME y las microempresas ha correspondido la creación del mayor número de nuevos puestos de trabajo. 
El informe presentado por la Comisión aporta un análisis objetivo del desarrollo de tres instrumentos financieros para las PYME: plan de ayuda inicial (MTE) , la Empresa Conjunta Europea (JEV) y el fondo de garantía PYME. 
Con todo, las constantes observaciones críticas del informe del Sr. Bushill-Mathews, que comparto y a favor de las cuales he votado, son muy pertinentes. 
Subrayo en primer lugar la necesidad de que en el futuro la Comisión indique claramente el grado de materialización de las previsiones sobre creación de empleo. 
En segundo lugar, la Comisión debería hacer un análisis a fondo de las razones que mueven a algunos países a tener un nivel de utilización elevado de los diversos programas y a otros registrar una tasa de utilización reducida o nula. 
A ese respecto he de decir que Portugal está entre los Estados miembros que no quedaron comprendidos en el plan de ayuda inicial (MTE) orientado a inversiones de fases iniciales en esferas de alta tecnología. 
Por lo que se refiere al fondo de garantía PYME, en el período de referencia, 31.12.200, la tasa de utilización es bastante reducida. 
Según los datos preliminares facilitados por los intermediarios financieros, fueron sólo ocho las PYME portuguesas beneficiadas por una garantía en virtud de este mecanismo, mientras que en España las beneficiarias fueron 2.812. 
Ese análisis será un indicador de la mayor importancia para la formulación y adopción de medidas de ajuste, en particular en lo relativo al acceso transparente a las informaciones, a la simplificación de los procesos de presentación de candidaturas y a la celeridad en la atribución de las asignaciones. 
. (EL) La política que ejercen la Unión Europea y los Estados miembros, empuja todos los años a la quiebra a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas (PYME) que no pueden hacer frente a la agresión del capital monopolista. 
Los signos de recesión económica son cada vez más visibles, y las primeras víctimas son las PYME y los puestos de trabajo que se pierden y que en ningún caso pueden compensarse con los puestos de trabajo limitados y por lo general de corta duración ligados a las ocasionales subvenciones. 
La propuesta de la Comisión no hace sino servir al objetivo del fortalecimiento del mercado europeo de capital de riesgo con la consagración de intermediarios financieros que ni son sometidos a control alguno ni tienen como criterio de funcionamiento la creación de puestos de trabajo. 
En las más de las ocasiones, las PYME no reciben financiación directa, dado que las solicitudes deben dirigirse a intermediarios, que son tradicionalmente "fondos de capital de riesgo", que funcionan al amparo del BEI, del que reciben créditos y garantías. 
De tal suerte que, finalmente, a excepción del Banco Europeo de Inversiones, nadie sabe ni qué PYME reciben financiación ni qué planes de financiación ni cuántos puestos de trabajo resultarán. 
Estas entidades de crédito intermediarias, que han adoptado acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones, se orientan principalmente hacia las inversiones de riesgo en sectores de alta tecnología, como informática, comunicaciones y biociencia. 
Por consiguiente, ¿de qué ayudas- y a qué ÌÌÅ- hablamos, si las pequeñas y medianas empresas tradicionales, las pequeñas empresas artesanales, comerciales y turísticas quedan fuera del marco de financiación, a pesar de sus posibilidades de promover productos innovadores? 
Se ignora de este modo el importantísimo peso específico de las PYME en la economía de cada uno de los países, cuando está demostrado que constituyen la columna vertebral del sector empresarial en Europa y han sido las únicas que estos últimos años han permitido la creación de puestos de trabajo. 
La desigual distribución geográfica de estas ayudas es particularmente ilustrativa de la agudización de los desequilibrios regionales entre los países miembros, ya que más de la mitad de las inversiones absorbidas (tanto en el plan de ayuda inicial MTE como en el fondo de garantía PYME) corresponde a Francia y Alemania, mientras que en el caso Grecia, por ejemplo, estas ayudas son insignificantes, porque «el mercado de capital de riesgo no está desarrollado». 
No nos hacemos ilusiones sobre el carácter de la política de empleo de la UE, ni sobre su política para las PYME, prácticamente inexistente, ni sobre los intereses que ésta expresa. 
Por ello consideramos pura hipocresía toda mención al empleo, a la lucha contra el paro y a la ayuda a la pequeña y mediana empresa, a través de las orientaciones de esta política. 
A estas opciones, los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios oponen sus esfuerzos y su lucha, encaminados a poner fin a semejante política y a impulsar otra que tome en consideración al ser humano y sus necesidades actuales. 
. 
(NL) Antiguamente, las pequeñas empresas eran omnipresentes. 
A lo largo del siglo y medio pasado han sido sistemáticamente absorbidas y eliminadas por grandes empresas advenedizas. 
Ha habido que esperar a los último años para ver un sorprendente resurgir en el interés que despiertan las pequeñas empresas. 
A diferencia de lo que ocurría antiguamente, les interesan a las grandes empresas porque les permite subcontratar tareas que les resultan más costosas. 
Recurren a personal externo en países con salarios inferiores o venden las partes más débiles de sus empresas a la plantilla o a los directivos. 
Los riesgos empresariales, como la amortiguación de los altibajos relacionados con el transporte y las reparaciones recaen sobre otros. 
Los costosos convenios y acuerdos colectivos para la mejora de las condiciones laborales dejan de tener validez en muchos casos. 
Para poder sobrevivir, los empleados de estas pequeñas empresas deben trabajar más que antes en la gran empresa. 
Las pequeñas empresas creen que son autónomas pero dependen totalmente del banco y de las grandes empresas con las que hayan establecido contactos. 
Por este motivo pueden dejar de existir inesperadamente en cualquier momento. 
Existen muchas probabilidades de que las ayudas públicas a las pequeñas empresas beneficien finalmente a las grandes empresas. 
No es que rechace estas ayudas sin más, porque también se dan situaciones en las que la pequeña empresa ofrece nuevas y buenas oportunidades a grupos de trabajadores, en especial a inmigrantes y pioneros en el terreno de los avances técnicos. 
. (EN) Apoyo incondicionalmente el presente informe que respalda el informe de la Comisión sobre la ayuda financiera a las PYME a través de la Iniciativa para el crecimiento y el empleo. 
Habida cuenta de las dificultades por las que actualmente atraviesa la mayoría de las PYME para acceder al mercado tecnológico, esta ayuda financiera puede significar a menudo el fracaso o el éxito de una PYME con gran potencial. 
Nos lamentamos con demasiada frecuencia de que la Unión Europea no haya sabido fomentar una cultura de innovación y espíritu emprendedor: el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es una opción de importancia decisiva con la que podemos y debemos corregir este desequilibrio. 
La petición de una evaluación minuciosa de los proyectos también merece ser acogida favorablemente: de esta manera el Plan tendrá el elemento esencial de la transparencia. 
Para impulsarlo, también es decisiva la petición de la participación del Parlamento Europeo. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2002 (modificado por el Consejo) / Nota rectificativa nº 2/2002 
(A5-0400/2001) de los Sres. Costa Neves y Buitenweg, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002, como fuera modificado por el Consejo (todas las secciones) , y sobre la carta rectificativa 2/2002 del proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2002; 
. 
(NL) Señor Presidente, señoras y señores, me complace reencontrarme con todos ustedes para explicar los puntos más importantes de la segunda lectura del proyecto de presupuestos generales de la Unión Europea, tal y como se ha redactado el 22 de noviembre. 
Nos encontramos en una de las últimas y de las más importantes etapas del, a veces, complicado proceso de aprobación del presupuesto de la Comunidad. 
Concedo un gran valor a la posibilidad de hacer esta declaración ante los diputados al Parlamento Europeo que se encuentran reunidos aquí, en sesión plenaria, en calidad de representantes de la democracia europea. 
Esta segunda lectura del Consejo ha sido precedida, en virtud del Acuerdo Interinstitucional, por una reunión consultiva del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión celebrada el 21 de noviembre. 
Creo que puedo hablar en nombre de todos los que participaron en esa larga reunión, que no finalizó hasta primera hora de la mañana, si digo que no sólo fue un éxito desde el punto de vista presupuestario, debido a que los presupuestos generales para el año 2002 ahora se podrán aprobar rápidamente, sino también desde el punto de vista político, porque hemos sido capaces de llegar a un consenso en torno al tratamiento de una serie de elementos nuevos que ha surgido desde nuestra primera lectura y a una serie de prioridades. 
Quisiera expresar mi agradecimiento en nombre del Consejo a las delegaciones del Parlamento y a la Sra. Schreyer que no ha escatimado esfuerzos para lograr este resultado. 
En primer lugar, me referiré a los nuevos elementos. 
Obviamente, empezaré con los acontecimientos del 11 de septiembre. 
En la misma línea de lo acordado en la reunión consultiva, el Consejo deseaba incluir algún mecanismo de financiación para las consecuencias de los mismos en Afganistán y en los países circundantes. 
En nuestra jerga, esto significa que las partidas presupuestarias de orientación geográfica se han aumentado, y con ello me refiero a las partidas para Asia y Tacis en el terreno de la política exterior. 
En este sentido, el Consejo ha decidido en su segunda lectura destinar un importe total de casi 488 millones de EUR en concepto de créditos comprometidos. 
Asimismo, el Consejo deseaba dejar un amplio margen por debajo del máximo fijado para el apartado 4 "Política Exterior" con vistas a posibles necesidades posteriores en estas zonas. 
Este margen encaja también en el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en torno al mantenimiento de un margen mínimo de 70 millones de EUR para posibles necesidades en Afganistán y en los países circundantes. 
También quisiera recordar que se ha acordado destinar una cantidad mínima de 35 millones de EUR de la reserva para ayuda de emergencia del apartado 6 para esas posibles necesidades. 
Estos elementos constituyen un apartado importante de los debates que hemos mantenido. 
Otro elemento nuevo y que también se trató en los debates es el programa de reconversión de la flota pesquera española y portuguesa tras la ausencia de acuerdo pesquero con Marruecos. 
En este sentido, el Consejo ha incluido una cantidad de 170 millones de EUR en concepto de créditos comprometidos enmarcados en el apartado 2 del proyecto de presupuestos y ha decidido recurrir a un instrumento flexible para la cantidad que corresponda. 
En este aspecto, hay que recordar que el Consejo, con el objeto de satisfacer los deseos del Parlamento Europeo, ha otorgado su aprobación a una partida específica de 30 millones de EUR en concepto de créditos comprometidos en el marco del apartado 2 para las zonas fronterizas con los aspirantes a Estados miembros y para el uso del instrumento flexible para la cantidad que corresponda. 
En el marco del acuerdo con el Parlamento Europeo en torno a una cantidad de 20 millones de EUR en concepto de créditos comprometidos dentro del apartado 3 para dichas zonas fronterizas, el Consejo ha aprobado el siguiente proyecto piloto: "Consecuencias de la ampliación para las zonas fronterizas". 
Este acuerdo constituyó sin duda uno de los aspectos claves del procedimiento para la aprobación de los presupuestos de 2002. 
Para hacer frente, en cierto modo, a ello, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han decidido la inclusión en el presupuesto de 2003, teniendo en cuenta los máximos fijados en Berlín, de los 27 millones de EUR que no han sido incluidos en el presupuesto de 2002 y que forman parte de los 197 millones de EUR propuestos por la Comisión en el memorando financiero en relación con el programa para la reconversión de la flota, además de los 15 millones de EUR para las regiones fronterizas. 
En lo que respecta a las prioridades, quiero recordar que el Consejo adoptó por primera vez en marzo de este año las conclusiones formales en torno a las pautas presupuestarias para el siguiente procedimiento presupuestario. 
De este modo, el Consejo ha querido plasmar sus prioridades presupuestarias para el año 2002 tal y como el Parlamento Europeo y la Comisión lo solicitaron. 
Durante las negociaciones, el Consejo ha hecho permanentemente referencia a los principios y prioridades a los que se ha mantenido fiel. 
Creo que se trata de un método adecuado porque ofrece una mayor claridad en relación con la cuestión y con el objetivo, además de incrementar la transparencia. 
Considero por lo tanto que a todos nos interesa que el Consejo siga actuando de este modo. 
Empecemos con las prioridades planteadas por el Parlamento Europeo. 
Me complace que se haya llegado a un acuerdo en el marco de la declaración conjunta en torno al control de las cantidades pendientes de pago (las RAL) y a la eliminación a medio plazo de lo que se ha venido en llamar RAL anormales. 
Quiero hacer hincapié en que las RAL anormales, que hemos definido como obligaciones persistentes para las que no se ha efectuado ningún pago a lo largo de los últimos dos años y obligaciones antiguas presentes en los presupuestos desde hace al menos cinco años, no pueden eliminarse incrementando sólo los créditos de pago, sino cancelando ampliamente dichas obligaciones. 
Creo que las medidas anunciadas por la Comisión contribuirán a que esta cuestión se solucione de manera satisfactoria a medio plazo. 
Asimismo, hemos llegado a un acuerdo en torno a una declaración sobre el perfil ejecutivo del presupuesto de 2002. 
Dicha declaración implica que la ejecución del presupuesto se distribuirá en la medida de lo posible a lo largo del año. 
De este modo se deberá evitar la llamada Fiebre de Diciembre. 
Para lograrlo, la Comisión ha previsto las siguientes medidas. 
Su intención consiste en ejecutar el presupuesto de 2002 fijándose en la ejecución del presupuesto de 2001 y mejorando los aspectos necesarios. 
La autoridad presupuestaria será informada cuando el perfil ejecutivo se aparte significativamente del perfil propuesto. 
Asimismo, el plan de ejecución del presupuesto de 2002 se remitirá desglosado en rúbricas de las previsiones financieras a la presentación del borrado de proyecto del presupuesto de 2003. 
Estoy convencido de que estas medidas responden a las enmiendas horizontales que el Parlamento Europeo ha aprobado en primera lectura, lo que nos permite tener confianza en la ejecución. 
El Consejo también ha prestado una atención especial a la prioridades planteadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, aprobando, entre otras medidas, los créditos complementarios para aprendizaje electrónico y para la inmigración. 
Obviamente, me siento satisfecho con las normativas post-CECA y con la promesa de la Presidencia española en relación con la conversión del Reglamento Financiero. 
Quisiera terminar esta última lista de prioridades importantes con una de las principales prioridades del Consejo: el incremento controlado de los créditos para los pagos. 
Volveré más adelante a esta cuestión. 
En la segunda lectura del presupuesto hemos tenido en cuenta los acuerdo alcanzados durante las negociaciones. 
Hemos tratado de aprobar un presupuesto que, por una parte, permitiera financiar todas las prioridades de la Unión Europea y, por otra parte, tuviera en cuenta los aspectos planteados tras la primera lectura sin perder de vista las necesidades reales ni la posibilidad de aplicación de los créditos. 
Quisiera tratar brevemente los demás resultados desglosados por rúbricas. 
En lo que respecta al gasto agrícola: la nota de modificaciones nº 2 ha sido admitida en su totalidad. 
Asimismo, el Consejo ha restituido las cantidades propuestas en el borrador de proyecto del presupuesto para las líneas presupuestarias que se redujeron en primera lectura y a las que no hace referencia la nota de modificaciones. 
Se ha incluido una cantidad extraordinaria de 4,5 millones de EUR, tal y como se acordó durante la consulta celebrada el 21 de noviembre, teniendo en cuenta las observaciones del Parlamento. 
En la declaración conjunta con el Parlamento Europeo se ha prestado una atención especial a la protección de los animales durante el transporte. 
Me complace asimismo que nuestras instituciones hayan llegado a un acuerdo en torno a los aspectos de esta nota de modificación que se refieren al gasto para el desarrollo rural, los acuerdos de pesca y la inclusión en el presupuesto del excedente disponible procedente del anterior ejercicio presupuestario y que asciende a 1.200 millones de EUR. 
Creo haberles ofrecido con anterioridad un resumen de los principales resultados en relación con las medidas estructurales que se traducen en una partida de 170 millones de EUR destinada a créditos comprometidos y 39 millones de EUR para créditos de pago para la reconversión de la flota pesquera española y portuguesa, además de una cantidad de 30 millones de EUR para las regiones fronterizas con los aspirantes a Estados miembros, aplicándose en ambos casos el instrumento flexible. 
En el terreno de la política interior, el Consejo ha mantenido la mayoría de los aspectos de su primera lectura, además de aceptar en parte una serie de importantes enmiendas del Parlamento Europeo, entre las que destaca la referida al aprendizaje electrónico, con 5 millones de EUR, y el fondo europeo para los refugiados con un incremento de 5 millones de EUR. 
Los ponentes han tratado de convencernos y lo han logrado, pero creo que también se debe destacar la voluntad de colaboración del Consejo. 
En esta rúbrica se engloba la financiación de una parte destacada de las medidas en favor de las regiones fronterizas con los aspirantes a Estados miembros. 
En lo que respecta a la política exterior, el Consejo no solo ha incrementado las partidas presupuestarias referidas a Asia y Tacis en 66 millones de EUR con respecto al proyecto de presupuesto, sino que también ha admitido la nota de modificaciones nº 2 referida a los acuerdos internacionales de pesca. 
En relación con la política común en materia de seguridad, se ha incluido una cantidad de 30 millones de EUR en concepto de créditos comprometidos de acuerdo con los resultado de la consulta celebrada el 21 de noviembre. 
En lo que respecta al gasto administrativo, las tres instituciones han acordado analizar en profundidad el informe de los secretarios generales sobre la evolución plurianual en el transcurso de un diálogo a tres bandas que tendrá lugar el año próximo. 
En mi opinión, aún existen numerosas opciones en este terreno. 
En relación con el presupuesto del Parlamento Europeo, el Consejo ha admitido el proyecto del presupuesto modificado y complementario nº 5 para 2001, con lo que se anticipa a los gastos para inmuebles que se incluirán en el presupuesto de 2003, con la obligación de reducir los gastos correspondientes a 2003 en una cantidad similar. 
Desde hace algunos años, el Consejo aplica en su lectura un enfoque global, lo que significa que el proyecto de presupuesto se centra principalmente en las prioridades planteadas y en la magnitud del capítulo de gastos. 
Este enfoque ha permitido al Consejo mantenerse por debajo de las cantidades máximas anuales existentes y que se fijaron en el acuerdo interinstitucional del 6 de mayo de 1999. 
Asimismo, y de acuerdo con el Acuerdo Interinstitucional, se ha podido garantizar que dentro de los niveles máximos de las previsiones financieras se disponga de margen que permitan priorizar diversas medidas comunitarias y líneas políticas. 
A la hora de redactar el presupuesto para la segunda lectura, el Consejo ha aplicado una disciplina presupuestaria tal que el presupuesto ha aumentado de forma análoga al crecimiento experimentado por los presupuestos nacionales. 
El incremento total de los créditos de pago se limita por este motivo al 2,0 %. 
Tal y como es sabido, durante la negociación del 21 de noviembre, y el marco de este acuerdo general, se alcanzó un consenso con el respaldo de la Comisión. 
El Consejo confía en que el Parlamento Europeo mantenga esta dirección durante su segunda lectura de modo que el porcentaje de incremento no supere los máximos acordados. 
Antes de proceder al debate definitivo del presupuesto, quisiera recalcar que el Consejo se ha esforzado al máximo para aplicar determinadas normas presupuestarias y disposiciones básicas en relación con las inclusiones en la reserva de créditos, la distribución de los gastos, las bases jurídicas, las actuaciones preparatorias y los proyectos piloto. 
Por este motivo, el Consejo manifiesta de nuevo su oposición al uso de reservas condicionadas por parte del Parlamento, lo cual se contradice con el Reglamento Financiero. 
Asimismo, el Consejo ha optado de nuevo por el resultado de la primera lectura del proyecto de presupuesto en relación con el título B7-1 referido al Fondo Europeo de Desarrollo, considerando que el incremento de la financiación o incluso del espacio presupuestario necesario carecería de la base jurídica suficiente y, por consiguiente, no sería posible. 
Quisiera terminar este breve resumen de la segunda lectura del Consejo recalcando que el procedimiento presupuestario se ha desarrollado en un buen ambiente. 
Tal y como ya ha ocurrido en el pasado, las negociaciones has sido intensas en algunos momentos. 
Todo el mundo ha defendido su postura con claridad, brevedad, a veces de forma prolongada, pero siempre con solidez. 
Sin embargo, el objetivo del procedimiento de consulta no se ha perdido de vista en ningún momento: llegar a un consenso, con la ayuda de la Comisión, entre los dos pilares de la autoridad presupuestaria de modo que podamos aprobar un presupuesto que permita a la Unión Europea a asumir sus retos sin dejar de lado la situación y la evolución prevista durante el ejercicio presupuestario y el programa para el 2002. 
Quisiera expresar mi especial agradecimiento y el del Consejo al Sr. Terence Wynn, presidente de la Comisión Presupuestaria, y a los dos ponentes, el Sr. Carlos Costa Neves y la Sra. Kathalijne Buitenweg, así como a todos los integrantes de la Comisión Presupuestaria con quienes he tenido el placer de trabajar a lo largo de estos seis meses de presidencia del Consejo en los que no solo he conocido el procedimiento presupuestario europeo, sino que también he llegado a sentir admiración por el mismo. 
Les agradezco su atención. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, Señorías, con la actitud constructiva de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria- el Parlamento y el Consejo Europeos- y con el apoyo de la Comisión, ha sido posible afrontar, a lo largo de las diversas fases del complejo proceso presupuestario, un conjunto de nuevos imperativos, garantizar el cumplimiento de compromisos anteriores y corresponder en lo esencial a las prioridades determinadas para 2002. 
Ante un resultado final caracterizado por el equilibrio es justo distinguir la labor de los diputados de la Comisión de Presupuestos, la contribución esencial de los ponentes de opinión de las otras comisiones, la participación responsable de los Grupos políticos, la capacidad negociadora de la Presidencia belga demostrada por el ministro Vande Lanotte, al que felicito, la competencia de los servicios de la Comisión, a los que distingo en la persona del Director General del Presupuesto, Sr. Mangasson, la atención de todo el Colegio de Comisarios y el empeño particular de la Comisaria del Presupuesto, Michaele Schreyer, a la que también felicito ahora. 
Permítanme asimismo una referencia especial, en mi nombre, al inestimable apoyo, a la contribución, de la secretaría de la Comisión de Presupuestos al buen resultado obtenido. 
Superaron con mucho el deber que corresponde a su función. 
En una rápida apreciación de los resultados obtenidos, conviene distinguir la creación de condiciones mejores para seguir mejorando la ejecución del presupuesto y garantizarle una mayor eficacia. 
Son muy importantes las declaraciones conjuntas conseguidas entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Por primera vez el Consejo ha aceptado enmiendas aprobadas en primera lectura del Parlamento, en la esfera de la Política Agraria Común, lo que brinda interesantes perspectivas de cooperación. 
También ha sido posible atender las necesidades resultantes de la inexistencia del Acuerdo de Pesca con Marruecos y de las repercusiones de la ampliación mediante la financiación de un programa de reconversión de flotas en Portugal y en España y de apoyo específico a ciertas regiones fronterizas. En cuarto lugar, ha sido posible la financiación de tres nuevas agencias con competencias en la esfera de la seguridad marítima, la seguridad aérea y la calidad alimentaria. 
Destaco también el fortalecimiento de la capacidad de acción en la esfera del e-learning y el relieve particular concedido a la reacción ante la dramática situación de los refugiados. 
También se recogen el apoyo a la reforma de la Comisión y el avance en la preparación de la ampliación. También es digno de mención el respeto de los compromisos anteriormente contraídos, ya sea en el marco de la Agencia 2000, en cuanto a la Política Agraria Común y a los Fondos estructurales, en el de los programas resultantes de la decisión o en la esfera de política de acción exterior. 
Claro, que se perfilan, como es lógico, nuevos imperativos para el futuro. 
Destaco lo siguiente: las asignaciones necesarias para los gastos de las categorías III- Políticas interiores; IV- Políticas exteriores y V- Gastos administrativos son objeto de enorme presión y, aunque la situación esté controlada por ahora, no debemos hacernos falsas ilusiones. 
En los próximos años volverán a plantearse los problemas y las soluciones resultarán cada vez más difíciles. 
En ese marco destaco y lamento la rigidez de la estructura presupuestaria resultante de las Perspectivas Financieras en vigor, a la que se debe que en algunas categorías existan saldos importantes y en otras la situación sea cada vez más complicada. 
¿Quién puede entender que, con las dificultades existentes en diversas esferas, como en las acciones exteriores, haya habido en el 2000 un saldo de once mil millones de euros, casi el 14 por ciento del gasto total? 
Hay que tener valor para adoptar a tiempo las soluciones que en este caso resultan tan evidentes. 
Simultáneamente es necesario reafirmar que la división de los gastos del presupuesto en obligatorios y no obligatorios es completamente anacrónica y, a la luz de los más elementales principios de la democracia, es inaceptable que se limite la competencia efectiva del Parlamento a los gastos no obligatorios (casi la mitad del presupuesto) e incomprensible que no tengamos competencia en cuanto al sistema de ingresos. 
El presupuesto para 2002 está ahí y creo que merece la aprobación de sus Señorías. 
En cuanto a las tareas para el futuro y al nuevo papel del Parlamento Europeo en el proceso presupuestario, aquí estaremos para afrontarlas. 
¡Muchas gracias de nuevo a todos! 
. 
(NL) Señor Presidente, ya se han dirigido palabras de agradecimiento hacia la Sra. Schreyer y hacia la Presidencia belga por su esfuerzo, así como a todos los colegas y colaboradores. 
Por este motivo, quisiera dirigir mi agradecimiento en especial a mi colega, el Sr. Costa Neves, por el trabajo realizado a lo largo del último año. 
Por la tranquilidad y la precisión con la que ha procedido, por la disposición a tomar en serio las ideas de otros, incluso de los grupos más pequeños, y por el modo en que durante las consultas ha logrado que todos nos pusiéramos de acuerdo, lo que sin duda es un gran mérito. 
Al inicio del procedimiento presupuestario, los mayores obstáculos para el presupuesto de 2002 parecían encontrarse en la rúbrica 5. 
Obviamente, eso me produjo alegría como ponente. 
Sin embargo, una vez llegados a diciembre, podemos afirmar que el Sr. Costa Neves ha sido de nuevo capaz de centrar todo el protagonismo porque la rúbrica 4 ha empezado a hacer aguas. 
Por tercer año consecutivo, hemos tenido que complementar el presupuesto con 200 millones a través del instrumento flexible. 
Por lo tanto, sigue siendo necesario hacer cabriolas para financiar las tareas políticas de la Unión Europea. 
No obstante, este año también se ha logrado llegar a un acuerdo con el Consejo. 
Sin embargo, en lo que respecta a mi Grupo, nuestro respaldo no es incondicional, lo que se debe a los trágicos rituales y costumbres del procedimiento presupuestario. 
El Presidente del Consejo alaba el método presupuestario comunitario y es cierto que este método ha desembocado en acuerdo desde que existe, aunque el baile presupuestario anual se ha convertido en un proceso algo irracional. 
La Comisión plantea una propuesta, el Consejo quita una buena cantidad de dinero, el Parlamento vuelve a añadir otra cantidad y con eso tenemos que alcanzar un resultado en la famosa consulta. 
A veces he llegado a plantearme parar el baile en la rúbrica 5 y mantener algunas de las rebajas del Consejo, como las referidas al Tribunal de Justicia. 
Me parecería curioso ver cómo el Consejo se enfrenta a las consecuencias de sus actos y de su obsesión unilateral de mantenerse muy por debajo del techo de las previsiones financieras. 
Me arrepiento de no haberlo hecho. 
Unos y otros me dicen que tenía que haberlo hecho. 
No lo he hecho porque hubieran pagado, como siempre, justos por pecadores. 
Esta opinión en torno a la asunción de responsabilidades enlaza perfectamente con la idea que propusimos en la primera lectura y que consiste en que las promesas políticas de los líderes políticos deberían ir acompañadas de una etiqueta de financiación. 
Hemos acumulado una valiosa experiencia en la reconstrucción de los Balcanes y creo que sería justo y equitativo si en el futuro se dijera lo que van a costar las nuevas tareas- lo que constituye simultáneamente una promesa- o que, por ejemplo, para conceder ayudas a una región en situación crítica se vaya a restar dinero para proyectos de paz en Oriente Medio o para proyectos contra los abusos sexuales en Sudáfrica. 
En cualquier caso, uno de los puntos positivos en esta ocasión es que la ayuda a Afganistán ha ocupado un lugar prominente en la negociación, a diferencia del caso de los Balcanes, y las promesas no se han hecho primero en las conferencias de donantes, tras lo cual nos tocaba a nosotros buscar las soluciones, sino que se han tratado en la negociación. 
Espero que no se haya tratado de una feliz coincidencia temporal, sino que sea el comienzo de una evolución positiva. 
Otro aspecto sorprendente del procedimiento presupuestario es la ejecución del presupuesto y en este aspecto también el Parlamento cae en vanas promesas. 
Empezamos pidiendo decenas de millones de euros más para, por ejemplo, Sudamérica, sin poder encontrar un motivo concreto que justifique que el año pasado sólo se ha empleado el 60 por ciento del dinero destinado a tal efecto. 
Y todos los años nos proponemos de nuevo- lo que no constituye ninguna excusa para no hacerlo- efectuar un mejor seguimiento y control de la ejecución del presupuesto por parte de la Comisión. 
Mi Grupo primará, por consiguiente, este aspecto de cara al presupuesto de 2003. 
Presidente, no obstante, mi Grupo se muestra satisfecho con las modificaciones introducidas en el presupuesto del Consejo en el terreno del gasto en política exterior. 
No se trata de mucho dinero pero el hecho es significativo. 
Ha quedado constancia de que el Parlamento opinará a partir de ahora acerca del presupuesto del Consejo para gastos operativos, lo que representa una victoria. 
Presidente, el presupuesto es un medio y no un objetivo en sí mismo. 
Sirve para financiar nuestras actividades para los ciudadanos en Europa y fuera de nuestras fronteras y si hay un eslogan que cada vez ha de sonar más entre los políticos europeos es el de que Europa debe estar más cerca de ciudadano. 
Hay pocos ciudadanos que se sientan tan cercanos a nosotros como los vecinos de Elsene, el barrio de Bruselas en el que nos encontramos, y me siento muy satisfecho por la resolución que nos ocupa y en la que se nos insta a plantear claramente nuestras necesidades antes de desarrollar proyectos para nuevos edificios parlamentarios y a tener en cuenta los intereses de los vecinos del barrio. 
Quiero dar las gracias a la Mesa por sus esfuerzos y espero que la audiencia prevista arroje resultados positivos en relación con la conservación de la antigua estación monumental. 
Es importante que tengamos grandes visiones pero también es importante que sepamos ver las consecuencias prácticas de las mismas. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera excusarme ante el Pleno porque me debo ausentar, ya que tengo obligaciones debidas a mi cargo de Vicepresidente dentro de pocos minutos y, por lo tanto, no podré asistir al conjunto del debate. 
El informe que me cabe el honor de presentar trata de una aportación importante al sistema de presupuestación y programación de la Comunidad. 
Tuvimos un acuerdo, basado en la Declaración común de 20 de julio de 2000, en el que establecíamos un sistema de programación y verificación de las actividades de la Comisión, respecto a las Perspectivas Financieras. 
Ello tenía como objetivo servir de guía a las decisiones de la Autoridad Presupuestaria, ofrecer una visión de los márgenes disponibles en cada rúbrica, teniendo en cuenta las dotaciones aprobadas para los programas ya en codecisión, y facilitar la aplicación del nuevo procedimiento de evaluación derivado de la mencionada Declaración común. 
Estamos ahora en un ejercicio importante y, por primera vez- se lo agradeceremos a la Comisión -, nos ofrece esta posibilidad de ver la programación de las rúbricas 3 y 4, respecto a nuestras actividades. 
Hay una cuestión que nos interesa, una cuestión muy metodológica, sobre cómo programar en el futuro los programas ya en curso, y hay un sólo punto que nos preocupa: para algunos programas, para algunas líneas presupuestarias, se incluye una inflación futura, por medio de lo que la Comisión denomina un deflactor presupuestario, y que, en nuestra opinión, más bien sería un inflactor presupuestario. 
Ahí tenemos una contradicción técnica. 
Las Perspectivas Financieras están expresadas en euros constantes, mientras que la programación trabaja en euros corrientes de cada año. 
Resultado: no sabemos realmente, cuando llegamos a un acuerdo, cuál puede ser el valor que tendremos para el último ejercicio porque dependerá de la inflación real. 
Cualquiera que haya sido sindicalista sabe que se puede mentir con estadísticas de muchas maneras y ésta es una de ellas: mezclar precios corrientes y precios constantes; y, por lo tanto, no insistiré. 
Les voy a dar un ejemplo: al ocultar la inflación futura en el programa marco, la Comisión llega a que, con sus cifras, entre 2002 y 2006, tendremos un incremento en las dotaciones anuales del 14,3 %. 
La inflación nos está escondiendo que, en el fondo, tenemos realmente sólo un incremento del 4,9 %. 
Éste es el incremento real. 
Lo otro, la diferencia hasta el 14%, es la inflación. 
Es esto lo que no nos gusta. 
La Comisión decía el otro día en la Comisión de Presupuestos que con el euro la inflación a muerto. 
¡Loado sea el Señor! , lo acepto, pero yo soy de la escuela de Santo Tomás y prefiero, en estas cosas, tocar para creer. 
Cuando haya comprobado que ha desaparecido la inflación, aceptaré suprimir este tipo de diferenciaciones entre precios constantes y corrientes y, por lo tanto, ahí está el meollo de nuestro punto de vista. 
Lo demás, es decir, todo el resto del trabajo de la Comisión, lo encontramos excelente. 
Nuestra preocupación es realmente evitar la situación de que, con su técnica, cuanto mayor sea la inflación real, mayor será el margen disponible. 
Es un contrasentido y, por lo tanto, nuestra petición, incluida en la propuesta de resolución, es muy sencilla: si a la Comisión le conviene continuar trabajando, por los motivos que sean, en términos de euros corrientes, que lo haga, pero los datos que nos ofrezca al Parlamento que estén también expresados en euros constantes. 
Éste sería el punto central de nuestro informe. 
Por lo demás, quiero felicitar a la Comisión por el esfuerzo que ha hecho de ofrecernos por primera vez estos datos. 
El informe lleva mi nombre porque la persona que ha realizado todo el trabajo, el ponente permanente de las Perspectivas Financieras, Sr. Colom i Naval, decidió, tras haberlo meditado detenidamente, que no podía presentarlo al Parlamento. 
Conozco sus razones. 
He hablado con él sobre ellas. 
Respeto esas razones, pero me entristece que no sea él quien presenta el informe. 
Durante los últimos tres años, el instrumento de flexibilidad ha sido el aspecto principal del presupuesto y ha eclipsado todo lo demás. 
En esta ocasión, lo estamos utilizando para dos programas, como han dicho otros oradores antes que yo. 
No necesito explicar lo que es, pero sí debo exponer un pequeño problema que aún no hemos resuelto, es decir, de dónde sacaremos el dinero restante- los 27 millones de euros para la reconversión de la flota pesquera española- en el presupuesto después del año próximo. 
Éste sigue siendo un problema sobre el que estoy seguro de que la Comisión hará uso de su creatividad e inventiva cuando llegue la hora del presupuesto de año próximo- asegurarse de que se encuentran los fondos porque no hay duda de que esperamos que lo haga. 
Cuando se aprobó el Acuerdo Interinstitucional, el instrumento de flexibilidad fue uno de los puntos que ambas partes aprobaron a regañadientes- una parte lo hizo a regañadientes porque, de todas maneras, existía mucha resistencia al Acuerdo Interinstitucional. 
No olvidemos que este Parlamento lo aprobó por mayoría simple, no por mayoría cualificada. 
Fue un problema en sí mismo. 
Al Consejo no le gustaba la idea realmente. 
Si recuerdo bien, fue la Comisión la que lo propuso para salir del punto muerto. 
Fue una buena cosa que lo propusiera porque 'nos ha salvado el pellejo' durante los últimos tres años. 
En primer lugar, tuvimos el gran debate sobre cómo financiar Kosovo. 
El Consejo no quería utilizarlo y hubo que esperar hasta el último minuto, si recuerdan aquella famosa ocasión en esta Asamblea en que cada uno teníamos dos listas de votación. 
El año pasado fue sobre cómo financiar Serbia. Eso era un problema de por sí, y ahora en esta ocasión tenemos cómo financiar la reconversión de la flota pesquera y también las iniciativas transfronterizas. 
Estos últimos tres años han puesto de manifiesto la qubradiza estructura de las Perspectivas Financieras. 
Estoy seguro de que ésta es una observación que el Sr. Colom i Naval habría hecho. 
Tenemos una situación en la que las Perspectivas Financieras presentan graves problemas en las rúbricas3, 4 y, desde luego, la rúbrica 5. 
A menos que el Parlamento y el Consejo comiencen a alcanzar algún tipo de acuerdo sobre cómo financiar estas rúbricas en el futuro, las consecuencias estarán a la vista de todos. 
Son las consecuencias de la preampliación. 
No es necesariamente la ampliación propiamente dicha. 
Los preparativos para la preampliación serán un dolor de cabeza tan grande como la propia ampliación. 
También tenemos las necesidades de Afganistán, o quizás deba decir las desconocidas necesidades de Afganistán. 
¿Qué vamos a hacer al respecto? 
¿Qué vamos a hacer si conseguimos el tan deseado acuerdo de paz en Oriente Próximo? 
¿De dónde saldrán esos fondos? 
En la actualidad no hay cabida en la rúbrica 4. 
He oído rumores de que la Comisión podría proponer un instrumento de flexibilidad adicional para la rúbrica 4. 
Si lo hace, será un añadido satisfactorio, pero si obtiene o no la aprobación del Consejo es otra historia. 
Esta actitud de esconder la cabeza en el arena no puede prevalecer si intentamos ser serios sobre cómo gestionamos el presupuesto de la Unión y los gastos de los contribuyentes en el futuro. 
Las negociaciones con la Presidencia belga en la segunda conciliación fueron un 100% mejores que la primera conciliación, que fue una pérdida de tiempo, como hice saber la vez anterior. 
Al menos en esta ocasión ha sido bueno negociar con los belgas, al igual que la última vez cuando fui ponente general del presupuesto de 1994. 
Hay ámbitos en los que tenemos nuestras diferencias, como en la rúbrica 3, en la que siempre hemos tenido dificultades. 
En la rúbrica 5, uno de los ámbitos principales en los que discrepamos es nuestro apoyo a la Comisión en su programa de reforma, especialmente, sobre el plan de establecimiento y las partidas necesarias. 
No obstante, aunque hemos llegado a un acuerdo sobre el plan de establecimiento, la Comisión de Presupuestos ha aprobado una tercera parte de dichas partidas en la reserva, aunque por una mayoría de un voto. 
Los coordinadores y el ponente están realizando grandes esfuerzos para intentar garantizar que llegamos a una posición que garantice la mayoría cualificada el jueves, porque de lo contrario, podría imponerse la posición del Consejo, que en nada contribuiría al proceso de reforma de la Comisión como queremos que la haga. 
He leído la carta que los Comisarios Schreyer, Kinnock y de Palacio han escrito, en la que declaran que se han cumplido las condiciones para la liberación de la reserva. 
Si no fuera presidente de la Comisión de Presupuestos, diría que coincido con esos sentimientos, pero puesto que soy presidente de la Comisión de Presupuestos, no podía decir algo así de ninguna de las maneras. 
Quiero que sepan que, ojalá, entre la votación del jueves y un futuro no demasiado lejano, todos nos encontremos en una situación desde la que podemos ver cómo las propuestas de la Comisión cristalizan y que nos permita seguir adelante con la tarea de convertir Europa en el lugar que los ciudadanos esperan que sea y no se le relacione con el gran halo de misterio que para demasiados de ellos representa en estos momentos. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe anual de la Comisión sobre las redes transeuropeas ofrece una visión panorámica de la asistencia comunitaria en los tres sectores principales de dichas redes- transportes, energía y telecomunicaciones -, procedente tanto del presupuesto general de la Unión como de otras fuentes comunitarias, como la BEI y el Fondo de Cohesión. 
Considero que, en conjunto, se trata de un buen informe, si tenemos en cuenta, entre otras cosas, que 1999 fue un año decisivo para este sector; en efecto, en 1999 se sucedieron la modificación del Reglamento Financiero, la aprobación del marco financiero 2000-2006 y la creación de ISPA; durante dicho año, se destinó el 50 por ciento de la financiación a trabajos relacionados con las infraestructuras de transportes y a la determinación de GALILEO como nuevo y prioritario proyecto de las redes, lo que no significa que no haya que hacer reproches a la Comisión; se debe sobre todo al tipo de informes que nos ha presentado y no a la ejecución de las redes transeuropeas. 
El primer reproche que he de hacer al informe se refiere a la falta de referencias al desarrollo cualitativo de los proyectos TEN. 
Con mucha frecuencia el principio y la conclusión de los proyectos han requerido mucho más tiempo del previsto a causa de las diferencias de procedimiento y de un déficit de coordinación. 
En varios casos, los Estados miembros han tenido prioridades diferentes, en tanto que la noción de partnership, pública o privada, no está aún demasiado desarrollada. 
Sería, por tanto, necesario en el futuro que la Comisión adjuntara en sus informes datos suplementarios sobre sus proyectos, tales como los planes originales, los calendarios y los resultados obtenidos. 
De ese modo aumentaría ante todo la transparencia y, consecuentemente, también las posibilidades de llevar una supervisión efectiva y productiva de la situación. 
En segundo lugar, en la evaluación financiera de las redes deberían figurar las informaciones relativas a las financiaciones provenientes de los presupuestos locales, regionales y nacionales, así como de los privados, habida cuenta que de esas fuentes procede alrededor del 80 por ciento de los fondos totales. 
Así se podría tener un panorama global del estado de las financiaciones y controlar el mantenimiento de los compromisos contraídos al respecto por los Estados miembros. 
En tercer lugar, considero que los recursos financieros disponibles para las redes son demasiado limitados en relación con los continuos cambios que debe afrontar el sector de los transportes. 
El porcentaje de las actividades relacionadas con las redes financiadas con cargo al Presupuesto General disminuye constantemente, mientras que los créditos del BEI cubren- y conviene subrayarlo- más de las tres cuartas partes de las financiaciones en ese sector. 
En mi opinión, se deberá revisar el plan financiero de los transportes de las redes para adecuarlo a las necesidades reales, sobre todo habida cuenta de las recaídas en otros sectores como, por ejemplo, el del medio ambiente. 
Por último, finalmente, habrá que afrontar con seriedad la cuestión del tráfico por carretera, cuyo constante incremento se opone a los objetivos que se perseguían con la creación de las redes. 
Considero que se debe a la falta de cooperación transfronteriza, carencia que necesariamente mina la operabilidad y la promoción del sistema de vehículos rodados. 
Evitar este problema requiere, en mi opinión, trasladar de manera gradual la atención de los proyectos prioritarios de Essen y de los proyectos de infraestructuras nacionales a los proyectos de tránsito y a los proyectos transfronterizos, de modo de afianzar la política de transporte sostenible y promover la integración entre los distintos medios de transporte. 
Para concluir, quisiera referirme también al Presupuesto que nos disponemos a votar. 
Creo que hemos superado dos dificultades políticas no indiferentes, que reflejan las necesidades suplementarias surgidas a la luz de los cambios en la situación internacional. 
En la segunda lectura, hemos dejado un amplio margen para la ayuda al Afganistán y a sus regiones limítrofes y con el Consejo hemos acordado el importe de 488 millones de euros para la cooperación con los Estados asiáticos en vías de desarrollo. 
Una vez más hemos dado muestras de nuestra sensibilidad política y hemos brindado nuestro apoyo a la política exterior y de seguridad común. 
Era impensable suponer una ausencia de la Unión en un momento como este, así como también lo era la hipotética defección del Parlamento tras la explícita petición del Consejo. 
Por otra parte, esto no significa que todo vaya bien y que debamos silenciar las críticas. 
Sin embargo, he de felicitar especialmente al ponente Costa Neves, a la Sra. Buitenweg y a toda la secretaría, que nos ha asistido y secundado incluso en los momentos difíciles. 
Señor Presidente, señor ministro Vande Lanotte, Señorías, el presente resultado de las negociaciones sobre el presupuesto es aceptable. 
Durante el tiempo de las negociaciones sobre el mismo- es decir, desde la presentación del anteproyecto hasta el día de hoy- se han planteado muchas exigencias nuevas al presupuesto europeo. 
Acontecimientos políticos mundiales, los atentados terroristas del 11 de septiembre, la guerra en Afganistán y la crisis en Cercano Oriente han planteado nuevos requerimientos. 
Las crisis en el sector agrario que hemos tenido este año han provocado nuevos requerimientos también para el próximo ejercicio presupuestario y se deben tener en cuenta las modificadas esperanzas de los ciudadanos. 
Hemos logrado adaptar conjuntamente el presupuesto 2002 a estos nuevos desafíos y ante las frecuentes críticas que se realizan a la Unión Europea deberíamos subrayar este buen resultado en voz alta y con rotundidad. 
Se ha logrado gracias al estilo negociador muy equilibrado y cooperativo de usted, señor Costa Neves, por lo que le felicitamos encarecidamente. 
Se ha logrado gracias al estilo estricto pero muy abierto al compromiso del presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Terry Wynn y se ha logrado gracias al hábil estilo de negociación en el momento decisivo del Presidente del Consejo- usted, señor Vande Lanotte. Quiero expresar a todos ustedes y a la ponente, la Sra. Buitenweg, al Sr. Colom i Naval, a toda la comisión y también a usted, Sr. Turchi, mi encarecido agradecimiento en nombre de toda la Comisión por la fructífera cooperación. 
También deseo mencionar al Sr. Seppänen. 
Tenía la histórica tarea de presentar el informe sobre el último presupuesto de la Comunidad Europea para el Carbón y el Acero. 
Se puede calificar también de casi histórico el importe del presupuesto europeo, es decir, la cuota presupuestaria de la UE. 
La proporción del presupuesto en el producto social bruto es para el año próximo inferior que en la totalidad de los años noventa. 
Se va a encontrar en sólo el 1,03 % del producto social bruto europeo. 
El presupuesto de la UE permanece con ello en 4.600 millones de euros por debajo del importe que se había previsto en la planificación financiera para el próximo año. 
4.600 millones de euros son casi el 5% de la totalidad del presupuesto o, dicho de otro modo, en la planificación financiera se había calculado que el presupuesto para el año 2002 podía ser un 5% superior a lo que se ha acordado ahora. 
Lo subrayo porque, en primer lugar, es expresión de disciplina presupuestaria en el nivel europeo y, señor ministro, porque el presupuesto europeo queda con ello por debajo de la media de crecimiento de los presupuestos de los Estados miembros. 
También se debe destacar esto. 
En segundo lugar, este resultado muestra también que se ha creado margen de actuación para hacerse cargo de nuevas tareas financieras, lo que digo en especial de cara al debate sobre los costes de la ampliación. 
Es decir, Europa, el presupuesto europeo, están listos para hacerse cargo de nuevas tareas. 
Las ayudas a Afganistán para impulsar un desarrollo pacífico en este país, son una nueva tarea de la que la Unión Europea debe hacerse cargo y se hará cargo. 
Para ello, en el presupuesto 2002 se ha adoptado una previsión con 130 millones de euros adicionales a los créditos que ya existen para la ayuda humanitaria. 
Este es un buen resultado precisamente también porque sería fatal si redujésemos nuestros compromisos en los Balcanes. 
Esto no debe ocurrir y para los Balcanes está a disposición el mismo importe que este año, si bien una parte ya se ha podido adelantar en la financiación a final del ejercicio presupuestario. 
También siguen siendo necesarias ayudas para Palestina. 
Compensamos junto con otros donantes una parte de la pérdida de ingresos que sufre la Autoridad Palestina porque Israel retiene ingresos fiscales y aduaneros como consecuencia de la escalada del conflicto. 
Se controla exactamente el empleo de esos créditos en Palestina. 
Es supervisado por el Fondo Monetario Internacional y no hay indicaciones de que estos fondos sean usados para la compra de armas. 
Esto sería totalmente inaceptable. 
La Unión Europea apoya el sistema sanitario y de educación. 
Queremos utilizar las ayudas para mantener abierta la oportunidad de un proceso de paz. 
Este es nuestro objetivo y estoy muy satisfecho de que el ministro Peres haya subrayado ayer en la conferencia de prensa del Consejo que también Israel considera importante esta ayuda financiera para Palestina. 
La Unión Europea está adquiriendo más responsabilidad política en el mundo, lo que es positivo. 
Esto significa un mayor compromiso en las gestiones civiles de las crisis. 
Esto exige créditos financieros y ustedes saben- lo que ha subrayado el presidente de la Comisión de Presupuestos- que las normas presupuestarias no son tales que se puedan emplear sencillamente para gastos adicionales en la política exterior créditos que queden libres en cualquier otro lugar. 
De los 4.600 millones de euros que el presupuesto del 2002 va establecer bajo el titular de planificación financiera, no podemos tomar sencillamente 400 ó 500 millones de euros para superar crisis de política exterior. 
Tampoco podemos emplear sencillamente créditos del excedente del presupuesto para financiar nuevos requerimientos. 
Por ello, la Comisión ha propuesto crear para este compromiso adicional de política exterior una reserva adicional mediante el acuerdo del Consejo, el Parlamento y la Comisión y creo que esta es la vía ideal para no tener que desajustar la planificación financiera pero por otro lado salir al paso también conjuntamente de los nuevos desafíos de la Comunidad y hacer justicia a los mismos. Sería positivo si el Consejo de Laeken pudiese pronunciarse a favor de esta vía. 
Nuevo en el presupuesto 2002 son las estimaciones de créditos para medidas destinadas a la cooperación en el ámbito de la justicia, entre otras cosas, para el desarrollo del nuevo sistema de información de Schengen y Eurojust. 
Es algo totalmente nuevo que en el presupuesto de la Comisión se estimen créditos para ello. 
Nuevo es también el programa para la reestructuración de la flota de pesca española y, en parte, también portuguesa, que hasta ahora podían pescar en aguas de Marruecos. 
La Comisión saluda que la autoridad presupuestaria haya seguido la propuesta de la Comisión tanto en lo referente al importe de este programa especial- 197 millones de euros- como en lo referente a la configuración concreta de los programas y a la financiación por parte de la reserva de flexibilidad. 
No ha sido realmente fácil encontrar un compromiso con los requerimientos de poner a disposición de las regiones fronterizas créditos adicionales en el presupuesto 2002. 
Pero el compromiso de prever para ambos requerimientos una parte de los créditos adicionales para el 2003, es aceptable y puedo asegurar que la Comisión va a presentar para el 2003 las correspondientes propuestas financieras, de modo que también para el programa de reestructuración de la flota en España y Portugal van a estar a disposición los créditos. 
Ahora depende de España y de las regiones fronterizas aplicar con rapidez los programas que reciben créditos adicionales y la Comisión va a ofrecer su ayuda para ello. 
Pues está claro que la población, los pescadores en España y las pequeñas y medianas empresas de las regiones fronterizas así lo esperan. 
El Parlamento ha apoyado también este año en los debates presupuestarios a la Comisión en su proceso de reformas, además de un modo vehemente. 
Quiero expresar por ello en nombre de la Comisión mi agradecimiento. 
Sin embargo, me voy a referir a un punto, el muy importante punto relativo a la reserva para los 105 nuevos puestos previstos hasta ahora. 
En la Comisión de Presupuestos, han establecido dos condiciones para el levantamiento de la reserva. Primera: la Comisión debe realizar una propuesta para un sistema permanente de jubilación adelantada. 
La Comisión ya lo incluyó en sus directrices orientativas sobre la política de personal y va a introducir una propuesta para modificar el estado en la consulta. 
Respecto a la segunda condición: la coordinación entre las decisiones presupuestarias y el programa de trabajo de la Comisión. Esto fue objeto de debate esta mañana y la Comisión promete que a partir del próximo año va a presentar antes las iniciativas más significativas que tengan repercusiones presupuestarias. 
También puedo asegurarles personalmente que voy a apoyar este aspecto, para que esté claro a tiempo en el proceso presupuestario qué repercusiones presupuestarias van a acarrear nuevas propuestas legislativas para el siguiente año. 
Espero que en este punto lleguemos también a un buen resultado. 
El 2002 es un año importante para la política agrícola. 
Hay que presentar un balance intermedio en este campo. 
El Presupuesto agrario va a crecer el próximo año sólo un 0,5 %, lo que es inferior a la media y eso a pesar de que existen por ejemplo 400 millones de euros en el presupuesto para devoluciones de pagos a los Estados miembros debido a la fiebre aftosa y a pesar de que, por ejemplo, en el sector, de la carne de vacuno hay a disposición en total 8.000 millones de euros. 
La reforma, la midterm review, no sólo tiene una dimensión financiera sino que se trata también de los objetivos de la política agraria y aquí desempeña un importante papel el segundo pilar, la promoción de las áreas rurales. 
Respecto al programa SAPARD, las ayudas agrícolas para la preadhesión, la Comisión sigue considerando que la propuesta para un nuevo programa no es la vía adecuada. 
El 2002 va a ser también un año muy importante para la ampliación de la Unión Europea. 
Para los países más avanzados se quieren concluir las negociaciones y esto significa concretamente que concluirán las negociaciones de las repercusiones presupuestarias sobre la política agraria, la política estructural y el mismo presupuesto. 
A finales de junio del próximo año, el Consejo quiere determinar su posición común para el capítulo presupuestario. 
Este capítulo representa la conclusión de las negociaciones para la adhesión. 
La Comisión ha acordado ya que va a presentar una propuesta que no vaya más allá de los importes que se determinaron en la Agenda 2000 para los años 2004, 2005 y 2006 para nuevos miembros. 
Esto se determinó también en el Acuerdo Interinstitucional. 
Por lo tanto, la Comisión cuenta con el apoyo de la autoridad presupuestaria que no estén a disposición más que estos importes anuales, pero tampoco menos. 
2002 es también el año en el que la Convención para la reforma de los tratados europeos inicia sus trabajos. 
Nos encontramos casi en las vísperas de la cumbre de Laeken y del programa de trabajo para la Convención. 
Un importante tema de futuro de la misma va a ser el derecho presupuestario del Parlamento. 
El resultado de las negociaciones presupuestarias del 2002 es aceptable y va a hacer justicia de nuevo a los desafíos. 
Sin embargo, para el futuro debería estar claro que el Parlamento Europeo necesita por fin unos derechos presupuestarios completos. 
Esta es una piedra de toque para el desarrollo democrático de la Unión Europea. 
Sr. Presidente, quisiera informar de que al término de la reunión entre el Presidente Verhofstadt y el Presidente Berlusconi se ha alcanzado un acuerdo sobre la orden de busca y captura europea. 
Italia firmará la propuesta, si bien se ha remitido al Parlamento italiano la intervención necesaria para modificar la Constitución italiana, dado que- como expresaron algunos Presidentes eméritos del Tribunal Constitucional- la orden de busca y captura europea se contradice con la citada Constitución. 
Así, pues, el Presidente del Consejo italiano se ha dirigido al Parlamento a fin de que éste modifique la Constitución. 
En estos momentos está comenzando la conferencia de prensa en la que se hará pública la noticia. 
Muchas gracias, señor Tajani. 
Creo que se trata de una buena noticia para todos. 
. Señor Presidente, yo quisiera dar las gracias al ponente general del presupuesto, Sr. Costa Neves, por los esfuerzos desplegados para alcanzar un presupuesto equilibrado, razonable y respetuoso con las competencias y prerrogativas de este Parlamento. 
Ahora se trata de asegurar la máxima eficacia en la gestión y, por ello, me dirijo a la Comisión Europea y le pido que gaste el dinero de forma equilibrada entre todas las áreas geográficas, pues no creo que sea lícito sustraer las prioridades establecidas por el Parlamento mediante la redistribución de los créditos a fin de ejercicio. 
Para ello, es evidente que la Comisión tiene que dotarse de los recursos humanos necesarios, y la Comisión de Asuntos Exteriores ha pedido, particularmente en lo que se refiere a la gestión de la ayuda exterior, que la Comisión pueda disponer de esos recursos humanos que le permitan realizar la gestión eficaz a que nos referimos. 
Para terminar, señor Presidente, comparto la preocupación expresada por otros colegas, porque, para financiar nuevas prioridades en ejercicios sucesivos, habrá que contar con nuevos recursos, para que no se pongan en peligro los compromisos asumidos por la Unión Europea en la acción exterior. 
. (EN) Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente que ha llegado casi al final de la segunda lectura. 
Debo recordarle, desde el punto de vista del control, que esperamos y confiamos en que mantenga un vivo interés en cómo la Comisión ejecuta el presupuesto el año próximo y cómo lo impulsa hacia delante en lo sucesivo. 
La Comisión de Control Presupuestario ha presentado varias enmiendas al presupuesto para obtener información y evaluaciones adicionales de la Comisión. 
Este año estamos avanzando realmente. 
Es una táctica que hemos decidido utilizar también en los próximos años. 
También nos gustaría dar las gracias a la Comisión de Presupuestos por permitirnos dar nuestra opinión sobre las transferencias, en las que estamos especialmente interesados. 
Por último, expreso, una vez más, mi agradecimiento al ponente por haber demostrado un verdadero interés en la enmienda relativa al Tribunal de Cuentas. 
En la comisión la seguiremos de cerca porque tenemos entendido que el Tribunal de Cuentas acudirá a nosotros a pedir más dinero, personal y recursos en el futuro. 
Estamos muy interesados en ver cómo evoluciona la situación de este año durante el transcurso de 2002. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, desearía comenzar por felicitar, a mi vez, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas, al ponente general, el Sr. Costa Neves. 
Haré extensiva estas felicitaciones y este agradecimiento a todos mis colegas de la Comisión de Presupuestos. 
Es un raro privilegio- cuya importancia valoro como ponente de una comisión- poder decir que todas las peticiones (éstas eran, naturalmente, legítimas y estaban bien estudiadas) que habíamos formulado han sido aceptadas por la Comisión de Presupuestos y presentadas nuevamente en el Parlamento en segunda lectura. 
Desearía, pues, dar las gracias al ponente general y a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos. 
Dicho esto, querría apelar directamente al Consejo, a su capacidad de discernimiento- me atrevería a decir- porque sé que, sin duda, el Sr. Vande Lanotte lo comprenderá. 
Hace cuatro años, señor Presidente, el Parlamento Europeo había propuesto la creación de un Fondo Europeo para los Refugiados, y el Consejo, en segunda lectura, lo había rabiosamente borrado de la lista. 
No hay Fondo Europeo para los Refugiados. 
Han pasado cuatro meses y he aquí que el Consejo acaba de proponer para el Fondo Europeo de Refugiados, cuya creación había rechazado, más dinero del que nosotros mismos habíamos solicitado. 
Pero el Consejo necesitó cuatro años para comprender, para ser responsable y, con perdón de usted, para ser inteligente. 
Otro ejemplo: hace varios años que inscribimos también en primera lectura del presupuesto una lista Schengen, porque hace muchos años que desearíamos que algunos de sus elementos fuesen comunitarizados y financiados con el presupuesto comunitario. 
Cada año el Consejo borraba rabiosamente la línea Schengen de la segunda lectura. 
Ahora necesita esta línea Schengen que nosotros habíamos introducido, porque debe financiar el SIS 2 y porque ha decidido financiarlo sobre una base comunitaria. 
Paso al tercer problema, señor Presidente. 
Hemos decidido aprobar- el Parlamento lo ha hecho en primera lectura y lo hará en segunda lectura- la consignación de cinco millones de euros en concepto de la línea Europol para la lucha contra el terrorismo. 
El Consejo no lo ha recogido en segunda lectura. 
Haga lo imposible, señor Presidente del Consejo, para adoptar la base legal y los acuerdos necesarios. 
Utilice este dinero sin esperar cuatro años más, porque los terroristas no esperarán. 
Señor Presidente, quiero aprovechar la ocasión para realizar algunas observaciones básicas sobre las Agencias. 
He mirado muy atentamente las enmiendas de las comisiones especializadas, por lo que quiero mandar una señal a dichas comisiones. 
En primer lugar apelo a ustedes: examinen exactamente las Agencias para ver si trabajan bien o mal y lean también el informe del Tribunal de Cuentas. 
Unas palabras aún sobre las nuevas Agencias. 
Creo que la tendencia de la política es la de crear aún más Agencias. 
Esta parece ser también la estrategia de la Comisión. 
De modo general, esto no es algo rechazable pero sí lo es cuando se trata de la financiación, pues la Comisión no tiene en cuenta sus costes. 
Y cuando la Comisión o las Agencias vengan pidiendo nuevos créditos, hará saltar por los aires en el futuro la Categoría 3. 
Yo también quisiera felicitar a ambos ponentes por sus informes sobre el presupuesto y agradecerles el talante colaborador que han adoptado. 
Hemos tenido un procedimiento presupuestario muy duro, especialmente en relación con las prioridades de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Ello acarreará a mi comisión problemas cuando deba hacer frente a las obligaciones de varios programas. 
Estos programas no sólo son cruciales para hacer realidad la Europa basada en el conocimiento, sino que además, a la luz del difícil clima económico actual al que se enfrentan las organizaciones y empresas europeas, son nuestra clave para alcanzar nuestros objetivos de crear nuevos puestos de trabajo y apoyar a las empresas. 
No obstante, reconozco las limitaciones con las que estamos trabajando y, como alguien que en el pasado ha hecho hincapié en la necesidad de prudencia, eficacia y economía, sé que mi comisión no escatimará esfuerzos para aportar crecimiento y prosperidad a la Unión Europea. 
Las cuestiones que realmente quiero plantear son relativas a la ejecución del presupuesto. 
Primero, está el hábito de la Comisión de hacer caso omiso a algunas de las prioridades de esta autoridad presupuestaria, y les pondré un ejemplo sacado de mi comisión relativo al programa de sinergia. 
Es un programa pequeño, pero importante. 
No obstante, el director general pertinente no estimó oportuno aplicar este programa el año pasado y fue sencillamente ignorado, porque creía que su impacto no era lo suficientemente grande. 
En segundo lugar, está la utilización de las transferencias, que creo que se prestan al abuso, porque a menudo estas transferencias se hacen cuando el procedimiento presupuestario ya está muy avanzado y la Comisión transfiere fondos de ámbitos que son prioritarios para el Parlamento a otros que son prioritarios para la Comisión. 
Necesitamos un mecanismo que impida que esto ocurra año tras años. 
En tercer lugar, está la falta de sincronización entre el procedimiento presupuestario y el lanzamiento de los programas legislativos. 
El procedimiento presupuestario y la autoridad presupuestaria parecen una burla teniendo en cuenta que el lanzamiento del procedimiento presupuestario es en febrero y el lanzamiento del programa legislativo en noviembre. 
Quiero entrar muy rápidamente en los presupuestos de las otras instituciones. 
Éstas están destinando mucha atención a los preparativos para la ampliación. 
Tengo entendido que el Parlamento ha hecho planes sobre nuevos edificios para dar cabida a los nuevos Estados miembros. 
No obstante, si vamos a ampliar edificios en Bruselas, es importante que aprendamos de las lecciones de Estrasburgo y que no cometamos los mismos errores que cometimos con este edificio, que generó mucha publicidad negativa y tuvo repercusiones muy perjudiciales para el Parlamento. 
Por consiguiente, en el futuro es importante que nos den una explicación clara de para qué van a utilizarse estos edificios y que estos edificios no perjudiquen el medio ambiente, sean manejables para los usuarios y que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidades. 
Debo expresar mi sorpresa de que ya estemos negociando sobre nuevos edificios cuando aún no se han tomado decisiones muy importantes en diferentes ámbitos, incluido el régimen lingüístico. 
. 
(NL) Señor Presidente, quisiera felicitar a ambos ponentes por el resultado alcanzado y por los discursos ofrecidos esta tarde. 
No obstante, debo decir que el resultado por parte del Consejo aún me produce cierta irritación. 
Me siento satisfecho con el resultado final pero, por otra parte, ¿por qué planteó el Consejo una propuesta tan inadmisible en primera instancia? 
Era como si los miembros del Consejo se estuvieran comportando de nuevo como describí hace algunos años: como niños con pistolas de juguete que no saben exactamente lo que tienen que hacer. 
Afortunadamente, todo se ha enderezado finalmente, ya que las propuestas planteadas, en concreto la referida a la rúbrica 3, nos hubieran supuesto graves problemas a la hora de cerrar el conjunto del presupuesto. 
Realmente no comprendo cómo el Consejo se atreve a presentar en serio este tipo de propuestas. 
Considero que nosotros hemos cedido bastante en el terreno de los pagos. 
Creo que en el futuro deberemos prestar más atención a ese aspecto. 
El Consejo parece mostrar interés y quizás convendría ser algo menos generosos en ese sentido que este año. 
Pero eso es algo que se verá el año próximo. 
Presidente, quisiera recalcar que vamos a tener problemas graves en el futuro con las rúbricas 3, 4 y 5. 
Suscribimos lo insinuado por el Comisario en relación con lo poco que gasta la Unión en este momento en términos relativos. 
También debemos tener en cuenta que la situación cambiará radicalmente en el momento en que se incorporen los nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, de alguna forma estamos ahorrando para el futuro. 
Otro aspecto que, en mi opinión, es muy preocupante, es la postura del Consejo ante los proyectos que pueden suponer un aumento de puestos de trabajo. 
Quiero citar como ejemplo el asunto Galileo que plantea grandes problemas. 
Todas las demás partidas que se cargan al presupuesto de la UE y que pueden contribuir a mejorar las prestaciones económicas del próximo ejercicio- y son bastantes- se rechazan sistemáticamente y si no nos las planteamos en serio nos vamos a ver en una situación que no es en absoluto necesaria. 
Si nos fijamos en lo que están haciendo los americanos en este momento y en la cantidad de dinero que están dispuestos a invertir en mejorar su actual coyuntura, no tenemos porqué imitarlos al pie de la letra, pero sí que podríamos dar algunos pasos en esa dirección y emplear nuestros recursos de una forma más razonable. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar una vez más al ponente, a la Comisión e incluso, en cierta medida, al Consejo por la labor que han realizado este año. 
Éste ha sido un procedimiento presupuestario que hasta ahora ha avanzado con una notable suavidad. 
Reconocemos las presiones sobre el presupuesto- ya sean los Balcanes, Palestina, la ampliación, Afganistán o la exigencia de adoptar medidas de acción en los nuevos ámbitos de actividad. 
Establecer un equilibrio entre estas presiones ha sido toda una hazaña, en particular, en lo que respecta a la Comisión, y por ello le damos las gracias. 
Entre los sectores que conciernen a la Comisión de Medio Ambiente, acojo con especial satisfacción el establecimiento de marcos y regímenes de financiación a largo plazo que, sin ninguna duda, han estabilizado nuestra labor en el ámbito de los consumidores. 
Acojo favorablemente el marco de desarrollo en el ámbito de la salud en el que sin duda fomentará el desarrollo de un progreso continuado en ese campo. 
Es igualmente importante decir que este tipo de regímenes estables de financiación facilitan enormemente nuestra labor. 
Me alegra que se hayan respetado en su mayoría. 
También acojo con satisfacción la decisión que se iba a adoptar, pero que no se ha hecho, de no retirar fondos del Programa LIFE para proyectos de medio ambiente que son tan importantes. 
Sólo podemos desarrollar nuestro trabajo de garantizar los futuros derechos del consumidor, la salud pública y un medio ambiente seguro y limpio si obramos de acuerdo con nuestras convicciones y utilizamos los fondos que sean necesarios. 
Señor Presidente, muchas gracias a Carlos Costa Neves, Terence Wynn y a todo el grupo del Parlamento que ha negociado en la conciliación. 
Más no ha sido posible. 
Pues el escrito rectificativo de la Comisión era muy modesto y ¿qué se podía añadir aún? 
Ante las pocas posibilidades de cambiar algo en los gastos obligatorios en el sector agrario, hay que reconocerles que han luchado logrando algunas ventajas. 
Sólo quiero referirme a un único punto que muestra muy claramente el dilema en el sector del presupuesto agrícola. 
Todos sabemos que en el caso de los gastos obligatorios tenemos las manos más o menos atadas. 
En la configuración de los gastos obligatorios, es decir, de la Política Agraria Común, tenemos asimismo atadas las manos. 
Allí donde podíamos mover algo en el segundo pilar, que sigue siendo como una vaina de judía que no engorda aunque tengamos más exigencias de las que podemos atender, no podemos transferir dinero de los gastos obligatorios. 
Esta autolimitación tiene que acabar en algún momento. 
Reclamo por enésima vez no sólo el pleno derecho presupuestario para este Parlamento sino que reclamo también la plena codecisión en el campo de la Política Agraria Común. 
Si no la obtenemos, no cambiará nada en este dilema. 
Señor Presidente, la reforma de la política de pesca común del 1-1-2003 va a modificar este importante sector económico en un sentido positivo. 
Estoy convencida de ello. 
Por ello, la comisión no quería introducir en el momento actual ninguna línea presupuestaria nueva, exceptuando la reserva de flexibilidad a causa del desastre de Marruecos, que ha afectado sensiblemente al sector de la pesca y ha planteado muchas cuestiones. 
A: respecto a la seguridad de los alimentos, en especial en el sector de la ingeniería genética. 
Aquí existe la necesidad urgente de una base científica. 
B: respecto al control de la actividad pesquera. 
Necesitamos unos controles rígidos y quizás sanciones financieras contra las ovejas negras. 
C: respecto a la inclusión auténtica del sector en el debate y en las medidas legislativas según el principio bottom up. 
Resumiendo: expresamos nuestro agradecimiento a los Comisarios y, en especial, al Sr. Costa Neves, por la cooperación constructiva e inteligente. 
La Comisión de Pesca se ha sentido bien representada en él. 
Deseamos mantener la pesca en nuestro interés y en el de generaciones futuras. 
He recibido un segundo minuto. 
Me refiero al Sr. Turchi y a las declaraciones del Sr. Prodi esta mañana sobre Galileo. 
Apelo a todos ustedes para que no bloqueen el camino de su posterior desarrollo. 
Hay que rechazar las enmiendas al informe del Sr. Turchi sobre los TEN 1999, sobre todo las provenientes de nuestro colega, el Sr. Dover. 
Su justificación no es acertada pues las empresas se expresaron ya positivamente a comienzos del 2001 en un "Memorandum of understanding" sobre su participación financiera, sin que a comienzos del 2001 existiese aún voluntad política. 
Por favor, Dr. Dover, piense también en los numerosos puestos de trabajo, al igual que nuestro colega Prodi. 
Señor Presidente, voy a centrarme ahora sólo en el deporte, o mejor dicho, en su ausencia del proyecto de presupuesto general aprobado por el Consejo. 
Ya en muchas Cumbres sucesivas, últimamente en Niza, se han emitido declaraciones sobre la importancia social del deporte. 
A pesar de ello, el deporte apenas si es tenido en cuenta en las actividades de la Unión. 
La situación se ha hecho aún más crítica a raíz de que la UE se viera obligada, lamentablemente, a suspender su financiación a la WADA. 
La Comisión de Presupuestos ha reiterado la propuesta de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte aprobada en la primera lectura sobre la concesión de cinco millones de euros para acciones preparatorias en el marco de la política comunitaria en materia de deporte. 
Esta asignación estaría destinada, entre otras cosas, a financiar actividades de las asociaciones deportivas encaminadas a impedir la exclusión social de los jóvenes. 
Espero que esta propuesta reciba el apoyo del Parlamento en la votación del jueves. 
Ello también estaría en cabal consonancia con la preparación del año temático dedicado a la educación física. 
. 
(SV) Señor Presidente, mi tiempo para intervenir es limitado pero, aún así, quiero referirme a un par de cosas importantes. 
En las ayudas al desarrollo, campo en el que he trabajado, se ha producido este año un avance considerable. 
Hemos alcanzado un acuerdo con la Comisión tanto en la forma de informar como en las orientaciones de nuestras ayudas en el futuro. 
Agradezco a la Comisión el espíritu constructivo demostrado durante las negociaciones. 
El control parlamentario de las ayudas al desarrollo va a aumentar notablemente. 
Actualmente son mucho mayores las posibilidades de imponer orden y disciplina en actividades que a menudo se caracterizan por lo contrario. 
La aceptación de la Comisión del modelo, benchmark, que implica que un tercio de las ayudas al desarrollo deberán emplearse en el sector social constituye un avance indudable. 
Esto implica una garantía de que en el futuro se prestará mayor atención a los programas y actividades que tengan especial relevancia para combatir la pobreza. 
Doy las gracias al señor Costa Neves por su estilo de trabajo, caracterizado por la apertura, amabilidad y eficiencia en el tratamiento de estas complejas materias. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, el informe que presentó la Comisión de Derechos de la Mujer fue aprobado por el Parlamento, en primera lectura, prácticamente en su totalidad. 
A las enmiendas contenidas en ese informe se añadió una línea nueva, A-3037 N, para organizaciones de mujeres que no pertenecen al Lobby Europeo, pero que trabajan muy eficazmente por la igualdad y la promoción de la mujer. 
Tanto ésta como alguna otra propuesta de la Comisión de Derechos de la Mujer han sido eliminadas por el Consejo, por lo que el Parlamento, usando las atribuciones que le dan los Tratados, al no ser gastos obligatorios, vuelve a presentarlas para su aprobación. 
De esta forma actuamos con coherencia, presentando las enmiendas que el Parlamento ya ha aprobado en primera lectura. 
Entre estas enmiendas también conviene destacar la línea B5-331, Sociedad de la información, tan importante para el futuro y, en particular, para la mujer y su plena incorporación al mercado laboral. 
Por último, agradecemos muy claramente al Sr. Costa Neves el trabajo tan importante que ha realizado y su sensibilidad para dar respuesta a las necesidades que habíamos planteado. 
Yo espero que el Pleno lo apruebe por amplia mayoría, ya que, como todos ustedes saben, desde que entró en vigor el Tratado de Amsterdam, todos los programas comunitarios deben tener entre sus objetivos la promoción de la mujer, la consecución de una mayor igualdad, no sólo en la Unión Europea, sino también en los países con los que tenemos acuerdos de colaboración y, en particular, en el área euromediterránea. 
Señor Presidente, Señorías, el proyecto de presupuesto para el año 2002, tanto en su Sección Comisión como en las relativas a las otras instituciones, se enfrenta de manera directa a los retos financieros de la ampliación. 
Los dos ponentes han presupuestado las necesidades estructurales administrativas e incluso logísticas que en muy breve plazo va a tener el gigantesco reto de la ampliación. 
Nos encontramos fundamentalmente para el año 2002 con dos nuevas necesidades estructurales derivadas de la Cumbre de Niza y no previstas en Berlín. 
La primera, causada por un fracaso en una política comunitaria, al no renovarse el acuerdo de pesca con Marruecos, que obliga a reconvertir parte de las flotas pesqueras de Portugal y España, con el gran impacto social que dicha reconversión tiene en muchas regiones de estos países. 
La otra necesidad estructural procede del hecho mismo de la inminente ampliación. 
Es necesario dar respuesta a las demandas de las regiones fronterizas de la Unión, que ven debilitada su competitividad ante la cercana aplicación de las libertades de circulación de personas, mercancías y servicios. 
Quiero resaltar que la gran mayoría de este Parlamento entendió ambas necesidades estructurales y apoyó desde el primer momento una solución conjunta. 
No ha sido sencillo, sin embargo, encontrar respuesta a ambas demandas. 
Hasta la reunión de conciliación del pasado 21 de noviembre no se pudo pactar una solución satisfactoria, y esto es vivir bajo un nivel de riesgo excesivo. 
Es muy importante, pues, que se mejoren los niveles de ejecución de los créditos comprometidos. 
Temas como la entrada en vigor de los descompromisos automáticos y la obtención de un nivel de pagos que permita absorber el resto que queda por liquidar son prioridades que este Parlamento está satisfecho de haber obtenido. 
No sabemos qué nuevas necesidades estructurales tendremos que afrontar de aquí al año 2006 y es por ello necesario una cierta flexibilidad dentro de las categorías de gasto, respetando siempre el principio de mantener las perspectivas financieras actuales que ahora entran en su tercer año de difícil y azarosa vida. 
Esta aceptación del marco financiero no debe, sin embargo, hacer olvidar su estrechez. 
Este año han sido Afganistán y Oriente Medio los temas que han vuelto a dar tensión a la rúbrica 4. 
El problema no son los fines, sino los medios que utiliza el Consejo para lograrlos. 
Nadie discute las necesidades de Afganistán y de Oriente Medio, así como otras crisis internacionales que puedan surgir. 
Pero este Parlamento no comparte el modo de proceder del Consejo. 
El Consejo vuelve a suscribir compromisos financieros en política exterior sin tener en cuenta las prioridades políticas del Parlamento, y lo hace, además, con los gastos no obligatorios, lo que complica aún más la tarea de los diputados que quieren mantener el actual marco financiero. 
¿Tan difícil es- preguntamos al Consejo- establecer un sistema de consulta previa para las prioridades exteriores en la rúbrica 5? 
Tomamos muy buena nota de las palabras de la Comisaria sobre la posibilidad de realizar una mejor adecuación de los procedimientos legislativos y presupuestarios en el año próximo y se las agradecemos sinceramente. 
Quiero felicitar a Carlos Costa Neves y también a Kathalijne Maria Buitenweg, así como a Francesco Turchi por su informe sobre las redes transeuropeas. 
También queremos felicitar a Terence Wynn por su tarea como presidente. 
Creemos que la Comisaria Schreyer ha tenido un buen aliado en este Parlamento y que nosotros hemos tenido una buena ayuda en la Comisaria. 
Creemos que ha sido un buen matrimonio de intereses. 
Para finalizar, quiero agradecer al Consejo el hacer fácil lo más difícil, que es estar presente cuando es necesario. 
Señor Presidente, quisiera empezar dando las gracias a los ponentes, entre los que se cuentan el señor Costa Neves y la señora Buitenweg. 
Ellos no sólo han buscado soluciones amplias en el seno del Parlamento, sino que también han sostenido enérgicamente nuestros criterios frente al Consejo, cosa no menos importante. 
También doy las gracias al Consejo y a la Comisión. 
A veces hemos criticado las formas, especialmente en relación con la primera conciliación, pero finalmente hemos encontrado un tono constructivo. 
Hemos podido resolver algunas materias complejas. 
Habida cuenta de las enormes necesidades existentes en Afganistán, es extraordinariamente importante que hayamos conseguido una considerable ayuda suplementaria para ese país. 
Me satisface especialmente que hayamos logrado destinar una parte de esas ayudas a la participación de las mujeres en la construcción del Afganistán del futuro. 
Igualmente satisfactorio es haber encontrado solución para las flotas pesqueras española y portuguesa y para las subvenciones a las regiones fronterizas. 
A pesar de que los trabajos presupuestarios han sido eficaces, vemos algunos problemas futuros. 
Uno de los mayores es que los presupuestos de la UE carecen de flexibilidad. 
Cada año ocurren situaciones que requieren la rápida ayuda de la UE. 
El año 2000 fue Kosovo, el 2001 Serbia y este año Afganistán. 
Hemos liberado recursos para esas situaciones inesperadas gracias, entre otras cosas, a los mecanismos de flexibilidad, pero ha sido un proceso muy complicado. 
Además, ahora vemos las deficiencias. 
Este año tuvimos que usar los mecanismos de flexibilidad para otras acciones, en la categoría 2. 
Cuando simultáneamente ocurren crisis como la de Afganistán, entonces se aprecian con nitidez los problemas. 
Deberíamos discutir seriamente la vía que ofrece el acuerdo interinstitucional, esto es, la revisión del techo del plan presupuestario. 
El Consejo se opone instintivamente a esta vía, ¡a pesar de que en los presupuestos hay enormes sumas que nunca se usan! 
Entonces el problema del Parlamento es simplemente elegir entre presupuestar todo hasta el techo, sin dejar margen para cubrir sucesos inesperados, o hacer recortes en otras prioridades importantes, haciendo que otros receptores de ayudas, en otras partes del mundo, sean los que en la práctica paguen las nuevas necesidades que surjan en los Balcanes o en Afganistán. 
Somos capaces de resolver un dilema de esta naturaleza una vez, e incluso dos, pero cuando éste tiende a hacerse permanente, cuando la situación en Kosovo, en Serbia o en Afganistán da origen a programas plurianuales que se yuxtaponen, entonces, al final, la situación se hace insostenible. 
Creo que uno de los asuntos más importantes del próximo año será encontrar nuevos caminos para aumentar la flexibilidad. 
Por eso celebro las ideas de la Comisión como un punto de partida para esta discusión y espero que el Consejo demuestre similar apertura. 
Otro error fundamental es la deficiente ejecución de los presupuestos comunitarios. 
Hemos lanzado una serie de nuevos métodos, no sólo para aumentar los pagos, sino que buscamos identificar lo que denominamos sectores con retraso anormal, intentamos precisar las características de los distintos perfiles de ejecución, discutimos ampliamente qué servicios se necesitan para actuar en las diferentes políticas y, finalmente, como señaló el señor Wijkman, hemos creado un método de benchmarking para las ayudas al desarrollo. 
Estos son pasos importantes, pero creo que en el futuro será necesario desarrollarlos para recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestra forma de manejar el dinero de los contribuyentes. 
Como ponente del próximo año, veo algunos importantes sectores que se deben revisar. La ampliación se acerca cada vez más. 
Durante los preparativos no sólo hay que estudiar la perspectiva a corto plazo, sino que también la perspectiva a largo plazo, cuando la ampliación también tenga serias repercusiones en los presupuestos. 
Finalmente habrá que estudiar con detenimiento la reforma de la Comisión. 
Si no tenemos éxito en este campo- no se trata sólo de revisar la legislación, sino que, ante todo, habrá que concentrarse en la evaluación y seguimiento de la forma en que empleamos el dinero de los contribuyentes- creo que no conseguiremos cambiar la idea de los ciudadanos respecto a la Unión. 
Hay que tener una administración eficiente e intentar recuperar la confianza de los ciudadanos. 
Éste debe ser uno de los principales objetivos de los futuros trabajos presupuestarios. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias y mis mejores felicitaciones al ponente general del presupuesto, Sr. Costa Neves, por la excelente presentación que ha hecho de los presupuestos y por su constructiva colaboración. 
Del mismo modo, quiero dar las gracias a la segunda ponente del presupuesto, Sra. Kathalijne Buitenweg, y de forma especial también al presidente de la comisión parlamentaria, Sr. Terence Wynn, por la hábil y constructiva presidencia ejercida en la comisión. 
El proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2002 que estamos debatiendo es moderado y austero. 
El gasto aumenta sólo un dos por ciento, lo cual queda claramente por debajo de las perspectivas financieras. 
El Parlamento Europeo ha dado muestras de un gran sentido de la responsabilidad, hecho que merece el respeto de mi Grupo. 
En comparación con la primera propuesta del Consejo, el proyecto de presupuesto ha mejorado notablemente. 
El presupuesto agrícola es realista. 
Las rúbricas 2- 4 cuentan con más recursos para cubrir los compromisos pendientes de pago y se les aplica la declaración común relativa a la liquidación de los atrasos anómalos. 
La reforma de la Comisión avanza y se han suprimido aquellos gastos que no tenían razón de ser. 
Particularmente, valoramos el hecho de que no se haya acudido a la reserva negativa, es decir, a la consignación de fondos sin liquidez. 
En la primera lectura del proyecto de presupuesto general se practicaron recortes en las acciones exteriores, por ejemplo, en el programa CARDS de los Balcanes Occidentales. 
Ahora hemos podido anular estos recortes en su mayoría. 
Se propone una ayuda total para los Balcanes de 206,4 millones de euros. 
Además de esto, el programa CARDS ya ha sido financiado de forma anticipada mediante transferencias desde el presente ejercicio por valor de 63 millones de euros, de modo que, en suma, el programa será devuelto de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto del Consejo. 
Esto era de gran importancia para mi Grupo. 
Se consigna la creación de 317 plazas de funcionarios para la reforma de la Comisión, lo cual garantiza el progreso de dicha reforma. 
De estos puestos, 105 quedan en la reserva, y mi Grupo espera que, si no todos, la mayor parte de ellos sean ocupados. 
Nos hemos visto de nuevo obligados a movilizar el instrumento de flexibilidad este año. 
Se ha llegado a un compromiso sobre su aplicación, según el cual se destinarán 170 millones de euros para la reconversión de las flotas pesqueras de España y Portugal y 27 millones de euros más para el año 2003. 
Se destinarán 30 millones de euros para la resolución de problemas en las regiones limítrofes con los futuros Estados miembros y 15 millones de euros más para el año 2003. 
Mi Grupo respalda todas estas soluciones. 
Señor Presidente, en la reunión de conciliación entre el Consejo y el Parlamento se dedicó más tiempo al debate sobre la movilización del instrumento de flexibilidad. 
La Comisión habría estado dispuesta a prometer 197 millones de euros para el desmantelamiento de las flotas pesqueras de España y Portugal, cantidad que supone mucho dinero. 
En esa misma ocasión, los países nórdicos exigían 50 millones de euros para resolver los problemas de las regiones fronterizas orientales. 
Se decidió que estas nuevas necesidades fueran financiadas aplicando el instrumento de flexibilidad a la rúbrica 2, si bien en un período de dos años. 
Esta nueva interpretación de la movilización del instrumento de flexibilidad demuestra que cuando existe voluntad política para financiar algo, las reglas sí se prestan a ello. 
La UE no tiene escasez de dinero. 
Ello se desprende del balance de cuentas del ejercicio 2000. 
También el ejercicio actual presentará un superávit de miles de millones de euros. 
Hay registrados compromisos anómalos pendientes de liquidación, los llamados RAL, por valor de 40.000 millones de euros, y cabe suponer que la mayor parte de ellos no serán nunca ejecutados. 
La Comisión ha ahorrado dinero, pero existe la sospecha de que se haya limitado a adoptar decisiones de ahorro de índole política. 
A pesar de existir un superávit tan enorme en los presupuestos, la Comisión no ha acogido las decisiones presupuestarias adoptadas por el Parlamento. 
Hay que decir sin rodeos que la Comisión revoca de forma arbitraria las decisiones del Parlamento. 
Si hacemos una estimación sobre la actividad de la UE durante el próximo año desde el punto de vista presupuestario, podemos decir que estará presidida por una inercia uniforme: sin subidas y sin bajadas. 
No existen prioridades presupuestarias específicas, sino que el presupuesto servirá para financiar únicamente los gastos corrientes. 
El hecho de que el Consejo carezca de ambición para hacer frente al problema del desempleo se refleja también en el proyecto de presupuesto de la Comisión; ésta es la razón por la que nuestro Grupo adopta una actitud crítica frente a esta propuesta. 
Como detalle de menor relieve, cabe mencionar que el Consejo tampoco se ha mostrado favorable a desautorizar el transporte de animales vivos a distancias excesivamente largas. 
Continúan los malos tratos a los animales a la hora de ser transportados, y ello es culpa del Consejo de Ministros de Agricultura. 
Señor Presidente, hay un antiguo proverbio holandés que dice: "Quien guarda siempre halla". 
Siempre ha resultado un consejo valioso para quienes lo han escuchado. 
Cuando aprobamos el presupuesto, es fundamental que constituyamos suficientes reservas para gastos imprevistos. 
Este año también se ha demostrado la importancia de esta medida. 
Recuerdo, en primer lugar, la reciente crisis agrícola. 
Lamentablemente, la Comisión ha renunciado a sus planes para constituir una reserva por valor de 1.000 millones de EUR dentro de las partidas obligatorias para agricultura. 
Los argumentos esgrimidos por la Comisión para su cambio de actitud rozan en nuestra opinión en la ingenuidad y están pensados a corto plazo. 
Aunque las partidas para cultivos agrícolas, productos lácteos, azúcar, aceite de oliva y carne de ovino son razonables, las partidas para productos como los derivados vinícolas y el algodón sí que requieren más dinero. 
Lo que más nos molesta es que la EEB y la fiebre aftosa parecen haber desaparecido del diccionario de la Comisión. 
El Sr. Görlach, ponente de la Comisión de Agricultura, se refiere con razón a la inseguridad subyacente en torno al desenlace definitivo de la crisis de la fiebre aftosa en el Reino Unido y en otros Estados miembros, así como en la cuestión del transporte de animales y de la política incoherente de vacunación. 
Yo también comparto su opinión en el sentido de que la crisis de la EEB aún no ha tocado a su fin. 
La reciente constatación de un caso en Austria es significativa. 
¿Cómo pretende la Comisión hacer frente a gastos imprevistos? 
¿Vamos a tener que volver a hacer chapuzas con los límites establecidos en Berlín? 
La segunda cuestión se refiere al instrumento flexible. 
Es sorprendente que estos recursos, que ascienden todos los años a la nada desdeñable cantidad de 200 millones de Euros, se utilicen por completo desde su institución hace tres años. 
No quiero poner en duda si los objetivos de dicho gasto son lo suficientemente importantes como para tener que buscarles financiación. 
El problema es el modo en que se produce dicha financiación. 
¿Por qué no hemos analizado en profundidad las rúbricas presupuestarias para detectar las cantidades no gastadas y las líneas presupuestarias de bajo rendimiento? 
Este Parlamento quiere acercarse al ciudadano. 
Actuemos entonces como cualquier ciudadano con dos dedos de frente: para pagar algo nuevo, deberá ahorrar en otras cosas. 
Señor Presidente, las negociaciones con el Consejo no han sido de nuevo fáciles. 
Pero lo importante es el hecho de que se ha podido llegar a un acuerdo en la cuestión de la modernización de la flota pesquera y en los créditos adicionales para las regiones fronterizas de los Estados miembros. 
El papel de la Comisión y también de algunos diputados no ha sido siempre para nosotros fácilmente comprensible. 
No puede ser que se pongan a disposición de los países candidatos elevadas sumas de créditos de ayuda y que las regiones fronterizas de los Estados miembros no perciban créditos adicionales. 
La situación económica de estas regiones no es con frecuencia mucho mejor que la de los países candidatos. 
La mala situación económica en las regiones fronterizas de los Estados miembros empeorará adicionalmente cuando los nuevos países se adhieran a la Unión, pues las diferencias en el importe de las ayudas- casi todos recibirán ayudas del objetivo 1- favorecerá fuertemente a las regiones fronterizas de los países candidatos. 
Ya ahora, las regiones fronterizas de los países candidatos poseen en parte una infraestructura de transportes mejor que la que existe en las regiones fronterizas de los Estados miembros. 
Menciono aquí como ejemplo el aeropuerto de Laibach en Eslovenia, que es más moderno y está mucho mejor equipado que el aeropuerto de Klagenfurt en el sur de Austria. 
Por los motivos mencionados, tras la adhesión será difícil o casi imposible apoyar a las pequeñas y medianas empresas en las regiones fronterizas de los Estados miembros. 
Pero debemos tener también claro que los ciudadanos de estas regiones apenas podrán apoyar bajo estas circunstancias la adhesión de los nuevos países. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Schreyer, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar a Carlos, Kathalijne, Francesco, Esko, Joane y Terry. 
Son los que nos han proporcionado estos documentos para hoy y creo que han hecho un excelente trabajo. 
El resultado que hemos obtenido es muy bueno. 
Me permito dirigirme desde este lugar al representante del Consejo, el Sr. Vande Lanotte. 
Después de la Sra. Parly el año pasado, usted es el segundo Presidente del Consejo que voy a recordar muy positivamente. 
Si esto prosigue en los próximos años, si continúa siempre igual, entonces en alguna ocasión tendremos una cooperación realmente buena y plena de confianza entre el Consejo y el Parlamento. 
Señora Comisaria, tenga cuidado con nosotros. Tiene que tratarnos mejor, de lo contrario estaremos de repente mucho más próximos a ellos. 
Pero también quiero decir al Presidente del Consejo algo relacionado con Laeken. 
Ya lo he indicado: en Laeken tendrá que hablar naturalmente también sobre la estructura futura de la Unión Europea y no sólo sobre el tema de una Constitución en el sentido de que tengamos estructuras en las diversas instituciones; también tenemos que hablar sobre cómo debe ser un presupuesto para que sea transparente en todos los sentidos. 
No se puede explicar a ningún ciudadano que, tal como ha dicho la Sra. Comisaria, tengamos en diversos puntos una falta de utilización de 4.600 millones y debatamos aquí durante semanas y meses para recibir 200 millones y que si se presentan situaciones agudas tengamos que desplazar de aquí para allá todo el presupuesto sin seguir nuestros asuntos estratégicos a largo plazo ni las orientaciones básicas. 
Este año hemos tenido que poner a disposición mucho para Afganistán. 
Es también muy importante que estas personas no sólo vean a Europa como una instancia que viene sólo para castigar a personas sino también para ayudar a construir. 
Hemos previsto ayudas para las regiones pesqueras y también las fronterizas. 
Esto ha sido también muy importante pues de este modo hemos mandado una señal hacia fuera en el sentido de que nos tomamos seriamente las modificaciones actuales así como las reestructuraciones. 
Permítanme una breve frase adicional. 
Siempre hemos escuchado voces provenientes de Baviera en el sentido de que necesitamos dinero para las regiones fronterizas. 
Se trata de los mismos bávaros que en otras ocasiones critican la compensación financiera entre los Estados federados y que en los documentos estructurales de la CDU y CSU se pronuncian a favor de no conceder en absoluto ninguna ayuda estructural más. 
En tales ocasiones, se presentan y exigen mucho más dinero. 
He apoyado plenamente convencido las ayudas para las regiones fronterizas y lo seguiré haciendo. 
Todos los hemos apoyado conjuntamente. 
Pero aquellos que se presentan hacia el exterior con grandes publicaciones en la prensa tienen que preguntarse si son consecuentes en lo que hacen. 
Tenemos que tratar también sobre cosas básicas. 
Hay que impulsar la reforma de la Comisión pues queremos tener una administración moderna. 
Hay que impulsar el e-learning, uno de los campos de mayor futuro de una región económica en desarrollo como la Unión Europea, además no sólo porque queremos hacer uso de nuestras oportunidades económicas sino también porque queremos impedir una división entre las personas, entre aquellos que se pueden permitir adquirir muy pronto ordenadores y otros que no pueden hacerlo. 
En lo tocante a la lucha contra el terrorismo, tenemos que cooperar mejor en Europol y Eurojust. 
No puede ser que los delincuentes vayan en Ferrari y la policía les persiga en un Fiat Uno. 
He mencionado conscientemente esas dos marcas de automóviles pues provienen de un determinado país y este país debe recapacitar qué es lo que está haciendo en estos momentos en el nivel europeo. 
Pero en el sector de política exterior tenemos que ponernos también de acuerdo en ocuparnos de asuntos importantes. 
Se tiene que seguir prestando atención a los Balcanes así como a la región del Mediterráneo. 
Pero también tenemos que escuchar los gritos silenciosos que hay en el mundo. 
Por ello, hemos hecho algo este año por el SIDA. 
Pero estos gritos silenciosos se pueden ignorar fácilmente. 
Tenemos que prestar más atención. 
No sólo debemos reaccionar cuando se producen grandes catástrofes en el mundo sino que la Unión Europea tiene que ser más sensible que hasta ahora en la cooperación con las regiones del planeta que necesitan de nuestra ayuda, en concreto en lo referente a la ayuda alimentaria para garantizar la supervivencia y a las ayudas para mejorar las estructuras en esos países para que en el futuro puedan ellos mismos impulsarlas y que la cooperación entre Europa y todo el mundo sea seria y positiva. 
Señor Presidente, señora Comisaria y señor Ministro, quiero concentrarme en un único punto, la cuestión de las reformas de la Comisión, que son una importante prioridad, también en el presupuesto de este año. 
Hoy varios oradores han mencionado aspectos en el proceso presupuestario que podrían mejorarse y que en el futuro las instituciones deberían trabajar mejor juntas, aunque este proceso presupuestario se haya desarrollado de forma bastante pacífica bajo la hábil dirección por parte del Parlamento del Sr. Costa Neves y de la Sra. Buitenweg. 
No obstante, creo también que en ciertos ámbitos deberíamos reflexionar sobre cómo actuamos en el Parlamento. 
En el presupuesto del próximo año hay asignados fondos para jubilaciones anticipadas y nuevas contrataciones a fin de garantizar que la Comisión disponga del personal adecuado para cumplir con sus tareas. 
En el Parlamento hemos exigido información al respecto como condición para las asignaciones y la Comisión en varias instancias ha facilitado información detallada sobre la situación del personal. 
Hay una mayoría en la Comisión de Control Presupuestario que ha querido dejar en reserva un montón de dinero hasta que no se haya recibido más información. 
Creo que debemos tener cuidado de no volvernos demasiado detallistas y pedantes en nuestras exigencias de modo que acabemos trabajando en contra de las reformas antes que promoviéndolas. 
Naturalmente debemos procurar que haya una administración eficaz y transparente del dinero de los contribuyentes, sin embargo, me parece importante que concentremos nuestros intereses en los resultados más que en la gestión al por menor de la administración de la Comisión. 
Esto no fomenta la responsabilidad. 
Pienso que en el Parlamento deberíamos retribuir la buena disposición y la transparencia que la Comisión ha demostrado y desbloquear las partidas que están en reserva, o al menos contentarnos con mantener en reserva una cantidad menor, de modo que la Comisión cuente con condiciones razonables para cumplir con sus tareas. 
Señor Presidente, el presupuesto 2002 es en opinión de Bruselas bueno y congruente, a pesar de las críticas del Tribunal de Cuentas Europeo que sigo con gran interés. 
Las resoluciones de Berlín ofrecen aún margen de actuación, tanto más cuando el grado de utilización de los Estados miembros parece que no es necesitado actualmente. 
Espero en la ejecución presupuestaria del 2002 que los créditos de ayuda estructurales se utilicen plenamente para el desarrollo del área rural, se reduzcan a cero los excedentes de créditos a ser posible hasta el año 2006 tramitando los proyectos viables en el tiempo más breve y, lo que siempre se me cuenta, que se garantice también el margen necesario en la flexibilidad al intercambiar proyectos. 
Al mismo tiempo, espero que la Comisión recapacite de nuevo sobre si la prevista reducción de los tipos de ayuda para las grandes inversiones en las zonas de cohesión es necesaria y correcta. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo rindo homenaje a la Presidencia del Consejo y a su actitud coadyuvante en este ejercicio presupuestario. 
Rindo homenaje, naturalmente, a nuestros ponentes y a la Comisión por un ejercicio que, así lo pienso, está bien encaminado. 
La primera se refiere a la reforma. 
Debo decir en tal sentido que me siento muy decepcionado, nos sentimos muy decepcionados, como Parlamento, de las peripecias de los últimos días. 
Usted sabe muy bien que en este momento no me dirijo a usted, señora Schreyer, sino a la Comisión en general, al Vicepresidente Kinnock: pienso que la manera en que estos últimos días se han desarrollado la comunicación y el intercambio entre Comisión y Parlamento no favorece la decisión que debemos tomar esta noche sobre el desbloqueo de partidas de la reforma, y es lástima. 
Llamo la atención de los colegas y del ponente en particular, sobre dos puntos. 
Creo que ayer, el Consejo de "Asuntos Generales" enterró el expediente "partidos políticos europeos". 
Por consiguiente, pueden dejar de utilizarse siete millones por falta de base jurídica. 
Me pregunto, señor Ponente, si el jueves no podemos cambiar la votación. 
Por otra parte, el problema de la línea relativa a la cooperación Norte-Sur en materia de lucha contra la droga: la Comisión no ha hecho un buen seguimiento de dicho expediente. 
Falta un informe que debía haber sido elaborado. 
También se asignan créditos para esta línea, lo que carece de sentido. 
Le pregunto, pues, si el jueves podemos cambiar la votación y suprimir dicha línea. 
Señor Presidente, queridos colegas, creo que, en primer lugar, es de justicia agradecer- como ya se ha hecho, y yo reitero- el trabajo de la Sra. Buitenweg, del presidente de nuestra comisión y, muy especialmente, de nuestro colega Carlos Costa Neves. 
La Unión se encuentra en una etapa decisiva de su historia, que debe estar acompañada con unos presupuestos a la altura de los retos que entraña. 
Y hay que empezar por reconocer que, si queremos impulsar los trabajos de la Unión y dotarla de eficacia cierta, deberíamos entrar en un plazo razonable en el debate sobre los recursos de la Unión y el peso presupuestario comunitario. 
Ante todo, conviene señalar que a lo largo de la difícil negociación, que ha culminado con un acuerdo positivo, se ha avanzado en la solución de problemas que sobrepasan un ejercicio presupuestario. 
Los compromisos que se desprenden de las declaraciones habidas en el proceso de conciliación son un código de conducta que trabaja a favor de la transparencia y de una mayor eficacia en el gasto. 
Por eso es importante en el próximo período, bajo Presidencia española, declarada su voluntad sobre el Reglamento financiero, alcanzar un acuerdo definitivo sobre esta norma fundamental. 
Se ha dado respuesta al problema generado por la falta de acuerdo pesquero con Marruecos compensando a las flotas comunitarias de España y Portugal y garantizando la financiación de los programas de reconversión y modernización necesarios tanto en el presupuesto del 2002 como para el tramo pendiente, tal y como ha señalado la Sra. Comisaria, cuyo compromiso agradezco grandemente. 
Pero es necesario también que este Parlamento esté al lado de la Comisión en proyectos tan importantes como el establecimiento del sistema europeo de radionavegación, llamado Galileo. 
En estos momentos de dudas por parte de algunos Estados, nosotros debemos dejar claro que no se puede poner en cuestión el programa y que en esta fase necesita estar sostenido fundamentalmente por financiación pública, como se pone de manifiesto en el informe Turchi. 
Es cierto que, a medida que avanzamos hacia la mitad del período del marco financiero vigente, las dificultades aumentan porque las nuevas demandas, los nuevos compromisos acuden al presupuesto sin cobertura financiera. 
A pesar de las dificultades y contradicciones creo sinceramente que, con la firma de este presupuesto, se ha despejado en parte el camino. 
Es un éxito político porque es riguroso y va acompañado de garantías de una ejecución más eficaz, y éstas son condiciones inexcusables para asegurar un crecimiento económico sano y sostenible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nos encontramos, finalmente, en la segunda lectura, y suscribiré las palabras del presidente Wynn y la de los colegas que han intervenido, con respecto a la reforma administrativa. 
Es cierto que en primera lectura habíamos sido bastante rigurosos con la Comisión en lo atinente a la reforma. 
Pero ustedes saben que después de las respuestas de la Comisión estamos dispuestos a levantar dichas reservas, aunque siguen preocupándonos algunos puntos, sobre todo dos. 
Los recuerdo. 
Existe, primero, el problema de las prejubilaciones, porque hasta ahora y desde hace varios meses no tenemos ninguna reacción ni ningún documento que responda a nuestras expectativas. 
Existe luego- segundo punto sobre el que llamaré la atención del conjunto del Parlamento- la creación de la actividad base management, con- como corolario- la ausencia de una respuesta fiable de la Comisión sobre la aplicación de procedimientos legislativos y presupuestarios coherentes en el marco de la elaboración de nuestros próximos presupuestos. 
En cuanto a nuestra preocupación, debo decirles que ésta no existiría si, acompañando a la reforma administrativa, se presentara una reforma aún más revolucionaria, es decir, un modo de funcionamiento interinstitucional, en el marco de la elaboración de los presupuestos, que nos satisfaga mucho más. 
Debo decirles que si el Consejo pudiera responder a tiempo, de manera coherente y motivada, a las preguntas que le formulamos o que le formula la Comisión, todo avanzaría. 
Si la Comisión aplicara de manera fiable los presupuestos que nosotros aprobamos en calidad de Autoridad Presupuestaria, créame que hoy el Parlamento no dudaría en aprobar con mayor facilidad la confianza, el levantamiento de muchas reservas, y especialmente las que se refieren a la reforma. 
Estén seguros de que el Parlamento sigue siendo la avanzadilla de la reforma para una modernización de la administración, pero dennos también pruebas de buena voluntad para reformar los procedimientos de trabajo entre nosotros. 
Yo también quiero felicitar a todos los que han participado en este procedimiento presupuestario y que, en mi opinión, ha resultado muy positivo este año. 
Valoramos en gran medida que, bajo la Presidencia belga, se hayan admitido por primera vez enmiendas del Parlamento en el terreno de las partidas obligatorias para la agricultura. 
Es una pena que la Comisión no haya aprovechado la oportunidad para incluir las propuestas del Parlamento en la nota de modificaciones. 
Teniendo en cuenta la crisis de la fiebre aftosa, es fundamental que la Unión Europea se ocupe del desarrollo de vacunas marcadoras y de sistemas de protección contra enfermedades veterinarias. 
Solo espero que la Comisión ejecute las enmiendas de este presupuesto porque en el pasado he tenido alguna duda al respecto. 
Las otras enmiendas, que lamentablemente no se han incluido pero que considero muy importantes, son las referidas a la política de calidad para productos agrícolas. 
Esto implica otra categoría de calidad al margen de la producción biológica. 
Espero que la enmienda prospere y que la Comisión sí la lleve a ejecución en esta ocasión. 
Una cuestión destacada es la existencia de una gran cantidad de enmiendas de las que la Comisión ha dicho anteriormente que no podía o no quería llevar a la práctica. 
Existe la posibilidad de que estas enmiendas sean finalmente aprobadas el jueves. 
¿Qué hará la Comisión en ese caso? 
¿Seguirá en sus trece o cumplirá los deseos de la autoridad presupuestaria? 
Señor Presidente, quiero referirme brevemente a la enmienda que he presentado al informe Turchi sobre las redes transeuropeas. 
No tengo nada en contra de que en dicho programa se incluya la telemática y, por lo general, apoyo el proyecto Galileo. 
Pero lo cierto es que se han comprometido casi mil millones de euros durante los próximos cinco años, todo ello procedente del sector público- de la Agencia Espacial Europea o de la propia Comisión. 
En cambio, el sector privado sólo ha destinado al proyecto 200 millones de euros. 
En consecuencia, mi enmienda dice que es dudoso que el sector privado aporte los fondos con la celeridad necesaria. 
Pido que se aparte una reserva por valor de la mitad de los fondos asignados por la Comisión para el primer año de la financiación y que sea liberada únicamente cuando el sector privado asuma sus compromisos de tomar parte en este proyecto. 
No quiero destruir el proyecto. 
Sé que se están celebrando acalorados debates en el Consejo, y muchas naciones ya han retirado su apoyo o se muestran algo inseguras. 
No es ése mi plan. 
Sólo quiero asegurarme de que el sector privado acude a la fiesta con el tiempo suficiente para garantizar una mayor confianza en todo el proyecto. 
También yo doy las gracias, Señor Presidente, al ponente, al Presidente de la Comisión y a todos aquellos que han colaborado en el logro de un acuerdo que considero positivo y satisfactorio sobre dos asuntos decisivos que han captado nuestra atención: la reestructuración de la flota hispanoportuguesa y las repercusiones de la ampliación en las regiones transfronterizas. 
Estos dos problemas no sólo afectan a dos naciones sino que tienen dimensión europea. 
Insisto, por tanto, en pedirle a la Comisión que defina con mayor precisión los conceptos de zona y región transfronteriza. 
Los socialistas consideramos que la región transfronteriza, que debería volver a entrar en el proyecto experimental y en las demás intervenciones, es aquella que limita por tierra y por mar. 
Sin embargo, he de expresar mi pesar por algunos cortes, como, por ejemplo, en el caso de los Balcanes, pero también satisfacción por los grandes éxitos obtenidos en el restablecimiento de MEDA. 
A ese respecto, abrigo la esperanza de que la Comisión conceda prioridad a la dimensión regional de la cooperación prevista en este programa. 
También hemos de sentirnos satisfechos por e-learning, por SOCRATES, por LEONARDO, por EUROPOL, EUROJUST, por las global help funds. 
Agradezco asimismo por su informe al Sr. Turchi. 
Se deben acelerar los proyectos aprobados en Essen, deben participar sobre todo los Estados nacionales, pero también se debe ampliar el espacio para las grandes redes de conexión Norte-Sur. 
Sólo si se acercan el norte y el Sur conseguiremos una Unión Europea más cohesionada. 
Señor Presidente, Señorías, sólo voy a referirme muy brevemente a algunas observaciones. 
El Sr. Colom i Naval había sugerido que las sumas que se acuerdan en los programas plurianuales se sometan a la variación de la inflación. 
La Comisión no puede apoyar esta opinión pues se trata de una resolución sobre un importe absoluto. 
Si luego tenemos otra tasa de inflación, esto abre un nuevo margen de actuación en la Categoría III, que es utilizada evidentemente y con razón por el Parlamento. 
Muchas observaciones se han referido a la aplicación del presupuesto. 
Sólo quiero recordar que este año ha habido un nuevo instrumento de monitoring por parte del Parlamento, consistente en que la Comisión pone a disposición semanalmente las cifras de aplicación. 
Esto no existe en los Parlamentos de los Estados miembros. 
Se trata realmente de un nuevo paso y debemos perseverar en ello. 
Naturalmente, se trata de una información muy importante para ustedes, para que puedan observar cómo marcha la aplicación. 
Creo que lo que hemos reflejado en la resolución es otro importante paso para una buena cooperación en el marco de una buena aplicación del presupuesto. 
El tercer punto que se ha expuesto en muchas intervenciones se refiere a la flexibilidad del Presupuesto en total. 
¿Cómo es de rígido este sistema que tenemos con las previsiones financieras? 
Es digno de resaltarse que este año el Consejo por primera vez ha dicho casi inmediatamente que sí a que se empleen los instrumentos de flexibilidad, la reserva de flexibilidad para el presupuesto. 
Esto revela lo importante que es tener un instrumento de graduación de precisión. 
Pero, naturalmente, también tenemos que plantear la pregunta de si es suficiente. 
Estamos en el tercer año de las previsiones financieras. 
Hay que decir que algunas cosas que tenemos que hacer aquí conjuntamente son casi arte presupuestario. 
Es el tercer año en que hemos puesto en marcha conjuntamente el presupuesto. 
Creo que realmente podemos estar satisfechos de nuevo con el resultado. 
En nombre de la Comisión quiero expresar de nuevo mi agradecimiento a todos los participantes. 
-Gracias señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas. 
Contribuciones de los Estados miembros al recurso propio procedente del IVA (SEC-95) 
-De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A5-0431/2001) de la Sra. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo en lo que respecta a la utilización del SEC-95 para determinar las contribuciones de los Estados miembros al recurso propio procedente del IVA (8793/1/2001- C5-0385/2001- 2000/0241 (COD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, con un reglamento del Consejo de junio de 1996 se introdujo un nuevo sistema europeo revisado de cuentas generales en el ámbito nacional y regional, el SEC de 1995. 
Este SEC de 1995 sustituyó al antiguo SEC de 1979. 
Su aplicación fue obligatoria para todos los Estados miembros. 
Es aplicable a todos los actos comunitarios menos uno. 
Para las finalidades presupuestarias y de recursos propios debería seguir en vigor el antiguo sistema mientras estuviese en vigor la resolución sobre recursos propios de 1994. 
En aquella ocasión, se partió del hecho de que en 1999 iba a haber una nueva resolución sobre los recursos propios. 
Entretanto sabemos que ha tardado hasta finales de septiembre del 2000 hasta que el Consejo se decidió por fin. 
Pero al mismo tiempo ha intentado meternos prisa aquí, en el Parlamento Europeo. 
Se pintó un panorama desolador para el caso de que el Parlamento no aprobase sin modificaciones la resolución del Consejo, si es que insistía en una segunda lectura. 
Alegaba que no se podía aceptar un retraso temporal, los recursos propios del IVA no se podrían recaudar adecuadamente, surgirían elevados costes a los Estados miembros porque habría que preservar los dos métodos recaudatorios estadísticos, etcétera, etcétera. 
Desde el año 2000 se calcula ya en todas las oficinas estadísticas según el sistema del 95 y no se dispone en absoluto de los datos SEC de 1979. 
Esto lo ha reconocido formalmente por lo demás también el Consejo en su posición común en el punto 2. 
Así pues, aquí sólo ejecutamos jurídicamente lo que ya es un hecho al aprobar ahora la posición común. 
Teníamos por ello todo el tiempo del mundo y queríamos aprovechar esta ocasión para llamar la atención de nuevo sobre la importancia de lado de los ingresos en la elaboración del presupuesto y la perspectiva de la financiación de nuestras políticas europeas. 
El Consejo ha aprobado en su posición común sólo la primera de nuestras enmiendas, en la que decimos que el cambio de un sistema a otro para la determinación de los recursos propios del IVA no va a tener ninguna influencia sobre el montante de los recursos propios, ni en lo que se refiere a la correspondiente distribución entre los Estados miembros, ni en lo referente al volumen total de dichos recursos. 
Ha rechazado nuestras enmiendas 2 y 3, por las que queríamos garantizar una información anual mejor de la autoridad presupuestaria sobre el estado de los recursos propios en forma de un documento de trabajo de la Comisión y mantener las conversaciones al respecto con el Consejo. 
Sí, la Comisión se ha declarado entretanto dispuesta en una carta dirigida a nosotros a poner a disposición todos los años un documento de trabajo de este tipo, por primera vez en el primer trimestre del próximo año. 
No, el Consejo no quiere hablar con nosotros. 
En el Acuerdo Interinstitucional no se prevé una conversación. 
Esto es lo que quería decir sobre la tan cacareada transparencia. 
Aún hay que añadir que los debates sobre los recursos propios no pertenecen a la legislación sobre la estadística. 
Por supuesto, no podemos invocar artículos del Tratado, el Reglamento Financiero o Acuerdos Interinstitucionales. 
Está claro que la legislación sobre la estadística no es el vehículo más atractivo, el mejor medio de transporte para nuestras exigencias. 
No poseemos formalmente ningún título jurídico, pero tenemos un derecho y ese derecho es el siguiente: el mismo derecho para las dos partes de la autoridad presupuestaria en todas las cuestiones del presupuesto común. 
Si en Laeken, en la siguiente Convención y en la subsiguiente Conferencia Intergubernamental se habla de democracia entonces hay hablar también sobre la plena codecisión democrática del Parlamento sobre el presupuesto europeo y no sólo hay que hablar sino también actuar. 
Si el resultado es: plenos derechos presupuestarios del Parlamento alcanzados, codecisión sobre el 100% de los gastos y codecisión sobre todos los ingresos, entonces estará bien. 
Pero si no se logra entonces la palabra democracia en la boca de los miembros del Consejo no tendrá el valor de la corriente eléctrica de los micrófonos en que se pronuncie. 
Señor Presidente, Señorías, para alcanzar los objetivos fijados en el Tratado de la Unión Europea y, más concretamente, de la Unión Económica y Monetaria, la Comunidad necesita unos instrumentos estadísticos de alta calidad, que proporcionen a todas las instituciones, Gobiernos y operadores económicos y sociales, un conjunto de estadísticas armonizadas y fiables en las que se puedan basar sus decisiones. 
En este sentido, se hace necesaria la modificación del Reglamento para hacer posible la utilización del SEC-95. 
En nuestra opinión, el nuevo SEC-95 aporta una importante mejora a la versión anterior, que data de 1979. 
Se ha progresado en la armonización de la metodología y en la precisión y exactitud de los conceptos, definiciones, clasificaciones y normas contables que deben aplicarse para conseguir la descripción cuantitativa de las economías de los Estados miembros. 
Es evidente que, al llevar a la práctica el cambio al nuevo sistema, los Estados miembros han realizado mejoras adicionales en la calidad de sus cuentas nacionales, como consecuencia de una completa revisión de sus fuentes y métodos utilizados en la elaboración de las cuentas. 
De entre todos los diversos usos de los datos de contabilidad nacional del SEC en el procedimiento presupuestario, entre otras cosas para fijar los límites presupuestarios, calcular el producto nacional bruto, establecer el cuarto recurso, etc., el único que se ve afectado por la modificación es la determinación de las contribuciones de los Estados miembros a los recursos procedentes del IVA. 
A este respecto, compartimos con la ponente la opinión de que utilizar este nuevo sistema resultaría indiferente respecto del nivel de las contribuciones de los Estados miembros, puesto que ya empezaron a adoptar el SEC-95 para elaborar sus cuentas nacionales. 
Intentar calcularlos de nuevo sería costoso y arriesgado y, además, no sería útil, ya que todos los expertos están de acuerdo en que, para ese ejercicio de reponderación de los índices de imposición, la utilización del SEC-79 o del SEC-95 no tendría consecuencias sobre el resultado. 
Por último, felicitamos a la ponente por haber conseguido un compromiso de la Comisión de presentar anualmente al Parlamento Europeo un informe sobre el estado de la recaudación de los recursos propios, las previsiones en la materia para el próximo ejercicio presupuestario y ciertos problemas frecuentes relacionados con el sistema. 
Esto contribuirá a una mayor transparencia y permitirá que el Parlamento Europeo esté debidamente informado del desarrollo de las adaptaciones necesarias para las armonizaciones del nuevo sistema. 
En lo demás coincidimos plenamente con las apreciaciones de la ponente. 
. Señor Presidente, Señorías, la Comisión quiere, en primer lugar, agradecer al Parlamento, y especialmente a la Sra. Haug su comprensión y la aprobación común del Consejo. 
El Reglamento, como ha destacado el Sr. Garriga, va a permitir que los Estados miembros utilicen ya los mejores y más recientes datos de las cuentas nacionales para el cálculo de los recursos propios basado en el IVA. 
También, como ha señalado el Sr. Garriga, el Reglamento no afecta para nada a los ingresos presupuestarios ni al equilibrio entre Estados miembros en materia de recursos propios. 
El debate en la primera lectura nos permitió comprender mejor y reafirmar la necesidad de mejorar la información al Parlamento de la parte relativa a los ingresos del presupuesto. 
Como resultado de este debate, en nombre de Comisión, quiero confirmar que a comienzos de cada año presentaremos al Parlamento el documento de trabajo sobre el estado de la recaudación de recursos propios, las previsiones de dichos recursos para el siguiente ejercicio presupuestario y cualquier otro problema específico relacionado con el sistema de recursos propios. 
Confirmo por tanto lo que en este sentido ha dicho la ponente, la Sra. Haug, y que también ha recogido el Sr. Garriga. 
Creo que vamos a establecer así una colaboración fructífera entre la Comisión y el Parlamento, y quiero felicitar a la Sra. Haug por esta iniciativa y por el trabajo que ha realizado con vistas a la adopción de este Reglamento de alto contenido técnico pero, no por ello, menos importante. 
Gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Financiero Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre el Libro verde sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal Financiero Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, la lucha contra el fraude a las finanzas de la Unión Europea tiene una elevada prioridad para la Comisión. 
La Comisión sabe que el Parlamento Europeo está de su lado como el aliado más importante. 
El colegio de Comisarios ha aprobado hoy unánimemente el Libro Verde presentado por mí sobre la protección penal de los intereses financieros de la Comunidad y para la creación de una Fiscalía Europea. 
Con la aprobación de este Libro Verde inmediatamente antes del Consejo Europeo de Laeken, la Comisión ha mandado una importante señal política. 
En la lucha contra el fraude hemos logrado ya algunas cosas, especialmente en la cooperación con los Estados miembros. 
La OLAF realiza un buen trabajo al respecto. 
La Comisión ha hecho también mucho en el campo de la prevención. Por ejemplo, en el futuro todas las propuestas legislativas van a ser examinadas por la OLAF en lo referente a su resistencia frente al fraude. 
Por otro lado, existen aún considerables déficits en la dimensión penal de la lucha europea contra el fraude. 
Necesitamos un proceder consecuente europeo en el plano de la persecución de los delitos. 
La persecución de los fraudes transfronterizos en perjuicio del presupuesto comunitario se detiene aún con frecuencia en las fronteras de no sólo 15 ordenamientos jurídicos diferentes sino 17 y con la ampliación la cifra aumentará aún más. 
Falta un instrumento eficaz para que las investigaciones administrativas de la OLAF y también las diligencias nacionales desemboquen en una persecución penal y no fracasen en las fronteras. 
Por ello, en septiembre del año 2000 la Comisión propuso ya para la Conferencia Intergubernamental de Niza la creación de un Fiscal Europeo para la protección penal de los intereses financieros de las Comunidades. 
El Fiscal Financiero Europeo representaría algo totalmente nuevo cualitativamente. 
Sería un paso realmente innovador en la lucha penal contra el fraude. 
Por desgracia, los Jefes de Estado y de Gobierno no recogieron en su día esta propuesta de la Comisión. 
Pero el tema es demasiado importante como para meterlo en el cajón. 
Por ello, he acordado la elaboración inmediata de un Libro Verde que precise la propuesta de un Fiscal Europeo y muestre cómo podría funcionar en la práctica. 
Hay que aprovechar al máximo el tiempo hasta la próxima reforma de los Tratados para responder a las preguntas y al escepticismo en los Estados miembros, quienes siempre plantean preguntas sobre la configuración concreta de este sistema. 
En el mismo Tratado CE se debe regular solamente el nombramiento del Fiscal Europeo, la revocación de su cargo, sus tareas y las características más importantes de esta instancia. 
Todas las demás modalidades, como el status y el modo de trabajo de la Fiscalía se deben regular en el derecho secundario. 
Precisamente de estas cuestiones se ocupa el Libro Verde. 
¿Cómo y a iniciativa de quién actúa la Fiscalía? 
¿Qué potestades tiene? 
¿Quién controla los actos del Fiscal? 
¿Cómo coopera con las autoridades nacionales encargadas de la persecución penal de los delitos? 
¿Cuál es la situación jurídica y la organización de la Fiscalía Financiera Europea? 
El Libro Verde plantea sobre estas cuestiones diversas opciones para ser debatidas. 
Sin embargo, la Comisión expone claramente sus preferencias que conforman un sistema coherente. 
¿Cuál es el enfoque general que propone la Comisión? 
¿Cuáles son las directrices del Libro Verde? 
El enfoque general de la Comisión apunta a regular en el nivel europeo sólo lo absolutamente necesario y a recurrir en lo restante al derecho y a los sistemas nacionales dentro de lo posible. 
Nuestras propuestas respetan de este modo plenamente el principio de la subsidiariedad y de proporcionalidad. 
El Fiscal Financiero Europeo supondría un enorme avance en la lucha penal contra el fraude sin trastocar por ello los sistemas de justicia nacionales. 
¿Qué significa esto en concreto? 
La originalidad de la propuesta consiste en que el Fiscal Financiero Europeo dirige y coordina centralmente la instrucción y la persecución penal en el plano europeo, pero que al mismo tiempo él mismo está organizado de modo descentralizado y que para las medidas concretas es determinante el principio del reconocimiento recíproco. 
De este modo, en Europa surge un espacio común de instrucción y persecución penal para la protección de los intereses financieros de las Comunidades. 
Una concluida la instrucción, el Fiscal Europeo presenta la demanda ante el Tribunal nacional competente del Estado miembro. 
El procedimiento judicial en sí, inclusive la sentencia, se realiza según el derecho nacional. 
La Comisión propone una estructura descentralizada de la Fiscalía. 
El Fiscal Europeo debe apoyarse en los Estados miembros en los llamados "fiscales nacionales delegados" que tienen un mandato europeo. 
En lo que se refiere al procedimiento, el Fiscal Europeo debe poder recurrir al amplio abanico de instrumentos de instrucción nacionales. 
Los fiscales deben poder reclamar la ayuda de las autoridades nacionales o regionales encargadas de la persecución de los delitos, como por ejemplo, la policía. 
La aplicación del principio del reconocimiento recíproco pretende que las actividades instructoras en todo el territorio de la Comunidad sean válidas automáticamente. 
Lo mismo es aplicable también al reconocimiento de las pruebas y al control judicial de las actuaciones del Fiscal Europeo. 
Así, por ejemplo, un registro o supervisión telefónica solicitados en un Estado miembro y concedidos por un juez nacional según el derecho nacional, deben ser válidos en todo el territorio de la Comunidad. 
Con este enfoque se respetan los ordenamientos jurídicos nacionales. 
Al mismo tiempo, el principio del reconocimiento recíproco hace que el espacio de instrucciones comunes sea una realidad. 
La Comisión es también de la opinión de que para el control judicial de las actividades del Fiscal Europeo es suficiente la vía jurídica interna de un Estado y que no es absolutamente necesario un Tribunal penal europeo. 
También en lo que se refiere a los actos punibles que deba perseguir el Fiscal Europeo, en opinión de la Comisión no es tampoco necesaria la creación de un código penal europeo. 
Proponemos por el contrario una armonización mínima que en cualquier caso debe ir más allá del nivel de la directiva propuesta para la protección de los intereses financieros de la Comunidad y, en consecuencia, también de los actos punibles tal como están regulados en el Convenio de 1995. 
Queremos recoger todos los delitos en perjuicio de los intereses financieros de la Comunidad, por ejemplo, también el fraude de las licitaciones o la violación de los secretos de servicio en perjuicio de los intereses comunitarios. 
También creemos que en las penas y en los plazos de prescripción son necesarias regulaciones unitarias. 
En total, el Libro Verde está estructurado estrictamente según los principios de la subsidiariedad y de la proporcionalidad pero garantiza el funcionamiento de un Fiscal Europeo. 
Creo que hemos logrado un buen equilibrio que puede convencer quizás a ciertos escépticos. 
El concepto de Fiscal Financiero Europeo se inserta perfectamente en la perspectiva de una Europa del derecho. 
He elaborado el Libro Verde en estrecha cooperación con el Comisario Vitorino. 
Los servicios de la OLAF han estado también en permanente contacto con los servicios de la Dirección General del Sr. Vitorino. 
Con los nuevos logros que hemos obtenido por fin en el sector de la cooperación de la justicia de los Estados miembros en asuntos penales, se crean unas condiciones marco favorables para la creación de un Fiscal Europeo. 
Menciono aquí la orden de detención europea que espero se apruebe también en el Consejo Europeo de Laeken. 
También menciono Eurojust. 
Eurojust no es ninguna instancia que esté en competencia con el Fiscal Europeo, por el contrario los dos se complementarían muy bien. 
Espero que con el Libro Verde se inicie un amplio debate sin prejuicios sobre la creación de un Fiscal Financiero Europeo y su funcionamiento con todos los círculos afectados, en especial, naturalmente con los prácticos, los jueces y fiscales en los Estados miembros. 
Quiero rogar al parlamento Europeo, como motor de esta idea, que participe activamente en el debate y que lo traslade a los Estados miembros. 
Necesitamos un respaldo lo más amplio posible a nuestras propuestas. 
El objetivo es que, una vez evaluados los resultados de la consulta, podamos presentar una aportación a finales del 2002 o comienzos del 2003 a la Convención para la preparación de la siguiente Conferencia Intergubernamental. 
La finalidad es anclar en los Tratados el Fiscal Financiero Europeo en la siguiente revisión de los mismos. 
Para ello necesitamos perseverancia. 
Pero soy optimista: juntos y con apoyo del Parlamento Europeo lograremos hacer realidad este objetivo. 
Señor Presidente, me dirijo en especial a usted, señora Comisaria Schreyer. 
Hace catorce días, usted me calificó como protagonista del Fiscal Financiero Europeo. 
Lo considero un honor y me permito incluirla en el mismo pues ahora hemos alcanzado lo que queríamos a comienzos de los años noventa. 
Es decir, un Libro Verde y como consecuencia del mismo una modificación del Tratado. 
Sin embargo, creo que hay que acelerar algo el calendario pues según sus palabras tendremos un Fiscal Europeo sólo a partir del 2006 ó 2007. 
Estamos a su lado, pero queremos acelerar el procedimiento, por lo que le ruego que por su parte también lo acelere para que alcancemos el objetivo y que preste atención para que a pesar de toda la subsidiariedad no surja anquilosamiento, lentitud e ineficiencia. 
Esto es importante para que logremos avanzar realmente con este fiscal. 
El ciudadano lo exige fuera y nosotros haremos algo por Europa si mostramos claramente que protegemos su dinero. 
Por un lado, es cierto que usted es la protagonista de esta idea que persigue desde hace mucho tiempo. 
Creo que nos encontramos en una fase en la que es muy importante actuar concretamente, tal como se reveló también en la cumbre de Niza. 
Se trataba de la cuestión de qué debía significar exactamente decir que toda esta idea tenía que esperar por el momento. 
El calendario es más o menos el siguiente: las consultas van durar hasta junio del 2002; mientras durante la próxima Conferencia Intercontinental se lance una modificación del Tratado se deben realizar al mismo tiempo propuestas para la legislación secundaria, es decir, sobre el modo de funcionamiento y cuestiones como la del reconocimiento de pruebas, etc., de modo que se utilice el tiempo para ambas cosas y que se llegue lo antes posible no sólo a la realización de la idea sino también de esta institución. 
En primer lugar, quisiera decir que la oradora anterior, mi insigne presidenta de comisión, estaba siendo ligeramente insincera porque en realidad la petición de que se cree un Fiscal Financiero Europeo no existe. 
Hace apenas dos semanas asistimos en el Parlamento a la eliminación de buena parte de su informe porque contenía referencias a dicho organismo. 
Habrá cierta disensión entre los distintos partidos políticos en esta Asamblea, pero además a muchas personas les preocupa adónde conducirá esto realmente. 
No creo que haya sido completamente justa con nosotros, señora Comisaria, cuando ha dicho que se llegará sólo hasta cierto punto y no más allá. 
¿Conducirá a un corpus juris? 
Si usted responde con un no a esta pregunta, ¿cómo puede conciliar esa respuesta con la que la Sra. Delmas-Marty dio a nuestra comisión hace un mes? 
La Sra. Delmas-Marty es la antigua presidenta del organismo supervisor de la OLAF y ha escrito muchos libros sobre este tema concreto. 
Ella dijo que sí- un Fiscal Financiero Europeo conducirá casi con toda seguridad a un corpus juris, un cuerpo común de leyes para toda la Comunidad. 
¿Cuáles serán las principales competencias del Fiscal Financiero Europeo? 
¿Qué facultades tendrá? 
¿Cuáles son los intereses financieros comunitarios? 
Seguramente usted no está desoyendo las señales políticas que envían el Consejo- muchos países están en contra- y el Parlamento, que como he dicho al comienzo, rechazó hace dos semanas muchas cosas que guardaban relación con el Fiscal Financiero Europeo? 
Señor Heaton-Harris, hace dos semanas tuvo lugar el debate sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad y en esa directiva se definen hechos punibles como el fraude, la corrupción o el blanqueo de capitales, además de un modo que ya habían acordado en 1995 todos los Estados miembros inclusive el Reino Unido. 
Pero aún no está en vigor y por este motivo la Comisión propuso incluirlo en una directiva. 
El Parlamento Europeo, al igual que la Comisión, era de la opinión de que esta directiva no era el lugar adecuado para definir un Fiscal Europeo pues, según el convencimiento de la Comisión y también del Parlamento, la creación de un Fiscal Europeo no se puede regular en una directiva sino que necesita una modificación del Tratado. 
Este fue el motivo por el que el Parlamento rechazó la propuesta de un diputado de regularlo ya en la directiva. 
Pero esto no fue un voto en contra del Fiscal Europeo. Creo que hay que decirlo aquí de nuevo. 
Ahora usted pregunta con razón cuáles van a ser las tareas del Fiscal Europeo. 
Por un lado, se va a hacer cargo de la dirección y coordinación de medidas de persecución penal y se va a hacer cargo también de la dirección de la instrucción de los casos. 
Pero las instrucciones en sí lo serían según el derecho nacional. 
El Fiscal Europeo tendría el derecho, una vez que haya acumulado las pruebas de incriminación o exoneración, a presentar una demanda sobre la base de tales pruebas, si bien la presentación de la demanda tendría lugar según el derecho nacional ante un tribunal nacional, por lo que aquí no se trata de crear un nuevo gran aparato o un nuevo código penal europeo, pues sabemos cuánto escepticismo existe aún al respecto. 
En el Libro Verde hemos realizado una relación de muchos de estos casos. 
Por ejemplo, hasta ahora tenemos la regulación de que si en un Estado miembro se practican pruebas para ser aportadas ante otro tribunal en un procedimiento transfronterizo ya que la delincuencia actúa transfronterizamente, entonces se dice por ejemplo: no, se han practicado administrativamente y no las reconocemos. 
Con frecuencia ocurre que se tienen muchísimas pruebas de que se está defraudando el presupuesto europeo, pero las mismas se eliminan casi- no quiero decir burocráticamente, sino jurídicamente- porque existen tales diferencias. 
Creo que no es esto lo que desean los ciudadanos ni tampoco el Parlamento Europeo. 
Señor Heaton-Harris, le ruego que examine sin prejuicios esta propuesta, pues hemos dicho que nos comprometemos a aplicar el principio de la subsidiariedad, pero naturalmente queremos también una protección penal eficaz de los intereses comunitarios. 
Señor Presidente, la Comisión presentó para la Conferencia Intergubernamental en Niza una propuesta para la modificación del Tratado. 
Si se hubiese aprobado, con la ratificación se habría creado por así decirlo el fundamento jurídico. 
El Consejo ha decidido de otra forma, en concreto, no incluyendo esta propuesta en las negociaciones. 
Ahora tenemos que esperar ciertamente hasta que la próxima Conferencia Intergubernamental lleve a cabo una modificación del Tratado para que se pueda crear realmente el Fiscal Europeo. 
Pero ya he dicho que vamos a aprovechar naturalmente este tiempo y no esperar sencillamente, sino que vamos a aprovecharlo para averiguar el mejor modelo posible en las consultas y deliberar luego sobre el funcionamiento, organización, estado, cuestiones de plazos de prescripción, es decir, sobre todo lo que se tiene que aclarar. 
Parto del hecho de que en la Comisión de Control Presupuestario vamos a tener unos debates muy intensos y concretos sobre las cuestiones planteadas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero referirme a la cuestión del calendario en el sentido de lo expuesto por el orador anterior. 
No creo, señora Comisaria, que ante los dos mil millones de fraude detectados y de irregularidades así como ante los desafíos- también en el aspecto financiero- que la ampliación hacia el Este le va a plantear a usted y a nosotros, nos podamos permitir esperar hasta el año 2006. 
Creo que aquí es necesaria una mayor celeridad. 
Sabe exactamente igual que nosotros, pues conoce nuestro informe y las propuestas que se han hecho, que puede iniciar perfectamente la primera fase, la fase inicial sin necesidad de modificar el Tratado. 
Tanto este consejo de expertos, que realizó en 1999 propuestas para la reforma de la Comisión, como el comité de supervisión de la OLAF en su último informe anual, le han mostrado estas dos fases. 
Ante la auténtica urgencia existente, le pregunto porqué aún duda. 
¿Por qué da largas al asunto hasta el año 2006? 
¿Por qué titubea y no inicia inmediatamente los trabajos, tal como exigimos por última vez en el informe Bösch? 
Señor Presidente, señora diputada, la Comisión no tiene la competencia de nombrar a un fiscal que pueda llevar a cabo la persecución penal en los Estados miembros y presentar demandas. 
Esto no es así sino que la Unión Europea se basa en una obra contractual por la que los Estados miembros ceden competencias al nivel europeo. 
Los Estados miembros no han cedido hasta ahora la competencia de crear un Fiscal Europeo. 
Esta competencia para la persecución penal se tiene que establecer primero en el nivel europeo. 
Es decir, tiene que producirse una modificación de los Tratados y se debe crear naturalmente un instrumento eficaz que pueda perseguir realmente penalmente a la delincuencia transfronteriza en todos los Estados miembros y no sólo llevar a cabo la instrucción del sumario sino que también pueda presentar demanda para que de la persecución penal se derive también una demanda y finalmente una pena. 
Este es el procedimiento que tenemos que aplicar. 
Usted puede decir ahora que desea otra Unión Europea, pero yo también tengo que decirle que la Comisión es la vigilante de los Tratados, por lo que tenemos que proponer algo que respete las competencias existentes. 
Esta es una propuesta que, en mi opinión, tiene realmente futuro y espero que con ella podamos convencer también a los escépticos. 
Señor Presidente, sólo quería hacer algunas preguntas. 
Lamento no haber estado aquí al comienzo del debate. 
En primer lugar, ¿no piensa que el Sr. Heaton-Harris está dando luz verde a los defraudadores? 
Durante los últimos cinco años sólo han sido procesadas dos personas por fraude contra la Unión Europea. 
Si el Sr. Heaton-Harris no propone ninguna alternativa, en efecto les estará dando luz verde. 
Me pregunto si podría ofrecernos su comentario al respecto. 
En segundo lugar, ¿cómo se puede convencer a los Estados miembros que se resisten al concepto del Fiscal Financiero Europeo, como por ejemplo mi país, que, en mi opinión, está equivocado sobre esta cuestión? 
En tercer lugar, ¿cómo se nombrará al Fiscal Financiero Europeo? 
Y, en cuarto lugar, ¿está dispuesta a reconocer que es importante que no procedamos demasiado deprisa y reconoce además que la presente propuesta no es suficiente? 
En otras palabras, Eurojust sencillamente no funcionará. 
Señora Schreyer, le voy a rogar a usted también la mayor brevedad. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, tal como he expuesto respecto a la relación con Eurojust, se trata de una relación complementaria. 
El Fiscal Europeo que aquí se propone se refiere a la protección de los intereses de la Comunidad en el sector financiero. 
Eurojust trabaja en otros campos de la delincuencia grave. 
Por supuesto que debería existir una relación también en lo referente al intercambio de datos, siempre naturalmente bajo perspectivas de protección de los datos, pero hay que ver esto complementariamente. 
En segundo lugar, en lo tocante al nombramiento, aquí existirían diversos procedimientos. 
Por un lado, hay que encontrar un procedimiento para el nombramiento del Fiscal Europeo, que representa casi a la fiscalía. 
Los fiscales nacionales europeos o los delegados desean una estructura descentralizada y se les nombraría según el correspondiente derecho del Estado miembro. 
No creo que el Sr. Heaton-Harris quiera proteger a los defraudadores, pero lo importante es qué pasos hay que dar para lograr una protección eficaz. 
Repito de nuevo que tenemos un presupuesto comunitario, finanzas comunitarias y un mercado interior común, por lo que ya no existen fronteras en el sector jurídico pero aún tenemos 17 sistemas jurídicos diferentes pues el Reino Unido tiene tres sistemas diferentes. 
Se trata pues de obstáculos reales que hacen que una posible persecución penal muestre muchos puntos flacos y estos son los que debemos superar. 
Todo lo que dice el Comisario suena muy alentador. 
Sólo una pregunta: ¿Qué hay de la cooperación por parte de la acusación propuesta con OLAF? 
Señor diputado, también para ello existen naturalmente diversas posibilidades. 
Por un lado, que la OLAF siga realizando investigaciones jurídico administrativas en su función actual debiéndose entonces regular que la OLAF pueda aportar sus resultados a esta fiscalía y que naturalmente se empleen entonces allí los datos averiguados. 
Otra posibilidad sería que la OLAF se haga cargo ella misma de funciones de instrucción, es decir no sólo de investigación. 
No hemos colocado esto conscientemente en el primer plano del debate sino que se ha dicho después que queríamos encontrar una determinada función para la OLAF. 
Esta es casi una cuestión que se debe deducir del entramado global. 
Sólo puedo indicar de nuevo que ahora no se trata de ideas que compitan entre sí sino de un Libro Blanco que ha sido elaborado también con la participación de la OLAF. 
La OLAF se encuentra siempre ante el problema de que ha acumulado pruebas o datos y tiene que esperar para ver si una fiscalía nacional acepta ese material para actuar. 
Precisamente para el trabajo de la OLAF sería un auténtico avance si tuviésemos este Fiscal Financiero Europeo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
No ha lugar, es imposible entrar en diálogo. 
Deben conocer el Reglamento y aplicarlo. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0536/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0878/01): 
Asunto: Garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de una Unión ampliada Entre Eslovenia y Croacia hay aproximadamente 370 pasos fronterizos. 
No obstante, hoy por hoy, el Gobierno de Eslovenia sólo dispone de dinero suficiente para equipar con personal unos 90. 
Es decir, cerca de 270 están en la actualidad totalmente abiertos. 
Teniendo en cuenta el terrorismo, la delincuencia organizada y la emigración ilegal, ¿qué planes tiene la Comisión para garantizar una frontera segura de la Unión en la Unión ampliada? 
. (EN) Señor Presidente, se espera que una de las fronteras exteriores de la Unión Europea transcurra a lo largo de la frontera entre Eslovenia y Croacia. 
Existen 36 pasos fronterizos a lo largo de esta frontera por los que se puede cruzar legalmente. 
Las cifras que cita su Señoría hacen referencia a lugares por los que es físicamente posible cruzar la frontera entre Croacia y Eslovenia, pero que está legalmente prohibido- por ejemplo, senderos, carreteras y puentes. 
Estoy de acuerdo con su Señoría en que la realidad sobre el terreno- en sentido literal- merece atención. 
La Comisión recuerda que Eslovenia debe alcanzar un control de la frontera exterior de alto nivel tras su adhesión. 
La Comisión sigue muy de cerca el progreso de Eslovenia en el marco de las negociaciones en el capítulo de Justicia y Asuntos Interiores, así como en el proceso de preadhesión. 
Eslovenia deberá demostrar sistemáticamente su capacidad de controlar a todas las personas que cruzan las fronteras exteriores y garantizar una vigilancia fronteriza eficaz en las zonas comprendidas entre los pasos fronterizos autorizados. 
En este sentido, Eslovenia ha preparado un plan de acción detallado para la aplicación del acervo de Schengen, tal y como le pidió la Unión Europea. 
En este plan de acción, Eslovenia ha demostrado que está adoptando las medidas necesarias para garantizar la creación de la infraestructura y de los equipos adecuados en la frontera con Croacia. 
Asimismo, Eslovenia está adoptando medidas para garantizar una mayor coordinación entre sus autoridades responsables de los controles fronterizos. 
Asimismo, la Comisión desea hacer hincapié en el hecho de que Eslovenia ya ha puesto en marcha una cooperación bilateral intensiva para el control de la frontera común con Croacia. 
Esta cooperación se verá ampliada por la celebración del acuerdo sobre controles fronterizos simplificados del tráfico ferroviario y por carretera y de un acuerdo sobre la cooperación policial transfronteriza. 
Este último acuerdo también abarcará patrullas fronterizas conjuntas para la vigilancia de la frontera verde, es decir, las zonas entre los pasos fronterizos autorizados. 
Además de la importantísima ayuda financiera concedida a Eslovenia para la mejora de sus controles fronterizos- se trata de una ayuda financiera en el marco del proceso de preadhesión -, la Comisión está alentando y apoyando directamente la cooperación bilateral entre Eslovenia y Croacia. 
Esta ayuda se financia con cargo a nuestro programa de asistencia a Croacia para la gestión fronteriza integrada, que cubrirá también los pasos fronterizos con Eslovenia. 
Eslovenia y Croacia han alcanzado recientemente un acuerdo sobre la demarcación de la frontera común. 
A pesar de que en el pasado la falta de demarcación no afectaba en la práctica a la calidad de los controles fronterizos ni a la vigilancia de la frontera verde y azul, este acuerdo, una vez que haya sido ratificado, es una prueba adicional de la buena cooperación que existe entre ambos países. 
Gracias, señor Comisario, por la respuesta tan completa. 
Todos somos conscientes de que es una tarea difícil. 
La cuestión que he planteado me la planteó a su vez un ministro en Liubliana. 
Los terroristas, traficantes, inmigrantes, delincuentes, etcétera harán uso de todos los pasos fronterizos, ya sean legales o ilegales. 
Por consiguiente, es un problema muy grave. 
El ministro me dijo también que ellos no podían correr con los gastos; no disponían de recursos suficientes para dotar de personal todos esos pasos. 
Por lo tanto, Eslovenia tiene un problema real. 
Hay otros nueve países candidatos- si dejo de lado a Chipre y Malta, donde supuestamente será más fácil controlar las fronteras- lo que significa que tenemos en total diez países candidatos, todos ellos con problemas como éste, sin recursos suficientes para hacer frente al coste. 
¿Existe la posibilidad de que la Comisión proponga que la Unión asuma la responsabilidad de proteger nuestras fronteras orientales? 
. (EN) No estoy necesariamente de acuerdo en que el océano sea más fácil de controlar. 
Quiero decir que es igual de fácil entrar en Malta o Chipre desde el mar durante la noche que cruzar una colina en las montañas. 
Hemos organizado y financiado ayuda a la generación de capacidad para proporcionar una asistencia muy sólida en este esfuerzo y eso es lo que debemos hacer en estos momentos. 
Es muy importante, como parte de todo el proceso de negociación y de aceptar el acervo comunitario y las responsabilidades, que aclaremos que ésta es una responsabilidad del país candidato. 
Los problemas son numerosos. 
El tema de controlar la periferia de la Unión Europea seguirá con nosotros como un auténtico desafío durante bastante tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, el Comité conjunto Parlamento Europeo/Parlamento Eslovaco ha llevado a cabo hace poco tiempo un viaje por la frontera de Eslovaquia. 
En las cercanías de Kosicec hay una franja fronteriza de cuarenta kilómetros de longitud de la que se nos ha informado que es muy difícil de controlar y en la que actualmente se puede observar un fuerte aflujo de refugiados afganos de los que quizás no todos ellos quieren viajar a Europa con intenciones pacíficas. 
De ahí mi pregunta: ¿existen posibilidades para la Comisión de emplear aquí por ejemplo una vigilancia por satélite o sistemas automáticos, de modo que por un lado se pueda acumular material estadístico y, por otro, protegerse mejor en el futuro mejor mediante un control más intenso de estos refugiados? 
¿Qué programas están a disposición realmente para estos Estados? 
. (EN) Señor Presidente, es difícil añadir algo sustancialmente nuevo a lo que ya he manifestado. 
Pero la mención de la vigilancia por satélite me lleva a decir que el Parlamento debe dar por descontado que la Comisión se toma en serio el proyecto Galileo y considera que es un programa importante. 
Ésta sólo sería una aplicación más. 
No tenerlo sería un problema para el futuro de Europa y para nuestros propósitos. 
No podría estar más de acuerdo con las observaciones de su Señoría, pero le ruego que hable con el Gobierno de su país sobre este asunto. 
Pregunta nº 40 formulada por, a quien sustituye Carlos Carnero González (H-0881/01): 
Asunto: Revitalización de la política euromediterránea El pasado 24 de octubre el Presidente Romano Prodi declaró ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo en el debate del Consejo Europeo de Gante del 19 de Octubre que " ha llegado el momento de abrir una nueva fase en la política mediterránea... /... Debemos ahora utilizar mejor todas las oportunidades a nuestra disposición para hacer un salto de calidad. 
El espacio euromediterráneo debe proponerse perspectivas concretas de integración económica y la instauración de mecanismos institucionales para tomar decisiones en común. " 
¿Qué mecanismos piensa reforzar la Comisión de los ya existentes para hacer más efectivo el partenariado euromediterráneo? 
¿Qué mecanismos o instrumentos nuevos piensa proponer la Comisión para generar perspectivas concretas de integración económica y social con los países del Mediterráneo a corto y medio plazo? 
¿Qué mecanismos institucionales deberían ponerse en marcha para la "toma de decisiones en común"? 
. (EN) Con la revitalización del proceso de Barcelona, estamos reforzando las actuales instituciones de la cooperación euromediterránea y avanzando en varios ámbitos fundamentales. 
Respecto a los acuerdos de asociación, 2001 comenzó con la buena noticia de la decisión de Egipto de iniciar el acuerdo de asociación, y actualmente están en curso las negociaciones con Argelia, Líbano y Siria. 
Mi segunda observación es relativa a los signatarios del acuerdo de asociación que están desarrollando el libre comercio entre sí. 
Estamos animando a todos los firmantes del acuerdo de asociación a que aprueben disposiciones sobre el libre intercambio entre ellos que facilite la cooperación económica y la entrada de inversiones. 
La Comisión está trabajando con los países que ya han iniciado este proceso para ver qué ámbito es el más idóneo para proporcionar asesoramiento técnico de cara a ayudar a los países asociados a alcanzar un acuerdo. 
Paralelamente, estamos trabajando en las normas de origen para estudiar el modo de integrar a los países asociados en un sistema paneuropeo. 
Estamos ayudando a nuestros socios a aproximar más sus marcos legislativos a los nuestros con vistas a sentar las bases para un mercado interior euromediterráneo, así como para explotar plenamente la futura zona de libre comercio. 
Durante 2001, la Comisión ha seguido desarrollando el concepto del mercado interior euromediterráneo, ha proporcionado información sobre sus repercusiones y oportunidades y, en el marco del programa MEDA, ha prestado especial atención a los temas de mercado interior. 
Estamos reforzando la cooperación en toda una serie de sectores. 
Estamos reforzando el diálogo económico regional con futuros debates sobre el crecimiento y el empleo. 
Estamos utilizando MEDA para examinar determinadas necesidades de infraestructura desde una perspectiva regional o subregional y, en su caso, elaborar estrategias para la interconexión y el enlace con las redes transeuropeas que garanticen la financiación y ejecución de los proyectos prioritarios. 
Junto con otros socios, estamos desarrollando un nuevo programa regional MEDA sobre justicia y asuntos interiores y participando en negociaciones sobre estos temas a nivel bilateral en relación con las disposiciones de los acuerdos de asociación y la programación MEDA. 
Respecto a los nuevos instrumentos y mecanismos, en reconocimiento de que la cooperación entre los países europeos y mediterráneos no puede ser únicamente política o económica, la Comisión está estudiando el modo de iniciar un nuevo diálogo cultural de amplia base en la región mediterránea. 
En este sentido, además de los programas que se están llevando a cabo actualmente para apoyar la cooperación en materia de patrimonio cultural, actividades audiovisuales e intercambio entre jóvenes, la Comisión está examinando la viabilidad de ampliar a la región mediterránea el programa TEMPUS sobre educación superior. 
Con respecto a las nuevas estructuras para el diálogo, la Comisión presentará propuestas para adaptar los métodos de trabajo del partenariado euromediterráneo, en particular, que prevean un diálogo político más frecuente sobre asuntos regionales e internacionales. 
La Comisión lanzará un diálogo político con sus socios mediterráneos sobre la política de empleo, sobre cómo compartir la experiencia comunitaria en la lucha contra el desempleo y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Trabajará en la mejora de la información y las estadísticas disponibles dentro del esfuerzo continuado para canalizar la migración legal y luchar contra la migración ilegal. 
Por último, la Comisión estudiará el modo de estimular la inversión y los proyectos conjuntos de desarrollo en el Mediterráneo, por ejemplo, estudiando la necesidad y la viabilidad de un nuevo banco u otro mecanismo financiero que amplíe la labor del Banco Europeo de Inversiones. 
Permítanme añadir información relativa al comportamiento que han tenido este año las actividades del programa MEDA. 
En el presupuesto para este año hay compromisos en el marco del programa MEDA por valor de unos 740 millones de euros, que esperamos se ejecuten en su totalidad. 
Lo mismo es cierto en el caso de otras líneas presupuestarias de las que se benefician los socios mediterráneos. 
En lo que se refiere a los pagos, se espera que éstos representen más del 56% de los compromisos de este año hasta alcanzar una cifra próxima a 500.000 euros, de hecho, es el mejor resultado obtenido hasta ahora en la región. 
Éste es también el primer año en que se aplica el reglamento MEDA revisado, que crea mecanismos para una programación más coherente de la ayuda, una mejor coordinación con los países asociados, así como con otros donantes principales, y procedimientos de aprobación más agilizados en el seno de la Unión Europea. 
Ya se han celebrado consultas con los interlocutores y con los otros donantes sobre los informes estratégicos sobre los países y las regiones que abarcan desde 2002 a 2006 y sobre los programas indicativos nacionales y regionales más detallados para 2002 hasta 2004. 
Todos estos documentos deberían estar aprobados antes de que finalice el año. 
Informo sobre estos detalles porque no quiero dejar pasar la oportunidad de informar al Parlamento sobre el programa MEDA, que ha sido bastante problemático en el pasado. 
Ahora ya vemos algo de luz al final del túnel. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Comisario por su amable y extensa respuesta y también disculpar al Sr. Obiols que, en contra de lo que habría sido su deseo, no ha podido llegar para estar a tiempo en el Pleno de hoy. 
Efectivamente, creo que el Comisario nos da una serie de elementos para pensar que la Comisión Europea está en la misma línea que el Parlamento. 
Es necesario impedir que lo que ha sido uno de los mayores éxitos de la política exterior de la Unión Europea, la puesta en marcha del proceso euromediterráneo, pueda entrar en una zona de estancamiento. 
Ese proceso no se puede limitar ni a las cumbres euromediterráneas ni tampoco a las reuniones ministeriales, como la que va a tener lugar el próximo mes de abril bajo la Presidencia española en Valencia. 
Es por lo tanto necesario poner en marcha mecanismos que bajen el nivel verticalmente y también lo amplíen horizontalmente. 
Yo sugiero que se añada a lo que ha dicho el Comisario la posibilidad de las relaciones entre la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de mujeres- también ha citado a los jóvenes- y, desde luego, en el ámbito de la cultura. 
Pido a la Comisión que se pronuncie al respecto. 
. (EN) No tengo nada más que decir sobre el asunto. 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0917/01): 
Asunto: Niños africanos vendidos como esclavos en Europa La BBC ha tratado recientemente la cuestión del creciente tráfico de niños africanos con destino a Europa. 
Se estima que, solo en el Reino Unido, hay alrededor de 10.000 niños de África Occidental que viven con extraños, y hay indicios de que este tráfico se extiende a toda la Unión Europea. 
Los padres, persuadidos de que a sus hijos les espera una vida nueva y mejor, los envían a vivir con amigos y familiares lejanos con objeto de que reciban educación. 
En realidad, estos niños son obligados a trabajar como esclavos domésticos, algunos son golpeados o sufren abusos y es raro que pongan el pie en una escuela. 
La BBC hizo hincapié en que es aparentemente muy fácil sobornar a los funcionarios en África Occidental para procurarse documentos auténticos que permitan que los niños sean llevados a Europa. 
¿Considera que se podría desarrollar a escala comunitaria una acción coordinada para poner fin a esta práctica incalificable? ¿Puede confirmar que el convenio de la OCDE sobre la lucha contra la corrupción, cuyo objeto es evitar la corrupción de funcionarios públicos en los países del tercer mundo, ha sido ratificado por la Comisión y por todos los Estados miembros? 
. (EN) La Comisión confirma que está informada del fenómeno del tráfico de niños. 
En lo que respecta a la situación en la Unión Europea, se ha llevado a cabo un estudio con la ayuda del programa STOP. 
El título del informe es Trafficking in unaccompanied minors for sexual exploitation in the European Union (Tráfico de menores no acompañados para su explotación sexual en la Unión Europea). 
El informe fue elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones y está disponible en la página web de la OIM. 
El informe incluye cifras de Bélgica, Alemania, Italia y los Países Bajos. 
Asimismo la Comisión espera en breve un informe de Defence for Children International de los Países Bajos. 
Esta organización ha realizado un estudio sobre el alcance del tráfico de niños con fines de explotación sexual en la Unión Europea, cómo llegan hasta aquí, qué les sucede a continuación y qué podemos hacer para ayudarles. 
Por otra parte, para 2002, el programa STOP II apoyará un seguimiento y una ampliación del informe de la OIM a través de un seminario sobre el tráfico de menores no acompañados en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Investigación adicional sobre la situación en Francia, Grecia y España formará parte de la preparación de dicho seminario. 
En cuanto a la actuación contra el tráfico de seres humanos, la Comisión ha venido desarrollando una amplia política de lucha y prevención de este tráfico de seres humanos durante los últimos años. 
El ejemplo más reciente es el acuerdo alcanzado el 28 de septiembre de 2001 sobre la propuesta de la Comisión relativa a una decisión marco sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos. 
La decisión marco trata fundamentalmente sobre la aproximación de las legislaciones penales y de las penas que mejore y facilite el cumplimiento de la ley y la cooperación judicial. 
La Comisión confirma que el diálogo político en el marco del Acuerdo de Cotonú y el apoyo de la UE a la buena gobernanza en los países ACP han brindado oportunidades reales de tratar sobre los aspectos humanos y sociales de esta práctica, así como sobre los elementos de corrupción que pueden estar relacionados. 
Por otra parte, habida cuenta de que la pobreza y la falta de oportunidades locales se encuentran entre las principales causas del tráfico de niños, el enfoque de reducción de la pobreza en nuestra cooperación al desarrollo es una base significativa para luchar contra este problema. 
Se da prioridad al crecimiento equitativo y a un mejor acceso a la educación. 
La Comisión también está llevando a cabo acciones y la coordinación con UNICEF y un gran número de ONG en varios países africanos en los que este problema es más grave. 
En junio de 2000, en Cotonú, Benín, tuve la extraña experiencia de visitar dos proyectos que estamos financiando desde la Comisión. 
Un proyecto ayuda a niños abandonados, el otro ayudada a niños raptados. 
En la misma ciudad teníamos a dos grupos de beneficiarios: un proyecto era para los niños de la calle o huérfanos o sencillamente niños abandonados, y el otro era para niños que el proyecto había salvado de ser esclavizados. 
Fue una experiencia muy extraña. 
Fuimos de un proyecto al otro y nos informaron sobre dos modos diferentes en que los niños pueden llegar a encontrarse en situaciones muy graves. 
Estamos contentos con nuestra cooperación con las ONG de muchos países que intentan hacer algo significativo allí. 
Por último, no está previsto que la Comunidad como tal ratifique el convenio de la OCDE sobre la lucha contra el soborno y la corrupción, al que se hace referencia en la pregunta, porque sus Estados miembros están ratificando dicho convenio. 
Hasta el momento, todos los Estados miembros, excepto Irlanda, han ratificado el convenio y se espera que Irlanda lo hará en breve. 
Señor Presidente, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Sr. Comisario por esta respuesta tan amplia y también por haber mencionado su experiencia personal con el problema. 
Me alegra la serie de medidas que ha explicado. 
Permítame hacerle un par de preguntas complementarias: en su lista de los países que han participado en los distintos estudios sobre el programa STOP no ha mencionado el Reino Unido. 
Quizás pueda confirmar si mi Estado miembro participa o será incluido en dicho programa en el futuro. 
Si no es el caso, quizás éste sea un asunto en el que yo, junto con otros, podamos hacer algo al respecto. 
En segundo lugar, en términos del trabajo que ha explicado y de su experiencia personal, en particular en relación con el tema de proporcionar información a los padres de los niños- hasta cierto punto y dejando de lado los temas que yo planteaba en mi pregunta, porque del reportaje de la BBC se deduce claramente que los padres de los niños son engañados absolutamente por las personas que quieren explotar a sus hijos- existen quizás motivos para involucrar a la UE en algún tipo de campaña para superar este problema de engañar a los padres e intentar erradicar el problema de raíz. 
. (EN) Señor Presidente, no dispongo de ninguna información sobre la participación del Reino Unido en estas investigaciones y estudios. 
Está claro que el valor real de estos estudios es su capacidad de arrojar luz sobre todo el problema y concienciar a la opinión pública. 
El conocimiento como tal es un arma poderosa. 
Respecto a la cuestión específica de los niños soldados, sobre la que hemos puesto en marcha una iniciativa personal en mi nombre, la UNICEF está elaborando un plan para intentar establecer un sistema de información real que pueda elaborar informes, haciendo uso de una amplia base estándar que permita establecer estadísticas significativas y fidedignas. 
Por el momento, sólo disponemos de las cifras que han estado circulando durante los últimos cinco o seis años. 
Por tanto, este plan va encaminado a ejercer presión y a mantener mejor informado a todo el mundo. 
No obstante, el quid de este problema no es sólo la pobreza, es también la avaricia. 
Es una cuestión moral. 
Poner de relieve el problema de la avaricia podría ser parte de una labor más sólida en este campo. 
Gracias, señor Comisario. 
Tengo que comunicarles que el Sr. Lamy no ha llegado todavía, de manera que en primer lugar contestará las preguntas la Sra. Diamantopoulou. 
Segunda parte Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou 
Pregunta nº 44 formulada por, a quien sustituye Mihail Papayannakis (H-0866/01): 
Asunto: Accidente mortal en Perama- aplicación de las directivas sobre salud y seguridad de los trabajadores El pasado 20 de octubre de 2001 hubo cinco muertos como consecuencia de un incendio declarado durante los trabajos que se realizaban en un buque cisterna, y se conjetura que no se había efectuado una limpieza correcta del tanque en el que trabajaban las víctimas. 
Similares accidentes laborales mortales ocurren a menudo en los astilleros de Grecia durante las reparaciones de buques cisterna. 
En relación con el último accidente, las autoridades judiciales griegas han incoado procedimiento penal, entre otras razones, por infracción del Decreto presidencial 70/90 relativo a la salud y la seguridad de los trabajadores durante los trabajos de construcción y reparación naval. 
Dado que han transcurrido diez años desde la promulgación del citado Decreto presidencial y que entretanto se ha adoptado una serie de directivas comunitarias sobre la protección de los trabajadores en tales condiciones de trabajo, ¿puede indicar la Comisión si hay directivas y medidas de acompañamiento sobre la salud y la seguridad de los trabajadores que tendrían aplicación en las condiciones de trabajo reinantes en los buques cisterna, si se han incorporado a la legislación nacional griega y si el Decreto presidencial 70/90 cubre en la actualidad las obligaciones derivadas de la legislación comunitaria? 
. (EL) Señor Presidente, la pregunta del Sr. Alavanos se refiere al mortal accidente de Perama, un suceso particularmente trágico, sin duda alguna, y quisiera expresar las condolencias de la Comisión a las familias de los trabajadores que fallecieron. 
A la pregunta del Sr. Alavanos de si hay directivas y medidas de acompañamiento sobre la seguridad de los trabajadores en buques cisterna que deberían haberse incorporado a la legislación griega, la respuesta es que no hay ni nuevas medidas ni un nuevo marco legislativo que hubieran debido incorporarse, y que la directiva marco 89/391, relativa a los sectores de la construcción y la reparación naval, se ha incorporado a la legislación griega de tal modo que cubre las condiciones de trabajo en dichos ámbitos. 
Hay que decir que el accidente en cuestión está siendo investigado por las autoridades griegas. La Unión Europea espera los resultados finales de la investigación sobre las causas, de tal suerte que, en colaboración con el gobierno griego, puedan adoptarse medidas que impidan la repetición de accidentes semejantes. 
Finalmente, debo decir que la estrategia para la salud y la seguridad se ha incluido entre las prioridades de la Comisión Europea. 
A escala europea todos los años se registra un altísimo número de muertes. 
En 2002 se hará pública la nueva estrategia para la salud y la seguridad, y en estos momentos se está preparando el informe relativo a la aplicación a escala nacional de la legislación europea para la salud y la seguridad. 
Se trata de un informe europeo, en cuyo marco se juzgará en qué medida cada uno de los países ha aplicado las normas de salud y la seguridad correspondientes a cada sector durante el último año. 
Señora Comisaria, a partir de su última frase, quisiera preguntar lo siguiente: ¿el informe que usted menciona incluye datos relativos al modo de aplicación de la directiva 89/391? 
Pregunto porque no es la primera vez que se producen accidentes. 
En Perama, concretamente, se han convertido ya en costumbre. 
Desearía dirigirle además las siguiente preguntas complementarias: estudiando los textos- no soy un jurista especialmente versado en estos temas- he encontrado otras directivas que, a juzgar por sus títulos, parecen tener relación con el asunto que nos ocupa. 
La 89/656 y la 99/92 se refieren a las atmósferas explosivas y al trabajo en esas atmósferas, a las cuales se debe el accidente de Perama. 
¿No tienen estas directivas ninguna relación con el asunto? 
Y en todo caso, y puesto que ha dicho que esperan- como es natural- las noticias de Grecia, ¿la Comisión no examina en ocasiones por iniciativa propia la situación reinante, al menos en lugares, como Perama, singularmente sensibles y marcados en el pasado? 
. (EL) El Parlamento Europeo sabe que la Comisión ha recibido denuncias sobre asuntos relacionados con la aplicación de las disposiciones nacionales mediante las cuales se incorporan a la legislación nacional las directivas a las que usted se ha referido en relación con grecia. 
Yo diría que es excepcionalmente difícil que la Comisión actúe por su cuenta controlando y siguiendo la aplicación de las directivas en todos los Estados miembros. 
Cuando, sin embargo, hay denuncias y peticiones concretas, está lógicamente obligada a investigarlas, y, como es natural, a actuar del modo más adecuado, empezando con el correspondiente requerimiento a los gobiernos y llegando, por supuesto, en el caso de constatar la no aplicación de la legislación hasta la denuncia del Estado miembro en cuestión ante los tribunales. 
Ha habido denuncias referidas a la aplicación de la legislación nacional, ha habido un intercambio de correspondencia al respecto que empezó en verano, concretamente en agosto, entre el Gobierno griego y la Comisión Europea; un equipo de mi dirección visitó Grecia, examinó el marco institucional y su aplicación, pedimos datos complementarios a propósito de la carta enviada por el gobierno griego el 9 de noviembre, y creemos que en estos momentos se está trabajando sobre los datos enviados. Entre tanto hemos solicitado otros datos, al objeto de poder concluir una valoración completa del grado de aplicación de la legislación con respecto a las directivas concretas a las que usted se ha referido. 
Señor Presidente, yo sí que tendría una pregunta adicional. 
Es muy importante que se apliquen al tráfico marítimo las normas relativas a la salud y seguridad en el trabajo, sobre todo cuando se trate de buques petroleros. 
También tiene una importancia crucial el cumplimiento de la legislación medioambiental. 
Tras el accidente del Erika, hemos tenido en Europa varios proyectos encaminados a mejorar la legislación medioambiental en lo que concierne a los petroleros. 
Ayer se detectó en Finlandia, en el archipiélago de Turku, cerca de un parque natural protegido, una fuga de petróleo provocada, probablemente, por alguna transgresión de la legislación medioambiental o, en todo caso, por alguna razón que todavía no ha sido esclarecida. 
Desearía que la señora Comisaria nos comente cuáles son las medidas que pueden ser adoptadas para descubrir a los culpables, también desde el punto de vista de la legislación medioambiental, y también si es posible que la Comisión proceda a la adopción de medidas en relación con los accidentes de fuga de petróleo ocurridos el año pasado, el de Gotlann y el del Erika en Francia, así como con el ocurrido ahora en Turku, Finlandia. 
. (EL) Le agradezco su pregunta; una pregunta que, desde luego, se refiere a otras políticas. 
La política medioambiental, sobre todo después del EUREKA, ha movilizado especialmente a la Comisión Europea, que, como es sabido, ha presentado un conjunto de medidas y propuestas al Consejo, relativas a los barcos propiamente dichos, y sus diferentes normas de construcción, así como también a las medidas que deben adoptar los países costeros. 
Por lo que se refiere particularmente, sin embargo, a la salud y seguridad de los trabajadores en los buques cisterna, debo decir, primero, que es aplicable la legislación europea en vigor para tajos y talleres, y, segundo, que hay una directiva concreta relativa a una categoría concreta de buques, los buques pesqueros, y que hay una directiva referida a la atención médica en los buques. 
Este es el conjunto de la legislación referida especialmente a la salud y seguridad de los trabajadores en los barcos. 
. (EL) Señor Presidente, las autoridades griegas se han comprometido a reformar su instituto nacional de empleo, el OAED, y a establecer un sistema estadístico moderno y completo, que pueda hacer frente a los problemas de entrada y salida en el desempleo. 
Estos compromisos están incluidos en el acuerdo para el marco comunitario de apoyo 2000-2006, y más concretamente en el programa operativo para el empleo y la formación profesional; y, además, son recordados por la Comisión en sus recomendaciones cada tres años. 
El Ministerio griego de Trabajo propuso en su momento un programa operativo para la reestructuración del OAED. 
Se trata sustancialmente de un plan que responde a la necesidad de políticas de empleo preventivas y personalizadas. 
Propuso también una ley de reforma, que se promulgó el 19 de octubre de 2001. 
Las autoridades griegas nos han informado de que la parte principal de la reforma habrá culminado a finales de 2003, mientras que la aplicación de las medidas complementarias continuará hasta finales de 2005. 
Aspectos muy importantes de la reforma de estos servicios son la mejora de la recogida de datos estadísticos y el modo de colaboración del organismo competente, el OAED, con los servicios de estadística. 
Señora Comisaria, parece que nosotros dos estemos condenados a debatir la misma cuestión cada tres o cada seis meses. 
Es «como los castaños en París» , por usar la expresión del mundo de la prensa. 
Mi pregunta es la siguiente: me había dicho usted- y tengo aquí todos los datos, no creo que lo ponga en duda- que todo estaría terminado en 2001. 
Eso es lo que me dijo usted en septiembre de 2000, hace un año. 
No cabe duda de que usted no miente. 
No cabe duda de que usted había recibido esa información y esa certeza. 
Ahora me dice que tiene la información- espero que ya no la certeza- de que todo habrá terminado en 2003, excepto algunos flecos que quedarán para 2005. 
La cuestión es la siguiente: ¿quién es el culpable señora Comisaria? 
¿Está en condiciones de señalar al responsable de está situación? 
Porque de este modo no se hace política contra el paro; y además mi país queda en ridículo con los datos sobre el paro publicados periódicamente por Eurostat: la columna de Grecia siempre está en blanco. 
Es algo de todo punto inadmisible. 
. (EL) Señoría, creo que mi papel no es el de señalar culpables, pero repetiré las recomendaciones de la Comisión a las autoridades griegas para una aplicación lo más rápida posible de las políticas de empleo, que deben ajustarse al marco acordado de la estrategia para el empleo, orientado hacia la prevención y el enfoque personalizado. 
La reforma del OAED fue una decisión política difícil y compleja. 
El gobierno griego tenía que seguir determinados procedimientos relacionados con el diálogo social y con los plazos parlamentarios. 
Hago votos por que la aplicación de esta reforma empiece lo antes posible. 
Como de costumbre, la Sra. Comisaria Diamantopulou ha estado muy atenta; de hecho, es una de las más atentas, diligentes y capaces representantes de la Comisión. 
En efecto, las estadísticas sobre el trabajo son importantísimas para luchar contra el desempleo. 
¿Sabía, por ejemplo, la Sra. Comisaria que en Italia, para tener derecho a cobrar la pensión, muchas mujeres se ven obligadas a apuntarse en la Oficina de Empleo como si estuviesen buscando trabajo, con lo que se altera la cifra del paro? 
En Italia los desempleados parecen ser, por tanto, mucho más numerosos precisamente porque una ley obliga a las mujeres a inscribirse en la lista de solicitantes de empleo, a pesar de que no lo buscan ni desean encontrarlo. 
En vista de que se trata de una estadística inflada e inexacta, ¿no cree la Comisaria que debería procurarse estadísticas claras y transparentes? 
. (EL) El correcto funcionamiento objetivo de los servicios de estadística, el uso de métodos estadísticos apropiados, la fiabilidad de los resultados de los estudios estadísticos, constituyen, sin duda, condiciones absolutamente necesarias para la correcta aplicación de la estrategia para el empleo. 
La Comisión Europea ha dirigido repetidamente recomendaciones a muchos países cuyos servicios de estadística siguen pendientes de armonización con los modelos europeos comunes, por lo que los datos que aportan presentan problemas. Además, en 2003 entrará en funcionamiento un nuevo método, en colaboración con Eurostat, encaminado a alcanzar la máxima armonización posible entre los procedimientos estadísticos aplicados específicamente a los temas de empleo y desempleo. 
Espero que la preparación correspondiente de los países miembros- que ha empezado ya, al objeto de que en 2003 podamos poner en funcionamiento este nuevo sistema- ayude a la Unión Europea en su conjunto y a cada uno de los países en particular. 
Pregunta nº 46 formulada por (H-0912/01): 
Asunto: Seguridad y salud en el trabajo En el marco de la Agenda de Política Social, la Comisión Europea se ha comprometido a publicar durante 2002 una comunicación sobre una estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo. 
Dada la necesidad de disponer de datos comparables para materializar una empresa semejante, ¿cómo piensa afrontar la Comisión, por una parte, la falta de datos y, por otra, los problemas de comparabilidad entre los datos nacionales? 
Según un estudio de EUROSTAT, el promedio de accidentes declarados representa en la UE el 89%, mientras que los porcentajes correspondientes a Irlanda y Grecia son inquietantes: el 38% y el 39% de accidentes declarados, respectivamente. 
¿Qué medidas se propone adoptar la Comisión para asegurar que se declaran los accidentes de trabajo? 
. (EL) Puedo decir que comparto totalmente la inquietud de la Sra. Kratsa con respecto a la disponibilidad de datos estadísticos comparables sobre los accidentes de trabajo a escala europea; sobre los accidentes laborales, y también sobre las enfermedades profesionales. 
Como ya he dicho, la Comisión Europea se ha marcado como una de sus prioridades la estrategia para la salud y la seguridad, y los datos armonizados de la Oficina Estadística constituirán la base para el adecuado despliegue de esta estrategia. 
Desde 1990 la Comisión ha establecido dos procedimientos estadísticos armonizados. 
Uno- ESAW- para el tratamiento de los datos europeos sobre los accidentes laborales, y con 1993 como año de referencia. 
Otro- EODS- centrado en los datos estadísticos sobre las enfermedades profesionales, y con 2001 como año de referencia. 
Ha previsto asimismo un apartado dedicado a los problemas de salud relacionados con el trabajo en el estudio de 1999 sobre la mano de obra. 
Por lo que se refiere a los accidentes de trabajo a partir de 1993, la Comisión dispone de datos anuales en nueve ramas de la actividad económica. 
Estos datos proceden de diferentes fuentes nacionales- incluyen también datos sobre Grecia -, y, una vez recibidos de los Estados miembros, son tratados por la Oficina Estadística, al objeto de calcular el número global de accidentes y asegurar la comparabilidad a escala europea. 
Por lo que respecta ahora a su observación sobre los datos suministrados por Grecia en comparación con otros países; los datos suministrados por Grecia se refieren al ÉÊÁ y recogen sólo una parte de los accidentes, dado que se declaran sólo aquellos que implican más de tres días de baja laboral. 
Según las estimaciones del IKA, los accidentes que se declaran suponen el 39%, porcentaje comparable con los de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; debemos tener en cuenta que el ÉÊÁ cubre al 45% de los trabajadores griegos por cuenta ajena. 
Sin embargo, sabemos que en 1999 el 43,4 % en Grecia eran empresarios, profesionales libres y trabajadores en empresas familiares, mientras que el término medio correspondiente a escala europea según Eurostat es del 16,2 %. 
En el marco de la nueva estrategia comunitaria para la seguridad, la Comisión propondrá medidas para la mejora de la comunicación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que creemos que contribuirán al impulso de esta estrategia en todos los países miembros. 
Debo, en todo caso, destacar que depende ya de los gobiernos la aplicación eficaz de las disposiciones nacionales que incorporan las directivas comunitarias, y especialmente aquellas que establecen la obligación de los patronos de comunicar los accidentes laborales sufridos por los trabajadores en sus empresas. 
Para la Comisión Europea es muy difícil controlar la situación a escalas nacional y regional, y mucho más difícil todavía, naturalmente, a escala de empresa. 
De manera que es muy importante para cada uno de los países poner en funcionamiento mecanismos nacionales de control en el ámbito de la salud y la seguridad. 
Gracias, señora Comisaria, por toda la información que me ha brindado. 
Comprendo muy bien que para alcanzar los objetivos que se han marcado en la Agenda Social necesitan como aliados a los gobiernos nacionales y a los agentes sociales. 
¿La estrategia social que propongan comprometerá más a los estados, de suerte que faciliten registros detallados? 
¿Van a controlar los progresos? ¿Van a usar instrumentos diferentes a los acostumbrados? 
Porque hay países, como Grecia, a la que ha mencionado, que tienen necesidad de adaptarse a ciertas nuevas realidades, a una nueva política, a nuevas obligaciones, para sacar a la luz el problema e informar a los agentes sociales sobre los beneficios económicos del seguimiento y aplicación de la política comunitaria en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 
. (EL) Señor Presidente, la nueva estrategia para la salud y la seguridad se anunciará a principios de 2002 y habrá un proceso de consultas con el Parlamento, con el Comité Económico y Social y con los agentes sociales. 
Ya hoy, con el fundamento de la directiva marco 89/391, la Comisión presenta un informe que valora la aplicación de la salud y la seguridad en los países miembros, y ello sobre la base de los informes presentados por los propios gobiernos nacionales, aunque tomando también en consideración el informe de un experto independiente. 
En estos momentos, estamos en la primera fase de formulación del informe. 
Debo decir, sin embargo, que hay nuevas ideas con respecto a la aplicación de la estrategia para la salud y la seguridad; y, para responder a su inquietud a propósito de si se va a dar un paso adelante, les diré que se está barajando la posibilidad de aplicar el método abierto de cooperación también el ámbito de la salud y la seguridad, lo que significa objetivos comunes, planes nacionales de acción comunes, recomendaciones, cooperación entre los países miembros. 
Esta es una de las propuestas que hará la Comisión en la dirección del nuevo enfoque. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy 
Pregunta nº 42 formulada por (H-0895/01): 
Asunto: Contactos entre la Comisión y el DCTA El diálogo comercial transatlántico (DCTA) se inició en 1995 por iniciativa conjunta de la Comisión (representada en aquella época por los comisarios Brittan y Bangemann) y el Departamento de Comercio de los EE.UU. 
¿Es cierto que la Comisión y el DCTA están en contacto permanente e intercambian información y propuestas? 
¿Ha participado y financiado la Comisión las conferencias anuales del DCTA? 
. 
(FR) Esta pregunta se refiere al diálogo comercial transatlántico, que forma parte de una serie de estructuras de diálogo establecidas en 1995 en la Cumbre de Madrid. 
Los objetivos de dicho diálogo, al igual que otros- y volveré a referirme a este punto- consisten, en cierta manera, en tender puentes a través del Atlántico, comprometiendo sobre todo a algunos actores no gubernamentales, privados, por una parte, y a los responsables políticos de la Unión y de la Administración norteamericana, por otra. 
Esta estructura de diálogo que había sido establecida en ese momento comprende, ciertamente, el diálogo comercial transatlántico, pero también un diálogo transatlántico sobre los consumidores, un diálogo transatlántico sobre el trabajo y un diálogo transatlántico sobre el medio ambiente, y, por consiguiente, la parte comercial constituye uno de los pilares de dicho diálogo, que comprende otros tres. 
Este conjunto de diálogos tiene por objeto establecer recomendaciones públicas destinadas a la Comisión y al Gobierno norteamericano, y, de hecho, de manera rotativa, presenta sus recomendaciones a los dirigentes políticos en las cumbres entre la Unión y los norteamericanos. 
Por parte de la Comisión, atribuimos la misma importancia a todos estos diálogos y hacemos hincapié en dicha importancia, ya que el resultado ha sido muy valioso en muchos desarrollos, pero, en cualquier caso, con miras el refuerzo de unas relaciones transatlánticas equilibradas y sólidas, la participación a estos diferentes diálogos es abierta. 
Está abierta a las partes afectadas, en los diferentes ámbitos, y es evidente que el resultado depende, en gran parte, de la implicación de los diversos participantes. 
Nosotros, la Comisión, estamos implicados a diferentes niveles en los acontecimientos que se organizan en el marco del diálogo comercial transatlántico, incluyendo una conferencia anual que reúne a los Presidentes Directores Generales de las diferentes empresas y que constituye, digamos, la prolongación anual de dicho diálogo. 
Las recomendaciones se difunden y están disponibles públicamente, por una parte, en el sitio web del diálogo transatlántico comercial y, por otra parte, en los sitios de la Comisión, puesto que nuestras reacciones a dichas recomendaciones son también de dominio público, y, asimismo, algunas de sus Señorías de esta Asamblea siguen de cerca las relaciones comerciales bilaterales Norteamérica-Europa y se las invita regularmente a participar en la conferencia anual del diálogo comercial trasatlántico. 
El primer diálogo tuvo lugar en Sevilla, y los costes de esta manifestación fueron compartidos por ambas partes. 
En 1998, con ocasión de otra cumbre entre la Unión y los norteamericanos, nos comprometimos, una y otra parte, a apoyar todos los diálogos, y, además, el mismo año, esta Asamblea, el Parlamento Europeo, creó una línea presupuestaria específica para apoyar estos diálogos. 
Desde 1998, y para responder precisamente a su pregunta sobre la financiación, la Comisión ha contribuido a la financiación del diálogo comercial, así como a la financiación de otros diálogos, a través de contribuciones anuales. 
En el caso del diálogo comercial, una parte de la contribución de la Comisión estaba orientada a cubrir los costes de organización de las conferencias anuales, aunque la mayoría de estos costes esté ahora cubierta por el patrocinio comercial, y eso explica que el apoyo financiero de la Comisión al diálogo comercial sea sensiblemente inferior a la contribución financiera que ofrece en apoyo del diálogo sobre los consumidores, del diálogo sobre el trabajo y del diálogo sobre el medio ambiente. 
Doy las gracias a la Comisión por esta exhaustiva respuesta. 
Quiero formular dos preguntas complementarias. 
La primera de ellas es la siguiente: las grandes empresas que forman parte del DCTA señalan una serie de exigencias o expresan sus deseos respecto a ciertas normas que les gustaría ver en la UE. 
Quisiera saber si la Comisión informa sobre esto al DCTA, esto es, cómo se cumplen estas exigencias y si esa información es de carácter público. 
En segundo lugar, quiero saber si en las cumbres políticas entre la UE y EE.UU., es decir, en las reuniones del más alto nivel político, han participado representantes del DCTA. 
¿Tienen las grandes empresas y sus representantes acceso a ese tipo de reuniones? 
. 
(FR) Con respecto al primer punto, desearía manifestar que, al igual que el diálogo sobre los consumidores, que el diálogo sobre el medio ambiente o el diálogo sobre el trabajo, el diálogo comercial transatlántico está previsto para expresar aspiraciones, recomendaciones, puntos de vista, que contribuyan a alimentar nuestro propio trabajo. 
Se trata, pues, de una contribución, que está lejos de ser exclusiva. 
Como ocurre con algunos círculos de negocios, con medios sindicales, con organizaciones no gubernamentales, contamos con toda una serie de órganos que aportan una contribución a la política comercial, de los que depende el diálogo comercial transatlántico. 
Y este diálogo es importante porque los medios de negocios europeos y norteamericanos le destinan esfuerzos considerables, que condicen, además, con la amplitud de nuestra relación comercial con los norteamericanos. 
En este marco, se expresan aspiraciones, recomendaciones, y se presentan observaciones, que discutimos, como lo hacemos con muchos interlocutores en el ámbito comercial. 
Con respecto a la participación en la cumbre, como he dicho antes, se invita, por turnos, a los actores de estos diálogos, sobre los negocios, los consumidores, el medio ambiente, el trabajo, a que presenten a los dirigentes de ambas partes- es decir, esencialmente al Presidente norteamericano, por un lado, y a la Presidencia del Consejo y a la Comisión, por otro- sus recomendaciones. 
Esto se realiza al margen de las reuniones oficiales de la cumbre; las reuniones oficiales de la cumbre, como corresponde, sólo congregan de una y otra parte autoridades políticas debidamente responsables; esto se realiza al margen de dichos acontecimientos. 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0935/01): 
Asunto: Conferencia de la OMC en Doha Durante la Conferencia de Ministros de la OMC celebrada este año en Doha, las ONG tuvieron muy pocas posibilidades de defender sus intereses. 
¿Opina, sin embargo, la Comisión que las posibilidades que tuvieron las ONG de defender sus intereses en Doha fueron suficientes? 
En caso negativo, ¿qué se puede hacer para que en el futuro las ONG y la sociedad civil puedan defender sus intereses de manera adecuada en las conferencias de la OMC? 
¿Deduce de ello la Comisión que las conferencias de la OMC ya no deben celebrarse más en ciudades como Doha? 
. 
(FR) La pregunta del Sr. Martin se refiere grosso modo a los problemas del acceso de organizaciones no gubernamentales a la Conferencia de Doha, en Qatar. 
Algo de historia, en primer lugar: todos los países de la Organización Mundial del Comercio tienen derecho a ser candidatos a la organización de una Conferencia de Ministros. 
Ocurre que Qatar ofreció la posibilidad de acoger la IV Conferencia de Ministros. También ocurre que Qatar era el único candidato a albergar dicha Conferencia. 
Recordemos, para entenderlo bien, que esta decisión debía adoptarse pocos meses después de la Conferencia de Seattle, lo que explica quizá el hecho de que los candidatos no fuesen tan numerosos como algunos habrían deseado. 
Por consiguiente, Doha fue la única ciudad candidata. 
Es una ciudad bastante pequeña. 
No obstante, creo que las autoridades realizaron un esfuerzo importante- lo cual fue ampliamente subrayado por todos los participantes en la Conferencia de Ministros- para poder acoger convenientemente a los delegados y proporcionar el apoyo logístico necesario. 
Es exacto que muchas delegaciones debieron restringir el número de sus participantes a causa del número limitado de habitaciones de hotel. 
Es cierto. 
Por otro lado, no estoy convencido de que sea un drama restringir, en parte, el número de participantes en este tipo de conferencias. 
En todo caso, estoy seguro de que el contribuyente no pierde dinero, y, en cuanto a la delegación de la Unión Europea, la organización de la Conferencia nos satisfizo. 
Además, veinticinco de sus Señorías de esta Asamblea formaron parte de la delegación europea, y creo que han manifestado su satisfacción en tal sentido. 
También es cierto que los acontecimientos del 11 de septiembre no facilitaron los aspectos logísticos y que se añadieron muchas medidas de seguridad a los controles que se aplican normalmente a este tipo de acontecimientos. 
Es exacto, y eso no facilitó la vida de nadie. 
Recuerdo- como ya lo había dicho ante esta Asamblea hace cierto tiempo- que habíamos pedido y obtenido de las autoridades de Qatar un nivel de acceso para las organizaciones no gubernamentales similar al de Seattle. 
Esto fue así, aun cuando las exigencias de seguridad supusieron dificultades para todos. 
Finalmente, subrayemos de paso que, siempre por razones de seguridad, un número importante de participantes potenciales, ya se trate de delegaciones gubernamentales, de delegaciones parlamentarias o de delegaciones no gubernamentales, renunciaron por iniciativa propia a viajar a Doha. 
En relación con la posibilidad que se les brindó in situ a las organizaciones no gubernamentales de hacer llegar su mensaje, creo que fue real. 
Las organizaciones que estaban allí pudieron contactar con sus delegaciones nacionales, pudieron influir en los resultados de la Conferencia, y nosotros mismos, a nivel de la Comisión, fomentamos ampliamente la transparencia frente a estas organizaciones no gubernamentales. 
Apertura inmediata de documentos, celebración de reuniones abiertas, etcétera; creo que todo lo que contribuye a la transparencia fue muy mejorado en dos años por las secretarías de la OMC, fue apoyado, favorecido y a veces suscitado por la Unión Europea. 
Por otra parte, el Director General de la OMC organizó in situ algunos contactos, de conformidad con el compromiso que había asumido en Ginebra durante la Conferencia organizada en julio. 
Acojo favorablemente la idea de un código de conducta para regir las relaciones entre la OMC y las organizaciones no gubernamentales. 
Para volver a nuestra propia delegación, les he dicho que ésta estaba compuesta por algunos diputados, por colaboradores de Franz Fischler y yo mismo, y por unos quince representantes de la sociedad civil, que viajaron valientemente a Doha, y que todos cumplieron la misión que se habían fijado. 
Si algunos de ellos desea expresarse, no veo, por mi parte, ningún inconveniente. 
Yo mismo mantuve in situ muchas discusiones de fondo con dichos representantes, así como con representantes de otras organizaciones de la sociedad civil europea que no formaban parte de nuestra delegación propiamente dicha. 
En conclusión, si comparo Doha con Seattle, pienso que la participación fue mejor, la transparencia mayor, la reflexión más animada, y que la capacidad de las organizaciones presentes de hacer llegar su mensaje fue real. 
Es indudable que esto tuvo efectos en los resultados de la Conferencia de Doha. 
Esta mañana me he referido a ello ante ustedes. 
Considero que, de manera general, existen progresos en la manera en que la sociedad civil logra hacer oír su voz sobre la política comercial multilateral. 
Esto era cierto entre Seatlle y Doha, era cierto en Doha y no dudo que será aún más cierto después de Doha. 
Señor Comisario, ¿me equivoco al sugerir que quizás los admirables planes de Doha tuvieron algo que ver con el relativo éxito de esa cumbre en comparación con anteriores cumbres de la OMC? 
Quizás estemos descubriendo el modo de mantener unas relaciones más civilizadas con las ONG que las que pudimos ver en Seattle o Génova? 
¿Le complace que ahora tengamos un plan más racional y civilizado para tratar en el futuro con las representaciones de las ONG? 
. 
(FR) Señor Purvis, entiendo perfectamente adónde quiere llegar, y no estoy seguro de poder seguirle todo lo lejos que quiere llevarme en este terreno. 
Una de las razones por las cuales Doha fue mejor que Seattle se debe- y, en mi opinión, esta es la razón principal- al hecho de que todos (los gobiernos, la OMC, las ONG) reflexionaron mucho en las razones que habían determinado el fracaso de Seattle. 
En circunstancias post mortem- si se me permite la expresión -, todos aprendieron mucho de dicho fracaso y sacaron las consecuencias de ello con miras a la preparación de Doha. 
Fue esencialmente la preparación lo que logró el éxito de Doha; y era esencialmente la preparación lo que había provocado el fracaso de Seattle. 
La preparación de Seattle había sido mala, la preparación de Doha fue buena: ahí radica grosso modo el 80% del éxito. 
Queda, efectivamente, el 20%: in situ éste se gestionó mucho mejor, y el número de sectores, es decir, el número de personas que se sintieron partes en esta negociación, que se sintieron capaces de ejercer su influencia, fue considerable. 
Siempre he pensado que la influencia de lo que había ocurrido en la calle en Seattle era extremadamente marginal en ese patente fracaso. 
Por simetría, en Doha, considero que lo que no ocurrió en la calle tuvo una influencia extremadamente marginal en el éxito de Doha. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitarle por el éxito de las negociaciones en Doha. 
Creo que la delegación europea- yo mismo estuve presente- ha llevado las negociaciones muy bien al punto que interesaba. 
Tenemos unas buenas posibilidades de pasar también bien esta ronda. 
Los anfitriones en Doha nos han tratado asimismo extraordinariamente. 
Creo que esta era una condición previa positiva. 
Pero a lo que se refiere el Sr. Hans-Peter Martin es el diálogo con las ONG. 
Este es un punto sobre el que quiero preguntar respecto a la asamblea parlamentaria. 
Creo que no puede ser que cada pocos años se mantenga este debate en un lugar. 
¿No cree también que sería más razonable si los diputados de los diferentes países se reuniesen de modo permanente y pudiesen tratar en detalle este tema tan importante para el futuro? 
. 
(FR) Soy totalmente favorable, señor Rübig, a esta sugerencia que consiste en organizar, en estructurar y en darle un carácter más permanente a la consulta entre los gobiernos, la OMC como organización y una estructura parlamentaria que podría derivar de la Unión Interparlamentaria. 
Usted y yo sabemos que hemos trabajado- y esta Asamblea, la primera- en esta cuestión; por el momento, no hemos logrado constituir algo estructurado, por razones que obedecen esencialmente, por una parte, a las dudas bastante importantes de algunos países en desarrollo y, por otra, a que los miembros del Congreso norteamericano no han manifestado, por el momento, un entusiasmo particular por dicha idea. 
Estos dos obstáculos se interponen aún en nuestra ruta, pero creo que no debemos renunciar, y, en cualquier caso, si este Parlamento continua en su dirección, que consiste en tratar de edificar esta estructura parlamentaria, tendrá el apoyo de la Comisión para procurar salvar los obstáculos que acabo de citar, que siguen estando en esta ruta, pero que, en mi opinión, no deben desanimarnos. 
Muchas gracias, señor Lamy. 
Preguntas dirigidas al Sr. Byrne 
. (EN) Señor Presidente, como acertadamente señala el informe del Parlamento, una de las cuestiones clave sobre el transporte de animales es la relativa a los límites del tiempo de viaje, y doy las gracias al Parlamento por su contribución. 
Los tiempos de viaje, al igual que otros parámetros como las temperaturas o las densidades, son elementos fundamentales para alcanzar un buen nivel de protección de los animales durante el transporte. 
En términos de política, la Comisión considera que es de la máxima importancia elaborar propuestas legislativas sobre la base de un buen asesoramiento científico. 
En consecuencia, la Comisión ha solicitado una opinión del Comité científico de la salud y bienestar de los animales sobre los diferentes aspectos del transporte de animales y, en particular, los límites del tiempo de viaje. 
Esperamos esta opinión para comienzos de 2002. 
La Comisión presentará nuevas propuestas sobre el transporte de animales a la luz de dicha opinión. 
Respecto a la concesión de restituciones a la exportación de reses sacrificadas, la Comisión comparte la opinión del Consejo, tal y como recoge su resolución de 19 de junio de 2001 sobre la protección. 
El primer objetivo es corregir las deficiencias observadas en la aplicación de la legislación en vigor. 
Deben incrementarse los controles y las sanciones a los que no cumplan correctamente la legislación en vigor en materia de protección de los animales durante el transporte, ya sean transportes dentro de la Comunidad o exportaciones a países fuera de la Unión Europea. 
El Comisario Fischler también se ha comprometido a reforzar el reglamento actual en este sentido. 
La legislación comunitaria en el ámbito de las restituciones a la exportación condiciona de manera inequívoca el pago de ayudas al cumplimiento de todos los requisitos relativos a la protección de los animales. 
La Comunidad debe llegar a una solución equilibrada de los diferentes aspectos de esta cuestión. 
Por ejemplo, es erróneo asumir que si eliminamos la restitución para las reses vivas, terceros países importarán animales sacrificados en vez de animales vivos. 
Termino asegurándole que la protección de animales es una de las prioridades de la Comisión. 
El transporte de animales en particular merece mucha atención y actuación en el futuro próximo. 
En 1993, la Comisión admitió que la legislación sobre el transporte de animales se infringía sistemáticamente. 
En 1999, obtuvimos pruebas adicionales de problemas especiales en España, Italia y Grecia. 
No existe ningún motivo para creer que el cumplimiento de la legislación haya mejorado en absoluto desde 1993 o 1999. 
A menudo, los animales siguen encontrándose apretujados en camiones atestados, sin recibir comida ni agua, a menudo durante viajes que sobrepasan los límites establecidos y que pueden llegar a alcanzar las 30 o 40 horas. 
La combinación de altas temperaturas, escasa ventilación, hacinamiento y falta de agua puede ser mortal. 
Muchos animales sufren incomodidad extrema durante el transporte y llegan muertos o agonizantes a su destino. 
Obtuvo el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Me complace oír que a la opinión del Comité Científico seguirá una propuesta, pero ¿qué piensa hacer la Comisión para garantizar que la propuesta se aplica debidamente y para garantizar que la legislación en vigor se respeta como es debido? 
¿Qué medidas concretas piensa adoptar, señor Comisario Byrne, para mejorar el cumplimiento de la legislación actual y de la legislación que esperamos entre en vigor para que se respete el límite de ocho horas y se ponga fin a las subvenciones a la exportación? 
. (EN) Señor Presidente, como ya he indicado, esperamos que el mencionado informe sea presentado a la Comisión a comienzos del año próximo y cuando lo tengamos, lo examinaremos detenidamente mis servicios y yo para determinar una respuesta adecuada con respecto a los límites de tiempo y las distancias. 
Entretanto, el control de esta cuestión está en manos de los Estados miembros y ahí debe permanecer, con la supervisión de la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
Ésta es una de las funciones que desempeña la OAV en sus informes de inspección. 
La Comisión también se toma en serio este asunto, no sólo en el mantenimiento de sus conversaciones con los Estados miembros cuando existe un incumplimiento reconocido de la legislación, con vistas a garantizar una mejora de las condiciones, sino también, en los casos de incumplimiento continuado de la legislación, en el inicio de procedimientos contra los distintos Estados miembros. 
En estos momentos estamos estudiando la posibilidad de iniciar varios procedimientos de este tipo. 
Como sabrán también, el Reglamento (CE) nº 615/98, que exige y faculta a la Comisión para retirar las restituciones a la exportación en circunstancias en que no se cumpla la legislación en materia de protección de los animales. 
Les remito a la respuesta detallada ofrecida el 19 de febrero de 2001 a la pregunta dirigida por la Sra. Maes sobre el tema de la retirada de restituciones a la exportación y, en particular, al anexo adjunto a dicha respuesta que recoge claramente el número de retiradas de restituciones a la exportación con respecto a los Estados miembros afectados y los valores alcanzados. 
Les garantizo que la Comisión se toma muy en serio esta cuestión y que se han adoptado todas las medidas a las que he hecho referencia. 
Vigilamos de cerca esta cuestión para garantizar el cumplimiento de las normas sobre la protección de los animales. 
Me pregunto cuándo se incorporarán a la cadena de seguridad alimentaria y de salud pública las actividades relacionadas con los animales, incluidos los transportes. 
Ya hemos visto que los piensos que damos a los animales significan algo para la salud humana, pero la forma de tratar a los animales, las diferentes maneras de alimentarlos y los sistemas de transportes influyen en la salud pública tan directamente como los piensos inadecuados. 
Si no se hace todo esto de manera apropiada aumenta considerablemente el riesgo de contraer enfermedades, que en su mayoría se curan con antibióticos, y el uso de gran cantidad de tranquilizantes. 
Una consecuencia del abuso de antibióticos es que simples enfermedades infecciosas de los últimos sesenta años son hoy, y especialmente serán en el futuro, considerablemente más graves, puesto que los antibióticos no son eficaces. 
. (EN) La conexión entre la salud animal y el trato a los animales y la salud humana está bien documentada. 
Existe una estrecha relación entre ambas y, sin ninguna duda, una conexión en el sentido al que usted hace referencia- los antibióticos. 
La Comisión ha presentado legislación en este sentido y le remito a la conferencia que tuvo lugar hace apenas un par de semanas bajo los auspicios de la Presidencia belga sobre esta cuestión en particular. 
Le remito a lo que dije en aquella ocasión y también a lo que dijo la Ministra Magda Aelvoet en relación con este asunto de especial importancia. 
Asimismo, hago referencia a la directiva sobre zoonosis que ha sido aprobada en la Comisión y que ya ha sido presentada al Parlamento. 
La Sra. Paulsen es la ponente del Parlamento de esta propuesta de legislación en particular y, personalmente, identifico dicha legislación como una pieza que también es importante para encontrar solución a la cuestión de la salud animal como factor influyente en la salud humana. 
Una última observación sobre esta cuestión, en relación con el transporte de animales a lo largo de grandes distancias. 
Uno de los problemas que deben ser sopesados en el equilibrio y tenidos en cuenta es la ubicación y la calidad de los mataderos: éstos deben cumplir las estrictas normas obligatorias establecidas por la legislación aprobada aquí en esta Asamblea y en el Consejo de Ministros. 
La inversión necesaria para alcanzar dichas normas significa que ahora existen menos mataderos que en el pasado, y dicha inversión es necesaria para poder cumplir la legislación sobre la protección de la salud humana. 
Pero en última instancia, afecta también a la cuestión del transporte de animales y del transporte de animales vivos a lo largo de grandes distancias. 
Ésta es otra cuestión que debe ser tenida en cuenta a la hora de relacionar la protección de la salud humana con el respeto de los animales, la salud animal y la protección de los animales. 
Les voy a pedir a todos los estimados colegas que sean muy precisos en las preguntas, así como al Comisario en las respuestas, naturalmente, porque estamos fuera de tiempo y queremos terminar el programa de preguntas. 
Tiene la palabra la Sra. McKenna para una pregunta complementaria. 
Me preocupa que dicho informe científico pueda ser un modo de intentar eludir la reducción del tiempo y de la distancia según los límites que el Parlamento desea. 
Hubo consenso entre la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Agricultura sobre la reducción total del tiempo de viaje y de la distancia. 
Es muy importante que la Comisión tenga esto en cuenta. 
Lamento decir que su respuesta en relación con las restituciones a la exportación no me parece del todo suficiente. 
Usted habla de respetar todas las condiciones de la protección de animales y afirma que necesita una solución bien equilibrada. 
Los contribuyentes europeos no quieren que su dinero financie algo que causa sufrimiento y daño a los animales. 
Debemos poner fin a las restituciones a la exportación que se conceden en relación con terceros países para el sacrificio de animales, con independencia de si se cumplen o no las condiciones. 
Es un error utilizar nuestro dinero de ese modo. 
Éste es el mensaje que emitió claramente el Parlamento. 
Quisiera un compromiso de la Comisión en el sentido de que se propone eliminar las restituciones a la exportación a terceros países de animales para ser sacrificados. 
. (EN) El informe científico al que su Señoría hace referencia estará a disposición del Parlamento para su consideración y será estudiado por la Comisión antes de que presentemos cualquier nueva política. 
Sobre la cuestión de poner fin a las restituciones a la exportación, ya he indicado que ésa no es una política de la Comisión. 
Tampoco es la política del Consejo de Ministros ni refleja sus puntos de vista. 
Por consiguiente, no puedo ofrecerle el compromiso que me pide. 
Vamos a cambiar el orden porque el Sr. Lund necesita ausentarse de la sala con urgencia. 
Pregunta nº 49 formulada por (H-0908/01): 
Asunto: Autorización injustificable de metales pesados en el pescado En su edición de 15 de noviembre de 2001, el periódico danés Politiken informaba de que la UE tiene intención de aumentar los valores límite de los metales pesados en el pescado y, de este modo, autorizar una mayor presencia de estos metales en estos alimentos, a pesar de que un comité de expertos de la UE ha recomendado recientemente la introducción en la UE de disposiciones más rigurosas en la materia. 
El mercurio, el plomo y el cadmio que se encuentran, entre otras especies, en distintos mariscos de gran demanda, pueden, por ejemplo, debilitar el sistema nervioso y provocar otras enfermedades de extrema gravedad en los seres humanos. 
En mi opinión, no hay nada que avale el aumento de estos valores límite. 
Por consiguiente, ¿podría señalar la Comisión cuáles son las razones que justifican este aumento, así como indicar estudios en que se basa y los estudios que recomiendan lo contrario? 
En este mismo contexto, quisiera señalar a la Comisión que, desde hace tiempo, Dinamarca alienta a su población a consumir más pescado, ya que mejora el nivel de salud general. 
Lamentablemente, todo apunta a que estos esfuerzos hayan sido en vano como consecuencia de la intención de la UE de aumentar los valores límite de metales pesados peligrosos para la salud presentes en el pescado. 
. (EN) El Comité Científico de la Alimentación Humana ha realizado mediciones del plomo y cadmio en la dieta y ha aconsejado sobre los niveles seguros para el consumo. 
El Comité ha llegado a la conclusión de que los límites que se consumen en la dieta están muy por debajo de los valores máximos de seguridad. 
Cuando se establezca legislación comunitaria sobre contaminantes, si los niveles de consumo están por debajo de los valores límite de seguridad, deberá seguirse el principio conocido como ALARA. 
Esto incluye fijar unos valores límite lo más bajo que sea razonablemente posible. Es un enfoque que se aplica a nivel internacional. 
En este caso concreto, la Comisión ha adoptado valores sobre el plomo y el cadmio que entrarán en vigor en abril de 2002. 
Los Estados miembros expresaron entonces su preocupación al Comité Permanente de Productos Alimenticios porque no era posible cumplir las nuevas disposiciones en el caso de determinados pescados. 
En consecuencia, se acordó revisar con carácter de urgencia las disposiciones pertinentes. 
Datos recientes han demostrado que dichos valores impondrían requisitos que van más allá de lo que es razonablemente posible, sin ofrecer ningún beneficio para la salud pública. 
Por lo tanto, se revisaron los valores máximos en determinados productos de pesca y en estos momentos se está proponiendo un ligero incremento para algunas especies limitadas que tenga en cuenta esta realidad. 
Establecer valores límite que no pueden alcanzarse no es defendible. 
Habida cuenta de los niveles totales de consumo, los valores límite revisados no incrementan el riesgo para la salud pública. 
Le doy las gracias por su respuesta. 
Hablamos del pescado común, del marisco común, del que normalmente recomendamos a los ciudadanos de Europa que coman mucho. 
Por ello me parece preocupante que se quiera elevar ahora los valores límite. 
Debo hacerle un par de preguntas complementarias. 
¿Es correcto que el Comité de Expertos ha recomendado en realidad una reducción de los valores límite? 
¿Es exacto que los EE.UU. cuentan con valores límite más rigurosos en estos ámbitos que los que tenemos en Europa? 
Finalmente, quiero preguntar quién ha querido el aumento de estos valores límite. 
¿Es la industria pesquera? , y en tal caso, ¿en qué país desea la industria pesquera que se autoricen valores límite más elevados para los metales pesados de los que hablamos, es decir, el plomo, el cadmio y el mercurio? 
. (EN) Con respecto al mercurio, el valor límite general es de 0,5 mg/kg para productos de pesca. 
Eso se mantiene inalterado conforme a lo establecido por la legislación veterinaria, en particular, la Decisión de la Comisión 93/351. 
El único cambio propuesto es añadir dos nuevas especies a la lista de pescados con un valor límite de 1 mg/kg. Éstas son el pez granadero y el pez emperador, que son aportes de escasa importancia a la dieta, pero los datos demuestran que el nivel más bajo era inalcanzable. 
Luego me ha preguntado sobre los mariscos. 
Las propuestas no incrementarán el valor límite de seguridad del consumo de mariscos ni en niños ni en adultos. 
La única modificación propuesta respecto a los valores límite en mariscos, al igual que para los moluscos bivalvos, es el del plomo. 
Se propone un ligero aumento de 1 mg/kg a 1,5 mg/kg, porque los datos demuestran que el nivel más bajo de plomo no es razonablemente posible. 
La exposición al plomo en la dieta está por debajo de los valores límite de seguridad. 
Por lo demás, no se ha introducido ninguna modificación en las disposiciones sobre cadmio o mercurio. 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0889/01): 
Asunto: Información sobre los alimentos mediante el "distintivo de la sonrisa" El 1 de octubre de 2001, las autoridades danesas de control de los alimentos empezaron a colocar en un lugar visible los informes elaborados tras la inspección de los 40.000 establecimientos que fabrican o venden comida y bebida al público en el país. Dichas autoridades se han propuesto que, en el plazo de un año, al menos un informe de este tipo esté bien visible en cada uno de los establecimientos. 
Del informe se desprenderá claramente, entre otras cosas, el resultado de la inspección, gracias a cuatro variantes de un "distintivo de la sonrisa". 
Así, una amplia sonrisa significa que la última inspección realizada no ha dado lugar a observaciones particulares, mientras que un gesto de enfado da a entender que el establecimiento en cuestión ha recibido una multa, ha sido denunciado a la policía o ha perdido la licencia. 
No hay duda de que se trata de un estupendo ejemplo de una información al consumidor simple y clara. 
¿Conoce la Comisión este nuevo sistema danés? 
En caso afirmativo, ¿estaría dispuesta a proponer a los demás Estados miembros que siguiesen su ejemplo? 
En caso negativo, ¿no considera la Comisión que el sistema merece examinarse con detenimiento como base de futuras normativas en este ámbito? 
. (EN) Estoy de acuerdo con su Señoría en que es importante concienciar más a los consumidores. 
La Comisión está a favor de cualquier iniciativa que proteja al consumidor. 
No obstante, la Comisión considera que la tarea de mejorar la calidad de los alimentos y la información a los consumidores sobre los resultados de los controles oficiales, la vigilancia y demás actividades de supervisión en el sector de la alimentación debería dejarse en manos de los Estados miembros. 
Los Estados miembros son responsables de realizar el control oficial de los productos alimentarios en todas las fases de producción y distribución. 
Son ellos los que deben decidir cuál es la mejor forma de informar al consumidor sobre estas actividades. 
Esto es conforme al principio de subsidiaridad. 
A pesar de que la Comisión no tiene conocimiento de esta iniciativa concreta de las autoridades danesas, está dispuesta a fomentar dichas medidas o la aplicación voluntaria de iniciativas semejantes por parte de otros Estados miembros, pero es poco probable que presente una propuesta similar a nivel comunitario. 
Hago hincapié en que estas observaciones son relativas a los puntos de venta a los que se hace referencia específica en su pregunta. 
. (EN) Los mataderos de Grecia reciben la aprobación de las autoridades competentes en virtud de la Directiva del Consejo 64/433 sobre las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de carne fresca según enmienda de la Directiva 95/23. 
Hay 47 mataderos registrados que han obtenido autorización para vender carne en el mercado comunitario. 
La carne procedente de los demás mataderos en funcionamiento considerada apta para el consumo humano puede ser comercializada en el territorio nacional. 
La última inspección de carne fresca realizada en Grecia por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión data de septiembre de 2000 y fue relativa a la carne porcina. 
Esta inspección detectó abundantes deficiencias graves en la operación de los controles oficiales y en las normas de producción de este sector. 
Como su Señoría sabe de la respuesta a una pregunta anterior en el período parcial de sesiones de noviembre, ha habido contactos de seguimiento con las autoridades griegas durante 2001 en un intento de resolver el problema detectado. 
Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido satisfactorias y la Comisión sigue muy preocupada por la situación. 
Nuevas reuniones de alto nivel con las autoridades griegas están previstas para comienzos de 2002 en un intento de resolver las deficiencias restantes en las normas de control de seguridad alimentaria y veterinaria. 
Respecto al tratamiento de los residuos líquidos, la Directiva del Consejo 91/271 relativa al tratamiento de aguas residuales prevé normas para los mataderos. 
Las aguas residuales por encima de un volumen concreto deben reunir las condiciones establecidas en anteriores reglamentos y o autorizaciones específicas de la autoridad competente desde el 31 de diciembre de 2000. 
En aquellos casos en que los mataderos vierten directamente al alcantarillado público, se aplican las normas generales de la directiva. 
En estos momentos se está estudiando información detallada sobre la situación de los vertidos industriales en Grecia. 
Señor Comisario, ha dicho usted que 47 mataderos cumplen ciertas normas comunitarias, mientras que algunos otros pueden funcionar sin problema en Grecia. 
El asunto es que tenemos 350 mataderos. 
Queda un gran número de mataderos que evidentemente no cumplen los requisitos comunitarios. 
¿Es así? 
Lo segundo que quería preguntarle es si tiene alguna novedad con respecto a la encefalopatía espongiforme. 
La Comisión hizo un estudio en Grecia. 
Me refiero al asunto de la EEB. 
Está también la gran cuestión del Mercado Central de la Carne de Atenas, a propósito del cual la Comisión ha ordenado una investigación. 
Ya que usted habla con las autoridades griegas, quisiera que me dijera si tiene alguna noticia sobre este asunto. 
. (EN) Como he indicado en mi respuesta anterior, la Comisión sigue muy preocupada por el estado en que se encuentran los mataderos. 
Respecto a la EEB y otros controles, le remito a los informes de la Oficina Alimentaria y Veterinaria sobre este tema. 
El 22 de mayo confirmé que me había reunido con el ministro griego al margen del Consejo de Agricultura en el que se trató sobre las deficiencias detectadas en sucesivos informes de la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
De nuevo, el 8 de junio, escribí al ministro griego pidiéndole un seguimiento de su respuesta inicial del 27 de abril. Esto ha originado nuevos contactos entre el ministro, las autoridades competentes de Grecia y mis servicios. 
El mensaje a las autoridades griegas es coherente: es necesario invertir esfuerzos y recursos mucho mayores para corregir las deficiencias detectadas reiteradamente en las inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
Las conclusiones de los informes de la Oficina están disponibles para su examen en la página web. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nos 51 a 83 recibirán respuesta por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a continuar con el debate sobre las aclaraciones del Consejo y de la Comisión en torno a la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Qatar. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PPE quiero expresar mis felicitaciones a la Comisión y al Consejo por los excelentes preparativos y modo de llevar las negociaciones en la Conferencia de Ministros de la OMC en Qatar. 
Ha sido un logro excepcional cómo usted, señor Comisario Lamy y sus colaboradores han logrado, partiendo de una situación extraordinariamente difícil inmediatamente anterior a Doha, que se hayan incluido al final del encuentro en el programa de la ronda que comenzará el año 2002 los temas deseados por la totalidad de la Unión Europea. Y esto a pesar de los ataques usuales de la India y de los países del Grupo Cairn contra la Unión Europea, ataques en su mayor parte injustificados. 
Se han incluido elementos esenciales de nuestra resolución previa. 
Yo mismo he visto dos semanas después en Accra con qué orgullo los representantes del Gobierno de Ghana han indicado que Africa ha desempeñado en esta ocasión un papel independiente, lo que también se debe a los buenos preparativos por parte de la Unión Europea y, en especial, del Comisario Lamy. 
Los países en vías de desarrollo, en especial, África, se van a incluir en el futuro plenamente en las negociaciones, lo que constituía una de nuestras exigencias centrales. 
Los negociadores africanos pueden registrar un éxito considerable en la declaración política relativa a TRIPS. 
Señor Comisario Lamy, usted ya se ha referido a ello esta mañana. 
Se han cumplido ampliamente las exigencias de los países en vías de desarrollo y de los africanos, desde la necesidad de una amplia ayuda técnica hasta las reglas de excepción hasta el año 2008 para el Convenio de Cotonou. 
En la nueva ronda de negociaciones se incluyen asimismo los puntos centrales de las exigencias europeas. 
No necesito repetir los detalles al respecto. 
Lo importante es que en la Unión Europea introduzcamos nuestras ideas de una economía de mercado social y ecológica en un sistema de comercio mundial libre y justo y que las hagamos realidad poco a poco. 
Pero también creo que tenemos que hacer aún bastante para seguir democratizando la OMC. 
Señor Lamy, usted ha indicado asimismo que debemos llegar a la creación de una Asamblea Parlamentaria. 
En el Parlamento Europeo debemos preservar nuestro papel dirigente y rogar también a la Comisión que nos siga apoyando financieramente para que podamos incluir en especial a los representantes de los Parlamentos africanos. 
Quiero volver a un punto del debate de esta mañana. 
Una de nuestras colegas, la Sra. Lucas, ha indicado que los resultados son malos, que son inaceptables. 
Pensé que iba a seguir una justificación europea de los intereses europeos. 
Pero sólo ha indicado que la India y algunas organizaciones no gubernamentales esta.... 
(La Presidenta retira al orador la palabra) 
Señora Presidenta, señor Comisisario y apreciados colegas, aún existe un futuro para la Organización Mundial del Comercio. 
Los 144 Estados miembros van a negociar de nuevo en los próximos años en torno a una mayor liberalización del comercio mundial, aunque más que nunca, el club de los ricos se ha dado cuenta de que el más fuerte no es siempre el que sale ganando. 
Los países en vías de desarrollo han logrado avances significativos y han dejado su impronta en las negociaciones. 
Sin embargo, la Unión Europea también puede sentirse satisfecha. 
Gracias al esfuerzo y al aguante de los negociadores europeos, los dos comisarios aquí presentes, se ha alcanzado finalmente un acuerdo acerca de una amplia ronda de negociaciones. 
Así, en la nueva ronda se negociará, entre otros aspectos, el gesto público, la codecisión, las inversiones, la relación entre los acuerdos internacionales en materia medioambiental y las normas de la OMC. 
Estas negociaciones comerciales se producen en un momento importante, ya que ofrecen un indicio de que los Estados miembros están dispuestos a colaborar en el ámbito internacional tras los atentados terroristas de los Estados Unidos y que los terroristas no podrán socavar el comercio internacional. 
Asimismo, el mantenimiento de una política comercial liberal es importante ya que ésta puede dar un impulso destacado a la maltrecha economía mundial. 
Por último, quisiera observar que el resto de la Organización Mundial del Comercio insiste en seguir desarrollando el sistema multilateral de comercio de modo que la mundialización se traduzca en ventajas para el máximo número de personas y países. 
Debemos continuar persiguiendo el objetivo marcado hace cincuenta años. 
Señora Presidenta, en un informe al 133 comité sobre la reunión de la OMC en Qatar, la Comisión afirma que: active participation by European civil society strengthened the hand of the EU negotiator. 
De esto se deduce que los movimientos populares estarían tan contentos como el señor Lamy por los resultados conseguidos en Qatar. 
Esto es mentira. 
La verdad es que las organizaciones medioambientales y de solidaridad critican la actitud de la UE en Doha y califican el acuerdo final como una derrota para los pueblos pobres del mundo. 
El International Forum on Globalisation comprueba, por ejemplo, que los resultados de Qatar significan the ultimate triumph for the world trade body whose very mission is to exclude civil society from shaping economic systems. 
El grupo Atacc de Bélgica escribe ante la Cumbre de Laeken que la UE, entre otras cosas por su respaldo a la OMC, est essentiellement déterminée par les intérêts des institutions financières et des grandes entreprises. 
La verdad es que tanto los movimientos populares europeos como los representantes de los países en desarrollo están muy molestos por la manera arrogante en que los negociadores de la UE han "doblado el brazo" a los representantes de los países pobres. 
No está bien que la UE represente una política comercial eurocéntrica, egoísta y neoliberal, pero el intento de implicar mediante engaños a los movimientos populares europeos en el vergonzoso abuso de poder que la UE perpetró en Doha es ir demasiado lejos, ¿no es así, señor Lamy? 
Señora Presidenta, afrontamos con preocupación las decisiones de la reunión de la Organización Mundial del Comercio. 
Sus repercusiones a corto y medio plazo pueden ser desastrosas para los pueblos de muchos países, sobre todo de los países menos adelantados, pero también de algunos de la Unión Europea, en particular de Portugal. 
Para mi país es particularmente preocupante la apertura en el sector agropecuario y en el de los textiles, incluidos los acuerdos bilaterales que está negociando la Unión Europea, como el del Paquistán, sin tener en cuenta las especificidades portuguesas. 
Para los grupos económicos y multinacionales se ha conseguido lo esencial: el inicio de las negociaciones para una mayor liberalización del comercio mundial, aplazadas en Seattle y claramente puestas en entredicho durante este año por organizaciones mundiales, en particular las que estuvieron presentes en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y en Génova. 
Las regocijadas declaraciones de la UNICE (organización patronal europea) lo demuestran perfectamente, cuando afirma que se ha conseguido lo fundamental, aun cuando no se hayan satisfecho todas sus reivindicaciones. 
La propia resolución final de la OMC, encaminada a la liberalización en sectores particularmente delicados como el de los textiles, aspectos importantes de la agricultura, los servicios y otros, incluida la esfera de la propiedad intelectual, no deja lugar a demasiadas dudas, aunque en su materialización puedan aún influir las luchas que se están produciendo. 
Incluso algunos pequeños avances positivos en la esfera de la propiedad intelectual, después de las presiones que países como el Brasil y Sudáfrica ejercieron para obtener medicamentos genéricos de lucha contra el sida y el paludismo, demuestran que es importante intensificar el camino de lucha contra la mundialización capitalista en sus diversos aspectos, ya sean políticos, económicos, sociales o medioambientales. 
Las organizaciones sindicales de la Unión Europea ya han condenado el inicio de las negociaciones en el ámbito de la OMC sin que al menos se garantizara una avance real en la defensa del cumplimiento de los convenios de la OIT y de las normas mínimas de defensa de los derechos de los trabajadores, ya que no puede haber desarrollo sostenido sin que haya desarrollo social y medioambiental. 
La liberalización del comercio internacional favorece a los países ricos y a las multinacionales, agrava el desfase entre países desarrollados y países menos desarrollados, como lo demuestran perfectamente estudios realizados en el ámbito de las Naciones Unidas, intensifica la explotación de pueblos y trabajadores por parte de las multinacionales que dominan el comercio internacional y a las cuales sólo interesa el máximo lucro, aunque sea a costa del trabajo infantil, de la seguridad alimentaria, del medio ambiente, de la agricultura familiar y multifuncional. 
A eso se debe la importancia de la movilización para la lucha por una opción substitutiva de desarrollo sostenido que dé prioridad a la disminución de la pobreza y la expansión social, que promueva la revisión de la PAC, que sea más coherente y más solidario y esté menos aislado de los países del Sur. 
La ronda del comercio de Qatar debía convertirse en una ronda para los países en vías de desarrollo. 
Este objetivo se ha logrado en parte. 
En parte porque Europa, al igual que otros países ricos se niega a eliminar las ayudas que desvirtúan el mercado. 
La euforia europea en relación con Qatar se explica, entre otros motivos, por la esperada liberalización comercial que beneficiará a Europa. 
Qatar es la enésima señal que clama por una reforma de nuestra política agrícola. 
El reto radica en garantizar unos ingresos dignos para los agricultores sin desvirtuar los precios en el mercado mundial. 
Las ayudas directas a los ingresos y la ampliación del paquete agrícola de tareas y recompensas son medidas que van en el buen camino. 
Después de Qatar sigue existiendo la impresión de que no todos los Estados miembros se mueven en esa dirección. 
Otra cuestión destacada para los países en vías de desarrollo es la aclaración en torno al futuro de la propiedad intelectual. 
Se ha logrado una declaración política que afirma que el derecho de patentes no puede perturbar la producción de medicinas vitales en situaciones de emergencia, aunque no es del todo satisfactorio. 
Los países que carezcan de industria para dichas medicinas más económicas deben tener la posibilidad de importarlas libremente. 
Los problemas jurídicos que se crean en este sentido merecen un enfoque progresista. 
Para evitar abusos, se requieren medidas de control que permitan determinar la existencia de una situación de emergencia. 
Por último, quiero subrayar que en la lucha en favor del medio ambiente y de las normas sociales, el principal factor impulsor para la UE no debe ser la competencia desleal, sino el acceso a los mercados por parte de los países pobres y su bienestar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la IV Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, debía establecer una agenda y un programa. 
Eso es lo que se hizo, y, desde este punto de vista, es un éxito. 
¿Pero un éxito para quién? 
Un éxito, sin duda, señor Comisario, para usted, que dio muestras de su resistencia nocturna y de que goza de una salud excelente. 
Tratándose de la salud, por otra parte, Doha fue un verdadero éxito con respecto a los medicamentos, pero es sobre todo a Osama Bin Landen a quien los pobres del planeta deben este derecho a los medicamentos. 
Si los Estados Unidos, en efecto, no hubiesen tenido miedo a la enfermedad del carbunclo y no hubiesen tenido que enfrentarse a la propiedad intelectual de Bayer, no habrían cedido. 
Pero, aparte de eso, ¿qué supuso Doha? 
Dos cosas: unos clichés y una prórroga. 
Los clichés se amontonan. 
Primero, los clichés sobre el comercio mundial, que traerá consigo el crecimiento, la prosperidad, la estabilidad y, naturalmente, la paz. 
Ya se había firmado un acuerdo comercial en Marrakech, y todos saben que ello significó la reconciliación en Gaza, en Palestina e incluso en Afganistán. 
Segundo gran cliché, Europa habría resistido, pero el Japón la abandonó. 
Los PMA, a pesar del regalo de "todo salvo armas", la abandonaron. 
Corea quizá se haya quedado. 
La Unión de los Quince se agrietó. 
La Francia agrícola se encontró sola, aparte del apoyo de Irlanda. 
Sin embargo, Europa obtuvo una victoria con respecto al medio ambiente y al ámbito social. 
En cuanto al medio ambiente, los Estados Unidos, que no forman parte de Kyoto, no están vinculados; y en cuanto al ámbito social, los sindicatos europeos dijeron todo lo negativo que pensaban de Doha. 
Por otro lado, Europa obtuvo una prórroga. 
Primero, una prórroga en el sector agrícola. 
Hasta el final de las negociaciones, y, por tanto, hasta 2005, nuestros agricultores tendrán ayudas internas y restituciones. 
Después, aceptamos que se supriman. 
Pero los franceses Jacques Chirac y Lionel Jospin exigieron una prórroga para presentarse tranquilamente a la elección presidencial. 
Obtuvieron dicha prórroga, prórroga en la ejecución de la pena de muerte de la PAC; tanto es así que, por otro lado, los agricultores polacos serán engañados cuando se adhieran a Europa, ya que ellos se adhieren a la Europa de la PAC, y a partir de 2005 ya no habrá PAC. 
También obtuvimos una prórroga respecto a las inversiones exteriores. 
El AMI había sido lanzado por la ventana de la OCDE y volvió a entrar por la puerta de la OMC. 
Obtuvimos asimismo una prórroga respecto a las jubilaciones. 
Las compañías de seguros no podrán apropiarse de inmediato de este gran mercado. 
Balance de Doha: el modelo agrícola europeo desmantelado, la excepción cultural europea olvidada, el modelo social europeo en peligro a largo plazo. 
¿Qué quedará de Europa? 
Una vasta zona de libre cambio, y bien sabemos que, desde Adam Smith, el libre cambio constituye la miseria de las naciones. 
Señora Presidenta, los autodenominados opositores a la globalización han estado sólo durante poco tiempo en los titulares de los periódicos. 
Pensaban que habían privado de toda influencia a la OMC. 
El aislamiento ha hecho posible en cualquier caso un compromiso en Doha, que ha sido firmado por los 142 miembros. 
¡Qué contraste con Seattle en 1999 cuando los debates sobre el fondo se vieron eclipsados por los enfrentamientos en la calle. 
Estuve allí cuando manifestantes paralizaron nuestra Conferencia suministrando al mismo tiempo de modo profesional las imágenes escenificadas. 
En Doha se produjeron de nuevo debates muy intensos entre las 700 ONG acreditadas y las delegaciones nacionales. 
Se va a trabajar durante tres años en una nueva ronda de comercio mundial para hacer posible una liberalización adicional de la economía mundial. 
La UE se ha impuesto en cuestiones agrícolas. 
Se ha marcado como objetivo la supresión paulatina de las subvenciones pero no es condición previa para la siguiente negociación. 
Lamentablemente, no se ha logrado que las inversiones y los temas de medio ambiente sean ya objetivos de las negociaciones; esto ocurrirá no antes de dos años. 
Todos tienen que moverse, los EE.UU en el caso de la carne con hormonas, en el etiquetado de productos manipulados genéticamente y en la apertura del mercado textil. También la UE tiene que reducir obstáculos, sobre todo en lo relativo a la protección de la agricultura, señor Comisario. 
Tenemos que encontrar un equilibro entre la apertura del mercado y la regulación del mismo. 
Por un lado, hay que reducir los obstáculos a las importaciones y, por otro, se debe impedir la importación de productos baratos que son de baja calidad. 
En primer lugar, ponen en peligro al consumidor y, en segundo lugar, las empresas pierden sumas millonarias por copias piratas y la violación de la protección de patentes. 
Estamos en contra de una liberalización total. 
La seguridad social y los servicios públicos deben colocarse en el banco de pruebas. 
Pero no es admisible que se desmonten monopolios estatales y se levanten monopolios privados. 
La misma importancia tiene la modificación del orden del día. 
Exigimos una protección sostenible del medio ambiente, estándares sociales y el castigo de las violaciones de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, muchas felicidades por sentarse hoy allí. 
Gracias también a los dos Comisarios que están presentes así como a todo el equipo de la Comisión. 
También quiero incluir en mi agradecimiento al Consejo. 
Creo que sólo conjuntamente se ha logrado llegar aquí realmente a un éxito. 
Esto se refiere por lo demás también a nuestro colega Carlos Westendorp, quien ha dirigido nuestra delegación. 
Lamentablemente, esta tarde no está aquí presente pero creo que es acreedor a nuestro agradecimiento al igual que todos los demás. 
Me voy a referir sólo a unos pocos puntos. 
Primero: creo que muchos colegas olvidan siempre algo, sobre todo los colegas de los que siempre digo que practican continuamente una política "mantra" al repetir continuamente lo mismo. 
Creo que lo que todos ellos olvidan es que se ha tratado de una inauguración de negociaciones y que se ha determinado una estrategia negociadora. 
Deberíamos recapacitar un poco más sobre cómo podemos cooperar en el futuro con la Comisión y el Consejo pues el inicio en si de las negociaciones va a celebrarse sólo a partir de ahora. 
Hay que precisar los temas y no está en absoluto seguro que en muchos puntos en los que hemos logrado un llamado éxito, dicho éxito vaya a mantenerse realmente a lo largo de los años. 
Por ello, quiero preguntar sobre todo a los Comisarios cómo se imaginan la cooperación con el Parlamento Europeo. 
Desearía que dicha cooperación fuese sensiblemente más precisa y detallada, que existiese una información mucho más exacta de las negociaciones que se van a mantener en detalle sobre los diversos temas y que se indique donde hay dificultades o surgen problemas, para que en muchos puntos no sólo existan informaciones concretas sino también la posibilidad de un seguimiento político. 
Voy a referirme a otro punto. 
Menciono en este aspecto en especial dos regiones, la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Creo que estos dos bloques tienen una enorme responsabilidad para la definición futura de la política comercial. 
Esta política es mucho más que la mera limitación a los clásicos temas comerciales como conocemos del pasado, pues incluye muchos temas nuevos. 
El desarrollo y vinculación de la política comercial clásica a los nuevos temas va a ser en realidad la difícil tarea del futuro. 
Ustedes han logrado introducirlo elegantemente en las negociaciones de la OMC en Doha, sobre todo el Comisario Lamy y el Comisario Fischler. 
Pero, tal como ya he dicho al principio, el trabajo en sí comienza ahora. 
Creo que tenemos que dar mucha más importancia a establecer una base de política exterior más fuerte con países como La India, Singapur o China y también con muchos países latinoamericanos, para obtener de este modo una mayor comprensión sobre lo que queremos alcanzar en el campo de nuestra política comercial. 
En algunos países y Estados se sigue teniendo la sensación de que practicamos un proteccionismo indirecto en el marco de nuestra política comercial. 
Debemos adoptar las medidas para que esta sensación no llegue a surgir o se pueda eliminar. 
El embajador de Singapur me ha indicado de nuevo que existe ya desde hace mucho tiempo el deseo de concluir un acuerdo de librecomercio con la UE. 
Creo que los acuerdos bilaterales de librecomercio ofrecen la posibilidad de abrir estas puertas y poseen además el potencial de llegar a un mayor acercamiento en el sector multilateral mediante negociaciones bilaterales. 
Señores Comisarios, quizás sean ustedes tan amables y digan algo al respecto. 
Muchas gracias, señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, la conferencia de Doha a despertado en este Parlamento un entusiasmo que solo puedo atribuir al hecho de que se esperara tan poco de ella, aunque personalmente les debo decir que nuestra postura ante la misma se mantiene muy crítica. 
El desequilibrio de poder en el mundo sigue siendo enorme y eso se nota en este tipo de conferencias. 
Por una parte, los países en vías de desarrollo, que pretendían perfeccionar los acuerdos anteriores, y por otra parte, Europa, que pretendía avanzar en el plano multilateral, lo que provocó una dualidad que permitió cosechar ciertos avances. 
Obviamente, nos complace el hecho de que se hayan logrado avances claros en el terreno de los medicamentos, ya que al menos se cuenta con un acuerdo en el tema de los derechos de propiedad intelectual. 
Sin embargo, lo que más nos irrita es la postura europea de mantener contra viento y marea la necesidad de contar con elevados aranceles a la importación de productos agrícolas y textiles cuando en realidad existía consenso en torno a su eliminación gradual. 
En el 2005, deberíamos haber visto los resultados y ahora parece que apenas se ha avanzado en este terreno. 
Las ayudas agrícolas totales apenas han disminuido en estos momentos con respecto a los niveles de los años ochenta. 
Al igual que en las anteriores conferencias de la OMC, en Doha se habló acerca de la liberalización de la economía. 
Un logro positivo fue sin duda lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual, aunque constituye un avance muy limitado. 
Nosotros preferiríamos que nos situáramos del lado de los débiles ya que, si se observa este mundo en guerra, hay que constatar que todo se debe al desequilibrio de poder. 
Señora Presidenta, tras el triunfalismo se esconde la continuación de una política que desea poner el comercio mundial al servicio de los intereses de las multinacionales. 
El objetivo principal sigue siendo una aún mayor liberalización, es decir, la apertura de los mercados de los países pobres a los productos industriales de los países desarrollados, los cuales al mismo tiempo importarán productos agrícolas- competitivos con los nuestros, por otra parte- y materias primas a precios de saldo. 
En el sector agrario, la principal aspiración es la supresión de las subvenciones, algo que tendría enormes consecuencias negativas en la producción de países como Grecia, donde, por cierto, los campesinos se encuentran una vez más en la calle en demanda de una justa compensación a su esfuerzo. 
Por lo que respecta a las inversiones extranjeras, la competencia, los suministros públicos, las facilidades comerciales, se han impuesto con el rodillo las opciones imperialistas, a pesar de la oposición prácticamente unánime de las organizaciones no gubernamentales y de los países menos desarrollados. 
La cumbre de Doha ha confirmado la vocación de la OMC de servir de palanca principal de la globalización capitalista. 
El interés por los problemas de los países menos desarrollados y por el medio ambiente sigue siendo meramente verbal y, por tanto, hipócrita. 
Pone de manifiesto, claro está, que las movilizaciones populares han surtido efectos, pero también que la OMC quiere adormecer el movimiento antiglobalización, mostrando supuestamente sensibilidad hacia sus demandas. 
Se cuidó muy bien, en todo caso, de blindar la cumbre frente a las molestas protestas, y no nos extrañará que la próxima reunión se celebre en la Antártida. 
Para el movimiento popular no hay otro camino que la resistencia y la contraofensiva, no sólo frente a la OMC, sino también frente a la Unión Europea y los gobiernos que promueven y aplican políticas contrarias a los intereses populares. 
Señora Presidenta, también yo considero positivos los resultados de la Conferencia ministerial de Doha y, por ello, quiero sumarme a las felicitaciones al Comisario Lamy, así como al Comisario Fischler y al Consejo por su contribución innegable a este éxito. 
Es cierto que la declaración final no dice todo lo que debería decir y- diría yo- que, a veces, dice incluso más de lo que debería decir, pero toda negociación supone llegar a compromisos y todo compromiso conlleva concesiones. 
Lo que debemos valorar realmente de Doha es que se hayan conseguido aunar los intereses divergentes- e incluso, a veces, contradictorios- de los países miembros de la OMC y se haya llegado a un acuerdo para lanzar una nueva ronda, fijar una agenda, un calendario y un programa de trabajo, y, en segundo lugar, que se haya integrado plenamente la dimensión del desarrollo en todas las negociaciones y que los países menos desarrollados y los países en vías de desarrollo hayan hablado con fuerza y su voz haya sido escuchada y se hayan tenido en cuenta sus preocupaciones. 
El tren de la OMC, como muy bien dijo usted, señor Comisario Lamy, vuelve a estar sobre los raíles y ya ha salido de la estación. 
Yo añadiría que se han puesto además los medios para que su destino sea un crecimiento sostenible que beneficie también a los países más pobres. 
Sin embargo, para que este tren pueda llegar a la estación, es preciso adoptar los medios necesarios, es necesaria una interpretación correcta de los textos, llenos de ambigüedades constructivas, y garantizar la reciprocidad en la apertura de los mercados y el pleno respeto de las normas que rigen el comercio multilateral. 
A fin de ayudar a superar, de una vez por todas, la barrera de la pobreza, se trata de adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso, sobre todo de los países menos avanzados, porque estos países pueden sufrir por culpa del sistema comercial multilateral de las ventajas que demos a los países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, antes de Doha, muchos de nosotros éramos perfectamente conscientes de que el tema del acceso a los medicamentos se convertiría en el punto de referencia que utilizarían los países en desarrollo para poner a prueba nuestra seriedad respecto a si queríamos lanzar o no una ronda del desarrollo. 
Lo que hemos visto es una declaración sobre el acceso a los medicamentos y la salud pública. 
Incluso el título es importante porque no es sólo sobre el acceso a los medicamentos, es también sobre la ayuda a la salud pública. 
Es una declaración innovadora y, como alguien ha dicho esta mañana, contiene un compromiso respecto a toda la cuestión de la flexibilidad del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 
Como el Comisario sabe perfectamente, los Estados Unidos y Suiza, en particular, sostenían que la referencia a la salud pública era demasiado amplia. Querían que se limitara a ciertas enfermedades contagiosas. 
Pero debo decir, señor Comisario- y estará de acuerdo conmigo- que lo ocurrido representó una verdadera victoria para los países en desarrollo porque éstos fueron muy hábiles en la negociación, y dicha posición de los Estados Unidos y Suiza, en particular, al final fue rechazada. 
Es importante que rindamos tributo a los países en desarrollo y las aptitudes negociadoras de que han hecho gala. 
La creencia tradicional fomentada por las empresas farmacéuticas ha sido que las patentes son sagradas. 
Después de Doha eso ha cambiado. Si las empresas de medicamentos fijan unos precios que no están al alcance de las personas que los necesitan, los gobiernos pueden anular las patentes sin temor a represalias. 
A pesar del progreso en Doha en lo relativo al reglamento sobre patentes, esta historia está aún muy lejos de su conclusión. 
Tengo dos preguntas específicas, señor Comisario. 
¿Está la Comisión dispuesta a reconocer que el reto inmediato es garantizar que la OMC levante las restricciones sobre la exportación de sucedáneos a bajo precio de medicamentos patentados para países que hayan decidido hacer caso omiso de la patente, pero que no disponen de la capacidad de producción necesaria? 
Esta cuestión no quedó zanjada en Doha y fue aplazada hasta el Consejo de los ADPIC. 
En segundo lugar, ¿cómo se propone garantizar la Comisión que los países sin capacidad de producción o con una capacidad de producción insuficiente puedan hacer pleno uso de las disposiciones vinculantes en materia de licencias? 
En mi opinión, esto debe ir acompañado de una reducción de la duración del plazo de las patentes sobre medicamentos en los países pobres. 
Los ADPIC dictan actualmente un plazo de vigencia de la patente de 20 años en todo el mundo. 
En la revisión del Reglamento prevista para 2002, la OMC debería al menos aprobar hacer extensivo el plazo de cumplimiento de los ADPIC para todos los países en desarrollo y basar dicho plazo en el progreso del desarrollo en vez de en fechas arbitrarias. 
Me pregunto si el Sr. Comisario está de acuerdo conmigo en este punto. 
Por último, sobre la cuestión de los países en desarrollo, quisieran rendir homenaje, en particular, a los países ACP, en los que tenemos un interés especial y que están asociados con la Unión Europea. 
Los 77 países ACP consiguieron obtener una exención. 
Presentaron una magnífica declaración antes de Doha. 
He celebrado varias reuniones con ellos desde entonces. Todos ellos están muy satisfechos con los resultados. 
Doha debía ser el ciclo del desarrollo. 
Pero, ¿qué ganaron en Doha los países en desarrollo? 
No comparto el optimismo de mis colegas en este punto. 
Así, el acuerdo sobre el acceso a los medicamentos, que se consideró una victoria, es, en realidad, un pretexto que engañó a medios de comunicación y países en desarrollo. 
Presentadas como un reto primordial de esta Conferencia y como una concesión de capital importancia a los países en desarrollo, la clarificación del acuerdo ADPIC y la interpretación que siempre hemos hecho del mismo constituyen, ciertamente, una victoria política, que, sin embargo, nada cambia en el plano jurídico: ésta no tiene ningún valor frente al órgano de arreglo de las diferencias de la OMC y la cuestión sigue pendiente, como lo ha recordado la Sra. Kinnock, para los países que no disponen de capacidades de producción. 
Por el momento, nada les permite recurrir a las licencias obligatorias para hacer fabricar por otros los medicamentos que necesitan, como se hizo hincapié en la reciente Conferencia de Ouagadougou. 
Asimismo, la excepción y la regla de reciprocidad de la OMC acordadas en el último minuto para ocho años a los países signatarios del Acuerdo de Cotonou fueron consideradas un logro. 
De hecho, esta autorización, que los países ACP esperan desde hace meses, se parece a un chantaje contra ellos. 
Tuvieron que firmar la declaración final de Doha bajo pena de que se le rechazara su demanda. 
Se trata, pues, de raciones mínimas, que sirvieron de moneda de cambio para países occidentales aliados en favor del inicio de un nuevo ciclo. 
En realidad, lo que ocurrió en Doha se parece a una obra de teatro marcada por el cinismo: estamos cada vez más comprometidos en la vía de un liberalismo desenfrenado y, no cesamos de repetirlo, se impone realmente una reforma profunda de la OMC. 
Señora Presidenta, señores Comisarios Lamy y Fischler, desearía ante todo manifestarles que me congratulo del éxito de la Conferencia de Ministros de Doha no sólo en el plano de los resultados, sino también en el plano material. 
La misma se desarrolló en excelentes condiciones a pesar de todos los temores que podíamos abrigar. 
La celebración de este acontecimiento en Qatar constituyó en sí mismo una respuesta a la lucha contra el terrorismo que habíamos iniciado tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre último. 
He valorado, al igual que mis colegas que participaron en esta Conferencia, la constante transparencia que predominó entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento en las negociaciones. 
Dicha transparencia fue asimismo la regla con respecto a las organizaciones no gubernamentales presentes en Doha, que se felicitaron de los esfuerzos realizados en la materia desde la anterior Conferencia de Seattle. 
Todos esperábamos que esta reunión ministerial pudiera desembocar en un acuerdo sustancial capaz de abrir la vía a una reactivación del crecimiento, contribuyendo así al desarrollo económico en el momento en que la comunidad internacional atraviesa una situación muy difícil. 
Dicha reunión ministerial permitió, ciertamente, varios avances notables, entre los que figuran la adhesión de China y Taiwan. 
Otro efecto positivo- que ha sido recordado- es el relativo a los medicamentos. 
Por lo demás, la Comisión negoció duramente y los esfuerzos realizados en la última noche y la mañana del 14 de noviembre permitieron a la Unión Europea convencer a sus socios de la legitimidad de sus posiciones. 
Sin embargo, el programa de trabajo no llega a colmar las ambiciones que nos habíamos fijado en relación con varios puntos determinantes, como el medio ambiente, la agenda de Singapur o las normas sociales. 
Por mi parte, desearía hacer tres observaciones. 
Los países en desarrollo mantuvieron en el transcurso de esta conferencia una actitud a menudo muy crítica frente a la Unión Europea. 
¿Fuimos lo suficientemente receptivos con respecto a sus preocupaciones durante la preparación de esta reunión ministerial? 
Hagamos acto de humildad, salgamos otra vez en su busca, escuchémosles, tratemos de comprenderlos para integrar sus verdaderas preocupaciones y, sobre todo, dejemos de definir en su lugar la política de desarrollo que necesitan. 
La declaración ministerial de Doha representa asimismo un compromiso para empezar las negociaciones sobre las prioridades que constituyen la ampliación y la construcción europea. 
Finalmente, en el momento en que las verdaderas negociaciones van a empezar, deseo que la transparencia que ha dominado hasta ahora continúe haciéndolo y que se fortalezca aún más entre nosotros. 
Formularé una sola pregunta al Comisario: ¿cuál será la estructura general que se definirá respecto a la negociación? 
Señores Comisarios, Señorías, como miembro de la delegación del Parlamento que estuvo presente en Doha, yo también desearía saludar el excelente trabajo de nuestros comisarios, así como los resultados obtenidos, que han sido indudablemente muy positivos y que demuestran la gran eficacia de nuestros comisarios en esta negociación. 
Deseo asimismo y sobre todo congratularme por la excelente cohesión y la solidaridad entre nuestras tres instituciones europeas que estuvieron presentes en Qatar. 
En cuanto al fondo, y limitándome al expediente agrícola, compruebo con interés que la Unión Europea mantiene los márgenes de maniobra necesarios para la reforma de su política agrícola común, respondiendo así a las nuevas expectativas de nuestra sociedad, ya que las consideraciones no comerciales están explícitamente mencionadas en la declaración ministerial final. 
Creo que este aspecto es el elemento esencial del resultado de Doha. 
En efecto, la prioridad de la agricultura europea de hoy ya no debe ser la competitividad para exportar a cualquier coste, sino la satisfacción de la demanda social en materia de seguridad alimentaria, de desarrollo rural y sostenible. 
La Unión también puede felicitarse de haber logrado un éxito frente a los Estados Unidos, ya que todas las formas de ayuda a la exportación estarán sometidas a la negociación del nuevo ciclo. 
Finalmente, creo que la Unión puede congratularse del fortalecimiento del trato especial y diferenciado en favor de los PVD. 
Éste debería permitirles responder a sus necesidades, incluso en materia de seguridad alimentaria y de desarrollo rural. 
Dicha perspectiva es, a su vez, favorable al impulso de la agricultura alimentaria, lo cual es muy importante frente a la demanda alimentaria mundial, llamada a duplicarse en los próximos veinticinco años debido al crecimiento demográfico de los PVD y a la mejora del nivel de vida de los países emergentes. 
En resumen, considero que este acuerdo representa un buen equilibrio entre liberalización y regulación del comercio, así como entre comercio y desarrollo de todos los tipos de agricultura. 
Deseo simplemente que las negociaciones del nuevo ciclo confirmen las expectativas suscitadas. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, sin adornos de cortesía, no se puede hablar tan bien del resultado de Doha por la falta de todo tipo de componentes sociales en el comercio mundial, al menos desde la perspectiva de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
No sólo es lamentable sino que tampoco se puede ignorar la mínima importancia que se da a la seguridad medioambiental y de los alimentos ni tampoco se ha aceptado la exigencia de una aclaración del principio de previsión. 
Pero el punto central de mi crítica es el siguiente. 
La UE, que por lo demás habla gustosamente de la dimensión social como parte de nuestra filosofía europea, sólo ha logrado que la cuestión de las normas laborales básicas como derechos humanos en el puesto de trabajo quede en el mismo nivel de las conversaciones de la Conferencia del 96 celebrada en Singapur, es decir que se aparque el tema. 
¿Dónde estamos nosotros con nuestra responsabilidad social? 
El hecho de que China se haya integrado y espero que otros Estados lo hagan pronto, es algo que saludo básicamente pero dudo que con ello sea más fácil obtener unas normas básicas de derechos humanos para el trabajo. 
Advierto frente a tomarse a la ligera la evitación de conflictos. 
La globalización sin unas medidas de acompañamiento razonables anima a más manifestaciones y conflictos sociales. 
Seattle no ha pasado, como ha indicado mi colega Mann hoy. 
Revive de nuevo y esto es algo que no podemos ignorar en estas salas protegidas del Parlamento Europeo. 
Señor Comisario Lamy, ¿qué piensa aportar en el futuro para que las normas laborales básicas no sean exigidas sólo por una OIT sin fuerza para imponerlas, cómo puede usted ayudarnos ante los acontecimientos de la OMC para restablecer el contacto y lograr que se avance algo? 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al equipo Fischler, Lamy y Neyts por haber logrado una nueva ronda. 
Sin embargo, lo esencial es que se dialogue y que no se busque el conflicto, colega Ettl. 
Creo que este impulso de crecimiento para Europa, en especial para el empleo en Europa, es de enorme importancia. 
Pero no sólo para Europa: en especial en los países en vías de desarrollo millones de personas podrán salir del umbral de la pobreza, lo que supone un gran logro para los pobres que viven en dichos países. 
Creo que esto es de especial importancia para Europa, el mayor exportador de bienes y servicios y el mayor inversor del mundo. 
Se han tratado muchos temas importantes para los países en vías de desarrollo, para el medio ambiente y también temas sociales y de protección de los animales. Creo que aquí se están realizando esfuerzos por lograr un consenso. 
Pero no podemos olvidar que la OMC debería también preocuparse de la creación de unas condiciones marco justas para las inversiones, la competencia y el acceso a los mercados. 
Tenemos que superar los obstáculos administrativos para el comercio, tener en cuenta la reciprocidad en la apertura del mercado, necesitamos límites máximos para los aranceles aduaneros y facilidades para las pequeñas y medianas empresas así como para los envíos pequeños. 
Si el comercio funciona entonces funciona también la democracia y surge bienestar. 
También creo que en las negociaciones deberían participar más activamente los actores reales, los protagonistas económicos, y también sería bueno que participen EuroCommerce, las Eurochambres, UEAPME y la Unión SME para que puedan participar en el debate sobre estos temas. 
Para los grandes consorcios, la OMC no es en realidad ya el tema central: un McDonald se encuentra ya en todas las ciudades del mundo. 
Para finalizar sólo quiero pedir a un Grupo político que nos explique por favor cómo va a proceder en el futuro con el mantenimiento del secreto de los debates entre la Comisión y el Parlamento. 
Creo que aquí necesitamos una solución para poder garantizar también en el futuro una cooperación sincera y positiva. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, el Presidente de la Comisión se ha mostrado esta mañana muy optimista en cuanto al futuro de Europa. 
"Cobra forma la gran Europa", ha dicho el Sr. Romano Prodi. 
Preguntamos: ¿cobra forma una Europa grande en espíritu y en voluntad? 
¿Una Europa con nuevas finalidades, una Europa apta para desempeñar mejor su papel mundial? 
No estoy seguro. 
Es lícito abrigar dudas al respecto. 
La Conferencia de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Qatar, justifica por sí misma un optimismo mitigado. 
La actuación de la Unión Europea por mediación de sus representantes, en particular los Comisarios Pascal Lamy y Franz Fischler, fue difícil, pero francamente positiva. 
De hecho, la diplomacia europea contribuyó decisivamente al buen resultado de la Conferencia y con ello a poner fin a la parálisis de la Organización Mundial del Comercio, a restaurar su credibilidad después del resonante fracaso de la Conferencia de Seattle. 
Los compromisos contraídos por la Unión Europea distan de satisfacer nuestras principales prioridades, en particular en las esferas medioambiental y social. 
Los representantes europeos estaban de hecho ante un dilema: donde veían protección de la naturaleza y de los derechos sociales los representantes de los países en vías de desarrollo sólo veían proteccionismo disfrazado de intereses europeos. 
Así, pues, hay motivos de esperanza, pero también de decepción. 
Conviene subrayar el aspecto positivo de la negociación en el capítulo de la agricultura, inductora e impulsora finalmente de una reforma profunda de la PAC que internamente la Unión Europea resultaba incapaz de hacer. 
También son dignos de encomio los resultados obtenidos en cuanto a los precios de los medicamentos y a la innegable victoria obtenida sobre el egoísmo de las multinacionales farmacéuticas. 
La Conferencia de Doha representa sólo un pequeño paso en el arduo camino encaminado a conciliar liberalismo y reglamentación, un pequeño paso para que la mundialización llegue a contribuir al progreso mundial y en particular a la reducción de la pobreza, del hambre, las enfermedades y la violencia. 
Por último, si el fracaso... 
(La Presidenta interrumpe al orador) 
Muchas gracias, señor Lage, su tiempo ha terminado. 
Antes de conceder la palabra al Comisario Fischler, quisiera desde aquí- obviamente no puedo participar en el debate- felicitar a ambos comisarios y expresarles mi agradecimiento por la agradable y, sobre todo, constructiva colaboración en Doha. 
A continuación, cedo la palabra al Comisario Fischler. 
Señora Presidenta, Señorías, antes de que Pascal Lamy resuma la totalidad del debate, permítanme realizar algunas observaciones sobre la agricultura. 
Creo que el éxito más importante de Doha consiste en que con la formulación que se contiene en la declaración de Doha tenemos ahora la oportunidad de determinar nosotros mismos nuestra dirección política en la política agrícola. 
Esta es una oportunidad pero al mismo tiempo una responsabilidad. 
Es una oportunidad porque no nos encontramos de espaldas a la pared como quizás ocurrió, por ejemplo, en la ronda de Uruguay, donde mientras que nosotros decíamos permanentemente no las otras partes contratantes de la OMC determinaban el rumbo de la futura política. 
Pero es también una responsabilidad pues este resultado no dice por ejemplo que no tengamos que desarrollar nuestra política agrícola del modo correspondiente. 
Nos encontramos ante esta tarea y nos la tenemos que tomar muy en serio. 
Algunos han criticado que nosotros, como parte rica del mundo, seguimos explotando a los países en vías de desarrollo mediante nuestros reembolsos por exportación. 
Yo lo veo de modo algo diferente. 
Creo que no deberíamos cometer el error de reproducir continuamente las viejas imágenes de una vieja política agrícola. 
El 4% del presupuesto de la Comunidad no va a hacerse desplomar el comercio agrícola en todo el mundo y no empleamos más del 4% del presupuesto total para ayudas a la exportación. 
Por lo demás, en lo que se refiere a las importaciones, creo que no nos debemos achacar nada. 
La Unión Europea ella sola importa de los países en vías de desarrollo más productos agrícolas que los EE.UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Japón juntos. 
Es cierto cuando varios oradores constatan que el trabajo comienza realmente ahora. 
Nos tenemos que preparar para ello. 
Por supuesto, coordinaremos nuestros posteriores preparativos también con el Parlamento. 
Pero sobre todo, de lo que se trata es de realizar un trabajo de convencimiento. 
No es algo evidente que nuestras ideas sobre el futuro de la agricultura se acepten sin más en cualquier otro lugar del mundo. 
Les invito encarecidamente a realizar conjuntamente este trabajo de convencimiento. 
Para finalizar, me permito expresar mi agradecimiento por los muchos cumplidos que hemos recibido hoy. 
Veo en ello más bien una exhortación para cumplir en el futuro con nuestra responsabilidad. 
. 
(FR) Señora Presidenta, debo decir que el hecho de que nuestros trabajos de esta noche estén inscritos en el marco la Presidencia de una eminente especialista en cuestiones comerciales es todo un símbolo, y desearía darle las gracias, así como a aquellas y aquellos de ustedes que esta noche han considerado que Doha había aportado resultados positivos. 
Doy las gracias asimismo, como acaba de hacerlo Franz Fischler, a aquellos de ustedes que han atribuido una parte de estos resultados a los negociadores, que, esta noche, se encuentran en los bancos de la Comisión. 
Entiendo, después de haber escuchado a todos, que esta aprobación es ampliamente mayoritaria en sus filas. 
En todo caso, Franz Fischler y yo mismo lamentamos que no haya sido unánime. 
La próxima vez trataremos, pues, de mejorar. 
Si la calidad de los resultados es buena, es porque éstos son fruto de un trabajo político en el que el Parlamento y el Consejo tuvieron un lugar relevante. 
Creo que Doha nos hizo recordar esa norma fundamental del álgebra comunitaria, que consiste en que el peso de los negociadores sea una función exponencial de la solidaridad de la Unión. 
Una vez más, esta norma se confirma. 
Ahora bien, dicha solidaridad no fue ni el resultado de un acto de fe repentino ni la expresión de una confianza ciega en los dos negociadores, más allá de las cualidades que ustedes han subrayado. 
En realidad, esta solidaridad obedeció a la sustancia de la posición negociadora de la Unión y al equilibrio- en cierta manera, intrínseco a nuestro mandato- entre la liberalización y un marco regulador, entre nuestras preocupaciones generales de países del Norte y nuestra apertura a las preocupaciones de los países del Sur, entre los valores específicos que deseamos defender como europeos y la apertura a cierto número de preocupaciones de socios que no las comparten necesariamente. 
Así pues, es evidente que en Doha no cumplimos del todo nuestro objetivo. 
Es cierto; pero, como en toda negociación, logramos un compromiso, un compromiso del que todos podemos responder, puesto que es verdad que no se trata de un juego de suma nula. 
Sin embargo, es cierto que en el plano social- y creo que ni Franz Fischler ni yo lo hemos ocultado- no estamos en el punto al que habríamos deseado llegar. 
Muchos de ustedes lo han recordado, con razón, y deberemos continuar trabajando en otros recintos. 
Dos palabras para responder a las críticas que he oído sobre el capítulo "desarrollo". 
En realidad, me cuesta entenderlas puesto que es verdad que los países en vías de desarrollo pudieron expresarse e influir en esta Conferencia Ministerial en unas condiciones que anteriormente nunca habían podido conseguir; y digo ante esta Asamblea que la Unión tiene que ver en ello y que si los países en desarrollo obtuvieron, tanto en el marco de esta Conferencia como en el de su preparación, un lugar mucho más destacado que el anterior alrededor de la mesa, eso es fruto, en parte, de los esfuerzos realizados por la Unión. 
Por otra parte, más adelante, en el curso de las negociaciones, seremos evaluados sobre nuestra capacidad para seguir siendo fieles a este punto de vista, sobre todo cuando se trate de ajustar nuestros programas de asistencia técnica al desarrollo al ambicioso programa de negociación aprobado. 
Tendremos la ocasión de comprobarlo con nuestros amigos africanos, en el phasing-in del post-Cotonou y en la negociación de la OMC. 
A la pregunta sobre la continuación de las operaciones, responderé que las verdaderas negociaciones- concretamente en el plano técnico- se iniciarán a principios del próximo año. 
Sugiero que conservemos nuestros buenos hábitos de trabajo, es decir, que, progresivamente y dentro de una transparencia que creo bastante completa, nos mantengamos al corriente de la evolución de las posiciones de unos y otros, y sobre todo de la posición negociadora de la Unión. 
La propia estructura de la negociación está aún en curso de elaboración. 
En este punto, debemos procurar escrupulosa y cuidadosamente que algunos equilibrios políticos obtenidos en el programa de negociación no se rompan, más o menos indirectamente, a causa de unos calendarios de velocidad variable, cuyo resultado sería hacer tratar algunos temas antes que otros. 
Sobre la cuestión concreta de la propiedad intelectual y de los medicamentos, efectivamente, como se ha dicho, el caso de la utilización de licencias obligatorias por un país en desarrollo que carece de capacidad de producción debe ser aclarado, y nosotros reflexionaremos en ello activamente al igual que los demás. 
Propondremos soluciones que se inscribirán dentro del mismo espíritu que lo que llevamos a cabo para lograr este compromiso, espíritu que aquellos de ustedes que conocen la posición de la Comisión de febrero del año pasado habrán reconocido fácilmente. 
Notemos de paso que dichos países están dispensados de las disciplinas del acuerdo sobre la propiedad intelectual, la mayoría de ellos hasta 2006. 
Finalmente, a aquellas y aquellos de ustedes que desean una reforma de la OMC y que han indicado, con razón, que ésta no figura como tal en el programa de trabajo, responderé que comparto su punto de vista. 
Ciertamente, en la práctica se han realizado progresos desde Seatlle, y sin proceder a cambios formales de las normas de procedimiento. 
Esto es verdad respecto a la transparencia, a la participación en las decisiones de un número mucho más importante de los actores que se encuentran alrededor de la mesa de la OMC, pero pienso que probablemente en Doha hayamos alcanzado el límite de aquello que lo informal puede añadir a lo formal y que habrá que reflexionar en ello rápidamente. 
Como la mayoría de ustedes lo ha dicho, las cosas serias no hacen más que empezar, y en los próximos años se desarrollarán muy probablemente alcanzando- digamos- una intensidad máxima de la negociación en algún momento entre 2003 y 2004. 
Disponemos, pues, de cierto tiempo para preparar este pico que se producirá en ese momento. 
Creo que nuestra manera de trabajar juntos tuvo buenos resultados, y deseo que mantengamos, para la negociación, este espíritu a la vez positivo, resuelto y abierto, que es el que nos anima desde hace dos años. 
En todo caso, pueden contar con Franz Fischler y conmigo mismo para hacer todo lo que esté en nuestras manos por lo que respecta a la contribución de la Comisión. 
He recibido cuatro borradores de resolución presentados en virtud del artículo 37, apartado 2 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Salud pública (2001-2006) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación de la segunda lectura en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor relativa a la postura común del Consejo en relación con la aprobación de un programa comunitario en el terreno de la salud pública (2001-2006) (A5-420/2001) 
Cedo la palabra al Sr. Trakatellis, ponente. 
. (EL) Señora Presidenta, la institución del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública constituye el primer intento completo de la Unión Europea en el campo de la protección de la salud pública. 
La protección de la salud pública es hoy una de las inquietudes fundamentales de los ciudadanos de la Unión. 
La salud debe constituir prioridad, más allá de cualquier compromiso político o económico, y no puede ser considerada un bien mercantil. 
El programa que sustituirá a las fragmentarias acciones comunitarias sectoriales en el ámbito de la salud es un programa más completo, que se orienta principalmente a la prevención de las enfermedades, y que contribuirá a la consagración de modelos de calidad en el sector de la salud pública. 
En la posición común del Consejo se incluyó una importante parte de las enmiendas de la primera lectura del Parlamento, hecho que se debe principalmente a la extraordinaria colaboración interinstitucional desarrollada entre los órganos comunitarios. 
No obstante, elementos importantes de nuestras propuestas no fueron adoptados en la posición común e incluso una parte de la propuesta de programa fue eliminada por el Consejo, la consecuencia de ello ha sido la enmienda de la posición común acordada en la Comisión de Medio Ambiente, cuyos miembros votaron por gran mayoría la presente recomendación para la segunda lectura. 
Me gustaría ahora hacer algunas observaciones a propósito del programa. 
La principal aspiración del programa es reforzar la cooperación entre los países miembros, de suerte que se produzca un valor añadido por la sinergia de las intervenciones comunitarias con el desarrollo de tres ajes de acción, que constituyen, por otra parte, los objetivos generales del programa. 
El primero, mejorar la información y los conocimientos a fin de desarrollar la salud pública. 
El segundo, aumentar la capacidad de respuesta rápida y coordinada frente a las amenazas a la salud. 
Señalo en este punto, ya que hoy se cumplen tres meses desde el ataque terrorista del 11 de septiembre, que debe incluirse una categoría referida al tratamiento de las amenazas a la salud procedentes de factores físicos, biológicos y químicos debidos a sucesos imprevisibles- accidentes, por ejemplo -, a deficiencias de infraestructuras o máquinas, a errores humanos o, incluso, a acciones terroristas. 
El tercer eje lo constituye el tratamiento de los factores determinantes de la salud en todas las políticas y actividades a través de acciones destinadas a promover la salud y prevenir las enfermedades. 
El programa, que complementa las políticas nacionales, se propone la consecución de un alto nivel de salud mental y corporal, así como una mayor igualdad en asuntos de salud en toda la Comunidad. 
Tomando en consideración que los medios a disposición del programa son limitados, es necesario conceder prioridad a las medidas para la protección de la salud, a través del apoyo a acciones encaminadas a la prevención de las enfermedades más importantes y a intervenciones prácticas, así como a la necesidad de desarrollar una estrategia integral e intersectorial para la salud, en el marco de la cual todas las políticas e intervenciones comunitarias contribuyan a la prevención y la fomenten. 
quisiera, señora Presidenta, destacar dos puntos de las enmiendas a la posición común. 
A pesar del acuerdo casi absoluto con el Consejo en cuanto a los objetivos del programa, así como con respecto a muchos aspectos, hay aún mucho que debatir sobre la forma de coordinación y sobre el presupuesto del programa. 
El Parlamento Europeo considera que al objeto de coordinar y controlar eficazmente un programa tan complejo, que incluye redes, datos, diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales, se hace evidente la necesidad de un órgano de coordinación. 
Por esta razón, en la primera lectura el Parlamento introdujo un mecanismo llamado Centro de Coordinación y Seguimiento de la Salud, en el seno, claro, de la Comisión y del programa. 
Ahora, hemos confirmado ese enfoque en la Comisión de Medio Ambiente, en la votación para la segunda lectura. 
Por supuesto, el Consejo, en la posición común, y también la Comisión, en la propuesta modificada, han hecho suya y han adoptado en lo fundamental la posición del Parlamento favorable al desarrollo, como dicen, de un sistema y mecanismo eficaz de coordinación y seguimiento del programa. 
La formulación elegida, sin embargo con la forma concreta de regulaciones estructurales, incluido un núcleo central potenciado, no es la mejor y crea cuanto menos confusión e incertidumbre. 
Por esta razón, insistiremos de manera clara en nuestro propósito de garantizar un centro coordinador, con el objetivo una coordinación eficaz, global y duradera del programa. 
Finalmente, el presupuesto. 
La financiación del programa deberá ser suficiente. 
Trescientos ochenta millones de euros pide el Parlamento, dado que las acciones e intervenciones del programa, tal y como se describen, son especialmente ambiciosas. por consiguiente, el presupuesto debe aumentar, a fin de satisfacer plenamente las necesidades y los objetivos del programa y de cubrir, entre otras cosas, las exigencias impuestas por la aplicación de las propuestas del Consejo relativas a la preparación previa, la introducción y funcionamiento de las regulaciones estructurales adecuadas, que incluyan, naturalmente, un núcleo central potenciado, tal y como el propio Consejo prevé en el artículo 7.1, parágrafo segundo. 
Es, igualmente, imprescindible la flexibilidad necesaria para la redistribución de los recursos. 
Por último, el reforzamiento de los cimientos del edificio europeo presupone convergencias, no sólo en el campo de la estrategia y la política económica- mercado único y UEM, por ejemplo -, sino también en ámbitos específicos, como el de la salud. 
Se trata de nuevas formas de construcción, que denomino nuevas convergencias, las cuales amplían y profundizan el proceso de integración. 
Entiendo, pues, que el nuevo programa constituye el principio de unos de esos procesos de convergencia en un ámbito de tan vital importancia como lo es el de la salud. 
Señora Presidenta, señor Comisario, nos encontramos en la segunda lectura del programa para la salud pública y es importante que el Parlamento Europeo insista en ciertos asuntos que considera de trascendental importancia. 
Consideramos, en primer lugar, imprescindible, que la Comisión Europea, mediante las regulaciones estructurales apropiadas, y en el plazo de un año desde la entrada en vigor del programa, garantice un mecanismo que asegure el seguimiento permanente y la coordinación, que aumente la eficacia y que aporte a los países miembros información sobre las mejores prácticas y la valoración global del programa. 
De este modo, se brindará la posibilidad de reconducción de las políticas nacionales en la dirección correcta. 
Tras los últimos acontecimientos y sus consecuencias para la salud, es necesario ampliar las acciones para hacer frente a las amenazas imprevistas y a las nuevas realidades. 
Por lo que respecta al asunto del presupuesto, seré categórica, porque si de verdad queremos estar a la altura de las exigencias y los objetivos del programa en cuestión, debemos asegurar los recursos necesarios para su materialización. 
Dado que el retraso en la aprobación del presente programa ha hecho necesario prorrogar el funcionamiento de los programas previamente existentes, a costa del presupuesto en vigor, la cantidad de 280 millones de euros que propone el Consejo ya es, de hecho, menor. 
Y algo así es incompatible con el éxito en la aplicación del programa. 
Soy consciente de las limitadas posibilidades del presupuesto, pero creo que en asuntos de semejante importancia, que afectan directamente a los ciudadanos, la Unión debe mostrar sus prioridades y encontrar las soluciones adecuadas. 
Ruego, pues, que el Consejo reconsidere su posición y se muestre de acuerdo con las correspondientes enmiendas aprobadas por la comisión parlamentaria competente y que prevén una partida de 380 euros. 
Finalmente, señora Presidenta, considero importante que salga a la luz con toda precisión el contenido exacto de la finalidad del programa que debatimos. 
La enmienda 23, referida al artículo 2, reintroduce asuntos como la consideración global de la salud, con especial atención al parámetro de la salud y el bienestar mental; la importancia de la prevención para la lucha contra la morbilidad y la mortalidad precoz; y la disminución de las desigualdades en el ámbito de la salud. 
Para concluir, quisiera felicitar al ponente por los esfuerzos realizados para conciliar las opiniones enfrentadas y culminar con la mayor brevedad el proceso de aprobación del programa. 
Desarrollar y armonizar al nivel más elevado la salud pública debería ser una de las tareas de la Unión Europea si su razón de ser no fuera ocuparse sobre todo de la circulación de los capitales y de las mercancías. 
La recomendación contiene algunas buenas intenciones, pero nada sobre los medios para aplicarlas. 
Ahora bien, incluso en los países más desarrollados de la Unión Europea, en todo caso en Francia, la salud pública carece de medios, de personal, de locales y de material. 
La noción de rentabilidad se generaliza. 
Se cierran hospitales y maternidades de proximidad. 
Debido a la falta de personal, las enfermeras, las asistentes sanitarias y las internas tienen horarios demenciales. 
La asistencia sanitaria y la propia salud son mercancías que una parte de la población tiene cada vez más dificultades para costearse. 
Una salud pública adecuada implica la prevención. 
Pero, ¿cómo se puede prevenir en una sociedad carcomida por el desempleo y la pobreza, donde vuelven a aparecer enfermedades que se creían erradicadas, como la tuberculosis? 
Una sociedad civilizada y que dispone de los medios de la Unión Europea debería ofrecer asistencia gratuita y de calidad a todos. 
Su incapacidad para hacerlo es una de las manifestaciones de su fracaso. 
Gracias, señora Presidenta, en un debate del Parlamento Europeo sobre la salud pública se suele indicar, como mero formalismo, la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad. 
Constato que el programa de salud pública de la UE se crea y se adorna con todo lo que guarda relación con la salud pública. 
No creo que Europa lo vaya a hacer mejor que los Estados miembros por separado, especialmente en el terreno de la educación y de la información. 
Además, la distancia que nos separa del ciudadano es excesiva. 
Sin embargo, soy partidario de impulsar la sanidad en los países que accederán en breve a la Unión y donde incluso la asistencia básica presenta deficiencias. 
Allí se pueden combatir de forma efectiva diferentes enfermedades con la ayuda de la Unión Europea. 
Se pueden lograr buenos resultados con unos recursos financieros relativamente pequeños. 
No obstante, los avances en el sector sanitario de la Unión Europea me sobrepasan. 
La sanidad es competencia nacional según establece el Tratado de Ámsterdam y así debe seguir. 
Por este motivo, no soy partidario de emplear los programas de salud pública para influir sobre las políticas nacionales, considerando que los programas que están encima de la mesa apenas suponen un valor añadido con respecto a los esfuerzos que realizan los Estados miembros. 
Por último, Señora Presidenta, en lugar de destinar más dinero a un programa de salud pública, se deberían eliminar gradualmente las ayudas al cultivo del tabaco hasta su desaparición. 
De este modo sí que se prestaría un servicio a la salud pública en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, hoy debatimos sobre el programa de acción de la Comunidad Europea en el sector de la salud pública para los años 2001-2006. 
Como probablemente vamos a ir a la conciliación, al menos así lo veo yo, el programa no empezará a mostrar frutos antes de la primavera del 2002 y se aplazará también del modo correspondiente en el período de vigencia. 
La Comisión Europea había previsto para todas las medidas de política sanitaria de la Unión Europea 300 millones de euros. 
Me parece una provocación que el Consejo de Ministros haya acortado de nuevo este importe y sólo quiera aprobar 280 millones. 
Ante el ambicioso objetivo que se ha marcado este programa hasta ahora con la prosecución de los ocho programas de acción existentes, ante las tareas adicionales consideradas como urgentes en especial en el campo de la información y de los desafíos aún no previsibles debidos al terrorismo internacional, tal como ha mencionado ya nuestro colega Trakatellis, sólo puedo apoyar plenamente la exigencia del Parlamento de 380 millones y considero que es lo mínimo que la Comunidad Europea tiene que poner a disposición. 
Aquí no deberíamos aceptar compromisos y mostrárselo al Consejo también de modo unívoco. 
La posición común en los otros campos representa en cualquier caso en comparación con la propuesta de la Comisión y los textos de la primera lectura del Parlamento Europeo una gran mejora. 
La gran mayoría de las enmiendas presentadas ahora de nuevo y que la Comisión de Medio Ambiente ha aprobado no las considero necesariamente como una mejora en todos sus puntos. 
Tengo mis problemas con ellas. 
Sin embargo, quiero felicitar expresamente al colega Trakatellis por su trabajo y en especial también por sus esfuerzos para lograr un amplio consenso en el Parlamento. 
Sin embargo, tengo que decir que la formación profesional continua es sin duda un buen enfoque transfronterizamente. 
Soy muy crítico cuando veo que en la Unión Europea se quiere aplazar la formación en el sector sanitario, la medicina, etc. En mi opinión, esta es una tarea de los Estados miembros. 
Las y los colegas han dicho que algunos dudan que tengamos que hacerlo todo en el nivel europeo. 
Yo provengo de un Estado miembro grande y sólo he constatado que la centralización del planteamiento de tareas no es necesariamente una mejora sino que hay que ayudar realmente in situ a cada individuo y creo que esto está mejor en las manos de los Estados miembros. 
Señora Presidenta, acogemos con gran satisfacción la adopción del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública. 
La nueva estrategia en materia de salud pública determinará el enfoque que la Unión Europea adopta en este ámbito durante los próximos cinco años. 
Por eso es tan importante tener prioridades claras: en primer lugar, mejorar la información y el conocimiento sobre temas sanitarios; en segundo lugar, reforzar los mecanismos de reacción rápida ante riesgos sanitarios; y, por último, encontrar solución a los determinantes sanitarios. 
No obstante, como muchos de mis colegas han mencionado, el presupuesto sigue siendo un problema. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se inclina por 300 millones de euros. Esto supone un incremento de 80 millones de euros que correspondería al importe con que ya cuentan los programas en vigor. 
Como muchos han mencionado, esto es 100 millones de euros más que lo que pidió el Consejo en la posición común. 
Este importe es necesario para que el programa funcione eficazmente y es más que justo. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad, a la luz del 11 de septiembre, para preguntar al Comisario si se financiará cualquier nueva acción de lucha contra el bioterrorismo a través de una nueva propuesta presupuestaria y no con cargo al programa marco. 
Por último, quisiera hacer hincapié en la importancia de trabajar con las ONG. 
Me alarma que los Conservadores de esta Asamblea hayan solicitado una votación por partes sobre el tema de las redes de ONG. 
Me temo que esto debilitará la cooperación que se ha creado en el marco del programa anterior, en el que la Comunidad confiaba a la red de ONG la difusión de mensajes como el de "Semana Europea contra el Cáncer". 
El nuevo programa de salud trata sobre la protección de la salud de los ciudadanos de la Unión Europea, no sólo de unos pocos privilegiados. 
Esto no se logrará si no trabajamos con los ciudadanos de la Unión Europea más interesados y que más saben de salud pública. 
Para la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea lo que importa es la salud. 
Deberíamos asegurarnos de que este programa importa. 
Señora Presidenta, estamos en vías de obtener un muy buen programa de salud pública hasta el año 2006, y quiero dar las gracias por esto especialmente al Sr. Trakatellis. 
Mencionaré algunos puntos que a mi juicio deben formar parte del programa. 
El primero es el objetivo más importante del programa de salud, esto es, conseguir que no se produzcan enfermedades. 
Las medidas preventivas son primordiales y deben estar presentes en todas las políticas y en todas las actividades. 
Esto vale especialmente para la contaminación ambiental que sabemos que daña la salud pública como, por ejemplo, el empleo de sustancias químicas venenosas o nocivas en productos que llegan a los consumidores o la contaminación de los alimentos. 
Por eso quiero insistir para que voten a favor de las enmiendas 24, 40, 49 y 54. 
El segundo punto es la medicina complementaria. 
Es importante que se reconozca en el plan de acción y que se fomente la investigación, evaluación e información en torno a tratamientos complementarios. 
Las enmiendas 25 y 44 se ocupan de esta materia. 
El tercer punto que me interesa subrayar es la enmienda 60, de mi propio Grupo. 
En ella decimos que hay que desarrollar estrategias para disminuir la resistencia a los antibióticos. 
Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, éste es un gran problema para la salud pública. 
El cuarto y último punto es la importancia de las acciones para apoyar las actividades de las organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales que trabajan en el campo de la salud pública. 
Estas organizaciones realizan un enorme trabajo en el terreno y necesitan toda la ayuda que se les pueda ofrecer. 
Señora Presidenta, en primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente por su trabajo. 
En unos momentos en que muchos se preguntan acerca de lo que Europa hace y lo que significa, el único ámbito en el que podemos jactarnos de haber tenido éxito y en el que hemos respondido a las preocupaciones de los ciudadanos europeos es el ámbito de la salud pública. 
Hemos estado en primera línea con la presentación de programas innovadores para luchar contra enfermedades comunes como el cáncer, los peligros biológicos, los riesgos de alimentación y la seguridad alimentaria, así como los continuos problemas de la EEB y la fiebre aftosa. 
La única certeza, la única piedra fundamental en la que los ciudadanos europeos podían confiar era la Unión Europea. 
Esto ha sido cierto sobre todo gracias al papel desempeñado por nuestro actual Comisario, David Byrne, con su actitud positiva a la hora de afrontar directamente los problemas, negándose a escudarse en intrigas y el misterio, a los que generalmente se recurre para salir al paso de una situación política difícil. 
En cambio, el Comisario rápidamente presenta a la población información clara y objetiva. 
Lo que estamos pidiendo aquí en el Parlamento, en la segunda lectura del informe Trakatellis, es que se mantengan esas relaciones con los ciudadanos europeos, que se mantenga la confianza que los ciudadanos europeos han depositado en nosotros para que actuemos en su nombre en términos reales. 
Al igual que mis colegas, no creo que la Unión Europea deba participar en el establecimiento de programas de tratamiento ni en la creación de servicios de asistencia sanitaria para los ciudadanos- es evidente que lo mejor es atender a estas necesidades a nivel nacional o local. 
No obstante, es mucho lo que podemos aprender unos de otros. 
Existen prácticas con ciertos dispositivos médicos y nuevas tecnologías que son de uso común en un Estado miembro y de los que ni siquiera se habla en otros. 
La Comisión y Europa pueden hacer las veces del intermediario honrado para acercar ambas partes y garantizar que ofrecemos los mejores remedios posibles a las personas dentro de la Unión Europea. 
Hay un ámbito que me preocupa en particular- y en el informe no hay nada que contribuya a resolver el problema- y es poder disponer de una relación clara de las enfermedades y dolencias que se padecen en toda la Unión Europea. 
Por ejemplo, en ámbitos como el autismo, la polio, el cáncer- la manera más fácil de hacer una recopilación es probablemente desglosando los distintos tipos de cáncer -, la fibrosis quística y otras enfermedades genéricas y genéticas, hemos presenciado que las personas que intentan prestar ayuda a quienes las padecen encuentran continuos problemas. 
Si el Comisario nos propusiera la idea de convertirse en recopilador de la información, en ese caso podríamos hablar al menos de que existe un 10% o 12% o 50%, en vez de utilizar conjeturas o estimaciones respecto al alcance de las enfermedades, dolencias o discapacidades más extendidas en nuestra Unión. 
Junto con mis colegas, apoyaré las medidas encaminadas a incrementar la financiación disponible. 
El trabajo que estamos pidiendo cuesta dinero, tanto en términos de personal como de recursos, y deberíamos apoyarlo plenamente. 
. (EN) Estoy muy agradecido al ponente, Sr. Trakatellis, a los diputados al Parlamento y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por los esfuerzos que han destinado a este ambicioso programa. 
Este programa es importante porque la protección y mejora de la salud pública es una de las principales preocupaciones y expectativas de los ciudadanos. 
Los recientes ataques terroristas han puesto de relieve la necesidad de reforzar y ampliar la actual preparación y los mecanismos de respuesta de la Comunidad. 
Muchas de las enmiendas presentadas se ajustan a nuestra amplia visión de la salud pública y cómo debemos gestionarla a nivel comunitario. 
Podemos aceptar 38 de las 60 enmiendas- 28 en su totalidad y otras 10 en parte. 
Me gustaría centrarme en algunos ámbitos clave en los que una aclaración de la posición de la Comisión podría ser de utilidad. 
Primero, la aplicación del programa. 
El éxito del programa dependerá de la disponibilidad de recursos y conocimientos expertos. 
La Comisión hará todo lo que esté en sus manos para garantizar la coordinación eficaz necesaria a través del establecimiento de las disposiciones estructurales apropiadas. 
Para ello será necesario, en nuestra opinión, adoptar un enfoque paso a paso. 
En primer lugar, los servicios de la Comisión están llevando a cabo una reestructuración que permita reflejar mejor los principales ámbitos del programa. 
En segundo lugar, de cara a reforzar la capacidad de la Comisión de coordinar las acciones, tenemos intención de subcontratar asistencia administrativa y técnica. 
A más largo plazo, estamos estudiando las posibilidades de crear una agencia ejecutiva. 
No obstante, esto deberá esperar a la adopción de la propuesta de reglamento de la Comisión sobre dichas agencias, que espero será adoptada en un futuro no demasiado lejano. 
A la luz de esto, puedo aceptar la enmienda 8 que pide que se adopten las disposiciones estructurales adecuadas que garanticen la eficacia y la cohesión de las medidas y las acciones contenidas en el programa y promueva la cooperación entre los Estados miembros. 
No obstante, no puedo aceptar las enmiendas 6, 34 y 57 que imponen un plazo para que la Comisión lleve a cabo este trabajo y proponen la creación de un centro de coordinación. 
Esto contraviene el ejercicio de los poderes ejecutivos de la Comisión en virtud del Tratado. 
Dicho esto, espero que el Parlamento acepte el firme compromiso de la Comisión de proseguir lo más rápidamente que podamos con el establecimiento de las disposiciones estructurales que garanticen una coordinación y vigilancia eficaces. 
El segundo ámbito en el que me gustaría centrarme es el presupuesto del programa. 
La propuesta de la Comisión era de un presupuesto total de 300 millones de euros para un período de seis años. 
La enmienda 36 incrementa esta suma a 380 millones de euros. 
La posición común del Consejo propone un presupuesto de 280 millones de euros. 
La decisión sobre este asunto la tienen el Consejo y el Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria. 
Sólo quisiera decir que la Comisión mantiene su propuesta original que, en nuestra opinión, prevé una cifra razonable para la aplicación del programa. 
En consecuencia, no puedo aceptar la enmienda 36. 
Esta enmienda y la última parte de la enmienda 56 también fijan límites sobre cómo utilizaremos el presupuesto del programa. 
Semejantes restricciones debilitan el principio fundamental de que el programa debe ser flexible y capaz de responder a nuevas preocupaciones y riesgos para la salud, a medida que surgen. 
Los recientes acontecimientos han demostrado claramente la necesidad de mantener la flexibilidad. 
Por tanto, no podemos aceptar estas enmiendas. 
Antes de abandonar el tema del presupuesto, quiero hacer una observación. 
El Consejo y el Parlamento han hecho hincapié en la necesidad de crear nuevas disposiciones estructurales que garanticen una coordinación eficaz. 
Esto no estaba incluido en la composición del presupuesto de la propuesta original. 
En vista de lo cual, cuando presentemos nuestra opinión sobre las enmiendas aprobadas, tenemos intención también de presentar una ficha financiera revisada para este programa. 
Ésta incorporará un incremento de la línea presupuestaria para gastos en recursos, ayuda y asistencia técnica que serán necesarios para las disposiciones estructurales. 
Quiero pasar a continuación a las enmiendas relativas al alcance y la estructura del programa. 
Las enmiendas 7, 13, 25, 30, 44, 46, 50, 52 y parte de la enmienda 58 tocan diversos asuntos, tales como prestar ayuda a los centros de excelencia regionales y nacionales en diferentes ámbitos. 
Métodos terapéuticos complementarios- desarrollar orientaciones sobre medicamentos e intervenciones sanitarias, así como acciones para mejorar la dieta y los hábitos alimentarios. 
Estas enmiendas no pueden ser aceptadas puesto que cubren ámbitos que son competencia de los Estados miembros. 
Asimismo, varias otras enmiendas exigen comentarios específicos. 
Las enmiendas 41 y 59 intentan imponer a la Comisión la obligación de informar anualmente al Parlamento sobre el cumplimiento del programa. 
El Parlamento será informado regularmente sobre el desarrollo del programa a través de las normas sobre comitología y el proceso de evaluación previsto en el artículo 12 de la posición común. 
Por consiguiente, no podemos aceptar estas enmiendas. 
La enmienda 42 no puede ser aceptada porque limita el alcance del sistema de información sanitaria uniéndolo de manera explícita al derecho de los pacientes a recibir cierta información sobre su enfermedad y el tratamiento. 
Hago hincapié, no obstante, en que estoy a favor del concepto de fomentar los derechos del paciente y estoy siguiendo la política al respecto, que está incluida en el Foro europeo de la salud y- como podrán comprobar- al que se hace referencia específica en la legislación, en el considerando 3. 
Por último, hay un grupo de siete enmiendas que no podemos aceptar porque eliminan la flexibilidad necesaria para la aplicación del programa o porque duplican las disposiciones de la posición común. 
Son las enmiendas 9, 10, 23, 27, 28, 35 y 43. 
Por otro lado, varias enmiendas proponen nuevas acciones importantes que reforzarán los amplios objetivos y metas del programa. 
Por nombrar algunas, la enmienda 8 y parte de la 26 que cubren actividades para contrarrestar los riesgos sanitarios, incluidos los actos terroristas. La enmienda 47 que cubre el desarrollo de una estrategia de vacunación e inmunización. 
Habida cuenta de que estas enmiendas, al igual que las enmiendas 3, 11, 29, 31, 45 y 60 servirán para reforzar el programa y mejorar su eficacia, todas ellas son aceptables para la Comisión. Me gustaría añadir que los países candidatos pueden incorporarse y que ya está previsto. 
Por otra parte, también quiero mencionar la referencia que se ha hecho a la medida en que es necesario adquirir información sobre las enfermedades y las discapacidades, como ha mencionado el Sr. Prodi. 
Puedo confirmar, naturalmente, que este programa en particular nos permite ocuparnos de estos temas, especialmente bajo el primer sector del programa que trata sobre la recogida de información y datos. 
Permítame para terminar, señora Presidenta, repetir mi agradecimiento por todo el trabajo constructivo que han realizado el ponente y la comisión para dar forma a la futura política de salud pública de la Unión Europea. 
En aquellas cuestiones en que persistan las dificultades, la Comisión estará dispuesta, naturalmente, a ayudar en la búsqueda de soluciones. 
Sustancias y productos indeseables en la alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación de la segunda lectura en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor relativa a la postura común del Consejo en relación con las sustancias indeseables en materia de alimentación animal (A5-408/2001) 
Cedo la palabra a la Sra. Paulsen, ponente. 
. (SV) Señora Presidenta, señor Comisario, colegas, este informe ha tenido mucho éxito. 
La Comisión y el Consejo aprobaron la mayor parte de lo que exigió el Parlamento en la primera lectura. 
Ahora están comprendidos en la aplicación de la directiva, entre otras cosas, la parte de los usuarios y se ha incluido un concepto que nos permite saber de qué estamos hablando. 
Todos los productos destinados a la alimentación animal están englobados en una definición común para toda la legislación sobre esta materia. 
Es muy provechoso que se hayan incorporado normas importantes como, por ejemplo, las que prohiben la dilución. 
Esto significa, por ejemplo, que para alcanzar unos niveles mínimos aceptables no se podrá diluir una partida de piensos que contenga alta concentración de dioxina. 
A mi juicio es muy conveniente que se haya incorporado en la directiva algo que se denomina límites de medidas, que en la práctica, queridos amigos, es el principio de cautela. 
Esto significa que si, por ejemplo, una planta lechera descubre que en la leche aumenta la proporción de micotoxinas, un hongo venenoso, habrá que iniciar una investigación, a pesar de que aún no se hayan alcanzado los límites de peligrosidad. 
Entonces se podrá empezar a investigar por qué ha aumentado la proporción de micotoxinas, retroceder en la cadena hasta dar con la causa y detener y evitar el contagio antes de que se alcancen niveles de nocividad. 
El Consejo ha aprobado todo, salvo un asunto que hemos tenido que discutir nuevamente en la comisión, esto es, si una partida de piensos puede devolverse, por ejemplo, al Tercer Mundo. 
La comisión y yo opinamos que es profundamente inmoral devolver los productos que no cumplen con las exigencias de la directiva. 
No sabemos dónde irán a parar esos productos, si van a ser utilizados en las regiones más pobres o si simplemente volverán a nuestros mercados con otras apariencias. 
Por eso optó la comisión por presentar una enmienda que elimine esta posibilidad. 
También optamos por mantener un periodo transitorio de seis meses después de la entrada en vigor de la directiva. 
Después de esto, la Comisión y el Consejo, bajo la Presidencia belga, ofrecieron negociaciones. 
Intentamos llegar a un acuerdo y lo conseguimos. 
Doy las gracias a la Comisión y a la Presidencia belga por la excelente y constructiva colaboración, conmigo y con los otros ponentes, en esta materia. 
Nos pusimos de acuerdo en una solución que implica que la devolución de las importaciones se regularía de la misma manera que en la ley general de alimentos, aprobada hoy por una gran mayoría del Parlamento. 
Se trata de cubrir técnicamente una laguna de tiempo, de manera que cuando entre en vigor la ley general, sus disposiciones rijan para la devolución de las exportaciones contempladas en esta directiva. 
No se trata de una nueva directiva, sino que sólo es una manera de cubrir un periodo. 
La propuesta de acuerdo que presentamos está redactada de manera idéntica que el informe Whitehead. 
Sin embargo esta tarde, cuando todo estuvo listo, se nos informó que el Consejo no acepta este acuerdo. 
Compruebo con profunda tristeza que tendremos que retirar nuestra propuesta de acuerdo e ir, por tanto, a una conciliación. 
Quiero decir al Consejo de Ministros que esto constituye lisa y llanamente un abuso de la institución de la conciliación. 
No estamos ante una disputa tan grave como para llegar tan lejos, pero los otros ponentes y yo opinamos que el Parlamento debe referirse a esta situación. 
¡Si cinco Grupos políticos firman un acuerdo es porque estamos hablando en serio! 
Señora Presidenta, señor Comisario, piensos, alimentación animal- en el Parlamento se ha presentado por los motivos pertinentes un gran número de informes sobre este tema. 
Si ayer hemos debatido sobre el comercio con los forrajes mixtos, hoy hablamos de nuevo en segunda lectura sobre las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal. 
En su posición común del 17 de septiembre del 2001, el Consejo ha compartido la opinión del Parlamento- lo que ha confirmado la Sra. Paulsen- de lograr un nivel de protección global, no permitir ninguna mezcla o dilución y además autorizar a los Estados miembros a determinar valores de intervención. 
Creo que la aplicación va a mostrar cómo son de practicables todas las propuestas y en caso de surgir problemas hay que estar también dispuestos a modificar de nuevo las cosas. 
Sabemos que todo lo que se ordena se debe también poder controlar y no sólo debe existir la posibilidad de control sino que además se debe controlar realmente. 
Esperamos que podamos concluir hoy este documento. 
Nuestras objeciones relativas a las cuestiones sobre el apartado 2 del artículo 13 ya se han expuesto y seguimos esperando un compromiso aunque la Sra. Paulsen lo haya cuestionado ahora. 
Los Grupos políticos se han puesto de acuerdo conjuntamente. 
Se trata de la reexportación de productos destinados a la alimentación animal producidos fuera de la Comunidad y que no cumplen los requerimientos de nuestra directiva. 
La sencilla fórmula: "Esto no lo quiero, por lo tanto lo devuelvo" es aquí de corto alcance. 
Nos planteamos la pregunta y nos hacemos también responsables: ¿qué pasa con tales alimentos? 
¿Van a ser destruidos, diluidos o van a ser llevados por otras vías a nuestros países o a otros países del mundo? 
En Alemania existe el dicho "no hagas a los demás lo que no quieras para ti". 
Así pues, estamos a favor de que lo que se compró como alimento animal y no está autorizado como tal por nuestra directiva entonces debe ser destruido, además in situ. 
A ello se opone el argumento de que de este modo la Unión Europea es utilizada como lugar de eliminación de residuos. 
Creo que no tendríamos ningún problema con ello si se solucionase la cuestión de la asunción de los costes. 
Es decir, devolver sencillamente es demasiado poco y no hace justicia a nuestra responsabilidad como políticos. 
Seguimos esperando que el compromiso que se está conformando y que presentamos ahora en la enmienda nº 4 encuentre una mayoría y que podamos convencer al Consejo. 
De este modo, las anomalías se podrán registrar y documentar. 
La autoridad del tercer país ejecutor tiene que dar su autorización expresa a la reexportación. 
El siguiente paso lógico sería para mí en cualquier caso que el tercer país exportador demuestre también lo que va a pasar a continuación con las partidas devueltas. 
. (EN) Señora Presidenta, deseo expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Paulsen, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por su recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las sustancias indeseables en la alimentación animal. 
Las medidas contenidas en la posición común del Consejo son un elemento clave de la estrategia global para mejorar la seguridad de los piensos. 
La prohibición de dilución reducirá la carga contaminante total en la alimentación animal. 
Los operadores a lo largo de toda la cadena de producción también estarán obligados a implantar sistemas pasivos y buenas prácticas de producción para garantizar la seguridad de los materiales de alimentación y los piensos que producen. 
La fijación de niveles de acción servirá de sistema de alerta rápida, que desencadenará un enfoque activo para identificar las causas y las vías de contaminación y adoptar las medidas pertinentes para su eliminación. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 2 y 3 tal y como han sido aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Respecto a la enmienda 1, la Comisión considera que debe mantenerse la posibilidad de devolver al país exportador los productos destinados a la alimentación animal que no cumplan las disposiciones de la Directiva. 
La Comisión comparte, sin embargo, las preocupaciones del Parlamento en este sentido y, en consecuencia, acepta que esta devolución sólo pueda llevarse a cabo bajo condiciones estrictas. 
Respecto a las enmiendas 2 y 3 sobre la fecha de entrada en vigor, la Comisión no puede aceptar el plazo de seis meses. En cambio, hace falta tiempo suficiente para transponer estas medidas de gran alcance a las legislaciones nacionales. 
Los operadores deberán realizar serios esfuerzos para poner en práctica las medidas. 
Por consiguiente, a la Comisión le satisface que se hayan presentado las enmiendas de compromiso 4, 5 y 6 en esta sesión plenaria para sustituir las enmiendas 1, 2 y 3. 
Desearía confirmar que las enmiendas de compromiso- en caso de que el Parlamento decida mantenerlas sobre la mesa- son aceptables para la Comisión. 
Estas enmiendas de compromiso abordan las razones por las que la Comisión no puede aceptar las tres primeras enmiendas. 
En consecuencia, la Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 5 y 6. 
La Comisión también intentará persuadir al Consejo de que haga lo propio. 
Asimismo, deseo informarles de que está prevista una revisión de los valores máximos de las sustancias indeseables recogidas en el Anexo I. La Comisión ya ha solicitado al Comité Científico de Alimentación Animal que nos proporcione un estudio científico actualizado sobre los riesgos. 
Estos estudios son una aportación científica fundamental para la revisión del Anexo. 
La Comisión espera finalizar su revisión tan pronto como sea posible. 
Debería estar disponible antes de que la presente Directiva entre en vigor. 
Para terminar, agradezco, una vez más, a la Sra. Paulsen la excelente labor que ha realizado sobre este dossier. 
Emisión de contaminantes de vehículos de motor de dos o tres ruedas 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación de la segunda lectura en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor relativa a la postura común del Consejo en relación con la disminución de los niveles de contaminación ocasionados por vehículos de motor de dos o tres ruedas (A5-406/2001) 
Cedo la palabra al Sr. Lange, ponente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, aunque todos estamos aquí reunidos y todos somos unas personas y colegas muy simpáticos, sin embargo uno se plantea la pregunta del sentido de este acto, discutiendo esta noche entre cinco este informe, cuando se trata de legislación y de política industrial y de medio ambiente. 
Pero este parece ser el orden superior de este Parlamento y que tengamos que debatir a pesar de ello en este lugar y a esta hora. 
Desde la primera lectura queremos lograr que las motos sean igual de limpias que los automóviles lo son gracias a nuestra legislación. 
Creo que podemos estar orgullosos de esta historia de reducción de los gases en los automóviles, camiones y autobuses, pues a pesar de que el tráfico ha aumentado hemos podido reducir realmente con claridad las emisiones de gases. 
Había quedado sin resolver un último eslabón y este era el de los vehículos de dos ruedas. 
También aquí hay una estrategia de dos fases para reducir hasta el 2003 y el 2006 las emisiones de los vehículos nuevos, de modo que en el 2006 una moto que se autorice de nuevo sea tan limpia como un automóvil Euro-3. 
Por ello, debemos atrevernos a dar un último paso y hacer vinculante también la fase 2006. 
Por un lado, para alcanzar realmente también este objetivo y, en segundo lugar, también para proporcionar a la industria una seguridad de planificación ya que ahora naturalmente se desarrollan nuevas técnicas de emisión de gases y nuevos motores y porque el 2006 ya no está tan lejos. 
Puedo entender el interés de la industria cuando dice que desea una seguridad de planificación. 
Tenemos que hacer vinculante la fase 2006. 
Creo que no tiene mucho sentido esperar aún hasta que exista un nuevo procedimiento de prueba que quizás se coordine con los otros mercados mundiales, Japón y los EE.UU. No veo en el horizonte que esto se vaya a lograr en un tiempo previsible, por lo que digo que debemos recurrir al acreditado procedimiento de ensayo que hemos aplicado también en el caso de los automóviles y aplicar de este modo un modo de proceder más realista del que se había aplicado hasta ahora a las motos. 
Más importante es si se quiere discutir gradualmente sobre el procedimiento o no. 
Más importante es determinar que las motos alcancen unos valores totalmente diferentes fuera del ciclo de pruebas, es decir, que las motos sólo se preparen para el ciclo de pruebas y que tenga lugar una manipulación electrónicamente. 
Por ello, es correcto e importante, en lo que el Consejo ha tirado con nosotros de la misma cuerda, que tales dispositivos de manipulación de tipo electrónico se prohiban claramente. 
Junto a la fase fija 2006 queremos en segundo lugar un estímulo fiscal para la puesta en circulación antes de tiempo de vehículos de bajas emisiones y para el reequipamiento de vehículos antiguos allí donde sea posible técnicamente y sin que se discrimine a los poseedores de dichos vehículos. 
Otro punto importante que es aplicable aquí como en los vehículos de otro tipo, por ejemplo, turismos, camiones y autobuses: no es suficiente con que los vehículos alcancen unos excelentes valores de emisiones de gases en el banco de pruebas sino que tienen que preservarlos también durante toda su vida útil. 
Es decir, se tienen que plantear requerimientos a la durabilidad también para los vehículos de dos ruedas. 
Cuando votemos mañana sobre el paquete que les hemos presentado, entonces creo que estaremos en buen camino para proseguir la historia de éxitos en la reducción de gases del tráfico en Europa también en este sector. 
También quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Lange por otro excelente informe más. 
La contaminación ambiental clásica pasará a la historia en un par de años gracias a la mayoría del Parlamento Europeo. 
Nuevos coches: la segunda generación de catalizadores será obligatoria en 2005. 
Su aprobación ha ido precedida de un largo y difícil procedimiento de conciliación. 
Nuevos camiones: Obligatoriedad del catalizador en 2008. 
Esta medida ha resultado más sencilla, ya que el Consejo asumió la postura del Parlamento Europeo en su primera lectura. 
Hoy hablamos acerca de los nuevos ciclomotores. 
En resumidas cuentas, se puede decir lo siguiente: Obligatoriedad del catalizador en 2006. 
Me parece una postura razonable. 
BMW hace tiempo que comercializa un ciclomotor con catalizador. 
Es una pena que los ministros de medio ambiente no quieran ver lo razonable de esta postura. 
Ahora no nos libraremos de la conciliación. 
Sin embargo, la unanimidad del Parlamento Europeo logrará forzar al Consejo a dar su brazo a torcer. 
La importancia de unos menores niveles de ozono y de acidificación es mayor que los intereses a corto plazo de algunos fabricantes. 
. 
(FI) Señora Presidenta, en primer lugar, quiero dar las gracias al Parlamento Europeo y, particularmente, al ponente, Sr. Lange, por la rápida elaboración de este informe, que se presenta para la segunda lectura de esta cuestión. 
Puedo decir que, en un plano más general, el profundo compromiso del diputado, Sr. Lange, con las cuestiones de este sector ha suscitado un gran respeto en el seno de la Comisión. 
Estoy satisfecho de que el ponente coincida con nosotros en los valores límite de las emisiones contaminantes y en el calendario de su aplicación, que entrará en vigor a partir del año 2003. 
Sin embargo, el ponente vuelve a presentar la enmienda examinada en la primera lectura relativa a los valores límite vinculantes que serán aplicados en la segunda fase a partir del año 2006. 
Esta fase estaría basada en los valores límite y en el ciclo de ensayo que se aplican actualmente a los turismos. 
Como ustedes saben, la Comisión ha apoyado desde el principio la introducción de valores límite más estrictos en el año 2006 obedeciendo a los siguientes principios: La aplicación de un ciclo de ensayo para las motocicletas armonizado a escala mundial, el cual responda a las condiciones reales de circulación por carretera de las motocicletas, así como la aplicación de los valores límite correspondientes. 
La utilización de métodos fiables de medición de emisiones en el nuevo ciclo de ensayo para las motocicletas, con el fin de que los nuevos valores límite sean fijados con criterios rigurosamente científicos y de acuerdo con técnicas avanzadas de control de emisiones. 
El grupo de trabajo UN-ECE encargado de este asunto ha concluido los trabajos de desarrollo técnico del ciclo de ensayo para las motocicletas. 
Puedo contarles que ya están disponibles los resultados de las pruebas efectuadas a cincuenta ciclomotores. 
Nosotros no tendremos necesidad de esperar a que se llegue a una unanimidad a escala mundial sobre la armonización de las pruebas. 
Partiendo del trabajo técnico realizado en el marco de este programa es posible adoptar una solución con relación a las motocicletas que quizás sea posible incluir, en un principio, en la legislación de la UE. 
El planteamiento propuesto por el ponente no deja de ser una alternativa que, no obstante, hay que seguir mejorando para que pueda ser eficaz desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. 
Ello es importante, y la Comisión no puede apoyar ninguna de las enmiendas que abogan por la introducción de una segunda fase vinculante. 
Sin embargo, la Comisión está dispuesta a participar, en colaboración con las demás instituciones, en la elaboración de un acuerdo que sea técnicamente ambicioso y que repercuta positivamente en el medio ambiente. 
La posición común incluye ya un paquete de medidas para mejorar el control de las emisiones de los vehículos en circulación, pero este informe contiene además un conjunto de enmiendas que fijan con mayor precisión los detalles relativos a las normas y a las fechas de aplicación. 
La Comisión apoya la enmienda 6 relativa a la prohibición de dispositivos de desconexión o neutralización del ciclo de ensayo, así como la primera parte de las enmiendas 5 y 14 sobre el control de conformidad de las motocicletas en circulación. 
La Comisión acepta también las enmiendas 3 y 12, con objeto de hacer posible el reequipamiento de vehículos viejos. 
La Comisión no acepta las exigencias en materia de duración incluidas en las enmiendas 5, 13 y 20. 
Esta normativa podría dar lugar a una modificación constante de las disposiciones durante el período 2003- 2006. 
La Comisión apoya la inclusión de la medición de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de combustible en el procedimiento de homologación de vehículos como requisito indispensable para reducir en el futuro las emisiones de dióxido de carbono y moderar el consumo de combustible. 
Sin embargo, las medidas para conseguir esto sólo deberán ser aplicadas tras la realización de un examen exhaustivo. 
Por ello, la Comisión acepta la enmienda 7, pero rechaza las enmiendas 15 y 19. 
Las enmiendas 8 y 9 conciernen a la adopción de los valores límite de la segunda fase para los ciclomotores. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 8 porque retrasaría la aplicación de la segunda fase a las nuevas homologaciones de tipo, cuya fecha fue fijada en la Directiva vigente 97/24/CE. 
Sin embargo, la Comisión acepta la enmienda 9 a fin de determinar con claridad la fecha de validez de los certificados de conformidad basados en los valores límite de la primera fase, la cual quedaba abierta en la Directiva. 
Así pues, la Comisión acepta las enmiendas 3, 6, 7, 9, 12, 17 y 22. 
Además, la Comisión acepta, en principio, las enmiendas 1 y 18 y, en parte, las enmiendas 5, 14 y 23. 
La Comisión no está de acuerdo con las enmiendas 2, 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19- 21 y 24- 27. 
Muchas gracias, Comisario Liikaanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
1. Orden del día de la siguiente sesión: Véanse las actas. 
Recibimos hoy en el recinto del Parlamento Europeo al Presidente Kim Dae Jung, infatigable defensor de los valores universales de la paz, la democracia y los derechos humanos. 
Señor Presidente, nos congratulamos de recibirle hoy con un profundo respeto hacia usted y su país, cuyos progresos económicos- y, más recientemente, políticos- de estos últimos diez años nos han impresionado. 
Su elección a la Presidencia de la República de Corea, a finales de 1997, y su toma de posesión en febrero de 1998 son el colofón de su relevante carrera de combatiente a favor del cambio democrático. 
Desde el comienzo de los años sesenta, usted ha luchado en favor de unas elecciones libres, ha creado partidos y grupos de presión y ha presentado en varias ocasiones su candidatura a las elecciones, con el fin de defender estos fundamentos que han inspirado toda su vida. 
Ha sufrido mucho personalmente a causa de su acción. 
En el exilio, a principios de los años setenta, fue secuestrado en Tokio por los servicios secretos, fue detenido varias veces, luego encarcelado por haber criticado una Constitución injusta. 
A principios de los años ochenta fue acusado de traición y condenado a muerte, sentencia que más tarde fue conmutada por la pena de cadena perpetua. 
Vivió un segundo exilio, pero a finales de los años ochenta pudo regresar a su país y actuó para consolidar el retorno de la democracia en su país. 
Tras su elección a la Presidencia de la República de Corea, ha continuado defendiendo los valores que han alimentado su vida y que nosotros compartimos. 
Todos saludamos, en particular, el trabajo que ha emprendido para acercarse a Corea del Norte. 
La lista de los premios internacionales con que se le ha honrado por sus esfuerzos es demasiado extensa como para referirla aquí. 
Pero permítame manifestarle la satisfacción que sentimos cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en 2000. 
Su historia es una lección de determinación y perseverancia frente a las terribles dificultades que ha conocido y superado. 
Ésta no sólo ha sido decisiva para su propio país, sino que ha tenido un impacto real en toda la región y ha servido de ejemplo al mundo entero. 
Me congratulo de recibirle hoy entre nosotros, señor Presidente, y ahora le invito a que se dirija a nuestra Asamblea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en relación con las cuestiones de urgencia, yo quisiera recordar que el caso del Dr. Ganzert, un abogado de Wels, fue rechazado. 
Las autoridades de Nicaragua le mantienen retenido sin ningún motivo y hace tres semanas que intenta abandonar el país. 
Yo quiero agradecer, no obstante, a la señora Presidenta la carta que ha dirigido a las autoridades nicaragüenses solicitando que se autorice su salida. 
Señor Presidente, quisiera que tomara usted nota de mi protesta más enérgica ante las condiciones en las que se va a celebrar este debate. 
No me refiero a la ausencia del Ministro, que ya es un problema, sino a la sistemática manera en que la Conferencia de Presidentes organiza los debates relacionados con la Comisión de Libertades Públicas, amalgamando cualquier asunto en un debate conjunto. 
Me parece una falta de respeto que en el mismo tiempo y en la misma duración de un debate tan importante como los progresos anuales en materia de justicia e interior se hayan incluido el informe Hazan sobre las relaciones exteriores en el ámbito de la justicia y asuntos de interior y el informe Watson sobre las medidas de seguridad durante los Consejos Europeos y las reuniones internacionales, y cualquier otro asunto más que hubiese habido en la agenda de esta comisión. 
Señor Presidente, es como si debatiésemos a la vez la asignación de frecuencias radioeléctricas y el acuerdo de asociación con Egipto porque son de la Comisión de Industria. 
Espero que en el futuro seamos más respetuosos. 
Le sugiero que plantee esta cuestión con el líder de su Grupo, de este modo podrá abordarla la Conferencia de Presidentes. 
Señor Presidente, el lunes, en el momento de la apertura, solicité que, antes de este debate, los diputados pudieran tener conocimiento de la correspondencia intercambiada entre el Sr. Bush y el Sr. Prodi. 
La Sra. Fontaine nos aseguró que haría lo necesario. 
En la reunión extraordinaria de la Comisión de Libertades del lunes, hice la misma petición a los representantes de la Comisión, que se mostraron sorprendidos de que los diputados no dispusieran de dicha correspondencia. 
Ahora bien, en Internet, pudimos encontrar en efecto la carta del Sr. Bush al Sr. Prodi, enviada hace ya dos meses, pero todavía no tenemos copia de la respuesta del Sr. Prodi, remitida a finales de noviembre. 
Por otra parte, parecía que en la Comisión de Libertades había acuerdo para obtener dicha carta. 
Le pregunto, pues, si podemos tener conocimiento de esta carta. 
Tengo que informarle de que la Presidenta no dijo que la correspondencia estaría disponible porque la correspondencia no está a nuestra disposición como Parlamento. 
Esta es la dificultad que tenemos. 
Por lo tanto, me temo que no puede presentarse. 
Espacio de libertad, de seguridad y de justicia 
De conformidad con el orden del día el debate conjunto de estas dos preguntas orales: 
Pregunta oral de la Sra. Alima Boumediene-Thiery al Consejo (B5-0534/2001) , en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el debate anual 2001 sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia (Artículos 2 y 39 del Tratado de la UE) 
Pregunta oral de la Sra. Alima Boumediene-Thiery a la Comisión (B5-0535/2001) , en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el debate anual 2001 sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia (Artículos 2 y 39 del Tratado de la UE) 
Señorías, las conclusiones de la Cumbre de Tampere dieron un nuevo impulso a la realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Para alcanzar los objetivos fijados, se elaboró un plan de acción en el que se establecen plazos de dos a cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. 
A medio camino, es conveniente estudiar el estado de avance de la agenda de Tampere teniendo en cuenta el cuadro de mando de la Comisión. 
El espacio de seguridad, libertad y justicia comprende tres grandes dimensiones: la política comunitaria de asilo e inmigración, el fortalecimiento de la cooperación judicial y la cooperación policial. 
¿Qué balance podemos hacer de cada uno de estos capítulos? 
Por lo que se refiere a la política de asilo e inmigración, y más especialmente a la gestión de los flujos migratorios, las medidas adoptadas conciben la inmigración como paliativo de mano de obra y compensación de los desequilibrios demográficos de los Estados, sin tener en cuenta su dimensión humana y social o las consecuencias de la fuga de cerebros. 
Ahora bien, ¿no se está poniendo en peligro la universalidad de los derechos fundamentales en el marco de esta política comunitaria de migraciones? 
¿Es conforme la política de readmisión con los compromisos internacionales en materia de protección de los refugiados y derecho de asilo? 
En cuanto al Observatorio Europeo de las Migraciones, permítanme expresar una reserva al respecto. 
No puede ponerse en duda la necesidad de una reflexión previa en cuanto a su misión, su utilidad y el lugar de las ONG de migrantes en esta nueva estructura. 
No se ha adoptado ninguna medida significativa en el sentido de un trato equitativo de los nacionales de terceros países. 
En cuanto a la cuestión de su participación política y la redefinición de la ciudadanía, se elude con el pretexto de la preservación de la soberanía nacional, lo cual equivale a negar los derechos democráticos de los ciudadanos residentes en Europa. 
¿Cómo piensa promover la Comisión la ciudadanía de residencia como vínculo de adhesión al Derecho? 
Y también, ¿qué curso quiere dar el Consejo a las directivas sobre el reagrupamiento familiar, el estatuto europeo de los residentes no europeos de larga duración, y la libertad de circular, instalarse y trabajar en el territorio de los Estados miembros? 
El Convenio de Ginebra constituye la base de la política de asilo. 
Ahora bien, el concepto de refugiado debe englobar tanto la dimensión de género como la dimensión social. 
¿Está dispuesto el Consejo a hacerse eco de los sufrimientos específicos de las mujeres o las víctimas de guerras civiles? 
El sistema Eurodac, basado en la toma de huellas dactilares, ¿no representa un riesgo para los derechos de los solicitantes de asilo? 
Por otra parte, ¿no debería revisarse el Convenio de Dublín? 
La determinación del Estado competente para el examen del expediente y la responsabilidad de la decisión debería depender de la elección expresada por el solicitante de asilo en cuanto al estado de residencia y no del país de llegada, tan difícil de definir en nuestro espacio, que se quiere sin fronteras. 
Los planes de acción adoptados para la cooperación con terceros países se asemejan cada vez más a una represión de la inmigración. 
¿Qué ocurre con la ayuda al desarrollo, corolario del freno de la emigración? 
¿Se reduce la cooperación a la financiación de las expulsiones? 
¿No representa la policía administrativa instalada en los puntos de paso en terceros países una negación del derecho de solicitar asilo? 
Se han realizado avances en el plano civil en cuanto al reforzamiento de la cooperación judicial. 
Se han adoptado varios textos sobre la competencia judicial, la significación y la notificación de los actos, y el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y de su ejecución, en particular en el ámbito matrimonial y en materia de responsabilidad parental. 
Se está estudiando una propuesta de directiva sobre la ayuda judicial que se dirige a garantizar un mejor acceso a la justicia. 
En cambio, el balance sobre la cuestión del fortalecimiento de la cooperación judicial penal es mucho más pobre: en particular, se expresan reticencias en cuanto a la cualificación de las infracciones. 
Desde el punto de vista legislativo, la protección del euro contra la falsificación de moneda, el blanqueo de dinero, la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños han dado lugar a decisiones marco. 
Parece que el Consejo se dispone a adoptar asimismo las decisiones que se refieren a la lucha contra el terrorismo y a la orden de detención europea. 
La lentitud de los progresos realizados se debe principalmente a la resistencia que oponen los Estados miembros al principio de reconocimiento mutuo. 
La creación de Eurojust representa un avance real para los ciudadanos, pero deben garantizarse mejor los derechos de los justiciables y la protección de los datos. Por desgracia, observamos que nos encontramos lejos aún de un ministerio público europeo y de una legislación y unos procedimientos judiciales comunes. 
Donde se han registrado los mayores progresos es en el ámbito de la cooperación policial. Se caracterizan por una multiplicación de las instancias en las que es necesaria la coordinación. 
Las modalidades de la participación de Europol en las investigaciones comunes, la alimentación de sus ficheros y la cooperación con terceros países deben definirse claramente. 
¿No es urgente garantizar una mejor protección de los datos y garantizar por fin un control democrático y jurisdiccional? 
Por lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales, ¿no hay que revisar la lista de países seguros? 
En cuanto al sistema de información Schengen, y en la perspectiva de la ampliación de la Unión, se plantean nuevas cuestiones relativas a sus funciones, su capacidad técnica y su forma institucional. 
"La Justicia y los Asuntos Interiores" tienen una dimensión exterior que no debemos ignorar. 
La lucha contra el tráfico de seres humanos, así como la lucha contra la delincuencia organizada, son otros tantos ámbitos que convendría tratar en el marco de las relaciones exteriores del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
No podemos empezar el día yendo mal de tiempo. 
Si seguimos así, al final del día no habremos completado nuestra agenda. 
Señor Presidente, el debate de hoy es bastante extraño. 
Se han presentado a la vez diferentes informes en un debate monumental. 
Mi informe trata de la cuestión de la seguridad en las cumbres de la Unión Europea y reuniones similares internacionales que también se ocupan de la cuestión de los derechos de los ciudadanos. 
Cuando el Parlamento aborda problemas que afectan a la Unión, lo debe hacer sin referencia especial a los países individuales. 
Del mismo modo que mi último informe sobre terrorismo pretendía ser un informe general que no se ocupaba exclusivamente de la situación del País Vasco de España, el carácter del presente informe es también general y no se centra en la crítica de un país en particular. 
Hemos visto las violentas protestas que se han manifestado en las cumbres de países de la UE, en Niza, Gotemburgo y Génova. 
Estas protestas han sido graves e incluso en la última se produjo una muerte. 
Mi informe se ha inspirado en mis facultades como presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y me alegra decir que recibió un amplio consenso de esa comisión. 
Agradezco a mis colegas su trabajo y les recomiendo que aprueben el informe tal y como está y voten en contra de las 30 enmiendas presentadas que, en mi opinión, guardan relación con cuestiones que ya se trataron en la comisión. 
Para afrontar los problemas de violencia que han surgido la Unión Europea debe comprender las causas de esta violenta protesta para así intentar evitarla. 
En mi opinión existen dos requisitos. 
El primero es que debemos mejorar el diálogo político sobre el derecho a la reunión pacífica y a la protesta pacífica. 
El segundo es que debemos encontrar una respuesta firme y proporcionada al comportamiento criminal de los manifestantes. 
Quiero señalar que Suecia e Italia han iniciado procedimientos judiciales tras las violentas protestas que hemos visto. 
Es necesario que también la Unión Europea contemple si se han violado los derechos de los ciudadanos, particularmente en referencia a los Artículos 6 (1) y 7 de nuestros tratados. 
Debemos recordar que el Artículo 7 se vio reforzado en el Consejo Europeo en Niza, en el que se encomendaba a las Instituciones europeas que supervisaran la aplicación de los derechos fundamentales incluso en el caso de haber algún riesgo de violación de esos derechos. 
Para llevar a cabo esa supervisión las instituciones deben guiarse por la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Así, mi informe pretende iniciar un estudio de lo que ha sucedido y contemplar si en todos los casos hemos cumplido nuestros compromisos. 
El hecho de que cientos de personas representantes de ONG y de grupos eclesiásticos se manifiesten en las calles para expresar su preocupación y elijan hacerlo en una serie de reuniones internacionales, no es una coincidencia. 
Requiere una respuesta apropiada y, en efecto, una respuesta política. 
Debemos evitar una situación en la que no se dé respuesta alguna, porque una sociedad en la que los ciudadanos tienen miedo a sus instituciones- y, lo que quizás es más importante, en la que las instituciones tienen miedo de sus ciudadanos -, constituye una democracia débil. 
En este contexto me alegra la iniciativa política del Sr. Guy Verhofstadt a favor de iniciar un diálogo con la sociedad civil antes de las reuniones que se han celebrado bajo la Presidencia belga. 
Es preciso complementar este enfoque con un Documento Blanco que se ocupe de la globalización y considere la posición de la Unión Europea como actor importante en un área de la que la Unión es directamente responsable, y que reúna a una serie de Comisarios de diferentes disciplinas para que busquen una estrategia global para la Unión Europea. 
Debemos examinar el Artículo 33 del Tratado, que encomienda a los Estados miembros la tarea de garantizar el mantenimiento de la ley y el orden, y ver si las respuestas han sido apropiadas. 
La debilidad de la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros que se ocupan de la ley y el orden es una debilidad fundamental de la Unión. 
Espero que podamos examinar esta cuestión en el contexto de la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
Nuestros ciudadanos deben saber que van a recibir el mismo trato por parte de las autoridades y que van a disfrutar de los mismos derechos legales, cualquiera que sea el país al que pertenecen y dondequiera que ejerzan sus derechos democráticos. 
Como la Sra. Hazan no se encuentra hoy entre nosotros, su informe lo va a presentar el Sr. Poignant. 
. (FR) Señor Presidente, la Sra. Hazan se convierte en el Sr. Poignant. 
Pierden con el cambio, pero les ruego que me disculpen y la disculpen. 
En vísperas de la Cumbre europea de Laeken, me satisface mucho, decía la Sra. Hazan, tener la oportunidad de presentarles este informe sobre las prioridades y objetivos de la Unión para las relaciones exteriores en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores, así como participar más ampliamente en este debate sobre los avances del espacio de seguridad, libertad y justicia desde la Cumbre de Tampere. 
La Unión se encuentra en una encrucijada de caminos. No debemos faltar a esta cita crucial y estratégica para su futuro, si no queremos encontrarnos más tarde entre la espada y la pared. 
También se nos brinda la ocasión de analizar en qué medida existe una voluntad de los Estados miembros de situar los asuntos relacionados con la Justicia y los Asuntos Interiores en la primera línea de las políticas de la Unión. 
Este es el objeto del informe, en el que se subraya la necesidad de integrar plenamente las cuestiones relativas al asilo, la inmigración, la justicia y la cooperación policial, que son temas que afectan muy directamente a nuestros conciudadanos. 
Con esta perspectiva, todos los Estados miembros deberán emprender una acción global, integrada e transversal a los pilares. 
Hay que resaltar también que la Unión Europea ha permanecido hasta ahora demasiado limitada en este ámbito, que se encuentra aún en sus inicios. 
Ante todo, este tipo de informe debe dar lugar a una reflexión sobre el valor añadido que aporta la profundización del espacio de seguridad, libertad y justicia en el seno mismo de la Unión, para poder superar después los desafíos de una política exterior en este ámbito. 
Se nos ha pedido que creemos herramientas cuya ausencia nos ha impedido hasta ahora responder a las exigencias de nuestros socios. 
Se han especificado algunos de estos objetivos, que se refieren a los ámbitos siguientes: la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus formas, la creación de un frente común contra el terrorismo, la coordinación entre Estados miembros y países candidatos para la formación de las autoridades judiciales y policiales, la adopción de una política de codesarrollo, el establecimiento de una cooperación estrecha con terceros países para luchar contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación, el establecimiento de un vínculo fuerte entre la política de inmigración y la de ayuda al desarrollo, y la necesidad de adoptar una política común en materia de asilo que incluya unas normas mínimas de acogida para la protección de los solicitantes de asilo. 
Es una tarea laboriosa, que será larga y que requiere unas negociaciones internacionales complicadas. 
A tal fin, hay que dar a la Unión el mandato de que actúe en este sentido, apoyando las propuestas de la Comisión que participan y participarán en el creación de este marco coherente. Este tipo de situaciones abogan por que se dé un acelerón valiente para la entrada en vigor de decisiones aún bloqueadas en el Consejo. 
Existen barreras y debemos trabajar por levantarlas. 
No debemos eludir las consecuencias humanas de esta problemática. La actualidad nos lo recuerda con la tragedia atroz de ocho refugiados, entre ellos tres niños, encontrados muertos en un contenedor en Irlanda el pasado sábado. 
Y recordemos las 58 víctimas de Douvres de junio de 2000. Esperemos que no tengan que producirse más tragedias de este tipo para que nuestros Estados tomen conciencia de la importancia que tiene avanzar en estos temas. 
El Consejo, evidentemente, debe asumir su responsabilidad, pues aquí tenemos el resultado de su pusilanimidad. 
Del mismo modo, no debemos aceptar el chantaje de un país- se trata de Italia -, pero creo que los acontecimientos de ayer han cambiado las cosas y la Sra. Hazan no debía saberlo aún ayer por la tarde. 
A este respecto, los dramáticos sucesos del pasado 11 de septiembre nos invitan a plantearnos más que nunca estas cuestiones en una perspectiva a largo plazo. 
No debemos adoptar una posición dictada únicamente por la urgencia y la precipitación. Al contrario, sólo si Europa se dota de instrumentos permanentes, operativos y coordinados en un mismo impulso podrá influir en la escena internacional e imponer su visión humanista y protectora de las libertades individuales. 
Por último, insistimos en que el Parlamento debe ejercer un control sobre la política exterior y la política en materia de Justicia y Asuntos Interiores a través de una consulta periódica sobre la estrategia de conjunto seguida. 
Recordaré que no se trata de hacer propuestas faltas de realismo y llenas de buenos sentimientos, sino más bien de hacer un análisis objetivo de la situación, que nos exige pensar en esta dimensión exterior como un elemento vital de nuestra política. 
Los progresos realizados desde Tampere son poco alentadores. 
¿De quién es la culpa? 
Ciertamente no de la Comisión, que despliega grandes esfuerzos para responder a estos objetivos; nuestras críticas deben dirigirse más bien al Consejo, que demasiado a menudo tiende a remitir a las calendas griegas la adopción de medidas concretas, y que se ve paralizado por la norma de la unanimidad, que prevalece para estas materias. 
Además, nada de esto es nuevo, como saben, pues esta cuestión se evocó ya en la Cumbre de Tampere. 
Hoy, hay que aprovechar este impulso... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, Señorías, los fenómenos más importantes que ponen en peligro los principios democráticos y los derechos humanos y civiles son mundiales, al igual que nuestra economía. 
El crimen organizado, el tráfico de drogas y personas, y el terrorismo son fenómenos que ya no nos permiten seguir pensando en el marco de las fronteras nacionales o regionales. 
Por tanto, no es tarde, ni mucho menos, para que la Unión Europea refleje su política relativa a la justicia y a los asuntos de interior en sus relaciones exteriores. 
Además, en la Comisión de Justicia y Asuntos Interiores podemos advertir que más y más informes se refieren a un problema transfronterizo, y Eurojust solamente constituye un ejemplo de ello. 
El refuerzo o, incluso tan sólo, el mantenimiento del estado de Derecho y de la democracia en la Unión está determinado en gran medida por la situación en los países vecinos y en los más alejados. 
Un dato importante al respecto es la corrupción manifiesta y oculta que resulta claramente problemática en algunos países y que socava nuestra democracia. 
Así, tampoco es factible una política de asilo e inmigración eficiente y responsable si no se realizan esfuerzos adecuados respecto de los países de origen. 
Una buena comprensión de las causas de la emigración y de la solicitud de asilo exige también, sin embargo, que adecuemos nuestra política de desarrollo al contexto real socioeconómico y político de los países implicados. 
La propuesta del Consejo, efectuada en colaboración con la Comisión, es un documento importante que va en la dirección adecuada. 
El principio del estado de Derecho se refuerza tanto en el ámbito de la ampliación como en el de la cooperación de la Unión Europea con otros países, y la cuestión consiste ahora en llegar a una coordinación seria de la política exterior. 
Además, la Sra. Hazan ha sabido reforzar el texto originario con su informe. 
Por supuesto, los objetivos, las prioridades y las medidas previstas todavía deben ser adoptados y cumplidos. 
Así mismo, resulta importante que el Parlamento sea mantenido suficientemente al tanto de los avances en este ámbito. Tenemos que dar respuesta a las preguntas del hombre y de la mujer de la calle: "¿ Qué hacéis para resolver todos esos problemas ?" 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, el debate que se celebra hoy en este recinto se sitúa, como saben, en un contexto internacional, que no hace sino destacar la necesidad, la urgencia incluso, de realizar los objetivos el Tratado de Amsterdam y respetar el programa definido en 1999 en Tampere por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión. 
Tiene lugar también al día siguiente de un Consejo de Justicia y Asuntos Interiores cuyo cargado orden del día reflejaba la intensidad de los trabajos en curso y en vísperas de la Cumbre de Laeken, cita a medio recorrido que permitirá evaluar los progresos realizados desde Tampere y dar, espero, un nuevo impulso a los esfuerzos emprendidos para realizar nuestro programa. 
Se abre, por último, en la perspectiva a medio plazo de la Conferencia Intergubernamental, que se celebrará en 2004, y con el telón de fondo de la ampliación de la Unión. 
Y algunas de las cuestiones planteadas- en particular por lo que se refiere al papel del Parlamento Europeo en el ámbito de la Justicia y Asuntos Interiores o de la protección de los derechos fundamentales del ciudadano en el espacio judicial europeo- estarán muy presentes en este debate. 
Así, a partir de las preguntas formuladas por la Sra. Boumediene-Thiery, intentaré responder a las preguntas de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
La primera pregunta hace referencia a una cuestión de principio: el objetivo de la protección de los ciudadanos, que se encuentra fijado en el Tratado de Amsterdam, y que la dramática actualidad internacional, pero también citas cada vez más próximas como la ampliación, sitúan en el primer plano de la agenda política de la Unión. 
¿Puede este objetivo jugar en detrimento del respeto de los derechos fundamentales enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales? 
Ciertamente no. 
Y la Comisión tiene mucho empeño en que las propuestas realizadas para garantizar la seguridad interior y la protección de nuestros conciudadanos sean equilibradas y proporcionadas y se inscriban en un sistema de valores en cuyo centro se encuentre el estado de Derecho. 
En primer lugar, algunos textos de naturaleza casi constitucional garantizan estos derechos en la Unión Europea y se mencionan sistemáticamente en las propuestas realizadas por la Comisión. 
Así ocurre con el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, pero también con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Estos textos prevalecen sobre la legislación de la Unión, pero también sobre las legislaciones nacionales. 
Además, creo imperativo recordar que los objetivos de la Unión en materia de protección de los ciudadanos, no sólo no se oponen a los derechos fundamentales, tal como se enuncian en la Carta de la Unión Europea, sino que se apoyan en ellos. 
En este sentido, son bienvenidas las recomendaciones del informe Watson sobre las manifestaciones organizadas al margen del Consejo Europeo. 
Son recomendaciones razonables, que nos parece establecen un equilibrio adecuado entre, por una parte, la libre expresión de los ciudadanos y el pleno uso del derecho fundamental a manifestarse y, por otra, la necesidad de no dejar campo libre a quienes rechazan en realidad el debate democrático y creen poder transmitir su mensaje mediante la confrontación violenta con las fuerzas del orden. 
En cuanto a la recomendación de abrir de hecho un diálogo sobre la repercusión interna y externa de la globalización, puedo decir que esta preocupación se traslucirá en la comunicación que la Comisión presentará el próximo enero sobre los aspectos externos de la política de desarrollo sostenible. 
Por lo que se refiere al segundo punto abordado, relativo a posibles medidas de excepción, como las mencionadas por la diputada Boumediene-Thiery, para hacer frente a la amenaza terrorista, no creo que pueda decirse que la Unión Europea haya tomado este camino. 
Una vez más, si bien es cierto que es urgente, en cierta medida, tomar decisiones, en particular medidas que fortalezcan la cooperación policial o judicial en la lucha contra las formas más graves de atentar contra nuestras libertades, nuestros valores y nuestras instituciones, no creo que las iniciativas adoptadas o propuestas a escala de la Unión Europea puedan calificarse de medidas de excepción, es decir, de medidas que introduzcan excepciones a principios esenciales en razón de circunstancias excepcionales. 
No, las medidas propuestas son medidas de fondo, adoptadas, es cierto, en un contexto excepcional, pero no son improvisadas, y responden, de hecho, a los mandatos que nuestros gobiernos y nuestras naciones nos confiaron al adoptar el Tratado de Amsterdam. 
Y aprovecharé la ocasión para expresar mi satisfacción y felicitar a la Presidencia belga por haber conseguido, ayer en Roma, consolidar decisiones adoptadas por el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores con vistas a la adopción de la decisión marco contra el terrorismo y la decisión marco sobre la orden de detención europea. 
La sugerencia efectuada por la ponente de incluir una cláusula de validez temporal o una cláusula de revisión es interesante para el principio que ella propone, a saber, la obligación de evaluar la repercusión de una propuesta adoptada con relación al objetivo perseguido. 
El tercer punto destacado se refiere a los retrasos acumulados en la realización de los objetivos de Tampere, haciendo un llamamiento a todas las instituciones y autoridades responsables de la aplicación del programa definido en Tampere. 
La última edición del cuadro de mando de la Comisión incluye una primera evaluación de los progresos realizados. 
Y, en efecto, se han registrado retrasos, en particular en determinados ámbitos como el asilo y la inmigración, o la armonización mínima de las sanciones penales. 
La evaluación a medio recorrido que tendrá lugar, como saben, en el Consejo Europeo de Laeken, constituye pues una etapa crucial. 
Será el momento de comprobar si los compromisos contraídos en Tampere y reiterados el 21 de septiembre se traducen en una voluntad real de avanzar de los Estados miembros. Será también el momento de extraer las enseñanzas de los éxitos obtenidos y las dificultades encontradas hasta ahora. 
Reevaluar los objetivos de Tampere y, en particular, poner en duda los plazos fijados conduciría a una crisis de confianza de la opinión pública hacia un proyecto político que todo el mundo siente como indispensable y prioritario, y ello, independientemente de las dificultades que se planteen. 
Hoy necesitamos tanto voluntad como método para no decepcionar las expectativas legítimas de la opinión pública, pero también de los hombres y mujeres cuyo oficio es proteger nuestra libertar, garantizar nuestra seguridad y velar por una justicia más accesible. 
El Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores celebrado la pasada semana ha permitido obtener alentadores resultados en cuanto a la voluntad de los Estados miembros de hacer corresponder sus actos con los compromisos contraídos. Pero ha ilustrado también todas las limitaciones, incluso las ambigüedades, de un proceso de decisión íntegramente sujeto a la unanimidad. 
La Comisión destacará en Laeken que las reticencias a progresar sólo podrán superarse si se empieza por inyectar una nueva dosis de voluntad política. 
Pero la Cumbre de Laeken será también el momento, cuando los Jefes de Estado y de Gobierno emprendan un debate más general sobre el futuro de Europa, de establecer el vínculo entre los progresos realizados, los progresos por realizar y el futuro de la Unión y de su funcionamiento. 
Debe emprenderse la reflexión sobre el modo en que la próxima Conferencia Intergubernamental podría introducir las modificaciones institucionales y reformar los mecanismos de toma de decisiones en el sentido necesario para la plena realización del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
La cuarta pregunta se refiere a la armonización en el ámbito penal. 
En primer lugar recordaré que la armonización del Derecho penal sustancial se contempla específicamente en el Tratado. 
El objetivo de esta armonización no es permitir el reconocimiento mutuo, sino más bien conseguir que los Estados miembros de la Unión luchen de forma coordinada, del mismo modo y con sanciones de una severidad equivalente, contra fenómenos que afectan a todos los países de la Unión. 
Se trata de una herramienta complementaria del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. 
Por supuesto, como siempre he dicho y reitero hoy, la armonización debe utilizarse con lucidez y sólo donde sea necesaria. 
El Consejo Europeo de Tampere ha enumerado los sectores en que es necesaria una aproximación. 
Todos estos ámbitos han sido objeto de iniciativas de Estados miembros o de propuestas de la Comisión. 
Varias de ellas han sido adoptadas, otras llevan buen camino de serlo y creo poder decir que pronto tendremos un arsenal común que responderá a este mandato. 
En cambio, por lo que se refiere al Derecho procesal, ya he tenido ocasión de decir que la Comisión tiene previsto hacer una comunicación al respecto, que resulta aún más necesaria a la luz del interesantísimo debate político sobre la orden de detención europea. 
El objeto de una comunicación de este tipo sería precisar unas normas comunes de protección de los derechos individuales en los procedimientos penales en una serie de aspectos, tal como se derivan del Convenio para la protección de los derechos humanos y de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Este ejercicio contribuiría a reforzar hoy en la Unión y, más tarde, en una Europa ampliada a 25 o 30 Estados miembros, la confianza mutua en que descansa la construcción del espacio judicial europeo. 
El quinto punto evoca el déficit democrático que persiste en la Unión en los ámbitos pertenecientes a Justicia y Asuntos Interiores. 
La pregunta es doble, ya que se refiere a la vez al papel de su institución en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de Justicia y Asuntos Interiores, y al buen ejercicio de sus competencias. 
Es muy importante que nuestra voluntad de progresar en la realización de nuestros objetivos se conjugue con la mejora de los controles democráticos y jurisdiccionales. 
Debo decir, en primer lugar, que la Comisión se ha dedicado en estos dos últimos años a informar y asociar lo más estrechamente posible al Parlamento Europeo a la definición de sus orientaciones estratégicas y sus iniciativas. 
No es menos cierto que la participación del Parlamento, no sólo en la definición de la estrategia de la Unión, sino también en su aplicación, es un punto que debe profundizarse y que la Comisión considera crucial en los progresos que quedan por realizar. 
La imbricación de materias pertenecientes al primer pilar y de medios que se considera pertenecen al tercer pilar es una fuente de dificultades permanentes. 
Esta situación conlleva además un riesgo de bloqueo del proceso de toma de decisiones, que, incluso una vez superadas divisiones artificiales entre actos que tienen realmente la misma finalidad, hace la acción de la Unión ilegible para los ciudadanos. 
Por ello, celebro la recomendación del Consejo, adoptada por su Asamblea el pasado 15 de noviembre, sobre las sanciones penales y el Derecho comunitario, que llama a la comunitarización, al menos, de la cooperación judicial en materia penal. 
Por lo que se refiere al acceso del Parlamento a información sensible en poder de la Comisión, una de las condiciones prácticas para el buen ejercicio de control de su institución, debo recordar que existe un acuerdo marco entre nuestras dos instituciones, fechado el 5 de julio, y que la Comisión va a aplicarlo en todo su alcance. 
La Sra. Boumediene-Thiery plantea, por último, la cuestión del reforzamiento de las capacidades institucionales de los países candidatos. 
Creo que en los informes que hemos publicado y en la evaluación permanente que hacemos de la mejora de las capacidades de los países candidatos, hemos tomado conciencia y hemos dado toda la publicidad deseada a nuestra evaluación sobre cada uno de los países candidatos. 
Señor Presidente, señoras, señores, por lo que respecta a la cooperación, que se ha reforzado, entre la Unión y los Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo, considero que ilustra cómo la dimensión europea es hoy indisociable de cualquier acción internacional contra fenómenos transnacionales que quiera ser completa y eficaz. 
Por supuesto, es aún bastante nueva, y plantea problemas, en particular de garantía del pleno respeto de los principios de nuestro Derecho europeo, incluso del Derecho internacional. 
En el desarrollo de esta dimensión europea veo una oportunidad de hacer valer nuestros valores y principios, y no de sacrificar nuestros principios en aras de la cooperación. 
Para concluir, señora Presidenta, señor Presidente, señores Ministros, Señorías, ante los desafíos y bazas de nuestro tiempo, la respuesta de la Unión debe ser pensada pero rápida, transparente pero eficaz, evolutiva pero coordinada. 
Con arreglo a estas orientaciones concibo el futuro de la vasta construcción que es el espacio de libertad, seguridad y justicia, y deseo continuar las relaciones de cooperación iniciadas desde hace dos años y medio con el Parlamento Europeo. 
Personalmente, estoy muy agradecido por su adhesión a todos los diputados de la Comisión de Libertades Públicas y sobre todo a su presidente, Graham Watson, a quien deseo dar las gracias especialmente. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, yo quisiera aprovechar el gran número de informes presentados a debate para plantear algunas observaciones de fondo, a semejanza de las que acaba de hacer el señor Comisario Vitorino. 
Si volvemos por un momento la mirada atrás para considerar el conjunto del año que se acaba, podremos constatar claramente que en el ámbito de la seguridad hemos realizado, incluso antes del 11 de septiembre, unos progresos raras veces conseguidos con anterioridad. 
Hemos concretado las directrices políticas en el ámbito de la política de inmigración y de asilo, hemos elaborado normativas detalladas, hemos adoptado medidas contra la inmigración ilegal y hemos preparado una intensa cooperación judicial, y tras largas discusiones hemos conseguido incluso la transposición de una directiva sobre el blanqueo de capitales. 
Se han logrado progresos; ha sido trabajoso, pero lo hemos conseguido. 
Debemos agradecerlo sobre todo a la buena cooperación entre el Parlamento y la Comisión, que han avanzado certeramente en esa dirección. 
¡Muchísimas gracias, señor Comisario Vitorino! 
Después de los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, se han realizado nuevos progresos que casi cabe calificar de espectaculares. 
Los ministros de los Estados miembros- tanto los de Justicia como los de Interior- parecen haberse despertado al fin. 
La consecuencia ha sido la ultimación del paquete de medidas contra el terrorismo, incluida la creación de equipos conjuntos de investigación adscritos a Europol y la orden de detención europea, en relación con el cual yo quiero felicitar muy cordialmente al señor Presidente Berlusconi y al señor Presidente Verhofstadt por el acuerdo logrado, que puede abrir finalmente las puertas a la transposición de la orden de detención europea. 
El paquete de medidas comprende asimismo el bloqueo de los fondos y otros valores propiedad de organizaciones sospechosas, ya que esto permite cortar la fuente de sustento del terrorismo y las organizaciones criminales. 
Por otra parte, también se han planteado nuevas reflexiones que mejoran indirectamente la seguridad, como los últimos debates en los que solicitamos que los visados se otorguen en el futuro en forma de un documento independiente con una identificación inequívoca, exactamente igual que sucede con los permisos de residencia. 
Con este debate hemos conseguido un plus de seguridad, un valor añadido. 
Ahora debemos procurar presionar, no obstante, para que los Estados miembros procedan a una pronta transposición de todas las medidas adoptadas. 
Por otra parte, también quiero aprovechar la oportunidad para señalar aquellos aspectos en los que la tendencia ha sido menos positiva. 
Así ha ocurrido, por regla general, con las condiciones en las que trabajamos en esta Asamblea. 
La cooperación con el Consejo deja que desear. 
Cada vez es más frecuente que los documentos se presentan con retraso o no se presentan, lo cual genera debates en el aire en el Pleno y en las comisiones. 
El Consejo brilla a menudo por su ausencia en las sesiones importantes de las comisiones y también en las sesiones plenarias. 
Por ejemplo, el lunes pasado la Comisión de Libertades Públicas, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se reunió por iniciativa propia para mantener una serie de importantes debates sobre la orden de detención europea y sobre la cooperación con Estados Unidos, incluido entre otras cosas un intercambio de notas entre el Presidente Bush y el Presidente Prodi. 
El Consejo brilló por su ausencia y no se remitió información escrita como base para el debate. 
La situación desde el punto de vista de la cooperación es inadmisible, para usar una expresión moderada. 
Basta observar los calendarios para comprender que esto obliga a trabajar. además, en unas condiciones insostenibles. 
Cada vez con mayor frecuencia recibimos documentos en el último momento. 
Esto no es admisible. Deseamos conseguir progresos rápidos, pero éstos también deben ir unidos a la calidad. 
Señor Presidente, felicito al Comisario Vitorino y a las ponentes, Sra. Boumediene y Sra. Hazan, cuyo informe fue aprobado en comisión por unanimidad, así como al presidente Watson cuyo informe sobre seguridad en las Cumbres internacionales ha sido elaborado con rigor jurídico y equilibrio político: un informe que nos hace reflexionar sobre la necesidad de afrontar políticamente los problemas planteados por la globalización para contribuir al progreso político, social y económico de la comunidad internacional y para vencer la violencia. 
Se han cometido demasiadas violencias en las manifestaciones contra la globalización y, en algunos casos, demasiadas violencias contra los manifestantes, incluso contra los detenidos como en los dramáticos sucesos de Génova en que un joven resultó muerto, abatido en circunstancias todavía confusas. 
Por fortuna en mi país hay una judicatura independiente que es capaz de hacer justicia aunque sea a título póstumo. 
Se han registrado demasiadas violencias, demasiadas violaciones de las normas y de los principios que rigen la Unión Europea. 
Ante unos hechos alarmantes, no se puede faltar al respeto de los derechos fundamentales que afirmamos solemnemente y que pretendemos que sean respetados por terceros países que tal vez acaban de entrar en la esfera democrática. 
También hoy, frente al terrorismo, debemos recordar que estos derechos han sido conquistados en Europa a un precio muy alto. 
No pueden valer sólo para los días de fiesta, para los periodos de serenidad. 
Existen para protegernos en los momentos de luto y de peligro. 
Por esto, preparados como estamos para defendernos de los terroristas, enemigos de los derechos humanos, con todos los medios legítimos a nuestro alcance, rechazamos, incluso ante fuertes presiones, cualquier tentación de usar medios que nos alejen de los niveles de civilización de los que nos enorgullecemos. 
El fin no justifica los medios, máxime cuando son los medios- el respeto de los derechos fundamentales de todo ser humano y el rechazo de toda discriminación entre ciudadanos y no ciudadanos- los que constituyen la esencia de nuestras democracias. 
En esta legislatura del Parlamento Europeo se está construyendo la Europa de los derechos. 
Se ha aprobado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y se han hecho notables progresos en la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Vamos retrasados en los temas de asilo y de inmigración; sin embargo, hemos avanzado en la cooperación judicial civil y penal, y en la cooperación policial. 
La tardanza de los Estados miembros en ratificar los convenios aprobados por el Consejo viene a demostrar la necesidad del método comunitario incluso en las materias del llamado tercer pilar. 
El reforzamiento de Europol, la creación del Eurojust, los equipos comunes de investigación y la lucha contra el blanqueo de dinero son algunos de los objetivos definidos que esperan ser puestos en marcha. 
La tragedia del 11 de septiembre ha acelerado la propuesta de las decisiones marco sobre la definición común de los delitos de terrorismo y sobre la orden de detención europea. 
Tras las incomprensibles resistencias que muy a mi pesar ofrecía mi Gobierno, también este último proyecto está a punto de realizarse y espero que mi Gobierno no haga pagar al país sus contradicciones en este asunto. 
De todas maneras, afortunadamente, la Unión Europea como espacio de libertad, seguridad y justicia se está acercando realmente. 
Señor Presidente, me gustaría hablar concretamente acerca de la declaración del Consejo que estamos esperando sobre la cooperación entre la UE y los EEUU y la cooperación para combatir el terrorismo. 
Los eventos del 11 de septiembre fueron una ráfaga de luz aterradora y tenemos que reaccionar inmediatamente. 
Sin embargo, no debe deslumbrarnos y olvidar que el terrorismo ha sido un problema en nuestro continente durante muchos años. 
Tras el 11 de septiembre recuerdo a Hans Gert Poettering diciendo aquí "todos somos estadounidenses" en un memorable debate, pero desde entonces hemos aprendido que primero debemos ser europeos. 
Celebro el acuerdo del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del fin de semana sobre un marco de decisión para combatir el terrorismo. 
Me alegra también el reconocimiento del Consejo de una base legal de la Unión Europea para la congelación de los fondos de grupos vinculados al terrorismo y, en particular, el acuerdo de ayer entre el Presidente del Consejo Guy Verhofstadt y el Primer Ministro Berlusconi sobre una orden de detención europea. 
Europa ha ordenado su casa. Europa ha demostrado su capacidad para actuar. 
Frente al terrorismo hay que encontrar un difícil equilibrio entre las necesidades de seguridad de nuestros ciudadanos y sus derechos y libertades que hacen que la democracia sea lo que es. 
La Unión Europea ha demostrado que puede ser severa con el terrorismo sin dejar de ser fiel a sus tratados y a los valores en los que se basan. 
Se ha reconocido que existen redes de terrorismo que se extienden más allá de sus fronteras y que es preciso la cooperación entre las democracias, particularmente con las de al otro lado del Atlántico. 
El siguiente paso debe ser el establecimiento de un acuerdo para mejorar la cooperación con los Estados Unidos. 
Los Artículos 24 y 28 del TUE nos permiten establecer un acuerdo sobre la cooperación policial y judicial en cuestiones criminales con nuestros amigos de Norteamérica. 
Sabemos que existe un famoso intercambio de cartas entre el Sr. Bush y el Sr. Verhofstadt, cerca de 40 propuestas de EEUU sobre lo que podemos hacer para mejorar nuestra capacidad de lucha contra el terrorismo. 
La mayor parte de ellas se pueden llevar a cabo, y de hecho creo que se están llevando a cabo. 
Algunas suscitan unas pocas dudas porque parece que los EEUU están pidiendo cosas que su propio marco legal no exige, como la retención de datos sobre tráfico, Otras resaltan la diferencia en materia de cultura legal entre nuestras democracias. 
En una visita a Washington DC la semana pasada, en mis conversaciones con senadores, congresistas y miembros del gobierno, me preocupó saber que la Ley Patriótica de los EEUU aprobada para combatir el terrorismo parece discriminar a los ciudadanos no estadounidenses. 
Es preciso que exploremos con nuestros amigos estadounidenses en qué medida afecta a los que proceden de la Unión Europea. 
En la comparecencia del Fiscal General John Ashcroft ante la Comisión de Justicia del Senado me preocupó también que la propuesta de tribunales militares- por orden ejecutiva del Presidente- permita que haya sesiones secretas, que la acusación pueda retirar pruebas de la defensa, que los acusados no necesariamente tengan derecho a un abogado independiente o a una conversación privada con su abogado, y que una sentencia- incluida la sentencia de muerte- pueda aprobarla una mayoría de dos tercios de los jurados. 
Aunque seamos capaces de llegar a un acuerdo sobre la extradición en virtud del cual los EEUU no aplicarían la pena de muerte, las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que son firmantes todos nuestros Estados miembros, evitarían la extradición de sospechosos para que comparecieran ante estos tribunales militares. 
Aquí en Europa hemos desarrollado un enfoque del Derecho internacional que se basa en los derechos. 
Nos gustaría que se creara un tribunal penal internacional permanente que juzgara a los culpables de delitos contra la humanidad y hemos propuesto a los estadounidenses que se unan a nosotros en esta cuestión. 
Reconocemos que las democracias tienen que trabajar juntas en la lucha contra el terrorismo y otras formas de delitos graves que cruzan las fronteras. 
Mi temor es que, si los EEUU no abandonan el camino de los tribunales militares, estamos en caminos divergentes. 
Debemos aclarárselo al Sr. Ashcroft cuando viste Europa esta semana. 
Señor Presidente, una de las sensaciones que más persisten en aquellos que fueron víctimas de la violencia en Niza, Gotemburgo y Génova es la impotencia sobre todo frente a las autoridades nacionales que cada vez más a menudo cierran las fronteras de manera indiscriminada e ilegal, expulsan a ciudadanos sin antecedentes penales- como recientemente le ocurrió a un ciudadano sueco, miembro de una organización no gubernamental, que fue expulsado hace unos días de Bélgica sin ningún motivo aparente- y arrestan y someten a procedimientos inaceptables, cuando no a torturas y violencias tremendas, como sucedió en Génova, a los manifestantes indefensos. 
¿Cómo es posible que no se pueda hacer nada? 
¿Cómo es posible que con todos los debates que se han hecho sobre los derechos, sobre el respeto a otras opiniones y a la libertad de manifestación, con todo lo que se habla de la Europa de los ciudadanos, esta misma Europa no pueda actuar junto con los jueces nacionales? 
El mérito del informe Watson está en que indica el camino a seguir para que Europa no siga muda. 
La abierta declaración de Schengen ha sido repetidamente violada y esto no debe volver a suceder; los peligros para la libertad individual de listas negras secretas elaboradas de manera ilegítima; la necesidad de sancionar, incluso con instrumentos internacionales, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden; la prohibición de discriminar entre ciudadanos europeos: todo esto está dicho en el informe Watson y representa el plan de trabajo de este Parlamento que, a diferencia de otros Parlamentos en los Estados miembros, logra encontrar un espíritu verdaderamente unitario en estos temas. 
Espero asimismo que sea el programa de la Comisión y confío en que este plan de trabajo conseguirá evitar los horrores que vimos en Niza, Gotemburgo y Génova, así como que aportará una válida contribución a todas las medidas que se están tomando contra el terrorismo. 
Señor Presidente, sólo quiero intervenir sobre el proyecto de acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de extradición. 
El 7 de diciembre de 2000, en Niza, firmamos, proclamamos y enfatizamos la Carta de Derechos de los ciudadanos europeos en cuyo artículo 2, correspondiente al capítulo de las dignidades, figura muy claramente que nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni podrá ser ejecutado, distinguiendo bien las dos cosas y afirmando que a nosotros, los ciudadanos europeos, no nos basta la prohibición de ser ejecutados, sino que es necesaria la prohibición de ser condenados a muerte. 
Pues bien, nos estamos comprometiendo en una cooperación con los Estados Unidos que mantienen la pena de muerte, que condenan y aplican la pena de muerte, que tienen un sistema judicial que recurre a tribunales militares, que detiene a mil árabes sin acusación y sin defensa, y estamos a punto de votar- obviamente, nosotros votaremos en contra- una resolución común con los demás grupos en que se afirma que se podrá acordar la extradición siempre y cuando los Estados Unidos garanticen que no van a aplicar la pena capital. Estos significa que los tribunales de los Estados Unidos pueden dictar sentencias capitales, siempre que se abstengan de aplicarlas y ello despreciando la Carta de Derechos civiles, humanos y fundamentales que tanto hemos enfatizado en estos últimos tiempos. 
Estamos abriendo una brecha tremenda en nuestra defensa en contra de la pena de muerte. 
Estamos afirmando que podemos extraditar a nuestros ciudadanos que son condenados a muerte en los Estados Unidos, aunque después este país se compromete a no ejecutar la sentencia. 
Es una ruptura total con nuestra tradición, es una ruptura total con nuestro compromiso. 
Hoy hemos escuchado al Comisario Vitorino en su discurso rico de referencias a nuestros valores, a nuestros principios, Pues bien, ¿cuáles son nuestros valores y nuestros principios? 
¿La extradición a un país que condenará a muerte a los ciudadanos europeos? 
Apelo a su sensibilidad, así como a su honestidad moral. 
Debemos votar en contra de esta resolución. 
Señor Presidente, creo que el trabajo realizado por la Comisión de Libertades Públicas es muy positivo para abrir un debate en los Estados miembros de la Unión y para garantizar de esta forma la máxima seguridad en las reuniones del Consejo Europeo y otros eventos similares. 
Lo que está claro es que después de los acontecimientos del 11 de septiembre se ha ido redimensionado la actualidad de estos temas. 
A pesar de esto, siguen siendo de plena actualidad tanto los motivos que subyacen a la organización de estas Cumbres como las razones de muchos de los manifestantes pacíficos. 
Ante todo es importante que las Cumbres internacionales continúen celebrándose con normalidad y, a ser posible, deberían ampliarse, como en el caso del G8 de Génova, a los representantes del Tercer Mundo. 
De echo, sólo a través del debate, del intercambio de opiniones y sobre todo de la programación de una verdadera política de cooperación y desarrollo, es posible superar la pobreza y la marginación de amplias regiones del planeta. 
Por esto, no compartimos las posiciones extremistas, aunque sean pacíficas, de aquellos manifestantes que en Génova cuestionaban la validez de estas Cumbres. 
Existen además las razones de los movimientos llamados antiglobalización, unas razones que siguen siendo actuales e importantes y que son las razones de quien imagina un modelo de desarrollo más respetuoso con los pueblos y el medio ambiente, de quien se imagina una sociedad más justa en la que exista una redistribución de la riqueza más equitativa. 
Es por esto que hay que valorar el método innovador introducido por el Gobierno italiano con ocasión de la Cumbre de Génova que programó una serie de reuniones previas con los líderes de los manifestantes con el fin de convertir en más democrática la participación en la Cumbre. 
Sin embargo, es importante repetirlo, no se puede tener ninguna consideración hacia los manifestantes violentos, Tanto en Niza como en Gotemburgo y en Génova algunos, incluso entre los políticos, se dejaron llevar por la tentación de encontrar una justificación de las actitudes violentas: por el contrario, es necesario tener el valor de condenarlas siempre, sin paliativos, incluso porque junto a las razones de quien gobierna y de quien se manifiesta existen las razones de la mayoría silenciosa de los ciudadanos europeos que piden respuestas concretas a los problemas que se debaten en estas Cumbres, y ello también gracias al estímulo de los manifestantes, pero sin los desmanes y las violencias, a las que por desgracia hemos asistido, que devastaron completamente la ciudad de Génova. 
Por último, quisiera recordar las razones de muchos hombres y mujeres de las fuerzas del orden que en todo el territorio europeo trabajan intensa y diariamente, a menudo con medios inadecuados, para hacer frente a las pequeñas y grandes emergencias del orden público y de la delincuencia. 
Si entre ellos, como ocurrió también en Génova, alguno ha cometido excesos, es oportuno que sea identificado singularmente y castigado, pero sin llegar a criminalizar injusta e inmerecidamente a toda una categoría de personas que a menudo arriesga su vida por el bien de la colectividad. 
Por último, felicito al Gobierno italiano y al Presidente Silvio Berlusconi y al Presidente belga por haber concluido, ayer, el importante acuerdo sobre la orden de detención europea confiando en éste sea el primer paso hacia la armonización europea de los asuntos de justicia y, sobre todo, una primera importante premisa para una Constitución política europea para la defensa de los derechos de seguridad, de libertad y de justicia de todos los ciudadanos europeos. 
Es importante situar en perspectiva este debate tan amplio y la perspectiva es el terrorismo. 
Hoy podemos poner nombre a los terroristas más peligrosos del mundo. 
Lo que desde hace tiempo ha estado claro para algunos, ahora tras las acciones bélicas de las últimas semanas y meses es obvio para cualquiera. 
Los terroristas que con un fin más claro y más eficazmente devastan nuestro planeta y amenazan la paz mundial son los gobiernos de los EE.UU. y de Israel. 
Estos dos gobiernos que colaboran entre sí emplean diariamente su enorme y mortífera tecnología militar para causar daños mucho mayores que muchos otros de los incontables terroristas de la historia mundial. 
Las atrocidades tecnológicas de índole militar constituyen terrorismo en múltiples sentidos. 
Dejan en primer lugar a las víctimas justamente en el estado de desesperación e impotencia que crea el caldo de cultivo para reacciones del tipo de Bin Laden. 
Es la prepotencia económica y militar la que crea el terrorismo. 
A esto añádase la guerra psicológica que está acabando con las nociones de derecho que los europeos habitualmente consideramos el fundamento de los valores que profesamos y que precisamente son una defensa contra el terrorismo. 
Los EE.UU. enviaron hace dos meses al Sr. Prodi una lista de 40 resoluciones diversas que según el gobierno de los EE.UU. deben adoptar la UE y los países miembros para satisfacer a los EE.UU. Vigilancia, control, detención sin abogado y sin control judicial y entrega de los sospechosos para su procesamiento en los EE.UU. ante tribunales militares y bajo la amenaza de la pena de muerte. 
En el último punto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Di Lello. 
Hemos de protestar airadamente contra toda forma de entrega mientras exista una posibilidad de ejecutar la pena de muerte, y en este punto los EE.UU. no pueden darnos ninguna garantía. 
Ha sido vergonzoso ver la complacencia de las instituciones comunitarias ante estas demandas que tienen por objeto la abolición de nuestras nociones de derecho. 
No es cuestión de tecnología militar, es cuestión de política y defensa de la justicia. 
Señor Presidente, los documentos sobre el terrorismo son, sin duda, apreciables, aunque opinamos que se debe prestar mucha más atención a las peligrosas, inquietantes y graves muestras de antisemitismo y de agresión a las instituciones y a las figuras, incluso religiosas, judías, como lo demuestra la gravísima agresión al rabino principal de Bruselas: unas muestras muy inquietantes incluso en un clima de adaptación pasiva a estos actos que proceden de los representantes del fundamentalismo islámico en todos los Estados de Europa. 
Giuseppe Mazzini y los revolucionarios que en 1840 crearon "Giovane Europa" se revolverán en sus tumbas pensando en una Europa que, antes de dotarse de una constitución democrática, piensa ya en la orden de detención europea: seguramente necesaria para las emergencias del terrorismo y de la delincuencia organizada, pero no ciertamente para otros ámbitos. 
Nosotros, los autonomistas, la consideramos una señal peligrosa, y por ello, hemos enviado una carta abierta a todos los movimientos autonomistas e independentistas que luchan por los principios de libertad. 
Algunos colegas italianos han intervenido para estigmatizar el comportamiento de nuestro Gobierno con relación a los sucesos de Génova. Pues bien, yo quisiera recordar los graves, delictivos y vandálicos actos de los que se han hecho responsables los falsos contestatarios del mundialismo en Génova. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, ya no hay nada seguro en este mundo y para ilustrar esto, quisiera basarme en la Presidencia que Bélgica había preparado. 
Principalmente, nos habíamos centrado en la evaluación intermedia de Tampere, de las decisiones y recomendaciones que se hicieron allí y en las cuatro prioridades que, en tanto Presidencia, habíamos elegido, a saber, la transformación de pro-Eurojust en Eurojust, la lucha contra la trata de seres humanos, no sólo mediante la uniformización de las leyes, sino también mediante la operatividad sobre el terreno, la lucha contra la desaparición de niños y last but not least la congelación de las cuentas bancarias. 
No obstante, quién podía suponer al comienzo de nuestras actividades que debido a dos incidentes concretos la Presidencia tendría que efectuar en parte otras elecciones. 
Más concretamente, pienso en este sentido en los problemas de Gotemburgo, que nos han obligado, en tanto Ministros de Justicia y Asuntos Interiores, a adoptar medidas relativas tanto a la garantía de la libre opinión como a reforzar la seguridad de los ciudadanos, de los Estados y también de los manifestantes. 
Quién había pensado que el 11 de septiembre tendría una influencia tan profunda en nuestro pensamiento político, ahora que la decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo y la orden de detención europea han visto la luz y han tenido una génesis acelerada. 
Esto no quita, señor Presidente, Señorías, que yo ofrezca mis disculpas, en nombre de la Presidencia, por el hecho de que nadie de la Presidencia estuviera aquí presente el lunes durante su sesión. 
Sin embargo, comprenderán, en relación con el mandato de detención europeo, que resulta muy especial para nosotros y con el que, en cualquier caso, queremos lograr avances, hayamos aprovechado toda oportunidad para avanzar en nuestros trabajos y puedo decir que con éxito, ya que ayer se logró el desbloqueo y el mandato de detención europeo se ha convertido en un hecho. 
Me centraré sobre todo en algunos de los puntos que ustedes han señalado muy acertadamente. 
En primer lugar, las posibilidades para lograr el objetivo de la Unión, es decir, procurar a los ciudadanos un alto grado de certeza en un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que- y eso ha sido puesto de manifiesto aquí por distintos oradores- los derechos fundamentales, tales como aparecen formulados en la Carta Europea de Derechos Humanos, se respeten completamente. 
El Consejo reconoce que es sumamente importante que los derechos fundamentales sean totalmente respetados en todos sus ámbitos de actuación, sobre todo, en el ámbito que tiene que ver con la garantía de la seguridad del ciudadano. 
Deseo ilustrar esta cuestión con dos ejemplos extraídos de la actualidad, que sé que también han sido objeto de profundas discusiones en su Parlamento. 
Me refiero en especial a la decisión marco relativa a la definición de terrorismo y al establecimiento de la orden de detención europea. 
A fin de responder a la amenaza terrorista, hay que adoptar rápidamente medidas destinadas a mostrar que los Estados miembros se encuentran en situación de actuar de forma conjunta; se trata también de garantizar una rápida toma de decisiones en la que resulta central la preocupación por la observancia continua de las libertades de los ciudadanos. 
Los trabajos se han realizado a muy buen ritmo, pero nadie, y quiero subrayarlo, nadie ha estado nunca dispuesto a sacrificar la calidad de los textos a cambio de rapidez en su adopción. 
Gracias al hecho de haber trabajado muchísimo durante los últimos tres meses, hemos tenido éxito al tomar en consideración esta aspiración justificada y, en este sentido, estoy particularmente satisfecho en cuanto a la contribución que han efectuado las personas del Comité del artículo 36. 
Por lo demás, comprendo la preocupación que manifestaron algunos al principio, cuando vieron nuestras actividades de subasta abierta en materia de seguridad, tras los hechos del 11 del pasado septiembre. 
Comprendo que esta preocupación desempeñó a veces un papel claro durante las negociaciones. 
Comprendo este temor y admiro la labor de vigilancia, pero el resultado de los trabajos y compromisos del Consejo de 6 y 7 de diciembre demuestran que esta institución nunca tuvo la intención de ofertar los derechos que figuran en la Carta Europea, y creo que éste es el único resultado que cuenta. 
En la decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo figuran indicaciones claras para los legisladores nacionales, de manera que resulta imposible efectuar una interpretación en un sentido innecesariamente represivo. 
Se ha incorporado la obligación de respetar estos derechos, tal como se establece en el artículo 6 del Tratado, y también se ha incluido en el caso de los trabajos relativos a la orden de detención europea. 
El preámbulo tiene el sello de un dictamen bien pensado de su Parlamento, que hemos tenido en cuenta. 
La declaración política del Consejo que figura en la decisión, completa, por último, estas medidas preventivas. 
Establece claramente que la decisión no tiene relación con las personas que actúan con la vista puesta en la protección o en la recuperación de los valores democráticos y tampoco con aquéllos que ejercen su derecho a la libertad de opinión, incluso si durante el ejercicio de ese derecho cometen una infracción. 
Los trabajos ya han concluido y el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre esta decisión marco el pasado jueves. 
En cuanto a la orden de detención europea existen garantías del mismo tipo. 
Además de las referencias explícitas a las libertades fundamentales que se recogen en el preámbulo, el artículo 1 guarda correlación con el artículo 6 del Tratado que acabo de explicar en el caso del instrumento anterior. 
Por tanto, no es sino normal que los 15 Estados miembros hayan logrado finalmente un acuerdo sobre la orden de detención europea. 
Además de los progresos que han conducido a integrar explícitamente las garantías fundamentales de la Carta Europea, deseo añadir a ello que es aconsejable no perder de vista el futuro papel que hay que asignar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la observancia de las garantías y de los derechos fundamentales, especialmente en el aspecto procedimental. 
Dada su competencia prejudicial y teniendo en cuenta las sensibles relaciones que mantienen tradicionalmente el derecho penal y los derechos fundamentales, el Tribunal está naturalmente llamado a desempeñar una función particularmente importante consistente en la armonización de las garantías que se ofertan a los ciudadanos. 
Volviendo a la ejecución del plan de acción de lucha contra el terrorismo, las negociaciones relativas a un acuerdo sobre el artículo 38 del Tratado de la Unión Europea para la asistencia recíproca en materia penal con los Estados Unidos figuran en el programa. 
En este momento nos encontramos todavía en una fase inicial. 
Se trata de una labor muy importante, y estoy convencido de que continuarán atentos, con la vista puesta en la protección de los derechos de las personas en este ámbito. 
En lo que se refiere a los puntos relativos a la extradición que pueden mencionarse en este acuerdo, quisiera señalar la posición constante de la Unión Europea en relación con la colaboración con países en los que la pena de muerte todavía está vigente. 
La entrega no puede tener lugar sin que exista la garantía inexpugnable de que la persona no será condenada a la pena capital. 
La posición del Consejo respecto de los tribunales militares especiales de los Estados Unidos para crímenes que guardan relación con el terrorismo no se conoce todavía, pero sí puedo comunicarles ya que determinadas delegaciones consideran que esta situación puede entrañar peligros considerables en el ámbito de los derechos fundamentales y, en especial, en lo que al derecho a un trato justo se refiere, tal como se define en los artículos 47 a 49 de la Carta. 
Quiero volver brevemente a otro punto delicado, a saber, las posibilidades para alcanzar un acuerdo sobre propuestas cuyas negociaciones están bloqueadas actualmente, lo que impide que se cumpla el plazo fijado en el cuadro de objetivos y que se realice el espacio de seguridad, libertad y justicia. 
El Consejo es consciente de que se han aplazado algunas negociaciones sobre las propuestas que en este momento están sobre la mesa, pero quiero decir que, por lo general, por razones no partidistas. 
No tengo la impresión de que las negociaciones en cuanto tales estén bloqueadas. 
En su lugar, el Consejo observó que hay más motivos para este retraso y mencionó también los pasos necesarios para asegurar que estas conversaciones retomen su camino. 
Los bloqueos constituyen sin duda uno de los puntos del debate de Laken y creo que allí se impulsará la evaluación de Tampere y, más concretamente, la parte en la que todavía no hemos podido lograr un verdadero avance, tal como debíamos haber hecho. 
Permítanme señalar a su vez el particular paso dado en asuntos de justicia en el espacio de tiempo sumamente breve en que hemos actuado. 
Creo que todavía debemos realizar una serie de esfuerzos cuantitativos y cualitativos, pero repito que todo está presente para poderlo lograr, a saber, la armonización de las legislaciones, el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y también el establecimiento de una serie de actores europeos. 
En todos estos puntos se ha logrado un avance concreto y decisivo en 2001. 
Las decisiones marco relativas a la trata de personas y a la lucha contra el terrorismo en lo que a la armonización se refiere, la orden de detención europea en lo que al reconocimiento mutuo respecta y Eurojust en el ámbito de los actores son algunos elementos con los que puede demostrarse que hemos logrado avances sustanciales y que, quizá, también podamos pensar en el futuro en una verdadera política penal europea. 
En nombre de mi colega, Antoine Duquesne, actualmente Presidente del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores, deseo ponerles también al tanto de los avances de los expedientes que sé que les interesan, es decir, asilo e inmigración. 
Ya les he dicho que los progresos en este ámbito no se corresponden con nuestras expectativas. 
No obstante debemos seguir siendo objetivos. 
En el curso de este año se ha logrado un desbloqueo, tanto la Presidencia sueca como la actual Presidencia belga se han ocupado de lograr avances en relación con esta sensible cuestión. 
Estos esfuerzos no han quedado sin resultado. 
Han podido ser adoptados diferentes textos básicos, tales como el reglamento relativo a los visados y los reglamentos Eurodac, la directiva relativa a la protección temporal y el fondo europeo de los refugiados. 
Sin embargo, está claro que si, de todas formas, queremos cumplir los plazos que hemos establecido en el Tratado y también durante el Consejo de Tampere, debemos seguir esforzándonos y tenemos que dejar todavía más claro que cuestiones tales como la gestión de las corrientes migratorias, la política de asilo o la política de reunificación familiar tienen necesariamente una dimensión europea. 
Creo que en ese ámbito todavía debemos realizar un gran esfuerzo, pero convénzanse de que los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores, al igual que ustedes mismos, piden que se realice. 
Permítame también, señor Presidente, pasar a otra cuestión que también ha sido tocada, a saber, la pregunta de si, al aceptar las medidas, se ha tenido en cuenta el hecho de que numerosos acuerdos y compromisos internacionales, especialmente los relativos a la prevención y a la lucha contra el crimen organizado, no han sido ratificados por los Estados miembros. 
El Consejo es consciente de esta cuestión. 
Los órganos del Consejo examinan regularmente la situación relativa a las ratificaciones e intentan dejar claro a las delegaciones que es absolutamente necesaria una rápida ejecución de las decisiones. 
Sin embargo, el Consejo es consciente de que cada Estado miembro se esfuerza por seguir un proceso de ratificación que se adecue a las exigencias constitucionales propias de cada uno de ellos. 
Esta cuestión figura, así mismo, en la agenda en el marco de la evaluación de la ejecución de las conclusiones de Tampere. 
Estoy seguro de las conclusiones de la Cumbre de Laken pondrán de relieve cuán importante considera el Consejo esta cuestión. 
El Consejo ha constatado que los procedimientos nacionales se han acelerado y que el proceso de ratificación de algunos instrumentos ya ha concluido en casi todos los Estados miembros, por ejemplo en el caso del acuerdo relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea, así como de los dos tratados de ejecución de 1995 y 1996. 
Continuaremos presionando para que estos esfuerzos den resultado. 
El Consejo ha prestado, además, especial atención a la aceptación del plan de acción en materia de lucha antiterrorista. 
El plan de acción identifica distintos instrumentos entre los cuales figuran especialmente el Tratado europeo relativo a la asistencia judicial mutua en materia penal y el Tratado de Naciones Unidas relativo a la lucha contra la financiación del terrorismo. 
Estos Tratados deben ser ratificados dentro de los plazos minuciosamente establecidos. 
Por supuesto, continúa la cuestión del déficit democrático en la Unión, respecto de la cual el Parlamento Europeo examina reiteradamente una serie de temas. Sin embargo no examina la necesidad absoluta de control democrático de las actividades que caen en el tercer pilar y, en particular, las actividades de Europol y Eurojust. 
Con relación a Europol, el Consejo quiere, ante todo, hacer hincapié en que desde el 1 de mayo de 1999, la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, todas las decisiones legislativas y decisiones que se debían adoptar de acuerdo con el Tratado de Europol han sido sometidas a dictamen del Parlamento Europeo. 
Así, el Consejo ha intentado garantizar el control de Europol a través del Parlamento Europeo en lo que a las medidas legislativas se refiere. 
En relación con las actividades del consejo de administración así como en el caso de las actividades operativas de Europol, el Consejo examina actualmente las formas y medios a fin de organizar un control democrático y efectivo y, al mismo tiempo, cumplir con las necesidades operativas de la organización. 
Se examinan diferentes posibilidades. 
Uno de los problemas que hay que abordar es la implicación de los parlamentos nacionales en los procedimientos de control. La Presidencia ha hecho de ello una prioridad. 
La Conferencia Integrated security in Europe, celebrada en noviembre, dio lugar a un debate con vistas a reforzar el control en el sector. 
El Consejo desea señalar que la preocupación manifestada por el Parlamento Europeo figura en primer lugar en su agenda. 
Una ejecución rigurosa de semejantes mecanismos constituye, sin embargo, un proceso complejo en el que no hay que perder de vista el equilibrio del sistema Europol. 
Eurojust, por su parte, adquirirá exclusivamente un papel de cooperación y coordinación, conforme al instrumento propuesto. 
Todas las decisiones son adoptadas por las autoridades nacionales competentes que tratan estas cuestiones. 
El Parlamento Europeo tiene, sin embargo, la posibilidad de ser mantenido al tanto de las actividades de Eurojust en tanto éstas no tengan un carácter operacional. 
La decisión por la que se crea Eurojust establece de esta manera que se remita anualmente un informe al Parlamento sobre las actividades, en el que también se trate la cuestión de la protección de los datos. 
El Parlamento concede, además, la aprobación de la gestión del presupuesto de Eurojust. 
El Parlamento Europeo también ha mencionado el déficit democrático, es decir, el no verse implicado en la definición de la estrategia de la Unión Europea en todos sus elementos, tanto dentro como fuera de la Unión, sino solamente ser mantenido totalmente al tanto, incluyendo el acceso a la llamada información sensible. 
Aquí, debo decir que el Consejo aplica minuciosamente las disposiciones del Tratado. 
A este respecto, el Consejo aplica las disposiciones del artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, cuando se trata de una propuesta o iniciativa que cae en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, y del artículo 67 del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, cuando se refiere a un asunto que cae en el Título IV relativo a asilo e inmigración y cooperación judicial en materia civil. 
La experiencia muestra que el Consejo ha consultado con el Parlamento Europeo cuando la Comisión o uno de los Estados miembros le han presentado una propuesta o iniciativa. 
El Consejo estuvo presente durante las sesiones plenarias y las reuniones de la comisión competente del Parlamento Europeo y el Parlamento contó continuamente con información sobre el estado de la cuestión. 
Todavía queda el último problema que quisiera tratar con ustedes, relativo a la necesidad de informar al Parlamento Europeo de las modificaciones importantes en el proceso de negociación en el seno del Consejo, tanto de las propuestas legislativas de la Comisión como de las iniciativas que los Estados miembros desarrollen. 
Como he dicho antes, el deseo del Consejo era implicar plenamente al Parlamento Europeo en los procedimientos legislativos en el ámbito comunitario conforme a las disposiciones del Tratado. 
Es cierto que las actividades desarrolladas dentro del Consejo conllevan modificaciones en lo que al tenor se refiere de algunas disposiciones de las propuestas o iniciativas que se le han presentado. 
Esto se adecua, además, al deseo comunitario de encontrar soluciones que cuenten con el respaldo de toda la Unión. 
La práctica ha demostrado que cuando el Parlamento Europeo no ha emitido todavía un dictamen sobre una propuesta o iniciativa, el Consejo siempre se ha mostrado dispuesto a suministrar la información, de manera que el Parlamento Europeo pueda cerciorarse de en qué dirección evolucionan los trabajos. 
Dicho esto, el Consejo sabe que las posturas del Parlamento tienen un valor añadido específico que se diferencia del de los Estados miembros, dado que en su dictamen se esfuerza por responder a una lógica institucional diferente, así como de proporcionar al Consejo los elementos adecuados en el marco de la tarea democrática de que se ocupa. Esta tarea no puede depender, desde luego, de la evolución de las actividades del Consejo sobre esta o aquella decisión. 
Además, el Consejo consulta con el Parlamento Europeo si ello resulta necesario conforme a las disposiciones del Tratado. 
Permítame, señor Presidente, y con ello también quisiera concluir esta parte de mi exposición, hacer hincapié en mi satisfacción en tanto presidente por la forma en que hemos podido colaborar con el Parlamento Europeo. 
En algunas ocasiones, se ha tenido que pedir un dictamen en circunstancias especialmente difíciles y en un plazo muy corto de tiempo sobre materias muy complejas. 
Creo que no existían precedentes de este tipo con anterioridad a esta Presidencia. 
Nunca les hemos hecho un llamamiento en vano. 
El Parlamento Europeo ha observado una gran flexibilidad al emitir, a veces, su dictamen en un plazo muy breve. 
Esta forma de cooperación, unida a la colaboración con la Comisión y el Comisario, ha hecho posible que se haya dado un paso importante, entre otras cuestiones, respecto de la orden de detención europea que, creo, constituye el denominador común más importante, ya que gracias a él hemos podido emprender una acción en este terreno, que puede compararse a la introducción del euro en el ámbito financiero-monetario. 
Del mismo modo, la orden de detención europea se ha establecido en el ámbito de la cooperación judicial y del reconocimiento mutuo en materia penal. 
Todo esto sólo es posible, señor Presidente, cuando todos los actores muestran la buena predisposición que nosotros hemos podido hallar. 
Me satisface, por tanto, que en estas circunstancias el informe anual relativo a las cuestiones en el ámbito de justicia y asuntos de interior haya adquirido una dimensión diferente de la que tenía en el pasado. 
Señor Presidente, ante todo permítame decir que considero una vez más singular el procedimiento que se sigue en el Pleno, en base al cual el Comisario habla después de tres oradores y el Ministro después de siete, es decir, que todos los que hablarán desde ahora en adelante no merecen ni siquiera una respuesta. 
Dicho esto, -no lo comparto pero me amoldo- abordaré en especial el informe Watson que propone una útil y oportuna iniciativa para regular las próximas Cumbres, sean del tipo que sean, desde el punto de vista de la seguridad. 
En principio, hay que decirlo, el proyecto nació con unos tonos claramente átonos respecto a un análisis objetivo; luego el tono se fue corrigiendo. 
Al revés de lo que ocurrió con una propuesta paralela para la lucha contra el terrorismo, producto de la conmoción del 11 de setiembre y que después se ha convertido de golpe no sólo en la ocasión para inventar una orden de detención europea sino, sobre todo, para abrir una auténtica caza de brujas en los ámbitos de la política italiana. 
Pero de esto hablará más ampliamente mi portavoz, el Sr. Tajani. 
Vuelvo ahora al informe Watson que propone la necesidad de arbitrar medidas de orden público con ocasión de las grandes Cumbres. Decía que era una idea realmente oportuna: lástima que, como siempre, se haya convertido en un pretexto para instruir un proceso sumario sobre los hechos ocurridos en las cumbres anteriores, pero sobre todo en un caballo de Troya para intentar especulaciones partidistas de signo claramente nacional. 
Todo esto a través de enmiendas instrumentales, marcadas por ataques directos al Gobierno italiano y a su Presidente. Y no sólo esto, sino relanzando una acción difamatoria, que ya se ha recordado, contra las fuerzas del orden italianas acusadas de graves delitos y de comportamientos propios de la Gestapo, y que nunca se han podido probar en las numerosas investigaciones abiertas hasta la fecha. 
Ahora bien, esto viola, entre otras cosas, un legitimo espacio de autonomía y de soberanía en la gestión del orden publico por parte del Estado italiano. 
A estos colegas que siguen confundiendo los limites entre la soberanía nacional y las competencias comunitarias, les digo con toda franqueza pero también con serenidad que dejen de convertir al Parlamento Europeo en un lugar para sacar los trapos sucios de la política nacional, y que ya es hora de abandonar el muy practicado deporte de introducir, a través de la utilización instrumental y distorsionada de las cuestiones de orden y de las preguntas, debates inviables y ataques envenenados a las personas, más que a las ideas y a las posiciones políticas. 
Se lo recuerdo de manera especial a los diputados de la izquierda italiana, a sus diligentes gregarios que, puntualmente, hallan un sitio en este Parlamento y también en los periódicos, gracias a la obra de periodistas partidistas y poco objetivos. 
Afortunadamente, la inmensa mayoría de este Parlamento lo ha entendido. 
En la Comisión de Libertades Públicas casi todas las enmiendas de la izquierda han sido rechazadas. 
Yo propongo a este Parlamento que haga lo mismo en el Pleno y, para no divagar, quiero indicar los puntos peligrosos: las enmiendas 22, 25 e 29 son auténticas armas químicas contra la verdad. 
Deben ser rechazadas, de lo contrario, me veré obligado a pedir a mi coordinador que se vote en contra este informe. 
Señor Presidente de Regensburg, le agradezco que me conceda un minuto para Nuremberg. 
La anterior intervención del colega Santini ha dejado claro lo que se dirime en este debate. 
Cuando hablamos de crear un espacio de seguridad, libertad y justicia en Europa, cuando tanto nosotros como el Presidente del Consejo hablamos de la política interior europea, incluso un escudero tan fiel como el Sr. Santini tiene que hacerse a la idea de que esto también afecta a la política interior italiana. 
Yo no soy un italiano de izquierdas, sino un alemán de izquierdas, y quiero decirle que no comparto la opinión de los Sres. Verwilghen y Vitorino cuando afirman que ayer se logró un progreso en Roma. 
Ayer sólo conseguimos una primera victoria parcial porque catorce Estados de la Unión Europea actuaron de manera consecuente y sin fisuras para hacer fracasar el intento del Primer Ministro italiano de valerse en interés personal de su cargo para paralizar un procedimiento procesal que se podría llegar a esgrimir contra él, y lograron evitar que intereses particulares paralicen la orden de detención europea. 
Ahora bien, el susodicho Sr. Berlusconi- ex diputado de esta Asamblea que, gracias a la Presidenta aquí presente, no fue objeto de un procedimiento de suspensión de la inmunidad- declaró ayer lo siguiente. 
Cito sus palabras en el contexto del comentario del presidente del Consejo Verwilghen, quien comparó la orden de detención europea con el euro, lo cual es de hecho pertinente desde el punto de vista de su dimensión y su importancia política. 
¿Y qué dice ahora el Sr. Berlusconi al respecto? 
El Sr. Berlusconi dice que "otros países han fijado como plazo para la entrada en vigor de la orden de detención europea el año 2004, aunque también se podría retrasar". 
Cito literalmente sus palabras. 
Si no se modifica la Constitución italiana, nosotros no podremos participar. 
Igual que Gran Bretaña no participa en el euro. 
¿Por qué digo que sólo hemos conseguido una primera victoria parcial? 
Voy a hacer una predicción: después de lo que hemos podido ver en el Consejo, después de la política de bloqueo de Italia en defensa de los intereses de su Primer Ministro, yo les anuncio que ahora asistiremos a la convocatoria de un referéndum por el mismo Primer Ministro, con objeto de evitar que la orden de detención europea entre en vigor en Italia. 
La probabilidad de que esto suceda es muy alta. 
Por esto yo no creo que ya podamos dar por hecha la transposición de la orden de detención europea. 
Más bien me parece que esta Asamblea va a tener que presionar hasta las últimas consecuencias para conseguir que los catorce Estados europeos restantes mantengan el aislamiento en el que se ha encontrado Italia en las últimas semanas. 
En efecto, todos los miembros de esta Asamblea que se han enfrentado hasta ahora con los Sres. Berlusconi o Dell ' Utri, como lo he hecho yo o como lo ha hecho mi colega Elena Paciotti, son calificados por la prensa del Sr. Berlusconi como viejos estalinistas, como me ha ocurrido a mí- aunque en realidad no soy tan viejo, ni tampoco estalinista -, o de cabecillas de una conspiración comunista contra Italia, como describen a la colega Paciotti. 
Viéndole actuar a usted, señor Tajani, puedo comprender por qué la población de Roma no le eligió como alcalde. 
Me parece muy comprensible, sobre todo después de oír sus palabras. 
Cualquiera que cuestione la política italiana tan sólo con el asomo de una crítica es difamado en esta Asamblea. 
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento al colega Graham Watson, que ha presentado un buen informe equilibrado, a pesar de los permanentes intentos de bloqueo y la permanente política obstruccionista sobre todo de Forza Italia, que forma parte del Grupo del PPE, esperemos que no por mucho tiempo.. 
(Aplausos) 
Señoría, ha agotado usted su tiempo de uso de la palabra. 
Tiene la palabra el Sr. Tajani, por una cuestión relativa al Reglamento. 
¿A qué artículo del Reglamento se refiere su intervención, Señoría? 
Señor Presidente, es preciso hacer respetar el Reglamento de este Parlamento. 
Me parece que en este Pleno, en la tribuna reservada al público, se ha organizado una claque para apoyar al Sr. Schulz, aunque en este Parlamento, como en todos los Parlamentos, está prohibido que el público aplauda e intervenga para apoyar esta o aquella tesis. 
Le ruego pues, señor Presidente, que haga respetar el Reglamento del Parlamento y que haga, si fuese necesario, desalojar a los espectadores que son hinchas de un sector y que no vienen con la intención de seguir los trabajos del Parlamento, sino más bien para aplaudir a alguien en particular. 
Señor Tajani, tiene usted razón, pero yo le pregunto: ¿qué debe hacer el Presidente ante esta situación? 
¿Debo ordenar que los visitantes se retiren de la tribuna? 
¿Debo ordenar que les aten las manos a la espalda? 
Lo hecho, hecho está y yo no puedo modificarlo. 
Tiene usted razón, pero yo ya no puedo remediarlo. 
En la lucha por la seguridad contra el terrorismo hemos proclamado debidamente que defendemos los valores fundamentales; sin embargo, si comprometemos los derechos individuales en pro de la seguridad, sacrificaremos algo muy querido para nosotros. 
En los dos últimos años transcurridos desde Tampere el programa de cooperación en materia de justicia ha inclinado la balanza del lado de la de la seguridad, especialmente desde el 11 de Septiembre, con el paquete de medidas antiterroristas. 
Todo esto es necesario, pero es hora de reequilibrar el programa de trabajo. 
En la Cumbre de Laeken los Presidentes de Gobierno deben comprometerse a revisar completamente el grado de respeto en la práctica a los criterios que hemos suscrito en la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales. 
Es preciso que sea un programa que garantice la observancia de criterios mínimos para un proceso adecuado, la celebración de juicios justos en los procesos penales y una aproximación a los derechos de los acusados. 
Debemos proyectar estos criterios en nuestros acuerdos internacionales porque se están produciendo algunos desarrollos preocupantes. 
En el RU se han propuesto las decisiones ejecutivas de detención sin juicio y se intenta evitar en grado significativo la revisión judicial. 
En los Estados Unidos, el Presidente Bush ha firmado una orden que da luz verde a tribunales militares sin las salvaguardas fundamentales para un juicio justo previstas por el Derecho internacional. 
La UE no debe implicarse en ningún acuerdo de extradición con los EEUU por el que la gente pueda ser procesada en estos tribunales militares. 
Por último, el caso de 14 supervisores aéreos británicos y holandeses detenidos casi cinco semanas en Grecia sin juicio es muy preocupante. 
Se les negó la fianza, las pruebas se presentaron en secreto y no ha habido un registro transparente de las vistas judiciales. 
A lo sumo pueden ser culpables de una falta. 
Sería una desgracia que se acordara esta semana una orden de detención europea y esta situación quedara sin resolver. 
Me dirijo especialmente al Primer Ministro Blair para que retire su consentimiento si el viernes no han sido acusados o liberados. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías. Nuestra voluntad de establecer un espacio europeo de seguridad y justicia es común. 
Las últimas semanas e incluso los últimos días se han dado pasos importantes, y quiero felicitarle personalmente por la forma en que se ha esforzado y con la que también ha logrado un resultado, ya que los esfuerzos no siempre bastan, también hay que obtener resultados. 
Dicho esto, quiero señalar- y comparto su opinión, pero sé que hay otros que no lo hacen- que la seguridad no puede constituir una excusa para poner en peligro los derechos fundamentales. 
Cuando veo la impaciencia con que algunos manejan el concepto de terrorismo y quieren ampliarlo a todo tipo de asuntos que les desagrada, tanto en la política internacional como nacional, me quedo un poco preocupada. 
El Parlamento Europeo ha insistido acertadamente en una definición estricta y en sofocar la impaciencia de calificar a todos los disidentes de terroristas. 
Me alegra que el Consejo, como se desprende de sus palabras, siga al Parlamento en ello. 
También quisiera que eso se ratificara en todos los textos, ya que quien quiere modificar la Constitución de su país no es necesariamente un terrorista y tampoco un manifestante contra la mundialización y la injusticia en el mundo es necesariamente un terrorista. 
En la mayoría de los casos, en absoluto. 
Quien quiera comparar esto con el terrorismo, viola, en nuestra opinión, los derechos fundamentales. 
Debemos volver sobre la orden de detención europea, incluyendo las garantías que el Parlamento Europeo exige. 
Sin embargo, considero importante que haya podido realizarse y que nos haya podido trasladar hoy este mensaje. 
Señor Presidente, en una correspondencia todavía oculta a los diputados, a pesar de mis peticiones, el Sr. Bush propone al Sr. Prodi cuarenta exigencias intolerables. 
Intolerables, porque proceden de un gobierno que ha constituido tribunales militares y un dispositivo denominado "patriótico" que en la práctica retira todo derecho a la defensa, de un gobierno que, desde el 11 de septiembre, mantiene presos, sin abogados ni acusación, a casi un millar de inmigrantes, de un gobierno, por último, que todavía no ha abolido la pena de muerte. 
En nombre de la urgencia, pero en la confusión más total, el Consejo y la Comisión nos hacen tragar textos sobre el terrorismo, que sin cesar se ponen en entredicho, a menudo después, incluso, de haber sido votados. 
Creo que ya es hora de decir basta a esta mascarada y a esta caricatura de debate democrático. 
En nombre de la guerra antiterrorista, estamos librando una guerra contra las libertades democráticas y las conquistas sociales. 
Esta guerra no es la nuestra; la guerra que debemos llevar es la guerra contra la violencia de la miseria, del desempleo, del hambre en el mundo y de las dictaduras, y la guerra contra la corrupción, también los paraísos fiscales, para el Sr. Berlusconi. 
Señor Presidente, el informe Watson utiliza la creencia del momento a fin de acelerar la comunitarización de la UE. 
Una mejor coordinación entre los Estados miembros elimina en su mayor parte el problema descrito. 
Es incomprensible que el informe solamente se refiera a la Carta, una declaración política, mientras que se omite el CPDH, el tratado por excelencia de protección de los derechos de los ciudadanos. 
Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre en los EEUU, la posición de la UE respecto de los EEUU ha sido muy crítica, además, de solidaria. 
La nueva legislación antiterrorista es objeto de crítica. 
Alguna humildad en esto nos vendría bien. 
Entiéndanme bien, tampoco soy partidario de los juicios que van a emitir los tribunales militares sin que quepa posibilidad de recurso, y considero que los EEUU tienen que volver a reflexionar sobre esto, pero sí me pregunto cómo habríamos reaccionado nosotros si estos ataques hubieran tenido lugar en el territorio de la UE. 
El rechazo sin más de la entrega de los terroristas a los EEUU es una señal equivocada. 
Es más sensato que la UE concluya acuerdos claros con los EEUU sobre las condiciones de entrega. 
Señor Presidente, quisiera decir en primer lugar que comparto absolutamente la problemática que ha planteado el Comisario Vitorino sobre nuestra búsqueda de un espacio de justicia, libertad y seguridad, siendo plenamente conscientes de que no existe un espacio de seguridad sin justicia y no hay justicia sin policía. 
Tengamos la lucidez de saber que Europa, a fin de cuentas, es bastante privilegiada en este ámbito, pues gozamos de un grado de libertad pública bastante bien garantizado, aunque debemos permanecer muy atentos. 
Sabemos alternar las respuestas comunitarias- y espero que la orden de detención y la respuesta que aportemos sean dignos de nosotros- con una subsidiariedad bien entendida. 
Nos apoyamos en un zócalo de valores que han sido recordados y censados en la Carta de los Derechos Fundamentales, y en un zócalo de comportamientos que combinan la comprobación por los Estados del nivel de libertad pública y el recurso al Tribunal de Justicia, tanto el de las Comunidades Europeas como el de Estrasburgo. 
Por desgracia, Europa no es un oasis y el mundo es interactivo: el mundo gira a nuestro alrededor, por así decir, lo que justifica acciones exteriores en materia de justicia y de asuntos interiores. 
En primer lugar, están los países candidatos. No podríamos admitir diferencias entre los países candidatos. 
Naturalmente, será necesario que tengamos, a este respecto, un nivel igual y una comprensión igual de las libertades públicas. 
Están después los países próximos, los que pasarán a estar, diría, por capilaridad, cercanos a nosotros. 
Pienso en países como Rusia, Bielorrusia y Ucrania, con respecto a los cuales deberemos diseñar una acción. 
Vienen por último los países asociados, países fuente de inmigrantes y de solicitantes de asilo, con los cuales ha de entablarse un diálogo constante. 
De ahí la necesidad de la acción exterior. Hay dos tipos de acciones exteriores. 
En primer lugar, una acción de tipo mesiánico, es decir de exportación, de mundialización de la legalidad y del estado de Derecho tal como lo entendemos. Tenemos después una acción de protección de ese mundo exterior, porque naturalmente hay delitos y plagas que no conocen fronteras, un problema al que debemos aportar respuestas adecuadas, sin por supuesto renunciar nunca a nuestros valores, tal como los hemos censado y proclamado. 
A este respecto, quisiera hacerme el abogado del Parlamento Europeo, que debe ocupar el lugar que le corresponde, porque la tradición de los parlamentos quiere que sean los guardianes de las libertades públicas, y tenemos ese papel que desempeñar. Naturalmente, esto va más allá de la participación de nuestro Parlamento en la estrategia y en la aplicación de las acciones exteriores en materia de Justicia y de Asuntos Interiores. 
Están también los medios de que disponemos. Con relación a esto, quisiera, en los segundos que me quedan y bajo la autoridad del Presidente de nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, Sr. Watson, abogar por que esta comisión cuente con medios adicionales en personal. 
Hemos conseguido, después de múltiples luchas, entre las que se encuentra una decisión adoptada en esta Asamblea por la totalidad de los diputados, que se asigne una persona más a la comisión, pero ésta se encuentra de hecho en la DG IV y la Comisión de Asuntos Exteriores tiene nueve personas asignadas a los derechos humanos. 
Considero que es irresponsable, cuando un Parlamento quiere dar a su Comisión de Libertades Públicas los medios de desempeñar su trabajo, no dotarle de recursos de personal para ayudar a los diputados que se encargan de los informes en dicha comisión. 
Señor Presidente, la orden de detención europea se ha salvado por los pelos. 
Se ha logrado en vísperas de Laken ¿Cuán satisfechos debemos estar ahora? 
El establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia afecta al núcleo central de la relación entre la Administración y el ciudadano. 
Se trata del ejercicio de la fuerza legítima frente al mantenimiento de los derechos fundamentales esenciales del ciudadano. 
Estas tensiones han dado lugar a revoluciones en Europa en el pasado y se han mantenido amplios debates constitucionales. 
Sin embargo, ahora se establece una legislación en este ámbito en el tercer pilar de la Unión Europea mediante decisiones marco fraguadas por el Consejo con los medios de la diplomacia secreta, mientras que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo se quedan mirando. 
En lo que a esto se refiere, hemos vuelto al siglo XIX. 
Nuestros deseos respecto de la reforma de la toma de decisiones europea y para la superación del llamado abismo democrático son conocidos. 
Sin embargo, exigen una modificación del Tratado y disposición política suficiente para ello, pero no podemos esperar tanto tiempo. 
La situación en relación con la orden de detención europea muestra que se ha traspasado una frontera crítica. 
Nuestras propias creencias en tanto representantes del pueblo están en juego y, por ello, hay que aumentar a corto plazo la legitimidad democrática dentro del Tratado actual. 
Una posibilidad para ello es la propuesta adoptada recientemente por la Cámara Alta neerlandesa. Requiere la introducción de una fase de transparencia activa en la toma de decisiones del Consejo. 
Los proyectos de decisiones marco serían definitivamente concluidos tras un periodo mínimo de seis semanas en el que ciudadanos y organizaciones de los Estados miembros tendrían la oportunidad de formarse una opinión. 
Así mismo, el papel de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo adquiriría de esta manera mayor significado. 
Al menos, se evitaría que votáramos textos obsoletos, tal como ha sucedido en noviembre, o que solamente podamos asentir a posteriori, tal como, tal vez, tendremos que hacer esta semana. 
Propongo que establezcamos esa reforma modesta de la toma de decisiones en un nuevo acuerdo interinstitucional y quien piense que esto es pedir demasiado, debe decirlo. 
Señor Presidente, es obvio que hay que combatir el terrorismo, pero muchas de las medidas que se están aplicando con gran celeridad amenazan con desvirtuar el estado de Derecho, que la lucha contra el terrorismo debería fortalecer. 
En Suecia, por ejemplo, se han congelado las cuentas de algunos ciudadanos suecos de origen somalí, solamente porque están mencionados en una lista norteamericana. 
Estas personas no tienen ni una sola posibilidad de protegerse ni de apelar. 
Anteayer un sueco fue expulsado de Bélgica por fijar anuncios para una de las manifestaciones legales que tendrán lugar en relación con la Cumbre de Laeken. 
Con estos antecedentes cabe preguntarse: ¿Hasta dónde se puede llegar antes de que en la UE desaparezcan tanto el imperio de la ley como la libre circulación? 
¿Es realmente sólo el terrorismo el que se ve afectado por todas esas rápidas medidas o en la práctica, y a pesar de todas las promesas, se está transformando en una batalla de las autoridades y del sistema contra los inmigrantes de los países musulmanes y contra los movimientos de protesta- normales y legales- que se oponen a la sociedad neoliberal? 
Sería muy conveniente que la Comisión y el Consejo pudiesen demostrar que esto no es así. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, mientras la Sra. Hazan propone en su informe la elevación de los métodos de fortificación de la UE a la categoría de producto estrella de exportación mundial, en el informe Watson se expresa la preocupación por la seguridad de los jefes de Estado y de Gobierno durante su reunión, en el marco de la democracia realmente existente. 
Algunas personas ya tuvieron noticia del concepto de seguridad que prevalecerá en Laeken a través de una carta previa a la Cumbre que ahora se va a celebrar. 
La policía de Göttingen les advertía en ella contra la participación en actos de protesta y amenazaba con responder mediante acciones preventivas en caso de que no se atendiese esta recomendación. 
El asesinado Carlo Giugliani seguramente no recibió una de estas cartas, ni tampoco las personas que fueron apaleadas y tiroteadas en la Escuela Diaz o en las calles de Gotemburgo. 
Ahora el programa marco les declara retroactivamente terroristas porque se manifestaron contra la UE y el G8 y se defendieron frente a la violencia de la policía. 
Antes de acabar, sólo quiero añadir que los que mandan imponen su derecho a la seguridad, definido en el marco del espacio de seguridad, libertad y justicia, a expensas de la negación de la libertad de los y las manifestantes, y por lo tanto, éstos no serán los únicos que tendrán escasos motivos de regocijo en Laeken. 
Señor Presidente, ayer en Roma se alcanzó el acuerdo sobre la orden de detención europea; también Italia firmará. 
Ciertamente se trata de un hecho positivo, aunque no es sino el comienzo de un largo camino para tratar de crear finalmente un verdadero espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
La nueva Constitución europea deberá conducir a la armonización del Derecho e del procedimiento penal en nuestra Unión. 
Los Estados miembros deberán trabajar para que los delitos y las penas no sean diferentes de un lugar a otro. 
En resumidas cuentas, tendremos que dedicar todos nuestros esfuerzos a un proceso justo, o sea, a tener un tercer juez, a conseguir que las pruebas se practiquen en la vista, a lograr que los jueces que acusan sean distintos de los jueces que juzgan. 
Éste no es un chantaje, señor Watson, no es un capricho italiano, como se ha dicho en este Parlamento; es la voluntad de este Parlamento que en 1997 aprobó el informe Roth que invitaba a los Estados miembros a acometer una verdadera reforma de la justicia en pro de un proceso justo. 
He aquí el motivo por el cual muchas de las criticas dirigidas desde la izquierda al Gobierno italiano en este Parlamento carecen de fundamento y son fruto de la propaganda de un puñado de jueces talibanes. 
Por otra parte, la prensa extranjera en Italia lo ha reconocido. Cito a este propósito las palabras de un prestigioso periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hans Jürgen Fischer, que ha dicho textualmente: "Todas estas críticas contra el Gobierno Berlusconi me han parecido verdaderamente desproporcionadas". 
En consecuencia, tenemos la obligación de rechazar todos los ataques dirigidos contra el Gobierno italiano por los diputados de la izquierda, que no conocen la realidad italiana y que, empezando por el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Barón Crespo, han lanzado ataques absolutamente infundados contra el Gobierno italiano y contra Italia. Repito, son ataques que nosotros rechazamos de plano porque se trata de propaganda. 
En definitiva, se ha hecho mucho ruido para nada sin que este Parlamento haya obtenido resultados. 
Por el contrario, los resultados se han obtenido gracias a la acción del Gobierno italiano que ayer cerró el acuerdo con el Presidente Verhofstadt. 
Señor Presidente, después de la intervención del colega que me ha precedido, yo me alegro de disponer de un minuto menos de tiempo y considero que es lo mínimo que puedo ofrecer: un minuto contra Berlusconi. 
Después de una intervención como la que acabamos de escuchar, yo me alegro de que el señor Schulz dispusiera de un minuto de mi tiempo y pudiera prolongar su intervención. 
No obstante, ahora quisiera abordar otra temática, que me parece imprescindible tratar. 
Me parece muy importante señalar que hace dieciséis meses que venimos enfrentándonos con una problemática a escala comunitaria que todavía no hemos sido capaces de resolver. 
Después del suceso de Dover, que nos dejó horrorizados, ahora se han vuelto a descubrir en Irlanda trece personas ocultas en un camión, ocho de ellas muertas y entre éstas dos niños. 
Yo quiero pedirle al Consejo, señor Ministro, y a la Comisión, al señor Vitorino, que consideren la conveniencia de volver a examinar meticulosamente cómo estamos cumpliendo nuestras tareas en este ámbito, a fin de que podamos aplicar las medidas que son urgentemente necesarias si no queremos encontrar más refugiados muertos. 
Señor Presidente, hace ya más de dos años, a iniciativa del Gobierno de José María Aznar, se abrió en Tampere una nueva etapa de la construcción europea: hacer viable política y jurídicamente un nuevo espacio común europeo, que hiciera compatible la libertad y la seguridad de los ciudadanos- y éste es el gran debate político -, y el acceso y funcionamiento eficaz de la justicia en ese espacio. 
Los acontecimientos que han ocurrido en estos dos años, como las trágicas muertes en el Estrecho de Gibraltar y en las costas andaluzas de ciudadanos marroquíes y subsaharianos, las muertes de inmigrantes en Dover o los recientes sucesos de Irlanda, el repugnante tráfico y corrupción de menores y la prostitución, unido a los terribles asesinatos de ETA y a la tragedia del 11 de septiembre, han convulsionado el debate y han acelerado las medidas para hacer frente a tan peligroso y preocupante panorama. 
De luces y sombras se puede calificar, Señorías, el balance de los trabajos que el Consejo, la Comisión y el Parlamento hemos desarrollado en este ámbito. 
Entre las luces, habría que destacar la lucha contra el terrorismo, donde es justo también destacar el importante papel que han desempeñado en esta batalla nuestra Presidenta, Nicole Fontaine, y el Comisario Vitorino; la euroorden y la definición del terrorismo son el colofón de una dura batalla contra el terrorismo que se inició en esta Asamblea, antes del 11 de septiembre. 
Destacaría también, por otra parte, el acierto que ha supuesto separar por primera vez los debates sobre la inmigración económica y el asilo, lo que nos ha ayudado a clarificar ideas, debates, e incluso planteamientos. 
Pero, desde mi punto de vista, existe un largo camino por recorrer todavía. 
Hay demasiadas sombras y, entre ellas, la más preocupante me parece el desorden en el que nos vemos envueltos por la precipitación y la falta de acuerdo en el Consejo en materias como la reagrupación familiar de los inmigrantes, las normas mínimas sobre el procedimiento de asilo, o las condiciones de acogida- por poner unos ejemplos -, donde nuestro trabajo resulta a veces inoperante por tener que tejer y destejer lo que hace el Consejo, lo que demuestra que el método de trabajo hace aguas y debe ser revisado. 
Señor Presidente, señor Comisario, el último Consejo de Justicia ha demostrado que el sistema de toma de decisiones por unanimidad en cuestiones de Justicia y Asuntos Interiores ha completado su ciclo. 
Si el gobierno Berlusconi ha sido capaz, aunque haya sido por poco tiempo, de bloquear la toma de la decisión sobre la euroorden, ¿podemos imaginarnos qué va a suceder cuando la Unión de los Quince sea la Unión de los Treinta si seguimos insistiendo en el método intergubernamental de toma de decisiones y no en el método comunitario? 
Quiero expresar con esta oportunidad mi enhorabuena a la Presidencia belga por la batalla que ganó ayer en Roma. 
Es evidente que el Consejo no está dispuesto a avanzar en reformas esenciales de acuerdo con los compromisos adquiridos en Tampere, a pesar de los esfuerzos infatigables del Sr. Comisario Vittorino y de la voluntad política de la que el Parlamento Europeo ha hecho gala. 
El único tema sobre el que el Consejo ha mostrado un interés y análisis especial es la lucha contra el terrorismo, bajo la presión y las propuestas de Estados Unidos, que mucho me temo que lo que están intentando es exportar e imponer su sistema jurídico en Europa, un sistema que está en conflicto con las tradiciones y valores europeos. 
¿Cómo vamos a extraditar a Estados Unidos a ciudadanos europeos si los Estados Unidos no están en posición de garantizar la no imposición de la pena capital? 
Señor Comisario, me temo que la coalición con los Estados Unidos se está haciendo cada vez más peligrosa para la Unión Europea. 
Fomentar regulaciones estrictas en un marco que ya es estricto ha provocado, con razón, la inquietud de los ciudadanos y el temor de que queden limitadas las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos, conquistados tras muchos sacrificios y luchas. 
Evidentemente el fin no justifica los medios. 
Además, a mediados del periodo de cinco años que determina el Tratado de Ámsterdam para la creación del espacio europeo de justicia, libertad y seguridad, hay retrasos importantes como en la formación de una política común en materia de inmigración y asilo. 
Finalmente me pregunto dónde están la sensibilidad europea y nuestros valores humanitarios, viendo que no somos capaces de solucionar el drama de los refugiados y de los inmigrantes y al comprobar que día a día somos testigos de tragedias, como la última en la que murieron asfixiados ocho inmigrantes en Irlanda del sur. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, han transcurrido apenas dos años desde el Consejo de Tampere y la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Es importante señalar que se han logrado avances enormes, pero que, por otro lado, aún existen muchos obstáculos que superar. 
La Unión se enorgullece, y con razón, de su defensa permanente del respeto de los derechos humanos en el mundo y dentro del espacio comunitario. 
La Carta de los Derechos Fundamentales recientemente proclamada ha fortalecido ese compromiso nuestro y el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sólo tiene sentido con los tres componentes, sin que ninguno de ellos perjudique a los restantes. 
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre y la mayor atención dedicada a las medidas relativas a la seguridad no pueden desvirtuar el planteamiento fundamental. 
Si bien es necesario dar respuesta a las esperanzas de los ciudadanos en materia de lucha contra el terrorismo, hay que tener un cuidado especial para no caer en excesos y exageraciones, es decir, supeditarlo todo a la seguridad. 
En el último Consejo de Justicia y Asuntos Interiores se reafirmó una vez más el compromiso de los Estados miembros en la construcción de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Es fundamental que dentro de ese espacio los ciudadanos puedan disfrutar el derecho a expresarse, manifestarse y reunirse libremente y de forma pacífica, siempre que lo hagan de forma que no constituya una amenaza, ya sea a su propia seguridad o a la seguridad de los demás ciudadanos y sus bienes. 
Tampoco a este respecto debemos caer en exageraciones. 
Ningún individuo o grupo de personas que deseen participar en manifestaciones legítimas deberán ser bloqueados en las fronteras, es decir, que no se les puede negar el derecho de paso por las fronteras, es decir, que no se les puede negar su derecho a la libre circulación, derecho fundamental que el Tratado confiere a todos los ciudadanos de la Unión. 
Es que la seguridad es sólo un instrumento para garantizar la libertad. 
La seguridad pierde sentido cuando menoscaba la libertad. 
Seguridad sin libertad es tiranía. 
En época navideña, hago votos por la continuación de la excelente labor del Comisario António Vitorino. 
Señor Presidente, como éste es un debate que trata varios asuntos, en primer lugar quisiera decir que suscribo todas y cada una de las palabras del Sr. Watson en relación a su informe. 
Me parece que hoy el Parlamento va a hacer una buena contribución para enfrentarse a una situación de violencia en las calles de Europa que nos preocupa a todos. 
Sobre los avances realizados en el espacio de justicia, libertad y seguridad quiero, en primer lugar, felicitar a la Comisión por los logros realizados ayer, especialmente en relación a la orden de detención, y al Consejo por algo muy especial: quisiera felicitarle por la sinceridad del informe de la Presidencia belga en relación a los progresos realizados. 
Igual que hace el Consejo en este informe, quiero expresar mi preocupación por la falta de avances en materia de política común de asilo pero, sobre todo, en materia de política común de inmigración. 
No sólo no hay una política europea sino que hemos visto en los últimos tiempos a no pocos gobiernos desarrollar nuevas políticas nacionales y, lo que es el colmo en algunos casos, justificar estas decisiones apelando a Europa. 
Espero que en Laeken se pueda avanzar por lo menos un poco y adquirir un nuevo compromiso en el sentido definido por la Comisión en sus dos comunicaciones sobre asilo y sobre inmigración. 
Creo, en cambio, que es muy importante el acuerdo alcanzado sobre el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales, la llamada euroorden. 
Me parece un paso de gigante, por supuesto, en la lucha contra el terrorismo, pero también en la lucha contra el blanqueo de dinero, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el tráfico de seres humanos- entre ellos el de mujeres para su explotación sexual- y en la lucha contra la criminalidad organizada. 
Me parece que es importante, pero me parece también que debe hacernos reflexionar y eso es lo que quisiera, en tercer lugar, pedir al Consejo: considero que en Laeken deberían ver ustedes no sólo los avances realizados en la agenda sino cómo se ha hecho y cuáles son los problemas que se han de abordar. 
Me parece que la unanimidad y la falta de poder real de este Parlamento no ayudan. 
Estamos en un mundo de paradojas. 
Decíamos hace unos días, entre comillas, que Bin Laden había dado un empujón a las medidas de lucha contra el terrorismo que la Comisión tenía previstas y que el Parlamento había pedido ya hace tiempo. 
Paradójicamente, también ha sido el espectáculo ofrecido por el Gobierno del Sr. Berlusconi el que ha llevado a la primera página de los periódicos el debate sobre la euroorden. 
Yo, sinceramente, hubiese preferido que este debate se hubiese generado en sede parlamentaria, que hubiese sido un debate ciudadano y que ustedes pudiesen haberlo recogido. 
Quisiera decirle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que me alegra que usted aprecie la lealtad institucional de este Parlamento. 
Quisiera sólo que ustedes pudiesen, a la recíproca, tener un poco más de lealtad institucional en el análisis de nuestros textos, en la inclusión de algunas de nuestras ideas positivas en sus documentos y creo que esto ayudaría a acabar de cerrar el círculo positivo del trabajo Comisión/Parlamento/Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, seré relativamente breve. 
Tengo solamente cuatro reflexiones: una respecto al pasado; una sobre ayer, es una forma de hablar; una sobre mañana, aunque me refiero a pasado mañana; y una sobre el futuro. 
Permítanme empezar por el pasado. 
Creo que la idea de crear un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia surgió hace ahora unos 25 años. 
Considero que hemos dado algunos pasos esenciales en la buena dirección aunque no debemos cantar victoria, ya que no hemos logrado todos los resultados que queríamos alcanzar. 
Para ello, señor Presidente, y quiero decirlo aquí en el Parlamento Europeo, no hemos tenido que organizar una caza de brujas y emplear prácticas de la Gestapo. 
Al contrario, quien ha leído el informe Watson, quien ha leído los dictámenes del Parlamento Europeo y quien conoce la postura de los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores y de la Comisión, sabe que no aplicamos tales métodos. 
Ayer, y ahora vuelvo a pensar en Tampere en 1999, cuando tomamos la decisión de adoptar una serie de recomendaciones dirigidas a los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores, tuve que constatar que desde entonces hemos empleado acertadamente los tres caminos que diseñamos allí para llegar a este espacio, a saber, el de la armonización, el de la cooperación mutua y el de la creación de actores. 
Mañana, y con ello quiero decir pasado mañana, espero que se dé un nuevo impulso en la Cumbre de Laken a las decisiones de Amsterdam y a las recomendaciones de Tampere que todavía no se han ejecutado. 
Lo digo aquí tanto más convencido, ya que, en mi opinión, hay dos ámbitos que merecen toda la atención: la lucha contra la trata de personas y la lucha contra la explotación sexual y económica de los menores. 
He oído decir a menudo que hay que efectuar una elección entre libertad y seguridad, pero no creo que sea necesario. 
La justicia y la seguridad son dos instrumentos esenciales para garantizar la libertad. 
Una observación acertada que escucho con frecuencia y ante la cual no podemos permanecer sordos y ciegos, es que nos tenemos que cuestionar la toma de decisiones institucional, y más concretamente, si la unanimidad puede mantenerse o no en el tercer pilar. 
Éstas son algunas reflexiones que quería presentar al final de este debate con el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quisiera decir al Sr. Tajani, que ha acusado a mi Grupo de criticar y de atacar a su Gobierno y a Italia, que sólo la primera parte de lo que ha dicho es verdad y que confundir las criticas al Gobierno con las criticas al país, a la nación y a su pueblo es el principio de un camino muy peligroso que en Europa todos conocemos muy bien. 
(Aplausos de la izquierda) 
He recibido dos propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre los informes tendrá lugar a las 11.30 horas. 
La votación sobre las propuestas de resolución tendrá lugar mañana a las 10 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.20 horas, se reanuda a las 11.30 horas) 
Señor Presidente, intervengo para denunciar el inaceptable comportamiento del Sr. Schmid, Presidente de turno esta mañana, que durante el debate ha permitido a algunos diputados de la izquierda lanzar verdaderos ataques personales contra los colegas del centro derecha italiano y en particular contra el Presidente del Consejo italiano, Silvio Berlusconi, involucrando incluso a la Presidenta Fontaine acusándola de algún modo de haber obstaculizado de manera evidentemente impropia la petición de revocar la inmunidad parlamentaria al Sr. Berlusconi. 
Considero, consideramos inaceptable que diputados de otros países ataquen la soberanía del Gobierno italiano y las elecciones democráticas de su pueblo. 
Si no se pone fin a esta triste costumbre y a esta continua pérdida de estilo, a partir del próximo período parcial de sesiones, nos comprometemos a señalar a la atención de este Parlamento todos los ejemplos, públicos y privados, de líderes de los partidos europeos que, a nuestro juicio, dañan la imagen de Europa. 
Señor Presidente, me refiero a la observancia del artículo 116 del Reglamento. 
Esta mañana durante el debate sobre el informe Watson- un debate especialmente acalorado -, mientras intervenía el Sr. Schulz que acababa de atacar al Presidente del Consejo italiano, a la Presidenta del Parlamento y a algunos diputados italianos, se produjo una intervención del público que aplaudía fragorosamente las declaraciones del Sr. Schulz. 
Me dirigí al Presidente de turno- sin polemizar con el Schulz, naturalmente- invitándole a que mandara callar al público presente en el Pleno. 
Recuerdo que el artículo 116 del Reglamento dice: " El público de las tribunas permanecerá sentado y guardará silencio. 
Toda persona que manifieste aprobación o desaprobación será expulsada inmediatamente por los ujieres ". 
Tras haberme dirigido al Vicepresidente Schmid, su respuesta fue la siguiente: "Usted tiene razón, pero no puedo atar las manos a los que están en el Pleno". 
Creo que el Vicepresidente no ha respetado el Reglamento. 
Creo que el Reglamento se ha de respetar por encima de todo: esto vale para la izquierda, para el centro y para la derecha, vale para todos porque es la regla que rige la convivencia civilizada en este Pleno. 
Éste es el Parlamento y no el estadio de Estrasburgo. 
Señor Presidente, el lunes por la tarde pedí a la Sra. Fontaine que pusiera a disposición de todos los diputados el intercambio de cartas entre el Sr. Bush y el Sr. Prodi. 
La Sra. Fontaine me respondió que así se haría. 
Al día siguiente, en la reunión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, el representante de la Comisión se sorprendió de que los diputados no tuvieran conocimiento de la carta del Sr. Prodi en respuesta al Sr. Bush. 
Las cartas todavía no se han hecho públicas. 
Esta mañana, en sesión plenaria, el Comisario Vitorino reconoció que este intercambio de cartas no era privado y que el Sr. Prodi había respondido en nombre del conjunto del Parlamento. 
Antes de la importantísima votación que va a tener lugar dentro de un momento sobre las relaciones entre Europa y los Estados Unidos, pido encarecidamente que se dé a conocer a todos los diputados el intercambio de cartas entre el Sr. Bush y el Sr. Prodi. 
Señor Krivine, los servicios me informan de que la Presidenta no ha recibido copia de esas cartas. 
En el caso de que la reciba en el día de hoy, se distribuirá una copia a todas sus Señorías. 
Señor Presidente, sintiéndolo mucho, ante estas nuevas alusiones personales, me veo en la necesidad de hacer una aclaración, y no voy a referirme a las manifestaciones de la Sra. Angelilli, sino a lo que acaba de expresar el Sr. Tajani. 
El Sr. Tajani tiene razón, el Reglamento establece que no está permitido aplaudir desde las tribunas. 
Sin embargo, tal vez sea conveniente volver a recordar la situación. 
Yo comenté a continuación, que viéndole actuar aquí ahora puedo comprender mejor su proceder y también por qué los ciudadanos de Roma no le eligieron como alcalde. 
A continuación sonaron vivos aplausos desde la tribuna. 
"Vox populi, vox dei". 
Aunque el Reglamento no lo prevea. 
(Vivos aplausos) 
Señor Schulz, permítame comentar que la referencia a esta locución no es del todo acertada en esta sede, ya que si vox populi fuera la voz de la tribuna no haría falta que debatiéramos ni que habláramos ni que votáramos. 
Señor Presidente, yo sólo quisiera dejar claras dos cosas. 
La primera es que mientras presidía la sesión, escuché los aplausos, pero no advertí que procedieran de la tribuna. 
En segundo lugar, cuando su Señoría pidió la palabra, le di la razón y a continuación señalé que no podía remediar retroactivamente la actuación de la tribuna, pero dejando claro a la vez a la vez que los aplausos no están permitidos. 
Y esto es lo procedente de conformidad con el Reglamento. 
Se procede al turno de votaciones. 
Votaciones 
Debido a intereses financieros, me abstendré de votar este informe y los cuatro siguientes. 
Señor Presidente, aunque no esté previsto stricto sensu en el artículo 9, quisiera declarar mi interés por lo que se refiere a los cuatro informes del paquete "telecomunicaciones". 
.- (EN) Señor Presidente, la Comisión ha comunicado su opinión sobre las enmiendas a la Dirección de la Sesión Plenaria que son ampliamente conocidas por el Parlamento. 
Además, quiero responder a la pregunta del ponente. 
Si esta directiva se adopta como se propone, la Comisión publicará los estándares relevantes para las plataformas domésticas multimedia MHP en la lista de estándares publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas bajo el Artículo 16 de la directiva marco. 
De acuerdo con esta directiva, los Estados miembros deben impulsar la implementación de los estándares incluidos en la lista. 
Un año después de la fecha de aplicación de estas directivas, la Comisión examinará si la interoperabilidad y la libertad de elección de los usuarios se ha conseguido en los Estados miembros. 
En caso contrario, la Comisión puede proponer que la aplicación de los estándares europeos relevantes sea obligatoria. 
La directiva requiere que la Comisión lleve a cabo un consulta pública sobre esta propuesta. 
Tras la consulta pública, la propuesta será sometida a un procedimiento del comité regulador que requiere el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros antes de ser adoptado como decisión formal de la Comisión. 
Señorías, deseo recordarles que hay relación entre las enmiendas que pueden ser aprobadas o rechazadas y las que pueden decaer, así como entre el informe Paasilinna y los demás informes de todo el paquete "telecomunicaciones", por lo que deberíamos poner especial cuidado. 
Señor Presidente, yo le agradezco mucho al ponente Paasilinna que haya formulado esa pregunta a la Comisión, ya que esto ha permitido aclarar un poco algunas cosas. 
También le agradezco al Comisario Liikanen la declaración pública de su posición. 
No obstante, yo quisiera añadir que hemos elaborado estos informes- varios en total y todo el paquete en las últimas semanas- bajo una enorme presión y se han producido muchos malentendidos porque no siempre hemos podido mantenernos informados a tiempo sobre las modificaciones aprobadas. 
Yo quisiera señalar que, debido a estos malentendidos, los Verdes deseaban suscribir en mi nombre el contenido de las enmiendas de compromiso, pero yo no he firmado nada en nombre de los Verdes. 
Sin embargo, ahora que vuelvo a estar presente, y dadas las presiones de tiempo, estoy de acuerdo con lo que se ha hecho y no voy a retirar ninguna propuesta. 
Yo sólo he firmado, en concreto, dos enmiendas, pero no el resto. 
Al parecer, dada la coincidencia de mis manifestaciones con su contenido, se ha interpretado que era así. 
No lo digo como un reproche contra nadie en particular, sino como una realidad que quisiera señalar, uno más de los hechos que suceden cuando trabajamos bajo tales presiones de tiempo porque queremos presentar por fin este documento a la opinión pública antes de que se acabe el año. 
No quisiera tener que volver a trabajar de nuevo en estas condiciones sobre un problema tan espinoso. 
¡Me parece francamente inaceptable! 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) (La sesión, suspendida a las 12.00 horas, se reanuda a las 12.45 horas) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0434/2001) de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común del Consejo (10418/1/2001- C5-0416/2001- 2000/0186 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva "acceso") (Ponente: Sr. Brunetta) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0433/2001) de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición del Consejo (10419/1/2001- C5-0417/2001- 2000/0188 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva "autorizaciones") (Ponente: Sra. Niebler) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0438/2001) de la Comisión de Asuntos Jurídicos Y Mercado Interior, respecto de la posición común del Consejo (10421/1/2001- C5-0418/2001- 2000/0183 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Ponente: Sr. Harbour) 
Señor Presidente, entiendo la necesidad de mantener la integridad del paquete de medidas para las telecomunicaciones, pero he sabido que se han introducido algunos cambios finales en la declaración que ha emitido la Comisión sobre artículos "obligatorios". 
Querría saber si este texto refleja verdaderamente las opiniones del Parlamento, en particular las enmiendas de la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interno, y si la Comisión sería tan amable de leer en voz alta ese texto para que podamos ver qué hemos acordado votar. 
Señor Presidente, ya que me ha dado Usted la palabra primero, como ponente, me gustaría responder a la cuestión que ha planteado el Sr. McCarthy. 
¿Podría solicitar formalmente una votación separada sobre las enmiendas nº 2, 11, 23 y 24? 
Me lo han pedido como una formalidad, aunque está incluido en las listas de votación de los colegas. 
Podría también decir a los colegas que esto forma parte del paquete de compromiso que hemos discutido. 
Colegas, me gustaría aclarar en su lista de votaciones que la primera parte de la enmienda 15 forma parte del texto de compromiso y les recomiendo que voten contra la segunda parte. 
Mi enmienda 36 forma parte del texto de compromiso y con el propósito de aclaración a los colegas de la Comisión de Asuntos Legales, ésta es la enmienda que ustedes votaron en comisión y sólo añadieron la palabra "televisión" delante de "interactiva digital". 
Esto fue un compromiso. 
Estoy de acuerdo con el Consejo en clarificar los términos; no se han introducido más cambios. 
Me gustaría también dejar totalmente claro que la enmienda 11 es también un texto de compromiso y aparece al final de su lista de votaciones. 
Me referiré ahora a las cuestiones rápidamente planteadas por mi ponente alternativo, el Sr. McCarthy, sobre el asunto de las obligaciones "que deben cumplirse". 
Es este un asunto que preocupa a muchos colegas y refleja el Artículo 13 de la propuesta. 
Les recomiendo que voten en contra de las enmiendas de la comisión como parte del compromiso, pero me gustaría pedirle, Señor Presidente, que le dé la palabra al Sr. Likanen. 
Él ha preparado un texto que aclara las disposiciones de acceso de los canales y emisoras del servicio público en todo el paquete sobre la comunicación electrónica. Esa disposición de acceso constituye una preocupación importante de los colegas. 
Por lo tanto, ¿sería u de sted tan amable de dar la palabra al Sr. Likanen? 
Señor Harbour, si le hubiese visto antes que a la Sra. McCarthy, le habría dado la palabra a usted antes que a ella. 
No sabía que le tocaba antes a usted. 
. (EN) A luz de la preocupación del Parlamento sobre la ampliación de las obligaciones "que deben cumplirse" para el acceso condicional y otros servicios relacionados, la Comisión desea hacer la siguiente aclaración. 
Primero, la disposición del artículo 6 de la directiva de acceso e interconexión garantiza a todos los emisores un acceso al sistema de acceso condicional en términos justos, razonables y no discriminatorios. 
Bajo el Artículo 5 (1) (b) de la directiva de acceso e interconexión, los Estados miembros pueden imponer obligaciones para proporcionar ese acceso en términos justos, razonables y no discriminatorios, a otros servicios relacionados, en particular a los interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y a las guías de programación electrónica (EPGs). 
Segundo, la Comisión supervisará la aplicación de estas disposiciones en el nivel de los Estados miembros, incluidas las obligaciones "que se deben cumplir", teniendo en cuenta los problemas que pudieran tener el servicio público u otras emisoras específicas para obtener el acceso al satélite y a otras redes de transmisión. 
Se podría considerar la posibilidad de criterios que guíen la acción de los Estados miembros. 
Tercero, el libre movimiento de los servicios de emisoras de televisión en la Unión lo regula la directiva de "televisión sin fronteras". 
En su próxima revisión de esta directiva, la Comisión valorará inter alia el impacto de los desarrollos tecnológicos y de mercado de la producción y distribución de las redes audiovisuales europeas. 
En conclusión, he tomado nota de la importancia que otorga el Parlamento Europeo a la promoción de la Europa multicultural y multilingüe también en este contexto. 
Señor Presidente, si he entendido bien al Comisario, él ha afirmado que "podría" considerarse la posibilidad de criterios que guíen la acción. 
¿He entendido bien? 
Es preciso que la Asamblea sepa con seguridad si, de hecho, se considerarán. 
Señor Perry, ya que el Comisario Liikanen ha hablado en su lengua, pienso que ha quedado bastante claro. 
¿Acaso el Comisario quiere repetir este punto? 
(Can also be translated: can be and will be considered) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0432/2001) de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común del Consejo (12170/1/2001- C5-0490/2001- 2000/0187 (COD) ) con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión "espectro radioeléctrico") (Ponente: Sra. Niebler) 
Señor Presidente, antes de proceder a la votación, yo quisiera dirigir una pregunta a la Comisión. 
En la propuesta de decisión originaria de la Comisión se preveía la creación de un grupo de alto nivel sobre cuestiones relativas a la política del espectro radioeléctrico, encargado de ofrecer asesoramiento permanente en relación con dichos temas. 
Se preveía la presencia del Parlamento Europeo en sus deliberaciones. 
Por razones jurídicas e institucionales, no es posible incluir la creación de dicho grupo en la decisión sobre el espectro radioeléctrico. 
Yo quiero preguntar, no obstante, a la Comisión si mantiene su intención originaria y se proponer establecer un grupo de esas características por medio de una decisión de la Comisión, o sea, de manera voluntaria. 
Y, en caso afirmativo, ¿se contemplará la participación del Parlamento en los trabajos de dicho grupo? 
. (EN) Señor Presidente, puedo confirmar que la Comisión intenta crear, de acuerdo con una decisión de la Comisión, un grupo de alto nivel para analizar en un plano político la política de la Comunidad sobre el espectro radiofónico. 
El grupo estará formado por representantes de los Estados miembros y será presidido por la Comisión. 
Como ya hemos señalado ya, el Parlamento Europeo tendrá una posición de observador en este grupo. 
La Sra. Niebler se refirió a esta posibilidad en la exposición de motivos del segundo informe. 
Por supuesto, la Comisión mantendrá regularmente informado al Parlamento de los procedimientos de la comisión sobre el espectro mediante los acuerdos y la comitología interinstitucional normal. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0420/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo (10222/1/2001- C5-0390/2001- 2000/0119 (COD) ) con vistas a la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006) (Informe: Sr. Trakatellis) 
Me dirijo nuevamente a la Comisión para conocer su opinión sobre las enmiendas. 
. (EN) Señor Presidente, como ha indicado mi colega el Sr. Byrne, ayer por tarde la Comisión acogió de buen grado el trabajo que han realizado el ponente y la Comisión de Medio Ambiente sobre este importante informe. 
Por lo que se refiere a las enmiendas, la Comisión puede aceptar un total de 28 enmiendas. Son las enmiendas 2 al 5, 8, 11, 12, 14 a 17, 19 a 22, 24, 33, 37 a 40, 45, 47 a 49, 51, 53 y 60. 
La Comisión acepta en parte diez enmiendas. Estas son las enmiendas 1, 18, 26, 29, 31, 32, 54, 55, 56, y 58. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0408/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (10593/1/2001- C5-0413/2001- 1999/0259 (COD) ) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias indeseable en la alimentación animal (Ponente: Sra. Paulsen) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0406/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo (7598/1/2001- C5-0386/2001- 2000/0136 (COD) ) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la reducción del nivel de emisiones contaminantes de los vehículos de motor de dos o tres ruedas, y por la que se modifica la Directiva 97/24/CE (Ponente: Sr. Lange) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0431/2001) de la Comisión de Presupuestos, sobre la posición común del Consejo (8793/1/2001- C5-0385/2001- 2000/0241 (COD) ) con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento del Consejo (CE) nº 2223/96 en lo que respecta a la utilización del SEC- 95 para determinar las contribuciones de los Estados miembros al recurso propio procedente del IVA (Ponente: Sra. Haug) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0439/2001) del Sr. Turchi, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (2000) 591- C5-0255/2001- 2001/2120 (COS) ) sobre las redes transeuropeas- informe anual 1999- de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 2236/95 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0396/2001) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos, sobre la recomendación del Consejo (2001/2167 (INI) ) relativa a un espacio de libertad, seguridad y justicia: seguridad en las reuniones del Consejo Europeo y otros eventos similares. 
Señor Presidente, como ponente alternativo del Partido Popular Europeo, desearía saber si sus servicios de secretaría tienen en su poder la fe de errores correspondiente al apartado 5.5 que los servicios de traducción han puesto en circulación pero que, extrañamente, no aparece todavía en el texto distribuido hasta la fecha. Es una advertencia hecha hace bastante tiempo y que se refiere a un gravísimo error de traducción que falsea el texto original del propio ponente. 
En la cuarta línea del apartado 5 el ponente decía: "Se debe evitar por todos los medios el uso de las armas de fuego". 
Repito: el texto del ponente dice: "Se debe evitar por todos los medios el uso de las armas de fuego", y la traducción es ésta: "Se debe prohibir por todos los medios el uso de las armas de fuego". 
Hay una diferencia sustancial, aparte de que creo que este Parlamento no puede permitir ni prohibir a ninguna policía de esta Comunidad el uso de las armas. 
Con todo y con eso, la traducción es incorrecta. 
Sea cual sea el resultado de la votación, antes de votar, me gustaría saber si esta corrección ha llegado a sus manos. 
Señor Santini, al principio de la votación sobre el informe Watson ya recordé que existe una corrección a la versión italiana. 
Evidentemente, a raíz de su intervención, se procederá a un nuevo control. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0414/2001) de la Sra. Hazan, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos, sobre el informe del Consejo (7653/2000- C5-0102/2001- 2001/2051 (COS) ) sobre las prioridades y los objetivos de la Unión Europea para las relaciones exteriores en el ámbito de la justicia y de los asuntos internos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Jackson (A5-0383/2001) 
. (EN) He votado contra el informe de Jacskon sobre el Codex Alimentarius porque me desagrada profundamente la enorme invasión de las cartas de los grupos de presión en el sistema de correo electrónico del Parlamento Europeo. 
Ha sido totalmente contraproducente y en el futuro se harán esfuerzos para impedir invasiones semejantes. 
Informe Dary (A5-0443/2001) 
. (FR) Desde hace más de 30 años, Europa ha optado por construir un modelo original de cooperación con los países de África, el Caribe y el Pacífico. 
En el marco de este ejercicio de apertura y solidaridad, se creó la organización común de mercados del plátano, con el fin de garantizar el acceso al mercado europeo de una parte de las producciones de los países ACP, algunos de los cuales figuran entre los más pobres del mundo. 
Desde su origen, este mecanismo ha sido combatido por las grandes multinacionales del sector del plátano, cuyas producciones son muy competitivas... pero a menudo al precio de una explotación próxima a la esclavitud. 
De presiones políticas a sanciones económicas y de compromisos a concesiones, todo el mecanismo de protección cuantitativa debe desmantelarse a partir de 2006 en beneficio de un sistema de protección únicamente arancelario cuya eficacia para salvaguardar los intereses de los productos tradicionales de plátanos ACP nadie conoce hoy. 
Ciertamente, el compromiso celebrado en abril de 2001 permitió poner fin a la guerra comercial que envenenó las relaciones trasatlánticas desde hace casi diez años. 
Pero algunas de sus disposiciones constituyen para los países ACP un auténtico "trago amargo": fin en 2006 de la protección por contingentes, que permitía garantizar el acceso al mercado europeo de sus productores tradicionales, reducción desde enero de 2002 en 100.000 toneladas de la cantidad de producción garantizada, sin contar las irregularidades y retrasos del mecanismo de asistencia técnica y financiera que se supone debe ayudar a los productores ACP a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, pero cuyos pagos todavía se hacen esperar. 
El informe de Michel Dary sobre el que debemos pronunciarnos hoy propone que, durante el período transitorio que precede al salto a lo desconocido que representa el final de la OCM del plátano, se concedan a los países ACP varias "redes de seguridad". 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) Desde 1993, el asunto del plátano ocupa un lugar central en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Hay quien dice incluso que envenena las relaciones transatlánticas y que conviene poner fin a este conflicto lo más rápidamente posible. 
Diría casi que a cualquier precio. 
¡De Louis Vuitton a Hermès pasando por Gucci, está claro que los poderosos de este mundo no tienen bastante! 
Bastante es que de las Antillas a Bruselas, pasando por Estrasburgo, algunos hayan optado por la resistencia y no por la renuncia. 
¿Pero quién puede ignorar en este Parlamento que, al plegarse al dictado de los Estados Unidos al amparo de la OMC, la Unión Europea está avalando la marcha al desempleo, a más o menos largo plazo, de 35.000 canarios o 30.000 antillanos? 
¿Quién puede ignorar que cediendo progresivamente en este tema, Europa está dando la espalda a su modelo social, que no cesa de querer exportar a todo el mundo? 
¿Quién puede ignorar, por último, que, capitulando hoy en este tema, cederemos mañana en el azúcar (no sólo el azúcar de caña, sino también la remolacha) y que pronto tendremos que despedirnos de nuestro modelo agrícola? 
El Sr. Dary no ha eludido estas preguntas, y creo que nuestra Asamblea puede honrarse hoy de haber votado su informe. 
Respaldados por nuestra legitimidad democrática, hemos optado por la resistencia frente a la intransigencia de la Comisión Europea. 
Nuestra petición relativa a la obtención de licencias "ciclones" cuando se destruyen producciones, y sobre todo la dirigida a rechazar el carácter automático del paso a un régimen puramente arancelario en 2006, constituyen la mejor ilustración de ello. 
Por esta razón, he votado el informe de nuestro colega, que considero globalmente pertinente, a pesar de las reservas que le he comunicado sobre el reparto dentro del contingente C entre los productores del Caribe y de África. 
En efecto, habida cuenta de los circuitos comerciales africanos, orientados históricamente hacia Francia, temo que esta modificación sea un golpe bajo más a los productores europeos de Guadalupe y Martinica. 
Informe Paasilinna (A5-0435/2001) 
Señor Presidente, la directiva marco de la Sra. Paasilinna se refiere en general a todas las normas relativas a la creación, el apoyo, la potenciación y la mejora de las redes de comunicación electrónica con los ciudadanos que estén interconectadas entre sí, o sea, que prevean el uso tanto del televisor como del ordenador y de los teléfonos. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe pensando en los pensionistas y en las personas mayores. 
¿Qué tienen que ver las personas mayores y los pensionistas con este texto? 
Sí que tienen que ver porque son los que más horas pasan delante del televisor y, en consecuencia, como destinatarios de estos progresos de la técnica, deben ser tenidos en consideración. 
Lamentablemente, en este texto no se tienen en cuenta lo suficiente. 
Informe Brunetta (A5-0434/2001) 
Señor Presidente, también el informe del Sr. Brunetta se refiere a las telecomunicaciones y en concreto al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión. 
Me remito a lo manifestado en mi anterior explicación de voto y, a pesar de que se trata de un texto que apruebo en su conjunto, también en este caso advierto una carencia: no se prevé permitir el acceso a estos medios de comunicación electrónica, o sea, a las televisiones, a Internet, a los teléfonos móviles con tarifas más bajas a las personas mayores, jubiladas que disfrutan de pensiones de poca entidad y que tendrían derecho a acceder a estos medios de comunicación electrónica sin más cargas financieras, antes bien, con la ayuda de los Estados nacionales. 
Informe Niebler (A5-0433/2001) 
Señor Presidente, como usted ha dicho, el informe Niebler se refiere a las autorizaciones de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. 
En mi condición de representante del Partido de los Pensionistas, he votado a favor; sin embargo, a pesar de advertir que en este texto no figura, espero una exención del pago de derechos, contribuciones y demás impuestos en el momento en que se conceda la autorización para la entrada en el mercado de nuevos operadores de servicios de televisión y de redes. 
En este texto no se ofrecen facilidades a aquellos operadores que se proponen utilizar estos medios de comunicación para informar sobre los derechos laborales y sobre los derechos a percibir una pensión, así como sobre los aspectos sociales que interesan a todos los ciudadanos y a las personas mayores en particular. 
Informe Harbour (A5-0438/2001) 
Señor Presidente, el texto del Sr. Harbour- también en este caso una directiva sobre las telecomunicaciones, el servicio universal y los derechos de los usuarios en materia de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas- se propone, entre otras cosas, proporcionar el máximo beneficio a los consumidores. 
Por lo tanto, si es verdad lo que he dicho en mi anterior explicación de voto, o sea, que los consumidores son en su inmensa mayoría personas mayores y pensionistas, esto significa que se debería proporcionar el máximo beneficio posible a las personas mayores y a los pensionistas. 
Y esto es lo que me pidieron muchos pensionistas que, como otras veces, me acompañaron al aeropuerto, el domingo por la tarde, cuando tomé el avión rumbo a Estrasburgo. 
Me pidieron que con referencia a estos textos dijera al Parlamento que les gustaría que en las televisiones se hablara mucho más de sus problemas y de sus deseos. 
Puedo decir que comprendemos totalmente el deseo de la Comisión y del Consejo de asegurar el éxito del paquete de medidas de telecomunicaciones antes de la celebración de la Cumbre de Laeken. 
Es vital alcanzar los objetivos de Lisboa, pero como ponente alternativo del PSE quiero quejarme por el procedimiento. 
También me disgustan los acuerdos que se han establecido en el último momento a puerta cerrada y que han resultado en un paquete de compromiso que debilita seriamente las disposiciones de servicios obligatorios y las dirigidas a personas con necesidades y discapacidades especiales. 
Se aprobaron por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Por supuesto, me ha decepcionado que el ponente conservador británico me informara de su decisión de abandonar estas importantes disposiciones para los consumidores y usuarios en pro de la conveniencia política. 
Mi delegación o los miembros laboristas del Parlamento Europeo votaron a favor de mantener las posiciones de la comisión sobre estas importantes disposiciones. 
Tal vez pueda recordar a la Comisión y al Consejo que somos co-legisladores, no co-redactores de borradores de declaraciones que carecen de fuerza legal y se basan en la buena voluntad de la Comisión para hacer pronunciamientos sobre obligaciones. 
Por supuesto, nosotros vigilaremos para que la Comisión progrese en la entrega de esas disposiciones. 
Tengo que decir que el día de hoy ha constituido una victoria para Laeken, para la Comisión y el Consejo en lo que se refiere al paquete de medidas de telecomunicaciones, pero no ha sido una victoria para la democracia en esta Asamblea. 
Antes de nada debo recordar la historia de este informe que, en un primer momento, fue confiado a la Comisión de Industria, al igual que los demás informes del Paquete telecomunicaciones. 
Por otra parte, fui nombrado ponente hasta que la Comisión de Asuntos Jurídicos se proclamó competente para el fondo y confió el informe a Malcom Harbour, diputado británico del PPE. 
Permanecí como ponente para opinión, opinión que no ha pesado excesivamente en los debates. Es una verdadera lástima, sobre todo cuando se trata de la defensa del servicio universal en un ámbito tan importante, tan portador de progreso. 
En la lectura del informe adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos el pasado mes de noviembre, resulta sorprendente ver que las disposiciones relativas al servicio universal se han reducido a poca cosa y que el informe se centra esencialmente en la protección del consumidor. 
Como dije en mi informe para opinión, si el servicio universal comprende, en la definición de los servicios que lo componen, criterios de la misma naturaleza que los generalmente utilizados para la evaluación de los servicios prestados al consumidor (precios asequibles, disponibilidad, plazos de provisión, calidad) , su razón de ser obedece a objetivos de naturaleza diferente en el plano de la política regional, de la política social (evitar excluir a los menos favorecidos) o de la política de seguridad pública. 
Insisto también en el desafío democrático que representa el acceso a las nuevas redes de comunicación. 
Las nuevas tecnologías ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de tomar la palabra, de participar en el debate democrático, de influir en las decisiones. 
Por otra parte, constituyen un instrumento que no se debe despreciar para conseguir que se recupere la proximidad. 
La democratización local tiene mucho que ganar en la interactividad de los servicios públicos locales en línea. 
A través de estas nuevas tecnologías los servicios públicos pueden encontrar un nuevo impulso si se les dan los medios y, por supuesto, si se tiene la voluntad. 
Finalmente, el acceso a Internet es indispensable para la creación de la sociedad de la información basada en el conocimiento. 
Para responder a esos desafíos era necesario por tanto mejorar la propuesta de la comisión, algo que yo me esforcé en hacer en mis enmiendas, que fueron rechazadas en bloque por el Sr. Harbour. 
Hemos votado por tanto hoy un informe que propone modificaciones interesantes, con respecto a la protección de los consumidores- principalmente de los consumidores discapacitados- y del must carry pero que, y lo lamento, no puede pretender encuadrar el servicio universal en este ámbito. 
Informe Niebler (A5-0432/2001) 
Señor Presidente, este informe de la Sra. Niebler sobre el espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea y su reparto ha merecido mi respaldo al igual que todas las demás propuestas sobre telecomunicaciones. 
Sin embargo, entiendo que se tenía que haber reservado para Europa una cuota de las frecuencias disponibles para las emisiones electromagnéticas con las que se transmiten los mensajes electrónicos que después se convierten en imágenes en nuestras televisiones y en los ordenadores y en señales en los teléfonos fijos o móviles. 
Creo que el futuro debe ver a Europa como protagonista, y esto sólo se puede lograr disponiendo de frecuencias para Europa como tal y no sólo para los Estados nacionales. 
Informe Trakatellis (A5-0420/2001) 
Señor Presidente, son 280 los millones de euros que se conceden al sector de la salud pública. 
Tranquilícese, no quiero proponerle para médico cirujano- quizás podría ser un sueño, no lo sé -; lo único que quiero decir con respecto a este programa de acción comunitario es que espero que se reúnan los fondos de todos los quince Estados miembros de la Unión para un único programa europeo que, además de los fondos que nosotros financiamos, cuente también con los fondos que cada uno de los Estados nacionales destina en sus presupuestos nacionales. 
Sin embargo, en lo que más confío es en que se reduzca el horario de trabajo de los obreros que trabajan en ambientes nocivos para la salud y que por ello padecen enfermedades profesionales que son una de las causas de los altos costes de la asistencia sanitaria pública no solo en términos de vidas humanas, sino también en términos económicos. 
. (SV) El programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública es un importante hito en los trabajos para mejorar la salud pública en Europa. 
Para nosotros- socioliberales- la salud pública es trascendental y una condición para una vida digna. 
Por eso respaldamos la propuesta de la Comisión y las mejoras propuestas por el Parlamento en la primera lectura. 
Sin embargo, a nuestro juicio las enmiendas del Parlamento en la segunda lectura sólo conducen a desvirtuar el concepto de salud pública, a atropellar el artículo 152 del Tratado y a disputar a los Estados miembros la autonomía en materia de sanidad. 
Por eso hemos optado por votar en contra de todas las enmiendas, con excepción de la enmienda 1, sobre el respeto al principio de subsidiariedad, y la enmienda 60, sobre disminución de la resistencia a los antibióticos. 
La salud se convierte en una mercancía cuando no existe una regulación democrática por parte de la Administración. Esta mercancía está a disposición de los ricos y poderosos mientras que es inexistente para los pobres y faltos de poder. 
Observamos que la esperanza de vida de los grupos de población más marginados es más corta que la de los grupos favorecidos. 
Una y otra vez se ha presionado mucho a fin de sustituir los ingresos dependientes de las primas de seguro por una prima que sea igual para todos, independientemente del ingreso. 
Las empresas comerciales ofrecen cuidados especiales a quien los puede y quiere pagar. 
Los hospitales entran en el circuito comercial, de forma que la gente que tiene más dinero puede colarse y se eliminan los tratamiento que ocasionan pérdidas. 
Surgen las listas de espera, se envía a la gente a hospitales lejanos situados en otros Estados miembros y aumenta la innecesaria mortalidad. 
Contra esta tendencia es importante que las Administraciones se ocupen de una asistencia médica buena y accesible para todos. Un programa de acción comunitario en el ámbito de la asistencia médica puede contribuir a ello. 
Por ello, sí es necesario que tras la primera lectura, las enmiendas rechazadas logren hoy una amplia mayoría, de manera que se constate claramente que la salud no es una mercancía y no es objeto de compromisos financieros, y que, en particular, se puede mejorar bastante la asistencia médica en muchos Estados candidatos, que ha sido descuidada durante ya doce años. 
¿Me permiten expresar mi sorpresa por el rechazo, por parte del Consejo, del paquete de compromiso negociado por los tres grupos mayoritarios? 
Hubiéramos preferido votar las enmiendas de compromiso. 
El compromiso sobre las dos cuestiones polémicas, es decir, el tiempo permitido para establecer límites y el derecho a devolver alimentos contaminados al país de origen con el consentimiento del gobierno de ese país, era realista y factible. 
Deseo que se registre la posición del ala DE del PPE, que piensa que el Consejo se equivocó al rechazar el paquete que se había presentado. 
Si piensa que puede lograr un acuerdo mejor con medidas conciliadoras, ¡entonces ya tiene otra cosa pendiente! 
Y por cierto, el compromiso era el mejor acuerdo para los pensionistas italianos también. 
. (EN) La implementación de las principales disposiciones del Libro Blanco de la UE sobre Seguridad de los Alimentos es de importancia suprema si queremos restaurar la confianza en la cadena alimentaria. 
La inclusión de ingredientes no deseables por parte de los fabricantes de alimentos en los piensos para los animales ha sido responsable del pánico que ha causado la EEB y las dioxinas. 
Que rápidamente se tomen medidas ante la crisis y que se acuerden medidas a largo plazo para evitar que vuelva a ocurrir algo semejante redundará en beneficio de este Parlamento y de otras instituciones de la UE. 
El debate de hoy es un paso muy positivo en el importante camino de garantizar que los piensos animales disponibles para los ganaderos son de la mayor calidad. 
No es la primera vez que les recuerdo que en toda esta penosa catástrofe los ganaderos han sido las víctimas inocentes de circunstancias que estaban fuera de su control. 
También es importante decir que los ganaderos reciben con agrado los controles sobre la producción de piensos. 
Hay que lamentar que algunas personas hayan usado el debate sobre la seguridad de los alimentos para socavar la profesión de ganadero y su papel como garante de una oferta de alimentos de calidad para los ciudadanos. 
Debemos ser cuidadosos sobre los comentarios concernientes a la comida. 
Los debates sobre la EEB y las dioxinas no consiguieron trasmitir el impactante mensaje de que la calidad de los alimentos europeos es la mejor del mundo y de que los consumidores obtienen calidad y valor a cambio de su dinero. 
Los ganaderos europeos condenan abiertamente cualquier objeción a esta afirmación. 
Los últimos informes concernientes al futuro de la PAC son ciertamente preocupantes. 
Si nos tomamos en serio el modelo europeo basado en la granja familiar, entonces debemos asegurarnos de que los que operan dentro de ese marco tienen garantizada una vida decente. 
Informe Lange (A5-0406/2001) 
Este texto que hemos votado regula, en concreto, las emisiones contaminantes de las motos. 
Señor Presidente, estoy seguro de que en este momento usted está escuchando el ruido ensordecedor que provocan muchos motoristas que circulan por las calles próximas al Parlamento. 
Es un ruido insoportable y, sobre todo, es una contaminación que no es inodora, sino muchas veces maloliente. 
Y lo importante no es que resulte ofensivo para nuestro olfato sino que emite sustancias nocivas en la atmósfera. 
Señor Presidente, si usted fuera un guardia urbano encargado de hacer cumplir estas directivas que hemos votado, ¿estaría dispuesto a embargar ahora mismo las motos a los que provocan tanto ruido y tanta contaminación al utilizarlas? 
Habría votado mucho más a gusto si la directiva hubiera previsto estas medidas. 
. (SV) Los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe con vistas a la directiva sobre reducción del nivel de emisiones contaminantes de los vehículos de motor de dos o tres ruedas. 
Creemos que el informe, en sí mismo, tiene un valor medioambiental. 
Sin embargo, mediante esta explicación de voto queremos manifestar nuestro desacuerdo con el deseo del ponente Lange de que exista un nivel obligatorio antes de 2006. 
A nuestro juicio, el nivel exigible debe ser voluntario hasta que no se mejoren los antecedentes que puedan servir de fundamento a un nuevo nivel obligatorio. 
Si hoy se fijase un nivel obligatorio, correríamos el riesgo de que las emisiones contaminantes de las motocicletas del futuro superasen los niveles mínimos de ese tiempo. 
Opinamos que no es conveniente aplicar a las motocicletas el ciclo de conducción de los coches, como propone el señor Lange, ya que las motocicletas no se usan como los coches. 
Éstas aceleran de manera diferente y a menudo son conducidas a altas velocidades. 
Hay que esperar el nuevo ciclo de conducción de las motocicletas que está en preparación y, por mientras, los niveles han de ser voluntarios. 
Informe Turchi (A5-0439/2001) 
Señor Presidente, antes de explicar mi voto favorable al informe del Sr. Turchi sobre la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas, o sea, en el sector de los transportes, de la energía y de las telecomunicaciones, permítame dar las gracias al Sr. Goodwill que se ha sumado a mi labor de proteger los intereses de los ciudadanos pensionistas de toda Europa, por lo tanto, no sólo italianos. 
Pero volvamos de nuevo- éste el es período parcial de sesiones de las telecomunicaciones- a las televisiones y a los programas de televisión. 
He votado a favor, pero espero que en las próximas ocasiones en que se votará este texto, en los próximos años, se prevean ayudas económicas en favor de las cadenas de televisión que transmiten en uno de nuestros Estados programas elaborados en los demás Estados de la Unión Europea. 
Señor Presidente, debemos conocernos mutuamente- italianos, ingleses, franceses, finlandeses, etcétera- y ¿qué mejor manera de hacerlo que ver programas producidos en otro Estado, naturalmente traducidos a nuestra lengua? 
. (IT) Concuerdo totalmente con las conclusiones a las que ha llegado el Sr. Franz Turchi. 
Subrayo lo recalcado en la Comisión de Transportes respecto a la falta de información sobre las ayudas financieras concedidas por las entidades nacionales, regionales y locales, así como por el sector privado para la realización de los proyectos TEN, habida cuenta de que un 95% de las financiaciones no procede de la Unión Europea. 
Una falta de información que afecta asimismo a las inversiones específicas en las modalidades de transporte efectuadas con cargo a los préstamos BEI, a los instrumentos financieros para terceros países, a los demás programas públicos y privados, y a los mismos Fondos estructurales. 
En efecto, la Comisión sólo ha facilitado información detallada sobre la línea presupuestaria B5-700. 
Debemos señalar asimismo, como anexo, para el futuro una tabla clara y simple que contenga datos ciertos y transparentes no solo de cara al control sobre la correcta utilización de los importes ya obtenidos, sino también para poder planificar sobre la base de datos más amplios. 
Éste es un sistema de control que en el informe de la Comisión se ha reservado sólo para los 14 proyectos prioritarios establecidos en Essen que, como sabemos, no son los únicos que figuran en la lista. 
Por último, me veo en la obligación de señalar a la Comisión la necesidad de retomar seriamente el discurso del Pasillo 8- desaparecido también del Libro Blanco- y de las zonas periféricas, todavía más marginadas por la demasiada atención prestada a las líneas ferroviarias transeuropeas y por la escasa atención prestada a la crisis del transporte aéreo. 
Informe Watson (A5-0396/2001) 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe porque tenía que haber sido más contundente a la hora de condenar las manifestaciones que de por sí son legítimas para manifestar que se está en contra, cuando realmente lo estamos, de una política que no nos satisface, pero que deberían ser siempre y exclusivamente pacíficas. 
Yo también, señor Presidente, me he manifestado contra las decisiones de los Gobiernos que no me han satisfecho. 
¿Pero, cómo me he manifestado? 
Me encadené en el Consejo Municipal de Bérgamo, me encadené en el Consejo Provincial de Bérgamo, me encadené en el Consejo Regional de la Región de Lombardía en Italia. 
Quién sabe, tal vez un día, en los próximos dos años y medio, me encadenaré a su sillón, señor Presidente. 
Pero es una forma de protesta pacífica, no es una forma de protesta con armas y violencia, como, lamentablemente, ha ocurrido y viene ocurriendo en todo el mundo desde hace algún tiempo a esta parte: una forma que condeno, que el Partido de los Pensionistas condena y que todos nosotros condenamos. 
En el deplorable caso de que quiera cumplir la promesa que acaba de hacer aquí, será liberado de sus cadenas, incluso contra su voluntad. 
Me temo que últimamente la Unión Europea se halla en un camino alarmante, con la abundancia de medidas para reducir las libertades de los ciudadanos. 
Desgraciadamente Europa adquiere una Orden de Detención antes de lograr una Constitución. 
En este marco nos intranquiliza en especial el acuerdo Unión Europea- Estados Unidos sobre la extradición de personas en la lucha contra el terrorismo. 
En virtud del artículo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales, aprobada el 7 de diciembre de 2000 en Niza, Francia, no es lícito condenar a nadie a la pena capital. 
De acuerdo con dicho artículo es impensable cooperar para extraditar personas a los Estados Unidos, en donde se aplica la pena de muerte y no hay perspectivas de tener un juicio justo después de los tribunales militares o de la detención de cientos de inmigrantes sin garantías de un juicio justo. 
Incluso en el caso de que la extradición a los EE.UU. se hiciera con el compromiso de que "la pena de muerte no se aplique", dicha pena puede imponerla el tribunal y quedar en suspenso. 
De esta forma, mediante este acuerdo con los EE.UU. en el ámbito penal, la Unión Europea introduce por la ventana la condena a muerte. 
Y esto constituye un gran retroceso. 
Finalmente debo señalar que en Afganistán los Estados Unidos ya están aplicando la pena de muerte en masa sin mediar siquiera una sentencia de sus tribunales. 
Esto se ve confirmado tanto por las declaraciones de ayer del Ministro de Defensa, Rumsfeld, diciendo que "estamos matando a Al Qaeda utilizando bombas de 15.000 libras" daisy cutter "(" cortador de margaritas ") , que es la bomba no nuclear más potente de aniquilación masiva. 
Una cosa es la desarticulación de los talibán y de la al Kaida, el castigo ejemplar de los responsables del crimen del 11 de septiembre, y otra cosa distinta el genocidio de todos los miembros y de sus partidarios, que no se aplicó ni siquiera en el caso de los nazis. 
Europa está en la obligación de reaccionar. 
-Con el informe de iniciativa "Seguridad en los Consejos Europeos y eventos similares» , la comisión del Parlamento Europeo que lleva el pseudónimo de Comisión de Libertades y de Derechos de los Ciudadanos", añade un eslabón más a la pesada cadena con la que la clase dominante quiere encadenar la voluminosa corriente de reacción y de lucha frente a sus políticas. 
El ponente, Sr. Watson, nos hace recomendaciones sobre cómo estar tranquilos y cómo ser manifestantes justos, partiendo de la base de la colaboración pacífica, evitando toda expresión de violencia. 
La cuestión es quién hace uso de la violencia y del terrorismo. 
En Niza, Gotemburgo y mucho más en Génova realmente se ha ejercido la violencia, sólo que los protagonistas han sido las fuerzas de orden público y el poder estatal. 
Además, tanto en Gotemburgo como en Génova ha quedado claro que el objetivo de la policía no eran los pocos manifestantes iracundos, sino el gran volumen de manifestantes "pacíficos". 
Posteriormente leemos que los organizadores de las manifestaciones deberán evitar cualquier colaboración con sospechosos de causar episodios violentos. 
Fácilmente se concluye que si no lo hacen, en virtud de la nueva ley antiterrorista, corren el peligro de ser acusados de terroristas puesto que habrán cometido el delito de apoyar actividades terroristas. 
Nosotros contestamos que protegerse de las manifestaciones de elementos extremistas, y a menudo provocadores, concierne al propio movimiento popular. 
Según el informe, si queremos atravesar las fronteras de nuestro país y participar en una movilización internacional debemos inspirar la confianza en las autoridades de que estamos dispuestos a manifestarnos pacíficamente en una manifestación legalizada. 
Mucho nos tememos que dentro de poco pidan certificados de penales o una declaración firmada. 
Además se propone que todos los Estados miembros definan en común la "persona peligrosa y el comportamiento peligroso". 
Esta propuesta remite a las publicaciones sobre dos nuevas listas negras que proyecta redactar la Europol: una sobre los manifestantes "elementos de disturbio" y otra de los extranjeros. 
Desde este punto de vista, sólo como una hipocresía se puede tomar la recomendación del informe de que no haya listas negras o nuevos bancos de datos. 
En cuanto a la violencia policial, lo único que puede decir el informe es que debe evitarse el uso desproporcionado de la fuerza, y da un tratamiento igual al comportamiento de los manifestantes y al de las fuerzas policiales. 
En realidad, especialmente en Génova, los manifestantes se enfrentaron a una barbarie inaudita por parte de la policía, en la que además hubo incursiones ilegales, cientos de detenciones ilegales, decenas de heridos y el asesinato a sangre fría de un joven. 
No es casual que la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas haya solicitado la redacción de un informe sobre lo ocurrido en Diaz y en la prisión Bonazeto de Génova. 
Está claro que quienes expresan políticamente al capital monopolístico europeo saben muy bien que su política antipopular va a toparse con reacciones populares cada vez mayores. 
Por esta razón están intentando aterrorizar y frenar la cólera del pueblo con medidas represivas. 
Sin embargo la historia ha demostrado que tales medidas han causado los efectos contrarios a los esperados. 
Las causas del levantamiento popular son la desigualdad social en aumento y el golpe asestado a los derechos sociales fundamentales. 
Conforme sigan existiendo las causas, crecerá la reacción y la lucha de las masas populares. 
Por las razones expresadas anteriormente, los diputados al Parlamento Europeo del partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
Informe Hazan (A5-0414/2001) 
Señor Presidente, me ha gustado su comentario sobre mi explicación de voto acerca de mi encadenamiento al sillón de la Presidencia. 
Recuerdo que una vez, después de haberme encadenado, no pude liberarme porque por descuido había tirado la llave por la ventana, y por lo tanto, esto hace que me parezca más posible, probable y simpático pensar en una forma de protesta tan pacífica y en una tan pacífica y posible conclusión. 
Por lo que se refiere al informe Hazan que he apoyado, debo decir que me satisface leer en el mismo que se pretende luchar contra la corrupción aún existente en medida excesiva en todos los Estados de nuestra Europa, pero también- y yo diría, sobre todo y por desgracia- en los países candidatos a la adhesión. 
Pido que se den realmente unos pasos adelante en el momento en que se están concluyendo los capítulos con estos países candidatos. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la situación en Oriente Medio y sobre la propuesta de recomendación (B5-0747/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la crisis en Oriente Medio y el papel de la Unión Europea en la región. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, tiene la palabra. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, en este inicio de diciembre la evolución en Oriente Medio ha dado un giro de nuevo hacia la tragedia con el riesgo, cada vez mayor a medida que pasa el tiempo, de que la situación sea más incontrolable. 
La perspectiva de un diálogo político serio, que sólo la razón impondría, sin embargo, a falta de otra opción creíble, se aleja permanentemente. 
La confianza y la voluntad políticas de salir de la crisis parecen no existir en las diferentes partes, dejando así el campo libre a la violencia y al extremismo. 
Ahora más que nunca es necesario ayudar a las partes implicadas a salir de esta lógica. 
El regreso al compromiso activo de Estados Unidos recientemente permitió augurar progresos en dirección al reinicio del diálogo. Los dramáticos acontecimientos recientes complican de forma especial la tarea. 
Los Estados Unidos, la Unión Europea y los demás actores más directamente interesados no tienen sin embargo otra decisión que reiterar la firme intención de la comunidad internacional de no permitir al extremismo ni al terrorismo hacer que fracasen los esfuerzos diplomáticos. 
Ahora que la situación en Oriente Próximo es de extrema gravedad, la Unión Europea no debería resignarse. 
Los pueblos israelí y palestino tienen derecho a vivir en paz y en seguridad. 
También los Quince deben proseguir incansablemente sus esfuerzos en pro de la reconciliación. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, éste es también el motivo por el que los Sres. Shimon Peres y Navril Shaath fueron invitados a encontrarse por separado con los Ministros de Asuntos Exteriores en el marco del Consejo de Asuntos Generales del pasado 10 de diciembre. 
Con esta invitación, la Unión Europea ha querido manifestar una vez más su intención de relanzar y continuar con el proceso político y, así, ha utilizado esta oportunidad adicional para preparar el terreno con el objeto de lograr la vuelta a la mesa de negociaciones. 
En resumen, para la Unión resulta esencial, ante todo, dirigir de nuevo la atención a la existencia ineludible de una perspectiva política, a fin de dar fuerza a las actuales negociaciones de seguridad. 
Tras la conclusión del Consejo de Asuntos Generales del pasado 10 de diciembre, ya mencionado, la Unión Europea hizo pública una declaración. Deseo repetir brevemente aquí los elementos más importantes, pero al mismo tiempo, quiero señalar que el texto no se ha presentado al Sr. Peres ni al Sr. Shaath. 
La Unión Europea explica en esta declaración los compromisos que espera alcanzar con la participación inmediata de las dos partes. 
En relación con la Autoridad Palestina: principalmente el desmantelamiento de las redes terroristas de Hamas y de la Jihad Islámica, incluida la detención y persecución de todos los sospechosos y un llamamiento público en árabe para terminar con la Intifada armada. 
Con respecto al Gobierno israelí: la retirada de las fuerzas armadas y la suspensión de las ejecuciones conformes a la ley marcial, la cancelación del cierre de zonas y de todas las limitaciones impuestas al pueblo palestino, y por último, la paralización de la construcción de nuevos asentamientos. 
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, este texto refleja con claridad la equidistancia que inspira siempre a la Unión Europea y que debería guiar también a los demás actores externos. 
Enuncia sin ambages las condiciones indispensables para la restauración de un clima de confianza mínimo entre las partes, por un lado, y frente a un verdadero proceso de paz, por otro. 
La Unión Europea es consciente de la complejidad de los compromisos que pide a las partes, sobre todo habida cuenta de las condiciones que se dan actualmente sobre el terreno. 
Sin embargo, esas exigencias proceden de un planteamiento racional de las divergencias actuales entre las partes y de los medios para superarlas en un proceso de paz. 
Con el mandato del Consejo "Asuntos Generales", el Alto Representante, Solana, realizó un nuevo viaje a la región. 
Informará del resultado de su misión en el Consejo Europeo de Laeken. 
Sobre esta base, corresponderá a la Unión Europea continuar evaluando los medios más eficaces para conducir a las partes a implicarse de forma real en la búsqueda de una paz justa y duradera. 
Mientras tanto, seguimos convencidos de que la puesta en práctica del plan Tenet de alto el fuego y de las recomendaciones del Comité Mitchell sigue siendo la única vía para un reinicio, en breve plazo, de un proceso político. Esta puesta en marcha debe producir sin condiciones previas, al no ser de hecho más que un juego de extremistas a los que no debería concedérsele el derecho de veto para el reinicio de las negociaciones. 
Para la Unión Europea, son conocidas las bases de la negociación política: las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, los términos de referencia de la Conferencia de Madrid, incluido el principio de intercambio de territorios por paz y de los acuerdos de Oslo. 
Finalmente, la negociación política persigue un doble objetivo: por una parte, la reafirmación del pleno reconocimiento del derecho irrevocable de Israel a vivir en paz y seguridad en el interior de unas fronteras reconocidas internacionalmente; por otra parte, el establecimiento de un Estado palestino viable y democrático, así como el fin de la ocupación de territorios palestinos. 
Por otro lado, la Unión Europea continúa considerando que el establecimiento de un mecanismo imparcial de vigilancia serviría enormemente al interés de las dos partes, ya que podría ayudarles a superar las desconfianzas y los obstáculos encontrados en la vía de una solución definitiva. 
No necesito decirle señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, hasta qué punto la situación es y sigue siendo extremadamente grave, y hasta qué punto, por tanto, debemos seguir vigilantes y movilizados. 
Con los Estados Unidos y con las demás partes interesadas hemos de continuar evaluando todas las opciones a considerar, incluida la hipótesis de una degradación de la situación. 
En estos últimos meses, de forma especial, la Unión Europea ha demostrado ampliamente su interés y su compromiso activo en la búsqueda de soluciones políticas. 
Sin duda, la primera responsabilidad incumbe a las partes, pero es importante que la comunidad internacional reafirme su disposición para ayudarles a encontrar el camino de la paz. Gracias. 
(Aplausos) 
. (EN) Señora Presidenta, en los últimos años he tenido la oportunidad- quizá deba decir que, muy a mi pesar, he tenido la oportunidad- de realizar un número casi excesivo de declaraciones ante este Parlamento acerca de la situación en el Próximo Oriente. 
Lamento constatar un dramático deterioro de la situación en la región, a pesar del tremendo esfuerzo de la comunidad internacional, en particular de las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Federación Rusa y la Unión Europea. 
Siento una profunda consternación por el hecho de que más de 1.000 personas, palestinos e israelíes- entre los que se cuentan, como hemos oído esta mañana, muchas mujeres y niños -, han muerto desde septiembre del año pasado. 
Me consterna igualmente haber asistido al desvanecimiento de las aspiraciones y esperanzas por las que israelíes y palestinos han luchado desde el inicio del proceso de paz hace diez años. 
Necesitamos centrar nuestros esfuerzos en impedir la muerte del propio proceso de paz. 
Mucho de lo que se ha conseguido con la ayuda de la comunidad internacional corre ahora peligro. 
Queremos ver dos Estados convivir de forma pacífica y próspera. Hoy, esta posibilidad parece aún muy lejana. 
El número de muertos sigue creciendo, así como, aunque revista una importancia menor, la cuantía de las lesiones corporales y de los perjuicios económicos. 
Según cálculos del Banco Mundial, la economía palestina ha sufrido pérdidas por un importe de entre 155 y 165 millones de USD en concepto de lesiones corporales, y el PIB ha descendido en 2.400 millones de USD desde septiembre del año pasado. 
El número de palestinos que viven por debajo del umbral de pobreza- de 2 USD por día- habrá aumentado desde 600.000 hasta entre 1.200.000 y 1.500.000 a finales de 2001. 
Y, lo que es aún peor, el Banco Mundial estima que más del 50% de la población puede caer por debajo del umbral de pobreza hasta finales de este año. 
El descenso de la actividad económica y la no transferencia de los impuestos adeudados a la Autoridad Palestina por Israel han provocado un descenso de los ingresos palestinos desde una media mensual de 91 millones de USD a 22 millones de USD. 
Los palestinos han perdido más de 100.000 puestos de trabajo en Israel y cerca de 66.000 en la Franja de Gaza y Cisjordania como consecuencia de la política de Israel de cierre de las fronteras. 
Pero la economía israelí se está viendo igualmente afectada, lo cual no debe sorprender si se tiene en cuenta el volumen del intercambio económico que se registraba antes de la actual Intifada. 
Con arreglo a las más recientes previsiones, el 2001 va a ser uno de los peores años para la economía israelí desde la década de los cincuenta. 
Los datos preliminares indican que uno de cada cinco israelíes vive por debajo del umbral de pobreza, lo que se traduce, en términos absolutos, en una subida del 10% frente al año pasado, mientras que la tasa de desempleo se situó en el 9,3 % en el tercer trimestre. 
¿Cuál es la postura de la Unión Europea, a la vista del dramático socavamiento de la estabilidad política y económica en Oriente Medio? 
Comprendemos el deseo de seguridad de Israel. 
Respetamos el hecho de que es al Gobierno israelí a quien incumbe ofrecer seguridad a sus ciudadanos, y también comprendemos la frustración de los palestinos por la permanente ocupación militar y la imparable expansión de asentamientos. 
El lunes, como acaba de señalar el Ministro, el Consejo de asuntos generales conversó sobre estos asuntos con Simón Peres y Nabil Sha´ath. 
Como siempre, fueron muy elocuentes en sus manifestaciones. 
La declaración del Consejo reafirma el derecho irrevocable de Israel de vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, la necesidad de constituir un Estado palestino viable y democrático y de poner fin a la ocupación de los territorios palestinos. 
La estrategia elegida por personas como el anterior Primer Ministro Rabin consistía en encontrar una solución negociada que condujera a la coexistencia de dos Estados con una frontera que coincidiera aproximadamente con la de 1967, con Jerusalén como capital de ambos, y a una solución del problema de los refugiados aceptable para israelíes y palestinos. 
Por desgracia, diversas fuerzas en ambos bandos han estado trabajando en contra de este objetivo. 
Se han propuesto echar abajo con todas sus fuerzas los logros obtenidos en el proceso de Oslo. 
Es nuestra tarea común intentar que pongan fin a esta actitud. 
El único medio de volver a unas negociaciones fructíferas es retomar de una vez por todas el camino trazado por el informe Mitchell. 
El Consejo del lunes animó vivamente a las partes a adoptar las primeras medidas encaminadas a poner fin a este devastador círculo de violencia que se alimenta a sí mismo, al que hemos asistido en los últimos 14 meses. 
Ratifico nuestro firme llamamiento a las partes a llevar a la práctica el informe Mitchell sin demora alguna. 
Es fundamental detener a los extremistas y seguir combatiendo a los grupos terroristas que se oponen al proceso de paz, como ha señalado el Ministro. 
La Unión debe seguir presionando a la Autoridad Palestina para que adopte medidas concretas al objeto de arrestar y llevar ante los tribunales a aquellos que cometan actos terroristas. 
Esta es la razón por la que el Consejo, en su reunión del lunes, pidió con toda claridad el desmantelamiento de las redes terroristas de Hamás y de la Yihad. 
Es igualmente fundamental que Israel retire su ejército, ponga fin a las ejecuciones al margen de la justicia, al cierre de las fronteras y a las restricciones impuestas al pueblo palestino, en particular a los absurdos bombardeos de edificios e infraestructuras. 
Resulta difícil de entender cómo la destrucción del aeropuerto de Gaza, de un instituto de medicina forense fundado por la UE y de amplias extensiones de territorio árabe puede contribuir a la lucha contra el terrorismo o a incrementar la seguridad de Israel. 
Yo me inclinaría sin duda alguna por lo contrario. 
En el informe del Banco Mundial, se señala que "la principal causa directa de la recesión es el cierre de las fronteras". 
Eliminar o aligerar significativamente el cierre de las fronteras es el requisito más importante si se quiere poner freno a la recesión y liberar a la población palestina de las dificultades económicas. 
La persistencia de las dificultades económicas llevará más fácilmente a la población a arrojarse en los brazos de los extremistas. 
Debemos persuadir a Israel de que su seguridad aumentará y no se verá dificultada si permite que la economía palestina se desarrolle, de modo que pueda ofrecer al pueblo una razón para confiar en un futuro mejor. 
¿Acaso hay en la Historia un ejemplo de que la pobreza y la recesión económica conduzcan a una mayor seguridad y a la moderación política? 
Permítanme añadir una idea apuntada por Henry Siegman- senior fellow del Council on Foreign Relations de Nueva York y reputado experto en Oriente Medio- en un artículo publicado hoy en el International Herald Tribune, cuya lectura recomiendo encarecidamente a todos los diputados de este Parlamento. 
El Sr. Siegman ha escrito lo siguiente: "las políticas que incrementan la desesperación de los palestinos acabando con sus esperanzas en un fin de la ocupación impulsarán inevitablemente la escalada de la violencia". 
No podemos permitir que se echen a perder diez años de inversión de carácter político y financiero. 
La Unión Europea a aportado más de 3.000 millones de euros a la Franja de Gaza y Cisjordania desde 1994. 
Algunos dirán sin razón que la Unión Europea no es más que un pagador sin ninguna función protagonista. 
Ya he oído esta observación en esta Asamblea. 
Pero lo que hemos hecho es dar razones para la esperanza, impedir en los últimos meses un mayor deterioro de la economía y mantener a la Autoridad Palestina viva y en funcionamiento aportando 108 millones de euros en concepto de ayuda presupuestaria a lo largo de los últimos 14 meses. 
Algunos nos han criticado por ello, aunque los miembros del Gobierno israelí han apoyado explícitamente estos esfuerzos en el pasado. 
Hemos trabajado para mantener al único interlocutor válido que Israel puede encontrar en tiempo de paz y debemos seguir apoyando a la Autoridad Palestina, en particular en su lucha contra el terrorismo. 
Aunque la Autoridad Palestina ha cometido errores y debe corregirlos, es la única estructura de poder que puede llevar la estabilidad a los territorios palestinos. 
Es quien proporciona los servicios necesarios básicos y, al fin y al cabo, garantiza un mínimo de seguridad para palestinos e israelíes. 
Si se inutiliza a la Autoridad Palestina, nos veremos abocados a una situación de anarquía en la que Hamás y Yihad disfrutarán sin duda alguna de un apoyo creciente y los comités locales extremistas competirán en una escalada de violencia. 
Resulta del todo absurdo sugerir que al actuar así estamos financiando a los terroristas. 
Nuestros fondos contribuyen más bien a fortalecer la administración laica frente a las verdaderas organizaciones terroristas. 
Hemos adoptado un número considerable de medidas preventivas que nos permiten controlar el uso de los fondos. 
La más importante es la revisión regular y la elaboración de informes por parte del Fondo Monetario Internacional sobre la austeridad presupuestaria acordada por la Autoridad Palestina. 
Quiero hacer un especial hincapié en este punto. 
La Unión Europea ha hecho más que ningún otro para promover la celebración de elecciones, la lucha contra la corrupción y el estado de Derecho en los territorios palestinos. 
Aún debe avanzarse mucho más en este ámbito. 
Pero, ¿cuál es el mejor modo de promover la honestidad, la moderación y el pluralismo? 
¿Permitiendo que los servicios públicos de los territorios palestinos se paralicen o velando por que sigan luchando contra las adversidades y fomenten las reformas? 
La alternativa a la Autoridad Palestina es la anarquía palestina. 
Por muy largo y difícil que sea el camino, debemos mantener nuestro compromiso de apoyar a los moderados, quienquiera que sean y mientras- gracias a Dios- siga habiéndolos, de ambos lados de esta trágica contienda. 
Algunos observadores han señalado que los problemas en Oriente Medio son una de las principales causas del terrorismo, o bien han afirmado que el conflicto palestino-israelí se ha empleado y se emplea como una excusa barata para la violencia o como una perversa justificación para cometer crímenes terribles. 
La comunidad internacional tiene que actuar ya para resolver esta situación potencialmente explosiva. 
El riesgo de que el conflicto se extienda a la región es real y debemos emplear todos los medios para impedir un retorno a los tiempos en que la causa palestina se reivindicaba fundamentalmente mediante acciones terroristas. 
Una última cuestión. 
Hoy la atención se centra fundamentalmente en Afganistán, pero se va desplazando crecientemente hacia Oriente Medio. 
Si queremos resolver los problemas de esta región, a nada ayuda vivir en el pasado, intercambiar medias verdades, echar las culpas unos a otros, elucubrar acerca de qué debería haber hecho el Sr. Arafat en Camp David o qué no debería haber hecho el Sr. Sharon en la Explanada de las Mezquitas. 
Lo pasado, pasado está. 
La paz sólo llegará si hay un compromiso real, valiente y duradero de alcanzarla, mirando hacia adelante por un futuro mejor, ignorando a aquéllos que intentan desbaratar todo el proceso de paz con actos de violencia terrorista y medidas militares desproporcionadas. 
Este el modo en que se ha progresado en el pasado, como ilustra el ejemplo del Sr. Rabin. 
Este es el camino que los europeos deben propugnar para el futuro. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, yo quiero señalar que tanto sus dos intervenciones como la decisión del Consejo de esta semana constituyen una muestra de la seriedad con que tenemos que abordar este problema y que, con las observaciones que aquí se han hecho y también con la presente resolución, la Unión Europea acaba de emitir una indicación muy clara de las actitudes que merecen nuestro apoyo. 
Con nuestra recomendación queremos contribuir desde el Parlamento Europeo a que la Unión Europea pueda actuar como mediadora en la región y crear una oportunidad de alcanzar una solución pacífica. 
Al mismo tiempo, yo estoy seguro de que mañana conseguiremos adoptar un texto equilibrado- si me permiten que lo exprese con tanta prudencia- en el marco de la decisión, es decir, del presente procedimiento. 
No será necesario que me detenga a analizar ahora la situación y, por mi parte, quiero sumarme a las palabras de Chris Patten, concretamente cuando ha dicho que no tiene sentido sacar a relucir antiguas responsabilidades concretas en el contexto de los problemas actuales. 
Lo único que sabemos es que la situación ha empeorado desde que Arafat no reaccionó en Camp David y Sharon visitó la colina del Templo, y que el 11 de septiembre no ha contribuido a promover una introspección, sino que la situación se ha deteriorado todavía más y el objetivo ha de ser romper este ciclo de violencia. 
Llega un momento a partir del cual deja de tener sentido preguntarse quién es culpable y quién es inocente, porque ya no es posible identificar dónde comienza ni dónde acaba el ciclo de la violencia. 
En nuestra calidad de europeos, sólo tenemos un enorme interés en un verdadero restablecimiento de la paz en la región, también por propio interés ya que, en efecto, si no se resuelve el conflicto de Oriente Medio tampoco será posible resolver el tema global del área mediterránea y el problema del terrorismo. 
No digo que el conflicto de Oriente Medio sea su origen, pero sirve de coartada para muchas actuaciones muy preocupantes. 
Por esto tenemos un interés directo en que se resuelva este problema en nuestra vecindad y, como ha señalado acertadamente Chris Patten, después de aportar tal volumen de ayuda financiera, también queremos asumir un papel político activo en dicha región, junto con los Estados Unidos, para dar salida a esta situación. 
A nuestro modo de ver, para ello deben cumplirse dos condiciones previas. 
La primera está absolutamente clara: los ciudadanos de Israel tienen que poder vivir dentro de unas fronteras seguras y reconocidas. 
Este es un requisito evidente, sobre el cual tampoco se debe admitir discusión, pues las gentes de Israel tienen derecho a ello por razones que yo, en mi calidad de alemán, no necesito explicar con mayor detalle puesto que son del dominio público. 
La segunda condición es, no obstante, que también los palestinas deben poder aspirar a un futuro, en un Estado propio donde puedan labrarse su propio futuro. 
Esto significa que debemos partir de esta base para intentar ir resolviendo, paso a paso, los aspectos negativos. 
La ocupación y las colonias no contribuyen a que los palestinos se puedan desarrollar de manera adecuada. 
El terrorismo por parte palestina no contribuye a generar en Israel la sensación de seguridad que haga posible su retirada. 
Es decir que, por consiguiente, Arafat sin duda puede actuar, a pesar de todo, contra Hamas y la Yihad, tal como acabamos de ver, Por esto habría sido razonable actuar mucho antes. 
Pero si se hace ahora, es preciso que se haga bien y con toda la energía, y esto se debe considerar igualmente un requisito esencial, como también lo es, naturalmente, que Israel no bombardee y destruya la infraestructura de Palestina, lo que dificultará que luego pueda desarrollarse de manera adecuada. 
También debemos tener igualmente claro, no obstante, que no es admisible que se esgrima el retorno de los refugiados como un instrumento para poner en peligro la existencia del Estado de Israel. 
Los Estados árabes también deben comprender que mantenerlos en campamentos de refugiados no es el camino adecuado. 
Todo el mundo árabe debe contribuir, también con nuestro apoyo financiero, a que los jóvenes abandonan los campamentos de refugiados y tengan las debidas oportunidades de progresar. 
El Consejo y la Comisión ya saben que el Parlamento Europeo está dispuesto a contribuir la búsqueda de soluciones significativas, también en el aspecto financiero, si esto favorece una evolución pacífica de la situación. 
Consideramos que tanto la Autoridad Palestina como el Estado de Israel deben contemplar nuestra defensa del respeto de los derechos humanos con la debida perspectiva. 
Hoy hemos contado con la presencia de tres galardonados con el Premio Sajarov, un musulmán, una judía y un cristiano, representantes, por lo tanto, de las tres religiones monoteístas. 
Por esta vía se debe buscar, a mi parecer, el enfoque adecuado. 
Las tres religiones que a lo largo de los siglos pasados han contribuido a modelar de manera tan admirable ese mundo, tienen que encontrar la fortaleza interior necesaria para alcanzar una solución pacífica en el centro donde las tres se originaron, de manera que las gentes de las tres religiones puedan convivir en la ciudad sagrada común de Jerusalén. 
Yo creo que nosotros también tenemos que contribuir debidamente al éxito de este empeño con nuestra actuación. 
Esta ha de ser a mi parecer una tarea fundamental, si no nuestra tarea central, en este momento. 
Señora Presidenta, desde el inicio de esta legislatura el Parlamento Europeo, a través de varios de sus órganos, ha venido trabajando intensamente por la paz en la región, aportando su contribución, tanto política como económica, a través de los presupuestos de la Unión. 
Como presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel ha sido un privilegio compartir iniciativas y viajes con la Sra. Morgantini, presidenta de la Delegación para las Relaciones con el Consejo Legislativo Palestino. 
Aunque seguramente tenemos puntos de vista no siempre coincidentes, estoy convencido de que siempre hemos compartido buenas intenciones. 
Hemos viajado con la Sra. Fontaine, nuestra Presidenta, hemos recibido aquí el lunes pasado- como se ha recordado- al Sr. Avram Burg, Presidente del Parlamento de Israel, y al Sr. Abu Ala, presidente del Consejo Legislativo de Palestina. 
Hoy mismo hemos comido con los receptores del Premio Sajarov de este año- como acaba de mencionar el Sr. Brok -, cuya concesión pretende simbolizar y ser entendida como expresión de los buenos deseos del Parlamento Europeo. 
Ahora participamos en este debate en torno a una recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Pues bien, yo creo que, precisamente ahora, por primera vez, nos enfrentamos con una situación en la que no se ve ninguna razón para ser optimista y por eso, precisamente, creo que la recomendación al Consejo es muy oportuna y útil, sobre todo en su versión final, que los Grupos hemos acordado esta mañana y que, estoy seguro, confirmaremos en la votación porque lo único que nos queda es la intercesión, incluso la imposición internacional, sin la cual probablemente estaríamos contemplando ahora una situación de guerra abierta. 
Ante las circunstancias trágicas que estamos viviendo, agravadas por la crisis internacional, creo firmemente que los distintos Grupos parlamentarios debemos dejar de lado las diferencias partidarias, haciendo más eficaz nuestra contribución y la de los representantes de la Unión en la zona. 
Esto que estamos viviendo no es una película de buenos y malos y, por eso, para ser creíbles, necesitamos exigir por igual al Gobierno de Israel el cese de los bombardeos, y a la Autoridad Palestina la persecución sin excusas de los radicales causantes de terrorismo indiscriminado que, bajo ninguna circunstancia, está justificado. 
En momentos como los actuales, los dirigentes políticos no pueden resignarse, tienen que revelarse contra el odio de los jóvenes israelíes que salen a la calle pidiendo el bombardeo de la población palestina en represalia por los atentados terroristas, y tienen también que revelarse contra esa imagen brutal de niños palestinos celebrando con alegría la pérdida de decenas de vidas humanas inocentes en Jerusalén o Haifa. 
¿Qué es lo que les enseñarán a estos niños en los colegios? 
Y si los actuales dirigentes israelíes y palestinos no son capaces de parar esto, estoy seguro que la historia de sus pueblos les castigará con el desprecio. 
Señora Presidenta, mientras aquí hablamos, en Oriente Próximo los tanques de Israel vuelven a ocupar los supuestos territorios autónomos palestinos. 
Su ejército continúa llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y sus aviones siguen bombardeando las sedes de la policía- que no ejército- palestina, una policía que no goza de libertad de movimientos y a la que se exige que desmantele las redes terroristas y que detenga a todos los sospechosos. 
No ignoro que el Consejo, y muy en especial el Alto Representante- Javier Solana -, redoblan sus esfuerzos para lograr algún resultado concreto. 
Me pregunto si a ello contribuirá la declaración del Consejo del pasado lunes. 
En cualquier caso, quiero referirme a ella. 
La Unión, como es sabido, exige en ella, y por este orden: primero, a la Autoridad Palestina, que desmantele las redes terroristas, que detenga a todos los sospechosos y que haga un llamamiento público pidiendo el fin de la Intifada. 
Después, pero en segundo lugar, pide al Gobierno de Israel la retirada de sus fuerzas militares, que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, que acabe con los bloqueos y restricciones que agobian al pueblo palestino y que congele los asentamientos. 
Celebro esta declaración. Lo mismo que el Primer Ministro Sharon, que ha manifestado que es la primera vez que tal exigencia de lucha contra el terrorismo se formula de manera tan clara y sin equívoco a Arafat. 
Obviamente, la satisfacción de Sharon se refiere únicamente a la exigencia de la Unión respecto de la Autoridad Palestina. 
Ninguna declaración del Primer Ministro Sharon sobre el requerimiento del Consejo para que se ponga fin a la violencia de Israel. 
A Peres, Ministro de Asuntos de Exteriores de Israel, también le ha gustado. 
Ha dicho Simon Peres que le parece "una posición europea responsable", si bien ha sido algo más concreto que Sharon, pues ha manifestado que la acción militar israelí es necesaria. 
Afirma que esa acción- cuya finalización pide la Unión- es necesaria para impedir ataques contra los israelíes, y añade textualmente: "resulta muy fácil dar consejos a países que no tienen los mismos problemas". 
Por lo visto, la actitud europea es responsable si aconseja a la Autoridad Palestina, pero no lo es tanto si el aconsejado es el Gobierno de Israel. 
Probablemente, en mi modesta opinión, este tipo de manifestaciones han llevado a Louis Michel a decir que la Unión no se estaba alineando con Israel al emitir tal declaración. 
Yo lo sé, pero la cuestión es que sigue habiendo un ocupante y un ocupado, y el primero quiere continuar imponiendo las reglas del juego, mientras el segundo- el ocupado -, pide lisa y llanamente el final de la ocupación y, con ello, la paz. 
Esto lo sabe también el Consejo, que siempre ha deseado tener, como este Parlamento, mayor influencia en el proceso de paz. 
Creo que también sabe que la influencia no se pide, se consigue. 
Por último, me gustaría decir que espero- y estoy seguro de ello- que esta última misión del Alto Representante y las posibles decisiones que se adopten en Laeken vayan en esta dirección. 
Señora Presidenta, creo que nos resulta difícil, a mí y a los demás oradores, encontrar palabras más adecuadas y útiles que las que han utilizado hoy mismo los laureados con el Premio Sajarov, en particular la Sra. Peled-Elhanan y el Sr. Ghazzawi. 
Pero hay que seguir. 
Tomemos su ejemplo. 
Creo que los Grupos debemos felicitarnos por el acuerdo conseguido respecto a la recomendación, pero nos debe preocupar que- aun sin ser parte en el conflicto- nos haya costado más de lo lógico conseguirlo. 
Durante la discusión, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas ha intentado primar tanto el acuerdo como una posición equilibrada. 
Pero, creo que no cabe duda, nuestra mayor exigencia es la de ser eficaces, puesto que nosotros no estamos aquí como analistas de conflictos, sino como políticos con responsabilidad en el ámbito de la Unión Europea. 
Desde este punto de vista, creo que es lógica la clara posición que se toma en cuanto a la Autoridad Palestina y al Gobierno de Israel, que coincide con la posición del Consejo. 
Pero, insistiendo en la posición de eficacia requerida, yo quisiera sumarme a las opiniones ya expresadas por la Sra. Neyts-Uyttebroeck y por el Sr. Patten, en el sentido de una necesaria acción internacional, en el sentido de parar el conflicto y entrar en la línea de las bases establecidas perfectamente por el informe Mitchel. 
En este sentido, diría que no basta con ser observadores y presionar. 
La Unión Europea, Estados Unidos y, evidentemente, también la ONU y Rusia, son unos abogados poderosos, que difícilmente podrían hallar otra ocasión histórica para actuar conjuntamente de forma más eficaz y equilibrada. 
Por tanto, creo, sin duda alguna, que ésta debe ser nuestra prioridad: conseguir actuar como abogados potentes, apoderados- si fuera posible por las partes -, porque la gravedad de este conflicto así lo requiere. 
Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, produce una sensación algo curiosa hablar aquí sobre Oriente Medio algunas horas después de la entrega impresionante y emotiva del premio Sajarov a la Sra. Peled y al Sr. Ghazzawi. 
No obstante, se trata exactamente de eso, de la existencia de gente sensata que en circunstancias personales dramáticas ha podido seguir siendo tolerante a ambos lados de la línea, es precisamente la existencia de ese tipo de personas la que hace sensato y necesario que sigamos buscando una solución a un problema que parece desesperanzador a primera vista. 
A los cínicos que se encuentra en la sala, pero sobre todo, fuera del Parlamento digo sí, la Unión Europea tiene que desempeñar aquí un papel propio. 
Sin los americanos no tendrá éxito, pero con ellos únicamente tampoco lo tendrá ¿Qué significa esto en mi opinión? 
Para la Unión Europea significa criticar a las dos partes, a Israel cuando se trata de la reocupación de zonas palestinas con el objeto de imponer bloqueos o ejecuciones ilegales. 
Sin embargo, que no haya malentendidos, también hay que criticar a la Autoridad Palestina, que podía haber hecho más y deberá hacer más en el futuro para impedir los ataques terroristas y desmantelar las redes. 
No obstante, no olvidemos a pesar de toda la atención que hay que prestar al equilibrio, que no se trata de una lucha entre dos partes iguales. 
Es el Estado de Israel quien tiene la mayor responsabilidad de los conflictos actuales y de su solución. 
Eso significa que habrá que presionar más a Israel para que encuentre una solución. 
Eso significa presionar para evitar que siempre se encuentre una escapatoria o una excusa para no iniciar las conversaciones en el momento en que éstas pueden tener lugar. 
Eso significa también presionar a Israel para que se distancie de la idea conforme a la cual, por ejemplo, se compara a Arafat con Bin Laden. Es una comparación muy peligrosa que tan sólo logra dificultar sumamente que se encuentre una solución. 
También estamos obligados hacia los ganadores del premio Sajarov a fin de hacer todo lo que podamos por mantener viva sus esperanzas. 
Señora Presidenta, señora Ministra, señor Comisario, acababa precisamente de regresar de un viaje emotivo por los Territorios palestinos y por Israel cuando me enteré de la nueva y espantosa matanza de Jerusalén, seguida de un segundo atentado en Haifa. 
Horrorizado por estos actos tan deliberadamente crueles y asesinos, manifesté inmediatamente mi profunda simpatía a las familias de las víctimas. 
Ninguna causa, señalé, puede, ni de cerca ni de lejos, justificar esas masacres de inocentes. 
Sus instigadores deben ser detenidos, juzgados y castigados. 
No es necesario ser un entendido para comprender que esos nuevos crímenes representaban para la dirección palestina una verdadera catástrofe. 
Pude medir sobre el terreno la dificultad que hay para contener la exasperación de la población, en especial en los campos de refugiados, ante los actos de violencia cotidianos de la ocupación, con mayor razón después de los asesinatos irresponsables de dirigentes históricos de los movimientos integristas. 
Esta vez, me dije, que el Gobierno israelí decida vengar a su manera a las víctimas de los atentados y se verá cómo se reduce al máximo el débil margen de maniobra que le queda a la Autoridad Palestina. 
Romper el dramático círculo vicioso- humillaciones, atentados, represalias, revanchas- en el que está bloqueado este conflicto desde la elección de Ariel Sharon sería una misión casi imposible. 
Pues bien, aquí estamos, y de qué manera. 
Mediante su diluvio de fuego, Israel se ha vengado de los integristas apuntando a Arafat. 
La policía palestina, conminada a detener a los activistas de Hamas o de la Yihad islámica, se ve bombardeada. 
El Día Internacional de los Derechos Humanos está marcado en Hebrón por la imagen insostenible de dos niños de 3 y de 13 años despedazados por un misil israelí vagamente destinado a un sospechoso. 
¿Quién puede dudar aún de la voluntad de Ariel Sharon de eliminar a la Autoridad Palestina y todo lo que queda de Oslo? 
Frente al peligro mortal de una decapitación de la nación palestina y del maremoto islamista que seguiría, ¿qué dice Europa? ¿Condena la política execrable emprendida por Sharon? 
¿Lamenta las víctimas civiles palestinas al mismo nivel que las israelíes? ¿Reitera cuando menos su vieja demanda de envío de observadores internacionales a la región? 
Por muy increíble que pueda parecer, nada de esto figura en el comunicado de los Quince. Al contrario, es a la Autoridad Palestina a quien Europa envía un mensaje del que la prensa señala un tono de firmeza sin precedentes. 
Sería dramático que en el momento en el que la única esperanza reside en una intervención política decidida de la comunidad internacional, Europa arquee el lomo, permitiendo sin reaccionar que George Bush dé luz verde a Ariel Sharon. 
Pienso en las mujeres y los hombres de Israel y de Palestina que, a imagen de la Sra. Peled-Elhanan y del Sr. Ghazzawi, nuestros galardonados con el Premio Sajarov, cuenten con nosotros para ayudarles a resistir, a tener esperanza y a reconstruir una vía hacia una paz justa. 
Su combate basta para recordarnos nuestras responsabilidades. 
Señora Presidenta, anteayer, el Consejo tomó claramente posición, por fin, en la escalada del conflicto palestinoisraelí. 
Tal como es debido, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE han responsabilizado políticamente a la Autoridad Palestina de los ataques suicidas constantes contra ciudadanos israelíes. 
Basándose en ello, han impuesto tres condiciones a los responsables palestinos: el desmantelamiento de las redes terroristas de Hamas y de la Jihad Islámica, la detención y persecución penal de todas las personas sospechosas de actividades terroristas y el anuncio público en árabe del final de la Intifada, el levantamiento palestino. 
Desgraciadamente, no encuentro que la claridad política del Consejo respecto al terrorismo palestino está reflejado de forma consecuente en las recomendaciones de este Parlamento. 
Por tanto, mantengo mi enmienda 6: la vinculación del apoyo a la Autoridad Palestina a las condiciones del Consejo, incluso después de la deliberación de los coordinadores, que ha tenido lugar esta mañana. 
Esta enmienda responde al espíritu de los compromisos surgidos a raíz de esta deliberación. 
Pido, entonces, el apoyo de sus Señorías a esta votación nominal. 
Señora Presidenta, si este Parlamento no obra de común acuerdo con el Consejo contra la proliferación del terrorismo palestino, las fuerzas satánicas del 11 de septiembre sacarán partido de ello, porque realmente no desean lo que el Parlamento Europeo sí manifiesta claramente en esta recomendación: un Estado judío seguro en Oriente Medio. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señoras y señores diputados, seguimos pintando en lugar de Picasso la Guernica antiisraelí: cuerpos de niños, generalmente en otros lugares si son víctimas de los americanos, aquí víctimas de los israelíes. 
El Comisario Patten, nosotros mismos con esta propuesta de recomendación, nos proponemos ayudar a los palestinos para darles por fin lo que necesitan, lo que seguramente piden las mujeres y los hombres palestinos- árabes, por otra parte, en general- y las víctimas de las dictaduras en Arabia. 
Estamos prometiendo a Arafat y estamos permitiendo luchar, ¿para qué? 
¿Para darles derechos? 
¿Para darles lo que todas las declaraciones de derechos humanos del mundo, incluso las europeas, ignoran como derecho de la persona? 
Es precisamente esto lo que necesitan: otro Estado nacional sirio, otro yemení, no importa; necesitan un Estado nacional. 
Señor Comisario Patten, quizás lo necesitemos también en Italia para resolver nuestros problemas, quizás lo necesiten en el Reino Unido para resolver los suyos, ¿no? 
La independencia nacional: esta mentira que grava también sobre Israel. 
Ustedes querían la unidad nacional yugoslava, neutral entre las dos partes. 
No importaba cuando pedíamos que se decidiera por la democracia y por Europa. 
Se quedan mirando, se comportan como los buenos samaritanos. 
Probablemente la Sra. Morgantini está a punto de invitar a los soldados israelíes a desertar, como hizo desde las televisiones italianas de todo el mundo, a los soldados americanos e ingleses a desertar de la guerra de Afganistán. 
Ustedes son los herederos de los pacifistas y de los comunistas de 1938 que, en apoyo del nazismo, invitaban a los camaradas franceses a desertar de aquella guerra. 
Pues bien, si esto es lo que ustedes continúan proponiéndose, pienso que tenemos el deber de reiterar que los palestinos y todos los ciudadanos del mundo- los palestinos antes que nadie- tienen derecho a decir "no", y nosotros en su nombre, a este cínico fraude. 
Si existieran los tres Estados- Jordania, Palestina e Israel- saltaría enseguida el Estado jordano y enseguida se trataría de hacer saltar este oasis de media democracia, de un tercio de democracia a través de Palestina. 
No, no a este texto en el que se condiciona la continuación de la cooperación con Israel y se dice que es preciso apoyar a Arafat sin condiciones. 
Bien: esta Europa, esta Palestina, esta Arabia, francamente no es la nuestra. 
Y votaremos en consecuencia. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, esta mañana todos nos impresionamos con el testimonio de la Sra. Peled-Elhanan, que hizo oír en este hemiciclo el grito de los niños sacrificados y la voz de las madres en duelo y que, porque ellas dan la vida, se comprometen a preservarla frente a la locura asesina de los hombres. 
Oímos también la llamada del Sr. Ghazzawi, a favor de este sueño de paz, que fue el de nuestros padres fundadores y que sigue siendo fundamento de la Unión Europea. 
Escuchándolos, no he podido evitar los recuerdos dolorosos de un periodo en el que, en los Balcanes, los responsables políticos y militares hacían caso omiso de la voluntad de paz de la mayoría de sus compatriotas, campaban en posiciones intransigentes dictadas por su desconfianza visceral con respecto a sus adversarios. 
Para apaciguar esta desconfianza la comunidad internacional tuvo que comprometerse de forma decidida hasta la conclusión de los acuerdos de Dayton, que debían finalmente llegar a un alto el fuego duradero, garantizado por el despliegue de una fuerza que aún no ha terminado su misión pero que ha permitido romper por fin, Sr. Wurtz, el círculo infernal del miedo, de la violencia y del odio. 
Actualmente, para satisfacer la voluntad de paz de la mayoría de los ciudadanos israelíes y palestinos, me parece que la comunidad internacional debe dar muestra de la misma resolución y el mismo compromiso. 
La vocación de la Unión Europea es la de ponerse a la cabeza de este movimiento. 
Así entiendo la declaración que realizó el Consejo anteayer, que indicaba, en un rigor destacable y una no menos destacable concisión, la posición equilibrada de la Unión. 
Me felicito, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, por la voluntad así señalada de no resignarse a la escalada de una violencia cada vez más ciega. 
La Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento elaboró en el mismo espíritu la recomendación redactada por nuestro Presidente, Elmar Brok, que va a someterse a la aprobación de nuestros colegas. 
Deseo que los responsables políticos y militares israelíes y palestinos comprendan finalmente que estas intervenciones no tienen como objeto ayudarles a relanzar un proceso de paz del que han aprobado las bases, sino que se niegan a poner en práctica por falta de confianza de unos en los otros. 
Les pedimos encarecidamente que al menos confíen en la comunidad internacional para garantizar esta puesta en práctica de la forma más imparcial; a ello podemos y debemos comprometernos. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, Señorías, la situación en Oriente Medio en diciembre de 2001, ocho años después de Oslo, quince meses después del inicio de la segunda Intifada, es catastrófica. 
El señor Sharon no ha podido mantener sus promesas electorales relativas a la mejora de la seguridad de Israel y de sus ciudadanos. 
El Jefe de la Autoridad Palestina está debilitado, encerrado y asediado en sus territorios que de autónomos sólo tienen el nombre. 
La población civil palestina parece más avasallada que nunca y desprovista de toda perspectiva de futuro. 
La comunidad internacional, que quiere la paz, persigue ahora un objetivo intermedio, pero fuera de alcance: se trata de un plan que lleva el nombre de un senador americano, el Sr. Mitchell. 
El plan Mitchell es bienintencionado porque pretende en primer lugar detener la masacre, pero es un señuelo, ya que cada mini-acuerdo concluido sobre una base tan restringida quedaría a expensas del último kamikaze loco y sería necesario comenzar desde cero. 
Incluso suponiendo que las condiciones previas planteadas por el señor Sharon se vieran satisfechas, incluso suponiendo que el plan Mitchell se viera íntegra- y penosamente- puesto en práctica, eso no cambiaría en nada las causas profundas del conflicto, y la aversión personal visceral del Sr. Sharon por el Sr. Arafat no desaparecería como por encanto. 
Las causas profundas del conflicto residen en la ocupación persistente- "cruel", según la galardonada con el Premio Sajarov, que se manifestaba esta mañana- de los territorios palestinos y sirios conquistados por Israel durante el conflicto de 1967. 
No se crearán las condiciones para una paz estable y duradera hasta que la totalidad de esos territorios, incluido Jerusalén Este, haya sido liberada por el ejército de ocupación, como exigen las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Por ello, la Unión Europea debería defender un acuerdo definitivo e inmediato que prevea unas fronteras seguras, internacionalmente reconocidas y, si llega el caso, protegidas durante un periodo transitorio por una fuerza internacional. 
Todos los países de la región podrían entonces volver a empezar sobre bases nuevas y abordar, con el apoyo de la Unión, la fase de la reconciliación y de la reconstrucción. 
Israel debe retroceder a sus fronteras internacionales de 1967 y el mundo árabe debe formal e irrevocablemente reconocerlas. 
Éste es el objetivo final que el Consejo debería perseguir con firmeza en la escena internacional. 
Actuando así, Europa desempeñaría en Oriente Próximo la función que todo el mundo confía que desempeñe. 
Lo conveniente en estos momentos no es un papel equidistante sino equitativo. 
Señora Presidenta, Oriente Próximo está en guerra desde hace ahora más de un año, la Intifada y su cortejo de represalias israelíes no se detienen, los muertos se acumulan por todas partes y nosotros nos sentimos impotentes, preocupados y furiosos. 
Si, furiosos, con una cólera equivalente a nuestras esperanzas del año pasado; Oriente Próximo estuvo a dos centímetros de un acuerdo de paz. 
Se puede reprochar a Ariel Sharon su política del talión. 
Pero Sharon no estaba en el poder en el momento en que Ehud Barak, Shlomo Ben Ami y Bill Clinton intentaban convencer a Yaser Arafat de que firmara un acuerdo de paz que hubiera sido histórico. 
Dicho esto, el pasado es el pasado, y el Comisario Patten lo ha recordado con toda razón. 
Nosotros deseamos creer aún ahora en la luz, parafraseando los términos de la Presidencia belga de la Unión. 
Deseamos creer que la llamada sin precedentes realizada el lunes por los Quince será oída, una llamada a unos y a otros, al contrario de lo que he oído aquí. 
Israel se encuentra ante sus responsabilidades pero por primera vez, también con claridad, la Unión exige a Arafat que desmantele las redes terroristas de Hamas y de la Yihad islámica. 
La luz por tanto, quizá cuando Israel reconocía ayer que la Autoridad Palestina ha comenzado por primera vez a luchar seriamente contra los integristas. 
La luz de nuevo, cuando Arafat admite que la llamada de la Unión, aunque sin complacencia, es equilibrada. 
Nuestro Premio Sajarov 2001, la israelí Nurit Peled-Elhanan nos decía este mediodía, "ojalá que la voz de las madres en Oriente Próximo pueda hacer que calle la de las armas". 
Esperamos, queremos creer también, que la de Europa clara y alta contribuya a hacer que renazca la esperanza. 
Señora Presidenta, cada vez más quisiera mirarnos y mirarles en silencio. 
Estoy cansada, cansada de estos debates reiterados, en que se avanza a duras penas: un silencio, sin embargo, que sepa escuchar las soterradas voces de los muertos que piden paz y justicia, como decían esta mañana Izat y Nurit. Un silencio que diga a las conciencias de todas y de todos que en Palestina y en Israel habrá paz sólo si el pueblo palestino podrá ejercer el derecho a vivir en su propio Estado coexistiendo con el Estado de Israel y con una seguridad mutua. 
Debemos convertir esta paz en posible, no sólo con ayudas económicas. 
Lo vemos cada día. 
Lo que construimos y lo que nuestros ciudadanos pagan lo destruyen los bombardeos, las excavadoras: del aeropuerto al puerto. El otro día resultó destruido incluso el laboratorio antiterrorismo. 
Comparto las posiciones del Comisario Patten y de la Sra. Ministra; sin embargo, no podrá existir desarrollo económico sin que antes se ponga fin a la ocupación militar israelí. 
Ha de tomarse la decisión, incluso unilateral, de una presencia internacional para proteger a la población civil. 
No existe igualdad entre ocupado y ocupante. 
Debemos ser equilibrados pero no salomónicos. 
La paz necesita acciones concretas: para nosotros, para los israelíes y para los palestinos. 
Señora Presidenta, mi Grupo está profundamente conmovido ante el estallido de violencia en Oriente Medio. 
La población de Israel está de luto y vive con miedo y rabia, pero sí tienen libertad política, elecciones y desarrollo económico y la esperanza de un futuro mejor. 
A Israel le interesa que los palestinos también tengan de nuevo esperanza en el futuro. 
Quien tiene esperanza, tiene algo que perder. 
Sin esperanza no existirá nunca una disposición para llegar al establecimiento de compromisos. 
No obstante, ¿cómo puede la gente atreverse a tener esperanza en tanto se construyan asentamientos en su patio trasero, en tanto se impongan penas colectivas a las fechorías de algunos, en tanto Europa no actúe ante las burdas violaciones del Derecho internacional? 
Es un error pensar que más violencia y más represión hará que los palestinos estén dispuestos a hacer concesiones. 
Una fuerza internacional de paz debería controlar la ejecución del acuerdo Mitchell a fin de iniciar la retirada inmediata de los territorios ocupados y un desmantelamiento inmediato de todos los asentamientos. 
Por último, señor Presidente, una pregunta a la Comisión. 
Los ataques israelíes han destrozado proyectos europeos, el mismo Sr. Patten ha mencionado el laboratorio forense ¿Cuán elevado es el daño y puede el Comisario Patten prometer que la Comisión se lo imputará a Israel? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, realmente no tengo mucho que añadir a lo que se ha dicho durante este debate, salvo subrayar que las decisiones del Consejo, siguiendo de forma absoluta la línea de lo dicho por el Comisario Patten, están totalmente encaminadas al futuro y, por tanto, contienen algunos requerimientos urgentes con respecto a los dos implicados principales, es decir, a Israel, por una parte, y a la Autoridad Palestina, por otra. Estas decisiones no tienen la intención de recordar, lamentar y, llegado el caso, homenajear de forma justa y equitativa a las víctimas tanto de una parte como de la otra. 
La violencia es terrible. 
La espiral de violencia también lo es. 
Nos ha parecido que debíamos hacer un llamamiento urgente a la acción y que este llamamiento urgente debía dirigirse tanto a la Autoridad Palestina como a Israel. 
En la parte disponible de las conclusiones se aboga también, sin embargo, por una pronta reunión en la que la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, la Autoridad Palestina e Israel se sienten juntos a la mesa a fin de intentar detener la espiral de violencia y extremismo. 
Ésta es nuestra ferviente esperanza. 
Creo que no ayuda intentar que el Consejo se decante por una u otra de las partes. 
No es ése el caso. 
Estamos a favor de la paz e intentamos hacer todo lo posible por lograrla. 
Lo hace esta Presidencia y la próxima también lo hará, sin duda alguna, y podemos utilizar muy bien todo el apoyo que ustedes nos brindan. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar quiero responder a la pregunta de la Sra. van der Laan, tan directa como siempre. 
Hemos hecho un cálculo de los daños que nuestros proyectos han sufrido hasta ahora. 
Son nueve proyectos en total los que han sufrido daños de un modo u otro. 
La estimación de las pérdidas asciende aproximadamente a los 2.289 millones de EUR, que comprenden, por ejemplo, 60.000 EUR perdidos con el bombardeo del laboratorio forense que porporcionamos. 
Asimismo, el Gobierno israelí ha prestado un cierto apoyo en el intento de ayudar a las fuerzas de seguridad. 
Estas cifras son sólo aproximadas. 
Si se piensa en los fondos que han fluido desde Europa a la Franja de Gaza y Cisjordania a lo largo de estos años destinados a proveer unos servicios decentes, a contribuir a la creación de un Estado potencialmente viable, las pérdidas son incalculables. 
Este es el balance de auditoría hasta ahora, y espero que no vaya a peor. 
Quizá pueda añadir uno o dos puntos en relación con el debate. 
Su Señoría el Sr. Poos, que no se permite ninguna frivolidad- él conoce muy bien estos temas- ha descrito la situación como catastrófica, y el adjetivo empleado no es exagerado. 
Su Señoría y noble amigo el general Morrillon nos ha recordado las consecuencias de la intransigencia en los Balcanes. 
El Sr. Lagendijk y la Sra. Morgantini, entre otros, han hablado sobre las conmovedoras intervenciones que hemos oído esta mañana sobre el sacrificio de la próxima generación porque la actual no es capaz de encontrar un modo de vivir juntos en paz. 
Supongo que cuando las personas saben comportarse con esta extraordinaria flexibilidad, valentía y moderación, aún hay esperanza en el futuro de la región. 
Mi amigo, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Sr. Brok, ha dicho que el objetivo consistía en que las tres religiones que hemos visto representadas aquí esta mañana deberían poder convivir un día en la Ciudad Santa en paz, lo que en palabras de un poeta inglés, es "una consumación que debe desearse fervorosamente". 
Quiero decir una cosa al Sr. Belder- y se lo digo cortésmente y sin afán crítico, porque las personas tienen derecho a tener sus propias pasiones -, y es que no estoy seguro de compartir su concepto del equilibrio. 
Voy a decirle cuál es mi idea de equilibrio. 
El lunes de esta semana, varios diputados palestinos e israelíes se reunieron en el puesto de control de Qalandia para subrayar "la urgente necesidad de proseguir el diálogo entre ambas partes", incluso aunque este sea el único lugar en que sea posible mantenerlo. 
Señalaron que estos encuentros son especialmente importantes a la luz de la escalada de violencia durante la pasada semana, que, a su juicio, amenaza con arrastrar a toda la región hacia la guerra. 
Si no se consigue parar inmediatamente el actual ciclo de violencia, la situación puede escapar de todo control, quizá con consecuencias irreversibles. 
Un grupo de personas, entre quienes se encuentra Yossi Beilin, antiguo Ministro de Justicia y uno de los arquitectos del proceso de Oslo, y Yaser Abed Rabbo, el Ministro de Información y Cultura palestino, afirmaron que poner fin a la actual crisis supone el inmediato abandono de la violencia como arma política y el cumplimiento incondicional del plan de trabajo Tenet y del informe Mitchell. 
Ello requiere adoptar medidas inmediatas, incluidas la prevención y el castigo de actos terroristas, el levantamiento del cierre de los pasos fronterizos y la retirada de las zonas palestinas, así como poner fin a la política de asesinatos. 
A su juicio, la política de asentamientos no es compatible con una verdadera reducción de la violencia y la consecución de la paz. 
Debe ponerse fin a esta política. 
La incitación en cualquiera de sus formas, sea oficial o no oficial, no es compatible con la restauración de un clima de confianza y no violencia. 
Hay que ponerle fin. 
Hemos manifestado con toda claridad que bajo ningún concepto la Autoridad Palestina ni su presidencia debe resultar herida ni ser el blanco de ataques si se quiere encontrar una salida a esta crisis. 
Voy a decirles lo que creo que la Unión Europea debería hacer. 
En tanto haya moderados en ambos lados- en Israel y en la Autoridad Palestina -, debemos prestarles nuestro apoyo, apoyarles en su valentía, tolerancia y honradez. 
Esto es una política de la Unión Europea equilibrada. 
Me gustaría responder "hosanna", en expresión bíblica tan al caso, a todas las opiniones expresadas en esta declaración conjunta. 
Pido a Dios que un plazo de tres, seis o nueve meses queden aún moderados con el coraje y la valentía de ofrecer una mejor perspectiva para el futuro de esta región. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su conmovedor llamamiento en estas circunstancias difíciles. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Señor Presidente, quisiera saludar a un grupo de jóvenes que no sólo tiene el mérito contingente de venir de una ciudad- Pontremoli, en Lunigiana- que me es muy querida y de la que soy alcalde, sino que pienso que pueden representar a muchos jóvenes que miran a Europa. 
Han cumplido 18 años este año, en 2001, que es el año en que la violencia ha alcanzado su máxima cota de intensidad en el mundo pero que también es el año en que muchos jóvenes en el mundo adquieren la plena capacidad de sus derechos y de sus obligaciones al alcanzar la mayoría de edad. 
Espero que esta obra de mediación, este fuerte mensaje moral de Europa pueda ser una prueba constructiva de cara a la paz del futuro para los jóvenes de Europa y para todos los jóvenes en nuestro mundo. 
Su intervención no se refería exactamente a una cuestión relativa al Reglamento, estimado señor Alcalde, pero existe un proverbio de la Biblia que dice que cuando el corazón rebosa, se derrama por la boca. 
En este sentido, yo puedo comprender su intervención. 
Aplicación por el Consejo y la Comisión del reglamento sobre el acceso a los documentos 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación por el Consejo y la Comisión del reglamento sobre el acceso a los documentos. 
La señora Ministra Neyts-Uyttebroeck, que antes ha intervenido al final, tendrá ahora la oportunidad y la satisfacción- y es un honor para nosotros concedérselas- de abrir el debate con su declaración sobre este tema. 
Señor Presidente, señoras y señores, la Presidencia del Consejo se comprometió ante ustedes- a través de quien les habla, por cierto- a adoptar las disposiciones necesarias para respetar el plazo del 3 de diciembre de 2001 fijado para la aplicación del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo con fecha de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
Me alegra poder anunciarles que el Consejo ha mantenido sus compromisos. 
El pasado 29 de noviembre adoptó una decisión por la que se modifica su propio reglamento interior. 
Esta decisión fue publicada en el Diario Oficial de 30 de noviembre y entró en vigor el pasado 3 de diciembre, es decir, el mismo día en el que el reglamento del que hablaba comenzó a ser aplicable. 
Esta decisión constituye una refundición en un solo acto de las disposiciones recogidas de actos internos del Consejo en materia de acceso a los documentos, así como de las nuevas disposiciones sobre la aplicación del reglamento. 
En virtud del artículo 2 de esta misma decisión, otros actos han sido derogados: una decisión del Consejo del 20 de diciembre de 1993 relativa al acceso del público a los documentos del Consejo, modificada en último lugar por una decisión del 14 de agosto de 2000, una decisión del Consejo de 6 de diciembre de 1999 relativa a la mejora de la información de los trabajos del Consejo y el registro público de documentos del Consejo, y, finalmente, una decisión del Consejo del pasado 9 de abril sobre la comunicación pública de algunas categorías de documentos del Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el proceso iniciado con el Tratado de Amsterdam respecto del derecho de acceso a los documentos ha conducido al establecimiento de un marco jurídico. 
Sin embargo, todavía deben introducirse algunas disposiciones. 
Las conversaciones entre las instituciones en cuanto a la creación de una comisión interinstitucional que, conforme al artículo 15 del reglamento, determine cuáles son las mejores prácticas, se encargue de las eventuales disputas y discuta la evolución futura en el marco del acceso del público a los documentos están todavía en curso. 
El Consejo considera que esta comisión debe reunirse a nivel de Secretarios Generales de las tres instituciones implicadas, con la posibilidad de que las cuestiones de carácter general, de naturaleza política o esenciales se presenten a los Presidentes de las tres instituciones. 
Con motivo del reciente triálogo político informal mantenido por los Presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión el pasado 28 de noviembre, la Vicepresidenta de la Comisión, la Sra. de Palacio, ha formulado una interesante propuesta como solución al problema del rango de los representantes en esta comisión interinstitucional. 
Su propuesta consiste en permitir que esta comisión se reúna a nivel de Secretarios Generales mediante un poder- en francés par délégation- de su administración política. 
Considero que es una idea interesante y, por tanto, he comunicado a los Presidentes del Parlamento y de la Comisión que presentaría esta idea para ser evaluada por las instancias del Consejo. 
Tal vez pueda explicar, señor Presidente, de qué se trata, ya que esta discusión sobre el rango mantenida por el Consejo y el Parlamento puede considerarse un poco bizantina. 
Al Consejo le preocupa que los Presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión, respectivamente, tengan que intervenir como si fueran un órgano de apelación, cuando a nivel de Secretarios Generales se decida denegar el acceso a un documento. 
Nuestro parecer es que ésta no es la función de este Colegio de Presidentes. 
Este Colegio no puede convertirse en una especie de órgano de apelación, sino que, al contrario, debería examinar las grandes líneas, las cuestiones generales, los principios y cuestiones similares. 
Por tanto, ésa es la preocupación. 
No se trata de que el Consejo no quiera esta comisión interinstitucional, se trata de evitar que se cree un órgano de apelación accesible cuasi sistemáticamente, ya que esto no nos parece nada bueno. 
Hay otras instancias a las que se puede apelar y ése es el núcleo de la discusión. 
Me parece que la sugerencia de la Vicepresidenta de la Comisión, la Sra. de Palacio, ofrece una salida. Si los Secretarios Generales de las tres instituciones se reúnen conforme a un poder de sus Presidentes, entonces sí tienen un mandato e incluso deben decidir ellos mismos en casos concretos en los que se trate del acceso a un documento. 
Se lo digo para describir claramente dónde radica el problema para el Consejo. 
Espero que los colegas del Consejo consideren también positivo el procedimiento indicado por la Sra. de Palacio y que, de esta forma, podamos solucionar el problema y la comisión interinstitucional pueda comenzar a actuar. 
Además, quiero centrar su atención en el hecho de que en el artículo 11, segundo apartado del reglamento, se fija el 3 de junio de 2002 como fecha límite en la que el registro de documentos debe estar operativo. 
¿Cómo vamos en ese ámbito? 
El registro de documentos del Consejo, tal como ustedes saben, está disponible al público desde el 1 de enero de 1999. 
Ese registro contiene todos los documentos presentados al Consejo o a las instancias preparatorias y que bien sirven de base para las deliberaciones, tienen una cierta influencia en la toma de decisiones o bien dan una imagen de los avances de determinados expedientes. 
El registro contenía en noviembre de este año referencias de más de 250.000 documentos del Consejo en todas nuestras lenguas oficiales, y ese registro permitía el acceso a más de 50.000 documentos. 
El registro resulta ser, por tanto, un instrumento eficaz y fiable con el que pueden identificarse y pedirse documentos de las instituciones. 
Desde que el registro está operativo, se ha producido un aumento considerable- y es comprensible- de las peticiones de documentos, documentos que en su mayoría, en efecto, se podrían encontrar en ese registro. 
El número de consultas del registro sigue aumentando. 
En 1999 se registraron más de 70.000 visitas que dieron lugar a casi 600.000 peticiones, y con ello nos referimos a pantallas consultadas o buscadas. 
En el año 2000 el número de visitas y peticiones se situaron respectivamente en 160.000 y 1.260.000. 
La tendencia continúa y en la primera mitad del año 2001 ya hemos tenido 130.000 visitas y hemos anotado más de un millón de pantallas consultadas. 
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en lo que respecta a las medidas destinadas a informar al público sobre los derechos de los que disfruta con relación al reglamento, las tres instituciones en cuestión examinan en este momento las diferentes medidas concretas a adoptar, por ejemplo, la elaboración conjunta de una guía práctica para los ciudadanos. 
En virtud del artículo 9, párrafo séptimo del Reglamento, la Comisión y el Consejo deberán informar al Parlamento en lo que respecta a documentos sensibles. 
En este sentido, el Consejo sigue dispuesto a concluir las negociaciones con el Parlamento sobre un acuerdo interinstitucional en el ámbito de la política europea de seguridad y defensa, que podría verse seguido de otros acuerdos, principalmente en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores. 
Pero, en este contexto, convendría que el Parlamento reexaminara su posición sobre su recurso de anulación contra el reglamento de seguridad del Consejo y que adoptase, con respecto a la protección de los documentos clasificados como sensibles, medidas conformes a su propio reglamento interior tal como ha sido modificado recientemente, con el fin de dar las garantías relativas a la protección, en el recinto del Parlamento, del carácter confidencial de esos documentos sensibles. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hace un mes vine aquí mismo como testigo para asistir a la aprobación por esta Asamblea del informe de la Sra. Maij-Weggen por el que se adaptaba el reglamento interior del Parlamento al reglamento relativo al acceso del público a los documentos de las tres instituciones. 
Ponía para ustedes un punto final al importante trabajo realizado por su ponente, la Sra. Maij-Weggen, pero también, me permito decirlo, por el Sr. Cashman. 
Hace una semana, unos días después del Consejo, la Comisión adoptó una decisión por la que modificaba su propio reglamento interior. 
Previamente habíamos mantenido un intercambio de puntos de vista, el 28 de noviembre, para aplicar el reglamento de la forma más clara posible. 
Nos hicieron falta, es cierto, algunos días suplementarios. 
Por ello, la decisión definitiva de la Comisión no se adoptó hasta el 5 de diciembre. 
Ello suscitó algunos interrogantes y su Presidenta nos formuló algunas preguntas. 
Deseo tranquilizarles claramente diciéndoles que en la práctica este retraso de algunos días no tiene ninguna consecuencia con respecto a los ciudadanos. 
La Comisión aplica el reglamento de 30 de mayo de forma efectiva desde el 3 de diciembre. 
En este sentido tenemos un punto central de acceso a la Secretaría General de la Comisión, con una dirección de correo postal, una dirección de correo electrónico y un número de fax a disposición de los ciudadanos, y que pueden también consultar el sitio de la Comisión. 
Desde la semana próxima, en la nueva guía de acceso que hemos realizado- señora Ministra, acaba usted de hablar de ello- estará también disponible en este sitio. 
Así, señoras y señores diputados, todo el dispositivo práctico para la aplicación del reglamento ya se está aplicando y, de hecho, los servicios de la Comisión han empezado a tratar las demandas de acceso sobre la base de los nuevos datos de este reglamento. 
El reglamento prevé, en su artículo 18, no solamente la adaptación de los reglamentos interiores, sino también la adaptación de otras disposiciones existentes. 
Así, los servicios correspondientes de la Comisión han verificado si el reglamento de 1983 relativo a la apertura al público de los archivos históricos estaba de acuerdo con el reglamento sobre el acceso a los documentos. 
Son necesarias algunas adaptaciones y la Comisión propondrá próximamente al Consejo y al Parlamento una modificación del reglamento sobre los archivos históricos. 
Tercera reflexión, siempre en virtud del artículo 18 del reglamento de 30 de mayo, los servicios de la Comisión han realizado un inventario de las normas que hoy están dispersas en el conjunto del derecho comunitario y que afectan al acceso a los documentos o a informaciones en la legislación comunitaria existente. 
Este ejercicio ha permitido identificar cerca de cincuenta disposiciones que la Comisión está examinando a la luz del nuevo reglamento. 
Cualquier disposición no conforme con las nuevas normas de acceso a los documentos será o bien modificada, o bien derogada. 
Cuarto punto que quisiera precisar con ocasión de esta intervención: el de la aplicabilidad del reglamento a las agencias. 
Sé que es una preocupación, Sra. Maij-Weggen, Sr. Cashman, que han manifestado ustedes con toda la razón y que aparece en la declaración común adoptada conjuntamente con el reglamento. 
Los trabajos sobre este punto están también en curso. 
A partir de la adopción del nuevo reglamento, la Comisión ha informado a las agencias y las ha invitado a volver a examinar sus propias reglas de acceso a la luz del citado reglamento. 
Los actos constitutivos de las agencias existentes serán modificados. 
Para las nuevas agencias, esta cláusula quedará prevista en la propuesta de constitución. 
Finalmente, señoras y señores Diputados, los servicios de la Comisión han redactado una guía que informa al ciudadano de los derechos que le confiere este reglamento. 
En una primera fase, esta guía será accesible en los próximos días en la página de Internet de la Comisión, pero posteriormente, y espero que muy rápidamente, se ha previsto desarrollar, para los ciudadanos, una guía común a nuestras tres instituciones. 
Éstos son, señor Presidente, señoras y señores Diputados, todos los trabajos que la Comisión ha iniciado para aplicar este reglamento del acceso a los documentos. 
Estos trabajos serán, naturalmente y sin ninguna duda, objeto de un seguimiento en el seno de la Comisión Interinstitucional que pondremos en marcha próximamente y que concretará nuestra cooperación en la aplicación del nuevo reglamento. 
Me ha agradado oírle, señora Ministra, mencionar la propuesta de compromiso que realizó, el 28 de noviembre, con ocasión del diálogo a tres bandas, mi colega Loyola De Palacio. 
Hizo esta propuesta de compromiso porque era necesario llegar a una solución. 
La hizo, y le agradezco, señora Ministra, que lo haya señalado, respetando la preocupación manifestada por el Parlamento de que la autoridad política cumpla con su papel en el seno de esta Comisión Interinstitucional. 
Para aplicar el reglamento, cada institución ha procedido de forma autónoma a las modificaciones de sus propios procedimientos internos cuando los ha considerado apropiados. 
Por su parte, la Comisión desea continuar respetando esta autonomía. 
Desea respetar el espíritu y la letra de este nuevo reglamento que constituye, a nuestro juicio, un verdadero progreso para la transparencia y para la democracia en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Comisario Barnier, señora Ministra, en mayo de este año se adoptó el reglamento access to documents, más conocido como la ley europea de transparencia de la Administración. 
Nosotros, el colega Cashman, el presidente Watson, y yo misma hemos estado implicados muy de cerca en ello. 
Se acordó entonces que la ejecución práctica debía estar lista para el 3 de diciembre y eso era aplicable a las tres instituciones: Consejo, Comisión y Parlamento. 
Los registros deberían estar listos el 3 de junio de 2002 y hoy es 12 de diciembre ¿Cómo vamos ahora, una semana después de ese 3 de diciembre? 
El Parlamento adoptó su reglamento revisado el 13 de noviembre y la Mesa del Parlamento se encargó de la ejecución el 28 de noviembre. 
Por tanto, en lo que a nosotros respecta, todo está en orden. 
Sin embargo, en tanto Parlamento, también nos sentimos corresponsables de lo que hacen la Comisión y el Consejo, y de ahí también que hayamos entablado este debate. 
En primer lugar el Consejo: adecuó su reglamento el 29 de noviembre al reglamento de acceso a los documentos y lo publicó el 3 de diciembre, por tanto, just in time. 
Dos observaciones: en primer lugar, una observación previa sobre las decisiones Solana. 
No está totalmente claro en el reglamento si las decisiones Solana van a ser o no overruled por el reglamento de acceso a los documentos ¿Puede la Sra. Neyts dar una respuesta muy clara al respecto? 
Y ahora una observación sobre el artículo 12, apartado 5 de la decisión del Consejo en la que se establece que las notas, cartas y documentos similares dirigidos, por ejemplo, al Coreper, en relación con la legislación, sí caen en el ámbito del reglamento de acceso a los documentos. 
El artículo 6 establece, sin embargo, que si los Estados miembros efectúan observaciones sobre la legislación europea en notas individuales o cartas dirigidas al Consejo o al Coreper no hace falta que se hagan públicas. No me parece aceptable. 
En los Países Bajos, una carta de un ayuntamiento dirigida a la Administración nacional siempre tiene que ser pública y me parece que debe suceder lo mismo en el caso de las cartas que los Estados miembros dirijan al Consejo. 
Y ahora la Comisión. Efectuó una modificación del reglamento el 28 de noviembre y la aprobó el 5 de diciembre. 
Bueno, el retraso de dos días no me molesta, pero sí tengo algunas observaciones. 
La primera es que la Comisión ha descentralizado la ejecución del reglamento. 
¿Es eso prudente? 
Si bien he oído ahora decir al Sr. Barnier que habrá un buzón y una dirección de e-mail. 
No obstante, ¿por qué eso no se ha mencionado claramente en el reglamento? No lo encuentro. 
Una segunda observación se refiere al siguiente problema: ¿por qué la Comisión no ha dado una definición clara de la noción de documento, tal como lo han hecho el Parlamento y el Consejo? 
Y luego el artículo 8 de la decisión de la Comisión, que es mi tercera observación. 
¿Por qué ser tan impreciso en cuanto al autor del documento? 
¿No se puede saber si es un funcionario? 
Firma en tanto funcionario, entonces, en mi opinión, eso cae en el ámbito del libre acceso. 
Tampoco está del todo claro qué pasará con las agencias. 
El Comisario ha dicho algo sobre ello, pero ¿existe alguna dirección del lado de la Comisión en este ámbito? 
Y las security rules. 
Tampoco se ha publicado nada sobre ello ¿Por qué las security rules del Consejo sí han sido publicados y las de la Comisión, no? 
Y una última observación, señor Presidente, en la que brevemente toco lo señalado por la Sra. Neyts. 
No sé si es prudente no disponer de un comité interinstitucional a nivel político. 
¿Se debe hacer eso a nivel administrativo? 
Tengo muchas dudas al respecto. 
Pienso que hace falta una deliberación más detallada sobre esta cuestión, nosotros, en cualquier caso, hemos establecido en nuestro reglamento que uno de nuestros Vicepresidentes debería responsabilizarse de esta cuestión, y el Parlamento debería respaldar esa posición. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame que recuerde al Consejo y a la Comisión que el presente reglamento tiene por objeto "garantizar de la manera más completa posible el derecho de acceso del público a los documentos y determinar los principios generales y los límites que han de regularlo". 
Al estudiar las decisiones del Consejo y de la Comisión, observo en ellas un intento de reescribir el reglamento, en particular en las referencias al mismo contenidas en el artículo 9 de la decisión de la Comisión (no podrá accederse a los documentos que no recojan posiciones o posiciones particulares). 
Lo mismo cabe decir del artículo 11 de la decisión de la Comisión. 
Quiero recordar al Consejo y a la Comisión que la restricción de acceso a los documentos sólo puede referirse a las excepciones enumeradas en los artículos 4 y 9, que a su vez remite al artículo 4. 
Asimismo, en las propuestas de la Comisión, se niega a los nacionales de terceros países el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo; una vez más, una violación del espíritu del reglamento. 
En el ejercicio de facultades delegadas, la Comisión cree que no pondrá a disposición la documentación legislativa hasta la adopción del texto definitivo. 
He de recordar a esta Asamblea y a la Comisión que el 90% de cerca de los 5.000 actos jurídicos adoptados cada año en la Unión Europea se dictan en ejercicio de facultades delegadas. 
El Consejo ha ampliado el acceso a algunos documentos internos suyos, pero mantiene la confidencialidad sobre las solicitudes de los Estados miembros relativas a las delegaciones nacionales y posiciones nacionales. 
¿Por qué, seis meses después de la entrada en vigor del reglamento, las Instituciones no han lanzado campaña alguna de información? 
¿Por qué? 
¿Cuándo vamos a contar con las propuestas de la Comisión sobre modificación de la legislación derivada? 
¿Ha adoptado la Comisión normas de seguridad? 
Si ha sido así, ¿puede publicarlas de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos? 
¿Cuándo adoptará el Parlamento sus propias normas de seguridad? 
Me preocupa enormemente que si ahora alguien tuviera que estudiar y tener acceso a la documentación por medio de la decisión de la Comisión o de la decisión del Consejo, estaríamos en presencia de una vulneración del reglamento. 
Además, quiero hacerme eco de la cuestión fundamental que ha puesto de relieve la Sra. Maij-Weggen. 
Es inaceptable que haya que tener secretarios generales que representen a los políticos en esta Comisión Interinstitucional. 
Los políticos deben responder por su propias decisiones. 
Señor Presidente, suscribo las preguntas formuladas por nuestros colegas al Consejo y a la Comisión. 
En particular, yo quisiera pedir que se constituya finalmente ese comité de colaboración interinstitucional, ya que el Parlamento, la Comisión y el Consejo tienen ciertamente mucho de qué hablar para que la transparencia real entre en vigor de la forma que establece este Reglamento. 
También comparto la opinión del Sr. Cashman de que el Parlamento no puede aceptar que los Secretarios Generales aborden estas cuestiones en nombre de los políticos, puesto que la transparencia, como cuestión democrática básica, es de índole marcadamente política. 
Ahora debemos también examinar cuáles serán nuestros retos futuros una vez que, como es de esperar, se solucionen todas estas cuestiones abiertas en relación con la aplicación de este Reglamento. 
Efectivamente, éste ha sido un primer paso muy importante, pero tenemos por delante muchos retos nuevos. 
Quiero mencionar aquí algunos de ellos. 
En mi opinión, el problema que adoptará progresivamente mayores dimensiones es el que, precisamente, ya fue mencionado ayer en un seminario por el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, Sr. Watson: la lucha contra el terrorismo y las cuestiones del tercer pilar están dando lugar a una situación insostenible, ya que el Consejo sigue decretando estas leyes relativas a la lucha contra el terrorismo a puertas bien cerradas y el Parlamento no tiene ninguna competencia en estas cuestiones. 
Creo que debemos afrontar este reto: las cuestiones del tercer pilar también deben ser incluidas plenamente en el ámbito del acceso público a los documentos. 
De lo contrario, estos asuntos quedarán completamente al margen de la responsabilidad democrática. 
En segundo lugar, quiero mencionar un problema relacionado con la protección de los datos personales. 
Obviamente, nosotros tenemos que proteger los datos personales, pero no podemos admitir que, por ejemplo, los nombres y la identidad de los representantes de la industria que participan en las negociaciones de la Comisión puedan mantenerse en secreto en nombre de la privacidad. 
No, aquí hay un malentendido, y en el contexto de estos asuntos debemos encargarnos de que se proceda en favor de la transparencia, así que no nos falta terreno abonado en el que trabajar. 
"¿ Podemos ver la guía telefónica ?" 
"Lo siento, bien es verdad que desde hace dos años no es secreta, sin embargo, no pueden verla." "¿ Cuántas leyes hay ?" 
"Lo lamento, no las contamos." 
"Cuántos proyectos dirigís ?" 
"Dejamos de contar cuando llegamos a 100.000." "¿ Cuántos comités hay ?" 
"Lo lamento, ese dato es secreto." "¿ Quién participa en las reuniones preparatorias ?" 
"Desgraciadamente no lo sabemos." 
"Sin embargo, ¿pagáis los viáticos ?" 
"Lo lamento, no sabemos a quién pagamos." "¿ Puedo examinar cuáles son las leyes que se negocian con los doce países solicitantes y los informes de seguimiento ?" 
"Sorry". 
Así son las respuestas que se nos da a nosotros, que hemos sido elegidos para controlar a la Comisión y al Consejo. 
Al igual que el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Comisión de Control Presupuestario no podemos obtener lo que debería corresponder a los diputados de todos los parlamentos. 
El tres de diciembre entró en vigor el reglamento sobre transparencia. 
Acudimos a la cita con una nueva solicitud de acceso a documentos públicos, pero los funcionarios descubrieron que con las nuevas normas tampoco había nada que entregar. 
Hemos solicitado tener acceso a una lista completa de comités, grupos de trabajo y de sus miembros. 
Hemos solicitado tener acceso a las negociaciones para la ampliación y a las declaraciones y dictámenes vinculados a las leyes vigentes. 
Cuando debatimos el reglamento sobre transparencia, los ponentes del Parlamento esperaban que a partir de ahora podríamos acceder a este tipo de información. 
Por ello me gustaría preguntarles a nuestros ponentes si querrán tomar parte en la apertura de un proceso contra la Comisión si nuestra nueva solicitud de acceso a documentos públicos también acaba sin una respuesta satisfactoria. 
Señor Presidente, mucha gente dice creer en un sistema de gobierno abierto y transparente. 
Estoy plenamente convencido de que la Comisión y el Consejo son sinceros en cuanto dicen. 
Los felicito por los progresos realizados hasta ahora, pero ninguno de nosotros debe llamarse a engaño y creer que no necesitamos trabajar mucho más antes de que Europa sea verdaderamente abierta y transparente. 
Quiero emplear mi tiempo para citar únicamente un ejemplo, una petición ante el Parlamento Europeo presentada por diversas personas de la compañía londinense Lloyds. 
En la petición se afirma que el Reino Unido no ha aplicado adecuadamente las directivas de la UE en materia de seguros. 
A la vista de la petición, la Comisión remitió, muy acertadamente, diversas cuestiones al Reino Unido hace más de un año. 
Aquí es donde comienzan el secreto y el encubrimiento. 
La Comisión ha permitido a los miembros de la Comisión de Peticiones- y sólo a sus miembros- examinar el cuestionario actual, pero sólo bajo condiciones muy estrictas. 
¿Por qué no revelar las cuestiones al público, por qué no revelarlas a los peticionarios? 
La Comisión debe demostrar que está haciendo su trabajo. 
En cuanto a las cuestiones, éstas si son alto secreto. 
A nadie le está permitido conocerlas, ni a los diputados de este Parlamento ni a los peticionarios; a nadie. 
El Gobierno del Reino Unido así lo afirma en una comunicación no oficial, y asegura que no revela comunicaciones informales. 
La Comisión dice que, con arreglo al acuerdo marco, no está permitido revelar las respuestas, puesto que ello puede suscitar muchos litigios. 
El Gobierno británico lleva todas las de perder. 
Si esto no es una comunicación formal, me gustaría saber qué es. 
La Comisión puede tener algún argumento, pero quiero recordar al Comisario la sentencia Zwartveld. 
En 1999, la Comisión denegó el acceso a ciertos documentos porque, a su juicio, podría suscitar litigios. 
El TJCE insistió en que los documentos fueran entregados. 
Por ello, quiero decir esta tarde al Comisario que ha hecho algunos progresos, pero me permito citarle esta ejemplo para demostrarle que aún es necesario realizar progresos mayores a este respecto. 
Señor Presidente, me apena que quien reciba mis observaciones sea el Sr. Comisario Barnier, a quien tengo en especial estima; porque además las quejas atañen a otro Comisario. 
Como miembro de la Comisión de Peticiones, y amplío desde ahora cuanto ha dicho el Sr. Perry, debo señalar que no es raro que la Comisión Europea se niegue a darnos a conocer el contenido de documentos o de otros datos cuyo conocimiento es totalmente necesario para llegar a conclusiones correctas y a decisiones justas en los casos en los que los ciudadanos europeos recurran al Parlamento Europeo. 
En mi opinión, esta negativa de la Comisión Europea viola el principio de transparencia y obstaculiza nuestra labor en la Comisión de Peticiones. 
La principal justificación de la postura negativa de la Comisión es que los datos y documentos solicitados revelarían datos personales intransferibles. 
La certidumbre de esta afirmación la pone en tela de juicio tanto la Comisión de Peticiones como el Defensor del Pueblo Europeo. 
Les voy a poner un ejemplo: La Comisión se niega a comunicarnos nombres de representantes de una organización profesional a los que ha consultado y que parece que han influido en sus decisiones. 
Nosotros negamos que así se proteja un dato personal y nos tememos que se encubre un posible intercambio turbio. 
El Sr. Perry ha referido la historia de los Lloyd´s. Les tengo que decir que detrás de este encubrimiento se oculta el fracaso de empresas, la desgracia de muchas personas, incluso suicidios. 
Por esta razón, mediante el informe del Presidente de la Comisión de Peticiones, Sr. Gemelli, aprobado hoy en la Sesión Plenaria, se solicita que se amplíen los poderes y la efectividad de la Comisión de Peticiones, de modo que los ciudadanos que recurran a ella encuentren a tiempo su razón, y se eviten daños irreparables, por ejemplo, en el medio ambiente y en los monumentos culturales. 
Señor Presidente, señor Comisario, me limitaré a responder las preguntas que ha suscitado la pregunta de la ponente Maij-Weggen de si las nuevas disposiciones overrule las llamadas decisiones Solana, la respuesta es sí, la anulan. 
En lo que a la comisión a nivel institucional se refiere, repito que el Consejo no se opone en absoluto a que esta comisión funcione, la pregunta es solamente si es útil que sean los Presidentes quienes se reúnan y tomen decisiones. 
Cuando se trata de principios generales creo que, en efecto, los Presidentes deben ser los que decidan, pero es una postura personal. 
Además, la solución que he esbozado implica eso. 
Lo único que personalmente no me parece que constituya un avance positivo, es que los Presidentes se conviertan en una especie de órgano de apelación en el caso de que se tome una decisión común en el nivel administrativo más alto respecto de la no concesión del acceso a un determinado documento o a un determinado tipo de documento. 
Creo que se llegaría a una especie de pin-pón en el nivel administrativo más alto. 
Sin embargo, quiero subrayar que, por lo visto, el nivel político es en todo momento accesible y responsable políticamente respecto de lo que el nivel administrativo decide, incluyendo lo que decide el nivel administrativo más alto. 
No comprendo bien esa distinción que algunos de ustedes hacen como si el nivel administrativo no fuera responsable por definición y el nivel político sí lo fuera en la más alta medida. 
No es así, no es mi filosofía, tal vez sea la suya, pero no lo comparto. 
Creo que debemos examinar de nuevo detenidamente esta cuestión. 
Se ha señalado que, en efecto, entre los documentos del Consejo hay algunos relativos a la justicia o a los asuntos de interior que todavía no figuran en el registro. 
Es cierto. 
Estamos a la espera del reglamento relativo a la garantía de la seguridad de los documentos sobre el que su Parlamento tiene que votar. 
En tanto esto no suceda, nos parece particularmente difícil permitir el acceso a unos documentos particularmente sensibles, incluso para su venerable institución. 
Señor Presidente, quisiera responder con la mayor precisión posible a todos los que han intervenido. 
De forma general, no estoy sorprendido por la impaciencia, la vigilancia, las peticiones de llegar más lejos que se le han realizado a la Comisión. 
Señora Maij-Weggen, ha recordado usted- pero también lo había hecho yo mismo- que, efectivamente, la Comisión adoptó su decisión con algunos días de plazo suplementario, que nosotros necesitamos objetivamente y, como imagina, participé en todos esos debates en el seno del Colegio para evaluar las consecuencias de este nuevo sistema, de este nuevo dispositivo, en la organización interna de la Comisión, pero yo le he asegurado muy sinceramente que esos pocos días de plazo que hemos necesitado no han impedido en absoluto que el sistema esté operativo a partir del 3 de diciembre. 
Y desde el 3 de diciembre- se lo digo al Sr. Bonde, que me preguntaba si se habían producido resultados- sí, señora, señores Diputados, desde el 3 de diciembre se han producido numerosas peticiones que nos han llegado y que están siendo tratadas por los servicios de la Comisión de acuerdo con los nuevos procedimientos. 
Señora Maij-Weggen, el registro del que ha hablado estará operativo en el mes de junio, el próximo 3 de junio, y usted ha hecho alusión- al igual que el Sr. Cashman, creo- a la cuestión de la imprecisión con respecto del autor, en el artículo 8 de nuestro texto, mencionamos efectivamente esta indicación del autor del documento; no hemos ido más lejos en el detalle porque, naturalmente, la cualidad del autor depende de la naturaleza del documento: puede ser una institución, puede ser una autoridad pública, una persona física, un funcionario, y puede ser también una sociedad privada; por consiguiente, debo decirle que la cualidad, la indicación más precisa del autor, depende naturalmente de la naturaleza del documento. 
Pero este registro estará perfectamente operativo el próximo 3 de junio, en ello trabajamos. 
Quisiera decirle también, señora Maij-Weggen, que tenemos efectivamente una gestión centralizada en la Secretaría General. Y, hace unos instantes he dicho que teníamos una dirección de correo electrónico, una dirección de correo postal y un fax, no es exclusivo. 
Y por tanto, si algunos ciudadanos se dirigen a tal o cual Dirección General, pueden recibir una respuesta. 
Si hay alguna dificultad, en ese caso habrá un arbitraje a nivel de la Secretaría General, pero tenemos una dirección principal centralizada, y pueden producirse respuestas a nivel de nuestras Direcciones Generales. 
La decisión, naturalmente, la toma en primer lugar la Dirección General, que es el autor del documento. 
Con respecto a este tema, que les ha preocupado tanto a uno como a otro, de la definición del documento, es cierto, señora Maij-Weggen, que nos hemos atenido a la lectura- lo he dicho hace unos instantes en mi intervención -, en el respeto por el texto del reglamento, que da una definición amplia y neutra. 
Es lo que ha querido el legislador y nosotros no hemos querido limitar el campo de aplicación mediante nuestras propias normas internas. 
En cuanto a las normas de seguridad que ha mencionado también, al igual que el Sr. Cashman, debo confirmarle que esas normas, que se adoptaron a finales de noviembre, se publicarán muy rápidamente. 
La única razón de este plazo está vinculada a problemas de tipo jurídico y de adaptación lingüística que les pido que comprendan, pero nuestras normas de seguridad serán publicadas con mucha rapidez. 
En todo caso sus dos intervenciones van a llevarnos a acelerar aún más este proceso de publicación. 
Señor Cashman, ha mencionado la necesidad de una campaña de información. 
Le prometo que daremos a conocer lo más ampliamente posible este nuevo reglamento y las modalidades de su aplicación, así como las nuevas disposiciones propuestas a los ciudadanos; salvo error por mi parte, las tres instituciones han decidido no hacer campaña en el marco del grupo de trabajo técnico interinstitucional, no lanzar ninguna campaña sobre este reglamento, pero a través de nuestra página Web, a través de todos nuestros documentos, haremos saber que existe esta guía del ciudadano, que va a estar accesible en Internet en los próximos días, y que haremos saber que tenemos esta transparencia y esta apertura confirmada o incrementada gracias a este reglamento. 
Señora Hautala, ha mencionado- al igual que lo habían hecho la Sra. Maij-Weggen y el Sr. Cashman- la cuestión del comité interinstitucional. 
No puedo ir más allá de lo que les he dicho, y de la preocupación, que comprendo, por una buena responsabilización política manifestaba por el Parlamento Europeo. 
La Sra. De Palacio, en la propuesta de compromiso que realizó, se esforzó por llegar lo más lejos posible en la dirección del Parlamento Europeo, creo que lo han comprendido. 
Ya he dicho al Sr. Bonde que se han producido resultados, que nos están llegando las primeras solicitudes y que las tratamos respetando este nuevo reglamento. 
El Sr. Perry y el Sr. van den Berg han dado muestra de esta preocupación por la vigilancia. 
Creo que a partir de este reglamento son posibles verdaderos progresos, quizá haya algunos otros que puedan ir más lejos. 
Nosotros vamos a demostrar el movimiento caminando, y les prometo que la Comisión aplicará este reglamento con la mayor sinceridad. 
Ahora, la necesidad de transparencia, la necesidad de democracia de los ciudadanos: encuentra ahí una primera respuesta, deberá encontrar otras y eso es también objeto de las reformas institucionales, de la declaración de Laeken, del debate abierto que va a ser posible en el marco de la Convención y de la futura reforma de 2004. 
Creo que aún hay grandes progresos que lograr en favor de la transparencia y la democracia, para aproximar a los ciudadanos las decisiones que adoptamos. 
El Sr. Marinos, finalmente, me ha planteado una pregunta sobre el acceso, para la Comisión de Peticiones, a los documentos. 
Naturalmente, es posible este acceso a partir del momento en el que debemos respetar la protección de los datos personales, y al tratarse del documento de terceros, son accesibles, pero están- y es también un límite que hemos de respetar- protegidos por el artículo 4 del reglamento. 
Tenía finalmente, Sr. Cashman, una última pregunta a la cual deseaba responderle, relativa al punto singular del defensor del pueblo: sabe usted, pero deseo confirmarlo aquí, que el Tratado y el propio estatuto del defensor del pueblo no permiten tratar las quejas de los ciudadanos de países terceros que no residan en uno de los Estados miembros. 
Esto es lo que quería decirle agradeciéndole una vez más sus intervenciones y nuestra vigilancia, que no me sorprende y que tendremos en consideración en la aplicación concreta y operativa de este reglamento a partir de ahora. 
Señor Presidente, quisiera formular una pregunta al Comisario. 
¿Es así como se aplicará el principio de apertura? 
Anteayer no se pudieron encontrar las reglas que usted había aprobado sobre el acceso a los documentos. 
Esto se parece a Rebelión en la granja de Orwell, en que unos tienen más derechos que otros. 
A pesar de mis investigaciones, no he podido acceder a sus resoluciones. 
La apertura no debe funcionar así, que tarde más de una semana. 
En segundo lugar, su reacción por el informe especial del Defensor del Pueblo que se aprobó... 
(El Presidente retira a la oradora el uso de la palabra.) 
Señor Presidente, el señor Comisario da a entender que hemos obtenido una respuesta. 
No es éste el caso. 
Intentamos hacer una operación de cesión sobre una antigua solicitud con el Sr. Prodi. 
Ésta quedó apalabrada. 
El mismo día llegó una respuesta de los funcionarios en la que se decía que no podía entregarse nada nuevo con el nuevo reglamento. 
Esto tampoco es nuevo. 
Teníamos otra cuestión pendiente con el Sr. Prodi en la Conferencia de Presidente. 
Se nos prometió tanto por parte... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, los resultados de este debate han sido poco satisfactorios y, de acuerdo con la disposición pertinente de nuestro Reglamento de Procedimiento, quiero recordar a mi comisión y a este Parlamento que tenemos una resolución para cerrar este debate, sobre la que votar en nuestro período parcial de sesiones de enero y para estudiar qué medidas adicionales debemos adoptar a la vista de las muy insatisfactorias respuestas dadas por el Consejo y la Comisión. 
Tiene usted razón, tomamos nota de su sugerencia. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden: he formulado una seria acusación de que se está intentando reescribir el reglamento. 
Y no ha sido contestada. 
Mantengo esta acusación en el sentido de que tanto el Consejo como la Comisión han introducido una excepción obligatoria y global sobre la base de opiniones u opiniones individuales. 
Esto no está previsto en el reglamento. 
Remito a sus Señorías al artículo 4, apartado 3 (divulgación por razones de interés público). 
Debe probarse que tal revelación socavaría la capacidad de funcionamiento de la Institución. 
Señor Presidente, comprendo que el debate ha terminado, pero estoy aquí y dispuesto a proseguirlo. 
Intento comprender en qué se basa el presidente Watson para decir que no hemos respondido a las preguntas. 
Me he esforzado en tomar nota de todas las intervenciones tan rápidamente como ha sido posible, en contestar lo más precisamente posible, al menos, a las principales preguntas planteadas y a las cuales naturalmente era capaz de responder de forma inmediata. 
Sr. Watson, estoy dispuesto a presentarme de nuevo ante su comisión y a continuar el diálogo. 
Le he dicho en qué espíritu adoptó su decisión la Comisión hace algunos días. 
Es cierto, señora Thors, que es posible esta comunicación y voy a empeñarme en comunicarle el texto de nuestra decisión si no ha podido obtenerlo de otra forma. 
Le he dicho que desde el 3 de diciembre los ciudadanos tenían acceso a los documentos de la Comisión en las condiciones previstas por este reglamento y que ahora íbamos a confirmar en concreto la tendencia a intentar aplicar de forma sincera, en el espíritu y en la letra, este reglamento. 
He tratado de contestar lo más completamente posible, lo más sinceramente posible y debía volver a decirlo, señor Presidente, con su permiso. 
Turno de preguntas (Consejo) 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas n 1 a 4 recibirán una respuesta conjunta. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0861/01): 
Asunto: Consejo Europeo informal de Gante sobre la Declaración de Laeken El miércoles 4 de julio, la Presidencia belga de la UE enjuició en términos positivos el papel de las regiones constitucionales para el proceso europeo de integración. 
La Sra. Neyts se comprometió, a título personal y en nombre de Bélgica, a hacer todo lo posible para plantear el asunto, si bien apuntó que, al haber otros 14 Estados miembros, era importante que las regiones constitucionales se concertaran entre sí con la mayor precisión. 
Con su declaración común de finales de mayo, siete regiones constitucionales se han pronunciado de forma clara y unánime a favor de una mayor participación, también a nivel de los Tratados, en el proyecto europeo. 
Durante el Consejo Europeo informal celebrado en Gante el pasado 19 de octubre, los Estados miembros de la UE han vuelto a poner sobre el tapete el método de la convención con miras a preparar nuevas revisiones de los Tratados UE/CE. 
¿Suscribe el Consejo la petición de Cataluña, Salzburgo, Escocia, Flandes, Valonia, Baviera y Renania del Norte-Westfalia de participar directamente en la Convención que prepare las nuevas revisiones de los Tratados UE/CE? 
En caso negativo, ¿por qué se opone el Consejo a una mayor participación de las regiones constitucionales, también a nivel de los Tratados, en el proyecto de futuro europeo? 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0862/01): 
Asunto: Competencias regionales en un mundo globalizado En Niza se añadió al Tratado una Declaración relativa al futuro de la Unión Europea. 
En dicha declaración se anunciaba, entre otras cosas, una delimitación más precisa de las competencias entre la UE y los Estados miembros, dentro del respeto del principio de subsidiariedad. 
En opinión de la autora de la pregunta, no solamente el incremento de las competencias de las regiones dentro de la Unión Europea constituye una condición para una Europa más eficaz, democrática y transparente, sino que estas regiones europeas están más cerca de los ciudadanos, forman un nuevo marco de identificación y, de esta forma, evitan que un movimiento como el de los "globalistas democráticos" se convierta en un movimiento basado en sentimientos antieuropeos. 
El Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo tienen la obligación de elegir de forma decidida y unánime, en este punto decisivo del proceso de integración europea, a favor de un reparto claro de las competencias entre la UE, los Estados miembros y las regiones. 
¿Concretará el Consejo la delimitación de competencias entre la Unión, los Estados miembros y las regiones durante la Cumbre de Laeken? 
En caso afirmativo, ¿qué grado de precisión tendrá esta delimitación y se tendrá lo bastante en cuenta el principio de subsidiariedad? 
En caso negativo, ¿considera el Consejo que está lo bastante bien equipado para hacer frente a la sima cada vez mayor entre los ciudadanos europeos y las instituciones y a la creciente aversión por parte de determinados movimientos hacia cualquier forma de incremento de escala, ya sea a nivel europeo o a nivel mundial? 
Pregunta nº 3 formulada por, a quien sustituye Josu Ortuondo Larrea (H-0863/01): 
Asunto: Consejo Europeo informal de Gante sobre la Declaración de Laken El miércoles 4 de julio de 2001, el Presidente belga del Consejo Europeo se pronunció en favor del papel de las nacionalidades y las regiones constitucionales para el proceso de integración europea. 
"Pueden contar, y hablo en mi nombre propio y en nombre de Bélgica, con que haremos todo lo que está en nuestro poder para abordar este tema, pero también hay otros catorce Estados miembros y por ello será importante que las regiones constitucionales afinen ellas también cuidadosamente sus violines" declaró la Sra. Neyts. 
En el Consejo Europeo informal de Gante, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2001, también se habló de la Declaración de Laken y del futuro de la Unión Europea. 
¿Podría indicar el Consejo si, en el marco del proceso de constitucionalización de la Unión Europea, relacionado según algunos con una simplificación de los Tratados, va a velar por incluir el pluralismo constitucional en la Declaración de Laken, de modo que las constituciones de los Estados miembros, sus nacionalidades y sus Estados federados sean autónomos y no dependan, para ser válidos, de una posible constitución de la Unión Europea? 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0864/01): 
Asunto: Consejo Europeo informal de Gante sobre la Declaración de Laeken El miércoles 4 de julio de 2001, el Presidente belga en ejercicio de la UE se expresó positivamente sobre el papel de las regiones constitucionales en el proceso de integración de Europa. 
"Pueden contar, y ahora estoy hablando en nombre de Bélgica, que haremos lo posible por abordar esta cuestión, pero existen otros 14 Estados miembros y será importante que las regiones constitucionales afinen posiciones entre ellas", en palabras de la Sra. Neyts. 
En el Consejo informal de Gante de 19 de octubre de 2001 también se trató la Declaración de Laeken. 
¿Podría indicar el Consejo si las competencias y posiciones de las entidades políticas internas de los Estados miembros, en sus relaciones ejecutivas, legislativas y judiciales con las instituciones de la UE, quedarán fijadas en la Declaración de Laeken? 
En caso negativo, ¿por qué se opone el Consejo al reconocimiento, en la Declaración de Laeken, de las competencias y posiciones de las entidades políticas internas de los Estados miembros en sus relaciones ejecutivas, legislativas y judiciales con las instituciones de la UE? 
Señor Presidente, Señorías, en respuesta a las preguntas de los Sres. Bart Staes, Camilo Nogueira Román, Miquel Mayol i Raynal y la Sra. Nelly Maes relativas al contenido de la futura declaración de Laken, el Consejo sólo puede en un principio remitir a las futuras conversaciones del Consejo Europeo que todavía debe celebrarse. 
En efecto, el Consejo Europeo que se celebrará dentro de algunos días será el que fije las reglas prácticas y la línea de pensamiento para la Convención que debe preparar la próxima CIG. 
Ese esquema debe contener, entre otras cosa, la lista de las cuestiones discutidas e indicaciones a fin de tratar estos asuntos de la forma más conveniente posible. 
El Consejo no se limitará a definir los elementos mencionados anteriormente, sino que también recordará que las respuestas relativas al contenido dadas a las preguntas formuladas deben ser transmitidas por la próxima Conferencia Intergubernamental. 
A la luz de la declaración de Niza sobre el futuro de la Unión, sí está claro que una delimitación más comprensible de las competencias de la Unión Europea y de los Estados miembros conforme al principio de subsidiariedad será uno de los temas que se discutirá en los primeros meses. 
En julio, algunos de ustedes ya formularon al Consejo, y fue a mí personalmente, distintas preguntas sobre estos aspectos constitucionales y, entonces, les respondí y no sólo les remití de oficio a la preparación de la futura CIG, sino también al informe de la Presidencia presentado al Consejo Europeo de Gotemburgo, en el que se mencionaban numerosas iniciativas presentadas en los Estados miembros en las que estaban implicadas las entidades regionales así como acontecimientos que se organizaron en el marco del debate celebrado en el Comité de las Regiones sobre esta cuestión. 
Entre tanto, la Presidencia ha tomado nota con interés de la resolución relativa al refuerzo del papel de las regiones en la Unión Europea, una resolución que se adoptó el 15 de noviembre pasado en Lieja por la Conferencia de presidentes de las regiones que cuentan con poder legislativo, tal como se denominan desde entonces. 
Ya se conoce también la posición del Comité de las Regiones sobre la participación de ese Comité en la futura Convención. Sin embargo, no se ha adoptado todavía una decisión respecto de las cuestiones relacionadas con la organización del debate y los temas que se deben tratar. 
Tal como ya he dicho, son asuntos que debe debatir el Consejo Europeo de Laken. 
Quisiera añadir a título personal que me intriga cuándo se iniciará el debate en el Comité de las Regiones, ya que es una cuestión que todos los implicados evidentemente han evitado discutir. 
Fuera del Comité, algunos miembros se quejan de que se debe diferenciar entre los que cuentan con competencias legislativas y los que no las tienen. 
Dentro del Comité, se ha ignorado con pudor esa cuestión. Si me lo permiten, tengo ciertas objeciones al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, señora Presidenta del Consejo, usted entiende, por supuesto, que los que la hemos interpelado hayamos colocado este turno de preguntas en un momento muy estratégico, unas horas, unos días antes del Consejo de Laken. 
Nos hemos propuesto que usted descorra un poco el velo. 
El Primer Ministro Verhofstadt ha efectuado una ronda por las capitales y ayer visitó Madrid. 
Madrid es un cliente difícil en este expediente, en el expediente regional. 
El Gobierno español ha convertido la lucha contra el terrorismo en algo así como su primera prioridad. 
Con frecuencia, la defensa de los derechos, los verdaderos derechos de las naciones y regiones se ha considerado en España como terrorismo o parte del terrorismo y, por supuesto, ésa no es una postura europea que podamos aceptar. 
Quisiera preguntarle concretamente si las dificultades que con frecuencia ponen los españoles respecto de la representación en el Comité de las Regiones han desaparecido entre tanto y, en segundo lugar, si no se resistirá España a la mención del concepto de región constitucional en la declaración de Laken. 
Le estaría muy agradecido si pudiera entrar en ello. 
Señorías, no les puedo dar una respuesta por la sencilla razón de que desconozco la respuesta. 
No he tenido la oportunidad de acompañar al Primer Ministro a Madrid y, por tanto, ignoro qué se ha discutido exactamente y, por tanto, no puedo responder ante esta carencia de información. 
Lo lamento, no lo sé. 
Estoy segura de que se ha hablado del tema, pero no sé qué se ha dicho. 
No estuve presente y no he tenido tiempo de informarme al respecto, lo siento. 
Señora Presidenta del Consejo, le podría dejar mi teléfono, pero lamentablemente está roto. 
Quisiera preguntarle en el marco de la Convención cuál será el papel de las regiones. 
Sé que usted no puede responder algunas cuestiones, pero nos intriga particularmente si las regiones ocuparán realmente el lugar que la Presidencia belga había previsto. 
Esperamos que usted también haya podido mantener esa postura tras esa ronda por las capitales europeas. 
En relación con su desafiante pregunta respecto de su opinión sobre el Comité de las Regiones, quisiera señalar que las regiones constitucionales, como usted bien sabe, se encuentran en el Comité en una clara minoría y uno, por supuesto, no tiene que organizar su propio descalabro. 
El Comité de las Regiones se ha establecido de tal manera que las regiones constitucionales son una minoría en él y quisiera que fueran consideradas como Estados federados que forman parte de un Estado y que a lo largo de su historia no han tenido la oportunidad de convertirse en Estado miembro. 
(NL) Quisiera decirle a la Sra. Maes que sé lo peligroso que resulta prestarse el teléfono y, a continuación, dejarlo abierto, pero se trata de un chiste que sólo entienden los belgas, Sr. Presidente, y con el que todos nuestros compatriotas disfrutarán sin duda, por lo que no lo hacemos. 
Esto por una parte. 
Por otra parte, nunca he sido consciente de que el hecho de encontrarse en minoría fuera un motivo para no prestar atención a una determinada lucha que se considere justificada. 
Los tiempos pueden haber cambiado pero antiguamente se pensaba de otra manera al respecto. 
Es cierto que las regiones con competencias legislativas son minoría en el Comité de las Regiones pero, ¿es lícito plantearse si esto se ha hecho así a propósito? 
Creo que no, pero es una cuestión de apreciación. 
Sólo puedo constatar que el debate en torno a esta cuestión no se produce en el seno del Comité con la misma vehemencia que fuera del mismo. 
Constato que esta circunstancia quizás cambie algún día, pero no de momento. 
Se trata de una lucha que ni tan siquiera se está produciendo en el lugar adecuado, al menos yo tengo serias dudas al respecto pero se trata de una opinión personal. 
Sra. Maes, he tenido conocimiento del texto del recurso ante la Presidencia belga que se publicó ayer o antesdeayer. 
No comparto la postura de que las regiones son, en realidad, una especie de Estados miembros que lamentablemente no se han convertido en Estados miembros. 
Se trata de un planteamiento que obviamente puede llevar al absurdo y sacar de contexto. 
No olvidaré nunca lo que me respondió un ministro estatal del estado indio de Andarpradesh cuando le pregunté cuántos habitantes tenía dicha provincia. 
Respondió que 79 millones. 
70 millones en Andarpradesh, solo hay que comparar. 
Eso sería un Estado miembro de los grandes en nuestro caso. 
Sin embargo, no funciona así. 
El estatuto de derecho público y de Derecho internacional de una entidad es lo que determina el lugar que dicha entidad ocupa en la jerarquía. 
Bélgica ha hallado una solución que usted conoce. Considero que estamos en nuestro perfecto derecho de difundir dicha solución y de darla a conocer a otros, lo cual ha hecho el Estado belga. 
Por consiguiente, son los demás Estados miembros los que deberán hacer lo mismo con sus correspondientes delegaciones sin esperar a que sea la Unión la que solucione los problemas que no hayan sido capaces de solucionar dentro de sus propias fronteras, aunque, estimados colegas, se trata de un punto de vista estrictamente personal. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, hoy queremos profundizar en la nueva identidad, no sólo económica, sino política y social, de Europa. 
Creo que para ello se hace necesario encontrar una nueva estructura interna que se adapte a la realidad de nuestra diversidad. 
Ahora bien, nuestra realidad actual no sólo está conformada por los Estados, sino que existe una mayor diversidad y riqueza, representada, en lo cultural y lo social, por los pueblos y las naciones históricas de Europa y, en lo político, por los Estados federados, las regiones constitucionales y las comunidades autónomas, de forma especial; y también, cómo no, si bien en otro nivel, por las regiones simplemente administrativas, las provincias y los municipios. 
¿No cree usted, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, que, en virtud del mandato recibido del Tratado de Niza, en la Declaración de Laeken debería incluirse expresamente esta cuestión de la diversidad europea, de las diferentes realidades culturales, sociales y políticas europeas, como parte importante en el debate que se desarrollará durante los años 2002 y 2003 sobre el futuro de la Unión y la distribución de competencias entre instituciones, para buscar y poder encontrar la mejor estructura posible que permita compartir, sin tensiones ni conflictos, los diferentes y necesarios niveles de competencia y de soberanía existentes en Europa? 
Señor Presidente, en respuesta a las observaciones que se acaban de formular, creo que es importante tenerlo todo en cuenta. 
Por una parte están las diversidades cultural, lingüística y otras que constituyen una de las grandes riquezas de la Unión Europea y de Europa en general; sé que, en la actual versión del texto, la riqueza de estas diversidades se presenta como una de las bazas más importantes de la Unión Europea. 
Ello no plantea ningún problema. 
Por otro lado, se plantea la cuestión de saber si es necesario romper con lo que ha sido hasta ahora el uso en la Unión Europea: las instancias de la Unión Europea no se meten a juzgar ordenamientos constitucionales a los que proceden los Estados miembros, no obstante, evidentemente, que esos ordenamientos sigan siendo compatibles con principios fundamentales como los derechos humanos, la protección de las minorías, etc. Es una política constante. 
Creo que no se puede confundir respeto por las diversidades y ruptura: en el fondo estaría bien una ruptura con esta larga tradición que me parece prudente, aunque sea en este caso un juicio personal 
Señor Presidente, señora Presidenta, Bélgica parece haber encontrado una solución institucional a su diversidad. 
Es una solución que les satisface y me alegro por ello. 
Para los que lo ven desde el exterior, la estructura constitucional es de una complejidad que es una especie de homenaje al ingenio de sus publicistas, pero es una solución que calificaré de específica. 
Para Cataluña, por ejemplo, a mí, que como saben soy independentista catalán, esta solución no me parece viable en el marco del Estado español. 
Mi pregunta es muy sencilla. 
Por encima de las regiones constitucionales, de las que reconozco que plantean algunas dificultades, no podría admitirse, en la futura constitución europea, un derecho que me parece elemental, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. 
¿No tiene el pueblo catalán derecho a autodeterminarse, no tendrá derecho a su propio Estado, algún día, en el marco de la Unión? 
Ya que, en el futuro, Eslovenia será miembro de la Unión, ¿por qué Cataluña no lo sería? 
Una vez más, ésa no es la cuestión. 
Los Estados no se sitúan a un cierto nivel en la jerarquía de las entidades políticas de derecho público administrativo y de Derecho internacional. 
Ésta es una realidad de hecho que se puede- y ése es otro debate- pretender cambiar, tiene usted derecho. 
Creo que es demasiado pronto para decir lo que hará la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Sabe usted que actuará de acuerdo con un mandato que deberá ser establecido y aprobado por todas las instancias europeas. 
En todo caso, no tendrá como vocación convertirse en un Congreso de Viena o en un Congreso de Versalles bis, pero pudiera ser evidentemente que me equivocara. 
Yo, sin introducir ninguna posición personal que, lógicamente, como Presidente, no debo hacerlo, tengo que amparar a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo en que las preguntas no den un salto lógico. 
Las preguntas son sobre el Consejo de Laeken y tienen que ver con la actual Unión Europea, por muy interesantes que sean las propuestas que tengan algunos señores diputados aquí presentes. 
Tiene la palabra el Sr. MacCormick para una pregunta complementaria. 
Me pregunto si podría decir con toda sinceridad que es todo un placer participar en el turno de preguntas cuando la Sra. Neys está con nosotros, porque hace un verdadero esfuerzo por responder a las preguntas detalladamente y con toda franqueza. Se agradece de verdad. 
Espero que transmita este mensaje a su Jefe de Gobierno y que vele por que, cuando el Consejo se reúna la próxima semana, aborde a fondo el tema de la democracia en Europa. 
Afrontamos una crisis de democracia en la Unión, una crisis que se agudizará en cierto modo con la ampliación de la misma. 
Si los habitantes de las regiones y pueblos de Europa perciben que su democracia no significa nada porque todas las decisiones se toman en lugares alejados; si sólo se les dice "mirad por la situación de vuestro Estado miembro si no estáis contentos con la marcha de las cosas", todo ello irá en detrimento de la democracia en Europa y no en su beneficio. 
Por ello, le pido con toda sinceridad que vele por que la clase de temas que mis colegas y ello le hemos planteado esta tarde sean realmente objeto de reflexión en Laeken.. 
. (EN) Quiero dar las gracias al Sr. MacCormick por sus amables palabras. 
Dado que este es mi último turno de preguntas, espero que me disculpen si mis respuestas a sus diferentes cuestiones se alargan un poco. 
El Primer Ministro belga conoce este asunto y tiene sus propias opiniones al respecto. 
Pero, en su calidad de Presidente del Consejo Europeo, sabe también que necesitará un apoyo unánime para que la declaración se apruebe. 
Cualesquiera que sean sus criterios personales, necesitará una solución de consenso. 
Queda por ver entonces cuán lejos podemos llegar. 
Esto es todo a lo que él y yo misma podemos comprometernos. 
Quería simplemente señalar, señor Presidente, que mi nombre estaba mal escrito. 
Ahora ha desaparecido del panel y no quisiera que se escribiera mal en el informe de sesión. 
Señor Presidente, para una cuestión de orden. 
No me parece bien que, si cualquier diputado tiene derecho a formular una pregunta posterior a su pregunta, a nosotros cuatro sólo se nos permita una pregunta posterior conjunta. 
No me parece que esto aparezca así en el Reglamento, señor Presidente. 
No, yo he permitido hacer preguntas complementarias a los demás diputados que no son los que preguntan, y eso es lo que dice el Reglamento. 
Lo podremos leer juntos después. 
Ya verá como estamos de acuerdo. 
Se trata de una respuesta conjunta. 
Ya sabe usted, las variaciones de cuatro elementos tomados de cuatro en cuatro agotarían hoy el turno de preguntas. 
Señor Presidente, tengo una pregunta más sobre lo tratado con anterioridad, y quiero preguntar a la Ministra si estaría dispuesta a contestarla. 
Hace referencia a algunos de los comentarios y preguntas que se han formulado anteriormente. 
Yo soy de Gales, una nación con cuatro veces la población de Luxemburgo, que es, como sabemos, un Estado miembro de la UE. 
En su resolución de gobierno adoptada en noviembre, el Parlamento declaró categóricamente que acogerá con satisfacción las propuestas de la Convención dirigidas a modificar el artículo 5 del Tratado CE, con el objeto de que comprenda una referencia específica a las regiones constitucionalmente reconocidas en los Estados miembros. 
Ello reitera el contenido de la resolución de octubre, en la que se afirmaba que los Tratados deben ser específicamente modificados para reconocer y respetar las competencias políticas y legislativas de las naciones y regiones interiores. 
¿Conoce el Consejo estas resoluciones y, en caso de respuesta negativa, intentará garantizar que la atención se centre sobre las mismas durante sus deliberaciones en Laeken? 
. (EN) He respondido sus diversas preguntas con toda la amplitud que me es posible. 
El grado de conocimiento de las resoluciones del Parlamento, que, como usted sabe, son muchas y muy diversas, está directamente relacionado con el interés que el asunto de que se trate suscita en la opinión pública. 
Por ello, aquellos que están muy interesados en el federalismo, en la organización interna de los Estados, en una distribución de poderes más eficiente y justa, tendrán sin duda alguna conocimiento de estas opiniones. 
Los que muestren un menor interés por estos asuntos no sabrán probablemente de la existencia de estas resoluciones. 
A mi juicio, es tarea y responsabilidad del Parlamento dar a conocer a las demás personas las resoluciones que ha votado, de modo que les invito a hacerlo. 
Contestaré al Sr. Alavanos que el Consejo es perfectamente consciente de la gravedad de la pregunta que plantea. 
Le recuerdo por otra parte que, de forma general, el artículo 152- el antiguo artículo 129 del Tratado de las Comunidades Europeas- precisa que la acción de la Comunidad en materia de salud humana completa las políticas nacionales. 
La Comunidad estimula la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos considerados por el Tratado y, si es necesario, apoya su acción. 
En ese contexto, asegura también un nivel elevado de protección de la salud humana en la definición y la puesta en práctica de todas las políticas y acciones. 
La Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Doha entre el 9 y el 14 del pasado mes de noviembre, adoptó como ustedes saben una declaración sobre el acuerdo ADPIC- el TRIPS agreement, como se lo denomina en inglés- y la salud pública. 
En esta declaración, la Conferencia Ministerial reconoce por una parte la gravedad de los problemas de salud pública que afectan especialmente a muchos países en vías de desarrollo y a muchos países entre los menos avanzados y, por otra parte, la importancia que la protección de la propiedad intelectual reviste también para el desarrollo de nuevos medicamentos. 
En la declaración citada, los miembros de la OMC estuvieron de acuerdo en que el acuerdo ADPIC no impedía a los miembros que adoptaran las medidas apropiadas para proteger la salud pública y afirmaron que el citado acuerdo puede y debería ser interpretado y aplicado de forma que estimulara el derecho de todos los miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en especial, a promover el acceso a todos los medicamentos. 
Más en concreto, la declaración incluye entre las flexibilidades reconocidas en el acuerdo ADPIC el derecho de cada miembro a conceder licencias obligatorias y determinar qué es una situación de urgencia nacional o una situación de extrema urgencia, quedando claro que las crisis en el ámbito de la salud pública, incluidas las vinculadas al VIH/sida, a la tuberculosis, al paludismo y a otras epidemias, pueden constituir una situación de urgencia nacional o de extrema urgencia. 
Por otra parte, se ha reafirmado el compromiso de los países desarrollados miembros de la OMC de ofrecer incentivos a sus empresas e instituciones para promover y estimular la transferencia de tecnologías hacia los países menos avanzados. 
La declaración prevé también que los países menos avanzados no estarán obligados, con respecto a los productos farmacéuticos, a aplicar las secciones V (patentes) y VII (protección de informaciones no divulgadas) de la parte II del acuerdo ADPIC, ni a hacer que se respeten los derechos que prevén estas secciones, y ello hasta el 1 de enero de 2016, sin perjuicio del derecho de los países menos avanzados a solicitar nuevas prórrogas de los períodos de transición. 
Debo añadir que, en la misma declaración, los Estados miembros de la OMC se comprometieron a proponer antes de julio de 2002 verdaderas soluciones susceptibles de concretarse para resolver el problema de aquellos países en vías de desarrollo y de los países menos avanzados que no disponen de capacidades de producción de medicamentos. 
Es toda la problemática de posibles importaciones paralelas u otras medidas que deben permitir a esos países tener acceso también a esos medicamentos a un precio razonable, el más bajo posible. 
Ello deberá hacerse de aquí al verano próximo y les aseguro que será necesario trabajar sin tregua para conseguirlo. 
El tiempo estará contado. 
La problemática es extremadamente compleja, pero se trata de un compromiso muy importante, porque responde a un aspecto del problema que no podía ser tratado por el acuerdo. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo; gracias por su detallada respuesta y gracias por toda su colaboración durante estos seis meses. 
En una buena colaboración a veces hay algunas tensiones. 
Muchas gracias, sólo que su respuesta hay que analizarla. 
Motivado por el hecho de que Nigeria haya avanzado recientemente en la producción de medicamentos contra el SIDA, pero que son medicamentos antiguos de dudosa efectividad, voy a hacer una pregunta complementaria. 
Lo que usted dice en la respuesta, es decir, transferir la tecnología más actual, a fin de utilizarla en los países de África a los que afectan epidemias masivas, ¿con qué medios se podría llevar a cabo? 
. (EN) He señalado algunas de las medidas que permitirán tener acceso a medicinas baratas: licencias forzosas, cooperación con las grandes empresas farmacéuticas- ya saben que la Organización Mundial de la Salud está trabajando en ello y ya ha ideado diversos mecanismos- y cooperación con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que también actúan en este ámbito. 
Por último, si se consigue llegar a un acuerdo el próximo verano, encontraremos formas de importar estas medicinas en países que no tienen la posibilidad de producirlas ellos mismos. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0869/01): 
Asunto: Toma en consideración por el Consejo de las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo sobre el conflicto del Sahara Occidental y valoración de la visita del Rey de Marruecos a ese territorio El pleno del PE introdujo el 25 de octubre una enmienda a su resolución sobre los progresos de la PESC; como consecuencia, el párrafo 33 de la misma reza: "insiste, por otra parte, en que la Unión Europea coopere activamente en la solución del conflicto del Sahara Occidental de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, en la línea de lo demandado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 16 de marzo de 2000 y lo expuesto en la Declaración de la Presidencia alemana del Consejo de junio de 1999". 
¿Cómo va tomar el Consejo en consideración esta demanda del PE? 
¿Adoptará por fin la acción común para colaborar en la pronta y correcta aplicación del Plan de Paz de la ONU para el Sahara Occidental- que contempla la celebración de un referéndum de autodeterminación- reclamada en el punto 6 de la Resolución del PE de marzo de 2000? 
¿Estima que esa acción común permitiría coordinar las posturas de sus miembros- particularmente España y Francia- en apoyo al Plan de Paz de la ONU? 
En ese marco, ¿cómo valora el Consejo la visita del Rey de Marruecos al Sahara Occidental, duramente criticada por el Frente Polisario? 
. (NL) Señor Presidente, señoras y señores, en el transcurso de la sesión del pasado 19-20 de noviembre, el Consejo tomó nota de la resolución del Parlamento Europeo en torno a la aplicación de los avances cosechados en el ámbito de la política exterior y de defensa común y decidió tener dicha resolución en consideración en el marco del debate de los diferentes puntos que recoge. 
Tal y como se dijo entonces, el Consejo se siente satisfecho por el esfuerzo realizado por el Parlamento Europeo para lograr una solución duradera y aceptable para todas las partes implicadas en el conflicto existente en el Sahara Occidental, lo que constituye un objetivo esencial para la estabilidad y la prosperidad de la región. 
El Consejo respalda de forma íntegra y activa el proceso que se está produciendo en este momento en el seno de las Naciones Unidas, tal y como se recoge en las resoluciones del Consejo de Seguridad, y, en concreto, la labor del Sr. James Baker. 
El Consejo de Seguridad ha indicado claramente el camino que se debe seguir en la resolución nº 1359 del pasado 29 de junio. 
La prorroga del mandato de MINURSO ha sido un factor destacado en este sentido, ya que ha allanado el camino para proseguir con las negociaciones actuales entre las partes bajo los auspicios del Sr. Baker. 
La presidencia se mantiene contactos con el Sr. Baker. 
El protagonismo de este proceso recae sobre las Naciones Unidas. 
En este sentido, el Consejo está dispuesto a mediar para generar un clima de confianza entre las partes y facilitar de este modo una solución duradera, aunque no tiene intención de suplantar a las Naciones Unidas. 
El Consejo es muy consciente de la gran sensibilidad que este expediente y de la necesidad de observar una postura estrictamente neutral con el objeto de evitar que el Consejo pueda ser objeto de abuso por alguna de las partes implicadas, lo que solo perjudicaría la búsqueda de una solución y el papel de la Unión Europea en la región. 
El Consejo insta por otro lado a las partes a que adopten una serie de medidas urgentes de carácter humanitario como el levantamiento de la prohibición que pesa sobre las visitas familiares o la liberación de los presos políticos. 
Sea cual sea la solución que se elija, deberá estar basada en el cumplimiento íntegro de los principios democráticos y respetar los derechos humanos, incluyendo el preocupante capítulo de los refugiados y de los presos marroquíes, especialmente en los casos en que dichas personas necesitan urgentemente cuidados en general y asistencia médica en concreto. 
Asimismo, quisiera destacar que la Unión Europea es también en este caso el principal donante de ayuda humanitaria para los refugiados procedentes del Sahara Occidental. 
La Comisión lleva destinados a tal efecto 56 millones de EUR desde 1996. 
La visita del Rey Mohammed VI al Sahara Occidental ha modificado ligeramente el enfoque expuesto anteriormente. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, interesantísima respuesta. 
Quizá sea la primera vez que esta Asamblea escucha un pronunciamiento de contenido político por parte del Consejo, más allá de declaraciones estrictamente formales en torno al conflicto del Sahara Occidental. 
Bienvenida sea esa respuesta de contenidos. 
Pero yo tengo que decirle lo siguiente: después de escuchar esa respuesta puedo tener legítimamente la sensación de que en el Consejo puede empezar a pesar más de la cuenta una visión sobre el conflicto del Sahara Occidental que no es la que considera que la solución al mismo solamente puede pasar por el cumplimiento del Plan de Arreglo de las Naciones Unidas, que incluye la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, referéndum bloqueado desde hace muchos años por una de las partes, Marruecos. 
Usted ha hablado de muchas cosas: por ejemplo, de la última resolución del Consejo de seguridad, pero en ningún momento ha citado el plan de paz de las Naciones Unidas, tampoco se ha referido al referéndum y, además, ha cargado la mano en algunos aspectos, olvidando otros, por ejemplo, la situación de violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, durante el mes de julio del presente año, al comienzo de la Presidencia belga, presenté una pregunta al Consejo, para su respuesta por escrito, sobre unas declaraciones del Sr. Solana, responsable de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, en relación con el plan de paz de las Naciones Unidas, el futuro del Sahara Occidental y el referéndum. 
Todavía hoy, mes de diciembre, cuando está a punto de acabarse la Presidencia belga, estoy pendiente de recibir la respuesta oficial del Consejo. 
Aunque es público y notorio, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, que una respuesta oficiosa circuló en las Naciones Unidas el pasado mes de octubre- que incluso produjo un incidente diplomático entre diferentes representantes de los Estados miembros -, la pregunta que le hago es: ¿para cuándo? 
Su Señoría parece estar especialmente bien informado, lo cual es no sólo su derecho, sino su deber. 
No nos ocurre lo mismo a nosotros, porque aún estamos buscando su pregunta: no dudo que nos haya llegado, pero no encontramos su rastro, por tanto, si puede ayudarnos a localizarla, haremos lo que podamos para responderle antes de fin de año. 
Pido perdón por este olvido, por esta negligencia porque por supuesto son las únicas hipótesis que me atrevo a considerar. 
Gracias. 
Animamos a la señora Presidenta en ejercicio del Consejo a que busque la pregunta, porque la pregunta y la respuesta han circulado de forma importante por la prensa, por lo menos por la prensa española. 
Señor Presidente, seguramente no estamos dirigiendo la pregunta o el comentario a la persona adecuada, pero usted representa al conjunto del Consejo aquí. 
A mi me parece que el tema del Sahara Occidental, al que ya he dedicado más del 50% de mi vida política, es una auténtica tragedia. 
La vía que se debe seguir para resolver el conflicto está clara. 
El plan de paz de la ONU ya existe, de hecho, desde principios de la década de los noventa. 
También está claro qué países europeos tienen intereses geopolíticos muy importantes en evitar que se cumpla dicho plan de paz de las Naciones Unidas. 
Dicho esto, yo debo tomar nota de la respuesta, cuando se afirma que debemos atenernos a lo que decidan las Naciones Unidas. 
Sin embargo, yo creo que, en el contexto de una política exterior y de seguridad común, la Unión Europea y los Estados miembros deben optar por una actuación coordinada y que responda al plan de paz de las Naciones Unidas. 
Los acontecimientos se han precipitado después de la visita del rey Mohammed VI. El Sahara Occidental también recibió la visita del Presidente francés, Jacques Chirac, que contradiciendo todos los fundamentos jurídicos internacionales declaró que, según se desprende de los debates mantenidos en el Consejo de la Unión Europea, su territorio corresponde a las provincias meridionales de Marruecos. 
Señor Presidente, su Señoría deberá comprender que me resulta imposible contestar a preguntas tan detalladas. 
Le he comunicado, señora, la posición del Consejo y lo que han podido ser los debates, ahí está la posición del Consejo y la respuesta del Consejo. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0874/01): 
Asunto: Minorías en la Republika Srpska ¿Qué medidas se han adoptado para facilitar el regreso o la reconstrucción a las minorías oprimidas y desplazadas de la Republika Srpska (parte de Bosnia y Herzegovina) , es decir, ante todo, croatas y musulmanes? 
¿Fomenta en este contexto la UE la labor social y de comprensión entre los pueblos del Obispo católico Franjo Komarica de Banja Luka? 
El Consejo ha podido ya llamar la atención de su Señoría, en su respuesta a la pregunta oral H-689 en el periodo de sesiones del pasado mes de octubre, ante el hecho de que la vuelta de las personas desplazadas formaba parte del conjunto de condiciones impuestas por la Unión Europea en el marco del proceso de estabilización y asociación, condiciones que han suscrito los países de la región durante la Cumbre de Zagreb. 
El Consejo, en su informe de examen aprobado el 11 de junio de 2001 sobre los progresos realizados por los países de la región con respecto a estas condiciones hacia la integración europea, consideró que el proceso relativo al retorno de los refugiados y de los desplazados en todo el territorio de Bosnia-Herzegovina debería acelerarse y deberían reforzarse las medidas orientadas a la realización de las condiciones que permitan el regreso en buenas condiciones de conformidad con el acuerdo de Dayton-París. 
La responsabilidad para adoptar las medidas necesarias incumbe en primer lugar a las autoridades locales y nacionales. 
La Unión Europea no dejará de seguir esta cuestión en el marco del mecanismo de examen del proceso cuando se trate, y cuando se trata por otra parte, de verificar la adecuación entre, por un lado, los progresos registrados en materia de respeto por las condiciones y, por otro, el nivel de relaciones establecido así como el nivel de asistencia técnica y económica. 
El acuerdo de paz de Dayton-París de 1995, que puso fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina, creó el cargo de Alto Representante a quien encomendó entre otras cosas la vigilancia y la aplicación de este acuerdo. 
El actual titular del cargo, el Sr. Wolfgang Petric, no ha dudado en el pasado en hacer dimitir de sus funciones a los responsables locales cuando se demostraba que éstos se oponían a la aplicación del acuerdo de paz, incluido su Anexo VII sobre el regreso de los refugiados y de los desplazados. 
Lo ha hecho de acuerdo con los poderes que se le reconocieron en la Conferencia Ministerial del Consejo de aplicación de la paz de Bonn, en diciembre de 1997. 
El Consejo ha apoyado decididamente en muchas ocasiones los esfuerzos realizados por el Sr. Petric para cumplir su mandato. 
Con respecto a la aportación material de la Unión Europea al retorno y a la reinstalación, esta pregunta se dirige en primer lugar a la Comisión, gestora de la asistencia comunitaria. 
El Consejo comprende sin embargo que, desde 1998, de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina del Alto Representante y del Grupo de trabajo "Retorno y Reconstrucción", se han asignado sumas cada vez más importantes a la ayuda al retorno de las minorías en la Republica Srpska. 
El sector debería por otra parte continuar ocupando el lugar importante que merece en el marco de la asistencia comunitaria proporcionada con cargo al programa CARDS 2000-2006, que menciona explícitamente la ayuda al retorno de los refugiados y de desplazados en su artículo 2. 
Puedo asegurarle, al término de casi seis meses de Presidencia, que el Consejo y sus diferentes miembros conceden una gran importancia a esta cuestión del retorno y de la reintegración de los refugiados en Bosnia-Herzegovina, pero también en otros lugares de los Balcanes en los que desafortunadamente se plantea esta misma cuestión. 
Parece que poco a poco las situaciones van perdiendo crispación y el número de retornos y reinstalaciones se incrementa, sin duda no en todas partes en las mismas proporciones, pero ello no impide que la tendencia sea en cualquier caso al alza. 
Nosotros seguimos concediéndole importancia y el punto se encuentra en el orden del día de todas las reuniones en las que se puede discutir. 
Señora Presidenta del Consejo, yo le agradezco mucho su detallada respuesta y también la intenso interés con que ha se ha ocupado de este asunto. 
Sólo quisiera hacerle dos preguntas concretas. 
En primer lugar: ¿podría intentar comprobar el Consejo el número exacto de desplazados y refugiados que han regresado hasta ahora a la República Srpska? 
En realidad, se establecieron unos acuerdos al respecto y su cumplimiento sólo se puede verificar en la práctica si se establece con exactitud cuántas personas han regresado. 
Yo le agradecería que, si no puede responderme hoy, me comunique la respuesta por escrito si es posible.. 
En segundo lugar, el segundo aspecto se refiere a la ayuda concreta destinada a las minorías. 
He tenido noticia de que la Iglesia católica está trabajando muy intensamente en la atención multicultural a los enfermos y está desarrollando muchas actividades sociales y agrarias, sobre todo en la zona de Banja Luka, y que simplemente no se han aprobado los recursos prometidos. 
Esta sería mi segunda pregunta y quisiera saber si tiene usted alguna información al respecto. 
A la primera pregunta de su Señoría, sólo puedo decirle que no tengo en este momento las cifras exactas, que las buscaremos y que se le comunicarán. 
Con respecto a la segunda pregunta, creo que es más bien una pregunta para la Comisión, que se ocupa de la ejecución concreta de todas las formas de ayuda humanitaria, urgente o de cualquier otro tipo. 
Ella es la que gestiona, como creo que sabe usted, estos expedientes concretos y creo que es a ella a quien se debe formular esta pregunta. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0876/01): 
Asunto: Medidas internacionales y de la UE para la devolución de activos transferidos ilegalmente De conformidad con las conclusiones del Consejo de Tampere, los Estados miembros se comprometieron a adoptar medidas concretas para rastrear, congelar, embargar y confiscar los beneficios de los delitos. 
Así mismo, se les instó a aplicar completamente las disposiciones de la Directiva sobre blanqueo de dinero (que incluye la apropiación indebida o transferencia de propiedad y la identificación de los clientes de las entidades financieras y de crédito) , la Convención de Estrasburgo de 1990 y las recomendaciones del Grupo de acción financiero. 
Igualmente, se instó a los Estados miembros a adoptar la Directiva revisada sobre el blanqueo de dinero que se encuentra ahora en procedimiento de conciliación. 
El Consejo pidió que se ampliaran las competencias del Europol al blanqueo de dinero en general y que se desarrollaran los principios comunes para prever la utilización de compañías o entidades registradas fuera de la jurisdicción de la UE para ocultar beneficios criminales y blanqueo de dinero. 
Los Estados de la UE han firmado la Convención Contra el Crimen Organizado Transnacional que compromete a los gobiernos a adoptar dentro de sus sistemas jurídicos nacionales las medidas necesarias para permitirles la confiscación de estos beneficios. 
¿Considera el Consejo que las medidas y estrategias de la UE, las NU y el Consejo de Europa ya citadas confirman que la Unión Europea tiene un interés legítimo en relación con el dinero transferido de forma ilegal por anteriores dictadores, a saber Nigeria? ¿Se compromete el Consejo a asegurar que este dinero depositado en bancos por toda la UE vuelve al Gobierno de Nigeria elegido democráticamente? 
. (NL) Señor Presidente, señoras y señores, tal y como se pone de manifiesto en la pregunta, la Comunidad y la Unión Europea ya han adoptado una serie de medidas y están preparando otras centradas especialmente en la lucha con la delincuencia financiera. 
Estas medidas se centran concretamente en la lucha contra el blanqueo de dinero y en la confiscación de los ingresos procedentes de actos ilícitos. 
A partir de los hechos del pasado 11 de septiembre, se está realizando un esfuerzo especial en la lucha contra la financiación del terrorismo. 
Por otra parte, existe una gran variedad de instrumentos como el Tratado Europeo sobre la colaboración judicial mutua en cuestiones penales que data de 1959 y el acuerdo alcanzado por la UE en el 2000 al respecto. 
Ambos tratados contienen una serie de normas generales en el ámbito de la colaboración entre los estados y este conjunto de instrumentos contribuye, sin duda, a la lucha contra la delincuencia financiera. 
Asimismo, se puede recurrir a una serie de instrumentos en el ámbito del derecho material, como la resolución marco relativa a la lucha contra la falsificación de monedas. 
El 16 de octubre de este año, se celebró una reunión conjunta del Ecofin y del Consejo de Justicia y Asuntos Sociales. En ese momento, el Consejo aprobó la decisión de adoptar el protocolo correspondiente al acuerdo del 29 de mayo de 2000 referido a la colaboración judicial mutua en asuntos penales entre Estados miembros de la Unión Europea. 
Este protocolo supone una mejora significativa de la colaboración entre los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra la delincuencia económica y financiera, y concretamente en la lucha contra el blanqueo de dinero, la corrupción, la falsificación de moneda, además de contemplar ampliamente la difusión de datos referidos a transacciones financieras, cuentas y datos bancarios. 
Los Estados miembros se han comprometido a ratificar el protocolo antes de finales del próximo año. 
En relación con la pregunta específica referida a la repatriación del capital transferido ilegalmente por antiguos dictadores a bancos de la Unión Europea, no puedo ofrecer ninguna respuesta considerando que dicha pregunta cae fuera de las competencias del Consejo, tal y como se comunicó a su Señoría durante el primer período de sesiones de octubre de 2001 en respuesta a una pregunta idéntica que planteó entonces al Consejo. 
Gracias, Presidenta en ejercicio del Consejo, por su exhaustiva respuesta a la primera parte de la cuestión. 
Sin embargo, una vez más, no ha comprendido entendido o no quiere comprender el contenido de la última parte de mi pregunta. 
Ésta alude a que hay grandes cantidades de dinero sacadas de países como Nigeria y el Congo, que ahora están depositadas en bancos de Europa, y a que mucha gente ha intentado sin éxito durante años encontrar un medio de devolvérselo a los pueblos de Nigeria y del Congo 
Lo que quiero decir con ello es que usted, en calidad de Presidenta en ejercicio del Consejo, tiene la responsabilidad, de acuerdo con las diversas convenciones a que he hecho mención, de garantizar que este dinero se devuelva a estas antiguas colonias. 
¡Seguro que ahora comprenderá plenamente el significado de mi pregunta y la responderá, y velará por que este dinero, que fue transferido ilegalmente por dictadores y terroristas, sea devuelto a los pueblos de estas antiguas colonias! 
. (EN) Sólo puedo repetir la misma respuesta. 
Por ahora, el Consejo no cuenta con instrumento alguno que le permita hacer lo que usted quiere que haga. 
Cabe que, en el futuro, se desarrolle y mejore un mecanismo a tal respecto, pero por ahora, esto no es el caso. 
A falta de tal instrumento, el Consejo no puede actuar. 
¿Creen ustedes que sería posible aclarar estos aspectos en el contexto de las negociaciones para la adhesión o aplicar al menos unas normas inequívocas al respecto? 
. (NL) Lo que puedo responder a su Señoría es que en las negociaciones con los aspirantes a Estados miembros, la calidad del estado de Derecho es un elemento destacado y que se analizará la existencia de mecanismos que permiten considerar un estado como un estado de Derecho, además de prestar gran atención a la calidad del poder judicial. 
Por ejemplo, en los informes individuales referidos a la situación de cada aspirante a Estado miembro se puede leer que hasta la fecha se detecta una formación insuficiente de los jueces, que se les paga poco y que todo ello contribuye a la existencia de prácticas inaceptables y cosas así. 
Por consiguiente, estimado colega, es cierto que existe la máxima transparencia, que se está aplicando la justicia con todo rigor, que se está tratando de que existan instancias ante las que recurrir en caso de que alguien se considere agraviado, etcétera, etcétera. 
No nos planteamos escarbar en los expedientes individuales. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0879/01): 
Asunto: El caso de Tracey Housel, ciudadano británico en el corredor de la muerte en Georgia, USA ¿Está informado el Consejo del caso de Tracey Housel, ciudadano británico en el corredor de la muerte en Georgia, USA? 
¿Está preocupado el Consejo por el hecho de que el Sr. Housel pueda no haber tenido un juicio justo y conforme con las normas de la legislación internacional en materia de derechos humanos? 
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para ayudar al Sr. Housel? 
La Unión Europea considera que la pena de muerte, que es evidentemente irreversible, es una sanción especialmente inhumana. 
Por tanto, se opone en todos los casos y está de acuerdo en trabajar por su abolición universal. 
Se preocupa de que aún la conserven 90 Estados, aunque sólo una minoría- unos treinta países, entre ellos Estados Unidos- continúa procediendo cada año a ejecuciones capitales. 
En el contexto de su objetivo, la abolición universal, la Unión definió en 1998 una serie de orientaciones para determinar las circunstancias en las cuales deberían iniciarse acciones específicas y determinadas. 
Se esfuerza, allí donde existe aún esta pena, por limitar progresivamente la aplicación e insiste para que se ejecute en el respeto por algunas normas mínimas. 
Sé que es una especie de gradación en el horror difícilmente sostenible, pero en fin, incluso en un caso tan horrible, es así como hay que proceder... 
La Unión Europea sigue con atención la situación en Estados Unidos, donde son numerosas las ejecuciones. 
En 2001, se iniciaron acciones en favor de una serie de condenados a muerte, de acuerdo con las orientaciones de la Unión, con respecto a Georgia, Oklahoma y Texas. 
Por otra parte, la Unión decidió, en el otoño de 2000, intervenir por primera vez como amicus curiae en un procedimiento iniciado ante la Corte Suprema Federal con respecto a un condenado a muerte, con el fin de plantear ante esta jurisdicción la cuestión de la legalidad, con respecto al Derecho internacional, de la condena a muerte de una persona menor en el momento de los hechos: la Presidencia de la Unión ha presentado una demanda de intervención como amicus curiae a favor de Alexander Williams, condenado a muerte por un crimen cometido cuando tenía menos de 18 años, cuyo caso está aún pendiente ante la Corte Suprema del Estado de Georgia. 
En otro caso- Atkins contra Virginia -, la Unión cuenta con presentar otra demanda de intervención como amicus curiae ante la Corte Suprema con el fin de reafirmar su posición sobre la aplicación de la pena de muerte a las personas que padecen una deficiencia mental. 
El Consejo está al corriente de los detalles del caso Housel y, especialmente, de que se podría producir un juicio de la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de final de este año. 
Hemos de señalar que, para los condenados a muerte nacionales de un Estado miembro, la Unión Europea actuaba a petición del citado Estado, que es el mejor situado para juzgar sobre la oportunidad de una actuación comunitaria. 
En este sentido, el Consejo no ha recibido aún solicitud por parte del Reino Unido a favor del Sr. Housel. 
El Consejo está informado de que el Reino Unido sigue muy activamente este caso, en colaboración con los abogados del condenado. 
Quiero dar las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su detallada respuesta. 
No tengo preguntas complementarias, pero exhorto al Consejo a mantener esta actitud en favor de los ciudadanos de la UE, porque muchos diputados de este Parlamento pueden tener electores que han sufrido lo que es manifiestamente un juicio injusto. 
Esta es una situación que se está extendiendo. 
Creo que, además de la intervención del Estado miembro en favor de estos ciudadanos de la UE, el Consejo tiene evidentemente un papel que desempeñar. 
Estoy convencido de que el Gobierno del Reino Unido manifestará ante el Consejo lo que en este caso, a mi juicio, es un ejemplo de un juicio injusto que conduce a una pena de muerte irreversible. 
Sobre la observancia del Reglamento, quiero señalar que, con excepción del último orador, ninguno de nuestros colegas ha respetado su tiempo de uso de la palabra. 
El resultado es que sólo hemos tratado nueve preguntas, de las que las cuatro primeras han recibido una respuesta conjunta. 
Prevención de conflictos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0394/2001) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la prevención de conflictos (COM (2001) 211- C5-0458/2001- 2001/2182 (COS) ). 
Tiene la palabra el Sr. Lagendijk. 
. (NL) Presidente, la prevención de conflictos se ha convertido en los últimos años en un auténtico concepto "feel good" por expresarlo en buen neerlandés. 
Todo el mundo se muestra a favor de la prevención de conflictos, ¿por qué se iba a estar en contra? 
Siempre se puede hacer algo al respecto y no cuesta nada incluir este concepto en una lista más amplia de medidas. 
De este modo, la prevención de conflictos ha pasado lentamente de ser una prioridad de los pacifistas a una agradable actividad secundaria al margen de la actividad militar para convertirse en lo que me atrevería a denominar el actual objetivo principal de la Unión Europea según reconocen muchas personas. 
Ha dejado de ser el jueguecito de un grupo y se ha convertido en el objetivo principal de la Unión Europea en su conjunto, por lo que considero que ha llegado el momento de poner en práctica gran parte de lo que se ha escrito hasta la fecha en torno a la prevención de conflictos- se han publicado magníficos informes a lo largo de los últimos años, algunos procedentes de la Comisión Europea, por lo cual expreso mi admiración. 
Afortunadamente, no es necesario comenzar desde cero, ya que la experiencia acumulada durante los últimos diez años en los Balcanes nos ha demostrado lo que la Unión Europea puede hacer y ha hecho en materia de prevención de conflictos. 
Como seguramente sabrán, soy el ponente del pacto de estabilidad y considero que se trata del mayor proyecto de prevención de conflictos. 
Estoy realmente convencido de que la relación que establece este programa entre la democracia, el desarrollo económico y la seguridad constituye un ejemplo de cómo se ha desarrollado la prevención de conflictos desde un concepto sobre el papel a un recurso muy útil en la vida real. 
En mi informe me detengo en tres aspectos, al igual que deseo hacer hoy. 
El punto que quizás resulte más sencillo pero que en práctica puede plantear dificultades es el referido a la cooperación entre la Unión Europea y la OSCE. 
Nadie se cansa de decir que conviene, que es positivo y que ya se está produciendo. 
En numerosos lugares existe una buena colaboración con las OSCE pero aún me encuentro con zonas en las que dicha colaboración no es tan buena. 
Recientemente viajé con varios colegas a Macedonia, donde la Unión Europea desempeña una misión de observación, al igual que la OSCE, sin que la colaboración entre ambas sea óptima por expresarlo diplomáticamente. 
El comisario planteó hace una semana varias propuestas positivas en Bucarest para mejorar la colaboración entre la UE y la OSCE, por ejemplo, en el sur del Cáucaso y en Asia Central. 
Creo que sería conveniente que la Comisión se esforzase en el futuro un poco más en cada misión- incluyendo los Balcanes, donde la experiencia es positiva, aunque a menudo se presentan problemas- y se fije en la colaboración con la OSCE, que suele tener las mismas funciones y actúa en el mismo terreno, con el fin de mejorar la colaboración y el reparto de tareas. 
El segundo aspecto de mi informe es el referido al Cuerpo Civil de Pacificación. 
En este caso, también se podría afirmar con cierta sorna que ha pasado de ser un entretenimiento de los Verdes a convertirse en un elemento clave de la caja de herramientas de que dispone la Unión Europea. 
Quisiera, por lo tanto, instar a la Comisión a que no piense cómo lo hacía hace cinco o seis años; muchas gracias Parlamento por la idea del Cuerpo Civil de Pacificación sin hacer nada con esta propuesta, y que en su lugar aproveche las oportunidades existentes en mi opinión para crear un Cuerpo Europeo de Pacificación y convertirlo en un elemento clave de la política de la Unión Europea. 
Es una idea factible, no sólo porque a mí me guste o al Parlamento le parezca bien, sino porque mientras tanto se ha acumulado experiencia con observadores de paz civiles. 
La Unión Europea cuenta con un cuerpo de observadores y desarrolla misiones de observación en diferentes lugares del mundo. 
Se ha acumulado experiencia en Alemania y en Suecia en materia de formación de observadores civiles y creo que ha llegado el momento de que la Comisión y la Unión Europea utilice dicha experiencia para coordinar y agrupar mejor a estas personas, de modo que la Unión Europea en el futuro no solo pueda reaccionar rápidamente en el terreno militar, sino también en lo que respecta al envío de observadores civiles. 
Por último, el tercer punto de mi informe y quizás el más controvertido del mismo. 
Yo soy partidario de que la prevención de conflictos deje de ser competencia de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no podemos seguir hablando acerca de la política de la UE en cualquier ámbito, como la agricultura o el comercio que, en nuestra opinión debe servir, por ejemplo, para desarrollar mejor la economía de África y aplicar simultáneamente elementos de dicha política- y cito las ayudas a la exportación- que sabemos que no tienen efectos estabilizadores en estos lugares, por ejemplo en África, sino que alteran u obstaculizan el correcto desarrollo de la estructura económica. 
Sería partidario de que la prevención de conflictos constituyera en el futuro un objetivo por sí solo de todas las políticas de la Unión Europea, no sólo en el terreno internacional, sino también en el ámbito, por ejemplo, del comercio o de la agricultura. 
Si logramos esto, y si logramos que la prevención de conflictos se convierta en un aspecto clave de todos los ámbitos de la política de la UE, me sentiré satisfecho y lo para mí era el tema preferido de las fuerzas débiles se habrá convertido en el núcleo principal de la política de la UE en el extranjero y en todo el mundo. 
Señor Presidente, quisiera continuar con lo expresado anteriormente por el núcleo duro de la prevención de conflictos. 
Suelo mostrarme de acuerdo con lo que el ponente, el Sr. Lagendijk, dice en estos temas porque- tal y como debemos reconocer- la idea de la prevención de conflictos con medios no militares ha sido expresada por el sector verde de forma clara y en numerosas ocasiones. 
También se puede decir que está idea resulta especialmente interesante en los tiempos que corren. 
La Unión Europea es débil en lo que respecta a su aportación militar a la seguridad internacional y al orden judicial interno de los países que nos rodean. 
Hemos comprobado dicha debilidad en las dificultades surgidas a la hora de poner en marcha la fuerza de intervención rápida. 
El comienzo es positivo pero siguen surgiendo dudas, quizás justificadas, en torno a si los resultados llegarían a tiempo. 
La Unión dispone de muchos más medios en el ámbito de los recursos no-militares. 
Y esto se corresponde además mejor con las competencias de la Comisión, según lo veo yo. 
Nosotros también tenemos competencias en esta materia. 
De ahí que cada vez se le otorgue más importancia a los recursos de índole civil, especialmente desde la Unión Europea, considerando tanto su debilidad militar como la existencia de medios civiles pare el control y la prevención de conflictos. 
La guerra fría ha pasado a la historia y todo el contexto de seguridad ha cambiado. 
Ya no existen grandes amenazas, sino guerras más reducidas y a veces prolongadas en los que actúan factores ideológicos, mafiosos y étnicos. 
Los recursos civiles pueden servir perfectamente para evitar la aparición de dichos conflictos. 
Y, sobre todo, para evitar su reaparición. 
De ahí la intensa actividad que, entre otros organismos, desarrolla en la actualidad la Unión Europea en zonas donde existen tensiones o donde dichas tensiones se han logrado superar. 
Las situaciones de anarquía requieren otro enfoque. 
En esos casos, se necesita la actuación de la policía, de funcionarios administrativos, de organizaciones de ayuda, de técnicos, de observadores, de economistas y de personas que dominen el desarrollo de la sociedad civil. 
En resumidas cuentas: un enfoque global. 
Por este motivo me muestro de acuerdo con el planteamiento provocador que afirma que hay que quitarle esa competencia a Asuntos Exteriores. 
En lo que a mí respecta, eso se traduce en un enfoque global de la sociedad. 
De eso se trata en la prevención de conflictos y la Comisión de Asuntos Exteriores seguirá desempeñado seguramente un papel destacado, aunque lo mismo se puede decir de otros sectores de este Parlamento. 
El desarrollo integral de un país guarda una estrecha relación con la prevención de conflictos violentos. 
Quiero decir que el Sr. Lagendijk ha enumerado las opciones de forma magistral. 
No le falta razón cuando afirma que no debemos conformarnos con la existencia de la estructura de dos pilares y que debemos de replantearnos dicha estructura, además de contar con un presupuesto para las cosas que se deban realizar en este ámbito. 
Creo que la unidad de la Unión Europea, concretamente en este aspecto, constituye un elemento clave en materia de seguridad. 
Debemos ser capaces de hablar con una sola voz en el tema de la prevención de conflictos. 
Para ello, es necesario controlar la actividad de nuestras administraciones y del mundo empresarial de nuestros respectivos países. 
Comprendo que el ponente se decante por un cuerpo de pacificación pero quiero indicar que la fe de erratas que me ha llegado y que se refiere al artículo 17 es, en mi opinión, incorrecta: el artículo 17 sigue siendo un magnífico artículo y no me he equivocado cuando he afirmado que el cuerpo de pacificación deberá desarrollarse en el marco de una fuerza de intervención rápida. 
Disponemos de dicho marco y espero que así se mantenga. 
Señor Presidente, el Grupo del PSE otorga un gran valor al debate acerca del papel de la Unión Europea en el ámbito de la prevención de conflictos y valoramos en gran medida los esfuerzos realizados por la Comisión Europea en este terreno, así como el excelente informe del Sr. Lagendijk. 
Se trata de una cuestión importante y hay que recalcar que se trata de una afición holandesa, a pesar de que se pueda crear esa imagen si se observa que los cuatro oradores de la lista de intervenciones proceden casualmente de ese país. 
La Unión Europea es la organización más adecuada para desempeñar un papel más destacado en la prevención y solución de conflictos, así como en la reconstrucción después de que estos finalicen. 
La Comunidad es la expresión de un amplio concepto de seguridad basado en la colaboración económica y política, y en los valores compartidos. 
Este modelo tan exitoso se encuentra a punto de ser exportado a Europa Central y Oriental, Chipre y Malta. 
En los Balcanes, estamos trabajando con la misma intención y la UE se encuentra en este momento ante el reto de hallar un papel útil en la reconstrucción de Afganistán. 
Todas estas actuaciones se enmarcan, a mi entender, bajo el denominador común de la prevención de conflictos. 
Sin embargo, se puede afirmar que ya existe una cultura de la prevención de conflictos dentro de la Unión Europea. 
A veces se mira con envidia a la OTAN o a la capacidad militar de los Estados Unidos, dando la impresión de que la Unión Europea debería tener la ambición de ocupar dicha posición. 
Los medios militares son tan solo una parte de todos los recursos que pueden destinarse a garantizar la paz. 
Se trata del último recurso. 
La prevención de los conflictos tiene por objetivo la prevención de la violencia o de su reiteración mediante mecanismos de intervención rápida, principalmente a través de instrumentos civiles. 
Para la que prevención de conflictos se convierta en un instrumento efectivo de la política de seguridad de la UE, se deberá convertir en un elemento integral de nuestra forma de pensar y de actuar. 
De este modo, la Unión Europea se obligará a sí misma a mirar más hacia el futuro y a detectar focos de conflicto a tiempo con mayor frecuencia que ahora. 
También obligará a la Unión Europea a desarrollar nuevos instrumentos como las fuerzas de intervención rápida y a mejorar considerablemente la coordinación entre los tres pilares. 
No resulta difícil imaginar un ejemplo en el que se requiriera una intervención operativa efectiva de recursos procedentes de los tres pilares. 
En la actual situación, aún se puede hablar de una pesadilla burocrática e institucional. 
La fortaleza de la Unión Europea se pone de manifiesto en la diversidad de instrumentos disponibles y pendientes de desarrollo entre los que también se encontrara la capacidad militar dentro de unos años. 
Para que estos instrumentos puedan actuar de forma efectiva a corto o largo plazo, se requerirá una especie de centro de prevención de conflictos. 
¿Dónde se va a producir qué y qué vamos a hacer al respecto? 
Pero, en definitiva, se trata de una cuestión de voluntad política. 
La Unión Europea desarrolla su actividad en zonas y regiones más o menos estables en las que se amontonan las semillas de nuevos conflictos y debería demostrar una mayor capacidad de prevención de conflictos y presentar informes periódicos al respecto. 
Su objetivo deberá ser desempeñar un papel tan prominente como el de la OTAN, aunque en el terreno de la prevención de conflictos y en la utilización de recursos civiles. 
Creo que la mayoría de los ciudadanos de la UE se sentiría orgullosa de un papel de estas características. 
La principal excepción al avance generalizado de la humanidad es la incapacidad para prevenir los conflictos violentos. 
La ciencia ha alcanzado cotas inauditas, nos encontramos inmersos en una revolución de las comunicaciones y problemas que anteriormente resultaban imposibles de solventar, ahora sí que se puede solucionar, aunque el mundo no se ha convertido en un lugar más seguro por todo ello. 
En los años noventa, murieron aproximadamente cinco millones y medio de personas en los cien conflictos armados que se produjeron, mientras que un múltiplo de dicha cantidad se vio desplazada de sus hogares. 
Los esfuerzos bélicos bloquean en numerosos países cualquier forma de desarrollo económico y social. 
Desde el 11 de septiembre, los americanos también han caído en la cuenta de que nuestra responsabilidad no se detiene en nuestras fronteras o en los países que nos interesan desde el punto de vista estratégico. 
No solo se ha globalizado la economía, sino también el sufrimiento humano. 
Cada vez conocemos mejor las causas profundas de los conflictos violentos; de ello han dado muestras tanto la Comisión como el Sr. Langendijk. 
El reparto injusto de la riqueza, las contradicciones religiosas y étnicas, la falta de democracia, la mala administración. 
La solución de estos problemas estructurales es tan importante como difícil. 
La mejora de las estructuras debe imposibilitar que los líderes políticos puedan saciar su hambre de poder y de riqueza sin ningún obstáculo. 
Una y otra vez son los pueblos los que padecen bajo la lucha por el poder al que ellos no pueden acceder. 
Nuestras generaciones han sido, por primera vez, testigos del contacto a gran escala entre diferentes civilizaciones, culturas y religiones, lo que en un principio ha provocado incomprensión e intolerancia. 
La causa de ello radica en que las culturas y las religiones dan por supuesto que sus valores y normas son los únicos válidos. 
Sin embargo, los creyentes de todo el mundo no creen, sino que están seguros. 
Y cuando la fe se convierte en un factor de la propia insatisfacción, es fácil llegar a fundamentalismos catastróficos. 
La consecución de la prevención de conflictos y la globalización de los sistemas de valores es el mayor reto de esta era y, Europa, junto con los Estados Unidos a los que no hay que olvidar, debe aplicar una estrategia que corte los conflictos de raíz. 
Si la Unión Europea desea consolidar su papel en la prevención de conflictos, también en el ámbito de Cotonou, deberá disponer de medios suficientes para ello. 
La oposición existente en numerosos gobiernos de cara al reforzamiento de la Comisión y de sus delegaciones resulta fatal para la aplicación efectiva de una política a escala europea. 
Las impresionantes intervenciones de esta mañana a cargo de los galardonados con el premio Sajarov nos han permitido compartir la inmensa pena y la fortaleza moral de la violencia sin sentido. 
Apenas habrá lugar para la esperanza si se sigue considerando la tolerancia como traición y el principio del ojo por ojo se convierte en ceguera, tal y como ocurre en Oriente Medio y en Angola. 
Solo habrá esperanza si hacemos frente de forma efectiva a las injusticias y logramos que la tolerancia se convierta en el principio rector del entendimiento mutuo y de un diálogo intensivo en todo el mundo. 
Después de la economía y de la ciencia, le ha llegado el turno de la evolución a los valores morales. 
Señor Presidente, la prevención de conflictos no puede limitarse únicamente a los mecanismos de intervención rápida y el envío de las tropas con funciones policiales; nuestro Grupo, como ya ha manifestado Jost Lagendijk, entiende por prevención de conflictos la orientación de todas las políticas de la UE hacia la supresión y prevención de los conflictos. 
Esto significa la supresión de las ayudas a las exportaciones agrarias, esto significa la apertura de los mercados de la UE a los productos sensibles, esto significa una política comercial socialmente justa y también significa, sobre todo, que únicamente se concedan preferencias comerciales cuando existan garantías de que se respetan los derechos humanos. 
La Decisión de Gotemburgo marca, a nuestro parecer, un hito indiscutible en la política exterior europea. Ahora, no obstante, ha llegado el momento de no limitarse a declarar cuán necesaria que es la prevención de conflictos, sino que es preciso actuar, además, para impulsarla. 
Es necesario, por lo tanto, desarrollar en la Unión Europea una cultura de la prevención que impregne el conjunto de la acción política. 
En este contexto, es decisivo poner fin a todas las exportaciones de armamento y envíos de armas ligeras a zonas potencialmente conflictivas. 
El apoyo al respeto de los derechos humanos y un desarrollo sostenible deben ser el objetivo central de la política exterior europea. 
La prevención de conflictos sólo podrá tener éxito, no obstante, si se promueve la participación de actores civiles. 
Por esto nosotros proponemos que se cree una plataforma de ONG y se establezca una cooperación con las mismas; esto requerirá un apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales, pero su coste será considerablemente más bajo que el que suponen los conflictos militares. 
Señor Presidente, yo quería en primer lugar mostrar que la mayoría de nuestro Grupo está a favor del excelente informe que el Sr. Lagendijk. 
Sin embargo, hay una cuestión que modifica el fondo del informe: el 11 de septiembre. 
Hay un antes y un después del 11 de septiembre, que demuestra debilidades en la trayectoria tan importante que la Unión Europea ha hecho en favor de la prevención de conflictos. 
Creo que hay que indicar con toda claridad que habría que tener más información sobre los servicios secretos que, por ejemplo desde Norteamérica, han estado apoyando a un Estado, como el de los talibanes en Afganistán, que luego se ha convertido en un enemigo público de todo el mundo. 
También es importante- figura en el informe del Sr. Lagendijk- otro aspecto de gran transcendencia que hasta ahora no se ha mencionado: o la Unión Europea escoge a fondo apoyar a la ONU y el esfuerzo de la ONU en utilizar el Derecho internacional para la solución de conflictos o seguiremos viendo cómo una potencia importante, Norteamérica, hace y deshace y nosotros sólo ponemos las tiritas o ponemos pequeños esparadrapos en las heridas infligidas. 
De ahí la importancia de poner en práctica lo que indica el informe del Sr. Lagendijk. 
Otro aspecto que quería mencionar es la importancia de la dimensión económica que, no cabe ninguna duda, es la causa de muchos conflictos, y que hay que verla también de una forma global. 
Por ello habría que matizar algunas declaraciones, porque a veces puede ser peor una gran liberalización que la posible protección. 
Señor Presidente, quisiera hacer uso de esta breve intervención para alabar el informe Lagendijk. 
El ponente se sorprenderá en estos momentos porque yo fui el único que votó en contra en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
¿Capote inesperado de un oponente? 
Sí, cuando se trata de la seriedad del informe. 
Valoro el enfoque integral del Sr. Lagendijk en el terreno de la prevención de conflictos. 
No solo en lo que respecta a las causas explícitas de los conflictos, sino en relación con las consecuencias implícitas de una política que, a primera vista, apenas tiene que ver con los conflictos. 
Por consiguiente, yo también me uno al llamamiento a la Comisión para que analice las consecuencias de la política europea en lo que respecta a los conflictos locales. 
No obstante, difiero del ponente cuando se trata de las funciones de la Unión Europea en el terreno de la prevención de conflictos. 
Sin olvidar las instituciones internacionales de mayor rango, él aboga por un papel amplio para la UE. 
Tengo mis dudas al respecto. 
Como signo de mi valoración del informe y con el objeto de no mostrarme como un opositor a lo que significa la prevención de conflictos, modifico mi voto en contra y lo sustituyo por una abstención. 
Señor Presidente, quisiera, antes que nada, felicitar al ponente por su excelente informe sobre la prevención de conflictos, un tema que este Parlamento ha tenido siempre muy claro. 
Es indudable que la mejor forma de ganar una guerra es evitarla y para evitarla no hay mejor arma que prevenirla. 
Es decir, ir a las causas que la originan y trabajar para resolverlas. 
Para ello, es indispensable un enfoque no sólo horizontal- el enfoque que propone, con acierto, el ponente -, es decir, que abarque todas las políticas comunes de la Unión Europea, sino también global, que abarque a toda la sociedad. 
De ahí la importancia de las medidas no estructurales para promover la reconciliación, sobre todo en aquellas zonas que salgan de conflictos violentos. 
Sin estas medidas, todos los esfuerzos pacificadores de la comunidad internacional, o de las propias comunidades locales que el conflicto ha creado, pueden quedar en nada, ya que cualquier mínima disputa puede encender de nuevo las llamas del odio que había provocado o que ha creado el conflicto. 
Es necesario- y esto lo pido de una forma muy especial a la Comisión- dedicar no sólo más atención sino, sobre todo, más recursos a la educación para la paz, en la línea del trabajo que realizó Mayor Zaragoza cuando estuvo al frente de la Unesco y que, hace unos días, nos recordaba Kofi Annan. 
Por otro lado, si importante es el control del comercio de armas, también lo es el del tráfico de diamantes y de materias primas. 
En este sentido, pido también a la Comisión que nos diga qué medidas piensa adoptar para perfeccionar y hacer más eficaz el Código de conducta respecto del control del tráfico de diamantes, en especial, ya que, como las Instituciones europeas y las propias Naciones Unidas han denunciado, muchas veces la lucha por las materias primas está detrás de muchos de los conflictos que asolan el mundo, en especial el continente africano. 
Señor Presidente, Señorías, creo que Europa continúa adoleciendo de un defecto consolidado en las políticas de prevención de conflictos: somos lentos, previsibles y carecemos de la autoridad suficiente. 
Por lo tanto, me parece que uno de los méritos del informe del Sr. Lagendijk es poner en el plano de la prevención más que en el de la fuerza el punto en que una institución política como Europa se legitima. 
Y se legitima aun a sabiendas de que una paz duradera y justa tiene que confiarse a la política y no a la fuerza. 
Apreciamos en el informe del Sr. Lagendijk sobre todo la atención que se depara a la prevención como consecuencia de las políticas sociales de Europa y no sólo como efecto de una útil cooperación judicial, a la que, por otra parte, nunca deberemos renunciar. 
Políticas sociales quiere decir que la prevención, la capacidad de anticipar, de prevenir, de resolver en su origen los conflictos deben formar parte de todas las políticas de la Unión Europea, como han recordado otros colegas, previendo una inversión en términos de medios financieros y de recursos humanos. 
En este sentido, nos parece que el número de delegaciones de la Unión Europea en los demás países no se ajusta en absoluto a las necesidades de la política de prevención. 
Como decía el Sr. Lagendijk, debemos evitar que la cooperación al desarrollo se convierta en una cooperación al conflicto y, en consecuencia, debemos mostrar una atención, un rigor y una racionalidad especiales en todas nuestras políticas económicas. 
Por último, comparto su crítica al Consejo y a la Comisión por no haber acogido durante los últimos seis años- seis años son mucho tiempo, en que se consuman centenares de conflictos- la propuesta del Parlamento de instituir un cuerpo de paz civil europeo. 
Debemos prevenir y para prevenir con frecuencia es preciso arriesgar, y esto es lo que pedimos al Consejo, a la Comisión, a este Parlamento que hagan. 
Señor Presidente, conviene saber que en este momento hay muchas más personas escuchando que las que se encuentran presentes en esta sala. 
Quisiera felicitar al ponente Lagendijk, justo en este día histórico en el que hemos entregado el premio Sajarov a los pacifistas israelíes, palestinos y angoleños. 
Creo que una mirada al mundo nos devolverá a la realidad. 
Debemos evaluar lo que estamos haciendo en Oriente Medio, África, con los tres millones de víctimas de la República Democrática del Congo y lo que deberemos hacer en Afganistán. 
Debemos evitar la aparición, la subestimación o la reaparición de conflictos. 
Para ello se requiere un enfoque integral, lo cual ha sido recalcado por numerosos colegas. 
En el minuto y medio que dura mi intervención quiero pedirles que presten atención a un aspecto del informe; el cuerpo civil de pacificación. 
De usted, Comisario Patten, realmente espero una iniciativa. 
Me sorprende la cantidad de dinero y de personas que se puede movilizar en pocos meses para iniciar una guerra. 
¿No deberíamos trabajar con la misma intensidad, dedicar los mismos medios y concentrar las mismas personas a la hora de mantener la paz y de prevenir la guerra? 
Por este motivo, me parecería magnífico contar con dicho cuerpo civil de pacificación. 
Disponemos de dinero y existe un marco legal. 
También existe voluntad política y ¡sólo nos falta dar el paso! 
Señor Presidente, doy las gracias al ponente por este excelente trabajo y quisiera destacar tres puntos que aparecen al final del informe. 
El punto 24 se ocupa de la necesidad de fortalecer la cooperación entre la UE y la ONU y entre la UE y la OSCE. 
En estas circunstancias, aprovecho la oportunidad para preguntar al Comisario encargado de las relaciones exteriores, el señor Patten, qué opina de los métodos para fortalecer la cooperación entre la ONU y la OSCE. 
También quiero destacar el punto 27, que trata de la proliferación de armas ligeras y cortas y de la necesidad de contar con un código de conducta común para la exportación de armas. 
Por último, quiero referirme al punto 28, que subraya el significado de la formación como elemento fundamental en las actividades de prevención de conflictos. 
Es una lástima que el ponente no pueda discutir con los diputados. 
Me pregunto en qué concepto del ser humano, en qué ética y en qué moral se deben asentar los trabajos de prevención de conflictos. 
¿En último término, no deben descansar las actividades para prevenir conflictos y la democracia en la reconciliación, en los pactos y en que cada uno de nosotros pueda aceptar una derrota? 
Para finalizar quisiera referirme a algo más personal. 
Como diputado al Parlamento Europeo quedé estupefacto al ver que cerca de doscientos diputados abandonaban el Pleno cuando Kim Dae Jung iba a hacer uso de la palabra. 
Kim Dae Jung es uno de los grandes luchadores por la democracia y los derechos humanos en Asia, que ha pagado un alto precio por esta lucha. 
Doscientos diputados abandonaron el Pleno cuando iba a hablar. 
Así no se cuida la dignidad del Parlamento. 
Ha sido una vergüenza para esta Asamblea. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace pocas horas hemos oído a tres personalidades a las que distinguimos con el Premio Sajarov. 
Nos han conmovido los discursos y nos ha estimulado el ejemplo, pero nos ha quedado también una sensación de incomodidad, porque, si bien es cierto que en el Parlamento Europeo hemos conseguido identificar las vías para la prevención y la resolución de los conflictos y reconocer, antes incluso que otros, quién puede fomentarlos, nos ha faltado capacidad efectiva para influir en dichos procesos. 
Recuerdo haber asistido, ya a principios de este año, a una reunión presidida por la Presidenta Nicole Fontaine con el Comandante Massoud. 
En aquel momento, pocos se interesaron por la visita y no conseguimos movilizar los apoyos necesarios para fortalecer la posición del Comandante Massoud y prevenir tal vez parte de las grandes tragedias que siguieron. 
Acogemos, pues, con beneplácito la comunicación de la Comisión y reconocemos su labor y mérito. 
Concordamos plenamente con el principio estratégico enunciado por la Comisión- y cito -: "La política de desarrollo y otros programas de cooperación constituyen los instrumentos más poderosos de que dispone la Comunidad para tratar las causas de los conflictos". 
Apoyamos, en general, los propósitos del documento; con todo, también consideramos, de acuerdo con el ponente, que hay algunos aspectos imprecisos, tal vez perjudicados por la rigidez del actual sistema de pilares. 
Consideramos prioritario un fuerte y serio esfuerzo con vistas a la cooperación interinstitucional. 
En cuanto a aspectos concretos, el ponente, al que felicitamos, los enumera de forma bastante completa. 
Pero quisiera subrayar un aspecto: se debería fortalecer el papel de las delegaciones de la Comisión, lo que remite también al asunto de la representación exterior de la Unión. 
Al referirse a la asociación euromediterránea, el documento de la Comisión habla, y con razón, de la formación conjunta de diplomáticos. 
Y yo pregunto: ¿para cuándo programas de formación conjunta de diplomáticos dentro de la propia Unión Europea? 
Antes del 11 de septiembre, Afganistán figuraba en la lista de zonas olvidadas en guerra. 
Creo que son dos ejemplos de cómo con demasiada frecuencia somos demasiado listos demasiado tarde. 
Desgraciadamente, la verdad es que cuando resulta ya demasiado tarde, existe mucha voluntad para emplear sumas absolutamente fantásticas en acciones militares. 
Lo cual está en marcado contraste con la voluntad para emplear recursos en la prevención civil de crisis y para mantener la paz. 
Ahora la UE ha decidido desempeñar un papel activo con respecto a la prevención de conflictos en África. 
Sin embargo, también debemos desempeñar un papel más activo e independiente en relación con el conflicto en Oriente Medio. 
Este papel ha quedado desgracidamente algo desdibujado tras el 11 de septiembre. 
El Premio Sajarov no es suficiente. 
Debemos emplear el acuerdo aduanero ofensivamente en esta crisis. 
Señor Presidente, nos tememos que la prevención de conflictos con medios no militares es la otra cara de la misma moneda, es decir, de la política intervencionista de la Unión Europea, que se autonombra pacificadora mundial, y además en crisis y conflictos que ella misma fomenta, para intervenir seguidamente como salvadora. 
Por supuesto, el objetivo permanente es ahogar el movimiento popular progresivo y fomentar los intereses del gran capital europeo. 
Desgraciadamente el informe del verde, señor Lagendijk, no se libra del espíritu intervencionista con medios políticos, económicos y militares. 
No hay ninguna duda de que la mano derecha de la unidad no militar de reacción rápida propuesta y de la policía europea será, tal como ha reconocido hoy el propio ponente, el ejército europeo, de cuya preparación se ocupará la cumbre de Laeken en pocos días. 
Por otra parte las fuentes más oficiales de la Unión Europea han proclamado que donde no sea aceptada la propuesta política, se impondrá la militar. 
Por las razones expresadas, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia no podemos votar a favor del informe... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
. (EN) Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Lagendijk su informe, una vez más, excelente. 
Asimismo, acojo con satisfacción las observaciones que ha formulado hoy y que invitan a la reflexión, relativas a, por ejemplo, el Cuerpo Civil de Pacificación, un tema que, me figuro, seguirá suscitando vivos debates. 
Pero, sobre todo, quiero agradecerle lo que ha dicho sobre las cuestiones externas del desarrollo sostenible. 
Es un tema en el que todos deberíamos centrar nuestra atención en el período previo a la Conferencia de Johannesburgo del año que viene. 
Espero, en particular, que el Parlamento muestre un especial interés por alguno de los asuntos que el Sr. Lagendijk ha planteado, que revisten una importancia fundamental si queremos ser creíbles en materia de desarrollo sostenible. 
Este es un debate de actualidad. 
El Sr. Wiersma ha señalado que es un hobby holandés. 
Me veo obligado a decir, si ello es así, que se trata de un hobby holandés magnífico y que lo recomiendo a todos los Estados miembros. 
Hay una creciente percepción de la necesidad de incrementar nuestros esfuerzos para hacer frente a los factores que hacen que el conflicto y la violencia surjan antes que cualquier otra cosa. 
Con ello no quiero decir que este tipo de conflictos esté acabado y superado, pero en el mundo de hoy afrontamos un nuevo tipo de peligro: el Estado fracasado en su misión, el Estado que representa un peligro para su propio pueblo y una amenaza para el resto del mundo. 
Permítanme que me exprese con toda claridad. 
No hay nada que justifique o que sirva de atenuante del terrorismo. 
Pero para erradicar el terrorismo, tenemos que trabajar para asegurarnos de que el mundo es territorio hostil- y no suelo fértil- a los terroristas y a quienes los apoyan. 
Esto puede entrañar acciones militares severas, como las que realizamos de vez en cuando. 
Pero también significa exportar y consolidar la democracia, el estado de Derecho y el buen gobierno; significa liberalizar el comercio mundial, y recurrir a éste y a nuestra ayuda al desarrollo para reducir la distancia entre los más ricos y los más pobres, en un mundo en que las tres personas más ricas del planeta poseen el equivalente del PIB de los 48 países más pobres. 
A principios de este año, la Comisión publicó la comunicación en que exponía nuestra nueva estrategia para la prevención de conflictos. 
Está basada en cuatro objetivos principales. 
En primer lugar, queremos hacer un uso más sistemático y coordinado de los instrumentos de la Unión Europea dirigidos a hacer frente a las causas fundamentales del terrorismo. Dicho más simplemente, queremos obtener un mayor provecho de nuestra posición como principal donante a nivel mundial y como primer bloque comercial. 
Comenzamos integrando la prevención de conflictos en nuestras estrategias frente a los países con quienes mantenemos acuerdos, teniendo en cuenta los indicadores de conflictos, por ejemplo, en nuestros informes de estrategia nacional. 
El segundo objetivo de nuestra comunicación consiste en incrementar la eficacia de nuestras acciones en abordar "problemas transfronterizos" como el tráfico de drogas o armas, el comercio de mercancías ilegales, el deterioro medioambiental y otros. 
En todos estos frentes el reto es formidable. 
Permítanme abordar, por ejemplo, el tema planteado por la Sra. Ferrer. 
Este proceso está dirigido a establecer un régimen de control internacional para la importación y exportación de diamantes en bruto. 
Tras el acuerdo político alcanzado en Gaborone, hace dos semanas, entre los participantes en este proceso, la Comisión está disponiendo los trabajos preparatorios para la plena puesta en práctica por la Comisión del régimen de control en el transcurso del año que viene. 
El tercer objetivo es desarrollar nuestra capacidad de respuesta rápida ante las crisis incipientes. 
Se han presentado recomendaciones concretas, dirigidas en particular a mejorar los instrumentos de la PESC, como el diálogo político o el recurso a representantes especiales. 
No puedo más que coincidir con el Sr. Lagendijk en que "la prevención de conflictos (... ) exige un mayor compromiso y mayor dirección política por parte de los Estados miembros, ya que, por sí solos, los instrumentos comunitarios no bastan para resolver todas las posibles fuentes de conflicto". 
Lo que se requiere es un poco más de esa voluntad política interesada a la vieja usanza. 
A nivel comunitario, hemos establecido, por iniciativa mía, un mecanismo especial de reacción rápida para equiparnos con el objeto de responder con la rapidez que la producción de acontecimientos en el mundo real exige, unos acontecimientos para los que los procedimientos de la Comisión, no están siempre del todo bien diseñados para hacerles frente. 
En la actualidad se halla plenamente operativo, y esta prestando un servicio inestimable en las crisis actuales, por ejemplo en la antigua República Yugoslava de Macedonia y en Afganistán, donde espero utilizar este mecanismo antes de nada para prestar apoyo al equipo del embajador Brahimi; en segundo lugar, para prestar apoyo al Gobierno provisional y, en tercer lugar, para comenzar los trabajos de desactivación de minas. 
El cuarto mensaje consiste en promover la cooperación internacional con los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. 
Así lo ha subrayado su Señoría. 
El Sr. Sacrédeus también lo ha hecho. 
La ONU desempeña aquí un papel fundamental. 
Contamos con un nuevo marco, fijado por la Comisión de Asuntos Generales en el mes de junio, para una cooperación reforzada entre la UE y la ONU en la prevención de conflictos y la gestión de crisis. 
Como ha recomendado el Sr. Lagendijk, estoy dispuesto a trabajar con el Consejo en un marco de cooperación reforzada con la OSCE. 
Permítanme finalizar señalándoles un ejemplo de lo que hemos hecho y estamos haciendo en particular en una zona clave de conflicto. 
Acabo de volver de la región de los Grandes Lagos, donde hemos estado en una provechosa misión de la Troika. 
El mes pasado, comprometimos fondos mediante el mecanismo de reacción rápida para fomentar el diálogo en el Congo, para disponer acciones preparatorias para la integración de los niños soldados y para apoyar a los medios de comunicación independientes u otras iniciativas que refuercen la confianza. 
En noviembre comprometimos igualmente partidas presupuestarias de la PESC para financiar la Unidad de Policía Sudafricana para la protección de los líderes políticos que han regresado recientemente a Burundi. 
Fue para mí un placer poder reunirme con ellos y recibir información directa. 
En esta región continuamos con los trabajos de rehabilitación, prestando ayuda humanitaria y contribuyendo a paliar la pobreza. 
Estamos preparados para financiar programas de desmilitarización y de desmovilización tan pronto como se inicien. 
De este modo, estamos- espero y creo- tomando partido. 
Iniciamos esta línea de actuación antes de los terribles acontecimientos ocurridos hace tres meses que su Señoría ha mencionado. 
Pero ahora sabemos cuánto está en juego. Ahora sabemos que la prevención de conflictos en el extranjero es fundamental para nuestra seguridad en nuestra propia casa. 
Ahora sabemos que no podemos aflojar en nuestro esfuerzo, sino que más bien, como ha señalado el Sr. Lagendijk, necesitamos redoblarlo. 
Esto es lo mínimo que podemos hacer en respuesta a las atrocidades del 11 de septiembre. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Relaciones UE/República Islámica del Irán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0418/2001) del Sr. Gahler, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: relaciones de la UE con la República Islámica del Irán (COM (2001) 71- C5-0338/2001- 2001/2138 (COS) ). 
Antes de proceder al debate, les quiero informar de las condiciones del mismo, pues habrá alguna pequeña modificación: haciendo un gran esfuerzo, vamos a exceder el tiempo límite, que son las 19.00 horas. 
Con la cooperación de la interpretación, creo que podremos trabajar hasta las siete y cuarto, lo cual significa que, a partir de las siete y cuarto, se quedarán ustedes sin interpretación, sin Comisario y sin Presidente, porque tenemos otras obligaciones. 
Lo lamento, pero así son las cosas. 
Por lo tanto, creo que el sistema más operativo es que intervenga en primer lugar el ponente, a continuación el Comisario, y luego todos los diputados, en la medida en que nos quede tiempo. 
Por tanto, cuanto más concisos sean, más posibilidades tendremos de acabar el debate antes de las siete y cuarto. 
Los que no puedan intervenir, podrán hacerlo a partir de las 21.00 horas esta misma noche. 
Tiene la palabra el Sr. Gahler. 
, ponente. (DE) Señor Presidente, yo creo que los últimos oradores tendrán tiempo de intervenir antes de la pausa. 
La Comisión hizo pública el 7 de febrero de este año una comunicación sobre las relaciones entre la UE e Irán. 
En ella señala que el diálogo, iniciado en 1995, adquirió a partir de 1998 un carácter amplio, en forma de consultas semestrales entre la troica comunitaria y el Gobierno iraní. 
El intercambio incluye temas de alcance mundial como el terrorismo, los derechos humanos y la propagación de las armas nucleares, así como cuestiones regionales y la cooperación en los ámbitos de las drogas, los refugiados, la energía, el comercio y las inversiones. 
Si bien la UE es el principal socio comercial de Irán, con el 40% de las importaciones iraníes, la ausencia de un acuerdo marco tiene efectos restrictivos sobre las relaciones bilaterales. 
La Comisión recomienda el desarrollo de relaciones más estrechas, en función de los progresos conseguidos en los siguientes ámbitos: estado de Derecho, derechos de las minorías, libertad de prensa, condiciones marco normativas para la economía y la trayectoria de Irán en materia de política exterior y de seguridad. 
Desde que se publicó la comunicación, el Presidente Jatamí ha sido confirmado en su cargo por una mayoría de tres cuartos y los ataques terroristas en Estados Unidos han concentrado la atención sobre la zona inmediatamente contigua a Irán. 
El 20 de noviembre, la Comisión remitió al Consejo su propuesta de una decisión del Consejo por las que se establecen las directrices para la negociación de un acuerdo comercial y de cooperación con Irán. 
En mi informe he procurado aclarar sobre todo la evolución interna de Irán en el aspecto político, económico y social y extraer conclusiones políticas para la posición que debemos adoptar con respecto a dicho país. 
Mi objetivo era concretar los intereses de la UE, que residen en una intensificación de los intercambios comerciales, dada la abundancia de materias primas que posee el país, pero también en el desarrollo del diálogo político sobre los temas relativos a la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, así como sobre las respectivas aportaciones y posibilidades de actuación con vistas a la solución del conflicto de Oriente Medio. 
Además, quiero dejar particularmente claro que el Parlamento espera que la Comisión y el Consejo cumplan su palabra cuando declaran que los progresos en relación con el estado de Derecho, los derechos de las minorías y la libertad de prensa serán los criterios por los que se regirá la intensificación de las relaciones. 
En principio, acogemos con satisfacción el acuerdo comercial y de cooperación previsto y no condicionamos su conclusión a un determinado nivel de progresos previos en relación con el respeto de los principios del estado de Derecho y de los derechos humanos. 
Quiero destacar dos motivos por los que parece posible prescindir de esta condición. 
Por una parte, esperamos que el acuerdo incluya una cláusula relativa a los derechos humanos comparable a la del Acuerdo de Cotonou, con cuya ayuda también se podrá exigir de manera efectiva en cualquier momento el cumplimiento del Convenio internacional sobre esta materia, suscrito también por Irán. 
Me parecen insuficientes las referencias al respecto en el preámbulo del proyecto de mandato y la referencia general, en las disposiciones finales, a la posibilidad de suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento grave de algún elemento esencial del mismo. 
Por otra parte, estoy convencido de que la sociedad civil iraní será capaz de llevar a cabo por sí misma las reformas propias de una sociedad islámica moderna en desarrollo. 
El potencial intelectual resulta particularmente visible desde el exterior entre los estudiantes, en el sector de la prensa y en la vida cultural. 
En general, dicho país, con su cultura y sus recursos naturales, combinados con sus recursos humanos, dispone en el fondo de todas las oportunidades para acceder a un futuro mejor. 
El hecho de que determinados sectores judiciales y religiosos consideren necesaria la continua prohibición de periódicos, que luego a menudo vuelven a reaparecer bajo otra cabecera, también permite apreciar, no obstante, el dualismo y las contradicciones y, en última instancia, el problema no resuelto de la titularidad del poder, que imperan en casi todos los ámbitos de la sociedad. 
El ejemplo más reciente es la desaparición del periodista y crítico de cine Siamak Pourzand, denunciada el 5 de diciembre por el Pen Club. 
El aumento de las ejecuciones- de las que también hemos visto fotografías estremecedoras en la prensa -, las repetidas noticias de lapidaciones como forma de ejecución, así como el gran número de flagelaciones públicas durante el último año indican que cada vez es necesario un mayor despliegue de fuerza para mantener a raya a la sociedad civil. 
Los informes más recientes de las Naciones Unidas, al igual que el informe del 12 de noviembre del Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Sr. Copithorne, también adoptan una posición más crítica en su valoración y su lenguaje en comparación con los de años anteriores. 
Por todos estos motivos es urgente, a mi parecer, que por nuestra parte intensifiquemos los contactos y afiancemos con ello a las fuerzas que saben que cuentan con el apoyo de la gran mayoría de la población. 
Las fuerzas que se manifiestan en el Parlamento a favor de una mayor libertad de prensa y de la ampliación de los derechos de las mujeres, que desean la apertura de la economía y de las estructuras anquilosadas, y que quieren promover un papel constructivo de Irán en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Queremos alentar a través del diálogo interparlamentario a estas fuerzas para que puedan cumplir mejor su mandato electoral y responder a las esperanzas y expectativas de la sociedad. 
Las contradicciones que he señalado impregnan amplios sectores. 
He tenido noticia de que Irán ha desempeñado un papel muy constructivo en la sombra en la Conferencia de Bonn sobre Afganistán, aunque no se haya estado presente directamente en la mesa de negociaciones. 
Yo creo que esto merece un claro reconocimiento positivo. 
Por otro lado, podría ejercer una influencia más moderadora sobre determinados grupos de Oriente Medio que más bien buscan la confrontación. 
Sin embargo, no debe esperar conseguir del Parlamento Europeo una rebaja de las exigencias en materia de derechos humanos a cambio de la participación en la coalición antiterrorista. 
Yo espero que el Consejo y la Comisión mantengan una posición en consonancia con la nuestra. 
Las mujeres han conquistado algunos puestos en el Parlamento, el Gobierno, la administración y la cultura. 
Tal vez más que en otros Estados vecinos- Sin embargo, por otra parte, no sólo se les imponen unas normas en materia de vestido dictadas por intérpretes varones del Corán y no están suficientemente representadas en muchos sectores de la sociedad, sino que la legislación les niega explícitamente la igualdad de derechos en muchos ámbitos, como ocurre por ejemplo en el Derecho de Familia. 
Tenemos que discutir todo esto y lo discutiremos, igual que también reconocemos los progresos conseguidos. 
En este contexto, yo quiero expresar mi agradecimiento a los colegas que han mejorado el informe con sus enmiendas. 
Mi preocupación era no silenciar la realidad de los hechos, pero que las expresiones elegidas tampoco dificultasen innecesariamente el inicio del diálogo. 
Espero poder contar con su apoyo. 
. (EN) Acojo con gran satisfacción el presente informe y felicito al ponente, Sr. Gahler, por su excelente trabajo. 
Espero que este Parlamento se muestre comprensivo si no puedo permanecer aquí hasta el final del debate, pero la Comisión estará en cualquier caso representada. 
En su calidad de potencia regional, Irán ejerce una fuerte influencia en la evolución de los acontecimientos en su zona, que a veces ha sido denominada el arco de la crisis. 
En la Unión Europea tenemos un gran interés en alentar a las autoridades iraníes a utilizar esta influencia de forma constructiva para promover la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región. 
Y además, a medida que el proceso de reformas y de liberalización avance en Irán, tendremos igualmente un gran interés en desarrollar nuestras relaciones bilaterales, como hemos intentado hacer con la visita de la Troika hace unas pocas semanas. 
En los últimos años, y sobre todo desde la primera elección del Presidente Katamí en 1997, la Unión Europea ha mantenido un intenso diálogo con Irán. 
Ha sido un diálogo fructífero, pero ahora debemos ir mucho más lejos. 
Es por ello por lo que hemos presentado propuestas de directivas para la negociación de un acuerdo comercial y de cooperación. 
Una vez contemos con un fundamento contractual para nuestras relaciones, estaremos en una posición mucho mejor para intensificar los intercambios no sólo en el ámbito económico, sino también en asuntos como la migración, las drogas, la energía y el medio ambiente. 
Ello nos proporcionará además una base más sólida, con intereses verdaderamente compartidos, para continuar y profundizar nuestro diálogo político con Irán sobre asuntos regionales e internacionales. 
Hemos acogido con satisfacción la moderada y constructiva respuesta de Irán a las atrocidades del 11 de septiembre, a las que su Señoría se ha referido. 
Incluso antes de estos terribles acontecimientos, el Presidente Katamí lanzó una iniciativa muy útil en las Naciones Unidad por un Diálogo entre Civilizaciones. 
Yo mismo mantuve un interesante intercambio de opiniones con el Presidente sobre la obra de Nicolás Maquiavelo. 
Tengo la impresión de que Irán comprende plenamente la importancia de aplicar la Resolución 1372 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la lucha financiera contra el terrorismo, la necesidad de ratificar los convenios en materia antiterrorista ya existentes y la necesidad de un convenio amplio. 
En el período subsiguiente a los acontecimientos del 11 de septiembre y en línea con los esfuerzos de la coalición mundial contra el terrorismo, los Estados que intenten hacerse con arsenales o armas de destrucción masiva estarán sujetos a un control más intenso y disfrutarán de una menor tolerancia. 
A este respecto, Irán se ha adherido a los tratados y convenios pertinentes, pero queremos ver que se adoptan medidas adicionales y una mayor transparencia. 
El pleno cumplimiento de estos acuerdos resulta fundamental. 
De igual modo, acogeremos con satisfacción la cooperación dirigida a ofrecer un mejor futuro a Afganistán bajo una administración nueva y de amplia base. 
Apoyamos sin reservas y alentamos el proceso de reformas en Irán. 
Pero, desgraciadamente, la situación empeoró el año pasado. 
Compartimos los temores expresados por el Representante Especial de las Naciones Unidas, el Sr. Copithorne, en su reciente informe sobre los derechos humanos en Irán. 
Así que tenemos aún pendiente la adopción de resoluciones de las Naciones Unidas en esta materia. 
A mi juicio, deberíamos explorar otras de formas de mantener un diálogo más efectivo sobre derechos humanos con Irán, y yo ya he comenzado este diálogo con el Ministro de Asuntos Exteriores iraní. 
He manifestado en varias ocasiones a mis interlocutores iraníes nuestro gran interés en este sentido, si ellos también muestran un verdadero compromiso de introducir reformas. 
Los crecientes contactos de las autoridades iraníes con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Robinson, son una señal prometedora, como lo es el reciente acuerdo sobre derechos humanos alcanzado entre el PNUD y la Comisión Islámica de Derechos Humanos, que comprende el reforzamiento de las capacidad de control en esta materia. 
Puede y debe hacerse mucho más, y la Comisión vigilará estrechamente la evolución de los acontecimientos y prestará su ayuda de cualquiera de las formas posibles. 
El potencial de la cooperación entre la UE e Irán en los ámbitos del comercio, la energía y la economía es enorme. 
Así se reconoce en nuestro proyecto de instrucciones para un acuerdo de comercio y cooperación. 
El debate entre los Estados miembros en el seno del Consejo ya se ha puesto en marcha y espero que lleve pronto a la adopción de una decisión que nos permita iniciar las negociaciones. 
Como siempre, surgirán dificultades en las cuestiones de detalle, pero estoy seguro de que todos convendrán en que tenemos una oportunidad estratégica de desarrollar nuestras relaciones con Irán. 
En respuesta a varias de las preguntas contenidas en el informe, puedo confirmar que el acuerdo comprenderá sin duda alguna una cláusula relativa a los derechos humanos, al igual que en todos nuestros acuerdos con terceros países. 
De igual modo, incluiremos estipulaciones sobre la readmisión de inmigrantes ilegales, al tiempo que desarrollaremos nuestra cooperación con las autoridades iraníes sobre los más diversos asuntos en materia de migración. 
Por último, comparto la preocupación de su Señoría por el asunto del control del tráfico de drogas. Sé que nuestros interlocutores iraníes también lo están. 
Por ello, espero que el acuerdo también nos ayude a extender y profundizar la cooperación en este ámbito. 
Y, por cuanto respecta a la estructura de nuestro diálogo con Irán, apoyo sin reservas la propuesta de establecer contactos parlamentarios más estrechos. 
Para concluir, permítanme dar las gracias una vez más al Sr. Gahler por su informe sobre las relaciones UE-Irán, bien argumentado y equilibrado. 
Tomo nota de las observaciones constructivas, y me complace ver que el informe presta su apoyo a la línea seguida por la Comisión, incluido el establecimiento de relaciones contractuales con Irán. 
Informaré al Parlamento sobre los progresos realizados. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Por supuesto que si el debate prosigue después de las nueve, la Comisión estará representada y dispuesta a contestar. 
Pero creía que lo más oportuno era que interviniera el Comisario competente en este momento. 
Señor Presidente, Irán constituye un punto de atención especial debido a que se trata de una zona en medio de diversos países desestabilizadores: Afganistán, el sur del Cáucaso, Irak y, un poco más lejos, Palestina. 
Es motivo más que suficiente para ocuparnos expresamente de Irán debido principalmente a que no sólo se observan cosas negativas, sino que también se detectan avances positivos. 
Por este motivo, es lógico plantear una política de palo y zanahoria: por una parte, una buena colaboración en el terreno del comercio, de la lucha contra el tráfico de drogas, de la lucha contra el terrorismo y cuestiones similares, además de una posible colaboración en el ámbito de la acogida de refugiados, lo que en este momento constituye una gravísimo problema para Irán, y, por otra parte, una crítica durísima y clara a todo lo que vaya en perjuicio del estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos. 
Creo que, de este modo, adoptando una actitud que deje clara nuestra voluntad de que en Irán se alcance un mayor grado de democracia y que se desarrolle un estado de Derecho- lo que se puede fomentar de diversas formas -, podemos acabar con la ceguera que padece Irán como consecuencia de su confrontación con los Estados Unidos. 
La adopción de una postura propia por parte de la Unión Europea podría acabar con dicha cerrazón, por lo que aplaudo con entusiasmo lo manifestado por el ponente. 
No debemos olvidar que Irán representa de hecho una versión moderna del Islam por tratarse de un estado chiíta, aunque existan cuestiones que no nos agraden como el hecho de que una clericocracia se proclame a sí misma como una teocracia, lo que a mí siempre me ha sonado como una blasfemia y que implica la represión de los deseos humanos más normales de los jóvenes y de las mujeres. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las oportunidades profesionales para las mujeres también deberían superar la prueba de la modernidad. 
En lo que respecta a los avances en el campo de la democratización, estamos escuchando bastantes cosas que nos agradan. En cualquier caso, quisiera adherirme a la conclusión del ponente en el sentido de que resultaría lógico que nos pusiéramos en contacto con el Parlamento iraní, además de felicitar al ponente. 
Señor Presidente, pienso que éste es un informe equilibrado sobre un tema difícil y que su mérito reside en haber recogido las progresivas señales de apertura que llegan de Irán, sobre todo de su pueblo que en las últimas elecciones ha dado una indicación concreta y clara en favor de una política de reformas económicas, sociales y políticas. 
Al mismo tiempo, sin embargo, debemos considerar cada vez más dirimente para nosotros, para la Unión Europea y para este Parlamento el respeto a los derechos humanos. 
En este sentido, nos permitimos decirle al ponente que no compartimos algunas de las enmiendas que ha sometido a la atención de este Pleno y que nos parece que se inspiran en un exceso de indulgencia en una materia, la de los derechos humanos, en la que debemos mostrar el máximo rigor. 
Cierto que el Gobierno iraní ha denunciado la violencia de la matanza del 11 de septiembre en Nueva York; cierto que ha expresado su voluntad de discutir las cuestiones relativas a los derechos humanos. Valoramos todo esto y apreciamos el papel que las mujeres han sabido recuperar a lo largo de estos años en las instituciones, en la formación universitaria y en la enseñanza, así como el sentido de la responsabilidad del Gobierno iraní para contribuir a estabilizar la región. 
Sin embargo, ahí están los hechos, o sea, las expectativas de la sociedad iraní y de la comunidad internacional en cuanto a la abolición de la tortura, a la abolición de la pena de muerte, a la abolición de los tribunales especiales religiosos y para la prensa y a la abolición de penas especialmente degradantes y humillantes. 
Creo que nuestra tarea es la de animar a las fuerzas democráticas, a la sociedad civil, a las muchas mujeres, a los muchos estudiantes que consideran que es posible que en la confrontación entre una teocracia y una democracia prevalezca esta última. 
Es preciso instar al Gobierno iraní a que respete hasta el fondo el mandato que ha recibido de su pueblo. 
Por último, es necesario fomentar el diálogo político entre la Unión Europea e Irán. 
En este sentido, estamos a favor de enviar a dicho país a una delegación ad hoc y esperamos que la Unión Europea pueda desempeñar un significativo y útil papel político a fin de que Irán encuentre cuanto antes su propio camino hacia la democracia. 
Creo, señor Presidente, que nuestra tarea no debe ser en ningún caso la de juzgar. 
El estímulo y las solicitudes forman parte del espíritu de este informe, así como de la manera en que a partir de mañana la Unión Europea relanzará su relación con Irán. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes no se opone en absoluto a que se mejoren las relaciones económicas y culturales con Irán. 
Como han señalado el Comisario Patten y el ponente Gahler, están ocurriendo hechos positivos, pero también ocurren muchas cosas que no lo son. 
Mejorar las relaciones no debe ser lo mismo que debilitar las críticas. 
Este informe plantea la cuestión de si se deben moderar las críticas hacia un país con el que se quiere mejorar la colaboración. 
Creo que sería un error. 
Desgraciadamente, parece que es la postura imperante en la parte derecha de esta Asamblea, donde se quiere debilitar el informe Gahler. 
Por el contrario, a nuestro juicio el informe Gahler tiene ventajas, pero creemos que es muy débil y habría que endurecerlo en muchos puntos. 
Por eso hemos presentado nada menos que 10 enmiendas. 
Me referiré sólo a dos de ellas. 
La enmienda 13 se fundamenta en la propuesta que presentó la UE a la ONU, en la que las críticas el Consejo son más duras que las del señor Gahler en su informe. 
En esta enmienda se menciona, entre otras cosas, la lapidación, que aún existe. 
Alguien me ha dicho que el señor Gahler se ha referido a ella oralmente, pero no aparece consignada en la resolución. 
En mi opinión, es un debilitamiento. Es una deficiencia que no se diga claramente que condenamos sin vacilaciones este horrible castigo. 
Hay muchas otras cosas que se deberían incluir y que mencionamos en nuestra enmienda 13. 
En la enmienda 19 decimos que Irán no es un país seguro para los refugiados. 
Es muy importante que se deje constancia de este hecho en una época en que hay fuertes corrientes de opinión para expulsar, con muy poco fundamento, a las personas que buscan refugio en el territorio de la UE. 
Señor Presidente, quiero decir que creo que los sucesos del 11 de septiembre nos han hecho más sabios a todos. 
Han tenido un coste humano terrible; pero nos han hecho más sabios; a nosotros, y diría que a Irán también, y entendemos que es necesario que los puentes de contacto, el diálogo, los debates, la cooperación entre la Unión Europea e Irán encuentren su camino, en esta época, en una región caracterizada por la inestabilidad tan intensificada y tan peligrosa. 
Creo que la troica y el Sr. Comisario Patten han realizado una labor muy interesante y podría decir que tanto el informe como la propuesta de resolución en general, se mueven en la dirección correcta. 
Sin embargo debo decir que es algo esquizoide. 
Creo que en el informe hay un mensaje doble. 
Es como decir a un vecino con el que no tienes una relación amistosa, al que no aprecias mucho: "Ven a sentarte a la misma mesa, pero que sepas que eres un grosero, que eres un fracasado, que eres un impostor". 
Cosas así estamos diciendo en nuestra intervención. 
En el apartado 19, por ejemplo, creo que hacemos una intervención directa en los asuntos interiores de Irán, cuando hay una tradición, una desconfianza incluso entre las personas más confiadas de Irán, que miran los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea sospechando que otra vez van a llegar a ejercer el control. 
Nosotros tenemos que estar a favor de las reformas. No a favor de los reformistas o en contra de los conservadores. 
No tenemos más derecho que, como en ningún otro país, a plantear nuestras condiciones, que empiezan desde los comienzos de la Unión Europea, de la cultura europea, como condiciones para el encuentro y para el debate, pero no para hacer intervenciones sobre si Hatami es bueno o si sobre el clero es malo. 
Porque en ese caso estaremos abriendo nosotros mismos un frente de conflicto contra la Unión Europea. 
Creo que la filosofía con la que hemos planteado y planteamos la aproximación de Turquía, que es país candidato a la Adhesión a la Unión Europea, debe ser la misma en nuestras relaciones con Irán. 
Y vuelvo a decir que esto no significa que nosotros debamos reducir la importancia de cuestiones básicas de derechos democráticos, de derechos de las mujeres, de los presos, de las minorías religiosas. 
Si tenemos cuidado, creo que vamos a dar todos estos pasos, importantes para las dos partes. 
Muchas gracias, señor Belder. 
Esta Presidencia quiere agradecer expresamente al Sr. Souladakis su cooperación al desarrollo de la sesión. 
Evidentemente, en su caso, podrá intervenir mañana como explicación de voto en turno extraordinario. 
Si desea reproducir toda su intervención como explicación de voto, mañana tendrá su oportunidad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 19.22 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Seguridad marítima 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
informe (A5-0440/2001) del Sr. Watts, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3657/2001- C5-0525/2001- 2000/0065 (COD) por la que se modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto); 
informe (A5-0441/2001) del Sr. Ortuondo Larrea, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (PE-CONS 3656/2001- C5-0526/2001- 2000/0066 (COD) ) por la que se modifica la Directiva del Consejo 94/57/CE sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas; 
recomendación para la segunda lectura (A5-0344/2001) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (10221/1/2001- C5-0389/2001- 2000/0067 (COD) ) con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2978/94 del Consejo. 
. (EN) Señor Presidente, quiero empezar, en un modo quizá inusual en mí, dando las gracias a las diversas personas que han hecho posible una tarde como ésta, en particular a la Comisaria y a todo su equipo de la unidad marítima de su DG, y a la unidad de seguridad marítima en particular. 
También quiero dar las gracias al Consejo, que no está representado esta tarde, pero debe hacerse constar cuán útil ha sido la Presidencia belga. 
Asimismo quiero poner de relieve la contribución prestada por la Presidencia francesa para garantizar que progresásemos más rápidamente. 
Quiero también agradecer a mis colegas del Parlamento Europeo con los que he compartido todo este proceso y afrontado difíciles retos, retos que, no obstante, hemos superado juntos. 
Por todo ello, esta noche podemos celebrar una victoria histórica de las Instituciones europeas en el campo de la seguridad marítima. 
Juntos hemos logrado un gran éxito. 
No me voy a detener en los demás informes. Ya lo harán mis colegas. 
Yo quiero centrarme en mi informe sobre el control del Estado del puerto, que constituye una parte fundamental de nuestro sistema para garantizar que nunca ocurran otra vez sucesos como los ocasionados por el Erika. 
Hoy hace dos años el Erika era un síntoma de un sistema de seguridad marítima defectuoso. 
No fue el primero de ese tipo ni, tristemente, fue el primer desastre marítimo de esta clase. 
Para mí y para mis colegas del Parlamento Europeo simbolizaba que los controles de Estado de pabellón habían fallado. 
Los controles efectuados por sociedades de clasificación habían fallado. 
Los controles del Estado del puerto y la propia OMI habían fallado. 
Sólo gracias a la acción conjunta de la Unión Europea y de sus Instituciones hemos conseguido estimular en los dos últimos años unos niveles de actividad sin parangón en el campo de la seguridad marítima. 
Sin la Unión Europea, no habríamos avanzado tanto como hemos hecho hasta hoy. 
Todos deberíamos estar muy satisfechos de tener a la Unión Europea en la vanguardia de la actuación en este ámbito. 
¿De qué tenemos que estar tan satisfechos y orgullosos? 
Quiero mencionar algunos de los logros que hemos alcanzado en relación con el control del Estado del puerto. 
En primer lugar, se va a imponer una inspección obligatoria para ciertos buques. 
Esta es una novedad que acojo con satisfacción. 
Significa que los buques más peligrosos serán objeto de inspección en el futuro. 
En segundo lugar, se inspeccionarán más ampliamente los buques de otras categorías y, en tercer lugar, las propias directrices sobre inspecciones serán vinculantes. 
En otras palabras, las autoridades de control del Estado del puerto tendrán que inspeccionar diversos tipos de buques en diversas modalidades. 
En cuarto lugar, queremos que los Estados miembros que han sido el punto débil en el sistema formen y contraten un número adecuado de inspectores de control del Estado del puerto. 
Tendrán hasta 2003 para hacerlo, todo un reto para ellos; un reto que, espero, sean capaces de superar. 
En quinto lugar- y esto es fundamental para el éxito de este nuevo sistema -, queremos que se establezca un acceso público a la información. 
Este punto también se recoge en la directiva modificada y se pondrá a disposición a través de la base de datos Equasis. 
En sexto lugar, queremos que los Estados miembros, y las autoridades de control del Estado del puerto en particular, transmitan la información a la Comisión, de modo que la Comisión pueda hacer su trabajo garantizando así que la directiva modificada se aplique uniformemente en toda la Unión Europea. 
El séptimo punto, que menciono con agrado, versa sobre la capacidad de prohibir e inmovilizar ciertos buques, prohibiendo los más peligrosos, en particular aquéllos que enarbolan los pabellones de los Estados incluidos en la lista negra. 
Acojo con satisfacción los férreos controles de que disponemos para prohibir la entrada de ciertos buques en la Unión Europea si han sido inmovilizados en repetidas ocasiones. 
Ello será, en efecto, una señal de alarma que sonará por todas las proas de los buques con pabellones incluidos en la lista negra: durante un cierto período de tiempo estos buques serán prohibidos uno por uno si no mejoran sus condiciones. 
Un mensaje muy importante que saldrá de este Parlamento. 
Pero también se podrá inmovilizar barcos, en particular los que en 2008 no dispongan de un registrador de datos de travesía- una caja negra- plenamente operativo. 
Esta noche puede también dirigirse el mensaje de que en 2008 todas las categorías de buques, si quieren entrar en un puerto europeo, deberán disponer de un registrador de datos de travesía o caja negra. 
Si no lo tienen, inmovilizaremos el buque hasta que se haga con uno. 
Una vez más, quiero decir que acojo con satisfacción el hecho de que hayamos trabajado todos juntos en la consecución de este logro. 
La caja negra cambiará la cultura de la navegación. 
No será solamente una herramienta por medio de la cual podremos aprender lecciones de los desastres acaecidos y aplicarlas en el futuro. 
Un buque con caja negra es un buque seguro. 
Nuestro objetivo común esta noche es garantizar que desastres como el Erika no vuelvan a ocurrir nunca. 
No creo que logremos este objetivo simplemente adoptando mañana estos informes, pero habremos recorrido un buen trecho en la consecución de nuestro objetivo de proteger las vidas en el mar y de proteger el medio ambiente marino. 
Nuestra obligación ahora debe ser garantizar que las normas que adoptemos mañana sean aplicadas por todos: la Comisión, los Estados miembros y las autoridades de control del Estado del puerto. 
Este es nuestro deber y nuestra responsabilidad. 
Espero que estemos a la altura de las circunstancias. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, tras el hundimiento del petrolero Erika el 12 de diciembre de 1999, este Parlamento y el Consejo solicitaron un reforzamiento significativo de las normas comunitarias relativas a la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación. 
La Comisión respondió rápidamente a estas demandas, mediante la presentación de las tres propuestas conocidas como "paquete Erika I", que seguimos debatiendo dos años después de aquella catástrofe, aunque hayamos alcanzado, por fin, sendos acuerdos con el Consejo, que son definitivos para las dos primeras. 
En el caso de la modificación de la Directiva relativa a las reglas y estándares comunes para las organizaciones que clasifican, inspeccionan y examinan los buques en nombre de la administración marítima, desde el primer momento, las enmiendas parlamentarias a la propuesta originaria de la Comisión se centraban, sobre todo, en los aspectos prácticos de la aplicación del sistema de clasificación, en la mejora de la transparencia informativa relativa a la calidad de las inspecciones, en la auditoría periódica a dichas organizaciones y en la retirada de su reconocimiento comunitario en caso de accidentes graves, así como en la responsabilidad financiera de estas últimas por daños y accidentes en los que quedara probado algún tipo de negligencia en las inspecciones. 
Tras la adopción por parte del Consejo de su posición común, se pasó a la segunda lectura parlamentaria, donde insistimos en cuestiones relativas a atajar los conflictos de intereses que pueden surgir entre las sociedades u organizaciones de clasificación y los propietarios armadores y/o fletadores de los buques, así como en la responsabilidad financiera en casos de negligencia u omisión en las peritaciones. 
Después de que el Consejo comunicara que no podía aceptar todas las enmiendas del Parlamento, se pasó a la fase de conciliación entre los representantes de las dos instituciones comunitarias. 
La discusión se centró primero en la cuestión del conflicto de intereses, donde, finalmente, el Consejo aceptó que una organización de clasificación no debe estar controlada por propietarios o constructores de buques ni por otras personas o entidades que se dediquen comercialmente a la construcción, equipamiento, reparación o explotación de buques; así como también en que, en el momento de la solicitud del reconocimiento, las sociedades de clasificación y sus inspectores deben comprometerse por escrito, a título individual, a no aceptar tareas reglamentarias cuando exista un riesgo de conflicto de intereses y, en particular, cuando tales sociedades sean a su vez propietarias o armadoras del buque que vaya a ser objeto de inspección, o bien tengan vínculos mercantiles, personales o familiares con los propietarios o armadores. 
Por su parte, la delegación parlamentaria, aun considerando que una buena parte del trabajo que realizan los inspectores es propia de la administración marítima y que ésta debe ser responsable subsidiaria, aceptó que no fuera obligatorio para los Estados miembros establecer un límite máximo a la responsabilidad financiera de las sociedades de clasificación en caso de daños por su negligencia leve en las inspecciones, aunque, si bien, en el supuesto de que aquéllos- los Estados miembros- quisieran establecer dicho límite máximo, el mismo no pudiera ser inferior a 2 y 4 millones de euros respectivamente, según que los daños afectaran sólo a las cosas o también a las personas. 
No obstante, las delegaciones de las dos instituciones consideraron que este tema debería ser examinado en el marco del informe de evaluación, que presentará la Comisión en un plazo de tres años, sobre las repercusiones económicas del régimen de responsabilidad y, en particular, sobre sus consecuencias respecto del equilibrio financiero de las organizaciones reconocidas. 
En caso necesario, la Comisión presentará, a la luz de la citada evaluación, una propuesta de modificación de esta directiva que contemple, en concreto, el principio de responsabilidad y la limitación máxima de la aportación económica financiera. 
Como conclusión, entiendo que el Parlamento Europeo puede considerar el resultado final de la conciliación como satisfactorio, puesto que la mayoría de nuestras enmiendas han sido incorporadas, bien íntegramente, bien en forma revisada o bien en su espíritu, al texto conjunto, y, por tanto, proponemos que este último texto sea aprobado en el Pleno en tercera lectura. 
Por último, yo quisiera llamar la atención de las autoridades judiciales correspondientes sobre el hecho de que determinados damnificados por el accidente del Erika todavía no hayan percibido indemnización alguna por los daños sufridos, a pesar de que han pasado ya dos años de este tristemente recordado suceso. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, apreciada comunidad de creyentes- creo que puedo llamarles así, puesto que todos los presentes formamos parte del grupo que ha contribuido a impulsar este proyecto a lo largo de los años y que apoya la mejora de la seguridad marítima -, yo quiero señalar, en nombre del Grupo del PPE/DE, que si bien la adopción del paquete legislativo llega con un cierto retraso, cuando han transcurrido oficialmente dos años desde el accidente del Erika, el cumplimiento del calendario se puede considerar bastante satisfactorio habida cuenta de las dificultades. 
Lo cierto es que dos aspectos se han tenido que debatir en segunda lectura y mediante el procedimiento de conciliación. 
Hoy podemos constatar que, gracias a nuestros esfuerzos comunes, hemos logrado avanzar a partir de las primeras propuestas que presentó hace ya dos años la Comisión, después del accidente del petrolero Erika, y yo quiero agradecerle una vez más, señora Comisaria, su decidido apoyo, al igual que el de sus colaboradores, en el procedimiento de conciliación. 
Con los dos textos resultantes de la conciliación y la posición común hemos conseguido mejorar claramente la seguridad marítima y no sólo en lo que respecta a los buques, sino también desde el punto de vista de las tripulaciones, el medio ambiente y las personas que viven en las zonas costeras. 
Yo creo que con el incremento de los controles por el Estado del puerto, el mayor rigor de las normas aplicables a las sociedades de clasificación y la progresiva introducción de los petroleros de casco doble, hemos conseguido unos progresos que nos permitirán evitar accidentes como el del Erika o mitigar al menos sus consecuencias. 
Señora Comisaria, por lo que respecta al control por el Estado del puerto yo quiero manifestar que, a mi parecer, nuestra insistencia durante el procedimiento de conciliación- sobre todo por parte de Mark Watts- en la necesidad de dejar resuelto ya desde ahora el tema de la "caja negra" fue adecuada. 
En efecto, el paquete Erika II todavía no está tan avanzado. Yo espero que se adopte rápidamente pero, como usted sabe, aún plantea algunas dificultades. 
Por consiguiente, nuestra insistencia en que se incluyesen en el paquete Erika I las obligaciones relativas a la "caja negra" fue acertada. 
En cuanto al tema de la clasificación de los buques, los colegas ya saben que no estoy satisfecho con el resultado. 
En efecto, no se establece un límite máximo, si bien se incluye una cláusula de revisión. 
Yo espero que, pasados tres años, la Comisión presente un informe y nuevas propuestas sobre la cobertura de los daños causados. 
Este tema afecta a los armadores, expedidores y sociedades de clasificación, ¿cuáles son las perspectivas de alcanzar un compromiso más equitativo en lo que respecta al reparto de la responsabilidad por los daños? 
En el caso de la posición común sobre la introducción de los petroleros de casco doble, yo creo que hemos procedido con gran acierto y también deberíamos proclamarlo de cara al exterior. 
Siempre se nos reprocha que elaboramos normas europeas y descuidamos los convenios de ámbito mundial. 
¡Esto no es cierto! 
Hemos aceptado que la OMI estableciera las normas básicas y en su transposición sólo hemos modificado un poco los plazos. 
Sin embargo, en comparación con las disposiciones adoptadas por los americanos, hemos sido benignos en lo que respecta a su introducción. 
Yo confío en que el próximo año podamos aprobar el segundo paquete. 
Señora Comisaria, ¡no deje de presionar al Consejo! 
No estamos dispuestos a aceptar que se retrase con dilaciones durante los próximos cinco años la adopción de la norma para la concesión de indemnizaciones con cargo al Fondo COPE. 
Yo espero que no deje usted de presionar en este sentido. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, el informe que estamos debatiendo sobre la retirada acelerada de los buques de casco único, al principio parecía un tema excepcionalmente complicado y, hasta llegar al resultado de hoy, hemos recorrido un camino largo y dificultoso. 
A pesar de todo, creo que finalmente lo hemos conseguido de forma muy satisfactoria, superando todas nuestras aspiraciones. 
Por un lado, hemos conseguido dar respuesta con efectividad a la inquietud de los ciudadanos de Europa sobre la protección del medio ambiente, especialmente en Francia tras el naufragio del buque cisterna Erika. 
También hemos tomado medidas esenciales para la seguridad en la navegación porque, como todos admiten, los buques cisterna de casco doble son, presumiblemente y sin ser esto una panacea, más seguros que los de casco único. 
Pero también hemos logrado otro objetivo. 
El de proteger la competitividad de la navegación. 
No debemos olvidar que se trata de un sector vital para nuestra economía, un sector al que se dedican decenas de miles de trabajadores en toda Europa y cuya protección tiene que constituir una de nuestras prioridades. 
Incluso hemos conseguido otra cosa más, y considero que es especialmente útil subrayarlo, hemos logrado dar solución internacional a un problema que se escapa de las fronteras nacionales. 
Ante nosotros tenemos una solución que todos los Estados de la OÌI adoptan hoy. 
Creo que esto tiene que reconocérsele a la Comisión Europea, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, porque gracias a nuestra iniciativa, gracias a- si prefieren- nuestra amenaza de avanzar unilateralmente si la OÌÉ no actuara, dicha organización, que la verdad es que no funciona siempre con la rapidez que todos quisiéramos, ha avanzado, ha adoptado algunas medidas que no se desvían de las propuestas iniciales presentadas por la Comisión y por los Estados miembros. 
Así pues, se toman medidas claras y eficaces para todas las categorías de buques cisterna que nos ocupan y puedo decir que en la actualidad hemos logrado algo que realmente parecía imposible hace cierto tiempo. 
Por una parte creo que en Francia los ciudadanos están relativamente satisfechos con las medidas adoptadas; pienso que todos los europeos sensibles a los problemas medioambientales están satisfechos por el progreso significativo que se ha conseguido, y por otra parte, los factores de la industria, los que se dedican a la navegación, marinos y armadores, sienten que no hemos avanzado hasta el punto de minar finalmente los intereses de este importante ramo de la economía. 
Por esta razón quisiera dar las gracias a todos mis Sres. colegas que han colaborado eficazmente para que tengamos ante nosotros este texto y, por supuesto, agradecer y felicitar a la Sra. Vicepresidenta de la Comisión Europea, Sra. De Palacio, por la forma en que ha tratado el tema, por su decisión, y por su buena disposición para con el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, yo quiero sumarme a las palabras del orador que me ha precedido y expresarle mi agradecimiento, señora Comisaria, al igual que a sus colaboradores, así como también a nuestros ponentes, pues creo que la estrecha colaboración mantenida entre el Parlamento y la Comisión en relación con este tema ha sido favorable. 
El hecho de que hoy sea justamente el 12 de diciembre, o sea, la fecha del aniversario del naufragio del Erika, no debería ser sólo motivo de satisfacción, puesto que han tenido que transcurrir dos años antes de que pudiéramos celebrar el debate de hoy y la votación de mañana. 
Luego, la transposición de todo el paquete todavía se hará esperar algo más. 
¡La próxima vez es necesario que el proceso sea más rápido! 
Los resultados son visibles. 
Se introducirán con mayor rapidez los petroleros de casco doble. 
A partir de 2003 se iniciará la retirada de los antiguos petroleros de casco único y el control por el Estado del puerto por fin hará honor a su nombre. 
Unos controles más rigurosos significan, a mi entender, una estricta aplicación de la lista negra y, por lo tanto, la exclusión a la larga de las ovejas negras y de los buques negros de los puertos europeos. 
Se imponen unas condiciones más estrictas a las sociedades de clasificación encargadas de tipificar los buques. 
Si bien sabemos que la mayoría de dichas sociedades trabajan con seriedad, en adelante no se tolerará ninguna negligencia por su parte. 
Los Estados miembros disponen ahora de un plazo de dieciocho meses para transponer estas disposiciones. 
El marco jurídico ya se ha establecido. 
Sin embargo, las leyes que sólo existen sobre el papel se acaban convirtiendo en una farsa. 
¿De qué sirve el control por parte del Estado del puerto si no se dispone de inspectores? 
Por esto yo creo, señora Comisaria- y depositamos nuestra confianza en usted también en este sentido -, que debe controlar con mucha atención la aplicación por parte de los Estados miembros de las disposiciones que vamos a poner en marcha. 
Éstas tendrán un coste para los Estados miembros, pero este dinero revertirá a favor de la seguridad en el mar. 
Yo quisiera añadir, por consiguiente, dos últimas observaciones. 
El paquete Erika II- ya lo he comentado antes- no puede tardar tanto como ha tardado el paquete Erika I. Los accidentes de los petroleros son una cosa y los perjuicios para las personas, la naturaleza, la pesca y el turismo son otra, y éstos no tienen su origen únicamente en los accidentes de los petroleros, sino que también están asociados a los accidentes en los que intervienen productos químicos y otras substancias peligrosas. 
Por esto, deberíamos agilizar la transposición de las propuestas formuladas por el Parlamento. 
Por consiguiente, yo quisiera volver a rogarle encarecidamente a la Comisaria que sea sumamente rigurosa en la aplicación del acervo comunitario también a dichos Estados, si desean llegar a ser miembros de la UE, de manera que no se admita a ninguna oveja negra, sino sólo ovejas blancas. 
Nosotros tenemos un refrán que ya he citado en otras ocasiones: ¡ante los tribunales y en alta mar, estamos en manos de Dios! 
En alta mar podemos echarle una mano al buen Dios y contribuir a mejorar la seguridad, y esto es lo que esperamos hacer con el paquete Erika. 
Señor Presidente, estimados colegas, doy las gracias, en nombre de mi Grupo, a todos los ponentes por la excelente elaboración de estos informes, así como por los buenos resultados obtenidos en la conciliación. 
Las tres propuestas legislativas incluidas en el paquete Erika I contienen medidas muy importantes para incrementar la seguridad marítima. 
La tramitación de estas cuestiones ha sido razonablemente rápida y los textos redactados en la conciliación han recogido las modificaciones esenciales exigidas por el Parlamento. 
En lo que se refiere a las sociedades de clasificación, hay que incrementar las competencias comunitarias en materia de autorización y seguimiento de dichas sociedades. 
Tal y como el ponente ha constatado, las sociedades de clasificación no deben estar controladas por propietarios o constructores de buques ni por otras personas o entidades dedicadas a actividades comerciales en el sector. 
También hay que incrementar el número de inspecciones realizadas a los buques. 
Esta ampliación de las inspecciones debe dirigirse especialmente a los buques de riesgo. 
También deben ser más estrictos los criterios de entrada a puerto de los buques de alto riesgo registrados en la lista negra. 
Con objeto de estar en condiciones de prevenir los accidentes de la forma más eficaz posible, es necesario establecer tanto la obligación de los buques de facilitar información previa, como la inspección obligatoria de los buques de riesgo. 
La directiva relativa al control de puertos facilitará la armonización y eficacia de los procedimientos de inspección de los países con puertos. 
Es oportuno que los buques sean equipados de aquí en adelante con sistemas registradores de datos de viaje, y se podrá prohibir la entrada en los puertos de la UE de buques en mal estado. 
La introducción rápida de los buques de doble casco debe llevarse a cabo de tal manera que no surjan obstáculos insalvables en los procesos de desguace y construcción de buques. 
Al mismo tiempo, hay que garantizar la flexibilidad en lo que se refiere al transporte de petróleo. 
La seguridad del transporte marítimo y la prevención del deterioro del medio marino pueden fomentarse haciendo que los Estados de pabellón apliquen de forma obligatoria los convenios internacionales vigentes. 
Además de aplicar una progresiva rigurosidad a la normativa, debemos ocuparnos de que las soluciones que se adopten sean realistas y viables. 
Una de las prioridades del Libro Blanco de la UE sobre el transporte es fomentar de forma especial el tráfico marítimo para el transporte de mercancías. 
Debido a su respetuosidad con el medio ambiente, el tráfico marítimo es muy apropiado para el transporte de mercancías pesadas. 
No obstante, el medio marino es extremadamente vulnerable en caso de accidentes, y los daños medioambientales no respetan fronteras. 
Por ello, no basta únicamente con las soluciones que se adopten en el ámbito de la Unión, sino que las cuestiones de responsabilidad sobre la seguridad del tráfico marítimo deben ser abordadas a escala mundial. 
Necesitamos convenios internacionales, en los que participe, entre otros países, también Rusia, cuyos buques navegarán con mayor asiduidad por el Golfo de Finlandia y por el Báltico para salir a todos los mares del mundo. 
Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quisiera, en cualquier caso, dar las gracias a todo el mundo, también al equipo de la Comisaria, por el excelente trabajo realizado. 
Sin embargo, de vez en cuando tengo pesadillas, me despierto y pienso: ¡oh no! espero que no haya embarrancado otro petrolero y espero que no ocurra en los próximos tres años porque- tal y como todo el mundo ha dicho- hemos tardado y estamos tardando demasiado en contar con una legislación al respecto y no hemos recorrido más que la mitad del camino. 
La aceleración de este tipo de procesos no hace daño a nadie. 
Este tipo de catástrofes, como la del Erika, es muy grave, constituye un desastre medioambiental y también económico, afecta muy negativamente a la sociedad y todo ello se puede achacar a las aproximadamente 8000 naves, de las cuales un diez por ciento, 8000 naves, no reúnen en absoluto las condiciones mínimas. 
Es ahí donde, hasta cierto punto, radica el problema o gran parte del mismo. 
A pesar de lo ocurrido en las oficinas de clasificación y de las medidas adoptadas y propuestas en el tema del doble casco, deseo centrarme por un momento en los controles por parte de las autoridades portuarias, ya que, al fin y al cabo, el objetivo consiste en que se lleven a cabo controles efectivos. 
El Sr. Piecyk y otros ya lo han puesto de manifiesto. 
En realidad, queremos que se controle el 25 por ciento como norma. 
Sin embargo, se trata sobre todo de que los controles sean efectuados por personas cualificadas y que realmente se lleven a cabo. 
Por ejemplo, deberíamos llamar la atención al ministro de transporte francés por el hecho de que su país obtenga una puntuación extremadamente baja en el porcentaje de controles efectuados. 
A pesar de que en este momento contamos con una lista perfectamente delimitada, el cumplimiento de la normativa parece plantear problemas. 
Esto es habitual en el caso de nuestra legislación pero resulta más acusado en este caso. 
Por consiguiente, tengo la intención de comprobar a partir de ahora si se incrementan los niveles de control a través de terceros, de las relaciones anuales del Paris memorandum of understanding y de otros medios. 
Por lo tanto, le pido a la Comisaria que se ocupe de que todos los años recibamos una relación de modo que podamos anticiparnos y asegurarnos de que se lleven a cabo las medidas que queremos implantar. 
En segundo lugar, quiero hacer un llamamiento para que el paquete Erika II se tramite lo antes posible, teniendo sobre todo en cuenta la insistencia por parte del sector para que se cree un fondo aparte y se adopten medidas similares. 
Se ha hablado acerca de Malta y Chipre en relación con la ampliación. 
Hay otros dos países que digamos que se encuentran en lista de espera, siendo Rumania uno de ellos. 
Rumania es otro país con unas condiciones pésimas y que aparece en dicha lista negra, por lo que solicitaría una atención especial a este respecto. 
Señor Presidente, una coincidencia de calendario ha querido que conmemoremos hoy, tristemente, el segundo aniversario del naufragio del petrolero Erika. 
El 12 de diciembre de 1999, en una noche de tormenta, este petrolero que portaba pabellón maltés, certificado por una sociedad italiana, dotado con una tripulación hindú, asegurado por una sociedad con sede en las Bermudas y financiado por un banco escocés, fletado por una sociedad pantalla que lo subfletaba a una filial exótica del grupo Total, que transportaba un hidrocarburo extremadamente contaminante perteneciente a otra filial de Total, naufragaba frente a las costas francesas, contaminando así 400 km. de costa y causando daños considerables evaluados en más de 5 millardos de francos. 
Dos años después de este drama, ¿dónde nos encontramos? 
La indemnización a las víctimas está estancada. 
De los 5,5 millardos de francos de daños, el dispositivo FIPOL sólo cubrirá 1,2 millardos, y los procedimientos están siendo largos, meticulosos e ineficaces. 
El resto correrá a cargo de los siniestrados, de las entidades locales y del Estado francés en virtud de la aplicación, no del principio de que el que contamina paga sino del principio perverso de que quien sufre el siniestro es el que paga. 
Las diferentes medidas que debatimos en el momento actual en el ámbito de los tres informes, Watts, Ortuondo Larrea y Hatzidakis, han tardado demasiado. 
Sí, es necesario reforzar los controles por parte del Estado del puerto, señor Watts; sí, es necesario hacer más eficaz, más fiable y transparente la acción de las sociedades de clasificación, señor Ortuondo Larrea; sí, es necesario llevar a cabo una acción concertada desde el punto de vista internacional para eliminar los petroleros monocasco, sabiendo que el doble casco no es una garantía contra el naufragio y el escollo, señor Hatzidakis. 
Pero, ¿por qué ha hecho falta esperar más de dos años después de la catástrofe para llegar a adoptar en estos tres ámbitos medidas tan elementales? 
Y, sobre todo, dos preguntas fundamentales se mantienen todavía hoy sin respuesta, y no es seguro además que el nivel europeo sea el nivel adecuado para adoptar las decisiones pertinentes. 
La primera es la de la indemnización. 
La indemnización a las víctimas sólo puede ser completa. 
Ahora bien tropezamos hoy con un desacuerdo importante a nivel europeo. 
Algunos son favorables a un fondo europeo específico, mientras que otros prefieren un incremento del nivel del FIPOL. 
Persiste el desacuerdo, el expediente está bloqueado, mientras que los Estados Unidos han creado unilateralmente un sistema muy eficaz de indemnización total del cual el consumidor del producto petrolero es en última instancia el financiador, algo perfectamente lógico y legítimo. 
En Europa, los Estados miembros son muy desiguales con respecto a los riesgos de contaminación marítima y sería por tanto perfectamente legítimo que los países que están en primera línea en este sentido adoptaran ellos mismos las iniciativas necesarias. 
Les invito a hacerlo. 
La segunda cuestión fundamental aún sin resolver es la de la responsabilidad. 
Ya no podemos admitir que se repitan casos como el del Erika, o de sociedades pantalla en paraísos fiscales, de pabellón de conveniencia en subfletamento, de subcontratante en subfilial "off-shore", no menos de once sociedades diferentes intervenían en el buque y en su carga, constituyendo un verdadero laberinto en el seno del cual pueden ocultarse los verdaderos responsables. 
Esta situación es especialmente malsana. 
Es necesario, tanto a nivel de los Estados más afectados como a nivel mundial, que se trabaje con urgencia por asegurar esta clarificación, esta transparencia en materia de responsabilidad ya que, señor Presidente, solamente la amenaza de sanciones muy graves y muy severas será capaz de disuadir a los potenciales contaminantes del mañana. 
Estamos avanzando por buen camino en el ámbito de la seguridad marítima. 
Ya hemos definido con claridad las primeras medidas, que pueden contribuir a mejorar de manera apreciable la seguridad en las rutas marítimas. 
Una contribución significativa en este sentido es la introducción de la "caja negra", cuyo uso en los aviones ya es bien conocido, y de los petroleros de casco doble. 
El Parlamento ha hecho hincapié en estos aspectos, también en el comité de conciliación cuando ha sido preciso, tal como ha señalado el Sr. Ortuondo Larrea. 
¿Puede decirse, sin embargo, lo mismo en el caso de la regulación de la responsabilidad por los daños? 
Todos ustedes conocen las inspecciones técnicas habituales de los vehículos de motor. 
Las sociedades de clasificación desempeñan un papel análogo en relación con la seguridad en el mar. 
La clasificación del estado de los buques por sus inspectores constituye la base para la determinación de la responsabilidad en caso de averías. 
Esto nos conduce al meollo del debate, pues es necesario aclarar de manera coherente y definitiva el tema de los límites máximos de responsabilidad individual fijados por las sociedades de clasificación, sobre todo en los casos de negligencia leve. 
La disociación de los intereses de las sociedades de clasificación, los propietarios de los buques y otros actores nos permitirá conseguir ya un alto grado de transparencia e independencia de los inspectores. 
Sin embargo, dicha separación de intereses no debe llegar hasta el extremo de enfrentar a los actores entre ellos y a concentrar la atención en algunos en detrimento de otros. 
En este contexto adquiere una importancia fundamental el tema de las responsabilidades. 
En efecto, las sociedades de clasificación son en último término el eslabón más débil de la cadena de responsabilidades. 
Si bien su dictamen determina el alcance de la responsabilidad, sin embargo no poseen ningún tipo de competencias en materia de vigilancia y, por lo tanto, , por ejemplo, no pueden retener a un buque en el puerto en caso necesario. 
La responsabilidad del estado y el manejo del buque sigue correspondiendo, en última instancia, al propietario. 
Las sociedades de clasificación y los armadores, al igual que los demás actores, deben sumar, no obstante, sus esfuerzos y tenemos que crear las condiciones para que así sea. 
Por el momento, cada Estado miembro seguirá manteniendo unos límites máximos de responsabilidad diferenciados. 
Sin embargo, lo justo sería limitar de manera unificada la responsabilidad a una determinada cantidad. 
Dentro de tres años volveremos a examinar la normativa actual por la que se mantiene un límite máximo diferenciado. 
La información obtenida hasta entonces condicionará y determinará nuestro curso de acción futuro. 
Deseamos poder contar finalmente con una cadena equilibrada de responsabilidades financieras y de todo tipo. 
Necesitamos esta normativa obligatoria para reforzar la competencia y limitar los riesgos. Esto es imprescindible para el buen funcionamiento del mercado y para la seguridad en el mar. 
Vamos a someter a las sociedades de clasificación a un control más riguroso, pero al mismo tiempo deberíamos ofrecerles la posibilidad de calcular su nivel de riesgo. 
La presente normativa es equitativa, a mi parecer, y tiene en cuenta debidamente a todas las partes. 
Tenemos que seguir avanzando por el camino que ahora iniciamos y completar el recorrido. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, como miembro del Comité de Conciliación me siento satisfecho por el hecho de haber llegado a un resultado positivo y así poder avanzar ya en la aplicación de medidas efectivas para proteger nuestros mares y nuestra navegación. 
Con sentido de la mesura, hemos alcanzado medidas realistas, enfocando la navegación no como un "enemigo", sino como un amigo que puede mejorar; la navegación que, les recuerdo, es responsable sólo del 12% de la contaminación marítima total. 
Así pues, estará prohibido el acceso a puertos comunitarios de los buques que pongan en grave peligro nuestros mares; se instalarán en los buques registradores de datos en la travesía, para hacer factible el control de su marcha también después de un posible accidente, que ¡ojalá que no ocurra! 
Igualmente se adoptará gradualmente la exigencia del doble casco y se mejorarán las reglas relativas a los organismos de inspección y de control de los buques. 
En este feliz logro, por lo menos en una de sus partes, ha sido evidentemente decisiva la correcta postura de la OMI, igualmente conseguida después de la iniciativa de los Estados miembros de nuestra Unión. 
Así pues, demos ahora importancia a la rápida materialización; y en cuanto a esto tenemos fe en la rápida reacción de la Comisión, sin olvidar que la Comisión acusa a cinco Estados miembros entre los cuales, voy a decirlo, no se halla Grecia, de no aplicar una directiva anterior y más suave. 
Permítanme también recordarles y subrayar que mi país, Grecia, cuya economía depende de la navegación en mucho mayor medida que la del resto de los socios, está en el primer lugar y en la vanguardia en la lucha por la seguridad en el mar, en el esfuerzo por proteger las vidas humanas y el medio ambiente. 
También debemos dar las gracias a cuantos han contribuido al éxito de este esfuerzo, especialmente a la Sra. Comisaria; y no quisiera que olvidásemos que los mares europeos no son un conjunto aparte del resto de los mares de nuestro planeta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en este aniversario del naufragio del Erika, ocurrido el 12 de diciembre de 1999, nuestro Grupo y yo mismo nos alegramos de ver que concluye la conciliación, en tres series de propuestas. 
Con respecto al informe Watts, nos alegramos especialmente de que la Delegación del Parlamento Europeo haya llegado a hacer obligatorias las cajas negras, algo que no era precisamente fácil. 
Eso quiere decir que el buque será inmovilizado si no está equipado con un sistema VDR en situación operativa. 
Con respecto al informe de mi colega Ortuondo Larrea, la cuestión del conflicto de intereses está suficientemente solucionada de suerte que las sociedades de clasificación ya no pueden tener ningún vínculo con los constructores de buques, los propietarios, los armadores, los fletadores. 
Igualmente, la cuestión de los límites de la responsabilidad financiera de estas sociedades con respecto a los equilibrios financieros de las organizaciones reconocidas. 
Y, también está el problema, del que hablaba el Sr. Souchet, de la indemnización por el FIPOL o por un fondo europeo que es necesario asegurar de forma más eficaz. 
Como ha dicho el Sr. Hatzidakis, es urgente terminar igualmente, en tercera lectura, con el problema de los buques monocasco, con respecto al plazo de 2015 principalmente, ya que las cuestiones de seguridad marítima no pueden esperar más, hoy, cuando han pasado dos años desde el naufragio del Erika. 
Las contaminaciones intermitentes y los barcos basura, como el que navegaba recientemente frente a la costa de Brest, están aún demasiado de actualidad y está en juego la credibilidad de la Unión poniendo punto final a esta situación. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, tras el accidente del Erika se puso de manifiesto la profunda inquietud, totalmente legítima, de los ciudadanos europeos y la necesidad urgente de consolidar la legislación comunitaria en el ámbito de la seguridad marítima. 
De esta inquietud nacieron las propuestas de la Comisión y, por lo tanto, en este momento quisiera felicitar a la Comisión y a su Vicepresidenta, la Sra. de Palacio, porque todos hemos sido testigos de excepción del tesón con que personalmente se ha tomado estos temas. 
También felicito a los ponentes por el magnífico trabajo desarrollado, que completa este paquete de medidas. 
Señorías, durante mi intervención en el Pleno de mayo, ya dije que podíamos estar relativamente satisfechos de cómo hemos respondido a las expectativas de nuestros ciudadanos, al intentar aprobar estas iniciativas en un plazo breve de tiempo- y lo digo entre comillas- para los estándares comunitarios. 
El paquete Erika I y la futura aprobación del paquete Erika II harán posible la creación de un auténtico espacio europeo de seguridad marítima y deberán garantizar un nivel óptimo de protección del medio ambiente marítimo y del litoral europeo. 
Hoy quiero tan sólo repetir en parte lo que entonces dije, pues las circunstancias no han cambiado. 
Este Parlamento ha demostrado su gran interés durante todo el proceso de negociación. 
Ahora es necesario seguir trabajando en esta dirección e impulsar las medidas que queden por aprobar. 
No hay que dormirse en los laureles y debemos llamar la atención del Consejo para hacer avanzar el paquete Erika II y, en este ámbito, su papel, señora Comisaria, con su tesón, yo creo que será importante para intentar volver a convencer al Consejo, para que nos llegue de forma más rápida el paquete Erika II. 
Señor Presidente, quisiera felicitar en primer lugar a todos nuestros colegas que han hecho, creo, un excelente trabajo. 
El Parlamento habrá marcado mucho estos textos. 
Quisiera también felicitar a nuestra Comisaria, la Sra. Loyola De Palacio que, creo, ha trabajado lo más rápidamente posible dentro de los procedimientos concedidos. 
Nuestro colega Souchet pensaba que era lento. 
Creo que tiene razón. 
Por otro lado, hemos estado al límite de un procedimiento parlamentario que difícilmente puede reducirse desde el momento en que se va en conciliación. 
Creo por tanto que hemos trabajado lo más rápidamente posible y sin embargo, efectivamente, en total serán necesarios tres años y medio para que después de la transposición haya un texto sobre el Erika I. Todo esto me lleva a algunas consideraciones sobre la gobernanza. 
Se discute, además, fuera del círculo de los transportes, y creo que para estos temas se deberían codificar procedimientos de urgencia parlamentaria que nos permitieran ir más rápido procediendo con toda legalidad. 
Creo que es una propuesta esperada o que podría ser formulada en ámbitos como el nuestro. 
Se ve bien en los túneles, tenemos la misma problemática; en la revisión de las directivas Seveso, tenemos la misma problemática. 
Creo, Señorías, que sería necesario que se trabajara pensando en procedimientos de urgencia que estuvieran incluidos en los Tratados. 
Creo también que sería necesario velar para que se produjeran las transposiciones. 
Actualmente disponemos de un cuerpo de textos y de un corpus jurídico marítimo sin parangón, sin precedente a nivel europeo, además con el paquete Erika II que está en fase de debate. 
Los Estados ya no podrán jugar al escondite con la Comisión Europea como han podido hacerlo al inicio de la crisis del Erika I. Sin embargo, no tenemos ninguna garantía- y el Presidente Prodi lo ha recordado recientemente- de que las transposiciones se hagan en los plazos concedidos. 
A fin de cuentas, si bien hoy podemos sentirnos satisfechos de obtener un buen resultado en materia de producción legislativa europea, seguimos sin saber lo que sucederá, y en qué plazo, con la aplicación de la totalidad de estas medidas, muy esperada además por las víctimas de estas contaminaciones y de estos accidentes. 
Finalmente, considero que los controles, y es cierto en todos los dispositivos, no son suficientemente seguros. 
Con frecuencia se trata de autocontroles nacionales y creo que en ese caso también, en términos de gobernanza, será necesario plantearse la cuestión de saber cómo se controlan los controles si se quiere que las cosas avancen realmente. 
Señor Presidente, el naufragio del petrolero Erika dio origen a una serie de actividades en la Comisión. 
Esto fue muy provechoso. 
No obstante, me cuesta abandonar mi reflexión anterior de que es mejor actuar antes de que se produzca un accidente, en lugar de reaccionar a posteriori. 
Tanto los ponentes como el Comité de Conciliación han hecho un buen trabajo en torno a la propuesta de la Comisión para mejorar diversas medidas. 
El Parlamento ha mejorado la propuesta de la Comisión. 
Se ha aprobado nuestra postura en relación con los conflictos de intereses. 
Además, hemos conseguido poner el límite mínimo de la responsabilidad de indemnización de las organizaciones de inspección y peritaje en el nivel que siempre habíamos deseado. 
Esto hay que entenderlo como un claro avance. 
El informe sobre el control de las administraciones marítimas también se ha mejorado notablemente. 
El Parlamento consiguió en la conciliación que se aprobase la exigencia de cajas negras, lo que a mi juicio es extraordinariamente positivo. 
El tercer asunto, sobre la introducción de doble casco o diseño equivalente para petroleros de casco único, también ha sido resuelto de manera más provechosa que antes. 
En esta materia el Parlamento también ha logrado que casi todas sus enmiendas se incorporen en la postura común del Consejo. 
En resumen puedo decir que el Parlamento ha demostrado claramente su capacidad en esta materia. 
Cada una de las propuestas por separado no habrían sido suficientes, pero en conjunto constituyen un significativo paso en la dirección correcta. 
Hemos conseguido que los trabajos se orienten de manera práctica hacia una mayor seguridad marítima y un mejor medio ambiente marino. 
Confiemos en que todo esto impida que en el futuro ocurran accidentes como los del Erika o del Levoli Sun. 
Señor Presidente, anteayer los finlandeses tuvimos una mala noticia: las hermosas playas que rodean Runsala, en Åbo, habían sido alcanzadas por vertidos de petróleo de origen desconocido. 
Desgraciadamente, las propuestas que estamos discutiendo no servirán de ayuda en casos como éste. 
Estamos frente a un clásico ejemplo de vertido de origen desconocido y, a pesar de las nuevas reglas y de los aranceles portuarios que hemos aprobado en el ámbito comunitario, esos pequeños vertidos han aumentado en el Mar Báltico. 
El riesgo de ser condenado es muy pequeño. 
Simultáneamente vemos que, desgraciadamente, se abre el puerto de Primorsk. 
Este puerto tiene una situación difícil en la temporada de hielos y, como es sabido, el paquete que aprobaremos hoy hará que los petroleros cuenten con doble casco en 2017. 
Con todo, el doble casco no ayuda cuando el hielo se ha apoderado del puerto de Primorsk. 
Sólo la obligatoriedad de los servicios de prácticos marítimos, la eficaz protección de los cascos contra el hielo, el competente control del tráfico y la buena colaboración entre los servicios de rescate nos permitirán hacer algo en provecho de este puerto y de esta región, única en el mundo. 
Le pido, señor Comisario, que en sus próximos contactos con Rusia dedique atención a la seguridad del tráfico en torno a Primorsk. 
. Señor Presidente, Señorías, el naufragio del Erika recordó al mundo el riesgo permanente que constituye el transporte marítimo en general de cierto tipo de productos contaminantes, especialmente el petróleo y sus derivados. 
También sacó a la luz la insuficiencia de los controles de seguridad y la falta de transparencia en las prácticas del transporte marítimo y suscitó el profundo descontento de las poblaciones afectadas debido a la lentitud de las indemnizaciones. 
Como bien ha dicho el ponente, Sr. Ortuondo, las víctimas de este accidente todavía no han cobrado. 
Constituyó además una prueba para la capacidad de la Unión Europea de reaccionar rápidamente y de ofrecer a sus ciudadanos una respuesta adecuada a sus inquietudes. 
Tengo que decir que, a pesar de que todo no ha sido perfecto, de que quizás podríamos haber adoptado esto en primera lectura- como me habría gustado -, de que quizás tanto el Parlamento como el Consejo deberían haber dado prueba de una mayor flexibilidad, la realidad es que, a pesar de todo, en un año y medio desde que la Comisión presentó la iniciativa, hoy, dos años después del accidente, por fin aprobamos el paquete Erika I. 
En ese sentido, hay que recordar que hace diez años hubo frente a las mismas costas una catástrofe importante, se presentaron iniciativas por parte de la Comisión pero no pasaron la barrera del Consejo. 
Por ello, quiero manifestar que el éxito notable que supone la aprobación hoy de este paquete Erika I no se hubiera alcanzado seguramente si no hubiera sido por la insistencia y la firmeza de este Parlamento, que ha mantenido una presión sistemática sobre el Consejo a lo largo del proceso de negociación. 
Quiero agradecer explícitamente el trabajo realizado y la tenacidad mantenida a lo largo de estos dos años a los Sres. Watts, Hatzidakis y Ortuondo Larrea. 
Su determinación, que celebro, nos ha permitido llevar al Consejo a aprobar unos textos que al principio contaban con una mayoría muy escasa y que han superado al final todas las reticencias. 
Hemos reforzado considerablemente el arsenal legislativo a disposición de la Unión Europea. 
Además, los textos aprobados tendrán importantes consecuencias concretas, perceptibles directamente. 
Los Estados miembros deberán reclutar numerosos inspectores para hacer frente a las mayores obligaciones de control de los buques en los puertos. 
Asimismo, los armadores, fletadores, Estados de pabellón y sociedades de clasificación que se muestren complacientes o negligentes en la explotación y el seguimiento de los buques se expondrán, a partir de ahora, a sanciones severas como la prohibición, a aquellos buques que no cumplan las normas mínimas, de entrar en puertos europeos, la publicación del nombre de los fletadores negligentes o la retirada de la autorización de las sociedades de clasificación en caso de malas prestaciones. 
Por último, creo que es importante destacar otro hecho capital: Europa se ha impuesto definitivamente en la escena internacional en el terreno de la seguridad y de todos los aspectos relacionados con el sector marítimo como un interlocutor ineludible. 
Así, en el delicado asunto de los buques de doble casco, los Estados de la Unión no sólo han podido ponerse de acuerdo para que, a partir de 2015, ningún petrolero de un solo casco pueda ya hacer escala en ningún puerto de la comunidad sino que, también y sobre todo, la Unión ha conseguido que la Organización Marítima Internacional apruebe estas exigencias para todos los petroleros en el planeta. 
Creo que es importante señalar además que el paquete Erika II que completa el conjunto también ha registrado notables progresos en los últimos tiempos. 
El pasado viernes el Consejo de Transportes aprobaba una posición común, pendiente de la aprobación definitiva y formal la semana que viene, respecto al sistema comunitario de seguimiento del tráfico y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
En cuanto a la propuesta de reglamento sobre el fondo comunitario de indemnización de daños por contaminación accidental, es verdad que ahí estamos, una vez más, esperando que en la Organización Marítima Internacional las cosas se muevan. 
Pero quiero decir que ya es un gran éxito el que la iniciativa comunitaria haya orientado en este momento el debate internacional- y en la OMI, concretamente- hacia la creación de un fondo internacional que recoge los principios de la propuesta de la Comisión. 
Por supuesto, conviene velar por que el resultado final en la OMI sea conforme a nuestras exigencias y nuestras ambiciones. 
Estamos trabajando en ello y, al igual que hemos conseguido que las cosas se muevan- gracias a la insistencia del Sr. Watts -, en lo relativo a las cajas negras, también esperamos que lo hagan en este aspecto en la OMI. 
Quiero hacer algunas precisiones. 
Señorías, Malta y Chipre están haciendo- quiero decirlo públicamente- un esfuerzo muy notable en sanear sus registros de buques y en excluir y expulsar de éstos a los que no son conformes con las exigencias de la Unión. 
Para concluir mi intervención quiero agradecer al Parlamento y a los tres ponentes, que han trabajado brillantemente, su apoyo a la Comisión. 
También quiero pedirles que colaboren con el resto de parlamentarios para que el paquete Erika II pase lo antes posible por esta Asamblea y lo tengamos en vigor lo antes posible. 
También quiero mostrar mi agradecimiento públicamente a los servicios de la Comisión, que han hecho un esfuerzo notabilísimo y extraordinario. 
Para que comprendan, cuando hablamos de gobernanza, les voy a dar un dato: todos los servicios relacionados con el sector marítimo en la Dirección General de Transportes- con las secretarias incluidas- no llegan a 40 personas y son el equipo humano que está detrás de todas estas iniciativas, además de otra serie de tareas y de funciones relacionadas con el sector marítimo, portuario y demás. 
Así pueden hacerse una idea de la carga de trabajo y de los esfuerzos que ha habido a lo largo de este tiempo. 
La Unión Europea ha demostrado esta vez que sí nos hemos tomado en serio la lucha contra la contaminación marítima. 
Quiero terminar diciendo que, dos años después de la tragedia del Erika, la satisfacción y el éxito que hoy supone la aprobación del paquete Erika I realmente debe ser un homenaje a todos los ciudadanos que se han visto afectados en sus vidas de resultas de lo que sucedió hace dos años: el hundimiento del Erika. 
Un homenaje a todos los europeos que, a lo largo de estos años han visto cómo se repetían sistemáticamente catástrofes con contaminaciones importantísimas sin que, de verdad, se tomaran las medidas adecuadas, con el suficiente rigor y la suficiente exigencia y, en el fondo también, a aquellos que somos verdaderos amantes de la mar y del medio ambiente y que estamos pensando no sólo en el día de hoy sino en las generaciones futuras. 
Muchas gracias a todos por su colaboración. 
Muchísimas gracias, señora Comisaria, por su importante declaración. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 10.00 horas. 
Pensiones transfronterizas de los sistemas de empleo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0388/2001) de la Sra. Van den Burg, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión sobre la eliminación de los obstáculos fiscales a las prestaciones por pensiones transfronterizas de los sistemas de empleo (COM (2001) 214- C5-0533/2001- 2001/2212 (COS) ). 
. 
(NL) Me complace poder presentar hoy aquí una postura conceptual alcanzada con gran unanimidad por el Parlamento Europeo en relación con dos cuestiones que suelen prestarse a controversia: la política fiscal y las pensiones. 
Esto demuestra la urgencia de este expediente. 
El envejecimiento de la población y la movilidad laboral son dos asuntos que se encuentran a la orden del día en la Unión Europea, lo que demuestra la amplia base sobre la que se sustenta este informe. 
Hace más de un año que fui designado ponente de esta cuestión. 
Aún no se contaba con la comunicación de la Comisión. 
En principio, y a la espera de una propuesta de directiva, nos mostramos muy críticos con usted, Comisario Bolkenstein, debido a que sólo presentó una comunicación. 
Por otra parte, el plazo se alargó hasta que finalmente se presentó en abril de este año. 
Ahora es el propio Parlamento el que se está encargando de debatir en sesión plenaria este informe a estas horas de la tarde, aunque debido a cuestiones meramente técnicas relacionadas con el orden del día. 
Entretanto, el informe ya ha surtido efectos en determinados apartados. 
El Ecofin del 16 de octubre decidió adoptar parte de mis recomendaciones sobre la marcha: el intercambio automático de datos y la asistencia en cobros por vía ejecutiva. 
Esto significa que se ha logrado un primer éxito. 
En realidad, es incluso conveniente que el informe no se haya debatido hasta ahora. 
De este modo, se ha conseguido que el debate se produzca justo antes de la Cumbre de Laeken que se celebrará el próximo viernes y sábado. 
En esta Cumbre se tratará el tema de las pensiones. 
Se debatirá un informe conjunto que acaba de ser aprobado por el Consejo de Asuntos Sociales y por el Ecofin a petición de los Consejos Europeos de Estocolmo y de Gotemburgo en relación con la calidad social, la modernización y el sostenimiento financiero de las pensiones. 
Los ministros se han comprometido a poner en marcha un proceso de coordinación; los Estados miembros deberán presentar antes de septiembre del año próximo informes nacionales y durante la cumbre de primavera de 2003 se definirá la política que seguirá la Unión Europea al respecto. 
Como podrán comprobar, en mi informe referido a la fiscalidad de las pensiones he abogado por la introducción de un proceso de coordinación abierto similar al aprobado. 
La política fiscal de los Estados miembros guarda una estrecha relación con la política aplicada por los mismos en referencia al contenido y a los aspectos cualitativos de las normativas sobre pensiones. 
Hay que tener en cuenta que las exenciones fiscales aplicables a los sistemas de acumulación de pensiones y la fiscalidad de los ingresos procedentes de pensiones se encuentran condicionadas por los requisitos derivados de la visión de los Estados miembros en relación con lo que debe ser un buen sistema de pensiones y mi informe, en ningún caso, afirma que deberíamos apartar dichos requisitos en pro de la apertura del mercado de la pensiones dentro de la Unión Europea, tal y como a algunos les gustaría. 
No, yo quiero establecer una diferenciación clara entre dos situaciones diferentes: la situación en la que los trabajadores emigrantes se pueden llevar su sistema de pensiones a otro Estado miembro en virtud de anteriores directivas. 
En ese caso, el Estado miembro deberá otorgar el mismo tratamiento fiscal a dichos sistemas y la Comisión- lo cual respaldo por completo- deberá personarse de forma activa contra las infracciones ante el Tribunal Europeo. 
La otra situación es la referida a que todos los trabajadores, incluyendo los que siguen residiendo y trabajando en sus propios países, deberían poder acogerse a deducciones fiscales por la participación en sistemas de pensiones de otros países. 
En lo que a mí respecta, esta medida no puede aplicarse de forma ilimitada. 
Los requisitos y condiciones nacionales seguirán resultando de aplicación. 
Considerando que los criterios para poder acogerse a ventajas fiscales guardan una estrechísima relación con dichos requisitos esenciales de calidad, creo que este proceso debería enlazar con lo que se va a poner en marcha ahora en Laeken. 
Se trata de algo que quisiera que el Sr. Bolkenstein transmitiera a la Presidencia belga para dicha Cumbre de Laeken. 
En lo que a mi respecta, también puede enlazar con el calendario que se ha elegido y tomar la cumbre de primavera de 2003 como punto de partida en lugar de la cumbre de Barcelona, debido a que este tema no estará allí en el orden del día. 
Por último, creo que puedo hacer referencia a las recomendaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Peticiones. 
También quisiera expresar mi agradecimiento a los ponentes por su aportación y mi esperanza de que este informe pueda contribuir a que la avalancha de quejas y peticiones, a la que la Comisión de Peticiones hace claramente referencia, se pueda contener ya que ese es nuestro objetivo y de cara a los ciudadanos de la UE que desean que Europa deje de presentar barreras y fronteras para la movilidad de capitales y trabajo, así como en favor de un adecuado sistema de pensiones y de una fiscalidad justa durante la jubilación. 
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al ponente, no solo en términos generales, sino también porque ha incorporado de forma efectiva importantes elementos de la recomendación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Los Estados miembros aplican diferentes regímenes fiscales para las pensiones profesionales en relación con la fiscalidad o exención fiscal de las aportaciones y de los beneficios de inversiones y patrimonios de entidades gestoras de planes de pensiones y de subsidios de jubilación. 
Once Estados miembros aplican el régimen EET, tres Estados miembros aplican el régimen ETT y dos Estados miembros utilizan el régimen TEE. 
Si esto se lee en neerlandés, parece como que once Estados miembros comen constantemente, dos Estados miembros toman constantemente el té y tres Estados miembros tienen que conformarse con una especie de plato intermedio que a veces se subestima en el debate. 
Creo que se trata del sistema más negativo de los que existen en Europa debido a que el fisco se alimenta del mismo durante la acumulación de la pensión, lo que significa que en realidad se trata de un sistema EET, lo que no siempre se tiene en cuenta. 
Nos hemos centrado en exceso en las diferencias entre los otros dos regímenes. 
Estas diferencias en el tratamiento fiscal pueden ocasionar problemas referidos a la movilidad laboral y a la movilidad de los jubilados. 
No hay que olvidar que estas diferencias podrían implicar que un emigrante se vea sometido a una doble imposición. 
Por otra parte, estas diferencias pueden ser la causa de que no aplique ningún tipo de fiscalidad. 
Asimismo, esta situación afecta negativamente a la flexibilidad del mercado laboral, con lo que se incumple una destacada condición para el éxito de la unión monetaria. 
Por consiguiente, se va a hacer algo para cambiar esta situación y, por este motivo, estamos satisfechos con la comunicación. 
El ponente afirma con razón que, debido a los requisitos de unanimidad en relación con las resoluciones en materia de impuestos, podemos esperar a que las ranas críen pelo antes de que cambie algo. 
Por este motivo, insto a la Comisión a que haga algo a través del Tribunal de Justicia de modo que se obligue a los Estados miembros a que se adapten de uno u otro modo a la realidad del mercado interior y que dejen de discriminar a los pensionistas. 
Señor Presidente, lamento profundamente que los representantes de la Presidencia no estén presentes en el momento en que discutimos tan importante asunto. 
Nuestra envejecida sociedad europea exige estrategias claras que garanticen la suficiencia de los sistemas de pensiones. 
Algunas medidas, como el aumento de la edad de jubilación de una población más sana que nunca y, en consecuencia, el incremento del porcentaje de población activa, constituyen un paso fundamental en la mejora de la relación entre población activa y personas jubiladas. 
Pero es evidente que también tienen que aplicarse otras medidas. 
La importancia de los planes de pensiones de los sistemas de empleo aumentará en muchos Estados miembros. 
El ciudadano europeo se beneficiaría de un mercado único de planes de pensiones de los sistemas de empleo. 
Mejoraría la variedad de planes de pensiones y de oferentes. 
El ciudadano y su empresario podrían así elegir el plan de pensiones más satisfactorio y que mejor se ajuste a sus necesidades, ofreciendo los mejores tipos de interés y, al mismo tiempo, una plena seguridad de la inversión. 
Cada vez más europeos trabajan durante períodos de tiempo relativamente cortos en otros Estados miembros. 
Todavía se hallan en situación se desventaja por cuanto respecta a sus planes de pensiones. 
Los obstáculos fiscales impiden el establecimiento de un mercado único plenamente eficaz. 
La comunicación de la Comisión prevé una estrategia destinada a remover estos obstáculos, que no incentivan en absoluto a las personas que desean realizar aportaciones a planes de pensiones fuera del Estado miembro en que residen, ni a los organismos que desean ofrecer planes de pensiones con carácter transfronterizo. 
Acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión como un primer paso hacia una solución de este asunto. 
Al igual que el Sr. Pronk, apoyo sin reservas el modelo denominado EEG, expuesto resumidamente en la comunicación de la Comisión y en el informe de nuestra comisión. 
El modelo EEG significa que las aportaciones a los planes de pensiones están exentas de gravamen. 
El plan de pensiones también estaría exento y sólo se gravarían los rendimientos. 
Esta sistema sirve para diferir la tributación al momento en que la pensión es pagadera, evitando así la doble imposición sin necesidad de armonizar el nivel de imposición y, por tanto, sin interferir en la práctica impositiva de los Estados miembros. 
La materia fiscal es competencia de los Estados miembros. 
Al igual que nuestra ponente, la Sra. van den Burg, que ha hecho un excelente trabajo en este informe, yo también apoyo sin reservas el método de coordinación abierta. 
Es la única forma en que podemos lograr los resultados que nuestros ciudadanos europeos necesitan. 
Insto enérgicamente a los Estados miembros a trabajar con rapidez para obtener los resultados necesarios por el bien de nuestra envejecida población. 
Aunque en el Parlamento Europeo no contemos desgraciadamente, por ahora, con las facultades legislativas necesarias para decidir sobre estos asuntos, puedo asegurarles que los observamos muy de cerca y que haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograr un mercado común para los planes de pensiones de los sistemas de empleo. 
Señor Presidente, esta tarde hablo tanto en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Peticiones como en la de finlandesa, de finlandesa-sueca y en nombre del Grupo ELDR. 
Agradezco que la ponente se remita a la opinión de la Comisión de Peticiones y al hecho de que tomamos en serio los problemas que afectan a los ciudadanos. 
Quiero referirme a las estadísticas que se publican en la opinión de la comisión, donde se comprueba que en los últimos diez años se han presentado más de 500 peticiones sobre esta materia- casi 100 en esta legislatura- y que 14 de ellas tienen relación con Finlandia y Suecia. 
La alta proporción de peticiones sobre esta materia en relación con Finlandia y Suecia es, obviamente, una consecuencia del libre mercado laboral que ha existido entre los países nórdicos desde los años cincuenta y de que los finlandeses que se fueron a Suecia en esos años ahora piensan en regresar. 
Según algunas fuentes, miles de finlandeses viven en la ciudad de Haparanda, en la frontera con Finlandia, ya que no tienen posibilidades económicas de regresar a Finlandia. 
Esto demuestra el tipo de problemas que debemos enfrentar. 
El problema tiene tanta actualidad que ha sido destacado en el documento que se redactó para el 60 cumpleaños del juez del Tribunal de Justicia de la UE Leif Sevón, en que el catedrático Edwars Andersson se refiere a este tema, tal como lo hace también la Comisión en su comunicación. 
Un aspecto que podría destacarse aún más claramente es la multiplicidad de acuerdos sobre doble imposición que existe en el marco de la OCDE. 
Los diversos acuerdos en esta materia constituyen un problema y, a mi juicio, el método abierto de coordinación también debería aplicarse en esta materia. 
Es fascinante ver que la Comisión se haya ocupado de este asunto. 
¡Enhorabuena! 
Cuando se hizo un estudio similar en los países nórdicos, el antiguo Ministro de colaboración nórdica Ole Norrback comprobó que las autoridades no veían ningún problema en este campo, pero sí los ciudadanos. 
Señaló también que durante este estudio había aprendido más que durante los ocho años en que se desempeño como ministro. 
Por eso espero que muchas de las medidas que propone el ponente se conviertan en realidad como, por ejemplo, el acceso a una información de mejor calidad sobre las normas que se aplican en la práctica. 
Respaldo sinceramente la valiente actitud de la Comisión, es decir, la de llevar asuntos a los tribunales con el objeto de recabar interpretaciones que permitan dilucidar problemas fiscales y de carácter similar. 
Creo que otros problemas son el reconocimiento de las deducciones fiscales y el nivel de las retenciones del IRPF. 
Es muy conveniente que todos nos ocupemos de que los ciudadanos obtengan adecuada información sobre estas materias. 
Cuando me pienso en pensiones, me surge un sentimiento de intranquilidad caracterizado por una solidaridad equivocada y una falta de colaboración entre los Estados miembros. 
El hecho de que existan Estados miembros en los que los trabajadores se encargan de acumular su propia pensión a lo largo de su vida laboral exige el máximo respeto hacia los derechos devengados y los Estados miembros en los que los ciudadanos no se encarguen de acumular sus propias pensiones, deberán encargarse a corto plazo de incorporar normativas adecuadas para evitar los problemas previsibles como consecuencia del envejecimiento de la población. 
El llamamiento a la solidaridad entre generaciones con respecto a las pensiones deberá ser atendido en primera instancia en los propios Estados miembros. 
No se deberá obstaculizar la movilidad laboral internacional como consecuencia de la diversidad de regímenes fiscales aplicados a los sistemas de pensiones. 
La tarea de eliminar las actuales trabas fiscales y de coordinar mejor los diferentes sistemas de pensiones mediante negociaciones consensuadas les corresponde a los Estados miembros. 
La colaboración entre los mismos Estados miembros no mejorará si se prima el propio interés sobre el del ciudadano. 
Si la Unión Europea pretende hacer realidad de forma creíble el mercado interior para sus ciudadanos, la colaboración entre los Estados miembros deberá desembocar en la coordinación mutua de las medidas fiscales aplicadas a las pensiones. 
El modelo EET en el que las primas no se gravan pero sí se gravan los subsidios de jubilación podrá servir de orientación para la coordinación de las normas fiscales referidas a las pensiones. 
Nosotros respaldamos por consiguiente la línea de la Comisión y del ponente, la Sra. Van der Burg, y que plantea la consecución de un mercado interior en el que la acumulación, la gestión y pago de las pensiones profesionales transfronterizas no se vean obstaculizados por las medidas de índole fiscal. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, señor ponente, ante todo yo quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las ponentes, sobre todo a la Sra. van den Burg, pero también a la Sra. Kauppi, por la colaboración mantenida en el curso de la elaboración de este informe, así como la que me brindaron en el contexto del informe sobre pensiones transfronterizas de los sistemas de empleo. 
El informe sobre los aspectos fiscales que hoy se debate completa y amplía, en efecto, dicho informe, que ya se debatió en julio de este año por el procedimiento de codecisión. 
Todos creemos necesario reforzar la coordinación fiscal en relación con el tema de las pensiones de los sistemas de empleo y no únicamente en este aspecto. 
Nosotros proponemos el sistema de imposición diferida, el denominado sistema EEG, porque es el que ya se aplica en la gran mayoría de los Estados miembros. 
En efecto, si no se establece una coordinación fiscal, la diversidad de sistemas fiscales introduce distorsiones en el mercado interior financiero; unas distorsiones que queremos que desaparezcan porque deseamos hacer un pleno uso del mismo, también en el contexto de la introducción del euro en metálico. 
La Sra. Kauppi pide explícitamente en la enmienda 1 que el Consejo agilice el examen de la propuesta de directiva relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación, que garantizará el reconocimiento mutuo de los regímenes de pensiones de los sistemas de empleo y contribuirá significativamente a una acción eficaz en lo referente a la coordinación fiscal. 
Es triste que haya sido necesario presentar esta enmienda debido a que, aun cuando el Consejo ECOFIN y también los Consejos Europeos de Lisboa, de Feira, de Estocolmo, y todos los que se han celebrado, han establecido las prioridades, sin embargo todavía no han logrado ir más allá del envío de un cuestionario. 
Yo le pregunto, por lo tanto, al Consejo: ¿por qué motivo, después de resaltar la urgencia, ésta no se ve reflejada luego en el desarrollo de las negociaciones? 
¿Qué problemas se plantean en el Consejo en relación con la propuesta de la Comisión de octubre del año pasado? 
¿Cuál es la respuesta del Consejo al informe van den Burg y a la Resolución del Parlamento Europeo del mes de julio? 
¿Qué peticiones concretas resultan problemáticas para el Consejo? 
Queremos conocer las respuestas porque deseamos seguir negociando con objeto de poder hacer realidad por fin los objetivos del plan de acción en materia de servicios financieros y las peticiones del Parlamento Europeo en interés de los ciudadanos y de las empresas, en consonancia con los objetivos comunes que ya se han proclamado tantas veces. 
. 
(NL) Señor Presidente, en primer lugar quisiera aprovechar la oportunidad para responder en nombre de la Comisión Europea a lo expresado aquí por la Sra. Van den Burg y sus colegas esta tarde. 
Quizás, Señor Presidente, podría comenzar agradeciéndole al Parlamento el respaldo unánime que ha mostrado a la comunicación de la Comisión en torno a la fiscalidad de las pensiones a través del informe Van den Burg. 
Hablo de respaldo unánime. Tal y como se ha demostrado esta noche, no solo por las palabras del ponente, la Sra. Van den Burg, sino también a través de las intervenciones de la Sra. Thors, la Sra. Karuppi, el Sr. Blokland, el Sr. Pronk y otros. 
Resulta extraordinariamente satisfactorio, considerando que se trata de una cuestión de la máxima importancia. 
Presidente, hay tres puntos en los que quisiera entrar en profundizar y son, en primer lugar, el tema de la coordinación abierta, en segundo lugar, los fondos paneuropeos y, en tercer lugar, los avances en el plano jurídico. 
La resolución exige el desarrollo de un proceso de coordinación abierta y quisiera decir que la Comisión se muestra en principio de acuerdo con una mayor coordinación cuestiones fiscales. 
Un ejemplo de ello es el grupo de trabajo presidido por el ministro británico, la Sra. Primarollo, y que trabaja en el terreno de la competencia fiscal desleal con una participación muy activa por parte de la Comisión. 
No obstante, quisiera decirle a la Sra. Van der Burg que existe una importante diferencia de matiz entre la coordinación abierta y la coordinación a secas. 
La coordinación abierta se aplica en principio a aquellas áreas políticas que recaen bajo las competencias nacionales. 
Sin embargo, la resolución cita, entre otros aspectos, la necesidad de hacer frente a la doble imposición y a la doble no-imposición, lo que por definición significa que existe un elemento transfronterizo y lo que por definición constituye uno de los aspectos del mercado interior. 
Por lo tanto, en este caso queda poco espacio para un proceso formal de coordinación abierta que, tal y como he dicho, se refiere a cuestiones correspondientes al ámbito competencial de los estados nacionales. 
En este caso no es así. 
Por otra parte el Ecofin del 16 de octubre ratificó de forma expresa la propuesta de la Comisión consistente en adoptar medidas para hacer frente a la doble imposición y a la doble no-imposición. 
Por consiguiente, se está produciendo cierto grado de coordinación en el que la Comisión se reserva obviamente el derecho de proponer otras iniciativas. 
El segundo punto se refería a los fondos de pensiones paneuropeos a los que también se ha referido la Sra. Van den Burg y creo que también el Sr. Pronk. 
En este terreno, el Ecofin del 16 de octubre no aprobó la propuesta de los fondos paneuropeos. 
Esto no significa que la propuesta haya dejado de gozar de simpatías en el seno de la Comisión. 
Por otra parte, quizás me muestre algo menos entusiasmado con la sugerencia planteada en el informe y reiterada posteriormente por la Sra. Van den Burg en la que se insta a la Comisión a presentar una propuesta de estatuto para los fondos de pensiones internacionales. 
Tal y como he dicho hace un instante, el Ecofin no pudo aprobar la propuesta de los fondos paneuropeos a pesar de que éstos podrían operar sin necesidad de que existiera un nuevo marco legal europeo al respecto. 
En estas circunstancias, albergo serias dudas acerca de las probabilidades políticas de introducir los fondos paneuropeos por la vía legislativa. 
En tercer lugar y para terminar, quisiera referirme brevemente a los aspectos jurídicos. 
La semana pasada, el 6 de diciembre, el Tribunal de Justicia vio el caso Danner que se refiere, tal y como creo que conocerán los diputados, a un alemán que emigró a Finlandia y que quiso continuar con su sistema de pensiones alemán pero que, lamentablemente, vio como las autoridades fiscales finlandesas le denegaban una deducción fiscal sobre las aportaciones abonadas al gobierno alemán. 
Durante la sesión, la Comisión apoyó al Sr. Danner e hizo referencia a su comunicación acerca de las pensiones. 
La sentencia de este caso se espera para el año próximo. 
El mes pasado, y me estoy refiriendo a otro caso, un tribunal sueco remitió un caso al Tribunal de Justicia referido a la deductibilidad de las aportaciones efectuadas a una compañía aseguradora de pensiones extranjera por parte de un residente permanente en Suecia, lo que significa que la corrección del análisis jurídico de la Comisión se va a someter a examen en un futuro próximo. 
El Sr. Pronk ha recalcado por otra parte que la Comisión debía cumplir su promesa de proceder contra los Estados miembros que infrinjan las libertades plasmadas en el Tratado y quisiera garantizarle al Sr. Pronk y a los demás diputados que han intervenido en este sentido que la Comisión mantiene un diálogo activo con los Estados miembros. 
La Comisión ha solicitado formalmente a los Estados miembros información acerca de sus normas nacionales y analiza en este momento las respuestas recibidas, y puedo asegurarles a los diputados de este Parlamento que la Comisión iniciará acciones judiciales contra los Estados miembros en los casos en que resulte necesario. 
Tal y como ha indicado la Comisión en su comunicación referida a la política fiscal de mayo del presente año, la estrategia de anticipación en el terreno de los procedimientos de infracción constituye un elemento clave de su enfoque dirigido a la consecución de avances en materia fiscal. 
Presidente, en resumidas cuentas, parece que con el apoyo de este Parlamento y del Consejo se ha puesto en marcha una cierta dinámica en el terreno de la fiscalidad de las pensiones. 
Para cerrar quisiera decir lo siguiente: tratemos de mantener dicha colaboración y en ese sentido me complace aceptar la oferta de la Sra. Van den Burg. 
De nuevo quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los diputados por su excelente labor y por el respaldo otorgado a la Comisión y, por último, quisiera decirle al Sr. Karas que la Comisión también lamenta que se haya avanzado tan poco en los trabajos referidos a la directiva propuesta por la Comisión relativa a los fondos de pensiones. 
A lo largo de los seis meses de la presidencia que toca a su fin apenas se ha avanzado en este terreno. 
Se ha distribuido una circular con un formulario con preguntas a los Estados miembros. 
Estas preguntas se han recibido, como es natural, y se ha trabajado en este sentido pero no ha pasado de este punto. 
Creo que la Presidencia española sí que tiene intención de trabajar con más esfuerzo en este campo. 
El Sr. Karas y creo que el resto de los diputados estarán de acuerdo con la Comisión, Presidente, en que urge y es necesario cosechar avances debido a la bomba de relojería demográfica que tenemos ante nosotros sin necesidad de aclarar este punto ya que todos estamos familiarizados con el mismo. 
Por consiguiente, señor Presidente, y volviendo al tema de la fiscalidad de las pensiones, deseo dar las gracias a su Parlamento y a todos los ponentes por el respaldo otorgado a la propuesta de la Comisión y espero que podamos proseguir lo antes posible por el camino marcado. 
Muchas gracias, señor Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0417/2001) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acuerdos de garantía financiera (COM (2001) 168- C5-0131/2001- 2001/0086 (COD) ). 
. Señor Presidente, la propuesta de la Comisión sobre acuerdos de garantía financiera establece el marco legislativo europeo para este tipo de acuerdos y es una propuesta esencial para el funcionamiento del mercado financiero a escala europea. 
Se trata de una propuesta que constituye un elemento esencial del paquete de propuestas legislativas encaminadas a este fin. 
Los principales objetivos de la propuesta son- muy resumidamente- garantizar la existencia de regímenes eficaces y razonablemente simples para la conclusión de los acuerdos, tanto los de garantía prendaria como los de garantía con transferencia de títulos o "repos". 
Para ello, es necesario introducir determinadas modificaciones en los ordenamientos jurídicos de diversos Estados miembros, especialmente en el ámbito de la regulación de la prenda y también en el del derecho de quiebra y procedimientos concursales. 
Se trata, en definitiva, de crear un régimen sólido y eficaz para limitar el riesgo en el crédito y asegurar, de esta manera, una reducción en su coste y, al propio tiempo, mejorar el funcionamiento y estabilidad de los mercados financieros europeos. 
Desde el punto de vista del Parlamento Europeo, el problema principal que planteaba la propuesta era el del ámbito subjetivo de aplicación de la Directiva. 
La propuesta inicial consistía básicamente en reducir el ámbito de aplicación de la Directiva a las instituciones financieras y a las empresas distintas de las financieras realmente grandes, es decir, grandes empresas comerciales, industriales o de servicios, que alcanzaran 100 millones de euros de capital social o mil millones de euros de activos brutos. 
Esta propuesta presentaba dos inconvenientes desde el punto de vista del Parlamento Europeo, o al menos desde el punto de vista del ponente. 
En primer lugar, la eliminación del campo de aplicación de la Directiva, y, en consecuencia, de sus beneficios, de la mayoría de las empresas no estrictamente financieras; no solamente las pequeñas y medianas, sino incluso las grandes empresas que no llegaran a esos muy altos límites cuantitativos a los que me he referido. 
En segundo lugar, la propia fijación de umbrales cuantitativos plantea el problema de su revisión y actualización. 
La propuesta de directiva resolvía este problema mediante la técnica de la delegación de esta actualización en la Comisión, asistida por el comité de supervisión de valores, el llamado "Comité Lamfalussy". 
Se trata de una delegación legislativa, una delegación de poderes inadmisible para el Parlamento, o al menos para una parte del mismo, como es bien conocido, pues no es ésta la primera vez que tratamos del Comité Lamfalussy, en este ámbito y en otros, con el propio Comisario Bolkestein. 
La enmienda que el Parlamento pretende introducir en este campo consiste, esencialmente, en lo siguiente: suprimir la referencia de los límites cuantitativos y, en cambio, establecer el requisito de que, en estos casos de acuerdos con empresas comerciales o industriales, la otra parte del acuerdo, normalmente el tomador de la garantía del acreedor, sea una entidad financiera. 
Esta solución tiene la ventaja de resolver, a la vez, los dos problemas a que he hecho alusión, es decir, el problema de la exclusión de las empresas no muy grandes y el problema de la delegación de poderes- o del Comité Lamfalussy, para entendernos-. 
Aparte de esta enmienda, que se articula a su vez en varias, existen otras relativas a la formalización del contrato y a los medios de prueba de la provisión de garantías, a la regulación del derecho de uso en los casos de garantía prendaria y a otros temas en los cuales no me extiendo. 
Para finalizar, señor Presidente, debo señalarle- y es muy importante esto- que, desde el principio, he procurado trabajar en estrecho contacto con la Comisión y con la Presidencia belga, cuya ayuda, en ambos casos, agradezco muy sinceramente en este momento. 
La finalidad era llegar a un consenso que hiciera posible la aprobación de la propuesta de directiva en primera lectura o, al menos, que redujera a un mero trámite la segunda lectura. 
Nos basábamos en esta pretensión, puesto que la mayor parte de los actores, tanto los Estados miembros como los actores en la industria, compartían la importancia y un consenso básico, excepto en algunos puntos, en torno a esta propuesta. 
Este objetivo parecía conseguido, pues parecía que en el grupo de trabajo del Consejo se hubiese llegado a un acuerdo que también satisfacía al mismo tiempo las pretensiones esenciales del Parlamento. En el último momento el acuerdo inicial existente en el grupo de trabajo del Consejo se ha roto y mañana, posiblemente, en el Ecofin se apruebe un acuerdo diferente, que incluye otros puntos que no han podido ser objeto de consideración detenida por el Parlamento. 
Por esto, me temo que no será posible el propósito, al que me refería anteriormente, de ahorrarnos la segunda lectura, o al menos de reducirla a un trámite, y tendremos que seguir trabajando en esta directiva a partir del próximo mes. 
En este caso, para el voto de mañana, yo pido la votación de las enmiendas que fueron aprobadas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento con alguna ligera modificación y pido el voto en contra de una enmienda que en el Parlamento ha sido introducida en el último momento, puesto que la falta de consenso en el ámbito del Consejo, es decir, la falta de consenso entre los Estados, ha repercutido también en una ruptura del consenso que se había manifestado en la Comisión de Asuntos Económicos de este Parlamento. 
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
(DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme una observación previa. 
Hoy nos encontramos ante una nueva muestra de que en esta Asamblea la legislación importante se debate habitualmente poco antes de medianoche, mientras nos pasamos el día tratando resoluciones más o menos irrelevantes sobre una u otra cumbre, que en la mayoría de los casos no obtienen ningún resultado. 
Yo pediría que en el futuro adoptemos la legislación importante a una hora adecuada del día dentro del período parcial de sesiones. 
Por otra parte, también quiero agradecer al ponente, en nombre de la Comisión Asuntos Jurídicos, su equilibrado informe. 
El informe y la propuesta de la Comisión se pueden considerar en cierto modo como una continuación de la Directiva sobre los sistemas de pago adoptada en 1998. 
Entonces yo fui ponente en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos- que en aquel momento todavía era competente para el fondo- y sólo puedo decir que los problemas que se nos plantearon y que resolvimos en el mismo sentido, en el fondo eran idénticos a los que volvemos a encontrar ahora. 
Tenemos que procurar alcanzar un equilibrio razonable entre el interés de disponer de dichos sistemas como complemento de las garantías crediticias y mantener su estabilidad, y otros intereses, que naturalmente también existen, de los fieles partidarios del procedimiento de quiebra, por ejemplo, y que es preciso tomar asimismo en consideración, manteniendo un equilibrio justo. 
En efecto, no cabe la menor duda de que el objetivo no ha de ser únicamente la protección de los sistemas financieros en cuestión, sino que también es preciso garantizar que la normativa no perjudique desmedidadamente a las otras partes afectadas por la misma. 
Yo creo que en este caso se ha logrado un equilibrio justo y este es un aspecto muy decisivo. 
El ponente ya ha señalado también un segundo aspecto que la Comisión de Asuntos Jurídicos considera asimismo importante, a saber, el criterio relativo- generoso, diría yo- con que se han establecido las fronteras para el acceso al trato privilegiado. 
Nosotros opinábamos que o bien había que ampliarlas efectivamente para incluir a las empresas de tamaño medio, o bien había que restringirlas a los bancos y los participantes directos en los mercados financieros. 
Yo creo que la Comisión de Asuntos Económicos ha alcanzado un buen resultado también en este aspecto y, dado lo avanzado de la hora, no voy a añadir nada más. 
Nosotros- y ahora expreso la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos- estamos de acuerdo con lo que ha expuesto el ponente y apoyamos su planteamiento. 
Señor Presidente, estamos avanzando más rápidamente de lo que todos esperábamos. 
En primer lugar, deseo excusar la presencia de la Sra. Villiers, que acaba de ser designada presidenta suplente de la delegación de los conservadores dentro de nuestro Grupo, una vez completado el procedimiento de votación, por lo cual yo la felicito muy sinceramente. 
Ya se han dicho muchas cosas y yo sólo quisiera completar algunas observaciones. 
En primer lugar, los oradores que hemos intervenido en relación con este punto del orden del día y el anterior tenemos un gran objetivo. 
Queremos hacer todo lo posible para que el plan de acción en materia servicios financieros se adopte rápidamente, con un alto contenido cualitativo y dentro de los plazos previstos, y se pueda empezar a aplicar. 
La presente directiva forma parte de dicho plan de acción en materia de servicios financieros y nosotros esperamos que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, al menos en esta ocasión el Consejo responda cuanto antes al trabajo ya realizado por la Comisión y el Parlamento y presente su posición. 
El orador que me ha precedido, el Sr. Lehne, ya ha destacado que el primer hito de la política financiera a escala europea se estableció en 1983 con la Directiva sobre la firmeza de la liquidación de valores. 
Hasta el momento ésta era la única norma europea que regulaba las garantías transfronterizas en el contexto de las transacciones financieras. 
Para desarrollar un mercado interior eficaz necesitamos una normativa unificada sobre esta materia. 
Necesitamos eliminar las incertidumbres relativas a la legislación aplicable a la utilización de anotaciones en cuenta. 
Necesitamos suprimir también las cargas administrativas adicionales que dificultan el desarrollo de un mercado interior rentable e integrado. 
Necesitamos eliminar la inseguridad jurídica que genera la existencia de quince regímenes jurídicos distintos, cuya diversidad se traduce en un riesgo cuando se utilizan garantías en el extranjero. 
Necesitamos suprimir asimismo las diferentes legislaciones en materia de quiebra. 
Por consiguiente, es necesario crear un régimen mínimo unificado. 
La presente directiva es el único medio que permitirá conseguir estos objetivos. 
Por lo tanto, nosotros la acogemos con satisfacción y apoyamos el informe del ponente y el del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
¡Muchísimas gracias! Esperamos que el informe del Parlamento y las propuestas de la Comisión se concreten pronto y se pueda proceder rápidamente a su transposición. 
. (EN) Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a su ponente, el Sr. Pérez Royo, y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por su excelente trabajo y por su enfoque tan constructivo de la propuesta sobre acuerdos de garantía financiera. 
Esta propuesta, como acaba de subrayar el Sr. Karas, es un informe prioritario en el marco del Plan de acción para los Servicios Financieros y constituye un elemento fundamental para la presentación a tiempo del Plan de Acción de Servicios Financieros en 2003 para alcanzar un mercado integrado de valores, y en 2005 para el Plan de Acción en su conjunto. 
Dado que sólo el valor de los contratos pendientes en el mercado europeo de repos supera los 1.800 millones de euros, los beneficios previstos son muy cuantiosos. 
Cuando la directiva se aplique en los Estados miembros, estos contratos se regirán por un único régimen legal, en lugar de por quince diferentes. 
Tal marco legal paneuropeo para el uso de acuerdos de garantía financiera contribuirá a una mayor integración y a una mayor eficiencia en los costes de los mercados financieros europeos, al fomentar las operaciones transfronterizas y crear un mercado financiero europeo más competitivo. 
Paso ahora a las enmiendas presentadas. 
La Comisión apoya en términos generales todas las enmiendas salvo las enmiendas 16 y 21, que versan sobre la ampliación de la protección de la garantía complementaria y sobre la reducción de su ámbito de aplicación, respectivamente. 
Apoyamos plenamente las enmiendas 1, 2, 18 y 19 en su tenor actual. 
Además, y sujetas a una cierta reformulación de su tenor, que esperamos no implique dificultad alguna para el Parlamento, podemos aceptar también en principio las enmiendas 3 a 15, 17 y 20. 
Pero quizá necesitemos algo de flexibilidad para llegar a un acuerdo definitivo. 
Al apoyar la enmienda 1 no estamos eliminando la protección de las garantías crediticias complementarias. 
Pero la Comisión no puede aceptar la enmienda 16, que protege las garantías complementarias por riesgo de crédito en los términos previstos en la directiva, ni puede hacerlo, a nuestro juicio, la Comisión. 
No obstante, como se señala en la enmienda 1, sería posible proteger este tipo de garantía con arreglo al Derecho nacional. 
Para ser más precisos, la enmienda 16 no es aceptable para la Comisión porque podría entrar claramente en contradicción con la política legislativa en materia de insolvencia, que por regla general no prevé disposiciones que favorezcan la posición del acreedor a resultas de un acontecimiento de insolvencia o al menos en un contexto de deterioro de la capacidad de crédito. 
La enmienda 21 no es aceptable para la Comisión porque a la Comisión le gustaría ver la mayor cantidad de empresas no financieras beneficiándose de esta directiva. 
Dichas empresas ya están utilizando estas técnicas en el mercado. 
En conclusión, quiero dar las gracias una vez más a los diputados de este Parlamento por su excelente cooperación. 
He sido también informado de lo ocurrido hoy en el Coreper, como ha señalado el ponente, el Sr. Pérez Royo. 
Mañana, como ya ha comentado el Sr. Pérez Royo, se celebrará una reunión del Ecofin a la que yo mismo asistiré. 
No se adónde nos llevará mañana el debate. 
Lamento que haga falta una segunda lectura por razones obvias, pero no puedo hacer nada al respecto. 
La Comisión está en manos del Consejo, por un lado, y del Parlamento, por otro. 
Por último, quiero decir al Sr. Lehne que coincido plenamente con él en lo relativo al momento de celebración del debate. 
Se trata de un debate de enorme importancia y tiene lugar casi a las once de la noche, y el interés público es escaso. 
Puedo asegurarle, señor Presidente, que me habría alegrado mucho que este debate hubiera podido celebrarse hoy a una hora más temprana. 
Estoy seguro de que a los diputados presentes también les habría alegrado mucho. 
A pesar de la hora y de que no es demasiado nutrida la representación parlamentaria, el debate ha tenido una gran altura y yo, como Presidente de la sesión, me quedo muy contento de haber podido participar a esta hora y en este último debate nocturno de Estrasburgo del año 2001. 
Le damos las gracias en nombre del Parlamento 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas () 
(Se levanta la sesión a las 22.55 horas) 
Estimada señora Nurit Peled-Elhanan, estimado señor Izzat Ghazzawi, Monseñor Zacarías Kamwenho, el Parlamento Europeo se alegra especialmente de recibirlos en este hemiciclo para concederles el Premio Sajarov a la libertad de conciencia. 
Al recibirlos, saludo también a las personas, especialmente a los miembros de sus familias, que les han acompañado. 
Desde 1988, el Parlamento Europeo concede cada año el Premio Sajarov para distinguir a personalidades u organizaciones que han marcado con su huella la lucha en favor de los derechos humanos y de la libertad en su propio país. 
En el centro de su acción, una convicción muy fuerte: el derecho a vivir en el respeto por la dignidad de cada ser humano, cualquiera que sea su origen étnico, su sexo o sus convicciones. 
Este año, el Parlamento Europeo decidió por primera vez conceder este Premio Sajarov a tres galardonados. 
Se trata de una decisión excepcional que responde a circunstancias excepcionales. 
Estimada señora Nurit Peled-Elhanan, viene de la tierra de Israel y ha sufrido personalmente mucho. 
Un día, usted misma escribió: "para poner fin a la guerra es necesario comprender que la sangre tiene el mismo color para todos y que la muerte de cualquier niño es la muerte del mundo entero". 
En la muerte de Smadar, su hija de trece años, en un atentado suicida palestino, no quiso responder al horror con el odio y decidió denunciar, y cito sus palabras, "una política miope y que se niega a reconocer los derechos del otro y fomenta el odio y los conflictos". 
¿Quién de nosotros podría afirmar que frente a la peor de las injusticias, la de perder a un hijo, tendría este coraje y esta dignidad? 
¿Quién de nosotros no se siente interpelado en lo más profundo de sí mismo por esta lucidez y esta fuerza que han hecho de usted el símbolo de todos los que, en el seno del pueblo israelí, militan a favor de una paz que tenga en cuenta aspiraciones de dos pueblos, el pueblo israelí y el pueblo palestino? 
Al entregarle el Premio Sajarov, deseamos demostrar hasta qué punto nos importa apoyar a todos los que, con sus actos cotidianos, en un contexto histórico especialmente difícil a pesar de la presión de los acontecimientos, trabajan sin descanso por el acercamiento entre los pueblos. 
Estimado señor Izzat Ghazzawi, viene usted de la tierra palestina y ha sufrido igualmente mucho. 
En una de sus cartas, escritas en prisión, se dirigía a un amigo de Israel, poeta, que acaba de morir, Ya ' ir Horowitz, intentando renovar un diálogo que la muerte interrumpió, trazando los contornos de un sueño de paz que ustedes compartían, esperando resistir al desánimo que le amenazaba porque ese sueño de paz se alejaba con los años. 
Ha buscado la paz incansablemente y ha favorecido el diálogo entre los pueblos israelí y palestino. 
Incansablemente, y a pesar de la prisión, a pesar de la censura y, sobre todo, a pesar de la pérdida irreparable de Ramy, su hijo de 16 años, muerto por el ejército israelí cuando socorría a un amigo herido en el patio de su escuela. 
Decididamente, ha proseguido este diálogo en sus escritos, en sus clases en la universidad de Birzeit, en su función de motor en el seno de la asociación de escritores palestinos, en la que ocupa la presidencia, en sus contactos con escritores israelíes y en publicaciones conjuntas. 
Se ha empeñado en concretar el objetivo de la tolerancia y de la comprensión mutua entre las culturas, las religiones y los pueblos de toda la región. 
Estimada señora Nurit Peled-Elhanan, estimado señor Izzat Ghazzawi, al distinguirles conjuntamente, el Parlamento Europeo desea contribuir a forzar el destino de la paz contra la evidencia de la guerra, a manifestar las fuerzas de la tolerancia y de la comprensión y a mantener la esperanza. 
Estimado señor Kamwenho, desde hace veinticinco años su país está en guerra. 
Dos generaciones de angoleños ignoran lo que significa la palabra paz y el balance de esta guerra interminable es terrible: un millón de muertos, cerca de 4 millones de personas desplazadas, cientos de miles de niños huérfanos, mutilados de guerra, una población infraalimentada, de tal suerte que un niño de cada cinco muere antes de haber llegado a los cinco años de edad, una esperanza de vida, en el momento del nacimiento, inferior a 45 años, un territorio en el cual se han colocado millones de minas antipersona, una pobreza extrema, a pesar de los recursos naturales que, desafortunadamente, sirven principalmente para alimentar la guerra. 
Nuestro Parlamento Europeo se ha comprometido siempre a promover una solución política en el conflicto de Angola y regularmente señalamos la necesidad para todas las partes presentes de iniciar con carácter de urgencia un diálogo global que pueda llevar a una paz duradera, que asegure la promoción y la protección de los derechos humanos. 
Este Parlamento ha saludado en muchas ocasiones los esfuerzos realizados en este sentido por las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil. 
Como arzobispo de Lubango, como presidente de la Conferencia episcopal católica de Angola y de Sao Tomé, como presidente del Comité ecuménico para la paz en Angola, se ha hecho el apóstol de los derechos fundamentales y de la paz, que simboliza la esperanza del pueblo angoleño, que encarna su deseo de paz, de libertad y de justicia. 
Saludamos su itinerario, el itinerario de un hombre, su ecumenismo, su determinación, la fuerza de su voz. 
Saludamos también al portavoz de las aspiraciones de todos aquéllos que, en el seno de la sociedad civil angoleña, trabajan en favor del diálogo y la reconciliación. 
Por todas estas razones, estimado señor Kamwenho, le concedemos hoy el Premio Sajarov a la libertad de conciencia. 
Quisiera concluir honrando la memoria de aquéllos que han caído, niños, mujeres, hombres, víctimas de estos conflictos de Israel, en Palestina, en Angola. 
Nuestro apoyo a los militantes de la paz como son los tres galardonados con el Premio Sajarov 2001 demuestra nuestra emoción frente a su destino trágico y nuestro rechazo común a cualquier forma de violencia. 
(Vivos aplausos) 
. (EN) Señora Presidenta, distinguidos diputados del Parlamento Europeo, señores y señoras, queridos amigos, recibo hoy con gran emoción y excitación este reconocimiento. 
Este premio es un acto de fe en la capacidad del mundo para fomentar un diálogo continuado de tolerancia y entendimiento. 
Ha hecho más sólido y persistente que nunca mi compromiso por un futuro más noble para el futuro de nuestra región. 
Hay muchos sucesos que me gustaría contarles aquí, pero el tiempo que se me ha concedido es limitado. 
Desde la cárcel, durante casi tres años escribí un libro llamado "Cartas de camino", y allí, en los momentos más tristes, me hacía la siguiente pregunta: ¿podría dedicar este libro a un personaje israelí que e un artista, un padre, un espíritu verdaderamente humano, un hombre o una mujer que acabaría con la imagen de un soldado vigilando mi solitaria celda? 
Cuando la respuesta fue afirmativa, comencé a escribir. 
En cuanto salí de la cárcel, participe en un congreso de escritores en Oslo, en el que varios intelectuales de ambos lados se reunieron para debatir cómo podrían contribuir a la paz: Durante 10 días de tiras y aflojas, los israelíes hablaron mucho de la secular angustia que ha afligido a la nación y al pueblo judíos. 
Los palestinos hablaron de su cotidiano sufrimiento durante la ocupación. 
Pero, al final, tras diez días, fuimos capaces de entender recíprocamente nuestras necesidades. 
No he podido olvidar el comentario de un escritor israelí. 
Durante este congreso, en el décimo día, dijo que "yo siempre he pensado que el hombre es malo.. ahora no estoy seguro". 
En ese mismo año, 1993, mi hijo murió por las balas disparadas por los soldados en su colegio. 
Este suceso cambió la percepción de todas las cosas de mi vida, pero supe que un buen ser humano es el ser humano vivo. 
El sufrimiento, si así lo queremos, puede ser empleado como una fuerza curativa y no como una lucha ciega por la venganza y el odio. 
El principio del ojo por ojo sólo consigue cegar al mundo. 
Aprendí a utilizar la moderación como vehículo del compromiso en mi literatura. 
No obstante, es cierto que el conflicto del hombre con su corazón es la clase de lucha más noble. 
Es una pena que el conflicto de hoy enfrente naciones y culturas. 
Dejado en manos de los generales de la guerra y la enemistad, lo convertirán en una sangrienta historia de terror. 
En sus manos, aceptaremos como un hecho cierto que el mundo funciona mal o está loco. 
Pero aquellos que han contemplado la Historia de una forma tolerante, comprenden que lo que se necesita es un compromiso moral recíproco ante el núcleo de la existencia y la obligación humana ante la vida en cuanto único don valioso. 
Las anomalías de todo tipo no tienen raza, religión, ni un hogar determinado. 
Sólo la civilización tiene su propia religión, su propia fe y su propio hogar. 
Y ello es así porque no ha existido una civilización excepcional que haya nacido por sí misma: a lo largo de la Historia las civilizaciones se han prestado unas a otras y han destacado más cuando han sido capaces de compartir sus logros y valores. 
Sin embargo, el nuevo temor a un choque de culturas no carece de fundamento. 
El desequilibrio entre ricos y pobres es formidable, y existe una gran cantidad de injusticias que amenazan al fundamental principio de la tolerancia en nuestro mundo. 
No obstante, nuestra insistencia en el diálogo entre culturas es más intensa que nunca, porque debemos buscar las raíces del terror. 
En mi condición de escritor que vive en una zona de extraordinaria conflictividad, debo observar este asunto del discurso intercultural como una historia de atracción y emoción. 
Todo lo que ocurre en nuestra región está llamado a afectar a todo el mundo. 
Y ello es así no porque seamos el centro del mundo. 
Es sólo porque las raíces espirituales nacieron aquí para transmitir su fuerza a todos y cada uno de nosotros. 
Esta atracción y emoción surgen de este formidable pasado. 
Ya es hora de contemplar este formidable pasado espiritual como una parte de la cultura humana. 
Es importante verlo como una parte de la cultura humana y no como una llamada divina a una tierra santa que devora a sus hijos. 
El hombre es santo. 
Nada más es santo si el hombre es humillado y privado de su derecho a una vida digna. 
No habrá razón para trazar con detalle un mapa cuando el corazón del hombre se rompe en nuestra zona al borde de la esperanza y de la desesperación. 
Ninguna nación puede ser derrotada si persiste en el significado de la vida como un valor en sí mismo. 
Nuestro aislamiento y angustia están más allá de toda medida, pero nuestra fe en el futuro es también grande. 
Siempre necesitaremos su apoyo para un proceso de paz sostenido, y su apoyo para los campos de paz que encendieron las velas por todos aquellos que perdieron sus vidas en la batalla de la ignorancia. 
Una vez más, con profunda gratitud, les doy las gracias por concederme, junto a mis colegas, este prestigioso premio, pero también con la angustia que aflige a mi corazón por el futuro de Palestina e Israel, y con la admiración que manifiesto por todos los hombres y mujeres que se encuentran allí ahora y que tienen esta visión y este sueño. 
(El Parlamento, puesto en pie, dedica una prolongada ovación al galardonado) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quisiera que se añadiese al Acta de ayer que el Dr. Ganzert, el abogado que fue retenido en Nicaragua, puede ya salir del país, por lo que la felicito por todo lo que ha hecho para conseguirlo. 
Gracias, señor Rübig. 
(El Acta de la sesión anterior queda aprobada) 
Orden del día 
Les informo de que la Conferencia de Presidentes decidió, en su reunión de ayer, prolongar una hora la sesión de Bruselas del lunes 17 de diciembre. 
Por tanto, la sesión plenaria se desarrollará entre las 15 y las 19.30 horas. 
(GUE/NGL). (IT) Señora Presidenta, como grupo del GUE somos contrarios a la prolongación de la sesión del lunes que sólo servirá para que se apruebe el paquete contra el terrorismo. 
Este paquete ha sido presentado en el seno de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores de esta mañana, sin que se haya podido proceder a su debate, a la vista del tiempo tan escaso, y sin que se haya elaborado un informe. 
Creo que es grave que el Parlamento exprese una opinión, sin haber elaborado antes un informe sobre un tema tan importante. 
Gracias, señor Di Lello. 
En consecuencia, dejamos constancia en el Acta de que no está usted de acuerdo con la decisión de la Conferencia de Presidentes. 
Decisión sobre la urgencia 
Le concedo de forma inmediata la palabra al Sr. Watson, presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Watson (ELDR) , presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
(EN) Señora Presidenta, anoche fueron presentadas a mi comisión dos solicitudes en virtud del artículo 112 de nuestro Reglamento. 
Las solicitudes son relativas a una nueva consulta sobre dos decisiones marco del Consejo, una sobre la lucha contra el terrorismo y la otra sobre una propuesta relativa a la orden europea de busca y captura. 
Nos pidieron que les aplicáramos el procedimiento de urgencia. 
Mi comisión se ha reunido esta mañana y ha aprobado la propuesta de solicitar al Pleno el procedimiento de urgencia para estos dos textos según han sido presentados sin informe. 
Le doy las gracias, señor Watson. 
Por tanto, vamos a actuar de acuerdo con el Reglamento, como siempre. 
¿Quién quiere intervenir en contra de la solicitud? 
Señora Presidenta, estimados colegas, en los seis años que llevo en este Parlamento, el Parlamento no ha dejado de pedir que las instituciones europeas lo respeten. 
Hoy, nuevamente, se le pide a este Parlamento que no se respete a sí mismo, y hace un rato, en la Comisión "Libertades Públicas", hemos oído cómo los dos grandes Grupos decidían, junto con los liberales, que este Parlamento no debe respetarse. 
Desde luego, es increíble: vamos a aprobar una orden de búsqueda y captura europea, que entrará en vigor en 2004, es decir, dentro de dos años, y hoy, nos informan de que hay un Consejo Europeo en Laeken. Este Consejo Europeo tomará una decisión sobre el texto el domingo por la noche; ese texto será revisado por unos abogados el lunes por la mañana. 
Nadie habrá visto el texto antes de llegar a Bruselas el lunes por la tarde. Y este Parlamento va a pronunciarse al respecto, sin poder esperar a enero. 
¿Me pueden ustedes explicar porqué no podemos pronunciarnos en enero sobre un texto que entrará en vigor en 2004? Esto es aberrante, es ridículo, y demuestra que este Parlamento no se toma en serio, y les pido a mis colegas que no secunden a sus jefes de Grupo, que tengan dignidad y que digan "no" a esta solicitud, que dispongan de un informe, que voten en enero, y que demuestren que somos un Parlamento que respeta las normas parlamentarias y que no está al servicio del primero que pasa. 
Gracias. 
Vamos a escuchar a un orador favorable a esta solicitud. 
Señora Presidenta, con mucha menos vehemencia pero, creo, con no menos razones, quisiera pedir a este Parlamento el voto a favor de esta urgencia. 
Hemos estado en la Comisión de Libertades Públicas trabajando en este tema durante un año. 
El día 5 de septiembre votamos a favor del informe del Sr. Watson en el que pedíamos unas propuestas concretas de la Comisión a favor de la armonización de sanciones en materia de terrorismo y el establecimiento del mutuo reconocimiento de sentencias, eso que, de una forma que a mí no me gusta, se llama orden de búsqueda y captura europea. 
Ha habido apasionantes e interesantes debates en nuestra comisión, que es una pena que el Sr. Cohn-Bendit no haya podido seguir. 
Ha habido un trabajo de este Parlamento en relación a los textos que durante más de un año ha estado elaborando la Comisión Europea. 
Creo que somos todos adultos, diputados responsables, conocemos el fondo de los textos, sabemos la importancia política que tienen y podemos hacer el esfuerzo de aceptar las incomodidades de trabajar un poco durante estos días, para que el lunes, antes de la Cumbre de Laeken, de una forma perfectamente correcta y siguiendo el Reglamento, el Parlamento pronuncie, por segunda vez, su opinión. 
(Aplausos) 
Hemos escuchado al presidente de la Comisión de Libertades Públicas, a un orador en contra, a un orador a favor. 
Someto a votación la solicitud de urgencia. 
(El Parlamento acepta la urgencia) 
Votaciones 
Gracias, señor Costa Neves. 
Tras la votación sobre las enmiendas 
Señora Presidenta, me informan de que las cifras sobre las que acabamos de votar no tienen sentido a menos que votemos sobre el informe Wynn, que trata sobre las perspectivas financieras. 
Debemos votar sobre dicho informe para asegurarnos de que tenemos las cifras antes de que aceptemos que la votación que acabamos de celebrar es completa. 
En otras palabras, señor Wynn, usted preferiría que pasáramos de inmediato a la votación sobre este informe, y, después, a la votación sobre el informe del Sr. Costa Neves y de la Sra. Buitenweg. 
Si es así, no creo que haya ningún inconveniente. 
Informe (A5-0447/2001) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad (COM (2001) 625- C5-0557/2001- 2001/2227 (ACI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0400/2001) del Sr. Costa Neves y de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de Presupuesto General de la Unión Europea para el ejercicio 2002, tal y como ha sido modificado por el Consejo (todas las secciones) (14341/2001- C5-0600/2001- 2324/2000 (BUD) ) y sobre la nota rectificativa 2/2001 del proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2002 (14340/2001- C5-0615/2001) 
Sección I, Parlamento Europeo 
Sección II, Consejo de la Unión Europea 
Sección III, Comisión Europea 
Sección IV, Tribunal de Justicia 
Sección V, Tribunal de Cuentas 
Sección VI, Comité Económico y Social 
Sección VII, Comité de Regiones 
Sección VIII (A) , Defensor del Pueblo Europeo 
Sección VIII (B) , Organismo Europeo de Control de la Protección de Datos 
Sobre la enmienda 1 
Señora Presidenta, sólo una pequeña interrupción que puede simplificarlo todo: ha habido un acuerdo que, según el Parlamento, es muy bueno en relación con los output targets de la política de desarrollo. 
Como no necesitamos volver a recogerlo en la Resolución correspondiente, retiramos la enmienda 1. 
Creemos que, en este punto, el Parlamento ha avanzado bastante dentro del presupuesto. 
De ahí que la enmienda 1 ya no sea necesaria. 
Gracias, lo anotamos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, Señorías, acaban de debatir la segunda lectura del proyecto de presupuestos generales. 
Constato que el acuerdo al que llegaron nuestras dos instituciones durante las negociaciones del 21 de noviembre, ha quedado plasmado aquí en algo concreto después de las votaciones. 
He tomado nota de que sobre las diferentes partidas de gastos quedan algunas discrepancias. 
En esta cuestión el Consejo se reserva todos los derechos de decisión. No obstante, el Consejo sí está de acuerdo con el porcentaje máximo del incremento de los gastos como ha quedado reflejado en la segunda lectura. 
Le doy las gracias al representante del Consejo. 
¿Desea la Comisión intervenir? 
(La Sra. Presidenta procede a la firma del presupuesto, tras haber invitado al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Vande Lanotte, a la Comisaria, Sra. Schreyer, al presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Wynn, y a los ponentes, Sr. Costa Neves y Sra. Buitenweg, a unirse a ella) 
Señor Sturdy, le prometo que la Presidenta del Parlamento toma cuidadosamente nota de su petición. 
Informe (A5-0427/2001) del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo- Programación financiera 2002-2006: rúbricas 3 y 4 de las Perspectivas Financieras (SEC (2001) 1013- C5-0410/2001- 2001/2162 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Procedimiento simplificado 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a un canje de notas entre la Comunidad Europea y la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) sobre una financiación adicional en 2001, para el periodo 1999-2001, a título del Convenio CE-UNRWA actualmente en vigor (COM (01) 741- C5-0663/01- 2001/0288 (CNS) ) (Comisión de Presupuestos) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0453/2001) , en nombre de la Comisión Económica y Monetaria, sobre la posición común del Consejo para la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en euros (14562/1/2001- C5-0639/2001- 2001/0174 (COD) ) (Ponente: Sra. Peijs) 
(La Presidenta declara aprobada la posición común) La Presidenta. 
Me gustaría subrayar la excelente cooperación entre nuestras instituciones para la rápida adopción de este reglamento. 
Estamos ante una aplicación ejemplar del procedimiento legislativo de co-decisión, y desearía felicitar muy calurosamente a todos los que han contribuido a este resultado. 
Procedimiento simplificado 
Proyecto de reglamento del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas específicas relativas a ciertas personas y entidades en el marco de la lucha contra el terrorismo (COM (01) 569- C5-0665/01- 2001/0228 (CNS) ) (Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión así modificada) 
Propuesta de recomendación (B5-0747/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la crisis en Oriente Medio y el papel de la Unión Europea en la región 
Antes de la votación sobre el párrafo 3 
Señora Presidenta, al final de esa frase quisiera añadir algo, por lo que pido el apoyo del Parlamento: 
"exigiendo a la Autoridad Palestina el desmantelamiento de las redes terroristas, incluida la detención y el procesamiento de todos los sospechosos". 
(La Asamblea acuerda tomar en consideración la enmienda oral) -Antes de la votación sobre la enmienda 7 
Señora Presidenta, quisiera proponerle que en lugar del punto "todos los países de la región" se escriba "Israel y la Autoridad Palestina". 
(La Asamblea acuerda tomar en consideración la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la recomendación) 
Informe (A5-0440/2001) del Sr. Watts, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el proyecto común, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 95/21/CE del Consejo relativa a la aplicación de las normas internacionales relativas a la seguridad marítima, a la prevención de la contaminación y a las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques a las naves que hacen escala en los puertos de la Comunidad o en aguas jurisdiccionales de los Estados miembros (control por el Estado del puerto) (PE-CONS 3657/2001- C5-0525/2001- 2000/0065 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el proyecto común) 
Informe (A5-0441/2001) del Sr. Ortuondo Larrea, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el proyecto común, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 94/57/CE del Consejo que establece reglas y normas comunes relativas a los organismos habilitados para realizar la inspección y el fondeo de los buques y a las actividades pertinentes de las administraciones marítimas (PE-CONS 3656/2001- C5-0526/2001- 2000/0066 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el proyecto común) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0344/2001) , en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativa a la posición común del Consejo para la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la introducción acelerada de las prescripciones en materia de doble casco o de normas de planteamiento equivalente para los petroleros de casco único que deroga el Reglamento (CE) 2978/94 del Consejo (10221/1/2001- C5-0389/2001- 2000/0067 (COD) ) (Ponente: Sr. Hatzidakis) 
(La Presidenta declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0417/2001) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión Económica y Monetaria, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los contratos de garantía financiera (COM (2001) 168- C5-0131/2001- 2001/0086 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución (B5-0821/2001) , de los diputados Poettering, en nombre del Grupo PPE-DE, Barón Crespo, en nombre del Grupo PSE, Cox y Malmström, en nombre del Grupo ELDR, Lannoye, en nombre del Grupo Verts/ALE, Wurtz, en nombre del Grupo GUE/NGL, Muscardini, en nombre del Grupo UEN y Bonde, en nombre del Grupo EDD, sobre la presentación del programa de la Comisión 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0813/2001) , de los diputados Vallelersundi, en nombre del Grupo PPE-DE, Terrón i Cusí, en nombre del Grupo PSE, Watson, en nombre del Grupo ELDR, Buitenweg, en nombre del Grupo Verts/ALE y Andrews, en nombre del Grupo UEN, sobre la cooperación judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América en el campo de la lucha anti-terrorista- Antes de la votación sobre el párrafo 4 
Después de la elaboración del presente informe, hemos podido saber que la última frase de nuestro apartado 4 es contraria a las disposiciones que citamos en el considerando A, que hacen referencia al Protocolo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. 
En consecuencia, quisiera proponer que sustituyamos la última frase del apartado 4 por la frase "la extradición no puede tener lugar cuando el encausado pueda ser castigado con la pena capital". 
Si utilizamos estos términos estaremos en conformidad con el Protocolo 6 al que hacemos referencia al comienzo. 
(La Asamblea acuerda tomar en consideración la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre la reunión de la OMC en Qatar 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0764/2001) , del Sr. Lannoye y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la reunión de la OMC en Qatar 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0771/2001) de Mauro Nobilia, en nombre del Grupo UEN, sobre la reunión de la OMC en Qatar 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0817/2001) , de la Sra. Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la reunión de la OMC en Qatar 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0819/2001) de los diputados Suominen y Schwaiger, en nombre del Grupo PPE-DE, van den Berg, McNally y Mann, en nombre del Grupo PSE, Clegg, Plooij-van Gorsel y De Clercq, en nombre del Grupo ELDR, sobre la reunión de la OMC en Qatar 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0394/2001) del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la prevención de conflictos (COM (2001) 211- C5-0458/2001- 2001/2182 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0418/2001) del Sr. Gahler, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a las relaciones entre la Unión Europea y la República Islámica de Irán (COM (2001) 71- C5-0338/2001- 2001/2138 (COS)) 
Antes de la votación sobre el párrafo 5 
Señora Presidenta, en lugar de la petición a Irán de que adopte una actitud constructiva quisiera modificar el texto de modo que diga: 
"Insta a todos los países circundantes que adopten una actitud constructiva en lo que se refiere al trazado... " 
(DE) Hemos asegurado a las autoridades neutrales y competentes en la materia que en este conflicto fronterizo o en este ámbito no se atribuirá un papel especialmente negativo a ninguno de los distintos bandos, sino que contamos con todos para avanzar en las delimitaciones fronterizas en el mar Caspio. 
(En vista de que se han levantado doce diputados, la enmienda oral no es tomada en consideración) (El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0388/2001) de la Sra. van den Burg, en nombre de la Comisión Económica y Monetaria, sobre la Comunicación de la Comisión: Supresión de las barreras fiscales a la percepción transfronteriza de las pensiones de jubilación laboral (COM (2001) 214- C5-0533/2001- 2001/2212 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, sin duda que no estoy al corriente de los motivos tan importantes que han hecho elegir el tipo de calendario de la jornada de hoy. 
Pero no entiendo que podamos acabar la votación a las once de la mañana y poner en debate, por la tarde después de las 5, un informe muy importante sobre problemas sociales y económicos, con el riesgo de que no haya muchos parlamentarios presentes en la Sala. 
Entonces, si en este Parlamento es más importante hablar de Berlusconi que de las políticas sociales de la Unión Europea, díganoslo y así sabremos que nuestro trabajo es totalmente inútil. 
Gracias, señora Muscardini. 
Como usted sabe, el proyecto de orden del día ha sido aprobado por nuestra Asamblea. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Costa Neves y Buitenweg (A5-0400/2000) 
Señora Presidenta, el informe Costa Neves/Buitenweg se refiere al balance general de la Unión Europea. 
Usted ve, señora Presidenta, que en este momento, entre el público, al menos la mitad de aquellos que asisten a la salida de los diputados de la Sala, cuando comienzan las declaraciones de voto del diputado Fatuzzo- pero es una casualidad -, son ancianos y pensionistas. 
Ahora bien, yo he tratado de encontrar, en el balance de Europa, los epígrafes relativos a iniciativas que se refieran y que afecten específicamente a los ancianos y a los pensionistas. 
He tenido que coger una lupa que, como usted sabe, en el ordenador, permite hacer más grandes las palabras escritas en los distintos documentos, y he buscado, buscado, buscado, pero no he encontrado nada. 
Así pues, es por esto, señora Presidenta, por lo que no he podido dejar de votar contra este presupuesto del Parlamento Europeo. 
Espero que el próximo año, al final de 2002, en cambio pueda tener la satisfacción de votar a favor, porque, por fin, haya algún capítulo consistente, importante y visible en favor de los pensionistas. 
. (DA) Hemos votado en contra de la enmienda 7 al informe relativo a la propuesta de presupuesto general de la Unión Europea para el año 2002, presentada por Jens-Peter Bonde en nombre del Grupo EDD. 
La propuesta es en su forma actual completamente inaplicable para garantizar un mejor régimen para los viáticos de los diputados. 
Además, nuestra opinión es que los viáticos de los diputados son un tema que debe ser tratado dentro de una reforma del Estatuto del Diputado. 
. (FR) Ahora, al final de este procedimiento presupuestario para el ejercicio 2002, creo que es importante hacer algunos comentarios acerca de la agricultura, de las regiones fronterizas de la Comunidad y de las acciones exteriores de la Unión Europea, para limitarnos a lo esencial. 
En materia agrícola, una sub-ejecución del presupuesto para el año 2001, que supone la no aplicación de varios miles de millones de euros, se traducirá en un reintegro significativo de créditos a favor de los Estados miembros, mientras que un dólar fuerte con respecto al euro habrá al menos generado, por efecto mecánico, un buen comportamiento en los mercados. 
Sin embargo, en caso de necesidad, la Comisión no debería dudar ni por un momento en prolongar 6 meses más, a través de un PRS o de transferencias, el programa especial de compra de carne de bovino, programa implantado para paliar los efectos de la EEB, que concluye a finales de este año, dado que en la nota rectificativa nº2 se propone suprimir los mil millones de euros inicialmente previstos para cubrir necesidades adicionales que eventualmente pudieran plantearse con relación a la EEB. 
Por su parte, las regiones fronterizas, generosamente dotadas en el marco de los Acuerdos de Berlín, disfrutarán de 16.000 millones de euros en 7 años; las Cumbres de Niza y de Göteborg han confirmado esta orientación, dejando en manos de la Comisión la tarea de poner en marcha un programa suplementario de unos 191 millones de euros; por su parte, la Comisión de Presupuestos ha considerado oportuno añadir 50 millones en el marco de Interreg. 
La existencia de muchas de estas nuevas necesidades no está manifiestamente comprobada para gran parte de estas 22 regiones limítrofes (de Finlandia a Grecia, pasando por Baviera) , a pesar de que ya están recibiendo un respaldo financiero importante y de que serán las primeras en beneficiarse de la ampliación. 
Comparativamente, considerando las cantidades que están en juego, no puede dejar de sorprendernos la falta de ayuda a los daños causados por el temporal en los bosques franceses, a los efectos de las inundaciones en Picardía y a los estragos provocados de forma inmediata por el ERIKA. 
Ante la urgencia, hubo incluso que recurrir a la reorientación de créditos. 
(Intervención acortada por aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(EN) Durante las negociaciones con la Comisión sobre la Rúbrica 4 del presupuesto, alcanzamos un amplio acuerdo respecto a la importancia de mejorar el sistema de información sobre la asistencia al desarrollo, así como la necesidad de desarrollar objetivos e indicadores para medir las consecuencias. 
Asimismo, también alcanzamos el acuerdo de fijar como punto de referencia que el 35% del gasto se destinara a apoyar la infraestructura social. 
Como ponente del Presupuesto para la Cooperación al Desarrollo, mi intención era sugerir una enmienda oral a la enmienda original que yo presenté, haciendo hincapié en "... para los sectores sociales de un país determinado, refleja los deseos de los beneficiarios y que un grado... la norma. 
El progreso en la realización del punto de referencia será supervisado a través del Sistema común de información RELEX ". 
Por razones de procedimiento y falta de tiempo ha sido imposible presentar dicha enmienda oral. 
No obstante, la intención era hacer hincapié en que el punto de referencia debía ser contemplado en el contexto, no sólo del gasto total de donantes, sino que también debía tener en cuenta los deseos de los países beneficiarios. 
Informe Wynn (A5-0447/2001) 
. En el Acuerdo Interinstitucional de 1999, del que fui ponente, se creó el Instrumento de Flexibilidad, una revisión light de las Perspectivas Financieras que incomoda menos al Consejo. 
En los dos ejercicios presupuestarios precedentes, forzamos un tanto la interpretación de tal mecanismo, puesto que lo aplicamos para atender las necesidades en Kosovo y Serbia, al negarse el Consejo a cumplir su palabra y acceder a la revisión de las Perspectivas Financieras comprometida en su Declaración de 6 de mayo de 1999. 
Este año, la Comisión Europea había presentado una propuesta para movilizar el Instrumento de Flexibilidad que cumplía, por primera vez, la letra y el espíritu del Acuerdo. 
Pero tampoco esta vez ha podido ser y la responsabilidad de ello incumbe al Parlamento. 
Se trataba de financiar 197 millones de euros de los 281 que costará la reconversión de la flota que faenaba en aguas de Marruecos, una flota y una industria que dan empleo en regiones de las más desfavorecidas de la UE actual: Galicia, Andalucía, Algarve. 
¡Todas Objetivo 1! 
La misma tarde de la concertación del 21 de noviembre, el Consejo y la Comisión sondearon fórmulas que no implicaban reducción para nadie, pero parece que para algunos no era suficiente obtener unos recursos de difícil justificación, sino que debía ser a costa de los demás. 
El resultado es que regiones Objetivo 1 de España y Portugal deberán pagarse un 40% de la reconversión de su flota mediante la reprogramación del IFOP. 
Mi compañera Barbara Dührkop continuará con la explicación de voto. 
. Continúo con la explicación de voto que comenzó mi compañero Joan Colom. 
Pero hubo quien, como el Sr. Stoiber, en una región tan próspera como Baviera, consideró que le convenía electoralmente poner un precio que pudiera exhibir en un titular de prensa: un programa- sin base legal, por cierto- de cooperación transfronteriza con los países candidatos, financiado con parte del dinero previsto para la reconversión pesquera. 
La demagogia es contagiosa y otros siguieron su ejemplo y el programa de reconversión fue tomado como rehén, a pesar de que ya existían créditos para cooperación transfronteriza, al menos en las partidas B5-3003, B5-510, B2-141, B3-1010, B3-1021 o B3-306. 
Quiero resaltar que nos parece bien que se pretenda preparar estas regiones y que siempre han tenido nuestro apoyo. 
Lo que no nos puede satisfacer es que se haga en detrimento de las regiones afectadas por una reconversión inesperada. 
Y, aunque la Resolución afirme que en 1999 no se previó que la ampliación pudiera tener consecuencias para las regiones comunitarias limítrofes, ello no es cierto. 
En Alemania, por ejemplo, los Estados fronterizos tendrán ayudas comunitarias superiores a los 10,5 millardos. 
¡Pocas veces hemos visto un espectáculo tan mezquino y tan nacionalista en esta casa! 
Parece el estereotipo del Consejo. 
Votamos a favor, pero sin entusiasmo. 
Votamos a favor porque no queremos sacrificar esas regiones pobres del litoral ibérico, pero lo hacemos también por solidaridad con estas regiones y con las de la frontera con los países candidatos, por una solidaridad que hemos echado muy en falta en esta negociación. 
Informe Peijs (A5-0453/2001). 
. (FR) En esta última sesión plenaria del Parlamento Europeo del año 2001, que es también la última antes de la introducción de las monedas y de los billetes en euros, hay que hacer constar que el Parlamento Europeo no ha organizado ninguna sesión solemne, ni tan siquiera un debate, para dar la bienvenida a lo que, para todos los federalistas, que son mayoría en este foro, representa en principio la mayor empresa de "integración" europea. 
¿Por qué este silencio, que por cierto viene produciéndose desde hace varias sesiones, roto únicamente por las voces soberanistas? 
La respuesta es simple: la etapa final de la moneda única- es decir, el cambio físico de las monedas y de los billetes a partir del 1 de enero de 2002- se basa en dos grandes engaños. 
En primer lugar, es del todo inútil desde el punto de vista técnico, y no sirve más que para satisfacer el extremismo de ciertos federalistas, que quieren por encima de todo signos monetarios uniformes en toda Europa. 
En realidad, habríamos podido seguir perfectamente con la situación actual: un euro para los usos internacionales, conviviendo con monedas nacionales. 
Por tanto, se va a trastocar las costumbres de la gente, se les va a complicar la vida en los próximos meses, se va a debilitar más aún, sin ninguna duda, la confianza que les une a sus instituciones nacionales, y todo ello sin una utilidad real, simplemente para satisfacer las pasiones federalistas. 
Segundo engaño: la opinión pública nunca ha sido correctamente informada, e incluso ha sido manipulada. 
Ni en Maastricht ni en los años sucesivos ha entendido exactamente cuál era el alcance del tratado, a saber, la desaparición del franco. 
Después, se ha hecho todo lo posible para dar a entender que secundaba el proyecto, lo cual no era cierto. 
Hoy, la realidad de su verdadera percepción es cruel: el 52 % de los franceses piensa que la moneda única tiene más inconvenientes que ventajas, frente a un 33 % que opina lo contrario (Le Figaro, 11 de diciembre) ; el 62 % desearía seguir usando el franco, frente a un 32 % que no lo desea (Wall Street Journal, 11 de diciembre). 
A escala europea se obtienen porcentajes similares. 
El engaño es tan grande que el año próximo, cuando la gente abra los ojos, no solamente habrá que revisar el euro, sino también que pensar en reformar seriamente las instituciones europeas para que manipulaciones como esta no se reproduzcan nunca más. 
Propuesta de resolución (B5-0747/2001). 
. (SV) La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa aprobó unánimemente mi enmienda- la 22- sobre un nuevo punto 9 en la resolución, con la siguiente redacción: "Insta a las partes a que aseguren que el estado monopoliza el uso de la violencia y que ninguna estructura militar paralela pueda continuar sus actividades" 
Para que alguna vez pueda haber paz entre israelitas y palestinos, entre el Estado de Israel y la Autoridad Palestina, es fundamental que los estados tengan el monopolio de la violencia y que se desarme a los grupos paramilitares, a los grupos terroristas islámicos- como la Jihad islámica, Hamas y Hizbollah- y que no se les permita cometer actos terroristas contra civiles, tal como ocurre actualmente. 
Desgraciadamente, el Pleno ha desestimado mi enmienda. 
En cambio, mis criterios han sido recogidos en el punto 3.3 de la resolución, respecto a la exigencia de "una petición a la Autoridad Palestina para que se encargue de disolver las redes terroristas mediante la detención y juicio de todos los sospechosos" 
A mi juicio, esta petición es un avance y su redacción tiene el mismo espíritu y la misma orientación que mi enmienda original. 
La sesión de votación que acaba de finalizar supone una nueva y ejemplar muestra del comportamiento con frecuencia hemipléjico del Parlamento Europeo. 
Pues bien, ¿Cómo puede nuestra Asamblea aprobar por amplia mayoría una propuesta en la que declara su «firme resolución de luchar conjuntamente contra el terrorismo» de la mano de los Estados Unidos, y simultáneamente rechazar por amplia mayoría una petición a la Autoridad Palestina de que condene el terrorismo? 
Ciertamente, estoy estupefacto al ver que cerca de 320 diputados han votado en contra de la enmienda 6, que proponía lo que sin embargo parece evidente, es decir, que el apoyo que le prestamos a la Autoridad Palestina y a sus instituciones vaya acompañado de una condena firme de la violencia por parte de esta misma Autoridad y de la aplicación de medidas eficaces que pongan fin a los atentados terroristas. 
¿Qué ganamos utilizando este doble rasero? 
Al abandonar una política de equilibrio, comprometemos nuestra credibilidad diplomática y damos una imagen partidista. 
¿Acaso queremos que Israel no reciba a la próxima misión europea, al igual que ocurrió con la misión encabezada por la Presidencia belga? 
¿Por qué lanzar un mensaje tan ambiguo sobre los terroristas, como si hubiera terroristas buenos y terroristas malos? 
Nuestra condena al terrorismo debe ser global y sin excepción. 
Entonces, podremos tranquilamente afirmar nuestro deseo de ver al pueblo palestino disponer de un Estado completo con todos sus atributos, plenamente soberano. 
Todo pueblo aspira a tener un verdadero Estado, que sea la expresión de su soberanía, y el pueblo palestino tiene tanto desecho a ello como los demás. 
Pero, practicando la complacencia frente al terrorismo, no ayudamos a los dirigentes de la Autoridad Palestina a comportarse con la responsabilidad que le corresponde a las autoridades estatales. 
Informe Watts (A5-0440/2001). 
Señora Presidenta, el comité de conciliación nos ha hablado de las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques que atracan en los puertos comunitarios. 
He votado a favor, señor Presidente, porque recuerdo muy bien la vida a bordo, ya que de joven navegué a bordo de buques de pasajeros entre Nueva York y las Bahamas. 
Hay algunos marineros que viven una bonita vida a bordo, al término de su turno de trabajo; por ejemplo, los oficiales comisarios y los oficiales de cubierta comen en el restaurante con los pasajeros, beben whisky en el bar de los pasajeros, bailan en las salas de baile, con las pasajeras si son nombres, con los pasajeros si son mujeres. 
En cambio, luego están los cocineros, los mozos, los timoneles, quienes por desgracia viven en cabinas muy pequeñas, de cuatro metros por cuatro, y gozan de unas condiciones de vida sin duda nada agradables. 
Espero y deseo que mi voto favorable sea útil para que se preste atención a las condiciones de vida a bordo de los buques, pero de todos los marineros y no sólo de algunos. 
. 
(EN) Señora Presidenta, acojo muy favorablemente el presente informe de mi colega Socialista Mark Watts, que permitirá a los Estados miembros de la Unión Europea poner en vigor normas internacionales sobre seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo. 
Este informe tiene el potencial de influir positivamente en un amplio número de ámbitos: podría mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas a bordo y, lo que es más, se ajusta a los intentos de la Unión Europea de adoptar un papel pionero en la protección del medio ambiente. 
Los llamamientos a favor de las "cajas negras" que llevan los grabadores de datos, son de vital importancia y un modo concreto de garantizar que todos los buques que utilicen los puertos comunitarios cumplen las normas estándares. 
Informe Ortuondo Larrea (A5-0441/2001). 
Señora Presidenta, el informe Ortuondo Larrea ha suscrito el acuerdo del comité de conciliación para las inspecciones y las visitas de control a los buques cuando entran en los puertos de la Comunidad Europea. 
He votado a favor, pero desearía, señora Presidenta, que las inspecciones a bordo de los buques fueran efectuadas por inspectores de la Unión Europea, no por inspectores de los Estados. 
De hecho, sabemos muy bien que los Estados no quieren inspecciones sobre el modo en el que se aplican las directivas europeas, tanto es así que, en una conciliación para tener inspecciones acerca de la aplicación de las directivas sobre el medio ambiente, los quince Estados de la Unión se opusieron. 
Me alegro de que por fin se haya llegado a un acuerdo en el procedimiento de conciliación sobre las tres medidas importantes del paquete Erika 1. Se ha debatido y negociado durante mucho tiempo, pero ya es hora de que se pongan en marcha y de que se aplique la legislación. 
Con respecto al informe sobre las sociedades de clasificación a los liberales también nos pareció que el tema de la responsabilidad era el más importante. 
En la primera y segunda lectura hemos defendido establecer un importe máximo para la responsabilidad de las sociedades de clasificación porque estas organizaciones son sólo un eslabón en la cadena de responsabilidades. 
En nuestra opinión, la responsabilidad ilimitada sólo está justificada cuando se trata de una grave negligencia. 
Además, un importe máximo establecido servirá para que a la larga se abran los mercados, que por ahora están bastante cerrados, de clasificación y que surja un sector con mayor competencia. 
En la situación actual, las nuevas sociedades de clasificación apenas pueden competir con las organizaciones (nacionales) existentes bajo un régimen de responsabilidad ilimitada. 
Para no socavar el paquete Erika 1 y no echar a perder la victoria del Parlamento con el informe Watts ("voyage data recorders" en los buques) , los liberales hemos aceptado con ciertas reticencias en la tercera lectura que los Estados miembros sean libres de acordar una responsabilidad más alta o ilimitada en sus negociaciones con las sociedades de clasificación. No obstante, la Comisión Europea debe hacer una evaluación de las consecuencias. 
Los liberales se alegran de que se hayan introducido unas garantías adicionales en el reglamento que evitarán que haya un conflicto de intereses entre una sociedad de clasificación y el propietario de un buque objeto de control. 
La sociedad ha de ser ahora completamente independiente, lo cual es absolutamente lógico. 
Informe Hatzidakis (A5-0344/2001). 
Se sigue hablando de buques, señora Presidenta, en el informe del diputado Hatzidakis que, también éste, se refiere a los resultados del comité de conciliación en relación con el doble casco de los petroleros. 
He votado a favor, porque es importante haber alcanzado este acuerdo. 
Los petroleros que están dotados de doble casco navegan por los mares de todo el mundo ofreciendo una mayor seguridad contra la contaminación. 
Sin embargo, me gustaría que hubiera una mayor seguridad también para los marineros que, a bordo de los petroleros, no viven una vida fácil y, sobre todo, que se potenciaran los aparatos electrónicos y de navegación. 
En el fondo, se debería tratar por todos los medios de evitar algunos desastres marítimos, antes que duplicar el casco de los buques o, al menos, simultáneamente con el duplicado del casco. 
Y por otra parte, sin duda, una potenciación de los aparatos electrónicos de conducción y de control cuesta menos que la duplicación del casco. 
Informe Pérez Royo (A5-0417/2001). 
. (FR) El informe de mi colega, Fernando Pérez Royo, sobre los contratos de garantía financiera es importante para armonizar el régimen jurídico de los instrumentos financieros en Europa. 
Al igual que mi colega, estoy muy interesado en la harmonización de estos mercados, y en que esta se produzca en unos plazos razonables. 
El trabajo del Sr. Pérez Royo se orienta en este sentido. 
Aunque, en conjunto, este informe se identifica con mi planteamiento personal de los futuros mercados financieros europeos, los socialistas franceses se han distanciado del ponente en lo relativo a tres puntos. 
El artículo 2, párrafo 4, amplía el campo de aplicación de la directiva al conjunto de los agentes económicos y, en consecuencia, modifica la prevalencia de los acreedores privilegiados en los supuestos de quiebra, comprometiendo las posibilidades de recuperación de las empresas al transferir a los bancos acreedores la propiedad de los activos, que quedarían así fuera de alcance para los acreedores privilegiados (asalariados, organismos sociales y fiscales). 
El artículo 6 prevé la utilización, por parte del beneficiario de la garantía, de los instrumentos financieros aportados en concepto de pignoración que plantean dificultades vinculadas al derecho de propiedad y a la localización de los títulos, y por tanto hace peligrar la transparencia de los mercados financieros europeos. 
Finalmente, el artículo 10, párrafo 2, tras su modificación por aplicación de la enmienda 17, suprime los criterios concretos de localización, condenando así cualquier tentativa creíble de dar transparencia a nuestros mercados financieros, y anticipándose a los trabajos del Convenio Internacional de Derecho Privado de La Haya. 
El voto de la sesión plenaria confirmando la opción del ponente de ampliar el campo de aplicación de la directiva ha llevado a los socialistas franceses a votar en contra del texto en su conjunto. 
Propuesta de resolución (B5-0821/2001) 
. (FR) Los grandes Grupos de esta Asamblea acaban de presentar y de refrendar con su voto una resolución, sorprendente viniendo de ellos, que condena a la Comisión por no haber presentado su Programa Legislativo 2002 en tiempo hábil y de forma suficientemente detallada. 
Evidentemente, no podíamos dejar de secundar esta iniciativa, pero tampoco podemos evitar preguntarnos de dónde procede esta aversión prácticamente generalizada hacia Romano Prodi. 
Parece como si la mayoría de este Parlamento intentara desmarcarse de él. 
¿Por qué? 
¿Se le reprocha el que no se oponga con suficiente énfasis al Consejo, quien, en estos últimos tiempos, parece estar más exasperado de lo normal debido al viejo "integracionismo" de la Comisión, y a su defensa de un "método comunitario" al que ha asestado un duro golpe la evolución de Europa, y sobre todo la ampliación? 
Hay que mencionar también otra explicación, que sería más bien preocupante para nosotros: la transición hacia la puesta en circulación de las monedas y billetes en euros, el próximo 1 de enero, no se presenta con buenas perspectivas, y parece que puede ser mal digerida por los ciudadanos. 
Pudiera ser que los políticos federalistas que integran esta Asamblea empezaran a distanciarse de una institución a la que están dispuestos a acusar el día de mañana de no haber preparado la operación suficientemente bien. 
La Comisión sería un chivo expiatorio perfecto, y además en gran medida justificado, para los pecados de estos políticos. 
En las conclusiones de la comunicación de la Comisión, se afirma que mientras ésta "está realizando una revisión radical de su modo de funcionar en el plano político, financiero y administrativo... siguen creciendo los temores de que Europa pueda alejarse de las preocupaciones inmediatas de sus ciudadanos." 
Creo que no son sólo temores. 
Que los ciudadanos no sean muy sensibles a esta revisión radical del modo de funcionar de la Comisión, me parece una actitud saludable. 
Sería preocupante que su sensibilidad se manifestara sobre similares temas que no nos entusiasman ni siquiera a nosotros los diputados, dado que no hemos advertido toda esta radicalidad revisionista que se nos señala. 
En cambio, advertimos, como lo advierte la sensibilidad de los ciudadanos, que Europa es cada vez más ajena a sus preocupaciones y parece cada vez más lejana. 
Tal vez, la entrada en vigor del euro, superadas las primeras dificultades causadas por el reconocimiento de su valor respecto a las viejas monedas, pueda contribuir a percibir Europa como una realidad común para más pueblos, si bien probablemente, en particular en las generaciones de más edad, permanecerá el sentimiento de haber sido desposeídos de su vieja moneda, desaparecida sin que nadie haya preguntado su opinión. 
Es real, y cada vez está más difundido entre los ciudadanos, el resentimiento de lejanía de Europa. 
En los momentos cruciales de la vida colectiva, ésta no se manifiesta como tal, sino como opinión de éste o de aquel gobierno. 
Opiniones legítimas, pero que no confirman la pertenencia a una entidad común, pertenencia que, en cambio, en el pasado, siempre ha sido expresada simbólicamente por la Comisión. 
Era la Comisión quien manejaba la batuta, con declaraciones y propuestas concretas. 
En cambio ahora, entre otras cosas porque no es la Comisión quien representa la política exterior, frente a las cuestiones de política internacional, Europa parece que no existe y no se la logra percibir a través de la figura del señor PESC. 
La misma "ampliación", tan magnificada y enfatizada, es advertida contradictoriamente por los ciudadanos como un debilitamiento, más que como un reforzamiento de Europa. 
Si no comparto los entusiasmos sobre los "modos funcionamiento" expresados en la comunicación, no es porque considere que los temas tratados y los compromisos declarados no vayan en la dirección adecuada, o porque las iniciativas legislativas sean cuantitativamente insuficientes. 
Como se sabe, la calidad no depende del número. 
Más bien, hay que destacar que regular demasiado da una imagen distorsionada de Europa y hace que se la identifique como aquel moloch burocrático, tan temido por las clases productivas y por los ciudadanos. 
¡No! 
El pretendido programa de trabajo ha de ser un documento político y no una enumeración administrativa. 
Ha de indicar que las razones de determinados retrasos y los obstáculos reales que no han permitido que se alcancen ciertos objetivos; ha de identificar algunos controles prioritarios, a través de los cuales hacer que continúe el proceso de unificación. 
"Que Europa pueda desarrollar plenamente un papel eficaz en la gestión y solución de las crisis internacionales" dependerá también de la voluntad de la Comisión, y no sólo de la posibilidad de desempeñar, de una manera global, su función de propuesta. 
Y más que en el cultivo de guisantes reglamentados, la identidad Europa se concretará en la política exterior y en la de la seguridad y defensa. 
A esto ha de dirigirse esencialmente la Comisión, si no que quiere quedar reducida cada vez más, también en el 2002, a una pura entidad burocrático-administrativa. 
Propuesta de resolución (B5-0813/2001) 
. 
(EN) En general, estoy de acuerdo (aunque con algunas reservas sobre parte de su formulación) con la resolución tal y como ha sido presentada. 
Creo que la Unión Europea debería cooperar a nivel internacional en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y los delincuentes, quienes aprovechan las diferencias entre los ordenamientos jurídicos para evitar ser llevados a juicio. 
No obstante, mi principal reserva con respecto a esta resolución es la falta de referencia al Tribunal Penal Internacional, lanzada por la Convención de Roma. 
Dicho tribunal, una vez establecido, permitirá juzgar a todos los sospechosos de haber cometido un delito, incluidos crímenes de guerra. 
Este tribunal que ha encontrado la oposición del Gobierno de los Estados Unidos, garantizaría un juicio justo y sería imparcial para todos. 
En las circunstancias actuales, este tribunal es más necesario que nunca. 
Informe Lagendijk (A5-0394/2001) 
¡Qué bonito sería, señora Presidenta, si lográramos encontrar la solución para la prevención de los conflictos! 
He votado a favor de este documento, señora Presidenta, pero estoy convencido de que nosotros podremos evitar estos conflictos en el mundo- que, por casualidad, en un 99% de los casos afectan a países pobres, incluso muy pobres, -si lográramos hacer que esos países fueran un poco menos pobres. 
Así pues, considero oportuno que la Unión Europea continúe su actividad de apoyo a las economías de los países del tercer mundo y de los países pobres, ya que estoy convencido de que solamente mejorando el nivel de vida de los ciudadanos que, en nuestro mundo, viven en la miseria- o incluso en una situación misérrima, no solamente en miseria, sino en la miseria más mísera que pueda existir- se lograrán evitar conflictos de cualquier índole. 
Informe Gahler (A5-0418/2001) 
El informe del diputado Gahler, señora Presidenta, se refiere a las relaciones entre la Unión Europea y la República Islámica de Irán. 
Yo he tenido la suerte de tener a un concejal del partido de los pensionistas, nacido en Teherán y que ha vivido en Irán durante treinta años y que era al mismo tiempo ciudadano iraní e italiano. 
Él me ha explicado bien la situación de Irán, por lo que estoy muy feliz de que se esté intentando volver a la democracia que el Shah, aunque era emperador, instauró en el país. 
Por lo tanto, invitaría a proseguir estas negociaciones y a realizar el intercambio de parlamentarios Irán-Unión Europea y, sobre todo, le propongo a usted, señora Presidenta que invite al Presidente Khatami a que hable ante nuestro Parlamento, aquí en Estrasburgo. 
Acojo con satisfacción las iniciativas para mejorar las relaciones con Irán. 
Pero no debemos olvidar ni por un momento que la situación de los derechos humanos en Irán está empeorando y no mejorando. 
Irán continúa financiando grupos terroristas, como Hezbolá, que actúan en Oriente Próximo. 
En particular, Irán financia grupos terroristas que aún mantienen secuestrados a soldados israelíes que oficialmente han sido declarados desaparecidos en combate. 
Si Irán desea seriamente mejorar sus relaciones con Occidente, debería presionar sobre dichos grupos para que liberen a los soldados. 
En particular, me gustaría llamar la atención del Parlamento sobre el caso de Ron Arad, un oficial de la fuerza aérea israelí que fue apresado en 1986 por un grupo de milicianos shiíes en Líbano. 
Más tarde, en 1987, fue vendido a otro grupo que estaba financiado y dirigido por Irán. 
El oficial israelí no ha sido visto desde 1987; su hija era un bebé cuando fue secuestrado. 
¿No sería un mensaje adecuado de buena voluntad para estas fechas que le permitieran por fin ver a su padre que desapareció hace 15 años? 
Rogamos a Irán que ayude a liberar a estos soldados si realmente habla en serio de desarrollar la paz con el resto del mundo. 
Señora Presidenta, el informe Van den Burg trata del informe de la Comisión Europea sobre la reglamentación de la imposición de las pensiones de segundo orden, es decir, de las pensiones profesionales. 
Se sabe que existe el sistema EET y así sucesivamente, es decir, se gravan o las cotizaciones o los intereses sobre el capital empleado, sobre todo lo que se ha recibido por la pensión profesional, o se pagan los impuestos sobre las pensiones. 
El Partido de los pensionistas, por mi boca, propone el sistema EEE, es decir, exención del pago de impuestos cuando se pagan cotizaciones por las pensiones; exención del pago de las tasas cuando se emplean los capitales así recibidos; exención del pago de los impuestos cuando se cobra la pensión profesional. 
Si queremos realmente mejorar y potenciar la posibilidad del ahorro a través de las pensiones- profesionales, empresariales y voluntarias- los Estados nacionales han de renunciar a cobrar los impuestos. 
Cuando de jóvenes pensamos en nuestro futuro, debemos pensar que llegaremos a viejos y que nadie va a pensar en nosotros, si no lo hacemos nosotros mismos con nuestras pensiones. 
. (FR) Las jubilaciones laborales deberán ser cada vez más importantes si queremos que las pensiones garanticen la seguridad, la durabilidad y la eficacia de la protección social, así como un nivel de vida decente para las personas jubiladas. 
Urge crear un verdadero mercado único de los fondos de pensiones, y, para ello, conviene prever un tratamiento fiscal que, independientemente del país de residencia del afiliado o del jubilado, evite que las cotizaciones y las prestaciones queden gravadas por una doble imposición y desincentive el exilio fiscal de los pensionistas para evitar el impuesto. 
No he votado a favor del Informe de la Comisión Económica y Monetaria sobre la comunicación de la Comisión relativa a la supresión de las barreras fiscales a la percepción transfronteriza de las pensiones de jubilación laboral, porque los métodos que preconiza van en contra del objetivo buscado. 
Efectivamente, las propuestas contenidas en el informe que nos ha sido presentado generarán una burocracia onerosa, derivada de un intercambio de información y de una redistribución de la recaudación impositiva entre los Estados miembros, y en absoluto suponen una solución práctica y eficaz para suprimir las barreras fiscales a la percepción transfronteriza de las pensiones de jubilación laboral. 
En lugar de poner en marcha un proceso de concertación encaminado a poder implantar el modelo fiscal actualmente vigente en los Estados miembros que sea más eficaz y menos burocrático para evitar la doble imposición de las cotizaciones y de las prestaciones, el informe se decanta de entrada por el régimen EET, a pesar de que es evidente que el régimen fiscal EEE, que contempla una imposición al principio del plan y la exención de las pensiones al final, garantizaría un tratamiento fiscal uniforme, independientemente del país de residencia del afiliado o jubilado, permitiría garantizar la base del impuesto al país que aceptara las ventajas fiscales en el momento de constituir el plan de jubilación profesional, y haría redundante la cuestión del reparto de los ingresos fiscales. 
(Intervención acortada por aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Derechos de los homosexuales en las instituciones de la UE 
El orden del día incluye la interpelación oral (B5-0533/01) , presentada por 33 diputados a la Comisión, sobre los derechos de los homosexuales en las Instituciones de la UE. 
Señor Presidente, usted prometió, Comisario Kinnock, con motivo de su toma de posesión, que la Comisión se convertiría en la mejor administración del mundo. 
Tengo confianza en que usted sea la persona adecuada para llevar a cabo esta tarea. 
La cuestión de dar a los trabajadores igualdad de derechos independientemente de su orientación sexual es un paso fundamental en este camino. 
A lo largo de los últimos doce años ha tenido lugar un desarrollo muy positivo en las posibilidades de los homosexuales de lograr que se les reconozcan los mismos derechos que a los heterosexuales. 
Mi propio país, Dinamarca, fue el primer país del mundo en 1989 en promulgar una legislación sobre un registro de parejas de hecho para homosexuales equivalente al matrimonio y otros países han seguido este camino. 
Puedo mencionar los casos de Holanda, Noruega, Suecia, Alemania y Finlandia. 
Otros países de la UE han puesto en práctica legislación similar con grados algo más limitados de equiparación con el matrimonio. 
También bajo los auspicios de la UE este desarrollo marcha en la dirección correcta. 
Permítanme mencionar cuatro puntos fundamentales. 
La no discriminación de las minorías ha quedado ahora recogida entre los objetivos de la cooperación europea. 
Con fundamento en el artículo 13 del Tratado, se ha abordado concretamente la discriminación en el mercado laboral a causa de la orientación sexual. 
La Carta de Derechos Fundamentales establece explícitamente la prohibición de discriminar a causa de la orientación sexual. 
Finalmente, el Parlamento ha recomendado en varias ocasiones que se garantice a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas de distinto sexo y que los países miembros deben reconocer el registro de parejas de hecho. 
Ésta ha sido una evolución muy positiva a lo largo de los últimos años. 
Ahora llega la hora de que las instituciones de la UE respondan a las mismas normas. 
Por ello quiero dar también la bienvenida a su iniciativa. Usted tiene, señor Kinnock, la llave para dar un empujón en la dirección correcta. 
Según la iniciativa, los homosexuales podrán obtener plenos derechos si existe legislación sobre parejas de hecho en su país de origen. 
Puesto que las legislaciones sobre parejas de hecho de los países miembros presentan diversos grados de igualdad con respecto a las leyes sobre matrimonio, quiero pedirle que me aclare de qué países serán los ciudadanos que tendrán plenos derechos. 
¿Dónde trazará la Comisión la frontera? 
Además, la Comisión propone que las parejas de hecho heterosexuales puedan alcanzar ciertos derechos, por ejemplo, asistencia sanitaria para su pareja. 
Es un avance, sin embargo, me gustaría preguntar si el reglamento también incluye las parejas de hecho homosexuales en todos los países miembros. 
¿Pueden, por ejemplo, un homosexual inglés y otro italiano que viven juntos alcanzar estos derechos limitados? 
Por último, una pregunta relativa al calendario. 
¿Cuándo calcula que estas nuevas normas relativas al personal podrán entrar en vigor en las instituciones comunitarias? 
Muchos Comisarios a lo largo del tiempo han prometido el oro y el moro en este ámbito y no ha ocurrido nada. 
Sin embargo, usted se ha puesto manos a la obra. 
Será reconocido por ello y espero que pueda dar una respuesta positiva a la petición que le hemos planteado hoy aquí. 
. 
(EN) Una de las propuestas que ha presentado la Comisión sobre la reforma de modernización permitirá hacer extensivo el acceso a determinadas prestaciones familiares y sociales de que gozan los funcionarios de la Unión Europea a personas a las que actualmente se les niega dicho acceso porque no pueden o no quieren contraer el matrimonio civil convencional conforme a las leyes en vigor en los Estados miembros. 
Estoy muy agradecido al Sr. Lund y a los otros 32 diputados por iniciar este debate plenario que me permite informar al Parlamento sobre las intenciones y propuestas de la Comisión. 
En virtud del actual Estatuto de los funcionarios, los derechos sociales y familiares sólo están garantizados para las parejas casadas. 
Aunque, evidentemente, eso se refiere al matrimonio entre dos personas heterosexuales, también es válido para los homosexuales si el matrimonio entre homosexuales está legalmente reconocido en un Estado miembro. 
Como la Asamblea sabrá, el Reino de los Países Bajos es, por el momento, el único Estado miembro de la Unión Europea en el que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo está legalmente establecido. 
En opinión de la Comisión es sensato aprovechar la oportunidad de las actuales reformas globales para revisar el Estatuto de los funcionarios con vistas a reflexionar sobre los grandes cambios sociales que se han producido desde 1968, año del establecimiento del Estatuto en su forma actual. 
Por consiguiente, la Comisión propone garantizar que no se discrimina al personal que no quiera contraer matrimonio bajo la legislación nacional en vigor, así como un trato mejor a aquellos que, por razones personales, optan por no contraer matrimonio civil. 
Para lograr esto, la Comisión intenta garantizar el pleno reconocimiento estatutario y prestaciones acorde a todo el personal de la Unión Europea que demuestre que vive en pareja estable. 
Quisiera recordar a la Asamblea que, aunque la Comisión reconoce que no todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros conceden derechos y estatutos equivalentes por dicho reconocimiento, la Comisión concede idéntico reconocimiento a todos los regímenes nacionales en vigor que incluyen disposiciones sobre parejas de hecho. 
En lo que a nosotros respecta, entre las parejas de hecho que deben ser reconocidas se incluirán las homosexuales, que serán consideradas en igualdad de condiciones que las heterosexuales y estarán sujetas a las siguientes condiciones: en primer lugar, la pareja deberá presentar un documento legal de un Estado miembro en el que se reconozca su condición de pareja no marital. 
En segundo lugar, ninguno de los integrantes podrá estar casado ni formar parte de otra pareja no marital. 
En tercer lugar, no podrá existir ningún parentesco de primero o segundo grado entre la pareja. 
En cuarto lugar, que la pareja no tenga acceso al matrimonio civil en un Estado miembro. 
Las personas que formen parejas de hecho reconocidas y reúnan estos requisitos tendrán derecho a recibir las prestaciones familiares a las que, en virtud del Estatuto de los funcionarios en vigor, sólo tienen derecho las parejas casadas heterosexuales y los funcionarios homosexuales de nacionalidad neerlandesa. 
Estos derechos incluirán prestaciones para la vivienda, seguro de enfermedad, pensión para el superviviente y gastos de viajes anuales. 
Como la Asamblea comprenderá, a diferencia de las parejas homosexuales, en todos los Estados miembros excepto en los Países Bajos, las parejas heterosexuales que cohabitan sin estar casadas con terceros podrían, si así lo desean, contraer matrimonio. 
La Comisión, sin embargo, no ignora la realidad de que muchas personas que viven en sociedades modernas desean seguir siendo parejas de hecho, pero no contraer matrimonio. 
En consecuencia, la Comisión reconoce que muchas parejas que no están casadas tienen obligaciones familiares. 
Por consiguiente, consideramos que los que estén inscritos deberían estar cubiertos por disposiciones que, por ejemplo, permitan a la pareja acogerse al régimen de seguros de enfermedad para los funcionarios de la Unión Europea y permitir a un funcionario hacer uso de las disposiciones sobre permisos cuando, por ejemplo, su pareja sufra una enfermedad grave. 
El sistema previsto para el personal de las instituciones comunitarias es, en su mayor parte, una réplica del sistema que actualmente se emplea en la OCDE. 
Para tener acceso a determinados derechos sociales básicos en virtud del Estatuto de los funcionarios, las parejas heterosexuales no maritales deberán, como se ha indicado, aportar pruebas documentales de que su vida en pareja está reconocida en un Estado miembro, no podrán estar casados ni formar parte de otra pareja no marital con un tercero y no podrán estar unidos por lazos de sangre. 
Además de estas dos categorías de parejas, entre aquellas que han decido inscribirse en el registro civil, también existe un número limitado de parejas de hecho que no están reconocidas en ningún Estado miembro, porque sus integrantes han optado por no solicitar el reconocimiento legal al que tienen derecho. 
En estos casos, la Comisión propone que se mantenga el actual reconocimiento puramente administrativo de determinadas parejas. 
No obstante, esto sería de menor importancia y los derechos resultantes serían limitados. 
Por ejemplo, las parejas seguirían teniendo acceso a los cursos de idiomas establecidos siempre que se disponga de plazas. 
La Comisión aprobó los principios expuestos más arriba en su paquete de reformas de 30 de octubre,. 
También decidimos intensificar las negociaciones con otras instituciones comunitarias y organizaciones internacionales del sector público con el fin de desarrollar más a fondo estas propuestas. 
Por último, nos reservamos el derecho a presentar propuestas complementarias tras los resultados de las negociaciones interinstitucionales que comenzarán formalmente en los primeros meses del año próximo. 
El tema de las parejas de hecho será debatido en la próxima reunión de jefes de administración de todas las instituciones comunitarias. 
Un grupo de trabajo seguirá desarrollando entonces la propuesta de la Comisión, teniendo en cuenta la información adicional sobre la situación en otras organizaciones internacionales que se está recogiendo en estos momentos. 
Naturalmente deseamos seguir la mejor práctica siempre que sea viable y obtenga el respaldo de las legislaturas, incluida la de esta Asamblea. 
Al final de este proceso, presentaremos al Consejo y a esta Asamblea nuestras propuestas de enmienda al Estatuto de los funcionarios. Esperamos poder hacerlo en la primavera de 2002. 
La fecha de entrada en vigor de estas nuevas disposiciones, y de muchas otras, dependerá por tanto en buena medida de la rapidez con que las tramiten esta Asamblea y el Consejo. 
En cuanto al Consejo, nada hace pensar que los Estados miembros pongan pegas a este enfoque, en particular, habida cuenta de que en él se reconoce plenamente la competencia de los Estados miembros para regular el Derecho conyugal. 
Tampoco introduce un régimen separado por instituciones; de hecho, no puede hacerlo. 
Esto no excluye la posibilidad, naturalmente, de que los Estados miembros expongan sus críticas en el Consejo. 
Sencillamente debemos esperar a conocer cuáles son realmente sus puntos de vista. 
Por último, unas palabras sobre los costes. 
Por razones obvias, aún desconocemos el número exacto de parejas de hecho que existe entre el personal de las instituciones y las cantidades de que estamos hablando. 
No obstante, podemos hacer una estimación razonable y, sobre esa base, podemos prever que las consecuencias presupuestarias de estas medidas serán modestas. 
Doscientas cincuenta parejas de hecho y 250 parejas con una serie limitada de prestaciones estatutarias, por ejemplo, generarían unos costes anuales por un total inferior a los 3 millones de euros. 
Cuando entren en vigor, las medidas que proponemos reconocerán y respetarán ciertas libertades civiles fundamentales. Fomentarán actitudes progresistas y mejorarán las condiciones morales y de vida de muchos de los valiosos funcionarios que trabajan para la Unión Europea en sus distintas instituciones. 
Espero que esta Asamblea continúe apoyando estas innovaciones sociales razonables y espero con interés que podamos seguir celebrando negociaciones constructivas. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Kinnock por su intervención y por el debate sobre este asunto, en los que ha hecho gala de la amplitud de detalles que le caracteriza, y también por el extenso material que ha puesto a nuestra disposición sobre los temas de la reforma en el ámbito del personal. 
Tendremos oportunidad de volver sobre este asunto, como él dice, cuando recibamos la propuesta detallada sobre el Estatuto de los funcionarios. 
Las cuestiones que ha planteado habían sido tratadas muy por encima en el informe que preparé para el Parlamento en 2000, en el que indicábamos nuestro deseo de un enfoque basado en la mejor práctica. 
El resumen que nos ha presentado el Comisario es prueba evidente del trabajo realizado sobre este asunto. 
Habida cuenta de que se trata de un tema muy delicado y que los Estados miembros lo estudiarán con mucho detenimiento, no hay ninguna duda de que el tipo de equilibrio alcanzado será el acertado. 
Es muy importante que veamos esto dentro del amplio marco del reconocimiento de las parejas de hecho, como el mismo Comisario describe en el documento de debate de noviembre de 2000. 
Eso es realmente sobre lo que estamos debatiendo aquí. 
No estamos hablando de ningún tipo concreto de pareja- eso sería una discriminación en sí misma- sino del reconocimiento de las parejas de hecho. 
Una de las cuestiones que deseo plantear en particular al Comisario es el tema de los hijos nacidos de estas uniones. 
Recientemente se ha hablado mucho en el Reino Unido de casos que afectan al ejército británico. 
Un soldado, que lamentablemente murió en acto de servicio, tenía una pareja de hecho y un hijo fruto de dicha relación, pero que en el caso del Reino Unido no estaban cubiertos. 
Éste es un punto importante. 
La otra cuestión que quiero plantear es relativa a las disposiciones sobre la jubilación y los derechos, y la capacidad de los funcionarios de decidir quién debe recibir su pensión y de cuánta flexibilidad disponen para tomar esa decisión o para optar por quién debe ser el beneficiario de las prestaciones a que tienen derecho en caso de muerte. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Comisario Kinnock por su detallada respuesta. 
Quisiera alentarle a seguir adelante. 
Está absolutamente en lo cierto en que deberíamos buscar las mejores prácticas existentes. 
En esta Asamblea debemos recordarnos a nosotros mismos que no podemos ser selectivos en la aplicación del principio. 
Tenemos nuestra mirada puesta en la ampliación y fomentamos la buena práctica, y sin embargo, aquí en nuestras instituciones seguimos discriminando. 
Pero acojo con satisfacción los indicios del cambio. 
Espero que estos cambios obtengan el pleno apoyo de esta Asamblea y que comencemos a poner fin al juego de ping-pong que jugamos con los derechos humanos y las libertades civiles de hombres y mujeres corrientes. 
Porque eso es exactamente lo que son lesbianas y homosexuales. 
Son hombres y mujeres corrientes a quienes la preocupación de la sociedad por sus hábitos sexuales les ha hecho diferentes. 
Permítanme decir a nivel personal que en mi Estado miembro, mi pareja de 18 años no puede heredar mi pensión. 
Eso es discriminación. 
Debemos poner fin a dicha discriminación tanto dentro como fuera de las instituciones. 
Por último, quisiera plantear una cuestión muy importante, a saber, el reconocimiento por parte de un Estado miembro de la Unión Europea de un documento oficial. 
Dicho documento oficial ciertamente no está disponible en el Reino Unido. 
Espero con interés poder oír las respuestas del Comisario Kinnock. 
Señor Presidente, la cuestión de la igualdad de derechos para trabajadores homosexuales en las instituciones europeas parece que se está convirtiendo en un cuento de nunca acabar. 
Sin embargo, esta Asamblea quiere que las instituciones europeas den ejemplo en la igualdad de trato, y que no se haga ninguna distinción entre sus trabajadores por su orientación sexual. 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado ya en dos ocasiones para que se apliquen las mismas condiciones laborales a las relaciones estables entre dos personas del mismo sexo que a dos personas casadas, pero todavía no ha quedado regulado de forma satisfactoria. 
Mi Grupo Parlamentario tiene la sensación de que dentro de la jerarquía de las instituciones, incluida la de esta Asamblea, hay cierta resistencia contra la puesta en marcha de la igualdad de derechos laborales para homosexuales y lesbianas. 
Por lo tanto, estamos deseando que empiece a soplar el viento fresco de la reorganización que está ahora en su fase final y que tiene que soplar bien fuerte en este ámbito para quitar el polvo acumulado. 
Por otra parte, mi Grupo Parlamentario se alegra de que, inmediatamente después de la entrada en vigor de la ley neerlandesa en materia de matrimonio entre homosexuales, el servicio responsable dentro de la Comisión haya reconocido este matrimonio por lo que se refiere a los funcionarios de sus servicios. 
Naturalmente, los Estados miembros donde trabajan funcionarios neerlandeses que están casados de acuerdo con el derecho neerlandés con una persona del mismo sexo, no pueden poner trabas a la hora de conceder permisos de residencia. 
La Comisión debería cerciorarse de que no se ponen este tipo de trabas. 
Lamentablemente, hasta ahora no nos ha contestado. 
Señor Comisario, ¿nos puede dar una respuesta hoy? 
Señor Presidente, doy las gracias al Comisario Kinnock por su detallada información. 
Señor Kinnock, intento realmente entender esta situación. 
Si no he entendido mal, los homosexuales que no sean ciudadanos suecos, finlandeses u holandeses y que soliciten un cargo en las instituciones de la UE- y, como dice el señor Cashman, tengan una pareja que carezca de situación jurídica como tal- las instituciones no reconocen a esas parejas. 
Entonces esas personas podrán posiblemente asistir alguna vez a un curso de idiomas. 
Por esta razón, creo que no hemos avanzado mucho, contrariamente a lo que muchos piensan aquí. 
Entiendo, señor Kinnock, que es muy difícil hacer avances en estas materias, ya que existen numerosos y extraños prejuicios respecto a las personas del mismo sexo que se aman como los heterosexuales. 
Tampoco logro entender por qué en este caso las instituciones darían trato diferente a sus empleados dependiendo de la nacionalidad. 
Si se siguiera ese razonamiento, también podrían fijarse los sueldos según las nacionalidades, pero no se hace. 
Entiendo, señor Kinnock, que los prejuicios hacen que la situación sea muy compleja, pero no estoy en absoluto de acuerdo en que se hacen avances en esta materia. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Comisario Kinnock por su respuesta tan clara a la pregunta oral. 
Mi observación sigue directamente a la de la Sra. Eriksson. 
Es evidente que en muchos Estados miembros las parejas homosexuales no gozan de los mismos derechos y que en los Estados miembros se cometen graves injusticias. 
La única luz al final del túnel en lo que se refiere a mi país, Irlanda, es el anuncio que hizo ayer nuestra Comisión de Reforma Legislativa- y sospecho que fue debido a que vieron que llegaba algo en estos términos de parte del Comisario- de que se disponía a incluir este ámbito en su programa de investigación para el año próximo. 
Ojalá que esto permita hacer justicia en el que sin duda es un derecho de las parejas de hecho, ya sean homosexuales o heterosexuales. 
Hemos visto casos de personas que, ante la falta de derechos de las parejas homosexuales, han sido desalojadas de viviendas municipales tras la muerte de su pareja que figuraba como inquilino. 
Asimismo, vemos cómo se acumulan enormes impuestos de sucesión a las parejas que han comprado una casa juntos, y que a la muerte de uno de ellos, el otro debe hacer frente al pago de una fuerte suma en concepto fiscal, que en muchos casos tiene como consecuencia que dicha persona tenga que vender lo que en el sentido más real del término era el hogar de la familia. 
Sé que usted tratará sobre algunas de las anomalías que existen en este ámbito, pero como acertadamente ha dicho la Sra. Eriksson, éstas existen en un gran número de Estados miembros y podrían dar lugar a graves problemas en términos de discriminación a la hora aplicar tarifas. 
Le deseo mucho éxito y me alegra mucho que hayamos tenido la oportunidad de plantear la cuestión en esta Asamblea porque ésta goza de un amplio apoyo. 
Señor Comisario, no tenemos con demasiada frecuencia la oportunidad de oír buenas noticias, y se lo agradezco, es verdaderamente importantísimo para nosotros que nos dé esta respuesta, a la vez concreta y positiva. 
¿Por qué? 
Porque nos encontramos en un punto de inflexión histórico, dónde ya no se trata únicamente de luchar contra las discriminaciones que sufren los homosexuales, sino de pasar a la afirmación de los derechos de los homosexuales. 
Y en este tira y afloja entre la lucha en contra y la lucha a favor, creo que usted nos aporta respuestas muy positivas, y que debemos seguir avanzando en este sentido. 
¿Por qué lo considero tan importante? 
Porque creo que en nuestra pregunta, habíamos subrayado el hecho de que, en definitiva, ciertas empresas privadas habían resuelto el problema más rápido que las instituciones públicas. 
Si éstas pueden dar ejemplo, sabemos la importancia que eso puede tener. 
Recuerdo perfectamente que en Francia, la noticia de que los ferrocarriles franceses (SNCF) habían decidido aplicar la tarifa de "pareja" a los homosexuales tuvo un gran impacto. 
Creo que no han tenido ustedes la misma suerte en Gran Bretaña, pero nosotros, en Francia, sí la tenemos, y hoy me gustaría insistir en la ejemplaridad de los ferrocarriles franceses, porque es el símbolo de algo que hoy puede hacer la Comisión Europea. 
Y eso explica porqué todo esto avanza por buen camino, y porqué es tan importante. 
Sin embargo, me gustaría añadir que a pesar de todo, la lucha contra las discriminaciones sigue vigente, y desearía que la Comisión fuera también sensible a este combate. 
Particularmente, teniendo en cuenta que existe un Observatorio de los fenómenos de racismo y de xenofobia. 
¿Por qué no ampliarlo a otras discriminaciones relativas al artículo 13? 
No debemos olvidar que hay países candidatos a la adhesión, países afectados por la ampliación- ya saben ustedes a quién me refiero- que siguen castigando la homosexualidad. 
En este punto, debemos estar con los ojos bien abiertos, es la "lucha en contra". 
Sé muy bien que no es exactamente la pregunta que se le había planteado, pero no obstante creo que si en las instituciones europeas avanzamos en los derechos sociales de los homosexuales, es importante que sepamos ser coherentes con las políticas actuales del conjunto de estas instituciones. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera comenzar por las observaciones que ha hecho la Sra. Fraisse. 
Tiene toda la razón cuando dice que nos encontramos en un momento decisivo. 
Son muchas las pruebas que así lo demuestran desde hace ya bastante tiempo. 
La intervención de la Sra. Banotti de esta mañana es una prueba más de que incluso en países en los que existía una arraigada renuencia a cambiar las convenciones sociales y legales, aparece una tendencia en el sentido de la lógica, la racionalidad y los derechos civiles. 
Las cosas comienzan a cambiar, pero aquí todos están impacientes porque quieren que los cambios sean mucho más positivos y mucho más rápidos. 
La interesante observación que ha hecho la Sra. Fraisse sobre la actividad de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) me permite hacer hincapié en una distinción que, lamentablemente, aún tenemos pendiente sobre el carácter jurídico, los estatutos y las competencias de las instituciones europeas como organizaciones empleadoras. 
La SNCF es un ejemplo de empresa pública con estatuto propio y con una autonomía interna considerable. 
Por consiguiente, puede tomar sus propias decisiones en relación con el trato que dispensa a las parejas homosexuales. 
Lo mismo sería válido para una empresa privada que dicte sus propias leyes en este sentido. 
Lamentablemente, eso significa que dicha empresa podría demostrar un mayor grado de prejuicios, pero también podría demostrar un grado muy positivo de progresismo. 
Nosotros no nos encontramos en ninguna de estas categorías. Tampoco estamos en la categoría de un Estado miembro que ha aprobado legislación positiva sobre el trato a las parejas de hecho homosexuales. 
En consecuencia, nos enfrentamos a limitaciones porque somos una institución pública. 
El Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas- la colección completa de instituciones de la Unión Europea- tienen un estatuto que no nos permite ejercer el grado de autonomía que es la base de muchos de los argumentos defendidos acertadamente esta mañana. Incluyo los argumentos que ha presentado la Sra. Eriksson, con los que me solidarizo bastante. 
Me gustaría responder muy rápidamente a las otras preguntas, comenzando por el Sr. Lund. 
Quisiera repetir la observación que hice antes. 
Una vez que una pareja es reconocida en virtud de las disposiciones de la ley de parejas de un Estado miembro, nosotros le concederemos los mismos derechos a todas ellas, con independencia del nivel de prestaciones aplicable en virtud de la legislación nacional en el contexto nacional. 
Una vez dado el paso, nosotros concederemos el mejor trato posible. 
En segundo lugar, sobre el calendario. 
Junto con el resto de las modificaciones propuestas al Estatuto de los funcionarios, presentaremos una propuesta a esta Asamblea y al Consejo en primavera del año próximo. 
Luego, la decisión sobre el ritmo de aplicación y la fecha- espero que cercana- de la entrada en vigor de éste y otros cambios necesarios dependerá de sus Señorías, como legisladores, y de los legisladores del Consejo. 
Me gustaría hacer una observación relativa a un material al que quizá quieran tener acceso algunas de sus Señorías. 
El Consejo demostró una actitud positiva respecto a nuestro compromiso de realizar una encuesta sobre las disposiciones en los 15 Estados miembros. 
Hemos recibido las respuestas de 13 Estados miembros, o sea que es una encuesta bastante completa, aunque no es oficial. 
Si sus Señorías desean tener acceso, previa solicitud, a dicha información, la Dirección General de Administración les responderá encantada. 
La información que hemos recogido demuestra que existe una diversidad considerable de disposiciones. 
Pero- y aquí viene la buena noticia- como he dicho antes, existe una tendencia gradual, aunque definitiva, hacia el cambio. 
La pregunta del Sr. Harbour sobre los hijos de las parejas de hecho es de una importancia absolutamente fundamental. 
La única respuesta que puedo dar es que si un Estado miembro reconoce que los hijos nacidos de una pareja de hecho tienen derecho a una serie de prestaciones, nosotros reconoceremos plenamente dicho derecho. 
Lamentablemente, en estos momentos no podemos ir más allá de esa promesa, debido a las limitaciones de nuestros derechos legales. 
Cuando el Sr. Cashman nos pide que sigamos la mejor práctica, él sabe que está pidiendo algo que nosotros damos por descontado. 
Pero son los Estados miembros los que determinan las prácticas y debemos intentar fomentar entre ellos la adopción de las mejores prácticas. 
No obstante, nosotros estudiaremos encantados cualquier propuesta sobre los derechos de que gozan las parejas de hecho reconocidas en su país de origen o en el país en que trabajan. 
En estos momentos no nos planteamos esa segunda parte de la propuesta, pero estudiaremos encantados una propuesta semejante e investigaremos su viabilidad. 
Si es viable establecer prácticas en las instituciones comunitarias en función de las prácticas que se aplican en el país en que trabaja el funcionario comunitario, intentaremos introducir dicha modificación que podría ampliar determinados derechos de las parejas inscrita en el registro civil, ya sean homosexuales o heterosexuales. 
Quisiera decir al Sr. de Roo que la jerarquía de las instituciones no están poniendo ningún obstáculo al ascenso de los funcionarios gays o lesbianas. 
Ése no es el caso. 
Son los Estados miembros los que deben determinar cuál debe ser nuestro trato a gays y lesbianas en nuestras relaciones. 
En lo que respecta a los derechos de empleo, derechos de evaluación y ascenso, derechos de nombramiento a la dirección, no existe ninguna barrera y ninguna jerarquía ha manifestado ni directa ni indirectamente el deseo de que se levante dicha barrera. 
No levantaremos barreras, pero no podemos garantizar que las actuales inhibiciones culturales o legales puedan ser desmanteladas automáticamente. 
En la Comisión no tenemos competencia para hacerlo. 
Ojalá pudiéramos hacerlo en muchos sentidos, pero engañaría a la Asamblea si diera a entender que tenemos o podríamos obtener un poder tan grande como para introducir este cambio. 
Por último, al objeto de aclarar una observación que ha hecho la Sra. Eriksson, la referencia que hice a unos derechos muy limitados, como el de asistir a los cursos de idiomas, sólo es aplicable a las personas que tienen derecho a contraer matrimonio o derecho a que se les reconozca su unión, pero que, por la razón que sea, optan por no ejercer dicho derecho. 
El acceso de las personas a una serie de oportunidades sociales nominales ya contemplado en el Estatuto de los funcionarios en vigor sencillamente se mantendrá en esos casos. 
Nuestra acción, como la Sra. Eriksson ha tenido la bondad de reconocer, nada debe al prejuicio. 
Nuestra intención es intentar derrotar el prejuicio porque es irracional y a menudo trae consecuencias brutales. 
Lo que no podemos derrotar no es el prejuicio, sino las leyes en vigor y que los Estados miembros aplican en su poder soberano. 
Hasta que no podamos garantizar modificaciones de dichas leyes- y esto está ocurriendo gradualmente- no podremos progresar de manera sustancial más allá de las medidas significativas que intentamos adoptar en el transcurso de esta reforma y que sus Señorías han tenido la bondad de reconocer. 
Gracias, Comisario Kinnock. 
Se cierra el debate. 
La votación se realizará a las 18.30 horas. 
Papel de los pabellones de conveniencia 
El orden del día incluye el informe (A5-0405/2001) , presentado por el diputado McKenna en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el papel de las banderas de conveniencia en el sector de la pesca (2000/2302 (INI) ). 
El presente informe trata sobre un asunto muy serio, a saber la pesca con pabellones de conveniencia. 
Los buques que pescan con pabellones de conveniencia hacen caso omiso de todas las normas, explotan los mejores caladeros y causan estragos por donde pasan. 
En los últimos tiempos, a medida que las flotas continúan creciendo y los recursos caen en picado, los pabellones de conveniencia se utilizan cada vez más como medio para eludir las disposiciones adoptadas por los países o las organizaciones regionales de pesca para administrar los caladeros y las existencias. 
Se puede contemplar la pesca pirata como una consecuencia indeseable de que por fin los Estados están intentando mejorar la administración de la actividad pesquera. 
El impacto medioambiental de los buques de pesca piratas es prácticamente imposible de evaluar, ya que por definición, los datos sobre las capturas son inexistentes o, en el mejor de los casos, poco fiables. 
Se sabe que las repercusiones son graves, aunque no están documentadas, porque los buques piratas buscan principalmente especies valiosas como el atún, los langostinos, la merluza negra austral, etc.. 
Además ocasiona graves problemas sociales. 
Los armadores se aprovechan de la falta de controles para reducir la formación de la tripulación en normas de seguridad, pagar salarios mínimos y recrudecer las condiciones de vida y de trabajo. Imponen períodos de trabajo sin el descanso necesario y la atención médica que proporcionan es del todo inadecuada. 
Actualmente, la pesca es una industria mundial. 
Las flotas de la Unión Europea recorren todos los océanos del mundo, al igual que hacen aquéllas de otros países marítimos lejanos. 
Los mercados también son mundiales. La tercera parte de la producción pesquera que entró en el comercio internacional en 1998 superó el valor de 50.000 millones de dólares USA. 
El capital es quizá el producto más mundial de todos. Podemos encontrar inversiones pesqueras comunitarias en muchos países. 
Como consecuencia de ello, es necesario un esfuerzo internacional concertado para erradicar la pesca con pabellones de conveniencia. Este esfuerzo debe incluir a los países que conceden los pabellones o cuyos ciudadanos trabajan en los buques pesqueros, los puertos a los que llegan los buques para abastecerse o para descargar, los mercados en los que se consume el pescado o los países de origen del capital con que se financia esta práctica destructiva. 
Habida cuenta de que la Unión Europea tiene una de las mayores flotas pesqueras y es uno de los mayores mercados de pescado, el papel que puede desempeñar es especialmente importante con respecto a la pesca con pabellones de conveniencia. 
Muchos buques de propiedad comunitaria utilizan pabellones de conveniencia. 
Algunos pueden incluso haber obtenido fondos del IFOP para transferir a dichos países y me complace comprobar que la Comisión ya ha propuesto un reglamento para impedir que la financiación pública se utilice para transferencias a los países de los pabellones de conveniencia. 
Quisiera hacer un llamamiento al Consejo para que adopte dicho reglamento esta semana. 
Como contraste, quisiera mencionar el caso de Japón y Taiwán, que han reconocido el alcance en el que su industria de palangreros utiliza los pabellones de conveniencia y han adoptado medidas correctivas a través del lanzamiento de programas para repatriar o desguazar un gran número de palangreros atuneros. 
Al menos 62 palangreros con pabellones de conveniencia construidos en Japón serán desguazados a finales de 2002. Otros 67 palangreros con pabellones de conveniencia construidos en Taiwán serán repatriados para reemplazar buques más viejos, evitando así un aumento de la capacidad total de su flota. 
Se espera que con esta medida se reducirá a aproximadamente la mitad la flota de palangreros atuneros con pabellones de conveniencia. 
Estos programas son financiados por el gobierno, así como por la industria. 
Creo que estas medidas merecen ser alabadas y es así como deberíamos proceder también nosotros. 
España ha propuesto una ley que permite confeccionar una lista de determinados países de pabellones de conveniencia, medida que acogemos favorablemente. 
En lo relativo a la responsabilidad estatal del mercado, la Unión Europea es un gran mercado y como tal debe mejorar las medidas de control. 
Por ejemplo, acertadamente, quiere garantizar que el pescado sólo se captura conforme a las normas de las organizaciones pesqueras regionales a las que pertenece la Unión Europea. 
Esta medida debe ampliarse para garantizar que el pescado se captura conforme a las normas de todas las organizaciones regionales. 
Asimismo, debe ilegalizarse que ciudadanos o empresas de la Unión Europea comercialicen con pescado capturado por buques con pabellones de conveniencia. 
Así se pide en el Plan de Acción Internacional de la FAO sobre la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada. Nosotros también deberíamos avanzar en esa dirección. 
La campaña que debemos emprender contra la pesca pirata ha de ser mundial y de polifacética. 
Todos los países que participan en la industria pesquera- como en la captura de peces, la propiedad de los buques o su dotación de tripulación, que proporcionen puertos o compren el producto final- deben involucrarse en esta campaña. 
La Unión Europea, como una de las principales regiones desde todos estos puntos de vista, tiene sin ninguna duda una responsabilidad especial. 
Sólo puedo esperar que la Comisión y la Presidencia española en colaboración comiencen a buscar soluciones a esta cuestión tan importante en los próximos meses. En beneficio de todas las empresas pesqueras comunitarias debemos asegurarnos de que se lleva a cabo. 
. Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, creo que es preciso, en primer lugar, reconocer el acierto de la Comisión de Pesca de este Parlamento al decidir elaborar un informe de iniciativa sobre esta materia. 
Creo que con ello, nuestra institución, el Parlamento Europeo, se apunta un tanto importante en el camino de desbrozar un asunto complicado, pero crucial, para el futuro de la pesca en el mundo y para los propios recursos pesqueros. 
Creo, en segundo lugar, que fue un acierto también que lo hiciera nuestra colega, la Sra. McKenna, con la que yo discrepo en tantas cosas en materia de pesca, pero no en este informe, que ha sido aprobado unánimemente por nuestra comisión, a pesar de la dificultad de esta materia y, además, sin ninguna enmienda en el Pleno. 
Mis felicitaciones, por tanto, a la Comisión de Pesca y a nuestra ponente. 
Quedan, sin duda, muchas cosas por hacer, pero el Parlamento Europeo apuesta en este informe por la denuncia y por la persecución de las banderas de conveniencia en la pesca y en la comercialización. 
Algún Estado miembro de la Unión- como lo es el mío propio, España, y aquí y en su informe lo ha referido nuestra ponente- impulsa propuestas legislativas novedosas y muy valientes en este campo, que como queda dicho, no es nada fácil. 
Vamos a seguir de cerca, desde la Comisión de Pesca, los objetivos y las propuestas de este informe para atajar un problema tan grave como es el de la pesca ilegal. 
Combatiéndola, y en su día erradicándola, habremos dado un paso de gigante para una pesca mundial sostenible. 
Se dice en algunas organizaciones regionales de pesca, como es el caso del Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) , que el 50% de las capturas de especies como el pez espada provienen de pesca realizada ilegalmente con pabellones de conveniencia. 
Este porcentaje de pesca fuera de control revertiría, si se controlase, en una mejora indiscutible del stock pesquero y, por lo tanto, en un beneficio claro de los pescadores legales, tan necesitados de estas capturas y que actúan de una manera totalmente controlada y, por lo tanto, responsable. 
La comercialización de esta pesca, los desembarques en los puertos de la Unión Europea- como aquí se ha dicho- son cuestiones clave en este proceso, como lo es también el hecho de definir cuáles son las banderas de conveniencia y localizar con claridad a los países que las permiten, que las toleran. 
Una vez más quiero felicitar a nuestra ponente, la Sra. Mckenna, y señalar simplemente que creo que el Parlamento Europeo da hoy un paso muy importante en favor de la pesca responsable en el mundo. 
Sólo me cabe, una vez que nos hemos felicitado todos, pedir al Comisario- al que agradezco su presencia- que desde la Comisión se apoyen las propuestas de este informe, porque me parece un paso muy positivo y que tenga en cuenta, como es lógico, el hecho de que lo hemos aprobado en la Comisión de Pesca por unanimidad y espero que eso ocurra también esta tarde en la votación del informe de la Sra. McKenna. 
Señor Presidente, yo quiero también en nombre de mi Grupo, el Grupo Socialista, felicitar a la Sra. McKenna por este magnífico informe que nos ha permitido profundizar en una práctica, la pesca bajo pabellón de conveniencia, que perjudica sobre todo a los profesionales del sector y a la imagen que proyecta de sí mismo. 
El Grupo Socialista está totalmente de acuerdo con las conclusiones de este informe, sobre todo con las que ponen de manifiesto el mal trato que reciben los trabajadores en este tipo de buques, por lo que respecta a sus condiciones de trabajo, salariales y de seguridad e higiene a bordo. 
Es necesario, entendemos nosotros, animar a los Gobiernos que aún no lo han hecho a que suscriban el acuerdo de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces, que va directamente dirigido contra este tipo de pesca. 
El Reglamento de control tiene que ser aplicado con todo rigor por los Estados miembros y por la Comisión, para no permitir la descarga en puerto de este tipo de capturas. 
También estamos absolutamente de acuerdo con la ponente cuando solicita en su informe a la Comisión que impermeabilice el mercado de todos los Estados miembros a los productos de la pesca ilegal, a través de la adopción de una eficaz normativa comercial y aduanera comunitaria. 
Nosotros pensamos que habrá que luchar eficazmente contra este tipo de pesca en el puerto y en la comercialización de los productos que se obtienen. 
Creemos que para erradicar la pesca ilegal habrá que adoptar cuantas medidas sea posible. 
Señor Presidente, señor Comisario, si yo les preguntara cuál de estas palabras no encaja en la siguiente serie: piratería, pescador ilegal, inseguridad y pesca, me contestarían sin duda que es la pesca la que no encaja en esta serie. 
Tienen toda la razón, ya que eludir las medidas de control, saquear las riquezas marítimas y maltratar a los tripulantes no deberían formar parte del sector pesquero. 
Lamentablemente, esta forma de pesca existe en los buques que navegan bajo pabellones de conveniencia. 
Comparto plenamente el punto de vista de la ponente McKenna y quisiera hacer la siguiente observación. 
Hemos de involucrar a los países que toleran estos pabellones de conveniencia en la lucha contra estas prácticas. 
Si estos países sólo reaccionan eliminando de sus registros los buques en cuestión sin llegar a un control más estricto, entonces hemos de considerar la posibilidad de tomar medidas económicas contra estos países. 
Asimismo, los acuerdos de pesca a los que llega la Unión Europea con terceros países podrían jugar un papel destacado. 
Los países que permitan la entrada tanto a los buques con bandera de conveniencia como a los buques frigoríficos y de transporte relacionados con ellos, deberían ser excluidos de los posibles acuerdos de pesca con la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿quién no piensa al hablar de flotas piratas en las películas de aventuras heroicas y románticas glorificadas por Hollywood o en los libros emocionantes que leíamos de adolescentes? 
Pero ahora, al hablarle a usted, mis ideas sobre piratas no tienen nada de glorificante y no estimulan para nada la fantasía. 
Pues se trata de la práctica destructiva de la pesca y de los llamados pabellones o enseñas de conveniencia. 
Estos piratas modernos que operan en todo el mundo no son espadachines de pata de palo y parche en el ojo, sino pesqueros potentes cuyos propietarios proceden a menudo de países de la UE. 
¿Y cuál es el daño que originan estos barcos y las enseñas de conveniencia? 
En este Pleno nos hemos ocupado siempre de diseñar una actividad pesquera sostenible y nos hemos preocupado por lograr condiciones de trabajo mínimas. 
La muy grave situación de los recursos pesqueros así como la difícil situación económica de la pesca nos ponen de manifiesto que aún queda mucho por hacer. 
En el marco de la discusión sobre el Libro Verde nos ocuparemos de este tema. 
Sin embargo, las reglas y las cuotas de pesca deben ser cumplidos, lo cual sólo puede ser garantizado mediante controles y sanciones efectivas que sean también de naturaleza política. 
Aquí radica la gran tentación de las enseñas baratas para los armadores, pues los estados que tan generosamente registran sus barcos bajo su enseña no son conocidos por su responsabilidad y sus controles. 
Las consecuencias son catastróficas para los recursos pesqueros y para las personas. 
Las cuotas de pesca son ignoradas y los recursos, siempre bajo amenaza, son esquilmados. Los acuerdos de protección de los trabajadores son simplemente ignorados. 
No quiero seguir lamentándome, pues la situación es evidente. 
Por eso pido que sigamos intentando influir en los países que conceden los pabellones de conveniencia para recordarles sus compromisos internacionales. 
También podemos y debemos actuar en Europa. 
Los controles estatales sobre los puertos contenidos en el paquete Erika-I deben extenderse también a las actividades piratas. Finalmente, hemos de cerrar nuestros mercados a las capturas de esas flotas. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, quisiera felicitar a la Sra. McKenna como ponente, y a la Comisión de Pesca y al Sr. Varela que la preside por haber abordado un tema tan difícil como éste. 
Al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión está realmente preocupada por la pesca ilegal internacional y por la utilización de las llamadas enseñas de conveniencia. 
Debe quedar claro: quien pesque bajo tales enseñas no cumple el derecho marítimo ni los acuerdos, incluyendo los acuerdos de las cofradías regionales de pesca. 
La pesca ilegal echa por tierra todos nuestros esfuerzos por conseguir una gestión sostenible de los recursos pesqueros. 
Además, respecto de los pescadores auténticos no significa sólo un poco de juego sucio, sino un manifiesto ejercicio de competencia desleal que, como ha señalado la Sra. McKenna, puede originar problemas sociales. 
La Comisión no ha permanecido hasta ahora inactiva. 
Hemos propuesto una modificación del Reglamento IFOP para impedir que los buques pesqueros se acojan a enseñas de conveniencia. 
Ciertamente, esta propuesta se encuentra todavía para decisión en el Consejo. 
Partiendo del Plan de Acción Internacional de la FAO contra la pesca ilegal tenemos la intención de preparar, en el marco de reformas de la política pesquera común, un Plan de Acción comunitario contra ese tipo de prácticas. 
¿Con qué objetivos? 
Pues primero: necesitamos una definición del concepto de vinculación efectiva entre el barco y su enseña y una adecuada incorporación de tal definición al Derecho Internacional. 
Segundo: debemos redactar un catálogo de obligaciones de vigilancia y control por parte de los Estados referidas a aquellos barcos que operen en sus puertos para evitar así los puertos de conveniencia. 
Tercero: debemos endurecer el Reglamento de Control sobre Capturas. 
Dejenme ahora decir algo breve sobre sus peticiones concretas. 
Por lo que respecta al punto 6 hay que decir que ya existe a nivel de la Comunidad un registro de flotas. 
Así pues, según nuestro punto de vista, el punto 6 no nos parece necesario. 
Respecto del punto 9 comparto totalmente su punto de vista. 
Es condición de la entrada de nuevos Estados miembros que incorporen en su ordenamiento jurídico nacional la situación patrimonial comunitaria. 
También estamos de acuerdo en los puntos 15, 19 y 22. 
Como ustedes saben, estamos desarrollando las propuestas para la reforma de la política común de pesca y las presentaremos al Parlamento tan pronto como recibamos su opinión sobre el Libro Verde. 
Por supuesto, también consideraremos todas las propuestas sobre la política de vigilancia y control que hagan ustedes en ese contexto. 
En el punto 16 coincidimos con ustedes respecto del principio de que es necesario disponer de una lista de países que concedan enseñas de conveniencia. 
Finalmente, hemos aceptado una parte de sus peticiones al respecto también porque, y en la medida en que, hemos propuesto una adaptación de las reglas del IFOP. 
La petición que contiene el punto 17 está ya en parte recogida en el Reglamento de Control. 
Los Estados miembros deben realizar registro de importaciones para asegurar que no se superen las cantidades totales permitidas a las cofradías regionales de pescadores. 
El punto 18, como ya se ha dicho, precisa primero de una definición legal de Estado concesionario de enseñas de conveniencia. 
Sobre el punto 21, finalmente, la Comisión ha hecho una propuesta a los Estados miembros para privar a los Estados de Belice, Honduras y Guinea Ecuatorial de los privilegios del SPG por haber infringido la Convención Internacional para la Protección de los Recursos Pesqueros. 
Como ustedes pueden ver, para nosotros también se trata de una aspiración realmente auténtica. 
Déjenme para terminar asegurarles que las directrices que ustedes nos han dado son para nosotros verdaderamente de gran utilidad y un buen estímulo para la reforma de la política pesquera común. 
Gracias, señor Comisario. 
Se cierra el debate. 
La votación se realizará a las 18.30 horas. 
Acuerdo de pesca CE/República Islámica de Mauritania 
El orden del día incluye el informe (A5-0426/2001) , presentado por el diputado Gallagher en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de regulación del Consejo referente a la firma del protocolo que establece la posibilidad de pescar y las contrapartidas financieras previstas por el acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2001 y el 31 de julio de 2006 (COM (2001) 590- C5-0555/2001- 2001/0246 (CNS) ). 
Señor Presidente, el protocolo de pesca con la República de Mauritania es de vital importancia para la pesca comunitaria. 
El anterior protocolo expiró el 31 de julio de 2001. 
Ambas partes rubricaron este nuevo protocolo el 31 de julio de 2001 para fijar las condiciones técnicas y financieras de las actividades pesqueras de los buques comunitarios en aguas de Mauritania durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2001 y final de julio de 2006. 
La aplicación provisional del presente protocolo dependerá de que el primer pago se haga efectivo antes del 31 de diciembre del presente año. 
Por ello es de la máxima importancia que el Parlamento emita un dictamen favorable esta tarde. 
Es interesante observar que en 1995, a raíz de la suspensión unilateral por parte de Marruecos del acuerdo de pesca celebrado en mayo de 1992 por un período de cuatro años y en vista de los posibles problemas que podría plantear la negociación de un nuevo acuerdo con Marruecos, la Comisión emprendió negociaciones con terceros países para que los buques que no tuvieran posibilidades de pescar en las aguas de Marruecos pudieran, en caso necesario, trasladar sus actividades a las aguas de otros países. 
En consecuencia, se aprobó una adición al Protocolo de 1993-1996 con Mauritania al objeto de compensar las oportunidades de pesca de la flota comunitaria en Marruecos, por el que se permitía a 18 buques españoles trasladarse a las aguas de Mauritania, zona geográfica próxima a la zona en la que habían faenado anteriormente. 
En unas circunstancias muy similares, al no haberse renovado el último acuerdo con Marruecos, que expiró a final de noviembre de 1999, se ha planteado de nuevo la necesidad de buscar nuevas oportunidades de pesca en otras aguas con el fin de compensar parte de los problemas causados por el cierre del acceso a las aguas marroquíes. 
El protocolo que ahora se presenta al Parlamento refleja esta necesidad. Ofrece mayores oportunidades de pesca a los buques comunitarios, al tiempo que prevé un incremento sustancial de la contrapartida económica para Mauritania- sobre lo que trataré más tarde. 
Este nuevo protocolo con Mauritania es actualmente el más importante de cuantos ha celebrado la Unión con terceros países. 
En términos generales, el protocolo ofrece derechos de pesca, para varias especies o varias categorías de buques, a España, Italia, Portugal y Francia. En el caso de que las solicitudes de licencia presentadas por estos Estados miembros no cubran todas las oportunidades de pesca fijadas por el protocolo, la Comisión podrá tener en cuenta las solicitudes de licencias presentadas por cualquier otro Estado miembro. 
En el cuadro incluido en mi informe se comparan las posibilidades de pesca que ofrece el protocolo que ahora nos ocupa con aquéllas que ofrecían los anteriores acuerdos. 
En dicho cuadro pueden ver que, si bien se ha producido un aumento general en relación con protocolos anteriores, también ha habido una reducción para algunas poblaciones. 
Se incrementará un 30% el número de buques, que pasa del promedio de 42 establecido en el anterior protocolo, a 55. 
Según la Comisión, esta medida ha sido posible gracias a las nuevas oportunidades creadas por la marcha de varios buques de Extremo Oriente que solían pescar estas especies. 
El tonelaje de los buques que se dedican a la pesca de merluza negra seguirá siendo el mismo, es decir, 8.500 toneladas registradas brutas (TRB). En el caso de los buques que se dedican a la pesca de crustáceos (camarones y cangrejos) , el tonelaje se incrementará un 9% y pasará de 5.500 a 6.000 TRB. 
No obstante, es importante observar que ha habido una reducción del número de buques de pesca pelágica permitidos, que ha pasado de 22 a 15. 
El monto de las aportaciones financieras comunitarias para todo el período de aplicación del protocolo asciende a 430 millones de euros, importe que será desglosado en 86 millones de euros anuales. 
La cifra anual comprende 82 millones de euros en concepto de contrapartida financiera y 4 millones de euros para las ayudas financieras de apoyo a la pesca, establecidas en el artículo 5 del Protocolo. 
La utilización que se haga del monto relativo a la contrapartida financiera se deja totalmente a discreción del Gobierno de Mauritania. 
Al no haberse renovado el acuerdo de pesca con Marruecos, este nuevo protocolo con Mauritania reviste, obviamente, una gran importancia. 
En este sentido, hay que hacer hincapié en que su principal importancia no radica en la magnitud de las posibilidades de pesca que ofrece ni tampoco en sus costes. 
Desde el punto de vista socioeconómico y del sector pesquero comunitario, su verdadera importancia radica en la esperanza que entraña para la población de las regiones españolas y portuguesas que dependen de la pesca, como Andalucía, las Islas Canarias, Galicia y el sur de Portugal. 
Es necesario ofrecer cuanto antes alternativas reales a estas regiones que tantos esfuerzos habían invertido en el acuerdo con Marruecos. 
(PPE-DE). (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el presente debate sobre el Acuerdo de Pesca de la Unión Europea con Mauritania, junto con la votación que celebramos ayer de los acuerdos de pesca con Cabo Verde y Guinea Bissau, constituyen una buen ocasión para una reflexión política sobre los acuerdos internacionales de pesca. 
Y a ese respecto quisiera formular tres breves observaciones. 
La primera se refiere a la importancia económica y social de dichos acuerdos para la Unión Europea. 
Como es sabido, dichos acuerdos de pesca con terceros países corresponden al 25 por ciento del abastecimiento del mercado comunitario y representan casi 50.000 puestos de trabajo. 
Y está demostrado, como lo hizo el estudio del Efremer, que son sumamente ventajosos para la economía europea. 
La segunda observación se refiere a la importancia de los acuerdos para la economía de los países en desarrollo. Es evidente que la Unión Europea no puede imponer de forma paternalista y prepotente las rúbricas en las que se debe aplicar la compensación, pero, poco a poco y con diplomacia, hemos ido avanzando hacia una situación en la que parte de esas compensaciones financieras son aplicadas al sector de la pesca y en actividades importantes. 
En tercer lugar, es evidente que hay una ventaja mutua de esos acuerdos de pesca para las dos partes: la Unión Europea y los terceros países. 
Por último, quisiera hacer una referencia al informe Gallagher, ya que el Acuerdo con Mauritania es en este momento el más importante celebrado con terceros países. 
En vista de que no se ha renovado el Acuerdo con Marruecos, este acuerdo con Mauritania tiene ahora, como ha dicho el ponente, una importancia especial para Portugal y España, pero también para Italia y Francia, países que también pescan en esas aguas. 
Como es sabido, la Comisión de Pesca aprobó una enmienda para proponer que los países se encarguen de la redistribución de las cuotas, en caso de que aquellos a quienes van destinadas no las utilicen. 
Debo decir que mi Grupo está de acuerdo con ese principio, siempre y cuando se aplique, de aquí en adelante, a todos los acuerdos de pesca, naturalmente, y no sólo a los acuerdos con países ACP. 
Por último, quisiera agradecer al Sr. Gallagher el excelente trabajo que ha hecho en este informe. 
Señor Presidente, quisiera decir que las relaciones que mantiene la Unión Europea con Mauritania en materia de pesca vienen de antiguo, se remontan al año 1987 y es evidente que- desaparecido el acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos, que "entre todos lo matamos y él sólo se murió" es en este momento el acuerdo más importante en volumen de capturas y también en asignación presupuestaria de todos los que suscribe la Unión Europea. 
Es, como ya han dicho otros oradores que me han precedido, un acuerdo de los denominados del Sur, un acuerdo en el que los armadores contribuyen a los costes económicos a través del pago de licencias. 
Como ustedes saben, en los acuerdos del Norte los armadores no pagan. 
Y es verdad, como dice el ponente en su informe, que cuatro Estados del Sur (España, Italia, Portugal y Francia) van a ser los beneficiarios de este nuevo protocolo por cinco años, aunque también es verdad que, de no agotarse las posibilidades de pesca- tal y como dice el ponente- otros países europeos podrían optar a ellas, que es algo que también ocurre en los acuerdos del Sur, pero no en los acuerdos del Norte. 
Quiero destacar, como siempre, ante esta Asamblea y mis colegas- y no sólo los de la Comisión de Pesca- la importancia de los acuerdos de pesca con terceros países, la importancia de seguir suscribiéndolos y de suscribir nuevos acuerdos. 
La importancia tanto para esos países terceros como para las poblaciones de las regiones europeas altamente dependientes de la pesca como la mía, Galicia, y resalto una vez más que ese acuerdo es en beneficio mutuo. 
Señor Presidente, quisiera hacer referencia al informe del Comité científico, técnico y económico de la pesca de abril de 2001. 
Funcionarios de la Comisión me han asegurado que las negociaciones sobre los acuerdos de pesca con terceros países tienen como base la información proporcionada por dicho comité. 
En lo que respecta a los estudios más recientes sobre la población de cefalópodos en Mauritania, el informe dice que el estudio realizado en 1998 revela que la población ha sido sometida a sobrepesca, y más adelante dice que el grupo de trabajo de Nouadhibou de 1998 recomendaba una reducción del 25% del esfuerzo pesquero por parte de las pesquerías de cefalópodos. 
Esto es muy distinto del respaldo científico al aumento de la pesca europea de cefalópodos a pesar de que otras flotas han reducido su esfuerzo. 
La Comisión declara que existe otra evaluación más reciente de científicos españoles. 
No obstante, a pesar de las reiteradas peticiones, los funcionarios de la Comisión no me han proporcionado hasta ahora un ejemplar de dicho documento. 
Creo que tenemos aquí un importante principio en lo que se refiere al acceso a la información. 
El Parlamento, que es parte de la autoridad presupuestaria, está viendo frustrados sus intentos de obtener información científica relevante sobre este importante acuerdo con un país tercero. 
No puedo entender cómo la Comisión puede echar mano de un estudio de autores anónimos y hacer caso omiso de la información proporcionada por su propio comité principal. 
El Parlamento tiene derecho a saberlo. 
La otra observación que deseo hacer es relativa a la cláusula que, al parecer, facilita el Atlantic Dawn. Siento curiosidad. 
Felicito a la Comisión por haber emprendido acción judicial contra el Atlantic Dawn, aunque ahora me gustaría oír de la Comisión las últimas noticias sobre este caso. 
El presente acuerdo está en bancarrota moral. 
Es un ejemplo más de cómo la Unión Europea toma el dinero de los pobres de países ricos para dárselo a los ricos de países pobres. 
El soborno de 86 millones de euros al año proviene de muchos pensionistas y muchos trabajadores de bajos ingresos y se entrega directamente a la clase gobernante de Mauritania, que es étnicamente diferente de la mayoría de la población en general. 
Es muy poco el dinero que se filtra hasta la población de a pie, que se encuentra entre las más pobres del mundo en una de las regiones más pobres del mundo. 
Por otra parte, está destrozando las poblaciones de peces y destruyendo la infraestructura que existe. 
Y lo peor de todo, sin embargo, es que cientos de pescadores locales mueren cada año y, si nos guiamos por el excelente documental de Canal 4 sobre el Acuerdo con Mauritania, algunos son perseguidos deliberadamente por los palangreros que se dedican a la pesca ilegal permitida por un régimen de vigilancia deliberadamente laxo y mal equipado. 
Ésa es la realidad. 
A pesar de todas las bellas palabras que contiene el documento de la Comisión, este acuerdo está dando lugar a una catástrofe humana y medioambiental. 
Pero la Comisión está decidida a seguir adelante. 
¿Por qué? Para satisfacer la insaciable avaricia de la industria pesquera, en su mayor parte española, a la que nadie se atreve a enfrentarse por temor a represalias en el Consejo de Ministros. 
Una votación a favor de este informe equivale, de hecho, a dar luz verde a la subvención del asesinato y a la creación del caldo de cultivo en el que germina el terrorismo. 
Es necesario investigar este grave problema y, por consiguiente, reto a esta Asamblea a que me apoye en el llamamiento en favor de un comité temporal de investigación, cuyos documentos estarán listos para el próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
Si, como afirmamos, nos preocupan los pobres y los oprimidos, si creemos en el derecho a la vida, esta Asamblea debería respaldarme en mi intento de arrojar luz sobre esta vergonzosa situación. 
Señor Presidente, queridos colegas, señor Comisario, afortunadamente la opinión que acabamos de escuchar es absolutamente minoritaria en esta Cámara, de lo cual creo que nos alegramos todos. 
Yo quiero empezar felicitando a nuestro ponente, Sr. Gallagher, por la diligencia y la eficacia con que ha realizado su trabajo. 
Comprendió bien que se trataba de un informe urgente, dada la situación de la flota afectada por la no renovación del Acuerdo de pesca con Marruecos. 
Parte de dicha flota puede acogerse ahora al Acuerdo con Mauritania, lo que servirá para aliviar la difícil situación que se había creado. 
El Parlamento Europeo da así, en tiempo récord, el dictamen al informe Gallagher sobre este Acuerdo, imprescindible para la Unión Europea. 
Quiero felicitar también a la Comisión- justo es hacerlo- por el logro de este Acuerdo, que rompe el maleficio originado por el fracaso de las negociaciones con Marruecos. 
En segundo lugar, quiero señalar- porque ha habido informaciones falsas y malintencionadas sobre este Acuerdo- que el Acuerdo con Mauritania es muy beneficioso y lo es para ambas partes, insisto en ello: para ambas partes, y, por eso, se ha llegado a él. 
Asimismo, quiero reconocer que nadie como la Unión Europea, a nivel mundial, es más defensora de la cooperación al desarrollo ni más defensora de la conservación de los recursos. 
Por eso, ni los acuerdos privados, ni los acuerdos públicos con Estados distintos de la Unión Europea, sobre todo con Estados asiáticos, pueden compararse, ni de lejos, con el control y el rigor que aplica la Unión Europea en estos acuerdos internacionales. 
Quiero aprovechar también la ocasión, señor Comisario, para denunciar el reciente apresamiento de un buque, el buque Lameiro Uno, que, en tránsito hacia el caladero mauritano, ha sido apresado por Marruecos, acusado de pescar, lo que no era cierto. 
Señor Comisario, espero que esta práctica intolerable por parte de Marruecos no se repita en el futuro, porque pondría en entredicho los logros obtenidos precisamente con el Acuerdo de pesca con Mauritania. 
Le pido que tome buena nota, para evitar que estas prácticas puedan volver a repetirse, puesto que hay que atravesar la zona económica de Marruecos, como es lógico, para llegar a Mauritania. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, señor Gallagher, le felicito por su informe sobre el proyecto de reglamento para un nuevo protocolo de pesca con Mauritania. 
Me alegra que estén totalmente de Acuerdo con el contenido de la propuesta. 
Con ello se fijan y se aseguran las capturas de nuestra flota en aguas de Mauritania hasta mayo de 2006. 
Como ustedes saben, en el sector pesquero disfrutamos de largas y buenas relaciones con Mauritania. 
Por lo demás, este Acuerdo de pesca es el más amplio de la Comunidad, por lo que es un importante pilar de nuestra política pesquera común. 
A finales de julio inicializamos el nuevo protocolo después de cuatro rondas de negociaciones difíciles e intensas, y creo que hemos logrado un buen Acuerdo, beneficioso tanto para los pescadores mauritanos y para el sector pesquero mauritano como para nuestros pescadores. Al mismo tiempo asegura la sostenibilidad de los recursos pesqueros. 
Quisiera decirle realmente, señor Farage, que sería mejor si apoyara sus observaciones en hechos en lugar de buscar sólo la polémica. 
¿Pues cuál es la verdad? 
La verdad es que hemos incorporado una larga lista de medidas en este nuevo Acuerdo que no estaban presentes en los anteriores. 
Por ejemplo: una parte del dinero está destinada directamente a la mejora de los conocimientos científicos sobre los propios recursos pesqueros. 
A partir de ahora estarán bajo observación científica. Se ha establecido también que cuando haya variaciones en el volumen de los recursos se adapte correspondientemente el volumen de capturas permitidas y, también, las contraprestaciones económicas correspondientes. 
No pretendemos, pues, seguir pescando la cantidad máxima permitida independientemente de la evolución de los recursos. 
No es así la cosa. 
En segundo lugar, los derechos de captura que tenemos se fijaron en función de los datos disponibles que nos había ofrecido Mauritania. 
Sobre la base de estos datos recibidos ha sido posible acordar para el momento actual un ligero aumento de las capturas de cefalópodos. 
Pero quisiera señalarles que ésta no es la parte del león del Acuerdo. 
La mayor parte de capturas la forman los crustáceos, que ascienden al 40%. 
Y para dejarlo claro: no se está favoreciendo a España, como han afirmado ustedes, sino a los Países Bajos. 
En tercer lugar, el Acuerdo contiene una serie de normas que posibilitan la utilización sostenible de los recursos pesqueros mauritanos y que contribuyen también al desarrollo económico local. 
Para proteger la pesca costera hemos alejado aún más de la costa las zonas pesqueras de la flota comunitaria. 
Para ayudar a la economía local y para crear puestos de trabajo en el país acordamos que los barcos rastreadores descarguen una mayor cantidad de pescado en Mauritania. 
Además, en un futuro habrá más pescadores mauritanos a bordo de los barcos de la UE. 
Se endureció la vigilancia y control de las capturas y también se aumentaron considerablemente las cantidades correspondientes a las llamadas acciones dirigidas o "targeted actions" hasta un total de 20 millones de euros para el periodo de vigencia del Acuerdo. 
Con ayuda de estas medidas de flanqueo tenemos en cuenta las críticas de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Y sobre las enmiendas: puertas abiertas a las número 1, 3 y 5, aunque realmente ya cumplimos esas peticiones mediante los Acuerdos Interinstitucionales y especialmente mediante el Acuerdo Marco entre el Parlamento y la Comisión de 5 de julio de 2000. 
Nos plantean problemas las enmiendas 2, 4 y 6, que no podemos aprobar. 
Por lo que respecta a la 2, en el Tratado de la Unión Europea está ya fijado el principio de no discriminación, por lo que no parece sensato incluirlo nuevamente. 
Respecto de la 4 quisiera dejar claro que es una práctica habitual que el protocolo para la prolongación de un nuevo Acuerdo de pesca no implique ningún nuevo mandato. 
Y sobre la 6 quisiera decir que la financiación mixta de las cuotas de pesca negociadas son una parte esencial de la política pesquera exterior. 
En los acuerdos con terceros estados la contraprestación económica procede del presupuesto comunitario, pero los armadores deben pagar las licencias. 
Debo indicarles también que la cantidad que figura en el texto no es correcta por lo que la modificación, formalmente, debe referirse al Acta. 
Gracias, señor Comisario. 
Se cierra el debate. 
La votación se realizará a las 18.30 horas. 
Producción y comercialización de la miel 
El orden del día incluye el informe (A5-0381/2001) , presentado por el diputado Lulling en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, acerca del informe de la Comisión sobre la aplicación del reglamento (CE) nº 1221/97 del Consejo que establece las reglas generales de aplicación de las acciones dirigidas a mejorar la producción y la comercialización de la miel (COM (2001) 70- C5-0398/2001- 2001/2156 (COS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde 1985 estamos escuchando en este Parlamento llamadas de alarma referidas a la situación crítica en que está la apicultura europea. 
En 1992, 1995 y 1997 aprobamos Resoluciones, casi siempre unánimes, que contenían propuestas concretas, razonables, financiables y jurídicamente sostenibles relativas a ayudas directas a la apicultura europea que, pese a las estadísticas estupendas que tenía la Comisión, se encontraba en una crisis en toda regla. 
No se trata de alcanzar un nivel de autoabastecimiento superior al 50% casi alcanzado actualmente en el consumo de miel de calidad. 
No. 
Se trata de garantizar para la UE la polinización de más de 80.000 plantas silvestres y cultivadas. 
Pues el preocupante descenso de los apicultores, la mitad de los cuales, con todo, son mayores de 60 años, constituye una amenaza. En varias regiones la cosa es verdaderamente dramática. 
Resulta realmente asombroso que no hayamos conseguido hacer que la Comisión entienda, a pesar de la paciencia y la constancia que han tenido los ponentes de todos los Grupos políticos desde 1985, que tiene que mejorar urgentemente esa política tan poco entusiasta basada en el descafeinado Reglamento de 1997 si queremos conjurar el peligro que amenaza el equilibrio del ecosistema europeo debido a la crisis de la apicultura. 
Resulta incompresible e irritante incluso que a pesar de este informe sobre la insastifactoria ejecución de las insuficientes medidas basadas en el poco convencido Reglamento de 1997, la Comisión siga sin actuar aún reconociendo que la apicultura europea tiene que enfrentarse a dificultades cada vez mayores. 
No podemos seguir aceptando esta, disculpe usted, señor Comisario, absurda cerrazón. 
La Comisión debe entender la situación. 
Errare humanum est, perseverare diabolicum. 
Usted lo sabe, señor Fischler. 
El Acuerdo proporciona la base necesaria para introducir las ayudas directas que llevamos reclamando desde 1992, tales como las bonificaciones por la polinización. 
En mi informe hemos hecho nuevamente propuestas concretas financiables, a corto y medio plazo, que por razones de tiempo no puedo exponer ahora. 
Pero la Comisión sí puede leerlas. 
Así pues, queremos escuchar que está dispuesta a moverse en la dirección correcta basándose en nuestras propuestas compartidas por todos los apicultores de la Comunidad desde el Norte hasta el Sur. 
El señor Fischler tuvo la oportunidad de convecerse de ello el pasado martes, cuando apicultores de la mayoría de los países europeos estuvieron aquí con sus productos, que, por cierto, tuvieron tanto éxito que muchos de los puestos se quedaron sin nada antes de que los apicultores pudieran ofrecérselos a sus invitados. 
Quisiera felicitar a los colegas que estuvieron en la sesión con los más de 60 apicultores y a todos los que, como mi compañera en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, apoyan intensamente las peticiones desarrolladas en mi informe. 
Necesitamos una más generosa cofinanciación de la Comunidad que vaya más allá del 50% actual pues algunos Estados miembros son demasiado tacaños para dedicar ese 50% a programas de mejora de la producción y la comercialización de la miel siguiendo el Reglamento de 1997, de manera que, en vista de ello, sus apicultores no pueden disfrutar siquiera de los pocos cientos de euros disponibles para el país. 
Necesitamos tanto las medidas urgentes solicitadas en el informe como las ayudas directas, especialmente las bonificaciones de intercambio para pérdidas de renta atribuibles a la ausencia de una preferencia comunitaria por este sector, previstas a medio palzo en el balance de mitad de periodo de la Agenda 2000. 
Estoy casi orgullosa de haber conseguido junto con mis compañeros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos que hayan aumentado las líneas de financiación para programas de mejora de la producción y de la comercialización de miel para 2002 de 14 a 16,5 millones. 
Es el único capítulo de gasto obligatorio del presupuesto de agricultura que ha sufrido una mejora. 
Pero esto no puede desviar nuestra atención del hecho de que la política apícola de la Comisión está muy poco desarrollada. 
Se necesita sólo de su voluntad política y de la del Consejo para asegurar con una cantidad que la UE gasta en menos de 5 horas por año, por no hablar de los 2.000 millones de la UE que han sido desfalcados del presupuesto, se necesita, decía, tan sólo de esa voluntad política para garantizar la existencia de la apicultura y de los apicultores europeos y para evitar que a medio plazo nos topemos con una crisis ecológica que no hemos querido prever. 
Señor Presidente, Señorías, la abeja es símbolo de laboriosidad y en este sentido la Sra. Lulling es la reina de las abejas del Parlamento Europeo, pues ella es la que desde hace años, desde hace más de una década, nos lleva, pero no mediante palo y zanahoria, sino mediante miel y aguijón, a enfrentarnos una y otra vez con este tema que muchos están inclinados a infravalorar porque no turvieron la suerte que tuve yo al inicio de los años 80 de participar en la visita más grande que se ha hecho al Parlamento de Estrasburgo, la visita de un grupo de apicultores bávaros- estuvieron por entonces varios cientos de apicultores de visita en el Parlamento Europeo- que pone de manifiesto lo comprometidos que están esta gente con sus intereses que son también los nuestros. 
Los apicultores no son un gran segmento electoral, pero son personas que se preocupan por las abejas, las cuales se preocupan, como ha dicho Astrid Lulling, de mantener el equilibrio de nuestro ecosistema en la parte que les corresponde. 
Estamos al comienzo de un frío invierno, pero cuando haya pasado vendrá la primavera y las abejas volverán a estar en danza para cumplir con su función polinizadora y procurarnos así el disfrute de un paisaje floreado. 
Pero existe el peligro de que un día llegue un invierno al que no siga ninguna primavera porque no se haya producido la función polinizadora de las abejas o no se haya producido del todo. 
Muchas personas consideran a la UE como un país de leche y miel. 
En el caso de la leche, nos hemos esforzado por mantener más o menos las cuotas. 
En el caso de la miel nos autoabastecemos hasta un escaso 50%, y quien realmente quiera ver un país de leche y miel debe viajar a Argentina como hice yo este verano. 
Argentina podría abastecer a la Unión Europea de la mayoría, o, de muchos de los productos que necesitamos, pero justo en un momento de crisis política mundial hemos tomado conciencia de dos cosas. 
En primer lugar, la conciencia de la importancia de la calidad debido a la crisis de las vacas locas, y, en segundo, la conciencia de que es necesario alimentarse sanamente de la tierra propia como consecuencia de la crisis del 11 de setiembre. 
Creo que una agricultura europea que funcione y un ecosistema europeo equilibrado necesitan de una adecuada subvención de nuestros apicultores, por lo que pido que apoyemos masivamente al informe Lulling. 
Señor Presidente, a partir del balance y de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1221/97 cabe deducir dos claras consecuencias: en primer lugar, es necesario aumentar el importe de las ayudas en cada una de las líneas y el porcentaje de subvención; en segundo lugar, es preciso evitar que, como ha ocurrido durante el período 1998-2000, se produzcan situaciones sectoriales dispares y agravios comparativos. 
En cuanto a las correcciones que habría que introducir, es preciso conseguir un equilibrio razonable en el coste-beneficio para cada una de las líneas de actuación, una modificación profunda que transforme el actual grado de cofinanciación, para que la financiación sea asumida en su totalidad por el FEOGA Garantía. 
En cuanto a las necesidades futuras, habría que hacer dos recomendaciones: en primer lugar, debe establecerse un régimen de ayudas directas que compense la pérdida de renta que sufren los apicultores profesionales europeos. 
Asimismo, debe crearse una Organización Común de Mercado para la miel; en segundo lugar, debe reconocerse la importancia del papel que desempeñan los apicultores profesionales con el mantenimiento de su titularidad al frente de las explotaciones apícolas, pues con ello hacen posible la existencia de una actividad ganadera plenamente sostenible, que favorece el desarrollo rural y que, además, permite obtener productos sanos y de gran calidad, y que socialmente es muy beneficiosa, por su importante contribución a la calidad medioambiental, por su activo papel en la conservación de la biodiversidad, a través de la polinización que realizan las abejas. 
Termino diciendo, señor Presidente, que esta tarea de polinización que garantizan los apicultores debe compensarse con una línea de ayudas específicas que complemente el actual Reglamento. 
Mi felicitación a la Sra. Lulling, que ha hecho un trabajo magnífico. 
Señor Presidente, la cuestión del futuro de la apicultura en Europa está hoy sobre la mesa. 
Se trata nada más y nada menos que de salvar una actividad productiva. 
Y es urgente, porque, mientras que nuestro consumo de miel aumenta, nuestra producción se reduce peligrosamente. 
Actualmente, nuestro consumo representa más del doble de nuestra producción. 
Y si nuestra producción disminuye, es esencialmente por culpa del efecto devastador- que ya ha sido científicamente demostrado- sobre los enjambres de abejas de un cierto número de insecticidas sistémicos utilizados para tratar las semillas de grandes cultivos. Por ello, los enjambres se ven verdaderamente diezmados. 
Esta situación no es puntual ni particular, sino que afecta en la actualidad a la práctica totalidad de los apicultores europeos. 
Frente a este panorama, la propuesta de la Comisión, extraordinariamente poco enérgica, se limita a prever una labor estadística y algunas actuaciones de promoción en el marco de la renovación del reglamento. 
Evidentemente, estas propuestas no están a la altura de los problemas que afectan al sector. 
Nadie niega la necesidad de afinar las estadísticas, pero esta labor no debe impedir abordar lo que es más urgente: la reconstitución de los enjambres, para que nuestros apicultores puedan salvar la producción de miel en Europa. 
Promover un producto es estupendo, siempre que se disponga de él. 
Además, debemos estar particularmente alerta en materia de promoción cuando se trate de productos en los que somos muy acusadamente deficitarios, como ocurre con la miel. 
Hay que fomentar el vínculo entre producto y región de origen. 
No creo que la Unión Europea esté por la labor de financiar la promoción de la miel china o de la miel argentina o mejicana: son mieles que no garantizan ninguna posibilidad de control y seguimiento, que no tienen ningún control de calidad, que no respetan nuestras normas y que, a menudo, no son más que siropes de glucosa aromatizados. 
No podemos pretender querer favorecer el desarrollo de una agricultura más respetuosa con el medio ambiente en Europa, y permanecer indiferentes a nuestros agricultores que, es cierto, no representan un lobby poderoso. 
Por eso mismo, tienen más derecho a nuestra atención. 
Ciertamente, cualquier producto, incluida la miel, puede comprarse en el exterior, pero sin embargo la polinización de nuestros vegetales no puede ser importada. 
En este punto, estamos ante un elemento esencial para la protección de nuestro medio ambiente, de nuestra bio-diversidad. 
Por ello, me congratulo por el trabajo realizado por nuestra excelente ponente, Astrid Lulling, y por toda la Comisión de Agricultura, que ha adoptado por unanimidad las enmiendas que hemos presentado conjuntamente. 
Estas enmiendas abren la puerta a la posibilidad de una financiación comunitaria que ayude a los apicultores europeos a reconstruir la población de sus colmenas de forma urgente; es nuestro punto nº 10. 
También es necesario que los gastos veterinarios apícolas tengan el mismo tratamiento que los demás gastos veterinarios en general; es nuestro punto nº 5. 
Y para proteger el futuro de nuestra producción a largo plazo, es esencial que, el día de mañana, la homologación de los productos fitosanitarios considere sus efectos sobre la abeja en cuanto a alteración de comportamiento y mortandad; es nuestro punto nº 17. 
Este debe ser un punto de aplicación esencial del principio de precaución. 
Señor Comisario, la Comisión tiene que despabilarse; el Consejo tienen que despabilarse. 
¡Y con urgencia! 
¡Nosotros, los diputados, damos hoy la voz de alarma! 
La Unión Europea asumiría una grave responsabilidad si favoreciera la desaparición de nuestros apicultores. 
Espero que los diputados en su conjunto respalden las sabias, necesarias y urgentes propuestas unánimes de nuestra Comisión de Agricultura. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, antes de nada quisiera felicitarle, señora Lilling, por su título de "reina de las abejas" del Parlamento Europeo que le ha sido concedido hoy. 
También quisiera hacerlo por el informe que ha presentado. 
Pero espero que, en relación con el aguijón, no tenga usted el destino de una abeja, pues, como es sabido, éstas sólo pueden picar una vez. 
Los programas para la mejora de la producción y comercialización de la miel son presentados regularmente por todos los Estados miembros para su oportuna aceptación, de modo que, en vista de que sólo se utiliza el 80% de los recursos disponibles, parece evidente que la aplicación satisfactoria del Reglamento 1221/97 está garantizada. 
El Consejo, por lo demás, ha dado curso a la petición del Parlamento Europeo de aumentar en 2,5 millones de euros los recursos asignados a la aplicación del Reglamento. 
Por estas razones, la Comisión vería de buen grado que estos recursos presupuestarios fuesen utilizados completamente por los Estados miembros y por los empresarios afectados, pues así se ejecutarían el mayor número posible de medidas dentro del marco legal actual y se ayudaría así al sector a que se desarrolle conforme a las consideraciones expuestas por la ponente. 
Cuando se presentó al Consejo el informe sobre los tres primeros años de la aplicación de ese Reglamento, los representantes de los Estados miembros no pusieron incovenientes y apoyaron unánimemente las conclusiones de la Comisión. 
En las conversaciones de la Comisión con las empresas del sector se apoyó de buen grado la continuidad del régimen de ayudas a la apicultura europea. 
La situación económica del sector de la miel es estable, la producción y la renta se mantienen en un nivel constante y el grado de autoabastecimiento oscila, no de ahora, sino desde hace ya varios años, entre el 48 y el 50%. 
En vista de estos hechos y también de la heterogeneidad del sector y de las distintas formas de la economía apícola de la Unión Europea, somos de la opinión de que no se justifica en estos momentos ni un nuevo ordenamiento del mercado del sector mielero ni un régimen de ayudas directas bajo la forma de un apoyo directo a la renta de los apicultores. 
Otros estímulos que aparecen en el informe como por ejemplo determinadas ayudas a la mejora de la población de abejas mediante criaderos comunes pueden articularse dentro del marco del actual Reglamento. No necesitamos una nueva normativa. 
Hay que contar también con todas las posibilidades que ofrece la política estructural y la política de promoción de los productos agrarios, que, ciertamente, necesitan de una cierta utilización, aunque, en este caso, la iniciativa corresponde principalmente a los Estados miembros. 
Sería importante que los Estados miembros y las empresas afectadas colaborasen más estrechamente en la realización y ejecución de los programas para que en un futuro haya un apoyo económico y político a este sector que sea coherente a escala europea. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la oportunidad de que el Sr. Fischler está todavía presente y de que esta tarde no estará ya en las votaciones para decir que estoy algo desilusionada. No puede afirmarse que estos escasos recursos que oscilan entre 10 y 14 millones- vale, el año que viene recibiremos más- son para estar contentos. 
Sé que los Estados miembros han de implicarse más y que se pueden hacer más cosas dentro del actual Reglamento, pero desearíamos una gestión más flexible allí donde ahora es posible. 
Tengo que decir que estoy algo irritada por lo que usted nos ha dicho: los representantes de los Estados miembros, esto es, ningún Estado miembro, no hicieron objeciones. ¡Como si por ello no se necesitase hacer nada más!. 
Me parece evidente que los Estados miembros no parecen querer reaccionar a lo que el Parlamento Europeo ha dicho de su informe. 
Nos ocuparemos junto con los apicultores de que los Estados miembros tomen en cuenta de una vez lo que tenemos que decir de su informe antes de que piensen que no hay ninguna necesidad de realizar ninguna acción. 
Usted sabe que no hemos pedido un ordenamiento arbitrario, pero seguimos siendo de la opinión de que a medio plazo tendrá que haber un régimen de ayudas directas. 
Usted dice que ahora no estaría justificado. 
Usted sabe que los apicultores son de la opinión contraria, y sabe muy bien lo que está en juego en este sector. 
Procuraremos también que los apicultores estén mejor informados sobre las posibilidades que ofrece la política estructural y sobre la promoción de la producción agraria de muchos productos de calidad, aunque ahí también hay pocos recursos. 
Señor Presidente, sólo esto quiero decirle al señor Fischler, pues no puedo dejar que quede así lo que él nos ha dicho en su intervención, de la que, ciertamente, esperaba más. 
Gracias, señor Comisario. 
Se cierra el debate. 
La votación se realizará a las 18.30 horas. 
Señor Presidente, seré breve. 
Mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas me han informado de que han recibido, esta mañana a las 8:57, un e-mail de convocatoria de la Comisión para las 9:30. 
A mí me parece un poco curioso esta forma de proceder. 
Así pues, querría que no sólo constara en acta, sino también fuera puesto en su conocimiento, señor Presidente, para que, puesto que presentaremos una protesta formal, también la Oficina de Presidencia sea informada del hecho- que me parece un poco curioso, por no decir anómalo, por no decir inapropiado- que las comisiones se reúnan convocadas con 33 minutos de preaviso. 
Señor Presidente, no quisiera insistir más de la cuenta, pero quisiera decir que soy presidente de esa Comisión y también se procedió contra mí de esa manera. 
Me parece muy grave que no se me haya informado a tiempo de la sesión extraordinaria de la Comisión, aunque sólo fuese por consideración al cargo que ocupo en ella. 
Es una manera de proceder realmente inaceptable. 
Les doy las gracias por sus observaciones. 
Pero, llegados a este punto, no puedo hacer nada. 
Entre otras cosas, como saben, la Sala se ha expresado en el sentido de que la urgencia se vote en el curso de la próxima sesión de nuestro Parlamento, el próximo lunes. 
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Zimbabwe 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0759/2001 de Andrews, en nombre del Grupo UEN, 
B5-0774/2001 de Sjöstedt, Marset Campos y Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
B5-0787/2001 de Maes, Lucas y Lannoye, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
B5-0788/2001 de Mulder, van den Bos y Malmström, en nombre del Grupo ELDR, 
B5-0799/2001 de Kinnock, en nombre del Grupo PSE, 
B5-0801/2001 de Van Orden, Deva, Parish, Foster, Banotti, Corrie, Gahler, Korhola, Lehne, Maij-Weggen, Sacrédeus y Belder, en nombre del Grupo PPE-DE 
sobre Zimbabwe 
Señor Presidente, me parece que la resolución sobre Zimbabwe que hemos presentado es, con mucha razón, una resolución muy dura que ha de servir como aviso al Sr. Mugabe. 
En un momento en que se debería estar haciendo los preparativos para las elecciones democráticas, al Sr. Mugabe no se lo ocurre nada mejor que fomentar el ambiente de terror en su país, que ya está omnipresente en el campo y en las ciudades. 
Por lo tanto, es de suma importancia que las elecciones se puedan celebrar con normalidad y que la comunidad internacional no deje de insistir en ello. 
Sin embargo, no hay nada que indique que el Sr. Mugabe va a escuchar el más que justificado clamor de su propio país por la democracia, donde el año pasado ya resultó que había una mayoría virtual que quería el cambio de régimen. 
Está claro que el Sr. Mugabe se está aferrando al poder y para ello ve justificados todos los medios legales, y sobre todo ilegales. 
Así por ejemplo, los periodistas están ahora obligados a solicitar una tarjeta de trabajo para poder realizar sus labores de información. 
Lógicamente, esto va en contra del derecho a la libre expresión. Asimismo, se destruyeron las imprentas de los pocos periódicos que eran todavía más o menos independientes. 
Así se evitan críticas al régimen. Hoy he recibido el programa de las organizaciones de mujeres que se quejan de que se obliga a las mujeres a vender los productos agrícolas al estado, de que ni siquiera reciben dinero por ellos o que lo reciben muy tarde, en un país en que hay una inflación del 86%. 
Por lo tanto, señor Presidente, por este motivo y por muchos más que están recogidos en el texto vamos a dar nuestro firme apoyo a esta resolución. 
Señor Presidente, Zimbabwe tenía todas las condiciones para llegar a ser una nación próspera y exitosa en el sur de África. 
Por eso es tan trágico ver que avanza directamente al precipicio. 
Muchas veces hemos discutido la situación de Zimbabwe en el Parlamento, y me consta que se ha hecho también en otras instituciones. 
A menudo hemos querido ver un destello de esperanza, un pequeño rayo de luz. 
Siempre nos hemos equivocado. 
No ha sido posible. 
La situación es alarmante. 
Zimbabwe es un país sin leyes, en la bancarrota, que está dirigido por un viejo soberano autoritario que ha perdido completamente el contacto con la realidad y con su propio pueblo. 
No ha sido capaz de detener las ocupaciones ilegales de tierras ni de poner en funcionamiento una reforma de la tenencia de la tierra. 
Diariamente se atropellan los derechos humanos y se persigue y atosiga de manera inaceptable a la oposición. 
El régimen está corroído por la corrupción y las próximas elecciones no pueden denominarse sino como una farsa democrática, puesto que los apoderados de los partidos sufren amenazas, acoso y son encarcelados. 
La libertad de expresión está absolutamente restringida. 
Hay que terminar de manera inmediata con todas las formas de colaboración y ayuda hacia el régimen de Zimbabwe. 
Hay que congelar todos los haberes que Mugabe y su familia tienen en el extranjero. 
Pido a la Comisión y al Consejo que sean muy claros en sus críticas al régimen de Mugabe y que le digan que se ha terminado la paciencia de la comunidad internacional. 
Hay que conseguir una amplia coalición internacional y una colaboración con los países SADC para ejercer presión y adoptar medidas contra el régimen. 
Al mismo tiempo, es importante buscar caminos para apoyar a la oposición. 
Hay unos pocos valientes que luchan por la democracia y por la dignidad humana arriesgando sus propias vidas. 
Señor Presidente, ésta es la segunda resolución sobre Zimbabwe que presentamos con carácter de urgencia en poco más de tres meses. 
El motivo que nos ha llevado a presentarla es nuestra enorme preocupación por el continuado deterioro de la situación en aquel país y cuando falta tan poco tiempo para las elecciones presidenciales. 
A comienzos de septiembre había indicios de que Mugabe podría estar dispuesto a responder a la presión internacional. 
Lamentablemente, ahora es evidente que las promesas que hizo en Abuja eran falsas. 
Se diría que Mugabe piensa que puede hacer unas cuantas promesas, ganar algo más de tiempo y luego seguir con su política represiva mientras la economía del próspero Zimbabwe de otros tiempos quiebra. 
Medio millón de zimbabwenses se encuentran ya al borde de la inanición. 
Los políticos de la oposición huyen porque temen por sus vidas. 
El absoluto desprecio de Mugabe por la opinión internacional quedó patente de nuevo con su desafío a la Troika de la Unión Europea que visitó Harare a final de noviembre. 
Ahora debemos demostrar que nuestras amenazas de adoptar medidas van en serio. 
En estos momentos Mugabe piensa que es intocable e incluso vuela a España para recibir tratamiento médico. 
No proponemos el burdo instrumento de las sanciones económicas. 
Sabemos que con ello golpearíamos a la población en general, y de todas maneras conocemos demasiado bien cómo pueden eludirse dichas medidas. 
Pedimos sanciones acertadas que golpeen directamente a Mugabe, a su familia y sus compinches. 
Debemos adoptar inmediatamente las medidas inteligentes de congelar sus bienes en el extranjero e imponerle una prohibición de viajar. 
La decisión de avanzar en esta dirección deberán tomarla los ministros en Laeken este fin de semana. 
Nuestra determinación debe quedar perfectamente clara en la reunión que está prevista que se celebre la semana próxima entre la Unión Europea y representantes de Zimbabwe en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. 
Si Mugabe no toma medidas inmediatas y verificables, tal y como le exige la comunidad internacional, la Unión Europea deberá estar dispuesta a imponerle inmediatamente las sanciones inteligentes. 
Nuestra resolución de hoy establece claramente lo que hay que hacer. 
No atenuemos el mensaje de ninguna manera. 
La resolución constituye una base para tomar medidas ya. 
Señor Presidente, es la sexta desde el inicio de la crisis en Zimbawe y la que ha sido redactada de forma más incisiva. 
Tenemos que agradecer al Consejo que haya puesto en marcha por fin el Artículo 96 del Acuerdo COTONOU que llevaba esperando desde la última Resolución. 
Esperamos que los contactos con Zimbawe en este nuevo contexto sirvan para algo, si bien no podemos esperar que a ese señor le interesen nuestras medidas. 
Más bien al contrario, pues este fin de semana será elegido en Victoria Falls candidato a la presidencia por sus propios correligionarios. Ya está tomando medidas para que las elecciones sean una farsa. 
A ello se debe también que no sólo esté pidiendo el documento de identidad como requisito para la participación en las elecciones, sino también la certificación de residencia. 
Muchas personas no pueden aportar esto. 
Ahora ya no quiere hacer las elecciones con el sistema de circunscripción única, sino con circunscripciones electorales. 
Las personas que no están censadas en las grandes ciudades donde trabajan tienen que desplazarse a sus lugares de origen. 
La mayoría no lo podrá hacer. 
El objetivo es excluir de facto de las elecciones a la mayor parte posible de personas, pues sabe que así se quita de enmedio a la mayoría de sus oponentes. 
En la provincia de Masningo hay actualmente 200.000 personas pasando hambre porque el gobernador Hungwe lleva cuatro semanas impidiendo que se distribuyan alimentos a traves de las ONGs. 
Pide ser él quien reciba y distribuya los alimentos para poder así, obviamente, repartirlos entre los suyos. 
No permitamos que lo consiga, sino que, mediante medidas específicas, busquemos la forma de parar a tiempo al Sr. Mugabe. 
Para ello hago un llamamiento a todos. 
Señor Presidente, señoras y señores, es bastante triste ver a un presidente testarudo arruinando a su país sistemáticamente junto con los inconscientes activistas de su partido sin renunciar para ello a disponer de la vida de la gente porque no es capaz de asumir la pérdida de poder a la que se ve abocado. 
Al igual que el señor Gahler también yo participé en el grupo de observadores de las elecciones al Parlamento y pude contemplar en primera fila cómo Mugabe y su gente están llevando al país derecho a la catástrofe. 
Pese a intentos masivos de amedrentamiento a los electores, lo que se está repitiendo ahora, y a pesar de la persecución generalizada de los candidatos de la oposición que acabó fatalmente en muchos casos, la MDC ha logrado un resultado notable del que Mugabe es un claro signo: que el cambio político no está lejos. 
Pero como ahora están próximas ya las elecciones presidenciales, Mugabe aprieta más su tenaza de violencia y terror. 
No hay ningún rastro de la vuelta al estado de derecho como se comprometió en el Acuerdo de Abuja, sino más bien lo contrario. 
La permanente represión cada vez más terrible, el brutal recorte de la libertad de prensa y las amenazas a la oposición, la continua ocupación de fincas y las continuas violaciones del estado de derecho están conduciendo a Musgabe incluso al divorcio de sus propios aliados tradicionales del sur de África. En la última sesión de la Asamblea parlamentaria paritaria ACP/UE de octubre celebrada en Bruselas se puso esto claramente de manifiesto. 
Esos estados van a caer también arrastrados por la catástrofe económica y humanitaria de Zimbawe en el remolino de la inestabilidad y el deterioro. 
Es necesario seguir presionando a Robert Mugabe para que dé marcha atrás y celebre unas elecciones presidenciales de acuerdo con los estándares propios de limpieza y libertad. Para ello necesitamos el apoyo de las instituciones de la Comunidad Europea. 
Señor Presidente, el régimen del presidente Mugabe en Zimbabwe tiene ahora muy mala fama internacional, y con razón. 
Mugabe, en su afán ciego de mantenerse en el poder, sacrifica literal y metafóricamente muchísimas vidas humanas. 
Lamentablemente, el chocante titular que se podía leer en la prensa neerlandesa de apenas hace una semana "Zimbabwe apesta a sangre" resume el contenido del artículo del corresponsal en Harare. La vulgar viñeta sacada del periódico oficialista "The Herald" que acompañaba este artículo, suscribía este mensaje inquietante. 
Esta viñeta de burla hacía de Morgan Tsvangirai, el adversario de Mugabe por excelencia en las elecciones presidenciales del año que viene, una burda caricatura. Le pintan como un lameculos de los granjeros blancos y ricos en su propio país y del mundo occidental. 
Sin embargo, la realidad política en Zimbabwe es muy distinta. El terrorismo estatal contra los granjeros blancos, su administradores negros y los trabajadores del campo está al orden del día, como también contra los adversarios políticos del partido de Mugabe, el ZANU-PF. 
Este terrorismo estatal queda manifiesto en una decena de métodos represivos: los ataques al sistema judicial, la creciente politización del ejército y de la policía, la limitación de la libertad de prensa, las ocupaciones de tierras de granjeros blancos, la difamación de organizaciones independientes como la Cruz Roja que operarían como tapaderas para los grupos de la oposición, el fraude electoral, las escuchas ilegales de teléfonos de la oposición, las calumnias y las detenciones de los miembros del partido de la oposición, el Movimiento Para el Cambio Democrático, el empleo de la violencia y la intimidación contra supuestos partidarios de la oposición y, finalmente, el asesinato de adversarios políticos. 
Señor Presidente, con este trasfondo quisiera pedir a la Comisión que, en su reunión prevista con los representantes gubernamentales de Zimbabwe la semana que viene, salga sobre todo en defensa de las organizaciones nacionales que acogen a las víctimas de la violencia política de Zimbabwe, que ya se cuentan por cientos de miles. 
Cuando el Sr. Mugabe se convirtió en el primer Presidente de Zimbabwe hace unos 40 años, aquel país en el interior de África era una nación rica que podía alimentar a su población y exportar alimentos a los países vecinos. 
Aproximadamente mil granjeros blancos, que poseían la mayor parte de las tierras, producían los alimentos y los excedentes. 
Tras la independencia de Zimbabwe, el Acuerdo de Lancaster House entre Gran Bretaña, como potencia colonial, y Zimbabwe permitió la redistribución de la tierra a familias negras y una compensación adecuada a los agricultores blancos sin ninguna pérdida de producción. 
Mugabe ha fracasado en la aplicación de estas reformas. 
Ha fracasado en el establecimiento de las familias negras pobres. 
Desde la independencia, Mugabe ha tenido mucho tiempo para instaurar una democracia real, el Estado de derecho y la prosperidad para todos. 
En cambio, se ha enriquecido él, ha enriquecido a sus amigos y ha destruido la economía de su país. 
Él ha convertido a los pobres en aún más pobres. 
Ha intimidado, saqueado y privado a los agricultores blancos que producían tanta riqueza para su país. 
Zimbabwe necesita unas elecciones libres y justas ahora. 
Mugabe no debería tener miedo. 
Será juzgado por su actuación. 
Si es un estadista, como Mandela, debería dimitir con dignidad y dejar que otro candidato de ZANU-PF se presente a las elecciones. 
Si sigue siendo católico, debería escuchar al Arzobispo Ncube de Zimbabwe que también le ha condenado regularmente sin temor. 
El Sr. Mugabe no puede ser recordado en África ni lo será a menos que les dé a sus conciudadanos la oportunidad de respirar, caminar sin miedo y buscar oportunidades para mejorar la calidad de vida. 
Tengo un mensaje muy sencillo para el Sr. Mugabe- haga como los ancianos africanos y retírese con dignidad a su aldea. 
. (EN) Señor Presidente, las consultas previstas en el artículo 96 no serán fáciles, pero debemos darles una oportunidad. 
Zimbabwe confirmó su participación, pero ayer se aplazó la fecha original de 19 de diciembre para el inicio de dichas consultas. 
No nos han indicado ninguna otra fecha. 
Nuestra intención es celebrarlas el mes próximo. 
Hemos comunicado que invitaremos a la SADC, los países ACP y la OUA a tomar parte en dichas consultas. 
Es bueno porque amplía su alcance y ancla en África el tipo de conversaciones que debemos llevar a cabo con Zimbabwe. 
Las consultas se centrarán en los asuntos que nos preocupan- los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho, la buena gobernanza y la escalada de la violencia. 
Las consultas nos brindarán la oportunidad de recabar los puntos de vista del Gobierno y de buscar su firme compromiso en los siguientes ámbitos: la violencia de origen político, las elecciones, la libertad de los medios de comunicación, la judicatura y la ocupación ilegal de tierras. 
Quisiera tranquilizar al Parlamento afirmando que estas consultas abarcan la práctica totalidad de los asuntos planteados en sus propuestas de resolución. 
Me gustaría hacer hincapié en que tampoco faltará una posición clara de la Unión Europea respecto a las cuestiones que esperamos que Zimbabwe plantee, tales como la reforma agraria, la injerencia en sus asuntos internos, el supuesto apoyo a la oposición y la imposición de lo que ellos llaman "los valores blancos". 
Por último, es necesario no prejuzgar el resultado de las consultas y tratarlas en el espíritu del Acuerdo de Cotonú, no sólo para encontrar soluciones a la situación junto con Zimbabwe, sino también para mantener la confianza mutua y la confianza entre la Unión Europea y los países ACP. 
Pero respetar las reglas y el espíritu de estas consultas no significa que debamos realizarlas de una manera vaga y sin firmeza. 
No es así como pensamos actuar. 
En lo relativo a la vigilancia electoral, la Comisión se está preparando para ello. 
El Gobierno de Zimbabwe ha anunciado que no aceptará supervisores; sólo invitará a amigos para que observen las elecciones presidenciales. 
Los augurios de una presencia comunitaria no son demasiado buenos, pero podremos formar una misión de la Unión Europea en caso de que sea viable. 
Mantenemos la flexibilidad para reaccionar a los acontecimientos y las posibilidades que se presenten. 
Un requisito fundamental será que Mugabe no manipule ninguna misión internacional de observación- ya sea multilateral o bilateral- para que envíe observadores a corto plazo únicamente el día de la votación. 
Debemos tener presente que el año pasado, el día de la votación fue relativamente tranquilo. 
No hay ninguna duda de que el período de campaña antes de acudir a las urnas es crucial para determinar la imparcialidad del proceso electoral. 
La Comisión considera necesario un plazo mínimo de observación- a saber, un mes- y estamos persuadiendo a otros para que no se limiten a enviar observadores a corto plazo. 
La Comisión ha sugerido que la Unión Europea centre su enfoque en las normas y condiciones del Foro Parlamentario de la SADC, que cumplen los requisitos de las Naciones Unidas y han obtenido el respaldo del Partido ZANU-PF en el poder en Zimbabwe. 
Hay indicios de que otros interlocutores internacionales, tales como la Commonwealth y los Estados Unidos, estarían de acuerdo en que se apliquen dichas normas, que luego permitirían a la comunidad internacional juzgar sobre la transparencia e imparcialidad de las elecciones. 
Paralelamente, estamos alentando al Foro Electoral de la SADC y al Foro de las Comisiones Electorales de los países de la SADC a entablar un diálogo con las autoridades y los partidos políticos de Zimbabwe sobre los preparativos para las elecciones presidenciales. 
Consideramos la estrecha colaboración con la SADC en esta actividad preelectoral como una posibilidad de crear una especie de línea de fondo que nos permita hacer algo en caso de que no podamos participar directamente. 
Pero preferimos esta última opción y Zimbabwe debería acoger favorablemente a los observadores comunitarios. 
La Comisión mantiene su compromiso en el país de cara, por un lado, a no prejuzgar el resultado de las consultas y, al mismo tiempo, disponer la marcha de Zimbabwe en caso de un posible fracaso- con lo que incrementamos la presión sobre el país para que coopere. 
Ésta es la lógica de lo que estamos haciendo en estos momentos. 
En este sentido, estamos adoptando las siguientes medidas: la Comisión ha creado una misión para que realice sobre el terreno una evaluación de las necesidades humanitarias y la situación de la seguridad alimentaria. 
Esto lo haremos en cualquier caso, cualquiera que sea el resultado político. 
Los resultados preliminares demuestran que, sorprendentemente, el deterioro de la situación es mucho más lento de lo que cabía esperar. 
La Comisión también ha participado en la misión sobre el reparto de la tierra del PNUD. 
Con éxito o no, vale la pena ejercer presión positiva sobre Zimbabwe y hacer todo lo posible para impulsar el dossier de la reforma agraria. 
La Comisión, como he mencionado antes, mantiene su oferta de ayuda en el proceso electoral. 
Continuamos preparando nuestra cooperación en el marco del nuevo ciclo quinquenal de financiación, entre otras cosas, para demostrar al Gobierno de Zimbabwe lo que puede perder. 
No tomaremos ninguna decisión sobre si seguimos adelante o no con la firma y la puesta en vigor de la Estrategia sobre Zimbabwe hasta que finalicen las consultas. 
Firmar o no es una cuestión muy importante en muchos casos, y en éste no hay ninguna duda de que queremos esperar a que finalicen las consultas antes de dar el paso. 
Pero si no nos preparamos, sería también una falta de respeto a todo el proceso de planificación previsto en el Acuerdo de Cotonú. 
La dimensión regional es importante. 
Al parecer, los países vecinos de Zimbabwe sienten una creciente preocupación por el deterioro de la situación y las consecuencias que podrían ser muy trágicas para el país y para toda la región. 
Éste es el motivo por el que hemos tomado la iniciativa de mantenernos en estrecho contacto con la SADC y Nigeria de cara a las consultas previstas en el artículo 96. 
De hecho, es la primera vez que la apertura de estas consultas incluye una referencia a la utilización de nuestros interlocutores en la región. 
El Consejo de Asuntos Generales aceptó este enfoque, que garantiza la estrecha coordinación y la complementariedad con la SADC y el Acuerdo de Abuja. 
La Comisión y la Presidencia han realizado una serie de intercambios informales con la SADC y Nigeria sobre este panorama. 
Observamos que estos interlocutores africanos ya están presionando de igual a igual a Mugabe con vistas a encontrar una solución a la crisis. 
El emergente enfoque sobre la propiedad africana de la tierra merece ser acogido favorablemente, en particular, en vista de las consecuencias negativas que la continuación de la crisis en Zimbabwe está teniendo sobre sus países vecinos. 
Debo confesar que las perspectivas no son optimistas. 
Las cosas se presentan muy mal cuando nos disponemos a celebrar dichas consultas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
Bombas de fragmentación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0765/2001 de Sakellariou, Wiersma y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, 
B5-0775/2001 de Brie, Frahm, Eriksson, Korakas, Figueiredo, Marset Campos, Papayannakis, Boudjenah y Seppänen, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
B5-0782/2001 de McKenna, Maes, Schroedter, Lucas y Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
B5-0789/2001 de Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, 
Señor Presidente, yo quería empezar esta intervención expresando el horror que me produce esta guerra- la de Afganistán- y cualquier otra. 
Nosotros siempre nos pronunciamos muy claramente en contra del Gobierno talibán y de las medidas que tomaba en contra de su población pero, sobre todo, en contra de los derechos de la mujeres. 
Pero también estamos en contra de la muerte de- creo- miles de civiles inocentes en Afganistán. 
Hoy hablamos de un arma que se utiliza en Afganistán, un arma que está entre las que la Convención de las Naciones Unidas de 1980 puso en entredicho, un arma que también hoy es objeto de discusión en la Conferencia que se está celebrando en Ginebra. 
Un arma que, junto a las minas antipersonas, hace que espacios enormes de nuestro planeta estén inhabitables. 
Creo, señor Presidente, que debía prohibirse, sin más. 
Incluso el párrafo cuarto de esta resolución, en la que se dice que hay que conseguir que tengan mecanismos de fiabilidad mayor, me repele. 
Creo que nadie ha expresado en este Pleno tan bien, señor Presidente, el horror que produce cualquier guerra, como nuestra reciente Premio Sajarov, la israelí Nurit Peled-Elhanan, que habló aquí ayer. 
Señor Presidente, Señorías, las bombas de destrucción masiva, como todos sabemos, son las más aniquiladoras de las armas convencionales que se han inventado. 
La población civil y la ayuda internacional siguen siendo víctimas suyas muchos años después del final del conflicto. 
A menudo no pueden cerrarse acuerdos de paz porque las bombas siguen bloqueando los territorios. 
Los refugiados no pueden retornar porque la zona sigue siendo inhabitable. 
Estas son las razones por las que nuestro Grupo se une a las tesis del Presidente del Parlamento y condena la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas de este tipo en Afganistán. 
Este tipo de bombardeos serán durante años un impedimento para la realización de acuerdos de paz y para el desarrollo económico de Afganistán. 
Me parece irresponsable que todavía se practiquen ese tipo de bombardeos y pido a los EEUU que les ponga fin de una vez. 
Pido también a todos los estados, especialmente a los firmantes del Acuerdo de la ONU sobre Armas Convencionales que impongan una moratoria inmediata en la próxima conferencia para declarar la prohibición definitiva de la utilización, producción y comercialización de esas armas. 
Pido también al Consejo y a la Comisión que, en las negociaciones con ellos, presionen a los EEUU para que se unan a esta prohibición. 
Permítanme hacer una breve referencia a la declaración del Comisario sobre Zimbabwe, que acojo muy favorablemente. 
Hemos aplazado estas negociaciones en el marco del Acuerdo de Cotonú y realmente necesitamos que se fije un plazo para su celebración. 
De lo contrario, puedo ver cómo Mugabe seguirá aplazándola hasta que no ocurra nada en absoluto. 
Quisiera sugerir que fijemos una fecha, como el 12 de enero, y que si para entonces no ocurre nada, sigamos adelante con la adopción de las firmes medidas a las que se ha hecho referencia. 
Volviendo al tema de las bombas de fragmentación, debo decir que yo he sido uno de los más fervientes activistas a favor de la campaña para la prohibición de las minas terrestres antipersonas, porque nuestras fuerzas armadas reconocen que su limitada utilidad militar se ve superada con creces por el peligro que con tanta frecuencia representan para los civiles, a menudo muchos años después de que haya terminado el conflicto. 
Existen otras armas que podrían utilizarse en vez de las minas antipersonas con los mismos resultados, pero sin los peligros negativos. 
Las personas que participan en la eliminación de minas atestiguarán el hecho de que gran parte del material peligroso que encuentran es distintos tipos de munición sin explotar, más que minas antipersonas. 
A veces entre esta munición se encuentran submuniciones sin explotar procedentes de bombas de fragmentación. 
Debo decir que las bombas de fragmentación no son minas terrestres antipersonas y es inútil intentar confundir estas dos cuestiones. 
A pesar de que estaría dispuesto a apoyar la necesidad de que estas municiones de control remoto contengan mecanismos de autodestrucción o neutralización, sería muy poco prudente insistir en su prohibición hasta que nuestras fuerzas armadas estén satisfechas de que sus operaciones no estarían en desventaja o que dispongan de armas sustitutorias de igual eficacia. 
Debemos ser muy cautelosos y cuidarnos de convertirnos en lo que denominaría "fanáticos de la prohibición". 
De lo contrario, empañaremos el enfoque de nuestras acciones contra sistemas como las minas terrestres antipersonas y el amplio apoyo que despierta este tipo de campañas. 
La resolución contiene algunos elementos que puedo apoyar, pero recelo de algunos de sus elementos impulsores. 
Por consiguiente, me inclino por abstenerme sobre la resolución. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en un Acuerdo Internacional sobre Protección de las víctimas de conflictos armados se dice: "Está prohibido utilizar armas, municiones o material así como métodos de guerra que puedan causar daños innecesarios y sufrimientos inútiles." 
Hasta aquí la teoría. 
La práctica es otra. 
Hay personas malignas en el mundo que no tienen escrúpulos cuando deciden utilizar la violencia ni cuando deciden qué armas emplear para ello. 
Pero también hay quienes que, guiados por buenas razones, buscando impedir o limitar el reinado de la violencia y el terror, recurren a las armas, o, mejor: deben recurrir a las armas, pero llevados por reflexiones respetuosas con los derechos humanos. 
A ellos se dirige nuestra llamada. Si, aunque sea por buenas razones, hay que recurrir a las armas, esas armas no deben ser de ningún modo de las que, como dice el texto citado, causen daños innecesarios y sufrimientos inútiles. 
En este sentido hay que vincularlo con nuestra continua y nuestra amplia- no completa, pero sí amplia- victoriosa lucha contra las minas personales, pues son armas de la misma naturaleza. 
Creo que en este caso debemos decir muy claramente nuestra opinión. 
Podrá haber posibilidades técnicas que impidan los daños y el sufrimiento innecesario, pero al menos por lo que hace al presente deberá haber una moratoria. 
Lamentamos también la utilización de ese tipo de armas, no sólo en Afganistán. 
Pero lo más decisivo es pensar en el futuro y que la UE se ponga clara y decididamente a favor de una moratoria tal con el fin de, por repetirlo una vez más, impedir daños innecesarios y sufrimientos inútiles. 
Europa debe asumir este reto. 
Señor Presidente, no hay disciplina de Grupo respecto de esta Resolución. Yo pertenezco a los que la apoyan y a los que se pronuncian vehemente a favor de la moratoria. 
Justo en la actual guerra es cuando debemos tener mucho cuidado. 
Estamos combatiendo un régimen terrorista, pero corremos el peligro de no preparar la paz y de haber entrado en el conflicto sin un claro programa de paz y sin una perspectiva definida. 
Estamos en contra de la pena de muerte que han aplicado los talibán, y lo estamos manifestando en las grandes emisoras norteamericanas que han retrasmitido ya suficientes ejecuciones. 
Estamos en contra también de la represión de la mujer llevada a cabo por los talibán y silenciamos las violaciones que han sido cometidas masivamente por la llamada Alianza del Norte, una alianza que nos plantea serias dudas. 
En relación a este tema también hay que considerar, naturalmente, que debemos utilizar un armamento que nos permita acabar felizmente con esta guerra. 
Pero por el otro lado se trata de respetar a la población civil tanto como sea posible para evitar que se llegue a una nueva escalada de la guerra a nivel mundial, así como a una nueva escalada de armamentos justo en un momento en el que cada vez más políticos, incluso antiguos pacifistas, están empezando repentinamente a pensar en categorías de realizabilidad de las guerras y comenzando a aceptar la guerra como medio de la política. 
Debe ser, eventualmente, el último medio, pero me preocupa lo fácil que últimemente se piensa en la ella. 
Justo en este momento es necesario prohibir tales armamentos, y, sobre todo, fortalecer el derecho internacional. 
Hemos formado una coalición internacional contra el terror, pero si no logramos que se refleje en un fortalecimiento del derecho internacional de Naciones Unidas correremos el riesgo de que surjan otras constelaciones que no deseemos en absoluto. 
De modo que lo dicho: lucha contra el terror pero la perspectiva debe ser la del fortalecimiento del derecho internacional, la prohibición de armas atómicas pero también químicas y biológicas. 
Nos dirigimos con ello a los EEUU. 
Naturalmente, la prohibición de las bombas de destrucción masiva es muy importante pues son un arma de guerra que representa un daño a la población civil difícil de imaginar. 
Quien conozca los daños que se han producido en los Balcanes o en Kosovo, esta vez por las minas que sembró el ejército yugoslavo- también esto hay que decirlo -, podrá entender que sea necesario en cualquier caso hacer cumplir la prohibición. 
La Comisión comparte la preocupación del Parlamento por los problemas humanitarios, económicos y sociales causados por las distintas municiones sin explotar, como las bombas de fragmentación, y por las dificultades especiales para limpiar zonas contaminadas. 
Varios estudios sobre las bombas de fragmentación demuestran que nada menos que el 10% de las submuniciones de estas bombas no explotan con el impacto y que las que permanecen sin explotar suelen tener efectos similares a los de las minas terrestres antipersonas. 
También son activadas por las víctimas y provocan la muerte o causan lesiones tan graves como las que causan las minas terrestres. 
La Comisión ha tomado buena nota de la propuesta presentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja para que se trate sobre los problemas causados por las bombas de fragmentación y otros "remanentes explosivos de la guerra" en la Conferencia sobre la revisión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Prohibición y Restricción de Ciertas Armas Convencionales. 
La Unión Europea comparte ampliamente este enfoque. 
En la Conferencia sobre la revisión, que se celebrará en Ginebra del 11 al 21 de diciembre de 2001, la Unión Europea presentará una posición común sobre el tema de los remanentes sin explotar de la guerra, pedirá que se adopten medidas concretas para buscar solución a este problema en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. 
Con este propósito, hemos llevado a cabo gestiones diplomáticas para allanar el terreno que propicie un resultado fructífero de la Conferencia de Ginebra. 
La iniciativa del Parlamento es, por consiguiente, especialmente oportuna y positiva. 
La Comisión seguirá de cerca el desarrollo de la Conferencia sobre la revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. 
A nivel operativo, la Comisión ya ha comenzado a hacer una contribución indirecta, pero tangible, a la reducción de la amenaza que representan las bombas de fragmentación y otras municiones sin explotar a través del instrumento jurídico y presupuestario del Reglamento sobre minas terrestres antipersonas. 
La limpieza de minas llevada a cabo en virtud de dicho reglamento incluye, de hecho, la limpieza de otras municiones sin explotar. 
Ya hemos comenzado a tomar parte en actividades mucho más amplias de limpieza en países como Laos y la República Federativa de Yugoslavia y Kosovo, donde el problema de las minas terrestres antipersonas está claramente relacionado con la contaminación por munición sin explotar. 
La limpieza de minas también está respaldada en muchos países como parte de la ayuda humanitaria financiada con cargo a ECHO y como parte también de las actividades de desarrollo cuando realizamos trabajos de reconstrucción o construimos carreteras, etcétera en distintos países con cargo a ECHO. 
Hace una semana presencié en Kabul actividades de limpieza de minas financiadas por ECHO. 
A través de dos organizaciones, hemos contratado a algo así como entre 1.500 y 2.000 personas afganas que trabajan continuamente en la limpieza de minas. 
Marchábamos por unos senderos marcados en zonas en las que llegué a contar entre 30 y 40 submuniciones de bombas de fragmentación sin explotar. 
Estas submuniciones no permanecen necesariamente en la superficie. 
Cuando una submunición de una bomba de fragmentación explota, puede enterrar otras submuniciones y, a todos los efectos, se convierten en minas terrestres antipersonas. 
Tienen tres funciones: perforación de la coraza de vehículos blindados, fragmentación en cargas explosivas que se desintegran de la cubierta e incendiaria tras el impacto. 
Fue una experiencia muy morbosa, pero me produce auténtica satisfacción que estemos financiando este tipo de actividades a gran escala. 
No hay ninguna duda de que es una de las principales prioridades en la actual situación, cuando estamos trabajando para hacer posible el regreso sin peligros de los refugiados a sus hogares. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, señor Comisario, no es posible una paz duradera en Afganistán sin la participación de la mujer. 
Éste el mensaje más importante de la Cumbre de Mujeres que se celebró en Bruselas el 5 y el 6 de diciembre con el apoyo de la UE. 
Cerca de 50 representantes de las directivas de todos los grupos sociales participaron en ella con el objetivo de hacer oir la voz de las mujeres afganas en los debates políticos internacionales de la actualidad. 
Celebramos que la Conferencia de Bonn organizada paralelamemente por la Conferencia de la ONU sobre Afganistán haya decidido que en el gobierno provisional haya al menos dos mujeres, una de ellas vecepresidente. 
Seguramente la Cumbre de Bruselas contribuyó a ello. 
Pueden contar con nuestro apoyo, pero eso no basta. 
Presionaremos para que las mujeres puedan ser candidatas para las próximas elecciones en todos los niveles políticos. 
Esto es, necesitan apoyo ahora y ayudas concretas dentro de un programa especial de democratización. 
En todas las negociaciones posteriores debe asegurarse que las mujeres afganas estén totalmente integradas tanto en la resolución del conflicto como en las conversaciones de paz. 
La atención actual de la opinión pública mundial y de los medios debe ser aprovechada para crear nuevas estructuras y para asegurar que las mujeres afganas sean escuchadas. 
Mi Grupo utilizará el Congreso Internacional de la Mujer de 2002, como ya hizo en el de 1998, para prolongar la ola de apoyo y canalizarla a superar la catástrofe humanitaria. 
Para nosotras las socialdemócratas, que durante años estuvimos llamando la atención sobre la humillante situación de la mujer en el Estado Talibán, la divisa es ésta: ningún proyecto de futuro para Afganistán ni ningún acuerdo político sin que sea aceptada completamente la participación de la mujer. 
Pedimos la formación de un grupo de líderes afganas que coordinen el apoyo internacional, así como un interlocutor para la ayuda de la UE. 
Las mujeres y las adolescentes de Afganistán han tenido que soportar 20 años de guerra así como la continua violación de los derechos humanos. 
Pero no por ello están condenadas al silencio. Organizaciones afganas como RAWA han trabajado duro contra el régimen talibán. 
No puede decirse aún que con la Alianza del Norte las cosas vayan a mejorar sustancialmente. 
Por eso debemos apoyar hoy el valor y la constancia de RAWA. 
Esta mañana hemos diseñado las condiciones técnicas en materia presupuestaria para apoyar a ONGs como RAWA. 
Pero necesitamos mucho tesón y mujeres comprometidas que aseguren que la paz, la libertad y la igualdad sean garantizadas a todas las mujeres afganas. 
No debemos cejar en el empeño hasta que los derechos de las mujeres en tanto derechos humanos sean totalmente respetados en la futura constitución. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, sin duda pertenecemos al mismo mundo que las mujeres afganas. 
Desearía recordar su Declaración de los Derechos Fundamentales de la Mujer Afgana de Douchanbé, del 28 de junio de 2000. 
No eran simplemente víctimas, eran mujeres en acción. 
Me gustaría recordar también, como la Sra. Gröner acaba de hacerlo, la Cumbre de Mujeres Afganas que finalizó el 6 de diciembre de 2001, la semana pasada, culminando con una declaración que es importante conocer. 
Esta declaración dice lo siguiente: ahora es cuando las mujeres afganas quieren sus derechos, y no mañana, y no después. 
Se les han devuelto todos estos derechos, por tanto ahora hay que restablecerlos. 
Por ello, he presentado una enmienda para la que les solicito su aprobación, y les pido que este restablecimiento se haga lo antes posible. 
Hay que darles la posibilidad de circular, de acceder a la educación, a los servicios sanitarios, etc. porque, en el fondo, nosotras, las mujeres de este mismo mundo que ellas, estamos un poco preocupadas. 
Estamos un poco preocupadas y exigimos una vigilancia por parte de las instituciones europeas, así como de las instituciones de la ONU. 
El artículo 5 de la resolución pide que la ONU se ocupe particularmente de este respeto a la igualdad entre hombres y mujeres en Afganistán, porque, en el fondo, las mujeres han sido el símbolo de muchas cosas. 
Han sido el símbolo de su opresión, pero también han sido el símbolo del hambre. 
Hace seis meses, cuando hablábamos de la situación en Afganistán, fueron el emblema de la destrucción de los Budas de Bamyan, e incluso de su propia opresión. 
Por tanto, no son un símbolo de usar y tirar. 
Hay que conseguir que todas las mujeres puedan recuperar sus derechos, y que aquellas que se consideren preparadas para luchar como parte activa representando al pueblo en su conjunto puedan participar en el gobierno. 
Esto es así, son mujeres en acción, y pertenecemos al mismo universo. 
Creo que la libertad de circulación que piden, que el habeas corpus que piden es el mismo que el de las occidentales, y, desde esta óptica, aquí no debemos hacer diferencia alguna, y por ello no se trata de un asunto de segunda categoría, sino ciertamente de un único asunto que, como institución, les pido, si es posible, que hagan respetar, porque no podemos estar seguros de que el futuro será mejor que el pasado para estas mujeres que están allí. 
Señor Presidente, estimado Comisario, quisiera añadir a lo que han dicho los colegas que es satisfactorio ver la alegría que demuestran las mujeres afganas. 
Las mujeres afganas tienen motivos para sentir miedo. 
Es sabido que la Alianza del Norte también ha cometido atropellos, como, por ejemplo, la realización de bodas sin el consentimiento de los novios. 
Es importante que las mujeres y los niños puedan pasar el invierno. 
Al mismo tiempo hay que continuar con las medidas que se han mencionado: pleno acceso a la educación y sanidad para las mujeres. 
Tenemos que empezar de inmediato con un approach que tenga fundamento jurídico. 
Las mujeres afganas no deben mendigar su derecho a la educación como si fuese un favor; debe ser un derecho. 
Así conseguirán la dignidad y la educación que necesitan. 
También es necesario que se fije con antelación el destino de los recursos, pero en esta materia hay que intentar una mayor igualdad entre los diferentes grupos étnicos. 
Nos alegramos por los resultados de la Conferencia de Bonn, pero hay que seguir adelante. 
Quisiera también llamar la atención del Comisario Nielson sobre el informe especial que ha preparado mi antecesora, Elisabeth Rehn, en torno a las actividades de la ONU para el mantenimiento de la paz, y le pido que observe que queda mucho por hacer respecto al tratamiento que reciben las mujeres por parte de las fuerzas encargadas del mantenimiento de la paz. 
En esas fuerzas se necesitan mujeres, además de conocimientos sobre cómo tratar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia. 
Espero que la ONU respalde la propuesta que Elisabeth Rehn ha presentado en su informe a Kofi Annan. 
También habrá que determinar responsabilidades, es decir, quién ha hecho qué. 
Ésta es la única manera de curar las heridas. 
Creo que en esta materia hay muchas experiencias útiles en el campo internacional. 
Por último, Comisario Nielson, un asunto relativamente grave. 
¡Se necesitan perros detectores de minas! 
Estos perros pueden cumplir una misión muy importante en la eliminación de las minas. 
Espero que la UE apoye esta iniciativa. 
Señor Presidente, el miércoles pasado la Conferencia Internacional sobre Afganistán celebrada en Bonn llegó a conclusiones muy positivas. 
Dos mujeres entrarán a formar parte en el nuevo gobierno compuesto por 29 miembros. 
Éste es un mensaje básico y un primer paso para el reconocimiento social. 
El previsible final de la terrible hegemonía talibán y su régimen medieval significará también el fin de la brutal represión de los derechos de la mujer. 
Ellas fueron las que en primer lugar y en mayor medida sufrieron el dominio de la casta de los autodenominados soldados de dios. 
Se les negó la educación, la formación, el ejercicio profesional y el derecho de opinión. 
Fueron expulsadas de la opinión pública. 
El triste resultado es que sólo el 5% de todas las mujeres y adolescentes saben leer y escribir. 
A partir de ahora, las mujeres irán conquistando paso a paso la igualdad de oportunidades laborales, la igualdad en la atención sanitaria y el derecho de sufragio. 
Necesitan tener presencia y voz en el Parlamento. 
Estoy convencido de que lograrán crear organizaciones propias para poder influir en procesos de decisión económica y social. 
Encontrarán inevitablemente su propia identidad, pero necesitan mucho tesón y debemos respaldarlas. 
Espero que las mujeres a las que homenajeamos el 8 de marzo con la campaña "Una flor para Kabul" puedan volver a sus trabajos como médicos, maestras, profesoras, ejecutivas. 
En nombre del PPE y como miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades apoyo la propuesta de declarar el 8 de marzo del próximo año día de la mujer afgana. 
La Unión Europea ha apoyado a Afganistaán en los últimos 10 años sólo con 400 millones de euros. 
Nuestra aportación financiera debe crecer y destinarse a programas de acción dirigidos a las mujeres. 
Pedimos también a los estados vecinos de Afganistán que se impliquen activamente en el proceso de reconstrucción del país. 
Señor Presidente, como coautor de la presente resolución, me enorgullece haber denunciado en junio de este año en esta Asamblea la brutalidad y la política oscurantista medieval del Gobierno talibán, cuando decidió destruir las bellas estatuas budistas de Bamiyan. 
Eso fue mucho antes de que ellos, y su trágico país, se convirtieran el 11 de septiembre en centro de atención del mundo, cuando el nexo de los talibanes y los perpetradores del ataque contra los Estados Unidos resultó evidente para todos. 
Afganistán se encuentra ahora en una encrucijada histórica. 
En mi calidad de diputado británico, me siento orgulloso del papel que han desempeñado las valientes tropas de mi país para ayudar a los Estados Unidos a liberar Afganistán de sus amos opresores y poner fin a este refugio de terroristas internacionales que se propusieron destruir los valores occidentales, incluidos los derechos de las mujeres. 
Saludo en particular a aquellos que han resultado heridos en la campaña y espero, cuando el Reino Unido se dispone a convertirse en uno de los principales componentes de la fuerza de paz de las Naciones Unidas, que no se produzcan más bajas. 
Hace dos semanas fui invitado a reunirme con una representante de la Asociación Revolucionaria de Mujeres Afganas, y, como Conservador, en un comienzo me mostré reacio ante el título de "revolucionaria". 
No obstante, después de mi reunión pensé que en Afganistán también me clasificarían sin duda de revolucionario a los ojos del viejo guarda mujahedín, como el Presidente Rabbani, debido a mis puntos de vista occidentales sobre los derechos sociales y políticos de las mujeres. 
Acojo con satisfacción la participación de dos mujeres en el gobierno provisional y espero que la nueva generación de dirigentes políticos más jóvenes, progresistas y modernos encuentre el modo de establecer un nuevo orden basado en la igualdad entre ambos sexos y en los plenos derechos políticos y sociales, que están arraigados en sus compromisos con los tratados internacionales, y que deje de considerar a las mujeres y su papel como meramente económico y procreador, que las hace desaparecer dentro de sus burkas. 
Las mujeres fueron en otros tiempos, en los años sesenta y setenta, bien acogidas por el Gobierno del Rey Mohamed Zahir Shah como miembros de pleno derecho de la sociedad en sus profesiones, su enseñanza superior y en política. 
Espero que Afganistán pueda volver a esta forma de gobierno secular moderado y hacer uso del enorme talento que reside en más del 50% de su población. 
Señor Presidente, Arabia Saudita no tiene crédito ni ofrece garantías para defender a las mujeres afganas. 
Arabia Saudita es uno de los tres únicos países que apoyaron oficialmente el régimen talibán. 
Viene fomentando y ayudando financieramente a los fundamentalismos islámicos y viola gravemente los derechos humanos de las mujeres. 
Señor Presidente, con este pedigrí antimujeres que tiene Arabia Saudita, ¿es coherente que el 20 de noviembre, en la reunión celebrada en Washington, se designara a ese país para formar parte del grupo que dirigirá la reconstrucción de Afganistán? 
Ahora, señor Presidente, comienza una etapa esperanzadora para Afganistán y es preciso que empiecen a cambiar las duras condiciones de vida de las mujeres. 
Necesitamos un plan de medidas urgentes para iniciar la reconstrucción y el camino de la paz y el progreso. 
Precisamos que la Unión Europea se ocupe lo más directamente posible de poner orden en la distribución de la ayuda humanitaria y de implantar rápidas medidas y estructuras para que haya enseñanza y sanidad para las niñas y para las mujeres. 
Como recomendación final, señor Presidente, es necesario que recordemos a aquellas organizaciones de mujeres que hicieron la resistencia contra los talibán- como RAWA -, y esas organizaciones de mujeres son las que deben de jugar ahora un papel decisivo para que la reconstrucción se haga con las mujeres y para las mujeres. 
" Seguimos viendo muertos: el nuestro es un país cementerio. 
Nosotros seguimos resistiendo para liberarnos del terrorismo, de los señores de la guerra, también de los Estados Unidos, que han creado a Bin Laden y a los talibanes y, para combatirlos y matarlos, nos bombardean también a nosotros. " 
Fátima me llama por teléfono desde Kabul; no es una prófuga, es una dirigente del RAWA. 
Dice que las calles de Kabul han vuelto a estar llenas, los mercados están llenos, pero no hay dinero y las viudas siguen viviendo de la caridad, los niños van a los basureros. 
Todos tienen todavía miedo. 
Algunas mujeres se han quitado o levantado el burka, algunos hombres se han afeitado, la música ha vuelto a sonar, pero hay miedo a los castigos y a las venganzas. 
Por ello, dice Fátima- y yo estoy de acuerdo con ella- debería haber una fuerza de las Naciones Unidas sin rusos, americanos, ingleses, sino con contingentes de otros países; una fuerza multiécnica y multirreligiosa que se encargue de desarmar a los grupos militares. 
De los derechos de las mujeres afganas, todo el mundo habla. Eso está bien, con tal de que las mujeres no sean de nuevo utilizadas para dar legitimidad a acciones de guerra. 
Durante años, mujeres afganas y también europeas han denunciado a un occidente sordo las condiciones de opresión y de violencia del régimen de los talismanes. 
La guerra no ha acabado; no podemos fingir y hablar sólo de futuro y de reconstrucción. 
Se han dado pasos importantes para la presencia de las mujeres en la formación del gobierno, pero no basta y no ha acabado. 
Debemos apoyar a aquellas mujeres democráticas que tienen una visión laica de la constitución y que, aunque no niegan su propia identidad, superan las divisiones étnicas y tribales. 
Muchas de nosotras nos hemos reunido con ellas; juntas hemos elaborado reivindicaciones- de ello han hablado los demás parlamentarios -, pero también hemos puesto en juego nuestra responsabilidad. 
Las minas que despedazan son fabricadas por las fábricas occidentales; las cluster bomb, lanzadas a miles durante estos días y que han quedado sin explotar, son fabricadas por nuestras fábricas; nuestras son las patentes perversas que diseñan las minas en forma de mariposa o de muñeca; nuestras son las cluster bomb amarillas y atractivas, con el mismo color de las bolsas de alimento lanzadas desde los aviones. 
A las mujeres afganas nos une un camino común, el de la libertad y la justicia para todos y todas. 
Que la resolución que votamos hoy y la enmienda Fraisse no queden en papel mojado, sino que se conviertan en una práctica real. 
. 
(EN) Antes de que los talibanes se hicieran con el poder en Afganistán, durante 1995-1996, la Unión Europea ya estaba informada de la precaria situación de las mujeres en la sociedad afgana. 
Así se reconoció en el carácter de los programa de ayuda que financiamos por aquel entonces y que se centraban principalmente en la asistencia sanitaria, la enseñanza y la creación de empleo para mujeres. 
Con la llegada al poder de los talibanes en Kabul en 1996, la Unión Europea aprobó una Posición Común sobre Afganistán. 
La Posición Común es renovada cada año y establece de forma clara entre sus objetivos el fomento del respeto del Derecho internacional y los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y los niños. 
Asimismo, la Unión Europea se compromete en la Posición Común a apoyar los programas de ayuda que integran consideraciones relativas al trato por razón de sexo e intentan fomentar de manera activa la participación equitativa de hombres y mujeres, así como la paz y los derechos humanos. 
En consecuencia, a través de los programas financiados por ECHO y a través de su presupuesto para ayuda a las personas desarraigadas, la Comisión continuó, incluso durante el período talibán, financiando acciones que proporcionaban asistencia sanitaria y enseñanza a las mujeres y niñas y ofrecía oportunidades de empleo y de formación a las mujeres. 
Conocí a muchas de esas mujeres y hombres en Kabul la semana pasada. 
Me hace comenzar a hablar sobre lo que yo llamo el "otro Afganistán". 
Todos conocemos el Afganistán de los señores de la guerra. 
Pero existe un Afganistán alternativo. 
También tenemos héroes y heroínas de la paz y la compasión. 
Muchos de ellos trabajan en proyectos que nosotros financiamos, lo hicieron durante el régimen talibán y han seguido haciéndolo desde el 11 de septiembre. 
En un proyecto para niños vulnerables financiado con cargo a ECHO, pude ver a unas niñas que estaban allí sentadas aprendiendo a leer y escribir y les pregunté cuántas querían convertirse en amas de casa cuando fueran mayores. 
Sólo se alzaron unas pocas manos algo vacilantes. 
Luego pregunté cuántas querían convertirse en maestras de escuela o en médicos. 
Todas levantaron la mano- todas ellas querían hacer algo. 
Diría que fue un momento muy bonito, y su profesora se sentía orgullosa. 
En otro proyecto trabajaba una mujer que hacía edredones que utilizamos para proyectos destinados a refugiados. 
Se había quedado sola, su marido murió en el conflicto y cuando los talibanes subieron al poder, tuvo que dejar de trabajar como operadora de grúa en el sector de la construcción. 
Tenía 10 hijos y su casa estaba siendo utilizada. 
Las mujeres, sentadas en el suelo, cosían aquellos edredones y ésa fue otra experiencia muy bonita. 
Al final, cuando nos fuimos, no pude resistir la tentación de darle un abrazo para expresarle mis sentimientos- evidentemente eso no fue políticamente correcto porque los vecinos podían verlo o sencillamente porque no. 
Pero el abrazo fue bien recibido y me sentí muy feliz de formar parte de un encuentro civilizado y entrañable de culturas en el centro de Kabul. 
Ahora, afortunadamente, nos encontramos en la era postalibán. 
Ahora los cambios son posibles y esperamos que lo que se consiguió en Bonn el 5 de diciembre allane el camino hacia una mejora importante de la situación de las mujeres en aquel país. 
Las mujeres fueron incluidas en la delegación de Bonn; algunos cargos de la Administración provisional serán desempeñados por mujeres. 
El Acuerdo provisional hace varias referencias específicas a la necesidad de garantizar la participación de las mujeres en la siguiente fase del proceso político- la Loya Jirga y la Administración de transición. 
Todo esto será supervisado por las Naciones Unidas, que tiene el papel constitucional, reconocido en el Acuerdo provisional, de vigilar la actuación de la Autoridad provisional y la convocatoria de una Loya Jirga, así como prever el desarrollo y la aplicación de un programa de formación en derechos humanos para fomentar el respeto y el conocimiento de los derechos humanos en Afganistán. 
La Comisión está elaborando actualmente nuevos programas adicionales de ayuda por un valor de 28,5 millones de euros, que comenzarán a llevarse a cabo durante las próximas semanas, sobre ayuda de emergencia y ayuda a las personas desarraigadas. 
El trato por razón de sexo será, naturalmente, un aspecto específico u horizontal en todos estos programas. 
ECHO ya está presente en Kabul y a mediados de enero inauguraremos formalmente la Oficina ECHO en aquella ciudad. 
Está previsto destinar allí con carácter permanente a funcionarios de la Comisión a partir del 1 de febrero de 2002. 
Por consiguiente, es importante garantizar un seguimiento también en vista de lo que estamos debatiendo aquí. 
El progreso proporcionará indicadores cruciales que permitirán a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional juzgar el cumplimiento de la nueva Administración afgana de los compromisos asumidos. 
Debo prevenirles de que no deben esperar milagros. 
Es una sociedad muy tradicional, especialmente fuera de Kabul. 
La realidad sobre el terreno no refleja la elite en Kabul, con la que nos es más fácil entrar en contacto. 
Existen muchas diferencias profundamente arraigadas. 
Debemos adoptar un enfoque de amplias miras y asegurarnos de que incluimos deliberadamente a mujeres en las numerosas actividades descentralizadas que llevamos a cabo en todo el país. 
Indonesia 
Señor Presidente, al final resulta que es cierto: la red de Al Qaeda de Bin Laden también tiene bases operativas en Indonesia. Dispone de campos de entrenamiento en Sulawesi entre otros sitios, la isla sobre la que me centraré en mi intervención. 
Bajo la tapadera del grupo terrorista islámico Laskar Yihad han llegado hace poco miles de estos combatientes, en gran parte extranjeros, a la isla de Sulawesi. 
El líder de esta organización terrorista fundada a finales de los años 90, Ya ' far Umar Thalib de Yogyakarta, de treinta y nueve años y entrenado en Pakistán, niega la presencia de los seguidores de Bin Laden. 
Sin embargo, todo indica lo contrario. 
Justamente ayer, el jefe del servicio nacional de seguridad de Indonesia, el ex-general Hendro Pliono declaró, después de una reunión con la presidenta Megawati Soekarnoputri, que Al Qaeda tiene bases operativas en territorio indonesio. 
Espero que las autoridades indonesias no se queden de brazos cruzados después de estas declaraciones. 
Hago un llamamiento para que actúen de forma decisiva contra Laskar Yihad y esta rama de Al Qaeda; esto no admite más demora. 
Desde el primer estallido del conflicto en Ambon el 19 de enero de 1999, un día antes de la fiesta islámica Idul Fitr, los terroristas de Laskar Yihad han asesinado al menos a 10.000 cristianos y múltiples personas han tenido que huir por miedo a correr la misma suerte. 
En estos momentos me preocupa seriamente que esta organización anti-cristiana, después de los acontecimientos ocurridos en las Molucas, se encuentre también arraigada en Sulawesi. 
Señor Presidente, me viene todo el tiempo a la cabeza la historia documentada del niño cristiano de ocho años. 
El niño viajaba con su madre en un autobús cuando un grupo de unos 50 terroristas islámicos obligó al conductor a parar el autobús. 
Los asaltantes empezaron a comprobar la identidad religiosa de los pasajeros. 
Había dos que resultaban ser cristianos, la madre y el niño. 
Con una violencia descomunal arrastraron al niño, dejando a la madre totalmente desesperada. 
A pesar de los gritos de angustia de la pequeña víctima, todo fue en vano: los terroristas le llevaron a rastras desde el asfalto hasta la jungla, y nunca más se supo del niño. 
Es sólo uno de los innumerables casos documentados de los asaltos de Laskar Yihad a los autobuses en Sulawesi. 
Señor Presidente, quisiera pedir al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo que esté a su alcance para aportar medios a la lucha contra el terrorismo en Indonesia, que estudien en qué manera pueden apoyar un proceso de reconciliación in situ y que investiguen qué medidas pueden tomar para fomentar el desarrollo económico en esta región. 
Todos debemos condenar los asesinatos cometidos en Papua el 10 de noviembre. 
Existe el peligro real de que se estén preparando nuevos asesinatos. 
El Gobierno indonesio tiene la responsabilidad de investigar a fondo y de llevar a equipos internacionales de investigación en caso necesario. 
Es fundamental que los responsables sean llevados ante la justicia. 
Asimismo es fundamental que el Gobierno indonesio proteja a los testigos contra la intimidación y el asesinato y que proteja también a las organizaciones, a las ONG entre otras, contra esa misma amenaza. 
También es importante que el Gobierno indonesio sustituya a las unidades especiales de KOPASSUS porque se les considera una amenaza cotidiana para la población papúa. 
También creemos que el Gobierno indonesio debería ordenar poner fin a las actividades comerciales del ejército en Papua. 
Miles de personas han muerto sólo en Sulawesi, donde los combates duran ya dos años. 
El Gobierno indonesio debe hacer un esfuerzo para garantizar la coexistencia entre la población musulmana y la cristiana, coexistencia que ha sido posible durante muchos años. 
Señor Presidente, después de un periodo relativamente tranquilo en Indonesia nos han vuelto a sobresaltar los actos violentos de noviembre en Sulawesi y Celebes entre otros, como también el asesinato de Theys Hiyo Eluay, el líder de los papúes en Irian Jaya. 
En primer lugar, quisiera hablar de este asesinato de Theys Hiyo Eluay, que se cometió el 10 de noviembre después de que él hubiera mantenido una conversación, en nombre de la comunidad papúe, con la comandancia del destacamento militar indonesio en Papúa Occidental. 
Theys Hiyo Eluay no sólo era un líder carismático de los papúes, era también un hombre moderado, que no luchaba por conseguir una total independencia de su provincia, sino que quería conseguir autonomía dentro del estado indonesio, algo que había logrado en sus contactos con el gobierno y con el parlamento indonesio. 
En octubre ratificaron esta autonomía en el parlamento indonesio y después de una cena con los comandantes militares regionales fue asesinado en la noche del 10 de noviembre. 
Es muy ilustrativo para las relaciones dentro de Indonesia que unas unidades militares regionales puedan frustrar un proceso de paz y de reconciliación y que se cometan este tipo de asesinatos. 
Muchos piensan que era un acto de venganza, porque los militares nunca iban a gozar de tanto poder y beneficios como antes en un Irian Jaya autonómico. 
Quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que soliciten al gobierno indonesio que investigue este asesinato a fondo y que castigue a los culpables, de modo que se haga justicia en una región donde actualmente reina la injusticia. 
Quiero pedir además que se preste ayuda al gobierno regional de Irian Jaya, por ejemplo por medio de la fundación de una escuela de administratición, para que los ciudadanos mismos aprendan a gobernar en su región. 
En segundo lugar, quisiera abordar la situación en Sulawesi y Celebes. Allí se encuentran ahora los grupos de la Laskar Yihad, los mismos que ya han causado tanta miseria, tantas muertes y cientos de miles de refugiados en las Molucas. 
También en esta cuestión pedimos a la Comisión y al Consejo que soliciten al gobierno indonesio que dé mayor protección a la comunidad cristiana y que controle mejor a los grupos islámicos integristas. 
Señor Presidente, si Indonesia desea preservar su posición respetable e importante, el gobierno actual debería poner realmente fin a esta violencia y la Unión Europea ha de dejar claro a Indonesia que no consiente más asesinatos y violencia contra las minorías religiosas, de lo contrario me parece que la relación entre la Unión Europea e Indonesia corre peligro. 
Señor Presidente, queridos colegas, señor Comisario, creo que esta nueva tragedia parece ilustrar una vez más lo que podríamos denominar el destino de los inmigrantes. 
Hace un año, se encontraron 58 cadáveres de extranjeros en Douvres; el año anterior, Yaguine y Fodé, dos jóvenes guineanos, aparecieron muertos en el tren de aterrizaje de un avión de Sabena. 
Tengo la sensación de que todo esto se repite y de que, frente a estas dramáticas situaciones, no tenemos en realidad más que una política, que consiste en cerrar la puerta y tirar las llaves. 
Y como diría Bernard-Henri Lévy, tengo la sensación de que cada vez nos interesa menos lo que podríamos llamar la periferia del mundo. 
Parece, señor Presidente, que actualmente hay dos maneras de abordar las cuestiones de la inmigración. 
La primera, cada vez más corriente, consiste en querer abrir de par en par las fronteras para disponer de mano de obra barata, explotable a placer, y la segunda, en buscar una inmigración cero, que no es ni preferible, ni deseable. 
Creo que ya es hora, señor Presidente, de que podamos dotarnos de una verdadera legislación que sea sencilla y rigurosa, ciertamente, pero simple en su forma y común al conjunto de los países europeos, que tenga en cuenta simultáneamente las necesidades de los países del Sur y las de los del Norte. 
No podemos seguir saqueando los cerebros de los países del Sur cada vez que lo necesitamos, mientras mostramos nuestro cinismo haciéndolos venir como si fueran un vulgar pedazo de carne fresca que supuestamente necesitamos para garantizar nuestras jubilaciones y, al mismo tiempo, mantener un discurso represivo. 
No es cuestión ni de represión, ni de caridad; debe ser una cuestión de dignidad. 
Creo que así es como debemos abordar el asunto de la inmigración. 
Por otra parte, y lo hemos estado viendo durante toda esta tarde, si no tomamos en consideración el hecho de que hoy, tres cuartas partes del planeta viven en la miseria más total, si hoy, no anulamos la deuda de los países del Tercer Mundo, y si no nos comprometemos a invertir en sanidad, en educación, en infraestructuras, estoy convencido de que, una vez más, no habremos aprendido la lección de la historia, aunque sea de la historia reciente. 
Hoy, estos hombres y mujeres que no tienen nada, que están totalmente abandonados, son una cantera, un campo abonado para el terrorismo. 
Hoy, luchar contra el terrorismo es también luchar contra esta miseria. 
Eso es todo, señor Presidente, me he permitido la licencia de intervenir sin tomar notas, porque creo de verdad que no podemos seguir tratando a estas personas con tanta inhumanidad. 
Señor Presidente, deseo expresarle mi agradecimiento por el minuto de silencio en memoria de las víctimas. 
Es muy posible que se produzcan nuevas muertes a menos que cambiemos nuestro modo de afrontar toda esta cuestión de la inmigración y la condición de refugiado. 
Quisiera transmitir mi más sentido pésame a los supervivientes de esta tragedia por la muerte de sus esposas y sus hijos. 
El descubrimiento de ocho cadáveres, más cinco personas enfermas de gravedad, en un contenedor en Wexford en Irlanda ha sido una tragedia atroz que ha conmovido no sólo a la población de Irlanda, sino de toda Europa. 
Lamentablemente, no es la primera vez que esto ocurre. 
El sufrimiento y el terror que soportaron los heridos y los que murieron- incluidos cuatro niños- durante los días que pasaron en un contenedor de metal sellado es difícilmente imaginable. 
Pasaron 53 horas en el mar en medio de un temporal de fuerza 10 dentro de un contenedor rodeados de muebles. 
Las muertes se produjeron todas ellas por falta de oxígeno. 
La idea de niños pequeños obligados a soportar este tipo de terror es inconcebible. 
Insto al Gobierno irlandés a que permita a los supervivientes permanecer en Irlanda, a que les ayude a reconstruir sus vidas y a que les conceda la condición de refugiados, si es oportuno. 
Es posible que la ley no prevea la concesión de la condición de refugiados, pero si es así, deberían obtenerla y se les debería permitir permanecer en Irlanda en cualquier caso. 
La tragedia demuestra una vez más las distancias que las personas, en su desesperación, están dispuestas a recorrer para intentar mejorar sus circunstancias y las de sus familias. 
Se habla mucho del trato privilegiado que reciben los solicitantes de asilo y espero que no volvamos a oír nada más sobre ello. 
La realidad de la terrible experiencia a que se enfrentan muchos de los que buscan la inmigración y el asilo queda patente en la muerte de ocho personas y de otras que han sufrido lesiones graves. 
Debemos sacar una lección de esta tragedia. 
Existe la clara necesidad de controles más minuciosos de los contenedores en el punto de salida y de llegada y de estrechar la cooperación entre las autoridades de los diferentes países. 
Pero, habida cuenta de que no será posible controlar todos y cada uno de los contenedores y habida cuenta de que inevitablemente habrá otros que intentarán este viaje a la desesperada, debemos estudiar seriamente la posibilidad de obligar a los propietarios de los contenedores a colocarles respiraderos. 
Irlanda y Europa deben adoptar políticas de inmigración basadas en el pleno respeto de los derechos humanos según recogen las convenciones internacionales, como el Convenioo de Ginebra. 
Nuestras políticas deben abordar con mayor contundencia las razones políticas, económicas y sociales que llevan a las personas a huir de sus países de origen. 
También debemos flexibilizar más las leyes de inmigración para evitar que las personas se vean obligadas a recurrir a estas medidas desesperadas. 
Lamento profundamente lo que ha ocurrido, pero debo condenar una declaración que hizo el Ministro de Justicia irlandés el pasado lunes, en la que acusaba a los que defienden una política de inmigración más racional y abierta de limitarse a proponer una política de puertas abiertas a la inmigración. 
No tengo ningún inconveniente en entrar en debate con el ministro, pero el problema es que, al adoptar esa actitud y al adoptar ese marco de referencia para dicho debate, está alimentando la paranoia, que en buena medida es la causa del abuso al que se enfrentan los inmigrantes y refugiados en su país de acogida. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a usted, señor Presidente, y a los colegas por el momento de silencio en memoria de la terrible tragedia que se ha producido esta misma semana en mi condado de Wexford en Irlanda. 
La trágica muerte de estas ocho personas, incluidos cuatro niños, encontradas en un contenedor pone de manifiesto la difícil situación de muchos de los solicitantes de asilo y refugiados en toda la Unión Europea. 
Tras haberlo presenciado el sábado pasado, el recuerdo permanecerá conmigo para siempre. 
Quisiera unirme personalmente a los colegas de esta Asamblea y expresar mi pésame a todas las personas que se han visto afectadas por esta tragedia. 
Desde ese terrible incidente, en el puerto italiano de Livorno se han encontrado los cadáveres de cuatro rumanos dentro de un contenedor con destino a Canadá. 
La magnitud y el carácter europeo de este problema han quedado trágicamente de manifiesto con estos episodios, y ahora nos corresponde a nosotros, como Comunidad Europea, dar una respuesta mucho mejor que la que hemos dado hasta ahora. 
Desde su nacimiento, la Unión Europea siempre ha estado basada en los valores de solidaridad y comunidad. 
Si el Consejo Europeo de Laeken este fin de semana sólo aborda el tema del reforzamiento de las fronteras como respuesta a este comercio de esclavos de la era moderna, habrá fracasado no sólo en el respeto de dichos valores, sino también en el cumplimiento de su papel de liderazgo. 
Estos atroces incidentes resaltan de manera dramática las actitudes contradictorias de las políticas sobre migración y asilo de la UE. 
Europa e Irlanda necesitan cada vez más trabajadores inmigrantes para que ocupen los puestos de trabajo que han quedado vacantes como consecuencia de una mayor prosperidad y la reducción de la población. 
Pero lamentablemente, en estos momentos se están destinando mayores esfuerzos políticos a la implantación de controles fronterizos más estrictos para mantener fuera a los inmigrantes que a desarrollar políticas sobre flujos estructurados de la inmigración. 
Tragedias como la de Wexford seguirán produciéndose hasta que los Gobiernos de los Estados miembros de la UE se propongan seriamente encontrar solución a esta situación. 
El mercado único ha traído muchas ventajas a nuestros ciudadanos, pero también ha proporcionado a los delincuentes precisamente eso- un mercado único para sus actividades. Hoy, más que nunca, necesitamos Eurojust y Europol para que se ocupen eficazmente de las personas que explotan la miseria y la desesperación de otros. 
Por último, como europeos irlandeses, no deberíamos ignorar el legado histórico de la migración económica irlandesa por todo el mundo durante los últimos dos siglos, en particular, durante y después de nuestra hambruna irlandesa de la patata de 1845-1849. 
Ahora deberíamos ser generosos y acoger a la parte que nos corresponde de los que huyen de la persecución y de los que buscan una vida mejor. 
Si las muertes de migrantes en contenedores, en los bajos de trenes o las bodegas de los barcos que se han producido durante los últimos meses demuestra algo, eso es que las respuestas a la migración económica basadas únicamente en la vigilancia de la circulación ilegal de las personas no les impedirá recurrir a medidas desesperadas para llegar a Europa. 
Es imprescindible que también abordemos los problemas subyacentes en el interior de los países de los que huyen estas personas desesperadas. 
Quizás así, la tragedia de la semana pasada en Wexford de los migrantes económicos turcos, argelinos y albanos no haya sido en vano. 
Señor Presidente, Señorías, la Resolución que hemos aprobado contiene una serie de puntos sobre medidas necesarias de la Unión Europea que deben ser realizadas a la luz de un acontecimiento semejante. 
El Sr. Sylla ha señalado que no es un acontecimiento singular, sino que todos los años nos encontramos siempre frente a estos problemas. 
Por eso no quisiera repetir en nombre de mi Grupo todas esas medidas. 
Sabemos claramente, y así lo hemos aprobado en muchas resoluciones, lo que es necesario y lo que debe ser realizado, y, también, lo que está siendo realizado actualmente. 
Quisiera referirme a otro aspecto, a un aspecto que quisiera vincular al minuto de silencio, señor Presidente. 
Pero estas víctimas son honradas no sólo mediante un minuto de silencio, sino también por la siguiente reflexión. Las personas que se dirigen a los elementos criminales que les hacen pagar dinero para llevarles a un supuesto paraíso, esas personas, tienen esperanzas. 
Tienen esperanzas de una vida mejor, que, por regla general, no es para ellos, sino para sus hijos. 
Lo entregan todo, dinero y patrimonio y todo cuanto poseen, incluidas sus esperanzas. 
Un refrán alemán dice: "La esperanza es lo último que se pierde." Las personas que estaban en ese contenedor han tenido esperanzas hasta el último aliento de llegar a su destino. 
Ahora paso al otro aspecto de mi reflexión. 
Las personas que juegan con esas esperanzas, las personas que cobran dinero para hacerlas realidad, los funcionarios de aduana corruptos que pasaron ilegalmente la frontera a esas personas provenientes del Kurdistán, los criminales que hacen dinero de la desesperación de la gente, merecen también un minuto del desprecio más profundo al que podamos llegar las personas civilizadas. 
Este desprecio quisiera añadirlo al minuto de silencio en honor de las víctimas. Sus hijos deben saber que los culpablen merecen todo el desprecio del mundo civilizado. 
Señor Presidente, ocho personas, entre las cuales había cuatro niños, han muerto en crueles e inexplicables circunstancias. 
Algo similar ocurrió en Dover el año pasado. 
Entonces, igual que ahora, se dijo que esos hechos no se repetirían. 
Todos estamos indignados, pero la verdad es que cada año mueren miles de personas en circunstancias similares. 
Hablamos de inmigración ilegal hacia Europa y de personas que intentar cruzar las fronteras sin documentos de identidad válidos. 
Sin embargo, somos nosotros los que los convertimos en ilegales cuando constantemente endurecemos las exigencias de visados, cuando obligamos a los transportistas aéreos a asumir responsabilidades por el transporte de esas personas y cuando asignamos a las compañías navieras la tarea de discernir quiénes podrán solicitar asilo. 
Esto no puede continuar. 
Tenemos que ponernos de acuerdo en una política de refugiados común, razonable y generosa: una estrategia de migraciones para toda Europa. 
Espero que dentro de dos semanas no tengamos que lamentar nuevamente en esta Asamblea hechos similares, que hayan costado vidas humanas. 
Hay que mirar hacia delante. 
Hay que buscar soluciones distintas a las medidas represivas. 
Señor Presidente, deseo aclarar que mi Grupo también era autor de esta resolución, pero por alguna razón hemos desaparecido de la lista. 
Lo ocurrido volverá a repetirse si no analizamos toda nuestra política- esta mentalidad de fortaleza Europa -, el hecho de que estamos construyendo barricadas y muros cada más altos. 
Intentamos impedir que la gente entre, pero debemos adoptar medidas que eviten que los solicitantes de asilo tengan que recurrir a los traficantes en sus esfuerzos por llegar a un país en el que puedan pedir asilo político, como es su derecho en virtud del Convenio de Ginebra. 
Existe mucha hipocresía en torno a este asunto, y me gustaría referirme al Ministro de Justicia de mi país, Irlanda, John O ' Donoghue. 
El fin de semana derramaba lágrimas de cocodrilo por este suceso, pero él ha endurecido las leyes en Irlanda de todas las maneras posibles para garantizar que los solicitantes de asilo no llegan a Irlanda a presentar una solicitud para obtener la condición de refugiado que, me gustaría reiterar, es algo a lo que tienen derecho en virtud del Convenio de Ginebra. 
Para dejar más clara esa hipocresía del ministro: ayer, por primera vez en la historia del Convenio de Ginebra, se celebró una reunión de los 141 países que firmaron el Convenio en 1951. 
Nuestro ministro, que lloraba por lo que había ocurrido el fin de semana y afirmaba que éste era uno de sus peores temores, no consideró dicha reunión lo suficientemente importante como para asistir. 
Realmente debemos modificar nuestra política sobre cómo tratamos a los solicitantes de asilo y a los refugiados, y debemos dejar de construir barricadas cada vez más altas para mantenerlos fuera. 
Debemos comprender que hay personas desesperadas por salir de su país y que existen motivos por los que quieren salir. 
Son seres humanos, no son los denominados indeseables, como a algunos les gustaría pensar. 
Son exactamente iguales que los irlandeses que estaban desesperados por salir de Irlanda en otros tiempos para viajar a América y otros lugares- donde fueron bien tratados. 
Tenemos el deber y la obligación de dar el mismo trato a todas las personas de este mundo. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión también siente una profunda preocupación por la repetición de un suceso tan dramático. 
Todos recordamos la trágica muerte de los 58 polizones chinos en Dover el pasado año, pero personas desafortunadas mueren casi cada semana cuando intentan alcanzar lo que ellos consideran que es el único espacio de paz y prosperidad. 
El contrabando y tráfico de seres humanos se está convirtiendo en una actividad creciente de las organizaciones delictivas que se aprovechan de la aflicción de mujeres, hombres y niños que buscan una vida mejor o que necesitan protección internacional. 
A pesar de que ya se han adoptado numerosas medidas a nivel nacional y en el marco de la cooperación de Schengen para atajar este horrendo tipo de delito, la Comisión puede comprender la frustración que ha manifestado el Parlamento cuando se enfrenta al aparente fracaso de los instrumentos en vigor. 
No hay ninguna duda de que existe la necesidad de reforzar la actuación y la cooperación a nivel nacional, comunitario e internacional. 
Es el motivo por el que la Comisión presentó en noviembre una comunicación sobre una política común en materia de inmigración ilegal, encaminada a crear sinergia de los esfuerzos nacionales dándole una dimensión europea. 
Uno de los principales mensajes que se desprenden de esta comunicación es que prevenir y luchar contra la inmigración ilegal forma parte integral de la política general de migración. 
Es crucial para recabar apoyo a favor de un régimen común de asilo que esté basado en las más altas consideraciones humanitarias, así como una auténtica política de inmigración que sea acorde con nuestra tradición de hospitalidad y solidaridad. 
Controles más eficaces en las fronteras exteriores, mejor cooperación consular y una cooperación policial y judicial reforzada son los elementos fundamentales. 
No obstante, hacen falta además otras cosas: cooperación con los países de origen y tránsito, una política de regreso sostenible para los inmigrantes ilegales y lucha contra el trabajo no declarado son todas ellas medidas necesarias en este sentido. 
Todo ello debemos alcanzarlo en el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales y los derechos humanos. 
La decisión marco sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos, la directiva sobre la responsabilidad del transportista y la directiva y la decisión marco sobre la responsabilidad de los contrabandistas, que ya han sido aprobadas por el Consejo, son apenas los primeros pasos. 
En un marco más amplio, es crucial garantizar la rápida ratificación y entrada en vigor del Convenio de Palermo de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus dos protocolos sobre tráfico y contrabando, que ahora constituyen la base para el reconocimiento mundial del problema y un enfoque más firme para atajarlo. 
Sólo faltan unos días para la Cumbre de Laeken. 
Ésta será la ocasión para hacer una revisión provisional de la aplicación de las conclusiones de Tampere. 
Sería una oportunidad única para dar un nuevo impulso a la tan necesaria política común de inmigración y asilo. 
La Unión está retrasada en estos ámbitos. 
Un importante esfuerzo político para colmar estas lagunas tan pronto como sea posible sería nuestro mejor tributo a la memoria de las víctimas de Wexford. 
Pero en vez de examinar la perspectiva mundial, el mundo rico debe hacer un examen de conciencia y echar mano de la cartera. 
El nivel general de ayuda al desarrollo que fluye del norte al sur es un muy poco satisfactorio 0,22 % del PIB de los países ricos. 
Existe una relación entre esto y lo que aquí estamos debatiendo, que define además el reto al que debemos hacer frente. 
Togo 
Señor Presidente, una vez más, Togo sigue todavía inmerso en un marasmo político. 
Las condenas periódicas del Parlamento Europeo, la última de las cuales se remonta a septiembre, no surten efecto alguno. 
Los derechos humanos sufren un menoscabo permanente, y la democracia no es más que una utopía inalcanzable. 
El líder del sindicato de estudiantes, Honnjo Mawudzuro, ha sido encarcelado. 
El pasado mes de agosto, el presidente del principal partido de la oposición, Yawovi Agboyibo, fue condenado a seis meses de cárcel por motivos falaces. 
Sobre su cabeza pesan nuevas amenazas judiciales, y el Presidente Eyadéma exige para su liberación que solicite el indulto. 
Sin embargo, sólo una persona que es culpable puede solicitar ser indultada, y Yawovi Agboyibo no lo es. 
Su único delito es haber condenado las irregularidades del régimen. 
Debería ser liberado sin condiciones y tener la posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones legislativas previstas para el próximo mes de marzo. 
La democracia no se limita a la celebración de elecciones. 
Estas vienen condicionadas por lo que ocurre con anterioridad, en particular por la definición de quién puede votar y de quién puede ser candidato, tal y como lo vimos ayer en Costa de Marfil, y tal como lo vemos hoy en el Congo-Brazzaville. 
El Parlamento Europeo debe condenar enérgicamente estas nuevas exacciones y velar por el correcto desarrollo de las elecciones. 
El respeto a los derechos humanos y el apoyo al Estado de derecho son las únicas vías para la normalización de las relaciones de cooperación entre Togo y la Unión Europea. 
Es necesario crear un diálogo con el poder político y la oposición. 
Por ello, la Asamblea Parlamentaria Paritaria debería enviar a Togo una misión encargada de investigar el nivel de respeto a los derechos humanos y de supervisar el correcto desarrollo del proceso electoral. 
Señor Presidente, señor Comisario Nielson, Señorías, Africa Occidental está trabajando en la construcción de un mercado común. 
Está construyendo estructuras políticas, económicas y regionales. 
Si todo va bien, el próximo año podremos hablar y debatir en el marco de la ACP con los parlamentarios de la nueva Asamblea regional del Parlamento regional de África Occidental. 
Podremos organizar nuestra cooperación. 
Pero hay algunos obstáculos. Uno de los más importantes es el régimen autoritario del presidente Eyadéma de Togo. 
Pedimos que, inmediatamente, Yawowi Agboyibo sea resarcido en sus derechos democráticos, pues fue detenido arbitrariamente y ahora debe pagar una injusta condena de seis meses. 
El presidente debe dejarlo libre tras más de 5 meses de condena. No estamos pidiendo un indulto. 
No ha hecho nada. Fue acusado por irregularidades y debería ser liberado lo antes posible. 
Lamentamos mucho que el intento de nuestra presidenta Nicole Fontaine de encontrarse la semana pasada con el presidente Eyadéma en París y pedirle amablemente que lo deje libre no haya fructificado. Eyadéma juega con nosotros al ratón y al gato. 
No podemos aceptar que Togo siga recibiendo ayuda al desarrollo. 
Apoyamos la decisión de la Comisión de suspenderla, pero esperamos que pronto podamos reanudar el envío de ayuda humanitaria destinada al pueblo de Togo. 
Esperamos también que el próximo año continúe el proceso de democratización a pesar de todos los obstáculos y que puedan celebrarse la elecciones al Parlamento y, un año después, a la presidencia. 
Apelamos a que Eyadéma ponga de una vez punto final a esa comedia. 
. 
(EN) La Comisión Europea siente preocupación por el clima político en Togo. 
A pesar de que el Sr. Messan, un periodista local, y el Sr. Olympio, dirigente de un partido de la oposición, han sido puestos en libertad, el Sr. Agboyibo permanece en prisión. 
Noticias llegadas recientemente informan de nuevas detenciones de periodistas. 
La Unión Europea ha transmitido en varias ocasiones al Gobierno de Togo su preocupación por el clima político. 
Llevó a cabo representaciones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores el 17 de agosto. 
En aquella ocasión, la Unión hizo hincapié en su deseo de que los partidos políticos y los medios de comunicación puedan actuar libremente. 
El 18 de octubre, la Unión emitió una declaración reiterando sus preocupaciones y haciendo hincapié en la importancia que atribuye a la libertad, la apertura y la transparencia del proceso electoral e hizo un llamamiento al Presidente Eyadema para que ordenara la puesta en libertad del Sr. Agboyibo. 
La Comisión ha tomado nota de la decisión del Gobierno de convocar elecciones al Parlamento los días 10 y 24 de marzo del año próximo. 
La Comisión ha destinado 1,56 millones de euros aproximadamente para ayudar a preparar las elecciones. 
La financiación cubrirá los gastos del equipo electoral y la impresión de las papeletas. 
Ya se ha firmado el acuerdo de financiación, se han firmado los primeros contratos y se han recibido las primeras entregas. 
La Unión Europea también ha aceptado la invitación del Ministro de Asuntos Exteriores de Togo para tomar parte en la misión de observación electoral. 
Aún queda por establecer las condiciones para organizar y llevar a cabo la misión de observación. 
El Parlamento Europeo, naturalmente, está invitado a tomar parte en la misión de observación electoral. 
No obstante, a la Comisión le ha decepcionado que el Gobierno no haya firmado aún el Memorando de acuerdo necesario para el despliegue de los observadores comunitarios, y sigue instando al Gobierno a que lo firme sin pérdida de tiempo. 
La Comisión sigue vigilando de cerca los acontecimientos políticos y el respeto de los derechos humanos, especialmente de cara a la pronta celebración de elecciones parlamentarias. Está dispuesta a proporcionar asistencia para la preparación y celebración de las elecciones. 
El principal objetivo de dicha asistencia es ayudar al Gobierno a establecer las condiciones necesarias para unas elecciones transparentes, libres y democráticas que permitan a la Unión Europea reanudar su cooperación con Togo. 
Debemos observar aún que la cooperación con Togo, salvo, naturalmente, en el caso de las operaciones de las que se beneficia directamente la parte vulnerable y débil de la población, quedó interrumpida oficialmente en el segundo semestre de 1998, cuando finalizaron las infructuosas consultas con aquel país. 
Esperamos que el cambio sea posible, pero se trata de un caso muy difícil. 
Galardonadas con el Premio Sajarov: Aung San Suu Kyi y Leyla Zana 
Señor Comisario, estimados colegas, Aung San Suu Kyi y Leyla Zana son dos Premios Sakharov que no han podido venir a recoger su galardón. 
Todos lo sabemos. 
Son también dos mujeres políticas. 
Si no les importa, insisto en primer lugar en la palabra "mujer", porque estas dos mujeres son mujeres políticas en países en los que es muy difícil acceder a este tipo de puestos y a este tipo de actividades. 
Turquía y Birmania no se caracterizan precisamente por la igualdad de sexos en la clase política, y eso tampoco lo ignoran ustedes. 
Pero al decir dos mujeres políticas, debo mencionar igualmente que se trata de mujeres elegidas. 
Por tanto, han sido elegidas democráticamente, son en consecuencia representantes de la nación, de una parte de la nación, de un movimiento político, en el caso de una de ellas, y de una minoría kurda, en el caso de la otra. 
En ambos supuestos, se trata, en cualquier caso, de mujeres que representan a otras personas distintas de ellas mismas. 
He de decir que esto, de por sí, ya es muy importante: son mujeres, son mujeres políticas, y han sido elegidas. 
Debo añadir también que son dos mujeres valientes. 
Al decir dos mujeres valientes, no hago un juicio moral, sino un juicio político. 
¿Por qué? 
Porque una de ellas ha renunciado al exilio precisamente porque es un representante de su pueblo, y la otra no quiere ser puesta en libertad por motivos de salud, porque no es la única que está en la cárcel por representar a una minoría kurda, hay otros militantes que comparten celda con ella, y no desea esa libertad que se le ofrece, o que se le habría ofrecido, por motivos de salud. 
Esta es la explicación de porqué es importante subrayar que estas dos Premios Sakharov deberían ser evidentemente recibidas por nuestro Parlamento, pero también recuperar su libertad fundamental. Debemos asimismo reconocer no solamente que los artículos 10 y 11 de la Carta de Derechos Fundamentales deberían por supuesto aplicarse a ellas, sino también que está en juego una aplicación práctica de la democracia. 
Señor Presidente, esta semana entregamos el Premio Sacharov a tres personas que luchan por la paz y la tolerancia en un mundo que puede ser cualquier cosa menos justamente pacífico y tolerante. 
El Premio Sacharov no sólo es una ceremonia solemne, sino también una manifestación importante que tiene repercusión en todo el mundo, dando nuevos bríos a las personas valientes que combaten la opresión y la esclavitud. 
Este Premio es una expresión de los fundamentos que caracterizan a la política exterior de la Unión: respeto por la democracia y por los derechos humanos en todo el mundo. 
Quienes recibieron el Premio anteayer viven en condiciones difíciles, pero viven en libertad. 
No es el caso de dos personas agraciadas con este Premio anteriormente: Aung San Suu Kyi, que recibió el Premio en 1990, y Leyla Zana, que lo obtuvo en 1995. 
Esas dos valientes mujeres, dos parlamentarias, están año tras año privadas de libertad por sus respectivos gobiernos a pesar de las presiones internacionales. 
En el caso de Aung San Suu Kyi, hablamos de un período increíblemente largo de retención y de aislamiento en su domicilio. 
Hace once años que su pueblo la eligió como su legítima representante. 
Nos parece ver una actitud algo más blanda en el gobierno birmano. 
En el último tiempo han liberado a algunos presos políticos. 
Sin embargo, esto no es suficiente. 
Aung San Suu Kyi y los demás presos políticos que hay en el país deben ser liberados de inmediato. 
Leyla Zana está detenida en una país que ha solicitado su adhesión a la UE. 
Espero que Turquía pueda participar algún día en esta Asamblea. 
No obstante, se tendrán que hacer avances radicales respecto a los derechos humanos antes de que empecemos a negociar su incorporación a la Unión. 
Leyla Zana y todos los presos políticos que hay en Turquía también deben ser puestos en libertad. 
En esta Asamblea estamos unánimemente decididos, más allá de las diferencias partidarias, a no cesar de recordar al mundo, a Birmania y a Turquía el destino de estas dos mujeres y la lucha por los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión que ellas representan. 
Espero que la Comisión también diga qué piensa hacer el próximo año para contribuir a la liberación de estas dos mujeres. 
Señor Presidente, ya han pasado más de diez años desde que Aung San Suu Kyi, la presidenta elegida por el 80% de la población de Birmania, recibiera tanto el premio Nobel como el premio Sájarov por su protesta pacífica contra el golpe de estado militar y la dictadura militar en su país. 
Desde hace diez años vive permanentamente en la cárcel o bajo arresto domiciliario, mientras que su país se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. 
Más de la mitad de los miembros del parlamento ha huido, están presos, han sido expulsados o asesinados y millones de birmanos han huido a la India, Bangladesh, Tailandia, Malasia o a los Estados Unidos y Europa. 
En Birmania está al orden del día la represión descomunal de los miembros del partido de la Sra. Aung San Suu Kiy y de los líderes de las minorías. 
También se habla de que hay trabajos forzados en las obras de infraestructuras y Birmania ya se ha convertido en el segundo país exportador de drogas del mundo, después de Bolivia. 
Está claro que el sustento de esta dictadura militar son las drogas, el trabajo forzado o muy barato, el terror y la violencia y esta situación lleva ya diez años sin solucionarse. 
Volvemos a pedir lo mismo: la Comisión Europea tiene que prohibir las inversiones en este país o decretar un boicot económico como han hecho los Estados Unidos. 
Quizá sea el mejor castigo a esta dictadura violenta y el mejor regalo que le puede dar a la presidenta electa de Birmania, la Sra. Aung San Suu Kyi. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar la ocasión para mostrar mi más sincero apoyo a Leyla Zana. 
Es lamentable que un país que quiere ingresar en la Unión Europea no tenga intención de resolver esta cuestión. 
Turquía tiene que demostrar que quiere ser un estado de derecho ofreciendo a la mayor brevedad posible el puesto que le corresponde a Leyla Zana en su país y en el parlamento para el cual fue elegida. 
Señor Presidente, en las cenas de gala organizadas en honor de los Premios Sajarov de este año se volvió a hablar de la posibilidad de reunir a todos los galardonados. 
En lo que se refiere a estas dos mujeres premiadas, el obstáculo es el mismo que en el pasado: ambas están privadas de libertad, Leyla Zana está en una prisión turca y Aung San Suu Kyi sufre arresto domiciliario en Birmania. 
Esto es inadmisible y, al mismo tiempo, sirve para recordarnos que en el ámbito del trabajo en pro de los derechos humanos, además de actos solemnes, se requiere constancia y seguimiento de las situaciones. 
Visto que, por añadidura, ambas mujeres están consideradas delincuentes peligrosas por sus respectivos gobiernos, no puedo sino constatar que el primer Premio Sajarov, Nelson Mandela, y la organización ANC que él dirigía en aquel tiempo parecen cumplir los términos de la definición de terrorismo que se está gestando en la UE. 
De este modo, también los que nos oponíamos al apartheid nos revelamos a posteriori como prestadores de apoyos al terrorismo. 
Existe el peligro de olvidar que sin controversias, a veces grandes también, sin polémicas en el seno de la sociedad, no puede existir la democracia. 
El derecho a las discrepancias políticas y el derecho a expresarlas públicamente, así como quizás también, y no faltan motivos, el derecho de protección jurídica de los sospechosos, deben ser garantizados mejor de lo que se está haciendo ahora en Laeken. 
Señor Presidente, dispongo de un minuto. 
Como usted es el Vicepresidente competente de este Parlamento en materia de reforma del trabajo parlamentario intentaré ilustrarle sobre lo que razonablemente puede hacerse en un minuto. 
Todos los grupos están de acuerdo. 
Un conocido cabaretista bávaro, tras una visita del Parlamento de Baviera, aformó haber entendido lo que era el parlamentarismo: "todo está ya dicho, pero aún falta que lo diga todo el mundo." 
Por ello no voy a repetir aquí todo lo que con razón y muy acertadamente ya han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, sino que tan sólo diré que me adhiero a sus opiniones. 
Es verdad, resulta escandaloso que la Sra. Zana y la Sra. Suu Kyi no hayan podido venir a recibir los premios. 
No es aceptable que sigan injustamente detenidas en su país, especialmente en uno que quiere entrar en la UE. 
Muchas gracias por su atención. 
Yo podría añadir a su comentario que cuando niño me enseñaron que si no se puede decir algo en dos minutos, no vale la pena decirlo. 
. 
(EN) Señor Presidente, en ocasiones puede ser necesario tomarse más tiempo para decir menos. 
No obstante, debo decir lo que tenía previsto. 
Atribuimos gran importancia a este asunto. 
Añadiría que las actividades del Parlamento sobre cuestiones como éstas son importantes en sí mismas y lo son también para el modo en que europeos y la población del mundo en general perciben a Europa. 
El Consejo de Asuntos Generales, en las conclusiones de su reunión de octubre, pedía la liberación de todos los presos políticos que quedan en Myanmar, entre ellos Aung San Suu Kyi. 
La Comisión apoyó- y continúa apoyando firmemente- ese llamamiento. 
El pasado sábado se cumplieron diez años de la concesión del Premio Nóbel de la Paz a Aung San Suu Kyi. 
Antes ya había sido galardonada, como sabemos, con el Premio Sajarov. 
Al día de hoy, como ya lo fuera antes, sigue siendo un poderosísimo símbolo de los principios que dichos premios representan- motivo de inspiración para su pueblo y para todo el mundo. 
Sé que esta Asamblea le dispensa un apoyo incondicional, apoyo al que quiero unirme firmemente. 
Es la magnitud de su coraje y de su compromiso con la acción no violenta la que ha llevado a Aung San Suu Kyi a optar por permanecer en su país bajo arresto domiciliario y entablar conversaciones con las autoridades responsables de dicha detención, con el fin de perseguir su objetivo, que es el restablecimiento de la democracia en su país. 
Su perseverancia, su pasión y su sabiduría han tenido un papel decisivo en los acontecimientos positivos que han tenido lugar en Myanmar durante el pasado año, aunque hay que recordar que dichos acontecimientos no son más que el inicio de un proceso en el que hay que seguir profundizando y que debe evolucionar hasta convertirse en un diálogo constructivo y más concreto que tenga como base el respeto de los principios sobre los derechos humanos aceptados internacionalmente. 
En consecuencia, al tiempo que saludamos a Aung San Suu Kyi y le reiteramos nuestra constante admiración y apoyo, también alentamos al Gobierno a proseguir activamente con este diálogo innovador. 
Ya hemos hecho hincapié en la disposición de la Unión Europea para estudiar medidas en respuesta a resultados concretos de las conversaciones en curso. 
Pero debemos ver dichos resultados, sin olvidar la pronta liberación de los cientos de prisioneros políticos que permanecen en las cárceles birmanas. 
La Comisión conoce perfectamente el caso de Leyla Zana, como se recoge en varios informess regulares sobre Turquía. 
Este caso nos ha llevado a transmitir nuestra preocupación a las autoridades turcas en numerosas ocasiones. 
La Comisión tiene conocimiento de que el Parlamento Europeo ha tratado en reiteradas ocasiones sobre el caso de la Sra. Zana y que últimamente ha obtenido una renovada atención en el marco del informe del PE sobre Turquía, así como con ocasión de la Comisión Parlamentaria Mixta CE-Turquía celebrada recientemente en noviembre. 
La Comisión acoge favorablemente la renovada atención del Parlamento Europeo a este caso. 
En este contexto, como se recoge en el informe regular sobre Turquía 2001, la Comisión espera que Turquía observe la decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 17 de julio de 2001 sobre la ausencia de un juicio justo en este caso. 
Éste sería un paso significativo que Turquía podría dar con respecto a la aplicación real de las recientes enmiendas constitucionales, en las que el derecho a un juicio justo están garantizadas de manera explícita. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
Nepal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0761/2001) de Collins, en nombre del Grupo UEN; 
(B5-0772/2001) de Van den Berg y otros, en nombre del Grupo PSE; 
(B5-0780/2001) de Vinci y Herman Schmid, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
(B5-0794/2001) de Malmström, en nombre del Grupo ELDR; 
(B5-0807/2001) de Thomas Mann, en nombre del Grupo PPE-DE; 
(B5-0810/2001) de Messner y McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
sobre la situación en Nepal. 
Señor Presidente, estimado Comisario, el desarrollo de los acontecimientos en Nepal es inquietante. 
Yo, por ejemplo, había planificado un viaje a ese país en los próximos meses, pero se me ha aconsejado que no lo haga. 
Nepal es uno de los países más pobres del mundo, con sólo 220 dólares de PNB por persona al año. 
La situación de los niños en ese país es particularmente problemática. 
El 54 por ciento de los niños menores de cinco años no crecen adecuadamente, adolecen de algo que se llama stunting, causado por la deficiente alimentación. 
Otro problema grave es el analfabetismo. 
El 63 por ciento de los hombres sabe leer, pero sólo lo hace el 28 por ciento de las mujeres. 
Esta tendencia continúa en la educación básica y superior. 
Por esta razón, la sección finlandesa de la UNICEF comenzó uno de sus grandes proyectos para mejorar la situación educacional de las niñas en Nepal y para mejorar, además, el desarrollo comunitario. 
Otro problema es que el sistema educacional está muy politizado. 
Sin embargo, a pesar de la inestabilidad del país, el proyecto continúa, tanto en Katmandú como en las afueras de esa ciudad. 
Las personas con las que he hablado dicen que los desórdenes que han tenido lugar no pueden clasificarse directamente de maoístas, sino que se trata de una situación generalizada. 
Algunas personas en este Parlamento opinan que existe un grave riesgo de que Nepal se escinda como el Tíbet. 
Mis informantes no están de acuerdo. 
Somos conscientes de que la inestabilidad en ese país tiene su origen en que el pueblo no tiene confianza en la persona que asumió el poder después de los trágicos acontecimientos del año pasado en el seno de la familia real. 
La falta de confianza se debe, en parte, a que se sospecha que importantes miembros de la familia real son responsables de otros crímenes que se cometieron el verano pasado. 
A nuestro juicio, hay que tener presente que los derechos humanos, la libertad de prensa y las libertades tradicionales están gravemente amenazados. 
Sin embargo, el país tiene que seguir avanzando. 
Señor Presidente, los rebeldes maoístas de Nepal han declarado unilateralmente el alto el fuego. Las consecuencias son 250 víctimas mortales en pocos días. 
Con ello se escribe un nuevo y amargo capítulo en la historia de esa joven democracia. 
La escalada de violencia ha costado la vida a más de 2.500 personas en un periodo de seis años. 
Se ha matado a policías de forma indiscriminada, se ha hecho estallar explosivos incluso en el centro de Katmandú, haciendo perder la vida a personas inocentes. 
La lucha de los maoístas evoca el peligro de una guerra civil, claramente apoyada en China por los comunistas. 
El perjuicio económico es enorme. 
Tan sólo a través del turismo, principal fuente de ingresos, vinieron en el último mes únicamente 24.000 viajeros a Nepal. Ello supone un 40% menos con respecto al año anterior. 
La comunidad internacional se limita hasta ahora a observar con pasividad. 
Con la declaración del estado de excepción y la primera intervención del ejército la situación ha variado súbitamente. 
India ayudará a Nepal con helicópteros e instrumentos de visión nocturna, y los Estados Unidos consideran la posibilidad de una presencia militar. 
Sin embargo, las medidas políticas deben tener preferencia. 
Exhortamos a los rebeldes a que depongan sus armas y que regresen a la mesa de negociación. Con su actuación no alcanzarán el objetivo de suprimir la monarquía constitucional. 
Por las visitas que he efectuado regularmente desde hace 7 años sé muy bien que la inmensa mayoría apoya esa forma de estado, sea cual sea la religión o el grupo al que pertenezcan. El Rey Gyanendra merece nuestro total apoyo. 
Ha reconocido la Constitución nepalí. Continúa el camino hacia la democracia y la estado de derecho iniciado por su asesinado hermano. 
Pero también reclamamos al Gobierno y a los partidos que inicien de una vez reformas económicas y estructurales y que combatan la corrupción de manera consecuente. 
La población merece medidas concretas de lucha contra la pobreza. 
Señor Comisario, la Unión Europea ha apoyado a Nepal con 120 millones de euros sólo en los últimos diez años. 
Muchos de esos proyectos los he contemplado personalmente. Son excelentes. 
Somos uno de los socios más importantes de Nepal, y por dicha razón podemos hacer valer todo nuestro peso como un honrado agente mediador. 
Señor Presidente, señor Comisario, para matizar lo anteriormente dicho, en Nepal se ha decretado el estado de sitio, y es verdad que los maoistas se han marchado de la mesa de las negociaciones, pero es igualmente cierto que se ha suspendido el estado de derecho. 
A la prensa se le ha puesto el bozal, los helicópteros están disparando y desconocemos el número de víctimas. 
Nepal está inmerso en una espiral de terror. 
Se recluta a niños soldado y me pregunto si esta es la solución para un país donde se quiere evitar llegar a una guerra civil, donde el 12% de la población posee el 95% de las riquezas y controla un 70% del poder y donde, además, la corrupción se ha convertido en la práctica diaria. 
Entretanto, los maoistas han ocupado una parte del país. 
Para resolver la situación, se necesitan unos cambios políticos reales, pacíficos, que tienen que estar dispuestos a aceptar no solamente los rebeldes, sino también los "hard-liners" del régimen. 
En nombre de nuestro Grupo Parlamentario pido que la Comisión siga las pautas de su protocolo sobre la prevención de conflictos, junto con el informe Lagendijk que justamente hoy hemos adoptado. 
Es necesario que demos el impulso para que se reanuden las negociaciones de paz y para ello tenemos que presionar a todos los partidos nacionales e internacionales. 
. 
(EN) La Comisión comparte la preocupación del Parlamento por el deterioro de la situación en Nepal. 
También nosotros habíamos depositado grandes esperanzas en las negociaciones que el Gobierno de Deuba inició hace tres meses. 
De sus contactos con el Gobierno Real nepalí, los representantes de la UE en Katmandú sacaron la conclusión de que el Sr. Deuba se había comprometido seriamente a buscar una paz duradera con las guerrillas maoístas para poder centrar su acción en las considerables necesidades de desarrollo del país. 
Las causas del fracaso de las negociaciones no están del todo claras, pero las fuerzas maoístas fueron las primeras en romper el alto el fuego. 
La Comisión reconoce que existe el riesgo de que el país se precipite hacia una guerra civil. 
Asimismo, teme que el actual estado de excepción puede poner en peligro la frágil democracia ya debilitada por años de inestabilidad política y corrupción. 
La UE ha condenado sin demora la nueva oleada de violencia y ha lanzado un llamamiento a favor del restablecimiento de la paz y de la ley y el orden. 
La Comisión está preparando actualmente su estrategia de cooperación para los próximos cinco años. 
En las actuales circunstancias, la consolidación de la democracia, la prevención de conflictos y la erradicación de la pobreza serán los principales objetivos de su nueva estrategia sobre Nepal. 
El diálogo político entre la UE y Nepal debería continuar y ser reforzado, al tiempo que los objetivos de la cooperación deberían incluir el fomento de iniciativas de desarrollo en las zonas más deprimidas del país, para contrarrestar las frustraciones y el resentimiento de la población local. 
En todas sus actividades de cooperación actuales y futuras, la UE vigilará constante y atentamente la situación, incluidos los aspectos de seguridad que podrían hacer peligrar su cooperación al desarrollo. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Congo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
(B5-0773/2001) de Van den Berg y Sauquillo Pérez del Arco, en nombre del Grupo PSE; 
(B5-0781/2001) de Sylla y Mirya, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
(B5-0785/2001) de Maes y Rod, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
(B5-0795/2001) de van den Bos y Dybkjær, en nombre del Grupo ELDR; 
(B5-0808/2001) de Johan Van Hecke y Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE; 
sobre la situación en la República Democrática del Congo. 
Señor Presidente, un minuto para hablar de 52 millones de personas y tres millones de muertos es muy escaso, sin embargo lo intentaré. 
Las riquezas del país son saqueadas por los pueblos amigos y enemigos, como por ejemplo el coltrán, que utilizamos en nuestros teléfonos móviles y equipamientos militares, cuya explotación en el Kivu está en manos de los ruandeses para su propio lucro. 
Esto significa que cientos de miles de dólares fluyen a las arcas de guerra ruandesas y ¿qué hacemos con nuestra política del doble rasero? 
Apoyamos el proceso de paz de Lusaka y pedimos la retirada de las tropas extranjeras y el fomento del diálogo inter-congolés. 
¿Pero porqué iba a dejar Ruanda este botín de guerra y retirarse hasta las fronteras para vigilar la seguridad de las mismas si hiciera falta? 
Ruanda sigue ocupando Kivu porque saca mucho provecho de ello y nosotros prestamos ayuda a Ruanda con cientos de miles de euros. 
Queremos fomentar el diálogo inter-congolés, pero ¿esperamos de verdad que los representantes del territorio ocupado acudan al diálogo hablando en nombre de los congoleños o hablan en nombre de los ruandeses? 
En Kinshasa creen que está pasando lo último y entretanto apoyamos a Ruanda y les quiero hacer la siguiente pregunta: ¿por qué no apoyamos al DRC? 
¿Tienen que morirse realmente primero de hambre los ciudadanos del Congo antes de que presentemos un programa estructural? 
Señora Maes, es su Grupo político el que debe decidir sobre los asuntos a que dedica su tiempo. 
Eso no depende de nosotros. 
Señor Presidente, la República Democrática del Congo no es ni república ni democrática. 
Es un país con una tierra fértil, enormes riquezas minerales, habitado por una población pobre, enferma y hambrienta. 
Esta población ha sido despojada por dictadores crueles y corruptos que siguen enriqueciéndose. 
Soldados de países vecinos como Ruanda y el Congo continúan saqueando, violando y matando a civiles a diestra y siniestra. 
Las aldeas y ciudades son destruidas. 
Más de 2 millones de personas han sido asesinadas y en los campos de refugiados vive un millón de personas atemorizadas. 
Las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 1376 el 7 de noviembre de 2001. 
En la resolución se pide el desarme y la desmovilización, la repatriación, el reasentamiento y la reintegración de los grupos armados. 
¿Quién encabezará esta acción? 
¿La Unión Europea, los Estados Unidos o las Naciones Unidas? 
¿O será ésta una resolución más de las Naciones Unidas que se archivará en algún armario lleno de polvo? 
El mes pasado asistí en Ghana a una conferencia de políticos africanos. 
Tuvo grandes dificultades para salir de su país, y me hizo la siguiente pregunta: ¿cómo pueden países africanos como la RDC librarse de gobiernos que están en manos de dictadores deshonestos? 
No le pude responder. 
Me hizo una segunda pregunta. 
¿Debemos criar terroristas que ataquen a Europa y los Estados Unidos para precipitar una acción eficaz como en Afganistán? 
Tampoco pude responder a eso. 
Asegurémonos de que emprendemos la acción antes de que las personas pobres lleguen a ese grado de desesperación. 
. 
(EN) Permítanme, en primer lugar, recordar a sus Señorías el hecho de que este año somos el mayor proveedor de ayuda humanitaria a la RDC- con 35 millones de euros en actividades financiadas con cargo a ECHO y unos 10 millones de euros procedentes de otras fuentes. 
Los 10 millones de euros van destinados a la asistencia sanitaria básica, en la parte controlada por el Gobierno, y los 35 millones de euros a la zona oriental donde nadie está haciendo nada parecido. 
En realidad, el desembolso de 45 millones de euros para estos fines en las circunstancias en que se encuentra el país es toda una hazaña, y me siento muy orgulloso de ella en nombre de las numerosas personas que allí trabajan, muchas de las cuales lo hacen aún en circunstancias muy peligrosas. 
No obstante, no hemos escatimado esfuerzos durante los últimos años para apoyar los procesos de paz en curso en la región de los Grandes Lagos. 
Hemos mantenido nuestra actividad en la región a lo largo de toda su desastrosa historia reciente. 
Siempre que hemos podido, hemos hecho uso de nuestros diferentes instrumentos de cooperación para ayudar a paliar el sufrimiento de las personas que allí viven. 
También hemos recurrido a toda nuestra influencia para impulsar una paz duradera en la región. 
A continuación, me gustaría pasar a detallar algo más el proceso de paz de Lusaka. 
Nuestro apoyo no es sólo político- la Comisión ya financió las negociaciones de Lusaka mediante una subvención por valor de 2,65 millones de euros con cargo al programa regional de la SADC. 
La logística de la Comisión Militar Mixta que supervisa el alto el fuego fue financiada con una línea presupuestaria de la PESC por un importe de 1,2 millones de euros. 
La celebración del diálogo intercongolés ha sido financiada a través de una subvención de 2,34 millones de euros con cargo al FED, y estamos estudiando la posibilidad de conceder 1 millón de euros más con cargo a la línea presupuestaria del Mecanismo de Reacción Rápida, que cubriría los gastos de la celebración de la reunión sobre el diálogo intercongolés que tendrá lugar en Sudáfrica en enero. 
Estamos contribuyendo de manera significativa a todas estas empresas. 
No obstante, a la Comisión le preocupa la falta de resultados concretos a raíz de las conversaciones en el marco del diálogo intercongolés que se celebró en Addis Abeba del 15 al 19 de octubre. 
Los temas más espinosos sobre el futuro del país siguen sin ser abordados. 
La Comisión acoge favorablemente el anuncio realizado por el moderador Masire respecto a la reanudación del diálogo en Sudáfrica a finales de enero o comienzos de febrero de 2002. 
La Comisión siempre ha apoyado el Congo. 
Somos, como he mencionado, el mayor proveedor de ayuda humanitaria, así como uno de los pocos donantes que han permanecido activos en el país durante estos últimos años. 
No obstante, la Comisión considera que la estabilidad y el desarrollo sostenible de la RDC no estarán garantizados hasta que todas las partes del diálogo se comprometan abiertamente a establecer un sistema político y a participar en él. 
Éste es el quid de la cuestión. 
¿Se consideran a sí mismos participantes e interlocutores en un sistema político? 
Sin un claro sí a esta pregunta, es muy difícil ayudar al país desde el exterior. 
Están en juego las otras cuestiones de las fuerzas exteriores. 
Existen problemas reales, pero si no vemos una respuesta creíble a esta pregunta emergente, ningún otro remedio servirá jamás. 
Por lo tanto, todas estas cosas deben ser abordadas mediante un enfoque general equilibrado. 
Cuando asuman este compromiso político, ni que decir tiene que tendremos una base mucho mejor para poner en marcha y aplicar un programa de cooperación eficaz. 
Mi deseo es poder firmar- y eso es lo que estamos planeando- el Programa Indicativo Nacional en enero, en el contexto de la reanudación del diálogo intercongolés. 
Ésta es la línea que hemos definido en la Comisión. 
Las otras actividades relacionadas con la aplicación del proceso de paz, es decir, la desmovilización y la creación de nuevas condiciones de vida para los antiguos combatientes, se irán llevando a cabo según se vaya avanzando en este ámbito. 
Quisiera hacer hincapié en que la acción de la Comisión en los Grandes Lagos es sólo parte de un esfuerzo amplio y sostenido por mejorar la presencia política general de la UE en África como interlocutor. 
Con el Acuerdo de Cotonú, la Unión ha confirmado que no tenía intención de reducir nuestra antigua cooperación en África, y la dotación financiera por valor de 15.000 millones de euros que hemos indicado y que comprometeremos durante los próximos cinco años demuestra claramente esta determinación. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Nuevos mercados de trabajo abiertos y accesibles para todos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0375/2001) elaborado por Mauro Nobilia, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión relativa a nuevos mercados de trabajo abiertos a todos y accesibles para todos (COM (2001) 116- C5-0188/2001- 2001/2084 (COS). 
Señor Presidente, Señorías, para mí es algo extraordinario que el ponente no se encuentre presente. 
Aún así, desearía transmitirle desde aquí nuestras felicitaciones, puesto que el PSE apoya su informe y lo asumirá tal como está. 
También apoyamos la comunicación de la Comisión, aunque opinamos que no es suficiente realizar una lista de las barreras existentes y aplazar de momento las propuestas legislativas. 
Esperamos que para la cumbre de primavera se nos presenten las correspondientes propuestas y un plan de actuación eficiente. 
Quisiéramos apuntar de forma crítica que los déficits de cualificación en la rama de la hightech propuestos o recogidos en la lista no son en modo alguno suficientes. 
Como socialistas quisiéramos dar a todos los trabajadores la posibilidad de aprovechar la movilidad y de incrementar esa movilidad en el marco de los mercados europeos de trabajo. 
Esas oportunidades deberíamos ofrecérselas en todo caso. 
El nuevo mercado de trabajo no debe estar abierto solamente a pequeños grupos especiales, sino que debe estar abierto a todos los trabajadores de Europa. 
Por eso pienso que por parte de la Comisión necesitamos ideas y soluciones creativas, y no solamente una lista de los problemas. 
También necesitamos un estudio que investigue detalladamente los posibles desajustes del mercado de trabajo en regiones fronterizas o en sectores determinados, tales como en las ramas de la construcción y el transporte. 
Además de ello necesitamos también un análisis y un debate sobre los resultados de los sistemas escolares de Europa, porque desgraciadamente no todos los Estados europeos han tenido unos resultados tan excelentes como deberían. 
Señora Weiler, propongo que le enviemos una carta al Sr. Nobilia para comunicarle que realmente su ausencia es una gran grosería para con la Asamblea y la comisión que representa. 
. 
(EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del Parlamento sobre la comunicación de la Comisión relativa a los nuevos mercados de trabajo europeos. 
Es una aportación de gran utilidad a la preparación del plan de acción sobre aptitudes y movilidad que se anuncia en dicha comunicación. 
También me gustaría agradecer al ponente, quizás por escrito, sus esfuerzos y el estudio general que reflejan las contribuciones que han hecho la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, así como la opinión del Comité Económico y Social. 
En su comunicación, la Comisión propone tres líneas de actuación para seguir mejorando el funcionamiento de los mercados de trabajo: en primer lugar, eliminar obstáculos en materia de cualificaciones, en segundo lugar, eliminar obstáculos en materia de movilidad y, en tercer lugar, mejorar la información y la transparencia. 
El Grupo de alto nivel sobre las cualificaciones y la movilidad, que se creó a raíz de una propuesta de la Comisión tras el Consejo Europeo de Estocolmo, recomendará en breve una serie de iniciativas políticas adicionales a niveles comunitario y nacional para que los nuevos mercados de trabajo europeos se abran a todos a más tardar en 2005. 
Su informe será presentado a la Comisión en diciembre de este año, sobre cuya base la Comisión presentará un plan de acción al Consejo de Barcelona en la primavera de 2002. 
El ponente se reunió con el presidente y los miembros del grupo de trabajo con motivo de su última reunión, cuando el proyecto de opinión del Parlamento ya había sido presentado al grupo de trabajo. 
Fue una ocasión muy oportuna para que el grupo de trabajo tomara en consideración el proyecto de informe en sus deliberaciones. 
El Plan de acción propondrá una serie de iniciativas políticas, que tomarán la forma de un marco de acción, que deberá transponerse en textos jurídicos y programas o iniciativas más concretos, en los que participarán no sólo los Estados miembros, sino también los interlocutores sociales, las autoridades regionales y locales y otras organizaciones relevantes. 
Permítanme, a continuación, referirme más específicamente a algunos de los puntos principales que establece el ponente en su exposición de motivos. 
En primer lugar, el ponente sugiere la participación efectiva de los interlocutores sociales en los organismos representativos. 
Reconozco que ésta es una característica positiva de la mejora de las relaciones industriales, que facilitará el funcionamiento de los mercados de trabajo. 
Pero también debemos tener presente que la dinámica del mercado de trabajo no debería reducir el acceso a los mismos de personas que hasta ahora han estado excluidas de estos nuevos desarrollos. 
Comparto el objetivo de involucrar a los interlocutores sociales en los planes de acción nacionales. 
En segundo lugar, recomienda el establecimiento de un acuerdo sobre el paquete fiscal para reducir las diferencias entre los Estados miembros. 
Aún persisten importantes diferencias entre los Estados miembros en lo relativo al tratamiento fiscal de las personas y empresas, pero la presentación de propuestas específicas en este sentido sobrepasaría el ámbito del plan de acción de la Comisión. 
En tercer lugar, propone asimismo una mayor participación regional y local en la elaboración de los planes de acción nacionales. 
Esta propuesta merece ser bien acogida, en particular, porque las orientaciones sobre empleo animan específicamente a que así se haga. 
En cuarto lugar, recomienda un mejor acceso de organismos locales y regionales a las oportunidades de investigación del Sexto Programa marco. 
Reconozco que mejorar la situación de las regiones y zonas menos favorecidas a través de la inversión en investigación forma parte del proceso de mejorar las cualificaciones y el capital humano, lo que ayudará a llevar a dichas regiones puestos de trabajo. 
Por último, propone la creación de un fundamento jurídico común para el sector terciarios- sin ánimo de lucro. 
Me parece que para ello es necesario analizarlo más y pensarlo detenidamente, para evitar imponer trabas innecesarias a un sector que tiene un potencial importante de creación de puestos de trabajo. 
Para terminar, quisiera expresar, una vez más, mi agradecimiento al Parlamento por el presente informe, por su aportación al Plan de acción de la Comisión y por su apoyo para seguir abriendo los mercados de trabajo europeos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Diversidad lingüística 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes preguntas orales dirigidas a la Comisión: 
(B5-0537/01) de Eluned Morgan y Barbara O ' Toole, en nombre del Grupo PSE, sobre las lenguas minoritarias. 
(B5-0753/01) de Eurig Wyn y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE sobre la diversidad lingüística. 
Señor Presidente, me alegra comprobar que han cambiado el título de este debate: es sobre lenguas regionales y menos difundidas. 
Acojo con satisfacción el hecho de que tratemos sobre este tema. 
Es la primera vez en ocho años que en esta Asamblea se debate sobre las lenguas menos difundidas. Es adecuado que tratemos sobre ello ahora, cuando finaliza el Año Europeo de las Lenguas. 
El hecho de que no hayamos debatido sobre ello refleja los problemas a que se enfrentan las comunidades que hablan alguna de la lenguas menos difundidas en términos de sus relaciones con la UE. 
El Consejo ha cuestionado el fundamento jurídico de la línea presupuestaria. 
Este año hemos asignado fondos a esa línea y esperamos que la Comisión los utilice. 
No queremos disputas legales sobre esto. 
Espero que los diputados aprueben las enmiendas que hemos presentado a la resolución común. 
Pedimos un programa que haga un seguimiento del Año Europeo de las Lenguas, en el que también desearíamos que se destinaran fondos a las lenguas menos difundidas. 
Asimismo queremos que se destinen fondos para las lenguas menos difundidas dentro de los programas pertinentes en vigor. 
Esta medida formalizaría el procedimiento que ya existe, por ejemplo, en los Fondos Estructurales, donde se destinan fondos a apoyar las lenguas menos difundidas en algunas zonas. 
Sería sencillamente una formalización de dicho procedimiento. 
También queremos ver cultura en la votación por mayoría en el seno del Consejo para que la Comisión pueda presentar un programa específico sobre las lenguas menos difundidas, que sé que la Comisión ya tiene. 
Son propuestas no radicales. 
No sé por qué algunos Grupos ponen resistencia y no apoyan a 40 millones de personas de la UE que hablan lenguas menos difundidas. 
Pero espero que éste sea un primer paso y que en el futuro veamos un informe de propia iniciativa sobre este tema. 
Les deseo: Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda- Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. 
Señor Presidente, como acaba de resaltar mi colega la Sra. Morgan, más de 40 millones de ciudadanos europeos hablan lenguas autóctonas, además de la lengua principal oficial del Estado en que viven. 
Las lenguas forman parte integral de la diversidad lingüística y cultural de Europa. 
Están en el centro mismo de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y son un factor clave en la creación de una Europa pacífica y democrática. 
Acojo con satisfacción esta tan ansiada resolución e insto a los colegas a que le den su apoyo, porque será una excelente plataforma para el futuro El Año Europeo de las Lenguas ha sido un año fructífero y ha incluido numerosos proyectos sobre las lenguas regionales y menos difundidas de Europa, en contra de las expectativas de muchos de nosotros. 
La reciente decisión del Consejo hace hincapié en que todas las lenguas europeas son iguales en valor y dignidad desde un punto de vista cultural. 
A pesar de que la decisión del Consejo no hace referencia específica a las lenguas regionales y menos difundidas, tampoco las excluye. 
Es el motivo, en particular, por el que apoyo las enmiendas relativas a la actualización de programas, y pido que apoyemos un programa plurianual a más tardar para 2003. 
Es una oportunidad de oro para encaminar este dossier hacia el futuro y de cara a la ampliación. 
Debemos garantizar que el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales se incluye en el orden del día de la próxima Conferencia Intergubernamental, y que además impulsamos la votación por mayoría cualificada en el Consejo. 
Trabajemos unidos para garantizar que las lenguas regionales y menos difundidas no desaparecen y siguen formando parte de la Europa culturalmente diversa del futuro. 
La riqueza sin parangón de Europa es su diversidad. 
Asegurémonos de que la protegemos entre todos. 
. 
(EN) Sólo un comentario personal para comenzar. Mi portavoz no habla danés. 
No tengo la opción de tener danés como lengua de trabajo de mi gabinete. 
El flujo de trabajo sencillamente se atascaría. 
No estoy hablando danés aquí hoy- realmente ésa no es una opción. 
Tendría que hacer la traducción de camino al Parlamento, tras haber obtenido el material el mismo día. 
Podría hacerlo, pero sinceramente, en mi opinión personal, si nos tomamos en serio la integración europea, debemos estar dispuestos ocasionalmente a tragarnos nuestro orgullo para poder hacer las cosas con eficacia. 
El tema de este debate, en mi opinión, es diferente. 
Tiene que ver con estimular la diversidad que existe ahí fuera, y, realmente, eso es otra cuestión. 
Aquí, el Año Europeo de las Lenguas toca a su fin, pero aún no ha terminado del todo y hay numerosas actividades en curso. 
De los 200 proyectos aproximadamente que son cofinanciados por la Comisión, la mayoría siguen funcionando y muchos acontecimientos tendrán lugar por toda Europa en las semanas restantes del año. 
La evaluación del Año Europeo se pondrá en marcha este mes. 
La Comisión considera que el final de 2001 no debería ser el final de la iniciativa Año Europeo de la Lenguas. 
Presentaremos un informe a las otras instituciones europeas a más tardar el 31 de diciembre de 2002, de conformidad con las disposiciones del artículo 11 de la Decisión nº 1934/2000/CE por la que se establece el Año Europeo de las Lenguas 2001. 
Asimismo, el 29 de noviembre de este año, el Consejo adoptó una importante resolución sobre el fomento de la diversidad lingüística y el aprendizaje de idiomas. 
Invita a la Comisión a proponer acciones para fomentar la diversidad lingüística y el aprendizaje de idiomas antes de comienzos de 2003. 
La diversidad lingüística es una característica que define a la Unión Europea, y las lenguas regionales y minoritarias, junto con las muchas otras lenguas que se utilizan en Europa, es una de sus características clave. 
En consecuencia, las lenguas regionales y minoritarias serán tenidas en cuenta en el informe que la Comisión presentará a las otras instituciones en el transcurso de 2002, así como en las propuestas sobre acciones que presentará en 2003. 
No obstante, es aún demasiado pronto para decir qué acciones específicas se emprenderán en este ámbito. 
Como establece el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales, la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística en sus diferentes programas y actividades. 
Muchos, como Sócrates, Leonardo da Vinci, Cultura 2000, Media Plus, e-Content o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya están ofrecen oportunidades de financiación para las lenguas y culturas regionales y minoritarias. 
Apoyamos estos esfuerzos que deben tener un objetivo muy amplio para que su efecto sea el que nos proponemos. 
Señor Presidente, Señorías, saludo el debate de hoy. Me alegro de que lo llevemos a cabo al final del Año de las Lenguas, porque en el transcurso de este año hemos intentado en diversas ocasiones impulsar a la Comisión a hacer algo por las lenguas minoritarias. 
La Comisión siempre ha contestado que no lo hace porque desea hacerlo el año próximo en un programa propio. 
Ahora hemos oído decir que la Comisión no quiere emprender absolutamente nada en el tema de las lenguas minoritarias. 
Por eso me alegro de que hoy tengamos esa cuestión sobre la mesa. 
Me entristece que algún gracioso se haya permitido cambiar el título de esta resolución. 
No hablamos sobre diversidad lingüística, sino que hablamos sobre los lesser used languages (lenguas menos usadas). 
Por ello me duele también, señor Comisario Nielson, que no haya hecho aquí ninguna reverencia a una de esas lenguas menos usadas, en concreto al danés, y no haya hablado en danés. 
Eso no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de respeto a la diversidad de las lenguas europeas, a las cuales también pertenece el danés. 
Estoy a favor de que hablemos de ello, estoy a favor de que hablemos más de ello, estoy a favor de que la Comisión haga algo al respecto. 
Pero debo decirles sinceramente que este texto que hoy se presenta es poco consistente, carece de seriedad y profesionalidad, y no estoy en absoluto orgulloso de él. 
Eso debo decirlo claramente. 
Podríamos haber hecho algo mejor si hubiésemos tenido tiempo para ello. 
Por eso digo también que nuestro Grupo parlamentario no apoya todas las enmiendas. 
Creo que el artículo 3 es mejor que la enmienda número 4. 
¿Por qué debo aprobar su enmienda si nuestro artículo de la Resolución es mejor que su enmienda? 
Opinamos lo mismo. 
Deberíamos ser algo más serios. 
Sobre otra cuestión: todos en este Parlamento- y también yo personalmente- estamos a favor de un voto por mayoría en temas de la cultura. 
Pero deberíamos dar el primer paso antes de exigir el segundo. 
Podemos empezar a exigir el segundo paso cuando hayamos dado el primero. 
Por eso deberíamos seguir siendo razonables y esperar que Laeken impulse en la Convención algo que conduzca en esa dirección. 
Finalmente, desearía decir también que como Partido Popular Europeo estamos dispuestos a impulsar pronto un informe de iniciativa sobre el tema de las lenguas minoritarias en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Creo que todos los que hoy verbalmente se muestran tan a favor podrán demostrar ahí si verdaderamente lo están. 
Por ello me alegraría mucho si hoy rechazásemos la resolución por no ser tan buena como un informe de iniciativa debería ser. 
Supongo que los socialistas no tomarán parte. Así que veremos como queda al final. 
Diga a sus compañeros de grupo que el año que viene tendrán que tomar parte en la votación. 
Señor Presidente, la aprobación de la resolución sobre lenguas regionales y menos usadas será un buen fin de Año Europeo de las Lenguas. 
Es una satisfacción para mí y- me consta- para otros diputados catalanes: Obiols, Terrón, Colom, Jové, Mayol, Gasòliba y Ferrer. 
Es muy positivo que una resolución reconozca igual valor y dignidad a todas las lenguas europeas, e inste a la Comisión y al Consejo a actuar de forma decidida en este campo y a encontrar un fundamento jurídico permanente. 
Lamentamos que nuestra propuesta inicial, que reclamaba el pleno reconocimiento, no haya sido aceptada. 
Esta resolución pone de manifiesto una situación inadmisible: que la Unión Europea, que reconoce en su diversidad su riqueza, tenga tantas lenguas europeas buscando fundamento jurídico para ser apoyadas- insisto- es lamentable. 
Ayer, un informe solicitado por la Dirección General de Investigación y presentado al Intergrupo de lenguas minoritarias reflejaba tales dificultades. 
Mi lengua, el catalán, forma parte de este grupo. 
Es la séptima lengua en relación con las once lenguas oficiales y la novena en relación a las 22 lenguas después de la ampliación. 
Una conversación que he mantenido recientemente con nuestro colega y amigo Jannis Sakellariou ilustrará sobre la situación. 
Yo le decía: Jannis, la lengua que tu hablas con tus padres- el griego- la puedes utilizar en esta Asamblea; la lengua que usas con tu gente- el alemán- la puedes utilizar en esta Asamblea; la que usas con tu esposa- el español- la puedes utilizar en esta Asamblea. 
La lengua que yo utilizo con mis padres, la que utilizo para trabajar y para vivir y la que utilizo con mi esposa no sólo no la puedo utilizar en esta Asamblea, sino que estamos buscando un fundamento jurídico para que pueda ser apoyada. 
Comprenderán que, como catalán, no pueda tener otro objetivo en este tema que el del reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea. 
La esperanza la explica mejor mi amigo y poeta Jordi Gabarró. 
En castellano (en español) : "Mañana, en un futuro de convivencia, la razón debe ganar". 
Señor Presidente, señor Comisario, cuando a principios de los años 80 este Parlamento discutió por primera vez sobre diversidad lingüística y lenguas minoritarias su predecesor, señor Comisario Nielson, habló algunas frases en galés, y aunque en realidad no entendimos nada nos alegramos sobre esa proclamación de la diversidad cultural de Europa. 
Al tiempo desearía decirle que nuestra imagen de Europa no es ni tecnocrática, ni burocrática ni está dominada por la economía, sino que Europa es para nosotros sobre todo un proyecto cultural cuya diversidad lingüística debe ser defendida. 
Además, señor Presidente, parte de esa diversidad es también su lengua materna, la lengua inglesa, la cual debe ser defendida contra laidea de una lengua mundialmente unificada cuya denominación como lengua inglesa supondría un insulto a Shakespeare. 
También las grandes lenguas de la Unión Europea son actualmente leguas minoritarias, como el francés, antes y ahora una lengua de la ONU, el español, una de las lenguas mundiales del futuro, que recientemente ha sido utilizada por primera vez de manera oficial en la campaña electoral americana y que pronto será la segunda lengua de EEUU, el alemán, que la mayoría de los habitantes de la UE tienen como lengua materna. 
Nuestro antiguo compañero Siegbert Alber dijo en cierta ocasión: "en Europa todos somos minorías". 
Pero, naturalmente, además de ello es necesario cuidar también las pequeñas lenguas oficiales, y sobre todo las lenguas que son objeto del debate de hoy, es decir, las lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales de la UE pero que necesitan nuestro apoyo masivo. 
Por desgracia aún no podemos introducirlas en nuestros órganos como lenguas oficiales. Probablemente eso sería demasiado. 
Pero debemos hacer todo lo posible para cuidar las leguas regionales y minoritarias de la Unión Europea. 
Pues las personas que pertenecen a minorías nacionales, contadas en conjunto, son ya la segunda nacionalidad más grande en la actual UE, después de los alemanes y antes de los franceses, y lo serán aún más en la futura Unión. 
Ello muestra ya la dimensión cuantitativa de esa cuestión, y cuando se observa de forma cualitativa a propósito de los problemas de nacionalidades habidos en los Balcanes o en otros lugares, entonces se sabe que las minorías pueden convertirse tanto en la argamasa como en el explosivo de los fundamentos de Europa. 
Luchamos para que se conviertan en la argamasa de Europa, y por ello apoyamos a las lenguas minoritarias. 
. (DA) Señor Presidente, doy las gracias por el debate, que he escuchado con gran interés. 
Sin embargo, no considero necesario para mí añadir nada más, cualquiera que sea la lengua que pudiera querer emplear. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 17.50 horas, se reanuda a las 18.30 horas) 
Votaciones 
Procedemos a continuación a la votación. 
El siguiente punto es la votación sobre propuestas de resolución sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Durante la votación sobre la enmienda 2 a la resolución conjunta sobre la inmigración en Irlanda: 
Señor Presidente, quiero retirar la segunda parte de la enmienda porque, al parecer, son muchos los que apoyan la primera parte, pero no la segunda. 
Para que resulte más fácil apoyarla, hemos retirado la segunda parte. 
El título no es correcto. 
Debería ser resolución sobre las lenguas regionales y menos difundidas, y espero que se corrija. 
No estoy de acuerdo. 
Hay lenguas que no habla mucha gente, pero que sin embargo son lenguas nacionales, como el luxemburgués. 
No es una lengua minoritaria, quizás sí llegue a serlo con la inmigración, pero ahora no es una lengua minoritaria. 
Es cierto que se habla poco, pero eso no se puede hacer. 
La formulación de la resolución conjunta, que fue aprobada por todos los que participaron en la misma, es lenguas regionales y menos difundidas. 
Éste es el término que se utiliza a lo largo de todo el documento. 
Señor Presidente, lenguas europeas menos difundidas es correcto. 
¿Es esto aceptable para la Asamblea? 
Lenguas regionales y menos difundidas en la Unión Europea. 
Colegas, la propuesta ahora es "lenguas regionales y menos difundidas en la Unión Europea" 
Señor Presidente, perdone pero, en primer lugar, en las reuniones para conseguir el consenso, el título que acordamos fue "regionales y menos utilizadas". 
Pero es que además, Sra. Pack, hay otro problema con su propuesta: si sólo hablamos de menos utilizadas, sencillamente, mi lengua no cabe, porque no es menos utilizada, es regional. 
Por lo tanto, en primer lugar, quedamos en esto y, en segundo lugar, para ser exhaustivo, hay que decir "regionales y menos utilizadas", porque es lo que corresponde. 
No hay otra posibilidad. 
Señor Esteve, ya tenemos la palabra "regional" al comienzo. 
Quiero la versión inicial con "europeas" en medio- lenguas europeas regionales y menos difundidas. 
"Lenguas europeas regionales y menos difundidas". 
¿Es esto aceptable? 
Señor Presidente, quisiera proponer para votación una enmienda oral sobre la que ya deberíamos haber votado. 
El Considerando C, en la versión alemana, dice: "Considerando que 14 millones de ciudadanos de la Unión utilizan habitualmente una lengua regional o poco extendida, así como también que en Europa hay en total de 60 comunidades lingüísticas." 
En lugar de "en Europa" debe decir "en la Unión", pues en Europa hay más de 300. 
(El Parlamento aprueba la resolución conjunta) El Presidente. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
-Informe McKenna (A5-0405/2001) 
Señor Presidente, el diputado McKenna tal vez se inquiete si yo digo que, llamándome Fatuzzo, no puedo dejar de hablar de la merluza austral que es víctima de captura furtiva por barcos con pabellón de conveniencia en los mares de la Patagonia. 
Consideraría oportuno, sin embargo, que se aprobara el proyecto GALILEO, con el que, desde los satélites, se podría ver dónde se encuentran los pesqueros furtivos, cuándo aumentan de peso por la carga y, por tanto, cuándo y dónde han efectuado la pesca furtiva. 
De esta forma, se podría realmente controlar el fenómeno. 
Informe Gallagher (A5-0426/2001) 
Señor Presidente, en la página 15 del dictamen de la comisión de presupuestos se lee que se destinan partidas de 86 millones de euros para ayudas a Mauritania; ayudas para la investigación, para la pesca, para la realización de las estadísticas, para el salvamento marítimo, para las licencias de pesca, para los gastos de organización de seminarios y reuniones, para el desarrollo de la pesca regional; pero no veo, señor Presidente, un capítulo titulado "ayudas a los pensionistas de Mauritania, ayudas para subvencionar el pago de los impuestos y para tener pensiones profesionales de pescadores". 
He votado sí, a favor de este documento, pero espero que, en la próxima ocasión en la que se voten las medidas para Mauritania, se prevean ayudas también para los pensionistas de ese país. 
Quisiera expresar mi acuerdo con el nuevo Protocolo de Pesca celebrado entre la Comunidad Europea y Mauritania para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2001 y el 31 de julio de 2006, que considero de vital importancia para la Comunidad Europea, no sólo por las posibilidades de pesca que ofrece y por el importe financiero que entraña, sino también, y principalmente, por motivos de naturaleza socioeconómica, al permitir el traslado a nuevas pesquerías de un importante número de embarcaciones que faenaban en las aguas marroquíes. 
En cuanto al informe del Sr. Gallagher, quisiera felicitar al autor por el trabajo realizado, pues concuerdo con las conclusiones que figuran en el ámbito de la exposición de motivos. 
Por último, y por lo que se refiere a la enmienda 4 (articulo 3 ter) , quisiera subrayar que el Consejo sólo confiere un mandato negociador a la Comisión para la celebración de nuevos acuerdos de pesca y no para la renovación de protocolos de aplicación, dado que éstos no modifican el fondo del acuerdo-marco. 
Propongo, pues, una reformulación de la propuesta del ponente a fin de que resulte congruente con el derecho comunitario vigente en esta materia. 
Informe Nobilia (A5-0375/2001) 
Señor Presidente, he votado a favor del informe del diputado Nobilia que se ocupa de aumentar el trabajo en Europa. 
¿Cómo podía dejar de hacerlo? 
Sin embargo señalo que, para obtener este resultado, sería importante realizar una página web única europea que recogiera todas las demandas y las ofertas de trabajo de los quince Estados de la Unión. 
Sería indispensable tener una única segunda lengua europea, puesto que no se puede uno mover por la Unión Europea, si no se conoce al menos una lengua en común con todos los demás europeos, adicionalmente a la propia, y, para terminar, uno no se puede mover libremente si no hay una pensión única Europea. 
No podemos tener quince diferentes cuotas de pensión, pagadas por 15 diferentes estados de Europa, si hemos trabajado en los quince estados europeos. 
Debemos tener una única pensión Europea. 
. (EN) Los Conservadores del Reino Unido acogemos favorablemente el principio de que los mercados de trabajo estén abiertos a todos y accesibles para todos, como condición fundamental para el mercado único. 
No obstante, hemos votado en contra del apartado 15 del informe Nobilia, porque la idea de crear un marco europeo de política sobre ingresos y seguridad social choca directamente con las competencias de los Estados miembros. 
Hemos animado a colegas de otros partidos y Grupos a que sigan nuestro ejemplo y rechacen esta sugerencia en particular, aunque apoyen el informe en general. 
Informe Lulling (A5-0381/2001) 
Diputada Lulling, ¿que hay más dulce que la miel? 
¿Que hay más nutritivo que la miel? 
¡Por algún motivo se dirá "luna de miel". 
Estimada diputada Lulling, la miel es también el néctar de los dioses. 
Subiendo al Monte Olimpo, me he detenido saboreando las mieles del Olimpo, la miel de los dioses de Grecia. 
Entonces, ¿cómo votar en contra de este documento que quiere potenciar la producción de miel en Europa y ayudar a los apicultores a producir una cantidad cada vez más importante y más rentable de este néctar de los dioses? 
Espero que, el próximo año, antes de entrar en esta Sala, se nos proporcione a todos los eurodiputados una cantidad adecuada, para tener el cerebro más preparado y el físico más entrenado para las largas horas de votaciones y también para las posteriores declaraciones de voto del diputado Fatuzzo. 
Para terminar, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a los señores intérpretes, a todos aquellos que trabajan más por mis declaraciones de voto y a usted, Presidente, en particular. 
Resolución sobre la diversidad lingüística 
Señor Presidente, tan sólo desearía comunicarle que he votado a favor de esa propuesta de resolución, y que lo he hecho por convencimiento, como mi compañero Bernd Posselt. 
Ciertamente opinábamos que esa propuesta de resolución y luego esa Resolución podrían haberse formulado de forma más completa y global, con una plataforma más amplia; lamentamos que eso no haya podido ser. 
Sin embargo, es un paso en la dirección correcta y esperamos que el Pleno y la Comisión competente traten esa temática de las lenguas menos utilizadas, de las lenguas regionales y minoritarias, y que no se limiten a hacerlo en el Año de las Lenguas, sino que en general traten ese problema de manera concreta, positiva y con fines establecidos, para que los problemas que en el pasado han surgido por parte de mayorías o minorías pertenezcan al pasado y sean conducidos a una solución positiva. 
Las explicaciones de voto quedan cerradas. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo y les deseo una feliz Navidad. 
(Se levanta la sesión a las 18.55 horas) 
El Acta de la sesión del jueves 13 de diciembre de 2001 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, tengo una pregunta relativa a las Actas íntegras de las sesiones: el pasado miércoles por la tarde, el Vicepresidente Onesta anunció que el jueves por la mañana se votaría sobre el debate de urgencia relativo al mandato de detención europeo. 
Sin embargo, el jueves por la mañana, el Sr. Watson, Presidente de la Comisión de Libertades Públicas, pidió al Pleno que votara sobre un debate de urgencia relativo a- ahora cito las Actas íntegras- "two framework decisions from the Council, one on combating terrorism, the other on a proposal for a European arrest warrant". 
El desconcierto surgió por todas partes. 
Eso demuestra, ante todo, que la decisión del pasado jueves se adoptó precipitadamente y sin poner atención. 
Señora Presidenta, ¿puede explicarme, conforme a las Actas íntegras de las sesiones, sobre qué cuestiones exactamente vamos a celebrar ahora un debate de urgencia? 
Y ya que estamos ocupándonos de las aclaraciones, ¿puede asegurarme también que el texto relativo a la orden de detención europea, al que se pudieron presentar enmiendas hasta las 16.00 horas del jueves pasado, sigue siendo el mismo texto y no se ha modificado el pasado fin de semana? 
Si ése fuera el caso, hoy volveríamos a quedar en ridículo para toda la eternidad. 
Señora Buitenweg, le respondo: se trata únicamente de la orden de detención europea. 
(El Acta de la sesión anterior queda aprobada) 
Comunicación de la Presidenta 
Como ustedes saben, esta es la última vez- de hecho- que tengo el honor de presidir nuestra Asamblea. 
Celebro tener que hacerlo con ocasión de la sesión extraordinaria, en la que el Sr. Verhofstadt, Presidente en ejercicio del Consejo, acude a hacernos el balance de Laeken y de una Presidencia belga que ha sido particularmente brillante. 
No haré un discurso. 
Diré sólo dos palabras para darles de nuevo las gracias del fondo del corazón por la confianza que me expresaron ese 20 de julio de 1999 al elegirme para la Presidencia del Parlamento Europeo. 
Asumí esta función con determinación, con pasión y con la preocupación constante de transmitir fielmente, lo más fielmente posible, las convicciones y las posiciones de la mayoría de este Pleno. 
En tal sentido, desearía manifestarles que siempre he podido estar orgullosa del Parlamento Europeo. 
Permítanme que dé las gracias, en particular, al Secretario General, Julian Priestley, y al conjunto de colaboradores y colaboradoras de nuestra casa, que me han ayudado con una motivación y una amistad extraordinarias. 
Les doy las gracias, Señorías, por el apoyo que me han prestado en todas las circunstancias, y deseo a mi sucesor una Presidencia tan activa y favorable como la que me ha tocado desempeñar. 
(Vivos aplausos) 
¡Gracias, Señorías! 
Les doy infinitamente las gracias. 
(La Asamblea, de pie, aplaude vivamente a la Presidenta) 
. (FR) Señora Presidenta, permítame expresar ante todo, en calidad de Presidente del Consejo Europeo, mi reconocimiento y mi admiración por su Presidencia. 
Bajo su dirección, el Parlamento Europeo ha cumplido una etapa política y también y sobre todo una etapa legislativa impresionantes. 
Usted ha realizado una actividad pionera tanto en el plano externo como en nuestra Unión. 
Mucho antes de la crisis afgana, usted había alertado a la Unión Europea sobre esta cuestión y ya había iniciado una batalla por la situación de las mujeres en Afganistán. 
Desempeñó un destacado papel en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales, que atañe a todos los ciudadanos europeos. 
En Laeken hemos renovado el modelo de la Convención, de la que usted ha sido una de las paladines. 
En muchos aspectos, usted ha preparado al Parlamento Europeo para el nuevo período que se anuncia en las relaciones interinstitucionales. 
Finalmente, también deseo darle calurosamente las gracias por la excelente colaboración entre el Parlamento y el Consejo durante su Presidencia. 
¡Muchas gracias! 
. (IT) Señora Presidenta, me sumo con un sentimiento de profundo reconocimiento a los elogios a su persona y a los resultados alcanzados a lo largo de su Presidencia del Parlamento Europeo. 
Han sido años muy importantes en lo cuales se han lanzado fundamentales debates para el futuro de la Unión. 
Usted ha desempeñado en todo momento un papel extraordinariamente activo, atento e incluso generoso, abierta a la demandas de la opinión pública europea y abierta a las necesidades de todos nosotros. 
Por lo tanto, no solo el Parlamento, como hemos podido comprobar ahora, sino también la Comisión le agradece esta acción constante e incisiva. 
En este momento, quiero subrayar en particular la fuerte sensibilidad que ha mostrado a la hora de rechazar repetidamente toda forma de violencia y en particular de violencia terrorista. 
Sus intervenciones, señora Presidenta, moderadas en el tono pero lúcidas y fuertes en la sustancia, han alentado y apoyado a todos los demócratas europeos en su lucha en favor de una convivencia pacífica entre nuestros ciudadanos. 
Le deseo lo mejor para el futuro, al servicio, estoy seguro de ello, de la causa de Europa, por la que usted tanto ha hecho en estos dos años y medio. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, hoy ha llegado el día de expresar a nuestra Presidenta, Nicole Fontaine, que proviene de nuestro Grupo político, unas encarecidas palabras de agradecimiento por la pasión con que ha ejercido su cargo en los dos años y medio, como acaba de decir ella misma. 
Señora Presidenta, usted se encuentra al mismo nivel que Louise Weiss y Simone Veil. 
Louise Weiss, Simone Veil y Nicole Fontaine son tres grandes Presidentas de nuestro Parlamento Europeo. 
Hoy nos preguntamos: ¿cuáles han sido las características más destacadas de su Presidencia? 
La primera es que usted siempre ha colocado y coloca la idea comunitaria, la actuación por parte de las instituciones europeas, en el punto central de su política y en primer lugar el Parlamento Europeo, que usted- y esta es la segunda observación- siempre ha representado con gran dignidad ante la opinión pública así como en las cumbres. 
La foto de Laeken, en la que usted se encuentra entre el Rey belga y el Presidente francés, es expresión de su capacidad de convencimiento. 
En tercer lugar, usted ha luchado contra cualquier forma de terrorismo- siendo un ejemplo como pocos -, naturalmente, en especial contra el terrorismo en España, pero también en todo el mundo. 
Su invitación al comandante Massud ha sido una de sus grandes decisiones, con la que se ha adelantado a lo que ha ocurrido en Afganistán. 
Por supuesto, usted siempre ha sido un miembro muy valioso de nuestro Grupo político también como Presidenta y ahora retorna, cuando entregue su Presidencia en enero, a las estructuras de trabajo de nuestro Grupo político y se sentará al lado del antiguo Presidente del Parlamento Europeo, José María Gil Robles Gil-Delgado, también tan apreciado por nosotros. 
Nos alegramos de tenerla en el trabajo cotidiano al igual que a José María Gil Robles Gil-Delgado. 
Le damos la bienvenida por el retorno a nuestro Grupo político y le expresamos nuestro encarecido agradecimiento por su convincente trabajo, querida Presidenta Nicole Fontaine. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores, ante todo me permito decir, querida Nicole, que comprendo lo que siente hoy. 
Es sabido públicamente que nuestro Grupo político, los socialistas, no la eligieron. 
Pero hoy puedo decir, en nombre de mi Grupo, que le doy las gracias por su Presidencia... 
... y que es bienvenida entre nosotros, porque todos somos diputados europeos comprometidos precisamente en una noble causa que hoy marca un hito en la historia. 
Durante su Presidencia ha demostrado ante todo un compromiso con la causa de las libertades y de la democracia no sólo fuera de la Unión, sino también en el seno de la ésta, y quiero darle las gracias por ello. 
Por otra parte- ya se ha dicho, pero nunca se insiste lo suficiente -, ha participado en la lucha por la libertad y la democracia contra el terrorismo, que se ha convertido en esa plaga global. 
Y ha luchado también para procurar que la Unión Europea progrese, y la idea de que ésta debe dotarse de lo que representa el proceso constituyente en cada uno de nuestros países, es decir, un debate abierto y democrático, gana cada vez mayor terreno. 
También debemos saludar su apoyo a la Convención como método en el que se unen los dos pilares de la legitimidad democrática, y darle las gracias por ello. 
En cuanto a las cuestiones que nos han separado, señora Presidenta, usted no ha ocultado sus ideas. 
Nosotros no hemos ocultado las nuestras. 
Pero, de todas maneras, creo que eso también ha ayudado a hacer avanzar la causa que nos une a todos en esta casa, la causa de la lucha por la democracia, por una Unión Europea democrática, que no sólo represente a nuestros pueblos, sino también a nuestros ciudadanos. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, querida Nicole, mi Grupo le apoyó al inicio. 
Nos sentimos orgullosos de hacerlo entonces y me siento orgulloso hoy, después de su trayectoria en el cargo durante dos años y medio. 
Ha sido una representante excelente de esta Asamblea, y se ha ganado el agradecimiento y el apoyo de todos nosotros. 
Ocupó su cargo en un período muy difícil, cuando las relaciones entre las dos instituciones clave de la Unión, la Comisión y el Parlamento, habían quedado dañadas. 
Creo que ha conseguido restablecer unas relaciones de trabajo eficaces y sustanciales, tan necesarias y fundamentales para el buen funcionamiento del método comunitario. 
Le doy las gracias por ello. 
Ha sido un acto estratégico de considerable importancia para Europa, y no sólo de importancia para el Parlamento Europeo. 
Bajo su Presidencia ha habido mejoras impresionantes en nuestro ritmo de trabajo con respecto a la colegislación, y ello ha sido gracias a la buena gestión de nuestro orden del día. 
Ha sido una defensora e impulsora impresionante de la Carta de los Derechos Fundamentales y le saludamos por ello. 
Usted ha traído una convicción muy especial a la lucha contra el terrorismo, y al hacerlo, ha aportado dignidad al proceso democrático de esta Asamblea. 
Ha defendido con determinación la causa a favor de una Convención. 
Hace un año, hace 11 meses, hace 10 meses- la suya era una voz aislada. 
Hoy, su voz es la moneda corriente y le saludamos por ello. 
Ha habido controversias durante su Presidencia y estoy de acuerdo con Enrique Barón Crespo en que usted ha tenido realmente el valor de sus convicciones. 
En lo que a mí respecta, siempre he creído que en dichas controversias usted actuaba sin temor ni favor. 
Eso para mí es una medida de la enorme integridad personal y de la fortaleza que ha aportado a sus funciones. 
Naturalmente, como mujer, usted ha aportado no sólo la calidad de serlo, sino además la feminidad a este cargo. 
Ha representado a ese amplio sector de nuestra comunidad en Europa que está representado de manera tan inadecuada, no sólo en las políticas electorales, sino en tantas esferas de la administración pública y de la vida pública. 
Gracias por lo que ha hecho por este Parlamento. 
Gracias por la firmeza y por el élan feminin que usted ha aportado a su Alto Cargo, y le deseamos mucha suerte y buena fortuna en el futuro. 
Señora Presidenta, querida Nicole, yo también quiero, en nombre de mi Grupo, darle a usted las gracias por estos dos años y medio. 
Particularmente, quiero manifestar que nuestro Grupo se ha sentido realmente orgulloso de usted en todas las ocasiones en que usted ha defendido los derechos humanos en el mundo. 
Usted siempre ha adoptado sin demora una postura en todas las situaciones en las que ha peligrado la vida de las personas. 
Recuerdo también aquel caso en que unos niños ghaneses que murieron en el compartimento de carga de un avión enviaban un mensaje a Europa: ellos querían contar lo difícil que era la situación en Ghana. 
Usted no dudó en pronunciarse rápidamente sobre el asunto. 
Usted también invitó al comandante Massoud al Parlamento la primavera pasada, casi como si usted hubiera adivinado lo que se estaba avecinando, y compareció en público a su lado animosamente. 
Estoy convencida de que usted ha puesto también muchas veces en peligro su seguridad personal actuando de ese modo, así que yo le doy muchísimas gracias por esas muestras de valentía. 
El Parlamento Europeo, que ha querido asumir el papel de conciencia moral de la Unión Europea, ha conseguido dotarse de un rostro propio durante el período de su Presidencia, y ese rostro es el suyo, señora Presidenta: ¡gracias por ello! 
Asimismo, usted se ha hecho eco audazmente de las posiciones mayoritarias de este Parlamento en situaciones en que ello no era nada fácil. 
Yo recuerdo cuando abordábamos aquí el debate sobre el nuevo Gobierno de Austria: usted transmitió el sentimiento de la mayoría de este Parlamento y comunicó que no compartíamos plenamente esa circunstancia. 
Seguro que esa situación tampoco fue nada fácil para usted. 
Pero ahora, de hecho, la situación cambia, entran nuevas personas, y yo quiero desearle a usted lo mejor para el futuro. 
En realidad, -como ya ha sido expresado clamorosamente aquí, también por parte de mi Grupo- usted puede ser una figura brillante en esta Convención sobre el futuro. 
De hecho, a mí me hubiera gustado ver a una personalidad de su talla al frente del Praesidium de la Convención. 
Ahora no estoy segura de estar satisfecha con esta solución a la que hemos llegado, pero ¡yo le deseo a usted todo lo mejor! 
Señora Presidenta, no es un secreto para nadie que ni mi Grupo ni yo mismo contribuimos concretamente a su elección hace dos años y medio. 
La razón radica en que, en nuestra opinión, el buen funcionamiento de la democracia supone la expresión del pluralismo característico de nuestras sociedades. 
Esto me da mayor libertad para manifestar que mi Grupo y yo mismo valoramos muy positivamente su Presidencia. 
Ha sabido ser ecuánime, ha sabido respetar todas las opiniones, aunque fuesen minoritarias, y evitar las discriminaciones políticas. 
No siempre ha sido así en este Parlamento. Por eso su actitud merece ser destacada. 
Ha sabido asimismo adoptar posturas difíciles, que la honran, cuando los valores fundamentales que reivindica la Unión Europea estaban en entredicho. 
Era necesario, entonces, tener la valentía de tomar partido. 
Usted la ha tenido. 
De manera general, si bien es evidente que no siempre hemos compartido sus declaraciones públicas- puesto que éstas reflejaban la opinión mayoritaria del Parlamento, que, desgraciadamente, muy a menudo se aparta de la nuestra -, usted ha sabido dar una imagen digna de nuestra institución, cuyo colofón habrá sido la conmovedora ceremonia del Premio Sajarov- porque usted quiso que así fuese- y sus acertadas palabras del discurso que pronunció en el Consejo Europeo de Laeken. 
Por todo ello y por nuestra excelente cooperación, ¡gracias! 
Señora Presidenta, yo también deseo muy sinceramente, en nombre de mi Grupo, agradecerle la gran labor que ha realizado en nombre del Parlamento Europeo durante los últimos dos años y medio, que han coincidido con grandes acontecimientos políticos, en particular, desde el pasado septiembre. 
Estoy totalmente de acuerdo con todos los numerosísimos, bellos y bien merecidos elogios que le han dirigido los presidentes de los otros Grupos aquí presentes hoy. 
La Presidencia del Parlamento Europeo debe reflejar los puntos de vista de todos sus diputados, y estoy más que satisfecho porque usted, señora Fontaine, ha realizado esfuerzos excepcionales durante su mandato para garantizar que todos nuestros puntos de vista eran representados en las numerosas ocasiones en las que ha tenido que asumir esta responsabilidad. 
Quisiera desearle suerte para el futuro. 
Usted nos ha representado a todos con gran dignidad y en todo momento ha demostrado gran respeto por todos los diputados a este Parlamento. 
Ha hablado con voz alta y clara en nuestro nombre cuando eran necesarias declaraciones claras sobre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos. 
Éste es un ámbito de gran importancia para este Parlamento y un ámbito en el que nos estamos ganando el respeto internacional. 
Ha sido un placer y un privilegio tenerla como nuestra Presidenta durante los últimos dos años y medio, y para mí personalmente, como alguien que le apoyó inequívocamente el importante día en que tomó posesión de la Presidencia, me complace enormemente afirmar que lo que ha conseguido ha sobrepasado todas mis esperanzas y expectativas. 
Señora Presidenta, si el pluralismo es lo que caracteriza a la democracia, la pequeña cuadrilla de los no inscritos constituye, ciertamente, la quintaesencia de la democracia. 
Su geometría es variable, compuesta por personalidades importantes con opiniones claras e incluso diferentes o discrepantes. 
Por lo tanto, sólo me arriesgaré a expresar mi opinión personal. 
Pero creo poder expresarme de forma que mi opinión pueda ser aceptada por todos ellos. 
Su Presidencia se ha distinguido, primero, por la elegancia. 
Es una virtud que se está convertido en algo tan excepcional que creo que debe ser especialmente destacada. Sobre todo en los medios políticos. 
Se ha distinguido por la elegancia, por la dignidad que siempre ha sabido mantener frente a usted misma y frente a este Parlamento que representa. Su Presidencia también se ha distinguido por la independencia de pensamiento, por su preocupación- algunos podrán decir que no siempre lo han experimentado así, pero creo que, en todo caso, usted lo ha transmitido con una gran sinceridad- por apartarse de las querellas partidistas, por apartarse de sus convicciones personales para respetar las de los demás. 
Por estas grandes virtudes, señora, permítame darle las gracias y expresarle mi reconocimiento. 
Gracias, señora Garaud. 
No tengo palabras para expresar mi gran emoción por lo que acaban de manifestar. 
Gracias de nuevo de todo corazón por este cariño y por estas palabras de apoyo. 
Este Parlamento es extraordinario, todos lo queremos infinitamente. 
Consejo Europeo / Presidencia belga 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe del Consejo Europeo y de la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre en Laeken, así como de la declaración del Consejo sobre el semestre de actividades de la Presidencia belga. 
Doy vivamente las gracias al Sr. Verhofstadt por esta extraordinaria intervención. 
. (IT) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, Señorías, es para mí un honor participar en este debate inmediatamente después de la Cumbre de Laeken. 
En Laeken hemos dado un gran paso adelante hacia la Europa que queremos: una Europa más democrática, más abierta, con la que nuestros ciudadanos comienzan por fin a identificarse plenamente. 
En primer lugar quiero felicitar a la Presidencia belga del Consejo por como ha dirigido los trabajos del semestre y en especial los que han llevado a la Declaración de Laeken. 
Laeken ha inaugurado una nueva etapa constitucional en la construcción de Europa, una etapa en la que este Pleno y los parlamentos nacionales podrán desempeñar un papel fundamental. 
El nuevo proceso, en efecto, será abierto, transparente y ayudará a ofrecer a nuestros conciudadanos una mejor comprensión de las cuestiones fundamentales que se debaten hoy en Europa. 
La apuesta en juego es muy alta en la perspectiva de la ampliación y de la globalización. 
En el camino trazado en Laeken veo la única manera de garantizar una legitimidad democrática, de procurar que la Unión pueda llevar adelante la integración y la ampliación sin correr el riesgo de que luego los ciudadanos rechacen las soluciones adoptadas por los Gobiernos. 
La ampliación de la Unión Europea es un proceso irreversible que ya avanza positivamente. 
De hecho, no debemos olvidar que éste es uno de los principales motivos de la Convención. 
Sin cambios institucionales, la Unión ampliada quedaría bloqueada inexorablemente. 
Sin un debate abierto se corre el riesgo de perder el apoyo de los ciudadanos de la Unión y de los países candidatos. 
Asimismo no debemos infravalorar el significado de la participación por primera vez de los países candidatos en un proceso institucional con implicaciones constitucionales. 
El que se está decidiendo es su futuro, así como el futuro de los actuales quince Estados miembros. 
Sin embargo, los resultados del Consejo Europeo de Laeken no se limitan a la puesta en marcha de la Convención. 
Los acontecimientos del 11 de septiembre nos han recordado lo que pueden hacer aquellos que quieren abusar de la libertad para destruirla, y el apoyo prestado por el Consejo a nuestras actividades en el ámbito de los asuntos interiores nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo de construir una zona de libertad, de seguridad y de justicia en la Unión Europea. 
Se ha dado un nuevo impulso a los trabajos para definir una política común en materia de inmigración y de derecho de asilo. 
El Consejo Europeo se ha mostrado confiado en que la comunicación de la Comisión sobre la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos sirva como base para un plan de acción. 
En este marco, como propuse en mi reciente discurso en Brujas, el Consejo Europeo ha invitado al Consejo y a la Comisión a explorar las maneras de permitir una cooperación eficaz entre todos aquellos que vigilan las fronteras exteriores de la Unión, y a valorar la posibilidad de crear un mecanismo común o un servicio común de control de las fronteras. 
Lamento que el Consejo de Laeken no haya logrado avanzar a la hora de resolver la cuestión de las futuras agencias europeas. 
Que quede bien claro- yo también estoy de acuerdo con los que decía el primer ministro Verhofstadt- no se trata de un drama. 
Sin embargo, como en otras ocasiones, estamos obligados a constatar que la regla de la unanimidad obstaculiza el proceso de toma de decisiones. 
Ya desde ahora debe quedar claro un punto. 
El "método comunitario" ha permitido a la Unión convertirse en lo que es: una unión de pueblos y una unión de Estados que exige una estructura decisoria innovadora, con instituciones comunes y una sola voz para todos los Estados, grandes y pequeños. 
El método comunitario ha servido para promover la eficacia y la legitimación democrática. 
Lo que tenemos que hacer es simplemente adaptarlo y reforzarlo. 
Y esto para no perder el respaldo de la opinión pública y en beneficio de la eficacia de nuestras acciones. 
Nuestros conciudadanos ya no soportan este tipo de regateos. 
A ellos les interesa más saber si la tan anunciada Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria será realmente capaz de iniciar los trabajos que saber dónde estará su sede. 
Por lo tanto, les confirmo que el 1 de enero de 2002 la Autoridad comenzará su actividad en la sede provisional, subrayo, provisional de Bruselas. 
En efecto, los ciudadanos no pueden esperar más la constitución de un organismo dedicado a la protección de su salud. 
A este propósito, la Comisión tiene la intención de seguir atribuyendo una importancia fundamental a sus relaciones con el Parlamento. 
Hemos mejorado nuestros procedimientos y nuestra manera de trabajar, pero en las últimas semanas hemos advertido que este proceso de construcción de relaciones y de procedimientos no ha alcanzado los objetivos que todos nosotros nos habíamos fijado. 
Nuestra tarea será la de actuar conjuntamente para alcanzarlos rápidamente y basar la segunda parte de la legislatura en una sinergia total entre la Comisión y el Parlamento. 
El objetivo que nos habíamos propuesto en Lisboa en marzo de 2000 era convertir a la Unión en la economía más competitiva y dinámica del mundo dentro de diez años. 
Al mismo tiempo, nos hemos comprometido a garantizar que la misma se convierta en una sociedad más justa y atenta a las necesidades de todos. 
Me es grato que el Consejo de Laeken se haya mostrado de acuerdo en considerar prioritarios estos objetivos. 
En consecuencia, Barcelona deberá constituir un significativo e irreversible avance en la consolidación y en la evolución del modelo social europeo. 
Pero de esto tendremos la ocasión de volver a hablar en el curso de la preparación de dicha Cumbre. 
El Consejo Europeo ha vuelto a confirmar que el proyecto de navegación por satélite GALILEO es estratégicamente importante y puede permitir catalizar innovaciones y competitividad. 
No habría sido posible de otro modo, dado que hace sólo un mes los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea- de la que 13 de 15 países son miembros de la Unión Europea- habían comprometido 550 millones de euros para participar en el proyecto. 
Una decisión de otro tipo habría dado una señal contradictoria respecto a un proyecto que es vital para nuestro futuro y nuestra independencia. 
El Consejo Europeo ha indicado claramente fechas y objetivos para el primer semestre de 2002: ahora ha llegado el momento de llegar a una conclusión sin más titubeos. 
Está en juego nuestra credibilidad, está en juego la credibilidad del Consejo y del Parlamento. 
En consecuencia, la Comisión está en disposición de contribuir a que se respeten los compromisos asumidos y de pasar por fin a la etapa de desarrollo concreto teniendo en cuenta todos los aspectos técnicos y financieros del proyecto. 
La Convención debe responder, Señorías, a las expectativas y debe introducir un cambio que nos permita mirar con confianza hacia un futuro complejo y difícil. 
No deberá reinventar a la Unión ni deberá volver a cuestionar el acervo comunitario. Lo que tendrá que hacer es marcar un camino que permita a la Unión, con sus nuevos miembros después de la ampliación, seguir en su integración política, social y económica. 
La institución de la Convención constituye una ruptura deliberada con el pasado. 
Nuestro objetivo es que la misma pueda sacar provecho de las ideas y de las experiencias de muchas y no sólo de pocas personas. 
Nuestro objetivo es que se desarrolle a plena luz del sol y no en una habitación cerrada. 
En la Convención, la Comisión actuará como guardiana de los Tratados y como portadora del espíritu comunitario. 
La igualdad entre todos los Estados miembros y el equilibrio entre las Instituciones de la Unión son la mejor garantía de una Europa justa y eficaz. 
Por otra parte, si miramos los datos del último Eurobarómetro, parece que se puede concluir que nuestros ciudadanos se están volviendo a acercar a Europa y a sus Instituciones, incluso antes de lo que podíamos pensar. 
En el año 2004, a más tardar, pero probablemente antes de dicha fecha, las aportaciones de la Convención se someterán al visto bueno de una Conferencia intergubernamental, tras la cual los ciudadanos de los viejos y de los nuevos Estados miembros elegirán a sus representantes en este Pleno. 
Por lo tanto, preparémonos ya desde ahora para estos importantes y grandes compromisos. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quiero ante todo saludar en nombre del Grupo Socialista la decisión que ha tomado la Cumbre Europea de Laeken. 
Han decidido ustedes cruzar el Rubicón, reconociendo que estamos en un proceso constituyente y ése es un cambio fundamental que demuestra que la alternancia política también en Bélgica puede generar nuevas ideas y nuevas propuestas. 
Felicito a la Presidencia belga por haber sido capaz, con perseverancia, de dar este paso. 
Y además, gracias al esfuerzo que hemos hecho todos conjuntamente, creo que hemos conseguido que la Convención, frente a la cual había reservas importantes, haya salido adelante. 
Creo que todos y cada uno de nosotros podemos apuntarnos la Convención en nuestro haber. 
Recordaba el Sr. Poettering que la Convención nació bajo Presidencia alemana, en la Cumbre de Colonia, pero era una presidencia socialdemócrata-verde, eso se le ha olvidado decirlo. 
Creo que es el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas europeas el que está marcando este proceso, y ello se ha reflejado en el informe Lehne/Méndez de Vigo. 
Quiero reconocer que se han escuchado nuestras propuestas; en primer lugar, en la composición del Presidium, de la Mesa, hay una representación parlamentaria equilibrada, en términos de legitimidad democrática, con la del Consejo, no hay que olvidar esto, y luego han encontrado una solución- yo diría belga- en la trinidad que han creado además de la Mesa. 
En relación con la misma, tengo que decir que valoro altamente la trayectoria europea del Sr. Giscard d ' Estaing; no era nuestro candidato, pero fue, además de Presidente de la República, un buen diputado europeo, y lo que creo que tenemos que pedir en este momento, señor Presidente del Consejo, es que no se cree un cuerpo aparte del Presidium, es decir, que no haya un directorio de tres y luego el Presidium. 
Tiene que haber un equipo de doce, que trabaje conjuntamente y ésa creo que es la vía para poder avanzar. 
Luego, todos podemos decir que a nuestros amigos les ha ido mejor, pero lo que no acabo de entender- señor Presidente del Consejo, Señorías- es el empeño que tiene mi también buen amigo el Sr. Poettering en decir que el ser liberal es una especie de catecumenado para acabar siendo democristiano. 
No creo que el Sr. Cox esté muy contento con ese planteamiento. 
En cualquier caso, creo que lo importante es que todos estemos dispuestos a trabajar conjuntamente en este proceso. 
Han hecho ustedes una cosa que yo creo que es positiva, y es que sobre los cuatro temas planteados en Niza, en el Anexo IV, Declaración 23, han formulado 64 preguntas. 
Hemos hecho el cálculo y nos salen 64. 
Alguna será la pregunta del millón de euros, que no de dólares. 
Hay algunas preguntas sobre las relaciones entre parlamentos nacionales y europeos que no creo que estén muy bien formuladas, pero les ayudaremos a corregirlas y, sobre todo, lo que es importante es que se cree, que se genere, una dinámica constructiva en la Convención, para lo cual mi Grupo también está trabajando desde hace tiempo. 
Eso se ha visto en la COSAC, y lo estamos haciendo en familia para que haya una coordinación cada vez más importante entre los grupos en los parlamentos de los Estados miembros, en los parlamentos de los países candidatos, que tienen derecho también a opinar sobre lo que estamos haciendo, y en el nuestro. 
Tenemos una gran responsabilidad. 
Por lo demás, permítanme hacer algunas críticas en relación con Laeken. 
Han avanzado en dotar de carácter operativo a la política exterior y de seguridad común, incluso apuntando elementos de defensa. 
El Ministro, el Sr. Michel, quizá se precipitó al anunciarlo, pero yo creo que es mejor precipitarse en relación con nuestras responsabilidades que no hacer nada. 
Hay que saber asumir riesgos. 
En relación con las agencias, la verdad es que después de la sinfonía beethoveniana, como ha dicho mi buen amigo Giuliano Amato, nos hemos encontrado con una cacofonía absoluta; y hay un punto en el que le doy la razón, y es que no se puede decir que el futuro va a ser maravilloso, y en cuanto se acaba de discutir sobre el futuro y se ponen los temas del presente encima de la mesa, se termina en una pelea de gallos. 
Eso no es aceptable, y tengo que recordar que el Parlamento, en el informe Whitehead, renunció a sus enmiendas porque nos dijeron que se iba a solucionar el problema en Laeken y no se ha solucionado. 
Luego, tomo buena nota de lo que ha dicho un Presidente del Consejo liberal sobre la cumbre de Barcelona: cohesión social, defensa del modelo social europeo, capacidad de adaptación y diálogo con los interlocutores sociales; me parece que eso define la vía por la que tenemos que avanzar. 
Por último, señora Presidenta, Señorías, creo que tenemos que afirmar en el día de hoy que la Declaración de Laeken, que precisamente se fija como objetivo una constitución europea, tiene que abrir un proceso y una dinámica en la que nos tenemos que sentir comprometidos. 
Puedo decir, en nombre de mi Grupo, que nosotros estamos unidos y decididos a cruzar el Rubicón con ustedes, si lo hacemos todos con seriedad y con vocación de futuro, por una Europa unida. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, desearía asociarme a las palabras de mis colegas por el espíritu de cooperación que ha reinado entre el Consejo y el Parlamento en estos últimos meses. 
Paso a referirme a la declaración de Laeken. 
No creo que pueda decirse que la declaración de Laeken no constituya un paso importante en la vía de una Unión Europea renovada, más transparente, más inteligible, más democrática, y creo que también más eficaz y más fuerte en el plano internacional. 
Todos estos calificativos positivos se justifican por el hecho de que se está creando una nueva dinámica. 
Sufrimos la decepción del Tratado de Amsterdam y del Tratado de Niza. 
Ahora sabemos que podemos obtener resultados satisfactorios en la nueva Conferencia intergubernamental. 
Si trabajamos seriamente- y el espíritu de trabajo en común que se acaba de instaurar me parece prometedor- creo que en la próxima Cumbre podemos lograr- gracias a la Convención, gracias al mandato abierto que se le ha otorgado, gracias al método de trabajo que se adoptará y gracias a la personalidad de las personas que nos representarán en la misma- un resultado absolutamente positivo para la Unión Europea. 
No estropeemos, pues, la fiesta; aun cuando podamos expresar algunas dudas sobre la ausencia de representación femenina en el triunvirato que dirigirá los trabajos de la Convención- lo cual, en mi opinión es absolutamente lamentable -, 
aun cuando podamos lamentar que la representación del Parlamento Europeo no sea lo suficientemente importante, creo que, globalmente, las condiciones de salida son buenas. 
También le doy las gracias, pues, por todos estos esfuerzos realizados. 
Se ha referido a sus seis meses de Presidencia. 
Tengo, a pesar de todo, cierta antigüedad como diputado europeo, y compruebo que todas las Presidencias se muestran decepcionadas cuando llegan al final de su mandato, sobre todo en el segundo semestre, porque es mucho más breve que el anterior debido a las vacaciones, y porque la Presidencia- afortunadamente- no lo es todo en la Unión Europea. 
Depende en gran medida del trabajo de la Comisión y del Parlamento. 
Por lo tanto, no debe sentirse decepcionado. 
Yo me siento personalmente algo decepcionado por ciertos aspectos, pero creo que si incluso los acontecimientos del 11 de septiembre no hubiesen tenido lugar, no habría podido llevar a cabo todos sus proyectos. 
Dicho esto, tuvo lugar el 11 de septiembre. 
Hubo acontecimientos dramáticos. 
Y la lucha contra el terrorismo se ha convertido en una cuestión fundamental. 
En este sentido, pienso que la prevención del terrorismo es una cuestión que debe hacernos reflexionar y actuar con firmeza. 
Lamento que el texto final del Consejo no contenga un mensaje a los Estados Unidos. 
Voy a ser muy claro. 
Hay un mensaje positivo que dice: "reafirmamos nuestra solidaridad", está muy bien. 
Pero quizá hubiese sido necesario añadir un mensaje con mayor contenido político para lamentar la actitud del Gobierno norteamericano en dos aspectos importantes que guardan relación con la paz en el mundo y con el terrorismo. 
Pienso, por ejemplo, que la retirada del Tratado de Misiles Antibalísticos, anunciada por el Presidente Bush, es un error político grave que amenaza la paz en el mundo. 
Pienso asimismo que el bloqueo de los trabajos, en Ginebra, el mes de noviembre pasado, del Convenio sobre Prohibición de Armas Bacteriológicas también constituye un error político, e incluso una infracción, debido al rechazo de los Estados Unidos de aceptar controles en su territorio. 
Considero que la Unión Europea debería enviar un mensaje al Gobierno norteamericano, pidiéndole que cambie de opinión. 
Finalmente, desearía mencionar dos citas importantes, porque pasado mañana será mejor que hoy, pero mientras llega pasado mañana hay que pensar en mañana. 
En septiembre próximo tendrá lugar, concretamente, la Conferencia de Johannesburgo, que efectuará el balance, diez años más tarde, de lo que se ha hecho desde la Conferencia de Río. 
Debemos admitir que, diez años después- y basta con repasar los textos de la Comisión para convencerse- no hemos logrado modificar- nosotros, los países ricos, países industrializados- nuestros comportamientos en el ámbito productivo y del consumo con miras a convertirlos en comportamientos sostenibles para el planeta. 
No lo hemos logrado. 
Eso quiere decir que deben adoptarse iniciativas enérgicas en tal sentido. 
Tuvo lugar la Cumbre de Gotemburgo, que era prometedora, y hubo algunos puntos positivos, sobre todo Kyoto, que ha sido salvada gracias a la acción positiva de la Presidencia belga y de la Comisión Europea a pesar de la actitud negativa, una vez más, de los Estados Unidos; pero este Protocolo de Kyoto no es más que un instrumento entre otros, e incluso un instrumento más bien decepcionante con respecto a las ambiciones de partida. 
Creo que, de todas maneras, en Johannesburgo no se podrán acoger favorablemente los resultados concretos obtenidos en materia de lucha contra el efecto invernadero, así como en materia de protección de la biodiversidad. 
Hay toda una serie de expedientes que incluso constituyen más bien un retroceso. 
En cuanto a la pobreza en el mundo- usted mismo lo ha manifestado, señor Presidente -, la diferencia entre el Norte y el Sur no ha disminuido. 
Más bien tiende incluso a aumentar. 
Creo, por tanto, que debe realizarse un esfuerzo considerable a este nivel. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, ya he tenido la ocasión de manifestar que, en mi opinión, la obsesión de todos los responsables políticos europeos en el próximo período debería ser acabar con el sentimiento de desconfianza o de recelo que no deja de profundizarse entre los ciudadanos y las instituciones europeas. 
Por consiguiente, todo aquello que puede contribuir a abrir a nuestras respectivas sociedades el debate sobre el futuro de Europa es, para mi Grupo, bienvenido. 
Por eso valoramos muy positivamente el acuerdo de principio de la Convención, que rompe con el clásico secretismo intergubernamental, que asocia a los trabajos preparatorios de la CIG a diputados europeos y nacionales, que acepta la participación de representantes de los países candidatos y que está abierta a las contribuciones de los actores sociales. 
Estén seguros de que incitaremos a nuestros interlocutores de la sociedad civil a dedicarse de manera constructiva y sin tabúes a este nuevo espacio político europeo. 
Esperemos que aquellos que tratarán de evitar abordar las cuestiones espinosas que nos plantean nuestras sociedades no sean apoyados por la mayoría de la Convención. 
No es rompiendo el termómetro como haremos bajar la fiebre. 
Por eso me parecía estimulante- porque reflejaba la realidad que viven nuestros ciudadanos- el inventario que figura en el proyecto de declaración presentado por el Sr. Verhofstadt al Consejo Europeo, pero que los Quince decidieron, desgraciadamente, no asumir. 
En cambio, lamento que la Presidencia en ejercicio no haya demostrado el mismo espíritu crítico en la formulación de las cuestiones que se sometieron a discusión. 
Y el Consejo Europeo, naturalmente, no tuvo nada que decir en tal sentido. 
Las dos vicepresidentas de mi Grupo, la Sra. Kaufmann y la Sra. Frahm, se referirán a las dimensiones propiamente institucionales de la Cumbre de Laeken. 
Desearía insistir, por mi parte, en una sola idea al respecto. 
Si se trata realmente, como expresa la declaración de los Quince, de tomar las expectativas de los ciudadanos como guía de la reflexión que se va a iniciar, entonces el debate no puede disociarse, en mi opinión, de las cuestiones institucionales del proyecto europeo, de las orientaciones políticas que se supone que las instituciones pondrán en marcha. 
Cualquiera que haya participado en debates ciudadanos en el marco de la consulta previa a Laeken o se haya tomado el trabajo de oír los mensajes de las grandes manifestaciones de estos últimos días en Bruselas, tendrá presente una serie de reclamaciones urgentes que están prácticamente ausentes del temario de la Convención fijado por declaración de Laeken. 
Por ejemplo, el conjunto de la cuestión social, en el sentido más amplio de la palabra, debería dar lugar a debates sobre el nuevo papel del euro y del Banco Central Europeo. 
La Convención debería ayudar a profundizar la confrontación de ideas sobre los servicios europeos de interés económico general, así como volver a poner en tela de juicio el dogma del racionamiento de los gastos públicos, reactivar la reflexión sobre el impuesto de los movimientos de capitales, estimular la voluntad de acabar con el dumping fiscal y los paraísos fiscales. 
La política económica de la Unión ya no debería limitarse a la política de competencia, ni su política monetaria adaptarse únicamente a las exigencias de los mercados financieros. 
Desde este punto de vista, la cuestión de los derechos efectivos de los asalariados frente al poder de los grandes grupos, así como la implicación efectiva de los ciudadanos en la elaboración de las políticas europeas y la evaluación de sus efectos, constituyen asimismo en mi opinión, un tema ineludible. 
Todas estas cuestiones presentes en las mentes suponen una dimensión institucional, y, por tanto, tienen su lugar en los debates de la futura Convención. 
Lo mismo puede decirse con respecto a la ampliación. 
¿El reto institucional que nos lanza esta perspectiva histórica puede estar separada de los otros problemas cruciales que debemos obligatoriamente prevenir? 
Dos cifras bastan para apreciar la importancia de los desafíos que soslayamos, cuando deberíamos afrontarlos con toda lucidez y responsabilidad. 
En 2004 la cifra de ciudadanos de la Unión Europea aumentará un 30%, pero su PIB sólo aumentará el 4,5 %. 
¿Qué reformas estructurales se requerirán para evitar tensiones peligrosas, a fin de construir lo que la declaración de Laeken denomina una gran familia europea? 
Finalmente, las pocas líneas que este documento dedica a la PESC se resumen casi exclusivamente- cito- en "la reactualización de las tareas de Petersberg". Como si la capacidad de Europa para hacer la guerra fuese la garantía de su autoridad internacional. 
Puedo dar fe, puesto que estas últimas semanas he tenido la ocasión de viajar a varias regiones del mundo, de que lo primero que se nos exige no es precisamente eso. 
Lo que se espera de Europa es que se las ayude a liberarse del yugo de la hiperpotencia norteamericana, que se oponga con mayor firmeza a la norma del unilateralismo, que desarrolle una gran estrategia de prevención de los conflictos, respondiendo a las necesidades de desarrollo, de igualdad, de dignidad de las poblaciones del Sur; en resumen, que haga una lectura diferente del post-11 de septiembre de la de Georges W. Bush. 
Atrevámonos a abrir las ventanas de Europa a la vida real. 
Devolvámosle un sentido claro y movilizador para liberar la dinámica institucional. 
Esta es, en todo caso, mi convicción. 
Señora Presidenta, la Presidencia belga asumió la Presidencia de la Unión Europea en un momento sumamente crucial. 
Los trágicos atentados terroristas en los Estados Unidos el pasado septiembre pusieron de relieve la necesidad de que los Estados miembros de la Unión Europea y nuestros socios internacionales reforcemos la cooperación para derrotar los males del terrorismo internacional. 
Los dirigentes de la Unión Europea hicieron frente a estos nuevos desafíos con vigor y determinación, y todos colectivamente tenemos el firme propósito de luchar contra la lacra del terrorismo. 
La Unión Europea ha presentado propuestas para evitar que se utilicen nuestros sistemas financieros para blanquear dinero destinado a financiar actividades terroristas. 
Todos debemos continuar cooperando más estrechamente en el futuro para garantizar que los dos males que van de la mano, que son el terrorismo internacional y las actividades delictivas internacionales, son derrotados. 
La Cumbre de Laeken del pasado fin de semana tuvo que abordar toda una serie de temas políticos de gran calado. 
Tomo nota con interés de que en el texto final de la Declaración emitida por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, éstos afirman: "La Unión Europea es un éxito. Cincuenta años después de su nacimiento, la Unión se encuentra en una encrucijada, en un punto de inflexión de su existencia". 
Debemos asegurarnos de que cualquier cambio que se introduzca en la Unión Europea en el futuro cuenta con la buena voluntad y el apoyo de los ciudadanos de la Unión. 
Éste es realmente un desafío muy duro, no sólo para los gobiernos de la Unión Europea, sino también para la Comisión Europea e incluso para nosotros, en el Parlamento Europeo. 
A medida que se estrechan los lazos en la Unión Europea, debemos garantizar que los ciudadanos de la UE apoyan estos nuevos avances. 
Sin el apoyo político y la buena voluntad de la población de Europa, la UE como entidad política y económica se verá muy debilitada. 
Espero que éste sea uno de los temas centrales que aborde la nueva Convención, que ya ha quedado establecida por los dirigentes comunitarios. 
En dicha Convención existirá una representación de gran alcance que concederá a todos los participantes un tiempo de reflexión real sobre la dirección que debe seguir la Unión Europea en estos próximos años. 
Sobre cuál es la mejor forma de vender el mensaje de que la Unión Europea es una fuerza positiva, porque la población europea representará un reto de primera magnitud para los participantes de esta Convención. 
Apoyo a la Unión Europea. 
Creo que la Unión Europea ha contribuido a mejorar los niveles de vida en la Unión Europea y ha ayudado a mejorar la calidad de vida. 
Pero no todos están convencidos de este argumento y debemos persuadir a los oponentes de la Unión Europea de sus ventajas. 
No debemos subestimar la dificultad de esta empresa. 
El Consejo Europeo ha decidido participar en los esfuerzos internacionales encaminados a restablecer la estabilidad y la paz en Afganistán. 
Ha sido una decisión importante, que reafirma la disposición de la UE para proporcionar ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo para la población afgana. 
Acojo con satisfacción nuestro apoyo político en este sentido, pero cualquier nueva actuación que se emprenda en este asunto deberá ser tratada estrictamente bajo los auspicios de mandatos específicos de las Naciones Unidas. 
Asimismo acojo con satisfacción el firme apoyo que han dado los dirigentes de la UE a Yasir Arafat, en su calidad de interlocutor de Israel "Tanto para negociar y erradicar el terrorismo como para construir la paz". 
Los dirigentes de la UE han hecho un oportuno llamamiento a la Autoridad Palestina para que desmantele las redes terroristas de Hamas y de la Djihad islámica, lo que conlleva la detención y el procesamiento judicial de todos los sospechosos y que haga un llamamiento para que se ponga término a la intifada armada. 
Asimismo, los dirigentes de la Unión Europea han pedido acertadamente a Israel que retire sus fuerzas militares, ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, levante los cierres y las restricciones a la población palestina, libere los asentamientos y ponga fin a las operaciones dirigidas contra la infraestructura palestina. 
Acojo con satisfacción el hecho de que la Unión Europea esté dispuesta a asumir un papel activo en las operaciones de vigilancia por parte de terceros en Oriente Próximo, y creo que la Unión Europea debe y puede desempeñar un papel más firme en futuras conversaciones que puedan celebrarse en la región de Oriente Próximo. 
Señora Presidenta, mi madre me enseñó que uno debe estar callado cuando no tiene nada bueno que decir, sin embargo, cómo se va a comentar entonces la elección de Giscard d ' Estaing, Amato y Dehaene como líderes de la Convención. 
Por supuesto se puede elogiar el nombramiento de los tres sabios de pasado grandioso como una buena señal a los líderes chinos de cómo promovemos a las mujeres y a los jóvenes en la Unión Europea. 
Sin embargo, ¿qué dicen nuestras propias mujeres y jóvenes sobre que el futuro de la Unión vaya a ser dirigido ahora por los responsables de que la mayoría de nuestras leyes hoy sean aprobadas por funcionarios y ministros detrás de puertas cerradas? 
Mi Grupo espera que los líderes del futuro tengan sitio en la Convención y que la Convención también se abra a la mitad de los electores que votaron no en los referéndums celebrados en Francia, Dinamarca e Irlanda y que podrían haber votado no en otros países si se hubieran atrevido a preguntarles. 
Los críticos de la Unión, los eurorealistas, deben al menos tener un puesto en cada una de las delegaciones nacionales, y me gustaría dar las gracias al Sr. Verhofstadt por haber respaldado esta reivindicación cuando SOS-Democracia se reunió con él. 
El Primer Ministro danés ya ha ofrecido un puesto a los críticos daneses de la Unión. 
La Convención debe elaborar dos textos, una constitución, que responda al deseo de la mayoría, y un acuerdo entre naciones independientes que cooperan en temas transfronterizos que nosotros mismos no podemos solucionar en nuestros propios parlamentos. 
Las dos propuestas pueden ser enviadas entonces a referéndums indicativos en todos los países miembros de modo que nuestros políticos puedan ver qué quieren los ciudadanos antes de que convoquen una Conferencia intergubernamental oficial para modificar los tratados existentes. 
Las dos propuestas deben ser elaboradas como borradores definitivos que pudieran ser aprobados si así se quisiera. 
La Convención debe trabajar por tanto a fondo y contar con los expertos necesarios para que la ayuden tanto con la propuesta mayoritaria como con la minoritaria. 
Los dos borradores deben asimismo ser debatidos llegado el momento en los parlamentos nacionales y en sesiones públicas en los países miembros. 
El relevo del Tratado de Amsterdam no debe ser una sorpresa, sino el resultado de un proceso democrático. 
El proceso democrático es igual de importante que el contenido, puesto que no es sólo el futuro de Giscard, Dehaene y Amato el que ahora está en juego, sino el futuro de todos los europeos. 
Señora Presidenta, yo también desearía darle las gracias, en especial a la Presidencia belga, al Sr. Verhofstadt, al Sr. Michel, sobre todo porque han permitido hacer un juego abierto en relación con esta Convención, y veo concretamente detrás de la cuestión de la elección directa del Presidente de la Comisión el trabajo particular e insistente de la Presidencia belga. 
Pienso, sin embargo- y me dirijo asimismo a mis colegas -, que no debemos olvidar el objetivo y- a través y detrás del problema del terrorismo- un problema que se está dejando en un segundo plano; y no estoy de acuerdo con usted, señor Lannoye, existía un apartado que creo que fue retirado a instancias de los miembros británicos y que se distanciaba de la postura de los norteamericanos. 
Pienso que estamos olvidando que el terrorismo es un fenómeno internacional, que no sólo existía el Afganistán de los talibanes, que aún existe Siria, el Iraq, Somalia, Corea del Norte, pero olvidamos sobre todo que lo que el 11 de septiembre había revelado es que el terrorismo nace y crece en la dictadura, en esos regímenes dictatoriales, y ya lo hemos olvidado; tanto es así que en el último período parcial de sesiones aprobamos sin pestañear un Acuerdo de Asociación con Egipto, sin escuchar las advertencias y las peticiones de información complementaria sobre algunos casos graves de violaciones de los derechos humanos. 
Y hoy, y desearía dar las gracias a nuestra Presidenta- el presidente Poettering ha recordado el papel que desempeñó nuestra Presidenta en favor del Comandante Masud -, nuestra Presidenta había invitado a la Sra. Sihem Ben Sedrine, quien, debido nuevamente a las acciones despreciables, ruines, mediocres, de esa dictadura cuyo poder aumenta cada día, no podrá participar en la recepción que le había sido organizada por la Presidenta de nuestro Parlamento. 
Esa es la realidad de estas dictaduras que están en la base del desarrollo del terrorismo, y nosotros nada hacemos al respecto; ya hemos olvidado la lección del 11 de septiembre. 
Espero que al menos el próximo Presidente o la próxima Presidenta de nuestro Parlamento reitere esta invitación de nuestra Presidenta, la Sra. Nicole Fontaine, y espero que, con respecto a Túnez, a los demócratas tunecinos, a los demócratas egipcios, a todos los demócratas, en particular de los países árabes, nuestro Parlamento esté, finalmente, a la altura de sus objetivos y de sus ambiciones. 
Señora Presidenta, todos sabemos desde hace tiempo que una Conferencia intergubernamental pur sang ya no es un método adecuado para poner en marcha una reforma del tratado en condiciones. 
El hecho de que en la Cumbre de Laeken se haya acordado otro método de trabajo resulta esperanzador. 
La convención ha sido bautizada y su agenda no se limita a los cuatro puntos establecidos en Niza. Eso es un logro de la Presidencia belga por el que quisiera felicitar a dicha Presidencia. 
La calidad del triunvirato que dirigirá la convención y su presidencia también ofrece perspectivas. 
Nadie se lo tomará a mal si baso mi confianza en dicho liderazgo sobre todo en la presencia del antiguo primer ministro y compañero de partido Jean-Luc Dehaene en este trío. 
Presidenta, la declaración de Laeken contiene más de sesenta preguntas no-retóricas. 
A pesar de que todos los que nos ocupamos de Europa ya conocemos desde Ámsterdam, y en realidad desde Ioanina, cuáles son esas preguntas, nadie esperaba respuestas suficientes y completas a las mismas. 
Sin embargo, muchos esperábamos algunas pautas y eso es lo que en realidad echo de menos en la declaración de Laeken: no se atisba la más mínima iniciativa para un acuerdo político entre los jefes de estado y de gobierno en torno a la dirección que deberá tomar Europa en el futuro. 
En realidad, también podría plantearlo del siguiente modo desde mi perspectiva belga: Verhofstadt plantea las preguntas, Dehaene se debe encargar ahora de buscar las respuestas. 
Señora Presidenta, aún tengo tres preguntas que desearía plantear a la presidencia del Consejo y para las que quisiera una respuesta. 
Primero: señor Presidente del Consejo, ¿realmente cree que con la declaración de Laeken y con la convención aún puede profundizar en la Unión Europea, a más tardar coincidiendo con la siguiente ampliación? 
Segundo: ¿Prevé que los parlamentos nacionales que han hecho depender la ratificación del tratado de Niza, de un tratado tan decepcionante, del contenido de la declaración de Laeken, se apresurarán ahora a ratificar Niza? 
Por último, Presidenta: al inicio de la Presidencia belga le pedí que convocara una cumbre de ONGs, a ser posible algunas semanas antes de celebrarse la Cumbre de Laeken. 
En esa sesión, no obtuve respuesta por su parte pero sí que procedió a organizar dicha cumbre. Esto demuestra que no ha sido cuestión de palabras, sino de hechos. 
Señor Presidente, permítame unirme a las alabanzas dirigidas a los Presidentes de la Comisión y del Consejo por haber mediado para llegar a un acuerdo en Laeken. 
Conseguir que un Primer Ministro británico se apunte a la perspectiva de una constitución federal es un hecho extraordinario. 
Desde luego no tiene precedente. 
Temo, sin embargo, que el tamaño del podio en este Hemiciclo deberá ser reforzado y ampliado para dar cabida a Valerie Giscard d ' Estaing y su séquito. 
El ciudadano europeo se sentirá realmente privilegiado de que tengamos un Praesidium tan grandioso al servicio de nuestra labor. 
Gracias por las aproximadamente 60 preguntas. 
Francamente, hubiera deseado más. 
Primero, no se dice nada de reforzar los poderes del Tribunal. 
En segundo lugar, no se dice nada de revisar la fórmula de la mayoría cualificada en el Consejo. 
En tercer lugar, no se dice nada de reforzar el papel de las regiones dentro del sistema político de la Unión y, en cuarto y último lugar, nos hubiera gustado algo de autocrítica sobre el funcionamiento y la actuación del propio Consejo Europeo. 
Pero hemos sido bendecidos con un procedimiento realmente pluralista- emocionante y original- y mantenemos nuestra libertad dentro de la Convención para hacer preguntas. 
Explotaremos dicha libertad. 
Señora Presidenta, permítame comenzar en estos tiempos de guerra con algo de lenguaje militar. 
Señor Primer Ministro, a lo largo de los últimos seis meses, usted ha sido el teniente general de Europa, junto con sus compañeros del gobierno federal y de los gobiernos de los estados federados. 
Lamentablemente, ha sido teniente general de un ejército mexicano: un ejército mexicano en el que los Estados Miembros se han negado en demasiadas ocasiones a someterse a su mando supremo, en el que demasiados Estados Miembros actúan por cuenta propia y pretenden seguir su propio camino en demasiadas ocasiones, en el que los Estados Miembros solo se mueven por sus propios intereses y priman en exceso el nacionalismo estatal por encima del interés general europeo. 
De eso se ha dado cuenta a lo largo de los pasados seis meses, señor Primer Ministro, y de eso nos damos cuenta nosotros todos los días a través de nuestros expedientes. 
Le honra haber logrado en Laeken poner cierto orden en ese ejército mexicano. 
Sin embargo, el Consejo, además de ser un ejército mexicano, es una banda de vendedores de alfombras: el sábado por la noche tratan de solucionar la cuestión de la sede rápidamente, como auténticos vendedores de alfombras. 
De nuevo, le honra haber puesto final a esta situación, señor Primer Ministro. 
Porque, efectivamente, queremos acabar con los cuartuchos traseros, con las reuniones a puerta cerrada entre funcionarios, entre diplomáticos, entre quince jefes de gobierno. 
Buscamos un método abierto, buscamos el método esperanzador consistente en dar una oportunidad a la convención, queremos abrir las puertas y dejar que entre un soplo de aire fresco. 
Usted ha planteado las preguntas adecuadas a la Convención. 
Usted ha afirmado con razón que el debate debe centrarse en el reparto de las competencias a lo largo de los diferentes niveles políticos. 
Usted ha planteado, también con razón, la pregunta de si la gestión diaria de la política de la Unión no debería concederse a las regiones en las que la constitución así lo determine. 
Sin embargo, señor Primer Ministro, ¿le importa si me expreso con cierto criticismo? 
Usted no ha planteado, por ejemplo, la cuestión de cómo las regiones constitucionales como Flandes, Valonia, el País Vasco, Cataluña, Escocia y Gales pueden involucrarse expresamente en la toma de decisiones en Europa. 
De este modo, niega las demandas de su compañero de partido, Patrick Dewael, el primer ministro de Flandes que publicó un importante documento al respecto en octubre junto con otros cincuenta compañeros. 
En lo que respecta a la composición de la convención, quisiera plantear tres observaciones. 
Primero: un triunvirato sin ninguna mujer, ¿es algo digno de esta época? 
No, señor Primer Ministro. 
Segundo: existe un desequilibrio en la composición de la convención entre, por una parte, los diputados del Parlamento Europeo y, por otra parte, los parlamentos nacionales. 
Creo que usted se está equivocando en este aspecto, que el Consejo se está equivocando: considero que el Parlamento Europeo es la institución por antonomasia donde se vela por la idea europea, donde se vela por el interés general europeo y está perdiendo una oportunidad. 
Y, por último, en lo que respecta a la composición de la convención, los representantes de las regiones constitucionales no pueden tomar parte directamente en la convención. Debe seguir el largo camión del Comité de las Regiones y eso en calidad de observadores, lo que considero un hecho lamentable. 
Sea como sea, señor Primer Ministro, puede estar seguro de que yo, junto con mi partido, con los nueve representantes de la Alianza Europea Libre, contribuiré de forma constructiva a esta convención porque Europa no puede convertirse en un bloque unitario... 
Europa debe seguir siendo un diamante con numerosas facetas de diversidad, de identidad propia, porque sólo así el diamante europeo podrá brillar en el firmamento de Europa. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, con la declaración de Laeken sobre la convocatoria de la Convención, la cumbre ha adoptado una resolución de alcance histórico para el futuro de la Unión Europea. 
De especial importancia es que ninguna de las numerosas cuestiones políticas abiertas sobre el futuro de la Unión Europea ha sido declarada tabú y que al mandato de la Convención puede ir unido al mismo tiempo el inicio de un proceso constituyente europeo. 
La convocatoria de la Convención es también un hito en la política europea porque con ella la política de la diplomacia secreta tras puertas cerradas, de adopción de decisiones opacas y del regateo en una maratón de reuniones de largas noches, como ha ocurrido últimamente en la cumbre de Niza, espero que pertenezca de una vez por todas al pasado. 
Creo que no se puede valorar lo suficientemente alto que la Convención está constituida mayoritariamente por diputados democráticamente elegidos de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, que se va a reunir públicamente y mantener el diálogo con las organizaciones más diversas de la sociedad civil y que los Estados candidatos a la adhesión participan en la elaboración de propuestas para la reforma más profunda hasta ahora de la Unión Europea. 
De este modo, existe la posibilidad de discutir controvertidamente a nivel europeo y de mantener un amplio debate público sobre el futuro de la Unión. 
Pero como un debate de este tipo sólo será vivo si se discuten los pros y los contras abiertamente, voy a referirme de nuevo a una posición del Parlamento, a saber, la exigencia de garantía de la pluralidad política en la composición de la Convención. 
La elección de aquellas personas que van a representar a sus países, sus Parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo cobra en este contexto una especial importancia y se debe garantizar que no pertenezcan a la Convención solamente representantes de los grandes partidos políticos. 
Tiene que reflejarse la diversidad de opiniones, pues la Unión Europea se encuentra realmente ante una encrucijada y las propuestas que elabore la Convención tienen que reflejar realmente una posición europea común para el futuro de Europa. 
En mi opinión, para el éxito de la Convención y, en definitiva, para la viabilidad de la Unión Europea, va a ser decisivo que se logre democratizar a fondo la Unión Europea y fortalecer los derechos individuales de las ciudadanas y ciudadanos. 
Espero que la Convención desarrolle como gremio independiente una dinámica política propia en el curso de sus debates con el trabajo y dedicación de todos sus miembros, de modo que la próxima Conferencia intergubernamental no pueda pasar sencillamente por alto sus propuestas. 
Señor Presidente, la que dejamos atrás ha sido una semana decisiva para el futuro de la Unión. 
A lo primero a que se ha llegado es al acuerdo sobre la orden de detención europea, un acuerdo importante y delicado que se ha de considerar como un primer paso que se debe reforzar en el ámbito de un proyecto político e institucional más amplio, profundo y participado. 
En Laeken, sobre todo, se ha empezado a definir esa Europa política y constitucional en la que creemos firmemente. 
La idea de que Europa estaba condenada a ser sólo la unión de la agricultura, de las mercancías o sólo la unión financiera y monetaria, está tramontando. 
Se está abriendo por fin una nueva etapa: una etapa exaltante, una etapa de fundación y de participación, en la que debemos construir la unidad política europea salvaguardando las identidades y las especificidades nacionales. 
Las diferencias nos unen y no se deben considerar como un elemento de división entre los pueblos europeos, sino que son el índice de un valioso patrimonio social y cultural. 
De hecho, la fuerza de Europa es precisamente una fuerza de cultura milenaria, de diversidad y de raíces comunes al tiempo. 
En este sentido, como europea e italiana, no puedo sino valorar el trabajo realizado por el Gobierno italiano en Laeken para defender con fuerza la candidatura de Parma como sede de la Autoridad Alimentaria. 
Si queremos que la Europa que estamos construyendo pueda ser la Europa del mérito, de la calidad, de la competencia en la calidad, en el caso de la Autoridad Alimentaria, Parma representa la sede natural, la más adecuada y autorizada, precisamente por las tradiciones milenarias de Italia en el sector de la alimentación: una tradición de cultura y de calidad, de profesionalidad y de rigor, de competencia científica consolidada y reconocida en todo el mundo. 
Insistir en Parma- incluso con gran energía, como ha hecho Italia en Laeken- no significa poner inútiles vetos o pretextar cuestiones nacionalistas, sino hacer que gane la calidad, la capacidad, la competencia y la natural y objetiva vocación de un territorio por encima- como hemos visto en muchas ocasiones- de la burocracia o de los asépticos acuerdos burocráticos o las listas preestablecidas. 
Los ciudadanos no nos piden una sede administrativa para la Autoridad Alimentaria, sino una experiencia y una capacidad comprobadas en el sector de la seguridad alimentaria. 
Desde este punto de vista, pienso que Parma puede representar una garantía. 
Por último, quiero dar mis más sinceras gracias a la Presidenta, Sra. Fontaine, que con gran autoridad y amabilidad ha dirigido los trabajos de este Pleno en esta primera parte de la legislatura. 
Señor Presidente, el debate sobre el futuro de Europa se resume para algunos en el desarrollo del método comunitario: monopolio de la iniciativa para la Comisión, poder político e interpretación para Tribunal de Justicia, derecho de imponer la ley europea para uno o varios Estados a través del aumento de las decisiones por mayoría. 
Esta visión centralizada de Europa en un número creciente de ámbitos va en contra de la voluntad de los ciudadanos, que desean sacar provecho de sus diferencias. 
Los irlandeses, los únicos que fueron consultados por referendo, no se equivocaron al rechazar el Tratado de Niza. 
La Convención no será más que un engaño si persigue el mismo objetivo y no se basa en la constatación de que el Tratado de Niza ha muerto. 
Desgraciadamente, los objetivos parecen inmutables. 
Así pues, las conclusiones de Laeken se felicitan de los progresos conseguidos y de los acuerdos alcanzados sobre la liberalización de los servicios postales, lo que provocará el debilitamiento de la cohesión social y territorial de nuestros Estados. 
Es inadmisible imponer a todos la elección de algunos Estados de privatizar y de abrir sus servicios públicos a la competencia. 
No se trata de una propuesta encaminada a acercar a los ciudadanos a Europa ni de una condición para lograr la paz en el continente. 
Hay que adoptar el enfoque inverso, es decir, acercar Europa a los ciudadanos. 
Para eso es necesario escucharles y, una vez que se expresen las preocupaciones realmente comunes, discutir una posible respuesta común. 
Creo que la Cumbre Europea con la declaración de Laeken ha supuesto una continuación consecuente de los seis meses de Presidencia belga. Se ha convertido en un catálogo de palabras vacías, de florituras sin significado, de preguntas sin respuestas. 
Es significativo y refleja lo que ocurre en esta Europa el hecho de que sólo alguien como el antiguo comisario Van Miert se haya atrevido a poner el dedo en esta llaga. 
Lo que Louis Michel se atrevió a denominar "Gran Reserva Verhofstadt" se ha convertido finalmente en un vino de mesa con sabor a corcho. 
O sea que se va a crear una convención que deberá conceder un aparente rostro democrático al avance imparable hacia una Europa federal. 
Sin embargo, dicha convención no debe hacer olvidar que el principio de subsidiariedad de nuestras instituciones sufre continuos ataques, que no se celebran referendos en torno a medidas de gran alcance e, incluso, que la Unión Europea ha vuelto a vulnerar en esta Cumbre el principio democrático de la soberanía de los Estados Miembros, por ejemplo, negando de forma desvergonzada de nuevo los resultados del referéndum irlandés. 
La democracia europea parece basarse en el principio de que es mejor que los ciudadanos no participen en las decisiones y que, cuando tienen la oportunidad de elegir, tal y como ha sido el caso de Dinamarca y como se exige a Irlanda, se deben celebrar todos los plebiscitos que sean necesarios hasta que se apruebe lo decidido por la eurocracia. 
Es posible que el Presidente del Consejo, el Sr. Verhofstadt, pase a la historia, pero será como el hombre que forzó tanto la situación que hasta el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, se negó a dar una rueda de presa conjunta con él, como el político que antaño defendía la cultura flamenca y que se negó a proteger el Neerlandés, como el hombre que tiró todos sus principios por la borda, que en el pasado se dio a conocer como defensor del estado ligero y de la desregulación y que se convirtió en el partisano del centralismo europeo y del superestado que ha hecho de la invención de nuevas normas una especie de disciplina olímpica. 
Señor Presidente, el Consejo de Laeken figurará entre las reuniones menos impresionantes de su categoría. 
Ha sido una oportunidad perdida y una seria decepción, al igual que la Presidencia belga que le ha precedido. 
¿Por qué? 
No sólo debido a la coherencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Louis Michel, que a nuestros ojos ha surgido como la figura del intrépido comediante Harry Worth en el panorama político europeo. 
Parece que hemos pasado por alto su proclamación de que la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, bajo mando británico, en Afganistán debía convertirse en un organismo comunitario. 
El problema fundamental es que para esta Presidencia, estos últimos meses han sido una dolorosa curva de aprendizaje. 
Las excesivas aspiraciones de julio, a menudo camufladas como ideas sobre un nuevo euroimpuesto para todos los ciudadanos de la UE o Tasa Tobin sobre los movimientos de capitales, chocaron con la realidad. 
En Laeken se declaró que la nueva Fuerza de Reacción Rápida ya era operativa, a pesar de que, fundamentalmente, su acceso al activo de la OTAN está bloqueado por ahora. 
De hecho, las relaciones exactas entre la Fuerza y la OTAN siguen siendo ambiguas. 
La orden de detención europea gozó de un parto especialmente doloroso y estuvo rodeado de algunas incógnitas, como la de si se aplicará alguna vez en Italia. 
El intento de elegir las sedes de las nuevas agencias comunitarias también descendió hasta convertirse en una farsa. 
El progreso alcanzado en Laeken o incluso durante la Presidencia belga ha sido escaso en el capítulo de la competitividad en Europa. 
La estrategia de Lisboa, que ha permanecido estancada desde Estocolmo, ahora se enfrenta al momento de la verdad en Barcelona sobre si realmente queremos convertirnos en la economía dinámica basada en el conocimiento que deseamos. 
Por último, permítanme referirme a la propia Declaración. 
El documento reconoce las carencias de la UE en términos de democracia, transparencia y acercamiento a los ciudadanos, pero parece salir una vez más con soluciones sobre el plano federal. 
Estas opciones representan la ruta equivocada para Europa. 
La Convención debería aprender las lecciones de la pasada década, rechazar las ambiciones de un Superestado europeo y centrarse en reformas modestas e inteligentes que realmente proporcionen una Europa que funcione. 
Sea o no Navidad, en un texto hay que tener en cuenta lo que se dice, pero también lo que no se dice. 
Patente comunitaria, Galileo, inmigración y asilo no figuran en el capítulo de las decisiones, y el Sr. Lannoye ha mencionado otros ejemplos. 
Quizá sea más peligroso el silencio persistente sobre las implicaciones presupuestarias generales de la transformación de la Europa comunitaria, que anuncian citas difíciles con las poblaciones. 
Y a pesar de ello la atmósfera con que se acoge la declaración de Laeken es una atmósfera indiscutiblemente positiva. 
Eso significa que los puntos positivos son muy importantes en relación con los que no figuran en los resultados. 
Otros han señalado y señalarán que la Presidencia belga, ambiciosa en sus objetivos, tenaz en su ambición, no ha estado desatinada- como tampoco el euro, por otra parte -, ni el 11 de septiembre ni después. 
Para aquellos que conocen las relaciones internacionales, esto es inverosímil. Inverosímil no sólo para Bélgica, sino para toda la Unión. 
Señor Primer Ministro, valoramos el papel personal que ha desempeñado en la solución que se encontró al problema casi escandaloso de la orden de detención, ya que no hubiese sido conveniente que los Primeros Ministros y los jefes de Estado hubiesen quedado eximidos. 
Por otra parte, es evidente que los socialistas son particularmente sensibles a los progresos realizados en el ámbito social: confirmación del papel de los indicadores estructurales en el sector del empleo, apoyo al modelo social europeo- sobre todo a través de la cooperación en materia de pensiones -, mejor percepción de la exclusión y de la inclusión social, constituyen logros importantes para los ciudadanos europeos. 
Paso a referirme, para finalizar, a la Convención, que ya ha centrado la atención de tantos colegas, y respecto a la cual desearía decir simplemente que las declaraciones de hoy demuestran que tendrá que hacer frente a una tarea nada fácil. 
Además, ustedes han privilegiado su composición, y salvo en un punto, las decisiones adoptadas, y sobre todo las innovaciones, constituyen logros importantes, así como también la representación de los Estados candidatos. 
La plena participación, sin derecho de voto, se adapta más a la dignidad de un Estado, y es conveniente que esta cuestión se haya vinculado- en todo caso, en los textos- a la de las regiones con poder legislativo, a las que se les reconoce asimismo, contrariamente a lo que se ha dicho hace un momento, el estatuto que éstas merecen. 
El Parlamento también es sensible al papel que ustedes otorgan a la sociedad civil. 
Y quiero hacer hincapié en el valor del sistema de la troika presidencial que han elegido, que, en mi opinión, responde en muchos aspectos a las necesidades actuales y va mucho más allá de las perspectivas ligadas a las personalidades elegidas, personalidades que no pongo en entredicho- los tres son personas relevantes -; pero, señor Primer Ministro, son hombres. 
Y, por consiguiente, como lo han hecho otros oradores, en este período de buenos deseos, querría expresar el deseo de que la Cumbre Europea pueda un día enseñar, en todas las lenguas que se quiera, a conocer mejor, a valorar más, a declinar mejor, quizá incluso a conjugar mejor, en el umbral del siglo XXI, una palabra que no sólo tiene su lugar en la poesía, sino también en la política: la palabra "mujer". 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, después de su Presidencia estamos en una situación muy distinta a la de hace un año: el espíritu de colaboración ha cambiado drásticamente, podemos empezar a hacer cosas y usted, en efecto, puso tres hombres al frente. 
Tengo mucha curiosidad por saber con cuántos miembros constará la delegación del Parlamento Europeo en la Convención. 
Contaremos a los integrantes cuando esté compuesta. 
Usted ha planteado unas preguntas, muchas preguntas que me han parecido las preguntas correctas. 
Tal vez podamos añadir alguna pregunta más, ¿por qué no? 
En mi opinión, la Convención debería tener esa libertad también. 
Usted acaba de describir un sueño. 
Me ha parecido un bonito resumen, una bonita perspectiva para las cosas que deberíamos emprender, y no solamente nosotros los europeos occidentales, los Quince, sino también la Europa Oriental y el resto del mundo. 
No obstante, quisiera preguntarle una cosa más, señor Presidente del Consejo: usted ha sido el Presidente en los últimos seis meses. 
Ahora, durante siete años, el gobierno belga no volverá a ostentar la Presidencia. 
Quisiera pedirle que convenza a todos sus ministros para que sepan que trabajar por Europa es también extraordinariamente importante en estos siete años venideros, que su gobierno no sólo se ocupe de Europa durante la Presidencia sino también después porque ese periodo es más largo y, sobre todo, igual de importante. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Laeken nos saca de un triste estancamiento en el que Niza nos había sumido. Y ello no sólo desde el punto de vista de los resultados concretos alcanzados, sino también desde el punto de vista psicológico y de la atmósfera creada. 
Ciertamente, en Laeken hubo momentos francamente desalentadores. 
Estoy convencida de que ni el Sr. Chirac ni el Sr. Berlusconi sacaron enseñanzas de la experiencia de Niza. 
Además, no eran los únicos en estar dispuestos a arriesgar la solidaridad de la cohesión comunitaria por unas agencias que no tienen- algunas de ellas- ni base jurídica ni necesidad real. 
Por otro lado, qué contraste más patente hemos presenciado entre el contenido estimulante de la declaración de Laeken y los mercadeos sobre las agencias. 
Pero la Unión Europea, en realidad, siempre está oscilando entre estos dos polos: por un lado, el freno representado por la lógica y el interés de los Estados nacionales y, por otro, el impulso y el entusiasmo que suscita el deseo de acabar la construcción de la Unión Europea. 
El reto que representa la declaración de Laeken, y que también deberá ser aceptado por la Convención, consiste exactamente en hacer inclinar la balanza en favor del fortalecimiento de la democracia, de la eficacia y de la cohesión en el plano europeo. 
Las preguntas que se formulan son las correctas, y está muy bien no tener tabúes. 
Además, está bien hablar de Constitución en la declaración de Laeken. 
Pero lo que cuenta son las respuestas, y aún no hemos ganado. 
Personalmente, veo al menos dos elementos de preocupación en estos días que siguen a Laeken. 
El primero es el relativo a la Convención. 
No es sólo por espíritu corporativista por lo que lamento profundamente que se haya roto el equilibrio entre las dimensiones nacional y europea y que para 29 gobiernos sólo haya 16 diputados europeos. 
Pienso que no se podrá notar la diferencia entre la Convención y la CIG si no se rompe la lógica nacional. 
En segundo lugar, la composición del Praesidium. 
¿Por qué continuar con ese procedimiento según el cual sólo los antiguos jefes de Estado y de Gobierno, generalmente hombres, y algunos con más edad que otros, pueden guiar el destino de Europa? 
Yo hubiese preferido una lógica parlamentaria, y también que la Convención hubiese podido elegir a su presidente o- mejor aún- a su presidenta. 
El segundo elemento de preocupación está representado por los episodios de violencia callejera y las expulsiones, que a pesar de todo- aunque de manera muy diferente de lo que había ocurrido en Niza o en Génova- tuvieron lugar en Laeken y en torno a Laeken. 
Por otra parte, no estoy segura de que si hubiese habido manifestaciones más consistentes desde el punto de vista del número de manifestantes, se habría realmente podido evitar que se produjesen graves problemas. 
El Parlamento Europeo tiene la tarea de velar coherente e infatigablemente para que el refuerzo de la cooperación en materia de terrorismo, de delincuencia, no suponga un debilitamiento de los derechos de los ciudadanos. 
Debe reconocerse que, en tal sentido, el mensaje y la práctica procedentes de Laeken son contradictorios. 
A pesar de todo el futuro nos dirá si lo que usted sembró en Laeken dará buenos frutos. 
Por el momento, no nos queda más que dar las gracias a la Presidencia belga por su trabajo y esperar que las próximas Presidencias sepan demostrar el mismo compromiso y la misma coherencia. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero elogiar lo que creo que hay que elogiar. 
Me alegra muchísimo que la Presidencia haya hecho hincapié en la ampliación y en todo el programa de la ampliación, que se mantenga la apertura de negociaciones reales a partir de 2002 y que apostemos por incorporar a los primeros nuevos Estados miembros en el año 2004. 
Estas alabanzas, creo yo, son merecidas. 
Sin embargo, no entiendo la forma en que se ha configurado la dirección de la Convención. 
Es una composición increíblemente unilateral, teniendo como tenemos una necesidad enorme de lanzar puentes en este proyecto. 
¿Dónde están los críticos? 
Tuvimos un no en Irlanda, tuvimos un no en Dinamarca- bien es verdad que hace algunos años- y sabemos que existe cierta insatisfacción entre la población europea. 
¿Dónde están los críticos? 
¿Dónde aparecen aquí los jóvenes y sobre todo, dónde están las mujeres? 
Cuando la televisión danesa preguntó a Romano Prodi dónde estaban las mujeres y los jóvenes, éste dijo: "Seamos francos, si vamos a hablar con los líderes gubernamentales, debemos echar mano entonces de hombres de más de 30 años". 
Si ésta es la actitud con la que se va a conectar con la población europea, digo como decimos en danés: "¡ Gracias por el café !" 
Con respecto al paquete sobre terrorismo no entiendo que no se apueste por adoptar un perfil independiente por parte de Europa en este campo, no entiendo que se quiera jugar de nuevo a ser el pequeño compañero de juegos de los EE.UU. No entiendo que no apostemos en mayor medida por prevenir el terrorismo, prevenir el futuro terrorismo en lugar de meramente seguir el rastro dejado por los EE.UU. 
Señor Presidente, quedan muchas cuestiones por aclarar en la Declaración de Laeken, lo cual es una clara muestra de la ambigüedad que existe en relación con el futuro de la Unión Europea. 
Naturalmente, la nueva Convención no puede dar una respuesta a todas estas cuestiones. 
Por lo que a mi respecta, hay que dar prioridad a una mayor transparencia y a una clara diferenciación entre las competencias de la Unión Europea y de los Estados miembros. 
Por otra parte, me sentí gratamente sorprendido por la manera en que se formularon las preguntas sobre esta última cuestión. 
Por lo visto ya no hay tabúes cuando incluso se atreve a cuestionar el sigiloso traspaso de competencias a Bruselas. 
Además, me sentí también sorprendido, pero no tan gratamente, por la composición de la Mesa de la Convención: nada menos que doce personas van a formar parte de ella. 
¿Qué papel queda entonces para el miembro ordinario de la Convención? 
Me temo que no desempeñará un gran papel. 
De esta manera quedará mermada la calidad de las propuestas que presente este organismo. 
Y es justamente la calidad por lo que la Convención se ha de distinguir, para que sus ideas no se queden guardadas en algún cajón. 
Señor Presidente, para establecer el orden del día de la próxima Convención sobre el futuro de la Unión, el Consejo de Laeken se ha desviado de las conclusiones del Consejo de Niza en dos puntos que nos preocupan. 
Primeramente, mientras que la declaración nº 23 de Niza incluía en el orden del día un epígrafe titulado "El papel de los parlamentos nacionales en la arquitectura europea", el Consejo de Laeken ha ahogado esta idea en un título mucho más vago, y cito: "Más democracia, transparencia y eficacia en la Unión Europea". 
Bajo este título pregunta en primer lugar cómo aumentar la legitimidad democrática de las actuales instituciones y, solo en segundo lugar, si hay que modificar el papel de los parlamentos nacionales. 
Es un enfoque sumamente desviado, pues en realidad las dos cuestiones no son más que una: reconocer a los parlamentos nacionales un papel principal en la arquitectura europea constituye el mejor medio para reconciliar a la Unión con sus ciudadanos. 
Segunda modificación: mientras que Niza mencionaba únicamente de forma neutra el estatuto de la Carta de los derechos fundamentales, Laeken incluye en el orden del día otra idea, la idea de constitución europea, es decir un texto fundamental claramente supranacional distinto de un tratado. 
Resulta pues, señor Presidente, que entre Niza y Laeken los grupos de presión federalistas han vuelto a la carga. 
Han conseguido que se adoptaran unas modificaciones que, ambas, y esto es muy significativo, tratan de infravalorar el lugar de las democracias nacionales. 
Esta orientación no se corresponde con los deseos de nuestros conciudadanos y habrá que corregirla en los años próximos. 
Señor Presidente, Señorías, incluso realizando una valoración sobria, podría ser que la cumbre de Laeken se revele en alguna ocasión como el punto en el que los europeos finalizaron una fase de vacilaciones, se recuperaron y se pusieron en marcha para salir del callejón sin salida de Niza. 
Si esto se hace realidad- sólo nos encontramos al inicio de esta posibilidad- ello iría realmente unido a la Presidencia belga y a su nombre, señor Presidente del Consejo Verhofstadt, y estoy gustosamente dispuesto a felicitarle de antemano. 
Hay dos motivos para esta evolución y es útil que los expongamos de nuevo. 
¿Qué ha logrado esta evolución? 
Sin duda, la crítica fulminante de los resultados de Niza. 
El Parlamento Europeo ha desempeñado al respecto un papel determinante pues es aquí donde se ha gestado fundamentalmente, a pesar de reconocer que en Niza se solucionaron las condiciones formales para la ampliación. 
Hemos sido nosotros los que hemos mantenido fundamentalmente la carga de este debate. 
El segundo argumento: los acontecimientos del 11 de septiembre y todo lo que ha ocurrido como consecuencia de esta fecha ha mostrado más que claramente que sólo una Europa que actúe conjuntamente tiene una oportunidad en el futuro de ser tomada en serio y que tenemos que retornar al camino de un desarrollo conjunto. 
Estos son los dos motivos. 
Ahora tenemos la Convención que queríamos y en consecuencia la responsabilidad por el resultado de estos trabajos. 
No debemos ignorarlo. 
El resultado de la Convención tendrá peso político si es sustentado por el consenso más amplio posible. 
Por ello, tendremos que realizar una aportación para elaborar en la Convención un proyecto de Tratado sustentado por un amplio apoyo. 
Sólo así tendrá la oportunidad de vincular a continuación a la Conferencia intergubernamental 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, seré muy breve, ante todo porque no quisiera que el Ministro Verhofstadt me dejara en la estacada ni ir a nado a Canadá, y luego porque puedo decir con satisfacción que este debate ha sido un debate de gran unidad, un momento de satisfacción, ya que hace algunos meses ninguno de nosotros pensaba en que se podía llegar a una Convención. 
También me felicito de que el problema del acuerdo sobre las agencias, a pesar de que, sin duda, ha sido un punto negativo, no se haya magnificado ni exaltado tanto como lo han hecho los medios de comunicación. 
He escuchado también sus indicaciones acerca de la Convención, así como sus sugerencias respecto de reforzar el papel del Tribunal de Justicia: tendré en cuenta todo esto en el futuro, y por lo tanto, pienso que podemos realmente empezar a trabajar intensamente, todos juntos, por la próxima Convención. 
Dado que existe este clima de colaboración, me permito sólo formular una solicitud, mejor dicho, reiterar una invitación que ya he dirigido al Consejo, al amigo Guy, esto es, poder colaborar juntos durante estos meses en la reforma de las Instituciones con Tratados sin cambios. 
El discurso que hicimos sobre la gobernanza es una propuesta que ha visto trabajar al Parlamento y a la Comisión conjuntamente a lo largo de varios meses, en mi opinión, con resultados serios y concretos. 
Esperamos del Consejo el mismo compromiso, porque la Convención no se puede preparar sino con un trabajo previo común: el trabajo que hemos hecho para la gobernanza que ha dado resultados positivos y que no cabe duda de que no puede progresar sin que medie el mismo compromiso por parte del Consejo. 
Y termino deseándoles Feliz Navidad y Felices Fiestas a todos. 
Señor Verhofstadt y señor Prodi, comprendemos perfectamente la razón que les obliga a abandonar ahora nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, Señorías, con Laeken quizás se ha encontrado un antídoto contra algunos venenos existentes en el Tratado de Niza. 
La convocatoria de una Convención constituyente- constituyente porque de esta Convención nacerá la Constitución de la nueva Europa- significa volver a dar a Europa un alma política y esta alma política significa pensar en la futura casa de todos nosotros. 
El Parlamento, por lo tanto, debe felicitarse del éxito de la Cumbre y vigilar para que el trabajo realizado por la Convención encuentre su justa conclusión en la Conferencia intergubernamental que deberá preparar el nuevo Tratado constitucional para realizar la federación europea. 
El verdadero federalismo, respetuoso con el ámbito regional, como observaba justamente el Consejo, respetuoso con las minorías lingüísticas y con todos los pueblos grandes o pequeños irrumpirá en el signo de la historia de este nuevo siglo en el proceso de integración europea, y quien representará a los habitantes del Valle de Aosta no puede sino sentirse feliz por ello. 
Hemos puesto en marcha un proceso positivo y los adversarios de la Unión Europea ya lo perciben, y por ello, debemos renovar nuestro compromiso. 
Señor Presidente, en la Declaración de Laeken hay palabras que satisfacen a todos y que son palabras de peso. 
Tanto el objetivo como el método, la Convención, la negociación política, son cosas que satisfacen. 
Sin embargo, y también lo han dicho otros de nuestros Sres. colegas, en la Declaración no hay referencias convincentes sobre el estado social, lo que algunos llaman con cierta vergüenza, modelo social, desarrollo sostenible, la presencia autónoma y, consiguientemente diría, viable de la Unión. 
Quizás tenga la culpa de esta relativa cobardía el hecho de que no haya unificación política. 
Con todo, es significativo que no hayamos dicho nada importante sobre la guerra, nada importante sobre la ampliación misma. 
Por cierto, señor Presidente, permítame hacer aquí una observación. 
La decisión claramente política de aceptar a diez nuevos miembros ¿Por qué excluye- ¿políticamente? -a dos de la Península Balcánica, del corazón y de la zona más sensible de Europa? 
Estamos dejando un agujero negro en los Balcanes. 
Es inadmisible, y quisiera una respuesta. 
Por desgracia, seguramente no la podré obtener ahora y mucho me temo que tampoco no se dé en la Convención. 
Señor Presidente, las conclusiones de la Cumbre de Laeken no resultan de ningún modo sorprendentes, ni en las formas ni en el fondo. 
Las formas, como de costumbre, son a la vez rimbombantes y mentirosas. 
Por 117 vez se promete transparencia y proximidad. 
La elección verbal es una falsificación de la realidad, que sobrepasa en mucho en demagogia cínica las ideologías tanto del Tercer Reich como del estalinismo. 
El testimonio de la realidad muestra, al contrario, que la ambición declarada de la cumbre de que "las instituciones comunitarias se acerquen a los ciudadanos" significa realmente que la población de los países será dejada cada vez más un lado por las opacas instituciones comunitarias que han entendido mal y de forma funesta la esencia de la democracia. 
Y las misiones renovadoras quedan en manos de tres jubilados de una edad que hace que el arte chino de gobierno parezca una revolución juvenil. 
No cabe duda de que estos tres hombres de bien podrán reforzar la dinámica de la integración europea, sin embargo, cada vez somos más quienes dudamos de que la UE y las ambiciones comunitarias de superpotencia sean alguna solución, sino que al contrario pensamos que representan precisamente el problema. 
Señor Presidente, permítame decir primero que aprecio que podamos hablar entre nosotros aquí en una atmósfera bastante íntima. 
Sin duda, es más fácil plantear preguntas importantes que encontrar las respuestas a las mismas. 
Con independencia de la declaración del Sr. Presidente, sólo podemos desear que se encuentren esas respuestas. 
A pesar de ello, quiero registrar como algo positivo que en Laeken se ha cumplido una tarea muy importante poniendo en marcha la Convención y dotándola de una Presidencia no sólo destacada sino sobre todo prometedora. 
Que el éxito de un acto de este tipo depende en gran medida de la Presidencia lo sabemos a más tardar desde la Carta de Derechos Fundamentales. 
En este contexto, permítanme decir que ante el aspecto juvenil del Presidente del Consejo tenía un poco el temor de que configurase también la Presidencia de la Convención algo demasiado "joven" y "dinámica". 
Al contrario que la Sra. Frassoni y el Sr. Bonde yo me alegré más bien cuando supe que- como caracteriza a las civilizaciones avanzadas- se sigue dando preferencia a la opinión de los ancianos y sabios. 
Sin embargo, la puesta en marcha de la Convención ha sido la única obra destacable. 
Lamento desde la perspectiva austríaca en cualquier caso el apartado 59, que es demasiado estrecho y no ha cumplido los requerimientos de los estándares de seguridad europeos. 
Señor Presidente, quisiera centrarme en dos resultados de Laeken, a mi juicio trascendentes. 
El primero es el reconocimiento de que la consolidación del tercer pilar de la Unión Europea, y en particular la lucha contra el terrorismo, por fin ha experimentado el desarrollo que los ciudadanos han venido demandando. 
Los terribles atentados han hecho caer en la cuenta a los menos concienciados de que el terrorismo es un problema de todos, y de que a todos nos concierne, y no solamente a las víctimas directas. 
Y de que no sólo causan terror los que aprietan el gatillo o el detonador, sino también sus cómplices, y por eso hemos de congratularnos por la decisión del Consejo de juntar en una lista a los grupos, entidades y personas que apoyan al terrorismo. 
En segundo término, las decisiones adoptadas para diseñar el futuro de la Unión me parecen muy coherentes con las demandas del Parlamento Europeo. 
La flexibilidad con la que se ha fijado la agenda- estoy convencido- nos permitirá profundizar, durante la Convención, en los instrumentos de la PESC, porque el mundo globalizado en el que vivimos exige de Europa un nuevo papel para el que hemos de dotarnos de los medios necesarios, por ejemplo un servicio diplomático comunitario. 
Señor Presidente, creo que no ha funcionado bien la máquina, pero doy por terminado el tiempo de uso de la palabra. 
Señor Presidente, señor Ministro, Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, dentro del vasto campo de problemas tratados en Laeken quisiera centrarme, yo también, en el punto más esperanzador: la declaración sobre el futuro de la Unión. 
Es una buena y fuerte declaración que recoge varias ideas en las que la delegación de los socialistas franceses estaba muy interesada. 
Así, estamos muy contentos de ver que el presidium que desempeñará un papel determinante será razonablemente amplio, doce personas, es lo que deseamos, y que estará presidido por tres fuertes personalidades políticas cuyo compromiso europeo no ofrece ninguna duda. 
Y como francesa, solo puedo alegrarme de ver que finalmente es un compatriota el que presidirá el conjunto; evidentemente una eminente compatriota hubiera sido quizás preferible. 
Así mismo, aprobamos que la Comisión esté representada, no por un solo comisario sino por dos, en este caso concreto uno y otro perfectamente cualificados para este cargo. 
Una buena noticia igualmente, la de un calendario flexible, con el fin de dar a la Convención una mayor libertad. 
Por último, acogemos favorablemente el amplio poder dado a la Convención por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Y felicitamos al Primer Ministro de Bélgica por la firmeza con la que ha conseguido imponer este poder abierto a todo tipo de cuestiones que van más allá de la estricta mecánica institucional. 
Es además a este respecto al que deseo formular una petición: la Convención deberá proponer reformas institucionales para que los mecanismos funcionen mejor. 
Mucho mejor. 
Pero podrá y deberá también hacer propuestas sobre el contenido, con el fin de responder a estas preguntas que se plantean a menudo nuestros conciudadanos sin obtener respuestas claras. 
¿Para qué sirve Europa? 
¿Cuáles son sus grandes misiones, dentro de sus fronteras, para sus habitantes pero también para el mundo? 
¿Cuáles son las políticas que tiene la responsabilidad de aplicar, especialmente en el ámbito social? 
¿Cuáles son sus competencias? 
¿Cuáles son sus obligaciones para con sus habitantes y el resto del mundo en materia de solidaridad, de prosperidad y de seguridad? 
Con el impulso de la presidencia del Consejo, los resultados relativos a esta declaración son buenos. 
La Presidencia ha dado un fuerte impulso, fuertemente ayudada igualmente por el Parlamento que nunca le ha escatimado su apoyo. 
El Consejo de Laeken ha puesto en órbita esta Convención, que puede desempeñar un papel decisivo para el futuro de la Unión. 
El futuro dirá si Laeken ha sido un hito histórico. 
Señor Presidente, el Sr. Verhofstadt ha hablado mucho de la necesidad de mejorar el control democrático. 
Pero no necesitamos modificar los Tratados para mejorar el control democrático. 
Podemos hacerlo amparándonos en los Tratados en vigor. 
No me estoy refiriendo a la aplicación del artículo 42 para llevar los asuntos del tercer pilar al primer pilar, aunque eso sería muy de desear. 
Me refiero a los casos como el de la semana pasada en el que el Parlamento fue consultado por cuarta vez en un año sobre un texto del que faltaba la mitad. 
Nos pidieron que aprobáramos un reglamento para congelar los bienes de una lista de organizaciones terroristas; pero no se había incluido la lista. 
El reglamento era relativo a dos textos del Consejo, a ninguno de los cuales ha tenido acceso el Parlamento. 
Votamos sobre las enmiendas que cubrían la ausencia de documentos en vista de la urgencia, pero si ese texto no se enmienda y, en vista de esta práctica, el Parlamento debería plantearse presentar recurso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a menos que el Consejo esté dispuesto a tratarnos de una manera más justa y más adulta. 
Señor Presidente, la realidad está diciendo a gritos que la Cumbre de Laeken ha reforzado más a una Unión Europea del gran capital contra los intereses de los trabajadores en general. 
Los congregantes en el palacio de Laeken no han escuchado la voz estentórea de los cientos de miles de manifestantes en toda la Europa; de los pobres, de los parados, de los posibles parados, de los creadores de la riqueza, víctimas de la explotación terrible. 
No han escuchado y no podían escuchar su agonía y su exigencia de una Europa distinta, una Europa de la paz, de la amistad entre los pueblos, y no del ejército europeo, de las intervenciones y de la guerra; una Europa del respeto y del desarrollo de los derechos sociales y de las libertades democráticas y no de la orden europea de captura, de Eurojust y de la ley del terror que, con la excusa del 11 de septiembre, definen como terrorismo las luchas sociales y políticas por un mañana mejor. 
Ya ven por qué pienso que la Convención no puede dar respuesta, que por otra parte es consultiva y, finalmente, mucho me temo va a ser como arrojar polvo a los ojos de los pueblos. 
La única esperanza y salida es, señor Presidente, la continuación y el desarrollo de la marea humana sin precedentes que se manifestó en Laeken. 
Señor Presidente, el que sólo sesenta personas, esperemos que dignas, pero siempre pocas para representar a cientos de millones de ciudadanos elaboren la Constitución europea nos preocupa. 
Habría sido mejor una Asamblea constituyente. 
En este punto, es significativo que el vicepresidente sea aquel Giuliano Amato, representante de la izquierda italiana y europea pero sobre todo de esa tendencia oligárquica que ve las instituciones regidas sólo por unos pocos aristócratas, por unos pocos no elegidos pero elitistas. 
Confiamos al menos en que, una vez elaborada, esta Constitución, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de la Carta de Derechos Fundamentales, pueda ser modificada tanto por los parlamentos nacionales como por este Pleno. 
Señor Presidente, por fin en Laeken se han dado algunos pasos adelante hacia la construcción de una Europa fuerte y con unas fronteras más amplias. 
La Convención deberá abrir el camino hacia una Constitución que establezca las competencias de las distintas Instituciones y que incluya asimismo los valores fundamentales e inspiradores de nuestra Unión, pero deberá ser también un paso fundamental para la armonización de las legislaciones de nuestros Estados, también en materia judicial. 
Sin embargo, habrá que actuar de prisa y tomar decisiones antes de 2003 para evitar un atasco electoral, para evitar que la Constitución se apruebe en plena campaña electoral. Sin Constitución y sin nuevas instituciones se convierte en difícil llevar a cabo esa ampliación que, al igual que el Presidente Prodi, todos consideramos irreversible. 
Es asimismo positivo que el documento conclusivo de los trabajos de Laeken reserve un capítulo a las relaciones con Rusia, un país al que debemos dedicar mayor atención. 
Por fin en Laeken Europa ha hecho oír su voz de manera autorizada en los grandes temas como, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo, y la decisión de adoptar el que se ha bautizado como el primer "Plan Marshall" para Palestina confirma que Europa no solo quiere vencer, como es justo y deseable, el terrorismo con las armas, sino también encontrar una solución política a los problemas. 
La propuesta italiana en favor de la solución al conflicto israelo-palestino ha pasado de la etapa de las declaraciones de principio a la de la programación concreta. 
Consideramos asimismo muy positiva la decisión en favor del control común de las fronteras exteriores. 
Lo que está claro es que tenemos mucho trabajo por delante. 
En Leaken no se han resuelto todas las cuestiones: pienso en las sedes de las agencias que se deberían asignar según las competencias específicas de las ciudades y no sobre la base de decisiones fruto de vetos incomprensibles. 
Con todo, tenemos la obligación de ser optimistas: el destino de Europa depende también de nuestra voluntad, de la del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales que representan a los pueblos de la Unión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimado Comisario, en sus declaraciones de Laeken el Consejo Europeo opina que el proyecto europeo tiene su legitimidad de sus órganos democráticos, transparentes y eficientes. 
Cuando a continuación el Consejo plantea la cuestión y abre el debate sobre la Convención diciendo si se debe fortalecer el papel del Parlamento Europeo, entonces no debe sorprenderle que como diputado diga un sí incondicional, pues el Parlamento Europeo es el único órgano que es elegido directamente por la población. 
Todas sus sesiones son públicas y directas- desearía que fuese así también en el caso del Consejo- y cuando veo la rapidez con que somos capaces de adoptar decisiones- por ejemplo, sobre la orden de detención europea -, entonces es que somos más eficientes que el Consejo e incluso que la Comisión en muchos aspectos. 
Cuando el Consejo saluda en Laeken el Libro Blanco de la Comisión sobre el gobierno europeo así como el llamado informe Mandelkern y se espera de la Comisión un plan de acción al respecto para el primer semestre del año 2002, espero que el Consejo lo haga con la voluntad de fortalecer el parlamentarismo europeo. 
Por lo demás, nos gustaría debatir como diputados con la Comisión y el Consejo sobre nuevas formas de gobierno. 
La Comisión ha propuesto, por ejemplo, un grupo de trabajo interinstitucional. 
Pero oigo que el Consejo no lo ha aceptado hasta ahora sino que lo ha rechazado. 
Espero que al menos se diga ahora que antes de Barcelona y Sevilla van a tener lugar intensos debates con el Consejo y la Comisión sobre nuevas formas de gobierno que no son imaginables sin la aprobación del Parlamento Europeo. 
Sé que algunos Gobiernos son demasiado independientes y autónomos y a veces molesta a la Comisión y al Consejo que nos "inmiscuyamos" demasiado en los detalles. 
Como Parlamento Europeo estamos también dispuestos a aceptar una nueva división del trabajo con la Comisión y el Consejo, pues también nosotros tenemos que prepararnos para una Unión ampliada. 
Pero cualquier delegación de tareas tiene que ir unida desde nuestro punto de vista a un mecanismo call back, pues la búsqueda de nuevas formas de gobierno en forma de una european governance y las consideraciones sobre nuevas divisiones de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros no deben hacerse a costa del parlamentarismo europeo. 
Por el contrario, el parlamentarismo europeo se tiene que establecer en la Constitución Europea. 
Permítanme que haga una última observación sobre la llamada sociedad civil. 
El Consejo Europeo ha acordado establecer un foro y el Sr. Barnier, como Comisario, ha expresado ya frecuentemente con claridad su apoyo a esta idea. 
Saludamos la creación de un foro de este tipo, pero del mismo modo que un foro así complementa los debates de la Convención y no los sustituye, la sociedad civil y sus debates no sustituyen el parlamentarismo sino que los complementan. 
Queremos proseguir en este sentido este diálogo con la sociedad civil, con las ciudadanas y ciudadanos y esperamos que el Consejo y la Comisión no lo vean como algo opuesto al parlamentarismo sino como complemento al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, con la declaración de Laeken se propone una amplia discusión sobre la Europa del futuro en la opinión pública. 
Es buena cosa. 
Sin embargo, no es nada bueno que se encomiende el liderazgo de este trabajo a tres hombres. 
Todas las experiencias indican que la composición de la Convención también será sesgada. 
Además, en la declaración de Laeken se dice que la sustitución por suplentes sólo es posible si el miembro en cuestión no está presente. 
Ésta es otras veces una de las posibilidades clásicas de que disponen las mujeres para tener representación cuando se trata de este tipo de trabajo. 
Debo pedir por ello a las Presidencias belga y española que se permita convocar a los suplentes y- un poco más amplio- que todos se dejen representar por un suplente de sexo opuesto. 
. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, quisiera responder, llegados a este punto, a unas cuantas reflexiones que se han expuesto. 
Lamentablemente, debo también rogarles que me excusen pues no pensaba que íbamos a extendernos de esta manera, y tengo otra obligación, justamente en relación con el debate sobre el futuro de Europa. 
No comparto evidentemente en absoluto los puntos de vista expresados por el Sr. Krarup sobre la retórica ampulosa de Laeken. 
Pienso, por el contrario, que el método de la Convención abre completamente el juego. 
Pienso que uno de los elementos, uno de los temores que podíamos tener sobre esta declaración de Laeken, es que ésta encerrara a los miembros de la Convención en un conjunto de preguntas cerradas, o en cualquier caso que no permitiera abordar todas las cuestiones vitales del futuro de Europa. 
He oído al mismo orador hablar de falta de democracia. 
Quisiera por tanto responderle, al mismo tiempo que al Sr. Swoboda, que establece una diferenciación de cualidades representativas o de cualidades democráticas entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo, señor Swoboda, es efectivamente una institución representativa democrática, naturalmente, y la respeto plenamente. 
Pero de ahí a minimizar el carácter representativo del Consejo, creo que hay un espacio que usted no puede franquear. 
(Protesta por parte del Sr. Swoboda) 
Esto es lo que había creído entender y, por tanto, como he entendido mal, voy a decirle a pesar de todo que pienso que se puede preguntar en cada país a los ministros o al primer ministro que están en los Consejos. 
Hay parlamentos nacionales para ello. 
Puedo decirles que en mi país soy maltratado porque casi todas las semanas, al menos cuando estoy allí, soy interpelado para saber qué hago en las instancias europeas. 
Creo que no es un buen debate establecer una jerarquía en la representatividad de las instituciones. 
Cada institución tiene su sitio. 
Lo que es importante, y se lo acepto gustosamente, es que pueda existir un equilibrio entre las instituciones, que una institución no domine completamente a la otra. 
Me siento cómodo para decirles, por ejemplo, que la experiencia que tengo ahora del Parlamento Europeo me ha convencido de que, sin duda, debería tener más poderes en el futuro y de que, sin duda, debería desempeñar en el futuro un papel especial más importante que el que hoy tiene. 
Y, principalmente- me aparto un segundo del debate que aquí tenemos- en lo que se anuncia si la coalición internacional continúa siendo lo que es, si continúa desempeñando un papel, si se sigue aspirando a que sea necesaria, y creo que es necesaria para luchar contra el terrorismo, el Parlamento Europeo deberá tratar de vigilar de cerca lo que los Consejos europeos, pero también lo que los Estados miembros de la Unión Europea, toman como decisiones, porque ya he tenido ocasión de decirlo, y no dejo de repetirlo, que hay varios peligros en este asunto. 
En primer lugar está el peligro de que haya una desviación de la calidad democrática y de vida en nuestros países. 
El segundo peligro, que verdaderamente considero muy fuerte, es que, para algunos regímenes políticos, la lucha, y no son los Estados europeos los que se ven afectados, sino que somos nosotros los que nos vemos afectados en nuestras relaciones con estos países, para algunos países que cuentan con regímenes duros, pues bien existe la tentación de confundir lucha contra el terrorismo con lucha contra los opositores democráticos del país, contra la oposición del país. 
Pienso que sin duda alguna hay que prestar atención a esto. 
En tercer lugar, el Sr. Lannoye ha hablado antes de la relación de la Unión Europea con los Estados Unidos. 
Aquí hay que asumir una vigilancia. 
En cuanto a esta relación, creo efectivamente que no sería bueno que nos llevara de oficio, sin debate, sin discusión, incluso a veces sin consulta, a una solidaridad ciega con los Estados Unidos. 
Creo que la Unión Europea tiene el derecho y el deber de expresar su diferencia con respecto a los Estados Unidos. 
Respeto totalmente a los Estados Unidos; pienso que indiscutiblemente somos unos socios privilegiados de los Estados Unidos, pero creo que en la coalición que se ha establecido después del 11 de septiembre era bueno que la Unión Europea estuviera allí para expresar una sensibilidad un poco diferente, para expresar algunas garantías y seguridades, y también para desempeñar un papel que la Unión Europea ha desempeñado en los países árabes, en el mundo musulmán. 
No pienso, por tanto, que la Unión Europea se convierta nunca en una especie de copia de los Estados Unidos de América. 
Debo decirles que no lo deseo en absoluto. 
Respeto evidentemente el modelo americano. 
En muchos aspectos es extremadamente positivo, pero creo que no es extrapolable. 
No es deseable extrapolarlo. 
Y pienso que la Unión Europea debe seguir siendo ella misma. 
Varias preguntas se han repetido sobre la Convención. 
Paso por alto, lógicamente, las quejas relativas a la composición del trío de cabeza de esta Convención. 
Creo que las tres personalidades que han sido elegidas están las tres muy comprometidas en el plano europeo, tienen también una visión sumamente moderna, prospectiva y voluntariosa de la Unión Europea y, algo que quizás no está falto de interés, gozan de gran crédito así como de una red de relaciones, tanto académicas, políticas o de otro tipo, que puede hacer que si defienden un punto de vista tengan la gran suerte de ser escuchados, incluso en el Consejo Europeo. 
Lo cual tampoco es despreciable. 
Quisiera decir que la Convención- y quizá sea ésta la mayor virtud de la declaración de Laeken -, la Convención- y ya he tenido ocasión de decirlo además aquí al Parlamento Europeo -, será en realidad lo que los miembros de la Convención vayan a hacer. 
Ustedes tienen un presidium que no es aquí pro forma, porque es un presidium que cuenta. 
El número de personas que se encuentran en este presidium hace que sea escuchado. 
Es muy representativo de los diferentes componentes de la Convención y del mundo que toma decisiones europeo. 
Pienso, por tanto, que con este trío, con el presidium, las reuniones estarán bien organizadas, las reuniones y los temas se desarrollarán bien, y sobre todo- y he oído al Sr. Dehaene esta mañana, en la radio, expresar su punto de vista a este respecto- pienso sobre todo que lo que será importante es que las opciones que sean presentadas por la Convención con vistas a la CIG sean claras, que no dejen margen o espacio a demasiadas interpretaciones a nivel de la CIG. 
Naturalmente la CIG podrá aceptar o rechazar. 
Pero lo que es cierto es que si estas opciones están bien equilibradas, si son precisas, si están bien enfocadas y si están muy bien apoyadas, habrá poco espacio para que el Consejo pase de largo, si no el Consejo asumirá mal su responsabilidad política, o en cualquier caso asumirá un riesgo. 
Será en ese momento la responsabilidad política del Consejo la que en algún sitio, evidentemente, será cuestionada. 
Por tanto, tengo gran confianza en la forma en la que la Convención va a desarrollarse. 
Añado además otro elemento y es que la declaración de Laeken da a todos los que creen que una Europa más integrada, mejor, nos da una formidable oportunidad de hacer un poco de pedagogía europea, en todo caso con algunos. 
Pienso, principalmente, en los jóvenes. 
No hay que hablar solamente de las perspectivas, esto evidentemente es muy importante, pero es necesario que al mismo tiempo se trate de hacer pedagogía europea con los jóvenes, para explicarles cómo funcionamos, para explicarles que Europa se ocupa mucho más directamente de sus preocupaciones de lo que se cree o de lo que aparece en los medios de comunicación. 
Es también una forma de utilizar, de explotar esta Convención. 
Por lo que respecta a la Convención, creo que he sido bastante claro. 
Alguien ha lanzado la idea de un servicio diplomático europeo más integrado. 
Creo que las conclusiones de la cumbre contienen un pasaje sobre la cooperación consular. 
Es un comienzo. 
La apertura de oficinas consulares comunes constituirá un primer paso y espero también que se vaya más lejos. 
Comparto la opinión de la Sra. Lalumière, según la cual la Convención no debería examinar solamente asuntos institucionales sino también el contenido de las políticas. 
Los sondeos demuestran que nuestros ciudadanos están a favor de una acción europea más decidida en diferentes ámbitos, como política social, política exterior y de defensa, protección del medio ambiente. 
La Convención, a mi modo de ver, debería examinar cómo estas expectativas pueden recibir una respuesta, si es necesario ajustando las competencias y las misiones de la Unión. 
Alguien ha hablado de un déficit social. 
Creo poder decir- el Sr. Dehousse ya ha llamado nuestra atención sobre ello, y con toda la razón- que uno de los aspectos, sin duda de los de mayor éxito durante esta Presidencia, es justamente el de los innovadores avances anclados, porque es importante, en el plano social. 
Qué se piense, por ejemplo, en los indicadores sociales, en la calidad del empleo. 
Creo que a pesar de todo es algo importante. 
Qué se piense también en el conciliador social europeo. 
Aquí hay toda una serie de elementos totalmente nuevos que son verdaderos instrumentos que vienen en apoyo de una verdadera política social que es algo distinto del disfraz o del "lifting". 
El trabajo que ha realizado la Sra. Onckelinks desde este punto de vista, con el Sr. van den Broek, es sumamente notable y han tomado una parte sustancial, en todo caso de nuestro punto de vista, para el éxito de la Presidencia belga. 
En el fondo, es verdaderamente un elemento importante. 
Esto se acerca además, en cierto modo, a lo que la Sra. Lalumière ha pedido: que nos ocupemos también de otra cosa que no sea lo puramente institucional. 
Acabo de decir, señora, hace un momento, que evidentemente yo compartía totalmente este punto de vista. 
Lamentablemente no creo que pueda quedarme más tiempo. 
Quisiera decirles todavía unas palabras sobre la gobernanza y sobre la reforma del Consejo. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Martin sobre la necesidad de tomar medidas sin demora para acercar la Unión a sus ciudadanos, y mejorar el funcionamiento de las instituciones europeas. 
La Convención discutirá medidas que deberán conducir a una modificación de los tratados en 2004. 
El Consejo Europeo de Laeken ha subrayado sin embargo las medidas que pueden tomarse desde este momento. 
Por tanto, en este contexto, hemos acogido favorablemente el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, así como la intención del Secretario General del Consejo de presentar antes del Consejo Europeo de Barcelona propuestas tendentes a mejorar el funcionamiento del Consejo. 
El Consejo Europeo de Sevilla sacará las conclusiones operativas. 
Creo haber respondido lo más ampliamente posible a la lista de intervenciones a las que el Primer Ministro no ha podido todavía responder. 
Espero que no estén demasiado molestos conmigo por no poder quedarme. 
Lo siento muchísimo realmente, más aún cuando me encuentro a gusto entre ustedes porque he aprendido a conocer este Parlamento. 
Aquí he encontrado muchas intervenciones pertinentes, con una cierta cultura de la libertad de expresión, de la autonomía, y también me he dado cuenta de un elemento que no se conoce muy bien en los parlamentos nacionales, o en cualquier caso muy raramente, que es que en un mismo grupo puede haber intervenciones de diferente naturaleza. 
En ello hay, por tanto, una libertad y una frescura que me irían bastante bien. 
Espero- ya he tenido ocasión de decirlo pero lo repito- poder venir algún día a refrescar mi espíritu a esta Asamblea. 
Señor Presidente, el Presidente del Consejo, Sr. Verhofstadt, ha declarado en su presentación que en Laeken no ha habido ningún tabú. 
No obstante, está clarísimo que el tabú de las naciones apátridas está hoy más presente que nunca. 
Pero como decía Víctor Hugo, "nada es tan poderoso como una idea cuando ha llegado su hora". 
En estos momentos, la idea de la autodeterminación está presente en la mente del pueblo vasco. 
Los actuales Estados-nación nacieron en un determinado momento con una tendencia interna hacia su transformación. 
Los pueblos y las culturas de Europa, por el contrario, no tienen fecha conocida de nacimiento. 
Y lo que es más importante, no existe ninguna razón para su desaparición, a menos que los condenemos a ese destino. 
En realidad, su desaparición no sólo supondría una pérdida para la humanidad, sino la demolición de la mejor base para el futuro político de Europa. 
Señor Presidente, señor Representante del Consejo, señor Comisario, señorías, el Consejo Europeo de Laeken con el que finaliza la Presidencia belga de la Unión es un éxito. 
No digo esto ni por educación, ni por conveniencia, sino porque estoy profundamente convencida de que los Jefes de Estado y de Gobierno, estos últimos días, han lanzado la señal que los europeos esperaban, la de la claridad y del rechazo a los falsos pretextos. 
La cumbre de Laeken ha alcanzado su principal ambición: aprobar una declaración sobre el futuro de Europa, abriendo el camino a la futura gran reforma de la Unión. 
El Presidente del Consejo lo ha subrayado, en Laeken no ha habido ningún tabú, no se ha evitado ninguna pregunta, y yo deseo que esta fórmula se convierta en una realidad pues la construcción europea ha sido con demasiada frecuencia opaca, o cuanto menos ha estado reservada a los iniciados. 
Permítanme que, en nombre de la delegación francesa del Grupo PPE-DE, me alegre del nombramiento de Valéry Giscard d ' Estaing como presidente de la Convención, así como de Giuliano Amato y de Jean-Luc Dehaene como vicepresidentes. 
Estas eminentes personalidades son reconocidas por su experiencia y por su determinación en llevar a cabo una evolución de las mentalidades a favor de una Europa que asume plena y democráticamente sus competencias, pero únicamente sus competencias, claramente definidas. 
En un momento en que Europa se dota de una moneda, se amplía, trata de dar un alma y unos valores a la mundialización, ya es más que hora de revisar nuestra forma de concebir la vida pública y las relaciones de los ciudadanos con sus instituciones, a todos los niveles. 
Una etapa se ha franqueado en Laeken. 
Nos alegramos por ello. 
Pero el camino todavía es largo. 
Por lo tanto, no escatimemos nuestros esfuerzos. 
Señor Presidente, se está concluyendo la Presidencia belga que, en mi opinión, se debería finalizar con la presencia del Consejo. 
La Presidencia belga ha recibido hoy muchos cumplidos por el hecho de que sus ministros hayan estado tantas veces presentes aquí, pero ahora se está evaluando esta Presidencia sin que haya nadie del Consejo. 
Me pregunto si este debate en estas circunstancias tiene algún sentido. 
¿A quién nos estamos dirigiendo? 
Eso deberán decidirlo los oradores que siguen a continuación. 
Señor Presidente, con la adopción de numerosas medidas europeas después de los acontecimientos del 11 de septiembre hemos conseguido limitar de forma efectiva la movilidad de los terroristas. 
Al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta de que la seguridad que fomentamos con ellas es, en realidad, una seguridad parcial y que hemos topado con una cuestión más profunda, más fundamental, que es la gran desigualdad que hay en este mundo que sirve a menudo de caldo de cultivo para los conflictos. 
Si la seguridad no es una seguridad compartida, entonces está condenada al fracaso. 
Uno de cada cinco habitantes en esta tierra no tiene acceso a la enseñanza básica ni al sistema de salud básico. 
Estos problemas requieren un enfoque multilateral. 
Sin embargo, en estos momentos vemos que los Estados Unidos, que en los últimos meses actuaba más multilateralmente, ha vuelto a su unilateralismo anulando el Tratado ABM y también en relación con otros tratados está yendo por la senda del unilateralismo. 
Es de suma importancia que intentemos por parte europea emplear esa gran coalición ejerciendo presión para seguir actuando multilateralmente: destinar enormes inversiones a las nuevas tecnologías y dedicar al mismo tiempo demasiado poco dinero, atención y energía para luchar contra la pobreza en el mundo, lógicamente, no es la vía más efectiva para llegar a esa seguridad compartida. 
Asimismo, para la reconstrucción de Afganistán hace falta ayuda, de nuevo con Europa como líder, de modo que no sólo pase la faceta militar a primer plano, sino que también a través de la reconstrucción se abra la vía hacia esta seguridad compartida. 
Me parece que lo mismo se puede aplicar a Oriente Medio: Europa ha de ejercer presión, sin temer su involucración militar con sus propias maneras y organización dentro de la estructura de la OTAN- la Convención tendrá que buscar todavía la forma institucional para ello- pero al mismo tiempo tenemos que tener el valor de ir por el camino de la seguridad compartida. 
Por mi parte, hubiera preferido haber visto más reflejado este aspecto fundamental en la Cumbre de Laeken. 
Bien es verdad que se hace referencia a la anulación unilateral del Tratado ABM por parte de los EEUU y al liderazgo de Europa como mayor potencia económica del mundo, pero en relación con esta seguridad compartida deberíamos y podríamos hacer algo más. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a la Presidencia y a la Comisión para que sigan tomando iniciativas en esta cuestión también en las próximas semanas, tanto con respecto a Medio Oriente como a los Balcanes y Afganistán. 
Nos encontramos en la posición adecuada. 
Por una parte, hay ciertas tendencias al unilateralismo: no nos dejemos arrastrar por estas tendencias, apelemos al enfoque multilateral de nuestros socios y concedamos a Europa su lugar central. 
Señor Presidente, la Presidencia belga no ha sido fácil. 
Muchos años de preparativos, una detallada planificación, todo se vino abajo brutalmente el 11 de septiembre. 
Los acontecimientos en Afganistán y la lucha contra el terrorismo han dominado la agenda. 
Mi intención es felicitar a la Presidencia belga por que, a pesar de todo, ha hecho un excelente trabajo. 
Tal vez alguien pueda decírselo al Presidente del Consejo. 
En ella se plantean las preguntas adecuadas y se posibilita a la Convención trabajar constructivamente y con amplitud de miras. 
Muchas de las preguntas que se formulan, por ejemplo la vía hacia una constitución y la distribución temprana de competencias, coinciden con los anhelos del Grupo liberal. 
Sin embargo, las tres personas propuestas, tres conocidos hombres de estado con larga experiencia y enorme interés, nos despiertan algunas dudas. 
¿Será capaz este trío de señores bastante maduros de entusiasmar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, por los debates en torno al futuro? 
Habría sido mejor que participasen personas de edades más variadas y, como muchos han señalado, que también se incluyese a una mujer. 
A pesar de todo, más de la mitad de la población europea está compuesta por mujeres. 
Señor Presidente, para las personas ajenas, sobre todo para los ciudadanos de los Países Bajos, la Cumbre de Laeken fue una reunión de presidentes de gobierno caracterizada por las luchas. 
Luchas sobre la cuestión de quién iba a presidir la Convención y luchas por las sedes de las agencias europeas. 
Estos dos temas dominaban totalmente en los medios de comunicación neerlandeses. 
Afortunadamente, también se ha producido algo positivo y constructivo. 
La Cumbre Europea ha tomado una decisión sobre la Convención: no solamente en cuanto a la presidencia y las dos vicepresidencias, de las que estoy muy satisfecha, sino también sobre el cometido de la Convención. 
Celebro que este cometido esté redactado con mucho margen. 
La Convención tendrá que dar una mejor definición del reparto y una descripción más detallada de las competencias de la Unión, ha de estudiar cómo se puede simplificar el sistema de tratados y legislaciones de la Unión y de qué manera se puede llegar a una mayor transparencia y democracia. 
Por lo que respecta a esta transparencia, me gustaría decir que yo opto por el papel de senado para el consejo de ministros europeo, a semajanza del modelo alemán del consejo federal, un consejo de ministros que debate abiertamente sobre las legislaciones. 
Asimismo, la Cumbre Europea ha pedido a la Convención que elabore la idea de una constitución para la Unión incorporando en ella la Carta de los derechos fundamentales. 
Me parece que se trata de un buen primer cometido. 
Sin embargo, quiero resaltar que, a nuestro juicio, se necesita aún más. 
La Convención tendrá que estudiar también cómo se pueden integrar el segundo y tercer pilar en la política comunitaria. 
La política de inmigración se encuentra ya más o menos integrada en ella y la política en materia de seguridad nacional está creciendo mucho a nivel comunitario a causa de los tristes acontecimientos del 11 de septiembre. 
No obstante, la política en materia de seguridad y asuntos exteriores sigue siendo intergubernamental y el papel de Solana es casi imposible de interpretar en la actual estructura de la Unión Europea. 
Quisiéramos integrar esta política también y sería mejor que el Sr. Solana se convirtiera en vice-presidente de la Comisión Europea. 
Como punto final, señor Presidente, se ha visto que la Cumbre ha elegido a un presidente y a dos vice-presidentes para la Convención. 
Este papel hubiera sido más firme si la Convención misma hubiera podido elegir a su presidente a propuesta de la Cumbre. 
Entonces quizás podría habido alguna mujer en la Mesa. 
Señor Presidente, nos gustaría que la Convención lanzara la idea de hacer de la Presidencia de la Comisión Europea un cargo electo. El Parlamento Europeo podría elegirlo. 
Señor Presidente, la Presidencia belga se ha enfrentado a muchas dificultades pero el hecho de haber constituido la Convención me hace sentir más positiva sobre esta Presidencia que ha estado plagada de problemas. 
Señor Presidente, grandes declaraciones y pequeños progresos, las cumbres se suceden y se parecen. 
Menos mal que en Lisboa Europa definió nuevas ambiciones para el crecimiento económico y el empleo. 
Para este objetivo esencial, Laeken se ha contentado con remitirse a las decisiones de Lisboa. 
Es mejor que nada y nada mejor. 
Para la coordinación fiscal, Laeken nos remite a finales de 2002, pero resulta evidente que en Feira la Europa fiscal se ha quedado en un punto muerto. 
El acuerdo de Feira tenía que llevar a cabo un intercambio de información entre los países miembros. 
El día en el que cada ciudadano pague el impuesto debido, fijado por su parlamento nacional, cualquier deseo de armonización fiscal e incluso de sana competencia fiscal, caerá en el olvido. 
Cada Estado miembro establecerá de nuevo su propia política fiscal. 
Los demás deberán facilitar la información requerida para que cada cual sea gravado según su nacionalidad. 
Algunos territorios dependientes o asociados ponen mala cara a adoptar el intercambio de información. 
Suiza y otros terceros países rechazan el sistema por contrario al secreto bancario. 
Al igual que Austria, Luxemburgo y quizás otros países no aplicarán Feira sin un acuerdo ampliado a las importantes plazas financieras de fuera de la Unión. 
El bloqueo está garantizado. 
Apelo al Presidente Prodi para proponer una retención en origen sobre las rentas del capital como impuesto europeo directo. 
Esta retención sería bien aceptada por el público si fuera liberatoria, es decir si preservara al ciudadano de cualquier otro impuesto adicional. 
Una retención en origen evitaría el enorme sistema burocrático que supondría el intercambio de información pero, sobre todo, este impuesto europeo podría percibirse sobre los capitales de los europeos en Estados Unidos, en Suiza y en otros países. 
Esto aumentaría los ingresos de la Unión y permitiría reducir otro tanto las contribuciones nacionales actuales. 
Señor Presidente, apodérese de esta idea, va usted a hacer que Europa progrese realmente. 
Gracias sobre todo a la Presidencia belga en el debate sobre el futuro europeo habrá una mayor participación de eurodiputados y este será más abierto. 
Esto me parece muy positivo, pero también corremos el riesgo de que la Convención se convierta en algo babilónico porque los temas están apenas delimitados y se pueden presentar todas las opiniones. 
En realidad, los presidentes de gobierno no declararon nada en la bonita prosa de su Declaración de Laeken. 
Lo que han hecho es plantear a la Convención las múltiples cuestiones que han sido incapaces de solucionar en los últimos diez años, que sólo dispone de algunos meses para ello. 
La gran cuestión es también si la Convención será capaz de reducir el abismo con la población. 
El ciudadano no está interesado en un reparto de poder entre las instituciones. 
A la gente le importa más el contenido de las decisiones que el nivel en que se toman. 
A Europa no le interesa ahora una guerra de trincheras entre federalistas e intergubernamentalistas. 
Tenemos que progresar colaborando cada vez más y después ya veremos si el único camino viable es a través del método comunitario. 
En mi opinión, la lucha ideológica sobre el futuro europeo sólo tiene perdedores y esto es lo que se debería haber declarado en Laeken. 
Señor Presidente, Laeken ha abierto la puerta para un proyecto de Constitución que se puede desarrollar sobre la base del método comunitario. 
El mandato existe, el procedimiento también. Ahora radica en la misma Convención si puede poner en marcha algo así. 
Yo tampoco puedo compartir la crítica a la composición de la Mesa pues creo que sus puestos más importantes están ocupados por personas que no van a seguir a nadie sino que tienen sus propias ideas de una futura Europa. 
Ahí radica también una gran oportunidad. 
Tampoco debemos reprochar la edad si tras esa edad se esconde también independencia, que aquí es muy necesaria. 
Por lo demás, me parece extraordinariamente importante que en esta cuestión se creen también las condiciones técnicas. 
Es esencial que la Secretaría la nombre el Consejo pero que la Comisión y el Parlamento puedan ser incluidos. 
Creo que sería ahora una generosa oferta del Consejo incluir a los representantes de la Secretaría de la Comisión y el Parlamento de un modo realmente equilibrado y con igualdad de derechos para crear sobre esta base las condiciones de trabajo adecuadas. 
A veces la técnica es al principio decisiva para el resultado final. 
El Consejo Europeo es sin duda una de las instituciones que más precisa de una reforma, por lo que es un inicio que el Consejo Europeo se centre en asuntos de gran envergadura. 
Si lo hace, como la creación de la Convención, tendrá éxito. 
Si se pierde en detalles porque el Consejo General o los Consejos de Ministros especializados no se aclaran, hará el ridículo, tal como hemos visto por desgracia de nuevo en la cuestión de las Agencias. 
Por ello, a las futuras Presidencias del Consejo sólo se puede recomendar lo siguiente: por favor, no traten cualquier cosa nimia en las sesiones del Consejo Europeo, pues esta es una condición previa para el éxito en las cuestiones realmente importantes. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el resultado de la Cumbre de Laeken. 
El balance es muy positivo. 
La decisión de establecer una Convención Europea que actuará paralelamente a un Foro para la sociedad civil es una decisión de proporciones históricas. 
Nunca más volverá a decidirse el futuro de Europa a puertas cerradas, a condición de que nosotros cumplamos constructivamente con nuestra parte en la Convención. 
Acojo con especial satisfacción la posibilidad de una constitución europea como posible resultado. 
Como ha dicho el Sr. Verhofstadt, no debería existir ningún tabú en nuestro debate y la idea del federalismo y de una constitución para Europa podría garantizar el papel de los ciudadanos de Estados pequeños mejor que ninguna otra forma de gobernanza. 
Respaldo incondicionalmente la decisión de la Cumbre Europea de dar su apoyo a Yasir Arafat como dirigente del pueblo palestino, y condeno sin reservas el abuso del veto del Consejo de Seguridad para bloquear el nombramiento de observadores internacionales en el conflicto de Oriente Próximo. 
Estas decisiones, sin embargo, se han visto empañadas por una pelea impropia entre algunos Estados miembros por las sedes de las agencias europeas, lo que ha reflejado las peores características del antiguo estilo de regir Europa. 
También me ha decepcionado que el Consejo no diera su apoyo expreso al marco jurídico para los servicios públicos en el contexto del reglamento sobre competencia, como le instó a hacer el Parlamento Europeo. 
Por último, también creo que ha sido un grave error retroceder ante la decisión de designar a una fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Europea en Afganistán bajo mandato de las Naciones Unidas. 
Lamentablemente, esa falta de decisión deja ahora este ámbito a merced de los dictados de los intereses de los Estados más poderosos del panorama mundial y no garantiza la presencia ni el papel políticos de los valores europeos. 
Permítanme terminar diciendo que deberíamos suavizar un poco la discriminación por razones de edad en relación con el Praesidium. 
Me preocupa más la originalidad o la antigüedad de las ideas de estas tres personas que su edad cronológica. 
No obstante, creo que si lo hubiéramos intentado, habríamos encontrado a una mujer de edad avanzada que también podría haber hecho una contribución importante al Praesidium. 
Señor Presidente, salvo por su presencia parcial en este Pleno, creo que hay que decir que la Presidencia belga no ha defraudado, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, por cierto muy difíciles. 
Creo que se ha comprendido muy bien que la labor de una Presidencia es la de aunar voluntades, fraguar consensos, para que la Unión Europea avance. 
Las decisiones que se han tomado sobre la declaración relativa al futuro de Europa, sobre el método de la Convención, sobre la operatividad de la política de seguridad y de defensa, sobre las declaraciones relativas al proceso de paz en Oriente Medio, Afganistán, etc. y, sobre todo, en lo que se refiere al ámbito de la lucha contra el terrorismo van a permitir que la Unión Europea progrese y avance. 
De lo que se trata ahora es de pasar de las declaraciones a los hechos, para no quedarnos en manifestaciones puramente retóricas, especialmente en lo que se refiere al ámbito de la lucha contra el terrorismo. 
Creo que la opinión de los terroristas y de los amigos de los terroristas, a quienes no les han gustado nada las decisiones que se han tomado en Laeken, muestra claramente que estamos trabajando en la buena dirección. 
Creo que de lo que se trata ahora, consolidada la dimensión interna de nuestro proyecto, es de que la Unión se convierta en un actor internacional capaz de desarrollar una acción integral ante los retos de nuestro mundo, un mundo en el que las naciones son demasiado grandes para resolver sus pequeños problemas y demasiado pequeñas para resolver los grandes problemas que se plantean a escala planetaria. 
Una Unión Europea que sea capaz de actuar con voz propia e independiente en los diversos escenarios y regiones y que sea capaz de desplegar un abanico de medidas políticas, económicas, comerciales, civiles y militares que le permitan alcanzar los objetivos de su acción exterior. 
Por lo tanto, señor Presidente, felicitaciones a la Presidencia belga. 
Creo que estamos trabajando en la buena dirección, y espero que las declaraciones del Consejo Europeo de Laeken, que ha sido un buen broche para una Presidencia brillante, puedan transformarse rápidamente en hechos concretos que permitan- como he dicho al principio- a la Unión Europea cubrir etapas importantes en su proyecto de consolidación política. 
Señor Presidente, hoy podemos celebrar varias victorias del Parlamento Europeo en cuestiones que, no hace mucho tiempo, nos dijeron que el Consejo Europeo de Laeken no podría aprobar de ninguna manera. 
Para comenzar, tenemos una Convención- y me alegra de manera especial porque creo que fui el primero en sugerir, hace ya casi dos años, que el método de la convención que se utilizó para redactar la Carta de los Derechos podría utilizarse igualmente para preparar una revisión de los Tratados. 
Nos dijeron que se limitaría a sólo cuatro temas y ahora está claro que el orden del día está abierto de par en par. 
La Convención producirá un documento único con recomendaciones, no se limitará a confeccionar una lista de todas las opciones que se les ocurran a quien sea. 
Naturalmente, presentará opciones cuando exista una división, pero se esforzará por encontrar un amplio consenso como base para el trabajo de la CIG. 
Por todo ello podemos sentirnos satisfechos. 
La única pega es la curiosa decisión de la Troika sobre la presidencia de esta Convención. 
No es ningún secreto que mi Grupo no habría elegido al Sr. Giscard d 'Estaing como su candidato favorito, pues como usted sabe, señor Presidente, hemos conocido informes constitucionales del Sr. Giscard d' Estaing en este Parlamento. 
Él elaboró un informe sobre subsidiariedad hace unos años, del que podemos sacar algunas conclusiones porque, si no recuerdo mal, todos los apartados de su informe fueron modificados en comisión y luego en el Pleno, cuando el Parlamento aprobó las enmiendas que usted había presentado. 
Ése podría ser el método de trabajo que posiblemente debamos utilizar en la Convención, y es algo de lo que podemos sacar algunas conclusiones. 
Paso a continuación al resultado menos positivo del Consejo Europeo- la farsa sobre las agencias. 
También eso puede servirnos para sacar conclusiones. 
Nos demuestra qué ocurre cuando nos apartamos del método comunitario y pasamos al intergubernamentalismo. 
En vez de una propuesta de la Comisión, tenemos que cada país presentará sus propias propuestas, unas propuestas que se sentirán obligados a defender en una lógica intergubernamental y sin ningún resultado al final. 
Refleja los límites del Consejo Europeo, que debería establecer los objetivos estratégicos de la Unión Europea. 
Cuando ha de ocuparse de un detalle como éste, falla naturalmente. 
No permitamos que ningún gobierno se dirija ahora al Parlamento y nos critique por ser incapaces de tomar decisiones, que nos acuse de ser demasiado lentos en la toma de decisiones, cuando el Consejo Europeo nos ofrece un espectáculo como éste, que realmente desacredita a la Unión Europea a los ojos de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, termino ya, pero no sin antes observar que creo que ésta es la última vez que presidirá el Parlamento Europeo antes de que elijamos nuevo Presidente y de que usted pase a esferas más altas, y permítame desearle la mejor de las suertes para un próspero y fructífero Año Nuevo 2002. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, si el objetivo es una federación de Estados y si el proceso constituyente pasa por los Tratados, la declaración de Laeken en favor de una Convención que, antes de las elecciones europeas y antes de la ampliación, proponga a la Conferencia intergubernamental una reforma de las Instituciones es un éxito de este Parlamento y de la Presidencia belga. 
Con todo, el Parlamento Europeo debe empeñarse a fondo para que este éxito no se convierta en una ilusión. 
Este reto democrático se ha de apoyar con un gran debate, abierto a todos los ciudadanos de la Unión. 
El futuro de Europa, a mi juicio, depende ante todo del esfuerzo de las grandes familias políticas que han creado la Comunidad Europea y que creen en la integración, en el modelo social europeo, en la democracia europea y en la reunificación europea. 
Sin embargo, en algunos puntos de la agenda de Laeken el proceso comunitario se ha visto frenado por algunos vetos cruzados. 
Ésta es el arma de los escépticos y de los populistas. 
Pienso en el aplazamiento de la financiación de GALILEO, respecto al que ha intervenido también el Presidente Prodi, y en el fallido acuerdo sobre las sedes de las agencias europeas y sobre la patente comunitaria. 
En cualquier caso, estas sombras, como se acaba de decir, refuerzan la necesidad del método comunitario y de las decisiones por mayoría. Pienso asimismo en la política de seguridad y de defensa que ha avanzado, así como en la política exterior que, por el contrario, sigue siendo incierta. 
Europa está al lado de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero también está comprometida contra la pobreza que divide el mundo, mientras que la situación en Oriente Próximo se ha convertido en trágica. 
¿Qué hay que hacer? 
¿Acaso nos hemos quedado sin alternativas? 
Comparto el deseo del Ministro Verhofstadt de una Europa que se comprometa con coherencia con los valores de la libertad y de la solidaridad que ha consolidado en la Carta de Derechos Fundamentales para dar a la globalización un aspecto más humano. 
Señor Presidente, cuando una criatura nace sólo de padre no nos debe extrañar que al crecer tenga problemas. 
Europa tiene muchos padres y acabamos de perder otra oportunidad para darle alguna madre. 
Quisiera hablar sobre la valoración que han hecho en Laeken sobre la aplicación de las políticas de justicia e interior. 
Déjenme coincidir en lo que respecta a los avances en el principio del reconocimiento mutuo de decisiones judiciales, tanto en materia penal como en materia civil, aunque en menor medida. 
Y déjenme felicitarles en este sentido por el fondo y por la forma del acuerdo sobre el mandato europeo de arresto que afecta a un amplio número de delitos y que para mí no es más represión, sino más justicia. 
Creo que debemos felicitarnos por ello. 
Sobre la inmigración y el asilo en cambio, debo decir que hay en el texto del Consejo un tono de renuncia que me preocupa. 
El análisis de la situación es desde luego sincero, pero las conclusiones a las que llega yo creo que no son las correctas. 
Señor Presidente, no podemos permitirnos en esta Europa sin fronteras quince políticas diferentes de inmigración durante mucho más tiempo. 
Creo que se deberían sacar de esta situación otras conclusiones, la conclusión de que se necesita un mayor impulso para estas políticas, la conclusión de que debemos desembarazarnos de una vez de las esposas de la unanimidad y de que debemos ampliar la participación de este Parlamento en temas tan sensibles. 
Creo, señor Presidente, que hemos dado muestras de que se puede trabajar en este terreno con nuestra institución y de que debemos terminar con las restricciones impuestas en Amsterdam. 
Espero que la Convención tome nota y lo remedie. 
Quiero terminar felicitando también a la Presidencia por la inclusión de la diversidad y de la idea de federalismo en el Tratado y por las palabras que en este sentido ha dicho en esta Cámara el Sr. Verhofstadt. 
Señor Presidente, inmediatamente después de la Cumbre de Laeken, desearía expresar algunos lamentos y una esperanza. 
Lamento, en efecto, que en materia de política exterior y de defensa, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Laeken no hayan podido demostrar su capacidad de obrar. 
Así, cuando estamos viviendo una crisis sin precedentes, la Unión Europea no ha sido capaz de decidir el envío de una fuerza común a Afganistán. 
Esta decisión habría dado una fuerte señal de la voluntad de los europeos, demostrando que estábamos dispuestos a asumir plenamente nuestras responsabilidades, tanto en el plano militar como en el plano humanitario o político. 
Así mismo, una vez más, en materia de defensa común, no se ha tomado ninguna decisión inmediata. 
Los anuncios han resultado ser totalmente virtuales y la cuestión del acceso automático de la Unión a los medios de la OTAN no se ha solucionado. 
La política exterior y de defensa de la Unión existe más en los discursos que en los actos, y lo lamento. 
Más que nunca, debemos construir una Europa política y democrática capaz de tener peso y de tener proyección en el mundo. 
Por eso quisiera ahora expresar una esperanza. 
La cumbre de Laeken ha acordado la puesta en marcha de la Convención. 
La ha dotado de un excelente presidente y de un orden del día abierto. 
Quiero dar las gracias por ello a la Presidencia belga que ha sabido dar pruebas, a lo largo de su mandato, de valor y de visión, y al comisario encargado de estas cuestiones. 
Esta Convención abre la vía a un nuevo futuro para Europa. 
Hago votos por su éxito, para que dentro de dos años tengamos una constitución leíble y comprensible para todos los ciudadanos de la Unión Europea, y para que establezcamos finalmente el principio de elección directa del presidente de la Comisión Europea. 
Si no queremos que la Unión Europea no sea mañana más que una simple zona de librecambio, si verdaderamente queremos tener peso en el mundo, en el nuevo orden internacional, este es el único camino posible. 
Señor Presidente, por lo reducido del tiempo, solamente voy a referirme a la decisión realmente histórica de convocar una asamblea de redacción, como ya se ha definido "Convent" aunque con inexactitud. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo tiene derecho a estar orgulloso porque aquí, en nuestro ámbito, se ha formado la idea de una convención y ha tomado cuerpo concreto en informes del Parlamento Europeo, especialmente de 1997 en adelante. 
Desde entonces nuestro Parlamento subraya insistentemente que los cambios institucionales son impensables si la planificación de los nuevos Tratados no cambia de redactores; es decir, sin que un cuerpo político desempeñe el papel que hasta el momento desempeñaba la burocracia. 
Si hemos logrado o no nuestro objetivo no lo vamos a juzgar ahora, sino que se juzgará por la medida en que las propuestas de la Convención influyan en el contenido de los nuevos Tratados. 
Por eso es necesario que la Convención llegue a propuestas institucionales concretas que presuponen, por supuesto consenso en ella. 
Si en lugar de propuestas concretas, la Convención presenta a la Conferencia intergubernamental diversas alternativas, entonces la influencia en la formación de un nuevo Tratado habrá sido mínima. 
Desgraciadamente, en este punto la orden de Laeken es más abierta de lo que debiera. 
Si pensamos que ninguna institución en la Unión Europea o ningún órgano estatal ha estudiado tanto ni ha presentado tantos estudios sobre las cuestiones institucionales de la Unión Europea como el Parlamento Europeo, entonces debemos considerar que su participación con 16 representantes no es proporcional a la aportación realizada hasta ahora. 
En cualquier caso, para no desorientar a nuestros conciudadanos, la Convención no va a presentar un proyecto de constitución, sino un proyecto de un Tratado Constitucional. 
El método intergubernamental no ha sido anulado, sino que lo ha complementado el comunitario. 
Esto es loable, puesto que la Unión Europea es una Unión de pueblos y una Unión de Estados. 
De todos modos, la Convención es el nuevo y subsiguiente campo de batalla para obtener más democracia y más Estado de Derecho en la Unión Europea. 
Es una verdadera pena, señor Presidente, que la Presidencia de la Convención la halla nombrado el Consejo. 
A un cuerpo constituido en su mayoría por diputados, sería mejor que le dejasen elegir a él solo su presidencia. 
Señor Presidente, la lista de oradores denota que el resto de sus Señorías tendrán que asistir ahora al debate interno de la familia PPE-DE, pero, naturalmente, ello está permitido. 
En mi opinión, la Presidencia belga se ha desenvuelto bastante bien en unas circunstancias difíciles. 
En el exterior, se daban las situaciones de Afganistán, Macedonia, Oriente Próximo y el 11 de septiembre, mientras que, en el interior, existían grandes expectativas, sobre todo, de cara a la Cumbre de Laeken. 
A la luz de todo esto, los resultados de la Cumbre de Laeken fueron excelentes. 
Éstos contribuyen al avance de la Comunidad a nivel ideológico y a efectos prácticos. 
Laeken ha confirmado la voluntad política de proceder a una ampliación rápida, es decir, que en el año 2004 serán acogidos diez nuevos Estados miembros si éstos aspiran a ello con determinación en el curso de las negociaciones. 
La Declaración de la Laeken representa una combinación acertada de cuestiones sobre los problemas a solucionar y, por otra parte, supone una afirmación en la creencia de que estos problemas serán resueltos. 
La Convención, que fue propuesta en primer lugar, al menos a nivel de grupos, por el Grupo PPE-DE, podrá ponerse a trabajar rápidamente, y experiencia no le falta al Praesidium, pues entre los miembros que asumen su Presidencia suman casi 200 años de experiencia. 
¡Suerte en la labor, puesto que no va a resultar nada fácil! 
En mi opinión, la mejor decisión en la Cumbre de Laeken fue la adoptada por el Primer Ministro belga, Sr. Verhofstadt, cuya aportación personal ha sido, sin duda, la garantía del éxito de Bélgica, al zanjar rápidamente la discusión sobre las Agencias. 
Cuando un Primer Ministro de un país grande empieza a imaginarse que asiste a la elección del comestible del año en Europa o que allí se están repartiendo bonos Michelín a favor de alguna ciudad concreta, o cuando el Presidente de otro país grande empieza a soñar despierto con bellas modelos suecas, entonces no queda más remedio que acabar con ese debate para evitar que los europeos que lo escuchan se rían de nosotros aún más de lo que ya se están riendo. 
Señor Presidente, me gustaría proseguir con este debate interno del PPE-DE y centrarme únicamente en la Declaración de Laeken. 
Es cierto, como dice la Declaración, que las instituciones europeas deberían aproximarse más a los ciudadanos, ocuparse menos de los pequeños detalles, ser menos rígidas y más eficientes y estar más abiertas al control democrático. 
También es cierto que deberíamos hacernos toda una serie de preguntas en términos de cómo simplificar el procedimiento legislativo, cómo aclarar las competencias de la Unión e, incluso, devolver quizás una o dos a los Estados miembros, como se menciona. 
Cómo involucrar a los parlamentos nacionales es otro de los aspectos muy importantes y, por último, es cierto, como ha dicho el Presidente del Consejo, que éste es un cambio de rumbo para Europa en lo que se refiere a modificar los Tratados, en vez de tomar decisiones a puertas cerradas y en salas llenas de humo de madrugada. 
No obstante, existe la duda real de que estas declaraciones de principios se conviertan en realidad. 
¿Se ha decidido de antemano el orden del día, como piensan algunos? 
¿Se oirán todas las voces del espectro político europeo? 
Y lo que es más importante, ¿se tendrán en cuenta y se escucharán los puntos de vista de los ciudadanos europeos de a pie en el trabajo de la Convención? 
Durante la anterior Presidencia hubo indicios, aunque me temo que no los ha habido durante ésta, de que a la Presidencia le preocupaban realmente los ciudadanos europeos. 
La anterior Presidencia tenía un sitio web- "Europa" o algo así- pero no hemos oído hablar mucho sobre dicho sitio durante la actual Presidencia. 
En las conclusiones del Consejo relativas a la Convención, se dedica un apartado al Foro, aunque parece que trata más sobre cómo informar a la red de organizaciones, que sobre cómo pueden contribuir a la labor de la Convención. 
Por ello hago este llamamiento hoy de que en el Praesidium, y quizás con la ayuda de la Comisión y de los diputados nacionales, entre otros, se celebre realmente un auténtico debate europeo en los Estados miembros en el que participen los ciudadanos europeos de manera que cuando al final tengamos un marco constitucional, realmente tengamos algo que los europeos puedan apoyar. 
Es la única ocasión en la historia, de la que tengo memoria, en la que se puede consultar a los ciudadanos antes de redactar una constitución, en vez de hacerlo después. 
Por ello, le ruego, señor Comisario, que nos garantice que no se escatimarán esfuerzos para que realmente tenga lugar este debate europeo. 
Señor Presidente, Laeken ha transcurrido mejor que Niza hace un año. 
Hay que felicitar por ello a la Presidencia belga. 
El buen resultado tiene que ver en cualquier caso con otra situación decisoria que existía en Laeken. 
El pasado fin de semana no había aún nada que decidir sobre el tema central "futuro de la Unión". 
Sólo se plantearon acertadamente preguntas. 
No obstante, un somero análisis de las preguntas muestra que algunas de ellas no son en absoluto preguntas, por ejemplo la pregunta retórica de si de cara a una mayor transparencia las reuniones del Consejo no deberían ser públicas en su papel legislativo. 
Por supuesto, las reuniones legislativas del Consejo tienen que abrirse pero ¿porqué esta evidencia no se ha convertido ya en Maastricht, o en Amsterdam o, a más tardar, en Niza, en derecho en vigor? 
De modo similar me hace cavilar otra cuestión en el catálogo de las declaraciones de Laeken. 
Hay que recapacitar si la Carta de Derechos Fundamentales se debe integrar en el Tratado básico y si la Comunidad europea se debe adherir a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
¿Significa esto que los resultados de la última Convención no son realmente otra cosa que una opción? 
Espero que no. 
Aún más críticamente veo cuestiones en la declaración de Laeken que no se plantearon ni siquiera ahí. 
Para mí, como diputado elegido de una ciudad de tamaño medio se plantea también la cuestión de cómo debe garantizar una Convención que en el futuro no se llegue a una hegemonía de los grandes. 
En las últimas semanas ha habido por desgracia un motivo muy concreto para estas preguntas y nadie debe creer que en una Europa futura, con 19 Estados pequeños y medianos y un pequeño grupo de Estados grandes y muy grandes, los deseos dirigistas vayan a ser menores. 
Un último punto en la declaración de Laeken me mueve ya ahora para pronunciar una fuerte crítica. 
El estilo poco colaborador, incluso distante, con que la Secretaría General del Consejo ha atendido en la última ocasión a la Convención de Derechos Fundamentales, no permite esperar nada bueno para el trabajo de la Convención de la Constitución. 
Sólo puedo esperar que la burocracia del Consejo nos demuestre que estamos en un error y nos atienda excelentemente. 
Señor Presidente, en la Cumbre de Laeken, los Jefes de Gobierno acordaron establecer una Convención constitucional sobre el futuro de Europa que incluye la posible incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales, con sus valiosos derechos sociales y económicos, y la elección directa del Presidente de la Comisión Europea, a lo que me opongo. 
No obstante, acojo favorablemente los llamamientos en favor de que la UE se haga más democrática, transparente y eficiente, en favor de un mayor protagonismo de los diputados nacionales y un menú de opciones de entre las que elegir en 2004. 
La UE ya posee sus propios himno, bandera, ciudadanía, ejército, moneda, etc. y toda una serie de instituciones casi federales. 
Intentar hacer creer, como está haciendo el Gobierno Laborista en Gran Bretaña, que esta Convención es sencillamente una oportunidad para limitar el poder de la Unión a expensas de los Estados es ridículo. 
Esta Convención recuerda mucho más al ejercicio de Filadelfia en 1787 que derivó en la constitución de la nación. 
Las altas esferas políticas de Europa están cada vez más alejadas de sus electorados. 
¿En qué medida representan Valéry Giscard D ' Estaing, Dehaene y Amato la opinión europea? 
Si ésta es la corte, el jurado es tendencioso. 
¿En qué medida representará la Convención a los pueblos de Europa? 
Deberíamos prepararnos urgentemente para la ampliación, resolviendo los flecos que quedaron en Amsterdam y reformando la PAC y los Fondos Estructurales, que representan el 80% del presupuesto de la UE, en vez de preparar una grandiosa reforma constitucional de escasa relevancia para las preocupaciones y aspiraciones del electorado. 
¿De qué servirá ampliar la votación por mayoría cualificada a ámbitos delicados como la Seguridad Social y el régimen fiscal? 
¿Y qué se ha hecho para resolver los problemas de la tan necesaria patente comunitaria a raíz de la obsesión de multilingüismo en las instituciones? 
En la Unión Europea existe un idealismo surgido del deseo de ver una Europa de paz y prosperidad, un objetivo que todos compartimos. 
Provengo de un país con una tradición democrática ininterrumpida durante siglos y quiero decir dos cosas a los que creen en un Superestado europeo. 
En primer lugar, la UE no es el origen, sino la expresión de la paz en la Europa de la posguerra, que está sostenida por la democracia en los Estados-nación y el respeto del Estado de derecho. 
En segundo lugar, los cambios políticos idealistas, instituidos por las altas esferas políticas, que no cuentan con el amplio respaldo de la población serán como estructuras levantadas sobre la arena. 
Hay que aprender a andar antes de echar a correr. 
Cuando los pueblos de Europa quieran un solo Estado europeo, habrá llegado la hora de convocar una Convención europea, pero no antes. 
Les deseo feliz Navidad. 
Señor Presidente, Señorías, sin duda, la Presidencia belga se ha esforzado mucho pero para las decisiones importantes y urgentes falta en los 15 Gobiernos de la Unión Europea un espíritu común europeo que tampoco puede superar una única Presidencia. 
El brillante análisis de la situación y las numerosas cuestiones listadas podrían provenir de los informes del Parlamento Europeo sobre Niza, posteriores a Niza y sobre Laeken y da la sensación de que se hubiesen copiado de allí. 
Se trata de cuestiones cuya respuesta viene exigiendo el Parlamento desde hace años para el futuro de la Unión Europea. 
¿Se va a cuestionar ahora todo con las numerosas preguntas? 
Tomemos por ejemplo el derecho electoral común. 
Desde julio de 1998 el Consejo examina el proyecto de una ley electoral europea para la elección del Parlamento Europeo y hasta finales del 2001- ya han pasado dos años y medio- no ha llegado ni a un único resultado. 
Él se plantea la pregunta de si realmente queremos un derecho electoral europeo. 
Vista en total, la Convención es sin duda una oportunidad, pero al contrario que Laeken exigimos en el Parlamento Europeo una propuesta unitaria y coherente como única base negociadora y decisoria. 
Lamentablemente, asimismo es cierto que resoluciones sobre la adaptación de las estructuras y del modo de trabajo del Consejo han sido aplazadas de nuevo a Barcelona y Sevilla por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Al leer los resultados de Laeken me vino a las mientes un dicho que ha acuñado en mi país un poeta, Hans Magnus Enzensberger: se puso en un lugar común y acuñó de nuevo una frase común. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea es un paso positivo hacia una Unión Europea más transparente y más cercana a los ciudadanos. 
Sin embargo, esta excelente Declaración no debe quedar en mera palabrería elocuente. 
Por ejemplo, las conclusiones del Consejo de Lisboa, según las cuales la Unión Europea será convertida en la economía más competitiva del mundo, han sufrido, sorprendentemente, ciertas reticencias por parte de los Estados miembros a la hora de ser aplicadas. 
De cara a la credibilidad de la Unión, es esencial que las palabras coincidan con los hechos. 
La Unión y sus instituciones han sido criticadas con razón de estar excesivamente distantes de la ciudadanía. 
Para fomentar la aproximación a los ciudadanos, debemos observar en lo sucesivo una mayor transparencia en los métodos de los trabajos preparatorios de la reforma de los Tratados constitutivos. 
El Consejo Europeo deberá respetar los mismos principios de democracia, eficiencia y coherencia que también son exigidos a los demás órganos de la UE. 
Una esperada y acertada decisión del Consejo Europeo de Laeken fue la convocatoria de la Convención. 
En este sentido, no puedo estar de acuerdo con mi buen amigo Charles Tannock. 
Sin embargo, el problema reside en que se haya nombrado como Presidente y Vicepresidentes de la Convención a tres eminentes hombres de Estado europeos con toda una vida de dedicación en su haber. 
Ni siquiera hubo mujeres entre los candidatos a la Presidencia. 
Evidentemente, la experiencia es valiosa, pero, de cara a garantizar la cercanía a los ciudadanos, habría que considerar ahora cuál debería ser la composición de la Convención atendiendo a la edad y género de sus miembros, con el fin de aproximar de forma real la UE a la ciudadanía y, sobre todo, a los actores del futuro, o sea, a los jóvenes. 
En Laeken se abordó la importante cuestión de la sede de la Agencia Alimentaria Europea que será creada a principios de año. 
Debido a las enfermedades animales que se han dado durante los últimos tiempos prácticamente en todos los Estados miembros, los europeos tienen derecho a esperar que los Jefes de Estado o de Gobierno hagan todo lo que esté en sus manos para garantizar plenamente la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, el examen de esta cuestión en el Consejo parecía más bien una farsa que, según el periódico alemán Die Welt, hacía palidecer incluso a todo el repertorio de telenovelas. 
Es totalmente inadmisible que intereses de signo populista puedan bloquear la toma de decisiones en un asunto que es crucial para la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, está en curso una positiva aceleración política en la construcción de la Unión. 
El proceso de ampliación es una realidad, del mismo modo que es una realidad la puesta en marcha de la Convención. En materia de justicia, se han hecho numerosos pasos adelante, así como en materia de política exterior y de defensa. 
A esta aceleración de la construcción política no corresponde, sin embargo, la misma aceleración en la construcción económica, es decir, en la construcción de los mercados en que se basa la construcción política. 
Es paradójico, pero estamos en presencia de una verdadera inversión del método comunitario. 
En efecto, del carbón al acero, pasando por la moneda única, ha sido toda una sucesión de pasos adelante hacia la construcción de la Casa común partiendo de los cimientos para llegar al techo. 
Ahora, mientras estamos tratado de construir de prisa el techo, estamos muy atrasados en la construcción de unos mercados fundamentales para la vida de los europeos. 
Demasiadas desaceleraciones, demasiados fracasos, demasiados egoísmos: de la energía eléctrica al gas, de las telecomunicaciones a GALILEO y a la patente europea. 
Señor Presidente, esta falta de sincronía entre la física de los mercados y la metafísica de la política puede conducir a que el proceso de construcción europea pierda el consenso de los ciudadanos. 
En efecto, se consideran como muy altos los costes relativos a la pérdida de soberanía política y demasiado bajos, demasiado limitados los beneficios para las empresas y para los consumidores. 
Sería oportuno que para evitar este peligro se vuelva a poner en marcha cuanto antes la construcción europea según el método de nuestros padres fundadores, sin culpables egoísmos y sin inútiles y cínicas huidas hacia delante. 
Señor Presidente, en las conclusiones de la Presidencia de Laeken, la palabra empresa o empresario sólo sale una vez, en relación con la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario. 
Creo que se ha dejado pasar de largo una oportunidad. 
Actualmente estamos haciendo del mercado interior en el nivel europeo un mercado nacional y al fin y al cabo tenemos en Europa 18 millones de pequeñas y medianas empresas. 
Soy Presidente de la Asociación Económica Europea, por lo que es para mí una obligación señalar siempre que uno de nuestros máximos objetivos debería ser garantizar los puestos de trabajo existentes y crear otros nuevos. 
Son las pequeñas y medianas empresas las que representan las dos terceras partes de los puestos de trabajo, pagan el 80% de los impuestos y forman al 85% de los jóvenes empleados. 
El segundo punto consiste en salir de lo interno para dirigirse a lo internacional. 
¿Cómo debe estar representada en el futuro la Unión europea en las organizaciones internacionales según nuestra opinión? 
Hemos acordado ahora en el Parlamento esta comisión para la OTAN. 
¿Cómo se va a proseguir en las cuestiones de la Organización Mundial de Comercio? 
Aún hay otros muchos campos ¿y cómo quiere Europa adoptar un papel dirigente en el futuro? 
El tercer punto que me mueve es el de la Secretaría del Consejo. 
Creo que deberíamos crear aquí un gremio de las mejores cabezas también en la Secretaría. 
Debería ser posible que el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión estuviesen representados aquí con los mismos derechos. 
Nuestro objetivo debería ser que las ideas de las mejores cabezas nos proporcionen a la postre un resultado que alegre a los ciudadanos de Europa. 
Las dos primeras frases de la Declaración de Laeken sobre los efectos debilitadores de las dos guerras mundiales confirman mi creencia de que la Unión Europea es una fuerza del bien en el mundo, y que Gran Bretaña, al igual que todos los otros Estados miembros, se benefician enormemente de la existencia de la UE. 
Los restos de mi abuelo, como muchos otros, descansan en algún lugar de Flandes, en el campo de batalla de Somme. 
Mi padre luchó en el ejército de Montgomery en Flandes por la liberación de Bruselas. 
Yo sigo en Flandes, la tercera generación de mi humilde familia, luchando aquí por los intereses de Gran Bretaña. 
¿Puede existir alguna duda sobre qué generación ha acertado en el modo de desarrollar las relaciones en Europa? 
Las simples convicciones del siglo XX resultan menos claras en las complejidades del siglo XXI. 
Cuando leo la Declaración de Laeken, me viene a la memoria el dicho que tenemos en inglés "like the curate's egg", tiene cosas buenas y malas. 
Me gusta, en particular, la referencia a que somos el continente de la libertad y, sobre todo, de la diversidad. 
A diferencia de los Estados Unidos de América, Europa es una asociación voluntaria de Estados soberanos independientes. 
Naturalmente, necesitamos instituciones a nivel europeo, pero recordemos también las sabias palabras de Jacques Santer: "Europa debe hacer menos mejor". 
Necesitamos una definición más clara de la subsidiariedad en lo que se refiere a "menos". 
Sólo debemos recurrir al nivel europeo para aquello que sólo puede hacerse a nivel europeo. 
En cuanto a "mejor", insto a la Comisión y al Consejo a que estudien detenidamente el llamamiento de este Parlamento en favor de un código de buena conducta administrativa que sea uniforme y obligatorio. 
La respuesta que recibí de la Comisión a una pregunta parlamentaria la semana pasada fue desdeñosa para el llamamiento que hizo el Parlamento en septiembre en favor de dicho código uniforme y obligatorio. 
Ésa no es la actitud acertada, ni tampoco es la manera de ganarse al público europeo. 
El Defensor del Pueblo Europeo, Jacob Söderman, ha explicado por qué defiende dicho código. 
Me alegra que él sea uno de los observadores en la Convención, pero quisiera decir a la Comisión y al Consejo que harían bien en escucharle y en permitirle que observe. 
Como último orador de la Asamblea este año, permítanme desear a todo el personal, a todos los diputados y a toda la población de Europa Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. 
. 
(FR) Señor Presidente, con este debate, iniciado ahora hace más de cuatro horas, comprendo que la atención del Parlamento Europeo haya sido muy solicitada. 
Sin embargo, por lo que a mí respecta, he escuchado con atención a todos los oradores y hasta el final. 
Debo decir que, a lo largo de este debate, las intervenciones de calidad son las que han marcado el diálogo y las intervenciones de este Parlamento. 
Casi la totalidad de los oradores se han expresado para manifestar su satisfacción al término, no solo de este Consejo de Laeken, sino también de seis meses de Presidencia belga, y no tengo ningún problema, muy al contrario, en adherirme a estos agradecimientos no solamente a Guy Verhofstadt y a Louis Michel, sino a todos los ministros belgas y a todos sus colaboradores. 
Les doy las gracias también, por qué no iba a decirlo, por la calidad de las relaciones que han mantenido e incluso reforzado durante esta Presidencia, cualesquiera que fueran los problemas o las dificultades, entre el Consejo y nuestros colaboradores y los miembros de la Comisión Europea. 
Las pocas palabras que quiero decir se refieren a la Convención, y a las esperanzas que suscita. 
En primer lugar, el Sr. Swoboda al igual que James Elles, entre otros quizás, han citado la cuestión de la sociedad civil. 
Creo muy importante que este nuevo marco que se establece por primera vez, tratándose de cuestiones institucionales, después de la primera experiencia con éxito de la anterior Convención sobre los derechos fundamentales, pero que era un ejercicio acotado, limitado, probablemente menos sensible que el que va a abrirse, creo que es muy importante que esta Convención sea permeable, que esté a la escucha, que pueda oír lo que ocurre fuera. 
De una u otra forma, será necesario que este foro, esta red de organizaciones no gubernamentales, de regiones, de asociaciones, pueda ser escuchado y, cuando sea necesario, atendido por la Convención. 
He tomado nota de la sugerencia de que el sitio de Internet se relance en los dos sentidos: no solamente para bajar información sino también para subir opiniones o críticas. 
Con esto, además, me vuelvo a encontrar con una idea que yo expresé aquí mismo: que esta Convención sea una especie de caja de resonancia, a la vez hacia los gobiernos y hacia los ciudadanos. 
Permítanme decir además que será muy útil en un período- pienso en el año 2002- en el que seis o siete países de la Unión, quizás más, si no me equivoco, van a celebrar elecciones generales y, por tanto, habrá que estar muy atentos a la calidad del debate europeo puesto que sabemos muy bien, lo quieran o no los hombres políticos, que la dimensión europea está necesariamente presente en los debates de cada uno de nuestros países. 
He aquí el primer punto que quería tratar. 
Segundo punto: el presidium, del que formaré parte con mi colega y amigo Antonio Vitorino. 
Este presidium de doce personas estará presidido por este trío de alta calidad de tres hombres de Estado- asumo la responsabilidad de esta palabra- como son el Sr. Amato, el Sr. Dehaene y el presidente Giscard d ' Estaing. 
Son tres hombres de Estado y con toda sinceridad se puede naturalmente considerar su edad, algunos dirán su experiencia o su sabiduría. 
Los conozco a los tres. 
Lo que puedo decir de ellos, y en especial del presidente de la Convención, es que los tres, tratándose de su convicción europea, tienen una juventud de espíritu, un dinamismo que me gustaría encontrar en algunos hombres políticos mucho más euroescépticos que muchas veces tienen 20 ó 30 años menos que ellos. 
Esto es lo que me parece importante, junto con el dinamismo y la juventud de sus convicciones, sus cualificaciones europeas y su autoridad, de las que necesitaremos. 
Lo que quiero decir, después de Louis Michel, es que naturalmente están este presidente y estos dos vicepresidentes, pero que tendrán que trabajar colegiadamente con el presidium, y escuchando y presidiendo los debates de toda la Convención. 
No se trata, por tanto, de un trabajo solitario, sino de un trabajo solidario, lo que es totalmente diferente. 
El Consejo Europeo de Laeken, y es gran mérito de la Presidencia belga haber llegado a este resultado, ha dado a esta Convención un poder dinámico, un poder abierto, y así se deja descartado el primer riesgo que yo imaginaba o temía: el de un poder cerrado, encerrado entre las cuatro paredes de Niza, que hubiera provocado incluso aquí y en mí mismo una gran decepción así como en la opinión pública, y que nos hubiera obligado a un trabajo jurídico, técnico, sin perspectivas políticas. 
Este no es el caso. 
El poder de Laeken es abierto, y nos permite incluso mencionar casi todas las cuestiones. 
Y, por tanto, el otro riesgo también existe, permítanme decirlo. 
Es que, apoyándonos en un poder tan amplio, en una confianza tan grande, la Convención se transforma en una especie de lugar académico cuyo resultado se alejaría en demasía del poder o de la línea del poder que se ha fijado. 
Abstengámonos de hacer de esta Convención un lugar que perdiera la atención del Consejo Europeo. 
He aquí por qué también la elección de las tres personas que presidirán esta Convención es importante, porque estas tres personalidades tienen la atención y el respeto del Consejo Europeo. 
Es necesario que caminemos entre estos dos escollos. 
El primero está ahora descartado. 
El segundo todavía no lo está. 
Quiero decir simplemente que tendremos que hacer un trabajo responsable, un trabajo útil, y utilizable por el Consejo Europeo, quien deberá después tomar las decisiones finales. 
En el fondo pienso que esta Convención, que es una gran oportunidad para el debate europeo, una gran oportunidad para las futuras etapas de la construcción europea, una forma más abierta, más democrática y más transparente, carga con la responsabilidad de probar que es un buen método el que se ha elegido, para que no se vuelva al método anterior, estrictamente intergubernamental. 
Tendremos esta responsabilidad conjuntamente, Parlamento Europeo, Comisión, Consejo y parlamentos nacionales, con, alrededor de la mesa y en igualdad con nosotros, los países candidatos, más, naturalmente, los representantes activos del Comité de las Regiones y de la sociedad civil organizada. 
Tendremos la responsabilidad de que esto funcione, de que esto tenga éxito. 
Porque si esto tiene éxito, entonces, creo que, de forma estable para el futuro, todas las reformas futuras, en las próximas décadas, ya no se harán como antes sino que se harán por este método más transparente y más abierto. 
Tendremos una segunda responsabilidad, que es la de abordar en el futuro las cuestiones institucionales, y abordarlas con una perspectiva política. 
El poder de la Convención lo permite. 
Nos permite principalmente, en los primeros meses del año 2002, el pasar algún tiempo entre nosotros y con otras personas planteándonos esta cuestión fundamental: ¿Qué queremos hacer juntos, cuál es el sentido que se quiere dar al proyecto europeo, qué esperan ustedes no solo las instituciones sino los Estados miembros, y en cada Estado miembro los gobiernos, los Jefes de Estado y de Gobierno, los parlamentos nacionales, qué esperan ustedes del proyecto europeo? 
Creo entender que el Presidente de la Convención, y le apoyaré en este sentido, tiene esta idea de ir a preguntar, por todos los medios modernos y quizás desplazándose si el presidium lo desea, yendo a cada una de las capitales para preguntar en cada uno de los países: ¿Qué esperan ustedes del proyecto europeo? 
Desde hace dos años, desde Joschka Fischer, estamos oyendo a todos los Jefes de Estado y de Gobierno y a muchos ministros hacer grandes declaraciones y graves discursos. 
Pienso que hay que ir más lejos y pedirles que nos especifiquen el sentido que desean a este proyecto europeo, lo que esperan de él, hacer de algún modo esta comprobación política. 
Y luego será el momento de colocar en esta perspectiva política, después de esta comprobación, el trabajo institucional sobre todos los temas que se han citado, y en especial sobre este proceso constitucional que se ha conseguido en Laeken. 
He aquí lo que quería decir: hacer un trabajo responsable, útil y utilizable, y demostrar que se puede ya hacer que la Unión Europea avance y progrese de otro modo y no con métodos que pertenecen, me parece, al pasado. 
Le deseo, señor Presidente, dándole las gracias por haberme concedido la palabra al término de este debate, dándole las gracias por la calidad de este debate, le deseo a mi vez unas felices fiestas de fin de año. 
El debate queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo 
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 17 de diciembre de 2001. 
Permítanme, Señorías, queridos colegas, que antes de entrar en el orden del día dedique un minuto, sólo un minuto, a sumarme muy sinceramente a las palabras de homenaje que todos los Grupos parlamentarios dirigieron en la sesión del pasado 17 de diciembre a nuestra Presidenta cesante, la Sra. Nicole Fontaine. 
Como deben recordar aún sus Señorías, yo fui uno de sus competidores hace dos años. 
Por eso, me resulta muy grato reconocer hoy aquí- y agradecerle- la dignidad, el desinterés, la eficacia y la excepcional elegancia con que ha ejercido su mandato al servicio de la Unión Europea y para mayor prestigio de nuestro Parlamento. 
(Vivos aplausos) 
Orden de los trabajos 
A raíz de las decisiones adoptadas por la Conferencia de Presidentes el pasado 10 de enero, se distribuyó un proyecto definitivo de orden del día. 
Ahora bien, quiero señalar a la atención de la Asamblea que el orden de los trabajos del presente período de sesiones será fijado el miércoles por la mañana a las 9 horas. 
Anuncio de candidaturas para la elección del Presidente 
De conformidad con el Reglamento, mañana, a partir de las 10.00 horas, se celebrará la elección del Presidente. 
He de recordar que, de conformidad con el Reglamento, bajo la presidencia del Decano no se puede celebrar debate alguno cuyo objeto sea ajeno a la elección del Presidente o a la verificación de poderes. 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, las candidaturas a la Presidencia del Parlamento Europeo deben ser presentadas- con la anuencia de los interesados- por un Grupo político o por un mínimo de 32 diputados. 
Se han presentado, de conformidad con el Reglamento, las siguientes candidaturas a la Presidencia del Parlamento Europeo: 
Sr. Bonde 
Sr. Cox 
Sr. David Martin 
Sr. Onesta 
Sr. Wurtz 
Los candidatos me han comunicado que aceptan sus candidaturas. 
He de recordar también que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento, para ser elegido, un candidato debe obtener- en las primeras tres primeras vueltas de escrutinio- la mayoría absoluta de los votos expresados. 
Para el recuento de los votos, no se tienen en cuenta las papeletas blancas o nulas. 
A fin de acelerar los trabajos de mañana por la mañana, propongo que se proceda desde ahora mismo al sorteo de los seis escrutadores. 
(El Presidente procede al sorteo de los escrutadores) 
Patsy Sörensen y Alima Boumediene-Thiery y los Sres. Dieter-Lebrecht Kock, Giuseppe Nistico, Reinhard Rack, Ilkka Suominen. 
(Se suspende la sesión a las 18.14 horas) 
Buenos días, Señorías. 
Este Parlamento debe seguir siendo multilingüe. 
Once lenguas hacen 110 combinaciones. 
Veintidós lenguas hacen 462 combinaciones. 
Treinta y cinco lenguas hacen 1.090 combinaciones. 
¿Pueden imaginar sus Señorías una traducción del finlandés al polaco pasando por el inglés y el francés? 
Con traducción directa habrá quienes voten a favor de la línea presupuestaria 2, mientras otros estarán votando sobre la línea presupuestaria 1. 
Con más de un relevo nuestro sistema no funcionará. 
Si no nos lanzamos a la reforma, la mayoría de nosotros no podrá utilizar su propia lengua. 
En el plazo de dos años podríamos tener diez nuevos Estados miembros. 
Nuestros edificios no están preparados para eso. 
Pronto más países aún- desde Ucrania a los Balcanes- serán países candidatos. Nos arriesgamos a caer en una confusión babélica. 
Nuestro próximo Presidente debe dedicarse a la reforma interna y a una ampliación lograda. 
De hecho, nuestro próximo Presidente no dispondrá de demasiado tiempo para viajar. 
Necesitamos un artesano, un manitas, más que un estadista. 
Si no estamos preparados para la ampliación en 2004, todos nosotros tendremos la culpa. La forma como votemos hoy es parte de esa responsabilidad. 
Todo voto a mi favor es una señal clara al Sr. Cox y al Sr. Martin: limiten sus ambiciones a la ampliación y la reforma interna. 
Hoy perdemos mucho tiempo en votaciones muy mal preparadas. 
Si los periodistas nos preguntan cómo votamos, no siempre sabemos responder. 
Si lo supiéramos, no dispondríamos de demasiado tiempo para estar al servicio de nuestros ciudadanos. Entonces seríamos malos diputados al PE. 
Dejemos que sean las comisiones las que preparen las votaciones. Dejemos que el Pleno aborde las cuestiones políticas importantes. 
Concédasenos al menos una semana para consultar y reflexionar sobre cómo votaremos. 
Hoy no se permite a muchos diputados hablar en los debates. 
Si representas a una pequeña delegación o una opinión diferente, los encargados de la disciplina de un Grupo grande raras veces te permitirán hablar. 
Concédase a todos los diputados el derecho a hablar al menos tres veces al año. Resérvese una tercera parte del tiempo de uso de la palabra para debates reales. 
Acorralemos al Comisario o la Comisaria cuando diga que la Comisión puede aceptar la enmienda nº 3 y rechaza las enmiendas núms. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
Hoy la adaptación de decisiones en común corre a cargo de la Comisión y del Consejo. Comparten la información. 
Ni siquiera en los comités de conciliación tienen acceso nuestros diputados a los documentos de trabajo, notas jurídicas o actas. 
¿Significa "común" en realidad "unilateral"? 
En las comisiones los diputados examinan proyectos legislativos sobre borradores anticuados. 
Detrás de nosotros se sientan jóvenes funcionarios de las representaciones permanentes. 
La Comisión y el Consejo disponen de toda la información que nosotros no podemos conseguir. 
Yo llevo aquí 22 años. En este tiempo como diputado elegido, nunca he recibido información adecuada de los comités. 
Para obtener información, debo recurrir a fuentes como los periodistas. 
Nuestro próximo Presidente debe velar por que todos nosotros dispongamos de toda la información y, si es necesario, llevar a la Comisión y al Consejo ante los tribunales. 
Hoy el 70 por ciento de toda la legislación es aprobada por jóvenes funcionarios en los grupos de trabajo. 
La decisión sobre el quince por ciento corre a cargo de los embajadores. 
Sólo el 15 por ciento llega al nivel de los ministros, que, además, leen manuscritos preparados por funcionarios. 
La democracia nació en Europa y fue enterrada en la Comisión y el Consejo. 
Nuestro próximo Presidente debe restablecer la democracia. 
Debe inspirarnos para que debatamos si nuestra futura Europa debe ser la de la concepción federalista de una UE democrática o una Europa de democracias. 
Nuestro próximo Presidente debe unir a todos los representantes elegidos de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo para sacar la labor legislativa de detrás de las puertas, volverla transparente y hacer que pase de los funcionarios a los diputados elegidos. 
Para lo que ahora hace falta ofrezco mis conocimientos y mi energía. 
Pero lo único que pido a sus Señorías es que me presten su voto en la primera ronda: en primer lugar, porque podría ser su única oportunidad de votarme; en segundo lugar, porque un gran número de votos será una prueba para los Grupos que respaldan al Sr. Cox y al Sr. Martin. 
Esta vez necesitamos un representante práctico y políticamente neutral para que esté al servicio de todos nosotros. 
Concédanse una opción mejor. 
Votando al Sr. Bonde de la oficina número 007 aprovecharán mejor su voto que votando a Cox y Martin. 
A fin de cuentas, vamos a tener una mejor Presidencia gracias a quienes redactaron la "plataforma en pro de una Presidencia imparcial" y originaron la primera batalla electoral real de nuestra historia. 
La próxima Presidencia tendrá un mandato real. 
Merece nuestro apoyo total. 
Señor Presidente, Señorías, no me excuso por comenzar mi intervención agradeciendo a la Presidenta saliente, la Sra. Fontaine, la labor que ha hecho en la Presidencia. 
Encabezó la lucha contra el terrorismo mucho antes del 11 de septiembre. Dice mucho a su favor que adoptara esas iniciativas en aquel momento. 
Antes incluso de que se emitan los votos en esta elección, ya sabemos el ganador. 
El ganador es el Parlamento Europeo, porque, como ha dicho acertadamente Pat Cox, hemos celebrado una elección transparente, interesante, reñida, pero imparcial, lo que ha de dar por fuerza mayor relieve a esta institución y mejorar su reputación, cosa, francamente, muy necesaria. 
Las elecciones europeas de 1999, el Eurobarómetro y otros sondeos de opinión demuestran que esta institución tiene un problema de reputación. 
Con la Convención, la ampliación y las elecciones europeas de 2004, afrontamos imperativos muy apremiantes. 
Ahora todos los diputados a este Parlamento tienen la oportunidad, en votación secreta, de votar a favor de la persona que, en su opinión, puede guiarnos mejor por esa fase decisiva. 
Llevo 17 años de diputado a este Parlamento. He tenido el honor de ser su Vicepresidente en 12 de ellos. 
En ese tiempo he demostrado mi determinación de trabajar en pro del Parlamento y de todos sus diputados. 
Como ponente sobre los Tratados de Maastricht y Amsterdam, negocié con los jefes de Gobierno con vistas a lograr la codecisión para este Parlamento. 
Como uno de los representantes del Parlamento en la COSAC, trabajé para convencer a los parlamentos nacionales de la importancia del método de la convención para la próxima reforma de los Tratados. 
Como Vicepresidente del Parlamento, he procurado modernizar y mejorar nuestros métodos de trabajo. 
Soy profundamente consciente de que todo lo que he logrado en este Parlamento se ha debido a la colaboración con colegas de todo el espectro político. 
He luchado por lo que me parece justo y lo he hecho a veces contra los intereses de mi propio Grupo político y a veces contra los intereses incluso de mi propio país. 
Si soy elegido Presidente, me comprometo a luchar por lo que este Parlamento necesita, que es lo siguiente: en primer lugar, un papel más determinante en la elección del Presidente de la Comisión Europea; en segundo lugar, la codecisión para toda la legislación; en tercer lugar, el fin de la distinción artificial en un presupuesto entre gastos obligatorios y no obligatorios; en cuarto lugar, velar por que en esta Asamblea estemos preparados para la ampliación. 
Todos sabemos que en los próximos meses y años la Unión Europea afrontará muchas cuestiones delicadas. 
Mi tarea como Presidente sería la de velar por que en este momento decisivo no sólo se oiga la voz del Parlamento, sino que, además, se la ponga en práctica en relación con esas cuestiones. Este Pleno es el escaparate del Parlamento ante el mundo. 
Debe ser el lugar en el que el mundo exterior pueda identificar los puntos reales de controversia entre nosotros, por una parte, y, por otra, entre la Comisión, el Consejo y nosotros. 
Sin embargo, francamente, como abordamos tantos asuntos- unos 35 en cada uno de los períodos parciales de sesiones de cuatro días- y por la estructura de nuestros debates y el tiempo que pasamos votando, a veces la relevancia de lo que hacemos en esta Asamblea no resulta clara al mundo exterior. 
Necesitamos, como Parlamento, resolver más cuestiones en las comisiones y reformar la estructura de nuestros debates y la forma como votamos. 
Debemos facilitar a nuestras comisiones y ponentes los recursos jurídicos y técnicos necesarios para que lleguemos a estar a la altura del Consejo como colegislador. 
En una palabra, quiero que este Parlamento llegue a ser una verdadera Asamblea de debate: un Parlamento en el que el público en general pueda escuchar debates vivos sobre opciones políticas reales y en el que todos los diputados tengan la sensación de que tienen la oportunidad de participar. 
Estoy profundamente convencido de que los diputados a este Parlamento desempeñan una tarea excelente con nuestras funciones legislativas, presupuestaría y de control. 
Pero ningún parlamento puede trabajar en la obscuridad. 
Reviste importancia decisiva que volvamos a conectar con los ciudadanos para que podamos estar a la altura de nuestra pretensión de ser la voz de los ciudadanos en la adopción de decisiones de la UE. 
Treinta meses representan poco tiempo. La reforma sólo será posible si el Presidente cuenta con el apoyo de todos los diputados de toda la Asamblea. 
Necesitamos un Presidente para todo el Parlamento. 
Mi ejecutoria en esta Asamblea- espero que sus Señorías convengan al respecto- demuestra que no seré un Presidente excluyente. 
Ya me he comprometido a tener un gabinete equilibrado desde el punto de vista del sexo, la nacionalidad y los partidos políticos. 
Me gustaría tener un equipo con todos los talentos de la derecha y de la izquierda, de los Grupos grandes, pequeños y medianos o de los diputados independientes. 
Si resulto elegido, prometo ser un Presidente para todo el Parlamento y todos sus diputados. 
Si sus Señorías me eligen hoy, lo consideraría la cima de mi carrera política. 
Toda mi energía, todo mi empeño y todo mi entusiasmo irán encauzados a velar por que éste sea un Parlamento del que podamos estar orgullosos. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, mis colegas y amigos de la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica han propuesto mi candidatura como prolongación de mi compromiso como presidente del Grupo. 
Desde hace dos años y medio, me esfuerzo como tal por contribuir a dar vida a una determinada concepción de la política aplicada en Europa. 
Este es el proceder que simboliza mi candidatura. 
La primera de sus características es indudablemente una firme orientación a la izquierda. 
A mi entender, los dirigentes europeos no están sacando conclusiones del preocupante desapego de los ciudadanos y las ciudadanas con respecto a las instituciones europeas. 
Sobre el terreno, se exacerban las preocupaciones en materia de empleo, de protección social, de servicio público y de desarrollo sostenible, mientras que en el Consejo y en la Comisión, el viento sopla en el sentido de la desregulación, la comercialización, el todo mercado. 
Creo que hay que posicionarse claramente frente a esta contradicción. 
Del mismo modo, la aspiración de los actores sociales a ser partes de pleno derecho en las decisiones que les conciernen es uno de los rasgos destacados de nuestra época. 
Pero, en nuestras instituciones, la concertación antes de la elaboración de las políticas y, con mayor razón, la evaluación de sus efectos después de la aplicación siguen siendo en gran medida formales, cuando no inexistentes. 
No podemos permanecer pasivos ante esta laguna que tiene mucho que ver en la crisis de confianza que sufrimos. 
Por último, la globalización actual plantea interrogantes y movilizaciones sin precedentes. 
Lo comprobaremos de nuevo dentro de unos días en el foro social mundial de Porto Alegre. 
Pero la Europa actual no se dota ni de la ambición ni de los medios para responder a las expectativas planetarias de perspectivas alternativas. 
Tenemos que reaccionar. 
Aparte de mi propio Grupo, somos unos cuantos aquí los que pensamos que, sin cambios notables, esta Europa nos deparará graves desilusiones. 
En particular, que la ampliación, si no se cambia nada, de oportunidad histórica puede convertirse en temible trampa. 
Debemos hacernos oír. 
Debemos aprovechar todas las ocasiones para ello. 
Y en especial la cita política por excelencia que es la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia del Parlamento. 
Un segundo aspecto del proceder político que me he esforzado por adoptar desde el inicio de la legislatura y que deseo ilustrar con mi candidatura es la voluntad de no dividir a los progresistas en función de su cultura política, a menudo heredada de la historia y de la identidad propia de cada pueblo, cultura política por consiguiente igualmente aceptable. 
Así pues, en mi Grupo, se codean y cooperan diputados federalistas convencidos y miembros fogosamente apegados a la soberanía de su país. 
Unos y otros representan una parte de la Europa real. 
Juntos y dentro del respeto mutuo tenemos que concebir y construir la Unión del mañana. 
Se trata de un aprendizaje difícil pero necesario y, por último, según mi propia experiencia, fructífero. 
Este es otro significado de mi candidatura. 
Mencionaré un último significado, last but not least, que es una cierta ética en política. 
Amo la franqueza, la transparencia, las relaciones leales incluso entre adversarios y, con mayor razón, entre compañeros. 
No vacilo en decir que aprecio humanamente a mi adversario, Sr. Cox, e incluso me alegra la cortesía de mis relaciones con cierto número de diputados de la derecha, incluido su principal representante, Sr. Poettering. 
En la vida, por fortuna, no todo es política. 
No obstante, hoy debo decir con la misma claridad, que el candidato común a todas estas familias políticas no contará en ningún caso, en las vueltas siguientes del escrutinio, con mi voto o mi ayuda, directa o indirecta. 
Lo afirmo y lo asumo. 
A este respecto, quisiera manifestar mi sorpresa y mi pesar, por tratarse de amigos, ante la actitud, tan decepcionante, de quienes no vacilan en hacer campaña sobre temas progresistas en la primera vuelta para, en la segunda, ofrecer su voto al candidato único de la derecha, bautizado de un modo un tanto forzado para la circunstancia, candidato procedente de un grupo pequeño. 
A cada cual sus principios y sus métodos, que desde luego no son los míos. 
Ahora, señor Presidente, las cartas están sobre la mesa, nos queda por asumir nuestras responsabilidades. 
He de recordar que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento, para ser elegido, un candidato debe obtener en las tres primeras vueltas del escrutinio la mayoría absoluta de los votos expresados. 
Para el recuento de votos, no se tienen en cuenta las papeletas en blanco y nulas. 
He de recordar también los nombres de los diputados que ayer fueron designados escrutadores: las Sras. Patsy Sörensen y Alima Boumediene-Thiery y los Sres. 
Ya se han distribuido las instrucciones para la elección del Presidente. 
Procedemos a la elección del Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento. 
Se han distribuido a sus Señorías las papeletas de voto y sobres. 
Tengan la bondad de señalar el nombre del candidato elegido, pues sólo se puede votar a un candidato. 
En caso de que deseen rectificar el voto expresado, bastará con que pidan a un ujier una nueva papeleta de voto y le devuelvan la papeleta mal señalada, que será destruida. 
Se considerarán nulas las papeletas en las que se hayan introducido modificaciones, se hayan hecho inscripciones o se haya señalado a más de un candidato. 
Tengan la bondad de doblar la papeleta de voto en cuatro e introducirla en el sobre. 
Diríjanse en seguida a la urna correspondiente a la inicial de su apellido. 
No voy a pronunciar los nombres de los diputados, me limitaré a declarar iniciado y concluido el escrutinio. 
Los nombres de los diputados que participan en una votación por escrutinio secreto deben quedar registrados en el Acta. 
Por tanto, ruego a sus Señorías que firmen la lista que se encuentra junto a la urna antes de introducir en ella su papeleta. 
He de recordar que el sobre que contiene la papeleta de voto va a ser depositado en la urna correspondiente a la inicial del apellido de sus Señorías. 
Los escrutadores votarán al final del escrutinio. 
Se inicia el escrutinio. 
(Los diputados se levantan para votar) 
Queda concluido el escrutinio. 
(La sesión, suspendida a las 11.03 horas, se reanuda a las 11.55 horas) 
Señorías, voy a presentar el resultado del escrutinio. 
Votantes: 590. 
Papeletas en blanco o nulas: 7. 
Votos expresados: 583. 
Mayoría absoluta: 292. 
Ahora voy a leer los resultados obtenidos por cada uno de los candidatos: 
Sr. Bonde: 66 votos 
Sr. Cox: 254 votos 
Sr. David Martin: 184 votos 
Sr. Onesta: 37 votos 
Sr. Wurtz: 42 votos. 
Como ningún candidato ha obtenido la mayoría de los votos expresados, procederemos a una segunda vuelta. 
Si no hay observaciones, se mantienen las candidaturas de la primera vuelta. 
Señor Presidente, de acuerdo con mi Grupo y conforme al proceder que expliqué antes de la primera vuelta, retiro mi candidatura y pido a las diputadas y los diputados que me votaron, a quienes debo dar las gracias, que concedan ahora su voto al Sr. David Martin. 
Señorías, como he acordado con mi Grupo, retiro mi candidatura. 
Mi Grupo ha debatido detenidamente las cualidades de los distintos candidatos y creo que, suceda lo que suceda, tendremos un buen Presidente. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer los 66 votos recibidos. 
Quienes hayan votado por mí pueden reunirse en la sala R31 a las 12.00 horas y decidir cuándo debo retirarme. 
El plazo de presentación de candidaturas para la segunda vuelta expira a las 12.15 horas. 
Se deben presentar las candidaturas al Decano por mediación del Secretario General adjunto. 
Señor Presidente, de acuerdo con el pacto entre caballeros que se estableció en la Conferencia de Presidentes, pediría un cuarto de hora suplementario, es decir, que comencemos a la una menos cuarto. 
(La sesión, suspendida a las 12.05 horas, se reanuda a las 12.45 horas) 
Ahora voy a leer el resultado del escrutinio celebrado. 
Votantes: 592. 
Papeletas en blanco o nulas: 13. 
Votos expresados: 579. 
Mayoría absoluta: 290. 
Los resultados obtenidos por los tres candidatos que se han presentado son los siguientes: 
Sr. Bonde: 76 votos 
Sr. Cox: 277 votos 
Sr. David Martin: 226 votos 
Como ningún candidato ha obtenido la mayoría absoluta, procederemos a una tercera vuelta. 
Ahora es necesario saber si todos los candidatos mantienen sus candidaturas. 
El candidato Cox mantiene su candidatura. 
El candidato David Martin también. 
Señor Bonde, ¿mantiene su candidatura? 
Señor Bonde, tengo que consultar a toda la Asamblea para saber si accede o no a esa suspensión de la sesión. 
(El Parlamento vota la suspensión de la sesión) 
(La sesión, suspendida a las 15.10 horas, se reanuda a las 15.40 horas) 
He recibido las siguientes candidaturas: 
Sr. Bonde 
Sr. Cox 
Sr. David Martin 
Conque vamos a proceder a un tercer escrutinio. 
Se están distribuyendo las papeletas de voto y sus sobres. 
Se inicia el escrutinio. 
(Los diputados se levantan para votar) 
Queda concluido el escrutinio. 
Ruego a los señores escrutadores que se dirijan a la sala en la que procederán al recuento de los votos. 
(La sesión, suspendida a las 16.05 horas, se reanuda a las 16.39 horas) 
Voy a leer el resultado del escrutinio celebrado. 
Votantes: 586. 
Papeletas en blanco o nulas: 18. 
Votos expresados: 568. 
Mayoría absoluta: 285. 
El resultado es el siguiente: 
Sr. Bonde: 33 votos 
Sr. Cox: 298 votos 
Sr. David Martin: 237 votos 
Como han comprendido todos, el Sr. Patrick Cox ha obtenido la mayoría absoluta de los votos expresados. 
Lo felicito sinceramente, señor Patrick Cox, por su elección y formulo los mejores votos por el ejercicio de su mandato, un ejercicio feliz y positivo para el Parlamento Europeo. 
Ruego a Su Señoría que ocupe la Presidencia. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, ante todo, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, quiero darle la más cordial enhorabuena por su elección. 
Más que felicitarle quiero desearle buena suerte, porque ocupa usted la Presidencia después de una reñida batalla electoral con nosotros. 
No le hemos votado, pero usted es nuestro Presidente y esperamos que ejerza su cargo con la caballerosidad, con la imparcialidad y con la elegancia que le caracterizan. 
Creemos también que hemos colaborado activamente en dar un ejemplo de democracia para todos los europeos. 
La democracia supone combate político en el respeto y en la comunidad de valores y estamos en un momento absolutamente crucial. 
¿Por qué? Porque hemos afirmado nuestros valores comunes. 
Yo espero que su Señoría defienda las posiciones del Parlamento Europeo en la Convención que iniciamos en este momento sobre el futuro de Europa y, sobre todo, esa afirmación de nuestra Carta de Derechos Fundamentales como afirmación de una comunidad de valores. 
Sucede también que somos anfitriones de la Convención, porque se va a hacer en nuestra casa. 
Afortunadamente, el Parlamento puede ser ya la casa abierta de todos los europeos que usted defienda seriamente. 
Y no solamente que defienda las tesis del Parlamento Europeo, sino que contribuya también a que nuestros colegas de los Parlamentos nacionales puedan participar activamente en este proceso que casi simultáneamente se inicia con su Presidencia. 
Pienso también en aquellos europeos que se quieren incorporar a nuestra común aventura. 
Yo creo que ya es importante que les tratemos como si fueran de casa a partir del mes de marzo de este año sin esperar a que se produzcan las ratificaciones. 
Van a ser miembros de la Convención. 
Tenemos que desarrollar relaciones con ellos. 
Estamos hablando ya de una Unión ampliada. 
Pero este no es el momento para entrar en muchos detalles. 
Tengo confianza y esperanzas en su discurso inaugural, en el que comprobaremos los contenidos que quiere dar a su Presidencia dentro de este proceso. 
Me permitirá también, señor Presidente, que dé las gracias a todos aquellos que han colaborado activa y lealmente en este proceso electoral. 
En primer lugar, a mi compañero de grupo David Martin, con el que he tenido la ocasión de compartir responsabilidades hace ya años, en la Mesa del Parlamento y en la Presidencia, a Francis Wurtz, que creo que ha sido un candidato abierto y noble, a Gérard Onesta y a Jens-Peter Bonde, que ha sido capaz de polarizar absolutamente todo el proceso electoral y luego, con elegancia incluso, ha podido ofrecerle un ramo de flores. 
Yo no lo tenía preparado, Sr. Presidente. 
En cualquier caso reitero nuestra enhorabuena como grupo, nuestra actitud de leal colaboración con usted, esperando que sea el Presidente de todos los europeos para una Europa más progresista, con más justicia social, con un desarrollo sostenible y, sobre todo, una Europa en la que seamos capaces de poner las piedras fundamentales de una constitución para todos los europeos. 
Aunque no haya un ramo de flores, las palabras mismas son un ramo suficiente. 
Desviándome del orden natural de prelación y por la naturaleza del día de hoy, quisiera pedir a mi amigo y colega Sr. David Martin que haga uso de la palabra. 
Señor Presidente, antes de pasar a felicitarlo, quisiera decir en primer lugar que toda la Asamblea ha sido honrada por tener a tan distinguido europeo y demócrata inquebrantable como el Sr. Soares presidiendo nuestras elecciones presidenciales. 
Me ha encantado verlo aquí. 
Le expreso mi más calurosa felicitación. Se trata de una victoria merecida. 
Ha tenido usted que hacer una campaña denodada para conseguirla. Y la ha hecho. 
Ha luchado en su esquina vigorosamente y durante toda la campaña ha demostrado todas las cualidades que necesitará para ser un Presidente de primera en esta Asamblea. 
Estoy deseoso de trabajar con usted. 
En vista de lo que ha dicho y de toda su ejecutoria en este Asamblea, sé que trabajará usted para defender los derechos e intereses de los diputados, que será imparcial con todo el espectro político, que sabrá expresar la defensa de los derechos de este Parlamento en el exterior y, cuando sea necesario, será enérgico con las otras instituciones. 
Le ofrezco mi apoyo inquebrantable y mi lealtad para sus dos años y medio. Estoy deseoso de trabajar con usted. 
Quisiera dar las gracias a mi Grupo político: en primer lugar por permitirme presentar mi candidatura y en segundo lugar por darme tanto apoyo durante los tres o cuatro últimos meses. 
Tal vez sea aún más importante que dé las gracias a quienes no me han votado. Calculo haber hablado con entre 300 y 400 diputados. 
He hablado con todos los Grupos de esta Asamblea. 
He hablado con las comisiones y los intergrupos. Dondequiera que he ido he sido tratado con cortesía y educación infalibles. 
Incluso cuando no estaban de acuerdo conmigo, han estado dispuestos a escucharme. 
Eso es democracia en acción. Agradezco a toda la Asamblea que se haya comportado de ese modo. 
(Aplausos) 
Una vez más, con esa intención, quisiera agradecer al Sr. Poettering lo que ha dicho y que entra dentro de esa categoría. 
Éste no es un momento para discursos largos, señor Presidente, pero merece usted su victoria. 
Le deseo que todo le vaya bien. 
En un momento de la campaña dijo usted que, sucediera lo que sucediese, una semana o dos después de la elección, nos tomaríamos una buena copa. 
¡Estoy deseando hacerlo! 
(Risas y aplausos prolongados) 
Respecto de esa cita que ahora se ha deslizado en el Acta y que no puedo negar, cuando celebramos un debate el 28 de noviembre de 2001 en Bruselas, recuerdo que en determinado momento concluí mis observaciones diciendo, à propos de la propuesta que el Sr. David Martin acaba de hacer constar en acta, que una mitad en mí, por ser irlandesa, quería que tomáramos una copa, pero la otra, por ser escocesa, no deseaba pagarla. 
Conque todavía no hemos preparado las normas del compromiso. 
(Risas) 
Pregunto al Sr. Bonde, al Sr. Onesta y al Sr. Wurtz si pueden prestar ayuda. 
Señor Presidente, evidentemente, como todos mis colegas, no puedo sino celebrar su victoria, a todas luces merecida, puesto que ha sido alcanzada en la reflexión, en el debate, semana tras semana. 
Creo que las victorias que se construyen lentamente son las más bellas. 
La suya, a la velocidad a la que se ha construido, es por fuerza muy bella. 
Nos anunció una presidencia neutra, pero no neutralizada. 
Y tengo la impresión, tras su primer discurso, de que va a mantener su palabra, porque creo que será neutro: su trayectoria habla por usted y pienso que sabrá escuchar a todo el mundo. 
Pero su presidencia no será neutralizada, porque usted es un europeo convencido. 
Hizo referencia después a la bandera que está frente a nosotros y detrás de usted, señor Presidente, y es cierto que esa bandera nos une más allá de nuestras diferencias. 
Pero esas diferencias, no las negó usted al hablar una lengua que no es una lengua de trabajo aunque sí una lengua oficial. 
Hay tantas lenguas en esta Europa que podrían llegar a ser oficiales el día en que esté más próxima de los ciudadanos. 
Creo que ha empleado al hacerlo un bello símbolo. 
Para terminar, espero que su presidencia sea parecida a su primer discurso, voluntariosa y alegre. 
Lo intentaré. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo y en el mío propio, le felicito muy sinceramente por su elección. 
Como todo el mundo sabe, no hemos apoyado su candidatura, pero respetamos su persona. 
Y somos demócratas. 
Ahora, es usted el Presidente de todas y de todos. 
Hereda un cargo desempeñado con éxito durante la primera mitad de la legislatura por la Sra. Nicole Fontaine, que a lo largo de su mandato, ha sabido respetar el pluralismo y cooperar lealmente con todo el mundo. 
Nuestro deseo es que esta cooperación continúe con usted. 
Y, conociéndole, no tengo ninguna razón para dudar de ello. 
Por ello y con ese espíritu, le deseo buena suerte, señor Presidente. 
Señor Presidente, cuando se celebra una elección mediante voto secreto en una Asamblea, hay siempre una parte de riesgo y siempre un suspense. 
Debo decir que, al término de una carrera-persecución que nos ha apasionado a todos, ha llegado a la cabeza, ha franqueado la línea de meta, ha sido elegido. 
Le felicitamos, naturalmente. 
Y encontramos en usted el Presidente que deseábamos. 
En el marco de la Conferencia de Presidentes, he tenido ocasión de conocer su sentido de la diplomacia y la sutileza de sus palabras, lo que no excluye, creo, cierta firmeza. 
Siendo así, a lo largo de toda la jornada, señor Presidente, he sentido su preocupación, he compartido su angustia ante la incertidumbre del escrutinio y, por último, he vivido con usted el resultado como una especie de liberación. 
Desde su elección, ha dicho que era el Presidente de toda la Asamblea, que era el Presidente de todos los diputados, de los que habían votado por usted y de los que no lo habían hecho. 
Ahora, es usted el Presidente de todos. 
Desde luego, si consultase individualmente a los diputados, comprobaría que han votado por usted muchos más que la cifra que tiene en su haber. 
Pero, después de todo, las cosas son así. 
Las promesas que usted hace, señor Presidente, habida cuenta de sus cualidades irlandesas, no deben ir dirigidas a un solo miembro de esta Asamblea. 
Así, cuando decide, como inauguración de su presidencia, ofrecer un vino, comprendo la preocupación de la mitad irlandesa que tiene que pagar. 
Porque permítame decirle que si quiere ser honesto y respetar sus compromisos, no es un solo vino a una sola persona el que va a ofrecer, sino 626 vinos a todos los que están aquí. 
¡Sí, es así, señor Presidente! 
Para terminar con una nota un poco más seria, diré que el Grupo que presido, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones, ha sido sensible a las primeras palabras que ha pronunciado sobre la necesidad de salvaguardar nuestra diversidad de culturas, pues la fuerza de Europa residirá en la suma de las cualidades de cada uno de los pueblos y no en una tendencia que pueda existir aquí o allá a hacer desaparecer esas diferencias. 
Tomamos nota también de esto. 
Contamos con usted para hacerlo. 
Puede usted contar con nosotros tanto para apoyarle como, en su caso, para permanecer atentos a las decisiones que se adopten. 
Gracias, señor Pasqua, no le ocultaré por más tiempo que mañana a las 13.00 horas todos los diputados están invitados a tomar un vino conmigo en el exterior de nuestro hemiciclo, incluido usted, señor Presidente Pasqua. 
Señor Presidente, Pat Cox, ha sido elegido por una mayoría. 
En el fondo de la urna hay votos diferentes, y quisiera recordarle una cosa. 
Sé que cuando se pertenece a un grupo minoritario- usted estuvo mucho tiempo en un grupo minoritario- se tiene la costumbre de dar consejos a todo el mundo. 
Por tanto, sigo fiel a su costumbre y doy consejos al Presidente de esta Asamblea, cuya estatura supera en mucho la del presidente de un pequeño grupo o un copresidente. 
Quisiera recordarle, pues, la sabiduría de un viejo rabino que, en situaciones difíciles en las que se le decía "puedes elegir entre dos posibilidades", tenía la costumbre de responder: "en ese caso, elijo la tercera." 
Señor Presidente, creo que hoy debe olvidar quiénes han votado por usted y quiénes no lo han hecho. 
Usted representa la institución del interés comunitario. 
Usted representa una idea de Europa y esa idea está siendo atacada por un político que forma parte de una de las familias que han votado por usted: por casualidad, al azar, el Sr. Haider, por casualidad, al azar, el Sr. Berlusconi. 
Espero de usted que tome posición no en nombre de los intereses de quienes le han votado, sino en nombre del interés de Europa, sin tener en cuenta quiénes le han votado y por qué razones le han votado. 
Es lo que esperábamos de la Sra. Fontaine, y casi siempre lo hizo. 
Sé que nadie hará jamás por completo lo que la institución le pide. 
Pero, señor Cox, tiene usted una apuesta moral, esa apuesta moral es emanciparse de la inmensa fuerza de quienes le han apoyado y le han nombrado. 
No será fácil y, si necesita independencia, aliados que defiendan el pluralismo, el Grupo de los Verdes, los que han votado por usted y los que no han votado por usted, está a su disposición. 
No se deje acorralar por unos u otros: defender la libertad del pluralismo es su tarea como Presidente. 
Ha sido maravilloso. 
Tenía usted un sueño y lo ha logrado. 
Por fortuna, tiene usted más sueños, más ideas. 
Estoy segura de que volverá a conseguirlo. 
En nombre del Grupo Liberal, lo felicitamos. 
Estamos muy orgullosos de usted. 
Vamos a echarlo de menos. Vamos a echar de menos su compromiso, sus sueños y su sentido común y del humor. 
Pero, afortunadamente, estará usted entre nosotros. 
Haremos todo lo posible para cooperar con usted y velar por que sus sueños, nuestros sueños, se hagan realidad. 
Con mis mejores deseos. 
¡Lo echo de menos con todas mis fuerzas! 
Señor Presidente, hace 29 años visité a Mário Soares en su piso de exiliado en París. En aquella época no sabía que hoy le agradecería su excelente dirección de esta sesión. 
He firmado la carta de retirada y he preparado el discurso de retirada y lamento que la última votación se iniciara con mi nombre. 
Permítaseme agradecer a los 76 colegas que me prestaron sus votos en la segunda ronda que apoyaran la plataforma en pro de una Presidencia imparcial. 
Desde el comienzo resultó evidente que la batalla iba a ser entre el Sr. Cox y el Sr. David Martin. 
Hemos tenido buenos debates en los Grupos y un espléndido debate televisado organizado por European Voice y la Campaña por la Reforma Parlamentaria. 
El debate final antes de la votación de hoy ha sido el resultado de una iniciativa común de los cinco candidatos. 
Nuestra amistad no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido. 
Querido señor Cox, felicidades por su victoria. 
Ha obtenido usted la mayoría en una votación secreta. Ya no es usted el resultado de un pacto. 
Tiene un claro mandato de la Asamblea. La campaña para la elección lo ha hecho tomar conciencia de los problemas que debemos resolver. 
Se debe reformar el sistema de votación; se debe conceder tiempo de uso de la palabra para que haya un debate vivo, todos los diputados deben tener acceso a todos los documentos del proceso legislativo; los Grupos pequeños y los diputados independientes deben participar equitativamente en el reparto de los puestos; los diputados sin cargos deben poder hablar al menos tres veces al año; se debe invitar a los recién llegados como observadores y aceptar su lengua. La Convención debe representar apropiadamente las diferentes opiniones de la mayoría federalista y las minorías. 
Una democracia debe ser siempre justa en su trato a las minorías y usted será justo en su servicio a las muchas minorías que hay en esta Asamblea. 
Le deseo 30 meses de trabajo denodado para beneficio igual de todos nosotros. 
Felicidades. 
En nombre del amplio Grupo de independientes, compuesto por más 30 diputados, algunos de ellos refugiados de otras procedencias, lo felicito al tomar posesión de su cargo. 
Éste es un Grupo amplio y variado con muchas concepciones políticas, que abarca todo el espectro, pero todos tienen en común el contar con un mandato político, todos ellos han sido apoyados por miles y, de hecho, en muchos casos millones de ciudadanos en diversas urnas de diferentes países. 
En cierta ocasión Winston Churchill dijo que la democracia puede ser incómoda, pero es el mejor sistema que conocemos. 
En su introducción, ha formulado usted también una observación sobre los diputados que se sienten marginados. 
Con frecuencia los diputados de este Grupo se han sentido marginados; de hecho, algunos de ellos formaban parte de un grupo que se disolvió y se sintieron muy descontentos de cómo se hizo. 
No quiero formular observaciones políticas, porque sería muy difícil encontrar un punto político común en este Grupo de independientes, pero sí que quiero señalar lo que une a todos sus diputados y es que esperamos que sea usted imparcial, que nos dispense un trato razonable, que reconozca a los diputados de esta parte de la Asamblea cuando hablen y reconozca que, aunque muchos de nosotros podemos ser torpes, somos, aun así, demócratas y deseamos desempeñar un papel en la labor de esta Asamblea. 
Procede usted de un país pequeño y de un Grupo pequeño; de hecho, sabemos que procede usted de un Grupo muy pequeño, porque, cuando llegó de Irlanda, formaba usted un grupo de uno. 
Ahora yo soy un grupo de uno, por lo que tenemos algo en común. 
Conque de un diputado de un grupo de uno a otro diputado de un grupo de uno, permítame decirle: felicidades. 
Estamos deseosos de trabajar con usted y sé que todos mis colegas en estos nuevos escaños están deseosos de que los trate usted equitativamente y espero que les demuestre el respeto que todos ellos- lo sé- merecen. 
Señor Balfe, como grupo de uno, sé que ese sentimiento suyo es unánime. 
Ahora hemos concluido nuestra labor parlamentaria, pero se nos han unido colegas de la Comisión Europea, cuya presencia agradezco, porque éste es un momento importante en nuestra vida democrática en el Parlamento. 
. (IT) Señor Presidente, quisiera felicitarle por su elección a la Presidencia del Parlamento Europeo. 
La misma culmina la andadura política de un europeísta leal y convencido, y por lo tanto, es con gran entusiasmo que me propongo establecer con usted una relación de colaboración que espero que sea plena y fructífera, del mismo modo que lo ha sido la relación que hemos mantenido con la Sra. Fontaine y que nos ha permitido mantener una relación entre la Comisión y el Parlamento que considero realmente ejemplar. 
De hecho, una cooperación fuerte y constructiva entre nuestras Instituciones es el elemento esencial para el buen funcionamiento de todo el sistema comunitario, y estoy seguro de que está no faltará bajo su dirección. 
Señorías, su papel de control y de verificación de las funciones ejecutivas de la Comisión es imprescindible para el buen funcionamiento y la transparencia del sistema comunitario. 
Es sobre este principio de transparencia que se asientan los grandes procesos en que están inmersas nuestras Instituciones en este gran momento histórico: la ampliación y el camino constituyente que se ha abierto hace pocas semanas en Leaken y que iniciará aquí dentro de pocos meses. 
Este Parlamento representa directamente a los ciudadanos europeos y es obvio que en él se desempeñe el papel principal de la construcción de la nueva Europa. 
El Parlamento y la Comisión tienen en común la posibilidad, mejor dicho, el deber de demostrar que se puede establecer una nueva relación entre los ciudadanos y las Instituciones europeas. 
Señor Presidente, me felicito una vez más de su elección y, junto con mis colegas Comisarios, estaré encantado de colaborar con usted para alcanzar este objetivo. 
Señor Presidente, le doy las gracias y le felicito a mi vez. 
No tengo gran cosa que añadir a lo que ha dicho el presidente Francis Wurtz. 
Simplemente, quisiera hacer la siguiente observación. 
A menudo se nos dice que el Parlamento no está hecho a la imagen de nuestras sociedades, de nuestras escuelas, incluso de nuestros campos de fútbol. 
Es cierto que todavía no hay bastantes mujeres, que no hay suficientes personas procedentes de la inmigración. 
En cambio, hay un sector, y quiero llamar su atención sobre ello, en el que la cuota de estas dos categorías se ha excedido ampliamente, es el del personal doméstico, las personas que se ocupan de nuestra comodidad. 
Cuando se presta atención a esto- y como usted es el Presidente de todo el mundo, quisiera que les concediera también su atención- se observa que muchas de las personas que se ocupan de nuestra comodidad proceden de la inmigración. 
La segunda cosa que quisiera decirles, y quizás no sea una tontería, es la siguiente: ha sorprendido a todo el mundo hablando en su lengua de origen. 
Sucede que la mía- procedo del Senegal, soy diputado francés- es el bambara. 
No puedo sino expresar el deseo que, antes de que finalice esta legislatura, pueda tener una vez la oportunidad, como diputado, de poder expresarme también en mi lengua materna, porque creo que eso es la diversidad y es también una forma de reconocer a cada cual, porque, a pesar de todas nuestras diferencias, tenemos un futuro que construir juntos. 
Señorías, doy las gracias a todos por sus buenos deseos y consejos y reitero que invito a todos los diputados a que se me unan mañana, al mediodía, en un momento de breve celebración. 
Con esto pasamos al siguiente orden de nuestra labor. 
Ahora debemos elegir a los Vicepresidentes del Parlamento. 
Son las 17,30 horas. 
Si hay enmiendas, las aceptaré, pero propongo fijar un plazo hasta las 18.00 horas para las candidaturas. 
Se deben presentar al Secretario General Adjunto en el despacho R00.101 del edificio Louise Weiss. 
Espero que sus Señorías convengan al respecto. 
Señor Presidente, por razones evidentes, tenemos que escoger entre uno de los dos escenarios y pedimos que se respete el orden del día como estaba, es decir, que el plazo de candidaturas se amplíe hasta las seis y media. 
Puede haber circunstancias especiales en el caso de esta petición. 
Si la Asamblea lo considera oportuno- hemos tenido un largo día de votaciones y los diputados necesitan ponerse en contacto y celebrar consultas- y aceptamos esa propuesta, se deberán presentar las candidaturas antes de las 18,30 horas, lo que significa que votaremos a las 19.00 horas. 
Se suspende la sesión. 
(La sesión, suspendida a las 17.35 horas, se reanuda a las 19.05 horas) 
En primer lugar, señor Presidente, mi mas calurosa felicitación por su elección. 
Sólo quiero hacer un anuncio técnico antes de que iniciemos la votación. 
Se ha descubierto el problema y se está resolviendo y la buena noticia es que ahora el sistema funciona. 
Que no cunda el pánico: las personas idóneas están en su puesto y es de esperar que no tengamos más problemas. 
Elección de los Vicepresidentes del Parlamento Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede a la elección de los Vicepresidentes del Parlamento Europeo. 
Deseo informar a sus Señorías de que se ha recibido la lista de candidatos. 
He recibido los siguientes candidatos: Cederschiöld, Colom i Naval, Dimitrakopoulos, Friedrich, Imbeni, Lalumière, David Martin... 
(Vivos aplausos) 
... 
Onesta, Pacheco Pereira, Podestà, Provan, Puerta, Gerhard Schmid, Vidal-Quadras Roca. 
Los candidatos me han confirmado su anuencia a sus candidaturas. 
El número de candidatos no excede el número de puestos que cubrir. 
Así, pues, propongo que, de conformidad con el apartado 1 del articulo 13, sean elegidos por aclamación. 
(Vivos aplausos) 
El aplauso es la aclamación que confirma que los 14 han sido elegidos Vicepresidentes. 
Sin embargo, ahora debemos votar para determinar el orden de prelación. 
Así, pues, proclamo a estos candidatos Vicepresidentes electos del Parlamento Europeo. 
Felicito a todos y cada uno de ellos por su elección. 
Ahora vamos a votar para decidir el orden de prelación. 
Como vamos a votar sólo sobre la prelación, no es necesaria una mayoría cualificada. 
Ahora se van a distribuir las papeletas de voto para establecer ese orden de prelación. 
Los escrutadores son los mismos de la elección del Presidente. 
Así, pues, pido a los escrutadores que ocupen sus puestos junto a las urnas. 
Señor Presidente, tengo una pregunta: hasta ahora se nos ha dicho que teníamos que marcar con una cruz al menos siete candidatos para que la papeleta de voto fuese válida. 
¿Sigue siendo válida aún esta condición de que hay que marcar al menos siete candidatos? 
Mi información es, señor Friedrich, que puede usted marcar cualquier número de candidatos, grande o pequeño, según desee. 
Lo que prefiera. 
No hay una norma al respecto. 
Tengan la bondad, sus Señorías, de utilizar sólo las papeletas de votos oficiales y marcar los recuadros correspondientes a los candidatos a favor de los cuales deseen votar. 
Si quieren cambiar su voto, pidan al ujier una nueva papeleta de voto y entréguenle la antigua. 
Ahora procedemos a la votación. 
Mañana se anunciará el resultado. 
Para la elección de los Cuestores, el plazo de presentación de candidaturas expira a las 22.00 horas de esta noche. 
Se deben presentar las candidaturas al Secretario General Adjunto en el despacho R00.101 del edificio Louise Weiss. 
(Se levanta la sesión a las 19.28 horas) 
Elección de los Vicepresidentes del Parlamento Europeo 
Procedemos a continuación a la aprobación de las Actas de las sesiones del lunes 17 de diciembre de 2001, lunes 14 de enero de 2002 y martes 15 de enero de 2002. Las Actas han sido distribuidas. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, creo que hay un fallo de traducción en el texto danés, puesto que dentro del punto 7, "Levantamiento de la sesión", aparece: "el Presidente de edad levanta la sesión a las 19.30". 
Creo que fue usted, señor Presidente, quien levantó la sesión y esto es también lo que recoge la versión francesa. 
Gracias, señor Rovsing, por velar por mis intereses tan pronto. 
Douze points! 
Corregiremos el Acta en ese sentido. 
¿Hay alguna otra observación? 
(Las Actas de las sesiones anteriores quedan aprobadas) 
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión. 
El 19 de diciembre, un poco antes de Navidad, fui víctima de un atraco al lado de la sede del Parlamento en Bruselas. 
Me paré con el coche ante un semáforo en rojo, rompieron mis cristales y se llevaron todo lo que había en el coche. 
Quiero ahorrarle los detalles, pero he oído que también la semana pasada se han producido más atracos del mismo tipo. 
Mi pregunta es si los cuestores recientemente elegidos pueden efectuar un inventario de los atracos que se produjeron el año pasado en los aledaños del Parlamento Europeo en Bruselas y emprender iniciativas firmes para que la policía tome medidas en lo que a estos sucesos respecta, ya que, puedo asegurarles, no es nada agradable pasar por algo semejante. 
Señora Maij-Weggen, es evidente que eso cuenta con la aprobación de la Asamblea y así lo haremos. 
Orden de los trabajos 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 10 de enero. 
No se han presentado propuestas de modificación. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
A la luz de la enmienda presentada por el Sr. Davies y por mí a final del año pasado al informe sobre política exterior y de seguridad y aprobado por el Parlamento, en la que hacíamos un llamamiento a la UE para que haga de mediador sincero entre India y Pakistán, ¿podríamos obtener una declaración del Consejo o dirigirle una pregunta oral sobre esta cuestión en el próximo período parcial de sesiones? 
Este conflicto se remonta a más de 50 años; las resoluciones de Naciones Unidas han permanecido sin efecto y, habida cuenta de que ambos países son actualmente potencias nucleares, es muy importante que resolvamos este conflicto. 
Pido a la UE que actúe y ofrezca sus servicios como mediador, ya que ningún otro organismo parece estar desempeñando ese papel. 
Señora Lynne, ésa es una cuestión de orden menos habitual, pero tomo nota de la observación que ha hecho. 
Le rogaría que pida al presidente del Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas que plantee la cuestión en la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, que es el modo adecuado de solicitar su inclusión en el orden del día. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Como la Asamblea sabrá, la semana pasada fue condenada a muerte por adulterio una mujer joven en Nigeria. 
Iba a ser lapidada hasta la muerte tras haber sido semienterrada en el suelo. 
Tras sendas cartas de la Sra. Fontaine, de varios diputados a este Parlamento y mía, en mi calidad de copresidente ACP, no se ha ejecutado esa sentencia de muerte y podrá presentarse una apelación en el plazo de dos meses. 
No obstante, me consterna tener que informarles de que ha surgido un nuevo caso; una joven de 18 años será juzgada el lunes por el mismo delito de adulterio y será condenada a muerte, una vez más, por lapidación. 
Espero sinceramente que esta Asamblea y todos los diputados que la componen apoyarán que usted, señor Presidente, remita un escrito a las autoridades de Nigeria con la esperanza de que pongan fin a estas sentencias en el futuro, denuncie ante el Gobierno nigeriano la brutalidad de ejecutar a alguien por el método de la ley Sharia e inste a este último a que garantice que no volverá a ocurrir. 
Señor Corrie, el seguimiento necesario no encierra ninguna duda y así lo haré. 
Se lo comunicaré a usted y a los colegas. 
Señor Presidente, ayer demostraron ustedes su sentido histórico, lo que me impulsa a formularles hoy una pregunta acerca del portal escolar europeo, apoyado por la Comisión. 
La semana pasada se inauguró una página en la que se hacía referencia a un libro de historia soviético de 1982 según el cual Finlandia había iniciado la denominada Guerra de Invierno. 
Es sabido que esta guerra se inició con el disparo en Mainila, organizado por Stalin, por lo que resulta indignante que un portal escolar europeo contenga esta clase de errores. 
Esto hiere mi sentimiento nacional y mi sentido de la historia. 
La Comisión ha prometido estudiar el asunto, pero le pido también al Parlamento que investigue. 
Es indignante que las escuelas europeas toleren páginas de tan mala calidad como las que aparecen en este portal escolar. 
Gracias, señor Thors. 
Examinaremos esta cuestión y le comunicaremos cuál es la situación. 
- (EL) Señor Presidente, quisiera informarles a usted y a la Cámara de que las pésimas condiciones atmosféricas que determinadas zonas de Grecia vienen soportando desde el mes de diciembre, con prolongados descensos de temperatura- por debajo de los 24ºC en muchos casos -, han provocado daños incalculables. 
Han destruido millones de árboles, han arruinado las cosechas de aceitunas y cítricos; el 100% de la producción en muchos casos. 
El Presidente de nuestro Grupo Sr. Wurtz, ha dirigido ya una carta al respecto al Presidente de la Comisión Sr. Prodi. 
Yo quisiera, tras felicitarlo por su elección, pedirle que su primer acto sea intervención para asegurar la indemnización de los campesinos griegos, que, como usted sabe, tienen la renta más baja de la Unión Europea; indemnización por el desastre sufrido, y ayuda para recuperarse. 
La situación reviste tintes trágicos y para hacerle frente es necesaria la inmediata intervención de todos nosotros. 
Señor Presidente, desde su palacio de Cartago el Presidente Ben Alí continúa reprimiendo, destituyendo a los magistrados y cometiendo todo tipo de actos de intimidación con respecto a los oponentes políticos de su país. 
Considero que nuestro Parlamento debe adoptar urgentemente una posición y que el Consejo debe hacer una declaración sobre dicho punto esta misma semana. 
Considero asimismo que esta situación es verdaderamente inadmisible. 
En lo sucesivo la consigna de nuestro Parlamento debe ser "Carthago delenda est", ya que no podemos seguir tolerando este régimen. 
Gracias, señor Dupuis. 
El orden del día no incluye por el momento ninguna propuesta en este sentido y esta semana tampoco tenemos debate de actualidad y urgencia; pero tomo nota de lo que ha dicho y veremos qué podemos hacer. 
Decisión sobre la urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede a la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/79/CEE, la Directiva 92/80/CEE y la Directiva 95/59/CE en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco- Volumen I y Volumen II (COM (2001) 133- C5-0139/2001- 2001/0063 (CNS) ). 
Quisiera preguntar a la Sra. Randzio-Plath si puede aconsejarnos sobre si debemos conceder o no la urgencia. 
Señor Presidente, quiero indicar al respecto que vamos a presentar un segundo informe. 
Esperamos que la Comisión sea también de la opinión de que se debe llegar aquí a un compromiso con la posición del Parlamento quien, como se sabe, ha rechazado en la votación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios la primera propuesta, pero que ahora está dispuesto a elaborar en la comisión una nueva propuesta en el informe Katiforis que presentaremos gustosamente en febrero al Pleno. 
El Consejo de Ministros de Hacienda tendrá entonces en febrero suficiente tiempo para decidir al respecto. 
He escrito en consecuencia en nombre de la comisión a la Presidencia española del Consejo, lo que he comunicado al Presidente en funciones del Consejo, el Sr. Rato, la semana pasada en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por lo tanto, no soy de la opinión de que se deba acceder aquí a la solicitud de urgencia. 
Si lo que se propone es que oigamos a un orador a favor y a otro en contra, el consejo de la comisión es que no se conceda la urgencia. 
¿Tenemos a un orador a favor o en contra de la propuesta? 
Señor von Wogau, no es necesario, pero es posible. 
Señor Presidente, tengo la sensación de que sólo va a haber oradores en contra de la urgencia pues lo considero un asunto muy importante. 
Existe el peligro de que el Consejo adopte su resolución sin que aún se haya presentado el dictamen del Parlamento Europeo. 
Me parece urgentemente necesario que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios emita primero su dictamen y que luego decida el Consejo. 
Por ello, debemos rechazar la urgencia. 
Sobre la base de las dos intervenciones, tenemos consenso. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Elección de los Cuestores del Parlamento Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede a la elección de los Cuestores del Parlamento. 
He recibido notificación de las siguientes candidaturas: Balfe, Banotti, Maes, Marinho, Poos, Quisthoudt-Rowohl, Smet. 
Los candidatos me han confirmado que aceptan sus candidaturas. 
Puesto que el número de candidatos excede el número de cargos por cubrir, celebraremos una votación secreta de conformidad con el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento. 
Habida cuenta de todas las votaciones que celebramos ayer y de que la elección de los Cuestores transcurre en paralelo con nuestra actividad normal de hoy, propongo, en virtud del artículo 135 del Reglamento, que recurramos al sistema de votación electrónica. 
Señor Presidente, desearía señalar formalmente y muy brevemente una cuestión de observancia del Reglamento. 
Me temo, señor Presidente, que el procedimiento que usted propone no garantiza plenamente el secreto de la votación. 
Es evidente que desde los escaños próximos se pueden observar las pantallas de los dispositivos de votación de otros diputados pertenecientes al mismo Grupo, circunstancia que considero lamentable. 
El procedimiento es conforme al Reglamento. 
Vista la reacción, tengo la impresión de que los colegas preferirían proceder por este camino. 
Siendo así, no insistiré en someter a votación el procedimiento, sino que deberíamos proceder a la votación de los Cuestores. 
En primer lugar, haremos una prueba para asegurarnos de que todos están familiarizados con el sistema de votación electrónica. 
No me presionen demasiado en este asunto- lo estoy aprendiendo sobre la marcha. 
Es como una vigilancia multilateral en fase 1 de la Unión Económica y Monetaria- consiste en aprender a medida que lo hacemos. 
Señor Presidente, mi dispositivo de votación no funciona y tampoco pueden hacerlo funcionar los colegas que han acudido en mi ayuda. 
Aclaremos qué ocurre con la máquina del Sr. Berthu. 
El presidente del Grupo Socialista ha hecho la observación de que deberíamos utilizar el sistema de papeletas secretas. 
Vista la prueba realizada, tengo la impresión de que los colegas dominan las complejidades del sistema. 
Señor Presidente, ése no es el problema. 
Si el dirigente del segundo mayor Grupo parlamentario considera necesario utilizar el otro sistema, no deberíamos discutir sobre ello y hacerlo. 
Si ése es su deseo y se sienten más cómodos haciéndolo de esa manera, deberíamos darles esa posibilidad. 
Su Señoría está en lo cierto en que lo que cuenta no es la impresión que yo tenga, como tampoco es la suya la que cuenta, pero le tomaré como orador a favor de que celebremos la votación secreta. 
¿Tenemos a un orador en contra de celebrar una votación secreta según el sistema tradicional, en vez del electrónico? 
Nuevo señor Presidente de este Parlamento, estimadas y estimados colegas, ¿somos más tontos que nuestros hijos? 
¿No estamos en situación de pulsar dos teclas en nuestra era tecnológica? 
Tenemos un estudio Pisa, tenemos investigaciones, tenemos un nuevo Presidente, hemos pagado mucho dinero para esta instalación, por lo que se nos ha criticado mucho, ¡y ahora vamos a votar como en la Edad de Piedra! 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, solicito formalmente, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, que se vote de acuerdo con el Reglamento, que establece que se vote en papeleta secreta. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no soy ningún experto en cuestiones de reglamento. 
Naturalmente, siempre estoy dispuesto a aceptar también otros convencimientos cuando se trata de cuestiones de procedimiento. 
Pero cuando ahora oigo que el apreciado Presidente del Grupo Socialista pide una votación con papeletas y dice que ésta es la única forma de votación secreta, entonces quiero referirme a lo que usted, señor Presidente, ha dicho al principio, es decir, que la votación electrónica es una votación secreta y que está en consonancia con el reglamento. 
Así pues, si ahora vamos decidir si votamos electrónicamente o con papeletas- pues quiero ser justo y reconozco que se puede ser de una opinión u otra -, entonces tiene que mandar decidir sobre la forma de votación mediante un gesto de la mano, mediante sí o no. 
Sólo así se podrá decidir esta cuestión del procedimiento. 
Recomendaría que decidamos ahora democráticamente así sobre cómo queremos votar. 
Sabemos de lo que estamos hablando. 
En virtud del artículo 135 del Reglamento, "El Presidente podrá decidir en cualquier momento que se utilice el procedimiento electrónico en las votaciones previstas en los artículos 133, 134 y 136." 
Por consiguiente, la votación por procedimiento electrónico es perfectamente coherente con el Reglamento. 
No obstante, es evidente que existe división de opiniones en la Asamblea respecto a cuál es el mejor método que podemos elegir en esta ocasión. 
En consecuencia, someto a votación si debemos seguir adelante con la votación electrónica. 
(El Parlamento aprueba la votación electrónica) El Presidente. 
Procedemos a la elección de los Cuestores. 
Hay cinco Cuestores, por lo que cada diputado dispone de un máximo de cinco votos. 
Si alguien vota a más de cinco candidatos, ese voto será nulo. 
Los escrutadores serán los mismos que los de la elección del Presidente y de los Vicepresidentes. 
Ruego a los escrutadores que después de votar vengan a la tribuna del Presidente para que confirmen los resultados. 
Señor Presidente, es cierto que el Reglamento menciona que puede usted disponer la votación electrónica. 
Pero se hace de tal modo que la votación no es secreta. 
Sé lo que ha votado la Sra. Ainardi, sé lo que ha votado la Sra. Frahm, sé lo que han votado esta y este colega. 
Podemos recurrir a la votación electrónica, pero sin asterisco. 
De lo contrario, sabemos lo que ha votado cada cual. La votación no es secreta. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Con todo el debido respeto, acato la decisión adoptada por la Asamblea, pero ésta no ha sido una votación secreta. 
Sé qué han votado todos los colegas vecinos de escaño. 
Soy consciente de que si queremos celebrar una votación abierta podemos hacerlo, pero luego no deberíamos fingir que hemos votado en secreto. 
Ésa es mi primera observación. 
En segundo lugar, quisiera decir a nuestros colegas del Grupo PPE-DE que, con todo el debido respeto, podríamos haber utilizado papeletas en el mismo tiempo que hemos necesitado ahora. 
Quizá podamos proseguir a continuación de una manera que sea realmente secreta. 
Creo que- buena o mala- hemos tomado una decisión sobre este sistema. 
En el futuro habrá que verificar la pertinencia de un sistema que no garantiza el secreto de las votaciones. 
Dicho esto, nuestro orden del día establece que el debate sobre la Presidencia española debe comenzar a las 10.00 horas. 
Aún disponemos de veinte minutos, ya que gracias a la supuesta votación secreta avanzamos deprisa. 
Pienso que todos lo desean. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
No deseo provocar ningún retraso. Lo que el Sr. Dell ' Alba ha dicho es absolutamente cierto. 
Hemos demostrado que el 99,9 % de los diputados al Parlamento Europeo está a la altura de los conocimientos tecnológicos de sus hijos. 
Sería bastante absurdo que ahora no procediéramos a concluir la elección de los Cuestores. 
Respecto a la última observación que ha hecho mi colega del otro lado de la Asamblea sobre el secreto, yo no tengo ni idea de cómo han votado mis colegas en esta parte de la Cámara, porque no he optado por atisbar por encima de sus hombros. 
Señor Presidente, quiero proponer a los colegas algo sencillo y nada tecnológico. 
Deberíamos aprovechar nuestro tiempo para completar la elección de los Cuestores. 
Esta semana hemos dedicado demasiado tiempo a las votaciones. 
El Sr. Onesta nos dio ayer un trozo de papel muy útil. 
No sé si es simbólico, pero está en blanco. 
No tiene nada que ver con la tecnología, por lo que no debería despertar ningún temor entre los Socialistas. 
Una vez que hayan votado, los diputados deberían cubrir sus monitores con un trozo de papel- o con el bloc del Sr. Onesta. 
Es muy sencillo. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Estoy de acuerdo con los que dicen que deberíamos utilizar el sistema electrónico, porque es mucho más rápido. 
No obstante, me gustaría sugerir que los técnicos y responsables de este maravilloso equipo lo modifiquen de tal manera que nos permita votar sobre todos los candidatos, con los signos de más y menos, lo que significa que cada uno de ellos tendrá un símbolo neutral junto a su nombre. 
De esta manera, si alguien mira el monitor para saber qué ha votado, no lo podrán saber. 
Eso facilitaría mucho la votación, porque de lo contrario, cualquiera puede ver qué ha votado cada diputado. 
Concederé la palabra a dos oradores más y luego daremos por concluido este asunto. 
Señor Presidente, mi solicitud no se refiere a la votación electrónica. 
Lo que me interesa oficialmente, en nombre de mi Grupo, es que la votación pueda tener lugar a las 12.30 horas, con vistas a la adopción de acuerdos políticos posteriores. 
Señor Presidente, usted ha tomado una decisión: hay que seguir con el mismo método de votación, a pesar de que no estemos de acuerdo. 
Ahora yo pido, por razones de valoración política, que esta votación se aplace hasta las 12.30 horas. 
El orden del día establece que la segunda ronda se celebre a las 12.30 horas. 
Reconozco que deben adoptarse opciones políticas y, a pesar de que en términos de eficiencia podríamos completar ahora este asunto por el método electrónico, es igualmente evidente que existen consideraciones de carácter político a tener en cuenta. 
Celebraremos la votación tan pronto como sea posible, pero no antes de las 12.30 horas. 
Entretanto, los Grupos políticos tienen la oportunidad de consultarse entre sí. 
Procederemos por el método electrónico, como hemos comenzado. 
(La sesión, interrumpida a las 9.48 horas, se reanuda a las 10.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre el programa de la Presidencia española. 
Éste es un momento muy importante en términos de política europea. 
Tras el lanzamiento del euro, en un clima económico difícil, existe aún la necesidad de completar las reformas económicas y sociales y el desarrollo sostenible tal y como se estableció en los Consejos de Lisboa y Estocolmo; la necesidad de aprovechar el tiempo este año para sentar las bases de una Unión ampliada; la necesidad de lanzar la Convención para crear una Europa capaz para el futuro. 
Por lo tanto, estoy seguro de que será un programa muy detallado y ambicioso. 
Es para mí un gran placer conceder la palabra al Sr. Aznar, Presidente en ejercicio del Consejo. 
. Señor Presidente, Señorías, distinguidos miembros de la Comisión Europea, señoras y señores, es un gran honor comparecer por primera vez ante ustedes como Presidente del Gobierno de España en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea para exponerles las prioridades de la Presidencia española. 
La Presidencia española coincide con el cambio de Presidente de este Parlamento. 
Ayer, asistimos al nombramiento de un nuevo Presidente de la Cámara y a la despedida de una Presidenta que ha desarrollado muy eficazmente su labor. 
La figura y la trayectoria política e institucional del Sr. Cox son una garantía para que esta Cámara y la Presidencia desarrollen unas fructíferas relaciones políticas e institucionales que tendrán como meta el refuerzo de la Unión Europea y un mayor protagonismo del Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo ha contribuido considerablemente a lo que es hoy la Unión Europea a través de sus trabajos y de sus propuestas, que guardan, como constante, una permanente e innovadora búsqueda de una mayor eficacia del funcionamiento de la Unión. 
Esta Cámara también ha sabido adaptar las diversas tradiciones parlamentarias europeas, y ensayar nuevas fórmulas de relación entre la sociedad civil y sus representantes políticos, reforzando el control democrático y aumentando la legitimidad del proyecto europeo. 
Nada plasma mejor esta idea que el procedimiento de codecisión que, sin embargo, es preciso mejorar en aras de la transparencia y de la efectividad. 
Por ello, la Presidencia española trabajará para que las ocho conciliaciones previstas durante este semestre se concluyan rápidamente. 
España, desea profundizar la cooperación institucional y el control democrático de la Unión; por eso quiero garantizar la presencia de la Presidencia en los plenos, tal como viene siendo habitual desde la anterior Presidencia. 
Me comprometo, por mi parte, a informar a la Cámara, después del Consejo Europeo de Barcelona, y a realizar un balance final de este semestre tras el Consejo Europeo de Sevilla. 
Señorías, el horizonte político actual obliga a la Unión a ser ambiciosa en tres direcciones. 
La primera consiste en diseñar una respuesta al terrorismo, desde la perspectiva de la construcción de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
La segunda supone crear una zona de mayor prosperidad económica que salvaguarde el modelo social europeo. 
Y la tercera pasa por concluir la oportunidad histórica de la ampliación y sentar las bases de la futura Unión ampliada. 
Para alcanzar con éxito estas metas necesitamos trabajar por una mayor profundización de Europa. 
Con "Más Europa" reforzaremos la lucha contra el terrorismo y aseguraremos la exitosa puesta en circulación del euro y, sólo si somos ambiciosos, concluiremos la ampliación, avanzaremos en la creación de una zona de mayor prosperidad, reforzaremos el papel exterior de la Unión y concluiremos de un modo positivo la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Señorías, quiero reconocer y agradecer la responsabilidad que esta Cámara y la Comisión Europea han demostrado en la lucha contra el terrorismo. 
Días antes de la trágica fecha del 11 de septiembre, el Parlamento aprobó una resolución que instaba a la Comisión Europea a presentar varias iniciativas en aras de una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea. 
Es necesario seguir trabajando en el camino que ustedes y la Comisión Europea señalaron entonces. 
Para ello, desde el Estado de Derecho, es preciso profundizar en el plan de acción contra el terrorismo de la Unión Europea para evitar la existencia de cualquier santuario del terror en el interior de nuestras fronteras. 
En diciembre del año 2001, en diciembre pasado, se han realizado grandes avances en este terreno. 
Todas las Instituciones de la Unión y especialmente la Presidencia y el Parlamento debemos, ahora, trabajar para que los instrumentos aprobados entonces sean lo más rápidamente efectivos. 
Esos instrumentos no serán efectivos si no se consigue, al mismo tiempo, una mayor cooperación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los Estados de la Unión. 
Por eso, la Presidencia considera prioritario constituir rápidamente equipos conjuntos de investigación, aumentar la eficacia de los trabajos de Europol e impedir la financiación de los terroristas y de aquellos que los amparan o que los apoyan. 
(Aplausos) Como bien saben sus Señorías, las organizaciones terroristas establecen lazos de cooperación entre sí de forma que les permiten alcanzar una operatividad que supera los límites fijados por nuestras fronteras. 
España quiere que la Unión desempeñe, en el ámbito internacional, un papel más activo en la lucha contra el terrorismo. 
Y un primer paso también para ello es el desarrollo de una estrecha cooperación en materia jurídico-penal con los Estados Unidos, de acuerdo con los principios que informan el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, tal como puso de relieve esta Cámara. 
La lucha contra el terrorismo se enmarca dentro de la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Por eso, la Presidencia cree prioritario avanzar para crear una política común de asilo e inmigración; mejorar la gestión de las fronteras exteriores de la Unión; reforzar la lucha contra el tráfico de estupefacientes y lograr el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales tanto en el ámbito civil, a través del Título Ejecutivo Europeo, como en el ámbito penal. 
Estas iniciativas exigen una estrecha cooperación institucional si queremos cumplir con las fechas fijadas para construir el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Señorías, la entrada en circulación del euro se está desarrollando- puedo usar esta expresión- más que brillantemente. 
Para finales de este mes, serán pocos los ciudadanos de la eurozona que utilicen las monedas nacionales. 
Este hecho es una buena muestra de la aceptación de las políticas de la Unión cuando éstas se llevan a cabo de forma seria y eficaz. 
La solidez de nuestra moneda exige, además, una coordinación más estrecha de las políticas económicas. 
Lo anterior se traducirá en un impulso del papel del Eurogrupo, en el refuerzo de las Orientaciones Generales de Política Económica y en el estricto cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Además, el euro aumentará la visibilidad de la eurozona, lo que obligará a la Presidencia a asegurar que las opiniones de la Unión serán tenidas en cuenta en los foros internacionales. 
En la última década, conviene recordar que Europa ha sufrido un retroceso de seis puntos en su renta per cápita respecto a los Estados Unidos de América. 
Tenemos pues que impulsar la modernización de nuestras economías para lograr un mayor crecimiento. 
La creación de un espacio de mayor prosperidad económica y social será, por lo tanto, otro de los ejes del trabajo de la Presidencia. 
Es intención de España que el Consejo Europeo que se desarrollará en Barcelona aborde cinco ámbitos concretos para conseguir también "Más Europa". 
En primer lugar, impulsaremos la conexión y apertura de los sistemas de transporte y comunicaciones europeos. 
La Presidencia dedicará su empeño a la revisión de las redes transeuropeas de transporte, a hacer realidad el cielo único europeo y a profundizar en la liberalización de los transportes por ferrocarril. 
El segundo ámbito de los trabajos de Barcelona será el diseño de un mercado energético europeo basado en la apertura, la liberalización, la competencia, la transparencia y la interconexión. 
Guiados por estos criterios, la Presidencia estudiará la apertura de los mercados del gas y de la electricidad para empresas y para consumidores, las reglas de acceso de terceros a las redes y la creación de infraestructuras e interconexiones entre los mercados energéticos nacionales. 
La integración de los mercados financieros constituye, a su vez, una condición indispensable para el correcto funcionamiento de la moneda única y un requisito básico para el crecimiento europeo. 
España trabajará por el cumplimiento de los calendarios del plan de acción de servicios financieros y para que se aplique, cuanto antes, el nuevo enfoque introducido a partir del informe Lamfalussy partiendo del necesario respeto del equilibrio institucional. 
Todos somos conscientes a su vez de que el empleo es la mejor forma de integración social. 
Por ello, el Consejo Europeo de Barcelona buscará, en cuarto lugar, partiendo del Proceso de Luxemburgo y de su esquema actual, un mayor énfasis de la estrategia de empleo en el análisis de las rigideces estructurales de los mercados de trabajo, en los sistemas fiscales y de protección social, y, también, en las instituciones del mercado de trabajo. 
La obtención de un empleo de calidad pasa, sin duda, por la posibilidad de obtener una sólida formación que favorezca la movilidad de los estudiantes. 
Por ello, el quinto punto en el Consejo de Barcelona será el programa de trabajo sobre los sistemas de educación en el horizonte del año 2010. 
Deberemos conseguir un aumento de la calidad y de la apertura al resto del mundo de los sistemas de enseñanza europeos. 
Señorías, en Barcelona, los países candidatos participarán, por primera vez, en una sesión de trabajo del Consejo Europeo. 
La integración de los candidatos en los trabajos sobre la modernización económica y social es, a mí entender, la mejor señal política de apoyo a la ampliación que la Unión pretende realizar. 
La ampliación permitirá, sin duda, poner fin a una página amarga del pasado de nuestro continente e integrará a países que pertenecen a la familia europea, con los que compartimos unos mismos valores y que sufrieron duramente los avatares de la historia. 
La Presidencia española tiene la voluntad política de contribuir a que todos los Estados, que estén preparados, puedan concluir sus negociaciones a finales de este año 2002. 
Partiendo del actual acervo comunitario y de las Perspectivas Financieras, durante la Presidencia española se negociarán capítulos relativos a la agricultura, la política regional y de cohesión social, las provisiones financieras y presupuestarias, y las cuestiones institucionales. 
España también tratará de cerrar todos los capítulos que no hayan sido concluidos hasta el momento. 
La culminación definitiva de las negociaciones pasa por que todos los miembros de la Unión muestren su capacidad de compromiso, que la Comisión presente a tiempo sus propuestas y, sobre todo, depende de los esfuerzos de cada uno de los países candidatos. 
La evaluación de los avances se realizará en el Consejo Europeo del mes de junio en Sevilla. 
Señor Presidente, Señorías, también sabemos- y así lo deseamos- que la Unión Europea está llamada a desempeñar una importante y creciente función política en la vida internacional. 
El éxito de la integración europea y su peso económico y comercial exigen cada vez un mayor e importante perfil exterior de la Unión. 
La actualidad internacional exige reforzar la presencia de la Unión en zonas donde la paz y la seguridad se ven directamente amenazadas. 
Por ello, la Presidencia española espera contribuir a desarrollar una estrategia global regional ambiciosa en Asia Central y Afganistán que impida la aparición de nuevos focos de conflicto. 
Pero de nada servirá asegurar una presencia europea, si carecemos de la posibilidad de gestión eficaz de la crisis y, en concreto, de unas fuerzas militares para operaciones, de carácter limitado, que requieran una rápida respuesta. 
Este objetivo deberá completarse, en un futuro inmediato, con la consecución efectiva de la operatividad de la política europea de seguridad y defensa, y el diseño definitivo de las relaciones de consulta y cooperación con la Alianza Atlántica. 
España, en este terreno, se propone también, iniciar el debate para que la lucha contra el terrorismo se convierta, asimismo, en un objetivo de la política europea de seguridad y defensa. 
La credibilidad de la política exterior de la Unión debe basarse no sólo en su presencia internacional, sino también en unos instrumentos eficaces que permitan desarrollarla, y sobre todo también, en un nivel de interlocución privilegiado. 
En este último aspecto, España considera prioritario profundizar las relaciones entre la Unión Europea y América del Norte, por un lado, y la Unión Europea y Rusia, por otro. 
Con los primeros tenemos que reforzar el diálogo transatlántico para dotarlo de un mayor contenido estratégico. 
Y con Rusia, España cree que la Unión Europea debe apoyar la estrategia que este país está desarrollando en estos momentos. 
Por ello, uno de los objetivos de la Presidencia será consolidar unas relaciones de la Unión con Rusia basadas en puntos y avances concretos y singulares. 
Señorías, el próximo mes de mayo tendrá lugar en Madrid la Segunda Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe que renovará e impulsará la asociación estratégica entre estas dos regiones. 
Uno de los objetivos de la Cumbre será trabajar con Chile para avanzar en el Acuerdo de asociación y libre comercio, e impulsar las negociaciones de la Unión Europea con Mercosur. 
Asimismo, se mantendrán encuentros específicos entre la Unión y la Comunidad Andina y América Central. 
No puedo dejar de mencionar aquí nuestro interés y preocupación por la evolución de la situación en Argentina. 
La Unión Europea cooperará con las autoridades argentinas para que se encuentren soluciones realistas, basadas en el diálogo, que restablezcan la confianza y las posibilidades de crecimiento y competitividad de la economía del país argentino. 
Señorías, la Unión Europea desempeñará también un importante papel en la estabilidad de Oriente Medio. Para ello, deberemos redoblar la coordinación con los Estados Unidos y el resto de los patrocinadores del proceso de paz. 
Espero que la reciente declaración de la Unión Europea y los contactos emprendidos, ya estos mismos días, a iniciativa de la Presidencia española, puedan ayudar a desbloquear una situación de inestabilidad que afecta a los países de la región y al Mediterráneo. 
El conflicto de Oriente Medio influye poderosamente sobre la marcha del Proceso de Barcelona, único foro de diálogo que reúne a todos los implicados en el proceso de paz y que tendrá una cita en la Cumbre ministerial que se celebrará en Valencia. 
España también impulsará la conclusión de los acuerdos de asociación pendientes entre la Unión Europea y los países ribereños, y trabajará por la creación de un mercado interior euromediterráneo y el desarrollo de las estrategias regionales en infraestructuras. 
Para facilitar este objetivo, el Consejo Europeo de Laeken, a iniciativa española, recogió el proyecto de creación de un banco especializado en operaciones en los países mediterráneos sobre el cual trabajaremos estos meses en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y las autoridades monetarias. 
Señorías, estamos convencidos de que sólo si estimulamos un desarrollo equilibrado combatiremos con eficacia la inmigración ilegal. 
Consciente de la transcendencia de este fenómeno, España, junto con el patrocinio de China y Viet Nam, trabaja desde hace tiempo para que la reunión ministerial sobre inmigración entre la Unión Europea y el ASEM sea un éxito. 
Sabemos que la pobreza y la falta de desarrollo causan la inmigración ilegal. 
Por eso, la Presidencia otorga especial importancia a la Cumbre sobre la financiación del desarrollo de Monterrey, que preparamos estrechamente con los Estados Unidos y México. 
Señorías, creo poder decir que había pocas personas que podían imaginar que, 45 años después de la firma de los Tratados de Roma, 300 millones de europeos utilizarían la misma moneda. 
Debemos continuar con esa trayectoria de éxitos, en una época transcendental de la Unión. 
Ello exige una mayor participación de nuestros ciudadanos en la configuración del futuro de la Unión. 
El Consejo Europeo de Laeken ha decidido convocar una Convención sobre el futuro de Europa. 
Su sesión inaugural se celebrará el próximo 28 de febrero en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas. 
No hay lugar que refleje mejor, al mismo tiempo, la importancia de la nueva etapa que vive la Unión Europea y el reconocimiento que, desde la Presidencia, queremos dar a la labor desarrollada por el Parlamento Europeo en lo relativo al futuro de Europa. 
La Presidencia española desempeñará una decidida voluntad de contribuir al éxito de esa Convención. 
De ello depende que se consolide tanto el proceso de constitucionalización progresiva de los Tratados en el que estamos inmersos, como que la Convención sirva en un futuro como buen método de preparación de Conferencias Intergubernamentales. 
Espero que el Presidente de la Convención- y así está acordado- pueda presentar un primer informe de sus trabajos en el Consejo Europeo del próximo mes de junio en Sevilla. 
Señorías, he acudido hoy aquí a exponerles las prioridades de la Presidencia española. 
Estas prioridades deberán traducirse en una mayor solidaridad de hecho para seguir consolidando, desde el equilibrio y el respeto mutuo de los diversos intereses, el mayor período de paz, de prosperidad y de libertad que Europa ha conocido. 
Sabemos que la tarea es compleja y ardua, tanto por la cantidad de cuestiones que exigen nuestra dedicación como por la ambición de nuestras metas. 
Sólo desde esa ambición y sólo a partir de una estrecha colaboración entre las instituciones lograremos- estoy convencido de ello- hacer realidad este proyecto que tiene, como fin último, mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos. 
Muchas gracias, Señorías, por su atención. 
(Aplausos) 
. (IT) Señor Presidente, señor Primer Ministro, Señorías, la noche de Fin de Año celebramos con gran alegría el lanzamiento del euro. 
Desde ese momento han pasado tan sólo quince días que, sin embargo, han sido suficientes para culminar casi por completo la introducción de la nueva moneda. 
En los doce Estados de la zona euro el 90% de los pagos ya se efectúa en la moneda única: la introducción del euro ha sido una operación de gran envergadura y un gran éxito. 
Todos nosotros podemos sentirnos orgullosos de ello porque todos nosotros hemos contribuido a dicho éxito: el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, los Gobiernos, el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales, la Comisión, los bancos comerciales, las oficinas de correos, el sector comercial, las empresas, los medios de comunicación y todos los ciudadanos, uno por uno, que han facilitado este cambio histórico. 
Para millones de ciudadanos europeos, los billetes y las monedas que llevan en sus bolsillos constituyen la prueba palpable del gran proyecto político de la Europa unida. 
Desde el punto de vista simbólico, supera incluso al ya fuerte impacto emotivo provocado por la supresión del control de identidad en las fronteras intracomunitarias. 
De este modo, el euro pasa a ser un elemento clave de su sentido de identidad europea y de un destino común, así como ya es una prueba tangible del carácter irreversible de la integración europea. 
La introducción del euro demuestra que los europeos están preparados para aceptar el cambio con entusiasmo y determinación cuando éste sirve para preparar un futuro mejor y cuando las cuestiones que están sobre la mesa se debaten de manera amplia y transparente. 
La introducción del euro demuestra que Europa es capaz de grandes logros cuando existe la voluntad política necesaria. 
Debemos extraer el máximo provecho de esta lección para preparar todos los pasos que estamos a punto de dar en el proceso de integración. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, "Más Europa" es el lema que España ha elegido para su semestre de Presidencia de la Unión. 
Pocos días después del lanzamiento del euro, podemos decir con toda seguridad que ninguna elección habría podido ser más acertada. 
Su Gobierno, señor Primer Ministro, ha elaborado un programa de trabajo al mismo tiempo amplio, equilibrado y ambicioso, y me complace constatar que las prioridades evidenciadas en dicho programa apuntan en la misma dirección que las que la Comisión se ha fijado para 2002. 
Le garantizo que podrá usted contar con la total colaboración de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, Señorías, esa misma ambición que nos ha permitido lanzar con éxito la nueva moneda europea es la que ahora debemos demostrar y aprovechar plenamente para cumplir la agenda económica y social de la Unión. 
Hemos realizado la Unión Monetaria: ha llegado el momento de concentrarnos en la Unión Económica y de convertirla en una realidad concreta. 
Precisamos un mayor crecimiento que significa empleo y mejor calidad de vida. 
Han transcurrido dos años desde que, en Lisboa, el Consejo Europeo fijó para el final de esta década el objetivo de hacer de la Unión el área económica más dinámica y competitiva del mundo, una zona basada en el conocimiento: una Europa capaz de gozar al mismo tiempo de pleno empleo y de una renovada cohesión social y económica. 
Desde entonces, las reuniones de primavera del Consejo Europeo se han convertido en la cita para las cuestiones económicas, sociales y medioambientales en el marco de una estrategia global de desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, el Consejo de Barcelona estará llamado a hacer balance de los progresos alcanzados hasta la fecha y a definir las prioridades para los próximos años. 
En el marco de su preparación, la Comisión adoptó ayer su propio informe de Primavera, que servirá de base para los trabajos del Consejo. Un informe que este año se titula " La estrategia de Lisboa. 
En efecto, la Comunicación aprobada ayer por la Comisión tiene un mensaje central: ha llegado el momento de cumplir los compromisos asumidos y de acelerar las reformas. 
No tenemos elección. 
La estrategia aprobada en Lisboa es la clave para desarrollar y consolidar el modelo económico y social europeo. 
Las reformas, en efecto, inciden en una sociedad que ya dispone de valores dinámicos propios y compartidos que nos caracterizan frente al resto del mundo y que contribuyen así a fundar la Unión Europea. 
Cuando hablamos de modelo social europeo, lo que tenemos en mente son precisamente estos valores. 
Partiendo de este punto, debemos continuar nuestra tarea de actualización del modelo de sociedad posible y deseable en Europa: una sociedad libre, democrática y justa que está en el corazón de nuestros ciudadanos. 
No se trata, sin embargo, de malbaratar el patrimonio social, sino de adaptarlo, modernizarlo y conferirle un carácter permanente. 
Nos lo impone la historia, nos lo impone la protección de las generaciones futuras, nos lo impone el desafío de la globalización. 
Nos lo impone, por último, el contexto de incertidumbre actual, cargado de riesgos, en que los valores de una solidaridad efectiva y no sólo formal y parcial están llenos de significado práctico para nuestros ciudadanos, especialmente para los más débiles. 
El informe de la Comisión examina los progresos logrados hasta hoy en la aplicación de la estrategia de Lisboa y concluye que se dan todas las condiciones para alcanzar el éxito. 
Desde el punto de vista macroeconómico, en efecto, los esfuerzos realizados en la última década en la perspectiva del euro han permitido a la Unión alcanzar una situación de estabilidad económica y la han protegido en los momentos en que las crisis económicas y financieras internacionales han resultado más virulentas. 
Incluso en esta fase de ralentización, las condiciones de fondo de la economía europea siguen siendo buenas. 
También por lo que se refiere a la aplicación de la estrategia adoptada en Lisboa, los progresos realizados son esperanzadores. 
En no pocos sectores, como el medio ambiente, las telecomunicaciones, la educación, las reformas del sistema de pensiones y la investigación, se han logrado ya resultados significativos. 
En otros sectores, no obstante, el progreso ha sido menos satisfactorio. 
Las propuestas de la Comisión son objeto de bloqueo y los plazos fijados por el propio Consejo Europeo corren el riesgo de no verse cumplidos. 
Estos sectores incluyen algunos aspectos importantes de la integración de los servicios financieros, los transportes y la energía, la patente comunitaria y el proyecto Galileo. 
Me satisface, señor Presidente, que usted haya mencionado estos sectores como una prioridad de su acción para los próximos meses. 
Debemos subsanar este retraso, y debemos hacerlo cuanto antes. 
Nos va en ello nuestra credibilidad y, lo que es más, nuestra capacidad para conseguir un verdadero avance. 
Sin cambio, tendremos menos crecimiento y menos empleo. 
El informe de la Comisión identifica tres prioridades para 2002: empleo, reformas y conocimiento. 
En primer lugar, el empleo. 
Europa necesita una política activa de empleo. 
Tenemos que hacer mayores esfuerzos para eliminar los obstáculos que los ciudadanos todavía tienen que superar para encontrar un puesto de trabajo o para conservarlo. 
Los Estados miembros deben reducir el coste del trabajo mediante una reducción de las cotizaciones que gravan los salarios, especialmente los más bajos, y deben revisar aquellos aspectos del subsidio de desempleo que desincentivan la reincorporación al mercado de trabajo y la excesiva facilidad con que se accede a las fórmulas de jubilación anticipada. 
Es necesario aprender a mejorar las estructuras destinadas a la infancia para aumentar el índice de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y crear incentivos para quienes deciden prolongar su vida laboral. 
El índice de ocupación se sostiene también mejorando las competencias, la educación y la movilidad de los ciudadanos dentro de Europa y entre sectores productivos. 
Es preciso aplicar al cambio un enfoque activo y no pasivo. 
En segundo lugar, las reformas y la consolidación del mercado interior. 
Debemos establecer una conexión entre Europa y sus mercados. 
Debemos multiplicar nuestros esfuerzos para perfeccionar la interconexión de los mercados nacionales y para acelerar la integración de los mercados financieros, completando las reformas ya iniciadas. 
Debemos abrir y conectar los mercados de la energía y de los transportes, y desarrollar las redes de banda ancha en Europa. 
Estos sectores son la espina dorsal de nuestra economía. 
Hay que aumentar la competencia para reducir los precios y potenciar el crecimiento, aun manteniendo un nivel adecuado de servicios básicos para todos. 
En tercer lugar, la educación, la formación y la investigación. 
Educación, formación e investigación son indudablemente los componentes fundamentales de la reactivación económica, del crecimiento sostenible y de la creación de puestos de trabajo. 
La "sociedad del conocimiento" no es posible sin conocimiento. 
Por lo tanto, debemos aumentar sensiblemente las inversiones en estos sectores. 
Se precisa una estrategia integrada en favor de la educación y la investigación a escala comunitaria. 
Dicha estrategia debe basarse en el concepto de red y en la movilidad, y debe dar prioridad a las tecnologías del futuro, tales como, por ejemplo, las biotecnologías y las tecnologías limpias. 
Por último, para el post-Barcelona, nuestro informe señala la necesidad de arbitrar medidas que refuercen la coordinación de la estrategia económica general. 
Se trata de construir un consenso sobre los principios y las reglas de política económica que tenga en cuenta las interdependencias económicas en el interior de la zona euro. 
En este sentido, es preciso sincronizar los tres procesos en curso: las grandes orientaciones de política económica, las directrices sobre el empleo y el proceso de reforma económica lanzado en Cardiff. 
Así, el Consejo de primavera podrá evaluar cada año la política económica y social en su conjunto, y garantizar su sostenibilidad. 
Tan sólo un enfoque más coherente nos permitirá hacer un uso más pleno y eficaz de los distintos instrumentos a nuestra disposición. 
En consecuencia, debemos abandonar los métodos del pasado, fragmentados por sectores. 
Señor Primer Ministro, corresponde al Presidente de la Comisión desempeñar un papel que a veces puede resultar algo incómodo: el de quien dentro del Consejo Europeo debe instar a sus colegas al respeto de los compromisos colectivamente asumidos. 
No obstante, estoy seguro de que contaré con su apoyo cuando en Barcelona invite a los Estados miembros a llevar adelante con determinación la agenda de las reformas acordadas en Lisboa, de acuerdo con las recomendaciones del informe. 
Tenemos el deber de garantizar que el Consejo de Barcelona se vea coronado por el más completo de los éxitos. Si el proceso se detuviera, el coste de la "no reforma" resultaría insostenible en términos económicos y en términos de credibilidad política de la Unión. 
Señoras y señores diputados, 2002 será un año crucial para el proceso de ampliación y sabemos que, tal como hemos escuchado, la Presidencia española no escatimará esfuerzo alguno para mantener el impulso necesario para poder concluir este año las negociaciones con los países que demuestren cumplir los criterios de adhesión. 
Pero aun siendo esencial para su futuro, la ampliación al Este no es la única dimensión exterior en la que la Unión está llamada a participar. Las relaciones con los países del Mediterráneo constituyen una prioridad necesaria de nuestra acción exterior. 
Por otra parte, fue precisamente en Barcelona donde se lanzó este diálogo. A este fin, debemos adoptar un enfoque más flexible, poniendo en marcha nuevas formas de cooperación subregional con algunos grupos de países de la orilla sur. 
En segundo lugar, debemos concretar la idea común de la Presidencia española y de la Comisión de un Banco del Mediterráneo. 
Tanto si se trata de un banco autónomo como si se trata de una estructura del Banco Europeo de Inversiones, dicho Banco debe constituir un lugar consagrado al desarrollo en que trabajen codo con codo operadores europeos y del sur del Mediterráneo. 
Asimismo, es fundamental favorecer y promover la comprensión y el conocimiento recíproco entre pueblos y culturas a través de acciones específicas de distinto tipo. 
De hecho, creo que es precisamente exportando nuestra experiencia de constructores de paz y nuestro compromiso en favor de la democracia como lograremos aportar más Europa al mundo entero. 
Señor Primer Ministro, nos ha recordado usted que América Latina es una región del mundo geográficamente lejana pero muy próxima a la cultura y a las raíces europeas, una región que ha compartido un largo trayecto histórico con muchos países europeos. 
Éste es el momento en que la Unión debe mostrar una fuerte solidaridad con Argentina, y con el Mercosur en general, en una fase de crisis dramática. 
Confianza en las instituciones políticas, en la estabilidad del Estado de Derecho y en un programa económico creíble y coherente. Nuestra experiencia de saneamiento financiero y de desarrollo económico promovido por los intercambios y la integración puede constituir una valiosa contribución para la recuperación de América Latina, con ventajas para todas las partes implicadas. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, Señorías, quisiera finalmente concluir con unas pocas palabras sobre la Convención que iniciará sus trabajos durante la Presidencia española. 
La Convención tendrá la importancia y la oportunidad de escribir una página gloriosa de la historia de Europa. 
Todos tenemos el deber de hacer todo lo posible para que esto se pueda realizar. Al presidente Giscard d ' Estaing ya le he asegurado que puede contar con todo el apoyo de la Comisión y de sus representantes en la Convención. 
La Comisión espera poder colaborar de forma igualmente estrecha con el Parlamento Europeo, legítimo representante de las aspiraciones del pueblo europeo. 
Es preciso garantizar que el debate sea intenso y fructífero y que, sobre todo, se concrete en una visión para el futuro en que la mayoría de nuestros ciudadanos pueda reconocerse. 
La Convención y la Conferencia Intergubernamental que se celebrará posteriormente deberán completar la construcción de una Europa abierta, responsable, democrática y justa. 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para felicitar al Sr. Santer por haber sido designado por Luxemburgo miembro de la Convención. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo, agradezco la prontitud con que la Presidencia española comparece aquí, siguiendo lo que ya es una costumbre, y señalo que hemos pasado el ecuador de la legislatura con un claro giro conservador en el Consejo, que, Sr. Presidente, se ve refrendado por su calidad de Presidente de la IDC- la internacional democrática de centro, para usted, cristiano demócrata para el Sr. Poettering; en cualquier caso, conservadora. 
El programa de su Presidencia sigue la pauta habitual del planteamiento semestral del Consejo, apuntarse todos los éxitos posibles. 
Pero, claro, no sólo hay que cosechar, sino que también hay que sembrar y cultivar. 
Me permitirá, Sr. Presidente, que analice los seis objetivos de la Presidencia española que usted ha resumido en tres direcciones, a la luz de este planteamiento. 
En primer lugar, me referiré al espacio de libertad, seguridad y justicia con la lucha antiterrorista como prioridad. 
Usted ha reconocido con justicia que el Parlamento Europeo fue pionero cuando planteó la necesidad de elaborar una política comunitaria antiterrorista. 
Lo hizo antes del 11 de septiembre. 
Hemos trabajado muy duro con las propuestas de la Comisión y ahora ya tendríamos esta política, de no ser por la ineficacia del Consejo, que nos remitió las consultas en diciembre. 
Mi familia política está enteramente a favor de este objetivo. 
Los problemas los tiene usted más bien en la suya, pero pensamos ayudarle. 
En segundo lugar, me referiré al euro. 
El éxito del euro se debe, ante todo, a nuestros pueblos y a nuestros conciudadanos. 
Hay que reconocerlo, porque siempre criticamos nuestra distancia con los ciudadanos y en esta ocasión, Señorías, el uno de enero, éstos nos han adelantado. 
Éxito también, y por una vez podemos decirlo, de la Comisión, que ha sido la responsable de la operación, del Presidente Prodi, que, cuando era Presidente del Ecofin, hizo posible la entrada de Italia en el euro con el hoy Presidente de la República, país cuyo Gobierno actual el uno de enero optó, en parte, por denigrar la moneda única. 
Éxito también del comisario Pedro Solbes, que era el Ministro de Economía del Gobierno español en diciembre de 1995. 
(Reacciones diversas.) Porque tanto el euro, Señorías, como la Unión Económica y Monetaria, nacieron en Madrid. 
Señor Presidente, supongo que me descontará el tiempo de todos estos alaridos. 
Esperemos que esta Presidencia española esté a la altura de las anteriores. 
El euro es igualmente éxito del Banco Central Europeo, de las entidades financieras, de los cientos de miles de ciudadanos anónimos que han trabajado el uno de enero, y éxito también, hay que reconocerlo, de Pierre Werner, de Valéry Giscard d ' Estaing, de Helmut Schmidt, de François Mitterrand, de Helmut Kohl, de Ruud Lubbers, de Giulio Andreotti, de John Major, de Felipe González y también de Jacques Santer, como Presidente de la Comisión. 
Creo que es de justicia reconocer esto. 
El desafío ahora es generar una Unión Económica que responda a la Unión Monetaria- como ha señalado el Presidente de la Comisión -, y también desarrollar la estrategia de Lisboa, que en nuestra opinión es desarrollo sostenible, más cohesión social, más pleno empleo, más competitividad. 
Ahí, Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, yo llamo su atención sobre la resolución del Parlamento Europeo respecto de los servicios de interés general, que ha sido muy explícita. 
No basta privatizar servicios sin liberalizar, porque eso equivale a reemplazar monopolios públicos por privados. 
Deben existir reglas que protejan a los ciudadanos y a los consumidores. 
Mire lo que ha pasado con Enron y lo que tuvo que hacer su Gobierno con los apagones de Navidad, cuando pidió que se retrasara la iluminación dos horas. 
En cuanto a la ampliación, les toca a ustedes madurar y avanzar en algo que no van a poder cosechar, pero tienen que hacerlo y saludo que lo asuman con responsabilidad. 
Respecto de la acción internacional de la Unión Europea, considero que, además de la necesidad de perseverar en Oriente Medio y relanzar el proceso euromediterráneo, Latinoamérica, y Argentina en especial, ocupan el centro de la actualidad. 
Compartimos su preocupación. 
Creemos necesaria una decidida respuesta pilotada por la Comisión. 
Con Argentina los europeos tenemos lazos y deudas históricas por aquellos que llegaron huyendo del hambre o de la opresión. 
Debemos decir a los argentinos que tienen que creer en su país, en sus valores y en su moneda, y que les podremos ayudar. 
Pido a la Comisión una propuesta concreta en este terreno. 
Por último, Sr. Presidente, me referiré al debate sobre la Convención y la gobernanza. 
Saludamos el hito histórico de la convocatoria de la Convención. 
Llevamos muchos años luchando por ella. 
El Consejo Europeo ha aceptado duplicar la presencia parlamentaria europea y nacional. 
Ustedes han aumentado más, tienen la troika y la trinidad presidencial, pero hemos ganado relativamente. 
Ustedes son unos anfitriones perfectos. 
No han expresado qué piensan sobre el "más Europa". 
¿Es un propósito de enmienda? 
En cualquier caso, Sr. Presidente, yo creo que una gran mayoría de esta casa está a favor de una constitucionalización del proceso, por una Federación de Estados y Ciudadanos. 
Señorías, no concebimos la Convención como una batalla entre partidos y en esto tengo que señalar que el Sr. Berlusconi, en "Le Monde" del 12 de enero, ha dicho que nosotros somos partidarios de la centralización de todo. 
¿De los medios de comunicación? 
Ahí realmente estamos dispuestos a defender conjuntamente nuestro proyecto. 
Una última palabra sobre la gobernanza y la codecisión. 
Aplauden ustedes el informe Mandelkern, pero no lo conocemos, y nos preocupa mucho. 
Aún no hemos debatido el procedimiento Lamfalussy. 
No apoyamos un informe de un probo funcionario del Consejo que no conocemos y que puede ir en contra de la codecisión. 
Hablen ustedes con nosotros, siembren y cultiven, además de cosechar. 
Permítanme recordar a los presidentes de grupos y a los colegas que aún debemos celebrar votaciones esta mañana. Me gustaría mantener el horario previsto. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, antes de nada, quisiera darle la bienvenida a esta Asamblea. 
Le deseamos que disfrute de estos seis meses y también que la cooperación con el Parlamento Europeo siga siendo tan positiva y abierta como lo fue en el período de la Presidencia belga. 
Justamente, en un espíritu constructivo, me gustaría, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ponerle de manifiesto algunas dudas y críticas que tenemos sobre el enfoque del programa que usted acaba de presentar. 
En efecto, ponerse como objetivo más Europa no significa necesariamente querer una Europa mejor en el sentido de una Europa más democrática, más abierta, más solidaria. 
La Presidencia española ha tomado la decisión de dedicar la máxima atención a la lucha contra el terrorismo y, sin duda, esta voluntad es un reflejo legítimo de la prioridad interna de vencer de una vez por todas la violencia de ETA. 
Sin embargo, nos parece importante subrayar que es inaceptable e inútil pensar que la violencia terrorista se puede atajar reduciendo el alcance de algunas de las más importantes conquistas de las democracias europeas y de la Unión como el respeto de las libertades individuales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el control parlamentario no solo a escala nacional, sino también europea de todas las decisiones en esta materia. 
Nos habría gustado que usted hubiese reiterado más claramente estos conceptos. 
Asimismo, nos preocupa mucho que el Gobierno español ponga el acento en la cooperación con los Estados Unidos sin, al mismo tiempo, tomar distancias de aquellas decisiones de la Administración estadounidense que, de hecho, la ponen fuera del Estado de Derecho y que prefiguran una militarización del sistema judicial. 
Del mismo modo, el hecho de hablar de coalición internacional contra el terrorismo y silenciar que el Gobierno ruso continúa aterrorizando y devastando Chechenia, no sirve en absoluto para convertir en más creíble a la Unión Europea. 
(Aplausos) En segundo lugar, señor Presidente, en el programa de su Gobierno hay una lista de temas, pero no existe ninguna definición clara del horizonte político de la construcción europea. 
Esto lo confirma el hecho de que la única tarea que usted confía a la Convención que iniciará su andadura dentro de dos meses es preparar opciones concretas y realistas para presentarlas a la Conferencia de 2004. 
No obstante, usted sabe muy bien que esta Convención es fruto del fracaso de Niza y que su éxito se medirá por su capacidad de representar una ruptura con el método intergubernamental de reforma de la Unión y de implicar a los representantes de los pueblos y de la sociedad civil en el proceso de integración europea. 
Espero realmente que la Presidencia española acompañará de manera positiva esta experiencia innovadora aceptando con serenidad que ya no son solo los Estados, sino también los ciudadanos y sus representantes a escala europea, nacional y regional- también a escala regional- los que pueden y deben participar en la definición del futuro de la Unión Europea. 
A propósito de valores comunes, quisiera pedirle que no subestime la dimensión europea de lo que está ocurriendo en Italia, mi país de origen, donde el principio de separación de poderes se cuestiona constantemente y donde continúa existiendo un problema de concentración de la propiedad de los medios de comunicación combinado con un conflicto de intereses no resuelto. 
En tercer lugar, nos preocupa mucho la muy escasa atención que presta su programa a la cuestión del desarrollo sostenible y a la urgencia de responder con actos concretos y fuertes a los retos que tenemos ante nosotros en materia medioambiental. 
Nos parece que esta escasa atención es una consecuencia directa de un concepto anticuado según el cual existe todavía una contraposición entre la prioridad del crecimiento económico y la de la protección medioambiental y de la calidad de vida. 
Es verdad lo contrario. 
De todos modos, en las políticas económicas, sociales y fiscales de la Unión y de sus Estados miembros los vínculos medioambientales- quiero destacarlo realmente- son todavía insuficientes. 
Al respecto, quisiera poner muy rápidamente dos ejemplos negativos que afectan directamente a España. 
El primer ejemplo es el Plan Hidrológico Nacional, contra el cual, señor Presidente, existe una fuerte oposición en su país: 400 personas en Madrid y 10.000 en Bruselas, 25.000 denuncias individuales a la Comisión no son "una insignificancia", y nosotros haremos de esto un elemento fundamental de nuestro trabajo. 
No aceptamos la tesis de que el Plan Hidrológico es una cuestión interna de España, no solo porque su Gobierno quisiera que 8 millardos de euros de los Fondos estructurales se gastaran para financiar una parte del mismo, sino también porque su ejecución infringiría la normativa europea en materia de conservación de la naturaleza y de conservación de los recursos hídricos e introduciría una competición incorrecta en materia agrícola. 
Y por último, porque el verdadero objetivo del Plan es transferir recursos hídricos de regiones deprimidas a regiones ricas con la intención de servir una agricultura y un desarrollo turístico intensivo. 
Se trata de un modelo desafortunado que ya ha provocado desastres que no nos podemos permitir el lujo de repetir. 
Señor Presidente, me habría gustado hacerle algunos comentarios sobre la liberalización del mercado eléctrico, pero lo haré en otra ocasión. 
Con todo, le deseo buen trabajo a lo largo de los próximos seis meses. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, queridos colegas, la Presidencia española coincide con una situación internacional difícil y en ella se deben abordar cuestiones altamente relevantes. 
En estas cuestiones, señor Aznar- como usted dice -, será necesaria, efectivamente, más Europa. 
La puesta en circulación del euro ha generado una nueva realidad. 
La tarea más urgente, señor Aznar, es completar el euro en lo económico y en lo social. 
Usted ha manifestado la intención de abordar lo que usted llama nuevas reformas económicas. 
En el lenguaje del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica eso consiste en impulsar hoy la vertiente social de la construcción europea de forma decidida y en reforzar la cohesión económica y social. 
Creemos que Europa no va a mejorar en la cohesión y el desarrollo económico con políticas liberalizadoras o privatizadoras, con desregulaciones laborales que hagan precario el empleo y con reducción de los niveles de protección social o con reformas tributarias que restan suficiencia y progresividad a los sistemas fiscales. 
Por otra parte, señor Aznar, la situación económica internacional aconseja imaginación y flexibilidad. 
A nosotros nos parece que no es conveniente enfrentarse a ella maniatados por una concepción rigurosa y excesivamente restrictiva del pacto de estabilidad. 
La casi recesión que atraviesa la economía mundial no es muy cuestionable hoy, señor Aznar. 
La Unión Europea necesita un impulso político y una democratización en la toma de decisiones económicas. 
Necesitamos presupuestos orientados hacia el empleo y la cohesión económica y social. 
El pacto de estabilidad debe flexibilizarse y preservar al menos la inversión pública a la hora de establecer déficits excesivos, como gasto que constituye un elemento preciso para el desarrollo futuro de la Unión y, también a corto plazo, como elemento dinamizador y multiplicador de la actividad económica. 
Es imprescindible completar la moneda única con un proceso armonizador en materia fiscal, laboral y social, construyendo una auténtica política económica- no sólo monetaria- y avanzando fuertemente en la Europa social comunitaria. 
Por último, señor Aznar, nos preocupa que no se intente potenciar los servicios públicos desde una concepción social de la construcción europea. 
Muchas reformas en boga, y en nuestros países europeos se acaba en sectores estratégicos con monopolios públicos, pero para convertirlos muchas veces en oligopolios privados, dificultando el control público sobre éstos y sin que ello suponga una efectiva mejora de su eficacia. 
Yo podría citar ejemplos diversos en distintos países sobre la situación del transporte ferroviario, sobre los sistemas sanitarios o sobre los suministros eléctricos. 
En consecuencia, señor Aznar, para resumir esta parte, nosotros pensamos que la Cumbre de Barcelona debería reflejar ese tipo de preocupaciones hacia una visión mucho más dinámica y mucho más fuerte de la construcción social europea. 
Reconocerá usted- como yo se lo reconozco- que, en este tema, lo que estoy reflejando palmariamente son diferencias existentes, como usted sabe, entre nuestras diferentes fuerzas políticas. 
Efectivamente, señor Aznar, las negociaciones sobre las bases del acuerdo de ampliación- lo ha dicho la Presidencia española y coincido con ello- deben finalizarse este semestre. 
De lo contrario, no será posible la ampliación en 2004. 
En este sentido, señor Aznar, me gustaría hacer la siguiente reflexión: una Unión de 27 Estados- con la ampliación a 10 Estados- ampliará la superficie de la Unión Europea en un 34%, aumentará la población en más de un 28%, pero la renta comunitaria apenas aumentará en un 5%. 
¿Se entiende el desafío político que plantea la ampliación? 
¿Se comprende la posible acentuación de problemas sociales que plantea la ampliación? 
Actualmente, en la Unión Europea, un 16% de la población vive con unos ingresos per cápita un 90% inferiores al promedio comunitario, y en la Unión con 27 Estados- por ejemplo- esta proporción aumentaría al 34%. 
Por tanto, a nosotros nos parece que por primera vez- a diferencia de lo que pasó con los llamados paquetes Delors, donde en sucesivas ampliaciones del espacio del mercado interior había compromisos firmes sobre aumentos decisivos de la cohesión económica y social- en estos momentos nos encontramos en una situación en la que la cohesión económica y social- como se expresaba en los paquetes Delors- debe ser absolutamente reforzada y aumentada. 
Posiblemente la negociación agrícola finalice con la aplicación de un período transitorio que permita franquear el cabo del 2006. 
El problema residirá en qué hacer después. 
La agricultura, como cualquier actividad económica, requiere perspectivas y la negociación debería estar acompañada de señales claras sobre el futuro de la política agrícola, donde asistiremos, seguramente, a peticiones de algunos de desmantelar políticas comunes en función de ahorros presupuestarios. 
Otros pensamos que las políticas comunes no deben desmantelarse, sino reforzarse en algunos aspectos, como la seguridad alimentaria y las cuestiones ambientales, que deberían impregnar todas nuestras políticas comunitarias. 
La cuestión de los fondos estructurales pone en primer plano- como cuando me refería a los paquetes Delors- el futuro diseño político de la Unión Europea. 
Una Unión Europea mayor requerirá mayores esfuerzos para aumentar la cohesión económica y social entre las regiones. 
Tenemos, efectivamente, señor Aznar, que construir un espacio de libertad, justicia y seguridad ciudadana, con pleno respeto de las tradiciones democráticas de nuestros países y de los derechos humanos fundamentales reconocidos en nuestra Carta. 
En este espacio no hay lugar para el terrorismo. 
El terrorismo es nuestro enemigo, pero tampoco debe haber lugar para leyes y medidas represivas que no tengan nada que ver con este combate y que contribuyan a reducir las garantías jurídicas y judiciales de los ciudadanos. 
La construcción de este espacio de libertad ha de ser la ocasión también para lograr una armonización de las garantías jurídicas a un nivel muy alto. 
En el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa, señor Presidente en ejercicio del Consejo, voy a hacer unas referencias muy concretas para abreviar. 
La Presidencia española tiene la responsabilidad de conseguir que la Unión Europea y el Parlamento Europeo en colaboración con la Presidencia española den un paso decisivo en la búsqueda de una solución justa para el Oriente Próximo. 
A nosotros nos parece que hay que tener muy claro que deben respetarse las decisiones de las Naciones Unidas y del Derecho internacional y que debe cesar la ocupación ilegal y militar del Estado palestino por parte de Israel. 
Hay que saludar la intención de continuar mejorando en el proceso de Barcelona, actualmente estancado. 
Es necesaria una verdadera integración regional de los países del sur de la cuenca mediterránea. 
El desarrollo de la región no puede basarse exclusivamente en las ayudas o concesiones comerciales de la Unión Europea, individualmente con cada uno de los países mediterráneos. 
Más Europa significa cumplir un papel que nos corresponde en la estabilización regional e impulsar el desarrollo económico de nuestro entorno. 
Para ello nos parece positiva la iniciativa de la creación del Banco de Desarrollo Euromediterráneo. 
Pero, quizás añadiendo complejidad a ese tema, señor Aznar, hay que resolver el conflicto de Marruecos y el Sahara con la celebración del referéndum de autodeterminación, según lo acordado por las Naciones Unidas. 
La postura que en este problema ha mantenido el Gobierno español, fiel a la responsabilidad española con el pueblo saharaui y respetuosa con la legalidad internacional, nos parece encomiable. 
Con América Latina es donde la Presidencia española debe hacer mayores esfuerzos, precisamente en momentos cruciales, como la aguda crisis de Colombia o el hundimiento de la economía en Argentina. 
El Parlamento Europeo apostó por unanimidad a favor de la solución negociada del largo conflicto que asola Colombia, desmarcándose de la militarización del mismo propuesta por los Estados Unidos con el Plan Colombia. 
En estos trágicos momentos, la voz autorizada de la Unión Europea puede ser decisiva para consolidar las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla. 
Esperamos, señor Aznar, que usted actúe en consecuencia. 
La Presidencia belga ha dado pasos importantes en la normalización de las relaciones con Cuba, empezando a superar la llamada posición común, más propia de la guerra fría que del momento actual. 
Señor Aznar, mi Grupo político ha apostado decisivamente por la Convención. 
Nos hubiera gustado una aportación más plural pero, en todo caso, estamos convencidos de su importancia. 
La Presidencia española ha dicho que los temas de la Convención deben ser muy abiertos y que sería deseable que los acuerdos y conclusiones de esta última fueran los que conformaran las decisiones futuras de la Conferencia Intergubernamental y el Tratado de 2004. 
Señor Aznar, como usted ve, he dibujado un panorama de posiciones positivas y negativas. 
Tiene usted nuestra colaboración en todas aquellas cuestiones que son positivas, desde el modesto grupo que yo represento dentro de mi Grupo. 
Señor Presidente, en la exposición del programa de la Presidencia con respecto a las cuestiones políticas fundamentales que la Unión Europea abordará durante los próximos seis meses, el Presidente español ha declarado que su principal prioridad durante los seis meses de Presidencia española de la UE será la lucha global contra el terrorismo. 
Apoyo firmemente este objetivo político. 
Es evidente que la Unión Europea ha adoptado una serie de medidas para luchar contra el terrorismo internacional durante estos últimos meses como respuesta inmediata a los horrorosos atentados terroristas del pasado septiembre en los Estados Unidos. 
La prevención del uso del sistema financiero europeo como medio para el blanqueo de dinero del terrorismo debe seguir siendo una prioridad de nuestra Unión. 
Los quince Gobiernos de la Unión deberían además tener la posibilidad de congelar los bienes de terroristas y de aquellos que participan en la delincuencia organizada e internacional. 
Acojo con gran satisfacción el objetivo del Gobierno español de promover el fortalecimiento de la cooperación policial a través de las fronteras de la Unión. 
Esto es muy importante porque las agencias de inteligencia que existen en el territorio de la Unión, junto con Europol, deben colaborar mucho más estrechamente en términos de intercambiar y compartir información si queremos desarticular las redes terroristas que operan en Europa. 
Las negociaciones de ampliación con los países candidatos entrarán en una nueva fase durante la Presidencia española. 
A esta Presidencia se le han confiado dos capítulos muy difíciles en las negociaciones de ampliación, a saber, la política agrícola y la ayuda a las regiones. 
La Unión y los países candidatos deben sentarse a negociar un acuerdo sobre los difíciles capítulos de las negociaciones porque, de lo contrario, la ampliación de la Unión no podrá realizarse rápidamente y no será un éxito. 
Los países de la Europa Oriental y Central están recibiendo actualmente Fondos Estructurales de la UE para poder hacer más competitivas sus economías. 
Éste es un objetivo político importante porque garantizará que cuando estos países entren, podrán participar en el clima competitivo de la Unión. 
Si las economías de la Europa Oriental y Central no son competitivas, no podrán participar en el mercado interior en un sentido real y efectivo. 
Asimismo, promover las economías de mercado en la Europa Oriental y Central es algo positivo para las empresas que existen en la Unión, que también podrán expandir sus productos y servicios hacia nuevos mercados. 
El Gobierno español también será el responsable de poner en marcha la Convención en marzo de este año para que estudie el desarrollo del futuro de las políticas de la UE dentro de la Unión en el contexto de la próxima Conferencia Intergubernamental en 2004. 
Es importante que el cometido de esta Convención sea claro y decisivo y que, en su momento, sus conclusiones no sean más que una lista de deseos inalcanzables. 
Las modificaciones de los Tratados deben ser aprobadas por los dirigentes de la Unión Europea y toda propuesta que emane de dicha Convención deberá ser equilibrada, progresista y alcanzable. 
Saludo asimismo el compromiso del Gobierno español de promover la entrada en vigor de reglamentos y directivas comunitarias, que deberían extender la utilización de las nuevas tecnologías de la información hasta todos los rincones de la Unión. 
Esto es excepcionalmente importante si queremos que la Unión siga siendo competitiva en los próximos años. 
Por último, una de las grandes decepciones de Laeken fue la incapacidad de alcanzar un acuerdo sobre las sedes de 12 nuevas agencias comunitarias importantes. 
Espero que el Gobierno español alcance pronto un acuerdo sobre la ubicación de estas importantes agencias, en particular, de la Autoridad Alimentaria Europea y la Agencia Europea para la Seguridad Marítima. 
Señor Presidente, al Grupo más pequeño del Parlamento, el Grupo por la Europa de las Democracias, también le gustaría dar la bienvenida al señor Presidente del Consejo, Sr. Aznar, y hablar un poco de la Convención, que dará comienzo el 1 de marzo con 105 miembros y presentará una composición muy sesgada con una presidencia de 14 miembros cuya composición parece asimismo muy sesgada. 
Me gustaría pedirle que se asegurara de que entre estos 14 miembros figurasen representantes del 49% que votó no en el referéndum sobre Maastricht celebrado en Francia o de ese más del 50% que votó no en un par de referéndums celebrados en Dinamarca. 
Me parece muy poco adecuado formar una presidencia con 14 representantes que piensan de la misma forma y llegarán a un resultado que después de 3 o 4 años acabará siendo echado abajo en un referéndum. 
Sería más práctico abrir un diálogo inmediatamente con las diversas posiciones existentes entre la población garantizando así un compromiso duradero. 
El Intergrupo de este Parlamento que lleva por nombre "SOS Democracia" y que en cierto modo ocupa el polo opuesto de los federalistas aunque colaboremos en cuestiones de transparencia y subsidiariedad, ha mantenido una reunión muy positiva con el Sr. Verhofstadt y quiere solicitarle la celebración de una reunión similar con usted. 
En esta reunión el Sr. Verhofstadt prometió dos cosas interesantes: 
La primera fue que pediría que se incluyera en todas las delegaciones a los que denominamos eurorealistas, de todos los países y que, por ejemplo, al menos uno de los tres representantes de dos países- dos del Parlamento y uno del gobierno- fuera una persona con una postura eurorealista. 
Prometió que trabajaría para ello y nos pidió que hiciéramos campaña con tal fin. 
Su segunda promesa fue que defendería la celebración de un referéndum posterior. 
Mi pregunta al Sr. Aznar es si él también pedirá una representación amplia y garantizará la celebración posterior de referéndums. 
¿Contribuirá a garantizar la elaboración de dos borradores diferentes, una constitución para un estado federal democrático y un acuerdo democrático entre países independientes, para que la gente pueda ver la diferencia? ¿Participará en la celebración de un referédum indicativo sobre dos propuestas diferentes? 
¿Intervendrá a la hora de consultar la opinión de la gente y convocará así una Conferencia Intergubernamental con vistas a la elaboración de un compromiso? 
Debemos debatir cómo puede vincular la Carta a las instituciones sin colidir con las constituciones y el Tribunal de Derechos Humanos. 
Cómo una división en dos del Tratado no impida la posibilidad de celebrar referéndums en las modificaciones. 
Cómo más de treinta formas de decisión pueden verse reducidas a tres formas transparentes. 
Cómo debemos formular el derecho de veto en cuestiones fundamentales sin paralizar todo. 
Cómo se vinculará a los parlamentos nacionales a esta cooperación y si pueden asumir la iniciativa, el monopolio y el catálogo de competencias de la Comisión. 
Y cómo garantizaremos que no suceda como sucedió con el principio de legalidad. 
Y por último, quiero preguntarle con respecto a la transparencia, como hiciera asimismo el Sr. Graham Watson, señor Aznar, si modificará la postura de España y se asegurará de que el Parlamento reciba lo mismo que recibe el Consejo de Ministros. 
Como amigo de España, le doy la bienvenida y espero que nos sorprenda y ponga en práctica la transparencia, algo que Suecia no llevó a cabo y en favor de lo cual Bélgica no trabajó. 
Bienvenido. 
(El orador continúa en lengua vasca) Urte berri on danori eta zuri zorionak Lehendakari Jauna. 
Señor Presidente, Feliz Año Nuevo a todos y enhorabuena a nuestro Presidente. 
Ayer, el Sr. Poettering mencionó la importancia de que usted sea irlandés como la mejor prueba del éxito político de los pequeños países de nuestro continente. 
Como vasco, me alegró mucho oír eso, porque la República de Irlanda, que existe desde hace sólo un siglo, puede ser para una nación apátrida europea como la nuestra un ejemplo muy alentador. 
También por este motivo le deseo buena suerte y todo lo mejor. 
No obstante, durante los próximos meses, el Gobierno del Reino de España estará a su lado observando si sigue fielmente el camino marcado por su predecesora. 
Permítanme recordar que en 1999, la negativa del Gobierno español de apartarse de su ceguera nacionalista desperdició la mayor oportunidad para la paz en más de una generación. 
Señor Presidente Aznar, puede ofrecer a este Parlamento un rayo de esperanza afirmando que se compromete a trabajar por una solución política del actual conflicto en el País Vasco? 
El tiempo se agota. 
Al final de esta semana le quedará un 10% menos de tiempo del semestre de su Presidencia de la Unión Europea. 
Debe apresurarse. 
Terminaré recordando las palabras del Sr. Watson. Ha dicho que es necesario reconocer que los problemas políticos exigen a menudo soluciones políticas. 
Habida cuenta de que estamos acumulando retraso gracias a la capacidad para expresarse de algunos presidentes de grupo, mostraré un talante menos liberal durante el resto de la mañana. 
Señor Presidente, espero que no empiece a acortar conmigo el tiempo de uso de la palabra. 
Creo que se percibe esta mañana muy claramente, en el debate que estamos teniendo, que vivimos un momento decisivo en la integración europea. 
Y, por eso, creo que la ambición de los objetivos de la Presidencia española- cualquiera de ellos podría calificarse de histórico- responde acertadamente a este hecho. 
Lo cierto es que la decisión, el entusiasmo incluso, con que 300 millones de ciudadanos europeos han introducido el euro en sus vidas, nos permite mirar al futuro con optimismo. 
El Parlamento Europeo, como expresión de la voluntad popular, debe demostrar ahora su capacidad para desempeñar el papel impulsor en el debate, como le ha sido reconocido, en particular, a lo largo de los últimos seis meses de la Presidencia belga y como ha subrayado esta mañana el Presidente del Gobierno de España. 
Desde aquí hemos servido de acicate a la Comisión y al Consejo, por ejemplo, para dotar a las administraciones de justicia de los Estados miembros de instrumentos comunitarios que hagan más eficaz la defensa de las libertades frente al terrorismo. 
Aquí, en esta Cámara, desde el comienzo de la presente legislatura, ha quedado patente, mejor que en ningún otro lugar, que el terrorismo es un problema y una amenaza para todos, y no sólo para las víctimas directas. 
Por lo tanto, la manifestación de la Presidencia del Consejo en el sentido de que es necesario mejorar el procedimiento de codecisión en la próxima reforma del Tratado de la Unión supone un reconocimiento que hay que agradecer. 
Vamos a afrontar esa reforma con el mismo método con el que se elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales- que mi Grupo, por cierto, aspira a que sea incorporada al nuevo Tratado -, es decir, a través de una Convención que se inaugurará en el mes de marzo en sede parlamentaria, como se nos ha desvelado esta mañana. 
Confiamos en que esa actitud positiva del Consejo se mantenga a lo largo de los trabajos de la Convención, para que podamos responder a dos necesidades: en primer lugar, acercar las instituciones comunitarias a los ciudadanos haciéndolas más democráticas, más eficaces y transparentes; y, en segundo lugar, acometer una profunda reforma de un marco institucional pensado para seis Estados fundadores, adaptándolo a una realidad de 25 o más Estados miembros, que nosotros esperamos ver en el año 2004. 
Señorías, las negociaciones para la ampliación de la Unión Europea- algunos de cuyos capítulos más importantes, como se ha dicho, se afrontarán en los próximos meses- no debieran, en modo alguno, quedar contaminadas por los debates domésticos. 
Al contrario, en los actuales Estados miembros, gobierno y oposición tendrían que dejar al margen la confrontación partidista ante este gran objetivo de la Unión. 
Señor Barón, hay que tener en cuenta que el éxito de una Presidencia no se mide en términos nacionales ni mucho menos partidistas. 
Esta mañana ha reconocido usted que necesita hacer algunos cursillos. 
Me temo que no solamente de informática. 
Usted ha hablado como socialista español. 
Sería de esperar que manifiesten ustedes la misma lealtad que el Partido Popular Europeo ha manifestado a las dos Presidencias anteriores. 
(Protestas del PSE) Señor Presidente, debemos aprovechar este semestre para hacer que la Unión Europea sea más fuerte en el mundo, que participe en los debates internacionales con una posición común. 
Para ello, es necesario no sólo proceder a reformas institucionales de la PESC para dotarla de más eficacia y visibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras, sino, también, mejorar los instrumentos de los que ya dispone la Unión Europea, como el servicio exterior comunitario. 
Nos esperan, sin duda, numerosos retos en este semestre que exigirán el esfuerzo y la colaboración de todos: ciudadanos, instituciones europeas, gobiernos y partidos políticos. 
Tenemos plena confianza en que esta Presidencia supondrá un paso más hacia una Europa más amplia y más unida, más abierta al mundo y más cercana a los ciudadanos. 
Señor Presidente, el ejercicio de una Presidencia es siempre una oportunidad para que un país demuestre su compromiso con la causa común, que no es otra que la de hacer avanzar la construcción europea en beneficio de los ciudadanos. 
Sé, señor Presidente Aznar, que no lo tiene usted fácil, que el contexto internacional, en lo político y en lo económico, es complicado y además, como se ha dicho, que la Presidencia belga le ha puesto el listón muy alto. 
Pero no dude, señor Presidente, de que los socialistas españoles cooperaremos sin reservas para que esta Presidencia sea un éxito para España y un éxito para Europa. 
No habrá nunca por nuestra parte deslealtades, nunca. 
Otros tendrán que arrepentirse de algunas. 
Desearemos que lo haga usted bien, porque queremos que esta Presidencia prestigie a España ante Europa. 
Por eso, señor Presidente, su esfuerzo personal y el de los miembros de su Gobierno habrá de estar a la altura de las circunstancias. 
Usted, señor Presidente, ha repasado en su comunicación las prioridades que tiene Europa en estos momentos. 
La ampliación, el proceso de Lisboa, la coalición internacional por las libertades y contra el terrorismo, el espacio único de seguridad y justicia, la política exterior, las relaciones con los países del Mediterráneo, el papel de Europa en América Latina: hasta ahí, señor Presidente, la agenda. 
Pero a los socialistas nos hubiera gustado oírle expresar un compromiso concreto, una iniciativa ambiciosa en alguna de estas cuestiones. 
Por ejemplo, nos hubiera gustado que al hablar del proceso de Lisboa hubiera puesto usted el acento en los aspectos sociales. 
Porque el proceso de Lisboa acordó un objetivo estratégico en el que, junto con la construcción de un espacio económico más próspero y competitivo, se situaban los objetivos del pleno empleo y de la mayor cohesión. 
Comprométase, señor Presidente, a que todos los métodos de coordinación referentes a estas estrategias de la agenda social sean cada vez más comunitarios. 
Asocie a este proceso al Parlamento Europeo, a los sindicatos, a las patronales. 
Eso será, a nuestro juicio, más Europa. 
Pondré otro ejemplo: el Mediterráneo y América Latina son prioridades europeas, pero una buena Presidencia española, por proximidad y por relaciones privilegiadas, debiera ser capaz de destacar en relación con estas dos áreas geográficas. 
Sin embargo, no vemos en su programa iniciativas concretas para revitalizar el diálogo y la cooperación más allá de la creación del Banco euromediterráneo para el desarrollo, que por cierto se previó en 1995 en Barcelona y después en Laeken. 
No nos dice ni cómo ni cuándo van a concluir ustedes las negociaciones con Mercosur y con Chile. 
Nos gusta, señor Presidente, que haya escogido el lema "Más Europa", y no porque sea un clásico de la familia socialista. 
Le anticipo que no le juzgaremos a usted por el número de reuniones que celebren durante el semestre, les juzgaremos por los resultados. 
Así que han de pasar ustedes, señor Presidente, de las palabras a los hechos. 
¿Qué entienden ustedes por más Europa? 
Supongo que no será, como expresó el Ministro Sr. Piqué, que Europa hable con una sola voz en el 2050, porque, como diría un castizo, "para ese viaje no hacen falta alforjas". 
Realmente me impresiona la ambición del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores. 
Más Europa es más seguridad, pero también más libertad. 
Más Europa es más empleo y menos desigualdad. 
Más Europa es más democracia y más participación. 
Más Europa es también una Unión más activa en defensa de los derechos humanos. 
Más Europa, en definitiva, también, Señor Presidente, es menos nacionalismo, del viejo y del nuevo. 
Señor Presidente, si usted lo hace así, nosotros seremos los primeros en aplaudirle. 
Queremos su éxito y queremos celebrarlo juntos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en primer lugar, desearía destacar el apoyo del Grupo Liberal y de mi partido, Convergència Democràtica de Catalunya, para asegurar que esta Presidencia ofrezca, al final de la misma, un balance positivo, con nota, inscribiéndose en la valoración de las dos anteriores Presidencias españolas. 
De los temas expuestos como prioritarios para la presente Presidencia, desearía destacar los tres siguientes. 
En relación con la reunión del Consejo Europeo de Barcelona, en marzo, que ésta ofrezca compromisos concretos y resultados que se puedan contrastar, para asegurar que se realizan efectivamente las reformas estructurales y los procesos de liberalización necesarios para cumplir con los objetivos fijados en el proceso iniciado en el Consejo de Lisboa. 
Con respecto a la Conferencia Euromediterránea, que sirva para impulsar una nueva etapa en el proceso que se inició, también bajo Presidencia española, en 1995 en Barcelona, para asegurar una mayor y mejor cooperación entre la Unión Europea y los países terceros del Mediterráneo. 
Estamos a favor de la creación de una institución financiera que permita una plena y eficaz aplicación de los fondos acordados para los programas mediterráneos. 
Hay que intensificar la política exterior de la Unión, en la que ésta se juega buena parte de su paz y estabilidad en el futuro. 
En su papel clave como miembro del Presidium de la Convención, reclamamos que asegure la incorporación y la participación de las regiones constitucionales en las instituciones de la Unión Europea, en el texto constitutivo que debe acordarse en la Conferencia Intergubernamental de 2004. 
Como ha destacado en su intervención el presidente del Grupo Liberal, no puede considerarse completa la Unión Europea si ésta no cuenta con la participación y la integración plena de la Europa de las Regiones en la misma. 
Es un tema al que, bajo la Presidencia española, que se iniciará con la Convención, nosotros, como se ha destacado, le concedemos la máxima importancia. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, España ostentará la Presidencia de la Unión Europea con una propuesta de prioridades ambiciosa y voluntarista. 
La construcción europea pasa hoy por profundizar en las libertades, arrinconar al intolerante y hacerla compatible con la necesaria lucha contra los terroristas. 
Las prioridad española sobre la ampliación no está acompañada de los necesarios compromisos que garanticen los legítimos objetivos de los territorios Objetivo 1. 
Es vital, para este andalucista y para asegurar el futuro, la reforma de la Política Agrícola Común, el debate sobre el desarrollo rural, la codecisión en agricultura y la seguridad alimentaria para evitar costosísimas crisis y alarma en el consumidor. 
La presencia de las comunidades autónomas en el Consejo cuando se aborden temas de nuestro interés y competencia siempre será positiva y enriquecedora. 
Refleje en Europa la realidad de España. 
No trate de ocultarla, señor Aznar. 
Las comunidades autónomas también son Estado. 
Una España plural en una Europa plural, haciendo más Unión. 
Profundice en esa realidad política y social. 
Señor Aznar, no ha nombrado explícitamente a Marruecos en su discurso. 
Inclúyalo en su Presidencia. 
Señor Aznar, que la neutralidad de la Presidencia no paralice nuestro legítimo objetivo europeísta de cohesión. 
Sean firmes, pero también dialogantes. 
Señor Presidente, lamento que una vez más algunos representantes de la izquierda hayan favorecido la infundada y partidista posición contraria a Italia, o sea, a un pueblo que libre y democráticamente ha elegido a su Gobierno, en lugar de la profundización del futuro y del presente de la Unión Europea. 
Por otra parte, de minimis praetor non curat. 
Presidente Aznar, el programa de la Presidencia española es rico de argumentos y objetivos y al principio de cualesquiera iniciativas vemos el compromiso de volver a poner la política en el centro del debate. 
Por razones de tiempo no podemos sino citar algunos puntos. 
La política económica común que ustedes han abordado, que el Presidente designado por la Comisión ha remarcado como elemento fundamental para el futuro y que confirma lo que habíamos dicho al votar el euro en Bruselas: no puede haber una política monetaria si no contamos con una fuerte política económica común. 
La política del Mediterráneo que debe avanzar a un ritmo más sostenido y más rápido porque si bien es cierto que la cooperación entre los servicios de inteligencia de los Estados europeos es muy importante para combatir el terrorismo- hecho que hemos evidenciado también en el debate desarrollado aquí sobre este tema- no lo es menos que hay que combatir la pobreza, que hay que restaurar la paz en Oriente Próximo, que debemos reequilibrar el epicentro político de la Unión Europea. Por lo tanto, una fuerte política del Mediterráneo como momento culminante de la próxima Cumbre de Barcelona. 
Hacer realidad el concepto de más Europa o de más Europa de los ciudadanos, es decir, instituciones menos burocráticas y más democráticas y más respeto a las tradiciones, a las identidades de cada país, a una Europa que no sea homologadora sino un momento de crecimiento para cada uno, tal como recordaba incluso ayer el Presidente del Parlamento, Sr. Cox. 
Luego, no podemos olvidar el problema de Argentina. Es la crisis número ciento veinte desde 1975. 
Entonces afrontemos el problema de la burbuja especulativa, de la desproporción entre economía real y economía oficial; afrontemos el problema de Argentina con ayudas inmediatas también porque nuestros países están ligados a Argentina por vínculos de amistad y de tradición. 
Señor Presidente, resulta muy desafortunado que España, ese gran país tan querido por Francia y los franceses, haya elegido como lema "Más Europa", que no representa ninguna innovación, puesto que, después de todo, se trata de un lema obligatorio desde hace alrededor de cincuenta años, y que incluso es posible que no nos preocupe porque ese "Más Europa" se traduce comúnmente en una destrucción cada vez mayor de lo que constituye la sustancia de Europa, es decir, las naciones. 
Pero, en cierto modo, España no innovará. 
Usted no introduce concretamente ninguna innovación en el ámbito que ha elegido como prioritario, señor Jefe del Gobierno, es decir, la lucha contra el terrorismo. 
Y resulta bastante irrisorio luchar contra el terrorismo cuando incluso parece que se hace todo lo posible por alimentar sus raíces, tanto las superficiales como las profundas, en Europa y en todo el mundo. 
Con respecto a las raíces superficiales existe, evidentemente, esa obsesión ridícula y criminal de abolir las fronteras, obsesión que, naturalmente, dificulta cada vez más los controles policiales y que fomenta sobre todo un internacionalismo que siempre fue la gran arma de todos los terroristas desde que el mundo es mundo. 
Desde un punto de vista más profundo, la abolición de las fronteras destruye el sentimiento de pertenencia nacional, que, desde hace siglos, constituía para las mujeres y los hombres un punto de referencia en el espacio y en el tiempo; dicho de otro modo, un lugar en la Historia. 
Éstos se ven, de esta forma, devueltos a sus orígenes étnicos y se enfrentan ahora a lo que queda de Estado-nación; una lucha que, por otro lado, llegado el caso, favorecemos. 
Eso ocurre en España y en todas partes. 
En nuestra opinión, el terrorismo vasco sólo podrá ser combatido a través del fortalecimiento de una gran política española en el escenario internacional, política que España afortunadamente puede llevar a cabo en Europa, en el Mediterráneo y en América Latina. 
Ahora bien, Europa les impide a ustedes ese fortalecimiento de sí mismos. 
Desde un punto de vista aún más profundo, el terrorismo se ve favorecido y fomentado por el profundo desorden en el que está sumido el mundo debido al ataque que representa para las naciones el dogma sagrado del capitalismo, cual es la liberalización de los intercambios, que no sólo destruye el sentimiento de pertenencia nacional- lo cual constituye una de las fuentes del terrorismo islámico -, sino que también levanta, con el pretexto falaz de globalización, un verdadero muro entre el mundo rico y el mundo pobre que se encuentra sin futuro y, por tanto, relegado a los peores extremos. 
En ese sentido, es muy alentador que las naciones levanten la cabeza, sobre todo en Europa, con los signos positivos que hoy nos llegan de Alemania y de Italia, que ayer nos llegaron de Dinamarca o de Irlanda y que mañana, sin duda, nos llegarán de Francia. 
Esa podría ser, señor Jefe del Gobierno, su principal preocupación en los próximos seis meses. 
Y si, en definitiva, ha elegido negar las realidades nacionales, no puedo- no podemos- desearle buena suerte. 
Señor Presidente, bienvenido y mucha suerte. 
El programa que usted nos ha presentado de su Presidencia es muy denso. 
Permítame alguna sugerencia para convertirlo además en más grande y ambicioso. 
Pertenezco a una familia política que, al contrario de muchos, siempre ha creído que las únicas cosas seriamente concretas son las ideas y una visión del futuro. 
Pues bien, bajo su Presidencia, se puede completar la que ha venido siendo desde hace años una vieja idea de algunos de nosotros extremistas del Derecho y del Derecho internacional. 
Durante su Presidencia, usted puede poner en pie el Tribunal Penal Internacional de carácter permanente contra el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad. 
Será una fecha histórica, un cambio fundamental que, junto con los Tratados, llevará un primer elemento de jurisdicción internacional. 
Se necesitan 60 ratificaciones: hemos llegado a más de 50. 
Muchos países vecinos y amigos nuestros se encuentran en un estado muy avanzado. 
Si usted quiere, es posible que con la ayuda de todos nosotros- en febrero este Parlamento debatirá este tema- las 60 ratificaciones las consiga la Presidencia española en nombre y por cuenta de 200 millones de ciudadanos europeos. 
Espero que usted admita esta posibilidad como fecha histórica de un cambio. 
Piense en lo distinto que sería, incluso en la lucha contra el terrorismo, si- como en el caso de Milosevic que es un simple criminal de guerra en espera de juicio- hoy tuviéramos la posibilidad de llevar a los Osama Bin Laden o a los mulá Omar ante un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente sin que los amigos americanos se vieran obligados a inventarse tribunales militares o de otro tipo. 
Pues bien, esto está dentro de nuestras posibilidades, de las suyas, y es, sin duda, nuestra voluntad. 
Cierto, señor Presidente, que la lucha contra el terrorismo no se puede dejar de compartir; sin embargo, lo que me preocupa es la respuesta política, ya que es evidente que no bastan las respuestas militares ni judiciales. 
La respuesta política es débil. 
Seguimos pensando y practicando el principio según el cual el enemigo de mi enemigo es automáticamente mi amigo. 
Corremos el riesgo de legitimar acríticamente regímenes de lo más dudoso como aliados inmediatos porque los necesitamos. 
Algunos de ellos, señor Presidente, están cerca de nosotros tal vez en la orilla sur del Mediterráneo. 
Quisiera llamar su atención sobre otro punto. 
Creo que estamos sentados cerca de un polvorín y creo que un nuevo enfoque de nuestras relaciones con el Mediterráneo debe ser una prioridad para nuestro presente, así como para nuestro futuro inmediato. 
Señor Presidente, aquí tiene algunas pequeñas sugerencias, pero una manera de ser realmente visionarios que es exactamente la emoción que también los ciudadanos quieren de nosotros. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero desear suerte a la Presidencia en ejercicio por el ambicioso programa que ha presentado aquí esta mañana. 
Las intervenciones de algunos colegas me han recordado eso que decía Marx, no Karl sino Groucho, acerca de algunos críticos literarios que estaban tan ocupados en escribir la crítica que nunca tuvieron cinco minutos para sentarse a leer la novela. 
Yo quisiera decir, señor Presidente, que la Presidencia española tiene una serie de objetivos que se presentan de forma inmediata tanto en lo que se refiere a la dimensión interna del proyecto como en su versión externa. 
Es evidente que se trata de aunar voluntades, de fraguar consensos y de balizar el camino para que el proyecto de Unión Europea progrese. 
Para eso hacen falta dos cosas. 
Hace falta un método; en Laeken se ha decidido el método de la Convención, que es un método innovador: Europa no se puede construir sobre la base de círculos concéntricos. 
Y hace falta una ambición. 
Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi buen amigo el Sr. Watson, al que felicito por su nombramiento como presidente de Grupo Liberal, porque creo que España está muy bien situada para prestar su contribución de cara a la superación de uno de los retos históricos de nuestro tiempo, que es el de cómo conciliar, cómo hacer compatible con prudencia y con tino la unidad con la diversidad. 
Cómo conformar el proyecto de Unión Europea con una orquesta bien afinada, bien temperada, como decía Mozart, que se mueva a impulsos democráticos y no como un batallón a toque de corneta. 
Señor Presidente, cuando la libertad fue salvajemente agredida por la barbarie el pasado 11 de septiembre quedó meridianamente claro que las nociones de seguridad, de defensa, de cooperación, de política exterior y de ayuda al desarrollo son nociones interrelacionadas que se tienen que plasmar en una conciencia común de que las amenazas y los peligros que representa el fenómeno terrorista nos afectan a todos por igual y tienen que tener, por lo tanto, una respuesta de todos por igual. 
Dos palabras, señor Presidente, en relación con América Latina. 
Este Parlamento piensa que América Latina no necesita dádivas, sino que lo que necesita son oportunidades. 
Pero también pensamos desde este Parlamento que hay que pasar alguna vez de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad y por eso hemos incrementado de forma significativa las cantidades propuestas por la Comisión para la cooperación con esta región en el año 2002 y hemos presentado un ambicioso catálogo de medidas dirigidas a dar contenido a ese objetivo estratégico, que se trazaron los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Río de Janeiro, de alcanzar una asociación estratégica birregional. 
Por eso esperamos, como ha anunciado la Presidencia en ejercicio, que la Cumbre de Madrid pueda transmitir un mensaje claro y bien definido del nuevo compromiso de Europa con América Latina. 
No tengo la menor duda de que el piso que le corresponde levantar a la Presidencia en ejercicio en este edificio de la construcción comunitaria estará a la altura de las ambiciosas prioridades que se nos han presentado esta mañana. 
Presidente Aznar, hace veinte años un mercado europeo con una moneda única, el euro, era un sueño y hoy es una realidad. 
Los socialistas europeos ambicionan lo mismo para la política de seguridad y defensa, y los sucesos del 11 de septiembre sólo contribuyen a reforzar este deseo. 
Es una condición para la paz y el progreso. 
Por ello, respaldaremos a la Presidencia española si ésta pretende dotar a la PESD de más dinamismo, de una mayor capacidad y, en general, de más medios a fin de lograr una mayor eficacia. 
Para lograrlo, resulta esencial predicar el mensaje del multilateralismo. 
La cancelación del Tratado ABM por los Estados Unidos se opone a todo esto. 
No queremos volver a caer en una nueva carrera armamentística. 
Pedimos a la Presidencia española que también haga llegar este mensaje a nuestro aliado, los Estados Unidos. 
Podemos enviar este mensaje y llamamiento a los EEUU con más fuerza ahora que, en tanto Europa, estamos preparados para seguir luchando con tesón en la coalición contra el terrorismo dentro y fuera de Europa. 
Tengo una segunda pregunta seria dirigida a la Presidencia española ¿Está usted dispuesto a luchar por la creación de una coalición mundial contra la pobreza? 
Al fin y al cabo, la pobreza constituye el caldo de cultivo para el odio fundamentalista, cualquiera que sea su origen. 
Es necesaria una coalición contra la pobreza en Asia, en África y también en el proceso euromediterráneo, ya que la seguridad en nuestra tierra no es para algunos; solamente es posible que esa seguridad se mantenga si se aplica a todos dentro de un orden jurídico internacional. 
¿No considera la Presidencia española que es mejor invertir financieramente en esa coalición contra la pobreza que apostar únicamente por nuevas inversiones del tipo Star Wars? 
Ante este telón de fondo, ¿va a hacer usted todo lo posible por ayudar a los Sres. Solana y Patten a fin de contar en 2003 con una capacidad operativa plena para las misiones Petersberg? 
En Oriente Medio, vemos que el antiguo Primer Ministro de Irán, Rafsanjani, amenaza con una bomba atómica para destruir a Israel. 
Esto es totalmente inaceptable. 
Sin embargo, tampoco la política de Sharon, que aísla a Arafat y convierte en víctimas a ciudadanos palestinos inocentes, contribuye en absoluto a la seguridad en Israel y Palestina ¿Está dispuesta la Presidencia española a, conjuntamente con los Estados Unidos y Rusia, adoptar una nueva iniciativa de paz en todo Oriente Medio? 
Le estaríamos muy agradecidos. 
Señor Presidente, señor Aznar, señor Prodi, Señorías, como diputado procedente de las islas Canarias, de una región ultraperiférica comunitaria, adscrito al Grupo Liberal, le doy la más cordial bienvenida a la Presidencia de este Consejo. 
No olvide, señor Aznar, cumplir con las asignaturas pendientes que tenemos en este semestre que ahora iniciamos, donde la ampliación y la música del euro conforman el escenario de la Europa comunitaria con un telón de fondo universal muy singular, donde todo el planeta está más o menos afectado por razones varias que nos obligan a hacer esfuerzos constantes, permanentes y conjuntos para alcanzar la paz y la prosperidad. 
En nuestro ámbito europeo, he de recordarle que, en todos los pilares del edificio comunitario, nos encontramos con problemas de mantenimiento. 
Por eso, debe haber en las políticas comunitarias algo que usted ha señalado: "más Europa". 
Y es verdad, sobre todo a la hora de revisar la PAC, los Fondos estructurales, la consolidación del hecho ultraperiférico, de formular una verdadera estrategia europea de inmigración. 
También lo es a la hora de las reformas institucionales, a la hora de definir el papel y la participación de las regiones en la construcción de la Europa del siglo XXI y de una política ambiental adecuada, sin descuidar el ámbito de la política social, es decir, del empleo y de las PYME. 
Tampoco olvide, en su doble condición de Presidente del Consejo y del Gobierno español, de exportar más Europa al mundo. 
De ahí, la necesidad de revisar las relaciones exteriores de la Unión- como es el caso de la posición común del Consejo respecto a Cuba y el futuro del Sahara, vía referéndum de autodeterminación- sin descuidar el diálogo con los vecinos mediterráneos- desde Marruecos al Oriente Próximo- o con los geográficamente alejados- como América Latina, con el caso de Argentina, o como los Estados Unidos de América y China. 
Por supuesto, podrá contar con nosotros, como siempre, en la lucha política conjunta europea frente al terrorismo. 
Le deseo suerte en este singular mandato y que en los exámenes de junio podamos todos juntos celebrar con éxito el resultado, porque lo bueno para Europa es bueno para todos, especialmente para los ultraperiféricos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, sus prioridades para la Presidencia no contemplan o sitúan en un muy segundo plano políticas que, siendo fundamentales para la Unión y también para el Estado español y para mi nación, deben ser tratadas en el año 2002: la PAC, la política común de pesca y el futuro de los Fondos estructurales. 
En cambio, pretende poner su Presidencia al servicio de su obsesión autoritaria contra la diversidad europea, negando la presencia en el Consejo de las nacionalidades y regiones del Estado español, utilizando un concepto de soberanía que en la Unión resulta antihistórico y anacrónico. 
De tener usted razón, señor Aznar, tendríamos que concluir que comparece hoy aquí como presidente de una institución extranjera. 
Nosotros no pensamos así. 
Yo represento a mi nación y soy al mismo tiempo ciudadano del Estado español y de la Unión, sin contradicciones. 
Usted se enreda autoritariamente en algo que está resuelto en los Tratados y en la práctica, pretendiendo ignorar que en el futuro, sin que se trate de un problema de soberanía y mucho menos de separatismo, nos preguntaremos no sólo por qué Eslovaquia podrá presidir un Consejo de Pesca pero no podrían estar en él Galicia, Andalucía o Canarias, sino también por qué a Malta o a Luxemburgo les es reconocido, con razón, su carácter histórico nacional y no a Galicia, Euskadi, Cataluña, Escocia, Gales o Flandes. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, bajo la Presidencia española del Consejo de la UE las negociaciones con los países candidatos van a entrar en su fase más difícil. 
Los capítulos de la agricultura y del fomento regional exigen por ello la máxima sensibilidad y una precaución particular. 
En especial, en lo que se refiere a los pagos directos a los agricultores es adecuado realizar una análisis diferenciado. 
Si no queremos que se nos achaque que promovemos la producción de contingentes hasta el exceso, tenemos que centrarnos más en una política rural integrada en los países candidatos, en vez de transferir el sistema de los pagos directos. 
Precisamente ante el trasfondo de las dificultades que se revelan y de los intereses contrapuestos en lo que se refiere a las ayudas, va a ser necesaria una habilidad negociadora especial. 
Es de importancia decisiva que las negociaciones permitan la viabilidad y continuidad para el futuro, con lo que me refiero a más allá del 2004 y de la Agenda 2000. 
La intervención de esta mañana del Presidente Aznar nos lleva a pensar que su Presidencia promete ser centrada y seria y entregada a buscar solución a los grandes problemas. 
A la Presidencia le esperan numerosas tareas en el frente internacional; impulsar la guerra global contra el terrorismo es la más difícil y la más importante de todas. 
La Presidencia ha prometido promover con determinación la solidaridad con los Estados Unidos en estos momentos de crisis, y eso es acertado, pero no faltarán otros problemas en el plano internacional. 
En Zimbabue tenemos una tragedia que va en aumento y que necesita acción urgente de la UE: es necesario imponer inmediatamente sanciones inteligentes y emitir un claro mensaje sobre las peligrosas consecuencias de la vía delictiva que actualmente ha emprendido el Sr. Mugabe. 
La Presidencia se enfrenta a retos similares en el frente económico. 
Si Europa se propone seriamente convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010, Barcelona promete ser el momento de la verdad. 
Sencillamente no podemos permitirnos seguir fracasando. 
Europa tiene que hacerlo bien. 
Desde Estocolmo, las cosas en realidad han retrocedido. 
La agenda liberalizadora ha quedado empantanada debido a nuevos objetivos sociales y medioambientales. 
Desde entonces hemos presenciado al menos tres nuevas directivas comunitarias que reducen directamente la flexibilidad del mercado de trabajo, y hay otras que están en proyecto, así como nueva legislación nacional, como en Francia, que ata las manos de las empresas. 
Esa agenda destruye puestos de trabajo. 
En los sectores objeto de mayor competencia, el panorama es francamente inaceptable. 
En los servicios financieros- telecomunicaciones, por ejemplo- la liberalización avanza demasiado lentamente. 
La liberación de los mercados de la energía y los servicios postales está muy retrasada. 
Si Europa quiere realmente surgir como líder económico mundial antes de que finalice esta década, debe demostrar un compromiso real. 
Debemos facilitar la tarea de poner en marcha y dirigir una empresa y mantener e invertir beneficios. 
Eso significa que será necesario enfrentarse a muchos intereses creados. 
Tenemos nuestra mirada puesta en el Presidente Aznar para que nos indique el camino. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, acaba usted de referirse a "más Europa" y la lucha contra el terrorismo como dos de sus grandes objetivos, los cuales comparto y en los que le deseo un gran éxito. 
Ahora bien, Europa no se puede construir sólo desde los Gobiernos de los Estados y excluyendo a las demás instituciones públicas. 
Por ello, le sugiero los ejemplos de Alemania y la pasada Presidencia belga, en la cual hemos podido ver participar a los representantes de todas sus regiones y comunidades. 
El Gobierno español, por contra, obstaculiza reiteradamente cualquier presencia de las comunidades autónomas en los órganos europeos, incluso cuando éstos van a decidir sobre competencias exclusivas de aquéllas, como ocurre habitualmente con el Ecofin y los asuntos fiscales y financieros, en los que las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra mantienen soberanía plena. 
Para conseguir erradicar la violencia yo le cito el ejemplo de los Gobiernos británico e irlandés, que propiciaron los acuerdos del Viernes Santo y un proceso de paz en el Ulster, y le ruego que usted y el Partido Popular no sigan empecinándose en mantener su alianza con Herri Batasuna- valedores de los etarras- con el solo objetivo de forzar el estado de sitio político al Gobierno vasco, y que, en vez de ello, propicie el diálogo democrático para resolver el conflicto político histórico con la mayoría del pueblo vasco, que desea vivir en paz y que se respete su derecho a decidir libremente su futuro. 
Señor Presidente, "Más Europa" es el lema que compartimos pero que se ha de completar con las palabras "más libertad", "más identidad". 
Partidarios convencidos de la Europa de los pueblos que consideramos hermanos- de los vascos a los corsos, a los flamencos, a los padanos- y por lo tanto, de las libertades y de las autonomías, nos reconocemos en el proyecto de construcción europea, también como respuesta a los graves peligros de la mundialización. 
Este lema "Más Europa" debería entrañar compromisos y contenidos más concretos en defensa de las libertades y de las identidades de los europeos. 
Para conseguir más Europa ante todo hay que asumir los compromisos de defender nuestras especificidades y nuestras pertenencias- lingüísticas, regionales, nacionales, culturales- por las que luchan nuestros pueblos, empezando por el pueblo padano. 
Esto significa trabajar en la dirección contraria a la que nos empujan las directivas que homologan la oligarquía tecnocrática, no legitimada por ningún voto popular que actualmente guía y dirige toda la política de la Unión Europea. 
Además, ¿acaso se puede dejar de establecer una relación entre el compromiso de luchar contra el terrorismo, que compartimos, y los peligros de una inmigración ilegal que es su caldo de cultivo? 
Existe una resolución del Consejo de Europa que invita a limitar las entradas para no facilitar y agravar el desempleo dentro de los Estados. 
¿Por qué no se ha mencionado? 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia española coincide políticamente con una época en la que hay que evitar la guerra entre dos potencias nucleares, promover la paz en Cercano Oriente y conducir al éxito el proceso de Barcelona, pues si no tenemos éxito en estos campos se pueden ver afectados terriblemente nuestros intereses más directos. 
Todo esto va unido nacional e internacionalmente a la lucha contra el terror y tras la intervención que uno de los oradores anteriores ha mantenido quiero decir que no hay ninguna justificación política para el terror, que debe ser rechazado tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Señor Presidente del Consejo, durante los últimos meses he seguido el modo inteligente con que usted ha preparado su Presidencia en cuestiones de política exterior no cayendo en el peligro del bilateralismo, tal como se ha visto en parte en Berlín, Londres y París. 
Creo que esto se debe al reconocimiento del hecho de que las tareas en la lucha contra el terror internacional y nacional así como en el aseguramiento de la paz solamente se pueden poner en marcha con un esfuerzo conjunto y no actuando cada uno por su cuenta, por lo que por este motivo tenemos que llegar a una política exterior y de seguridad común. 
Le expreso mi agradecimiento porque por lo visto usted va a actuar en este sentido. 
Su Presidencia coincide además con una fase decisiva por otros dos motivos. 
Con el inicio de la Convención, podrá establecer unos jalones decisivos sobre la futura configuración interna de la Unión Europea. 
Por ello, le rogamos apoyo para que la Convención tenga las necesarias posibilidades de trabajo y pueda cumplir esas condiciones. 
Además, en su Presidencia se deberán adoptar las decisiones preparatorias para la ampliación de la Unión Europea, es decir, para la futura configuración exterior de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en Laeken se tomaron dos decisiones muy importantes para la creación de un espacio judicial europeo en la lucha contra el terrorismo: la definición y sanciones comunes para el terrorismo y la orden de búsqueda y captura europea. 
Estas dos medidas las había pedido con insistencia este Parlamento en el informe Watson- a quien quiero felicitar por su elección y, también, por sus palabras- y creo que hemos hecho un trabajo positivo con el Consejo y la Comisión en su desarrollo. 
En Laeken se hizo también una valoración de la aplicación de la agenda de Tampere. 
Volveré brevemente sobre ello. 
Pero quisiera decir que, además, el 27 de diciembre, el COREPER adoptó una serie de decisiones en la lucha contra el terrorismo. 
Es relevante la decisión que permite que haya una lista de personas y organizaciones que actúan en la Unión Europea. A ellas se les aplicará el artículo 4 de la posición común que recuerda la necesidad de cooperación policial y judicial previstas en el Tratado y en los acuerdos internacionales sobre la materia. 
Esperamos que las medidas de lucha contra la financiación del terrorismo en Europa puedan también aplicarse en breve. 
Y espero también, señor Presidente, que el Consejo mantenga la excelente cooperación que había tenido con este Parlamento, con la excepción de los últimos tiempos. 
Adoptados ya los instrumentos más relevantes en la lucha contra el terrorismo, hay que hacer ahora que se apliquen. 
Ustedes pueden y deben convencer a los Estados que más dudas tienen. 
Quisiera señalar, también, un motivo de preocupación en relación a la cuestión de la inmigración. 
En su agenda ustedes pasan de la inmigración por razones humanitarias a la lucha contra la inmigración clandestina. 
Se saltan ustedes un paquete importante: el de derechos y deberes y el de la organización de la entrada legal de personas. 
Y ya hay documentos de la Comisión en este sentido. 
Por favor, empujen la agenda entera, para que no haya que lamentar decisiones no cumplidas, como sucedió en Laeken con algunas decisiones tomadas en Tampere. 
Senyor President Aznar, usted ha colocado su Presidencia bajo el lema "Más Europa". 
Más Europa también supone que el catalán, lengua que hablan cerca de 10 millones de europeos y europeas, adquiera derecho de ciudadanía en esta Casa: lo establece la Carta de los Derechos Fundamentales, la diversidad europea. 
Más Europa también supone que nuestros ministros puedan participar directamente en las decisiones europeas que les afectan: lo establece el Tratado de Maastricht. 
Más Europa también supone no cometer el crimen de Estado ecológico que constituye el Plan Hidrológico Nacional: lo establecen las directivas europeas sobre el hábitat y el agua. 
Más Europa también supone permitir que todas las naciones puedan convertirse, si lo desean, en miembros de pleno derecho de la Unión: lo establecen varias resoluciones de nuestro Parlamento por las que se reconoce el derecho a la autodeterminación. 
Señor Presidente Aznar, sé, junto con mi partido Esquerra Republicana de Catalunya, la Izquierda Republicana de Cataluña, que no podemos contar con usted para llevar a cabo todos estos avances. 
Mister President, al mirar las estrellas de nuestra bandera, veo levantarse por todos los confines de Europa antiguas y jóvenes naciones. 
Todas ellas quieren ocupar su lugar, su justo lugar en esta Casa común. 
... 
Visca Catalunya lliure! 
Visca Europa unida! 
Señor Presidente, viendo precisamente las estrellas de la bandera europea, creo que alguno se ha equivocado de foro y ha venido aquí a hacer reivindicaciones de "aldea y campanario". 
No voy a entrar en ese debate porque aquí hay que hablar de Europa. 
Y hemos venido a hablar precisamente de un programa que aúna ambición y visión. 
Por eso, señor Presidente, es una gran satisfacción el encontrarnos aquí con un programa de seis meses, con el que creo que, como ha señalado la mayor parte de esta Cámara, se van a hacer muchas cosas y a tomar muchas iniciativas. 
Es verdad que aquí, señor Presidente, -es una tradición de este Parlamento- se le exige a la Presidencia de turno que haga cosas. 
Pero creo que también, en justa compensación a lo mucho que se le ha exigido hoy, este Parlamento tiene que tomar un compromiso de hacer algo que me parece extraordinariamente importante: el proceso de Barcelona va a ser un elemento capital de esta Presidencia. 
El proceso de Barcelona es necesario para llevar a cabo el proceso iniciado en Lisboa y ha dicho usted, señor Presidente, que no hay mayor integración social que la de crear empleo. 
Es necesario dar una señal clara, cuando la economía europea atraviesa un momento delicado, de que la Unión Europea está dispuesta a hacer ese esfuerzo y, por tanto, desde este Parlamento y desde este Grupo parlamentario nos comprometemos a aprobar la semana que viene en la Comisión de Asuntos Constitucionales el informe que ha redactado el colega von Wogau para poder poner en marcha las medidas contenidas en el informe Lamfalussy, que creo que van a ser una señal muy clara a los mercados de que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo- y me alegro de que esté usted aquí, señor Prodi, porque la Comisión tiene mucho que decir en este tema- a un acuerdo justo, respetando el equilibrio de las instituciones, para liberalizar ese mercado. 
Desde ese punto de vista el compromiso del Parlamento Europeo se suma también a las buenas iniciativas de una Presidencia ambiciosa y de una Presidencia con visión. 
Señor Presidente, creo que soy el único orador que no ha consumido su tiempo de palabra. 
Señor Presidente, señor Presidente Aznar, gracias por su presentación de las prioridades de la Presidencia española. 
Sólo haré comentarios sobre una de ellas, a saber, su determinación de completar el mercado único en los sectores del gas y la electricidad. 
Tenemos dudas acerca de su enfoque. 
Usted quiere que la UE se guíe por cinco principios principales: apertura, liberalización, competencia, transparencia e interconexión. 
No obstante, la energía no es como otros productos o servicios. 
Tiene otras facetas: es una necesidad social básica y tiene impacto medioambiental. 
Una liberalización precipitada y poco meditada sería altamente peligrosa. 
Su propio país, al igual que California, ha sufrido recientemente importantes cortes de suministro a raíz de la liberalización. 
La liberalización nos lleva a precipitarnos en busca de gas, obligándonos a importarlo de regímenes muy frágiles. 
Debemos asegurarnos de que las fuentes de energía autóctonas desempeñan un papel principal en el suministro energético. 
Las energías renovables, en particular, necesitan protección legal y fomento. 
La mayor contribución a la seguridad de suministro es hacer un uso inteligente de la energía, uno de los requisitos reglamentarios de la liberalización inteligente. 
Le ruego que garantice que la eficiencia energética se convertirá en un indicador nacional clave en Barcelona. 
La apertura desigual del mercado entre países provoca un gran resentimiento. 
Nosotros apoyamos firmemente sus esfuerzos encaminados a presionar a algunos gobiernos que mantienen sus mercados cerrados al tiempo que se aprovechan de la apertura de los mercados de otros países. 
Espero con interés que pueda asegurarnos que la liberalización de la energía tendrá lugar en un marco regulado muy estrictamente, que proteja el medio ambiente y tome en consideración las consecuencias sociales, algunas de las cuales son muy graves. 
A diferencia del Sr. Evans, nosotros pensamos que eso es importante. 
Deseo informar a la Asamblea que debido al retraso que estamos acumulando con respecto al orden del día, espero poder rogar al Presidente en ejercicio del Consejo que responda al debate a aproximadamente las 12.45 o las 12.50 horas. 
Esto significa que, con toda probabilidad, la votación no se celebrará hasta las 13.00 horas. 
Esta información aparecerá en las pantallas del Parlamento para que los colegas que lo deseen puedan asistir a la votación. 
Pero me gustaría oír la respuesta del Sr. Presidente en condiciones de calma parlamentaria, si es posible. 
Señor Presidente, la Presidencia española desempeñará, con todo nuestro apoyo, un papel fundamental en la construcción de una Europa que no solo debe ser la Europa de la moneda única, sino la de la política exterior y de defensa común. 
La acción común de la Unión se valorará en primer lugar por la lucha contra el terrorismo que no es una cuestión interna española, sino una cuestión clave que deberá vernos implicados a todos como está ocurriendo con la presencia europea en Afganistán. 
Compartimos la voluntad del compromiso en Oriente Próximo porque sólo resolviendo el conflicto israelo-palestino conseguiremos asestar un golpe definitivo a las organizaciones terroristas. 
En efecto, no es solo con el compromiso militar, sino sobre todo con la política que Europa puede erigirse en protagonista del éxito contra los responsables del atentado del 11 de septiembre. 
La vuelta a la legalidad internacional contribuirá al crecimiento económico, y por ende a la mejora de las condiciones de los ciudadanos europeos, a los cuales también deberemos garantizar un sistema de protección no solamente social que elimine viejos privilegios. 
Le corresponderá a la Convención indicar el camino a seguir para formular la nueva Carta, y confiamos en que la Conferencia Intergubernamental se pueda celebrar en el segundo semestre de 2003 para evitar que el futuro de Europa se debata en plena campaña electoral. 
Antes de terminar, no obstante, no puedo dejar de responder a ciertas afirmaciones hechas en este Pleno. 
El convencido europeísmo de Italia y de su Gobierno, elegido democráticamente, no admite discusión. 
Siempre dispuestos a pedir aclaraciones y a darlas, reiteramos que nadie puede imaginar para Italia un papel que no sea el de protagonista autónomo de la construcción de la unidad europea. 
Por el contrario, que expliquen los socialistas el acuerdo firmado en Berlín con los herederos de la República Democrática Alemana, con los nostálgicos del Muro: un acuerdo que va en contra de las grandes aspiraciones de libertad no solo del pueblo alemán, sino de todos los europeos. 
Señor Presidente, hablo en nombre de los Socialistas y desde el punto de vista de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales parlamentaria. 
La Cumbre de Barcelona marcará un hito importante en la Presidencia española, y es fundamental que demos respuesta a la tendencia económica mundial a la baja profundizando y reforzando el proceso establecido en Lisboa sobre el que se siguió avanzando en Estocolmo y Gotemburgo. 
La combinación de políticas de Lisboa de reforma económica, pleno empleo, cohesión social y desarrollo sostenible que se apoyen mutuamente debe ser reforzada a través de medidas concretas que incrementen el potencial de crecimiento y la creación de puestos de trabajo. 
Sería un grave error centrarse- como algunos han hecho en el debate de hoy- en sólo un aspecto del Proceso de Lisboa, el de la reforma estructural. 
En estos momentos debemos seguir desarrollando la coherencia del Proceso de Lisboa y reforzarlo. 
En términos concretos, queremos que en Barcelona se desarrollen una serie de prioridades, algunas de las cuales están reflejadas en el informe de síntesis de la Comisión aprobado esta semana. 
Lo que sigue es meramente ilustrativo en el limitado tiempo disponible. 
Queremos una mayor determinación de alcanzar el objetivo de una tasa de empleo del 70% antes de 2010, que reconozca el buen progreso que hemos visto e incremente la participación de la población desempleada en medidas laborales activas hasta un 20% como mínimo en la práctica totalidad de los Estados miembros; queremos ir más lejos y fijar un nuevo objetivo del 44%, el nivel de los tres Estados miembros con mejor comportamiento, que deberá alcanzarse en el plazo de cinco años. 
Dentro de este plazo necesitamos, entre otras cosas, nuevas medidas para mujeres y trabajadores de edad avanzada que están en condiciones y desean permanecer en el mercado de trabajo; medidas para mejorar la disponibilidad de guarderías infantiles asequibles y de buena calidad; objetivos de reducción del desempleo juvenil y un renovado impulso al aprendizaje y la formación a lo largo de toda la vida y a una mejor movilidad. 
También necesitamos nuevas medidas para corregir el cambio demográfico a través de un enfoque integrado para proteger pensiones sostenibles y universales. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, la Presidencia española de la Unión se ha dotado de un lema: "Más Europa". 
Se trata de un deseo en el que participa una gran mayoría de europeos que, desde el 1 de enero, comparten ahora una moneda única. 
Más Europa no debe significar más Europa detallista, omnipresente. 
Más Europa debe significar, por el contrario, más Europa política ahí donde es necesario para tener una mayor presencia en el escenario internacional y para permitir el fortalecimiento de nuestras economías y la creación de más empleos. 
España inicia su tercera Presidencia de la Unión. 
Por consiguiente, goza de una probada experiencia en este ámbito, y sobre todo pone en marcha, en el plano interior, bajo la autoridad del Gobierno de José María Aznar- a quien deseo saludar- una política que consigue resultados satisfactorios y que sería extremadamente provechosa si se aplicase en Europa. 
Con respecto a la lucha contra el terrorismo, desgraciadamente no es necesario insistir en los dramas que enlutan a menudo al pueblo español, víctima de la barbarie de ETA y de sus cómplices. 
Es fácilmente comprensible, pues, sobre todo tras los acontecimientos del 11 de septiembre, que la primera preocupación de la Presidencia española sea explícitamente la lucha contra el terrorismo, en el seno de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Pero la verdadera expectativa de los ciudadanos con respecto a Europa y, en general, a los poderes públicos radica en la puesta en marcha de una economía competitiva en beneficio de la prosperidad de la mayoría. 
Usted sabe hacerlo en su país, señor Primer Ministro; estamos seguros de que sabrá dar el impulso necesario para que el objetivo del pleno empleo en 2010, definido en Lisboa, se consolide y concrete en el marco de un calendario preciso, en Barcelona, el próximo mes de marzo. 
Nadie se sorprenderá que como diputada de la isla de la Reunión salude la voluntad expresamente manifestada de la Presidencia española de continuar aplicando el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Amsterdam, a fin de que las especificidades de estas regiones sean integradas en cada una de las políticas de la Unión. 
Para finalizar, dos palabras, señor Presidente del Consejo, para decirle que la primera reunión de la Convención no se llevará a cabo en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, sino en uno de sus lugares de trabajo, es decir, en Bruselas. 
Señor Presidente, la Presidencia española ha colocado como primera prioridad, y con razón, la lucha contra el terrorismo. 
La Presidencia española, también con razón, ha señalado la importancia que tiene en el terrorismo el blanqueo de dinero. 
Porque en este momento el verdadero motor del terrorismo, por lo menos en Europa, no es la ideología, sino el dinero. 
Tenemos la preocupación de si en el Consejo será posible superar el obstáculo que se interpone a esta lucha contra el terrorismo, como consecuencia del bloqueo por parte de algún gobierno a las propuestas comunitarias sobre la lucha contra el blanqueo de dinero. 
En segundo lugar, señor Presidente, desde la Presidencia española se insiste en el problema de la inmigración y en la necesidad de controlar la inmigración. 
También en el programa de la Presidencia se habla de las regiones ultraperiféricas. 
Yo querría vincular estos dos problemas, señalando que las regiones ultraperiféricas, aunque estén algo alejadas del territorio continental de la Comunidad, son parte del territorio comunitario y que en este momento es necesario controlar la inmigración ilegal en estas regiones. 
No creo que el procedimiento adecuado sea el que ha adoptado alguna autoridad local: facilitar billetes gratis para que los inmigrantes ilegales en Canarias se trasladen al centro del continente. 
Pero si no se adoptan medidas en el ámbito comunitario es posible que otras autoridades locales se consideren obligadas a hacer lo mismo. 
Finalmente, señor Presidente, durante los últimos años parece que tanto el Consejo como la Comisión se han olvidado de dónde está América Latina. 
Parece que las cartas de navegación han desaparecido. 
La Presidencia española señala la importancia de la celebración de la Cumbre Iberoamericana e incluso, en la exposición del Sr. Presidente, señala con razón la importancia de ayudar a ciertos países como Argentina y Colombia. 
Creo que es muy importante que la Presidencia española retome de nuevo el timón, coloque a América Latina en las cartas de navegación del continente y, al igual que en el siglo XV, apoye, en una nueva singladura, el enlace entre la Unión Europea y la América Latina. 
Señor Presidente, antes de nada quiero dar la sincera bienvenida a la Presidencia española. 
Presidente Aznar, confiamos mucho en usted y le deseamos que tenga mucho éxito en la realización de sus buenos planes para el próximo medio año. 
En mi opinión, una tarea importante es lograr un buen comienzo de la convención que debe elaborar propuestas sobre el futuro de Europa. 
Así mismo, resulta importante que esto suceda con prontitud, y me satisface oírle decir que comenzará ya a finales de febrero. 
Ha señalado que la reforma de las instituciones europeas, la profundización, por tanto, es necesaria para que la ampliación tenga éxito. 
Estoy completamente de acuerdo con usted. 
Así mismo, le he oído abogar por más codecisión y más transparencia. 
También quiero respaldar eso. 
El Parlamento Europeo debe convertirse en un parlamento ordinario que cuente con una competencia legislativa plena, y el Consejo debe trabajar, en su calidad de colegislador, de forma más transparente, tal vez, siguiendo el modelo del Consejo Federal Alemán. 
Respaldo así mismo el alegato del Sr. Aznar a favor de una aceleración de la política de lucha contra el terrorismo y el refuerzo de la Europol. 
Presidente Aznar, tiene razón cuando señala que el tráfico de drogas debe ser abordado de forma más severa. 
El tráfico de drogas, juntamente con el de personas, parecen ser una de las fuentes financieras más importantes del terrorismo. 
Es muy necesario reprimir ese mal, y espero que cuente con el respaldo neerlandés. 
Por último, una observación sobre la política socioeconómica. 
Usted ha hablado de la necesidad de una mayor movilidad laboral. 
En mi país, los Países Bajos, tenemos escasez de mano de obra. 
Hay decenas de miles y, probablemente, más de cientos de miles de vacantes para las cuales no se encuentra gente. 
Estoy pensando en el sector sanitario y en el transporte público. 
Estos sectores funcionan mal debido a la escasez de mano de obra ¿Por qué no se crea una oficina europea de empleo que analice qué países tienen escasez y qué otros se enfrentan a un exceso de demanda? 
Con cursos acelerados de lenguas, debe ser posible ayudar a los millones de parados de Alemania a, por ejemplo, encontrar un trabajo en los Países Bajos. 
Si puede hacer algo al respecto, ayudará tanto a los países que tienen escasez de mano de obra como a los que tienen un exceso. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo de Ministros, entre las seis prioridades de la Presidencia española del Consejo usted ha logrado no decir ni una sola palabra sobre la protección del medio ambiente. 
Reconozco que es un logro sincero y transparente. 
En los últimos doce años de Presidentes del Consejo he tenido que escuchar con mucha frecuencia lo que no van a cumplir entre sus prioridades al comienzo de su Presidencia del Consejo. 
Usted no lo anuncia en absoluto. Me parece muy abierto, transparente y claro. 
Estoy muy agradecido al colega Salafranca, quien antes ha sacado a colación a Groucho Marx. 
Yo también me he acordado de Groucho Marx cuando he escuchado su intervención, pues tengo que reconocer que me parece más que grotesco. 
Groucho Marx es el representante de lo grotesco y me parece más que grotesco que la Presidencia española del Consejo no tenga que decir nada el año de la cumbre de Río + 10, el año de la cumbre mundial de Johanesburgo. 
Señor Aznar, hacerlo no es responsabilidad de su Ministerio de Medio Ambiente sino que es su propia responsabilidad. 
Quiero recordarle que la última cumbre, la cumbre de Gotemburgo le exigió a usted y al Consejo Europeo comprobar en su reunión de primavera en Barcelona lo que aún es necesario hacer. 
Tiene que decir pues algo sobre el comercio con emisiones. 
Tiene que decir cuándo va a ratificar el protocolo de Kioto. 
Por ejemplo, tiene que decir cuándo se propone llevar a cabo las estrategias sectoriales del sexto programa de acción de medio ambiente. 
Esto no es un asunto de la administración medioambiental en su país sino que es su propio asunto. 
Como siempre concedemos gran importancia a una buena y estrecha cooperación con el Consejo, señor Aznar le ofrezco clases suplementarias si su Gobierno las necesita. 
Estoy gustosamente dispuesto a proponerle en nombre de mi Grupo político todas las sugerencias necesarias- naturalmente, con todo el respeto- para que pueda cumplir sus tareas al inicio del año. 
Señor Presidente, señor Aznar, Presidente del Consejo, ¡doy la bienvenida a su Presidencia! 
La definitiva instauración del euro es un acontecimiento importante para los que estamos interesados en la unidad y el desarrollo económico europeos. 
Ahora la tarea de la UE es intentar que el euro responda a las esperanzas que se han depositado en él. 
Por eso resulta tan importante que España dé prioridad a una Europa dinámica y competitiva. 
El líder socialista del Parlamento, a quien parecía que este debate no le importaba demasiado, se quejó mucho cuando comentó este punto. 
El hecho es que usted, señor Aznar, como jefe de gobierno ha hecho posible una España mucho más dinámica gracias a la modernización de la administración y de las empresas. 
Gracias a los cambios estructurales y a la disminución de los impuestos, España ha eliminado dificultades para las nuevas empresas y ha creado nuevos empleos. 
Por eso disminuye el paro y aumenta el bienestar en España. 
Tal vez sea lamentable para el señor Barón Crespo, pero es provechoso para los españoles. 
Europa también debe realizar estos cambios si queremos tener éxito con el proceso de Lisboa. 
Los socialistas han dejado pasar sólo dos de diez años. 
La Presidencia española tiene que aumentar la presión y no sólo hablar, sino que realizar una política que signifique bienestar, desarrollo y posibilidades para los ciudadanos europeos. 
La ampliación ha entrado en una fase decisiva. 
Confío en que España, que ha vivido una dictadura y que asegurado la libertad y la democracia mediante la colaboración europea, garantizará que durante su Presidencia el Consejo no descuidará los trabajos de ampliación y que exhibirá la misma solidaridad y buena voluntad que ha recibido su país en los últimos quince años. 
Finalmente, espero que las relaciones de esta Presidencia con EE.UU. se fundamenten en la amistad, el respeto y la independencia. 
¡Buena suerte! 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Secretario de estado, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, desde la cumbre extraordinaria de Colonia de junio de 1999, la Unión Europea dispone de una identidad europea de seguridad y de defensa que por primera vez es acreedora realmente al calificativo de "común". 
Hemos dado en este campo unos pasos gigantescos que nos van a permitir cumplir a cabo autónomamente con la unidad de intervención rápida que estará lista a partir del 2003, al menos en nuestro continente y, en cualquier caso, con el correspondiente mandato de la ONU, las llamadas tareas de Petersberg. 
Respecto a su exposición, señor Presidente del Consejo, quiero añadir una breve observación y dirigir un encarecido ruego a la Presidencia española del Consejo. 
En primer lugar, usted ha mencionado la unidad de intervención rápida también como un instrumento contra el terrorismo en la Unión Europea. 
Creo que en nuestros Estados democráticos la lucha contra el terrorismo es en primer lugar una tarea del orden interno y de la justicia. 
Aunque en alguna ocasión, como tras el 11 de septiembre, sean necesarias acciones militares, sigue persistiendo el llamado principio del estado de derecho. 
Ruego a la Presidencia española que en las operaciones militares que se ejecuten exclusivamente bajo la dirección de la Unión Europea, tiene que existir la posibilidad de recurrir a los recursos materiales de la OTAN, especialmente en el sector de los transportes y de las capacidades de reconocimiento y, en parte, también, a las estructuras de mando. 
Es realmente sorprendente que aún no se haya llevado a cabo el acuerdo necesario entre la UE y la OTAN a causa de la resistencia de Turquía. 
La propuesta que han presentado Gran Bretaña y los Estados Unidos sin encargo de la UE en la cumbre de Laeken es inviable e inaceptable. 
Por ello, ruego que la Presidencia española adopte las medidas necesarias para lograr un acuerdo con la OTAN y garantizar de este modo nuestra política de seguridad y de defensa. 
Señor Presidente, España asume la Presidencia de la Unión Europea en un momento histórico de la construcción de Europa. 
En efecto, se han producido dos acontecimientos de capital importancia. 
Los pueblos de Europa tienen hoy el euro en los bolsillos. 
Se trata de un logro formidable que nos obliga a construir rápidamente la Europa política que les falta. 
Segundo acontecimiento de capital importancia: el 11 de septiembre pasado nos recordó, si era necesario, la naturaleza de las nuevas amenazas que pesan sobre el mundo. 
La Presidencia española se enfrenta a este doble desafío. 
Al colocar en su programa la lucha contra el terrorismo en primer término, la Presidencia española responde así a las exigencias de una Europa que debe convertirse en un espacio de seguridad y en un Estado de Derecho para el conjunto de los ciudadanos europeos. 
Deben efectivamente ponerse en marcha todos los medios en el plano europeo para reforzar los instrumentos del Estado de Derecho, la aplicación de la orden de detención europea, la congelación de las cuentas, el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y el desarrollo de Eurojust. 
Pero, para responder a la exigencia de nuestros ciudadanos, debemos aceptar un segundo desafío: debemos hacer emerger una Europa política fuerte y poderosa, y, por lo tanto, democrática. 
La Presidencia española podrá apoyarse oportunamente en los trabajos de la Convención, para llevar a cabo, por fin, la simplificación de los Tratados, trabajar en un reparto claro de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, pero sobre todo para obtener rápidamente la redacción de una Constitución europea. 
Conozco la determinación de la Presidencia española respecto al conjunto de estas cuestiones. 
El programa que hoy se nos propone está a la altura de los desafíos que debemos aceptar. 
Conocemos su visión, conocemos su voluntad, y por eso confiamos en usted. 
Señor Presidente, mañana aprobará este Parlamento la resolución sobre el Libro Verde de la Comisión en relación con el futuro de la política pesquera común, en el que se diseña su futuro. 
Desearía que el lema "más Europa", elegido por la Presidencia española, se tradujese en este año de reforma en la definitiva integración de la pesca en el mercado único, como desearía una PCP más participativa, una PCP en cuya definición y aplicación estuviesen presentes no sólo los Gobiernos centrales sino también las regiones, allí donde éstas tengan competencias en materia pesquera, y desde luego los agentes económicos y sociales. 
La pesca, señor Presidente, se mueve en parámetros internacionales, como el conjunto de la economía. 
Su reforma no puede dar la espalda a esta realidad. 
Sin embargo, vemos con preocupación cómo se va limitando el acceso de la flota comunitaria a las aguas exteriores y cómo nuestra flota pierde caladeros en lugar de ganarlos. 
Dentro de seis meses podremos juzgar por sus resultados a esta Presidencia y ver si ha sido capaz de invertir esta tendencia. 
Dada la importancia de esta actividad económica para numerosas regiones europeas, en su mayoría periféricas y del Objetivo 1, y su papel como elemento de integración económica y de cohesión social, deseamos que la tenga usted en cuenta como objetivo prioritario a la hora de diseñar las estrategias para salvaguardar el modelo social europeo, a las que se ha referido en su intervención. 
Desearía que adquiriese usted aquí ese compromiso explícito ayudando así a este sector a recuperar combatividad y a recuperar confianza. 
Señor Presidente, quisiera tratar sobre un aspecto del presente debate, que es el de la credibilidad a largo plazo de las instituciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha acudido aquí hoy a prometernos- lo cual acogemos muy favorablemente- que profundizará en el control democrático y además se ha mostrado dispuesto a acudir a esta Asamblea un par de veces más antes de que finalice su Presidencia. 
Desde mediados de los años ochenta hemos hecho grandes progresos, con la revisión del Tratado, en lo que se refiere a una mayor participación parlamentaria en el proceso democrático. 
No obstante, antes de la próxima modificación del Tratado en 2004 y de las elecciones europeas ese mismo año, debemos avanzar más en la reforma de cada una de las instituciones europeas. 
El Presidente de la Comisión Sr. Prodi ha realizado grandes progresos en cuanto a poder ascender a las personas por sus propios méritos y a modificar normas y reglamentos, modificaciones que serán presentadas a esta Asamblea en los próximos meses. 
El problema es que son muy pocos en esta Asamblea o en el mundo exterior los que conocen las modificaciones que se han llevado a cabo en la Comisión. 
Nos gustaría recibir un documento en el que se exponga lo que ya se ha hecho de manera que sepamos qué ha estado ocurriendo. 
Señor Presidente en ejercicio del Parlamento, tenemos su compromiso de llevar a cabo una reforma exhaustiva de nuestros métodos de trabajo y, habida cuenta de que sólo lleva en el cargo 24 horas, aún no podemos esperar cambios, pero tiene nuestro apoyo, en particular, en lo que respecta al presupuesto del Parlamento para 2003, para introducir cambios importantes en nuestra manera de trabajar. 
Por último, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted indica en su programa que: 
"Por lo que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken, propiciará una discusión sobre las propuestas que plantee, antes de Barcelona, el Secretario General, con vistas a las conclusiones operativas pertinentes que deberán extraerse de dichas propuestas en el Consejo Europeo de Sevilla". 
(EN) ¿Existe alguna posibilidad, en aras de un auténtico proceso democrático, de que se consulte a este Parlamento sobre los documentos que usted presentará a los Consejos de Barcelona y Sevilla? 
En el mundo exterior, el Consejo se conoce a menudo como "Kremlin Oeste", uno de los últimos lugares en que se legisla a puerta cerrada, y a nosotros, como diputados, nos gustaría verle entrar en el mundo real. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, entre las prioridades de la Presidencia española no he escuchado referencias a una política europea más solidaria con el mundo. 
Como coordinadora del Grupo del Partido Socialista Europeo quisiera que nos concretara sus intenciones en cuanto al desarrollo social y a la reducción de la pobreza, asumidos como objetivos por la Comisión, el Parlamento y las presidencias anteriores. 
Usted ha citado la Conferencia Internacional de Monterrey. 
¿Cuál va a ser su posición sobre las políticas que han de ser financiadas? 
¿Por quién? 
¿Van a apoyar el objetivo del 0,7 % del PIB, aprobado en el último Consejo de Desarrollo por la mayoría de los Estados miembros? 
¿Cuál va a ser la cooperación con América Latina y con los países del Mediterráneo, con un enfoque integrado entre las relaciones comerciales y la lucha contra la pobreza? 
¿Cuál va a ser la postura sobre los compromisos adquiridos con los programas de las Naciones Unidas sobre la educación y la salud para todos? 
¿Cuál va a ser la postura sobre los conflictos actuales en África? 
Espero que para todo ello cuente con el Parlamento Europeo y, también, con la sociedad civil y las ONG. 
Le deseo, señor Aznar, una Presidencia fructífera para Europa. 
Señor Presidente, el Presidente Aznar ha fijado un claro objetivo para el semestre español: "Más Europa". También ha explicado cómo pretende cumplir este programa. 
El tiempo nos obliga a insistir en unas pocas cuestiones y con pocas palabras. 
La primera cuestión se refiere a la Convención que deberá completar el proyecto de la Carta de Derechos Fundamentales promoviendo el método comunitario y la perspectiva federalista como garantía de democracia política, de integración económica y de cohesión social. 
La segunda se refiere a las reformas de Lisboa que se enlazan con la introducción del euro. 
La moneda única consolida el mercado único y es un paso decisivo hacia la Europa política y hacia una política económica común. 
La moneda única refuerza la posición de Europa en la globalización, pero niega a los sistemas nacionales la posibilidad de recuperar competitividad con la devaluación. 
Es necesario cumplir el Pacto de Estabilidad. 
En consecuencia, la reactivación de la economía y del empleo exigen que las reformas estructurales, recordadas con precisión por el Presidente Prodi, se lleven adelante con la necesaria determinación. 
Esta estrategia debe ser coherente con los objetivos más generales de la integración, de la cohesión y de la armonización de las distintas políticas que defienden el modelo social europeo. 
No es fácil perseguir de manera equilibrada unos objetivos que pueden parecer contradictorios, pero éste es el reto del momento en que vivimos. 
La tercera cuestión se refiere a la contribución "política" que Europa puede dar a la lucha contra el terrorismo que, tras el 11 de septiembre, afecta a todas las democracias. 
En particular, insisto en el relanzamiento de la política mediterránea y en las iniciativas de paz en Oriente Próximo recordando que en estos problemas España ha estado en la vanguardia en muchas ocasiones. 
Por último, comparto la prioridad prometida por el Presidente Aznar para Argentina, un país que está sufriendo una crisis que amenaza la propia democracia y que podría tener reflejos en la difícil situación de otros países de América Latina. 
Señor Presidente, como último orador, quisiera agradecerle al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo que se haya quedado durante todo el debate. 
En esta breve intervención, quisiera también en primer lugar expresar mi satisfacción personal por que hoy comparezca ante esta Cámara, precisamente, el Presidente del Gobierno español, José María Aznar, que ya mucho antes de los sucesos del 11 de septiembre ha hecho de la defensa de la libertad y de la lucha contra los que la amenazan, como son los asesinos terroristas, uno de los leit motiv de su opción política. 
Los resultados de esa acción política a nivel europeo no pueden ser más esperanzadores. 
En segundo lugar, la política migratoria de la Unión necesita, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de su impulso y de su sensibilidad hacia una cuestión tan candente como ésta, que, me consta, figura entre los objetivos de la Presidencia. 
Me referiré, por ejemplo, a la ineludible necesidad de que se impulse la legislación comunitaria que regula aspectos tan importantes como la reagrupación familiar, el procedimiento de asilo, o las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, para que se logre una ordenación regular de los flujos migratorios, que combata eficazmente a quienes trafican con la necesidad humana y provocan las trágicas muertes que se están produciendo en algunas partes del territorio europeo, como es el caso de las costas andaluzas y españolas. 
Antes de conceder la palabra al próximo orador, ruego a los colegas que se encuentran en la Asamblea que ocupen sus escaños para que podamos escuchar con algo de dignidad parlamentaria la respuesta de la Presidencia. 
Agradezco todas las intervenciones que se han producido a lo largo de esta sesión, que he escuchado con la mayor atención. 
Quiero decirles, Señorías, que sin duda comparto muchas de las ambiciones que aquí se han manifestado. 
También comparto muchas de las preocupaciones y tampoco le tiene que extrañar a nadie que haya algunas cosas que he escuchado que no comparto directamente. 
Pero, sin duda, tengo que decir que, desde un punto de vista general, me da la sensación de que los elementos básicos de las cuestiones, los objetivos, las ambiciones que podemos compartir hoy las diferentes instituciones y en general los ciudadanos europeos, a la hora de poner en marcha nuestras ideas y nuestros proyectos, son o pueden ser razonablemente impulsados para el futuro. 
Quisiera, en primer lugar, resaltar la importancia del diálogo institucional y, dentro del diálogo institucional, resaltar una vez más mi compromiso. 
Tendremos ocasión de hablar de ese impulso europeo y también de los trabajos de la Presidencia española, tanto en el mes marzo después del Consejo Europeo de Barcelona, como en el mes de junio después del Consejo Europeo de Sevilla. 
Y ello, naturalmente, sin perjuicio de lo que significa la comparecencia de los distintos miembros del Gobierno español en las diversas instancias parlamentarias de esta institución. 
Quiero decirles que, como Presidencia, no veo ningún inconveniente en que se establezca lo que alguno de sus Señorías ha pedido y solicitado: la creación de un grupo de trabajo para el diálogo interinstitucional que englobe Consejo, Parlamento y Comisión y que permita evidentemente ver cómo pueden funcionar nuestros trabajos. 
Creo que la Comisión no tiene inconveniente en ello. 
Por lo tanto, desde ese punto de vista, soy consciente y participo de algunas de las preocupaciones que tienen sus Señorías, como el tratamiento de documentos del segundo y tercer pilar, que tiene que ser solucionado con todas las garantías que las circunstancias, los propios hechos y la delicadeza que la materia requieren, como se hace en tantos Parlamentos nacionales, con garantías de seguridad y con garantías de reserva. 
Es evidente que podemos avanzar en muchas de esas cuestiones y, por lo tanto, desde la Presidencia no habrá problemas para la creación de ese grupo de trabajo interinstitucional. 
Quisiera hacer una intervención concentrada, si me permiten, en los objetivos y en el programa de la Presidencia y no en ninguna otra circunstancia. 
Creo, Señorías, que estamos ante una ocasión muy importante para la Unión Europea, ante un momento histórico, verdaderamente relevante. 
En mi opinión, estamos ante una ocasión que no debemos desaprovechar. 
Esa ocasión se manifiesta, al menos, en varias circunstancias. 
La realidad del mundo después del 11 de septiembre ha cambiado y lo ha hecho de un modo dramático. 
En el mundo la prioridad es hoy la lucha contra el terrorismo y la seguridad. 
Ese mismo cambio después del 11 de septiembre está provocando en el mundo cambios estratégicos de fondo que van a definir el mundo del futuro, sobre el que las instituciones europeas deben reflexionar, deben dialogar y respecto del cual deben tomar posición para el futuro. 
La Unión Europea como tal, en sus distintas instituciones, no puede permanecer al margen de lo que significan la reflexión y la participación en los profundos cambios estratégicos que se van a producir en el mundo. 
En segundo lugar, es una ocasión muy importante desde el punto de vista económico. Y ello por varias razones. 
Primera, porque disponemos por primera vez del euro, nuestra moneda única, que es una garantía de estabilidad y que ha sido un gran éxito. 
Segunda, porque por razones estructurales, a las que luego me referiré, nuestras economías necesitan seguir apostando por fuertes reformas. 
Tercera, porque coyunturalmente vivimos momentos de desaceleración económica y si no somos capaces de aprovechar la introducción del euro, dando un impulso a las reformas económicas, perderemos una oportunidad de recuperación para nuestras economías sin duda muy importante. 
Por último, somos conscientes de que tenemos que hacer una reforma institucional, y para ello hemos planteado la Convención y una Conferencia Intergubernamental. 
Todas esas ambiciones nos sitúan ante una oportunidad decisiva. 
Quiero trasladar a este Parlamento Europeo el compromiso de la Presidencia española de compartir ambición y, al mismo tiempo, de trabajar con coherencia para conseguir, de una manera más efectiva, nuestros objetivos. 
Por eso hemos marcado algunas prioridades que, en función de las intervenciones de sus Señorías, me gustaría comentar muy brevemente. 
En primer lugar, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, éste no es ya un problema de unos, sino un problema de todos, al que algunos podrán ofrecer más dedicación, pero es una responsabilidad absolutamente de todos. 
Sin duda, aprecio, y lo he dicho, los trabajos y los esfuerzos que ha realizado el Parlamento Europeo al respecto. 
Sin duda, tenemos que considerar la lucha contra el terrorismo no solamente en sí misma sino también en relación con la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, y con los compromisos de Tampere que forman parte de esa realidad de una Europa más integrada que nosotros deseamos construir para el futuro. 
Pues bien, se ha pedido, por parte de varios oradores, y especialmente por el Sr. Poettering, firmeza en la lucha contra el terrorismo. 
Es verdad. 
Hay que preguntarse si en líneas generales la Unión Europea en este momento histórico ha sabido estar a la altura de las circunstancias. 
Creo razonablemente que sí, que la euro-orden de detención y entrega- por cierto, respaldada por los Quince Estados miembros de la Unión -, la lucha contra la financiación de las organizaciones terroristas y la definición de una lista de grupos de organizaciones y de personas que apoyan al terrorismo son pasos extraordinarios. 
Espero y deseo que en su sesión del próximo 5 de febrero el Parlamento Europeo también dé un paso definitivo en ese sentido. 
¿Cómo hay que hacer eso? 
Hay que hacerlo desde las garantías del Estado de Derecho. 
Sus Señorías tienen toda la razón cuando han dicho que hace falta garantizar plenamente el Estado de Derecho y nuestras libertades. 
Y es verdad, y justamente no conviene olvidar en ese momento que eso es lo que garantizan las democracias y que eso es justamente lo que quieren arruinar y con lo que quieren acabar los que se dedican a practicar o a apoyar el terrorismo. 
El mantenimiento de la democracia desde el Estado de Derecho es precisamente, sin duda, nuestra mejor garantía. 
No puede haber- y no hay- territorios intermedios cuando se lucha contra el terrorismo, porque no hay territorios intermedios entre la vida y la muerte, entre la legalidad y la ilegalidad, entre el respeto a la ley o la complicidad con el terrorismo. 
Lo que hay es la defensa clara, cuando sea necesario desde un punto de vista internacional a través de la coalición internacional, y cuando sea necesario con el compromiso interno o con la cooperación internacional de todos, para que venzan nuestras libertades y nuestro Estado de Derecho. 
Y para lograrlo tenemos que desarrollar operativamente las cuestiones relativas a la seguridad, a la inteligencia, a la cooperación entre fuerzas, a los equipos conjuntos de investigación y también las cuestiones judiciales comunes que forman parte del proceso de integración europeo de una manera decisiva. 
Y si somos coherentes y contemplamos el terrorismo como una de las mayores amenazas que existen en este momento para nuestra civilización, tendremos que introducir el terrorismo como un objetivo en la definición de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea. 
A mí me parece que este aspecto es muy importante y merece ser tratado como punto muy especial, al menos en dos capítulos de relaciones muy relevantes para la Unión Europea: uno, con los Estados Unidos, con los cuales también hay que hablar en materia jurídico-penal. 
Respetando por supuesto nuestras extradiciones y manteniendo nuestra posición claramente contraria a la pena de muerte, o en favor de la legalidad de los tribunales y de todos los juicios que puedan hacerse a cualquier persona. 
Pero tenemos que hablar de eso. 
Y tenemos que hablar también para extraer algunas consecuencias respecto de algunas preocupaciones de sus Señorías sobre el significado de la cooperación en la lucha antiterrorista con Rusia. 
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Tomo nota de su disposición a comparecer ante la Asamblea después de la Cumbre de Barcelona, que creemos que es otro momento importante para el diálogo entre nuestras instituciones. 
Votaciones 
. (EN) He intentado comunicar a la Asamblea que, como algunos colegas saben, la práctica totalidad de mis reses ha contraído la fiebre aftosa y han sido sacrificadas. 
No obstante, habida cuenta de que no considero que la comisión de investigación propuesta pueda afectarme financieramente, he votado a favor de la investigación. 
Elección de los Cuestores del Parlamento Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede a la segunda ronda de la elección de los Cuestores del Parlamento Europeo. 
Votos emitidos: 570, votos válidos: 567. Mayoría: 284. 
Sr. Poos: 304- elegido 
Sr. Balfe: 288- elegido 
Sra. Smet: 288- elegida 
Sr. Marinho: 264 
Sra. Maes: 116. 
No es necesario celebrar ninguna votación adicional. 
Hemos cubierto los cinco cargos de Cuestor. 
Felicito a todas las personas que han sido elegidas. 
Les invito a una breve recepción. 
(La sesión, interrumpida a las 13.24 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Deseo informar a la Asamblea de que el Gobierno indio distinguirá próximamente a nuestro colega del Grupo Socialista, Sr. John Hume, con el premio Mahatma Ghandi de la Paz. 
El galardonado en la anterior edición de este nuevo premio fue el Sr. Nelson Mandela. 
Habida cuenta de la destacada trayectoria de su compromiso con la paz y la reconciliación en Irlanda, me complace darle mi enhorabuena. 
Estoy seguro de que la Asamblea se sentirá orgullosa de este reconocimiento de uno de nuestros diputados más distinguidos. 
Bienvenida 
La Delegación para las relaciones con Rusia se siente hoy honrada con la visita de nuestros colegas rusos, entre los que se encuentra el Sr. Vladimir Lukin. Veo que Vladimir, que es un viejo amigo mío, ya se encuentra en la tribuna oficial. 
Te doy la bienvenida, Vladimir. 
Él es Vicepresidente de la Duma de la Federación de Rusia y copresidente de la Comisión de cooperación parlamentaria UE-Rusia. 
Es maravilloso verte aquí y espero que podamos reunirnos personalmente. 
No debería decir estas cosas desde la Presidencia. Vladimir, estoy aprendiendo a ser Presidente de este Parlamento sólo desde ayer, pero es bueno ver a viejos amigos acudir a la Asamblea. 
Introducción del Euro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la introducción del euro, que ya tenemos en nuestros bolsillos desde hace unas semanas y que es la realización de un sueño abrigado durante mucho tiempo en la Comunidad Europea. 
Ha sido un tributo maravilloso a la capacidad del Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales; ha sido un tributo maravilloso al sistema bancario, financiero y comercial y al sistema de venta al por menor; y ha sido sobre todo un maravilloso tributo a los ciudadanos europeos que se han adaptado a él con tal presteza, que ya ha desplazado prácticamente a las monedas de los respectivos Estados miembros. 
Gracias, señor Comisario. 
Como usted ha observado, hoy han sido numerosas las personas a las que se ha hecho referencia y se ha expresado agradecimiento. 
Naturalmente ahora nos corresponde dar las gracias a usted y a su equipo y al Colegio de Comisarios por todos los esfuerzos que han realizado durante los últimos años para hacerlo realidad. 
Reciba nuestra enhorabuena y nuestro respeto por ello. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la intervención que voy a mantener ahora es la última como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en esta Asamblea. 
He pertenecido a esta comisión durante 22 años. 
A partir de mañana voy a ser miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Estoy convencido de que el siguiente paso en el camino hacia la realización de la Unión Europea debe ser la unión política. 
Cuando miro hacia atrás hacia estos años quiero recordar en primer lugar a nuestro colega Basil de Ferranti, quien entretanto desgraciadamente ha fallecido y que a la sazón redactó los primeros informes sobre la realización del mercado interior dando de este modo el impulso para toda esta evolución. 
Al principio era un grupo de trabajo sobre los obstáculos técnicos al comercio, del que surgió posteriormente el llamado grupo canguro. 
Fueron las primeras iniciativas para la realización del mercado interior. 
Señora Randzio-Plath, en aquella ocasión, Jacques Delors era el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, quien posteriormente como ministro francés de Hacienda y después como Presidente de la Comisión Europea estableció las bases para la realización de estas ideas. 
También quiero recordar a Jacques Moreau, quien en 1984 junto conmigo presentó el primer informe del Parlamento Europeo con las propuestas para la realización del mercado interior europeo. 
Si se ve el entusiasmo con que fue saludado el euro el 1 de enero, esta nueva moneda para 300 millones de personas en la Unión Europea, entonces hay que recordar lo difícil que fue por un lado este camino. 
Pero por otro lado hay que plantearse también la pregunta de cuáles son las condiciones previas para que el euro, esta moneda común, tenga éxito a largo plazo. 
Voy a mencionar aquí tres condiciones: la primera es una realización consecuente del pacto de estabilidad y de crecimiento. 
Es casi una ironía que constatemos hoy que fue mi patria, Alemania, el país que luchó entonces con mayor energía en favor de este pacto de estabilidad y crecimiento y sus criterios estrictos y que en la situación actual casi se puede o tiene que partir del hecho de que Alemania va a ser el primer país afectado por las sanciones de este pacto. 
Pero creo que tenemos que ser consecuentes si queremos que el euro sea a largo plazo una moneda estable y que los intereses en la Unión Europea sigan bajos para nuestras empresas como condición previa para las inversiones y el crecimiento. 
La segunda condición previa es que en los Estados miembros y en la Unión Europea tenemos que practicar una política económica según unos principios comunes. 
Según la voluntad del Parlamento Europeo, quien expuso su posición con una gran mayoría, estos principios deben ser los de una economía social de mercado. 
En tercer lugar, tenemos que seguir avanzando hacia la unión política. 
Antes de Maastricht dijimos que queríamos la unión monetaria y la unión política al mismo tiempo. 
En aquella ocasión dijimos que a largo plazo sin una unión política no podría sobrevivir una unión monetaria. 
Tenemos que seguir siendo consecuentes. 
Tenemos que dar ahora estos pasos para la unión política. 
Y aquí es fundamental una política exterior y de defensa común. 
Con motivo de los interminables debates que mantuvimos sobre el mercado interior europeo, Jacques Delors observó en una ocasión muy acertadamente que uno no puede enamorarse de un mercado interior. 
Hay así pues muy poca emoción en ello. 
Lo mismo diría también de una moneda, aunque hay algunos entre nosotros que tienen una relación emocional casi erótica con la moneda. 
Pero lo que necesitamos y tenemos que despertar es la consciencia de una identidad común europea. 
Creo que esta es sin duda la tarea más importante ante la que nos encontramos como Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, la introducción del euro como moneda física no es sólo un éxito logístico y organizativo sino que además contribuye ya hoy a la mejor formación de una identidad europea. 
Este es un hecho que los euroescépticos en Italia no pueden cambiar. 
Con el euro palpable, Europa se convierte en una realidad cotidiana y vital tal como siempre hemos dicho como diputados. 
Por así decirlo, el euro fue la primera decisión del Parlamento Europeo desde su primera elección directa, sobre todo, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por ello, el euro es desde hace dos decenios uno de los proyectos de éxito del Parlamento Europeo. 
Nos hemos pronunciado a favor de un mercado y de una moneda y hemos contribuido a su configuración. 
Pienso que hay que agradecérselo a todos los diputados de esta Asamblea y también a usted, señor von Wogau. 
(Aplausos) 
Creo que el euro va a ser la palabra positiva del año 2002. 
Al fin y al cabo, el euro personifica la dinámica y decisión de Europa para establecer una identidad europea, mejorar la competitividad europea a favor de la economía y del empleo y crecer conjuntamente formando una sociedad solidaria irrevocable. 
La Unión Monetaria culmina el mercado interior- una respuesta adecuada a los desafíos de la globalización- y así la hace útil para todos, para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para las personas. 
El euro va a ser un éxito porque no sólo es aceptado por los mercados sino también por las personas. 
Por fin se alegran muchos- lo que hemos vaticinado siempre como diputados- de vivir en "Eurolandia". 
El éxito de la introducción física del euro entusiasma a todos y crea el clima de optimismo que necesitamos urgentemente en Europa para las inversiones, relanzar la demanda del mercado interior y, en consecuencia, el empleo. 
Esta introducción corona y recompensa los permanentes esfuerzos hacia la Unión Monetaria. 
Muchos se preguntan hoy porqué no se ha producido la introducción física del euro ya mucho antes, tal como siempre hemos exigido como diputados. 
Dinamarca, Suecia y Gran Bretaña deben entrar por su propio interés en la zona del euro antes de la ampliación hacia el Este. 
El marco alemán era una moneda con un orgulloso pasado. 
Tres años de Unión Monetaria nos auguran asimismo un futuro monetario estable. 
Hasta ahora, en la Unión Monetaria ha habido en cualquier caso unas tasas de inflación menores a las que padeció el marco en los decenios anteriores. 
Ello se debe a reducido nivel de intereses que garantiza unas condiciones de financiación favorables para realizar inversiones. 
En consecuencia, la Unión Monetaria ha cumplido lo que se prometía políticamente en el Tratado de Maastricht: estabilidad de precios. 
Con la introducción física del euro se logran también unos éxitos visibles para el consumidor: los precios de los bienes de consumo de larga duración, como por ejemplo, los coches, descenderán. 
El euro permite en la culminación del programa del mercado interior también una competencia acorde a los intereses de los consumidores. 
Esto ocasiona una presión a medio plazo sobre los precios y un estímulo para una mayor calidad. 
La ampliación de la Unión Económica y Monetaria, la reforma interna de la Unión Europea y una Constitución Europea así como el éxito de la ampliación de la UE hacia el Este son los grandes desafíos a los que se tiene que enfrentar ahora Europa. 
Sin embargo, no debemos olvidar una cosa: el euro no es sólo un proyecto monetario sino que siempre ha sido un proyecto político y es parte de la unión política de Europa. 
Europa es pequeña en el globo, por lo que el mercado interior culminado con la Unión Monetaria es sin duda la respuesta adecuada. 
El euro demuestra además la capacidad de las europeas y europeos para organizarse en el propio interés de todos los Estados de Europa. 
Es al mismo tiempo nexo de unión y estímulo para otros audaces proyectos europeos. 
William Shakespeare dijo con razón: "Donde el dinero va por delante se abren todos los caminos". 
Espero que esto sea aplicable también a una mejor coordinación de las políticas económicas, financieras, de empleo y sociales. 
El euro necesita urgentemente un acompañamiento por una especie de gobierno económico. 
El desarrollo de las coyunturas ya no tiene lugar en los Estados nacionales sino en las grandes cuestiones económicas. 
Por ello, la cumbre de la UE en Barcelona debe cambiar la dogmática en el modo de tratar el pacto de estabilidad y de crecimiento por una política sólida que apueste por la estabilidad monetaria, financiera y también social. 
Especialmente importante ha sido nuestro compromiso como Parlamento Europeo en lo relativo al diálogo monetario con el Banco Central Europeo. 
En el Parlamento Europeo nos hemos pronunciado a favor de la independencia de dicho Banco pero también de la obligación democrática de rendir cuentas de esta institución. 
Por ello, es muy importante que hayamos organizado y puesto en marcha una revolución cultural en Europa, pues en el trato anterior de los Estados miembros con los Bancos Centrales nacionales no existía esa obligación democrática de rendir cuentas que hoy existe entre nosotros. 
De este modo, la política monetaria es transparente y comprobable y contribuye a que ahondemos en sus secretos. 
Pues la política monetaria no es neutral sino que tiene influencia sobre la economía real, el crecimiento y el empleo. 
Señor Presidente, mi Grupo ha decidido que los coordinadores de la Comisión de Política regional, Transporte y Turismo deben ser elegidos a las tres y media. 
Soy una de los candidatos y, por tanto, debo acudir. 
¿Puedo preguntarle si el Sr. Pronk puede leer en mi lugar mi intervención de dos minutos cuando aparezca mi nombre en el rótulo? 
Señora Peijs, no tengo nada que objetar a eso si es aceptable para la Asamblea, y creo que lo es. 
Por lo tanto, procedamos en ese sentido. 
Gracias. 
Señor Presidente, yo mismo contaré mi historia. 
El 1 de enero pasado muchos ciudadanos europeos tuvieron contacto por primera vez con la nueva moneda: el euro. 
Y menudo contacto: tras apenas dos semanas, el euro ha sustituido en todos sitios a las monedas nacionales. 
Si se hubiera satisfecho el deseo de este Parlamento de repartir entre el público billetes de euro ya antes del 1 de enero, tal vez, se habrían evitado algunos problemas menores, pero no hay que andarse ahora con tiquismiquis. 
Constato plenamente que la introducción ha sido un gran éxito. 
El ciudadano europeo, y usted ya lo ha mencionado, tal y como corresponde a un buen liberal, merece especialmente las alabanzas por este éxito. 
Ha reaccionado con entusiasmo y paciencia ante el cambio de moneda. 
Además, los comerciantes deben ser elogiados. Han soportado realmente la carga de la ejecución y, en mi opinión, son los héroes de la introducción. 
Sin embargo, señor Presidente, en mi opinión, la introducción del euro solamente constituye un primer paso y el Comisario Solbes así lo ha señalado. 
Ahora, resulta crucial ocuparse de que la nueva moneda continúe siendo un éxito. 
Para ello se necesita bastante por parte de todos los Estados miembros participantes: la voluntad política de respaldar la moneda y no desprestigiarla tal como han hecho algunos miembros del Gobierno italiano, el valor político de dejar en paz el pacto de estabilidad de manera que el marco financiero preciso del euro continúe existiendo y la fuerza política para aumentar el éxito del euro. 
Ahora es el momento, por tanto, de fijar los pasos a fin de completar todavía más el mercado interior tras el proyecto europeo de mayor éxito. 
Si realmente queremos alcanzar los objetivos de Lisboa, debemos dedicarnos a fondo a una mayor liberalización y flexibilización del mercado interior. 
Para lograrlo hay cinco prioridades claras: los ámbitos de correos, transporte, electricidad, gas y agua. 
Esto resulta imprescindible en la economía del conocimiento liberalizada y flexible que perseguimos en Europa y también es interesante para el ciudadano. 
Así, éste se da cuenta de para qué le sirve Europa. 
Señor Presidente, solamente siguiendo ese camino puede materializarse la fuerza económica de la Unión Europea y la nueva moneda puede continuar siendo fuerte. 
Señor Presidente, señor Comisario, el éxito de la introducción del euro fiduciario demuestra una cosa y sólo una: el gran pragmatismo de los pueblos europeos. 
Los mercados, que siempre tienen mayor posibilidad de elección, demuestran, al parecer, un entusiasmo mucho más moderado. 
En cualquier caso, creo que para los ciudadanos el nivel de los precios constituirá el verdadero criterio de la adopción o no de la moneda de Euroland. 
Sea lo que fuere, esta moneda sin Estado plantea ahora nuevos problemas. 
Por de pronto, los comerciantes han debido desempeñar gratuitamente el papel de banqueros para la introducción del euro. 
Puede considerarse que en este caso sus intereses coincidían con el de los consumidores. 
Pero ahora surge el problema del dinero falso. 
Ya empiezan a circular billetes falsos y prevemos que la gran mezcla de las diferentes monedas del norte y del sur de Euroland tendrá lugar este verano. 
Por ejemplo, llegarán los billetes de doscientos y de quinientos euros, que ni en Francia ni en los países de del sur de Europa han sido emitidos. 
Esto ya empieza a observarse con los billetes procedentes de Alemania. 
Evidentemente, ningún comerciante está en condiciones de identificar posibles billetes falsos, que a pesar de todo- dispénseme usted- equivalen a más de 3.500 de nuestros pobres antiguos francos, es decir, la mitad del salario mínimo interprofesional en Francia. 
La Comisión será la responsable de indemnizar, en su caso, a las víctimas de una falsificación, ya que no habrá Estado. 
¿Pero los ciudadanos europeos y los comerciantes que, por descuido y sin poder remediarlo, recibirán dinero falso serán indemnizados por los Estados miembros o por el Banco Central Europeo? 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que el éxito del euro es incuestionable y hay que reconocerlo al Banco Central Europeo, a la Comisión y a todos aquellos que trabajaron para que lo fuera, también en este Parlamento. 
El Sr. von Wogau ha dicho que la próxima etapa será la unión política. 
Comparto esta afirmación, pero, a mi juicio, sería equivocado pensar que el éxito del euro, su capacidad de ser una moneda sólida, fuerte, fiable reside en la unión política que hay que alcanzar por otras razones. 
El euro será una moneda fuerte si la economía de Europa será una economía fuerte. 
Señor Comisario, en su intervención usted se ha referido varias veces a la necesidad de una coordinación de las políticas económicas. 
Creo que hay algo más importante que la coordinación de las políticas económicas que si se lleva hasta un límite extremo puede tener incluso reflejos negativos. 
Es importante que en Europa haya unas buenas políticas económicas: la fuerza del euro dependerá de esto. 
Debemos aunar las políticas virtuosas y no las rigideces actuales. 
Por lo tanto, la fuerza del euro dependerá de que estas políticas virtuosas sean capaces de dinamizar los sistemas económicos, como decía el Sr. Maaten, de liberarlos de las prácticas corporativas y dirigistas, de liberalizar los mercados, etcétera. 
A menudo esto es el resultado de menos política económica y no de más política económica, y al respecto, creo que la comparación entre las políticas, la competencia entre las distintas y múltiples soluciones adoptadas por los Estados constituye un enriquecimiento y puede fomentar a través de una especie de verdadero benchmarking, procesos positivos de imitación. 
El marco del mercado único junto con el Pacto de Estabilidad- una constitución económica que, de hecho, faltaba a muchos Estados como Italia- pese a que debe perfeccionarse, es un marco bastante amplio para contener, sin traumas o contraindicaciones, una pluralidad virtuosa de elecciones que se deberán confiar a cada uno de los Estados. 
Esta elección, incluida la de del reconocimiento de la pluralidad de elecciones, creo que dará como resultado una economía más fuerte y, en consecuencia, se darán también las condiciones para una moneda única más fuerte. 
Señor Presidente, voy a leer, en efecto, el texto de la Sra. Peijs, y lo haré desde su lugar para subrayarlo, pero en aras de la claridad: lo respaldo totalmente. 
El proyecto "introducción del euro" ha sido un éxito. 
En los Países Bajos y en Irlanda, la introducción del euro ya ha finalizado prácticamente. 
Más del 90% de todos los pagos se realizan ya en euros. 
Estoy muy orgullosa, dice la Sra. Peijs- y estoy totalmente de acuerdo con ella- de que el ciudadano europeo haya adoptado tan rápidamente el euro, con tanta sensibilidad hacia la innovación, y haya dejado de lado su propia moneda. 
Los europeos no necesitaban un largo período de introducción. 
Hoy, debemos dirigir unas palabras especiales de agradecimiento y reconocimiento al comercio al por menor, que ha hecho frente con flexibilidad a muchísimas dificultades. 
Así mismo, los bancos y sus colaboradores han contribuido mucho a la buena marcha de la introducción. 
El euro debe continuar siendo una moneda estable y fuerte. 
Para ello, en primer lugar, el Presidente del Banco Central debe quedarse donde está y velar estrechamente por los objetivos del Banco, es decir, la baja inflación. 
Casi más importante, incluso, resulta ser el hecho de que los Estados miembros empiecen a comprender que no sólo no son totalmente autónomos, sino que, además, todo lo que hacen y, sobre todo, lo que no hacen, conlleva consecuencias para toda la Comunidad y para la estabilidad de la moneda. 
A fin de mantener la confianza del mercado, es muy importante que los Estados más grandes, sobre todo, -y tal vez la República Federal de Alemania, en particular- adopten ahora finalmente las medidas necesarias para abrir totalmente sus mercados, para hacer más flexibles sus mercados de trabajo, para hacer duraderos sus sistemas de pensiones y para modernizar su asistencia social. 
Estos países constituyen en este momento un freno para el avance de la Unión, en lugar de ser el motor de la misma. 
La eventual debilidad de la moneda es atribuible a los Estados miembros y, hasta ahora, no es achacable al Banco Central, que funciona de forma magnífica salvo en el ámbito de los sistemas de la balanza de pagos, tales como TARGET, y el sistema de consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, hay dos aspectos de la introducción del euro que han sido mencionados en las intervenciones del Comisario Solbes y de mis colegas, a saber, el indudable éxito del euro y las futuras perspectivas del euro. 
En mi breve intervención quisiera abundar en el segundo aspecto porque el euro es una puerta abierta al futuro. 
En efecto, yo creo que, aparte de su gran significado simbólico, la introducción del euro no tendrá efectos inmediatos ni a corto plazo en nuestra economía, en el índice de inflación o en la tasa de empleo. Pienso, por el contrario, que brinda a Europa una extraordinaria oportunidad de desarrollo en la estabilidad, especialmente en dos sentidos: a medio y corto plazo. 
A medio plazo, a Europa se le plantea el problema de desvincular su economía del ciclo estadounidense. 
De hecho, aún hoy, el desarrollo europeo depende fuertemente de las exportaciones, y en consecuencia, de la demanda estadounidense. 
En estas condiciones, las actuales tendencias recesivas en los Estados Unidos pueden repercutir en nosotros, en lugar de quedar compensadas por nuestra capacidad de crecimiento autónomo. 
Esta capacidad de desarrollo de la demanda interna se puede facilitar notablemente con la unificación de la política monetaria, aunque no se puede atribuir a ella solamente. 
Es necesario fomentarla a través de una política económica que combine el paquete de medidas monetarias con el paquete de medidas fiscales, así como y ante todo a través de una política de investigación y de inversiones innovadoras como la formulada en Lisboa, formulada pero no perseguida concretamente. 
A más largo plazo se plantea el problema del euro como posible moneda de reserva mundial en condiciones de equilibrio con el dólar. 
En una resolución de este Parlamento ya subrayamos que la orientación fundamental para la política de cambio no es la de un euro fuerte o de un euro débil, sino la de un euro estable, evidentemente, dentro de una banda de oscilaciones que no sean desestabilizadoras. 
Por esto, antes o después, será necesario promover alguna forma de consenso entre las políticas monetarias de los Estados Unidos y de Europa, en pro del interés recíproco y del interés común. 
El euro, por lo tanto, es sí una gran ocasión, pero una ocasión que aún se ha de aprovechar. 
Este espacio potencial, como han indicado los oradores que me han precedido, debe ser llenado por la política, por la capacidad política de Europa, por una gestión responsable de la economía que promueva en Europa los factores de un desarrollo autónomo en su interior y que garantice una gestión eficaz del cambio en el exterior. 
Señor Presidente, Señorías, los gobiernos de la zona euro y el Banco Central lo dicen y afirman con una sola voz: los europeos, al parecer, han acogido el euro, la moneda imperial, el nuevo reichsmark, con entusiasmo, con euforia. 
Según los discursos oficiales ningún problema, pues, habría empañado este nacimiento triunfal. 
Prueba de ello es que quince días después de la introducción del euro la gran mayoría de las transacciones se efectúa en dicha moneda. 
Seamos francos, ese burdo discurso propagandístico está totalmente reñido con la realidad. 
En realidad, nada ha funcionado como estaba previsto. 
Los primeros días hubo escasez de euros, los bancos no hicieron su trabajo, negándose a efectuar cambios o limitándolos a un tope máximo y, para colmo, intentando cobrar por dicha operación. 
Los cajeros automáticos no pueden entregar los billetes de veinte euros, los distribuidores automáticos no admiten los euros fabricados en otro país, la propensión a la falsificación se multiplica puesto que nadie sabe identificar los nuevos billetes. 
Ha de reconocerse que los europeos no utilizan el euro por entusiasmo, sino obligados y a la fuerza porque su moneda nacional circula cada vez menos. 
Algunos alemanes, a pesar de no disponer de ningún período transitorio, siguen pagando en marcos, cuando éstos dejaron de circular el 1 de enero. 
El euro no proporciona ninguna ventaja en la vida diaria. 
Sólo presenta inconvenientes y cuesta caro a todos, por no mencionar las inaceptables cesiones de soberanía que su puesta en marcha ha supuesto. 
Hoy todos los europeos tienen una moneda extranjera. 
Además, se comprueba una nueva inflación de los precios. 
Todos podemos darnos cuenta de ello en nuestras compras: los precios se han disparado en todas partes y en proporciones más que preocupantes, sobre todo en relación con los productos más corrientes y de primera necesidad. 
Quizá no sea el Ruhr de los años veinte, pero esto se parece a los años setenta. 
El índice de precios del mes de enero podría salvarse por las rebajas, pero esperemos a conocer las cifras para el conjunto del año. 
Esperemos también a que los primeros efectos antisociales de la competencia producida por el euro en los salarios, los desplazamientos de empresas y los despidos se dejen sentir. 
Por consiguiente, en nombre del derecho de los pueblos de disponer de sí mismos, nosotros reafirmamos el derecho de los pueblos de restablecer en el futuro su moneda propia como ayer lo hicieron los pueblos liberados del yugo federalista soviético. 
Señor Presidente, el Presidente Prodi nos ha dicho esta mañana que la puesta en circulación de las monedas y billetes en euros constituía un gran éxito. 
Y varios oradores han ido aún más lejos al mencionar el entusiasmo de los consumidores, que, al parecer, se abalanzaron sobre la nueva moneda. 
Esta apreciación nos parece exagerada. 
La operación del cambio de monedas y billetes ha sido técnicamente correcta, sí, pero los consumidores tenían forzosamente que utilizar los nuevos signos monetarios. 
La verdadera prueba será la gestión del euro en los próximos años. 
Y, en ese sentido, si yo estuviera en el lugar de los federalistas no me alegraría. 
Más bien, me preocuparía. 
Puesto que hoy, personas que ocupan un lugar muy diferente del nuestro en la palestra política, como Jacques Delors, dicen exactamente lo que hemos dicho siempre, o sea: que el euro no puede funcionar como tal moneda. 
Habría que acelerar la integración, como lo ha declarado Romano Prodi. 
Habría que reforzar el pilar económico o pasar a la Europa política, como expresan otros. 
En resumen, se necesita más poder supranacional e integrador en el plano europeo, es decir- diga como se diga- más "super-Estado". 
Es ahí dónde aprieta el zapato, señor Presidente. 
¿Europa está dispuesta a aceptar ese super-Estado? 
¡No! 
Para empezar, las naciones de Europa son lo bastante diferentes desde todo punto de vista como para formar una zona monetaria óptima. 
Sin duda, muchos de ustedes responderán que es absolutamente necesario que exista un super-Estado dotado de un poder de cohesión, pero al mismo tiempo eso es totalmente imposible. 
Este es el círculo vicioso en el que los países de la zona euro se debatirán en los próximos años. 
Se podría hablar asimismo de un "sprint": para que el euro funcione, o bien sus responsables lograrán desestructurar rápidamente las naciones y construir el super-Estado- en este caso el euro sí puede mantenerse; pero, ¿en qué estado quedará Europa y la democracia? -, o bien las naciones, al persistir sus diferencias, imposibilitarán la gestión de la moneda única. 
Para nosotros está claro, señor Presidente, tanto por apego a nuestra patria como por la convicción de la necesidad primordial, para la democracia y la solidaridad, del marco nacional. 
Pero, ¿no existe acaso una tercera hipótesis: la de una moneda única sin Estado? 
Podría ser seductora. 
Pero, en realidad, nadie sabe cómo funcionaría en caso de que se produjesen choques asimétricos. 
Y, además, los propios mercados no lo consideran así, como lo demuestra la debilidad persistente del euro estos últimos días. 
Por consiguiente, el euro nos lanza a una aventura, de cuyas graves consecuencias políticas y financieras los ciudadanos no han sido advertidos, y que no están dispuestos a asumir. 
En realidad, quienes lo concibieron deberían estar más bien preocupados. 
Señor Presidente, el lanzamiento de billetes y monedas han convertido el euro, por fin, en una realidad política para los 300 millones de personas de la zona euro. 
Porque soy de un país que está fuera y pertenezco a un partido que está en contra de la adhesión, hasta cierto punto esperaba que surgieran más problemas técnicos y más resentimiento popular por la imposición de una moneda desconocida. 
Hasta ahí todo bien, con escaso redondeo inflacionista. 
Felicito al BCE, a la Comisión y a los bancos centrales nacionales por haber sabido superar la logística de esta formidable empresa sin que se haya producido un aumento de los atracos ni de la falsificación, aunque sigo cuestionando la necesidad de billetes de 500 euros, que para lo único que sirven es para fomentar la delincuencia. 
La posición naturalmente cautelosa de los Conservadores británicos es que, si bien el euro puede ser una ventaja añadida para los viajeros y mejorar la transparencia de los precios en el mercado único, no hay ninguna duda de que su finalidad principal es la de reafirmar la identidad paneuropea como un peldaño más en la integración política- algo que todo el mundo reconoce salvo el Sr. Blair y nuestro Gobierno Laborista- y para controlar no sólo la política monetaria, sino también la tributación. 
Una política monetaria igual para todos, como reconoce el pesimista informe económico 2001 de la Comisión, no puede ser acertado para todos los países en todo momento y, unida a las moderaciones fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impone graves problemas desestabilizadores y falta de flexibilidad a algunas economías, como ya hemos visto en el panorama del auge artificial de Irlanda. 
Los riesgos de que se produzcan impactos asimétricos no harán sino crecer tras la ampliación porque los mercados de trabajo europeos siguen necesitando una reforma y son en buena medida inmóviles. 
El Presidente Prodi ha reconocido este riesgo inherente y no tardaremos en oír voces que piden un presupuesto comunitario mucho mayor e impuestos comunitarios directos para crear fondos de emergencia para compensar a los países afectados por la pérdida de sus derechos a devaluar sus monedas y bajar sus tipos de interés. 
No obstante, le deseo suerte al euro porque es la moneda de nuestro principal interlocutor comercial y porque su estabilidad también afectará a la prosperidad del Reino Unido. 
Espero que mi pronóstico pesimista, que se hace eco del propio pronóstico de la Comisión, resulte equivocado con el tiempo. 
También me gustaría que el Comisario Solbes me confirmara que, en su opinión, el Reino Unido deberá permanecer como mínimo dos años en la fase II del MTC antes de unirse al euro. 
Por último, deseo felicitarle, señor Presidente, por su elección. 
. Señor Presidente, en primer lugar querría agradecer a todos los intervinientes sus comentarios. 
Me gustaría empezar agradeciendo especialmente a Karl von Wogau su participación durante 22 años en este proceso. 
Lamentamos que nos deje en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, pero sabemos que su buen hacer seguirá ayudando al Parlamento y al proceso de construcción europea en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Decía Karl von Wogau, refiriéndose a Jacques Delors, que no se puede uno enamorar del euro, y decía Christa Randzio-Plath, sin embargo, que los pueblos están felices. 
Posiblemente ambos temas tienen una relación con una cuestión fundamental: el euro es el primer elemento de identidad europea que afecta a todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Monetaria. 
Aparte de ser muy importante- como lo fueron la supresión de fronteras o el mercado interior, que sin embargo sólo afecta a mercancías, sólo afectaba a los ciudadanos que atravesaban la frontera en un momento determinado -, el euro es además una pieza de nuestra identidad europea que utilizamos todos los días desde la mañana hasta la noche, en todos los países de la Unión Monetaria y exactamente en las mismas condiciones. 
Es un elemento que hay que destacar como muy positivo entre nuestros elementos comunes, que nada tienen que ver, sin embargo, con una unificación, dado que es evidente que también tenemos elementos diferenciales claros. 
A partir de ahora, el euro nos va a dar monedas y billetes y un ligero aumento del crecimiento económico, como consecuencia de la supresión de incertidumbres. 
Pero es cierto, y estoy de acuerdo con algunos de los intervinientes, que los elementos fundamentales derivarán de nuestra capacidad de crecimiento potencial o, dicho en otros términos, de poner en marcha el proceso de Lisboa de forma más ambiciosa de lo que lo hemos hecho hasta ahora. 
Nos podremos desvincular de los Estados Unidos, como pretende el Sr. Ruffolo, nos gustaría. 
Sin embargo, la experiencia, el año 2001, nos ha demostrado que el ser relativamente independientes en términos comerciales no nos impide vernos afectados por una crisis en Estados Unidos como consecuencia de los canales de transmisión de los efectos económicos derivados de las interrelaciones de las empresas y de los mercados financieros. 
El tipo de cambio va a ser la verdadera prueba del euro. 
Siempre he dicho que nunca el tipo de cambio fue un objetivo de la política de la Unión. 
Nuestro objetivo de política monetaria es mantener una inflación baja y estamos convencidos de que una moneda con una inflación baja a largo plazo es una moneda estable, es una moneda querida, es una moneda de refugio y es una moneda que tendrá un papel importante que desempeñar en el mundo económico. 
Pero con independencia de los aspectos económicos propiamente dichos, ¿qué sucede con nuestra estructura institucional? 
¿Es el euro el principio de un gobierno económico? 
Creo que diseñamos en Maastricht un modelo basado en una política monetaria única y unas políticas económicas nacionales coordinadas. 
Creo que ése es nuestro modelo. 
Y tenemos que trabajar para que el euro sea un éxito sobre esa base. 
No entro a prejuzgar si debemos avanzar más o menos en los procesos de integración política. 
Posiblemente podría estar en la línea de aquellos que están a favor de una mayor integración política, pero comprendo también que ésta es una decisión a quince que deberá tomarse en otros ámbitos, en otros foros y como consecuencia de otro debate. 
Sin embargo, estoy convencido de que podemos avanzar en el proceso de mayor coordinación de políticas económicas, que en ningún caso quiere decir unificación de nuestras políticas económicas, porque nuestras situaciones son distintas y, en consecuencia, deben aplicarse de forma consecuente. 
Hoy, como tantas otras veces, mezclamos a veces pactos de estabilidad y orientaciones de política económica. 
¿Es el Pacto de Estabilidad un problema para la política económica de la Unión? 
Es un debate que hemos tenido algunas veces en esta Cámara. 
Seguiría insistiendo en lo que siempre he dicho: el Pacto de Estabilidad no es ni más ni menos que el elemento necesario que nos permita un policy mix entre política presupuestaria y política monetaria que facilite una política monetaria de tipos de interés bajos. 
Las modificaciones estructurales de nuestras economías y el avance para el crecimiento, la congruencia entre nuestras políticas económicas nacionales y la política del conjunto con la política monetaria deberán manejarse a través de las grandes orientaciones de política económica. 
Disponemos de los instrumentos, tenemos que perfeccionarlos, tenemos que mejorarlos, pero creo que el sistema sirve. 
El policy mix será uno de los elementos clave de la Presidencia española, así lo ha puesto de relieve el presidente del Ecofin y estoy seguro de que tendremos ocasión de debatir en esta casa sobre este punto fundamental. 
Por supuesto, las reformas estructurales, como decía antes, siguen siendo la clave del futuro. 
Un comentario sobre las ampliaciones de la zona euro. 
En los países "pre-in" hemos percibido un mayor interés por lo que está sucediendo en nuestra experiencia en la zona euro. 
Más bien, me atrevería a decir que en los tres "pre-in" se ha despertado un interés adicional importante que se refleja en algunos elementos políticos comunicados o en los que percibimos en los últimos días. 
Es cierto que todavía hay quien critica el euro y es cierto que en el mundo euroescéptico, dado que los problemas a corto plazo no se plantean, lo que en estos momentos da miedo es lo que sucederá dentro de diez o quince años. 
Evidentemente, sobre eso nada podemos decir. 
Creo que es difícil de manejar lo que sucederá dentro de diez o quince años, pero personalmente estoy convencido de que dentro de diez o quince años tendremos muchos menos problemas que los que tenemos en estos momentos en ese sentido. 
¿Cuáles van a ser las condiciones de los países "pre-in" para ingresar? 
Exactamente las mismas que las de los demás, ni más ni menos. El cumplimiento de las condiciones de Maastricht con el hecho adicional del opting-out al que tienen derecho Dinamarca y el Reino Unido. 
No habrá ninguna modificación ni para los "pre-in" ni para los países candidatos. 
Creemos que el tratamiento igual para todos los Estados miembros de la Unión es un principio fundamental que en ningún caso debemos corregir. 
Un último comentario sobre un tema menor pero que, en cierta medida, era el que hoy nos preocupaba: los problemas prácticos de la introducción del euro. 
¿Ha hecho el comercio el papel de los banqueros? 
No. 
El comercio ha servido a través del sistema de prealimentación como incentivador de la utilización rápida de la moneda única. 
Es cierto que se han planteado algunos problemas prácticos, más bien por la presión de algunos ciudadanos para utilizar el comercio como banca, cuando han pretendido cambiar altas denominaciones de monedas nacionales en el comercio y no en las bancas, como debería haberse previsto. 
¿Hay problemas graves de falsificación? 
Ni graves ni menos graves. 
De momento no nos constan falsificaciones que puedan llamarse técnicamente "falsificaciones de euros". 
Hay fotocopias. 
Hay euros fabricados con escáner, pero enormemente distintos del euro real y, en consecuencia, ese tipo de preocupaciones, que a veces se plantea, hoy no debe existir. 
Creo que el euro tiene un factor de seguridad altísimo, muy distinto a otras monedas nacionales de gran circulación en el mundo, y que nos debe dar la garantía de que este tipo de situaciones no se va a producir. 
Creo que tampoco son correctas algunas afirmaciones que se han hecho respecto al funcionamiento de máquinas. 
Cualquiera que se acerque incluso a zonas de peaje no alejadas de aquí verá que algunos peajes no funcionan con todas las monedas de cada uno de los países de la Unión. 
Son problemas prácticos que se están planteando, a los que no deberíamos dar más valor del que tienen: anécdotas dentro de un proceso de gran importancia y de gran complejidad. 
Como tampoco creo que los problemas de precios sean significativos ni tampoco que los precios de las rebajas vayan a influir en los precios del mes de enero, como no han influido en el pasado, dado que nunca se han tomado en cuenta. 
La semana pasada, hablando con el anterior presidente del Ecofin, el Sr. Reynders, decíamos que la lección clara que hemos sacado de este proceso es que la próxima vez que cambiemos de moneda no debemos hacerlo el 1 de enero. 
Pero como estoy seguro de que esta situación no se va a plantear, creo que incluso de esa experiencia podemos prescindir. 
Señores diputados, muchas gracias por su enorme colaboración durante este período. 
Ha sido fundamental para ayudar al buen trabajo de los Estados miembros, para el mejor conocimiento por parte de la población y, también, para incentivar a la Comisión a trabajar. 
El debate queda cerrado. 
Adjudicación de contratos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0378/2001 del Sr. Zappalà, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras (COM (2000) 275- C5-0367/2000- 2000/0115 (COD) ) y 
A5-0379/2001 del Sr. Zappalà, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes (COM (2000) 276- C5-0368/2000- 2000/0117 (COD) ). 
. (IT) Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitarle por su elección a la Presidencia de este Pleno y desearle tanto a usted como a esta Cámara todo lo mejor para los próximos dos años y medio. 
Señor Presidente, Señorías, se someten a votación del Pleno la directiva relativa a los contratos públicos de obras, suministros y servicios, y la directiva relativa a los sectores especiales, o sea, a las entidades que operan en los sectores del agua, de la energía y de los transportes. 
Llegan después de que la Comisión haya trabajado en ellas a lo largo de cuatro años, durante los cuales se han llevado a cabo muchas audiencias, así como muchos estudios y evaluaciones. 
Llegan después de dos años más de trabajo en el Parlamento, de una audición pública muy concurrida y tras haber oído al Comité de las Regiones, a las asociaciones sectoriales y a los profesionales de toda Europa. 
No tiene que sorprender esta mole de trabajo, habida cuenta de que en la Unión Europea los contratos públicos afectan cada año a un 15% del PIB global, equivalente a un importe de más de 1.500 millardos de euros. 
Con las directivas en vigor, se estima que sólo el 20% de dicho importe queda sujeto a las normas indicadas en las mismas, ya que el valor del umbral, más allá del cual es vinculante su aplicación, es relativamente elevado y, en todo caso, más o menos igual a los acuerdos sobre la participación de terceros países. 
Las directivas en vigor que se remontan a tiempos ya remotos, precisan una revisión y una adaptación a las nuevas tecnologías, así como a las nuevas condiciones de mercado. 
La necesidad de realizar cada vez más el mercado interior ha obligado a la Comisión a estudiar y a proponer las directivas en cuestión. 
La materia reviste mucha importancia y no podía ni puede ser tratada con ligereza. 
Además de sus Señorías, cuatro comisiones parlamentarias competentes para opinión y la Comisión de Asuntos Jurídicos en razón de su competencia han examinado los textos y han propuesto enmiendas. Prácticamente más de la mitad de sus miembros ha tenido la ocasión de examinarlos, debatirlos y enmendarlos. 
Los contenidos se pueden resumir fácilmente: revisión y modernización de las directivas en vigor, introducción de los mecanismos de compra electrónica, aclaración de las normas sobre especificidades técnicas, precisión de las normas relativas a los criterios de adjudicación, simplificación de los umbrales, introducción de un vocabulario común para los contratos públicos. 
En conjunto, las propuestas se han de compartir y de hecho se comparten. Todos somos conscientes de su importancia y todos queremos que su camino no sea accidentado. 
Sin embargo, es necesario evidenciar los que han sido y son los problemas más relevantes que se han planteado y que son motivo de debate dentro de cada una de las fuerzas políticas, entre las fuerzas políticas y entre las representaciones nacionales. 
Los umbrales, o sea, el valor por debajo del cual no es vinculante el respeto a las directivas. 
Dicho valor, tal como he recalcado, de por sí relativamente elevado, corresponde, sin embargo, según lo propuesto por la Comisión, al valor establecido en los acuerdos con los terceros países. 
Se ha propuesto elevar dicho valor. 
Esto conlleva un doble problema: la reducción de los contratos públicos sujetos a la obligación de cumplir las directivas y una posible ventaja a favor de los terceros países con los cuales no se pueden revisar los acuerdos existentes. 
Asimismo supone que las entidades encargadas de convocar los concursos podrán actuar sin sujeción a las reglas comunes con los riesgos vinculados a esto. 
Hay quien recalca que, a pesar de la elevación de los niveles, no se registrará una disminución de las adjudicaciones a escala europea, ya que, por debajo de cierto valor, las empresas no tienen el interés económico suficiente para desplazarse fuera de su región y menos aún fuera de su nación. 
Otra consideración que hay que hacer atañe a la posibilidad de que cada Estado miembro y de que cada Gobierno regional aplique normas locales por debajo de los niveles. 
Esto supone que cuanto más elevados son los niveles, más diferenciadas serán las normativas dentro de la Unión y, por lo tanto, menos uniformes serán las reglas en su interior. 
Considero que, sea cual sea el valor de los umbrales, no se debe permitir que en la Unión existan legislaciones diferentes entre sí. 
Esto implicaría la reducción y no la ampliación del mercado común, y ofrecería a cada una de las entidades sujetas a legislación territorial la posibilidad de cerrar en su territorio, regional o nacional, el acceso a los operadores no locales. 
Esto debería ocurrir única y exclusivamente con respecto a lo no previsto en las directivas. 
De ello se deriva que los contenidos generales de las directivas deben incluirse también en la legislación nacional o regional, y en este sentido se ha formulado una enmienda. 
Otra temática importante es la que se refiere a los aspectos medioambientales y sociales. 
Hay quien ha propuesto que la directiva integre y contenga normas específicas sobre dichas materias. 
Este tema ha dado lugar a un amplio y exhaustivo debate y podría ser motivo de devolución a comisión si en la votación no se llega a una posición que logre una mayoría adecuada. 
Estimo que una normativa que debe realizar el mercado interior en una materia de carácter económico y reforzar la competitividad no puede ser portadora de principios que no están previstos en la normativa del sector. 
La propuesta de la Comisión ya contiene referencias adecuadas para que, en el momento de elaborar el anuncio de licitación, se respeten todos los principios vigentes en materia de medio ambiente y de derechos de los trabajadores. 
Dicha normativa no se puede ampliar o modificar utilizando directivas que deben referirse a los contratos públicos de obras, suministros y servicios. 
Las enmiendas correspondientes votadas, por otra parte, en algunas comisiones competentes para opinión y en la comisión competente para el fondo, tienden a introducir nuevas normas. 
En el caso de que dichas enmiendas fueran aprobadas también en el Pleno, considero que sería mejor mantener los textos vigentes más que unos textos que, pese a ser modernos, podrían conducir a retroceder en aspectos fundamentales. 
Existe otra cuestión que estas normativas no pueden descuidar y que, en cambio, la Comisión no ha examinado de manera adecuada: las prestaciones intelectuales. 
Ya es hora de que se marque una diferencia entre prestación intelectual y ejecución, entre crear un proyecto y ejecutarlo. 
Se trata de un concepto difícil de entender por parte de algunas asociaciones profesionales que, desde su punto de vista, defienden posiciones consolidadas a través del tiempo. 
Pero la obra intelectual no se puede considerar como ejecución de una obra ni una empresa puede encargarse de todo tanto del proyecto como de la ejecución, salvo en casos excepcionales o para la utilización de tecnologías específicas. 
Y esto por dos motivos: el producto del ingenio no es cuantificable, una idea nunca es igual a otra. 
La historia de toda Europa, siglo más o siglo menos, está llena de obras de distinta naturaleza que han superado el paso tiempo por su valor artístico. 
No todo, no toda prestación puede ser comparada a una obra de arte; sin embargo, el producto del ingenio no se puede confundir con la mera ejecución. 
La empresa ejecutante dispone de capacidad y experiencia, de tecnología ejecutiva y, como tal, es la más apta para proyectar y realizar, desde el punto de vista técnico, las ideas ajenas, pero sólo esto, salvo contadas excepciones. 
Al separar los servicios intelectuales de los servicios ejecutivos se rinde justicia a las profesiones y al producto del ingenio. 
La contratación pública integrada, considerada únicamente como suma del proyecto ejecutivo y de la ejecución, es oportuna si dentro de la empresa o vinculados a ella, hay prestadores de servicios intelectuales habilitados para ello según las normas en vigor. 
En estas consideraciones se basan tanto la enmienda que no vincula la obligación de la unión o separación entre proyecto y ejecución, pero que obliga a justificar dicha unión cuando se utiliza, como la enmienda que define claramente qué se entiende por proyecto preliminar, definitivo y ejecutivo. 
Por último, señor Presidente, se someten al Parlamento dos directivas fundamentalmente similares entre sí, ya que algunos sectores específicos han sido liberalizados o lo serán en un próximo futuro. 
Las telecomunicaciones ya se consideran liberalizadas y por esto no se examinan. 
El progresivo avance de la liberalización también en las materias relativas al agua, a la energía y a los transportes, verificado por la Comisión de manera directa o a petición de parte, por cada uno de los Estados miembros, hará decaer la segunda directiva, sin por ello tener que modificar la primera. 
En conjunto, espero que las consideraciones no partidistas nos lleven a aprobar unas normas que sean específicas del sector sin ampliaciones peligrosos, que realicen cada vez más el mercado interno, que tengan en cuenta que otros países están a punto de entrar en la Unión con sus tradiciones y necesidades, que tiendan cada vez más a la uniformidad de las normas y no a su fragmentación. 
Asimismo considero obligado reconocer que la tarea realizada por la Comisión con su propuesta merece la máxima apreciación. 
Por último, debo decir que estoy orgulloso de haber contribuido a profundizar y, espero, a mejorar una normativa que no solo participa en el logro de una Europa más unida y fuerte, sino que da un giro a la lucha contra el fraude y las malas costumbres que en el terreno económico a veces predominan. 
Para evitar una excesiva manga ancha, es preferible, en todo caso, que las directivas sufran una pausa más que contar con normas que permitan una excesiva discrecionalidad. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme echar un vistazo sobre los aspectos económicos y de política de competencia en la adjudicación pública de contratos desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El colega Zappalà acaba de indicar que entre el 14 y el 15% -ésta es al menos la apreciación de la Comisión- del producto interior bruto de la Unión recae sobre contratos de obras, de suministros y de servicios del Estado por parte de empresas que realizan servicios de suministros para la colectividad. 
El 15%, si se miran las cifras absolutas, con un producto interior bruto de unos 900 mil millones de euros anuales en la Unión, representa una suma de entre 125 mil y 130 mil millones de euros. 
No se trata realmente de ninguna nimiedad. 
Pero precisamente en este campo de la contratación pública el mercado interior no se ha introducido especialmente. 
Aquí hay que modificar las cosas. 
La contratación transfronteriza sigue siendo la excepción. 
Las normas son complicadas, rígidas y burocráticas y la integración de los aspectos sociales y de medio ambiente tampoco está aclarada en la práctica de la prestación de suministros. 
Estas son al menos las exigencias que el mismo Parlamento formuló en sus debates sobre el Libro Verde relativo a la comunicación de la Comisión en 1996 y 1998. 
Por ello, tenemos que dirigir aquí nuestra mirada a los objetivos económicos y de política de competencia. 
El objetivo es ayudar al mercado interior para que penetre también en este campo. 
Precisa de reglas transparentes y claras que no discriminen a ningún oferente para tales contratos. 
Pero por otro lado, también hay que garantizar que ningún oferente pueda obtener ventajas injustificadas. 
Por ello, hay que aclarar que se respeten también las normas laborales, de convenios colectivos y medioambientales, por lo que el argumento del colega Zappalà no es totalmente correcto cuando dice que debemos separar las cuestiones económicas de las demás. 
Naturalmente, para lograr una ventaja económica uno no puede eludir los demás estándares. 
Esto pertenece a las normas del juego y hay que mantenerlo. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales lleva tiempo abogando que se preste mayor consideración a los aspectos sociales y laborales en la adjudicación de contratos públicos en dos sentidos. 
Primero, que se garantice que todos los licitadores cumplen las normas legales vigentes con el fin de evitar la competencia desleal. 
Me gustaría pedir a los diputados que tengan esto presente a la luz de lo que el ponente ha dicho en sus observaciones de presentación. 
Por tanto, no se trata de poner en tela de juicio la objetividad del proceso de adjudicación mediante los criterios sociales, sino todo lo contrario: lo que importa es establecer igualdad de condiciones para todos los participantes en un procedimiento de adjudicación de contrato. 
El segundo sentido en que queremos que se tengan en cuenta los criterios sociales es permitir que, en el marco del procedimiento de adjudicación, las autoridades responsables de la adjudicación puedan establecer determinados objetivos de política social y de empleo, como la igualdad de oportunidades y la inclusión social. 
Pero esto siempre está sujeto- y me gustaría hacer hincapié una vez más en lo que el ponente ha dicho- al requisito estricto de que no distorsione la competencia. 
Este aspecto queda claro reiteradamente en las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que a su vez se inspiraron en la opinión de la Comisión de Empleo. 
La Comisión de Empleo analizó en su opinión las diferentes fases del proceso de licitación e hizo varias recomendaciones sobre cada una de ellas. 
Sobre la primera fase, la necesidad de que incluya en el pliego de condiciones una referencia a la legislación vigente. 
Los candidatos, los licitadores deben tener acceso a toda la información pertinente sobre todos los criterios de la política social y de empleo que deberán tomar en consideración. 
El artículo 27 de la directiva general es especialmente importante en este sentido. 
Quisiera llamar la atención de los diputados sobre la enmienda 129 presentada por la Sra. Berger. 
Es una enmienda excelente y espero que obtenga el respaldo de la Asamblea. 
En la segunda fase debemos verificar el fiel cumplimiento de las normas establecidas en la primera fase, y debería existir la posibilidad de excluir a los licitadores que en el pasado hayan incumplido las condiciones en materia de política social y de empleo. 
El artículo 46 es especialmente importante en este sentido y me gustaría llamar la atención de los diputados sobre las enmiendas 82, 86, 87 y 89. 
Durante el procedimiento de selección de los candidatos y adjudicación del contrato debe garantizarse la conformidad con las disposiciones sobre protección del empleo y las condiciones de trabajo. 
Es el artículo 53, que ha sido el que más atención ha despertado durante las negociaciones en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Quisiera llamar la atención de los diputados en este sentido sobre las enmiendas 134 y 140. 
Sinceramente espero que podamos alcanzar un acuerdo sobre dichas enmiendas en nuestra votación de mañana. 
Por último, debe existir un procedimiento de revisión adecuado que garantice el cumplimiento de estos criterios en la ejecución del contrato. 
La enmienda 108, entre otras, es importante en este sentido. 
Quisiera llamar la atención sobre una última enmienda, que es importante. 
La Comisión de Empleo hace hincapié en su opinión en dicha enmienda que es relativa a la protección del empleo. 
La enmienda 36 ofrece a los Estados miembros la posibilidad de reservar determinados contratos a programas de empleos protegidos o talleres protegidos, en los que la mayoría de los trabajadores en dichos programas o talleres son personas con alguna discapacidad. 
Éste es un tema pendiente desde hace mucho tiempo en algunos Estados miembros, en particular, el mío. 
Espero que esta enmienda sea aprobada mañana y que la directiva haga una referencia clara a este aspecto de cara al futuro. 
Esto es lo esencial de la opinión de la Comisión de Empleo. 
Todas estas preocupaciones están reflejadas en las enmiendas que serán sometidas mañana a la consideración del Parlamento. Espero que obtengan el respaldo de la Asamblea. 
Señor Presidente, el medio ambiente puede ser protegido de muchas maneras. 
Aquí en el Parlamento intentamos hacerlo de dos maneras: mediante directivas y reglamentos que prohiben o intentan disminuir las actividades que dañan el medio ambiente y mediante directivas y reglamentos que instan a las personas, a las empresas y a las instituciones públicas a actuar voluntariamente para reducir los daños medioambientales. 
Quisiera decir al señor Zappala que ha pasado la época en la que solamente se consideraban criterios económicos y que el Tratado nos obliga a ocuparnos también de aspectos sociales y medioambientales. 
Por ese motivo las dos propuestas sobre contrataciones públicas deben posibilitar a los ayuntamientos y a las autoridades estatales a contratar mercancías y servicios de manera tal que las repercusiones medioambientales sean mínimas. 
A mi juicio, la propuesta de la Comisión es extraña, puesto que imposibilita las contrataciones públicas respetuosas del medio ambiente. 
En las dos opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor de las que he sido ponente hemos incluido claramente el respeto a los criterios medioambientales en las contrataciones públicas. 
Esas opiniones fueron aprobadas en su totalidad, sin enmiendas de ningún tipo, lo que constituye una señal fuerte e inequívoca de parte de la comisión. 
También he podido comprobar con satisfacción que la mayoría de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente ha sido aprobada por la comisión correspondiente. 
Sin embargo, hay algunos puntos en los que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha llegado a conclusiones sorprendentes. 
Me refiero en especial a la propuesta de directiva sobre contratos públicos de suministro, de servicios y de obras, cuyo artículo 53 deberá modificarse para que sea más fácil considerar los aspectos medioambientales en ese tipo de contrataciones, mientras que en la otra directiva, la que se refiere a la adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes, no se propone la modificación del artículo 54, que es idéntico al artículo 53 de la primera de las directivas. 
Creo que se trata de un descuido, pero quiero subrayar este hecho e insto a todos para que voten a favor de la enmienda 140 a la directiva sobre adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes. 
Como he señalado, ambas directivas deben ser coincidentes. 
Si se mantuviese la expresión "la opción económicamente más favorable para el organismo que contrata", implicaría que la autoridad contratante no necesitaría preocuparse de los factores medioambientales, de los intereses sociales ni del ciclo vital, en una perspectiva más amplia. 
Es, por tanto, muy importante que se hagan las modificaciones necesarias para que esto se armonice con el texto de la propuesta de directiva sobre contratos públicos de suministro, de servicios y de obras. 
El Sexto Programa Medioambiental contempla estos criterios. Están presentes en la política integrada de productos y, además, son importantes para fomentar el desarrollo sostenible en concordancia con el Tratado de Amsterdam, sólo para dar algunos ejemplos. 
Me resulta incomprensible que la Comisión haya deteriorado la directiva al señalar, por ejemplo, que no se permite usar la perspectiva de ciclo vital como criterio de evaluación. 
Sin embargo, en relación con esto se ha iniciado un proceso judicial. 
El procurador general ha manifestado claramente que el criterio correcto es el de la Comisión de Medio Ambiente y mío, y no el que sostiene la Comisión. 
Me alegran mucho las enmiendas de la Comisión de Asuntos Sociales puesto que, como he señalado anteriormente, el desarrollo sostenible implica que hay que tomar en cuenta criterios económicos, sociales y medioambientales. 
Por eso espero que votemos a favor de las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes y por el Grupo PSE. 
Señor Presidente, también yo quisiera empezar por añadir un par de observaciones con respecto al tema de la cuasi neutralidad de la legislación económica y la posibilidad de separarla de otros aspectos. 
La llamada directiva sobre los "sectores" nos ofrece un ejemplo. 
En efecto, mediante una legislación aparentemente neutral es posible lograr efectos muy distintos en este contexto. 
Si se establece que las empresas municipales gestionadas directamente están sujetas a la directiva, pero no así las empresas externas, de improviso nos encontraremos con que empresas que tienen los mismos fines estarán sujetas a disposiciones jurídicas totalmente distintas y el efecto no será neutral. 
Por esto la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía- que, dicho sea de paso, no tiene fama de atender demasiado a consideraciones sociales o medioambientales- se manifestó dispuesta, con una amplia mayoría, a contemplar estos aspectos en sus propuestas. 
Permítanme que vuelva a detallarlos ahora, ya que no nos limitamos a debatirlos, sino que la presente propuesta incorpora conclusiones esenciales de la Comisión de Industria, así como de las Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales, de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y de Asuntos Económicos y Monetarios. 
La más importante de nuestras propuestas pide que, además de las disposiciones legales de carácter laboral y social, también se respeten los convenios colectivos negociados entre los empresarios y los sindicatos vigentes- como también añade la enmienda- en el lugar donde se prestan los servicios. 
Yo creo que- a fin de evitar malentendidos- la Comisión de Industria también podría estar de acuerdo con la fórmula "convenios colectivos de aplicación general", toda vez que la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior podría dar lugar a otros malentendidos. 
No obstante, en cualquier caso hay un aspecto que debe quedar claro, y lo digo pensando en el Estado miembro del cual procedo: no es admisible que ciertos sectores del espectro político aticen allí temores con respecto al mercado de trabajo motivados por la futura ampliación al Este, mientras algunos sectores de esta Asamblea se muestran dispuestos a abrir las puertas de una manera que podría hacer justificables dichos temores. 
No deberíamos permitir que puedan reprochárnoslo. 
También me congratulo de que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya hecho suya nuestra propuesta según la cual podrán quedar excluidas del procedimiento de licitación las empresas que no hayan cumplido las disposiciones salariales y otras normas laborales y sociales del país de establecimiento o de cualquier otro país implicado. 
En la propuesta que hoy se debate en relación con la directiva sobre los "sectores", hemos enraizado dos aspectos importantes- que son significativos para las empresas municipales, por ejemplo- al excluir del ámbito de aplicación de la misma a las empresas asociadas o conjuntas cuando la participación en el volumen de negocios medio sea del 50% como mínimo. 
También esto figura en la propuesta. 
Así como al señalar la necesidad de que se excluya del ámbito de aplicación de la directiva el suministro de energía o de combustibles. Esto permite mantener la situación existente, habida cuenta que el grado de liberalización es diverso en la Unión Europea, y evitar el efecto que ya he citado al principio, a saber, que las empresas municipales gestionadas directamente, por ejemplo, y las empresas externas reciban un trato diferenciado. 
También abogamos por que en la directiva se incluyan los servicios postales. 
En cualquier caso, no se contemplarían todos los tipos de servicios postales, sino solamente aquellos ámbitos en los que aún no hay libre competencia. 
Yo creo que si en la votación final se recoge mi sugerencia con respecto al tema de los convenios colectivos y si se toman en consideración los restantes aspectos que acabo de exponer, la Comisión de Industria se considerará muy satisfecha con el resultado. 
. (FR) Señor Presidente, intervengo, de hecho, sobre la segunda propuesta de directiva. 
Permítame felicitarle, a mi vez, por su elección. 
Desearía transmitir al Pleno que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aprobó por unanimidad, el 12 de junio de 2001, la opinión de la que soy ponente. 
Esta decisión por unanimidad es importante puesto que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios reconoció efectivamente que los procedimientos aplicables a los contratos públicos eran instrumentos que entraban en el ámbito de la estrategia del desarrollo sostenible y que el medio ambiente debía integrarse transversalmente en todas las políticas de la Unión, como lo exige el Tratado. 
En este marco, debe autorizarse a las autoridades competentes, políticamente responsables, no sólo a adoptar los criterios medioambientales que piensan utilizar en la adjudicación de contratos públicos, sino también a adoptar los criterios sociales, respetando, ciertamente, en uno y otro caso, el principio de no discriminación. 
Para no repetir lo que otros colegas ya han manifestado, desearía hacer hincapié en dos puntos. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha propuesto una simplificación de los procedimientos de adjudicación, sobre todo duplicando los umbrales a partir de los cuales la directiva se aplica a los contratos públicos, y, por otra parte, propone asimismo proteger concretamente las pequeñas y medianas empresas, autorizando a las autoridades adjudicadoras a decidir que el 15% del volumen total de los contratos que adjudican se otorguen a pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, Señorías, nosotros consideramos ciertamente, por principio, que los temas relativos a la política medioambiental y los temas relativos a la política social en realidad se deben regular en el contexto de la legislación medioambiental y la legislación social. 
Sin embargo, todo principio tiene excepciones y puesto que, evidentemente, tampoco vivimos de espaldas al mundo, sabemos que el debate sobre las nuevas propuestas de directiva de la Comisión sobre los procesos de adjudicación de contratos públicos no se puede desarrollar, como es lógico, con total independencia de los aspectos sociales y medioambientales. 
Por lo tanto, tenemos muy claro que en la decisión también intervienen, obviamente, consideraciones de carácter social y medioambiental. 
No obstante, nosotros establecemos una distinción muy nítida. 
A nuestro parecer, en el mercado interior deben prevalecer unas condiciones iguales para todos los participantes económicos. 
Uno de los oradores que me ha precedido ya ha citado el concepto clave: level playing field, igualdad de condiciones. 
Esto naturalmente sólo estará garantizado si los criterios adicionales que nos proponemos establecer y que se deberán aplicar junto con los criterios económicos, ya forman parte de las condiciones de la licitación y no se introducen con posterioridad o se comienzan a aplicar sólo cuando la licitación ya se haya cerrado y llegue el momento de proceder a la adjudicación. 
Por esto, hasta ahora el PPE siempre ha defendido siempre en el contexto de este debate que, en la medida en que sea necesario contemplar dichos criterios, pedimos que éstos se incluyan en el contexto de las condiciones de la licitación y que no se introduzcan luego, cuando se trata el tema de los criterios de adjudicación. 
Por consiguiente, también quiero señalar que el artículo 53, al que se ha hecho referencia repetidamente y que en efecto fue uno de los puntos contenciosos, uno de los temas centrales de discusión en el marco del presente debate, se refiere a la adjudicación. 
Por este motivo el PPE mantendrá una posición restrictiva en la votación de las enmiendas al artículo 53. 
Deseamos que se introduzca el menor número posible de enmiendas al artículo 53 en la forma propuesta por la Comisión. 
Sólo así podremos garantizar que no se acaben creando posibilidades de manipulación, que concedan a las autoridades adjudicatarias que organizan la licitación la posibilidad de apoyarse finalmente en criterios introducidos en cierto modo a posteriori para adoptar decisiones sobre una base completamente distinta de la que estamos debatiendo aquí, la cual se guía por criterios objetivos. 
Yo creo que se trata de una distinción muy decisiva, que también se debe debatir en la Comisión de Asuntos Jurídicos y que hasta el momento quizá tampoco ha quedado del todo clara en los Grupos. 
Si me permiten que añada otra consideración, nosotros también nos oponemos a que se incluyan en la directiva- o se conceda la posibilidad de introducirlas luego al legislador encargado de su transposición- unas condiciones que anulen en la práctica el mercado interior y lo aboquen al fracaso. 
En un momento en que, por ejemplo, en mi país, Alemania, se está debatiendo una llamada "ley sobre el respeto de los convenios", que en la práctica conduce- yo comparto el punto de vista del Sr. Kuhne en este sentido- a que la adjudicación no se base en los convenios colectivos de aplicación general, que de hecho vienen a ser como leyes a las que es preciso atenerse, sino que se pueda exigir como condición el cumplimiento de convenios colectivos regionales o incluso de empresa, esto abre las puertas a que una licitación se pueda organizar de manera que al final sólo pueda participar en la misma una sola empresa. 
Esto destruye el mercado interior. 
Es una insensatez y no estamos dispuestos a contribuir a ello. 
Por esto vamos a votar en contra de todas las enmiendas que abran esta posibilidad. 
No obstante, yo creo que sin duda podría apoyar, y mi Grupo también, lo que acaba de proponer el Sr. Kuhne en nombre de la Comisión de Industria, esto es, que esta condición se limite a los convenios colectivos de aplicación general. 
Por lo que respecta a los umbrales de aplicabilidad, mi Grupo todavía no ha adoptado una decisión definitiva. 
La tomaremos mañana en la reunión de los Grupos previa a la votación, ya que entre nosotros existe diversidad de pareceres. 
No obstante, quiero recordar que el colega Zappalà ha presentado una enmienda muy interesante, como una vía de compromiso- me refiero a la enmienda 147- para garantizar, en el caso de que se decidiese aumentar los valores máximos, que los principios fundamentales de la directiva se apliquen también a todas las adjudicaciones por valores inferiores a dichos umbrales máximos. 
Pueden decirme que es una perogrullada, pero la enmienda incluye una novedad esencial, que yo creo que representaría un verdadero progreso para el mercado interior, concretamente la exigibilidad ante los tribunales de lo que aquí se decide y la exigibilidad ante los tribunales de los procedimientos de licitación. 
Actualmente ésta no está garantizada en todos los Estados miembros por debajo de los valores máximos. 
Si esto se consiguiese, yo creo que supondría un auténtico progreso. 
Yo ruego muy especialmente a la Comisión que reconsidere su posición con respecto a dicha enmienda 147 y que comunique mañana al Parlamento si puede aceptarla, pues creo que podría ser una auténtica solución de compromiso para el tema de los valores máximos. 
Antes de acabar, permítanme que exprese mi agradecimiento a los ponentes, empezando por el Sr. Zappalà. 
Este ha sido uno de los procedimientos legislativos más difíciles que se han desarrollado en esta Asamblea y hasta el momento nos ha conducido usted con mucho acierto a través de sus escollos. 
Yo se lo agradezco. 
Señor Presidente, me parece bien que discutamos esta materia en un momento álgido en el Parlamento y que no sólo hablemos de temas jurídicos. 
Las directivas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos son una de las herramientas más importantes para impedir la corrupción administrativa. 
Nos referimos a unas directivas muy deseadas y odiadas, que tendrán gran trascendencia en las administraciones nacionales. 
Durante el procedimiento en la comisión, muchos nos inquietamos por el escaso número de ofertas que se hacen desde otros países. 
Creo que lo más importante después del debate de hoy será que consigamos una buena directiva, que contenga un sistema de penas. 
Hay muchas cosas que faltan. 
Se ha hablado mucho de los aspectos medioambientales, pero creo que es importante dejar constancia de que hay que dar a las autoridades públicas las mismas posibilidades que a las empresas más renovadoras. 
¿Por qué la administración pública no podría competir en este campo tal como se hace en el sector privado? 
La Comisión dice que se obtendrán los mayores beneficios posibles, pero, a mi juicio, esto se relaciona frecuentemente con la gestión autónoma municipal. 
Si en esta clase de gestión se cometen errores y los ciudadanos no están satisfechos, cambian a los responsables. 
A las autoridades les interesa que se tomen buenas decisiones medioambientales en sus ayuntamientos. 
Además, me parece algo capcioso el argumento de que, por ejemplo, hemos aprobado directivas para fomentar el uso de energía renovable. 
¿Por que entonces no hay directivas sobre contrataciones públicas que contribuyan a ese fomento? 
Este argumento se repite, pero me parece conveniente mencionarlo. 
Comparto el criterio de que la posición de la Comisión en la propuesta es rígida en relación con la práctica judicial actual. 
Sin embargo, hay una diferencia entre las materias medioambientales y las de carácter social. 
Existen condiciones bastante uniformes respecto a las materias medioambientales, pero un gran número de directivas diferentes que regulan las materias sociales. 
Es interesante comprobar que muchos de los que se han referido a los temas sociales son alemanes. 
Yo vengo de un pequeño país de la Unión. 
Mi experiencia es que las empresas constructoras finlandesas han tenido muchas dificultades para abrirse paso en el mercado alemán- y en el sueco- precisamente a causa de los denominados acuerdos colectivos. 
Por eso conviene que no tomemos decisiones ambiguas. 
Los asuntos sociales no tienen condiciones uniformes. 
No sabemos qué normas hay que aplicar en esta materia. 
Con todo, espero poder dar una clara señal en nombre del Grupo liberal, esto es, que si se aprueba la propuesta de subir los valores mínimos, no apoyaremos las propuestas, ya que, a nuestro juicio, se limitaría aún más su campo de aplicación. 
En muchas oportunidades hemos dicho que no damos nuestro apoyo a esto, ya que, en ese caso, carecería de sentido toda la idea. 
Por eso pido apoyo a los colegas en esta materia. 
Finalmente, cabe destacar que de acuerdo con la práctica jurídica de muchos países, una de las enmiendas presentadas no tiene el carácter de tal. 
Señor Presidente, quiero felicitarle por su elección como Vicepresidente, que fue respaldada por un gran número de votos. 
Voy a hablar de mi ciudad, Helsinki, en relación con estas propuestas de directiva. 
El Servicio Municipal de Transportes Públicos de Helsinki, que es la autoridad encargada de las adquisiciones públicas, sacó a concurso recientemente determinadas líneas de autobuses y estableció, entre otros criterios, que los autobuses a adquirir debían contaminar lo menos posible, o sea, que debían ser respetuosos con el medio ambiente. 
Así pues, la ciudad de Helsinki se decidió por un modelo de autobús que consume gas natural y cuyas emisiones son muy reducidas. 
Uno de los ofertadores no se conformó con esta decisión, sino que presentó recurso ante los tribunales nacionales alegando, entre otras cosas, que la ciudad de Helsinki no había elegido la oferta más económica, es decir, la más barata. 
El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acaba de emitir su declaración al respecto, la cual puede terminar siendo la sentencia del Tribunal. 
De hecho, las conclusiones del Abogado General apoyan claramente la posición de la ciudad del Helsinki, según la cual las autoridades encargadas de las licitaciones deben tener el derecho de establecer en sus concursos públicos criterios de preservación del medio ambiente, así como de decidirse por los productos que respondan a esos criterios. 
No deja de ser interesante el hecho de que la posición del Abogado General sea exactamente igual a la adoptada por la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión, pero diferente a la adoptada por la Dirección General de Mercado Interior. 
Ahora quisiera llamar la atención del Comisario, Sr. Bolkestein, sobre esta solución, que bien puede ser la definitiva; es verdad que aún no lo sabemos con seguridad.. 
Estas Directivas tienen una gran trascendencia económica; nuestro deber no es sólo encargarnos de que las reglas del juego sean lo más transparentes y equitativas posible, sino también de que los concursos públicos sean lo más abiertos posible, permitiéndose a las autoridades fomentar soluciones respetuosas con el medio ambiente que contemplen, a su vez, los aspectos sociales. 
Quisiera decirle a mi distinguida y estimada colega, Sra. Astrid Thors, que las legislaciones, efectivamente, son diferentes en los distintos países, pero quizás precisamente por eso habría que permitir también que las autoridades públicas puedan atenerse a sus propios criterios sociales, y nosotros deberíamos llegar a compromisos duraderos sobre estas cuestiones entre los diferentes Grupos políticos. 
Señor Vicepresidente, permítame que yo también le felicite por su elección. 
Después de que mis colegas han señalado que se trataba de un informe efectivamente titánico, que requirió mucho trabajo, desearía, en dos minutos, tratar de abordar lo que considero personalmente esencial, pensando en los interesados, sobre todo en las colectividades locales, regionales, y en los ciudadanos. 
Considero que el informe Zappalà, aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, mejora la propuesta de directiva inicial de la Comisión. 
En efecto, con el pretexto de simplificar y de poner al día la legislación vigente, la propuesta de la Comisión plantea, naturalmente, la necesidad de uniformizar las reglamentaciones, pero lo hace esencial y exclusivamente en la óptica de la liberalización, y eso no lo puedo aceptar. 
Así pues, con respecto a la determinación de los precios, se privilegia el precio más bajo en detrimento de los criterios sociales y medioambientales. 
En efecto, pienso, al igual que otros colegas, que los retos son muy importantes. 
Tratándose de su actividad económica, convendría que los poderes públicos diesen prioridad al empleo y al desarrollo sostenible. 
En su lugar, lo que se privilegia es un ajuste únicamente a los criterios financieros. 
Sin embargo, en marzo de 2000 la Confederación Europea de Sindicatos subrayaba que el régimen comunitario aplicable a los contratos públicos acordaba demasiada importancia a la noción de precio en detrimento de la cohesión social y territorial, de la igualdad y del empleo. 
Como decía, el informe Zappalà mejora la directiva de la Comisión, sobre todo aumentando en un 50% los umbrales relativos a la apertura de adjudicaciones de contratos públicos y también toma más en cuenta los criterios sociales y medioambientales. 
Si se aprobara en estas condiciones, pienso que podría constituir un avance con respecto a la situación actual. 
Pero a pesar de ello, en cuanto al fondo, lo que se prima es el enfoque de la liberalización. 
En una comunicación de 15 de octubre pasado la Comisión debió considerar la posibilidad de integrar los aspectos sociales y medioambientales en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. 
Pero dicha comunicación no reviste ningún carácter jurídico obligatorio. 
Por consiguiente, hay que ir más lejos e invertir dicha lógica; ese es el sentido de las enmiendas presentadas por mi Grupo. 
Se trata de incluir en los criterios de adjudicación el empleo, el medio ambiente y la ordenación territorial en igualdad de condiciones que el coste económico. 
Naturalmente, el voto de mi Grupo dependerá del resultado de la votación de las enmiendas de la comisión y de las que se presentarán mañana. 
Señor Presidente, yo también me uno a los colegas que le han felicitado por su reelección como Vicepresidente. 
Asimismo, deseo felicitar al ponente y a todos los ponentes de opinión por su labor en un tema que parece muy sencillo, pero que cuando entramos en los detalles y análisis del mismo, descubrimos que es sumamente complicado. 
En vez de repetir lo que ya se ha dicho, me gustaría tratar sobre tres puntos en particular. 
En primer lugar, respecto a elevar los límites de cuándo los licitadores deben ser llamados a consulta, es importante aspirar a un incremento del 50% porque ya ha quedado demostrado que los actuales límites no tienen en cuenta una mayor interacción transfronteriza entre empresas y entre empresas y agencias. 
Ello es debido a que el límite del contrato es demasiado pequeño y la realidad económica subyacente es que el traslado de las operaciones a otro Estado miembro exige fondos adicionales y un contrato más cuantioso para que dicho traslado sea rentable. 
No tiene sentido afirmar que deberíamos destinar fondos públicos meramente a sostener un sistema fallido u obsoleto. 
Debemos hacer un uso adecuado de los fondos- naturalmente para incrementar la infraestructura, proporcionar mejores servicios e incrementar en lo posible el empleo local- pero los fondos no deberían utilizarse meramente en sustitución de inversiones privadas y de otro tipo ni en sustitución de otras iniciativas locales para crear empleo. 
El segundo ámbito, relativo a consideraciones medioambientales, es otra cuestión muy importante. 
Es algo en lo que todos y cada uno de nosotros estamos de acuerdo, a saber, en la necesidad de establecer unas normas mínimas. 
Debemos aprender de los errores del pasado y asegurarnos de que se establecen controles y mecanismos adecuados que garanticen que el sistema que legamos a las futuras generaciones está en mejores condiciones que cuando nosotros lo recibimos. 
No obstante, esto no debería servir de excusa para obstaculizar o bloquear el desarrollo. 
Existe un feliz término medio y un equilibrio que debe mantenerse. 
Mi tercera observación es relativa a las obligaciones sociales y, en particular, estoy plenamente de acuerdo con los diputados que han dicho que el poder adjudicador y su ámbito deben obtener un rendimiento social de la adjudicación del contrato. 
No obstante, esto no debería utilizarse para impedir que los contratos prosperen ni para imponer una capa burocrática adicional con el fin de impedir la presentación del mejor precio posible. 
Mi última observación es relativa a los criterios de selección cualitativa. 
Naturalmente necesitamos medidas de protección que garanticen que los culpables de haber cometido infracciones, fraude, latrocinio y de haber interferido en los bienes y finanzas comunitarios deben quedar excluidos de los contratos públicos. 
No obstante, hay algo que me preocupa respecto a la situación en que no existe una sentencia firme: estamos haciendo de juez y parte al negar a alguien el derecho a presentarse a una licitación sin que exista una decisión firme o se haya investigado si la persona en cuestión es o no culpable de un delito. 
Es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. 
Para terminar, ya va siendo hora de aunar estas directivas, de aclarar los textos y de dotar de mayor seguridad el marco legislativo en el que las personas deben operar. 
Pero, lo más importante de todo, ésta debe ser vista como una medida encaminada a garantizar mejores servicios públicos para todas las personas. 
Señor Presidente, le felicito por su reelección como Vicepresidente de este Parlamento. 
Señor Presidente, la Comisión propone las directivas actuales en relación con la consolidación y modernización de las licitaciones. 
Con razón, puesto que son demasiado complicadas y burocráticas tanto para los organismos adjudicadores como para el sector empresarial. 
¿Podemos realizar ideales políticos a través de procedimientos de licitación pública? 
Me parece que ésa es la pregunta central en la larga discusión sobre esta cuestión. 
La enmienda 98 pretende añadir criterios tanto sociales como medioambientales en cuanto a la evaluación del licitador más favorable. 
Los criterios en materia de medio ambiente- un terreno de la política europea por excelencia- son objetivamente calculables a través de normas de gestión y, por ello, bien aplicables en la práctica. 
Sin embargo, establecer normas sociales en el ámbito europeo que las autoridades nacionales deben sopesar en su evaluación nos parece ir demasiado lejos. 
La política social se define en el ámbito nacional y así debe seguir. 
Además, esta enmienda complica bastante más el procedimiento en relación tanto con el organismo adjudicador como los licitadores. Puede dar lugar a todo tipo de puntos de discusión y a diferencias de interpretación. 
Por ello, la directiva sería tan difícil de aplicar como la actual. 
Respaldamos plenamente la exclusión de las empresas que hayan cometido un delito. 
En mi país, se están celebrando en este momento varios procesos penales contra contratistas, y parece que el fraude se convierte en un fenómeno ampliamente extendido. 
Este texto supone una clara señal para el sector empresarial: nada de chanchullos con el dinero de los ciudadanos. 
Las contrataciones públicas en la UE alcanzan a 1.500 millones de euros al año, de los cuales 40 se refieren a Suecia. 
Estas cifras demuestran claramente la importancia de contar con reglas del juego que sean claras y sencillas. 
Las empresas pequeñas y medianas deben poder competir en igualdad de condiciones. 
Si queremos que la UE sea el mercado más competitivo el año 2010 será necesario estimular a estas empresas y darles facilidades. 
Conviene mantener los valores mínimos para conseguir soluciones que beneficien a los consumidores y estimulen la competencia. 
Así podremos aumentar el número de contrataciones públicas y crear condiciones adecuadas para la creación de un mercado europeo en esta materia. 
Esto dificultará las conductas proteccionistas en los mercados nacionales y ayudará a los políticos cuidar a dinero de los contribuyentes, ¡cosa que es muy importante! 
También debe haber reglas claras en materias sociales y medioambientales. 
Las dos directivas que nos ocupan son de carácter económico. 
Cuando se fijan los criterios para las contrataciones públicas hay que tomar en cuentas los factores sociales y medioambientales. 
Así, quienes hagan ofertas sabrán a qué reglas deberán atenerse. 
Los que presenten las ofertas más convenientes desde un punto de vista económico serán los adjudicatarios. 
Coincido plenamente con lo que ha dicho la señora Thors sobre sus experiencias en relación con los pequeños países y el mercado alemán. 
Idénticas experiencias existen en mi país, pero también quiero reconocer abiertamente las grandes deficiencias que hay en mi país en relación con la competencia en el sector de la construcción, lo que conlleva que tengamos tan altos costos por las viviendas. 
Nuestro objetivo es simplificar, hacer más eficaz y aumentar las contrataciones transfronterizas para mejorar la calidad y disminuir los costes. 
Señor Presidente, permítame que le felicite por su elección. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con muchas leyes ocurre lo mismo que sucede con nuestras prendas preferidas. 
Si no las cuidamos, no tardan en quedar deslucidas y finalmente se vuelven inservibles. 
Ya no cumplen su cometido. 
Por esto, no deja de ser favorable que la Comisión haya decidido examinar la legislación sobre la adjudicación de contratos públicos, que data de los años setenta, y ahora nos dispongamos a responder a las exigencias del mercado interior y de los tiempos modernos con dos directivas. 
Sobre la modernización de las directivas, ya se han hecho varias observaciones y no será necesario que añada nada más. 
Yo quisiera formular, no obstante, una clara advertencia contra el riesgo de proceder a una mejora técnica de la normativa sobre la adjudicación que la haga más manejable, pero que al mismo tiempo suponga un retroceso en los aspectos substanciales. 
Esto es lo que persigue, en efecto, la propuesta de la Comisión. 
El funcionamiento sin fricciones del mercado interior y la competencia pasan a ocupar el primer plano, mientras se descuidan los deseos y los intereses de las personas. 
Desde el Parlamento no podemos permitir que esto suceda. 
Nuestra misión no es velar por ningún tipo de mecanismos o ideologías económicas, sino por las necesidades de los ciudadanos de Europa, así como por que no se despilfarre el dinero de sus impuestos. 
Un buen funcionamiento del mercado interior nos ayuda a conseguirlo, si se rige por unas normas orientadas en función de las personas. 
Por esto no podemos limitarnos a adjudicar los contratos públicos al mejor postor. 
El cumplimiento de unos requisitos sociales debe ser un criterio decisivo, al igual que la consideración de la salud de las personas y el respeto del medio ambiente. 
Mi Grupo ha presentado enmiendas en este sentido, sin cuya inclusión a mi parecer no es posible votar afirmativamente la directiva sobre la adjudicación de contratos públicos. 
Voy a citarles un ejemplo: es absolutamente evidente que los adjudicatarios deben respetar las disposiciones en materia de protección y condiciones laborales así como todas las obligaciones de carácter colectivo e individual derivadas de la normativa laboral. 
Esto incluye también el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes en el lugar donde se prestan los servicios. 
De lo contrario podríamos desencadenar muy fácilmente una espiral de discriminación y dumping salarial a expensas de muchas familias trabajadoras. 
La competencia en el mercado interior no debe adoptar esta forma. 
Dicha competencia tampoco se debe desarrollar a expensas del medio ambiente. 
Por esto es del todo evidente que los poderes adjudicadores de contratos públicos deben exigir un alto nivel de protección del medio ambiente. 
Permítanme que añada, finalmente, unas palabras sobre el umbral de aplicabilidad de la licitación europea. 
Puesto que ha quedado demostrado que los límites máximos existentes no han determinado hasta ahora ningún incremento de los intercambios transfronterizos, podemos aumentarlos sin temor. 
Personalmente no tengo nada que objetar a que éstos se dupliquen. 
Unos umbrales más elevados permiten evitar unos gastos administrativos injustificadamente altos en el caso de los proyectos menores. 
Contribuyen a flexibilizar la planificación y ejecución de proyectos modestos y favorecen la moderación en el uso de los fondos públicos. 
Los ciudadanos y ciudadanas nos agradecerán que no obliguemos a sus alcaldes a tirar el dinero por la ventana a manos llenas. 
Debo rogarles, tanto al Sr. Zappalà como al señor Comisario, que me disculpen ya que, sintiéndolo mucho, no voy a poder quedarme hasta el final del debate pues tengo un grupo de visitantes que me está esperando desde las 16 horas y debo reunirme con ellos, a pesar de que habría deseado poder escuchar la respuesta del señor Comisario. 
Señor Presidente, el tema central de este debate es la protección del interés público en los contratos que adjudican las autoridades públicas. 
En el contexto del mercado interior, se trata asimismo de fomentar el carácter transnacional de las licitaciones y las obras: el 15% del PIB de la UE- una aportación importante para alcanzar objetivos de orden público. 
Deberíamos intentar alcanzar el mejor valor para nuestros ciudadanos y un procedimiento transparente para los licitadores. 
Pero el mejor valor nunca puede estar basado en criterios puramente financieros. 
El precio por sí solo nunca puede ser una medida completa de lo que es en interés público, de la oferta más ventajosa. 
Recuerdo, siendo miembro de una autoridad local, haber presenciado cómo un consejo malgastaba tiempo, esfuerzos y dinero intentando descifrar un valioso contrato de comidas para colegios que resultó ser completamente insatisfactorio. 
Sí, el precio estaba bien, pero los únicos ganadores fueron los abogados. 
Los objetivos que persiguen las autoridades públicas son, con razón, en interés público, una mezcla que incluye objetivos en los ámbitos medioambiental y social. 
Siempre que las reglas del juego sean las mismas para todos y el procedimiento absolutamente transparente, estos objetivos y opciones pueden y deben ser válidos, como ha confirmado recientemente el Tribunal de Justicia. 
Es más, dichas opciones son una parte válida e intrínseca de la vida política local. 
Señor Presidente, valoro la propuesta de directiva de la Comisión y el informe aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos de nuestro Parlamento; sin embargo, son necesarias algunas enmiendas que introduzcan de manera más incisiva criterios sociales, medioambientales y de igualdad de trato en los procedimientos. 
Las enmiendas que he propuesto tienden a reforzar el papel de las administraciones adjudicadoras en el control de la calidad de los contratistas y destacan la importancia de la evaluación del impacto ambiental de los proyectos públicos y privados. 
Quiero subrayar asimismo la necesidad de excluir de los procedimientos de adjudicación a las personas condenadas por delitos como el blanqueo de dinero, el fraude y la delincuencia organizada. 
Quiero reiterarlo también en este Pleno, porque en Italia, mi país, lamentablemente, la presencia de la Mafia se hace notar todavía, pero, al contrario de lo que sostiene el ministro del Gobierno italiano, Sr. Lunardi, la connivencia con la Mafia es absolutamente inaceptable. 
Señor Presidente, permítame darle también mi enhorabuena por su elección como Vicepresidente. 
Me gustaría enfocar el debate de esta tarde desde una perspectiva diferente. 
En este debate no hemos oído nada de las personas que ya están suministrando servicios a las autoridades públicas en toda la Unión Europea como consecuencia de los grandes avances que hemos realizado en lo que se refiere a la apertura de la contratación pública en la Unión Europea. 
Esta tarde no hemos oído nada hasta ahora de aquellos que están impulsando la economía gracias a que pueden acceder libremente a las licitaciones de una manera económica y sencilla por medios electrónicos. 
Es el caso de empresas, organizaciones, prestadores de servicios, fabricantes y contratistas de toda la Unión Europea. 
Hace unas semanas visité una de estas empresas en mi circunscripción. 
Da trabajo a 80 personas. 
Cada mañana se conecta por Internet con el Diario Oficial, en el que aparece una lista de cinco o seis licitaciones, todas ellas para el Reino Unido. 
Esta empresa no aspira por el momento a la exportación, pero el Diario Oficial le permite acceder de una manera económica y fácil a clientes en la forma de autoridades públicas, según un formato estándar, para las que realiza y presenta ofertas todas las semanas. 
Desde esta perspectiva, quiero estudiar el equilibrio que existe entre los aspectos económicos, medioambientales y sociales. 
Dicha empresa, que se encuentra en la zona industrial Black Country del Reino Unido, tiene una plantilla de 80 personas, es decir, 80 puestos de trabajo muy necesarios, y cumple todos los requisitos en materia social según la legislación del Reino Unido. 
Cumple todas las normas medioambientales de la legislación del Reino Unido. 
Tiene perfecto derecho a concursar por un contrato. 
¿Por qué debería cambiar eso? 
¿Por qué debería hacer ninguna otra cosa? 
Es sobre todo un instrumento económico. 
Eso era lo que se pretendía desde un inicio. 
Puede que queramos aumentar sus cargas sociales- y muchos colegas del otro lado de la Cámara desearían hacerlo. 
Celebraremos muchos otros debates con la Sra. Thorning-Schmidt y otros colegas sobre el tema de aumentar los requisitos para mejorar la seguridad y la salud de sus trabajadores. 
Eso está muy bien. 
Si la empresa los cumple, debería tener derecho a presentarse a las licitaciones. 
Quiero retomar las observaciones del Sr. MacCormick porque, a mi parecer, protesta demasiado. 
Sobre la cuestión del contrato de autobuses de Helsinki, no hay ninguna duda de que son las autoridades de Helsinki las que, antes de convocar una licitación para la adjudicación del contrato, deben decidir cuál es el autobús óptimo y menos contaminante que desean. 
No forma parte de un contrato público exigir a los fabricantes de autobuses que realicen una evaluación medioambiental de Helsinki antes de presentar su oferta. 
Si las autoridades de Helsinki hubieran dicho que querían 100 autobuses que funcionen con gas natural y eso está en el contrato, entonces muy bien, si es eso lo que quieren. 
Pero debe hacerse de una manera abierta y coherente. 
Por último, quiero pasar a la cuestión de los límites máximos. 
Éste parece ser el debate más importante. 
Me refiero, en particular, a una de las opiniones de la ECON en la que nuestro colega, que lamentablemente no está presente, ha dicho que quería simplificar las cosas elevando los límites máximos, pero, al mismo tiempo, quería que se destinara el 15% de los contratos a las PYME. 
¿Acaso cree que retirando un número considerable de contratos del régimen de licitación pública, elevando los límites máximos, va a mejorar la situación de las PYME? 
¿En qué mundo vivimos? 
Es un ámbito en el que queremos que las PYME compitan. 
Queremos que las autoridades locales saquen a concurso los contratos de manera coherente y abierta, que garantice una buena relación gasto-utilidad para nuestros ciudadanos. 
Queremos obligarles a hacerlo. 
Sólo porque les resulte difícil, porque piensen que les costará dinero- posiblemente porque no quieren cumplir todos los requisitos- quieren más discreción para poder adjudicar contratos de manera poco abierta. 
Eso es lo que se pretende con el endurecimiento de los límites máximos públicos. 
No deberíamos hacerlo. Debilitará el valor de un sistema que ya funciona bien. 
Eso es lo que deberíamos pretender: mejorar, no destruir. 
Señor Presidente, en mi circunscripción también hay empresas que se benefician de este régimen de contratación pública. 
De hecho, se benefician de proporcionar a las autoridades públicas máquinas expendedoras que funcionan con euros, a pesar de que Gran Bretaña no está en la zona euro. 
Las oportunidades son muy numerosas. 
Pero quiero dirigir algunas preguntas pertinentes al Comisario y espero que las responda en su respuesta al debate. 
Señor Comisario, necesitamos algunas aclaraciones sobre los límites máximos, como ha indicado el Sr. Harbour. 
Sinceramente me gustaría saber cómo afectaría al mercado de la contratación pública un incremento de los límites máximos y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores. 
También me gustaría saber, en lo que respecta a nuestras obligaciones internacionales en virtud del acuerdo general sobre contratación pública con terceros países en el marco de la OMC, si es cierto, como han establecido los servicios de la Comisión, que los contratistas de los Estados Unidos y Japón se ven realmente favorecidos y que nuestros proveedores de la Unión Europea salen perdiendo porque se aplican dos regímenes muy diferentes a las operaciones. 
Me gustaría preguntar sobre los criterios sociales. 
Algunos diputados ya han hecho hincapié en la compatibilidad de incorporar criterios firmes en materia de progreso social en los procedimientos de adjudicación al tiempo que se respetan los principios de la ley de competencia y de la igualdad de trato y la no discriminación. 
Debería ser posible combinar la reforma económica y la política de competencia con unos principios sólidos y eficaces de justicia social y progreso social. 
No puedo entender por qué, si tenemos un sistema de transparencia y de competencia abierta, no podemos impedir que se utilice como una pantalla de humo proteccionista en la publicación de las licitaciones. 
¿Por qué la Comisión no ha incorporado todo el vigor de la buena práctica procedente la jurisprudencia europea en el cuerpo de esta directiva para asegurarnos de que en la contratación pública los niveles sociales y económicos más altos estarán garantizados? 
No hay ninguna duda de que se lo debemos a nuestras autoridades públicas, a nuestros consumidores e incluso a nuestras empresas. 
¿Por qué ha seguido la Comisión el camino del enfoque voluntario? 
Espero que la Comisión acepte las enmiendas a las que se ha referido mi colega, Sr. Hughes, para poder tener en cuenta la posibilidad de reservar contratos para planes de empleos protegidos. 
Espero que respeten los deseos del Parlamento de adoptar una línea firme en esta directiva que garantice el cumplimiento de las principales normas laborales y permita la exclusión de aquellos que incumplen dichas normas. 
Señor Presidente, mi sincera felicitación por su elección. 
Señor Comisario, Señorías, este informe tiene mucho más impacto del que uno pensaría a primera vista. 
Anualmente, la Administración pública, a menudo regional o local, encarga miles de obras. 
Las licitaciones públicas pueden llegar a representar actualmente cerca del 14 por ciento de todo el PIB europeo. 
La normativa actual resulta, sin embargo, demasiado complicada, demasiado compleja, por lo que este segmento del mercado no se ha beneficiado mucho, hasta ahora, de las ventajas del mercado interior. 
El informe actual no debe, por tanto, sobrepasar su objetivo, a saber, la unificación de la legislación y mayores posibilidades para los procedimientos europeos de adjudicación de contratos. 
Estoy por ello en contra, entre otros motivos, de un gran aumento de los umbrales, conforme al cual apenas caerían en esta normativa entre el 8 y el 12 por ciento de todos los contratos públicos. 
Así mismo, hay que ser cuidadoso a la hora de introducir criterios sociales y medioambientales. La inclusión de demasiados criterios y demasiado prolijos volvería a dificultar el procedimiento tanto para nuestras ciudades y ayuntamientos como para las PYMEs. 
Debemos ser conscientes de que, antes de nada, tienen que vérselas con esta normativa europea. 
Tenemos que acercarles a Europa y predicar a través de ellos el mensaje europeo. Esto no sucede, ciertamente, con un exceso de reglamentación. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero manifestar mi agradecimiento y mi respeto al ponente, que ha trabajado con gran energía, disciplina e inteligencia en este tema. 
Sobre todo se ha hecho acreedor de mi admiración por haber sabido conservar su buen humor romano a pesar de que el procedimiento ha resultado en parte muy arduo. 
Quiero dar asimismo las gracias a los colegas; creo que ha sido uno de los debates más interesantes que hemos mantenido hasta ahora en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
El presente debate también ha demostrado que las opiniones sobre los umbrales máximos y las normas sociales están repartidas entre todos los Grupos y podemos aguardar con gran expectación los resultados de la votación de mañana. 
A mi parecer, las nuevas directivas deben ser avanzadas, equitativas y funcionales. 
Nosotros apoyamos la modernización que propone la Comisión, por ejemplo en lo que respecta a la introducción de las "subastas inversas" y la presentación de ofertas por medios electrónicos. 
Sin embargo, me preocupa mucho que la directiva no sea más equitativa en un aspecto. 
Me refiero al tema de los criterios sociales y medioambientales. 
Yo quiero volver a manifestar explícitamente, también en nombre de otros colegas de mi Grupo, que no pretendemos que los criterios sociales y medioambientales no intervengan para nada en el procedimiento de adjudicación. 
¡En absoluto! 
El colega Hager ya lo ha expuesto muy claramente. 
Estos criterios se deben establecer en el contexto de la descripción del producto. 
Queremos evitar que una vez completado el procedimiento de licitación, después de comparar las ofertas y cuando ya se haya constatado que la oferta 1 es la más favorable desde un punto de vista económico, la oferta 2 es menos favorable, la oferta 3, todavía menos y la oferta 4 es la más desfavorable, se proceda a una nueva evaluación destinada a constatar que tal empresa tiene una orientación más social, ya que emplea a más discapacitados, y tal otra es más ecológica, ya que dispone de un sistema de gestión de residuos, y se adjudique el contrato a la empresa más cara, sin atender a la constatación de la oferta económicamente más favorable. 
Esta es la situación que queremos evitar, ya que iría en detrimento del mercado interior. 
Por esto consideramos tan importante este aspecto y creemos que, en el fondo, de nada nos servirá la directiva si ésta incluye dichos criterios. 
Señor Presidente, quiero expresarle mi más sincera felicitación y mis mejores votos para que siga desempeñando usted sus funciones con la misma eficacia. 
La batalla librada por los criterios sociales y medioambientales- librada, y en gran medida ganada con la propuesta de la Comisión de Asuntos Monetarios- pone de manifiesto que el Parlamento Europeo sigue siendo consecuente defensor del modelo social europeo y del desarrollo sostenible, el único que puede hacer a Europa competitiva en el entorno mundial. 
Con las enmiendas relativas a los criterios sociales y medioambientales, que han de ser consideradas en conjunto, no se imponen nuevas obligaciones, ni aumentan los gastos de las empresas, sino que sencillamente se propone algo tan obvio como es el respeto a las conquistas europeas en materia de protección del trabajo y del medio ambiente. 
Asimismo, en la misma línea debe ser unánimemente aceptada la posición de la Comisión de Asuntos Monetarios en el sentido de que las condiciones de ejecución de un contrato puedan tener por objeto el fomento del empleo de las personas excluidas o en inferioridad de condiciones, o la lucha contra el paro. 
Desde el momento en que se ha aceptado que la política de empleo debe incorporarse a todas las políticas parciales, la aprobación de esta posición constituye una prueba de que todo aquello que adoptamos lo creemos y estamos dispuestos a defenderlo. 
Esperanzadora resulta también la introducción del nuevo apartado en el artículo 7, que, más allá de la definición del marco legal de protección del trabajo, propone la coherencia con el convenio ILO 94 y la Directiva sobre desplazamiento de los trabajadores. 
La adecuación a las escasas normas laborales que emanan de los convenios internacionales constituye una obligación elemental de los países desarrollados de la Unión Europea. 
El asunto de los umbrales ha sido igualmente objeto de nuestra atención. 
Creo que con el abandono de los umbrales evitamos verdaderamente el peligro de que las pequeñas y medianas empresas queden de hecho excluidas del mercado; cosa que con toda certeza ocurriría si tuvieran que competir, a través de los complejos procedimientos previstos por la directiva, con las grandes empresas a escala comunitaria. 
En consecuencia, con la enmienda se facilitan el empleo y la viabilidad de las empresas. 
Por último, insto a la Comisión a incluir en la licitación de suministros por medios electrónicos nuevos métodos, más allá de las habituales subastas electrónicas. 
Me refiero a determinados modelos de licitación de suministros públicos, como catálogos electrónicos, métodos electrónicos de compra, y toda una serie de métodos electrónicos similares usados por las empresas. 
Señor Presidente, la política de adquisiciones de los poderes públicos es un medio muy importante para llevar el desarrollo social en una dirección sostenible. 
Municipios y organismos estatales deben por ello tener derecho a tener naturalmente en consideración objetivos sociales, el medio ambiente y el medio laboral cuando compran. 
Se trata de un derecho, señor Harbour, no de una obligación, aunque usted intente en repetidas ocasiones presentarlo de esta forma. 
Es un derecho del que deben gozar los municipios. 
Naturalmente esto debe llevarse a cabo evitando que se produzcan distorsiones de la competencia. 
La UE tiene objetivos estupendos tanto en el ámbito medioambiental como en el social, sin embargo, si no integramos estos objetivos en toda la legislación comunitaria, se avanza más bien poco y no hacemos nada. 
Los poderes públicos deben poder plantear exigencias medioambientales a los productos que compran y en este aspecto resulta especialmente importante recalcar que debemos poder plantear exigencias a los productos a lo largo de todo su ciclo de vida útil. 
Puede sorprender que la propia etiqueta ecológica comunitaria ocupe un lugar tan vago en la propuesta de la Comisión y cuando los poderes públicos elaboren las especificaciones técnicas, naturalmente deben poder remitirse a la propia etiqueta ecológica comunitaria. 
Mediante una serie de enmiendas hemos tratado de incluir los ámbitos medioambiental y social. 
Espero que la Comisión considere esto positivamente en este momento. 
. (EN) Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Zappalà, por la labor tan considerable que ha realizado sobre este tema tan complicado e importante, como numerosos diputados han reconocido esta tarde. 
En mayo de 2000, la Comisión adoptó dos propuestas de directivas encaminadas a simplificar y modernizar las normas comunitarias sobre la adjudicación de contratos públicos. 
Dichas propuestas incluyen nuevos avances importantes para adaptar las directivas a los requisitos de la contratación moderna. 
En aras de la simplificación, la Comisión ha propuesto una refundición de las cuatro directivas existentes y fusionarlas en dos directivas nuevas. 
Tomo nota de que el Parlamento ha aprovechado esta refundición de las cuatro directivas para cuestionar el acervo comunitario en ámbitos en los que la Comisión no ha propuesto ninguna modificación. 
Me refiero, en particular, a las enmiendas encaminadas a elevar los umbrales, lo que reducirá de manera significativa el ámbito de la directiva, sobre todo- y permítanme referirme a la Sra. McCarthy- en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas. 
Si se aprobaran dichas propuestas, la Comisión tendría que plantearse seriamente si tiene algún sentido mantener la propuesta. 
Muchas de las enmiendas presentadas permitirán hacer una contribución importante a la mejora de la contratación pública y deben ser acogidas favorablemente. 
La Comisión apoya dichas enmiendas, que mejoran el proceso de simplificación y modernización. 
Son las enmiendas 1, 3, 167, 141, 4, 13, 16, 17, 24, 28, 34, 36, 174, 40, 50, 128, 53, 79, 80, 85, 88, 97, 109- en lo que respecta a los procesos de producción- y 112. 
La Comisión también puede aceptar la esencia de varias enmiendas, a condición de que se modifique su formulación, a saber las enmiendas 2, 10, 42, en parte, 45, 46, 47, 123, 52, en parte, 93 y 95, en parte, 109, 110 y 154 relativas al grado en que pueden tenerse en cuenta las consideraciones medioambientales en las diferentes fases del procedimiento de adjudicación de contratos. 
Asimismo, las enmiendas 11, 15, 48, en parte, 51, 129, 52, 86, 87, 124, 89, 100, en parte, 110 y 164 relativas a la necesidad de garantizar que los licitadores cumplen la legislación en materia de empleo, pueden ser incluidas en la directiva de manera adecuada. 
Esto es también válido, en parte, para la enmienda 163 relativa a la información sobre la subcontratación. 
Varias enmiendas encaminadas a encontrar una solución a la creciente centralización de la adjudicación de contratos también son aceptables, a condición de que se modifique ligeramente su formulación, a saber, las enmiendas 5, 6, 20, en parte, 126, 21, 41, 168, 172, en parte y 175. 
En un sentido similar, la enmienda 38, relativa a las agrupaciones de entidades constituidas por los poderes adjudicadores, y las enmiendas 39 y 40 también son aceptables. 
Algunas enmiendas amplían el amplio campo de los medios electrónicos de que disponen los poderes adjudicadores, a saber las enmiendas 23, 54 y 65 relativas a las subastas inversas por medios electrónicos, así como las enmiendas 74 y 104, que tratan sobre la integridad y confidencialidad de los datos facilitados por los operadores. 
En cuanto a la confidencialidad de los datos, podemos aceptar una parte de la enmienda 31, aunque la enmienda 77 sería entonces superflua y deberá ser rechazada. 
Varias enmiendas relativas al diálogo de la competencia, en particular, en lo que se refiere al pago de participantes, pueden ser tenidas en cuenta, más concretamente, las enmiendas 9, 56, 57, en parte, 58, en parte, 137, en parte, y 138. 
Varias enmiendas que yo describiría como explicativas y que tratan sobre varios temas también son aceptables, a saber, las enmiendas 7, 125, en parte, 18, 142, 26, 30, 35, 46, en parte, 70, 113, 114, 121, 132, 153, 169, 170 y 171. 
A condición de que se modifique la formulación, la esencia de la enmienda 147 relativa a la aplicabilidad del Tratado por debajo de los umbrales no es aceptable, si aparece en la exposición de motivos. 
Por otro lado, la Comisión no tiene otra alternativa que rechazar enmiendas que ponen en cuestión el acervo comunitario, le restan modernización a las directivas o añaden complejidad al régimen. 
En consecuencia, la Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 
Las enmiendas encaminadas a elevar los umbrales de las directivas- como he dicho antes- en un 50%, lo que tendría como consecuencia la eliminación del ámbito de las directivas un elevado número de contratos que actualmente están cubiertos, a saber, las enmiendas 32, 33, 67, 130, 101, 105 y 106. 
Las lamentables consecuencias de estas enmiendas no se ven paliadas por la enmienda 147, a pesar de sus buenas intenciones. 
De hecho, la razón de ser de las directivas no es suficiente en sí misma sin unas normas de procedimiento detalladas sobre las directivas que garanticen una aplicación uniforme y legalmente segura y salvaguarde los derechos de los operadores económicos a través de remedios eficaces. 
Las enmiendas que introducen nuevas excepciones al ámbito de las directivas sin justificación adecuada, lo que tendría como consecuencia la retirada de varios contratos públicos de la competencia comunitaria, a saber, las enmiendas 37, 38, en parte, 122, 136, 150 y 157. 
Las enmiendas que debilitan el objetivo mismo de las normas sobre la adjudicación de contratos públicos, que es el de garantizar que los compradores públicos no permiten que su decisión se vea influenciada por consideraciones de carácter no económico, a saber, las enmiendas 12, 14, 98, 134, 140 y 166 relativas a los criterios de adjudicación, que tienen en cuenta la posibilidad de hacer uso de criterios no económicos- en particular, sociales y medioambientales. 
Las enmiendas que debilitan los intentos de modernizar las directivas porque reducen las posibilidades de hacer uso de los medios electrónicos en las licitaciones, a saber, las enmiendas 70, en parte, 73, 75, 102, 103, 115, 117 y 131. 
Las enmiendas que imponen exigencias desproporcionadas a las PYME a través de la regulación de la subcontratación y otros requisitos, a saber, las enmiendas 42, 48, en parte, 49, 76, 100, en parte, 116, 133, 152 y 159. 
Las enmiendas que reducen la transparencia de las convocatorias de licitación, en particular, las enmiendas 62, 68 y 78, y las que amplían el ámbito de negociación, a saber, las enmiendas 57, parte de la 61, 66 y 151. 
Las enmiendas que restringen el uso de acuerdos marco sin justificación aparente, a saber, las enmiendas 25, 27, 135, 139, 63, 64 y 158. 
Las enmiendas que introducen consideraciones medioambientales en los procedimientos de adjudicación de contratos de una manera incompatible con las directivas, a saber, la parte de la enmienda 45 relativa a las ecoetiquetas, la 92, relativa a la fase de selección, y la 109, relativa a la definición de especificaciones técnicas y su compatibilidad con el medio ambiente. 
Las enmiendas que no son compatibles con el carácter flexible del diálogo de la competencia, en particular, las enmiendas 55, 58, en parte, 59, 60 y 160. 
Las enmiendas que contienen casos adicionales en los que las personas que han sido declaradas culpables de determinadas infracciones se enfrentarían a la exclusión obligatoria; en el mecanismo propuesto, sólo deberían incluirse las infracciones castigadas con sanciones penales en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, no es posible tener en cuenta algunos de estos casos, a saber, las enmiendas 81, 82 y 83. 
Por otro lado, algunos casos ya están cubiertos por las exclusiones opcionales contempladas en el apartado 2 del artículo 46. 
Las enmiendas 84 y 90 también deben ser rechazadas, porque podrían dar lugar a una situación en la que no es posible celebrar un contrato con una empresa que intenta restablecerse financieramente. 
Las enmiendas que son superfluas o que tienen grandes posibilidades de alterar los efectos de otras disposiciones sin que exista una buena razón para ello, a saber, las enmiendas 8, 19, 20, en parte, 22, 29, 30, en parte, 43, 127, 44, 45, en parte, 55, 59, 60, 69, 70, en parte, 71, 72, 94, 96, 108, 111, 143, 156, 162, 172, en parte, y 173. 
Las enmiendas que, sin ninguna justificación, restan las competencias delegadas por la autoridad legislativa a la Comisión en virtud de la legislación en vigor, a saber, la enmienda 107. 
La última categoría de enmiendas que no es aceptable para la Comisión respecto a la primera propuesta son las enmiendas que eliminan modificaciones aclaratorias encaminadas a potenciar la seguridad jurídica, a saber, la enmienda 99 sobre la ponderación de los criterios de adjudicación, la enmienda 100 sobre las ofertas anormalmente bajas como consecuencia de subvenciones estatales, las enmiendas 144, 145, 146, 148 y 149, que modifican la definición de los contratos de obras, y la enmienda 161 sobre los principios por los que se rigen los plazos. 
Eso en lo que respecta a la primera directiva. 
En cuanto a la segunda directiva, la denominada Directiva sobre servicios, es la segunda propuesta adoptada por la Comisión en mayo de 2000. 
Aparte de los objetivos de simplificación y modernización que acabo de mencionar, esta segunda propuesta tiene sobre todo el objetivo de revisar el ámbito de la directiva a la luz de la actual o futura liberalización de los sectores en cuestión. 
Esta propuesta es también una refundición de los textos en vigor, en la que se han incorporado en un solo texto las modificaciones propuestas. 
No puedo por menos que repetir las dudas que despiertan, en particular, las enmiendas presentadas relativas a los valores umbrales. 
Muchas de las enmiendas presentadas permitirán hacer una importante contribución a la mejora de la contratación pública y, en consecuencia, deben ser acogidas favorablemente. 
La Comisión respalda las enmiendas coherentes con la línea adoptada, como las enmiendas 2, 7, 21, 37, 43, 47, 95, 111 y 116. 
La Comisión puede aceptar también- aunque con cierta reticencia- la enmienda 29, habida cuenta del amplio consenso que existe sobre esta enmienda en el Parlamento así como en el Consejo. 
A condición de que se modifique la formulación, la Comisión puede aceptar igualmente la esencia de numerosas enmiendas: 
Las enmiendas 3, 18, 34, en parte, 35, 36, 38, 40, 64, 87, 89, 92, 96, 99, 101, 118 y 119 relativas a especificaciones técnicas, a la posibilidad de tener en cuenta consideraciones medioambientales en las diferentes fases del procedimiento de adjudicación y a los medios para demostrar la capacidad técnica y financiera. 
Las enmiendas 4, 9, 44, en parte, 56, 90, en parte, 93, 97, en parte, y 108, en parte, relativas a la observancia de legislación adicional, en particular, la legislación social, las cláusulas relativas a la ejecución de los contratos y las disposiciones sobre la subcontratación. 
Las enmiendas 57, 59, 60 y 109 relativas a los criterios de exclusión, son aceptables en parte a condición de que las exclusiones obligatorias se circunscriban a las entidades contratantes que son autoridades públicas y que la lista de motivos de exclusión obligatoria se corresponda con aquélla prevista en la Directiva sobre el sector público. 
Las enmiendas 66, en parte, 67, 68, y 69 relativas a la simplificación de las disposiciones sobre el anuncio de la ponderación relativa de los criterios de adjudicación. 
La enmienda 70, dependiendo de las versiones lingüísticas porque en algunas de ellas no es necesaria ninguna modificación, relativa a las ofertas anormalmente bajas. 
La enmienda 76, sobre el sector del carbón y otros combustibles sólidos, es aceptable en el sentido de que exige que se tenga en cuenta la aplicación voluntaria de la Directiva 94/22 para los fines del artículo 29, aunque dicha aplicación voluntaria no podrá estar asociada a ninguna presunción legal. 
Las enmiendas 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 y 86 relativas a una mayor transparencia sobre los recursos. 
A condición de que se apruebe la esencia de la propuesta de la Comisión sobre el artículo 29, la Comisión podría también apoyar las enmiendas 13 y 16 relativas a transferir las entidades que ofrecen servicios de correos de la Directiva sobre el sector público a la Directiva sobre servicios. 
El objetivo de permitir la explotación económica de la calefacción generada por carbón es el punto central para tener en cuenta la enmienda 15 a través de la aprobación de la enmienda 29. 
En su formulación actual, la enmienda no es aceptable porque sus consecuencias serían muy diferentes de las que se persiguen. 
En lo relativo al tema de los contratos adjudicados entre entidades relacionadas, la enmienda 27 es aceptable en parte, en lo que se refiere a las posibilidades de adjudicar contratos de servicios a empresas de nueva creación, empresas afiliadas y a la adjudicación de determinados contratos de servicios a una empresa conjunta. 
Las enmiendas 51 y 75, relativas a la protección de la confidencialidad con respecto a la información facilitada a través de medios electrónicos, son aceptables. 
Varias enmiendas que yo describiría como aclaratorias y que tratan sobre diversos temas también son aceptables, a saber, las enmiendas 22, 30, 53, 113, en parte, y 117. 
Por otro lado, la Comisión no tiene otra alternativa que rechazar las enmiendas que cuestionan el acervo comunitario y restan modernización a las directivas o añaden complejidad al régimen. 
En consecuencia, la Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 
Las enmiendas encaminadas a elevar los umbrales de la directiva en un 50% aproximadamente, que eliminarían del ámbito de la directiva un elevado número de contratos que actualmente están cubiertos o, en su defecto, reducirían enormemente la transparencia, a saber, las enmiendas 20, 46, 72, 102, 105 y 107. 
Las enmiendas que introducen nuevas excepciones al ámbito de las directivas sin una justificación adecuada, lo que tendría como consecuencia la eliminación de varios contratos de la competencia comunitaria; a saber, las enmiendas 6, 19, 24, 25, 26, partes de la 27, 28, 45 y 84. 
Las enmiendas que alterarían sustancialmente las condiciones establecidas en el artículo 29 y el Anexo X para que la Comisión conceda exenciones legalmente vinculantes en el caso de una liberalización que haya tenido como consecuencia una competencia eficaz o que crearía incoherencias entre la presente directiva y otra legislación comunitaria: las enmiendas 31, 58, 76, en lo que respecta a su inclusión en el Anexo X, crearían una presunción legal, y 77. 
Aquellas enmiendas que debilitan el objetivo mismo de las normas sobre la adjudicación de contratos públicos, que es el de garantizar que los compradores públicos no permiten que su decisión se vea influenciada por consideraciones de carácter no económico; a saber, las enmiendas 8, 17, 65, 94, 104, 110 y 122 relativas a los criterios de adjudicación que tienen en cuenta la posibilidad de utilizar criterios no económicos, en particular, criterios sociales o medioambientales. 
Las enmiendas que debilitan los intentos de modernizar las directivas porque reducen las posibilidades de hacer uso de medios electrónicos en la licitación; a saber las enmiendas 49, 50, 73, 74 y 103. 
Las enmiendas que imponen exigencias desproporcionadas a las PYME a través de la regulación de la subcontratación, como las enmiendas 32, 41, 42, y aquéllas que introducen consideraciones sociales en los procedimientos de adjudicación que son incompatibles con la directiva, a saber, las enmiendas 33, 55, 62, 63, 71 y 88. 
Las enmiendas sobre especificaciones técnicas que introducen consideraciones medioambientales que son incompatibles con las directivas o que introducen exigencias indebidas respecto a la equivalencia de soluciones técnicas, a saber, la enmienda 34, en su parte relativa a las ecoetiquetas, la 36, en su parte relativa a los costes, 39, 91, 98 y 100. 
Las enmiendas que no son compatibles con el carácter flexible de la presente directiva, carácter que es aplicable a las entidades comerciales tanto públicas como privadas, y las enmiendas que transfieren disposiciones de la Directiva sobre el sector público sin un motivo válido, a saber, las enmiendas 10, 11, 52, 54, partes de la 59, partes de la 60 y la enmienda 61. 
Enmiendas que son superfluas y crearían una incertidumbre jurídica considerable o que podrían alterar de manera significativa los efectos de otras disposiciones de la directiva sin una buena razón para ello; a saber, las enmiendas 1, 5, 12, 14, 23, 48, partes de la enmienda 66 sobre la ponderación de los criterios de adjudicación, 106, 112, 114, 115, 120, 121, 123 y 124. 
En mi respuesta al Parlamento y como consecuencia de que el Parlamento tiene derecho a conocer la opinión de la Comisión sobre la totalidad de las enmiendas presentadas, veo que mi intervención ha durado 24 minutos. 
Tengo algunas respuestas a preguntas que me han dirigido durante el debate, pero temo que si respondo ahora sobrepasaría en mucho el tiempo que me ha sido asignado, por lo que me pongo en las manos del Parlamento respecto a lo que debo hacer. 
(EN) Permítame sugerir que podría intentar responder brevemente a las diferentes preguntas formuladas y si usted considera que mi intervención dura demasiado, le ruego que me lo haga saber. 
Gracias por su explicación exhaustiva. 
Quizá podría ofrecernos la respuesta por escrito, y resumir ahora las observaciones principales. 
. (EN) En respuesta al Sr. Zappalà, quisiera decir que la actual definición de los contratos de obras establece explícitamente que dichos contratos pueden ser únicamente para la construcción o pueden cubrir el proyecto y la construcción. 
Una modificación de este enfoque impediría, en particular, o como mínimo dificultaría enormemente, la utilización de proyectos de llave en mano, las asociaciones público-privadas, las concesiones de obras y los diálogos de la competencia. 
La Comisión, por tanto, se opone a la imposición de separar proyecto de la construcción de la obra. 
En respuesta a la Sra. Schörling, la Comisión propone incluir, como posible criterio de adjudicación, las características medioambientales de un producto o servicio, a condición de que presenten una ventaja a los ojos del poder adjudicador. 
Dicho criterio permite a un comprador público evaluar las cualidades intrínsecas del producto o servicio y adjudicar contratos al licitador más ventajoso económicamente. 
Las enmiendas presentadas van más allá, en cuanto a que permiten tener en cuenta en la fase de adjudicación más consideraciones generales en materia de medio ambiente, como las consecuencias a largo plazo sobre el medio ambiente de los productos o servicios adquiridos. 
Dichas consideraciones no son mensurables; no pueden ser de ayuda en una evaluación de las cualidades intrínsecas del producto o de los servicios y, por consiguiente, son inadecuadas en la fase de adjudicación. 
En respuesta al Sr. Rapkay y al Sr. Hughes, la finalidad de las directivas sobre la contratación pública es la de coordinar los procedimientos de adjudicación de contratos y no la de establecer qué obligaciones- sociales o de otra naturaleza- deben cumplir los contratantes privados una vez adjudicado el contrato. 
Los contratantes están obligados, en cualquier caso, a respetar la legislación en vigor y las obligaciones, ya sean sociales o de otra naturaleza. 
No obstante, la Comisión está dispuesta a establecer en la exposición de motivos de las directivas que los licitadores deberán cumplir la legislación social en vigor, incluidos los convenios colectivos de aplicación general, en la ejecución de los contratos públicos. 
La Comisión reconoce asimismo que convendría pedir a las autoridades contratantes que incluyan en el pliego de condiciones el cuerpo del que puede obtenerse información sobre las obligaciones sociales aplicables. 
En respuesta a la Sra. Hautala, quisiera decir que en lo que respecta a la referencia preliminar que se encuentra actualmente ante el Tribunal de Justicia, la Comisión ha tomado nota de las conclusiones del abogado defensor. 
No obstante, dichas conclusiones no pueden prejuzgar el propio juicio. 
Asimismo, habida cuenta del contenido de la comunicación sobre medio ambiente y contratos públicos, la Comisión- como ya explicó durante la vista- no ve ningún impedimento en que se tengan en cuenta las emisiones de criterios cuando éstos sena relativos- como el caso de la ciudad de Helsinki ha demostrado- a gastos externos para el propio comprador. 
La Comisión, por consiguiente, esperará a conocer el fallo del Tribunal y reconsiderará la interpretación a la luz del juicio y, en caso necesario, estudiará la posibilidad de revisar su posición sobre las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. 
Quisiera responder al Sr. Lehne pero, como ha abandonado la Asamblea, me saltaré esa parte de mi respuesta. 
. (IT) Señor Comisario, el Sr. Lehne no está, es verdad; no obstante, le ruego que responda igualmente. 
El Sr. Lehne será informado de sus respuestas más tarde. 
Éste es un amplio debate que va más allá de las alusiones personales. 
. (EN) Señor Presidente, para la Comisión es siempre un placer servir de ayuda a los diputados cuando se forman sus opiniones. 
Por ello, permítanme decir que si el Sr. Lehne hubiera estado presente, yo habría dicho lo siguiente- y naturalmente estoy dispuesto a decirlo aunque el Sr. Lehne no esté aquí. 
El Sr. Lehne afirmó que deben introducirse cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones y que éstas no deberían influir en la elección en la fase de adjudicación. 
Por consiguiente, quisiera apoyar su punto de vista en el sentido de que no debería modificarse el artículo 53 sobre los criterios de adjudicación. 
Consideraciones de este tipo pueden ser tenidas en cuenta en la fase adecuada, ya sea en el pliego de condiciones o en las cláusulas contractuales. 
No puedo apoyar la enmienda 147 del Sr. Zappalà porque no proporcionará ninguna seguridad jurídica a los operadores económicos. 
Permítanme terminar aquí mi respuesta al Parlamento y que concluya diciendo que actualmente existe la necesidad real de garantizar que nuestras normas sobre la adjudicación de contratos públicos siguen siendo pertinentes para unos requisitos de contratación cada vez más sofisticados. 
Es el motivo por el que el Parlamento y el Consejo deberán presionar ahora para garantizar la aprobación cuanto antes de estas directivas. 
Señor Presidente, lamento que mi intervención haya durado media hora, pero creo que el Parlamento tiene derecho a recibir una respuesta completa a las numerosas enmiendas presentadas. 
La Comisión espera a la votación de mañana. 
Señor Presidente, habida cuenta de la importancia de la materia, lo único que quiero pedir al Comisario es una aclaración. 
Aun así, quiero agradecerle todos sus comentarios que, indudablemente, considero importantes, a pesar de que reivindico y de que mañana reivindicaré la autonomía del Parlamento que decide en clave política y no por otros motivos. 
Sin embargo, me parece inconciliable su respuesta a la enmienda 147, ya que, mientras la Comisión es contraria al aumento de los umbrales- hecho que, como se dijo durante las audiencias, los encuentros y los debates en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, creo que se debe a que se pretende que haya una mayor utilización de las directivas relativas a los contratos públicos en general- el aumento de los niveles, según lo declarado por el representante de la Comisión, implicaría precisamente una reducción de los contratos públicos. 
Ahora, la enmienda 147 está orientada precisamente a ampliar la base de los contratos públicos, y por consiguiente, no entiendo por qué la Comisión es contraria a dicha enmienda. 
Agradecería al Comisario que ahora, después, en privado o como prefiera, me explicara qué es lo que no funciona en la enmienda 147. 
Es importante, señor Presidente, porque no estamos abordando una materia de poca monta. 
Repito, si no procede hacerlo ahora porque debemos interrumpir los trabajos o pasar a otro asunto, estoy dispuesto, si el Comisario lo desea, a reunirme después con él para que me explique qué problema tiene la enmienda 147 que, desde mi punto de vista, permite a todos los contratos públicos, sea cual sea su tipo, utilizar al cien por cien las normativas europeas. 
Hasta 1971, las únicas normas y principios aplicables a la adjudicación de contratos públicos eran aquéllos consagrados en el propio Tratado y, en particular, las disposiciones recogidas en los artículos 28 y 49. 
No obstante, la experiencia ha demostrado que la auténtica apertura de los mercados y la creación de un mercado interno real y eficaz exigían una aclaración de dichas normas y principios a través de disposiciones detalladas que coordinaran los procedimientos nacionales. 
Volver a la situación jurídica de los años setenta- y eso sería el resultado de la propuesta que se acaba de hacer y que está consagrada en la enmienda 147- no es aceptable, especialmente en una propuesta encaminada a modernizar la legislación. 
Asimismo, hacer eso privaría además a los operadores económicos de una de las principales ventajas en el ámbito de la contratación pública, a saber, la posibilidad de hacer valer sus derechos a través de recursos legales eficaces garantizados a través de las dos directivas específicas por las que se rigen los recursos con respecto a los contratos que entran en el ámbito de las directivas sobre la adjudicación de contratos. 
Por consiguiente, la introducción de la enmienda 147 sencillamente no hace aceptables las enmiendas encaminadas a elevar los umbrales en toda la directiva. 
Aún persiste un cierto malentendido. 
Creo que podemos recurrir a la opción bilateral para resolver esta cuestión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0454/2001) del Sr. Davies, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente (PE-CONS 3658/2001- C5-0524/2001- 1999/0068 (COD)) 
. (EN) Señor Presidente, no he seguido muy de cerca el informe anterior, pero si la Comisaria Wallström está igual de animada que el Comisario Bolkestein, me alegro de no haber presentado hoy ninguna enmienda. 
Cambiando radicalmente de tema, hace unas semanas leía a mi hija Kate Un cuento de Navidad del escritor británico del siglo XIX Charles Dickens. 
Scrooge se encontraba en su contaduría. 
El autor escribió: "Los relojes de la ciudad acababan de dar las tres, pero ya había oscurecido bastante y en las ventanas de oficinas cercanas llameaban velas como manchas rubicundas sobre el palpable aire marrón." 
Es motivo de gran regocijo que hoy en las ciudades europeas ya no tengamos que respirar ese "palpable aire marrón". 
Es una señal de lo que hemos progresado en materia de medio ambiente y todo un logro que ahora la calidad del aire sea mejor de lo que ha sido durante siglos. 
Pero aún debemos hacer más, y en su programa "Aire limpio para Europa", la Comisión ha identificado las partículas y el ozono como dos de las prioridades de su acción. 
La contaminación por ozono contribuye a la muerte prematura de decenas de miles de personas cada año; provoca deficiencias respiratorias, tos, dolores de cabeza e irritación de los ojos. 
La Organización Mundial de la Salud no ha podido identificar un umbral por debajo del cual no se aprecien sus efectos. 
Asimismo puede dañar la vegetación, reducir las cosechas y detener el crecimiento de los bosques y, al igual que la lluvia ácida, puede corroer y destruir la estructura de edificios y obras de arte. 
Por eso tenemos esta propuesta de directiva para corregir el problema. 
Comenzó como una propuesta sorprendentemente débil, cuyo principal elemento era fijar para 2010 unos objetivos sobre la superación máxima de los límites de concentración de ozono por encima de los valores de la OMC, aunque dichos objetivos no serían vinculantes para los Estados miembros. 
Asimismo, se pedía la preparación de planes de acción a corto plazo para hacer frente a problemas graves, informar mejor a la población y dar la voz de alarma sanitaria. 
En el transcurso de los dos últimos años, el Parlamento ha hecho uso de sus poderes de codecisión para dotar de cierto efecto esta legislación. 
Hemos reforzado el derecho de la población a ser informada. 
Hemos facilitado la labor de nombrar a países recalcitrantes y les hemos avergonzado de tal modo que han mejorado su comportamiento. 
Hemos conseguido que los daños materiales se incluyan entre los criterios a tomar en consideración. 
Hemos vuelto a hacer hincapié en nuestro deseo de hacer realidad una reducción a largo plazo de los niveles de ozono antes de 2020, acordes con las propuestas de la Directiva sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. 
Pero sobre todo, hemos abordado el tema de los objetivos a corto plazo no vinculantes. 
En vez de que los Estados miembros tengan que esforzarse por alcanzar dichos objetivos "en la medida de lo posible", que era la propuesta original, hemos insistido en que se adoptarán medidas eficaces a menos que los objetivos no puedan alcanzarse mediante "medidas proporcionadas". 
Quiero hacer hincapié en que acordamos esta formulación porque la Comisión y nuestros servicios jurídicos nos aconsejaron que daría carácter vinculante a las disposiciones de la directiva y permitía llevar ante el Tribunal de Justicia a los Estados miembros que no adoptaran dichas medidas. 
En otras palabras, hemos hecho uso de nuestros poderes de codecisión para transformar una declaración de buenas intenciones en un compromiso legalmente vinculante. 
Aún así, la Oficina Europea del Medio Ambiente nos ha criticado y preguntado ¿para qué necesitamos una directiva si los objetivos para 2010 no son vinculantes? 
Pero la Oficina no conoce bien la naturaleza de la contaminación por ozono, que es enormemente transfronteriza. 
A pesar de que los valores máximos de superación de los límites de concentración de ozono están cayendo en toda Europa, la media general sigue subiendo, casi con total seguridad, como consecuencia de la contaminación generada lejos de nuestras costas. 
No creo que España, Italia o Alemania o ninguno de nosotros deba hacer frente a la perspectiva de sanciones legales porque están siendo contaminados desde China. 
Eso no sería justo ni sería realista. 
Quiero que se obligue a los Estados miembros a hacer todo lo realmente posible para cumplir los objetivos, ni más ni menos. 
Creo que el "palpable aire marrón" daba mucho carácter al cuento de Scrooge. 
Pero ya está fuera de lugar. 
Quizá pida a mi hija Kate que escriba una versión del siglo XXI en la que el aire esté limpio. 
No obstante, con la ayuda de la Comisión y de la anterior Presidencia belga, el Parlamento, entretanto, ha podido hacer uso de sus poderes de negociación para convertir una simple lista de deseos en la exigencia de que nuestros respectivos gobiernos emprendan la acción necesaria para mejorar de manera significativa la calidad del aire en toda Europa. 
Hemos conseguido cambios mayores y una directiva más ambiciosa de lo que razonablemente cabía esperar cuando presentamos por primera vez el proyecto. 
Podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido. 
Señor Presidente, la directiva relativa al ozono en el aire ambiente pretende dar respuesta al problema del ozono troposférico producido y atrapado en el aire cerca de la superficie terrestre que, como todos sabemos, tiene efectos nocivos tanto para la salud humana como para la vegetación, los ecosistemas y el medio ambiente en su conjunto. 
La concentración de ozono- sabemos- se debe a la acumulación en la atmósfera de agentes precursores, pero su erradicación no tiene, desde luego, una solución fácil, pues estos agentes precursores, en determinadas ocasiones, actúan como reductores del ozono en la atmósfera. 
En diversas mediciones a nivel nacional se ha comprobado que, en condiciones climáticas tales como alta luminosidad y atmósfera estable, la reducción de los agentes precursores no produce el efecto deseado de disminución de la concentración de ozono, sino todo lo contrario. 
Por tanto, la solución al problema de la concentración de ozono es realmente compleja. 
No resulta una medida adecuada el simple cierre de las fuentes generadoras de agentes precursores, como, por ejemplo, el cierre de la chimenea de una fábrica que emite a la atmósfera humos, que son agente precursor del ozono. 
El ponente y varios miembros de la Comisión de Medio Ambiente- entre los que me encontraba- hemos trabajado durante casi dos años intensamente para, por un lado, mejorar la propuesta de la Comisión- indudablemente necesario -, pero también para llegar a una propuesta equilibrada que permitiera un máximo cumplimiento por parte de los Estados miembros. 
Y por fin, el pasado mes de octubre se logró un texto conjunto que fue aprobado por el Comité de Conciliación. 
Quiero resaltar, como algo muy positivo respecto a la propuesta aprobada, la combinación de objetivos a largo plazo con el tratamiento a corto plazo de las situaciones de riesgo, así como todas las medidas encaminadas a llevar un riguroso control y seguimiento de los valores de ozono de la atmósfera en todos los Estados miembros. 
También me parece importante la aplicación del principio de transparencia informativa, ya que la población debe estar más y mejor informada sobre las incidencias de los valores del ozono en la atmósfera. 
Otro aspecto importante es la consideración de las condiciones meteorológicas y la comparación entre los diferentes Estados miembros, que debe permitir, efectivamente, aportar datos para ver cómo va evolucionando este problema en los diferentes Estados miembros. 
Esta directiva supone un importante avance en la dirección correcta para dar un enfoque integrado al problema de la contaminación y, junto con la directiva de techos nacionales de emisión, creemos que van a ser verdaderamente unas herramientas muy importantes para tratar de una forma horizontal los problemas ambientales y, especialmente el de la contaminación. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Comisaria Wallström y al Sr. Chris Davis por su trabajo en este asunto. 
Precisamente en el caso del ozono nos hallamos en una situación curiosa. 
En las capas altas de la atmósfera la capa de ozono es demasiado delgada con los problemas, por ejemplo, de salud, que esto provoca y aquí abajo en la tierra, la concentración es al contrario demasiado alta. 
No obstante, pienso que hemos sacado un buen resultado de las negociaciones de la conciliación y verdaderamente quizá un mejor resultado del que muchos de nosotros nos hubiéramos atrevido a esperar cuando escuchamos las posturas negativas de algunos de los países miembros con respecto a la solución del problema de la calidad del aire del que aquí se trata. 
Junto a la directiva relativa a los límites máximos nacionales de emisión, de la cual ha sido ponente la Sra. Riita Myller, quien se encuentra sentada aquí a mi lado, esta directiva representa una importante contribución para garantizar unos niveles más bajos de concentración de ozono en Europa y especialmente en las grandes ciudades europeas. 
Me parece positivo que partamos de las estimaciones de la OMS de los riesgos sanitarios y medioambientales existentes. 
Hemos fijado algunos objetivos parciales, algunos valores límites para el año 2010 que deberán cumplirse. 
Sin embargo, naturalmente produce cierta inquietud que durante muchos años nos veamos obligados a manejar una cierta violación de los umbrales de la OMS durante un cierto número de días al año. 
Por ello me parece bien que también aprobáramos algunos objetivos a más largo plazo, en los que deberán cumplirse los valores objetivos de la OMS. 
No se ha sido tan preciso como nos hubiera gustado en este Parlamento. 
Se estableció un punto de referencia en el año 2020. 
Fuimos muchos a los que nos hubiera gustado ver convertido el año 2020 en un objetivo final más fijo para el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS. 
Me parece asimismo positivo que los países miembros no sólo se vean obligados a elaborar programas concretos para los objetivos, sino que también tengan ciertos compromisos de informar a los ciudadanos acerca de los programas que se realizan y de los resultados que se alcanzan- tanto positivos como negativos, al igual que contamos con algunas normas sobre cuándo se avisará a los ciudadanos de la existencia de problemas derivados de una alta concentración de ozono- tanto a los ciudadanos en general como asimismo a los ciudadanos pertenecientes a grupos especialmente sensibles a problemas en este ámbito. 
Por último, quiero añadir que también me parece positivo que hayamos incluido a los países solicitantes para que así puedan estar involucrados desde un primer momento y ahora esperamos que la directiva entre en vigor antes del ingreso en la Unión de los primeros países solicitantes para que éstos también en el momento de su adhesión cumplan los compromisos a los que según la directiva están obligados estos países. 
Espero que con esta directiva podamos prevenir y reducir los efectos perjudiciales sobre la salud pública y la vegetación de las concentraciones de ozono demasiado elevadas y que el día de hoy sea un buen día para la futura calidad del aire en Europa. 
Señor Presidente, la Directiva que estamos examinando ahora en tercera y última lectura mejora, a mi juicio, la calidad del aire en Europa. 
Por ella, se modifica la Directiva vigente desde 1996 para adaptarla a los techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
El trabajo del Parlamento en la elaboración de la propuesta de directiva ha sido notable, por lo que yo también quiero felicitar cordialmente al Sr. Davies y a los demás colegas que han participado en este proceso de más de dos años de duración. 
Además, hay que volver a agradecer de forma especial la actuación de Bélgica al frente de la Presidencia del Consejo. 
La Directiva ahora aprobada obliga a los Estados miembros a presentar programas que permitan que, para el año 2010, las emisiones desciendan por debajo de los valores límite imprescindibles para la protección de las personas y de la vegetación. 
El año 2020 es el año de referencia para los objetivos a largo plazo y para la postrera revisión de la Directiva. 
En las zonas de particular riesgo se requiere también la existencia de planes de acción a corto plazo, así como que se aporte información de forma activa y transparente. 
En lo que respecta a la Directiva, es fundamental aspirar a que los países candidatos sean incluidos en su ámbito lo antes posible, puesto que la repercusión a larga distancia del óxido de nitrógeno y de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en los niveles de ozono troposférico es muy importante. 
Por ejemplo, la mayor parte del ozono troposférico registrado en Finlandia proviene de propagación exterior, o sea, de emisiones a las que, prácticamente, apenas podríamos hacer frente en nuestro país sin la Unión Europea. 
Señor Presidente, como usted mismo ha podido constatar, nos encontramos ya en la mitad de la quinta legislatura. 
Durante este período de legislatura, el Parlamento ha conseguido influir significativamente en la mejora de la calidad del aire en la Unión y en los países candidatos. 
Así pues, el Parlamento ha hecho un uso adecuado y responsable de sus nuevas y crecidas competencias. 
Debemos continuar este trabajo, hay que alentar a la Comisión a elaborar propuestas cada vez más ambiciosas y hemos de mantener fructífera y cordial la excelente colaboración en materia medioambiental que hemos venido llevando a cabo con el Consejo. 
. 
(SV) Señor Presidente, me complace que nos estemos acercando al momento en que podamos adoptar una decisión sobre el ozono en el medio ambiente. 
Gracias a esta directiva podremos proteger la vegetación y la salud de las personas de los perniciosos efectos de la alta concentración de ozono, salvo en los casos en que esto no sea posible con medios proporcionados. 
Por eso aplaudo el borrador conjunto del Comité de Conciliación del 11 de noviembre de 2001. 
Como ya se ha dicho, durante el proceso que va desde una postura general a una directiva final, la directiva ha sido mejorada en numerosos puntos. 
Gracias a la buena calidad de las propuestas del Parlamento Europeo y a las hábiles negociaciones que tuvieron lugar durante la conciliación, contamos hoy con una propuesta de directiva más clara y consecuente. 
Quisiera aprovechar la ocasión para agradecer especialmente al ponente Chris Davies y a todos los miembros del Comité de Conciliación. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura Myller (A5-0456/2001) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa al Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (11076/1/2001- C5-0434/2001- 2001/0029 (COD) ). 
. (FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias a los "ponentes paralelos" de los distintos Grupos del Parlamento por su excelente colaboración en el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente. 
La colaboración llevada a cabo con los mencionados "ponentes paralelos" ha dado sus frutos, al menos en el sentido de que la lista de votaciones es bastante diferente a la de la primera lectura: ahora nos hemos centrado únicamente en las enmiendas más importantes. 
Espero que esta espléndida colaboración continúe también en las votaciones de mañana. 
Del mismo modo, la Comisión ha sido una buena colaboradora: hemos mantenido muchas conversaciones con ella. 
Quiero dar las gracias de forma especial a Suecia, país que ostentaba la Presidencia durante la primera lectura. 
El objetivo central del Programa es integrar la política en materia de medio ambiente en todas las demás políticas comunitarias. 
En este sentido, se trata de una continuación del Quinto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, pero, en el marco de esta integración, debemos alcanzar objetivos concretos y obtener resultados reales, para lo cual también son necesarios cambios estructurales, por ejemplo, en el ámbito de las propias actividades de la Comisión. 
Obviamente, el objetivo de la integración es aplicar las consideraciones medioambientales en todos los demás ámbitos de la política. 
Merecen una atención especial la política energética, la política de transportes y los sectores agrícola y pesquero, ya que se trata de los ámbitos más delicados desde el punto de vista del medio ambiente. 
Hay que enfocar la futura revisión de la Política Agrícola Común adoptando métodos de mayor sostenibilidad, y los nuevos instrumentos para proceder al óptimo desarrollo del medio ambiente deben estar sujetos a evaluaciones de su impacto medioambiental a la hora de ser complementados con la política de subvenciones de la UE. 
Hay que resolver la contradicción que existe actualmente entre las subvenciones y las consideraciones medioambientales. 
Hay que identificar las subvenciones que inciden negativamente sobre el medio ambiente y suprimirlas, a más tardar, para el año 2010. 
El dinero nunca deja de ser un buen consejero y, en este sentido, habrá que desarrollar, por ejemplo, el impuesto ecológico y el impuesto energético. 
También me siento muy satisfecha de que hayamos aprobado en el Parlamento con un amplio apoyo la futura introducción de un impuesto ecológico a escala de la UE. 
Debemos fijar objetivos cualitativos y cuantitativos para los problemas medioambientales cruciales y establecer calendarios para su consecución. 
Ésta ha sido una cuestión muy controvertida: la Comisión no la ha apoyado y en el Consejo también hay dudas al respecto. 
Personalmente, yo creo que en este tipo de programas es muy importante comprender las exigencias que implica la adopción del punto de vista medioambiental en el ámbito de la toma de decisiones. 
Si se fijan los objetivos y se establecen unos plazos razonables para su cumplimiento, los órganos políticos de decisión podrán saber qué plazos están expirando y estarán en condiciones de adoptar las decisiones pertinentes. 
En mi opinión, estos objetivos son necesarios, sobre todo, como instrumentos de orientación política. 
La Comisión propone estrategias temáticas que sirvan para encauzar la política medioambiental del futuro. 
La Comisión propone seis estrategias, y el Parlamento ha añadido la iniciativa de la estrategia urbana, la cual cuenta con un amplio apoyo. 
Las estrategias temáticas tienen que ser aprobadas mediante el procedimiento de codecisión. 
Creo que esto es muy evidente, ya que los temas centrales de la política medioambiental serán dirigidos a través de estas estrategias. 
Se han presentado muy pocas enmiendas- como ya he indicado -, pero quiero pronunciar algunas palabras sobre una de ellas en particular. 
Se trata de la enmienda presentada por el Grupo Europeo de los Liberales y Demócratas relativa al rechazo de la posición común. 
A mi juicio, esto no aporta nada positivo y ni siquiera comprendo su contenido; la única forma de mejorar la política medioambiental europea es mejorando la posición común. 
Señor Presidente, en primer lugar querría agradecer a la ponente que en una primera lectura haya recogido las preocupaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 
No podían ser otras, vista la práctica diaria de esa Comisión de Peticiones, que las que se refieren al cumplimiento de la legislación, como recogen algunas de las enmiendas de la ponente y de transacción. 
Todas las políticas deben verse integradas en la política medioambiental (como se recoge en algunas de las enmiendas) y es necesaria la participación y la información del público (como también se recoge en algunas de las enmiendas). 
No oculto que, como ciudadana de una pequeña región minera asturiana, tengo algunas dificultades, yo personalmente, no mi Grupo, con la enmienda que habla de las subvenciones sujetas a un plazo determinado a aquellos proyectos que puedan perjudicar el medio ambiente. 
No en términos generales, pero sí si lo concreto en la región en que vivo, que ha perdido en sus reestructuraciones más de 30.000 puestos de trabajo. 
Por eso tengo algunas dificultades con esas enmiendas. 
Con el resto estamos completamente de acuerdo. 
Estamos también de acuerdo con algunos compañeros- seguramente mi compañero Jonas Sjöstedt así lo dirá- en que no es esta última propuesta la que surgió del Parlamento Europeo. 
Es una propuesta que se debatió, sobre la que se llegó a acuerdos entre todos los grupos y a acuerdos de la ponente con la Comisión y el Consejo para llegar a esta última propuesta que traemos aquí. 
Por eso yo también coincido con la ponente en que no podemos aceptar, y vamos a votar en contra de ella, la enmienda del Grupo Liberal que plantea devolver la propuesta. 
La propuesta es imprescindible, señor Presidente. 
El quinto programa de acción medioambiental ya concluyó. 
La Unión Europea necesita para los próximos años tener una estrategia clara con compromisos y calendarios concretos y a mí me parece que esta puede ser una propuesta clara con compromisos y calendarios concretos, que requiere su puesta en práctica. 
Señor Presidente, me agrada decir que en esta segunda lectura los partidos han trabajado para aproximar sus posiciones. 
Y si ya el Consejo y la Comisión han hecho un esfuerzo por aceptar las numerosas enmiendas de nuestra primera lectura, creo que ahora podemos decir que el esfuerzo por encontrar posturas y converger a posiciones comunes lo ha hecho el Parlamento. 
En ese sentido, he de resaltar el papel de la Sra. Myller. 
Nosotros creemos que éste es un programa razonable que permite trabajar a la Comisión, que permite legislar y que permite a los países moverse dentro de unos programas viables y, por tanto, entendemos que debemos apoyarlo. 
Es el marco adecuado para combinar el desarrollo de los pueblos de Europa en una política eje de desarrollo sostenible y eso creo que es suficiente. 
Si así se hace, deberá quedar claro en la conciliación que determinados ámbitos son propios de la subsidiariedad. 
Y también voy a hablar de principios. 
El afán de generalizar todas las medidas y de implantar una política uniforme en todos los países va contra la sostenibilidad y es un principio de mentalidades globalizadoras. 
Es muy fácil atacar la globalización cuando se habla de economía y no querer llamar globalización a imponer a todo el mundo el mismo traje. 
La sostenibilidad concede mucha importancia a los principios sociales, a la viabilidad tecnológica y al contexto en que se aplican las medidas; el primer principio de sostenibilidad es saber combinar los principios generales con el traje a medida para aquello que necesita cada pueblo, cada lugar, cada clima y cada contexto. 
Debemos tener la grandeza de admitir la libertad de los gobernantes para hacer esos trajes a medida y adaptar el modelo de traje- al que no renunciamos- a las medidas. 
Por otra parte apoyamos desde aquí una política científica y creemos que la función del Partido Popular y del Parlamento, en este caso, es apoyar al Consejo y a la Comisión porque la codecisión no sólo es un derecho del Parlamento, sino también una responsabilidad que éste adquiere para ayudar a los gobernantes. 
Por eso, por ejemplo, respetamos las fechas de todos aquellos convenios que hayan de celebrar la Comisión y el Consejo con otros países europeos. 
Hay que ser serios y apoyar esa política que tanto les ha costado. 
Apoyamos las estrategias temáticas y una política más científica precisamente porque eso supone adaptarse al estado de la cuestión, a la situación de los países y del sector y al problema. 
Hay que evaluar si existen o no tecnologías adaptadas, si existen o no tecnologías aplicables, pues muchas veces, por razón del clima, de las condiciones, de la dimensión de la empresa, etc., las tecnologías podrán ser diferentes. Pero los resultados deberán ser los mismos. 
Apoyamos, por tanto, el carácter científico y el estudio de los impactos económicos y sociales que va a tener el programa, porque si no hay principios sociales, no existe la sostenibilidad. 
Por eso precisamente no estamos a favor de una simple revisión de las subvenciones, es decir, de que se fije una fecha tope sea cual sea la subvención, y sobre todo para determinados sectores que han tenido que cerrar por medidas dictadas por la Comisión, que les ha impuesto leyes- como en el sector del carbón -, y que ahora se encuentran con el problema de que se les aplican unos criterios más estrictos que a otros. 
Definamos primero los criterios de cuáles van a ser las subvenciones negativas y démonos cuenta de que cinco años no es tiempo suficiente para que se recupere una generación ni para que se regeneren algunas zonas deprimidas. 
Por otra parte, rechazamos el principio de sustitución, porque no ofrece garantías ni para la industria, ni para los ciudadanos, ni para la sociedad, y se presta a una interpretación muy libre de determinados sectores, de determinados países o de determinados funcionarios o expertos para establecer medidas que perjudican a la sociedad y no tienen garantía jurídica. 
Y el principio de garantía jurídica es propio de un Estado de Derecho. 
Espero que la gestión se pueda llevar a cabo. 
Señor Presidente, doy las gracias a la señora Myller que durante largo tiempo se ha encargado de este programa de acción y ha luchado con denuedo para ponerlas las cosas en orden. 
Es satisfactorio saber que por fin estamos en condiciones de decidir sobre este Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. 
Con estos antecedentes, quizá no sea tan extraña nuestra decepción porque el programa no tiene la calidad que hubiésemos deseado. 
También sentimos algo de frustración por la injusta distribución de facultades entre las instituciones y que, de alguna manera, estamos demostrando en relación con este Sexto Programa de Medio Ambiente. 
Me gustaría que los liberales y otras personas de tendencias similares se sobrepusiesen a sus frustraciones. 
Hagamos una distinción entre política y proceso y cumplamos con nuestro mandato popular, hagamos las cosas bien y discutamos los conflictos institucionales y constitucionales en otro sitio, no aquí cuando estamos discutiendo el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
¡Veamos qué es este Sexto Programa! 
Veamos qué podemos hacer con él, empleémoslo como un referente para todas las políticas de la Unión, la medioambiental y otras. Usémoslo como fundamento para la estrategia de desarrollo sostenible que presentaremos en Johanesburgo, en septiembre de este año. 
No hay motivos para rechazar este documento. 
Hoy tenemos que aprobarlo. 
En cuanto a la mención de la señora Myller a un impuesto medioambiental común, quisiera aprovechar la ocasión para referirme a lo que se ha informado en Suecia. 
Allí se dice que la fuerte disminución de gases que afectan al clima se debe justamente al impuesto al dióxido de carbono. 
Esto nos proporciona nuevos motivos para continuar la lucha junto con la Comisión, para convencer al Consejo de que ha llegado la hora de instaurar un impuesto medioambiental común, especialmente en relación con el dióxido de carbono. 
Señor Presidente, en mayo del año pasado celebramos el primer debate sobre el sexto programa de acción de la Comisión en materia de medio ambiente. 
En su momento, criticamos duramente, en tanto grupo liberal, la propuesta de la Comisión. 
En nuestra opinión, resultaba demasiado ambiciosa y mostraba una seria falta de delimitación de prioridades. 
Al mismo tiempo, planteamos la cuestión de si un programa de diez años era algo de esta época. 
Entre tanto, han transcurrido ocho meses y la Comisión, el Consejo y la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento han aportado luz a esta propuesta. 
¿Y satisfacción y avance? 
No, desgraciadamente ninguno de los dos. 
La propuesta tal como fue presentada entonces ha sido completamente diluida. 
La posición de del Consejo de Ministros, señor Presidente, es decepcionante desde toda perspectiva. 
La vez anterior hablé de un árbol de Navidad con tal cantidad de propuestas que todo el texto perdía valor. 
El plan actual parece más una caja vacía que un árbol de Navidad. 
Tiene una forma todavía presentable, pero con un contenido gravemente deficiente. Puedo decirles de paso de qué no depende. 
Nuestra ponente, la Sra. Myller ha realizado un trabajo muy bueno y la Comisaria ha hecho todo lo posible a fin de hacer más estricto su plan y tener más en cuenta los deseos de esta Casa. 
Sin embargo, ha sido el Consejo quien ha frustrado toda mejora sustancial de la propuesta. 
Resulta sorprendente darse cuenta de que si, en tanto Parlamento, votamos a favor de la versión actual del plan, realmente tenemos que empezar de nuevo, y eso tras dos años de duro trabajo de la Comisión y el Parlamento ¿Se puede explicar eso a los ciudadanos europeos? 
Ahora resulta que el Consejo ha destruido todo el buen trabajo que se había realizado. 
¿Qué debería haber pasado? 
Mi Grupo echa en falta en todo esto de prioridades en cuanto al contenido, es decir, en cuanto al cambio climático, la energía, los residuos y la biodiversidad. 
Además, consideramos que debería haber mucha más armonía y visión en un plan mucho más corto. 
El Consejo, en nuestra opinión, sólo puede ser descrito como un emperador sin ropa. 
En un determinado momento parece amable, pero no resiste una inspección más detallada. 
Señorías, ésta no es una estrategia, resulta ser incluso menos que la política actual en su conjunto. 
Supone, por ello, un paso atrás. Proponemos, por tanto, que se rechace la propuesta actual en su totalidad. 
Señor Presidente, cuando se trabaja con temas medioambientales y con diferentes medidas, programas, legislaciones, convenciones, etcétera, uno se inquieta por la lentitud y por las dificultades para concretar, formular y realizar los objetivos destinados a la protección del medio ambiente y la salud. 
El Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente no ha sido una excepción. 
Primero, no era seguro que fuese a existir un Programa de Acción. 
Después, cuando vimos la propuesta de la Comisión, nos pareció muy vago y carente de objetivos cualitativos y cuantitativos y de calendarios. 
Para que un Plan de Acción de Medio Ambiente tenga algún sentido, debe fijar precisamente objetivos medioambientales. 
Doy las gracias a la señora Myller y a la Comisión de Medio Ambiente por sus reales esfuerzos para mejorar el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. 
También agradezco su colaboración a los demás colegas. 
Ahora que tenemos que decidir en segunda lectura sobre la postura del Consejo, podemos comprobar que el Consejo ha introducido muchas de las enmiendas del Parlamento. 
Aún queda mucho por hacer, por ejemplo, respecto a la concreción de los plazos. 
Tenemos que aprovechar la ocasión para cambiar este orden de cosas votando por las enmiendas de la comisión y de numerosos Grupos de partidos. 
El objetivo general del Programa es, entre otras cosas, romper la relación existente entre daño medioambiental y crecimiento económico. 
Hasta ahora, las mejoras han sido devoradas por la mayor producción y el aumento del consumo. 
Otro principio general es servir de fundamento para el desarrollo sostenible y para la aplicación de los principios de cautela y de sustitución. 
Para que esto sea posible, quisiera recomendar a todos los diputados que voten por la enmienda 44, que señala el año 2003 como última fecha para determinar qué ayudas comunitarias tienen un efecto negativo en el medio ambiente y para precisar en qué año se eliminarán. 
En cuanto a las sustancias químicas y a los pesticidas, opino que todas las enmiendas presentadas son buenas. 
Cefic, la organización que agrupa a las instituciones de productos químicos, ha manifestado que estas propuestas no se compadecen con el informe sobre estrategias en relación con las sustancias químicas. 
Puedo asegurarles que esto no es correcto. 
Es lamentable que se haya usado un análisis tan incompleto y unilateral. 
Como ponente del Libro Blanco, puedo garantizar que esas enmiendas son buenas y fortalecen el Sexto Programa de Acción en materia Medio Ambiental. 
En relación con la propuesta del Grupo ELDR, estimo, tal como la señora Hulthén, que nos hubiese gustado contar con un Programa más fuerte, con más ideas nuestras, pero esto es lo que hay. 
Queda mucho por hacer, habrá que buscar acuerdos en esas instituciones y, por ese motivo, rechazo terminantemente la propuesta liberal e insto a todos para que voten a favor de la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente y de las enmiendas que se han presentado. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera referirme a la propuesta del Grupo ELDR para rechazar la postura común. 
Es una propuesta que no apoyamos. 
Opinamos que sería una irresponsabilidad no adoptar una decisión sobre el Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente. 
A mí también me hubiese gustado una propuesta más radical. 
La proposición originaria era muy vaga y débil. 
No obstante, el hecho es que algunas partes de lo que ha agregado el Parlamento han sido incluidas en la propuesta común. 
Por eso mañana podremos incorporar muchos objetivos cuantitativos y plazos. 
No debemos desaprovechar esta oportunidad. 
Hay que poner esta propuesta en un contexto. 
Durante el periodo de vigencia de este Programa de Acción se ampliará la Unión. 
Esto puede causar muchos problemas en los trabajos medioambientales. 
Se puede perder el ritmo y es posible que sea más difícil legislar en esta materia. 
En una situación como ésa sería poco razonable no contar con una Programa de Acción de esta naturaleza. 
Cuando se realice la ampliación, será provechoso contar con un Programa que contenga plazos y objetivos concretos, que impidan que se retrasen los trabajos medioambientales. 
Mi Grupo votará a favor tanto de la propuesta de la comisión como de todas las enmiendas que se han presentado durante estas negociaciones. 
Aunque no estamos ante un documento perfecto, creemos que es aceptable. 
Quiero referirme especialmente a la enmienda 10 que, a mi juicio, es importante. 
Me refiero al Banco Europeo de Inversiones. 
Muchos diputados se opusieron en la comisión. 
Me resulta incomprensible, puesto que se trata de una enmienda que se ocupa de algo fundamental, esto es, de la integración de los aspectos medioambientales en las demás políticas, cosa que no ha logrado el Banco Europeo de Inversiones. 
Lo que se necesita allí- que se tomen en consideración los aspectos medioambientales- debería ser algo obvio y por esa razón es tan importante que se les dé este mensaje. 
Lo mismo vale para la política de sustancias químicas, donde se necesitan normas más rigurosas. 
Señor Presidente, no es la primera vez que tengo la oportunidad de expresar ante esta Asamblea mi preocupación por la seguridad de las instalaciones nucleares y, en particular, de aquellas que presentan una trayectoria de una gestión deficiente, porque ponen en peligro las vidas y la salud de millones de ciudadanos. 
Éste es el caso de la instalación nuclear del Gobierno británico de Sellafield. 
No soy el único que tiene este punto de vista: la letanía de errores garrafales de gestión y de fallos técnicos graves es del dominio público y que han quedado de manifiesto a pesar de los esfuerzos por mantenerlos en secreto. 
Es inconcebible que el Gobierno británico se proponga justificar no sólo la continuidad de Sellafield en sus actuales condiciones de peligro, sino que además quiera aumentar sus operaciones para lo que ha encargado la instalación de tratamiento MOX. 
Debido a que está más cerca de Irlanda que de la mayoría de las zonas principales de Gran Bretaña, el Gobierno irlandés ha vuelto a expresar su firme protesta por la continuación del funcionamiento de esta peligrosa instalación. 
Como recogen las Actas de esta Asamblea, ya en una ocasión anterior hice un llamamiento a la Comisión para que ejerciera sus poderes en virtud del artículo 35 del Tratado Euratom y examinara las instalaciones nucleares de Sellafield. 
En respuesta a las preguntas de mi Grupo político, la Comisión ha confirmado recientemente que la última vez que realizó un control de este tipo fue en 1993, hace casi una década. 
Teniendo en cuenta el número de veces que todos los Grupos políticos han planteado esta cuestión en la Asamblea, ¿cómo es posible que la Comisión justifique su silencio e inactividad en una cuestión que despierta tanta alarma social? 
Pido a la Comisión que inicie inmediatamente un examen de todas las actividades en la sede de Cumbria y ruego a la Sra. Comisaria que nos ofrezca alguna garantía en este sentido en su respuesta. 
Señor Presidente, reagrupando varias directivas sectoriales como las relativas al cambio climático y a la gestión de los residuos, la Comisión desea poner en pie un programa innovador en materia de mejora del medio ambiente. 
Resultado: una verdadera maraña incomprensible para el ciudadano. 
Sin embargo, el Consejo había aceptado una posición más razonable al no fijar ni calendario ni objetivo cuantificado obligatorio. 
¿Qué desea, pues, el ponente? 
¿Es razonable introducir, por ejemplo, el principio de sustitución, que hoy no es objeto de ninguna definición política ni jurídica? 
Se plantean asimismo las cuestiones atinentes a los delitos medioambientales, al impuesto ecológico y a la legislación sobre la responsabilidad medioambiental. 
Además, con respecto a las sustancias químicas, habría que ajustarse a la resolución aprobada en noviembre último. 
Estas cuestiones cruciales para el tejido económico no pueden tratarse deprisa y corriendo en el marco de dicho informe. 
También me preocupa que se haga hincapié en la biodiversidad, habida cuenta de las dificultades de la aplicación de la red Natura 2000 tanto en Francia como fuera de este país. 
Tampoco con respecto a este asunto el enfoque aprobado es el correcto, y existen alternativas. 
Votaremos, pues, a favor de la enmienda de rechazo global. 
Sigamos siendo realistas y pragmáticos. 
Volvamos a los primeros objetivos del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente: garantizar un elevado nivel de protección teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y la diversidad en las diferentes regiones de la Comunidad. 
Creo que eso ya representa un importante reto. 
Señor Presidente, espero que podamos alcanzar un acuerdo sobre el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, preferentemente sin necesidad de llegar a la conciliación. 
Quisiera expresar mi agradecimiento, en nombre de mi comisión, a la Sra. Myller por la inmensa cantidad de trabajo que ha dedicado al presente informe. 
Hago hincapié en mi apoyo por la cantidad de trabajo que ha realizado porque lo cierto es que estoy en desacuerdo con muchas de las conclusiones a las que ha llegado. 
De cualquier modo, hemos tratado sobre este asunto de una manera tan exhaustiva que probablemente no ganaremos nada alargando el proceso hasta la maravilla de la conciliación a altas horas de la noche en Bruselas. 
Las enmiendas presentadas por la comisión y por la ponente no añaden realmente nada a la esencia y, de hacerlo, los resultados serían probablemente mermar las posibilidades de éxito del Programa de Acción Comunitario. 
Llamo la atención de la Asamblea sobre la enmienda 11, que ya ha quedado obsoleta. 
Quisiera criticar, como ha hecho el Sr. Bernié, la considerable confianza con que la ponente utiliza la jerga. 
Se vuelven a sacar viejos caballos de batalla y se les lleva exhaustos a dar una vuelta más a la pista. 
La industria química está en el punto de mira como el malo de la película y el principio de sustitución hace una bien merecida reaparición en las enmiendas que la comisión pide a la Asamblea que considere. 
Al menos en la enmienda 1- y hasta cierto punto en la enmienda 30- se da por hecho que el principio de sustitución existe como concepto plenamente definido. 
Pero no es así. 
Es una amalgama de suposiciones y sospechas amañadas por el movimiento verde como panacea universal. 
Las enmiendas hablan de esto como si de una política completamente elaborada se tratara, pero al menos deberíamos ser coherentes. 
El informe Schörling, que sometimos a votación hace unos meses, hacía un llamamiento a la Comisión para que presentara una definición del principio político de sustitución, por lo que difícilmente podemos tratar sobre él ahora como si ya existiera realmente. 
¿Necesitamos un Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente? 
No comparto el cinismo y la desesperación de algunos miembros del Grupo ELDR. 
Algún tipo de itinerario o lista de control es útil y deseable. 
La Comisión probablemente agravó errores pasados al atribuir tanto peso a la idea de un programa. 
La pobre Comisaria quería un programa más ligero y ha terminado con uno gordito. 
Asimismo lamento- y puede que ella también lo haga- que se someta el programa a toda la codecisión porque eso alarga el proceso sin aportar nada a la esencia. 
La mejor parte del Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, en mi opinión, es que se centra en la mejora de la aplicación. 
En otros tiempos queríamos un programa de acción para poder presionar al Consejo para que aprobara legislación. 
Ahora, el problema es que el Consejo aprueba legislación y luego no hace casi nada al respecto. 
Sin una mejor aplicación estaremos engañando a la población de Europa y haciéndole creer que las cosas van cada vez mejor, como el lema de la antigua campaña del Partido Laborista. 
Exactamente igual que en mi país, el Reino Unido, las cosas no van cada vez mejor; esas palabras son fáciles de decir, pero a menudo no van seguidas de ninguna acción, y nos corresponde a nosotros intentar que sí vayan seguidas de acción. 
Señor Presidente, tengo aquí mi intervención, pero debo reconocer que la Sra. Jackson me ha distraído y me ha llevado a pensar en cómo las cosas van cada vez mejor cuando llegamos a cierta edad. 
No hay ninguna duda de que la Sra. Jackson ha alcanzado esa edad y ahora piensa que en el pasado todo era mejor que ahora. 
Al igual que la Sra. Jackson, yo también deseo expresar mi agradecimiento a la ponente por su buena labor. 
Este documento merece ser aprobado en la votación, pero aún valdría más la pena aprobarlo si incluyera más enmiendas del Parlamento. 
En el ámbito de la política en materia de productos químicos, el ámbito de la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, el transporte y la protección de la calidad del aire y del agua existen propuestas claras y valiosas que podrían ser ampliadas en el procedimiento de conciliación. 
En el ámbito de la política fiscal existen sugerencias serias y sensatas en las enmiendas del Parlamento. 
No obstante, la implantación en estos momentos de cualquier tipo de impuesto medioambiental a nivel comunitario debe ser sopesada con más detenimiento. 
En estos momentos es como coger una maza para romper una serie de nueces muy diferentes, con lo que quiero dar a entender que el éxito sería muy limitado. 
Ahora debemos unirnos como Parlamento y mañana por la mañana dar el siguiente paso hacia la conciliación, en la que deberemos trabajar unidos con vistas a alcanzar un punto de vista común respecto a cómo vamos a proteger el medio ambiente de nuestro hogar común europeo y preservarlo para futuras generaciones. 
Espero con interés que mañana por la mañana podamos dar ese paso y que los Demócratas Cristianos nos ayuden a darlo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Myller. Ha conseguido que la Comisión de Medio Ambiente adopte un excelente informe. 
Lo digo sinceramente: la propuesta del Consejo es débil, carente de fantasía, no contiene objetivos concretos y es pura palabrería. 
Mi crítica se refiere también a los cuatro Ministros Verdes que sí habían prometido avances, pero que no han contribuido a ellos. 
La propuesta que tenemos ahora tampoco se puede utilizar como material de propaganda para los jóvenes, tal como opina la Comisaria Wallström. 
Por ello, debe ir a la papelera, y la mayor parte de mi Grupo respaldará la enmienda de los liberales a fin de rechazar la posición común. 
Constituye la elección política de dos grandes grupos: los democristianos y los socialistas. 
Si votan en contra de la enmienda, y ésta se rechaza, entonces también serán responsables de esta palabrería carente de contenido. 
Por supuesto, los Verdes respaldarán todas las enmiendas encaminadas a mejorarla, tal como: un 1% menos de gases de efecto invernadero por año, certificación de madera, buena madera, y madera mala, la enmienda que ya ha señalado GUE, el Banco Europeo de Inversiones, la política química con el principio de sustitución. 
Debo decir sinceramente, señora Jackson, que ésta no es una maraña de ideas verdes, es política actual en Dinamarca y en Suecia, y el nuevo Gobierno danés, cuya ideología es de derechas, no tiene la intención de cambiarla. 
El marco legal para los acuerdos voluntarios entre la industria y la Comisión Europea también es una buena enmienda, pero tengo escasas esperanzas de que estas enmiendas logren los 314 votos exigidos. 
Eso significa que finalmente los funcionarios de la Comisión Europea lograrán lo que quieren, los mismos funcionarios que propusieron que, de todas formas, no se presentara un sexto programa de acción. 
Supone, por ello, un descalabro para la política y también para la política medioambiental europea. 
El grupo democristiano, asesorado por determinados funcionarios de la Comisión Europea, es quien tiene mayor responsabilidad en ello. 
No obstante, todavía no es demasiado tarde. 
Mañana votaremos, y espero que tal vez una parte de los democristianos se dé cuenta y esté dispuesta a respaldar algunas de las enmiendas sensatas, de manera que, quizá, logremos un procedimiento de conciliación que cuente con un cierto contenido y no sólo con palabrería. 
Señor Presidente, ya desde los años 70, tenemos la costumbre en el Parlamento Europeo de colaborar en la política de medio ambiente con ayuda de los programas de acción. 
Entonces fue algo muy relevante, puesto que tuvimos que empezar casi desde cero. 
Desde entonces se ha logrado mucho, pero ahora me invade más y más un sentimiento incómodo. 
De la evaluación del quinto PAM ha resultado claramente que estamos en un callejón sin salida. 
También porque como muchos Estados miembros no ejecutan la legislación en materia de medio ambiente, los objetivos del quinto PAM no se han alcanzado. 
Me pregunto si debemos continuar con los programas en materia de medio ambiente dado que no hemos tenido éxito a la hora de redactar un programa que suponga una plusvalía en relación con lo que ya hacemos en el ámbito del medio ambiente. 
Por estos motivos, respaldaré la enmienda del Sr. Maaten que pretende rechazar la posición común del Consejo. 
No se trata de una crítica dirigida a la ponente, la Sra. Myller, o a la Comisaria, la Sra. Walström: se trata del papel del Consejo. 
Señor Presidente, avancemos en la ejecución efectiva del quinto PAM. 
La transposición y el cumplimiento de la legislación medioambiental actual son cuestiones fundamentales, ciertamente, en el marco de la ampliación. 
Señor Presidente, una posición común propuesta para la segunda lectura podría hacer pensar en un trámite meramente funcional e instrumental para abrir paso a la aplicación de las decisiones. 
Este debate, por el contrario, como han dicho muchos otros oradores, encierra algunos aspectos fundamentales que se han de definir. 
En efecto, aunque el Consejo ha aceptado la mayor parte de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, el Sexto programa marco adolece de un calendario operativo concreto, así como de una definición más concreta de los objetivos estratégicos. 
No olvidemos que el espacio temporal en el cual este programa debería actuar es de unos diez años. En consecuencia, es inimaginable un programa de trabajo aproximado en cuanto a fechas e impreciso en lo que a contenidos se refiere. 
En particular, las nuevas enmiendas del Parlamento Europeo reclaman acciones más decididas y más severas contra el peligro de los pesticidas, y esto vale tanto para los Estados miembros actuales como para los países en espera de adhesión, así como un compromiso sustancial para hacer frente al efecto invernadero, a la difusa contaminación acústica que sufrimos en todos los lugares y a cada momento y a las demasiado frecuentes catástrofes ecológicas causadas por la negligencia humana, unas catástrofes respecto a las que es cada vez más difícil determinar y depurar responsabilidades. 
Por último, las enmiendas del Parlamento Europeo están orientadas a concretar algunas de las propuestas ya recordadas y que sólo quiero resumir en al menos cuatro puntos esenciales, en cuatro ámbitos definidos prioritarios: el cambio climático, la biodiversidad, la relación entre medio ambiente y salud humana, y la eliminación de residuos. 
En temas tan vitales como estos no se puede ser sino más precisos y más responsables, ni pueden haber aplazamientos, como parece que pretende hacer el Consejo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señora Comisaria, yo quiero agradecer a la ponente, Sra. Myller, y también a los ponentes "en la sombra", y en particular a la de nuestro Grupo, el trabajo que han dedicado a la elaboración del informe. 
Yo creo que tanto la propuesta de la Comisión como el informe que ha presentado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no están exentos de méritos. 
Por lo tanto, no acabo de comprender que los Liberales y los Verdes propongan el rechazo global de la propuesta, de la posición común en su totalidad. 
Tampoco lo comprendo porque, si no me equivoco, entre los ministros de Medio Ambiente de los Estados miembros de la Unión Europea no hay sólo demócratacristianos, sino también, sobre todo, "verdes" y socialdemócratas liberales, además de miembros de nuestra familia de partidos. 
Cuando el Consejo presenta un texto, sin duda nos vemos en la necesidad de criticarlo y mejorarlo en muchos casos, pero resulta difícilmente comprensible que se declare que no tiene ningún sentido, a la vista de la citada constelación política. 
Aun así, es necesario mejorar la propuesta del Consejo, pero sin rechazarla por completo. 
Yo abogo, en particular, por que establezcamos una formulación rigurosa en lo que respecta a las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. 
La formulación del Consejo me parece demasiado blanda. 
Yo creo que cuando continuamente se repite que la protección del medio ambiente cuesta dinero, lo primero que hay que tener presente es que, evidentemente, la destrucción del medio ambiente y sus consecuencias también cuestan dinero, pero la situación todavía es más grave cuando se pagan subvenciones, o sea, dinero por la destrucción del medio ambiente. 
Esto nos brinda una oportunidad de ahorro muy eficaz. 
Yo apoyo, por lo tanto, firmemente la idea de que se supriman las subvenciones. 
La comisión competente ha fijado, sin embargo, el plazo para 2005. 
Muchos- no sólo en nuestro Grupo- tenemos problemas con esta fecha. 
Yo creo, no obstante, que en cualquier caso debemos adoptar una enmienda que endurezca el texto acordado por el Consejo. 
Tampoco deberíamos dejar en suspenso la aplicación de otros instrumentos económicos, como por ejemplo una reforma fiscal ecológica, sino seguir contemplando esta posibilidad, también en el ámbito europeo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 19.10 y se reanuda a las 21.00 horas) 
Política de productos integrada 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0419/2001) de la Sra. García-Orcoyen Tormo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la política de productos integrada (COM (2001) 68- C5-0259/2001/2117 (COS) ). 
. Señor Presidente, le confieso que ha sido una satisfacción verle entrar porque casi creí que me iba a encontrar sola en el hemiciclo. 
También le agradezco mucho a la señora Comisaria que, después de una dura jornada, esté esta noche con nosotros. 
El Libro Verde sobre una política de productos integrada debe ser el marco- a mi modo de ver- para la formulación de un conjunto de directrices y propuestas que faciliten tanto a productores como consumidores la plena utilización de los instrumentos y oportunidades que ofrece el mercado para conseguir un funcionamiento del mismo más ajustado a la práctica del desarrollo sostenible. 
Este nuevo enfoque ha de superar el enfoque tradicional- seguido hasta ahora por la Unión Europea -, basado fundamentalmente en impulsar la mejora ambiental en el sector productivo mediante normas que establecen límites a la contaminación y también mediante instrumentos voluntarios que promueven la diferenciación de empresas y productos que incorporan mejoras ambientales. 
Con respecto a estas medidas de carácter voluntario puestas en marcha desde principios de los 90, como el reglamento de cogestión y ecoauditorías europeo y la ecoetiqueta, hemos de reconocer que no han tenido el éxito esperado y, sobre todo, que no lo han tenido de forma similar en todos los Estados miembros. 
Tan sólo 3 200 empresas en toda Europa han obtenido la certificación EMAS y 350 productos pertenecientes a 70 empresas la denominada ecoetiqueta europea. 
A mi modo de ver, la principal causa de esta situación se encuentra en la rigidez del sistema y la todavía débil demanda de productos ambientalmente correctos por parte de los consumidores. 
Consciente de este problema, la Comisión ha presentado este Libro Verde sobre política integrada de productos, con mayor o menor acierto y equilibrio. En la Comisión de Medio Ambiente se ha discutido mucho sobre esto último, pero yo, desde luego, mantengo que ha habido por parte de la Comisión un interés absoluto por este tema. 
Se han planteado diferentes mecanismos con el fin de incentivar esta necesaria mejora ambiental de los productos y de su consumo. 
La propuesta contiene una serie de indicaciones que dan entrada en el terreno de juego a diferentes políticas e instrumentos de mercado, que van más allá de las exclusivamente ambientales y que, pienso, van a abrir el camino para entrar con mayor detalle y mayor desarrollo en un próximo Libro Blanco. 
Nos encontramos ante un planteamiento decisivo para facilitar que se impulse la mejora ambiental a través del mercado en la Unión Europea, lo que va a permitir fijar unos precios más justos a los productos desde el punto de vista ambiental, estimular la demanda de una forma más correcta y generalizar el uso de instrumentos de producción limpia. 
Además, creo que este planteamiento va a proporcionar una mayor fuerza a la integración de la política ambiental en otras áreas, como la económica y la social, y con ello vamos a cumplir mejor el mandato de Cardiff y Gotemburgo. 
Creo que el Parlamento, a través de sus enmiendas, ha aportado a la propuesta de la Comisión mayor precisión y claridad en cuanto a la orientación de la PPI y también sobre el papel de cada uno de los actores (empresas, administración y consumidores) , y que contempla de una manera clara el tema de la responsabilidad compartida sin que ello suponga una merma de la responsabilidad del productor, pero sí teniendo en cuenta y poniendo énfasis en la responsabilidad también de la administración y del consumidor. 
La administración, por ejemplo, puede ser un agente impulsor muy importante de un mercado ambientalmente más correcto a través de la contratación pública. 
También señala instrumentos de mercado útiles para poner en práctica la PPI: instrumentos económicos, como puede ser el tema de los incentivos fiscales, etc. 
Asimismo, el texto del Parlamento destaca la importancia de una mejor y más extendida etiqueta ecológica, la necesidad de mejorar los procesos de normalización europeos, la necesidad de fijar parámetros e indicadores sencillos de aplicar y similares en todos los Estados miembros para el ciclo de vida de los productos, sin olvidar la preocupación por no dañar la libre competencia del mercado ni de las empresas europeas. 
Señala también, por último, el papel decisivo de la información, que debe ser más clara, veraz y fluida. 
Creo que he tenido en cuenta la mayor parte de las enmiendas que se han presentado al Pleno. 
Las he aceptado y sólo he rechazado aquellas que pienso que no encajan en el marco y el contexto de un Libro Verde. 
En mi opinión, es una buena propuesta que merece ser apoyada por la totalidad del Parlamento. 
. 
(EN) Señor Presidente, a pesar de que el Libro Verde contiene sin ninguna duda elementos dignos de elogio, en términos generales nos deja la sensación de una oportunidad política perdida. 
La Comisión goza de grandes poderes institucionales, que podría utilizar para impulsar activamente el proceso de la PPI. 
Con demasiada frecuencia tenemos la sensación de que la Comisión se comporta más como un espectador que como un actor de primer orden. 
Asimismo necesitamos más opiniones compartidas, más conexiones explícitas entre el proyecto de PPI, el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente y la Estrategia del Desarrollo Sostenible. 
Nos gustaría que estas conexiones fueran mucho más explícitas. 
Resumiendo varias otras cuestiones que preocupan a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, creemos que la estrategia tiende a depender demasiado de los acuerdos voluntarios. 
No hay duda de que éstos tienen un papel que desempeñar, pero no pueden sustituir la regulación; deberían ser considerados como un complemento de dicha regulación. 
Como mínimo, necesitamos referencias, objetivos y calendarios sumamente precisos para cualquier tipo de acuerdo voluntario, de manera que podamos garantizar que funcionan. 
El Libro Verde además se centra casi exclusivamente en productos, y no en servicios y, por consiguiente, desaprovecha montones de oportunidades potenciales de dotar de un componente ecológico a un sector cada vez más amplio de nuestras economías. 
Quizá una de las principales carencias del Libro Verde es su escasa consideración del contexto más amplio del comercial internacional en el que, lamentablemente, la legalidad de algunas de sus propuestas sería cuestionable. 
La eficacia de la estrategia PPI se verá fuertemente mermada a menos que la Comisión reconozca explícitamente la necesidad de introducir reformas en la Organización Mundial del Comercio, en particular, para poder exponer sus medidas. 
Asimismo, con respecto a la contratación pública, la adjudicación de contratos públicos ecológicos tiene una importancia fundamental, pero actualmente existen obstáculos para hacerlo realidad, algo que debería haber sido reconocido más abiertamente en el Libro Verde, junto con la inclusión de estrategias para buscar solución al problema. 
Es muy significativo que en su opinión, la Comisión de la Regiones haga referencia específica a la capacidad tan limitada de las autoridades locales y regionales para adoptar medidas cuando se trata de adjudicar contratos públicos ecológicos, y observa que ya se ha emprendido acción legal contra varias ciudades que han intentado aplicar una política ecológica en la adjudicación de contratos públicos. 
Éstas son las cuestiones que deben ser modificadas. 
Esperamos con interés la aparición de un nuevo Libro Blanco ambicioso en el futuro próximo. 
Señor Presidente, este informe recorre los difíciles caminos que deberían poner en contacto el necesario incremento de la producción de bienes de consumo y de servicios con las necesidades de protección ambiental. 
He valorado altamente la propuesta de la Comisión, la concreción de la señora ponente y la severidad y la serenidad con las cuales ha abordado el tema. 
Cada producto tiene su ciclo de vida que comienza en el momento en que se ofrece al público que, al utilizarlo, lo pone inmediatamente cara a cara con su sostenibilidad ambiental, un término algo difícil, pero que hoy todo el mundo comprende. 
Es una relación complicada que no se agota con la utilización y con la conclusión, por así decirlo, de la vida del bien. 
Con frecuencia los problemas más serios surgen en el momento en que el producto, una vez cumplida su función, debe ser destruido, jubilado y, en definitiva, eliminado del mundo en que ha cumplido su función. 
Es entonces cuando que se presentan las repercusiones más delicadas desde el punto de vista medioambiental, porque no todos los productos son eliminables con la misma tecnología ni tienen el mismo grado de peligrosidad o el mismo nivel de biodegradabilidad. 
Por esto, la Comisión propone una iniciativa que afronta de manera decidida e inmediata la cuestión: para que un bien sea fácilmente eliminable al final de su ciclo de vida, debe ser programado para dicho fin desde su formulación y éste es el aspecto más estimable de este informe. 
De ahí, la propuesta de crear incentivos para promover estudios previos de una mejor información de los productores sobre las tecnologías y la elección de materias primas que sirvan para dicho fin. 
La propuesta no pasa por alto un aspecto que podría convertirse en un obstáculo en el enfoque con el mundo de la producción: los costes. 
En términos bastante concretos en el texto se dice que además de incentivar las ayudas a los productores que soportan mayores costes para ofrecer estos bienes biodegradables, es preciso asimismo poner a punto una política de precios que les permita diferenciar en el mercado las tarifas y una vez más, por qué no, de diferenciar también la carga fiscal. 
En definitiva, hay que prestar atención a quien se esfuerza a ayudar al medio ambiente y a ayudarnos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, fabricamos productos y luego ¿qué debemos hacer con un producto cuando se acaba su ciclo de vida? 
El Libro Verde está dedicado a responder a esta pregunta atendiendo a los aspectos ecológicos. 
Las respuestas que le hemos dado hasta ahora han sido insuficientes a mi parecer. 
Las consecuencias son conocidas: unas cargas considerables para el medio ambiente como resultado de la producción y la utilización de los productos, asociadas también a repercusiones para la salud de los trabajadores y los consumidores. 
No debemos seguir manteniendo esta política sino que, por el contrario, tenemos que empezar a aplicar seriamente una política integrada. 
Ésta nos permitiría ahorrar costes financieros y nos evitaría tener que remediar luego los daños ecológicos. 
También por estas razones necesitamos una estrategia encaminada a desarrollar productos y servicios más ecológicos. 
El presente informe, completado con las enmiendas adoptadas en comisión, ofrece un buen marco para una política de orientación ecológica en relación con los productos. 
La propuesta de la Comisión no resultó, sin embargo, demasiado útil para el proceso de debate en nuestra comisión. 
Los enunciados del documento están formulados de manera vaga, no es posible identificar ninguna estructura para seguir avanzando y tampoco encontré indicios de un proceso coordinado de debate. 
Yo no creo que se pueda conseguir el apoyo de ningún empresario ni ningún consumidor mediante un cajón de sastre de propuestas a favor de unos productos más ecológicos. 
La Comisión debe procurar que los enunciados de sus trabajos posteriores sean más claros. 
Para mi Grupo es importante que la totalidad de los costes medioambientales se incluyan en el precio del producto. 
Sin embargo, también se deberían conceder incentivos fiscales que permitan adquirir productos más ecológicos a los consumidores menos favorecidos.. 
Es preciso prestar más atención a las normas europeas relativas a los productos, pero también los servicios se deben prestar tomando en consideración los aspectos ecológicos. 
Otra opción para la creación de un mercado de productos ecológicos sería, por ejemplo, la aplicación de instrumentos de orientación económica. 
Deberíamos examinar su aplicación y su eficacia y garantizar, como un aspecto sumamente importante, que no se desvirtúe la legislación de la UE en materia de protección del medio ambiente.. 
La ponente ha realizado un buen trabajo habida cuenta de lo insatisfactorio de las propuestas de la Comisión. 
Las futuras actuaciones no se deben limitar, sin embargo, a las aportaciones al debate. 
Necesitamos urgentemente propuestas concretas para el fomento de unos productos más ecológicos. 
Es necesario sensibilizar a los productores y consumidores con respecto a la calidad ecológica de los productos. 
El presente informe constituye un primer paso, pero todavía falta trabajar en la elaboración de los contenidos concretos. 
Señor Presidente, no seré demasiado crítica sino que intentaré mirar hacia el futuro, hacia un próximo Libro Blanco, antes que discutir la algo extraña propuesta de Libro Verde. 
En el sector de la seguridad alimentaria, que es donde más trabajo, por fin se ha llegado, después de numerosos escándalos y catástrofes, al principio "de la tierra a la mesa", que es muy eficaz cuando se quiere legislar y cuando se intenta entender las cosas en su contexto. 
Me gustaría que el Libro Blanco se fundamentase en principios relativamente uniformes, de manera que fuese posible seguir una línea para cada producto y verlo en su contexto: las materias primas- fungibles o renovables -, la energía, las sustancias químicas, el organigrama del producto y los aspectos logísticos, que son particularmente interesantes cuando hay enormes volúmenes de productos, como es el caso de los alimentos, del agua y de las sustancias químicas de uso doméstico. 
Más de la mitad de los transportes por carreteras son de estos productos y consumen muchos recursos, a pesar de que tal vez ni siquiera los consideramos productos. 
Por eso deberíamos tener una estrategia en la que se pudiese seguir la pista de todo, en la que pudiésemos hacer un seguimiento de los productos y que se fundamentase en principios uniformes, ya sea que se trate de un automóvil o de un paquete de salchichas para la comida. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por su resolución sobre el Libro Verde de la Comisión y recordarles que es un Libro Verde; el inicio del debate sobre la política de productos integrada. 
En particular, quisiera agradecer a la Sra. García-Orcoyen Tormo que haya sido una ponente tan comprometida sobre este tema intrigante y difícil. 
También quisiera agradecerles sus intervenciones. 
Estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho durante este corto debate. 
En lo que se refiere a reducir las repercusiones medioambientales de los productos durante toda su vida útil, el objetivo de la PPI es fundamental para buscar soluciones a nuestros problemas medioambientales. 
Por esta razón, la PPI es una medida clave dentro del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible también hace hincapié en su importancia. 
La dificultad a la que nos enfrentamos es el elevado número de productos que se comercializan actualmente, productos que, a menudo, tienen una larga cadena de suministro en la que intervienen muchos agentes diferentes. 
Por este motivo es imposible desarrollar un instrumento que sirva para todos. 
En cambio, necesitamos una variedad de instrumentos, y la decisión sobre cuál de ellos utilizaremos dependerá de cuál es el más eficaz en cada eslabón de la cadena de suministro. 
Estos instrumentos pueden ser voluntarios y obligatorios. 
Reconozco que las medidas voluntarias deberían ser complementarias y que deberíamos asegurarnos de que no constituyen el único instrumento que se utiliza. 
A la hora de pensar en la PPI a nivel europeo, también deberíamos reconocer la experiencia adquirida en varios Estados miembros- Dinamarca, Alemania, Suecia e Italia, por nombrar sólo algunos. 
Por consiguiente, existe una aceptación muy extendida del concepto, así como un interés en el mismo. 
En 1999, el Consejo de Medio Ambiente extraordinario pidió a la Comisión que presentara un Libro Verde sobre el tema. 
En consecuencia, presenté este documento para iniciar el debate sobre la forma que debía adoptar la PPI europea. 
Las reacciones de los 130 interesados que presentaron sus comentarios fueron generalmente positivas, pero lo que se replicó es lo que ha quedado reflejado aquí, a saber, que a veces se la considera demasiado blanda y que no es realmente un concepto comprensible. 
Pero suena bien, como suele decirse, y en general las opiniones del Consejo, del Comité Económico y Social y de la Comisión de las Regiones también han sido favorables. 
El Libro Verde propone una estrategia y herramientas para hacer realidad una PPI europea. 
Muchas de estas herramientas ya existen- legislación sobre contratación pública, ecoetiquetado europeo y EMAS, por nombrar sólo algunas. 
En otros ámbitos tendremos que ser innovadores y pensar en nuevos instrumentos. 
El Libro Verde intenta sondear las opiniones de los interesados sobre el camino que debemos seguir. 
La Comisión obró así no sólo porque quería desarrollar la mejor política posible, sino también porque el éxito de la PPI depende de la participación activa de todas las partes interesadas. 
La resolución del Parlamento pone punto final a este proceso de consulta a las partes interesadas y nos permitirá desarrollar el Libro Blanco. 
De dicha resolución y de los comentarios de todos los interesados resulta evidente que el Libro Blanco debe comenzar por abordar problemas medioambientales concretos. 
Eso es lo que hemos aprendido de este debate. 
Los temas como el cambio climático, productos químicos peligrosos y la biodiversidad nos afectan a todos. 
Si tomamos los problemas medioambientales como nuestro punto de partida en vez de como instrumentos, podremos transmitir mejor la idea de que la PPI es algo más que una simple colección de herramientas, algo que posiblemente no hayamos tenido suficientemente en cuenta en el Libro Verde. 
Debemos relacionarla con problemas medioambientales concretos para describir cómo hacer uso de estos instrumentos. 
Esto es también a lo que se refería la Sra. Paulsen. 
Estas herramientas seguirán siendo importantes. 
Debemos seguir desarrollándolas porque no podemos ocuparnos individualmente de millones de productos. 
No obstante, yo también estoy llegando a la conclusión de que debemos centrar nuestras acciones en productos y sectores concretos. 
Así lo sugiere acertadamente el Parlamento en los apartados 24 y 25 de su resolución. 
Asimismo deberemos exponer la estrategia para la aplicación de la PPI y sus ventajas, y la Comisión deberá estudiar detenidamente las medidas dentro del ámbito de la PPI, así como su relación con otras políticas. 
Tengo intención de pedir a la Comisión que adopte este documento en el transcurso del segundo trimestre del presente año. 
Muchas gracias, señora Comisaria Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Europa y el espacio 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0451/2001) del Sr. Alyssandrakis, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Europa y el espacio: un nuevo capítulo" (COM (2000) 597- C5-0146/2001/2072 (COS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, la propuesta de la Comisión Europea que examinamos se refiere al desarrollo de una política espacial, no ya a escala de cada uno de los países miembros, sino del conjunto de la Unión Europea. 
Ha sido redactada en colaboración con la Agencia Espacial Europea, y propone tres ejes de acción: reforzar la base de las actividades en el espacio, mejorar los conocimientos científicos y cosechar beneficios para los mercados y la sociedad. 
El informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respalda estos ejes de acción y reconoce los beneficios globales que se derivarán del desarrollo de actividades espaciales. 
No cabe duda de que el desarrollo de los sistemas de lanzamiento constituye condición necesaria para cualquier otra actividad en el espacio. 
Se trata de un sector en el que podemos avanzar a partir de la tradición y la tecnología de los países europeos, desarrollada desde hace décadas sobre todo con el sistema de lanzamiento Ariane. 
El segundo eje de acción se percibe con toda naturalidad, puesto que el espacio es el lugar ideal para desarrollar la investigación que no es posible en la tierra. 
Por ejemplo, investigación astronómica sobre radiaciones que no atraviesan la atmósfera terrestre, investigación bajo condiciones de ingravidez, etcétera. 
El tercer eje es singularmente amplio e incluye todas las así llamadas aplicaciones espaciales. 
Aplicaciones que van desde las telecomunicaciones por satélite hasta la navegación y la observación de la Tierra, y que hoy ya son parte inseparable de nuestra vida cotidiana. 
Quisiera en este punto destacar que para que la sociedad humana pueda realmente beneficiarse de las actividades espaciales resulta absolutamente imprescindible que el espacio no se convierta en campo de competencia militar. 
Es particularmente relevante, en mi opinión, el hecho de que el informe de la Comisión resalte desde el primer apartado del texto que las actividades espaciales han de ponerse al servicio exclusivo de fines pacíficos. 
Con especial preocupación, señor Presidente, he tenido conocimiento de la presentación de una enmienda que propone añadir la frase «objetivos que podrían eventualmente incluir aplicaciones militares en el marco de operaciones de paz». 
Una enmienda cuya aprobación abriría el camino a cualquier actividad militar en el espacio. Bastaría pegar la etiqueta «operaciones de paz» ; y hemos visto no pocos casos semejantes en la Tierra los últimos años. 
Se trata, en definitiva, de una suerte de caballo de Troya que adulteraría el carácter del informe. Sería como abrir el odre de Eolo; y quien siembra vientos... 
Llamo a todos los miembros de esta Cámara a mantener el texto de la Comisión. 
Igualmente, les propongo adoptar las enmiendas 2, 3 y 4, que proceden del dictamen del Sr. Souladakis. 
Quiero destacar, señor Presidente la enorme trascendencia de una clara toma de posición en contra de la militarización del espacio, especialmente tras la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse del Convenio contra los Misiles Antibalísticos y de su insistencia en desarrollar el llamado escudo antimisiles. 
En la voluntad de registrar las consecuencias de esta actitud, he presentado la enmienda 5. 
Permítame también señalar que en mi opinión ciertos aspectos de la llamada iniciativa GMES implican actividades militares. 
La materialización de la política espacial es igualmente objeto de nuestro debate. 
En nuestro continente viene funcionando desde hace bastantes años, sobre la base de la cooperación entre estados, la Agencia Espacial Europea, que ha desempeñado un papel determinante en el desarrollo de actividades espaciales en los países europeos. 
Es, por tanto, de lo más natural que se dé una estrecha colaboración entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea; una colaboración que ya ha rendido frutos. 
El informe de la Comisión destaca el papel de la Agencia Espacial Europea y propone su futura incorporación a la Unión Europea, aun con su propia entidad y autonomía. 
Personalmente, permítame expresarlo, no estoy de acuerdo con esta perspectiva. 
Me temo que, de proceder así, la Agencia Espacial Europea perdería totalmente su entidad y autonomía; la entidad que le ha facilitado convertirse en protagonista a escala mundial. 
La cooperación internacional es condición sine qua non para el desarrollo del sector espacial, y con toda razón el informe de la Comisión la menciona positivamente, destacando la necesidad de reforzarla no sólo con la Federación Rusa, los Estados Unidos, China y Japón, sino también con países menos desarrollados a los que la Unión Europea podría ofrecer acceso al espacio. 
Finalmente, señor Presidente, quiero referirme al asunto de la financiación. 
A nadie se le escapa que el acceso al espacio rinde frutos pero cuesta mucho dinero. 
El Sexto Programa Marco de financiación de la investigación señala el ámbito del espacio y la aeronáutica como uno de los sectores prioritarios. 
Esto es señal de buenas intenciones, pero no es suficiente. 
Un compromiso global sería deseable y necesario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, el debate de hoy es de gran importancia para el futuro de la política espacial de la Unión Europea. 
Espero y deseo que las directrices que emanen de la resolución que finalmente adoptemos resulten beneficiosas para nuestros pueblos y para toda la humanidad. 
. (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión de Asuntos Exteriores, tras examinar la propuesta de la Comisión, comparte, de entrada y en términos generales, las directrices que marca. 
Observamos, sin embargo, que la PESC es abordada como un asunto relacionado más con la economía y el desarrollo que con la defensa y la seguridad, con todo lo que esto pueda significar para Europa. 
La causa sea posiblemente el hecho de que la PESC se encuentra todavía en fase de definición. 
En este sentido, considero que en la fase siguiente esta propuesta se desarrollará plenamente por lo que respecta a los sistemas de política exterior y de defensa. 
Por lo que se refiere, ahora, al contenido, hay que hacer algunas observaciones: primero, las múltiples políticas existentes en los países europeos, que de alguna manera deben unificarse. 
Segundo, en relación con las cuestiones del uso militar del espacio; de hecho, el uso militar del espacio resulta invitable, pero para fines pacíficos. 
Es el caso, por ejemplo, de operaciones tipo Petersberg. 
En todo caso, nuestra comisión no está de acuerdo con el uso militar propio de la famosa política de la «guerra de las estrellas». 
Es decir, el uso para defensa antimisiles, mediante instalaciones en el espacio, o para las guerras de destrucción de los satélites. 
Así pues, bajo estas condiciones, la opinión de nuestra comisión es que debe avanzar esta política, en la que estamos de acuerdo, con criterios como la aplicación pacífica de todos estos métodos, la unificación de las políticas, y la inclusión de todos las acciones en una única política europea; puesto que, en definitiva, los países europeos no deben permitir que la seguridad de sus telecomunicaciones y su propia seguridad dependan de sistemas de satélites ni de los Estados Unidos ni de Rusia. 
En este sentido, y más allá de su contribución al desarrollo, esta iniciativa está revestida de interés político y ha de ser considerada, en consecuencia, de capital importancia para la política común europea exterior, de defensa y de seguridad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero expresar mi agradecimiento al colega Alyssandrakis por la buena colaboración mantenida. 
A partir del Consejo de Lisboa, en Europa nos hemos fijado el ambicioso objetivo de ocupar el primer lugar en el mundo y esto también incluye, naturalmente, los sectores de la tecnología y la ciencia, y no pienso ahora primordialmente en el sistema de votación electrónica que ensayamos ayer, sino en otras técnicas de mayor envergadura, como por ejemplo las telecomunicaciones, la observación de la Tierra y la protección del medio ambiente. 
Europa tiene que aunar sus fuerzas en estos ámbitos y así lo demuestra la experiencia del pasado. 
Airbus y Ariane, con sede en Toulouse, son proyectos modélicos que demuestran que Europa, cuando aúna sus fuerzas, puede ser competitiva a escala mundial. 
La concentración de la industria es cada vez mayor y en este contexto es necesario que la Unión Europea, la AEE y los Estados miembros también creen conjuntamente estructuras europeas que permitan una cooperación unificada y más eficaz. 
Por otra parte, habría que plantearse asimismo una cooperación que trascienda el marco de Europa. 
No pienso sólo en los Estados Unidos, sino también en Rusia y China. 
Una política de investigación europea se debería configurar, naturalmente, de manera que también resulte atractiva para las nuevas generaciones en este ámbito. 
Yo mismo procedo de la industria aeronáutica y espacial y he podido observar la progresiva reducción del número de jóvenes que estudian estas materias en los últimos años. 
Tenemos que tomar cartas en el asunto directamente y no confiar en la inmigración como hacemos en otros ámbitos. 
Por otra parte, también necesitamos unos objetivos claros. 
Por esto instamos encarecidamente a los Estados miembros a que se pronuncien con claridad a favor del proyecto Galileo. 
La industria debería desempeñar asimismo un papel de vanguardia en este contexto. 
En el futuro será importante que la responsabilidad no la asuman exclusivamente organismos estatales, sino que la industria también contribuya a desarrollar servicios útiles para los ciudadanos y que se puedan comercializar. 
Antes de acabar, quiero detenerme en un aspecto importante que se ha mencionado antes; me refiero a la llamada militarización del espacio. 
Yo no creo que Europa deba desarrollar una iniciativa de defensa estratégica, una "guerra de las galaxias". 
No obstante, me parece muy dudoso que ésta se pueda equiparar al uso militar. 
En efecto, no hablamos de una militarización de las telecomunicaciones simplemente porque el Ejército federal utiliza el teléfono. 
Queremos contar con una política exterior y de seguridad europea, queremos contar con unas tropas de intervención rápida, enviamos soldados a otros países y estas tropas deben disponer de la debida información. 
Por lo tanto, es indudable que debemos contemplar la posibilidad de llegar a ser independientes en este aspecto a escala europea y poder utilizar nuestra propia infraestructura, que nos permita asumir debidamente la responsabilidad de velar por nuestros soldados y la responsabilidad política en este ámbito. 
Por esto yo les pido que voten afirmativamente la enmienda que he presentado junto con Giles Chichester. 
En realidad, no está justificado hablar de una iniciativa de defensa estratégica en este contexto, sino que el objetivo es hacer un uso razonable de la infraestructura al servicio de los intereses europeos. 
Señor Presidente, me sumo a los colegas que han felicitado al Sr. Alyssandrakis por su informe sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: "Europa y el espacio: un nuevo capítulo". 
No es el primer informe sobre el tema del espacio que elabora el Sr. Alyssandrakis y, sospecho, que tampoco será el último. 
El Grupo Socialista apoyará el informe. 
Creemos que el espacio tiene importantes aplicaciones civiles e industriales. 
Europa no puede permitirse quedar relegada. 
Europa no puede permitirse que los Estados Unidos y las otras potencias espaciales- Rusia, China y Japón- nos dejen atrás. 
Debemos seguir desarrollando la base tecnológica de las actividades espaciales, en particular, cohetes lanzadores, para poder alcanzar algún día la independencia europea. 
En el camino hacia la independencia europea, es posible que debamos trabajar con los que intentan dar alcance a la enorme ventaja de los Estados Unidos. 
Por ello acogemos con satisfacción la declaración en el informe de que la investigación espacial es uno de los temas prioritarios del Sexto Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico. 
Europa, a menos que obtenga un acuerdo inequívoco con los Estados Unidos en el sentido de que podrá tener acceso en todo momento al sistema SPG, deberá trabajar con otros dentro y fuera de la Unión Europea, en el sector y el gobierno, para desarrollar su propio sistema independiente. 
Podemos apoyar la enmienda del Sr. Chichester sobre la posibilidad de incluir aplicaciones militares con fines de mantenimiento de la paz. 
Al mismo tiempo, apoyamos la enmienda del ponente, la enmienda 5, en la que lamenta la retirada de los Estados Unidos del Tratado Antimisiles Balísticos, así como el avance de la defensa nacional contra misiles, que creemos que desencadenará una nueva carrera armamentista en Asia Oriental. 
Para dejar perfectamente clara nuestra posición, también estamos dispuestos, si se aprueba la enmienda 1, a apoyar la enmienda 2 del ponente, en el sentido de que creemos que el espacio debería utilizarse para crear la paz y no conflictos. 
No consideramos que éstas sean contradictorias, sino más bien que establecen un límite que no deseamos sobrepasar. 
Espero que en la votación de mañana consigamos lo que nos proponemos, como he expuesto esta noche. 
Quisiera sumar mi enhorabuena al ponente y centrarme en sólo un tema clave en el breve tiempo de que dispongo, a saber, los peligros de la militarización del espacio. 
Muchos ciudadanos europeos critican duramente los planes de los Estados Unidos de instalar el sistema de defensa nacional antimisiles porque, acertadamente, lo ven como un sistema ofensivo que sin duda pondrá en marcha una nueva y costosa carrera armamentista internacional. 
¿Cuánto mayor sería su preocupación si conocieran los objetivos de algunos de sus propios políticos y legisladores? 
No me refiero a los que estamos aquí, pero hay otros que aspiran a lanzar su programa de cosecha propia de la Unión Europea para militarizar el espacio. 
Eso es en lo que algunos desearían convertir el programa espacial europeo. 
Debemos enviar un mensaje inequívoco con el presente informe para dejar perfectamente claro que cualquier uso que se emprenda del espacio será únicamente con fines pacíficos y de conformidad con el Derecho internacional. 
Por eso acojo con especial satisfacción el hecho de que el Sr. Alyssandrakis haga hincapié en su informe en este sentido y agradezco las enmiendas que ha presentado para reforzar aún más esta tesis. 
De esto se deduce que también lamento muy profundamente las enmiendas del Grupo PPE, que vuelven a introducir esa idea de utilizar el espacio para aplicaciones militares. 
Aunque acepto que se haya incluido en el contexto de las denominadas operaciones de mantenimiento de la paz, no deja de preocuparme que éste sea el inicio de un camino peligroso. 
Me alegra mucho que el Sr. Radwan esté en contra de una Guerra de las galaxias de la UE, pero siento gran preocupación de que sus intenciones puedan ser mal interpretadas: otras personas podrían ver el mantenimiento de la paz en un contexto diferente del suyo. 
Debemos recordar también el contexto del informe publicado por la Agencia Espacial Europea en diciembre de 2000, en el que los denominados Tres Sabios examinaron el futuro de la AEE y llegaron a la conclusión, en sus propias palabras, de que embarcarse en el desarrollo de un sistema de defensa europeo, que incluya un componente espacial, contará con una parte significativa de inversión pública europea. 
Dicho informe dice además que se considera lógico hacer uso de las capacidades de la AEE también para el desarrollo de los aspectos de la política espacial europea más orientados hacia la seguridad. 
Todo esto viene a sumarse a la posibilidad perfectamente real de que la política espacial europea adopte un componente específico militar y, por consiguiente, es oportuno y urgente enviar con el presente informe el mensaje de que queremos preservar el espacio para fines pacíficos. 
Señor Presidente, sumo mi felicitación al Sr. Alyssandrakis por su informe y por la labor que ha dedicado a este campo en particular de las actividades de nuestra comisión. 
Mi primera observación es que la utilización del espacio para investigación y para aplicaciones no comerciales a menudo se ve eclipsada en el amplio mundo porque carece del excitante atractivo de proyectos como los alunizajes de la misión Apolo, pero sin embargo es sumamente importante, como resalta el presente informe. 
Acojo favorablemente los objetivos expuestos en la Comunicación sobre política europea. 
Confieso que me gusta de manera especial el apartado 10, que hace un llamamiento al sector para que realice mayores esfuerzos encaminados a la explotación comercial del espacio. 
Es una manera importante de avanzar. 
Queremos una participación mucho mayor del sector en la explotación del espacio. 
Me parece que el presente informe es algo así como un aperitivo- o una entrada- del informe Galileo, que estudiaremos el mes próximo en nuestro período parcial de sesiones de Estrasburgo. 
El apartado 12, en particular, hace referencia a Galileo como parte de la estrategia europea y a su importancia para el transporte. 
Deberíamos tomar buena nota de eso. 
Debemos reconocer las dificultades para obtener financiación para la explotación del espacio, la investigación espacial, la utilización del espacio. 
Asimismo acojo con especial satisfacción la referencia que hace el informe a la necesidad de cooperación internacional en la que participen otras potencias y países asociados. 
Vuelvo sobre la cuestión de utilizar las aplicaciones militares para operaciones de mantenimiento de la paz. 
Si somos realistas, necesitamos financiación con cargo a los presupuestos de defensa para proyectos espaciales en numerosos ámbitos. 
No debería asustarnos recurrir a esa fuente de financiación para aplicaciones encaminadas al mantenimiento de la paz. 
Es muy importante hacer hincapié en esto. 
Lamento que al Sr. Alyssandrakis le haya asustado mi referencia a las aplicaciones militares. 
Debería tomar nota mejor de la frase "operaciones para el mantenimiento de la paz" 
Señor Presidente, señora Comisaria, "y sin embargo se mueve". 
Estas palabras de Galileo Galilei se pueden aplicar a la actual situación de la política espacial europea. 
Cuando recuerdo ahora la interminable pugna en torno a la instalación del sistema de navegación por satélite Galileo, debo reconocer que también yo no dejaba de tener mis dudas. 
Por esto me alegra particularmente que existan planteamientos positivos encaminados a dar un nuevo impulso a la presencia espacial europea. 
Ésta es urgentemente necesaria o, de lo contrario, Europa perderá su conexión con este importante segmento de la alta tecnología con perspectivas de futuro. 
Tanto si nuestros trabajos se centran en los sistemas de comunicaciones, de navegación o de observación, los satélites desempeñan un papel decisivo en este contexto. 
No debemos cometer el error de confiar tranquilamente en los sistemas ya existentes de otras naciones, aunque sean amigas. 
No, al contrario, tenemos que demostrar nuestra capacidad en este ámbito, pues sólo así dispondremos de una libertad operativa fiable y la industria europea tendrá la oportunidad de aspirar a un futuro saneado. 
Hablo por propia experiencia, en mi calidad de ponente del Parlamento sobre el sistema de navegación por satélite europeo en diversas ocasiones. 
En Europa contamos con un potencial tan valioso en este ámbito que sencillamente no debemos desperdiciarlo. 
Nuestra consigna debe ser "manos a la obra". 
Esto requiere imprescindiblemente una señal política. 
La primera etapa ha de ser la elaboración de una estrategia espacial coherente. 
La Comisión ha realizado un excelente trabajo en este sentido. 
Yo apoyo decididamente las líneas de acción propuestas. 
Europa debe conceder en adelante una mayor importancia a su presencia en el espacio. 
Permítanme que resuma mis prioridades para la política espacial europea con un par de conceptos que tal vez puedan sonar paradójicos: independencia y cooperación. 
Independencia significa contar con nuestras propias fuerzas, unas estructuras autónomas, unos puestos de trabajo con perspectivas de futuro. 
La cooperación designa, en cambio, la compatibilidad y el intercambio, a fin de fortalecer las relaciones de la UE. 
Es preciso dar un nuevo impulso a la política espacial. 
Señor Presidente, desearía felicitar a nuestro colega Alyssandrakis por este excelente informe doctrinal que nos incita a crear una política comunitaria espacial. 
Dicho esto, habida cuenta de la aplicación de Galileo, considero que aún estamos muy lejos de la realidad y que no debemos abandonar una ventaja real por una esperanza incierta. 
En otros términos, hoy el plano gubernamental demuestra que funciona mejor que el comunitario. 
En efecto, en todas partes del mundo el desarrollo del espacio no puede realizarse si no se reúne cierto número de condiciones. 
Primero, no hay que temer a los proyectos públicos financiados con créditos públicos. 
El mercado no sirve para todo; no sirve para los cohetes norteamericanos, ni para los cohetes rusos ni para los cohetes franceses. 
En segundo lugar, no debemos olvidar que el ámbito militar financia una gran parte del civil. 
Si se rechaza el dualismo surgirán muchas dificultades para lanzarse a la Europa espacial, y es evidente que- como han podido observar en el caso de Galileo- el pacifismo de nuestra Asamblea constituye finalmente una concesión al militarismo norteamericano. 
Creo que hay que tener esto bien metido en la cabeza. 
Los norteamericanos han dicho: no queremos el proyecto Galileo porque entorpece nuestra coherencia estratégica y militar en relación con el GSP. 
Por fin, se necesita asimismo una verdadera política industrial. 
Ahora bien, creo que hoy aún no cumplimos con estas condiciones. 
Lo lamento, pero ese es el camino que se debe seguir si deseamos que un día la Unión sea la potencia espacial que debería ser y que debe ser si quiere mantener un elevado nivel tecnológico. 
Concluyo diciendo que pienso que en materia espacial, si se quiere avanzar, hay que iniciar una cooperación reforzada con aquellos que lo desean y descartar a aquellos que no lo desean. 
Y no sólo con respecto a Galileo, sino también con vistas al futuro de una política espacial europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ante todo doy las gracias al ponente por este informe que expone las orientaciones que han de seguirse para iniciar una nueva etapa en materia de política espacial europea. 
Si hoy he querido intervenir sobre el tema del espacio, es porque se trata de una cuestión que me interesa particularmente y porque tengo la suerte de vivir en Toulouse, donde estamos inmersos- como ha dicho el Sr. Radwan- en la aeronáutica espacial. 
En efecto, dos de los mayores subcontratistas mundiales en materia espacial están instalados en dicha ciudad y, en Francia, muchas de las actividades de la Agencia Espacial Europea están agrupadas en el seno del Centro Nacional de Estudios Espaciales. 
Todos sabemos que la observación de nuestro medio ambiente, la prevención de los riesgos, la defensa de nuestro territorio, se llevan a cabo gracias a los satélites, que desempeñan un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana. 
Y las ventajas de una política coordinada en materia espacial son, pues, evidentes y permiten que la cooperación avance. 
Como ya se ha dicho, ahora debemos pasar a la fase superior y crear una verdadera política europea. 
Y en este ámbito, donde la Unión Europea cuenta con un enorme potencial- como lo ha dicho la Sra. Langenhagen -, ésta debe dotarse de los medios para llevar a buen puerto dicha empresa. 
Ahora bien, la falta de decisiones sobre la continuación del proyecto europeo de navegación por satélite Galileo constituye un ejemplo lamentable de lo que debemos evitar. 
Las inversiones realizadas son importantes y no podemos permitirnos estos retrasos para ponernos de acuerdo, puesto que, cada vez que lo hacemos, perdemos credibilidad. 
Pero sé- como todos lo sabemos -, señora Comisaria, que usted pone toda su energía en el logro de dicho proyecto. 
El Consejo de "Transportes" del próximo mes de marzo debe tomar una decisión sobre la continuación de Galileo, y nuestra Asamblea debe ejercer toda su influencia para que se consiga. 
En el Consejo Europeo de Laeken los representantes de nuestros Estados se comprometieron a dotar la política común de seguridad y defensa de una mayor operatibilidad. 
Como subraya el informe, si las actividades vinculadas al espacio deben tener objetivos únicamente pacíficos, se pueden incluir- como lo pide la enmienda de los Sres. Chichester y Radwan, en nombre del Grupo PPE-DE- utilizaciones militares para operaciones de mantenimiento de la paz. 
¿Cómo puede concebirse que la Unión Europea desarrolle una política común de defensa si para ello no se dota de los medios técnicos en el plano espacial? 
Señorías, debemos establecer un marco realista y coherente para nuestra política espacial. 
Está en juego la protección de nuestro medio ambiente, la seguridad de nuestros individuos y el mantenimiento de la paz. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quiero darle la enhorabuena por su continuidad en el cargo. 
Le debemos agradecer que en la Convención sobre la Carta de los Derechos Fundamentales no dejara de recordar en todo momento los valores religiosos y los reivindicara. 
Los valores europeos se convierten a menudo en una frase vacía de contenido. 
Sin embargo, la situación podría ser muy distinta en el caso del informe que estamos debatiendo, ya que éste brinda a Europa la oportunidad de demostrar, en un ámbito muy importante, que nosotros no actuamos como lo hacen otros. 
Podemos transformar el espacio en un espacio de libertad. 
También esto está muy relacionado con los principios. 
Por otra parte, nos encontramos con la enmienda 1 que dice: "que también podrá incluir un uso militar para el desarrollo de medidas de mantenimiento de la paz." 
El uso del espacio para el desarrollo de medidas de mantenimiento de la paz; si quisiéramos polemizar, podríamos replicar ¿contra quién? 
¿Contra los hombres de Marte infiltrados o para el uso- como ha apuntado el Sr. Chichester- de un complejo militar-industrial que todavía está por crear en Europa? 
Con ello, a la larga acabaríamos introduciendo por la puerta trasera justamente la dependencia del complejo militar-industrial que tanto marca a la única superpotencia que subsiste en la actualidad; todo ello sin dejar de invocar los valores europeos. 
¡Sería una hipocresía! 
Yo les recomiendo encarecidamente que rechacen la enmienda 1 y apoyen, en cambio, las siguientes. Justamente también porque apelan a unos valores cristianos y religiosos que usted siempre ha reivindicado con razón, señor Presidente. 
Señor Presidente, los Estados Unidos han abandonado unilateralmente el Tratado Antimisiles Balísticos. 
Esto tuvo lugar después de que los Servicios de Inteligencia de este país manifestaran que la amenaza nuclear del antes considerado "Estado bandido" ya ni siquiera existe, por lo menos durante los próximos diez años. 
Según la prensa norteamericana, los republicanos del Congreso presionaron a las Autoridades de Inteligencia para que modificaran su posición y crearan un escenario de amenazas infundadas. 
Ahora se afronta esta elucubración construyendo un escudo antimisiles gigantesco. 
Nadie está completamente a salvo de la injusticia ni del terrorismo que ésta contribuye a alimentar. 
El nefasto atentado terrorista de septiembre nos muestra dónde se encuentran las amenazas reales para la seguridad. 
El escudo antimisiles militariza el espacio, los antimisiles utilizan el espacio. 
Esto dará lugar a una nueva carrera de armamentos, pero nosotros también estamos adoptando aquí una solución de principios en respuesta al ejemplo de los Estados Unidos: en nuestra opinión, el proyecto Galileo podrá ser utilizado para fines militares en las misiones de paz. 
Los habitantes del planeta necesitan justicia y un marco compartido de seguridad. 
Éste deberá ser el objetivo central de la Unión. 
El acoso del terrorismo no acabará nunca si no erradicamos las causas de las insurrecciones y de los combates por la justicia. 
La pacificación del espacio conseguida durante la Guerra Fría con grandes esfuerzos, su desmilitarización, está caducando sin que exista una causa razonable. 
Siempre habrá gente dispuesta a cometer disparates. 
¿Acaso es más aceptable la sinrazón si, en lugar de a edificios individuales, afecta a todo el planeta? 
Cuando uno sólo se ocupa de su propia seguridad, se está sembrando la semilla de la guerra. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a instancias del Consejo, la Comisión Europea ha elaborado efectivamente una comunicación sobre la necesidad de desarrollar de inmediato una estrategia espacial coherente en colaboración con la Agencia Espacial Europea. 
Al igual que el ponente, el Sr. Alyssandrakis, me felicito por ello y le felicito como ponente por la calidad de su trabajo. 
La Comisión propone reforzar las bases de las actividades espaciales, resaltando la importancia de los conocimientos científicos. 
El ponente hace hincapié en el desarrollo de las bases tecnológicas. 
Todo eso supone, en mi opinión, un apoyo público sustancial, un apoyo financiero, aunque sólo sea financiero. 
Y el Sexto Programa Marco de Investigación, del que soy ponente general, responde parcialmente a esta exigencia, convirtiendo el sector espacial y aeronáutico en una de las siete prioridades, con un presupuesto de algo más de un millardo de euros. 
He propuesto asimismo en mi informe una serie de medidas para la formación de los investigadores y de los ingenieros en el sector espacial, así como otras medidas para resolver los problemas atinentes a su movilidad, ya que la fragmentación geográfica de los emplazamientos agrava su situación. 
Concluiré, por mi parte, mencionando los peligros de la militarización del espacio. 
Naturalmente, existen riesgos, pero pienso que no se pueden llevar a cabo actividades de carácter militar cuando lo que se ambiciona es prevenir o gestionar conflictos, a fin de mantener o restablecer la paz. 
Eso no impide que nuestra prioridad deba ser el desarrollo de la utilización del espacio, con objetivos de interés general y de servicio público. 
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitarle por su renovación en el cargo. 
Señorías, me gustaría, ante todo, felicitar al Sr. Alyssandrakis y agradecerle su informe claro y constructivo, y también dar las gracias a todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, así como a los miembros de las distintas comisiones que han intervenido en este debate y que han sido asociadas al informe. 
Para mí es hoy una satisfacción poder intervenir en este debate y hacerlo en nombre de la Comisión, en lugar de mi colega Busquin, con el cual trabajamos estrechamente en toda la cuestión del espacio, sobre todo dadas las responsabilidades que tengo en este ámbito a través del proyecto Galileo. 
El informe que hoy debaten ustedes constituye un jalón importante en el camino de la política espacial europea, cuya construcción ha sido emprendida en los últimos tiempos por parte de las instituciones comunitarias. 
Viene a sostener políticamente la labor que llevan a cabo la Comisión y la Agencia Espacial Europea en el marco de su grupo de trabajo conjunto, labor que se inscribe plenamente en las recomendaciones de la propuesta de resolución. 
A este trabajo mi colega, el Sr. Busquin, está dedicando un esfuerzo muy importante, que creo que va en el sentido de lo que necesita Europa para, en 2010, ser la sociedad basada en el conocimiento más competitiva a nivel internacional. 
Mi intervención versará sobre tres puntos. 
El primero es el espíritu de la política espacial europea, que se inscribe en el marco de la visión de una Europa que explota plenamente el potencial de la economía del conocimiento, especialmente mediante la creación de un auténtico espacio europeo de la investigación, de acuerdo con el espíritu de las conclusiones de Lisboa, que deberá ser también el de Barcelona. 
Una Europa decidida, además, a fomentar el desarrollo duradero que, después de Gotemburgo, constituye una de las prioridades de la Unión. 
Una Europa atenta a implicar más a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, dando así un ejemplo práctico de gobernanza. 
Precisamente ahí el papel del Parlamento es absolutamente clave, sobre todo para explicar cuestiones técnicas, como es esta cuestión del espacio. 
Al lado de estos principios generales hay que mencionar dos aspectos particulares: en primer lugar, la voluntad de asumir la dimensión internacional del espacio y nuestra responsabilidad en la escena mundial, dotando a Europa de los medios necesarios para una independencia bien entendida; en segundo lugar, la preocupación por trabajar en el mantenimiento de la paz y asegurar la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Quiero subrayar aquí- respondiendo a algunas inquietudes manifestadas por el ponente- el resuelto carácter de instrumento de paz de la iniciativa GMES (Global Monitoring for Environment and Security) en el campo de la vigilancia del medio ambiente y de la seguridad. 
El segundo aspecto es el camino recientemente recorrido en este campo, ya que durante el año pasado se han logrado importantes progresos en el campo de la política espacial por medio de la comunicación que ustedes examinan hoy y luego de la resolución del Consejo adjunta. 
La política de la Unión Europea ha tomado la medida de la dimensión estratégica de las actividades espaciales para Europa. 
En cuanto a avances concretos, mencionaré dos etapas fundamentales: la primera, la creación del grupo de trabajo conjunto de la Comisión y la Agencia Espacial, que ha dado lugar a una segunda comunicación. Ésta se ha presentado a finales de 2001 al Consejo de la Unión y de la Agencia Espacial y al Parlamento. 
La segunda, la preparación conjunta de una estrategia de aplicación de la iniciativa GMES. 
En este marco se ha preparado un plan de acción a nivel de la Unión, en primer lugar, y luego de la Agencia Espacial Europea, con aprobación de una parte complementaria durante el Consejo de Ministros de la Agencia. 
Pero el 2001 nos ha mostrado también ciertos límites, por ejemplo la falta de resultados en el último Consejo de Ministros de Transporte respecto al proyecto Galileo. 
Lamento profundamente que se produzcan estos retrasos y quiero decir una vez más, muy claramente, que, en mi opinión, no hay justificaciones económicas que puedan cuestionar la viabilidad del proyecto, sino que lo que hay, al final, son dudas respecto a la voluntad política de llevar adelante un proyecto con la ambición que tiene el proyecto Galileo. 
Espero que esas dudas se puedan resolver en estas próximas semanas y que en el mes de marzo dispongamos de una decisión positiva, de una vez por todas, por parte de la Unión. 
El tercer aspecto es la cuestión del futuro: ¿Qué nos falta por hacer? 
Mucho. 
Para que Europa pueda desempeñar el papel que le corresponde, debe establecerse una concertación estrecha entre todas las partes interesadas, especialmente una colaboración más operativa entre la Comisión y la Agencia Espacial Europea. 
A corto plazo, se trata de negociar un acuerdo marco entre estas dos instituciones que formalice la colaboración entre las mismas y confiera a la Agencia el papel de organismo de ejecución de los programas espaciales de la Unión. 
Habrá más tarde que organizar un Consejo informal sobre el espacio, que agrupe al Consejo de Investigación y al Consejo de la Agencia Espacial Europea. 
A medio plazo, se propone que la política espacial la decidan los Consejos de la Unión y de la Agencia Espacial Europea, así como el Parlamento Europeo, basándose en las orientaciones dadas por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Pero, a más largo plazo y precisamente en el marco del debate que se iniciará en breve sobre el futuro de la Unión, la Agencia Espacial Europea, concretamente la política espacial, debiera aparecer reflejada incluso en el propio Tratado. 
Antes de concluir quiero hacer algunos comentarios a propósito de un cierto número de recomendaciones del informe del Sr. Alyssandrakis. 
Concretamente, la cuestión de las frecuencias. 
En este campo se está creando un mecanismo de coordinación europeo en forma de un grupo de trabajo en el que participarán responsables nacionales en el ámbito de la reglamentación. 
Otro asunto es la convergencia plena entre el informe de la task force del grupo de reflexión y el punto de vista del Parlamento, en cuanto a la necesidad de estudiar atentamente la situación de la competencia a escala mundial y tomar medidas adecuadas, especialmente para los lanzadores. 
También vemos con gran interés la idea de organizar una conferencia internacional para explorar las posibilidades de cooperación. 
Como sabe el Sr. Alyssandrakis, se está ya manteniendo una colaboración estrecha con Rusia. 
Finalmente, de manera general, el Sexto Programa Marco deberá hacer posibles avances en la dirección indicada en varias recomendaciones, porque el tema del espacio figura por primera vez como una de las prioridades de dicho programa marco, pero también porque la Agencia Espacial Europea tendrá por primera vez la posibilidad de participar de pleno derecho como socio en el mismo. 
Señorías, el informe que van ustedes a aprobar representa un incentivo sustancial y fuerte a los esfuerzos emprendidos por la aplicación de una auténtica política espacial europea. 
El éxito de tal empresa requiere una movilización de todos los interesados y el apoyo resuelto de todas sus Señorías. 
Quiero decir- coincidiendo con lo que han señalado algunos intervinientes, como los Sres. Savary y Caudron- que no podemos paralizar la necesaria capacidad y presencia de la Unión Europea en lo que respecta a las tecnologías del espacio so pretexto de que cierto tipo de proyectos pueden ser proyectos de doble uso. 
Está claramente expresado que el GMES tiene un objetivo de paz, que no es una iniciativa que parte de presupuestos, ni de fondos de financiación y de utilizaciones militares, sino al contrario. 
Lo mismo podemos decir del proyecto Galileo. 
No es, sencillamente, eludiendo nuestra presencia en la carrera espacial por la paz como evitaremos- si es que ese espacio está parcialmente militarizado- que eso sea así. 
Hemos de tener la voluntad decidida de estar en ese espacio desde lo que son los criterios de la Unión Europea: ser un espacio para la paz a nivel mundial. 
Muchas gracias, señora Comisaria de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0437/2001) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (9068/1/2001- C5-0433/2001- 2000/0060 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional, 
(A5-0469/2001) del Sr. van Dam, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (10353/1/2001- C5-0473/2001- 2000/0297 (COD) ) por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 881/92 y el Reglamento (CEE) nº 3118/93 del Consejo, con objeto de establecer un certificado de conductor y 
(A5-0430/2001) del Sr. Grosch, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 56- C5-0037/2001- 2001/0033 (COD) ) relativa a la formación de los conductores profesionales de mercancías y de viajeros por carretera. 
Señor Presidente, el reglamento propuesto relativo a la introducción de un certificado de conductor establece que todos los conductores al servicio de empresas de transportes de la Unión Europea deben llevar un documento uniforme. 
Así, los servicios de inspección de toda la Unión Europea pueden ver fácilmente si el conductor en cuestión ha efectuado su trabajo correctamente, es decir, conforme a las reglas nacionales relativas a la legislación social. 
En este momento, es difícil proceder a realizar ese control fuera de las propias fronteras nacionales debido a la diversidad de reglas y documentos. 
El Parlamento ha respaldado esta iniciativa en la primera lectura. Sí se ha observado que no hay que esperar que esta propuesta solucione todos los problemas actuales. 
Al fin y al cabo, existen también licencias bilaterales, internacionales y de la CEMT con las que los conductores de fuera de la Unión Europea pueden trabajar de forma legalmente establecida en la Unión Europea. 
La línea divisoria entre el empleo legal e ilegal de estos conductores parece no ser lo suficientemente clara para algunas empresas. 
Esta propuesta, por tanto, solamente tiene efecto para los conductores que estén al servicio de empresas de la UE y conduzcan camiones de estas empresas. 
El Parlamento sí sostuvo en la primera lectura que la aplicación a los conductores que no sean de la UE y, por otra parte, a los conductores de la UE debía ser dividida en fases, debido a las medidas administrativas que deben adoptar los Estados miembros. 
Con ello, el Parlamento dio prueba de conocer la situación en un sector en el que los conductores no pertenecientes a la UE constituyen el problema más importante, al menos si uno se deja llevar por las quejas sobre prácticas semejantes. 
De ahí que el Parlamento se inclinara por una prórroga de dos años antes de la aplicación del reglamento a los conductores de la UE. 
Además, el Parlamento consideró que también debía aparecer el número del permiso de conducir y de la seguridad social entre los datos que debían figurar en el certificado. 
El Consejo, en su posición común, ha mostrado estar de acuerdo en gran medida con el Parlamento. 
Reconoce la problemática descrita y considera que la certificación constituye por lo menos un elemento constructivo para la solución de las distorsiones existentes de la competencia en el transporte internacional. 
De las enmiendas del Parlamento, el Consejo solamente ha recogido directamente la enmienda relativa a la inclusión del número del permiso de conducir y el número de la seguridad social. 
Las enmiendas relativas a la división en fases de la aplicación a los conductores no pertenecientes a la UE y a los que sí pertenecen a la misma no han sido directamente recogidas por el Consejo. 
El Consejo sí acepta una división en fases, pero no quiere fijar todavía la fecha final para la aplicación a los conductores procedentes de la Unión Europea- conforme a los datos actuales disponibles. 
La aplicación a los conductores de la UE solamente tendría lugar si a partir de una evaluación de reglamento entonces en vigor resultara que éste efectivamente tiene un valor añadido. 
Además, el Consejo ha dado una interpretación del porcentaje de inspección (20%) del número de certificaciones aportadas. 
Como ponente, llego a la conclusión de que las posiciones del Consejo y del Parlamento no son tan diferentes. 
Ambos reconocen el núcleo y la urgencia del problema: los conductores no pertenecientes a la UE. 
El reglamento debe ser aplicable a los mismos cuanto antes. 
Respecto a ello, no existen diferencias de opinión entre el Parlamento y el Consejo. 
En lo que a los conductores de la UE se refiere, quiero señalar que- conforme a los datos actuales disponibles- la urgencia es mucho menor. 
La evaluación decidida por el Consejo me parece positiva a fin de sacar a la luz más datos. Sin embargo, considero que es muy deseable fijar una fecha final para esta evaluación. 
De ahí que esté satisfecho con la promesa efectuada por escrito por la Comisaria de Palacio a la Comisión de Transporte en la que señala que permitirá que la evaluación se realice dentro de tres años. 
Confío en que comunicará oralmente este compromiso durante la sesión. 
Con todo y con ello, considero, señor Presidente, que el Parlamento puede estar satisfecho con el texto actual. Así mismo, quiero aconsejar que sea aceptado sin modificaciones y con la promesa de la Comisaria. 
Por último, señor Presidente, todavía me gustaría efectuar alguna observación sobre el informe del Sr. Grosch. 
Estoy de acuerdo con él, pero es esencial que los candidatos sean examinados de forma adecuada tras cada período de formación y que la práctica diaria se vea acompañada de una formación posterior. 
Si establecemos que cada conductor debe ser formado, pero que esto debe efectuarse conforme a normas nacionales, se favorece el llamado "turismo de formación" y eso es precisamente lo que no queremos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la liberalización del transporte por carretera se ha traducido, sin duda alguna, en una mejora de la oferta y también de los precios en Europa. 
Como resultado, también se ha intensificado la competencia, lo cual a su vez ha empujado a muchas empresas a desarrollarla tendencialmente a expensas de la seguridad y de las condiciones de trabajo. 
La presente directiva sobre la formación de los conductores profesionales de mercancías y de viajeros por carretera constituye en sí misma una medida complementaria encaminada a mejorar la situación jurídica de estos conductores. 
Los progresos tecnológicos, así como las mayores exigencias en relación con el respeto del medio ambiente y la seguridad, constituyen a nuestro parecer argumentos suficientes para pedir, por un lado, una mejora de dicha formación y, por el otro lado, que ésta se complete con una formación continua regulada. 
En las numerosas conversaciones mantenidas con el sector también hemos constatado, no obstante, que la directiva no debe convertirse en un obstáculo, dada la escasez de mano de obra. 
En consecuencia, en nuestra comisión- y yo quiero expresar también mi agradecimiento en este contexto a todos los Grupos, que participaron con espíritu muy constructivo en dichas conversaciones- procuramos introducir enmiendas que, sin modificar radicalmente el contenido de la directiva, le confieran una mayor flexibilidad. 
Por un lado, hemos introducido algo así como un puente para la obtención del permiso de conducción, pues sabemos que en muchos Estados miembros ésta ya está sujeta a determinados requisitos, que son equivalentes a los de la formación que se propone. 
En consecuencia, nos parece importante que se realice la formación, pero que ésta no se duplique, para la obtención del permiso de conducción, primero, y en segundo lugar en el contexto de la formación específica. 
En relación con los objetivos de la formación, se ha seguido el mismo planteamiento. 
No nos hemos preocupado de especificar todos los detalles, sino de definir los contenidos generales de la formación, que se incluyen en el anexo, lo cual facilita un tratamiento flexible de los mismos y también deja abierta la posibilidad de adaptarlos a las transformaciones. 
La formación existente en los distintos países es diversa y, en consecuencia, hemos establecido que éstos podrán revisarla individualmente con la Comisión. 
El objetivo es que la formación sea la misma. 
Si un país ya ofrece una formación, la directiva no debe obligar a modificarla. 
La formación continua nos parece un aspecto importante para responder al futuro desarrollo y esperamos que también se establezca un puente entre la misma y la obtención del permiso de conducción, puesto que creemos que en el futuro también será un elemento esencial para acceder a aquél. 
No obstante, a la vez nos inclinamos por la flexibilidad, o sea, por una formación continua de siete horas- es decir, una jornada -, y no por bloques de mayor duración, a fin de no imponer una carga excesiva a las empresas. 
Yo creo que una jornada, o sea, un 0,05 % de la dedicación de un trabajador, no es una exigencia excesiva. 
Personalmente, yo también soy un firme partidario de la flexibilidad en lo que respecta al lugar de la formación. 
Desde el punto de vista de la movilidad en Europa, el lugar de la formación no debe estar vinculado necesariamente a la sede de la empresa o al lugar de residencia del conductor. 
Si el certificado de conductor ha de ser válido para toda Europa, la formación también se ha de poder realizar en cualquier lugar de Europa. 
También somos conscientes, no obstante, de que pese al interés e importancia de la directiva, con ella no quedarán resueltos, lamentablemente, todos los problemas. 
El colega van Dam acaba de referirse a los permisos bilaterales que continúan estando vigentes en Europa, lo cual abre las puertas a posibles abusos en este contexto. 
También sabemos que algunas empresas siguen aprovechándose de la oportunidad que supone- y yo lamento un poco este aspecto del informe del Sr. van Dam- que la exigencia del certificado de conductor se limite a los países no-miembros de la UE. 
En efecto, también en los 15 Estados miembros se cometen abusos en estos ámbitos. 
No voy a citar el nombre de ninguna empresa, pero algunos son conocidos. 
Para acabar, quiero añadir que todas las propuestas podrían constituir un sistema integrado si mañana adoptamos un certificado de conductor unificado, una directiva sobre los períodos de conducción y de descanso, una tarjeta que los certifique y, finalmente, la presente directiva sobre el permiso de conducción y la formación. 
Todo ello se podría controlar fácilmente y, por consiguiente, dirigimos un llamamiento no sólo a la Comisión, sino sobre todo también a los Estados miembros, para recordarles la necesidad de mejorar los controles. 
Cualquier directiva, por adecuada que sea, sólo tiene un valor si se controla regularmente su cumplimiento y si esto se hace por un igual en todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a nuestros tres ponentes- Sr. Hatzidakis, Sr. van Dam y Sr. Grosch- por la labor que han realizado. 
El nivel de conocimiento de los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo nunca deja de sorprenderme, en lo que se refiere a detalles técnicos tales como el número de ejes, círculos de evolución, etcétera, etcétera. 
Les doy las gracias por sus esfuerzos. 
En lo que respecta al Grupo PSE, en el caso del informe del Sr. Hatzidakis, estamos contentos con la posición común, al igual que en el caso del informe del Sr. van Dam, y votaremos en consecuencia. 
Respecto al informe del Sr. Grosch, acojo favorablemente la directiva porque reconoce que ahora tenemos la oportunidad de mejorar la seguridad vial. 
Las condiciones de trabajo de los conductores tienen repercusiones económicas directas, pero también repercuten sobre la seguridad. 
Con la propuesta de un régimen de formación para los conductores profesionales mejoraremos las condiciones en que trabajan dichos conductores. 
También es importante reconocer que, a la luz de la ampliación, los países candidatos deberán incorporar estas disposiciones en su legislación. 
Sé que muchos Estados miembros incluyen la formación de los conductores en su sistema de enseñanza básica, pero en aquellos que no la incluyen, esta directiva hará posible que todos los conductores reciban la formación adecuada. 
El tema de la subsidiariedad se planteó en comisión y ha vuelto a surgir también en el Pleno a través de varias enmiendas. 
Mi Grupo cree que la posición de compromiso que alcanzamos en comisión, con la ayuda de nuestro ponente, Sr. Grosch, permite a la directiva ofrecer más directrices y, en consecuencia, invalida la necesidad de subsidiariedad. 
Mi Grupo, por consiguiente, votará en contra de la mayoría de las enmiendas que defienden este principio, y a favor de la posición del ponente. 
También votaremos a favor de la enmienda 43, que propone una evaluación de la eficacia de esta directiva, y votaremos en contra de otras enmiendas que intentan ser demasiado preceptivas. 
En una palabra, estamos de acuerdo con el ponente. 
Expreso mi agradecimiento a todos los ponentes por sus esfuerzos y les felicito a todos ellos por haber elaborado tres informes muy equilibrados. 
Antes de nada quiero agradecer a los tres ponentes su laborioso trabajo. 
Quiero felicitar especialmente al Sr. van Dam por el importante trabajo que ha efectuado. 
El accidente ocurrido en el túnel de San Gotardo ha dejado patente que realmente es necesario y urgente la adopción de una regulación europea común de manera que pueda actuarse severamente contra los conductores contratados ilegalmente, que no disponen de los papeles necesarios. 
No obstante, la evaluación deberá determinar todavía si las certificaciones bastan. 
Así mismo, quiero felicitar al Sr. Grosch por su informe. 
También aquí se trata de que se apliquen requisitos uniformes a los conductores, puesto que se trata de una profesión internacional por excelencia. 
Por último, se trata de la seguridad y la competencia leal en la carretera y, por tanto, es muy importante que cada conductor cuente con una formación adecuada antes de que se ponga en camino, que pueda especializarse y formarse, y que los requisitos sean comparables en todos los Estados miembros y en los países candidatos. 
Eso también aportará más prestigio a la profesión, algo que es muy importante y que la hace también más atractiva. 
Para los liberales, resulta esencial que lo enseñado se controle realmente a través de un examen serio efectuado por una autoridad independiente. 
Sin embargo, es necesario tener cierta flexibilidad y pragmatismo. 
La duración de la formación tal como ha propuesto la Comisión es innecesariamente larga y constituye un obstáculo. 
Además, un examen adecuado aportará mucha más seguridad en cuanto a que el conductor también ha aprendido lo que cree haber aprendido. 
Sin embargo, la flexibilidad que el Sr. Bradbour y otros quieren introducir nos parece excesiva. 
No respaldaremos la mayoría de las enmiendas porque, de hecho, convierten en superfluo el reglamento y debilitan el examen y, con ello, sobrepasan nuestro objetivo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señores ponentes, Señorías, quiero aprovechar la oportunidad para señalar que realmente hemos elaborado muy despacio pero con seguridad un paquete en muy poco tiempo con una serie de informes- no sólo con el actual, sino también con el relativo a la organización del tiempo de trabajo, por el que el tiempo de trabajo se ha reducido de una media de 60 horas a 48, no sólo para los trabajadores sino también para los conductores autónomos- en el que partiendo de nuestra preocupación por la seguridad, nuestra preocupación por el medio ambiente y la eficiencia intentamos sacar adelante algunas propuestas para la mejora de todo el entorno del transporte por carretera y del papel que el conductor desempeña en él. 
Ya se ha dicho que algunos accidentes se producen regularmente, que están implicadas personas de terceros países y faltan los papeles para que todo termine bien. 
En relación con el informe del Sr. van Dam, quiero señalar que realmente hemos debido realizarlo en un plazo relativamente corto de tiempo, y por ello quiero respaldar sus esfuerzos a fin de que no se presenten de nuevo todo tipo de enmiendas, sino que nos pongamos cuanto antes manos a la obra, sabiendo que, sin duda alguna, hay una serie de fallos que volverán a surgir durante la evaluación, que tendrá lugar dentro de tres años- yo, por lo menos, sí considero que ahora se confirmará la promesa. 
Así mismo, estoy de acuerdo con las observaciones del Sr. Brian Simpson en cuanto a que la manera en que utiliza la subsidiariedad el Sr. Bradbourn en sus enmiendas no es, realmente, la forma en que deberíamos trabajar en este momento. 
Por último, unas palabras de agradecimiento al ponente Hatzidakis y, desde luego, al Sr. Grosch. 
Señor Hatzidakis, ésta era una enmienda técnica. 
Éste es el tipo de informes que con mucho gusto dejamos en su momento en manos del Presidente, y le deseo mucha suerte en su próximo trabajo en el sector del transporte. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos debatiendo tres propuestas relativas al transporte por carretera que, como tales, no son de gran interés para la opinión pública, así que no vamos a recaudar muchos puntos políticos que se diga. 
Pero los avances pequeños también son necesarios para garantizar la flexibilidad en el transporte. 
Doy las gracias a los ponentes de estos informes por sus excelentes trabajos y, en particular, al Sr. Grosch por la actitud tan constructiva que ha mostrado para con las enmiendas presentadas por sus colegas. 
En cuanto al informe del Sr. Hatzidakis, debemos sentirnos especialmente satisfechos de que el Consejo autorice ahora el uso de los autobuses viejos hasta el final de su vida útil. 
Lo contrario hubiera supuesto un derroche de recursos sin sentido. 
En lo que se refiere a las dimensiones de los vehículos, quiero mencionar la situación de los camiones. 
En Finlandia y en Suecia, las dimensiones máximas autorizadas para los camiones son algo mayores que en los demás países. 
Estos vehículos pueden ser en nuestros países seis metros y medio más largos que en el resto de la UE. 
Estas dimensiones deberían ser aplicadas inmediatamente en todo el territorio de la UE. 
Si procediéramos de este modo, la capacidad de carga de los camiones pasaría a ser de sesenta toneladas, en lugar de las cuarenta toneladas actuales. 
Las ventajas de ello son evidentes hasta para los no entendidos en la materia. 
Nuestras abarrotadas carreteras se descongestionarían, ya que dos camiones finlandeses equivalen a tres camiones del resto de la UE. 
De este modo, Europa Central podría aprovechar el sentido pragmático de los países nórdicos. 
Un tráfico más fluido, complementado a su vez por una economía de gran escala, daría lugar a una mejora de la calidad del medio ambiente. 
Esto es precisamente lo que se proclama en el Libro Blanco sobre el transporte; merci, madame Palacio Vallelersundi. 
Por ello, pido a la Comisión que tome cartas en este asunto y que considere la posibilidad de presentar una propuesta en esta dirección. 
Cabe recordar que el transporte por carretera es claramente la modalidad de transporte más importante para Europa, con la ventaja adicional de ofrecer un servicio de puerta a puerta. 
Naturalmente, también hay que mejorar el transporte por ferrocarril, que funciona de forma lamentablemente precaria. 
No deja de ser absurdo el hecho de que los buques rompehielos circulen con más rapidez que los trenes de mercancías. 
Aunque hay que decir que los rompehielos finlandeses no son nada lentos. 
En todo caso, no debemos poner trabas al transporte por carretera; todo lo contrario. 
El dinamismo de Europa depende de la existencia de una economía floreciente, cuyo requisito indispensable es el transporte por carretera. 
Mediante la adopción de unas normas comunes garantizaremos la igualdad de condiciones en el ámbito de la competencia, tanto entre las distintas modalidades de transporte como entre los diferentes Estados miembros. 
Creo que estas propuestas son un paso en la dirección correcta. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a nuestros ponentes por la excelente elaboración de los informes relativos al transporte por carretera. 
Estas medidas incrementarán la seguridad vial, y ello es muy importante. 
Hemos conseguido adoptar una posición común razonablemente equilibrada sobre las dimensiones máximas autorizadas para los vehículos, como ya ha indicado el Sr. Hatzikadis. 
La prolongación del período de transición permite el uso racional del actual parque de autobuses hasta el final de su vida útil. 
Ahora disponemos de tiempo suficiente. 
Los avances técnicos permitirán la entrada en servicio de vehículos cada más largos, sin dejar de tener en cuenta los factores que inciden en la seguridad. 
La armonización de las dimensiones máximas autorizadas para los autobuses permite también reducir las distorsiones en el ámbito de la competencia. 
La adopción de una tarjeta de conductor homologada contribuye a promover la competencia leal y a mejorar la seguridad vial. 
La aplicación exclusiva del Reglamento a los conductores de terceros países está justificada, al menos en esta primera fase. 
Esta tercera propuesta, relativa a la armonización de la formación de los conductores profesionales de mercancías y de pasajeros por carretera, podrá contribuir a incrementar la seguridad vial y a mejorar la situación de los conductores. 
Al mismo tiempo, también puede servir para mejorar la imagen del sector y aumentar así el interés de los jóvenes por trabajar en el mismo. 
También esto es muy importante. 
Conviene recordar asimismo que la mejora de los hábitos de conducción también preserva el medio ambiente. 
Sin embargo, los requisitos mínimos de formación de los conductores no deben impedir la reintegración en el sector de los conductores actuales. 
Esto ha sido tenido en cuenta en este informe. 
La participación en los cursos de formación debe ser lo más flexible posible. 
Los programas de formación deberían elaborarse de forma que la duración mínima de cada ciclo fuese de siete horas. 
No obstante, lo más importante es garantizar que la formación sirva realmente para mejorar la cualificación de los conductores en la práctica, tal y como acaba de resaltar aquí la Sra. Sanders-ten Holte. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cada día leemos en el periódico noticias de graves accidentes en las carreteras de Europa provocados por camiones con conductores fatigados, sometidos a un esfuerzo excesivo e inexpertos. 
Ante estas noticias, ¿quién no se pregunta cómo es posible que esto suceda en nuestras carreteras a principios del siglo XXI? 
Es indudable que el nivel de calidad del transporte por carretera en la UE se puede y se debe mejorar. 
Es necesario consolidar y hacer más atractiva la profesión de conductor, con sus cada vez mayores exigencias. 
También se debe incrementar la seguridad del transporte por carretera. 
Todavía está por demostrar si la opción que propone la Comisión permitirá mejorar realmente la situación. 
A mi parecer, la presente directiva no aportará un valor añadido realmente decisivo. 
Por principio, debemos acoger con satisfacción el establecimiento de una formación y ésta será beneficiosa para la profesión. 
Sin embargo, todo conductor ya debe demostrar en el examen para la obtención del permiso de conducción un conocimiento muy exhaustivo sobre las normas de circulación. 
En mi tierra decimos que la limpieza dura más si se pasa la fregona dos veces. 
No obstante, no parece responder a una exigencia lógica que algunos requisitos se establezcan- innecesariamente, a mi modo de ver- por partida doble en la directiva. 
Voy a citar un ejemplo decisivo: en Alemania ya existe una auténtica formación para obtener el certificado de conductor profesional, que dura tres años. 
En consecuencia, el tiempo de formación requerido en la directiva y que el Consejo, además, ha reducido sólo se puede describir, en comparación, como una formación profesional básica. 
Un período de 140 horas no da para más. 
Sin embargo, un examen detallado de las disposiciones previstas me lleva a constatar más bien un retroceso en algunos aspectos. En efecto, un conductor de 18 años podría conducir ahora un camión de 40 toneladas con una carga peligrosa a través de los pasos alpinos, ¡con una formación básica de apenas un par de horas! 
Este no puede ser el objetivo del autor de la idea. 
Necesitamos consolidar la profesión de conductor. 
La directiva es adecuada para este fin. 
Pero habría que mejorarla en lo que respecta a la seguridad del transporte por carretera. 
Seguramente toda la situación mejoraría muchísimo si dispusiésemos por fin de un nuevo tacógrafo. 
Señor Presidente, señora Comisaria de Palacio, Señorías, hoy se debate una directiva sobre los pesos autorizados en el tráfico transfronterizo. 
Evidentemente, no se contemplan sólo los pesos, sino también las dimensiones. 
Nos encontramos, de hecho, ante la táctica característica de enunciar muy pragmáticamente en el título cuál será el contenido, aunque luego éste se amplía en la correspondiente directiva. 
Ya hace tiempo que vengo observando muy críticamente la evolución en lo que se refiere a los autobuses europeos, ya que tanta minuciosidad en realidad no es en absoluto necesaria a escala europea. 
En definitiva, nosotros luchamos- el Parlamento Europeo mantiene una posición absolutamente unánime al respecto- por que se imponga el principio del reconocimiento mutuo. 
Deberíamos conseguir su aplicación en la práctica siempre que sea posible. 
La armonización debería limitarse a aquellos aspectos en los que sea verdaderamente imprescindible. 
Dicho esto, quiero elogiar la directiva en un aspecto. 
Ésta constituye un modelo de la brevedad y precisión que deberían caracterizar a una normativa general sobre los autobuses europeos. 
En realidad, yo desearía que la presente directiva sustituyese a todas las restantes directivas sobre los autobuses europeos y ofreciese así a los países y las naciones la posibilidad de diseñar sus autobuses como más les convenga, pues es evidente que un autobús de Sicilia, con un clima cálido, y de una pequeña localidad debe ser distinto del autobús que circula en Londres a las horas punta o de un autobús del norte de Finlandia, que tiene que recorrer grandes distancias. 
La armonización es un error en este caso. 
Nos cuesta mucho dinero y ocasiona un gasto innecesario. 
La Comisión debería reconsiderar urgentemente en qué ámbitos debería prevalecer el compromiso voluntario y en cuáles se deben establecer unas normas. 
Tenemos unos comités de normalización excelentes. 
Queremos que sólo se establezcan directivas cuando sea absolutamente imprescindible. 
Señor Presidente, estas propuestas relativas a la formación de los conductores profesionales de mercancías son, como buena parte de la legislación que se aprueba en esta Asamblea, totalmente innecesarias. 
Lo único que necesitamos es el reconocimiento mutuo de las cualificaciones nacionales, posiblemente con el apoyo de una directiva marco flexible, que garantice unas normas mínimas, especialmente con respecto a los nacionales de terceros países. 
No obstante, lo que tenemos aquí es un ejemplo típico de legislación comunitaria: molesta, preceptiva y enormemente onerosa. 
Es un árbol de Navidad en el que colgamos nuestra lista de deseos de adornos caros. 
Las consideraciones medioambientales son importantes, pero no guardan ninguna relación con la capacidad de conducir un camión. 
Las propuestas de formación relativas a una dieta sana ya han sido motivo de burla generalizada en la prensa británica. 
Pedir a un conductor británico que renuncie a sus huevos con salchichas es como invitar al Papa a una discoteca- sencillamente nos hace parecer absurdos. 
Pero estamos despertando algo peor que la burla. 
Sólo en el Reino Unido, el sector estima que estas propuestas acarrearán unos costes anuales en torno a los 200 millones de euros, para un sector que ya soporta una pesada carga. 
La exigencia del tiempo de formación que se exige a los operadores propietarios es insostenible y obligará a cientos de ellos a abandonar su negocio. 
En esta Asamblea hablamos de boquilla constantemente sobre las necesidades de las PYME, pero una y otra vez hacemos caso omiso de sus intereses. 
Hablamos del problema del desempleo, pero luego aprobamos directivas que destruyen puestos de trabajo. 
Estas propuestas forman parte de un ataque concertado de la Comisión al sector del transporte por carretera. 
Debo declarar un interés: mi yerno es conductor de camiones, y a él y a sus colegas les horrorizan estas propuestas. 
Las he estudiado en vano para hacer una evaluación realista de las consecuencias para el sector. 
Nos enfrentamos a enormes gastos, enormes daños para el sector- especialmente para las pequeñas empresas- y enormes daños para la competitividad europea. 
Es un impedimento más para realizar los objetivos de Lisboa, ¿y todo esto para qué? 
Para unas ventajas que, en el mejor de los casos, son vagas y especulativas. 
Insto a los colegas a que rechacen el informe Grosch. 
Recapitulemos un momento y estudiemos en enorme daño que hacemos cuando creamos un torrente de legislación onerosa e innecesaria. 
. Señor Presidente, Señorías, estamos discutiendo tres informes, precisamente, tres propuestas legislativas que lo que persiguen es mejorar la seguridad vial y garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior. 
Por lo que se refiere a las dimensiones máximas autorizadas en los tráficos nacional e internacional y a los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional, quiero felicitar al señor Hatzidakis por su excelente trabajo como ponente y por su labor para conseguir al final un acuerdo a lo largo de todo este procedimiento. 
Quiero manifestar mi satisfacción, porque la conclusión del informe consigue establecer un equilibrio razonable entre mercado interno, regulación y seguridad, sin olvidar consideraciones técnicas y comerciales. 
De hecho, esta era la intención de la Comisión cuando presentó la iniciativa y, por lo tanto, agradezco al Parlamento que haya adoptado la posición común, que la Comisión respalda plenamente, sin enmiendas dado que, en términos prácticos, incorpora todas las enmiendas adoptadas por el Parlamento en primera lectura e introduce otras ligeras modificaciones a la propuesta inicial de la Comisión. 
Después de agradecer su trabajo al señor Hatzidakis, quiero agradecer el trabajo realizado por el señor Van Dam y confirmarle directamente que la Comisión tiene la intención de establecer un informe de evaluación en un plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Reglamento. 
Espero que con ello el Parlamento pueda votar sobre la base de la posición común del Consejo y concluir el asunto, lo que nos permitirá emprender un combate eficaz por el empleo y regular la situación de los conductores nacionales de terceros países por parte de empresas comunitarias de transportes. 
Por último, me gustaría referirme a la formación de los conductores profesionales de mercancías o de pasajeros por carretera. 
Quiero dar las gracias al señor Grosch, que ha elaborado el último informe sobre el transporte por carretera del que hoy nos ocupamos y comprobar que el informe y su exposición de motivos demuestran que el Parlamento Europeo comparte el punto de vista de la Comisión Europea en cuanto a la importancia de esta propuesta, aunque sea una propuesta técnica. 
Las medidas propuestas permiten introducir un paquete completo en materia de formación y cualificación de los conductores de autobuses y camiones al establecer requisitos mínimos. 
Señor Langenhagen, no se obliga a reducir las formaciones profesionales que se practican en algún país, sino que se establecen unos requisitos mínimos que deben respetarse en todos los países. 
Por lo tanto, no hay que cambiar la exigencia de los tres años que actualmente rige en Alemania. Al contrario, puesto que van más allá del mínimo que se reclama en esta Directiva. 
Lo que hace falta es, eso sí, que todos los conductores alemanes, y no un porcentaje mínimo- como ocurre en la actualidad- sigan y adquieran esta formación. 
Los objetivos son elevar la calidad de los conductores profesionales, los estándares del transporte por carretera en general y garantizar resultados positivos en materia de seguridad vial. 
En general, podemos aceptar la mayor parte de las enmiendas, con algunas modificaciones en algún caso, pero hay algunas que, sin embargo, debemos rechazar. 
Por ejemplo, de la 25 a la 41, ya que ello supondría dejar esta iniciativa totalmente en manos de los Estados. 
Actualmente, cabe recordar que sólo el 5 % de los conductores comunitarios de autobuses y camiones se benefician de formación profesional. 
Sólo el 5 %. 
Esta propuesta es, por lo tanto, esencial para mejorar esta situación y sólo una legislación comunitaria que la haga obligatoria puede realizar este objetivo que, aparte de reducir la seguridad, supone una clara distorsión a la competencia. 
En particular, en lo que se refiere a la enmienda 37, sin embargo, en la propuesta modificada de la Comisión incorporaremos algunas de las preocupaciones del señor Bradbourn, para dejar así un margen más amplio al principio de subsidiariedad, por cuanto entendemos que tiene razón en algunos de los aspectos que plantea. 
Aun en el caso de que la Comisión pueda aceptar el principio de formación paralela con el fin de obtener un permiso de conducción y competencia profesional, preferiría evitar cualquier duplicación, y esa es la razón por la que no se pueden aceptar las enmiendas 6, 16, 17 y 18. 
Tampoco la 5, pues dicha enmienda puede provocar dificultades en el sector, que en la actualidad padece serios problemas de escasez de conductores, al imponer la formación inicial a los conductores que ya ejercen la profesión y que no cuentan con tres años de experiencia. 
Sin embargo, en un espíritu de compromiso podríamos aceptar la enmienda número 27. 
En lo que se refiere a la enmienda número 10, relativa a inclusión de unas horas de formación en la jornada laboral, la Comisión considera que es una cuestión sobre la que deben pronunciarse los interlocutores sociales y, por lo tanto, no puede ser aceptada. 
La Comisión tiene problemas con la enmienda número 13, que se refiere al lugar en que debe impartirse la formación. 
Entendemos que se podría introducir cierto grado de flexibilidad en la formación continua, que es de corta duración, y que debería poder llevarse a cabo tanto en el país de residencia habitual como en el país en el que el conductor está contratado, pero no en otros ámbitos, ya que existen disposiciones similares aceptadas respecto de los permisos de conducción y a la tarjeta de conductor. 
Por lo que se refiere a la enmienda 19, se introduce una opción de transporte internacional centrada fundamentalmente en el conocimiento de lenguas. Ello no es el objetivo de esta propuesta y, por lo tanto, no la podemos aceptar y la rechazamos. 
La Comisión tampoco apoya las enmiendas 2, 22 y 23, ya que exceden el ámbito de la presente Directiva. 
Por último, entendemos que las enmiendas 42, 44 y 45, que reglamentan la duración de la formación en los artículos, en lugar del Anexo, tampoco pueden ser aceptadas. 
Concluyo, señor Presidente, agradeciendo a los tres ponentes el trabajo realizado. 
Agradezco asimismo al Parlamento que, previsiblemente, dos de las propuestas, concretamente la de dimensiones máximas autorizadas en los tráficos nacional e internacional y pesos máximos autorizados, así como el certificado de conductor uniforme, se aprueben y puedan terminar en breve su tramitación, para que su aplicación se inicie lo antes posible. 
Espero que en los ulteriores trámites podamos llegar a un acuerdo sobre la formación de los conductores profesionales de mercancías o de viajeros, que consideramos que es un aspecto también importantísimo para mejorar la seguridad vial y evitar distorsiones en los mercados, concretamente en el mercado de transportes dentro de la Unión Europea, pues, como he dicho, muchas de las enmiendas planteadas se van a aceptar y algunas de las que mencionan la conveniencia de dejar mayores márgenes a la subsidiariedad serán incorporadas a la propuesta modificada que en su momento presentaremos. 
Muchas gracias, señora Comisaria de Palacio. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdo de asociación ACP/CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A5-0412/2001) del Sr. Rod, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de decisión del Consejo (2117/2000- COM (2000) 324- C5-0417/2000- 2000/0124 (AVC) ) relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra parte. 
. (FR) Señor Presidente, Señorías, aun cuando en la exposición de motivos de este informe he adoptado un tono bastante crítico, nuestro análisis debe seguir siendo constructivo, y, a pesar de lo avanzado de la hora recomendaría al Parlamento Europeo que emita su dictamen conforme para la ratificación de este Acuerdo ACP/UE. 
Al principio la firma del Acuerdo de Cotonú no estaba ganada por adelantado. 
Si bien los países ACP siempre han manifestado su voluntad de continuar su cooperación con la Unión Europea, por parte europea se examinaban otras hipótesis. 
Los intereses europeos en el escenario internacional han cambiado, África se ha convertido en un continente marginal. 
Ningún país ACP se encuentra entre los diez primeros beneficiarios de la ayuda europea. 
Nunca se ha hecho un verdadero balance político de Lomé, aunque se aplican las mismas bases en Cotonú. 
Ahora bien, dudamos de la capacidad del Acuerdo de Cotonú para crear una dinámica de desarrollo sostenible sin una nueva definición de un orden económico internacional más equilibrado, donde los países en desarrollo obtengan, por fin, unos derechos. 
En efecto, las causas estructurales que obstaculizaron el logro de los Convenios de Lomé siguen estando presentes: el peso del pago de la deuda que asfixia los presupuestos de los países ACP y sus posibilidades de inversión con vistas al desarrollo sostenible; el continuo deterioro de los términos del intercambio en detrimento de los países ACP, a falta de un sistema internacional de regulación del comercio de los productos de base; una política de ajustes estructurales que impone restricciones presupuestarias a los países ACP y, finalmente, una política europea incoherente que, paralelamente a su política de desarrollo, no sólo subvenciona su producción agrícola y exporta sus excedentes hacia los países en vía de desarrollo- desestructurando, de este modo, los mercados locales -, sino que también autoriza los buques pesqueros industriales para explotar las aguas territoriales de los países ACP, lo que perjudica la subsistencia de las poblaciones y daña la protección de la biodiversidad. 
Tampoco subestimemos los problemas de funcionamiento interno del grupo ACP, las carencias democráticas en algunos países y la utilización improductiva de los fondos por regímenes corruptos. 
El Acuerdo de Cotonú no es innovador, sino que prosigue y acentúa el viraje hacia la liberalización iniciado con Lomé IV y prorrogado por las instituciones internacionales: liberalización comercial, con el abandono del sistema de intercambios no recíprocos, así como de Stabex y de Sysmin, en beneficio del futuro régimen comercial, que probablemente será definido basándose en AAER compatibles con las normas de la OMC. 
¿Pero los países ACP pueden resistir la competencia internacional? 
¿La diferenciación con los PMA, que se benefician de la iniciativa "Todo Menos Armas", no podría perjudicar la cohesión del grupo ACP? 
Liberalización económica, asimismo, en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 
La privatización de este sector económico constituye un proceso muy peligroso en los países ACP, donde los servicios públicos básicos- educación, salud, justicia- ya son frágiles o incluso inexistentes. 
De igual modo, la referencia a los Acuerdos ADPIC representa un peligro para las poblaciones del Sur, que pueden ser privadas del acceso a sus propios recursos naturales. 
La biodiversidad está en peligro. 
Por otra parte, en el Acuerdo de Cotonú el medio ambiente está relegado a un segundo plano. 
Sólo se busca limitar los efectos medioambientales de las políticas de desarrollo, en lugar de aplicar una estrategia de desarrollo sostenible. 
El Acuerdo de Cotonú contiene, sin embargo, elementos interesantes que han de utilizarse adecuadamente. 
El reconocimiento de la sociedad civil como actor de asociación es una innovación de capital importancia. 
Sus representantes deben participar situándose en la fuente del diálogo sobre las estrategias y las políticas de desarrollo, deben estar asociados a la aplicación de los programas y beneficiarse directamente de los fondos. 
Es preciso definir dicha sociedad civil y asegurarse de que no será instrumentalizada por una u otra parte. 
La sociedad civil propia de cada país ACP debe, pues, organizarse tanto en el plano nacional como en el plano regional, a fin de participar activamente en el desarrollo de su país. 
Este proceso ha sido iniciado con la constitución del Foro de la Sociedad Civil ACP. 
La Unión Europea debe apoyar dicho proceso, como lo ha hecho la Presidencia belga. 
En este ámbito, el papel de la Asamblea Parlamentaria Paritaria resulta reforzado en la medida en que debe garantizar el seguimiento de la participación de la sociedad civil, así como, en particular, la puesta en marcha de los procesos democráticos. 
Pero ésta no dispone de instrumentos vinculantes para hacerlo. 
El diálogo político es otro elemento esencial, pero siempre que sea recíproco y se aplique efectivamente. 
La iniciativa "Todo Menos Armas" fue adoptada sin consultar a los países ACP y las sanciones siguen siendo de geometría variable. 
Finalmente, puesto que la Comunidad Europea desea realizar inversiones considerables en algunos sectores claves, los programas indicativos nacionales deberían dar prioridad al fortalecimiento de los servicios públicos y de las capacidades administrativas e institucionales. 
En realidad, todo dependerá de la aplicación del Acuerdo de Cotonú. 
Por ejemplo, el nuevo Acuerdo de Cotonú establece una programación evolutiva de la ayuda, en función concretamente de los resultados conseguidos por los países. 
Pero, ¿quién definirá los procedimientos para evaluar dichos resultados? 
¿Se evaluará la capacidad de los países para restablecer sus grandes equilibrios macroeconómicos o los efectos de la ayuda en la reducción de la pobreza? 
El nuevo reparto de competencias entre los servicios de la Comisión parece poco propicio para una mayor coherencia en la política de desarrollo. 
¿En qué medida la Dirección General "Comercio" podrá fomentar un modelo comercial más favorable a los países ACP, defendiendo al mismo tiempo los intereses comerciales europeos? 
Finalmente, el hecho de que la Dirección General "Desarrollo" sea progresivamente desposeída de sus prerrogativas en este ámbito no es un buen augurio. 
Por lo que nos atañe como diputados europeos- y concluiré con esto, señor Presidente -, tras la votación de mañana nuestra misión estará teóricamente terminada. 
Puesto que el FED no está presupuestado, ya no somos competentes para efectuar el seguimiento y para llevar a cabo los objetivos de la cooperación ACP/UE. 
Esto es inaceptable, y debemos trabajar colectivamente en la aplicación del presente acuerdo para que la ayuda contribuya realmente al mayor bienestar de las poblaciones de los países ACP, en función de sus necesidades alimentarias, sanitarias y educativas. 
Señor Presidente, se cumple ahora medio año desde que tuviéramos oportunidad de felicitar a la Comisión por el acuerdo de Cotonú y resulta un poco bochornoso que sigan siendo sólo tres los países comunitarios que han ratificado el acuerdo. 
Me doy perfecta cuenta de que probablemente haya algunos en vías de hacerlo a lo largo de la primavera, pero aún sigue siendo muy poco satisfactorio. 
Al menos es positivo que mañana logremos la aprobación, aunque coincido con el señor ponente en que se trata sólo del comienzo, no obstante, quiero felicitar al señor ponente por su informe. 
Indudablemente se ha producido una fractura en el mundo desde la firma del acuerdo en junio de 2000, sin embargo, tal cosa no disminuye la importancia de éste. 
Creo que es un hecho que la relación entre la política exterior y la política de desarrollo ha quedado claramente subrayada desde entonces y asimismo me alegra intervenir hoy en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, pues esto demuestra la relación existente entre la política exterior y la política de desarrollo. 
El señor Comisario Nielson ha hecho suyas estas palabras en un discurso pronunciado en diciembre de 2001 en Berlín con el título de "De Afganistán a Zimbabwe". 
Si una precede a la otra carece de importancia. 
Sin embargo, el 11 de septiembre mostró con toda la claridad deseable esta relación y ante todo la importancia de la política exterior. 
El 11 de septiembre mostró lo que puede suceder si no garantizamos un desarrollo en todas las partes del mundo. 
Nuestra tarea en este momento consiste en llevar a cabo un seguimiento de este desarrollo. 
Así es el caso con nuestra labor de seguimiento en Kosovo. 
También con respecto a Zimbabwe resulta evidente la relación existente entre la política exterior y la política de desarrollo y también que a pesar de todo la UE ha logrado un acuerdo que hace que podamos manejar un probable acuerdo positivo en Zimbabwe. 
Estoy de acuerdo con el señor Comisario, quien en sus comentarios finales- que también serán los míos- de su discurso decía que la C de CFP "... significa común, no conveniente ni colonial ". 
Aún nos queda- y estoy de acuerdo en esto- tarea por hacer, también en este Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por el enorme esfuerzo que ha invertido en este documento y por la información que éste contiene. 
No obstante, me ha decepcionado el pesimismo del ponente, tanto cuando mira al pasado como al futuro. 
Naturalmente apoyo algunas de sus críticas: demasiados trámites burocráticos, falta de toma de decisiones, lentitud en los plazos de entrega y falta de capacidad en los países en desarrollo. 
Esto ha provocado la frustración, pero el Comisario Nielson está atajando estos problemas de manera bastante enérgica. 
Soy mucho más optimista que el ponente. 
Creo que el Acuerdo de Cotonú es el camino acertado. 
Lomé tenía sus fallos. 
Pero fue un concepto único y se han hecho muchas buenas obras. 
El nuevo Acuerdo de Asociación está basado en los principios correctos y mejora el antiguo Convenio de Lomé. 
El tema de paliación de la pobreza no puede estar equivocado. 
La única incógnita es cuál es el mejor modo de llevarla a cabo. 
Se discute mucho sobre si es mejor financiar proyectos o apoyar el presupuesto. 
¿Deberíamos recurrir a la ayuda multilateral o a la ayuda bilateral? 
Apoyo firmemente la ayuda multilateral respaldada por la ayuda bilateral allí donde permita completar un proyecto. 
No creo que la ayuda a proyectos haya fallado. 
El problema ha sido la escasa capacidad de los países para continuar los proyectos una vez que han quedado completados por la Unión Europea. 
Asimismo, tampoco estoy convencido de que la ayuda al presupuesto pueda ser controlada con el rigor suficiente en muchos países en desarrollo y me temo que abra la puerta a la corrupción. 
Creo que serán los nuevos factores del Acuerdo de Cotonú los que ejerzan la máxima influencia: la dimensión política, el énfasis en la buena gobernanza, la prevención y resolución de conflictos, la interacción con la sociedad civil, el enfoque regional para reforzar el comercio y el elemento parlamentario de la Asamblea Paritaria. 
Son todos ellos elementos que deberían reforzar la asociación. 
Todo esto ha modificado mi papel de copresidente en el pasado año. 
No hay ninguna duda de que en el pasado año mi papel ha sido fundamentalmente político cuando he tratado, por ejemplo, con el Presidente Taylor de Liberia sobre la resolución de conflictos y la buena gobernanza, o he mantenido conversaciones con los Presidentes de Botsuana, Malaui y Mozambique sobre la situación en Zimbabue, y podido oír y ver las consecuencias sobre sus países. 
Todo esto depende de una Comisión eficaz, con delegaciones que dispongan de una financiación y una dotación de personal adecuadas. 
La mayoría de las delegaciones que he visto están muy mal atendidas en estos momentos por falta de fondos y por el pesado papeleo que deben tramitar. 
La culpa de ello es del Parlamento. 
Debemos instar a todos los países a que ratifiquen el acuerdo, como ha dicho la Sra. Dybkjær, que haga posible la entrada en vigor del Noveno FED. 
Esta asociación tiene que funcionar. 
Si realmente queremos frenar la migración económica y el terrorismo en el mundo, debemos proporcionar un nivel de vida en los países en desarrollo que persuada a las personas a quedarse y a trabajar allí. 
Señor Presidente, Señorías, para adelantarles de entrada el resultado, el Grupo del Partido Socialista Europeo puede aceptar con convencimiento el Acuerdo de Cotonú, aunque nada es tan perfecto que no se pueda mejorar. 
El escaso tiempo de uso de la palabra de que dispongo no me permite realizar, lamentablemente, una valoración detallada del Acuerdo y, por lo tanto, me voy a limitar a considerar algunos aspectos. 
El Acuerdo de Cotonú se sitúa en una línea de continuidad de la cooperación europea con los países en desarrollo de África, el Caribe y la zona del Pacífico. 
Ésta se inició con el Convenio de Yaundé y se fue ampliando a partir de 1975 con un total de cuatro Convenios de Lomé. 
En Lomé I participaron inicialmente 46 países ACP y 9 Estados miembros de lo que entonces era la Comunidad Europea. 
El Acuerdo de Cotonú reúne ahora a 77 Estados ACP y 15 países miembros de la UE. 
Sin embargo, más importante que su extensión geográfica es la ampliación de su base de contenidos. 
La dimensión política y también la político-comercial adquirieron una mayor importancia con el desmoronamiento de los bloques y las transformaciones políticas que conllevó en todo el mundo y por lo tanto también en los Estados ACP. 
El respeto de los derechos humanos y la aplicación de los principios democráticos del Estado de Derecho, un gobierno responsable y el fortalecimiento de la sociedad civil son contenidos importantes de los acuerdos, cuyo incumplimiento puede ser penalizado, llegado el caso, con sanciones. 
El diálogo político inscrito en el Acuerdo de Cotonú y el compromiso, enraizado igualmente en el mismo, a favor de la consolidación de la paz y la prevención y superación de los conflictos, así como el objetivo declarado de combatir la pobreza son instrumentos importantes de la cooperación ACP, aunque lamentablemente no está garantizado que prevalezcan. 
Basta recordar en este contexto algunas palabras clave como Sudán, el Cuerno de África, Congo, Zimbabue, islamismo y VIH/SIDA. 
El seguimiento parlamentario de la cooperación ACP constituye un modelo a escala mundial. 
Ésta se ha revalorizado con el Acuerdo de Cotonú, que refuerza, junto con su carácter parlamentario, su papel como foro público de discusión y órgano de control. 
También esto forma parte de la nueva calidad del Acuerdo de Cotonú y permite que nuestro Grupo pueda votarlo afirmativamente sin dificultad. 
¿Dará el Tratado de Cotonú más frutos que sus antecesores de Lomé? 
El nuevo acuerdo de asociación con los países ACP extrae consecuencias de la experiencia adquirida hasta ahora y refleja los nuevos criterios en el ámbito del comercio, la buena administración, la asistencia y el papel de las organizaciones civiles. 
Por supuesto, la crítica resulta posible, pero creo que el Sr. Rod ha ido demasiado lejos en su informe general. 
Según su análisis, Europa es el mismo demonio y los países ACP son santos. 
Los conflictos desastrosamente violentos son ocasionados por la pobreza y la pobreza es culpa del Occidente rico. 
Desgraciadamente, no es así de simple. 
Es injusto plantear que Cotonú solamente conducirá a un liberalismo desenfrenado. 
Con razón, el acuerdo sí hace mucho hincapié en la importancia de la participación de otros actores distintos de la Administración local, tales como las ONGs y el sector privado. 
No sólo los donantes deben extraer consecuencias, también los propios países en desarrollo. 
Por ello, también es positivo que Cotonú responsabilice a los propios países ACP. 
El refuerzo de la ayuda está justificado teniendo en cuenta las prestaciones de los países receptores. 
El éxito a largo plazo no depende exclusivamente de nosotros, sino sobre todo, de los esfuerzos incansables de nuestros socios ¿Está el Comisario Nielsen de acuerdo conmigo? 
Para lograr resultados, es crucial contar con capacidad administrativa. 
Al menos igual de importante, resulta evitar el abuso de poder y las violaciones de derechos humanos. 
Considero que el amplio diálogo que prevé el Tratado de Cotonú constituye el núcleo del mismo. 
Resulta esencial que la UE y los socios ACP no se limiten a las buenas intenciones. 
Europa debe reformar drásticamente su propia política de desarrollo, comercial y agrícola, y los países ACP deben poner todo su empeño en la democratización, la estabilidad política y la prevención de conflictos para, con ello, poder desarrollar socialmente sus países y convertirse en socios comerciales plenos. 
Señor Presidente, quiero agradecer y felicitar al Sr. Didier Rod por el excelente trabajo que ha hecho respecto de este asunto y subrayar que comparto, en lo esencial, las consideraciones vertidas en su exposición de motivos y las conclusiones que nos propuso y aprobamos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
Por eso, voy a limitarme a algunas breves consideraciones. 
Para decir, en primer lugar, que considero que el mayor éxito de este nuevo convenio radica en que se haya llegado a él, pues fueron muchos, muy largos y muy difíciles lo obstáculos que hubo que superar para que así fuera. 
Dificultades y obstáculos que comenzaron al propugnarse el fin de la asociación con los ACP y culminaron en la problemática tardía y poco conveniente de las migraciones, ya en la fase final de las negociaciones. 
Por eso, el desenlace definitivo de éstas, con el establecimiento, además, de un nuevo convenio por un período de veinte años, constituye, para mí, uno de los elementos más positivos que tener en cuenta. 
Pero existen también otras razones más substanciales. 
Una es un mayor llamamiento a la participación de la sociedad civil, en particular si se entiende ésta de forma amplia y si no representa una contradicción con la colaboración y el apoyo que merecen las administraciones centrales de los Estados ACP, que por regla general adolecen de gran debilidad estructural; otra, la regionalización prevista, si se materializa de forma cuidadosa, si no se impone y no representa una indeseable fragmentación de los países ACP. 
Pero conviene decir que hay también elementos en este nuevo convenio que nos inspiran alguna aprensión. 
En primer lugar, el llamamiento sistemático a condicionalismos y objetivos unilaterales, que, además de poder determinar la degradación de una asociación que se pretende que sea entre iguales, podrían también poner en entredicho la elección por los propios países ACP de sus políticas de desarrollo. 
Y, en segundo lugar, el rápido avance hacia la consagración de la lógica liberalizadora de la OMC, que, como sabemos, ha resultado particularmente negativa para los países de menor desarrollo. 
Son aspectos que no podemos escamotear y que, junto con el nítido viraje al Este de la Unión Europea- he de recodar que ninguno de los países ACP se encuentra ya en la lista de los diez países que más se benefician de la cooperación europea- pueden comprometer una asociación que deseamos fructífera, mutuamente ventajosa y apta para acabar con el ciclo del frágil desarrollo y la enorme pobreza que afecta a esos países. 
Señor Presidente, aquí no hacemos más que comentar la jugada. 
Ya hace casi dos años que terminaron las negociaciones sobre el Acuerdo de Cotonú. 
Sin embargo, espero que el Consejo se tome en serio el informe del Sr. Rod. 
Felicito al ponente por el análisis crítico que ha plasmado en su informe. 
La persistencia de algunas inconsistencias en el Acuerdo de Cotonú y el no querer disminuir el subdesarrollo cuando eso significa renunciar a los propios intereses, llevan al ponente a arrojar una sombra de duda sobre el éxito de este proyecto de desarrollo. 
Me sumo a ello. 
Sólo suscribo parcialmente el movimiento a favor de la integración en el sistema comercial mundial en lugar de modificar ese sistema en beneficio de los más pobres. 
La ayuda sin comercio ciertamente no sirve para mucho, pero el comercio no es una panacea para el desarrollo. 
Por último, algo sobre los futuros acuerdos comerciales regionales. Desde la perspectiva de la OMC, no hay más remedio que seguir con Lomé de esta forma. 
Sin embargo, quisiera mencionar otra perspectiva, a saber, la del desarrollo. 
No estoy tan seguro de que los acuerdos de asociación económicos regionales beneficien a todos nuestros socios. 
Los países menos desarrollados, en especial, obtienen poco beneficio de ellos. 
Además, podría que existieran conflictos de intereses entre los distintos países en sus regiones más o menos artificialmente clasificadas. 
Eso atenta directamente contra la política de prevención de conflictos de la Unión Europea que figura como prioridad en la agenda. 
Señor Presidente, señor Comisario Nielson, estimadas y estimados colegas, el nuevo acuerdo de cooperación y desarrollo, el Acuerdo de Cotonú, mejora considerablemente el marco para la cooperación con los Estados ACP. 
Varias mejoras de contenido y políticas significativas tienen su origen en propuestas del Parlamento Europeo. 
En consecuencia, nosotros no compartimos la valoración muy crítica y la exposición de motivos del ponente. 
Incluso nos parece casi caricaturesca. 
Permítanme que contraponga tres aspectos muy positivos al análisis del ponente. 
En primer lugar, la introducción de una asamblea parlamentaria constituye un verdadero avance. 
Como resultado, después de un período prudencial de rodaje, sólo los parlamentarios libremente elegidos podrán intervenir en nombre de los Estados ACP y ya no los embajadores, como ha ocurrido en parte hasta ahora. 
Este principio no sólo debe quedar inscrito en el nuevo reglamento de nuestra Asamblea paritaria, sino que también se deberá aplicar en la practica. 
Vamos a pronunciarnos en contra de la acreditación de cualquier embajador ACP en detrimento de los parlamentarios africanos libremente elegidos, por ejemplo. 
El segundo punto, es la orientación regional de la cooperación, que acabará con los particularismos económicos en África y tiene asimismo su origen en las propuestas del Parlamento Europeo. 
Acuerdos regionales de libre comercio y cooperación deberán constituir el futuro eje central de nuestra cooperación. 
Nosotros solicitamos encarecidamente que la cooperación parlamentaria a escala regional se pueda iniciar sobre el terreno todavía dentro de este año; por ejemplo, a continuación de la reunión de Ciudad del Cabo del mes de marzo con el África meridional y en el transcurso del año con la comunidad económica del África occidental. 
En tercer lugar, apoyamos la aplicación reforzada de la cláusula relativa a la democracia y los derechos humanos. 
A nuestro parecer, también ésta se debe incorporar rápidamente a la legislación. 
A modo de ejemplo, quiero citar los casos de Nigeria, Togo y Zimbabue. 
Gracias a la misma esperamos poder establecer por fin una auténtica cooperación parlamentaria con nuestros homólogos africanos y de los demás Estados ACP. 
Señor Presidente, la recomendación que nuestro amigo Rod nos hace en favor de la ratificación por nuestro Parlamento del Acuerdo de Cotonú se acompaña de un análisis exhaustivo del acuerdo, de su significado y de sus novedades, y lo hace desde un punto de vista crítico, que compartimos por las mismas razones del ponente: por las lagunas que contiene el Tratado y por las carencias que se han observado ya durante su corta vida provisional. 
Ello no impide que lo apoyemos y promovamos su ratificación. 
Este acuerdo se produjo en un mundo significativamente diferente al del primer Convenio de Lomé; pero en las condiciones mundiales actuales los instrumentos económicos no bastan ya para guiar la globalización hacia metas de justicia. 
Hay que dotarse también de instrumentos de cooperación política. 
Por ello, aun con insuficiencias, este acuerdo debe ser bienvenido para obtener de él lo mejor que pueda darnos. 
El papel del Parlamento Europeo respecto del acuerdo no puede quedar limitado al control del Fondo Europeo de Desarrollo. 
Creo que podemos hacer cosas importantes con este acuerdo. 
De momento, difundir sus elementos positivos y procurar su ratificación por nuestros Parlamentos nacionales. 
Es escandaloso que un año y medio después de su firma, al parecer sólo tres de los quince lo hayan ratificado. 
Otra acción importante que podemos propiciar es la consolidación y el funcionamiento efectivo de los Parlamentos nacionales de los países ACP. 
Rod destaca como novedad en el acuerdo la participación de la sociedad civil y reconoce el papel siempre esencial del Estado, pero dentro del Estado los parlamentos eficaces son la mejor garantía para evitar la miseria, luchar contra la corrupción y hacer eficaz nuestra cooperación, que es el objetivo subyacente del Acuerdo de Cotonú. 
Apoyemos a los parlamentos de nuestros socios y así la Asamblea Paritaria ACP-UE podrá cumplir la función de control democrático que el acuerdo le encomienda. 
Rod nos hace la pregunta del millón: ¿nuestra cooperación en el contexto del Acuerdo de Cotonú sirve para el desarrollo de nuestros socios ACP o busca sencillamente la implantación del modelo liberal en estos países? , y: ¿sirve el modelo liberal para garantizar allí un desarrollo justo? 
Creo que eso solo no sirve. 
Por ello, deberíamos esforzarnos para que este Acuerdo de Cotonú sea, más allá de un marco de relaciones comerciales, un instrumento de relaciones políticas y económicas decentes y equitativas con los Estados ACP y para que nuestra cooperación con ellos sea uno de los pilares del orden mundial solidario y democrático que necesitamos y con el que estamos comprometidos, al menos en mi Grupo. 
Señor Presidente, acojo favorablemente el informe del Sr. Rod y estoy de acuerdo con él en que la renovación del acuerdo marco, por el que se rige la cooperación entre la UE y los Estados ACP, conviene estudiarlo ante el trasfondo de los retos que plantea la globalización, la liberalización económica y la reforma de la ayuda exterior de la Comisión Europea. 
De hecho, cuando han transcurrido más de 18 meses desde la firma de Cotonú, podemos comenzar a evaluar el Acuerdo analizando el progreso real de su puesta en marcha. 
Primero, a pesar de sus virtudes, el anterior Acuerdo de Lomé fracasó, como mínimo, en un aspecto concreto, a saber, el de la lucha contra la pobreza. 
Acojo con gran satisfacción que uno de los objetivos fundamentales del nuevo Acuerdo de Asociación sea el fomento de la erradicación de la pobreza, pero debemos garantizar que este objetivo queda reflejado también en la programación de la Comisión a través de sus informes estratégicos sobre los países. 
Lamento decir que los documentos estratégicos sobre los países revisados hasta ahora reflejan que el sector de transportes ha recibido el 35% y la ayuda macroeconómica el 25% de todos los recursos programables. 
En la Comisión de Desarrollo y Cooperación hemos hecho hincapié en innumerables ocasiones en la necesidad de invertir recursos en la asistencia sanitaria básica y en la enseñanza básica si nos proponemos seriamente reducir la pobreza. 
Es acertado volver a hacer hincapié en este punto esta noche. 
El segundo cambio fundamental respecto a Lomé es el de la participación de la sociedad civil. 
¿Qué tipo de resultados podemos esperar tras conocer que la sociedad civil aún no ha sido involucrada de una manera real y significativa? 
Me siento decepcionado al ver en los informes estratégicos sobre los países redactados hasta ahora que de un posible 15% de los recursos, sólo se ha destinado un 2% a la generación de capacidad. 
¿Ha sido esto debido a que las organizaciones de la sociedad civil no han sido consultadas o es que la sociedad civil tiene un índice de absorción tan bajo? 
El Acuerdo de Cotonú estipula que la participación de la sociedad civil debe surgir desde la base, aunque si no existe capacidad, eso es imposible. 
Por último, al señalar algunos de los retos de orden práctico que deberemos afrontar, no quisiera menospreciar y no menosprecio el enorme logro que ha supuesto la negociación y la firma del Acuerdo. 
La asociación entre la UE y los Estados ACP sigue siendo un modelo de cooperación Norte-Sur en nuestro mundo y un modelo que celebramos debidamente con nuestra aprobación de la ratificación en el Parlamento Europeo esta semana. 
. (EN) Señor Presidente, permítame, en primer lugar, felicitar a los diputados al Parlamento por haber dado este importante paso en el proceso de aprobación del Acuerdo de Cotonú. 
Todos ustedes saben lo importante que es completar el proceso de ratificación para que el acuerdo entre plenamente en vigor, incluido su componente financiero. 
También saben cuán importantes son las relaciones ACP-CE en el marco de la política de desarrollo comunitaria. 
Un aspecto muy importante es que el texto del Acuerdo de Cotonú es un texto negociado. 
Aspecto que también ha quedado reflejado indirectamente en los comentarios de muchos en el presente debate, en el sentido de que ha sido todo un logro alcanzar el acuerdo. 
Y lo hemos alcanzado a través de negociaciones reales. 
El Sr. Howitt se refería a ello cuando lo ha presentado como modelo de unas relaciones Norte-Sur más globales. 
El Acuerdo tiene muchas carencias y gran parte de las críticas se derivan del hecho de que sigue siendo muy ambicioso y de que es difícil de aplicar. 
Esto tiene que ver con nuestras expectativas respecto a lo que nuestros países asociados aportan realmente al proceso de programación. 
No debemos ser los únicos que toman las decisiones, con lo que respondo en parte a los comentarios del Sr. Howitt. 
A continuación haré algunos comentarios breves sobre el informe como tal. 
Encuentro interesante el modo en que el informe enfoca la dimensión comercial del Acuerdo de Cotonú, aunque no puedo estar de acuerdo con el mismo en su totalidad. 
No hay ninguna duda de que la evaluación que hace el informe del régimen económico y comercial del Acuerdo de Cotonú está basado en un punto de vista político del desarrollo de las relaciones Norte-Sur. 
Por ejemplo, no coincidimos con el informe en que el Acuerdo de Cotonú "sólo concibe el desarrollo a través de las leyes del mercado". 
En nuestra opinión, el Acuerdo de Cotonú establece un marco amplio que integra el comercio como un instrumento, entre otros, para fomentar el desarrollo sostenible. 
El elemento fundamental de las futuras relaciones comerciales serán los Acuerdos de Asociación Económica, que tienen el objetivo de crear condiciones favorables para mejorar el volumen y los beneficios del comercio. 
Es cierto, las negociaciones de los acuerdos de cooperación económica regional buscarán la liberalización progresiva y flexible de los flujos comerciales y la integración de los países ACP en la economía mundial. 
Pero esto se hará conforme a sus niveles de desarrollo y se tendrán en cuenta las consecuencias socioeconómicas de las medidas comerciales. 
Los acuerdos de cooperación económica regional estarán basados en la integración regional, el fortalecimiento y la profundización de las iniciativas de integración regional en vigor. 
Es también el motivo por el que no comparto el punto de vista expresado por el Sr. Belder en el sentido de que estas iniciativas podrían representar un riesgo en relación con la prevención de conflictos. 
Tenemos la clara expectativa de que esta cooperación regional formará parte de la prevención de conflictos y la potenciará. 
Así nos lo dice la experiencia. 
Los acuerdos de cooperación económica regional también irán unidos a amplias medidas económicas y sociales que pueden ser financiadas a través del FED. 
Este aspecto no queda suficientemente reflejado en el informe. 
Algunas de las afirmaciones del informe, en nuestra opinión, podrían ser más precisas. 
Por ejemplo, la referencia a las exportaciones de carne de vacuno de la UE a África Occidental critica duramente que se sustituya la carne local por carne comunitaria subvencionada. 
No obstante, esta crítica está basada en las exportaciones comunitarias entre 1981 y 1991. 
Ahora estamos en 2002 y la política comunitaria de exportación hacia los países en desarrollo ha cambiado en estos últimos años. 
En particular, desde comienzos de los años noventa, hemos reducido considerablemente las restituciones a la exportación para las exportaciones de carne de vacuno a África Occidental, precisamente para evitar cualquier sustitución de la carne local por carne comunitaria subvencionada. 
Como consecuencia de ello, se ha producido una disminución progresiva de las exportaciones de carne de vacuno comunitaria a los países de ECOWAS (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) que han pasado de 54.000 toneladas en 1991 a sólo 1.600 toneladas en 2000. 
Éste es un caso clásico. 
Hemos tenido varios de ellos en el debate sobre la coherencia. 
Se trata en su mayoría de casos históricos y todos han quedado resueltos. 
Pero existen otros problemas importantes muy reales y significativos sobre los que deberemos tratar en el marco del debate sobre la coherencia, por tanto, aconsejaría encarecidamente a todos los que intervienen en este debate que pongan el dedo en los problemas reales, en vez de recurrir solamente a material arqueológico. 
En el informe existe también cierta confusión en lo relativo a las relaciones comerciales con los Países Menos Avanzados (PMA). 
El informe afirma que los PMA optarán automáticamente por el régimen "Todo Excepto Armas", mientras que los que no pertenecen a los PMA pueden elegir entre los Acuerdos de Asociación Económica y el régimen normal de SPG. 
Eso no es cierto. 
Por el contrario, es importante subrayar que los PMA participarán en el proceso de acuerdos de cooperación económica regional. 
Estos acuerdos de cooperación económica regional tratarán de eliminar todas las barreras comerciales, incluidos temas como las medidas sanitarias y fitosanitarias o las barreras técnicas para el comercio, y ampliarán las actuales iniciativas para la integración regional. 
Ambas medidas son muy importantes para los PMA. 
Por último, permítanme hacer hincapié en que los acuerdos de cooperación económica regional deben ser integrados en las estrategias de desarrollo de los países ACP y de la CE. 
Por consiguiente, será fundamental que las negociaciones sobre los acuerdos de cooperación económica regional y su aplicación, por un lado, y las políticas de desarrollo, por otro, se apoyen mutuamente y que en la financiación regular del FED se incluyan medidas comunitarias de apoyo adecuadas. 
Los acuerdos de cooperación económica regional crearán un marco de política comercial que será necesario para poder ser plenamente coherentes con las políticas de desarrollo. 
Es cierto que los objetivos de la agenda comercial de Cotonú son ambiciosos, pero si no hacemos nada y continuamos con nuestro anterior enfoque, correríamos grandes riesgos y probablemente no podríamos invertir la marginación económica de los países ACP. 
Es algo que resulta bastante evidente cuando analizamos lo ocurrido hasta ahora sobre la base de los instrumentos del pasado. 
El Acuerdo de Cotonú prevé instrumentos para ayudar a los países ACP a integrarse en la economía mundial y reducir la pobreza. 
Debemos utilizarlos de la mejor manera posible. 
Sería un malentendido pensar que este acuerdo nuestro y nuestros instrumentos bastan para resolver el problema. 
Existen muy buenas razones de peso por las que estos países pobres no están bien integrados en la economía mundial. 
El informe está redactado como si fuera una hipótesis realista que, como parte de la ingeniería y de las negociaciones subyacentes al Acuerdo de Cotonú, hubiéramos podido fácilmente hacer frente y modificar muchos de los aspectos mundiales subyacentes. 
Espero no asustar a nadie al decir que no es así de fácil. 
Nunca nos hemos planteado la posibilidad de ofrecer a los países ACP un marco de desarrollo económico que no estuviera basado en el hecho de que la economía de mercado prevalecerá. 
Pero eso no es lo mismo que decir que el mercado es el único método. 
La Comisión discrepa de dicha afirmación. 
De hecho, todo el esfuerzo de nuestra cooperación ACP-UE, así como el resto de nuestros esfuerzos de cooperación al desarrollo en el mundo, demuestra el hecho de que intentamos hacer algo que nunca podría haberse hecho si el desarrollo se dejara en manos del mercado como tal. 
Es por eso por lo que lo hacemos. 
Permítanme terminar en un tono más conciliador haciendo referencia a la conclusión del informe, que apoyo firmemente. 
" En efecto, la existencia de un nuevo acuerdo de cooperación ACP-UE ya es, en sí, una victoria. 
Además, contiene elementos innovadores, que será necesario interpretar y utilizar de forma constructiva. 
En la medida en que el Parlamento Europeo no tiene competencias para enmendar este texto, es esencial trabajar para sacar lo mejor de él, y para que la ayuda contribuya realmente a un mayor bienestar de la población de los países ACP en función de sus necesidades alimentarias, sanitarias, educativas, etc ". 
Para terminar, quiero expresar mi profunda satisfacción, en nombre de la Comisión, por el hecho de que el Parlamento Europeo ya haya concluido su parte en este proceso, y esperamos que quede concluido en su totalidad lo antes posible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.30 horas) 
Señor Presidente, me gustaría llamar su atención sobre el continuo deterioro de la situación en Zimbabwe. 
El viernes pasado varios ministros de Zimbabwe tuvieron una reunión con representantes de la Unión Europea y se les ha pedido que escriban para mañana una carta o un informe acerca de las mejoras en la situación de Zimbabwe. 
En realidad, en la última semana las cosas han seguido empeorando. 
Es muy importante que la comunidad internacional muestre que va en serio al reprender al régimen de Mugabe en Zimbabwe. 
Es necesario que vayamos preparando sanciones inteligentes ya. 
Le insto a que se asegure de que el Consejo y la Comisión adoptan una actitud uniformemente firme en relación con Zimbabwe antes de que sea demasiado tarde. 
Las elecciones presidenciales se celebrarán el 9 de marzo y el tiempo se está agotando. 
Muchas gracias, señor Van Orden, tomamos nota de su intervención y lo transmitiremos a la Presidencia. 
Tiene la palabra, también para una cuestión de orden, el Sr. MacCormick. 
Señor Presidente, me gustaría continuar con una cuestión que planteó ayer la Sra. McKenna acerca de la votación electrónica y el voto secreto. 
Desgraciadamente ocurre que el mecanismo del voto secreto mediante votación electrónica es imperfecto en este momento. 
Es imperfecto porque, incluso si uno utiliza la técnica que mencionaba ayer la Sra. Jackson de cubrir la pantalla con un papel, es fácil para sus colegas de detrás y de al lado ver el sentido de su voto. 
Cuando el voto secreto sea importante, debería protegerse a los diputados de la presión que ejercen los compañeros. 
Por tanto, me gustaría que su Señoría remitiera a la Asamblea la cuestión de si puede mejorarse el sistema de votación electrónica para que funcione realmente como un voto secreto y para proteger a los diputados de las presiones de las que han de estar protegidos. 
Gracias, señor MacCormick, no es necesario transmitir esta petición a la Asamblea, porque la Asamblea ya inició motu proprio este estudio ayer. 
Hay otras fórmulas. 
No es que su consideración sea irrelevante y entendemos perfectamente su interés político, pero sobre la base de la experiencia de ayer, que fue la primera con ese sistema, los servicios están examinando cómo resolver esa cuestión. 
Y a mí como responsable- de momento, puesto que la asignación de puestos en la Asamblea aún no se ha decidido y conservo aún mis responsabilidades anteriores en materia de edificios -, ya me fue sometida una propuesta ayer por la tarde, que se refería a esto. 
Por lo tanto, supongo que la Asamblea podrá resolver pronto esa cuestión, con ayuda de los Cuestores, por otra parte. 
Tiene la palabra el Sr. Sumberg para una cuestión de orden. 
Les ruego que no prolonguemos excesivamente las cuestiones de orden. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Le rogaría que pidiera al Presidente de este Parlamento que tomara nota de que ayer se celebró aquí una votación para una investigación completa de la fiebre aftosa en el Reino Unido. 
Esa votación se llevó a cabo porque el gobierno laborista británico negó a mis electores una investigación sobre esa terrible enfermedad. 
En este Parlamento ayer, los socialistas británicos... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Sumberg, por favor, esto no es una cuestión de orden. 
Sé que usted tiene derecho a intentar aprovechar las oportunidades reglamentarias, pero no era una cuestión de orden. 
Gracias. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0470/2001) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre el futuro de la política pesquera común (COM (2001) 135- C5-0261/2001- 2001/2115 (COS)) 
Estimados colegas, lamento comunicarles que el Sr. Fischler, Comisario responsable de los temas a los que se refieren los tres informes previstos en el orden del día de esta mañana, está enfermo. 
Estaba ayer en Estrasburgo, y sigue en este momento en Estrasburgo, pero no podrá participar en estos debates. 
Por este motivo les debo pedir comprensión por la ausencia de la Comisión. 
Creo que no podemos paralizar los debates, deberíamos proceder. 
Estará aquí representada la Comisión por los altos funcionarios responsables pero no por el Comisario, quien, por lo tanto, no podrá intervenir. 
Por el contrario, el Consejo, que tampoco está presente, no ha excusado su ausencia. 
Creo que debemos seguir adelante con nuestro orden del día. 
Quisiera, en nombre de la Cámara, transmitir al Sr. Fischler nuestros mejores deseos de pronta recuperación. 
Tiene la palabra el Sr. Varela Suanzes-Carpegna, presidente de la Comisión de Pesca. 
, presidente de la Comisión de Pesca- Señor Presidente, quiero señalar, apoyando lo que usted dice, en primer lugar, que el Sr. Fischler me había transmitido su malestar, ya que no se encontraba en disposición de estar hoy aquí con nosotros. 
Debo decir que el Sr. Fischler ha estado siempre en otros debates. 
Al haber una enfermedad, una causa de fuerza mayor, evidentemente tenemos que transmitirle simplemente los deseos de mejoría expresados por el Presidente. 
Creo que debemos proceder a este debate porque ya nos ha costado tiempo sacar adelante los informes previstos para hoy, fundamentalmente el informe Miguélez. 
Se trata de temas de gran importancia y hemos conseguido que se debatan en este período parcial de sesiones de enero, lo que era difícil por los aspectos institucionales que había que resolver. 
Y, además, lo hacemos en jueves, cosa que no es frecuente para la pesca, y los informes se votarán el jueves por la mañana. 
Por lo tanto, yo, como presidente de la comisión, solicitaría que, a pesar de que no pueda estar presente el Comisario, llevemos adelante este debate y que le transmitamos, como es lógico, nuestro deseo de que se mejore lo más rápidamente posible. 
Señor Presidente, antes de proceder al debate sobre la pesca en el que también voy a participar, quisiera pedir que se preste atención al hecho de que en el orden del día de esta tarde está el informe Stauner sobre el programa de acción comunitaria Leonardo Da Vinci. 
Sin embargo, tengo entendido que todavía se está realizando un estudio sobre esta materia por lo cual quizás no parece muy prudente que procedamos hoy a las cinco a la votación. 
Quisiera pedir que se consulte a la ponente, Sra. Stauner, si considera oportuno votar hoy sobre su informe. 
En mi opinión, me parece que no es lo más oportuno. 
Señor Meijer, la cuestión de procedimiento que usted suscita, ciertamente, es factible. 
Está previsto que, si se ha cerrado el debate, se proceda a la votación esta misma tarde. 
Si hemos acabado el informe al que ha hecho usted referencia, el de la Sra. Stauner, de acuerdo con el orden del día, está previsto que se proceda a su votación a las 17.00 horas. 
Por favor, les agradecería que no paralizásemos más el debate. 
El Comisario Vitorino, por otra parte, nos ha informado de que se desplaza hacia Estrasburgo, pero difícilmente podrá llegar antes de la votación. 
Si fuera necesario, señor Varela, el Sr. Comisario Vitorino podría expresar la opinión de la Comisión, que nos ha transmitido por escrito, antes del voto si lo creen ustedes imprescindible. 
. Señor Presidente, estimados colegas, éste que vamos a votar hoy aquí no es, evidentemente, el informe Miguélez. 
Por razones obvias: la Comisión de Pesca, al aceptar gran parte de las enmiendas a mi informe, y yo misma, al alcanzar con algunos de los enmendantes un compromiso para determinados puntos, hemos producido modificaciones significativas respecto al texto inicial. 
Este texto es, pues, una síntesis de las diferentes posiciones que existen en este Parlamento acerca de la reforma de la PCP, y a la hora de valorarlo habrá algunos que opinen que el vaso está medio lleno y otros dirán que está medio vacío. 
En todo caso, pienso que el informe contiene suficientes elementos positivos en relación con la actual PCP como para, como ponente, solicitar a esta Cámara el voto favorable al mismo. 
Tengo que decir que en la Comisión de Pesca han sido mayores las coincidencias a la hora de señalar las carencias de la actual PCP que a la de apuntar propuestas concretas para su reforma. 
No obstante, creo que hay suficientes elementos positivos como para sentar las bases de una futura PCP. 
La dificultad mayor se ha producido a la hora de conciliar los diferentes intereses: los de las empresas, a fin de permitir su viabilidad económica, los de la preservación de los recursos y las medidas socioeconómicas capaces de defender una actividad radicada mayoritariamente en zonas atrasadas, periféricas y del Objetivo 1. 
La Comisión Europea tendría que ser capaz, a través de una política inteligente, de conciliar estos tres aspectos, sobre todo porque el fracaso de uno de ellos implicaría el de los otros dos. 
Estamos preocupados por la contradicción existente entre el análisis sumamente crítico realizado por la Comisión de la actual PCP, compartido por el Parlamento Europeo, y las subsiguientes propuestas de reforma, formuladas en el Libro Verde, de carácter escasamente innovador. 
El Libro apuesta por el inmovilismo, un "más de lo mismo" que a nadie agrada. 
El informe que les presento es claro a la hora de definir el objetivo fundamental de la Política Común de Pesca: equilibrar la viabilidad de un sector económico estratégico para la Unión Europea- que contribuye al abastecimiento alimentario y que es vital para el empleo y la cohesión económica y social de las regiones periféricas de la Unión- con el mantenimiento de unos ecosistemas marinos sostenibles. 
En lo que se refiere a la conservación y gestión de los recursos, la Comisión de Pesca pide que la fijación de los TAC se realice conforme a métodos racionales y transparentes, integrando los dictámenes científicos y las informaciones de los profesionales del sector, tanto más cuanto que esta fijación tendrá carácter plurianual y multiespecífico. 
Solicita poner fin a las incoherencias entre la actual PCP y el mercado único, exigiendo que las áreas de restricción a la pesca, ya sean vedados, boxes o límites de acceso, se basen en criterios científicos de protección de los recursos. 
En efecto, como señala el informe, la actual PCP supone una derogación del principio de igualdad de acceso y, en ausencia de una decisión del Consejo, esta derogación finalizará el 31 de diciembre de 2002. 
La PCP está obligada a respetar los principios fundamentales del Tratado, incluido, Señorías, el principio de igualdad de trato. 
La estabilidad relativa necesita un nuevo análisis, tal y como reclama el informe, de las comunidades altamente dependientes de la pesca, que contemple la evolución producida en la Comunidad en los últimos 25 años. 
Este análisis es imprescindible ante la revisión de la PCP. 
La Comisión de Pesca, ha rechazado también la ampliación de la zona de aprovechamiento exclusivo más allá de la actual franja de las 6/12 millas. 
En lo que respecta a la flota, el informe es claro al señalar que los Programas de Orientación Plurianual (POP) no han producido los resultados deseados, en gran parte por falta de voluntad de algún Estado miembro de aplicarlos correctamente. 
La reducción de la flota es un sacrificio socioeconómico que, para ser comprendido y aceptado por el sector pesquero, tiene que realizarse de forma equilibrada en todos los Estados miembros y contar además con el suficiente apoyo financiero comunitario. 
Es necesario que la Comunidad siga contribuyendo a la modernización de la flota, a través de medidas estructurales, reforzando los aspectos de seguridad y habitabilidad sin que ello suponga un aumento del esfuerzo pesquero. 
Es necesario, por tanto, continuar con las ayudas estructurales. 
Sobre inspección y control reconocemos que el funcionamiento de los mecanismos de vigilancia y control es insatisfactorio. 
Creemos que todos los esfuerzos destinados a la conservación de los recursos están destinados al fracaso sin un sistema europeo armonizado y que cuente con un grado elevado de conformidad del sector. 
Es necesario ampliar las competencias de los inspectores comunitarios y establecer un régimen sancionador uniforme. 
Por lo que se refiere a las relaciones internacionales, la Comunidad debe abordarlas con decisión, vinculándolas a la política exterior de la Unión Europea. 
Las relaciones internacionales de la Unión tienen que ser contempladas, en lo que se refiere a la pesca, desde una óptica primordialmente comercial, destinada a obtener posibilidades de capturas para nuestra flota. 
Los acuerdos de pesca constituyen y seguirán constituyendo un elemento esencial de la nueva PCP. 
Es necesario, para ello, abordar una estrategia uniforme en la celebración de acuerdos internacionales, de tal modo que los profesionales estén sometidos a las mismas condiciones por lo que se refiere a posibilidades de pesca, pago de cánones y de licencias y aprovechamiento de cuotas excedentarias. 
Las relaciones comerciales y la política de mercados de la Unión Europea deberá combinar el respeto del principio de preferencia comunitaria con una reducción de aranceles que vaya unida al establecimiento de una lista de productos sensibles, facilitando a la industria de transformación el acceso al abastecimiento de materias primas. 
Por lo que se refiere a los aspectos sociales, estaban totalmente ausentes del Libro Verde. 
Pedimos a la Comisión que integre plenamente estas medidas económicas y sociales necesarias para asegurar la cohesión económica y social de las regiones dependientes de la pesca. 
El sector pesquero se caracteriza por la dureza de las condiciones de trabajo y la falta de convenios colectivos, por lo que se hace necesario incrementar el diálogo social. 
Para terminar, y en el tiempo que me asigna mi Grupo, quiero lamentar lo que el viento se llevó en estos largos meses de tramitación parlamentaria, especialmente dos puntos: una flota comunitaria que pueda operar bajo un mismo pabellón y un cuerpo único de inspectores comunitarios. 
Siento que el Parlamento Europeo no sea, en esta ocasión, la institución innovadora y de vanguardia que todos los diputados deseamos. 
En pesca llevamos décadas de atraso en la senda europea, pero de la misma manera que ya tenemos euros en el bolsillo y que nuestros cielos están vigilados por Eurocontrol, más pronto o más tarde la bandera europea ondeará en nuestros pesqueros. 
Hablo hoy en nombre de la Comisión de Desarrollo. 
La Comisión de Desarrollo ha emitido una serie de observaciones de fondo sobre la política pesquera en relación con la política de desarrollo. 
Constata en primer lugar que la Unión Europea es uno de los actores más importantes del mundo en el ámbito de la pesca, y hemos de ser conscientes de ello. 
El mercado de la Unión es además tan amplio que más de la mitad del pescado que se consume se pesca o bien por la flota de la Unión fuera de las aguas comunitarias o es importado, básicamente, de los países en vías de desarrollo. 
Se comprende por tanto que el impacto de la política pesquera común en los países en vías de desarrollo puede ser extremadamente importante. 
La Comisión de Desarrollo es de la opinión de que resulta prioritario asegurar la coherencia de la política pesquera común con la política de cooperación y desarrollo. 
Es, evidentemente, esencial, ya que no se trata de desplazar los problemas que vive el sector pesquero europeo. Y sabemos que esos problemas son numerosos: capacidades excedentarias de la flota, explotación excesiva de los recursos, reducción del empleo, entorno claramente degradado. 
Así, desplazar esos problemas a otras regiones del mundo no es aceptable y no es una política inteligente a largo plazo. 
Consideramos además que los acuerdos de pesca, que son uno de los elementos importantes de la política pesquera común, deben basarse no solamente en este primer principio, sino también en evaluaciones científicas fiables sobre el estado de las reservas y la incidencia de la pesca en las especies determinadas sobre todo. 
Está claro, como ha dicho el ponente principal, que esas evaluaciones científicas son necesarias. 
Si no existieran, lo que desafortunadamente ocurre con frecuencia en los países en vías de desarrollo, convendría adoptar el principio de cautela que permitiera evitar la explotación excesiva de los recursos. 
En último lugar, se trata de asegurar una protección adecuada de las comunidades que viven de los recursos de la pesca costera en los países terceros y garanticen así su seguridad alimentaria. 
. Señor Presidente, como no podía ser de otra manera, la Comisión de Medio Ambiente decidió, con una abstención y una gran mayoría a favor, que sólo el equilibrio del ecosistema marino- como dicen otros colegas -, va a garantizar el empleo de la pesca en el futuro, y que debiera adecuarse la flota a los recursos existentes. 
Como decía la ponente, se debe superar el fracaso de la actual PCP. 
Todos los que vivimos en regiones con costas sabemos que paradas biológicas, zonas prohibidas, dimensiones de la malla, TAC, etc. no mejoraron la situación y que la propuesta que se hace en el Libro Verde no va en dirección de mejorarla. 
Nosotros, en la Comisión de Medio Ambiente, creemos que se tienen que llevar a cabo actuaciones sobre las fuentes de contaminación, que son múltiples- contaminación industrial, una presión turística enorme que nosotros conocemos bien en nuestro país -, actuaciones en ecosistemas extraordinarios que hay en nuestro propio país, como son las rías, y actuaciones en plantas de hidrocarburos y otras que van en dirección contraria a lo que nosotros quisiéramos. 
Son necesarios indicadores sociales, medioambientales y económicos que permitan garantizar que las acciones sean efectivas, así como medidas sociales de acompañamiento e incentivos a prácticas pesqueras sostenibles, como las prácticas artesanales que se dan en nuestras costas más cercanas. 
Se debe respetar el principio de cautela que tiene una buena definición en el código de conducta de la FAO y en el acuerdo las Naciones Unidas. 
Es necesario reforzar la confianza de los consumidores actuando no sólo sobre la pesca tradicional, sino también sobre la acuicultura. 
También debe producirse una información y sensibilización, así como la participación de los ciudadanos y de los sectores afectados para que tengan éxito las medidas que han de adoptarse en esos sectores, al igual que la participación de las autoridades locales y regionales. 
Control y vigilancia- como decía la ponente- de las medidas que se adopten, porque si no habrá una desigualdad entre los diferentes países. 
Señor Presidente, creemos que no hay que olvidar que una mayor capacidad de la flota no garantiza el empleo. 
Se ha perdido el 19% en el sector productivo y el 10 % en los últimos años en el sector transformador. 
Por lo tanto, hay que actuar sobre esa contradicción. 
Señor Presidente, también yo deseo un pronto restablecimiento al Sr. Fischler y soy partidario de que no aplacemos el debate de esta mañana. 
Sencillamente, el tema es demasiado importante. 
Realmente, ha sido un arduo trabajo sacar adelante en comisión este informe con 400 enmiendas. 
El elevado número de enmiendas no se ha debido, con seguridad, al compromiso de mi apreciada colega, la Sra. Miguélez Ramos, pues ha trabajado de manera ejemplar y ha presentado un informe equilibrado, por todo lo cual le damos las gracias en este momento una vez más. 
Algunos se preguntarán con sorna a santo de qué viene todo este esfuerzo. 
Sin embargo, no puedo insistir suficientemente en la gran importancia que reviste este informe para el futuro de la pesca en Europa. 
Desde hace apenas 20 años existe en Europa una política de pesca con grandes altibajos. 
La pesca ha nadado entre un gran oleaje. 
Pero de esto no es responsable solamente Bruselas. 
No, sino que, más bien, no todos los Estados miembros ni todos los pescadores tiran de la misma soga. Esta es la razón de por qué la PCP no ha respondido plenamente a tan altas exigencias. 
En este año nos encontramos en una encrucijada en el auténtico sentido de la palabra. 
¿Qué dirección queremos dar en el futuro a la Política Común de Pesca en Europa? 
Puedo asegurarles que las recomendaciones del Parlamento caerán en terreno abonado en la Comisión pues esta colaboración entre las Instituciones deberá proseguir y proseguirá en interés y en provecho de la pesca en Europa. 
Una vez conocidas las recomendaciones del informe la Comisión puede presentar ahora sus propuestas de reforma. 
Estamos esperando esto con interés y por esta razón espero hoy una amplia mayoría. 
Sin embargo, una cosa debe estar clara. 
Va a ser un viaje a través de un mar difícil pues, como hemos dicho, los retos son enormes. 
Permítanme que resalte brevemente algunos puntos que, en mi opinión, son imprescindibles para la futura política de pesca en Europa. 
En primer lugar: sin peces no habrá pesca alguna. 
Esta ecuación es simple, pero verdadera. 
Hemos de dedicar mayor atención que hasta ahora al mantenimiento de bancos sanos pues sólo unos ecosistemas marinos sanos garantizan una explotación sostenible y con futuro. 
Efectivamente, todos nosotros aquí en el Parlamento y allá fuera, en las costas, queremos un sector pesquero viable, pero no sólo viable con vistas a hoy y quizá a mañana, sino también para las próximas décadas. 
En segundo lugar: sabemos muy poco acerca de las interrelaciones del ecosistema marino. Por esta razón es preciso intensificar la investigación. 
En tercer lugar: en las aguas europeas no encontramos suficiente pescado, esto es un hecho. 
Por esta razón necesitamos pescar también fuera y, en consecuencia, necesitamos acuerdos con terceros estados. 
Estos son caros y serán cada vez más caros, y mañana serán probablemente demasiado caros. 
En este punto hemos de recorrer nuevos caminos incluyendo también a aquellos que se benefician de esto. 
Es nuestra obligación frente a los contribuyentes. 
El tiempo pasa muy rápido, no sólo en mi intervención sino también en la reforma de la PCM. 
Alcancemos conjuntamente antes de finales de año una solución practicable en interés de nuestra pesca en Europa. 
Señor Presidente, la revisión de la política pesquera común nos brinda la oportunidad de guiar el futuro de la pesca en la Unión Europea en los próximos diez años y tenemos que hacerlo bien. 
La PCP todavía no ha conseguido lo que ha de conseguir, es decir, un sector pesquero sostenible. 
Al contrario, estamos en una situación en la que nuestras poblaciones de peces han sido mermadas y nuestros mares contaminados, a la vez que ha aumentado nuestra capacidad tecnológica para pescar de un modo que la hace irreconocible. 
La piedra angular de la nueva PPC tiene que ser el desarrollo económico y medioambiental sostenible. 
Una forma de lograrlo es reconocer la dimensión regional de la PPC. 
Deberíamos incrementar la participación de las industrias en la gestión y conservación de la pesca, permitiendo un mejor diálogo entre los pescadores y los científicos. 
El desarrollo sostenible significa que hemos de tomarnos en serio la dimensión medioambiental de la gestión pesquera. 
Sin embargo, esto debe llevar aparejado procedimientos más claros para responder rápidamente a emergencias de conservación. 
Deberíamos mantener el principio de la estabilidad relativa, pero garantizar también una mayor eficacia y coherencia en el control y la aplicación de los requisitos de la UE, intentado, a su vez, simplificar la carga de control que soportan los pescadores. 
Como sabemos, siguen existiendo puntos débiles en inspección y control, debiéndose acoger favorablemente la estructura de inspección y el enfoque coordinado. 
En cambio, la aplicación de procedimientos sancionadores uniformes requerirá un análisis detallado. 
También debe analizarse el tema de los acuerdos de pesca del que hablaba el Sr. Lannoye. 
Las cuestiones del desarrollo, la reducción de la pobreza y las repercusiones para el medio ambiente son aspectos claves que han de estudiarse. 
Ha habido muchos ejemplos de pescadores que habitan en algunas de las zonas más pobres del mundo que ya no pueden pescar. 
Cuando no pueden pescar, no comen. 
La reforma es esencial. 
Hay mucho que hacer en muy poco tiempo, pero es demasiado lo que está en juego como para fallar. 
Espero que por estas fechas el año que viene, cuando volvamos para el primer período parcial de sesiones de 2003, veamos una recién reformada PPC que sea adecuada para el futuro. 
Señor Presidente, al ser una práctica habitual felicitar a los ponentes por su trabajo, resulta difícil encontrar las palabras apropiadas cuando se ha logrado algo excepcional. 
Por ello, diré simplemente que supone un reconocimiento al trabajo de la Sra. Miguélez Ramos que un informe que suscitó 400 enmiendas en la fase de comisión haya llegado al pleno con sólo 25 que analizar. 
Antes de ocuparme de la naturaleza de la propuesta de resolución sustantiva, quisiera hablar brevemente de las enmiendas de mi propio Grupo. 
Las enmiendas 3, 4 y 5 se refieren a la esfera internacional. 
La enmienda 3 pretende una metodología y unas definiciones comunes para las subvenciones a la pesca y para la capacidad y actividad pesquera y la relación entre ellas. 
Las enmiendas 4 y 5 tienen como finalidad mejorar el seguimiento tanto de la rentabilidad de los acuerdos de pesca con países terceros como de las actividades pesqueras realizadas en el marco de los mismos. 
La enmienda 6 sólo intenta suavizar la redacción del considerando H porque se duda que la PPC pueda realmente garantizar a quienes trabajan en el sector condiciones de vida comparables a las de otros sectores de producción, aunque, sin duda, debería contribuir a ello. 
Por último, la enmienda 7 pretende tan solo añadir la pesca marítima recreativa a los elementos a los que, junto con la pesca de altura y costera y la acuicultura, es necesario prestar una atención individualizada. 
Esperamos que estas enmiendas reciban la aprobación de la Asamblea. 
De modo más general, creemos que la propuesta de resolución ha logrado un encomiable equilibrio entre las demandas de la pesca como actividad económica y la necesidad de conservación. 
Al apoyar el principio de la estabilidad relativa, y la franja de las 6/12 millas, reconoce la fragilidad de las comunidades que dependen de la pesca. 
Al apoyar el paso a cuotas plurianuales y para múltiples especies, fomenta un planteamiento de la gestión pesquera que es mejor tanto para la industria como para el medio ambiente. 
También aborda otros asuntos objeto de preocupación medioambiental, como la extirpación de las aletas de tiburón y las capturas colaterales de alevines. 
Asimismo, destaca nuestras responsabilidades con el mundo en desarrollo. 
Otro de los aspectos que yo estimo mucho es el paso a unas aportaciones mucho mayores al proceso de toma de decisiones de los pescadores, los científicos y los conservacionistas. 
Añadiré, con un punto de orgullo, que éste es un planteamiento iniciado en mi propia circunscripción, con la participación de organizaciones como Scottish Fisherman's Federation, The Shetland Oceans Alliance y el Fondo Mundial para la Naturaleza. 
El número de enmiendas planteadas en la comisión puso de manifiesto la gran cantidad de puntos de vista diferentes, y a veces contrapuestos, que pueden darse cuando se tratan cuestiones de la pesca. 
El informe final demuestra lo bien que en esta Asamblea podemos arreglárnoslas para salvar nuestras diferencias. 
Espero que, una vez votado hoy, siga siendo algo de lo que el Parlamento en su conjunto, la Comisión de Pesca en concreto, y la Sra. Miguélez Ramos, a pesar de su modestia y de sus propias reservas personales, podamos estar justificadamente orgullosos. 
Señor Presidente, resulta obvio para cualquiera que el sector pesquero necesita pescado. 
Sin pescado, no puede haber sector pesquero. 
Uno de los mayores problemas de la política pesquera común durante los últimos 20 años ha sido que no se han establecido prioridades entre varios objetivos. 
Esto ha creado conflictos. 
La única forma de que la industria pesquera tenga algún futuro es poner por delante la conservación. 
Ésta es una condición sine qua non para el sector, no un obstáculo que hay que superar. 
A no ser que la conservación sea la prioridad número uno, las concesiones a otros objetivos de la política pesquera común, como los económicos, conducirán siempre a una mayor deterioro de las poblaciones de peces. 
Nosotros hemos presentado una enmienda que establecería como un objetivo principal la necesidad de que las poblaciones de peces y de otras especies marinas sigan siendo abundantes. 
Tanto la industria pesquera como la Comisión de Pesca dicen estar de acuerdo con la necesidad de conservar las poblaciones de peces y de proteger el entorno marino. 
Los recientes recortes de cuotas para varias especies en la UE el pasado mes constituyen una buena muestra de la necesidad de hacer de la conservación de las reservas la principal prioridad. 
Señor Presidente, me parece que es la primera vez en siete años y medio en esta Cámara que tengo que manifestar públicamente que mi intervención es muy personal y no responde al Grupo. 
Hay otras opiniones muy legítimas en el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. 
Pero les advierto que ha sido difícil llegar a una posición. 
En todo caso, en primer lugar, quiero agradecer a la Sra. Miguélez su trabajo. 
Inicialmente presentó un proyecto de informe que a mí me pareció perfectamente equilibrado y que creo que debería haber servido de base para, con la contribución de todos los miembros de la Comisión de Pesca y con el espíritu de la Sra. Miguélez, haber redondeado lo que ella nos presentó. 
Pero se presentaron 400 enmiendas, que, en su mayoría, pienso que estaban motivadas por posiciones exclusivamente nacionales, que no contribuyen al fortalecimiento de una política común, una de las pocas políticas comunes, sino todo lo contrario. 
La Sra. Miguélez, después de estas 400 enmiendas, hizo un esfuerzo sobrehumano para presentar unos nuevos compromisos. 
Yo renuncié. 
En este sentido, me parecía que su trabajo era bastante bueno e incluso admirable, pero creo que el resultado final, las 400 enmiendas, donde pienso que tampoco fuimos demasiado generosos con sus compromisos en muchos aspectos, no es muy coherente. 
Hay blancos y negros, en algunos aspectos nos extendemos en muchos detalles y en otros ni siquiera abordamos cuestiones generales. 
Pero, en todo caso, para mí es importante esta manifestación- lo digo con toda franqueza -: hay enmiendas que, desde mi punto de vista, representan modificaciones fundamentales del Tratado, en un momento en que la puesta en marcha del euro refuerza la libre circulación de personas. 
También se expresa la voluntad de avanzar en la política pesquera común y fortalecerla. 
Por otra parte, uno tiene la sensación de que se reclaman a veces nacionalizaciones de los controles de las aguas comunitarias, pero a la vez se reclaman controles comunitarios en aguas de terceros países. 
Y, a veces, uno tiene la sensación- perdone la franqueza- de que se utiliza la regionalización para hablar de otras cosas. 
Yo voy a aconsejar a mi Grupo que no vote en contra del resultado final. 
Creo que no se lo merecería la Sra. Miguélez y, en todo caso, le reitero una vez más mi espíritu de colaboración y le agradezco nuevamente su admirable esfuerzo para obtener un resultado equilibrado que, desde mi punto de vista, no se ha producido. 
Señor Presidente, siento que el Sr. Comisario no esté aquí, pero entiendo perfectamente que está enfermo y le deseo que se mejore. 
Me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. Miguélez Ramos, por su trabajo en la elaboración de este importantísimo informe tras una muy amplia consulta. 
El Libro Verde sobre la política pesquera común publicado en marzo del pasado año tenía por toda la finalidad estimular el debate sobre el futuro de la política pesquera común. 
Y, de hecho, estimuló ese debate, particularmente en mi país. 
La Comisión pidió una reforma exhaustiva y urgente de la política pesquera común. 
Como parlamentario que representa a una circunscripción en la que muchos dependen del sector pesquero, comparto esta postura. 
El debate y las discusiones derivadas del Libro Verde se incorporarán al Libro Blanco de la Comisión que se someterá al Consejo este año. 
Yo acojo favorablemente el proceso de consulta y puedo asegurar a sus Señorías que en mi Estado miembro las autoridades se preocuparon de realizar una consulta amplia y útil. 
El ministro de marina estableció un grupo especial de análisis con el fin de presentar una respuesta coherente a todos los afectados. 
Así es como debe ser. 
En la política pesquera común, y, de hecho, en otras políticas de la UE, ha habido una tendencia a tomar decisiones políticas sin considerar plenamente los valiosos puntos de vista de los que trabajan y viven en el sector. 
Las propuestas y recomendaciones en respuesta al Libro Verde sobre la política pesquera fueron elaboradas por el grupo nacional irlandés de análisis de estrategia de la política pesquera común, que fue establecido por el ministro de Marina y que incluía a los interesados. 
Es de vital importancia que estén incluidos en todo momento. 
Ninguna política pesquera común, ni ninguna otra política, puede tener éxito si los interesados no desempeñan un papel importante en la misma. 
Sin duda, las conversaciones de este año en el seno del Consejo van a ser difíciles. 
Hay que tomar decisiones importantes en cuestiones claves, particularmente en la dimensión económica y social de la política pesquera común. 
Soy de la opinión, una opinión que sé que comparten muchos parlamentarios que representan a regiones costeras, de que el Libro Verde no aborda adecuadamente estos aspectos. 
Tiene poco en cuenta la importancia del sector pesquero en las regiones costeras donde no existe una fuente alternativa de empleo, tanto en Irlanda como en otros lugares de la Comunidad. 
Debe haber integración; pensando en mi país, deben analizarse la política pesquera, la política de desarrollo regional, la política de desarrollo rural y las zonas de Objetivo 1. 
Acojo favorablemente la franqueza con la que la Comisión ha descrito la situación actual de la pesca europea y muchos cambios propuestos, en caso de aplicarse, ayudarían a resolver algunas de las dificultades que se dan hoy. 
Debe realizarse una serie de cambios esenciales para fortalecer la política pesquera común. 
Hace mucho tiempo que se echa en falta una mayor participación de los pescadores y de los interesados en el proceso de gestión. 
Implicar a los pescadores contribuirá en gran medida a mejorar el crédito de cualquier política futura. 
Una verdadera regionalización de la gestión y del control beneficiarían mucho al sector. 
Yo instaría a la Comisión a que apoyara el proceso de descentralización creando una red a escala europea de comités consultivos regionales. 
A no ser que se realicen cambios prácticos y viables en el sistema de control, la política pesquera no contará con la confianza de los pescadores y, sin duda, fracasará. 
A lo largo de los años, mi país se ha beneficiado enormemente de su pertenencia a la Unión Europea. 
Sin embargo, el sector pesquero ha pagado un precio demasiado alto por tener que compartir sus abundantes recursos pesqueros de la costa oeste de Irlanda con vecinos codiciosos. 
Si se están agotando las poblaciones de peces, los responsables no son los pescadores irlandeses, sino algunos vecinos codiciosos de otros Estados miembros. 
Señor Presidente, en mi país los documentos secretos del Gabinete se hacen públicos 30 años después de que tuviera lugar el debate al que aluden. 
Por ello, en los últimos dos años, se han hecho públicos documentos anteriormente secretos sobre las negociaciones que desembocaron en la adhesión de Gran Bretaña a lo que entonces era el Mercado Común y hemos podido ver documentos relativos al establecimiento de la política pesquera común. 
Estos documentos revelan que, en el momento de su creación, no existía un fundamento jurídico para la PPC. 
Y, además, los ministros lo sabían; estaban dispuestos a mentir al pueblo británico sobre esto y así lo hicieron, a pesar de saber a ciencia cierta que la política sería un desastre para el sector pesquero, pero se consideró que podía sacrificarse políticamente a los pescadores. 
Se les sacrificó para mantener el calendario de la adhesión británica. 
Desde entonces, el desastre previsto se ha materializado en decenas de miles de empleos perdidos en la pesca y en actividades relacionadas con ésta, en pérdidas económicas cercanas a los 1.000 millones de libras esterlinas cada año de la PPC y en una flota en fase terminal. 
La PPC es también un desastre desde un punto técnico. 
En un informe de 1997, el Servicio Parlamentario de Investigación señalaba que los únicos ejemplos de sistemas de gestión con éxito se daban en las Islas Malvinas, Islandia, Namibia y Nueva Zelanda, donde la pesca pertenece a una única jurisdicción. 
No existe un solo ejemplo de política pesquera común que haya funcionado alguna vez eficazmente, por lo que la PPC está viciada en su base por el hecho de ser un política común. 
En este Libro Verde y en el informe de la Sra. Miguélez Ramos, por consiguiente, mi partido y yo podemos responder que la PPC se creó sobre mentiras y que técnicamente es un caos. 
Representa todo lo equivocado de la Unión Europea y creemos que, al igual que la UE, debería abolirse con efectos inmediatos- la reforma no es una opción. 
Señor Presidente, naturalmente, deseo al Sr. Fischler un pronto restablecimiento y solicito a los funcionarios presentes que le transmitan escrupulosamente nuestras preocupaciones. 
En un momento en que se prepara la nueva política pesquera común, debía llamar la atención del Comisario sobre tres puntos esenciales. 
En primer lugar, la nueva política pesquera común debe necesariamente guardar como base el sistema de los TAC y de las cuotas, que es la mejor manera de adecuar las capturas al estado de las reservas. 
Sí, esas cuotas deben transformarse en plurianuales. 
En especial, tal como la asociación del gran litoral atlántico ha pedido a la Comisión, para evitar las variaciones erráticas de un año a otro y permitir que los pescadores dispongan del mínimo de visibilidad sin el cual no es posible ninguna actividad humana ni económica. 
Por el contrario, estas cuotas no deben en ningún modo convertirse en individuales y transferibles, en cuyo caso asistiríamos a una concentración irreversible y a la extinción de la vida marítima en la mayoría de nuestras regiones costeras. 
Nos atenemos a nuestro sistema actual de gestión colectiva de las cuotas por los Estados miembros y las organizaciones profesionales de pescadores. 
En segundo lugar, la nueva política pesquera común debe renunciar al sistema brutal, injusto, costoso e ineficaz de las reducciones autoritarias de capacidad de la flota. 
La Comisión propone endurecer los dispositivos existentes en materia de renovación de la flota. 
Nos oponemos totalmente a ello. 
No porque en el pasado la Comisión avalara una construcción, excesiva, en Europa, de arrastreros factoría, hoy, por una especie de simetría en el error, debe hacer imposible la indispensable modernización de nuestra flota artesanal cuya necesidad queda tristemente patente sobre todo por la trágica multiplicación de los accidentes debidos al envejecimiento de la flota a lo largo de nuestras costas atlánticas. 
La flota debe gestionarse con instrumentos flexibles y reversibles. 
En este sentido, las ayudas a la modernización, y en primer lugar las ayudas a la primera instalación, las que se refieren a los jóvenes, deben mantenerse necesariamente en su duración. 
En tercer lugar, la nueva política pesquera común debe poner en práctica un sistema de gestión duradero que integre las competencias, los conocimientos y la experiencia de los profesionales en el proceso de decisión. 
Muchos ejemplos recientes, como el de la anchoa o la merluza, demuestran que resulta enormemente peligroso remitirse en exclusiva a las estimaciones y a los modelos de los biólogos para justificar decisiones de consecuencias socioeconómicas especialmente graves. 
En un ámbito en el que la evaluación de los recursos resulta especialmente compleja, no debemos privarnos de ninguna fuente de información. 
Deseo que esas tres preocupaciones, que se han señalado de forma importante a lo largo del proceso de consultas, inspiren las propuestas de regulaciones que el Comisario va a presentarnos próximamente. 
Con respecto al Libro Verde, queda camino que recorrer e importantes esfuerzos por hacer. 
Pedimos al Comisario que nos proponga una nueva política pesquera común que sea esencialmente prospectiva y no tristemente paliativa ya que pensamos que la pesca en todos nuestros países marítimos está en el centro del desarrollo de las regiones costeras. 
Quisiéramos tener una política pesquera común que creyera también en el futuro de la pesca. 
Señor Presidente, queridos colegas, también quiero- como lo han hecho los colegas- empezar esta intervención reconociendo el trabajo que ha realizado nuestra ponente, la Sra. Miguélez Ramos, en una cuestión que era francamente difícil- como todos sabemos- por la confrontación de posturas y de intereses que existen en esta materia. 
Aun así, tengo que lamentar, sin embargo, el resultado final, porque creo que no es lo satisfactorio que cabría esperar. 
Por esta razón voté en contra del informe en comisión, que arrojó- como ustedes recordarán- un resultado de 12 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, entre ellas la de la propia ponente. 
¿Por qué considero que el informe no es satisfactorio? Pues porque creo que, tras más de 20 años de la llamada política pesquera común- que de común tiene sólo el nombre- y después de 17 años de período transitorio de dos Estados miembros, España y Portugal, habría que haber avanzado algo más en la comunitarización de esta política e ir mucho más allá de lo que propone el informe Miguélez Ramos, que opta por el mantenimiento del status quo actual. 
Me refiero a dos cuestiones clave. 
Estas dos cuestiones, a mi juicio, son: en primer lugar, el reparto de las posibilidades de pesca en aguas comunitarias entre los Estados miembros, manteniendo esa estabilidad relativa, que no es un principio sino un mecanismo discriminatorio a todas luces; en segundo lugar, la negativa rotunda a ensayar, aunque sea de modo experimental, nuevos sistemas de gestión que están dando magníficos resultados en el mundo y en grandes potencias pesqueras- como son Noruega e Islandia- mediante derechos de pesca transferibles, que aquí nos negamos rotundamente siquiera a ensayar. 
Creo sinceramente que con un mercado único y con una moneda única no son de recibo excepciones a las ventajas propias de la Unión Europea, que están recogidas en los Tratados, para todo un sector económico, el pesquero, que es un sector económico como los demás y que está llamado a desempeñar un papel estratégico en el futuro y del que dependen muchas regiones, gran número de ellas del Objetivo 1. 
Creo sinceramente que puede y debe alcanzarse un consenso mayor sin perjudicar a otras comunidades pesqueras- que a todas hay que comprender y defender- para ir actualizando la cuestión o, al menos, abriendo nuevas posibilidades, aunque sea lenta y progresivamente. 
Creo que tendremos que seguir hablando y dialogando mucho en los próximos meses en nuestra comisión para encontrar fórmulas de compromiso auténticamente europeas. 
Señor Presidente, estimados colegas, para empezar quisiera felicitar a la Sra. ponente por el informe que ha presentado hoy a la Sesión Plenaria, sobre el futuro de la Política Común Pesquera. 
Ha sido un arduo esfuerzo y creo que la Sra. Miguélez ha realizado una espléndida labor. 
Si el resultado no es enteramente satisfactorio para todos, no es responsabilidad de la Sra. ponente sino nuestra. 
En el pasado, el Parlamento ha analizado en múltiples ocasiones los problemas de la política pesquera común. 
La presente comunicación de la Comisión es la primera fase de la estrategia global de la Comisión para mejorar el funcionamiento de la PCP con vistas a la próxima reforma. 
Así pues, en esta fase debemos registrar algunas prioridades y algunos principios básicos sobre la futura PCP. 
Primero, debemos garantizar que el principio básico de la PCP es desarrollar el sector pesquero y orientar las actividades pesqueras en niveles sostenibles, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. 
Cualquier otra cosa es una política absurda. 
Segundo, debemos garantizar una política más integrada en el ámbito europeo, una PCP más armonizada. 
La Comisión debería presentar propuestas imaginativas, que constituyan un avance para la integración europea. 
La realización del mercado único en el sector de la pesca pasa por una gestión única común de los recursos en beneficio de una flota comunitaria. 
Señor Presidente, este Libro Verde llega en un momento en que la UE tiene ante sí unas poblaciones de peces en disminución, un exceso de capacidad y una gestión ineficaz y excesivamente centralizada. 
La revisión constituye una oportunidad no sólo de rectificar las deficiencias sino también de mantener disposiciones cruciales que son útiles y necesarias para la supervivencia de las frágiles comunidades que dependen de la pesca en Europa. 
Debemos conservar, al menos, las franjas de las 6/12 millas. 
Debemos mantener las zonas especiales de conservación, como el Coto de las Shetland y apoyar los derechos de pesca históricos mediante el principio fundamental de estabilidad relativa. 
La meta común de conservar los recursos pesqueros para las generaciones futuras sigue siendo el objetivo más importante de la PPC. 
Es imperativo que el fomento de la pesca sostenible y las necesidades de las comunidades dependientes de la pesca sigan ocupando el primer lugar. 
El informe allana el camino para la descentralización y la Comisión debe establecer un modo global de gestión por zonas, realizada a través de comités de gestión por zonas. 
Hago hincapié en la palabra "gestión". 
La industria pesquera, los procesadores, los científicos y las ONGs deben, todos ellos, participar activamente y su experiencia y conocimientos deben ser utilizados para que la nueva PPC... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, quiero centrarme en los acuerdos comunitarios con los países en vías de desarrollo. 
El informe contiene una serie de buenas declaraciones de intenciones, sin embargo, puesto que la realidad nos muestra que éstas nunca se convierten en realidad, los actuales acuerdos pesqueros ni son una contribución eficaz al desarrollo de la lucha contra la pobreza ni benefician económicamente a los países en vías de desarrollo. 
Uno de los países más pobres del mundo, Mauritania, acaba de celebrar un acuerdo pesquero con la UE. 
Los expertos han calculado que si los recursos se administrasen sensatamente, sólo la pesca de cefalópodos podría proporcionar a Mauritania unos ingresos anuales de 100 millones de dólares. Sin embargo, Mauritania no puede permitirse desarrollar su propia industria pesquera y por ello obtiene una compensación mucho menor de la UE, cuyos pesqueros están esquilmando y acabando con la población de cefalópodos. 
A esto se añade el que 300 pescadores mauritanos perdieran la vida sólo el año pasado al volverse más peligrosas las condiciones de la pesca. 
La UE quita a los pobres y da a los ricos. 
Éstos son los hechos lamentables. 
Señor Presidente, al igual que los demás oradores, quiero expresar nuestro agradecimiento a la Sra. Miguélez Ramos por el trabajo realmente difícil y extraordinariamente importante, complicado y complejo que ha realizado de manera excelente y tratando de recoger la inmensa mayoría de las observaciones de los colegas. 
Dicho esto, muchos oradores han repetido que estamos satisfechos por lo que ofrecemos. 
No podemos estarlo totalmente y quizás sea incluso inevitable. 
Los temas que quedan pendientes son muchos, y tanto nosotros como la Comisión tendremos que trabajar en ellos a lo largo de los próximos años y de los próximos meses. 
Todos sabemos cuáles son las cuestiones pendientes. 
Me permito, desde mi punto de vista, señalar los que yo llamaría tres criterios que podrían, en el caso de utilizarse, permitirnos encontrar soluciones razonables a las cuestiones especificas. 
El primero: evitar tener un enfoque punitivo. 
También aquí se ha querido, con una intención excesivamente pedagógica, explicar a los pescadores que si no hay peces es difícil conseguir su supervivencia económica. 
Pero es un dato natural, de sentido común. 
Los operadores saben que la conservación de las reservas piscícolas es su principal riqueza, y por consiguiente, están de nuestra parte. 
El segundo: más fantasía en las soluciones. 
Cito como ejemplo la reducción de las capturas. 
Hace años que seguimos un camino y sabemos que ese camino no da resultado. Entonces, tratemos de inventar algo diferente. 
El tercero: debemos ser conscientes de que sin una implicación de las Instituciones, de los operadores y de los territorios, no se podrá lograr una política común y compartida. 
En consecuencia, éste es el tema de la regionalización. 
Creo que si utilizamos estos tres criterios todas las cuestiones que se han planteado y que tenemos bien presentes podrán hallar una solución razonable y ofrecer una equilibrada propuesta que armonice la política común con el respeto a las diversidades y a las especificidades de nuestros Estados. 
Señor Presidente, nos habíamos fijado un doble objetivo: garantizar la actividad de la pesca a lo largo de nuestros litorales preservando la reproducción de las especies. 
Este doble objetivo lo compartimos todos. 
Debíamos operar una decisión, al igual que el ponente: o bien cambiarlo todo a riesgo de desestabilizarlo todo, o bien adaptar lo que se pudiera. 
La decisión se ha llevado a la segunda propuesta de la alternativa, que también goza de mis preferencias. 
Convenía pues respetar dos principios: por una parte, el acceso a las aguas- estoy pensando en la banda de las 6-12 millas- es cosa hecha, y además, la estabilidad relativa, que también se ha tomado en consideración. 
Estas dos decisiones son fundamentales y espero que el Parlamento las ratifique. 
Entre las adaptaciones necesarias, señalaré dos en las que hay que comprometerse. 
Sigo convencido de que es preferible convertir a los TAC y a las cuotas en el elemento central de la política pesquera común en la medida en que ofrecen el máximo de garantías, especialmente si son plurianuales. 
La segunda adaptación: si se mantienen los POP, y deberían, es necesario que midan las consecuencias sobre la seguridad de los marinos. 
Sólo en mi región de Bretaña, en Francia ser mantenidos, en 2001 hubo que lamentar 25 muertos en el mar. 
Imagino que en las regiones de ustedes la situación es similar. 
Es considerable, incluso casi inadmisible, evidentemente. 
Creo que es necesario reforzar la seguridad en el mar y permitir a nuestros marinos que sigan construyendo barcos nuevos. 
No se debe dejar que las flotas envejezcan ya que ello incrementa los riesgos en el mar. 
Finalmente, las sanciones. 
Una buena regulación supone que se aplique a todos de forma equitativa. 
Los marinos tienen la sensación de que incluso ante dos infracciones idénticas las sanciones son diferentes. 
Considero que la Comisión debe prestar una especial atención a estas tres adaptaciones. 
Señor Presidente, creo que este Parlamento debe rechazar el Libro Verde. 
Pero esta posición no se transluce en el informe en debate, que, pese a tener elementos aceptables y meritorios, no está formulado con la energía necesaria para luchar contra las posiciones de la Comisión. 
En el Libro Verde la Comisión se niega, de hecho, a considerar la pesca un sector económico normal, decisiva para la economía de determinados países costeros, como Galicia, a la que represento, un sector que debe llevar a cabo sus actividades conforme a las normas establecidas en los Tratados, respetando muy en particular los principios de desarrollo sostenible. 
La Comisión mantiene los privilegios de que gozan determinados Estados mediante el principio discriminatorio de la estabilidad relativa, no propone una política adecuada de acuerdos de pesca con terceros países y se plantea incluso la desaparición a medio plazo de las ayudas estructurales para la renovación de la flota. 
Señor Presidente, antaño se consideraba el mar como una fuente inagotable de alimentos para el hombre. 
Hoy en día, incluso las partes interesadas económicamente reconocen que existe el peligro de la sobreexplotación del mar. No de forma repentina sino a largo plazo dado que los peces pequeños tienen cada vez menos oportunidades de crecer y de reproducirse. 
La ponente, igual que muchos políticos, espera que haya posibilidades de combinar la pesca actual con una mejor protección del equilibrio medioambiental. 
Con razón insiste en que haya un respeto más consecuente de los acuerdos, pero ésta sólo es una solución a corto plazo. 
A pesar de que hay una creciente demanda de pescado, no vamos a poder evitar que se limite la pesca en el mar. 
Por lo tanto, hay que buscar puestos de trabajo alternativos en las zonas costeras y proteger más al Tercer Mundo. 
Esto es mejor que insistir en las diferencias entre los países con pequeñas embarcaciones tradicionales que faenan el año entero y los países con barcos grandes, equipados con las más modernas tecnologías, que tienen que quedarse amarrados en algunas épocas del año. 
Si estos dos grupos siguen echándose mutuamente la culpa de sobreexplotar el mar, lo que hacen es justificarse por no hacer lo suficiente para solucionar el problema. 
Señor Presidente, el informe sobre el futuro de PPC deberá constituir una importante contribución a la formulación de esa política después de 2002. 
Por eso, quisiera subrayar seis cuestiones que me parecen prioritarias. 
La primera es que se deberá asegurar la continuidad de la pesca para las naciones futuras, que se conseguirá mediante el fortalecimiento de la política de protección de los recursos, por lo que se deberán tomar en serio las recomendaciones de los científicos, así como la dimensión de las redes, la protección de los alevines o la reducción de los rechazos. 
La segunda cuestión es la de asegurar una gestión equilibrada y flexible de las cuotas y de los TAC, por lo que se debe permitir la transferencia de las cuotas entre Estados miembros: de los que no las utilizan a los que las necesitan. 
La ejecución correcta de los planes de orientación plurianual o de los instrumentos que lleguen a substituirlos, parece fundamental para ese objetivo, por lo que se deben imponer sanciones severas a los países que no cumplen. 
La tercera cuestión tiene que ver con la necesidad de fortalecer el componente de los acuerdos internacionales de pesca, por lo que la Unión Europea debe negociar nuevas oportunidades para sus armadores. 
La cuarta cuestión tiene que ver con la necesidad de abordar la pesca teniendo en cuenta su especificidad y en ese sentido se deberá mantener el principio de estabilidad relativa. 
En quinto lugar, convendrá fortalecer la dimensión social de la PPC a fin de proporcionar apoyos esenciales a los pescadores para su supervivencia. 
Por último, habrá que continuar con la política estructural de apoyo al sector con el objetivo de mantener la flota comunitaria permanentemente modernizada y adaptada a las nuevas circunstancias. 
Agradezco todo el empeño de la ponente, la Sra. Rosa Miquélez Ramos, por el trabajo que ha hecho. 
El resultado final no es el ideal, pero espero que permita lo esencial de lo que necesitamos. 
Para terminar, quisiera transmitir los votos de que se mejore al Comisario Franz Fishler y aprovechar para enviarle un mensaje: "¡ No hay gripe que se resista a un buen plato de bacalao a la portuguesa y una buena copa de vino tinto !" 
Debo señalar aquí los puntos fuertes necesarios para una verdadera toma en consideración del Mediterráneo en la política pesquera común. 
Es una política integrada la que hay que aplicar mediante una verdadera cooperación internacional cuidándose bien de ceder a una laxitud que nos empujaría hacia abajo. 
Ello pasa por la revisión de la legislación en vigor, especialmente el reglamento (CE) nº 1626/94, y mediante la adaptación a la región de la regulación relativa a las tallas mínimas, a las medidas técnicas y a las artes de pesca. 
Es necesario también un esfuerzo serio de investigación que permita conocer realmente el potencial relativo a la anchoa, a la caballa, al atún, etc., en resumen, el potencial de las diversas especies sobre las que puede incidir el esfuerzo de pesca. 
Ello pasa finalmente por una mejor escucha de los jueces de lo social específicos en nuestra profesión mediterránea y por el reinicio de las actividades de la Comisión Regional de Pesca para el Mediterráneo, que deberá verse dotada de competencias efectivas y de medios para actuar tanto en lo que se refiere a la pesca de altura como a la pesca costera local. 
Agradezco a nuestra excelente ponente, la Sra. Miguélez Ramos, así como a mis colegas, la Sra. Brigitte Langenhagen y la Sra. Patricia McKenna, que hayan viajado al litoral mediterráneo, principalmente a Sète, a Mèze y a Port-la-Nouvelle para apoyar las propuestas y para ver las cosas sobre el terreno. 
Señor Presidente, quisiera empezar dando la bienvenida al informe y felicitando a la ponente. 
Creo que todos nosotros somos conscientes de la tremenda dificultad que implica presentar este informe. 
Probablemente hay cosas en él que no gustan a todo el mundo. 
Pero, dadas las circunstancias es posiblemente lo mejor que se podía lograr en nuestro intento de reformar la PPC. 
Tenemos que preguntarnos qué quiere conseguir la Unión Europea con la reforma de la política pesquera común. 
Lo que podemos decir con seguridad es que la actual política pesquera común no es la política más querida de la Unión, y ciertamente no hay garantía de que los futuros cambios le granjeen a la futura política la simpatía del sector, especialmente dada la presión sobre las poblaciones de peces y las opiniones diferentes de científicos y pescadores. 
Sin embargo, ahí está la oportunidad para que la aprovechemos y tenemos que preguntarnos si podemos hacer las cosas bien esta vez. 
¿Podemos lograr un equilibrio adecuado? 
¿Estamos en condiciones de responder a las necesidades del sector y de hacerlo a tiempo? 
Los problemas del sector han producido un alto grado de resentimiento. 
Hoy hemos oído aquí que hay quiénes querrían suprimir la política pesquera común y devolverla a los gobiernos nacionales y regionales. 
Eso no aumentaría el número de peces en la zona ni resolvería ningún problema. 
Los peces son migratorios: no se quedan en un mismo lugar todo el tiempo, año tras año. 
Por tanto, aunque un cambio de ese tipo suene fácil- y para algunos suene muy bien- tenemos que plantearnos una serie de preguntas. 
¿Supondría la regionalización más peces? 
No lo creo. 
¿Supondría mayor apoyo financiero? 
Yo diría que podría dar lugar incluso a un menor apoyo financiero para el sector, y que los mercados no mejorarían. 
Así pues, hemos de encontrar una postura aceptable. 
Tengo que decirle rotundamente a la Comisión que si no puede arreglar la política en los próximos cuatro o cinco años, se verá obligada a devolverla a los gobiernos nacionales. 
Tenemos la oportunidad de arreglarla. 
La Comisión tiene que involucrar a los pescadores locales, a las zonas locales y a la población local si realmente desea arreglarla. 
Yo, desde luego, lo apoyaría; pero tiene que haber una consulta valiosa. 
Señor Presidente, la política pesquera común se encuentra entre las políticas europeas sensibles. 
Es característica del choque existente entre los intereses generales de una política común, orientada a controlar una fuente de recursos en vías de extinción, racionalizando una actividad económica tradicional, y los objetivos de desarrollo de las regiones ultraperiféricas, para las cuales la pesca representa uno de los pocos sectores de actividad creador de empleo a medio y a largo plazo. 
El Libro Verde de la Comisión sobre la política pesquera común traza un retrato muy sombrío y lamento que de forma general no haga referencia a la pesca que se practica en las aguas territoriales de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Las ideas que propone, y sobre todo las soluciones que preconiza, están pensadas con toda evidencia para responder al desafío planteado por la pesca continental y están poco adaptadas a las regiones ultraperiféricas. 
Estas regiones han luchado por ver que se respetan sus diferencias en el ámbito del párrafo 2º del artículo 299 del Tratado de Amsterdam y para que por fin sus especificidades se tomen en consideración en todas las políticas de la Unión Europea y, a fortiori, en la política pesquera común. 
La dimensión de este sector en las regiones ultraperiféricas, sus características y, sobre todo, su impacto en el conjunto de la actividad pesquera en Europa deberían justificar sin embargo más fácilmente que se imaginaran medidas concretas y adaptadas a la ultraperiferia, principalmente en materia de cuotas de recursos y de flota, de apoyo a la pesca costera y a la acuicultura así como en materia de topes públicos a la inversión, de los que depende el impulso del sector en estas regiones. 
Una tasa adecuada en la materia les permitiría desarrollar, modernizar su flotilla, garantizar así una mayor coherencia de las medidas propuestas por la Comisión conciliando, por una parte, los objetivos de apoyo financiero a las empresas de transformación y de comercialización de los productos derivados de la pesca y, por otra, la necesidad de asegurar a esas empresas una aportación regular de calidad en cuestión de materia prima. 
Quisiera añadir finalmente que conviene ser prudentes en la firma de acuerdos internacionales de pesca y velar para que tomen en consideración, cuando haya lugar, la proximidad con las regiones ultraperiféricas. 
Las licencias de pesca concedidas por países terceros a los buques comunitarios deberían beneficiar con carácter prioritario a los buques de la región ultraperiférica más cercana y no percibirse como un medio para deslocalizar la flota europea. 
No concluiré mi intervención sin saludar el trabajo notable y difícil realizado por la ponente, la Sra. Miguélez Ramos, para que llegáramos a un texto consensuado y satisfactorio, una tarea que parecía casi insuperable. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Poblaciones de bacalao y merluza 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0458/2001) del Sr. Hudghton, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2001) 326- C5-0466/2001- 2001/2190 (COS) ) sobre la reconstitución de las poblaciones de bacalao y merluza en las aguas comunitarias y adyacentes. 
. (EN) Señor Presidente, en el minuto de intervención que tenía asignado en el debate anterior no me ha dado tiempo de felicitar a la ponente, la Sra. Miguélez Ramos, por el trabajo que ha realizado y por la manera en que lo ha realizado. 
Yo diría que el tema de este informe ilustra también la necesidad de reforma de la política pesquera común. 
En otras palabras, si contáramos con un sistema satisfactorio de gestión pesquera en la Unión Europea, quizás no necesitaríamos medidas de emergencia para proteger así a las cada vez menores poblaciones de peces. 
Y, sin embargo, las necesitamos. 
Estos planes pretenden que las poblaciones de bacalao y merluza vuelvan a niveles sostenibles. 
Pero también existen implicaciones socioeconómicas, no sólo para los que pescan bacalao y merluza, sino también para pescadores cuyo sustento depende de poblaciones de peces ligadas a la pesca de una u otra de estas especies. 
Este informe resalta, por tanto, una serie de preocupaciones fundamentales: no debería haber un planteamiento esquemático y poco detallado; debe existir un dictamen científico preciso, debe reconocerse el impacto de la pesca industrial; debe haber una financiación adecuada; y debe disponerse de programas de diversificación accesibles. 
La propia Comisión admite que no se ha basado sólo en los dictámenes científicos y que existe una falta general de dictámenes científicos para evaluar los planes de recuperación a largo plazo. 
Las propias palabras de la Comisión son elocuentes. 
Sigo sin estar convencido de que los dictámenes científicos sean lo bastante sólidos como para ganarse la confianza de los pescadores afectados por estas medidas. 
La Comisión cree que el principal problema de los dictámenes científicos son las capturas furtivas. 
No me cabe duda de que las llamadas capturas furtivas de pescado afectan negativamente a las estadísticas. 
Pero eso indica defectos inherentes al actual sistema de gestión. 
Sin duda los peces que se descartan constituyen un problema mayor, ¿quizás el de más repercusión? 
Por ello, el informe subraya la importancia de un dictamen científico preciso y debidamente financiado. 
Asimismo defiende la idea de la ampliación de competencias de los inspectores para que los científicos inspeccionen de manera activa en los barcos de pesca. 
Esto contribuiría también a generar confianza en las medidas técnicas. 
La Comisión manifiesta en relación con los cierres en el mar del Norte de la pasada primavera que era consciente de que la actividad pesquera desplazada de la zona cerrada para proteger el bacalao crearía una mayor presión en otros caladeros. 
La Comisión no aborda, sin embargo, en qué medida esta mayor presión podría haber supuesto un desastre de no haber sido por la actuación responsable de los pescadores escoceses, por ejemplo, que voluntariamente se quedaron amarrados en sus puertos. 
Quisiera decirle a la Comisión que la cuestión de desplazar la actividad pesquera no se pensó adecuadamente y que el potencial desplazamiento debe valorarse apropiadamente en futuros cierres, ponderando las ventajas del cierre con los repercusiones negativas. 
Al acoger favorablemente el compromiso de planes de amarre asumido por la Comisión, hago constar que no se trata sólo de fomentar un amarre con compensación, sino también de eliminar los actuales techos a las aportaciones económicas. 
Me preocupa mucho, sin embargo, que la financiación no se distribuya equitativamente entre los pescadores afectados por dichas medidas. 
Si los pescadores están dispuestos a actuar de modo responsable cuando su salida al mar pueda suponer que se diezmen más los caladeros, debe existir algún mecanismo que les permita actuar así sin arruinarse. 
Yo pido firmemente a sus Señorías que apoyen ambas enmiendas en la votación de hoy. 
La primera pide a la Comisión que no pase por alto las necesidades específicas de las pesquerías mixtas, mientras que la segunda solicita medidas para fomentar actividades pesqueras de menor tamaño y respetuosas con el medio ambiente. 
Por último, también solicito la supresión del párrafo 7, que no sólo supone un ataque abierto a las pesquerías de pequeña escala, sino un apoyo rotundo al fomento de la actividad pesquera industrial a gran escala que, yo creo, es inaceptable. 
En conclusión, tenemos que lograr un equilibrio entre la necesidad de avanzar en la recuperación de las poblaciones de peces y la necesidad de evitar unas restricciones desproporcionadas a las muchas y distintas pesquerías y las consecuencias negativas para aquéllos cuyo sustento depende del mar. 
Con ese fin, pido a la Comisión que asuma las recomendaciones de este informe y que se asegure de que la industria pesquera y los científicos participan plenamente. 
A tal respecto, ¿no tendría sentido establecer de manera anticipada comités de gestión de zonas y permitirles llevar a cabo los planes de recuperación adelantándose en lugar de reaccionando? 
Espero que esta tarde sus Señorías apoyen este informe y sus enmiendas. 
Señor Presidente, quisiera añadir mis felicitaciones a la ponente por su excelente y oportuno informe. 
En mi intervención anterior no tuve tiempo de hacerlo. 
Quisiera desearle al Sr. Comisario que se mejore. 
Podríamos quizás criticarle esta mañana por no estar aquí pero si no se encuentra bien, le deseamos un pronto restablecimiento. 
A diferencia del Sr. Cunha yo no puedo ofrecerle un remedio para que se recupere pronto, pero un whisky irlandés caliente tampoco es malo para la gripe. 
Quisiera manifestar que este informe se ocupa de muchos temas que preocupan hoy al sector pesquero y que, sin duda, la recuperación de las poblaciones de bacalao y merluza va a ser un reto tremendo. 
Tenemos que enfrentarnos con la realidad de que va a ser muy difícil de lograr. 
Eso es algo que hemos aprendido recientemente. 
Pero lo cierto es que hay que lograrlo para mantener las poblaciones de peces de nuestros mares. 
Tenemos que hacer todo lo que la ponente ha indicado: aumentar el tamaño de las redes, introducir paños de malla cuadrados y reconocer, sobre todo, que debemos abordar los problemas creados por los descartes. 
Esto es algo que no se ha afrontado. 
Hemos hablado mucho de ello pero no hemos sido capaces de resolver el problema. 
La protección de los alevines es igualmente importante y debe ser una de nuestras prioridades. 
Debemos contar con una mejor información científica: como ya se ha dicho, no puede haber un planteamiento esquemático y poco detallado. 
En mi territorio del mar de Irlanda nos enfrentamos ahora, por tercer año consecutivo, al cierre de la zona de pesca durante seis semanas. 
Los pescadores muestran una mayor disposición de cooperar con las autoridades y con la Unión Europea para conseguir que se recuperen los caladeros. 
Tengo que plantear una pregunta a la Comisión: ¿Cree realmente, con toda sinceridad, que ha dado respuesta a los pescadores de esta zona? 
Tengo que decir que no puede realizar cierres y amarres para ayudar a la recuperación sin compensación, porque no funcionará. 
Me gustaría decirle a la Comisión que no soy yo, ni la ponente, ni ningún diputado con interés en la pesca, sino los pescadores que están ahí fuera trabajando, intentando ganarse la vida e intentando sobrevivir en circunstancias muy difíciles, los que necesitan estar convencidos de esta necesidad. 
La Comisión no obtendrá su cooperación a no ser que se les dé el apoyo que precisan. 
Señor Presidente, debatimos sobre una nueva propuesta de la Comisión que contiene medidas complementarias para la recuperación de los stocks de bacalao y merluza, y que el Grupo socialista apoya con matices, derivados del escepticismo con que se ha recibido entre los afectados y de la falta de unanimidad de los expertos. 
En efecto, no existe un consenso entre los científicos acerca de la eficacia de estas medidas, y ello hace que, aunque compartamos los objetivos, dudemos al mismo tiempo de su eficacia. 
El dictamen del Comité Científico, por ejemplo, dice que es posible un plan de recuperación más dilatado en el tiempo y que conlleve menos sacrificios para la flota. 
Merluza y bacalao son dos especies muy apreciadas en el mercado comunitario que han visto sus recursos muy reducidos por causa de la sobrepesca. 
Pero no solamente por la sobrepesca de estas dos especies, sino también de otras especies asociadas, que forman parte de la cadena trófica y que han reducido las fuentes de alimentación de la merluza y del bacalao, afectando a la conservación de estas poblaciones. 
Estas medidas de preservación, que hoy se nos presentan, suponen la disminución forzosa de la actividad de la flota y el amarre de parte de ella, para lo que se impone, desde la Comunidad, una política de ayudas capaces de paliar estos efectos negativos. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer a la Asamblea que este debate se celebre durante una sesión de primera hora de la mañana; normalmente nuestros debates son a medianoche. 
Ojalá esto continúe mucho tiempo. 
La comunicación de la Comisión sobre la recuperación de las poblaciones de bacalao y merluza es un asunto fundamental para el sector en Escocia. 
Me gustaría prestar una atención especial a la cuestión del bacalao. 
Desde hace muchos años los dictámenes científicos son taxativos. 
Nos dicen que varias poblaciones están tan lejos de los límites biológicos seguros que se necesitan ya con urgencia importantes iniciativas para estabilizar la disminución. 
Por tanto, debe adoptarse algún tipo de acción de manera urgente. 
En primer lugar, está la propuesta de que se reduzca la actividad pesquera entre un 40 y un 50%. 
Se trata de algo ambicioso que merece un profundo análisis, trabajando al lado de todos los demás Estados miembros. 
Parte de la reducción de la flota se está logrando a través de la retirada de barcos. 
En Escocia, la coalición dirigida por los laboristas ha comprometido 25 millones de libras esterlinas para este programa de retirada de barcos. 
De hecho, los primeros barcos empezaron a entregarse la semana pasada. 
En segundo lugar se han establecido medidas técnicas adicionales para hacer que los aparejos sean más selectivos. 
En tercer lugar, se han propuesto nuevas medidas de control. 
También se han contemplado las áreas vedadas y posibles zonas cerradas durante un tiempo y, en algunos casos, se han establecido para permitir la regeneración de los recursos pesqueros. 
La necesidad de actuar en la recuperación del bacalao es esencial para que siga existiendo la pesca del bacalao. 
Sólo tenemos que mirar a Terranova y Canadá para ver las consecuencias de un exceso de capturas. 
Todavía hoy no ha vuelto el bacalao. 
Sin embargo, existen otros factores en juego. 
El calentamiento global y el aumento de la temperatura de los océanos que implica son también cuestiones que han de considerarse. 
No deberíamos olvidar nunca la relación fundamental que existe entre las decisiones medioambientales que adoptamos en esta Asamblea y las consecuencias que las mismas tienen para el desarrollo sostenible de nuestros mares. 
En conclusión, todos los interesados, las instituciones europeas, los gobiernos de los Estados miembros y el sector pesquero deben ser involucrados para que cualquiera de estas medidas tenga éxito. 
Es esencial un programa eficaz de recuperación de los recursos pesqueros para el futuro de la pesca de bacalao en Escocia y en el R.U. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Protección del medio ambiente en la política pesquera común 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0457/2001) del Sr. Lavarra, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2001) 143- C5-0343/2001- 2001/2143 (COS) ) sobre las piezas de una estrategia para la integración de las exigencias de protección del medio ambiente marino en la política pesquera común. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que la definición de una estrategia que mejore la integración de las exigencias de protección del medio ambiente en la política pesquera común es una prioridad, y en consecuencia, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Comisión por elaborado esta comunicación. 
No obstante, creo que debemos considerar esta comunicación como el punto de partida para un debate abierto a los operadores, a los investigadores, a las instituciones políticas y a los consumidores. 
La integración de las exigencias medioambientales en la política común debe realizarse de manera compartida por el sector, sin que los costes sean soportados única y exclusivamente por el sector, máxime cuando se trata de pequeñas empresas pesqueras y sobre todo cuando el sector es víctima de formas de contaminación del medio ambiente marino causada por factores externos: el tráfico marítimo y la industria costera. 
Asimismo, creo que la integración de las exigencias medioambientales se ha de realizar sobre bases científicas y confiamos en que la Comisión nos facilite cuanto antes datos concretos recabados de las investigaciones en curso. 
Entretanto, no cabe duda de que debemos recurrir al principio de cautela, pero también aquí se trata de adoptar medidas que no perjudiquen las rentas de las pequeñas empresas pesqueras y que tengan un carácter alternativo a aquellas propuestas de la Comisión. 
En realidad, al hacer referencia a las interacciones entre la pesca y el medio ambiente, a veces la Comisión se limita a poner en evidencia los efectos negativos de la pesca desde el punto de vista ecológico y deja de lado medidas medioambientales positivas que podrían favorecer al sector piscícola, como la mejora de las zonas costeras, la creación de zonas de repoblación y de crianza, las zonas marinas protegidas, la potenciación de la actividad de pesca-turismo y, más en general, las inversiones en investigación. 
Es más, frente al problema real de la superexplotación de los recursos, en mi modesta opinión, el Ejecutivo no formula propuestas alternativas a la drástica solución del cese definitivo de la pesca, cuya consecuencia es la expulsión de los pescadores del sector, sin ofrecerles medidas de acompañamiento y de apoyo adecuadas. 
De ahí que en la propuesta contenida en el informe de la Comisión de Pesca del Parlamento invitemos al Ejecutivo a coordinar mejor las investigaciones en el campo pesquero y de la ecología marina, a no reducir las ayudas estructurales y a tener más en cuenta la especificidad del Mediterráneo, cuya pesca diferenciada y multiespecífica necesita adecuadas medidas normativas. 
Pongo un ejemplo: nosotros no pedimos para el Mediterráneo excepciones a las actuales prohibiciones como las que afectan a los cazonales; lo que sí pedimos es que a través de los acuerdos con los terceros países se prohiba o se limite también a estos últimos recurrir a este tipo de pesca, de lo contrario, penalizaremos única y exclusivamente a nuestros pescadores y no resolveremos el problema de la superexplotación de los recursos. 
Por último, quiero pedir que se depare una mayor atención al etiquetado ecológico también para dar respuesta a la inquietud causada por la dioxina en los productos pesqueros que ha sensibilizado al consumidor. 
, ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Señor Presidente, desde la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor podríamos haber hecho conjuntamente la intervención sobre este informe y sobre el de la Sra. Miguélez Ramos, por estar muy relacionados. 
En el presente se habla de la integración del medio ambiente en la política pesquera común, y una parte del Libro Verde se refiere también a la preservación del medio ambiente en el sector marino. 
En realidad, la estrategia de integración de la política medioambiental en el resto de las políticas de la Unión es una estrategia que se ha mencionado en los últimos Consejos Europeos de forma reiterada- sobre todo en el de Gotemburgo -, pero que tiene poca aplicación práctica, sobre todo si se refiere uno a la política industrial, incluso pesquera, y a otras políticas de la Unión. 
En lo que respecta al sector pesquero- como dice el ponente- resulta inadmisible, por ejemplo, que un tercio de las capturas tenga como objetivo la destrucción para la elaboración de harinas y aceites, sobre todo también si se tiene en cuenta que no se controlan esas harinas y aceites que después pueden entrar en la cadena alimentaria, con lo que nos encontraríamos otra vez con la inseguridad alimentaria que tanto preocupa a la Unión Europea. 
Hay que respetar los períodos de reproducción, utilizar redes que no depreden el medio marino. 
Estamos viendo cómo en nuestras costas se da una continua utilización de redes que depredan y arrasan toda la vida en el fondo marino. 
Debe preservarse la diversidad biológica, como prevé el Sexto programa de acción medioambiental- que discutimos esta semana y que vamos a votar a mediodía -, evitando la contaminación de las zonas costeras. 
Señor Presidente, yo vivo en un país en el que estamos rodeados de hermosísimas y riquísimas zonas costeras, pero que se ven continuamente afectadas por la actuación de la industria y la presión excesiva del turismo. 
Eso hace que la pesca corra también peligro. 
Creo que no sólo hay que actuar sobre la capacidad de la flota para que se adecuen los recursos que tenemos, sino que hay que actuar, sobre todo, en las fuentes de contaminación que impiden nuestra riqueza marina. 
Señor Presidente, el Sr. Cunha decía antes que la mejor medicina para la gripe del Sr. Comisario Fischler sería comer bacalao portugués. 
Estoy totalmente de acuerdo siempre que vaya regado con copiosas cantidades de whisky escocés. 
Yo acojo favorablemente lo previsto en el informe del Sr. Lavarra, pero me gustaría pedir a esta Asamblea el apoyo a las dos enmiendas de mi colega danés el Sr. Busk. 
Al Sr. Busk le preocupa con razón que el ponente haya adoptado una actitud bastante negativa hacia la pesca industrial, la cual, como sabemos, constituye un pilar central del sector pesquero danés. 
La Comisión de Pesca visitó hace poco Dinamarca y se reunió con personas claves de la pesca industrial. 
Asimismo, ayer se celebró aquí en Estrasburgo un seminario organizado por el Intergrupo de Desarrollo Sostenible en el que se escucharon todas las posturas presentes en el debate, tanto a favor como en contra de la pesca industrial. 
Está bastante claro que existen muchas y muy extendidas equivocaciones en relación con este sector y es importante que esta Asamblea corrija esas ideas equivocadas. 
En primer lugar, cabe señalar que la pesca de lanzón es una pesca limpia: las capturas colaterales son relativamente poco habituales y cuando, en alguna ocasión, se han producido casos, que se han hecho públicos, de capturas colaterales de eglefinos alevines o de otras capturas colaterales descargadas por buques de arrastre industriales daneses, estos casos han llegado a nuestro conocimiento porque Dinamarca cuenta con un sistema de control e inspección eficaz, con una disciplina muy estricta y con sanciones muy severas para los infractores. 
En segundo lugar, como indicaba el Sr. Busk en su enmienda, el Consejo ha reducido, de hecho, el TAC para el lanzón este año hasta 850.000 toneladas, en contra de las pruebas científicas que indicaban que podíamos capturar más de un millón de toneladas. 
Sólo se está pescando el 25% de la biomasa del lanzón. 
Compárese con el 75% de la biomasa de bacalao que explotamos en el Mar del Norte. 
Por tanto, si alguien es culpable de un exceso de capturas, no es, sin duda, la pesca del lanzón en Dinamarca. 
Además, han invertido una gran cantidad de dinero en eliminar las dioxinas del aceite, de las grasas de pescado y del pienso de pescado, que es un producto de la pesca del lanzón. 
Debemos apoyar al sector pesquero danés en este caso, y por ello pido a esta Asamblea que respalde las dos enmiendas del Sr. Busk. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Sr. Lavarra por el excelente trabajo realizado con motivo de este informe. 
En general, apoyo sus conclusiones y en particular quiero pedir que creemos nuevas posibilidades de desarrollo en el sector pesquero europeo integrando el aspecto medioambiental en la política pesquera común. 
En la futura revisión de la política pesquera común debe garantizarse una implantación mucho mayor de las resoluciones comunes en todos los países miembros. 
También debemos atrevernos a hablar abiertamente de la importancia del pescado como materia prima para la industria pesquera en los países que cuentan con una gran industria pesquera y también en este punto valorar el riesgo y el principio de cautela con el significado regional. 
En suma, debemos reconocer también el gran esfuerzo que los pescadores realizan diariamente. 
Quiero fijarme ahora en algunos puntos en los que estoy en desacuerdo. 
Comenzaré dando las gracias al Sr. Stevenson, quien ha relatado muy claramente lo que vio la delegación de la Comisión de Pesca en Dinamarca. 
Cómo en Dinamarca pudimos despojar de su mística a la pesca por lanzón y con ello también a los numerosos postulados de que es la pesca industrial la que destruye la cadena alimentaria. 
De ahí que nos veamos obligados a recalcar que hoy no existe ninguna base científica que diga que la pesca industrial ejerce un efecto negativo sobre el medio marino. 
Sin una sólida base científica no tiene sentido querer recortar la pesca industrial. 
Tal cosa tendrá consecuencias enormes sobre los puestos de trabajo en el sector pesquero. 
De ahí que debamos esforzarnos por disponer de una mayor y mejor base científica también en este ámbito. 
Tampoco puedo respaldar el punto 9, que objetivamente es falso, puesto que será muy poco sensato no emplear la harina de pescado y el aceite de pescado, que son productos muy ricos en proteínas y que tienen un valor muy grande. 
Además, la industria europea de harina de pescado se halla muy adelantada en el desarrollo de una técnica que elimine la dioxina. 
Es decir, que a corto plazo realmente será mucho más saludable, si pensamos que la harina de pescado se emplea para alimentar a los peces en la acuicultura, que- si puedo decirlo así- la cadena alimentaria que se da en el mar, donde el contenido de dioxinas ahora mismo desgraciadamente es más elevado de lo que quisiéramos. 
A este respecto es importante señalar que la dioxina no procede de forma natural del mar y que tampoco se da de forma natural en los peces, sino que es una contaminación procedente de la tierra. 
Desgraciadamente hay demasiados escándalos alimentarios y por ello también es importante que precisemos que por regla general el sector pesquero sufre las consecuencias sin que posteriormente haya podido demostrarse que sea este sector el responsable del escándalo o suceso en cuestión. 
Asimismo debo añadir que el Grupo Liberal no puede respaldar el punto 14, pues somos contrarios a las ayudas financieras destinadas a la construcción de nuevas embarcaciones. 
Debo pedir naturalmente- al igual que hiciera el Sr. Stevenson y celebro que lo hiciera- que respaldemos las enmiendas que he presentado en nombre del Grupo Liberal. 
Señor Presidente, en cuanto al informe de la Sra. Miguélez Ramos, el Grupo Verts/ALE considera que la conservación de los recursos pesqueros y la protección del medio ambiente marino revisten una importancia fundamental para la política pesquera común. 
La otra opción es inevitablemente un exceso de capturas y problemas para el sector a largo plazo. 
Dada la importancia de la conservación, este informe se queda muy corto en cuanto a lo realmente necesario. 
Entre otras cosas, pretende eximir al sector pesquero de responsabilidad por la merma de los recursos pesqueros diciendo que es culpa de la contaminación, de la destrucción de los ecosistemas, etc. Aunque estos factores desempeñen un papel, no hay duda alguna de que la principal causa de la merma de los recursos pesqueros es la excesiva cantidad de capturas de las flotas pesqueras de la Unión Europea. 
Ya es hora de que dejemos de negarlo y nos enfrentemos a la realidad. 
Nos oponemos igualmente a las peticiones de alternativas a la retirada de los barcos de pesca, que es el paso más importante para que se recuperen las poblaciones de peces. 
Es necesario que nos fijemos también en que se están llevando los barcos a otras partes del mundo, con lo cual simplemente se traslada el problema a otro lugar. 
Teniendo en cuenta la apremiante necesidad de incorporar el concepto de la protección medioambiental a la pesca, este informe carece en gran medida de lo necesario. 
El Grupo Verts/ALE no puede respaldarlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.45 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Votaciones 
Señor Presidente, me gustaría felicitarle por haber presidido esa votación de una forma tan calmada y eficaz. 
Es un buen augurio. 
Sin embargo, difícilmente habrá otro Parlamento que vote tal cantidad de enmiendas a un informe. 
De pocos diputados de esta Asamblea se podría esperar que supieran sobre qué estaban votando. 
Están a merced de sus colegas y de los diputados responsables de la disciplina de los Grupos parlamentarios. 
El procedimiento no contribuye mucho a una mayor democracia y es un espectáculo poco edificante y, de hecho, incomprensible para los ciudadanos que siguen nuestro trabajo. 
Le ruego que, durante su mandato, se asegure de que se realiza una reforma profunda de los procedimientos de toma de decisiones de esta Asamblea. 
(Aplausos) 
Estoy seguro de que el Sr. Corbett tiene una aportación específica sobre esa cuestión. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Watson y señalo que puede usted hacer una primera contribución a la reforma de nuestro reglamento incluyendo mi informe en el orden del día de la sesión parcial de marzo. 
Así podrían hacerse avances en algunos de los puntos que ha planteado el Sr. Watson. 
A pesar de que yo no tenga la solución milagrosa, podríamos dar algunos pasos hacia delante. 
Señor Presidente, una verdadera cuestión de orden: ¿podría usted dictaminar si la intervención del Sr. Watson era realmente una cuestión de orden? 
Señor Presidente, estábamos indicando que, como Parlamento, pretendemos la reforma de esta institución. 
No creo que prolongarse más allá de las 13.30 horas constituya una reforma. 
Deberíamos parar en este momento y realizar las votaciones que faltan a las 17.00 horas de esta tarde. 
Sólo quedan por votar cuatro enmiendas, tras lo cual habremos completado las 443. 
Seguiremos con la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe del Sr. Davies sobre la cantidad de ozono en el aire ambiente. 
La sede del Parlamento Europeo se ha trasladado de Estrasburgo a Roma. 
Dos antiguos diputados, el Sr. Chris Davies y el Sr. Fatuzzo, mantienen un encuentro. 
Yo le digo: "¿ Te acuerdas, Davies, cuando existía la codecisión ?" 
"¡ Cómo no me voy a acordar !" me contesta el Sr. Davies. 
" Había un informe mío sobre el ozono en el aire ambiente. 
Piensa que con la codecisión y con aquel reglamento nosotros ahora, en 2030, después de treinta años, teníamos que presentar un nuevo informe sobre el nuevo valor del ozono en el aire ambiente. 
Por suerte, el Parlamento Europeo ha cambiado sus reglas y ahora decidimos todo lo que queremos, sin el Consejo ". 
Señora Presidenta, hemos aprobado el Sexto programa en materia medioambiental, y yo he votado a favor. 
Debo decir que he tenido otro sueño, señora Presidenta. 
Había una ciudad llamada Europolis, y la alcaldesa de esa ciudad era usted, señora Presidenta, y era muy feliz. 
¿Por qué? 
Porque era una ciudad ideal, porque su entorno era magnífico: aire limpio, ningún ruido, hierba y flores, mucho mejor que las falsas alfombras de flores que tenemos en nuestro Parlamento, donde las flores están pintadas en el suelo. 
Era la ciudad ideal del medio ambiente. 
Y todo gracias a estos programas. 
Es por eso que he votado a favor. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Hatzidakis hace referencia a la forma de los vehículos de transporte, entre ellos también los autocares. 
Usted sabe que en los autocares con frecuencia viajan personas mayores y pensionistas, a los que les gusta, si gozan de buena salud hacer un buen turismo, visitar las bellas ciudades de Europa. 
Escuché una conversación entre dos pensionistas que estaban en uno de estos autocares, y uno le decía al otro: "¿ Qué tal ?" 
"¡ Bien !" 
"Pero, ¿cómo te apañas con el euro que ha entrado en vigor hace poco ?" 
"Muy bien, porque me he acordado" -eran dos pensionistas italianos- " de que antes de la última guerra existían la lira y los céntimos, y por lo tanto, he vuelto atrás en el tiempo. 
Pero estoy contento también de tener autocares muy cómodos, y esto se lo debemos al informe Hatzidakis. 
Espero que el Sr. Fatuzzo vote a favor ". 
Pues bien, dado que fue lo que escuché, he votado a favor con mucho gusto. 
En el primer debate del 3 de octubre de 2000, sobre la admisión de autobuses rígidos de mucha longitud, ya manifesté que éstos pueden ser muy útiles para las regiones poco pobladas que cuentan con una red de carreteras anchas y rectas. 
Sin embargo, en determinadas zonas urbanas con poco tráfico y en carreteras comarcales sinuosas, pueden constituir un peligro para el ciclista y el peatón. 
Sin la obligatoriedad de un segundo eje, pueden destruir incluso las carreteras construidas sobre suelo blando, como por ejemplo las regiones de los Países Bajos en cuyo subsuelo hay turba. 
Por lo tanto, me parece completamente justificable que algunos Estados miembros de la UE sólo admitan los autobuses con una longitud máxima de 12 metros. 
Si se obliga a estos países a que admitan los autobuses de 15 metros, se verán obligados a poner un montón de señales de tráfico de prohibición dentro de su país. 
Entonces estos autobuses sí podrían entrar en el país, pero en la práctica no podrán acceder a determinados lugares. 
Es evidente que este tipo de autobuses son más baratos de fabricar y de explotar y que consumen menos combustible por pasajero, pero al final resulta que priman más estos aspectos a costa de la seguridad. 
La propuesta del Consejo de admitir los autobuses, que no cumplen las normas de la directiva, hasta el año 2020 en vez de hasta 2009, tampoco recibe mi apoyo. 
Señora Presidenta, como usted sabe muy bien, se trata del informe por el que se establece un examen para realizar el transporte por carretera de mercancías o de pasajeros dentro de la Unión Europea. 
En este Reglamento del Parlamento Europeo se prevé que los conductores de camiones y autobuses deben llevar anotado en el permiso de conducción su número de afiliación a la Seguridad Social, o sea, a efectos de tener derecho a la pensión. 
Evidentemente, como responsable del Partido de los Pensionistas, apruebo con mucha satisfacción este Reglamento porque permitirá tener derecho a pensiones más elevadas, ya que, al tenerse que anotar el número de afiliación a la seguridad social de los conductores en su permiso de conducción, los empresarios estarán obligados a darles de alta con miras a la pensión, y en consecuencia, habrá más trabajadores con pensiones más elevadas en Europa. 
Algunos empresarios intentan desplazar las actividades empresariales, que no estén ligadas a ningún lugar determinado, a otros países donde los trabajadores cobran sueldos mucho más bajos. 
Esto puede significar que la administración financiera se realiza en la India, que los grandes almacenes encargan su producción textil a Filipinas o que hay camiones circulando por la Europa occidental con camioneros búlgaros o lituanos. 
La libre competencia ofrece un sinfín de ventajas a las empresas menores costes y mayores beneficios. 
Se van quedando con la cuota de mercado de otras empresas, aunque sea a expensas del empleo, el medio ambiente o el bienestar de los animales. 
Mientras que las administraciones no hagan nada para impedirlo, las peores empresas tienen las mayores posibilidades de sobrevivir. 
En el transporte por carretera ya se ven los efectos de esta permisividad: se contrata ilegalmente a camioneros procedentes de los países del este para trabajar fuera del propio Estado miembro. 
En mi opinión, no solamente la remuneración sino también las condiciones laborales de estas personas son inaceptables. 
Me parece que hemos tardado demasiado con la introducción del certificado de conductores, que incluye el número de permiso de conducir y de seguridad social. 
En principio, estoy de acuerdo con que se introduzca este sistema primero para los camioneros no comunitarios, pero sus países estarán tal vez dentro de la UE a partir de 2004. 
Por lo tanto, para poder hacer un control efectivo se requiere que el sistema de los certificados se aplique también a los camioneros comunitarios. 
Informe Zappalà (A5-0378/2001) 
Señora Presidenta, el Sr. Zappalà no me ha dejado dormir en toda la noche, porque no sabía si votar a favor o en contra de una enmienda muy importante en la que se establece la conveniencia de si en estos procedimientos de adjudicación de contratos públicos se ha de tener en cuenta la consecución de importantes objetivos en materia de medio ambiente y de protección y seguridad social, o sea, si al adjudicar las obras, las entidades públicas deben preferir las empresas que están más avanzadas y que protejan más a los ciudadanos y a los trabajadores en el terreno del medio ambiente y en el terreno de la seguridad social y de las pensiones. 
Finalmente, agotado y atormentado he votado a favor, aunque espero que en las próximas directivas y reglamentos europeos se regule mucho más y mejor y a favor de los ciudadanos y de los trabajadores toda la normativa medioambiental y social de nuestra Europa. 
. 
(SV) Los socialdemócratas suecos, Jan Andersson, Anneli Hulthén, Göran Ferm y Hans Karlsson, votamos en contra de la enmienda 63. 
Pensamos que es importante que existan acuerdos marco para los servicios de carácter intelectual. 
Habría que definir más concretamente el concepto de "servicios intelectuales". 
En Suecia son muy comunes los acuerdos marco, por ejemplo, para los servicios de los arquitectos, de los médicos, de los auditores, de los asesores y de los bancos. 
Si esta enmienda fuese aprobada, tendría muchas consecuencias complicadas en Suecia. 
Los socialdemócratas suecos votamos a favor de la enmienda 16 que, a nuestro juicio, es equilibrada. 
Es provechoso que no se adjudiquen los contratos públicos a los actores del mercado que hayan participado en organizaciones criminales o que sean responsables de corrupción o fraudes. 
Sin embargo, opinamos que conviene que en la justificación se diga que corresponde a los Estados miembros fijar las condiciones y el tipo de sanciones que implicaría la exclusión. 
También votamos a favor de las enmiendas 48, 79 a 83 y 86 a 90, pero, no obstante, queremos manifestar que no nos parece adecuado que en una directiva de esta naturaleza se haga un listado de delitos, ya que ese listado siempre será incompleto. 
Me he abstenido en la votación final de los dos informes del Sr. Zappalà. 
En primer lugar, debo precisar que comparto la opinión del Sr. Watson en cuanto a la necesidad de reformar los métodos de trabajo del Parlamento Europeo. 
Es sencillamente imposible votar con pleno conocimiento de causa cientos de enmiendas en una hora de votación. 
En realidad no es más que una parodia democrática. 
En lo que respecta al régimen de los mercados públicos, las enmiendas del Parlamento, aunque partan de motivaciones comprensibles, complican inútilmente la carga de los poderes adjudicadores. 
La sumisión pública se ha inventado para que los fondos públicos se utilicen lo mejor posible. 
Ahora bien, intentando satisfacer todo tipo de objetivos políticos mediante un procedimiento de adjudicación orientado a determinar el menor postor, Europa llegará a un incremento de burocracia, tanto para las empresas como para los poderes públicos. 
No podemos suscribir ni el planteamiento del ponente ni el de la Comisión. 
Tanto uno como otro, con el pretexto de una simplificación y una actualización de la legislación comunitaria existente en materia de atribución de mercados públicos (directivas de febrero de 1998) crean un mercado único europeo según criterios liberales. 
No podemos aceptar que se dé prioridad al precio más bajo en la adjudicación de contratos públicos y que se releguen a un segundo plano los criterios sociales, territoriales y medioambientales. 
Este planteamiento es prisionero del dogma del liberalismo. 
No responde ni a las expectativas de los usuarios ni a las de los trabajadores, ya que se hace principalmente en detrimento de la calidad, de la seguridad y del empleo. 
La cuestión de los umbrales propuestos por la Comisión por encima de los cuales se abriría un mercado a la regulación comunitaria puede parecer bastante irrisoria. 
Elevarlas en un 50 % no propone alternativa sino que únicamente hace retrasar temporalmente el momento en el que los grupos privados puedan apoderarse de los 1000 millardos de euros que generan cada año los mercados públicos en toda la Unión Europea (es decir, el 14 % del PIB). 
Se necesita otra lógica, una lógica de servicios públicos que aseguren las compañías públicas y controlados por los ciudadanos. 
Por ello, hemos votado en contra del informe Zappalà. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al ponente y al Comisario por lo que han conseguido con este informe tan importante. 
La coordinación y simplificación de las diversas directivas en este ámbito afecta a más del 10% del producto europeo bruto y una directiva más transparente y simplificada será muy bienvenida. 
No obstante, lamento que se hayan presentado tantas enmiendas y me parece que en el futuro habrá que impulsar otro sistema porque, debido a las múltiples enmiendas tan detalladas, es imposible que los colegas, que no hayan seguido el contenido del informe de cerca, sepan qué están votando finalmente. 
La política europea de adjudicación y licitación tiene por objeto que surja una mayor dinámica en la economía y que la pequeña y mediana empresa esté también más implicada en los contratos públicos de suministro. 
Me parece un objetivo muy noble y como liberal lo apoyo plenamente. 
Por otra parte, me siento satisfecho con el resultado de la votación sobre la posibilidad de exclusión basada en criterios sociales y medioambientales. 
No podemos ni debemos permitir que el funcionamiento de las empresas, dentro de las normas establecidas por el adjudicatario, sea el punto de partida para decidir sobre la exclusión. 
Naturalmente, todo el mundo ha de respetar la ley, pero sólo las leyes generales vigentes. 
Por lo tanto, me alegro de que los criterios sociales y medioambientales que se pueden establecer, sólo sean aplicables a los productos y/o servicios prestados y no a la política interna de las empresas contratadas. 
Aunque finalmente voté en contra de la subida de los valores umbral por motivos personales, estoy de acuerdo con un aumento del 50% por razones prácticas. 
Los importes que acordamos en el tratado de la OMC como umbrales, evidentemente, se siguen aplicando, pero no para los contratos fuera del marco del convenio. 
Los contratos que se pueden adjudicar por debajo de los valores umbral, benefician lógicamente a las PYME, pero también a las empresas regionales lo cual constituye, en cierto sentido, llevar a cabo una política social dentro de las regiones. 
Señora Presidenta, después de haber trabajado dos años en la elaboración de esta directiva, creo poder decir que hemos obtenido un buen resultado, aunque no se ha podido satisfacer en todas las cuestiones a todo el mundo. 
Durante mucho tiempo las licitaciones públicas han sido consideradas como una varita mágica. 
Por una parte, constituyen una alternativa para la adjudicación de obras de la administración a empresarios bien relacionados con políticos o altos funcionarios, el denominado amiguismo. Por otra parte, tienen por objeto poner fin a la producción y prestación de servicios por parte de las empresas que son propiedad del estado, para que también las empresas privadas tengan acceso a nuevos mercados. 
Por mi parte, estoy de acuerdo con el primer objetivo, pero no con el segundo porque de esta forma las administraciones dependerán cada vez más de la empresa privada. 
Recientemente, en los Países Bajos salió a la luz pública que las empresas constructoras se ponían de acuerdo sobre el precio que la administración había de pagar por la realización de ciertos proyectos de construcción. 
Y estas mismas constructoras decidían a qué empresa le tocaba el siguiente contrato. 
En realidad, estamos fomentando que surjan monopolios. 
Aún siendo ilícito, en la práctica resulta extremadamente difícil evitar este tipo de abusos. 
Me parecen muy positivas las propuestas del ponente relativas a que, en las adjudicaciones relativamente pequeñas, se libera a las administraciones de la obligación de seguir el procedimiento europeo de licitaciones que les resulta costoso y complejo, que se salvaguarda el empleo para los grupos sociales menos favorecidos, que los criterios medioambientales jugarán un papel más importante en la toma de decisión y que se excluye de la licitación a los que han sido condenados por delitos financieros. 
Estoy de acuerdo con estas mejoras, pero no con el sistema de las licitaciones en su conjunto. 
. (SV) He votado a favor de la propuesta de la comisión para que las contrataciones públicas, especialmente en los sectores de los bienes y servicios, estén sujetas a mayores exigencias y que se compita en el mercado europeo. 
En nuestro nuevo programa, los cristianodemócratas suecos nos proponemos fortalecer y asentar constitucionalmente la gestión autonómica de los ayuntamientos. 
Opinamos que los políticos municipales deben tener más competencias. 
Estas mayores exigencias permitirán a los políticos que están más cerca de los ciudadanos decidir por sí mismos si una contratación pública europea es o no la mejor opción. 
El mayor obstáculo político para la aprobación de este informe se refiere a los umbrales de aplicación de las normas europeas que revisten una importancia económica de primer orden para las empresas de obras públicas, para el medio ambiente, para las finanzas públicas, para la calidad de las infraestructuras. 
El nudo político es sencillo: ¿a partir de qué valor, en millones de euros, debe estar sometido un mercado público a los procedimientos comunitarios? 
Se han opuesto dos tesis: 
Los partidarios de umbrales elevados han señalado que eso evitaría costes administrativos y procedimientos burocráticos pesados para unos mercados que no atraerán, en cualquier caso, la competencia internacional. 
No permitirían por tanto intensificar las operaciones transfronterizas en el ámbito de los mercados públicos. 
Ahora bien, al mismo tiempo, las autoridades locales deben soportar costes de licitación enormemente elevados. 
Por el contrario, soy partidario del mantenimiento de los umbrales tal como propone la Comisión. 
El objetivo es el de crear en este sector un verdadero mercado único europeo. 
Además, los incrementos solicitados vaciarían la directiva de su impacto hasta privarla de su razón de ser. 
Pienso, efectivamente, que este incremento podría reducir radicalmente el número de mercados que se abrirían a la competencia comunitaria. 
La mayoría de los mercados se atribuiría de acuerdo con procedimientos nacionales o regionales. 
Por ello me he abstenido en la votación en el Pleno. 
Informe Zappalà (A5-0379/2001) 
.Señora Presidenta, lástima que el Sr. Zappalà se haya ausentado del hemiciclo justo en este momento, pero estoy seguro de que le dirán que he votado a favor de este texto que hace referencia a los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes, aunque espero que el próximo informe sobre esta materia establezca también que las personas mayores y los pensionistas, que necesitan mucha agua, mucha energía y que utilizan a menudo los transportes públicos, puedan disfrutar gratuitamente de los suministros de agua y de energía en sus casas para la calefacción y para cocinar y puedan utilizar gratuitamente los transportes públicos, porque no cabe duda de que las personas mayores y los pensionistas han trabajado mucho y tienen derecho a esperar un merecido reconocimiento de la sociedad. 
El segundo informe Zappalà sobre la adjudicación de contratos administrativos en los sectores del agua, de la energía y de los transportes persigue los mismos objetivos que el primer informe Zappalà sobre la adjudicación de contratos administrativos. 
Con el pretexto de la simplificación y de la actualización de la legislación comunitaria en vigor, el ponente propone la creación de un verdadero mercado único europeo liberalizado de los sectores del agua, de la energía y de los transportes. 
El criterio privilegiado es el del precio en detrimento de la cohesión social y territorial, de las cuestiones de igualdad y de empleo. 
La batalla en torno a los umbrales como la de una mejor consideración de los aspectos sociales y medioambientales es sin duda importante. 
Por tanto, hemos votado las enmiendas que iban en este sentido. 
Pero rechazamos la lógica de fondo del ponente y de la Comisión, la liberalización de estos sectores, ya que es peligrosa para los usuarios y para los trabajadores. 
Al contrario, mientras que algunos gobiernos prevén volverse atrás en la política de liberalización y privatización de sus servicios públicos, el planteamiento del ponente y de la Comisión parece arcaico y dogmático. 
Por ello hemos votado en contra del informe. 
Informe Grosch (A5-0430/2001) 
Señora Presidenta, con este informe se aprueba una directiva que prevé que los conductores de los medios de transporte tanto de mercancías como de pasajeros, aprueben un examen especial, además del que hasta hoy tienen que pasar para obtener el permiso de conducción. 
Como ya he dicho antes, muchos pensionistas viajan en autobús y en autocar por necesidad o por diversión, si aún pueden hacerlo. 
Debo decir que es muy importante que los conductores de los medios de transporte públicos pasen estos exámenes. Por lo tanto, es importante que se establezca este tipo de examen para que los pensionistas y las personas mayores que viajan en autobús puedan gozar del máximo confort y puedan decir siempre: "¡ Qué bueno es el conductor que nos ha llevado hoy !" 
Nos hemos abstenido en este informe. 
La única razón por la cual no hemos votado en contra es que la instauración de un "certificado de aptitud único" para los conductores profesionales de viajeros o de mercancías que operan en Europa, ya sean procedentes de la Unión Europea o de un país tercero, podría aportar un "plus" en cuanto a la seguridad en carretera. 
Sin embargo, el informe es impreciso en cuanto a las modalidades de obtención de dicho certificado, así como en cuanto a la asunción del coste de los permisos de formación. 
Tampoco dice nada sobre la revalorización de los salarios que debería implicar. Y no es sorprendente: el ponente reconoce no preconizar ninguna medida que vaya en contra de los intereses de los empresarios. 
Reconociendo la urgencia de las medidas en materia de seguridad en carretera, este informe exime a los empresarios de sus responsabilidades en este ámbito. 
Si bien señala que las condiciones de trabajo de los camioneros son inaceptables, avala los salarios irrisorios de estos últimos. 
De creerlo, el "clima económico actual" sería la causa. 
Como si ese supuesto "clima" cayera del cielo. 
Como si sobre todo no conociéramos a los únicos beneficiarios: los empresarios del transporte por carretera y las empresas ordenantes. 
Pero, para el ponente, no se trata de cuestionarlas ni de imputarles la inseguridad a la que condenan a todos los usuarios de la carretera imponiendo unas condiciones de trabajo indignas a los conductores profesionales. 
Mi Grupo está de acuerdo con el presente informe por las siguientes razones: 
1. 
Las exigencias que se plantean a la profesión de conductor de vehículos a motor han aumentado de manera constante en los últimos años. 
Por esta razón nos parece urgentemente necesario que en todos los Estados miembros se imponga con carácter preceptivo una formación profesional básica, a cuyo término figure la obtención de un certificado de capacitación. 
2. 
Mediante el mejoramiento de la calidad de la formación esperamos un incremento significativo de la seguridad del tráfico rodado. 
3. 
Esta directiva representa, junto con las directivas sobre los tacógrafos, las regulaciones de la jornada laboral y las condiciones sociales para los conductores de vehículos a motor, un elemento más para la protección social de los conductores profesionales. 
4. 
El sector del transporte juega un gran papel en marco de la ampliación de la UE. 
Cuantas más disposiciones armonizadas sean adoptadas ya ahora por los estados candidatos a la adhesión en sus sistemas jurídicos, menor serán en el futuro el número de los problemas de adaptación a la hora de abordar la estandarización técnica, los estándares sociales, las normas relativas a la protección del medio ambiente y las regulaciones sobre la seguridad en carretera. 
5. 
Compartimos la opinión de que deben determinarse, en el sentido del principio de subsidiariedad, objetivos relativos a los componentes de la formación, pero que la configuración concreta del método de formación debe dejarse a las autoridades nacionales. 
Naturalmente, existen también regulaciones que vemos críticamente, como, por ejemplo, las determinaciones del número mínimo de horas de la formación total y de su distribución en la enseñanza por bloques. 
Sin embargo, para nosotros lo decisivo es, en definitiva, que en el futuro no se requiera solamente el permiso de conducir para el ejercicio profesional, sino también unos conocimientos específicos en los ámbitos de la prestación del servicio, de la protección de la salud, de la seguridad y de la logística. 
La profesión de conductor se ha podido ejercer durante años sin mucha formación. 
Incluso si los conductores habían recibido una buena formación, esta no se consideraba importante para la realización de su trabajo. 
Por lo tanto, esta profesión era atractiva para los que tenían dificultades a la hora de estudiar y que se alegraban de poder percibir un sueldo a una edad temprana ocupando un puesto de trabajo relativamente autónomo. 
Tal vez las personas que ya poseen el permiso requerido para conducir camiones y autobuses no sentirán mucho entusiasmo cuando se exija mayor nivel de formación para la realización de su trabajo. 
Ellos están exentos de hacer la formación básica para evitar que terminen en el paro y sólo tienen la obligación de hacer los cursillos quinquenales. 
La duración de estos cursillos de formación- un mínimo de 210 y un máximo de 630 horas- es más corta de lo que se exige ya en algunos Estados miembros. 
Estos Estados miembros han de aceptar ahora que los camioneros de fuera con menor formación conduzcan por sus carreteras. 
Por lo tanto, la aportación que se hace al aumento de la seguridad vial, el menor consumo de combustible, el buen trato con el público, el conocimiento de idiomas y la mejora de las condiciones laborales es muy reducida. 
Por esta razón, considero esta propuesta como un primer paso al que le tienen que seguir otro muchos en el futuro. 
Informe Rod (A5-0412/2001) 
Señora Presidenta, hemos aprobado los Acuerdos con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico. 
He votado a favor sobre todo porque en las líneas 11 a 15 de la pagina 11 del texto se dice: "Los acuerdos de pesca entre la Unión Europea, África, el Caribe y el Pacífico limitan la explotación de los caladeros de las aguas territoriales por parte de los pescadores locales, habida cuenta de que ponen en peligro el aprovisionamiento e incluso la supervivencia de las poblaciones costeras". 
El ponente Rod ha escrito lo que yo siempre he dicho en mis explicaciones de voto. 
¿Quién nos manda ir a pescar en las aguas territoriales de estos Estados que necesitan trabajar para sobrevivir? 
Por lo tanto, está bien que se trate de cambiar esta manera de pescar de los Estados de la Unión Europea. 
. 
He dado mi voto favorable al informe Rod porque estoy a favor de la celebración del Acuerdo de Cotonú. 
Y ello por diversas razones. En primer lugar porque con este Acuerdo de Cotonú la UE reafirma su compromiso con los países ACP, y con él su voluntad de contribuir al desarrollo económico y social sostenible de estos países. 
En segundo lugar, porque hace de la erradicación de la pobreza mediante la integración progresiva en la economía mundial el principal objetivo del Acuerdo. 
Y en tercer lugar, porque la dimensión política que incluye puede contribuir en gran medida a acabar con las causas que han impedido en buena parte que la cooperación ACP-UE diera los frutos que se esperaban. 
En efecto, sin democracia y sin paz no es posible promover el desarrollo económico ni garantizar que los beneficios de este desarrollo alcancen de manera equitativa a toda la población. 
De ahí la importancia del diálogo político, el buen gobierno y la prevención de los conflictos que se contemplan en el Acuerdo. 
No comparto, en consecuencia, muchas de las críticas que contiene la exposición de motivos que acompaña al informe Rod. 
Es cierto que todo en este mundo es mejorable, pero Cotonú representa un paso adelante en la política de cooperación al desarrollo de la UE. 
Un paso al que, es cierto, deben seguirle muchos otros, en especial en relación con el control por parte del Parlamento de los fondos FED. 
Pero este Acuerdo nos sitúa en el buen camino. 
La Asamblea parlamentaria paritaria ha nacido de la voluntad de aproximar a los Estados de África, Caribe y Pacífico (ACP) con el objetivo del desarrollo económico, social, institucional y cultural de esos países ACP. 
El 23 de junio de 2000 se firmó un nuevo acuerdo en Cotonú, en Benin. 
Previsto para una duración de 20 años, debe dar un nuevo impulso a la política de cooperación entre la Unión Europea y los países ACP: es urgente. 
Este nuevo acuerdo, que debe entrar en vigor este año, supera el marco estricto del comercio y de la ayuda pública- sin duda necesaria pero insuficiente- para añadirle una dimensión más política con la introducción de la "buena gobernanza". 
Pero, atención, Señorías, no nos equivoquemos. 
Resulta ilusorio pensar que podremos transponer a los países en vías de desarrollo un modelo de Estado análogo al que hemos construido en las democracias desarrolladas. 
También resulta ilusorio pensar que el fin de la miseria se decreta: "el desarrollo se conquista, no se consigue de pronto". 
Efectivamente, el desarrollo es y debe ser ante todo endógeno, ya que la prioridad a la exportación implica una selección muy peligrosa: acentúa las diferencias y las tensiones estimulando la emergencia de una casta de empresarios dedicados en exclusiva a su beneficio en detrimento de la población. 
Así, es deseable que este nuevo acuerdo sea el de la responsabilidad y que las antiguas potencias coloniales que son muchos Estados miembros corten por fin el nudo gordiano de sus culpabilidades para comprometerse decididamente en una nueva asociación con los países ACP. 
Una asociación que haría hincapié en la puesta en valor de los elementos propios de cada país y no en la transposición de un modelo europeo inadaptable en África o en algunos países de Asia. 
Como originario de la isla de la Reunión, soy sin ninguna duda el diputado europeo vivo más cercano al continente africano, y puedo asegurarles que debemos proseguir con nuestros esfuerzos para que este continente demasiado tiempo maltratado salga por fin del subdesarrollo. 
He votado por tanto a favor de estos nuevos acuerdos. 
Mi Grupo apoya la recomendación sobre el Acuerdo de asociación ACP/CE. 
Celebramos que entretanto las relaciones de la Unión Europea con los países ACP hayan alcanzado un nivel notable. 
Más allá del intercambio comercial directo se han abierto nuevos ámbitos de cooperación en el Acuerdo de Cotonou. Tanto más sorprendente resulta que esta acuerdo sólo haya sido ratificado por dos de los 15 Estados miembros de la UE. 
Sin duda, el Acuerdo representa frente a sus predecesores un avance, pues tiene en cuenta más fuertemente los intereses de los Estados ACP. 
Sin embargo, no cabe hablar de una auténtica igualdad y equiparación. 
No es correcto que la Unión exija de los Estados ACP esfuerzos encaminados a lograr una economía autosostenible y que, al mismo tiempo, ahogue en germen sus comienzos a través de la subvención de las exportaciones. 
En el aspecto político tampoco se les otorga a los Estados ACP el derecho de codecisión que les corresponde. 
Los países más pobres, que necesitan el mayor apoyo y que necesitan conceptos profundamente elaborados para la política de desarrollo y de cooperación, apenas tienen la posibilidad de participar en las asambleas parlamentarias de la UE y de los Estados ACP. 
Desde mi punto de vista, es especialmente lamentable que la Unión continúe sosteniendo una relación dividida- por no decir distorsionada- con el Estado del Caribe, Cuba, y esté más orientada en este punto hacia los intereses norteamericanos que hacia los propios. 
La Presidencia belga se esforzó por romper el hielo en las relaciones y por abrir vías de diálogo. A este respecto partía de tres importantes argumentos: 
1. 
Es preciso ocuparse más profundamente de la situación en Cuba por parte de la UE y de sus Estados miembros e informarse de las realidades desde una actitud libre de prejuicios. 
2. 
Es preciso reconocer en ambas partes las diferencias político-parlamentarias y socioeconómicas y aceptarlas mutuamente en cierta manera. 
3. 
No debe tomarse la vía de plantearse recíprocamente demandas excesivas. 
A Cuba se le plantean, en parte, exigencias que no se cumplen en una serie de Estados de la UE. 
En las ideas que ha expuesto el Presidente Aznar para la Presidencia española he echado de menos una confesión clara a favor de proseguir el diálogo con el objetivo de celebrar todavía en este año un acuerdo de cooperación entre la UE y Cuba. 
Me preocupa que se destruyan los modestos avances que se han logrado. 
El Viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Dalmas, con el cual hablaron representantes de mi Grupo en diciembre del año pasado, ha manifestado expresamente la esperanza y la disposición de su país a favor de que se prosiga y se intensifique el diálogo con la UE. 
La experiencia política confirma que una línea de conversaciones que se quiebra es difícil de restaurar. 
Cuba no debería ser excluida del proceso ACP, sino que debería ser integrada de manera constructiva en este proceso mediante una ampliación del diálogo. 
Señora Presidenta, se intenta que circulen productos seguros tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos consumidores. 
¿Es posible no estar a favor? señora Presidenta, pero, ¿no se debería en primer lugar, y lo quiero decir abiertamente, cuidar la salud de los trabajadores que elaboran estos productos y sólo después preocuparse de la salud de los ciudadanos que consumen estos productos? 
Si son peligrosos cuando se consumen, imaginémonos cuan peligrosos son cuando se fabrican en lugares cerrados, en las naves de las fabricas. 
Por lo tanto, espero que pronto se pueda aprobar un informe sobre la salud de los que elaboran los productos. 
No es costumbre que un ponente vote en contra de su propio informe. 
En este caso concreto, el espíritu del informe, tal como se había aprobado en un principio en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, se ha deteriorado tanto que, para ser coherente con mis principios políticos, no me quedaba otra elección. 
Creo que es significativo que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía haya aprobado unánimemente que las actividades espaciales únicamente deberán perseguir objetivos de carácter pacífico. 
Aún más importante sería que la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo hubiese conservado la esencia de esta postura. 
Con todo, al aprobar la enmienda que añade que estos objetivos pueden incluir aplicaciones militares en las operaciones pacificadoras, la postura pacificadora inicial queda totalmente anulada. 
Así pues, el Parlamento Europeo, principalmente bajo la responsabilidad del Grupo del Partido Popular Europeo, que ha presentado la enmienda, junto con la responsabilidad del Grupo de los Socialistas Europeos, que la ha apoyado, abre el camino a cualquier acción militar en el espacio, basta con que la cubra el manto de "operación pacificadora". 
Hemos comprobado muchas veces cómo entienden los poderosos de la Unión Europea las operaciones pacificadoras y cada vez lo vemos más. 
Lo hemos visto en Yugoslavia, en los Balcanes, lo vemos en Afganistán, lo estamos esperando en cualquier rincón del mundo. 
La hostilidad, se vista como se vista, se halla en el corazón del imperialismo. 
Está claro que ahora piensan utilizar el espacio para facilitar su política criminal contra los pueblos; para utilizarlo para recoger informaciones y para espiar, para preparar mejor sus operaciones en el marco de la "Política Europea de Defensa y de Seguridad", para utilizarlo en la caza de brujas del terrorismo y posiblemente con más fines. 
Hay quien flirtea con la idea de una cooperación con los Estados Unidos para un "escudo antimisiles", puede hasta que alguien piense que el espacio sería el lugar ideal para colocar armas. 
No nos sorprende el hecho de que el Parlamento Europeo haya preferido adoptar una resolución militarista en lugar de una de carácter pacífico, tampoco es la primera vez que sucede. 
No esperamos otra cosa de una institución que ha creado la clase social para protegerse a sí misma. 
El resultado de la votación tampoco significa que el tema esté cerrado para el movimiento popular. 
En todo el mundo la resistencia a la política imperialista, tanto en forma de avasallamiento económico como de intervención militar, se está haciendo más fuerte. 
No tenemos ninguna duda sobre la consecuencia final de la lucha de los pueblos: un mundo distinto, una sociedad humana pacífica para el ser humano. 
Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, este informe tiene como objetivo "hacer que se beneficien los mercados" y la industria de los nuevos desarrollos de la política espacial europea. 
Por ello, pide la "financiación pública de las infraestructuras" en este ámbito y en ningún modo cuestiona la política que consiste en hacer que se subvencionen los beneficios privados a costa de las financiaciones públicas; algo que es una constante de las instituciones europeas al igual que en los Estados europeos. 
Rechazamos esta política y lo que ello implica, tanto en el ámbito espacial como en los demás, ya que sirve solamente a los intereses de los capitalistas en detrimento de los intereses de la población trabajadora. 
, - (PT) Quisiera felicitar al ponente por su trabajo, que considero de la mayor actualidad, dada la necesidad de afirmación inequívoca de que la explotación y la utilización del espacio se deberá hacer teniendo en cuenta exclusivamente fines pacíficos, el interés de la Humanidad y el respeto del derecho internacional. 
Esta situación es particularmente importante en el momento en que los EE.UU. afirman la intención de abandonar el Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM) y desarrollar su Sistema Nacional de Defensa Antimisiles (NMD). 
Lamento que su trabajo haya sido adulterado por una propuesta de enmienda presentada por el PPE, que, en nombre de un más que discutible concepto de "paz", pretende abrir la puerta a la utilización del espacio para fines militares, por lo que reafirmo nuestra oposición a esa propuesta y al resultado que ha entrañado para el propio informe, sobre el cual hemos acabado teniendo que votar en contra. 
Es que una política de explotación y utilización del espacio debería tener como ejes centrales la no proliferación de armas y la serenidad a fin de impedir una carrera de armamentos en la esfera espacial. 
Por otro lado, consideramos que no se debería integrar la Agencia Espacial Europea en la UE, teniendo en cuenta su carácter fundamental de organismo encaminado a la cooperación europea en el ámbito del espacio. 
Hace cincuenta años no sólo los lectores de libros sobre la supuesta vida humana en otros planetas consideraron la posibilidad de viajar al espacio como un importante progreso, sino también las dos superpotencias de la tierra que estaban enzarzadas en una carrera tecnológica. 
En la actualidad sólo queda de esta conquista espacial en Moscú un museo lleno de cohetes y satélites, además de algunos fragmentos de película de los americanos que llegaron en 1969 a la luna. 
Desde hace tiempo ya no se hacen viajes a la luna y otros descubrimientos en el espacio se pueden hacer perfectamente desde la tierra gracias a los telescopios que son cada vez más precisos. 
El único gran proyecto espacial que Europa actualmente está preparando es el sistema de satélites para la navegación que tiene por objeto competir con el sistema americano que funciona ya a escala mundial. 
En la votación sobre el informe Langenhagen del 3 de octubre de 2001 ya expliqué que, en mi opinión, este carísimo proyecto carece de sentido. 
Sin embargo, entiendo perfectamente que el miembro de mi Grupo Alyssandrakis, cuya formación científica está estrechamente vinculada a este campo, considera estos proyectos interesantes. No obstante, en mi opinión no es más que un carísimo proyecto de prestigio, que no beneficiará en absoluto a la gran mayoría de los ciudadanos europeos ni al medio ambiente. 
Como mucho tiene algún interés militar, sobre todo si no se adoptan los considerandos antimilitaristas del informe. 
Por este motivo, rechazo la propuesta presentada. 
El informe Alyssandrakis tiene el mérito de reconocer y señalar la notable eficacia de la Agencia Espacial Europea, órgano intergubernamental y actor mundial máximo en el ámbito de la investigación y de las aplicaciones espaciales. 
La AEE aporta un desmentido duro a los que, por ideología, pretenden que la cooperación intergubernamental no puede terminar más que en la ineficacia y en los bloqueos. 
Muy al contrario, la AEE prefigura la Europa del mañana, la que vinculará y reunirá, de forma variable según los ámbitos, voluntades y competencias. 
Nuestro primer deber es el de preservar a cualquier precio la dinámica de asociación iniciada así entre una serie de Estados conscientes de la importancia capital del ámbito espacial para la independencia de Europa. 
La AEE tiene la suerte de escapar a la pesadez burocrática de procedimientos paralizantes. 
Hemos de tener cuidado de mantenerla fuera del seno comunitario, lo que no impide en ningún caso imaginar todas las reflexiones, cooperaciones y pasarelas que se quieran. 
Ante todo no intentemos hacer de la AEE una institución europea. 
No tendría ningún sentido, ya que algunos miembros de la Agencia, y no de los menores, no lo son de la Unión. 
Nuestro segundo deber es, como señala el ponente, mantener el alto nivel de competencia tecnológica que hemos alcanzado concediendo "un apoyo público sustancial y sostenido a los desarrollos espaciales recurriendo a las mismas modalidades que nuestros competidores, en especial los programas duales y las ayudas masivas a la investigación". 
El absurdo bloqueo de Galileo, que nos mantiene, en el ámbito fundamental de la navegación por satélite, en la dependencia exterior, muestra al contrario a qué callejones trágicos puede conducir el método comunitario: la capacidad de bloqueo de algunos eslabones más maleables es suficiente para paralizar un proyecto esencial para la independencia de Europa. 
Informe Miguélez Ramos (A5-0470/2001) 
Señora Presidenta, a propósito del informe Ramos sobre la pesca, tuve un sueño. 
Pescaba, sí, pero en la red no había peces. 
Sorprendido esté le preguntaba a Jesús: "Pero ¿cómo es que no hay peces ?" 
"¡ Claro !" le contestaba Jesús. 
" Sabes que estamos en 2001, no estamos en mis tiempos. 
Y aquí es necesario mantener la igualdad entre hombres y mujeres. 
Por lo tanto, sólo si pesca una mujer habrá muchos peces en la red. 
Por esto, Fatuzzo, que me estás viendo en sueños, recuerda que, dado que éste es un informe de una mujer, Rosa Miguélez Ramos, ésta es el camino para conseguir una buena pesca en la política europea. 
Vota a favor y verás cuantos peces pescará Europa. " 
Felicito a la Sra. Rosa Miguélez Ramos por el informe que nos presenta, que contribuye de forma positiva al debate sobre la reforma de la Política Pesquera Común. 
Ahora bien, quisiera subrayar dos aspectos en relación con los cuales la ponente sigue un planteamiento distinto del por mí defendido y que considero de importancia decisiva para el presente debate. 
La ponente solicita en el presente informe que se vuelvan a determinar las zonas sumamente dependientes de la pesca, actualizando el principio de estabilidad relativa y repartiendo los recursos disponibles en función del grado efectivo de dependencia de la pesca. 
Ahora bien, considero indispensable el mantenimiento de las bases de reparto y el establecimiento de mecanismos para su corrección, siempre que estén justificados. 
No podemos olvidar que existen zonas de gran dependencia social y económica de la actividad pesquera (caso de las regiones ultraperiféricas) , respecto de las cuales se debería mantener, de conformidad con el artículo 299 del Tratado, el régimen de limitación del acceso dentro de las 50 millas. 
Tanto la Comisión como la ponente se abstienen de abordar una situación cuyo peso es cada vez más importante en las capturas globales, a saber, la pesca lúdica. 
Esa actividad sigue hasta ahora sin ser objeto de reglamentación y, consecuentemente, sin formar parte del ordenamiento de la pesca. 
. (EN) Se han hecho todos los esfuerzos por coincidir con la línea propuesta por el PSE en la medida de lo posible, dado que el informe original se enfrentó a grandes dificultades en comisión y dado que están en juego intereses nacionales contrapuestos. 
Cuando el voto del EPLP difiere de la línea del PSE, ello se debe a la necesidad de mantener la coherencia con la posición negociadora del gobierno del R.U. sobre el futuro de la PPC. 
El voto del EPLP difiere de la línea del PSE en los siguientes puntos: considerando B, enmiendas 6, 24, 17 y 16, párrafos 20, 12, 26 (texto original) , 45-47, 60, 64, 67, 68, 72, 73, 82, 84 y 91, enmienda 5, párrafo 2 (parte 2) , enmienda 3, y párrafos 119 y 120. 
Informe Hudghton (A5-0458/2001) 
Señora Presidenta, como ya he dicho en repetidas ocasiones, llamándome Fatuzzo no puedo dejar de hablar del "nasello" (merluza) y del "merluzzo" (bacalao). 
Aquí se intenta salvar de la extinción las poblaciones de bacalao y merluza que, debido a la contaminación marina, disminuyen de manera evidente año tras año. 
Por esto, señora Presidenta, después de decir que he votado a favor y de manifestar que es correcto lo que se dice en este texto, quisiera hacer la siguiente propuesta: ¿Acaso no se podría conseguir al menos para los peces, ya que para los seres humanos es un problema, clonar los bacalaos y las merluzas? 
De esta manera solventaríamos el problema de la repoblación de nuestras aguas, tendríamos muchos bacalaos y muchas merluzas, y podríamos disfrutar de estos magníficos productos de la pesca. 
El plan presentado por la Comisión penaliza injustamente a los pescadores para los cuales el bacalao sigue siendo una captura accesoria. 
La Comisión acusa a la pesca de estar en el origen de la reducción de los recursos para las dos especies en cuestión, pero no ha tomado bien en consideración el impacto de las capturas de la pesca industrial del lanzón entre la población del bacalao. 
El lanzón sirve de alimento al bacalao y su disminución, por una pesca industrial excesiva pero sin embargo perfectamente tolerada por la Comisión, se encuentra en el origen del desequilibrio constatado entre la población del bacalao. 
Con respecto a la merluza, la situación no creo que sea tan "catastrófica" como estimaba la Comisión hace seis meses, lo que confirma el TAC aprobado para 2002. 
Éste es, efectivamente, más elevado que lo que se nos anunció en 2001. 
He aquí un llamamiento oportuno a la modestia dirigido a los biólogos cuyas opiniones son las únicas que gobiernan la actual PCP. 
Las evaluaciones del CIEM parecen inútilmente alarmistas, sobre todo en lo que respecta a la merluza, cuya población con toda evidencia ha comenzado a recuperarse. Las medidas propuestas no son por tanto las adecuadas. 
Por otra parte, la propia Comisión reconoce que va por encima de las recomendaciones científicas. 
Además se constata, en el momento en que la Comisión hace, en el Libro Verde, declaraciones de intenciones de buena gobernanza, una falta total de concertación con la profesión. 
Qué diferencia entre las proclamaciones teóricas y los comportamientos efectivos. 
Informe Lavarra (A5-0457/2001) 
Señora Presidenta, como de costumbre, en mi última explicación de voto quiero desear buen provecho a todos aquellos, como ve son muchos, que han tenido la paciencia de quedarse en el hemiciclo para escuchar las razones por cuales he votado a favor del informe del Sr. Lavarra sobre la pesca. 
¿Acaso es posible no desear "buen provecho" y tener sobre la mesa un magnífico y sabroso plato de pescado? 
También con este informe- son los últimos informes sobre la pesca, por lo que apetece tener delante un buen plato de pescado frito- se trata de conseguir de las labores de pesca la mayor cantidad posible de capturas; en resumidas cuentas, de pescar el mayor número posible de peces. 
En el informe del Sr. Lavarra se estima que es posible si los peces viven en un hábitat limpio. 
Yo sé que muchos peces se están organizando para constituir el "Partido de los Verdes" de los peces, porque los peces, al igual que nosotros, tienen derecho a disfrutar de un hábitat limpio. 
Estos peces estarán satisfechos por ser muchos y por acabar fritos en una sartén para gusto y satisfacción de los diputados europeos, aunque sea con algo de retraso a causa del Sr. Fatuzzo. 
¡Buen provecho! 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Me gustaría llamar la atención de la Asamblea sobre la acción de Levi Strauss, el fabricante de vaqueros, que hoy va a cerrar dos de sus fábricas en Escocia. 
650 escoceses, en su mayoría mujeres, se encuentran ante la perspectiva de perder sus trabajos y su sustento esta noche. 
Los políticos locales y los sindicatos están pidiendo reuniones con la empresa. 
La falta de información y de consulta de esta empresa es una vergüenza, lo que demuestra aún más claramente la importancia de una legislación apropiada sobre información y consulta antes de que se anuncie una decisión de este tipo. 
Pediría a la Asamblea que mostrara su solidaridad y apoyara a los trabajadores de Dundee y Bellshill y a las familias que se han visto afectadas hoy por esta decisión. 
Pido al Presidente del Parlamento que se dirija por escrito a Levi Strauss preguntando por qué está acabando con tantos empleos en Europa y por qué no ha consultado de una manera apropiada con sus trabajadores. 
Reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias 
El próximo punto del orden del día es un informe (A5-0444/2001) de la señora Cerdeira Morterero, de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la Iniciativa del Reino Unido, de la República Francesa y del Reino de Suecia con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (11178/2001- C5-0443/2001- 2001/0825 (CNS) ). 
. 
Señora Presidenta, quisiera en primer lugar expresar mi satisfacción- como acaba usted de hacer- por la iniciativa del Reino Unido, de la República Francesa y del Reino de Suecia, que hoy analizamos. 
La Unión Europea y la existencia de un Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia implican, a su vez, la creación de un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales debe estar garantizada dentro del territorio de los Estados de la Unión, según dispone el artículo 14 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
No pueden existir trabas a la aplicación de la Ley en la Unión Europea. 
La Cumbre de Tampere exigió que el principio del reconocimiento mutuo se convirtiera en la piedra angular de la cooperación judicial en materia tanto civil como penal en la Unión Europea. 
La confianza entre Estados miembros en sus decisiones jurídicas y en su correcta aplicación es el mínimo exigible. 
Del mismo modo, es necesario un mayor esfuerzo por parte de los Estados miembros de cara a alcanzar un grado mínimo en la armonización de las legislaciones penales nacionales. 
Hasta ahora, la ejecución de las sanciones pecuniarias estaba regulada por dos acuerdos europeos: el Convenio de La Haya, de 1970, y el Convenio sobre la ejecución de las sentencias extranjeras en materia penal, de 1991. 
Me gustaría resaltar que el primero, aun habiendo entrado en vigor, sólo había sido ratificado por cinco Estados miembros; y el segundo, el Convenio de 1991, ni siquiera ha entrado en vigor. 
Esto es, sin duda, una clara muestra de la necesidad de iniciativas de este tipo de cara a acelerar y contribuir de manera real a la construcción del espacio de justicia europeo que acordamos en Tampere. 
Mientras que en el ámbito del Derecho civil ya se dispone de varios actos jurídicos, en el ámbito del Derecho penal- mucho más sensible- se ha actuado con más vacilaciones. 
Hasta ahora, en el principio del reconocimiento mutuo sólo se basa la decisión sobre el embargo preventivo y el aseguramiento de pruebas. 
El camino por recorrer aún es largo y es necesaria una mayor voluntad política por parte del Consejo para poder cumplir el mandato de la Cumbre de Tampere con los trabajos preparados por la Comisión, que en muchas ocasiones encuentra barreras y poca colaboración por parte del Consejo. 
Esta iniciativa supone un importante avance en la eliminación de estas barreras. 
El reconocimiento mutuo es, sin duda, un elemento clave para la construcción de un Espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Del mismo modo, celebro el instrumento jurídico elegido: la decisión marco, que sin dura evitará la complejidad y la larga duración de los procedimientos de ratificación. 
Me gustaría también destacar que, como en los convenios mencionados, rige el principio de doble punibilidad y, por consiguiente, su ausencia es motivo para la no ejecución. 
El mecanismo que proponemos en esta iniciativa es un certificado que sirva a la autoridad competente de garantía para la legalidad de la sentencia material, sustituyendo así el examen del contenido. 
En lo referente a la difícil cuestión de cómo deben repartirse las cantidades percibidas entre los dos Estados participantes, ésta se resuelve en el artículo 10 de manera que las compensaciones y costas corresponden al Estado de emisión y todas las demás cantidades al Estado de ejecución. 
Por ello, acojo con satisfacción la presentación de esta iniciativa y la apruebo en gran medida. 
Considero que un espacio de derecho, tal como se exigió en Tampere, presupone un traslado y una ejecución poco burocrática de las sentencias penales y que esta iniciativa constituye un primer paso hacia una aplicación global del principio del reconocimiento mutuo. 
Apoyo, en particular, las disposiciones relativas al derecho aplicable a la pena sustitutiva privativa de libertad y a la reducción o condonación de la sanción pecuniaria. 
También apoyo la posibilidad de que el Estado de ejecución pueda reducir, en su caso, la sanción pecuniaria, tal y como se contempla en el artículo 5. 
Sin embargo, he considerado coherente introducir un importe mínimo que, de conformidad con el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, debe ser de 40 euros. 
En este sentido, es importante dejar claro que la conversión de la sanción pecuniaria sólo debe considerarse en casos excepcionales, puesto que en general la moneda de los Estados de emisión y de ejecución será el euro. 
Quiero subrayar que personalmente considero insuficiente y pequeña la cantidad de 40 euros, pero la he propuesto en aras de la coherencia con lo acordado en el Convenio de aplicación de Schengen, que fijaba dicha cantidad. 
Quisiera insistir en ambas cuestiones, así como reclamar al Consejo- por cierto, hoy ausente- que tenga en cuenta la sensibilidad y las propuestas de esta Cámara y, en especial, de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, por lo que esta ponente considera que la iniciativa debe contemplar en la decisión marco lo siguiente: 
Un espacio europeo de derecho tiene que basarse en el principio de reconocimiento mutuo. Por ello, no resulta suficiente una simple armonización de los ordenamientos jurídicos. 
La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea resume, por primera vez en la historia de la Unión, en un único texto, la totalidad de los derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos, así como de todas las personas que viven el territorio de la Unión. 
A partir de ahora, deben poder medirse, con respecto a ella, todos los actos jurídicos de la Unión. 
En tercer lugar, los documentos que se tengan que trasladar han de traducirse a todas las lenguas oficiales del Estado de ejecución. 
Si el ciudadano que debe abonar la sanción o que ha sido sometido a una pena sustitutiva privativa de libertad sólo domina una de las distintas lenguas oficiales del Estado de ejecución, no podrá tomar conocimiento de los documentos que le afecten, lo que constituye una violación de sus derechos. 
Por último, es necesario que, en aquellos casos en los que la autoridad competente del Estado de ejecución no resulte conocida, se recurra exclusivamente a los puntos de contacto de la red judicial europea en lugar de designar puntos de contacto centrales adicionales. 
Por todo ello, la mayor parte de las enmiendas se han realizado con el único objetivo de mejorar la propuesta original y contribuir al cumplimiento del mandato de Tampere, así como de añadir otro elemento más en la construcción de un verdadero Espacio de justicia, libertad y seguridad. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera expresar mi alegría por verla en la Presidencia. 
Asimismo, quisiera declarar a esta concurrida Asamblea que mi Grupo ve con buenos ojos que la ausencia de fronteras no nos lleve a la impunidad. 
Un ciudadano de otro Estado miembro no debe poder abusar de su condición para eludir las leyes o los códigos de circulación, sin duda todos estamos de acuerdo en esta cuestión. 
El problema que tiene mi Grupo con esta iniciativa, tomada por algunos Estados miembros cuyo resultado ha sido el informe aquí presentado, es que no se limite a las sanciones administrativas. 
La verdad es que se trata de mucho más. 
Se trata también de unas decisiones que pueden afectar a los antecedentes penales. 
Incluso puede tratarse de unas imputaciones muy serias ya que en algunos países, debido al sistema de sanciones por días, se pueden sustituir las penas privativas de libertad por sanciones pecuniarias. 
Por lo tanto, se trata del reconocimiento de las decisiones en materia de derecho penal. 
Con razón se observa en la primera enmienda del informe que todo esto, y ahora cito literalmente: "Presupone el conocimiento de los ordenamientos jurídicos de otros Estados miembros y una confianza mutua en el funcionamiento del sistema judicial", lo cual me parece muy acertado. 
¿Pero cómo se fomenta esta confianza mutua, cómo se investiga si se actúa con justicia y cómo se garantiza a los ciudadanos un mínimo de protección jurídica en toda Europa, por ejemplo con respecto a la fase de instrucción previa a la condena? 
Ahora bien, vuelvo a mi vieja canción de siempre sobre el establecimiento de las normas mínimas en materia de derecho penal y de derecho procesal penal. 
Esta es la cuestión importante y su importancia no disminuirá cuando la ampliación se haya realizado. 
Mi Grupo apoya sinceramente el principio del reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias en el ámbito administrativo y penal, pero sólo después de que hayamos establecido formalmente la base de esta confianza mutua por medio de unas normas mínimas. 
Por este motivo, mi Grupo propone que se limite esta decisión a las sanciones pecuniarias administrativas. 
Señora Presidenta, me parece que el derecho penal está estrechamente ligado a la identidad nacional de los Estados miembros. 
La historia y la cultura nacionales han ido perfilando la legislación penal de forma distinta. 
Justamente por este motivo se observan grandes diferencias entre las legislaciones penales de la Unión Europea. 
Por otra parte, el espacio común europeo y la creciente criminalidad internacional han dejado claro que se impone la necesidad de colaborar en este ámbito para que la Unión Europea siga siendo un lugar seguro y justo. 
Por algo suscribió el Consejo Europeo de Tampere el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales firmes en materia penal dentro de la Unión Europea. 
Con la propuesta aquí presentada se da el primer paso para que se realice este principio del reconocimiento mutuo. 
Esta iniciativa del Reino Unido, Francia y Suecia me parece muy buena para empezar este reconocimiento mutuo justamente en este campo relativamente transparente. 
El sentido de la propuesta es bastante sencillo: rige el principio de doble punibilidad, la del Estado miembro de emisión y del Estado miembro de ejecución. 
La falta de este principio es muchas veces motivo para que el estado de ejecución no aplique la sanción. 
En mi opinión, la sencillez de la propuesta la hace mucho más viable de lo que han sido hasta ahora los tratados internacionales. 
No obstante, muchos diputados en este Parlamento preferirían que se presentara una propuesta de armonización de la legislación penal. Son de la opinión de que la armonización a nivel europeo lleva a una mayor confianza en la legislación penal de los otros Estados miembros y en su aplicación. 
Por mi parte, tengo serias dudas al respecto. 
Desde arriba no se puede imponer la confianza armonizando las legislaciones. 
Me parece que la confianza surge justamente por el hecho de que haya diversidad que puede constituir incluso un valor añadido. 
Además, la experiencia es a menudo el mejor método para llegar a esta confianza necesaria. 
Por lo tanto, este reconocimiento mutuo es una buena vía para cooperar en este terreno tan sensible. 
Seguramente, esta cooperación en algunos aspectos del derecho penal avanzará lentamente por esta necesidad del reconocimiento mutuo, pero si avanza lentamente está claro que la confianza mutua no está todavía lo suficientemente arraigada. 
Creo que puede tener el efecto contrario, si lo forzamos imponiendo una armonización. 
Me parece que las enmiendas en el informe Cerdeira Morterero constituyen, en su gran mayoría, unas mejoras prácticas. 
En particular, doy mi apoyo a la propuesta de la ponente de hacer uso de los puntos de contacto de la Red Judicial Europea en lugar de designar nuevos puntos de contacto. 
Así se evita que se complique sin necesidad alguna la cooperación judicial europea. 
Por otra parte, no me muestro de acuerdo con la tercera enmienda. En ella se añade como marco de referencia la Carta de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Fundamentales de la Unión Europea para medirse con ella las decisiones de la Unión. 
Sin embargo, hemos de considerar la Carta como una declaración política y no como un marco de referencia jurídico. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, por el contrario, que ha sido firmado por todos los Estados miembros actuales y futuros, sí constituye un buen marco jurídico. 
La sensación que se da, de que ambos textos están al mismo nivel, carece de fundamento. 
Señora Presidenta, acogemos favorablemente esta iniciativa como un pequeño paso más en el camino hacia el cumplimiento pleno del mandato de Tampere de convertir el principio de reconocimiento mutuo en la piedra angular de la cooperación judicial. 
Es justo que dentro de un espacio de desarrollo de la libertad, la seguridad y la justicia, los Estados miembros deban empezar a sentar las bases para crear una confianza mutua en los sistemas jurídicos de unos y otros. 
Necesitamos una iniciativa legislativa de la UE para facilitar una cooperación transfronteriza eficaz y para mejorar los instrumentos jurídicos internacionales existentes, que son con frecuencia engorrosos y burocráticos. 
De hecho, el Convenio de 1991 sobre ejecución de sentencias penales- que sería, de otro modo, relevante aquí- no está aún en vigor diez años después de su firma. 
Es justo que la UE base la cooperación en el concepto de ejecutar la decisión del Estado que la adopte, en lugar de decidir si brinda o no cooperación en respuesta a una solicitud. 
El otro Convenio internacional- el Convenio de 1970- recoge 13 motivos por los que se puede rechazar una solicitud, así podemos entender por qué el sistema no funciona en este momento. 
Sin embargo, muchos de los que estamos en esta Asamblea estamos preocupados por que el principio de reconocimiento mutuo no socave los derechos de las personas y, en este sentido, es esencial que se respeten las garantías jurídicas establecidas no sólo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos sino también, le diría al Sr. Blokland, en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que han de tener fuerza ejecutiva. 
Mi Grupo está sin duda de acuerdo con la Sra. Cerdeira Morterero en que deberíamos utilizar el sistema existente de puntos de contacto de la Red Judicial Europea, puesto que no tiene sentido volver a inventar la rueda con sistemas diferentes de puntos de contactos para diversas iniciativas. 
Sin embargo, nos encontramos aquí con un problema central: a las personas a las que importan las libertades civiles- entre las que me incluyo- se les coloca en la encrucijada de aceptar medidas de reconocimiento mutuo sin disponer de un programa global para aumentar el nivel de respeto de los derechos individuales. 
Mi Grupo cree que necesitamos un planteamiento global y estamos deseando tener el Libro Blanco de la Comisión sobre esta materia. 
Se me ha reprochado haber aceptado la orden de detención europea, y a la vez apoyar con mucha firmeza los derechos individuales. 
Supone un reto para todos nosotros- Parlamento, Comisión y Consejo- establecer esas garantías porque resulta difícil seguir comprometiéndonos hasta que las tengamos. 
Pero mi Grupo cree que, frente a los euroescépticos de la derecha que se oponen a cualquier cooperación en este ámbito, nosotros tenemos que decir que quienes no estamos en la derecha, y a los que nos importan las libertades civiles, deberíamos aceptar estas medidas a la vez que presionamos a la Comisión y al Consejo para lograr estas garantías para los ciudadanos. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar yo también quisiera felicitar muy en particular a la Sra. Charlotte Cederschiöld por su elección como Vicepresidenta de esta Asamblea. 
La Comisión se congratula de esta iniciativa, hoy en debate, del Reino Unido, de la República Francesa y del Reino de Suecia con vistas a garantizar el reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias. 
Se abordó esa cuestión- conviene recordarlo- en la comunicación de la Comisión relativa al reconocimiento mutuo de decisiones finales en materia penal que divulgamos y debatimos aquí, en el Parlamento Europeo, en julio de 2000. 
Se determinó la necesidad de este instrumento específico en el programa de medidas destinadas a aplicar el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones penales adoptado por el Consejo y por la Comisión en noviembre de 2000. 
Agradezco en particular a la Sra. Carmen Morterero su excelente informe. 
Como muy bien ha dicho, actualmente no hay en vigor en el conjunto de nuestros Estados miembros instrumento internacional alguno relativo a la aplicación de sanciones pecuniarias en materia penal. 
Sólo existen los dos instrumentos mencionados por su Señoría, pero uno de ellos nunca entró en vigor y el otro sólo ha sido ratificado por cinco Estados miembros. 
Eso significa que hoy estamos ante el primer instrumento de la Unión Europea en esa esfera, que también pretende ser- creo yo- ambicioso. 
El instrumento da ejecución al principio de reconocimiento mutuo, en el sentido de aplicación de sanciones pecuniarias transfronterizas, con lo que asegura la inexistencia de paraísos en la Unión para quienes intenten substraerse a la aplicación de sanciones pecuniarias determinadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. 
Este instrumento viene a reforzar los avances logrados en la ejecución del principio del reconocimiento mutuo mediante la aprobación por el Consejo de la propuesta de la Comisión relativa a la orden de busca y captura europea. 
Como ya ha dicho la Sra. Ludford, la Comisión está trabajando en una iniciativa encaminada a determinar los principios y los criterios esenciales de protección jurídica de los derechos fundamentales de los ciudadanos en materia penal. 
Pero conviene también recordar que en este asunto no estamos trabajando en una hoja de papel en blanco: estamos trabajando en un marco jurídico que existe y que está- puedo decirlo- consolidado. 
Todos los Estados miembros subscribieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos y se adhirieron a él, todos los Estados miembros tienen sistemas legales de persecución penal que están sujetos a la tutela del Tribunal de Justicia de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y todos los Estados miembros proclamaron conjuntamente, desde el punto de vista político y no jurídico, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Son instrumentos jurídicos y políticos que nos permiten establecer el marco de referencia para la aplicación del principio del reconocimiento mutuo de las decisiones finales en materia penal. 
De forma general la Comisión comparte el planteamiento seguido en todas las enmiendas propuestas por la ponente. 
Comprendemos el fundamento de la propuesta en cuanto al establecimiento de un límite mínimo de 40 euros para la ejecución del principio en la medida en que, en algunos casos, por debajo de 40 euros, los gastos de transferencia y ejecución no significarían la ejecución de la decisión. 
Comprendo perfectamente el criterio utilizado de los 40 euros, importado, por decirlo así, del Acuerdo de Schengen. 
Quisiera subrayar simplemente que la redacción debe ser suficientemente cuidadosa para no dar la idea de que estamos permitiendo que el simple hecho de cruzar una frontera sea una forma de escapar a la responsabilidad penal, aunque sea, desde el punto de vista pecuniario, muy limitada. 
Por último, quisiera agradecer una vez más a la Sra. Carmen Morterero el espíritu positivo e innovador de su informe y hacer votos por que sea aprobado por el Parlamento Europeo. 
Gracias, señor Comisario Antonio Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar está tarde a las 17.00 horas. 
Formación y contratación de la gente de mar 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0450/2001) de la señora Kauppi, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la formación y la contratación de la gente de mar (COM (2001) 188- C5-0468/2001- 2001/2188 (COS) ). 
. 
(SV) Señora Presidenta, también quisiera sumarme a las felicitaciones por estas nuevas tareas que usted ha comenzado hoy. 
Desde una perspectiva finlandesa, me satisface mucho ver colores nórdicos en la Presidencia. 
Señora Presidenta, los europeos han sido marinos desde las primeras décadas de la historia. 
No sólo la integración europea sino el desarrollo conjunto de Europa hunden sus raíces en los viajes por mar de la antigüedad que llevaban a los mercaderes desde la costa oeste del Mediterráneo hasta el Atlántico Norte y las Islas Británicas. 
La propia globalización, nuestro globo que se acerca cada vez más, comenzó con los viajes por mar que hicieron posible los contactos entre diferentes continentes. 
El sector marítimo ha desempeñado, a lo largo de la historia europea, un papel esencial en el desarrollo político, económico, social y científico de nuestras naciones. 
La navegación marítima y la construcción naval siguen siendo ámbitos cruciales de actividad en la Unión Europea en nuestros días. 
El sector de marina mercante, por ejemplo, reviste una importancia estratégica para el bienestar económico de la Unión Europea. 
En las últimas dos décadas desgraciadamente se ha producido una caída del número de marinos de la UE. Ello se debe principalmente a dos factores. 
En primer lugar, los armadores demandan menos marinos de la UE por razones económicas. 
En vez de a éstos, se contrata a ciudadanos de terceros países que pueden no tener una formación tan elevada como la de sus colegas de la UE. 
En segundo lugar, la oferta de marinos de la UE bien preparados está disminuyendo porque cada vez menos jóvenes europeos eligen carreras marítimas. 
Puede identificarse claramente una serie de causas que explican por qué los jóvenes europeos no están dispuestos a elegir una profesión en el sector marítimo. 
La legislación comunitaria e internacional sobre condiciones de vida y trabajo se aplica de manera inadecuada en los buques mercantes. 
Las tecnologías modernas no se utilizan suficientemente para mejorar las condiciones de vida y trabajo a bordo. 
Las autoridades nacionales y los agentes sociales tendrán que redoblar sus esfuerzos para comprobar que la legislación en vigor se aplica plenamente. 
La formación marítima en la UE precisa de un mayor desarrollo. 
Es vital para el futuro de la marina de la UE un sistema de calidad de la educación y formación marítima. 
Por tanto, animo a la creación de redes entre las instituciones académicas destinadas a la educación y formación de los marinos. 
La cooperación entre instituciones de formación y empresas del sector debería aumentar. 
Por ejemplo, compartir instalaciones y especialización puede permitir a las instituciones adquirir bienes de capital y lanzar cursos para los nuevos grupos a los que se dirigen. 
La Comunidad ofrece un apoyo financiero a la formación y al desarrollo de los recursos humanos que debería utilizarse en toda su amplitud. 
Insto a los Estados miembros y a los agentes sociales a aprovechar plenamente todas las posibilidades de financiación, como el Fondo Social Europeo o los programas Sócrates y Leonardo da Vinci. 
Los fondos comunitarios existentes deberían utilizarse para complementar la financiación para educación y formación marítima prevista actualmente en los presupuestos nacionales y regionales. 
La comunicación de la Comisión constituye un excelente resumen de la situación actual. 
Nosotros, en el Parlamento, pedimos, por tanto, a la Comisión que amplíe sus valiosos análisis. 
El empleo y la formación de la gente del mar depende estrechamente de las condiciones de mercado del sector del transporte marítimo. 
Por eso, insto también a la Comisión a facilitar un análisis sobre las variables económicas subyacentes al transporte marítimo, en particular, respecto de la posición competitiva de la flota de la UE. 
La industria, en cooperación con los institutos MET y los agentes sociales, debería intensificar sus esfuerzos para desarrollar itinerarios curriculares y contenidos de la formación y de los puestos de trabajo que tengan en cuenta las oportunidades disponibles en el sector marítimo en sentido amplio, tras el tiempo empleado en el mar. 
Para resumir, diré que la carencia en general de marinos de la UE y de personal bien formado, es probable que tenga consecuencias negativas para la seguridad de la navegación, el número de accidentes y la contaminación marina. 
Estos accidentes se deben, en su mayoría, a errores humanos. 
Existe una clara necesidad de proteger el empleo de la gente del mar de la UE a bordo y en tierra, de conservar los conocimientos y la experiencia marítima de la Comunidad, de desarrollar habilidades marítimas y de mejorar la seguridad del transporte marítimo. 
Ello exige posibilidades de formación de alta calidad y perspectivas adecuadas de empleo y de carrera profesional. 
La responsabilidad sobre esta necesaria acción la comparten la industria, los agentes sociales y las autoridades de los Estados miembros. 
Pero usted sabe sin duda que a la Comisión le corresponde desempeñar un importante papel en este campo. 
Señora Presidenta, yo también le deseo buen trabajo. 
Me es grato hablar en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, así como del Partido de los Pensionistas que me ha enviado a esta bella ciudad de Estrasburgo para que recordemos que ellos también existen. 
Este texto del Sr. Kauppi, que cuenta con mi total apoyo en lo que se refiere a su contenido, a sus propuestas y al examen de la difícil situación en que se encuentra la gente de mar, me lleva atrás en el tiempo, a cuando tenía la edad que hoy tiene el Sr. Kauppi. 
No me sentaba en un Parlamento, sino que navegaba en los barcos que llevaban a los turistas americanos de Nueva York a las Bahamas y viceversa. 
Conocí a muchas personas que trabajaban en los barcos, al ser yo mismo un marino. 
En aquel entonces los marinos eran personas afortunadas, ya que tenían sueldos muy elevados, y los puestos de trabajo como miembro de la tripulación de los barcos no solo de pasajeros, sino mercantes e incluso petroleros eran muy solicitados. 
Pero ahora, treinta y cinco años después, he vuelto a ver a los amigos que navegaban conmigo y estos me han dicho que ahora todo ha cambiado, porque en los barcos que navegan por los mares de Europa hay trabajadores indonesios, colombianos, de todos los países pobres del mundo, que tienen un sueldo que no sobrepasa los 100-150 euros al mes, o sea, menos del 10% de los sueldos de los trabajadores europeos. 
Por ello, creo que debemos hacer todo lo posible para que en los barcos que navegan por los mares europeos, sea cual sea su bandera, haya contratos que ofrezcan los mismos salarios que reciben los trabajadores de tierra. 
Los barcos europeos no deben ser un lugar de explotación de los trabajadores del mar sólo porque estos proceden de las regiones más pobres del mundo. 
Señora Presidenta, pese a ser una mujer del Sur y no ser marinero, lo que es una lástima, porque ese sector está aún muy cerrado a las mujeres, no quiero perder esta oportunidad para felicitarla por el nuevo cargo que ejerce. 
Y quisiera comenzar felicitando también a la Comisión y a la ponente, que señala algunos de los aspectos estratégicos para preservar los elevados niveles profesionales que serán necesarios para satisfacer sobre todo necesidades que la Unión va a tener, si quiere mantener y poner en práctica, un mecanismo- sobre el cual ella misma ha legislado recientemente- destinado a la seguridad marítima, que requiere un nuevo planteamiento profesional en los puertos, nuevas competencias en materia de fiscalización y sobre todo nuevas exigencias para los marinos que actúan en la zona económica exclusiva de la Unión. 
No cabe duda de que todo eso es sobre todo competencia de los Estados miembros, pero ya se ha comprendido que, en materia de seguridad, si no hay estrategia, no habrá eficacia. 
Y sabemos también que el 80 por ciento de los accidentes son imputados a las tripulaciones. 
Ése es un factor inaceptable, que radica en que nuestros armadores, y todo nuestro transporte marítimo, están subordinados a un único factor determinante de la actividad humana, que son razones de competitividad, razones de supervivencia de la propia actividad, pero que conviene regular en el plano interno comunitario y también en las instituciones internacionales, ya sea la OMI o la OIT. 
Y a ese respecto los Estados miembros no han tenido una estrategia de valorización, sino al contrario. 
El empleo se ha reducido en ese sector un 40 por ciento y los salarios también se han reducido más, con lo que se ha propiciado que esas profesiones, sobre todo las de oficiales experimentados indispensables para navegar en las especificidades costeras de la Unión y para satisfacer las necesidades que ya he mencionado, sean ejercidas por personas de terceros países que ni siquiera tienen la misma lengua y la misma capacidad de comunicación. 
Y, por eso, insistimos, señora Presidenta, en que la Comisión debe regular, armonizar, no sólo las características de la formación, sino también las condiciones en que se pagan salarios a bordo, se vive a bordo, la seguridad de las tripulaciones y debe actuar también ante otros bloques económicos que han ampliado unilateralmente el mercado, lo han vuelto salvaje o han hecho proteccionismo, como en el caso de los Estados Unidos. 
Creemos que la Comisión está, efectivamente, en condiciones y en el buen camino para conseguir que los Estados miembros sigan aportando marinos de calidad, para estar a la altura no sólo de nuestro pasado, sino también de nuestro futuro. 
Señora Presidenta, felicito a la Sra. Kauppi por este informe. 
Tengo que admitir que dado que represento a Londres no tengo demasiados pescadores en mi circunscripción, pero me complace poder ofrecer algunos comentarios en nombre de la Sra. Scallon que, por desgracia, no puede estar aquí hoy porque tenía un compromiso ineludible. 
Ella ha hecho un seguimiento muy exhaustivo de este asunto debido a la gran industria pesquera en su circunscripción de Irlanda. 
Me gustaría transmitirle a ella y a la Comisión mi agradecimiento por centrarse en este importante tema. 
Hablando con las personas con intereses en este sector, la Sra. Scallon comprobó que estaban muy preocupados por el concepto de los pabellones de conveniencia, que fue una de las raíces de la gran disminución de marinos de la UE y del aumento del uso de marineros y suboficiales de terceros países. 
Los miembros de la tripulación de la UE sufren una grave desventaja competitiva; dadas sus condiciones de trabajo en virtud de las cuales trabajan una semana y están libres otra con la totalidad del salario en los barcos de pasajeros, les resulta difícil competir con miembros de la tripulación que no son de la UE y que trabajan nueve meses y tienen un mes libre sin paga. 
De resultas de esto, existen muy pocos lugares de formación disponibles para los marineros y suboficiales de la UE y, tristemente, a muchos en este sector de la UE se les está ofreciendo el despido. 
En consonancia con muchos de los puntos destacados en el informe, la Sra. Scallon escuchó las preocupaciones sobre el descenso del nivel de formación en la UE y sobre el posible peligro para la seguridad pública que pueden originar las dificultades del idioma en el caso de tripulaciones plurilingües, cuando no se dispone de traducción. 
Tanto a la Sra. Scallon como a mí nos gustaría indudablemente ver más centros de formación para que detengamos esta caída. 
Los marinos con experiencia son también ideales para otros trabajos temporales, en tierra, fuera de temporada, en ámbitos como la contratación de personal, la formación, el envío de mercancías, el seguro y el arbitraje. 
En el marco de la campaña de sensibilización propuesta, deberíamos también contemplar la posibilidad de financiar el fomento de la navegación marítima en el nivel de la escuela secundaria. 
La Sra. Scallon concluía diciendo que era triste que incluso en los pueblos pesqueros de su propio país, la marina, el remo y la navegación no fueran materias que ocuparan una parte importante de los planes de estudio. Esto es algo que los dos lamentamos. 
Gracias, señor Comisario Antonio Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar está tarde a las 17.00 horas. 
Programa de acción comunitario Leonardo da Vinci (1995-1999) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe Stauner (A5-0449/2001) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe final sobre la aplicación de la primera fase del programa de acción comunitario Leonardo da Vinci (1995-1999) (COM (2000) 863- 2001/2069 (INI). 
Señora Presidenta, estimados colegas, permítame que yo también la felicite por su nuevo cargo. 
Me alegro de que podamos saludar a una mujer más en el podio. 
Y me gustaría hablar ahora acerca de mi informe sobre la ejecución del programa de fomento Leonardo Fase I, pero esta mañana he recibido una noticia que me obliga a modificar este proceder. 
Según esta información, de cuyo contenido de verdad no puedo dudar, la Comisión tiene en su poder desde el 31 de agosto de 2001 un informe que alude a, cito a continuación, "possible irregularities and possible professional wrongdoing within the Commission" en la ejecución de Leonardo I. 
A tenor de esta información, tanto la oficina de lucha contra el fraude OLAF como también la Comisión han debido realizar o han abierto de nuevo una investigación que ya llevaron a cabo en el año 1999/2000. 
El hecho de que existe semejante informe con el contenido mencionado me ha sido confirmado por teléfono hace un par de horas por un representante de la Comisión. 
No he podido verificar las actividades de la OLAF por que no estaba localizable el director de este organismo. 
Por consiguiente, una vez que, evidentemente, existen informaciones sustantivas que se refieren a las deficiencias que van más allá de las deficiencias, ya descubiertas, de este programa, mi informe pierde, por decirlo así, su razón de ser. 
Por consiguiente, solicito en nombre de mi Grupo, el PPE, que se supriman el debate y la votación de hoy y se devuelva el informe a la comisión competente, de suerte que pueda informarme convenientemente y pueda presentar un informe que contenga todas las informaciones y documentos que haya, de hecho, sobre el asunto. 
No obstante, quisiera pedir al Sr. Comisario, que se halla presente, que informe a esta Alta Asamblea acerca de por qué la Comisión no me ha comunicado la existencia de este informe a mí o a mis colegas, cuando todavía ayer tuve una entrevista con un representante de la Comisión. 
Permítanme puntualizar que esta reserva de informaciones y de informes de tal importancia no se ajusta al principio de leal colaboración entre el Parlamento y la Comisión y que yo, personalmente, me encuentro muy decepcionada de esta manera de proceder. 
(Se decide la devolución a la comisión) 
Señora Presidenta, antes de que tomásemos una decisión, había solicitado que el Sr. Comisario hablase porque mi colega, la Sra. Stauner, había planteado una cuestión importante y no hemos escuchado respuesta alguna del Sr. Comisario. 
¿Es así? 
¿No es así? 
Y después hemos de decidir. 
No entiendo cómo podemos tomar una decisión sin la respuesta del Sr. Comisario. 
Por otra parte, ha pedido la palabra. 
Lo entiendo, pero tengo que aplicar el artículo 144 del Reglamento. 
Por eso tenemos que proceder de esta manera. 
Señora Presidenta, para apoyar la tesis del Sr. Koukiadis: creo que en alguna parte del Reglamento pone- no lo he encontrado tan rápido- que se puede solicitar en cada punto del orden del día que la Comisión dé explicaciones. 
Me parece que sería bueno que se hiciera también en este caso y tengo la sensación de que la Comisión está dispuesta a hacerlo. 
Además, pensaba que una norma general de esta Asamblea era que la Comisión podía pronunciarse sobre alguna cuestión cuando tenía la voluntad de hacerlo. 
Esto no ocurre con mucha frecuencia porque las cuestiones normalmente no salen con tanta rapidez en la prensa, pero en este caso creo que hemos de crear un precedente y dar la oportunidad a la Comisión de hacer una declaración, si quiere, sobre todo porque aquí se trata de su propio papel. De otra forma, esta cuestión podría quedar confusa en la prensa. 
Señora Presidenta, insisto enérgicamente en ello y creo que no nos llevará mucho tiempo. 
En principio, comparto la opinión del señor Pronk. 
Desgraciadamente el Reglamento no da esta posibilidad, pero nos ocuparemos de este asunto en relación con la revisión que se está realizando. 
Recuerdo que se va a incorporar una facultad en este sentido, cosa que sería conveniente. 
Puesto que hemos devuelto el informe a la comisión, me veo obligada a seguir las reglas. 
Podemos dar la palabra al Comisario para que exprese sus opiniones, a pesar de que ya hemos adoptado una decisión. 
Por el contrario, no podemos modificar una decisión ya tomada. 
. (EN) Señora Presidenta, he pedido la palabra pero no quería vulnerar el Reglamento del Parlamento. 
Cuando usted pidió un orador a favor y otro orador en contra de la decisión de aplazar el informe de la Sra. Stauner, yo no quería intervenir porque se supone que no debo adoptar una postura sobre esa cuestión. 
No obstante, me gustaría subrayar que la Comisión ha comunicado a la Asamblea en diversas ocasiones que tanto nuestra Dirección General de Administración como OLAF están actualmente examinando un largo informe sobre varias alegaciones de un funcionario de la Comisión acerca de posibles irregularidades dentro de la Comisión en relación con diversos temas. 
Como he dicho, está en marcha el análisis del informe por parte de OLAF y de la DG de Administración. 
Todavía no han llegado a una conclusión sobre si el informe contiene nuevos elementos en relación con Leonardo que requieran una mayor investigación. 
Me han dicho mis colegas directamente responsables de estos temas que llegarán a una conclusión en breve. 
Señora Presidenta, sólo para que no surjan malentendidos aquí. 
Con toda seguridad, yo no sabía que ustedes habían encargado a este funcionario de la Comisión que tuviese a punto un informe final antes del 31 de agosto, pero luego me enteré de esto, por cierto, no a través de la Comisión sino por otras fuentes. 
Sin embargo, ¿no considera usted que si está en marcha un informe que ha de cerrar la evaluación de una determinada fase de un programa de fomento, un procedimiento propio de una cooperación leal o de una gestión administrativa correcta es que al menos se avise a la ponente? 
Precisamente sobre Leonardo se alzan nuevos reproches en este informe. 
En efecto, tengo que suponer prácticamente que ustedes han querido obtener del Parlamento un certificado de exculpación en este asunto de manera que luego, en algún momento, a ser posible en medio año, pudieran escaparse de que se produjeran todavía algunos escándalos más. 
Entonces podrían decir fácilmente: "Pero, por favor, incluso el Parlamento ha bendecido nuestro modo de proceder." 
Por favor, respeten las reglas del fairplay. 
Si hay un informe general, no puedo oler, ciertamente, que en el mismo figure quizá algo sobre Leonardo I. 
Puesto que el informe ha sido devuelto a la comisión, el debate no tendrá lugar. 
Basilea II 
El próximo punto del orden del día es una pregunta oral (B5-0001/2002) formulada a la Comisión por los señores por las señoras Karas y Villiers, y por el señor Radwan, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Basilea II- capital propio para institución de crédito. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, permítanme decir, en primer lugar, que celebro mucho que mi petición de palabra me haya sido concedida bajo la Presidencia de usted, pues me alegro de que usted pertenezca a la nueva Mesa del Parlamento. 
El Grupo PPE-DE ha dirigido esta pregunta a la Comisión porque después del Informe Villiers y antes de la presentación del tercer documento de consulta y de la conclusión del proyecto de directiva por parte de la Comisión queremos dar a la opinión pública y a las empresas afectadas una clara señal de que en la elaboración de la directiva somos el abogado de los afectados y nos queremos inmiscuir de manera más intensa en el proceso de discusión tanto en lo que respecta al seguimiento del Comité de Basilea como también en lo que atañe a la preparación de la directiva. 
En nuestra opinión, hay que celebrar la idea fundamental de Basilea II de una adecuación más estrecha de los fondos propios de las entidades de crédito a los riesgos reales. 
Sin embargo, es esencial la forma en que ha de ser llevada a cabo pues sólo mediante una reestructuración del sector financiero adecuada a nuestra estructura económica podrán fortalecerse de hecho un pilar esencial de la economía y las empresas de la economía, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. 
Las propuestas formuladas hasta ahora por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea nos resultan todavía insatisfactorias y creemos que en muchos casos han de ser revisadas fuertemente. 
La causa de la pregunta de hoy es nuestra estructura económica. 
Dieciocho millones de pequeñas y medianas empresas en Europa general el 75% de los puestos de trabajo en Europa y pagan el 80% de los impuestos. 
De ahí que la cuestión de los costes de capital para estas empresas sea una base esencial de cara a la competitividad de las empresas y del mantenimiento de la estructura económica de pequeño y mediano volumen. 
Señor Comisario, creemos que la Comisión- y a usted le pregunto también qué piensa hacer ésta -, mediadora de los seis Estados miembros que no están presentes en el Comité de Basilea, tiene que estar con los nueve y que, en realidad, tenemos que hacer todo lo posible para los 15 estén representados por los 9. 
Sólo si esto ocurre, puedo imaginar que es posible absolutamente la afirmación del Comisario Bolkestein, es decir, que podemos aceptar tal cual en el proyecto de directiva el resultado de Basilea. 
Si esto no ocurre, todas las diferentes opiniones desembocarán en el debate sobre la directiva, en el que es mucho más estrecho el margen de maniobra para el Parlamento, para la Comisión y para el Consejo. 
Por esta razón nosotros, es decir, los colegas Radwan, Villiers y yo, le hemos planteado algunas preguntas cuya respuesta deseamos urgentemente a la hora de redactar la directiva. 
Éstas se refieren a los costes derivados para las pequeñas y medianas empresas y a la cuestión de la flexibilidad para las empresas y bancos de pequeño y mediano tamaño a la hora de manejar la directiva, se refieren al momento de la entrada en vigor y a la tarea de coordinación de la Comisión entre los nueve representados en el Comité de Basilea y los seis que no están representados en el mismo. 
La pregunta toma partido a favor de la estructura económica de nivel medio en Europa y quiere servir de cauce a las preguntas de los bancos y empresas pequeños y medianos. 
Esperamos de usted respuestas concretas al respecto. 
. 
(EN) Señora Presidenta, en nombre de mi colega, me gustaría empezar diciendo que la revisión de la adecuación del capital es un proyecto de extrema importancia que forma parte del plan de acción de los servicios financieros de la Comisión. 
Según se ha mencionado, tiene como finalidad modernizar los actuales requisitos de capital para bancos y empresas de inversión. Ello producirá significativas ventajas en los mercados de servicios financieros europeos en cuanto a aumento de la eficacia y de la competencia, a la vez que mejora la estabilidad financiera mediante requisitos precautorios que son más exhaustivos y más sensibles a los riesgos que afrontan estas instituciones. 
La revisión en el ámbito europeo se está realizando en paralelo con la revisión del Comité de Basilea sobre la supervisión bancaria de los requisitos de capital para bancos con actividad internacional. 
Antes de entrar en las preguntas concretas, permítanme que mencione que se han realizado excelentes avances pero que la revisión sigue en marcha. 
Mi respuesta a sus preguntas, por tanto, debería interpretarse teniendo esto en cuenta. 
En cuanto al enfoque basado en las calificaciones internas y los bancos pequeños, el marco que probablemente se proponga se basará en un planteamiento evolutivo y flexible. 
Las instituciones aplicarán distintos enfoques dependiendo del nivel de sofisticación que deseen adoptar, de sus prácticas de gestión del riesgo, etcétera. 
La importancia del enfoque basado en las calificaciones internas (IRB) ya se citó en la resolución del Parlamento de 17 de noviembre de 2000 relativa a la evaluación de la Directiva relativa a los fondos propios. 
Este enfoque debería diseñarse prudentemente pero de un modo tal que no queden excluidas indebidamente las instituciones más pequeñas y menos complejas. 
La Comisión ha buscado esto que acabo de decir desde el principio, tanto en la elaboración de su propuesta como en su participación en el proceso de Basilea. 
Para dar acomodo a las necesidades de las instituciones más pequeñas y menos complejas, el segundo documento consultivo de la Comisión de febrero de 2001 difería en cuestiones específicas del documento consultivo de Basilea. 
Se prestó una atención especial a las normas mínimas de Basilea, que fueron modificadas para adecuarlas mejor al contexto de la Unión Europea. 
Por ejemplo, el documento consultivo de la Comisión proponía exigir a las instituciones que aplicaran el planteamiento basado en las calificaciones internas a todas las clases de riesgo material. 
Esto dará a las instituciones la posibilidad de eximir del enfoque IRB carteras que sean inmateriales. Ello supone aplicar un enfoque de aplicación parcial. 
La Comisión cree que esta flexibilidad logra un equilibrio adecuado en el contexto de la Unión Europea. 
Otro aspecto incluido en el segundo documento consultivo de la Comisión era la propuesta de que los bancos puedan poner en común datos para valorar la probabilidad de impago de los deudores. 
Esto permitirá a las instituciones más pequeñas descartar la posibilidad de que su cantidad individual de datos sea demasiado reducida para tener utilidad estadística y basarse, cuando corresponda, en un sistema de calificación interna desarrollado por una asociación bancaria. 
En cuanto al potencial efecto del nuevo régimen en el coste de los préstamos a las PYMEs, tanto la Comisión como el Comité de Basilea han subrayado con firmeza la importancia de que el régimen de adecuación de capital suponga un apropiado tratamiento de crédito para las PYMEs. 
A lo largo de 2001, se hicieron avances significativos en este aspecto y la Comisión está comprometida con un desenlace satisfactorio de esta importante cuestión. 
Se ha desarrollado una curva de ponderación del riesgo modificada para los riesgos corporativos, que es probable que reduzca los requisitos de capital para muchas PYMEs que piden préstamos en relación con las propuestas del segundo documento consultivo. 
Probablemente se haga un reconocimiento en el enfoque IRB a una mayor variedad de garantías. 
Diré más sobre esto dentro de un momento. 
Ha continuado el trabajo sobre el desarrollo de propuestas de ponderación del riesgo respecto de los préstamos minoristas. 
En los enfoques IRB, estos préstamos son inferiores que los préstamos a las empresas. 
Los préstamos minoristas es probable que se definan de tal forma que los concedidos a pequeñas empresas que sean tratados como préstamos minoristas por un banco y que cumplan con los demás criterios aplicables entren en la ponderación de los riesgos minoristas. 
Esto beneficiará a las cargas de capital reglamentarias de los préstamos a pequeñas empresas, a la vez que mantiene niveles apropiados de solidez desde el punto de vista de la precaución. 
La cuestión del reconocimiento de una mayor variedad de garantías en el enfoque IRB ha recibido mucha atención durante 2001. Esto es de particular importancia en el contexto de los préstamos a las PYMEs. 
Está surgiendo la idea de reconocer una mayor variedad de garantías de la que se proponía anteriormente. 
Lo probable es que la postura sea no nombrar tipos específicos de garantías físicas que sean aceptables, sino establecer requisitos de admisión destinados a garantizar un determinado valor sostenible de la garantía en caso de impago del deudor. 
Se prevé que el enfoque IRB reconozca también de manera adecuada situaciones en las que los préstamos se garanticen con activos por cobrar y que los aspectos de atenuación del riesgo de los arrendamientos financieros se reconozcan apropiadamente. 
También se está contemplando reconocer la práctica de colocar las pólizas de seguro de vida en la institución de crédito como garantía de un préstamo. 
Paso ahora a la quinta pregunta sobre la aplicación del nuevo Acuerdo de Basilea relativa a la cuestión de la uniformidad y la flexibilidad y a la fecha de aplicación. 
Sobre la cuestión de la uniformidad de la aplicación y la flexibilidad, es importante manifestar una vez más que el nuevo marco se basará en un planteamiento evolutivo. 
Está pensado para que lo apliquen de manera diferente instituciones diferentes en cuanto a tamaño y complejidad. 
Un objetivo clave de los esfuerzos de la Comisión es que las características específicas del contexto de la Unión Europea, incluyendo la mayor variedad de instituciones a las que será de aplicación el régimen, se reflejen totalmente en este nuevo régimen. 
Por razones de neutralidad en cuanto a la competencia, el marco legislativo de la Unión Europea para bancos y empresas de inversión se basa en el principio de igualdad de trato a las instituciones que compiten entre sí, al menos, en lo relativo a determinados negocios y segmentos de mercado. 
Por este motivo, no debería establecerse un régimen de adecuación de capital profundamente innovador sólo para una categoría de instituciones. 
Por motivos de igualdad competitiva internacional, es muy importante que las instituciones de la Unión Europea pasen al nuevo marco al mismo tiempo que las instituciones de otros lugares, como, por ejemplo, las de Estados Unidos. 
Se pretende que la fecha de aplicación sea 2005. 
La Comisión tiene intención de adoptar la propuesta de directiva en un plazo breve una vez alcanzado un acuerdo en Basilea. Esto, junto con el exhaustivo proceso consultivo que se está llevando a cabo para elaborar una propuesta de muy alta calidad, permitirá a la Comisión contribuir al máximo a un proceso que haga posible que se apruebe oportunamente legislación para cumplir con la fecha de aplicación del acuerdo. 
La importancia de una rápida aplicación del nuevo marco fue reconocida en la resolución de este Parlamento de noviembre de 2000 acerca de la evaluación de la Directiva relativa a los fondos propios. 
En cuanto a la sexta pregunta, yo diría que la Comisión es consciente de las preocupaciones de algunos analistas, incluyendo algunos Estados miembros, en el sentido de que el tratamiento de la dimensión del vencimiento propuesta en el segundo documento consultivo pudiera producir desventajas competitivas a los bancos que generalmente conceden préstamos a largo plazo. 
Esta cuestión sigue siendo analizada en Basilea. 
Sobre la séptima pregunta relativa al límite de los préstamos minoristas, la Comisión cree que la línea de separación entre los préstamos corporativos y los préstamos minoristas debería ser tal que permita que determinados préstamos a PYMEs se traten como préstamos de carácter minorista. 
La cuestión de dónde exactamente debería estar el punto de corte entre préstamos minoristas y no minoristas, está siendo debatida en este momento. 
La definición que se propone actualmente en el marco IRB incluye una prueba de uso, en virtud de la cual un préstamo puede tratarse como de carácter minorista si los sistemas y evaluaciones de gestión de riesgo de la institución lo tratan de igual modo que a otros préstamos minoristas y cumple con otros requisitos aplicables, incluyendo los relativos a la cuantía. 
La Comisión considera este planteamiento útil y eficaz. 
La Comisión reconoce las especiales características de riesgo ligadas a los préstamos a la vivienda. 
También reconoce que los mercados europeos de hipotecas para viviendas presentan rasgos distintos de los de otros mercados de hipotecas en el mundo y que son de particular importancia para el sistema bancario de la Unión Europea. 
Se sigue trabajando para desarrollar un tratamiento adecuado a este tipo de préstamos. 
Finalmente, en cuanto a la octava pregunta- relativa a la coordinación entre los nueve Estados miembros de la UE que pertenecen al Comité de Basilea y el resto de los Estados miembros de la UE -, el punto de vista de la Unión Europea está bien representado en el Comité de Basilea. 
España pasó a formar parte del Comité de Basilea el año pasado, lo que hace que la UE cuente con un total de 9 países de los 13 que forman el Comité. 
La Comisión asiste al Comité como observador, al igual que el Banco Central Europeo. Esto ha permitido transmitir los puntos de vista del conjunto de la Unión Europea, como se refleja en la evolución reciente de las propuestas de Basilea, en la revisión de los requisitos de capital aplicables a los préstamos a PYMEs y en el más amplio reconocimiento de garantías de los préstamos. 
Es muy importante en este sentido el trabajo del Comité Consultivo Bancario (CCB). 
El CCB es un comité consultivo de la Comisión que reúne a supervisores y reguladores bancarios. 
Las autoridades responsables de la supervisión cautelar de las empresas de inversión han sido invitadas a participar en las conversaciones sobre la revisión del capital. 
Se ha establecido una estructura de trabajo dedicada específicamente a ayudar en el desarrollo de propuestas concretas que aborden las preocupaciones de la UE, en particular en lo que se refiere a la aplicación del marco de capital a una amplia variedad de instituciones, incluyendo pequeños bancos y empresas de inversión. 
Para concluir, permítanme decir que la Comisión considera que se han dado buenos progresos. 
Sin duda, todavía queda por hacer mucho trabajo antes de que se publique el tercer documento consultivo este año. 
La Comisión desea finalizar este trabajo y adoptar una propuesta legislativa para que el nuevo régimen pueda establecerse a su debido tiempo. 
Por último, la Comisión considera importante para el proceso mantener informado al Parlamento de las ideas que surgen en la Comisión en relación con la potencial propuesta de un nuevo régimen de adecuación de capital. 
El Sr. Comisario Bolkestein acaba de dirigirse por escrito esta semana al presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios para sugerir que puede ser útil organizar una reunión en la que miembros de esa comisión pudieran ser informados con mayor detalle por expertos de la Comisión acerca de las ideas que están surgiendo sobre la revisión de la adecuación de capital. 
Doy las gracias al Sr. Comisario por su explicación detallada e ilustrativa. 
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho usted acerca de la flexibilidad y del planteamiento evolutivo del enfoque basado en las calificaciones internas (IRB). 
Es vital que este marco sensible al riesgo sea potencialmente aplicable a una gran diversidad de instituciones de crédito, tanto grandes como pequeñas. 
También acojo favorablemente lo que ha dicho usted sobre la puesta en común de datos, que es esencial para que las instituciones más pequeñas puedan aprovechar un nuevo marco sensible al riesgo poniendo en común datos con otras instituciones pequeñas similares. 
Asimismo acojo favorablemente lo que ha dicho sobe la modificación de la curva de ponderación del riesgo y los préstamos minoristas y las garantías. 
Todas estas cuestiones van a ser de vital importancia para que el nuevo marco pueda adaptarse a la diversidad de instituciones de crédito y de empresas de inversión, grandes y pequeñas, de la Unión Europea. 
Acojo favorablemente el marco sensible al riesgo. 
No se necesita un marco más sofisticado y sensible al riesgo para ser más burocrático y costoso. 
Deseamos a toda costa un justo equilibrio para las PYMEs. 
No se necesita un marco sensible al riesgo para hacer más caros los préstamos a las PYMEs. 
Tengo confianza en que si la Comisión y el Parlamento hacen su trabajo adecuadamente podemos encontrar una solución y un nuevo acuerdo que sea sensible al riesgo, proteja a los ahorradores, fomente la estabilidad del sistema y garantice que las pequeñas empresas puedan seguir teniendo acceso a financiación mediante préstamos. 
En muchos casos, espero que esto pueda incluso reducir el coste de los préstamos a las pequeñas empresas. 
Es vital que acertemos. 
Quedo a la espera de ese nuevo intercambio de puntos de vista que se ha propuesto. 
Resta mucho trabajo por hacer, pero me anima lo que he oído hasta ahora en respuesta a la pregunta planteada por la Sra. Karas, el Sr. Radwan y por mí. 
Señora Presidenta, como deferencia a su postura lingüística internacional, señor Comisario, me abstendré de hablar en mi idioma nacional y utilizaré la lengua franca de nuestros días: el inglés. 
Quiero manifestar mi reconocimiento a su valiosa traducción, no sólo del inglés- en el que no tiene usted ningún problema- sino también de la terminología especializada de los mercados financieros, que probablemente le ha originado más dolor de garganta que el propio idioma. 
Ha alabado usted los esfuerzos de modernización del programa de servicios financieros. 
Se trata verdaderamente de un programa digno de destacar y que ha de tener éxito para que en Europa dispongamos de un mercado de capitales unificado e integrado; una gran ventaja competitiva para una economía. 
Sin embargo, la palabra "modernizar" puede ser también un término ambiguo. 
El modernismo puede encubrir muchas cosas. 
En este caso concreto, hay un lado positivo en la medida en que se contribuye a la integración de los mercados de capital; a la vez, sin embargo, el creciente apalancamiento financiero de las instituciones financieras, entre otros factores, ya ha hecho surgir diversos riesgos y lo seguirá haciendo en el futuro. 
Tiene que haber formas de fortalecer el control de esos modelos de gestión del riesgo que van a utilizar los bancos con el fin de asumir el control. 
Dichos modelos son muy costosos y difíciles de controlar. 
Cuando digo "control" no quiero decir control en el viejo sentido burocrático. 
Hay que inventar nuevos métodos para comprobar que estos modelos funcionan de un modo tal que contribuyen a que los bancos quizás tengan un mayor apalancamiento financiero a la vez que se les mantiene bajo control. 
Si no se mantienen bajo control, los riesgos podrían aumentar de manera muy importante. 
El otro peligro en este ámbito es que creemos una división de la gestión del riesgo en virtud de la cual los grandes bancos y las grandes instituciones financieras tengan todos los medios a su disposición para realizar una gestión del riesgo moderna, mientras que los bancos pequeños estén cada vez más marginados en ese aspecto y tenga que soportar unos costes crecientes, los cuales las instituciones mayores hayan logrado minimizar. 
Si hay que buscar una salida a través de una aplicación parcial a los pequeños bancos, ésta puede agravar la falta de transparencia en todo el sector. 
La reciente debacle de Enron ofrece una ejemplo aleccionador de lo que la falta de transparencia puede provocar. 
Por consiguiente, nuestro consejo sería moderar un poco ese entusiasmo por dejar el control a los mercados y, a la vez, desarrollar un poco más la parte de control oficial aplicando éste de una forma moderna, utilizando métodos modernos. 
Dichos métodos podrían, a corto plazo, limitar la rentabilidad, pero si, a la larga, van a ahorrarnos un par de desastres del tipo Enron, compensarán con creces cualquier reducción de beneficios a corto plazo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, yo también quiero darle las gracias por su detallada respuesta. 
Comparto su opinión de que en el proceso de las discusiones habidas hasta hoy en torno a Basilea II se han realizado grandes progresos. Nuestro colega el Sr. Karas y nuestra colega, la Sra. Villiers, se han referido a algunos puntos fundamentales, en especial a las diferentes estructuras de la financiación en Europa, y tenemos aún toda una serie de problemas no resueltos. 
Usted se ha referido con razón al problema de los ratings internos y externos, en los que hemos realizado progresos, pero usted mismo ha dicho la imputación de las seguridades, los periodos de los créditos, en los que los créditos a largo plazo se clasifican como notablemente más cargados de riesgo, todo esto se discutirá aún en Basilea. 
Para mí ha sido importante hoy saber- y a este respecto le ruego que insista en este punto- qué ha resultado de la pregunta de nuestra colega, la Sra. Villiers, y de nuestro colega, el Sr. Karas. 
Hay dos puntos abiertos. 
El primer punto sigue siendo: ¿Cómo ganará influencia la Comisión- en caso de que ésta vea los problemas como nosotros, así lo he entendido de su respuesta- en Basilea? 
Aunque ustedes se han dirigido ciertamente a los Estados miembros- también a España, como nuevo miembro- nosotros, en definitiva, somos el legislador. 
Hay que poner en claro cómo se imagina la ejecución. 
Me gustaría obtener de ustedes una declaración más concreta sobre el particular. 
El segundo punto que me interesa: todos nosotros esperamos que los problemas que nos preocupan aquí, en el proceso parlamentario, reciban solución en Basilea. 
Ciertamente, no podemos actuar todos. 
Pero ¿qué pasará si no se solucionan? 
Qué idea tendrá luego, por ejemplo, la Comisión de algo que resulta elementalmente importante para Austria y para Alemania: ¿Cómo valoramos nosotros los créditos a largo plazo, si no se da solución a este problema? 
Entonces se me plantea la pregunta y ahí está de nuevo la respuesta de su colega, el Comisario Bolkestein, presente en la Sala, de que es urgentemente necesaria una ejecución 1:1. 
Con esta afirmación podemos mover relativamente pocas cosas en Basilea. 
¿Qué ideas existen en el seno de la Comisión de introducir aquí una cierta flexibilidad? 
Quisiera hacer notar al mismo tiempo que me interesaría en gran medida cómo ve usted el proceso de ejecución. 
Si se aprueba Basilea II- y usted mismo ha nombrado el objetivo 2005- entonces deberá hacerse rápidamente. 
Hasta ahora se oye de fuentes de su institución que habrá una directiva marco, que después habrá anexos que regularán detalles técnicos, tal como suele decirse, pero que también se aclararán cuestiones jurídicas relativas al control. 
Esto se convertirá en un proceso muy rápido. 
Yo celebraría mucho que este grupo de trabajo entre el Parlamento y la Comisión pudiera comenzar muy rápidamente para integrar también a tiempo a los que dentro del Parlamento estamos muy interesados en esto- somos nosotros tres, del Grupo PPE- a fin de poder evitar cualquier problema de tipo cronológico. 
. 
(EN) Señora Presidenta, seré breve porque he hablado demasiado tiempo en mi primera intervención. 
Me gustaría subrayar que hablaba en nombre del Sr. Comisario Bolkestein, que es el responsable de estos asuntos. 
La primera es la influencia de la Unión Europea en el Comité de Basilea. 
He mencionado el marco global. 
Nueve de los 13 miembros del Comité de Basilea son miembros de la Unión Europea. 
La Comisión y el Banco Central Europeo participan en sus debates. 
Tenemos la oportunidad de exponer los puntos de vista de la Unión Europea en los debates y en el marco del Comité de Basilea. 
Gracias a la coordinación de nuestras posturas, hemos influido en los debates del Comité de Basilea en cuanto a los requisitos de capital aplicables a los préstamos a las PYMEs y en la cuestión más amplia del reconocimiento de garantías. 
Son dos ejemplos de que nuestras propuestas desempeñaron de hecho un papel principal en los debates del Comité de Basilea. 
En segundo lugar, hacer compatible la flexibilidad y la transparencia constituye un tema fundamental para la credibilidad del conjunto del sistema. 
Será necesario no sólo establecer la relación entre los requisitos mínimos de capital de la institución y los riesgos que esa institución asume, sino también garantizar que haya transparencia en los criterios que apliquen los órganos supervisores de los Estados miembros. 
Por este motivo, el plan de acción de los servicios financieros pretende un cierto grado de convergencia de la supervisión con el fin de garantizar que la flexibilidad en la aplicación del sistema no vaya en detrimento de la necesaria transparencia y del control externo de la actuación de cada sistema. 
Por último, quisiera rogarles que dejaran las preguntas más detalladas y técnicas para mi colega, el Sr. Bolkestein. 
Estoy seguro de que él estará deseoso a de responderles de una manera completa y exhaustiva. 
Yo no me atrevo a ir más allá porque, permítanme recordarles, el último hombre del Renacimiento fue Leibnitz y murió hace algunos años. 
Gracias, señor Comisario Antonio Vitorino 
El debate queda cerrado. 
Doy las gracias a todos por la bienvenida que se ha brindado a esta primera Presidencia del Parlamento Europeo. 
Votaciones 
Señor Presidente, he votado a favor. 
Estoy de acuerdo con seguir adelante con el reconocimiento mutuo de las sanciones pecuniarias, habida cuenta de que no se logra llegar a un acuerdo para tener un único código penal europeo, un único código de procedimiento penal europeo. 
Sin embargo, no quisiera que esta solución de compromiso se convirtiera en una solución definitiva. 
Opino que Europa debe ir armonizando gradualmente sus legislaciones y aceptar el reconocimiento mutuo sólo en el caso de que no se llegue a un verdadero acuerdo. 
Por consiguiente, la próxima vez confío en no votar el reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, sino un código de procedimiento para las sanciones pecuniarias uniforme en toda Europa. 
Informe Kauppi (A5-0450/2001) 
Señor Presidente, estoy muy satisfecho por la atención que se me dispensa cada vez que comienzo a hablar y, como usted puede comprobar, son cada vez más numerosos los diputados que de los pasillos pasan al hemiciclo para escucharme. 
A propósito de este texto, quisiera decir que lo que la gente de mar más lamenta de la navegación es que no tiene un trabajo estable y que cuando llega a tierra tiene que esperar meses y meses y a veces años, a pesar de que, como todos sabemos, a las 24 horas de desembarcar, no ve la hora de volver a embarcar. 
Creo que sería bueno que existiese un contrato para la gente de mar que contemplase ocho, nueve o seis meses de embarque cada año durante toda la vida laboral de los marinos. 
El informe reconoce la dramática reducción del número de marinos en la Unión Europea así como la insuficiencia de personal y de oficiales bien formados. 
Verdaderamente, si tenemos en consideración que hoy día hay en la Unión Europea 120.000 marinos, mientras que en 1978 eran 320.000, podemos hablar de un desastre evidente de los marinos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
El informe inculpa de esta situación a causas secundarias, evitando tocar la raíz del problema. 
La culpable de esta catástrofe es la propia política pesquera de la Unión Europea, que se apoya en la famosa competitividad de la flota de las empresas navales, en beneficio del capital naviero, cuyas consecuencias son nefastas para la familia marina. 
En nombre de esta competitividad, mediante la PPC de la Unión Europea, ya desde la década de los 80 se reconocieron las banderas de conveniencia, consecuencia de lo cual fueron ciertos cambios dramáticos para los trabajadores del mar y tremendos superbeneficios para el gran capital. 
Basándose en la legislación vigente y en las propuestas de la Comisión Europea, el capital naviero explota tanto el trabajo de trabajadores de mar de terceros países como el de los de países miembros de la Unión Europea cuyas prestaciones salariales o sociales son menores, minando de esta manera conquistas fundamentales de los trabajadores (convenios colectivos de trabajo, jornada laboral de siete horas, trabajo continuo y tiempo de descanso a lo largo del año, etc.) 
La degradación de la formación marítima, de la formación en el trabajo así como el desastre de los conocimientos técnicos es la consecuencia de la propia política de la Unión Europea, que ha fomentado la transformación de los diplomas en certificados de capacidad para ejercer la profesión de marino, y la desvinculación del título de la profesión. 
El informe no menciona en absoluto estos tremendos problemas, sino que rumia generalidades o incluso peor, propone aplicar los programas ya conocidos de una formación degradada, dividida y adaptada a las necesidades del mercado naviero conectándola a las instituciones educativas a las empresas. 
Objetivamente, apreciaciones y propuestas semejantes conducen, por un lado, a tranquilizar a la opinión pública sobre el tremendo problema social del desempleo, los accidentes marítimos (los marinos los califican de crímenes marítimos) y los desastres ecológicos, y por otro, a tapar las responsabilidades de los navieros y de quienes les representan políticamente. 
En nuestra opinión, la evolución de la lucha de los marinos a escala nacional e internacional, su acción común con los marinos de terceros países con el objeto de anular estas políticas en virtud del principio de "salario igual por trabajo igual", el trabajo de los marinos con derechos laborales sociales constituidos, convenios de trabajo colectivos, seguro obligatorio público y, finalmente, la mejora de la formación naval pública (también dando carácter de superior a las Escuelas Navales Públicas) pueden aportar con efectividad a solucionar los problemas del empleo y de mejora de las profesiones marítimas. 
Una política de este tipo puede cubrir con garantías las necesidades de la familia marina actual, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente. 
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia vamos a votar en contra del informe. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 17.10 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 17 de enero de 2002. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que incluyera mi nombre en lista de los asistentes de la sesión anterior. 
No sólo voté, sino que además tomé la palabra en esa sesión y a pesar de todo, no consto como asistente. 
Espero que este error se pueda subsanar. 
(El Acta de la última sesión queda aprobada) 
Comunicación del Presidente 
Quisiera informar a la Asamblea que, poco tiempo después de mi toma de posesión, he recibido una propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en la que se invita al Presidente a remitir al Tribunal Europeo de Justicia la cuestión de la base legal del Estatuto de la Sociedad Anónima europea para su revisión. 
La fecha límite para ejecutar esa petición vencía hoy. 
He realizado muchas consultas, tanto dentro como fuera de la Asamblea, respecto de este asunto y he tenido ocasión de escuchar las opiniones de la Conferencia de Presidentes. He tomado la decisión, sin perjuicio del peso del fundamento- que sustancialmente es un fundamento jurídico- de no recurrir al Tribunal Europeo de Justicia. 
Fundamentalmente, he tomado esta decisión, antes de la próxima convención y teniendo en cuenta la Declaración de Laeken, que cita expresamente los Artículos 95 y 308- los artículos en liza en este asunto- de modo que podamos realizar un acto de fe política entre nosotros mismos y el resto de instituciones, mientras nos preparamos para la mencionada convención. Desde ese momento me he puesto al habla con el Presidente de la Comisión Europea y con el Presidente del Consejo, el Sr. Aznar López. 
Estoy seguro de que ambos han comprendido el acto de fe política que se ha realizado. Creo que, en las próximas semanas, estarán dispuestos a intentar encontrar, entre todas nuestras instituciones, una manera de reconocer la esencia de estas cuestiones, que no es sino nuestro papel como Parlamento, que representa a los ciudadanos de la Unión, y preocupaciones de estos respecto del proceso de toma de decisiones. 
Confío en que al final, este acto de fe política en la primacía de las decisiones políticas, sea recompensado, comprendido y no malentendido. 
Es importante que- este aspecto de la Cumbre de Barcelona, un asunto que ha estado entre nosotros durante tres décadas y que no tiene parangón entre las cuestiones que tenemos entre manos- se comprenda que no ha sido una decisión fácil de tomar. 
Confío en que, al final- tanto para aquellos diputados que la semana pasada se inclinaban a estar de acuerdo con mi opinión como para aquellos que entonces no lo estaban- se comprenda que la decisión ha sido tomada de buena fe. Creo que a partir de la misma podemos seguir avanzando. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la mayoría de ustedes sabe que he sostenido una opinión diferente de la de nuestro Presidente. 
Sin embargo, respeto esta decisión y si ustedes logran sacar como resultado una actitud de good will que luego se traduzca también de manera fáctica en modificaciones de los Tratados o en un reconocimiento de nuestros derechos, constituirá un éxito que no habrá sido posible sin la acción conjunta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Presidente. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la decisión que usted ha adoptado. 
Creo que, en este caso concreto, se trata de un acto de prudencia política, ya que tratamos de defender el mantenimiento del estatuto de la Sociedad Anónima Europea, sin perjuicio de las cuestiones de fondo que plantea el fundamento jurídico. 
Señor Presidente, como sabe, he defendido la posición contraria y sigo convencido de que no querellarse es un error. 
Únicamente quisiera decirlo también en el Pleno, porque si aceptamos que el Consejo pueda hacer pasar cualquier cosa en codecisión, sustrayéndonos la codecisión, estaremos haciendo el juego al Consejo. 
Por desgracia, no creo que el Consejo lo interprete de forma positiva, sino más bien como algo que podría repetir. 
Por tanto, quisiera decir solamente que creo que es un error no denunciarlo ante el Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, quisiera felicitarle por la decisión de no acudir al Tribunal de Justicia Europeo, pues la creación de la Sociedad Anónima Europea ha sido uno de los objetivos de esta legislatura. 
Ésta es una de las cinco decisiones que espera la economía. 
Se ha aguardado a esta decisión durante treinta años. 
Se ha negociado durante treinta años. 
Acudir ahora al Tribunal de Justicia significaría que se aplaza este asunto una vez más cinco o seis años; efectivamente, bajo estas condiciones de inseguridad ninguna empresa- me he convencido de ello- haría uso de esta importante modalidad nueva. 
Por esta razón, creo que ha sido inteligente, renunciar en este caso a acudir al Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden: la Asamblea apenas se sorprenderá si, en nombre de mi Grupo, apoyo la posición que usted ha adoptado. 
Pero, en cualquier caso, le insto a que en su intervención en el Consejo Europeo de Barcelona haga constar contundentemente que nosotros, como Asamblea, no estamos en absoluto satisfechos con el procedimiento seguido y que en el futuro deseamos ver que el resto de instituciones se dirige a nosotros de forma mucho más constructiva y colaboradora. 
Señor Presidente, como usted sabe el Grupo del Partido Socialista Europeo ha apoyado su decisión. 
Desde el punto de vista jurídico, resulta opinable si hemos perdido peso en la codecisión o no. 
Mi Grupo entiende- como ha manifestado el Sr. Medina- que no y que, además, políticamente, es oportuna la decisión que hemos tomado. 
Yo le pido, de cara a la Cumbre de Barcelona, que defienda no sólo nuestra posición en relación con lo que puede suponer para el mundo empresarial europeo, sino también, dada su importancia, desde el punto de vista de la consolidación de la democracia económica y los derechos de los trabajadores. 
Señor Presidente, en realidad no quería intervenir, pero, naturalmente, si los otros tienen algo que decir yo también tengo algo que decir. 
En primer lugar, quisiera darle las gracias por la manera en que ha manejado el asunto. 
Nuestro Grupo, como lo ha manifestado nuestro colega, el Sr. Lehne, era partidario, en su mayoría, de un recurso. 
Existían también otras opiniones, como la de nuestro apreciado colega, el Sr. Von Wogau. 
Pero me ha gustado cómo ha manejado usted la cuestión, telefoneando al Presidente del Consejo, el Presidente español, José María Aznar, y, tomando contacto, naturalmente, con el Presidente de la Comisión, Romano Prodi. 
Tenemos confianza en el Presidente de Gobierno español, no sólo en esta función sino también como Presidente del Consejo, en el sentido de que mantenga ahora su palabra y de que a las palabras sigan los hechos. 
Quiero decir a la Comisión- señor Comisario, dígaselo también al Presidente de la Comisión, Romano Prodi, lo siguiente: mañana cuando se trate del informe de nuestro colega, Karl von Wogau, de los servicios financieros, de todo lo que entendemos bajo el término de "Lamfalussi", esperamos que la Comisión mantenga una posición que salvaguarde también frente al Consejo de Ministros los derechos del Parlamento. 
Esto es lo que esperamos mañana. 
Si no se produce tal declaración, ello tendrá consecuencias graves para la relación con la Comisión, de suerte que su acción, señor Presidente, servirá seguramente de ayuda mañana para la declaración del Presidente. 
Le reitero expresamente una vez más las gracias por la manera con que ha manejado usted políticamente este tema. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, he pedido hablar en último lugar, porque hablo en calidad de antigua presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y fue precisamente bajo mi presidencia cuando se debatió esta cuestión. 
Quiero decir bien claramente que, desde el principio, la Comisión de Asuntos Jurídicos se planteó esta cuestión como una cuestión jurídica con enorme trascendencia política: se trataba de las prerrogativas del Parlamento y del equilibrio interinstitucional. 
Dicho esto, desde el principio la Comisión de Asuntos Jurídicos tuvo muy claro y muy presente que la prioridad en este caso era no entorpecer la entrada en vigor de esta Directiva que llevábamos discutiendo treinta años y, de hecho, en la decisión de dicha Comisión se pide explícitamente que, en caso de que se decida presentar recurso ante el Tribunal, se mantengan los efectos, incluso en caso de anulación. 
Quiero decir con esto, señor Presidente, que respeto y entiendo que la decisión que se toma en estos momentos- o que parece perfilarse como mayoritaria de la Cámara- responde a la preocupación de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Yo iría todavía más allá de lo que he oído en las intervenciones de algunos colegas. 
En este caso, el Parlamento Europeo, si no lleva este asunto ante el Tribunal de Justicia, estará haciendo un ejercicio de responsabilidad política mayor. Pues aunque no renuncia a la defensa de sus prerrogativas, entiende que hay un valor superior inmediato y pospone el llevar este asunto ante el Tribunal. 
Creo que las declaraciones de los Consejos Europeos amparan nuestra posición, no sólo el Consejo de Barcelona sino también la Conferencia Intergubernamental, y es de esperar que se ponga fin al desajuste de bases jurídicas, que es lo que ha producido esta situación. 
Le doy las gracias a todos aquellos diputados que han aportado su sucinta contribución a lo que es, de hecho, un minidebate sobre la cuestión, incluyendo a aquellos diputados que han disentido con la decisión tomada. 
Durante todo el tiempo que tenga el privilegio de dirigir la Asamblea no escatimaré nunca en dar lo máximo según mi propio juicio- junto con las oportunas consultas- para representar nuestros intereses y los intereses de nuestros ciudadanos. 
Hemos hablado profusamente durante las semanas previas a la elección del Presidente acerca de convertir nuestra Asamblea en una Asamblea más política. 
Confío en que este acto de fe política exprese que en nuestros próximos pasos vamos a otorgar primacía a las decisiones políticas. 
Ya veremos si ello logrará en la próxima convención generar un ambiente de creatividad y apoyo entre nosotros y el resto de actores institucionales en nuestro trabajo por Europa. 
Comentarios relativos al procedimiento 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden: quisiera pedir la colaboración de mis colegas del Parlamento, y ciertamente también de la Comisión, tras el desastre que ha azotado Dublín, especialmente la semana pasada, cuando se vio inundada en proporciones considerables, lo que ha dejado sin hogar a mucha gente aterrada, siendo muchos de ellos ancianos. 
Las escenas de Dublín recordaban más bien a otros países con condiciones climáticas más extremas. 
Al regresar del Parlamento encontré a mis vecinos- he de declarar un interés ya que vivo en esa parte de la ciudad- deambulando en barcas junto con sus mascotas. 
Eso es algo que nunca hubiera esperado ver en mi país. 
Me consta que algunos de los integrantes de su circunscripción, señor Presidente, han padecido la misma experiencia. 
Quisiera expresar mi admiración por los que han respondido a la tragedia pero también, si fuera posible, solicitar ayuda para realojar a muchos de los que han perdido sus hogares en esta tragedia. 
Señor Presidente, tan sólo quisiera expresar lo mucho que aprecio el hecho de que se haya planteado esta cuestión. 
Ésta afecta tanto a la circunscripción de la Sra. Banotti como a la mía y quisiera adherirme a sus comentarios. 
Ella reside en esa zona, a la que mi hijo representa en el ayuntamiento. 
Tengo que decir que la respuesta, no solo del gobierno sino también de la gente, ha sido heroica. 
En cuanto a este asunto, me pondré en contacto con las autoridades irlandesas competentes y plantearé la cuestión a la Comisión Europea. 
Señor Presidente, recientemente el Presidente de los Estados Unidos de América, así como oficiales de dicho país han declarado su decisión de continuar ampliando su ataque a otros países con la excusa de combatir el terrorismo o la capacidad de estos países de fabricar armas de destrucción masiva. 
El Sr. Bush habla del eje del mal, dejando claro que se trata de Irán, Irak y Corea del norte, declarando que están abiertas todas las posibilidades y que los Estados Unidos y sus aliados estarán a salvo. 
Otros oficiales de alto rango han hecho declaraciones en el mismo sentido causando profunda inquietud... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Korakas, respecto de la cuestión de fondo que usted plantea tendremos un debate con el Sr. Solana mañana por la tarde. 
En mi opinión, el comentario absolutamente juicioso que usted desea realizar debería ser planteado en el transcurso de ese debate. 
Señor Presidente, quisiera pedir al Parlamento Europeo que se oponga a esta política y que ponga freno de una vez a las situaciones peligrosas que nos sitúan ante una guerra mundial generalizada. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre la seriedad de la situación alrededor de Calais tras la segunda negativa de los tribunales franceses, emitida el pasado viernes, a cerrar el centro de tránsito de refugiados de Sangatte. 
En especial quisiera resaltar el daño que se está produciendo a la industria del transporte ferroviario británica, a causa de la decisión de las autoridades francesas de cerrar efectivamente el túnel durante 18 horas diarias a los trenes de transporte. 
A consecuencia de esta situación se están poniendo en riesgo ocho mil puestos de trabajo británicos, también en mi propia región al este de Inglaterra. 
A parte del resto de implicaciones de suma importancia, la situación constituye una burla de la idea de la libre circulación de mercancías en toda la Unión Europea. 
Confío en que la Comisión emprenda medidas urgentes contra las autoridades francesas para rectificar esta situación. 
El jueves tendrá lugar un debate conjunto en el que se incluirá una referencia a este asunto. 
Aquellas Señorías que estén interesadas deberían tomar nota de ese debate. 
Señor Presidente, intervengo como elegido del norte de Francia, tras la intervención de nuestro colega sobre el centro de Sangatte, que me sorprendió un tanto. 
Lo que me sorprendió, en primer lugar, es que ha puesto en duda una decisión judicial. 
No creía que en su país fuese usual que una asamblea política criticase una decisión de la justicia. 
Lo que me sorprendió también es que no se preguntase por qué razón tantos refugiados intentan pasar al Reino Unido. 
Por último, quisiera indicarle, porque conozco bien ese centro ya que lo he visitado varias veces, que se trata simplemente de gestionar humanamente una situación que, en sí misma, no es humana y es resultado de una falta de armonización de las normas de acogida y de circulación de los no europeos en la Unión Europea. 
Más que criticar una decisión judicial o a un país, desearía que, todos juntos, hiciésemos lo necesario por que se adoptasen al fin en la Unión Europea unas normas comunes. 
Permítanme recordar a sus Señorías que cualquiera que sea su postura respecto de este asunto, éste se encuentra en el orden del día para el jueves y ese será el momento oportuno para debatirlo. 
Señor Presidente, el viernes 8 de febrero comenzará la decimonovena Olimpiada de Invierno en Salt Lake City, en los Estados Unidos de América. 
Como todos sabemos, a través del esfuerzo común de atletas de todos los países del planeta, los Juegos Olímpicos aspiran a fomentar la paz mundial, la amistad, el entendimiento, la solidaridad, el diálogo, la coexistencia pacífica de pueblos y de culturas. 
Con este espíritu nació en el siglo VIII a.C. la tregua sagrada y constituyó un principio fundamental de los Juegos Olímpicos. 
Durante su celebración cesaban todas las hostilidades. 
Las armas se silenciaban. 
Señor Presidente, como la idea de la tregua sagrada, es decir de la pacificación mundial, coincide con las ideas y los valores que en repetidas ocasiones nuestro Parlamento ha proclamado, quisiera rogarle que dirija una carta al Presidente del Comité Olímpico, al Sr. Rogge, y al Secretario de las Naciones Unidas, Sr. Koffi Anan, que confirme que el Parlamento Europeo apoya la idea de la tregua, y e invita a todos los implicados en conflictos a deponer las armas y a que dediquen las semanas siguientes, durante la celebración de los Juegos Olímpicos, a solucionar sus diferencias con medios pacíficos. 
Tal y como usted lo solícita, así lo comunicaremos. 
Señor Presidente, quisiera saber si usted comparte mi inquietud por la sensiblera exposición que tuvo lugar la semana pasada en el edificio del Parlamento en Bruselas, titulada "Nosotros en el corredor de la muerte". 
Esta exposición ha pretendido dotar de glamour a criminales presos que han cometido delitos atroces. 
Seguramente, nuestros votantes preferirían que guardásemos nuestra simpatía para las víctimas de esos crímenes y para las familias de las víctimas que están condenados a una sentencia de pena perpetua. 
Sus Señorías también tendrán presente que la opinión pública de varios Estados miembros continúa siendo decididamente favorable a la pena de muerte. 
En el futuro, ¿sería posible evitar tales manifestaciones de mal gusto, o por lo menos que se respeten los intereses de las víctimas y sus familias? 
Señor Helmer, quisiera recordarle que el Tratado de Amsterdam incluye entre sus disposiciones la prohibición de imponer la pena de muerte. 
Esto no sólo es de aplicación a los Estados miembros... 
... sino que también constituye un requisito de la adhesión para los estados candidatos a la misma. 
So pena de causarle una mayor ofensa, he de admitir que asistí a la inauguración de la exposición y que hacerlo fue un orgullo para mí. 
Señor Presidente, como cuestor competente para las exposiciones, en algunas ocasiones me veo obligado a rechazar algunas de ellas, pero teniendo en cuenta el distinguido historial de este Parlamento en relación con la pena de muerte, fue un orgullo para mí autorizar la exposición. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que considerase la posibilidad de dirigirle una carta al Presidente de Nigeria expresando la condolencia de los diputados de esta Asamblea por las horribles explosiones ocurridas en Lagos. 
Más de 1.000 personas murieron y ahora hay allí más 4.000 huérfanos. Estoy seguro de que todos los integrantes de esta Asamblea desean que ellos sepan de nuestros sentimientos. 
Señor Corrie, me satisfará mucho hacerlo. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0460/2002) de Arie M. Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una decisión-marco del Consejo relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (COM (2001) 259- C5-0359/2001- 2001/0114 (CNS) ). 
El informe presentado trata de la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una decisión-marco del Consejo. 
Todo esto forma parte de los objetivos marcados en los diferentes Tratados, en especial en el Tratado de Ámsterdam, mediante los cuales se ha de lograr alcanzar un espacio de libertad, seguridad y justicia cuyo programa figuraba explícitamente en la agenda de las posteriores Cumbres. No obstante, no se trata de una propuesta ambiciosa. 
En este caso, se trata de la cooperación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza poniéndose de acuerdo sobre la duración mínima de la pena máxima que será incluida en los códigos penales de los Estados miembros. 
En realidad, todo el informe ha sido redactado para que pudiera ser adoptado por el Consejo y, por lo tanto, no constituye nada más que el menor denominador común de lo que se incluirá en los códigos penales de los Estados miembros. 
Por consiguiente, tenemos entre manos un documento bastante modesto que nuestra Comisión ha querido reforzar en algunos aspectos de forma constructiva, para que estuviera dentro de los márgenes de lo políticamente alcanzable. 
Es decir, no se ha mantenido ningún debate explícito sobre la política en materia de drogas. 
No quisimos adoptar ninguna decisión en la propuesta ni en la decisión marco sobre la legalización de determinadas drogas, como tampoco quisimos pronunciarnos sobre la distinción entre determinadas drogas blandas y duras. 
Todo esto no tenía cabida en este informe. 
Los objetivos fueron mucho menos ambiciosos. 
Por lo tanto, espero que se rechacen en la votación las enmiendas que aluden implícitamente a estos temas, con el objeto de poder presentar al Consejo una propuesta viable que concuerde democráticamente con la opinión de la mayoría de la población europea. 
Hemos intentado- y en este aspecto, en efecto, sí hemos llegado al consenso en el seno de la Comisión- endurecer un poco más el informe con respecto a las penas, no sustituyendo por ejemplo las penas privativas de libertad por otras alternativas cuando se trata de delitos graves. 
No cabe imponerles a estos criminales como pena alternativa la obligación de prestar ayuda durante veinticuatro horas en una residencia. 
Por otra parte, ya propusimos a la Comisión y el Consejo que estudiaran la posibilidad de imponer sanciones civiles que afecten a lo más preciado de los criminales, es decir, a sus posesiones. 
En tercer lugar, estamos de acuerdo en que preferimos no desarrollar una burocracia paralela bajo el mando del secretario general del Consejo. 
Si en el Tratado de Amsterdam se considera realmente la transferencia de determinadas competencias del tercer pilar al primero, hemos de continuar y no debemos anticiparnos a hacer una política radicalmente distinta instaurando una burocracia en la sombra bajo el mando del secretario general. 
Señor Presidente, incluso dentro el espectro político neerlandés no me encuentro entre los radicales en esta cuestión, sino entre los moderados. 
Me parece que este enfoque jurídico en relación con el grado de las penas, etcétera, constituye la última parte y no la esencia de nuestra política en materia de drogas. 
Lo más importante son las medidas preventivas y terapéuticas, o sea, la política que hemos diseñado en estos ámbitos. 
Evidentemente, no debemos descuidar el enfoque jurídico, porque está intrínsecamente relacionado con el mantenimiento del orden público. 
A este respecto, constituye con razón la pieza final que merece ser. 
Por lo demás, opino y opinamos que la cooperación comunitaria se ha de imponer de forma más estricta conservando el respeto por el margen de maniobra de los jueces nacionales, tal vez incluso mayor del que da muestras ya la propuesta de la Comisión. 
Y paso ahora a la cuestión de las enmiendas. 
Después de la votación en la Comisión, se presentaron trece enmiendas de lo cual no me alegro. 
Mejor dicho, me gustaría desaconsejarlas todas. 
En la enmienda 37 se amplía el concepto de que la represión no ha de ir dirigida a los drogadictos ni tampoco a los consumidores. 
Me parece que el informe no ha de pronunciarse sobre esta cuestión y que corresponde a cada Estado miembro aplicar la política que estime oportuna con respecto a los consumidores. 
De todas maneras, es evidente que el hecho de que no queramos perseguir a los drogadictos está basado en la preferencia por el aspecto terapéutico de nuestra política. 
Por otra parte, he observado que estas trece enmiendas aparecen muchas veces los términos gran escala, internacional, transfronterizo y organizado. 
Todo esto me parece un poco forzado. 
Estos términos figuran ya en el texto y parece que los que han presentado estas enmiendas tienen la intención de limitar el alcance de la propuesta. Figura incluso que sólo se puede intervenir si el comercio va de un país comunitario a otro. 
Quisiera desaconsejar la adopción de este punto con toda sinceridad. Asimismo, la inducción y la complicidad se quedarían fuera del ámbito de esta propuesta según alguna enmienda. 
Señor Presidente, quisiera decir que, hay personas más librepensadoras que el ponente. 
Como tampoco son de las más estrictas, quisiera rechazar todas las enmiendas que, a mi juicio, son librepensadoras. 
Señor Presidente, por ser ésta la primera vez que hago uso de la palabra desde su elección quisiera desearle las mayores felicidades en la Presidencia del Parlamento Europeo. 
Y quisiera felicitar a mi colega el Sr. Oostlander por la calidad de este informe, que el Partido Popular Europeo apoya sin reservas, y el esfuerzo que le ha dedicado. 
El problema de la droga es el centro de las preocupaciones de los ciudadanos europeos. 
Hace años que el Parlamento Europeo ha ido participando con empeño en la lucha contra la droga. 
Y hoy resulta evidente la dimensión europea de la lucha contra la droga en acciones que van desde la aprobación de instrumentos jurídicos contra la fabricación de drogas, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales hasta la cooperación con los países productores y el fomento de la prevención y la lucha contra la toxicodependencia, ya sea en la vertiente del tratamiento o en la de la reinserción, pasando por el desarrollo de redes de información y coordinación entre los Estados miembros. 
Conviene tener presente que desde el fin de la "guerra fría" el tráfico de droga ha registrado un aumento sin precedentes como fuente de financiación de actividades de organizaciones delictivas y terroristas. 
En este momento se considera que la delincuencia vinculada con la droga y la dimensión del tráfico de drogas pueden representar el ocho por ciento, aproximadamente, del comercio mundial. 
De modo que poner término a ese tráfico significaría acabar con una de las mayores fuentes de financiación de esas organizaciones delictivas y terroristas. 
Pero esta propuesta de decisión-marco, como muy bien recuerda nuestro colega el Sr. Oostlander, no viene a proponer nada nuevo ni a fortalecer los instrumentos de lucha contra el tráfico internacional de droga. 
Se trata de un paso necesario y sabemos que va encaminada a dar respuesta a las necesidades reconocidas en el plan de acción de Viena, en las conclusiones del Consejo de Tampere y en la estrategia de la Unión Europea de lucha contra la droga para el período 2000-2004. 
En efecto, se trata de un paso necesario, pero insuficiente: se limita a establecer un mínimo denominador común de las disposiciones nacionales vigentes en cada uno de los Estados miembros en materia de infracciones en la esfera del tráfico de droga. 
De modo que los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que esas infracciones estén sujetas a sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas penas de privación de libertad cuyo límite no puede ser inferior a cinco años de cárcel en los casos más graves. 
Ahora bien, ése es, en mi opinión, un límite muy bajo, en particular teniendo en cuenta que la legislación vigente en los Estados miembros impone ya severas penas en relación con el tráfico de drogas, en particular cuando se pueden considerar circunstancias agravantes la escala y la gravedad del caso. 
Por ejemplo, en mi país, Portugal, ese límite es de doce años y se puede agravar en un tercio. 
En último lugar, quisiera mencionar un aspecto que reviste la mayor importancia, que es la confiscación de todos los beneficios ilícitos que procedan directa o indirectamente del delito de tráfico o de participación en una organización delictiva o en una conspiración cuyo objetivo sea el tráfico de droga. 
Creo que corresponderá a uno de los deseos de muchas de las organizaciones que han hecho un esfuerzo notable en la lucha contra la droga que parte del producto obtenido con la confiscación de esos bienes revierta a favor de la política de prevención. 
Señor Presidente, la política en materia de drogas ha suscitado ya muchas veces debates acalorados en el seno del Parlamento Europeo. 
Los extensos discursos de turno ponían todo patas arriba y sacudían los fundamentos de la familia, la religión y la autoridad. 
Hoy nos encontramos en un ambiente más sosegado. 
La propuesta de la Comisión Europea se queda limitada a los aspectos jurídicos y cabe tratarlos con sentido común. 
Como subraya la Comisión con mucho acierto en la propuesta, la responsabilidad de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas la tienen, en primer lugar, los Estados miembros. 
Sin embargo, dado que se trata a menudo de un comercio que se extiende por varios países, una decisión marco que aborde este comercio transfronterizo puede complementar de forma útil la política nacional. 
No obstante, lo que se echa en falta en la propuesta presentada por la Comisión es una distinción entre los diferentes tipos de drogas, y falta, por lo tanto, un sistema diferenciado de penas por tráfico ilegal de drogas. 
En un creciente número de países de Europa se hace una distinción entre drogas blandas y drogas duras, basada en los riesgos que acarrean para la salud y hay cada vez mayor apoyo para realizar una política enfocada a una información sincera y a la prevención de riesgos en materia de salud. 
Partiendo de esta base, algunos Estados miembros están llevando a cabo una política tolerante en materia de drogas blandas. 
La decisión marco presentada no debería echar a pique esta política. 
Con respecto a los delitos, habrá que tomar en consideración diferentes factores para llegar a unas penas efectivas y proporcionadas. 
Lamentablemente, los criterios para fijar la gravedad de un delito, como la dimensión del comercio, la frecuencia y el carácter de los medios empleados, no están incluidos en la propuesta. 
Por este motivo, mi Grupo Parlamentario, junto con otros tres Grupos Parlamentarios, ha presentado una enmienda con el fin de que se incluyan estos criterios. 
Tanto las diferencias culturales, las diferentes políticas penales de los Estados miembros como el principio de subsidiariedad justifican que esta propuesta quede limitada al tráfico ilegal de drogas transfronterizo y organizado. 
La gran mayoría de mi Grupo Parlamentario considera que sólo con esta limitación la decisión marco tiene un valor añadido. 
Señor Presidente, señor Comisario, debo reconocer que hablo en nombre de una pequeña minoría en nuestro Grupo. 
El tráfico de drogas en Europa es cada vez peor. 
Es provechoso que nuestras fronteras estén abiertas, pero la desventaja es que aumenta el contrabando, entre otras cosas de drogas. 
Me preocupa ver que parece que cada vez hay más países que renuncian a contar con una clara postura restrictiva frente a la drogadicción. 
¡Nuestro objetivo debe ser una Europa sin drogas, sin lugar a dudas! 
Renunciar a esta meta sería dejar en el abandono a miles de jóvenes. 
Señor Presidente, soy consciente de que el problema del Sr. Oostlander es encontrar un concepto equilibrado. 
En general, parece que lo ha logrado. 
Aplaudo el tono más restrictivo que ha usado hoy, pero no comparto algunas expresiones. 
Las enmiendas apuntan en una dirección equivocada. 
Sería fatal asumir una actitud más permisiva hacia las denominadas drogas blandas. 
Es sabido que a través de ellas se llega al abuso de drogas duras. 
Los liberales suecos, y una gran parte del Grupo liberal, votaremos en contra de todos los intentos de suavizar la política restrictiva de drogas. 
Nos oponemos a las enmiendas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 37. 
Respaldamos las enmiendas 32 y 36. 
Señor Presidente, el ponente nos acaba de pedir que no hagamos referencias a la legalización de las drogas o a una política de permisividad porque no forma parte de este debate. 
Sin embargo, yo no estoy tan segura de ello. 
El tráfico ilícito de drogas me parece un término demasiado general. 
El Sr. Oostlander es contrario a la política de permisividad neerlandesa, y me parece perfecto. 
A mi también me parece un arreglo a medias. 
Preferiría que se legalizaran las drogas blandas ya que las drogas blandas, a fin de cuentas, son menos dañinas para la salud que el alcohol que también en esta sede corre a mares. 
No sólo en los Países Bajos se permite el consumo de drogas blandas. 
Por motivos de salud, esta política se aplica también en otros países tanto a nivel local y regional como incluso a nivel nacional. 
Aún haciendo ahora unas declaraciones muy estrictas, la práctica en la vida cotidiana será muy distinta. 
Limitémonos entonces a la política que podemos llevar a cabo que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, constituye una tarea europea y que cuenta con un amplio respaldo parlamentario y social: la lucha contra el lucrativo comercio organizado e internacional de drogas. 
Las otras cuestiones las puede dirimir el Sr. Oostlander a nivel nacional puesto que la celebración de las elecciones está a la vuelta de la esquina. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta que las muertes relacionadas con las drogas se elevan a un número que se sitúa entre 7.000 y 8.000 al año, mi Grupo va a apoyar intensamente el informe del Sr. Oostlander y la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. 
Podemos tener la certeza que cualquier informe realizado por el Sr. Oostlander esconde un agudo sentido de intencionalidad e integridad. 
En Irlanda, con una línea de costa de 3.000 millas, la posibilidad de tráfico ilegal de drogas siempre está presente. 
La cooperación a escala europea, por tanto, no solo es bien recibida sino que es fundamental. 
Espero ansiosamente unas propuestas más concretas a escala de la UE relativas a la forma en que la UE puede ayudarnos a que las drogas no sólo no entren en Irlanda sino que tampoco lo hagan en el resto de Europa. 
¿Qué tipo de mensaje quieren sus Señorías que sea emitido desde este Parlamento? 
¿Que drogas tales como la heroína o la cocaína en crack están bien? 
No puedo aceptar esto. 
La decisión debe depender de los diputados de esta Asamblea. 
Pero las opciones son claras: o bien se apoya al Sr. Oostlander o bien se emite el peligroso mensaje de que la heroína y las drogas sintéticas para uso personal y su distribución son aceptables. 
La enmienda 28 del Grupo PSE, el Grupo de Los Verdes/ALE y del Grupo GUE/NGL y de otros no puede ser malinterpretada: "... los usuarios que produzcan, adquieran y/o posean drogas para uso personal y los usuarios que suministren drogas a terceros sin la intención de obtener un beneficio, quedan excluidos del ámbito de esta decisión marco. " 
Por lo tanto, es completamente aceptable suministrar heroína a menores o a adultos siempre y cuando no se tenga la intención de obtener un beneficio de ello. 
De hecho ¿quién es el que obtiene un beneficio? 
Lo obtienen los grandes señores de la droga que, parece ser, toleramos. 
Parece que somos capaces de perseguir a los terroristas responsables de los abominables sucesos del 11 de septiembre, pero parece estar fuera de nuestro alcance atrapar a los terroristas internacionales de la droga. 
Tenemos que saber quiénes son. 
De hecho, el asesinato de la periodista Verónica Guerin en mi país empujó a los políticos y a la policía a emprender una serie de acciones que terminaron con una salvaje cultura de gangsters en Irlanda. 
Lamentablemente esos gangsters han sido reemplazados por otros criminales más jóvenes e incluso más perversos. 
Durante la semana pasada, atendiendo asuntos en mi circunscripción, he sido testigo de verdaderos complejos gestionados por las drogas. 
Hay que parar a esa gente. 
Las personas que producen esa cocaína y heroína, provocan tales estragos en nuestras ciudades y pueblos y en las zonas rurales, deben ser parados. 
El informe del Sr. Oostlander constituye un paso pequeño aunque muy importante en esa dirección. 
Este informe tiene toda la integridad que se espera de este Parlamento. Le doy las gracias por sus esfuerzos en este sentido. 
Señor Presidente, el Sr. Oostlander corrobora lamentablemente que esta propuesta de la Comisión no es gran cosa. Es sólo una mera codificación del menor denominador común de la legislaciones de los Estados miembros. 
Por decir la verdad, estoy contento con este enfoque cuidadoso de la Comisión. 
El derecho penal es un ámbito en el que confluyen la cultura e historia nacionales. 
En mi opinión, aquí cabe actuar con ciertas reservas a la hora de transferir competencias a nivel europeo. 
La regulación europea sólo tiene un valor añadido tratándose de problemas claramente transfronterizos. 
Sin embargo, parece que esta opinión la comparten muy pocos en el Parlamento. 
He observado con gran sorpresa que mis colegas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo de los Verdes me han adelantado por la derecha. 
En sus respectivas enmiendas hacen del principio de la subsidiariedad, de las diferencias culturales y de la legislación nacional su bandera cuando se trata claramente de un problema transnacional, el tráfico ilícito de drogas, que requiere una regulación europea. 
Mi colegas quieren añadir los términos transfronterizo y organizado a esta definición. 
Me parece que estos conceptos son inherentes al comercio de drogas y creo que es innecesario añadirlos, es más, incluso creo que sólo servirán para dificultar la aplicación de la decisión. 
Por último, el ponente no ve con buenos ojos esta sencilla codificación del menor denominador común de las legislaciones de los Estados miembros. 
Los que han presentado las enmiendas parece que no ven con buenos ojos este denominador común en sí. 
De ello se deduce que el principio de subsidiariedad no es más que un argumento oportunista que se emplea para proteger la política neerlandesa en materia de drogas tan desviada internacionalmente. 
Para terminar, quisiera decir que apoyo esta propuesta con la que se dan los primeros pasos de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, un problema transfronterizo que constituye un peligro directo para la seguridad de los ciudadanos europeos. 
Los Países Bajos pueden verse seriamente comprometidos porque su legislación no se aplica como se debería, lo cual me parece una consecuencia de una política incoherente que requiere una adaptación a la legislación europea e internacional y no al revés. 
Señor Presidente, Señorías, el sábado por la noche murió en Italia un chico de 18 años, Alessandro Macioci. 
Se suicidó inhalando los gases de escape de su coche, porque había sido acusado, señor Oostlander, de tráfico de drogas, pues la policía había encontrado en su bolsillo 2,5 g de hachís. 
Estos son hechos, señor Oostlander, no es literatura. 
Así es como los policías de algunos Estados miembros de la Unión Europea interpretan la política que usted nos propone contra la gran delincuencia, así se interpreta la armonización que nos propone. 
Dicha armonización constituye, contra toda lógica, una ingerencia en los asuntos de los Estados miembros de la Unión Europea, significa el despliegue de políticas absurdas- de un país como Francia, por ejemplo- y una imposición para Estados que, al fin, empiezan a comprender. 
Al decir esto, pienso en el Estado al que usted pertenece, los Países Bajos, cuya política no ha aprobado, pero también en Bélgica, Portugal y España, donde diputados del PP español llevan a cabo, en Madrid, experiencias muy interesantes en materia de reducción de los riesgos. 
Evidentemente, no podemos armonizar esa política. 
Lo que debemos armonizar, es todavía peor, es un enfoque totalmente libertino de la ley, señor Oostlander, porque usted propone leyes que no son aplicables. 
Los liberales y los "libertarios" quieren leyes que es posible aplicar: pero lo suyo es el libertinaje con la ley. 
Después de 30 años, su política ha producido, día tras día, leyes que nunca se han aplicado. 
Su política destruye además países enteros, como Colombia, Bolivia, Perú, Laos o Birmania, países literalmente destruidos por su política prohibicionista de las drogas. 
Creo que, más allá de las amistosas palmadas a la espalda que recibo de muchos diputados, incluso de centro-derecha, señor Oostlander, esos diputados se dan cuenta de que esta política prohibicionista es una política criminógena, criminal; comprenden que habría que adoptar un enfoque completamente diferente. 
Su informe, aun cuando intente limitar su alcance, como ha tratado de hacer en su comentario inicial, va exactamente en sentido contrario. 
La Comisión no tiene que meterse en esto. 
La Comisión no ha sido capaz de decir "no" al Sr. Arlacchi, a su gestión delictiva, durante cinco años, con agentes del KGB reciclados, con generales rusos que se han dedicado al tráfico: todos lo sabemos, son hechos que leemos todos los días en los periódicos. 
¡Que la Comisión se ocupe de las cosas de las que sabe ocuparse! 
Que empiece a mirar en los informes del UNDCP, pero que no nos dé la lata con propuestas totalmente absurdas como ésta. 
Pienso que ya es hora de que nuestro Parlamento tenga el coraje de mostrar algo menos de hipocresía, que haga lo que nuestros colegas Chris Davies y Marco Cappato han hecho recientemente en el Reino Unidos, que finalmente demostremos, nosotros los diputados, lo absurdo de estas leyes. 
Señor Presidente, tal como se ha dicho, el informe de la Comisión relativo al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas es un paso pequeño, temeroso en la solución del tremendo problema del tráfico ilícito de sustancias psicoactivas. 
La propuesta central, que afecta a la definición de la pena, desgraciadamente se refiere al límite máximo, que no debe ser inferior a cinco años, lo que deja libre al juez de decidir una pena de hasta muchos años. 
Por supuesto, algo así está muy lejos del espíritu de la armonización, puesto que casi todas las legislaciones nacionales prevén penas mayores. 
Sin embargo, señor Presidente, debo subrayar que con las enmiendas presentadas- que espero que se apruebe la mayoría- conseguimos ciertos beneficios secundarios en esta decisión. 
Primero, está claro que el drogodependiente no debe ser considerado infractor, sino enfermo y el consumo no debe estar penalizado. 
Segundo se propone que los ingresos procedentes del embargo de bienes de los grandes traficantes se destinen a programas de prevención y de desintoxicación y para terminar, quisiera decir que espero que en el futuro la propuesta de la Comisión sea más ambiciosa, que plantee claramente y en armonía límites mínimos y no máximos de la pena y para los grandes traficantes, de modo que se salvaguarde el espacio de seguridad y de justicia en el ámbito de la Unión Europea. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Oostlander que ha hecho algunas sugerencias muy valiosas para mejorar la propuesta de la Comisión: en primer lugar, aumentar la posibilidad de atacar directamente al bolsillo de los criminales de la droga. 
Si apretamos a estas personas donde realmente les duele, es decir en su monedero, este enfoque será mucho más efectivo que el endurecimiento de las penas de cárcel. 
Asimismo, no hemos de dirigir la represión contra el drogadicto, sino hemos de enfocar nuestra política a la prevención. 
Esta señal positiva es a la que ha de dirigirse Europa con sus limitados medios. 
Sin embargo, a partir de aquí se bifurcan nuestros caminos. 
Me siento particularmente satisfecho de que, siguiendo la tendencia europea de realizar una política en materia de drogas más realista, la mayoría del Grupo Parlamentario Liberal europeo adopte no solamente todas las enmiendas que tienen por objeto hacer una distinción entre drogas blandas y drogas duras y no perseguir al consumidor sino también las que quieren limitar esta propuesta al tráfico ilegal de drogas y transfronterizo. 
Por lo tanto, nos tenemos que centrar con nuestros limitados medios en los grandes criminales y no en los pequeños consumidores. 
Me gustaría indicar a los colegas del PPE que están diciendo que el Parlamento está dando señales peligrosas, que es más peligroso hacer una política de simbología. 
A fin de cuentas no tenemos ninguna codecisión en este ámbito. 
Asimismo, mi Grupo Parlamentario cuestiona también dos propuestas concretas de la Comisión. 
Nos parece imprudente extender la duración mínima de la pena máxima a todos los delitos en materia de drogas y no limitarla a determinados delitos. 
Apoyaremos también la enmienda que defiende una limitación al respecto. 
Por último, el considerando que prevé atenuantes cuando el autor del delito haya proporcionado información útil a las autoridades para identificar redes delictivas de tráfico nos parece que va demasiado lejos. 
Se trata de una materia muy sensible que los Estados miembros manejan de diferentes formas. 
Nos parece que se pasa de la raya que se intente regular de repente de esta forma y encima sin matizarlo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al ponente, Sr. Oostlander, por el excelente informa que presenta y recordar que esta decisión-marco que la Comisión presenta se enmarca en una estrategia global de lucha contra la droga basada en un planteamiento equilibrado de medidas de reducción de la demanda y de la oferta y de acción contra el tráfico ilícito. 
Esta propuesta no es TODA la política europea sobre la droga: esta propuesta se refiere sólo a un componente específico que tiene que ver con la lucha contra el tráfico de droga. 
Pero el planteamiento de los asuntos relativos a la droga en la Unión Europea figura en el plan de acción para el período 2000-2004, cuya evaluación se hará a mitad de período, durante el corriente año. 
En Laeken, los Jefes de Estado o de Gobierno pidieron que al final de mayo de este año, a más tardar, aprobemos la decisión-marco de armonización de las sanciones penales en el nivel europeo sobre el tráfico de drogas. 
Y ése es el objetivo exclusivo de esta propuesta. 
La Comisión considera que, en la lucha contra el tráfico de droga, es necesaria una estrecha cooperación entre las diferentes autoridades judiciales, policiales y aduaneras de los Estados miembros para responder al desafío del tráfico de droga transnacional. 
Semejante cooperación, para ser eficaz, debe basarse en un planeamiento común en el nivel de la Unión, en particular en la aproximación de las definiciones de las incriminaciones y las sanciones penales aplicables al tráfico, que deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Nos congratulamos de los objetivos del informe del Sr. Oostlander. 
Está claro que las medidas represivas contra los traficantes deben ser complementadas y completadas con una política de prevención y reinserción social de los toxicodependientes. 
La naturaleza del instrumento previsto versa sólo sobre los aspectos represivos del fenómeno de la droga. 
Para preparar esta iniciativa penal, la Comisión trabajó- podemos decirlo- con pleno conocimiento de causa gracias a importantes trabajos preparatorios que realizamos, en particular estudiando las definiciones en cada uno de los Estados miembros, las sanciones aplicables en la ley y- lo que no es menos importante- las condiciones concretas de aplicación de las sanciones penales para el tráfico de droga en cada uno de los quince Estados miembros. 
Ese estudio, que se hizo público, permitió un análisis comparado de la legislación de todos los Estados miembros en materia de tráfico de droga. 
Por eso, la primera precisión importante que hay que hacer es la de que el objetivo es armonizar las sanciones penales para el tráfico de droga. 
No se puede considerar esta propuesta limitada al tráfico transnacional o al tráfico transfronterizo. 
Porque una de dos: o en la mayor parte de los casos de drogas el tráfico tiene un origen extraeuropeo y es siempre transnacional o, si no, no veo cómo se puede querer castigar más severamente un tráfico transfronterizo que el tráfico grave que se hace dentro de cada uno de los Estados miembros. 
Los Estados no pueden tener dos códigos penales, uno para aplicar al tráfico de drogas exclusivamente dentro de su frontera y otro para aplicar al tráfico de droga cuando entraña una dimensión transfronteriza. 
Pasamos a la segunda cuestión: la definición de tráfico de droga. 
La Comisión ya fue criticada aquí, a ese respecto, por ser poco ambiciosa. 
Nos limitamos a recoger los elementos decisivos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, de 1988, e integramos esa definición con las disposiciones nacionales relativas a la definición de las infracciones relacionadas con el tráfico de droga. 
En ese sentido es un intento de encontrar una síntesis para la definición de tráfico de droga. 
Pero a este respecto- tercera nota importante- respetamos el principio de subsidiariedad. 
Y, por eso, en esta definición no va incluido el consumo individual de droga, ni la transacción no lucrativa para fines de consumo personal. 
Se dejan esas materias a la jurisdicción exclusiva de cada Estado miembro, porque, como ha revelado este debate, en esa esfera las soluciones de los quince Estados miembros son substancialmente distintos. 
Por tanto, esta propuesta de la Comisión no viene a modificar esas diferencias de las legislaciones nacionales en esas zonas en las que el tráfico de droga para fines de consumo personal no queda comprendido en las sanciones penales. 
Pero cuando el tráfico tiene una dimensión y una gravedad que debe ser objeto de sanciones penales, la Comisión propone que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
La sanción mínima de la pena máxima de cinco años es una sanción que da no sólo gran margen de maniobra para que los jueces apliquen la ley en función de las circunstancias de cada caso de tráfico, sino que, además, es una propuesta encaminada a dar una idea de la gravedad con que se pretende castigar los casos de tráfico de droga a los que se aplica esa sanción. 
Sé que en algunos países- el Sr. Carlos Coelho se ha referido al caso portugués- la sanción mínima de la pena máxima es más severa. 
Debo decir que en otros es más leve y que esa cifra de cinco años corresponde- nos parece- a una horquilla mínima de armonización, con lo que se deja, naturalmente, a la legislación de cada Estado miembro la posibilidad de establecer otras horquillas más severas de la sanción mínima a la pena máxima aplicada. 
Pero ésta es una cuestión que está en debate en el nivel del Consejo. 
Por eso, creo que esta propuesta, que aprobará- espero- el Parlamento, constituye un primer paso en una lucha en la que todos los Estados miembros participan contra el tráfico de droga que amenaza la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos y que, como ha subrayado el Sr. Oostlander, constituye una de las fuentes de financiación de otras innumerables actividades delictivas, entre las cuales el propio terrorismo. 
En ese marco, espero que el Parlamento apoye el informe y cree las condiciones para que el Consejo pueda aprobar esta decisión-marco al final del mes de mayo, a más tardar, del corriente año. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los informes siguientes: 
Informe (A5-0436) de la Sra. Ludford en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (COM (2001) 127- C5-0250/2001- 2001/0074 (CNS) ). 
Informe (A5-0455) de la Sra Keler en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a las condiciones en las cuales los nacionales de terceros países pueden viajar libremente en el territorio de los Estados miembros durante un período no superior a tres meses por la que se introduce una autorización específica de viaje y por la que se fijan las condiciones de entrada para desplazamientos de una duración no superior a seis meses (COM (2001) 388- C5-0350/2001- 2001/0074 (CNS) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, esta propuesta ejecuta uno de los compromisos más importantes de la Cumbre de Tampere de octubre de 1999 relativos a la justicia y los asuntos de interior. 
Éste apelaba a que el estatuto legal de los nacionales de terceros países residentes de larga duración fuera aproximado al de los nacionales de los Estados miembros, de suerte que dispongan de un conjunto de derechos uniformes lo más cercano posible a los que disfrutan los ciudadanos de la UE. 
De modo que su objetivo es que a los inmigrantes o los refugiados que han sido residentes legales al menos durante cinco años les sea concedido el estatuto de residentes de larga duración de la UE. 
Esta propuesta evidentemente no cubre a las personas que se encuentran ilegalmente en la Unión Europea. Tampoco es de aplicación a aquellas personas que son residentes temporales, tales como los estudiantes o aquellos a los que se le ha concedido una protección temporal. 
Teniendo en cuenta las dudas existentes en algunos sectores, también el algunos sectores del Consejo, resulta importante destacar que la UE simplemente está reproduciendo la lógica de los Estados miembros que han concedido a algunos inmigrantes el derecho a una residencia de larga duración. Únicamente se está añadiendo una dimensión a escala de la UE. 
Esta dimensión de la UE se materializa en una justicia social y legal inspirada en las disposiciones fundamentales de los Tratados de la UE, y en un interés propio realista para la economía y la sociedad europeas. 
Se estima que hay hasta 20 millones de personas viviendo legalmente en la Unión Europea que no han adquirido, o no se les ha permitido adquirir, la ciudadanía del Estado miembro en el que residen. 
Como ejemplos de dos grandes comunidades se puede pensar en los ciudadanos turcos que están en Alemania o los norteafricanos de Francia. 
Pero existen muchas comunidades de multitud de nacionalidades que pueden entrar en este ámbito en todos los Estados miembros. 
En el mío propio, el Reino Unido, el Economist la semana pasada estimó que la mitad de los 2 millones de musulmanes que allí viven son extranjeros. 
La mayoría de ellos son inmigrantes de la Commonwealth que llegaron en los años 50s y 60s. 
Volveré sobre la posición del Reino Unido más tarde. 
Mi deseo de ser ponente para este informe deriva en parte de mi compromiso por luchar contra el racismo. 
El trato justo y la integración activa de nacionales de terceros países, junto con las medidas para prevenir la discriminación, contribuirán a luchar contra el racismo y la xenofobia. Esto es cada vez no menos, sino más importante. 
Redunda crucialmente en el interés social y económico de la UE que integremos a esas personas, y resulta hipócrita, a la luz de otras políticas de la UE, que no lo hagamos así. 
Hay mucha inquietud sobre la alineación de algunas comunidades de inmigrantes y por sus desventajas económicas y sociales. También existen noticias preocupantes sobre episodios de acoso y hostilidad de motivación racista, especialmente desde el 11 de septiembre. 
El mejor modo de contrarrestar estos factores es garantizar que esa inmensa contribución de los inmigrantes sea facilitada, sea reconocida y se insista en la misma. 
Que se concedan unos derechos iguales a los de los ciudadanos de la UE en ámbitos tales como el empleo, la educación y la protección social mejorarán su contribución económica. Además, otras medidas aumentarían su integración social. 
Quisiera llamar la atención sobre las enmiendas 33, 34 y 35, que he presentado yo mismo, respecto del acceso igualitario a los procedimientos legales, participación en la vida local y derechos de voto, aunque inmediatamente quisiera decir que la intención de la nueva enmienda 56 del Grupo ELDR es sustituir a la enmienda 34, con el fin de aclarar que lo que se quiere decir es participación en la vida de la comunidad local, por ejemplo en grupos vecinales, y que la enmienda 35 sólo aspira a estimular a los Estados miembros a que concedan el derecho de voto en el ámbito local y europeo. 
El Grupo de Los Verdes ha vuelto a presentar algunas de mis enmiendas originales que fueron votadas en comisión. 
Para mantener la coherencia, el Grupo ELDR va a votar en su favor. 
Permítanme abordar la delicada tarea de intentar alcanzar un equilibrio en la votación de las enmiendas, de modo que todos los sectores de esta Asamblea puedan apoyar el informe. 
Quisiera apelar al derecho de aceptar que un resultado razonable consistiría en incorporar algunas de sus posiciones, pero no todas. 
Por ello, se puede aceptar una referencia a las medidas antiterroristas del Consejo para la evaluación de amenazas para la seguridad, si bien algunas de ellas van demasiado lejos. 
En términos prácticos la enmienda 82 es aceptable, pero no la enmienda 9. 
Si bien es aceptable que se mencione la adquisición de un conocimiento de la lengua del país anfitrión como factor fundamental de la integración social, va demasiado lejos al insistir en que ese es un requisito para conceder el estatuto de residente en la CE. 
Apelo a la izquierda a que no ponga objeciones a detalles que oscurezcan el más amplio panorama, de suerte que cumplamos el compromiso del Parlamento, largamente mantenido, con los derechos legales de los nacionales de terceros países. 
Es de lamentar que el Reino Unido se haya acogido al opt-out en esta medida. Ello no solo es socialmente injusto con residentes en el Reino Unido, sino que también hará que el Reino Unido sea menos atractivo para profesionales de talento, un comentario que ha sido expresado por sectores empresariales. 
Insto al Parlamento a que alcance rápidamente un consenso sobre esta razonable y equilibrada propuesta. También insto a la Presidencia española a que alcance un acuerdo en el Consejo como demostración de la seriedad de su compromiso con la integración social, y también con la movilidad laboral, de la misma forma que se pedirá en la Cumbre de Barcelona. 
Tenemos 20 millones de residentes que, por definición, son móviles. 
Sería una hipocresía por nuestra parte que les denegáramos el derecho a desplazarse por toda la Unión Europea. 
ponente. (DE) Señor Presidente, es muy de celebrar la regulación común de las condiciones bajo las cuales los nacionales de terceros países deben disfrutar de libertad de circulación en el espacio de soberanía de los Estados miembros. 
En el marco de los trabajos de la Comisión los fragmentarios esfuerzos de regulación han chocado repetidas veces con la crítica a causa de las iniciativas francesa y portuguesa. 
Se ha demandado un planteamiento más global para la libertad de circulación en el ámbito Schengen. 
Esta demanda se ve satisfecha en la presente propuesta de directiva de la Comisión. 
Por un lado, se regularán y se armonizarán los requisitos mediante los cuales los nacionales de terceros países podrán disfrutar de libertad de viaje durante tres meses como máximo. 
De esta manera se responde al Tratado de Ámsterdam que encarga al Consejo establecer las condiciones dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigor. 
Por otro lado se introducirá un instrumento enteramente nuevo- el de la autorización específica de viaje. 
Ésta permite una ampliación de la libertad de viaje a seis meses cuando concurran condiciones especiales. 
Ante todo no me resulta comprensible por qué se ha elegido el instrumento jurídico de la directiva y no el del reglamento. 
El texto es suficientemente concreto. 
Puesto que una directiva requiere una traslación nacional, la aplicación del acto jurídico resulta aplazada por tiempo indeterminado. 
Por lo demás, entre otras cosas, mediante el presente acto jurídico se sustituye el Reglamento 1091/2001 que ya ha entrado en vigor. 
Por consiguiente, también por esta razón el instrumento jurídico del reglamento es el más adecuado. 
La libertad de circulación no ha experimentado ninguna modificación sustantiva para los nacionales de terceros países no sometidos a la obligación del visado y para los titulares de un permiso de residencia de larga duración. 
Sin embargo, se precisa una nueva regulación para quienes posean un visado nacional expedido por los Estados miembros para la residencia de larga duración que no estén aún en posesión del permiso de residencia. 
En contra de la propuesta de la Comisión es necesario, en mi opinión, que a tales nacionales de terceros países se les siga posibilitando viajar en el territorio de los Estados miembros incluso antes de la presentación de una solicitud de este permiso de residencia. 
Autorizar de pronto ahora la libertad de circulación sólo a partir de la presentación de la solicitud significaría un retroceso respecto de la actual situación jurídica desde el Acuerdo de ejecución del Tratado de Schengen. 
Por lo demás, no se ve ninguna razón por la que hubiera que tratar de manera diferente y peor a esta categoría de nacionales de terceros países frente a las otras categorías que se tratan en la directiva en relación con el comienzo de la libertad de circulación. 
No obstante, los nacionales de terceros países que circulen con visado nacional deberán satisfacer también, en consecuencia, los mismos criterios que los nacionales de terceros países que circulen con un visado Schengen único. 
Esto se sigue de la equiparación de los visados para el ámbito de la libertad de circulación. 
Ello significa que el procedimiento de consulta entre los Estados miembros sobre las listas confidenciales 5ª y 5B de la instrucción consular deben regir también para el visado nacional. 
De lo contrario, los Estados miembros que tienen reservas frente a nacionales de terceros estados procedentes de determinados países, no tendrían ninguna posibilidad de toma de conocimiento ni de control en el caso de la expedición de visado nacional por otros Estados miembros. 
Con esto aparecería una laguna de seguridad que no es admisible después de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Sobre este punto se suscitó en la comisión un encendido debate. 
No obstante, la comisión apoyó con gran mayoría mi propuesta. 
Este resultado confirma la firme posición de la comisión de adoptar, por el cambio de las circunstancias, una nueva decisión sobre una materia acerca de la cual ya se había votado. 
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Señor Presidente, quiero felicitar una vez más a la Comisión por presentarnos un paquete de propuestas orientadas a facilitar la adaptación de la Unión Europea a las realidades de la nueva sociedad europea. 
Europa ha dejado de ser un continente de emigrantes para convertirse en un continente de inmigrantes y las propuestas de la Comisión pretenden facilitar la integración de todas estas personas inmigrantes en nuestras sociedades respectivas. 
En el debate celebrado en la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre este tema se introdujeron algunas enmiendas: unas formales, otras menos. 
En el seno de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, competente para el fondo, la Sra. Ludford hizo un magnífico esfuerzo para tratar de refinar y de precisar los conceptos jurídicos, pero me da la impresión de que, como consecuencia de unas mayorías ocasionales, el texto de la directiva resultaría desvirtuado si aprobáramos aquí íntegramente la mayor parte de las enmiendas adoptadas en esa Comisión de Libertades. 
La propia Sra. Ludford nos hace propuestas en ese sentido, que nos parecen correctas, y creo que, en definitiva, lo más importante que puede hacer ahora este Pleno es tratar de reorientar el texto de la propuesta de la Comisión a las fórmulas más parecidas. 
Se trata, en definitiva, de conseguir el máximo de igualdad y de equiparación entre los residentes de larga duración y los ciudadanos comunitarios, respetando, desde luego, los ordenamientos nacionales y sus principios constitucionales, pero no de establecer requisitos artificiales que hagan más difícil la integración de estas personas que llevan ya mucho tiempo conviviendo con nosotros. 
En definitiva, creo que podemos esperar de las propuestas definitivas que nos presente la Sra. Ludford y de la discusión que salga en esta comisión que, en la medida de lo posible, el Pleno devuelva el texto a la propuesta original de la Comisión y que no se mantengan muchas de las enmiendas que fueron adoptadas, como he dicho antes, por una mayoría ocasional en el seno de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, quisiera dar las gracias a la Comisión, a usted, señor Vitorino, por el equilibrado documento sobre la residencia de larga duración de nacionales de terceros estados, y también a la ponente, la Sra. baronesa Ludford, por su intensa colaboración. 
Me parecen importantes las enmiendas a esta directiva que posibilitan a los Estados miembros una comprobación de la seguridad. 
Esto no sólo aprovecha al país receptor sino a toda la Unión Europea. En efecto, en virtud de Schengen existe en todo momento la posibilidad de cruzar las fronteras interiores, de suerte que los otros Estados miembros deben poder confiar en la acogida responsable de nacionales de terceros países en el primer país de acogida. 
Esta comprobación responde a la necesidad de seguridad de la población de acogida así como también a las necesidades de los nacionales de terceros estados que viven en nuestros países miembros. 
Por un lado, éstos resultan protegidos contra actos de terrorismo, pero por otro lado el Estado respectivo pone también en claro que los nacionales de terceros países que viven entre nosotros no representan peligro alguno para la seguridad interior. 
Con esto podemos dar una negativa clara a aquellas fuerzas que intentan constituir un capital de xenofobia a partir de los atentados terroristas. 
También es importante la posibilidad de convertir la integración en un criterio para la obtención del estatuto de residente. 
A largo plazo los nacionales de terceros países que poseen permiso de residencia desean naturalizarse por regla general. 
Esto significa que desean ser parte integrante de la sociedad y esto significa también que desean poder entenderse. Pues de entenderse surge la comprensión y de la comprensión surge la convivencia. 
Debemos exigir y fomentar el aprendizaje del idioma. En efecto, la carencia de conocimientos lingüísticos significa ausencia de comunicación y casi, forzosamente, la exclusión de muchos ámbitos de la existencia. 
Si no queremos que nuestros inmigrantes permanezcan fuera de la sociedad debemos fomentar el aprendizaje del idioma pues, de lo contrario, se está programando de antemano el camino del nuevo ciudadano hacia ámbitos laborales mal remunerados. 
El fomento es ante todo una oportunidad y no una barrera, pues todos estamos de acuerdo en que deseamos proporcionar una oportunidad sincera a las personas que llegan y se quedan entre nosotros. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo declaró en la Cumbre de Tampere que el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros, a fin de concederles un conjunto uniforme de derechos, lo más cercano posible a los que gozan los ciudadanos de la Unión Europea. 
En la propuesta de la Comisión se fijan de forma equilibrada y muy clara las condiciones que deben reunirse para adquirir el estatuto de residente de larga duración. 
Es una propuesta equilibrada. 
Los criterios son, entre otros, el tiempo de residencia legal y unos ingresos suficientes. 
Además, la persona no debe representar una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. 
Sin embargo, debo decir que algunas enmiendas me preocupan realmente, pues van contracorriente de los objetivos de Tampere. 
El artículo 7 de la propuesta de la Comisión sobre la amenaza al orden público es claro y me parece preocupante y contraproducente mezclar inmigración y terrorismo. 
Por otra parte, estamos de acuerdo en que el nivel de conocimiento de la lengua es un indicador de la integración de la persona, pero en ningún caso puede considerarse una condición para obtener el estatuto de residente. 
¿Por qué? 
Pues bien, simplemente, porque no se trata de un criterio objetivo y exacto: no existe un vínculo de causa efecto entre un determinado nivel de lengua- ¿de qué nivel hablamos? -y la integración propiamente dicha. 
Conozco a personas que residen en mi país desde hace 10 años, que todo el mundo considera perfectamente integradas y que todavía tienen dificultades indudables en francés. 
Por último, presentar la exigencia de una vivienda digna como condición complementaria para evitar conceder un estatuto a personas procedentes de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea me parece deshonesto. 
Muchos nacionales carecen por desgracia de una vivienda digna y, sin embargo, no son ciudadanos de segunda clase. 
Es fundamental crear una sociedad acogedora y reconocer que la integración es un proceso de doble sentido, que requiere tanto la adaptación del inmigrado como de la sociedad que le acoge. 
Señor Presidente, señor Comisario, resulta verdaderamente extraño que en el año 2002 tengamos que declarar especialmente que las personas afincadas en los países miembros, sin ser ciudadanos de la Unión, recibirán igual trato que los nacidos en ellos. 
Me parece extraño que haya que señalar esto de manera especial. 
Debería ser algo absolutamente obvio. 
La baronesa Ludford, nuestra colega, ha realizado un excelente trabajo. 
Presenta una postura equilibrada. 
Creo que es muy importante que indique que las reglas comunes contribuirán a combatir el racismo y la xenofobia. 
Nos oponemos a la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. 
Es algo esencial para Europa. 
La Europa que decimos estar construyendo se fundamenta en principios humanistas y en la igualdad, ¡no hay que olvidarlo! 
Creo que con esto damos un gran paso hacia delante en Europa. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los dos ponentes, y saludo estas iniciativas. 
También quisiera hacerme eco de los comentarios de la Baronesa Ludford sobre la falta de entusiasmo del Gobierno británico. 
Es una pena que sus ideas progresistas no hayan recibido apoyo, por muy poco margen, en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y ahora tenemos ante nosotros un enfoque más indolente hacia los residentes de larga duración de terceros países, que pone un excesivo énfasis en el terrorismo, en el conocimiento de la legua y los recursos suficientes, especialmente en el ámbito de las pensiones. 
De nuevo, coincido con comentarios de la Baronesa Ludford respecto de los dos primeros elementos. 
Las propuestas de la Comisión eran ciertamente mejores en comparación con que lo que ahora se propone en esos ámbitos. 
Esto me sugiere que la imagen de los nacionales de terceros países en las mentes de algunos de los miembros de esta Asamblea únicamente refleja una parte muy reducida de la realidad- en términos de una geografía específica, quizá una clase social o ciertas opiniones políticas. 
Esa imagen no incluye con certeza la inmensa mayoría de nacionales de terceros países que hacen una enorme contribución a la economía y la sociedad de la Unión Europea y que así lo han demostrado durante muchos años. 
¿Por qué otra razón intentan tantos de nuestros gobiernos reclutar, cada vez más, a personas de terceros países de todos los niveles de cualificación si ese no fuera el caso? 
¿Por qué razón elegirían esas personas venir aquí e instalarse durante algunos años si se les va a considerar sospechosos o ciudadanos de segunda clase, sufriendo y siendo considerados como otra esfera de una sociedad desechable? 
Tal y como otros han manifestado, deberíamos contemplar unos derechos igualitarios para las personas que hacen tal contribución a nuestras sociedades. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, quiero hablar ahora sobre el informe Ludford en el que se trata, ante todo, de garantizar a través de mayores derechos unas condiciones mejores a las personas que viven aquí legalmente desde hace tiempo. 
Éste es, en principio, un buen planteamiento. 
Sin embargo, el problema es que en el mismo los nacionales de terceros estados que viven en la UE constituyen una especie de ciudadanos de tercera clase, en concreto, después de cada nacional de un país determinado y luego, como segunda posición, después de los nacionales del resto de los países de la UE. 
El informe prolonga esta diferenciación y justifica con ello también que jamás habrá una no-discriminación definitiva. 
En efecto, quien quiera ocuparse de que haya derechos iguales para todos, debe nivelar también estas diferencias. 
Pero me resulta aún más importante un segundo punto. 
Una vez más se trata de mejorar los derechos de las personas que viven desde hace largo tiempo en la UE. 
Sin embargo, aquí se menciona solamente una parte muy determinada, en concreto, a aquellas personas que tienen un estatuto legal de residentes. 
De esta manera quedan fuera todas las personas que viven aquí ilegalmente. 
En este punto es preciso decir que los ilegales son justamente la consecuencia lógica de una política defensiva de la UE. 
Por esta razón no abrigo ninguna esperanza en que a corto plazo se produzcan grandes modificaciones en este punto en el seno del Parlamento, de la Comisión o del Consejo. 
Pero en este caso habría que ser también sincero y decir que aquí se trata realmente sólo de la gente que tiene la fortuna de poder entrar a la UE bajo condiciones muy indignas, con frecuencia de manera ilegal, que luego les sale el comodín de que se les concede el asilo, no importa por parte de qué país de la UE, o de que precisamente son aprovechables desde el punto de vista capitalista. 
Para toda la gente que queda fuera de esta retícula no va a haber mejoras de derechos. 
En mi opinión estas dos propuestas contienen una serie de disposiciones que en sus propias condiciones resultan razonables y humanas. 
El informe de la Sra. Ludford en especial trata de responder a exigencias simpáticas en materia de trato justo e integración activa- ¡no faltaba más! 
Sin embargo, tengo un par de comentarios que hacer. 
En primer lugar, nos encontramos una vez más dentro de Fuerte Europa y la posición política que domina la libertad de acción de la legislación comunitaria está definida por condiciones de acceso tan duras que el famoso ojo de aguja más bien parece en comparación un portalón abierto. 
En segundo lugar, debo señalar que las propuestas actuales ponen en evidencia al gobierno de mi país natal. 
Nuestro antiguo colega liberal, el Sr. Haarder, ha puesto en práctica una política como nuevo ministro de "integración y expulsión" que sorprende a sus antiguos compañeros de grupo. 
Las normas que hoy se negocian son considerablemente menos hostiles hacia los extranjeros que la propuesta del Sr. Haarder. 
En tercer lugar, el hecho de que el pueblo danés haya elegido a un gobierno xenófobo que supera por la derecha las normas comunitarias no hace cambiar de opinión al Movimiento Popular, al cual yo represento, con respecto a Schengen y al título cuatro del Tratado de la UE, del que Dinamarca, como es bien sabido, está exenta. 
Esta técnica de integración empleada en el sistema comunitario por períodos es mortal para la democracia. 
No es la UE quien debe librarnos de un gobierno. 
No es la UE quien debe poner en marcha una política de extranjería humana, son los propios daneses- nosotros, el pueblo. 
Señor Presidente, las dos propuestas de directiva presentadas por la Comisión sobre las condiciones de residencia y de circulación de los nacionales de terceros países en la Unión Europea nos parecen, como poco, desfasadas con respecto a las necesidades del momento. 
Han surgido de un estado de espíritu que creíamos superado tras los atentados del 11 de septiembre y que consistía, en particular, en situar la apertura y la circulación sin control por delante de la seguridad de nuestros conciudadanos. 
Por desgracia, hay que reconocerlo, ese peligroso estado de ánimo se mantiene muy vivo. 
Por lo que respecta a las condiciones de circulación de los nacionales de terceros países, por ejemplo, la propuesta de directiva suprime la obligación de declaración al pasar de un país de la Unión a otro que hoy les impone el artículo 22 del Convenio de Schengen. 
Los Estados miembros conservan la facultad de mantener individualmente dicha obligación, pero de una forma atenuada y con un plazo de declaración más largo. 
A nuestro entender, es exactamente lo contrario de lo que habría habido que hacer. 
Se habría debido estudiar cómo hacer la declaración de presencia más operativa y eficaz. 
En efecto, nadie ignora aquí que, después del 11 de septiembre, Europa ha sido acusada de constituir una base de retaguardia muy fácil para los terroristas, porque sus fronteras internas son demasiado porosas. 
Ahora bien, nos encontramos ante una propuesta que aumentará esa porosidad. 
Del mismo modo, nos hemos opuesto a la creación de una autorización específica de viaje de seis meses, que no está prevista por el Tratado y que falsearía su espíritu, puesto que, con arreglo a éste, la política común de visados sólo afecta a los visados de menos de tres meses. 
Por último, por lo que se refiere a la propuesta de directiva relativa a los nacionales de terceros países residentes de larga duración, estimamos que la Comunidad no tiene ninguna competencia para instituir, ni siquiera por unanimidad, un estatuto común que incluya principios unificados. 
El artículo 63 del TCE prevé únicamente que el Consejo adoptará "medidas" sobre política de inmigración en el ámbito de las condiciones de entrada y de residencia, pero no puede tratarse, no debe tratarse, de un estatuto completo que imponga una solución centralizada, uniforme y rígida a todos los Estados miembros. 
En particular, no consideramos oportuno dar a los nacionales de terceros países, beneficiarios de ese supuesto estatuto, derechos que borran las diferencias con los ciudadanos nacionales y un derecho de residencia casi automático en los demás países miembros. 
Aquellos de diputados que piensan que estamos aquí, ante todo, para defender los intereses de nuestros pueblos respectivos votarán en contra de estos dos proyectos. 
Señor Presidente, Señorías, por haberla deseado yo mismo explícitamente con ocasión de dos informes anteriores, no puedo sino celebrar la iniciativa de la Comisión relativa a la libertad de circulación de los nacionales de terceros países en el espacio de Schengen. 
El instrumento que se nos propone responde bien a las necesidades de un enfoque más global e integrado, tal como habíamos reclamado. 
Felicitaciones, pues, a la Comisión por su iniciativa. 
Paso ahora al informe de la Sra. Keßler, para decir que, globalmente, mi Grupo suscribe su orientación y sus enmiendas. 
Estamos de acuerdo con ella en estimar que el reglamento es, en este caso, un instrumento jurídico más adecuado que la directiva. De acuerdo con ella en las precisiones que aporta con respecto a la definición de los períodos de validez de la autorización de circular. 
Pero hay un punto sobre el cual, lo digo a título personal, el informe de la Sra. Keßler me ha sorprendido: se trata del ensañamiento casi lírico que pone en combatir la propuesta de la Comisión según la cual los titulares de un visado para estancias de larga duración que todavía no posean un permiso definitivo de residencia sólo podrían circular libremente a partir de la presentación oficial de la solicitud de permiso de residencia en el Estado miembro que haya expedido el visado. 
Escribe en su informe- y cito -: "¿ Por qué diantre- ¡ah, señora Keßler, qué bella palabra" diantre "! -regular el inicio de la libre circulación de esta categoría de nacionales de terceros países de un modo diferente al que se emplea en el resto de casos contemplados en el presente acto jurídico? 
¡Misterio! "- usted escribe" ¡Misterio! " en su informe. 
Pues bien, no, señora Keßler, no hay ningún misterio. 
Lo que la Comisión propone en este caso es exactamente lo que la Comisión de Libertades Públicas votó por unanimidad y todo el Parlamento aprobó cuando votó a favor de mi informe sobre la iniciativa francesa. 
La verdad, señora Keßler, es que nos alineamos con la posición del Consejo que el Parlamento había rechazado al aprobar el informe que acabo de mencionar. 
No hay pues ningún misterio, señora Keßler, es una alineación, ¿por qué diantre no lo reconoce usted? 
Señor Presidente, voy a referirme al informe de la Sra. Ludford. 
Antes de entrar en otros aspectos de la política de inmigración, resulta necesario un estatuto común para los residentes de larga duración, en cumplimiento estricto de los Acuerdos de Tampere, que pretendían dar a los residentes de terceros países derechos comparables con los de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Necesitamos resolver situaciones como las que, en teoría, impiden hoy la libre circulación interior de los ciudadanos de terceros países. 
Por eso mi Grupo va a intentar que de esta Cámara salga un mensaje firme, sobre todo dirigido al Consejo, de apoyo a la propuesta de la Comisión Europea. 
En este sentido, quiero agradecer personalmente a la Sra. Ludford los esfuerzos realizados. 
No podemos admitir algunas de las enmiendas adoptadas en comisión o presentadas de nuevo ante el Pleno. 
Como decía la Sra. Roure, no podemos admitir la introducción de cuestiones subjetivas en la facultad de conceder este estatuto de larga duración y, menos aún, de ejercicios peligrosos de propaganda que amalgaman, ya no el control de fronteras, sino los inmigrantes de larga duración con los terroristas o, por lo menos, con el terrorismo. 
Vamos a defender, de nuevo, el derecho de los residentes de terceros países a la participación política en las elecciones locales y europeas. 
Solamente espero que, a pesar de las numerosas ausencias en los bancos del Consejo, este mensaje salga del Parlamento y sea escuchado. 
Señor Presidente, Señorías, en realidad, estamos debatiendo dos temas que, a pesar de ir estrechamente ligados, son muy diferentes. 
En efecto, se está llevando a cabo un debate conjunto sobre dos frentes que afectan a la inmigración: el primero atañe al reconocimiento del estatuto de residente de larga duración para los ciudadanos de terceros países que residen legalmente; el segundo se refiere a la regulación de la permanencia y de la libre circulación por períodos determinados y por motivos específicos. 
Seguramente la primera propuesta parece la más importante, porque tiende a establecer las condiciones por las que los ciudadanos de terceros países, residentes desde hace tiempo, al amparo de la directiva, pueden residir también en otro Estado de la Unión distinto de aquel en que han obtenido el permiso de residencia. 
El examen de la directiva en el ámbito de las instancias del Consejo avanza con evidente dificultad. Todo ello debido a la amplitud y a lo delicado de la materia tratada. 
Muchos Estados están todavía intentando adoptar una posición concreta respecto a las varias disposiciones de la directiva, pero también respecto a las distintas situaciones, a las diferentes sensibilidades, del mismo modo que, por otro lado, son diferentes los grados de implicación de estos Estados. 
Basta pensar en ciertas situaciones geográficas en las que el problema de la inmigración- como es el caso de Italia, por ejemplo- es ciertamente más delicado, y es más grave y más urgente que en otras situaciones. 
Cabe decir asimismo que existen otros aspectos que guardan relación con el principal como, por ejemplo, los proyectos en materia de reagrupación familiar y los demás proyectos referentes al asilo, por no hablar de la compleja situación de los refugiados. 
En líneas generales, parece que se puede compartir la posición de algunos Gobiernos que tratan de poner la directiva en contacto directo, de compararla, podríamos decirlo así, con la legislación nacional. 
Esto es lo que estamos haciendo en Italia al tratar precisamente de sacar adelante esta propuesta. 
Sin embargo, es necesario dejar al Estado miembro, después de haber impartido algunos criterios mínimos, la potestad discrecional de aplicar su propia legislación. 
Señor Presidente, quisiera decir algunas palabras respecto del informe Ludford sobre los derechos de los residentes de larga duración. 
Me disculpo por no haber estado presente durante los primeros minutos de este debate pero, entre otra serie de problemas que he tenido hoy, me he visto retenido en el control de pasaportes del aeropuerto. 
Me precedían dos poseedores de pasaportes del Reino Unido pero, siendo de origen asiático, han sido objeto de lo que yo consideraría un interrogatorio de un nivel absolutamente inaceptable. 
Todos los miembros de la Asamblea saben que esto es típico en todos los controles de aduanas de toda Europa. 
También pido disculpas a la Baronesa Ludford. 
El Sr. Medina ha dicho anteriormente que algunas de las enmiendas que salieron del comisión han debilitado la propuesta original de la Comisión. 
Se ha debido, en parte, a la falta de efectivos en mi propio bando por lo que esas enmiendas han sido aprobadas en comisión, por lo que me disculpo. 
Debemos esforzarnos todo lo posible por otorgar a los residentes de larga duración los mismos derechos que a los ciudadanos de la UE. 
Debemos rechazar las enmiendas del Grupo PPE-DE que persiguen catalogar a los residentes de larga duración como una especie de ciudadanos de segunda clase. 
Como ha dicho la Sra. Roure, deberíamos animar a la gente a que se integre y respaldo sus esfuerzos por aprender idiomas. 
Pero recurrir a los progresos de un individuo en un idioma como requisito para la concesión del estatuto de larga duración es discriminatorio. 
¡Si la capacidad de hablar correctamente el idioma de tu país de residencia fuese utilizada de forma general como medida del derecho de residencia, sé de muchos que, en mi país, no tendrían el derecho a vivir allí! 
Otras partes de este informe que establecen la necesidad de probar una adecuada cobertura de la jubilación cono prerrequisito para que los nacionales de terceros países obtengan algunos derechos o los mismos derechos, son igualmente subjetivas. 
No podemos invitar a la gente a que venga a la Unión Europea únicamente diciendo: "pagad vuestros impuestos aquí pero no esperéis servicios o beneficios sociales a cambio". Eso perpetúa un estatus de ciudadanos de segunda clase. 
Hace 200 años nuestros antepasados viajaron a lo largo y ancho del mundo, colonizando y abusando de países lejanos. 
Tenemos el derecho y el deber de organizar nuestra sociedad y poner orden en nuestra propia casa. 
Hemos de exhortar a los Estados miembros a que eduquen de forma más cabal a sus propios ciudadanos respecto de los beneficios y ventajas de tener una sociedad integrada. 
Dentro de algunos años llegará el momento en que los Estados miembros de la UE supliquen a los nacionales de terceros estados que vengan a contribuir a sus economías y a cubrir puestos de trabajo vacantes. Hemos de resolver las cosas antes de que llegue ese momento. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe tal como ha llegado al Pleno procedente de la comisión, por tanto, no el proyecto de informe, da muestras de realismo. 
Contempla las consecuencias que tenemos que extraer del 11 de septiembre y contempla también la directriz relativa a la inmigración de trabajadores que hemos aprobado en el Pleno con una amplia base. 
Por consiguiente, celebro también lo que se sigue como consecuencia de ello, es decir, los controles previos a la concesión del estatus de residencia de larga duración, como por ejemplo, que se requiera una residencia legal de cinco años y que se compruebe si el afectado dispone de recursos financieros suficientes para sí y para su familia legal o que se exija una situación de empleo y que haya que demostrar una seguridad social y un seguro de vejez. 
Celebro también que tras el 11 de septiembre se introduzca una comprobación de seguridad. 
No necesitamos criminales, ni personas que representen un peligro para la seguridad y el orden públicos en la Unión Europea. 
Celebro igualmente que los estados miembros tengan la posibilidad de introducir otros requisitos para la comprobación, como por ejemplo, conocimiento del idioma, vivienda y similares. 
También es positivo- una vez más en conexión con delitos criminales- que se endurezcan las posibilidades de extradición. 
Celebro estas regulaciones por que van parejas con un estatus de privilegios que se otorga consecuentemente, como el acceso al empleo, a la educación, a la protección social y a la integración, algo que también hay que celebrar. 
Nosotros, los del Partido Popular Europeo, somos partidarios de una acogida controlada de nacionales de terceros países de suerte que consecuentemente se dé también de hecho una integración y siga garantizada la seguridad y la estabilidad de la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión quisiera agradecer a las ponentes, Sra. Baronesa Ludford y Sra. Margot Kessler, el trabajo profundo que hoy han presentado al Parlamento Europeo. 
Desde nuestro punto de vista, el estatuto de los ciudadanos de terceros países residentes de larga duración en el territorio de un Estado miembro constituye un elemento fundamental para la elaboración de una política común de inmigración. 
El estatuto de residente de larga duración sitúa las políticas de admisión en una perspectiva a largo plazo y ofrece a los ciudadanos de terceros países que lo deseen la garantía de poder residir de forma duradera en su Estado de acogida. 
Dicho estatuto, tal como la Comisión lo propone, les confiere la seguridad jurídica necesaria para poder integrarse con éxito en las sociedades europeas. 
El objetivo afirmado en Tampere y reiterado en Laeken es el de garantizar un trato equitativo a los inmigrantes legales y ofrecerles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión Europea. 
La propuesta de la Comisión fijó como objetivo el de aproximar los derechos de los residentes de larga duración a los de los ciudadanos de la Unión. 
Definimos las condiciones precisas y objetivas a que está subordinado el acceso de los ciudadanos de terceros países al estatuto de residente de larga duración. 
Esas condiciones que proponemos fueron formuladas esencialmente para evaluar si el ciudadano de un tercer país fijó de hecho de forma duradera su residencia en el Estado miembro de que se trate y tiene intención de integrarse en él. 
Deberá haber vivido en ese Estado miembro un período suficientemente largo (cinco años) y haber demostrado su integración económica mediante los ingresos y un seguro de enfermedad. 
Además, la persona de que se trate no debe constituir una amenaza para el orden público. 
El informe sobre el que sus Señorías están debatiendo indica también una condición suplementaria para beneficiarse del estatuto: el dominio de la lengua del país de residencia. 
La Comisión considera que la lengua es un criterio de integración y, por eso, el aprendizaje lingüístico debe estar en el centro de las nuevas políticas de integración sobre las cuales la Comisión está haciendo un trabajo de reflexión en consonancia con su comunicación de noviembre de 2000 y en relación con las cuales nos proponemos presentar una iniciativa al Parlamento y al Consejo en 2003. 
A eso se debe mi disponibilidad para tener en cuenta la cuestión de la lengua, que se propone en una enmienda subscrita por la Sra. Eva Klamt, sobre todo en su dimensión objetiva y, en particular, cuando el Estado de acogida brinda a los inmigrantes condiciones efectivas para su aprendizaje. 
Por lo que se refiere a la adición de un nuevo requisito sobre el seguro de vejez o jubilación, creo que no es útil multiplicar las condiciones para acceder al estatuto de residente de larga duración. 
La legislación de la mayor parte de los Estados miembros ya concede, hoy en día, ese estatuto automáticamente sin verificar si se cumple o no semejante condición de seguro de vejez. 
Se debe integrar esa cuestión en otra más vasta y compleja que tiene que ver con la relación entre los trabajadores migrantes y los regímenes de prestación social en general. 
Y, por eso, la Comisión está trabajando con vistas a hacer extensivo a los ciudadanos de terceros países el beneficio del Reglamento nº 1408/71, relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social. 
Y pensamos que en ese marco es en el que se deberá tratar ese asunto. 
En relación con algunas propuestas de enmiendas que se han presentado, la Comisión cree que, sólo cuando se le conceda el estatuto de residente de larga duración, podrá su beneficiario gozar de la igualdad de trato respecto de los ciudadanos de los Estados miembros en prácticamente todas las esferas de la vida socioeconómica. 
No obstante, somos sensibles a las propuestas de enmienda encaminadas a consagrar, incluso antes de la concesión del estatuto, la igualdad de trato en materia de procedimientos jurídicos y de vías de recurso, como constan en las enmiendas presentadas por la Sra. Ludford, por lo que las incluiremos en el texto. 
En relación con la participación en la vida política, la Comisión no se pronuncia, en la medida en que considera que no hay fundamento jurídico en los Tratados para que nos ocupemos de ese asunto. 
Algunas de las enmiendas propuestas reflejan una preocupación especial. En materia de orden público, preocupación totalmente comprensible después de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Comparto la opinión expresada aquí durante el debate según la cual debemos procurar no caer en el error de hacer una amalgama peligrosa entre inmigración y terrorismo, error que propiciaría como una sospecha general respecto de todos los ciudadanos de terceros países. 
La Comisión ha elaborado un documento de trabajo sobre la relación entre la salvaguarda de la seguridad interior y el respeto de las obligaciones y los instrumentos internacionales en materia de protección. 
A la luz de ese documento verificamos todas las cláusulas de protección del orden público que figuran en nuestras propuestas. 
Ese trabajo tuvo como objeto garantizar que los Estados miembros estén en condiciones de proteger eficazmente su orden público ante la amenaza terrorista. 
Ese examen movió a la Comisión a revisar algunas de sus propuestas, entre ellas la presente, en particular en lo relativo a dos aspectos: suprimimos la exigencia de que la amenaza sea efectiva antes de la concesión del estatuto, con lo que quedan comprendidos los casos de riesgo potencial, tal como se pueden interpretar a la luz de la redacción actual del Convenio de Ginebra de 1951, y suprimimos también la prohibición de aplicar medidas de expulsión de emergencia, siempre que se den ciertos supuestos. 
Creo que esas dos modificaciones responden a las preocupaciones de garantía de seguridad interior y de lucha contra el terrorismo y que, en ese sentido, no se deberían aceptar las enmiendas propuestas. 
Por último, la innovación y la importante aportación específica de la presente propuesta consisten en el derecho concedido a los titulares del estatuto de residente de larga duración a instalarse en otro Estado miembro. 
En ese caso, la integración ya no se da sólo en el nivel nacional, sino también en el europeo. 
Y las personas que hayan residido durante cierto tiempo en un Estado miembro estarán en una posición ventajosa, respecto de las que procedan directamente de su país de origen, siempre que deseen instalarse en otro Estado miembro. 
Considero que este aspecto es muy importante y no se debe pasarlo por alto. 
Por lo que se refiere a la propuesta relativa a la libre circulación y al traslado de los ciudadanos de terceros países, de la que es ponente la Sra. Kessler, quisiera, en primer lugar, destacar que la propuesta incluye elementos importantes en materia de creación de un espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Es un hecho que el acervo de Schengen ya incluye ciertas normas relativas a la circulación de ciudadanos de terceros países. 
No obstante, las condiciones relacionadas con el ejercicio de esa libertad de viajar no siempre son transparentes y están repartidas por diversos instrumentos. 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo de que es necesario agrupar en un mismo instrumento jurídico todos los elementos fragmentados que definen esa libertad de viajar. 
De modo que la propuesta fija las condiciones que permiten a los ciudadanos de terceros países circular libremente, estén o no sujetos a la obligación de visado, dispongan de un documento de residencia o de un visado de larga duración, mientras esperan la expedición de un permiso de residencia. 
Por otro lado, la presente propuesta va destinada igualmente a reglamentar el traslado de diversas categorías de personas que tienen un interés legítimo en permanecer durante un período comprendido entre tres y seis meses en el espacio sin fronteras sin que su situación sea equiparable a una inmigración en sentido propio. 
Por ejemplo, turistas, investigadores, músicos en gira, personas de visita a la familia, casos de hospitalización y convalecencia. 
Para esas personas está prevista la introducción de una autorización específica de viaje que permita el traslado durante un período máximo de seis meses, sin permanecer más de tres meses en el territorio del mismo Estado miembro, lo que es totalmente conforme a la letra del Tratado. 
La mayor parte de las propuestas de enmiendas que figuran en el informe de la Sra. Kessler van destinadas a precisar y aclarar el contenido de la propuesta. 
Por lo que se refiere a la cuestión del instrumento jurídico, se propone un reglamento y no una directiva. 
En relación con todas estas propuestas, la Comisión apoya cualquier solución que en el ámbito del Consejo acoja sus propuestas. 
El único punto de divergencia que tenemos con la propuesta de la Sra. Kessler se refiere a la enmienda nº 5, relativa a la circulación en un espacio sin fronteras con un visado de larga duración, que, como el Sr. Deprez ya ha subrayado, debe ser analizada con prudencia. 
Pedimos al Parlamento que no la apruebe. 
Un visado de larga duración es un visado nacional, que se expedirá conforme a las normas nacionales y no conforme a las del capítulo 3- Sección I del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. 
Desde ese punto de vista, me parece difícil imponer, respecto del visado de larga duración, las normas previstas para los visados de corta duración, es decir, una consulta previa. 
Durante el debate sobre la iniciativa francesa relativa al visado de larga duración, ya fue rechazado este tipo de propuestas por el Parlamento, que impugnó, en particular, el fundamento jurídico y sobre todo el planteamiento fragmentado. 
En esa misma perspectiva, que el Parlamento ya aprobó anteriormente, la Comisión impugnó también el fundamento jurídico y declaró que, de cualquier forma, presentaría una propuesta que incluiría también a los titulares de un visado de larga duración, con lo que recogería el objetivo de la iniciativa francesa, pero inscribiéndolo en un marco más global. 
Comparto la preocupación subyacente a la enmienda nº 5, es decir, prever la posibilidad de que un ciudadano de un tercer país circule inmediatamente en el espacio sin fronteras. 
Pero esa posibilidad ya existe hoy, porque un ciudadano de un tercer país siempre puede solicitar un visado uniforme, el llamado visado "C", y circular libremente gracias a él. 
Para concluir, quisiera felicitar a las ponentes y espero que las propuestas que la Comisión ha presentado reciban un apoyo across the border en este Parlamento. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0464/2001) del Sr. van den Berg en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo: una evaluación (COM (2001) 153- C5-0395/2001- 2001/21/53 (COS) ). 
Señor Presidente, señores Comisarios, la Unión Europea es el principal donante del mundo en materia de ayuda humanitaria de emergencia. 
Se presta ayuda a las personas damnificadas por guerras o catástrofes naturales en Bangladesh, Afganistán, Somalia o en los Balcanes para que puedan rehacer su vida con fondos europeos. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia las cosas van mal cuando la ayuda de emergencia cambia a ayuda de rehabilitación y desarrollo en la zona afectada. 
Es un problema que los expertos han denominado la zona gris. 
Permítanme que les dé un ejemplo que parece sacado de un libro de texto. 
Después de que en 1998 el huracán Mitch causara estragos en Centroamérica, la Unión Europea mandó rápidamente ayuda de emergencia. 
A continuación, la Comisión trabajó desde 1999 en el programa de acción para la rehabilitación de Centroamérica y la ECHO dejaría la zona a partir de marzo de 2001. 
El programa de acción contenía buenos elementos, como la participación local, la coordinación con los Estados miembros y otros donantes y la transferencia de las competencias a la delegación en Managua. 
Sin embargo, en la práctica el programa funcionó con demasiada lentitud: dos años después de la catástrofe sólo se habían aprobado algunos proyectos. 
Lamentablemente, este ejemplo confirma más bien la regla y no la excepción y, lógicamente, esto es inaceptable tanto desde la perspectiva política como desde la humanitaria. 
¿Quién podrá explicar después a los necesitados de Afganistán que no podemos cumplir nuestra promesa de prestar ayuda por nuestra incapacidad de reaccionar con rapidez y agilidad después de la fase de la ayudas de emergencia? 
La cuestión es cuáles son las medidas que piensa tomar la Comisión para evitar el problema de la zona gris durante la rehabilitación de Afganistán. 
Cuando se elaboró este informe se hicieron muchas consultas a la Comisión y las organizaciones implicadas en el terreno. 
La Comisión reconoce el problema de la zona gris, pero la evaluación que hace y que hoy estamos debatiendo queda demasiado ambigua y teórica. 
Por este motivo, en mi informe se presentan algunas propuestas concretas a la Comisión basadas en parte en la conferencia que convocamos con las ONG implicadas y en las entrevistas intensivas que realizamos con los funcionarios de sus servicios. 
La Comisión ha confirmado que los procedimientos inflexibles y burocráticos constituyen uno de los problemas fundamentales. 
Para solventar esto, la Comisión propone que se presenten unos addenda a los informes de estrategia nacional, por medio de los cuales se facilite que se dé una respuesta rápida y flexible en una situación de crisis. 
Doy mi apoyo a esta propuesta, pero sólo cuando se aprueben estos addenda en un plazo de dos meses. 
¿Nos puede indicar la Comisión si ya ha elaborado nuevos procedimientos simplificados, rápidos y flexibles para la aprobación y adaptación de estos addenda? 
De lo contrario, la propuesta para elaborar estos documentos de crisis seguirá siendo letra muerta. 
Por otra parte, como ponente quisiera señalar la enorme importancia que tiene la coordinación y cooperación, no sólo entre los servicios de la Comisión, sino también entre los Estados miembros, los donantes internacionales, los países socios y las ONG. 
De mis entrevistas con la Comisión se ha podido deducir claramente que se echa en falta un instrumento flexible para la reconstrucción y rehabilitación, para abordar el problema de la zona gris. 
El actual Reglamento sobre rehabilitación es demasiado limitado. 
Se excluyen en este Reglamento, por ejemplo, los proyectos en el ámbito de la seguridad y la buena administración y hay escasez de fondos en general. 
Es evidente que un importe total de cincuenta millones de euros para Asia se queda muy atrás de las necesidades en Afganistán. 
Por lo tanto, propongo que se revise el actual Reglamento sobre rehabilitación, de modo que se pueda reaccionar con flexibilidad en la fase post-crisis según lo que realmente necesite la población en una zona afectada. 
Para asegurar en un momento de crisis una disponibilidad rápida y suficiente de fondos, deberían liberarse los fondos no usados y de reserva por medio de un mecanismo de alerta. 
Me pregunto de qué manera concreta quiere llevar a cabo la Comisión mis planes. 
El problema de la zona gris entre la ayuda de emergencia y la rehabilitación es de sobra conocido. 
No podemos seguir aceptando que se deje al aire a las personas que han sufrido las consecuencias de guerras, catástrofes naturales por culpa de nuestra incapacidad de responder de forma rápida, flexible y coordinada a una situación local. 
Dado que Europa, como mayor donante de ayuda de emergencia, desempeña un papel fundamental en el mundo, hemos de cerrar esa brecha de la ayuda al desarrollo sostenible. 
Eso sí supondría una enorme contribución para la seguridad y la estabilidad en las zonas de riesgo de Asia, América Latina y África. 
Tal vez constituya una inversión más prudente que destinar ya unos importes enormes para material de defensa como los F 16, aunque sé muy bien que la Comisión no decide sobre estas cuestiones. 
Por consiguiente, como ponente haré un seguimiento intensivo de cómo la Comisión y los Estados miembros van a abordar este problema en el futuro. 
Tengo muchas esperanzas puestas en las promesas que se han hecho hasta ahora, pero al mismo tiempo ardo en deseos de conocer la respuesta concreta de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, en sustitución del Sr. Mantovani al que hoy le ha sido imposible estar aquí con nosotros por problemas de tráfico aéreo, quisiera manifestarles algunas reflexiones sobre la Comunicación de la Comisión acerca del difícil concepto de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. 
Quiero dar las gracias al ponente, Sr. Van den Berg, por el magnífico trabajo realizado que ha merecido un amplio consenso con ocasión de la votación en comisión. 
En primer lugar, estimo que es fundamental mejorar la complementariedad, la coherencia y la relación costes/beneficios que son necesarias para eliminar la brecha que existe entre las diferentes fases en que se presta la ayuda internacional, la famosa zona gris, así como, más en general, para lograr la plena eficacia de la política de desarrollo y cooperación de la Unión. 
En efecto, es necesario implicar más aún, si cabe, a las instituciones financieras multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las distintas Agencias de la ONU y el Club de París, en este proceso. 
Me parece también oportuno diferenciar la acción de coordinación interna de la externa, al objeto de establecer quién hace y qué se hace tanto a escala europea como a escala internacional o incluso en los distintos Estados miembros, y de poder planificar mejor, y en consecuencia, actuar con mayor eficacia a la hora de poner en práctica las iniciativas en favor de la rehabilitación y del desarrollo. 
La aportación de nuestro Grupo, el Partido Popular Europeo, se centra justamente en la necesidad de una mayor complementariedad, y en particular, tal como se expresa en las enmiendas 15 y 16 formuladas por el Sr. Mantovani, de una mejor coordinación de las diferentes acciones, al objeto de lograr una mayor eficacia y mejores resultados en la acción de vinculación y coordinación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. En particular, se piden unos métodos apropiados de coordinación y evaluación ex post, un control presupuestario y menos interferencias burocráticas, para garantizar más aún, si cabe, que las ayudas al desarrollo de la Unión lleguen a los países en crisis, y por lo tanto, a las personas que las necesitan realmente, de manera precisa y eficaz y sin pérdidas de tiempo, ni inútiles duplicidades y superposiciones de los esfuerzos o de los recursos financieros invertidos. 
Señor Presidente, al igual que Max van den Berg en su informe, nosotros acogemos favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la vinculación entre las actuaciones de la Unión Europea en situaciones de emergencia en los países del Sur y la política comunitaria de cooperación para el desarrollo. 
En comisión aparecieron coincidencias con la Comunicación, que aquí valoramos, pero también se pusieron en evidencia carencias para cuya solución hay propuestas en la resolución que posteriormente votaremos. 
En esta resolución se recoge una serie de preocupaciones y también recomendaciones para mejorar en la práctica la acción de la Unión Europea en el terreno que nos ocupa, que esperamos sean asumidas. 
Todo este debate pone en evidencia que existe una relación dialéctica entre la ayuda humanitaria, que la Unión Europea moviliza para hacer frente a situaciones de emergencia producidas por catástrofes de todo tipo, y la que se presta regularmente con vistas a potenciar el desarrollo de tal o cual región o país. 
Es decir, que los programas destinados a rehabilitar o a desarrollar deben llevar en su espíritu premisas que sirvan para prevenir conflictos y para evitar en lo posible catástrofes de las llamadas naturales y sus peores consecuencias. 
Asimismo, las actuaciones en casos de emergencia deben contribuir, en lo posible, a la ulterior rehabilitación y al desarrollo de la región en cuestión. 
Hoy reconocemos que existen disfunciones notables en las actuaciones de la Unión Europea en la transición del uno al otro terreno. 
La mayoría se debe a la dispersión en el organigrama administrativo y de competencias y a la deficiente coordinación entre los servicios que intervienen en la programación y en la realización de dichas actuaciones. 
También es un obstáculo la complejidad burocrática de muchos de los mecanismos con que se opera. 
Más grave nos parece que haya países con los que la Unión Europea aún no mantiene acuerdo alguno de cooperación, como Cuba, lo que impide que nuestras actuaciones en situaciones de emergencia o de ayuda humanitaria tengan la continuidad que sería deseable en el terreno de la cooperación para el desarrollo. 
Señor Presidente, la Comisión hace buenos análisis pero le falta muchas veces la fuerza política para realizar los cambios necesarios en su forma de actuar. 
Resulta que su organización interna sigue siendo demasiado jerárquica, burocrática y centralista, y los Estados miembros no dan a la Comisión bastantes medios ni margen político suficiente para poder actuar con dinamismo. 
Estas deficiencias estructurales son las que impiden llegar a una solución del problema de la zona gris. 
El cambio de la ayuda de emergencia a la ayuda de rehabilitación y desarrollo requiere flexibilidad a la hora de tomar decisiones. 
La lentitud y el exceso de intromisión pueden tener consecuencias aún más negativas para los objetivos marcados que los riesgos técnicos que pueden surgir por emplear la vía de los procedimientos rápidos. 
Evidentemente, el principal requisito es una política de prevención óptima de catástrofes naturales y conflictos armados. 
Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos antes de llegar a una situación de crisis. 
Asimismo, la disponibilidad de los medios ha de ser inmediata, los planes tienen que estar preparados, se ha de llegar a acuerdos sobre la coordinación y, en la medida de lo posible, hay que saber quiénes son los socios sobre el terreno. 
Me parece que los planes de emergencia detallados y flexibles deben formar parte de los informes de estrategia nacional. 
La ECHO debería concentrarse en la prestación de ayuda de emergencia, pero es deseable también, a mi juicio, que su personal disponga de alguna experiencia en el ámbito de la rehabilitación para facilitar la transición a las otras fases de ayuda. 
En mi opinión, los procedimientos de control han de avanzar más hacia controles ex post en vez de ex ante. 
Además, la coordinación interna sólo puede funcionar bien si se cuenta ya desde el principio con un equipo multidisciplinar. 
Quisiera preguntar a la Comisión cuándo nos va a presentar unas propuestas concretas para los procedimientos de decisión simplificados. 
Me parece que el informe del Sr. Van den Berg contiene unas sugerencias excelentes. 
Como donantes, somos responsables de mejorar este sistema y el problema de la zona gris es una razón más para intentar impulsar una reorganización interna de la Comisión. 
Va siendo hora de que los análisis tan buenos se conviertan en decisiones políticas aún mejores. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al ponente por su excelente informe sobre la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Se trata de un asunto de crucial importancia, revestido de multitud de problemas. 
No hay ninguna duda que se está produciendo un aumento de las catástrofes en todo el mundo, tanto por la mano del hombre, como en Afganistán, como por causas naturales, como en Goma, República Democrática del Congo. 
Para que aquella surta todos sus efectos se requiere una total cooperación entre todas las partes: los donantes, los beneficiarios, las partes ejecutantes tales como los gobiernos o las ONG, y la ayuda bilateral. 
Hemos visto los bombardeos y la destrucción que ha tenido lugar en Afganistán. Ello implica una urgente e inmediata ayuda de emergencia, la rehabilitación de millones de refugiados y ayuda al desarrollo. 
Es horripilante leer en el periódico de hoy que una familia pobre ha vendido a su hija de doce años para que se case únicamente para poder conseguir alimentos para el resto de la familia. 
Esto es trágico. 
De modo que hacer llegar la ayuda a aquellos que más la necesitan es absolutamente vital y ello requiere un conocimiento local y un tipo de ayuda adecuado. 
Hace dos semanas ECHO informó a la Comisión de Desarrollo y Cooperación que la situación en Goma estaba completamente bajo control y que se disponía de todo lo necesario. 
Esa misma noche escuchamos a las ONG decir que 90.000 personas carecían de alimentos y que los bebés estaban empezando a morir. 
¿Es esto oportunismo, una descripción precisa o una reacción exagerada? 
Es prácticamente imposible hacer planes para hacer frente a desastres naturales. 
Es mejor disponer de un almacén europeo centralizado que pueda reaccionar rápida e idóneamente. 
La vinculación consiste fundamentalmente en cooperación y en un órgano que sea responsable de la toma de decisiones. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera comenzar dándole las gracias por concederme la palabra en este importante asunto. 
Si me permiten cambiar ahora a la lengua que el Sr. van den Berg y yo compartimos, quisiera decir lo siguiente. 
En primer lugar, me gustaría felicitar al Sr. Van den Berg por la excelente calidad de su informe sobre una cuestión bastante difícil. 
Las situaciones de crisis son siempre complejas y debemos llegar a un consenso sobre la manera en que la respuesta conjunta de la Unión puede mejorar. 
La comunicación de la Comisión, las conclusiones del Consejo y el informe del parlamento contribuirán para llegar entre todos a este consenso. 
Señor Presidente, es de sobra conocido que la Unión Europea es uno de los protagonistas en el circuito de la prestación de ayuda. 
La mitad de los programas internacionales de ayuda que son financiados por los países desarrollados corre a cuenta de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros. 
Por otra parte, la Comisión Europea participa activamente, por medio de su Oficina de ayuda humanitaria, más conocida por sus siglas ECHO, en la prestación de ayuda humanitaria a los más débiles y damnificados de esta tierra. 
Me parece que las cifras son muy elocuentes: el año pasado, ECHO puso más de 500 millones de euros a disposición de los proyectos humanitarios en aproximadamente 80 países, con lo cual se alcanzó a unos 18 millones de personas. 
Quisiera añadir que la función principal de ECHO es y seguirá siendo la financiación de la prestación coordinada de ayuda humanitaria y proteger a los más débiles a través de organizaciones humanitarias asociadas con el fin de salvar y proteger vidas humanas, mitigar los sufrimientos y garantizar la integridad y dignidad de las poblaciones de terceros países afectados por situaciones de crisis. 
A pesar de que la función principal de ECHO consiste en prestar ayuda humanitaria de emergencia, la Oficina también se ocupa de la rehabilitación a corto plazo en la fase inmediatamente posterior a la crisis. 
Me parece que todo el mundo está de acuerdo con que hay que mejorar esa zona gris entre la ayuda de emergencia y la de desarrollo. 
Los anteriores oradores también se han manifestado en este sentido. 
Todos hemos señalado los mismos obstáculos como los procedimientos de decisión excesivamente lentos, los problemas con respecto al ámbito de aplicación de los instrumentos financieros y la necesidad de encontrar a los socios de ejecución adecuados. 
Me parece que podemos progresar abordando estas cuestiones de forma sistemática, aunque sí hemos de ser conscientes de que no vamos a ser capaces de solucionar todos los problemas, vinculados como están al carácter tan complejo de estas situaciones de crisis, y tenemos que ser realistas en nuestro enfoque. 
La Comisión ha puesto en marcha una serie de acciones para realizar las orientaciones políticas con respecto a la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. 
Así por ejemplo, ECHO está finalizando ahora las directrices para sus estrategias- exit. 
Este documento constituirá la base para la negociación con los otros servicios de la Comisión con respecto a las circunstancias en que ECHO se retira de los países cuando se haya superado la fase de emergencia. 
Asimismo, los servicios de la Comisión están elaborando un acuerdo mutuo que garantice una coordinación sólida y unos procedimientos adecuados en el marco de la aplicación del Acuerdo de Cotonú con los países de África, el Caribe y el Pacífico. Se aplicarán los principios con respecto a la vinculación entre la ayuda de emergencia, rehabilitación y el desarrollo, tal como han quedado reflejados en la comunicación. 
EuropAid está trabajando también en una agenda para mejorar sus métodos y aumentar de esta forma su capacidad de intervención rápida. 
En el aspecto presupuestario, la Comisión es consciente de que sus medios operativos e instrumentos han de ser revisados. 
Nos parece que se tiene que reducir el número de líneas presupuestarias. 
Por otra parte, habrá que procurar que con unos Reglamentos más amplios se puedan seguir atendiendo todo tipo de actividades existentes, que se agilice la toma de decisiones, que se pueda elegir con mayor flexibilidad a los socios de ejecución y que, en caso de necesidad, se puedan tomar decisiones sin el permiso del gobierno implicado. 
Basándonos en las experiencias del pasado, pensamos que una progresiva integración de nuestras intervenciones en los instrumentos regionales actuales constituye el camino adecuado y nos parece que esto conducirá a una mayor coherencia política e integración entre los diferentes tipos de intervención dentro del mismo país. 
Pasando ahora a las preguntas formuladas esta tarde, quisiera subrayar nuevamente que la integración de los diferentes instrumentos en el proceso de rehabilitación de Afganistán es un ejemplo del enfoque que la Comisión persigue. 
Para terminar, Señor Presidente, quisiera resaltar un aspecto muy importante. 
Hemos de ser completamente conscientes de que una intervención en la fase post crisis significa que hemos de aceptar mayores riesgos políticos y técnicos. 
Quisiera subrayar esto con cierto énfasis. 
Por este motivo, tanto el debate que mantuvimos el año pasado con el Consejo como el informe que hoy se ha presentado son acogidos por la Comisión como aportaciones muy útiles a la hora de despejar el camino hacia un sistema más efectivo y una mayor coherencia de la vinculación entre la ayuda de emergencia y el desarrollo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12:00 horas. 
Derechos de los trabajadores 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto: 
Del informe (A5-0013/2002) del Sr. Hughes, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles que realizan actividades de transporte por carretera (PE-CONS 3676/2001- C5-0688/2001- 1998/0319 (COD) ); 
Del informe (A5-0026/2002) de la Sra. Ghilardotti, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (PE-CONS 3677/2001- C5-0687/2001- 1998/0315 (COD) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Friedrich, que ha sido el Vicepresidente a cargo de la conciliación en el transporte por carretera, y también al Sr. Rocard que ha participado en tanto Presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de hecho, a todos los miembros de la delegación del Parlamento, porque ha sido sobre todo un esfuerzo de equipo. 
Hay que dar las gracias a la Comisaria Palacio y a su equipo por el fundamental papel que han desempeñado en determinados momentos en los que parecía que estábamos bloqueados. 
Por ultimo, quisiera dar las gracias a la Presidencia belga por el modo intenso y decidido con el que han perseguido la conclusión de un acuerdo en este expediente. 
Cubre uno de los últimos escollos en el mosaico del tiempo de trabajo. Es muy importante desde la perspectiva de la salud y la seguridad, y la seguridad vial en general, y también es importante desde el punto de vista de garantizar una justa competencia entre los sectores del transporte por carretera, ferroviario y otros. 
En cuanto a asuntos específicos, hemos asegurado la inclusión de los conductores autónomos como una cuestión de principio. 
Algunos estarán decepcionados porque ello no vaya a surtir plenos efectos hasta cuatro años después de la transposición. Pero no podemos olvidar que la posición común del Consejo hubiera conducido prácticamente con seguridad a una exclusión permanente de los autónomos. 
El Consejo quería excluirles de principio y únicamente hubieran considerado su inclusión sobre la base de un estudio de la Comisión que evaluase las posibles distorsiones que pudieran producirse en algún momento en el futuro. Incluso en ese caso el Consejo habría querido bloquear tal movimiento por parte de la Comisión. 
Ahora tenemos una situación totalmente opuesta. 
Los autónomos están incluidos como cuestión de principio y solo podrían ser excluidos si ocurriesen dos cosas: en primer lugar, si la Comisión propone tal exclusión, y en segundo lugar, si nosotros en el Parlamento, como colegisladores, convenimos tal exclusión. 
No es probable que ocurra ninguna de ambas cosas. 
Otro elemento importante del resultado lo constituye la sólida definición del empleo autónomo. 
Incluso únicamente con una exclusión temporal de los autónomos, pensamos que era muy importante que ganásemos una clara y limitadora definición de lo que efectivamente es un conductor autónomo, con el fin de evitar que los empleadores sin escrúpulos forzasen a los conductores a acogerse a formas fraudulentas de independencia. 
Ahora disponemos de una definición muy clara en el artículo 3 (e) , y la última frase de ese artículo engloba todo: los conductores que no cumplan la lista de requisitos incluida en la definición serán tratados como si fueran empleados bajo esta directiva. 
Se trata de una definición extremadamente útil. 
También hemos mejorado y aclarado considerablemente la definición de tiempo de trabajo. Ahora también es de aplicación a los autónomos, excepción hecha de lo que concierne al trabajo administrativo general, no vinculado directamente con la concreta operación de transporte en esté en ejecución. 
En cuanto al trabajo nocturno, me consta, de nuevo, que algunos se sentirán defraudados por que no hayamos conseguido limitar el trabajo nocturno a ocho horas. Voy a hacer tres breves comentarios al respecto. 
La mayoría de las delegaciones estaban en contra. Existen buenas razones de naturaleza medioambiental y de seguridad vial para transportar mercancías- si tienen que ser transportadas por carretera- durante la noche. 
Las concesiones en el trabajo nocturno fueron vitales para asegurar la inclusión de los autónomos. 
Este es un debate conjunto que incluye una consideración de la importancia del trabajo, la información y las consultas. 
Sus Señorías podrán observar por el artículo 8 relativo a las derogaciones en el tiempo de trabajo seminal y en el trabajo nocturno que hemos insistido en la promoción del diálogo social como la primera opción. 
Mi ultimo comentario es que determinados aspectos del texto que tenemos ante nosotros son muy relevantes para el estado de cosas evidenciado por el caso Kralowetz. 
Aquellos aspectos que persiguen bloquear la creación de un falso estado de independencia, que se ocupan del mantenimiento de registros, y que se centran en las obligaciones de los consignatarios y de otros responsables del establecimiento de rutas y tiempos de trabajo, tienen especial relevancia. Pero el caso Kralowetz evidencia nítidamente dos cosas. 
En primer lugar, en el proceso de ampliación necesitamos desesperadamente nuevas medidas de salvaguardia social y una apertura socialmente controlada del mercado de trabajo a los trabajadores de Europa central y oriental, especialmente en este sector. En segundo lugar, está absolutamente claro que si el nivel de control evidenciado por este caso prosigue, textos importantes como este valdrán menos que el papel en el que son impresos. 
Debemos insistir en la completa y adecuada aplicación de los controles en toda la Unión Europea. 
Mi comentario final es que es absolutamente esencial que tengamos unas normas de ámbito europeo que sean vinculantes en todos los territorios de la Unión Europea, en caso contrario el caso Kralowetz solo será uno de los muchos que veremos en las próximas semanas y meses. 
. (IT) Señor Presidente, con el debate de hoy y la votación de mañana en el Parlamento hemos llegado al final de un camino largo y difícil que durante algunos años ha ocupado a las tres Instituciones en un debate abierto e intenso sobre un tema de capital importancia: la información, la consulta y la participación de los trabajadores. 
Con la conciliación, que concluyó positivamente el 17 de diciembre pasado, la Unión Europea ha establecido los estándares mínimos de información y consulta que hay que aplicar en todo el territorio de la Unión. 
Por lo tanto, después de las directivas sobre los comités de empresa europeos, el estatuto de la Sociedad Europea y la Carta de Derechos Fundamentales, con la presente directiva se completa el marco comunitario y nacional existente que puede contribuir a preparar el cambio, a garantizar que las reestructuraciones se lleven a cabo en un contexto aceptable, y a otorgar al objetivo "empleo" la prioridad necesaria en el contexto actual. 
Por eso, me parece muy significativo que se haya alcanzado un acuerdo antes de la Cumbre de Barcelona. 
Casi todos los Estados miembros disponen de un marco jurídico, de origen normativo o contractual, destinado a garantizar el ejercicio de la información y consulta de los trabajadores: casi todos, decía, pero no todos, y con esta directiva se extiende el derecho a todo el territorio de la Unión. 
Para entrar en el fondo, con esta directiva se reconoce el derecho de los trabajadores y de sus representantes, en todas las empresas de menos de cincuenta trabajadores, a ser informados y consultados sobre todos los aspectos que afectan a la vida de la empresa, con especial referencia a las repercusiones que las decisiones de la empresa tienen en términos de empleo, de organización del trabajo, de formación y recualificación. 
Es importante que en la directiva se dedique atención a los contenidos y a las modalidades, incluso temporales, de la información y de la consulta. 
Se afirma explícitamente que deben efectuarse en tiempo hábil, ya que ésta es una condición previa para el éxito tanto de los procesos de reestructuración y de adaptación de las empresas como de la definición de las medidas previas necesarias para evitar efectos negativos en los trabajadores. 
Se reconoce una serie de derechos a los representantes de los trabajadores y a los mismos trabajadores, y se prevén sanciones, es decir, los Estados miembros deben introducir en su normativa, en el momento de la implementación y de la aplicación de la directiva, sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias. 
Creo que éste es un punto especialmente significativo y sobre el que se debatió mucho. 
La previsión inicial de la Comisión, respaldada por el Parlamento, era la de una sanción europea. 
La directiva, por el contrario, prevé que los propios Estados miembros introduzcan- por lo tanto, se respeta el principio de subsidiariedad- la sanción. 
Asimismo se prevé un período transitorio para aquellos Estados que no tienen ninguna normativa- ni jurídica, ni contractual- un período transitorio que, no obstante, se ha reducido respecto de la posición común. 
Lo cierto es que el Parlamento Europeo aspiraba a más, ya que tenía la esperanza de conseguir una información más puntual y una definición más precisa, así como mayores contenidos; sin embargo, si consideramos la dificultad del tema y las resistencias expresadas a lo largo de estos meses no solo por parte de los Gobiernos, sino también de los grupos de presión, creo que podemos estar satisfechos. 
La delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación aprobó por unanimidad esta hipótesis de acuerdo. 
Podemos estar satisfechos porque se reconocen derechos, se valoriza el diálogo social, se respeta el principio de subsidiariedad quedando definido, sin embargo, un marco uniforme en todo el territorio de la Unión. Es decir, ya no habrá trabajadores de serie A y trabajadores de serie B desde el punto de vista de los derechos reconocidos en las empresas. 
Quiero terminar expresando mi gratitud a la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, y a su equipo, así como a la Presidencia belga y a la señora ministra Onkelinx. 
Quisiera recalcar que hemos sido tres mujeres, nosotras tres en particular, las que hemos abordado esta directiva. 
Creo que han sido también nuestra determinación y nuestra creencia firme en la gran importancia del tema, respaldadas en el caso de la Sra. Comisaria y de la Sra. Ministra por su convicción y en el mío por mi comisión y por el Parlamento, las que nos han permitido llegar a la conclusión de este proceso tan fundamental. 
La Cumbre de Barcelona constituirá, en mi opinión, una buena ocasión para comprobar si lo que hemos acordado producirá efectos concretos y positivos. 
. 
(EN) Señor Presidente, tengo la impresión de que el Parlamento desearía que hiciera una declaración sobre el caso del camionero retenido en el Gran Ducado de Luxemburgo. 
Si es así quisiera decir lo siguiente. 
Con base en la información a disposición de la Comisión, las autoridades luxemburguesas han llevado a cabo una indagación, por cuenta de una investigación dirigida por el Tribunal de Munich en Alemania, sobre los locales de un transitario radicado en Austria, Kralowetz. 
Esta empresa operaba en Luxemburgo desde 1986 y se trata de una empresa internacional establecida en ocho países europeos. 
El director técnico, el Sr. Karl Kralowetz, fue detenido el 22 de enero, y desde el 26 de enero aproximadamente 150 camiones de diferentes países pertenecientes a la empresa Kralowetz se han reunido en Luxemburgo en una zona de aparcamiento de unas instalaciones de aduana y los conductores se quejan de que no se les ha pagado en más de tres meses. 
La mayoría de ellos deben ser considerados empleados ilegales. 
Las autoridades luxemburguesas están en proceso de organizar el regreso por avión de los conductores a sus países de origen y cada conductor recibirá 1000 euros como compensación. 
El verdadero problema es el comportamiento sin escrúpulos del transportista en cuestión. Ha utilizado trabajadores ilegales- por ejemplo sin seguridad social- pagando salarios que no se conforman con la ley nacional ni con convenios colectivos y sin permiso de trabajo. 
Durante varios meses las autoridades judiciales y las comisiones rogatorias de varios Estados miembros han realizado investigaciones e indagaciones y redactado informes. 
Todas esas acciones han resultado en nuevas pesquisas, la detención de los responsables y la confiscación de documentación y equipos. 
La Comisión saluda las acciones de las autoridades judiciales y administrativas, pero lamenta que un caso como este haya podido ocurrir. 
Ello evidencia la necesidad de aplicar correctamente las leyes nacionales, así como cumplir las normas comunitarias en el sector de las operaciones internacionales de transporte. En primer lugar, las normas sobre la admisión como operadores de transporte por carretera, fundamentalmente la buena reputación, la estabilidad financiera y la competencia profesional; en segundo lugar, las normas relativas al tiempo de trabajo y los periodos de descanso, para las cuales la Comisión ha propuesto recientemente una nueva, simplificada y actualizada legislación. 
Además, los próximos instrumentos legales que están por llegar también son importantes; en primer lugar, las normas sobre tiempo de trabajo, respecto de las cuales un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sería muy bien recibido, y respecto del cual sus Señorías votarán mañana. 
Quisiera expresar aquí el especial agradecimiento de la Comisión al Sr. Hughes. 
En segundo lugar, las disposiciones respecto de un certificado de conducción uniforme, para el cual el Sr. van Dam fue su ponente, y que fue aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de enero. 
Ese reglamento terminará en la Comunidad con la contratación ilegal de conductores de fuera de la UE, mediante controles sobre la situación legal laboral de esos conductores. 
En resumen, hay una serie de instrumentos comunitarios que ya existen o están en proceso de ser aprobados. 
Es necesario que sean adecuadamente aplicados por los Estados miembros y este ejemplo debería servir de lección para evitar cualquier repetición de semejante comportamiento sin escrúpulos por parte de operadores cuatreros. 
Señor Presidente, el ejemplo que nos acaba de poner el Sr. Bolkestein es, evidentemente, flagrante y probablemente también un ejemplo excepcional de los abusos en el sector del transporte. 
Sin embargo, no es el único ejemplo. 
En años pasados hemos tenido constancia de más de uno, en escalas muy parecidas a la del caso citado. 
Además de los abusos a gran escala, existen también múltiples ejemplos a pequeña escala porque, lamentablemente, el sector del transporte se caracteriza sobre todo por los abusos. 
El sistema aquí presentado, es decir, una ordenación más estricta del tiempo de trabajo- no sólo se trata del tiempo de conducción, sino también de las horas trabajadas- viene a ser mucho más estricto que el sistema anterior. Sólo se puede llevar a cabo esta nueva ordenación si los sistemas de control mejoran. 
De lo contrario- y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Hughes -, todas estas nuevas normas no servirían de nada. A pesar de que el control es una competencia nacional, ello no es óbice para que se redacte un informe bianual sobre los resultados del mismo, que posteriormente ha de ser entregado a la Comisión. 
Quisiera pedir a la Comisión que vuelva a estudiar este informe y que nos diga qué cabe exigir a los Estados miembros en este ámbito. 
Me parece que una de las cuestiones que la Comisión verifica es si se controla más a los transportistas extranjeros que a los nacionales, es decir, a transportistas del propio Estado miembro. 
Naturalmente, esto no debe ser utilizado como criterio. 
En mi opinión, la Comisión hace bien en comprobar este trato desigual, pero no se puede quedar de brazos cruzados mientras los transportistas obliguen a sus camioneros a conducir durante demasiado tiempo con un exceso de velocidad porque tienen que llegar a una hora determinada al lugar del destino. 
Señor Comisario, mientras subsistan en los Estados miembros diferentes normas para los límites de velocidad, todo esto carecerá de sentido- aunque sé muy bien que no forma parte de su competencias. 
Se puede conducir en algún Estado miembro a 90 kilómetros por hora, en otro la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora y luego se llega a un tercer Estado miembro donde no se puede a más de 80. 
Es realmente de locos como está organizado el transporte por carretera en Europa. 
Todo esto habría que mejorarlo mucho. 
Además del control, existe el problema de las sanciones. 
En algún Estado miembro se impone una determinada sanción que en otro puede ser muy distinta. 
Lo que realmente haría falta es un sistema de normas mínimas en el ámbito de las sanciones. 
Soy consciente de que actualmente no hay ninguna competencia europea en este aspecto, pero creo que se debería impulsar. 
Por último, mientras el control de los transportistas y conductores se centre en el taquígrafo, siempre habrá algún tipo de estafa porque el taquígrafo es un instrumento que se presta a estafas. 
Por lo tanto, va siendo hora de que se apruebe el reglamento que estamos esperando y que obliga a los transportistas a conducir con una caja digital. 
Señor Presidente, debido al poco tiempo del que dispongo no me voy a entretener con las felicitaciones que tenía en mente. 
En efecto, Señora Ghilardotti, a mí también me ha llamado la atención que hubiera muchas mujeres implicadas en la elaboración de estos informes, tanto en el suyo y en el del tiempo de trabajo como durante la Presidencia belga y dentro de la Comisión Europea. 
Normalmente, no soy una persona grandilocuente y menos cuando nos encontramos todavía en una fase de negociación. 
Pero ahora que estamos llegando ya al final de esta fase, sí me atrevo a emplear superlativos sobre los dos acuerdos alcanzados y los denominaré históricos. 
En primer lugar, es muy positivo que después de tanto tiempo se establezca por fin derecho laboral europeo. Esto está en consonancia con la Europa con ambiciones socio-económicas, tal como se expresó en los objetivos de la Cumbre de Lisboa, que quiere impulsar una economía dinámica y competitiva con más puestos de trabajo de calidad y mayor cohesión social. 
Me parece útil que se subraye nuevamente esta parte de los objetivos en vísperas de la Cumbre de Barcelona. 
En mi opinión, en ambos informes se dan unos pasos históricos. 
La directiva por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores constituye el reconocimiento real del derecho de los trabajadores de influir en las decisiones importantes de una empresa, lo cual forma parte del acervo europeo en materia social. 
La innovación en la actividad económica es necesaria pero esto implica también una postura activa que tome en serio la participación de los trabajadores. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se reconoce este derecho fundamental. 
En esta directiva se establece un marco general de dicho derecho para todas las empresas de la Unión. 
Sin embargo, hace falta que se dé un tercer paso si tomamos en serio esta participación porque también se ha de aplicar en la reestructuración y los cambios en una empresa. 
Recientemente, la Comisión ha presentado un documento al respecto. 
Me alegro de que contemos con la presencia del Comisario Bolkestein esta tarde porque, en mi opinión, es muy importante que se debata este tema también cuando se trata de otras cuestiones y que la participación de los trabajadores quede reflejada en otros informes, tratándose por ejemplo de venta o fusiones o la política de competencia del Comisario Monti. 
Me parece que esto debe ser un importantísimo objeto de debate en el futuro porque también en este ámbito la participación de los trabajadores forma parte de la tradición y de las costumbres. 
Para terminar, con respecto al tiempo de trabajo de los conductores me gustaría sumarme a lo que ha dicho el Sr. Hughes sobre el caso de Luxemburgo. 
Quisiera resaltar de nuevo que una definición de pseudo-autónomos, establecida a nivel europeo, puede desempeñar un papel muy importante en la solución de este tipo de problemas porque ahora carecemos de una definición europea y cada Estado miembro, como también los nuevos países miembros, maneja la suya. 
Señor Presidente, el Grupo ELDR celebra el acuerdo alcanzado en conciliación entre el Parlamento y el Consejo sobre la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera y sobre la directiva relativa a la información y la consulta de los trabajadores. 
Dado el carácter sensible de esta última problemática y las dificultades encontradas para alcanzar un acuerdo, la adopción del texto tras el procedimiento de conciliación constituye para nosotros una buena solución. 
La directiva sobre el tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera tiene por objeto eliminar las situaciones de competencia desleal y de dumping social en el mercado único. 
También son necesarias normas que garanticen unas condiciones de trabajo dignas a los conductores de carretera e impidan así una degradación de la seguridad. 
El Parlamento reclamó la inclusión de los conductores autónomos en el ámbito de aplicación de la directiva e hizo valer la necesidad de poner en pie de igualdad a todos los conductores, asalariados o no. 
La inclusión de los autónomos se contempla ahora, siete años después de la entrada en vigor de la directiva. 
Ciertamente, la Comisión puede decidir, después de estudiarlo, presentar de nuevo la inclusión de los autónomos al procedimiento de codecisión, por cuanto la definición de trabajador autónomo previene la creación de nuevas formas de falsos autónomos. 
Esto es bueno, estoy de acuerdo, señor Hughes, pero de todos modos me quedo un poco con las ganas. 
El caso de los camioneros bloqueados en Luxemburgo- y añadiría, señor Bolkenstein, que fueron repatriados el pasado viernes con su peculio de 1.000 euros- ilustra la situación a que puede conducir la ausencia de una legislación comunitaria suficiente. 
Como hemos visto, hay empresarios de transportes sin fe ni ley que no dudan en explotar, hasta la ilegalidad, las lagunas existentes entre, por un lado, las legislaciones nacionales y, por otro, las legislaciones nacionales y las normativas comunitarias, especulando, probablemente, con la ausencia de controles eficaces. 
Algunos gobiernos son conscientes de ello. 
Así, Bélgica, los Países Bajos, Francia, Alemania, Irlanda y Luxemburgo celebraron, en 1999, un acuerdo administrativo "Eurocontrol Route" destinado a mejorar y reforzar la cooperación entre los servicios de control. 
Pero, para garantizar la igualdad de las condiciones de competencia de los transportistas por carretera en el mercado único, es necesario, primero, una legislación comunitaria y, después, que los Estados miembros apliquen con rigor un sistema de control y de sanción. 
Señor Presidente, señores ponentes, señor Bolkestein, quisiera hacer hincapié en la palabra vaquero. 
Durante años he realizado estudios en este sector pero no creo que se trate de una sociedad de vaqueros, sino de un sector de vaqueros. 
Como sabemos todos, el sector del transporte está bastante mal. 
Las ganancias en este sector son bajas, hay una enorme desfragmentación con muchos transportistas pequeños independientes y también hay grandes empresas que, con paso lento pero seguro, han forzado a los transportistas pequeños a constituirse como autónomos o pseudo-autónomos. 
Dicho de otra forma, quedan muchas cosas por hacer. 
Se hacen trampas con las horas de conducción, hay trampas con los convenios, se hacen muchos chanchullos. 
A la luz de todo esto, tenemos una gran responsabilidad sobre todo con respecto al transporte internacional, y la hemos asumido. 
Una de primeras cuestiones de la que me pude o tuve que ocupar cuando llegamos aquí, tenía que ver con el entramado Willy Betz. 
Era un caso muy parecido al de Kralowetz, pero un poco menos sangrante. 
Los camiones eran de excelente calidad, casi todo estaba en perfectas condiciones excepto los permisos de trabajo y algunas cosas más. 
Esto condujo a la elaboración de la directiva de "drivers attestation". 
Afortunadamente, ahora podemos dar la bienvenida a una segunda directiva muy importante en materia de la ordenación del tiempo de trabajo. 
No obstante, me parece que en el futuro habrá que cubrir otras lagunas de la legislación actual. 
En este contexto, me parece también muy importante que se adopte la directiva por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores- una directiva histórica, me gustaría decir- por la sencilla razón de que muchas grandes empresas internacionales de transporte han traspasado sus negocios en los últimos tiempos sin que hubiera ningún tipo de participación por parte de los trabajadores. 
Y precisamente han obligado a sus trabajadores a establecerse como autónomos o los han hecho pequeños empresarios autónomos, sin que hubiera ningún mecanismo de consulta. 
Ahora vamos a tener la posibilidad de abordar este tipo de problemas de forma más eficaz. 
En cuanto a la directiva sobre los conductores de camiones, se incluye a estos trabajadores en la ordenación general del tiempo de trabajo. 
Es obvio que esto interesa a los trabajadores, pero también atañe a todos los que transitan por nuestras carreteras. 
Durante las negociaciones de conciliación mencioné en diferentes ocasiones el criterio de la seguridad vial que, a mi juicio, no deben olvidar los gobiernos que en el futuro apliquen esta directiva. 
También es importante que se proponga la aplicación a los conductores autónomos de las mismas reglas que a los demás conductores. 
Desde el punto de vista de los transeúntes, es igual que quien los atropelle sea un empleado o un conductor autónomo. 
Los largos periodos de transición pueden dar origen a complicaciones. 
En el peor de los casos, la aplicación de esta directiva puede tardar hasta siete años. 
También sabemos que después será difícil controlar la aplicación de estas normas en la práctica. 
En cuanto a la directiva sobre información y consulta de los trabajadores, estamos frente a una especie de acuerdo marco que da un fundamento jurídico importante a los trabajadores para exigir información y consulta. 
Sin embargo, no hay que olvidar que también se contempla la posibilidad de rechazar las demandas de los trabajadores en determinados casos, por ejemplo, en los contemplados en los puntos 25 y 26 de la directiva, que permiten diversas interpretaciones. 
Por eso, para la correcta aplicación de esta directiva será decisiva la acogida que se le dé en los centros de trabajo y la energía con que los sindicatos impulsen estas exigencias. 
En general, esto vale para todas las directivas de esta naturaleza. 
Podemos suponer que hay directivas muy bien intencionadas, pero, a la hora de aplicarlas, en esta Asamblea sabemos que no es mucho lo que podemos hacer. 
No coincido con la Sra. Smet en que es posible construir sistemas que faciliten controles más severos. 
Es muy difícil saber lo que ocurre en las carreteras, especialmente en las noches. 
Es difícil saber lo que ocurre tras las puertas de las fábricas. 
Sólo los trabajadores pueden hacer algo al respecto. 
Por eso quisiera terminar esta intervención haciendo un enérgico llamado a los trabajadores: "No confiéis en que los problemas se solucionarán en el Parlamento Europeo o en el Consejo, sino que vosotros mismos tendréis que hacerlo con ayuda de la directiva." 
Señor Presidente, en primer lugar celebro en nombre de mi Grupo el compromiso que se ha alcanzado en el Comité de conciliación sobre la directiva marco sobre la información y consulta. 
Al mismo tiempo, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Ghilardotti por habernos conducido hacia tal compromiso. 
Ahora es muy comprensible a la vista de la posición común. 
En nuestro Grupo hemos discutido de manera muy controvertida acerca de la información y consulta pero hemos sido unánimes en mantener que la posición común es realmente un buen punto de partida para una solución razonable. 
Desde la primera lectura en el Parlamento en abril de 1999 y ya antes, en las reuniones de la comisión, hubo con frecuencia grandes diferencias de opinión entre los Grupos; la ponente tuvo que moverse- lo hizo -; lo mismo cabe decir de mí, como ponente alternativo del Grupo más fuerte, el PPE-DE. 
Se ha conseguido lo posible. 
Se trataba de poner, de una vez, el pié en la puerta. 
El próximo golpe de viento puede abrir más la puerta. 
En la segunda lectura el PPE-DE ha podido imponerse en varios puntos. 
La mayoría de mi Grupo estaba en contra de las sanciones europeas, pero a favor de las sanciones nacionales. 
En la conciliación estas ideas fueron recogidas adicionalmente en los considerandos. 
La directiva marco, en su forma definitiva, contribuye, en primer lugar, al funcionamiento del Comité de Empresa europeo. 
Todos los representantes locales de los trabajadores reciben derechos mínimos que les ayudan a aprovechar las informaciones recibidas del Comité de Empresa europeo. 
Contribuye, en segundo lugar, a aminorar los problemas de la reconversión que se refieran a empresas nacionales. 
Por el contrario, la directiva sobre los comités de empresa rige solamente para las empresas transnacionales. 
La directiva marco prescribe ejecutar el procedimiento bajo el espíritu de la cooperación. 
Esto significa partenariado. 
El partenariado persigue, por un lado, una representación de intereses clara, pero también la compensación de intereses en un diálogo común a través de la información y de la consulta. 
Una información a su debido tiempo crea transparencia, la cual genera confianza y evita pérdidas por fricción a las empresas- una ventaja económica y social. 
Los empleadores y los trabajadores resultan ganadores por igual. 
Señor Presidente, el caso Kralowetz es, en parte, un problema luxemburgués porque los gobiernos de los últimos 20 años han atraído hacia Luxemburgo a un gran número de empresas de transporte mediante todo tipo de incentivos, pero sin establecer un control sobre las condiciones laborales y salariales de estas empresas. 
Sin embargo, Kralowetz es fundamentalmente también un problema europeo. 
Es una prueba de que no existe una Europa social. 
En 1998 la Unión Europea liberalizó completamente el sector del transporte, sin prever paralelamente las regulaciones sociales necesarias. 
Hoy vemos los resultados de esto con el caso Kralowetz y con otros casos. 
Creo que la Comisión debe hacer más que lo que se ha dicho esta tarde. 
A mi juicio hay tres cosas centrales. 
En primer lugar: es preciso endurecer los controles. 
¿De qué sirven las leyes cuando no se controla si se cumplen? 
En segundo lugar: los documentos de la Seguridad Social deben ser armonizados en la Unión Europea. 
Esto no lo deberíamos hacer a finales de 2003, sino que deberíamos intentar poner en marcha esto a principios de 2003. 
En tercer lugar, y éste es probablemente el punto más importante: el sistema de las licencias de transporte CEMT que permite a las empresas de fuera de la Unión Europea circular a través de los Estados miembros, fomenta hoy el dumping social y la ilegalidad y los seguirá fomentando también mañana si no logramos vincular estas licencias de transporte CEMT a estándares sociales mínimos. 
Si esto no ocurre, entonces Karl Kralowetz no necesita más que ir mañana a Rusia y podrá seguir dirigiendo desde allí su sistema, su negocio sin escrúpulos. 
Señor Presidente, una regulación europea de los tiempos de trabajo de los conductores del transporte por carretera es urgentemente necesaria por tres razones: en primer lugar, por la protección social de los trabajadores, en segundo lugar, para aumentar la seguridad en el transporte por carretera y, en tercer lugar, por razones relativas a la competencia. 
Consideramos correctos los puntos que se han logrado en el Comité de Conciliación. 
Compartimos especialmente lo que ha sido mencionado anteriormente por ustedes: inclusión de los conductores independientes, definición clara de los conductores independientes, definición clara del tiempo de trabajo- mediante lo cual las empresas pueden ser una vez más objeto de reclamación- y el establecimiento de los casos de excepción en lo que se refiere al tiempo de trabajo semanal y al trabajo nocturno. 
Mis colegas lo han dicho ya: sin controles y sin sanciones ninguna directiva trae progreso alguno. 
La Comisión ha presentado un nuevo reglamento para la armonización de determinadas normativas sociales relativas al transporte por carretera que, por consiguiente, próximamente estará en este Parlamento. 
Actualmente existen fuertes discrepancias entre los resultados logrados en el Comité de Conciliación y la nueva propuesta. 
Es preciso eliminarlas, aquí hay que hacer una labor de coordinación. 
Con esto tenemos también, naturalmente, la posibilidad de establecer y de endurecer conjuntamente los controles y las sanciones, pues se trata de un reglamento, lo cual significa que esto tiene también otra obligatoriedad y otra eficacia. 
En mi opinión el punto más importante es que, a pesar de tomar en consideración la armonización de la competencia, hemos de partir prioritariamente de la necesidad imperiosa de armonizar las normativas sociales y aumentar la seguridad en el transporte por carretera. 
Si logramos esto, habremos logrado mucho 
Señor Presidente, no comparto el entusiasmo de mis colegas por el resultado de esta conciliación pero sí me sumo a las felicitaciones a los dos ponentes. 
Ellos han ganado y yo he perdido, a mi pesar y probablemente para sorpresa de ellos. 
A todos nos consta que si el Consejo no se hubiera dado por vencido el propio Parlamento se hubiera rendido antes que perder ambas directivas. 
De modo que la mano del Parlamento era bastante pobre aunque ambos ponentes la han jugado extremadamente bien. Les felicito por su habilidad. 
Les ayudó la temprana renuncia del gobierno del Reino Unido durante los dos procedimientos de conciliación. 
Ha resultado particularmente irónico que el Ministro del Reino Unido para Europa tuviera que venir a Estrasburgo el otoño pasado- para suplicar a diputados británicos de todos los partidos que votaran en contra de todo el informe Ghilardotti- para toparse con que los diputados laboristas no sólo estaban promocionando positivamente el informe sino que el propio representante británico giró en redondo para apoyarlo igualmente. 
La política es, ciertamente, una actividad peculiar. 
Como sus Señorías saben soy un ferviente defensor de la información y de la consulta, pero igualmente ferviente enemigo de las camisas de fuerza de talla única para las empresas de todas formas y tamaños. 
Esta directiva, tal y como está enmendada, en mi opinión, es más probable que suponga un obstáculo antes que un puente para la participación del empleado. 
Paso a la directiva sobre el tiempo de trabajo: en mi opinión se trata de una legislación deficiente. 
Podría incluso haber sido peor si hubiese limitado la conducción nocturna pero me ha complacido mucho que finalmente el ponente entrara en razón y la propuesta fuese retirada. 
Pero sigue siendo una norma deficiente por su ampliación provisional para incluir a los autónomos. 
Como ha dicho el representante español, al unirse a otros países haciendo constar el desacuerdo de su país respecto del texto final, es la primera vez que el sector empresarial ha sido incluido en una directiva. 
Ciertamente voy a luchar por asegurarme que esta sea la última vez. 
Deberíamos desear más puestos de trabajo, no menos. 
Esto no debe ni puede ser visto como un precedente. 
Señor Presidente, señor Comisario, la situación de los defraudados conductores de larga distancia en Luxemburgo muestra una vez más dónde existe una necesidad de control y regulación europeos. 
Aquí se nos muestra con más claridad que en otras ocasiones en el pasado qué es lo que sucede en este mercado de trabajo, qué pasa de hecho con los conductores de larga distancia. 
Si ustedes hablan en alguna ocasión con los conductores de larga distancia de Europa se enterarán de cómo se trabaja, de cómo, en parte, se trabaja ilegalmente, bajo qué condiciones salariales, de que se circula hasta la fatiga y de que sólo en parte están protegidos socialmente. 
Vista así, esta regulación de los tiempos de trabajo está obsoleta hace tiempo para nuestra seguridad en la carretera y para la seguridad de los trabajadores, de los propios conductores. 
Por lo demás- esto ya se ha dicho- este caso no es solamente una cuestión de Luxemburgo o una cuestión de algunos empresarios austríacos, ahora sabemos ya que se trata de varios empresarios austríacos. 
Constituye también un fenómeno europeo. 
Para mí, como partidario absoluto de la ampliación de la Unión Europea, el problema central reside en que estamos practicando un trato humillante con los trabajadores de los países candidatos, que los trabajadores han de trabajar hoy bajo contratos colectivos con salarios indignos y que tienen que trabajar bajo condiciones sociales que son vejatorias. 
Ésta es la entrada de este grupo de trabajadores en esta Unión Europea. 
Tenemos que actuar contra esto. 
No obstante, sucede que toda parte mala tiene también su parte buena. 
Así, por ejemplo, en mi país, Austria, un grupo de representantes de transportistas se ha alzado ya demandando una regulación europea, regulaciones europeas, orientadas al control, a medidas que influyan también sobre esta competencia ruinosa. 
Ésta es la situación ante la que nos encontramos. 
Por lo demás, usted, señor Comisario, tendría que tomar esto como ocasión de reflexionar más y mejor sobre sistemas de control para los trabajadores en el mercado laboral europeo. 
Señor Presidente, quiero comenzar, lógicamente, felicitando a los ponentes. Una vez dicho esto, quiero destacar que la aprobación de estas dos directivas representa un paso importante en la construcción del Derecho laboral europeo y, por lo tanto, en la construcción de la Europa social, y ello, además, a través del diálogo y de recíprocas cesiones desde posturas inicialmente comprensibles. 
Por supuesto, la inclusión de los autónomos puede contrariar el espíritu emprendedor, como se sostenía desde mi país. 
Refiriéndome al marco general relativo a la información y consulta, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea abre su Capítulo IV, titulado "Solidaridad", con el artículo 27, que establece, dentro del título "Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa", que "se deberá garantizar a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, la información y consulta con suficiente antelación en los casos y condiciones previstos en el Derecho comunitario y en las legislaciones y prácticas nacionales". 
El artículo 136 del Tratado de la Unión Europea ya señalaba como objetivo de la Comunidad y de los Estados miembros el diálogo social. 
Parece, por lo tanto, lógico y necesario que, al margen de otras directivas específicas, como la 94/45/CE, una directiva singular establezca un marco general que fije unos requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo situados en la Comunidad. 
Estos derechos, antes recogidos en la Carta Social Europea, de 1961, y en la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, hoy lo están, como ya dije, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
No debe sorprender a nadie que los trabajadores, a través de sus representantes, conozcan la situación de la empresa o la evolución de la misma, las decisiones que vayan a tomarse con repercusión y efectos de futuro, pues éstos vinculan muchas veces a la empresa su existencia y, sobre todo, su subsistencia. 
Por supuesto, el contenido de estos derechos debe perseguir fortalecer la empresa, aumentar las posibilidades de empleo y la adaptación de los trabajadores a procesos productivos nuevos o renovados. 
La experiencia, sin embargo, demuestra que los mecanismos no siempre han funcionado bien: los trabajadores han llegado tarde al momento de decisiones, que ya habían sido tomadas. 
Por eso me parece especialmente destacable el contenido del artículo 4... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en las últimas semanas hemos tratado algunos temas que han tocado directamente el ámbito del transporte- incluso desde el punto de vista de las medidas sociales- y nosotros en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo hemos sido de la opinión de que todas estas medidas- y creo que el tiempo de trabajo, que ahora, por fin, está regulado, es un capítulo importante que queda concluido- sólo tienen sentido si también en los Estados miembros está presente la voluntad de endurecer los controles, por un lado, y adaptar también las sanciones, por otro. 
Yo procedo de un terreno fronterizo y sé con toda exactitud que en este ámbito se viene diciendo lo siguiente: el que conozca al máximo las regulaciones de los países particulares será quien gane más dinero. 
El lobby que se mueve aquí no es un lobby que esté a favor o en contra de los trabajadores- creo que tampoco tiene que ver con la legislación luxemburguesa -, tampoco es un lobby que esté a favor o en contra de los empresarios. 
En definitiva, en el ejemplo luxemburgués ambos resultan perdedores, y nosotros se lo hemos hecho notar también una vez más a la Comisión con ocasión del famoso informe van Dam. 
No estamos interesados en tener cada vez más directivas, cada vez más detalles, nos interesa que los países estén dispuestos a actuar conjuntamente para que los empresarios puedan ofrecer precios correctos y no sufran bajo este dumping que se organiza allí y, evidentemente, para que también los trabajadores puedan trabajar bajo condiciones correctas. 
Efectivamente, quiero decir y sostener con toda claridad que el lobby que trabaje en contra es propiamente un lobby que sólo estará apoyando a aquellos que juegan sucio y que no respetan las regulaciones. 
Un conductor de un camión que sea también propietario de su camión- y en esto vuelvo al primer informe- está siempre en el límite de la legalidad si quiere trabajar rentablemente. 
En esta situación nos encontramos. 
Esto significa que debemos ver con los mismos lentes el desarrollo de la liberalización del transporte de mercancías por carretera, en primer lugar, en pro de la economía, en segundo lugar, en beneficio del empresario y también en provecho del trabajador, y creo que podemos defender por igual los intereses de ambos. 
Señor Presidente, en mis dos minutos de turno de palabra quiero referirme exclusivamente a la declaración del Sr. Bolkestein sobre el caso Kralowetz. 
En este lamentable asunto hay que subrayar, ante todo, que no procede en este lugar poner en la picota la legislación y la praxis de Luxemburgo, sino los déficits sociales del espacio europeo, de la Unión Europea, en un ámbito donde, tal como lo pone precisamente de manifiesto el caso Kralowetz, son imperdonables. 
Tampoco es culpable en primer término la Comisión de la Unión Europea, sino una mayoría de los Estados miembros que se niegan a acordar a un nivel apropiado unas normas comunes relativas a las condiciones laborales y salariales para contrarrestar el dumping social en el mercado interior. 
En la propuesta de directiva de la Unión Europea relativa a los tiempos de conducción de los conductores de camiones es precisamente Luxemburgo, junto con Francia y Bélgica, el país que se ha esforzado en el Consejo "Transportes" por incluir también en el ámbito de la directiva a los aparentemente independientes. 
En efecto, aquí está también el quid de la cuestión del caso Kralowetz, a pesar de los esfuerzos en el ámbito Eurocontrôle-Route, que ha mencionado la Sra. Flesch y que son dignos de encomio. 
En el plano comunitario necesitamos una legislación que no deje ningún espacio para zonas grises legales. 
Estas resultan desvergonzadamente aprovechadas por gente que tiene una cierta energía criminal, como lo ha dicho acertadamente nuestro Primer Ministro. 
Esta es la lección que tenemos que sacar, y espero que los Estados miembros que hasta ahora se negaban a aprobar regulaciones comunes dejen de oponerse ahora a una reglamentación más severa en el plano de la UE para poner término a esta moderna esclavitud. 
Quisiera subrayar también que está en su cauce reglamentario una reforma del derecho de establecimiento en Luxemburgo que contiene criterios más estrictos y que no hace tan fácil a empresas dudosas obtener licencias y autorizaciones comerciales, cosa, por otro lado, que a la vista de las directivas comunitarias vigentes relativas a la definición de la empresa no es tan fácil. 
Espero que los partidarios de la total liberalización en el transporte de mercancías por carretera que se han puesto aquí a favor de manera tan enérgica y que contra los empresarios del estilo Kralowetz y sus prácticas no ofrecen ya ningún margen ,... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora.) 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Asamblea y a la delegación parlamentaria en el Comité de conciliación. 
Quisiera, en especial, dar las gracias al Vicepresidente, el Sr. Friedrich, y, sobre todo, a su ponente, el Sr. Hughes, por su excelente trabajo. 
Como resultado de sus esfuerzos, de su habilidad y de su determinación, finalmente es posible aprobar una medida que la Comisión propuso hace más de tres años- un resultado que es un gran éxito. 
Al aprobar esta directiva estamos haciendo un progreso esencial en la eliminación de las distorsiones de la competencia del sector del transporte por carretera pero, sobre todo, en la mejora de la seguridad vial. 
Esta directiva no solo va a permitir la eliminación de abusos presentes en el sector sino que también va a propiciar un mejor equilibrio entre los diversos medios de transporte. 
La revitalización del ferrocarril solo será posible con el fin de la competencia irracional en el transporte por carretera. 
Por tanto, es esencial que los Estados miembros efectúen todos los controles necesarios para garantizar que se respete la nueva legislación. 
La directiva establece unas condiciones mínimas para la organización del tiempo de trabajo de los conductores y también tiene en cuenta todas las actividades que son realizadas por los trabajadores además de conducir. 
Gracias a este Parlamento finalmente será posible que esta directiva cubra a todos los conductores de todas las categorías, ya sean autónomos o no. 
Ello constituye un gran logro para la seguridad vial porque el cansancio afecta evidentemente del mismo modo a todos los conductores, independientemente de que trabajen para una empresa o sean autónomos. 
Solicitar a la Comisión que investigue los efectos de la exclusión y que como resultado de sus investigaciones se propongan condiciones especiales para la inclusión de los conductores autónomos es, desde luego, la mejor estrategia. 
Permítanme de nuevo darles las gracias por la determinación que los diputados de esta Asamblea han mostrado a lo largo de todo el procedimiento de conciliación, que nos ha permitido aprobar esta directiva. 
Así mismo, en cuanto al informe Ghilardotti, quisiera felicitarla a ella y a todos los diputados de este Parlamento por el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo respecto de esta directiva de gran importancia. 
Este acuerdo solo ha sido posible por el espíritu de compromiso mostrado por el Parlamento y el Consejo. 
La versión final de la directiva, como la vemos ahora, alcanza, en primer lugar, todos los objetivos iniciales de la Comisión, por ejemplo, el establecimiento y desarrollo en toda la Unión de buenas prácticas de información y consulta al trabajador, concentrándose en la anticipación y gestión del cambio. 
En segundo lugar, concede libertad de acción a los interlocutores sociales a la hora de ejecutar las disposiciones de la directiva. 
En tercer lugar, es compatible con todos los sistemas nacionales y contempla mecanismos que propician una fácil introducción de los nuevos acuerdo en todos ellos. 
En cuarto lugar, refleja la opinión de los dos legisladores por cuanto al menos 15 enmiendas del Parlamento han sido incorporadas al texto en sus dos lecturas. 
Por tanto, el proyecto que tenemos ante nosotros merece nuestra aceptación, ciertamente la de la Comisión, pero igualmente la del Parlamento y del Consejo. 
Una vez aprobada, la directiva completará el marco en el campo de la información y consulta al trabajador, un marco que proporciona a las empresas europeas y a sus trabajadores una herramienta esencial para facilitar el cambio y para garantizar que éste se lleva a cabo de un modo socialmente aceptable. 
La Comisión confía en que el considerable trabajo desarrollado en este campo en los últimos años tenga continuidad ahora mediante una actitud positiva y proactiva de los interlocutores sociales en relación con los documentos que ésta les presentó hace dos semanas acerca de los aspectos sociales de la reestructuración corporativa. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del articulo 37 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La votación de las propuestas de resolución relativas a la declaración de la Comisión, tendrá lugar el próximo jueves a las 12.00 horas. 
Rendimiento energético de los edificios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0465/2001) del Sr. Vidal-Quadras Roca, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios (COM (2001) 226- C5-0203/2001- 2001/0098 (COD) ). 
-Señor Presidente, esta trascendental directiva es el fruto directo del Libro Verde sobre seguridad del abastecimiento energético, que esta Cámara ha debatido ampliamente en fechas recientes. 
Sin duda alguna, todos somos conscientes de que el principal componente de la factura energética de la Unión lo constituyen los edificios: ventilación, refrigeración, calefacción, iluminación, etc. En este capítulo se concentra la mayor parte del gasto de energía de la Unión. 
Por tanto, todo lo que se haga en este ámbito tiene- desde este punto de vista- una especial repercusión. 
Señor Presidente, esta directiva marca el fin de la época de los voluntarismos o las recomendaciones. 
Entramos en el compromiso decidido, en las acciones vinculantes y en una voluntad firme de que este tipo de medidas sea una realidad. 
Hay tres aspectos de la directiva que no quisiera dejar de resaltar. 
El primero es la obligación, para todos los edificios de la Unión, de disponer de un certificado que los califique desde la perspectiva de la eficiencia energética. 
Este certificado tendrá, sin duda alguna, un gran valor como señal en los mercados y contribuirá de forma significativa al ahorro energético. 
El segundo es la obligación de todos los edificios nuevos de incorporar un estudio de eficiencia energética, requisito indispensable para el permiso de edificación. 
Y el tercer aspecto es la obligación, para todos aquellos edificios cuya superficie sea superior a 1.000 m2 y que sean objeto de una renovación profunda, de proceder a una mejora de su eficiencia energética. 
Hay otras acciones que se contemplan en la directiva, pero he querido resaltar estas tres porque, sin duda alguna, son las de mayor potencial. 
No escapará a sus Señorías que si- tal como algunos estudios prevén- es posible llegar en los próximos años hasta un ahorro del 20% en la factura energética de los edificios, el 20% del 40% nos acerca al 10% y esto, en términos de factura de petróleo y de emisiones de CO2, tiene una importancia que no se le escapa a nadie. 
Señor Presidente, es el momento de agradecer a los otros Grupos de la Cámara su valiosa contribución y su ayuda para que las enmiendas del Parlamento mejoren este importante texto legislativo. 
Quiero agradecer al Grupo socialista y a la Sra. Zrihen sus numerosas contribuciones y, sobre todo, quisiera destacar su interesante sugerencia relativa a la vivienda social. 
Al Grupo de los Verdes, y a la Sra. Ahern, quisiera también agradecerles vivamente su excelente interés y su colaboración, así como destacar su interesantísima aportación en lo relativo a las técnicas de refrigeración pasiva, tan importantes en aquellas partes de la Unión donde el clima es muy cálido y la refrigeración (los sistemas de aire acondicionado) empieza a ser un factor determinante. 
También quiero agradecer al Grupo liberal su énfasis en que los incentivos fiscales siempre son mejores que las sanciones. 
Como decimos en español, "se gana más lamiendo que mordiendo", y esto también es verdad en el campo económico. 
Desafortunadamente, hay dos puntos en los que no hemos podido conseguir la unanimidad de la Cámara: el primero, los plazos de aplicación de la directiva, donde hemos optado por un punto medio razonable entre unos períodos demasiado dilatados, que no la harían efectiva, o unas exigencias demasiado estrechas, que la harían inviable. 
Y el segundo, el límite de 1.000 m2, que el Grupo Verde ha querido rebajar. 
Entendemos su intención y compartimos su inquietud, pero si de verdad queremos que esta directiva vea la luz en un plazo que la haga eficaz, debemos aceptar el número que nos propone la Comisión. 
Señor Presidente, si es verdad que la política es el arte de hacer posible lo necesario, esta directiva viene a garantizar, efectivamente, que en un capítulo importantísimo del gasto energético de la Unión se va a producir en la próxima década un ahorro de gran dimensión que va a contribuir al bienestar, al progreso y a la seguridad de todos los europeos. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al ponente y colega, Sr. Vidal-Quadras por el excelente trabajo que ha hecho en esta importante Directiva. 
Como él ya ha señalado, la Unión Europea consume cada vez más energía y, por lo tanto, también importa, cada vez más productos energéticos, porque nuestra demanda supera a la capacidad que tenemos para cubrirla con recursos propios. 
Por esto es importante, en primer lugar, diversificar la procedencia de la energía, buscando nuevas fuentes energéticas, entre ellas, por supuesto, las energías renovables y, por otro lado, se plantea la necesidad de impulsar y perseguir la eficiencia energética. 
Espero que el Sr. Vidal-Quadras haya visto con buenos ojos la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, pues creo que los puntos que en ella hemos subrayado contribuyen a enriquecer alguno de los aspectos de su excelente propuesta. 
Creo que una referencia clave para aumentar la receptividad de los Estados miembros a la propuesta es que tengan en cuenta las condiciones climáticas y particulares locales. 
Otro punto en el que ha insistido la Comisión de Medio Ambiente es la homogeneización de los certificados de los edificios de los diferentes Estados miembros, lo que permitiría realizar comparaciones de la eficiencia energética alcanzada en cada uno de los edificios. 
También hemos querido precisar la definición de aquellos edificios que quedan excluidos de la aplicación de medidas de ahorro energético y, también, para no ver rechazada nuestra propuesta, hemos planteado, al igual que el Sr. Vidal-Quadras, que se acepte la propuesta de la Comisión que persigue reducir la superficie de los edificios afectados. 
Yo soy partidaria de ese planteamiento, señor Vidal, como mi Comisión, pero entiendo también su posición. 
Creo que, finalmente, veremos cuál es el resultado, y habrá que respetarlo. 
Lo importante es que la Directiva salga adelante, señor Vidal-Quadras. 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Vidal-Quadras Roca por su habitual actitud cooperativa y consensual. 
Me consta que la Sra. Zrihen, nuestra ponente socialista en la sombra, que lamentablemente no puede estar esta noche aquí presente, ha apreciado el modo en el que él ha trabajado. 
Esta directiva, que forma parte del paquete de medidas dirigidas a hacer un uso más inteligente de nuestra energía, debe extender las buenas practicas existentes en algunos Estados miembros a toda la UE, y también será muy importante para mejorar la situación en los países candidatos, dónde los edificios eficientes en el uso de energía podrían tanto ayudar considerablemente a sus economías como proteger el medio ambiente. 
Nosotros los socialistas respaldamos decididamente las enmiendas presentadas por el Sr. Vidal-Quadras Roca y otros. 
El rápido crecimiento del aire acondicionado debe ser tenido en cuenta en mayor medida, las posibilidades abiertas a los Estados miembros bajo la forma de incentivos deben ser aclaradas, y muchas de las definiciones deben ser ajustadas. 
Un comentario que la Sra. Zrihen deseaba hacer es que las definiciones sobre las superficies deben ser reexaminadas en los próximos cuatro años. 
Bien pudiera ser que esta directiva no sea lo bastante ambiciosa y que también deba ser de aplicación a superficies mucho menores. 
Le pedimos a la Comisión que esté preparada para proceder a una reducción si se evidencia tal necesidad. 
Para terminar, quisiera volver a dar las gracias al Sr. Vidal-Quadras Roca y a la Comisión. 
Como ha sido prometido por la Comisión aguardamos más directivas en este importante ámbito de la eficiencia energética, de la inteligencia energética. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar sinceramente al ponente por un trabajo bien hecho y por sus esfuerzos por lograr un consenso, que no han tenido un completo éxito en mi caso, ya que he seguido insistiendo en que debemos contemplar superficies más pequeñas que las que se ha sido posible acordar. 
Quisiera saber si la Sra. Zrihen las respaldaría a la luz de los comentarios que acaba de hacer el Grupo Socialista. 
Hay que tener esperanza, y quizá una revisión sea el mejor camino hacia delante, como ha indicado la Sra. McNally. 
Muchas de las disposiciones de esta directiva ya fueron previstas en la directiva SAVE en 1993. Ahora vamos a otorgarles efectividad. 
Como he dicho, me hubiera gustado ver aquí una mayor efectividad, pero necesitamos medidas jurídicamente vinculantes- que creo que tenemos- que inicien un proceso en el que realmente se garantice que nos ocupamos seriamente del ahorro de energía en la Unión Europea. 
En la práctica, la obligación de hacer una revisión es uno de los requisitos más importantes del informe, y por ello doy las gracias a sus Señorías. 
Señor Presidente, tengo un interés que declarar: presido el Centro Consultivo de Eficiencia Energética que opera en la zona norte de la región que represento. 
Me apresuro a decir que este es un interés técnico, que no financiero. 
Mejorar el rendimiento energético de los edificios, del modo en que sea definido, es el asunto más difícil al que me tenido que enfrentar. 
Por ello, hasta cierto punto, me solidarizo con el ponente por acometer una cuestión de esta complejidad. 
En el Reino Unido tenemos demasiadas organizaciones intentando mejorar la situación. 
A escala europea tenemos cierta confusión respecto de los objetivos. 
¿Estamos intentando ahorrar energía? 
¿Estamos intentando reducir las emisiones de CO2 o estamos intentando reducir el consumo de energía? 
Todas estas cosas no son lo mismo. 
Deberíamos centrarnos en el consumo de energía. 
Mi experiencia es que los edificios existentes constituyen la llave hacia el éxito. 
Si se contempla el sector de la vivienda, el sector más difícil es el de la vivienda de alquiler antes que el de la vivienda propia. Estamos muy lejos de resolver esa dificultad. 
En general, apoyo la propuesta de la Comisión y el informe, pero albergo algunas dudas sobre la enmienda 15. deberíamos centrarnos más en la metodología común en lugar de preocuparnos demasiado, en este momento, sobre los estándares mínimos que deben ser aplicados en toda la Comunidad. 
También tengo algunas reservas sobre la inclusión de un indicador de emisiones de CO2. 
Si se considera una casa, dependerá de cuánto gas se esté utilizando, o de cuanta electricidad. Por lo tanto no se pueden comparar muy fácilmente. 
En cualquier caso, ello constituye un paso en la dirección correcta. 
Señor Presidente, un manejo apropiado de los problemas energéticos es una de las condiciones más importantes para la construcción de la sociedad sostenible. 
El debate de hoy trata del rendimiento energético. 
El ponente ha destacado de manera digna de elogio una serie de medidas destinadas a aumentar el rendimiento energético. 
Conviene tener en cuenta tanto las grandes medidas como las pequeñas. 
Hay mucho por hacer en relación con el ahorro energético y con el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Para alcanzar los objetivos, son necesarias acciones políticas, legislación y medidas de estímulo. 
Toda la sociedad tiene que asumir su responsabilidad por estas medidas: las empresas, los individuos, las actividades privadas y las públicas, tanto en el ámbito europeo como en el nacional. 
La forma de resolver estos problemas influirá en el bienestar, pero también, en un sentido amplio, tendrá consecuencias en nuestras futuras condiciones de vida. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Vidal-Quadras Roca por su excelente trabajo en la propuesta de Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios. 
Quisiera dar las gracias a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía por sus minuciosos y ponderados debates y quisiera expresar mi satisfacción con el modo en que el debate en el Parlamento ha perfilado el enfoque de la propuesta y la ha fortalecido. 
Es probable que sea uno de los medios más importantes de cumplir el compromiso de la Unión Europea con Kyoto y de mejorar la seguridad del suministro. 
Como ha sido destacado el sector inmobiliario cubre el 40% de todo el consumo final de la UE. También tiene un gran potencial de ahorro en términos de costes y eficiencia. 
Esta propuesta puede conducir a una sustancial mejora en el rendimiento energético de los edificios, promocionando unos mejores estándares mínimos en los Estados miembros y en su normativa inmobiliaria, y exigiendo unas actualizaciones más frecuentes y una más amplia aplicación de esa normativa. Esto no sólo sería de aplicación a los edificios nuevos sino que, como se ha mencionado esta noche e incluso puede ser más importante, a muchos de los edificios existentes en el momento en que sean objeto de una renovación importante. 
Ahí es donde reside el verdadero potencial de mejora. 
La Comisión saluda el informe del Parlamento y las modificaciones propuestas que mejorarán, aclararán y fortalecerán la propuesta. 
Así lo hacen muchas de las enmiendas mejorando las definiciones técnicas y financieras, dando ejemplos concretos y definiendo con mayor exactitud el ámbito de la propuesta y su ejecución. 
Por ejemplo, las enmiendas 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 36 y 37 son enmiendas que la Comisión puede aceptar, y tantas como son, algunas de entre ellas con pequeños cambios. 
Las enmiendas 3 y 6 estimulan el uso de subvenciones e incentivos para promocionar la ejecución de la propuesta, teniendo en cuenta las implicaciones socioeconómicas, y por tanto también son aceptables. 
Las enmiendas 7 y 22, sobre la medición y facturación individual y la autorización de inspectores respectivamente, también pueden ser aceptadas si sus implicaciones financieras y jurídicas quedan más esclarecidas en el texto. 
El Sr. Adam ha mencionado la enmienda 15. 
Esta es una amplia enmienda, de la cual algunas partes son aceptables para la Comisión. 
El establecimiento de niveles de eficiencia a escala Comunitaria, sin embargo, no es aun viable. 
Las enmiendas 18 y 20 también son parcialmente aceptables, teniendo en cuenta la necesidad de permitir que los indicadores de CO2 sigan siendo opcionales. 
Las enmiendas 1, 12, 13, 16, 17, 21 y 27 no son aceptables para la Comisión por razones técnicas y de definición, incluyendo el grado de detalle o a causa de problemas afines de subsidiariedad que por ejemplo pudieran resultar del establecimiento de niveles de eficiencia a escala comunitaria. 
Debido a la naturaleza heterogénea del sector inmobiliario a causa de las diferencias climáticas, culturales y de tradición en la edificación, la subsidiariedad y la flexibilidad de los Estados miembros son importantes para la ejecución de esta directiva. 
La Comisión opina que el medio más efectivo de mejorar en los Estados miembros los requisitos de rendimiento energético es proporcionar un método que les estimule a mejorar sus propios códigos de edificación, a establecer sus propios niveles de rendimiento y a asegurar la plena aplicación y regular revisión de los mismos. 
Si bien los métodos de cálculo, multitud de normas y una serie de estándares pueden ser establecidos a escala comunitaria, el actual nivel de la eficiencia del rendimiento energético debe seguir siendo un asunto de los Estados miembros. La mayoría de las enmiendas propuestas tienen en cuenta estos principios. 
Otra cuestión importante está relacionada con el umbral para elevar el rendimiento energético de los edificios existentes cuando son objeto de una renovación importante. 
Mejorar los edificios existentes constituye una parte importante de esta propuesta. 
Para muchos Estados miembros ello representa un nuevo ámbito de esfuerzo que requerirá unos nuevos estándares de rendimiento, nuevos recursos y considerables inversiones. 
Por ello, creemos que el umbral propuesto de 1000 metros cuadrados constituye el mejor compromiso a nuestro alcance en esta etapa inicial. 
Por ultimo, en lo que respecta al periodo de transposición de esta directiva, pensamos que es importante subrayar que deberíamos evitar un innecesario largo periodo si queremos alcanzar la fecha objetivo de Kyoto, que habitualmente se fija entre 2008 y 2012. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.. 
(Se levanta la sesión a las 20.50 horas) 
Comunicación del Presidente 
La Conferencia de Presidentes ha decidido, en su reunión del 31 de enero de 2002, modificar la duración de las interrupciones del período de sesiones. 
Quisiera comunicarles que, sobre la base del apartado 4 del artículo 10 del Reglamento, se convocará una sesión plenaria en Bruselas el miércoles 20 de marzo de 2002. 
El objetivo de dicha sesión será poder conocer los resultados de la Cumbre de Barcelona. 
El Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Aznar, pronunciará una alocución. 
Informe Anual del BEI (2000) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0392/2001) de Olle Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe Anual 2000 del BEI (C5-0541/2001- 2001/2218 (COS) ). 
. (SV) Señor Presidente, agradezco la colaboración y comprensión que el Sr. Maystadt y sus colaboradores nos brindaron en la comisión. 
Esto nos ha facilitado enormemente el trabajo. 
Doy las gracias también a los colegas. 
En los últimos años se ha discutido y se ha criticado el papel del BEI. 
Especialmente se han mencionado las deficiencias respecto a los aspectos medioambientales, a la apertura y a la transparencia. 
El BEI ha entendido estas críticas y se han realizado reformas importantes. 
Por eso, señor Maystadt, le manifestamos nuestro reconocimiento, a usted y a sus colaboradores. 
El análisis de este año es, en muchos aspectos, un seguimiento del arduo trabajo que el Sr. Lipietz realizó el año pasado. 
Hoy se repiten algunos de los criterios que se manifestaron en esa ocasión. 
Como es sabido, el asunto más importante para la UE es la ampliación. 
Ella implica cambios enormes que constituyen un reto, tanto para los países candidatos como para los actuales países miembros. 
En la actualidad, la mayoría de los préstamos se otorgan a diferentes tipos de proyectos regionales de desarrollo en el ámbito comunitario. 
Esta circunstancia se ajusta al reglamento del BEI, pero la futura ampliación hace necesario cambiar este sistema de distribución de los recursos. 
La proporción de préstamos que se destinen a los futuros Estados miembros debe aumentar. 
La solidaridad de la UE debe comprender también a los países que, aunque no pertenecen a ella, han recibido préstamos del BEI. 
En la sociedad de la información, el crecimiento económico y el bienestar no sólo se asocian con la construcción de nuevas carreteras y con la creación de nuevas industrias, sino que también con la formación, la innovación, las nuevas técnicas, el comercio electrónico y el fortalecimiento de otros sectores intensivos en conocimientos. 
A mi juicio, esto debe reflejarse en mayor medida en las actividades del BEI. 
Conviene que el BEI continúe ayudando a las empresas pequeñas y medianas. 
En este campo hay claras posibilidades de crecimiento. 
El BEI debe ser más activo a la hora de informar sobre las posibilidades de acceder a préstamos. 
Como se ha dicho, el BEI ha pasado de ser una institución bastante cerrada a comenzar a cambiar su actitud hacia la información y la apertura. 
Es importante que se relacione en el ámbito local y regional con los representantes de elección popular. 
Es allí donde mejor se conocen los proyectos. 
Se ha mejorado el contacto con las organizaciones no gubernamentales. 
La página web del Banco también ha experimentado mejoras. 
El BEI ha publicado una lista de los proyectos que están en etapa de planificación. 
Sería conveniente, a mi juicio, que todos los documentos públicos del departamento de evaluaciones fuesen accesibles por medio de Internet. 
Actualmente, las actividades del Banco son controladas por su Consejo, es decir, por los quince Ministros de Finanzas, pero faltan controles por parte de una autoridad competente. 
La comisión ha discutido la posibilidad de encargar al Banco Central Europeo el control del BEI, ya que, según el Tratado, el Consejo puede asignar al BCE funciones de control. 
Si el Consejo no quisiera asignar al BCE esta función, la próxima Conferencia Intergubernamental se debería pronunciar al respecto. 
Para mejorar las rendiciones de cuentas del BEI, la comisión propone que el Comité externo de auditorías envíe sus resultados al Parlamento Europeo y al Consejo del BEI. 
Cabe mencionar que el BEI ha demostrado su voluntad de colaborar más estrechamente con la OLAF. 
El medio ambiente es el tema que más interesa a las organizaciones independientes. 
En el informe del año pasado del Sr. Lipietz también se le dedicó gran atención. 
Creo que el BEI es hoy más consciente sobre este tipo de asuntos y que el apoyo del Banco a proyectos medioambientales ha aumentado considerablemente. 
Otro aspecto fundamental es la capacidad del BEI para evaluar correctamente los problemas medioambientales. 
En la actualidad hay sólo una persona en el BEI que se encarga de coordinar los asuntos medioambientales, en tanto que los grupos que trabajan en los proyectos están compuestos de ingenieros y economistas que han recibido una formación complementaria en materias medioambientales. 
Es necesario contratar a más expertos que hagan más confiables los estudios de las consecuencias medioambientales. 
Como se ha visto, las exigencias que se hacen al BEI son numerosas. 
Para satisfacer todas esas demandas deberá aumentar su capital. 
Los Estados miembros tendrán que estudiar más detalladamente la relación entre el capital propio y el ajeno, para incluir las reservas del BEI, en concordancia con lo que hacen los bancos comerciales para solventar los riesgos de gran magnitud. 
Señor Presidente, permítame dar la bienvenida al Comisario a la Asamblea. 
Finalmente quisiera comentar las enmiendas. 
Doy mi apoyo a las enmiendas 1, 3, 4 y 6 del señor Lipietz y otros. 
Estas enmiendas no cambian el contenido del informe sino que destacan los aspectos medioambientales y los relacionados con la apertura y la transparencia. 
Sin embargo, no respaldo la enmienda 2, ya que, a mi juicio, va demasiado lejos. 
La enmienda 5 sólo podría aceptarla como un complemento del punto 30. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al ponente, mi colega sueco Olle Schmidt, por este excelente informe. 
En él se destacan los sectores más importantes para el desarrollo futuro de Europa, que el BEI tiene la enorme responsabilidad de fomentar en el marco de sus competencias. 
También encontramos en este informe las demandas que debe hacer el Parlamento al BEI como instituto financiero de Europa. 
Por eso me gustaría limitarme a destacar algunos de los aspectos que considero más relevantes. 
Me refiero a los países candidatos, a las prioridades asignadas a los proyectos, a las pequeñas y medianas empresas y a los controles del BEI. 
En relación con los países candidatos, es extraordinariamente importante que aumente su parte en la suma total de préstamos, que asciende a la cantidad de 36 mil millones de euros. 
En el año 2000 recibieron un total de dos mil novecientos millones de euros. 
Habida cuenta de la próxima reunificación de la familia europea, esta proporción tendrá que aumentar para alcanzar los objetivos fijados en la Cumbre de Lisboa. 
Es conveniente que cuando se asigne prioridad a los proyectos, se considere la competitividad de Europa y, consecuentemente, se dé primacía a las infraestructuras. 
Esto vale tanto para las comunicaciones en un sentido tradicional- las carreteras, las vías de acceso y el fomento a sistemas de transportes de mercancías y de personas que sean eficaces en relación con sus costes- como para las telecomunicaciones, esto es, las tecnologías de la información, el comercio electrónico, el fomento de nuevas tecnologías y una mejor formación profesional. 
Actualmente, más del 60 por ciento de los puestos de trabajo en la UE se encuentran en las pequeñas y medianas empresas. 
Posiblemente esta proporción aumentará en la Unión después de la ampliación. 
El 99 por ciento de los 18 millones de empresas existentes en la Unión son pequeñas y medianas, que dan trabajo al 66 por ciento de los trabajadores. 
Más del 90 por ciento de esas empresas tienen menos de diez empleados. 
Para que las actuales empresas pequeñas y medianas, y también muchas empresas nuevas, puedan crecer y desarrollarse, o convertirse simplemente en grandes empresas, será necesario reforzar los esfuerzos en materias de información, de participación en proyectos y de acceso a los capitales dispuestos a asumir riesgos. 
El ponente ha propuesto que se inste a la Comisión para que otorgue al BCE facultades para controlar al BEI. 
Me parece bien. 
El Banco no tiene arraigo nacional y, por ese motivo, puede compararse con un banco comercial privado. 
Por eso, el BCE es una instancia superior adecuada, en tanto se crea una institución europea de inspección financiera. 
Para cumplir con los objetivos fijados en la Cumbre de Lisboa habrá que dar prioridad a los proyectos destinados al crecimiento económico, al desarrollo, al aumento del empleo, a la ampliación europea y que fomenten el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. 
Por todo lo dicho, hay que dar prioridad a la competitividad y a la vitalidad. 
Deben aumentar las exigencias relativas a la información y evaluación de proyectos y conviene subrayar la importancia de que las auditorias y las revisiones sean realizadas por personas cualificadas profesionalmente. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar la bienvenida al Presidente del Banco Europeo de Inversiones, el Sr. Maystadt. 
Hace un año, coincidiendo también con el mes de febrero, manifesté mi esperanza de que convirtiéramos el debate del informe anual de este Parlamento en una tradición anual y eso es precisamente lo que estamos haciendo en esta ocasión. 
Hemos tardado en poder incorporar el informe al orden del día, considerando que ya lo habíamos cerrado en noviembre, pero es conveniente mantener esta tradición en pie. 
Por otra parte, tengo entendido que el próximo jueves tiene intención de presentar los planes para el futuro y el informe anual del 2001 a la prensa y al Consejo. 
El año pasado nos reunimos justo después de dicha presentación y este año estamos aquí justo antes, por lo que espero que pueda desvelarnos parte y proporcionarnos algunos datos acerca de los planes para el futuro. 
Antes de entrar en materia, quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, el Sr. Schmidt, por su informe y la colaboración positiva en la tramitación de las enmiendas presentadas por nosotros y por los demás grupos. 
En mi opinión, se ha tratado de una colaboración muy productiva. 
En este sentido, quisiera tratar una serie de cuestiones que también se incluyeron en el informe anual del pasado año para constatar con satisfacción que se ha prestado atención a dichas cuestiones y que, efectivamente, se recogen en el Programa Estratégico Operativo presentado por ustedes este año. 
Quisiera centrarme en algunas de dichas cuestiones. 
No me explayaré en el resto de los puntos porque ya ha habido otras personas que lo han hecho. 
En lo que respecta al medio ambiente, los Verdes y otros grupos dirán lo que crean conveniente. 
Obviamente, respaldamos esto, al igual que las enmiendas presentadas, aunque, coincidiendo con el Sr. Schmidt, no deseamos sustituir el apartado 30 en lo que respecta al equilibrio entre el medio ambiente y otros objetivos. 
Queremos mantenerlo como está y aceptar la enmienda correspondiente únicamente como complemento. 
También se ha hablado acerca de la transparencia y de las evaluaciones, mientras que la cuestión referida a las PYMES ha sido traída a colación por la Sra. Grönfeld. 
No obstante, quisiera tratar brevemente el tema de la supervisión. 
El año pasado mantuvimos un amplio debate acerca de este tema y, como habrán podido observar, este año se ha destacado en el informe la conveniencia de que el Banco Central Europeo desempeñe un papel en dicha labor de supervisión. 
Quizás hayan leído el Financial Times del 29 de enero y hayan caído en la cuenta de que en círculos del BCE también se plantea seriamente esta cuestión. 
Este tema se puso claramente de manifiesto durante un almuerzo con el presidente de la FSA, la autoridad financiera británica, y recuerdo que también se ha tratado durante algún almuerzo con el Sr. Duisenberg y sus compañeros. 
Tengo la impresión de que, aunque el Banco mantiene ciertamente una actitud positiva al respecto, presenta ciertas reservas razonables debido a la falta de preparación para tal fin. 
Quisiera abogar por que en este Parlamento, aunque también en el Consejo y en la Comisión, se mantuviera un debate más amplio en torno a dicha supervisión financiera. 
Tengo la impresión de que esta cuestión se está tratando en este momento de forma un tanto dispersa en los diferentes informes. 
Es importante que también se definan las grandes líneas de este tema. 
Quizás esta labor se pueda realizar alguna vez en el marco de un debate más coherente. 
En cuanto al BEI, creo que la cuestión principal no es el control del comportamiento. 
En este sentido, se ha llegado a una serie de acuerdos y ya se está llevando a la práctica la labor de supervisión en relación con varios aspectos. 
Se trata sobre todo de la supervisión en el plano económico-empresarial. 
La ventaja de este enfoque sería que con los recursos financieros existentes en el Banco y con las reservas disponibles se podría hacer mucho más, además de emprender un mayor número de actuaciones de riesgo de las que se emprenden en la actualidad, siempre y cuando la supervisión sea adecuada. 
Esto me lleva a otra cuestión que cobrará importancia de cara al futuro y me estoy refiriendo a la ampliación de capital del Banco. 
Me imagino que los supervisores, los ministros de economía y finanzas, tratarán esta cuestión a lo largo de su próxima reunión en junio. 
Habrán podido observar en el apartado 33 de nuestro informe que somos partidarios de dicha ampliación de capital. 
Ésta deberá comenzar a aplicarse a partir de 2003 y ocupar un lugar destacado durante la ampliación. 
El criterio que debe primarse es- y quisiera dejar constancia de ello aunque fuera al margen- que debe tratarse de un valor añadido de los préstamos del BEI. 
El BEI no debe encargarse de lo que se puede llevar a cabo en el mercado y considero que es importante que se actúe con transparencia. 
Lamentablemente, no puedo terminar de decir todo lo que quería, aunque lo haré más adelante. 
Mi colega Olle Schmidt, que es el ponente, ya ha expuesto la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos sobre el informe anual del BEI y ha presentado las propuestas que, según nuestra comisión mejorarían su funcionamiento y también la necesidad de dotarle de mayores recursos para hacer frente a sus compromisos. 
Yo querría llamar la atención sobre un punto muy específico y muy actual. 
En Laeken se acordó que el BEI realizaría un estudio para crear un instrumento o institución financiera que asegure que en la cooperación entre la Unión Europea y los países terceros del Mediterráneo, el nivel de utilización de los recursos responda a la eficacia y a las posibilidades de desarrollo de cooperación que requiere la situación. 
Sabemos que en el Mediterráneo, a medio plazo, se pueden plantear conflictos muy serios con la propia Unión Europea, que para asegurar nuestra propia paz y estabilidad en el futuro es preciso reforzar esta cooperación y asegurar una mejor aplicación de unos recursos que, según la experiencia del primer programa MEDA, sólo han sido del 30%. 
Por ello, esta iniciativa acordada en Laeken, de presentar una propuesta o unas alternativas para aumentar el nivel de aplicación, nos parece absolutamente clave y urgente. 
La actual Presidencia del Consejo también ha considerado como urgente y prioritario el tema de la cooperación con el Mediterráneo y nosotros apoyamos esta iniciativa de manera muy decidida. 
Señor Presidente, la iniciativa de resolución del Parlamento sobre el informe anual del Banco Europeo de Inversiones fue adoptada por el Grupo Verts/ALE con el señor Lipietz como ponente, tal como lo señaló Olle Schmidt. 
Creo que es necesario que el Parlamento Europeo se manifieste sobre las actividades del BEI, ya que éste no sólo es un banco sino también una institución de la UE, que financia grandes proyectos y que utiliza recursos comunitarios para ejercer su influencia. 
Se ha criticado al BEI por haber olvidado los aspectos medioambientales y por su insuficiente apertura y transparencia. 
Olle Schmidt mencionó también, como respuesta a las críticas, que el BEI en el último tiempo ha realizado reformas en su política. 
Espero que el BEI continúe con el mismo espíritu. 
Quiero felicitar al ponente por este excelente informe que se ocupa de materias muy importantes. 
Entre ellas, cabe destacar que los préstamos a los países miembros deben aumentar y que las evaluaciones deben ser más accesibles para los ciudadanos. 
Además, para conseguir mayor apertura y transparencia, se propone que se refuerce el diálogo entre las partes del mercado laboral, los políticos, las organizaciones no gubernamentales, etcétera. 
Sin embargo, el informe pudo haber sido más duro en relación con los temas medioambientales. 
El Grupo Verts/ALE ha presentado seis enmiendas que se ocupan de los aspectos medioambientales y de la transparencia. 
La condición para respaldar un aumento del capital del BEI es que los proyectos conduzcan al desarrollo sostenible. 
Habrá que fijar también indicadores de prestaciones para que el BEI pueda ser medido y evaluado correctamente. 
Me satisface que el ponente haya manifestado su respaldo a la mayoría de nuestras enmiendas. 
También, coincidiendo con los deseos de Olle Schmidt, apoyo la enmienda 5 como un complemento al punto 30. 
Por el contrario, sería lamentable que la enmienda 2 no fuese aprobada. 
Para que los ciudadanos puedan seguir el desarrollo de los asuntos, tendrán que existir textos en las lenguas nacionales. 
Insto a los diputados para que voten a favor de esta enmienda. 
Señor Presidente, podría decirse que el Banco Europeo de Inversiones es una de las autoridades desconocidas de la Unión Europea. 
Con unos préstamos que ascienden a 36 mil millones de euros en el año 2000 y con una acumulación de capital de 100 mil millones de euros, este Banco tiene mucho poder. 
A pesar de esa capacidad, se le ha debatido muy poco. 
Éste es el segundo año que discutimos su informe anual en el Parlamento. 
Sin embargo, tal vez lo más sorprendente sean las escasa discusiones que tienen lugar en los países miembros y en sus parlamentos, que creo que, en muchos casos, no son conscientes de las actividades de este Banco. 
Esto puede compararse con el Banco Mundial, que ha sido estudiado minuciosamente, o con el Banco Europeo de Desarrollo, que también ha sido objeto de revisiones diferentes a las que se somete al BEI. 
Se ha criticado al BEI especialmente en dos materias. 
En primer lugar, se le ha criticado por haber apoyado numerosos proyectos que han agravado los problemas medioambientales y por deficiencias en los estudios de las consecuencias medioambientales. 
En segundo lugar, se ha criticado al BEI por su escasa transparencia y voluntad de diálogo, por ejemplo, con los movimientos medioambientales de los diferentes países. 
A mi juicio estas críticas han sido justificadas. 
Si se comparan, por ejemplo, los estudios sobre consecuencias medioambientales del BEI con los del Banco Mundial, y cómo los publican, se observa claramente que, en este aspecto, este último es mucho mejor. 
No todos los días tenemos oportunidad de elogiar al Banco Mundial desde la izquierda, pero esta vez lo hacemos. 
Desde hace algunos años el BEI viene demostrando una actitud de mayor apertura, que es muy necesaria. 
Sin embargo, lo importante es que esta actitud positiva sea seguida de medidas concretas. 
Olle Schmidt menciona en su informe algunas medidas con las que estoy de acuerdo, como la necesidad de aumentar los recursos- por ejemplo, más personal que trabaje en los temas relacionados con el medio ambiente y con la transparencia- pero hay que ir aún más lejos. 
Opino que deberían publicarse los estudios de las consecuencias medioambientales antes de adoptar decisiones. 
Estos análisis, exigidos por la UE, también deberían realizarse cuando se otorguen créditos a proyectos fuera de la Unión Europea y tendrían que ser traducidos a las lenguas nacionales de los países que han recibido los préstamos. 
El Banco Europeo de Inversiones también debería seguir la Convención de Aarhus, que implica un compromiso de mayor apertura hacia los movimientos medioambientales. 
Esto significaría un gran avance. 
El BEI también debería contar con una mejor política en relación el desarrollo, es decir, el desarrollo en el Tercer Mundo, ya que las actividades del Banco aumentan en esos países. 
La Cumbre de Gotemburgo encargó al BEI la tarea de respaldar el desarrollo sostenible y de invertir en proyectos relacionados con el clima. 
Esto debería tener importantes consecuencias a la hora de apoyar proyectos en el ámbito de los transportes y la energía. 
Esto tendría que conllevar un cambio de orientación del Banco, cosa que probablemente ocurrirá. 
Opino que las reformas deben ser una condición para aumentar el capital del Banco. 
Sólo si el Banco se compromete a realizar estas reformas se podrá aceptar el aumento de capital. 
Me opongo a la idea de facultar al Banco Central Europeo para que ejerza controles. 
La estructura de este Banco es genuinamente antidemocrática y no debe tener esta clase de facultades. 
Señor Presidente, es correcto e importante que destaquemos permanentemente la importancia de las PYMES para la economía europea. 
Las PYMES garantizan el crecimiento y el empleo en Europa. 
Por ello, es también correcto e importante que el BEI intensifique y prosiga el apoyo a las PYMES para el desarrollo de la Unión Europea. 
La mitad de los préstamos globales, aproximadamente 5.700 millones de euros, se empleó también en el año 2000. 
Esta suma se debería aumentar y seguirse asegurando para ponerse a disposición. 
No deben finalizar las medidas de apoyo. 
Asimismo, es importante que se ponga a disposición de estas empresas más capital de riesgo, lo que saludo mucho personalmente. 
Hay que tomar también en serio los puntos de crítica mostrados en el informe. 
No puede ser que el BEI exponga sus actividades en su "homepage" de Internet sólo en dos o tres idiomas. 
Con ello, el BEI limita su propia importancia. 
Señor Presidente, señor Presidente Maystadt, es inimaginable que se excluya al Banco Europeo de Inversiones en el proceso de Lisboa. 
El fomento de las PYMES y del empresariado como fuente de empleo gana en importancia pues la financiación ajena a través de entidades no bancarias es más cara y la financiación bancaria es cada vez más difícil para las pequeñas y medianas empresas. 
Creo que es un balance excelente el que puede presentar el Banco Europeo de Inversiones desde el año 1968, tanto en lo referente a los créditos como al enfoque de la ayuda concedida a proyectos. 
Tengo que decir que la integración del BEI y del FEI bajo un mismo techo que se logró imponer en el proceso de Lisboa, conduce a optimizar las actividades del Banco Europeo de Inversiones. 
Por ello, ruego a aquellos que quieren que se cree un segundo banco que hagan uso de la competencia y personal cualificado de que dispone el Banco Europeo de Inversiones y que los utilicen para optimizar los resultados. 
Por ello estoy en contra de la fundación de un segundo banco. 
Sin duda, también sería de interés para los Estados de la Europa Central y Oriental si las actividades del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo y las del Banco Europeo de Inversiones se coordinasen aún más eficientemente entre si. 
Por ello, estoy a favor de mejorar aún más la calidad y la actividad financiera del Banco Europeo de Inversiones e impulsarlas en la cumbre europea de Madrid, también en base al informe de síntesis de la Unión Europea. 
Sin duda, hay que prestar atención- sobre lo que han llamado la atención ya las y los colegas así como el informe del Sr. Schmidt- para que los créditos para las pequeñas y medianas empresas se empleen óptimamente. 
En este aspecto, sin duda nos preocupa que quizás cada vez menos bancos pequeños y medianos estén a disposición de institutos financieros con los que el Banco Europeo de Inversiones pueda llevar a cabo sus operaciones crediticias. 
Por ello, es muy satisfactorio que haya una red del Banco Europeo de Inversiones con 130 intermediarios activos y que haya comenzado ahora de nuevo una actividad satisfactoria en Italia. 
Debemos tener en cuenta que lo fundamental es que las pequeñas y medianas empresas puedan tener un acceso real al capital circulante sobre todo en el ámbito local así como también a la financiación del capital de riesgo. 
Por ello, señor Maystadt, también es importante que se presente una valoración sobre qué efectos se han logrado realmente sobre el crecimiento y el empleo en el ámbito local y regional con esta actividad del Banco Europeo de Inversiones. 
A la postre, uno de sus puntos centrales es el desarrollo regional. 
Sabemos que la totalidad de la Unión Europea se beneficia también cuando en el ámbito regional se hace realidad la cohesión económica y social. 
Tiene que llevarse a cabo esta valoración y en el futuro debería realizarse antes de las cumbres de primavera para que así se pueda utilizar aún mejor el abanico de instrumentos del Banco Europeo de Inversiones. 
Señor Presidente, un ruego aún para finalizar. 
Todas las instituciones están vinculadas al mandato del gender mainstreaming. 
He comprobado que en el Banco Europeo de Inversiones se han realizado progresos en las colocaciones. 
Sin embargo, en la dirección solamente hay una mujer. 
Los Estados miembros deben conceder a las mujeres también la posibilidad y oportunidad de influir en el trabajo del Banco de Inversiones. 
Asimismo constato que en el nivel de los funcionarios administrativos de mayor rango solamente hay una mujer entre doce personas. 
. Señor Presidente, rápidamente haré algunos comentarios que me ha sugerido el debate. 
En primer lugar, quiero agradecer al Parlamento la iniciativa de un debate sobre las actividades anuales del Banco Europeo de Inversiones. 
Ustedes conocen y alguno lo ha destacado, el importante papel del Banco en la canalización del ahorro hacia la inversión en sectores clave de la Unión Europea y también externos a la misma. 
Han destacado el objetivo fundamental del Banco de contribuir a nuestras finalidades en estrecha colaboración con la Comisión. 
El Banco ha puesto ya en marcha las iniciativas de Lisboa. 
La Iniciativa 2000 ya está plenamente operativa y sigue incrementando su actuación en la financiación de pequeñas y medianas empresas. 
El Presidente Maystadt hará algún comentario posterior, pero me gustaría felicitar al Banco por el buen trabajo que se está realizando en este sector concreto y, sobre todo, por la transformación que se ha producido al prestar mayor atención al capital riesgo. 
En ese sentido, el Fondo Europeo de Inversiones se está convirtiendo en una importante institución comunitaria el capital riesgo como complemento de las fuerzas de mercado que rigen la oferta y la demanda. 
Algunos de ustedes han sugerido la necesidad de que el Banco preste mayor atención a los elementos medioambientales. 
Creo que debemos ser conscientes de que cada institución tiene su propia función y la función del Banco es básicamente financiera. 
Por supuesto, las cuestiones de medio ambiente son fundamentales, pero cada institución debe desempeñar el papel que le corresponde. 
Me gustaría hacer dos comentarios adicionales. 
El primero, se refiere a la extensión del Banco a otras zonas. 
Yo creo que en el punto séptimo del informe se menciona este asunto. 
Sin embargo, no debemos olvidar la ampliación de las actuaciones del Banco en los últimos años. 
Basta recordar que en el año 2000 se incluyó en la dotación PECO a Croacia y así como la opción especial para la Unión Aduanera con Turquía, y que en noviembre de 2001 se incluyó a la República Federal de Yugoslavia. 
Alguno de ustedes ha expresado su preocupación respecto de la supervisión prudencial de la actividades del Banco. 
Es cierto que los estatutos del Banco Central Europeo abren esta posibilidad, pero también es cierto que éste no tiene autoridad alguna. 
Incluso si la tuviera, tendríamos que plantearnos la cuestión de si la idea de una supervisión del Banco Europeo de Inversiones es consistente. 
El Banco Europeo de Inversiones no es un banco comercial, es un banco multilateral propiedad de los Estados miembros y establecido como institución comunitaria por el Tratado. 
Por tanto, en mi opinión, plantea dudas la corrección de una supervisión adicional a una institución comunitaria por parte de otra institución comunitaria. 
Sobre todo teniendo en cuenta que hoy disponemos ya de un sistema claro de control del Banco a través de la auditoría que se está produciendo, que informa directamente al Consejo y al Gobierno y está asistida por auditores externos. 
Por otra parte, ustedes saben también que el Tribunal de Cuentas ya lleva a cabo inspecciones sobre sus actividades cuando implican financiación de la Unión Europea. 
Por lo tanto, creo que este tema merece un análisis más profundo. 
No consideramos que haya que crear otras funciones o instituciones de supervisión. 
Por último, respecto al tema de Barcelona y la posibilidad de financiación de la cooperación con el Mediterráneo planteada por el Sr. Gasòliba, el Presidente Maystadt le comentará las actuaciones del Banco Europeo de Inversiones. 
Simplemente le diré que la Comisión está trabajando sobre el mandato de Laeken para disponer de un informe tan pronto como sea posible. 
A todos nos gustaría que estuviera terminado para Barcelona, pero lógicamente tendremos que seguir los trámites normales previstos. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, permítanme de entrada expresarles el gran honor que supone para mí tener, por segunda vez, la oportunidad de responder a las preguntas de su Asamblea, cumpliendo el deseo de la Sra. van den Burg; esto podría convertirse en una tradición anual. 
Efectivamente, aunque el Banco Europeo de Inversiones no tiene formalmente la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, creo que, en una democracia, es normal que todas las instituciones públicas, incluyendo a las instituciones financieras, deban responder a las interpelaciones y tener en cuenta las prioridades establecidas por los representantes electos de los ciudadanos. 
Por tanto, será un gran placer para mí intentar responder a las preguntas que se han planteado, aunque soy consciente de que, en cinco minutos, es evidente que no se puede dar una respuesta con profundidad; pero tendremos ocasión de continuar con el diálogo, sobre todo en el seno de la Comisión Económica y Monetaria, bajo la dinámica presidencia de la Sra. Randzio-Plath y sobre la base del excelente informe del Sr. Olle Schmidt. 
Hoy, me gustaría limitarme a dar algunos elementos para responder a cuatro categorías de preguntas. En primer lugar, las que se refieren a actividades del BEI; en segundo término, las cuestiones relativas al control; en tercer lugar, las preguntas que afectan a la política de información y a la transparencia; para finalizar, en cuarto lugar, mencionaré brevemente la igualdad de oportunidades, un asunto que le preocupa especialmente a la Sra. Randzio-Plath. 
De entrada, en cuanto a las actividades del BEI, la Sra. Randzio-Plath ha recordado, con toda la razón, que el desarrollo de las regiones es el primer objetivo del Banco Europeo de Inversiones. 
En colaboración con el equipo del Comisario Barnier, hemos puesto a punto una batería de indicadores, e intentamos evaluar más sistemáticamente el impacto de los proyectos que financiamos sobre el desarrollo de las regiones. 
Se ha mencionado igualmente- y el ponente, Sr. Olle Schmidt, ha insistido en ello, con toda la razón- la creciente importancia de las actividades del BEI en los países candidatos a la adhesión. 
La ampliación es un reto importantísimo para todos nosotros, para los que ya están en la Unión Europea y para los que se van a incorporar a ella. 
Es evidente que el Banco Europeo de Inversiones debe intensificar sus operaciones en estos países para ayudarles a cumplir lo antes posible los requisitos para la adhesión. 
A fecha de hoy, el BEI tiene ya una cartera de más de dieciséis mil millones de euros, invertidos principalmente en infraestructuras (infraestructuras de transporte, de comunicación y energéticas) , pero también en medio ambiente y, cada vez más, destinados directamente a potenciar el sector privado. 
En cuanto al medio ambiente, otro de los ámbitos al que su ponente ha dedicado especial atención, al igual que varias de las personas que han intervenido, creo que debe ser tratado bajo dos puntos de vista. 
El primero de ellos es el del volumen de los proyectos medioambientales que financiamos, de los proyectos que contribuyen directamente a la protección o a la mejora del medio ambiente. 
Puedo darles en primicia las cifras que haré públicas el próximo jueves. 
El año pasado, financiamos proyectos medioambientales por valor de seis mil millones a través de préstamos individuales, y por valor de dos mil millones a través de lo que llamamos préstamos globales, es decir, préstamos a bancos intermediarios, que a su vez conceden préstamos a colectividades locales. 
Por tanto, seis mil millones de euros para proyectos medioambientales en la Unión Europea y quinientos millones en los países candidatos. 
Lo cual significa que, en la actualidad, estamos destinando directamente alrededor de la quinta parte de nuestros préstamos a la mejora del medio ambiente. 
Este es un primer aspecto, pero evidentemente, existe un segundo elemento, y su comisión le ha prestado, con justicia, una gran atención: los demás proyectos, los que no están directamente destinados a mejorar el medio ambiente, deben a su vez tener también en cuenta el impacto sobre el medio ambiente. 
En consecuencia, tenemos que crear medios que permitan evaluar más sistemáticamente el impacto de estos proyectos sobre el medio ambiente. 
Este es el motivo por el cual, siguiendo una sugerencia reflejada en el informe del año anterior, redactado por el Sr. Lipietz, hemos modificado nuestra organización interna, y hemos constituido, en el seno de la dirección de los proyectos, una unidad medioambiental, cuya misión es precisamente verificar que los aspectos medioambientales se han tenido efectivamente en cuenta en el análisis de los proyectos. 
Y, por descontado, queremos mejorar todavía más nuestro medios en este sentido. 
Siguiendo con las actividades del BEI, hay que mencionar al Mediterráneo. 
Sin entrar en detalles, quiero decir simplemente que hemos tomado nota de los objetivos anunciados por la Presidencia española, y que el BEI está a disposición del Consejo y de la Comisión si, dada la importancia de nuestras actividades en el Mediterráneo, se considera que el BEI puede aportar una contribución a la consecución de estos objetivos. 
Finalmente, merece mi mayor interés la preocupación expresada por varios de ustedes, en concreto por el Sr. Olle Schmidt y por la Sra. Randzio-Plath, en cuanto al apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 
Puedo decir que, efectivamente, seguimos aportando nuestro respaldo no solamente a través de los préstamos globales, sino también por medio del Fondo Europeo de Inversiones, que, el pasado año, aportó a las pequeñas y medianas empresas capital-riesgo por un valor total de 800 millones de euros. 
En cuanto al control, cabe recordar, tal y como lo ha subrayado el Comisario Solbes, que el BEI ya está controlado por distintas vías. 
Diré simplemente que nos esforzamos en aplicar las normas prudenciales del sector bancario. 
Si se considerase deseable añadir el control de un organismo especializado en supervisión bancaria, el BEI no tendría, evidentemente, inconveniente alguno. 
Estaríamos encantados de que una autoridad exterior especializada en supervisión bancaria verificara que aplicamos correctamente las normas prudenciales. 
Pasando a la política de información y de transparencia, en primer lugar, publicamos últimamente todos nuestros documentos estratégicos; en segundo lugar, publicamos una memoria de nuestros métodos de evaluación; en tercer lugar, publicamos, salvo raras excepciones, la lista de todos los proyectos que están siendo examinados, para que el público pueda reaccionar y hacer comentarios al respecto; en cuarto lugar, últimamente publicamos íntegramente todos los informes de evaluación realizados por la unidad independiente de evaluación a posteriori que se creó hace algunos años. 
Para terminar, muy brevemente, unas palabras sobre la igualdad de oportunidades. 
En repetidas ocasiones, la Sra. Randzio-Plath ha subrayado la existencia de un desequilibrio indiscutible en el equipo del Banco. 
Sigue habiendo una única mujer en el Comité de Dirección. 
Lo lamento, pero eso depende de los Estados miembros. 
En cuanto al cuadro directivo propiamente dicho, puedo decirles que acabamos de acordar, el año pasado, la nominación de cuatro mujeres en el equipo senior, lo cual es, por tanto, un principio de re-equilibrio. 
Para concluir, señor Presidente, nuestra voluntad es la de conseguir que el BEI siga siendo una institución al servicio de la Unión Europea, lo cual implica necesariamente reforzar la cooperación con la Comisión y seguir dialogando con el Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Legislación en el marco de los servicios financieros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0011/2002) de Karl von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la aplicación de la legislación en el marco de los servicios financieros (2001/2247 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, estimados colegas, hoy estamos siendo testigos de un debate extraordinariamente importante. 
Es importante para los bancos, los seguros y los fondos de inversiones, pues en este debate se va a ver claramente que proseguimos sin pausa en el camino hacia un mercado común de prestaciones financieras. 
Pero el debate es también importante para los ciudadanos de la Unión Europea pues eliminamos obstáculos del camino para la competencia transfronteriza en el campo de las prestaciones financieras, en la concesión de créditos y en la negociación de contratos de seguros. 
Esta competencia fortalece la posición del ciudadano y nuestra competitividad europea. 
¿De qué se trata en este debate? 
Alexandre Lamfalussy ha realizado propuestas con su grupo de sabios sobre cómo se puede acelerar el gran paquete legislativo que es necesario para hacer realidad este mercado común de prestaciones financieras. 
Ha realizado la acertada propuesta de que el legislador, es decir, el Parlamento y el Consejo, se limiten a las normas esenciales mientras que la letra pequeña, las disposiciones ejecutivas, deberían dejarse a la Comisión en cooperación con especialistas. 
Esta es una propuesta muy buena. 
¿Dónde radica el problema? 
El problema consiste en que como diputados siempre hemos visto que vienen a nosotros ciudadanos y empresas con quejas sobre la burocracia de la Unión Europea. 
Y estas quejas no se refieren a la ley, la directiva o reglamento en que hemos participado sino a las disposiciones ejecutivas. 
Por ello, hemos insistido como Parlamento Europeo en que podamos ejercer junto con el Consejo también una especie de control final sobre si las disposiciones ejecutivas que se aprueben después corresponden realmente a lo establecido por el legislador. 
¿Qué hemos logrado en las negociaciones con la Comisión y el Consejo? 
Quiero expresar aquí al Sr. Presidente de la Comisión Prodi mi agradecimiento por su declaración así como también al Sr. Comisario Bolkenstein, John Mogg y otros muchos así como a la Secretaría de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Tengo que decirles que los debates de los juristas en este campo me han recordado a veces los debates mantenidos en la antigua Bizancio sobre el sexo de los ángeles. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que me han ayudado a encontrar un camino razonable para salir de tal laberinto. 
Primero, transparencia. 
Esto es importante, pues se nos informa sobre todo lo que ocurre en la Comisión. 
También podemos ver anteproyectos. 
En segundo lugar, la limitación temporal del mandato a cuatro años. 
Al cabo de cuatro años, el mandato debe ser renovado por el Parlamento y el Consejo. 
Además hemos logrado un control final. 
A este respecto, ha sido extraordinariamente importante la declaración del Presidente Prodi. 
Para este control final disponemos al igual que el Consejo, de tres meses. 
Existe pues una equiparación con el Consejo. 
El Presidente Prodi ha hablado también de paridad y de equivalencia y de un aseguramiento adicional. 
En tercer lugar, debemos ser conscientes de las correlaciones reales de fuerzas. 
Nos encontramos ante un gran número de actos legislativos que hay que decretar. 
En cada ocasión, el Parlamento junto con el Consejo tiene que conceder a la Comisión un mandato y si la Comisión no tuviese aquí en cuenta los intereses legítimos y objeciones del Parlamento Europeo debería temer que en el siguiente acto legislativo no obtuviese ya ese mandato. 
Esto significa que como Parlamento Europeo tenemos en cualquier caso en este contexto una posición muy fuerte, por lo que soy de la opinión de que en base a este contexto y a la declaración del Presidente Prodi, existe la equivalencia que hemos exigido. 
Especialmente importante me parece también el comité de participantes en el mercado que se ha aprobado aquí. 
Supone un primer paso hacia una legislación más moderna en la Unión Europea. 
Tenemos que lograr que en la legislación se diferencie de modo claro, tal como ha propuesto Alexandre Lamfalussy, entre las normas que realizan el Parlamento y el Consejo como legisladores y la letra pequeña, los detalles técnicos. 
Aquí deberían participar estructuralmente, por ejemplo, las autoridades supervisoras, los especialistas, pero al mismo tiempo también los participantes en el mercado, pues se trata de cuestiones totalmente prácticas. 
Por ello, creo que lo que hoy decidamos aquí podría ser también un modelo para la Convención, para la Conferencia Intergubernamental, para la mejora del procedimiento legislativo de la Unión Europea. 
Por ello, les ruego que aprueben mi informe. 
. (FR) Señor Presidente de la Comisión, le agradezco su declaración, pero también, y quizás por encima de todo, sus comentarios preliminares. 
Esta declaración es rica en ambigüedades constructivas, y espero que, sobre esta base, consigamos cerrar el fructífero debate que hemos entablado aquí, tras las resoluciones que este Parlamento adoptó el 13 de marzo y el 5 de abril del año pasado, como consecuencia de la publicación del informe del Sr. Lamfalussy. 
Dos palabras sobre la trascendencia del debate que mantenemos hoy. 
De entrada, tal y como lo ha recordado nuestro ponente, tras la implantación del euro, la aplicación del Plan de actuación a los servicios financieros es un reto de capital importancia, y también lo es si queremos alcanzar los objetivos que nos impusimos colectivamente en Lisboa con el fin de hacer de la Unión Europea la zona más competitiva del mundo. 
Pero, por otra parte, las cuestiones institucionales también tienen su importancia. 
Son el reflejo de la democracia. 
Desde este prisma, el debate que mantenemos hoy es vital teniendo en cuenta el calendario que nos espera: el Convenio y la CIG, el Libro Blanco de la Comisión sobre el buen gobierno, la indispensable reforma del artículo 202 del Tratado y la nueva redacción del acuerdo interinstitucional sobre la comitología, que, manifiestamente, no tiene en cuenta la evolución de los poderes ni el papel de este Parlamento Europeo como legislador, en particular en el campo de la Unión Económica y Monetaria. 
Creo que, desde el punto de vista de la Comisión, el buen funcionamiento de los dos pilares de la Unión Económica y Monetaria supone tener un Parlamento Europeo que sea un socio de pleno derecho, y aquí radica la importancia del debate que iniciamos con ustedes hace ya casi un año. 
En cuanto al resultado de esta controversia, cada cual lo juzgará por su propio rasero, tanto en términos económicos como en términos institucionales. 
Por mi parte, me gustaría hacer hincapié en dos puntos: en lo que usted ha considerado oportuno retomar en su declaración, y en lo que sin duda será objeto de los futuros debates que mantendremos, espacialmente en el marco del Convenio. 
Con relación al primer punto, considero que ha aceptado usted retomar la célebre ambigüedad constructiva del trato equivalente. 
Para nosotros, el trato equivalente no puede darse con el sexo de los ángeles, sino forzosamente con el Consejo. 
Usted lo sabe, señor Presidente de la Comisión. 
En cualquier caso, así es como interpretamos su declaración y sus comentarios. 
Pero detrás, subyace la idea de que esta demanda, más allá de la solemne declaración que acaba usted de realizar, tendrá que servir como punto de referencia cada vez que tengamos que pronunciarnos sobre un texto en el marco del Plan de acción de los servicios financieros. 
Y además, tenemos esa cuestión que no ha abordado usted hoy y que retomaremos sin desmayo en las próximas citas que tendremos con usted; es la siguiente: ¿Cómo se resuelve un eventual desacuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión? 
Sobre este punto, consideramos que la idea de un diálogo a tres informal que permita alcanzar un acuerdo equilibrado y mutuamente aceptable, tal y como propone la Comisión de Asuntos Constitucionales, es la base adecuada de negociación para el futuro. 
Señor Presidente, cada vez con mayor frecuencia, se dan en la sociedad actual situaciones como ésta, en las que se espera que el poder legislativo decrete leyes con gran rapidez y eficacia. 
Estas exigencias parecen estar bien fundadas especialmente en el ámbito de los servicios financieros. 
En este sentido, estamos obligados a desarrollar procedimientos legislativos modernos, tal y como mencionó el Sr. von Wogau. 
Lamentablemente, parece ser que estos procedimientos legislativos modernos suponen a menudo que sea precisamente el Parlamento Europeo quien deba renunciar a parte de las competencias legislativas que le confiere el Tratado constitutivo. 
El problema que existe en el llamado paquete Lamfalussy es que el Parlamento Europeo no puede tener garantías absolutas de que no terminará delegando al Consejo, por una parte, y a la Comisión, por la otra, las competencias legislativas que ostenta en representación de los ciudadanos. 
En este sentido, el Parlamento Europeo debe velar por que se precisen los mecanismos de control parlamentario. 
Señor Presidente, en su calidad de Presidente de esta institución, usted también podrá servirse de la propuesta presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos: cada vez que el Parlamento Europeo sospeche que la Comisión está excediendo las competencias que le corresponden como poder ejecutivo, usted podrá negociar sobre el mecanismo de control ad hoc a fin de impedir que las competencias legislativas del Parlamento se vean anuladas. 
Todos nosotros sabemos que las competencias legislativas del Parlamento no son un fin en sí mismas, sino que nuestra misión es encargarnos, en nombre de los ciudadanos, de que las decisiones sean adoptadas de forma transparente y democrática, así como de que se tengan en cuenta todos los puntos de vista dignos de consideración a lo largo del proceso de tramitación. 
También es obvio que el Tratado constitutivo de la CE ha quedado desfasado en lo que se refiere a esta cuestión. 
Por ello, hay que aplaudir con satisfacción el compromiso de la Comisión de modificar próximamente el artículo 202 del Tratado constitutivo de tal forma que el Parlamento recupere sus competencias legislativas y el ejercicio del control democrático. 
Asimismo, hay que destacar la necesidad de que exista una jerarquía de poderes en el seno de la Unión Europea, por lo que es necesario delimitar con toda claridad el poder legislativo y el poder ejecutivo. 
Hoy por hoy, el paquete Lamfalussy nos sitúa en una zona gris, configurada precisamente por el llamado nivel 2 del proceso de toma de decisiones. 
Señor Presidente, no hay muchos miembros de este Parlamento asistiendo hoy al debate en esta Asamblea. 
Este debate probablemente tampoco va a captar un interés prioritario en los medios de comunicación. 
Sin embargo, y me dirijo al público que está en las tribunas, se trata de un debate muy importante para los ciudadanos europeos (y también para ellos). 
Espero que hoy, después de muchos meses de trabajo, negociación y búsqueda de consenso, este Parlamento tome una decisión sobre el informe que ha redactado, admirablemente bien, Karl von Wogau, y que supone un paso más en el proceso de construcción de la Europa económica y monetaria, y además, un paso importante, que se encuadra dentro del proceso iniciado en el Consejo Europeo de Lisboa para lograr mayor flexibilidad, competitividad, crecimiento y creación de puestos de trabajo. 
Espero también que este proceso incluya otras decisiones importantes en el próximo Consejo Europeo de Barcelona. 
En el momento en el que el euro y su puesta en circulación han sido un gran éxito, este Parlamento, la Comisión y el Consejo tienen que dar pruebas de que cumplen las obligaciones que les imponen los Tratados. 
Señor Presidente de la Comisión, ustedes lo han hecho recientemente- y le agradezco su presencia aquí- al adoptar las medidas adecuadas y recriminar a aquellos países que están a punto de exceder los criterios establecidos en Maastricht en materia de déficit. 
Ésta es una buena decisión, y por ello me ha desagradado profundamente que el Comisario alemán no se haya mostrado solidario en algunas declaraciones realizadas a "Bild am Sonntag". 
Valoro este hecho negativamente, porque lo que queremos es mantener la cohesión interna de las instituciones europeas y el equilibrio entre todas ellas. 
Este ejercicio es políticamente positivo en esa dirección, porque al Parlamento le ha costado mucho ganar sus competencias, como a todos los Parlamentos. 
Por tanto, una vez ganadas, queremos conservarlas, ya que así nos lo exige la gente. 
Las propuestas del barón Lamfalussy, cuya necesidad todos compartimos, significan también, a la larga, dar un mandato de confianza a la Comisión Europea. 
En nombre de mi Grupo, quiero decirle que siempre hemos defendido a la Comisión Europea, porque está en el corazón de las instituciones comunitarias y es el factor más evidente de integración. 
Pero, como han dicho muy bien las Sras. Berès y Hautala, tenemos que tomar precauciones. 
No queremos ni podemos- permítanme la broma, puesto que hablamos de servicios financieros- dar un cheque en blanco a nadie. 
Por eso esta negociación ha durado tanto y ha implicado a tantas personas. 
Y quiero recordar aquí, no solamente al ponente, cuya labor hemos ensalzado todos, sino también a la Sra. Randzio-Plath, al Sr. Napolitano, a los coordinadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al Sr. Bolkestein y su equipo, así como al Sr. Rato. 
Señor Presidente, al final hemos llegado a un texto, cuya declaración ha leído usted hoy y que, a juicio del Grupo del Partido Popular Europeo satisface plenamente- y lo digo taxativamente- nuestras expectativas: vamos a ser tratados de modo paritario con el Consejo, se van a garantizar nuestros derechos de codecisión y los requisitos de transparencia que exigíamos y hay un compromiso formal de la Comisión Europea para que, en la próxima reforma de los Tratados, que va a analizar la Convención, tenga lugar una modificación del artículo 202. 
Por tanto, hoy es un buen día para la construcción europea: enviamos a los mercados señales de que estamos dispuestos a avanzar aún más para hacer realidad todos los aspectos de la unión económica. 
También es una buena noticia para los ciudadanos, que van a ver desaparecer, gracias a la opción de este método, muchas rigideces, lo que nos permite depositar esperanzas en un futuro de mayor crecimiento y mayor creación de empleo. 
Enhorabuena, Sres. Prodi y von Wogau. 
Enhorabuena a todos. 
Señor Presidente, estamos debatiendo sobre la propuesta de que el Parlamento y el Consejo deleguen en la Comisión importantes competencias en materia de ejecución. 
El Parlamento no tiene nada en contra de eso, a condición de que se establezcan garantías sustanciales respecto a la supervisión de dichas competencias delegadas. 
Aquellos a los que pueda preocuparles que, al pedir dichas garantías, el Parlamento esté intentando alterar el equilibrio interinstitucional, deberían recordar que esta considerable delegación de competencias es en sí misma una alteración del equilibrio interinstitucional que existe actualmente y que en semejantes circunstancias es perfectamente legítimo que el Parlamento intente obtener ciertas garantías. 
Después de muchos meses de debates, conversaciones y negociaciones con la Comisión, ahora se nos presenta el resultado en la forma de la declaración que el Sr. Prodi acaba de hacer. 
Debo decir que dicha declaración contiene varias medidas progresistas importantes. 
Primero, la Comisión reconoce que el artículo 202 del Tratado debería ser modificado en la próxima revisión del Tratado- apoya la posición del Parlamento al respecto. 
Pero, al mismo tiempo, la Comisión reconoce que el Parlamento tiene derecho a examinar y a adoptar una posición sobre las medidas de ejecución que la Comisión presente a los comités especializados que se crearán para que trabajen con la Comisión. 
El Parlamento dispondrá de tres meses, en vez de sólo un mes, que es de lo que dispone en virtud de los procedimientos en vigor, para examinar y adoptar una posición sobre dichas medidas de ejecución. 
El texto de la Comisión no limita los derechos del Parlamento a examinar si la Comisión se ha extralimitado en las competencias que le han sido delegadas, algo que de todas formas podríamos resolver como asunto judicial, si alguna vez surgiera un conflicto. 
Nos da derecho a oponernos, en caso necesario, en lo esencial. 
Esto es también muy importante. 
Pero ¿qué ocurre si el Parlamento se opone y la Comisión no acepta su oposición a una medida de ejecución? 
En este caso, el texto es algo ambiguo: habla de equivalencia sin decir equivalencia con quién. 
La Sra. Berès ya ha hecho esta observación: ¿equivalencia con el Comité Económico y Social, equivalencia con la prensa? 
No, para nosotros que estamos informados es evidente que significa equivalencia con el Consejo. 
Llevamos hablando de eso desde hace meses, y las observaciones de introducción del Sr. Prodi han dejado claro que la Comisión también reconoce que significa equivalencia con el Consejo. 
Así es cómo nosotros lo interpretamos y creo que no cabe ninguna otra interpretación. 
Tenemos una tercera medida progresista que es la garantía en caso de que todo esto no funcione. 
Tenemos la cláusula de suspensión: al cabo de cuatro años, las competencias delegadas revertirán en el Parlamento y el Consejo, a menos que acordemos su renovación. 
Esto es una garantía para nosotros y obligará a la Comisión a centrarse en los intervalos, y le recordará que debe ejercer dichas competencias en materia de ejecución de una manera que el Parlamento estime satisfactoria, si desea poder aspirar a su renovación. 
En cuarto lugar, tenemos algunas garantías importantes en lo que respecta a la apertura y transparencia, y contamos con la aprobación de la idea del Parlamento de que debe crearse un comité de los participantes en el mercado, además de todos los otros comités. 
Por lo tanto, en definitiva, podemos estar satisfechos con el avance alcanzado, a pesar de que la redacción sobre las cuestiones que he planteado antes podría haberse mejorado algo. 
No obstante, me gustaría preguntar si sería posible incluir, no sólo en el Acta Literal, sino también en el Acta de la sesión, el texto íntegro de la declaración de la Comisión y la declaración que el Sr. Prodi ha hecho hoy, porque ha sido una declaración muy importante y merece ser recogida en nuestras Actas para que el compromiso que la Comisión ha asumido conste debidamente. 
Señor Corbett, nos hemos anticipado a su petición. 
El Acta recogerá esto para que conste como un documento importante. 
Señor Presidente, durante más de un año nos hemos enfrentado en los equipos negociadores del Parlamento, junto con la Comisión y el Consejo de Ministros, a un rompecabezas. 
Todos estamos de acuerdo con el Barón Lamfalussy y su Comité de Sabios en que la regulación eficaz de los mercados financieros y la creación de un mercado único de servicios financieros nos exigen delegar competencias a la Comisión y a un comité oficial más hábil. 
Pero existía un problema fundamental. 
A pesar de que el Tratado de Maastricht otorgó en 1992 a esta Asamblea el poder de codecisión sobre este tipo de legislación, no le otorgaba la competencia de supervisar efectivamente el papel de ningún comité. 
Lo que hemos visto en el pasado en comités como éstos no nos ha gustado: han sido reservados, burocráticos y kafkianos. 
Una condición en la que mi Grupo ha insistido es en la necesidad de que esta cultura de secretismo cambie radicalmente, de que se abra el proceso de toma de decisiones no sólo a nosotros en el Parlamento, sino al mundo exterior. 
Necesitábamos garantías de transparencia, apertura y consulta. 
Aquí tenemos esas garantías, en la declaración del Presidente y en la carta que el Comisario Bolkestein ha dirigido a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Pero ¿cómo podíamos garantizar que esas promesas de un cambio de cultura, tantas veces incumplida, iban a ser respetadas por fin? 
Era evidente que no podía producirse ningún cambio duradero hasta que concluyeran la Convención y la Conferencia Intergubernamental de 2004. 
Sólo una CIG podía revisar el artículo 202, que básicamente otorga sólo al Consejo de Ministros el derecho de supervisión de los comités, y hace caso omiso del nuevo papel del Parlamento. 
Necesitábamos la promesa de que se tendrían en cuenta nuestros intereses, que han sido ignorados en sucesivas revisiones del Tratado. 
Necesitábamos una revisión provisional que permitiera que los ahorradores e inversores de Europa no tengan que esperar aún hasta que se complete el mercado único de los servicios financieros, que fue lanzado ya en 1973. 
La salud de la economía europea depende de esta legislación. 
Una economía vital y dinámica depende de un sistema financiero eficaz que recaude los ahorros y los canalice a bajo coste hacia los usos más productivos. 
El Grupo Liberal tenía claro desde hacía mucho tiempo que la única solución provisional sería poner un límite de tiempo a las competencias delegadas. 
Por primera vez en la legislación comunitaria tendremos una cláusula de suspensión que retirará a la Comisión y al comité las competencias al cabo de cuatro años, a menos que hagan un uso eficaz y coherente de las mismas. 
Afortunadamente se han superado la oposición inicial del Grupo Socialista y del Partido Popular Europeo, junto con las preocupaciones por la inseguridad jurídica. 
Todo reglamento que apruebe el comité permanecerá en los estatutos aun en el caso de que sus competencias sean suspendidas, pero el Parlamento puede hacerse sentir si fuera necesario. 
Éste es un momento importante para la liberalización de la economía europea. 
El acuerdo dará apoyo al euro- porque ¿qué es una moneda única si los mercados en los que se utiliza permanecen divididos por barreras nacionales? 
Infundirá confianza en que, cualesquiera que sean los retos a los que deba hacer frente la unión económica y monetaria, la Unión Europea podrá superarlos, y demuestra que el Parlamento es un legislador y un interlocutor serio y responsable de la reforma económica. 
El proceso de reforma de Lisboa está de nuevo en marcha. 
Felicito de todo corazón al Sr. von Wogau, nuestro ponente, y recomiendo el presente informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, lo interesante del presente informe es la preocupación manifiesta por los derechos del Parlamento. 
Esta preocupación se corresponde con la reivindicación de que el comité quiere mejorar el control democrático sobre este ámbito que evoluciona con rapidez. 
Lo que no veo es ninguna preocupación manifiesta por los integrantes de los servicios financieros ni por los clientes a los que éstos sirven. 
Sin querer entrar en ningún aspecto concreto de la legislación en el marco de los servicios financieros a la que el presente informe hace referencia, debo cumplir con mi deber democrático y señalar que la incorporación de nueva legislación comunitaria es lenta, pero inexorable, lo que ahoga a la comunidad financiera y convierte el comercio en algo casi imposible. 
En este contexto, mis electores me recuerdan constantemente que los más afectados son los asesores financieros pequeños e independientes, y que la repercusión directa es la incesante concentración del negocio en manos de empresas cada vez mayores. 
Por otro lado, no veo ninguna disminución del número de escándalos financieros que saltan a los titulares. 
De hecho, se diría que está ocurriendo justamente lo contrario. 
Porque provengo, como es mi caso, de una tradición en la que el Parlamento es el garante de las garantías y las libertades de las personas, encuentro que el presente informe es un ejercicio más encaminado a incrementar el poder de las instituciones comunitarias, sin ninguna consideración por el propósito de la legislación. 
El comité se dedica a contar los ángeles que bailan en la punta de un alfiler, mientras que el sector se derrumba poco a poco. 
Para mí, esto es representativo del propósito de la Comunidad. 
Señor Presidente, señor Presidente Prodi, señor Comisario Bolkestein, una vez más, tal como acaba de afirmar el Sr. Huhne, nos encontramos ante la inadecuación del procedimiento legislativo europeo. 
En este ámbito, el Parlamento tiene dos objetivos diferentes que corrían el riesgo de resultar contrapuestos: por una parte, la necesidad de afirmar un papel de mayor relieve y eficacia del Parlamento en estos temas, por lo tanto, de afirmar una mayor legitimación democrática de las normas objeto de debate; pero, por otra, existe la necesidad y la urgencia de llevar a término en el plazo más breve posible el Plan de Acción sobre los servicios financieros con el fin de alcanzar el mercado común en este sector. 
Sufrimos un gran retraso, y la existencia de esta variedad de reglamentaciones crea barreras que imponen grandes costes a los ciudadanos europeos. 
Basta recordar el caso de los fondos de pensiones durante mucho tiempo sujetos a reglas proteccionistas en los distintos Estados miembros. 
Su volumen medio es igual a un sexto del volumen de los fondos norteamericanos y su rendimiento alcanza el 60% de los norteamericanos. 
Esto supone un grave perjuicio para los pensionistas, para los ahorradores en general y para la eficacia de la economía. 
El factor tiempo es fundamental. 
Sufrimos un gran retraso, y en consecuencia, el objetivo de garantizar un papel justo a nuestra Institución se debe armonizar con la necesidad de dar un decidido impulso a la construcción del mercado interior. 
En conclusión, señor Presidente, me parece que el ponente Sr. von Wogau, la Sra. Berès, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Asuntos Constitucionales han logrado encontrar un punto de equilibrio entre estas exigencias ofreciéndonos una buena solución en lo inmediato y un camino a recorrer para el futuro. 
Por este motivo, los radicales italianos votarán a favor de esta propuesta. 
. (EN) Señor Presidente, como varios oradores han reconocido, la Comisión ha mantenido frecuentes conversaciones con los diputados más estrechamente involucrados en este asunto, y la importancia que la Comisión atribuye a este importante capítulo queda reflejada también en la presencia del Presidente de la Comisión que esta mañana se encuentra con nosotros. 
Varios diputados han hecho referencia a los ángeles esta mañana- al sexo de los ángeles o a cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. 
Permítanme decir que, a menudo, el diablo se esconde en los detalles. 
Esperemos que el diablo y los ángeles se compensen entre sí y podamos alcanzar un compromiso equilibrado esta mañana. 
Según algunos diputados que han intervenido esta mañana, como el Sr. Méndez de Vigo, por ejemplo, eso es lo que ha ocurrido. 
Ha dicho que hoy es un buen día para la integración y ha felicitado al ponente- felicitaciones de las que me gustaría hacerme eco en nombre de la Comisión. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. von Wogau y a la Comisión de Asuntos Constitucionales por haber forjado este compromiso. 
No es más que justo que la Comisión exprese estos sentimientos. 
El Sr. von Wogau comenzó haciendo referencia a la ambición de la Unión Europea, según la expresó el Consejo Europeo de Lisboa, que es, como es notorio, que la Unión Europea se convierta en el lugar más competitivo del mundo. 
El informe Lamfalussy debería ser contemplado en ese contexto. 
La Sra. Berès también se ha referido a las ambiciones manifestadas en Lisboa. 
En realidad, constituyen un conjunto, y no necesito hacer hincapié en nuestra voluntad de impulsar y estimular todo lo posible nuestros intentos de avanzar hacia una mayor competitividad. 
Una vez más, este debate y el resultado, que espero que produzca, son de gran importancia para el bienestar económico de la Unión. 
No necesito explicar de qué trata el informe del comité encabezado por el Barón Lamfalussy y cómo afecta al procedimiento de comitología sobre las medidas de ejecución o las propuestas de ejecución. 
El informe del Sr. von Wogau enumera los logros. 
El Sr. Corbett también lo ha hecho y se ha referido al hecho de que, en opinión de la Comisión, el artículo 202 del Tratado debería ser revisado en el contexto de la próxima Conferencia Intergubernamental- y éste es el quid de la cuestión. 
El Parlamento me ha recalcado a menudo, a mí y a otros, la necesidad de alcanzar la igualdad con el Consejo en la supervisión que se concede al Parlamento y al Consejo a la hora de examinar las propuestas de ejecución. 
La Comisión está de acuerdo y también considera necesaria la igualdad de la posición del Parlamento con respecto a la del Consejo en todo el procedimiento de comitología. 
Lamentablemente, desde el punto de vista del Parlamento- y la Comisión reconoce sus sentimientos y opiniones- esto no es posible por ahora. 
El artículo 202 no deja duda: el procedimiento de comitología alcanzado en junio de 1999 es también inequívoco y, por mucho que la Comisión comprenda el punto de vista del Parlamento y así lo haya reconocido en su Libro Blanco sobre gobernanza, en estos momentos no puede acceder a los deseos del Parlamento. 
El punto de vista de la Comisión, tal y como recoge el Libro Blanco sobre gobernanza, es que el artículo 202 debería ser revisado. 
No obstante, la Comisión no puede hacer eso por sí misma; toda revisión de esta naturaleza deberá realizarse en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
El Sr. Corbett ha mencionado que el Parlamento dispone ahora de tres meses para estudiar las medidas de ejecución presentadas por la Comisión. 
Tenemos aquí plena igualdad con el Consejo, y eso es bueno. 
Dijo también que ahora el Parlamento tiene la posibilidad de oponerse en lo esencial. 
Sí, así es, lo esencial nos importa a todos y el Parlamento tiene el derecho intrínseco de presentar sus posiciones y sus argumentos. 
La Comisión ha dicho que tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la posición del Parlamento. 
Eso es precisamente lo que el Parlamento quiere que haga la Comisión. 
El Sr. Corbett ha hablado de equivalencia- una bella palabra -, pero equivalencia ¿con quién? 
Evidentemente, equivalencia con el Consejo. 
De eso es de lo que trata todo el debate y no sería posible negar algo que todos tienen claro. 
El Parlamento quiere esa equivalencia con el Consejo; la Comisión está dispuesta a concedérsela, asume el mismo punto de vista, y así lo ha reconocido en su declaración y en sus negociaciones. 
El Sr. Corbett ha mencionado la cláusula de suspensión, que es otro ejemplo del arma de que dispone el Parlamento para garantizar que la Comisión tiene en cuenta al máximo los deseos del Parlamento. 
La cláusula de suspensión significa que la delegación de medidas de ejecución a la Comisión no dura más de cuatro años. 
Puede prorrogarse por iniciativa de la Comisión, pero ciertamente obliga a la Comisión a trabajar incesantemente y es un arma poderosa de la que dispone el Parlamento. 
Lo mismo es válido para otro factor, al que ha hecho referencia el Sr. von Wogau. 
En su declaración de presentación, el Sr. von Wogau ha dicho que si la Comisión no cumple sus promesas- tal y como recoge la declaración que ha hecho el Sr. Prodi- la próxima vez que presente una directiva al Parlamento, sabe que puede ejercer un estricto control sobre la Comisión. 
La Comisión es perfectamente consciente de ello. 
Ésa es otra manera en que el Parlamento puede presentar su opinión con fuerza y con convicción. 
Por consiguiente, la Comisión hará bien en escuchar atentamente y a tener en cuenta al máximo dicha opinión. 
La última observación del Sr. Corbett- aparte del deseo de que la declaración se incluya en el Acta- era sobre la apertura y transparencia. 
La Comisión ha declarado esta mañana y en la carta que envió el 2 de octubre a la Sra. Randzio-Plath, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que está absolutamente dispuesta a llevar a la práctica dicha apertura y transparencia. 
El Sr. Titford ha dicho que el sector se derrumbará. 
A mi parecer, es una exageración poética. 
No tengo la impresión de que el sector esté a punto de derrumbarse. 
Sí, surgen escándalos- quizás menos en la Unión Europea que en otras partes del mundo -, pero eso es inevitable. 
No creo que las propuestas que ha presentado el Sr. Prodi esta mañana promuevan más escándalos. 
Lo cierto es que dichas propuestas contribuirán en buena medida a prevenirlos y, en consecuencia, no puedo estar de acuerdo con los sentimientos expresados por el Sr. Titford. 
Por último, vuelvo al Sr. Méndez de Vigo, que ha dicho que hoy es un buen día para la integración y que ha felicitado al Sr. von Wogau, y hago mía su felicitación. 
Deseo dar personalmente la enhorabuena al Sr. von Wogau porque a las 11 horas de esta mañana le será impuesta una alta condecoración francesa, la Legión de Honor. 
La Comisión le da la enhorabuena. 
Tendré ocasión de responder a nuevas preguntas más tarde durante el debate, por lo que no añado nada más sobre la causa de la Comisión. 
Señor Presidente, me gustaría invitarle a que refleje en el Acta de nuestra reunión la declaración del Sr. Bolkestein, porque, si no he entendido mal, en ella el Sr. Bolkestein corrige al Presidente Prodi en un punto crucial. 
Dice que la palabra "equivalencia" significa efectivamente equivalencia entre el Parlamento y el Consejo. 
. (EN) Señor Presidente, ¿me permite responder brevemente al Sr. Goebbels? 
No existe ninguna contradicción entre lo que el Presidente ha dicho y lo que yo he dicho. 
La equivalencia es con el Consejo, y nadie ha pensado jamás en nada diferente. 
Colegas, si leen el texto de las observaciones preliminares del Sr. Prodi, verán que contienen ese sentimiento en lo esencial. 
Dichas observaciones constarán en acta. 
Tratan sobre el tema al que se ha hecho referencia. 
Señor Presidente, en nombre de los Conservadores británicos y del resto del Grupo PPE-DE, quisiera decir que apoyamos firmemente el compromiso recogido en el informe von Wogau y reiterado por el Sr. Prodi esta mañana. 
El Parlamento se ha asegurado concesiones importantes en materia de transparencia, consulta y supervisión. 
Asimismo, el Parlamento debería expresar su reconocimiento al Sr. Bolkestein y a su gabinete, así como a la Comisión, por responder a las preocupaciones formuladas por el Parlamento con respecto a estas cuestiones. 
El Sr. von Wogau es digno de elogio por haber sabido llevar a término las largas negociaciones que hemos celebrado sobre este importante capítulo. 
En el Parlamento hemos adoptado un enfoque pragmático. 
Es una solución viable de carácter provisional a la espera de una resolución final sobre todo este asunto de legislación delegada que se adoptará en 2004, momento en que el Parlamento podría y debería solicitar un mecanismo de revocación legalmente vinculante que, aunque deseable, lamentablemente no es factible en virtud de lo estipulado en el Tratado y las disposiciones en vigor. 
Es de vital importancia que el Parlamento respalde este compromiso en su votación de hoy a las 12 horas, porque sin él no estaremos en condiciones de hacer realidad un mercado financiero integrado- ni en 2004, 2005 ni nunca. 
Dicho mercado financiero no sólo es ventajoso para los banqueros; además podría propiciar una bajada de precios y una mayor oferta de productos financieros para los consumidores y las empresas, créditos más baratos, mayores beneficios para los ahorradores e inversores, además de hacer una gran contribución que permita comenzar a desactivar la bomba de tiempo de las pensiones. 
Todas ellas son ventajas muy significativas para la población de a pie que nos elige para que actuemos en su nombre. 
La aprobación de este compromiso nos acercará de manera considerable a alcanzar nuestro objetivo de un mercado financiero integrado y de hacer realidad dichas ventajas para la población de a pie de toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, quiero subrayar expresamente que nadie infravalora en este Parlamento Europeo la importancia de los mercados financieros. 
Todos sabemos lo importante que es que recuperemos terreno en la productividad del capital para el mercado financiero integrado de los Estados Unidos. 
Por otro lado, sabemos también que el mercado financiero europeo no sólo es de importancia para las empresas sino también para aquellos que dependen de una pensión de vejez digna, es decir, que dependen del mismo desde la perspectiva del consumidor en vista de sus pequeñas rentas. 
Por este motivo, este Parlamento tiene una gran responsabilidad en el procedimiento de codecisión para adoptar las decisiones correctas. 
Este procedimiento de hoy con el informe von Wogau, sobre el que debatimos hoy, es un tema extraordinariamente sensible. 
El ponente ha intentado encontrar formulaciones cautelosas para proporcionar una oportunidad a todos los afectados en este proceso legislativo. 
Quiero subrayar de nuevo que este Parlamento, que siempre exige más derechos de coparticipación, no va a cejar en el procedimiento legislativo parlamentario y que el actual compromiso en el informe von Wogau no representa ningún precedente para la posición jurídica del Parlamento Europeo. 
Si hoy encontramos una regulación transitoria para la legislación secundaria, esto sólo significa que hasta ahora no hemos podido imponer como Parlamento que se establezca en el Tratado una legislación secundaria. 
Esto se ha debido hasta ahora a la Comisión. 
Como Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, quiero felicitar expresamente al Sr. Bolkenstein por haber logrado en nuestras negociaciones sobre el modo de gobierno, que han sido difíciles y controvertidas, incluir esta formulación como propuesta de la Comisión en el Libro Blanco. 
Este es un éxito común. 
Ahora tenemos que llegar a un final con éxito en la próxima Conferencia Intergubernamental y en la próxima modificación del Tratado. 
Esto es sin duda muy importante. 
Pero aún no se ha respondido a una pregunta, a saber, hasta qué punto podemos conceder una importancia real al procedimiento Lamfalussy en toda esta legislación, pues todo lo que hoy se califica como técnico es con frecuencia político. 
Este Parlamento no se puede dar satisfecho con un papel de legislador de las normas marco sino que tenemos que seguir manteniendo la soberanía de definición punto a punto, detalle a detalle, párrafo a párrafo y artículo a artículo. 
Vamos a prestar atención a esto. 
Señor Prodi, también vamos a prestar atención- pues creo que está claro tras su declaración y la del Sr. Bolkenstein- para que la carta del 2 de octubre del Sr. Bolkenstein a la comisión sea también parte de este acta como elemento interpretativo. 
Lo tercero que también está claro es que, con sus dos declaraciones, la Comisión se compromete hoy a no seguir en ningún caso en la aplicación del procedimiento Lamfalussy las recomendaciones de la comisión de títulos valores en contra de una mayoría cualificada. 
Afortunadamente, esto ha quedado claro hoy. 
Por ello, creo que podemos acercarnos con mucho optimismo y espíritu constructivo a esta forma de cooperación paritaria y equivalente. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. von Wogau, quien de forma competente ha elaborado un informe muy ponderado sobre esta difícil cuestión. 
Es una cuestión que durante mucho tiempo ha esperado solución y seré la primera en dar la bienvenida a una solución. 
Nuestra negociación hoy muestra nuestro dilema general entre el deseo, por un lado, de ser eficaces y el deseo, por otro lado, de garantizar un control democrático sobre la legislación que aprobamos. 
Y es esta cuestión de, por un lado, la eficacia y por otra parte, el control democrático la que debe debatirse en profundidad durante la próxima Convención. 
Aquellos de nosotros que queremos normas de juego claras para las instituciones europeas somos a menudo criticados y acusados de mirarnos el ombligo y estar centrados en el poder. 
Estoy muy, muy en desacuerdo con estas críticas. 
En Dinamarca- en mi país- hubo una pugna constitucional que duró desde 1866 hasta 1901, en la que finalmente el parlamentarismo fue aprobado como principio democrático fundamental. 
Es en este mismo proceso en el que ahora nos hallamos inmersos en el ámbito europeo. 
De ahí que también celebre que en la UE podamos contar a mitad de esta pugna con un resultado, es decir, con este acuerdo concreto. 
Haciendo otra vez referencia a la situación en Dinamarca hace 130 años, diré que todo el sistema político estuvo muy cerca de la paralización durante la pugna constitucional danesa. 
Me alegra por ello la declaración del señor Presidente de la Comisión. Sr. Prodi, de que la Comisión acepta el contenido de este informe, que debe alcanzar gran adhesión entre los diputados al Parlamento Europeo. 
Sin embargo, es sumamente importante que el Consejo acepte no sólo el contenido, sino también el mensaje fundamental que encierra este informe. 
Varios miembros del Consejo piensan que todo esto es inútil en el fondo y que sólo se trata de un Parlamento molesto. 
Se trata en resumidas cuentas de ejercitar el control democrático sobre nuestra legislación europea común. 
Señor Presidente, me referiré brevemente a cinco puntos. 
En primer lugar, a estas alturas del debate, los hechos han sido bien establecidos. 
La historia de las procelosas relaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión ha sido bien descrita y si, como decía Lenin, sólo los tontos discuten los hechos, no quiero yo caer en esa tentación y no añadiré más a ese punto. 
En segundo lugar, si me permiten una nota autobiográfica, yo pertenezco a la generación de españoles que conoce bien la importancia del Parlamento en una democracia. 
Es más, formé parte de las Cortes constituyentes. 
Por eso, he contemplado con la mayor simpatía la defensa de los derechos del Parlamento que ha hecho la Sra. Randzio-Plath. 
En tercer lugar, y continuando con la autobiografía, soy también un europeo convencido y estoy absolutamente seguro de que como ayer lo fue el euro, hoy son absolutamente necesarias las reformas estructurales y, entre ellas, se debe poner especial énfasis en la reforma de los servicios financieros, si queremos que la economía europea sea competitiva. 
La conciliación- y éste es el cuarto punto- entre estos dos objetivos: hacer las cosas bien y hacerlas rápido, agilizar el proceso y respetar los derechos del Parlamento, tiene que hacerse, como ha dicho el Sr. Huhne, en unos límites estrechos, los límites que marca el artículo 202, deficientemente redactado y cuya reforma propugnamos. 
Por último, la solución a este dilema ha sido bien encontrada por el nuevo Caballero de la Legión de Honor, Karl von Wogau, y apoyada por este Parlamento. 
Espero que la Comisión sepa apreciar el gesto de confianza del Parlamento hacia la Comisión y hacia el Consejo, que no caiga nunca en la tentación- puesto que al Sr. Bolkestein le gusta el latín- de alterar la par conditio, porque la reacción de un amante desairado es imprevisible. 
El Parlamento cuenta con las facultades para intentar que en el nivel 1 se detalle hasta el máximo, lo cual retrasaría el proceso. 
El Parlamento podría, en una reacción desairada, discutir tardíamente las propuestas y haríamos entonces lo contrario de lo que debemos. 
Creo que hoy en un gran día para todos. 
Felicito a Karl von Wogau, a la Comisión y al Consejo y espero que en Barcelona sepamos recoger la cosecha que hoy hemos empezado a sembrar. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ciertamente hoy es un día decisivo para este Parlamento. 
Mediante la declaración del Presidente Prodi se ha visto claramente como nunca antes que la Comisión va a abogar claramente- lo que considero como una obligación de la misma- para que las dos partes legislativas actúen realmente con los mismos derechos. 
Creo que lo que ha dicho el Comisario Bolkenstein tiene una especial importancia. 
En especial, gracias a la iniciativa y al trabajo de la Sra. Ranzio-Plath hemos podido convencer asimismo al Comisario Bolkenstein, lo que no ha sido tan fácil ni estaba claro de antemano. 
No creo que el Comisario Bolkenstein haya pasado de diablo a ángel pues antes no era el diablo para nosotros ni ahora es un ángel, pero sí se han logrado unos importantes avances. 
Señor Comisario Bolkenstein, quiero expresarle mis respetos por haber aclarado esto hoy complementando lo que ha dicho el Presidente Prodi. 
En primer lugar, veo con ello un mandato muy claro que se impone a sí misma la Comisión con la finalidad de establecer la paridad de las dos partes legislativas, tal como ha declarado el Presidente Prodi, y de establecer el papel equivalente y del mismo peso de las dos instancias legislativas, el Consejo y el Parlamento, modificando para ello el artículo 202. 
Esta es una declaración clara y unívoca que llevaremos siempre en nuestros corazones. 
En segundo lugar, hay promesas concretas en lo que se refiere a los servicios financieros de la igualdad de trato. 
Parto del hecho de que afecta también a otros sectores, de que existe la intención- incluso bajo la limitación de la situación jurídica que ha descrito el Sr. Bolkenstein- de hacer el máximo de lo que es posible jurídicamente para tratar de facto por igual a las dos partes legislativas. 
Pues, señor Bolkenstein, tengo que reconocer que lo que usted ha dicho es una situación jurídica. 
Pero también extraigo de sus palabras que no se va a emplear para proseguir la desigualdad de trato hasta que se modifique el artículo 202 sino que en el tiempo intermedio se va a hacer todo lo posible para alcanzar de facto una igualdad de trato de las dos instancias legislativas. 
El tercer punto- y aquí me dirijo a usted, señor Presidente- se refiere a la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para preparar las cosas del modo adecuado, una sugerencia que el Presidente Prodi ya ha repetido convenciendo al Presidente Aznar para que responda positivamente: se debe crear ahora realmente este grupo de trabajo. 
También me parecería adecuado si usted, señor Presidente adoptase asimismo en la Conferencia de Presidentes la iniciativa para alcanzar lo que, como ya he dicho, ha propuesto el primero el Presidente Prodi, es decir, este grupo de trabajo interinstitucional. 
En este sentido, hoy es un día importante ya que se determina que reconocemos los conocimientos de los expertos pero que al mismo tiempo reconocemos también que el control democrático significa que los Parlamentos sean los que decidan a la postre sobre los objetivos de la política. 
Señor Presidente, Señorías, Señor Presidente de la Comisión, Señor Comisario, querría, en primer lugar, felicitar a nuestro colega von Wogau por el magnífico trabajo que ha realizado con este informe. 
Este informe y las declaraciones que a raíz del mismo han realizado tanto el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, como también el comisario Bolkestein, desbloquean un proceso que ha frenado realmente la celeridad que nosotros hubiésemos deseado en la tramitación de los proyectos y las propuestas para la realización de un mercado interior del sector financiero. 
En el poco tiempo que me queda, querría señalar telegráficamente dos aspectos. 
En primer lugar, una vez desbloqueado este proceso con el acuerdo que hoy se expresa en este debate, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. 
Es decir, tenemos que hacer realidad las 42 Directivas previstas, respectivamente, para el 2003 en relación con el mercado de capitales y para el 2005 con respecto a los servicios financieros. 
En segundo lugar, quisiera recordar que el Parlamento Europeo nunca ha puesto obstáculos cuando se le ha pedido celeridad, urgencia y colaboración en la realización de proyectos y temas de tanta entidad como han sido la realización del euro o del propio mercado interior europeo, que son dos éxitos importantísimos en la construcción europea. 
No ha habido obstáculos normalmente por parte de la Comisión, ni por parte del Parlamento, y si en algún sitio los hemos encontrado ha sido en el Consejo. 
O sea, que cada cual asuma sus responsabilidades. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, voy a exponer mi opinión sobre este tema en siete incisos. 
Primero: quiero felicitar y expresar mi agradecimiento al ponente por este informe y por el gesto que ha tenido al establecer un lazo entre las diversas comisiones e instituciones para hacer que se haga de nuevo realidad un objetivo común. 
En este caso, la cuestión de qué sexo tiene el ángel está respondida: en este caso el ángel parlamentario era masculino, a saber, Karl von Wogau. 
En segundo lugar, quiero expresarle el día de hoy de nuevo mi agradecimiento por su excelente actividad en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que ha abandonado al cabo de varios decenios, a la que ha aportado su enorme experiencia y conocimientos políticos al igual que a todas las demás comisiones en las que ha trabaja, tal como muestra este informe. 
Gracias, Karl. 
Mi segundo punto es que tenemos que acelerar el proceso de Lisboa- lo que queda fuera de toda discusión- por lo que no sólo por ello sino también por ello, tenemos que establecer lo antes posible un mercado interior para títulos valores. 
Quien lo quiera- y este es el tercer inciso- deberá dar todos los pasos necesarios para aumentar la eficiencia del procedimiento de adopción de resoluciones y acelerar el procedimiento legislativo. 
Por ello existe este informe y por ello existe el informe Lamfalussy. 
Sólo quiero acabar con una contradicción. 
Entre la aceleración del procedimiento y una mayor eficacia y codecisión del Parlamento Europeo no existe ninguna contradicción. 
La contradicción está entre el artículo 202 y el procedimiento de codecisión del Parlamento, por lo que hay que cambiarlo. 
Por ello, no sólo espero que se respete la codecisión, la información y la transparencia, tal como se ha formulado en la mayoría de las traducciones de los informes de la Comisión, sino que espero que contribuyamos activamente con todas nuestras fuerzas para lograr este derecho fundamental del parlamentarismo y esta condición previa para la transparencia e información. 
Este informe es un paso importante para hacerlo posible. 
En este contexto, quiero remitirme al punto 5 del informe- que no necesito explicar aquí- y a dos circunstancias que hacen que seamos tan escépticos. 
Recuerdo que la Comisión presentó en octubre del año 2000 un informe sobre un plan de pensiones de las empresas que aprobó en julio el Parlamento con 460 votos a favor pero el Consejo no ha determinado hasta hoy ninguna posición común. 
Recuerdo la Sociedad Anónima Europea, en la que estamos de acuerdo sobre el contenido pero no sobre la forma pues actuamos sobre la base del artículo 95 y el Consejo nos ha retirado sencillamente el fundamento jurídico de la codecisión en Niza. 
Por ello estamos tan escépticos. 
Mi último punto: señor Presidente de la Comisión, en este contexto quiero remitirme a su frase de que este informe es tan importante a causa de la introducción del euro y de que con él realizamos una aportación a un mercado de capitales fuerte y sólido. 
Por ello, no entiendo en absoluto como un miembro de su Comisión puede criticar en un periódico en Alemania su decisión a favor de una carta azul para la República Federal de Alemania distanciándose internamente. 
Deseo una explicación al respecto, pues el pacto de estabilidad y su preservación son una cuestión de credibilidad del euro y una condición previa para la confianza de los ciudadanos en el euro. 
Por ello, considero necesaria la carta, pues no debemos distinguir entre Estados sino hacer todo lo posible para que el pacto de estabilidad se haga realidad por igual para todos y con su pleno contenido. 
Quien se distancie de ello pone en peligro la credibilidad del pacto de estabilidad y, en consecuencia, la confianza en el euro. 
Señor Presidente, el colega von Wogau nos ha proporcionado un excelente informe. 
Sin embargo, la respuesta del Presidente Prodi no es del todo satisfactoria, porque el Presidente Prodi ha sido ambiguo en el punto esencial, que es la equivalencia de los derechos entre el Consejo y el Parlamento. 
El Presidente nos dice que la Comisión recuerda su voluntad política de esforzarse por conseguir que el Parlamento disfrute de un trato equivalente. 
¿Equivalente con respecto a quién, equivalente en cuanto a qué? 
El Comisario Bolkestein nos recuerda que no hay que polemizar sobre el sexo de los ángeles, pero que la equivalencia significa evidentemente equivalencia entre el Parlamento y el Consejo. 
Pero, al mismo tiempo, el Sr. Bolkestein nos advierte que la Comisión no podrá garantizarnos esta equivalencia. 
¿Porqué el Presidente Prodi no ha mencionado estas simples palabras, es decir, "tratamiento equivalente al del Consejo"? 
Señor Presidente, soy el ponente del Parlamento Europeo en la directiva relativa a las prácticas contrarias a la competencia. 
Por tanto, ahora voy a tener que presentar una enmienda que, en esencia, establezca que la Comisión tendrá la capacidad de aportar modificaciones técnicas en esta directiva y que el Parlamento dispondrá de tres meses para manifestarse al respecto. 
Si, en ese plazo, el Parlamento no adopta una resolución que constate que las modificaciones técnicas propuestas exceden los poderes de ejecución previstos en la directiva, la Comisión adoptará sus medidas. 
¡So far, so good! 
En caso contrario, debería escribir: "la Comisión intentará conseguir que el Parlamento disfrute de un trato equivalente". 
Señor Presidente, ¿qué burla es ésta? 
¿Se puede realmente presentar un texto como éste ante el Parlamento? 
Creo que la Comisión va a tener que comprometerse a respetar las resoluciones adoptadas por este Parlamento. 
Esto es simplemente democracia, señor Presidente. 
Señor Presidente, también con sólo dos minutos de intervención hay que decir de antemano esta frase: estimada Comisión, los diputados partimos ahora del hecho vinculante de que la declaración de la Comisión en lo referente al espíritu del procedimiento de codecisión parte de un papel equivalente y paritario del Consejo y del Parlamento en el proceso Lamfalussy. 
¿Qué hacemos hoy? 
Creo- y esta es realmente una situación muy importante en el devenir de esta nueva Unión Europea- que hemos logrado definir el papel, los lápices de colores y los arquitectos así como los accesos sobre cuándo pueden hacer algo en el camino hacia unos servicios financieros unitarios. 
Pero lo que no debemos olvidar es cómo debe ser el aspecto del edificio, pues va a ser uno de los rascacielos más importantes de la Unión Europea. 
Tras esta demostración de fuerza entre Parlamento, Comisión y Consejo, ahora de lo que se trata es de lo que queremos tener. 
Este es el siguiente paso y lo que esperamos aquí en el Parlamento. 
Esperamos que en el marco de la simplificación de los servicios financieros no se produzca este gran problema de información entre los consumidores. Es decir, que si se ofrecen con igualdad de derechos por encima de las fronteras de los países, no caigan sobre los consumidores como videoclips, que entonces estarán overnewsed y underinformed. 
Esperamos naturalmente impedir lo que quieren las grandes empresas, es decir, una concentración en el mercado, de modo que en realidad la oferta la definan solamente dos a tres player. 
Cuando la compañía de seguros "Allianz" dice que sólo va a acudir a mercados en los que pertenezca a uno de los tres grandes, esto se convertirá en una self-fulfilling prophecy. 
El tercer problema es la falta de seguridad de los inversores: lo aplicamos precisamente en unos tiempos en los que sólo el 65% de las personas que invierten en Alemania en acciones dicen que van a seguir haciéndolo. 
Estamos en unos tiempos en los que nos encontramos con la quiebra de importantes posibilidades de pensiones en los EE.UU. La "ruinitis" campa por ahí. 
No debe pasar esto en Europa. 
Ahora debe mirarse los contenidos. 
Si al final solamente nos encontramos con una redistribución desigual al estilo de los EE.UU, habremos fracasado en Europa. 
. (IT) Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente y a todos los asistentes por este excelente debate sobre un asunto de capital importancia tanto en lo que respecta al fondo específico como, sobre todo, en lo que respecta al valor simbólico y a los compromisos comunes que debemos asumir de cara al futuro. 
Todos sabemos, todos comprendemos que es necesario respetar el delicado y quizás insatisfactorio equilibrio político-institucional existente; sin embargo, también sabemos que el debate que se abrirá en el ámbito de la Convención nos brindará una gran oportunidad para volver a debatir estas cuestiones. 
Hoy la Comisión se ha comprometido en los términos de la declaración que he leído- y no podía hacer nada más- pero mañana se comprometerá a trabajar con el Parlamento para que se reconozcan plenamente sus justos derechos institucionales. 
. (EN) Señor Presidente, la Sra. Randzio-Plath ha llamado nuestra atención sobre la importancia de los mercados financieros, y la Comisión suscribe incondicionalmente sus palabras en este sentido. 
Lo ha dicho para hacer hincapié en la importancia del informe del Sr. von Wogau y también en eso, la Comisión coincide con la Sra. Randzio-Plath. 
La Sra. Villiers ha puesto el dedo en la llaga de una manera muy sucinta al decir que el compromiso es necesario y eso es sobre lo que estamos debatiendo esta mañana, porque la opción de revocación no está contemplada en el Tratado ni en el procedimiento de comitología. 
Eso es absolutamente cierto. 
La Sra. Villier ha dicho a continuación que estamos tratando aquí sobre las ventajas para la gente corriente. 
Una vez más, la Comisión está completamente de acuerdo con eso. 
Afortunadamente vivimos en la Unión Europea, donde cada vez son más numerosas las personas que poseen acciones, y lo único que estamos haciendo esta mañana es proporcionar un marco legislativo que proteja los intereses de las personas corrientes. 
Me complace mucho reconocer que estamos avanzando a buen ritmo en esta labor. 
Si he entendido correctamente a la Sra. Randzio-Plath, su interpretación insinúa que la Comisión no iría en contra de una mayoría simple en el Parlamento. 
Sin decirlo, se refiere a la "declaración aerosol" que la Comisión anexó a la Decisión sobre comitología de junio de 1999. 
Si es eso a lo que se refiere- no es la primera vez que la Sra. Randzio-Plath y yo tratamos sobre esta cuestión -, la Comisión no tiene esa posibilidad porque, como la Sra. Villiers y otros diputados al Parlamento saben, eso no es conforme con la Decisión sobre comitología ni con el artículo 202. 
Quisiera referirme a los comentarios del Sr. Goebbels, quien afirma que la Comisión debería demostrar respeto por las resoluciones del Parlamento. 
La Comisión demuestra respeto por las resoluciones del Parlamento. 
Es más, la Comisión ha dicho que tendrá plenamente en cuenta la posición del Parlamento. 
¿Qué más puede desear el Sr. Goebbels? 
Me gustaría añadir que la Comisión respeta las resoluciones del Parlamento, pero respeta aún más el Tratado. 
Respeta más aún el procedimiento relativo a la comitología acordado. 
La Comisión es muy respetuosa con todo, pero está sujeta a las formalidades del Tratado y desea que sus palabras sean interpretadas en ese sentido. 
El Sr. Goebbels también ha hecho referencia a la palabra "equivalencia". 
La Comisión ha expresado de manera inequívoca su simpatía con la posición del Parlamento con respecto al artículo 202. 
Así lo establece por escrito en el Libro Blanco sobre comitología. 
La Comisión continuará trabajando sobre esa base- como ha declarado el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, cuando dijo que la Comisión se mantendrá en esa línea y, respetando plenamente el equilibrio institucional actual, la Comisión tratará al Parlamento y al Consejo en igualdad de condiciones. 
A fin de cuentas, estamos intentando alcanzar algo que sólo podrá hacerse realidad en la próxima CIG, que esperamos que comience en el año 2004. 
Habida cuenta de la importancia que este asunto tiene para los diputados al Parlamento, permítanme terminar resumiendo en siete puntos las medidas de salvaguardia de que dispone este Parlamento. 
En primer lugar, el ámbito de las competencias delegadas se definirá a través de la codecisión. 
En tercer lugar, existirá una cláusula de suspensión- y esto es en respuesta a una solicitud específica del Sr. Huhne en este Parlamento- que limita la duración de las competencias delegadas a cuatro años a partir de la adopción de cada acto legislativo. 
En cuarto lugar, la Comisión, como ya he mencionado varias veces esta mañana, tendrá en cuenta al máximo la posición del Parlamento y cualquier resolución- señor Goebbels- en la que declare que la Comisión se ha excedido en sus competencias delegadas. 
En quinto lugar, la Comisión apoyará la modificación del artículo 202 en la próxima CIG. 
En sexto lugar, en 2004 se llevará a cabo una revisión completa y abierta, y esperamos que un grupo supervisor interinstitucional garantice que todas las partes cumplen sus compromisos relacionados con el proceso de Lamfalussy. 
En séptimo y último lugar, si la Comisión no respeta sus compromisos, el Parlamento no volverá a delegar en ella ninguna nueva competencia en el futuro. 
De hecho, el Parlamento puede hacer oír su voz de una manera firme y la Comisión estará obligada a escuchar dicha voz. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente y a los diputados al Parlamento por su actitud constructiva. 
La Sra. Randzio-Plath ha tenido la amabilidad de dirigirme unas palabras amables. 
Permítame corresponderle y decir que siempre he considerado que las conversaciones con la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han sido muy fructíferas, amigables y, espero que al final, constructivas. 
Señor Presidente, permítame que le plantee una breve pregunta al Comisario Bolkestein. 
¿En qué artículo del tratado se ha basado la Comisión para aceptar declarar, en Estocolmo, que no iría en contra de una opinión mayoritaria en el seno del Consejo? 
. (EN) Señor Presidente, el Sr. Goebbels así como la Sra. Randzio-Plath conocen bien la respuesta. 
Saben que cuando se decidió el procedimiento de comitología, a mediados de 1999, la Comisión emitió una declaración unilateral que ha pasado a conocerse como la declaración "aerosol", que se entregó a cambio de algo denominado contrarred, otro dispositivo de procedimiento. 
La Comisión y el Consejo aceptaron que el procedimiento de contrarred desapareciera, y en su lugar llegó esta declaración unilateral, que hacía referencia a un caso muy anterior relacionado con asuntos veterinarios. 
Es el motivo por el que en la declaración unilateral de la Comisión se hacía mención de casos especialmente delicados, porque la situación veterinaria a comienzos de los años ochenta afectaba a la salud humana. 
La declaración decía- una vez más, a modo de sustitución del procedimiento de contrarred- que la Comisión no iría en contra de una opinión mayoritaria del Consejo, manteniendo con ello básicamente el statu quo, al tiempo que se ponía de relieve la situación. 
En consecuencia, la Resolución de Estocolmo no añadía nada a lo que ya existía bajo el procedimiento de comitología, porque las mismas palabras- ipsissima verba- que aparecían en la declaración de la Comisión de junio de 1991 vuelven a aparecer en la Resolución del Consejo Europeo. 
Por lo tanto, la situación sigue siendo básicamente la misma. 
Si lo que el Sr. Goebbels pregunta es qué artículo sirve de base, la respuesta es los artículos 202 y 211. 
Señor Presidente, hay una modificación cualitativa, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Pero veo lo necesaria que es una legislación secundaria con un fundamento acorde al Tratado. 
Sólo quiero plantear una pregunta: ¿se declara la Comisión por fin dispuesta a conceder en cualquier caso a la comisión competente del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, un status de observador en la comisión de títulos valores y a invitarla regularmente a las reuniones? 
. (EN) Señor Presidente, por mucho que la Comisión desee llegar a un acuerdo definitivo y positivo con el Parlamento, lamento que en esta cuestión específica la Comisión no puede estar de acuerdo con la Sra. Randzio-Plath, puesto que la presencia de un observador parlamentario en el Comité de valores mobiliarios no sería conforme a los principios constitucionales normales. 
Como dice la Sra. Randzio-Plath, el resultado sería una mezcla de competencias ejecutivas y legislativas, y por esa razón, la Comisión no ve el modo de poder estar de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Estructura y tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el segundo informe (A5-0016/2002) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco. 
.Señor Comisario, señor Portavoz del Consejo, señoras y señores colegas, el artículo 93 del Tratado determina la necesidad de intentar armonizar la fiscalidad especial, que el papel del Parlamento en este procedimiento es consultivo y que el objetivo del Tratado es armonizar los impuestos que gravan el tabaco, puesto que la armonización es necesaria para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior en el plazo contemplado por el artículo 14. 
Ciertamente, el artículo 14 no está en vigor desde hace mucho tiempo, desde diciembre de 1992; pero dado que el mercado interior no es nada completo, la primera propuesta de la Comisión aspiraba a responder a los objetivos del artículo 93, con los que no podemos menos que estar de acuerdo todos, ya que deriva directamente del Tratado. 
Como el papel del Parlamento es consultivo en este caso, el Consejo ha presionado para que expresemos con urgencia nuestra opinión. 
Asimismo, la Comisión ha presionado al Parlamento, alardeando sobre el hecho de que en el Consejo se había llegado a un acuerdo político unánime sobre el tema en cuestión, por lo que a nosotros no nos quedaba más remedio que aceptar lo sucedido en la Comisión y en el Consejo y refrendarlo. 
Esta forma de intercambio con el Parlamento, en mi opinión, fue desafortunada, especialmente por parte de la Comisión, puesto que equivale a exigir al Parlamento que se limite a refrendar una decisión ya tomada sin contribuir en lo más mínimo a su configuración. 
No estamos aquí para firmar cheques en blanco, señor Comisario. 
Igualmente, dirigiéndome al Consejo, quiero esperar que su premura en solicitar un procedimiento de urgencia no tiene el sentido del simple cumplimiento de una condición formular, sino que va a tener seriamente en consideración la opinión del Parlamento que le hemos presentado después de reflexionar muchísimo, se lo puedo asegurar. 
Señor Presidente, el Parlamento ya ha rechazado con una gran mayoría la propuesta anterior de la Comisión. 
El fondo de aquella propuesta era la imposición de una cantidad mínima de 70 euros por 1000 cigarrillos, vigente en paralelo a la fiscalidad proporcional mínima del 57% calculada para la marca más solicitada del mercado. 
No quiero entrar aquí en detalles técnicos del cálculo de este impuesto. 
El Parlamento rechazó la propuesta porque aceptó los siguientes argumentos: primero, que la imposición de un impuesto fijo mínimo crea un régimen particularmente desfavorable para las pequeñas y medianas empresas. 
Verdaderamente, si suponemos que una pequeña y mediana empresa logra ofrecer la marca más solicitada en su mercado, rebajando su precio, se encontrará inmediatamente ante un impuesto fijo e importante, sin relación con el coste de producción, lo que la coloca en una situación peor que la de las grandes empresas del sector. 
Segundo, la propuesta de la Comisión tendría como consecuencia inmediata la subida de los precios en los países del sur, donde la renta per capita es menor que la de los países del norte, en la zona central de Europa. 
En la medida en la que se consiguiese una armonización de la fiscalidad, esta sería hacia arriba, con un aumento de los precios. 
Ciertamente, el Parlamento había solicitado una armonización de este tipo en el pasado, pero su última votación demostró que el nuevo Parlamento, que ha resultado de las elecciones, tenía una opinión distinta; y además los ponentes de 1996 y de 1999, señor Comisario, votaron en contra de la propuesta de la Comisión. 
Creo que el Parlamento se ha convencido de que el continuo encarecimiento de los cigarrillos no logra el objetivo, que yo comparto, de reducir el tabaquismo, reduce sólo el tabaquismo legal, pero por el contrario, beneficia al mercado negro de cigarrillos que en determinados países ha adquirido dimensiones alarmantes. 
Además con la propuesta de la Comisión, dicho encarecimiento en los países candidatos a la adhesión alcanzaría los niveles totalmente irreales del 200% al 400%. 
Por consiguiente, la antigua propuesta de la Comisión, que básicamente es la base del acuerdo político en el Consejo, no cumple el objetivo del artículo 93 porque en lugar de fomentar el mercado interior tiende a desorganizarlo. 
En vista de que tanto la Comisión como el Consejo insisten en su postura inicial, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios me ha pedido que realice una propuesta conciliatoria. 
Dicha propuesta es como sigue: el Consejo puede adoptar las ideas iniciales de la Comisión. 
El Parlamento no se opondrá más a ello. 
Sin embargo solicita que se apruebe también una posibilidad paralela de armonización fiscal. 
Dicha posibilidad estará apoyada en la combinación de la fiscalidad especial mínima del 57% con el IVA mínimo del 15%, para llegar a la armonización de la fiscalidad global al nivel del 71% una vez aplicada la fórmula matemática correspondiente. 
Así pues, el ponente propone dos tipos de fiscalidad y que la elección concierna a los Estados miembros. 
Esta propuesta tiene las siguientes ventajas: primero, no conduce al aumento de los precios en perjuicio de determinados Estados miembros del sur. 
Claro, tal como les he dicho, esto tiene especial importancia también para los países candidatos a la adhesión. 
Segundo, fomenta la armonización de los precios, pues ya con la fiscalidad mínima del 57% había convergencia de precios, en tanto que el elemento que causaba las fluctuaciones era el IVA. 
Así, mediante nuestra nueva propuesta se fomentará más la armonización que con la propuesta de la Comisión. 
Tercero, brinda a los Estados miembros la posibilidad de preservar sus PYME de las distorsiones de la competencia que ocasiona la imposición de un impuesto fijo. 
Como todas estas medidas no encarecen los cigarrillos, desaniman al tráfico ilegal. 
Creo que el Parlamento debe mostrar valor e imaginación, aceptar dos posibilidades fiscales y dejar el juicio final a los Estados miembros. 
Estoy seguro de que la nueva propuesta, que espero que sea aprobada por mis colegas, tiene tantas ventajas como para imponerse en la elección de los Estados miembros y, en breve, únicamente habrá un sistema de fiscalidad armonizada. 
Señor Comisario, señores portavoces del Consejo, permítanme terminar diciendo que limitar el tabaquismo es uno de mis deseos. 
Pero no creo que se consiga aumentando constantemente los precios. 
Ya son muy caros los cigarrillos en Europa y no parece que el tabaquismo se reduzca. 
Por esta razón soy contrario a las enmiendas de algunos de mis colegas que quieren apoyar la campaña antitabaco aumentando su precio. 
No creo que el mecanismo de los precios pueda lograrlo todo. 
Puede conseguir muchas cosas, pero no todo y por eso estoy en contra de dichas propuestas. 
Esta es la propuesta conciliatoria del Parlamento y ruego a la Comisión y al Consejo que la tengan seriamente en cuenta y que no la consideren una simple formulación, puesto que una cosa así sería insultante para el Parlamento. 
Señor Presidente, lamento tener que discrepar ligeramente con mi colega el Sr. Katiforis. 
Hablo, especialmente, en nombre de la delegación británica del PSE para decir que no apoyaremos el presente informe por muchas de las razones que el Sr. Katiforis ya ha expuesto. 
No aceptamos el argumento de que el precio no influye en la cantidad de cigarrillos que se consumen. 
Lo cierto es que tengo aquí cifras del Reino Unido que demuestran que un incremento del 10% del precio de los cigarrillos se traduce en un descenso del 4% del consumo. 
Por lo tanto, existe una relación entre el precio del tabaco y la cantidad que se fuma. 
Ésta es la causa que defiende la delegación británica del PSE, en particular, con respecto a las enmiendas 2 y 3 sobre la reducción del impuesto especial por debajo del tipo establecido en el informe original. 
Es importante que el Parlamento rechace este informe porque, recientemente, hemos aprobado la directiva sobre el tabaco que, como todos sabemos, adoptaba varias medidas en materia de salud pública para reducir el consumo de tabaco. 
Por ello parece muy poco coherente aprobar el presente informe, que intenta introducir medidas y formar opiniones que, hasta cierto punto, van en contra de las medidas que ya hemos adoptado por motivos de salud pública. 
Esto no quiere decir que no comprendamos las cuestiones planteadas sobre los países candidatos y sobre los pequeños y medianos productores de tabaco. 
Si el rechazo del presente informe repercute sobre ellos, lo lamentamos y no es algo que nosotros deseemos. 
Pero cuando tratamos sobre el tabaco, estamos hablando de un producto que es nocivo para la salud con independencia del país en que vivamos, y éste es el principal argumento. 
Se trata sobre todo de una medida sanitaria y no de algo que tenga que ver con la producción o con la armonización de los impuestos especiales, a pesar de que aceptamos esta última como principio. 
He considerado que debía explicar nuestra posición y decir por qué la delegación británica del PSE votará en contra de este informe en la votación que celebraremos más tarde. 
Señor Presidente, nosotros también estamos convencidos de que un incremento en los precios se traducirá en una reducción del consumo de productos derivados del tabaco, especialmente de los cigarrillos y del tabaco en picadillo para liar. 
La situación que se registra en el Reino Unido y en Suecia, donde los impuestos especiales son muy elevados y el consumo es relativamente bajo, apunta en esta dirección, como también lo hace un estudio llevado a cabo por el Banco Mundial. 
En dos resoluciones anteriores de 1996 y 1997, el Parlamento Europeo deja constancia de que es deseable alcanzar una armonización al alza de los precios del tabaco aplicando mayores impuestos especiales. 
Tal y como propone la Comisión en su exposición, el nuevo importe en euros de los impuestos especiales que gravan el tabaco se basa en la recaudación media de los impuestos especiales aplicados en los Estados miembros, es decir: 90 EUR por cada 1000 cigarrillos, lo que se ha reducido posteriormente a 70 EUR por cada 1000 cigarrillos para prevenir que la mayoría de los Estados miembros deban incrementar sus impuestos especiales. 
En este sentido, merece la pena mencionar que la recaudación de impuestos especiales en nueve Estados miembros es incluso superior al citado importe de 70 EUR por cada 1000 cigarrillos. 
Por este motivo, mi Grupo no se muestra partidario de seguir reduciendo este baremo. 
La propuesta del comisario Bolkenstein supone, en nuestra opinión, un gran avance en comparación con la situación actual. 
En el transcurso de un debate anterior, celebrado hace algunos meses, ya trató también los aspectos sanitarios. 
Deseamos que se profundice más en dichos aspectos. 
Hemos acudido con una serie de enmiendas elaboradas en colaboración con el Sr. Blokland. 
En primer lugar, nos centramos en la cuestión del IVA para la que el ponente ya ha planteado varias propuestas que nosotros respaldamos. 
En segundo lugar, consideramos que este tema se debe enmarcar claramente en las negociaciones actuales en el seno de la Organización Mundial de la Salud. 
Somos de la opinión de que se debe luchar con más fuerza contra las diferencias de precio del contrabando, ya que constituyen uno de los principales motivos del fraude y del contrabando, aunque no es el único. 
Consideramos que, durante la revisión trimestral, se debe tratar de encontrar un sistema que permita desincentivar el consumo de los productos más nocivos. 
Por último quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar que sigue constituyendo una anomalía inaceptable el hecho de que por una parte se incrementen los impuestos especiales que gravan los productos derivados del tabaco, al menos en parte por motivos sanitarios, mientras, por otra parte, se sigun concediendo importantes ayudas al cultivo de tabaco en la Unión Europea. 
Señor Presidente, sin ninguna duda fumar perjudica seriamente la salud. 
Pero es una hipocresía de la Comisión sostener que contribuye a la protección de la salud mediante medidas de mayor fiscalidad de los productos del tabaco, de un producto de amplio consumo, y máxime cuando deja al consumidor desprotegido ante productos excepcionalmente peligrosos de la cadena alimentaria, ante productos del tabaco de importación de dudosa calidad, mientras presiona para comercializar totalmente la salud. 
Seguro que aumentando la fiscalidad, y consiguientemente el precio al consumo, no vamos a ver una reducción del tabaquismo. 
Hasta el momento no ha ocurrido nada en este sentido. 
Lo que sí que va a pasar, si aumenta la fiscalidad, es que los consumidores, cuyas rentas sean más bajas, se verán obligados a recurrir al mercado negro de cigarrillos de terceros países, más baratos y posiblemente más nocivos para la salud. 
Es decir, reforzaremos el mercado negro y no lo contrario, como afirma la Comisión. 
Con las medidas propuestas aumentará el coste de vida del consumidor en una época en que sus rentas se ven disminuidas constantemente a causa de la política de la Unión Europea. 
Estamos en desacuerdo con la identificación de la campaña en contra del tabaquismo con la campaña en contra del cultivo del tabaco en los países de la Unión Europea. 
La primera es en bien de la salud, en tanto que la segunda es en contra de los cultivos del tabaco y de los productos manufacturado del sur de la Unión Europea y a favor de los grandes cultivadores e industriales principalmente de los Estados Unidos. 
Precisamente por esta razón estamos en desacuerdo con anular o reducir las financiaciones al cultivo del tabaco que están pidiendo algunos. 
Una medida de esta índole tendría como consecuencia la desaparición del cultivo del tabaco en la Unión Europea, el pleno predominio de los cigarrillos de importación. 
Por estas razones entre otras, señor Presidente, somos contrarios a cualquier impuesto especial más porque, tal como hemos demostrado con anterioridad, no sólo no funciona para proteger la salud pública, sino que más bien ocurrirá lo contrario. 
Finalmente, propondríamos que la recaudación de los impuestos del tabaco se destine a pagar clases y medidas de prevención en contra del tabaquismo, así como a centros de desintoxicación y tratamiento de enfermos a causa del tabaquismo. 
Todos queremos claridad. También queremos claridad en lo que respecta a la política referida a los fabricantes de tabaco y a los impuestos especiales que resulten aplicables cuya recaudación se emplea en gran medida para paliar los efectos negativo del consumo de tabaco sobre la salud. 
Lamentablemente, el informe del Sr. Katiforis carece de la claridad que todos deseamos. 
Lo que sí demuestra el informe es la voluntad del ponente de preservar los intereses de la industria tabaquera, especialmente en aquellos países en los que los productos derivados del tabaco se pueden adquirir a bajo precio. 
Con este enfoque, el ponente se pone al servicio de los intereses de la industria tabaquera y no al de los ciudadanos. 
Resulta, por consiguiente, muy decepcionante ver como el ponente se ha limitado a modificar la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la cuantía de los impuestos especiales sin ofrecer una justificación objetiva. 
Una justificación que la propia Comisión Europea sí que ofrece a la hora de incrementar los impuestos especiales y que se resume en la voluntad de fomentar el buen funcionamiento del mercado interior y desincentivar el consumo de tabaco aplicando una política coherente y convincente. 
Esta voluntad se ve reforzada con las enmiendas que he presentado junto con el Sr. Maaten. 
En el pasado, el Parlamento ha expresado en dos resoluciones su respaldo a una armonización fiscal al alza de los impuestos especiales que gravan el tabaco. 
La afirmación de que el incremento de los impuestos especiales fomentaría el contrabando no está justificada. 
Al contrario, es precisamente en los lugares donde los precios de los productos derivados del tabaco son más bajos donde se observan actividades de contrabando. 
Los estudios llevados a cabo han demostrado que el incremento de los precios del tabaco se traducen en un descenso del número de fumadores y del número de jóvenes no fumadores que comienzan a fumar. 
La credibilidad del Parlamento se vería incrementada si se admiten las enmiendas que he presentado junto que el Sr. Maaten. 
Por último quisiera recordar de nuevo que mil millones de euros se siguen esfumando en las cancerígenas ayudas al cultivo de tabaco. 
Lamentable. 
Señor Presidente, señor Comisario, en los Estados Unidos, un país en que se han alcanzado magníficos resultados en lo que se refiere a la reducción del consumo de cigarrillos, la incidencia porcentual de la imposición sobre el precio es muy inferior a la de todos los Estados europeos, inclusive aquellos que tienen los impuestos especiales más bajos. 
Creo que éste es un dato que debemos tener muy en cuenta. 
Existe asimismo otro dato a tener en cuenta. 
La Sra. Honeyball decía que el aumento del precio supone una disminución del consumo de cigarrillos, y esto está comprobado. 
Sin embargo, lo que ha ocurrido en Italia es que el aumento del precio de los cigarrillos, debido al aumento de la imposición, ha reducido oficialmente el consumo de cigarrillos, pero sólo porque ha aumentado extraordinariamente el consumo de cigarrillos de contrabando. 
Esto vale sobre todo porque el contrabando de cigarrillos no es un contrabando entre Estados europeos que tienen diferentes tipos impositivos- recordemos que en los Estados Unidos los impuestos especiales que gravan el tabaco varían según los Estados- sino un contrabando desde fuera de Europa hacia dentro de Europa. Es el contrabando que se inicia en Montenegro, pasa por el Adriático y desde ahí se extiende por toda Europa. 
Y este problema de contrabando criminal, mafioso es un problema que corremos el riesgo de acentuar si seguimos adelante con esta política de aumentar los impuestos especiales. 
Los resultados positivos alcanzados en los Estados Unidos en términos de salud pública- lo digo a sus Señorías- se han perseguido y logrado aplicando impuestos especiales porcentualmente más bajos que en Europa. 
Señor Presidente, haré unas observaciones breves y puntuales. 
Coincido absolutamente con lo expuesto por el ponente respecto del procedimiento legislativo, el papel del Parlamento y la necesidad de colaborar lealmente entre las instituciones. 
También coincido con el ponente en las modificaciones que hace a las propuestas de fondo de la Comisión. 
Ésta nos propone un impuesto especial, una abscisa del 50% con un suelo del 70%. 
El Sr. Katiforis propone, en primer lugar, reducir este suelo a 60 euros- propuesta con la que mi Grupo coincide- y, en segundo lugar, abrir a los Estados destinatarios de esta directiva una opción alternativa: gravar con el tipo del 71%, incluyendo dentro de esta alícuota tanto los impuestos especiales como el impuesto sobre el valor añadido. 
Me parece un camino novedoso e importante, que respeta el principio de proporcionalidad del precio, que se rompe, de alguna manera, con el suelo mínimo, e introduce dosis de claridad en la imposición indirecta. 
La acumulación de los impuestos indirectos y del impuesto sobre el valor añadido ha sido repetidamente denunciada por este Parlamento y esta opción- agrupar en un nivel mínimo de imposición los dos impuestos- me parece una buena solución. 
Coincido también con el ponente en que el precio es un elemento disuasorio del hábito de fumar, pero no el único y, por tanto, que la Comisión haría bien en remitirnos pronto las propuestas complementarias para acabar con este hábito. 
Y también coincido en que el incremento del precio en países ribereños y fronterizos puede llevar a un aumento del fraude. 
Invito a la Comisión a profundizar en los procedimientos de cooperación para erradicar el fraude, que constituye uno de los elementos de erosión de la imposición indirecta, especialmente aquí, pero de eso hablaremos luego con el Sr. Bolkestein, en el informe Kauppi. 
Enhorabuena, señor Katiforis. 
Cuente, en esta ocasión, con el apoyo de mi Grupo. 
Señor Presidente, el informe Katiforis sobre la propuesta de directiva relativa a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores de tabaco representa, en nuestra opinión, un compromiso positivo respecto a la propuesta de la Comisión y del Consejo. 
En efecto, con la propuesta de la Comisión habríamos acabado por dar un carácter demasiado rígido y por crear grandes dificultades sobre todo a las tabacaleras con la consecuencia de una producción nacional- sobre todo en el sur de Europa- más costosa y de inferior calidad y el consiguiente aumento del contrabando que ya se ha recordado. 
En particular, consideramos que la idea de un impuesto especial mínimo que se proponía a un importe fijo para los cigarrillos no habría protegido, antes bien, habría perjudicado la igualdad de las condiciones de competencia entre las grandes tabacaleras y las pequeñas y medianas empresas con la consiguiente distorsión del principio de competencia. 
Con el informe del Sr. Katiforis estimamos que se fijan tres objetivos: ante todo, el objetivo de la armonización fiscal- el Sr. Katiforis proponía el tipo del 71% -porque las alícuotas del impuesto sobre el valor añadido están sujetas a una regla común, ya que se interviene por primera vez en la imposición total: impuestos especiales más IVA. Esto permite alcanzar una mayor convergencia y evitar tanto los aumentos indiscriminados como penalizar a las tabacaleras de los Estados miembros del sur de Europa. 
En segundo lugar, se fija el objetivo de la lucha contra el fraude y el contrabando. 
En tercer lugar, también se alcanza el objetivo de prevenir mejor los riesgos para la salud, cosa que no se consigue con continuos aumentos de la imposición, sino que, a nuestros modo de ver, se consigue con inversiones específicas en la investigación. 
Por último, consideramos que la posición sobre los puros y los cigarrillos, tal como se presenta en el informe Katiforis, es más convincente, ya que evita posibles caídas del empleo, y por lo tanto, respeta los principios del artículo 127 del Tratado. 
Por este motivo, señor Katiforis, el grupo italiano del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, de los Republicanos Europeos, Demócratas, Italia de los Valores y Socialistas Liberales respaldará su informe. 
Señor Presidente, el 22% de todos los cigarrillos que se compran en Gran Bretaña y en Irlanda del Norte proviene del contrabando. 
En el año 2000, el contrabando de tabaco ocasionó pérdidas al erario público británico por valor de 3,8 millones de libras esterlinas. 
El servicio de aduanas británico ha conseguido atajar el contrabando de tabaco a través del Canal de la Mancha en un impresionante índice del 76% desde marzo de 2000. 
Los contrabandistas están furiosos por este motivo, pero ahora, que el Comisario ha anunciado su intención de adoptar medidas contra el Reino Unido por crear barreras a la libre circulación de mercancías, la puerta podría quedar aún más abierta para que los contrabandistas se den un festín aún mayor. 
El tabaco barato de contrabando ha creado nuevos fumadores entre la población joven del Reino Unido. 
Es una tragedia. 
Además, es una amenaza para los escasos puestos de trabajo que quedan en la industria británica del tabaco. 
La industria británica del tabaco debería gozar de las mismas condiciones que los fabricantes de productos del tabaco del resto de la Unión Europea y no deberían ser penalizados. 
Señor Presidente, mi delegación de Conservadores británicos y yo personalmente acogimos con satisfacción el rechazo de la propuesta de la Comisión en la anterior votación que celebró el Parlamento y lamentamos que ahora se proponga la aprobación de la propuesta de la Comisión porque está viciada. 
Apoyaremos algunas de las enmiendas del Sr. Katiforis porque mejoran bastante una propuesta de por sí mala. 
No obstante, en términos generales, no podemos dar nuestro apoyo a esta propuesta porque no creemos en la armonización al alza del impuesto que grava las labores del tabaco. 
Los impuestos son competencia de los Estados-nación, de los gobiernos nacionales, y deberían seguir siendo del dominio exclusivo de los gobiernos nacionales, que son elegidos democráticamente y deben dar cuenta democráticamente, porque los impuestos son uno de los aspectos más fundamentales de la nación y del Estado. 
Asimismo, los argumentos sanitarios sobre el consumo de tabaco y los impuestos no nos convencen en absoluto. 
Cada vez nos preocupa más que los tipos del impuesto, que se disparan vertiginosamente, con los que se gravan los cigarrillos provoquen un aumento del contrabando. 
Este contrabando ilegal de cigarrillos procedentes de fuera de la Unión Europea es ya motivo de gran preocupación y puede provocar un aumento del consumo, sin ninguna duda, en mi circunscripción y en gran parte del Reino Unido. 
Por lo tanto, los argumentos sanitarios a favor de un tipo más alto del impuesto especial que grava el tabaco no son claros y, lo que es aún más importante, no creemos en la armonización al alza de los impuestos especiales ni, en particular, en la armonización al alza del impuesto con que se grava las labores del tabaco. 
Por todo ello, nos opondremos a la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, fumar es perjudicial, tanto para el que fuma como para los que se encuentran a su alrededor. 
Incluso los que no han nacido sufren los efectos nocivos del hábito de fumar de sus padres. 
Por tanto, el consumo de tabaco atañe en gran medida a la salud pública. 
Por eso hay que hacer cuanto sea posible para impedir que la gente empiece a fumar. 
Sé de lo que estoy hablando, señor Katiforis. 
He sido fumador. 
En este informe no se menciona el concepto de salud pública. 
El señor Katiforis es un colega muy simpático e inteligente, pero incluso los colegas inteligentes se equivocan alguna vez. 
¡Esta vez se ha equivocado señor Katiforis! 
Hay muchas pruebas de que el alza de precios de los cigarrillos conlleva una disminución del consumo. 
Esto significa que se fuma menos y que menos jóvenes se inician en el consumo de tabaco. 
En mi país, el Instituto de Salud Pública ha calculado que el alza del precio de los cigarrillos que tuvo lugar en 1997 ha significado que 12.500 personas hayan escapado a una muerte prematura, gracias a que 100 000 personas abandonaron el hábito de fumar cuando subieron los precios. 
Estamos hablando sólo de un país, Suecia, que tiene sólo 9 millones de habitantes. 
Además, como es sabido, los impuestos son mucho más altos que en el resto de la Unión. 
En suma, todo esto indica que conviene aceptar la propuesta de la Comisión. 
Por el contrario, opino que no es lógico que la Unión subvencione los cultivos de tabaco al mismo tiempo que se realizan enormes esfuerzos para evitar el consumo y para disminuir la proliferación del cáncer. 
Tenemos que ser más consecuentes y abandonar la doble moral. 
Por eso espero que el Parlamento apruebe la enmienda del señor Maaten y, en definitiva, la propuesta de la Comisión, aunque en una versión un poco más dura. 
Señor Presidente, pertenezco a la mayoría de esta Asamblea que rechazó en noviembre la propuesta de la Comisión y me habría gustado seguir en esa actitud pero ahora se nos ha confrontado con un segundo informe sobre el que tenemos que votar. 
La Comisión insiste en elevar las estimaciones mínimas de los derechos sobre el consumo. 
Hoy afecta al tabaco, mañana va a presentar la Comisión según mis informaciones una propuesta para elevar los impuestos sobre el consumo y para suprimir el porcentaje cero para los derechos de consumo sobre el vino a pesar de que se ha demostrado que la gente que bebe vino es más inteligente y menos propensa a sufrir enfermedades mentales en edad avanzada. 
No sé qué es lo que la Comisión nos va a presentar pasado mañana. 
El objetivo indicado de lograr una aproximación gradual de los impuestos sobre el consumo en el mercado interior no se va a lograr tampoco con esta propuesta y el ponderado compromiso logrado en 1992 bajo la Presidencia luxemburguesa entre los partidarios de una imposición proporcional y de una imposición específica se cuestionaría innecesariamente. 
Si se llevase a cabo esta desgraciada propuesta de la Comisión se produciría además un aumento masivo del riesgo de contrabando, en especial en los países del sur y tras la ampliación, en la Europa central, pues allí los precios de los cigarrillos aumentarían entre un 200 y un 500%. 
En lo que se refiere a la lucha contra el consumo de tabaco, que debe mantenerse para justificar esta propuesta inadecuada de la Comisión, sólo puedo indicar de nuevo que no se ha demostrado de ningún modo que un precio elevado de los cigarrillos frene el consumo de tabaco; por el contrario, el fumar se convierte incluso en un símbolo de posición. 
Ante estas consideraciones, rechazo la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas presentadas por nuestro ponente que dejan en manos de los Estados miembros la elección entre el impuesto al consumo por un importe de 60 euros cada mil cigarrillos o un impuesto al consumo más IVA del 71% del precio son el mal menor y como la política es el arte de lo posible apoyo naturalmente con pleno convencimiento al igual que mi Grupo el informe del Sr. Katiforis. 
. (EN) Señor Presidente, el nuevo informe acerca las posiciones de la Comisión y del Parlamento, y saludo los esfuerzos que ha realizado el Sr. Katiforis en este sentido. 
Su informe propone ahora la aprobación de la propuesta de la Comisión con dos enmiendas. 
La primera enmienda es relativa al régimen fiscal que grava los cigarrillos, y ofrece a los Estados miembros la opción de elegir entre dos sistemas de tributación distintos. 
La Comisión, sin embargo, es de la opinión de que esta opción provocará una menor, en vez de mayor, armonización del impuesto que grava el tabaco. 
La opción propuesta no obligaría a ningún Estado miembro a modificar sus tipos, es más, permitiría a algunos Estados miembros, incluidos aquellos que aplican tipos relativamente bajos, reducirlos aún más. 
Eso iría en clara contradicción con los objetivos de salud pública, como ha señalado la Sra. Honeyball esta mañana. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar esta primera enmienda. 
Asimismo, considera que una de las razones de su presentación- en particular, la necesidad de preservar el equilibrio entre la tributación específica y porcentual- ya ha sido tenida en cuenta en la propuesta de la Comisión. 
Como he explicado anteriormente, los Estados miembros afectados por la introducción de un importe fijo en euros conservan la flexibilidad de que gozan actualmente para determinar la proporción de los componentes específicos y ad valorem del impuesto para los cigarrillos. 
Para justificar la enmienda, el informe señala asimismo la situación de los países candidatos, para los que el tipo mínimo del impuesto debería ser un objetivo alcanzable. 
Pero ofrecerles la opción entre dos sistemas de tributación distintos tras su adhesión nos dejaría con un gran desfase entre sus tipos de impuestos y precios y los tipos y precios de los actuales Estados miembros, lo que tendría como consecuencia una pérdida de ingresos considerable para los actuales Estados miembros. 
La Comisión es consciente de que la mayoría de los países candidatos deberá realizar esfuerzos importantes para alcanzar los importes en euros y, por ello, ha propuesto al Consejo que a los países candidatos se les concedan períodos de transición limitados para que puedan alcanzar el tipo impositivo mínimo. 
La segunda enmienda rechaza la modificación de la definición de cigarros y cigarrillos. 
No obstante, la Comisión sigue siendo de la opinión de que los productos con las características de cigarrillos deberían ser gravados como tales. 
Este cambio fue solicitado por varios Estados miembros y cuenta con el apoyo unánime de todos los demás. 
Asimismo ha recibido un respaldo considerable por parte de la industria de cigarros y cigarrillos. 
Quisiera comentar también las otras dos enmiendas aprobadas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
La primera sugiere que se añada un nuevo considerando en el que se pida a la Comisión que presenta propuestas encaminadas a eliminar el fraude y el contrabando. 
La Comisión comparte el punto de vista de que la armonización de los tipos por sí sola no eliminará el fraude y también que son necesarias otras medidas para luchar contra el fraude y el contrabando. 
No obstante, no es necesario volver a hacer hincapié en este punto. 
A raíz del informe de 1996 de un Grupo de alto nivel sobre el fraude en el sector de las bebidas alcohólicas y el tabaco, ya se han lanzado varias iniciativas para combatir el fraude en el sector de los productos sujetos a impuestos especiales. 
El ejemplo más reciente es la propuesta de la Comisión de 19 de octubre de 2001 sobre una propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales. 
Será más oportuno tratar sobre el problema del fraude, que es un problema general que afecta a todos los productos sujetos a impuestos especiales, dentro del contexto de dicha propuesta. 
La segunda enmienda es relativa al límite máximo del importe en euros propuesto por la Comisión y sugiere que se reduzca el importe de 100 a 85 euros. 
La motivación de la enmienda es que 85 euros es una suma más fácil de alcanzar que la de 100 euros para los países candidatos, que en la actualidad aplican impuestos especiales de entre 6 y 24 euros. 
Me gustaría señalar que este límite máximo no es relevante para los países candidatos. 
Sólo es relevante para los Estados miembros que ya aplican un tipo muy alto de impuestos especiales, aunque sin alcanzar el tipo mínimo del 57%. 
Para terminar, puedo decir que la Comisión considera que el presente informe representa un paso adelante con respecto al anterior, porque respalda la necesidad de aumentar la aproximación de los tipos de los impuestos especiales. 
Muchas gracias señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, una vez más ha sido imposible oír la conclusión de la intervención del Sr. Comisario. 
Es totalmente injusto para con nuestros Comisarios que acuden al Parlamento para dirigirse a nosotros tras haber escuchado nuestras intervenciones. 
Me pregunto si, al inicio de estos dos años y medio de su Presidencia, podría considerar la posibilidad de introducir una interrupción de cinco minutos entre el final del debate y la entrada en el Hemiciclo de los diputados, porque no podemos seguir así, demostrando esta descortesía a nuestros Comisarios. 
Señor Corrie, su observación es muy oportuna. 
Lo que sugiere es una posibilidad. 
Deberemos pedir también a los ujieres que garanticen que cuando los diputados entran en el Hemiciclo no lo hagan charlando. 
Las conversaciones son para el exterior. 
Votaciones 
De conformidad con el orden del día se procede a la votación. 
Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas y por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE del Consejo (8402/1/2001- C5-0472/2001- 1999/0117 (COD)) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Procedimiento simplificado: 
Propuesta de reglamento del Consejo, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2019/93 por el que se establecen medidas específicas a favor de las islas menores del mar Egeo relativas a determinados productos agrícolas (COM (2001) 638- C5-0590/2001- 2001/0260 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
-Propuesta de decisión del Consejo, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, relativa al régimen del impuesto AIEM aplicable a las Islas Canarias (COM (2001) 732- C5-0691/2001- 2001/0284 (CNS)) 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
-Propuesta de reglamento del Consejo, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, por el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común para las importaciones de determinados productos industriales y relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para las importaciones de determinados productos de la pesca en las Islas Canarias (COM (2001) 731- C5-0692/2001- 2001/0289 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
-Propuesta de reglamento del Consejo, en nombre de la Comisión de Pesca, por el que se establecen las medidas aplicables en 2002 con vistas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (División CIEM VII a) (COM (2001) 699- C5-0690/2001- 2001/0279 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Informe (A5-0015/2002) de Nisticò, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimotercera vez la Directiva 76/769/CEE relativa a la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción c/m/r) (COM (2001) 256- C5-0196/2001- 2001/0110 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0468/2001) de Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (COM (2001) 253- C5-0249/2001- 2001/0104 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0013/2002) de Hughes, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles que realizan actividades de transporte por carretera y de los conductores autónomos (PE-CONS 3676/2001- C5-0688/2001- 1998/0319 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0026/2002) de Ghilardotti, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (PE-CONS 3677/2001- C5-0687/2001- 1998/0315 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0460/2002) de Oostlander, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la aprobación de una Decisión-marco del Consejo relativa al establecimiento de las disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (COM (2001) 259- C5-0359/2001- 2001/0114 (CNS)) 
(Después de la votación sobre la propuesta de la Comisión) 
. (EN) Señor Presidente, deseo expresar la decepción de la Comisión por el hecho de que la votación haya ido en contra de sus deseos. 
Lo único que me queda por hacer es llevar el resultado de esta votación a la atención de la Comisión, que lo tendrá debidamente en cuenta, e informar al Parlamento según corresponda. 
Señor Presidente, he pedido la palabra, cuando usted se la ha dado a la Comisión, para decir que lo que acabamos de rechazar en esta Cámara es el informe del Sr. Oostlander, no la propuesta de la Comisión. 
Sobre la propuesta de la Comisión nosotros no tenemos capacidad de voto. 
Hemos rechazado el informe del Sr. Oostlander, con la opinión de éste respecto a la propuesta de la Comisión. 
Tiene razón. 
Eso es lo que he declarado- que no se aprueba el informe así modificado. 
El curso que se dará a la propuesta, si la Comisión no la retira, es su devolución a la comisión competente sin someter a votación la propuesta de resolución legislativa. 
Informe (A5-0436/2001) de Ludford, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (COM (2001) 127- C5-0250/2001- 2001/0074 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0455/2001) de Keßler, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a las condiciones en las que los nacionales de terceros países pueden viajar libremente en el territorio de los Estados miembros durante un período no superior a tres meses, por la que se introduce una autorización específica de viaje y por la que se fijan las condiciones de entrada para desplazamientos de una duración no superior a seis meses (COM (2001) 388- C5-0350/2001- 2001/0155 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0016/2002) de Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/79/CEE, la Directiva 92/80/CEE y la Directiva 95/59/CE en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco (COM (2001) 133- C5-0139/2001- 2001/0063 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0464/2001) de van den Berg, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (COM (2001) 153- C5-0395/2001- 2001/2153 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0392/2001) de Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe Anual 2000 del BEI (C5-0541/2001- 2001/2218 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0011/2002) de von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la aplicación de la legislación en el marco de los servicios financieros (2001/2247 (INI)) 
Antes de la votación sobre el apartado 13: 
Ante todo quiero felicitar al nuevo Presidente del Parlamento y espero que tenga la paciencia de escucharme como lo ha venido haciendo la Presidencia hasta la fecha. 
Debo decir que he participado en los trabajos del Comité de Conciliación para establecer el tiempo de trabajo de los transportistas. 
Comenté el tema con mi amigo Ugo Gustinetti de Alzano Lombardo en provincia de Bérgamo, transportista de toda la vida, quien me dijo: "Mucho más importante que las normas es que haya verdaderos controles sobre el tiempo de conducción de los transportistas". 
Por ello, propongo que se utilice el sistema por satélite GALILEO para controlar desde el aire todos los vehículos de transporte que circulan por la Unión Europea. 
Señor Presidente, quiero realizar una explicación de voto sobre la directiva relativa a la jornada laboral en el transporte por carretera. 
Mi delegación saluda la aprobación de la directiva. 
Tanto la mejora de la seguridad general del tráfico como la protección de los conductores son un objetivo general europeo por lo que deben regularse en toda la UE. 
Los últimos acontecimientos relacionados con el escándalo de transporte en Luxemburgo y en mi país de origen Austria, han mostrado que en este ramo del transporte hay muchas cosas en mala situación. 
La propuesta de reglamento aprobada en enero por el pleno sobre la introducción de un certificado de conductor ha sido una señal correcta para controlar el empleo ilegal de nacionales de terceros países. 
La directiva aprobada hoy por el Pleno representa otro importante paso. 
La obligación de respetar los tiempos de descanso y la determinación de los horarios de trabajo máximos y nocturnos realizan su aportación a la seguridad en las vías de transporte europeas. 
Por ello hemos votado a favor de la aprobación de la directiva. 
Lamentable y extraña es la no inclusión provisional de los conductores autónomos en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Probablemente se va a impulsar de este modo el desarrollo de nuevas formas de aparente autonomía. 
El resultado obtenido por la Delegación de Conciliación es muy positivo y constituye una conquista muy importante del Parlamento Europeo. 
Al aprobarse esta directiva sobre la organización de la jornada laboral de los trabajadores que ejercen a título profesional actividades móviles de transporte por carretera, se eliminan distorsiones en la competencia en el nivel de ese sector y al mismo tiempo se fomenta la seguridad en la carretera. 
Me congratulo en particular del acuerdo obtenido en la cuestión central de esta directiva: la inclusión de los trabajadores independientes. 
Dicha inclusión en el ámbito de aplicación de la directiva siete años después de su entrada en vigor, y la posibilidad de que la Comisión elabore un estudio sobre las consecuencias de la exclusión de los conductores independientes, que se hará dos años antes del final de ese período de siete años, ha resultado ser una fórmula hábil y equilibrada para superar resistencias de algunos Estados miembros y obtener, así, el acuerdo indispensable para la aprobación de esta nueva directiva, de importancia decisiva para la Política Común de Transportes. 
La definición de conductor independiente que figura en la directiva es también una importante contribución para evitar nuevas formas camufladas de actividad independiente durante el período temporal de exclusión de los trabajadores independientes. 
Por lo que se refiere a la jornada laboral nocturna, queda salvaguardada la competitividad de los países periféricos, cuyos conductores deben recorrer largas distancias para llegar a los grandes centros de producción y distribución, aprovechando la circulación nocturna, cuando el tráfico es menos intenso. 
El resultado del acuerdo entre el Parlamento y el Consejo representa, así, un equilibrio adecuado entre los aspectos económicos y la seguridad en la carretera y la salud de los trabajadores. 
. (EN) Apoyo los principios generales relativos a la ordenación del tiempo de trabajo, que benefician a los trabajadores en términos de consideraciones de salud y seguridad y que, en el caso del transporte por carretera, son beneficiosos por su aportación a la seguridad vial y la prevención de accidentes. 
Creo realmente que los reglamentos de esta naturaleza deben establecer un equilibrio entre las ventajas reconocidas y las realidades de orden práctico a que deben hacer frente los operadores del transporte, especialmente en las zonas rurales y las islas, donde no existe ninguna alternativa viable al transporte por carretera. 
La concesión sobre la limitación del trabajo nocturno es importante para Escocia, donde las largas distancias por carretera son inevitables y donde los operadores del transporte ya sufren la falta de incentivos como los altos impuestos sobre el combustible y una red de carreteras relativamente deficiente en muchas zonas. 
Informe Ghilardotti (A5-0026/2002) 
Señor Presidente, he aprobado el excelente informe con el cual la Sra. Ghilardotti ha documentado las vicisitudes de la directiva sobre la información y consulta de los trabajadores. 
Por otra parte, estaba fuera de toda duda, ya que la Sra. Ghilardotti era la presidenta de la Región de Lombardia, la región más grande de Italia, cuando yo era consejero regional de la misma, y este texto ayuda seguramente a los trabajadores a participar en la vida de la empresa de la que depende su vida. 
No obstante, quiero preguntar a la Sra. Ghilardotti, a la que por desgracia no veo en el Pleno, pero que seguramente leerá mi explicación de voto, lo siguiente: "¿ Acaso no podríamos conseguir también una directiva por la que se informe a los trabajadores de sus derechos a la pensión ?" 
. (EN) La presente directiva proporcionará una protección valiosa a muchos empleados cuyo medio de vida peligra, en particular, debido a la creciente facilidad con que las empresas proceden a la deslocalización de sus actividades. 
Naturalmente no prevendrá la pérdida de puestos de trabajo, pero evitará que se den situaciones en las que los empleados se enteran de su despido por la prensa. 
Asimismo, permitirá adoptar medidas para paliar los efectos de la destrucción masiva de puestos de trabajo cuando sea inevitable. 
No tendrá consecuencias negativas para el 97% de las empresas con menos de 50 trabajadores que quedarán fuera del ámbito de la directiva. 
Este acuerdo final no es todo lo firme que el Grupo Verts/ALE deseaba. 
No obstante, apoyaremos el acuerdo porque representa un importante avance en algunos Estados como el Reino Unido, donde actualmente los trabajadores no gozan de este tipo de protección. 
Hemos podido comprobarlo en mi circunscripción, Gales, donde Corus despidió a 3.000 trabajadores del sector metalúrgico con consecuencias desastrosas para numerosas comunidades y sin ninguna consulta previa al personal. 
La exención de seis años demuestra lamentablemente que el Gobierno del Reino Unido no ha aprendido nada de dicha experiencia y que los trabajadores de Gales seguirán estando entre los más vulnerables de Europa a la pérdida de puestos de trabajo. 
Espero que no sean necesarios seis años para que todos los trabajadores de Europa gocen de los mismos derechos. 
. (EN) Un crudo ejemplo de la necesidad de mejora y del establecimiento de un marco común europeo relativo a la información y la consulta de los trabajadores se está produciendo en mi región en estos momentos. 
Una empresa multinacional muy arraigada- Levi Strauss- anunció recientemente el despido de sus trabajadores de dos fábricas en Escocia, en Bellshill y Dundee. 
Los primeros en ser informados fueron los medios de comunicación, y el anuncio iba acompañado de una declaración en la que se explicaba que la empresa había considerado y rechazado unilateralmente cualquier posible alternativa al cierre. 
Este tipo de acción es lamentable, y no mejora las cosas el hecho de que el Reino Unido tenga la legislación más débil en este ámbito. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción y apoyo las iniciativas encaminadas a alcanzar, a nivel comunitario, un nivel razonable de consulta a los trabajadores. 
Informe Oostlander (A5-0460/2001) 
Señor Presidente, el informe del Sr. Oostlander también ha recibido mi voto desfavorable que, sin embargo, no implica un voto desfavorable a la lucha contra los traficantes de drogas. 
Todos nosotros estamos de acuerdo en que debemos luchar para que el azote de la droga desaparezca de la faz de la tierra y no sólo del territorio de Europa; sin embargo, no lo vamos a conseguir si no devolvemos a nuestros jóvenes la confianza en los valores, incluso en los valores de la política. 
Entonces, por ejemplo, ¿cuándo nos vamos a decidir a retirar de las librerías el libro de un periodista italiano que se llama Giordano titulado "La Unión estafa"? 
No se pueden exhibir en las librerías europeas libros titulados "Europa es una estafa". 
Espero que la Presidencia tome cartas en el asunto. 
. (EN) Ya he hecho constar en numerosas ocasiones anteriores y quisiera reiterar este llamamiento de hoy en el sentido de que las drogas blandas y sintéticas no deben ser legalizadas en Europa. 
No apoyo la legislación sobre éxtasis, cannabis ni otras drogas sintéticas como LSD o las anfetaminas. 
La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de narcóticos prohíbe el consumo, la producción y la distribución de éxtasis, LSD y anfetaminas, y debemos mantener íntegramente esa posición. 
Quisiera decir para que conste en Acta que hoy no he registrado mi voto porque se ha hecho un mal uso a gran escala del lenguaje en varias enmiendas presentadas con el propósito de confundir por completo elementos clave del debate de hoy. 
Es un hecho innegable que el consumo de estas drogas perjudica la salud del consumidor. 
Difícilmente puede afirmarse que tengan una función positiva. 
Creo que la Organización Mundial de la Salud ha adoptado el enfoque correcto sobre esta problemática. 
No podemos y no debemos apoyar la creación de una cultura basada en las drogas en nuestra sociedad legalizando el consumo de las drogas blandas y sintéticas. 
Por ejemplo, algunas personas han propuesto que el consumo de éxtasis sea considerado como algo normal en la sociedad. 
Aborrezco este tipo de argumentos en particular, a la luz del hecho de que se han producido varias muertes de forma trágica en Irlanda y en toda Europa como consecuencia del consumo de éxtasis. 
Los efectos a largo plazo del consumo de éxtasis son aún desconocidos en su mayor parte, a parte de que sabemos que el éxtasis es una droga que puede provocar depresión y dañar la memoria. 
Aparte de la buena marcha de la economía europea, debemos asegurarnos también de que luchamos contra problemas sociales fundamentales como las toxicomanías. 
Las iniciativas europeas para reducir el nivel de toxicomanías en Europa deben ser respaldadas en cada oportunidad. 
Creo que el Fondo Social Europeo ha desempeñado un papel clave en este sentido en el pasado y debe seguir haciéndolo. 
. 
(NL) Quienes organizan el tráfico internacional de drogas duras sólo se preocupan de ganar dinero a costa de las miserias de otras personas. 
Las propuestas encaminadas no sólo a encerrar a estos criminales, sino también a arrebatarles sus beneficios cuentan, por consiguiente, con mi respaldo. 
Sin estos beneficios, no tendrán ningún aliciente para proseguir ocasionando daños con su actividad. 
Lamentablemente, el Sr. Oostlander recurre al argumento de que no es el chinchorrero de su Grupo como excusa para oponerse a las trece enmiendas presentadas por los grupos de izquierda. 
Estas enmiendas ponen el énfasis en la delincuencia organizada transfronteriza, en las competencias nacionales y en la exención de uso terapéutico o personal. 
Tampoco trata de ocultar que considera que las propuestas son mínimas y que espera un endurecimiento de las mismas en el futuro. 
Algunos ven en sus propuestas una posibilidad de poner rumbo hacia la persecución implacable de la producción, el transporte y el consumo de drogas blandas. Esto supondría la criminalización de los consumidores que, en tal caso, deberían adquirir estos productos a los delincuentes que trafican con drogas duras. 
Tras las enmiendas valoraré si contribuyen a que las drogas blandas sean desincentivadas de un modo similar al resto de los estimulantes nocivos pero legales, como el alcohol y el tabaco. 
El rechazo de las mejoras propuestas desde la izquierda me obligará a rechazar la totalidad, incluyendo lamentablemente algunas propuestas positivas del ponente. 
. (EN) Aplaudo con entusiasmo los esfuerzos encaminados a normalizar el significado y definir las penas por tráfico de drogas. 
Fundamentalmente, este informe representa un enfoque equilibrado, trascendental, sensible y estricto respecto a un problema perenne que acucia a todos los Estados miembros de la UE. 
Durante demasiado tiempo, los términos y condiciones de lo que constituye un delito de narcotráfico han sido demasiado vagos y han dado lugar a graves bolsas de delincuencia en algunas partes del mundo y dentro de la UE. 
Otra medida gratificante es la normalización de las penas, con sentencias de cárcel de un tiempo máximo no inferior a cinco años. 
Una vez que esta ley entre en vigor, debería actuar como un auténtico disuasivo. 
Las sanciones deberían imponerse únicamente como castigo adicional a las sentencias de cárcel, porque de lo contrario, podrían inducir a pensar que es posible librarse de una pena de cárcel mediante el pago de una sanción. 
Por último, saludo el enfoque matizado que adopta el informe respecto a las circunstancias atenuantes. 
Por ejemplo, los menores y los que hayan delinquido bajo coacción física, no deberían ser sometidos a los mismos castigos que el resto de infractores. 
Informe Ludford (A5-0436/2001) 
Señor Presidente, estimados colegas, por supuesto que acogemos con los brazos abiertos la propuesta de directiva del Consejo que sigue al pie de la letra el Tratado de Amsterdam y las conclusiones de Tampere, que subrayaban la necesidad de llevar por fin a la práctica una política de integración de los ciudadanos de terceros países. 
Dicho esto, no podemos respaldar este informe: efectivamente, lamentamos que la propuesta se limite a establecer las condiciones en las que los ciudadanos de terceros países podrán fijar su residencia, y que no cree en modo alguno un verdadero status europeo de los ciudadanos de terceros países comparable al de los ciudadanos de la Unión. 
Siguiendo esta misma lógica, los miembros de la unidad familiar deben disfrutar de los mismos derechos que la persona con la que han venido a reunirse. 
Sin embargo, tal y como se presenta aquí, el derecho a vivir en familia, que está reconocido internacionalmente, pasa por alto ciertos derechos fundamentales. 
Aunque, en principio, el derecho al voto ha sido parcialmente adoptado, no se mencionan las condiciones para su aplicación. 
No obstante, los derechos políticos forman parte de cualquier política de integración. 
Los derechos fundamentales son universales, y si esta universalidad de los derechos debe aplicarse sin excepción, debería también aplicarse a todos, sean o no ciudadanos de la Unión. 
En cuanto a los criterios de recursos y de evaluación de la estabilidad, ¿no sería mejor permitir el acceso al mercado laboral para todos los residentes, en lugar de condenar a algunos de ellos a la exclusión? 
Por ende, no existe ningún motivo que permita excluir del campo de aplicación de la propuesta a los estudiantes o a las personas autorizadas a residir en virtud de una forma subsidiaria de protección. 
Por otra parte, los conceptos de orden público y de seguridad, que son motivo de exclusión de los estatutos permanentes, requieren de una previa definición común. 
Ahora bien, hoy en día, estos conceptos se dejan a discreción de los Estados o de las autoridades competentes, lo cual pone de relieve la existencia de prácticas gravemente discriminatorias, sobre todo en cuanto a los ciudadanos de terceros países. 
Finalmente, con relación al procedimiento, el examen requiere un plazo de seis meses, que es demasiado largo. 
En caso de que la solicitud sea rechazada, habría que prever un plazo para presentar recurso- plazo acompañado de un efecto suspensivo que permitiese paralizar cualquier expulsión en virtud del derecho a la defensa -, que de momento no existe. 
Para terminar, la directiva no afecta a los millones de ciudadanos de terceros países que son ciudadanos irregulares, pero para los cuales es necesaria y urgente una solución política europea. 
Por tanto, la Unión debe asumir su responsabilidad. 
En conclusión, este informe no permite la igualdad entre los ciudadanos de la Unión y los ciudadanos de países terceros. 
El estatuto europeo de residente de larga duración no existe. 
Por lo tanto, no debemos sancionar un planteamiento político como éste. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Ludford nos pide que facilitemos la circulación dentro de Europa de los ciudadanos que desean residir en ella durante al menos tres meses en el espacio de seis meses. 
El Partido de los Pensionistas está a favor, aprueba la circulación dentro de Europa de los nacionales de cualesquiera otros países. 
Al respecto, sin embargo, creo que debemos establecer una diferencia entre ciudadanos nobles que vienen a visitar Europa- y la baronesa Ludford es noble y, por lo tanto, ¿quién mejor que ella puede entender que la nobleza debe premiarse? -y noble es el ciudadano honrado, y ciudadanos que son nobles. 
Por consiguiente, puertas abiertas a la nueva nobleza de los ciudadanos honrados, pero puertas cerradas a los delincuentes que, lamentablemente, están en todas partes, como las ovejas negras. 
Pero los nobles, los nuevos nobles, deben entrar en Europa. 
. (DA) El Grupo del Partido Liberal en el Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación del informe conjunto, ya que no podemos respaldar el apartado 1 del artículo 5 de la propuesta de la Comisión. 
Esta propuesta de directiva merece mi voto favorable, pues constituye un importante paso y contribución para la creación de una política comunitaria más coherente en materia de inmigración. 
Se pretende definir en ella el estatuto de residente de larga duración, pues todos nosotros reconocemos la necesidad de que la Unión Europea llegue a una transacción por lo que se refiere a la armonización de la situación de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente y a título permanente en un Estado miembro, en el que se les deberán garantizar derechos jurídicos, económicos y sociales comparables a los de los ciudadanos de la Unión. 
Se podrá obtener dicho estatuto después de cinco años ininterrumpidos de residencia legal, a solicitud del interesado, quien deberá disponer de recursos económicos y seguro de enfermedad (a fin de que no sea una carga para el Estado miembro y siempre que no tenga un comportamiento que represente una amenaza para el orden público o la seguridad interior). 
En contrapartida, una vez adquirido ese estatuto, se le garantizarán un conjunto de derechos, como el derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social, a la asistencia sanitaria, al acceso a los bienes y servicios, etc., lo que constituye un verdadero instrumento de integración en la comunidad que lo acoge. 
Conviene subrayar aquí una vez más la importancia de que fomentemos una política más enérgica en materia de integración, que es fundamental para promover una mayor cohesión económica y social y evitar discriminaciones y racismo. 
Con todo, es de destacar que una verdadera integración exige esfuerzos de ambas partes. 
Por otro lado, me congratulo de una serie de garantías procesales establecidas en este propuesta a favor de los inmigrantes deseosos de adquirir ese estatuto y que permiten evitar posibles comportamientos abusivos por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros. 
. (FR) Hemos votado en contra del informe Ludford, que respalda la propuesta de la Comisión de crear un estatuto unificado para los ciudadanos de países terceros que residan legalmente en uno de los países de la Unión desde hace más de cinco años. 
Esta idea nos parece desafortunada por sí misma, porque va a uniformizar, a petrificar la situación existente, y a privar a cada Estado miembro de cualquier margen de movimientos en un asunto- la presencia de residentes extranjeros de larga duración en su territorio- que ante todo debe quedar circunscrito al ámbito de las soberanías nacionales. 
En segundo lugar, no se le puede dar un fundamento jurídico a esta propuesta sin desvirtuar el sentido del artículo 63 del TCE, párrafos 3 y 4, que contempla únicamente "medidas" relativas a la residencia, y no un "estatuto" en el sentido pleno de la palabra. 
Sin embargo, es cierto que si el Tratado de Amsterdam no hubiera sido ratificado, los fallos que hoy son explotados por la Comisión no existirían. 
Finalmente, se observa una vez más que en la práctica, la Comisión utiliza esta idea de estatuto como herramienta para concederle a los ciudadanos de países terceros con residencia duradera (incluyendo, por lo demás, a los refugiados, para no quedarse corta) unos derechos prácticamente iguales a los de los ciudadanos nacionales. 
El artículo 12 de la propuesta de directiva enumera los ámbitos en los que sería de rigor aplicar la igualdad de trato, es decir, prácticamente todos, salvo el derecho al voto. 
Esta igualdad sistemática no está justificada: está claro que los extranjeros tienen derecho a las prestaciones para las que han cotizado, pero está igualmente claro que el disfrute de las que son financiadas a través del impuesto debe ser establecido libremente por cada nación. 
Me pregunto si aquí, en esta búsqueda desenfrenada de la indiferenciación, radica tal vez una de las causas profundas del desinterés que hoy impera en nuestros países con respecto a la ciudadanía. 
. (FR) Estamos a favor de una igualdad de derechos total, que incluye a los derechos políticos, para todos aquellos que viven y trabajan en la Unión Europea, independientemente de que sean ciudadanos de un Estado miembro o ciudadanos de países terceros. 
La propuesta de directiva del Consejo se plantea unos objetivos radicalmente distintos, entre los que cabe mencionar el de incrementar la movilidad y la flexibilidad de la mano de obra inmigrante en el seno de la Unión Europea. 
Con todo, aportaría algunas mejoras- que hemos apoyado con nuestro voto- al estatuto de las personas originarias de países terceros que residen en la Unión Europea. 
Dicho esto, pretende incluso limitar estas diversas mejoras exclusivamente a los residentes de larga duración, cosa que consideramos inadmisible. 
Y más inadmisibles aún son la mayoría de las enmiendas del Parlamento que restringen todavía más el texto inicial, sin otro objetivo que el de favorecer los prejuicios nacionalistas, soberanistas o xenófobos. 
No votamos en contra del texto, debido a las diversas mejoras que aporta para ciertos ciudadanos de países terceros que viven y trabajan en la Unión Europea. 
Pero nos negamos a sancionar las numerosas restricciones que contiene. 
En consecuencia, nos hemos abstenido sobre el conjunto, rechazando aquellas enmiendas (que son mayoría) que agravan todavía más el texto inicial. 
. (FR) ¡Qué placer, qué alegría encontrar de nuevo a nuestra colega la Baronesa Sarah Ludford en sus obras! 
Como ha sido erigida en el Parlamento Europeo como gran especialista de los derechos humanos, no podemos dejar de recordar este informe emblemático aprobado el pasado mes de marzo, y consagrado a la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Ella había puesto en él toda su convicción, todo su empeño, para imponernos su delirio patológico del "anti-racismo". 
Hoy, gracias a su admirable tesón, no nos decepciona: la integración activa de los ciudadanos de países terceros debe verificarse más rápida y más masivamente, y debe ser un catalizador en la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Ya estamos tranquilos, la Sra. baronesa respira aliviada. 
Su informe se presenta pues como un enunciado de deberes. 
Deberes que, por descontado, están reservados exclusivamente a la población europea. 
Así, los ciudadanos de países terceros que residan desde hace más de cinco años en un país de la Unión adquieren de facto la condición de residentes de larga duración. 
La administración tiene una competencia irrenunciable para conceder este permiso de residencia. 
Tiene un plazo de validez de diez años, y es renovable de pleno derecho (artículos 8 y 9 de la directiva). 
Una vez concedido, los Estados miembros sólo pueden revocarlo en condiciones muy limitativas y claramente delimitadas. 
La seguridad jurídica debe ser "máxima" para su titular. 
Así, puede ausentarse durante más de dos años sin que su estatuto de residente de larga duración le sea retirado. 
En el marco del derecho a la reagrupación familiar, el Estado de acogida tiene la obligación de conceder a estos ciudadanos de países terceros y a sus familias los mismos derechos que son reconocidos a los nacionales, ya sea en materia de educación, de formación profesional, de protección social, de ayudas sociales, de fiscalidad... 
Además, pueden disfrutar de ventajas sociales suplementarias, como prestaciones de carácter económico o cultural, con el fin de favorecer al máximo su integración. 
Para rizar el rizo, la obtención de este estatuto debe poder representar un primer paso para la obtención de la nacionalidad del Estado miembro en el que residen. 
Y ello, para responder al deseo tantas veces reiterado por el Parlamento de ver desarrollarse dentro de la Comunidad una sociedad multirracial, multicultural, en la que no exista ninguna discriminación basada en la raza, el origen étnico, la religión, etc.. 
Esperamos con gran impaciencia que la Sra. baronesa se apresure a acoger en sus tierras a los varios miles de refugiados de Sangatte que aspiran a instalarse en Inglaterra. 
¡Home, sweet home! 
. 
(NL) Si las medidas para residentes y visitantes desde el extranjero no se hubieran estado preparando desde antes del 11 de septiembre de 2001, seguramente se hubiesen quedado desfasadas durante mucho tiempo como consecuencia del nuevo temor ante el terrorismo y la inseguridad. 
Ha llegado la hora de poner fin a los últimos restos del atraso legal en que vive sumida gran parte de nuestra población. La discriminación afecta a las personas que llegaron atraídas, sobre todo en los años sesenta del siglo pasado, como 'trabajadores invitados' procedentes de Turquía o Marruecos para realizar los trabajos menos agradables y peor pagados. 
En un principio, en ninguno de los seis Estados miembros de las Comunidades Europeas de antaño se tuvo en cuenta la posibilidad de que fueran a quedarse con carácter permanente. 
Muchas de estas personas pertenecientes a la primera generación de inmigrantes aún no disponen de la nacionalidad de su país de residencia. 
Para estas personas, la unidad europea ha sido inexistente durante muchos años. 
A diferencia de los ciudadanos de cualquiera de los Estados miembros, estas personas seguían teniendo que cumplir los trámites de solicitud de visado en todos Estados miembros por donde pasaban para llegar a sus países de procedencia durante las vacaciones. 
El hecho de que ahora obtengan más derechos es, lamentablemente, la consecuencia de la indignación que supone este atraso y no de la voluntad de construir un superestado europeo demostrando que las antiguas fronteras nacionales han perdido gran parte de su función. 
. (DA) Me he abstenido en la votación definitiva de este informe. 
He obrado así debido a que Dinamarca mantiene una reserva en este ámbito y no porque no esté de acuerdo con las intenciones de la directiva o del informe. 
Insisto en que me parece positivo la idea de otorgar derechos a los ciudadanos de terceros países cuando éstos consiguen trabajo en otro país de la UE. 
Informe Kessler (A5-0455/2001) 
Señor Presidente, ésta es una directiva no muy diferente de la anterior y noble directiva de la baronesa Ludford y se refiere, en mi opinión, a la posibilidad de circular ante todo para los desempleados que vienen a Europa en busca de trabajo- y esto está bien- así como para las personas mayores y pensionistas que desean ver como turistas las maravillas de nuestra Europa. 
En mi condición de representante del Partido de los Pensionistas, aprovecho esta ocasión para pedir a este Parlamento que deje circular a aquellos que quieren visitar nuestros maravillosos Estados europeos, pero que dé todas las facilidades posibles a aquellos que, tras haber trabajado a lo largo de toda su vida, al volverse mayores, tienen por fin tiempo para dedicarse al sano, inteligente e instructivo turismo cultural que nos alegra la vista cuando circulamos por la hermosa Europa. 
. (FR) La propuesta de la Comisión relativa a la circulación de los ciudadanos de países terceros en los países de la Unión para estancias de menos de tres meses no se contenta con armonizar sus condiciones, sino que, de paso, reduce ciertos controles en nombre de la "libertad". 
Es el caso, por ejemplo, de la "declaración de presencia" de los extranjeros prevista por el Convenio de Schengen, de la que hablé ayer durante el debate. 
Aunque esta obligación de declarar se aplicaba mal, creo que lo urgente era más bien reforzarla, en lugar de debilitarla. 
En otro orden de cosas, la Comisión sigue en la misma línea que antes, proponiendo la creación de una "autorización específica de viaje" expedida por un Estado miembro por cuenta de todos los demás, destinada a facilitar los desplazamientos de ciudadanos de países terceros con una duración inferior a seis meses. 
Esta reforma muestra claramente la técnica de subversión que consiste en abordar un asunto de escasa importancia para abrir la puerta a temas de gran calado. 
Efectivamente, hoy en día, las estancias de más de tres meses requieren de un visado nacional que está dentro de la órbita de la soberanía de cada Estado. 
"La autorización de viaje" propuesta por la Comisión desvirtuaría este dispositivo. 
Para justificar esta derogación, invoca en la página 9 de la Exposición de Motivos el caso de determinados extranjeros que necesitarían circular durante seis meses dentro de la Unión en calidad de "beneficiarios de servicios", como por ejemplo "turistas" o "balnearistas", o también "melómanos", como señaló el Comisario Vitorino durante el debate. 
Este pretexto no tiene excesivo fundamento: el número de turistas que se pasea durante seis meses seguidos por la Unión es muy bajo, y no justifica la creación de una directiva específica. 
Para la Comisión, lo interesante no es eso, sino destruir la coherencia de un sistema basado en las soberanías nacionales para introducir un mecanismo de otra naturaleza, cuya finalidad es supranacional. 
Este ejercicio dogmático no nos aportará nada nuevo para la prioridad actual, el control de los flujos migratorios y la seguridad. 
Muy al contrario, corre el riesgo de asestarle un duro golpe, al favorecer la aparición de fallos y de incoherencias. 
Informe Katiforis (A5-0016/2002) 
Señor Presidente, antes de viajar a Estrasburgo, me encontré en el aeropuerto con mi gran amigo y colaborador Giuseppe Italia- se llama precisamente así, como nuestra Italia- y Giuseppe Italia que vive en Cremona me dijo: " Sé que debes votar este informe. 
Está bien, estoy de acuerdo. 
Soy un fumador empedernido y estoy dispuesto a salir de casa para fumar si en casa hay alguien a quien le molesta el humo. 
Pero tengo 62 años: no bebo, ya no voy de ligue porque... "- y aquí se detuvo -" pero al menos dejadme el placer de fumar un cigarrillo. No me queda otro placer, sin molestar a nadie ". 
Por esto, he votado a favor. Estoy a favor de que se fume en lugares ad hoc, pero estoy en contra de que se aumente el impuesto sobre los cigarrillos. 
Señor Presidente, después de la simpática intervención del Sr. Fatuzzo, debo añadir algo más acerca del contenido del informe del Sr. Katiforis. 
Lamentablemente, provengo del sur de Italia y los vuelos, como es habitual, continúan perjudicándonos. 
Tenía que haber estado en el Pleno para un informe mío- soy ponente alternativo- pero no me ha sido posible. 
En todo caso, quisiera recalcar que la relación que se sigue estableciendo de manera instrumental entre las resoluciones sobre los impuestos especiales y las resoluciones sobre las ayudas estatales al tabaco, está fuera de lugar. 
Seguramente existe una relación entre la salud y el tabaco, pero ésta no es la forma de encontrar una solución. 
En nuestras regiones del Sur, en Nápoles sobre todo, tenemos un contrabando puerta a puerta, por las calles, y por lo tanto, si queremos aumentar este contrabando, continuemos entonces ensañándonos con este producto. 
También debo recalcar que en algunas zonas muy desfavorecidas, de alto riesgo delincuencial, como la comarca de Caserta, el tabaco consigue dar de comer, repito, dar de comer a 30.000 personas que serían de muy alto riesgo. 
Es inteligente la intervención del Sr. Katiforis en la doble resolución que ha hecho posible una aprobación casi unánime en el Pleno. 
Señor Presidente, quisiera hablar brevemente acerca del informe Katiforis. 
Quisiera unirme a la preocupación por las regiones menos favorecidas. Tengo la impresión de que determinados estados- y me refiero en este caso, por ejemplo, a Francia, aunque sin descartar que haya otros- utilizan toda la cuestión de los impuestos especiales para ganar puntos en el extranjero y aplicar una política progresista, es decir, una política que fomente una vida saludable y en contra del tabaco, mientras que apenas adoptan medidas en favor de las regiones que deban vivir de este producto. 
En Córcega, oí una queja similar a la expresada por nuestro colega. 
Por consiguiente, creo que en París a nadie le desvela lo que padecen las regiones para que nosotros estemos más sanos. 
No se trata de menos sexo, sino de menos tabaco, señor Fatuzzo. 
Señor Presidente, ayer seguí con gran atención el debate en torno a la reforma de la política de cooperación al desarrollo, así como el debate mantenido con la Comisión en relación con la zona de transición entre la ayuda de emergencia y la cooperación para el desarrollo. 
Me adhiero plenamente a lo recogido en el informe del Sr. Van den Berg. 
Quisiera recalcar el hecho de que allá donde vaya, oigo quejas de las mujeres del lugar acerca de la falta de participación y de codecisión en lo que respecta a la reconstrucción práctica. 
Por ejemplo, en Somalia, las mujeres están en el lugar pero son los hombres los que toman las decisiones desde Kenia, lejos de la realidad. 
Por lo tanto, considero que no basta con expresar verbalmente nuestra preocupación acerca de las cuestiones de género. 
Debemos instar a que se involucre a las mujeres de forma real en la práctica; tienen capacidad suficiente para opinar acerca del modo en que se debe llevar a cabo la reconstrucción en la práctica. 
¿Por qué? 
Porque tuve que retener a cientos de pensionistas- médicos, abogados, arquitectos, ingenieros- que, tras enterarse de la existencia de este informe, querían viajar enseguida a los países en desarrollo para prestar su ayuda, gratis, sin ninguna retribución y esperaban que con este texto se permitiera, con un apoyo, un aliciente y una ayuda, a estas personas mayores, pensionistas que lo están deseando, seguir siendo útiles, también después de la jubilación, en los numerosos países en desarrollo. 
Me fue muy difícil detenerles, pero confío en que la próxima vez tendrán que aplaudir al Parlamento Europeo porque éste va a aceptar su ayuda. 
. (FR) Hemos votado a favor de este informe únicamente porque no podríamos permitir que un eventual rechazo del texto por parte del Parlamento Europeo pudiera servir de pretexto para reducir, una vez más, las intervenciones urgentes encaminadas a paliar las catástrofes naturales en los países pobres, intervenciones que ya son ignominiosamente limitadas. 
Sin embargo, al denunciar exclusivamente los problemas de coordinación, el informe disimula la escandalosa insuficiencia de los medios. 
Y, más aún, el informe silencia el hecho de que, si las catástrofes naturales tienen consecuencias tan dramáticas en los países pobres, si estos países son absolutamente incapaces de afrontar sus más mínimas consecuencias, es porque, es tal su estado de pobreza, que no disponen de medios materiales ni humanos, no tienen hospitales, no tienen médicos, no tienen medios de transporte, debido a un pasado y a un presente de saqueo por parte de los grupos capitalistas de las grandes potencias. 
Hablar de "lagunas" de "la asistencia internacional" es verdaderamente escandaloso tratándose de grandes potencias que se contentan con gestos simbólicos cuando hay que ayudar a un país pobre frente a una catástrofe natural, pero que por otra parte se gastan cantidades astronómicas para machacar bajo las bombas a un país pobre como Afganistán (y a muchos otros con anterioridad). 
Informe Olle Schmidt (A5-0392/2001) 
. (SV) Hemos votado a favor del informe a causa de su perfil medioambiental y de apertura. 
Sin embargo, queremos dejar en claro que nos oponemos a lo que se estipula en el punto 22, que quiere convertir al BCE en una autoridad de control del BEI. 
Informe von Wogau (A5-0011/2002) 
Señor Presidente, mi amigo von Wogau no podía sino contar con mi voto favorable y el respaldo del Partido de los Pensionistas a este importante informe sobre las finanzas de Europa, las finanzas públicas y el mercado financiero. 
Las personas mayores y los pensionistas cuidan mucho el dinero porque conocen su valor, tras haberse pasado toda una vida manipulándolo. 
Aprovecho esta ocasión para expresar la gran alegría con la que las personas mayores de toda Europa han acogido la puesta en circulación de la nueva moneda, el euro. A lo mejor, les parece que están viviendo en un país de película, en un país de ensueño en que el dinero abunda más que antes. 
Estoy seguro de que esta política financiera europea ofrecerá a las personas mayores y a los pensionistas más pensiones, más dinero, más bienestar y una Europa más cercana a ellos. 
. (IT) Antes de expresar mi voto favorable a este informe, quisiera destacar la gran aportación que el Sr. von Wogau ha dado a la actividad parlamentaria como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la que seguirá ofreciendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
¡Enhorabuena! 
El proceso de integración de los mercados financieros internacionales pasa por la modificación de todas las estructuras que sirven de apoyo a los servicios financieros. 
En este contexto, por lo tanto, adquiere cada vez más mayor importancia el estudio de las experiencias adquiridas en los mercados extraeuropeos en lo que se refiere a la organización, a las modalidades de financiación y a la articulación de las medidas de control. 
En particular, el empleo de las nuevas tecnologías telemáticas utilizadas para aumentar la eficacia de los mercados mobiliarios exige una actuación específica. 
En efecto, la utilización de estos nuevos instrumentos, al permitir tanto el crecimiento del nivel de competitividad entre los operadores mobiliarios como la gestión de un volumen de negociaciones conforme a plazos y modalidades inesperados hasta hace pocos años, ha contribuido a aumentar la "calidad" de los precios en dichos mercados y a reducir los costes de mediación. 
La eficacia y la integración de los mercados de valores mobiliarios, sin embargo, se debe alcanzar a través de un proceso de toma de decisiones más eficaz- me remito a lo dicho por el Sr. Lamfalussy- protegiendo el equilibrio institucional en el respeto de todos los niveles de control democrático establecidos y operativos. 
Dichos esto, lo primero que hay que hacer es agilizar y acelerar el proceso legislativo mediante la aprobación, si procede, de los actos legislativos en primera lectura. 
En segundo lugar, hay que reforzar la transparencia y la información, plataforma esencial para establecer un mercado integrado europeo de valores mobiliarios. 
En tercer lugar, están la linealidad y la regularidad que deben guiar a los consumidores y a los inversores. 
Por lo tanto, es necesario un sistema de información que contribuya a las contrataciones, desde la fase en que se produce la orden hasta la fase de liquidación. 
Por último, es indispensable una regulación de las funciones de mediación de valores mobiliarios que debería articularse en una disciplina de los agentes mediadores y en una disciplina de las actividades, además de un nuevo ordenamiento de los poderes de vigilancia, en el que el Parlamento tenga los mismos poderes que la Comisión. 
. (FR) El informe von Wogau sobre la "comitología" en el marco de los servicios financieros- es decir, sobre la aplicación, por parte de la Comisión, de las medidas de ejecución de la legislación en este campo- plantea un cierto número de cuestiones muy interesantes, aunque, en nuestra opinión, sigue sin aportar una solución adecuada. 
El punto de partida de la controversia es la actual redacción del artículo 202 del TCE, que le otorga al Consejo, y a nadie más, la capacidad de delegar competencias de ejecución en la Comisión, lo cual es puesto en entredicho por el Parlamento Europeo: éste considera que, teniendo en cuenta la reciente ampliación de su poder de co-decisión, debería en adelante no solamente co-decidir las reglas, sino también las medidas de ejecución. 
Con el informe von Wogau, el Parlamento Europeo presenta ideas excelentes, como la inserción sistemática, en los actos legislativos, de una "cláusula de suspensión" (sunset clause) según la cual, transcurrido un plazo de cuatro años, toda delegación de poderes a favor de la Comisión para la adopción de medidas de ejecución sería suspendida para poder examinar de nuevo su oportunidad. 
En cambio, el Parlamento abandona su verdadera función al querer verificar todas las medidas de ejecución, e incluso "participar como observador en las reuniones del Comité de Valores Mobiliarios". 
Efectivamente, el Consejo disfruta tradicionalmente de dos vertientes, una ejecutiva y otra legislativa. 
Basándose en su faceta ejecutiva, el artículo 202 le confía una función concreta en la fijación de las medidas de ejecución. 
No ocurre lo mismo con el Parlamento Europeo, que no tiene más que un papel "legislativo" según los Tratados, y que por tanto no debe inmiscuirse en todos los asuntos. 
Sin embargo, se plantea claramente un problema de control de la Comisión en la fijación de las medidas de ejecución. 
La reacción del Parlamento Europeo no será quizás demasiado apropiada, pero está originada por un motivo real. 
La próxima Conferencia Intergubernamental debería responder a esta reacción reforzando el papel del Consejo en los comités de ejecución, e intensificando el control democrático que se ejerce sobre estos comités: control del Parlamento Europeo sobre los representantes de la Comisión, tal vez, pero también control de asambleas sectoriales formadas por parlamentarios nacionales, que se llevaría a cabo sobre los representantes del Consejo. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.08 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
. (EN) Señor Presidente, es la primera vez que intervengo en un debate bajo su Presidencia. 
No es sólo mi mitad irlandesa la que acoge con satisfacción que sea usted el nuevo Presidente- toda mi persona se alegra de verle ocupar la Presidencia. 
Le deseo mucha suerte para que su Presidencia sea fructífera. 
Estoy seguro de que podemos contar con que no sólo será fructífera, sino además extraordinariamente elocuente. 
Debo hacer una confesión en potencia: si me escabullo durante un par de minutos en el transcurso del debate, será para atender a un deber democrático en otro lugar, donde una de las grandes instituciones de la Unión se reúne para tratar sobre asuntos importantes relacionados, entre otras cosas, con la política de competencia. 
Sólo lo haré en caso de que sea necesario y me reincorporaré al debate inmediatamente después. 
Todo el Parlamento sabe que mi amigo y colega, Sr. Solana, ha trabajado infatigablemente para restablecer algo parecido a la esperanza en el sangriento caos en que se encuentra el proceso de paz en Oriente Medio, y para sostener el indudable progreso que la Unión ha conseguido en su afán por llevar la estabilidad y la esperanza al Sudeste de Europa y a los Balcanes occidentales, en particular. 
Tengo una intervención admirable que abarca todos los temas sobre los que el Alto Representante ha tratado con extraordinaria maestría. 
Con ánimo de no ofender la inteligencia del Parlamento y garantizar la asistencia al debate del mayor número posible de diputados, no me limitaré a tratar sobre los temas sobre los que el Sr. Solana ha versado con tanto conocimiento y pasión. 
Me limitaré a subrayar que estoy firmemente de acuerdo con todo lo que el Alto Representante ha dicho. 
Ha señalado las oportunidades perdidas- una tras otra- que han desencadenado tanto salvajismo y violencia en la región, comenzando por el incumplimiento del informe Mitchell, y siguiendo con la negativa a responder con la debida generosidad de espíritu al discurso que el Sr. Arafat pronunció el 16 de septiembre. 
También ha tocado algunos errores atroces que han desfigurado la historia de la región, incluido el envío en el buque Karim A. Hemos asistido a una caída en la violencia: muertes que provocan más muertes, violencia, represión, destrucción sin sentido. 
Como el Alto Representante ha dicho, ya no existe un proceso de paz en Oriente Medio sino- como publicaba una revista neoyorquina hace unas semanas- una contienda sangrienta. 
Debemos mantener nuestro compromiso para intentar restablecer algo de esperanza, y el Alto Representante ha expuesto algunas de las cosas que la Unión Europea está haciendo para impulsar la defensa de la paz y una solución política. 
Hay algo en lo que quisiera centrarme- algo que la Unión Europea ha venido haciendo y que en ocasiones ha sido condenado. 
Hemos apoyado a la Autoridad Palestina y nuestro apoyo a la Autoridad Palestina ha despejado cualquier duda de que, en primer lugar, aún existe un interlocutor viable para negociar con el Gobierno israelí. 
En segundo lugar, hemos impedido que se produzca una caída en la anarquía en los territorios palestinos- porque debemos reconocer abiertamente que la alternativa a la Autoridad Palestina es la anarquía palestina. 
¿Cuál es la alternativa al importante compromiso que hemos asumido? 
En los últimos dos años, hemos destinado unos 400 millones de euros, con cargo al presupuesto comunitario, a los territorios palestinos, y esos fondos han sido examinados atentamente mes tras mes, en particular, las contribuciones que hacemos a la Autoridad Palestina, para asegurarnos de que no son utilizados para fines que no obtendrían la aprobación de este Parlamento. 
Hay que decir que si los contables de Enron hubieran sido una centésima parte de lo diligente que ha sido el FMI, mes tras mes, a la hora de examinar la utilización de nuestros fondos en los territorios palestinos, muchas personas tendrían aún sus puestos de trabajo y esperanzas de poder cobrar sus pensiones. 
Cuando analizamos ese compromiso y comprobamos el alcance de la destrucción, intencionada y con determinación, de proyectos que nosotros hemos comenzado y de otros en los que hemos invertido fondos, nos entran realmente ganas de llorar. 
Hemos presenciado la destrucción de proyectos, cuyo valor ascendía a unos 17 millones de euros, en los que la Unión Europea había invertido- es decir, algo más de la décima parte de la infraestructura ha sido totalmente destruida, según ha identificado el Banco Mundial. 
Y según declaraciones del Banco Mundial, aunque ésta debe ser sólo un cifra aproximada, la renta nacional palestina se ha reducido en 2.400 millones dólares USA aproximadamente a raíz de lo ocurrido durante estos últimos meses. 
Me pregunto, y pregunto al Parlamento: ¿dónde están las pruebas que demuestran que esa destrucción incrementa la seguridad? 
(Aplausos) 
¿Dónde están las pruebas que demuestran que volver en dos ocasiones a destruir el laboratorio forense que nos habían pedido que proporcionáramos a los servicios de seguridad palestinos incrementa la seguridad en los territorios? 
¿Dónde están las pruebas que demuestran que la destrucción de una instalación de tratamiento de aguas residuales incrementa la seguridad de Israel y de los ciudadanos israelíes- algo que entiendo perfectamente que les preocupe profundamente? 
¿Dónde están las pruebas que demuestran que llevar bulldozers a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Gaza es una contribución a la seguridad de Israel? 
Todos sabemos que semejante destrucción de la infraestructura, de los servicios sanitarios y de educación, de los medios de vida y de los puestos de trabajo de la población destruye la esperanza y cualquier perspectiva de estabilidad política y de seguridad. 
El Alto Representante se ha referido a lo que estamos haciendo en Afganistán y en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
¿Por qué destinará Europa este año 600 millones de euros a Afganistán- de los que 200 millones de euros son con cargo al presupuesto comunitario? 
Lo hacemos no sólo por motivos humanitarios, sino también en un intento de garantizar un futuro más estable y seguro para la población afgana. 
Sabemos que el desarrollo económico y el progreso social contribuyen a la estabilidad política y a una mayor seguridad. 
Ése es el motivo por el que estamos haciendo esa inversión en Afganistán y por el que, hasta ahora, la Unión Europea, los Estados miembros y la Comisión han prometido el 45% aproximadamente de lo que según el Banco Mundial y el PNUD será necesario en Afganistán durante los próximos cinco años. 
Espero que otros- los Estados Unidos, Japón, Arabia Saudí- sean igual de generosos en los próximos años como hemos sido nosotros. 
¿Por qué estamos invirtiendo, como venimos haciendo, en los Balcanes, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por ejemplo? 
Durante estos últimos meses, en los que la Agencia para la Reconstrucción ha comenzado a realizar en la Antigua República Yugoslava de Macedonia una labor tan buena como en otras zonas de la región, hemos reparado 400 viviendas y para abril se habrán reparado 300 más; la electricidad ha quedado restablecida en Aracinovo; los servicios de agua y electricidad han quedado restablecidos en Kumanovo. 
Hemos contribuido de manera considerable al restablecimiento de la normalidad en Macedonia y lo seguiremos haciendo. 
Una vez más, ¿por qué? 
No sólo por un impulso humanitario, sino también porque sabemos por nuestra propia experiencia en Europa que existe una relación directa entre la estabilidad económica y la estabilidad política y la seguridad. 
No insisto en este punto como si yo fuera una especie de contable demente colegiado. 
Defiendo estos argumentos porque son tan evidentemente ciertos. 
Nuestra experiencia nos dice que son ciertos. 
Si dejamos a las personas sin empleo, si destrozamos la infraestructura que garantiza el bienestar de la población, no sólo les estaremos haciendo la vida desgraciada, sino además, con casi total seguridad, estamos garantizando que las vidas de todos se volverán más violentas. 
Espero que, incluso ahora, en los territorios palestinos y en Israel haya más personas dispuestas a escuchar a los moderados, a aquellos que con tanta valentía expusieron sus puntos de vista sobre el futuro en el punto de control de Kalandria antes de Navidad. 
Espero que se preste oídos al movimiento judío "Voice of Peace" porque los que defienden la paz con tanta valentía son los únicos que realmente están trazando el camino por el que se debe avanzar en Oriente Medio, en el futuro Estado palestino y en Israel. 
Todo aquel que no crea en esto debería preguntar a los diputados a este Parlamento; debería preguntar a alguien como el Sr. Hume, qué ha contribuido a traer la paz en Irlanda del Norte. 
Fueron los moderados que estaban dispuestos a defender sus creencias, fueron los moderados que tuvieron el coraje y la decencia de salir a defender el que, como todos sabemos, es el único medio de acabar con la violencia y volver a la paz y a la seguridad. 
Vean lo que ha sucedido en Sudáfrica, país que el movimiento de Oriente Medio "Voice of Peace" ha visitado recientemente; allí tuvo lugar exactamente el mismo proceso. 
Por consiguiente, al tiempo que respaldo todo lo que el Alto Representante ha dicho, me limitaré a hacer la siguiente pregunta: ¿cuántas personas deben morir aún para que los ciudadanos de estas comunidades escuchen las voces de los moderados que aún quedan en los territorios palestinos e Israel? 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los acontecimientos del 11 de septiembre, lo que ha ocurrido luego en Afganistán y lo que ocurre ahora en Cercano Oriente han dejado de lado una cosa sobre la que han hablado los dos, tanto el Sr. Solana como el Sr. Patten, es decir, una regulación de paz en Macedonia. 
Quiero expresar tanto al Alto Representante como al Comisario Patten así como a todos los demás que han participado mis palabras de reconocimiento porque hoy reina la paz en Macedonia. 
Un enorme éxito de la Unión Europea. 
Han trabajado incansablemente para lograrlo. 
Nuestro Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos les expresa nuestro agradecimiento por ello. 
Estos días y semanas estamos mirando hacia el Este. 
En algunos años esperamos nuevos países en la Unión Europea. 
Subrayo expresamente lo que ha dicho el Alto Representante: para nuestra seguridad en Europa es importante que impere la paz en Cercano Oriente y que cooperemos pacíficamente como europeos con todos los países de la región del Mediterráneo. 
También decimos que cuando hablamos sobre estos problemas tenemos que colocar primero en el punto central a las personas. 
Decimos con toda claridad que la vida y dignidad humana de un cristiano y de un no cristiano en Europa, la vida de un judío, de un israelí en Jerusalén o en Tel Aviv y la vida de un palestino y de un musulmán en Ramallah o en Gaza tiene el mismo valor y que no se puede hacer ninguna diferencia entre los derechos humanos en Europa, en el mundo islámico o en cualquier otro lugar de la tierra. 
(Aplausos) 
Coincidimos plenamente con el Sr. Solana y con el Sr. Patten cuando decimos que necesitamos el diálogo y la cooperación. 
Aquí se incluye que digamos la verdad y que no podemos estar de acuerdo con palabras irresponsables. 
Cuando, por ejemplo, el Jefe de Gobierno de Israel, Ariel Sharon, dice en la edición del jueves de "MAARIV" -cito literalmente: "En Líbano" -es decir en 1982- " se acordó que no se eliminase a Arafat. 
Por ser sincero, lamento que no le hayamos eliminado " -este es un lenguaje irresponsable. 
Este es un lenguaje que conduce a la guerra; este no es un lenguaje que conduzca a la reconciliación. 
(Aplausos) Me es difícil decirlo aquí con mi nacionalidad aunque haya nacido después de la guerra. 
Me parece cínico que le Jefe de Gobierno de Israel hable de un crecimiento del antisemitismo en Europa a causa de nuestra crítica a su actitud. 
No, no somos antisemitas. 
Aquí estamos al lado de todos los israelíes. 
Esto no tiene nada que ver con antisemitismo. 
(Aplausos) 
Pero, naturalmente, también planteamos exigencias a Jassir Arafat. 
Ha escrito hace algunos días un notable artículo en el New York Times. 
Cuando dice allí que quiere intensificar sus esfuerzos contra el terror proveniente del lado palestino, reconoce que quizás no ha hecho hasta ahora lo necesario. 
Por ello, exigimos también a Jassir Arafat que haga más allí donde tiene influencia, si bien sabemos que no tiene bajo su control a todos los grupos en Palestina. 
El Sr. Solana ha hablado también de los suministros de armas de "Karine-A". 
Queremos tener informaciones para qué están destinadas. 
Exigimos a Arafat que proporcione las necesarias informaciones. 
Creo que tenemos como europeos junto con los norteamericanos una gran tarea ante nosotros. 
Pero los norteamericanos tienen también que entender que tienen que tratar a Israel y Palestina con los mismos derechos, que ambas partes tienen la misma dignidad. 
El ministro de asuntos exteriores Powell ha hablado hace unos pocos días en una entrevista del derecho de existencia, del derecho a ser un Estado, refiriéndose a Palestina. 
Creo que los europeos y norteamericanos tienen ahora la tarea común de contribuir a la paz en esta región. 
Naturalmente, Jassir Arafat es el Presidente electo de Palestina. 
Si no le aceptamos como interlocutor no puede haber paz ni diálogo. 
Por ello, exigimos a Ariel Sharon y a Jassir Arafat que comiencen la paz, que hablen entre sí, para que las personas en la región, en Cercano Oriente tengan un futuro digno. 
Todos aquellos que lo impulsan, como Javier Solana, Chris Patten y otros, tienen el pleno apoyo de nuestro Grupo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Alto Representante, también quiero saludar al Comisario que va a estar de nuevo pronto en la sala. 
En primer lugar, quiero adherirme a lo que ha dicho el colega Poettering en nombre de su Grupo político y expresar también en nombre del mío nuestras felicitaciones por la exitosa política que el Alto Representante y el Comisario han realizado en verano del último año en la cuestión de Macedonia. 
Por desgracia, nuestra prensa está continuamente llena con lo que no funciona bien en Europa pero cuando se hace una política con éxito esto casi no se menciona. 
Me voy a referir casi exclusivamente al Cercano Oriente. 
Estoy consternado por las cifras dadas a conocer por la Comisión sobre las destrucciones que han tenido lugar en los últimos tiempos sólo de proyectos financiados por la Unión Europea. 
No se trata tanto de la cuestión de que se destruya algo sino de porqué se destruye. 
El gobierno israelí intenta destruir cualquier infraestructura de un futuro Estado palestino. 
Y esto es lo que no podemos aceptar. 
Señor Alto Representante, usted ha dicho hoy que lo que allí está pasando no es ningún proceso de paz. 
Le doy toda la razón. 
Vengo diciendo en este Parlamento desde hace un año y medio que no debemos utilizar ya la palabra proceso de paz. 
Es una guerra de baja intensidad, pero es una guerra. 
Nuestra tarea es detener esta guerra e intentar poner de nuevo en marcha un futuro proceso de paz. 
Pero aún estamos muy lejos de ello. 
Señor Solana, le apoyo plenamente cuando dice que la UE tiene que proseguir en su trabajo. 
No tenemos otra alternativa. 
Pero Israel no nos quiere como mediadores, lo que se ha dicho en repetidas ocasiones. 
Quizás se le acepte y salude allí de nuevo para exponer nuestra política y nuestras propuestas, lo que podemos hacer raramente. 
¿Debemos financiar sólo proyectos que el gobierno israelí destruye luego de nuevo con sus tanques? 
También me parece importante el reconocimiento de un Estado palestino; esta es la única posibilidad, tal como ha dicho el colega Poettering. 
Hay un Presidente elegido de este Estado palestino y no podemos pasar de largo de él y tampoco el Sr. Sharon. 
Sólo se puede negociar con él. 
No creo que haya muchos interlocutores diferentes en el lado de los palestinos. 
Señor Alto Representante, lamento no poder compartir siquiera su moderado optimismo. 
Desde hace un año y medio miramos como dos partes totalmente desiguales hacen la guerra. 
Miramos como los tanques israelíes destruyen casas y matan a civiles palestinos y miramos como suicidas palestinos arrastran consigo a la muerte a ciudadanos israelíes asimismo inocentes. 
Naturalmente, condenamos sin ningún tipo de reparos toda violencia y actos de terror. 
¿Pero de qué sirve esto? 
No avanzamos con ello. 
Por ello, señor Alto Representante, tenemos que considerar junto con la Comisión aplicar los medios de que disponemos como consecuencia del acuerdo de asociación con Israel incluyendo la suspensión del mismo. 
Señor Alto Representante, señor Comisario, ustedes tienen la dudosa suerte de vivir tiempos interesantes, como dirían los chinos. 
Puede que sean los arquitectos del despertar de la Unión a la política exterior. 
Saludo las reuniones que el Sr. Sharon celebró la semana pasada con los dirigentes palestinos. 
Lamento que haya sido la primera vez desde su ascenso al poder que negocia directamente con los palestinos, y espero que no sea una mera coincidencia el hecho de que las conversaciones se hayan celebrado justo antes de su viaje a Washington DC. 
Pero no bastará con hablar de un alto el fuego. 
Habrá que hablar de la retirada de Israel y de poner fin a la destrucción de infraestructura palestina por valor de 17 millones de euros y financiada por la UE. 
Recomiendo, señor Alto Representante, que si queremos la paz, no fijemos ninguna fecha de inicio. 
Por otra parte, la noticia de que algunos militares israelíes en la reserva se niegan supuestamente a prestar servicio fuera de las fronteras de 1967 es un avance gratificante. 
A fin de cuentas, fue una presión similar por parte de los reservistas la que provocó la retirada de Israel del Líbano y, junto con la declaración de Arafat de que los palestinos están dispuestos a poner fin al conflicto y de la necesidad de encontrar soluciones creativas, representan unos brotes de optimismo que debemos cuidar y abonar para que crezcan. 
Señor Alto Representante, usted ha hablado del informe Mitchell y de una luz al final del túnel. 
Espero que no sea el faro de un tren que viene en dirección contraria. 
A veces la contribución de los amigos- o supuestos amigos- estadounidenses al proceso de paz en Oriente Medio ha sido análoga a la lealtad demostrada por los denominados "loyalistas" de Irlanda del Norte al Gobierno del Reino Unido. 
La Unión está en un serio dilema si cree que la política estadounidense sobre Oriente Medio está perjudicando la totalidad de los intereses occidentales. 
Le deseo sabiduría y valor en sus negociaciones con nuestros amigos del otro lado del Atlántico. 
Señor Alto Representante, usted ha hablado también de Afganistán. 
A mi Grupo le preocupan las noticias de luchas entre las facciones del Norte y del Sur de Afganistán, que han provocado la huida de miles de pashtunes de sus aldeas, las noticias del asesinato de 50 o más personas en Gardez. 
Estas noticias son un presagio y refuerzan la causa a favor de una fuerza de estabilización internacional que impida toda posibilidad de que la situación desemboque en una guerra civil. 
Nuestra prioridad sería completar la eliminación de las redes terroristas, pero en este sentido, creemos que con independencia de las dudas que puedan existir sobre el estatuto de los combatientes retenidos por los Estados Unidos en Afganistán y la Bahía de Guantánamo, éstos deben ser tratados conforme a la Convención de Ginebra de 1949. 
(Aplausos) 
Dicha Convención fue la cuarta en su categoría que establece los principios sobre el trato que debe dispensarse a los soldados y civiles enemigos en tiempos de guerra. 
Espero que apoye mi llamamiento a favor de la creación de un comité de las Naciones Unidas que revise dicha Convención para determinar si son necesarias nuevas modificaciones relativas a insurgentes armados y terroristas que no están contemplados en las definiciones tradicionales y, en caso negativo, que al menos haga un llamamiento a los estadounidenses para que suscriban las enmiendas de 1977 encaminadas a ampliar la protección a los guerrilleros y combatientes, enmiendas que los Estados Unidos se han negado a suscribir hasta la fecha. 
En su discurso sobre el estado de la unión, el Presidente Bush hizo gala de una beligerancia chocante. 
Del mismo modo que su política medioambiental provoca el calentamiento del planeta, su política diplomática y militar están arrastrando al mundo hacia una nueva guerra fría. 
Cada tiro que los Estados Unidos disparen en este siglo, en palabras del poeta Emerson, "sonará en todo el mundo", y a menos que podamos apelar a un concepto más amplio de los propios intereses estadounidenses y cultivarlos, se cierne sobre nosotros la amenaza de un nuevo milenio militar. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Alto Representante, la crónica de una locura largamente anunciada en Oriente Medio nos persigue. 
Para los políticos, ha hablado usted de frustración: podríamos añadir el cinismo. 
Para los pueblos, significa melancolía, tristeza, desamparo, miedo, angustia y desesperación. 
Podríamos seguir diciendo: los israelíes no han hecho lo que deberían haber hecho, es verdad. 
La estrategia del Sr. Sharon es destruir las estructuras palestinas, porque no cree en el Estado palestino, no quiere un Estado palestino: ha luchado toda su vida contra un Estado palestino. 
Por tanto, hay que hacerle entender que sólo conseguirá paz y seguridad en su país con un Estado palestino. 
Y, para ello, debemos entrar en un discurso de ingerencia política en Israel. 
Debemos conseguir que la sociedad israelí entienda que la seguridad sólo llegará cuando exista el Estado palestino; la única posibilidad de seguridad para el Estado israelí es un Estado palestino. 
Esta tesis ya la defendí en 1972, y casi consigo que me linchen en una multitudinaria reunión en la Universidad de Jerusalén. 
Sé perfectamente lo que es luchar por esta causa en Israel, pero no hay otra solución. 
Tampoco hay más solución que decir, en los territorios palestinos, que no habrá un retorno de todos los palestinos al Estado de Israel. 
El retorno será limitado, hay que tener el valor de decirlo: un Estado israelí es un Estado israelí, y un Estado palestino es un Estado palestino. 
No se pueden mezclar entre sí. 
El precio a pagar es que haya una fuerza de interposición europea que se sitúe entre los palestinos, que garantice la seguridad en Jerusalén, en Tel-Aviv, en Jaffa, pero que garantice igualmente la seguridad en Ramala, en Gaza y en otras ciudades palestinas. 
Entonces, me dirán ustedes: "¿ Pero quiénes somos nosotros para hacer eso ?" 
El Sr. Sakellariou dirá: " Europa es un cero a la izquierda. 
Nadie nos escucha ". 
Ante todo, tenemos que tener ganas de ser escuchados, ganas de intervenir, ganas de decir: "¡ No, a los americanos no les corresponde hacer política en el mundo entero !". 
Nosotros, la Unión Europea, somos conscientes de que el conflicto de Oriente Medio procede de una crisis fundamental europea. 
Somos responsables, los alemanes son responsables, otros son responsables de esta situación que hoy tenemos en Oriente Medio. 
Por eso no debemos parar. 
Esto significa que hoy, hemos de romper el aislamiento del Presidente Arafat. 
No es que piense que el Presidente Arafat no tiene ninguna responsabilidad. 
Es tan hipócrita como el Sr. Sharon. 
Son dos ancianos caballeros que luchan desde hace décadas en esa región, y de los que sabemos que la hipocresía es una de sus armas comunes. 
Se conocen muy bien; hacen lo mismo. 
Pero el problema no es ese. 
No se trata de moral. 
Como se ha dicho hoy, hay un presidente electo: es el Sr. Arafat. 
También hay otro: es el Sr. Sharon. 
No puedo hacer nada al respecto, aunque, probablemente, no habría votado ni a favor del Sr. Arafat, ni a favor del Sr. Sharon. 
La democracia no es lo que decido yo, sino lo que decide la mayoría de los pueblos. 
No queda más remedio. 
Hay que acatarlo. 
Así pues, decía que es necesario romper el aislamiento de Arafat. 
Por eso, nuestro Grupo pide que este Parlamento Europeo invite a venir al Sr. Arafat y al Sr. Peres para dialogar con nosotros. 
Ambos han ganado el Premio Nobel de la Paz, y por consiguiente saben lo que es la paz. 
Pues bien, invitemos a dos Premios Nobel a hablar con nosotros de la paz aquí, en Estrasburgo. 
Y presionemos al israelí para que el Sr. Arafat pueda salir. 
Es escandaloso que sea el Sr. Sharon el que decida si el Sr. Arafat puede o no participar en una reunión en Bruselas, en Estrasburgo, o en dónde sea. 
Somos nosotros los que debemos intervenir políticamente para romper este aislamiento. 
Debemos financiar, organizar, respaldar a todas las ONG que luchan a nivel de la sociedad civil para que se creen nuevos vínculos, para que no se derrumbe todo lo que une a israelíes y palestinos, porque en esta región se han hecho cosas dignas de admiración. 
Los que hayan ido con frecuencia a Palestina y a Israel lo saben. 
Este es el motivo de que tengamos una responsabilidad fundamental, que es la de oponernos a la frase que se oye por doquier en Israel: "No hay otra salida". 
No es verdad: siempre hay otra salida. 
Sé que hoy, como ha dicho el Sr. Patten, a los que hablan de paz no se les escucha demasiado, pero si conseguimos demostrar que las alternativas que proponemos pueden ser escuchadas por el otro bando, se generalizarán iniciativas como las de los soldados, que afirman: "Queremos defender la seguridad de Israel, pero no deseamos ocupar los territorios palestinos ni invadir a los palestinos". 
Por eso espero que este Parlamento tenga la valentía de llegar hasta el final en nuestra determinación de querer influir en las sociedades civiles israelíes y palestinas, y de romper el hielo invitando al Sr. Arafat y al Sr. Peres aquí, a Estrasburgo, para interrumpir el aislamiento de Yasser Arafat. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, me satisfacen un cierto número de posturas que acaba usted de recordar claramente, señor Solana, en concreto con relación a la Autoridad Palestina y a su Presidente. 
Sé también que mantiene usted un diálogo constructivo y útil con sus numerosos interlocutores para favorecer la apertura de una vía de solución. 
Le agradezco también al Sr. Patten sus palabras justas y enérgicas sobre las destrucciones de las infraestructuras que simbolizan el embrión del Estado palestino. 
Sin embargo, creo que, en general, la actitud de los Quince frente a la extrema gravedad de la situación en Oriente Medio es excesivamente tibia. 
Considero que hay grandes posibilidades de que la mayoría de los palestinos pierdan sus últimas esperanzas de paz manteniendo la dignidad. 
Un pueblo tan sometido a las humillaciones cotidianas del ocupante no debe en ningún caso tener la impresión de que el mundo entero se inhibe. 
Por tanto, hagamos oír nuestra voz. 
Así, y el Sr. Poettering lo ha mencionado con razón, no es baladí que un jefe de gobierno diga que lamenta no haber matado hace veinte años a un hombre que toda la Comunidad Internacional reconoce como líder de un pueblo y de una nación. 
¿Cuál es nuestra opinión al respecto? 
¿Y cómo reacciona Europa ante la peligrosa luz verde que le ha dado George Bush a la política "a muerte" de Ariel Sharon? 
Una complicidad que no puede traer más que violencia, como la nube negra precede a la tormenta. 
Y a la inversa, ¿Cuál es nuestra apreciación acerca de los indicios, que se multiplican en el seno de la población israelí, de una discrepancia de fondo sobre la política del Sr. Sharon, sobre la base de la exigencia fundamental de que la ocupación militar de los territorios palestinos debe terminar? 
Me estoy acordando de las valientes declaraciones del Sr. Avraham Burg, Presidente de la Knessett, para quien, textualmente, "un pueblo de ocupantes termina por desfigurarse con las taras de la ocupación". 
Me estoy acordando de las 300 mujeres y hombres que este fin de semana han llegado a Ramala procedentes de Israel para traerle un mensaje de paz a Arafat. 
Me estoy acordando de ese llamamiento lanzado por 52 oficiales y soldados israelíes, cito literalmente, "para no aceptar nunca más combatir con la misión de ocupar, de deportar, de destruir, de bloquear, de matar, de hacer pasar hambre y de humillar a todo un pueblo". 
En cuanto a los últimos sondeos de opinión, muestran una profunda desconfianza de la política del Sr. Sharon en materia de seguridad, y una mayoría prácticamente absoluta a favor de la paz con los palestinos. 
¿No creen ustedes que hechos como éstos nos dan más margen que aquellos en los que nos basamos para alzar sensiblemente la voz frente a la irresponsabilidad del actual jefe de gobierno israelí? 
Finalmente, a pesar de lo importantes que son a nivel diplomático las palabras justas, lo que ahora espera Europa son actos concretos. 
Una de estas iniciativas de gran calado, que les he propuesto en una carta abierta que les dirigí la semana pasada, y cuya idea acaba de retomar parcialmente Daniel Cohn-Bendit, podría ser invitar al Presidente Arafat, acompañado eventualmente de Shimon Peres, a estar presente en el Consejo Europeo y en nuestro Parlamento. En el supuesto de que el Sr. Sharon tuviera la osadía de desafiar a la Unión impidiendo por la fuerza que nuestro invitado acudiese a la cita, organizaríamos una visita conjunta de los quince ministros de asuntos exteriores a Ramala, dónde expresarían claramente las condiciones que Europa impone para la paz. 
De cualquier manera, creo que es absolutamente urgente ofrecer a los partidarios del diálogo y de la paz, de uno y otro bando, una perspectiva que necesitan y que es vital para ellos. 
De ese modo, abrirían ustedes para Europa (y sé que tal es su deseo) un campo de actuación a la medida de sus más positivas ambiciones. 
Bienvenida 
Tengo el placer de informar al Parlamento que el Sr. Rodrigo Samayo Rivas y el Sr. Manuel Gamero Durón, Presidente y Vicepresidente respectivamente del Parlamento Centroamericano, se encuentran en la tribuna oficial. 
Les doy una calurosa bienvenida a nuestro debate sobre Oriente Medio. 
Señor Presidente, al igual que los oradores anteriores, yo también siento una gran preocupación por la situación en Oriente Medio, que el pasado diciembre se deterioró hasta alcanzar un nuevo mínimo. 
La pérdida de vidas humanas ha sido estremecedora, el conflicto en la región entre la población israelí y palestina se ha recrudecido y las esperanzas de reemprender el proceso de paz, lamentablemente, han disminuido. 
Entre el 15 y el 25 del pasado enero, más de 45 personas resultaron heridas sólo por los bombardeos, y diez personas perdieron la vida durante el mismo período. 
Es un nivel de violencia y odio asombroso bajo cualquier concepto. 
Acojo con enorme satisfacción que Presidencia española haya escrito al Ministro de Asuntos Exteriores israelí para expresarle nuestro más profundo malestar por los daños que han sufrido los proyectos financiados por la Unión Europea como consecuencia directa de los ataques israelíes contra las instituciones palestinas. 
Señor Presidente, la violencia no ha traído ni más libertad al pueblo palestino ni más seguridad al pueblo israelí. 
En ambos casos, la violencia durante estos últimos meses ha tenido el resultado opuesto al que se pretendía inicialmente. 
La violencia sólo ha provocado una intensificación del odio y de la recriminación entre los pueblos israelí y palestino. 
Israelíes y palestinos deben reanudar la búsqueda de la paz y ambas partes deben actuar juntas y deben hacerlo en tándem. 
Los principios del informe Mitchell establecen sin ninguna duda los amplios parámetros para un acuerdo de paz global. 
Cualquier acuerdo futuro debe reconocer el derecho de Israel a vivir en paz y seguridad, así como garantizar la protección y el fomento de los derechos legítimos del pueblo palestino. 
Esto significa el establecimiento de un Estado palestino viable y democrático y poner fin a la ocupación de los territorios palestinos. 
Las autoridades israelíes y palestinas deberán actuar para renovar unos niveles mínimos de cooperación en materia de seguridad con vistas a frenar este terrible ciclo de violencia. 
Hay que detener y llevar ante la justicia a todos los que han participado en la perpetración de todos los terribles atentados terroristas que se han producido, incluidos los terroristas que actúan en organizaciones como Hamás y la Yihad islámica. 
Las conversaciones celebradas recientemente entre representantes de la Autoridad Palestina y el Primer Ministro Sharon deben ser vistas como un paso positivo, pero las negociaciones deben, sin ninguna duda, ser coherentes y no pueden ser consideradas como un ejercicio cosmético bajo ninguna circunstancia. 
Todos debemos recordar que Yasir Arafat es el dirigente elegido democráticamente por el pueblo palestino y él tiene la autoridad política y el mandato político para representar los intereses y las necesidades del pueblo palestino en estos momentos. 
Yasir Arafat es un interlocutor válido para negociar sobre la paz con Israel y cuenta con el apoyo no sólo de su pueblo, sino también de la comunidad internacional en general. 
Saludo su reciente artículo publicado en el New York Times en el que declara que los palestinos están dispuestos a poner fin al conflicto con Israel. 
Esta llamada a la reconciliación y la coexistencia merece la acogida favorable de todas las partes interesadas. 
Creo firmemente que la UE debe continuar desempeñando un papel lo más activo posible como mediador de la paz entre ambas partes. 
El Presidente Bush y el Primer Ministro Sharon se reunirán esta semana y espero que dicha reunión marque una participación más decidida de los Estados Unidos e intensifique una vez más sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo político en la región. 
Creo firmemente que la Unión Europea y el Gobierno estadounidense deben desempeñar sendos papeles importantes para poner fin a la violencia en la región y volver a lanzar conversaciones de paz fructíferas. 
Por último, los israelíes y palestinos deben además apaciguar la situación y disminuir el conflicto. 
Los reiterados ataques de Israel a la Autoridad Palestina y a sus fuerzas de seguridad e instalaciones son una completa insensatez. 
Las incursiones del ejército israelí en los territorios palestinos deben cesar inmediatamente y además debe procederse al levantamiento de las restricciones impuestas a la población palestina. 
No olvidemos, como ya han dicho otros oradores, que la alternativa a la Autoridad Palestina es la anarquía palestina. 
Vuelve a vislumbrarse cierta esperanza en Oriente Medio. 
Existen dos indicios que dan fe de ello. 
En primer lugar, me refiero a la entrevista entre el Primer Ministro Sharon y los principales representantes de la Autoridad Nacional Palestina que tuvo lugar a mediados de la semana pasada. 
Por otra parte, se ha anunciado que estas conversaciones se retomarán regularmente con intervalos de algunas semanas. 
Además, contamos con la garantía pública de Yasser Arafat en la prensa estadounidense afirmando su compromiso de poner fin a los atentados terroristas contra ciudadanos israelíes. 
Espero de todo corazón, señor Presidente, que la reunión entre el Presidente Bush y el Primer Ministro Sharon del próximo jueves contribuya a restar tensión en el sangriento conflicto entre palestinos e israelíes. 
¡Cuánta muerte y destrucción hay que lamentar a estas alturas en ambos bandos! 
Y dolor, mucho dolor personal que no puede resumirse en cifras o valorarse de forma racional. 
El rechazo consecuente del terrorismo y la lucha contra el mismo siguen siendo condición imprescindible para la creación de un marco político de entendimiento entre el estado de Israel y sus vecinos. 
Este mensaje va dirigido directamente a varios países de la región que se dedican conscientemente a echar más leña al fuego terrorista palestino y libanés. 
Por este motivo, la clara advertencia lanzada por el Presidente Bush durante su discurso con motivo del debate del Estado de la Unión celebrado el miércoles de la semana pasada merece todo el respaldo de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Este es el realismo político del que adolece nuestro continente, precisamente en el momento en que se han puesto escandalosamente de manifiesto las deficiencias europeas en el seno de la OTAN. 
Los Estados miembros de la Unión respaldan la pacificación en Oriente Medio, concretamente contribuyendo de forma efectiva a la lucha actual contra las redes terroristas que operan allí. 
Esto es algo que beneficiará tanto a israelíes y palestinos. 
Insto a los Estados miembros, a través de su Alto Representante, el Sr. Solana, para que se unan a este esfuerzo. 
Señor Presidente, la semana pasada, un chaval de mi lugar de residencia, Apeldoorn, me envió un conmovedor e-mail acerca de la paz en Oriente Medio. 
Su llamamiento era el siguiente: cambiar la espiral de violencia por una espiral de oración. 
Recurriendo al salmo, me uno a dicho llamamiento: recemos por la paz en Jerusalén. 
Señor Presidente, señor Comisario, considero que los propósitos del Comisario Patten- y lamento mucho que no se encuentre ahora mismo entre nosotros- son absolutamente inaceptables. 
Creo que hablar de lo absurdo de las destrucciones de las infraestructuras palestinas- punto sobre el que, como es evidente, estamos de acuerdo con él -, hablar de las eliminaciones selectivas de los palestinos sin mencionar para nada a las víctimas israelíes es del todo intolerable. 
Pero esto es también sintomático de la política frente a Israel que el Comisario Patten viene siguiendo desde hace muchos meses. 
Me alegro de que el Alto Representante, el Sr. Solana, esté presente, porque por lo menos, eleva un poco el tono de nuestro debate con relación a lo que estamos acostumbrados a ver en este hemiciclo. 
Dicho esto, no creo, señor Cohn-Bendit, que se pueda resolver el conflicto entre Israel y Palestina pidiéndole simplemente a uno y a otro que hagan un pequeño esfuerzo, ni siquiera un gran esfuerzo. 
El Sr. Barak ha avanzado unas propuestas de todos conocidas, y estas propuestas no han sido aceptadas. 
La Autoridad Palestina existía, y, a partir de esta Autoridad Palestina, hemos visto y seguimos viendo todos los días cómo se cometen atentados suicidas dirigidos contra Israel. 
Esta es la realidad hoy en día. 
Considero que la verdadera generosidad de la Unión Europea no consiste en hacer los viajes turísticos que nos propone el Sr. Wurtz. 
La verdadera generosidad de la Unión Europea consistiría en decirle a su opinión pública, a los ciudadanos europeos, que hay que tener la valentía de integrar totalmente a Israel en la Unión Europea, que es la única forma de garantizarle a Israel su seguridad, de conseguir por fin que los cinco millones de israelíes sientan que pueden vivir en paz al lado de los palestinos, pero dentro de la Unión Europea. 
Esta propuesta existe. 
Tal vez sería urgente, queridos colegas, que empezáramos a pensar en ella un poco más. 
Señor Presidente, tengo la sensación de que, en los últimos tiempos, en cada debate de este Parlamento sobre Oriente Medio reproducimos básicamente las mismas cosas. 
Lo único que cambia es el estado de crisis, que, lamentablemente, cada vez es un poco mayor en la región. 
Desde la última resolución que aprobamos en el Parlamento Europeo con un apoyo mayoritario de los Grupos parlamentarios, se han producido, sin duda, más ataques terroristas contra la población civil israelí. 
Me parece que podemos contar cinco en los últimos diez días. 
Pero también hemos visto cómo el cerco del ejército de Israel se estrecha cada vez más contra la población palestina y sus instituciones. 
Se han producido muy cuantiosos daños personales y materiales que considero absolutamente injustificables. 
Dentro de este panorama de violencia, muy controvertido dentro y fuera de la zona y también aquí en el Parlamento Europeo, deberíamos poder estar de acuerdo en algunas cosas. 
La primera es que yo creo que nada justifica los actos de terrorismo, que nos alejan de la paz y que sólo producen dolor e indignación. 
La segunda es que parece evidente que la Autoridad Nacional Palestina no tiene capacidad para frenar esa ola de terror. 
La tercera es que no vale todo en la lucha contra el terrorismo: en un Estado de Derecho se ha de actuar siempre bajo los parámetros de la ley y siendo escrupulosos con el respeto de los derechos humanos. 
La cuarta es que las partes en conflicto tienen que entender que ningún acto de violencia les va a llevar a mejorar sus posiciones. 
Y la quinta es que no podemos cruzarnos de brazos; al contrario, la Unión Europea tiene que mantener su presión política y la presencia permanente en la región. 
Celebro constatar los esfuerzos que el Consejo y la Comisión están haciendo, pero más celebro oír que se vislumbra una luz en el horizonte. 
Estoy de acuerdo con la Declaración del Consejo, en el sentido de que nuestra primera preocupación ha de ser poner fin al sufrimiento de ambos pueblos. 
Y me parece completamente inútil intentar aquí buscar culpables. 
Creo que, por el contrario, tenemos que buscar soluciones y, por ejemplo, el Parlamento Europeo podría promover y auspiciar una conferencia internacional por la paz en Oriente Medio, una segunda edición de la celebrada en Madrid hace diez años, sobre la que el Sr. Solana podría, sin duda, aportar muchas experiencias. 
Ojalá entre todos podamos contribuir a la paz, porque yo creo que es esto lo único verdaderamente importante en estos momentos. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, el debate de hoy me parece un verdadero debate. 
Valoro la tolerancia de la Presidencia en cuanto al tiempo de uso de la palabra: si el Presidente quiere volver a llevar la política en este Parlamento quizás hace bien en ser algo tolerante con nosotros. 
Quisiera decir que nos encontramos ante una terrible paradoja. Cuando los electores israelíes llevaron al Gobierno a Sharon pensaban que conseguían más seguridad y, en cambio, se encuentran ante una dramática situación. 
Cuando Bush tuvo que hacer un balance, incluso amargo, del atentado contra las Torres Gemelas, dio señales de que quería eliminar las fuentes del odio y de que quería ocuparse realmente de esta dramática cuestión. 
Sin embargo, si ahora Estados Unidos secunda la posición de Sharon, corre el riesgo de dejar de desempeñar ese papel de mediación que también fue de Clinton. 
En este momento Arafat parece que no domina la situación, porque el terrorismo de Hamassigue imponiéndose; sin embargo, si Arafat fuera deslegitimado totalmente, no nos podemos imaginar cuál sería la situación en Palestina. 
Depende de nosotros, depende de Europa. 
No les quiero escandalizar, no obstante, considero que la creación del Estado palestino- ya lo han dicho muchos oradores- es la única vía para dar seguridad a Israel. 
Entonces, desde ahora mismo empecemos por decir que estamos dispuestos a reconocerlo y, en segundo lugar, que necesitamos mantener una relación especial con el Estado israelí y con el Estado palestino. 
No me atrevo a hablar, como hace el Sr. Dupuis, de ingreso en la Unión, porque alguien podría escandalizarse; sin embargo, si Europa quiere realmente rendir cuentas ante la Historia de siglo XX, no se puede limitar sólo a la ampliación sin responsabilizarse hasta el fondo de las consecuencias de la historia europea. 
Señor Presidente, los recientes atentados suicidas por parte de palestinos, la dura respuesta israelí a los mismos y las declaraciones de, entre otros, Sharon acerca de Arafat han encrespado de nuevo el conflicto entre palestinos y israelíes. 
Esta espiral de violencia debe detenerse urgentemente. 
La comunidad internacional debe seguir instando a ambas partes a alcanzar una solución duradera y a poner fin al terror. 
Un punto de esperanza son, sin duda, las conversaciones entre Sharon y varios representantes oficiales palestinos celebradas el pasado fin de semana. 
En lo que respecta a la Unión Europea, sería conveniente actuar de forma más coordinada. 
Debemos reforzar nuestra posición en las conversaciones de paz, teniendo en cuenta los excepcionales intereses en juego, primando los intereses humanitarios. 
Los líderes europeos no deben seguir asistiendo a los hechos como meros espectadores y esperar a que el conflicto en Oriente Medio adquiera dimensiones aún mayores. 
El proceso de paz va a ser largo y tortuoso pero estoy convencido de que, con la suficiente confianza, la imprescindible voluntad política y la necesaria fuerza de voluntad, será posible alcanzar nuestro objetivo común: un Oriente Medio próspero y en paz. 
Yo también abrigo una pequeña esperanza. 
En realidad, me parece que dentro de este Parlamento existe una mayor concienciación de la tragedia en curso, pero también de las responsabilidades de esta situación, de nuestra propia responsabilidad. 
El Sr. Solana lo ha dicho muchas veces: hemos desaprovechado muchas oportunidades. 
Y yo temo que vamos a seguir desaprovechándolas, pero pienso que es importante que nos hayamos concienciado. 
Encuentro sinceramente irresponsable, aventurado e incluso inhumano que Bush respalde la política de Sharon, porque no se trata de una falta de confianza mutua, se trata de una política precisa y fruto de una elección- Sharon lo afirma explícitamente en sus intervenciones en la Knesset- la de que no exista un Estado palestino, sino unos bandustan, y de no devolver los territorios ocupados. 
No entiendo por qué no creemos en esta política y actuamos en consecuencia. 
Al mismo tiempo, no cabe duda de que Arafat tiene ciertas responsabilidades, y es una inmensa tragedia tanto para palestinos como para israelíes que ocurran actos terroristas. 
Mi esperanza, sin embargo, está en las palabras del Comisario Patten, en las del Sr. Solana, en las acciones y en los gestos, pero quisiera hablarles de la gran esperanza que deposito en la sociedad israelí. 
El sábado pasado, junto con 300 israelíes- jóvenes, alegres, chicos que se han negado a prestar servicio en los territorios ocupados, mujeres, profesores universitarios- atravesamos el puesto de control de Kalandia, corriendo graves riesgos, ya que a los israelíes que lo cruzaban se les decía que les estaba prohibido entrar en los territorios ocupados. 
300 personas cruzamos el puesto de control de Kalandia para ir a ver a Arafat. 
Los jóvenes israelíes le dijeron: "Queremos la paz, nosotros somos el otro Israel". 
Y Arafat les abrazó. 
Pero lo más importante fue que, por la tarde, nos reunimos con los palestinos y las organizaciones palestinas que también expresaron su voluntad de paz. 
Por lo tanto, creo que debemos creer y actuar para estas fuerzas. 
Como el Sr. Cohn-Bendit, yo también quisiera lanzar una provocación. 
Si Arafat sale de los territorios, corre el riesgo de que nosotros no consigamos hacerle regresar. 
Creo que es importante trabajar para esta operación, para conseguir que Abu Ala y Burg vengan aquí. 
Pienso que es fundamental la protección internacional para la población palestina y además creo que- y en esto coincido con el Sr. Sakellariou- es indispensable actuar concretamente, incluso suspendiendo el Acuerdo de Asociación, porque Israel debe respetar los derechos humanos. 
Señor Presidente, estimados colegas, la trágica situación de Palestina ilustra dos verdades políticas, que sólo los utópicos consideran amargas. 
En primer lugar, cada nación aspira necesariamente a la soberanía, es decir, a la disposición total de un territorio que le sea propio y sobre el que pueda organizarse según sus propias capacidades. 
Por tanto, en segundo lugar, no son las fronteras las que crean los conflictos, sino la ausencia de fronteras seguras y reconocidas. 
Lo que genera una guerra no es la separación de las naciones, sino su confusión. 
Las sociedades multiétnicas y pluriculturales han fracasado estrepitosamente en todo el mundo, y sin embargo tenemos aquí, entre nosotros, a numerosos utópicos que desearían transformar nuestras sociedades europeas en campos de experimentación de ese tipo. 
Admiro mucho el realismo del Sr. Cohn-Bendit en cuanto a Oriente Próximo, realismo que contradice frontalmente los caprichos de sus amigos y los suyos propios, por ejemplo en lo relativo a la situación de Francia. 
Siendo así, las peripecias dramáticas, pero parciales- los sangrientos atentados, el tráfico de armas, las mutuas acusaciones de asesinato, de terrorismo, los repetidos fracasos de las treguas, las destrucciones inaceptables- son tristes consecuencias, que sin embargo no deben ser confundidas con los motivos profundos de la situación. 
El problema de fondo es que no habrá paz hasta que los israelíes y los palestinos no dispongan de un territorio delimitado por fronteras reconocidas y, dentro de ese territorio, de la posibilidad de gobernarse libremente, sin amenazas, sin ingerencias. 
El Estado israelí cuenta hoy con tres cuartas partes del territorio de la antigua Palestina bajo mandato británico. 
Tiene que admitir que los palestinos deben y pueden vivir libres, en paz, en la cuarta parte restante. 
A pesar de que sean tan sensibles para el alma judía y para la de otros creyentes ciertos lugares que tienen un profundo significado en la historia religiosa, hay que acabar con la colonización de los territorios ocupados desde 1967. 
Hay que observar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y terminar también con una ocupación militar que dura ya casi 35 años, y que constituye un récord absoluto en la historia. 
Es verdad que Israel tiene derecho a obtener garantías sólidas a cambio de esta retirada. 
Estas garantías pueden serle concedidas en el marco de la Organización de Naciones Unidas, y especialmente por los Estados Unidos de América. 
Deben ser más sólidas que las que no supieron evitar el conflicto de 1967. 
Pero ya no estamos en 1967. Por tanto, Israel debe tener la valentía de dominar sus victorias, de retirarse de los territorios ocupados. 
Sólo entonces podrá volver la paz a Oriente Medio. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Alto Representante, ante los atentados con bombas de estos días en Cercano Oriente contra civiles israelíes se destruye la capacidad de coalición de los moderados. 
Yo veo una diferencia entre si se asesina a civiles arbitrariamente, si se persigue a posibles responsables de atentados o si por otro lado se impone un ultimátum de 7 días invitando prácticamente a los radicales a destruir puntualmente las numerosas posibilidades de conversaciones. 
Vemos estas cosas, por ejemplo, en la prosecución de la política israelí de asentamientos así como en la situación de que se deja vivir en el lado palestino a los refugiados sin perspectivas empleándoles como arma, lo que a su vez juega con la idea de que deben regresar a sus lugares de origen para cuestionar de este modo la viabilidad del mismo Estado de Israel. 
También lo vemos en que se destruye la infraestructura en los territorios palestinos, además en sectores que no tienen nada que ver con la lucha contra el terrorismo sino que- tal como ha dicho con razón el Comisario Patten- destruyen las perspectivas de desarrollo. 
Por estos motivos debemos mostrar claramente que como Unión Europea tenemos que buscar un nuevo enfoque y, Sr. Alto Representante, quizás no sea acertado que vaya allí en una semana y el representante norteamericano la siguiente. 
Así prosigue el columpio de un lado a otro y no avanzamos. 
¿Porqué no van juntos la misma semana para mostrar claramente que se trata de una iniciativa común europea y norteamericana que les muestre que no podemos dejarles seguir actuando así? 
Los dos tienen que ir juntos y llevar dinero para poder proporcionar perspectivas y dar asimismo garantías de seguridad. 
Hay que encontrar aquí un nuevo punto de enfoque. 
Con el método actual no lo lograremos pero tampoco lo lograremos- me dirijo al Sr. Sakellariou y otros- si aprobamos resoluciones que echan la culpa a una de las partes, pues de este modo destruiremos la posibilidad de ser mediadores. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, los informes que han presentado hoy no son optimistas o positivos pero han reflejado con precisión la realidad existente. 
Me alegra mucho que la Unión Europea haya mostrado claramente tras un breve segundo de susto que no está dispuesta a aceptar acciones que destruyan la estructura palestina ni los gastos que hemos realizado como Unión Europea. 
No se trata de negar a Israel el derecho a defenderse contra el terror sino de condenar y rechazar del modo más decidido las medidas excesivas que no tienen verdaderamente nada que ver con la lucha contra el terror. 
Me alegra mucho que los dos representantes lo hayan hecho de modo claro e inequívoco sin caer por ello aquí en grandes emociones. 
Esto es importante pues los defensores de la paz en Israel y en Palestina- pues los hay en ambos lados- esperan que se escuche la voz de Europa. 
Apoyo todos los esfuerzos de ir junto con los EE.UU. Pero donde no sea posible se nos tiene que reconocer como voz europea, además claramente. 
La segunda observación que deseo hacer sobre los Balcanes puede subrayar todo lo que se ha dicho aquí. 
Sólo ruego que se siga con atención especial la situación en Albania donde actualmente está teniendo lugar una evolución no muy positiva. 
Quiero decir con toda claridad que no me puedo imaginar un acuerdo de asociación con Albania si este país no se preocupa él mismo de que reine la estabilidad. 
Lo que ha ocurrido las últimas semanas no es por desgracia ninguna aportación a la estabilidad. 
Queremos la estabilidad en los Balcanes, hemos realizado grandes esfuerzos para alcanzarla y ninguna fuerza en los Balcanes debe poner de nuevo en peligro esa estabilidad. 
Ruego por ello a ambos que sigan con gran atención en especial la evolución en Albania aplicando escrupulosamente nuestras posiciones. 
Tras meses de dolorosísima violencia inútil en Oriente Medio, debemos cuidar y fomentar la más mínima chispa de esperanza. 
El Presidente Arafat ha manifestado su voluntad de negociar con cualquier israelí y contribuir a la búsqueda de una solución imaginativa para el regreso de los refugiados. 
Se trata de dos avances llenos de valor que merecen nuestro apoyo y que deberán tener una respuesta inmediata e igual de generosa por parte del Primer Ministro Sharon. 
Por otra parte, observamos que en Israel se está produciendo un cambio en la opinión pública con respecto a los principales problemas del conflicto, es decir: la ocupación ilegal de los territorios palestinos. 
Hasta la fecha han aparecido ciento diez reservistas del ejército israelí que han suscrito una petición en la que se niegan a seguir tomando parte en dicha ocupación. 
Estos valientes soldados merecen el apoyo abierto y sólido de la Unión Europea por haberse decantado por la legalidad internacional y por los derechos humanos en lugar de las órdenes recibidas y por el camino de la mínima resistencia. 
Ellos sí han optado por el camino de la paz, por alejarse de la ocupación, por alejarse del terror y del terrorismo de estado, por el camino de la mesa de negociaciones y, esperemos que a largo plazo, por el camino de la paz. 
Quisiera que los Sres. Solana y Patten indicarán si están dispuestos a ratificar este apoyo en público. 
Con profunda tristeza y compartiendo su frustración, señor Alto Representante. Así hemos observado, a lo largo de los últimos meses, cómo se degradaba continuamente la situación en la zona de Oriente Próximo, cuando estábamos convencidos, tras el 11 de septiembre, de la urgencia de encontrar una solución política al problema. 
Desearía simplemente recordar aquí la declaración final de la sesión especial del Foro Mediterráneo, organizada en Bruselas en el mes de noviembre, antes de la votación, el 13 de diciembre, de nuestras recomendaciones que preludiaban la firme declaración del Consejo de Laeken. 
Les recuerdo que esta declaración hacía un llamamiento para la aplicación sin demora y sin condicionantes del Plan Tenet y de las recomendaciones del Comité Mitchell, y mencionaba de nuevo, señor Cohn-Bendit, nuestra convicción de que la creación de un mecanismo imparcial de vigilancia sería de interés para las dos partes. 
No queda más remedio que reconocer que todo esto ha quedado en papel mojado y que, muy al contrario, los últimos acontecimientos parecen haber cerrado la puerta a cualquier tentativa seria de reanudación de las negociaciones. 
Aunque, al igual que Guillermo de Orange, creo que no hace falta tener esperanza para actuar ni triunfar para perseverar, pienso que debemos felicitarnos de que usted, señor Alto Representante, tal y como acaba de decirlo, no deje de hacer todo el esfuerzo posible para devolverle a los pueblos de Israel y de Palestina la esperanza que tantísimo escasea allí. 
Lo único que podemos hacer es animarle a que continúe con todas las iniciativas de concertación entre las Naciones Unidas, Estados Unidos y los Estados Árabes más implicados, a fin de proponer conjuntamente las acciones indispensables para que se restablezcan una confianza y un respeto mutuos, sin los cuales no podremos detener la actual espiral de violencia. 
Por ello, no soy partidario de que nuestro Parlamento se presente hoy como un lanzador de anatemas. 
Como nos decía el Comisario Patten en su última intervención ante el Pleno: "What is past, is past". 
Lo que nos interesa es el futuro, y el futuro inmediato. 
Además, creo reflejar aquí la opinión de una mayoría de nuestros colegas, al repetir que nosotros mismos, en el Parlamento, estamos dispuestos a tomar nuestra parte de iniciativa dirigiendo- ¿Porqué no, señor Presidente Cox? -una nueva invitación a representantes del más alto nivel de los dos Estados- ¿Porqué no al propio Sr. Arafat? -para que vengan a explicar sus intenciones ante nosotros, tal y como lo hicieron, en septiembre de 2000, los Presidentes del Consejo Legislativo Palestino y de la Knesset. 
Deseamos igualmente animarles a mirar con buenos ojos, junto con la Presidencia en ejercicio del Consejo, la posibilidad de organizar una ambiciosa Conferencia de Paz inspirada en el espíritu de la Conferencia celebrada en Madrid, en la que, como nos ha recordado, señor Alto Representante, tuvo usted un papel tan relevante. 
Por nuestro propio interés y para ser coherentes con el espíritu de nuestro compromiso sin reservas en la lucha contra el terrorismo, debemos jugar el papel más activo posible en la tarea de salvar el proceso de paz, respetando los derechos legítimos de los pueblos de la región. 
Señor Presidente, la reacción europea, un poco más articulada de lo normal, llega a tiempo. 
Hoy, está ampliamente demostrado que la política del Sr. Sharon conduce a la nada. 
A falta de perspectivas políticas, la fórmula del Antiguo Testamento "ojo por ojo, diente por diente" desemboca directamente en el horror y en el caos. 
La sangre llama a la sangre. 
De hecho, es el retorno a la Edad Media, incluso a la prehistoria. 
Por tanto, ya va siendo hora de que el Consejo de la Unión Europea, la Comisión y todos nuestros gobiernos lo griten a los cuatro vientos, sin importarles lo que piense el Presidente de los Estados Unidos. 
El Sr. Sharon, y no el Sr. Arafat, es quien tiene en sus manos la posibilidad de poner fin al conflicto. 
Simplemente, respetando el derecho internacional, terminando con la ocupación represiva de Palestina, y retirándose tras las fronteras de Israel internacionalmente reconocidas. 
La mejor forma de proteger simultáneamente a los ciudadanos israelíes y a los ciudadanos palestinos es restablecer una verdadera frontera entre los dos pueblos. 
Salir del laberinto del odio no implica humillar ni desestabilizar a Arafat. 
Implica repartir la tierra y reconocer el hecho nacional palestino, pero no a medio plazo, sino de inmediato. 
Señor Solana, señor Patten, hay que decirlo sin ambigüedades. Este es el mensaje urgente que deberían transmitir los representantes de Europa. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Alto Representante, Sr. Solana, y al Comisario, Sr. Patten, por su infatigable labor. 
Compartimos su frustración por la falta de resultados. 
¿Ha llegado la hora de que pasemos del diálogo a las asociaciones compartidas, que superen las aparentes diferencias religiosas y permitan atajar los males comunes que afectan a los humanos, como la pobreza, la enfermedad y el analfabetismo? 
No hay ninguna duda de que el diálogo debe situarse actualmente dentro del Islam, entre musulmanes, para intentar descubrir el modo de descartar falsas yihads, rechazar las interpretaciones distorsionadas del Corán que inevitablemente y por ignorancia provocan martirios y atentados terroristas. 
El Islam es una fe que promueve la paz, la igualdad y una vida segura. 
Entretanto, deberíamos luchar contra la falta de democracia en los ricos Estados productores de petróleo. 
Nosotros podemos ser de ayuda en la creación de una sociedad civil y utilizar medios como los acuerdos de asociación con Egipto para ejercer una influencia indudable. 
El Alto Representante, Sr. Solana, ha mencionado la República Islámica de Irán. 
Comparto su punto de vista. 
Creo que deberíamos abrir una oficina de la Comisión en Teherán lo antes posible. 
Es un Estado islámico, pero también una democracia; tiene la Sharya, pero también un Parlamento. 
No hay ninguna duda de que Irán forma parte de la solución y no del problema- es una sociedad pacífica en una región violenta. 
Agradezco a nuestro Comisario y a nuestro Alto Representante y a su gabinete todos sus esfuerzos. 
Señor Presidente, el comentario que el Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, ha hecho recientemente en el sentido de que lamenta no haber asesinado a Yasir Arafat en Líbano en 1982 es imperdonable. 
Pero supongo que no debería sorprendernos: el comportamiento terrorista del propio Sr. Sharon en Líbano, cuando permitió las masacres en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, fue posteriormente condenado por la Comisión de Investigación Kahane de Israel. 
Teniendo en cuenta este hecho, es lamentable que posteriormente fuera elegido Primer Ministro de Israel, lo cual es el origen de muchos de los actuales problemas. 
La actual política israelí es absurda y contraproducente. 
¿Cómo pueden exigir a Arafat que se comporte como el dirigente de un Estado normal, al tiempo que lo mantienen prácticamente prisionero en su propia casa, destruyen su aeropuerto y su emisora de radiodifusión y lo humillan? 
¿Por quién lo quieren sustituir? 
En la situación tras el 11 de septiembre, la Unión Europea se ha mostrado hipersensible en su enfoque de Oriente Medio. 
En realidad, somos un intermediario honesto y deberíamos mostrarnos vigorosos en dicho enfoque. 
El hecho de que los estadounidenses estén en deuda con nosotros por la solidaridad y el apoyo que les hemos brindado cuando ellos lo necesitaban, debería significar que tenemos derecho a esperar una respuesta recíproca de ellos. 
Y en vez de ser el títere de Israel, deberían unirse a nosotros y adoptar un enfoque político igualitario respecto a la tragedia de Oriente Medio. 
Si no están dispuesto a ello, nosotros deberíamos actuar por nuestra propia cuenta. 
Es frustrante que, con su actitud actual, los Estados Unidos se estén convirtiendo mucho más en parte del problema que en parte de la solución. 
Señor Presidente, doy las gracias a los Sres. Solana y Patten por continuar, a pesar de todo, con sus ya demasiado largos esfuerzos para conseguir la paz en Oriente Medio. 
Evidentemente, estamos ante un panorama frustrante, cruel y- permítanme decirlo- surrealista. 
Surrealista, porque estamos ante una situación en que un Primer ministro de Israel no apoya las conclusiones constructivas de su Ministro de Asuntos Exteriores. 
Panorama surrealista también porque el Sr. Sharon- que se lamenta de no haber liquidado en Beirut en 1982 al Sr. Arafat, a quien califica de irrelevante, y que denomina a la Autoridad Palestina como entidad terrorista- se reúne con tres exponentes destacados de esa supuesta entidad terrorista. 
Surrealista, porque se exige a Arafat que combata el terrorismo y, al mismo tiempo, Israel- y nosotros lo permitimos- bombardea y destruye con esos bombardeos aquellos medios que la Autoridad Palestina tiene para combatir ese terrorismo. 
Pero bienvenido sea ese surrealismo si puede servir para acercarnos a la paz y al desarrollo de la zona, no solamente de Palestina. 
Quisiera, sin embargo- y preferiría equivocarme -, decir que espero que estas medidas del Sr. Sharon, de conversar con aquellos supuestos terroristas de una supuesta entidad terrorista, no sean solamente, una vez más, un intento de ganar tiempo de cara a su entrevista con el Presidente Bush mañana en Washington. 
Desearía hacerle al Alto Representante, Sr. Solana, una pregunta en relación con el famoso barco apresado, Karim A: deduzco que aquéllos que están ocupándose de constatar que las pruebas de la implicación de Irán son veraces se basan en algo más fuerte que en la aparición de armas made in Iran, porque todos sabemos que la fabricación de armas en un país concreto no implica necesariamente que las mismas sean suministradas por el Gobierno de ese país. 
Señor Presidente, digo esto- y termino con ello- porque en esta época de ejes del mal a tres bandas, de demonización de la situación y de sospechas que se quieren extender por todas partes, podría ser una fatal imprudencia infundir sospechas de este tipo sobre esos enemigos invisibles que el Sr. Bush ahora maneja. 
No estoy seguro de que el tono marcadamente unilateral de esta Asamblea beneficie a nadie. 
Respaldo el llamamiento del Sr. Brok a favor de un enfoque más equilibrado, pero como se ha pedido, yo también quiero aprovechar la oportunidad para tocar brevemente otra zona en crisis, que en estos momentos despierta una creciente preocupación y en la que la Unión Europea puede ejercer cierta influencia. 
Me refiero a Zimbabue. 
A pesar de que se ha autorizado la entrada de observadores, debemos mantener la presión sobre el Sr. Mugabe para que las elecciones sean libres y justas. 
No queremos encontrarnos en la situación de tener que limitarnos a constatar que las elecciones estuvieron amañadas sin poder hacer nada y retorcernos las manos a continuación. 
Queremos que la presencia de observadores frene la violencia y el fraude electoral, de manera que la población zimbabuense pueda decidir en auténtica libertad. 
Muchos de nosotros continuamos alarmados por las noticias procedentes del interior de Zimbabue sobre la situación que reina en el país. 
Me refiero al asesinato de cinco partidarios del Movement for Democratic Change la semana pasada, a la disolución de manifestaciones y mítines del MDC a manos de la policía, a que la prensa independiente está coaccionada, a que el corresponsal del Independent, Basildon Peta, ha sido detenido hoy mismo bajo la Ley de seguridad y orden público y a que se haya denegado la entrada en el país a la periodista australiana Sally Sara. 
Todos estos hechos nos llevan a pensar que ya constituyen un incumplimiento de las condiciones impuestas por la UE. 
Quiero dirigir unas preguntas al Sr. Solana. 
¿Qué manifestaciones se están llevando a cabo ante el Gobierno de Sudáfrica para que aplique una mayor presión regional sobre el Gobierno de Mugabe? 
¿Se han adoptado medidas de cara a la aplicación de sanciones inteligentes? 
¿Qué nivel de deterioro de la situación desencadenará dichas sanciones? 
¿Se ha coordinado plenamente la respuesta de la Unión Europea con aquélla de los Estados Unidos? 
Debatir en torno al conflicto en Oriente Medio supone plantearse el dilema del equilibrio entre el derecho de Israel a unas fronteras seguras y la viabilidad de un estado palestino. 
Parece que nunca hemos estado más alejados de este objetivo. 
Ya nadie se siente seguro, ni en Israel ni en el estado palestino. 
Nadie parece capaz de desempeñar un papel objetivo para encauzar de nuevo el proceso de paz. 
Los extremistas marcan la agenda y los americanos parecen tolerar la actitud dura del Primer Ministro Sharon. 
No importa cómo se observe la posición del Presidente Arafat, lo cierto es, en mi opinión, que sin él se produciría una situación de caos en los territorios palestinos. 
¿Qué puede hacer la Unión Europea? 
Creo que lo principal es seguir hablando. 
Apoyo a los colegas que afirman que debemos mantener las conversaciones con ambas partes y presionar a Israel para que acepte únicamente a la Autoridad Nacional Palestina como el único interlocutor válido para encontrar de nuevo el camino de la negociación. 
Sin embargo, también debemos pedir a Arafat que se encargue de los terroristas que tiene en sus propios territorios. 
En este sentido, la Unión Europea debería estar dispuesta a suspender determinadas formas de cooperación con Israel, sin descartar estas medidas con respecto a la Autoridad Nacional Palestina, en caso de demostrarse que la lucha contra el terrorismo no se lleva a cabo con seriedad. 
Esto me lleva a otro punto que quisiera plantear al Sr. Solana. 
El conflicto en Oriente Medio también tiene conexión con la relación entre la UE y los Estados Unidos, además de afectar a la lucha contra el terrorismo. 
Quisiera conocer su respuesta a las manifestaciones del Presidente Bush cuando habla del eje del mal y de los tres países a los que se refiere con este término. 
¿Cuál es la respuesta de la Unión Europea a estas manifestaciones? 
¿Se va a traducir esto en un nuevo alejamiento entra la Unión Europea y los Estados Unidos? 
Quisiera saber concretamente cuáles son las consecuencias de estas manifestaciones del Presidente Bush para la política de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a Irán. 
Quisiera saber cuál es la evaluación que el Consejo hace de Irán, así como de los demás países acusados por los americanos de apoyar el terrorismo desde el estado. 
Creo que se va a convertir en un aspecto importante en el futuro, especialmente en relación con el nuevo debate acerca de la superioridad militar de los Estados Unidos y la debilidad militar de la Unión Europea. 
Señor Presidente, al cerrar por parte de los diputados el debate de hoy, constato una unanimidad inusual, acompañada de cierta inquietud y de la voluntad de que haya un desenlace positivo. 
Realmente nos hallamos en la peor fase del problema palestino, o nos encontramos en la culminación de la tragedia y llega la catarsis, la salida. 
Sin volvernos jueces, debemos admitir que la política de Sharon ha convertido en víctimas incluso a los israelíes: una política estancada sin perspectivas. 
¿Será que Sharon sueña con una solución final para el problema palestino para que la asociemos a una época muy mala para Europa? 
Pero es que también es responsable América, al no darse cuenta de que apoyando políticas sin salida, básicamente está minando su política y el papel que desempeña. 
Nosotros, como europeos, ¿somos simples observadores de los acontecimientos? 
No. 
Creo que las propuestas del Comisario, Sr. Patten, como del Alto Representante, Sr. Solana, así como todo lo que aquí hemos debatido tiene una gran importancia y posibilidades de ejercer política. 
Y no creo que nosotros, como Unión Europea sigamos los hechos soportando el martirio de Sísifo, llevando la roca hasta la cumbre de la montaña para que otros nos la arrojen de nuevo abajo. 
Sin embargo, debemos prestar atención a otras cosas porque ahora es la crisis de Oriente Medio y la tensión en los límites de la Unión Europea. 
Tenemos en nuestro interior la otra crisis. 
La crisis de los Balcanes. 
En este sentido, el Sr. Solana ha observado correctamente el hecho de la liquidez alrededor de Albania, alrededor de Kosovo, alrededor de Montenegro y en la región más amplia. 
Allí no nos encontramos en un frágil equilibrio. 
Nos hallamos en un equilibrio inestable, que es mucho peor. 
En la base del éxito de un intento que, en la Península Balcánica ha emprendido principalmente la Unión Europea; debemos insistir para lograr una solución política esencial porque es realmente allí donde se va a juzgar nuestra capacidad de gestionar las crisis con medios pacíficos y de dar soluciones políticas. 
Sólo deseo que conste en Acta nuestro agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo español, Sr. Ramón de Miguel, por haber permanecido aquí durante toda la tarde para asistir al debate. 
No suele ser muy frecuente en estos debates. 
. (EN) Señor Presidente, intentaré ser breve y comenzaré por expresar mi agradecimiento a todos- a los que han permanecido aquí y a los que se han marchado- por apoyar nuestros esfuerzos por llevar la paz a una zona que, como dije al principio, nos es geográficamente próxima y que también está muy cerca de nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestros valores. 
Quisiera hacer hincapié, una vez más, en que la dificultad del problema no es la falta de un mecanismo para encontrar una solución a la crisis. 
Ya tenemos el informe Mitchell, que contiene los pasos que deben seguirse y que ha sido aceptado por ambas partes. 
El problema no es que no dispongamos de los raíles sobre los que el tren pueda avanzar, sino que no hemos conseguido que el tren salga de la estación. 
El tren no puede salir de la estación hasta que se cumpla el requisito de respetar un plazo de siete días en completa calma. 
¿Pero qué ocurre? 
Cuando se fijan siete días de calma total como requisito imprescindible, siempre hay alguien que no está a favor del proceso de paz y que, en el último minuto, puede urdir una catástrofe. 
Por consiguiente, volvemos al punto de partida. 
Esto ha ocurrido en varias ocasiones. 
Esta manera de hacer las cosas deja la iniciativa en manos de los más radicales y se la arrebata a los moderados. 
Éste es el problema que tenemos en estos momentos. 
Esperemos que los comienzos más modestos de conversaciones- yo no las denominaría negociaciones- entre ambas partes se mantengan, ayer, mañana, quizá pasado mañana, quizá al comienzo de la semana, y que al menos traigan un cambio en el modo en que sortear la crisis, porque no deja la solución en manos de aquellos que no quieren que el proceso prospere. 
No me han dirigido muchas preguntas. 
Por consiguiente, responderé a las interesantes observaciones que han hecho sus Señorías. 
Al menos el 90% de sus intervenciones ha sido de apoyo. 
Se han formulado de forma inequívoca dos preguntas y quisiera responderlas antes de pasar a mis observaciones finales. 
Respecto a la pregunta del Sr. Menéndez del Valle relativa al buque Karim A., no dispongo de la información que ha servido de base a varios países para hacer sus declaraciones. 
Varios países- algunos de ellos miembros de la Unión Europea- afirman que sus servicios de inteligencia han establecido una conexión. 
Si se trata de una conexión entre Estados o entre un Estado y un grupo es una pregunta abierta. 
Pero no hay ninguna duda de que existe algún tipo de conexión entre el pueblo iraní y algunos palestinos. 
La segunda pregunta que me gustaría responder es del Sr. Brok, aunque no esté presente. 
Este esfuerzo común lo realizamos cada día sobre el terreno los representantes de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de la Secretaría General de las Naciones Unidas y de la Federación Rusa. 
Trabajamos juntos todos los días. 
Me gustaría recordarles también que nosotros- es decir, el Sr. Powell, el Sr. Ivanov, el Sr. Koffi Annan y yo- nos reunimos regularmente para tratar colectivamente sobre este asunto. 
Debemos ser tenaces y perseverantes. 
Asimismo, necesitamos que se produzca un cambio en ambas sociedades, y no sólo en el seno de las autoridades que dirigen los países. 
Dichas sociedades han experimentado un profundo cambio en los últimos años. Israel ha cambiado. 
El fuerte y extenso campamento de la paz de aquel país no ha desaparecido, pero se ha reducido. 
Al otro lado ha ocurrido otro tanto. 
La frustración ha creado una sensación de que el campamento de la paz no puede traer la paz en un plazo razonable. 
Esa falta de confianza entre ambas partes antes no existía. 
Recuerdo perfectamente la relativa amistad en Oslo entre Arafat y Peres y entre Rabin y Arafat. 
Eso ha desaparecido. 
Debemos hacer algo para que ambas sociedades puedan reencontrarse y nosotros, como europeos, deberemos realizar un trabajo ingente en este sentido, para acercar a ambas sociedades, porque deberán vivir juntas. 
Todo lo que podamos hacer a través de este Parlamento, a través de las instituciones, a través de las ONG, debemos hacerlo. 
Me gustaría contarles dos pequeñas anécdotas; una es la de un excelente amigo mío que se encuentra en el campamento de la paz de Jerusalén. 
El otro día me contaba que no se atreve a enviar a su hija y a su hijo al colegio en el mismo autobús. 
Es un cambio dramático y profundo el que se ha producido en el corazón y en la mente de alguien que, en otras circunstancias, sería un luchador por la paz. 
En la parte opuesta, en el lado palestino, si vamos a un hospital y hablamos con un pediatra, nos contará que un niño pequeño ha sido asesinado. 
Es un golpe terrible a la confianza entre las personas. 
Por ello debemos trabajar también con las sociedades. 
Debemos hacer partícipe a las sociedades, las universidades, las escuelas, los médicos, etcétera, para recalcarles que tienen que vivir juntos y que Europa estará detrás de ese sentimiento de reconciliación. 
Es algo que debemos hacer. 
Terminaré recordando una bella frase de Isaac Rabin quien, sin ninguna duda, fue el arquitecto del proceso de Oslo, junto con Simon Peres. 
Solía decir algo que sigue siendo válido. Debemos luchar contra el terrorismo como si no existieran las negociaciones, y debemos negociar como si no existiera el terrorismo. 
Ése es el enfoque en torno al cual debemos unirnos hoy. 
Es necesario continuar con las negociaciones, continuar con las conversaciones, continuar impulsando el panorama político- el centro de gravedad debe ser político. 
Hasta que no se sitúe la política en el centro de gravedad, será muy difícil impulsar el proceso. 
Podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho los europeos. 
No tenemos la capacidad de resolver el problema, pero podemos avanzar en la dirección acertada lo antes posible y perseguir la paz. 
No es una cuestión sólo de valores. 
Es parte de nuestra historia, de eso no hay ninguna duda, pero además es parte de nuestro futuro, del futuro de esta Unión Europea, de los países de una Unión Europea ampliada y de los países del Mediterráneo y de Oriente Medio, que forman parte de nuestra familia. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido siete propuestas de resolución para poner fin al debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Varios colegas- el Sr. Cohn-Bendit y el General Morillon, entre otros- han presentado varias sugerencias sobre las iniciativas que podría adoptar el Parlamento. 
Estoy muy dispuesto a trabajar con la Conferencia de Presidentes y con los colegas sobre dichas sugerencias. 
La semana pasada tuve una reunión privada muy fructífera con el Embajador Moratinos para que me asesorara sobre cuál es el mejor modo de impulsar estas ideas. 
Trataremos sobre ello en el foro adecuado. 
Acuerdos verticales y prácticas concertadas en la industria del automóvil 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre acuerdos verticales y prácticas concertadas en la industria del automóvil. 
. (IT) Señor Presidente, tengo el gusto de presentar, aunque sea brevemente, el proyecto de reglamento de exención por categoría sobre automóviles que la Comisión ha adoptado esta tarde. 
Este Parlamento conoce los límites más bien graves del funcionamiento concreto del actual reglamento de exención por categoría que expirará el próximo mes de septiembre. 
Los consumidores no obtienen ventajas suficientes, especialmente cuando quieren ejercer su derecho a un mercado único. 
Las normas en vigor, además, obstaculizan el desarrollo de nuevos métodos, incluida la distribución por Internet y, por último, también se debe mejorar el acceso de los talleres independientes a las informaciones técnicas. 
En consecuencia, hemos puesto a punto y hoy la Comisión ha adoptado este proyecto de reglamento de exención por categoría, cuyos elementos principales quisiera ilustrarles brevemente. 
El factor inspirador de fondo es que el nuevo sistema debe ser más riguroso respecto a la reglamentación existente y tiene que permitir una mayor competencia en los mercados de las ventas y de los servicios de posventa. 
¿Cuáles son sus características principales? 
Ante todo, por lo que se refiere a la venta de automóviles nuevos, flexibilidad y posibilidad de elección son los términos clave del proyecto. 
Cuando los constructores de automóviles nombrarán a sus distribuidores podrán elegir entre un sistema de distribución selectiva o un sistema basado en la exclusividad territorial y ya no podrán combinar los dos sistemas. 
Con ambos sistemas el constructor de automóviles podrá garantizar la especialización de los miembros de su sistema de distribución, así como que su red de distribución cubre todas las zonas de Europa de modo que se garantizará la cobertura total del territorio. 
En ambos casos los derechos relacionados con el mercado único se protegerán mucho, mucho mejor que hoy en día. 
Con la distribución exclusiva los distribuidores se asignarán a una zona geográfica determinada, por ejemplo, una ciudad en la que ningún otro distribuidor estará autorizado a abrir un establecimiento o a efectuar ventas activas. 
El revendedor exclusivo, sin embargo, podrá vender a cualquier comprador potencial que se dirija a su establecimiento. 
Esto vale también para los concesionarios independientes, los llamados concesionarios grises, los grey resellers. 
Tales concesionarios podrían ser, por ejemplo, los supermercados y aprovecharían las diferencias de precio para comprar vehículos en los países donde los precios son más bajos para luego revenderlos en los Estados miembros que tienen precios más elevados contribuyendo de este modo a crear un verdadero mercado único. 
Por el contrario, si las marcas eligen la distribución selectiva, los distribuidores podrán hacer publicidad, enviar cartas personalizadas y correos electrónicos a los consumidores en toda Europa, o incluso instalarse donde ellos están. 
Los consumidores, sin embargo, podrían seguir encontrando dificultades en sus relaciones con un concesionario de otro Estado miembro, en particular por lo que se refiere al contacto directo y simple con el concesionario en el extranjero, al pago de las facturas y a los acuerdos para la entrega del vehículo. 
En consecuencia, nos ha parecido necesario un enfoque más radical para conseguir una mayor integración de los mercados dando a los consumidores la posibilidad real de adquirir automóviles en el extranjero. 
Un distribuidor de automóviles debe estar en disposición de abrir puntos de venta o de entrega más cercanos al lugar de residencia de los consumidores, incluidos los de los demás Estados miembros. 
En la práctica, esto significa que, por ejemplo, un revendedor de Volkswagen de Amsterdam podría abrir un establecimiento en el Reino Unido y vender allí el Volkswagen Golf al precio minorista holandés que es inferior en un 23% al británico. 
Esta medida creará claramente las condiciones de mercado para reducir las enormes diferencias de precios que existen para los automóviles en la Unión Europea. 
Existe además una demanda de los consumidores para tener concesionarios multimarca, multibrand. 
El proyecto de reglamento convierte en mucho más simples las ventas multimarca. 
La única condición admisible es que los modelos de marcas diferentes se expongan en zonas distintas del mismo establecimiento, al objeto de evitar la confusión entre marcas. 
Este tipo de exposición ya se utiliza en los Salones del automóvil con satisfacción general. 
Asimismo, el proyecto de reglamento pretende reorganizar la vinculación existente entre las ventas y los servicios de posventa permitiendo la especialización. 
Los distribuidores podrán elegir entre prestar ellos mismos los servicios de posventa, como hacen actualmente los concesionarios, o podrán subcontratarlos a uno o más talleres autorizados. 
Estos talleres deben respetar todos los criterios cualitativos establecidos por el fabricante de automóviles. 
La exención por categoría, además, facilita notablemente el trabajo de los intermediarios: para citar uno de ellos, Virgin Cars, que compra automóviles por cuenta de los consumidores y que ahora estará en disposición de encontrar más fácilmente la oferta mejor para los consumidores. 
Todos estos elementos ofrecen a los distribuidores un mayor margen de maniobra para organizar sus actividades sobre la base de las condiciones de mercado, aprovechando nuevas posibilidades comerciales y reforzando de este modo su independencia respecto de los fabricantes. 
Otro modo de convertir a los concesionarios en menos dependientes de los fabricantes es la obligación de estos últimos, es decir, de los fabricantes de motivar adecuadamente las decisiones de rescisión de los contratos de distribución. 
Si el distribuidor no está de acuerdo con los motivos indicados puede acudir a un árbitro o a un tribunal. 
Asimismo, la Comisión ha tomado la decisión en este proyecto de reglamento de que se ha de conceder un plazo de preaviso razonable para la rescisión del contrato. 
Normalmente este plazo es de dos años. 
El conjunto de estas medidas garantiza que los distribuidores puedan aprovechar plenamente las nuevas oportunidades que ofrece esta propuesta de reglamento. 
Ahora quisiera abordar la cuestión de los servicios de posventa, también muy importantes. 
La nueva propuesta de reglamento pretende garantizar que los consumidores tengan una opción real y que se puedan dirigir tanto a los talleres autorizados como a los talleres independientes. 
En aras de la seguridad y de la fiabilidad de todos los automóviles- este objetivo lo hemos recalcado mucho- debemos garantizar que todos los talleres puedan hacerse la competencia en todos los sectores, sin que esto vaya en detrimento de la calidad del servicio ofrecido que debe seguir siendo de altísimo nivel. 
El nuevo reglamento permite a todos los fabricantes de automóviles establecer los criterio cualitativos que deben ser respetados por todos los talleres que deseen ser talleres autorizados. 
En consecuencia, los fabricantes pueden garantizar que los miembros de su red cumplen elevados estándares cualitativos. 
De este modo se evitan exclusiones en este mercado respecto de nuevos talleres que ahora podrían ser nombrados talleres autorizados, siempre que estén dispuestos a respetar los criterios establecidos por los fabricantes de los automóviles. 
La propuesta presenta, asimismo, la ventaja para los concesionarios cuyo contrato ha expirado de poder continuar actuando como talleres oficiales de su marca mientras satisfagan los criterios cualitativos. 
Por lo tanto, el nivel general de competencia técnica en el mercado se aumenta y se mantiene una densa red de talleres oficiales en toda Europa, lo cual contribuirá a una elevada calidad del servicio y a la seguridad en las carreteras. 
Asimismo, es posible prever que la propuesta tendrá efectos positivos en el empleo y en las pequeñas y medianas empresas. 
En lo que se refiere a los talleres independientes en el mercado de los servicios de posventa, la propuesta está orientada a aumentar sus posibilidades de competencia. 
Dada la creciente complejidad de los vehículos de motor, es importante que los talleres independientes tengan un mejor acceso a todas las informaciones técnicas necesarias, incluidos los aparatos para el diagnóstico, los equipos y la formación. 
Por lo tanto, cualquier discriminación entre talleres oficiales que formen parte de la red y talleres independientes es inaceptable. 
Los cambios propuestos favorecerán asimismo el uso de piezas de recambio más económicas, de calidad equivalente y, por lo tanto, las reparaciones serán menos costosas. 
Quisiera terminar, señor Presidente, Señorías, con unas palabras sobre el procedimiento. 
El próximo trámite es la consulta del Parlamento Europeo y de los Estados miembros y la publicación del proyecto de reglamento en el Diario Oficial. 
De este modo la Comisión podrá recibir las observaciones de todas las partes afectadas antes de adoptar el reglamento definitivo. 
Todo el procedimiento debería concluir antes del próximo verano. 
Me será muy grato presentar el proyecto de reglamento más en detalle a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento el 19 de febrero y de continuar el fructífero diálogo ya en curso con los miembros del Parlamento, en particular con el Sr. Konrad, que es su ponente sobre el tema, y con la presidenta, Sra. Randzio-Plath. 
Creo, señor Presidente, que hemos abordado una materia compleja, una materia, sin embargo, de trascendental importancia, concreta y también de valor más general. 
Si queremos que los ciudadanos europeos se reconozcan realmente en la construcción europea, no podemos permitirnos que una pieza tan fundamental del mercado único como es el mercado único de los automóviles, continúe siendo no único y ello en perjuicio de los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario Monti, estimadas y estimados colegas, en primer lugar muchas gracias Sr. Monti por haber difundido esta propuesta en el Parlamento. 
Saludamos y apreciamos en gran medida que su primera visita haya sido aquí a Estrasburgo trayendo esta propuesta. 
Saludo muchos de los puntos de esta propuesta, lo que se ha reflejado también claramente en los debates mantenidos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Menciono el sector de la distribución de diferentes marcas, el sector de las piezas de repuesto originales, el sector del acceso a las informaciones técnicas o la liberalización en el campo de la separación entre servicio y ventas. 
Pero también tengo una pregunta en lo referente a la regulación de la libertad de establecimiento en el mercado interior. 
Tenemos una regulación que se llama GVO y este es el titular. 
Es decir, que debe seguir existiendo un marco reglamentario con una limitación temporal. 
Lo saludo. 
Pero el contenido es liberalización cuando cualquier comerciante aunque esté limitado nacionalmente puede establecer filiales en el mercado interior de la UE, tantas como quiera. 
Esta es mi primera pregunta importante en este contexto. 
Señor Presidente, la declaración del Sr. Comisario contiene muchos puntos que deben ser acogidos con satisfacción, en particular, su reconocimiento del papel que juega el mercado gris en el abaratamiento de los precios, la utilización de Internet y los supermercados de automóviles en el comercio propiamente dicho de piezas de recambio y en la realización de revisiones de automóviles. 
Debo hacer una pregunta. 
Da la impresión de que en diferentes mercados nacionales puede mantenerse la exclusividad en unas condiciones que podrían ser anticompetitivas. 
¿En qué medida podrían mantenerse en un mercado nacional determinado estos acuerdos exclusivos con las redes de distribución? 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Monti por haber acudido hoy al Parlamento y habernos ofrecido una declaración muy clara sobre un tema muy complejo. 
Hubiera sido de gran utilidad disponer de antemano del texto, pero tengo entendido y espero que lo recibiremos en breve. 
Quisiera plantear dos cuestiones al Sr. Comisario. 
En lo que concierne a los consumidores británicos- y en buena medida ya ha tratado sobre ello en su propuesta- está, sin duda, la cuestión del precio. 
¿Considera oportuno, señor Comisario, incluir en la regulación restricciones y garantías en materia de precios con vistas a ser revisada al cabo de cierto tiempo para garantizar la convergencia de precios? 
Esto daría una señal inequívoca sobre la dirección que desea seguir. 
El segundo tema es relativo a la libertad de los distribuidores y su capacidad de invertir. 
Ha dado un gran paso en la dirección acertada, pero me preocupa, en el ejemplo que ha puesto, de que un distribuidor de Holanda pueda invertir y abrir una sucursal en el Reino Unido. 
¿Cómo protegerá esta medida a los concesionarios que ya han realizado inversiones importantes? 
¿No sería mucho mejor que ellos pudieran ir y comprar automóviles en Holanda y venderlos a los consumidores de aquel país, en vez de optar por lo que podría ser una solución aleatoria que, en realidad, desperdiciaría las repercusiones de la independencia de los distribuidores que él quiere garantizarles? 
. (EN) Espero que tengamos más ocasiones, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, por ejemplo, de profundizar en los detalles. 
El nexo que a mi entender existe entre las dos primeras intervenciones es la preocupación que existiría realmente si existiera una cláusula de localización. 
Un rasgo distintivo de la decisión adoptada hoy por la Comisión sobre el proyecto de reglamento es que la cláusula de localización no aparece a ningún nivel porcentual. 
Este hecho debería disipar ampliamente dichas preocupaciones. 
Respecto a garantizar la convergencia de precios, éste es uno de los objetivos de la propuesta general. 
Como saben, mantenemos una vigilancia regular sobre la convergencia o no convergencia de precios. 
Dos veces al año elaboramos un informe sobre el precio de los diferentes modelos en los distintos Estados miembros. 
Éste será un poderoso indicador de las consecuencias, entre otras cosas, de este nuevo reglamento. 
Nos hemos resistido a la tentación de convertirnos en reguladores de precios y de relacionar disposiciones específicas en materia de competencia sobre la distribución con el volumen de los diferenciales de precios. 
No nos corresponde a nosotros decir que este diferencial de precios es aceptable, sino que éste más uno no lo es. 
Estamos trabajando en las raíces de los fenómenos, para que la convergencia de precios prospere. 
En cuanto al ejemplo anglo-holandés, mi respuesta breve es que ambas modalidades estarán permitidas, a saber, la apertura de sucursales del distribuidor en los otros países y el comercio sin restricciones sin necesidad de que los distribuidores cambien de localización. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden: antes de que conceda la palabra al siguiente orador para que haga su intervención, he indicado que deseo que se me incluya en la lista. 
Señor Presidente, quiero dirigir una breve pregunta al Sr. Comisario. 
Fui ponente hace siete años y medio, cuando se trató por vez primera sobre este proyecto. 
Me alegra comprobar lo mucho que la Comisión ha avanzado, pero sigo teniendo una pregunta. 
Puede que yo sea demasiado cínica y demasiado liberal, pero ¿por qué necesitamos un reglamento? 
¿Por qué no podemos sencillamente utilizar el Tratado tal y como está? 
¿Por qué necesitamos un reglamento especial para concesionarios de automóviles y la venta de automóviles? 
En lo que a mí respecta, podríamos utilizar el reglamento normal sobre competencia. 
Señor Presidente, respaldo la iniciativa del Comisario Monti y me alegra que sus colegas de la Comisión también le apoyen. 
No hay ninguna duda de que el reglamento en vigor favorece a los fabricantes y concesionarios de automóviles en detrimento de los consumidores. 
Considero que esta propuesta en particular respeta los principios del mercado único y estoy convencido de que la medida rebajará los precios de los automóviles para los ciudadanos de la UE. 
Tengo una preocupación importante y es relativa a mi país. 
¿Tiene conocimiento, señor Comisario, de que el impuesto de matriculación de los vehículos en Irlanda encarecerá el precio de los automóviles entre un 50% y 100%? 
Por eso, una iniciativa como ésta carecerá prácticamente de sentido, a menos que la Comisión pueda persuadir a las autoridades irlandesas de que deben reducir el impuesto que grava los vehículos. 
Sé que los impuestos es competencia nacional, pero estamos avanzando hacia la armonización fiscal y, en consecuencia, quisiera rogar humildemente al Sr. Comisario que se dirija a las autoridades irlandesas para pedirles que reduzcan los impuestos de matriculación de los vehículos, de manera que los ciudadanos irlandeses puedan disfrutar de alguna ventaja al igual que sus homólogos del continente. 
Quisiera felicitar al Comisario por haber sabido conducir tan hábilmente a través de la Comisión este dossier, sobre el que no ha habido unanimidad. 
Los mismos problemas existen en el Reino Unido: los 52 modelos examinados en el Reino Unido siguen siendo más caros. 
Mi pregunta es la misma que la de la Sra. Riis-Jørgensen. 
Con las reformas parciales que hoy nos propone aquí el Comisario y con su aplicación que abrirá el mercado a los supermercados, al comercio gris y, en particular, las ventas vía Internet, ¿no es cierto que la exención por categoría quedará obsoleta, y cuándo llegará el día en que nos libremos realmente de estos reglamentos? 
Por último, señor Comisario, en 1999 le dirigí una pregunta a la que usted me respondió diciéndome que los automóviles en Gran Bretaña serían más baratos si Gran Bretaña se uniera al euro. 
¿Sigue siendo ésa su posición, y cuál sería, en su opinión, la diferencia en términos de diferenciales de precios? 
. (EN) Me doy cuenta, no sin cierto alivio, de que no soy el Comisario responsable de tributación ni de la unión monetaria, sino meramente el Comisario de la humilde política de competencia que, no obstante, tiene un papel que desempeñar e intenta desempeñarlo con rigor- con el apoyo del Parlamento, apoyo que hoy, una vez, ha quedado patente. 
Respecto a la competencia propiamente dicha, ¿por qué no ser aún más liberal y nos abstenemos de aplicar regulaciones específicas por sectores? 
Pues bien, hemos estudiado esta posibilidad y un minucioso análisis nos ha llevado a las siguientes conclusiones. 
Si no tuviéramos un reglamento específico para esta industria en materia de competencia, la industria estaría sujeta al reglamento que otorga las exenciones por categoría sobre restricciones verticales. 
Eso tendría dos inconvenientes principales. 
Permitiría a la industria utilizar acuerdos de distribución muy similares a los permitidos en la actualidad, sobre los que nuestro informe de evaluación ha sido bastante negativo. 
Asimismo, la aplicación del régimen general no sería una medida satisfactoria para mejorar la competencia en el mercado posventa. 
Esto podría dejar fuera a los talleres de reparación independientes. 
Es algo que ciertamente no era aceptable. 
Por otra parte, todos los vehículos de motor continuarían, con toda probabilidad, siendo distribuidos a través del mismo tipo de sistema de concesionarios selectivos y exclusivos si no se introdujera ningún nuevo régimen regulador. 
Por último, aunque no por ello menos importante, el régimen general no ofrece disposiciones que en el sector del automóvil tienen una importancia decisiva para garantizar ventajas para el consumidor. 
Es el caso de la denominada cláusula de disponibilidad, que permite, por ejemplo, que un consumidor británico compre un coche para circular por la derecha en un país en el que se circula por la izquierda. 
Por tanto, a pesar de que, en principio, estamos en contra de un reglamento específico para el sector, como han podido ver con el paquete sobre telecomunicaciones con mi colega Sr. Liikanen, hemos avanzado algo en la adopción de un reglamento general sobre competencia. 
Pero en este caso, el carácter particular de la situación nos ha llevado a creer firmemente que una regulación específica del sector sería más adecuada. 
En cuanto a los supermercados, por ejemplo, sólo puedo decir que, durante el dilatado proceso de consulta emprendido por la Comisión, ningún supermercado ni asociación que hablara en su nombre expresó directamente el deseo de vender automóviles de manera regular. 
Por otro lado, no sería cierto sugerir que la propuesta de resolución adoptada hoy no ofrece ninguna oportunidad de negocio a los supermercados. 
Un supermercado podría convertirse en distribuidor de una o varias marcas si le satisfacen los criterios establecidos por el fabricante. 
Del mismo modo, puede actuar como intermediario para los consumidores. 
Para terminar, sobre los dos temas que no guardan relación con la competencia, pero que influyen sobre los precios, los impuestos y el euro, no añadiré nada más a la respuesta que di sobre el tema del Reino Unido, los automóviles y el euro. 
En cuanto a la tributación, su Señoría ha resaltado en que se trata de una competencia nacional y, aunque resulta tentador, quizá no es del todo coherente defender celosamente que este ámbito siga siendo una prerrogativa nacional y, al mismo tiempo, pedir al Comisario que defienda activamente la armonización. 
No obstante, transmitiré este mensaje a mi colega, Sr. Bolkestein. 
Señor Presidente, Señor Comisario, hay en día, todo el mundo sabe que el automóvil es un producto complejo y muy sofisticado. 
Ahora bien, si de ahora en adelante se autoriza al concesionario a subcontratar el mantenimiento y la reparación, se romperá toda una cadena continua de responsabilidades. 
Desde este punto de vista, es preocupante para el consumidor. 
Según usted, Señor Comisario, ¿Cómo podrán los fabricantes de automóviles aplicar sus garantías, hacer respetar sus normas de calidad y, llegado el caso, proceder a operaciones de rappel, si ya no tienen más que un vínculo indirecto con los subcontratistas? 
Señor Presidente, Señor Comisario, creo que el debate no se plantea en el plano de los objetivos finales ni de los principios de la Comisión con esta propuesta, sino sobre las posibles consecuencias no deseadas que puedan derivarse de la aplicación de la futura regulación del sector. 
Por eso, ante la supresión de la cláusula de localización, le pregunto, Señor Comisario, si no considera conveniente que exista un cierto período transitorio para las pequeñas empresas de distribución, teniendo en cuenta las inversiones efectuadas o en curso, en este sector de gran influencia para el nivel de empleo. 
Señor Comisario, le felicito por la presentación de este documento que cierra el conjunto de normas relativas a las restricciones verticales. 
Quiero hacerle alguna observación. 
Usted ha puesto el ejemplo del distribuidor en Amsterdam que podría abrir una sucursal en Londres. 
Tengamos en cuenta que los distribuidores se encuentran- como siempre, pero en este caso más todavía, por la cuantía de las inversiones que han de realizar- en una situación de dependencia con respecto a los fabricantes, y que los contratos no tienen un período muy amplio. 
Es cierto que, en el supuesto de una resolución, podrían ir a los tribunales, pero creo que, en la mayor parte de los países de la Unión- al menos, señor Comisario, en el suyo y en el mío -, la prolongación indefinida de los procesos llevaría a la quiebra a los distribuidores. 
Por ello, y puesto que se admite la distribución selectiva, le pregunto si, para conseguir la igualdad de los precios entre los distintos países, no sería más conveniente, por ejemplo, limitar esa prohibición de que el distribuidor selectivo venda exclusivamente al consumidor final o bien a otros miembros de la red. 
Así se favorecerían importadores paralelos que contribuirían a bajar los precios. 
. (EN) Los vehículos de motor, como dice la Sra. Caullery, son realmente complejos y sofisticados. 
Como usted señala, Señoría, se trata de un producto muy complejo y sofisticado. 
Es una de las razones por las que se hemos optado por normas específicas sectoriales, en lugar de replegarnos sobre el marco general de regulación sobre restricciones verticales. 
Pero me gustaría resaltar lo siguiente. 
La propuesta, en nuestra opinión, mejora y no debilita un servicio de posventa seguro y fiable. 
No dificulta a los fabricantes de automóviles el cumplimiento de sus obligaciones. 
Al taller de reparaciones cuyos servicios subcontrate un distribuidor, si así lo desea, el fabricante le confiará la tarea de proporcionar los servicios que los concesionarios proporcionan actualmente. 
Hablando claro, la única diferencia entre un concesionario oficial que proporciona servicios posventa, hoy, y un taller oficial de reparaciones en el régimen propuesto, mañana, es que este último puede que no tenga una sala de exposición en la que vende automóviles. 
Los conocimientos técnicos especializados, la formación, las herramientas y los niveles de servicio seguirán siendo aquellos que decida el fabricante para toda su red. 
Es estas circunstancias, los fabricantes pueden perfectamente cumplir con sus obligaciones. 
El Sr. Naranjo Escobar ha preguntado si la aplicación tendrá consecuencias no deseadas y si no sería aconsejable disponer de un período transitorio, al tiempo que se mantiene por ahora la cláusula de localización. 
El plazo ya está suficientemente estructurado porque, tras la consulta, el reglamento final de la Comisión será adoptado antes del verano del presente año. 
Probablemente incluirá una cláusula que diga que entrará plenamente en vigor a partir de octubre de 2003, y hemos tenido en cuenta también la situación de los distribuidores actuales, por lo que hemos introducido en la propuesta de reglamento un aviso explícito sobre la expiración del contrato. 
En cualquier caso, está claro que lo que hoy hemos adoptado es un proyecto de reglamento muy meditado y estructurado, pero aún habrá otras consultas, y si en las consultas surgen argumentos importantes y persuasivos, naturalmente los tendremos debidamente en cuenta. 
En respuesta al Sr. Berenguer Fuster, la Comisión permite sistemas selectivos para muchos productos de acuerdo con la política pertinente: el proyecto de reglamento no impone ningún formato determinado de distribución ni prescribe los pormenores según los cuales deben redactarse los acuerdos. 
Reconoce que otras restricciones verticales aprobadas entre las partes pueden propiciar un beneficio económico que facilite unos niveles óptimos de inversión por parte de fabricantes, redes oficiales y talleres de reparación independientes. 
Si me lo permiten, terminaré con una observación algo más general. 
Con la presente propuesta conseguimos dos cosas. 
Por un lado, ponemos en juego con mayor vigor las fuerzas de la competencia. 
Se produce una inyección de competencia adicional. 
Por otro lado, liberalizamos la opción de modalidades, restándole rigidez y aumentando su flexibilidad. 
Quiero agradecerle al Comisario su clara exposición y considero que lo que se propone puede suponer una optimización y mejora de los principios que rigen el mercado interior. 
Hasta ahí estoy de acuerdo. 
El ejemplo anglo-holandés citado por el Comisario guarda, entre otras cosas, relación con los impuestos sobre el valor añadido que se aplican en todos los Estados miembros. 
Soy consciente de que los impuestos son competencia nacional pero creo que la Comisión puede intervenir si se obstaculiza la competencia y la regulación del mercado interior. 
Usted dice que no se encarga de los impuestos pero siempre es la Comisión la que habla. 
De modo que si me dirijo al Comisario, parto de la base de que estoy hablando formalmente con la Comisión y no concretamente con un comisario. 
Por consiguiente, me quedo con el convencimiento de que podrá trasladar el mensaje, tal y como ha indicado mi colega irlandés. 
Por otra parte, también quisiera preguntar por qué no se puede trasladar un vehículo matriculado de otro Estado miembro al país de residencia. 
De esta forma, se podría optimizar aún más el mercado interior. 
Señor Comisario, ya ha oído usted aquí a muchos diputados que piensan que la aproximación de precios tiene que venir también a través de la armonización fiscal, posiblemente más que a través de este Reglamento. 
Al actual Reglamento se están acogiendo el 100% de los contratos de distribución. 
Sin embargo, usted está estableciendo unas cláusulas muy duras de limitación en la definición de minorista. 
¿No cree usted, Señor Comisario, que este nuevo Reglamento podría producir una gran inseguridad jurídica a los concesionarios, que puede poner en peligro, al mismo tiempo, la continuidad de las inversiones que éstos están haciendo e, incluso, a un cierto nivel, el empleo de estos concesionarios en toda la Unión Europea, cuyo volumen supera el millón de personas? 
¿No tiene usted un cierto miedo de que, con esta política de abrir la competencia, se favorezca a las grandes superficies de distribución en contra de los pequeños concesionarios? 
Seré breve. 
Quiero saludar el anuncio que ha hecho el Sr. Comisario. 
Deberemos esperar para ver cómo funciona realmente en la práctica. 
Las empresas sobre las que estamos tratando son muy poderosas. 
¿Ha convenido con los Estados miembros, señor Comisario, que no suban sus impuestos sobre el automóvil con vistas a recuperar la pérdida de ingresos como consecuencia de la bajada de los precios, eliminando así las ventajas económicas para los consumidores? 
Asimismo, ¿sería posible imponer la obligación de exhibir o anunciar los precios antes de impuestos junto con los precios después de impuestos? 
Generalmente los precios que se anuncian ya incluyen los impuestos. 
Por último, ¿qué repercusiones, en su caso, tendría esta medida sobre la garantía a nivel europeo en el caso de un automóvil adquirido en otro Estado miembro? 
Señor Presidente, para la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es importante qué repercusiones tiene esto sobre la legislación técnica, en el diagnóstico "on-board" o en los interfaces más diversos. 
¿Cómo se va a garantizar que los estándares de fábrica y las normas se respeten realmente? 
¿Se ha previsto una especie de certificación por terceros, es decir, que terceros neutrales controlen que se observan realmente los estándares? 
. (EN) En este ámbito es importante adoptar alguna medida relativa al régimen fiscal. 
La Comisión tiene un papel que desempeñar en este sentido. 
Me gustaría recordarles que en la CIG de Niza, la Comisión defendió la posición de que debía pasarse a la votación por mayoría cualificada en los ámbitos de tributación que tengan una importancia fundamental para el funcionamiento del mercado único. 
Espero que los Estados miembros no suban los impuestos. 
¿Traerá consigo el nuevo sistema inseguridad jurídica para los distribuidores? 
Creo que no; al contrario. 
También confiamos en poder evitar las, a menudo, temidas consecuencias económicas para los distribuidores y el empleo. 
El proyecto de reglamento ofrece a los antiguos distribuidores la oportunidad de convertirse en concesionarios oficiales dentro de la red de fabricantes y elegir la localización que deseen. 
En todo caso, ya sabemos que, aparte de este proyecto de reglamento, varios fabricantes ya están planeando una reestructuración y una reducción del número de concesionarios oficiales incluidos en sus sistemas. 
En cuanto a la garantía europea, se mantiene en la propuesta. 
Las redes de distribuidores deberán ofrecer garantía, con independencia del lugar en que se adquiera el vehículo. 
Muchas gracias por su dedicación y brevedad Sr. Monti. 
El debate queda cerrado. 
Turno de preguntas (Comisión) 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0030/02): 
Asunto: Seguridad nuclear: incumplimiento, por parte de Bulgaria, del Acuerdo de asociación con la UE y de los acuerdos de desmantelamiento de los reactores de Kozlodui A la vista del desmantelamiento de las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kozlodui a finales de 2002, el Ministro búlgaro de Energía, Sr. Kovachev, declaró el pasado 8 de enero que su país no cumplirá los compromisos de cierre y desmantelamiento de los peligrosos y obsoletos reactores de la central, tal como está previsto en el Acuerdo de asociación revisado entre Bulgaria y la Unión Europea, así como en el Memorándum de Sofía que dicho país suscribió con la Comisión en 1999. 
¿De qué modo piensa garantizar la Comisión el cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de asociación en relación con el desmantelamiento de las unidades 3 y 4 y en qué fase se encuentran las obras de desmantelamiento de las unidades 1 y 2, dado que estas cuatro unidades no ofrecen ninguna seguridad y no pueden ser mejoradas a un coste razonable? 
¿Puede Bulgaria, en el marco del procedimiento de preadhesión, solicitar la apertura de negociaciones sobre el tema de la energía, a pesar de negarse a cumplir los compromisos adquiridos con la UE acerca de la seguridad nuclear y de no haber elaborado una nueva estrategia energética basándose en la adaptación a las reglas de libre mercado (producción y fijación de precios) y abriendo el mercado a la competencia? 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión no puede confirmar la información según la cual el Gobierno búlgaro ha anunciado que no se va a atener a los acuerdos que se adoptaron en lo referente al cierre de la central nuclear de Kosloduj. 
Tampoco podemos achacar una declaración de este tipo al ministro búlgaro de energía Kowatschew. 
Lo que ha ocurrido es que dentro de círculos políticos en Bulgaria se han expresado diferentes opiniones en el marco del debate público actualmente en curso sobre el cierre de la central nuclear de Kosloduj, en concreto las unidades 1 hasta 4. 
Según informaciones en poder de la Comisión, el ministro búlgaro de energía, en una declaración realizada el 10 de enero de 2002 sobre el cierre anticipado de los cuatro reactores en Kosloduj, mencionó los años 2008 y 2010 como fechas de cierre para los bloques 3 y 4. 
La declaración del ministro búlgaro de energía no se refería a los bloques 1 y 2. 
La situación es tal que en el pacto que alcancé en 1999 con el Gobierno búlgaro, nos pusimos de acuerdo sobre el cierre de los bloques 1 y 2 para el año 2002, es decir, este año y que nos pusimos de acuerdo con el Gobierno búlgaro sobre el cierre de los bloques 3 y 4 en relación con la revisión de la estrategia energética del país y que esta decisión debe tener lugar antes del momento previsto originariamente. 
La Comisión ha indicado claramente que según su opinión el cierre de los bloques 3 y 4 debe tener lugar a más tardar el año 2006. 
Sin embargo, debo decir claramente que la decisión formal de Bulgaria no se ha producido aún sobre esta cuestión. 
Esto significa que en las negociaciones con Bulgaria sobre el capítulo energético no podemos llegar naturalmente a una conclusión mientras no tengamos una fecha vinculante de cierre también para los bloques 3 y 4. 
El acuerdo que alcancé en su día con el Gobierno búlgaro es parte de la posición negociadora común de la Unión Europea en el capítulo energético referente a Kosloduj. 
Por ello, está claro que no se puede concluir este capítulo si no se cumple también el contenido de este acuerdo. 
Por tanto, existe claridad y lo repito aquí en nombre de la Comisión: es una condición absolutamente irrenunciable para la conclusión de las negociaciones de adhesión con la República de Bulgaria que se realice el cierre de los bloques 1 a 4 de la central nuclear de Kosloduj, de conformidad con el acuerdo adoptado. 
Los trabajos para el cierre de los bloques 1 y 2 han comenzado y se han creado las correspondientes condiciones administrativas y técnicas. 
Está listo un fondo internacional para la financiación de estas tareas, de modo que parto del hecho de que transcurrirá conforme al plan. 
No comparto la preocupación expresada por algunos de que el cierre de los bloques 1 a 4 vaya a ocasionar considerables problemas económicos, en especial considerables problemas de competencia. 
Según cálculos de la Comisión, Bulgaria tiene un considerable exceso de capacidad en la producción de energía y como se encuentra en construcción una nueva central nuclear moderna, se compensará la pérdida que sufra Bulgaria siendo los problemas absolutamente controlables según nuestro convencimiento. 
Resumiendo: no tenemos la más mínima indicación de que Bulgaria quiera sustraerse al compromiso adquirido. 
Quiero subrayar expresamente que en mi último encuentro con el Jefe de Gobierno búlgaro, éste me ha confirmado expresamente que su Gobierno va a cumplir los compromisos adquiridos por el Gobierno anterior. 
Señor Comisario, le agradezco mucho su respuesta, que nos confirma que las unidades 1 y 2 cerrarán este año, el 2002, que ya han comenzado las labores, y que las unidades 3 y 4 habrán cerrado en 2006 a más tardar, tal como había sido acordado en un principio, como el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, me había dicho en una carta, y como usted ha subrayado repetidamente. 
Quisiera pedirle que insistamos en este tema porque siempre existe la incertidumbre sobre si se puede garantizar o no la suficiencia de energía, y querría saber ¿qué es exactamente lo que usted ha hecho en cuanto al sistema operativo único interconectado mediante el cual se podrían llevar a cabo intercambios de energía a fin de no haya Estados que pregunten que va a suceder ahora que las unidades 1 a 4 de Kozloduy van a cerrar, es decir, no sea que haya insuficiencia de energía? 
Mi segunda pregunta está relacionada con un préstamo búlgaro para la mejora de los reactores 5 y 6 a nivel de seguridad occidental. 
¿Al final qué ha pasado con las unidades 5 y 6? 
Señor diputado, para evitar malentendidos tengo que decir de nuevo claramente lo siguiente: hasta hoy no existe una promesa vinculante del Gobierno búlgaro de que se vayan a cerrar hasta el año 2006 los bloques 3 y 4 sino que existe el acuerdo de que la decisión sobre el cierre de estos bloques se realizará antes de lo que había previsto originariamente el Gobierno búlgaro. 
La Comisión dijo en un comunicado que ella entiende que el cierre no debe realizarse después del 2006. 
Esto precisa aún de una notificación formal por parte del Gobierno búlgaro pero que va a producirse sin duda. 
Por lo demás, señor diputado, tengo que decirle que el suministro energético en Bulgaria es un asunto del Gobierno búlgaro. 
La cuestión de la eficiencia energética en los Balcanes y la situación de Bulgaria en el mercado de la energía tampoco son asuntos que caigan directamente dentro del ámbito de competencias de la Comisión. 
Sólo puedo repetir nuestra apreciación de que como consecuencia del cierre de los bloques 1 a 4 no se va a producir una carencia de energía en Bulgaria sino que existen considerables excedentes de capacidades. 
Coincido plenamente con usted en que es absolutamente necesario informar con precisión a la opinión pública búlgara sobre la necesidad del cierre y sobre las medidas paralelas pues es cierto- y esto lo sabe usted sin duda muy bien- que amplios sectores de la opinión pública búlgara no comparten en absoluto esta exigencia de la comunidad internacional. 
Siempre actuamos como si fuesen cosas evidentes y le agradezco que se haya referido a ello. 
La absoluta mayoría de la población en Bulgaria no considera ni mucho menos evidente que la central nuclear más importante y mayor del país se cierre por presión de la comunidad internacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, me interesaría saber en base a qué normas y estándares técnicos la Comisión decide qué bloques son peligrosos y tienen que cerrarse. 
Señor diputado, esto no lo ha hecho en absoluto la Comisión ni tampoco puede hacerlo. 
Esta era una condición política que los Estados miembros nos pusieron para iniciar negociaciones con Bulgaria. 
Esta condición política formulada por los Estados miembros se deduce de una valoración que fue realizada ya a comienzos de los años 90 por los estados industrializados en la que se sometió a una comprobación la seguridad de las centrales nucleares en la Europa oriental. 
Se definieron las centrales nucleares que en opinión de los Estados industrializados occidentales no podían reequiparse a unos costes razonables. 
Desconozco en estos momentos qué estándares aplicaron en aquella ocasión los Estados. 
Pero si le interesa estoy dispuesto gustosamente a realizar las correspondientes indagaciones para usted. 
La Comisión no ha realizado investigaciones de ningún tipo al respecto sino que ha hecho lo que era su mandato político, a saber, lograr un resultado con el Gobierno búlgaro para el inicio de negociaciones mediante el cumplimiento de una condición política. 
Señor Comisario, le felicito por poder exponer siempre su opinión sobre temas tan radiantes como Temelin y Kosloduj. 
Tiene que estar muy satisfecho. 
¿Puedo preguntarle qué es lo que cuesta un cierre de este tipo? 
¿Qué ocurre con el material contaminado? 
¿Quién paga todo esto? 
¿Cuánto tiempo tarda un cierre de este tipo? 
¿Qué pasa si hasta el 2006 se produce algún accidente? 
¿Quién paga entonces? 
¿Quién corre con los costes? 
Siguiendo el hilo de su respuesta a la pregunta de mi colega Rübig: ¿no cree también que se muestra de nuevo lo urgente que es que tengamos unos estándares comunes europeos y que no determinemos las fechas de cierre realizando cálculos a ojo de buen cubero? 
Hemos dicho ahora: los bloques 3 y 4 en el año 2006. 
¿No debería quizás hacerse ya el 2004 o el 2003? 
¿Qué pasa entonces si el 2005 ocurre algo? 
Señora diputada, lo siento realmente pero la Comisión no tiene ninguna responsabilidad por los estándares de seguridad de centrales nucleares en ningún lugar del mundo, tampoco en Bulgaria. 
Incluso aunque pudiese responder a sus preguntas técnicas, no debería hacerlo. 
La responsabilidad por la explotación de la central nuclear de Kosloduj y todos los problemas de seguridad derivados de ello, inclusive los casos de averías que puedan originarse, radica exclusivamente en el explotador, es decir, en el presente caso en la República de Bulgaria. 
También tengo que decir claramente que la Comisión no está en situación de hacerse cargo de ninguna responsabilidad pues no estamos en situación de ejercer ninguna influencia sobre el modo como se explota esta central nuclear. 
No puedo emitir ningún juicio personal sobre la peligrosidad o ausencia de peligrosidad de esta central. 
Le daré gustosamente informaciones detalladas sobre cómo transcurre esto técnicamente tan pronto como disponga yo mismo de ellas. 
Tenemos que partir del hecho de que el período de tiempo que se necesita para concluir un proceso de cierre de este tipo de una central nuclear no se puede calcular en años sino en decenios. 
Es decir, se trata de una tarea muy a largo plazo que, bajo determinadas circunstancias, va a suponer también compromisos o cargas a largo plazo para el presupuesto de la Comunidad. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 38 decae. 
Invitamos al Sr. Liikanen a ocupar un escaño en primera fila. 
Segunda parte Preguntas dirigidas al Sr. Liikanen 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0054/02): 
Asunto: Mejora del entorno reglamentario de las PYME El mercado interior constituye un marco privilegiado para la interacción de las empresas europeas. 
Sin embargo, sigue habiendo algunas barreras importantes a la libre circulación de bienes y servicios que obstaculizan esta interacción. 
La necesidad de una mejora del entorno reglamentario puesta de manifiesto en la Cumbre de Lisboa y en la Carta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa hace necesario un seguimiento de la cuestión. 
En este sentido, ¿qué acciones está llevando a cabo la Comisión? 
. (FI) Señor Presidente, el mercado interior ha aportado muchos beneficios a las empresas, pero es posible hacer más todavía. 
El seguimiento de los progresos en este sector se lleva a cabo dentro del marco de la estrategia del mercado interior relativa a los servicios aprobada por la Comisión en noviembre de 1999. 
La Comisión revisa anualmente la estrategia sobre el mercado interior con objeto de evaluar los resultados obtenidos y proponer mejoras. 
La última evaluación se llevó a cabo en abril. 
Uno de los objetivos es mejorar el entorno en que las empresas desarrollan sus actividades, y muchas de las medidas relacionadas con este objetivo prestan especial atención a las ayudas a la pequeña empresa. 
La Comisión también sigue de cerca el desarrollo de las condiciones propiciadoras de las actividades de las pequeñas empresas a través de los informes anuales elaborados en el contexto de la Carta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa. 
El informe del año 2002 será publicado en los próximos días, y en él se evaluarán las medidas que los Estados miembros y la Comisión se han comprometido a adoptar para ayudar a la pequeña empresa. 
Las conclusiones del informe del año 2002 serán expuestas en la Conferencia de Ministros Europeos responsables de las políticas relativas a las PYME que tendrá lugar el 23 de febrero en Aranjuez, España, y serán entregadas al Consejo Europeo que se reunirá en Barcelona. 
Por el momento, puedo decir que ha habido progresos. 
Se ha avanzado, por ejemplo, en el acceso a los recursos financieros y en el intercambio de buenas prácticas en el sector. 
Además de esto, en diciembre fue nombrado un Mediador para las PYME, cuya misión es intensificar los contactos entre las PYME y sus órganos de representación. 
Este representante lleva a cabo sus funciones en la Dirección General de Empresa y su trabajo consiste en hacer de mediador, por ejemplo, en los asuntos relacionados con las posibilidades de financiación de las PYME y con su capacidad de aprovechar las innovaciones, así como en asuntos relativos a la competitividad, a la mejora del marco reglamentario, a la consumación del mercado interior y a la participación en los programas de la UE y en las conversaciones para mejorar los procedimientos de consulta. 
El año pasado la Comisión lanzó la campaña "las PYME a la era digital". 
El objetivo es concienciar a las PYME de las posibilidades que ofrecen las redes de información. 
Para este año se han planeado seis acontecimientos en diferentes Estados miembros y una gran conferencia en Bruselas. 
También están avanzando las acciones de la Comisión para mejorar la reglamentación. 
Tanto en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, como en los contenidos de la Declaración de Laeken relativos a la mejora y simplificación del marco reglamentario, se han propuesto numerosas medidas para mejorar la situación. 
Las propuestas afectan a todos los órganos de reglamentación de la Comunidad. 
Se están considerando, entre otras cuestiones, la necesidad de tener mejor en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales y de la propia ciudadanía, la evaluación de las acciones comunitarias y de los gastos que ocasionan y la simplificación de la legislación actual. 
La Comisión presentará para el próximo mes de junio su propuesta sobre el Programa de Acción relativo a la mejora y simplificación del marco reglamentario, una vez que haya consultado a los órganos comunitarios y a las demás partes implicadas. 
La Dirección General de Empresa participa activamente en la elaboración de este Programa de Acción y se servirá de las experiencias obtenidas a través del sistema de evaluación de las repercusiones sufridas por las empresas y del proyecto piloto puesto en marcha para tal fin. 
Las conclusiones de este proyecto estarán listas antes de acabar de febrero. 
Señor Comisario, me ha dado una respuesta tan completa que pocas dudas me quedan para preguntar de nuevo. 
Sin embargo, quisiera pedirle insistentemente que las medidas que ha anunciado que se iban a adoptar, sobre todo en lo relativo a la simplificación de la reglamentación, vean realmente la luz y se apliquen lo más rápidamente posible. 
Están muy bien las grandes declaraciones, las grandes palabras y las grandes políticas para las empresas ya existentes, pero es fundamental que aquellos que- llevados por el espíritu empresarial, que tanto queremos fomentar- se deciden a constituir una nueva empresa, no encuentren trabas y dificultades que les impidan seguir adelante. 
Por otro lado, y para que esta política pueda ser realmente eficaz, es necesario que la información sobre las acciones llevadas a cabo por la Comisión llegue hasta los empresarios más pequeños, que constituyen un sector muy necesitado de la misma. 
. (FI) Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con su Señoría en que las palabras son sólo palabras, y son los hechos los que importan. 
Cuando se publique esta semana nuestro informe sobre la Carta relativa a las PYME, tendremos una noción sobre lo que se ha hecho en los Estados miembros. 
En lo que toca a la Comisión, es sumamente importante que, durante el presente año, seamos capaces de presentar un análisis exhaustivo de las repercusiones de todas las propuestas legislativas nuevas, con el fin de saber cuáles son los gastos reales que éstas ocasionan a las empresas y estar así en condiciones de inclinarnos por la solución más simple. 
Yo estoy dispuesto a volver a tratar este asunto con su Señoría en todos sus detalles. 
Pero estoy de acuerdo con usted: lo más importante son los hechos, las palabras son bastante perecederas. 
Quisiera resaltar la última respuesta del Sr. Comisario y estoy encantado de que hable de una evaluación exhaustiva de las repercusiones. 
Quisiera comunicarle que, en estos momentos, las evaluaciones de las repercusiones que recibimos anexas a las propuestas de la Comisión, en muchos casos, no se han hecho de manera rigurosa, no examinan todas las repercusiones y no son necesariamente independientes. 
¿Estaría dispuesto a reconocer conmigo, señor Comisario, que es de vital importancia llegar a un acuerdo interinstitucional sobre la necesidad de una evaluación independiente de las repercusiones, de manera que cuando las propuestas lleguen a esta Asamblea y los colegas añadan nuevas cargas a las empresas, se calcule debidamente el coste de las mismas? 
Asimismo, cuando el Consejo añade disposiciones a las propuestas de la Comisión en la posición común, ¿cree que también debería calcularse debidamente su coste? ¿No comparte mi opinión de que éste es el tipo de propuesta audaz que deseamos? 
Debo decir que las propuestas que hemos visto hasta ahora de la Comisión sobre la evaluación de la regulación son demasiado tímidas. 
. 
(EN) Comparto la opinión del Sr. Harbour de que hay que mejorar mucho la evaluación de las repercusiones. 
Por este motivo, cuando asumí mi cargo, lancé un proyecto para crear metodologías más sólidas para la evaluación de las repercusiones para las empresas. 
Los resultados de esta labor ya estarán listos en febrero. 
En esta línea, la Comisión expuso en la Cumbre de Gotemburgo la necesidad de evaluaciones sostenibles de las repercusiones, lo que significa evaluaciones que incluyan factores económicos, sociales y medioambientales. 
Este trabajo avanza en el seno de la Comisión bajo la dirección del Secretario General. 
Estoy completamente de acuerdo en que necesitamos metodologías aceptadas y predecibles de manera que cualquiera pueda evaluar cómo hemos llegado a estas conclusiones. 
La Comisión está dispuesta a abrir el debate sobre estos temas y a comparecer ante las comisiones competentes, por ejemplo, para tratar sobre lo que hemos aprendido en nuestras evaluaciones de las repercusiones para las empresas. 
La Comisión reconoce la importancia que tienen las evaluaciones de las repercusiones para las empresas y sobre el carácter sostenible, así como la necesidad de hacerlas realidad cuanto antes. 
En segundo lugar, esto no significa, naturalmente, que no se adoptarán medidas si éstas entrañan costes, pero al menos deberíamos intentar evaluar honradamente esos costes para luego poder tomar una decisión con conocimiento de causa. 
El Sr. Crowley ha llegado inmediatamente antes de que yo le diera la palabra. 
Si desea hacer su pregunta le contestará el Sr. Comisario. 
Pregunta nº 40 formulada por Brian Crowley (H-0025/02): 
Asunto: Mejora del entorno empresarial en 2002 y creación de una sociedad de la información inclusiva 
¿Puede la Comisión describir a grandes rasgos sus propuestas para 2002 encaminadas a mejorar el entorno empresarial, incluidas las empresas pequeñas y muy pequeñas? ¿Puede indicar su calendario para la presentación de las nuevas iniciativas que se han prometido y que tienen como objetivo la consolidación del progreso hacia una sociedad de la información inclusiva? 
. 
(EN) La Comisión Europea publicará en el plazo de una semana el informe anual sobre la Carta Europea para las pequeñas empresas. 
A través del informe anual supervisamos el progreso en el entorno de las pequeñas empresas. 
El informe 2002 hace una evaluación de las acciones comunicadas por los Estados miembros y la Comisión a favor de las pequeñas empresas. 
Las conclusiones del informe se darán a conocer en la Conferencia de Ministros Europeos responsables de las políticas de las PYME el 23 de febrero y serán presentadas al Consejo Europeo. 
Como ya he dicho, el informe muestra indicios de un creciente compromiso político y de los grandes avances en el ámbito del acceso a la financiación. 
También ha habido progresos en los intercambios de buena práctica, tales como la reducción de los trámites burocráticos para la creación de empresas. 
Respecto a los esfuerzos de las PYME para adaptar sus prácticas empresariales a la economía global basada en el conocimiento, la Comisión lanzó el pasado año la iniciativa "GoDigital" para ayudar a las PYME a pasar a la fase digital, dentro del Plan de acción eEurope 2002. 
En algunos países, este informe ha tenido una acogida muy positiva. 
En estos momentos estamos organizando campañas en todos los países europeos. 
Antes de que finalice 2002, se creará un portal para proporcionar a las PYME información jurídica, orientación y asesoramiento. 
La Comisión también ha adoptado hoy mismo una comunicación sobre evaluación comparativa "eEurope Benchmarking", en la que se puede hacer un seguimiento del índice de acceso a Internet de las PYME y de la utilización que éstas hacen del comercio electrónico. 
Esta comunicación de la Comisión pone de relieve los nuevos retos en relación con el uso de Internet: la banda ancha es necesaria para estimular nuevos servicios; los colegios están conectados, pero Internet aún no está suficientemente integrada en el proceso pedagógico; los servicios en línea de los gobiernos deben avanzar en el número de operaciones totalmente electrónicas. 
Los indicadores incluyen, entre otras cosas, la penetración de Internet en las empresas y el porcentaje de éstas que venden en línea. 
A pesar de que se han hecho grandes avances, la adopción del comercio electrónico no se está produciendo con la rapidez que se esperaba. 
Esto confirma la importancia de acciones como "GoDigital", pero indica además la necesidad urgente de identificar los obstáculos que presenta el comercio electrónico, especialmente para las pequeñas empresas, pero también para los consumidores. 
La iniciativa eEurope debe mantenerse más allá de 2002 y cambiar su enfoque hacia el uso eficaz y la disponibilidad de Internet para todos los ciudadanos y las empresas. 
La comunicación sobre las repercusiones de la e-economía en las empresas europeas contiene propuestas para aumentar la cooperación entre todas las partes interesadas con vistas a desarrollar una agenda política encaminada a potenciar al máximo las ventajas de la e-economía para las empresas europeas, que tenga en cuenta las necesidades de las PYME. 
El Consejo de Industria respaldó esta propuesta en diciembre de 2001 e invitó a la Comisión y a los Estados miembros a intensificar el debate sobre la e-economía. 
La Presidencia española ha decidido lanzar un debate político con los Estados miembros para acordar las futuras prioridades en el fomento de la e-Economía en Europa y tratar sobre este importante asunto en el Consejo de Industria que se celebrará a comienzos de junio. 
Para este fin será necesario identificar qué cambios de las políticas serán necesarios a nivel nacional y europeo para poder tener en cuenta las necesidades de la e-Economía. 
Estas actividades serán desarrolladas en estrecha cooperación con las reflexiones y la labor preparatoria relativa al futuro del Plan de acción eEurope 2000. 
Señor Presidente, señor Comisario, este proyecto de la Europa electrónica se vio en grandes dificultades cuando se empezó a subastar el espectro radioeléctrico. 
Ello ha generado quiebras, que no cesan, y desempleo. 
¿Qué piensa usted hacer para que no ocurra en el futuro lo siguiente: que, en contra de los propósitos generales del proyecto eEuropa, algunos Estados miembros se dediquen a recaudar grandes sumas- precipitando así al sector en una espiral desaforada -, mientras que otros se abstienen de proceder así? 
. (FI) Señor Presidente, en diciembre pasado- gracias a la diligencia del Parlamento Europeo- se aprobó la nueva legislación relativa a todo el conjunto de las telecomunicaciones. 
Por primera vez, se incluye también una base jurídica en materia de espectro radioeléctrico. 
Sobre esta base se crearán ahora los órganos competentes: un comité, que se dedicará a examinar las cuestiones a largo plazo, y un grupo de trabajo, que analizará la administración actual. 
El hecho de contar con una base jurídica común y con órganos comunes de gestión nos permitirá planear con tiempo el establecimiento de objetivos comunes y la coordinación de las acciones. 
Sin embargo, esto no garantiza que todos se decidan finalmente por el mismo procedimiento, aunque yo deseo que, al menos, podamos negociar juntos de forma abierta y transparente sobre los procedimientos y que las reglas del juego estén claras para todos antes de que el primer Estado miembro empiece a asignar su espectro. 
Los mercados podrán actuar con más acierto si tienen conocimiento de cómo se irá avanzando, aunque sólo sea en las diferentes zonas de Europa. 
Yo creo que no se volverá a repetir la tremenda confusión que vivimos en el pasado, pero no siempre es posible garantizar que se proceda de la forma más sensata. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 42 decae. 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0042/02): 
Asunto: La iniciativa eEuropa 2002 En el programa de trabajo publicado por la Presidencia española se indica que la iniciativa eEuropa 2002 debe relanzarse dotada de nuevos objetivos. 
¿Puede la Comisión explicar por qué es necesario relanzar una estrategia lanzada hace tan solo dos años? 
¿Puede indicar las razones del fracaso de la estrategia original? ¿Puede indicar los objetivos que se pretende conseguir con la nueva estrategia? 
. 
(EN) En primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Harbour por apoyar la prioridad de la iniciativa e-Europa en la agenda europea. 
Al volver la vista al año 2000, podemos ver que el Plan de Acción e-Europa rescribió realmente la agenda política europea. 
Lo que se pretendía era fijar objetivos claros para la UE y los Estados miembros, plazos claros y hacer un seguimiento. 
Les pondré algunos ejemplos: el paquete de telecomunicaciones y la separación del haz de bucles locales. 
Nunca hubiéramos podido imaginar el rápido avance de estos procedimientos sin conceder prioridad absoluta a la sociedad de la información. 
El índice de penetración de Internet ha ido en aumento. 
En marzo de 2000 era del 18% y en diciembre de 2001, del 38% -más del doble. 
Casi el 90% de los colegios ya están conectados a Internet. 
Actualmente, el 90% de las empresas europeas tienen acceso a Internet. 
Ya disponemos de la red de investigación más rápida del mundo. 
La conexión en línea de los gobiernos avanza a buen ritmo. 
Ya disponemos de un estudio general exhaustivo. 
Ha sido aprobado por la Comisión y me complace pasarlo ahora a sus Señorías. 
¿Cuáles son los nuevos retos? 
En primer lugar, la penetración de Internet ha experimentado una fuerte subida, aunque su distribución a nivel europeo sigue siendo muy desigual. 
Los colegios se han conectado masivamente, pero el número de alumnos por PC con acceso a Internet varía enormemente. Necesitamos mayor número de ordenadores por alumno en los colegios. 
A pesar de que el número de empresas conectadas no deja de crecer, la reorganización de los procedimientos empresariales no ha hecho más que comenzar. 
El comercio electrónico entre empresas y consumidores sigue siendo bastante pequeño. 
Los gobiernos han comenzado con entusiasmo a ofrecer servicios en línea. 
Normalmente, se trata de presentar sus actividades en sus sitios web. 
La interactividad real es aún escasa. 
Todas las interactividades ofrecen mejores servicios a los ciudadanos e incrementan la productividad del sector público. 
La Comisión no ha llegado al final de sus acciones porque la tecnología avanza deprisa. 
El acceso a Internet por banda ancha es ya en una opción real. 
La banda ancha es la infraestructura física fundamental de la sociedad del conocimiento. 
Sin la banda ancha no realizaremos del todo los objetivos de Lisboa. 
Nuestras naciones ya han optado por la banda ancha. 
El informe de la Comisión presentado en la Cumbre de Barcelona venía a decir que el acceso a Internet a través de banda ancha será un factor decisivo para mejorar el rendimiento de la economía. 
Las redes de banda ancha constituirán la columna vertebral de una sociedad cada vez más interconectada e integrada. e-Europa debe mantenerse después de 2002 y dirigir su enfoque en mayor medida hacia la utilización eficaz y la disponibilidad de Internet. 
La Comisión se congratula especialmente de que la Presidencia española comparta este análisis y haya incluido en su agenda el lanzamiento del Plan de Acción eEuropa 2005. 
Las primeras conversaciones sobre un posible nuevo plan de acción tendrán lugar en el Consejo informal sobre Telecomunicaciones que se celebrará en Vitoria los días 22 y 23 de febrero de 2002. 
La Comisión está dispuesta a entrar en un diálogo positivo también con las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su extensa respuesta, y tomo nota de que dos de los principales logros han sido aquellos que el Parlamento impulsó con firmeza. 
No obstante, lo que me preocupa no es la labor que ha realizado- por la que le alabo sinceramente- sino más bien, por ejemplo, los retrasos y los problemas que están experimentando los Estados miembros en la transposición de la directiva sobre comercio electrónico, que este Parlamento aprobó con gran celeridad. 
Asimismo, veo que en lo que respecta a los derechos de autor en la Sociedad de la Información- otro puntal fundamental de la legislación, al que no ha hecho referencia- continúan las conversaciones sobre la posibilidad de introducir nuevos impuestos que graven los discos informáticos, entre otras cosas, lo que frenará fundamentalmente el desarrollo de la e-sociedad. 
¿Comparte, señor Comisario, mi considerable preocupación porque los Estados miembros no parecen estar tomándose suficientemente en serio los principios fundamentales que usted ha enunciado, y podría indicarnos si piensa animarlos a que lo hagan en las próximas reuniones? 
¿Tiene previsto la Comisión publicar informes de evaluación sobre estas dos cuestiones de manera que este Parlamento pueda ejercer presión política sobre los Estados miembros para que sigan adelante con el plan? 
. (EN) Las dos directivas sobre comercio electrónico y derechos de autor son sumamente importantes. 
La Comisión tiene el deber de asegurarse de que los Estados miembros llevan a cabo su transposición en sus respectivas legislaciones. 
Dichas directivas son de la competencia de mi colega, Sr. Bolkestein, pero estamos cooperando en este ámbito y estoy dispuesto a ponerme en contacto con él cuando finalice el turno de preguntas. 
Sobre el tema de los derechos de autor, la Comisión está organizando unas jornadas sobre tecnologías digitales para la gestión de estos derechos, que se celebrarán en el transcurso de las próximas semanas. 
Cuando se vende en línea un contenido, es muy importante garantizar un sistema que garantice que el titular recibe debidamente los derechos de autor por su producción. 
Las nuevas tecnologías, como la gestión digital de los derechos de autor, son aquí de gran utilidad. 
Mi deseo personal es que esta tecnología derive en métodos más enfocados para que los titulares obtengan sus correspondientes ingresos en concepto de derechos de autor, de manera que los Estados miembros no se vean obligados a adoptar esas medidas tan generales como la de imponer un impuesto para los derechos de autor. 
Por último, sobre el seguimiento de los Estados miembros, a menudo existe el problema de que el progreso avanza de manera poco sistemática y la coordinación en los Estados miembros no es lo suficientemente sólida como para garantizar el progreso en todos los ámbitos. 
Éste será uno de los problemas sobre los que trataremos en el próximo Consejo informal y transmitiremos este reto al Consejo Europeo de Barcelona. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿qué piensa hacer la Comisión frente a la amenaza de que se vaya ensanchando la brecha digital, dado que esto afecta a personas que, además, son las más desfavorecidas económicamente? 
En segundo lugar, en Europa tenemos un nivel bajo de conexiones a Internet. 
¿Cómo piensa afrontar esto la Comisión? 
En tercer lugar, el desarrollo de los contenidos también es bastante lento aquí en Europa. 
No obstante, se trata de la clave para desarrollar actividades de más alcance en el espíritu de eEuropa. 
¿Cómo piensa usted intervenir en este asunto? 
. (EN) Todos estos temas tienen una importancia extraordinaria. 
Me limitaré a hacer algunas observaciones. 
Los colegios están en una buena posición para hacer de puente sobre esta línea divisoria digital. 
A través de ellos podemos garantizar la formación para todos. 
En Europa aún funcionan los sistemas escolares integradores. 
Podemos garantizar que los conocimientos lleguen a todos. 
Cuando Internet llegue a los hogares a través de los hijos, eliminaremos de raíz la línea divisoria. 
Pero deberemos pensar en los grupos de edades superiores. 
Aquí, los esfuerzos combinados del sector público de la formación, los puntos de acceso para el público, que pueden estar bajo la dirección de las comunidades locales, las oficinas de correos y el sector privado proporcionan un respaldo sumamente importante. 
Espero que todos los Estados miembros adopten medidas activas en este sentido. 
Respecto al uso, actualmente estamos tratando sobre las tarifas planas en general. 
El mayor uso en los Estados Unidos se explica a menudo por el hecho de que en aquel mercado existen más ofertas de tarifa plana, no sólo para banda ancha, sino también para bandas estrechas. 
Aún no hemos llegado a una conclusión final sobre esto, pero ahora estamos estudiando esta cuestión, porque hemos asistido a una disminución de la demanda de banda ancha en la forma de ADSL y cable. 
¿Podría ser ésta una solución? 
Responderé a este interrogante cuando hayamos realizado más trabajo interno. 
En cuanto al contenido, si Internet no está en nuestra lengua materna, no será Internet para todos. 
La Comisión está llevando a cabo actualmente su programa eContenido, que se centra en plataformas multilingües y multiculturales en el ámbito de los contenidos. 
Aúna varios operadores diferentes de distintos Estados miembros. 
El interés despertado ha sido enorme y marcha muy bien. 
El programa Tecnologías de la sociedad de la información está desviando su atención hacia las aplicaciones. 
En el futuro, el usuario estará en el centro. 
A menudo hemos situado la tecnología en el centro, pero ahora debemos situar al usuario en el centro. 
Los usuarios no buscan tecnología, sino más bien contenido, servicios y aplicaciones. 
Por este motivo, la atención de la investigación está avanzando en esa dirección. 
La Comisión apoya estos esfuerzos. 
Señor Presidente, las licencias UMTS han sido licitadas por unos importes muy elevados. 
¿Qué repercusiones va a tener esto sobre las licencias digitales para la televisión? 
Creo que precisamente gracias a estas iniciativas, que representan también grandes inversiones, han surgido nuevos puestos de trabajo. 
¿Cómo ve usted la evolución del capital de riesgo para este campo? 
. 
(EN) Para ser sinceros, señor Rübig, el año pasado no fue un año fácil para el mercado de capital de riesgo. 
El mercado de capital de riesgo experimentó un crecimiento muy rápido en 2000, luego surgieron las dificultades y descendió. 
A nivel de la UE, el Fondo Europeo de Inversiones invirtió en fondos de capital de riesgo de varios Estados miembros. 
Dichas inversiones fueron muy oportunas debido a la falta de financiación de riesgo. 
Asimismo hemos estado utilizando fondos del presupuesto comunitario, transfiriendo parte de los créditos del programa plurianual a los fondos de inversión. 
A través de estos esfuerzos, el sector público ha desempeñado su papel. 
Al mismo tiempo, es muy importante completar la legislación sobre un auténtico mercado único de servicios financieros y capital de riesgo. 
En este sentido, esperamos que las soluciones que se desprendan del informe Lamfalussy serán de gran utilidad. 
Hoy en Internet he encontrado una buena noticia: las nuevas rondas sobre capital de riesgo para aplicaciones inalámbricas han llegado a su fin. 
Puede que lo peor ya haya pasado, pero el mercado sigue estando muy apretado en comparación con la situación en el pasado. 
Por tanto, serán necesarias todas estas medidas: un mercado financiero activo y medidas públicas de apoyo, por si el mercado va mal. 
Muchas gracias, señor Comisario por su colaboración. 
Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou 
La pregunta del Sr. Alavanos se refiere a los objetivos de Lisboa y a la posibilidad de lograrlos en Grecia. 
Primero, debo decir que el objetivo del empleo a jornada completa que se marcó en Lisboa es un compromiso político de los jefes de Estado y no tiene el carácter de un acto jurídicamente vinculante. 
Con todo, no sólo el compromiso político tiene gran importancia, sino que también en virtud de dicho compromiso se han creado y presentado todos los planes nacionales de acción para el empleo. 
En Grecia, el segundo marco de apoyo comunitario aplicado en los últimos cinco años se ha completado en diciembre de 2001, así que es difícil tener una evaluación completa de él. 
Claro que, evidentemente, durante el segundo marco comunitario hubo reformas en el mercado laboral y se crearon estructuras y mecanismos relacionados con la formación y las políticas activas para el empleo. 
Donde sí que hay problema es en los servicios del empleo cuya reforma ha empezado al final del segundo marco de apoyo. 
En cuanto al tercer marco de apoyo, Grecia es uno de los pocos Estados miembros que han marcado objetivos cuantitativos nacionales por medio del plan nacional de acción y ha dado a conocer como objetivo el 61,5 % para el año 2005. 
El tercer marco comunitario de apoyo dispone de una cantidad importante para apoyar a las políticas activas de empleo y para las reformas, que alcanza los 2900 millones de dracmas. 
La realización del tercer marco comunitario de apoyo es un gran desafío para que Grecia ponga en funcionamiento mecanismos indispensables para las políticas de empleo, como por ejemplo la individualización del enfoque, lo que significa la total reorganización de la Oficina de Empleo Griega y el funcionamiento más eficaz de los mecanismos de formación, que deben estar directamente unidos a los objetivos regionales de desarrollo. 
La Comisión colabora estrechamente con todos los Estados miembros y cada año repite, como bien sabe, las líneas directrices a fin de que los Estados miembros tengan en cuenta los acuerdos europeos sobre la aplicación de las políticas de empleo. 
Señora Comisaria, sé que usted es partidaria del inglés como lengua oficial, por ello le dirigiré mi pregunta en inglés. 
Por casualidad, tengo delante las estadísticas de Eurostat sobre el mercado de trabajo. 
La tasa de desempleo en toda la Unión Europea en 1990 era del 7,7 %; en 2000 era del 8,4 %. 
En 1990, el desempleo en Grecia se mantuvo en un 6,3 %, por debajo de la media comunitaria. 
En 2000 era del 11,1 %, la tasa más alta después de España. 
En Irlanda, el desempleo en 1990 era del 13,1 %; en 2000 era del 4,4 %. 
Irlanda y Grecia son países de cohesión. 
¿Cómo explica eso, y que opinión crítica le merecen las acciones del Gobierno griego durante el Segundo programa marco de apoyo comunitario? 
Primero quiero agradecerle su apoyo. 
Estaba segura de que una persona progresista como usted, con su experiencia, estaría de acuerdo en que la lengua inglesa es muy importante, así como su aprendizaje en Grecia. 
En cuanto a los datos que nos ha dado, se debe analizar la estructuración del paro en Grecia. 
El porcentaje del empleo masculino es exactamente el mismo que el término medio de los países europeos y hay una diferencia excepcionalmente grande en el porcentaje de empleo femenino, que es del 40%, mientras que el término medio comunitario es el 56%. 
Asimismo hay un gran problema en el paro juvenil. 
Y en este punto, si comparamos Grecia con el resto de los países, el paro juvenil en Grecia es mucho mayor, llega al 29%; principalmente porque las formas de empleo a media jornada que se dan en muchos países, y por supuesto en el país que usted ha mencionado, se consideran puestos de trabajo normales. 
La necesidad del Gobierno griego, según las recomendaciones de la Comisión, es de dar un peso especial a las políticas relacionadas con las mujeres y los jóvenes, así como a las políticas relacionadas con los trabajadores mayores, puesto que también ahí hay un porcentaje de participación muy pequeño, en el mercado laboral de los trabajadores mayores. 
Así pues, estos son los tres problemas básicos de las políticas de empleo y es ahí donde el Gobierno griego, de conformidad con el plan nacional de acción presentado, ha centrado sus esfuerzos. 
Por supuesto, la Comisión seguirá con las recomendaciones como hizo en septiembre y como hará el próximo septiembre, sobre los puntos en los que no han avanzado las políticas tal como se comprometió a hacer el Gobierno griego. 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0008/02): 
Asunto: Empleo en Grecia Según la Recomendación del Consejo sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros (COM (2001) 0512 final) , Grecia sigue teniendo uno de los niveles de empleo más bajos de la UE, mientras que su tasa de desempleo se ha estabilizado en el 11%, bastante por encima de la media comunitaria. 
Estos datos ponen de manifiesto la existencia de problemas estructurales en el mercado de trabajo, situación que también se menciona en la comunicación de la Comisión relativa a los indicadores estructurales. 
Según esta comunicación, los indicadores griegos relativos a los gastos empresariales en IDT, acceso a Internet y aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como el gasto público destinado a la educación, son los más bajos de los Estados miembros. 
¿Podría informarme la Comisión de si, tras la recomendación del Consejo y la comunicación de la Comisión, Grecia ha adoptado medidas adicionales específicas e iniciativas relacionadas con los ámbitos antes mencionados con objeto de promover la posibilidad de empleo y mejorar su situación? 
Señor Presidente, quisiera comenzar por los cuadros con los indicadores que ha dado a conocer la Comisión en su última comunicación que llevará a Barcelona. 
En estos indicadores, realmente, como refiere el Sr. Diputado en su pregunta en temas como gastos empresariales en IDT, acceso a Internet y aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como el gasto público destinado a la educación, los niveles de Grecia son bajos en relación con otros Estados miembros. 
Sin embargo querría subrayar la filosofía con la que la Comisión da estos indicadores cada año. 
La filosofía no es sólo comparar la situación entre los países Estados miembros, que no siempre tienen el mismo punto de referencia, sino principalmente ver el progreso de los Estados miembros de año en año. 
Así pues, me gustaría darles el indicador del acceso a Internet, que el año pasado en Grecia fue del 4,5 % y este año ha sido del 11%. 
Los programas operativos para el 2000- 2006 tienen estos objetivos principales, es decir, hay programas relacionados con los sistemas educativos, formación profesional, fomento del aprendizaje a lo largo de la vida, la sociedad de la información y de su difusión tanto en la administración pública como en las empresas. 
Este es uno de los grandes desafíos del plan nacional de acción del Gobierno griego y del marco comunitario de apoyo. 
Ciertamente, debemos decir que en estos programas hay importantes recursos comunitarios, pero no son suficientes. 
Hace falta contar con recursos nacionales muy considerables y, de hecho, también son necesarias políticas urgentes y muy efectivas, especialmente en el ámbito de la sociedad de la información, para que estos indicadores mejoren significativamente el año que viene. 
Muchas gracias, señora Comisaria, y quiero decir que tiene usted razón. 
Lo importante es el progreso de año en año, y precisamente sobre esto quisiera preguntarle: usted se ha referido a Internet, ¿hay mejoría en los otros indicadores? 
Segundo, en cuanto al tercer marco comunitario de apoyo que prevé todas estas grandes sumas a las que usted se ha referido, ¿se ha empezado a gastar algo? Estamos casi al final de su segundo año. 
Tercero, voy a hacer una pregunta que constantemente repito, señora Comisaria, porque no se me contesta desde hace muchos años. 
¿Ha contado alguien alguna vez- no hace un año o dos porque es imposible- digamos hace cinco años, ha contado alguien cuántos puestos de trabajo se han creado con las sumas destinadas a este fin por un tiempo, de modo que podamos ver su efectividad? 
He mencionado este indicador en concreto porque la diferencia es muy llamativa. 
Es decir, tenemos un desarrollo del orden del 150%. 
También hay un aumento en los gastos para la educación, para la investigación y la tecnología; pero también hay indicadores que son estables y no se han diferenciado. 
En cuanto a sus preguntas sobre el tercer marco comunitario de apoyo, ya se han firmado los primeros prepagos, que si no me equivoco son aproximadamente del 10% y en cuanto a si se miden los puestos de trabajo para el segundo marco comunitario de apoyo, no podría decir que estamos en posición de proporcionar datos numéricos, ya que estos son ficticios. 
¿Qué quiero decir con esto? 
Hay puestos de trabajo creados mediante los programas griegos, los stages, hay puestos de trabajo indirectos creados por la formación profesional y la relación de los recursos locales de desarrollo en el sector público o en el privado después de la formación, pero que no se cuentan, es decir, la Oficina de Empleo Griega no tiene la posibilidad de dar los resultados de la formación y estos son algunos de los datos importantes solicitados en el tercer marco comunitario de apoyo, para que se pueda hacer un seguimiento. 
Señor Presidente, quisiera decir a la Sra. diputada que la Comisión Europea comparte totalmente su inquietud sobre la repercusión de la emigración ilegal, las consecuencias en pérdidas en los ingresos fiscales, en el mercado laboral, en el régimen de jubilación. 
Sobre las líneas directrices que la Comisión publicó en 2001 para el año 2002, los Estados miembros deben tomar medidas para combatir el trabajo ilegal y fomentar la legalización, o con una serie de acciones distintas, como medidas de regulación, incentivos, reforma del sistema fiscal, prestaciones, cooperación con los interlocutores sociales, planes especiales conectados con las relaciones entre los interlocutores sociales, las relaciones entre las patronales y los trabajadores. 
Podría decir que la respuesta de Grecia trae muchas promesas para el futuro. 
Es decir, las autoridades griegas han avanzado en una serie de acciones relacionadas principalmente con la inspección de trabajo, los controles que la inspección lleva a cabo y los órganos de control de determinadas cajas de seguridad social han sido reforzados y, según las informaciones que tenemos, va a haber en el mercado 120 inspectores de trabajo más. 
Los compromisos del Gobierno griego mediante el plan nacional de acción incluyen también otra serie de medidas relacionadas con prestaciones, incentivos para declarar a los trabajadores mal remunerados, algo cuyo resultado se verá al final, después de su aplicación. 
El 26 de febrero la Comisión va a presentar un estudio que comenzó después de la Comunicación de 1998 a la que usted se refiere y, tanto en este congreso como en la presentación de dicho estudio, participarán especialistas de los todos países miembros; se van a referir prácticas efectivas conectadas con el trabajo ilegal que en ciertos países han dado resultados importantes. 
El cuanto a su repercusión en los sistemas de jubilación, debo subrayar que uno de los parámetros para hacer frente a los problemas de viabilidad de las cajas de seguridad social es el aumento del empleo, pero no un aumento del empleo cualquiera, sino aquel que está acompañado por el pago del impuesto correspondiente y de las cotizaciones de seguridad previstas por la ley. 
Sólo así puede haber una aportación esencial en las cajas y una aportación significativa en su estabilidad presupuestaria. 
De acuerdo con el método abierto de coordinación que ha comenzado entre los Estados miembros, debo repetir que no hay obligaciones jurídicas para los Estados miembros. 
Hay compromisos políticos y los países presentarán el proyecto de reforma de su sistema de jubilación, con sus consecuencias económicas y sociales, en septiembre del año 2002. 
Gracias por su respuesta, señora Comisaria. 
No comparto su optimismo por el progreso porque, como vemos en Grecia y en Italia- y me refiero especialmente a Grecia porque es mi país- no hay progreso. 
Sólo el 25% de los no registrados son extranjeros, así que ni siquiera tenemos la excusa de la oleada masiva a nuestro país de potencial humano extranjero sin especialización, etc. 
¿Cree usted realmente que con esta situación se pueden lograr los objetivos marcados por la Comisión Europea, o deberá buscar otros medios aparte de los compromisos políticos que deben contraer los países para poder progresar? 
Porque las repercusiones no afectan sólo a las pensiones, sino también a la libre competencia y, naturalmente, a la protección de los trabajadores puesto que estos puestos de trabajo no son de calidad. 
Le pregunto sinceramente: ¿piensa que los medios de los que dispone en este momento son suficientes para poder acabar con este fenómeno y con sus múltiples repercusiones? 
Señor Presidente, quisiera subrayar que la Comisión no es un superestado y no puede juzgar políticas completamente nacionales para las que cada país toma las medidas concretas que le parecen convenientes. 
Lo que ocurre en el ámbito europeo en este tema en concreto, está en relación con la cooperación entre los Estados miembros, mediante las líneas directrices, en donde la cuestión del trabajo ilegal es prioritaria y, por supuesto, debemos decir que también en países como Italia, en donde hay problemas muy serios, se ha avanzado. 
Se ha avanzado mediante un marco legislativo de aumento de los incentivos para declarar a los trabajadores y para incorporar a los emigrantes. 
Mi apreciación sobre las medidas del Gobierno griego- y por eso he sido reservada y he dicho que la reacción es muy prometedora, ya que hay una serie de medidas legislativas que se están desarrollando- como la incorporación de los emigrantes, también los incentivos que se dan a las empresas para los trabajadores mal remunerados y la realización de estas reformas tiene que tener consecuencias positivas. 
Como ya saben, cada año se hace una evaluación de las medidas de cada gobierno y en las líneas directrices damos la posición de la Comisión. 
Señora Comisaria, usted lo sabe, normalmente, donde hay trabajo ilegal es porque hay empresas ilegales. 
Por tanto, no creo que nuestro tema sea cuántos no están registrados en la seguridad social, sino cuantas empresas no están registradas en ninguna parte, ni en el Ministerio de Industria, ni en la policía. 
En ningún sitio. 
Hay ramos en Grecia en los que esta situación constituye la mayoría de las empresas y la condición de su existencia económica es que no se sepa de ellas. 
Claro, la Comisión no interviene en los asuntos internos de los Estados y hace bien. 
Pero siempre me hago la siguiente pregunta: La inexistencia de un registro de dichas empresas, en general, ¿es legal desde el punto de vista del derecho comunitario? 
¿No es en nada contraria en cuanto al ejercicio de los deberes de la Comisión? 
Tal como ha dicho, es una cuestión sobre la que la Unión Europea muy difícilmente puede intervenir. 
El registro de las empresas, que es prioridad absoluta para un país, tanto en cuanto a su sistema fiscal, es decir, a sus ingresos, como a su sistema de seguridad social, o sea, sus jubilaciones, es evidentemente prioridad para los Estados miembros y no creo que necesiten recomendaciones en este sentido. 
Quiero creer, por la información con que contamos, que la informatización de la Institución de Seguridad Social, la ley que permite las empresas regionales y algunas reformas en esta dirección tendrán resultados. 
. 
(EN) El Reglamento 1408/71 y el Reglamento 574/72 protegen los derechos de los trabajadores en el ámbito de la seguridad social a través de la coordinación de los diferentes sistemas nacionales de seguridad social de los Estados miembros. 
Estos reglamentos garantizan dos derechos principales de los trabajadores. 
En primer lugar, el derecho a percibir el subsidio de desempleo y, en segundo lugar, el de buscar un puesto de trabajo en otro Estado miembro sin dejar de cobrar el subsidio de desempleo durante un período máximo de tres meses. 
No obstante, este reglamento es aplicable a los trabajadores que son nacionales comunitarios. 
En 1997, la Comisión presentó al Consejo una propuesta sobre la ampliación del ámbito de este reglamento a los trabajadores que son nacionales de terceros países. 
La misma ampliación ya se había incluido en el marco más amplio de la propuesta de la Comisión de 1998 sobre la modernización y simplificación del Reglamento 1408/71. 
Se han celebrado muchas negociaciones durante muchos años. 
En el Consejo de Ministros tuvo lugar una negociación muy complicada. 
Hubo fuertes discrepancias entre los Estados miembros. 
Los principales obstáculos para poder avanzar en este sentido fue la falta de acuerdo sobre el fundamento jurídico. 
No es un problema legalista ni técnico, es un problema político. 
Pero las diferencias en torno al fundamento jurídico afectaban en primer lugar a la propuesta de la Comisión, que tenía como base la aplicación de los artículos 42 y 308, y algunos Estados miembros consideraban que el fundamento jurídico de esta propuesta podía ser el artículo 63. 
La diferencia política es que, en virtud de este último artículo, algunos Estados miembros tienen derecho a optar por su exclusión de este reglamento. 
El Consejo de 3 de diciembre de 2001, bajo Presidencia belga, aprobó por unanimidad la aplicación del artículo 63 como fundamento jurídico. 
En consecuencia, la Comisión presentará en breve una nueva propuesta sobre la ampliación del Reglamento 1408/71 a los nacionales de terceros países con el artículo 63 como fundamento jurídico. 
En lo que respecta a la esencia, debo resaltar que la Comisión está de acuerdo con el concepto que plantea su Señoría. 
Un simple comentario: a estos trabajadores son los empleadores, los patronos, los que los traen a los territorios nacionales. 
Sirven para pagar impuestos, sirven para dejarse la piel generando beneficios, pero no sirven para percibir un mínimo de aquello a lo que tienen derecho. 
Es totalmente anormal. 
De acuerdo con el Reglamento, las preguntas 48, 49 y 50, formuladas por el Sr. Fitzsimons, el Sr. Korakas y la Sra. Thors respectivamente, recibirán respuesta por escrito. 
Preguntas dirigidas al Sr. Patten 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 51 decae. 
Pregunta nº 52 formulada por (H-0960/01): 
Asunto: Reconstrucción de Afganistán y mejora de la situación infrahumana de las mujeres ¿Qué acciones o programas específicos prepara la Comisión para mejorar la situación de las mujeres en Afganistán? 
¿Cómo garantizará que las ayudas y beneficios lleguen realmente a las mujeres? 
. 
(EN) La Comisión es perfectamente consciente de la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en el Afganistán postalibán. 
Nuestro compromiso inicial por valor de 57 millones de euros para la reconstrucción de Afganistán incluye disposiciones específicas para este fin. 
Los servicios de la Comisión están ultimando en estos momentos contratos con ONG y agencias de ayuda de las Naciones Unidas para la realización de 18 proyectos por valor de 25 millones de euros y programas para ayudar a los desplazados internos y a los refugiados afganos. 
La igualdad de trato entre ambos sexos es una característica común a todos los proyectos financiados con cargo al presupuesto de Ayuda a las personas desarraigadas. 
En 2001, más del 50% de los proyectos destinados a la sanidad, educación y atención a los refugiados incluían componentes específicos y significativos sobre la igualdad de trato entre ambos sexos. 
La Comisión está evaluando actualmente propuestas de proyectos para el presupuesto 2002 para las personas desarraigadas. 
La suma prevista es de 24 millones de euros. 
En la nueva situación política en Afganistán, la Comisión tiene previsto abrir una oficina en Kabul en febrero o marzo del presente año. 
Esta oficina mejorará la capacidad de la Comisión de supervisar la actuación y entrega de su ayuda a Afganistán. 
ECHO reabrió su oficina a comienzos del mes pasado. 
Respecto a la ayuda humanitaria que proporciona ECHO, las mujeres participan en varios proyectos; todos los proyectos médicos y de alimentación financiados por ECHO tienen el objetivo de tratar la desnutrición entre niños menores de cinco años, así como supervisar la situación sanitaria de las mujeres, en particular, las lactantes y embarazadas. 
Las ONG organizan generalmente cursos de higiene elemental para mujeres. 
Las ONG tienen acceso a todos los beneficiarios, mujeres incluidas, y sólo pueden contratar a mujeres como personal local de las ONG para programas médicos. 
Las ONG médicas desempeñan un papel importante en la formación de las mujeres. 
Señor Comisario, quisiera formular una pregunta complementaria centrada en dos aspectos. 
Primer aspecto: ¿Gestionarán las mujeres una parte de estas ayudas económicas? 
Segundo aspecto: Puesto que existen riesgos específicos para las mujeres- hoy mismo una niña de siete años ha sido vendida en matrimonio por su familia a cambio de calmar el hambre y las necesidades -, quisiera saber si prevé la Comisión fondos específicos para impedir este tipo de violaciones de los derechos de la mujer. 
Ante una situación como la descrita, que va a repetirse mañana y pasado mañana, desearía una respuesta concreta de la Comisión. 
También es muy importante saber si las mujeres gestionarán estos fondos. 
El hecho de que haya muchos hombres armados perjudica muchísimo el avance en la mejora de la situación de las mujeres. 
. 
(EN) La simple respuesta a la importantísima primera pregunta que ha formulado su Señoría es un inequívoco sí. 
No es menos cierto que esperamos que las mujeres tengan una participación fundamental en gran parte de nuestra actividad de desarrollo, pero ya hay mujeres en la Administración interina y espero que también las haya en la Administración de la transición. 
No olvidemos que las mujeres tuvieron un papel decisivo en el éxito de las conversaciones de Bonn en diciembre, y apoyaremos en todo lo posible el Ministerio de los Asuntos de la Mujer afgano que, espero, será un buen ejemplo de cómo las mujeres gestionan programas para contribuir al desarrollo de la sociedad y ayudar a proteger el papel de las mujeres en una sociedad que ha abusado de ellas durante demasiado tiempo. 
Su Señoría ha formulado una pregunta sobre la seguridad específica de la mujeres y de las niñas. 
A la luz de recientes acontecimientos que han tenido un amplio eco, lo comprendo perfectamente. 
Espero que la mejora general de la situación de la seguridad y el creciente control de la Autoridad interina, con nuestra ayuda, contribuyan a prevenir que ocurran cosas como ésa. 
Pero después de la feroz "talibanización" de la sociedad afgana durante los últimos años, y dada la situación del país en la que sigue reinando el caudillaje, deberá pasar mucho tiempo hasta que podamos promover el tipo de políticas firmes de igualdad de trato entre ambos sexos que nosotros deseamos. 
No obstante, haremos todo lo que podamos. 
Me ha alentado mucho lo que su Señoría ha dicho. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 53 decae. 
Pregunta nº 54 formulada por (H-0965/01): 
Asunto: Reforma del Pacto de Estabilidad Vista la declaración conjunta sobre la reforma del Pacto de Estabilidad emitida por los Sres. Patten y Solana, ¿qué medidas se propone tomar la Comisión para que el programa adquiera mayor eficacia en la prestación de sus servicios y en el ajuste de sus recursos de personal? 
. 
(EN) El Alto Representante y yo enviamos un escrito a los ministros en noviembre para exponerles las propuestas sobre el futuro funcionamiento del Pacto de Estabilidad. 
Nuestro principal objetivo era aprovechar la oportunidad, tras los dos años y medio de funcionamiento del pacto y con la llegada de un nuevo coordinador especial, de mejorar sus logros incrementando la complementariedad entre la labor del Pacto de Estabilidad y el proceso de estabilización y asociación de la UE, centrando para ello al máximo las actividades del pacto y haciendo especial hincapié en el fomento de la cooperación regional. 
El Consejo de Asuntos Generales aprobó las recomendaciones contenidas en nuestra carta del 19 de noviembre y pidió al nuevo coordinador especial, Dr. Buseck, que tomó las riendas el 1 de enero, que evaluara las actividades en curso y los métodos de trabajo del pacto e identificara cinco o seis objetivos que deberán alcanzarse antes del final del presente año. 
El Consejo le pidió que le diera respuesta en su reunión del 11 de marzo. 
La Comisión está trabajando estrechamente con el coordinador especial en la preparación de dicho informe. 
Se están llevando a cabo consultas detalladas en el seno del comité consultivo, establecido a raíz de las recomendaciones del Alto Representante y mías, con vistas a mejorar la coordinación entre el pacto y el proceso de estabilización y asociación. 
Ya se han celebrado dos reuniones: el 11 y el 31 de enero. 
Para terminar, el trabajo está bajo control. 
El Pacto de Estabilidad y la Comisión están trabajando en estrecha colaboración para hacer realidad las mejoras a las que su Señoría ha hecho referencia. 
Confío en que el informe que el Dr. Buseck presente al Consejo el 11 de marzo expondrá varias propuestas prácticas en este sentido. 
. (EN) Respecto al primer punto, el Dr. Buseck es perfectamente consciente del problema al que su Señoría ha hecho referencia. 
Las propuestas que presente el 11 de marzo reflejarán sus conocimientos de la situación. 
Como su Señoría sabrá, el Dr. Buseck tiene una gran experiencia en la búsqueda de soluciones a los problemas de la región y, en particular, en la movilización de la ayuda del sector privado. 
Hará un trabajo excelente y estará dispuesto a entregarse, junto con las demás personas que trabajan con a él, con entusiasmo y transparencia. 
Sobre la realización, es justo decir que, en general, hemos establecido una trayectoria impresionante, en lo que respecta a la Comisión, en la realización de lo que hemos prometido hacer en los Balcanes occidentales y en todo el Sudeste de Europa. 
Lo que hemos sido capaces de lograr en Serbia, en la antigua República Yugoslava de Macedonia y en los otros países, es impresionante. 
Espero que podamos garantizar que, en los casos en que el Pacto de Estabilidad presentaba trabas que afectaban a proyectos de infraestructura- y a veces dichas trabas son el resultado de problemas internos de los países beneficiarios- podemos eliminarlas. 
El Dr. Buseck y yo estamos intentando centrarnos en dichos proyectos que presentan problemas y ponerlos en marcha lo más rápidamente posible. 
En cuanto a la información de lo que ocurre sobre el terreno, es un problema que el Dr. Buseck conoce bien. 
Nosotros le ayudaremos a resolverlo, intentando garantizar que la publicidad de los logros del Pacto de Estabilidad recaiga sobre el pacto, en vez de sobre las personas. 
Es un placer trabajar con el Dr. Buseck. 
Creo que lo hará extraordinariamente bien y desde luego podrá contar con nuestra comprensión y apoyo y, estoy seguro, con la comprensión y el apoyo del Parlamento, en los esfuerzos que realice en el futuro. 
Pregunta nº 55 formulada por (H-0002/02): 
Asunto: Ayudas a Asia y a Latinoamérica Habida cuenta de la enmienda del Parlamento Europeo al presupuesto para el ejercicio 2002, según la cual el 35 % de la ayuda exterior de la UE se destina a infraestructuras sociales, principalmente a educación básica y a sanidad, y de la carta enviada en diciembre de 2001 por el Comisario Patten al presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, en la que se señala la voluntad de la Comisión de ejecutar el presupuesto en consecuencia, considerando que el Parlamento centra su atención en el panorama general de la ayuda de la CE más que en el rendimiento global de sus donantes, ¿qué medidas precisas pretende adoptar la Comisión para aplicar esta decisión en relación con las líneas presupuestarias regionales que disponen la prestación de ayuda a Asia y a Latinoamérica? 
¿Puede facilitar la Comisión informaciones relativas a la comunicación con sus delegaciones, al mecanismo para la elaboración de Documentos de Estrategia por País, al funcionamiento de su Grupo de apoyo a la calidad, al diálogo con los interlocutores y a otros aspectos relevantes? 
. (EN) En el contexto del presupuesto para el ejercicio 2002, la Comisión ha apoyado como cota de referencia que se destine el 35% del gasto del Comité de Ayuda al Desarrollo en los países del Grupo 1, incluida la ayuda macroeconómica con la condicionalidad del sector social, a la infraestructura social, principalmente la educación y la sanidad. 
Esta medida reconoce que la contribución comunitaria debe ser vista como parte de la ayuda global de donantes en un país determinado y que cierta flexibilidad deberá ser la norma. 
La Comisión se ha comprometido a trabajar por la consecución de esta cota de referencia en la ayuda a los sectores sociales en todos sus programas, incluidos aquéllos para Asia y Latinoamérica. 
Se emprenderán varias iniciativas con vistas a cumplir dicho compromiso. 
Estas iniciativas incluirán, en particular, primero, un mayor énfasis en el sector social en todos los programas de la Comisión, conforme a las prioridades de la estrategia comunitaria de desarrollo. 
Segundo, el establecimiento durante 2002- y me consta que éste es un punto en el que su Señoría ha hecho mucho hincapié- de una base estadística sólida que permita al Comité de Ayuda al Desarrollo hacer una clasificación sectorial de los programas y proyectos a partir de 2002. 
Se emprenderá un ejercicio de reclasificación de todos los compromisos de 2001 con vistas a poder establecer una comparación. 
Tercero, queremos poner a disposición del Parlamento todos los Documentos de Estrategia por País aprobados, incluidos los programas plurianuales y las dotaciones financieras correspondientes. 
Por último, durante 2002 seguiremos trabajando en la definición de los indicadores de rendimiento, que se acordarán a nivel internacional, y en la aplicación de programas sectoriales en el ámbito social. 
La Comisión se mantiene en contacto, como su Señoría sabe, con la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento sobre la organización de un seminario en la primavera de este año, en el que la Comisión informará sobre el progreso alcanzado en dichos ámbitos y para el que espera poder seguir contando con la experiencia, el entusiasmo y el compromiso de los miembros de la Comisión de Desarrollo entre los que, naturalmente, se incluye su Señoría. 
La última vez que debatí en comisión con el Sr. Patten sobre este tema, me acusó de tener una sobredosis de testosterona. 
Me alegra que no lo haya repetido esta noche. 
Resistencia es lo que necesitamos cuando tratamos sobre este asunto. 
El Sr. Comisario está en lo cierto cuando afirma que existen varios ámbitos en los que la Comisión y el Parlamento están de acuerdo, sin olvidar los informes que nos llegan del Comité de Ayuda al Desarrollo, cuyos progresos acogemos con gran satisfacción. 
También acogemos favorablemente su cooperación en relación con el seminario. 
Me preocupa que, en su respuesta, haya hecho hincapié en las definiciones, la presentación de informes, las estadísticas- es decir, en el análisis- en vez de en unas decisiones más estrictas que son igualmente necesarias para cambiar el destino de los recursos. 
Es importante que no nos limitemos a hablar del proceso en términos de la información disponible- a pesar de su importancia y de que estamos de acuerdo en ese aspecto -, sino que el Sr. Comisario nos diga realmente ¿cómo se aprueban dichos Documentos de Estrategia, cómo evalúa el Grupo de apoyo a la calidad los nuevos programas, cómo toman sus decisiones las delegaciones (y no ha respondido a la observación sobre el papel que juegan en esto las delegaciones) , cómo se contrata al personal nuevo, cómo piensa garantizar que los recursos reales se destinarán en mayor medida a la sanidad y a la educación básica? 
Queremos ver un cambio en los recursos en el transcurso del presente año. 
Denos alguna esperanza de que se producirá dicho cambio. 
. (EN) En primer lugar, no estoy en contra de la testosterona para intentar avanzar en este ámbito. 
Debemos demostrar mucha energía y compromiso. 
En segundo lugar, en lo que respecta al papel de las delegaciones, como su Señoría sabe, pongo especial énfasis en el ejercicio de desconcentración, que es un término especialmente desafortunado de la jerga europea para referirnos al intento de gestionar nuestros programas en este ámbito lo más cerca posible de las personas que queremos que se beneficien de ellos. 
Las delegaciones tendrán un papel principal en la redacción de los Documentos Estratégicos por País, que deberán reflejar las prioridades de nuestra filosofía de desarrollo y nuestra estrategia de desarrollo. 
Su Señoría nos pide que le demos esperanzas de que se producirá realmente ese cambio de dirección. 
La finalidad de proporcionar una mejor base estadística para analizar y planificar lo que estamos haciendo, es demostrar que nos estamos esforzando por alcanzar los objetivos que su Señoría y yo compartimos y que también son los objetivos de mi distinguido colega, el Comisario Nielson. 
Por lo tanto, el ejercicio del sistema de registro de clientes que estamos llevando a cabo, por ejemplo, carecería de sentido sin nuestro propósito de que repercuta en la política. 
Creo que su Señoría reconoce que lo que perseguimos son tendencias estables, más que aferrarnos a cifras específicas en años específicos y países específicos. 
Queremos que se produzca un cambio del énfasis y una clara indicación de que los programas de la Comisión están tan vinculados como los de cualquier otro con el objetivo de paliar la pobreza. 
Haré una observación más, que intenté hacer ayer por la mañana en el Parlamento del país que mejor conozco. 
Existe aún la tendencia, cuando la gente examina lo que estamos haciendo, de comparar manzanas con naranjas. 
Con mucha frecuencia se tiene la impresión de que otros países o Estados miembros destinan al objetivo de paliar la pobreza una proporción de la ayuda al desarrollo mucho mayor que la que dedicamos nosotros, porque contemplan lo que estamos haciendo en los Balcanes, en Rusia, en los NEI, en zonas del Mediterráneo, y lo consideran como si fuera exactamente igual que nuestros programas más sencillos de ayuda al desarrollo. 
Debido a que nosotros soportamos el peso en dichas zonas, aunque hay que reconocer que con el dinero de los Estados miembros, éstos no necesitan esforzarse tanto en dichas zonas como presumiblemente deberían por razones políticas, y por consiguiente, la cifras a veces les benefician a nuestra costa. 
Es parte del precio que pagamos por tener un presupuesto para actividades exteriores, cuyo principal componente es la ayuda al desarrollo, pero que también tiene otras prioridades. 
Podría decirme, señor Comisario, si lo que ha dicho puede resumirse en una garantía de que se establecerá un mejor equilibrio entre compromisos y gastos en Asia y Latinoamérica, y que se hará un mejor uso de los fondos presupuestarios aprobados para este fin? 
. (EN) Yo podría también- si no fuera tan cauto- apuntar al progreso alcanzado en el incremento del porcentaje de pagos en relación con los compromisos. 
La cifra del pasado año en el Mediterráneo fue de entre el 56% y 57%, muy superior a la cifra que alcanzábamos antes, aunque inferior a la que deseo que alcancemos. 
Si analizamos los logros de Europe Aid- a cuya plantilla en pleno me dirigí ayer -, veremos que esta agencia está comenzando a demostrar una mejora en lo relativo a los compromisos. 
Ha cosechado un considerable éxito en la reducción de compromisos no utilizados y compromisos latentes, de manera que el apartado "pendiente de liquidación" se ha reducido considerablemente. 
O sea, que estamos avanzando. 
Aún deberemos esperar algún tiempo hasta que alcancemos las cifras que todos deseamos, pero estamos avanzando en la dirección acertada. 
Espero realmente que antes de que yo entone mi canto del cisne ante un Hemiciclo abarrotado, pueda señalar logros aún mayores del excelente personal de Europe Aid. 
Vamos a formular la última pregunta al Sr. Comisario. 
Pregunta nº 56 formulada por Olivier Dupuis (H-0007/02): 
Asunto: Tribunal Penal Internacional 
Desde hace varios años la Unión Europea considera una prioridad de su política exterior el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes contra la humanidad. 
La UE, a través de la Presidencia belga, ha reiterado recientemente su compromiso de hacer todo lo posible por alcanzar cuanto antes el objetivo de las 60 ratificaciones, necesario para poner a funcionar el Tribunal Penal. 
Hasta ahora, ya han ratificado el Estatuto de Roma 48 países, entre los cuales se encuentran los Estados miembros de la Unión Europea con excepción de Portugal (que, no obstante, ya ha finalizado los procedimientos internos) , Grecia e Irlanda. 
Tres países candidatos a la adhesión (Polonia, Hungría y Eslovenia) ya han ratificado el Estatuto, mientras que Estonia ha anunciado que depositará próximamente los instrumentos de ratificación. 
Habida cuenta de la importancia fundamental que concede la Unión Europea a la rápida creación de este primer segmento de justicia internacional y considerando los trágicos acontecimientos que han marcado la escena internacional estos últimos meses y años, ¿no piensa la Comisión que debería considerarse de forma explícita que la ratificación del Estatuto de Roma forma parte del "acervo comunitario" y constituye un nuevo criterio de Copenhague indispensable para cualquier futura adhesión a la UE? 
¿No considera la Comisión que la ratificación debería constituir una condición previa a la firma y ratificación de cualquier acuerdo de asociación o de cooperación de la Unión con terceros países? 
. (EN) En primer lugar, quisiera pedir disculpas a su Señoría por no haber podido estar presente antes para escuchar su intervención, que estoy seguro de que ha sido elocuente- aunque no estoy tan seguro de que haya sido de apoyo- en el excelente debate sobre Oriente Medio. 
Su Señoría sabe que no pretendía ser descortés, sino que fue por motivos democráticos que me requerían en el piso de arriba. 
Estoy seguro de que tendremos ocasión de debatir acaloradamente sobre algunos de estos problemas tan importantes en otras ocasiones. 
En cuanto a su pregunta, la Unión Europea atribuye una gran importancia a la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. 
La adopción de la posición común el 11 de junio de 2001, cuyo objetivo es promover la pronta ratificación del Estatuto y el rápido establecimiento del TPI, así como la ratificación del Estatuto por parte de 13 Estados miembros, resalta nuestro compromiso con este objetivo. 
Los preparativos para la ratificación por parte de los dos Estados miembros restantes se encuentran en una fase avanzada. 
El compromiso de la Unión Europea con este asunto queda reflejado asimismo en el nivel de financiación comunitaria concedida a las ONG que trabajan por la ratificación. 
Desde 1995, esta financiación ha alcanzado casi los 7 millones de euros con cargo a la iniciativa europea a favor de la democratización y los derechos humanos. 
Con respecto al proceso de ampliación, la posición de la Unión Europea sobre el apoyo al TPI forma parte del acervo de la política exterior y de seguridad común, que los países candidatos deberán suscribir. 
Asimismo, conforme a la posición común, la Unión Europea plantea regularmente la cuestión de la ratificación en el marco de los diálogos políticos con los países candidatos a la adhesión. 
Por otra parte, los países de la Europa Central y Oriental asociados con la Unión Europea y los países asociados Chipre y Malta se incorporaron a la declaración de la UE en el Sexto Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2001, en el que se intentaba promover la rápida implantación del TPI. 
En enero de 2002, los países asociados declararon asimismo que compartían los objetivos de la posición común de la UE sobre el Tribunal Penal Internacional y se comprometieron a garantizar que sus políticas nacionales se ajustarían a dicha posición común. 
El Consejo de Europa también ha hecho un llamamiento a sus miembros para que ratifiquen o se adhieran al Estatuto del TPI tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, yo tampoco voy a entrar en el meollo del asunto, asunto que estaba en el orden del día de esta tarde. 
Desearía simplemente decirle al Comisario Patten que sabía que había anunciado que estaría ausente durante parte del debate. 
Por tanto, lamento mucho, tal y como lo he dicho hace un rato en el Pleno, que no haya podido estar presente. 
Dicho esto, estamos políticamente en desacuerdo sobre el fondo, pero creo que tendremos ocasión de volver a hablar de este tema más adelante. 
En cuanto a la respuesta a esta cuestión concreta, estoy plenamente satisfecho de la postura de la Comisión. 
Creo que integrarla en el acervo comunitario, como ha dicho el Comisario Patten, es un punto esencial, y que eso sin duda ayudará a los países candidatos a acelerar los procedimientos de ratificación. 
. (EN) Ciertamente no quiero quitarle méritos al diputado en cuestión respecto al acervo que él y yo descubrimos juntos; sólo quisiera añadir que deseo que algunos de nuestros otros socios en el panorama internacional demuestren el mismo compromiso respecto a la institución del Tribunal Penal Internacional. 
Es un tema que no dejamos de plantear a nuestros amigos transatlánticos con considerable insistencia. 
Así lo hicimos con la anterior Administración y volveremos a hacerlo con la actual. 
No es una cuestión de que la Administración haya cambiado su política. 
Hubiera creído que los recientes acontecimientos- incluidos aquéllos relacionados con Afganistán- habrían reafirmado la causa a favor del Tribunal Penal Internacional. 
Quizá haya que esperar un poco más hasta que capten el mensaje. 
De acuerdo con el Reglamento las preguntas 57 a 83 recibirán respuesta por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30, se reanuda a las 21.00 horas) 
IVA / Impuestos directos e indirectos 
. (FI) Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, el fraude fiscal relacionado con el impuesto sobre el valor añadido constituye un problema ampliamente extendido por la Unión Europea que, lamentablemente, sigue generalizándose. 
Según estimaciones fiables, durante el primer semestre del año 1998, por ejemplo, se detectaron 250 casos del denominado "fraude de ventas en carrusel". 
El valor total de este fraude superó los 500 millones de euros. 
Obviamente, hay que sumar a esto los demás tipos de fraude y todas las transacciones fraudulentas que no se detectaron. 
Así pues, podemos estimar que el fraude fiscal relacionado con el IVA les cuesta a la UE y a sus Estados miembros varios centenares de millones de euros cada año. 
Por lo general, se trata de casos de "fraude carrusel". 
Se conoce con este nombre la adquisición de mercancías sin efectuar el pago del IVA correspondiente según las normas del mercado interior. 
Se caracteriza por el flujo de una o varias cadenas de facturas que cruzan las fronteras con o sin mercancía. 
El fraude consiste en que uno o varios eslabones de la cadena no pagan a Hacienda el impuesto sobre el valor añadido, mientras que otros reciben devoluciones del IVA presentando las facturas mencionadas. 
El "fraude carrusel" suele practicarse con artículos de gran valor y poco volumen, tales como ordenadores y teléfonos móviles. 
El método más eficaz para atajar este fraude es la estrecha cooperación entre las administraciones de los Estados miembros. 
Está en conocimiento de todos que la base jurídica actual no está a la altura de su cometido en este aspecto. 
Con el fin de fijar las pautas del marco jurídico actual, la Comisión acaba de entregar una propuesta de reglamento que mejoraría notablemente y haría más eficaz los actuales métodos de cooperación en materia de gestión del IVA. 
Apoyo también la propuesta de directiva de la Comisión y, además, propongo en mi informe una serie de medidas que permitirán que la colaboración directa entre las autoridades sea aún más práctica y eficaz. 
El punto más importante de la propuesta de la Comisión es autorizar los contactos directos entre las autoridades responsables de combatir el fraude, aun cuando éstas sean de ámbito local o regional. 
Actualmente, todas las comunicaciones deben tramitarse por medio de oficinas centrales de enlace, por lo que todas las solicitudes de asistencia deben pasar por todo el tejido administrativo de un país, desde la oficina local hasta la oficina central de enlace nacional, y el mismo trayecto recorren en el segundo país. 
De este modo, las solicitudes de asistencia suelen llegar demasiado tarde a su destino. 
En muchas ocasiones, ya no queda ni rastro de los autores del fraude fiscal cuando los funcionarios locales del país que recibe la solicitud empiezan a examinar el asunto. 
Comparto la opinión de la Comisión de que la cooperación al nivel local permitiría una mejor comprensión mutua de cualquier solicitud de información, supondría una mejora de la motivación de los inspectores fiscales y evitaría el desperdicio de los escasos recursos disponibles. 
Por consiguiente, apoyo sin reservas la propuesta de la Comisión, la cual debe ser considerada como un paso importante en la lucha contra el fraude. 
Los delincuentes pueden servirse sin trabas de los medios más modernos y avanzados de comunicación, mientras que las administraciones públicas ven obstaculizada su actuación por unas reglamentaciones burocráticas y farragosas que no sólo frenan su acción de persecución del delito, sino que también consumen una proporción inaceptablemente elevada de los recursos de la administración. 
Sin embargo, la Comisión podría haber ido más lejos en algunos ámbitos para hacer más rápida y flexible la cooperación. 
Apoyo la propuesta de la Comisión de que, en la medida de lo posible, las solicitudes se transmitan por medios electrónicos. 
Además de esto, propongo que, con objeto de acelerar el intercambio de información, las transmisiones electrónicas deben ser la norma, mientras que la correspondencia tradicional por carta debería ser la excepción a esta norma. 
Por esta misma razón, o sea, para acelerar el intercambio de información, las autoridades locales deberían contar con un margen de maniobra más amplio en cuanto a las traducciones. 
La obligación de traducir las solicitudes de asistencia mutua entre autoridades debería flexibilizarse. 
¿Por qué razón habría de exigirse la obligatoriedad de la traducción de una solicitud de asistencia al idioma oficial del otro Estado miembro si, por ejemplo, una autoridad finlandesa y otra griega deciden de buen grado tratar el asunto en francés? 
No obstante, hay un punto en que la propuesta de la Comisión va demasiado lejos. 
La Comisión propone que los Estados miembros deberían verse obligados a limitar muchos de los derechos contenidos en la Directiva sobre protección de datos cuando ello fuera necesario para salvaguardar importantes intereses económicos o financieros propios. 
Cabe observar que, según lo dispuesto en esa Directiva, ello no constituye una obligación para los Estados miembros, sino, simplemente, una posibilidad. 
Así pues, este aspecto se resolvería mejor modificando la Directiva y dejando que, por el momento, los Estados miembros se planteen este procedimiento como una simple opción. 
Para terminar, cabe hablar sobre la base jurídica. 
La Comisión ha fundamentado su propuesta en el artículo 95 del Tratado constitutivo de la CE, lo que significa la codecisión del Parlamento. 
Comparto la posición de la Comisión que considera que esta propuesta se refiere puramente a la cooperación administrativa, por lo que debe incluirse en el procedimiento contemplado en el artículo 95. 
En el pasado, el Consejo rechazó siempre este punto de vista y cambió el fundamento jurídico, adoptando el artículo 93 o el 94, en los que sólo se dispone la consulta con el Parlamento. 
Sin embargo, la Comisión ha decidido ahora llevar al Consejo ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por otro asunto relacionado con la propuesta de directiva sobre asistencia mutua para el cobro de créditos. 
Así pues, el marco jurídico se clarificará próximamente. 
Desearía que el señor Comisario también hiciera algunos comentarios sobre la elección de este fundamento jurídico y que informara al Parlamento sobre cualquier novedad relacionada con el proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas relativo a esta propuesta de directiva sobre el cobro de créditos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señora ponente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la colega Piia-Noora Kauppi, por el informe que ha encontrado un amplio apoyo en la comisión competente. 
Esto significa que la comunicación ha funcionado excelentemente entre todas las partes. 
El informe es una nueva prueba de la competencia que nuestra joven colega ha adquirido en este corto tiempo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la dedicación que se refleja en la calidad de su trabajo. 
Muchas gracias por ello. 
En segundo lugar, el informe es una prueba de que en muchos casos necesitamos más Europa. 
Sólo conjuntamente podremos lograr que la lucha contra el fraude sea más eficiente y, en consecuencia, tenga más éxito. 
En este contexto, por un lado necesitamos una mejor coordinación de la cooperación e intercambio de informaciones y, por otro, un marco jurídico mejorado más profesional que facilite dicha información y coordinación. 
El Grupo del PPE/DE dice sí a una mejor cooperación de las autoridades contra el fraude del IVA aunque naturalmente subrayamos que no sólo estamos en contra del fraude contra el IVA sino contra cualquier forma de fraude. 
Al fin y al cabo, en el primer semestre de 1998 se han descubierto 250 casos con unos daños superiores a los 500 millones de euros. 
Sólo puedo adherirme a la ponente: no necesitamos ninguna obligación de traducción en las solicitudes de información transfronterizas sino más flexibilidad en lo que se refiere a la directiva de protección de los datos, reducción de la burocracia para que sea más sencillo, racionalización y flexibilidad para que la tramitación sea más rápida y podamos encontrar a los defraudadores y obtengamos de este modo más seguridad en Europa. 
Señora Presidenta, quiero expresar mi apoyo total al planteamiento de la ponente, Sra. Kauppi, y, en consecuencia, a la propuesta de la Comisión, que el informe de la Sra. Kauppi apoya prácticamente sin reservas. 
Los socialistas apoyamos también, sin reservas, esta propuesta de la Comisión. 
La propuesta se refiere a dos temas de gran interés. 
En primer lugar, el del fraude fiscal, de manera singular, en un ámbito concreto, como es el de las operaciones intracomunitarias y triangulares en el ámbito del IVA. 
El segundo tema, -relacionado con el anterior, como instrumento para combatir el fraude- es el de la cooperación entre administraciones para solucionar o, al menos, reducir el nivel de fraude del que hemos hablado anteriormente. 
Las propuestas han sido explicadas perfectamente en la intervención anterior de la Sra. Kauppi y las comparto plenamente. 
Dicho esto, quisiera hacer dos reflexiones adicionales que se conectan con el contenido del presente informe. 
La primera se refiere a la vigencia, todavía hoy, del llamado sistema provisional del IVA, sistema que se implantó en 1993, al completarse el mercado único, con una vocación de provisionalidad, e incluso con una fecha de caducidad, que se ha ido alargando y que no se ha cumplido, como saben perfectamente sus señorías. 
Quisiera llamar la atención sobre esto porque, si hoy estamos hablando de este informe y del fraude en él citado, es en gran medida porque mantenemos todavía un sistema provisional del IVA- que es el que establecen las operaciones intracomunitarias- que grava una serie de operaciones en el país de destino, pero sin el control en la frontera que establecía el régimen anterior a la implantación del mercado único. 
Evidentemente, en un sistema definitivo del IVA, como el que corresponde al mercado único, con gravamen en origen, probablemente no estaríamos hablando de esta cuestión, porque se evitaría la mayor parte de este fraude en su origen. 
Ésta es la primera reflexión que quería hacer en relación con este informe. 
La segunda se refiere a un punto muy importante, del que ha hablado la Sra. Kauppi: la base jurídica elegida por la Comisión para presentar esta propuesta de directiva. 
A mi juicio, es digna de aplauso la interpretación que la Comisión ha hecho del Tratado, al considerar que la base aplicable en este caso era el artículo 95, es decir, al interpretar que las cuestiones fiscales se reducen a las materias de Derecho tributario sustancial, sustantivo, pero no a aquellas de Derecho adjetivo, a aquellas materias- como las que nos ocupan en este momento- de gestión de los impuestos, de intercambio de ayuda entre las administraciones para la gestión de los impuestos. 
En estos casos, no se trata propiamente de Derecho fiscal o Derecho tributario, en el sentido fuerte del término, reservado a los Parlamentos nacionales y, en consecuencia, a la unanimidad, sino de una materia susceptible de ser tratada, como ahora, por el procedimiento de codecisión. 
Concluyo, señora Presidenta, con una advertencia derivada de la reflexión anterior, y es que sería deseable que, en la próxima Convención y reforma del Tratado, se definiera definitivamente el ámbito de la materia fiscal, y se estableciera un ámbito preciso de armonización. 
Naturalmente, no toda la materia fiscal es materia de armonización; hay ciertas materias, como el income tax, que nunca será armonizado en su totalidad, pero otras- estoy pensando, fundamentalmente, en la base de cálculo del impuesto sobre los beneficios de las sociedades- deberían establecerse como materia armonizable y exenta de la regla de la unanimidad, también para devolver a este Parlamento el protagonismo en materias tan importantes como la que estamos tratando. 
Señora Presidenta, la Unión sigue siendo engañada por defraudadores profesionales, a lo que contribuye lamentablemente un sistema del IVA demasiado complejo. 
Debido a nuestras normas fiscales, en parte difícilmente comprensibles, abrimos a los defraudadores las puertas de par en par y promovemos indirectamente el fraude fiscal. 
Pero para elevar la moral fiscal y los ingresos fiscales no sólo necesitamos un control efectivo y una cooperación eficaz de las autoridades fiscales sino que es condición previa también unos textos comprensibles y más sencillos. 
El contribuyente niega la obligación de contribuir con mucha frecuencia cuando la considera injusta. 
Leyes fiscales incomprensibles y las cargas fiscales derivadas de ellas son siempre consideradas automáticamente por el contribuyente como injustas. 
Por ello, necesitamos urgentemente una reforma del sistema demasiado complicado del IVA que es incluso incomprensible para los expertos. 
No puede ser que las ventas dentro de la cadena empresarial entre los Estados miembros estén exentas de impuestos y que, al contrario, en el nivel nacional devenguen impuestos. 
La deducción del IVA dentro de la cadena empresarial hace posible este fraude fiscal, por lo que debería suprimirse. 
Mediante esta medida eliminaríamos la base de que se sirven los defraudadores, simplificaríamos el sistema y evitaríamos controles innecesarios así como trabas que gravan nuestras PYMES. 
Por ello, en primera línea no sólo deberíamos recapacitar sobre cómo podríamos mejorar la cooperación entre las autoridades sino también cómo podríamos simplificar el sistema que hace posible el fraude. 
Sin embargo, vamos a apoyar el informe de la Sra. Kauppi pues también somos de la opinión de que la cooperación se tiene evidentemente que mejorar y que hay ocuparse de reducir la burocracia en Europa. 
Señora Presidenta, estoy convencida de que las actuales disposiciones sobre cooperación en el ámbito del fraude relacionado con el IVA son inadecuadas en el contexto de la evolución del mercado único. 
El fraude relacionado con el IVA cuesta a la UE y a sus Estados miembros varios cientos de millones de euros al año. 
Aunque se han adoptado medidas durante estos últimos años para intentar asumirlo, el fraude relacionado con el IVA sigue siendo hoy un problema considerable. 
Estoy de acuerdo en que la mejor manera de atajar este fraude que no deja de crecer es fomentar la estrecha cooperación administrativa entre los Estados miembros. 
La lucha contra el fraude se hará menos burocrática y más eficaz si hacemos posible los contactos directos entre las oficinas locales. 
No obstante, permítanme hacer una llamada a la cautela en relación con los esfuerzos inherentes a esta propuesta de la Comisión por fundamentar esta medida en el artículo 95 del Tratado. 
El artículo 95 establece específicamente que no puede ser utilizado para disposiciones fiscales. 
En opinión de la Comisión, esta propuesta sólo trata sobre cooperación administrativa y no guarda ninguna relación con la recaudación real de impuestos ni con medidas fiscales. 
Con todo respeto, no estoy de acuerdo- mi país no está de acuerdo- con que furtivamente se erosione la situación actual. 
No creo que a la SCAC- la actual comisión administrativa en el ámbito fiscal- se le deban asignar más funciones. 
Esto es el principio de algo peor. 
Esta propuesta es relativa a instrumentos fiscales que los Estados miembros utilizan y ciertamente debería ser adoptada., pero debería ser adoptada con el fundamento jurídico correcto, que es el artículo 93, que prevé la unanimidad en la votación del Consejo. 
El reglamento que la presente propuesta se propone reemplazar está basado en el artículo 93, y sencillamente está propuesta también debería estarlo. 
La Sra. Kauppi hace referencia en su exposición de motivos a las preocupaciones que despierta el fundamento jurídico. 
En el pasado, cuando han surgido conflictos en relación con el fundamento jurídico, el Consejo siempre ha rechazado el punto de vista de la Comisión y ha cambiado el fundamento jurídico por el artículo 93 o 94. 
Como ha señalado mi colega, la última vez que lo hizo fue con la propuesta de directiva sobre asistencia mutua para el cobro de créditos. 
La Comisión ha decidido llevar al Consejo ante el Tribunal de Justicia en esta cuestión e Irlanda se unirá a la acción del lado del Consejo. 
Aunque acojo favorablemente lo esencial de lo que esta propuesta persigue, mis colegas irlandeses y yo votaremos en contra del informe por las razones que he expuesto en relación con el fundamento jurídico. 
Señora Presidenta, si dicen que de bien nacidos es ser agradecidos, quiero empezar mi intervención felicitando al Comisario, Sr. Bolkestein, por la habilidad con que esta mañana ha logrado resolver el conflicto que durante tanto tiempo ha enfrentado al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, impidiéndonos avanzar hacia un mercado único de servicios financieros. 
También quiero felicitar a la Sra. Kauppi por su informe, que ha logrado- como aquí se ha señalado- la adhesión de la mayoría de las fuerzas políticas de la Cámara. 
Quisiera hacer pocas y precisas observaciones. 
En una reciente comparecencia para preparar el diálogo monetario con el presidente Duisenberg, se nos dio un informe en que se evidenciaba que la introducción del euro va a hacer más palpables las diferencias de precio entre los distintos países de Europa como consecuencia, entre otras cosas, de las diferencias de imposición. 
Eso nos llevaría a postular la armonización del IVA y llegar al impuesto sobre el valor añadido en origen, como ha señalado el Sr. Pérez Royo, pero, mientras eso llega, es obvio que estas diferencias de precio van a incentivar el fraude. 
Por eso, más Europa, más cooperación descentralizada dentro de la Unión Europea, es siempre bienvenida. 
He sido inspector de finanzas y sé hasta qué punto el tener que dirigirse a órganos superiores de la administración paraliza el concepto. 
Hay que eliminar necesidades formales. 
No veo la necesidad de la traducción: a nadie se le ocurriría pedir la traducción de una información que permitiese detener a Jack El Destripador y no veo por qué en materia fiscal tenemos que hacer otra cosa. 
En materia de base jurídica sí disiento con la persona que me ha precedido en el uso de la palabra y, sin embargo, coincido con el Sr. Pérez Royo, puesto que es bien conocida la diferencia entre el Derecho material (el que marca los elementos esenciales de la relación tributaria) y el Derecho formal, establecido para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones. 
Si bien las normas que se refieren al Derecho material tienen como base el artículo 93 y, por tanto, la unanimidad, las que se refieren al Derecho formal, al Derecho administrativo, al Derecho de aplicación, tienen su base en el artículo 95 porque, entre otras cosas, eso nos permite huir de la unanimidad y facilita también, como hemos visto esta mañana en materia de servicios financieros, seguir avanzando hacia lo que la Presidencia española llama más Europa. 
. (EN) Permítanme decir, para comenzar, que es para mí un enorme placer poder tratar hoy con el Parlamento sobre una propuesta de reglamento encaminada a reforzar la cooperación administrativa entre los Estados miembros con vistas a mejorar el control sobre el IVA. 
Le doy las gracias a la Sra. Kauppi por su informe. 
Es sumamente constructivo. 
Sólo puedo hacerme eco de lo que el Sr. Karas ha dicho cuando se refería a la Sra. Kauppi como su "joven y eficaz colega". 
Aunque no es mi colega, deseo hacerme eco de las palabras de reconocimiento del Sr. Karas. 
La Sra. Kauppi, entre otros diputados, ha hablado sobre el fundamento jurídico de esta propuesta. 
Se trata de cooperación administrativa. 
No se trata de modificar el régimen del IVA. 
Ojalá que la Comisión pudiera hacer eso. 
Hemos querido hacerlo desde hace muchos años, pero no podemos. 
Pero no, aquí se trata de cooperación administrativa. 
La propuesta no ha sido ideada para que modifique en modo alguno las obligaciones de los contribuyentes ni las normas por las que se rige la aplicación de dicha legislación, sino para dirigir la cooperación administrativa ante los retos del mercado interior. 
Éste es el motivo por el que la Comisión fundamenta esta propuesta en el artículo 95 del Tratado. 
Al tomar dicho artículo como fundamento jurídico, la Comisión es coherente con su propuesta de Reglamento nº 218/92, así como con su propuesta sobre la modificación de la directiva sobre el cobro de créditos. 
La Comisión está en lo cierto al fundamentar esta propuesta en el artículo 95. 
Como el Sr. García-Margallo y Marfil dice claramente, le da al Parlamento la codecisión, y eso es lo que muchos diputados quieren. 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Sr. García-Margallo y Marfil las amables palabras que me ha dirigido. 
A esto quiero añadir que la Comisión está muy satisfecha de que hayamos zanjado la cuestión de la denominada propuesta Lamfalussy y que ahora podamos continuar con el trabajo que nos espera. 
Insistiendo en este punto, la Comisión es de la opinión de que la presente propuesta es un elemento importante de la nueva estrategia sobre el IVA para mejorar el funcionamiento del sistema del IVA dentro del contexto del mercado interior. 
Asimismo, constituye una respuesta al llamamiento del Consejo a la Comisión para que presente propuestas sobre la lucha contra el fraude relacionado con el IVA. 
El mercado intracomunitario se ve actualmente seriamente afectado por el fraude organizado relacionado con el IVA, en el que defraudadores profesionales abusan del mecanismo de exención del sistema del IVA. 
Para atajar este tipo de fraude es necesaria la cooperación rápida y eficaz entre las administraciones fiscales de los distintos Estados miembros. 
Pero en la actualidad, el marco jurídico es demasiado débil para dar apoyo a una cooperación realmente eficaz, básicamente, porque es vago, muy centralizado y el intercambio de información no es lo suficientemente intensivo. 
Además, la cooperación es complicada debido a la existencia de dos instrumentos jurídicos en este campo con ámbitos diferentes y normas diferentes. 
La presente propuesta establece un único marco jurídico a través de la fusión, para fines del IVA, del reglamento y la directiva, y modifica las disposiciones en vigor de tres maneras: en primer lugar, la propuesta establece normas claras y vinculantes por las que se regirá la cooperación administrativa entre los Estados miembros, por ejemplo, sobre la presencia de agentes extranjeros durante los controles o sobre la organización de controles multilaterales; en segundo lugar, la propuesta delega la cooperación y sienta las bases para contactos más directos entre los inspectores fiscales de los diferentes Estados miembros. 
Ésta es también la observación que la Sra. Kauppi nos ha hecho. 
Ha dicho que cuando los controladores franceses y españoles- por ejemplo- quieren comunicarse en una zona fronteriza, en estos momentos dicha comunicación debe pasar por Madrid y París. 
Es evidente que la comunicación directa entre el personal de inspección agilizará la cooperación y la hará más eficaz. 
En tercer lugar, la propuesta tiene el objetivo de intensificar el intercambio de información entre las administraciones fiscales para poder luchar contra el fraude con mayor eficacia. 
Me alegra mucho que la presente propuesta goce del apoyo de todos los oradores que esta noche han hecho uso de la palabra, excepto de la Sra. Doyle, a la que no puedo convencer porque ya no está presente. 
La Comisión está muy satisfecha de este apoyo. 
En consecuencia, me gustaría expresar mi satisfacción por la contribución positiva de la ponente, Sra. Kauppi. 
Pero, habida cuenta de que el examen de esta propuesta en el Consejo está aún en curso y habida cuenta, también, del firme deseo de la Comisión de tratar sobre este asunto de una manera oportuna, creo que la medida más oportuna en estos momentos es que la Comisión no acepte formalmente las enmiendas presentadas por el Parlamento, aunque se compromete a tenerlas en cuenta, en la medida de lo posible, durante las negociaciones con el Consejo. 
No obstante, no será posible tomar plenamente en consideración algunas de estas enmiendas. 
En particular, en lo que respecta a la comunicación electrónica, quisiera hacer hincapié en que gran parte de la información que cubre este reglamento no está disponible en formato electrónico y, por lo tanto, en la práctica, no puede intercambiarse por vía electrónica. 
En cuanto a las traducciones, comparto el argumento según el cual los Estados miembros deben evitar servirse de traducciones, en la medida de lo posible. 
Pero la Comisión es de la opinión de que las disposiciones en virtud de las cuales los Estados miembros renuncian a las traducciones deberían quedar determinadas en un reglamento de ejecución que sea vinculante para todos los Estados miembros, y no de manera individual por cada uno de los Estados miembros. 
Por último, en lo que respecta a la protección de datos, la Comisión es de la opinión de que si la Directiva 95/46/CE se aplica rigurosamente, los defraudadores sabrán que están bajo sospecha y, en consecuencia, es de esperar que transfieran su actividad fraudulenta y destruyan la pruebas del fraude. 
Eso dificultaría enormemente la lucha contra el fraude relacionado con el IVA. 
Personalmente estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre estos temas. 
El Consejo ya ha comenzado a examinar detenidamente la propuesta y no escatimará esfuerzos para llegar a un acuerdo cuanto antes, y nosotros estamos avanzando a buen ritmo. 
Pero el respaldo parlamentario a la propuesta es importante para obtener ese resultado tan deseado. 
Por consiguiente, quisiera recomendar muy encarecidamente esta propuesta al Parlamento para que le dé su aprobación. 
Agradezco al Parlamento su intervención, que ha sido muy constructiva. 
Se lo agradezco, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Ayudas estatales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0002/2002) del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión Económica y Monetaria, sobre el noveno informe de la Comisión relativo a las ayudas de Estado en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hoy el mundo- bueno, no el mundo pero sí los ojos de Europa- han mirado hacia su persona, a su campo de actividades, si bien se trataba de otro tema al que tratamos aquí esta noche. 
No parece ser tan interesante. 
Tal como acabo de oír, puedo hablar durante ocho minutos pues mi Grupo no se ha interesado especialmente al respecto. 
Pero veo al colega Evans y a la colega Riis-Jørgensen y así podemos repetir lo que ya hemos hecho en la comisión, es decir, intercambiar nuestras posiciones en este campo. 
Pero, dejando las bromas de lado... 
Nos hemos propuesto conjuntamente- un ambicioso proyecto- que la Unión Europea se convierta en los próximos diez años en la región más competitiva del mundo. 
Si la Unión Europea quiere convertirse en la región más competitiva del mundo, esto significa que sus empresas tienen que ser las empresas más competitivas del mundo. 
A su vez, esto significa que necesitamos un entorno favorable para la competencia pero también capaz de ejercerla en la Unión Europea. 
Por ello, es cierto que nuestra tarea debe consistir en reducir las ayudas estatales a las empresas lo más posible y también- si ya tenemos que concederlas- otorgarlas cada vez más para objetivos horizontales. 
Por ello, hay que saludar el retroceso que se constata en las ayudas en los años 1997 hasta 1999. 
Este es el período al que se refiere el noveno informe sobre las ayudas de la Comisión. 
Naturalmente, la Comisión debe seguir cumpliendo su papel de vigilante para que no se concedan ayudas que distorsionen la competencia. 
Por otro lado, habría que renunciar a mirar la política de ayudas sólo a través de una perspectiva ideológica y evitar llevarla a cabo desde puntos de vista ideológicos. 
A veces alguno que otro lo hace así en esta Asamblea y después voy a exponer un ejemplo al respecto. 
Lo que es cierto, tanto si se quiere como si no: las ayudas son un medio de política estatal porque mediante estímulos es posible orientarse al mercado y porque de este modo se pueden evitar intervenciones en forma de mandatos o prohibiciones. 
Esto no se puede hacer siempre. 
A veces es más adecuado alcanzar algo a través del derecho reglamentario pero otras veces es sin duda también adecuado orientarse al mercado mediante ayudas dirigidas. 
Las ayudas son un elemento importante del abanico de instrumentos políticos pues de este modo se pueden corregir fallos del mercado y se puede lograr reducir las diferencias de bienestar entre las regiones en la Unión Europea. 
Lo que hacemos con la política regional y estructural son también ayudas aunque no sean ayudas estatales sobre las que hablamos esta tarde aquí, pero son un instrumento de actuación política para promover las PYMES y la protección del medio ambiente, la investigación y el desarrollo. 
Saludo expresamente, señor Comisario, que usted o la Comisión disponga junto al registro de ayudas que entretanto existe, también últimamente el anunciador de ayudas. 
Esta era una exigencia conjunta del Parlamento. 
Este anunciador de ayudas que se encuentra en su fase inicial creo que puede desarrollarse para convertirse en un instrumento que permita detectar tendencias y enjuiciar las ayudas según criterios cualitativos. 
Doy importancia a esto. 
No sólo se debe tener en cuenta para realizar una valoración general el volumen cuantitativo de las ayudas estatales sino que necesitamos también criterios y objetivos cualitativos que se deben tener asimismo en cuenta. 
Tal como he dicho, los he mencionado. 
A veces justifican medidas de corrección de la dirección limitadas temporalmente y a veces mediante las ayudas se pueden superar a medio plazo incluso distorsiones existentes en el mercado. 
Creo que la Comisión va mucho más lejos y está más abierta- permítanme que lo diga, estimado colega Evans y estimada colega Riis- Jørgensen- que la actual mayoría conservadora liberal en esta Asamblea. 
Constato que las ayudas siempre son rechazadas de plano en los debates generales. Son diabólicas. 
Pero si se pregunta a sus políticos especializados, entonces lo ven de un modo muy diferente en uno que otro punto. 
En el caso concreto tampoco quieren saber nada de una demonización general. 
Les voy a exponer el ejemplo que he anunciado antes: la Comisión investiga afortunadamente desde hace algún tiempo hasta qué punto se han concedido ayudas no ilícitas como consecuencia de trucos en la fiscalización de empresas. 
Esto lo hace la Comisión por propia iniciativa porque es correcto pero también porque se le ha instado a hacerlo. 
En la comisión he formulado en mi proyecto de informe un pasaje que apoya incluso a la Comisión animándola a seguir por ese camino. 
Este pasaje ha sido suprimido por la mayoría de la comisión en la votación. 
Mañana les voy a ofrecer la ocasión de corregir este error. 
Mi Grupo y unos cuantos más vamos a presentar de nuevo este pasaje mediante una enmienda. 
Recuerden por favor que lo que hemos acordado es política común. 
Es decir, mañana pueden corregir el error de la comisión o deberán mostrar claramente a la opinión pública que no es eso lo que opinan de la política de ayudas en concreto. 
Tendrán que pensarse algo al respecto. 
Para concluir también quiero decir que no es bueno alabar demasiado a la Comisión. 
Limitemos algo las alabanzas. 
Señor Comisario, quiero llamar la atención sobre un punto que saqué a colación una o dos veces en la comisión. 
Está relacionado con el tema de los criterios cualitativos y del enjuiciamiento cualitativo y cuantitativo. 
Usted constata acertadamente que hay un sector en el que las ayudas regionales que se conceden en los Estados miembros representan un porcentaje realmente elevado de las ayudas totales, bastante más de la mitad, creo que el 56% o más si recuerdo bien. 
De ello deduce usted que se trata del sector en el que se pueden realizar mejor y con mayor rapidez recortes en las ayudas. 
Este es un modo algo global de enjuiciar el tema y recomendaría que se recapacitase un poco sobre si precisamente el sector de las ayudas regionales no es un campo que se tiene que orientar realmente de un modo muy claro a criterios cualitativos. 
Si el próximo año pudiésemos mantener un debate al respecto, avanzaríamos un buen trecho. 
Señora Presidenta, quisiera cuestionar algunas de las afirmaciones que el Sr. Rapkay ha hecho. 
En primer lugar, es mucho más lo que nos une en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que lo que cabría pensar de algunas de las afirmaciones que el Sr. Rapkay acaba de hacer. 
Podemos comprobarlo en el informe que estamos examinando. 
En dicho informe hay 22 apartados. 
El informe del Sr. Rapkay sólo ha sido modificado de manera significativa en seis ámbitos. 
Veamos las cosas que nos unen. 
Desde luego no creo que las ayudas estatales sea obra del diablo. 
Hasta cierto punto, ése ha sido un exceso retórico del Sr. Rapkay. 
En realidad, ambos creemos en una Europa competitiva. 
Estamos a favor de que nuestra economía favorezca la competencia. 
El excelente informe del Sr. Rapkay- que mañana apoyaré en su versión actual- es un informe coherente que mejora el que elaboró la comisión el año pasado. 
Naturalmente, habrá algunas diferencias de énfasis entre nosotros. 
No todos compartimos la misma perspectiva política. 
Pero existe una tendencia en relación con los puntos de vista que se expusieron en la comisión de Asuntos Económicos que constituye el tema central del informe del Sr. Rapkay y por lo que le felicito. 
Sí, no hay duda de que creo en la aplicación rigurosa de las ayudas estatales. 
Felicito al Comisario Monti por la posición que ha adoptado en este ámbito. 
Refleja ampliamente la posición de nuestra Comisión de Asuntos Económicos. 
Nuestra comisión se ha comprometido a sacar adelante el proceso de Lisboa. 
La construcción de una Europa competitiva debe formar parte de eso, por lo tanto, es importante que dispongamos de un control adecuado de las ayudas estatales. 
Parte de dicho control se hace a través de la transparencia que se desprende del marcador de ayudas estatales, del que el Sr. Rapkay ha sido un exponente entusiasta. 
Ha planteado el tema coherentemente. 
Estamos encantados de que el Comisario Monti haya avanzado en este campo. 
Aún queda trabajo por hacer en lo que se refiere a la mejora del marcador. 
No estoy del todo seguro de que la competencia ocupe el primer lugar en la DG de Competencia, en términos de que se facilite el uso de Internet en su sitio web particular. 
Estoy completamente seguro de que se seguirá mejorando. 
El otro día recurrí a Internet para informarme sobre el Día de la Competencia que se celebrará en breve, pero no resultó ser un sitio especialmente fácil de manejar. 
Quisiera mencionar el Código de ayuda al acero. 
Siempre he dicho al Comisario Monti que el sector necesita orientación en este sentido. 
Queremos que se mantenga el régimen en vigor de alguna forma. 
Espero que el Comisario Monti considere que es algo que podría apoyar, tras una reflexión madura, habida cuenta de las dificultades con los Estados Unidos de América. 
Señora Presidenta, como dijo el Sr. Rapkay, podemos hablarnos como acostumbramos ahora que estamos reunidos "en el seno de la familia". 
Antes quiero dar una vez más las gracias al Sr. Monti por su gran trabajo en este ámbito como asimismo al Sr. Rapkay. 
No siempre estamos de acuerdo, sin embargo, estoy muy contenta con el informe, aunque haya ciertas cosas que debamos debatir respecto a cómo votaremos mañana. 
Hay un par de temas concretos que quiero comentar. 
En primer lugar, está un tema del que me he ocupado personalmente en parte. 
Se trata de la propuesta de la Comisión relativa al paquete de astilleros. 
Yo era muy contraria a las ayudas a astilleros propuestas, y por ello quiero preguntar a la Comisión en qué situación se encuentra este tema. 
He podido comprobar con alegría que en la reunión de los Ministros de Industria en el Consejo a principios de diciembre no pudo alcanzarse la mayoría necesaria para aprobar la propuesta de la Comisión. 
La Comisión, sin embargo, no estuvo dispuesta a modificar su propuesta, basada en los resultados presentados en el llamado informe TBR, que la Comisión elabora semestralmente. 
Naturalmente me preocupa que el próximo informe TBR de la Comisión demuestre convenientemente nuestra necesidad de establecer ayudas a más tipos de barco que los recogidos en la propuesta original de la Comisión. 
Quiero por ello pedirle al señor Comisario Monti que conteste a la siguiente pregunta: ¿Hay en camino un nuevo informe TBR de la Comisión, y en caso afirmativo, puede aclararnos el Sr. Comisario qué conclusiones establecerá el informe? 
Mañana votaremos en el Parlamento una propuesta que no hemos tenido tiempo de debatir antes de la votación. 
Se trata ciertamente de una propuesta que no compete a su ámbito, señor Monti, pues trata de permitir de forma absolutamente extraordinaria a las compañías aéreas mantener las horas de llegada y salida en los aeropuertos, que, según las normas ordinarias, no han aprovechado suficientemente como para poder mantenerlas. 
Elaboramos una legislación específica, que ahora nos apresuramos a sacar adelante, y que naturalmente supondrá que compañías más pequeñas que quieran entrar en el mercado con precios competitivos, no podrán ofrecernos este servicio a nosotros, los consumidores, quienes hemos de servirnos de compañías que no prestan el servicio y- cuando lo hacen- sólo lo prestan a precios demasiado elevados. 
También son en realidad ayudas de Estado, señor Monti, pues favorecen en gran medida a los antiguos monopolios nacionales. 
A mi modo de ver, esto es un ejemplo de cómo nuestras bellas palabras de recortar las ayudas de Estado son seguidas de forma muy pobre por la acción concreta y firme. 
De ahí que me permita también plantearle una pregunta, señor Monti: ¿Qué relación guarda esta propuesta con nuestro deseo general de recortar las ayudas de Estado y de crear una situación de competencia justa y limpia para todos nosotros? 
Señora Presidenta, distinguido Comisario, me es fácil compartir las palabras de agradecimiento dirigidas tanto al Comisario, Sr. Monti, como al ponente, Sr. Rapkay. 
Las considerables ayudas estatales, concedidas muchas veces sobre la base de criterios políticos cortos de miras, llevan mucho tiempo gravando excesivamente el bolsillo de los contribuyentes y han frenado el proceso de saneamiento de las estructuras económicas de nuestros Estados miembros. 
Si bien algunas de las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros pueden estar justificadas, sobre todo, cuando existen circunstancias excepcionales, las subvenciones directas y los diferentes incentivos fiscales distorsionan la competencia y son incompatibles con el mercado común. 
Por ello, la reducción de las ayudas estatales y el ejercicio de un control eficiente contribuirán a reforzar la competitividad de la economía europea y a fomentar, en consecuencia, el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. 
Los Estados miembros reiteraron en el Consejo Europeo de Estocolmo su compromiso de reducir las ayudas públicas en relación con el Producto Interior Bruto. 
También se comprometieron a desviar las ayudas hacia objetivos horizontales de interés común para toda la Unión. 
Este compromiso debe verse cumplido. 
Según el balance del informe que nos ocupa, se consiguió reducir las ayudas estatales en el período 1997-1999. 
Sin embargo, no debemos conformarnos con los avances logrados hasta el momento. 
En el Parlamento no nos hemos cansado de exigir medidas que garanticen una mayor transparencia en este ámbito. 
En los Estados miembros no existe aún ningún instrumento de control estatal comparable al de la supervisión de las ayudas ejercida al nivel de la Comunidad. 
Los datos relativos a las ayudas estatales siguen proporcionándose sólo en forma agregada. 
Para facilitar la elaboración de un análisis más preciso, necesitamos datos más detallados sobre la finalidad de las ayudas concedidas y sobre los sectores y empresas que reciben dichas ayudas. 
Al igual que muchos colegas que me han precedido, yo también considero muy positiva la Declaración de la Comisión sobre la introducción del registro de ayudas y del marcador de ayudas. 
También insto a la Comisión a que se mantenga en la línea de saneamiento de la economía y de las estructuras productivas de la Unión adoptada con anterioridad, especialmente en lo concerniente a las ayudas estatales en sectores específicos y en casos particulares. 
En este contexto, comparto totalmente lo que dijo la Sra. Riis-Jørgensen sobre los astilleros, sector que también es de una importancia fundamental para Finlandia, o sea, para mi país. 
En este punto, el Consejo ha hecho últimamente progresos en la dirección correcta. 
Convertir a Europa en la región económica más competitiva del mundo implica renunciar a las prácticas del pasado. 
En cualquier caso, es evidente que no se crearán puestos de trabajo nuevos y duraderos si se mantienen estructuras apolilladas. 
Señora Presidenta, no pudieron volar durante cuatro días después del 11 de septiembre y ahora quieren un monopolio durante más de un año. 
Al 11 de septiembre se le echa la culpa de todo. 
Por favor, denos una economía libre. 
. (EN) Entiendo a la Sra. Riis-Jørgensen cuando dice "quieren". 
Por lo que a mí me consta, ésa no es la posición ni la decisión de la Comisión, aunque la responsable de este ámbito es mi colega la Comisaria Sra. de Palacio. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Seguimiento de la crisis de la EEB 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0467/2001) del Sr. Olsson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el seguimiento de la crisis de la EEB en cuanto a la salud pública y la seguridad alimentaria (2000/2321 (INI) ). 
. (SV) Señora Presidenta, permítame comenzar dando las gracias a todos los que han colaborado en la elaboración de este informe: los colegas de otros Grupos de partidos- especialmente a la Sra. Roth-Behrendt que presidió el comité temporal de investigación sobre la EEB- a la Comisión y a la Oficina de Alimentos y Asuntos Veterinarios de Dublín. 
La mundialización aumenta todos los días. 
Es provechoso que exista más comercio transfronterizo. 
Necesitamos un flujo libre de mercancías en la Unión Europea y en el mundo entero. 
Sin embargo, no hay que permitir que esto dé lugar a un libre flujo de sustancias contagiosas. 
En relación con la enfermedad de las vacas locas, parece que la Unión Europea ha entrado en el libre mercado "por la puerta equivocada". 
Primero se creó el mercado libre y después se empezó a estudiar si las normas existentes eran suficientes para un mercado de esas características. 
En los últimos años se han adoptado algunas medidas fructíferas. 
Por ejemplo, se ha creado la autoridad europea de alimentos. 
Además, se han revisado las normas sobre alimentos y, cuando las nuevas leyes entren en vigor, se habrá alcanzado una buena legislación. 
¡Pero hay experiencias terribles! 
Mirando hacia atrás, vemos que muchos países miembros no han cumplido satisfactoriamente las leyes. 
Por tanto, la situación actual no sólo se debe a una legislación insuficiente, sino que, además, a que ha sido indebidamente aplicada. 
Es muy importante que solucionemos estos problemas y que empecemos a acatar las leyes vigentes. 
Si observamos las relaciones entre esas diferentes enfermedades, podemos comprobar que la enfermedad TSE más antigua, la scrapie, se descubrió hace varios siglos, mientras que la EEB, que afecta al ganado bovino, se descubrió en 1986. 
Es evidente que nos encontramos en una situación en que suceden muchas cosas. 
La vida no se ha detenido, aún menos sus aspectos más negativos. 
Por eso hay que estar preparado para descubrir constantemente nuevos problemas. 
En el otoño pasado existía el temor de que la EEB pudiese afectar también a las ovejas. 
Ésta es probablemente la razón de que se haya incorporado el punto 11 en el informe, que contempla el control de estos animales. 
A mi juicio este punto es erróneo y pido a los diputados que voten en su contra. 
En las investigaciones que se debieron hacer a las ovejas, se estudiaron cerebros de vacas y no de ovejas. 
A veces los científicos también cometen errores. 
El problema de la EEB es que sobrepasa las barreras de las especies. 
Eso significa que hay riesgo de que afecte a las personas; es sabido que la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob constituye un grave problema. 
Quisiera mencionar algunas medidas que proponemos en el informe. 
En primer lugar, quiero aclarar que los rumiantes, por razones éticas, jamás deben ser alimentados con harinas cárnicas. 
Por naturaleza no son carnívoros y por eso no se les debe obligar a comer carne. 
No obstante, es lógico- y volvemos al otro informe- que las materias primas que son aptas para el consumo humano también lo sean para el consumo animal. 
El problema es que si un animal se come a otro de su misma especie, existe el riesgo de que se produzcan enfermedades. 
Por eso hay que imponer la denominada prohibición de canibalismo, que sanciona la alimentación de animales con piensos producidos con restos de animales de su misma especie. 
Los riesgos de contagios son considerables y muchos animales mueren. 
Por eso cabe comprobar que en el futuro no será posible eliminar la prohibición de alimentar a los omnívoros con harinas cárnicas. 
Algún día, cuando los riesgos de muerte sean menores, tal vez podamos hacerlo. 
En cuanto al importante asunto de las sanciones, quiero formular una pregunta directa al Comisario Byrne. Si algún Estado miembro no cumple con sus obligaciones emanadas del Tratado, la UE debe contar con facultades para actuar, mediante la adopción de medidas que aseguren la sanidad alimentaria, cosa que también se destaca en diversos puntos del informe. 
Además, a nuestro juicio la Comisión tiene que ser capaz de aplicar sanciones contra los Estados miembros que incumplan la aplicación de estas normas. 
Sería muy interesante escuchar la opinión del Comisario en esta materia. 
Para terminar quiero referirme nuevamente al tema a que hice alusión al comienzo de mi intervención. 
En éstas y en otras materias similares se necesita investigación científica para detectar a tiempo la aparición de nuevos problemas y de nuevas enfermedades. 
Es extraordinariamente importante que la UE destine los recursos suficientes para continuar la lucha contra este tipo de enfermedades, que son peligrosas tanto para las personas como para los animales. 
Señora Presidenta, señor Comisario Byrne, pasados 15 años desde los primeros casos de EEB uno debería pensar que habíamos adaptado todas las medidas necesarias y que tendríamos bajo control la EEB. 
Cuando aprobamos nuestra opinión en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural e indicamos de nuevo que todos los Estados miembros deberían realizar correctamente sus controles pensamos que había que subrayarlo e insistir en ello. 
No podíamos imaginar que iba a ser tan actual, como sabemos ahora de tierra alemana, de Baviera sobre todo y de Renania Palatinado, donde se hicieron de mala manera las pruebas, encargándoselas a empresas privadas que no estaban preparadas para ello. 
Uno se echa las manos a la cabeza. 
Naturalmente, se puede decir de nuevo: los de la Comisión tenéis que realizar mejor vuestro control. 
Pero esto ya casi no se puede exigir más pues los de abajo saben de lo que se trata. 
La EEB es una enfermedad peligrosa. 
Si se piensa que sólo se realizan las pruebas a partir de una edad de 30 meses es un escándalo. 
La mayoría de los animales que llegan al matadero no son sometidos a prueba. 
Tomemos como ejemplo Gran Bretaña: tampoco aquí se realizan pruebas pues los animales de más de 30 meses no están autorizados para llegar a la cadena alimenticia. 
Pero, naturalmente, es necesario hacer pruebas para registrar en absoluto los animales que padecen la EEB y que no llegan a la cadena alimenticia. 
Ante el ridículo de los científicos en el análisis de ovejas, cuyos cerebros resultaron ser luego cerebros de vacas, naturalmente no se debe decir ahora: en las ovejas no existe ningún peligro. 
Este peligro existe en las ovejas, por lo que debemos realizar aquí también pruebas. 
En lo que se refiere a la difusión de harinas animales, por lo visto están por ahí circulando de un lado a otro del mundo miles de toneladas de harinas animales infectadas o posiblemente infectadas, de modo que la EEB se sigue difundiendo y aparece en regiones donde no se sospechaba que existiese. 
Señor Comisario Byrne, se ve pues también aquí que una prohibición de alimentar con estas harinas a los animales por lo visto no es suficiente. 
Hay que decir también donde quedan esos materiales y cómo se deben destruir. 
Tal como ha mostrado claramente la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, lo mismo es aplicable a la alimentación con restos de comidas y aguas residuales, lo que nos ha deparado de nuevo la fiebre aftosa así como la peste si se dan a los animales sin tratar. 
Es decir, aquí tampoco podemos hacer nada con sólo una prohibición sino que tenemos que decir dónde deben ir esos materiales. 
Si hubiésemos votado hace diez años sobre el llamado informe de las pausas- del tratamiento de productos derivados animales -, naturalmente la presión de la EEB no habría sido tan grande. 
Lo mismo digo sobre las aguas residuales y los restos de comidas: si hubiésemos tenido un tratamiento adecuado de esos restos no se habría producido ninguna infección con la fiebre aftosa y la peste. 
Tenemos que lograr llegar a un sistema que lo prescriba para todos los países. 
A aquellos que tienen un interés económico en elaborar esos materiales, tenemos que concederles licencias y punirles con la retirada de la licencia si no cumplen lo que prescribe la ley. 
A quien atente contra la ley se le debe castigar con la prohibición de ejercer su trabajo pues aquí se trata de la salud humana en nuestros países. 
Tenemos que atrevernos a ser duros pues, de lo contrario, se discutirá continuamente- también dentro de diez años- porqué se han producido de nuevo fallos fatales. 
Señor Byrne, quiero confirmarle expresamente que la Comisión no tiene ninguna culpa en estos últimos casos. 
Se debe a la responsabilidad de los Estados miembros. 
La Comisión ha trabajado bien también en la elaboración del informe de las pausas y en la presentación. 
Señora Presidenta, voy a intentar ser rápido, pero me gustaría decirle al ponente, Sr. Olsson, que este informe nos llega en un momento en el que, en esta crisis de la EEB, tenemos la impresión de estar estancados. 
Los Estados miembros han mostrado en múltiples ocasiones que tienen dificultades para manejar esta crisis. 
Por tanto, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad en este asunto, sobre todo de cara a la próxima ampliación. 
Hoy en día, es indispensable coordinar mejor todos los esfuerzos para erradicar esta epidemia y para prevenir otras crisis en el futuro. 
Nuestro objetivo es un objetivo de seguridad alimentaria. 
Sólo podrá ser alcanzado a través de una mejor coordinación de las políticas aplicadas en cada Estado, así como de una mayor armonización de los procedimientos de detección precoz y de lucha contra la enfermedad. 
Sin embargo, en cuanto a las medidas que habría que adoptar en este campo, mi Grupo está dividido, aunque yo, personalmente, estoy totalmente a favor del informe del Sr. Olsson. 
En conjunto, estas medidas, que deben ser iniciativas que permitan alcanzar el objetivo de seguridad alimentaria, son respaldadas al cien por cien por mis colegas. 
Las discrepancias radican en los enfoques. 
Lo lamento, porque esta obligación de defender la salud pública no debe permitirnos bajar la guardia en el rigor con el que nos hemos comprometido a actuar en el marco del principio de cautela. 
No se trata de enfrentar a agricultores con defensores del medio ambiente, ni de enfrentar a agricultores con paladines de la salud. 
Los agricultores quieren producir, producir garantizando la calidad de sus productos; los defensores del medio ambiente, al igual que los paladines de la salud, quieren contribuir a un desarrollo duradero, pero los objetivos son los mismos para todos. 
Por lo tanto, esta obligación de preservar la salud pública no abre la puerta a una disminución del rigor: aplicación del principio de cautela, principio de tolerancia cero, respeto a la prohibición de alimentar a las reses con harinas de origen animal, destrucción de los stocks existentes de estas harinas. 
Reconozco que nuestros colegas británicos tienen algunas dificultades, y que quieren encontrar métodos alternativos a la destrucción de los rebaños en su conjunto, pero todo esto no debe hacernos bajar la guardia en el rigor que todos deseamos para este seguimiento de la crisis de la EEB. 
Desearía terminar, Señora Presidenta, recordando que, en este campo, es fundamental que la Comisión pueda aplicar un cierto número de sanciones, y que garantice los controles necesarios a través de la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
La aplicación de la legislación comunitaria debe hacerse de forma más sistemática, y debe llevarse a cabo en todos los Estados miembros de la misma manera. 
Hay que hacer un seguimiento de las sanciones, hay que poder garantizarle a los consumidores la mayor seguridad, con el fin de que nuestros conciudadanos recuperen la confianza en sus agricultores y en sus responsables políticos. 
Señora Presidenta, el Sr. Comisario corre el riesgo de oír una y otra vez la misma intervención en diferentes lenguas. 
Ésta es la versión inglesa. 
Intervengo en este debate en nombre de la Sra. Roth-Behrendt, porque su padre falleció ayer y tuvo que volver a casa. 
Estoy seguro de que toda la Asamblea querrá unirse a mí y expresarle nuestro pésame. 
He aquí las cosas que quiero decir. 
La primera y más importante de todas, aún no conocemos suficientemente la EEB ni sabemos cómo se propaga. 
Desde luego no sabemos bastante sobre su incidencia en todos los Estados miembros de la Comunidad. 
Sabemos que aún existe en el Reino Unido, y a pesar de que durante el próximo año puede que otros Estados miembros presenten un caos mayor que el nuestro, eso no es motivo de satisfacción, sino más bien de compasión con los que aún están descubriendo todo el horror de lo que esto puede significar para ellos. 
En el Reino Unido hemos tenido más de cien casos de la variante humana, la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. 
Rezamos para que otros Estados miembros no pasen tampoco por este calvario. 
El Sr. Comisario podrá decirnos, con razón, cuando hablamos de pruebas inadecuadas, que la Comisión nos ha repetido una y otra vez que la auténtica verdad sobre la EEB permaneció oculta porque no se realizaron pruebas eficaces. 
Si este debate ha de servir para algo, como el Sr. Graefe zu Baringdorf y otros han dicho, es para recalcarnos que los Estados miembros deben poder hacerlo bien. 
Me alegra que el Sr. Olsson reconozca que existe la misma eficacia entre el modo en que el Reino Unido separa a los animales de 30 meses, sacrifica las cabañas afectadas y realiza pruebas individuales a animales antes de que entren en la cadena alimentaria y el de otros países europeos. 
No me gustaría que hubiera malentendidos al respecto. 
Creo que necesitamos controles más eficaces para detectar el contagio. 
Últimamente han aparecido estadísticas preocupantes en el Reino Unido y otros países sobre animales nacidos después de la realización de los controles, que aún presentan síntomas de la EEB. 
Existen sospechas evidentes de la acumulación de carne y harina animal y de dónde y cómo se realizan las pruebas. 
El Sr. Olsson quiere que la Oficina Alimentaria y Veterinaria sea en efecto la agencia de vigilancia. 
No tengo nada en contra de eso, pero creo que nada debería eximir a los Estados miembros de su responsabilidad de garantizar la eficacia de sus pruebas y controles externos y su riguroso cumplimiento. 
Luego está la cuestión de alimentar a herbívoros con restos de animales. 
Debatiremos sobre este punto cuando el informe de la Sra. Paulsen vuelva para su accidentada segunda lectura. 
Sólo quisiera decir que pertenezco a ese grupo de la Asamblea que cree, junto con el Sr. Olsson, que debería estar prohibido alimentar a los rumiantes con restos de animales de cualquier tipo. 
Ya es hora de que lo hagamos. 
Por último, sobre el tema de las ovejas, sólo quisiera decir al Sr. Olsson que cuando contemplamos ese lamentable fracaso con las pruebas de lo que ha resultado ser tejido cerebral de vacas, lo único que esto nos dice es que la incompetencia ha alcanzado límites grotescos. 
No nos dice que dispongamos de una prueba positiva de que la EEB no ha saltado a otras especies una vez más y haya infectado a la población ovina. 
Quisiera oír los puntos de vista del Sr. Comisario al respecto y le pido disculpas por repetir algunas de las otras excelentes observaciones ya hechas en este debate. 
Señora Presidenta, acojo favorablemente el informe porque plantea muchas cuestiones importantes en unos momentos en que trabajamos por una política alimentaria exhaustiva y segura en la UE. 
El control de enfermedades infecciosas va de la mano de una vigilancia adecuada. 
Debe estudiarse detenidamente cómo las instituciones de la Unión Europea supervisan las enfermedades infecciosas. 
Asimismo, debemos cuestionar los métodos de países de fuera de la UE e imponer controles más estrictos como los que se realizan en Australia y Nueva Zelanda. 
No obstante, debemos recordar, si se van a redactar normativas, que es importante imponer sanciones a los Estados miembros que incumplan la legislación comunitaria en materia de alimentación y piensos, de lo contrario, las normativas no tendrán ni el valor del papel en el que están escritas. 
Hago un llamamiento a los diputados para que prevalezca el sentido común. 
Naturalmente debemos someter a los animales a la prueba de EEB, pero basemos las pruebas en prácticas científicas coherentes. 
Nada demuestra que la realización de pruebas en animales de 24 meses sea un método infalible. 
Al contrario, los animales pueden desarrollar la EEB después de los 24 meses. 
No he recibido ninguna respuesta satisfactoria sobre el fundamento de este cálculo. 
El umbral de 30 meses actualmente en vigor parece dar buenos resultados. 
Según las previsiones, el Reino Unido estará libre de EEB a más tardar en 2005, y eso se ha logrado aplicando el umbral de 30 meses. 
Actualmente el Reino Unido puede exportar carne de animales de menos de 30 meses y no falto a la verdad cuando digo que ha demostrado ser un producto seguro para el consumidor. 
Otro motivo de preocupación es la prueba obligatoria en las ovejas. 
Vuelvo a insistir en la cautela y pido, una vez más, pruebas científicas sólidas. 
El rebaño del Reino Unido estuvo a punto de ser exterminado por completo el año pasado cuando se detectó EEB en el ganado ovino. 
No obstante, afortunadamente alguien cuestionó la validez de los resultados y más tarde se descubrió que la prueba se había realizado en un cerebro de vaca. 
Este episodio no contribuyó a restablecer la confianza de los ganaderos en las bondades de la investigación científica. 
Debemos desarrollar una estrategia exhaustiva en el ámbito de la salud animal y preguntarnos qué hemos aprendido de la EEB. 
Lo más importante, sin ninguna duda, es no alterar la naturaleza por razones éticas. 
No se puede obligar a herbívoros a comer carne ni harina de pescado. 
No obstante, ahora debemos centrarnos en el futuro y trabajar en una política y una estrategia que repare los daños ocasionados a la cadena alimentaria. 
Por último, la comunidad agrícola ha sufrido un duro golpe durante estos últimos años. 
Trabajemos juntos ahora en una política de seguridad alimentaria y en la reforma de la Política Agrícola Común que nos alejen de la denominada política regida por el consumidor que ha propiciado la intensificación- pero no pasemos tampoco a una política regida por el consumidor basada en teorías sin fundamento. 
Debemos restablecer la confianza de los consumidores elaborando una política que abarque todos los aspectos. 
Señora Presidenta, en muchos si bien no en todos los países de la Unión Europea las violaciones contra los principios generales del derecho alimentario ofrecen mucho material para los titulares de los periódicos. 
Aunque con frecuencia se realizan exposiciones distorsionadas y se intenta promover el pánico, tales exposiciones han contribuido sensiblemente a que este tipo de acontecimientos no caigan en el olvido. 
Las violaciones conocidas los últimos días en el análisis de la EEB son un fracaso para todos los que han trabajado por lograr un elevado nivel de protección de la salud del consumidor en la elaboración de alimentos. 
Precisamente porque el interés de la población sobre el tema es tan grande y porque eran evitables los últimos acontecimientos poniendo en peligro la salud humana, la introducción de sanciones estrictas, tal como reclama el informe, está justificada para evitar por fin un rebrote de nuevos casos de EEB. 
Para la Unión Europea debe ser aplicable el estándar más elevado en la producción de alimentos. 
Esta es la declaración más significativa del Libro Blanco sobre la Seguridad en los Alimentos. 
El marco jurídico necesario para ello creo que tiene ir unido a un sistema reconocido de alerta previa en los países para que en caso de una sospecha de peligro para la salud humana se señalicen los productos y se mencione en público a sus fabricantes. 
Por lo general las advertencias públicas siempre son necesarias, sobre todo, cuando existe la sospecha de una amplia estructura de distribución, lo que siempre es el caso en la interminable cadena de la fabricación de alimentos. 
Para mí tiene sentido realizar advertencias públicas sobre determinados fabricantes de alimentos para animales ya en caso de sospecha de prácticas ilícitas de producción o de utilización de productos de partida no aptos. 
Este es el principio que se ha acuñado también de modo general: los controles de alimentos para animales son niveles previos en la supervisión de los alimentos. 
El informe llega muy lejos en sus exigencias. 
En la práctica se verá si el hecho de negar una información violando una obligación específica tendrá las mismas consecuencias que el hecho de fraude en perjuicio de los recursos financieros de la Comunidad Europea. 
Se señala siempre la necesidad de que se respeten las prohibiciones y mandatos existentes, lo que revela el alcance del informe. 
Para finalizar quiero constatar que el informe del Sr. Olsson está concorde con los tiempos y muy próximo a la situación actual. 
Pero no creo que vaya a ser un programa de lucha para la próxima crisis de la EEB. 
Señora Presidenta, la EEB aglutina los temores y las dudas tanto de los consumidores como de los productores: reducción significativa del consumo de carne bovina, caída superior al 20% en los precios de producción. 
Europa, que es en gran medida responsable de esta dramática crisis sanitaria, debe aprender la lección, sobre todo en cuanto a las disfunciones. 
En vez de otorgarle mayores poderes a la Comisión y a la Oficina Veterinaria, sería mejor armonizar las medidas a adoptar, y después aplicarlas con eficacia. 
Por ejemplo, ¿Cómo es posible que la lista de los materiales de riesgo difiera de un Estado miembro a otro? 
En la política extra-comunitaria, la Unión Europea, el mayor consumidor de productos agrícolas, debe imponer sus exigencias en materia de seguridad alimentaria, es decir, aplicar a las importaciones normas similares a las que regulan las producciones europeas. 
En la política de investigación, hay que recurrir a todos los medios: investigación de la enfermedad, modalidades de transmisión, medios de prevención, creación de tests para los animales vivos, etc. 
En el tratamiento de residuos, ¿Cómo se almacenan las harinas animales? 
Esta crisis también encierra un factor económico y social de importancia capital, ya que pone en peligro a sectores enteros de la actividad agrícola. 
La caída en el número de explotaciones refleja perfectamente la crisis vocacional de los jóvenes agricultores. 
En efecto, ¿cómo pueden planificar serenamente el futuro si los productos de calidad adaptados a las nuevas expectativas de los consumidores tienen difícil salida? 
Otros profesionales que intervienen posteriormente en la cadena alimentaria se ven igualmente afectados. 
Es el caso de los carniceros y charcuteros artesanos, que se niegan a que se les retire la posibilidad de deshuesar en sus pequeños negocios, aunque sólo trabajen con osamentas sanas. 
Los agricultores ya han aceptado hacer grandes esfuerzos para garantizar la calidad, el etiquetado y la capacidad de seguimiento de las especificaciones de los productos, esfuerzos que todavía no se han visto recompensados. 
Efectivamente, los grandes distribuidores siguen dándole prioridad a las compras de productos de bajo precio, a riesgo de importar de países terceros. 
Si, como se dice, la sociedad se decanta por la calidad, debe ir de la mano de los ganaderos por esta vía. 
Ahora, ya es indispensable lanzar campañas de información para reanudar el diálogo y restaurar de una vez por todas la confianza entre consumidores y productores. 
Es una vía obligada para salir de una crisis que se eterniza. 
Queridos colegas, lo primero que tenemos que tener en mente al abrir esta tarde este debate, útil y necesario, sobre el seguimiento de la crisis bovina producida por la enfermedad de la EEB, es el desconcierto, la angustia, el sufrimiento, la ira de los ganaderos cuyos mercados, cuyos precios y cuya moral se han visto simultáneamente afectados por un verdadero terremoto que ha puesto patas arriba su universo, arruinando grandes esfuerzos de selección y de saber hacer, y que ha suscitado una desconfianza de los consumidores que los ganaderos consideran particularmente injusta. 
Señora Presidenta, usted sabe que en numerosas regiones agrícolas se asiste con preocupación a la deserción de un alto número de ganaderos, todavía jóvenes, que se ven obligados a abandonar su actividad por no poder seguir afrontando las consecuencias de una crisis cuya responsabilidad no les corresponde. 
En algunos casos incluso, su desesperación les empuja a cometer actos violentos, que pueden llegar hasta el suicidio. 
Hoy, la Comisión, que tan tarde y tan mal ha reaccionado ante los indicios de esta crisis, negándola en un primer momento, y minimizándola después, tiende, sin duda para enmendarse, a prolongarla superponiendo baterías de medidas que mantienen a los consumidores preocupados, corren el riesgo de tener efectos desestabilizadores en los mercados, y encarecen los costes de transformación de la rama de actividad. Además, se muestra más generosa en el campo de la reglamentación que en el de la financiación. 
Así, el programa europeo de tests de la trembladera empieza a aplicarse este mes. 
¿Es esto oportuno, considerando que cada test cuesta tan caro como un esqueleto de cordero, y que actualmente no es capaz de diferenciar el prión patógeno de la trembladera, inofensivo para el hombre, del prión patógeno de la EEB, transmisible al hombre? 
Por otra parte, se reanudan las importaciones de carne argentina. 
¿Es el momento más adecuado, teniendo en cuenta que ciertas provincias de ese país están infectadas por la fiebre aftosa? 
Por añadidura, el programa de compras especiales creado por la Comisión está a punto de ser abolido el próximo 31 de marzo, y, según la Agenda 2000, el mecanismo de intervención de la carne bovina debería desaparecer el 30 de junio de 2002. 
Le pido a la Comisión que anuncie claramente que estos plazos serán ampliados, porque, para la actividad bovina, mantener estos recortes sería como cortarle el oxígeno a un enfermo en fase de reanimación. 
Por el contrario, consideramos que en este momento, en que la epidemia de EEB se encuentra en fases muy distintas en cada uno de los Estados miembros, lo que da mejores resultados es la vigilancia de estos últimos. 
En las Islas Británicas, de dónde es originaria la enfermedad, y dónde se han verificado el 99 % de los casos clínicos, las medidas, que ciertamente se han adoptado demasiado tarde, y que se han aplicado eficazmente más tarde todavía, empiezan ahora a dar fruto. 
El número de casos de EEB disminuye regularmente un 40 % cada año, situándose por debajo de 1.000 el año pasado, mientras que en 1992 existían 36.000 casos. 
En Francia, dónde la epidemia es más reciente, y dónde la prevención sistemática que se lleva a cabo desde hace dieciocho meses provocó al principio un aparente incremento del número de casos, la caída es significativa desde finales del año 2000. 
Los demás países afectados tienen una tasa de incidencia más baja y también parecen dominar la situación. 
Ahora, como ustedes saben, le toca a Japón estar infectado por la epizootia que hemos sufrido. 
Por tanto, en Europa, lo que hay que hacer ahora es dejar que las autoridades de los Estados miembros hagan su trabajo para que los ganaderos recuperen la confianza plena de los consumidores, que actúen con determinación y no dejen de hacer dentro de la Unión los esfuerzos necesarios para alcanzar una verdadera capacidad de seguimiento de las especificaciones de los productos. 
Así, a propósito del mantenimiento del embargo francés sobre los animales y las carnes británicas, el Tribunal Europeo de Luxemburgo- hay que leer el fallo completo- ha reconocido que, de hecho, estaba en gran medida justificado, debido a una posibilidad de seguimiento de las especificaciones de los productos todavía insuficientemente fiable en las actividades ganaderas de ese país. 
Es igualmente imperativo llevar de verdad a la práctica las mismas exigencias de calidad y de seguridad por medio de controles sistemáticos y rigurosos, y ofrecer a los consumidores idénticas garantías para las carnes importadas de países terceros que para las carnes comunitarias. 
El punto 25 del proyecto de resolución que nos ha sido presentado insiste oportunamente en la relevancia de esta cuestión, subrayando la responsabilidad que le corresponde a la Comisión. Esta debe asegurarse de que las disposiciones de protección aplicables a los productos comunitarios se aplican igualmente a las importaciones originarias de países terceros, sobre todo en cuanto a los tests de detección precoz de la EEB, la prohibición de las harinas animales y la retirada de los materiales de riesgo especificados. 
Además, la Comisión debe rendirnos cuentas de los resultados de sus controles, al igual que lo hace con los Estados miembros. 
En definitiva, Señora Presidenta, la confianza de los consumidores, que es indispensable para que nuestros ganaderos recuperen la esperanza, no se restablecerá totalmente hasta que los consumidores se den cuenta de que, en la Unión Europea, la protección de la salud pública está por encima del dogma del libre-cambio. 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, en primer lugar deseo aplaudir al Sr. Olsson por su trabajo y por la receptividad que ha mostrado al incorporar en su informe cuantas sugerencias ha recibido de todos nosotros. 
La exposición de motivos de este informe constituye realmente una síntesis perfecta de lo que ha sido el problema de la EEB desde que comenzó en el Reino Unido en los años ochenta. 
180 000 reses contagiadas en Gran Bretaña y 1 325 en el resto de Europa hasta el año 2000, además de los 101 casos humanos de la nueva variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob han puesto en entredicho la alimentación animal y han demostrado la importancia nada inocua que esta alimentación tiene en la cadena alimentaria. 
Hoy, afortunadamente, tenemos que congratularnos de los avances científicos realizados al descubrir la etiología de la enfermedad y de los esfuerzos que se están haciendo por parte de la Comisión y de los Estados miembros para erradicarla de una vez por todas. 
Pero aún quedan flecos para completar estas investigaciones y poder así aplicar las medidas estrictamente necesarias, porque las medidas que se han aplicado son extremadamente costosas para las arcas públicas y privadas y por ello no debemos exigir nada superfluo, aunque exigir y pedir es gratis. 
En consecuencia, tengo que defender que, mientras no haya pruebas científicas que lo avalen, no deberíamos pedir gratuitamente ni rebajar la edad de las pruebas obligatorias, ni que se amplíe la lista de materiales de riesgo. 
Otra cosa bien distinta sería si los científicos veterinarios recomendasen hacerlo, pero, hoy por hoy, no lo han hecho. 
En cuanto a la conclusión nº 27, que pide una reforma de la PAC para atajar este problema, quisiera decir que la PAC es algo más que la seguridad alimentaria y que dicha seguridad es lo suficientemente compleja como para ser abordada desde la reforma de la PAC. 
Así lo ha entendido muy bien la Comisión y de ahí el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria, la autoridad alimentaria europea y toda la legislación de higiene de alimentos y alimentación animal que estamos revisando en este período legislativo. 
Éste es el marco en el que se establecen las acciones técnicas y reglamentarias a desarrollar para que se garantice así la seguridad alimentaria en toda la cadena de producción de alimentos y no en la PAC, aunque colateralmente pueda afectar a algunos aspectos de la PAC. 
Finalmente, pensemos que, como bien se ha dicho varias veces, si la crisis no se ha atajado antes, no ha sido por falta de investigaciones, estudios o normas de obligado cumplimiento. 
Ha sido por una falta de aplicación de las normas y por un fallo de los controles pertinentes para su aplicación. 
Ahí es donde hay que incidir en el futuro. 
¿Cómo es posible que después de tantas medidas durísimas aún sigamos padeciendo la EEB? 
El desconocimiento del período de incubación ha supuesto que las medidas adoptadas solo sean efectivas a largo plazo. 
Por este motivo sigue siendo posible que aparezcan nuevos casos de la grave enfermedad de Creutzfeld-Jacob contra la cual aún no podemos hacer nada. 
Debemos ser muy sinceros en este aspecto. 
Por otra parte, también podemos decir que la eliminación obligatoria de los materiales específicos de riesgo constituye una garantía de que el portador de la enfermedad ya no entrará en la cadena alimenticia. 
Una vez que se ha prohibido la alimentación con harinas animales y de huesos, espero que disminuya a largo plazo el número de terneros contagiados con la EEB. 
Espero que, en un momento dado, las pruebas demuestren que hemos vuelto a los niveles anteriores a la crisis de la EEB, es decir: un par de casos al año. 
Lamentablemente, la realización de las pruebas de la EEB tiene un efecto secundario desastroso. 
Si se detecta que una vaca está contagiada, se sacrifica a todo el rebaño. Esto no tiene sentido. 
¡La EEB no es como la fiebre aftosa! 
El contagio se produce a través de los alimentos y se transmite por vía congénita, por lo que se deben analizar los cohortes de nacimiento y alimenticios dejando al margen los animales con los que haya compartido establo. 
Es una irresponsabilidad sacrificar animales sanos aplicando un criterio falso de confianza de los consumidores. 
Señora Presidenta, hemos actuado en contra de la creación divina convirtiendo rumiantes en caníbales. 
No podemos ocular nuestras carencias con medidas inútiles. 
Si lo hacemos, volveremos a entrometernos en la creación divina sacrificando y destruyendo animales sin necesidad alguna. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, con el informe Olsson el Parlamento Europeo no sólo expone su opinión sobre la situación actual de la EEB sino que con él proyectamos nuestra mirada especialmente hacia el futuro. 
Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de los alimentos pero no lo alcanzaremos mientras nuestros conocimientos sobre esta enfermedad no sean completos. 
Apoyo por ello en especial la exigencia de que la Comisión debe poner a disposición los necesarios recursos para proseguir la investigación de las enfermedades TSE. 
Tenemos que saber más sobre estas enfermedades y epidemias hasta ahora desconocidas para poder combatirlas más efectivamente. 
La histeria en la sociedad va cediendo en especial en Alemania. 
Las personas comen de nuevo carne y compran de nuevo barato. 
Hay que aclarar quién debe correr con los costes en la Unión Europea por los dispendios adicionales, como pruebas e investigaciones. 
Las condiciones tienen que ser iguales en los Estados miembros. 
Asimismo debemos prestar atención a la aplicación por igual de las normas en todos los Estados miembros. 
Se deben aplicar estrictamente las normas del Reglamento TSE y en caso de no aplicación o de fraude se deben imponer penas duras. 
Esto es aplicable a la producción de alimentos para animales así como a los ensayos, a las normas sobre el sacrificio de animales y a la eliminación del material de riesgo. 
Los alimentos para animales siguen en el punto de mira de las críticas y esto seguirá igual hasta que exista publicidad y podamos garantizar mediante controles que en los alimentos sólo encuentra lo que allí figura. 
No se puede admitir a la larga que por miedo ante el fraude y por un tratamiento inadecuado, destruyamos materiales valiosos y que, por otro lado, importemos materiales o alimentos para animales, por ejemplo, de ultramar, sobre los que no tenemos ninguna influencia en su producción y composición. 
Por ello, para mí tiene que encontrarse muy en primer plano el esfuerzo por lograr publicidad, control y veracidad. Sólo así lograremos ganar credibilidad y confianza. 
Hasta entonces deberá aplicarse la prohibición de alimentar con carne y harinas de huesos a los omnívoros. 
De ello se deduce que la Comisión tiene que desarrollar urgentemente métodos innovadores de eliminación y reutilización de materiales como, por ejemplo, la producción de diesel biológico con sebos o grasas. 
Al menos hay que dejar claro que hay que tratar los residuos de las matanzas que no se utilizan, las aguas residuales, las grasas y sebos. 
Con ese informe queremos aguzar los sentidos e instar a los Estados miembros para que no cejen en sus esfuerzos para dominar esta enfermedad. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar felicitando al ponente, Sr. Olsson, por su excelente trabajo en la elaboración del presente informe. 
Como agricultor y antiguo ganadero de reses, puedo testificar sobre el daño y la destrucción sistemática que ha provocado la EEB- no sólo en el sector de la carne de vacuno de mi país, sino también de otros Estados miembros por toda la Unión. 
Por ello acojo con satisfacción los esfuerzos del ponente en la lucha contra la EEB. 
Es un azote que debemos vencer en toda Europa. 
Acojo favorablemente cualquier medida encaminada a intensificar los esfuerzos ya realizados por el Reino Unido y por la Comisión para erradicar la EEB. 
No obstante, el informe plantea también cuestiones graves que necesitan solución si queremos mantener los esfuerzos encaminados a mejorar la seguridad alimentaria. 
En primer lugar, no creo que la política de destrucción de toda la cabaña tenga un fundamento científico que justifique su adopción. 
La EEB no es una enfermedad contagiosa y no se propaga entre el ganado. 
Como hemos visto con la fiebre aftosa, de nada sirve adoptar el enfoque de la escopeta para controlar la enfermedad y la política de sacrificio masivo para restablecer la confianza del consumidor; eso sólo sirve para extender aún más la inquietud. 
De hecho, si un agricultor debe perder todas sus reses por un único caso de EEB, puede que sea más reacio a declarar el animal infectado y proceda a su enterramiento. 
Le pido al Comisario Byrne que revise toda la política de sacrificio relacionada con la EEB en la UE. 
En segundo lugar, recientemente se han dado casos preocupantes en el Reino Unido de reses importadas ilegalmente de Irlanda, en incumplimiento de las estrictas normas en vigor en el Reino Unido. 
En el Reino Unido hemos implantado un plan que prohíbe que la carne de animales de más de 30 meses entre en la cadena alimentaria. 
En un caso reciente, carne de vacuno de más de 30 meses procedente de una explotación en Cork fue enviada por barco para su tratamiento y posteriormente puesta a la venta en el Reino Unido. 
Es un testimonio de que los rígidos y estrictos controles que existen en mi país permitieron descubrir esta infracción en particular con tanta rapidez y eficacia. 
Pero pido a la Comisión y a otros Estados miembros que garanticen que sus respectivas autoridades se mantienen vigilantes contra este peligroso comercio. 
Por último, se han dado demasiados casos de exportaciones al Reino Unido de carne que contenía materiales especificados de riesgo. 
El creciente número de casos y el hecho de que dichas exportaciones provinieran de tantos Estados miembros- Alemania, los Países Bajos, Bélgica, España e Irlanda, por nombrar sólo algunos- debe ser motivo de gran preocupación para todos nosotros. 
No estoy intentando de ninguna manera repartir las culpas, pero si deseamos que el sector agrícola- en particular el sector de la carne de vacuno- prospere en Europa, todos debemos cargar con la responsabilidad de que se cumplan las normas. 
Lo que estoy pidiendo es voluntad de recuperación y ardor en la aplicación de las normativas de la UE y de los estrictos controles en vigor, y que todos trabajemos unidos para mejorar los regímenes de control en todos los Estados miembros. 
Pido a la Comisión que adopte una actitud más firme respecto al cumplimiento de esta normativa. 
En el Reino Unido hemos descubierto que la única manera de reconstruir el sector de la carne de vacuno es restableciendo la confianza de los consumidores. 
Sólo lo conseguiremos garantizando al público un producto seguro en el que pueda confiar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la salud pública y la seguridad de los alimentos son los temas centrales del presente informe. 
La alimentación de los animales con harinas o grasas animales infectadas sigue siendo la causa principal de la EEB. 
Ante las negativas experiencias tenidas con el cumplimiento de la prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas animales, es irresponsable pensar actualmente sobre el levantamiento de la prohibición general en la UE de dichas harinas. 
Además, esto sería incomprensible para todos los consumidores. 
Hay que destruir sin demora todas las reservas de harinas animales almacenadas así como los alimentos que contienen harinas animales para evitar en el futuro también las contaminaciones cruzadas en los alimentos animales. 
En este contexto, representan un peligro especial también las harinas en parte infectadas que están almacenadas aún en otros países. 
Cantidades mínimas de este material son suficientes para provocar infecciones. 
Este es un motivo más para rechazar el levantamiento de la prohibición en la UE. 
Un sistema estricto de control en los Estados miembros es sin duda condición previa para garantizar la seguridad de personas y animales. 
Saludo la disposición obligatoria de llevar a cabo pruebas eficaces sobre la EEB en todos los Estados miembros así como la reducción de la edad de los animales que deben ser sometidos a control a los 24 meses. 
Además, la Comisión tiene que pronunciarse a favor de la ejecución exacta de la declaración pública de todos los componentes de los alimentos animales en todos los Estados. 
Paralelamente a ello, en los Estados de la Europa Central y Oriental se tienen que crear antes de la adhesión unos sistemas eficaces para supervisar la seguridad de los alimentos humanos y animales. 
Especialmente urgente es la renovación de los mataderos para que se pueda garantizar sin demora la eliminación de los materiales de riesgo de conformidad con las directrices europeas. 
Los alimentos importados tienen que ser tan seguros como los producidos en la Unión Europea. 
Por ello, en los países no pertenecientes a la UE se tienen que prescribir de modo obligatorio ya ahora pruebas de EEB. 
La seguridad de los alimentos, inclusive los importados, es condición previa fundamental para los consumidores que quieren alimentarse sanamente. 
Nosotros tenemos que lograr que sea así. 
Señora Presidenta, en la pasada legislatura fue sobre todo la Comisión de Agricultura la que se ocupó de esta cuestión, mientras que ahora lo hace la Comisión de Medio Ambiente. 
Es justo que sea así, porque en esta tragedia- una tragedia idéntica para todos- de hecho, hay dos víctimas también iguales: los consumidores y los ganaderos. 
Recordamos las largas horas de debate, las inspecciones, las supervisiones efectuadas primero durante los trabajos de la comisión de investigación y después durante los de la comisión de control sobre la comisión de investigación, creada porque el Parlamento no se fiaba siquiera de las indicaciones facilitadas por la Comisión, ya que resultaba ser gravemente insolvente en muchos de sus sectores. 
Hoy, respecto a entonces, sabemos algo más, porque también el mundo científico ha dado algunas respuestas facilitando aclaraciones sobre los principales interrogantes. 
Hoy descubrimos que quien ha fallado en este dramático suceso es sobre todo el Estado, es la política. 
En definitiva, hay algunos Estados miembros que, durante los pasados dos años, parece que han bajado la guardia en la aplicación de las normas de precaución y, sobre todo, de las prohibiciones. 
Otros, en cambio, parece que han tomado una vez más, como en el pasado, el camino del silencio, quizás en el culpable intento de esconder, de minimizar los efectos de esta tragedia o, cuando menos, del problema. 
Ya en el pasado, esta actitud de escasa transparencia perjudicó muy gravemente a los ganaderos, pues fueron víctimas de las sospechas, de la desconfianza y del desaliento de los consumidores. 
Por esto, considero que la parte más importante del informe Olsson es precisamente el fuerte llamamiento a los Gobiernos para que apliquen hasta el fondo las normas y devuelvan, en consecuencia, la confianza a los ciudadanos, ya se trate de consumidores o ganaderos, a través de una adecuada campaña de información, pero sobre todo prestando un adecuado respaldo también a aquellos que se ven afectados directamente por la tragedia, es decir, los ganaderos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, creo que es algo incuestionado que la salud pública y la seguridad de los alimentos son para todos nosotros un tema muy importante, tanto para los productores como para los consumidores. 
Todos hablamos de una protección preventiva del consumidor. 
Sin embargo, opino que como políticos no tenemos el encargo de azuzar aún más las discusiones emocionales que surgen aquí y allá en relación con el tratamiento a dar a la crisis de la EEB. 
Yo, por mi parte, no voy a contribuir en este tema de la EEB a ir en el debate por detrás del espíritu actual de los tiempos. 
Estoy a favor de controles estrictos en toda la cadena de producción de alimentos, precisamente ante los actuales acontecimientos de Alemania. 
También necesitamos las sanciones más estrictas en caso de violaciones. 
Entretanto estoy a favor de realizar pruebas de EEB a todos los animales a partir de los 24 meses. 
¿Cuándo podemos esperar realmente unos datos vinculantes de la ciencia respecto al tema de la patología de los animales aislados? 
Pues si se revelase así, creo que nos podríamos despedir lo más rápidamente posible del sacrificio de la totalidad de la cabaña animal mediante el mazazo. 
La vía del sacrificio de cohortes es hasta entonces sólo una alternativa. 
Por mucho motivos, en los próximos tiempos va a seguir estando prohibida la alimentación de omnívoros con carne y harinas animales. 
Mientras no se introduzca vinculantemente la obligación de publicidad de los alimentos animales y mientras no se pueda llevar a cabo de un modo seguro el tratamiento de los residuos del sacrificio de animales sanos, mantendremos sin duda la prohibición actual de alimentación con harinas animales. 
Sin embargo, menciono la formulación en el informe del Sr. Olsson: él dice también "en los próximos tiempos". 
"En los próximos tiempos" significa par mí que quizás en el futuro exista para todos nosotros un camino mejor. 
Para finalizar, permítanme decir que podemos explicar fácilmente a cualquier consumidor crítico que una carne sana en un hueso sano es parte de una buena alimentación. 
Por el contrario, el hueso sano transformado en harina animal representa por lo visto un peligro para los omnívoros. 
Que entienda esto quien quiera. 
Podría proseguir con una innumerable lista de ejemplos. 
Soy de la opinión de que como responsables políticos debemos retornar a un debate más objetivo. 
Señora Presidenta, seguimos sabiendo bastante poco sobre la EEB, enfermedad que ha conmocionado el sector agropecuario de toda Europa. 
Necesitamos urgentemente nuevas investigaciones sobre el origen y los mecanismos de contagio de la enfermedad. 
Todavía no tenemos evidencias fiables de la calidad de las pruebas de detección. 
La exigencia de rebajar la edad de aplicación las pruebas de treinta a veinticuatro meses no tiene ninguna relevancia. 
La mayoría de casos de animales enfermos siguen siendo detectados visualmente, una vez que el animal empieza a comportarse de forma extraña. 
Hay que investigar la posible relación entre la alimentación de los terneros y la EEB. 
Aún no han sido aclaradas las causas de los casos particulares de EEB aparecidos últimamente. 
No obstante, conviene apoyar la destrucción de las existencias de harinas de hueso y sebo. 
No debemos permitir ni por asomo que la enfermedad se contagie a través de piensos contaminados. 
Hay que indicar con todo detalle la composición de los piensos destinados a la alimentación animal; a la hora de comprar los piensos, los ganaderos responsables deben estar en condiciones de elegir el producto adecuado sobre la base de una información fiable. 
Hay que garantizar el bienestar y la salud de los animales. 
Durante el proceso de la ampliación, no deben concederse períodos transitorios a los nuevos Estados miembros en lo que concierne a la higiene, calidad y declaración abierta de los alimentos, dado que los nuevos Estado miembros se integrarán en un mercado interior auténtico. 
Debemos apoyar a los países candidatos en la prevención de los riesgos de la EEB mediante ayudas económicas y asistencia técnica. 
Hay que garantizar la aplicación de esas medidas también después de la ampliación. 
Durante el último año se han hecho muchas cosas para erradicar la EEB y se han obtenido resultados como, por ejemplo, la paulatina recuperación de la confianza de los consumidores en la carne de vaca. 
Por el momento, aún conviene mantener la cabeza fría, reforzar las medidas ya existentes y esperar los resultados de las nuevas investigaciones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, quiero felicitar al Sr. Olsson por su buen y crítico informe que revela sin duda algunos puntos difíciles. 
Nuestro deseo básico común es lograr la mayor seguridad posible para nuestros alimentos sin ningún género de concesiones, pero nuestros alimentos deben además ser bonitos y saber bien. 
Para producir esos alimentos necesitamos agricultores, agricultura y economía de la alimentación. 
Aún sigue siendo así. 
Esta realidad nos proporciona el marco en el que trabajamos con este informe por propia iniciativa. 
El informe muestra con razón una serie de defectos. 
El más grave es la considerable diferencia existente en la ejecución de las normas jurídicas comunitarias, lo que imposibilita naturalmente un nivel de protección común. 
Creo que aquí la Comisión tiene que intervenir. 
Hay que hacer todo lo posible para que se respete el principio de prevención. 
Lo importante que son controles responsables se revela precisamente estos días en Baviera y en Renania Palatinado. 
Hay que aplicar las sanciones más estrictas a las violaciones de las normas vinculantes. 
Pero allí donde hasta hoy no existe ninguna base científica aconsejo que analicemos las cosas de un modo más precavido. 
No puedo por ello apoyar los siguientes puntos: introducir pruebas de EEB en el futuro ya a partir de los 24 meses, la prohibición de dar como alimentación restos de comida aunque éstos hayan sido tratados según los actuales conocimientos científicos. 
También rechazo el sacrifico de la totalidad de los animales en caso de que surja un caso de EEB. 
Una seguridad global de los alimentos precisa urgentemente de más investigación. 
Necesitamos agricultores bien formados y motivados, pero muy importante es que sean reconocidos por la sociedad y esos agricultores necesitan un precio justo por sus productos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo también quiero felicitar primero al Sr. Olsson por haberse hecho cargo de este difícil trabajo de elaborar este informe. 
Desde la aparición del primer caso de EEB, el Parlamento Europeo siempre ha observado y debatido muy exactamente sobre las medidas que se deben aplicar en el ámbito nacional para superar la crisis. 
Precisamente para nosotros, los agricultores en toda Europa, es importante que se adopten todas las medidas para evitar en el futuro crisis en los alimentos. 
El principio de prevención, tal como ya han dicho muchos de mis colegas, se debe respetar y se deben tener en cuenta los conocimientos médicos más recientes. 
Una dificultad es sobre todo la considerable diferencia entre los Estados miembros en la ejecución de las normas de la UE y la falta parcial de datos sobre cómo y hasta qué punto se llevan a la práctica las normas jurídicas comunitarias. 
Pero sobre todo se deben aplicar medidas mucho más severas- y aquí creo que muchos coinciden conmigo- en caso de violación de las normas, incluso llegando a la retirada del material de riesgo. 
No creo que sea adecuado reducir obligatoriamente en toda la UE la edad de prueba a los 24 meses. 
Creo que esto ocasionaría unos costes injustificados. 
Para obtener datos seguros, la edad de prueba debe seguir en los 30 meses. 
Apoyo por ello aquellas enmiendas que así lo prevén. 
La mayor protección la sigue ofreciendo un sacrificio correcto y la retirada del material de riesgo, como ya he dicho antes. 
Me permito exponer otro punto: quiero indicar que la política agraria común tiene sin duda ya actualmente en cuenta el objetivo de la seguridad en los alimentos. 
Lo que en mi opinión no está necesariamente relacionado con el tratamiento de la EEB es el tratamiento de restos de comidas. 
Tal como sabemos, la crisis de la EEB se desató porque se fabricaron harinas animales inadecuadamente suministrándoselas a rumiantes. 
La problemática de la reutilización debería tratarse en otro informe. 
Una segunda consideración es que debemos recapacitar realmente que la temática de los animales omnívoros debe tratarse también en otro lugar, en un informe propio y no en éste que solamente afecta al tema de la EEB de los rumiantes. 
. (EN) Señora Presidenta, me he sentido muy alentado por las recomendaciones que contiene el informe del Sr. Olsson y por su apoyo al planteamiento de la Comisión en esta empresa. 
Su amplia experiencia en este ámbito queda de manifiesto en los detalles y la alta calidad del informe, y le doy las gracias por ello. 
El tiempo de que dispongo es demasiado corto para hablar de las recomendaciones que la Comisión puede apoyar. 
Por ello, quisiera centrarme en las recomendaciones en las que discrepamos o en las que parece existir diferencias en el seno del propio Parlamento. 
La recomendación de reducir la edad de la prueba en bovinos a 24 meses es un ejemplo de dichas diferencias. 
El año pasado se realizaron casi ocho millones de pruebas en animales sanos de más de 30 meses de edad. 
De estos animales, el caso más joven que dio positivo tenía 41 meses. 
Esto apunta a que no existe la necesidad inmediata de reducir el límite de edad actualmente en vigor. 
No obstante, la situación seguirá en estudio. 
Otra cuestión en la que existe cierta confusión es la relativa a la acción de la Comisión en aquellos casos en que los propios Estados miembros no apliquen fielmente las medidas sobre la EEB. 
He declarado públicamente en reiteradas ocasiones que los mecanismos de ejecución en vigor, a saber, los procedimientos de infracción, no son suficientemente efectivos. 
La Comisión tiene intención de presentar en breve una propuesta al Consejo y al Parlamento sobre controles de la alimentación y de la alimentación animal. 
Esta propuesta revisará fundamentalmente los sistemas de control de los Estados miembros. 
De paso propondrá también medidas mucho más estrictas, incluidas sanciones más duras, a las que muchos de ustedes han hecho referencia porque se incluyen en el informe del Sr. Olsson. 
En este contexto, estamos estudiando la posibilidad de imponer sanciones financieras en caso de fraude o de fallos graves en el funcionamiento del sistema de control nacional. 
La incidencia de EEB en la Comunidad tiene varias lecturas. 
El número total de casos en 2001, sin contar el Reino Unido, se encuentra probablemente en la franja de los 1.000 casos. 
Este número es más o menos el doble de los 482 casos registrados en 2000. 
No obstante, este aumento ha sido, en su mayor parte, la consecuencias de la realización generalizada de pruebas en animales sanos y de riesgo utilizando el sistema de prueba rápida de que disponemos últimamente. 
Asimismo, francamente, algunos Estados miembros que anteriormente no realizaban controles rigurosos de la EEB, ahora han aprendido la lección y han intensificado sus esfuerzos de seguimiento. 
No obstante, aún existe margen para seguir mejorando en el ámbito de la aplicación, como resaltan firmemente los informes de la OAV. 
Otra dificultad persistente es el problema que encuentran los Estados miembros para hacer frente al enorme volumen de carne y harina de huesos que deben destruir. 
La Comisión ha recordado insistentemente a los Estados miembros su obligación de respetar el Derecho comunitario en este sentido, y quisiera hacer referencia a varias intervenciones de sus Señorías sobre esta cuestión y llamar su atención sobre el hecho de que existe legislación en vigor relativa a este problema que los Estados miembros tienen la obligación de cumplir. 
Por último, la incertidumbre acerca de la posible presencia de EEB en el ganado ovino es también motivo de preocupación, y numerosos oradores se han referido a ello. 
La semana pasada se tomó la decisión de incrementar sustancialmente el nivel de pruebas de EET en ovejas. 
Esta medida proporcionará una imagen mucho fiel del problema en potencia al que se enfrentaría la Comunidad si la presencia de EEB en condiciones naturales llega a confirmarse alguna vez en el ganado ovino. 
Por este motivo, acojo con gran satisfacción esta oportunidad de responder a la iniciativa del Parlamento contenida en el informe. 
Sólo ha pasado poco más de un año desde que despuntó la última crisis. 
Entretanto, hemos avanzado mucho. 
A estas alturas, me gustaría resumir las medidas más importantes que han entrado en vigor. 
En primer lugar, se ha suspendido la utilización de carne y harina de huesos en piensos para animales. 
Todos los animales sanos de más de 30 meses y los animales de riesgo o que hayan fallecido de más de 24 meses han sido sometidos a la prueba de la EEB. 
Hemos ampliado la lista de MER, en especial, para incluir la columna vertebral y todos los intestinos del ganado bovino, y hemos prohibido la recuperación mecánica de carne de los huesos de rumiantes. 
Asimismo ha habido avances muy importantes en el frente legislativo. 
El Reglamento nº 999/2001 sobre las EET se aprobó por fin y entró en vigor el 1 de julio de 2001. 
También ha habido excelentes avances en la propuesta sobre subproductos animales, con la cuestión de cómo hacer frente a la eliminación de residuos como el principal obstáculo para llegar al acuerdo final. 
También el acuerdo sobre el régimen de declaración abierta sobre alimentación animal y sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria también reforzarán enormemente el marco general en relación con las EET. 
Pasando a las importaciones de terceros países, ya existe una amplia serie de medidas en vigor en virtud del Reglamento sobre las EET y sus medidas de ejecución. 
La FAO ha emprendido una serie de misiones de control en los países candidatos durante estas últimas semanas y meses. 
Argentina, Brasil y Uruguay también recibirán en breve su visita. 
Los informes sobre estas misiones comienzan a llegar con abundancia. 
Parece ser que aunque ha habido algunos progresos, serán necesarios importantes esfuerzos adicionales para conseguir al pleno cumplimiento en dichos países. 
Me preocupa mucho la posibilidad de que cometan los mismos errores que los Estados miembros en su tratamiento del problema de la EEB. 
La Comisión hará un llamamiento a los países afectados para que adopten medidas correctivas urgentes. 
Asimismo, tengo intención de plantear la cuestión en la reunión del Consejo de Agricultura con los países candidatos previsto para el mes próximo. 
Permítanme terminar reiterando mi agradecimiento al Sr. Olsson por su informe. 
Quiero asegurar al Parlamento que la Comisión se mantiene muy atenta las EET. 
Insisto en que no habrá autocomplacencia. 
Sé que el Parlamento seguirá vigilando de cerca- como es lógico- la erradicación de esta enfermedad. 
Sus Señorías han hecho varias observaciones a las que me gustaría hacer referencia. 
En el Reino Unido se están examinando actualmente todos los bovinos nacidos entre agosto de 1996- fecha de la prohibición de las harinas animales- y finales de 1997. 
El animal más joven que ha dado positivo en la prueba tenía 41 meses. 
Esto de un total de ocho millones de pruebas realizadas en animales sanos. 
Debo hacer hincapié en que no nos planteamos levantar jamás la prohibición de alimentar a rumiantes con carne y harinas animales. 
Dicha prohibición está en vigor y permanecerá en vigor. 
Respecto a esta cuestión no hay nada que debatir. 
Gracias, señor Comisario. 
. (SV) Señora Presidenta, en primer lugar daré las gracias al Comisario Byrne. 
Me alegra mucho que haya contestado tan claramente mi pregunta sobre las sanciones y que haya dicho que la Comisión se está preocupando del asunto. 
Me satisface que el Parlamento vaya a decidir sobre la propuesta de la Comisión respecto a la mejor manera de enfrentar estos problemas. 
Entiendo que estamos ante un gran avance, en esta materia en especial y, en general, respecto al control alimentario. 
También puedo decir al Comisario que comparto su opinión sobre la propuesta de reducir a 24 meses la edad de los animales que se examinan en relación con la EEB. 
No es una propuesta mía, sino que proviene de otro sitio. 
Por eso intentaré que esta propuesta sea rechazada mañana por las mismas razones que adujo el Comisario. 
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a mis colegas por sus amables palabras. 
Ha sido interesante trabajar en la redacción de este informe. 
Sin embargo, antes de terminar quisiera subrayar que no ha pasado el peligro. 
Como hemos visto durante 2001, se han descubierto nuevos casos en muchos países, no sólo en la UE, sino también los países candidatos, en Eslovenia y Eslovaquia, y en Japón. 
La EEB todavía es un problema. 
Comparto la opinión del Sr. Whitehead respecto a la investigación de EEB que se hizo con cerebros de vacas en lugar de cerebros de ovejas. 
Esto significa que lo único que sabemos en muchas de estas situaciones es que no sabemos nada, o que sabemos muy poco. 
Por eso se necesitan más estudios científicos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Cambio climático 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0025/2002) del Sr. Moreiro da Silva, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y la ejecución conjunta de los compromisos que de él se derivan (COM (2001) 579- C5-0019/2002- 2001/0248 (CNS) ). 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, hace diez años, desde la Conferencia de Río de Janeiro, esperábamos este momento. 
Es verdad que la ausencia de los Estados Unidos vuelve el Protocolo de Kyoto menos amplio de lo que sería de desear. 
También es verdad que el protocolo es menos ambicioso que el inicialmente concebido. 
Ahora bien, la opción substitutiva de este pequeño paso era incomparablemente peor: sin el acuerdo político alcanzado en Marraquesh tendríamos que perder más de diez años en negociaciones para la formulación de un nuevo Protocolo. 
Así, pues, mañana aprobaremos con satisfacción el Protocolo de Kyoto y esperamos que pueda entrar en vigor este año. 
Con todo, hay un asunto, sobre la decisión del Consejo, que me preocupa. 
Me refiero a la alegada voluntad de Dinamarca de replantear los debates sobre el acuerdo de reparto de la cargas aprobado en 1998. 
Esa renegociación es injustificable, es inaceptable y cubriría de ridículo la posición internacional de la Unión Europea. 
Recuérdese que hace muy poco nos opusimos a la pretensión de Rusia de hacer exactamente lo mismo. 
Pero, además de este mensaje medioambiental que nos interpela a todos para actuar, la aprobación del Protocolo de Kyoto envía también otras señales políticas que conviene destacar. 
En primer lugar, ha demostrado que es posible regular la mundialización. 
En segundo lugar, la Unión Europea ha demostrado capacidad de dirección y, en este caso particular, quiero felicitar a la Comisaria Margot Wällstrom por el notable ejercicio de su dirección. 
En tercer lugar, ha originado un nuevo paradigma económico, la economía del carbono. 
A partir de ahora la tonelada de carbono tendrá una cotización en el mercado y las emisiones de dióxido de carbono representarán un costo que repercutir en el precio de todos lo productos. 
Quien sea capaz de producir lo mismo recurriendo a tecnologías más limpias vencerá. 
Hecho el balance, hablemos del futuro. 
Es verdad que la Unión Europea ya redujo en un cuatro por ciento entre 1990 y 1999 sus emisiones de gases con efecto de invernadero. 
Ahora bien, la ejecutoria de la gran mayoría de los Estados miembros deja aún mucho que desear y existen sectores para los cuales la situación es muy preocupante, como el de los transportes, donde se prevé que las emisiones lleguen a aumentar hasta el 50 por ciento en los diez próximos años. 
En ese marco son de aplaudir los instrumentos comunitarios que ha venido presentando la Comisión, en particular el Programa Europeo sobre el Cambio Climático y la Directiva relativa el comercio de derechos de emisión, sobre los cuales se pronunciará el Parlamento Europeo también en este semestre. 
Pero, conocida la estrategia comunitaria, ¿cuál debe ser el papel que deben desempeñar los Estados miembros? 
Creo que los Estados miembros no deben caer en la tentación fácil de poner en práctica sólo las medidas de reducción que representen simultáneamente bajos costos económicos y bajos costos políticos. 
En el fondo, se trataría de resolver el problema cortando emisiones en la industria y en el sector de la energía y sin tocar los transportes, ni la construcción de edificios. 
Esa opción sería medioambientalmente mendaz y económicamente irracional. 
Al evitar una política para algunos sectores, los Estados miembros no sólo se perderían la oportunidad de la transformación tecnológica, sino que, además, tendrían más adelante costos de reducción muy superiores. 
Por eso, la estrategia deberá consistir en la reorientación de las políticas económicas, internalizando los costos medioambientales del "efecto de invernadero" en todos los sectores económicos. 
Ahora bien, eso sólo será posible, si introducimos algunas medidas consideradas consensuales, como la producción de las energías renovables, la eficacia energética, los transportes públicos, a la par que medidas claramente impopulares como el fin de las subvenciones a la industria de combustibles fósiles y la tributación sobre la energía y las emisiones de dióxido de carbono en los sectores de los transportes. 
Termino agradeciendo la colaboración y el empeño de los ponentes en la sombra de todos los Grupos políticos. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente por la presentación del informe pero también por su compromiso en la protección del clima durante los últimos años. 
Asimismo quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión, en especial a la Sra. Comisaria Wallström, quien ha hecho todo lo posible para que podamos debatir ahora en concreto sobre la ratificación del protocolo de Kioto y que podamos ocuparnos ahora, gracias a Dios, del mismo. 
Mañana sólo podemos decir sí o no al protocolo de Kioto, pero el hecho de que tengamos la oportunidad de decir sí a una amplia obra contractual ha costado muchos trabajos. 
Expreso mi agradecimiento a todos los que han participado. 
El protocolo de Kioto ha sido criticado fuertemente y va a seguir siendo criticado. 
Últimamente- el ponente se ha referido a ello- se ha colocado de nuevo en el centro de las críticas el burden sharing. 
Digo con toda sinceridad que el burden sharing es merecedor de críticas y que tienen razón todos los que dicen que la distribución de las cargas es injusta. 
Nadie reduce tanto sino que todos los Estados miembros reducen demasiado poco. 
Los científicos nos dicen con toda claridad que si queremos detener el cambio climático, tenemos que reducir los gases de efecto invernadero en todo el mundo en un 50%. 
Y si partimos del hecho de que los países industrializados tienen que reducir más del 50% para que los países en vías de desarrollo tengan una oportunidad de lograr un cierto bienestar, esto revela la magnitud de la tarea y la pequeñez del debate entre los Estados miembros por este primer paso tan modesto. 
India produce una tonelada de CO2 por cápita de su población mientras que los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran por término medio en unas 10 toneladas. 
Ante este trasfondo, es grave que los Estados miembros de la UE puedan aumentar sus emisiones y que los Estados miembros como, por ejemplo, el Estado de donde yo provengo, que contaminan muchísimo, se quejen de que tengan que reducir ahora relativamente mucho. 
El protocolo de Kioto es sólo un primer paso al que tienen que seguir otros muchos. 
Por ello, no se debería debatir ahora cicateramente sobre los decimales sino perseguir enérgicamente una economía sostenible, cuidar los recursos y ahorrar energía. 
Señora Presidenta, a esta avanzada hora quisiera darle la bienvenida a la Sra. Comisaria. 
No puedo dejar de preguntarme si la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor siempre se reúne los martes por la noche en Estrasburgo o si se nos considera como una especie de "secta fundamentalista sospechosa" que se ubica siempre al final del orden del día. 
En ese caso sería bastante extraño, ya que nos ocupamos de una de las materias más importantes en el Parlamento, esto es, de los asuntos medioambientales. 
Pido a la Sra. Presidenta y a la Sra. Comisaria que averigüen si es posible cambiar este orden de cosas, es decir, si fuese posible, al menos algunas veces, elevar el rango de los temas medioambientales permitiendo su debate durante el día y no después que haya caído la noche. 
Había pensado comenzar mi intervención parodiando a un conservador muy conocido, un político sueco, que una vez dijo que él no sólo era de la provincia de Halland, sino que también europeo. 
Hoy podría decir que no soy sólo de Gotemburgo, sino que también europea. 
Estoy orgullosa de poder decir que el Parlamento ha concluido la tramitación del Protocolo de Kioto y que espero que el Consejo lo ratifique en marzo. 
Me enorgullece especialmente haber podido participar en la pequeña delegación que visitó EE.UU. la semana pasada. 
Allí pudimos discutir el cambio climático con representantes del Congreso norteamericano. 
Por la forma en que se trata el cambio climático en EE.UU, me parece que no solamente hay un océano físico entre los continentes, sino también uno mental. 
Es cierto que este tema ha sido reconocido como problema, ya que los propios científicos norteamericanos han comprobado que es un problema. 
Sin embargo, piensan que la solución a este problema debe encontrarse en EE.UU. Esto es lo que más nos separa. 
EE.UU. considera que una amenaza medioambiental mundial es un problema nacional que sólo atañe a los norteamericanos, mientras que los europeos pensamos que hay que buscar soluciones comunes. 
Doy las gracias a la Sra. Comisaria por su energía y al ponente, Sr. Moreira da Silva, que nos ha reunido y se ha encargado de que tengamos un concepto común y una sola postura fuera de las fronteras europeas. 
En el futuro se necesitará que la práctica se consolide, no solamente la teoría. 
Esto se pondrá a prueba después de la ratificación. 
Esta consolidación se pondrá a prueba también cuando discutamos el programa de cambio climático y el comercio con los derechos de emisión. 
Lamento que en el Consejo haya personas que peleen por la distribución de las cargas. 
Resulta casi patético que un país escandinavo esté en esa posición. 
No obstante, en todos los sitios hay ovejas negras. 
De todos modos, me alegra que hoy podamos concluir la tramitación del Protocolo de Kioto. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, como recuerda el ponente, han transcurrido diez años desde la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
Espero que en septiembre se pueda celebrar que el Protocolo de Kyoto se ha aplicado. 
Habría que pensar si se han perdido estos diez años. 
Si recordamos cómo se fabricaban informes, en estos años pasados, para demostrar que no existía el cambio climático, pagados sobre todo por los norteamericanos, cómo se desprestigiaba a cualquier científico que insistiera en los problemas que el cambio climático podría acarrear, también observamos que en estos años se ha ganado mucho en la conciencia ciudadana, es decir, quizá se ha perdido tiempo en implementar medidas, pero se ha ganado en conciencia ciudadana. 
Yo creo que hoy todo el mundo sabe lo que significa el Protocolo de Kyoto, lo que significa el cambio climático y los efectos asociados que trae consigo ese cambio climático, como la desaparición de islas, destrucción de las costas, desplazamientos masivos de millones de personas y pérdida de la biodiversidad. 
Por tanto, yo creo que se ha ganado por un lado aunque se haya perdido por el otro. 
También es verdad que, desde 1990 hasta 1999, han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, pero también es verdad que se debe a dos países en particular y por razones muy concretas. 
Hay muchos países, como el mío, que han aumentado- yo creo que de forma excesiva- esas emisiones. 
En el caso de España están en el 23%, aunque también hay que saludar la posibilidad de que en el próximo Consejo de Ministros, según dice la prensa de hoy, el Gobierno español decida ratificar el Protocolo de Kyoto y ésa es una buena noticia. 
Es un ejemplo que debieran seguir otros países para poder llegar a septiembre con los 55 necesarios que emitan, por lo menos, el 55% de los gases de efecto invernadero. 
Creo que, como decían otros compañeros, el resultado final no es tan ambicioso como el que preveíamos hace unos años, pero, como decía también el ponente, la alternativa sería mucho peor. 
Hay que trabajar para que los países ratifiquen el Protocolo, pero también para que apliquen medidas concretas, prioritariamente en los sectores económicos más contaminantes, como el transporte. 
Recuerda muy bien el ponente que las emisiones del transporte en los próximos diez años pueden aumentar un 50%. 
Las medidas prioritarias deben ser las actuaciones directas en sectores económicos clave. 
Estoy de acuerdo también con el ponente en que no se debe tocar el equilibrio que se ha conseguido, porque, como decían muy bien otros compañeros, la Sra. Wallström y este Parlamento han hecho un gran trabajo y, aunque sea modesto, el avance es importante. 
Señora Presidenta, el Protocolo de Kyoto es de suma importancia y podemos estar todos satisfechos de que sea ratificado de una vez por todas. 
La UE ha demostrado durante las negociaciones sobre el cambio climático una sorprendente vocación de liderazgo. Sin ella, el Protocolo no hubiera podido ser salvado en su conjunto. 
Las empresas europeas se han visto obligadas a acceder a la adopción de medidas estrictas encaminadas a lograr una reducción del ocho por ciento para el año 2012 sobre el nivel existente en 1990. 
Nuestros competidores estadounidenses no tienen esa carga. 
El Presidente Bush ha constatado sin ningún pudor que así protegerá la industria y la producción de Estados Unidos. 
La Unión Europea no puede hacerse, ella sola, responsable de todo el planeta. 
Estados Unidos, Rusia y China deben comprometerse todos ellos con el cumplimiento del objetivo común. 
Debemos aferrarnos a esto en las negociaciones de la OMC. 
No se trata únicamente de una cuestión de política comercial, sino que se trata de nuestro planeta común y de nuestro futuro común. 
Ya se ha realizado el reparto de las cargas dentro de la UE. 
Ahora se está abordando el debate sobre el comercio de derechos de emisión. 
No debemos permitir que este comercio sea sacado a subasta; no tenemos sino malas experiencias de las subastas del espectro UMTS y de todas las realizadas. 
Estoy muy preocupada por los sectores de la industria y por todas las empresas que ya han efectuado enormes inversiones para reducir sus emisiones. 
Estas empresas responsables no deben verse obligadas de nuevo a pagar por los demás. 
¿O es que alguien tiene la intención de desplazar del mercado a empresas muy rentables que respetan el medio ambiente? 
La necesidad de energía por parte de la Unión no dejará de aumentar a la par del crecimiento económico pese a las medidas de ahorro. 
Para alcanzar los objetivos de Kyoto, debemos seguir ahorrando y utilizando cada vez más fuentes de energía renovables. 
Sin embargo, la energía nuclear es la única alternativa real para cubrir las necesidades energéticas básicas. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo habría podido exigir que se aplicase el llamado procedimiento de dictamen conforme en la ratificación del Protocolo de Kyoto, en cuyo caso este instrumento jurídico no hubiera podido entrar en vigor en la Comunidad sin la conformidad del Parlamento Europeo. 
En cualquier caso y en contra de determinadas recomendaciones jurídicas, nos hemos conformado con que se escuchen aquí ahora nuestras opiniones al respecto, obedeciendo a que somos conscientes de la gran importancia que tiene la ratificación final del Protocolo. 
El Parlamento también pondrá ahora lo mejor de su parte en este asunto, con el fin de que el Protocolo de Kyoto esté en vigor cuando se celebre en septiembre la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible. 
Esto es sumamente importante. 
Me sumo a todas las palabras de agradecimiento que aquí se han dirigido tanto al ponente, como a la Sra. Comisaria. 
Es seguro que este proceso, que se cierra ahora con la ratificación del Protocolo de Kyoto por parte de la Comunidad, no será el último en demostrar que la Unión Europea puede asumir realmente el liderazgo mundial y- como el ponente ha indicado- que también es capaz de mostrarle a la ciudadanía que es posible controlar la globalización, que es posible establecer reglas del juego en este ámbito. 
En este debate se ha hablado también de la economía. 
Es importante observar que una gran parte de las empresas ya se ha dado cuenta de las grandes posibilidades que la política climática puede aportar a la actividad empresarial. 
Debemos tener confianza en esta tendencia, sobre todo a la hora de pensar en la adhesión de Estados Unidos. 
Tal y como dijo en su intervención nuestro colega, el Sr. de Roo, una gran parte de las empresas de Estados Unidos desea que su país participe en este proceso. 
Puede ser que ocurra, como ha dicho la Ministra de Medio Ambiente de mi país en este contexto, que Estados Unidos se convierta en el último museo de las viejas tecnologías si no se une a estos esfuerzos. 
Ahora tenemos por delante la tarea de aplicar en la práctica el Protocolo de Kyoto en la Comunidad. 
Hay que dar las gracias a la Comisión por la diligencia que mostró en vísperas de la reunión de Marraqués al presentar la propuesta de directiva relativa al comercio de derechos de emisión, así como un programa de gran alcance en materia climática. 
El Parlamento Europeo podrá ahora participar de forma muy decisiva en el establecimiento de las reglas del juego de esta propuesta de directiva sobre el comercio de derechos de emisión. 
Creo que procederemos en este asunto de tal manera que se premiará a las empresas que ya hayan cumplido sus obligaciones y se invitará a las demás a que participen en este proceso. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, como ha indicado el ponente, el próximo día 4 de marzo se presentará para su ratificación, en el Consejo de Medio Ambiente, el Protocolo de Kyoto. 
Me consta que la Presidencia española está empeñada en vencer las últimas dificultades que se puedan presentar y en que el resultado sea satisfactorio. 
Un resultado que signifique un paso más al frente en el liderazgo de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático. 
Esta tarde hemos vuelto a comprobar que Estados Unidos es muy criticado, por no compartir el nivel de compromiso exigido en el Protocolo. 
Esto nos sitúa a todos los Estados miembros de la Unión Europea, y más aún si logramos sentar en la mesa de negociación a Estados Unidos, en una posición de imperiosa necesidad de cumplir todos y cada uno de los términos del Protocolo, a menos que deseemos incurrir en el más absoluto de los ridículos y en el descrédito político internacional. 
Sin embargo, alcanzar los objetivos de Kyoto es posible, pero no fácil. 
Lo demuestran los datos que expone la resolución del Sr. Moreira da Silva. 
Debemos alcanzar una sociedad baja en carbono y rica en el empleo de tecnologías limpias, y de optimización de la eficiencia energética. 
Sabemos que el papel del mercado es imprescindible para lograr estos objetivos, pero todavía dudamos a la hora de aplicar medidas concretas, sobre todo cuando nos dejamos llevar por visiones miopes que todavía ven pérdida de competitividad y de empleo donde hay que ver, porque ya está ahí, todo lo contrario. 
Debemos actuar sobre la demanda a escala comunitaria en aspectos como la internalización de costes, el comercio de derechos de emisión y el cambio de ciertas políticas como la de transportes, la energética o la agraria. 
Por el lado de la demanda, hay que insistir en la formación y motivación de unos consumidores en Europa todavía muy apáticos y desinformados en este sentido. 
Creo que el Sr. Moreira da Silva ha presentado una propuesta comprometida con el desarrollo sostenible, clara y precisa a la hora de señalar dónde hay que actuar. 
Por ello merece, y creo que ya tiene, el agradecimiento y total apoyo de este Parlamento. 
Gracias, señor Moreira. 
. 
(SV) Señora Presidenta, estimados diputados, antes que nada quiero dar la bienvenida al borrador de resolución del Parlamento Europeo respecto a la propuesta del Consejo sobre ratificación del Protocolo de Kioto en nombre de la Unión. 
Quiero dar las gracias, especialmente al señor Moreira da Silva, por este informe y porque esta importante cuestión política ha podido ser decidida en el Parlamento, tempranamente y mediante votación. 
También quiero aprovechar esta oportunidad para subrayar mi satisfacción por la colaboración con el Parlamento en relación con el Protocolo de Kioto. 
Sus trabajos, incluidos la visita a EE.UU. y los contactos con parlamentarios de diferentes países, han sido extraordinariamente importantes. 
La colaboración que hemos alcanzado durante las negociaciones, especialmente las que han tenido lugar bajo la dirección del señor Moreira da Silva, han contribuido a estos avances. 
Además, creo que es obvio y muy importante que el Parlamento esté implicado en los trabajos relacionados con el programa sobre el cambio climático y con la propuesta sobre comercio con los derechos de emisión. 
Durante algunos años, la UE ha sostenido que el Protocolo de Kioto debería entrar en vigor junto con la Cumbre sobre desarrollo sostenible que tendrá lugar en Johanesburgo, en septiembre de este año. 
Para alcanzar esta meta, la UE debería predicar con el ejemplo. 
Los señores Liese y Linkohr tienen razón: aunque discutamos sobre la distribución de las cargas, éste sólo es el primer paso para tomar en serio a los expertos en el clima. 
Es sólo un tímido primer paso. 
Me satisface especialmente el respaldo del Parlamento para que la propuesta sea aprobada tan pronto como sea posible, de manera que podamos ratificarla antes del 1 de junio, cuando los Estados miembros hayan concluido los procedimientos nacionales. 
Quisiera comentar brevemente el denominado problema danés. 
Le buscamos una solución como tal. 
En la reunión de diciembre del Consejo, los Ministros de Medio Ambiente acordaron intentar buscar una solución técnica que se discutiría en la reunión del Consejo del 4 de marzo. 
Si se adopta una decisión en esa fecha estaremos dando una clara señal de la firme decisión de la Unión de cumplir con el Protocolo de Kioto, lo que fortalecerá el liderazgo y la credibilidad de la Unión en la lucha contra el cambio climático. 
Además, aumentará la presión sobre las otras partes- por ejemplo Japón y Rusia- para seguir nuestro ejemplo. 
Simultáneamente continuaremos el diálogo con EE.UU. e intentaremos convencerles para que retomen las negociaciones sobre el Protocolo de Kioto o, al menos, para que adopten medidas nacionales que conduzcan a la disminución de los gases de efecto invernadero. 
Para tener credibilidad tenemos que ser consecuentes. 
Esto significa que tenemos que dar la máxima prioridad a la ratificación y al eficaz cumplimiento del Protocolo. 
Gracias por sus opiniones y por este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
Sistemas de educación y de formación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0017/2002) del Sr. Martens, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la Comunicación de la Comisión relativa al proyecto de programa de trabajo detallado sobre el seguimiento del informe relativo a los objetivos concretos de los sistemas de educación y de formación (COM (2001) 501- C5-0601/2001- 2001/2251 (COS) ). 
. 
(NL) Señora Presidenta, la educación constituye una cuestión importante y por eso me complace que la Presidencia española haya elegido este tema como uno de los ejes de sus trabajos. 
Este informe trata sobre el desarrollo de los objetivos formulados por la Comisión en el terreno de la educación general y de la formación profesional. 
En la Cumbre de Lisboa se dijo que la Unión Europea debía convertirse en la economía de la información más competitiva y dinámica del mundo, con capacidad para mantener un crecimiento económico duradero con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social. 
Se trata de un objetivo importante y que reviste cierta urgencia si deseamos situar a Europa en una buena posición en el mapa económico y cultural del mundo. 
No es de extrañar que la educación se considere un instrumento destacado para alcanzar este objetivo. Tampoco es de extrañar que se recurra a toda la capacidad de pensamiento y experiencia disponible para ello. 
Por este motivo, Presidenta, no es bueno que el Parlamento Europeo no haya participado en el establecimiento de estos objetivos, que no se le haya consultado y que ahora tan solo pueda mostrar su reacción al programa previsto por la Comisión para la consecución de los objetivos. 
No obstante, estoy de acuerdo con los objetivos formulados por la Comisión: tratar de mejorar la calidad y la eficacia de la educación, mejorar el acceso a la misma y de abrir la educación y la formación profesional al mundo. 
Señora Presidenta, la Cumbre de Lisboa pretendió que Europa se esforzara más para fomentar la economía de la información, el crecimiento duradero y la cohesión social. 
Lamentablemente, el informe de la Comisión prácticamente solo hace referencia a los dos primeros objetivos. 
Se presta atención a las nuevas tecnologías, a los conocimientos en el terreno de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, en los intereses de los chicos y de las chicas en el ámbito de la educación, etc. Esta cuestión es importante en la medida en que se refiere a la formación profesional que prepara a las personas para la inserción profesional en la sociedad. 
La educación general es más amplia y no se limita a preparar para la vida laboral, sino que también prepara para el funcionamiento dentro de la sociedad como personas y ciudadanos. 
Esta es la dimensión que echo de menos en la comunicación de la Comisión. 
La Comisión centra la educación excesivamente en la economía y en el mercado laboral. 
En realidad, lo que pretende principalmente es formar a las personas para que desempeñen su papel como factor económico. 
Si nos referimos al futuro de Europa, si nos referimos a la estabilidad en Europa, una Europa con cohesión social, la educación también desempeña un papel en este sentido. 
Sobre todo si se tiene en cuenta que la educación, concretamente en lo que respecta a la educación general, ha adquirido en muchos países un papel complementario con respecto al de la familia. 
Señora Presidenta, en mi propio país, los Países Bajos, observo una crisis en la educación. 
Hay escasez de profesores. 
Desciende la calidad de las formaciones, se producen quejas en relación con los niveles de conocimiento de los estudiantes que comienzan una carrera universitaria, existe un exceso de reglamentación, etc. También existe una falta de recursos financieros. 
En otros países también se producen problemas. 
Por este motivo, me complace que por una vez se piense a escala europea en los objetivos de la educación y de la formación profesional y que se formulen criterios de verificación concretos, desde el respeto al principio de subsidiariedad. 
En mi informe abogo, cuando se trata de la cohesión social y de la estabilidad en Europa, por la formulación de indicadores centrados en las aptitudes con vistas al correcto funcionamiento de las personas en la sociedad. 
En este sentido, me refiero a las aptitudes comunicativas y sociales. Pienso en el conocimiento y en la comprensión de otras culturas, en un sentimiento de ciudadanía desarrollado. 
La educación, tal y como se ha dicho, también constituye una preparación para la vida laboral, aunque sin duda debe contribuir a la formación de personas con un espíritu democrático y una concepción del estado de derecho, así como a la formación de personas convirtiéndolas en ciudadanos activos que no sólo se rijan por sus propios intereses, sino que también tengan en cuenta el interés general. 
Señora Presidenta, huelga decir que el informe debe analizarse desde la perspectiva de otros programas que afectan a la educación como el aprendizaje vitalicio, la movilidad, los programas de idiomas, etc. El aprendizaje vitalicio es importante cuando nos referimos a la mejora del acceso a la educación para todos, no sólo para los jóvenes, sino también para las personas mayores; no sólo para gente sana, sino también para personas discapacitadas; no sólo para personas autóctonas, sino también para personas alóctonas. 
Para terminar, señora Presidenta, quisiera añadir una observación en relación con la enseñanza de idiomas. 
Con un creciente mercado interior abierto, una sociedad con un carácter cada vez más multicultural, se incrementa la importancia del conocimiento de idiomas. 
Este es el motivo, Presidenta, por el que suscribo en el informe el objetivo de que todo el mundo debe hablar dos idiomas europeos además de su lengua materna al término de la educación inicial. 
Señora Comisaria, queridos colegas, desearía subrayar la importancia de este informe, que insiste en el hecho de que la función de la educación no consiste simplemente en preparar para la vida laboral- incluso aunque la sociedad proceda también del empleo, testimonio de inclusión y de reproducción económica y social. 
Se dice con frecuencia que la formación supone eliminar una diferencia. 
Otro tanto ocurre con la educación. 
En consecuencia, ciertamente, hay que definir aquí- definición que no viene al caso hoy- lo que estos términos implican. 
Debemos por tanto preguntarnos también cuál es la definición de las diferencias que queremos eliminar a través de nuestras políticas educativas y formativas. 
En este sentido, la definición no es unívoca; podríamos incluso decir que las definiciones se multiplican, y que esta misma proliferación refleja nuestras sensibilidades políticas y los valores que defendemos individual y colectivamente. 
En mi opinión, el mayor reto de la década actual es el de la cohesión social. 
En un mundo en el que todo avanza cada vez más rápido, y dónde la velocidad del movimiento se ha convertido en un factor generador de riqueza, cada vez hay más mujeres y hombres que ven cómo se les cierran las puertas del trabajo, de la cultura y del saber. 
Me atrevo a afirmar que la exclusión está ganando terreno, y que esta tendencia deja en mal lugar a nuestras distintas estrategias de cohesión social, concepto al que a pesar de todo somos muy aficionados en el Parlamento Europeo. 
Por eso, la distancia que separa a un número creciente de ciudadanos europeos de lo que yo llamaría el mundo de los valores no deja de aumentar. 
Esta distancia no refleja únicamente la separación que existe entre el individuo y el mercado, sino el desconcierto, la pérdida de sentido de un sistema colectivo, en el que existen dos grupos: aquellos para los que la verdad es determinable, y aquellos para los que es simplemente comprensible. 
Por tanto, creo que es urgente plantear la cuestión de la validación continua de nuestro modelo social europeo y del precio que estamos dispuestos a pagar para alcanzar esta cohesión social, esta ciudadanía. 
Desde esta perspectiva, hay que hacer todo lo posible para que la decisión del Consejo Europeo de Lisboa, confirmada por el Consejo Europeo de Estocolmo, -que, desde el punto de vista estratégico, sitúa en paralelo el crecimiento económico, la mejora del empleo y una mayor cohesión social- se haga realidad para todos, y para que por fin todo el mundo, sin excepción, pueda acceder tanto a las aptitudes sociales de ciudadano como a las aptitudes profesionales de productor económico. 
Por lo tanto, invito a la Comisión a considerar plenamente mi idea y a aplicar las políticas que sean necesarias para que la cohesión social deje de ser el resultado de otras estrategias y se convierta en un eje prioritario al cien por cien. Todo ello con el fin de garantizar el bienestar público, es decir, el desarrollo armónico y respetuoso de los ciudadanos de nuestra sociedad europea. 
Señora Presidenta, Hegel sostenía que la cultura- es decir, la filosofía- se levanta a la puesta del sol, pero aquí vamos por fin hacia el amanecer. 
De todos modos, en mi calidad de ponente en la sombra de la Comisión de Cultura sobre el informe Martens, deseo ante todo dar las gracias y felicitar a la ponente por el trabajo realizado, respecto al que no tengo que hacer grandes objeciones, y del que más bien quisiera destacar sólo los puntos especialmente significativos. 
Considero importante- como también ha reconocido la ponente para opinión de la Comisión de Industria- que en este informe se haga referencia a la formación no sólo desde el punto de vista de la educación profesional, de la preparación de competencias aptas para ofrecer a nuestros ciudadanos mayores posibilidades de encontrar un trabajo especializado, sino también desde el punto de vista de la formación más en general, de la que la educación escolar forme parte en un sentido más amplio, orientándola hacia una cultura humanista que, aunque no facilita directamente competencias profesionales, cumple ciertamente esa función de cohesión social que constituye el objetivo hacia el que tendemos. 
Hay que decir lo mismo respecto a la atención que el informe presta a la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y a la posibilidad de que con la acción de la Comunidad Europea se llenen esas lagunas, esas diferencias, esas distancias que en nuestra sociedad todavía separan a aquellos que tienen conocimientos que, por ejemplo, acceden al uso del ordenador y de la informática, de aquellos que, por el contrario, todavía no pueden acceder a ellos. 
Estos son los principios generales del informe Martens que considero que el Parlamento no puede dejar de compartir. 
En esta dirección se mueven no sólo las declaraciones de principio, sino también las indicaciones concretas del informe Martens que dedica una atención especial a radicar e incluir las motivaciones en el terreno de las transformaciones en curso en el mundo de la comunicación y de los nuevos métodos de enseñanza, y sobre todo a fomentar las situaciones y condiciones para satisfacer la necesidad de un nivel de educación cuantitativa y cualitativamente más elevado para todos. 
Desde este punto de vista, son fundamentales todas las acciones dirigidas a implicar activamente a profesores, estudiantes y formadores en la aplicación del programa. 
El acento puesto en el aprendizaje de las lenguas, en el reforzamiento de los vínculos entre el trabajo y la sociedad civil, en la necesidad de encontrar imágenes más atractivas para fomentar los conocimientos y la movilidad de los estudiantes y de los formadores no debe, sin embargo, hacernos olvidar el elemento concreto que está en la base del problema: una contribución económica que respete la vida de la persona. 
A este marco hay que añadir un plan de acción privilegiado para evaluar e intervenir con instrumentos oportunos y eficaces en las situaciones de falta de adaptación que pueden crearse en el mundo académico y laboral por casos de discriminación, en el intento común de luchar contra el racismo y la intolerancia. 
Por todos estos motivos, al volver a dar las gracias a la ponente, la Comisión de Cultura recomienda al Parlamento que apruebe el informe Martens. 
Señora Presidenta, acojo con satisfacción el informe sobre la comunicación de la Comisión sobre los objetivos concretos de los sistemas de educación y formación. 
Deseo expresar mi agradecimiento a la ponente por su concienzudo trabajo. 
De acuerdo con los objetivos de los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo, es de vital importancia que ofrezcamos a la generación de jóvenes europeos la posibilidad de elegir carreras europeas de investigador y en el ámbito de las disciplinas científicas. 
También estoy de acuerdo en que las empresas deben desempeñar un papel fundamental en la formación de estudiantes y empleados. 
No obstante, antes de someter a votación el informe, deberíamos prestar atención a los puntos siguientes. 
Parece existir un desfase entre las propuestas contenidas en el informe y el progreso alcanzado hasta ahora por la Comisión y su grupo de expertos. 
Según tengo entendido, la Comisión ya ha comenzado a trabajar en el campo de la inclusión social y ha redefinido sus objetivos para el programa Leonardo da Vinci, por ejemplo, incluyendo en el ámbito del programa a personas mayores y personas discapacitadas. 
Es una medida gratificante. 
Esperamos con interés poder celebrar el Año europeo de las personas con discapacidades en 2003. 
Además de eso, no deberíamos pasar por alto los esfuerzos que ha realizado la Comisión en materia de cooperación con los países candidatos a todos los niveles. 
Aunque no quiero menospreciar la buena labor de la Comisión, debo decir que aún puede hacerse más. 
Debemos también resaltar la importancia de promover una mayor integración de la Unión Europea, los Estados miembros y las iniciativas regionales con el fin de hacer un uso eficaz del relativamente pequeño presupuesto para los sistemas de educación y formación. 
En este sentido, me gustaría sugerir una mejora de la cooperación entre los diferentes tipos de financiación y el intercambio de la mejor práctica, junto con un mejor diálogo entre los responsables de la toma de decisiones a nivel supranacional, nacional y regional en el seno de la Comunidad. 
Por último, me gustaría que se prestara más atención a la falta de igualdad de oportunidades para que todos disfruten de una mejor integración europea a lo largo de sus vidas profesionales. 
Este presupuesto permite fomentar el intercambio de experiencias de los sistemas de formación profesional de los diferentes Estados miembros. 
Animo a los interesados a que lo hagan. 
Europa puede ofrecer una mejor educación para todos. 
El informe del Parlamento no debería olvidar hacer hincapié en ello. 
Señora Presidenta, quiero felicitar a la Comisión y a la Sra. Martens por su informe, aunque tengo que reconocer que, como los antiguos estudiantes que iban a la escuela al turno de noche, lo único en lo que estoy pensando es en la hora de irme a dormir; y quiero decir que es un programa de trabajo analítico, que considero ejemplar porque conecta muy sistemáticamente los objetivos, los indicadores y el calendario, y así se puede tener una medida de comparación. 
Sin embargo deberemos preguntarnos qué medida de comparación es ésta cuando, al final, estamos evitando una convergencia política real sobre la educación a nivel europeo. 
Ignoramos las grandes diferencias, no queremos ni tocarlas; probablemente no estamos en posición de hacerlo o no es una de nuestras prioridades, y mediante el método Bolonia, se decide sobre objetivos que es deber de cada Estado miembro conseguir. 
Tengo una duda que le he comentado a la Sra. Reding. 
A pesar de todo, creo que es una medida de comparación y que, en unos años, se verá en qué grado es dura esta medida para algunos y quiénes habrán conseguido alcanzarla. 
En cualquier caso, creo que el diálogo es indispensable, y no sólo en el Parlamento. 
Debemos encontrar una forma de tener opinión y punto de vista antes de encontrarnos ante hechos consumados. 
También debe haber diálogo en la unidad escolar. 
La reacción ante los indicadores por parte del personal docente es muy intensa, por lo menos en Grecia. 
Los indicadores son, en gran medida, cuantitativos, y en mucha menor medida, cualitativos. 
De este modo, la imagen no va a ser siempre la más exacta, que es la que nos hace falta. 
Asimismo, estoy de acuerdo con la Sra. Martens en que debemos tener más indicadores sobre los sistemas de educación y no sólo de los de formación. 
Y en este punto la propuesta de la Comisión es unilateral. 
Conozco la angustia de todos nosotros por el paro, sé que queremos que los estudiantes salgan de las escuelas no como parados, sino como posibles trabajadores; sin embargo es igualmente valiosa la educación general que deben tener los chicos a esta edad temprana. 
. 
(SV) Señora Presidenta, estimados diputados, en primer lugar quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo, especialmente a la señora Martens y a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte por el apoyo, los comentarios y las propuestas que se han presentado durante la tramitación de este informe. 
Después de Lisboa y en relación con la ejecución de la estrategia que se fijó allí, hemos dado nuevo impulso a la colaboración en materias de educación y formación. 
Los resultados son positivos, ya que el Consejo y la Comisión están de acuerdo en esta materia. 
Nos hemos fijado los siguientes objetivos comunes: en primer lugar, aumentar la calidad de nuestros sistemas educacionales; en segundo lugar, facilitar el acceso a los sistemas de educación y formación profesional y, en tercer lugar, abrir estos sistemas al resto del mundo. 
A pesar de que esto entraña un trabajo muy complicado, se está terminando la propuesta de programa de trabajo que el Consejo Europeo solicitó en Estocolmo. 
La propuesta va a ser discutida en la reunión del Consejo del 14 de febrero. 
Allí se precisarán los puntos más importantes para alcanzar los objetivos fijados y, con ayuda del método abierto de coordinación, se identificará la forma de medir los avances. 
Los instrumentos que se usarán no sólo se limitarán a comparar los diferentes países comunitarios entre sí, sino que también servirán para realizar comparaciones con otros países de alto rendimiento. 
Los comentarios y las propuestas presentadas por la señora Martens en su informe van a ser consideradas, en la medida de lo posible, en la redacción del documento final. 
La Comisión coincide plenamente con el Parlamento sobre el doble objetivo de la educación, esto es, fomentar el desarrollo individual, mediante la adquisición de conocimientos para toda la vida, y servir de fundamento para la integración de los jóvenes en la sociedad y el mercado de trabajo. 
El informe sobre los objetivos y el detallado programa de trabajo considera ambos aspectos. 
El señor Prodi, Presidente de la Comisión, señaló hace poco que la educación, la formación profesional y la investigación son la clave de la renovación económica, del desarrollo sostenible y de los nuevos puestos de trabajo. 
Sin estos elementos no se puede crear una sociedad basada en los conocimientos. 
Por eso es necesario que estos factores se complementen. 
Para alcanzar estos objetivos es necesaria la colaboración. 
El avance hacia la consecución de los objetivos comunes no ha hecho más que comenzar. 
En el futuro también tendremos ocasión de trabajar con el Parlamento, con otras instituciones comunitarias y con organizaciones internacionales, tales como la OCDE y el Consejo Europeo. 
Es obvio que entre todos tenemos que conseguir que los países candidatos intervengan en el proceso de colaboración, cosa que se está preparando con vistas a la próxima reunión del Consejo Europeo en Barcelona. 
Trabajaremos concretamente con todos esos países en junio, cuando se reúnan los 36 Ministros de Educación en Bratislava. 
Finalmente quisiera dar las gracias por este debate y por el interés demostrado. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a mediodía. 
(Se levanta la sesión a las 0 h 10 mn) 
Señor Presidente, no pretendo referirme al Acta de ayer, sino que quisiera formular otra observación, así que, si le parece, puede tramitar primero esa cuestión. 
He tenido noticia- hablo como coordinadora de mi Grupo para la Asamblea ACP- de que ninguno de los Comisarios asistirá dentro de cuatro semanas a la Asamblea UE-ACP en Ciudad del Cabo. 
No va ningún Comisario, ni el Sr. Nielson, ni el Sr. Patten, ni el Sr. Lamy, ni el Sr. Fischler, que tampoco puede estar presente. 
A fin de evitar tamaño agravio tal vez usted pudiera hacer un llamamiento urgente a la Comisión Europea para que garantice la asistencia de uno de sus Comisarios, puesto que allí habrá que resolver todo un programa de preguntas escritas, etcétera. 
Sería una auténtica afrenta para los 70 países en vías de desarrollo que la Comisión ni siquiera se tomara la molestia de asistir a la Asamblea ACP. 
Sería la primera vez que algo así sucede. Y yo se lo puedo decir porque participo en esta Asamblea desde hace años. 
Por todo lo anterior le ruego encarecidamente que haga un llamamiento a la Comisión Europea. 
Se lo plantearé a la Comisión, señora Maij-Weggen, y cuando tengamos la respuesta podemos volver a la Asamblea. 
Declaración del Presidente del Parlamento Europeo 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista saludo su programa como Presidente. 
Ha partido usted de una afirmación: la cultura de la transformación en esta segunda mitad de la legislatura. 
Yo creo que se trata básicamente de consolidar la cultura democrática en la Unión Europea. 
Tenemos ante nosotros una auténtica carrera de obstáculos, política y electoral, en estos dos años y medio. 
Creo que, básicamente, debemos hacer dos cosas: una, de cara a nuestra ciudadanía. 
Contamos ya con la ciudadanía europea y el euro, pero tenemos que convencer a nuestros ciudadanos para que participen activamente en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Y eso, tenemos que hacerlo todos juntos. 
Al mismo tiempo tenemos que dirigirnos a aquellos que desean ser ciudadanos de la Unión Europea, a los ciudadanos de los países candidatos y tratar de embarcarles en lo más noble de nuestra aventura, que no es el discutir simplemente de temas presupuestarios, sino el compartir un destino basado en la paz y en la democracia. 
Creo que estos son objetivos nobles que compartimos para hacer que la Unión Monetaria, que es ya una realidad, sea Unión Económica y, sobre todo, como usted ha dicho con justicia, Unión Política, concediendo la primacía al aspecto más noble de la política en la vida pública. 
Hay también, otra dimensión importante del Parlamento Europeo, que es nuestra voz afirmando la primacía universal de los derechos humanos. 
No porque seamos superiores, sino porque los europeos hemos aprendido a través de una larga y dolorosa historia, que los derechos humanos son el mejor cimiento para la paz y la prosperidad. 
Y este punto tiene importancia tanto en lo que se refiere a nuestro mundo próximo- y estoy pensando en la Europa Oriental, en el Cáucaso y también en el Mediterráneo -, como especialmente al Oriente Medio. 
Quiero saludar que ayer, en el debate sobre Oriente Medio, por primera vez hubo una participación importante de diputados presentes en la Cámara. 
Hay que seguir por ese camino. 
En relación con los temas más concretos que ha planteado, es decir, la agenda de reformas, quiero señalar mi coincidencia con usted en que lo importante es concretar nuestro mensaje y dar primacía a los debates políticos. 
En este sentido, le quiero agradecer también la mención que ha hecho del trabajo de los diputados de mi Grupo, que son diputados de la Cámara, pero usted los ha mencionado expresamente. 
En primer lugar, en relación con la reforma del Reglamento: el informe Corbett. 
Es evidente que la Cámara tiene que decidir, pero el Presidente también tiene una facultad de propuesta y de apoyo. 
La reforma Corbett no es sólo del ponente o del Grupo Socialista. 
La reforma Corbett es algo que necesitamos como el aire que respiramos. 
Es algo absolutamente fundamental para hacer que nuestros debates vayan más allá de los muros de esta Cámara. 
En segundo lugar: el Estatuto del Diputado. 
En este momento el Estatuto del Diputado, que es una vieja aspiración de esta Cámara por la que hemos trabajado durante muchos años, no es solamente un deseo nuestro, es algo constitucionalmente esencial para que el Parlamento sea un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
Esa es la cuestión: no es que andemos discutiendo simplemente cuáles son los problemas, las dietas o las ventajas que podemos tener. 
Es una cuestión de dignidad y de igualdad entre los ciudadanos y sus representantes. 
En este sentido, usted sabe que siempre ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, que con los últimos gobiernos de nuestra familia política se han producido avances importantes y espero que usted continúe también apoyando firmemente el trabajo que está haciendo el ponente, Sr. Rothley, no sólo como ponente del Grupo Socialista, sino como he dicho en otras ocasiones, como patrimonio de toda la Cámara. 
En relación con la defensa de la democracia en el interior de la Unión Europea, hay que saludar el acuerdo al que se llegó ayer en relación con el programa Lamfalussy a partir del informe von Wogau. 
Yo querría señalar algunos puntos que me parecen esenciales y que deben conducir a que el Parlamento mantenga una postura muy firme. 
En primer lugar: la gobernanza. 
Ese es un tema absolutamente crucial y puede haber un vaciamiento de nuestras competencias y una vuelta a la comitología. 
Yo apelo a usted, señor Presidente, para que el grupo de trabajo interinstitucional que anunció el Presidente Prodi en el Pleno de diciembre y que el Presidente del Consejo, señor Aznar, también ratificó aquí, se ponga en marcha lo más rápidamente posible para que no nos encontremos con que nuestro poder de codecisión se vacía. 
En segundo lugar, en relación con las inmunidades. 
En los últimos tiempos ha habido un vacío importante en relación con un tema esencial, desde el punto de vista de la dignidad de los diputados. 
Yo cuento con que usted se tome este tema en serio para no encontrarnos con una situación en la que un aspecto fundamental de la dignidad parlamentaria se vea vaciada de contenido. 
Por último: la Convención. 
Agradezco también que usted haya convocado hoy al Presidente Giscard d ' Estaing. 
La Convención es hija de nuestro trabajo parlamentario, pero también tiene otros socios, otros miembros y creo que el Parlamento debe actuar como una vanguardia consciente en este terreno para conseguir que la Convención sea pública, alcance resultados concretos y no sea simplemente un foro de discusión. 
Además, debe poder llevar adelante y desarrollar algo en lo que estamos de acuerdo. 
Usted sabe- y concluyo con ello -, señor Presidente, que nosotros apoyamos a un candidato excelente, al Sr. Martin. 
Veo que usted ha integrado muchas de las ideas del Sr. Martin en su campaña, pero en cualquier caso, le quiero decir que si aplica usted este programa tendrá el apoyo leal y el apoyo abierto del Grupo Socialista en este trabajo que nos interesa a todos. 
Señor Presidente, querido Pat, una vez más, ¡enhorabuena! 
Esta vez, enhorabuena por tu arranque profesional. 
Es estupendo ver que haces lo que prometes. 
Hoy hemos conseguido una nueva Europa, sin embargo, desde enero también tenemos un nuevo Parlamento. 
Ahora debemos ser políticos, no debemos ser técnicos, nos has mostrado y quieres mostrarnos el camino. 
Pat, estamos hambrientos, estamos muy hambrientos y tenemos hambre de cambios. 
Nuestro Grupo te respaldará total y plenamente en los preparativos de cada guiso que pueda saciar nuestro apetito. 
No obstante, nuestro Grupo siempre tendrá hambre de cambios. 
Tenemos una canción estupenda de Dinamarca que a menudo cantamos en nuestras familias. 
Cito: "Hace falta lucha para que la vida surja... ", "... pues la quietud eterna es la muerte ". 
Nuestro Grupo siempre ha deseado la lucha. 
Tenemos hambre de cambios. 
La ampliación es el asunto más importante al que nos enfrentaremos en este período. 
Es una cuestión de individuos, no de técnica, presupuesto, leyes o normas, y somos claramente el lugar donde los individuos deben reunirse, y debemos conseguir que funcione. 
Desde nuestro Grupo haremos todo lo posible para mantener la tradición actual de invitar a los diputados de los parlamentos nacionales de los países solicitantes a que nos visiten. 
No obstante, el punto más importante es la reforma de nuestra casa. 
Aquí nuestro apetito también es enorme. 
Tenemos necesidad de reformas. 
No sólo es importante reformar nuestro estatuto, también lo es modificar el modo en que trabajamos para que podamos dar los resultados que desean nuestros electores. 
Y esto me lleva a mi siguiente punto sobre el contacto con la población. 
La condición previa para establecer contacto con la población es que podamos dar el producto, que podamos dar el producto que la población demanda. 
Y esto requiere tener nuestra propia casa en orden y que seamos eficaces y nos concentremos en aquello que realmente tiene trascendencia y donde tenemos influencia. 
Luego lo más importante aquí son las reformas, los resultados y la comunicación. 
Es estupendo oírte hablar. 
Estás entusiasmado, muestras sentimientos, utilizas colores, utilizas las palabras adecuadas. 
Estoy casi por decir que de hecho tenemos una mujer presidenta, pues usas tu lado femenino, la fantasía y la creatividad. 
Y esto es lo que necesitamos para llegar a nuestros ciudadanos. 
¡No debemos ser técnicos, debemos ser políticos! 
Sí, no pudimos tener a una mujer como presidente, pero también vale un hombre con un lado femenino. 
La Convención es el asunto más importante de cara a la futura Europa. 
Y es importante que no sólo nos miremos el ombligo, sino que tratemos de resolver las tareas que se alzan ante nosotros y que no nos enredemos discutiendo si debe hablarse de "constitución", "tratado fundamental" o "federación", sino que creemos un sistema en el que exista un control democrático sobre las decisiones políticas. 
Cuando elaboremos legislación para nuestros ciudadanos, los ciudadanos deben poder ver quién toma las decisiones y los responsables deben asumir de forma democrática su responsabilidad sobre estas decisiones. 
Éste es el mensaje para el Grupo Liberal. 
Queremos tener responsabilidad política en Europa. 
Estamos "fit for the future" y en nuestro Grupo también "fit for fight for the new Europe" y "fit for fight for the future together with you". 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea se felicita por su discurso, puesto que usted ha llamado la atención del Parlamento sobre su papel político en lugar de perderse en pormenores técnicos, aun cuando, en mi opinión, la solución de estos detalles requerirá mucho tiempo. 
No queremos ser una máquina de votación bien engrasada. 
Queremos hacer historia y queremos poner de manifiesto el papel específico de Europa en la escena internacional en un momento en el que la paz y la estabilidad están amenazadas en todo el mundo. 
No basta con organizar la cooperación al desarrollo. 
Es imprescindible que podamos fomentar la paz y la estabilidad a la manera europea, basándonos en nuestros propios valores. 
Queremos desempeñar plenamente el papel que nos corresponde como Parlamento. 
Queremos ejercer control. 
Queremos dictar leyes en nombre de la opinión pública, manteniendo el contacto con esa opinión pública y con los medios de comunicación que deben acercarnos a ella. 
Ya se ha recorrido un largo camino. 
Llegué a este Parlamento tras haber pasado por otros muchos. Muy a mi pesar debo reconocer que en algunos de ellos había un mayor índice de presencia que en éste. 
Fuera de aquí se suele pensar que nosotros no constituimos un Parlamento de verdad, pero yo sí he encontrado aquí dentro un Parlamento de verdad. 
Ahora bien, tiene usted razón en que necesitamos un estatuto, porque, de lo contrario, carecemos de credibilidad como diputados europeos. 
Es más, también es necesario que sigamos desarrollando el estatuto de los asistentes por el que Gérard Onesta se ha esforzado tanto. 
Por lo demás, es fundamental que tengamos más competencias. 
En lugar de debilitar la codecisión hay que ampliarla, y eso de una forma totalmente transparente. 
No cabe duda de que nuestra forma de trabajo es susceptible de enmienda. 
Existe voluntad de reforma. 
El Reglamento actual ofrece muchas posibilidades con tal de que haya voluntad, voluntad de abrir un debate en vez de leer monólogos insignificantes previamente anotados, voluntad de asistir y de intercambiar ideas con los demás. 
Es inadmisible que el debate acabe con el pluralismo. 
Estamos aquí para hablar, puesto que formamos parte de un Parlamento en el que deben poder manifestarse las diferentes opiniones. 
Por eso mismo consideramos que el informe CORBETT constituye una buena base para iniciar una discusión, pero si ello termina por cercenar los derechos de los Grupos pequeños o de los diputados individuales acabaremos con el colorido y la diversidad de este Parlamento, algo que ha de evitarse a toda costa. 
Por otra parte, deseamos expresar nuestra preocupación al Consejo. 
El Parlamento no puede aceptar los procedimientos abreviados si el Consejo no viene a debatir con nosotros en nuestras comisiones. 
Podemos celebrar más debates, pero no en ausencia del Consejo, no sin la correspondiente transparencia y no sin el debate que nosotros queremos. 
Tenemos que rechazar las reformas larvadas carentes de objetivos unívocos. 
Queremos más democracia, más respeto hacia la subsidiariedad, más acercamiento entre los ciudadanos y el Parlamento Europeo, así como un diálogo con los Parlamentos regionales y nacionales. De lo contrario, la ya de por sí fuerte desconfianza de los ciudadanos no hará más que aumentar. 
Tenemos que definir de una vez por todas la base jurídica de nuestra actuación sin permitir que nos priven de nuestro fundamento jurídico. 
Nos alegramos de que usted nos haya animado a preparar el futuro de común acuerdo con la opinión pública y los Parlamentos de los países candidatos a la adhesión. 
Nosotros nos encontramos con representantes de estos Parlamentos en nuestras reuniones mixtas. 
¿Por qué no abrimos nuestras comisiones para debatir con ellos del mismo modo en que nos disponemos a intercambiar opiniones con la opinión pública? ¿Por qué no prestamos más a menudo nuestras suntuosas salas a este fin? 
La Convención será la prueba de toque definitiva. 
En ella depositamos toda nuestra esperanza. 
Si deseamos que Europa esté preparada para afrontar las gigantescas tareas relacionadas con la ampliación, la Convención no puede fracasar. 
No puede redactar un recetario sobre la base del cual se elabore a toda prisa un turbio menú en alguna parte durante otras tantas reuniones nocturnas. 
Queremos una Convención que sepa hacia dónde quiere llevarla el Parlamento. 
En nuestra calidad de Parlamento Europeo estamos obligados a desempeñar el papel que nos corresponde en dicha Convención, a implicar a los demás, a los Parlamentos regionales y nacionales y a la opinión pública, en este debate y a garantizar que Europa dé el paso cualitativo necesario para la ampliación. 
Señor Presidente, en el marco del debate preparatorio de la elección del Presidente del Parlamento tuve la oportunidad de expresar lo que esperaba del futuro Presidente. 
A partir de la constatación unánime de la creciente y preocupante desafección de los ciudadanos hacia las instituciones europeas, yo manifestaba que la obsesión número uno del futuro Presidente debería ser la de hacer todo lo posible para recobrar su confianza. 
Me congratulo, pues, de este objetivo implícito de su programa. 
Debemos- ha dicho usted- ganar la confianza de los ciudadanos. 
En ese sentido, coincidimos plenamente con usted. 
¿Cómo debemos actuar concretamente? 
Por lo que a mí respecta, yo había formulado tres ideas. 
Creo que dos de ellas confirman sus proyectos, la tercera- me atrevería a decir con cierta inmodestia- podría colmar un vacío. 
La primera idea se refiere a la implicación de los ciudadanos y las ciudadanas en el debate sobre el futuro de Europa. 
Propuse que nuestro Parlamento lanzara, paralelamente a los trabajos de la Convención y en cooperación con los Parlamentos nacionales, una campaña sobre el tema "Que las bocas hablen". 
Se trataría de una experiencia sin precedentes para nuestra institución. 
Deberíamos provocar verdaderas confrontaciones de ideas- como usted ha dicho -, escuchar lo que los ciudadanos tienen que decirnos sobre lo que esperan de Europa y esforzarnos por orientar la Convención hacia esa diversidad de debates. 
A continuación cada uno asumiría sus responsabilidades. 
Queremos que la Convención haga reaccionar la CIG, ¡aceptemos que los ciudadanos hagan reaccionar la Convención! 
Mi segunda idea consistía en que nuestro Presidente tomara la iniciativa, junto con nosotros, de propiciar el encuentro en el Parlamento de grupos de ciudadanos de diferentes países europeos en torno a objetivos que unan y que nosotros podríamos apoyar. 
Había mencionado tres ejemplos. 
Primer ejemplo: propiciar encuentros de jóvenes sobre cuestiones que les afectan directamente- las becas Erasmus o el pleno reconocimiento mutuo de los títulos -, así como sobre cuestiones más amplias, que estén más relacionadas con temas de civilización, como los que se acaban de tratar en Porto Alegre bajo el hermoso título "Otro mundo es posible". 
Segundo ejemplo: propiciar encuentros de mujeres de toda Europa sobre la cuestión de la plena aplicación de las disposiciones de los Tratados que propugnan la igualdad de sexos. 
Último ejemplo que confirma su propuesta, señor Presidente: propiciar encuentros de ciudadanos de la sociedad civil de los países candidatos y de los Estados miembros para examinar juntos los puntos negativos y positivos de este proyecto efectivamente histórico y darnos un máximo de oportunidades para llevar a cabo su realización. 
Dentro del mismo espíritu, usted ha propuesto invitar a observadores de los países candidatos; le apoyaremos en dicha iniciativa. 
La tercera idea que había mencionado hace dos meses es la única, me temo, que no recoge su discurso de esta mañana: la idea de abrir un pulso con la Comisión y el Consejo con respecto a algunos textos legislativos simbólicos que indiquen claramente a nuestros ciudadanos el sentido que deseamos que tenga Europa en el futuro. 
Por mi parte, pienso sobre todo, en estos tiempos de reestructuración en serie de empresas, en directivas tales como la directiva sobre la información y consulta de los trabajadores, la directiva sobre los Comités de Empresa Europeos o incluso en la directiva marco sobre los servicios de interés general, en espera de una posible- y, en mi opinión, deseable- reforma de los Tratados sobre este capítulo esencial. 
Este era antes de su elección, y este sigue siendo bajo su mandato, el enfoque general que preconiza mi Grupo, acompañado de algunas sugerencias concretas para sustentarlo. 
Dentro de este espíritu, estaremos disponibles, naturalmente, para contribuir a convertir nuestro Parlamento en una referencia positiva para millones de europeas y europeos. 
Señor Presidente, como nota alegre quisiera decir en primer lugar que me complace mucho estar aquí para ser testigo del descubrimiento del lado femenino de su personalidad, que se nos ha revelado esta mañana. 
Permítame también que les asegure a sus señorías que la personalidad del Presidente tiene también un lado más duro, como he visto en otra Asamblea en otro lugar. 
Acojo de manera muy favorable la declaración que ha efectuado el Presidente esta mañana. 
Me complace de veras la respuesta a esa declaración de quienes ya han intervenido. 
Es un buen augurio para el cambio que sabemos ha de producirse- un cambio que llevamos mucho tiempo sin decidirnos a abordar. 
Me gustaría hacer constar que, en mi opinión, es el primer intento serio en mucho tiempo de asumir al reto de la necesidad de cambiar. 
A menudo el cambio nos parece algo siempre deseable pero que puede esperar hasta mañana. 
Ahora, con Pat Cox como Presidente, debemos enfrentarnos a él desde el primer día. 
Esto me parece bien. 
Todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de apoyar ese cambio. 
Mi Grupo, en particular, acoge favorablemente los cambios que ha señalado usted en su declaración. 
Harán que este Parlamento tenga más sentido. 
Darán al Parlamento el papel que debe, y debería, tener y que sabemos que no tiene. 
Nos permitirán un tipo de debate que suponga dejar a un lado todos los documentos sobre cuestiones técnicas que leemos atenta y diligentemente y que no deberíamos debatir en absoluto. 
Discutamos las cuestiones políticas. 
El Sr. Barón Crespo mencionaba el buen debate que tuvimos ayer con el Alto Representante, Javier Solana. 
Fue un debate bueno y abierto, pero deberíamos tener más debates como ése. 
No debería ser solo un privilegio para nosotros la presencia del Sr. Solana; quizás debería venir periódicamente. 
Él es responsable ante este Parlamento; no deberíamos pasarlo por alto. 
También es importante. 
Estoy encantado de que el Sr. Comisario Patten estuviera aquí ayer porque el suyo es igualmente un papel que debemos respetar y apoyar. 
Me gustaría agradecer a la Comisión y a la presidencia española su presencia hoy en este debate de la mayor importancia. 
También a ellos les corresponde un papel. 
Siempre he sido de la opinión de que el mejor amigo de la Comisión es el Parlamento Europeo. 
El Parlamento respaldará a la Comisión y se asegurará de que no es marginada por uno o varios de los Estados miembros grandes que deseen hacerlo por la razón que fuere. 
Sé también que la Comisión es la mejor amiga de los Estados miembros pequeños de la Unión Europea, los cuales pueden contar con su protección cuando la necesitan. 
En cuanto a los representantes de la presidencia española, es acertado y adecuado que estén aquí hoy y les agradezco su presencia. 
El pasado mes de noviembre vinieron y se reunieron con los dirigentes políticos de los Grupos del Parlamento y consultaron con ellos abiertamente el programa que se proponían desarrollar durante su presidencia. 
Ésta es una iniciativa valiosa que acogemos favorablemente, apreciamos y valoramos. 
No hace tanto tiempo desde que la presidencia saliente se negó a venir a este Parlamento para informar sobre sus actividades porque quería marcharse inmediatamente después. 
No quería responder a preguntas. 
Eso no deberíamos aceptarlo. 
Esta Asamblea requiere muchas reformas. 
Acojo favorablemente lo que ha dicho el Sr. Cox sobre los distintos asuntos que ha tratado. 
Ha mencionado la necesidad del estatuto. 
Existe un respaldo total al estatuto y me complace que la consulta se vaya a realizar de abajo arriba, implicando a todo el mundo de un modo decente, justo, honrado, abierto y democrático. 
Esto contrastará con el pasado, cuando el Sr. Rothley trabajaba por su cuenta y se hacían esfuerzos sólo para lograr un acuerdo y tener algo que reconocer a una presidencia al final del día. 
Eso no era suficiente entonces y no será suficiente ahora. 
Todos nos hemos involucrado en este debate y de él saldrá algo que merezca la pena. 
En cuanto a los trabajos de la Convención, me complacen mucho las sugerencias que se han hecho aquí hoy. 
Yo añadiría, aunque quizás no convencido al 100%, que la reunión que se celebra hoy entre el Sr. Giscard d ' Estaing y los presidentes de los Grupos políticos no debería haberse limitado a los presidentes de los Grupos políticos. 
Se podría, tal vez, haber pensado en celebrar esa reunión en el seno de esta Asamblea para que todos los diputados vieran lo que ocurre. 
Hemos instado al Sr. Giscard d ' Estaing a que no celebre esa pequeña reunión a puerta cerrada. 
Hemos pedido que el ritmo de la Convención se dicte desde la Asamblea y que participen los diputados de los distintos Estados, y, sin embargo, ayudamos al Sr. Giscard d ' Estaing teniendo un coqueto almuerzo privado al que asistirá media docena de personas. 
Píenselo otra vez, Señor Presidente, cuando se plantee el debate y discusión de estas cuestiones. 
Acerca de la ampliación, acojo muy favorablemente y apoyo su iniciativa de invitar a representantes de los parlamentos de los Estados que han solicitado la adhesión. 
Esto es bueno, justo y apropiado. 
Tengamos debate y discusión. 
Una pequeña cautela: no nos excedamos en nuestro papel y entremos en un terreno en el que pudiéramos estar solapando el mandato de negociación de la Comisión. 
Hemos de tener cuidado y aquí yo confío en la experiencia y el juicio de su señoría. 
Hablo desde mi propia experiencia limitada en este aspecto, que contaré en otro momento y en otro lugar. 
Por último, respaldo y alabo su planteamiento de fomentar los asuntos exteriores. ¿Podría pedirle que analizara el papel de las delegaciones parlamentarias en este ámbito concreto? 
¿Estamos haciendo justicia al Parlamento? 
¿Estamos haciendo justicia a alguien cuando nos reunimos con una delegación de India, digamos, o de China, una vez al año durante un día y medio o dos? 
¿Es eso promover las relaciones con otros países? 
No, en modo alguno. 
¿Por qué no, por ejemplo, emprendemos debates y discusiones con Irán en este momento? 
Si quienes abogan por el cambio en el régimen iraní necesitan ayuda y apoyo mediante debates y discusiones con gente como nosotros, ¿por qué no les estamos ofreciendo esa ayuda? 
¿No es hora ya de que seamos dueños de nuestra propia política, de nuestro propio planteamiento, de nuestra propia actitud en los asuntos exteriores? 
Señor Presidente, ha tenido usted un gran comienzo. 
Yo le apoyo firmemente. 
Le deseo lo mejor y estaré junto a usted recorriendo el camino. 
La única modesta aportación que debo hacer es que el Sr. Giscard d ' Estaing no va a comer con los presidentes de los grupos. 
La reunión de hoy precede a la Convención, pero les garantizo que cuando la Convención se inicie y sepamos cómo va a funcionar, insistiremos en que responda plenamente ante el Parlamento en esta Asamblea. 
Señor Presidente, su discurso de hoy muestra el valor de la lucha electoral abierta. 
Hemos tardado en debatir nuestra propia situación y me gustaría darle las gracias por su introducción y el debate de hoy y presentar unas propuestas para que sean tomadas en consideración. 
La consolidación de las leyes podría tener lugar negándonos a tramitar o directamente rechazando aquellas propuestas que no estén consolidadas. 
No es razonable que debamos reunir 70 modificaciones para ver la situación jurídica de un pescado. 
Una reforma en materia de transparencia debe garantizar que todas las reuniones y documentos sean públicos a menos que se apruebe por mayoría cualificada una excepción justificada, tal como aprobamos en el caso del informe Martin/Bourlanges. 
Las contrataciones políticas deben ser cosa del pasado. 
A partir de ahora, todo el personal debe ser contratado y ascendido según sus cualificaciones, también en este Parlamento, y podríamos comenzar de nuevo con la gente que ahora se va a contratar de los países solicitantes. 
Debe dotarse de nueva vida a las sesiones plenarias. 
Un tercio del tiempo podría destinarse al debate espontáneo, como indicaste. 
Los diputados activos deben tener la posibilidad de enzarzarse con el Comisario y el Presidente del Consejo si no obtienen una respuesta. 
Todos los diputados deben tener derecho a hablar al menos tres veces al año. 
Las votaciones deben recortarse de modo que sólo votemos las diferencias políticas. 
Después de cada debate deben reunirse los coordinadores y organizar técnicamente la votación. 
La lista de votaciones debe ser pública al menos una semana antes de la votación para que todos podamos consultar a nuestras bases y saber qué votamos. 
El reparto de puestos debe ser revisado. 
El método D ' Hondt podría ser sustituido por el método Saint Laguë, en el cual se divide por 1,3, 5 en lugar de por 1,2, 3,4, 5. 
Otorga el mismo reparto proporcional, pero permite a los grupos más pequeños la posibilidad de no tener siempre que coger lo que dejan los grandes. 
Y donde los grupos pequeños no están representados, puede darles puestos de observadores. 
Los miembros independientes deben disponer de sus posibilidades proporcionales y nosotros mismos debemos eliminar toda forma de discriminación en lugar de arriesgarnos a un nuevo proceso. 
El ataque del informe Corbett a los pequeños grupos debe ser sustituido por un acuerdo entre caballeros, en el que alcancemos algunos de los objetivos de Corbett sin recortar derechos de los grupos. 
En la Convención la mayoría y la minoría deben tener el mismo derecho a contar con ayuda cualificada y a presentar propuestas y a trabajar en favor de ellas. 
No puede haber privilegios para determinadas posiciones. 
El movimiento Europa y los federalistas no tienen la exclusiva para organizar el debate con la sociedad civil a costa del dinero del Parlamento. 
Juntos hemos de lograr que todo el Parlamento y la Convención funcionen para que todos los diputados y todas las posiciones se sientan adecuada y equitativamente tratados. 
Y hoy en la reunión con el Sr. Giscard nos gustaría garantizar que todos los suplentes en la Convención tengan pleno derecho a tomar parte en el trabajo. 
Señor Presidente, usted ha hecho votos por un Parlamento más democrático y menos burocrático. 
Me parece un concepto importante, y así yo querría empezar por la situación de los no inscritos, treinta y tres diputados realmente de segunda categoría, diputados que no tienen acceso al sistema de Hondt con el que se reparten todas las cosas en esta Casa, que no pueden presentar documentos ni enmiendas, y que incluso están obligados a darles a sus electores fe de su imposibilidad de participar con pleno derecho en los trabajos de este Parlamento. 
Hay un informe que, desde hace dos años, yace atascado en la Comisión de Asuntos Constitucionales; también ha habido una sentencia, hace unos meses, del Tribunal de Justicia, que ha planteado una serie de puntos importantes para comprender si esas medidas eran apropiadas o si, por el contrario, deberían ser modificadas, o si no han de existir sancionas jurídicas en caso de no-aplicación. 
Yo lo invito, Presidente, a que siga este expediente y a que relance este aspecto de los trabajos de nuestra Casa, porque creo que, precisamente en el aspecto al que se hacía referencia, uno de los problemas que nosotros tenemos es no sólo el genérico e importante de asegurar una mayor democracia a nuestros trabajos, una mayor participación de todos los diputados, sino de tomar en consideración este status reducido, que es sancionado y hasta ahora consagrado en esta Casa. 
Desde este punto de vista, señor Presidente, lo ha escuchado ya, el informe Corbett no sólo no es una respuesta, sino que incluso constituye, en cierta medida, una caricatura de lo que debería ser la mejora de nuestras condiciones. 
¿Cómo se puede pensar- quizás los colegas no lo saben, pero el colega Corbett ha propuesto- que se puedan suprimir, por ejemplo, las urgencias, uno de los momentos en los que este Parlamento puede hacer política, como decía el presidente Collins? 
Si es así, suprimimos también las resoluciones al término de los debates políticos, así nos transformaremos aún más en una máquina de votar sobre cada informe. 
Creo que éste no es el camino y, desde este punto de vista, deseo realmente que los Grupos políticos, los diputados, la misma Comisión de Asuntos Constitucionales, revisen detenidamente esa tentativa, que no es una buena tentativa. 
Nosotros necesitamos, señor Presidente, de un Parlamento que trabaje mejor. 
Cuando vemos debates importantes, con la presencia de la Comisión y el Consejo, a los que asisten diez o quince parlamentarios, bien, esto al Parlamento no le beneficia, no hace honor al Parlamento. 
En fin, a lo mejor, dos horas después, nos transformamos en un "votificio" (fábrica de votos) , entre otras cosas, porque sabemos que, gracias a un cierto sistema de sanción, venir a votar es conveniente. 
Antes existían las declaraciones de voto, había un sistema que permitía que los debates fueran visibles, comprensibles para los periodistas, para la opinión pública. Hoy ya no es así. 
El otro aspecto se refiere a la publicidad de nuestros debates. 
El colega Collins lo ha dicho; los demás no inscritos están de acuerdo. 
Ya hoy, por ejemplo, esta reunión podía haber sido organizada con la participación de todos, o a lo mejor ser retransmitida a través del circuito interno. 
Yo pienso, y nosotros creemos profundamente, Presidente, que, así como su elección ha sido transmitida por Internet- y esto ha constituido un primer paso importante- en la era de Internet nuestros debates, también en Comisión, y no sólo en Cámara, pueden y deben ser retransmitidos, de modo que todos los ciudadanos, y no sólo los europeos, puedan tener acceso a nuestros trabajos. 
Para terminar, una palabra sobre el Estatuto, señor Presidente. 
El Estatuto es importante, pero tiene que incluir también las prerrogativas de los parlamentarios; en otras palabras, ha de ser un Estatuto no basado únicamente en los aspectos financieros del diputado. 
Pienso que el desafío que hay que asumir es el de un Estatuto que por fin defina y califique el status del parlamentario europeo, su función, sus prerrogativas, sus derechos respecto a las Instituciones que van hacia la ampliación. 
Desde este punto de vista, señor Presidente, formulo un deseo para su trabajo y espero que, bajo su Presidencia, se puedan llevar a cabo reformas importantes, antes del 2004. 
Quisiera empezar felicitándole por su discurso del estado del Parlamento, el cual, quizás, al igual que otros discursos del estado de la Unión, debería ser un evento anual. 
Yo creo personalmente que ha tenido usted un comienzo muy positivo como Presidente del Parlamento Europeo. 
Si vamos a llevar a cabo el programa de reforma que usted ha indicado, necesitamos un esprit de corps en esta Cámara. 
La manera en que ha involucrado usted a la Mesa del Parlamento, a la Conferencia de Presidentes y a las presidencias de las comisiones en su programa, ya en su primer mes, demuestra una firme decisión de trabajar en toda la Asamblea para lograr la reforma, y eso es muy alentador. 
Pero, al mismo tiempo, ha hecho usted lo mismo con las instituciones. 
Aunque no deberíamos sobrevalorar estas cosas, ya existe una mejor relación entre la Comisión y el Consejo y esta institución- y quizás lo que es más importante- ha mostrado usted su disposición a adoptar decisiones difíciles. 
Eso es algo que, me temo, caracterizara cada vez más a su presidencia, pero tendremos más ocasiones de adoptar decisiones duras. 
Si tengo alguna crítica a su discurso, no es en cuanto al contenido- apenas ha habido una palabra con la que esté en desacuerdo- sino en que yo tal vez he detectado un afán de "abarcar demasiado" en su discurso. 
Si intenta usted hacerlo todo, puede acabar no logrando hacer mucho. 
Le animaría a que se concentrara en dos o tres elementos clave, de los cuales, la ampliación sería el esencial; la reforma interna de esta Asamblea el segundo; y, como ya se ha dicho, también la estrategia de comunicación del Parlamento para conectar mejor con los ciudadanos de la Unión Europea. 
Si consigue usted avances en estos tres temas, habrá logrado muchísimo. 
Su discurso, también correctamente, ha planteado el dilema al que nos enfrentamos. 
Para mejorar nuestra reputación en tanto que institución, tenemos que reformarnos internamente. 
Eso supone mirarse un poco al ombligo. 
Pero, si nos pasamos dos años y medio mirándonos al ombligo, estaremos todavía más lejos de los ciudadanos. 
Por tanto, hay que combinar las dos cosas. 
Tenemos que realizar la reforma de las estructuras de esta Asamblea a la vez que, como usted bien ha dicho, en este Parlamento conectamos con los ciudadanos debatiendo los problemas principales a los que se enfrentan en sus vidas diarias: hablar realmente de las cuestiones que importan ahí fuera, no de las cuestiones que nos importan aquí. 
Es lo de ahí fuera lo que realmente nos incumbe. 
El Sr. Dell ' Alba ha dicho algo que yo hubiera querido decir. 
Cuando hablaba su señoría de invitar a los diputados de los países que han solicitado su adhesión a que asistieran al debate sobre la ampliación en esta Asamblea, yo estaba de acuerdo, pero mi reacción inmediata fue preguntarme dónde se iban a sentar. 
Luego he mirado alrededor de la Cámara y me he dado cuenta de que no habría problema para encontrarles asientos en el Parlamento. 
Ahí, nos enfrentamos un doble dilema: uno, señalado por usted, hacer nuestros debates más vivos e interesantes; y otro, que hemos intentado resolver en el pasado y hemos de intentarlo de nuevo: hacer de esta sesión plenaria el centro de nuestros cuatro días de trabajo en Estrasburgo. 
Hay muchos otros momentos para las reuniones de comisiones y delegaciones, y para reunirse con los grupos de influencia, etc., pero cuando estamos en Estrasburgo, la sesión plenaria debería ser el punto central de nuestras actividades. 
En realidad, sin embargo, para la mayoría de los diputados es un acto secundario cuando vienen a Estrasburgo; el promedio de tiempo que pasa un diputado en esta Cámara es inferior a cinco horas durante una semana en Estrasburgo. 
Y debería ser aquí donde pasan la mayoría del tiempo; debería ser el centro de nuestra actividad; uno debería tener la sensación de que si no ha estado presente en el pleno, se ha perdido algo. 
Pero, por el contrario, se tiene la sensación de que si uno ha asistido al pleno, se ha perdido algo que ocurría en otro lugar. 
Por tanto, debemos hacer un replanteamiento que convierta la sesión en el centro de la actividad: una Asamblea más viva en la que realmente discutamos las cuestiones del día a día. 
Una última cosa, aunque importante, porque tanto usted, Señor Presidente, como el Sr. Poettering, han aludido a ella de distintas formas. 
Yo acojo favorablemente la decisión sobre el informe von Wogau: era la decisión correcta. 
Pero no creo, como indicaba usted, que una mejor regulación o la solución a largo plazo a lo que trataba el Sr. von Wogau en las propuestas Lamfalussy puedan dejarse a la Convención. 
Tenemos que centrarnos en esto en los próximos dos o tres meses porque la Cumbre de Junio se ocupará de la gobernanza y de la mejora de la regulación, y puede ocurrir, si no nos centramos en esto ahora, que para cuando lleguemos a la Convención, en junio sea demasiado tarde, por lo que es importante que atendamos a este tema ahora y no pensemos que la solución von Wogau era siquiera para cinco o seis meses. 
Se trataba de una solución para un período breve de dos o tres meses que abordaba un punto muy importante relativo a los poderes del Parlamento. 
Muchas gracias y, de nuevo, felicidades por los avances que ha logrado hasta ahora. 
Tenga por seguro que, como he indicado en el discurso, deseo trabajar entre ahora y la Cumbre de Barcelona para establecer el grupo de trabajo interinstitucional o, al menos, para poder emprender ese diálogo. 
El Presidente español ya ha suscrito esa idea ante esta Asamblea. 
La presidencia de la Comisión también ha respaldado la idea. 
Tenemos que cerrarla. 
Tiene usted toda la razón: no es algo que se pueda dejar para el medio plazo. 
Pero su programa nos llevará a otros obstáculos importantes. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar con una pequeña irreverencia que sólo sus colegas irlandeses pueden tomarse la libertad de hacer. 
Mientras les hablo, es para todos nosotros un gran placer pasar de la era de Paddy, el Irlandés, a la de Paddy, el Presidente. 
En su propia zona de Cork, en Irlanda, haría mucha gracia pensar que esta mañana estábamos discutiendo el lado femenino de Pat Cox en el Parlamento. 
Pero está bien que lo hagamos. 
Coincido con el Sr. Collins. 
Pero en algunas de las zonas más rurales de Irlanda divertiría el tono del debate. 
Le agradezco su intervención de esta mañana. 
Apoyo completamente el plan que nos ha presentado. 
Uno de los grandes problemas de todas las instituciones europeas es que hemos desarrollado un lenguaje, un glosario de terminología que ha levantado una barrera entre nosotros y los ciudadanos europeos a los que representamos. 
Hemos creado esa barrera no sólo frente a la gente, sino entre nosotros y los medios de comunicación, de los cuales dependemos para hacer llegar nuestro mensaje a los europeos. 
Su intervención de esta mañana estaba desprovista de tecnicismos europeos. 
Le felicito vivamente por ello. 
Es importante que todos sigamos el ejemplo- desde el lado técnico a nosotros parlamentarios- cuando nos expresamos. 
Ojalá su entusiasmo no decaiga durante los próximos dos años y medio y ojalá sea contagioso cuando nos represente su señoría en Europa y en otros lugares. 
Ojalá su afecto y evidente amor a este Parlamento, a estas instituciones europeas, sean contagiosos cuando intervenga usted en reuniones durante su mandato. 
Ojalá sea particularmente contagioso en nuestro país, Irlanda, mientras nos esforzamos por despertar de su letargo, de la indiferencia del 65% del electorado irlandés que no acudió a votar el Tratado de Niza el pasado mes de junio, mientras intentamos una vez más ofrecerles la oportunidad de respaldar la ampliación de Europa entre ahora y el final de diciembre de este año. 
Es importante que entusiasmemos a nuestros ciudadanos y- como una de sus prioridades- que entusiasmemos al pueblo irlandés con el proyecto de la ampliación que todos apoyamos. 
Le deseo buena salud y buena suerte para los próximos dos años y medio. 
Señor Presidente, seré muy breve. 
Su insistente referencia a la primacía de la política me ha llenado de satisfacción. 
Al fin y al cabo, este Parlamento ha pasado de ser un tigre de papel a ser un perro guardián de la democracia, y eso es política. 
Creo que en este contexto la comunicación y la información revisten una importancia decisiva. 
La información me parece aún más importante si cabe que la comunicación. 
No es lo mismo. 
Comunicar significa transmitir noticias. 
Informar implica dialogar con los destinatarios de la información. 
Ese diálogo debe ser abierto, debe ser objetivo, no se trata de adoctrinar o hacer propaganda, sino de comunicar e informar. 
Para facilitar una buena información es preciso aportar un buen contenido, tener algo que ofrecer y tener algo que contar. 
Todo no tiene por qué ser perfecto, pero es imprescindible que se pueda entablar un diálogo para introducir posibles mejoras. 
Mi pregunta es: ¿cómo vamos a afrontar esta tarea, señor Presidente? 
Existe un sinfín de informes sobre este tema. 
Yo mismo he tenido el honor de redactar uno de aquellos documentos que ahora están bien guardados en un cajón oscuro de algún escritorio. 
Aunque los informes abunden, las cosas apenas han cambiado en todos estos años que yo llevo en el Parlamento Europeo. 
¿Cómo vamos a hacerlo? 
Tal vez valga una sugerencia, porque ya lo hemos intentado de mil maneras. 
¿Por qué no entablamos un diálogo abierto? 
Entre usted como representante del Parlamento y los interlocutores de su elección, entre usted en nombre del Parlamento y los representantes de los medios de comunicación. No se trata de adoctrinar. 
Conozco muy bien la- por otra parte plenamente justificada- renuencia de los medios de comunicación frente a la propaganda. Propongo simple y llanamente que se abra un diálogo transparente para averiguar entre todos- porque, a fin de cuentas, eso es lo que importa- cuál es la mejor forma de servir a la cultura democrática parlamentaria y, por tanto, a Europa, a la Europa democrática. 
Señor Presidente, quiero decirle en primer lugar que su programa de trabajo es el nuestro y que, realmente, sus ambiciones son las nuestras, y creo que va a tener el apoyo de la Cámara. 
Señor Presidente, usted ha hablado de una defensa realista e inteligente de las prerrogativas de esta Cámara; ha mencionado el informe Lamfalussy; también, ayer tomó la decisión de no acudir al Tribunal de Justicia y de actuar con perspectiva en un asunto vital para los ciudadanos. 
Creo que esa defensa inteligente de nuestras prerrogativas- que no son nuestras, sino que representan la responsabilidad que tenemos ante los ciudadanos- constituye un leit motiv que quiero poner de manifiesto. 
Dentro de esa defensa de las prerrogativas y de ese mantenimiento de las mejores relaciones con las otras dos instituciones, en las que todos tenemos vocación, hay, sin embargo, un aspecto al que usted se ha referido de soslayo y en el que quiero insistir: el acceso a los documentos de screening de los países candidatos que, hasta ahora, nos están siendo negados. 
No tiene ningún sentido que invitemos a nuestros colegas de los países candidatos, que conocen esos documentos de screening, mientras que nosotros no tenemos acceso a ellos. 
Es uno de los asuntos concretos, no de preocupación, pero sí de ocupación inmediata. 
El segundo aspecto en este ámbito de las prerrogativas de este Parlamento es la imagen. 
Una imagen vale más que mil palabras y la conferencia de prensa que ayer ofrecieron las tres instituciones, junto con el ponente, Sr. von Wogau, facilitarán que en el futuro no volvamos a leer que se ha aprobado una directiva, cuando lo que se ha aprobado realmente ha sido una posición común en el Consejo. 
Las tres instituciones están embarcadas en la responsabilidad frente a los ciudadanos de hacer una legislación eficaz y buena. 
Y de ahí este segundo aspecto: la insistencia en el rigor de esta institución es importante. 
Las tres instituciones tienen que mejorar la calidad de la legislación. 
Se ha dicho en varias ocasiones y es uno de los grandes retos a nivel general, no solamente de las instituciones europeas. 
Las legislaciones tienen que ser legibles a pesar de su complejidad. 
Hay que huir, como se ha dicho, de la jerga y de las expresiones ininteligibles. 
En este sentido, a la hora de reformar esta Cámara, quiero recordar que ésta es una Cámara de comisiones. 
Hay que apoyar su idea- expresada, entre otros, por el grupo Provan y por otros grupos de trabajo de la Mesa del Parlamento- de que debe descargarse el trabajo más técnico en las comisiones pero sin quitarles visibilidad frente a los ciudadanos. 
Es importante que el ciudadano perciba el trabajo que se hace, no sólo en el Pleno, como ya ocurre, sino también en las comisiones. 
Por eso tenemos que mejorar este sistema de comunicación a nuestros ciudadanos desde las comisiones. 
Termino hablando de un tercer aspecto: el diálogo con la ciudadanía. 
Señor Presidente, tenemos en usted un magnífico representante de lo que es esta Cámara. 
Sus capacidades personales van a conseguir que seamos capaces de efectuar una labor didáctica. 
Empleo adrede esta palabra: hay que hacer una labor didáctica de lo que es la construcción europea, de lo que hacen realmente las instituciones europeas, de lo que se hace en esta Cámara y de hasta qué punto, en esta Cámara, nos sentimos responsables de la altísima misión que tenemos de representar a los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitarle por el excelente comienzo de su presidencia. 
Este debate ha demostrado que hay mucho apoyo y mucho deseo de reforma en esta Asamblea, en este vivo intercambio que estamos teniendo en el procedimiento "catch-the-eye" al final de este debate. 
Ha tenido usted la gentileza de aludir a mi informe, que espero esté en el orden del día del próximo período parcial de sesiones. 
Estamos creando un amplio consenso sobre el grueso de las propuestas recogidas en mi informe. 
En los últimos días, muchos grupos han tenido la amabilidad de invitarme a intervenir en sus reuniones y a ir creando este consenso. 
Tengo ahora bastante confianza en que el mes próximo existirá una mayoría a favor de un paquete útil de reformas que no resolverá todos nuestros problemas- y distará mucho de ello- pero que será un valioso paso hacia delante. 
A aquellos diputados que temían que mi informe contuviera elementos desfavorables para los Grupos pequeños, me gustaría tranquilizarles. 
No hay nada en mi informe que socave de modo significativo la posición de los Grupos pequeños. 
Si siguen teniendo temores, estaré encantado de reunirme con ellos e intentar buscar una solución a cualquier problema que planteen. 
La solución que prefiero es convencerlos, pero estoy abierto a otras soluciones que podamos encontrar. 
Esto supondrá una parte útil del proceso de reforma y les agradezco mucho su apoyo. 
Señor Presidente, una cuestión de orden: quisiera que nos miráramos el ombligo sólo durante 30 segundos. 
Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acerca de la reforma. 
Pero cuando hablamos de reforma, no hemos de olvidar las condiciones en que trabajan en esta Asamblea los diputados que no tienen cargos específicos. 
David Martin nos reprochaba que no pasáramos más tiempo en la Cámara, pero uno de los problemas es la cantidad de tiempo que perdemos para llegar a este lugar. 
No volveré a iniciar ese debate, pero cualquiera que mire a esta espléndida Cámara y a los espacios públicos palaciegos de este edificio no se creería las incómodas condiciones en que trabaja un parlamentario sin cargo específico. 
Por favor, no olviden ustedes, la gente importante que dispone de despachos espaciosos- incluso los secretarios generales de los Grupos Políticos tienen despachos cuatro veces mayores que los de un parlamentario sin cargo específico -, que cuando se tiene a un asistente y a un becario apretados en un despacho, no hay sitio para reunirse con las visitas. 
Señor Presidente, ¿se comprometerá usted al menos a respaldarnos consiguiendo ordenadores para los diputados, preferiblemente de pantalla plana para que puedan caber en las mesas de nuestros minúsculos despachos y podamos, así, ser más eficaces en el siglo XXI? 
Siento plantear esta cuestión tan directa: sé que los diputados se muestran siempre tímidos a la hora de plantear la cuestión de sus condiciones de trabajo pero, francamente, a no ser que podamos ser eficaces al abordar nuestro trabajo, no podremos prestar un buen servicio ni ser un buen escaparate para el mundo. 
No me gustaría que la gente se fijara en las grandes cantidades de espacio de las zonas públicas y viniera después a ver nuestros pequeños despachos apretados, de los cuales perdemos un tercio para un cuarto de baño inútil- pero eso es otra cuestión. 
Por favor, ayúdenos a ser más eficaces, señor Presidente. 
La Mesa está analizando el aspecto tecnológico. 
No estoy seguro de lo que puedo hacer en lo que respecta al edificio, pero cuenta con usted con mi solidaridad. 
Señor Presidente, hay informaciones de que el Presidente de la Comisión Prodi expuso su posición ayer en la conferencia de prensa relativa al comportamiento del Comisario Verheugen en la Comisión. Se trata pues de cuestiones relacionadas con el pacto de estabilidad. 
Parece ser que el Sr. Verheugen dio su asentimiento en la Comisión a las resoluciones de la Comisión pero que el domingo pasado se distanció de ellas en una entrevista concedida a un periódico alemán. 
Le ruego que recapacite sobre un procedimiento adecuado sobre cómo podemos obtener del Sr. Comisario Verheugen una explicación ante el Parlamento o un gremio adecuado. 
Este es el ruego que deseo oír públicamente. 
Preguntaré a la Comisión si el Sr. Comisario está disponible para acudir a esta Asamblea esta semana o, de no ser así, en otra ocasión apropiada. 
Señor Presidente, ya que el Sr. Poettering ha suscitado esta cuestión, le recuerdo que, desde hace seis meses, está pendiente una comparecencia del Sr. Bolkestein, a solicitud nuestra, en relación con las manifestaciones que hizo sobre el Islam. 
Entiendo que hay que empezar por las primeras, ya que si no, solamente el Grupo del Partido Popular Europeo va a poder plantear estos problemas y creo que todos tenemos derecho a que la Comisión se pronuncie. 
Siempre que nos aseguremos de que se trata de cuestiones de sustancia política y no de otra cosa, estoy seguro de que podremos encontrar un modus vivendi. 
Me gustaría dar las gracias a todos los que han participado en el debate de hoy. 
Quisiera decirles en particular, a la Sra. Comisaria y a los representantes del Consejo aquí presentes que normalmente no somos tan indulgentes con nosotros mismos en cuanto al tiempo que tomamos para hablar unos a otros como colegas. 
Es importante que en esta Asamblea trabajemos por establecer un esprit de corps. 
Es muy importante que trabajemos en esta cultura del cambio. 
Si lo hacemos, yo garantizo que las otras dos instituciones también saldrán beneficiadas. 
Espero que éste haya sido también para ustedes un tiempo bien empleado. 
El debate queda cerrado. 
Lucha contra el terrorismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto: 
Declaración del Consejo- Decisión adoptada el 27 de diciembre de 2001 sobre medidas para luchar contra el terrorismo; 
informe (A5-0003/2002) del Sr. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo (14845/1/01- C5-0680/2001- 2001/0217 (CNS) ). 
sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la orden europea de detención y los procedimientos de entrega entre Estados miembros (14867/1/01- C5-0675/2001- 2001/0215 (CNS) ). 
. Señor Presidente, me corresponde, como representante de la Presidencia del Consejo de la Unión, intervenir brevemente con respecto a estos temas de Justicia e Interior. 
Creo que es conocida la posición de mi país como gran impulsor del espacio de seguridad, justicia y libertad. 
La Presidencia española, desde su inicio, ha reiterado el compromiso de colaborar estrechamente con el Parlamento Europeo, como se han afirmado en sus comparecencias ante este Parlamento el Presidente en ejercicio del Consejo, el Presidente del Gobierno español, el Vicepresidente primero del Gobierno y Ministro del Interior y el Ministro de Justicia ante la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Mi presencia hoy aquí se enmarca en la voluntad de mantener una fluida relación entre ambas instituciones y de que mejore la cooperación institucional con esta Cámara. 
El Parlamento Europeo, mediante la aprobación del primer informe Watson, que fue pionero en estos temas sobre el terrorismo, y la importante resolución aprobada el pasado 5 de septiembre, se puso a la vanguardia de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo, y, precisamente, tiene un gran significado que esto ocurriera el 5 septiembre, antes del 11, fecha en que parece que la sociedad internacional ha descubierto la lacra que nos afecta. 
Creo que la aprobación de este informe puso de relieve la gran sensibilidad del Parlamento Europeo para hacer frente a las amenazas de nuestro tiempo. 
El contenido de este informe Watson, que la Presidencia suscribe, creó el ambiente político necesario para que la Comisión Europea, que llevaba ya tiempo trabajando en la preparación de las decisiones marco sobre la lucha contra el terrorismo y la orden europea de detención y entrega, presentara con urgencia, tras el 11 de septiembre, ambos proyectos legislativos, que pudieron ser objeto de consenso en el Consejo de Justicia e Interior de los días 6 y 7 de diciembre y que fueron refrendados políticamente en el Consejo Europeo de Laeken. 
El Parlamento Europeo acaba de emitir el informe sobre ambas decisiones con un altísimo nivel de competencia técnica y sensibilidad política. 
Debo decir que la celeridad con la que el Consejo ha debido debatir estas cuestiones para hacer frente a las expectativas de nuestra sociedad tras los acontecimientos del 11 de septiembre no deben hacer olvidar la importancia que hoy tiene este debate en el Parlamento Europeo. 
Evidentemente, conocemos el sentimiento del Parlamento Europeo de no haber tenido suficiente tiempo para debatir estas cuestiones y me gustaría precisar, en este sentido, que las dos Decisiones marco responden a la solicitud del Parlamento Europeo al Consejo formulada en su Resolución de 5 de noviembre de 2001, de adoptar medidas en este sentido. 
Como ya he dicho, la Comisión Europea llevaba tiempo estudiando los proyectos y pudo presentarlos inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, gracias al trabajo realizado con anterioridad. 
Respecto a la lista de organizaciones terroristas, la Presidencia española es consciente del malestar que en esta Cámara ha producido la adopción por el Consejo, el pasado 27 de diciembre, bajo la Presidencia belga, de una lista de organizaciones terroristas, relacionada estrechamente con el Reglamento (CE) nº 2580/2001, sin que hubiera habido una consulta previa al Parlamento Europeo, que había manifestado su deseo de pronunciarse sobre esta cuestión. 
Es evidente, Señorías, que no vamos a hablar de la legalidad que ampara la Decisión adoptada por el Consejo en el marco del artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, pero tenemos que hablar, más que de legalidad, de actitud política, y puedo decir en nombre del Consejo que nuestra institución tiene una óptima disposición para mantener con esta Cámara los mejores contactos, en el marco del apartado 1 del artículo 39 del Tratado de la Unión Europea. 
En el caso concreto de las listas de organizaciones terroristas, subrayo que el Consejo ha tratado dos listas. 
En primer lugar, un documento confidencial elaborado por el Grupo "Terrorismo", del que tomó nota en la reunión del 7 de diciembre y en el que figuran 34 organizaciones terroristas. 
Esta lista formaba parte, hasta el 1 de junio de 2001, del documento "Amenaza" de la Presidencia, de carácter confidencial y que nunca ha sido consultado por el Parlamento Europeo. 
Es más, bajo la Presidencia belga se acordó la elaboración de un documento desclasificado sobre la amenaza, para su transmisión al Parlamento Europeo y que sus Señorías recibirán en cuanto estén terminadas las diferentes versiones lingüísticas. 
Es evidente que ninguna disposición del Tratado impone al Consejo consultar o informar al Parlamento sobre este documento confidencial, que, en todo caso, perdería su valor si se discutiera en público, y que su destinatario último son los servicios antiterroristas de los Estados miembros. 
La otra Decisión del Consejo es la 2001/927/CE, que contiene una lista pública de individuos y organizaciones terroristas, vinculada al Reglamento (CE) nº 2580/2001 y a las Posiciones comunes 01/930 y 01/931. 
La adopción de estos instrumentos responde a una situación excepcional, en la que el cumplimiento del mandato del Consejo Europeo y la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas primaron sobre cualquier otra consideración. 
La opinión pública europea nos exigía una actuación rápida, visible y decidida en la lucha contra el terrorismo. 
A pesar de esta urgencia, el Consejo consultó a esta Cámara sobre el Reglamento (CE) nº 2580/2001, pero los cambios en el formato legislativo, al haberse reservado el Consejo las competencias de ejecución, de acuerdo con el artículo 202 del Tratado, confirmado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no obligan a consultar al Parlamento. 
A pesar de todo esto, la Presidencia del Consejo desea reiterar su voluntad de hacer participar, en el marco de los Tratados y en la mayor medida posible, al Parlamento Europeo en las cuestiones de Justicia e Interior, y mantendrá informada a esta Cámara en el ámbito de la cooperación policial y judicial. 
La presencia del Vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Interior y del Ministro de Justicia de la Presidencia en estas últimas semanas en esta Cámara subrayan la voluntad de la Presidencia de trabajar con este Parlamento. 
Por último, en lo referente a la definición del acto terrorista, el texto de la Posición Común 01/931 recoge el contenido de la Decisión marco del Consejo, sobre la que el Parlamento ha sido consultado. 
. (EN) Señor Presidente, mi informe es un borrador de la respuesta de este Parlamento a dos actos legislativos: una propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo y una propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la orden europea de detención y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. 
Junto con la creación de la autoridad judicial europea, Eurojust, estas dos medidas constituyen la base legislativa de la respuesta de la Unión Europea a la amenaza del terrorismo. 
La Unión Europea puede concederse unos momentos de satisfacción. 
Estas medidas representan un importante paso hacia la creación de un espacio judicial europeo. 
Me gustaría dar las gracias al Presidente en ejercicio por recordarnos que este espacio judicial no se inició el 11 de septiembre del año pasado, aunque sería una grosería no reconocer que los ataques en Nueva York y Washington del 11 de septiembre supusieron un impulso político que nos permitió aprender la lección y superar ciertas objeciones. 
Muchos de nosotros lamentamos que fuera necesario ese estímulo. No obstante, recibimos favorablemente los avances que ha traído consigo. 
¿Qué significan estas medidas? 
La orden europea de detención se aplica a una variedad de delitos más amplia que la prevista en los acuerdos previos de extradición. 
Hace de la entrega un proceso judicial más que político. 
Deroga en gran medida el principio de procesamiento doble. 
Establece un límite de 90 días para la extradición, dándonos la oportunidad de juzgar a todos los sospechosos de un delito a la misma vez. 
Consolida la idea de derecho de la Unión Europea. 
La decisión marco sobre terrorismo convierte al terrorismo en un delito en todos los países. 
Actualmente era un delito solamente en seis. 
Define por primera vez en el derecho internacional un acto terrorista y los delitos que constituyen acto terrorista. 
Quiero elogiar estas medidas ante la Asamblea. 
La amenaza terrorista es enormemente grave. Requiere una respuesta seria. 
Estas dos medidas constituyen tal respuesta seria. 
Yo lamento- y nosotros lo hemos lamentado aquí en debates anteriores- la ausencia de un control y de una supervisión democrática adecuada de los procedimientos legislativos de la Unión en esta materia. 
Esta Asamblea defendió la invocación del artículo 42 del Tratado, que permitía incluir estas medidas dentro del primer pilar. 
Sin embargo, reconocemos que el proceso de debate ha dado lugar a mejoras y que nuestras enmiendas a la primera lectura han establecido ciertas salvaguardias en estas medidas. 
Me alegran las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo sobre una mayor implicación del Parlamento en el proceso de aprobación de esta legislación. 
Otras medidas, como el bloqueo de activos, han sido mucho menos coordinadas. 
De hecho, no es injusto decir, a partir de los informes de las reuniones del Coreper, que la Unión Europea ha estado totalmente confusa en su planteamiento del bloqueo de activos y en otras decisiones. 
La propuesta de resolución que se presenta hoy así lo refleja. 
Sabemos desde finales de los años 90 que los tres fenómenos- terrorismo, crimen organizado internacionalmente y corrupción- están cada vez más vinculados. 
Lo que los estudiosos han llamado el nexo criminal terrorista está claramente probado. 
La lucha contra la infraestructura terrorista criminal debe ser nuestra principal prioridad. 
Sabemos, también, que el crimen organizado internacional es, con mucho, el principal factor, en lo económico y probablemente en lo político, en este nexo criminal terrorista. 
El lavado de dinero representa entre el 2 y el 5% del total del PNB global. Eso supone entre 500.000 millones y 1,5 billones de euros. 
No basta sólo con congelar los activos de los grupos terroristas. 
Debemos luchar contra la dimensión económica del terrorismo para abordar la esencia del problema. 
Las Naciones Unidas han empezado a hacerlo a través del grupo de trabajo de acción financiera. 
Las recomendaciones de la reunión de Washington de 30 de octubre que se aplicarán en junio de este año son esenciales y ofrecen un ámbito en el que podemos trabajar junto con los Estados Unidos de América en la lucha contra esta amenaza. 
Pero aquí, yo apelaría a la Unión Europea para que tome la iniciativa: para que tome la iniciativa en las formas de avanzar, para intentar que los estadounidenses vuelvan a la comunidad internacional en su lucha contra el terrorismo y para hacerlo dentro de un marco jurídico adecuado con un control parlamentario y democrático adecuado. 
Se han presentado diversas enmiendas a mi informe. 
Las enmiendas 1 y 5 son idénticas y no me plantean ningún problema. 
La enmienda 2 que se presenta con posterioridad a la aprobación del informe en la comisión, parece ligeramente fuera de contexto y yo recomiendo que se vote en contra de la misma. 
La enmienda 4 pide el establecimiento de una ley europea de habeas corpus. 
Mi Grupo respaldará esta enmienda, como ya hicimos en la comisión, aunque consideramos que volver a incluir la enmienda es un poco como añadir demasiado glutamato monosódico al guiso. 
La enmienda 3 es la esencia del debate: los que la promueven dicen que la Unión Europea no debería seguir adelante sin la garantía de normas mínimas adecuadas de derecho procesal. 
Eso significa que la Unión no puede responder a la amenaza terrorista. 
Yo no estoy de acuerdo con ellos. 
Pero, al dar nuestra aprobación, lo hacemos en la confianza de que estas medidas estarán compensadas con garantías procesales. 
Esta cuestión me resulta personalmente muy penosa. 
La confianza no es una base cómoda sobre la que proceder en política. 
Soy consciente de que mi nombre, y quizás el nombre de mi partido, puede asociarse a leyes que podrían utilizarse para fines represivos. 
Yo pido al Consejo y a la Comisión, en el marco de las nuevas relaciones que tenemos entre nuestras instituciones, que avancen rápidamente para que el paso adelante necesario en la seguridad vaya acompañado de medidas que fomenten la libertad y la justicia por las cuales se juzgará a la Unión Europea. 
Al recomendar estas decisiones marco a la Asamblea, al recomendar que confiemos en las otras instituciones, yo les digo: están sometidas a juicio. 
La Unión Europea está sometida a juicio ante el tribunal de la opinión democrática mundial. 
Señor Presidente, si acabamos este debate con una votación que confirme los amplios consensos que hemos alcanzado hasta ahora en esta materia, quiero hacer un llamamiento a los Grupos parlamentarios para que no se cambie el informe. 
Vamos a renovar nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo y vamos a cerrar un proceso que, como ha recordado el Sr. de Miguel, se inició en el Parlamento Europeo. 
Creo que de esa manera pasaríamos una de las páginas más brillantes de esta Cámara. 
Esperamos ahora una rápida transposición de esas medidas para que sean efectivas, que se tomen decisiones para conseguir la congelación de los recursos económicos de los grupos terroristas europeos y que se coordinen los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, no sólo entre los Estados miembros, como ocurre entre España y Francia, muy particularmente en los últimos tiempos, sino también entre los órganos competentes creados en el ámbito de la Unión Europea. 
Señor Presidente, estoy convencido de que con este proceso no sólo respondemos a una demanda expresada de manera muy firme por los ciudadanos europeos, sino que, además, estamos prestando una contribución imprescindible a la causa de la libertad. 
No hay mayor riesgo para la libertad de pensamiento, de expresión, para el derecho mismo a la vida, que la violencia expresada a través del terrorismo. 
Todo Estado democrático tiene la obligación de poner en manos de la justicia instrumentos como los que estamos discutiendo hoy, que hagan más eficaz su labor. 
En un Estado de Derecho, el diálogo democrático ha de fundamentarse en el respeto mutuo y la no violencia, con el objetivo de defender la democracia, como expresamos literalmente en uno de los considerandos del informe sobre el papel de la Unión en la lucha contra el terrorismo. 
Lo contrario, Señorías, sería aceptar que las leyes que aprueben los parlamentos democráticamente elegidos, cambiaran para dar satisfacción a los asesinos y para que dejaran de matar; esa pretensión, Señorías, señor Presidente, es rechazable por antidemocrática e inmoral. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera decir que mi Grupo celebra con sinceridad que hoy se hayan aprobado en segunda consulta los dos informes Watson. 
Uno, sobre la orden de detención y entrega europea, y otro sobre la definición común del terrorismo. 
Nosotros aceptamos el resultado de la Cumbre de Laeken y mi Grupo cree que contiene todo lo que el Parlamento, desde el primer informe Watson, ha ido expresando como su voluntad. 
Felicito a la Presidencia belga por la aprobación de este documento, a pesar de los problemas que plantearon algunas delegaciones, y quiero reiterar nuestra felicitación al Consejo y a la Comisión y nuestra alegría por la adopción de estos textos. 
Por tanto, vamos a votar a favor de un informe Watson, que no incluye enmiendas al texto que consideramos consolidado desde la última Cumbre. 
Y lo vamos a hacer por las razones que hemos explicado, pero quiero, Señorías, decirles aquí, por qué vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas. 
Hay un grupo de enmiendas que han presentado los colegas del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que pretenden decir que la aprobación de la orden de detención y entrega se condicione a la mejora de determinados estándares judiciales en la Unión Europea. 
Nosotros estamos de acuerdo con el objetivo de estas enmiendas, pero no aceptamos la condicionalidad. 
Pensamos, además, que la adopción de un instrumento tan revolucionario como la orden de detención y entrega europea debe motivar a los Estados de la Unión Europea a alcanzar esa mejora en sus estándares judiciales. 
Creo que el orden en el que estamos trabajando puede ser, por lo menos, práctico y llevarnos a resultados positivos. 
Otras enmiendas, presentadas por otros colegas, pretenden desde el establecimiento de un habeas corpus europeo hasta otros objetivos con los que también estamos de acuerdo, pero no pensamos que éste sea el instrumento jurídico para encauzarlos. 
Vamos a trabajar, y comprometo en ello hoy aquí a mi Grupo, para que esos objetivos se cumplan en el futuro, y lo haremos con la Comisión y con el Consejo. 
Aquí nos van a encontrar, apoyándoles en sus iniciativas y en las que nosotros mismos podamos presentar, pero no creo que sea mañana u hoy cuando debamos votar a favor de estas enmiendas. 
Le decía, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que mi Grupo se felicita por la aprobación de estos dos instrumentos. 
Además, reconocemos estos instrumentos como nuestros, porque este Parlamento- como usted ha recordado- ha trabajado mucho para lograrlo. 
Por ello- como usted ha dicho- nos resulta difícil aceptar el modo en que el día 27 de diciembre se tomaron las decisiones en relación a los cuatro instrumentos legislativos para establecer una lista de terroristas en la Unión Europea. 
Me alegro de sus palabras y espero que podamos restablecer el diálogo constructivo y mantener la relación de confianza. 
Me sumo también a las palabras del Sr. Watson y pido que los instrumentos de colaboración en materia penal pasen al primer pilar. 
Creo que entre todos podremos lograr superar el déficit democrático en el que obviamente nos encontramos. 
Señor Presidente, yo no tengo ningún respeto hacia aquellos que pretenden disponer de la vida de los demás para lograr sus objetivos. 
Creo que todos los esfuerzos para acabar con esto son pocos. 
Pero, en cambio, tengo el mayor de los respetos por nuestro sistema democrático y de derechos, y creo también que es obligación del Parlamento defenderlos con el mismo entusiasmo. 
Señor Presidente, el Consejo debería darse cuenta de que se encamina hacia una gran disputa si sigue adelante con su complejo paquete del 27 de diciembre, estableciendo definiciones jurídicas de quién es terrorista sin ningún control democrático. 
Preveo que el siguiente paso del Consejo será establecer prohibiciones a escala europea. 
Sería escandaloso hacerlo en secreto y sin control. 
Pasando a las decisiones marco sobre la lucha contra el terrorismo y la orden europea de detención, mi Grupo las apoyará. 
El que un periodista británico normalmente sensato dijera ayer que Europa ciegamente, sin oposición, está a punto de dejarse llevar por su siniestra extralimitación es realmente pasarse. 
Mi Grupo no votará a favor de aplazar la entrada en vigor de la orden europea de detención hasta que exista una legislación procesal común mínima. 
Las acciones urgentes para atrapar a los terroristas y a los criminales no pueden retrasarse, aunque la enmienda relativa al habeas corpus redactada tan hábilmente por el Sr. MacCormick es muy valiosa. 
Pero también se necesitan con urgencia elevadas normas mínimas que vayan en paralelo. 
Es una ficción decir que, dado que todos tenemos excelentes sistemas judiciales, el reconocimiento mutuo es suficiente. 
Yo podría poner de manifiesto defectos en el sistema de mi propio país- por ejemplo, tenemos el número más elevado de personas en prisión de todos los Estados de la UE- así como defectos en otros Estados miembros. 
El Consejo, al igual que los diputados, deben acoger favorablemente las propuestas que está preparando la Comisión para lograr una equivalencia en las normas mínimas de justicia penal. 
Si algunas de las personas que se oponen ahora a la orden europea de detención- en particular aquéllos de la derecha, no pocos de ellos en mi propio país- también gritan "¡ horror! ¡horror !" a lo que podrían decir que es armonización de los sistemas de justicia penal, serán culpables de una gran hipocresía. 
Necesitamos la orden de detención europea; también necesitamos un programa de equivalencia en las normas mínimas comunes. 
Señor Presidente, la historia del expediente de la orden de detención europea resulta verdaderamente estrambótica, no sólo porque continúan planeando numerosas dudas sobre asuntos importantes, sino también porque el Parlamento no se atreve a imponer sus puntos de vista sobre el fondo de la cuestión. 
Para empezar les pondré un ejemplo cualquiera de esa falta de precisión. 
El Consejo ha hecho bien en restringir la propuesta de la Comisión según la cual un Estado miembro puede negarse a entregar una persona si considera que no ha cometido ningún delito. 
Me parece positivo. 
De este modo, un médico neerlandés que practique un aborto a una chica irlandesa en los Países Bajos no deberá ser entregado a Irlanda. 
¿Pero podrá este médico irse algún día de vacaciones a Irlanda o a cualquier otro país de la UE si Irlanda solicita su entrega alegando homicidio? 
Es algo que no queda claro, y la falta de precisión del derecho penal debilita el sentido de la justicia. 
Ahora quisiera referirme a la valentía parlamentaria. 
Señor Watson, este Parlamento considera ya desde el informe Di Lello- cito -: "que los Estados miembros deben acordar normas mínimas comunes para determinados aspectos del derecho procesal a fin de garantizar un nivel común de protección de los derechos fundamentales en toda la Unión Europea". 
Ahora que la orden de detención europea nos obliga a ello y nos facilita un arma para exigir que todos los ciudadanos de la Unión Europa puedan acogerse a dicha protección debemos tener el valor de utilizar esa arma. 
Usted no tiene por qué tener miedo. 
Si el Consejo despliega la misma energía y muestra la misma resolución a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos que a la hora de adoptar medidas represivas la orden de detención europea no sufrirá ningún retraso, sobre todo habida cuenta de que la Comisión acaba de presentar una primera versión de las normas mínimas poniendo de manifiesto que son a la vez necesarias y viables. 
Por lo que a la definición de terrorismo se refiere mi Grupo concede suma importancia a las garantías recogidas en los considerandos y las declaraciones del Consejo de 6 de diciembre, donde se estipula, por ejemplo, -vuelvo a citar- que nada de esta decisión marco "puede interpretarse de tal forma que las personas que ejerzan su derecho fundamental a la libertad de expresión puedan ser denunciadas por razones de terrorismo, aun cuando cometan infracciones a la hora de ejercer dicho derecho". 
Ahora bien, todas las buenas intenciones y la aparente voluntad de aceptar ese texto comenzaron a flaquear en el momento en el que dichas garantías dejaron de incorporarse a las decisiones del Consejo de 27 de diciembre. 
La esencia de la definición no varía, pero han desaparecido las garantías. Ni siquiera se hace mención de ellas. 
Nuestra enmienda a la resolución tiene por objeto colmar esta laguna. Dado que sólo el futuro dirá si desconfío sin razón o si mi cautela está justificada, ruego a los demás Grupos que nos ofrezcan esta seguridad. 
Señor Presidente, por segunda vez rechazaremos un texto que forma parte de una campaña dirigida por la Administración Bush y que, en nombre de la lucha antiterrorista, sólo pretende poner en tela de juicio en todo el mundo las libertades democráticas elementales, sin tener en cuenta los propios convenios internacionales. 
A título de ejemplo, con motivo del 11 de septiembre, aún permanecen detenidas 500 personas inmigrantes sospechosas de ejercer actividades terroristas, de las que nadie ha dicho nada y que nunca fueron procesadas. 
Se han creado tribunales militares. 
Finalmente, varias decenas de prisioneros están encarcelados en condiciones dramáticas, en la base de Guantánamo, sin ninguna garantía y sin estar sujetos a estatuto alguno. 
En este Parlamento se nos hizo avalar una lista de terroristas- elaborada, en realidad, por la CIA, según sus propios criterios, sin justificación -, mientras que el Reino Unido, Francia o Italia adoptan medidas restrictivas de las libertades, sobre todo las de los inmigrantes. 
Además, se nos impone una definición común de terrorismo, liberticida, que aplicada al pie de la letra por un dirigente como el Sr. Berlusconi podría convertir en delito actividades sindicales como la huelga en los servicios públicos. 
Finalmente, añadiré que no se puede luchar contra el terrorismo apoyando el terrorismo de Estado, como ocurre con el Sr. Sharon, sino que se lo combate erradicando del planeta la miseria, la injusticia y la corrupción. 
Señor Presidente, regreso de Porto Alegre, y comprendo las preocupaciones del Sr. Bush y de sus aliados frente a este inmenso movimiento de resistencia a la globalización liberal; pero yo he elegido mi bando; rechazo una campaña tendente a criminalizar cualquier movimiento de protesta frente al orden establecido. 
Señor Presidente, me congratulo, tanto con el colega que me ha precedido, como con todos los que, en múltiples ocasiones, recuerdan y nombran- aunque en algunos casos, en mi opinión, de manera inoportuna- al presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi. 
Volviendo al debate, por fin el Parlamento Europeo expresará su voto sobre dos cuestiones fundamentales: la lucha contra el terrorismo y la euroorden. 
Ciertamente, este voto sólo representa una especie de tardío cumplimiento burocrático frente a decisiones que, de hecho, ya han sido tomadas. 
Este modo de proceder, como ha sido muchas veces señalado, no es aceptable, toda vez que representa una verdadera mortificación política para el Parlamento Europeo que- no hay que olvidarlo- es la única institución europea elegida democráticamente, la única que representa plenamente a los ciudadanos europeos. 
Podemos sentirnos satisfechos de la aprobación de la euroorden, un instrumento indudablemente eficaz desde el punto de vista jurídico en la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado, en sustitución de los complejos, y demasiado burocráticos, procedimientos de extradición. 
Pero no tenemos que olvidar que la lucha contra el terrorismo, sobre todo contra el terrorismo que hemos conocido en los últimos meses, no puede ser llevada a cabo sólo con las euroórdenes, porque ésta sería una actitud hipócrita y absolutamente inadecuada e insuficiente. 
Europa- como ayer recalcó el señor Solana- sólo podrá forjarse una auténtica credibilidad internacional si fuera capaz de llevar la paz y la justicia social y política a la cuenca del Mediterráneo y de Oriente Medio. 
El compromiso de Europa en estas zonas críticas no debe ser únicamente dictado por la emergencia y por la emotividad o, peor aún, por el egoísmo de quien ve amenazada su propia tranquilidad, sino apuntarse a un proyecto europeo, en un compromiso constante y concreto dirigido a garantizar a estas zonas un futuro económico, político y social realmente digno. 
En conclusión, confiamos en que la nueva fase constituyente que se pondrá en marcha con la toma de posesión y los trabajos de la Convención pueda suponer realmente para Europa un papel de actor político fuerte y responsable, capaz de una única política exterior y de defensa común y de un espacio europeo común de libertad y justicia. 
El día del 11 de septiembre ha puesto de manifiesto una vez más que hace falta una feroz lucha contra el terrorismo y el crimen organizado para garantizar el libre espacio de paz y seguridad en los Estados miembros. 
A través de las presentes propuestas el Consejo realiza un loable esfuerzo por contribuir a este fin facilitando una rápida entrega. 
Ello no obstante, hay algunos puntos criticables. 
A mi juicio, la orden de detención europea debería aplicarse a una breve lista positiva de delitos para los cuales existe una definición europea o internacional, tal y como sucede en el caso del terrorismo. 
La actual lista presentada por el Consejo contiene un gran número de delitos que carecen de definición europea. 
Recoge delitos de índole tan variada como son la estafa, la violación y el homicidio. 
¿Cuál es el aspecto transfronterizo de estos delitos? 
¿No ofrecen suficientes posibilidades los acuerdos de extradición existentes? 
Ahora bien, para evitar que se dé carpetazo a esta iniciativa positiva una vez logrado un difícil compromiso le concedo el beneficio de la duda. 
Señor Presidente, es necesario reforzar el control de las fronteras externas de la Unión Europea, si se quiere luchar eficazmente contra la amenaza terrorista. 
Recuerdo que hay un compromiso asumido por los Ministros, según el cual el Comité estratégico sobre la inmigración tiene que aplicar medidas, como la formación común de los encargados de los controles en las fronteras a través de la creación de un Instituto Europeo de formación en la prevención y en el control. 
Sobre este tema, nosotros hemos denunciado con intensidad la responsabilidad de un país que aspira a la adhesión, Turquía. 
Continúan realizándose desembarques clandestinos, y hay responsabilidades: la autoridad internacional ha establecido una lista de Estados denominados "Estados canallas", pero yo querría también recordar la responsabilidad de los "Estados mafia", que no hacen nada por cortar estos tráficos inmundos de personas, arrastrados a aventuras sin destino y sin conclusión. 
En cuanto a la euroorden, me urge recordar que el gobierno italiano se ha afanado en supeditar la aplicación de esta decisión marco a la modificación previa de la Constitución. 
Hace falta en efecto compaginar dos necesidades distintas: la seguridad de los ciudadanos europeos frente a las graves amenazas terroristas y la defensa de las libertades y de las garantías constitucionales- derechos fundamentales e inviolables- cuya intangibilidad ha de ser defendida con respecto a todas las normas, incluidas las de derecho internacional. 
Señor Presidente, señor Comisario, honorable Presidencia del Consejo, me parece extraordinariamente positivo el compromiso con que la anterior Presidencia belga ha tratado y ahora la Presidencia española trata este gran tema de la lucha contra el terrorismo. 
La rapidez con que las instituciones europeas, en especial la Comisión y el Consejo han reaccionado ante el atentado terrorista del 11 de septiembre con todo un paquete de medidas que alcanza desde la definición del hecho punible común, pasando por la orden europea de busca y captura hasta la creación de instituciones como los equipos comunes de investigación en Europol, muestra también el valor suplementario que representa la Unión Europea. 
Esta reacción es extraordinariamente positiva. 
Pero extraordinariamente problemático es que se ha eludido al Parlamento Europeo en algunos aspectos al adoptar estas resoluciones, al Parlamento, que representa a los ciudadanos de esta Unión Europea y que debe participar per legem según el Tratado, además antes de la adopción de una resolución del Consejo y no después. 
Como esto no es la primera vez que ocurre sino que este modo de actuar parece que a veces se convierte en método, quiero protestar aquí con toda energía. 
No pueden admitirse estos modos de proceder eludiendo el Tratado. 
Exijo que el Parlamento sea vinculado en el futuro a la hora de adoptar medidas relacionadas con el tercer pilar. 
En el Reglamento del 27-12 se determinó qué cuentas bancarias de personas y grupos se podían congelar. 
Me interesaría saber si se han producido éxitos, qué cuentas se han encontrado realmente y qué fondos se han congelado. 
Para finalizar, quiero repetir la exigencia de vincular al Parlamento efectivamente para aumentar de este modo, por un lado, la eficiencia y, por otro, mantener la seguridad jurídica. 
Señor Presidente, si algo bueno trajeron consigo los acontecimientos del 11 de septiembre- y hace falta mucho valor para decir que así fue- yo destacaría dos cosas. 
En primer lugar, hizo que el mundo se fijara, por primera vez quizás, en la cuestión del Islam como religión- pero, de momento dejaré eso a un lado. 
En segundo lugar, hizo que Europa, EE.UU. y Occidente volvieran a fijarse en el tema de las relaciones internacionales. 
No podemos cerrar los ojos y la mente a los problemas de pequeños países a miles de kilómetros de distancia ni de regiones empobrecidas y turbulentas- estemos o no de acuerdo con los regímenes allí existentes- y pensar simplemente que no importan. 
Si lo hacemos, corremos el riesgo de que los problemas se nos presenten en nuestra puerta. 
Una de las formas en que esto ocurre es el terrorismo, que evidentemente no podemos pasar por alto. Lo contrarrestamos mediante la cooperación internacional. 
El Sr. Blokland decía antes que hemos de ser más duros y más firmes. 
Además de las medidas de represión, es fundamental que analicemos e intentemos abordar las raíces- la pobreza, la guerra, la opresión y toda una serie de problemas- que dan lugar al terrorismo. 
Todos nosotros detestamos y condenamos el terrorismo. 
Estos dos informes suponen un primer paso hacia una mayor cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y en el aumento de la cooperación policial internacional. 
Nosotros, como políticos, somos elegidos para hacer el seguimiento de lo que ocurre a escala europea. 
Debemos presionar a favor de las normas mínimas más elevadas posibles y de la máxima cooperación y analizar constantemente la situación y seguir los avances. 
Señor Presidente, tomo la palabra para expresar una satisfacción y una preocupación: satisfacción por el concreto paso hacia adelante que ha dado la Comunidad Europea en materia de lucha contra el terrorismo; preocupación por algunos inoportunos compromisos, impuestos por algunos Estados miembros para aceptar suscribir nuestra Convención, que no hemos rechazado a tiempo, porque este Parlamento no ha sido involucrado antes de que se tomaran las decisiones. 
Cito, por ejemplo, el caso italiano, en el que los ciudadanos italianos hemos tenido que sufrir la humillación y la insatisfacción de los demás Estados miembros, sólo porque nuestro gobierno ha intentado, no lográndolo, condicionar el alcance de la Convención Europea, excluyendo de su aplicación algunos delitos que tienen mucho interés para nuestro Presidente del Gobierno, quien- "mira qué casualidad", diría el Fiscal de Milán, Sr. Borrelli- está bajo proceso en Italia precisamente por esos delitos. 
Me refiero en particular a los delitos de corrupción y falsedad en documento. 
No habiendo logrado esta tentativa, nuestro gobierno ha pretendido- y esta vez lo ha conseguido, con tal de superar el impasse- una cláusula también ésta pretestuosa que, de hecho, corre el riesgo de hacer que sea inaplicable sine die la Convención sobre la euroorden. 
Me refiero a la cláusula según la cual el gobierno considera necesario modificar la Constitución italiana para hacer aplicables las normas europeas. 
Esto no es verdad: no hay nada que modificar en nuestra Constitución, que es el más garantista posible. 
Mi país, por lo tanto, puede ahora posponer por tiempo indefinido la introducción de un importante instrumento por la lucha contra la criminalidad, aduciendo instrumentalmente que las modificaciones constitucionales todavía no se han hecho. 
Reconozco que la aprobación de la enmienda en este sentido, propuesta por nosotros, sería pleonástica, pero representaría el único modo de hacer entender que el Parlamento debería intervenir antes, y no después. 
Señor Presidente, todos nosotros en esta Asamblea estamos de acuerdo en que es bueno avanzar hacia la creación de un espacio judicial común europeo. 
También estamos de acuerdo, en particular respecto de la orden de detención, que es urgente la aprobación de normas comunes mínimas. 
El Sr. Watson y la Sra. Terrón y Cusí nos han pedido hoy que tengamos confianza en que se hará urgentemente. 
Tenemos que aceptar algunas cosas basándonos en la confianza, pero yo sería reticente a aceptar todo sin más basándome en la confianza. 
Además, las normas por sí solas no son nunca suficientes porque las normas pueden vulnerarse. 
Lo único que garantiza que las normas se observan es la existencia de garantías efectivas. 
Una de las garantías más efectivas de todos los tiempos fue ideada por los juristas del derecho común inglés- y hablo como escocés- al asegurar que quienes son detenidos por error se ponen a disposición judicial y son liberados si el que los encarcela no puede demostrar que hay un motivo para mantenerlos detenidos. 
Ésa es una garantía efectiva. 
Al aprobar la orden europea de detención, cada uno de nuestros Estados convierte a su sistema judicial en instrumento de justicia de otro Estado. 
Eso es bueno, que nos ayudemos unos a otros. 
Pero también debería ocurrir que si se abusa de los poderes de los tribunales de un país debido a la conducta ilícita de fiscales de otro país, puedan reclamarse los mismos mediante una garantía efectiva. 
Esa garantía efectiva debe ser a escala europea y disminuir el riego de detención indebida antes del juicio, como en la vieja norma de los 110 días que celebramos en mi país. 
Aprobemos la enmienda 4 y dotémonos de garantías efectivas y de normas mínimas elevadas. 
Señor Presidente, actualmente las acciones terroristas están penadas en todos los países de la UE y la entrega de delincuentes es posible entre los Estados miembros. 
Esto significa que lo que se propone es, en parte, innecesario. 
Por el contrario, es evidente que se corre el riesgo de que se resienta el estado de derecho. 
Esta propuesta implica que las peticiones de entrega de delincuentes no deberán someterse a las mismas pruebas que antes y que podría aplicarse una legislación especial, destinada especialmente a perseguir delitos calificados como de terrorismo, con unos fundamentos imprecisos y poco claros. 
A mi juicio, es inconveniente la existencia de un sistema judicial especial, inserto en el sistema judicial general, con fundamentos tan imprecisos. 
Desde ahora podemos observar que han sido congelados los bienes de las personas que han aparecido en las listas de terroristas de Naciones Unidas y de la UE. 
Por eso no tienen posibilidad de defenderse. 
A mi juicio, la lucha contra el terrorismo, que es necesaria, debe hacerse mediante el imperio de la ley y no debilitando el estado de derecho. 
Señor Presidente, desde los ataques terroristas de Nueva York y Washington del 11 de septiembre del pasado año hemos debatido en el Parlamento Europeo las amenazas contra nuestra libertad y democracia y nuestros valores bajo una luz más realista que antes. 
La mayoría de nosotros ha reconocido que un ataque contra los EE.UU. es un ataque contra nosotros. 
No obstante, pocos meses después ya hay círculos que andan atareados relativizando las amenazas, distanciando a Europa de los EE.UU. A ninguno de nosotros nos gustan los límites, la vigilancia que nos afecta a todos y limita nuestras libertades, sin embargo, estamos obligados a ello porque no sabemos dónde ni quién exactamente es el enemigo. 
Sin embargo, hemos de afrontar que los abismos que dividen el mundo económica, religiosa e ideológicamente nos impiden poner en práctica un espacio de paz, seguridad y justicia como nos gustaría hasta que estos abismos no hayan desaparecido efectivamente. 
Mientras que votaré a favor de la decisión marco relativa a la lucha contra el terrorismo, me abstendré en la votación de la decisión marco sobre la orden de arresto europea, porque esta orden de arresto no ha visto la luz debido a la amenaza terrorista sino que sirve a un objetivo federalista común y no está limitada a terroristas. 
Estoy de hecho de acuerdo con la Baronesa Ludford en que la seguridad jurídica no está en todos los países miembros en un nivel que justifique la entrega en tan amplia medida como de la que aquí hablamos. 
Señor Presidente, ésta es una de las medidas más intolerantes y deshonestas jamás surgida de la UE, y tiene potencialmente unas enormes consecuencias. 
No tiene nada que ver con las libertades y derechos de los ciudadanos, y sí todo que ver con una monstruosa asunción de poder por parte de Bruselas. 
En el libro 1984 de George Orwell, los ministerios del Estado recibían nombres que representaban exactamente lo contrario de sus funciones. 
Así, el Ministerio de la Paz se ocupaba de la guerra, el Ministerio de la Verdad era responsable de la propaganda, etcétera. 
De aquí procede la expresión "inversión orwelliana" para definir a una descripción que quiere decir lo contrario. 
Qué apropiado es, así, que esta medida tenga que ser aprobada por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- lo último en inversión orwelliana. 
Por haber aprobado esta decisión, la comisión debería estar avergonzada y si, esto a lo que llamamos Parlamento la aprueba hoy, también debería estar profundamente avergonzado. Sería traicionar los propios principios en los que dice sustentarse. 
Señor Presidente, habría querido decirle al ponente que se equivoca. 
We are on trial: no es el Consejo el que se somete hoy a prueba, sino el Parlamento. 
El Consejo ya ha tomado sus decisiones, y las ha tomado en reuniones no públicas, por lo tanto secretas, decisiones de parcial armonización del derecho penal y de procedimiento penal. 
En particular, la euroorden, que tiene un alcance mucho más amplio que el simple terrorismo, constituye un incentivo a favor de duras penas de detención. 
Sobre todo, al reconocer automáticamente las decisiones y los procedimientos de los sistemas penales nacionales, ésta no establece ninguna garantía mínima común para los derechos a la defensa. 
Se trata de garantías que el Parlamento no puede permitirse desear solamente para el futuro, porque es su función exigirlas para el presente, es decir- y me dirijo al colega Pirker- exigir que los procedimientos sean respetados y no sólo quejarse de que no hayan sido respetados. 
El Parlamento tiene que exigir que, para defender el Estado de derecho, no se pongan en peligro algunos principios fundamentales. 
Señor Presidente, siento que no esté mi colega, Graham Watson, porque quiero empezar rindiendo tributo al trabajo que ha realizado en estos dos informes, en su condición de presidente de la Comisión de Libertades Públicas, Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Como he heredado este cargo, me siento, si cabe, más obligada a reconocer la labor desarrollada. 
Asumo como propio lo que él ha dicho, pero con un matiz importante. 
Estamos hablando de garantías mínimas del procedimiento como si no existieran. 
Existen y, si no son comunes, como ocurre en muchos ámbitos, sí son equivalentes. 
Y son suficientes en estos momentos. 
Otra cosa es que- como ciudadanos europeos que queremos construir un espacio común de justicia- no tengamos que enfrentarnos a la reflexión de mejorar esas garantías. 
Hay que distinguir las dos cuestiones claramente. 
El Grupo del PPE-DE, junto con el Grupo socialista, votará en contra de estas enmiendas, no porque estemos en contra de las cuestiones, como han dicho algunos oradores, sino porque hay que resaltar que todos los Estados miembros tienen garantías mínimas de procedimiento suficientes y equivalentes. 
Y tenemos que actuar basados en esa confianza. 
Pero todos deseamos ser más ambiciosos de cara al futuro. 
La bandera de la Unión Europea es la de los derechos humanos y las garantías y, por lo tanto, en la construcción de este espacio de justicia, la llevaremos firme, desde la comisión que presido y desde este Parlamento, hasta donde lleguemos en esta carrera. 
Nunca nos parecerá suficiente. 
Señor Presidente, creo que el 11 de septiembre todos nos despertamos y fuimos conscientes de que había que actuar urgentemente. 
También creo que hemos actuado en consecuencia. 
Yo mismo vengo de Alemania. 
Alemania, España y Gran Bretaña son ejemplos en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo y tienen experiencia con ello. 
Creo que por este motivo nos entendemos muy bien. 
También por este motivo hemos cumplido nuestra tarea como Parlamento y apoyado siempre a la Comisión y al Consejo cuando querían dar unos pasos razonables y han presentado propuestas asimismo razonables. 
Este ha sido siempre hasta ahora nuestro comportamiento. 
Pero el problema que veo, señor Comisario y señor Presidente del Consejo, es que no sólo se trata de combatir a las organizaciones terroristas. 
Desde el 11 de septiembre se ha visto también claramente que no es suficiente con combatir sólo los grupos terroristas. 
Por ejemplo, en lo que se refiere al extremismo islámico en la Unión Europea, hay grupos que no los calificamos de terroristas pero que, a pesar de ello, son calificados por nuestros órganos de seguridad como organizaciones peligrosas para la seguridad. 
En mi país, Alemania, hay por ejemplo un grupo islámico con 30.000 miembros con el nombre de Milli Görüs o en Berlín otro con el nombre de "Federación islámica". 
Para mí son en ciertos aspectos al menos tan peligrosos como organizaciones terroristas si gozan del derecho de ofrecer en las escuelas públicas clases sobre el Islam y practicar de este modo el lavado de cerebro con niños pequeños. 
Por este motivo creo que sólo una orden de búsqueda y captura o la definición de terrorismo no puede ser suficiente y que precisamente por ello tenemos que ocuparnos muy intensamente de las otras causas del terrorismo. 
Creo que nuestro Sr. Comisario y la Presidencia del Consejo precisamente de España están en situación de analizar muy minuciosamente este peligro. 
Señor Presidente, el mandamiento de detención europeo que se nos propone es una verdadera impostura política, jurídica y procesal. 
Impostura desde el punto de vista del procedimiento: la decisión marco ya está preparada y redactada. 
Todo fue aprobado en la Cumbre de Laeken del 14 de diciembre de 2001. 
La consulta a nuestro Parlamento es, pues, totalmente ilusoria, inútil e incluso- puede decirse- injuriosa. 
Impostura asimismo con respecto al fondo: originariamente se trataba de luchar contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. 
En realidad, el ámbito de aplicación del futuro mandamiento de detención europeo se ha ampliado a treinta y dos delitos, lo que significa dos cosas. 
La primera, es que se pretende pasar, en realidad, de un régimen interestatal de extradición, que garantiza las libertades individuales, a un régimen judicial único sin asociar a los representantes de los pueblos a dicho cambio. 
La segunda, es que con el pretexto de luchar contra el terrorismo este mandamiento europeo servirá para reprimir los delitos de opinión que figuran explícitamente en dicha lista. 
En el día de mañana, por ejemplo, por hacer una crítica de la política de inmigración que no sea del agrado de un juez partidario de ésta, o por haber reclamado en su país la preferencia nacional, o por haber emitido su opinión considerada política o históricamente incorrecta, un ciudadano podrá ser detenido y verse obligado a comparecer en otro país del que desconoce la lengua y el derecho. 
Lo que ustedes preparan, en realidad, no es la Europa de la seguridad, que requiere otro tipo de medidas, sino la Europa de la uniformidad, de los sistemas de poder y del "prêt-à-penser". Big Brother watches you. 
Señor Presidente, doy las gracias al ministro De Miguel por las declaraciones hechas en esta Cámara. 
Se ha vuelto hoy a discutir el informe Watson que, ha requerido últimamente debates muy serios y ha provocado algunos choques. 
El debate actual está motivado por las modificaciones aportadas por el Consejo con posterioridad a su aprobación por parte del Parlamento; entre estas modificaciones, también están obviamente las sugeridas por el gobierno italiano. 
Por el respeto que le tengo a este Parlamento, no vuelvo sobre las polémicas planteadas por una determinada parte política. 
La historia de estos últimos tiempos ha hecho justicia, demostrando su consistencia de pompas de jabón: pompas de jabón que, por desgracia, han vuelto hoy, también gracias al diputado Di Pietro, en nombre de quien, como amigo, me encargo de pedir disculpas a esta Cámara, sobre todo por las burdas inexactitudes, debidas más al odio ciego hacia la persona que a conocimientos jurídicos. 
A continuación, hay que subrayar una vez más y con fuerza la prioridad de la seguridad interior y de la protección de las fronteras externas. 
La seguridad interior y la lucha contra la criminalidad organizada ya no pueden estar limitadas únicamente a los ámbitos nacionales. 
El tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y el terrorismo son fenómenos transnacionales, a los que hay que enfrentarse a un nivel más amplio. 
En cuanto a la exigencia de crear un espacio jurídico interno, ésta ha de tener en cuenta la diversidad de las Constituciones nacionales y los sistemas judiciales, para proceder a un auténtico acercamiento de las normativas nacionales. 
La euroorden ha de ser aceptada como instrumento esencial de lucha contra el terrorismo y contra la criminalidad pero, para que sea realmente eficaz, es necesario que sea abordada de manera igualitaria en todos los Estados miembros. 
Sólo así los ciudadanos podrán tener garantías de eficacia en la equidad de trato de los casos individuales y certeza de justicia, y no de la libertad y de los derechos de los poderosos- como alguien ha insinuado en este Cámara- sino de todos los ciudadanos, incluidos los extracomunitarios que quieren vivir en Europa y trabajar legalmente. 
Habrá que luchar para que Europa no se convierta en la nueva frontera de cierto justicialismo o de otras formas de intolerancia frente a la dignidad de la persona. 
En conclusión, señor Presidente, la batalla contra las viejas y nuevas criminalidades y formas de ilegalidad, contra la criminalidad organizada, el blanqueo de dinero y la corrupción- junto con una valiente lucha contra el terrorismo en todas sus formas- no ha de ser confundida con la violencia inquisitorial. 
A partir de hoy, se tendrá que construir rápidamente un espacio jurídico común, remitiendo incluso también al primer pilar las normas de derecho penal, en coherencia con los ordenamientos y con el objetivo de asociar la inflexibilidad en la acción de rechazo a la ilegalidad con una decidida consolidación de las reglas del Estado de derecho. 
Señor Presidente, no deberíamos olvidar nunca que aquí tenemos que crear, todos juntos, una Europa basada en la libertad de las personas. 
Señor Presidente, quiero empezar por reiterar la importancia del acto que hoy nos reúne y de este debate que estamos teniendo, porque hemos hablado tanto de estas cosas que, a veces, se corre el riesgo de perder la perspectiva de la importancia de los temas. 
Por eso me gustaría que tomáramos conciencia de lo importante que es lo que hoy decidimos, no sólo desde la perspectiva de la construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, sino desde la perspectiva de las decisiones políticas que nos han llevado a este acuerdo. 
En general, tendemos a valorar las cosas cuando las perdemos. 
Yo quiero valorar esta decisión- y les pido que lo hagan conmigo- por lo que hemos perdido por no haber tomado esta decisión antes. 
Si hace diez años hubiéramos puesto en marcha la orden de busca y captura, si hubiéramos definido el delito del terrorismo, si hubiéramos puesto a trabajar juntos a los jueces y a los policías europeos, si Europa hubiera decidido hace diez años que vencer al terrorismo requiere acción común y no sólo solidaridad con los que sufren directamente sus zarpazos, si nos hubiéramos enfrentado al terrorismo con toda la fuerza de la democracia europea, hoy ETA sería parte de la historia. 
Por eso les digo que quiero que evalúen desde esa perspectiva la importancia de los instrumentos que hoy debatimos y que vamos a aprobar. 
De haberlos implantado antes, no hubiéramos sufrido pérdidas irreparables. 
Hemos perdido años de libertad, vidas humanas, hemos enterrado a amigos, amigos queridos que hoy estarían con nosotros. 
La historia ha demostrado que los seres humanos pueden ser extraordinariamente crueles si sus actos quedan impunes. 
Por eso les digo que, si hubiéramos actuado antes, ETA sería hoy parte de la historia. 
Piensen en esto cuando voten, Señorías. 
Siéntanse orgullosos de ser protagonistas de esta gran decisión y no se olviden de que, más allá de los discursos, están dándole una oportunidad a la vida y a la libertad. 
Señor Presidente, se pide a esta Asamblea que dé su aprobación a la propuesta relativa a una decisión marco del Consejo que afecta directamente a los principios básicos de la democracia. 
A este Parlamento simplemente se le consulta. 
Su opinión es, parafraseando al Sr. Turco "tan sólo un costoso ejercicio burocrático". 
Han pasado más de cuarenta años desde que aprendí de Patrick McGuilligham en la Facultad de Derecho de Dublín lo que significa la expresión "parlamento con mera función de refrendo". 
En nuestra última sesión de Estrasburgo, hablando del área de libertad, seguridad y justicia definido en el Tratado de Ámsterdam, la presidencia española puso la seguridad en primer lugar, pasando por alto el hecho de que la única garantía verdadera de la seguridad es el establecimiento de la libertad y la justicia. 
En esa ocasión, el Sr. Watson se levantó para decir: "Les obligaremos a asegurarse de que la libertad y la justicia no se quedan atrás." 
Ayer, otras dos organizaciones vascas- SEGI y ASKATASUNA- fueron expulsadas del área de libertad y justicia en nombre de la prioridad del Sr. Aznar: la seguridad española. 
¿Puede esta decisión judicial formar parte del espacio judicial europeo mencionado por el Sr. Watson? 
La nueva consulta al Parlamento Europeo acerca de las decisiones marco relativas a la lucha contra el terrorismo y la orden de detención europea parece una farsa, aunque a los miembros del Partido Laborista de los Países Bajos nos brinda una oportunidad para expresar nuestra satisfacción por el resultado de las negociaciones obtenido por el ministro neerlandés en el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Interiores. 
Gracias a ello se ha conseguido que una propuesta inicialmente inaceptable al final se haya vuelto plausible. Es difícil que el compromiso gane el premio al mejor contenido, pero al menos pone a buen recaudo los logros más importantes de nuestra política en materia penal. 
Por otra parte, sí respaldamos la enmienda relativa a la orden europea de habeas corpus. 
Ahora bien, habida cuenta de la relación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, el presente debate y la posterior votación no son más que un guiñol. Una farsa que perjudica no sólo la credibilidad del Parlamento, sino también la del Consejo. 
Cada Presidencia vuelve a pronunciar conmovedoras palabras sobre el imprescindible diálogo con el Parlamento, pero en el marco de este expediente nos han tomado dos veces el pelo. 
Primero se consulta al Parlamento acerca de unas propuestas obsoletas y después se le invita a que dé su opinión sobre una serie de propuestas ya tramitadas en las que no se puede modificar ni una coma. 
Considero que la necesaria nueva propuesta en materia de derecho procesal penal constituye una buena oportunidad para remediar esta situación y mejorar la organización del diálogo. 
Señor Presidente, hoy tenemos verdaderos motivos para felicitarnos, porque estoy convencida de que, con la aprobación, dentro de pocos minutos, de los informes del Sr. Watson, vamos a dar un paso más, importante, en la creación del espacio de justicia, de libertad y de seguridad común europeo, que todos deseamos. 
También es motivo de felicitación para este Parlamento y, desde luego, para esta diputada, el hecho de que las decisiones adoptadas por el Consejo en la Cumbre de Laeken recogen lo esencial de las posiciones que este Parlamento ha manifestado en reiteradas ocasiones. 
Pero no puedo aprobar la falta de sensibilidad del Consejo para con el Parlamento- reconocida tanto por colegas míos como por el propio Consejo- respecto a la consulta de la lista aprobada el 27 de diciembre de 2001. 
En el difícil equilibrio entre libertad y seguridad, en el que muchas veces nos encontramos en este momento, estamos dando los pasos adecuados. 
No se puede posponer la aprobación de resoluciones y normativas democráticas que defienden a los demócratas frente a los terroristas y frente a quienes impiden el ejercicio de la libertad democrática a los ciudadanos europeos. 
Al mismo tiempo, también es nuestro deber reconocer que tenemos una cierta responsabilidad en continuar creando este espacio de libertad y seguridad, aspecto que algunos colegas del Parlamento ya han planteado en algunas enmiendas. 
Más adelante, sin mucha demora, tendremos que plantearnos estas cuestiones, pero hoy no es el momento oportuno. 
Señor Presidente, yo también creo que, con la aprobación del informe Watson, se da un paso hacia adelante en la construcción de ese espacio de libertad, seguridad y justicia deseado por el Tratado de Ámsterdam e impulsado solamente por el trágico atentado del 11 de septiembre. 
Por un lado, se introduce una definición compartida de los crímenes de terrorismo, muy mejorada precisamente gracias a la intervención de nuestro Parlamento y necesaria por la eficacia del compromiso en este terreno. 
Por otro lado, se empieza a aplicar, también en el ámbito penal, ese principio que el Parlamento ya ha apoyado, en su momento, aprobando por unanimidad el informe Di Lello sobre el reconocimiento mutuo de las medidas judiciales, y que está basado en la suposición de que todos los Estados miembros aseguren un mínimo respeto a los derechos fundamentales. 
Aquí, nosotros no tenemos las prisiones de Guantánamo, sino el control del Tribunal de Estrasburgo para la salvaguardia de los derechos humanos, aunque obviamente todos nuestros sistemas han de ser mejorados. 
De este modo, en la lucha contra la criminalidad, nosotros también llevamos a la práctica la eficacia de la acción común, aunque respetando las distintas especificidades nacionales en las que se basa la originalidad de la construcción europea. 
Por desgracia, la lentitud de esta construcción todavía hoy sitúa al Parlamento Europeo en una posición de simple consultor del Consejo. 
Pero podemos confiar en que, al término de los trabajos de la Convención y de la próxima Conferencia Intergubernamental para la reforma de los Tratados, ya no será así, y que también en el tercer pilar se adopte íntegramente el método comunitario, que asegura mejor la democratización de todas las decisiones. 
. Señor Presidente, tras escuchar todas las intervenciones, la Presidencia del Consejo quiere unirse al sentimiento de satisfacción, en el sentido de que hoy se toma una gran decisión, que es la aprobación de estos dos informes Watson. 
Yo coincido con los que han dicho que este es un gran día. 
Creo que es un gran paso adelante en la construcción de ese espacio de seguridad, justicia y libertad. 
Aunque se ha dicho que podíamos haberlo hecho antes, la realidad es que, por lo menos, estamos en vías de conseguirlo. 
Al mismo tiempo quisiera también decir, señor Presidente, frente a las intervenciones de algunos miembros del Parlamento que han expresado sus dudas por el hecho de que la aplicación de estas decisiones podrían poner en peligro los derechos fundamentales, los derechos humanos, el concepto que todos los países europeos compartimos de la primacía del Estado de derecho, yo quisiera decirles que, precisamente, esta primacía y la salvaguarda de esos valores fundamentales y de los derechos humanos son las consideraciones primeras que el Consejo y los Estados miembros tienen en cuenta a la hora de aplicar estas medidas antiterroristas. 
Tenemos el convencimiento- como yo creo que tiene también el Parlamento -, de que la mejor manera de luchar contra la plaga del terrorismo es precisamente hacerlo con nuestro sistema de valores y con la ley en la mano. 
Por lo tanto, quiero, en nombre del Consejo, ofrecer todas las garantías de que nunca los derechos de unos ciudadanos serán conculcados en la aplicación de las decisiones que ha tomado el Consejo y que este Parlamento apoya con los dos informes Watson. 
. (FR) Señor Presidente, señor Representante del Consejo, señoras y señores Diputados, la Comisión se congratula de poder participar hoy en este debate que consideramos políticamente importante para el futuro del espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Ya hemos examinado en varias ocasiones la configuración jurídica del mandamiento de detención europeo y de la decisión marco sobre las medidas para combatir el terrorismo tras el informe Watson, aprobado por este Parlamento el 5 de septiembre pasado. 
Deseo recordarles que la Comisión ya estaba trabajando sobre estas cuestiones hace más de un año, a instancia del Consejo Europeo de Tampere, y creo que el Parlamento puede dar fe de que la Comisión ha concedido a esta cuestión toda la importancia que requería para llevar a buen término las negociaciones en los plazos fijados por el Consejo Europeo extraordinario después de los acontecimientos del 11 de septiembre. 
Deseo, además, agradecer de nuevo los esfuerzos de la Presidencia belga para conseguir los resultados que hoy debatimos. 
Los dos textos que se les presentan constituyen un paso importante para mejorar la capacidad efectiva de la Unión Europea y de los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia organizada, en general, y contra el terrorismo, en particular. 
Como pretendemos, el procedimiento del mandamiento de detención europeo sustituirá la extradición íntegra en el territorio de la Unión, tal como lo había exigido el Consejo de Tampere en octubre de 1999 y lo había reiterado el Consejo Europeo extraordinario de septiembre de 2001. 
Deseo subrayar asimismo que originariamente el Consejo de Tampere no sólo recomendaba utilizar el mandamiento de detención europeo en la lucha contra el terrorismo, sino también convertirlo en un instrumento de sustitución del conjunto del procedimiento de extradición entre los Estados miembros. 
La exigencia de la doble incriminación- según la cual la entrega de la persona acusada sólo es posible si los hechos por los cuales se ha emitido el mandamiento constituyen también un delito en el Estado miembro en el que el mandamiento de detención debe ejecutarse- se suprime por treinta y dos delitos, puesto que éstos son castigables con tres años de prisión como mínimo en el Estado miembro que ha emitido el mandamiento. 
Esta lista cubre efectivamente los delitos más graves y la mayor parte de ésta ha sido tomada del Convenio Europol, que fue ratificado por todos los Estados miembros, lo que significa que dicha lista ha sido sometida al voto democrático de los Parlamentos nacionales de los quince Estados miembros. 
El mandamiento de detención europeo permitirá a los magistrados de Europa trabajar directa y conjuntamente con la máxima independencia y en el pleno respeto de los derechos fundamentales. 
Se ha eliminado la fase administrativa de la extradición, se ha eliminado la politización del procedimiento de extradición; el procedimiento depende totalmente de la autoridad de los magistrados, de los jueces de los Estados miembros, y creo que se trata de un elemento esencial para reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Con respecto al terrorismo, el texto permitirá armonizar en el ámbito de los Estados miembros la definición de los delitos de terrorismo. 
El texto define los delitos de terrorismo en función de elementos materiales (delitos contra la vida o la integridad física de las personas, secuestros, toma de rehenes, destrucción masiva de instalaciones públicas o privadas, captura de aeronaves, etcétera) , así como el fin perseguido (intimidación de poblaciones, desestabilización de las estructuras de un país o de una organización internacional, coacción a los poderes públicos para realizar o abstenerse de realizar determinado acto). 
Establece asimismo una definición de grupo terrorista, basado en el concepto de organización criminal definido por la Acción común de 21 de diciembre de 1998, y tipifica delitos específicos respecto a la dirección del grupo y a la participación en un grupo terrorista. 
Además, se establece un sistema tendente a facilitar la colaboración con las autoridades policiales y judiciales de terroristas arrepentidos, gracias a un mecanismo de atenuación de pena. 
Deseo subrayar que esta definición es particularmente importante puesto que la Unión Europea debe tener voz propia, una sola voz, en la negociación que se lleva a cabo en las Naciones Unidas, en Nueva York, para la adopción de un Convenio internacional sobre el terrorismo a escala global. 
Pero tras la intervención de los diputados europeos hemos querido aportar clarificaciones al texto. 
Espero que se congratularán de ver sus opiniones recogidas en el texto aprobado por el Consejo. 
Se trata sobre todo de lo referente a los movimientos sindicales o a las manifestaciones antiglobalización. 
Éstos no podrán, en ningún caso, ser incriminados sobre la base de la decisión marco, incluso en caso de que circunstancialmente se cometan excesos. 
Por consiguiente, sería puramente demagógico pretender que el objetivo de este instrumento sea el de castigar dichas manifestaciones. 
Ahora todo está claro y jurídicamente establecido. 
Por otro lado, un considerando y una declaración del Consejo confirmarán que la decisión marco no es aplicable a la conducta de aquellos que actúan con el fin de proteger o restablecer los valores democráticos. 
En cuanto al respeto de los derechos fundamentales, punto sobre el que tanto esta Asamblea como la Comisión están especialmente vigilantes, considero que los dos textos son satisfactorios. 
En relación con el mandamiento de detención europeo, se recuerda en varias ocasiones, concretamente en el artículo primero, que tanto en las misiones como en la ejecución del mismo los Estados miembros y las autoridades judiciales deben velar en todo momento por el respeto escrupuloso de los principios reconocidos por el artículo 6 del Tratado y contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Asimismo, hemos querido garantizar la imposibilidad de expulsar o extraditar a una persona a un Estado donde existe un riesgo inminente de que se le sea aplicada la pena de muerte, de que sea sometida a tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes. 
Deseo hacer hincapié- y entiendo la preocupación del Sr. MacCormick al respecto- en que la enmienda del Parlamento podría tener un efecto nocivo. 
Lo digo con toda franqueza. 
Quiero subrayar que la legislación de los Estados miembros incluye la figura del habeas corpus y que, además, los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos recogidos por la Carta de los Derechos de la Unión Europea establecen normas sobre las condiciones de detención y de puesta en libertad en caso de detención ilegítima. 
En el mandamiento de detención europeo no hay ningún elemento que contenga un supuesto de inaplicación de las disposiciones de la legislación nacional y del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con la definición de las condiciones de detención existentes en los Estados miembros de la Unión Europea. 
La Comisión espera que los textos se aprueben formalmente a más tardar en el mes de mayo, cuando desaparezcan las últimas reservas parlamentarias. 
Incumbirá luego a todos los Estados miembros adaptar su legislación nacional para que estos dos textos puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2004, en lo relativo al mandamiento de detención europeo, y el 1 de enero de 2003, en lo relativo al delito de terrorismo. 
La confianza mutua en sistemas judiciales independientes y eficaces será la clave del éxito del procedimiento establecido con el mandamiento de detención europeo. 
Por eso, como lo han manifestado en varias de las enmiendas presentadas hoy y como ya lo he anunciado en mi anterior comparecencia ante esta Asamblea sobre este asunto, la Comisión presentará este año una comunicación relativa a las garantías procesales mínimas en el seno de la Unión Europea. 
Ya se encuentra disponible "en línea" en el sitio Internet de la Comisión un primer documento de reflexión. 
Señores diputados, pueden ustedes consultarlo directamente. 
Dicho documento permitirá iniciar el debate público sobre estas cuestiones y preparar la comunicación que la Comisión tiene la intención de presentar antes de fin de año. 
En dicha comunicación abordaremos cuestiones tan diversas como el derecho a la asistencia lingüística, judicial, la normativa sobre la presentación de recursos, la administración de la prueba, la cuestión referente a las alternativas a la detención provisional o las decisiones por defecto. 
Nuestro objetivo a medio plazo es proponer tras el debate público un instrumento legislativo en este ámbito. 
Señor Presidente, tampoco olvido la perspectiva de la aplicación de dichos textos en el marco de la ampliación de la Unión Europea. 
También en este caso la confianza mutua en sistemas judiciales independientes, fiables y eficaces será la clave del éxito. 
Durante largo tiempo se ha criticado a la Europa judicial por el hecho de estar estancada. 
Hoy ambos textos que se nos proponen constituyen indudablemente un gran avance, y cuento con el compromiso de la Presidencia española y con el compromiso y el apoyo del Parlamento Europeo para continuar esta construcción ambiciona. 
El mensaje es claro. 
Ninguna violencia es legítima. 
Nosotros tenemos los instrumentos legales y legítimos para proteger la democracia porque tomamos en serio la demanda urgente de seguridad y de luchar contra el terrorismo expresada por todos los ciudadanos europeos. 
(Aplausos) 
Se lo agradezco, señor Comisario. 
Comunico que he recibido, al término de la declaración del Consejo, dos propuestas de resolución con arreglo al artículo 37, párrafo 2, del Reglamento. 
Se cierra el debate. 
La votación se realizará hoy, a las 12:30. 
Financiación de la ayuda al desarrollo, en particular con vistas a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre este tema 
El orden del día contiene las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la financiación de la ayuda al desarrollo, en particular, a la vista de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas en esta materia (Monterrey (México) , 21/22 de marzo de 2002). 
. Señor Presidente, la Presidencia española de la Unión Europea tiene mucho gusto en comparecer en esta Cámara para informar sobre la situación actual en que se encuentran los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el desarrollo, que tiene previsto celebrarse en Monterrey (México) , del 18 al 22 de marzo próximos. 
Durante los últimos meses la Conferencia de Monterrey ha pasado a ocupar un lugar destacado en la denominada Agenda del Desarrollo, especialmente tras los atentados del pasado 11 de septiembre y la constatación de que los problemas de desarrollo en un mundo globalizado requieren nuestra atención de forma integral, inmediata y urgente. 
Este interés general justifica los esfuerzos desplegados por todos los asistentes a la cuarta reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia, que se acaba de celebrar en Nueva York, y que ha concluido con la adopción de un texto que será sometido para su aprobación a los Jefes de Estado y de Gobierno que tienen previsto acudir a la Cumbre de Monterrey. 
No es accidental que este documento, que analizaré posteriormente de manera breve, lleve por título "El Consenso de Monterrey". 
Dado que la celebración de la Conferencia de Financiación para el desarrollo en Monterrey, supone sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en materia de cooperación durante el semestre de nuestra Presidencia, España quiere conceder una especial prioridad a este evento y esta prioridad encuentra su reflejo en el nivel de la representación oficial. 
Con ello quiero decir que el Presidente del Gobierno español, Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, será quien encabece la delegación comunitaria en la Cumbre de Monterrey. 
La preparación de la Conferencia, señor Presidente, ha sido sumamente compleja dado su carácter omnicomprensivo y la multiplicidad de actores que han intervenido en las deliberaciones. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer el importante esfuerzo desplegado, durante todo este proceso, por las anteriores Presidencias de la Unión, puesto que ha sido una evolución que nos ha llevado hasta el momento actual. 
Este esfuerzo continuo y conjunto permite ahora que la Unión Europea pueda ocupar en Monterrey el papel de liderazgo que le corresponde como primer donante mundial de ayuda oficial al desarrollo. 
Antes de indicar y referirme a las características del texto adoptado en Nueva York, permítame, señor Presidente, situar la Conferencia de Monterrey en el contexto adecuado, puesto que no constituye un proceso aislado, sino que se inserta en el iniciado por la Declaración del Milenio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año 2000, en favor de un desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza en el mundo. 
Nos encontramos por tanto, ante tres procesos independientes pero estrechamente relacionados. 
En primer lugar, el ámbito comercial en el marco de los compromisos adoptados en la conferencia de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Doha. 
En segundo lugar, todo lo que se refiere a la movilización de los recursos financieros, la Conferencia de Naciones Unidas sobre financiación del desarrollo y, en tercer lugar, en materia de medio ambiente, la Conferencia sobre desarrollo sostenible que esta prevista que tenga lugar, precisamente en este año, en el mes de septiembre en Johanesburgo. 
Me referiré ahora de manera breve a las características del documento de Monterrey, el famoso consenso de Monterrey que he mencionado anteriormente. 
Este texto final adoptado ad referendum, puesto que no pudo efectuarse una sesión formal de clausura en Nueva York, lo constituyen 73 apartados numerados y refleja el espíritu de consenso en el que ha sido redactado. 
Al no llevar elementos abiertos, puesto que está todo acordado, esperamos que los Jefes de Estado y de Gobierno puedan mantener un verdadero diálogo político, franco y abierto sobre las principales cuestiones que afectan al desarrollo y a sus desafíos actuales. 
El acuerdo obtenido establece que la cooperación internacional para el desarrollo tiene como pilares fundamentales una serie de principios compartidos por los donantes y por los receptores, entre ellos, y de forma especial, el concepto de buen gobierno (good governance) a todos los niveles, la existencia de instituciones democráticas sólidas y el respeto al Estado de Derecho, todo ello en el marco de un espíritu de partenariado, a partir del cual los Estados desarrollados se comprometen a tomar una serie de medidas para agilizar los flujos de financiación hacia los países en desarrollo- eso sí, con una serie de condiciones -, propiciando, mediante la cooperación internacional, el que los gobiernos puedan crear las condiciones internas favorables al crecimiento económico y al desarrollo social. 
Los países desarrollados asumen también la obligación de promover los intercambios comerciales en el respeto de los acuerdos adoptados en el seno de la Organización Mundial del Comercio, que son considerados por todos como el motor principal de toda actividad económica. 
Los Estados desarrollados, tras constatar también la disminución en los últimos años de la ayuda oficial al desarrollo, se comprometen a aumentarla. 
Este aumento de recursos es un compromiso que concierne a todos los donantes, Estados Unidos y Japón incluidos. 
El texto adoptado se encuentra en línea con la Declaración de Laeken. 
Destaca en todo el documento el papel que se concede al sector privado como motor del desarrollo y como fuente de recursos. 
Se recoge también la necesidad de incrementar los recursos para reforzar la capacidad institucional de los países en desarrollo, así como la puesta en práctica en su totalidad de la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados. 
En cuanto a la arquitectura financiera internacional, se mantiene la autonomía de las instituciones existentes y el mandato de sus órganos directivos y se apoya el proceso actualmente en curso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. 
Al mismo tiempo, se insiste en los principios de coordinación, transparencia y participación de los países en vías de desarrollo en las instituciones financieras internacionales. 
Los mecanismos de seguimiento de la Conferencia fueron también objeto de un intenso debate, decidiéndose finalmente varias modalidades de seguimiento, en la reunión de primavera del ECOSOC, con las Instituciones de Bretton Woods y con la participación de la Organización Mundial del Comercio, incluyendo también a representantes de la sociedad civil y del sector privado, y en el diálogo a alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada dos años. 
Al mismo tiempo, en el seno de las Naciones Unidas, se solicita de la Secretaría General el apoyo a la plena utilización de los mecanismos existentes de coordinación de los organismos especializados de las Naciones Unidas y la redacción de un informe anual sobre los esfuerzos conseguidos en este ámbito. 
A ello se une la Conferencia Internacional de Seguimiento, cuya modalidad concreta será definida antes de 2005. 
Este conjunto de instrumentos y estos mecanismos pretenden asegurar que el proceso de la Conferencia de Monterrey continúe en la agenda de las principales organizaciones e instituciones internacionales, además de en los foros de Naciones Unidas, de sus programas y organismos especializados. 
No quisiera concluir, Señor Presidente, sin mencionar algunas de las aportaciones realizadas por la Unión Europea y que se encuentran citadas en diversas ocasiones en el texto. 
Creo que el Parlamento Europeo debe ser muy consciente, y debemos estar orgullosos de la posición firme que la Unión Europea ha tenido en todo este proceso de Monterrey. 
Me gustaría enumerar estas aportaciones. 
En primer lugar, el concepto de partenariado y la insistencia en la necesidad de políticas económicas sólidas, el buen gobierno y los principios democráticos, así como la defensa de los derechos humanos. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea ha insistido en la participación de la sociedad civil en el proceso de desarrollo. 
En segundo lugar, me gustaría destacar la posición de la Unión Europea favorable a subrayar la necesidad de que el desarrollo sea sostenible e integre aspectos económicos, sociales y medioambientales, respetando, en cualquier caso, la igualdad de género y teniendo como objetivo fundamental la lucha contra la pobreza. 
En este sentido, la Presidencia lamenta que no se haya podido incluir una referencia específica al innovador concepto de los bienes públicos globales, ante la oposición, hasta el último momento, tanto del Grupo de los 77 como de otros donantes, si bien espera que, dada su importancia, las discusiones sobre su definición y financiación continúen en los foros adecuados. 
En tercer lugar, la Unión Europea ha querido destacar la vinculación entre efectividad y eficacia de la ayuda oficial al desarrollo con la puesta en práctica, por parte de los receptores de ayuda, de políticas adecuadas en el ámbito político, económico y social. 
Unas políticas centradas en la ayuda a los más necesitados, para que se pueda sacar el mayor partido a esta ayuda oficial al desarrollo. 
De esta forma, el énfasis se centra no sólo en el aumento del volumen de recursos, sino en su utilización efectiva, ocupando también un papel destacado la lucha contra la corrupción y, más aún, el compromiso de continuar con las negociaciones de la convención específica en el seno de Naciones Unidas sobre este tema. 
De la misma forma, el alivio de la deuda externa se ha vinculado a una utilización efectiva de estos recursos para conseguir un crecimiento económico y un desarrollo sostenido que beneficie a los sectores más desfavorecidos de cada país que participa en estos instrumentos. 
Naturalmente, la Unión Europea ha trabajado de manera muy activa con otros donantes importantes, como Estados Unidos y Japón, así como con el Grupo de los 77, para alcanzar una formulación de consenso en torno al objetivo de las aportaciones del 0,7 % del PIB al desarrollo, que permite integrar los distintos puntos de vista, realidades económicas y sensibilidades. 
Quisiera subrayar que, precisamente por este esfuerzo, se ha utilizado en el consenso de Monterrey una terminología similar a la que se aprobó en el Consejo Europeo de Laeken. 
En cuarto lugar, la Unión Europea ha hecho esfuerzos, culminados con éxito, para introducir en el texto referencias concretas a la cooperación multilateral ante los nuevos retos y amenazas transnacionales que suponen la financiación del terrorismo y el crimen organizado. 
En quinto lugar, la Unión Europea ha trabajado también activamente para introducir en este texto referencias específicas a la banca privada y a la importancia que tiene el desarrollo de este sector en apoyo de las pequeñas y medianas empresas de los países en vías de desarrollo. 
Por último, conviene destacar también las medidas de apoyo para aumentar la capacidad institucional en materia comercial de los países en vías de desarrollo. 
En este sentido, la Presidencia espera con gran interés el paquete de medidas concretas que está siendo preparado por los servicios competentes de la Comisión, para aumentar la capacidad negociadora en el ámbito comercial de los PVD. 
En resumen, tras la cuarta y última reunión preparatoria, la Presidencia se muestra razonablemente optimista ante la próxima Conferencia de Monterrey. 
Frente a las dudas que existieron hasta el último momento, el pasado 27 de enero se consiguió adoptar un texto final, casi dos meses antes de este importante encuentro internacional. 
El hecho de que sea fruto del consenso- como ya mencioné- y de que se haya conseguido implicar en el mismo a todos los donantes, transforma el consenso de Monterrey en una buena plataforma futura, pues se crea el clima de confianza que requiere este proceso tan complejo y que, además, ahora facilita que las mesas redondas previstas en Monterrey puedan desarrollarse en una atmósfera positiva, constructiva y no de confrontación. 
La Conferencia de Monterrey supone una experiencia innovadora, al afrontar el desarrollo y la lucha contra la pobreza desde una posición omnicomprensiva, que abarca los diferentes aspectos y fomenta la participación de todos los actores. 
Esta visión global concede al proceso, en su conjunto, una extraordinaria complejidad, que debemos afrontar también de forma pragmática y realista, mediante una labor que tenga como principal objetivo la inclusión- y no la exclusión- de todos aquellos comprometidos en las tareas de cooperación al desarrollo. 
Esperamos que a ello contribuya también la campaña internacional que, a favor de los objetivos del Milenio, se anuncia en el artículo 62 del documento. 
Señor Presidente, puedo asegurar a este Parlamento que la Presidencia del Consejo continúa firmemente comprometida en este camino y que el éxito de la Conferencia continúa siendo nuestro principal objetivo, máxime si tenemos en cuenta que la política de cooperación al desarrollo debe constituir uno de los pilares sobre los que se asiente la acción exterior de la Unión Europea, y debe ir en perfecta sintonía con otros pilares como el de la política exterior y de seguridad común y la política comercial. 
En este sentido, estamos seguros de que la Conferencia de Monterrey nos ofrece una oportunidad histórica para que la Unión Europea pueda proyectar y transmitir, junto con el resto de los participantes en la misma, un claro mensaje en defensa de los valores que nos son propios. 
Por ello, consideramos que la defensa de la democracia, del buen gobierno, del reforzamiento de las capacidades institucionales de los países receptores de ayuda, del Estado de derecho, de la paz y la seguridad, y de los derechos humanos, constituyen elementos esenciales de todo el desarrollo económico y social. 
. (EN) Señor Presidente, la UE le da mucha importancia a la Conferencia. 
Estamos convencidos de que en el actual contexto internacional, no podemos tomarnos la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo como lo de costumbre; esta vez necesitamos una acción concreta. 
La actual crisis repercutirá en el desarrollo económico de todo el mundo y serán una vez más los más pobres los que paguen el precio más alto. 
Debemos contrarrestar esta tendencia poniendo lo mejor de nuestra parte por hacer que la globalización funcione a favor de lo pobres y no en contra de los pobres. 
En este sentido, la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo supone una gran oportunidad de que la comunidad internacional suscriba un nuevo "acuerdo global" partiendo de la premisa de que sólo será posible un mundo más seguro para todos si hay una sólida señal del compromiso renovado de lucha contra la pobreza. 
Tras el acuerdo alcanzado sobre el documento definitivo de la Conferencia en el Comité de Preparación, deberíamos centrar nuestra atención en las iniciativas positivas que podría presentar la UE en aspectos claves y en la aportación que podemos hacer a la declaración política en Monterrey. 
Se necesita actuar en cuanto el volumen de AOD: tenemos que acordar medidas concretas destinadas a duplicar los flujos de AOD en los próximos cinco años para que podamos lograr los objetivos de desarrollo del Milenio. 
La AOD debe también ser más eficaz: tenemos que completar el trabajo relativo al desbloqueo de la ayuda a tiempo para la Conferencia. 
Todos los temas tratados internacionalmente seguirán en la agenda internacional, estén o no incluidos expresamente en el consenso de Monterrey. 
Uno de estos casos es el debate sobre los bienes públicos globales. 
Seguiremos presentando nuestros argumentos para dar un impulso real a la solidaridad internacional. 
A nuestro juicio, Monterrey y Johannesburgo están estrechamente vinculados, puesto que ambos buscan formas y medios de aplicar la Declaración del Milenio y los objetivos de Desarrollo Internacional, que nosotros apoyamos firmemente. 
Están vinculados también a las negociaciones sobre comercio iniciadas en Doha. 
Tenemos una oportunidad de trabajar de una manera integrada y estamos deseando participar en la conferencia y hacer de la misma un éxito. 
Señor Presidente, vivimos en un mundo caracterizado por las riquezas materiales, pero esas riquezas están desigualmente distribuidas. 
Más de tres mil millones de personas están tratado de sobrevivir con menos de dos dólares al día. 
La erradicación de la pobreza es un imperativo moral, pero esto está también directamente vinculado a la seguridad común. 
Vivimos en un mundo en que aumenta la dependencia, entre países y personas, en un mundo en que aumentan las diferencias, en un mundo en que aumentan las tensiones, las migraciones masivas, el deterioro medioambiental y la criminalidad. 
Todo esto puede relacionarse con conductas caracterizadas por la desesperación que pueden conducir, por ejemplo, al terrorismo. 
En este contexto hay que ver la próxima Conferencia de Monterrey y la Cumbre de Johannesburgo del otoño. 
En esas dos ocasiones, los países ricos y pobres tendrán oportunidad de ponerse de acuerdo en un plan a largo plazo para erradicar paso a paso la pobreza. 
Los países ricos tendrán que ofrecer más ayudas. 
Los países pobres tendrán que fijar prioridades en relación con la lucha contra la pobreza, con el respeto a la democracia y a los derechos humanos, con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, etcétera. 
En mi opinión, el documento de consenso a que se ha hecho referencia aquí es débil. 
Las palabras hermosas y la retórica no sirven para erradicar la pobreza. 
Por eso, el espíritu de esta resolución debe ser que en Monterrey la UE hará todo lo que esté a su alcance para que se hagan promesas concretas en torno al aumento de la cooperación y de la transferencia de recursos, a la condonación de las deudas y a la producción de los denominados public goods a que se refiere el Comisario Nielson, es decir, a acciones para proteger el clima, para combatir la tala indiscriminada de bosques, para desarrollar vacunas y medicinas contra enfermedades contagiosas, etcétera. 
Mediante esta resolución, señor Presidente, enviamos una clara señal a la Comisión, a los gobiernos de los Estados miembros y a la comunidad internacional de que los diputados tomamos muy en serio estos asuntos y de que en Monterrey queremos ver más que palabras. 
Señor Presidente, en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas en Monterrey el mundo se halla ante una elección fundamental. 
A lo largo de los últimos decenios la brecha entre los ricos y los pobres no ha hecho más que aumentar, a pesar de las grandes promesas, las conferencias internacionales y los programas de desarrollo. 1.200 millones de personas, es decir, una quinta parte de la población mundial, viven con menos de 1 dólar al día. 
La suma del patrimonio de las tres personas más adineradas del planeta supera la renta íntegra de los 48 países más pobres del mundo, y 130 millones de niños no verán nunca una escuela por dentro. 
Ésta es la realidad de los hechos. 
Todos tenemos que extraer una clara lección de los desastrosos atentados del 11 de septiembre. 
La aldea global nos obliga a aunar nuestras fuerzas para afrontar este tipo de problemas, pero nuestra respuesta deja mucho que desear. 
Les quiero advertir del peligro de una nueva doctrina internacional en la que el mundo occidental dé la espalda a esos mil millones de personas que luchan a diario por su supervivencia, refugiándose tras unas barreras levantadas sobre la base de escudos y costoso material de defensa tecnológico. 
El importe por valor de 379.000 millones de dólares que recibirá el Pentágono el año que viene, si del Presidente Bush depende, rebasa en más de siete veces el total de la ayuda al desarrollo concedida el pasado año en todo el mundo. 
Esta situación es tanto más sangrante si consideramos que el compromiso mundialmente adquirido de destinar el 0,7 % del PNB a la ayuda al desarrollo alcanza en este momento un mínimo histórico del 0,24 %. 
Ello resulta inaceptable dado que necesitamos duplicar la ayuda al desarrollo mundial para cumplir nuestra promesa internacional de que en 2015 todos los niños del mundo puedan ir a la escuela y tengan asistencia médica. 
Señor Presidente, las promesas para el año 2015 son muy claras. 
Ahora se trata de que los Estados miembros cumplan lo antes posible con la obligación del 0,7 %. 
No podemos dejar que los avances logrados en Doha se debiliten. 
La política agrícola europea ha de modificarse en beneficio del tercer mundo. 
Si los países occidentales no se comprometen seriamente, la Conferencia de Monterrey estará abocada al fracaso. 
Por eso mismo, Europa, al ser el mayor donante de cooperación al desarrollo de todo el mundo y la mayor potencia comercial internacional, está llamada a entregarse en cuerpo y alma a esta causa, tomando como punto de partida los logros obtenidos en Doha y haciendo todo cuanto esté a su alcance para que en Monterrey se alcancen acuerdos realmente vinculantes en materia de ayuda, educación, sanidad y condonación de buena parte de las deudas. 
Es imprescindible que se cierre la brecha entre ricos y pobres para que la estabilidad y la paz puedan reinar en todo el mundo. 
Si bien es cierto que no basta con aumentar la ayuda al desarrollo, también es verdad que la pobreza no podrá erradicarse sin fondos adicionales. 
Hacen falta una educación y una sanidad asequibles para que la gente pueda desarrollar la economía por sus propios medios atrayendo capital extranjero. 
Si queremos alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas en materia de desarrollo el volumen de la ayuda deberá duplicarse. 
En la mayoría de los casos la contribución de los donantes continúa siendo inferior al acordado 0,7 % del PNB. 
A los Estados Unidos no les supondría ningún problema pagar más, pero sólo se preocupan por aumentar los gastos militares. 
También sigue habiendo muchos socios europeos que se quedan cortos. 
Es cierto que la cooperación al desarrollo suscita determinados problemas, pero éstos no pueden servir de pretexto para permanecer de brazos cruzados. 
Tenemos que aprender de nuestras experiencias y mejorar la coordinación internacional para lograr una cooperación al desarrollo más eficaz. 
Nuestra ayuda debe contribuir a instaurar formas de buen gobierno, estructuras democráticas y una economía de mercado que funcione. 
Es fundamental que los países en vías de desarrollo tengan acceso al mercado mundial. 
Las deudas desorbitadas deben reducirse de forma sustancial. A este respecto hemos de cerciorarnos de que el fondo para el saneamiento de las deudas cubra todas las necesidades. 
La pobreza, señor Presidente, constituye un caldo de cultivo para la violencia y el terrorismo. 
El aumento de la ayuda no es sólo una necesidad humanitaria, sino también una condición absoluta para un mundo estable y pacífico. 
Señor Presidente, debemos congratularnos por esta Conferencia Internacional sobre la Financiación de la Ayuda al Desarrollo, cuestión primordial en un contexto de reducción de la ayuda a los países en desarrollo. 
Desde hace más de veinte años la ONU recuerda a los países donantes que deben destinar el 0,7 % de su PNB a la ayuda pública al desarrollo, según las normas de la OCDE; pero sólo cuatro países respetan este compromiso. 
Globalmente, la ayuda disminuye: la media se sitúa hoy en el 0,2 %. 
Los países en desarrollo acusan de lleno la degradación progresiva y estructural de los términos del intercambio de productos de base y se hunden en el ciclo infernal del reembolso de la deuda- a menudo infundada- y de sus intereses. 
¿Cómo se pueden movilizar en estas condiciones recursos financieros para el desarrollo humano, económico y social de sus poblaciones? 
La esperanza está en Monterrey, pues, a menos que las decisiones ya estén tomadas de antemano y que las posiciones estadounidenses predominen en dicha Conferencia, como ocurrió en Doha. 
Siguiendo al pie de la letra los postulados liberales del desarrollo aplicados desde hace veinte años por las instituciones internacionales y la Comisión Europea, tanto en el documento presentado como en el consenso de Monterrey en ningún modo se pone en entredicho la globalización neoliberal. 
Sin embargo, la renta de las poblaciones de los países en desarrollo no ha cesado de disminuir en el mismo período, lo que demuestra la ineficacia y el carácter contraproducente de tales recetas. 
A pesar de que éstas fracasan, se siguen aplicando. 
Ignoro si el pre-consenso de Monterrey, que no propone ni objetivos ambiciosos, ni medidas financieras concretas ni calendario alguno, es definitivo. 
Si así fuese, y si la Conferencia se limita a hacer grandes declaraciones que nunca surten efecto, creo que es necesario anularla y distribuir directamente los millones de euros destinados a su organización a los países menos avanzados. 
Sería de lamentar porque hay razones de denuncia y de crítica, así como para debatir y presentar propuestas sobre la movilización de la ayuda, la anulación de la deuda, la imposición de capitales y la reforma de la OMC. 
La Unión Europea debe aprovechar esta oportunidad para conseguir que se aprueben objetivos ambiciosos acompañados de medidas vinculantes que posibiliten la reducción de la mitad de la pobreza de aquí a 2015. 
Debe reiterar el compromiso de Gotemburgo de exigir a los Estados miembros que aumenten su ayuda para alcanzar el 0,7 %. 
Los gobiernos y parlamentos que decidieron aplicar un impuesto del tipo Tobin deben hacer hincapié en la regulación de los mercados bursátiles y en la redistribución hacia el Sur. 
Señor Presidente, todos los participantes deben convertir esta Cumbre en un éxito. 
La responsabilidad de la Unión Europea está en juego. 
Señor Presidente, es de sobra conocida la situación de la pobreza en el nivel mundial y el profundo desfase que separa los dos hemisferios del planeta. 
Pero, a pesar de las múltiples declaraciones de buenas intenciones, del compromiso solemne de 1974 de alcanzar el objetivo de ayuda pública al desarrollo de 0,7 por ciento del PNB y del propio hecho de que el Banco Mundial considerara necesario recientemente duplicar los recursos destinados a ayuda pública, la verdad es que no supera el 0,22 por ciento en los países de la OCDE, el más bajo de siempre, pues ha descendido casi un 25 por ciento en el último decenio y no supera actualmente el 0,32 por ciento en los Estados miembros de la Unión Europea. 
La Conferencia de Monterrey cobra en este marco y en la perspectiva de Johanesburgo una importancia ineludible. 
En efecto, es hora de invertir los hechos y las tendencias negativos, ver el problema del desarrollo de los países pobres con otros ojos más solidarios y adoptar medidas concretas y vinculantes. 
Valoramos la decisión del Consejo de 8 de noviembre, pero es fundamental que la Presidencia española y la Comisión no escatimen esfuerzos con vistas a que de Monterrey salgan compromisos objetivos y con calendario que garanticen avances sensibles, aunque conocemos las posiciones retrógradas e inaceptables del Gobierno de los EE.UU. en esta esfera, que no pueden determinar posiciones de conformismo o incluso las debilidades del llamado consenso de Monterrey. 
Y también es necesario que de Monterrey salgan orientaciones que pongan fin al efecto devastador de la deuda externa en el desarrollo de los países en vías de desarrollo y propugnen mecanismos que se atengan a la iniciativa relativa a los países pobres y muy endeudados y que, al contrario, se fundamenten en una base de reconocimiento global del principio de anulación de la deuda. 
La tremenda situación por la que pasan los países en vías de desarrollo no se puede mantener y la Unión Europea y sus Estados miembros no sólo no pueden contentarse con ser el principal donante, sino que, además, deben adoptar en esta Conferencia una posición clara que permita a los países en vías de desarrollo salir de esa situación. 
Señor Presidente, el creciente abismo entre ricos y pobres en el mundo representa un gigantesco potencial de riesgo para todos los afectados. 
La ayuda tradicional al desarrollo, que se entiende más o menos como una especie de limosna de los países ricos a los pobres, no funciona. 
Necesitamos un concepto global para un desarrollo pacífico de los países pobres. 
Naturalmente, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero tenemos que recapacitar que precisamente países ricos en materias primas como, p. ej. Angola o Nigeria, tienen las poblaciones más pobres. 
Esto no es ninguna casualidad sino que es sistema. 
Tenemos que preguntarnos aquí quiénes son los países donantes y quiénes son los receptores. 
Esta pregunta no está aclarada totalmente para mí. 
La situación para los países en vías de desarrollo es peor que en los tiempos del dominio colonial. 
La clave radica en un comercio mundial justo en el que las materias primas deben tener el precio que se merecen, debiendo quedar en esos países la creación de valor para poder desarrollar sus infraestructuras. 
Estimados colegas, se interrumpe aquí el debate que se reanudará por la tarde. 
(La sesión, suspendida a las 12.25 horas, se reanuda a las 12.30 horas) 
Señor Presidente, dado que hoy es el quincuagésimo aniversario de la llegada de Su Majestad la Reina al trono del Reino Unido, ¿no podríamos hacer una mención especial y enviarle nuestras felicitaciones y parabienes por cincuenta años de glorioso reinado? 
Transmitiré sus comentarios al Presidente. 
Votaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Propuesta de decisión sobre la composición numérica de las delegaciones en las comisiones (Doc. B5-0060/2002) 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Propuesta de decisión sobre la composición numérica de las delegaciones interparlamentarias (Doc. B5-0059/2002) 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
-Propuesta de la Conferencia de Presidentes- Nombramiento de Parlamentarios para la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Conferencia de Presidentes) 
Procedimiento simplificado: 
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento CEE nº 95/93, de 18 de enero de 1993, por el que se establecen reglas comunes en lo que concierne a la asignación de franjas horarias en los aeropuertos de la Comunidad (COM (2002) 7- C5-0020/2002- 2002/0013 (COD) ) (de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Informe (A5-0465/2001) del Sr. Alejo Vidal-Quadras Roca, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios (COM (2001) 226- C5-0203/2001- 2001/0098 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE del Consejo relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos (COM (2001) 294- C5-0270/2001- 2001/0134 (COD)) 
(En votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Informe (A5-0025/2002) del Sr. Jorge Moreira da Silva, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (COM (2001) 579- C5-0019/2002- 2001/0248 (CNS) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0003/2002) del Sr. Graham Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo (14845/1/01- C5-0680/2001- 2001/0217 (CNS)) 
sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la orden europea de detención y los procedimientos de entrega entre Estados miembros (14867/1/01- C5-0675/2001- 2001/0215 (CNS)) 
(En votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Informe (A5-0002/2002) del Sr. Bernhard Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el noveno informe de la Comisión sobre ayudas estatales en la Unión Europea (COM (2001) 403- C5-0632/2001- 2001/2269 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0017/2002) de la Sra. Maria Martens, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la comunicación de la Comisión sobre el proyecto de programa de trabajo detallado para el seguimiento del informe sobre los objetivos concretos de los sistemas de educación y formación (COM (2001) 501- C5-0601/2001- 2001/2251 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0467/2001) del Sr. Karl Erik Olsson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el seguimiento de la crisis de la EEB- en relación con la salud pública y la seguridad alimentaria (2000/2321 (INI)) 
Después de la votación sobre la enmienda 1: 
Señor Presidente, le comunico que de todas formas aún se puede votar la segunda parte de la enmienda 1. 
En cuanto a la redacción, probablemente tiene usted razón, pero el espíritu de la enmienda está en contradicción. 
Por tanto, pediría el consejo del ponente, el Sr. Olsson, sobre este asunto. 
Señor Presidente, he votado a favor del importantísimo informe del diputado Vidal-Quadras relativo a las modalidades de ahorro energético, sobre todo con ocasión de la construcción de inmuebles destinados a vivienda, donde los gastos de calefacción son los que más pesan sobre los ciudadanos de la unión europea. 
En esta ocasión, hablando de gastos de calefacción, que son soportados muy a menudo por ancianos y jubilados, deseo que nuestros Estados se decidan a asignarles a los jubilados una cantidad de dinero, diferente en función de la región, para soportarlos. 
Hay bonitas zonas de nuestra Europa como Sicilia, donde los gastos para calentar la casa son muy escasos, y hay otras regiones, muy bonitas también éstas- en Suecia y en Finlandia, por ejemplo- donde los gastos de calefacción son, en cambio, mucho más elevados. 
Yo añadiría Escocia a esa lista de lugares donde los costes de calefacción son muy elevados. 
Informe Kauppi (A5-0466/2001) 
De Escocia hablaré dentro de un momento, señor Presidente. 
En cuanto al informe de la colega Kauppi, referente a la cooperación para el impuesto sobre el valor añadido, he de decir que me he encontrado, en el aeropuerto de Génova, con mi amigo Bertone- que ha sido mi compañero de colegio- y que me ha dicho a este propósito: "¡ Qué buenos sois en Europa haciéndonos pagar más impuestos, organizándoos y poniéndoos de acuerdo para hacernos pagar mejor los impuestos !" 
Bertone, precisamente como yo, Fatuzzo, es de Génova y, en Italia, Génova es considerada como Escocia en Gran Bretaña, es decir que, como se dice, somos muy ahorradores. 
Mi amigo Bertone de Génova me ha dicho precisamente: " Eh ya, vosotros sois buenos haciéndonos pagar. 
¿Pero por qué, en cambio, no hacéis algo para que paguemos menos impuestos? , qué felices seríamos nosotros los de Génova y probablemente también los escoceses ¡Espero que se haga lo antes posible! " 
La razón es que en él se cita como fundamento jurídico al artículo 95 del Tratado, que contempla decisiones por mayoría en el Consejo y codecisión en el Parlamento Europeo. 
Se hace esto a pesar de que el artículo 95 señala que no es aplicable a "disposiciones fiscales". 
Esto significa, por tanto, algo tan decisivo como un nuevo sistema para el tratamiento de asuntos fiscales, los que, a raíz de esto, ya no serían parte de la colaboración entre estados, con la correspondiente exigencia de unanimidad, de acuerdo con el artículo 93 del Tratado. 
No apoyo el criterio de la Comisión de que este informe sólo se refiere a la colaboración administrativa y de que la propuesta no tiene consecuencias fiscales, ya que no afecta a la recaudación de impuestos. 
El Consejo siempre ha rechazado esta postura y ha modificado el fundamento jurídico de los artículos 93 y 94, que exigen sólo la consulta al Parlamento. 
Los cristianodemócratas suecos respaldamos plenamente la postura del Consejo. 
Opinamos que las materias fiscales no deben ser aprobadas por mayoría en el Consejo con consulta al Parlamento. 
Nuestra postura es que para adoptar decisiones en materias fiscales en el futuro se debe exigir unanimidad, en conformidad con el artículo 93 del Tratado. 
Informe Moreira da Silva (A5-0025/2002) 
Se ha hablado en este informe de los cambios climáticos y de lo que tenemos que hacer para tener un aire más limpio. 
Estoy absolutamente de acuerdo, señor Presidente. 
¿Ha visto sin embargo qué bonito día tuvimos ayer aquí, en Estrasburgo? 14-15 grados, parecía primavera, hemos estado todos muy bien. 
¿Y entonces, Presidente, me ha venido una duda: no será acaso que el recalentamiento climático, contra el que nos estamos ocupando mucho y que hace aumentar la temperatura media del globo, al fin y al cabo sea mejor que ir hacia el frío? 
¿No sería conveniente que lo pensemos bien antes de cumplir estas obligaciones, porque quizás un poco más de calor en nuestro mundo podría ser mejor para nosotros? 
Informe Watson (A5-0003/2002) 
Como sabemos, este documento ha sido muy controvertido, también ha sido objeto de controversias, especialmente en Italia, como usted sabe, señor Presidente. 
Yo confirmo lo que ya he declarado en las anteriores votaciones sobre la euroorden y sobre la lucha contra el terrorismo. 
Estoy de acuerdo en que se intervenga con procedimientos rápidos para detener a los que han de ser detenidos, en cualquier Estado miembro de Europa al que éstos huyan. 
El objetivo final, para el Partido de los jubilados y para mí personalmente, es, en todo caso, que se llegue realmente a una única ley de enjuiciamiento penal y a un único código penal europeo porque, al fin y al cabo, si estamos todos de acuerdo en que una determinada acción es un delito, tenemos que estarlo todos, sin diferencias. 
Es un terreno demasiado importante para que haya diferencias en Europa. 
Señor Presidente, cuando reflexionamos sobre los problemas para mejorar los procedimientos de la Asamblea, cabe señalar que una explicación de voto de este tipo es una forma de responder a un punto planteado por el Sr. Comisario al final de un debate. 
Al final del debate sobre el informe Watson, el Sr. Vitorino ha dicho que la enmienda relativa a la orden de habeas corpus correría el riesgo de confundir la cuestión y socavar el respeto de los derechos humanos. 
Ignoraba así por completo el hecho de que la primera condición establecida para la aplicación de la enmienda era que se produjera una violación de los derechos humanos en el Estado receptor. 
Lo que yo he dicho en mi intervención durante el debate es que no basta con contar con un acuerdo común de respeto de los derechos, sino que deben existir garantías efectivas. 
Ese texto nuestro habría establecido una garantía efectiva. 
Dado que el Parlamento con su sabiduría- o falta de sabiduría- ha decidido no aprobarlo, yo he votado en contra del informe Watson sobre la Orden de Detención. 
Otros diputados del Reino Unido lamentarán no haberlo hecho también. 
Algunos de mis colegas de la Alianza Libre Europea- la mayoría de ellos- han votado a favor del informe Watson; no porque no lamentaran igualmente la ausencia de la enmienda relativa al habeas corpus, sino porque han sentido, en conciencia, un fuerte compromiso, igual que todos nosotros, por avanzar en el espacio judicial europeo, y lo han creído necesario. 
Señor Presidente, he votado en contra de la decisión sobre lucha contra el terrorismo porque creo que falla por su base. 
Reconozco que ha habido algunas mejoras- por ejemplo, en el Considerando 10. 
Mucha gente tiene su fe puesta en la declaración del Consejo, que no forma parte del texto jurídicamente vinculante. 
Básicamente, se trata tan solo de una promesa política. 
La gente debería recelar mucho de las promesas políticas. 
La declaración protege el derecho de la gente a protestar, que es una de las cuestiones fundamentales sobre las que la gente estaba muy preocupada. 
Si se hubiera incluido en el propio texto, podría haber sido jurídicamente vinculante. 
Pero no existe garantía alguna del uso que se va a hacer de esta legislación. 
¿Va a afectar a los derechos de personas que están descontentas con la situación actual y desean cambiar las cosas? 
También hemos de analizar cómo va a repercutir en los extranjeros, por ejemplo, en personas de entornos culturales y religiosos distintos- algunas personas de la sociedad occidental se muestran muy recelosas con ellos. Existe una gran amenaza a sus derechos fundamentales. 
En cuanto a la orden europea de detención, yo suscribiría lo que ha dicho el Sr. MacCormick. 
Ha sido muy decepcionante ver que tanta gente de este Parlamento no apoyara una enmienda que habría dado a la gente algún tipo de protección para sus libertades civiles básicas. 
El Partido Comunista de Grecia denuncia en cada oportunidad que se le brinda que el mecanismo represor y el régimen de la policía en el poder, que la Unión Europea está construyendo es la respuesta de la sociedad capitalista al movimiento de protesta y de reivindicación en aumento, que crea la propia política antipopular del servicio a los intereses del gran capital. 
Los gobernantes de la Unión Europea saben bien que, a pesar de sus esfuerzos, no pueden engañar a los pueblos ocultando el fondo de su política bajo un manto popularista. 
Este procedimiento estaba avanzando lenta pero firmemente hasta el 11 de septiembre. 
Los horribles acontecimientos de este día han sido utilizados como excusa para acelerar la aplicación de decisiones políticas tomadas mucho antes. 
Los autores físicos y morales de los ataques terroristas han hecho un gran regalo a los imperialistas americanos y europeos. 
Y así hemos llegado al punto de analizar por segunda vez las propuestas mejoradas de decisión marco del Consejo sobre la "lucha contra el terrorismo" y sobre la "orden europea de captura" que constituyen la artillería pesada del mecanismo represor. 
No ha cambiado nada esencial en los textos de las decisiones, aparte de algunas mejoras en la expresión que se vieron obligados a realizar a causa de la presión de la reacción, y del anejo que dice que "la Unión Europea se basa en los principios universales de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; funciona en virtud del principio de la democracia y del principio del Estado de derecho". 
La hipocresía de esta declaración se ve por el hecho de que las decisiones- marco golpean más seriamente a la democracia, a los derechos sociales individuales y colectivos. 
En virtud del artículo 1, pueden ser considerados perfectamente como terroristas cuantos luchan por lograr cambios políticos y sociales fundamentales. 
Formas de movilizar como ocupaciones simbólicas, o la consecuencia de las ocupaciones, como alterar el suministro eléctrico o del agua cuando están en huelga los ramos correspondientes, pueden ser también considerados como delitos de terrorismo, basta con que causen "pérdidas económicas significativas". 
Lo mismo ocurre, por supuesto, con las movilizaciones de los agricultores que cortan las carreteras. 
Ampliar las responsabilidades a las organizaciones de las cuales hay miembros "terroristas", crea un cómodo mecanismo de persecución a organizaciones y partidos molestos, y también incentivos para presentar acciones subversivas. 
Los únicos que están por encima de toda sospecha son los dirigentes de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
Ellos no corren el riesgo de ser juzgados en virtud de su propia ley, que considera que son acciones terroristas "aquellas que pueden perjudicar seriamente al país", "cuando el autor las realiza con objeto de: (i) atemorizar a un sector de la población o, (ii) obligar injustificadamente a las autoridades públicas o a un organismo internacional a ejecutar cualquier acción o a abstenerse de su ejecución, o (iii) desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, sociales fundamentales de un país o de un organismo internacional" ¿Qué es lo que han hecho distinto o en menor medida los imperialistas europeos y americanos en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Chile, Grecia y en decenas de países más? 
Los pueblos de todo el mundo saben bien quiénes son los terroristas. 
También saben que la violencia y la represión no pueden cambiar la marcha histórica de la humanidad. 
Seguirán su lucha hasta anular en la práctica todas las leyes del terror. 
Por estas razones los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia vamos a votar en contra del informe. 
. (FR) Definitivamente la Unión Europea y el Parlamento Europeo, en particular, no poseen una concepción muy coherente de la lucha contra el terrorismo. 
En mis intervenciones anteriores he pedido un refuerzo de los controles en las fronteras, incluso en las fronteras interiores de la Unión. 
Pero no vemos que se trabaje en tal sentido, sino que prosigue sin cambios la política de desmantelamiento de los controles internos. 
En efecto, el lunes pasado, con ocasión del debate del informe Kessler, denuncié la desaparición programada de la "declaración de estancia" que, en virtud del Acuerdo de Schengen, debería exigirse a los naturales de terceros países que desean pasar de un país de la Unión a otro. 
Hoy examinamos el último refrito del proyecto de creación de un "mandamiento de detención europeo" destinado a suprimir entre los países de la Unión, con respecto a determinados delitos, el antiguo sistema de la extradición que otorgaba un poder de apreciación discrecional al Estado de ejecución. 
Ahora bien, también en este caso, caemos de lleno en una contradicción. 
A través de las diferentes versiones hemos visto como este proyecto se ampliaba con una lista de delitos cada vez más extensa, pero sin incluir las garantías esenciales que habíamos exigido en nuestra explicación de voto del 29 de noviembre de 2001: derecho del juez del país de ejecución de aplicar un verdadero control sobre la legitimidad de la solicitud y no aplicación del nuevo sistema a los naturales del país de ejecución, que deberían seguir gozando de la máxima protección. 
El Parlamento europeo está dispuesto a cerrar los ojos frente a todas estas anomalías porque se trata de contribuir a la construcción de un súper-Estado. 
Pero en nuestro período de sesiones anterior, no dudó en votar una resolución negándose a facilitar la extradición hacia los Estados Unidos de terroristas, o aprendices de terroristas, detenidos en la Unión. 
Ahora bien, precisamente en este caso habría sido importante hacer un gesto, puesto que los Estados Unidos están hoy al frente de un combate destinado a proteger todo Occidente. 
Por consiguiente, el mandamiento de detención europeo nos preocupa demasiado, y eso es peligroso. 
Y no nos preocupamos lo suficiente por apoyar a los Estados Unidos contra el terrorismo, y eso es indecente. 
. (EN) Los Conservadores británicos hemos votado firmemente a favor de una decisión marco sobre el terrorismo para subrayar nuestro apoyo continuo y permanente en la guerra contra el terrorismo, y para ratificar nuestra firme decisión de que la Unión Europea presente un frente unido contra aquéllos que intentan minar nuestros valores y nuestra forma de vida. 
Sin embargo, nos hemos visto obligados a votar en contra de la propuesta relativa a la Orden Europea de Detención. 
Tal y como están propuestos ahora, los procedimientos irían mucho más lejos de lo que es necesario para hacer frente a la amenaza terrorista o de lo que es deseable teniendo en cuenta la salvaguardia de los derechos humanos y el respeto al proceso jurídico debido, que satisfacen actualmente los procesos previstos en los acuerdos de extradición. 
No obstante, que nadie dude de nuestra firme decisión de no flaquear en la larga guerra contra el terrorismo; no creemos, sin embargo, que la Orden Europea de Detención tal y como se propone consiga los fines por los que todos luchamos. 
- (NL) El inicial estupor causado por los atentados de septiembre no sólo ha dado lugar a que las acciones llevadas a cabo por los Estados Unidos en un país que posiblemente albergue al cerebro de los mismos cuenten con un apoyo ciego por nuestra parte, sino que, además, ha motivado la elaboración de unas medidas que afectan seriamente a algunos derechos de los ciudadanos considerados inamovibles hasta la fecha. 
Todas las ideas primitivas que se les ocurren a los guardianes del orden público para facilitar el encarcelamiento, extradición y condena de personas disidentes entran en consideración. 
El Gobierno estadounidense no es el único en introducir nuevos inventos tales como el concepto de "combatientes ilegales" que, en consecuencia, no pueden acogerse a la protección de la que gozan los prisioneros de guerra. 
Desgraciadamente, esto también sucede en Europa. 
Quienes llevan defendiendo desde hace tiempo la extradición de personas a países que aplican aún la pena de muerte, la abolición de libertades juzgadas inoportunas en países vecinos o la restricción de los derechos de los inculpados no han querido dejar escapar esta oportunidad. 
Mientras tanto, aquellos que, presos del pánico, terminaron por convencerse de la necesidad de estas medidas draconianas comienzan a recapacitar. 
Esta mañana el presidente del Grupo del PPE-DE ha dicho con razón que la alusión al terrorismo no es ningún motivo para respaldar la actuación rusa contra Chechenia. 
Aunque la nueva propuesta del Sr. Watson aporte algunas mejoras, no es suficiente para evitar desgracias. 
(DE) No me he abstenido en la votación final sobre el informe no porque esté en contra de la orden de búsqueda y captura europea. Estoy más bien en contra del precipitado procedimiento con que se ha tratado el asunto. 
Informe Rapkay (A5-0002/2002) 
Señor Presidente, este documento del diputado Rapkay sobre las ayudas de Estado en la Unión Europea ha tenido mi voto favorable- mío personal y también en representación del Partido de los jubilados- pero, mientras votaba, yo pensaba, señor Presidente. 
¿No se deberían considerar también ayudas de Estado los dineros que los gobiernos utilizan para cubrir y sanear los déficits de los fondos para las pensiones? 
Cuando intervienen los presupuestos del Estado para sanear los balances de los fondos de las pensiones, en mi opinión es una ayuda de Estado que perjudica la competencia en la unión europea entre los distintos sistemas y modalidad de gestión de los fondos para las pensiones en Europa. 
Se necesitaría más competencia también en la posibilidad de elegir el tipo de la jubilación propia. 
Espero que esto se logre conseguir en el futuro. 
Señor Presidente, me limitaré a decir que, adicionalmente y como complemento del voto que hace poco ha sido expresado, es necesario tratar de aclarar hasta el final el concepto de ayudas de Estado. 
El documento actual aborda este tema en muchas direcciones- que ya fue abordado en el pasado- lo desarrolla, profundiza en ello y también hace notar una cierta satisfacción porque las ayudas se han reducido en el período '97 -' 99. 
Queda por abordar el problema de las ayudas a las regiones, es decir el dinero que desde el Estado, ya que no hay una fiscalidad regional suficiente, al menos en Italia, pasan a las regiones y de las regiones directamente a muchos entes o a muchas empresas, que violan así la competencia, rompen el mercado, sobre todo respecto a las otras empresas, las que no pertenecen por ejemplo a las regiones con estatuto especial, que están particularmente favorecidas. 
Este informe sobre las ayudas estatales sigue de cerca la línea del anterior, al confirmar que se ha registrado una reducción de las ayudas estatales durante el período 1997-1999, en particular gracias a las reducciones de las ayudas en Alemania e Italia, los dos países con mayor volumen de apoyos estatales. 
La lógica del informe se basa en la defensa de la reducción de las ayudas estatales y en el incremento de medidas insertas en ese marco, en particular medidas fiscales. 
El objetivo es, conforme a las conclusiones de la Cumbre de Estocolmo, conseguir una reducción continua de las ayudas estatales de aquí a 2003 y admitir sólo las que los Estados miembros soliciten en circunstancias excepcionales. 
Naturalmente, se mantienen los apoyos comunitarios ya existentes. 
Entretanto, con la creación del grupo de evaluación de las ayudas estatales, van a aumentar las presiones sobre los Estados miembros para una reducción, basándose siempre en la defensa de la competencia, olvidando los problemas de las economías más débiles y escamoteando la propia política americana, que sigue concediendo ayudas estatales en diversos sectores de la economía, a pesar de las normas de la OMC. 
A eso se debe nuestro voto en contra. 
- (NL) El ponente se suma a la declaración de la Cumbre de Lisboa celebrada en marzo de 2000 según la cual la UE se convertirá en la región más competitiva del mundo en un plazo de diez años. 
Ahora bien, debido al alto precio que hemos de pagar a cambio, muchos europeos no considerarán este objetivo como una victoria, ni siquiera si lográramos llevarlo a buen término. 
En los Estados Unidos y Japón mucha gente vive peor que en gran parte de Europa, a pesar de los gigantescos beneficios empresariales y el vertiginoso crecimiento. 
La competencia implica que el que consiga vender los productos y servicios más baratos al coste más bajo sobrevive a costa de todos los demás. 
Por eso mismo, los demás no pueden permitirse el lujo de conceder la necesaria importancia a asuntos como los derechos humanos, las condiciones laborales, la sanidad pública, el medio ambiente y el bienestar de los animales. 
La ayuda estatal, las iniciativas gubernamentales y las empresas públicas constituyen un instrumento imprescindible para corregir los efectos negativos del mercado y fomentar el bienestar humano y medioambiental. 
Estoy en contra de la ayuda estatal cuyo único objetivo es aumentar la competencia en un mercado libre mediante el uso del dinero del contribuyente, tal y como sucede en la aviación, pero estimo positivo que se preste ayuda para salvaguardar los derechos sociales y el empleo regional en regiones vulnerables. 
La renacionalización de la política regional, que tanto teme el ponente, pone coto a la burocracia y al despilfarro, pero, al mismo tiempo, requiere contribuciones de solidaridad compensatorias por parte de los Estados miembros más ricos a favor de los más pobres. 
Informe Martens (A5-0017/2002) 
Señor Presidente, he votado a favor de este importante informe de la colega Martens sobre la enseñanza y la formación, pero espero que pronto los jubilados de los diferentes sectores de la vida productiva de Europa, en vez de jugar a las cartas, holgazanear en su casa viendo la televisión, contar los días que les quedan de vida, sean utilizados, si lo desean, para enseñarles a los trabajadores, sobre todo a los jóvenes, lo que ellos saben. 
Por ejemplo, los jubilados del sector bancario podrían enseñar a los nuevos empleados cómo se consiguen buenos resultados administrando el dinero del banco, y así en todos los sectores: más jubilados en la enseñanza profesional y en la enseñanza a lo largo de toda la vida. 
Informe Olsson (A5-0467/2001) 
Señor Presidente, quiero destacar que algunos puntos en el informe del Parlamento Europeo sobre el tratamiento de la EEB tienen repercusiones negativas sobre los agricultores en Europa, por lo que he votado en contra de estas exigencias irreales que una parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha presentado. 
Se trata en concreto de la reducción obligatoria de la edad a 24 meses, el debate sobre los omnívoros en relación con la EEB así como aspectos de la economía los residuos. 
Además, estoy en contra de la exigencia de una reforma de la PAC que contenga como objetivo la seguridad de los alimentos, pues ésta ya se determina de modo muy positivo en la Agenda 2000. 
Nuestra política agraria se basa en el principio de la multifuncionalidad y en las empresas agrícolas familiares, por lo que la producción de unos alimentos seguros y de alta calidad es para nosotros, los agricultores, algo evidente. 
Marcaríamos aquí una señal errónea. 
Por ello, la delegación del PPE se ha abstenido en el Parlamento Europeo en la votación final. 
Deseo "Buen provecho" a la Presidencia y a todos los intérpretes antes de hablar de este tema que no armoniza y no propicia el buen provecho, porque se trata del documento sobre la EEB, la encefalopatía espongiforme bovina. 
En el párrafo 5, está escrito, Presidente, que se invita "a los Estados miembros a reforzar los controles relativos a la prohibición temporal de utilizar harinas animales en los piensos." 
¿Pero, Presidente, por qué "temporal ?" 
Si las harinas animales son dañinas, hagamos entonces permanente la prohibición de utilizarla, y las empresas que producen harinas animales cambiarán de producción y quizás produzcan espaguetis a la italiana o al pesto, que sería mejor para nosotros poder hablar de ello en este momento. 
En conclusión, señor Presidente, querría que las harinas animales fueran total y definitivamente puestas fuera del mercado. 
. (FR) Con ocasión del informe Olsson sobre el seguimiento de la crisis de la EEB desearía subrayar el escándalo que constituye la decisión del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre pasado por la que se condena a Francia por no haber accedido a la petición de la Comisión de levantar el embargo sobre las importaciones de carne de bovino británica. 
La decisión hace referencia a los poderes superiores de la Comisión, la cual, por su parte, hace referencia a la primacía de la libertad de circulación. 
En este caso se plantea una cuestión de principio: ¿qué Europa queremos? 
¿Una Europa en la que cada pueblo tiene el derecho de ejercer sus opciones fundamentales, o bien una Europa en la que la Comisión decreta desde arriba el supuesto bien común? 
Nosotros pensamos que cada pueblo debe ser soberano. 
En materia de salud pública en particular, si un país miembro efectúa democráticamente una determinada elección, los demás deben aceptarla, aunque no estén de acuerdo. 
Hay que hacer hincapié en que el propio Gobierno francés se colocó en una situación difícil al ratificar el Tratado de Ámsterdam, que otorga a la Comunidad los poderes que hoy utiliza contra nosotros. 
¿Cuándo los gobiernos dejarán de creer que los textos que suscriben no producen consecuencias? 
¿Cuándo dejarán de pensar que sus actos nunca se volverán contra ellos? 
¿Cuándo dejarán de negarse a ver la realidad y de escondérsela a los ciudadanos? 
Tras la decisión del 13 de diciembre, por más que el Gobierno francés manifieste que no obedecerá, la Comisión no tendrá inconveniente en solicitar al Tribunal de Justicia la aplicación de una multa por cada día de retraso en la ejecución de la decisión. 
De ese modo, deberemos pagar tributo por gozar del derecho de utilizar- y aún así, provisionalmente- una competencia fundamental que nosotros mismos cedimos absurdamente con el Tratado de Ámsterdam. 
Resulta evidente que esta situación ilógica no se extenderá más allá de la campaña electoral francesa. 
Una vez que ésta finalice, nuestro futuro gobierno se apresurará probablemente a obedecer de callado. 
Necesitamos una reforma fundamental de los Tratados para restablecer la soberanía nacional. 
. (FR) He votado a favor de este informe de propia iniciativa. 
La Unión Europea debe hoy asumir sus responsabilidades en dicho expediente. 
En la votación, he sido favorable a una reforma de la política agrícola común tendente a tomar en cuenta el objetivo de la seguridad alimentaria. 
Hay que comprender que no se trata de oponer agricultores y medioambientalistas. 
Los primeros desean producir garantizando la mejor calidad posible, los segundos desean recobrar su confianza en productos que no suponen un peligro para su salud. 
Quienes ponen en entredicho este principio asumen una grave responsabilidad con miras al futuro. 
La aplicación sistemática del principio de precaución es indispensable. 
En efecto, el principio de "tolerancia cero" debe predominar siempre con respecto a cualquier cuestión referente a la protección de la salud pública. 
Este informe considera que deben destruirse las actuales existencias de harinas animales y de alimentos que las contienen e insiste en la prohibición de alimentar a los rumiantes con harinas animales. 
Por otro lado, cuando se comprueba un caso de EEB la retirada de la cadena alimentaria de toda la cabaña es siempre la solución que presenta las máximas garantías para la seguridad de nuestros conciudadanos. 
Los métodos alternativos a la destrucción del conjunto de la cabaña no podrían aplicarse sino una vez que se comprobara su eficacia y únicamente en caso de que ofrezcan el mismo nivel de seguridad. 
Es de rigor actuar con la máxima prudencia debido a la inseguridad científica actual en cuanto a los modos de contaminación. 
Por eso creo necesarios la mejora y el desarrollo de la investigación sobre la EET y otras enfermedades y formas de contaminación todavía desconocidas. 
Creo igualmente indispensable garantizar al máximo el seguimiento de las sanciones y de las medidas aprobadas contra los Estados miembros que no respetan dicha normativa. 
Indudablemente la EEB desencadenó una crisis de confianza por parte de los consumidores y una catástrofe económica en las industrias agropecuaria y de elaboración de alimentos. 
En pro de todos los interesados, es necesario velar por que se aprendan las enseñanzas que de ello se desprenden y se adopten medidas sensatas para erradicar la EEB, que deben estar, naturalmente, justificadas con datos científicos solventes. 
Me parece que el umbral de 30 meses es justificable y es de prever que logre la erradicación de la EEB del Reino Unido dentro de un plazo razonable. 
La principal enseñanza que se desprende de la EEB y otros casos recientes de pánico en relación con los alimentos es sin lugar a dudas la de que debemos propiciar la vuelta a métodos naturales de producción de alimentos y alimentación del ganado. 
En Escocia, por ejemplo, la mayoría del ganado ha sido alimentado, a lo largo de la Historia, con hierba, razón por la cual la incidencia de la EEB en ese país ha sido relativamente escasa. 
En cuanto a los principios de seguimiento técnicos básicos de la EEB, el informe plantea las cuestiones positivamente. 
Las propuestas sobre el principio de cautela, la clarificación definitiva de conceptos y definiciones a fin de evitar las distintas interpretaciones de los Estados miembros sobre las mismas cuestiones, en tanto que la falta de clarificación genera hoy, en día retrasos en la aplicación de la legislación. 
También estamos de acuerdo con el principio de la tolerancia cero en cuanto a los residuos de dioxina en los alimentos y en los piensos y en cuanto a la prohibición de utilizar tejidos de una especie de animales en la alimentación de otros animales de la misma especie. 
Sin embargo, tenemos nuestras reservas en cuanto a otros puntos del informe. 
Por ejemplo, en la propuesta sobre la reforma de la Política Agrícola Común para lograr la seguridad alimentaria, aunque no estamos en desacuerdo sobre el fondo, nos inquieta su posible explotación por parte de la Comisión para imponer limitaciones a las subvenciones y a la producción de productos agrícolas básicos. 
Así ha sucedido ya con el algodón con la excusa de la nitrificación y la protección del medio ambiente, con el tabaco con la de la campaña antitabaquismo y la protección de la salud pública, etc. 
Asimismo, somos contrarios a la propuesta de ceder más competencias de control a servicios comunitarios, puesto que consideramos que no han mostrado más sensibilidad ni efectividad en este campo que los servicios nacionales correspondientes. 
Los casos sucesivos de dioxinas en los pollos, las "vacas locas", etc. descubiertos a posteriori y que perjudican la salud pública, nos confirman en nuestra opinión y justifican nuestro desacuerdo en aumentar las competencias comunitarias. 
Finalmente quisiéramos subrayar que en cuanto a la producción de productos agrícolas y de alimentos, ocupa el primer puesto y sigue siendo el criterio definitivo la reducción del coste de producción, sea como sea, y el aumento de los beneficios de los grandes monopolios del sector; los problemas no sólo existirán, sino que van a aumentar. 
Los controles de cualquier tipo, y especialmente los preventivos, a pesar de la importancia que tienen, no pueden desviar estos fenómenos y esto es demostrable por el hecho de que la mayor parte de los problemas se comprobaron, cuando ya habían tomado dimensiones trágicas y la salud pública había sido terriblemente dañada. 
Por esta razón creemos que la seguridad total de los alimentos no puede venir de proclamaciones o resoluciones, por muy fomentadas que estén, puesto que no pueden, y no quieren, tocar el modo capitalista de producción. 
Apoyamos tanto el informe como los controles que limitan estos problemas con ciertas reservas, y señalamos que conseguiremos la seguridad total en los alimentos si el criterio básico de su producción no es el beneficio, sino la protección de los consumidores, del ganado y del medio ambiente. 
- (NL) El uso de residuos procedentes del sacrificio de animales en la alimentación de ganado de la misma especie es algo que solamente se le puede ocurrir a una persona ávida de dinero. 
Hemos convertido las vacas y las ovejas, que en principio sólo se alimentan de sustancias vegetales, en caníbales. 
No debe extrañar que esta evolución antinatural genere enfermedades letales desconocidas hasta la fecha. Seguimos sin sacar las conclusiones correctas. 
Según la ley del mercado libre quien consiga la producción más barata acabará ganando la guerra comercial, aunque ello vaya en detrimento del empleo, el medio ambiente, el bienestar animal y la salud pública. 
Por eso mismo resulta difícil resistir a la tentación de seguir utilizando harinas animales de carne y hueso a la antigua usanza. 
Algunas empresas, determinados Estados miembros y parte de este Parlamento piensan que todo se soluciona sacrificando de modo preventivo el ganado sano que se halla en la proximidad de un foco de infección. 
Así se hizo con motivo de la crisis de la EEB y más tarde en el caso de la fiebre aftosa. 
Todo el que procure corregir las deficiencias de este política ganadera cuenta con mi apoyo. 
El ponente Olsson y la Comisión de Medio Ambiente exigen con razón que se ejerza un mayor control sobre el cumplimiento de las prohibiciones recién implantadas, que se endurezcan las sanciones y que se destruyan las existencias. 
Ahora bien, para eliminar la tentación de cometer infracciones también habría que recortar sistemáticamente las ventajas económicas correspondientes. 
. (FR) La cuestión del embargo francés de la carne de bovino británica- que mencioné ayer en el debate sobre el informe Olsson- ilustra el carácter profundamente antidemocrático del funcionamiento actual de las instituciones europeas. 
El Tribunal de Justicia condenó a Francia basándose en una concepción estrictamente uniformadora del mercado único, reconociendo que, en cuanto al fondo, este país podía tener razones válidas para proteger a su población frente a las dudas que suscita la trazabilidad y el etiquetado de las canales de ganado vacuno británico. 
El Gobierno francés ha anunciado su intención de no aplicar la sentencia del Tribunal. 
La Comisión ha expresado su voluntad de hacer condenar a Francia al pago de importantes multas. 
Estamos, pues, en presencia de un sistema jurídico que obliga a los Estados miembros o bien a renunciar a las medidas que consideran indispensables para la protección de la salud pública de sus ciudadanos, o bien a comprar el derecho de hacerlo. 
El primer responsable de esta situación es, ciertamente, el Gobierno francés, que, después de haber transferido la seguridad alimentaria al ámbito de competencia comunitaria al suscribir el Tratado de Ámsterdam, descubre con gran incoherencia unos meses después las consecuencias peligrosas de una decisión tomada a la ligera. 
Pero, en general, se trata de todo un sistema que atenta contra la democracia y que el informe Olsson tendría que haber puesto en tela de juicio: el sistema que niega a un pueblo el derecho de tomar las medidas que considera necesarias para la protección de su salud pública, aun cuando otros pueblos piensen de modo diferente. 
Queda cerrado el turno de explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 13.13 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Financiación de la ayuda al desarrollo, en particular con vistas a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre este tema (continuación) 
Ahora seguimos con el debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a la financiación de la ayuda para el desarrollo con vistas a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas que se celebrará en Monterrey los días 21 y 22 de marzo. 
Señor Presidente, una de las consecuencias de la globalización es la aparición de un sentimiento de pertenencia al mundo. 
Eso hace que cada vez más nuestros ciudadanos sientan como propia la pobreza y el subdesarrollo en que vive una gran parte de la población y que reclamen a los poderes públicos un mayor compromiso en materia de cooperación al desarrollo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero que se lo transmitan cuando llegue: dar respuesta a esta demanda de los ciudadanos de una mayor solidaridad supone proporcionar a los países menos desarrollados la posibilidad de poner en práctica los cambios necesarios para hacer posible el progreso y el bienestar de sus pueblos y hacer realidad el cuadro que nos ha descrito esta mañana, y por el que nos felicitamos. 
Pero supone también asumir el compromiso a plazo fijo de ir mas allá de lo acordado en Laeken y establecer un calendario firme para que los Estados que todavía no lo hayan hecho alcancen, en el plazo previsto, el objetivo de destinar el 0,7 % del producto nacional bruto para la ayuda oficial al desarrollo, y ello por una exigencia ética: no podemos seguir tolerando las condiciones de vida que deben soportar tantos millones de personas portadoras de nuestra misma dignidad y nuestros mismos derechos. 
Y porque sin desarrollo, la democracia y el respeto de los derechos humanos no son más que entelequias. Y, en último término, porque contribuir al progreso y al desarrollo de los pueblos constituye la mejor arma para ganar la paz y la seguridad internacional, algo que lamentablemente no todos los países parecen entender. 
También yo lamento que el Consejo no esté presente aquí. 
Sabían que comenzábamos a las 15.00 horas. 
Señor Presidente, el Consejo de Cooperación, celebrado todavía bajo la Presidencia belga, llegó a una serie de conclusiones que definen lo que nuestros representantes deberán defender en Monterrey. 
Hace unos días escuchamos sorprendidos lo que vino a decirnos, en la Comisión de Desarrollo, el Presidente en ejercicio del Consejo: hay que evitar por todos los medios que Monterrey acabe sin acuerdo; la Unión Europea tiene que negociar con los Estados Unidos hasta llegar a un acuerdo con ellos. 
Ahora bien, las posiciones extraordinariamente restrictivas de la Administración norteamericana lo serán aún más en la medida en que la Unión Europea haga público que está dispuesta a aceptar todo lo que sea con tal de llegar a un acuerdo, con independencia de la sustancia de su contenido. 
Conocido el proyecto de consenso que han elaborado quienes preparan la Conferencia, nuestros temores toman aún más cuerpo. 
En esa declaración falta cualquier compromiso vinculante respecto a contribuciones y a calendario para financiar el desarrollo. 
Si tales fueran las conclusiones de la Conferencia, Monterrey sería, apenas, una oportunidad perdida más. 
Buscar el acuerdo debe ser un objetivo de nuestra actuación, pero ese acuerdo no puede significar concesiones en compromisos, como el 0,7 %, o un calendario para alcanzar esa contribución con que financiar el desarrollo. 
Tampoco debería retrocederse en metas respecto de las cuales ya se había alcanzado un compromiso para 2015, como la reducción en un 50 % de las gentes que viven en condiciones de pobreza extrema, la reducción de dos tercios de las actuales cifras de mortalidad infantil y la universalización de la educación primaria para todos los niños y niñas del mundo. 
Señor Presidente, la Sra. Ferreira habló de forma muy hermosa de solidaridad y de cómo los ciudadanos exigen que nos mostremos solidarios con los países del tercer mundo. 
Lamentablemente, esto no es lo que vemos actualmente en Dinamarca donde recortamos la ayuda al desarrollo, situación ésta que me parece muy desafortunada. 
Naturalmente y aunque hayamos recortado ésta, seguiremos todavía entre los mayores contribuyentes, no obstante, en cualquier caso es una señal completamente equivocada la que en la actualidad enviamos por parte danesa y desde el gobierno danés. 
Temo asimismo que la Conferencia de Montreal sea sólo otra conferencia más y que no lleve a ninguna medida concreta y por ello me gustaría sacar a colación tres puntos concretos en mi intervención de hoy. 
En primer lugar, la exigencia de ayuda al desarrollo. 
Me parece absolutamente fundamental que fijemos objetivos concretos sobre cuándo cada país comunitario habrá llegado al 0,7 %. 
Llevamos oyendo hablar del 0,7 % desde 1974, por lo que recuerdo, y aún queda mucho camino por recorrer en la mayoría de los países hasta llegar a este objetivo. 
Y por ello espero oír los resultados alcanzados por la Comisión de su visita a los diversos países con vistas a disponer de marcos temporales concretos. 
Esto es lo que falta. 
Lo segundo que me gustaría pedir es que los esfuerzos del Sr. Lamy por eliminar las barreras comerciales que se alzaron provisionalmente contra los países menos desarrollados también se aplicaran a otros países, pues sin comercio y sin posibilidad de comercio sin barreras aduaneras todo es imposible. 
El tercer punto que me gustaría recalcar es la necesidad de observar qué podemos hacer desde el sector público para estimular las inversiones privadas y aquí creo que podemos alcanzar una cooperación más fructífera que la habida hasta la fecha. 
De este modo también podemos sacar acciones concretas de las palabras del Foro Económico Mundial. 
Señor Presidente, el Consejo de Ministros de Desarrollo del 8 de noviembre de 2001 había insistido en que la Unión Europea y los Estados miembros aumenten la ayuda al desarrollo. 
Ahora se trata, en mi opinión, de pasar a los actos concretos y visibles. 
¿Cómo se puede alcanzar el incremento necesario de la ayuda actual de los países industrializados, o sea, 50 millardos de dólares anuales, como recomiendan varios informes de preparación de la Conferencia de Monterrey, para responder a las necesidades fundamentales de los países en desarrollo, concretamente en materia de educación y salud? 
¿En qué punto está la Comisión en sus negociaciones con cada Estado miembro sobre un calendario que permita ajustarse al objetivo del 0,7 % fijado hace ahora 32 años? 
Con ocasión de la Conferencia de Monterrey, y cuando la actitud estadounidense hace pesar una seria amenaza sobre la propia existencia de la ayuda al desarrollo, sería oportuno que la Unión Europea organizara e iniciara el control riguroso y obligatorio de dicho calendario. 
Quedan por explorar otros terrenos, empezando por la necesaria abolición de la deuda, mucho más allá de la iniciativa PPTE, como nos lo recuerda con urgencia- si fuese necesario- la crisis argentina. 
Una resolución del Foro parlamentario mundial celebrado en Porto Alegre hace algunos días acaba de recomendar la creación por las Naciones Unidas de un Tribunal internacional contra la deuda, a fin de garantizar la financiación del desarrollo. 
En segundo término, ya es hora de estudiar seriamente la creación de un impuesto sobre las transferencias financieras internacionales. 
Finalmente, se requieren, sin duda, reformas del sistema financiero y del sistema comercial internacionales para democratizarlos y combatir los mecanismos que generan la pobreza en los países en desarrollo. 
Por otro lado, con respecto a la ayuda actual, hay que proceder al pago inmediato y efectivo de los importes- a finales de 2000 nueve millones de euros aún dormían en las cajas del Fondo Europeo de Desarrollo- y a la nueva orientación de la APD. 
Esta última, en efecto, es favorable en primer lugar a los inversores privados, lo que contribuye a especializar más cada país sobre segmentos de producción para la exportación, en función de las necesidades del mercado mundial y no de las poblaciones. 
Los compromisos asumidos frente a los países en desarrollo deben cumplirse. 
Son las expectativas legítimas de 2,8 millardos de personas que viven con menos de dos dólares diarios. 
Señor Presidente, cada vez que debatimos sobre el problema de los países pobres enumeramos las usuales cifras, rituales diría: 800 millones de personas que viven en condiciones de malnutrición; el 40 por ciento de la población mundial afectado por la malaria; 2 millones de personas, sólo en África, que contraen cada año el SIDA; casi mil millones de niños analfabetos; la escasez de agua; los problemas sanitarios y sociales, y así sucesivamente. 
Casi parece una ritual costumbre de contar en cada momento estos datos. 
Pero hace falta tomar medidas, señor Presidente. 
Hace falta una intervención urgente más concreta por parte de los países industrializados y de las instituciones financieras internacionales, también a través de una cooperación más eficaz, sin superposiciones y sin duplicaciones, es decir con una más atenta monitorización de la asignación de los fondos destinada al desarrollo. 
En pocas palabras, hacen falta acciones concretas, con la máxima transparencia y con el mínimo de burocracia requerida para su control. 
Ciertamente, la Conferencia Internacional de Monterrey de marzo de 2002 y, luego, la cumbre mundial de Johannesburgo del próximo septiembre revisten una gran importancia a este respecto. 
Un resultado positivo representaría ciertamente esa señal determinante para imprimir, más en general, una mayor aceleración también a las acciones en favor del desarrollo sostenible. 
Conceptos que hay que recordar: movilizar los recursos financieros locales para el desarrollo, los recursos internacionales, la inserción de los países en el comercio internacional, y así sucesivamente. 
La Unión Europea es sin duda el principal donante, pero puede jugar, junto con cada uno de los Estados, un papel fundamental a este respecto. 
Necesitamos una colaboración más estrecha con las Naciones Unidas, por ejemplo la FAO, para actuar de tal modo que la asignación de estos fondos pueda mejorar realmente los niveles alimentarios y las condiciones de vida de los pueblos pobres. 
Señor Presidente, nadie discute que la Unión Europea realiza una aportación a la lucha contra la pobreza, pero como todos sabemos estamos muy lejos de los objetivos declarados. 
La eliminación de la pobreza, del atraso y de la incultura tienen que estar en primer lugar si se quiere combatir el terrorismo. 
En el orden del día se encuentra un nuevo orden económico mundial, un cambio político tal como más de 60.000 participantes exigieron en el segundo Foro Social Mundial en Porto Alegre. 
Argentina muestra de modo aterrador adónde conduce el neoliberalismo. 
Quien quiera realizar una ayuda al desarrollo realmente eficiente debería escuchar el mensaje de Porto Alegre e incluir activamente en el proceso de búsqueda de ideas y de aplicación de una nueva política de desarrollo a aquellas fuerzas democráticas que han participado en este Foro. 
. Señor Presidente, he escuchado con mucha atención todas las opiniones manifestadas aquí por los diputados que han intervenido en este debate. 
La mayor parte de las intervenciones hacían consideraciones que, desde luego, el Consejo ha tenido muy presentes a la hora de tomar las decisiones que le correspondían para llegar al consenso de Monterrey. 
La mayor parte de las peticiones que he escuchado son peticiones que, naturalmente, la Unión Europea y el Consejo- que representa a la Unión Europea- y la Comisión- que también representa a la Unión Europea en la Conferencia de Monterrey- comparten. 
Naturalmente, creo que es muy loable que estas opiniones se expresen en este foro parlamentario, que tiene que ser el foro que exprese nuestras ambiciones y nuestras aspiraciones. 
Pero yo creo que también el Parlamento comprende bien y me imagino que es sensible al hecho de que estamos inmersos en una negociación internacional en la que no solamente basta que la Unión Europea tenga y exprese sus ideas, de las cuales estamos orgullosos, sino que busquemos un acuerdo con todo el mundo. 
Debo decir que la Unión Europea se encuentra en una posición muy particular en este tipo de conferencias. 
Se encuentra en el medio, con unos socios de su mismo nivel de desarrollo, que muy frecuentemente no comparten nuestras ideas y no van tan lejos en su generosidad, y, luego, otros países en vías de desarrollo que, naturalmente, no comparten porque tienen, seguramente, el derecho a exigirnos mucho y, muchas veces, mucho más de lo que a veces normalmente podemos dar. 
Creo que el consenso de Monterrey contiene todos los elementos básicos y fundamentales y, con todo lo que hemos escuchado hoy en el Parlamento, creo que tenemos un bagaje suficiente, tanto la Presidencia del Consejo como la Comisión, para seguir reafirmándonos en nuestras ideas. 
Ya sabemos que hay un consenso y que el consenso es de carácter muy general, pero eso no excluye que en Monterrey podamos todavía ir más lejos en nuestras ambiciones. 
Yo ya las enumeré al final y quiero volver a repetirlas. 
La Unión Europea tiene la intención de transmitir un mensaje en defensa de los valores que le son propios y que enumeré antes: defensa de la democracia, del buen gobierno, del reforzamiento de las capacidades institucionales de los países receptores de ayuda, del Estado de derecho, de la paz y de la seguridad y de los derechos humanos. 
Todos estos elementos son valores esenciales de nuestra cultura y civilización que hemos escuchado aquí, en el Parlamento Europeo, y que serán los que nos van a guiar en los debates de Monterrey. 
En cualquier caso, yo creo que tenemos suficiente base para sentirnos satisfechos, puesto que en el consenso de Monterrey se recoge todo esto, quizá no llevado tan lejos como nosotros quisiéramos, pero se recoge de una manera sustancial. 
Esperemos que en esta reunión que tendrá lugar el próximo mes de marzo la Unión Europea, que tiene una posición común y única y cuenta con el respaldo del Parlamento, pueda ir todavía más lejos en estos principios y en estos objetivos que yo ya he expresado y que he visto que cuentan con el respaldo de este Parlamento. 
También quisiera decir, para finalizar, que la delegación comunitaria tiene la intención de incluir a cinco diputados del Parlamento Europeo y que, por lo tanto, éste estará plenamente integrado en la delegación y tendrá información de primera mano. 
Naturalmente, yo quedo a la disposición de esta Cámara y de usted, señor Presidente, para volver aquí después de Monterrey y dar cumplida información sobre el resultado de la Conferencia. 
Señor Presidente, es muy importante atenerse a la opinión de que el volumen tiene su importancia cuando hablamos de estos problemas. 
También es muy importante recordar que la lucha contra la pobreza mundial no es una tarea de remiendos a corto plazo en los países pobres. 
Con frecuencia oímos la opinión de que, como llevamos 25 o 30 años prestando ayuda para el desarrollo a África y sigue siendo pobre, tal vez todo el planteamiento sea equivocado. 
Se trata de un error fundamental. 
No se trata de un proyecto a corto plazo. 
Cualquier sociedad mundial con un mínimo de decencia debe entender que la transferencia de recursos de los ricos a los pobres deben ser un fenómeno permanente. 
Ese planteamiento modifica la orientación del debate sobre lo que falla en la cooperación para el desarrollo. 
En realidad, constituye la clave para entender lo que significa la mundialización, que es adoptar un planteamiento no excluyente al contemplar el mundo real. 
Más vale que nos acostumbremos a la idea de que una transferencia permanente forma parte del imperativo que afrontamos. 
No es lo mismo que aceptar que la cooperación para el desarrollo debe deteriorarse sencillamente volviéndose alguna forma de colmar los desfases sociales. 
Todo el programa de reformas estructurales o políticas en materia de gestión idónea de los asuntos públicos es absolutamente esencial para lograr avances reales. 
Pero hay una gran diferencia entre verlo como algo que tendremos que hacer durante algunos años más o como algo que formará parte del futuro. 
La actitud de los diferentes países en relación con la idea de la necesidad de compartirlo y de que resulta inseparable de la visión del mundo en general reviste importancia decisiva. 
La Sra. Dybkjaer y la Sra. Boudjenah han mencionado la meta del 0,7 por ciento para la UE. 
Eso figura en nuestro programa por primera vez. 
Nunca se ha examinado en realidad en el nivel de la UE, ni entre la Comisión y los Estados miembros ni entre éstos entre sí. 
Conque lo hemos considerado un nuevo ámbito de debate. 
Hemos establecido como una presión uniformizante y la respuesta procedente de la serie de debates en las capitales que llevamos a cabo antes de la Cumbre de Laeken fue en cierto sentido alentador, porque todos los Estados miembros reaccionaron positivamente ante la necesidad de establecer algún tipo de calendario. 
En esa esfera la adopción de decisiones sigue siendo competencia de los Estados miembros- la Comisión no ha adquirido nuevos poderes a ese respecto -, pero este debate es ahora legítimo y vamos a concederle un papel preponderante como un aspecto de nuestra aportación a la Conferencia de Monterrey. 
Este debate no concluirá en Monterrey; es un reflejo de cómo se ve Europa a sí misma y del papel que debe desempeñar en el mundo que queremos sacar adelante en esa esfera. 
En respuesta al Sr. van den Berg y al Sr. van den Bos, que han formulado observaciones sobre el desequilibrio entre gastos militares y gastos para el desarrollo y toda la concepción en que se basan, quisiera indicar la opinión general de que la cuna de la civilización europea y occidental fue la antigua Grecia. 
Personalmente, creo que fue la cuna del tipo de Europa que quiero representar y es la parte de la historia griega con la que quiero identificarme. 
Creo y espero que para Europa la cuna fue, en realidad, Atenas y no Esparta. 
Ésta es mi respuesta a lo que Sus Señorías han dicho sobre el equilibrio entre el planteamiento militar y esta forma más humanista o impulsada por principios morales de determinar nuestro papel y nuestra concepción en este mundo. 
Ése es el bagaje que llevaremos a Monterrey y ése es- hablando de principios- el mensaje que comunicaremos allí. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará el jueves. 
Preparativos con vistas a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, marzo de 2002) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a los preparativos para el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebrará en Ginebra en marzo de 2002. 
. Señor Presidente, en el terreno de la protección efectiva de los derechos humanos la Unión Europea tiene una larga tradición, y ha logrado crear un espacio de seguridad jurídica y libertades irrenunciables, con una normativa inspirada por nuestra propia legislación y por la codificación internacional. 
En nuestro caso, dentro de la Unión Europea, hemos tenido el impulso paralelo del propio Consejo de Europa, además de la exigencia que nosotros nos marcamos, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, en el campo de los derechos humanos. 
Hay ejemplos recientes que muestran esta preocupación, que es parte de nuestra propia identidad, como la Carta Europea de los Derechos Humanos, las últimas comunicaciones de la Comisión sobre la labor de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos en terceros países, la importantísima labor realizada por este Parlamento en este ámbito y las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del pasado 25 de junio, según las cuales la preocupación efectiva por la defensa de los derechos humanos debe estar permanentemente presente en la política exterior de la Unión. 
Quisiera recordar también las directrices, tanto en lo que se refiere a la tortura como en lo concerniente a la aplicación de la pena capital, que son constantemente tenidas en cuenta en la formulación de nuestra política exterior y en nuestras relaciones con países terceros. 
Hay dos cuestiones que también están siempre presentes en nuestro acervo y nuestra cultura y que están relacionadas con la corriente general de respeto a los derechos humanos en cualquier acción o iniciativa política exterior, que son el principio de la no discriminación de la mujer y los derechos de la infancia y su protección efectiva. 
Todos estos conceptos están, sin duda, en la base de la labor de la Unión Europea durante las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y serán estos principios los que informen nuestra acción en la próxima sesión, que se va a celebrar entre el 18 de marzo y el 26 de abril del año presente. 
La Comisión de Derechos Humanos es, sin lugar a dudas, el reto más importante que la Unión Europea tiene que afrontar en los próximos meses en materia de derechos humanos. 
Esa Comisión, que- como todo el mundo sabe- es un órgano dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se reúne todos los años en Ginebra y es foro de intensos debates sobre todos los aspectos de la actualidad internacional que puedan tener alguna conexión o relación con los derechos humanos. 
Se trata, por tanto, de un ejercicio anual, obligatorio para nosotros, de compleja preparación y que exige a la Unión Europea, año tras año, un esfuerzo constante para realizar en el contexto internacional- tal y como la sociedad internacional espera de la Unión Europea, a quien considera el bastión de la defensa de estos derechos- una protección efectiva y cada día más universal de los derechos humanos. 
No es un secreto para nadie que la Unión Europea tiene una parte muy activa en la Comisión de Derechos Humanos y que un número importante de Estados miembros de la Unión Europea son miembros de la Comisión (en este momento, España, Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Alemania y Suecia). 
Teniendo en cuenta la cuota que nos corresponde en lo que se llama el Western European Group, la Unión Europea tiene, sin ninguna duda, la participación más importante. 
Dada la enorme complejidad del ejercicio del que estamos hablando, es difícil a estas alturas fijar posiciones definitivas de la Unión Europea de cara a la Comisión de Derechos Humanos. 
Las posiciones siempre se basan en nuestro sistema de valores. 
No se trata de ceder en ninguno de nuestros principios, pero muchas veces las posiciones dentro de la Comisión son producto de una coordinación previa para obtener resultados prácticos, y hay algunos temas que, por su sensibilidad y su seguimiento mediático, merecen un tratamiento especial. 
En todo caso, nuestro objetivo es, como en otros años, presentar una serie de proyectos de resolución y de declaraciones de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que incluyan las novedades ocurridas en el último año, desde la finalización de la 57ª sesión de este órgano, que tuvo lugar precisamente en abril del año 2001. 
De esta manera, la Unión Europea entiende que será necesario intervenir con discursos sobre temas de gran sensibilidad en los que nuestra postura ha de quedar reflejada de algún modo. 
Este año dichos discursos, que son preparados con la colaboración de los socios, se centrarán fundamentalmente en las siguientes materias: racismo, derecho al desarrollo, violación de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier parte del mundo, derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles, políticos y de integración de la mujer y la perspectiva de género, derechos del niño, defensores de los derechos humanos y servicio de asesoramiento, y cooperación técnica en el ámbito de los derechos humanos. 
La lista es amplia, pero no exhaustiva. 
Es demostrativa del amplio abanico de temas que deberemos tratar en la Comisión de Derechos Humanos, donde el ámbito de la defensa de estos derechos tiene que ser unicomprensivo y, naturalmente, es universal. 
Precisamente por eso, la actividad que genera la Comisión de Derechos Humanos está relacionada con otros muchos temas que, de una forma o de otra, inciden en la labor de la Unión Europea. 
En primer lugar, es fundamental hacer referencia al ámbito convencional en el que la Comisión de Derechos Humanos ha ejercido y ejerce su función. 
Dos de los ejercicios a los que la Unión Europea va a conceder una gran prioridad son las discusiones en marcha sobre la elaboración de sendos protocolos facultativos: el del pacto de derechos económicos, sociales y culturales y el del convenio contra la tortura, cuyo articulado ya ha avanzado sesión tras sesión, y que está bastante cerca de terminarse. 
En ambos casos, la Unión Europea ha de ejercer una labor de peso a la hora de redactar los proyectos y de colaborar con los grupos de trabajo que preceden a la reunión de la Comisión, con el objeto de facilitar la adopción de dichos protocolos. 
En segundo lugar, como todo el mundo puede imaginar, son muchos los retos de carácter social y humanitario que se nos plantean, y a los que estamos decididos a hacer frente, junto con nuestros socios: todas las cuestiones de refugiados y de asilados, la emigración y todas sus consecuencias en el ámbito cultural, educativo y social, el problema de la discriminación de las poblaciones indígenas, el verdadero avance y equiparación práctica de la mujer en todos los órdenes, y tantos sectores, individuales o colectivos, que son objeto de atención por parte de la comunidad internacional. 
En el Consejo, tenemos la intención de esforzarnos muy especialmente para que nuestra participación sea lo más activa y constructiva posible, tanto en la sesión especial de la Asamblea General sobre la Infancia- que debería haberse celebrado en septiembre, pero que se vio afectada por los acontecimientos del 11 de septiembre, y que se ha vuelto a programar, aunque todavía sin concretar fecha- como en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que va a tener lugar en abril de este año. 
En tercer lugar, conviene tener en cuenta el debate, hoy ya abierto, sobre la posibilidad de perfeccionar la labor muy meritoria de los diversos comités de expertos independientes, los llamados treaty bodies, que vigilan y controlan el cabal cumplimiento de muchas de las convenciones a que he aludido hace un momento. 
Hay que darles los medios para que puedan desarrollar su labor lo mejor posible. 
Señor Presidente, quisiera referirme también a dos temas que, por su complejidad, afectarán a nuestro trabajo en la Comisión de Derechos Humanos: por un lado, la lucha contra el racismo y la discriminación racial. 
Como todos ustedes saben, el pasado mes de septiembre se celebró una importante conferencia mundial en Durban (Sudáfrica) , cuyos preparativos y desarrollo fueron conflictivos pero en la que, al final, afortunadamente, se pudo preservar el consenso, después de largas discusiones y, en gran parte, gracias a la perseverancia de la delegación de la Unión Europea en su conjunto. 
Ahora nos toca ejercer una vigilancia especial para que no se reabran las heridas de Durban y para que ese consenso alcanzado conozca un desarrollo efectivo y pragmático, siempre con la ayuda de las instancias oportunas de la Secretaría General de Naciones Unidas. 
Otro tema es la abolición o restricción de la aplicación de la pena capital. 
Todos somos conscientes de que, a pesar de la firme convicción que tenemos en Europa sobre la total erradicación y abolición de la pena capital, algunos países pertenecientes a corrientes culturales y religiosas diferentes a las nuestras, perseveran en su mantenimiento y aplicación. 
Por nuestra parte, vamos a seguir en un empeño básicamente humanitario, intentando expandir el ámbito de su abolición, reforzando las situaciones de moratoria o de no aplicación efectiva de la pena, aunque exista en la legislación, y apelando a las autoridades para que- en casos muy concretos, de menores, mujeres en gestación e incapacitados mentales- la ejecución no se lleve a cabo. 
Éstas son las líneas de actuación marcadas, en su momento, en la Unión Europea, a través de unas líneas directrices aprobadas al respecto, y a las que nos vamos a seguir refiriendo cuantas veces sean necesarias, especialmente en la resolución sobre la pena de muerte que presenta tradicionalmente la Unión Europea en la Comisión de Derechos Humanos. 
Deseo concluir, señor Presidente, exponiendo una reflexión respecto a la nueva situación creada tras el 11 de septiembre. 
Me hago eco de preocupaciones que he escuchado en esta Cámara, precisamente esta misma mañana. 
En la Presidencia y en el Consejo somos muy conscientes de que en muchos países ha surgido un cierto clima de preocupación por si, en aras del reforzamiento de la seguridad y de la lucha contra las organizaciones terroristas, la protección de los derechos humanos pudiera sufrir un sustancial menoscabo. 
La Unión Europea, y el Consejo a su cabeza, están convencidos de que no debe ser así; de que no existe incompatibilidad alguna entre la seguridad y la libertad de nuestros conciudadanos, y de que en nuestro ámbito no habrá recorte alguno ni de las libertades fundamentales ni de la convivencia democrática cotidiana. 
Conviene no olvidar que los atentados del 11 de septiembre constituyeron un ataque en toda regla a este sistema de valores y libertades, del que estamos tan orgullosos, y que, entre todos, tenemos la obligación de defender. 
La Comisión de Derechos Humanos será, sin duda, un marco ideal para demostrar nuestro compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos, para extender ese compromiso a todos los países del mundo, sin que se pueda utilizar el pretexto de la lucha contra el terrorismo para conculcarlos, y para reafirmar que la protección de los derechos humanos sigue siendo en la Unión Europea un principio tan sólido como siempre. 
Señor Presidente, este debate brinda la oportunidad de un intercambio de opiniones antes de las deliberaciones del 58º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El Grupo de Contacto sobre Derechos Humanos ya ha reunido a los representantes de las organizaciones no gubernamentales, diputados al Parlamento, funcionarios de las instituciones de la UE y otros para examinar los asuntos principales que se abordarán en Ginebra. 
Cuanto mayor sea la aportación, mayor confianza podrá tener la UE en el planteamiento que adopte en la Comisión de las Naciones Unidas. 
Como siempre, cuando Sus Señorías invitan a la Comisión a esos debates anuales, se trata de un momento en que la UE no ha decidido definitivamente las iniciativas que adoptará en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hasta después de las negociaciones en el terreno en Ginebra no se determinará su forma final. 
Lamentablemente, hay demasiado para escoger cuando buscamos en derredor, en el mundo, ejemplos de violaciones de los derechos humanos. 
Ésa es la razón por la que la UE debe adoptar un planteamiento coherente a la hora de determinar la forma mejor de fomentar el respeto de los derechos humanos. 
En nuestra comunicación sobre los derechos humanos del pasado mes de mayo y en las posteriores conclusiones del Consejo de Asuntos Generales se lanzó una estrategia para semejante planteamiento por una UE que se comprometería activamente con el mundo en el fomento de los derechos humanos mediante, por ejemplo, la cláusula sobre los derechos humanos que constituye un aspecto sistemático de los acuerdos de la Comunidad y que recibe su expresión más avanzada en el Acuerdo de Cotonou, mediante el diálogo que hemos decidido celebrar en los contactos con todos los terceros países, fortalecido en las orientaciones sobre los diálogos relativos a los derechos humanos aprobadas por el Consejo el pasado mes de diciembre, mediante nuestros compromisos con las ONG, incluida la importante financiación para los proyectos en materia de derechos humanos encauzados por mediación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos y los programas de incorporación de la mujer y mediante nuestra cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones. 
Deben tener en cuenta esos factores quienes señalan el inevitable elemento de selectividad en los países y los asuntos sujetos a las iniciativas de la UE en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
No son la suma total de la política de la UE en materia de derechos humanos, sólo un elemento de ella. 
Varias cuestiones figurarán en todo el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en este año. 
En primer lugar, el muy lamentable fracaso de los EE.UU. a la hora de conseguir la reelección en la Comisión y la participación de varios Estados cuyas ejecutorias en materia de derechos humanos son- por decirlo cortésmente- menos que aceptables, lo que significa que la UE tendrá que trabajar mucho más para velar por que valores básicos en materia de derechos humanos se reflejen en las decisiones adoptadas. 
En segundo lugar, la lucha contra el terrorismo, que ha permeado acertadamente todos los ángulos del debate político desde el 11 de septiembre. 
Las consideraciones en materia de derechos humanos son pertinentes a este respecto en varios niveles. 
Debemos procurar no confundir los conceptos. 
La UE mantiene la importante distinción según la cual los Estados son los perpetradores de violaciones de los derechos humanos, mientras que los terroristas son criminales particularmente abominables. 
Y es oportuno que las acciones de los Estados- ya sea en el nivel legislativo, judicial o penal- estén sujetas al derecho internacional y a un examen minucioso. 
En la lucha contra el terrorismo, nosotros y nuestros aliados debemos defender los valores del respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario a escala internacional. 
La comunidad internacional debe estar también vigilante ante intentos oportunistas de los Estados de justificar la represión y las medidas de fuerza en el plano interior con la afirmación de que están "luchando contra el terrorismo". 
Zimbabwe es el ejemplo más claro de ello. 
La lucha contra el racismo recibirá también la debida atención primordial en el 58º período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas y la UE puede exponer una declaración al respecto, como en años anteriores. 
Después de un viaje bastante accidentado desde Durban, ahora tenemos una declaración y un programa de acción sólidos, novedad digna de beneplácito y que ahora debemos aprovechar. 
La lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de las minorías es una de las cuatro prioridades conforme a la iniciativa europea en pro de la democracia y los derechos humanos para el período 2002-2004. 
Se han asignado 17 millones de euros al año para apoyar a las ONG y otras organizaciones en el fomento de los derechos y la sensibilización como medidas complementarias concretas de la Conferencia Mundial. 
Por último, unas palabras sobre dos países de particular interés, para mí y para este Parlamento. 
En primer lugar, China. 
Se trata del único país con el que la UE mantiene un diálogo permanente en materia de derechos humanos. 
La situación de los derechos humanos en China inspira mucha preocupación: desde la aplicación en gran escala de la pena de muerte a la supresión de derechos religiosos y culturales en el Tíbet, Xinjiang y otros lugares y restricciones de la libertad de expresión, evidenciadas en las recientes medidas relativas a Internet. 
En ese difícil marco, el diálogo y los seminarios de la UE- el último de los cuales, celebrado en diciembre de 2001, reunió a expertos europeos y chinos para examinar la prevención de la tortura y el derecho a la educación- son un cauce para el aliento, la cooperación y la crítica. 
Como ha subrayado el Consejo de Asuntos Generales, los avances en el terreno son un corolario necesario del diálogo y ésa es la razón por la que evaluamos el diálogo anualmente. 
Segundo, en el Irán algunos avances en la reforma quedan contrapesados por graves preocupaciones permanentes en materia de derechos humanos. 
El Representante Especial de las Naciones Unidas sobre el Irán lo destacó en la Tercera Comisión de esa organización el año pasado, al referirse en particular al pronunciado aumento de los ahorcamientos y azotes públicos. 
La UE está participando junto con el Irán en un esfuerzo para lograr mejoras. 
El positivo resultado obtenido por la resolución de la UE en la Tercera Comisión de las Naciones Unidas muestra que la comunidad internacional comparte nuestras preocupaciones. 
La aceptación de una visita del Representante Especial sería un paso más en la dirección correcta. 
Actualmente se está examinando en el Consejo el mandato para un acuerdo de comercio y cooperación de la CE. 
Puedo asegurar a Sus Señorías que las consideraciones relativas a los derechos humanos desempeñarán un papel importante en futuras negociaciones. 
Las resoluciones y debates del Parlamento son un estímulo decisivo para el proceso de preparación con vistas a la labor en la Comisión de Derechos Humanos. 
Espero que, de ser posible, los representantes del Parlamento visiten, como en años anteriores, la Comisión de Derechos Humanos en sus sesiones y contribuyan al debate en el sentido más amplio. 
En los últimos años la Sra. Mary Robinson, la Alta Comisionada, ha trabajado duro para convertir la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la conciencia de la humanidad, lo cual me parece ser muy digno de elogio. 
Sin embargo, ello no obsta para que este solemne acto anual en Ginebra despierte cada vez más dudas. La organización para la defensa de los derechos humanos lo resumió como sigue: incumbe a los zorros vigilar los huevos de gallina. 
De hecho, es inquietante que países como Kenia, Sudán, Togo y la República del Congo, que no se distinguen precisamente por su respeto de los derechos humanos, formen parte de dicha comisión y estén llamados a contribuir a la elaboración de sus normas. 
Además de la composición, el procedimiento, en concreto el sistema de votación por mayoría, también suscita reparos. 
Los gobiernos criticados por las ONG tienden a hacer una piña para defender sus propios intereses comunes. Parece imperar el lema: si perdonamos a los demás, nosotros mismos no corremos el riesgo de ser condenados. 
Por eso suscribo lo que acaba de decir el Comisario Nielson. 
Ahora que los Estados Unidos han dejado de formar parte de esta comisión a la Unión Europea le corresponde más que nunca tomar la iniciativa. 
Europa ha de mostrarse más asertiva y consecuente a la hora de defender los derechos humanos. Debe respaldar más resoluciones, también de cara a países grandes como China y Rusia. 
Algunos Estados miembros europeos se olvidan con demasiada facilidad de sus principios cuando están en juego intereses económicos. 
Además, la Unión debe insistir en que las recomendaciones de la comisión se apliquen realmente. 
Se emplea mucho dinero en la alerta temprana, pero los informes de los expertos son ignorados sistemáticamente. 
En este momento se juega la credibilidad de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y de la política en materia de derechos humanos como tal. Creo que, desde este punto de vista, la Unión Europea carga con una colosal responsabilidad. 
Señor Presidente, me complace decir que he asistido a la Comisión de las Naciones Unidas en dos ocasiones anteriores, junto con el Sr. van Hecke y el Sr. Wuori, que participan en el debate de esta tarde. 
El Consejo ha dicho que en Europa nos enorgullecemos de una larga tradición en materia de derechos humanos, pero debemos reconocer que a veces vacilamos a la hora de condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas por nuestros así llamados Estados amigos. 
Quisiera instar a que nunca vacilemos; debemos aplicar las mismas normas y criterios sin excepción. 
Las actitudes basadas en dos varas de medir socavan nuestros más elevados principios éticos y nuestras aspiraciones a un mundo libre de violaciones de los derechos humanos. 
Convengo absolutamente con todo lo que ha dicho la Comisión. 
Sin embargo, en relación con los acuerdos de Cotonou y de asociación, quisiera decir que, cuando haya violaciones de los derechos humanos, debemos poner en práctica las cláusulas relativas a los derechos humanos y la democracia. 
Cualquier otra cosa será considerada un lastimoso respaldo de dichas violaciones. 
No podemos ni debemos apartar la mirada, pues llegará un día en que otros hagan lo mismo cuando nos suceda a nosotros. 
Los jóvenes y el resto del público que contempla la Asamblea hoy se preguntan de qué hablamos. 
Hablamos de un mundo en el que podamos celebrar la diferencia, en el que no haya persecución de una persona porque su color, su credo, sus creencias o su sexualidad sean diferentes de las de otras. 
Quisiera simplemente acabar, sin discurso preparado de antemano, refiriéndome a algo que es absolutamente esencial y decisivo y que se debe recordar. 
El pastor Niemöller dijo: " Cuando vinieron a buscar a los comunistas, no intervine, porque yo no era comunista. 
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no intervine, porque yo no era judío. 
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no intervine, porque yo no era sindicalista. 
Cuando vinieron a buscarme a mí... no quedaba nadie para intervenir ". 
Debemos procurar no ser nunca hipócritas en la defensa de los derechos humanos y el 11 de septiembre debe enseñarnos sin duda que se deben aplicar las mismas normas, independientemente de que un país sea nuestro enemigo o nuestro amigo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, el Parlamento Europeo tiene metas muy altas en materia de derechos humanos. 
Tenemos la responsabilidad, la obligación moral, de denunciar los atropellos a los derechos humanos, dondequiera que se produzcan. 
Por eso respaldamos la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Será un foro importante para destacar estas materias en el ámbito mundial. 
Se redactan hermosas declaraciones y convenciones internacionales- cada vez más son los que las suscriben -, pero a menudo no se cumplen. 
Aunque formalmente son cada vez más los países que viven en democracia, es sabido que diariamente, en todo el mundo, cada segundo, se cometen horribles atropellos contra los que luchan por los derechos humanos y la democracia. 
Este año se ha concentrado la atención en la lucha contra el terrorismo; incluso usted ha hablado del tema, señor Presidente del Consejo. 
Esto es, sin duda, interesante, pero está directamente relacionado con los derechos humanos. 
Es un derecho humano no ser víctima del terrorismo. 
El terrorismo nace de la opresión, de la falta de libertad, de la falta de democracia y del escaso respeto a los derechos humanos. 
Espero que en la reunión de Ginebra se discutan estos temas. 
En Ginebra la UE debe impulsar una larga lista de temas: la violencia contra las mujeres, la situación de los niños, la tortura y la pena de muerte. 
En todos estos campos se necesitan declaraciones. 
Permítanme referirme a tres regiones: en primer lugar, China, que exhibe un poco decoroso récord mundial de ejecuciones. 
Cada día nos llegan informes de torturas, de encarcelamientos de disidentes y de atropellos, tanto a los habitantes del Tíbet como a los seguidores del movimiento Falungong y a los que luchan por la democracia. 
Año tras año pedimos que se redacte una resolución sobre China. 
Todos los años ocurre lo mismo, es decir, no se hace nada. 
¡Empeñémonos en conseguir una resolución este año! 
En segundo lugar, Zimbabwe. 
Diariamente estamos viendo cómo este país se hunde en el abismo. 
Es una espiral de asesinatos y atropellos. 
Tenemos que demostrar que se nos ha terminado la paciencia. 
Para terminar, Túnez. 
Un poco a la sombra de los titulares de prensa, allí están ocurriendo muchas cosas, muchas graves violaciones a los derechos humanos. 
Señor Presidente, a veces se ha definido el ámbito de acción de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como un interminable mar de penalidades. 
Al dirigir ahora las velas de la UE hacia esas aguas, debemos evitar aquella actitud temeraria que llevó a Ulises a cruzar las columnas de Hércules para aventurarse en alta mar. 
Aunque la UE no tenga en absoluto una política o estrategia común en materia de derechos humanos, salvo ciertas excepciones- la tortura y la pena de muerte -, en otras palabras, aunque carezca de la autoridad que confiere el compás y de la infalible orientación de las cartas marinas, tendremos que guiarnos siguiendo a determinadas estrellas brillantes y fijándonos en ciertos puntos de referencia. 
Una vez que Estados Unidos se quedara sin representación en la Comisión de Derechos Humanos el año pasado, ahora la UE hará en Ginebra las veces de buque insignia del grupo occidental. 
Por ello, es muy importante que la Unión siga una línea integrada y basada en claras prioridades temáticas y geográficas que no caiga en los titubeos de ocasiones anteriores. 
El Presidente de esta Cámara, Sr. Cox, volvía a hacer énfasis esta mañana en la especial importancia de los derechos humanos en la UE y en el trabajo de este Parlamento. 
Esto no debe quedar en un compromiso meramente retórico. 
Sin que nos lo impidan las letanías de la política comercial u otros cantos de sirenas, debemos ser capaces de convertir en realidad palpable las promesas solemnes y de pronunciarnos activamente también sobre las cuestiones delicadas, tales como la violación de los derechos humanos por parte de China- pensando, sobre todo, en las situaciones de Mongolia y del Tíbet- o las acciones de Rusia, sobre todo, en Chechenia. 
En relación con esto, tampoco podemos permitir que la lucha contra el terrorismo pueda poner en peligro, bajo ningún concepto, los principios más fundamentales del Estado de Derecho y de los derechos humanos, o que se haga un uso indebido de ellos como mera coartada para proceder a intervenciones que, por lo demás, quizás sean bastante discutibles. 
Señor Presidente, mañana el Parlamento aprobará una excelente resolución presentada por varios grupos, en cuyo artículo 8 aparecen mencionados una serie de países, no obstante, naturalmente hay países que no se mencionan, y me gustaría pedir que no nos olvidáramos de ellos en esta sesión. 
Me gustaría en particular pedir al Consejo que cuando habláramos de luchar contra la tortura no olvidáramos a Turquía, que aún mantiene a prisioneros políticos en régimen de aislamiento total. 
Me gustaría pedir que tampoco olvidáramos a los prisioneros del CampX-ray que están encarcelados allí en contravención de la Convención de Ginebra. 
Asimismo me gustaría pedir que cuando hablemos de derechos políticos y sociales, no olvidáramos de nuevo a Turquía, inmersa ahora en la ilegalización del partido HADEP porque éste se está acercando al 10% de la minoría de bloqueo. 
También me gustaría pedir que no pasáramos por alto que los EE.UU. aún no han ratificado el Estatuto de Roma y por tanto aún no se han unido al Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra y que cuando habláramos de la pena de muerte, tampoco volviéramos a pasar por alto a los EE.UU. y a China. 
Y quiero decirle a la Comisión que están muy bien estos acuerdos que hacemos y que llevan vinculadas cláusulas de derechos humanos cuando los hacemos con terceros países. 
Simplemente no entiendo que no seamos un poco más estrictos con el cumplimiento de los acuerdos y en este punto pienso especialmente en Israel, que tiene un acuerdo con la UE que claramente no se cumple. 
No entiendo que esta violación no tenga consecuencias, que no se derogue el acuerdo inmediatamente. 
Señor Presidente, Señorías, creo que a pesar de las buenas palabras del ministro de Miguel podemos apostar tranquilamente a que el Consejo y la Unión Europea adoptarán este año en Ginebra, al igual que el año pasado y el año anterior, una posición escandalosa, vergonzosa, cobarde, una posición que, desgraciadamente, no será la que defiende nuestro Parlamento. 
Creo que podemos estar absolutamente seguros y apostar cien contra uno a que no habrá resolución sobre China, sobre el Tíbet, que no se apoyará a la Unión Europea para aprobar resoluciones sobre la situación de las mujeres en la Arabia Saudita, que no habrá resolución ni apoyo de la Unión a una resolución sobre Túnez. 
No habrá nada de eso- como el año pasado, hasta tal punto que el año pasado la Unión Europea se las arregló incluso para que este año los Estados Unidos no la molestaran-. 
De Chechenia mejor ni hablar. 
El comisario Poul Nielson todavía no sabe dónde está situada Chechenia en el mapamundi. 
En el propio seno de nuestro Parlamento, el Sr. Oostlander y su cómplice, el Sr. Sakellariou (aunque esto no sorprenderá a nadie) , llegaron incluso a sabotear una iniciativa encaminada a invitar a que nos visitaran los dos negociadores, checheno y ruso. 
Esta es la situación real de los derechos humanos. 
Pienso que no debemos engañarnos. 
Señor Presidente, todos los años se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todos los años los dirigentes chinos someten a presión a sus interlocutores comerciales para impedir que las violaciones de los derechos humanos cometidas por Pekín se coloquen en el orden del día. 
Este año todo es diferente. 
Los EE.UU. no han sido reelegidos como miembro de la Convención de Derechos Humanos y solamente tienen un papel de observador. 
En consecuencia, la UE ya no puede esconderse detrás de los norteamericanos. 
No se han olvidado las penurias de los tibetanos, el impedimento de ejercer su vida religiosa y cultural ni las crueles persecuciones y encarcelamientos desde hace decenios. 
Aunque no estén presentes continuamente en los titulares de los periódicos porque esas personas se distancian de todo tipo de terrorismo, están muy presentes entre nosotros. 
Hace ya un año y medio el Parlamento Europeo exigió el reconocimiento del Gobierno tibetano en el exilio si las negociaciones entre los tibetanos y los chinos bajo el patrocinio de las Naciones Unidas no conducían a la autonomía del Tíbet. 
Un enviado extraordinario de la UE para el Tíbet podría hacerse cargo de importantes tareas de coordinación. 
En su gran intervención en octubre ante nuestra Asamblea, el Dalai Lama expuso de nuevo su concepto de la vía intermedia y exigió a Pekín mantener negociaciones directas sin condiciones previas. 
La Unión Europea debe pues actuar por propia iniciativa en Ginebra, presentar una resolución y ganarse el apoyo de miembros responsables de esta Comisión. 
Los chinos no deben equivocarse. 
Saludamos su ingreso en la OMC y sus aportaciones a la coalición internacional contra el terror. Pero su proceder brutal contra minorías religiosas y étnicas tanto en el Tíbet como también en la Mongolia Interior y en el Turquistán Oriental no se puede justificar con nada. 
Ha llegado la hora de los europeos, señor Comisario, señor Presidente del Consejo. 
Llenemos por fin de contenido nuestro reconocimiento del respeto incondicional de los derechos humanos. 
Señor Presidente, a pesar de las previsiones del diputado Dupuis, la reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra es una oportunidad nueva para avanzar en el respeto, en el fomento y en la salvaguarda de los derechos humanos. 
Hace tiempo que sabemos que en el mundo están globalizados el sufrimiento, la pobreza, los atentados contra los derechos humanos, la persecución por razones de sexo, orientación sexual, religión, cultura o raza. 
Millones de seres humanos lo sienten a diario. 
El 11 de septiembre no hizo sino recordarnos que también la inseguridad está globalizada. 
Esta nueva reunión de Ginebra, la primera tras ese fatídico día, no debe hacernos, por tanto, perder la perspectiva. 
Hemos de seguir trabajando para defender los derechos de los ciudadanos: el derecho a la vida, a la democracia, a respirar un aire saludable, a que se respeten los derechos económicos y sociales como parte inseparable de los derechos humanos. 
Sin olvidarnos de que la ecuación seguridad-libertad no sólo es una reivindicación coherente con nuestra historia común, sino que es lo único que garantiza la estabilidad y, por tanto, la democracia. 
Europa ha de tener un papel protagonista en esa Conferencia. Hemos de ser capaces de defender una posición común. 
Si queremos conseguir esta aspiración hemos de tener más ambición política y una única voz, potente y radical contra quienes violan los derechos humanos. Una voz que se escuche en Ginebra y que nos permita sentirnos orgullosos de ser europeos. 
Sé que parece una utopía, que parece difícil, y lo es, pero como Guy Verhofstadt nos recordó cuando tomó posesión de la anterior Presidencia del Consejo: "quien no cree en la utopía no merece ser llamado europeo". 
Señor Presidente, la Conferencia de las Naciones Unidas se inaugura una semana después de las elecciones presidenciales en Zimbabwe. 
Entonces las resoluciones angustiosas en las que se deploren las violaciones de los derechos humanos por un Gobierno Mugabe reelegido tendrían tan poco efecto como las protestas de la Liga de Naciones tras la invasión de Abisinia por Mussolini. 
La Unión Europea ha comunicado plazos y ultimátums. 
Ahora debemos obtener apoyo de la comunidad internacional para esas medidas. 
Debemos agradecer al Presidente Mbeki y a otros dirigentes africanos su labor entre bastidores, pero ahora es el momento de que hablen pública y firmemente contra el opresivo régimen de Mugabe. 
Debemos velar por que se cumplan completamente las condiciones de nuestros ultimátums. 
Debemos asegurarnos de que Mugabe permitirá a un equipo de la UE observar el proceso de las elecciones y se debe permitir a la UE elegir la composición de dicho equipo, en el que debe haber algunos miembros británicos. 
Nuestros observadores deben tener libertad para trasladarse a donde deseen y para informar al respecto. 
Se debe restablecer una prensa auténticamente libre y se deben revocar las leyes sobre los medios de comunicación recientemente promulgadas. 
Por encima de todo, se debe poner fin ahora mismo al asesinato, la mutilación y la intimidación de los oponentes políticos. 
Ya es hora de que el mundo juzgue a Mugabe por sus acciones, no por sus promesas. 
De igual modo, el mundo juzgará a la UE por su eficacia, no por su retórica. 
. Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones de los diputados y, verdaderamente, creo que recoger las inquietudes que se han expresado aquí demuestra la complejidad de la tarea extraordinaria que tenemos frente a nosotros, al coordinar la acción de la Unión Europea en la Comisión de Derechos Humanos. 
Soy el primero en reconocer que la Comisión de Derechos Humanos, por ser un organismo internacional en el que hay que llegar a compromisos, no es precisamente un foro donde la Unión Europea pueda imponer sus principios y criterios; tenemos que pactar con otros para lograr resoluciones efectivas, porque no tenemos la mayoría suficiente para hacer aprobar resoluciones en todos los puntos, sobre todo, los principios que nos son queridos. 
Aun reconociendo que muchas de las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos dejan mucho que desear, no estoy en absoluto de acuerdo con la visión caótica y pesimista del diputado Sr. Dupuis; estoy, más bien, con la visión optimista, posibilista y, como no, idealista y utópica de la diputada Rosa Díez, que anima al Consejo a proseguir en la defensa de estos valores, que son nuestros y que el Parlamento defiende todos los días. 
He oído enumerar muchos temas, todos muy problemáticos: China, Túnez, Zimbabwe, Turquía. 
Todos estos temas están en la agenda. 
Los estamos tratando todos los días y, naturalmente, ha habido avances bastante importantes en los últimos años. 
Sin duda, la Comisión de Derechos Humanos cada año obtiene resultados, quizá no tan importantes como lo requerirían nuestras ambiciones y nuestras aspiraciones. Pero, no cabe la menor duda de que lo que tiene que mover a la Unión Europea es mantener siempre viva la llama de la lucha y de la defensa de los principios fundamentales, que ya describí en mi intervención preliminar. 
El Consejo se siente confortado y amparado por el Parlamento al saber que aquí está el capital de esa ilusión de mantener esos principios que son consustanciales a nuestro proyecto, al proyecto europeo. 
Yo únicamente querría hacer una observación muy concreta al Sr. Stockton con respecto a Zimbabwe. 
Naturalmente, lo que pase en la Comisión de Derechos Humanos es importante para Zimbabwe, pero quisiera recordarle que ya el Consejo de Asuntos Generales tomó el lunes pasado decisiones que vamos a hacer efectivas en Zimbabwe para hacer presente, mediante nuestros hechos y no mediante nuestras palabras y nuestras aspiraciones, nuestra política, que cuenta con el pleno respaldo del Parlamento y que ha sido decidida por unanimidad en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en el sentido de no admitir ni tolerar los comportamientos antidemocráticos del Gobierno del Sr. Mugabe. 
Y, por lo tanto, todas las medidas acordadas por el Consejo serán puestas en marcha conjuntamente por el Consejo y por la Comisión. 
Le aseguro, señor Presidente, que el Consejo está plenamente comprometido con la defensa de los valores y principios que son comunes a nuestra cultura y civilización y con nuestro acervo. 
La Unión Europea y el conjunto de países que dentro de la misma están presentes en la Comisión de Derechos Humanos son el bastión, la vanguardia de la defensa de esos derechos. 
Así se nos interpreta. 
Solamente pido al Parlamento que nos dé el margen de maniobra y de confianza necesario para defender esos intereses, que son los nuestros, los de nuestra cultura y civilización, con la mayor fuerza posible, para que sea una realidad en la sociedad internacional, que, naturalmente, es muy compleja y que, por desgracia, la Unión Europea no puede manejar por completo y exclusivamente sola. 
Desde luego, nuestra contribución y nuestro empeño no faltarán nunca. 
Convengo prácticamente en todo lo que se ha dicho en este debate. 
Avanzar en el programa en materia de derechos humanos no difiere básicamente de cualquier otra actividad en la política internacional. 
Hay que entenderlo. 
Lo que se puede hacer en una situación determinada y en un caso determinado forma parte de los avances políticos más amplios o falta de ellos en cualquier momento determinado. 
La realidad es que no tenemos un organismo independiente en la sociedad internacional en el que podamos examinar las cuestiones relativas a los derechos humanos por sí solos. 
La política siempre está presente. Siempre forma parte del debate, en particular cuando hablamos al respecto internacionalmente. 
Por esa razón debemos equiparnos con lo que podríamos llamar pragmatismo vigoroso a fin de tener la fuerza suficiente para seguir en la brecha y lo suficientemente pragmático para saber si podemos o no avanzar en un caso determinado. 
En cuanto a Zimbabwe, puedo informar al Parlamento de que estamos situando a los primeros observadores electorales. 
Ya tenemos a personal en Harare al que se está preparando para que hagan de observadores electorales. 
Así, dispondremos de diez a quince personas que formarán el equipo a largo plazo de observadores. 
También me complace informar al Parlamento de que el Sr. Pierre Schori encabezará el equipo de observación de Europa durante las elecciones en Zimbabwe. 
No debemos dar por sentado que podamos llevar a cabo una observación eficaz. 
Estamos concediendo prioridad a la labor de situarnos para poder hacerlo lo mejor posible y con la representación más amplia posible de Europa en nuestro equipo total. 
Pero la prioridad principal es llevar a cabo nuestra labor efectivamente y no dejarnos marginar por alguna maniobra táctica o política. 
Sin esa labor de observación la base para que emitamos un juicio final no será satisfactoria. 
Nada en relación con Zimbabwe es fácil. 
No estoy en condiciones de expresar optimismo o pesimismo, pero hasta ahora estamos haciendo todo lo posible para estar allí con un equipo eficaz a fin de observar las elecciones el mes próximo. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento: 
La votación se celebrará el jueves a las 12.00 horas. 
Relaciones PE/Parlamentos nacionales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0023/2002) del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en la construcción europea (2001/2023 (INI)) 
. (IT) Señor Presidente, la Convención que está a punto de iniciarse no cumplirá su mandato si no da respuestas convincentes sobre un punto crucial: cómo garantizar la democracia del proceso de construcción europea. 
Es de aquí de donde parte el informe, aprobado por la comisión de asuntos constitucionales y hoy sometido al juicio del Parlamento en sesión plenaria. 
Sin lugar a duda, todos sabemos que la Convención ha de redefinir las misiones de la Unión, su papel en el mundo, en el desarrollo global y en la construcción de la paz, sus políticas de crecimiento, de cohesión, de seguridad en la libertad y en la justicia. 
Pero cuidado con considerar a todo el resto también como tecnicidades institucionales, ejercicios abstractos de ingeniería institucional que no pueden interesar a los ciudadanos. 
Si la causa europea ha perdido consenso entre los ciudadanos, también es porque ellos se han sentido ajenos a demasiadas decisiones de la Unión, en la dificultad de influir en ellas e incluso de entenderlas. 
Para volver a recuperar el consenso, es indispensable aclarar a todo el mundo quien toma las decisiones en el seno de la Unión, cómo las decisiones pueden hacerse más transparentes, legibles y controlables, por cuales instituciones los ciudadanos pueden ser eficazmente representados en Europa. 
Son, todas ellas, precisamente unas cuestiones de democracia, cuestiones vitales de democracia. 
El papel de la institución parlamentaria, a tal efecto, es fundamental, aunque no de por sí resolutivo. 
Se impone ya una decisión clara y consecuente para la consolidación de la institución parlamentaria en la arquitectura de la Unión, para la parlamentarización de la Unión, más allá de los progresos ya realizados en el curso de los años ' 90. 
Dicha parlamentarización tiene que apoyare en dos pilares, el del Parlamento Europeo y el de los parlamentos nacionales. 
Uno y otros contribuyen asimismo a la legitimación democrática de la Unión Europea en cuanto unión de ciudadanos, de pueblos, y no sólo de Estados. 
Quiero ser explícito: si, como Parlamento europeo, hemos pecado de cierto exclusivismo, tenemos que liberarnos de una actitud como ésta. 
Hace falta despejar el campo de toda desconfianza mutua entre Parlamento Europeo y parlamentos nacionales; tenemos que comprender las preocupaciones de éstos últimos y sugerir las respuestas adecuadas. 
El informe que os estoy exponiendo indica lo que hay que hacer en tres direcciones: primero, mayores poderes de dirección y control para los parlamentos nacionales frente a sus respectivos gobiernos y ejercicio eficaz de dichos poderes; segundo, colaboración cada vez más estrecha y sistemática entre Parlamento Europeo y parlamentos nacionales entre otras cosas mediante un acuerdo interparlamentario suscrito por los correspondientes presidentes. 
Es una idea nueva, que confío de modo especial a la iniciativa del Presidente de éste nuestro Parlamento; tercero, atribuciones a los parlamentos, tanto nacionales como europeo, de un poder constituyente, compartido con los gobiernos y con la Comisión, como en la Convención- que está a punto de iniciar sus trabajos- en materia de revisión de los Tratados y, hoy, con el objetivo de una verdadera Constitución Europea. 
Éstas son las soluciones válidas que hay que perseguir, no las que llevarían a confundir los papeles del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y a recargar aún más la arquitectura institucional y los mecanismos de decisión de la Unión. 
En particular- como ha puesto en evidencia un desconsolado informe de la House of Lords- una segunda Cámara, compuesta por parlamentarios nacionales, representaría an unreal solution to some real problems. 
Espero vivamente que el espíritu de este informe sea bien entendido y apreciado y que, con vuestro respaldo, la Convención pueda aprovecharse de nuestra aportación. 
Señor Presidente, como ha subrayado el Sr. Napolitano, la cuestión de las relaciones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo es uno de los asuntos fundamentales del programa de la Convención que está a punto de iniciar sus trabajos. 
A eso se debe la oportunidad del debate del presente informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en el que se integra la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores cuyo ponente he tenido el honor de ser. 
En mi perspectiva personal, el informe del Sr. Napolitano cuenta con muchos méritos, por lo que lo felicito, pero defiende también algunas opciones que son merecedoras de crítica política. 
Sin embargo, en la calidad en que aquí intervengo hoy debo ceñirme a la enunciación de los objetivos perseguidos en la opinión de mi comisión, que encontraron eco parcial en las propuestas de resolución aquí en debate, sobre todo en sus apartados 13, 14 y 15. 
En cuanto a la política exterior y de seguridad común, incluida la defensa, que, como es sabido, se mantiene esencialmente en la esfera intergubernamental, el enunciado de la cuestión es relativamente sencillo: por un lado, el Parlamento Europeo ejerce su función de control basándose en los derechos de información y consulta que le confiere el artículo 21 del Tratado, a lo que se suma el poder presupuestario de aprobación de los gastos operativos en materia de gestión civil de las crisis y los cargos administrativos conexos; por otro, los parlamentos nacionales no participan verdaderamente en la elaboración de esa política, aunque ejerzan competencias decisivas en la esfera de los gastos militares de sus países, que después tienen fuerte repercusión en los medios operativos puestos a disposición de la PESC. 
Las disposiciones del tipo V del Tratado de la Unión imponen a los Estados miembros la observancia de los principios de coordinación y solidaridad mutua en la definición y ejecución de la PESC, por lo que se debe corregir este déficit democrático y parlamentario. 
Destaco por su significado e importancia la propuesta de convocación periódica y conjunta por el Parlamento Europeo y por el parlamento del Estado miembro que ejerce la Presidencia, de una conferencia parlamentaria dedicada a la PESC, compuesta por el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y destinada precisamente a intensificar un indispensable intercambio de informaciones en esa esfera. 
En el marco actual e institucional, esa conferencia permitiría a los diferentes parlamentos hacer más eficazmente su trabajo en función de sus competencias. 
Por no sólo eso: con esta propuesta damos cuerpo igualmente al principio de que tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales representan a los pueblos en la Unión Europea, dado que ambos son elegidos directamente por los ciudadanos y garantes plenos del ejercicio de la democracia. 
Señor Presidente, como saben Sus Señorías, hoy hay en toda Europa descontento popular respecto de la aparente desconexión de Europa con la vida de los ciudadanos. 
El proceso político europeo está considerado en gran medida algo que interesa a una minoría y reviste poca o ninguna relevancia para muchas personas ajenas a las clases políticas. 
Muy acertadamente, la preocupación a ese respecto traspasa las fronteras nacionales y la divisoria ideológica. 
El deseo de intentar remediar ese descontento subyace al informe del Sr. Napolitano, que en el Grupo PPE-DE apoyamos. 
Ha habido varias respuestas a ese desafortunado e inaceptable estado de cosas, una de las cuales incluía la propuesta de establecer una segunda cámara parlamentaria europea compuesta de diputados nacionales. 
Las conclusiones de este informe, como ya ha dicho el ponente, se hacen eco de un informe publicado recientemente de la Cámara de los Lores de mi país. Reconoce el importante papel de los parlamentos nacionales, pero rechaza el argumento en pro de una segunda cámara. 
En lugar de recargar aún más el proceso político europeo, ese informe reconoce que corresponde al Parlamento Europeo en su esfera y a los parlamentos nacionales en la suya, conforme a sus propias tradiciones nacionales, examinar la orientación por parte de sus gobiernos de los asuntos y las actividades europeos en el Consejo de Ministros. 
Ha surgido, atinadamente, un consenso en el sentido de que un componente importante de la forma de volver a conectar a Europa con la vida política nacional y, gracias a ello, con los ciudadanos europeos, es mediante una alianza entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y la política nacional, que actualmente no parece conceder importancia suficiente a un examen detenido y exhaustivo de los asuntos europeos. 
En este informe el Sr. Napolitano, como corresponde al distinguido presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y ponente, ha preparado con la mayor pericia una forma de mejorar las relaciones entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y fortalecer la cooperación entre ellos. 
Los constitucionalistas puristas y pedantes de cualquier Estado miembro podrían poner reparos en algunos de los detalles, pero este informe brinda una plantilla para la acción que no puede llevar a cabo ningún Parlamento por sí solo. 
Los cambios deben producirse en un marco más amplio de cambio y transparencia democrática por parte de todos. 
Si la transparencia y la aceptabilidad políticas y democráticas cuentan- y ningún Grupo en esta Asamblea cree en ellas más que el Grupo PPE-DE -, el informe Napolitano representa un punto de partida importante. 
Pero ahora no debemos dormirnos complacientemente en los laureles. 
El informe representa palabras; ahora debemos ver acciones. 
Es necesario un cambio, en consonancia con la orientación principal de las conclusiones del informe y catalizado por la Convención de Laeken, como el propio ponente ha señalado, para empezar a remediar las deficiencias democráticas del sistema político europeo, que tan perjudicial podría ser, si se deja como está. 
Señor Presidente, señor Comisario, si nos atenemos a los sondeos del último Eurobarómetro, los ciudadanos europeos tienen más confianza en sus cuerpos de policía que en sus instituciones parlamentarias. 
Se trata de un índice alarmante del que los diputados deberían ser los primeros en preocuparse, a fin de ponerse de acuerdo para eliminar las causas de ello. 
La legitimidad de los regímenes democráticos está en juego. 
Corresponde a los diputados de cada país miembro eliminar los déficits democráticos que se manifiestan en el plano nacional: también existen. 
En el informe que hoy nos ocupa los diputados europeos deben examinar la forma de fortalecer el papel de los Parlamentos nacionales en la construcción europea. No en detrimento, sino en concierto con el del Parlamento Europeo. 
Nuestro ponente, el profesor Napolitano, propone una serie de medidas concretas con las que el Grupo Socialista está de acuerdo y que, en mi opinión, podrían fácilmente lograr la unanimidad en el seno de la Convención. 
Con mucha razón, pide que se refuercen los poderes de los Parlamentos nacionales frente a sus respectivos gobiernos, en la fase previa a las tomas de decisión en el Consejo. 
En algunos de nuestros países miembros este procedimiento para ganar influencia está bien organizado. 
En otros ni siquiera existe en estado embrionario. 
Los Parlamentos nacionales, simplemente, dejan mano libre a sus gobiernos y luego se quejan. 
Con razón, nuestro ponente descarta asimismo la idea de una segunda o incluso tercera cámara legislativa. 
Esta nueva institución se topa con el escollo de la pregunta: "¿ Para qué ?". 
La institucionalización de la Convención, con la participación de los Parlamentos nacionales, es otra manera necesaria de ganar influencia en la fase preparatoria de las grandes reformas. 
Es evidente que este método preconizado por el Parlamento Europeo se impone en lo sucesivo en materia de reforma del Tratado y se podría ir más allá de la materia constitucional. 
¿Por qué no convocar, por ejemplo, una Convención para preparar el próximo programa financiero plurianual de la Unión Europea? 
Si bien dicho paquete financiero debería incluir un nuevo recurso propio en forma de impuesto europeo, creo indispensable que los representantes de los Parlamentos nacionales deliberen al respecto desde el principio. 
Señor Presidente, el mensaje esencial de este informe espléndido, que el Grupo liberal apoya firmemente, es en realidad el de que los parlamentos nacionales podrían, y deberían, contribuir más al sistema político de la Unión Europea. 
Pero deben centrarse en lo que hacen mejor y no menoscabar las prerrogativas del Parlamento Europeo. 
Lo que los parlamentos nacionales deben mejorar es el examen y el control del poder ejecutivo del Consejo. 
Lo que se les da peor es adelantarse a los poderes legislativos del Parlamento Europeo. 
Ésa es la razón por la que rechazamos firmemente las propuestas británicas de insertar una tercera cámara legislativa compuesta de diputados nacionales, cuyas funciones serían las de "supervisar la subsidiariedad". 
Semejante usurpador en el sistema federal destrozaría el procedimiento de codecisión, que es la fórmula decisiva en el avance de la Unión para llegar a ser una democracia parlamentaria posnacional y madura. 
Semejante cámara estaría compuesta de perritos falderos del Consejo, lo que constituiría una burla de la participación parlamentaria en los asuntos europeos en el nivel nacional. 
Confío en que el Gobierno británico esté atento al debate sobre esa cuestión en la Convención y después retire su peligrosa y obscurantista propuesta. 
Señor Presidente, los Verdes saludamos en gran manera este informe. 
Es un excelente informe y explica de un modo muy claro el papel y tareas de los Parlamentos nacionales, consistentes en legitimar y controlar a los Gobiernos nacionales cuando éstos actúan en el Consejo como legisladores en el marco de la cooperación intergubernamental, donde dicho control no funciona en absoluto suficientemente así como también en la inclusión de los Parlamentos nacionales en el desarrollo constitucional de Europa, palabra clave "Convención". 
En este contexto, es interesante ver cómo llega esta cuestión siempre a la Agenda. 
No existe ningún conflicto entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales ni tampoco falta de claridad sobre su tarea. 
Se inventa un conflicto cuando el Consejo y los Gobiernos nacionales quieren defenderse frente a las reclamaciones del Parlamento Europeo para convertirse en un Parlamento pleno y totalmente desarrollado. 
Entonces se pretende sugerir la sensación de que el parlamentarismo en el nivel europeo repercute negativamente sobre los Parlamentos nacionales. 
Se trata de un argumento erróneo pero sistemático, una auténtica maniobra de distracción. 
Generando este malestar entre los Parlamentos se pretende mantener la posición de poder del Consejo. 
Pero el parlamentarismo es indivisible en Europa. 
El reconocimiento de la democracia parlamentaria también incluye el nivel europeo. 
Por ello, este Parlamento debería tomarse en serio con gran desconfianza ciertas declaraciones previas del Presidente designado de la Convención, quien desde hace semanas viene expresando a través de la prensa y no en contacto directo y sin haber sido aún confirmado por la Convención, ciertas ideas sobre la asamblea constituyente que tienen poco que ver con lo que exige este Parlamento y con la evolución de una democracia europea y un parlamentarismo europeo. 
Apelo encarecidamente a esta Asamblea para que contribuya a que esta Convención sea una Convención de trabajo, una Convención parlamentaria, una Convención pública y no como hasta ahora un instrumento de legitimación del Consejo. 
Señor Presidente, aunque el papel de los Parlamentos nacionales esté establecido contractualmente, sin embargo el déficit democrático, que en lo esencial es un déficit de control frente al correspondiente Gobierno nacional, ha aumentado en el curso de la integración europea. 
Unas posibilidades de control deficientes y la ausencia de una información adecuada por parte de los Gobiernos imposibilitan con frecuencia a los Parlamentos nacionales ejercer su función. 
Hay que detener esta evolución y fortalecer las potestades de control de los Parlamentos nacionales frente a sus Gobiernos. 
Apoyo por ello en especial las declaraciones del apartado 1 del informe. 
Sí, también es necesaria una mejor cooperación de los Parlamentos nacionales con nuestro Parlamento, sobre todo en los campos de la política de la Unión que se basan en una cooperación interestatal. 
Como miembro de la Convención Constitucional quiero destacar expresamente un pasaje del informe, en concreto el apartado 17. No puedo apoyar propuestas como las del ministro alemán de Asuntos Exteriores. 
El exceso de peso de los ejecutivos es el problema. 
Necesitamos una profunda democratización y parlamentarización de la Unión Europea, un claro fortalecimiento constitucional de los Parlamentos existentes, pero no una nueva Cámara. 
Señor Presidente, honorables colegas, interpretando también el pensamiento de mi delegación, considero que ha sido una decisión sabia la de confiar la elaboración de este informe al colega Giorgio Napolitano, quien ha sabido extraer bien, en la preocupación relativa al desequilibrio entre los poderes atribuidos a las instituciones ejecutivas y las posibilidades reconocidas a los parlamentos en su conjunto, uno de los aspectos principales en que basar su informe. 
De hecho, desde hace años, señor Presidente, el Parlamento Europeo expresa esta preocupación, a la que el informe del colega Napolitano pone un primer y eficaz remedio, en perfecta línea y en armonía con el Tratado de Maastricht y el Tratado de Ámsterdam. 
El segundo aspecto importante del informe se refiere a lo que he tenido modo de poner de manifiesto hace meses precisamente al Embajador italiano, incluso antes que a cualquier otro, puesto que es un problema sobre todo italiano, el de la incompatibilidad entre el mandato de parlamentario europeo, por un lado y el de parlamentario nacional, consejero regional y- querría añadir sumisamente, rogando al diputado Napolitano que tome nota de ello- alcalde de una gran ciudad, por el otro. 
De hecho, si el Parlamento Europeo tiene que recobrar su papel político, necesitará en efecto elevar, además del nivel del debate, también el de las presencias de los parlamentarios europeos en Bruselas y en Estrasburgo. 
El tercer aspecto que me urge subrayar es el inteligente y categórico rechazo que el informe supone a una Cámara compuesta por representantes de parlamentos nacionales, para evitar un aumento de peso decisorio, pero sobre todo para separar mejor las distintas competencias de los parlamentos. 
Así pues, se va hacia un entendimiento institucional que esperamos que ponga en marcha el Presidente Cox, acogiendo la invitación del diputado Napolitano. 
Nos encaminamos hacia un proceso de elevación del papel institucional de los parlamentos, a los que se les exige, por decisión popular, el arte de la política y del gobierno, contra cualquier aspecto decididamente anticuado de concentración del poder ejecutivo en las manos de instituciones en absoluto legitimadas por el voto popular. 
Así pues, aprovecho la ocasión para dar las gracias al diputado Napolitano por el óptimo y brillante trabajo desarrollado. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde sus orígenes, Europa- o lo que denominamos Europa, es decir, el cuasi-Estado que legisla en Bruselas y, en parte, aquí mismo, que dicta justicia en Luxemburgo y que acuña moneda en Francfort- busca desesperadamente la legitimidad, sin la cual su propia existencia sigue estando en entredicho. 
La mejor prueba de esa falta de legitimidad consiste en que los pueblos europeos, cuando se los consulta, no quieren que Europa intervenga en sus asuntos, como lo acaban de demostrar estrepitosamente los pueblos danés e irlandés. 
El informe del presidente Napolitano, a quien doy las gracias, busca responder a este problema existencial que se nos plantea de vez en cuando (y que se podría llamar "remordimiento democrático") , que se traduce en una especie de "parlamentarización" híbrida, experimento arriesgado que llevaría a Parlamentos nacionales y Parlamento Europeo a negociar entre ellos una especie de "tierra de nadie" democrática tan vaga como opaca. 
Son los propios pueblos en consulta directa, señor Presidente, señor Comisario, los que únicamente confieren la legitimidad, y ésta no desciende como el Espíritu Santo por la reflexión de areópagos distinguidos, como ocurre con nuestra futura Convención y, a fortiori, con su Praesidium, último representante del llamado, en tiempos pasados, despotismo ilustrado. 
La construcción de Europa debe asociar pueblos y no instituciones; de lo contrario, lo que seguiremos denominando Europa continuará siendo una abstracción cada vez más alejada del corazón de los europeos, como acaba de demostrarlo claramente el último Eurobarómetro. 
Señor Presidente, el informe Napolitano sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales se basa en la corroboración atinada de la existencia en la Unión Europea de un grave desequilibrio entre órganos ejecutivos con competencias ampliadas y un poder parlamentario aún demasiado débil. 
De ello deduce, de nuevo atinadamente, el riesgo de un déficit democrático creciente. 
Aunque el Sr. Napolitano haya demostrado cierta apertura con respecto a las posiciones tradicionales del Parlamento Europeo, no creo que su informe haya logrado un buen equilibrio al pedir la ampliación de los poderes de esta Asamblea y al relegar a los Parlamentos nacionales a desempeñar un papel indirecto, a menudo ilusorio, englobándolo todo con el término impreciso de "parlamentarización". 
Este falso equilibrio procede, en nuestra opinión, de una omisión. 
El informe no dice en ninguna parte que el Parlamento Europeo es sólo una Asamblea dotada de competencias atributivas y que únicamente los Parlamentos nacionales poseen la plena soberanía. 
Lo que es más grave: no se dice en ninguna parte que esta desigualdad jurídica va acompañada de una desigualdad de legitimidad política frente a los ciudadanos. 
No se podrán llevar a cabo reformas útiles en la Unión ocultando realidades tan evidentes. 
Por eso he añadido al informe Napolitano una opinión minoritaria donde pongo de manifiesto que no podrá existir una verdadera democratización de la Unión sin una revalorización de los Parlamentos nacionales y sin que éstos adquieran un derecho directo en el proceso de decisión europeo. 
He enumerado los medios para ello en un informe presentado al Intergrupo SOS Democracia, en el que haremos hincapié durante la próxima Convención. 
Señor Presidente, mis primeras palabras son para felicitar al Presidente Napolitano por su informe, justamente alabado hoy, y al que mi Grupo no ha presentado propuestas de modificación sustancial, sino esencialmente de perfeccionamiento. 
Ese informe empieza por dejar bien claro que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales representan plenamente, cada uno en su ámbito, a los pueblos de la Unión que son, señor Berthu, los titulares de la soberanía, como dicen, entre otras cosas, sus constituciones desde hace más de un siglo. 
Agradezco, en ese sentido, al ponente la aceptación de mi enmienda, con la que he querido recordar este extremo, casi siempre invocado por quienes quieren potenciar una institución a costa de otras instituciones. 
Francamente, ese planteamiento resulta, y ruego me perdonen la expresión, ridículo. 
El ciudadano europeo necesita un Parlamento Europeo, como necesita sus parlamentos nacionales, y las relaciones entre ellos no se pueden basar en la rivalidad, sino en la colaboración. 
El informe no sólo reafirma la necesidad de esta colaboración, sino que con gran realismo, a mi juicio, pide que se organice mediante un acuerdo interparlamentario para aprovechar mejor las disponibilidades. 
Se trata de perfeccionar la mutua información y evitar el solapamiento entre las distintas actividades de cooperación. 
Se recuerdan también las competencias de los parlamentos nacionales, no sólo de cara a los Gobiernos de los Estados miembros, sino en la aplicación de Derecho comunitario. 
Se pone de manifiesto que son unos poderes mucho mayores de los que suelen conocerse y decirse. 
Si los parlamentos nacionales no quieren ejercerlos, allá ellos. 
Señor Presidente, Parlamentos nacionales y Parlamento Europeo tienen que colaborar, no rivalizar. 
El informe del Presidente Napolitano aplica, sin citarlo, el refrán español que pide "las cosas claras y el chocolate espeso". 
Desde una perspectiva de cordialidad y simpatía con los Parlamentos nacionales deja las cosas claras y tiende la mano a una colaboración espesa, sólida y sustancial. 
Señor Presidente, señor Comisario, el carácter democrático de las instituciones europeas no supone únicamente la consolidación de la Europa de los valores, sino principalmente, mediante la perspectiva de la ampliación es también la condición de su propia existencia. 
Si la distancia entre las instituciones y los ciudadanos aumenta, pronto llegará el día en que los ciudadanos nos rechacen. 
El papel de los Parlamentos nacionales se sitúa en la lógica de que la Unión Europea es una unión de Estados y de pueblos. 
Como unión de pueblos se expresa por medio del Parlamento Europeo y como unión de Estados por medio de los órganos estatales que se apoyan en la confianza de los Parlamentos nacionales. 
Un Parlamento Europeo firme y también Parlamentos nacionales firmes. 
La cooperación de los gobiernos nacionales en las decisiones del Consejo de Ministros debe ser visible, controlable y haber sido legalizada por los Parlamentos nacionales. 
Los Parlamentos nacionales son los que van a acercar a los ciudadanos nacionales a los cambios de la Unión Europea y los que les harán sentirse ciudadanos europeos. 
Así surge la necesidad inmediata de las reformas constitucionales nacionales, tal como analiza el Sr. Giorgio Napolitano en su excepcional informe, para bautizar en las aguas de los Parlamentos nacionales la política europea de los estados constantemente. 
Esto supone nuevos mecanismos de flujo de información desde la Unión hasta los Parlamentos nacionales y su mejora institucional. 
Creo que es de importancia histórica la presencia firme de los Parlamentos nacionales en la Convención convocada para preparar la próxima revisión de los Tratados. 
Y por mucho que las propuestas de dicha Convención no vinculen jurídicamente la próxima conferencia intergubernamental, su legalización democrática dificultará que sean ignoradas sus propuestas. 
Pero los Parlamentos nacionales no deberán estar representados en un nuevo órgano europeo situado en sus complicados procedimientos europeos. 
Mejorar el papel de los Parlamentos nacionales en la legalización de las decisiones europeas confirma el proceso pertinente y también dignifica el papel de los Estados nacionales como identificación cultural y jurídica de los pueblos en la excitante construcción de la Unión. 
Una vez más quiero expresar nuestro agradecimiento al Sr. Napolitano por su excepcional informe. 
Señor Presidente, también me gustaría dentro de esta serie de felicitaciones transmitir mi felicitación al Presidente de la comisión, quien también es ponente de este informe. 
Se ha hecho un buen informe que da una buena base, por una parte, desde la que proseguir el diálogo con los parlamentos nacionales y también, por otra parte, para hallar cómo la comisión puede hacer sentir su influencia en la cooperación con la Convención, porque realmente harán falta todas las fuerzas disponibles, ya estén ahora en la delegación del Parlamento Europeo a la Convención o en la comisión. 
Estos años andamos inmersos en realidad en un proyecto increíblemente apasionante que tiene por objeto construir una democracia internacional que cuente asimismo con el respaldo de los ciudadanos. 
Pues a pesar de haber mantenido esta cooperación durante 50 años, hemos de reconocer que, por un lado, sólo estamos en la fase de construcción y que, por otro lado, aún no contamos con el respaldo total y la comprensión hacia el proyecto. 
Así lo hemos visto muchas veces en Dinamarca, donde ha sido difícil lograr la aceptación ciudadana de los nuevos tratados y ahora también en Irlanda y creo sencillamente que los referéndums son sintomáticos de lo que sucede en Europa en su conjunto, y esto es algo que debemos tomar en serio. 
Quizá no debamos tomar demasiado en serio a estos dos países. 
Esto deben decidirlo los representantes nacionales, sin embargo, creo que debemos reconocer que hablamos de algo más que de sólo un aislado escepticismo danés/irlandés. 
No tiene nada de extraño que sea difícil, pues hemos estado acostumbrados a utilizar los parlamentos nacionales como pilares de nuestra democracia y ahora debemos demostrar de repente que podemos tener tanto las democracias nacionales como una democracia internacional y sobre todo que pueden funcionar juntas. 
Éste es el desafío y en cierta medida creo que podemos admitir que quizá nos hayamos adelantado a nuestro tiempo. 
De no tener la UE como la conocemos hoy, nos habríamos visto obligado a hacer algo en respuesta al desafío global. 
En realidad es posible que hubiera sido más fácil comenzar desde el principio, sin embargo, creo que debemos tomar el punto de partida que ahora tenemos. 
Señor Presidente, realmente la implicación de los Parlamentos nacionales en la construcción europea no es un tema de nuevas instituciones, sino de su poder aumentado en el control, en la información ante sus Estados. 
Pero miren, estimados colegas, tenemos la Convención, donde goza de importancia histórica la participación de los Parlamentos nacionales. 
Enviarán representantes a la Convención. 
Pero esto no basta. 
Deben facilitarles directrices claras sobre los temas que se tratarán en la Convención y que equivalen a la redacción de una constitución europea. 
Debe celebrarse un debate con detenimiento, en Sesión Plenaria de los Parlamentos nacionales o en comisiones parlamentarias específicas, para que no vengan aquí los representantes a contarnos sólo sus opiniones personales, sino también la tendencia general de los Parlamentos. 
No he visto una cosa de este tipo hasta ahora en los Parlamentos de los países miembros de la Unión. 
Por lo menos no ha sucedido en mi país. 
Si los responsables de la labor parlamentaria nacional no están interesados en organizar un debate de esta naturaleza, mucho me temo que también el debate que estamos celebrando ahora es de un interés limitado. 
Señor Presidente, de los cuatro temas posteriores a Niza considero el del papel de los Parlamentos nacionales como especialmente importante porque puede allanar el camino hacia los corazones de los ciudadanos europeos. 
Cuando en esta Asamblea- también con un Pleno más concurrido que ahora- se mantienen intervenciones importantes, lamento con frecuencia que a pesar de ello no despierten el correspondiente interés de los ciudadanos y que estemos en cierta manera un poco entre nosotros. 
Pero precisamente de lo que se trata es de despertar este interés, para lograr también la legitimación democrática de la Unión. 
Pero solamente lograremos esto si se puede hacer comprender a los ciudadanos que en Europa no ocurre cualquier cosa por casualidad sino que se trata en concreto de su futuro, de que sus representantes participen en la conformación de su futuro y que los Parlamentos nacionales se puedan defender cuando la Unión rebasa los límites de sus competencias. 
Este informe podría realizar una aportación esencial al respecto. 
Felicito expresamente al ponente por ello y le apoyo en su tarea. 
Señor Presidente, Señorías, el déficit democrático en Europa se presenta como problema principal. 
Lamentablemente, es un hecho que las competencias que han traspasado los Parlamentos nacionales a Europa no han llegado hasta hoy plenamente al Parlamento Europeo, la única institución europea legitimada por elecciones. 
Responsables de ello son todos los Estados miembros, quienes se han negado hasta ahora a entregar estas competencias al Parlamento Europeo, como colegislador, en forma de codecisión en el ámbito legislativo. 
Los Gobiernos se apropian de este modo en el nivel europeo de potestades legislativas y ejecutivas que serían impensables en el sistema jurídico nacional. 
Este es el auténtico escándalo del déficit democrático en Europa. 
¿Deberíamos además alabar que los Jefes de Estado y de Gobierno destaquen las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en la cumbre de Niza como uno de los cuatro temas para la próxima Convención y la nueva Conferencia Intergubernamental? 
Con ello solamente se aplaza la incapacidad y falta de voluntad de los Gobiernos. 
Aquí radica también el malentendido fundamental que el Sr. Berthu ha expuesto en su posición minoritaria. 
El Parlamento Europeo debe buscar marchar hombro con hombro con los Parlamentos nacionales para obligar a los Gobiernos a actuar democráticamente. 
Los dos grandes Grupos políticos del Parlamento Europeo están plenamente de acuerdo en esta exigencia y estoy muy agradecido por la formulación del colega Gil Robles, de nuestro Grupo, en el informe Napolitano, así como también por la enmienda nº 21 de nuestro ponente. 
De este modo se muestra el camino correcto para el futuro. 
Cada nivel tiene que hacer lo que le es posible y es adecuado. 
Los Parlamentos nacionales pueden controlar a sus Gobiernos de un modo aún más eficaz y mejor que hasta ahora. 
Queremos alentarles en esta tarea. Esto es aplicable tanto a la actuación de los Gobiernos en el Consejo al elaborar la legislación europea como a la administración financiera y control de los fondos asignados por la UE. 
El Parlamento Europeo debe controlar y contribuir a la legislación en el nivel europeo. 
Para finalizar, sólo puedo decir que expresamos nuestra satisfacción por el informe y que esperamos que se tome también en serio en la Convención. 
Señor Presidente, el informe Napolitano es ciertamente un importante paso para aportar más claridad en este debate sobre el papel de los Parlamentos en la UE y, en consecuencia, también un importante paso hacia más democracia en la UE. 
En mi opinión, nuestro objetivo es establecer una democracia parlamentaria en la Unión Europea. Sólo entonces se podrán solucionar satisfactoriamente las cuestiones de la legitimación, de la transparencia y del control. 
Una parlamentarización de la UE significa un fortalecimiento de todas las representaciones populares frente a sus Ejecutivos tanto en el nivel nacional como en el europeo. 
El debate sobre los correspondientes papeles exige naturalmente claridad intelectual y política. 
Algunos las han mezclado algo aquí. 
Hay que mantener separado el nivel en el que los Parlamentos nacionales tienen su papel y el nivel en que el Parlamento Europeo tiene el suyo. 
Los Parlamentos tienen un papel conjunto en la legislación constituyente. Este es un papel originario de los Parlamentos y no de los Gobiernos. 
Nos alegramos por ello de tener la Convención y podemos estar satisfechos de que más de las dos terceras partes de los miembros de la misma provengan de los Parlamentos. 
Pero en el derecho secundario, en la legislación tenemos las instituciones. Tenemos el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. 
También digo que no necesitamos una tercera Cámara. 
Estas ideas no son adecuadas para fortalecer la confianza de los ciudadanos; sencillamente lo dudo. 
Lo importante es fortalecer a los Parlamentos nacionales frente a sus Gobiernos. 
Aquí son factibles aún muchas cosas y hay que hacer aún mucho. 
Creo pues que deberíamos cooperar y cerrar un acuerdo. 
Felicito a Giorgio Napolitano por haber aportado más claridad con su informe alcanzando también una mayor comprensión entre los Parlamentos con las audiciones que hemos mantenido aquí en el Parlamento. 
Felicidades por este informe. Espero que encuentre una gran mayoría. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar al Presidente Napolitano por su informe. 
El tema de las relaciones entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo es uno de los fundamentales del debate europeo, va a ser uno de aspectos decisivos de los trabajos de la Convención y era absolutamente necesario que, aparte de las posibles susceptibilidades y de la normal diversidad de opiniones, esta Asamblea lo afrontara serena e inteligentemente. 
No vale la pena escamotear las dificultades que se presentan a la construcción de una Europa democrática, sobre todo en el momento histórico en que, incluso en el nivel nacional, es urgente reinventar y fortalecer la democracia representativa. 
En esta fase del camino que hacemos juntos desde hace muchos años y que queremos seguir haciendo con igual empeño en muchos otros, tenemos la obligación de comprender, asumir y reivindicar la responsabilidad especial resultante de que seamos nosotros, diputados nacionales y diputados europeos, los representantes elegidos directamente pos los ciudadanos. 
Y por eso es indispensable avanzar para que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo vean reforzados su participación y su control en la formulación de las decisiones legislativas y en el plano de las orientaciones políticas de la Unión Europea. 
Como se reconoce claramente en este informe, ninguna de esas instituciones parlamentarias tiene la exclusividad de la representación de los ciudadanos europeos. 
A eso se debe la necesidad de su colaboración complementaria, organizada y, de ser posible, cómplice con respeto de sus autonomías y sus atribuciones específicas. 
Y para ello no necesitamos complicar el proceso de adopción de decisiones ni superponer competencias ni seguir alimentando desconfianzas. 
Lo que se pide a cada una de las instituciones es que haga cada vez mejor su papel. 
También nosotros aspiramos a una mayor participación de los parlamentos nacionales en el proceso político y legislativo de la Unión Europea y, por eso, estamos empeñados en contribuir a crear las condiciones para un seguimiento eficaz y un control nacional de sus gobiernos en su calidad de miembros del Consejo de la Unión. 
Termino. El diagnóstico y los caminos indicados en este informe brindan buenas perspectivas para que el trabajo conjunto que vamos a hacer en la Convención vuelva esta nueva Europa más democrática, más comprensible y más próxima para todos nosotros, ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, nuestro Presidente, Pat Cox, nos ha instado para que acerquemos al máximo las posiciones en el debate. 
Lo intentaré en el minuto y medio de que dispongo. 
Respecto al colega Voggenhuber, quien ha dicho que siempre se saca a colación la cuestión de los Parlamentos nacionales, creo que hay que añadir el factor de que es comprensible que existan celos y cierta frustración en los Parlamentos nacionales, lo que hace que se produzca una contradicción artificial con nosotros. 
Aquí sería de ayuda una clara delimitación de competencias. 
La Convención debe ocuparse también de que no se enfrente a los diputados unos contra otros sino de que se haga lo que siempre se ha expuesto aquí. 
Respecto al colega Abitbol, quien se ha quejado del déficit democrático en la Unión, quiero decir que aquí se está dando exactamente la vuelta a los argumentos. 
Precisamente porque tenemos un déficit democrático, esto no significa que tengamos que fortalecer el lado nacional sino que necesitamos precisamente de todo aquello que exigimos en el Parlamento Europeo, es decir, la democratización de las instituciones. 
De lo contrario, se llega a conclusiones totalmente erróneas y se suministra a los ciudadanos europeos exactamente aquello que no quieren las democracias europeas y las personas que valoran las diferencias, es decir, dejarse determinar por poderes unilaterales totalmente incontrolados, en el presente caso económicos. 
Un último punto: es notable que no se haya presentado ninguna objeción contra el apartado 17 del informe de nuestro presidente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Esto muestra que estamos de acuerdo al respecto. 
Pero las enmiendas presentadas por los Verdes, en las que se nota que no se trata solamente de Parlamentos nacionales sino también de instituciones regionales, merecen la atención de Sus Señorías y, en mi opinión, también su aprobación. 
Señor Presidente, el Sr. Napolitano ha elaborado un buen informe sobre uno de los temas más delicados de la próxima Convención, a saber, las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
Se trata de un tema sensible porque los Parlamentos nacionales tienen cada vez más la sensación de que se les arrebatan sus competencias a favor del Parlamento Europeo. 
Y si somos sinceros tenemos que darles hasta cierto punto la razón. 
De hecho, desde que en los últimos diez a veinte años parte de las tareas de los Estados miembros fueron transferidas a la Unión Europea, y en concreto desde la introducción del procedimiento de codecisión, es decir, desde que el Parlamento posee competencias colegisladoras, algunas facultades han sido transferidas. 
Sin embargo, ello no quiere decir que los Parlamentos nacionales hayan dejado de ocuparse de asuntos importantes. 
El apartado 1 de la resolución lo dice con toda claridad. 
Los Parlamentos nacionales han de aconsejar a sus ministros en el seno del Consejo. 
También deben controlar la postura adoptada por sus ministros al salir del Consejo. 
Además, tienen que velar por la correcta aplicación de las directivas y los reglamentos europeos al tiempo que deben garantizar la correcta ejecución de los programas europeos, tanto en cuanto al contenido como desde el punto de vista financiero. 
De lo contrario- tal y como demuestra lo sucedido en mi país con respecto al Fondo Social Europeo- la Comisión Europea reclamará la devolución de cientos de millones de euros, lo cual es una clara señal de que los Parlamentos nacionales tampoco han hecho su trabajo. 
Señor Presidente, en mi opinión el reparto de las competencias entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no debe convertirse en el principal tema de debate de la Convención. 
Como ya ha indicado la Sra. Schleicher, es fundamental que se conceda especial importancia a los ámbitos en los que los Parlamentos nacionales han sido privados de sus competencias sin que éstas hayan sido transferidas al Parlamento Europeo. 
Ahí está el déficit democrático y ésos son los puntos en los que deben concentrarse los trabajos de la Convención. 
Esta cuestión requiere un análisis detenido y después hemos de cerciorarnos de que las competencias perdidas vuelvan a los Parlamentos nacionales o al Parlamento Europeo. 
Eso es lo que yo entiendo por parlamentarización y democratización de la Unión Europea, no la transferencia al Consejo de asuntos que pertenecen a los Parlamentos. 
Señor Presidente, el colega Napolitano ha planteado la cuestión en sus justos términos. 
La competencia legislativa, la competencia presupuestaria y la competencia de control en el ámbito nacional les corresponden a los Parlamentos nacionales. 
En el ámbito supranacional, esas competencias solamente pueden ser ejercidas por un Parlamento supranacional, cualquiera que sea la estructura que la Convención o la futura Conferencia Intergubernamental le den a ese Parlamento supranacional. 
El Sr. Napolitano ha puesto de relieve que es importante mantener esta diferencia de poderes y, sobre todo, ha señalado el peligro real de que determinados poderes escapen a la competencia de los Parlamentos nacionales, como es en el ámbito de las relaciones exteriores y del tercer pilar y que, en cambio, no se encomienden a un Parlamento supranacional. 
Hay otra forma, mucho más sutil, de erosionar el poder parlamentario, que estamos analizando en este momento, que es la aparición del llamado método abierto de coordinación de la comitología aplicada, por ejemplo, en el informe Lamfalussy con pocas posibilidades de control parlamentario, de la autorregulación o corregulación. 
Creo que es un aspecto que el informe Napolitano también ha mencionado y al que deberíamos prestar atención. 
Señor Presidente, empiezo por decir que suscribo las felicitaciones que se han expresado al ponente por este magnífico informe. 
Está claro que hay que constitucionalizar la Unión, que hay que acabar con el déficit democrático existente, que hay que establecer, con sus propias características, una división de poderes, y que eso, desde luego, pasa por parlamentarizar la Unión, aumentando las competencias del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. 
¿Pero en qué ámbitos? 
Las competencias del Parlamento Europeo, lógicamente, en el control, en la legislación de los asuntos comunitarios y las de los Parlamentos nacionales en el control de sus propios Gobiernos. 
Ciertamente, ese control se echa en falta en muchos Estados miembros y es un peso muerto para la participación de los legislativos nacionales en el control activo, en la propuesta de las cuestiones europeas en cada uno de los países. 
Pero, además, hay otro asunto: en el debate de la Convención sobre el futuro de Europa, creo que se deberá abordar también el papel de las comunidades autónomas con poderes legislativos, para definir de forma coherente y constructiva su papel en la Unión, a efectos, entre otros, de acercar el proceso de construcción europea a la ciudadanía y elevar su eficacia. 
Es así como yo creo que debe verse también el papel de los Parlamentos de las comunidades con capacidad legislativa. 
. (IT) Señor Presidente, intervengo no sólo para dar las gracias a todos los colegas por el respaldo que me han dado, por las sugerencias que han hecho, como la colega Maij-Weggen, sobre las cuestiones en las que hay que profundizar, así como por las reservas, expresadas de manera argumentada y estimulante; intervengo esencialmente para dar respuesta a lo que ha puesto en evidencia el colega MacCormick; es decir, para hacer público un compromiso al que había hecho mención en privado. 
Yo soy absolutamente consciente- y querría rogar al diputado MacCormick y a los demás colegas firmantes de esas enmiendas que lo crean- de la importancia del problema de los parlamentos regionales dotados de poderes legislativos. 
No creo sin embargo que ésta sea la sede para abordar este tema en el ámbito de un informe que está dedicado expresamente al papel de los parlamentos nacionales o de los Estados miembros. 
Sea como fuere, como presidente de la comisión de asuntos constitucionales, no sólo como ponente, yo me comprometo a que se formalice el examen específico de este tema de la forma que merece. 
En cambio, no querría que la importancia de esta cuestión se viera empañada por un voto negativo del Parlamento sobre las enmiendas presentadas. 
. (FR) Señor Presidente, señores Diputados, el informe que nos ocupa refleja una nueva etapa en la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Diría incluso un estado de ánimo nuevo. 
Señor Presidente Napolitano, desearía darle las gracias y felicitarle por ello en nombre de la Comisión. 
La cuestión atinente a los Parlamentos nacionales, al papel que deben y que pueden desempeñar en la futura arquitectura de la Unión, está vinculada a la cuestión de la subsidiariedad y también a la cuestión de esa legitimidad compartida que acompaña la soberanía compartida. 
En tal sentido, tanto a través de esta cuestión relativa a los Parlamentos nacionales como a través de la delimitación de las competencias, en la que trabaja el diputado Alain Lamassoure, lo que se plantea es el problema de la subsidiariedad, que será una de las cuestiones claves de la Convención mediante el proceso constitucional que se iniciará dentro de unos días. 
Por consiguiente, es muy útil, señor Presidente, que dispongamos desde ahora de esa reflexión inestimable del Parlamento Europeo que nos diga por qué y cómo se pueden tomar mejor en cuenta los Parlamentos nacionales. 
¿Por qué? 
Quizá porque dicha cuestión, tanto desde su ángulo nacional como regional, no ha sido lo suficientemente tomada en serio por la Unión en los últimos años. 
Lo manifiesto con la perspectiva y la mirada que yo mismo puedo tener, ya que ocupé un escaño durante veintidós años en un Parlamento nacional. 
Puedo dar fe- como, ciertamente, muchos de ustedes- de cierto sentimiento de impotencia de los diputados nacionales frente a tantos textos que llegan de Bruselas únicamente para ser aplicados y no para ser sometidos a debate. 
Dentro de esta lógica del hecho consumado, la frustración de los diputados nacionales- la palabra ha sido utilizada por una diputada de esta Asamblea- no sólo va dirigida a la Comisión, sino también al Consejo y al Parlamento Europeo. 
En ese sentido, la voluntad del Parlamento, tal como usted lo expresa con firmeza, señor Presidente Napolitano, de abrir una nueva etapa en su relación con los Parlamentos nacionales constituye un gesto que calificaría de importante y valiente. 
Un gesto que ilustra muy bien, desde hace ya cierto tiempo, el papel activo que desempeña esta Asamblea en el seno de la COSAC, a través del aumento de los contactos formales o informales entre diputados europeos y diputados nacionales- puedo dar fe de ello con ocasión de la preparación del Tratado de Niza- y del incremento de la cooperación administrativa. 
La Comisión es, naturalmente, favorable a esta nueva etapa, porque es consciente de la contribución que pueden aportar los Parlamentos nacionales a la construcción de la Unión. 
Cuanto más progrese dicha construcción- y deseamos que así sea- en los ámbitos sensibles de la soberanía nacional, en particular el segundo y el tercer pilar, más se planteará la cuestión de la legitimidad del conjunto del sistema. 
Existe objetivamente, por ejemplo, un interés compartido consistente en controlar mejor lo que ocurre en el tercer pilar, que tanto interesa a los ciudadanos, y este control podría ser reforzado por la "comunitarización" que la Comisión y el Parlamento desean conjuntamente. 
Por consiguiente, creo que el enfoque de las instituciones de la Unión deberá respetar dos grandes principios. 
Primero, no han de oponerse las legitimidades entre sí, puesto que el sufragio universal alimenta la construcción europea de varias maneras: de manera directa con respecto a esta Asamblea, de manera indirecta con respecto al Consejo y al Consejo Europeo. 
Pienso que se trata de un patrimonio. 
En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta el reparto de poderes privativo de cada Estado, puesto que tanto las prerrogativas como las necesidades de cada Parlamento nacional difieren mucho de un país a otro. 
Ustedes se interrogan sobre la mejor forma de asociar los Parlamentos nacionales. 
La próxima apertura de la Convención, que la mayoría de ustedes ha mencionado, constituye en sí misma una primera respuesta a los deseos expresados por los Parlamentos nacionales. 
Ésta surge- como he dicho- tras a los esfuerzos conjuntos del Parlamento y de la Comisión y de la voluntad expresada por la XXIII COSAC de Versalles en octubre de 2000. 
No obstante, señoras y señores Diputados, si bien nadie cuestiona la importancia o la naturaleza del aporte de los Parlamentos nacionales, no existe un consenso- por lo menos, de momento- sobre la forma que éste debería revestir. 
El reciente informe de los Sres. Chevalier y Mahou, dirigido al Consejo Europeo de Laeken, lo expresa sin ambigüedades. 
Por consiguiente, sabemos que pueden abrirse dos vías: bien indirectamente, a través del aumento de las prerrogativas de cada Parlamento nacional en cada uno de los Estados miembros, o bien directamente, a través de la creación de nuevos procedimientos que permitan a los Parlamentos nacionales intervenir de manera más directa en la toma de decisiones europeas. 
Es evidente que hay que subrayar y reforzar la vía nacional e indirecta y que también ésta es la vía preferida por la amplia mayoría. 
A la Comisión no le corresponde juzgar sobre el valor privativo de cada sistema institucional. 
En cambio, puede expresar su interés con respecto a una difusión de las buenas prácticas- y sabemos perfectamente que en determinados Estados miembros algunas prácticas son mejores que en otros- en materia de información, de consulta. 
La Comisión puede manifestar su disponibilidad para estudiar una modificación del protocolo del Tratado de Ámsterdam, a fin de tomar en cuenta estas buenas prácticas. 
La vía europea es más directa y, sin duda, más difícil de emprender, porque existen, de momento, algunos desacuerdos entre los propios Parlamentos nacionales. 
Pero tendremos que reflexionar, señoras y señores Diputados, en esta vía europea y más directa cuando hablemos, por ejemplo, de la clarificación de las tareas legislativas del Consejo o cuando efectuemos el balance de las experiencias que ya se llevan a cabo en común en el marco de los trabajos con el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. 
Por su parte, y al igual que esta Asamblea, la Comisión no aprueba la idea de una nueva cámara, que, en realidad, sería una tercera cámara. 
El proceso de toma de decisiones europeo es ya lo suficientemente complicado; por no mencionar, ciertamente, los riesgos de que se produzcan conflictos institucionales entre dicha cámara y esta propia Asamblea, con la que la Comisión comparte y defiende desde hace tiempo una determinada visión y una determinada ambición por el modelo comunitario. 
En conclusión, y usted lo ha expresado muy bien, señor Presidente Napolitano, la Convención, que aún no ha comenzado, tratará en particular esta cuestión clave que es objeto de su informe. 
Por consiguiente, desde ahora pueden plantearse algunos asuntos y, sin pretender pronunciarnos específicamente sobre cuestiones tan íntimamente ligadas a la autonomía institucional de cada Estado miembro, Antonio Vitorino y yo mismo, que representaremos a la Comisión en el seno de la Convención, deseamos transmitirles nuestra disponibilidad para aportar nuestras ideas, nuestra ayuda, a dicha profundización. 
Por ejemplo, con respecto a la función constituyente de los Parlamentos nacionales o bien a su función en el ámbito de la interpretación del principio de subsidiariedad. 
Prácticamente todos, señoras y señores Diputados, se han referido a esta Convención, por la que tendremos que trabajar mucho a partir del 28 de febrero. 
En cualquier caso- lo repito -, una de las cuestiones claves del éxito de dicha Convención, para elevarla al máximo nivel posible de ambición, residirá en nuestra capacidad común para convencer, entusiasmar, a fin de trabajar sinceramente con los Parlamentos nacionales; y desde este punto de vista, señor Presidente, pienso que su informe no sólo es valiente, sino que también será muy útil. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
Gestión de la política regional y los Fondos Estructurales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0006/2002) del Sr. Pohjamo, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la gestión de la política regional y los Fondos Estructurales (2001/2066 (INI)) 
. (FI) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar, quiero dar las gracias a los colegas por su activa participación en la elaboración de este informe. 
Este tema suscitó un animado debate en la comisión parlamentaria y se presentaron excelentes enmiendas en el informe. 
También los representantes de la Comisión hicieron sus aportaciones al debate. 
Me ha causado gran alegría que haya habido unanimidad en la comisión parlamentaria sobre el objetivo principal de mi informe. 
En mi opinión, la integración económica, social y regional es un objetivo de la misma importancia que el Mercado Único o la Unión Económica y Monetaria. 
La futura ampliación supone un gran reto y nos empuja a realizar reformas también en la gestión de la política regional y de los Fondos Estructurales. 
La finalidad de este informe es analizar los problemas relacionados con la ejecución práctica y presentar propuestas sobre las fórmulas para mejorar el funcionamiento de los Fondos Estructurales en el propio marco de la reglamentación actual, así como sobre los aspectos que habrían de tenerse en cuenta en la preparación de la próxima reforma. El informe aporta un punto de vista práctico al debate sobre la política regional abierto por la Comisión. 
Con objeto de recabar antecedentes para mi informe, envié un amplio cuestionario a varias regiones en cada uno de los Estados miembros. 
Recibí respuestas desde casi todos los Estados miembros, y a través de ellas tuve conocimiento de las experiencias de las personas y regiones encargadas de la ejecución práctica de los programas. 
Ahora voy a centrarme aquí en las conclusiones más importantes del informe. 
La primera de ellas es el incremento de la eficiencia y del rendimiento. 
En la ejecución práctica de los Fondos Estructurales se deberá aspirar a un aprovechamiento de las asignaciones eficaz y orientado a los resultados, al respeto de los calendarios de ejecución y a la consecución de la mayor calidad posible en los proyectos. 
Las regiones suelen considerar que se ha dificultado la gestión de los programas de los Fondos Estructurales y que ha aumentado la burocracia. 
Las regiones consideran complicados los requisitos para obtener financiación, ambiguos en parte y de interpretación varia, aunque es seguro que éste no ha sido el objetivo original. 
La financiación debe orientarse de la forma más directa posible a las regiones, y hay que conseguir que las regiones se especialicen para aprovechar eficazmente las subvenciones de los Fondos Estructurales. 
Hay que mejorar la gestión por medio de la cooperación entre las regiones, los Estados miembros y la Unión, con el fin de canalizar conscientemente las medidas más apropiadas a cada región en el momento adecuado. 
La gestión y el seguimiento deberían ser flexibles y proporcionales a la importancia del programa o proyecto en su conjunto. 
La norma de financiación n+2 debe seguir en vigor. 
El objetivo central del informe es la simplificación y clarificación de la gestión y de las prácticas existentes, así como la adopción de criterios más orientados a los resultados. 
También el Tribunal de Cuentas ha censurado las complejas prácticas de los Fondos Estructurales y ha exigido simplificación y más rendimiento, lo cual ha sido también el objetivo de la Comisión, pero aún queda mucho por hacer en este sentido, tanto en la Comisión como en los Estados miembros. 
La segunda conclusión es la necesidad de una mayor rapidez en la puesta en marcha de los programas. 
El nuevo período de programación se ha puesto en marcha muy lentamente; se ha tardado nada menos que dos años en aprobar los programas. 
Los Estados miembros no consiguieron entregar a tiempo sus documentos, y la Comisión los tramitó lentamente. 
La simplificación y clarificación contribuirán también a eliminar las demoras. 
El informe propone como una posible solución diferenciar los períodos de programación de los programas objetivo de aquéllos de las iniciativas comunitarias, con objeto de que no coincidan los trámites de preparación. 
De este modo, tanto la Comisión como las regiones tendrían más tiempo de preparación y no se ocasionarían los retrasos actuales en la transición de un período a otro. 
La tercera conclusión importante es la necesidad de acatar el principio de adicionalidad. 
La cuarta conclusión es la necesidad de intensificar la evaluación y el seguimiento de los Fondos Estructurales. 
El seguimiento debería centrarse en el control del rendimiento: hay que evaluar la relación entre costes y resultados, así como el método utilizado. 
El Parlamento debería contar con canales claros y transparentes en la obtención de información y en la organización del seguimiento. 
La Comisión debería proporcionar las informaciones y actualizaciones pertinentes con la suficiente claridad a fin de que esta comisión y el Parlamento puedan servirse de las mismas. 
En mis recomendaciones de voto, he apoyado las enmiendas que consolidan estas conclusiones. 
Los miembros de la comisión también presentaron enmiendas relativas al contenido, que, aunque sí eran dignas de apoyo, no entraban en el ámbito de este informe. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, este informe de iniciativa del Parlamento Europeo que ahora examinamos tiene una total justificación: es absolutamente lógico que el Parlamento Europeo analice, debata y proponga formas de mejorar la ejecución práctica y la gestión de los Fondos estructurales teniendo con vistas a la consecución de una mayor eficacia. 
Aunque la reforma de los Fondos estructurales culminó en la Cumbre de Berlín de 1999, que introdujo substanciales mejoras en su funcionamiento, la experiencia de estos dos años y medio nos dice que existe margen para nuevas mejoras. 
La importancia de los objetivos de la política de cohesión económica y social, de la que los Fondos estructurales son un instrumento fundamental, nos obligan a un esfuerzo de mejora continua y al que todos estamos obligados: instituciones europeas, en particular la Comisión, pero también los Estados miembros y las regiones beneficiarias. 
En verdad, se impone la continuación del esfuerzo de simplificación y desburocratización del funcionamiento de los Fondos estructurales, por lo que resulta necesario mejorar los métodos de gestión en sectores como los de financiación, control, seguimiento y ejecución de los programas apoyados, como también los Estados y las regiones deben proceder a una elección más juiciosa de los proyectos que apoyar y hacer un mejor aprovechamiento de las asignaciones, por lo que se deben reforzar los mecanismos tipo "reserva de eficacia", encaminados a incentivar y premiar a las regiones que hayan hecho el mejor aprovechamiento de los Fondos estructurales. 
Por otro lado, las políticas económicas nacionales no deben nunca desatender los objetivos de la cohesión económica y social en el nivel interior, y se les debe pedir que sean coherentes y no contradictorias con dichos objetivos. 
Los mismo cabe decir de las restantes políticas comunitarias, en particular de la Política Agraria Común, de la política de competencia y de las ayudas estatales, que, por la importancia de los instrumentos jurídicos y financieros de que están dotadas y si se orientaran mejor hacia otros fines de cohesión, podrían ser de enorme valor. 
Por último, detengámonos en la necesidad de una mayor descentralización o de una aplicación más eficaz del principio de subsidiariedad en el marco de la política de cohesión económica y social de la Unión Europea. 
Evidentemente, en esa esfera aún hay margen para atribuir más cometidos a los Estados miembros y las regiones. 
Se deben llevar hasta sus últimas consecuencias los principios de descentralización y subsidiariedad. 
Pero, ¡cuidado! 
No confundamos, en el marco de los Fondos estructurales, la aplicación del principio de subsidiariedad con una hipotética y absurda renacionalización de la política de cohesión económica y social de la Unión Europea. 
El principio de subsidiariedad nunca podría servir de instrumento a intentos de vaciar, en particular de sus recursos financieros, la política de cohesión económica y social de la Unión Europea. 
Al contrario, dicho principio exige, en el nivel europeo, una política eficaz de cohesión económica y social, como también justifica, ante el imperativo de la ampliación y del aumento drástico de las asimetrías regionales de ella resultante, un refuerzo de los medios dedicados a ese verdadero pilar de la construcción europea. 
No olvidemos que países como los Estados Unidos de América dedican más recursos a sus políticas de redistribución que la Unión Europea. 
En una palabra, Señor Presidente, "sí" a más descentralización en la gestión de los Fondos estructurales, pero también al mantenimiento y al refuerzo de las funciones esenciales de la política de cohesión económica y social de la Unión Europea, a saber, la redistribución de recursos y fomento del desarrollo en pro de sus regiones más desfavorecidas. 
Señor Presidente, inicio mi intervención felicitando la iniciativa y el trabajo del ponente, el Sr. Pohjamo, porque creo que no estamos ante un informe común. 
Es un informe de iniciativa del propio Parlamento donde tratamos de introducir ideas nuevas que mejoren la gestión de los Fondos Estructurales en un momento crucial para toda la Unión Europea y para el futuro de dicho Fondo. 
Este informe surge de la necesidad clara de mejorar la gestión de la política regional en su conjunto y de los Fondos Estructurales, cuya gestión requiere una mayor flexibilidad y responde también a un malestar generalizado existente en el Parlamento Europeo. 
El margen de maniobra e incidencia de este Parlamento cuando la Comisión presenta sus informes es prácticamente nulo. 
Por lo tanto, creemos que éste es el momento de dotar de un mayor protagonismo político a los Fondos, por un lado, y al Parlamento, por otro. 
Es el momento para que los retrasos que existen en la gestión de estos importantes Fondos no se pasen por alto, para que se corrijan y para que se introduzcan elementos nuevos. 
Debemos diferenciar entre la eficiencia presupuestaria de los Fondos y su eficacia real. 
La flexibilidad es, sin duda, un elemento que aumentará la incidencia real de los Fondos Estructurales en la sociedad y en la mayor cohesión que todos perseguimos. 
Hay que introducir elementos nuevos en la evaluación de estos Fondos y más parámetros socioeconómicos, buenas prácticas, visibilidad y, por supuesto, un mayor seguimiento del principio de adicionalidad. 
Creemos que con iniciativas como esta, aprobándolas mañana en la votación, aportamos ideas nuevas que mejoran la gestión de los Fondos Estructurales y de la política regional en su conjunto. 
Así llegaremos a la nueva Agenda 2006 con un valor añadido importante para todos. 
Señor Comisario, Señorías, el informe de propia iniciativa del Sr. Pohjamo, a quien felicito por su claridad, pone une vez más de relieve los objetivos a los que deben responder la política regional y los Fondos Estructurales. 
Los mismos resultan ni más ni menos del balance negativo del funcionamiento de los anteriores programas. 
Por consiguiente, ¿cómo no podemos estar de acuerdo con muchas propuestas, que constituyen declaraciones de intenciones tendentes a dotar dichas programaciones de una mayor eficacia? 
Sin embargo, desearía, a mi vez, hacer hincapié en algunas prioridades que son importantes, concretamente in situ en mis reuniones con mis conciudadanos. 
Se repite, en efecto, una primera observación: ésta se refiere a la limitación de los proyectos pequeños. 
El objetivo de simplificación general es, ciertamente, loable, pero no debe conducir sistemáticamente a privilegiar los grandes proyectos, sino sólo los buenos proyectos, los que son útiles para el desarrollo y viables desde el punto de vista económico. 
Una segunda observación se refiere a la voluntad política de asociar más los Estados y a las autoridades descentralizadas a la función de control, pero también, en la fase previa, a la elaboración de los programas; puesto que debemos seguir teniendo presente y recordar que el nivel más apropiado para juzgar eficazmente un proyecto sigue siendo el nivel más próximo al promotor. 
Finalmente, ya sea respecto a la definición de programas en las regiones, a su seguimiento, a la evolución o sobre todo a la tramitación de los diferentes expedientes, me atrevería a decir que todo ello forma un conjunto complicado e incoherente. 
Ahora bien, hay que tener cuidado de que demasiada concertación y demasiados obstáculos tecnocráticos no acaben con los proyectos y arrojen como resultado- como ocurre en Francia- una utilización parcial de las posibilidades financieras. 
No puedo concluir estas palabras sin interrogarme sobre el apartado 12 del informe. 
En efecto, es cuando menos curioso el hecho de que se haya pedido a la Comisión que interviniera en la organización jurídico-administrativa de los Estados. 
Es su problema si se encuentran más o menos regionalizados. 
En conclusión, es difícil admitir que con el pretexto de regionalización, Europa se arrogue de nuevo un derecho que no le pertenece, menos aún cuando la consecuencia que ello supone es vaciar los Estados de su sustancia. 
Señor Presidente, señor Comisario, el presente informe muestra claramente que en la administración de la política estructural siguen existiendo numerosos fallos y sobre todo mucho espacio para introducir mejoras. 
Desde hace años leo estos informes con gran atención y en el fondo la lista de fallos es siempre igual. 
Aunque en el marco de la Agenda 2000 se intentó simplificar la política regional, sin embargo quedan cuatro puntos centrales de crítica: 1. deficiente eficiencia, 2. elevados gastos administrativos, 3. alta propensión al fraude y 4. falta de evaluación. 
Apoyo la idea básica europea de la solidaridad. 
Radica también en interés de los Estados más ricos acercar a los más pobres al nivel comunitario. 
Sin embargo, exijo una reforma a fondo de la política regional de la Unión. 
Sin una revisión crítica de la misma es incierto el futuro de una Unión ampliada, sobre todo en lo que se refiere a la financiación más allá del año 2006. 
Para que me entiendan correctamente: la ampliación va a costar algo y esto hay que decírselo a las personas. 
¿Pero qué sentido tiene realmente si, por ejemplo, la Comisión propone por un lado a los candidatos a la adhesión supresiones en la PAC y, por otro, les pone a disposición como compensación más ayudas estructurales? 
Estos créditos estructurales sólo se pueden utilizar plenamente si los países candidatos aceptan un nuevo endeudamiento de sus presupuestos. 
¿Ha pensado esto realmente la Comisión? 
Al haber llegado el momento del turno de preguntas, se interrumpe el debate en este punto. Se reanudará a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0950/01): 
Asunto: Condiciones inhumanas de reclusión en las cárceles egipcias Kostas Kastanias se encuentra preso desde 1989 en las cárceles egipcias de máxima seguridad cumpliendo una pena de reclusión perpetua con trabajos forzados por el caso de la motonave "Thanassis". 
Es el único superviviente de los tres ciudadanos griegos condenados y encarcelados por el mismo asunto, ya que los otros dos murieron a resultas de los rigores y las condiciones inhumanas reinantes en las cárceles egipcias, en último lugar Tasos Kontogiannis, quien falleció en circunstancias controvertidas. 
Sobre este caso ya se había formulado alguna pregunta al Consejo con anterioridad. 
Dado que este asunto ha despertado un gran interés en la opinión pública griega, pues las condiciones reinantes en las cárceles egipcias son inhumanas (celdas de 3 x 4 para 20 personas) y la salud de Kostas Kastanias se ha resentido de forma irreversible, ¿puede indicar el Consejo si piensa ejercer su influencia con miras a que el citado recluso pueda cumplir el resto de su castigo en cárceles griegas? 
. 
Es para mí también una gran satisfacción participar en este turno de preguntas del Parlamento Europeo, en nombre de la Presidencia del Consejo, y, además, estando tan dignamente presidido. 
Con respecto a esta pregunta oral del diputado Alavanos, quisiera precisar que el Consejo no ha tenido oportunidad de estudiar los hechos a los que se refiere el diputado. 
Se trata de un asunto que compete fundamentalmente a los Estados miembros y que Grecia trata directamente con las autoridades egipcias. 
Además, al parecer, existe un acuerdo bilateral entre Egipto y Grecia sobre el intercambio de presos, cuyo objetivo es que éstos puedan cumplir la pena en su país de origen. 
El Consejo es consciente de que las condiciones en las cárceles egipcias pueden ser duras. 
España conoce también, a título individual y como país miembro de la Unión, este mismo problema porque también tiene un problema con presos españoles en cárceles egipcias. 
Aunque la cooperación financiera del Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto no aborde directamente el tema de la situación en las cárceles, estos dos instrumentos pueden servir, y, de hecho, otros países miembros lo han utilizado con esta finalidad, para sensibilizar sobre las condiciones en los lugares de detención y el trato a los detenidos. 
El Acuerdo de Asociación, que se firmó el 25 de junio de 2001 en Luxemburgo, y que no ha entrado en vigor porque todavía no están depositados todos los instrumentos de ratificación, establece como uno de los elementos fundamentales el respeto de los derechos humanos. 
La protección de las personas detenidas o encarceladas figura en los instrumentos universales de los derechos humanos y el Programa indicativo nacional para Egipto, del año 2000 al 2004, que comporta una dotación financiera de 351 millones de euros, incluye también el apoyo al desarrollo de la sociedad civil, a la educación y al aumento de la protección social y los derechos de los grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad egipcia. 
Creo que, efectivamente, el Consejo debería utilizar los instrumentos que le proporciona este Acuerdo de Asociación para hacer presión sobre Egipto, para interesarse por la suerte de los presos de la Unión Europea en cárceles egipcias, pero, naturalmente, no contaremos con un instrumento que de verdad permita hacer esto efectivo hasta que no esté ratificado y no estén depositados los instrumentos de ratificación. 
Por lo tanto, creo que es oportuno hacer una llamada a los países miembros para que tanto éste como otros acuerdos mediterráneos que están pendientes de ratificación sean ratificados lo antes posible. 
Doy las gracias al Sr. Ministro por su respuesta. 
Mi pregunta es un SOS. 
Tenemos, literalmente, una crónica de una muerte anunciada. 
Eran tres los presos desde 1989. 
Dos de ellos han muerto- el último murió de amígdalas en octubre de 2001. 
Hay veinte presos en celdas de 3x4. 
Hago un llamamiento al Sr. Ministro para este muerto en vida, y si también hay ciudadanos españoles o de otros países comunitarios, que se realice una intervención política hacia las autoridades egipcias para que cumplan el resto de las penas en las cárceles de los países miembros de la Comunidad Europea. 
De otra forma, señor Ministro, por la burocracia y por la cantidad de temas de los que nos tenemos que ocupar, llegaremos al punto de convertirnos en cómplices. 
Es problema del Gobierno griego. 
El Gobierno griego no ha podido hacer gran cosa con su propio peso, la Unión Europea tiene mucho más peso para conseguirlo. 
. 
Tomo muy buena nota de la petición reiterada del diputado Alavanos y le manifiesto que esto será sometido al Consejo para ver si la Presidencia del Consejo de la Unión Europea puede realizar una gestión inmediata en El Cairo, teniendo en cuenta el estado de salud del preso Kostas Kastanias, que es al que se refiere el diputado Sr. Alavanos. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0952/01): 
Asunto: Carácter vinculante del punto 2 del artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales en cualquier acuerdo sobre extradiciones entre la UE y los Estados Unidos Según publican los medios de comunicación, España, país que asume la Presidencia del Consejo desde el 1 de enero de 2002, ha propuesto un pacto global UE-Estados Unidos sobre extradiciones. 
En opinión de este parlamentario, la imprescindible colaboración entre la UE y los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo debe respetar escrupulosamente los principios y valores básicos del Estado de Derecho. 
Para los países miembros de la Unión, entre esos valores se incluye la abolición de la pena de muerte. 
Por ello, este diputado- coincidiendo con las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos- considera ineludible que cualquier acuerdo futuro de la UE con Washington respete la letra y el espíritu del artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales, pues en los Estados Unidos sigue vigente la pena capital y, además, van a establecerse tribunales militares. 
¿Se compromete el Consejo a considerar plenamente vinculante el punto 2 del artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales en cualquier acuerdo con Estados Unidos en materia de extradiciones? 
. 
El Consejo recuerda a su Señoría que, en las conclusiones del Plan de acción del Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre, se dispone en el punto dos que el Consejo Europeo hace un llamamiento a la aplicación, lo antes posible, de todos los Convenios Internacionales existentes en materia de lucha antiterrorista, es decir, todos los que están en el marco de las Naciones Unidas y de la OCDE y de otros organismos internacionales. 
La Unión Europea apoya la propuesta india de elaborar en el seno de las Naciones Unidas un Convenio general sobre el terrorismo internacional, que deberá reforzar el impacto de las acciones llevadas a cabo en estos últimos 25 años bajo los auspicios de Naciones Unidas. 
En el marco de su programa, la Presidencia consideró indispensable alcanzar un espacio común en el que la lucha contra cualquier forma de delincuencia, en particular, en sus formas más graves, tales como el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de dinero se articule a través de criterios de regulación y actividades comunes y sea compartida por todos los Estados miembros. 
En este contexto, la Presidencia propone que se definan objetivos tan importantes como la orden de detención europea y la supresión de los procedimientos formales de extradición. 
Además, la Presidencia considera fundamental y prioritario reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, y más concretamente, en el marco de la cooperación judicial en materia penal dentro de la lucha contra el terrorismo. 
El Consejo desearía recordar en esta ocasión que la cuestión del estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deberá resolverse en el marco del debate sobre el futuro de la Unión. 
El Consejo Europeo, reunido en Laeken los días 14 y 15 de diciembre de 2001, encomendó a una Convención que respondiese a las preguntas que surgieran en este debate y, en particular, en lo referente a si la Carta de los Derechos Fundamentales debe integrarse en el Tratado básico y la referente a la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
Sin prejuzgar la respuesta a esta pregunta, el Consejo recuerda, asimismo, a su Señoría que el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión precisa que "la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertados Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950". 
Ahora bien, el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tal y como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, permite establecer que nadie podrá ser alejado, expulsado o extraditado a un Estado en que pueda ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, agradezco su respuesta, pero quiero reiterarle la pregunta. 
Todos sabemos que está en marcha la necesaria colaboración antiterrorista entre las democracias, y por lo tanto entre la Unión Europea y los Estados Unidos, pero eso no puede ser óbice para que la Unión Europea defienda plenamente la vigencia de valores que le son consustanciales: en este caso, la defensa de la abolición de la pena de muerte. 
Lamentablemente, en los Estados Unidos, como todos sabemos, la pena capital sigue vigente. 
También sabemos que la Convención tratará la integración de la Carta de Derechos Fundamentales en la futura constitución europea, pero la Carta fue proclamada también por el Consejo Europeo de Niza y yo creo que lo que se proclama tiene un valor político vinculante para quien lo hace. 
En esos términos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y acogiéndome a la referencia que ha hecho al Convenio Europeo de Derechos Humanos, le pregunto: ¿la Unión Europea extraditará a cualquier persona acusada de graves delitos, entre ellos terrorismo, si existe la posibilidad de que en los Estados Unidos sea condenada a muerte o ejecutada? 
. 
El Sr. Carnero estaba en sede parlamentaria en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara cuando yo he dicho, de manera absolutamente clara y definitiva y que me honro en reiterar, que la Unión Europea nunca- repito- nunca admitirá la extradición de ningún ciudadano europeo, bajo ningún tipo de convenio con Estados Unidos, mientras no haya garantía de dos cosas- no de una, sino de dos -: que nunca será aplicada la pena de muerte y que nunca será juzgado por un tribunal militar de esos que se acaban de introducir ahora, precisamente después del 11 de septiembre. 
Lo dije en una comisión y lo reitero hoy en el Pleno. 
Y, por cierto, sobre la abolición de la pena de muerte, en un debate que ha tenido lugar precisamente en esta sala hace muy poco sobre la posición de la Unión Europea en la Comisión de Derechos Humanos, también hemos dicho que una de las banderas de la posición de la Delegación de la Unión Europea y de sus Estados miembros en la Comisión de Derechos Humanos es precisamente luchar para la abolición de la pena de muerte en todos los países del mundo, sin distinción de religiones, culturas, etc. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 3 decae. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0958/01): 
Asunto: Revisión de la "posición común sobre Cuba" El Consejo de Ministros ACP reunido en Bruselas, los días 6 y 7 de diciembre de 2001, aprobó una resolución, que dice textualmente: " El Consejo de Ministros ACP... 
2. Invita a la Unión Europea a traducir este espíritu (el buen entendimiento que se produjo durante la última visita, el 30 de noviembre, de la "troika" comunitaria en la Habana, según la propia resolución reconoce más arriba) en una revisión fundamental de su posición común sobre Cuba, de modo que se trate a este país de manera equitativa e imparcial; 3. 
Expresa su firme esperanza de que tal revisión conduzca a la adhesión de Cuba al Acuerdo UE-ACP de Cotonú, sin condiciones particulares ni injustas ;... " 
¿Qué va a hacer el Consejo de la Unión Europea ante la reiterada petición de los países ACP de que se revise la posición común sobre Cuba y se admita que Cuba suscriba el Acuerdo de Cotonú en iguales condiciones que los demás países ACP? 
¿Ha dado ya o tiene previsto dar el Consejo alguna respuesta a esta petición del Consejo de Ministros ACP? 
. 
Bien conoce el Parlamento Europeo el diálogo entre la Unión Europea y Cuba, interrumpido por las autoridades cubanas al anular la reunión con la troika de la Unión Europea prevista para abril del año 2000. 
Este diálogo se reanudó los pasados días 1 y 2 de diciembre con la visita de la troika a la Habana. 
La reanudación del diálogo ha sido el fruto de la gran actividad desplegada por la Presidencia y sobre la que el Consejo ha tenido ocasión de informar ampliamente a esta Cámara, en particular con ocasión de sus sesiones de los pasados meses de noviembre y diciembre. 
Asimismo, el Consejo tuvo ocasión de abordar este asunto en la reunión de la Asamblea Paritaria ACP-UE celebrada en Bruselas entre el 29 de octubre y 1 de noviembre de 2001. 
En tal ocasión, el Consejo recordó, entre otras cosas, que nunca había vetado la integración de Cuba en el Acuerdo de Cotonú sino que fue Cuba quien retiró su solicitud de adhesión en mayo de 2000. 
El Consejo anunció que estaba dispuesto a estudiar la cuestión cuando Cuba hubiera presentado oficialmente su candidatura con arreglo a las disposiciones del acuerdo. 
Los pasados días 10 y 11 de diciembre, el Consejo de Asuntos Generales realizó su décima evaluación sobre la Posición común de la Unión y consideró que esta última seguía siendo válida y era la base de la política de la Unión Europea con respecto a Cuba. 
El Consejo también consideró que es esencial proseguir el diálogo iniciado para que pueda dar resultados tangibles. En particular, en lo relativo a una futura cooperación basada en el respeto a los principios democráticos de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y del Estado de derecho. 
En este contexto, el Consejo recordó que espera señales significativas, por parte del Gobierno cubano, en el sentido de la realización de los objetivos de la posición común. 
El Consejo reiteró también que los objetivos de la Unión Europea con respecto a Cuba siguen consistiendo en fomentar un proceso de transición hacia el pluralismo democrático y el respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, una recuperación económica duradera y una mejora del nivel de vida del pueblo cubano. 
Tras un estudio pormenorizado y unos intercambios de información, el Consejo constató también graves insuficiencias en lo relativo al reconocimiento y a la aplicación de las libertades civiles y políticas, así como una negativa de las autoridades cubanas a contemplar la posibilidad de introducir reformas que desemboquen en un sistema político basado en dichos valores. 
A pesar de ello, el Consejo tomó nota de algunas señales positivas: una mayor libertad religiosa, la no aplicación de la pena de muerte desde hace dos años, lo cual nos lleva a la consideración que había sido objeto de la pregunta anterior, que es una de las políticas de la Unión. 
Allí donde no se puede abolir la pena de muerte, por lo menos es necesario conseguir la no aplicación de la misma, así como una considerable reducción del número de presos políticos y un aumento de las ratificaciones de los instrumentos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. 
Estos son los signos positivos. 
También el Consejo se congratuló por la decisión del Gobierno cubano de aprobar la adhesión del país a todos los Convenios de las Naciones Unidas contra el terrorismo, que fue adoptada en la sesión del 4 de octubre. 
El Consejo recordó también la importancia que la Unión Europea confiere a la adhesión de Cuba a los principios incluidos en el Pacto de Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos y al relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y manifiesta su deseo de que Cuba pueda firmar ambos Pactos a la mayor brevedad. 
Por último, me parece importante señalar, que en el contexto de la décima evaluación de la Posición común de la Unión Europea sobre Cuba, la delegación alemana formuló una declaración en la que aprueba las conclusiones del Consejo, pero hace un llamamiento a la Comisión para que elabore un marco de cooperación eficaz a corto plazo. 
El Consejo tiene la intención de evaluar su posición común sobre Cuba dentro de seis meses a la luz de los acontecimientos acaecidos durante este período. 
Reiteramos nuestra amistad y estima personal por el Presidente en ejercicio del Consejo, pero entendemos que ha sido una torpeza haber ratificado la Posición común. 
Creemos que la Posición común es algo negativo, que en Cuba todo el mundo la considera así, desde las autoridades a la oposición y a la Iglesia, y que la práctica totalidad de los embajadores de los países de la Unión Europea en La Habana la considera ineficaz e incluso contraproducente. 
Creo que, desde luego, esa ratificación de la Posición común ha producido un frenazo notable al proceso de diálogo reabierto y que nosotros, como usted, deseábamos y veíamos con esperanza. 
Ahora bien, mi pregunta es: ¿Qué van a contestar ustedes, qué va a contestar el Consejo a las reiteradas peticiones de los países ACP de que a Cuba se le trate como a los demás y se le ofrezca un sitio con garantías como signatario de Cotonú? 
Ésa es la pregunta y, con toda lealtad, quiero decirle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que se la volveremos a formular dentro de un mes en Ciudad del Cabo, en la Asamblea Paritaria, delante de todos los interlocutores ACP, que son los que han pedido de manera unánime y en reiteradas ocasiones que se incluya a Cuba como miembro de su comunidad. 
Gracias y, otra vez, bienvenido, señor de Miguel. 
. 
Señoría, querido amigo, cuando me haga esta pregunta en Ciudad del Cabo le responderé lo mismo que le voy a responder ahora. 
La posición de la Unión Europea ha sido siempre favorable. 
Yo le he comentado, Señoría, que, con ocasión de la negociación del acuerdo de Cotonú, que está ahora en vigor, que tuvo lugar en febrero del año 2000 si mi memoria no me falla, hubo ya una propuesta formal del Comité ACP para hacer entrar a Cuba en ese momento en que se firmaba el nuevo convenio, con el acuerdo total del Consejo de la Unión Europea. 
Para sorpresa del Consejo y de los países ACP, el delegado de Cuba- que era entonces el Ministro de Industria- desapareció de la reunión, y no hubo manera de formalizar ese asunto porque Cuba no estaba allí para prestar su conformidad. 
Cuando Cuba esté dispuesta a asumir no sólo los beneficios, sino también las obligaciones del Convenio de Cotonú, yo le garantizo que la Presidencia de la Unión y el Consejo estarán perfectamente de acuerdo. 
No nos faltarán ocasiones. 
Usted me habla de la Asamblea Paritaria y yo le hablo de la reunión ministerial que está prevista en la Presidencia española entre los Países ACP y los Ministros del Consejo de la Unión Europea que se celebrará en Santo Domingo. 
Ésa puede ser una ocasión tan buena como cualquier otra. 
Estaremos siempre dispuestos a dar una respuesta positiva, siempre y cuando Cuba pueda comprometerse no sólo en los beneficios, sino también en las obligaciones que emanan del Acuerdo de Cotonú. 
Señor de Miguel, yo no le animo a que haga un tratado general como le pide el señor diputado, sino a que conteste a esta pregunta con la brevedad que acostumbramos. 
. 
Con muchísima brevedad, quisiera decirle al diputado García-Margallo, que yo comparto fundamentalmente la línea que él ha mantenido. 
Ya lo he dicho antes en mi contestación: la Unión Europea tiene una disposición positiva, siempre y cuando Cuba esté dispuesta a aceptar las obligaciones que conlleva el Convenio de Cotonú y una relación con la Unión Europea que tiene sus condicionantes, como todo el mundo sabe. 
. 
Señor Presidente, la Presidencia española va a continuar con la actual política de la Unión, que ha tratado sistemáticamente de mejorar la situación de los derechos humanos en Afganistán, y fundamentalmente los que afectan a las mujeres afganas. 
En su sesión del 10 de diciembre, el Consejo se congratuló del Acuerdo de Petersberg, en el que se definen los acuerdos provisionales aplicables en Afganistán y reiteró su promesa de desempeñar un papel importante en el esfuerzo internacional por contribuir a la reconstrucción de la sociedad y la economía afganas. 
En aquella ocasión los ministros también pusieron de relieve la especial necesidad de promover el papel de la mujer dentro de la sociedad afgana. 
Durante la Conferencia ministerial para la reconstrucción de Afganistán que tuvo lugar en Tokio recientemente- 21 y 22 de enero- la Presidencia de la Comisión Europea, en su calidad de copresidentes de la Unión en el grupo director para la reconstrucción de Afganistán, expuso la posición de la Unión ante los demás donantes internacionales y la autoridad provisional afgana. 
La delegación de la Unión manifestó, entre otras cosas, que la asistencia de la Unión Europea estaría supeditada a que todos los grupos afganos aplicaran sin reservas el espíritu y la letra del Acuerdo de Petersberg, cuyo objetivo es la constitución de un Gobierno de amplia base, multiétnico, plenamente representativo y comprometido a actuar en favor de la igualdad entre los sexos y de la mejora de la situación de la mujer. 
También entonces, en Tokio, la Unión Europea destacó la importancia de que Afganistán asuma las labores de ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo, y de que en ella participen gentes de todas las regiones y grupos étnicos, y en especial mujeres. 
El Consejo seguirá supervisando atentamente el cumplimiento de estos criterios en los meses y años venideros. 
A este respecto, el Consejo desea recordar que el representante especial de la Unión Europea en Afganistán, el embajador Kleiber, ya ha empezado a desarrollar su labor en Kabul, asistido por un representante especial de la Presidencia, el embajador López Nadal. 
El Consejo pondrá especial cuidado en asegurarse de que las mujeres puedan participar y participen plenamente en la construcción del futuro del país. 
En este mismo contexto, el Consejo remite también a la respuesta dada a la pregunta oral H-0897/2001. 
En los últimos años, el fundamentalismo talibán se ha cebado en las mujeres, y aún hoy sus efectos continúan arruinando la vida de las afganas. 
Los hombres continúan armados y esto supone una clara amenaza. 
Anteayer, señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, una niña de siete años fue vendida en matrimonio para calmar el hambre y las necesidades de su familia. 
El Sr. Presidente en ejercicio del Consejo me ha dado una respuesta muy de compromiso, que ya se sabía. 
Profundizando en ello, y sin remitirme a preguntas que ya son del pasado, ¿estaría la Presidencia española dispuesta a adoptar alguna medida para que no se continúe vendiendo en matrimonio a niñas de siete años? ¿Estaría, al menos, dispuesta a transmitir la urgencia de adoptar algún tipo de medidas que eviten este horror? 
. 
Señor Presidente, quisiera responder a la diputada Sra. Izquierdo Rojo que la política de la Unión con respecto a Afganistán en este tema, es absolutamente indivisible y se aplica a todas las violaciones que se puedan cometer contra los derechos humanos y particularmente contra los derechos de las mujeres. 
El caso que cita no es más que uno más en la lista de horrores y vejaciones que han sufrido en Afganistán muchos seres humanos, niños y adultos, hombres y mujeres. 
Y por lo tanto la política de la Unión con respecto a todos estos temas, ha sido y será siempre la misma. 
Le puedo garantizar que pondremos en marcha y que intentaremos reforzar nuestra acción política en Afganistán y condicionaremos toda ayuda a la salvaguardia de estos derechos, lo que incluye también impedir la venta de menores con fines de matrimonio. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Presupuestos quiero subrayar que Europa no sólo debe ser payer sino también y de modo especial player. 
Creo que en especial la situación social en Afganistán es todo lo contrario que satisfactoria. 
Las mujeres deben poderse integrar en la vida profesional. 
Para ello hacen falta naturalmente empresas, sobre todo pequeñas, medianas y familiares. 
¿Cree usted que con nuestros pagos podemos estimular también, por ejemplo, la creación de empresas? 
. 
Lo que estamos tratando de hacer es un plan de desarrollo integral en Afganistán, con el que acabamos de empezar. 
Ahora disponemos de los medios financieros que, por cierto, son cuantiosos, dado que la aportación de la Unión Europea ha sido, como su Señoría sabe, muy importante, la más importante de la comunidad internacional. 
Pero también hay otros miembros de la comunidad internacional que han contribuido. 
Ahora tenemos la masa para llevar a cabo los programas de desarrollo necesarios y, naturalmente, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa es, según el criterio de todo el mundo, uno de los elementos fundamentales del desarrollo de Afganistán, donde, a corto plazo, no se puede esperar que haya inversiones importantes en grandes industrias y en grandes proyectos, y, por lo tanto, vamos a empezar a articular conjuntamente con la Comisión todos estos programas. 
Naturalmente somos muy conscientes de que en la pequeña y mediana empresa las mujeres tienen un papel muy importante y eso va a revalorizar el papel de la mujer dentro de Afganistán. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, durante la presencia talibana en Afganistán y anteriormente, la situación de las mujeres ha sido lamentable. 
Han estado marginadas, humilladas, perseguidas. 
Incluso se les ha inculcado en sus creencias y en su forma de pensar, que esa era una situación normal, lo que dificulta un posible cambio. 
Evidentemente, no podemos aceptar que haya venta de niñas, que haya todavía situaciones de marginación y de falta de reconocimiento de los derechos humanos a las mujeres. 
Por eso el Parlamento piensa que la presidencia española en la Unión, podría hacer algo más, algún programa especial de apoyo a estas mujeres que han sufrido una marginación particular, porque realmente la situación actual de Afganistán, no puede compararse con la reconstrucción de otros países en guerra. 
¿Podría ampliar la respuesta que ya nos ha dado el Sr. Presidente en ejercicio sobre esta situación? 
. 
Quisiera recordarle que la responsabilidad de articular los programas de desarrollo para hacer las inversiones necesarias con el dinero que se ha conseguido en la Cumbre de Tokio corresponde a la Comisión Europea, que tiene que articular todos estos programas, que no sólo se refieren al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, sino, sobre todo a la educación. 
Es conocida la marginación total de las mujeres del sistema educativo afgano; al privarlas de la educación se las ha marginado totalmente del acceso a todos los bienes de la sociedad. 
Me consta que el Comisario Patten y la Dirección General correspondiente de la Comisión están articulando todos estos programas, uno de cuyos objetivos fundamentales- repito- es la recuperación de la mujer en la sociedad afgana. 
En este momento, no estoy en condiciones de poder darle detalles pero, naturalmente, transmitiré a la Comisión la inquietud aquí expresada por el Parlamento Europeo, para que haya una dedicación especial de los Fondos a programas orientados directamente a la recuperación del papel de las mujeres afganas en la sociedad. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0963/01): 
Asunto: Presencia de los gobiernos regionales en las reuniones del Consejo La estructura federal, regional o descentralizada en varios Estados miembros les ha llevado a incorporar en sus delegaciones en las reuniones del Consejo de Ministros a representantes de dichas regiones o lander, tal y como permite el Tratado de la Unión Europea desde su reforma en Maastricht, hace diez años. 
Representaciones regionales han llegado a encabezar la delegación del Estado miembro, e incluso, durante la Presidencia belga, a presidir aquellos Consejos de Ministros de asuntos competencia de sus regiones. 
Sin embargo, en otros Estados miembros, como España, que cuentan con regiones o comunidades autónomas con amplia capacidad legislativa, el gobierno central impide la participación de sus regiones o comunidades autónomas en sus delegaciones en las diferentes reuniones del Consejo, incluso cuando la competencia corresponde en exclusiva a esas regiones y no al gobierno central. 
¿Cómo valora este hecho el Consejo? 
¿Qué Estados miembros, con estructura política federal o autonómica similar a la española, integran en sus delegaciones a representantes de sus nacionalidades y regiones? 
¿Qué Estados miembros no lo hacen? 
¿Piensa la presidencia española, tras el reconocimiento a las regiones en la cumbre de Laeken, impulsar la participación de dichas regiones o comunidades autónomas? 
. 
El Consejo recuerda a su Señoría que el artículo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que el Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro. 
A tenor de esta disposición, es competencia exclusiva de cada Estado decidir cómo va a ser representado en las reuniones del Consejo y quién va a formar parte de su delegación. 
Esta decisión dependerá inevitablemente de acuerdos constitucionales nacionales que difieren de un Estado miembro a otro, porque cada Estado miembro tiene su propia Constitución y su propia organización territorial. 
Por consiguiente, el Consejo no puede realizar comentarios sobre decisiones de representación tomadas individualmente por un Estado miembro. 
Señor Presidente, es una verdad como un templo la que acaba de recordarnos el representante del Consejo: cada Estado miembro es soberano para decidir, evidentemente, sobre la composición de su delegación en cada reunión del Consejo. 
Sin embargo, yo opino que cuando en estas reuniones del Consejo una Delegación nacional no cuenta con representantes de los gobiernos regionales que tienen, en su caso, competencia exclusiva, se provoca un distanciamiento entre la comunidad y los ciudadanos, por un lado, y sus representantes, por otro. 
Algunos lo llamarán distanciamiento, otros lo llamamos déficit democrático, y más todavía cuando unas comunidades sí cuentan con esa posibilidad de estar representadas en las regiones y otras no. 
En determinados Estados miembros, como el mío, las regiones, las Comunidades Autónomas, son tan estado como los gobiernos centrales, tal y como refleja la Constitución. 
El propio presidente de mi región, Galicia, es firme partidario de esta participación regional. 
Sin embargo, se aduce que es el gobierno de la nación el que tiene la representación en política exterior, y yo le pregunto: ¿cree el Consejo que las decisiones de políticas comunitarias internas, tales como la pesca, la política agrícola o la de consumidores, forman parte de la política exterior internacional o extranjera o bien cree que se trata de asuntos internos comunitarios? 
. 
Señora diputada, yo no puedo compartir lo que ha dicho de que las regiones son tan Estado como los Estados de la Unión, porque éstos son los únicos miembros de la Unión y los únicos que tienen derecho a participar en el Consejo de Ministros. 
Las regiones pueden tener sus competencias dentro de un ámbito de descentralización y de cesión de competencias hecha desde el Estado a las comunidades territoriales. 
Esa cesión de competencias varía de un Estado a otro y, además, en muchos países son totalmente diferentes. 
Incluso en los países que han hecho una cesión de competencias importante, como es el caso de Alemania, Austria o España, los sistemas son completamente diferentes. 
No puede usted comparar el sistema federal alemán con el sistema de las autonomías del Estado español. 
Por lo tanto, la representación del Estado se hace fundamentalmente a través de la cooperación interna y cada Estado puede, dentro de la articulación de ésta, representar los intereses de las entidades territoriales de su territorio como mejor convenga a los intereses generales del conjunto del país. 
Y le diré que las políticas comunitarias no son asuntos de política exterior, sino de política comunitaria, pero le recuerdo que en la política comunitaria los representantes en el Consejo son los Estados miembros de la Unión Europea y a ellos les compete defender las posiciones que afectan al conjunto de esos países según el sistema constitucional que les es propio. 
Por lo tanto, partimos del principio de que cada uno aplica la constitución tal y como la tiene articulada y eso no supone, en ningún caso, que la calidad de la representación de los intereses de las comunidades territoriales dependa de este o aquel sistema. 
Agradezco la respuesta del Consejo, porque pone de manifiesto, que el Consejo no puede romper el principio de autonomía institucional por el que nos regimos. 
En segundo lugar, me gustaría señalar que España pertenece a la Unión Europea desde el año 1986 y desde esta fecha se ha respetado este marco institucional. 
También durante toda la etapa de Gobiernos socialistas. 
En tercer lugar, diré que sobre este debate no hay posiciones homogéneas, ni siquiera en el campo académico, en las posturas que puedan defender las diferentes Comunidades Autónomas. 
Por lo tanto, me gustaría preguntarle si no le parece que sería más fructífero perfeccionar el papel del Comité de las Regiones en los trabajos de la Unión. 
. 
He dicho ya que lo fundamental es profundizar en el sistema de cooperación interna. 
Además, no me he referido exclusivamente al país que represento, sino a todos los países de la Unión. 
Creo que no hay suficiente imbricación de los intereses de las Comunidades Autónomas en la definición de las políticas que los Estados llevan al Consejo. 
Eso se hace fundamentalmente mediante el diálogo, a través de los canales institucionales establecidos. 
Creo que este debe ser el objetivo de todos los Gobiernos de la Unión: tener una cooperación interna cada vez más intensa con las comunidades territoriales, sobre todo con aquellas que tienen competencias legislativas. 
Señor Presidente en ejercicio, represento a uno de los reinos más antiguos y que han sobrevivido durante más tiempo- Escocia- y que constituye una parte en gran medida autónoma del Reino Unido, al que pertenece. 
De hecho, los ministros escoceses a veces asisten e incluso representan al Reino Unido en las reuniones del Consejo. 
Sin embargo, mi pregunta se refiere a la Convención que se está creando para examinar el futuro de Europa, en la que no estará presente ministro escocés alguno ni diputado alguno al Parlamento escocés. 
¿Cree usted que sería apropiado que las asambleas, parlamentos y gobiernos regionales estuvieran representados en esa importantísima Convención que va a decidir la configuración futura de Europa, de la que Escocia y las regiones de España son una parte importante? 
. 
Señoría, la Convención europea está a punto de iniciar su andadura. 
En ella va a haber representantes de los Gobiernos, de los Parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
También están invitados representantes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social. 
Nada impide a ningún país acreditar, dentro de la delegación parlamentaria, o de la delegación del Gobierno, a personas que tengan sensibilidad para los problemas de las regiones. 
Por tanto, Señoría, cada país tiene libertad de acreditar en esa Convención a quien desee. 
Ni la Presidencia ni el Consejo tienen la intención de condicionar el debate dentro de la Convención. 
El debate será abierto y libre. 
Todos los temas que conciernen a las regiones podrán ser tratados dentro de la Convención y ésta hará las recomendaciones que considere oportunas a la Conferencia Intergubernamental sobre la importancia del papel de las regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión. 
La Conferencia Intergubernamental decidirá, en su momento, sobre este tema. 
Ya saben ustedes que solamente se pueden formular preguntas complementarias. 
Me han planteado cuestiones de orden y las voy a admitir, pero les ruego que no abusen de las cuestiones de orden. 
Señor Presidente, creo que habría sido más oportuno que me hubiese dado antes a mí la palabra, ya que en otros debates parecidos a éste, cuando ha habido preguntas de diputados con una cierta similitud, usted, ejerciendo de Presidente, las ha refundido y las ha juntado todas. 
Yo tengo la pregunta nº 13 que es prácticamente idéntica a la nº 6, y me hubiera gustado que usted, como en otras ocasiones, hubiese refundido las preguntas para no debatir dos veces sobre la misma cuestión. 
No sé si todavía estoy a tiempo de que usted me permita intervenir, formulando la pregunta número 13. 
Le voy a informar con toda dedicación de cómo funciona el Reglamento. 
Yo nunca he refundido las preguntas porque lo hace la Presidencia del Parlamento. 
Yo solamente presido la sesión y no tengo esa competencia. 
Es algo que se decide previamente. 
Si no, con mucho gusto lo hubiera hecho. 
Vamos a esperar a que llegue la pregunta nº 13- voy a hacer un esfuerzo- para que usted, aunque sea una reiteración, lo pueda hacer. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden: el Sr. Purvis ha abordado gran parte de lo que yo iba a decir. 
Es interesante oír los puntos de vista del Sr. Purvis y otros colegas sobre la cuestión de la representación de Escocia en esa Convención constitucional, cuando resulta que el Partido Conservador y el Partido Nacionalista nunca consiguieron prepararse para formar parte de la Convención Constitucional Escocesa que estableció y cedió poderes al Parlamento escocés. 
Quisiera preguntar al ministro si hay una lista a disposición del público y de los diputados a este Parlamento en la que se vea cómo están representados los gobiernos regionales en las diversas reuniones del Consejo. 
El Sr. Purvis se ha referido a que ministros escoceses asisten a las reuniones del Consejo de conformidad con sus conocimientos técnicos y las esferas de las que se ocupan. 
Me gustaría saber cómo funcionan otros gobiernos regionales a ese respecto y si estaría semejante lista a disposición de los diputados. 
Con mis atribuciones de Presidente de esta sesión y de guardián del Reglamento, no voy a permitir más que las dos preguntas reglamentarias, porque sería sentar un pésimo precedente y privar a los demás diputados, que están en el puesto número 13 ó 14 de las preguntas, de poder preguntar. 
Hagan ustedes preguntas por escrito, levanten la mano al principio, con rapidez, y reflejo parlamentario, o utilicen el pasillo cuando salga el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo. 
Pido la palabra por una cuestión de orden, si se me permite y sin ánimo de robarle ningún tiempo al debate. 
Simplemente quería decir que, sin entrar en la maldad o la bondad del sistema que se sigue para enumerar y establecer un orden para las preguntas, yo considero que mi pregunta y la pregunta del Sr. Ortuondo son muy diferentes, a pesar de lo que él ha manifestado hace un momento pero, aún así, versan sobre el mismo tema. 
Estoy de acuerdo, señora Miguélez, pero ya le digo que hay un órgano encargado de establecer si las preguntas coinciden, y esto viene ya predeterminado con la autoridad que ostenta el Presidente de esta Cámara, no yo, que soy solamente un presidente de sesión. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0966/01): 
Asunto: Decisión inaceptable de prohibir la concesión de visado a los miembros de las FARC-EP En el Consejo de Laeken se tomó la decisión de prohibir la concesión de visado por parte de los Estados miembros de la UE a los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). 
Esta decisión constituye una nueva y flagrante violación del Derecho internacional y de las libertades democráticas, pues se dirige contra un amplio movimiento popular de Colombia, que cuenta con gran aceptación, no sólo en el país sino también en el extranjero, incluidos muchos Estados miembros de la UE, debido a sus largos años de lucha por la negociación política del conflicto en Colombia, por la reforma agraria democrática, por las libertades democráticas y sindicales y por acabar con el terrorismo de los "escuadrones de la muerte". 
Teniendo en cuenta que los representantes de las FARC-EP se reúnen con los más importantes representantes del Gobierno colombiano en el proceso de pacificación, que cuenta con el apoyo de la UE, se pregunta al Consejo: ¿Esta decisión está relacionada con la reciente "ley sobre el terrorismo"? ¿Piensa reconsiderar esta decisión antidemocrática y contribuir al proceso de pacificación sobre la base de una solución política en Colombia? 
. 
La decisión a la que se refiere el diputado que hace la pregunta, no se tomó en el Consejo Europeo de Laeken, que no abordó la situación de Colombia, sino que figura en la declaración de la Presidencia, en nombre de la Unión Europea, respecto al proceso de paz en Colombia de 7 de diciembre. 
En ella, la Unión Europea comunica que, hasta nueva orden, los Estados miembros de la Unión, no expedirán visados ni permisos de residencia nuevos a los representantes de los grupos armados, no sólo a los de las FARC, sino a todos los grupos armados, sin perjuicio de la continuación de los esfuerzos de los Estados miembros de la Unión que participan en el diálogo entre las partes colombianas. 
La Unión Europea también ha manifestado su apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros de la Unión que, a petición del Gobierno colombiano y de las partes en conflicto, participan en las conversaciones que el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana ha entablado con el ELN y las FARC para llegar a una solución negociada del conflicto. 
Esta decisión no tiene nada que ver con la decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo a la que se refiere su Señoría, sino que forma parte de la firme condena de toda la comunidad internacional, de las prácticas de los grupos armados, que se dedican a actividades como secuestros, extorsiones y otros tipos de delitos que constituyen una violación de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional, y ponen en peligro el proceso de paz que no termina de afianzarse en ese país. 
La Unión Europea insiste en que su posición con relación a los grupos armados en Colombia se estudiará y revisará en función del respeto de los derechos humanos, del Derecho humanitario internacional y de la inmunidad diplomática. 
La Unión Europea apoya sin reservas los esfuerzos para que todas las partes implicadas respeten los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional, y lanza un llamamiento a todas ellas para que las condenen. 
También pide a los grupos armados que liberen a todos los rehenes, extranjeros y colombianos, y que renuncien inmediatamente a estas prácticas. 
La Unión Europea también ha instado a las FARC a que vuelvan a la mesa de negociación para, entre otras cosas, tratar las cuestiones que se convinieron en San Francisco de la Sombra en octubre de 2001. 
Se felicita de la reanudación del diálogo entre el Gobierno y el ELN, y espera que estos dos movimientos darán muestras de una resuelta determinación para buscar resultados concretos encaminados a una solución pacífica y duradera del conflicto. 
En su declaración, la Unión Europea insiste también ante el Gobierno colombiano para que continúe e intensifique sus esfuerzos para desarmar a los paramilitares y someter a los responsables de los crímenes perpetrados, quienesquiera que sean los autores, a todo el rigor de la justicia, para que prosigan- tanto a nivel local como regional, y respetando la biodiversidad y el medioambiente- los esfuerzos ya iniciados para luchar contra los cultivos ilícitos, la producción y el tráfico de estupefacientes y para que se elabore y aplique de modo urgente, e independientemente del proceso de paz, un programa de reformas socioeconómicas decisivas. 
Como sabe este Parlamento, en la actualidad, el proceso de paz en Colombia pasa por momentos inciertos. 
La Unión Europea sigue apoyando activamente el proceso de paz y los loables esfuerzos del Presidente Pastrana y estima que no hay ninguna alternativa a una solución negociada del conflicto interno. 
La Unión Europea se esforzará por aplicar los compromisos autónomos adoptados en el marco del programa europeo de apoyo al proceso de paz en Colombia, siempre que los problemas de seguridad no se lo impidan. 
Señor Presidente, quisiera decir al Presidente del Consejo en ejercicio lo siguiente. Es cierto y se sabe que las negociaciones continúan en Colombia, es decir, que las dos partes, el Gobierno y las FARC, han proseguido el proceso negociador y hay un gran esfuerzo por parte de las FARC con vistas a encontrar una solución para el problema. 
Pero la solución requiere- como resulta evidente- desarmar a los paramilitares, los llamados "escuadrones de la muerte", que siguen actuando impunemente en Colombia, pero también garantizar las libertades y los derechos democráticos a todos los ciudadanos, luchar contra la pobreza, avanzar en la reforma agraria y, por último, garantizar también los derechos sociales al pueblo de Colombia. 
Ahora bien, estando las FARC en la mesa de las negociaciones con el Gobierno, ¿cómo es que por parte de los países de la Unión Europea no hay un esfuerzo con vistas a garantizar que esas negociaciones lleguen a buen puerto y conceder a las FARC los visados que necesitan para proseguir, naturalmente, sus contactos con países interesados en el proceso de paz? Pues sabemos que hay países en la Unión Europea interesados en la evolución positiva de este proceso de paz. 
Por tanto, la pregunta que formulo, señor Presidente en ejercicio, es exactamente ésta. 
. 
Me parece que en mi respuesta ya he dado una cumplida explicación sobre la posición del Consejo y sobre nuestra postura firme de no dar visados a las FARC, puesto que no creemos que se utilicen precisamente para establecer contactos con respecto a la paz, sino para otras actividades. 
Comparto la opinión del Consejo sobre la justicia de las críticas a las FARC, especialmente por el secuestro y asesinato de líderes indígenas. 
Sin embargo, es evidente que la mayor parte de la violencia en Colombia viene de los paramilitares, con respaldo del ejército colombiano. 
Si se pretende negar el visado a los responsables de la violencia, habría sido igualmente lógico que se le negara al embajador de Colombia. 
No podemos olvidar que en Colombia la izquierda legal sufre ejecuciones sistemáticas si aparece públicamente. 
Mi pregunta concreta al Consejo es: ¿ejerció EE.UU. presiones para que se negase el visado a los representantes de las FARC? 
. 
También he dicho en mi primera intervención que el Consejo está profundamente preocupado por las actividades de los paramilitares y que ejerce toda la presión necesaria sobre el Gobierno de Colombia para que no haya ningún tipo de cooperación por parte de las fuerzas armadas colombianas con estos grupos y para evitar, precisamente, la creencia bastante generalizada que existe, de que, de alguna manera, los paramilitares actúan en connivencia con el Gobierno, lo cual no es en absoluto cierto, desde luego no con el Gobierno del Sr. Pastrana. 
Por lo tanto, comporta lo que dice el señor diputado. 
No estamos de acuerdo con las actividades de los paramilitares y, desde luego, ejercemos toda la presión necesaria para que no se preste ningún tipo de ayuda o colaboración por parte del Gobierno central a las actividades de estos grupos. 
Me parece que el Consejo no entendió mi pregunta concreta. 
Mi pregunta es si EE.UU. ejerció alguna presión para que la UE no otorgase visados a los representantes de las FARC. 
. No, señor Presidente. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0967/01): 
Asunto: Detenciones de manifestantes y brutalidad de la policía en las manifestaciones de los días 14 y 15 de diciembre En Bruselas, durante las manifestaciones de una amplitud sin precedentes con ocasión de la reunión del Consejo Europeo en Laeken los días 14 y 15 de diciembre, se produjo un ataque violento y provocador de la policía contra manifestantes pacíficos, e incluso contra simples viandantes. 
Agentes de seguridad disfrazados de manifestantes actuaron con especial violencia. 
Manifestantes y peatones fueron violentamente golpeados, se detuvo sin razón a decenas de ciudadanos, se tuvo atados y tendidos en el suelo a los detenidos durante una hora, incluso a los heridos que sangraban, se humilló a mujeres desnudándolas delante de policías de sexo masculino, supuestamente intérpretes. 
Se pisotearon derechos básicos conquistados por los pueblos con luchas de décadas. 
La Presidencia belga y los medios de comunicación han tratado de ocultar los hechos denunciados por los "legal teams" (grupos de abogados encargados de la defensa de los derechos de los manifestantes) y por las propias víctimas de estos sucesos. 
¿Conoce el Consejo estos acontecimientos y, en caso afirmativo, cómo los juzga? 
. 
El artículo 33 del Tratado de la Unión Europea subraya claramente que las medidas individuales que adopten las autoridades policiales únicamente competen a los correspondientes Estados miembros. 
Por ello, el Consejo no está en condiciones de pronunciarse sobre los temas que menciona el diputado que formula la pregunta. 
El hecho de que las manifestaciones se celebraran coincidiendo con una sesión del Consejo Europeo carece totalmente de relevancia en este caso. 
Comprendo que es difícil saber en qué momentos actuaba el Gobierno belga como Presidencia de la Unión Europea y en qué otros momentos actuaba como simple Gobierno de un Estado miembro, pero pretendo saber lo que ocurrió efectivamente y por qué motivo se adoptaron todas esas medidas que varios abogados denunciaron porque ponían en entredicho derechos de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente en Bélgica con ocasión de la última Cumbre. 
. 
He dicho ya que no estoy en condiciones de responder a esa pregunta, pero, desde luego, a lo que no estoy dispuesto es a mostrar mi conformidad con la afirmación de la Sra. Figueiredo de que se manifestaban pacíficamente. 
Yo estaba allí y lo vi y, muchas de las manifestaciones que tuvieron lugar en Bruselas, de pacífico no tenían absolutamente nada. 
Produjeron unos destrozos absolutamente evidentes en la ciudad, y, desde luego, si ése es el concepto que tiene la Sra. Figueiredo de lo que es una manifestación pacífica, ni yo ni la Presidencia del Consejo coincidimos con ella. 
No hay réplica Sra. Figuereido, sé que tienen distinta opinión, ha quedado de manifiesto clarísimamente, pero no hay posibilidad de réplica ya que entraríamos en un debate y esto es un turno de preguntas. 
Me refería, naturalmente, señor Presidente, a todas las manifestaciones pacíficas y no a las otras. 
Y sobre esas es sobre las que quiero recibir una respuesta, porque fueron pacíficas. 
El Señor Presidente en ejercicio ha declarado que no es de su competencia contestar esta cuestión y a ello me atengo. 
Usted ha hecho su aclaración, de la que tomamos nota. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0968/01): 
Asunto: Desmantelamiento de la organización terrorista islámica indonesia Laskar Jihad En la Resolución del Parlamento sobre Papua (Irian Jaya) y Sulawesi en Indonesia, de 13 de diciembre de 2001, se afirma que "los combatientes del grupo terrorista islámico Laskar Jihad, tras dejar atrás un rastro de sangre y de destrucción en las Islas Molucas a partir de 1999, son ahora activos en Sulawesi". 
Ello explica que, de los 10 millones de habitantes de las Islas Molucas, 300.000 sean refugiados, en su mayoría cristianos. 
Tentana, que es, con sus 50 000 habitantes, la mayor ciudad cristiana de la isla de Sulawesi, se halla sitiada por los combatientes de Laskar Jihad. 
Su líder, Jafar Umar Talib, que fue entrenado como guerrillero de la Jihad en el Paquistán, afirma que dispone de 10 000 soldados bajo su mando. 
En las filas de las milicias musulmanas contra los cristianos luchan también afganos y otros extranjeros. 
¿Qué avances ha realizado la UE, a través del Consejo, en relación con su petición a las autoridades indonesias de que "desmantelen la organización terrorista de la Laskar Jihad, responsable, en su mayor parte, de las atrocidades cometidas en los últimos años en las Molucas, y que lleve a juicio a los que las han cometido"? 
¿Se ha establecido una cooperación con los Estados Unidos en este sentido? 
¿Qué ha hecho el Consejo para poner rápidamente fin a la violencia terrorista ejercida contra los cristianos en las Islas Molucas y en Sulawesi? 
. 
Señor Presidente, al Consejo le preocupa profundamente la violencia sectaria en Indonesia, independientemente de la confesión o el origen étnico de las víctimas. 
El Consejo ha hecho partícipes de esta preocupación, en diversas ocasiones, al Gobierno de Indonesia y a los demás socios de la Unión, así como a los Estados Unidos. 
El Consejo ha alentado al Gobierno a impedir la llegada a Malaca y a Sulawesi central de más miembros de la Laskar Jihad y hacer que los que ya están abandonen estas regiones. 
Aún hay trabajo por hacer y el Consejo seguirá sirviéndose de la cooperación y el diálogo franco que ha establecido con el Gobierno de Indonesia sobre estas cuestiones para trabajar en favor de una mejora de la situación. 
Agradezco a la Presidencia española su respuesta. 
Aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a España al Parlamento Europeo, en su calidad de país que ejerce la Presidencia de la Unión Europea durante este semestre. 
Con todo, quisiera formular algunas preguntas complementarias. 
¿Opina el Consejo que las autoridades indonesias han adoptado las medidas necesarias y suficientes para desmantelar a la organización terrorista Laskar Jihad? 
¿Opina el Consejo que Laskar Jihad continúa con sus actividades terroristas o se puede ver alguna forma de evolución que indique que la violencia contra personas inocentes- principalmente cristianos de las Molucas- puede terminar? 
Por último, me pregunto si el Consejo opina que ha existido una colaboración estrecha entre EE.UU. y la Unión Europea en la lucha contra esta organización terrorista musulmana. 
. 
Por desgracia, señor Sacrédeus, nunca las medidas que se toman son suficientes para atajar la amenaza terrorista. 
Me parece que, naturalmente, la organización Laskar Jihad puede calificarse como una organización de este género. 
Por lo tanto, ni creo que la amenaza está contenida ni creo que el Gobierno de Indonesia, por muchas medidas que haya tomado, sea capaz de atajar la amenaza que esta gran organización, muy numerosa, representa para Indonesia. 
Usted me pregunta si la Unión Europea y Estados Unidos deben cooperar. 
Creo que esto está en el espíritu de todas las declaraciones políticas que se han sucedido después del 11 de septiembre. 
Efectivamente, la Unión Europea y los Estados Unidos tienen ya un frente común para luchar contra todas las amenazas terroristas en cualquier punto del mundo donde se produzcan y estamos en diálogo con los Estados Unidos, precisamente para ayudar a Indonesia a contener la amenaza de esta organización terrorista. 
Pregunta nº 10, formulada por el Sr. Podestà, a quien sustituye la Sra. Sartori. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0969/01): 
Asunto: Condición de la mujer en Nigeria- El caso de Safia Husaini Tungar Tudu El caso de la mujer nigeriana de 30 años que, casada a los 12 y madre de cuatro hijos, fue condenada a la lapidación por haber quedado embarazada del último de sus hijos tras haber sufrido una agresión sexual plantea una seria preocupación por lo que se refiere a la condición actual de la mujer en muchos países de África, entre ellos Nigeria. 
De acuerdo con la Sharia (ley islámica) , una mujer divorciada comete adulterio si mantiene relaciones sexuales con otro hombre, incluso si se trata de un estupro, como ocurre en este caso. 
El poder político y militar que se implanta en regímenes no democráticos necesita controlar incluso la vida privada de sus propios ciudadanos: el control de nacimientos obedece a esta lógica, por lo que las mujeres están expuestas en mayor medida a una legislación punitiva que en muchas ocasiones es inhumana. 
¿Puede indicar el Consejo qué nuevas medidas tiene intención de adoptar para que puedan eliminarse prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de la persona? 
¿Puede informar asimismo el Consejo de qué manera tiene intención de actuar para facilitar un proceso de democratización y de transición a una sociedad laica en países como Nigeria, en los que la interpretación que se hace de la ley religiosa (que, por otra parte, distorsiona el auténtico sentido de la religión a que hace referencia) afecta sobre todo a los derechos de la mujer? 
¿De qué manera tiene intención de intervenir el Consejo para que se protejan cuanto antes la vida y la dignidad de esta mujer nigeriana? 
. 
Señor Presidente, los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, de forma coordinada, han apoyado decididamente los esfuerzos internacionales en favor de la Sra. Safia Husaini. 
Se ha estudiado la posibilidad de una acción formal de la Unión Europea en caso de que el tribunal de apelación islámico, la Sharia de Sokoto confirme la sentencia. 
La Unión Europea ya manifestó su preocupación por las sentencias dictadas en virtud del código penal islámico, Sharia, durante la 57ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el año 2001. 
Los Estados miembros de la Unión y la Comisión Europea- en coordinación -, han sostenido con decisión los esfuerzos internacionales a favor de Safia Husaini, según los términos de la reunión organizada por los Jefes de misión de la Unión Europea en Abuja, el pasado 23 de enero. 
La Presidencia española ha propuesto a los Estados miembros la realización de una gestión ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria, para expresar de nuevo la posición de la Unión Europea en materia de aplicación de la pena de muerte. 
Esta gestión fue formalmente aprobada por el Consejo de Ministros de la Unión, que tuvo lugar el pasado lunes, y ya se ha realizado por la Presidencia del Consejo de la Unión ante el Gobierno de la República Federal de Nigeria. 
En cuanto a la cuestión más amplia del respeto de los derechos fundamentales y más en concreto los derechos de la mujer en Nigeria y el resto de África, el Consejo está decidido a proseguir la política que desde hace largo tiempo viene desarrollando en este ámbito y, en particular, mediante los siguientes instrumentos: el Acuerdo de Cotonú, cuyo apartado 2 del artículo 9 se remite a las partes a sus obligaciones, a sus compromisos internacionales, en lo referente al respeto de los derechos humanos y se reafirma la igualdad entre hombres y mujeres, en la declaración y el plan de acción de El Cairo aprobados en la cumbre África-Europa celebrado en el Cairo en abril de 2000, en los que se insiste en el respeto a los derechos humanos, en la Posición Común relativa a los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de derecho y el buen gobierno en África 98/350/PESC y el Reglamento (CE) 965/99 del Consejo, por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia del estado de derecho, así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y muy concretamente la Posición Común 01/373/PESC sobre Nigeria, en la que se alude expresamente al respeto a los derechos humanos. 
Le doy las gracias, señor Presidente, por la exhaustiva respuesta dada a nuestra interpelación. 
Cuanto ha ocurrido en estos últimos días nos obliga, sin embargo, a pedir una nueva iniciativa al Consejo puesto que, como usted sabrá, no solamente en Nigeria otra mujer, además de Safiya, ha sido condenada a la pena capital mediante lapidación- se trata de Aishatu Abubakar, contra la cual, hace pocas semanas, el mismo tribunal de la misma región de Nigeria ha dictado una análoga condena por un análogo motivo- pero es de hoy la noticia de que, en Sudán, una joven mujer de 18 años, Abok Afa Kok, de religión cristiana y sin conocimiento de la lengua árabe, ha sido condenada igualmente a la lapidación por un tribunal, en este caso no religioso sino civil y eso sin permitirle una defensa y sin ofrecerle ni siquiera la asistencia de un intérprete. 
Pues bien, yo creo que los compromisos asumidos por el Consejo son importantes pero, junto a ellos, ha de haber también una constante tutela de los casos individuales. 
Por tanto, vuelvo a poner en sus manos, además del de Safiya, también estos dos nuevos casos. 
Señor Presidente en ejercicio, el ministro de Justicia del Afganistán anunció recientemente que el nuevo Gobierno provisional mantendría las sanciones impuestas por la legislación que se atiene a la Sharia, consistentes en la lapidación de las mujeres por adulterio y la amputación de extremedidades por robo. 
Esta última pena fue apoyada incluso por el Primer Ministro Karzai en una declaración formulada en una entrevista de prensa en América. 
La UE acaba de prometer una contribución de 1.500 millones de euros en ayuda al Afganistán para cinco años en la Conferencia de Tokyo. 
¿No se debería condicionar a la revocación de castigos internacionalmente inaceptables, crueles e inhabituales, como aquellos a los que me he referido? 
. 
Efectivamente, nuestra ayuda a Afganistán, al desarrollo del país y el desembolso de las importantes cantidades que usted ha mencionado y que se han materializado en la Cumbre de Tokio, están condicionados desde el primer momento según declaraciones del Consejo al respeto de los derechos humanos en Afganistán y, especialmente, a la aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Me parece que el caso que usted cita es un caso en el que la Unión Europea debe manifestar que, aunque respetamos las tradiciones y la religión que se practican en Afganistán, también exigimos que en este país se respeten los derechos humanos. 
Y la ejecución de las sentencias islámicas es incompatible con el concepto que tenemos de respeto de los derechos humanos. 
Quisiera recordarle, sin embargo, que es práctica común en todos los países de religión islámica el aplicar la sharía, la ley islámica. 
No es Afganistán el único país donde se cometen estos atropellos. 
Ya hemos oído lo que pasa en algunos países africanos. 
Sería muy largo enumerar los casos de aplicación de sentencias de tribunales islámicos en otros países de Oriente Medio donde se comenten verdaderas violaciones de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres. 
Creo que la Unión Europea tiene que estar en la vanguardia de la defensa de estos derechos, pero debemos tener la necesaria precaución de no ofender los sentimientos religiosos puesto que, como usted bien sabe, se debate actualmente sobre el choque de la civilización islámica y la civilización cristiana y necesitamos aplicar la necesaria prudencia. 
Pero, el caso que usted cita debe tenerse en cuenta y no dejaré de mencionarlo en el seno del Consejo y de la Comisión para que se siga y se procure evitar que se aplique esa sentencia. 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0971/01): 
Asunto: Prohibición de la creación y del funcionamiento de partidos en cuyo nombre figure el término "comunista" en Turquía En Turquía, país candidato a la adhesión a la UE, se producen de forma continua y sistemática violaciones de los derechos humanos y democráticos. 
Entre estas violaciones se encuentra la prohibición de creación y funcionamiento de partidos en cuyo nombre figure la palabra "comunista", sobre la base de una anticuada disposición (de 1920) del artículo 96 de la Ley relativa a los partidos políticos. 
El Partido por el Poder Socialista de Turquía se fundó en 1993 y funciona dentro de la legalidad. 
Ha realizado importantes luchas por los derechos democráticos y participa en las elecciones. 
En su congreso, celebrado recientemente, decidió cambiar su nombre por el de Partido Comunista de Turquía, pero, debido a la antidemocrática ley citada, corre el peligro de que se prohíban sus actividades. 
Señalamos que en este periodo, el Parlamento turco pide la modificación de la Ley relativa a los partidos políticos, lo que ofrece la posibilidad de abolir esta antidemocrática prohibición. 
¿Qué opina el Consejo de la prohibición establecida por la legislación turca en cuanto a la creación y al funcionamiento de partidos comunistas? 
¿Considera que Turquía puede adherirse a la UE sin haber derogado previamente esta prohibición? 
¿Prevé presentar ante el régimen de Ankara el tema de la modificación de esta ley antidemocrática y reaccionaria, con el fin de conseguir la libre acción política del Partido Comunista? 
. 
Efectivamente, Turquía está elaborando un proyecto de modificación de la ley relativa a los partidos políticos. 
Ahora bien, la verdad es que no conocemos el contenido exacto de ese proyecto de ley porque todavía no ha sido sometido al Gobierno turco. 
Por lo tanto, no tenemos más que referencias. 
El Consejo tampoco tiene, ni siquiera en esas referencias, noticias de que se obstaculice la acción del Partido Comunista de Turquía ni de que se amenace con prohibirlo en razón de una disposición obsoleta de la antigua ley relativa a partidos políticos. 
En lo que respecta de modo más general a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Turquía, el Consejo Europeo de Laeken concluyó que Turquía había progresado en la vía del cumplimiento de los criterios políticos fijados para la adhesión, particularmente al haber modificado recientemente su Constitución y que, en consecuencia, aumentaban las expectativas de abrir negociaciones de adhesión con este país. 
Se anima a Turquía a proseguir en esta vía de cumplimiento de los criterios de adhesión- los famosos criterios de Copenhague- particularmente en lo que respecta a los derechos humanos. 
El Consejo sigue con atención los esfuerzos de reforma política institucional en que se empeña actualmente Turquía y se fija muy especialmente en si dichas reformas se traducen en mejoras concretas de la situación del país en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. 
Esta situación, como todos sabemos, sigue siendo en muchos aspectos lamentablemente insatisfactoria. 
El Consejo no dudará en interrogar a Turquía en el caso de que la modificación prevista de la ley relativa a los partidos políticos revistiese un sentido perjudicial para las libertades democráticas. 
Señor Presidente, me impresiona que el Consejo sepa mucho menos sobre este tema de lo que se ha publicado en la prensa turca. 
Por ejemplo, se sabe que la comisión competente de la Asamblea Nacional Turca ha presentado un proyecto de ley sobre los partidos, en el cual no ha hecho ningún cambio en cuanto a la prohibición de la palabra "comunista". 
También me es difícil comprender cómo es posible que el Consejo no conozca que hay persecuciones contra los miembros del Partido Comunista de Turquía, cuando más de 150 de sus miembros han sido detenidos, se han realizado incursiones en las oficinas del partido y todo esto desde el momento en que apareció el partido. 
Aparte de esto, había uno o dos puntos específicos en mi pregunta, a los que, sin embargo, no ha contestado. 
Y en concreto: ¿Considera el Consejo que Turquía puede ser país candidato a la adhesión o más bien, ser miembro de la Unión Europea, sin anular antes esta prohibición? 
Esta pregunta ha quedado sin contestar. 
. 
Me parece que he sido claro, señor Presidente, en el sentido de que los criterios de Copenhague son absolutamente fundamentales antes de pensar en la iniciación de cualquier tipo de negociaciones para una futura hipotética adhesión de Turquía a la Unión. 
Creo que he sido claro, creo que los criterios de Copenhague son más que conocidos por el diputado que ha formulado la pregunta y, por lo tanto, creo que con esta afirmación el Consejo deja clara, sin ningún género de duda, nuestra voluntad de que no pueda iniciarse ningún tipo de negociación con Turquía hasta que los criterios de Copenhague sean perfectamente respetados por Turquía. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0001/02): 
Asunto: Respaldo del Consejo Europeo a una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿Ha debatido el Consejo Europeo el respaldo a la propuesta de Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? 
¿Qué Estados miembros se espera que voten a favor? 
¿Piensa disponer el Presidente en ejercicio que este tema se presente para un debate más detallado al Grupo de Alto Nivel sobre Discapacidad? 
¿Y piensa hacer uso de la Presidencia para promover el respaldo de la misma en terceros países fuera de la Unión Europea? 
. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo no debatió el asunto que menciona su Señoría, el Sr. Howitt. 
La Comisión no ha tomado respecto al Consejo ninguna iniciativa en esta materia. 
Quisiera recordar también al Sr. Howitt que el grupo de alto nivel sobre discapacidad no pertenece al Consejo sino a la Comisión, por lo que sería a la vez más práctico y más oportuno que fuese la Comisión la que facilitase información sobre los debates en el mismo. 
En sus contactos con terceros países la Presidencia planteará todos los temas que juzgue importante y oportuno tratar. 
Señor Presidente, no creo que ésa sea la respuesta más útil que se haya dado jamás a un diputado al Parlamento Europeo en esta Asamblea, por lo que tal vez pueda preguntar al Presidente en ejercicio si podría darme un poco más de ánimo. 
¿Está al corriente, por ejemplo, de la petición de 37 millones de personas discapacitadas en Europa y muchas de fuera de nuestras fronteras de que las Naciones Uniones impongan un mayor respeto de los derechos de las personas discapacitadas? 
¿Sabe que el próximo año va a ser el Año Europeo de las Personas Discapacitadas y le interesa? 
¿Sabe que desde 1996 hemos adoptado un planteamiento de la discapacidad basado en los derechos, por lo que parece que deberíamos apoyar semejante Convención? 
En su respuesta no ha dado prueba alguna de conocer esos hechos. 
En vista de que hoy ha reconocido ante esta Asamblea que sus colegas y él no han examinado siquiera esa cuestión, ¿responderá al menos a la petición de este Parlamento de que programe ese debate? 
Si los miembros del Grupo de Alto Nivel sobre discapacidad convocado por la Comisión son todos miembros del Consejo, tiene atribuciones para hacerlo, si lo desea. 
Tal vez ahora responda a esta observación. 
. 
Me parece, señor Howitt, que he respondido a su pregunta de manera clara. 
Eso no implica de ninguna manera que el Consejo no tenga ninguna preocupación por los discapacitados. 
Pero usted me ha preguntado si el Consejo Europeo ha discutido esta cuestión y yo le digo que no. 
Simplemente que no, lo que no significa que no lo vaya a discutir o que no desee discutirlo, sino simplemente que no lo ha discutido porque hasta el momento no se ha presentado la oportunidad de hacerlo. 
Eso no quiere decir que el Consejo ignore los problemas de los discapacitados o las citas próximas y reuniones internacionales sobre los discapacitados en las cuales los Estados miembros y la Unión Europea, como tal, deberán adoptar una posición. 
Lo que le he sugerido es que dirija esta pregunta a la Comisión que, al dirigir precisamente ese grupo de alto nivel sobre discapacidades, estará en mejores condiciones que yo para darle una respuesta concreta. 
Como todos sabemos en esta Asamblea, los derechos de los discapacitados ocupan un lugar prominente en el sistema español. 
De hecho, en muchas esferas en materia de derechos de los discapacitados, la legislación española es un modelo que otros Estados miembros podrían seguir útilmente en relación con la integración, el acceso y la igualdad de trato. 
A partir de ahí, ¿podría instar en primer lugar al Presidente en ejercicio a que utilice sus buenos oficios y su influencia positiva en sus colegas en el Consejo para velar por que haya una voz y una presencia fuertes de la Unión Europea en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Discapacidad? 
En segundo lugar, ¿garantizará la Presidencia española que va a conceder máxima prioridad en su programa de trabajo a la igualdad de acceso y de derechos para todos los discapacitados de la Unión Europea? 
En tercero y último lugar, al hacer los preparativos para 2003 como Año Internacional de los Discapacitados, ¿prestará también apoyo suplementario a las Olimpiadas Especiales, que en 2003 se celebrarán en la Unión Europea? 
. 
Simplemente quiero responder a su Señoría que he tomado muy buena nota de las sugerencias que hace a la Presidencia y que ésta estará en todo momento dispuesta a contribuir a que la Unión Europea tenga un papel cada día más activo con respecto a los discapacitados y, muy particularmente, con respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre la discapacidad. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0005/02): 
Asunto: Comparecencias y actos parlamentarios durante la Presidencia Española Se acaba de iniciar el año 2002 y el Reino de España se hace cargo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. 
El semestre anterior ha correspondido al Reino de Bélgica y en los distintos actos ante el Parlamento Europeo hemos podido ver comparecer y presidir reuniones no solamente al Primer y demás Ministros del Gobierno, sino también a los Jefes de Gobierno y Ministros de las diferentes Regiones belgas. 
Por ello, se pregunta a la Presidencia Española: ¿Cuáles son las razones por las que estando definido por su Constitución que el Reino de España es un Estado Autonómico con Comunidades que ostentan competencias exclusivas en algunos casos similares e incluso superiores a las de las Regiones belgas, sin embargo, no se contempla participación alguna de las Comunidades Autónomas españolas en las comparecencias y actos parlamentarios? 
. 
El Consejo recuerda a su Señoría, Sr. Josu Ortuondo, que el artículo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dispone que "el Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro". 
Salvando esta disposición, corresponde a cada Estado miembro decidir la composición de su representación y, por ende, a la Presidencia fijar, en su condición de tal, el modo en que estará representada en las comparecencias y actos parlamentarios. 
Inevitablemente esta decisión dependerá, en parte, de las disposiciones constitucionales nacionales, que difieren de un Estado miembro a otro. 
De ello se desprende que el Consejo no puede hacer comentario alguno sobre las decisiones que tome la Presidencia por lo que respecta a su representación, y en particular, a los contactos que mantiene con el Parlamento Europeo. 
En primer lugar, le quiero agradecer su respuesta a la intervención anterior sobre este mismo particular. 
Como usted se habrá podido dar cuenta, la respuesta que acaba de dar el Presidente del Consejo en ejercicio es la misma que ha dado a la pregunta número 6. 
Yo quisiera señalar al respecto que, efectivamente, el artículo 203 del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas habla de " rango ministerial y con toda naturalidad participan, tanto en las reuniones de los Consejos de Ministros Europeos como cuando se ejerce la Presidencia, los representantes de las Regiones o Comunidades Autónomas, como usted lo quiera llamar, belgas o también- como nos ha dicho antes un eurodiputado que ha intervenido al respecto -, la región o la nación de Escocia, los Länder alemanes o los Estados austríacos y otros tantos ejemplos que tenemos. 
Al respecto, le quisiera preguntar si a usted le parece adecuada la actuación, en este sentido, del Gobierno del Estado español. 
Resulta que cuando se habla, por ejemplo, de asuntos económicos y financieros, o de un plan de estabilidad presupuestario llega a acuerdos con los demás Gobiernos de la Unión, mientras que cuando esto mismo se quiere plantear a nivel del Estado español, ustedes lo imponen por ley, en lugar de buscar el acuerdo y el consenso de las Comunidades que tienen competencias exclusivas en esta materia. 
. 
En este tema no puedo más que responder lo que ya he respondido. 
Corresponde a cada Estado organizar la representación en los Consejos de Ministros y en el Parlamento como disponen sus leyes internas y su constitución. 
Los ejemplos que da el Sr. Ortuondo, algunos efectivos y otros menos, porque es cierto que puede haber habido representación belga o, en algún caso, de algún Land alemán, pero, desde luego, no recuerdo haber visto en ningún Consejo ministros escoceses. 
A lo mejor es que él confunde el Scottish Secretary, que es un ministro del Gobierno central británico, con un representante del Gobierno escocés. 
Tremendo error. 
Conviene que no haya confusión en este tema y yo quiero dejar perfectamente claro que son los Gobiernos los que deciden su representación y, por lo tanto, no hay ningún otro comentario que hacer sobre este tema. 
En relación a la pregunta del Sr. Ortuondo, hay dos aspectos que yo quisiera señalar. 
El primero es la invocación de los fundamentos constitucionales de un Estado, que son permanentemente puestos en cuestión por el partido del Sr. Ortuondo con ánimo irresponsablemente desestabilizador. 
El segundo es la curiosa analogía que hemos oído sobre otros Estados de la Unión, por ejemplo, Bélgica, cuando es bien conocido, salvo que se padezca ignorancia o se practique mala fe, que la organización territorial del Estado belga obedece a un complejo sistema, singular, de entrecruzamiento de comunidades culturales y lingüísticas con comunidades políticas, y a un régimen de compatibilidades entre responsabilidades federales y responsabilidades regionales que no tiene absolutamente nada que ver con el Estado de las Autonomías español. 
En este contexto, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría saber si coincide con el planteamiento de que esta rica diversidad en la organización territorial de los Estados que componen la Unión no es algo que dinamiza, enriquece y fortalece la democracia europea, que no admite reduccionismos uniformizadores- como parece pretender el Sr. Ortuondo- y que, por supuesto, debe ser absolutamente respetado por las instituciones comunitarias. 
. 
Señor Presidente, no tengo nada que añadir a lo que ya he dicho. 
Me parece que la diversidad de la Unión está bien garantizada por el respeto de los sistemas constitucionales de cada país, y cada país organiza su presencia en los Consejos, y durante su Presidencia, ante otras instituciones, según conviene a sus leyes internas y a sus disposiciones constitucionales. 
El Sr. Vidal-Quadras ha dicho que el partido al que represento, y yo mismo, queremos subvertir la Constitución española. 
Los planteamientos que estamos haciendo nada tienen que ver con subversión. 
De acuerdo con la Constitución española, la Comunidad Autónoma del País Vasco, a la que pertenezco, tiene unas competencias exclusivas en determinadas materias. 
Por ejemplo, en cuestiones fiscales. 
En el Consejo de Ministros de la Unión Europea se deciden habitualmente cuestiones fiscales sin que esté allí representada, para su defensa, la parte interesada, como es el caso de nuestra Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. 
No nos sentimos representados por el Gobierno de Madrid porque tenemos repetidas diferencias en cuestión de soberanía; una soberanía que no nos ha cedido graciosamente el Gobierno de Madrid, sino que proviene de los derechos históricos del pueblo vasco. 
Ruego a los señores diputados que no entren en debates sobre situaciones propias de sus respectivos países sino que hagan preguntas al Consejo. 
Por otra parte, todas las opiniones tienen derecho a ser expresadas en este hemiciclo siempre que concluyan en una pregunta, como ha sido el caso del Sr. Vidal-Quadras y de otros diputados. 
Lo único que pretendo es que cumplan el Reglamento; si no, corremos el riesgo de que durante la Presidencia de un país determinado, las preguntas se centren en los problemas y debates propios de ese país. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 14, decae. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0010/02): 
Asunto: Armas biológicas y tóxicas El 15 de noviembre de 2001, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las negociaciones en el marco de la Convención sobre armas biológicas y tóxicas a la vista de los recientes ataques con carbunco (ántrax) (B5-0708/2001). 
Teniendo en cuenta que, durante la 5ª conferencia de evaluación de la Convención que se celebró en Ginebra el pasado mes de noviembre, la delegación estadounidense fue la única de los 144 países representados que se negó a aceptar los compromisos legales que se derivan de la Convención, ¿podría informarme el Consejo del curso que piensa dar a las solicitudes formuladas en la resolución del Parlamento Europeo para garantizar el desarme multilateral y la no proliferación de armas biológicas y tóxicas mediante un protocolo jurídicamente vinculante? 
. 
No se preocupe Señor Presidente, me es muy grato responder a esta pregunta. 
Como sin duda sabe el Sr. Papayannakis, la Unión Europea ha venido desempeñando un papel activo en las negociaciones con el grupo ad hoc de Estados parte del Convenio sobre armas biológicas y tóxicas y en la 5ª Conferencia de revisión, celebrada en Ginebra del 19 de noviembre al 7 de diciembre de 2001. 
Esta actividad se basaba en las posiciones comunes adoptadas en 1996, 1998 y 1999 y en las conclusiones del Consejo de 11 de junio de 2001. 
Por ello, la Unión Europea lamenta que, tras seis años de negociaciones sobre la base de un mandato unánimemente acordado, en la 5ª Conferencia de revisión del Convenio sobre armas biológicas y tóxicas, no se haya conseguido adoptar ni una declaración final ni un documento con medidas concretas para reforzar dicho Convenio. 
Reforzar el Convenio sobre armas biológicas y tóxicas sigue siendo una prioridad del Consejo de la Unión en el ámbito de salud. 
De acuerdo con las conclusiones, de 10 de diciembre de 2001, sobre las repercusiones de la amenaza terrorista sobre la política de no proliferación, el desarme y el control armamentístico de la Unión Europea, ésta tiene la intención de fomentar de manera activa la aplicación global y efectiva de instrumentos multilaterales en el ámbito de la no proliferación, el desarme y el control armamentístico. 
Por lo que se refiere al Convenio sobre armas biológicas y tóxicas, la Unión Europea confirma que sigue siendo válido el mandato del grupo ad hoc de los Estados parte del Convenio. 
La Unión está decidida a proseguir su trabajo en pro de una conclusión con éxito de una 5ª Conferencia de revisión del Convenio, nuevamente convocada para noviembre del presente año. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta y gracias por la intención mostrada sobre lo que quiere hacer la Presidencia y la Unión en cuanto a estas armas terribles. 
Con todo, el problema con el que nos hemos topado, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es el siguiente: los Estados Unidos no aceptan participar en el Convenio porque es jurídicamente vinculante. 
Usted dice que seguiremos intentando lograr algo más concreto en el futuro. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Qué conversaciones mantiene con los Estados Unidos, qué posibilidades tienen de hacerles cambiar de opinión, qué información tienen en relación con esta cuestión? 
Porque de ello va a depender todo lo demás. 
No dudo de su buena intención, sino del análisis de la situación que parece desprenderse de la declaración de la Presidencia. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 16 a 37 recibirán respuesta por escrito, con excepción de la pregunta 36 que trata un tema que ya está en el orden del día. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 19.15, se reanudará a las 21.00 horas) 
Gestión de la política regional y Fondos Estructurales (continuación) 
De conformidad con el orden del día se reanuda el debate del informe (A5-0006/2002) del Sr. Pohjamo, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la gestión de la política regional y los Fondos Estructurales (2001/2066 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el objetivo de este informe de propia iniciativa es analizar los problemas en la ejecución concreta de los fondos estructurales y presentar propuestas sobre cómo se puede mejorar la administración y eficacia de dichos fondos también de cara a la próxima revisión de la política regional tras el 2006. 
El ponente ha logrado mostrar tanto las mejoras alcanzadas tras la reforma 2000 de los fondos estructurales como llamar la atención sobre las dificultades en la utilización y, en especial, sobre los problemas relacionados con el retraso de la ejecución de los programas. 
Quiero destacar en especial esto. 
Aunque un objetivo esencial de la revisión de los fondos estructurales antes del 2000 consistía en no repetir errores desde el inicio del período de planificación en 1994 sino empezar inmediatamente de lleno en el primer año, esto sólo se ha logrado en parte. 
Las negociaciones sobre los programas han requerido aún demasiado tiempo. 
Las directrices presentadas por la Comisión no siempre han sido comprendidas en las regiones. 
Los retrasos de las negociaciones se han producido con frecuencia por el ritmo de tramitación de la Comisión y por los largos tiempos de respuesta, debidos en parte a las nuevas exigencias planteadas por la Comisión. A su vez, tal como se informa de las regiones, dichas exigencias fueron valoradas sólo como de menor importancia. 
Por otro lado, los Estados miembros no siempre han puesto a disposición a tiempo la documentación de los programas y las informaciones adicionales solicitadas. 
Señor Presidente, todos estos son hechos sobre los que ya advertí como ponente en 1996 en mi informe por propia iniciativa del mismo nombre, con la apelación urgente de que no se produjese de nuevo como en 1994 un retraso del inicio del nuevo período de planificación. 
Extraigamos pues ahora para el 2006 las consecuencias adecuadas y necesarias pues, de lo contrario, tales informes serán inútiles. 
Entre los períodos de los programas no deben surgir pausas. 
Apoyo por ello la propuesta del ponente de comprobar también si para el futuro no se deberían separar y limitar los períodos de aplicación de los programas orientados a proyectos de las iniciativas comunitarias. 
Honorables colegas, señor Comisario, la resolución del diputado Pohjamo ha acogido no sólo algunas enmiendas presentadas por el grupo socialista, sino también algunas presentadas por la honorable Fava y por quien suscribe. 
Debo señalar dos que considero importantes: la que se refiere al principio de adicionalidad y la que aclara el concepto de región transfronteriza. 
La adicionalidad es una condición esencial para que la intervención de los Fondos estructurales no sea sustitutiva sino adicional. 
Me permitirán que añada que el Parlamento no puede y no debe asistir como espectador a la marcha del gasto estructural. 
A propósito de esto, yo sugeriría dos líneas maestras: primero, la reforma y la modernización de la administración pública; segundo, la constitución de bancos de proyectos coherentes con patrimonios y medidas de POR y DOCUP. 
Concluyendo, dirijo una invitación al Comisario Barnier para que tome nota de que el rigor sobre la aplicación del desempeño automático no puede dejar de tener en cuenta a quien desarrolla bien su trabajo en el ámbito del mismo Estado miembro. 
Es justo que pague quien se duerme, pero también es justo que saque beneficio quien actúe mejor, sea más previsor y más moderno. 
Señor Presidente, la verificación de la calidad de los proyectos en relación con los resultados tiene que representar una prioridad para el Parlamento, que la Comisión debe poner en las condiciones reales para poder aplicar una atenta monitorización. 
En este sentido, será útil el propuesto grupo de trabajo informal. 
A veces, sin embargo, la Comisión no responde a su debido tiempo, y lo mismo hacen algunos Estados, sobre todo en las fases de gestión. 
Así pues, es bueno detenerse a ver en qué punto está la situación, para que la Comisión pueda dar respuestas más rápidas, se llegue lo antes posible a una uniformidad de disposiciones relativas a los diferentes fondos, se siga por el camino del aligeramiento de la burocracia, responsabilizando cada vez a más regiones y comunidades locales, a los que proporcionar soportes de consultoría, se agilicen los mecanismos de devolución automática para permitir una rápida recolocación de los fondos, y se haga anualmente una rendición de cuentas puntual y precisa, para poder proceder con conocimiento de causa desde la verificación a la programación. 
Hay que pensar, además, en un programa puente que permita a algunos Estados, entre ellos Italia, aprovecharse de los fondos inutilizados de la programación 1994-99, tal y como se hizo al término de la programación 1993. 
Señor Presidente, Señorías, los Fondos Estructurales se crearon para apoyar los esfuerzos que los Estados miembros destinan a su política de desarrollo regional y para reforzar, de este modo, la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. 
Es necesario recordar que la ayuda aportada por los Fondos Estructurales a las regiones más desfavorecidas es absolutamente primordial y que la contribución de dichos Fondos se ha convertido en algo indispensable para permitir compensar el atraso en el desarrollo de algunas regiones, concretamente las regiones ultraperiféricas, que conozco muy bien. 
El inicio del nuevo período de programación 2000-2006 ha permitido observar otra vez la existencia de problemas en la aplicación de los Fondos Estructurales- ya que los Estados miembros lamentan el retraso de la Comisión para aprobar las orientaciones generales de programación y que la Comisión deplora los plazos de transmisión, por los Estados miembros, de sus planes de programación y de la información adicional solicitada-. 
Es imprescindible que las próximas negociaciones de programación estén estrictamente enmarcadas en unos plazos precisos y obligatorios, de modo que los Estados miembros y la Comisión respeten las normas establecidas. 
El desfase en la aplicación de los programas es, ciertamente, una de las razones que explican el hecho de que las primeras cifras relativas a su ejecución sean tan decepcionantes, pero es evidente que no es la única explicación. 
Tras la Agenda 2000 se ha procedido a una desconcentración de la gestión de dichos Fondos, puesto que cada Estado miembro es ahora globalmente responsable de la aplicación, del seguimiento y de la eficacia de las intervenciones estructurales en su territorio. 
Con respecto a Francia, deseo lanzar un llamamiento formal a los Prefectos de regiones que pueden acogerse a los objetivos 1 y 2 para que hagan todo lo posible a fin de movilizar y alentar a los promotores de proyectos y para darles todo el apoyo técnico necesario para permitir una mejor ejecución de los programas. 
Desgraciadamente, a veces es difícil lograr implicar empresas en los programas comunitarios, ya que su gestión les parece complicada y los procedimientos lentos. 
Se trata de un aspecto que las autoridades nacionales deben necesariamente examinar para reforzar el poder de incentivo de los Fondos Estructurales frente al sector privado. 
Finalmente, para concluir con una propuesta concreta, creo que una de las soluciones para simplificar y aliviar dicha complejidad administrativa sería indudablemente conseguir un Fondo único de desarrollo regional en 2007. 
Señor Presidente, Señor Comisario, debatimos el informe de propia iniciativa sobre la gestión de la política regional y de los Fondos estructurales que nos presenta el colega, Sr. Pohjamo, a quien quiero agradecer su buen trabajo. 
El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea ha presentado cinco enmiendas porque quiere resaltar algunos de los aspectos concernientes al tema que nos ocupa. 
En primer lugar, si bien estamos de acuerdo en que la cooperación con otros agentes- más allá de los Gobiernos estatales y regionales, es decir, con las comunidades locales, ONG, entidades privadas, etc.- es beneficiosa para la consecución de la cohesión económica, social y territorial de la Unión, no consideramos que dicha cooperación se haya respetado satisfactoriamente en todos los Estados miembros, sino que se ha aplicado de manera desigual. 
Por ello, solicitamos encarecidamente a la Comisión que procure que la cooperación socioeconómica y medioambiental se aplique regularmente en todas las regiones beneficiarias de los Fondos comunitarios y que se garantice que la programación de los proyectos sea consultada con los Parlamentos y los Gobiernos de las regiones constitucionales que ostenten competencias legislativas. 
Igualmente, demandamos que elabore unos indicadores claros destinados a evaluar la aplicación de este principio de cooperación. 
Asimismo, deseamos que, en el marco de las orientaciones para la evaluación intermedia de septiembre de 2002, la Comisión defina unos indicadores para la asignación de la reserva de eficacia que, además de la gestión financiera, contemple otros aspectos de la gestión, como la cooperación, la adicionalidad y la calidad del gasto. 
Al propio tiempo, pedimos que, en caso de reasignación de recursos no gastados, los créditos no utilizados sean destinados a las regiones desfavorecidas más activas e innovadoras, así como a medidas en favor del desarrollo sostenible. 
Finalmente, apoyando la idea del ponente- en el sentido de incluir el aspecto de la calidad en el seguimiento anual de los programas subvencionados por la Comisión- proponemos que se valore la contribución de los mismos a la puesta en práctica de las estrategias de la Unión referentes al desarrollo sostenible y al empleo. 
Esperamos que nuestras enmiendas cuenten con el respaldo mayoritario del Parlamento, ya que servirán para la mejora de nuestros objetivos económicos y sociales comunitarios. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, desearía ante todo dar las gracias al Sr. Pohjamo por la calidad de su informe, por el interés que demuestra permanentemente junto con los otros miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, con su nuevo Presidente, el Sr. Caveri- y como también ocurría, por otro lado, con el anterior presidente, el Sr. Hatzidakis -, respecto a la vigilancia colectiva con miras a una gestión más simple y eficaz de la política regional y de los Fondos Estructurales. 
Creo que es muy importante, señoras y señores Diputados, que la Comisión reciba a la vez estímulos y críticas constructivas. 
He escuchado con mucha atención y mucho interés cada una de sus intervenciones, y me reservo la posibilidad de precisar por escrito algún punto a la atención de uno u otro de ustedes en los próximos días. 
Señor Pohjamo, la Comisión aprueba las observaciones que usted plantea con respecto a la ejecución financiera, sobre todo a esa regla brutal, muy dura, que se va a aplicar, de "n+2", así como las observaciones que formula sobre el seguimiento, el control o incluso la calidad de los programas y proyectos. 
Nosotros constatamos, al igual que usted, algunas dificultades en la gestión de los Fondos. 
Desearía en los pocos minutos de que dispongo realizar tres observaciones para aclarar o explicar el trabajo de la Comisión Europea. 
La primera observación se refiere a los nuevos reglamentos para el período 2000-2006, que fueron definidos con vistas a un nuevo método de trabajo y que establecieron asimismo nuevas responsabilidades para los actores de la gestión de los Fondos Estructurales. 
Estos actores han necesitado tiempo para prepararse, para adquirir experiencia. 
En el caso de nuestra Dirección General dichas innovaciones se produjeron al mismo tiempo que la reorganización interna del conjunto de la institución. 
No busco pretextos, quiero simplemente darles explicaciones. 
Estos nuevos reglamentos establecieron asimismo exigencias mucho más rigurosas en materia de calidad de los programas. 
Pienso, por ejemplo, en las disposiciones por las que se crea la evaluación ex ante. 
También en este caso, ha sido necesario que los diferentes actores dispusieran del tiempo suficiente para comprender estas nuevas exigencias. 
Existen asimismo algunos ámbitos donde dicha adaptación ha exigido un arbitraje entre varios objetivos. 
Le cito un ejemplo que usted mismo, señor Pohjamo, ha mencionado: usted ha recordado, con mucha razón, que se ha necesitado una media de ocho o doce meses para llevar a cabo las negociaciones sobre los documentos de programación, cuando el legislador había establecido un plazo de cinco meses. 
La verdad- y quiero expresarme con franqueza, como lo hago siempre ante esta Asamblea- es que este plazo de cinco meses para elaborar un documento destinado a cubrir un período de siete años no era un plazo realista, a la vista de la importancia de los desafíos y de los importes atinentes a los Fondos Estructurales. 
Ha sido preciso decidir con rapidez, incluso con precipitación, y calidad. 
Debo decir que la Comisión- y pienso que estarán de acuerdo conmigo- decidió que se impusiera la calidad de los documentos de programación. 
Habida cuenta de dicho período de varios meses para elaborar la programación- y he tomado buena nota, se lo repito, señor Pohjamo, de su observación, y volveré a referirme a ello quizá dentro de un momento, cuando tratemos el informe del Sr. Musotto- he decidido, con vistas al futuro, proponer a la Comisión que anticipe todo lo posible la presentación de sus propuestas para la nueva política regional, es decir: la nueva agenda a partir de 2007, de tal manera que podamos iniciar la programación y la puesta en marcha de los proyectos al principio de la agenda y no dos años después, porque comparto el sentir de ustedes. 
Segunda observación: dentro de los límites del margen de maniobra que nos permiten los textos, la Comisión ya se ha encargado de responder a ciertos problemas que usted ha planteado, señor Ponente. 
Desearía ante todo reafirmar ante ustedes la voluntad de transparencia con la que abordamos la gestión de los Fondos Estructurales, y la comunicación que la Comisión aprobó el 5 de julio sobre los resultados de la programación de los Fondos destinados al objetivo 1 para 2000-2006 así lo demuestra. 
La Comisión, por otro lado, acaba de simplificar los procedimientos de gestión de los complementos de la programación, lo que constituía un elemento de crítica. 
Lo he oído de boca de muchos presidentes regionales o de ministros. 
Además, con el fin de buscar el mayor margen posible de simplificación, he decidido crear un grupo de trabajo entre mis servicios y la Dirección General de Política Regional, a fin de progresar concretamente por la vía de dicha simplificación. 
No deben olvidar que el comisario que les habla, señoras y señores Diputados, lo hace con la experiencia y la perspectiva que un presidente de colectividad territorial en su país puede tener y que no olvida. 
Así pues, entiendo muy bien esta necesidad de luchar contra la burocracia y las excesivas complicaciones. 
Mi único límite- a decir verdad -, y no lo rebasaré, consiste en que debo rendir cuentas, cuentas exactas, muy precisas, sobre varios miles de euros a la vez a la Autoridad de control presupuestario, que es el Parlamento Europeo, y al Tribunal de Cuentas. 
Mi responsabilidad personal, la de la Comisión, es rendir cuentas exactas cuando éstas se solicitan. 
Con respecto a la cuestión sensible de las catástrofes naturales o ecológicas, señor Pohjamo, que usted menciona en su informe, deseo recordar que pueden introducirse reformas a los programas, como se ha hecho antes, por ejemplo con respecto a los programas italianos, portugueses y griegos cuando se produjeron terremotos, entre 1997 y 1999, o bien más recientemente en Francia a causa de la tempestad. 
Esto no afecta, naturalmente, la libertad de que disponen las autoridades nacionales y regionales en el marco de los programas aprobados por la Comisión, con el fin de financiar los proyectos que consideren más adaptados y, en su caso, redistribuir o efectuar una nueva programación de créditos. 
Tercera observación: deseo recordar, ciertamente, la naturaleza obligatoria para todos, y ante todo para mí, de los reglamentos que el legislador ha elaborado para regular la gestión de los Fondos Estructurales. 
A la luz de este informe, debo examinar algunas de las propuestas que ustedes han expuesto, señor Ponente. 
Así, sus propuestas sobre las sanciones en materia de adicionalidad o de repartición del período de programación deben ser tomadas en cuenta en el debate actual sobre el futuro de la política de cohesión. 
He tomado nota de dichas propuestas y observaciones con miras al debate y las tendré en cuenta. 
Pero cuidado con las propuestas que podrían suponer una modificación del marco legislativo o incluso una modificación del propio Tratado, como esa idea de crear un Fondo único de desarrollo regional. 
Señor Presidente, señoras, señores, dentro del respeto de las competencias y de las responsabilidades de nuestras respectivas instituciones, deseo reafirmar ante ustedes la disposición y la voluntad de la Comisión de cumplir con lealtad su deber de información frente al Parlamento Europeo, rindiendo periódicamente cuentas de la utilización de los Fondos Estructurales, incluso objetivo por objetivo, como he empezado a hacerlo con el objetivo 2; dando cuenta sistemáticamente a esta Asamblea de nuestros trabajos mediante informes, incluyendo los informes de evaluación; y compareciendo regularmente ante sus comisiones, la de Política Regional, Transportes y Turismo, así como la Comisión de Control Presupuestario- lo que haré, por otro lado, dentro de pocos días-. 
Creo que todo eso forma la arquitectura sólida de un verdadero diálogo transparente, sincero y permanente entre nuestras instituciones. 
Desearía, finalmente, reafirmar la relación que establezco entre el informe del Sr. Pohjamo y el informe siguiente, y que todas estas observaciones sobre la mejor gestión de los Fondos Estructurales me serán muy útiles, nos serán muy útiles para elaborar las orientaciones de la Comisión de cara a la futura política regional. 
Tengo la convicción de que la buena gestión de los créditos, respetando los plazos, para proyectos útiles en cada una de nuestras regiones, de que esa buena utilización de los Fondos Estructurales en este período será una prueba y un argumento para lograr que en la próxima agenda se prosiga o incluso se intensifique, renovándola, la política regional. 
Por eso, señor Pohjamo, le doy las gracias sinceramente por el tiempo que ha invertido, por la iniciativa de elaborar ahora este informe sobre la gestión actual de los Fondos Estructurales. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación de este informe tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Cohesión económica y social 
De conformidad con el orden del día, pasamos al informe (A5-0007/2002) del Sr. Musotto, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la cohesión económica y social (COM (2001) 24- C5-0527/2001- 2001/2207 (COS) ). 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, honorables colegas, es necesario subrayar que el informe llega al Parlamento en un momento histórico-político particularmente importante para la construcción de Europa, es decir, en vísperas del inicio de la Convención que tendrá que poner las bases de la nueva Europa, Convención de la que el Comisario Barnier es un acreditado miembro. 
Así pues, estamos particularmente encantados de tenerlo aquí esta noche entre nosotros. 
Considero importante recalcar una vez más que la política de cohesión constituye uno de los éxitos más grandes del proceso de integración comunitaria, una de las piedras angulares de la integración comunitaria de ayer, de hoy y, me gustaría decir, también de mañana. 
Como ya ha hecho la Comisión, en su segundo informe, también nosotros hemos podido constatar que, en las regiones del objetivo 1, entre 1988 y 1998, la renta per cápita ha pasado del 63 al 70 por ciento de la media comunitaria- y éste es un gran éxito- pero de la cohesión no se han beneficiado sólo los países que han utilizado sus fondos, sino también los contribuyentes netos, bajo forma de exportaciones de bienes y servicios. 
Naturalmente, el recorrido no ha concluido. 
Todavía hay mucho que hacer, dificultades que hay que abordar y superar, sobre todo la del paro, una lacra que, por desgracia, afecta a muchas regiones, en las que su tasa no ha disminuida en absoluto. 
Hacen falta inversiones en infraestructuras, para eliminar las criticidades territoriales, la perifericidad de las islas y las regiones ultraperiféricas; hace falta mejorar la accesibilidad como factor determinante y decisivo para la competitividad, sin que, por otro lado, se paguen costes excesivos en el sector ambiental. 
La política de cohesión tendrá que ser remodelada, en primer lugar, en función del nuevo contexto que la ampliación presenta para todos nosotros, y eso sobre todo en base a los resultados a los que ha llegado la Comisión en sus documentos, en particular en el último, de hace algunos días, el denominado documento del período intermedio. 
La separación entre ricos y pobres, por desgracia, aumentará puesto que, después de la ampliación, un sexto de la población comunitaria tendrá una renta de apenas el 40 por ciento de la media comunitaria. 
Los países candidatos han sido ayudados, han sido acercados a la nueva realidad, en la que tendrán que integrarse, por medio de instrumentos de apoyo, como el ISPA y el programa SAPARD, que han representado un medio esencial para el paso de países candidatos a Estados miembros. 
Pero hace falta promover una verdadera política del desarrollo territorial, y considero que, en este sentido, el esquema de desarrollo espacial europeo puede constituir una importante fuente técnica de gran integración y gran desarrollo. 
Es necesario compaginar dos exigencias fundamentales, a saber, la solidaridad hacia los nuevos países, pero sin perjudicar, sino más bien ayudar, a los actuales beneficiarios de las políticas de cohesión. 
Así pues, hace falta un gran esfuerzo de solidaridad- sobre todo política, de información, de implicación de todos los pueblos- en la política económica y financiera. 
La convergencia estadística no puede ser confundida con la convergencia real de los actuales beneficiarios, que sin duda no se volverán automáticamente más ricos sólo porque entren regiones más pobres. 
Hacen falta modalidades de gestión capaces de mejorar la operatividad de las acciones; hará falta eliminar, difundir y promover una mayor división de los papeles entre la Comisión y los niveles nacionales y regionales; se hará necesario simplificar cada vez más los procedimientos; harán falta más subvenciones y más descentralización. 
Además, será esencial racionalizar los instrumentos de intervención mediante una reducción y disminución de los fondos y una mejor coordinación entre las políticas comunitarias y las políticas de cohesión. 
Es necesario mantener el objetivo 1 para las regiones que sigan estando caracterizadas por un retraso en el desarrollo, medido, además de con la renta per cápita, también con otros criterios, como el del paro. 
Para terminar- y éste es un tema espinoso sobre el que se ha realizado un amplio debate- se deberá aumentar, o al menos revisar, la dotación de los recursos financieros, que deberá ser adecuada: sin duda, el umbral del 0,45 por ciento, en ningún caso, puede ser rebajado. 
Nosotros esperamos que el Parlamento, de común acuerdo con la Comisión, solicite un aumento del presupuesto consagrado a los futuros recursos de la política de cohesión. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión y el informe Musotto merecen alabanzas, por un lado, por la exposición analítica de la problemática y, por otro, por las propuestas complementarias realizadas aunque las observaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hayan sido tenidas en cuenta de un modo algo modesto. 
Pero voy a exponer adicionalmente la perspectiva de mi comisión una cuestión casi dejada de lado. 
Señor Comisario, las enseñanzas esenciales que hemos extraído de las dificultades en el acercamiento de regiones más pobres o de antiguas regiones industriales en crisis al nivel existente dentro de la Unión Europea deben ser para nosotros un acicate y baremo para el proceso de ampliación y mejorar en este campo algunas cosas. 
Sobre todo las regiones industriales en crisis en los futuros Estados miembros me preocupan mucho debido a las necesarias y gigantescas medidas de reestructuración. 
Me refiero sobre todo a las regiones carboníferas y siderúrgicas; las industrias siderúrgicas en estos países no son en absoluto competitivas frente a las nuestras y las minas de carbón son un problema latente. 
No quiero describir las consecuencias si no podemos proporcionar suficiente ayuda a nuestros nuevos amigos. 
Sólo quiero indicar que nosotros, desde que está claro que la CECA va a expirar, no disponemos de un instrumento adecuado en este sector. 
Lo digo de nuevo ahora porque precisamente la CECA nos ha proporcionado en los últimos años los mejores servicios, no son necesarias cofinanciaciones y el sistema de la aportación de créditos se podría haber adaptado en cualquier caso. 
Y tenemos que realizar prestaciones solidarias frente a los Estados candidatos. 
Menciono esto ahora porque los nuevos Estados no van a disponer de suficientes posibilidades de financiación. 
He sacado a colación esta cuestión porque la Comisión estaba participando considerablemente en transformar este instrumento sin haber visto las dificultades en el proceso de ampliación o haber pensado en ellas. 
Señor Comisario, le ruego que se enfrente a este problema que no es de menor magnitud. 
No tenemos suficientes instrumentos adecuados para los procesos de adaptación en el proceso de ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al abordar el informe en examen sobre el futuro de la cohesión después de la ampliación, la Comisión de Derechos de la Mujer aprobó por unanimidad los siguientes principios fundamentales: 
primero: la política de cohesión formulada en los Tratados es un pilar esencial del futuro de la integración europea, por lo que no se debe renacionalizarla; 
segundo: el fomento activo de una política de igualdad entre hombres y mujeres constituye una condición indispensable para que se alcance una auténtica cohesión económica y social; 
tercero: al aumentar al doble las disparidades entre las regiones más ricas y más pobres después de la ampliación prevista a diez países y al reducirse la renta por habitante en gran medida, es fundamental que el monto destinado actualmente por la Unión a las políticas de cohesión sea al menos el 0,45 por ciento del PIB, por lo que se debe reforzar, por coherencia, dicho monto. 
También quisiera, señor Presidente, señor Comisario y Señorías, señalar a su atención el objetivo establecido en la Cumbre de Lisboa de que en 2010 se alcance en la Unión Europea una tasa de empleo femenino de 60 por ciento, pues ese aumento de trabajo de las mujeres es esencial no sólo para hacer aumentar el PIB europeo, sino también para financiar el futuro de la seguridad social y permitir el aumento de los ingresos fiscales. 
Por eso solicito a la Comisión que considere la igualdad entre hombres y mujeres parte integrante de las políticas comunitarias que contribuyen a la cohesión económica y social, integre de forma sistemática, coherente y exhaustiva la dimensión de los sexos y de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en las políticas de cohesión, evalúe, a partir de indicadores precisos y objetivos cifrados, la forma como la cohesión económica y social contribuye a la materialización de la estrategia comunitaria en materia de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Musotto por su informe, en el que ha realizado una labor tan loable. 
Deberemos ver primero las conclusiones que derivan del camino recorrido hasta ahora y, segundo, los desafíos que tenemos ante nosotros. 
En cuanto a las conclusiones sobre las políticas aplicadas hasta ahora, lo que se puede decir es que evidentemente hemos avanzado, pero este avance difiere de un Estado miembro a otro. 
Hay Estados miembros en los que los resultados son muy positivos, un progreso muy grande, en tanto que en otros, entre los que desgraciadamente se encuentra mi país, los resultados no son tan positivos como podían haber sido. 
Esto quiere decir que los gobiernos deben recibir el mensaje, y especialmente con vistas al nuevo reglamento que se está aplicando ahora y que es más descentralizador que el anterior; que dice que deben hacer todo lo posible para tener los resultados que han logrado otros países. 
Segundo, de ahora en adelante tenemos la ampliación. 
Las necesidades son mayores. 
A causa de la adhesión de muchos países pobres, todos sabemos que aumentarán artificialmente los ingresos de muchas regiones en cuanto a la media comunitaria. 
Así pues, por las estadísticas muchas regiones dejarán de estar cubiertas si no se toman medidas en un periodo de programación. 
En consecuencia, el 0,45 del PIB comunitario disponible en los Fondos Estructurales es el umbral por debajo del cual no podemos lograr una política digna de confianza. 
Hay muchos Sres. diputados que no están de acuerdo con este punto de vista y, claro, tienen toda la razón en querer expresar sus argumentos. 
Pero nos debemos preguntar, especialmente cuantos creemos realmente en la Unión Europea y en sus perspectivas, cuánto dinero nos gastamos del PIB de nuestros países para cumplir estos grandes objetivos que se ha impuesto la Unión Europea. 
¿Nos gastamos suficiente dinero como para poder protestar si aumenta el presupuesto comunitario? 
Algún día nos tendremos que dar cuenta de que las grandes obras no se pueden realizar sin la correspondiente financiación. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su trabajo que nos ha permitido ver una buena base para los próximos años. 
Pero también quiero felicitar-y ruego que se me permita hacerlo en este lugar- a nuestro propio Grupo pues ha llegado en debates muy intensos y a veces duros a unos resultados unitarios, lo que me parece muy importante en este contexto. 
Me voy a referir a los aspectos esenciales que son de importancia para nosotros. 
El primer punto es que rechazamos junto con usted, señor Comisario, la renacionalización de la política regional. 
Esto se encuentra para nosotros en primer lugar. 
En algunos países miembros existen tendencias para llevar de nuevo esta política al nivel nacional. 
Aquí estamos todos totalmente de acuerdo en rechazarlas. 
En la política de cohesión se refleja la solidaridad europea y no queremos echarla por la borda sino fortalecerla en el futuro. 
Aquí estamos hombro con hombro el Parlamento y la Comisión. 
El segundo punto es que queremos más coherencia. 
Coherencia entre la política regional por un lado y, en especial, la política agraria común, por el otro. 
Quizás podamos iniciar un diálogo con el Comisario Fischler sobre cómo podemos hacerlo pues, de lo contrario, los objetivos que nosotros perseguimos para las áreas rurales y los objetivos que se persiguen en la política agraria para dichas áreas a veces no marchan en la misma dirección. 
Nadie pone en tela de juicio que no llegar al límite del 0,45 % pone en peligro los objetivos de cohesión. 
Tenemos que ser más eficientes, lo que se ha visto de modo muy claro en el informe del Sr. Pohjamo, sobre el que hemos debatido antes. 
Último punto: tenemos que encontrar un equilibrio entre las regiones promovidas hasta ahora y los países candidatos. 
Creo que está fuera de toda duda que tenemos que realizar enormes esfuerzos para los países candidatos y que tiene que existir un instrumento de cohesión que les ayude, lo que ha mencionado usted en el informe intermedio que presentó la última semana. 
Sólo que también tenemos que pensar que las regiones promovidas hasta ahora tienen que seguir siendo acercadas a la media de la UE. 
Si logramos este acto de equilibrio, creo que entonces aumentará la aceptación de Europa entre la población. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en nombre de mi Grupo, quiero felicitar al Sr. Musotto por este informe. 
El informe ha prestado atención a los asuntos relevantes. 
Las medidas adoptadas para alcanzar el equilibrio económico no han sido suficientes y, si bien han apuntado en la dirección correcta, se han quedado cortas. 
Las diferencias en el grado de bienestar entre regiones y grupos sociales incluso han aumentado en los actuales Estados miembros. 
En adelante, debemos prestar atención al fortalecimiento de la vitalidad y diversidad del medio rural en las regiones apartadas o con condiciones adversas. 
Los costes adicionales que se derivan de estas condiciones difíciles, por ejemplo, en islas y zonas montañosas, deben ser compensados mediante esfuerzos conjuntos y medidas regionales concretas. 
Asimismo, las grandes diferencias en las tasas de desempleo y los problemas estructurales deben ser tenidos en cuenta con seriedad a la hora de planificar las políticas estructurales. 
La vinculación de las PYME con los proyectos y la consideración en los mismos de las aptitudes y conocimientos son prioridades importantes. 
Las ayudas de los Fondos Estructurales deben adaptarse mejor a los objetivos nacionales de empleo. 
El Producto Interior Bruto no basta como criterio para establecer las regiones necesitadas de ayuda. 
Paralelamente, habrá que considerar las desventajas permanentes derivadas de condiciones naturales climáticas y geográficas adversas. 
Por ejemplo, la baja densidad de población, las largas distancias y los climas fríos o calurosos ocasionan costes adicionales que también permanecerán después de la ampliación. 
El ejercicio de una política de cohesión eficaz implica garantizar la financiación necesaria. 
Es verdad que en mi Grupo hay puntos de vista ligeramente diferentes sobre la forma de llevar esto a cabo. 
En todo caso, es importante mejorar la coordinación entre las subvenciones concedidas por los diferentes Fondos. 
La ampliación de la Unión requiere la consolidación de la política de cohesión. 
La ampliación no debe realizarse en detrimento de las regiones más débiles, sino aunando esfuerzos. 
Es importante garantizar la utilización eficaz de todos los recursos de la Unión, incluidos los de las regiones periféricas. 
Debemos encargarnos conjuntamente de que todo el territorio de la Unión esté incluido en el ámbito del mercado único, beneficiándose de las ventajas del mismo. 
Por ello, la cooperación entre las regiones periféricas es cada vez más importante. 
Señor Presidente, punto número 1: normalmente en este lugar se felicita al ponente. 
En esta ocasión no puedo hacerlo, pues el ponente no ha logrado, ni tampoco se ha esforzado en ello, promover un debate en la comisión que condujese a una posición común del Parlamento sobre las propuestas de la Comisión. 
Es una lástima pues es necesario un informe central y una opinión central del Parlamento. 
Por el contrario, los Verdes tienen una posición clara. 
Rechazan todos los intentos de preservar derechos adquiridos y excepciones. 
La solidaridad entre las regiones tiene que seguir siendo el principio rector y al mismo tiempo no debe existir una Europa de dos categorías. 
En consecuencia, los fondos estructurales tienen que revertir fundamentalmente en el futuro en beneficio de las regiones más pobres y éstas se encuentran precisamente en el Este. 
Es decir, un phasing out es al mismo tiempo un instrumento importante y compensa también a las actuales regiones que perciben ayudas. 
La opción 2 muestra los problemas y ofrece una solución, por lo que esta opción merece nuestro pleno apoyo. 
Pero nuestro Grupo se pronuncia al mismo tiempo en contra de la táctica de la Comisión- y este es el segundo punto- de introducir a los países candidatos demasiado tarde en la gestión de los fondos estructurales y ahorrar al final de este modo. 
Me parece escandalosa la propuesta de la última semana. Ahorra en la política de cohesión en lugar de introducirla ya antes en el proceso de preadhesión. 
Exigimos por ello comenzar ahora el phasing in con los países candidatos, establecer ya ahora las payment agencies y un training en la gestión de los fondos estructurales para lograr de este modo que la política estructural descentralizada sea el objetivo de los fondos estructurales y no una política centralizada de los proyectos. 
Un desarrollo sostenible y la participación de los actores locales tienen que ser el distintivo de la futura política de coalición y hay que comenzar ya ahora con ello. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, al contrario que usted, señora Schroedter, considero un éxito el resultado final del informe del colega Musotto votado en la comisión. 
Por un lado realiza una valoración ponderada de las aún fuertes disparidades existentes dentro de la Unión Europea, en segundo lugar, muestra el desafío que significa la ampliación y, en tercer lugar, propone las mejoras necesarias en el campo de la política estructural y de cohesión de la UE. 
Voy a destacar cuatro puntos básicos. 
Primero: ninguna renacionalización de la política de los fondos estructurales. 
Me puedo ahorrar la justificación pues ya lo ha hecho el Sr. Duin. 
Segundo: un modelo policéntrico de áreas sería un concepto adecuado para enfrentarse a las desigualdades entre el centro y la periferia. 
Tercero: es necesaria una mejor coordinación dentro de los fondos estructurales así como entre la política estructural y los demás campos políticos de la Comunidad, en especial con la política agrícola común y la política fiscal y económica. 
Cuarto: la consecuente aplicación del principio bottom up y del principio de cooperación en todas las fases de planificación, ejecución, control y evaluación no sólo sería de provecho para lograr la cercanía al ciudadano sino para el principio de subsidiariedad. 
Con independencia de la necesaria prosecución de las ayudas a las regiones menos desarrolladas de los actuales Estados miembros, es absolutamente necesario mostrar nuestra plena solidaridad a los países que se van a convertir pronto en nuevos miembros. 
Esto significa la inclusión con igualdad de derechos de estos países en la política estructural de la UE sin que por ello se vean otros menoscabados. 
Que esto no va a ser posible con el 0,45 % del PIB europeo es hoy ya algo totalmente claro en vista de los graves atrasos de desarrollo existentes. 
En el marco de la ampliación, cobra una especial importancia la ayuda y la cooperación transnacional en las regiones fronterizas. 
Creo que esto no se ha tratado suficientemente a fondo en el informe. 
La configuración de los fondos estructurales y de los criterios e indicadores de ayuda tiene que estar orientada de tal modo que la cohesión económica y social se refleje también en unas cifras de desempleo descendentes. 
Mi propio país, la República Federal de Alemania es en este caso un mal ejemplo. 
En las regiones del objetivo 1, el paro asciende dramáticamente. 
Es superior al 20% aunque en las regiones más desarrolladas afortunadamente no es tan alto. 
Señor Presidente, honorables colegas, el título XVII del Tratado que instituye la Comunidad europea, y en particular el artículo 158, establece, entre las prioridades políticas de la unión, el "desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad", aspirando a "reducir la diferencia entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas o insulares." 
Personalmente, creo que es necesario seguir persiguiendo este objetivo con una política coherente, constante y sostenible. 
El segundo informe sobre la cohesión del UE, presentada por el Comisario Barnier, pinta una situación que ha mejorado, pero que sin duda no se ha resuelto. 
Es evidente que los progresos que se han logrado no son homogéneos y que siguen existiendo grandes diferencias regionales que- como precisamente ha señalado el ponente- en vez de disminuir, aumentan. 
Por lo que se refiere a los objetivos, apoyo totalmente la posición del colega, diputado Musotto. 
Actualmente, el criterio con que se seleccionan las regiones idóneas para obtener las ayudas hace referencia al umbral del 75 por ciento de la media comunitaria de la renta per cápita. 
Personalmente creo que, a partir del 2006, sería indudablemente más apropiado identificar la tasa de paro, ya que la entrada de regiones más pobres y más necesitadas de ayudas no levantará ciertamente el nivel de las regiones actualmente incluidas en el objetivo 1. 
Señor Presidente, la próxima ampliación confiere un sentido especial a este debate sobre la cohesión económica y social. 
Está claro que desde el momento en que los países candidatos entren a formar parte de la Unión el sistema actual supondrá una carga financiera insostenible. 
Ello nos obliga a hacer una serie de elecciones. 
La Comisión ya ha barajado algunas opciones, pero tenemos que seguir reflexionando. 
Consideramos que, en determinados casos, la aplicación de medidas de apoyo que complementen la política nacional en materia de cohesión económica y social puede llegar a ser útil y deseable. 
En este sentido los Fondos Estructurales desempeñan un papel preponderante y relativamente amplio. 
El Fondo de Cohesión, al contrario, se limita a un aspecto concreto de la cohesión económica, es decir, a la participación en la UEM. 
En nuestra opinión, ello debe ser el núcleo de la política de cohesión: ayudar a los Estados miembros a que cumplan los criterios de convergencia, tanto antes como después de la ampliación, sin distinguir entre lo viejo y lo nuevo. De este modo no hace falta introducir demasiados cambios. 
Los informes de la Comisión también han puesto de manifiesto que el sistema actual funciona. 
El Fondo de Cohesión está destinado a otorgar estímulos económicos sobre la base de unos criterios unívocos y bien delimitados. 
Nosotros somos partidarios de dejar las cosas tal y como están puesto que, de lo contrario, corremos el riesgo de perdernos en una estructura de criterios blandos, y los criterios blandos acabarán con la Unión Europea y Monetaria. 
Por eso he presentado una serie de enmiendas que giran en torno a un planteamiento honrado pero sobrio. Espero que mis colegas estén dispuestos a estudiarlas detenidamente. 
Señor Presidente, la Comisión de Industria considera este informe bastante positivo, opina que los indicadores en euros constituyen un retrato más fiable que los criterios actuales de medición y elegibilidad y también que los indicadores de desempleo son importantes, porque hay regiones en que sólo el 44 por ciento de las personas activas tienen empleo, pero las disparidades de productividad son igualmente importantes. 
También considera que la centralización de la economía de la Unión en un triángulo con dos veces y cuatro veces la productividad de las periferias es uno de los problemas que acentúan y vuelven difícil la lucha contra esas desigualdades y opina que la futura programación debe tener una evaluación cualitativa de los diversos indicadores. 
Respecto de la ampliación, es necesario flexibilizar la orientación de los fondos conforme a las especificidades de cada uno de los Estados. 
La Comisión de Industria apoya el aumento del esfuerzo financiero de la Unión para la política de cohesión, en particular mediante el rigor de la competencia y un ajuste presupuestario de las políticas comunitarias, considera que ninguna política cuyo esfuerzo financiero sea mayor que la cohesión podrá neutralizarla y que los países más desarrollados conceden ayudas a la producción que representan la casi totalidad del presupuesto comunitario. 
La falta de rigor en materia de competencia no favorece la cohesión ni la integración y constituye un motivo de crítica recurrente en la OMC. 
La Comisión de Industria exhorta a la Comisión a que garantice la construcción de un mercado europeo de la energía y las comunicaciones que respete el servicio universal, dé prioridad a la eficiencia energética y a la investigación, a la recuperación de la energía, a la utilización de energías renovables. 
Considera indispensable concluir las infraestructuras en materia de accesibilidad y transportes para reducir los efectos en la competitividad de las actuales regiones periféricas, sin lo cual el esfuerzo de cohesión ya hecho quedará comprometido. 
La Comisión de Industria señala a la atención de Sus Señorías los efectos del precio y de la fiscalidad de la energía en las regiones periféricas y ultramarinas. 
Recomienda que se desarrollen energías endógenas y tecnologías limpias y seguras para la explotación del carbón, la energía nuclear y los hidrocarburos. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar al colega Musotto por su buen informe. 
Lo digo precisamente ante el trasfondo de la dura crítica expresada por los Verdes y que no comparto. 
Pues, tal como se ha dicho esta tarde aquí ya en varias ocasiones, tiene que ser posible poner en consonancia dos exigencias básicas. Por un lado, un elevado nivel de solidaridad a favor de los nuevos Estados miembros y, por otro, también a favor de las regiones que actualmente aún se encuentran atrasadas o se encuentran inmersas en un proceso de reestructuración económica. 
En otras palabras: aunque se reconozca de modo general que hay que ayudar preferentemente a las regiones en todos los países candidatos, las regiones del objetivo 1 de los quince Estados miembros actuales que alcanzarán un grado de bienestar relativamente elevado sólo como consecuencia de la ampliación de la Unión, es decir, que sólo pierden su derecho a percibir ayudas por un cálculo meramente estadístico resultado de la ampliación, no deben verse excluidas de toda ayuda de la noche a la mañana. 
Señor Comisario, habrá que debatir en los próximos meses sobre cómo se puede garantizar la igualdad de trato de estas regiones que aún tienen que concluir el proceso de convergencia económica. 
Por motivos políticos y económicos la futura política de cohesión no debe centrarse exclusivamente en las regiones con el mayor grado de atraso sino que debe tener también en cuenta las ventajas y desventajas en las zonas urbanas, en zonas sometidas a transformaciones socioeconómicas, en regiones con permanentes desventajas naturales así como con una dimensión transfronteriza. 
Naturalmente, también se deben poner a disposición los correspondientes créditos financieros para esta política. 
El actual valor límite del 0,45 % del PIB de la Comunidad debe emplearse en su totalidad- lo que ya se ha indicado esta tarde aquí en varias ocasiones- para no poner en peligro esta política de cohesión. 
Todo lo demás deberá revisarse en relación con el nuevo marco financiero y a la luz de los resultados de la ampliación. 
Me parece por ello inadecuado articular ya ahora de modo preventivo exigencias de elevación de los créditos. 
Señores diputados, hablando sobre el informe de nuestro colega, el Sr. Musotto; evidentemente queremos expresar nuestra inquietud por el futuro de la cohesión política de nuestra Unión, puesto que sabemos que para que estén más cerca los ricos y los pobres y para que sientan que pertenecen al mismo cuerpo europeo, deberán acercarse también sus posibilidades económicas y sociales. 
Por supuesto, comenzamos con un gran contrasentido. 
Queremos una ampliación muy grande sin prever los recursos necesarios proporcionales y encontramos objetivos de convergencia menos ambiciosos, siguiendo el conocido "si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña" En cualquier caso, aquí tenemos un problema muy difícil y debemos solucionarlo con hechos que no son los mejores posibles, pero sin dejar de luchar por mejorarlos. 
Con toda seguridad no queremos una Europa de dos velocidades, es algo que quienes han hecho uso de la palabra han subrayado, y mucho menos una Europa de muchas velocidades. 
Por tanto, nuestro objetivo deberá ser ayudar a las regiones nuevas que lo necesitan, pero si abandonar a las antiguas que también lo necesitan, cuando lo necesiten. 
Creo, pues, que debemos expresar nuestra opinión sobre la insuficiencia del 0,45 % y que el Fondo de Cohesión debe seguir funcionando como hoy, así como otras iniciativas comunitarias, puesto que han demostrado ser tan efectivas. 
Y claro, es necesario examinar con mucha atención el futuro de la cohesión política, unido a la política del desarrollo sostenible y la política agraria, para la que tenemos la obligación de evitar soluciones improvisadas precipitadas que pueden repercutir en perjuicio de nuestros agricultores, de quienes tenemos necesidad para el campo, el medio ambiente, nuestra propia vida. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en la política regional europea existe un hecho diferencial, marcado por la geografía y que define a las regiones ultraperiféricas. 
Son lejanas, aisladas, fragmentadas y con alta dependencia del exterior, y han ido conociendo un desarrollo dispar después de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, que permitió la aplicación de medidas específicas para corregir su retraso. 
Durante estos días, las autoridades de estas regiones han estado reunidas en las Islas Canarias para analizar, junto con los representantes de la Comisión Europea y con los tres Estados afectados, la situación de la cohesión económica y social que se vive en estas regiones singulares. 
Seguro que, además de pedir un trato especial, habrán solicitado algunas de las medidas que pide hoy el Sr. Musotto en su informe- a quien yo también felicito -, donde destaca la necesidad de diferenciar la convergencia estadística de la real, así como la conveniencia de utilizar indicadores alternativos a la renta per cápita, como pueden ser el paro, la escasez de infraestructuras, la carestía del transporte y la energía, la doble insularidad, la formación de los recursos humanos y el índice de ozono en las regiones ultraperiféricas. 
De este modo, estoy seguro de que no se limitará su desarrollo económico y social, y Europa habrá hecho un claro ejercicio de solidaridad entre sus pueblos. 
Señor Presidente, el informe Musotto es un buen informe. 
Su orientación global es totalmente correcta. 
El objetivo de los Fondos de Cohesión es el de contrarrestar las fuerzas centrífugas naturales de una gran unidad monetaria y económica, que es lo que la Unión Europea y la zona del euro son, ayudando a las regiones menos favorecidas a alcanzar el nivel de las más prósperas. 
Ésa es la cuestión: si los menos favorecidos siguen siéndolo, el Fondo de Cohesión no habrá logrado su objetivo. 
Pero ésa es la razón por la que, al contrario de lo que el Sr. Musotto y la Comisión de Política Regional piden, debemos mantener el 75 por ciento de la media del PIB como límite máximo para poder acogerse a la ayuda del Fondo. 
Tras alcanzar ese nivel, la región de que se trate dispondrá de las condiciones adecuadas y, con un proceso de transición idóneo, ha de poder seguir ascendiendo hasta el 100 por ciento o más arriba. 
No cabe duda de que en ese momento es más que razonable que se reasignen los recursos del Fondo de Cohesión a las regiones que aún no lo hayan alcanzado. 
Por eso voy a votar en contra de los considerandos O y R del informe del Sr. Musotto. 
También debe haber disciplina financiera. 
Un bote de miel abierto no es propicio para estimular la autoayuda y la autorresponsabilidad. 
Por eso no puedo aceptar la posibilidad de que se comprometa un porcentaje incluso mayor del PIB de la Unión Europea para las políticas de cohesión. 
El de 0,45 por ciento debe ser totalmente suficiente y nos hará afinar nuestras prioridades y procedimientos, incluso en el marco de la ampliación. 
Por eso no es aceptable la segunda mitad del párrafo 57 ni cualquier transacción de efecto similar que no deje fijada la cantidad disponible. 
Dados esos pequeños, pero importantes, cambios, tendré mucho gusto en apoyar el informe del Sr. Musotto como una contribución importante al futuro bienestar de todas las partes de nuestra Unión Europea. 
Señor Presidente, permítame ante todo dar las gracias a los muchos colegas que, con más de 50 enmiendas, han contribuido a reforzar el sentido de este informe. 
También me sea permitido dar tres rápidas sugerencias al Comisario, convencido- como muchos otros colegas- de que la cohesión no es una obligación financiera, sino ante todo un recurso, y que, si no tenemos una Europa con las mismas oportunidades en el plano del bienestar, no tendremos nunca Europa. 
Dicho esto, paso a las dos primeras sugerencias que, por otra parte, ya han sido presentadas esta tarde. 
Creo que es el momento de reflexionar sobre los parámetros, puesto que, probablemente, el producto interior bruto podría ser una medida inadecuada para reflejar la situación de bienestar o de escasez de nuestros países. 
Haría falta pues valorar también otros elementos, como la tasa de paro, la calidad de las infraestructuras, el coste del trabajo. 
Segunda sugerencia: ya que creo que la política tiene que prevalecer siempre sobre la aritmética, invitaría a este Parlamento y a la Comisión a evitar los efectos estadísticos de la ampliación, en la que sin embargo creemos profundamente. 
Lucharemos más bien para que ningún gobierno pueda imaginarla como una diminutio, una pausa, puesto que, en cambio y sin duda, será un gran recurso político para Europa. 
Dicho esto, querríamos evitar que algunas regiones se encontraran en un imprevisto estado de bienestar por razones puramente estadísticas. 
También en este sentido la política debería seguir prevaleciendo sobre la aritmética. 
Tercera sugerencia: deberíamos relanzar el perfil estratégico de nuestra política de cohesión, aprendiendo a invertir también en bienes inmateriales, como la formación, el saber, la información. 
Nosotros creemos que éste es el camino que hay que recorrer para una integración que no se quede sólo en el papel. 
Señor Presidente, la semana pasada ambientó este debate con algunas noticias no muy afortunadas para la cohesión. 
En la comisión veíamos la aprobación de la gestión del presupuesto de 2000, con una ejecución del 56% del objetivo 1, del 4,5 % del objetivo 2 y del 0% de las iniciativas comunitarias. 
No hablamos de los fondos de cohesión. 
El Comisario, según nos comunicó, escribió una carta a los Presidentes de los distintos países, recordándoles la regla del n+2, es decir, que los fondos pueden desaparecer a los dos años de no ser ejecutados. 
Eso, para curarse en salud, entre otras cosas, lo que me parece correcto. 
La Comisión propuso el 0,14 % del presupuesto para solventar los problemas de la ampliación. 
En cualquier caso, me felicito por el informe del Sr. Musotto, en el cual hace una valoración enormemente positiva de la política regional y de la política de cohesión. 
Es una política exitosa que va a lograr que en la Europa de los 15 muy pronto casi ninguna región esté en el objetivo 1. 
Los mensajes del proyecto del Sr. Musotto son claros: seriedad en los procedimientos. 
Me felicito de que el Sr. Comisario haya mantenido lo que en su día le propuso el Parlamento: que el período de programación se adelante dos años a las próximas perspectivas financieras. 
Le enviaba también el mensaje de la calidad en las inversiones y de la participación, de la puesta en práctica del partenariado, que no acaba de arrancar. 
Pero la estrella ha sido la ampliación: la ampliación en sí, el efecto de la ampliación en el resto de las regiones que actualmente reciben ayudas y la ausencia de respuesta del Parlamento a sus cuatro preguntas, señor Comisario. 
Una ausencia de respuesta aparente, porque usted nos puede dar una respuesta satisfactoria con un buen trabajo, lo que es fácil si tiene sentido común y creemos en la cohesión. 
Señor Presidente, quiero terminar diciéndole al señor Comisario que el Parlamento confía en la Comisión para obtener esa respuesta que todos necesitamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, ante todo mi felicitación al diputado Musotto por el óptimo trabajo que ha desarrollado. 
Es difícil no repetir argumentos ya sostenidos por otros colegas, llegados a este punto del debate. 
La primera observación: la política de cohesión ha demostrado, y el informe lo confirma, que es una de las políticas que funcionan. 
Quizás no funciona tan bien como deseamos y querríamos, pero es una política que produce resultados. 
Diré más: en muchas regiones, para muchos conciudadanos nuestros es, a veces, el único rostro concreto, positivo y amigo de la Unión Europea que ellos encuentran. 
Éste es un valor que hace aumentar el espíritu de ciudadanía europea y la cohesión total. 
La segunda observación es una evidencia: también podemos intentar posponerla, no mirarla, posponer su examen, pero es una evidencia. 
Objetivamente, la ampliación romperá el equilibrio y desajustará los datos a partir de los cuales hemos construido esta política de cohesión, sobre la base de un dato más bien estadístico, o sea el número de habitantes y la diferencia media de renta que se creará. 
Frente a este problema yo, señor Comisario, siento algo de timidez al presentar algunas propuestas, pero invitaría a la Comisión a que sea menos tímida. 
Empezar a razonar sobre el modo en que la política de cohesión tendrá que cambiar frente a la ampliación no significa poner en tela de juicio toda la política de la ampliación. 
Yo me permito decir que esta reflexión debería basarse quizás en tres aspectos: los recursos, como ya se ha dicho, porque es inimaginable que el nivel de recursos permanezca como está; los instrumentos, puesto que creo por ejemplo que, mientras el instrumento de los Fondos estructurales es adecuado para una política de cohesión muy distinta según las regiones, quizás el Fondo de cohesión, que es menos selectivo, debería ser replanteado, al menos por lo que atañe a su dotación; la coordinación de las políticas. 
En muchos casos, allí donde no hubiera recursos adicionales, podrían ser beneficiosas las políticas coordinadas, como por ejemplo descuentos fiscales que una política rígida de la Comisión, en materia de ayudas de Estado, no permite todavía aplicar a algunas regiones. 
Señor Presidente, también yo quiero abordar una rígida política de la Comisión. 
A consecuencia de una reciente decisión en materia de política de la competencia, se han reducido en un 75 por ciento más de 1.000 millones de euros de inversión muy necesaria para la regeneración regional en zonas urbanas pobres y zonas marginales del Reino Unido. 
A raíz de las conclusiones de la reunión oficiosa de la Presidencia belga celebrada en octubre, la Comisión debe emprender ahora un examen del funcionamiento de las ayudas estatales y de la política de regeneración regional. 
¿Tendría el Comisario la bondad de explicar qué medidas complementarias se han adoptado? 
¿Puede también asegurarnos que la política de competencia no seguirá socavando las medidas legítimas correspondientes a las políticas regional y de cohesión? 
En segundo lugar, a diferencia de mi colega conservador Sr. Purvis, no creo que debamos adoptar en este momento una idea rígida de la reforma de la financiación posterior a 2006. 
Las regiones pobres, como Merseyside en mi circunscripción y en el resto de los 15 Estados miembros de la UE, pueden seguir necesitando la financiación con cargo al objetivo 1, pero más importante aún que eso es que hoy una delegación de sindicalistas de Manchester hayan acudido a Estrasburgo para luchar en pro de que se mantengan 650 puestos de trabajo amenazados por la reestructuración industrial. 
El año pasado se perdieron 9.500 puestos de trabajo en el sector manufacturero tan sólo en esa región. 
Así, pues, ¿puede el Comisario dar su apoyo esta noche para que siga correspondiendo un papel importante a la asistencia europea después de 2006 a nuestras zonas urbanas y regiones en reestructuración industrial y a nuestras regiones más pobres? 
Señor Presidente, señor Comisario, al pasar de 15 a 22 países, Europa atraviesa un momento crucial. 
Europa debe aceptar el reto de la importancia numérica. 
La Historia nos lo exige, nuestros compromisos nos obligan a ello. 
Los interrogantes son numerosos, cuando sabemos que una Europa de 25 países significa un 30% más de población, un 30% más de territorio, pero sólo un 10% más de riqueza. 
Con la ampliación Europa necesita, pues, más solidaridad. 
¿Pero cómo vamos a lograr demostrar una mayor solidaridad con los mismos importes? 
Es imposible. 
De nada sirve seguir con la cabeza metida en la arena. 
Europa debe decidir la asignación de los recursos necesarios para esta transformación radical que mañana será la ampliación y revisar los criterios de concesión de las ayudas estructurales, a fin de no perjudicar a los más pobres. 
Así pues, será necesario acordar una atención muy especial a las regiones ultraperiféricas, que figuran entre las diez regiones más pobres de la Unión actual. 
En tal sentido, me felicito por la reciente propuesta de la Presidencia española, tendente a crear un Foro permanente propio de estas regiones. 
Señorías, Europa ha optado por la cohesión y, por lo tanto, por la solidaridad. 
Ese es el precio de la coherencia de nuestro proyecto común. 
Señor Presidente, señor Comisario, en uno de los fundamentos de este informe se dice que unas diferencias regionales demasiado grandes constituirían una amenaza política y económica para la UE. 
Esto es verdad. 
A la Europa ampliada habrá que mantenerla cohesionada. 
La ampliación es muy importante para toda Europa y no deben ser las regiones más pobres las que tengan que pagar la factura. 
Por eso habrá que destinar recursos presupuestarios suficientes para todo el proceso. 
Asimismo, habrá que usar esos recursos de la manera más eficaz, lo que obliga a reformar la política agrícola de la Unión, coordinándola con la política regional para que beneficie el desarrollo de las regiones rurales, es decir, para que fomente la variación de las actividades empresariales en las regiones agrícolas. 
Los países miembros también deben contar con una política de cohesión propia y solidaria, de manera que toda la política de crecimiento esté al servicio de la justicia regional. 
Esto vale especialmente para la educación, la investigación, el empleo y los transportes. 
Por último, quisiera decir que las regiones con inconvenientes geográficos permanentes- por ejemplo, muy distantes y con poca población- deben recibir especial atención en la futura política de cohesión. 
A toda la UE le interesa que sea posible vivir y trabajar en todo el territorio comunitario. 
Como el último orador, he de formular dos observaciones y una pregunta al Comisario esta noche. 
La primera observación se refiere a la necesidad de velar por que las regiones más pobres de Europa no paguen el precio de la ampliación. 
Discrepo de lo dicho por el Sr. Purvis. 
Si zonas como Yorkshire Meridional y Merseyside en el Reino Unido necesitan la ayuda y si se demuestra que la necesitan, deben seguir recibiéndola. 
La segunda observación se refiere a la necesidad de reservar algún tipo de ayuda para las zonas que están experimentando una reestructuración industrial. 
Mi pregunta versa también sobre la política de competencia y la coherencia entre la política de competencia y la de cohesión. 
Estoy recibiendo muchas quejas sobre la forma como se aplica la política de competencia y en particular, recientemente, sobre que se trate a las organizaciones de voluntarios y las organizaciones sectoriales comunitarias del mismo modo que a las del sector privado y se les diga que para la ejecución de los proyectos no pueden recibir en total más del 50 por ciento como intervención del sector público. 
Quiero saber si la política de la Comisión consiste en tratar al sector voluntario y comunitario igual que al sector privado. 
¿Es aplicable a otras organizaciones del sector público? 
Es un asunto extraordinariamente importante, porque, si ésa es la política de la Comisión, varios proyectos que están en marcha en algunas de nuestras regiones más desfavorecidas quedarán, sencillamente, interrumpidos. 
No es para eso para lo que la Comisión trabajó durante muchos años. 
La política regional impulsó la asignación de esos proyectos al sector voluntario y ahora parecen resultar perjudicados. 
Me gustaría saber cuál es la posición de la Comisión. 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como pueden imaginar, suscribo plenamente la política regional y de cohesión no sólo porque tengo el honor de impulsar dicha política en nombre de la Comisión y de común acuerdo con mis colegas Franz Fischler y Anna Diamantopoulou, sino también porque existe otra razón, de índole más política: en mi opinión- como muchos de ustedes lo han expresado- esta política de cohesión, cuya capacidad ha aumentado desde hace quince años, es símbolo de una determinada idea sobre la Unión Europea. 
Demuestra que esta Unión Europea no es sólo un supermercado donde únicamente se tienen en cuenta las leyes de la oferta y la demanda y las transferencias fiscales para garantizar la solidaridad o para evitar un desarrollo con dos, tres o cuatro velocidades; demuestra que nos hemos dicho que era necesario poner dinero juntos para redistribuirlo, basándose en unas normas, y, de ese modo, trabajar para lograr una mayor coherencia. 
Dicha política demuestra que la Unión no es sólo un supermercado, demuestra que un día será- así lo espero- una potencia política y que debe seguir siendo una comunidad solidaria. 
Esta es la profesión de fe que deseaba hacer al comienzo de mi respuesta. 
Dentro de este espíritu, el informe del Sr. Musotto constituye, en mi opinión, una contribución extremadamente rica y útil- como todos ustedes lo han manifestado- al debate sobre el futuro de la política de cohesión, que inicié ante ustedes en el mes de enero de 2001. 
Y, puesto que me refiero a una determinada idea de Europa, deseo expresarles, señoras y señores Diputados, que este debate sobre la cohesión, que abrí hace un año y que voy a llevar a cabo, sinceramente, de manera descentralizada, con los Estados miembros- pueden contar conmigo -, forma parte del otro gran debate sobre el futuro de Europa. 
Según que los jefes de Estado y de gobierno respondan de una manera o de otra a esta cuestión de la cohesión, según que se mantenga o que incluso se amplíe dicha política de cohesión, o que se la limite, se la desmantele, y bien, se aportará una respuesta u otra a esa gran pregunta, a la que deberá responder la Convención- en la que, por otra parte, participaremos -, sobre el futuro de Europa. ¿Qué queremos hacer juntos? 
Esta contribución, señor Musotto, también es importante, a mi parecer, porque acerca los puntos de vista de cinco comisiones de esta Asamblea, al término de una discusión profunda. 
Y, además, ustedes van a aprobar dicho informe dentro de pocos días y sólo después de la publicación por la Comisión del primer informe de etapa sobre la cohesión, que hice público la semana pasada. 
El 20 de febrero acudiré, por otro lado, a presentar este informe de etapa ante la Comisión de Política Regional, tal como me he comprometido a ello. 
Por todas estas razones, me congratulo- más allá de las críticas o de las preguntas, que considero constructivas- de comprobar que en su informe, señor Musotto, existe una convergencia real entre este Parlamento y la Comisión, al menos sobre cuatro puntos esenciales. 
Primero, en el futuro, la principal prioridad de la política de cohesión deberá ser la ayuda a las regiones atrasadas en el desarrollo, es decir, las regiones más pobres. 
Sobre este punto existe un acuerdo, incluso a nivel de ministros, con los que me reuní en Namur durante la Presidencia belga; y ustedes confirman dicho acuerdo consistente en que estas regiones pobres, atrasadas en el desarrollo, sean situadas en los futuros países miembros (y se trata prácticamente de la totalidad de las regiones de los futuros países miembros) o en los Estados miembros de la Unión actual. 
Por consiguiente: prioridad y concentración respecto a las regiones que acusan verdaderos atrasos de desarrollo. 
Segundo punto de convergencia: la cohesión; muchos lo han recordado, no se trata de una sola política, sino del conjunto de las políticas comunitarias, que, como el Tratado lo establece, deben contribuir a la cohesión entre los países y las regiones europeas. 
Eso es verdad respecto a la PAC, donde los resultados son insuficientes, a los transportes- la Sra. de Palacio está presente y podría hablar de ello mejor que yo -, a la energía, la competencia, la investigación, el empleo y muchas otras políticas. 
Es necesario aún más que antes que cada una de estas políticas contribuya a aumentar la cohesión económica y social, aunque sólo fuese debido a la transformación que provocará la gran ampliación, que, como lo comprobamos en nuestro segundo informe provisional, incrementará las diferencias y las desigualdades. 
Tercer punto: debemos ir más allá de una política de cohesión bajo mínimos y reinventar una política dirigida a todos los territorios de la Unión que atraviesan dificultades. 
En otras palabras, constato nuestro acuerdo sobre la idea de que la futura política regional, después de 2006, deberá afectar a todas las regiones europeas, con, naturalmente, mayor o menor intensidad según se trate de una región atrasada en el desarrollo o de una región más próspera. 
Esta política debería contribuir a la integración de todas las regiones en el espacio comunitario y promover la cohesión territorial. 
Para ello debe ser más simple, más descentralizada y, al mismo tiempo, más canalizada (se trata de una de las cuestiones que he planteado en el informe de cohesión) ; canalizada, por ejemplo, respecto a la cuestión urbana- la mitad de los ciudadanos europeos vivirán, viven ya, en las ciudades; canalizada respecto a las regiones en reconversión industrial, que ustedes han mencionado; canalizada respecto a las regiones que acusan desventajas naturales durables o definitivas, las regiones de montaña o las islas; o incluso respecto a objetivos temáticos, como la sociedad de la información. 
También en este caso espero sus ideas, aunque les he indicado mi orientación. 
Cuarto punto de convergencia: para aceptar todos estos retos se necesitarán medios, y, con miras a la próxima política de cohesión, medios que estén a la altura de la gran Europa. 
El importe del 0,45 % del PIB, que yo mismo mencioné el año pasado como elemento de referencia, representa indudablemente el umbral de credibilidad por debajo del cual considero que no se podrá descender sin que se ponga en tela de juicio la propia esencia de dicha política de cohesión. 
Con respecto a estos cuatro puntos, creo que el hecho de que el Parlamento Europeo y la Comisión aporten una respuesta común constituye, esta noche, un elemento político importante y útil en el debate sobre el futuro de la política de cohesión; en efecto, esta visión ambiciosa aún no es compartida por todos, incluso en algunos Estados miembros, donde oigo a dirigentes políticos- que respeto y que escucho- mencionar, unos la renacionalización, otros el debilitamiento de la política. 
Debemos, pues (pienso en la demanda de hace un momento del Sr. Izquierdo Collado) , hacer, repetir, la prueba de esta política de cohesión, llevar a cabo un trabajo tendente a convencer, a demostrar que dicha política ha dado sus frutos, que ha contribuido a crear más coherencia, pero que aún es imprescindible. 
Pueden contar conmigo para realizarla en el ámbito de la Comisión, con todos mis colegas; pero no podré llevarla a cabo si las regiones y los Estados miembros, ustedes, los diputados, no contribuyen a esta demostración. 
Por otro lado, es normal que en esta fase no exista un acuerdo total respecto a todas las cuestiones mencionadas en el informe del Sr. Musotto. 
Existen puntos de debate o de discusión entre nosotros: por ejemplo, lo referente a los instrumentos de esta futura política de cohesión, el lugar que ocupan las iniciativas comunitarias, el Fondo de Cohesión o, en su caso, un Fondo único de desarrollo regional. 
Todo eso dependerá, naturalmente, del nivel de ambición que podamos conferir a esta política. 
Otro punto de discusión: la elección del criterio de idoneidad. 
La Comisión ha elegido desde hace tiempo el criterio del PIB por habitante y por región para determinar las regiones que acusan atrasos en el desarrollo. 
Creo que se trata de un indicador fiable, simple y transparente, aceptado por todos los Estados miembros; y es para que dicho enfoque conserve cierta objetividad, cierta imparcialidad, por lo que no proponemos en esta fase añadir otros criterios al mencionado criterio del PIB por habitante. 
No obstante, señoras y señores Diputados, eso no significa que la Comisión permanecerá sorda a las exigencias de las regiones que podrían resultar afectadas, debido a la ampliación, por un efecto estadístico- que muchos de ustedes han mencionado -, el de la caída matemática de la media comunitaria del PIB por habitante o el de la caída, también matemática, del umbral de idoneidad, lo que supondría que algunas regiones que todavía acusan grandes problemas (no sólo en el sur de Europa, sino en Alemania del Este, en el Reino Unido y en otras partes) se encontrarían mecánicamente, artificialmente, por debajo del umbral a pesar de atravesar verdaderas dificultades. 
Me comprometo- lo repito- a proponer, llegado el momento, una solución equitativa y comunitaria para seguir acompañando las regiones que se encontrarían, de ese modo, justo por debajo del nuevo umbral de idoneidad. 
Por otro lado, el mantenimiento de una verdadera política de cohesión que no englobe sólo las regiones atrasadas en el desarrollo permitirá tomar en consideración otros criterios y orientarnos- como algunos de ustedes lo han manifestado- hacia un mayor número de inversiones cualitativas en el ámbito humano, la formación de hombres y mujeres, la sociedad de la información. 
Observo, por otra parte, que en los programas actuales- los que he firmado y que están en marcha- existe un mayor número de programas centrados directamente en la calidad, más que en la cantidad, que en el período anterior. 
Finalmente, no olvido y no olvidaré la atención particular que requieren (no sólo en virtud del artículo 299 del Tratado, sino también debido a la realidad de sus problemas y a un índice de desempleo insoportable) las siete regiones ultraperiféricas de la Unión. 
Espero, señoras y señores Diputados, que estas breves explicaciones hayan contribuido a hacer avanzar aún más el grado de consenso entre el Parlamento y la Comisión para que juntos podamos mantener y fomentar este modelo de sociedad europea, cuyo meollo es la cohesión. 
Una de ustedes ha mencionado- me permito concluir sobre este punto- los créditos que hemos propuesto asignar a los países que entrarán en la Unión, probablemente en 2004. 
No comparto el severo juicio que emitió hace un momento la Sra. Schroeder. No lo considero justo. 
Hemos propuesto un phasing-in. 
Actualmente estos países se benefician del Fondo de Cohesión y encuentran (lamento que la Sra. Schroeder no esté presente para escuchar mi respuesta) muchas dificultades para consumir dichos créditos. 
Y por esta razón realista es por lo que he propuesto, con mis colegas, que entráramos progresivamente en la política de cohesión. 
No pretendo utilizar artimañas ni hacer ostentaciones. 
No deseo que el dinero europeo previsto para los países candidatos que entrarán en la Unión en 2004 se quede en Bruselas o vuelva a Bruselas. 
Por eso, de manera ambiciosa, más allá de lo que proponía la Agenda de Berlín para el primer año de la adhesión, nosotros proponemos una mayor dotación de fondos, pero no para que estos fondos no puedan ser utilizados por países que aún carecen de la estructura administrativa necesaria para gestionarlos. 
Señor Presidente, señoras y señores, con esto concluyo. 
Confirmo, finalmente, que la Comisión debería aprobar el tercer informe sobre la cohesión en diciembre de 2003 y que dicho informe debería indicar las orientaciones de la Comisión con miras a la futura agenda, lo cual tendrá que realizarse, pues, antes de lo que se acostumbra, de tal manera que podamos- como lo he dicho hace un momento- iniciar la realización efectiva en el terreno de la nueva programación desde el comienzo de esta nueva agenda, en 2007, y no dos años después. 
Aún contamos con algunos meses para impulsar y realizar dicho debate político sobre la política de cohesión, a fin de que, si conseguimos llevar a bien este debate (y para eso les necesito) , logremos, llegado el momento, una decisión de los jefes de Estado y de gobierno que no sólo será fiel a la cohesión, sino que también permitirá a dichos jefes de Estado asumir en el plano presupuestario y en el plano financiero la elección política y estratégica que han efectuado al decidir proceder a la reunificación del continente europeo con la gran ampliación que se prepara para dentro de muy pocos años. 
Nosotros vamos a acompañarles, y espero, personalmente, que a partir de la próxima agenda, en el año 2007, podrán beneficiarse, como todos los demás Estados miembros, de la totalidad de la política de la cohesión. 
Dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0012/2002) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad (COM (2001) 318- C5-0267/2001- 2001/0135 (COD) ). 
Señor Presidente, en esta propuesta de directiva estamos hablando de la ampliación de las limitaciones vigentes de la velocidad de determinados vehículos comerciales, a otras categorías de vehículos, de pasajeros y camionetas, y nos referimos a vehículos comerciales menores que aquellos para los que están en vigor los limitadores de velocidad hasta ahora. 
Es decir, estamos hablando de las categorías M2 y M3, que son automóviles de pasajeros y N2, que son camionetas. 
Para los automóviles de pasajeros, la propuesta de la Comisión Europea prevé la limitación de velocidad, con dispositivos especiales, a los 100 Km/h y para las camionetas a los 90 Km/h. 
Señor Presidente, básicamente estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea. 
Se ha realizado un estudio en Holanda- nos lo ha presentado la Comisión Europea- que muestra que, en los transportes anualmente tenemos un beneficio del orden de 40 millones de euros, y un beneficio social del orden de los 89 millones de euros. 
En Europa, si hacemos las proporciones, tenemos un beneficio del orden de tres mil millones de euros. 
Pero no quiero hacer hincapié en este estudio porque puede que alguien dude sobre su corrección. 
Quiero insistir un poco en el sentido común. 
Y el sentido común nos dice que cuando hay una limitación de velocidad saldremos ganando, primero en la seguridad en carretera porque tendremos menos accidentes, segundo en la contaminación del medio ambiente y, tercero, garantizaremos la competencia en términos de igualdad entre las empresas, puesto que el límite será el mismo en todas partes, en toda Europa y las empresas no podrán imponer a sus conductores que conduzcan temerariamente y así, no correrán peligro vidas humanas por conseguir un mayor beneficio. 
Por estas razones, las enmiendas que he presentado no varían mucho el contenido de la propuesta de la Comisión Europea. 
Quiero hacer hincapié en dos enmiendas que han sido aceptadas en el debate celebrado en nuestra comisión. 
La primera afecta a una excepción que proponemos durante cinco años tras la fecha de entrada en vigor de la directiva, para las categorías M2 y N2 para los vehículos cuya masa total admisible es superior a 3,5 toneladas métricas pero inferior a 7,5 toneladas métricas. 
Proponemos lo que la directiva propone, a saber, que tenga vigencia cinco años tras la entrada en vigor y, segundo, solicitamos a la Comisión que 18 meses después de la entrada en vigor de la directiva, publique un estudio sobre los llamados sistemas inteligentes de adaptación de velocidad, para ver si, aplicando dichos sistemas, podemos diferenciar las velocidades de acuerdo a las circunstancias, y por supuesto, podamos tener velocidades aún menores en las zonas urbanas. 
Como Partido Popular Europeo Hemos presentado una enmienda para la categoría N2, a la que pertenecen las camionetas, y solicitamos que se aumente el límite de velocidad de 90 a 110 Km/h porque son un tipo diferente, son automóviles menores y podemos mostrar más elasticidad. 
Algunos de mis Sres. colegas han votado en contra, son minoría, y han explicado sus razones. 
Tienen razones ideológicas, políticas, y no creen que la Comisión Europea, la Unión Europea deba intervenir en esta cuestión. 
Quiero darles las gracias, entiendo sus razones y, aunque no estoy de acuerdo respeto su postura. 
Pero les quisiera pedir, ya que ciertas enmiendas hacen más elástico el contenido de la propuesta inicial de la Comisión Europea y está más cerca de su postura, que analicen estas enmiendas de forma constructiva, y si pueden, las aprueben, puesto que preveo que, independientemente de su posición, esta directiva será algún día legislación europea. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimados colegas aún presentes, el Grupo del PPE apoya plenamente el informe de nuestro ponente Hatzidakis. 
Aunque apoyamos en principio la propuesta de la Comisión, sin embargo en algunos puntos queremos lograr algunas modificaciones. 
Naturalmente, la cuestión de la seguridad en el transporte es el aspecto decisivo y como ésta no finaliza en las fronteras nacionales sino que tenemos un transporte transfronterizo de camiones, necesitamos esta regulación. 
Necesitamos limitadores de velocidad en principio también para vehículos más pequeños, pues las experiencias tenidas con los limitadores de velocidad en los camiones pesados son positivas. 
Necesitamos regulaciones europeas pues estos camiones se desplazan por todos los lugares cruzando fronteras. 
Sin embargo, señora Vicepresidenta, tenemos que introducir las normas de un modo algo más diferenciado y con unos plazos más largos, pues aquí también se trata de grandes cargas económicas que recaen sobre pequeñas y medianas empresas. 
Deberíamos ser más generosos en las normas transitorias para no gravar aún más la economía. 
Finalmente, apelo a los socialdemócratas y a nuestra colega Hedkvist Petersen, pues es una gran experta en cuestiones relacionadas con la seguridad del tráfico: estimada colega, necesitamos una diferenciación de la velocidad entre los camiones pequeños y grandes, lo que exige nuestra enmienda nº 12. 
Le rogamos de nuevo que la apoye para que podamos autorizar para los vehículos industriales pequeños una velocidad de 110 Km/h. 
Si limitamos todos los camiones a la misma velocidad, programaremos retenciones en las autopistas. 
Tenemos que conceder a los vehículos pequeños la posibilidad de poder adelantar para garantizar el flujo del tráfico. 
Estimada colega, en este sentido le ruego que apoye la enmienda nº 12. 
Entonces tendremos una extraordinaria legislación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero empezar dando las gracias al ponente, señor Hatzidakis, por la forma abierta y franca en que ha preparado este informe. 
Los transportes por carretera, tanto de personas como de mercancías, aumentan continuamente. 
Es un tráfico internacional y transfronterizo. 
Por eso las normas que lo regulan también deben serlo. 
Un excelente ejemplo es la legislación sobre los dispositivos de limitación de velocidad. 
Cuando entró en vigor en 1994 hubo una cierta resistencia por parte de los empresarios y de los propios conductores, que se desvaneció cuando conocieron sus ventajas. 
En un continente en el que más de 40 000 personas mueren en accidentes de carretera hay que probar todos los medios que puedan hacer más segura la circulación. 
Después de la introducción de los dispositivos de limitación de velocidad ya no le fue posible a los vehículos más pesados abusar de la velocidad. 
Con esta nueva propuesta se extiende su uso a camiones y autobuses medianos, aumentando así los resultados positivos. 
En el último tiempo ha aumentado sensiblemente la frecuencia de accidentes en que están involucrados camiones medianos. 
El Grupo PSE respalda las enmiendas que contemplan un periodo de transición más largo. 
Sin embargo, en el debate se ha repetido un aspecto que mencionó el señor Jarzembowski, esto es, que debería haber diferentes velocidades límite para los distintos tipos de vehículos. 
La razón que se arguye es que una velocidad igual para todos ocasiona atascos y cuellos de botella en las carreteras. 
A mi no me parece así. 
Mientras menos diferencias tengamos en las velocidades más fluido será el tráfico. 
Hay cálculos matemáticos que lo demuestran. 
Lo más sencillo es imaginarse una carretera en la que todos los vehículos circulan a la misma velocidad. 
En ese caso el tráfico fluye con facilidad. 
Por eso propongo que se elimine la enmienda 12. 
Señor Presidente, estoy completamente segura de que todos aceptamos la premisa de que una velocidad inadecuada en cualquier vehículo puede causar accidentes. 
Pero con demasiada frecuencia los accidentes son atribuibles a la forma de conducir el vehículo o al descuido de los conductores, que no están atentos, en particular cuando hace mal tiempo, por ejemplo. 
También causan accidentes los conductores que avanzan pisando huevos por las autopistas y en algunos casos se podría evitar imponiendo un límite mínimo de velocidad, además del máximo. 
Es necesario que se reconozca que hay una diferencia abismal entre la circulación urbana y la circulación por autopista. 
Si bien convengo claramente con la Comisión y mis colegas, incluido el Sr. Hatzidakis, en que debemos hacer todo lo que podamos para mejorar la seguridad en la carretera en toda la Unión Europea, no puedo convenir en que la vía apropiada para ello sea la introducción de esta directiva, que aboga por un único criterio en materia de velocidad. 
Se reconoce que el Reino Unido tiene la mejor ejecutoria de la UE en materia de seguridad. 
También es cierto que fue uno de los primeros países que impuso limitadores de velocidad en los autobuses, por razones evidentes. 
Además, esta directiva va encaminada también a mejorar el medio ambiente y la congestión y también quisiera refutar esa afirmación. 
Sería un error hacer extensiva esta directiva a esas categorías de vehículos incluidas en la propuesta e imponer los límites máximos de velocidad expuestos. 
Ya es bastante grave circular por autopistas cuando dos pesados camiones de mercancías avanzan paralelos, porque uno de ellos decide adelantar en una cuesta y claramente no puede acelerar. 
Si se aprueba esta directiva, creo que aumentará la congestión y la contaminación del medio ambiente. 
Por último, la vía idónea por la que avanzar sería la de tener en cuenta en serio los avances de la tecnología: por ejemplo, el propuesto acuerdo voluntario sobre la protección de los peatones. 
Además, existe también la posibilidad de la ISA y yo apoyaría un estudio por la Comisión en ese sentido. 
No obstante, se debe dejar, en última instancia, al arbitrio de los Estados miembros la decisión sobre lo que es o no apropiado. 
Con la excepción de un par de enmiendas, mi delegación no podrá apoyar este informe. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias al Sr. Hatzidakis por la concienzuda elaboración de este informe. 
Señor Presidente, la seguridad vial constituye con razón uno de los principales temas del Libro Blanco. 
El número anual de víctimas mortales en la Unión Europea continúa siendo demasiado elevado. 
La causa de estos fatídicos accidentes radica a menudo en una velocidad excesiva. 
En el marco de la reducción del número de víctimas de la carretera los dispositivos de limitación de velocidad para camiones aportan un buen instrumento para mejorar la seguridad vial, puesto que a menor velocidad menor número de accidentes de tráfico y de víctimas de la carretera. 
Además, es de esperar que la presente iniciativa aporte serias ventajas en el ámbito del mantenimiento y contribuya a la preservación del medio ambiente. 
Es necesario que se ejerza el debido control para evitar el uso tramposo del dispositivo de limitación de velocidad y garantizar su correcto funcionamiento. 
En este sentido la inspección periódica anual obligatoria me parece la solución más oportuna, aunque, en ese caso, debe modificarse la directiva europea sobre el régimen de inspección técnica periódica de vehículos a fin de crear un marco armónico. 
Quisiera llamar su atención sobre la referencia a los sistemas inteligentes de adaptación de velocidad. Concedo mucha importancia a este punto. 
Por eso mismo insto a la Comisión a que realice lo antes posible un estudio sobre las posibilidades ofrecidas por este sistema. 
Posiblemente redundaría en beneficio de la seguridad vial, además de que disminuiría la irritación y aumentaría la seguridad de los conductores. 
Más en general pediría a la Comisión que impulse especialmente la tecnología necesaria para la elaboración de sistemas inteligentes de asistencia en carretera y de tráfico, ya que, de cumplirse las previsiones, el crecimiento de la demanda de transporte neutralizará los avances promovidos por la presente directiva en materia de seguridad vial. 
La inseguridad irá de nuevo en aumento, las carreteras volverán a colapsarse y los efectos positivos perseguidos por la directiva serán anulados. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer al ponente, Sr. Hatzidakis, su fantástico trabajo sobre esta directiva, un trabajo que apoya plenamente la propuesta de la Comisión, y que incorpora numerosas enmiendas que permiten mejorar el texto de la misma sin alterar el objetivo. 
La propuesta tiene como finalidad ampliar el ámbito de aplicación de la instalación y utilización obligatorias de dispositivos de limitación de velocidad a los vehículos de categorías más ligeras que los actualmente afectados por estas limitaciones. 
Esta medida constituye la materialización de las prioridades formuladas en marzo de 2000, en el marco de la comunicación de la Comisión sobre seguridad vial, que también recibió el apoyo explícito de este Parlamento. 
La propuesta contribuirá al incremento de la seguridad vial, a la protección del medio ambiente y al mantenimiento de unas condiciones de competencia leal e igual entre todos los operadores dentro de la Unión Europea. 
Desearía formular algunos comentarios relativos al informe que es objeto de la atención de sus Señorías. 
Hay varias enmiendas que podemos apoyar: las enmiendas 4ª, 6ª y 7ª pueden ser aceptadas en su totalidad; la 5ª y 10ª, resultan aceptables en principio, aunque pendientes de un ajuste de fechas, y lo mismo le ocurre a la enmienda 6, a la que me he referido antes. 
La Comisión preferiría el siguiente calendario: dos años para los vehículos nuevos, tres años para el transporte internacional y cuatro para el transporte nacional. 
Con esto, creo contestar alguna de las preguntas del Sr. Jarzembowski sobre los efectos en las pequeñas y medianas empresas, que son las que más utilizan este tipo de vehículos. 
Hay un tiempo de adaptación y, si tenemos en cuenta la rotación de este tipo de vehículos, el tiempo de entrada en vigor de la directiva, etc., vemos que ya no está tan fuera de lugar. 
Por lo que respecta a la enmienda 9, la Comisión podría aceptar un estudio en el contexto de la seguridad vial hacia el año 2010, siempre y cuando no se trate de un informe por separado. 
En cualquier caso, el plazo de 18 meses es excesivamente breve para realizar dicho estudio, necesitamos dos años como mínimo. 
A este respecto, quisiera hacer hincapié en la gran importancia que revisten para la Comisión los sistemas inteligentes de adaptación de velocidad, que serán un tema de estudio al que se prestará la mayor atención. 
Las enmiendas 8ª y 11ª resultan inaceptables para la Comisión, desde el punto de vista conceptual. 
La aceptación de velocidades máximas superiores durante un período de tiempo limitado no sólo plantea problemas técnicos para los que no existe solución, al menos al día de hoy, sino que también dificultaría la ejecución de la medida. 
La Comisión considera que, por ahora, no hay ninguna ventaja en aplicar esta directiva a los vehículos M1 y N1. 
Además, la Comisión no puede aceptar la enmienda 12ª, que defendía el Sr. Jarzembowski, entre otros, porque el triple objetivo de la directiva- seguridad vial, protección del medio ambiente y competencia en condiciones de igualdad- no podrá alcanzarse si no se impone a todos los vehículos el mismo límite de velocidad. 
Por último, estudiaremos atentamente las enmiendas 1, 2 y 3, que se refieren a las diferencias textuales entre versiones lingüísticas, en lo relativo a la definición de los vehículos. 
Quiero felicitar, una vez más, al ponente y a todos los diputados que han intervenido en este debate. 
Espero que con la aplicación de esta directiva la seguridad vial mejore, que es lo que se pretende, ya que la cifra de 42. 000 muertos al año es totalmente inaceptable para todos nosotros. 
El debate de este informe queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Impuesto especial aplicable al ron y otros licores (Francia/Portugal) 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, como diputado elegido por una región ultraperiférica, me ha dado particular satisfacción la elaboración del informe ahora en examen. 
Satisfacción resultante de que las propuestas de la Comisión de reducción del impuesto especial de consumo sobre determinadas bebidas alcohólicas producidas en Madeira, en las Azores y en los Departamentos franceses de Ultramar constituyen otra medida más de materialización del principio de la ultraperiferia, consagrado en el apartado 2 del artículo 299 de los Tratados. 
Téngase presente que este fundamento jurídico aprobado por el Tratado de Ámsterdam establece la adopción de medidas específicas en diversas esferas, en particular la fiscal, en correspondencia con la realidad geográfica, social, económica y cultural muy propias de esas regiones europeas. 
En resumen, un trato especial de la Unión Europea en correspondencia con la realidad muy concreta de esos territorios, que debe tener como único límite la integridad y la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario, incluido el Mercado Interior y las políticas comunes. 
Sólo con ese trato específico garantizaremos a esas regiones condiciones de integración en las dinámicas desencadenadas por el Mercado Interior, por la Unión Económica y Monetaria, por la próxima ampliación de la Unión Europea y por el fenómeno de la mundialización. 
Sólo con ese trato especial garantizaremos condiciones para una efectiva igualdad de oportunidades para los ciudadanos residentes en las regiones ultraperiféricas. 
Las medidas de reducción del impuesto especial de consumo para el ron y licores producidos y consumidos en Madeira, para los aguardientes producidos y consumidos en las Azores y para el ron producido en los Departamentos franceses de Ultramar son fundamentales para compensar los mayores costos de producción y, así, garantizar la supervivencia de actividades tradicionales de relevante importancia económica, social, histórica y cultural para esas regiones. 
Están en juego 140 puestos de trabajo en Madeira y las Azores y 40.000 en los Departamentos franceses de Ultramar. 
Están también en juego elementos vinculados a la propia identidad específica de esas regiones, en particular en los Departamentos franceses de Ultramar, donde las actividades vinculadas con la plantación de caña de azúcar y con la producción de azúcar y ron forman parte relevante de la historia económica y social de esos territorios. 
Así, pues, todas esas actividades vinculadas con el sector de la caña de azúcar, azúcar y ron dependen de esa medida fiscal, en un marco caracterizado por la revisión de la OCM del azúcar y por el desmantelamiento de las protecciones aduaneras para las exportaciones al mercado comunitario de bebidas espirituosas procedentes de terceros países. 
En verdad, de no ser por la medida fiscal propuesta, ¿cómo va a ser viable la producción de ron en los Departamentos franceses de Ultramar, al tener que afrontar costos de producción bastante más elevados que el ron producido en los países vecinos del Caribe cuando éste entre libremente en el mercado comunitario a partir de 2003? 
Téngase en cuenta que los productores comunitarios de ron pagan la caña de azúcar de cuatro a seis veces más cara y la mano de obra tres veces más cara. 
A lo que se suman los costos resultantes de la adaptación de las unidades de producción de ron a las normas medioambientales, en aplicación de la reglamentación comunitaria. 
Para terminar, conviene subrayar que, pese a la naturaleza permanente de las características específicas que justifican el trato especial que el apartado 2 del artículo 299 concede a las regiones ultraperiféricas, las presentes medidas fiscales son no sólo limitadas en el tiempo- son medidas válidas para siete años -, sino también en términos cuantitativos. 
Por otro lado, están sujetas a una evaluación intermedia que determine si se mantienen las razones que justificaron su concesión. 
De modo que se trata de una propuesta formulada y equilibrada de la Comisión que debe merecer todo nuestro apoyo. 
Corresponde, por un lado, a la necesidad de un trato especial para las regiones ultraperiféricas y, por otro, salvaguarda la integridad del Mercado Interior comunitario. 
También requiere ese tipo de medidas la realización y la promoción de la ciudadanía europea, en territorios distantes del centro europeo como son las regiones ultraperiféricas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el sector de la caña de azúcar-azúcar-ron representa cerca de 40.000 empleos en tres de los cuatro Departamentos de Ultramar franceses. 
Al permitir a los productores de dichos departamentos comercializar por un período de siete años una cantidad limitada de ron tradicional en el mercado francés, dotamos las empresas de los medios para luchar contra la competencia salvaje de algunos terceros países y protegemos al mismo tiempo el mantenimiento de estos miles de empleos. 
No obstante, deploro a título personal que a pesar de la petición de Francia la Comisión no se haya pronunciado por un período más extenso con respecto a dicha excepción, lo que hubiese reflejado con mayor pertinencia no sólo la lógica económica de este expediente, sino también la letra y el espíritu del famoso apartado 2 del artículo 299 del Tratado. 
En efecto, a pesar de los avances, la aplicación de dicho artículo es sólo parcial, de momento, frente a las esperanzas que había suscitado. 
Sin embargo, debemos adoptar medidas ambiciosas, y rápidamente. 
La población nos lo reclama, nuestra responsabilidad política nos lo exige. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, Señorías, este debate versa sobre un asunto específico que en las Azores tiene alcance y significado limitados, sin comparación alguna con lo que ocurre en los Departamentos franceses de Ultramar o incluso en la región autónoma de Madeira, precisamente dos días después de la Cumbre de Presidentes de las regiones ultraperiféricas, celebrada en Las Palmas con la presencia de representantes de los Estados miembros y la Comisión. 
Por eso, quiero acoger con satisfacción las conclusiones de dicha Cumbre y hacer un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que las tengan en cuenta. 
El presente año es particularmente importante para las Azores en la esfera de la pesca, pues se deben aprobar importantes iniciativas, como la revisión de la Política Pesquera Común, la revisión de Poseima-Pesca y una política de cuotas para el pescado de fondo. 
Se trata de esferas en las que es fundamental conocer bien la realidad y tener en cuenta la situación específica de las Azores. 
La propuesta de la Comisión sobre cuotas de pesca y de pescado de fondo nos inspira, desde ese punto de vista, las mayores aprensiones. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me satisface observar que el informe del Sr. Marques apoya completamente las propuestas de la Comisión. 
Según lo indicado en estos informes y en las propuestas de la Comisión, estas medidas son absolutamente necesarias para mantener la producción local de ron, tradicional en los departamentos de ultramar franceses, y de ron, licores y aguardientes, tradicionales en Madeira y las Azores. 
Estas actividades tradicionales son muy importantes para la economía de estas regiones y mantenerlas es esencial para asegurar un equilibrio económico, social y territorial de estas regiones de la Unión Europea. 
Me gustaría decir algo respecto al fundamento jurídico de las propuestas, ya que ha suscitado alguna polémica y a ellas se ha referido el propio ponente, Sr. Marques. 
Efectivamente, ambas están basadas en la aplicación del párrafo segundo del artículo 299 del Tratado CE, que es, ni más ni menos, el referido a las regiones ultraperiféricas. 
Precisamente, esta disposición permite al Consejo adoptar medidas específicas, que pueden derogar otras disposiciones fundamentales del Tratado, estableciendo las condiciones para la aplicación del mismo a unas regiones que- hay que decirlo muy claramente- tienen unas especifidades muy diferenciadas debidas, precisamente, a su carácter ultraperiférico. 
Desearía señalar, Señorías, que esta disposición fue incluida en el Tratado de Ámsterdam con la finalidad de crear un fundamento jurídico común para las acciones en favor de estas regiones. Estas acciones deben permitir la completa integración de dichas regiones en la Unión, reconociendo al mismo tiempo sus características propias, tales como la gran lejanía, la dependencia de su economía de un reducido número de productos, muchos de ellos relativos a actividades tradicionales y artesanales. 
Por lo tanto, la Comisión opina, que este párrafo segundo del artículo 299 del Tratado, es el fundamento jurídico, precisamente, para articular estas propuestas y otras que en algún momento puedan venir. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Empresa común Galileo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0005/2002) , del Sr. Glante, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la constitución de la empresa común Galileo (COM (2001) 336- C5-0329/2001- 2001/0136 (CNS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, sobre todo estimados intérpretes que están reunidos aquí en tan gran número para sólo unos pocos diputados. 
Siempre es un placer tratar aquí un tema interesante y atractivo. 
Espero que lo tardío de la hora no aminore la importancia del proyecto. 
Es el primer gran proyecto puesto en marcha conjuntamente por las instituciones europeas y por la ESA, el sistema de navegación por satélite Galileo. 
Técnica, económica y políticamente se puede comparar perfectamente con el proyecto Airbus o con el GSM. 
Este sistema va a representar una cierta competencia tecnológica con el actual GPS norteamericano. 
Esto es bueno para la tecnología europea pero va a ser también compatible- lo espero y damos importancia a ello- y podrá complementar al GPS. 
Los Estados Unidos- esta es la información que me ha llegado- están muy preocupados por el desarrollo en Europa. 
Esto no tiene porqué ser negativo, esto significa que estamos en el buen camino y que con el sistema vamos a lograr en Europa un progreso tecnológico. 
Representa sin duda una competencia tecnológica ante el GPS existente pero también son posibles efectos sinergéticos. 
Con este sistema intentamos poder utilizar los mismos receptores para GPS y las señales Galileo. Esto aumenta la utilidad de los dos sistemas. 
Quiero llamar la atención sobre la coordinación entre GPS, Galileo y EGNOS. 
En la mayoría de las intervenciones no se ha tratado suficientemente y creo que es también un punto importante. 
En este proyecto civil se van a garantizar los aspectos de seguridad y se van a tener en cuenta los temores de los Estados Unidos tras la crisis del 11 de septiembre y el conflicto de Afganistán. 
Gracias al carácter civil y también al control público del proyecto Galileo no van a ser posibles fallos, interferencias o un mal uso. 
El uso general va a ser gratuito mediante una cierta tasa para los receptores. El uso general de GPS es gratuito y Galileo también lo va a ser. 
Unos servicios de mayor calidad y precisión se tendrán que pagar para garantizar la refinanciación de los costes de explotación y desarrollo. 
En contrapartida la disponibilidad será permanente. 
Esta tarde he tenido el placer de mantener una conversación con el representante del Gobierno de los EE.UU. en Bruselas, quien ha expresado de nuevo su preocupación por el desarrollo del proyecto. 
Le he podido tranquilizar pero en el fondo no lo he podido hacer al no someternos sin limitaciones al sistema GPS. 
Le he indicado claramente que desarrollamos un sistema propio, que perseguimos una cooperación, pero que vamos a proseguir el desarrollo y que no vamos a dejarnos caer en una cierta dependencia tecnológica. 
Creo que estos deseos y declaraciones muestran que nos encontramos en el camino correcto. 
Los Estados miembros han titubeado largo tiempo y espero, -he recibido también señales de algún que otro Gobierno de los Estados miembros- que a pesar de ciertos problemas que tienen con el estudio Price-Waterhouse, confirmen en marzo este proyecto con gran entusiasmo. 
Espero que sea así y creo que es hora de hacerlo. 
Llevamos ya algunos meses de retraso pero que podremos recuperar. 
Expreso de nuevo mi agradecimiento a la Comisaria por nuestra conversación y por la puesta a disposición de esta documentación que explica un poco más lo que significa Galileo pudiendo eliminar alguna que otra objeción o pega. 
Me voy a referir ahora al informe, a la propuesta, que no está libre de objeciones. 
Creo que en esta Asamblea existía y existe un gran acuerdo en que queremos este proyecto y en que lo queremos como proyecto civil. 
Pero desde los acontecimientos del último año y meses también estamos de acuerdo en que también es necesaria una cierta disponibilidad para nuestras tropas que se envíen para acciones destinadas a preservar la paz. 
Esto es factible, es factible técnicamente y también se desea políticamente. 
Sin embargo, debe seguir siendo un sistema civil. 
Han surgido grandes problemas en el debate sobre cómo debe participar la economía privada en esta empresa. 
La propuesta de la Comisión parte del hecho de que participen empresas privadas, también financieramente. 
La participación financiera es- digámoslo así- un acto simbólico. 
La financiación para la fase de desarrollo sería suficiente solamente con fondos públicos, pero la industria debe participar. 
Yo también lo deseo. 
Sin embargo, no he recibido de la industria una señal clara de que apoye la propuesta de la Comisión y quiera participar en la empresa común. 
Mi propuesta de crear una sociedad promotora y de desarrollo que surja paralelamente a la empresa común pero que esté estrechamente vinculada con ésta, representa un compromiso, una salida al dilema. 
Las señales provenientes de la economía son diversas, algunos la rechazan mientras que otros están muy abiertamente a favor de la misma. 
Me he esforzado con esta propuesta en reducir algo las objeciones de las empresas y tengo esperanzas de que participen en la sociedad promotora. 
Espero por ello un amplio apoyo mañana. 
Lamentablemente, no puedo apoyar las propuestas del PPE que retornan a la propuesta de la Comisión y que, en consecuencia, suministran de nuevo a la industria un argumento para no participar. 
, ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
(DE) Señor Presidente, señora Comisaria, muchas gracias señor Glante por sus esfuerzos en redactar este informe en esta forma y gracias también por su exposición. 
El Sr. Radwan, como su ponente en la sombra, se referirá luego a la propuesta del PPE que usted no puede apoyar. 
Desde hace varios años Europa se viene ocupando de un sistema de navegación por satélite propio, si bien se trata sólo de un deseo. Hasta ahora no se ha llegado aún a ninguna decisión. 
Precisamente en el caso de Galileo se ponderan las cosas mil veces y se dan tres vueltas a cada euro mientras que en otros campos el monedero europeo está mucho más suelto. 
Aplazar, titubear y vacilar, esta es la crítica que hago a los Estados miembros y esto es lo que podría quedar de Galileo en el recuerdo de los europeos. 
Esto es también lo que amenaza la imagen de Europa si no tenemos cuidado. 
Pero yo deseo una Europa moderna, tecnológicamente avanzada y literalmente a la cabeza del mundo. 
Es aquí donde Europa puede sacar sus triunfos: la fuerza económica, la capacidad de innovación, la potencialidad tecnológica y los proyectos de futuro. 
No quiero realizar aquí predicciones apocalípticas, pero estoy convencido de que Europa sin Galileo perdería plenamente su posición en un sector importante y quedaría tan atrasada que sería imposible luego recuperar el terreno perdido. 
Si no logramos poner en marcha Galileo y abrir por fin las puertas a nuevas tecnologías, si no logramos poner a disposición los créditos necesarios para ello, entonces se reirán de nosotros en todo en el mundo y en el cosmos. 
¿Por qué les digo esto? 
Necesitamos por fin decir ya ahora un sí claro a Galileo y a una alternativa competitiva al GPS. 
El Consejo quería Galileo con la participación de la industria lo antes posible. 
La Comisión ha presentado una propuesta que el Parlamento ha examinado con absoluta minuciosidad. 
Se han producido y se producen críticas masivas a la propuesta provenientes de diversas partes y creo que quizás por parte de la Comisión se han producido también fallos. 
En las comisiones hemos identificado algunos problemas. Pero la participación de la industria en la empresa común- directamente o mediante la sociedad promotora- no debe colocarse tan alta que conduzca al fracaso de Galileo. 
Europa necesita Galileo o tal como la Comisión describe en su información: Galileo es irrenunciable para Europa. 
Por ello, espero que el Parlamento hable claramente y que mañana tengamos una amplia mayoría. 
. (IT) Señor Presidente, estimados colegas, en cuanto ponente de opinión sobre el expediente GALILEO, en mi intervención me detendré esencialmente en los aspectos financieros de la propuesta de la Comisión, dejándoles a los dos ponentes principales la tarea de entrar en el fondo de la cuestión. 
La Comisión ha propuesto que se constituya una empresa común que complete la fase de desarrollo de GALILEO, una estructura flexible, dotada de personalidad jurídica y de la capacidad para celebrar los contratos necesarios, y que garantice la unidad de gestión. 
Los socios fundadores previstos son la Comisión y la ESA, con una asignación máxima de 520 y 550 millones de euros respectivamente, y con la posibilidad de participación del BEI y de cualesquiera empresas privadas que suscriban un importe mínimo de 20 millones de euros. 
El coste de esta fase se ha estimado en 1.100 millones de euros, repartidos igualmente entre Comunidad y Agencia Espacial Europea, a la que se deberían añadir 200 millones por parte del sector privado, como se ha asegurado con la firma de un memorandum de acuerdo, en marzo de 2001, de los representantes de las principales industrias del sector. 
La aportación comunitaria procederá de dos líneas, de la B5-700- Redes Transeuropeas de Transporte- y de un p.m. en la B6 de la investigación, en espera de una decisión definitiva en el ámbito del Sexto Programa Marco. 
La aportación de la Agencia Espacial Europea se compondrá de 50 millones en efectivo y 500 en especie, según las modalidades previstas por los estatutos de la citada ESA. 
En mi informe he presentado dos enmiendas: la primera atañe a la eventual participación de los países candidatos en la fase de desarrollo de GALILEO, tal y como ha solicitado el Parlamento en la resolución del 3 de octubre de 2001. 
He pedido que se establezcan los instrumentos de presupuesto adecuados para permitir su participación, también para evitar que aumente más la gran diferencia ya existente. 
La segunda enmienda, en cambios se refiere al papel que se le reconocerá a la autoridad de presupuestos; así pues, le pido a la Comisión que la informe con cadencia regular respecto a la ejecución de la fase de desarrollo de GALILEO, y que el informe anual sobre las actividades de la empresa común sea enviado al Parlamento y al Consejo, y no solamente al Tribunal de Cuentas, como ha propuesto la Comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero expresar mi agradecimiento al ponente por la positiva cooperación mostrada. 
Todos estamos de acuerdo en la idea de hacer realidad Galileo. 
Quiero expresar también mi agradecimiento a la Comisaria, quien siempre ha luchado y lucha con gran insistencia a favor de Galileo en los círculos del Consejo. 
Galileo es un proyecto estratégico para el futuro, económica, tecnológica y políticamente hablando. 
Esto se ha dicho ya aquí en muchas ocasiones. 
Deberíamos recordar en Europa que ya hace algunos decenios se nos decía que no necesitábamos ningún Airbus ni ninguna industria de cohetes y que ellos podían hacerlo estupendamente para nosotros. 
¿Dónde estaríamos hoy si, por ejemplo, no hubiésemos desarrollado nosotros mismos el Airbus? 
Pero voy a realizar en concreto ahora dos observaciones sobre el informe del colega Glante: me parece esencial que la industria participe ya hoy activamente en Galileo. 
No sirve de nada pronunciar sólo bonitas palabras sobre lo importante que es Galileo sino que necesitamos una posición clara a favor de la participación de la industria en Galileo. 
Tenemos que comenzar ya hoy a desarrollar servicios que en el futuro sean productos en el mercado mediante los que se financie Galileo, tal como ambas partes deseamos: por ello es preciso un apoyo muy claro de la propuesta de la Comisión en este sentido. 
Sin embargo, deberíamos recapacitar sobre si no deberíamos reducir algo los importes iniciales. 
Un segundo punto importante es para mí la dimensión política de Galileo.