Apoyamos las propuestas e iniciativas encaminadas a profundizar las relaciones amistosas entre la Unión Europea y Macao después de la integración de este territorio en la República Popular de China, del que, tras una transferencia que acogimos con beneplácito, es una Región Administrativa Especial. 
Actualmente existen todas las condiciones para que se intensifiquen las relaciones económicas y culturales, con una base de cooperación y beneficio mutuo entre la República Popular de China, en particular por mediación de la Región Administrativa Especial de Macao, y la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Ahora bien, en cuanto al informe, a favor del cual hemos votado, mantenemos una posición crítica respecto de aspectos que parecen revelar alguna desconfianza, en particular en lo que se refiere al cumplimiento de los acuerdos, por considerar que, como demuestra la realidad, no existen razones para ello. 
He votado a favor del informe de Mário Soares sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "La Unión Europea y Macao: más allá del año 2000", porque expresa de forma adecuada las preocupaciones y las iniciativas que corresponden a la Unión Europea para con Macao. 
Las preocupaciones se reducen a la necesidad de preservar en esa Región Administrativa Especial las libertades y los derechos preexistentes a la transferencia de la soberanía, incluida la libertad religiosa, que se desprenden del principio, arduamente negociado por las autoridades portuguesas y chinas, de "un país, dos sistemas". 
Las iniciativas constituyen las acciones concretas que la Unión Europea puede estimular y promover ante Macao con el fin de garantizar a la Región el mantenimiento de una vida colectiva democrática, en la que los derechos humanos y las libertades individuales de los macaenses sean respetados y se valoren la prosperidad y la paz. 
Destaco tres de las iniciativas destinadas a preservar la autonomía y la especificidad de Macao en relación con China que figuran en el informe: el seguimiento permanente de la implantación del principio "un país, dos sistemas", el fomento de la inversión europea en la RAE, como corolario de una cooperación activa en los más diversos niveles, y el llamamiento para que se nombre urgentemente a un representante de la Unión en Macao, con el propósito de dinamizar las relaciones entre ambas regiones. 
Portugal administró Macao durante cuatro siglos. 
No nos avergüenza nuestro pasado en esa región, muy al contrario. 
Por una parte, favorecimos con nuestra presencia la coexistencia pacífica entre las civilizaciones europea y china. 
Por otra, legamos a los macaenses una región con índices de desarrollo considerables, con autonomía legislativa, judicial y aduanera y donde los derechos y la libertad de cada cual forman parte de un patrimonio de civilización que nos incumbe preservar. 
Señor Presidente, ayer por la noche- noche de San Valentín- buscaba con unos amigos un restaurante pero no logré encontrar ni uno disponible, porque estaban todos llenos, sin duda, de enamorados que celebraban San Valentín. 
Yo todavía tenía que preparar la declaración de voto sobre el informe Plooij-van Gorsel. 
He cerrado un instante los ojos y he tenido una visión: he visto cenando juntos al Comisario de investigación Busquin y a la ponente Plooij-van Gorsel, que discutían animadamente sobre la investigación en Europa. 
Me he preguntado, visto que era el día de San Valentín: "Quizás también logren encontrar el modo para que la investigación en Europa haga que quién busca el alma gemela la encuentre, como se desea generalmente en el día de San Valentín" Con esta esperanza, por tanto, he votado a favor de este informe. 
. 
(FR) Aquí, se nos presenta de nuevo la fórmula mágica. 
Una pizca de buenas intenciones sobre el lugar que ocupa la mujer en la investigación, un pase de chistera para las ciencias sociales, algunas alusiones al papel de la cooperación científica entre los Estados miembros, o al de la investigación en el desarrollo de la cultura, incluso del empleo, todo ello para llegar al plato fuerte, esta vez muy concreto: un paquete sustancial de subvenciones a las empresas. Porque esto es lo que principalmente, si no únicamente, mueve a la Comisión Europea, al Consejo y al autor del informe. 
Lo que se nos pide que aprobemos es un refuerzo del poder del sector privado sobre la investigación pública, es una explotación facilitada de los resultados de la investigación pública por parte de los capitales privados, es el "decidido desmantelamiento", como figura escrito con todo detalle, "de los obstáculos" administrativos que todavía podrían representar un impedimento. 
El ponente sostiene que "un mejor acceso de las empresas a los resultados de la investigación es beneficioso". 
Pero beneficioso únicamente para los propietarios de las empresas y para sus accionistas, a los que se les prometen nuevas subvenciones con el pretexto de apoyar la investigación. 
Y esto es una tomadura de pelo considerando que el informe no menciona más que a las PYME. 
Todos los grandes trusts tienen filiales que son PYME, particularmente en el campo de la investigación. 
Los fondos públicos deben permanecer en el sector público y aplicarse a las investigaciones útiles para la población. 
. 
(FR) Aunque el proyecto de resolución retome algunas posturas interesantes, particularmente en lo relativo a la igualdad en el acceso de la mujer a la investigación, rechazo las orientaciones de los proyectos-marco que dan prioridad a las investigaciones orientadas por las grandes industrias junto con las PYME de alta tecnología. 
No puedo aceptar que la investigación se instrumentalice al servicio de la "guerra económica" que mantienen las empresas por el control de los mercados farmacéuticos o agroindustriales, o tenga que considerar la evolución de la política de seguridad y de defensa. 
Las prioridades no pueden limitarse a la biotecnología, a la investigación de los genomas, a las NTIC y a lo nuclear, y sería mejor que el Parlamento intentara que los conocimientos formaran parte del patrimonio común, fuera de cualquier criterio de rentabilidad. 
Así, me opongo a que los seres vivos se patenten, y la elaboración de medicamentos socialmente útiles en materia de salud debe ser un imperativo. 
En esta época de organismos genéticamente modificados, de vacas locas, sólo cabe deplorar que ni tan siquiera se mencione el control democrático sobre los objetivos de la investigación. 
Rechazo igualmente que la creación de un "Espacio europeo de investigación" implique poner en entredicho a los organismos públicos de investigación, como demuestra la reducción de los créditos públicos para la investigación a largo plazo, o, en Francia, la "ley de la innovación" que legaliza la utilización de los medios públicos para fines privados. 
(La sesión, interrumpida a las 13.41 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
El orden del día contiene el debate sobre problemas de actualidad, urgentes y de notable relevancia. 
El orden del día contiene, en sesión conjunta, las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0102/01 de los diputados Dupuis, Pannella, Bonino, Turco, Dell ' Alba, Della Vedova y Cappato, en nombre del Grupo TDI sobre Kosovo; 
B5-0104/01 de los diputados Sakellariou, Souladakis, Swododa y Martínez Martínez, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Kosovo; 
B5-0114/01 de los diputados Lagendijk y Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Kosovo y en la Serbia meridional; 
B5-0122/01 del diputado Pack, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Kosovo y en la Serbia meridional; 
B5-0134/01 de los diputados Brie, Alavanos y Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Kosovo; 
B5-0143/01 del diputado Haarder, en nombre del Grupo ELDR, sobre Kosovo. 
Señor Presidente, sólo quiero preguntar quién está esta tarde en representación de la Comisión y cuándo se le espera en el Parlamento. 
En cuanto llegue, se lo digo, señor Posselt! 
Señor presidente, la semana pasada vimos en los medios de comunicación en Belgrado la presencia del Parlamento Europeo, de la Comisión, del Sr. Solana y del Sr. Patten. 
Esta imagen deseamos que sea el principio del fin de la tragedia balcánica, y entiendo que por primera vez el Sr. Solana se presentó allí, si adoptamos la referencia de Ifigenia, la tragedia de Eurípides, no como adivino de desventuras, sino como adivino de venturas. 
El punto de partida de una política para la región que aplaque los ánimos de los responsables en relación con los múltiples desastres humanos que han tenido allí lugar, creo que tiene que fundamentarse decididamente en el Parlamento Europeo. 
De aquí tiene que salir el mensaje de que nosotros apoyamos la estabilidad, la paz, el desarrollo de la colaboración en la zona. 
Tienen que comprender los pueblos de la región que así no serán nunca ni grandes ni pequeños, porque la pobreza nunca hace grande, y mientras sigan los enfrentamientos, lo único que allí se producirá será pobreza y desdicha, y eso será lo único que repartan. 
En este sentido, la estabilidad, el desarrollo, la cooperación deben ser nuestras principales concepciones y eso es lo que expresa la resolución. 
Deben comprender los pueblos de la región- y debemos comprenderlo nosotros- que los protectorados bajo ocupación, cualquiera que sea su naturaleza, no permiten en ningún caso el desarrollo económico, no permiten en ningún caso la paz, no permiten en ningún caso el fortalecimiento de los pueblos y países de la región. 
Así pues, la coyuntura de la visita, la coyuntura de los cambios en Belgrado, nuestra propia coyuntura es excepcional, útil y crucial y debemos aprovecharla. 
Tenemos que comprender que la democracia, la paz, la cooperación, para ser alcanzadas, en ocasiones nos exigen transcender necesariamente ciertas cosas- Transcender, pues, es nuestra perspectiva en esta resolución que define un amplio marco que puede en todo caso constituir el marco político de los próximos acontecimientos en la región, y que todos debemos apoyar. 
Señor Presidente, la comunidad internacional, y ciertamente también la Unión Europea, está involucrada en un complejo juego de equilibrios. 
A un lado están los kosovares que esperan con impaciencia una decisión acerca del estatuto definitivo de su país, que esperan con impaciencia las elecciones y que aún albergan sentimientos de odio hacia los serbios, lo cual- seamos sinceros- es comprensible. 
En ese clima tienen carta blanca los extremistas, por ejemplo en la región de Presevo, donde incluso son atacadas las tropas de la Kfor, una situación que a mi modo de ver y también en opinión del Sr. Dupuis resulta totalmente inaceptable. 
Al otro lado está el Gobierno serbio que, gracias a sus nuevas caras y sus hermosos proyectos, cuenta con la simpatía de la comunidad internacional. 
Así por ejemplo, ha formulado propuestas para la zona que acabo de mencionar, para la región de Presevo, que a mi juicio podrían servir de base para unas negociaciones. Considero que los albaneses deberían tenerlas en cuenta. 
Últimamente, estamos viendo cómo la simpatía de la comunidad internacional se está desplazando de los molestos kosovares hacia los voluntariosos serbios. 
Es en este momento- y ya lo estamos viviendo- cuando el juego de equilibrios resulta más difícil. 
¿Cuál es la tarea de la UE? 
Debemos garantizar que los serbios cumplan sus promesas porque, por muy prometedoras que sean, de momento sólo existen sobre el papel. 
Tenemos que aislar a los kosovares extremistas e instar a los kosovares moderados, haciendo uso de nuestra capacidad de persuasión o, si hace falta, de la fuerza, a que cooperen con los serbios y dejen de combatirlos. Hemos de convencerlos de que no pueden seguir imponiendo sus condiciones. 
Repito, señor Presidente, que puedo imaginarme tareas más fáciles. 
Hoy estamos debatiendo sobre el sur de Serbia y sobre Kosovo. 
No estamos debatiendo sobre Serbia y la política actual en Serbia. 
Comparto mucho de lo que has dicho. 
Y créeme, los compañeros que estaban en Belgrado han tomado una postura clara frente a las condiciones: nosotros pensamos que sin que se cumplan las condiciones, no habrá dinero. 
Esto no lo niega nadie salvo el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, a quien pido que deje de decirlo. 
Pero quisiera abordar el tema de hoy. 
¿Se trata de cómo está la situación en Kosovo? 
También estoy de acuerdo con el Sr. Lagendijk. 
Si no sabemos pronto cómo van las cosas en Kosovo se acumularán dificultades en esa zona. 
El problema es que la KFOR constituye ahora el objetivo militar de serbios y albaneses, a pesar de que realmente está ahí para proteger a ambos. 
El problema es, precisamente, que el Sr. Hækkerup debe convocar elecciones muy pronto. 
Para ello debe saber qué poderes tendrán los órganos que serán elegidos. 
Por otro lado, nosotros necesitamos tales órganos para saber cuáles serán nuestros interlocutores por parte serbia. 
Y ahora llegamos al tema del sur de Serbia. 
Creo que ahí la KFOR no ha hecho todo lo que hubiese podido. 
¿De dónde les llegan las armas a estos nuevos extremistas? 
Han pasado de la UCK a la nueva UCK. 
Pienso que la KFOR con sus 50.000 hombres en Kosovo debería poder mantener el orden en el valle de Presevo. 
Les pido que lo hagan para que no comprometan nuestra credibilidad en esa zona. 
También creo, naturalmente, que lo que ha dicho el alcalde de Presevo en Belgrado es verdad: que la población quisiera permanecer en Serbia si los albaneses de la región fuesen finalmente considerados personas de igual categoría. 
Quisieran gozar de todo lo que corresponde a un ciudadano de ese país. 
Pienso que el plan actual del Gobierno está bien. 
Va por el camino correcto y deberíamos apoyarlo. 
Realmente estoy un poco triste porque el Sr. Kostunica haya dicho que todo esto no debería transcurrir bajo vigilancia de la UE. 
¿Por qué no? 
Somos buenos moderadores. 
Podemos, y espero que se nos permita, ayudar a los serbios y albaneses a convivir en paz. 
Señor Presidente, intervinimos en Kosovo para proteger a los albaneses que estaban en minoría en Serbia. 
Ahora debemos proteger a los serbios que son minoría en Kosovo. 
Y debemos decirles a los rebeldes extremistas albaneses que no estamos allí para apoyar las ideas extremistas albanesas. 
Estamos allí para apoyar la paz y los derechos humanos y haremos lo que podamos para impedir a los extremistas albaneses que alteren la paz en la nueva Serbia democrática. 
Me gustaría asegurar al Sr. Dupuis que fuimos seis miembros de este Parlamento quienes empleamos el fin de semana en visitar a los nuevos líderes de Belgrado. 
Se nos aseguró que se colaboraría con el Tribunal de Crímenes de Guerra de la Haya, que se nombraría una comisión para la verdad y que se anmistiaría a los objetores de conciencia, etc. Lo que podemos hacer en este Parlamento es hacer que los nuevos líderes cumplan estas promesas y si no las cumplen, tenemos nuestros medios pues somos el gran donante, los que ahora concedemos montones de dinero y en los próximos años seguiremos haciéndolo a la nueva Serbia. 
Por último, señor Presidente, me gustaría decir algo que casi es un comentario al Reglamento. 
El objeto de estos temas de urgencia que ahora debatimos es dirigir la atención de la opinión pública hacia problemas graves de la política mundial, ataques graves a los derechos humanos y a la democracia. 
Resulta por tanto paradójico que celebremos el debate en un momento en el que estamos presentes los menos. 
No hay nadie de la prensa. 
Es casi como hacer un striptease a oscuras- perdón por la expresión, señor Presidente. 
También me parece paradójico que insistamos en la necesidad de que la Comisión esté presente- y el Consejo también debería estar aquí- y que sin embargo, hayamos escrito nuestras resoluciones antes de haber oído lo que tienen que decir. 
Resulta tanto paradójico como poco serio. 
Por ello, señor Presidente, concluiré mi intervención con el deseo de que estos temas de urgencia sean incluidos en el orden del día del miércoles cuando el Consejo y la Comisión están presentes y que votemos sobre las resoluciones una vez hayamos escuchado los comentarios a nuestras propuestas. 
Como usted sabe, señor Haarder, quien establece nuestro orden del día no es el despacho de presidencia, sino la Conferencia de Presidentes. 
Si quiere presentar ésta propuesta suya al presidente de su Grupo para que la someta a la atención de los demás colegas, veremos lo que proceda. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar responder al Sr. Haarder que es una vergüenza- para decirlo claramente- que los parlamentarios ausentes no estén aquí. 
No podemos introducir el miércoles de cada cinco días porque alguna gente se toma seis semanas libres y sólo trabajan un día. 
Ya le gustaría a cualquier trabajador. 
Creo que lo que esta sucediendo es una vergüenza para el Parlamento, y que usted, Sr. Haarder, lo esté potenciando al querer eliminar ahora el jueves después de que ya lo ha sido el viernes, me parece de escándalo. 
Pero vayamos al tema. 
Quisiera decir con toda claridad que los europeos tenemos una gran responsabilidad frente a Kosovo, y el punto del orden del día de este debate de urgencia era Kosovo y no el sur de Serbia, como así figura en el orden del día. 
Por eso no estoy del todo conforme con la resolución, aunque también quisiera decir que mi nombre figura en ella por error. 
No la he firmado. 
Pido que se corrija porque creo, y esto lo han puesto de manifiesto las anteriores intervenciones, sobre todo la brillante intervención de la Sra. Pack, creo, decía, que se trata de estabilizar la situación de Kosovo, pues mientras no sea así, no habrá estabilidad en las regiones fronterizas, incluyendo al sur de Serbia y a Serbia entera. 
Por ello es urgentemente necesario, y en ello le doy toda la razón al Sr. Lagendijk, que se dé el paso decisivo, a saber: celebrar elecciones en Kosovo. 
Hasta que no tengamos instituciones legítimas en Kosovo que puedan ser interlocutores de los serbios democráticamente legitimados, no habrá un acuerdo de paz en la región. Si seguimos postergando esas elecciones por las razones que sean, cargaremos con una parte importante de culpa, porque así desestabilizamos la posición del Sr. Rugova, y las fuerzas extremistas, cuyos apoyos, por cierto, no han salido a la luz, pueden aprovechar la situación para ayudar a los albaneses. 
Como ya he dicho, si no actuamos desestabilizamos al Sr. Rugova, quien encarna la esperanza de una solución pacífica, y no deberíamos siempre señalar a otros y decir: éste no es demócrata y aquél tampoco, sino que deberíamos reconocer claramente que estamos incumpliendo con nuestra principal responsabilidad. 
Para terminar quisiera decir al Presidente serbio que si no acepta ninguna intermediación por parte de la UE en esta delicada situación, entonces, ¿por qué acepta dinero de la Unión Europea? 
Señor Presidente, en Kosovo están en juego la coherencia y la credibilidad de Europa, la confianza que en las instituciones europeas puedan tener nuestras propias opiniones públicas y los pueblos de los Balcanes, e incluso la estabilidad en esa región. 
Nuestra actuación en Kosovo hace un par de años no fue, precisamente, un modelo de rapidez, de homogeneidad ni, durante demasiados meses, de eficacia. 
Nuestros pueblos se movilizaron con indignación ante la monstruosa política del régimen de Milosevic, que produjo la opresión, el terror y el éxodo masivo de los albanokosovares. 
La opinión pública de nuestros Estados exigió una actuación radical, como la que llegó a articularse. 
Una intervención militar como aquélla era difícil que no suscitase muchas reservas y algún rechazo en sectores de nuestros pueblos y más aún en la propia Yugoslavia. 
Pero es justo reiterar que aquello se hizo con nuestro acuerdo político y que sirvió para poner coto a los desmanes de Milosevic y al sufrimiento de la población en Kosovo. También contribuyó al descrédito de Milosevic y a su derrota unos meses después. 
Sin embargo, ahora se pone a prueba nuestra coherencia. 
No nos es posible por más tiempo silenciar nuestro embarazo cuando comprobamos cómo en Kosovo algunas de las víctimas de ayer se transforman en verdugos, persiguen a sus conciudadanos de origen serbio y los expulsan de su territorio en una dinámica de limpieza étnica tan odiosa como la anterior. 
Los mismos sectores están protagonizando una agresión armada en otros territorios serbios con población albanesa y, al mismo tiempo, en varios de nuestros países, mafias albanokosovares vienen operando dentro de tramas de delincuencia organizada, al parecer para recaudar fondos con que financiar la actividad guerrillera. 
Todo esto es incompatible con los objetivos perseguidos por la Unión Europea y no podemos tolerarlo. 
La Unión Europea está contribuyendo a la reconstrucción de Kosovo con sumas muy considerables, pero en todo caso esa contribución debe estar estrictamente condicionada al respeto de los derechos humanos, al reconocimiento de las fronteras actuales asumidas por la comunidad internacional y al cese de cualquier acción militar o terrorista de los albanokosovares dentro o fuera de su territorio. 
De nuestra coherencia y de nuestra firmeza, de que impidamos la actuación extremista y expansionista de determinados sectores albanokosovares, puede depender la estabilidad de Yugoslavia, de Albania, de Macedonia y del resto de la región. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, antes que nada quisiera dejar muy claro que estoy en contra del uso de cualquier forma de violencia en la lucha política. 
En mi opinión, es algo que deberíamos considerar como un principio básico absoluto. 
Por otra parte, la situación en Kosovo y el valle de Presevo es muy compleja. No se trata simplemente de tratar con mano dura a unos cuantos albaneses extremistas y, desde luego, no basta con que hoy condenemos enérgicamente esta situación. 
Obviamente, respaldaré la resolución, pero a decir verdad me habría gustado que hoy hubiéramos abordado junto con el tema del valle de Presevo los problemas que siguen produciéndose diariamente en Mitrovica. 
Allí- no lo olvidemos- no se hostiga solamente a los policías y a las tropas de la KFOR, sino también a los propios ciudadanos. Vivir en Mitrovica no es ningún placer. 
Muchos colegas han visitado la zona y conocen la situación. 
Estimados colegas, me extraña el caluroso trato que el Presidente Kostunica está recibiendo en este momento por parte de la comunidad internacional. 
Le mimamos, le apoyamos y cuando asumió la Presidencia le prometimos con razón ayuda de emergencia inmediata. 
Por supuesto, yo estaba de acuerdo con ello, pero ahora hemos llegado a un momento decisivo. Ha llegado la hora de pasar de la ayuda de emergencia a la ayuda estructural. 
Creo que es un punto crucial que no debemos desaprovechar. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para explicar claramente al Sr. Kostunica y a su Gobierno que tendrán que adoptar medidas fundamentales para solucionar los problemas en Kosovo. 
Ello significa en primer lugar que los prisioneros deben ser puestos en libertad. 
En esa cuestión aún no se ha avanzado nada. Es una auténtica vergüenza. 
Cuando hablas con kosovares albaneses es lo primero que te preguntan. 
En segundo lugar, creo que debemos utilizar este momento crucial para obligar al Sr. Kostunica a que por fin comience a pensar en una verdadera solución política para la región de Kosovo. Sí por mí fuera optaría por el autogobierno. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la delegación del Parlamento que estuvo hace poco en Yugoslavia ha visto una Serbia y una Yugoslavia en brusca transformación. 
Luchan por la configuración futura de esos países, se habla mucho de descentralización justamente en Serbia y también sobre un nuevo modelo de relación con las minorías. 
Se habla mucho también de fortalecer el ámbito local y, sobre todo en el sur de Serbia, de otorgar a la minoría albanesa una representación limpia, pues hasta ahora no lo era, en el Gobierno local. 
Cualquier acción violenta, tanto en el sur de Serbia como en Mitrovica, daña este lento proceso de paz que se está desarrollando en los Balcanes. 
Naturalmente, un avance decidido por parte de las autoridades serbias y yugoslavas respecto de las relaciones con las minorías es necesario. 
Esto es lo que nosotros, como parlamentarios, siempre hemos exigido y seguiremos exigiendo, pues ahí no hay compromisos que valgan. 
Lo único importante es que los pasos que se vayan a dar sean realistas. 
Con toda seguridad, uno de ellos será el proceso electoral en Kosovo, aunque tendrá que venir después de que se aclare la cuestión de qué competencias y qué autoridad corresponderá a los representantes elegidos. 
Los problemas existentes no pueden resolverse de hoy para mañana. 
Sólo pueden ser resueltos mediante un consenso de todos los partícipes, Estados y etnias. 
Es un proceso difícil, y yo comparto la opinión, quizás no en los detalles, pero sí en lo básico, de la Sra. Pack de que Europa debe tomar la iniciativa al respecto, pues ninguno de los socios de los Balcanes disfruta de tanta confianza como para tomar ahora la iniciativa y procurar la paz. 
Esta confianza la tiene, hoy por hoy, la Unión Europea solamente. 
Ni los EEUU ni Rusia ni ningún otro de los Estados y sociedades de la región tienen esa autoridad. 
Y si Europa se duerme ahora, surgirán muchos problemas. 
En esto le doy la razón a otros de los intervinientes en el debate, como el Sr. Posselt. 
Contamos ya bastante en el mundo y en muchas regiones como para que no ejerzamos una influencia estabilizadora. 
En los Balcanes debe ser distinto. 
Queremos contar, pero también queremos participar en las decisiones para que esa región alcance la paz y la estabilidad. 
. Señor Presidente, la Comisión comparte la mayoría de las preocupaciones mencionadas en las resoluciones. 
Por lo que se refiere a Kosovo, muchas de las cuestiones que se suscitan en las mismas forman ya parte de nuestra preocupación. 
Estamos condenando firmemente la violencia en todas sus formas, deseamos combatir la delincuencia organizada y, al mismo tiempo, la misión de las Naciones Unidas y los representantes especiales, tanto el entrante como el saliente, cuentan con todo nuestro apoyo. 
El pilar de la Unión Europea, de la UNMIK, encargada del desarrollo económico, hace de la implicación y la formación de las comunidades locales, tal y como ustedes plantean, un punto básico y fundamental para nuestra cooperación. 
Un punto esencial, suscitado por algunos oradores, es el respeto fundamental a los principios democráticos y a los derechos de las minorías. 
Compartimos absolutamente esta preocupación y, en ese sentido, seguimos trabajando especialmente en el tema de los detenidos albanokosovares en las cárceles serbias. 
Es un punto que la Unión Europea ha suscitado en múltiples ocasiones, la más reciente en la visita de la troika a Belgrado la semana pasada. 
Sabemos que las autoridades están tramitando una ley de amnistía para los miles de presos políticos que aún existen como consecuencia del régimen de Milosevic. 
Sabemos que esta ley, en principio, quiere tener un alcance muy amplio, del cual sólo quedarán excluidos algunos centenares de detenidos condenados por delitos de terrorismo, la mayor parte de ellos albanokosovares. 
Las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y de Serbia están examinando los casos individualmente y con un procedimiento urgente, aunque es cierto que no tienen intención de conceder un perdón general. 
Han manifestado que no liberarán a ningún preso, ni serbio ni albanés, condenado justamente por este tipo de delitos. 
Por parte de la Unión Europea continuaremos suscitando esta cuestión y haciendo presión para que se resuelva cuanto antes. 
Estaremos pendientes de ella y de otros temas en los meses venideros, mientras negociamos, tanto con la República Federativa de Yugoslavia como con las autoridades serbias, el programa de asistencia a Serbia este año. 
Es muy importante para todos que las nuevas autoridades democráticas mantengan su compromiso para seguir adelante con las reformas planteadas. 
Han tratado ustedes también en la resolución una segunda cuestión: el problema de las tensiones en el sur de Serbia, en el valle de Precevo, y las resoluciones adoptadas también aquí reflejan las posiciones políticas adoptadas por la Unión, que ha condenado de forma categórica la violencia y el terrorismo. 
Desde el punto de vista de la Unión Europea, hemos puesto de relieve la moderación de las nuevas autoridades de la República de Yugoslavia y de Serbia y les seguimos pidiendo que continúen mostrando esta moderación. 
Hay un punto en el que todos tenemos que ser muy claros- lo he oído de algunos de ustedes y compartimos totalmente esta visión -: estamos llegando a una nueva época en los Balcanes, donde no puede haber sitio para la violencia, venga de donde venga. 
Por ello, la Unión Europea tiene que felicitarse por el plan presentado por las autoridades para resolver la crisis actual, que incluye propuestas para solucionar los agravios de los habitantes de esta región, pobre y subdesarrollada, con todos los problemas que ello implica. 
Por parte de la Unión Europea, estamos estudiando el plan que se acaba de recibir y merece la pena mencionar que éste es el primer intento de Belgrado- esto es importante- de conseguir una solución negociada mediante el diálogo entre los diversos grupos étnicos en el territorio de la antigua Yugoslavia. 
Milosevic nunca intentó esta operación. 
El principio de la negociación y del diálogo merece y recibe todo nuestro apoyo. 
La Unión Europea está aumentando el número de misiones de supervisión en el valle de Precevo y la Comisión está estudiando la forma de incrementar el ya sustancial apoyo que se está prestando a la región. 
La aportación actual asciende aproximadamente a un millón de euros en combustible y programas de educación y humanitarios. 
El Viceprimer Ministro, Covic, debe llegar hoy a Bruselas y discutirá también este plan con la Comisión. 
Los Estados miembros, por su parte, están examinando sus posibles contribuciones. 
En Kosovo la KFOR está desempeñando un importante papel para intentar limitar la actividad de los extremistas y tanto la UNMIK como la Unión Europea están ejerciendo presiones sobre los políticos albanokosovares para que se distancien de los extremistas de Precevo. 
Señor Presidente, como el Comisario no estaba cuando he intervenido, desearía indicarle que no se trata de una ley de amnistía. 
La resolución 1244 del Consejo de Seguridad no deja lugar a dudas: únicamente las autoridades de la UNMIK son competentes para, eventualmente, juzgar a Kosovares. 
Por tanto, no hay ley de amnistía que valga, basta con transferir a estas setecientas personas de Belgrado a Pristina, en Kosovo. 
Se levanta la sesión conjunta. 
La votación se celebrará a las 18:30. 
Situación en la República Democrática del Congo 
El orden del día contiene, en sesión conjunta, las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0105/01 de los diputados Sauquillo Pérez del Arco, Van den Berg y Kinnock, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en la República Democrática del Congo; 
B5-0115/01 de los diputados Isler Béguin, Lucas y Lannoye, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en la República Democrática del Congo; 
B5 0123/01 de los diputados Van Hecke y Fernández Martín, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en la República Democrática del Congo (RDC); 
B5-0133/01 del diputado Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en el Congo; 
B5-0135/01 del diputado Vinci, Sylla y Alavanos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en la República Democrática del Congo; 
B5-0144/01 de los diputados Van den Bos y Dybkjær, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Congo. 
Señor Presidente, sólo la democracia liberará a los Estados de la barbarie, de las guerras interétnicas y de los gobiernos despóticos y militares. 
La República Democrática del Congo no es una excepción a esta premisa. 
A pesar del Acuerdo de Lusaka de 1999, que contemplaba un alto el fuego bajo supervisión de la ONU, el desarme de todas las facciones armadas, la retirada de todas las fuerzas extranjeras y la apertura de un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición armada y no armada, el estado de beligerancia persiste, paralizando la economía y la política en el conjunto de la región. 
El Parlamento Europeo debe condenar enérgicamente todos estos actos violentos perpetrados contra la población civil; debe igualmente condenar la intervención militar de los países vecinos y solicitar la retirada de todas las fuerzas extranjeras. 
Tras el asesinato del Presidente Kabila, la comunidad internacional y el Parlamento Europeo deben intervenir en esta transición política. 
Debemos pedirle al nuevo Jefe del Estado que levante la prohibición que censura a los partidos políticos. 
El Sr. Kabila- hijo- debe solicitar y anunciar claramente un calendario para la apertura del diálogo ínter congolés y para la convocatoria de elecciones libres. 
La población civil, que ya se ha visto severamente castigada en el ámbito económico y sanitario- particularmente en los alrededores de Kinshasa- no debe ser una vez más víctima del desinterés político de nuestro continente, ni tampoco del total desentendimiento de los inversores y de las empresas en la República Democrática del Congo, cuanto más tratándose de los derechos humanos, del medio ambiente o del Estado de derecho. 
Tenemos una responsabilidad política en Africa, y debemos actuar para preservar la dignidad de la población de este continente. 
Señor Presidente, el fallecimiento de Laurent-Désiré Kabila ha abierto nuevas perspectivas para la paz. 
El antiguo Presidente se había convertido en un obstáculo para la aplicación del Acuerdo de Paz de Lusaka. 
Fue eliminado por quienes precisamente le habían ayudado a ascender al poder. 
Por el momento, su hijo y sucesor, Joseph Kabila, goza de mucha confianza en la comunidad internacional. 
Sin embargo, no deja de ser el protagonista de un guión escrito y dirigido por otros, por Angola y Zimbabue, pero también por los defensores de la línea dura del Gobierno de su padre. 
Todos los indicios apuntan a que el conductor ha cambiado aunque el autobús continúa siendo el mismo. 
El joven Kabila ha despertado grandes expectativas. 
Va siendo hora de que pase a la acción. 
Hasta nuevo aviso, el Acuerdo de Lusaka constituye el único marco para una solución definitiva. Exige la retirada de todas las tropas extranjeras del territorio del Congo y la simultánea instauración de un diálogo intercongoleño. 
La comunidad internacional ha de determinar su postura sin mayor dilación, al tiempo que debe desplegar la MONUC de la fuerza de paz de Naciones Unidas. 
Además, es urgente que se garantice una mayor coordinación de las acciones, tanto entre Europa y América como entre los diferentes países de la Unión Europea. 
Algunos Estados miembros siguen interpretando el conflicto en la región de los Grandes Lagos como una supuesta y artificial lucha entre anglofonía y francofonía. Otros se preocupan sobre todo por salvaguardar sus propios intereses económicos. 
El cinismo tiene sus límites. 
Si esta brizna de esperanza no se aprovecha rápidamente para sacar adelante el proceso de paz, la violencia no tardará en recrudecerse y la primera guerra mundial africana se agudizará. 
Por todo ello, insto al Consejo y a la Comisión a que sean más asertivos. Es fundamental que Europa hable con una sola voz si realmente pretende ayudar a poner fin a esta guerra que ya se ha cobrado demasiadas vidas. 
Señor Presidente, evidentemente los pueblos de la República del Congo son los que más van a sufrir los conflictos entre bandas armadas que desgarran su país, pero presentar estos conflictos como si la única responsabilidad en juego fuera la de las facciones congoleñas enfrentadas y la de sus protectores de los Estados africanos vecinos, y como si un llamamiento de Europa a la reconciliación nacional y a la democratización pudiera resolverlos, es tan irrisorio como mentir. 
Entre los aquí presentes que pretenden dar al Congo lecciones de democracia o de derechos humanos, están los representantes de la antigua potencia colonial que mantuvo a este país, durante décadas, bajo una feroz opresión. 
Están también los que han tomado el relevo en nombre del imperialismo francés y que han demostrado el valor de sus discursos sobre la democracia apoyando a Mobutu, sin mencionar siquiera a sus cómplices de las otras potencias, seducidos todos ellos por la riqueza minera del Congo. 
Son los criminales los que dan lecciones a las víctimas de sus crímenes. 
Al tiempo que manifestamos nuestra solidaridad con los pueblos del Congo, nos negamos a vincularnos, bajo ningún concepto, a los representantes de las fuerzas políticas que son en parte responsables de la opresión pasada y presente ejercida sobre este país, y en la cual, todavía hoy, algunos están implicados a través de redes políticas o especuladoras cuyo objetivo es sacar provecho de Africa. 
Señor Presidente, bajo el viejo Kabila el camino hacia la paz se hallaba en un callejón sin salida. 
Ahora que su hijo se ha convertido en el nuevo Presidente ha vuelto la esperanza. 
Para que se restablezca la paz es imprescindible que se retiren todas las tropas extranjeras. 
Por eso, sobre todo Europa y América han de presionar conjuntamente a Ruanda y a Burundi para que estos países renuncien a su aventura. 
La propuesta de dividir el país es una opción inadmisible. 
Todos habrán de reconocer su integridad territorial, incluidos los denominados rebeldes. Sin embargo, éstos solamente estarán dispuestos a hacerlo si Kabila y sus amigos aceptan compartir el poder. 
En el Congo no podrá haber una estabilidad duradera mientras no se democratice la vida política. 
El único recurso de la pobre población consiste en la intensificada ayuda de emergencia humanitaria. 
En cuanto la paz lo permita, la Unión Europea debe reanudar el envío de ayuda estructural, sobre todo con objeto de garantizar el buen funcionamiento del Gobierno. 
El pobre Congo podría ser muy rico. 
Posee muchos minerales y cuenta con una población mayoritariamente joven y altamente dinámica. Ésta se merece que se dé un nuevo impulso a las perspectivas de paz. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en el debate sobre esta resolución hemos de tener muy presente que el Congo es mayor que Europa. Se trata de un país en el que viven unas 300 tribus, de las cuales varias están totalmente aisladas porque apenas existen vías de comunicación. 
Un país en el que la producción y el abastecimiento se llevan a cabo con gran dificultad. 
Un país que está encerrado entre Ruanda y Uganda. 
Ruanda ha desplazado sus fronteras por razones de seguridad adentrándose unos 200 a 300 km. en el interior del Congo. Uganda dominaba grandes partes del territorio congoleño, incluido Kisangani, bajo el pretexto de la lucha contra los movimientos rebeldes. 
La postura neutral propugnada por los Acuerdos de Lusaka, es decir, la retirada de las tropas extranjeras y la colocación de barreras tanto en las fronteras con Ruanda y Uganda como entre los propios migrantes, supone un primer paso pasivo hacia una posible estabilización del frente y el posterior regreso de los numerosos refugiados. 
Quizá sea oportuno que Europa, frente a la actitud vacilante de la política americana hacia Kabila, se disponga a desempeñar un papel clave. 
Gracias a sus profundos conocimientos de la mentalidad subyacente a la situación congoleña, Europa puede tener un impacto decisivo y puede intervenir una vez más en favor de la población, reforzando la lucha contra la pobreza sangrante, los problemas sanitarios, el hambre y las epidemias. 
Así por ejemplo, Europa podría apoyar, sin tomar partido, los esfuerzos de Bélgica destinados a introducir un factor estabilizador en beneficio de los 55 millones de hombres y mujeres que viven en un espacio mayor que la superficie de la Europa ampliada. 
De este modo, Europa demostraría estar dispuesta a tener en cuenta las prioridades establecidas por el nuevo Presidente en su discurso inaugural. 
Europa no puede adoptar una actitud pasiva ante los acontecimientos en el África Central. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el drama de la República Democrática del Congo no se puede disociar, por desgracia, del drama de toda aquella región. 
Y mi intervención va destinada sobre todo a señalar a la atención de sus Señorías las responsabilidades particulares de Angola, país gobernado por un poder armado y completamente corrupto que se aprovecha de las fragilidades del capitalismo occidental para oprimir a su pueblo y amenazar la paz, la estabilidad y la seguridad en toda la región. 
Eso nos afecta de forma muy especial, tanto más cuanto que en Cabinda hay portugueses que están retenidos, detenidos, hace más de nueve meses, en un drama tan antiguo como los dos turistas occidentales que fueron secuestrados en las Filipinas hace casi un año. 
Y que están prisioneros de fuerzas de guerrilla que luchan por la independencia de Cabinda. 
La realidad es que el poder de Angola no es capaz de resolver esos problemas y hace recaer su inestabilidad y su codicia sobre territorios vecinos. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que sea particularmente firme al examinar la situación en esta región del mundo y también solicito la ayuda de la Comisión y de la Presidencia sueca para conseguir lo antes posible la liberación de los portugueses detenidos. 
. Señor Presidente, la Unión Europea condena, evidentemente, la violencia política en todas sus formas. 
El Congo es una de las zonas que nos preocupa y es verdad que la toma del poder por Joseph Kabila puede ofrecer nuevas oportunidades para reanudar las negociaciones de Lusaka, sobre la base del discurso moderado que ha mantenido hasta ahora, especialmente en sus desplazamientos a Francia, Bélgica y Estados Unidos. 
Es cierto que, de momento, son palabras y que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. 
Evidentemente, seguiremos esas actuaciones en el futuro. 
En todo caso, pensamos que es una ocasión que debe aprovecharse sin dilación para intentar llegar a una solución negociada del conflicto, ahora que se observa, según parece, un importante alto el fuego. 
La Comisión apoyó en su día activamente las negociaciones de Lusaka, con una asignación importante de fondos regionales, y los mecanismos resultantes del acuerdo, con una asignación de un fondo para la comisión militar conjunta. 
Estos fondos, relativamente importantes, han superado algunos millones de euros y han sido fundamentales para conseguir los tres objetivos fundamentales: la negociación, la comisión militar y la facilitación del diálogo político. 
Pero estamos haciendo otros esfuerzos adicionales importantes en términos financieros y de ayuda humanitaria. 
ECHO asignó, el pasado año, 20 millones de euros y tiene prevista para éste una asignación de 35 millones de euros. 
Nuestra presencia no es únicamente económica, que aporta seguridad alimentaria y salud, sino que también pretende impulsar esa solución negociada que todos deseamos, con arreglo a los acuerdos de Lusaka. 
La Comisión está estudiando igualmente la posibilidad de apoyar la reactivación del proceso de paz y de reconciliación mediante programas de rehabilitación, desmovilización y reinserción de las poblaciones desplazadas, aunque, dada la situación actual, es prematuro precisar las posibles acciones concretas que puedan emprenderse en el futuro. 
Ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista político se cumplen las condiciones para poder definir de forma más clara cómo podríamos actuar. 
Por último, señalo que tomo nota de la petición que el Sr. Ribeiro e Castro nos ha hecho, para ver en qué medida podemos tener alguna iniciativa en este punto. 
Se levanta la sesión conjunta. 
La votación se celebrará a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, ¡otra vez China! 
A pesar de todo, dudo que esta entrada en materia, "¡ otra vez China !", baste para que nuestro Parlamento se percate del drama chino, de la transformación verdaderamente trágica de este típico régimen comunista en régimen nacional-comunista, y de los riesgos presentes y futuros que ello conlleva para la seguridad de Asia y del resto del mundo. 
Hoy, no hay libertad religiosa ni de conciencia ni para los chinos, ni para los tibetanos, ni para los mongoles, ni para los uigures. 
En concreto, el movimiento Falun Gong es víctima de una represión digna de la que conocimos con la Revolución Cultural, y no es el único. 
Se habla ya de cincuenta mil personas detenidas, más de ciento cincuenta fallecidas en prisión, a menudo tras haber sido torturadas... 
Esto que les estoy describiendo es la situación actual, y no la que imperaba durante la Revolución Cultural. 
Nuestro Parlamento tiene la obligación de ser muy firme. 
El texto de la resolución es un texto adecuado. 
Le doy las gracias en particular a la Sra. Malmström, que ha sido una de las personas clave en su redacción. 
Mis colegas socialistas seguramente no estén al corriente de una pequeña anécdota, que, en un contexto menos trágico, sería en cierta forma divertida: durante la reunión de transacción, uno de los representantes del Grupo Socialista propuso, de alguna manera, excluir al movimiento Falun Gong de esta resolución, argumentando que no se trataba de una religión, sino de algo distinto. 
Creo que sutilezas de este tipo son un tanto tragicómicas. 
La libertad religiosa, la libertad de conciencia son un mismo concepto que a cada cual le corresponde definir. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, la libertad de conciencia, de creencias y de religión, la libertad de expresión y la libertad de reunión son los derechos fundamentales más elementales que debe poseer una persona en el mundo en que vivimos. 
Son parte esencial de nuestra democracia, y esperamos que se respeten en todas partes como parte fundamental de la vida de las personas para que así puedan vivir una vida humanamente digna. 
Durante un tiempo parecía que en la República Popular China había un movimiento positivo. 
Desgraciadamente, desde hace poco parece que esto ya no es así, y que esto no sólo se ha detenido, sino que además se ha producido una involución. 
Lamento especialmente que la República Popular China haya firmado documentos importantes como el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que el proceso de ratificación y ejecución de esos pactos todavía no haya concluido. 
Es una vergüenza. 
Hay que dinamizar eso. 
Por ello apelo en nombre de mi Grupo a la República Popular China a que respeten las libertades civiles de la gente tal y como nosotros nos esforzamos por hacer en nuestras democracias. 
A mi querido colega Dupuis quisiera decirle de pasada que los Falun Gong dicen de sí mismos que no son ninguna institución religiosa. 
Debemos respetar también lo que las instituciones afirmen de sí mismas. 
Señor Presidente, en primer lugar, el título de la resolución debería ser "Libertad de Expresión", y no "Libertad Religiosa" porque como ya se ha señalado antes, Falun Gong no es una religión, sino una práctica comparable con el yoga en el mundo occidental. 
En segundo lugar, la represión ejercida contra Falun Gong carece por completo de sentido. 
¿Se imagina usted la represión de todas las personas que practican el yoga en Europa? 
El Gobierno chino llega a encarcelar a los ciber-disidentes, es decir, a las personas que crean o administran sitios de Internet cuyo contenido no complace al Gobierno, como el Sr. Huan Qi, que está siendo actualmente juzgado. 
Por último, debería dejar de apoyar el diálogo entre la UE y China sobre los derechos humanos en tanto no se alcance resultado alguno. 
Su única consecuencia hasta ahora ha sido impedir la adopción en Ginebra de una resolución de condena a China. 
" La religión es el lamento de la criatura oprimida, el ánimo de un mundo sin corazón y el espíritu de una situación desalmada. 
La religión es el opio del pueblo. " 
El marxismo-leninismo está desprestigiado. 
Otras ideologías, sin embargo, siguen existiendo. 
China está muy lejos de permitir libertad de opinión y no digamos de religión a los tibetanos, a los mongoles, a las iglesias cristianas o a las comunidades musulmanas. 
Los tibetanos están siendo perseguidos. 
Están prohibidas las imágenes del Dalai Lama. Hay amenazas de arrestos de muchos años. 
Quisiera recordar la acción del Intergroupe Tíbet del Parlamento Europeo, a la monja Ngawang Sangdrol, que lleva nueve años en prisión y para la que se solicitó este año el premio Sajarov. 
La segunda máxima autoridad del budismo, el niño de once años Panchen Lama, ha sido secuestrado y desde entonces está completamente aislado de todo contacto con el mundo exterior. 
Ni siquiera se le permitió recibir a la Comisaria de la ONU para Derechos Humanos, la Sra. Mary Robinson. 
El Grupo del PPE-DE espera que China, como miembro futuro de la OMC y global player sea consciente de la responsabilidad contraida con la ratificación y ejecución de los acuerdos internacionales sobre derechos civiles y políticos del mismo modo que de los acuerdos sobre derechos económicos, sociales y culturales. 
Pedimos a los Estados miembros de la UE que aprovechen la oportunidad que les brinda la sesión de la Comisión de Derechos Humanos que se celebrará en Ginebra. 
Si de la libertad de religión hacen un tema prioritario, estarán haciendo un tema prioritario de la masiva violación de derechos humanos que se produce en China. 
Y pensemos que en la Carta de Derechos Humanos- uno de los éxitos más importante de la cumbre de Niza -, en el segundo capítulo figura la libertad de religión, de conciencia, de opinión y de prensa. 
Tengo las esperanzas puestas en la capacidad de actuación de la Comisión Europea. 
¡Tashi delek! 
Señor Presidente, hubo una época en la que Europa y América excluían sistemáticamente a la República Popular de China del diálogo internacional y del comercio mundial. 
El mundo exterior veía como una amenaza el que un país dividido y atrasado volviera a empezar y desarrollara su economía de una forma que en aquel entonces entusiasmaba a una multitud de trabajadores y agricultores. 
Más de un siglo después los herederos de aquella revolución siguen en el poder. 
Han dejado atrás su ideología y han perdido la entusiasta adhesión de la población, pero desafortunadamente conservan plenamente sus rasgos dictatoriales. 
Ello hace que todo lo disidente sea combatido fanáticamente, lo cual perjudica seriamente a las minorías étnicas y religiosas y a las personas que formulan críticas políticas. 
El régimen prohibe organizaciones, encarcela a la gente y acude a menudo a la pena de muerte. 
Los países pequeños y débiles que violan los derechos humanos de sus súbditos son criticados por la comunidad internacional, y con razón. 
En el caso de China, el país más poblado del mundo, las cosas son diferentes. 
Independientemente de la orientación política, se suele sostener que se trata de un país grande e importante que puede convertirse en un destacado socio económico y con el que conviene mantener relaciones amistosas. 
Mi Grupo opina que debemos poner fin a este trato desigual. 
No puede ser que los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, se detengan en las fronteras chinas. 
Señor Presidente, quiero unirme al Sr. Dupuis y a la Sra. Iivari para expresar nuestro sentimiento de profunda solidaridad con los exiliados de Laos presentes hoy aquí, y sobre todo con los disidentes que se hallan en prisión en el mismo Laos sin haber sido juzgados, en unas condiciones intolerables. 
En nombre de los diputados del Grupo de Los Verdes/Alianza de Liberales Europeos presentes en este Parlamento- y, estoy seguro de ello, en el espíritu compartido por todo el Parlamento- queremos expresar todo nuestro apoyo a la liberación de Laos. 
No podemos dejar de recordar aquí cuánto los países occidentales- EE.UU. quizá más que Europa- han hecho por desestabilizar y complicar la vida de este país. 
Ahora queremos ver mejoras. 
Sabemos que Laos ha suscrito las Convenciones de la ONU sobre derechos civiles y políticos, así como sobre derechos económicos y sociales. 
Aún tiene que ratificarlas, y su Gobierno tiene que estar ahora a la altura de lo que se ha comprometido a cumplir. 
Exigimos que ello sea así en nombre de la libertad y de la solidaridad humanas. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, el Parlamento Europeo ya se ha manifestado varias veces sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática Popular de Laos, particularmente en 1991 y en 1997. 
En ambas ocasiones, nuestra institución solicitó, sin éxito, la liberación incondicional de los encarcelados por motivos de conciencia; desde entonces, al menos uno de ellos, el Sr. Tchongsouk Saysangkhi, ha fallecido en prisión. 
Tras 25 años de régimen comunista, los laosianos desean hoy que su país siga la senda de una transición democrática y reclaman elecciones libres. 
Pero el gobierno continúa reprimiendo cualquier manifestación pacífica, como la del 26 de octubre de 1999, y, más recientemente, la del 17 de noviembre de 2000. 
Los líderes del movimiento del 26 de octubre fueron detenidos y siguen encarcelados. 
El cabecilla de la manifestación del 17 de noviembre, el Sr. Phommachaul Phannolath, ha sido igualmente detenido junto con otros manifestantes. 
La resolución que les ha sido presentada denuncia estos atentados contra los derechos humanos y recuerda que la RDP de Laos, en calidad de socio de la Unión Europea, dentro de un acuerdo de cooperación firmado en abril de 1997, se comprometió a promover y a proteger los derechos humanos en su conjunto. 
Por otra parte, ha dejado patente su voluntad de actuar en ese sentido al firmar, en diciembre de 2000, dos convenios de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. 
En lo sucesivo, esta voluntad proclamada debe reflejarse en la práctica. 
Por añadidura, la RDP de Laos asume el papel de coordinador de las relaciones entre la Unión Europea y el ASEAN hasta 2002. 
Esta función le confiere aun más responsabilidades en cuanto a la promoción del contenido y de los valores sobre los que se basa esta colaboración. 
Deseo que nuestro Parlamento brinde su apoyo no sólo a la estrategia de la Unión en la región, sino también a todos los que, en Laos, dedican sus esfuerzos a la democratización y a la concordia nacional dentro del país. 
La resolución de transacción es equilibrada, clara, precisa. 
Por tanto, les pido en nombre de mi Grupo que la apoyen, para que el Parlamento Europeo haga oír su voz en esta castigada región del mundo. 
Señor Presidente, el 26 de octubre de 1999 desaparecieron cinco personas, a saber, Thongpaseuth Keuakoun, Kamphouvieng Sisaath, Seng-Aloun Phenphanh, Bouavanh Chanhmanivong y Keochay. 
Es probable que se encuentren recluidas. Su único delito consiste en haber participado en una acción de protesta pacífica en Vientiane en la que pedían cambios políticos para su país. 
Todos ellos pertenecen al Movimiento de Estudiantes Laosianos en Favor de la Democracia. 
Se teme por su vida debido a las torturas y los malos tratos practicados en las cárceles. 
En realidad, el Gobierno de Laos tendría que considerar la aportación de este tipo de personas motivadas como un impulso para la mejora del sistema. 
Deben poder aportar su grano de arena en toda libertad. 
En Laos la libertad de opinión y la libertad de organización y reunión están truncadas. 
La inflación supera el 30%. 
Los misteriosos atentados con bomba perjudican al mayor sector económico del país, que es el turismo. 
Si el Gobierno no se apresura a introducir reformas políticas y económicas el país amenaza con sumirse en una situación inestable. 
Guinea Conakry 
Señor Presidente, el problema de los refugiados en Guinea es sin duda uno de los mayores dramas humanitarios que se viven actualmente en el mundo. 
Desde hace más de cinco meses cientos de miles de refugiados procedentes de Liberia, Sierra Leona y Guinea se encuentran encerrados entre diversas partes beligerantes. 
Están atrapados en el llamado "Pico de papagayo", la zona fronteriza entre estos países, que se ha convertido en el campo de batalla de las tropas guineanas, los turbios movimientos rebeldes y la banda de asesinos conocida como Frente Revolucionario Unido. 
El compromiso personal del nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Sr. Lubbers, en esta zona de crisis nos llena de satisfacción. 
Su propuesta de abrir un corredor de seguridad que permita a los refugiados regresar a su país de origen merece el apoyo de la comunidad internacional. 
Todo ello es, sin embargo, insuficiente. 
Hace falta erradicar las causas de esta catástrofe humanitaria. 
Sería oportuno que se impusiera un embargo internacional a la comercialización de los denominados diamantes de la sangre que abundan en esta región. 
También es fundamental que la comunidad internacional haga frente a todos los grandes responsables del caos inhumano que reina actualmente en África Central. Corresponde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas encabezar esta acción. 
Por ello, instamos al Consejo y a la Comisión a que actúen en consecuencia. 
Señor Presidente, el Sr. Belder ha expuesto de forma muy gráfica la espantosa situación que tienen que afrontar las personas que viven en las zonas fronterizas de Guinea, en donde guerrilleros de Estados vecinos, rebeldes enfrentados con su propio Gobierno, pasan de un lado a otro de la frontera, provocando así refugiados, sufrimiento humano, muerte y destrucción. 
Debemos hacer todo lo posible por poner fin a todo esto. 
En nuestra resolución se afirma que debemos instar a todos los países de la región a abstenerse de actividades dirigidas contra países vecinos, y así debemos proceder. 
También se dice que debemos exigir a todos los países vecinos que se abstengan de apoyar a grupos que luchan contra el régimen de Conakry o que hacen incursiones en territorio guineano, y así debemos proceder. 
Queremos que se acelere el proceso que conduzca a la reintegración de las personas desplazadas y al regreso de los refugiados a su país de origen. 
Los propios habitantes de África Occidental están haciendo un gran trabajo en esta dirección. 
Nosotros, la Unión Europea, debemos prestarles nuestra voz y toda nuestra capacidad para ayudarles. 
Señor Presidente, todos los informes demuestran que el conflicto de Guinea tiene su origen en Liberia, donde Charles Taylor llegó al poder haciendo uso de la violencia y del terror con el único objeto de llegar a controlar el comercio del diamante. 
Posteriormente exportó la violencia a Sierra Leona, país vecino, donde armó y entrenó al RUF, el Frente de Unión Revolucionaria, uno de los movimientos rebeldes más crueles del mundo. 
Y ahora el Hitler del África Central exporta la violencia a otro país vecino, a Guinea. 
En cierto sentido Guinea ha sido víctima del hecho de haber admitido a su territorio a cientos de miles de refugiados procedentes de Liberia, entre ellos los miembros del grupo rebelde contrario a Charles Taylor. 
Si bien es cierto que el Gobierno de Conakry ha tenido más de una reacción poco afortunada, no podemos equivocarnos de rival. 
Liberia constituye el factor desestabilizador en la región. 
A ello se añade que, según mis fuentes de información, es infundada la afirmación de que Guinea se niega a desplazar a los refugiados a zonas más alejadas de la frontera. 
Es más, la Organización Internacional para las Migraciones ya ha comenzado a trasladar a un primer grupo de 35.000 refugiados. 
Se impone la necesidad de abrir cuanto antes un corredor seguro para que estas personas puedan regresar. 
Es verdad que Europa debería apoyar incondicionalmente el plan de ECOWAS, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, destinado a enviar observadores a la zona fronteriza. 
Si la violencia subsiste la Unión tendrá que reclamar sanciones "inteligentes" contra los líderes de Liberia en el marco de Naciones Unidas. 
Los Estados miembros que infrinjan la prohibición de importar los denominados diamantes de la sangre procedentes de la zona deberán ser condenados enérgicamente. 
Por otra parte, señor Presidente, considero que el Consejo debería averiguar si son ciertos los rumores de que Francia presta ayuda al régimen de Liberia. 
La situación es crítica. Si el escenario de Sierra Leona se repite en Guinea se corre el riesgo de que la espiral de violencia se extienda del África Central y Oriental al África Occidental. 
Señor Presidente, queridos colegas, voy a intervenir en el mismo sentido que mis colegas, precisando que Guinea acoge actualmente a cerca de 500.000 refugiados. 
Desde hace una década, estos refugiados han huido de las guerras civiles que castigan a Sierra Leona y a Liberia. 
En concreto, a menudo se han negado a alistarse en las fuerzas armadas, y creo que cualquiera que haya tenido la oportunidad de leer el libro de Kourouma titulado: "Alá no está obligado a hacerlo" conoce el drama de los niños-soldado enrolados a la fuerza en ejércitos supuestamente revolucionarios y, en cualquier caso, sanguinarios, como las Fuerzas Revolucionarias Unidas. 
Desearía también decir, al igual que mi colega, que es efectivamente urgente organizar un pasillo de seguridad que permita una evacuación masiva de los refugiados. 
El gobierno guineano debe permitir que estas víctimas se instalen en zonas alejadas de los combates, lejos de las fronteras. 
Esto, en mi opinión, es lo menos que puede hacer. 
Ciertamente, es legítimo y normal que Guinea se defienda ante cualquier incursión. 
Creo incluso que la integridad territorial de un Estado como Guinea debe ser protegida. 
Pero, por otra parte, el gobierno guineano debe impedir que las milicias reemplacen a las fuerzas legales y se dediquen a esos reclutamientos entre los refugiados. Comparto el análisis que mantiene que Guinea no es el único responsable, pero considero que al menos debe garantizar eso. 
Por ello, la decisión de la CEDEAO de recurrir a tropas del Oeste de África debe ser apoyada y rápidamente llevada a la práctica. 
Podrá ser una buena protección. 
Finalmente, la Unión Europea debe ejercer una presión muy firme sobre Liberia para que este país deje de respaldar a fuerzas como las FRU. 
Dicho esto, Guinea tiene también una parte de responsabilidad en la situación actual. 
Se trata de un país que, a pesar de todo, viola regularmente los derechos humanos- no podemos olvidar aquí el encarcelamiento de Alpha Condé. 
Creo que es importante recordar que, en este país que no respeta los principios democráticos más elementales, y en el que cualquier oposición es silenciada por la fuerza, no es de extrañar que una parte de la oposición al régimen se incline por la rebelión y se alíe con las FRU, aunque esto sea muy lamentable. 
Para concluir, les diré que África tiene una necesidad apremiante de democracia y de verdadero desarrollo económico, generador de riqueza para todos. 
Nosotros podemos contribuir a ello. 
Le planteo la pregunta al Consejo: ¿cuándo condonarán nuestros gobiernos la deuda de los países del Tercer Mundo, sabiendo que de esta herida es de dónde nacen las guerras y la miseria? 
Señor Presidente, a algunas élites africanas les importa más la lucha por el poder que el sufrimiento de la población. 
En un principio éste no era el caso de Guinea. 
A pesar de su pobreza prestaba un cobijo seguro a los refugiados procedentes de Sierra Leona y Liberia. 
Ahora Guinea también está enzarzada en una lucha regional por el poder. 
Los refugiados ya no tienen ninguna salida. 
Miles de personas se esconden en la jungla o deambulan bajo el sofocante calor, con el alma en un hilo, sin alimentos, sin agua y sin esperanza. 
Si no se abre pronto un corredor amenaza una catástrofe humanitaria sin precedente. 
Están en juego muchas cosas. 
Toda la región parece sumirse en el caos. 
La adquisición de armas prevalece sobre la alimentación de la población. 
En primer lugar hay que llamar al orden a la Liberia de Charles Taylor. 
La indulgencia con la que Europa afronta esta catástrofe da grima. 
Pregunto al Comisario: ¿qué hace la Unión Europea y cuándo se interesarán esos cabecillas por la suerte de su población? 
Señor Presidente, ningún ser humano normal puede permanecer insensible ante la imagen de estos refugiados procedentes de Sierra Leona vagando por las carreteras de Guinea, extorsionados y derrotados, humillados por los soldados del ejército guineano o por cualquier otra de las facciones armadas. 
Manifestamos nuestra indignación ante la actuación del ejército guineano y de las fuerzas armadas disidentes guineanas o sierraleonesas, que intentan situar al Sudeste de Guinea bajo su férula. 
Pero, una vez más, la indignación no puede ocultar la responsabilidad del imperialismo británico en la guerra civil de Sierra Leona, la de Francia en el régimen dictatorial de Guinea, ni tampoco la de los grandes trusts del diamante, encabezados por de Beers, en la financiación directa o indirecta de las facciones armadas. 
Por añadidura, cuando se trata de intervenir militarmente para respaldar a dictaduras fieles a los intereses de las grandes potencias occidentales, y particularmente europeas, éstas saben desplegar medios considerables. 
Para hacer llegar alimentos y medicinas a más de 500.000 refugiados de la región, los responsables de las instituciones europeas se contentan con lanzar exhortaciones morales a las facciones armadas, oficiales u oficiosas, que no sirven para nada. 
Debido, precisamente, a nuestra solidaridad con los refugiados y con los pueblos de la región, nos negamos a sumarnos a una mascarada cuyo objetivo no es ayudar a la gente, sino poner de manifiesto la responsabilidad de las grandes potencias. 
Nigeria 
Señor Presidente, desde 1998 ocho Estados nigerianos aplican una forma de Derecho Islámico que permite los castigos corporales, a pesar de que ello infringe la Constitución nigeriana y diversas convenciones sobre derechos humanos suscritas por Nigeria. 
Su incidencia sobre los derechos humanos queda gráficamente ilustrada por el caso de Bariya Ibrahim Magazu, una madre de 18 de edad de un niño de corta edad. 
A pesar de presentar un recurso contra la sentencia que le condenaba a recibir 100 latigazos, dicha sentencia fue ejecutada en enero sin que siquiera sus abogados fueran informados de ello. 
Aún estaban preparando el asunto para la presentación del recurso ante el tribunal. 
No se ha intentado llevar ante los tribunales a aquellos que abusaron de ella y la explotaron. 
Este caso pone de relieve la creciente preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Nigeria. 
En el pasado, las personas de diversas creencias religiosas han convivido pacíficamente en Nigeria. Sin embargo, George Carey, el arzobispo de Canterbury, en su reciente visita al país, resaltó la creciente preocupación de la comunidad internacional por la evolución de los acontecimientos. 
No se permite a la minoría cristiana construir iglesias ni enseñar su religión en las escuelas. 
En las zonas en que se aplica el Derecho Islámico, se prohíbe que hombres y mujeres viajen en los mismos medios de transporte público, y los chicos y chicas son educados en escuelas separadas. 
Se calcula que en el Estado de Kaduna han muerto 2.000 personas en enfrentamientos entre cristianos y musulmanes por el proyecto de introducir el nuevo Código de Derecho islámico. 
Además, grupos de derechos humanos de ambas religiones están haciendo campaña sobre este asunto. 
La resolución que tenemos ante nosotros nos manda dos claros mensajes. 
El primero es que en el Parlamento Europeo no estamos dispuestos a ignorar las violaciones de los derechos humanos en ninguna parte del mundo, y por ello condenamos sin reservas el trato recibido por Bariya Ibrahim Magazu e instamos al Gobierno nigeriano a impedir que se repitan estas violaciones en el futuro. 
Pero el segundo es que, en cuanto Parlamento, nos comprometemos a apoyar el establecimiento de una sociedad democrática y justa en Nigeria mediante el reforzamiento del diálogo entre nosotros y dicho país. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la Sra. Evans su contribución en este asunto. 
No he mantenido contacto alguno con ella, pero presento separadamente una propuesta en nombre de mi propio Grupo e intervengo sobre este asunto en representación del mismo. 
Mi buen amigo Thomas Mann ha hablado sobre la negación del derecho a profesar una religión en una parte del mundo. 
Pero es igualmente grave cuando se niegan los derechos humanos porque se quieren imponer creencias religiosas a otras personas. 
Tanto si se trata de la imposición de las creencias religiosas o de la negación del derecho a profesar la propia religión, una situación es tan mala como la otra. 
Resulta difícil ser moderado en el lenguaje que empleamos al condenar este bárbaro y cruel acto ocurrido en Nigeria y que tuvo por víctima a una joven de 17 años. 
Una chica que afirmaba haber sido forzada a mantener relaciones sexuales, pero que no pudo presentar ante el tribunal testigos que corroborasen su declaración. 
La crueldad de la sentencia y el hecho de que diera a luz un mes antes nos hacen muy difícil aceptar las garantías del Gobierno nigeriano de que está protegiendo los derechos civiles de los nigerianos, de su propia población. 
Hemos de recordar que nosotros, la Unión Europea, y EE.UU. somos los principales socios comerciales de Nigeria. 
Somos los que compramos y vendemos casi todos los productos que ellos quieren comprar y vender. 
Tenemos la obligación de examinar la trayectoria en materia de derechos humanos de los países con los que mantenemos relaciones comerciales. 
Pido a la Comisión que tenga en cuenta los niveles de respeto de los derechos humanos en todos los planes de ayuda y cooperación que la Unión Europea ejecute. 
Esto es lo peor que hemos oído hasta la fecha, pero también tenemos conocimiento de que en Nigeria se practican amputaciones por delitos relativamente menores. 
Algunas personas condenan la globalización, pero si la globalización tienen algo de bueno, ello es que el mundo se hace interdependiente y que podemos cuanto menos ejercer alguna presión. 
Libertad de expresión en Pakistán 
Señor Presidente, lamento profundamente la necesidad de adoptar esta resolución sobre los periodistas condenados a muerte por blasfemia como consecuencia de, según se denuncia, un error. 
Es la última de una larga sucesión de violaciones de los derechos humanos en Paquistán: la creciente intolerancia religiosa- de la que ya hemos oído hablar en otras partes del mundo- la falta de un juicio justo, las llamadas muertes por honor de mujeres, el encarcelamiento de niños, etc. 
Tengo actualmente en mi poder el pasaporte y otros papeles de un elector mío, un ciudadano paquistaní, que ha tenido que viajar hasta allí por razones familiares y que en el pasado tuvo dificultades para abandonar dicho país, incluso durante el régimen anterior. 
Esto pone de manifiesto la terrible situación que se vive bajo el actual régimen político en Paquistán. 
La suspensión de la Constitución, como se menciona en la resolución, y del Tribunal Constitucional ha suprimido una importante garantía para él y otros como él que temen ser objeto de una detención arbitraria. 
El estado de las cosas en este país horroriza a muchos paquistaníes, tanto a los de dentro del país como a los repartidos por todo el mundo, que están orgullosos de su fe religiosa e igualmente comprometidos con los derechos humanos. 
Señor Presidente, algunos Estados del mundo desprecian las reglas fundamentales de la comunidad internacional de valores. 
El artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
Desde 1991 rige en Pakistán el derecho islámico Sharia. 
Los preceptos y prohibiciones del Corán son la máxima autoridad. 
La ley sobre blasfemia limita considerablemente la convivencia fundamentalmente pacífica entre musulmanes y cristianos, y afecta también a otras minorías religiosas. 
La libertad de opinión y la libertad de prensa han sido restringidas enormemente. 
Nuevamente han sido detenidos periodistas- siete esta vez- bajo el dudoso pretexto de que estaban propagando escritos antiislámicos. 
Parece que, según esto, se quiere dar una vez más un escarmiento público, o peor aún, porque están amenazados de muerte. 
Exigimos al gobierno militar de Musharaf que reinstaure la independencia de la justicia y que autorice finalmente procedimientos jurídicamente limpios. 
La ley sobre blasfemia debe ser derogada. Está siendo interpretada de modo completamente arbitrario y abre la puerta a todo tipo de denuncias y manipulaciones. 
No sólo en Europa se rechaza la pena de muerte, sino que en cada vez más países asiáticos la están rechazando también amplias mayorías. 
Debe ser erradicada. 
El Grupo del PPE apela a la Comisión Europea para que reconsidere urgentemente sus contratos con Pakistán y, llegado el caso, que los rehaga. 
Necesitamos contratos de cooperación con las organizaciones pro derechos humanos y con las ONGs regionales. 
El objetivo principal de nuestras iniciativas debe ser que Pakistán reencuentre el camino hacia un orden democrático de libertades. 
Señor Presidente, los liberales jamás podremos aceptar la pena de muerte, en ningún lugar del mundo. 
Resulta aún más repugnante cuando hay periodistas que corren el riesgo de ser ajusticiados por cumplir con su deber. 
El diario Frontier Post publicó en enero una carta de un lector y por esta razón fueron arrestados algunos empleados acusado de blasfemia. 
Esas personas pueden ser ajusticiadas. 
Los integristas han incendiado las oficinas del diario en Peshavar. 
Estos hechos ilustran de manera trágica lo que ocurre en Pakistán, donde no se respeta la libertad de expresión ni los derechos humanos. 
Este país está cada vez más al margen de la comunidad internacional. 
Las leyes islámicas y el apoyo de los militares al régimen talibán despiertan preocupación. 
¿Qué piensa hacer la Comisión para respaldar a los grupos que trabajan en favor de los derechos humanos y de los principios del estado de derecho? 
. Señor Presidente, en cuanto a China, señalaría que la Unión Europea está firmemente decidida a impulsar el respeto de los derechos humanos en esa zona, como en otras partes del mundo, y que compartimos la preocupación del Parlamento acerca de la libertad religiosa en este país. 
Durante los últimos veinte años, es verdad que las condiciones de vida de la mayoría de la población china parecen haber mejorado. 
Gracias a las reformas económicas y a la liberalización, la libertad y la autodeterminación personal han crecido; pero es verdad que existe todavía una gran distancia entre los compromisos internacionales que China adopta y la situación de los derechos humanos en la práctica. 
En 1996 se estableció un diálogo bilateral sobre derechos humanos entre la Unión Europea y China y, en ese marco, mantenemos un franco debate sobre estos asuntos. 
Un tema clave es la libertad religiosa, respecto al cual la Unión Europea manifiesta reiteradamente su preocupación ante la represión en aquel país de actividades religiosas y otras de otro carácter, a las que ustedes han hecho referencia. 
Estamos hablando no sólo de las Iglesias católica y protestantes, sino también de cualquier otro tipo de creencias. 
Posteriormente haré alguna referencia a Falun Gong. 
Otros temas planteados con China son la represión de la disidencia política, las condiciones arbitrarias de detención, el recurso frente a la pena de muerte y la represión de las minorías étnicas. 
También instamos a China para que ratifique, rápidamente y sin reservas, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas, que consideramos un elemento fundamental para la mejora de los derechos individuales. 
Este campo de los derechos humanos es uno de los temas preferentes de nuestro trabajo, donde creo que podemos mejorar nuestras relaciones. 
Ahora bien, el diálogo es sólo una opción- y eso lo sabemos muy bien- cuyo objetivo es conseguir resultados. 
Mantener el diálogo si no se consiguen avances no tiene ninguna justificación. 
El Consejo de Asuntos Generales de la Unión expresó abiertamente este punto de vista en sus conclusiones, publicadas el pasado 22 de enero, sobre el diálogo bilateral entre China y la Unión Europea sobre derechos humanos. 
En sus intervenciones han hecho ustedes referencia específica a tres temas que me parecen de interés. 
En primer lugar, en cuanto a Falun Gong, me gustaría señalar que la Comisión está especialmente preocupada por los informes que estamos recibiendo sobre tortura y malos tratos infligidos a los seguidores del movimiento, así como por la severidad de las sentencias pronunciadas contra algunos de sus miembros. 
Por eso, la Comisión ha instado reiteradamente a China para que revise estas sentencias. 
Nos parece que hay que respetar plenamente todas las garantías en un juicio justo con una defensa adecuada. 
Sobre la posición de la Unión en lo que se refiere a la resolución relativa a China en Ginebra, posiblemente ustedes saben que todavía no se ha adoptado una decisión. 
Sin duda alguna, el debate que hoy hemos tenido en esta Asamblea constituirá un elemento básico y fundamental para nuestra decisión. 
En cuanto a la actuación respecto al Tíbet, es verdad que las minorías étnicas siguen siendo motivo de nuestra preocupación. 
También querría señalar sobre este asunto que se ha instado a China para que avance en el camino hacia el pleno respeto de la identidad cultural, lingüística y religiosa del pueblo tibetano y para que entable un diálogo abierto con el Dalai Lama. 
En cuanto a la situación de Lao, querría asegurarles que la Comisión comparte totalmente su preocupación por la protección de los derechos humanos en la República Democrática Popular Lao. 
Durante el último año, es verdad que se han podido apreciar algunos indicios positivos, por ejemplo la firma de los dos pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos: el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
El problema ahora es su rápida puesta en marcha y ratificación, y es lo que espera la Comisión, por la Asamblea Nacional. 
Pero, aun consiguiendo que se dé este paso, todavía queda mucho trabajo por hacer. 
Un motivo de especial preocupación para todos es el hecho de que no se tolere, por ejemplo, el ejercicio de la oposición política, como lo muestra la detención de varias personas en octubre y noviembre de 1999 por manifestarse contra el Gobierno. 
Ustedes hacen referencia, en su informe, a la situación de antiguos funcionarios, como el Sr. Latsamy Kamphoui y el Sr. Sackchittaphong, presos de conciencia que siguen detenidos y sobre los que la Unión Europea ha apelado al Gobierno en repetidas ocasiones para que los libere por razones humanitarias. 
Sobre estos puntos algunos de ustedes ha planteado qué íbamos a hacer. 
Lo que sí puedo asegurarles es que la Comisión aprovechará precisamente el contexto de las reuniones Unión Europea-ASEAN para plantear todos estos problemas en contactos bilaterales. 
Estas reuniones tendrán lugar en Bruselas el primer semestre de este año y en ellas hablaremos de todo lo antes indicado y también de los distintos problemas específicos que ustedes han planteado sobre casos concretos de presos políticos. 
En cuanto a Guinea-Conakry, me gustaría señalar que la situación en ese país nos preocupa, especialmente por el deterioro que se está produciendo en la situación humanitaria como consecuencia de los ataques sufridos por el Frente Unido Revolucionario. 
Apoyamos totalmente las tentativas de mediación que está haciendo la CEDEAO. 
Han planteado ustedes el problema de los refugiados: la Comisión considera que debe darse prioridad absoluta a su realojamiento en los campos más distantes de la frontera, es decir, lo más alejados que sea posible de las zonas de combate. 
En la fase actual no cabe pensar en la solución de repatriarlos a Sierra Leona, por lo que hay dos objetivos prioritarios: reforzar los campos en torno a Kissidougou, al norte de Gueckedou, y adaptar las vías de acceso hacia esos campamentos. 
La Comisión ejerce una doble acción a través de ECHO, por una parte en el marco del plan de intervención 2000 para los refugiados de Sierra Leona, donde ya se ha destinado un importe superior a los dos millones y medio de euros a las operaciones de Guinea y los contratos con las ONG asociadas que se están modificando para tener en cuenta los últimos acontecimientos. 
ECHO también prepara dos decisiones de financiación para 2001: una a favor de Sierra Leona, de 11 millones de euros, y otra en favor de Guinea, de entre 3 y 6 millones de euros. 
Dos temas adicionales que se han comentado durante el debate: las responsabilidades de Liberia- ¿qué se puede hacer? -y los problemas en Guinea. 
En cuanto a Liberia, me gustaría señalar que el informe de expertos de las Naciones Unidas sobre las armas y diamantes en Sierra Leona es evidente, como ustedes han señalado, que pone de manifiesto las responsabilidades de Liberia en el conflicto. 
Actualmente se están debatiendo las posibles acciones contra Charles Taylor. 
¿Qué puede hacer la Comisión mientras tanto? 
Utilizar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición y, en ese sentido, se está analizando la posibilidad de lanzar un procedimiento de consultas con respecto a Liberia, aplicando el artículo 96 del Acuerdo de Cotonou. 
En cuanto a Guinea, es verdad que la situación se está deteriorando; recientemente se ha aplicado la pena de muerte a 5 personas y no se ha aclarado, como algunos de ustedes también han mencionado el tema de Alpha Condé. 
Sobre este punto concreto, la Comisión ha trasladado las preocupaciones al respecto a una delegación guineana que, encabezada por el Ministro de Asuntos Exteriores, ha visitado Bruselas a finales del mes de enero. 
En cuanto a Nigeria, me gustaría señalar que la Comisión deplora la flagelación de una adolescente con arreglo a la ley islámica y está preocupada, precisamente por la aplicación de la Sharia en algunas zonas de Nigeria. 
La Comisión es consciente- y creo que ustedes también- de que la situación en Nigeria es políticamente muy delicada y de que el nuevo Gobierno elegido democráticamente está intentando mejorar el respeto de los derechos humanos en este país. 
La Comisión y los Estados miembros nos reuniremos en marzo para intentar alcanzar alguna posición común sobre Nigeria. 
En esta reunión se planteará cuál es la mejor manera de tratar estos distintos temas. 
Mientras tanto ustedes planteaban: ¿qué podemos hacer? 
Una misión procedente de Bruselas está discutiendo, en Nigeria, cómo se va a llevar a cabo el futuro programa destinado a este país. La cuestión del respeto de derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho serán temas que prioritariamente se tomarán en consideración para las decisiones que se tengan que adoptar al respecto. 
El último tema que ustedes me han planteado es el problema de Pakistán. 
La Comisión reconoce, de acuerdo con las resoluciones presentadas por sus Señorías sobre la libertad de expresión en Pakistán, que el incidente recientemente producido en el puesto fronterizo de Peshawar es un asunto alarmante, especialmente lamentable porque Pakistán, hasta ahora, ha respetado, en general, la libertad de prensa, sobre todo desde el golpe militar de octubre de 1999. 
Es verdad que su posición, en términos comparables con otros países del sur de Asia es o ha sido relativamente buena. 
Pero el incidente pone de manifiesto que la Unión Europea debe permanecer atenta a la cuestión de la libertad de expresión en general y a la libertad de prensa en particular. 
Existe el temor de que la existencia de una prensa independiente y variada, admitida hasta ahora por este país, uno de los más liberales en el ámbito islámico, pueda verse comprometida. 
A pesar de las excusas públicas presentadas por la dirección del periódico Frontier Post, es verdad que no hay ninguna garantía de que no se adopte ninguna actuación contra ellos. 
En caso de que se hiciera, esto contribuiría, sin duda alguna, a crear una atmósfera hostil para la prensa en general. 
Por eso consideramos que es imprescindible llevar a cabo una minuciosa investigación del incidente para determinar si el cierre del periódico obedece a posibles intereses no claramente definidos. 
Al margen de todo ello, la legítima preocupación por la seguridad del personal del periódico está relacionada, como algunos de ustedes han señalado, con la aplicación de la ley sobre la blasfemia. 
La Comisión considera que el Gobierno militar debe hacer un mayor esfuerzo para controlar la intolerancia religiosa en Pakistán y lamenta que se paralizaran iniciativas anteriores para modificar la ley sobre la blasfemia. 
En las conversaciones políticas específicas con el Gobierno pakistaní que tuvieron lugar en noviembre del pasado año 2000, la troika, al tiempo que felicitaba al Gobierno por su compromiso a favor del respeto de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación, señalaba que seguía habiendo problemas en algunas áreas, en particular en materia de restricciones para la actividad de los partidos políticos y las prácticas judiciales. 
Y también en aquel momento la troika señaló su inquietud por las concesiones que se estaban haciendo a algunos grupos que propugnaban la intolerancia. 
En ausencia de un contrapeso democrático, la influencia de tales grupos puede sin duda alguna incrementarse. 
¿Qué está haciendo la Comisión para mejorar la situación en el campo de los derechos humanos? 
La Comisión está dispuesta a respaldar cualquier acción emprendida por organizaciones de la sociedad civil en Pakistán, que se financiarán a través de la iniciativa europea en favor de la democracia y los derechos humanos y está estudiando también la posibilidad de apoyar medidas para mejorar la buena gestión de los asuntos públicos en Pakistán, que redundará en beneficio de todos. 
Situación en Chechenia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0097/2001, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia; 
B5-0099/2001, del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia; 
B5-0111/2001, de los Sres. Van den Berg y Sakellariou, en nombre del Grupo PSE, sobre Chechenia; 
B5-0121/2001, de la Sra. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, sobre las violaciones de los derechos humanos en Chechenia; 
B5-0128/2001, del Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia; 
B5-0132/2001, de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia; 
B5-0140/2001, del Sr. Markov y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Chechenia; 
B5-0150/2001, del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Chechenia. 
Señor Presidente, en la las informaciones de la prensa rusa sobre la prolongada tragedia chechena hay un fragmento que me ha afectado profundamente. 
En una entrevista con el diputado ruso Boris Nemtsov éste relata su encuentro con una joven mujer chechena en un campo de refugiados situado en la vecina república de Ingushetia. 
Cito: " Ella me dijo: Vosotros, los rusos, nos estáis exterminando. Estáis cometiendo un genocidio. 
Pero no lo conseguiréis, porque nosotros os superaremos irremediablemente en términos de crecimiento demográfico. " 
Para corroborar su tesis la interlocutora de Nemtsov contó que el año pasado habían nacido muchos niños en los campos de refugiados de Ingushetia. 
Puntualizó que la mayoría de ellos habían sido varones y que "más tarde todos ellos se sumarían a los partisanos". 
¿Alguien más que Dios podrá sondear la verdadera dimensión del dolor sufrido por la población civil chechena? 
Después de haber sido víctima de una terrible guerra en el período 1994-1996 sufre de nuevo los actos bélicos entre rusos y chechenos desde hace año y medio. 
La enérgica condena y la actitud combativa de estos refugiados chechenos tiene una explicación histórica y política. 
No olvidemos que Stalin sembró el terror entre la población chechena en los años 40. 
Por todo ello, ese destructivo grito de desesperación exige una seria respuesta política. 
Este mismo mes presentará un amplio programa de acción para la reconstrucción de Chechenia. 
Sus objetivos no dejan lugar a dudas: ofrecer a la avalancha de refugiados chechenos la posibilidad de regresar a casa, a su hogar, y evitar que los jóvenes chechenos engruesen las filas de los "partisanos". 
Esta nota política a la vez distinta y sensata de la federación Rusa merece el apoyo moral del Parlamento Europeo. 
Por tanto, pido cortésmente al Consejo y a la Comisión que hagan suya esta solución rusa pacífica para la tragedia rusochechena en los próximos encuentros con el Presidente Putin y su Gobierno. 
De este modo ya no habrá necesidad de derramar tanta sangre chechena y también rusa en el norte del Cáucaso. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me gustaría expresar mi satisfacción por la presencia en las tribunas del Sr. Oumar Kandief, que es Ministro de Sanidad del gobierno legítimo de Chechenia. 
También es médico y cirujano. 
Desearía en particular agradecer a mi amigo personal y colega nuestro Bernd Posselt los esfuerzos que ha dedicado a que nuestro Parlamento consiga finalmente adoptar una resolución sobre Chechenia. 
Debíamos haberlo hecho hace tiempo, pero lo hacemos hoy. 
Considero que el texto es válido, y se lo digo también a los amigos, a los colegas socialistas: la cooperación de todos los Grupos ha sido de gran valor. 
No es el texto que a mí me habría gustado, pero creo que es un buen texto. 
Al igual que lo ha hecho con todos los colegas a los que ha visto durante estos últimos días, el Sr. Kandief podría contarnos y nos ha contado muchas cosas sobre las bombas de fragmentación y sobre las bombas de agujas, sobre los hospitales que dirigía y que destruían sistemáticamente las autoridades rusas, sobre las torturas que se aplicaban a las personas heridas y amputadas que él tuvo que acompañar, sobre las torturas que le infringieron para impedir que atendiera a los demás heridos. 
Les pido que, en sus países, le inviten a hablar en la televisión, a expresarse en los periódicos. 
Creo que su testimonio es especialmente valioso. 
Chechenia, queridos colegas, es una vergüenza para nosotros, la vergüenza actual de Europa. 
Lo que está pasando allí supera todo lo que hemos podido ver a lo largo de los últimos años, y hemos visto muchas cosas trágicas. 
Creo que Europa y la Comisión deben desempeñar un papel especial. El comportamiento del Sr. Poul Nielson es intolerable, por no decir ruin. 
En los dieciocho meses de guerra de Chechenia, el Sr. Poul Nielson no ha tenido tiempo de ir ni una sola vez a ese país para valorar la tragedia que se está produciendo. 
No creo que la Comisión pueda estar orgullosa de eso. 
No sé si tendremos que hacer una colecta para pagarle un billete de avión, pero creo que, si la Comisión no cambia su política, pronto habrá en este Parlamento una iniciativa solicitando su dimisión. 
Señor Presidente, estimados colegas, desde el comienzo de la primera guerra de Chechenia en 1994 es ésta la decimotercera resolución que toma este Parlamento en relación al tema. 
Entiendo que la resolución de hoy es una apelación urgente al Gobierno ruso para que cesen las violaciones de los derechos humanos en Chechenia y que se den los pasos necesarios para desescalar el conflicto. Por otro lado, y quisiera subrayar esto claramente, es también un apoyo para todos los rusos y chechenos que, desde ambos lados, están trabajando para dar de una vez por todas un final pacífico a este conflicto. 
Como ustedes saben, nuestros colegas en el Consejo de Europa han premiado los esfuerzos de los representantes rusos- los únicos que hay- para mejorar los derechos humanos en Chechenia devolviéndoles el derecho a voto. 
Esto se hizo contra la petición de la Organización de Derechos Humanos. 
Me parece una señal ambigua la que se dio desde aquí, aún sabiendo que la troika y el Comisario Patten, que ahora están en Moscú, le transmitirán al gobierno ruso nuestra preocupación y le exijirán que acabe por parte rusa con esta delicada situación. 
El análisis que ha efectuado el Human Rights Watch sobre la situación en Chechenia es muy alarmante. 
Pero, sin embargo, creo que al final se impondrán por parte rusa aquellos comprometidos seriamente con encontrar una solución no militar para el conflicto checheno. 
Hay que captar claramente la situación. La población de Chechenia, que ya se ha reducido a la mitad, debe ser de una vez pacificada y ha de lograrse la paz en Chechenia. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo aprobó el pasado diciembre una resolución muy crítica y declaró que no callaría ante las continuas violaciones de derechos humanos, especialmente las de los últimos dos años de la segunda guerra de Chechenia. 
Desde entonces no han cesado. 
No permitiremos que el Consejo y la Comisión, cuando vayan como troika a Moscú, sigan hablando de pasada, entre corredor principal y desierto, de asesinatos y torturas que se dan en los campamentos y puestos de policía del norte del cáucaso. 
El Comisario Patten está ahora allí, y yo pregunto a la Comisión: ¿Qué sanciones ha anunciado si el Gobierno ruso no sigue trabajando en una solución pacífica al conflicto, si no está dispuesto a mantener conversaciones, si no está dispuesto a sentar ante un tribunal a los responsables de las violaciones de los derechos humanos? 
Tenemos base suficiente, tenemos el PKA, tenemos la estrategia, y todos exigen el reconocimiento de los derechos humanos como condición de cooperación. 
Palo y zanahoria, éste es el método que ha habido que emplear, y por eso las inversiones petroleras sólo pueden realizarse sobre la base de la paz en Chechenia. 
Señor Presidente, no puedo hablar aquí de Chechenia sin pensar en hace más de diez años, cuando los Estados bálticos luchaban por su libertad. 
Muchos colegas, como el Sr. Gahler y otros, se han movilizado en favor de la libertad del Báltico. 
También yo estaba entonces en los Países Bálticos. 
Entonces fue un checheno, el todavía general soviético Dudáiev, que luego llegó a ser el primer presidente checheno, el que se atrevió a reprimir el movimiento por la libertad que había en el Báltico. 
Sobre todo en Estonia y Letonia. 
En Lituania, como sabemos, las milicias de OMON realizaron, desgraciadamente, ataques muy sangrientos. 
De este modo un checheno contribuyó realmente a que países europeos, que pronto entrarán en la UE, no llegasen al derramamiento de sangre que algunos imaginaron. 
Este ejemplo nos muestra- así como el hecho de que Chechenia pertenezca al ámbito del Europarat y de su Convención de Derechos Humanos- muy claramente que Chechenia no es un problema alejado de Europa, sino un problema esencialmente europeo. 
Por eso es una vergüenza que se haya constituido una santa alianza del engaño y del autoengaño. 
El engaño procede, en parte, de la propaganda oficial del Gobierno de Moscú. 
El autoengaño se da entre nosotros. 
Nos negamos a registrar lo que verdaderamente está pasando en Chechenia. 
No se trata de ataques aislados, sino de un genocidio sistemático. 
La Sra. Schroedter se ha referido con toda la razón a que la mitad de los habitantes han sido asesinados o expulsados. 
Esto es un genocidio sistemático perpetrado contra el pueblo checheno por razones de interés geoestratégico y energético. 
Por eso debemos ejercer una presión intensa y decirles a los rusos claramente que el acuerdo de colaboración se basa en el respeto a los derechos humanos. 
Si estos no se respetan, no habrá ningún tipo de acuerdo que funcione. 
Hay que decirles con toda claridad a nuestros socios rusos que esto es para nosotros una conditio sine qua non y que, de una vez, deben negociar con los representantes elegidos del pueblo checheno. 
Señor Presidente, año y medio después del comienzo de la guerra pudo confirmarse lo que el Parlamento había dicho desde un principio. 
Ninguno de los problemas iba a poder ser resuelto por vía militar, y todos los implicados han salido perdiendo. 
Es trágico que se reaccione con métodos inaceptables frente a la resistencia de la otra parte respectiva en lugar de negociar de una vez y comenzar con la reconstrucción. 
Celebro el compromiso del Parlamento en defensa de los derechos humanos en los campos de prisioneros y fugitivos. 
Estoy convencido de que en una situación en la que la violencia es moneda corriente, con nuestras delegaciones, misiones de observación y resoluciones sólo podremos suavizar los problemas, pero no resolverlos. 
Por eso creo que una de nuestras obligaciones más importantes es contribuir a ofrecer a esa región una nueva perspectiva. Pero para ello se necesita, antes de nada, un diálogo profundo. 
Debemos seguir aprovechando todas las posibilidades que tenemos en la Duma rusa. 
Sin embargo, las condenas unilaterales no ayudan mucho. 
Sólo podremos avanzar en las negociaciones con los rusos si tomamos en serio sus preocupaciones. 
Sigue habiendo, por más que lo sienta, atentados terroristas al sur de Rusia y acciones militares en Chechenia por parte de milicias clandestinas. 
Hemos aprobado hace poco el informe Oostlander en el que hemos celebrado expresamente la doble estrategia de la Unión Europea frente a Rusia. 
Las violaciones de derechos humanos en Chechenia deben ser condenadas y al mismo tiempo profundizar en la cooperación y el diálogo. 
Las dos partes de esa estrategia son, en mi opinión, susceptibles de un mejor acabamiento. 
Aunque por lo que concierne a Chechenia estoy preocupado. 
Me parece que las críticas a la situación en los campos de prisioneros y refugiados pronunciadas en las conversaciones entre el Consejo y la Comisión así como por los Gobiernos de los Estados miembros se han convertido en una rutina que no influye en nada. 
Quisiera, pues, preguntar a la Comisión qué actividades concretas está proponiendo y cuáles abordará en un futuro inmediato para avanzar por la senda de la solución política del conflicto. 
Señor Presidente, los miembros del Grupo Liberal asistimos desolados, impotentes y embargados por la ira a lo que está sucediendo en Chechenia. 
La guerra medieval que se lleva a cabo contra la población civil atenta contra todo aquello en lo que creemos en la Unión Europea y no puede verse justificada por las acciones terroristas que han llevado a cabo ciertos grupos de chechenos. 
Lo que hacen los rusos viola una larga serie de compromisos internacionales que ellos mismos han firmado. 
Es posible que no podamos hacer nada. 
Es posible que no sirva de nada amenazar a Rusia con sanciones y el aislamiento, sin embargo, en este Parlamento, en el reducto de la libertad de expresión, debemos hablar alto y con claridad: Condenamos los malos tratos, las ejecuciones, las desapariciones, los campos de concentración y la opresión sistemática que sufre todo un pueblo. 
Condenamos el embrutecimiento del que somos testigos y que nos trae a la memoria recuerdos desagradables del pasado. 
Insistimos para que ahora se admita que los enviados del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la OSCE y de la Cruz Roja puedan examinar las fechorías cometidas y acudir en auxilio de la población. 
. Señor Presidente, la Comisión sigue observando con especial atención la situación en Chechenia y estamos de acuerdo con ustedes en que dista de ser satisfactoria. 
Sin embargo, hay acontecimientos recientes que merecen ser tomados en consideración. En este sentido, hay que resaltar las recientes decisiones del Presidente Putin y del Gobierno ruso, encaminadas a normalizar la situación en esa república norcaucásica. 
La hasta ahora administración provisional chechena, encabezada por el Sr. Kadírov, ha pasado a ser permanente. 
El control de las fuerzas de seguridad ha pasado a manos civiles. 
Está prevista una reducción sustancial de las tropas militares que permanecerán en Chechenia. 
También hay que mencionar que el Gobierno federal ha anunciado un incremento sustancial de los recursos destinados a los esfuerzos de reconstrucción de Chechenia. 
Sin embargo, a pesar de estas expectativas de mejora, es verdad que la situación al día de hoy sigue siendo muy preocupante. 
En primer lugar, continúan llegando informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad. 
Pese a los esfuerzos de la oficina del Sr. Kalamánov, representante presidencial para los derechos humanos, lo cierto es que la administración rusa no da a estos informes el necesario seguimiento. 
La medida de la insuficiencia de la atención prestada en la actualidad la da el hecho de que bastan los dedos de la mano para contar el número de procesos abiertos al respecto, sin que por el momento se tenga noticia de ninguna condena. 
También en este campo judicial se han tomado recientemente algunas medidas que eran indispensables. 
Se han creado varios juzgados, centrales y de distrito, y se ha formado y nombrado a más de una veintena de jueces en Chechenia. 
Pero es verdad que, para que tales medidas se concreten en mejoras prácticas para los ciudadanos, es indispensable una mayor cooperación de algunas autoridades, principalmente de la fiscalía militar. 
La Comisión se ha dirigido en este sentido a las autoridades rusas en repetidas ocasiones y mi colega, el Comisario Patten, lo está hoy volviendo a plantear en Moscú. 
Estoy seguro de que a su vuelta estará en las mejores condiciones posibles para darles una información al día sobre este tema que a ustedes les preocupa especialmente, como también a nosotros. 
Quiero resaltar el apoyo que la Comisión sigue prestando al Sr. Kalamánov, tanto a nivel político como material, a través del programa TACIS. 
Es necesario recordar, por otra parte, que no se ha logrado acordar las condiciones técnicas que permitan el regreso urgente a Chechenia del grupo de asistencia de la OSCE. 
En este tema estamos trabajando con la Presidencia rumana y nuestro objetivo sigue siendo la vuelta al terreno del grupo de asistencia lo antes posible, pero en unas condiciones de seguridad aceptables y sin restricciones a su libertad de desplazamiento en la República de Chechenia. 
Podría hacer referencia también a la necesidad de mejorar las condiciones en las que se está produciendo la cooperación humanitaria, tanto en términos de autorizaciones de desplazamiento como de posibilidades de comunicación, pero creo que no vale la pena insistir en estos temas, que son de todos conocidos. 
A modo de conclusión, me gustaría decir que la situación puede estar mejorando, aunque queda muchísimo por hacer. 
Habrá que ver en qué medida y a qué ritmo las autoridades rusas ponen en práctica las medidas anunciadas. 
En este sentido, ya se ha avanzado que la reducción de tropas se hará en función de las posibilidades que ofrezca la situación militar, lo cual ya nos plantea una primera preocupación, porque la reducción puede ser más lenta de lo que deseamos. 
Así y todo, es indudable que estas medidas son positivas en sí mismas y es de esperar que faciliten la consecución de una solución política definitiva. 
El Gobierno ruso reconoció la necesidad de una solución política en la declaración conjunta de la última cumbre con la Unión Europea en París, en octubre pasado. 
En tanto llega dicha solución, la Comisión continuará utilizando los numerosos contactos políticos regulares con las autoridades rusas para convencerles de la necesidad de investigar más y mejor, así como de prevenir y, en su caso, castigar todas las violaciones de los derechos humanos en Chechenia. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 18.30 horas. 
Catástrofes naturales 
Señor Presidente, creo que la tragedia que se está desarrollando en la India exigiría una respuesta del Parlamento Europeo. 
Espero que la respuesta de la Comisión esté a la altura de esta tragedia: más de un millón de personas sin hogar, estragos incontables. 
Creo que también es importante porque la Unión tiene el deber de reforzar su cooperación y encaminarse hacia una colaboración estratégica con la India. 
Espero que, en concreto, el Comisario Patten vele por que se utilicen todos los medios necesarios para responder de la mejor manera posible a esta tragedia. 
Añadiría solamente un breve comentario dirigido a los compañeros. 
En el Párrafo 4 de nuestra resolución, subrayamos que un cierto número de defectos de construcción ha originado la escasa resistencia de las edificaciones en esta región. 
Conociendo las circunstancias en que actualmente viven los indios, no estoy del todo convencido de que debamos insistir sobre este punto. 
He presentado una enmienda para suprimir este párrafo. 
Espero que los colegas quieran adoptarla. 
Señor Presidente, la peor catástrofe desde la fundación de la Unión de la India ha desolado profundamente a la más grande democracia del mundo, y no sólo a ella. 
Aún conservamos en la retina las imágenes del estado federal de Gujarat: cien mil muertos, cientos de miles en pueblos completamente destrozados que debieron abandonar su tierra y que ahora vagan sin techo, sin medios y sin trabajo. 
Estoy impresionado por la rápida actuación de la comunidad internacional y por los donativos de particulares. 
En un mundo cada vez menos sensible, a veces surgen ejemplos de humanidad y de solidaridad. 
Unidades especiales, entre ellas las europeas, estuvieron sobre el terreno buscando supervivientes entre los escombros. 
La ayuda continúa. 
Aprovisionamiento médico, toneladas de alimentos, ropa, mantas, aparatos potabilizadores de agua para evitar la aparición de tifus, cólera y hepatitis. 
Ciudades de tiendas de campaña es lo primero que surge, aunque también refugios improvisados que construyen para resistir el frío helado de la noche. 
Todo ello es un consuelo para los afectados y sus familiares, de los cuales muchos viven aquí, en la Unión Europea. 
La Comisión ha destinado a esta causa 13 millones de euros, por lo que merece ser felicitada. 
Hay una gran oportunidad de que mediante la oficina del ECHO para ayuda humanitaria, dividida en seis organizaciones internacionales de ayuda, se pueda llegar directamente a los afectados. 
El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo se comprometerán también con la reconstrucción de los territorios. 
Sólo los daños en los edificios superan los 3.000 millones de euros. 
¿Y qué ha hecho la India? 
Han constituido una comisión en la que están presentes todos los partidos para la gestión activa de la catástrofe. 
Las autoridades han actuado velozmente a pesar de los posteriores terremotos. 
Tan sólo tras unos pocos días había luz nuevamente. 
Se limpiaron calles y plazas, lo que hizo reaparecer de nuevo a las ciudades. 
Todo el respeto para nuestros amigos indios. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, como hoy se ha dicho en este Pleno, el riguroso invierno de este año, en Portugal, se ha caracterizado por enormes inundaciones que han causado pérdidas de vidas humanas y mucho sufrimiento, grandes daños materiales de decenas de miles de millones de escudos, destrucción o deterioro de viviendas, infraestructuras de transportes y redes de telecomunicaciones y energía y grandes daños en sectores económicos, en particular en la agricultura y el comercio. 
Ahora bien, Portugal tiene, como es sabido, uno de los niveles más bajos de PIB por habitante de la Unión Europea y el cálculo aproximado presentado por la Comisión en su segundo informe sobre la cohesión económica y social revela que el año pasado ha habido un alejamiento de Portugal de la convergencia real que se daba desde 1991. 
Así, pues, es fundamental que haya una ayuda excepcional de la Unión Europea para afrontar los daños acumulados y colaborar solidariamente con el enorme esfuerzo que se está haciendo. 
De modo que hacemos un llamamiento a la Comisión para que, en colaboración con el Gobierno portugués y las autoridades locales, atribuya un apoyo financiero excepcional para complementar los medios aportados por las entidades portuguesas con vistas a atender las necesidades urgentes de las poblaciones más afectadas, la reconstrucción de las infraestructuras destruidas y la recuperación de las actividades económicas. 
No basta con permitir una reasignación de sumas ya previstas. 
Insistimos en que es esencial un apoyo excepcional. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, prácticamente desde que era niño no recordaba el invierno, pero este año el invierno se ha hecho recordar de forma particularmente dura en Portugal, como ya ha dicho mi colega. 
Prácticamente no ha habido río en Portugal que no se desbordara y hay ciudades en mi país que han soportado cuatro avenidas consecutivas, a lo largo de este invierno, con las lluvias que han caído desde noviembre. 
La crisis se ha dejado sentir en particular en la región central del país, con particular dramatismo en la cuenca del Mondego, pero ha afectado a poblaciones por casi todo el país. 
El esfuerzo hecho por las autoridades portuguesas y por la protección civil ha sido muy grande. 
Ahora se plantean cuestiones con vistas a la reconstrucción y sumo aquí mi voz a la de mis colegas portugueses en un llamamiento, una reclamación, a la Comisión para que colabore con las autoridades portuguesas en el nivel nacional y local en el esfuerzo de reconstrucción, que inventaríe y apoye con medios financieros y recursos técnicos la reconstrucción de las zonas afectadas. 
También quiero expresar mi solidaridad a las víctimas. 
Y, ante la magnitud de las inundaciones que han barrido nuestro país este invierno- esperemos que hayan acabado, porque aún sigue el mal tiempo -, tampoco podemos dejar de señalar una vez más las políticas de ordenación del territorio, la necesidad de que velemos por el equilibrio de los ecosistemas, y pedir también el apoyo del diálogo con otros países miembros de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la naturaleza ha sido una vez más despiadada y la furia de la lluvia incesante y de los ríos desmadrados han sembrado la destrucción y el dolor, ha habido daños materiales considerables, familias desalojadas, heridos y muertos. 
En este Parlamento hacemos una vez más un llamamiento a la solidaridad europea y corresponde a la Comisión encontrar las formas de materializarla. 
Que no se oculte tras la insuficiencia de los recursos: las personas afligidas no quieren oír disculpas administrativas. 
Hemos de demostrar que Europa, además de una idea generosa, es una construcción eficaz. 
Pero hay dos cuestiones de fondo que conviene recordar: la primera, en el plano mundial, la protección del medio ambiente y los cambios climáticos. 
Hace sólo unos años quien hablaba de esto era utópico, alarmista e incluso un poco loco. 
Hoy resulta evidente para todos y tenemos que decidir con eficacia para impedir que la situación empeore en todo el mundo. 
Y la segunda, en el plano de mi país: Portugal. 
Que no haya dudas, no pretendo ceder a la demagogia: el Gobierno de mi país y las autoridades locales no son responsables de las lluvias que han caído, pero hay una responsabilidad en particular de la que no pueden eximirse: la de un mayor rigor en la ordenación del territorio, mayor resistencia a la especulación urbana, denegación de permisos de construcción en las ramblas, mejor gestión de los lechos de los ríos y de las descargas de las presas. 
Todos debemos colaborar no sólo en socorrer ahora a quien necesita ayuda urgente, sino también adoptando con cautela las medidas y las acciones que prevengan y reduzcan la probabilidad de desastres semejantes en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, como ya han dicho mis colegas portugueses, las lluvias torrenciales, las intemperies y las inundaciones han provocado en las cuencas del Duero, del Mondego y del Tajo enormes daños materiales, daños humanos y muertes. 
Una verdadera catástrofe. 
Al solicitar el apoyo y la solidaridad de la Unión Europea no pretendemos forzar la emoción, no adoptamos una actitud miserabilista ni nos situamos en una posición meramente reivindicativa. 
El Gobierno portugués no ha dejado de prestar los apoyos a las zonas siniestradas ni ha faltado la solidaridad nacional, pero un apoyo financiero de la Unión Europea es tan importante para Portugal como para la propia Unión Europea. 
De hecho, más importante aún que el significado material de semejante contribución es su significado y su efecto simbólico, moral y afectivo. 
Reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y la conciencia de la ciudadanía europea también requiere esos pequeños gestos simbólicos, vuelve a Europa más próxima a las personas. 
Las poblaciones afectadas por las tempestades y la población en general sienten que la Unión Europea no permanece indiferente a sus dramas y a sus problemas. 
Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, ésa es la mejor forma para que la Unión Europea llegue al corazón de las personas independientemente del volumen de contribución. 
Por eso hacemos un llamamiento a la Comisión para que haga acopio de imaginación y encuentre una forma de atender nuestra solicitud y nuestras propuestas. 
Señor Presidente, en primer lugar, en cuanto a la resolución del Parlamento Europeo sobre el terromoto en India, quiero señalar- y algunos de ustedes ya han hecho referencia a este punto- que la Comisión aprobó su primera ayuda de urgencia por valor de tres millones de euros el 30 de enero, tan sólo cuatro días después de los sucesos. 
Esta decisión, como todas las decisiones de urgencia, permitió financiar operaciones desde el primer día de la emergencia y su objetivo fue un socorro inmediato de distribución de mantas, ropas, medicamentos, de atención sanitaria, así como de agua potable y alimentos, pero también la creación de un hospital de campaña en Bhuj. 
Como ha señalado el Sr. Mann, en esta operación hemos trabajado en colaboración con seis organizaciones humanitarias, entre otras Oxfam Reino Unido, Care International, Cruz Roja alemana y Save the Children en Reino Unido. 
Cada una de estas organizaciones se ocupó de acciones específicas y, en nuestra opinión, los resultados conseguidos han sido positivos. 
Ahora se ha anunciado una segunda decisión de la Comisión por 10 millones de euros. Esperamos que dicha decisión quedará ultimada en el transcurso de la próxima semana, tan pronto como se establezcan las prioridades y se concluya la evaluación de las necesidades in situ y de las propuestas de las ONG. 
Es fundamental para las ayudas actuales y cualquier ayuda futura que evitemos las dobles utilizaciones y los problemas que se puedan plantear en algún tipo de necesidades urgentes no cubiertas por uno u otro financiador. 
Por eso, es imprescindible tratar todas las posibilidades de ayuda de forma conjunta, y, para llenar el vacío entre la ayuda de urgencia y las medidas a largo plazo, la Comisión enviará muy pronto una misión de estudio que evaluará in situ las necesidades de reconstrucción y rehabilitación. 
Esta misión estará estrechamente coordinada con los Estados miembros y sus resultados nos permitirán decidir mejor cómo podremos llevar a cabo acciones futuras en cooperación también con otras instituciones internacionales. 
En cuanto al problema específico de las catástrofes naturales e inundaciones en Portugal, puedo decir que es cierto que este país ha sufrido un invierno muy duro. 
Es verdad que hemos tenido dificultades en muchas regiones europeas, con fuertes lluvias y tempestades y con inundaciones que han producido cuantiosas pérdidas materiales y, en ciertos casos, incluso pérdidas humanas. 
El pasado 16 de noviembre yo mismo comparecía en esta Asamblea para comentar las gravísimas inundaciones en el Reino Unido, Irlanda, España, Francia e Italia y una vez más quiero expresar la preocupación de la Comisión por estos temas y compartimos las manifestaciones de apoyo y solidaridad que la Asamblea ha dirigido a las víctimas de esta nueva catástrofe, concretamente en Portugal. 
El pasado 31 de enero, mi colega Michel Barnier, con motivo del Pleno que tuvo lugar en Bruselas, ya manifestó su voluntad de apertura hacia cualquier petición de las autoridades portuguesas destinada a reorientar la programación de los Fondos estructurales. 
Cuando hablamos de reorientar la programación de Fondos estructurales, no estamos hablando, como alguna de sus Señorías posiblemente ha pensado, de utilizar los mismos recursos que anteriormente existían para el país de forma distinta, sino de reconsiderar la reprogramación de los Fondos de forma global. 
Me gustaría también recordarles que el miércoles 25 de octubre del pasado año, ante esta Asamblea, la Sra. Wallström, en nombre de la Comisión, precisó el papel de ésta en el ámbito de la protección civil y explicó las posibilidades que nos ofrece el presupuesto actual en cuanto a modalidades de intervención de los Fondos Estructurales FEOGA y FEDER y la iniciativa comunitaria Interreg 3, que en su capítulo interregional incluye la cooperación en materia de catástrofes naturales o industriales. 
No hay otros márgenes de actuación presupuestaria. 
Por lo tanto, la Comisión, dentro del programa de acción comunitaria para la protección civil, está dispuesta a considerar un proyecto, que deberá ser presentado por el Estado miembro afectado, destinado a identificar las zonas con riesgos de inundación en la Unión Europea. 
Por último, me gustaría recordar de nuevo la preocupación de la Comisión y su disponibilidad para responder rápida y positivamente, en el marco de las posibilidades existentes, a las solicitudes que, dentro de esta concepción general, pueda plantear Portugal como consecuencia de estos hechos. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Dado que la pregunta oral sobre el plan de estabilidad en Irlanda y en Francia está prevista en nuestro orden del día para hoy a las 17.30 horas, interrumpo la actividad de nuestra Asamblea durante 145 minutos. 
(La sesión, interrumpida a las 17.15 horas, se reanuda a las 17. 30 horas) 
Planes de estabilidad en Irlanda y en Francia 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la pregunta oral (B5-0009/2001) planteada por los Sres. von Wogau y Suominen y por la Sra. Doyle a la Comisión en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el plan de estabilidad en Irlanda y en Francia. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera referirme a la cuestión de por qué por nuestra parte hemos presentado esta pregunta oral referente a las decisiones relativas a Irlanda. 
Creo que debemos entender que hemos alcanzado un nuevo nivel de desarrollo de la Unión Europea y de la integración de sus economías. 
Doce países miembros gozan de un mercado común con una moneda común, esto es, gozan realmente de un mercado doméstico en sentido propio. 
Es urgentemente necesario que en este mercado doméstico europeo se realice una política económica basada en presupuestos comunes. 
Por eso estamos satisfechos de que la Comisión Europea y el ECOFIN hayan tomado cartas en el asunto. 
Por primera vez ha sido tomada una decisión concerniente a uno de los países miembros. 
Está en juego la estabilidad de la divisa europea. 
Ustedes saben que mi Grupo ha dado siempre en todos los debates la máxima prioridad a la estabilidad de nuestra divisa. Y seguiremos haciéndolo en el futuro. 
Somos de la opinión de que la estabilidad monetaria es uno de los elementos más importantes para una economía social de mercado como la que tenemos. 
También es necesaria para la moneda europea. 
No quiero dejar dudas sobre el hecho de que seguiremos manteniendo esta prioridad en el futuro. 
No obstante, quisiera plantear la cuestión de si la Comisión Europea y los miembros del ECOFIN han escogido el objetivo correcto en esta primera decisión de este tipo. 
Irlanda es, sin duda, uno de los alumnos ejemplares de la Unión Europea. Sobre algunos países surge la duda de si serán capaces de reducir su déficit. 
Irlanda tiene superávit. 
Hay otros que siguen teniendo una deuda superior al 100%. 
Irlanda está reduciéndola por debajo del 40%. También aquí, pues, es Irlanda un modelo para otros países miembros de la Unión Europea. 
Hay países que están combatiendo el desempleo. 
Irlanda ha hecho progresos ejemplares en la creación de puestos de trabajo. 
Mientras que algunos países luchan contra un crecimiento lento, Irlanda crece a un ritmo que otros ya lo quisieran para sí en la Unión Europea. 
Con todo, hay que reconocer que la economía irlandesa está recalentada por ese alto crecimiento y este recalentamiento entraña peligros para los ciudadanos irlandeses. 
Si, por ejemplo, consideramos los precios de los alquileres y los del suelo de Dublín y los comparamos con los de Fráncfort, resulta evidente que la evolución de los precios tiene también consecuencias negativas para los irlandeses. 
En vista de ello es necesario hacer algo. 
Pero la cuestión es: ¿quién tiene que hacer algo? 
¿La Unión Europea es la que debe actuar o se trata, más bien, de un asunto irlandés, que debe ser resuelto por su Gobierno, por su Parlamento? 
Con lo que llegamos a la cuestión de quién es el responsable de cara al futuro de la política económica europea. 
Debemos trabajar para que esta responsabilidad quede claramente delimitada. 
Debemos saber con claridad quién es responsable de qué, de modo que nos podamos dirigir a él en caso de éxito para alabarle y en caso de fracaso, que también puede ocurrir, podamos saber si el fallo se debe a un país o a una institución determinada. 
Aquí se debe delinear una clara división del trabajo dentro de la Unión Europea. 
La UE es responsable, sin ninguna duda, de la competencia entre las empresas de la Comunidad. 
El Comisario Mario Monti nos da pruebas continuamente de que la Comisión Europea se toma en serio esta función. 
La Comisión Europea es competente también en materia de estabilidad monetaria, basándose en el Banco Central Europeo por un lado y, por el otro, en los Ministros de Economía que han de vigilar los acuerdos sobre estabilidad y crecimiento. 
La competencia y la estabilidad monetaria son cosa de la Unión Europea. 
Por contra, los impuestos siguen siendo cosa de los Estados miembros. 
Lo mismo vale para la Seguridad Social y la educación. 
Y es aquí donde debemos plantearnos: ¿qué pasa con la estabilidad monetaria, o sea, la estabilidad monetaria de Eurolandia está amenazada por la situación de Irlanda? 
Imaginemos otra situación. 
Imaginemos que en Alemania hubiese una inflación del 6 o del 7 %. 
Alemania representa un tercio del PIB europeo. 
Esto significaría que la inflación media europea subiría hasta el punto de que el Banco Central Europeo tuviese que intervenir para, de este modo, atemperar el crecimiento económico. 
Pero Irlanda, por contra, es una economía pequeña. 
Su PIB es menor que el del oeste de Londres. 
El recalentamiento de la economía irlandesa no ejerce ninguna influencia sobre la economía europea, por lo que no es necesaria intervención alguna del Banco Central Europeo. 
Irlanda misma ya no tiene la posibilidad, como tenía antes, de enfriar la economía mediante una subida de tipos de interés decretada por su propio Banco Central. 
Lo que significa, en definitiva, que sobre la propia Irlanda recae la responsabilidad frente a la ciudadanía de reducir de un modo u otro ese recalentamiento. Pero esa decisión yo se la dejaría a los irlandeses. 
No la elevaría al nivel de la Unión Europea. 
Y ahora una segunda cuestión. El 12 de enero, la Comisión Europea tomó la decisión de transferir 401 millones de euros a Irlanda. 
A ello se añaden recursos complementarios por valor de 726 millones de euros. 
Éste es un dinero añadido que se está bombeando a la economía irlandesa. 
Quisiera preguntar en relación a ello si ha habido conversaciones entre el Comisario Solbes y el Comisario Barnier para resolver esta evidente contradicción. 
Con otras palabras. Lo que está sucediendo en Alemania, en Francia, en Italia, constituye un motivo mayor de preocupación respecto de la estabilidad del euro. 
Quisiera desear coraje a la Comisión Europea para que, llegado el caso, amoneste a esos países como lo ha hecho con Irlanda. 
(El Presidente le retira la palabra.) 
. Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. von Wogau por haber planteado un tema que yo creo que merece un debate. 
Su planteamiento ha sido correcto en lo que se refiere al modo de hacer la reflexión y voy a intentar seguirle en sus razonamientos. 
Empiezo por el final: ¿por qué nuestras decisiones no afectan para nada a las transferencias de recursos? 
Porque estamos hablando de coordinación de política económica. No estamos hablando ni de problemas de política regional, ni de competencia, ni de fiscalidad, ni de ningún otro de esos elementos. 
Quiero hacer un comentario inicial para que sepamos o para que aclaremos todos cuál es el modelo que hemos pactado en el Tratado de Maastricht. 
Según éste, la coordinación de las políticas económicas se basa en un instrumento que anualmente aprueban los Consejos Europeos en el mes de junio, a propuesta de los ministros de Economía y Hacienda, denominado "Grandes orientaciones de política económica". 
Ése es el documento básico de nuestra coordinación de la política económica, que usted conoce bien, porque ha tenido ocasión de discutirlo más de una vez en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Dicho documento incluye unas decisiones de tipo general y unas decisiones específicas por Estados miembros, que contienen recomendaciones concretas, que- quiero destacarlo- son aprobadas de forma unánime por el Consejo Europeo, así como, evidentemente, el punto de vista de cada uno de los Estados miembros que las firman. 
Es cierto que, junto a las grandes orientaciones de política económica y para mantener un adecuado equilibrio entre política fiscal y política monetaria, se pone en marcha el pacto de estabilidad. 
De ahí que, algunas veces, podamos tener la impresión de que- como en el caso de Irlanda- existe alguna contradicción entre actuaciones que pueden ser difíciles de entender, con arreglo al cumplimiento de los criterios del pacto de estabilidad. 
En primer lugar- y yo creo que es importante -, desde el punto de vista del pacto de estabilidad, Irlanda ha tenido y sigue teniendo unos cumplimientos holgados, cómodos, del pacto de estabilidad y el comportamiento de las autoridades irlandesas merece todos los elogios posibles por el buen funcionamiento de las finanzas públicas y por el avance de sus reformas estructurales. 
Es verdad que la economía irlandesa ha seguido creciendo con mucha fuerza en el año 2000, pero es cierto- y ahí entramos en el primer punto que usted ha planteado- que la economía irlandesa está en una situación de recalentamiento. 
¿Es el recalentamiento un tema importante desde el punto de vista de los equilibrios globales? 
Yo no entro para nada en si cada una de las medidas específicas es o no correcta. 
Es responsabilidad de los Estados miembros, y no hay nada que objetar. 
Estamos hablando de posiciones globales generales. 
El problema del recalentamiento de la economía irlandesa no es un tema nuevo. Es un tema que data del año 1998 y ya venía reflejado en las grandes orientaciones de política económica. 
En el año 2000 se decía- me refiero a una decisión adoptada por el Consejo Europeo, propuesta por los ministros de Economía y aplicable en cada Estado miembro- que la utilización de la política presupuestaria tiene que asegurar la estabilidad económica, dada la extensión del sobrecalentamiento en la economía y debe manejarse el presupuesto del año 2001 con este objetivo. 
¿Cuál es el- digamos- contenido del presupuesto del año 2001? 
Yo creo que esto nos puede ayudar a aclarar dos cuestiones: cuál es el motivo de preocupación de la Comisión, primero, y de los Estados miembros, después. 
Del presupuesto del año 2001 doy dos datos: los gastos corrientes votados en el presupuesto suponen un incremento del 1,06 % del Producto Interior Bruto irlandés; la reducción de impuestos, del 0,57 %. 
Por lo tanto, el impulso de demanda total, como consecuencia de estos dos factores, es del 1,6 % del Producto Interior Bruto irlandés. 
Hay otro dato que me parece interesante sobre lo que estábamos hablando de las grandes orientaciones de política económica. 
El mensaje es: " busquen o mantengan ustedes una situación equilibrada de su política presupuestaria y, si acaso, tengan ustedes una política presupuestaria algo más restrictiva, que compense las dificultades que pueda tener Irlanda como consecuencia de una política monetaria, definida para la zona euro, que, lógicamente, es más expansiva para las condiciones irlandesas. 
Si analizamos, por ejemplo, cuál es el impacto, en términos de incidencia primaria sobre el superávit ajustado cíclicamente, que son las cifras que nosotros utilizamos normalmente para ver el comportamiento de las economías, vemos que, mientras que en el año 2000 la cifra era de un impulso presupuestario de 0,4 puntos del PIB, en el año 2001 es de 0,9 puntos del PIB. 
Este asunto, por cierto, está en discusión entre el Gobierno irlandés y la Comisión. 
Aquél considera que las cifras que nosotros hemos calculado tienen un incremento de 0,3 puntos adicionales. 
Nosotros, con las cifras que ellos nos dan- está el tema en discusión en Eurostat -, podemos llegar a unas cifras algo distintas. 
Por eso, en la recomendación hablamos del 0,5, admitiendo, de hecho, esta situación. 
Tercer elemento: un tema importante en el comportamiento de las economías es cómo funciona la oferta respecto a la demanda y si el crecimiento de la demanda es muy rápido respecto a la oferta existente. 
Esto lo medimos técnicamente con lo que se llama el potential output gap, potencial de producción, es decir, cuánto crece más la demanda que la oferta. 
En el año 2000 la diferencia del potential output gap fue del 4,5 %, es decir, que Irlanda demandaba un 4,5 % más de lo que producía. 
En el año 2001 esa cifra se eleva al 5,4 %. 
Por lo tanto, estamos hablando de una política presupuestaria muy expansionista, cuando el compromiso que el Gobierno irlandés había aceptado en las grandes orientaciones de política económica era una política presupuestaria que, en principio, debería ser más restrictiva para compensar los otros problemas. 
Entramos en el segundo punto que su Señoría ha planteado y que me parece especialmente interesante: la economía irlandesa es relativamente pequeña y su impacto en la zona monetaria es mínimo. 
Esa argumentación es cierta y podría llevarnos a la conclusión- como a muchos economistas- de que, si no tuviéramos otros tipos de compromisos, - ¿por qué actuar sobre Irlanda, si no afecta a la política monetaria? 
Yo creo que en relación con este argumento debemos plantearnos una doble pregunta. 
En primer lugar, ¿podemos tratar de forma desigual a los Estados miembros de la Unión Europea? 
¿Unos Estados pueden hacer lo que consideren oportuno y otros no, según sean más grandes o más pequeños? 
Segundo punto importante: podríamos discutir si ése es el modelo para aplicar en el futuro, pero en todo caso ése no es el modelo que hoy estamos aplicando, de acuerdo con la legislación en vigor. 
Por lo tanto, es absolutamente imprescindible, por lo menos para la Comisión- si tenemos que atenernos a nuestro papel de guardián de los Tratados- aplicar los Tratados tal como existen. 
A partir de ahí, la Comisión hizo lo que consideró su deber, que era enviar una recomendación al Consejo de Ministros, en virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 99. 
He insistido mucho en que, cuando hablo de recomendación, no me refiero a sanciones. 
Yo comprendo que, en términos mediáticos, es mucho más atractivo hablar de sanciones. Cuando hablamos de recomendaciones estamos señalando al Gobierno irlandés que la política presupuestaria que ha definido es incoherente con lo que pactaron y tiene problemas adicionales de recalentamiento de su economía. 
Evaluamos la recomendación en la exposición de motivos, diciendo: "consideramos que ese recalentamiento es del 0,5 %". 
Podemos discutirlo. Es una cifra que depende de las metodologías que utilicemos. 
Evidentemente, a partir de ahí, corresponde al Gobierno irlandés hacer lo que estime oportuno. 
La posición de la Comisión fue presentada al Consejo de Ministros, que la aprobó por consenso. 
Ésta es la situación en la que nos encontramos en este momento y, al igual que usted, yo creo que hay que darle la importancia que tiene, porque, si bien es un hito importante en la aplicación de nuestro modelo de coordinación de las políticas económicas, no debemos intentar sacar unas conclusiones que son algo que, desde luego, la Comisión nunca ha pretendido. 
Le doy las gracias al Comisario Sr. Solbes. 
Estimados colegas, me veo obligada a pedirles que respeten su tiempo de uso de la palabra, porque a las 18.30 horas debemos celebrar la votación de las urgencias. 
Señora Presidenta, cuando en Irlanda nos adherimos a la Unión Económica y Monetaria, aceptamos el principio fundamental de la Unión Económica y Monetaria, a saber, una coordinación más estrecha de las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros. 
Los elementos fundamentales de este proceso son el pacto de estabilidad y crecimiento, que se encuentra en el centro de la coordinación de la política económica. 
En segundo lugar, tenemos las directrices anuales, y subrayo lo de anuales, de política económica, un elemento menos conocido del proceso de desarrollo de la política económica. 
Así como las hay a nivel europeo, existen también directrices específicas por Estados miembros que identifican las prioridades políticas y otras circunstancias particulares. señor Comisario, el viernes pasado y a su instancia, le estuve escuchando con atención para ver si podía deducir de sus palabras de qué infracciones de las directrices específicas por países es culpable Irlanda que justifiquen las recomendaciones del Ecofin de conformidad con el artículo 99 del Tratado. 
Nuestro Ministro de Finanzas, Charlie McCreevy, dijo al Parlamento Europeo esta semana que el no tenía ningún problema en comunicar a Irlanda que exponga el punto de vista del Consejo sobre la combinación de políticas apropiada para conseguir la estabilidad económica. 
Pero consideraba que este punto de vista debería haber adoptado la forma de opinión, como en el procedimiento habitual, en particular a la vista de la evolución comparada de la economía irlandesa en relación con otros Estados miembros de la UE. 
Una opinión, señor Comisario, y no una recomendación 
¿Ha sido la recomendación una respuesta imparcial y proporcionada? 
Quizá habría bastado con una opinión, habida cuenta de las considerables consecuencias políticas de la recomendación en Irlanda, donde estamos en año electoral y muy posiblemente ante un referéndum sobre Niza. Este episodio ha beneficiado a los euroescépticos. 
Y lo mismo vale para otros lugares, en particular para el Reino Unido. 
Cunde también la intranquilidad por la participación de la Comisión en la política fiscal en el escenario post-Niza. 
Este último episodio no presta ayuda alguna. 
No logro entender por qué la infracciones de Irlanda no han podido ser tratadas con más tacto, con más diplomacia, con más comprensión, tanto por usted, señor Comisario, como, lógicamente, por nuestro en cierto modo heterodoxo, pero genial Ministro de Finanzas. 
Para muchos observadores, parece que todo parece haber sido una cuestión, al fin y al cabo, de egos y comportamientos machistas, todo ello en el contexto del cambio económico que ha experimentado el país en los últimos seis o siete años que es la envidia de muchos. 
La imputación consiste en que Irlanda debe esforzarse en alcanzar la estabilidad económica y, en el contexto antes descrito, se ha considerado que nuestros últimos presupuestos fomentan la inflación. 
Hay ocasiones en que el modelo económico de "one size fits all" no vale. 
La mayor amenaza que se cierne actualmente sobre Irlanda es el crecimiento de los salarios, impulsado por 75.000 ofertas de puestos de trabajo. 
Garantizar la continuación del diálogo social con nuestros sindicatos, trabajadores, agricultores y Gobierno y, mediante dicho diálogo, la moderación salarial debe ser una prioridad para nuestro Gobierno, dada su enorme contribución a nuestro éxito económico durante muchos años. 
Coincido en que un crecimiento del PIB a una tasa anual del 10% no es sostenible, habida cuenta de la presión sobre la oferta de trabajo y los precios de la vivienda, Pero incluso el IBEC, nuestra confederación de trabajadores, ha dicho que nuestros presupuestos deben examinarse en el contexto del diálogo social. 
Si tuviera que señalar un factor particular que haya contribuido más que ningún otro al cambio de la economía irlandesa, tendría que mencionar el Acuerdo de los Agentes Sociales que nos ha permitido competir en condiciones favorables en el mercado único y atraer las inversiones a nuestro territorio gracias a la estabilidad que ha llevado a las negociaciones salariales. 
Lamento el indecoroso debate público sobre la censura, la falta de diplomacia a la hora de tratar esta asunto por ambas partes y las muy negativas consecuencias políticas que ha producido. 
La falta de tiempo no me permite repasar los datos del éxito económico irlandés. 
No tengo duda alguna de que los colegas que me siguen sí lo harán. 
Señora Presidenta, el Sr. Prodi decía que "también tenemos que poder castigar al mejor alumno de la clase", explicando la grave reprimenda de la Unión a Irlanda. 
Sinceramente, esto es algo extraño. 
Lo obvio sería que el mejor alumno de la clase fuese el ejemplo a seguir; así era cuando yo iba al colegio. 
La economía irlandesa va muy bien. 
El año pasado creció un 10 por ciento, el desempleo está bajo el 4 por ciento y, además, el país tiene un considerable superávit presupuestario. 
La pobre isla verde se ha convertido en un tigre celta. 
Por este motivo, la llamada de atención de la UE a Irlanda es precipitada, ya que desconoce la situación del país. 
Irlanda es un pequeño país dependiente de su comercio exterior, con una economía estrechamente unida a la británica y a la americana. 
Por eso el descenso del valor del euro afecta a la inflación irlandesa más que a otros países comunitarios. 
La inflación ha descendido del 6 por ciento en noviembre al 3.9 en enero y todo indica que seguirá disminuyendo. 
Holanda tiene actualmente una inflación más alta. 
Como usted indicó, señor Comisario, la política irlandesa no debe hacer peligrar el funcionamiento de la UEM. 
Usted se remite al artículo 99 del Tratado y entonces sus argumentos pierden validez. 
Irlanda genera sólo del uno por ciento del conjunto del PNB de la Unión. 
La amenazas de inflación en Irlanda son casi exclusivamente externas, pero la UE y usted, señor Comisario, exigen medidas internas para bajar la inflación. 
La conducta de la Unión no es políticamente provechosa ni fortalece la confianza en la UE y la UEM, especialmente en los países que actualmente están fuera de la colaboración monetaria. 
Quisiera concluir con una pregunta al Sr. Solbes Mira: ¿Por qué no dieron más tiempo a Irlanda? 
Señora Presidenta, señor Comisario, como federalistas, Los Verdes no tienen objeción de principio a que Europa tenga una opinión sobre la política desarrollada por los distintos países. 
Dicho esto, hemos compartido y todavía seguimos compartiendo la inquietud de los países pequeños ante los excesos a los que podría conducir una arrogancia excesiva por parte de las autoridades superiores o de los países grandes. 
Desde esta óptica, la decisión de la Comisión, que, en relación con este caso concreto de Irlanda, ejerce por primera vez su derecho a proponer una amonestación, nos parece extremandamente poco fundada, y en todo caso de una torpeza insigne considerando todas las opiniones euroescépticas que critican la integración europea. 
Pensamos que es absolutamente infundada, en primer lugar, porque lo excesivo de la inflación irlandesa, que no deja lugar a dudas, puede también ser explicado por la específica naturaleza de la economía irlandesa, que no solamente importa el petróleo, sino también la mayoría de los componentes de dos países que han reevaluado considerablemente su moneda con respecto al euro a lo largo de los últimos años, Estados Unidos y el Reino Unido. 
En segundo lugar, porque no está en absoluto demostrado que el presupuesto 2001 sea "procíclico": por el contrario, el bache americano, la depresión americana amenazan con convertirlo en "contracíclico" hasta el extremo. 
En tercer lugar, admitiendo que la reducción de los impuestos recaudados por el Estado irlandés es excesiva, habría que haber planteado el problema cuando, durante años, este país ha practicado un dumping fiscal reduciendo el impuesto sobre las empresas, y atrayendo así a empresas del continente. 
Es absolutamente sorprendente que esta crítica se haga cuando la reducción fiscal afecta no ya a las empresas, sino a los ciudadanos. 
De una forma más general, a partir del momento en que un país ha aceptado... 
(La Presidenta le retira la palabra al orador) 
Señora Presidenta, deseo de entrada manifestarle mi agradecimiento por dar ejemplo presidiendo esta sesión que, de alguna manera, cierra nuestro periodo de sesiones. 
Centrándome ya en el asunto de nuestro debate, me alegro de que se nos ofrezca la posibilidad de expresar nuestra opinión sobre el significado y el alcance de la decisión adoptada por la Comisión, y posteriormente por el Consejo, de utilizar por primera vez la disposición del Tratado de Amsterdam que le permite imponer no una sanción, señor Comisario, sino una reprobación pública a un país miembro, en ocurrencia Irlanda, y duras amonestaciones a varios otros países por no respetar todos los condicionantes del pacto de estabilidad presupuestaria. 
Creo que esto va a dar que pensar a mucha gente en cuanto a la lógica liberal de la actual Unión Económica y Monetaria, a algunos meses vista de la irrupción del euro en la vida diaria de trescientos millones de europeos. 
Tampoco yo pongo en entredicho el principio de tales advertencias, corolario lógico de una coordinación de las políticas económicas. 
En cambio, fustigo las orientaciones subyacentes. 
Demasiado gasto público, demasiado gasto social, ésta es la obsesión de los guardianes de la ortodoxia monetarista de las instituciones europeas, sin consideración para la persistencia de desigualdades indignas del modelo social que la Unión Europea pretende encarnar, sin consideración tampoco para las exigencias de promoción de las capacidades humanas inducidas por la revolución del mundo de la información que se produce fulgurantemente ante nosotros, y que tenemos delante, mucho más que a nuestras espaldas. 
Significativamente, los gastos sanitarios están en concreto situados de una forma explícita en el punto de mira de las críticas que la Comisión hace a distintos Estados, entre los que está Francia. 
Prácticamente el mismo día, la Comisión ha decidido además someter al Tribunal de Justicia el caso de este país, Francia, culpable de aplicar un tipo de IVA reducido a una parte del precio de la electricidad y del gas que abonan las familias más modestas. 
No son las medidas hiper-restrictivas de este tipo las que nos ayudarán a superar la crisis de confianza entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión. 
Se ha hecho referencia a los comentarios públicos del Sr. Prodi con relación a las críticas dirigidas a Irlanda, presentada no hace mucho como un modelo de éxito a seguir. 
Cuando el Presidente de la Comisión dice que, y cito, "a veces, el maestro de escuela debe castigar incluso al mejor alumno", deja entrever una concepción de la nueva forma de gobernar Europa de una originalidad que se presta a la confusión. 
Doy por sentado que el gran debate sobre el futuro de Europa del que todo el mundo habla no se planteará únicamente en la abstracción de las reformas institucionales, sino que será concebido en lo específico de las experiencias vividas, como las que han experimentado los ciudadanos de los países afectados por las severas críticas de la Comisión y del Consejo. 
Señora Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias por presidir esta sesión, y también al Comisario por su comparecencia. 
Un control estricto de los gastos presupuestarios desde 1987 y un sólido modelo de diálogo social en el que los sindicatos, empresarios y Gobierno han participado son dos de las principales razones del actual éxito de la economía irlandesa. 
Junto a éstas, nuestra intención y nuestro compromiso de invertir en educación y en la construcción de infraestructuras y, en particular, de aprovechar las nuevas oportunidades que brindan las tecnologías de la información son los otros factores de este éxito. 
En Irlanda tenemos un dicho muy utilizado: "si no está roto, para qué pegarlo". 
Nuestra tasa de crecimiento actual del 11% es más de tres veces superior a la media de los demás Estados miembros. 
Tenemos un superávit presupuestario de casi el 5% de nuestro producto interior bruto. 
Los niveles de presión fiscal y de gasto, situados en el 33%, hacen de Irlanda uno de los sistemas fiscales con tipos más bajos en Europa. 
Hemos asumido el compromiso vinculante de destinar un 1% de nuestro producto interior bruto anual para hacer frente a nuestros futuros gastos en pensiones públicas. 
Efectivamente, los datos más recientes ponen de manifiesto que en Irlanda la inflación, medida sobre la base armonizada europea, ha caído hasta el 3,9 %. 
Esta tasa de inflación es inferior que en varios de los mayores Estados miembros de la UE si la comparación se efectúa con los últimos datos económicos disponibles; por ejemplo, inferior a la de España. 
Quiero también recordar a la Comisión Europea que antes del reciente éxito económico de Irlanda, se exigió al pueblo irlandés hacer grandes sacrificios con el objeto de contribuir al positivo desarrollo de las políticas y programas en la Unión Europea. 
En un corto espacio de tiempo, Irlanda pasará a ser un contribuidor neto al presupuesto de la Unión Europea, cuando antes era un beneficiario neto. 
Asimismo, las aguas irlandesas están abiertas a las flotas pesqueras europeas para garantizar la continuación del éxito de la industria pesquera europea. 
Creo que debe escucharse y prestarse atención a las recomendaciones económicas dirigidas a mejorar a la economía irlandesa. 
Sin embargo, en esta ocasión, a mi juicio, la Comisión Europea ha juzgado equivocadamente la especial naturaleza del modo en que funciona la economía irlandesa. 
Además, no creo que aprecie en su totalidad cuán lejos hemos llegado, en los términos actuales, en la mejora de nuestra economía. 
Quiero dar al Sr. Comisario una lista de cifras para situarla en su contexto. 
En 1991, los líderes de la UE acordaron las disposiciones del Tratado de Maastricht y se dio luz verde al proceso de la moneda única. 
En 1991, el PIB irlandés ascendió a 29.000 millones de IEP. 
Hoy, diez años más tarde, asciende a 80.000 millones de IEP. 
En 1991, nos endeudamos por un importe de 760 millones de IEP para mantener los servicios públicos en funcionamiento. 
Hoy tenemos superávit presupuestario. 
En 1991, la población activa de nuestro país ascendía a 1,15 millones de personas. 
Hoy tenemos 1,67 millones. 
Con respecto a los específicos acontecimientos de las últimas semanas, pienso que cualquier posible sanción financiera a Irlanda, como se sugiere en ciertos ámbitos, sería una medida altamente regresiva. 
Bravuconadas de este tipo mal pueden servir para establecer una coordinación o cooperación económica más estrecha. 
La coacción y la coordinación son dos teorías políticas y humanas diametralmente opuestas. 
La Unión Europea no prosperará en el futuro si el enfrentamiento está a la orden del día. 
Yo he sido elegido para representar al pueblo irlandés, y mis colegas y yo presentes en este Parlamento seguiremos defendiendo los más altos intereses del pueblo irlandés. 
En conclusión, ha de acogerse con satisfacción la celebración de este debate en esta ocasión. 
Agradecemos la oportunidad de gritar desde los tejados cuán orgullosos estamos de nuestros resultados. 
Señora Presidenta, señor Solbes Mira, los avances económicos logrados por Irlanda en los últimos diez años despiertan una gran admiración. 
Al comparar los indicadores macroeconómicos de los Estados miembros de la UE se llega a la conclusión de que Irlanda encabeza la lista. 
Por eso mismo, parece muy extraño que la Comisión Europea critique la política desarrollada por el Gobierno irlandés. 
Sin embargo, mirándolo bien, las críticas están justificadas. 
Habida cuenta de la situación de recalentamiento de la economía irlandesa es cierto que al bajar los impuestos y al incrementar los gastos públicos el Gobierno irlandés pone en práctica una política procíclica. 
Si ahora no se recrimina a Irlanda resultará muy difícil criticar más en adelante la política de otros Estados miembros. 
No por ello deja de ser llamativo que el objeto de las críticas sea un país pequeño, en tanto que se es menos exigente con las reformas y resultados económicos generalmente menos satisfactorios de los grandes Estados miembros de la UEM. 
¿Podría indicar el Comisario Solbes Mira si es consciente de que en las presentes recomendaciones las críticas hacia los grandes Estados miembros parecen más benevolentes que las que se dirigen a los países pequeños? 
Con motivo de la decisión relativa a la instauración de la Unión Económica y Monetaria en la primavera de 1998 ya llamé la atención de la Comisión sobre la precaria situación de los sistemas de pensiones en algunos Estados miembros. 
Su predecesor, el Sr. De Silguy, no quiso saber nada del tema. 
Me doy cuenta de que ahora la Comisión está dispuesta a lanzar avisos prudentes, concretamente en dirección a Francia e Italia. 
El BCE también expresó su profunda preocupación en su informe mensual de julio de 2000. 
Si la política no se modifica los gastos ocasionados por las pensiones se dispararán en la mayoría de los Estados miembros. Según la OCDE llegarán a alcanzar el 20% del PIB en uno de los Estados miembros. 
¡Sorprendentemente, en dicho país la actual lucha electoral gira en torno a la bajada de los impuestos! 
Cuanto más tarden los Estados miembros afectados en afrontar el tema de las pensiones tanto mayores serán los futuros problemas presupuestarios. 
Estamos ante una bomba de relojería financiera que ya está en marcha. 
Entretanto el Comisario sigue sin hablar claro. 
¿Cómo es posible que las reformas necesarias se aplacen una y otra vez cargando los gastos a las futuras generaciones? 
Espero de usted que en el próximo Consejo de primavera en Estocolmo ponga las cartas sobre la mesa llamando al orden a Italia, Alemania, España, Bélgica y Francia. 
A este respecto Irlanda lo tiene todo atado y bien atado. 
Sería una muestra de oportunismo no decirlo, porque al final Irlanda, Países Bajos y otros Estados miembros se verán obligados a cargar directa o indirectamente con las consecuencias de los problemas que sus socios de la UEM se niegan a resolver. 
Señora Presidenta, la recomendación adoptada por el Consejo de Ministros de Finanzas el pasado lunes, que pone a Irlanda en la picota por un presupuesto nacional que se supone demasiado expansionista, nos parece desproporcionada por completo, hasta tal punto que nos preguntamos porqué ha sido adoptada. 
Es desproporcionada, porque Irlanda aparece más bien como un buen alumno de la clase europea y porque su inflación, finalmente bastante baja en términos absolutos, no representa riesgo alguno para el equilibrio de la zona en su conjunto. 
En estas condiciones, ¿porqué exigir medidas restrictivas que pueden perjudicar a ese país? 
La explicación debemos buscarla en el análisis del nuevo sistema de moneda única, dónde los ajustes flexibles por medio de las variaciones de los tipos de cambio son reemplazados por la rigidez de la unicidad monetaria, completada con procedimientos disciplinarios. 
Por consiguiente, los ajustes a través del mercado son reemplazados por ajustes administrativos y centralizados. 
¿Pero queda con ello asegurado que el nuevo procedimiento administrativo esté destinado a producir un resultado mejor que el del mercado? 
Creemos que no. 
El resultado más seguro es la imposición forzada a los distintos miembros de una política económica que no es óptima para todos. 
Esta rigidez puede generar inconvenientes que, en el futuro, anularán las ventajas atribuidas a la moneda única. 
Sin embargo, a fecha de hoy, queda una cuestión por resolver. 
¿Esta política unificada obligatoria está establecida por los países grandes en beneficio propio, y en perjuicio de los pequeños? 
¿O bien es posible que algún día se torne en contra de los propios países grandes? 
Todavía no tengo respuesta para esta cuestión. 
Ciertamente, Irlanda podría pensar hoy que se encuentra en el primero de los supuestos, el de un país pequeño sometido a los intereses establecidos por los pesos pesados. 
Pero la cuestión es más compleja, porque, tras la condena de Irlanda, se ve que también hay objetivos más importantes, a la cabeza de los cuales estaría quizás Francia. 
El juego consiste en experimentar o incluso en endurecer la vigilancia multilateral contemplada por el artículo 99 del Tratado, para aplicarla el día de mañana a otros Estados. 
El proceso de coacción está por tanto lejos de haber finalizado. 
La Europa disciplinaria golpea en primer lugar a los Estados pequeños, pero amenaza con golpear en el futuro a todo el mundo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, mis queridos colegas, nos reunimos hoy por un extraño asunto, porque, al escuchar al Sr. Wurtz y al Comisario, tengo la impresión de que luchan en la misma guerra. 
Ambos nos dan el mismo mensaje: "ustedes no tienen derecho a crecer, pero sí a gastar". 
Ustedes no tienen derecho a crecer. 
He aquí un Estado, Irlanda, que tiene un superávit presupuestario impresionante, una deuda extremadamente limitada, una tasa de crecimiento muy elevada, y una inflación ciertamente demasiado alta, principalmente por motivos exógenos, pero que respeta en lo esencial lo que hemos dicho que tenía que ser respetado en el pacto de estabilidad, y ustedes afirman: "crecer no está bien, aunque se respeten los criterios". 
El Sr. Wurtz nos dice: "hay que tener derecho a gastar". 
Le advierto, Señor Wurtz, que no es el caso de Irlanda. 
Irlanda no gasta demasiado. 
Tiene un crecimiento fuerte porque no gasta demasiado. 
En cuanto a Francia, se nos indica: "a Francia, por el contrario, se le hace una ligera señal, se le regaña un poco, pero en realidad se acepta la situación". 
Ahora bien, he constatado que Francia no respeta sus compromisos. 
Francia se había comprometido a una reducción del gasto público y a un conjunto de desgravaciones fiscales. 
En Francia, vemos cómo la tendencia a la reducción de los déficits disminuye, mientras que el crecimiento se consolida. 
Vemos cómo Francia conserva el nivel de gasto público más elevado de todos los países de la Zona Euro. 
Vemos cómo Francia financia, con su presupuesto nacional, gastos derivados de costes salariales que lógicamente pertenecerían a la economía mercantil. 
Todo esto no es satisfactorio, pero ustedes se callan, porque Francia, como Alemania, como Italia, como otros países, son palabras mayores para ustedes. 
En estas circunstancias, me preocupo, porque para contar con una verdadera policy-mix, señor Comisario, -y no se lo reprocho -, haría falta que tuviese usted los medios necesarios para ser políticamente menos tímido, para estar jurídicamente mejor armado y económicamente equipado con unas herramientas de análisis un poco más complejas que las que tenemos. 
De hecho, en este asunto, padecemos de una insuficiencia y no de un exceso de Europa, ¡y, dentro de esta insuficiencia, el pequeño es el que paga el pato! 
Señora Presidenta, la integración económica europea es una gran aventura, pero afortunadamente contamos con quince Ministros de Hacienda que se vigilan mutuamente en el Ecofin. Aunque en realidad es algo que no sabemos a ciencia cierta, puesto que siempre se reúnen a puerta cerrada y a veces incluso detrás de una cortina de humo. 
Sólo en casos muy excepcionales, cuando en algún país la situación se desborda, el Ecofin abre sus puertas y retira la cortina de humo para recriminar públicamente al colega de que se trate. 
Irlanda ha sido el primer país en sufrirlo. 
Esta semana le ha tocado en suerte. ¿Anda tan mal la economía irlandesa? 
¿Realmente no podemos fiarnos de los irlandeses? 
Muchos lo han dicho. Un crecimiento medio del 5% durante cinco años, una disminución del desempleo de más del 16% a menos del 4% y un superávit de más del 4,5 %. 
Es cierto que existe un riesgo de recalentamiento de la economía y de inflación y que eso no estaba previsto en los acuerdos acordados por los propios ministros, pero pese a ello es comprensible que los irlandeses se sientan mal tratados. 
Acechan riesgos mucho mayores. 
El que posiblemente se convierta en el futuro Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha expresado su deseo de reducir los impuestos a pesar del déficit presupuestario y a pesar de que la relación entre la deuda pública y el producto interior bruto supera más de tres veces la de Irlanda. 
Nos preguntamos si el Colegio de Ministros también piensa recriminar públicamente a Italia. 
Comisario Solbes Mira, aunque dudemos de que las críticas a Irlanda sean justificadas, podrá contar con nuestro apoyo en ese otro caso. 
Señora Presidenta, creo que la censura de Irlanda por la Comisión constituye una grave violación de la libertad democrática europea. 
La libertad de un Gobierno elegido para elaborar sus propios presupuestos de conformidad con los compromisos electorales adquiridos es fundamental para la democracia. 
Por tanto, insto al Ministro de Finanzas irlandés a no renegar de sus promesas de aumentar el gasto público, en salud en particular, y de bajar los impuestos, sobre todo a los que perciben salarios más bajos. 
No abogo por bajar los impuestos a los ricos, ni son éstos unos presupuestos presentados por el partido verde. 
Se trata, en cambio, de un programa que ha sido negociado con los agentes sociales. 
Irlanda tiene especiales dificultades para controlar su inflación como consecuencia de sus vínculos comerciales tradicionales con el Reino Unido, que se mantiene fuera de la zona euro. 
Este es un aspecto de la inflación irlandesa que ha sido completamente ignorado por la Comisión Europea. 
De hecho, si la Unión Europea ha decidido deliberadamente alejar al Reino Unido de la adhesión al euro, revelándose así como una burocracia desfasada que intenta intimidar a Gobiernos elegidos mediante formas que están totalmente fuera de su ámbito de competencia, no podría haberlo hecho mejor. 
Esto es, cuanto menos, una estupidez política absoluta. 
Esta intromisión en los presupuestos irlandeses es el resultado del Tratado de Maastricht; la Comisión está incluso intentando conseguir que los Gobiernos acuerden anticipadamente con ella sus presupuestos, algo que no forma del Tratado. 
Por tanto, anticipo un rotundo rechazo al Tratado de Niza en el referéndum que se va a celebrar este verano como consecuencia de esta injustificada intromisión y porque es un Tratado muy malo, como muchos miembros de esta Cámara convendrán. 
Desde 1994, el crecimiento acumulado del empleo ha sido del 39%. 
Hoy la economía irlandesa está cerca del pleno empleo, lo que representa un cambio formidable en Irlanda. 
Los costes laborales se encuentran aún un 10% por debajo de la media de la zona euro. 
En consecuencia, el incremento de los salarios y las rebajas fiscales para los que perciben los salarios más bajos están en la agenda irlandesa de 2001. 
A mi juicio, la Comisión está intentando deliberadamente inmiscuirse en un ámbito que no está comprendido en sus competencias. 
No podemos permitir que esto ocurra. 
En los últimos cinco años se ha producido un peligroso incremento de la desigualdad en virtud del cual los ricos son más ricos y los pobres se ven aún más marginados. 
No podemos tolerar ni toleraremos que esta situación se prolongue. 
Quiero dar las gracias al Parlamento por debatir este asunto. 
Animé al Sr. von Wogau a presentar este tema porque pensaba que el Parlamento trataría esta importante cuestión de una forma justa y equilibrada. Y así ha hecho. 
Además, asumo que todo lo debatido en la Comisión tiene carácter secreto y que todo lo debatido en el Consejo tiene carácter secreto. 
Y hemos tenido que aceptar los comunicados de prensa de los propagandistas cuando ya todo había acabado. 
Así, en esta Cámara contamos por lo menos con una discusión abierta y democrática de todo el asunto, circunstancia que celebro particularmente. 
Una cosa que los oradores irlandeses hemos olvidado señalar es cuánto ha contribuido la Unión Europea al éxito de que ahora disfrutamos. 
No quiero entrar en todos los detalles, peor sí debo mencionar un factor subestimado, que es el modo en que la economía irlandesa- siendo pequeña y abierta- ha respondido al mercado interior. 
No es una coincidencia que Irlanda despegase el día en que se eliminaron las fronteras en Europa y nos dimos un mercado libre. 
Esto fue un hito importante. 
Otro aspecto que se ha exagerado son las transferencias de dinero. 
Un estudio efectuado por la Comisión cuando la economía irlandesa crecía a una tasa del 10% puso de manifiesto que la transferencia de fondos estructurales sólo supuso, a lo sumo, un 1,5 % de dicho porcentaje. 
Así que la gente que dice que Irlanda ha crecido gracias a las limosnas de Europa exageran. 
Lo que me decepciona de todo esto es la fuerte impresión que el Ministro de Finanzas irlandés ha manifestado sentir. 
Se lo avisó el Instituto Irlandés de Investigación Económica y Social, tal como le dijo la Comisión. 
Se lo avisó la Asociación de Empresarios Irlandeses. 
Se lo avisaron los bancos centrales. 
Y si ello le supuso algún problema- como la reclamación de incrementos salariales por los sindicatos -, fue porque sus políticas habían avivado la inflación y reducido los ingresos reales de los trabajadores. 
Incluso si no fuéramos miembros de la Unión Europea ni de la Unión Monetaria, la decisiones adoptadas por la Unión Europea nos seguirían afectando. 
En este sentido, una economía pequeña y abierta como la irlandesa carece de soberanía. 
El ministro está considerado como un deportista. 
Un deportista debería haber obedecido al árbitro cuando éste sopló el silbato porque alguien había infringido las reglas. 
Incluso si cabe argumentar si la Comisión estaba en lo cierto o no, para nuestro Ministro en su arrogancia y nuestra Tanaísta era deshonesto e injusto fingir que no podían aceptar o comprender. 
Señora Presidenta, el Sr. Comisario ha finalizado su intervención afirmando que de este asunto no pueden extraerse muchas consecuencias. 
Yo coincido con ello, en cuanto que plantea de cuestión de "¿ por qué molestarse ?". 
Acepto que, como Comisión, tienen el derecho de actuar como han actuado. 
Como guardián del Tratado, tienen la obligación de actuar si creen que ello es lo correcto. 
Acepto que el Ecofin haya refrendado la opinión de la Comisión. 
El Gobierno irlandés también tiene el derecho y la obligación de defender sus preferencias políticas si cree que ello es lo correcto. 
No pongo en cuestión su derecho, señor Comisario, a actuar como han actuado, pero sí cuestiono su apreciación de la cuestión. 
Creo que se trata de una apreciación equivocada en el contexto de un ejemplo que sienta un precedente importante. 
A mi juicio, la respuesta irlandesa ha sido equivocada por demasiado caprichosa. 
Creo que las respuestas de la Comisión y de Irlanda a la recomendación de la Comisión han carecido de proporcionalidad. 
Con un error no se subsana otro. 
En el gris espacio económico, el presupuesto ha revestido un carácter inflacionista, pero, en el lado de la oferta, la modificación de los impuestos propiciará una mayor participación de una mayor mano de obra. 
La modificación de los impuestos rebajará las previsiones de salarios y, por tanto, las previsiones de inflación. 
El gasto de inversión eliminará los atascos infraestructurales; la situación es, a lo sumo, una situación gris. 
Señora Presidenta, colegas, las críticas de la Unión a la política económica irlandesa son causa de polémica. 
Para mí, hay buenas razones para respaldar la recomendación del Consejo de Ecofin. 
Las directrices de la política económica, que han aprobado todos los miembros de la Unión, tratan en el fondo de hacernos caer una vez más en la inflación galopante y en los terribles déficit presupuestarios de los años 80, que posteriormente dieron origen a backlash, crisis y desempleo. 
Irlanda es el primer país miembro que empieza a perder los objetivos inflacionarios. 
Habida cuenta de la crisis de la década de los 90, quizás es lógico que la Unión reaccione. 
Ahora le van bien las cosas a Europa otra vez. 
Nadie pretende arrebatar a Irlanda su fantástico crecimiento. 
Por el contrario, es el mejor ejemplo de que la colaboración comunitaria realmente puede contribuir a mejorar las condiciones de un país determinado. 
Pero por eso no podemos olvidar las experiencias de la crisis de la década de los 90. 
No podemos abandonar la convicción de que la lucha por el crecimiento y el pleno empleo puede y debe ser compatible con una clara responsabilidad en torno a la estabilidad de los precios y al balance presupuestario. 
¿Por qué no podría Irlanda seguir su propio camino? 
El problema es que vivimos en una economía entrelazada internacionalmente, en la que el desarrollo en un país afecta a los demás. 
En tanto un sólo pequeño país se aleje de las directivas pactadas, el problema no es tan visible. 
Pero ahora hay inquietantes señales de que pueden ser más y entonces es importante izar la bandera de alarma a tiempo. 
En mi país, Suecia, se intenta utilizar las críticas contra Irlanda como un elemento de propaganda antieuro. 
La UE quiere apoderarse hasta de nuestros impuestos. 
En mi opinión, esta propaganda carece de sentido. 
Las críticas contra Irlanda no son por haber rebajado los impuestos sino que por hacerlo en un período en que podría conducir a un sobrecalentamiento y al aumento de la inflación. 
La UE ha hecho una recomendación; no existen medios para apoderarse de la política fiscal y presupuestaria de Irlanda, a pesar de lo que sostengan los detractores suecos de la Unión Europea. 
Le doy las gracias al Comisario Sr. Solbes. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, como puede usted ver, hay muy poca gente aquí. 
La situación fue la misma el mes pasado. 
El mes pasado propuse que podríamos utilizar las dos o tres horas adicionales del lunes por la tarde para el debate, para que los diputados también pudieran asistir a la votación. 
¿Podría decirme si esta propuesta ha sido examinada y cuál ha sido la respuesta de la Mesa o de la Conferencia de Presidentes? 
Me indican que su propuesta todavía está siendo examinada y que, por el momento, no hemos encontrado una solución adecuada. 
Señor Presidente, tengo otra sugerencia: estamos preparando una modificación del calendario, para disponer de un día más en Bruselas a partir del año que viene. 
Creo que nos salimos del orden del día, porque ha llegado el momento de pasar a la votación sobre las resoluciones de urgencia. 
VOTACIONES 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre las resoluciones de urgencia. 
Antes de la votación sobre la libertad religiosa en China 
Señor Presidente, en cuanto a la resolución que viene a continuación, mi Grupo ha querido firmar la resolución común relativa a las libertades religiosas en China para dejar claro que, desde nuestro punto de vista, la defensa de la libertad de conciencia y de expresión no tiene fronteras. 
En cambio, la inmensa mayoría de los miembros de mi Grupo está totalmente en contra de cualquier referencia a la secta Falun Gong en esta resolución. 
Este es el motivo de que hayamos solicitado una votación separada, nominal, sobre los dos párrafos relativos a esta cuestión. Votaremos en contra de estos párrafos. 
Así está correctamente previsto, señor Wurtz. 
Señor Presidente, sólo quisiera decir brevemente que se ha sugerido que deberíamos empezar más pronto los lunes y acabar así antes los jueves. 
Debo decir que me parece absurdo porque muchos de nosotros deberíamos salir el domingo mismo para que otros tengan el viernes libre. 
Hasta ahora, en Europa era el domingo el día sagrado de descanso y no el viernes. 
Señor Presidente, tampoco quiero debatir esta asunto, pero debo aclarar que lo que el Sr. Posselt ha dicho es incorrecto. 
No propuse comenzar más pronto el lunes. 
Propuse utilizar las horas de la tarde de los lunes, que ahora están libres, para los debates, tal como hacemos los martes y miércoles. 
De este modo podríamos votar antes el martes y muchos podrían participar en la votación antes de irse a casa. 
Esta fue mi propuesta. 
Dado que hemos agotado el orden del día, esta ha sido la última declaración de este periodo de sesiones. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 19.00 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 15 de febrero de 2001. 
Declaración de la Presidenta 
Señorías; desgraciadamente, como saben, dos nuevas víctimas han venido a añadirse, el 22 de febrero, a la lista inadmisible de quienes en España han perdido la vida en atentados terroristas de ETA. 
En San Sebastián, el atentado con bomba se dirigía a Ignacio Dubreil, concejal del Partido Socialista Vasco en Ordizia. 
La explosión se cobró la vida de José Ángel Santos y José Leonet, trabajadores de la empresa Electra, hiriendo a otras cuatro personas, entre las que se encuentra el Sr. Dubreil. 
Los terroristas de ETA han demostrado una vez más que niegan el derecho a la vida y rechazan el principio mismo del Estado de Derecho. 
He enviado mi pésame, en nombre de ustedes, a las familias de las víctimas y nuestros deseos de una pronta recuperación a los heridos de este atentado. 
Les pido que guarden un minuto de silencio. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Orden del día 
Señora Presidenta, no se trata realmente de una oposición. 
Creo simplemente deplorable que no puedan presentarse propuestas de resolución sobre los bombardeos aéreos en Iraq, que considero un problema muy importante en el contexto, concretamente, de la violación de los principios que rigen la política exterior y de seguridad común. 
Señor Gollnisch, no se trata de una objeción al orden del día. 
¿Consideramos que el orden del día queda así establecido? 
El orden del día queda así establecido. 
Señora Presidenta, quiero suscitar una cuestión que guarda relación estrecha con el debate sobre el futuro de Europa. 
Además, me alegro de que esté presente el Presidente Prodi, y creo que el Consejo también está presente. 
He sabido, a través de un comunicado a las tres escuelas europeas- y bien saben los miembros de la Cámara que las escuelas europeas tienen una gran actividad cuando se trata de aprobar el presupuesto -, que el día 7 de marzo se organiza un debate con los alumnos de la Escuela Europea, sección III, en el que intervienen el Presidente en ejercicio del Consejo y Primer Ministro sueco, Sr. Persson, el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, y el Primer Ministro del Gobierno Federal de Bélgica, Sr. Verhofstadt. 
A mí me parece que es una buena iniciativa, pero no veo que esté presente ni el Parlamento Europeo, ni tampoco el Parlamento belga, teniendo en cuenta que sí está presente el Sr. Verhofstadt. 
Y como me he releído el anexo cuarto de las conclusiones del Consejo de Niza, a mí me parece que esta iniciativa, que sólo reúne a miembros del Consejo, no responde, desde luego, a ese debate al que los miembros del Consejo de Niza nos apelan de una manera insistente. 
Creo, señora Presidenta, que esto merecería una explicación por parte de usted y que usted se dirigiera también a tan augustos miembros del Consejo para decirles que, si se quiere hablar con la sociedad civil- y en este caso con los alumnos de la escuela -, hay que tener en cuenta a los Parlamentos, como ellos señalaron en el anexo cuarto. 
Espero su explicación. 
También rogaría al Presidente Prodi, aquí presente, y al Consejo que nos dieran la suya. 
Señor Barón Crespo, está muy claro. 
Usted sabe perfectamente que se nos había informado de que el Consejo tenía la intención de proponer una iniciativa común a nuestras tres instituciones para este 7 de marzo. 
Usted recordará, sin duda, que hice hincapié en este sentido en la última Conferencia de Presidentes, pero, en ese momento, no conocía con precisión la forma que debía tomar la iniciativa que se nos había propuesto. 
La Conferencia de Presidentes decidió confiarme un mandato para que valorara, en función de las precisiones que se me trasmitirían, si era oportuno o no que el Parlamento Europeo estuviera presente en esta iniciativa. 
Recuerdo incluso, señor Barón Crespo, que en aquel momento usted había manifestado que el Parlamento no podía estar presente sólo para hacerse la foto. 
Desde esta Conferencia de Presidentes no hemos parado un momento. 
Mi gabinete se ha esforzado por obtener dichas precisiones sobre lo que se haría y lo que no se haría, porque se trata de una cuestión importante que nos compromete. 
Hoy contamos con algunas precisiones, aún muy incompletas, como el hecho de que esta iniciativa se llevará a cabo en una escuela, con la presencia de los alumnos. 
Todo esto es muy grato. 
Pero también seré invitada a firmar, en nombre del Parlamento Europeo, una carta común con el Presidente sueco, el Presidente belga y el Presidente Prodi. 
He considerado que no podía asumir yo sola la responsabilidad de firmar esta carta común. 
Ustedes la recibirán de un momento a otro, para que me den su opinión, unos y otros, todos los presidentes de grupo, sobre dicha iniciativa, cuyo interés no infravaloro, pero que merece, con todo, una reflexión de nuestro Parlamento. 
Pienso haberle respondido con la mayor precisión posible, y créame que hemos encarado este asunto muy seriamente. 
Señora Presidenta, el problema es que el acto ha sido convocado y el Parlamento no figura en el cartel, por decirlo en términos artísticos y taurinos. 
Entonces, yo no sé verdaderamente qué sentido tiene que usted conteste a esto, porque ya ni siquiera estamos de acompañantes. 
Tampoco como convocantes. 
El Sr. Prodi podrá quizá aclararnos la situación. 
En cualquier caso, no he recibido ninguna convocatoria. 
. (IT) Señora Presidenta, creo que una vez más se confirma la importancia del Parlamento, dado que en este momento me he enterado de este acto por el Sr. Barón y me satisface en extremo. 
He tratado de informarme y me comunican que se acaba de recibir una carta que todavía no he podido contestar. 
Me acabo de enterar de esto por el Parlamento e intentaré contestar a mi regreso. 
Ignoraba que estuviera previsto un debate y la existencia de una invitación. 
(Aplausos y risas) 
Señor Barón, eso sí que tiene gracia. 
¡El Sr. Prodi acaba de enterarse por nosotros que se ha lanzado esta iniciativa, y la famosa carta que he mencionado nos la ha enviado el director de su gabinete! 
Examinaremos la cuestión con las otras partes interesadas y haremos lo que sea preciso en función del interés de nuestras respectivas instituciones y sobre todo del interés común europeo, evidentemente. 
Señora Presidenta, nos acercamos al Día Mundial de la Mujer, la próxima semana, y con asombro constatamos la dimensión de la misoginia en la Europa del siglo XXI; a pesar de la política de igualdad de la Unión Europea. 
El que hayan excluido a la gran artista Montserrat Caballé de una asociación exclusiva de los varones de la ópera del Liceo de Barcelona no se puede considerar como un asunto interno de la ópera, sino que, con toda seguridad, es una infracción del principio de la igualdad entre los dos sexos y de la legislación comunitaria. 
Aún, esta decisión de la ópera remite a la época en la que tenían acceso a las ciencias y a las artes sólo los hombres, y es una ofensa a todas las mujeres artistas y científicas. 
Por esta razón solicito, señora Presidenta, que no dejemos que este deplorable fenómeno, esta lamentable decisión pase desapercibida por nuestro Parlamento y le ruego que emprenda la iniciativa pertinente. 
Gracias, señora Karamanou. 
Le prometo que reflexionaré sobre ello muy seriamente, ya que, en efecto, se trata de algo totalmente inadmisible. 
Señora Presidenta, el apartado 1 del artículo 6 de nuestro Reglamento establece que, en relación con los suplicatorios, el Presidente deberá comunicarlos al Pleno y remitir la cuestión a la comisión competente. 
El 12 de julio del año 2000, el Presidente del Tribunal Supremo de España envió un suplicatorio al Parlamento Europeo pidiendo la suspensión de la inmunidad de los diputados italianos al Parlamento Europeo, Sres. Berlusconi i Dell ' Utri, debido a supuestos delitos relacionados con operaciones de compra de una cadena de televisión española y con el no pago de impuestos a la hacienda pública española. 
Ayer le pregunté a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos si tenía conocimiento del tema y me dijo que no tenía ninguna información al respecto. 
Teniendo en cuenta lo que dispone el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, yo quería preguntar a la Sra. Presidenta del Parlamento qué se ha hecho en relación con este suplicatorio y añadir que, el lunes pasado, el Ministro español de Asuntos Exteriores dijo que sólo tenía conocimiento del tema a través de los periódicos. 
Señor Medina Ortega, le daré todas las precisiones del caso. 
El apartado 1 del artículo 6, que usted ha mencionado, establece que el suplicatorio debe ir dirigido al Presidente por la autoridad competente del Estado miembro. 
Ahora bien, el suplicatorio al que usted ha aludido planteaba una duda muy seria. 
Nosotros estamos muy al corriente de estas cuestiones de suspensiones de la inmunidad, porque se han cursado muchos suplicatorios en relación con todos nuestros países. 
Por otra parte, lo he comprobado: todos estos suplicatorios, con excepción de los que proceden de Portugal, emanan siempre de la autoridad gubernamental: Ministerio de Justicia o de Asuntos Exteriores. 
El caso de Portugal es excepcional: el suplicatorio puede emanar directamente de la autoridad judicial. 
En el presente caso, el suplicatorio procede directamente del Tribunal Supremo. 
Solicité de inmediato que se comprobara- yo no estaba en Bruselas en ese momento, pero pedí en seguida que se comprobara- y constatamos que, algunos años antes, se nos había enviado un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, también procedente de España, pero nos lo enviaba el Gobierno español, que nos transmitía el suplicatorio del Tribunal Supremo. 
Como la legislación española no ha variado entre estas dos fechas- 1990 y 1999 -, pensé que existía un serio problema de admisibilidad. 
Usted sabe, señor Medina, que pedí a mi jefe de gabinete- que en ese momento estaba en Bruselas- que se dirigiera por escrito a las autoridades españolas para informarse si, con respecto al derecho español, el presidente del Tribunal Supremo era la autoridad competente para remitirnos dicho suplicatorio, en aplicación del Reglamento. 
Todavía no he recibido respuesta. 
Ahora comprendo mejor por qué no he recibido respuesta. 
Al leer la prensa española, he podido comprobar que el problema era muy complejo, que existía indudablemente una divergencia de opinión entre las autoridades judiciales y las autoridades gubernamentales. 
La cuestión, que nos llevaría muy lejos, consiste en saber si el Parlamento Europeo puede zanjar la dificultad que existe entre las dos ramas de la autoridad de un Estado miembro, la rama judicial y la rama gubernamental, para decidir cuál de las dos es competente. 
Tengo entendido que los coordinadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos estudiarán esta cuestión en el mes de marzo. 
Personalmente, pienso que se trata de un procedimiento inmejorable, pero, repito, debemos actuar con un gran rigor y dentro del respeto de los textos tanto de los derechos nacionales como del Derecho europeo. 
Señora Presidenta, como la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos no puede estar hoy aquí por motivos de salud- sí estará el próximo lunes, cuando los coordinadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos debatan este asunto- y, por tanto, no tiene ocasión de contestar al Sr. Medina, yo quisiera decirle algo. 
Mire usted, señora Presidenta, los parlamentarios españoles- todos ellos- tenemos el derecho a ser juzgados en España sólo por el Tribunal Supremo, derecho este que no ha reconocido en este caso el juez español porque entiende que se trata de un parlamentario no español y de un Parlamento que tampoco es español. 
Sin embargo, este suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria ha sido tramitado como si se tratara de un parlamentario español y en un Parlamento español. 
Digo esto simplemente, señora Presidenta, para ilustrar la complejidad jurídica del asunto. 
La Presidencia del Parlamento Europeo creo que está actuando en este tema con mucha prudencia para evitar viciar el procedimiento jurídico. 
En mi país hay solamente un precedente, que data de 1991. 
Ese precedente fue tramitado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo recibió el entonces Presidente del Parlamento Europeo- un colega suyo, señor Medina, y mío -, Don Enrique Barón Crespo. 
Estoy seguro, señora Presidenta, de que aquí nadie sufre un ataque de Alzheimer, sino de que algunos seguramente pretenden manipular este Parlamento para asuntos de partido en sus respectivos países, a lo cual, señora Presidenta, creo que todos debemos oponernos. 
Señorías, he recibido diez solicitudes de cuestiones de orden, y me comunican que el Sr. Prodi y el Sr. Kinnock deben abandonar obligatoriamente el Parlamento a las 16.00 horas. 
Considero razonable, pues, aplazar las diez solicitudes de cuestiones de orden hasta las 16.00 horas. 
(La Asamblea da su conformidad) 
Reforma de la Comisión: recursos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la reforma de la Comisión: recursos humanos. 
Tiene la palabra el Sr. Presidente Romano Prodi. 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, ha transcurrido exactamente un año, mejor dicho, mañana se cumplirá un año desde que la Comisión adoptó el Libro Blanco sobre la estrategia para la reforma. 
Durante este año, la Comisión ha resuelto dos aspectos importantes del Libro Blanco, o sea, la reforma de la gestión financiera y el nuevo sistema de programación y planificación de los trabajos de la Comisión. 
Dentro de los plazos previstos, la Comisión ha culminado esta mañana la tercera y la más importante y compleja etapa de la tarea anunciada en el Libro Blanco a través de la adopción de las orientaciones relativas a la política y a la gestión del personal que, como ustedes saben, es uno de los aspectos más delicados de nuestra reforma administrativa. 
Ahora se abre- comienza precisamente hoy, ya que a las 16.00 horas celebraremos la primera reunión con los sindicatos y el personal- una etapa ulterior de consulta y de concertación, igualmente importante y comprometida que implicará a todo el personal en su conjunto y a todos los representantes. 
Sólo al final de este proceso que durará unos meses, la Comisión definirá su posición. 
Dentro de pocos meses, deberemos alcanzar el objetivo prioritario que nos hemos fijado, es decir, llegar a ser en los próximos años un buen patrón que ofrece condiciones competitivas para atraer a las personas más cualificadas hacia las Instituciones Europeas y que permite a su personal expresarse a los máximos niveles de eficacia, de profesionalidad y de responsabilidad. 
Para llegar a esto, ha sido necesario mucho trabajo y por ello y antes que nada quiero agradecer a Neil Kinnock y a su equipo el gran esfuerzo que han realizado en la laboriosa preparación de estos documentos. 
Permítanme asimismo felicitar al personal de la Comisión y de todas las Instituciones por el esfuerzo que han hecho a lo largo de este año. 
Ha sido un año difícil y me doy cuenta de que existen sectores de nuestro personal que están desconcertados por estos cambios rápidos y profundos y que con frecuencia se han solapado con un trabajo cotidiano ya de por sí complicado. 
Sin embargo, no podíamos aplazar el profundo reexamen del modelo organizativo de la Comisión: nos habíamos comprometido ante ustedes y el trabajo es absolutamente urgente e indispensable. Desde hace décadas no se había realizado esta tarea de reorganización total. 
Por esto, queremos dedicar todas nuestras energías a un amplio e intenso debate sobre las orientaciones y los detalles de la reforma, al objeto de lograr que ésta se convierta en un patrimonio común para todos y para que todos se comprometan a llevarla adelante. 
No obstante, quiero aprovechar esta ocasión para reiterar un concepto fundamental: la reforma no es ni ha sido nunca un objetivo político por sí mismo, esto es, separado de su contexto institucional y político más amplio. 
La misma se encuadra en un proyecto muy claro que ha promovido paz y democracia en Europa creando un modelo de cooperación y de desarrollo basado en el principio de primacía del Derecho y en el respeto de los valores fundamentales. 
Las instituciones de este modelo original, las Instituciones de la Unión Europea, han jugado un papel fundamental de cara a este proceso y es extraordinario comprobar- es una de las cosas que más me han llamado la atención desde cuando estoy aquí en Bruselas- hasta qué punto las personas que trabajan en las Instituciones conciben su trabajo como algo realmente diferente de cualquier otro tipo de trabajo; es fuerte el sentimiento de participar en un proyecto de alcance histórico, es decir, la construcción de Europa. 
Esta extendida motivación representa la originalidad de las administraciones de las Instituciones comunitarias y garantiza su fuerza y es sobre esta nueva base que estamos construyendo la nueva burocracia europea, distinta pero en sinergia con la de los Estados nacionales. 
La conciencia de esta originalidad inspira las orientaciones que ahora hemos adoptado: reformar las normas y las costumbres ya superadas para permitir a las Instituciones afrontar los retos de los próximos años manteniendo nítida la visión del proyecto europeo. 
Tres son las pautas en torno a las cuales giran las orientaciones de la reforma de la política y de la gestión de los recursos humanos: primera, pretendemos garantizar los niveles de sueldos y de pensiones necesarios para disponer de una función pública europea independiente y de alto nivel; segunda, queremos replantear las condiciones de trabajo para lograr que nuestro personal sea capaz de trabajar al máximo de sus capacidades enriqueciéndose profesionalmente y viendo que se le reconocen sus derechos, con miras a garantizar el justo equilibrio entre la satisfacción de la vida profesional y las necesidades de la vida privada; tercero, queremos crear una estructura profesional más moderna para permitir a nuestro personal adaptarse a las nuevas tareas eliminando las rigideces que se han ido creando a lo largo de los años y reforzando la responsabilidad y los méritos a todos los niveles. 
Un gran programa de inversiones en la actividad de formación será el complemento indispensable para alcanzar estos objetivos. 
A este propósito, he de decir que se solía descuidar la formación porque, a pesar de que ingresaba personal altamente cualificado, con los cambios modernos y aun tratándose de personal muy cualificado, necesita una formación continuada. 
En definitiva, el objetivo de este paquete de iniciativas para la reforma es valorizar las energías y las aptitudes de nuestro personal. 
Todos nosotros tenemos el deber político de conseguir esta reforma si queremos que las Instituciones, en particular la Comisión, puedan desempeñar plenamente el papel motor de la integración en los años venideros. 
Esta labor ya ha comenzado y se llama "futuro de Europa". 
Las orientaciones que hoy hemos tomado y que vamos a someter a una abierta y exhaustiva consulta de todo el personal son un paso importante en esta dirección. 
. (EN) Señora Presidenta, como ya he dicho aquí en anteriores ocasiones, el principal objetivo de la reforma de la Comisión Europea es reforzar la actuación, la confianza y la independencia necesaria de la institución para garantizar unos niveles de servicio que la gran mayoría del personal quiere proporcionar y la sociedad tiene derecho a esperar de la Unión Europea. 
Desde un comienzo nos hemos esforzado por alcanzar ese objetivo modernizando las estructuras y los sistemas, centrándonos más directamente en las prioridades, adoptando disposiciones sin precedentes sobre la asignación de responsabilidades individuales a todos los niveles y dando prioridad a la utilización del personal y de los recursos financieros. 
En los doce meses transcurridos desde que la Comisión Prodi adoptó el Libro Blanco sobre la estrategia de reforma hemos realizado avances significativos en todos esos ámbitos. 
Muchas de sus Señorías conocen bien los detalles y les agradezco su enorme interés. 
Volveremos sobre dichos detalles en futuras ocasiones. 
La elaboración y aplicación de estos cambios tan sustanciales han exigido, naturalmente, enormes esfuerzos y una gran dedicación. 
Las personas involucradas más directamente han trabajado una media de más de 70 horas semanales durante los últimos 15 o 16 meses. 
A todos ellos les doy las gracias y les presento mis respetos. 
Asimismo alabo sinceramente a un número mucho mayor de personas por su diligente compromiso a la hora de hacer frente a la amplia reorganización e innovación- en su mayor parte, de gran complejidad y dificultad- y de desempeñar simultáneamente las tareas principales de la Comisión. 
Su capacidad y voluntad para adaptarse a los cambios son realmente dignas de elogio. 
Ciertamente desmiente las crudas caricaturas del "eurócrata". 
Estas personas necesitan un entorno de trabajo moderno y unas perspectivas progresivas de carrera profesional que les permitan mejorar aún el buen desempeño de sus funciones, mediante un reconocimiento más explícito de sus capacidades. 
Para ello hay que invertir fondos, tiempo y esfuerzos. 
Asimismo exige que la gestión eficaz, que es un requisito fundamental para la organización basada en el conocimiento como es el caso de la Comisión, sea tratada como una función primordial de la institución. 
Hoy el Colegio ha adoptado por unanimidad una serie de propuestas y directrices para cumplir dichos objetivos, incluidas las directrices sobre un nuevo sistema más lineal de carrera profesional y sobre remuneración y pensiones. 
Inmediatamente comenzaremos a realizar consultas con el personal y sus representantes sobre todos estos documentos, consultas que se extenderán hasta mediados de julio. 
Todas estas propuestas están a disposición de la Asamblea. 
Por consiguiente, expondré brevemente los principales objetivos de estos amplios cambios, que están basados firmemente en el principio innegable de que el recurso más valioso de que dispone cualquier administración es su personal. 
La Comisión no es ninguna excepción y el hecho de que la calidad general del personal es alta resulta evidente del desarrollo continuo de las políticas fundamentales de la Comisión. 
No obstante, la Institución no ha hecho uso de las políticas de recursos humanos que exigían el cambio de responsabilidades y las necesidades de la Institución en su calidad de organización. 
Nuestras propuestas, por lo tanto, hacen previsiones de cambios que garanticen, en primer lugar, que las carreras profesionales de los funcionarios dependerán principalmente de sus capacidades demostradas, de su rendimiento comprobado y de su disposición a asumir responsabilidades, y que todos gocen de los beneficios de una evaluación anual objetiva. 
En segundo lugar, los cambios deberían garantizar que se potencian las oportunidades de ascenso del personal en su totalidad con la eliminación de topes y rigideces y proporcionando a los funcionarios orientación en su carrera, formación adecuada y posibilidades reales de incrementar su movilidad tanto dentro como fuera de la Institución. 
En tercer lugar, deberían garantizar que los directores son los responsables de su personal, que reciben todo el apoyo necesario y que se les reconocen los logros obtenidos. 
Esto es un cambio radical en el hábito y la práctica establecidos. 
Proponemos introducir este cambio en todos los sentidos por el bien de los directores, del personal a su cargo y de la Institución. 
En cuarto lugar, las condiciones de trabajo del personal de la Comisión deberían reflejar mejor las prácticas de las administraciones nacionales de los Estados miembros. 
Hacer previsiones, por primera vez, para la baja por maternidad para el personal de la Comisión, mejorando las condiciones de trabajo y facilitando condiciones laborales flexibles, como el trabajo a tiempo parcial, son cruciales para alcanzar la igualdad de oportunidades en la práctica y para mejorar el desarrollo de la carrera profesional. 
En quinto y último lugar, la Comisión debe comenzar gradualmente a realizar la inversión necesaria para garantizar que el personal puede reforzar y ampliar sus conocimientos a lo largo de su carrera profesional. 
Proponemos que durante los próximos cinco años se quintuplique el presupuesto disponible para formación. 
Aún así, el gasto proporcional que destina la Comisión a formación no estará a la altura de la media de los Estados miembros de la Unión Europea. 
No obstante, será un avance significativo que puede llevarse a cabo sin imponer excesiva presión sobre el presupuesto. 
Para que las instituciones puedan seguir atendiendo con éxito a sus obligaciones, obviamente necesitan seguir atrayendo a un personal altamente cualificado y multilingües, que en su mayoría dedicará la mayor parte de su vida profesional al desempeño de un cargo público en un país que no es el suyo. 
Cada vez es mayor la competencia por atraer a personal internacional cualificado en numerosos ámbitos, entre los que se encuentran secretarios, especialistas en TI, investigadores científicos, especialistas en comercio y mercado internacionales, abogados especializados en competencia, expertos financieros de todo tipo y muchos más, todos ellos polifacéticos y multilingües. 
La Comisión considera que las realidades del trabajo y de la vida del expatriado, de sus importantes responsabilidades y de la creciente demanda de conocimientos poco comunes deben quedar reflejadas en el paquete de compensaciones para el personal de las instituciones. 
Los resultados de un estudio exhaustivo independiente, publicado el pasado mes de abril y encargado originalmente por la Comisión, demuestra que el nivel de ingresos del funcionario comunitario es más alto que el de los funcionarios nacionales, similar al del personal equiparable de otras organizaciones internacionales, considerablemente más bajo que el de empleados expatriados de cualificación similar al servicio de las multinacionales y más bajo que el de los diplomáticos. 
Este hecho reafirma nuestra opinión de que el nivel de retribución es adecuado, razonable y pertinente para el papel de la Comisión y para lo que se exige a su personal, y que en algunos casos una mejora es necesaria y está justificada. 
El apoyo con guarderías para niños menores de seis años, por ejemplo, es fundamental para la igualdad de oportunidades y para que la Comisión pueda atraer a personal, especialmente mujeres, de Estados miembros que cuentan con sistemas avanzados. 
Asimismo, el pago de primas por el desempeño de funciones que entrañan una responsabilidad y/o una carga de trabajo especialmente pesadas se está convirtiendo gradualmente en la norma de los mercados de trabajo de toda la Unión Europea. 
La Comisión debería introducir este sistema de una manera selectiva para mantener su competitividad como empleador internacional. 
Teniendo presente estas consideraciones, hemos revisado la estructura de remuneraciones y recompensas con el fin de identificar y, en su caso, reformar los elementos obsoletos. 
En consecuencia, proponemos recortar o poner fin a los complementos, cuya continuación no tiene razón de ser, y mantener y, en algunos casos, mejorar dichos complementos de manera que se correspondan con condiciones objetivas tales como la vida laboral de los expatriados, la educación de sus hijos y, como es habitual, tener que trabajar en más de una lengua extranjera. 
Nuestras propuestas en materia de jubilación, entretanto, se ajustan a nuestro compromiso de garantizar a largo plazo el equilibrio actuarial del sistema y, naturalmente, se respetarán los derechos adquiridos de jubilación. 
En el proceso de elaboración y adopción de todas estas propuestas de consulta, naturalmente hemos estudiado detenidamente las repercusiones presupuestarias. 
Hemos dejado perfectamente claro a esta Asamblea y al Consejo que todos los cambios derivados de la reforma y de las propuestas relativas a los honorarios y las pensiones se mantendrán dentro de los límites fijados en el punto pertinente de las perspectivas financieras establecidas por el Consejo de Berlín en 1999. 
El fin de la denominada exacción temporal del 5,8 %, en vigor bajo distintas denominaciones desde los años setenta, proporcionará una parte substancial de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones. 
Los ahorros en desgravaciones que han dejado de estar justificadas permitirán realizar otras inversiones. 
Proponemos que el sistema salarial y de pensiones siga estando directamente relacionado con las tendencias salariales en las administraciones civiles de los Estados miembros. 
Los gastos totales de personal de la administración de las instituciones europeas representan el 1,9 % del presupuesto. Este índice está muy por debajo del coste medio de los Estados miembros, que en términos comparativos asciende al 13,1 % del presupuesto. 
Durante todo el período de las perspectivas financieras hasta 2006, los costes de la administración, en relación con el PIB, serán inferiores a aquéllos de 1985. 
Los documentos que hoy ha adoptado la Comisión son, como ha resaltado el Presidente de la Comisión, propuestas de consulta. 
De conformidad con el método que hemos utilizado en todas las propuestas relacionadas con la reforma, cada uno de los documentos será sometido a serias y minuciosas negociaciones con los representantes del personal y a consultas más amplias con el personal durante los próximos cuatro meses y medio. 
Agradeceremos cualquier sugerencia constructiva para la mejora y, como demuestra claramente nuestra trayectoria, les prestaremos la debida atención y estamos dispuestos a incluirlas antes de que finalicen las decisiones del Colegio. 
Una vez finalizadas, se aplicarán las decisiones relativas a los cambios que no requieran una modificación del Estatuto. 
Las demás decisiones, como aquéllas relativas a la evolución de la carrera profesional, los honorarios y las pensiones, serán sometidas, como propuestas legislativas formales, al Consejo y a esta Asamblea, y al igual que aquéllas sobre valoraciones y ascensos deberán ser estudiadas por el Comité del Estatuto Interinstitucional. 
Es evidente que este Parlamento, en su calidad legisladora, como autoridad presupuestaria y como empleador, sentirá un justificado y enorme interés por todos estos cambios. 
Quisiera llamar la atención sobre la importancia de los cambios que ahora proponemos con respecto a la estructura de la carrera profesional. 
Esto afecta al Parlamento en todos los ámbitos que acabo de mencionar. 
Un aspecto importante y, sin duda, un requisito previo para poder avanzar en la estructura de la carrera profesional es que alcancemos un acuerdo sobre un marco plurianual por el que se rijan las variaciones en los costes salariales unitarios que permitan a las instituciones, al Parlamento, a la Comisión y al Consejo, establecer un marco sólido y estructurado para el desarrollo de las carreras profesionales de su personal. 
Estoy seguro de que el Parlamento dedicará su atención más seria y bien informada a este asunto, así como a todos los demás elementos de la estrategia de reforma. 
En mi audición ante el Parlamento en 1999 expresé mi esperanza de que fuéramos socios en el progreso. 
Recomiendo las propuestas que hoy hemos adoptado por unanimidad en la Comisión para su consulta. 
Señora Presidenta, me gustaría, en particular, expresar mi satisfacción por la declaración del Sr. Kinnock y afirmar que me complace comprobar la presencia del Sr. Prodi aquí, porque estas reformas sólo tendrán éxito si son dirigidas desde arriba. 
Por lo tanto, es muy importante que esté presente. 
Elaboré, en nombre del Parlamento Europeo, un informe, que fue aprobado el pasado año casi por unanimidad, en el que el Parlamento alertaba a la Comisión de que las reformas deben aplicarse con la mayor celeridad posible para evitar la desmoralización del personal y el desencanto de la sociedad. 
Me gustaría que el Sr. Kinnock explicara cómo piensa impulsar las reformas para que se adopten cuanto antes, porque aquella alerta sigue siendo tan válida como cuando el Parlamento aprobó el informe hace algunos meses. 
Mi segunda pregunta es para preguntar al Sr. Kinnock si comparte mi gran preocupación ante la falta de interés por sus reformas que está demostrando el Consejo. 
He ojeado los órdenes del día de ECOFIN y de las reuniones de Asuntos Generales durante el pasado año y sólo he encontrado un punto sobre personal, relativo a los intérpretes "free-lance", en marzo de 2000. 
¿Comparte conmigo, señor Kinnock, la opinión de que si el Consejo demostrará mayor interés por sus reformas, contribuiría a su aplicación rápida y exhaustiva para alcanzar el fin que todos deseamos, a saber, una administración pública comunitaria que sea lo más profesional y eficaz posible. 
. (EN) Señora Presidenta, estoy completamente de acuerdo con el sentimiento que expresaba el Sr. Harbour en su excelente informe el pasado año, junto con el de otras tres Señorías que fueron ponentes de informes relacionados. 
La reforma debería realizarse lo más rápidamente posible con el fin de evitar la desmoralización y la inestabilidad del personal de la administración pública comunitaria. 
Ahora estoy aún más de acuerdo con eso que antes. 
En cualquier proceso de reforma existe un intervalo inevitable entre la concepción original y su aplicación efectiva. 
En interés de todos los que desean un cambio progresivo, así como del aumento de la solidez de las instituciones que propiciará dicho cambio, intentaremos que dicho intervalo sea lo más breve posible. 
No obstante, en primer lugar debemos emprender una consulta plena y exhaustiva y negociaciones como muestra de consideración con nuestro personal, pero también para fomentar el sentimiento de propiedad de la reforma que es un requisito fundamental para el éxito. 
Los cuatro meses y medio que hemos establecido para dichas negociaciones y consultas nos permiten actuar con rapidez, aunque en profundidad. 
En segundo lugar, la Comisión podrá adoptar rápidamente, al cabo de los cuatro meses y medio, dichas decisiones que son de su competencia y tener en cuenta el resultado de las consultas y negociaciones. 
A continuación, podremos embarcarnos en los cambios, probablemente antes de finales del presente año. 
No obstante, otros deberán ser sometidos como propuestas legales formales al dictamen de esta Asamblea y del Consejo. 
Todo el mundo prevé que será necesario un año de negociaciones sobre los pormenores de las enmiendas del Estatuto y el paquete de honorarios y pensiones, que se prolongarán durante casi todo el año 2002. 
Estos retrasos son lamentables, pero evidentemente queremos garantizar que el Consejo y esta Asamblea siguen el sistema completo y eficaz del escrutinio democrático. 
El personal ya lo sabe. 
También significa que la renovación, en dos años, del actual sistema de honorarios y pensiones proporcionará estabilidad y seguridad a todas las instituciones, lo que no sería el caso si el Consejo y el Parlamento no hubieran dado su aprobación a nuestra correspondiente propuesta. 
Cabe esperar, por consiguiente, que si no se frena el ritmo de la legislación, podríamos comenzar a aplicar plenamente algunas de estas reformas necesarias antes del inicio de 2003. 
En cierto modo, es una perspectiva optimista, pero ciertamente no escatimaremos esfuerzos para hacerla realidad. 
Por último, sobre la cuestión del Consejo que, muy acertadamente, ha planteado el Sr. Harbour, debo decirle que mi opinión difiere ligeramente de la suya. 
Comprendo su preocupación, pero tengo la ventaja de asistir al Consejo de Asuntos Generales y sé que nuestras propuestas- cito- "son acogidas muy favorablemente" y han tenido una excelente acogida en ECOFIN durante el almuerzo en el que, naturalmente, las conversaciones fueron de carácter bastante íntimo, pero muy constructivas. 
Asimismo he visitado varios Estados miembros para asegurarme de que los gobiernos y también los parlamentos nacionales están debidamente informados. 
No he encontrado ninguna actitud reacia. 
He encontrado algunos buenos argumentos y siempre estamos dispuestos a tenerlos en cuenta. 
Habrá otras oportunidades de asistir a las reuniones de los Consejos, pero el Consejo quería que nuestras propuestas alcanzaran una madurez razonable de manera que fueran sólidas y dignas de su consideración. 
Señora Presidenta, señor Vicepresidente, les felicito por las numerosas propuestas que han presentado y que a mi parecer apuntan todas en la dirección adecuada. 
Yo quisiera comentar dos problemas. 
El primero está relacionado con mi primera pregunta. 
En los últimos tiempos, muchos colaboradores y colaboradoras de la Comisión han empezado a mostrarse reacios a adoptar decisiones, a la vista de las consecuencias que esto tiene para ellos. 
Yo quisiera preguntarles: ¿qué pueden hacer para fomentar la voluntad de tomar decisiones entre sus colaboradoras y colaboradores? 
Además de aprobar los diferentes pasos para impulsar la reforma que ustedes proponen, ¿han manifestado también con claridad e inequívocamente todos los Comisarios su voluntad de asumir la responsabilidad política de dichas medidas en el ámbito de su competencia? 
¿Qué medidas se propone adoptar, señor Comisario, para evitar que la "externalización" acabe fragmentando el cuerpo único de funcionarios? 
. (EN) Señora Presidenta, permítame decir en respuesta a la primera pregunta del Sr. Swoboda que aunque haya podido tener encuentros desafortunados, éstos habrán sido sin duda con una minoría del personal. 
No me extenderé, me limitaré a repetir la observación que hice antes en el sentido de que la voluntad de adaptación, bajo una presión extrema con fuertes cargas de trabajo y dos propuestas muy innovadoras, que ha demostrado la amplia mayoría del personal de la Comisión durante el pasado año habla mucho en su favor. 
Eso significa que no es reacio al cambio. El personal necesita una orientación clara. 
Se merece disponer de decisiones transparentes sobre las que trabajar. 
No obstante, en ocasiones ha demostrado, en el contexto de circunstancias extremadamente difíciles, que está muy dispuesto a participar. 
Hay personas que, al igual que en la administración de cualquier democracia, se dedican a buscar oportunidades para ser pesimistas, para plantar la semilla de la duda y cosechar amargura. 
Son personas de todas las profesiones y condiciones- con la única excepción, naturalmente, del Parlamento Europeo, ya lo sé. 
Esto significa, aunque sé que no es el caso del Sr. Swoboda, que la voluntad, altamente profesional, dedicada y, como dijo anteriormente el Presidente Prodi, muy motivada de la administración de la Unión Europea puede ser deformada de manera infame en la prensa y otros medios por una minoría muy pequeña que en el mundo exterior, aunque no a nivel interno, se le considera representativa. 
Espero que sus Señorías intenten siempre, aunque a veces resulta difícil, distinguir a esas personas. 
Por último, la externalización y el enfoque que defendemos en compañía de varias de sus Señorías procedentes de todas las tendencias de esta Asamblea- a quienes rindo tributo- ciertamente no están reñidos con el concepto ni con la práctica de una administración pública europea independiente y competente. 
Por el contrario, al definir eficazmente nuestras funciones de gestión y a través de la externalización de las obligaciones de ejecutar con total transparencia políticas ya decididas, estamos asegurando la permanencia y la competencia de la administración pública europea y ofreciendo a los contribuyentes europeos las ventajas de la máxima flexibilidad en condiciones de una seguridad garantizada. 
Espero que la Asamblea continúe prestando su apoyo a este proceso de externalización. 
. (FR) Señor Comisario, le doy las gracias por las precisiones que nos aporta sobre el proyecto de reformas. 
Coincido con el Sr. Swoboda cuando dice que actualmente el personal está muy preocupado, aunque nos tranquilice diciéndonos que el porcentaje no es demasiado elevado. 
Sin embargo, si he entendido bien, las fases de negociación van a empezar ahora, lo que permitirá adaptar el proyecto basándose en los principios que usted defiende: el mérito, la modernidad y la formación. 
Me permitiré formular tres preguntas. 
¿Cómo piensa usted tomar en consideración en su proyecto la realidad pluricultural de los funcionarios de la Unión Europea que no tienen las mismas tradiciones desde el punto de vista de la gestión administrativa? 
¿Cómo piensa usted que cada uno podrá salir adelante? 
Segundo: incluso si la aplicación lleva tiempo- ya que nos acaba de mencionar el año 2002- ¿no le parece esencial crear rápidamente dispositivos, es decir, dividir en fases esta aplicación para hacer recobrar la confianza respecto a los métodos de trabajo y al entusiasmo de los funcionarios de Europa? 
Tercero: creo que hay un capítulo que está bastante ausente de nuestras reflexiones: ¿cómo son tomadas en consideración las prioridades establecidas por el grupo de trabajo de expertos, que especificaban que debían reformarse prioritariamente dos interfaces? 
Se trataba de la interfaz entre el trabajo del personal administrativo de la Comisión de la Unión Europea y, diría yo, los responsables, directores generales y comisarios. 
La segunda interfaz tiene que ver con la relación entre el trabajo administrativo de la Comisión y con aquellos a los que aportamos dinero o métodos de trabajo, métodos de intervención de la Unión Europea. 
. (IT) Señora Presidenta, voy a contestar a las primeras dos preguntas porque se refieren a una cuestión muy actual y de carácter muy general. 
Retomo el discurso de la insatisfacción del personal. 
Está claro que en este año hemos generado inseguridad, me doy cuenta de ello: ha sido un camino difícil, pero no podíamos hacer otra cosa, porque hemos tenido que volver a examinar desde el principio cada función y los objetivos fundamentales, así como el discurso de la multiplicidad de culturas. 
Ahora bien, ¿por qué es tan difícil esta reforma? 
Porque no podemos aceptar repetir o imitar al pie de la letra algunas de las administraciones nacionales: o conseguimos la experimentación totalmente nueva de fundir estas distintas tradiciones y culturas en una sola tradición y en una única cultura, o nuestra tarea estará abocada al fracaso. 
Está claro entonces que no se podía, no se puede llevar a cabo un proceso de este tipo sin ir a la raíz de cualquier terreno, sin repensar todos los aspectos. 
Con esto, sé perfectamente que hemos generado inquietudes, y de esto asumo la responsabilidad, pero no se podía hacer otra cosa. 
Hoy mismo empezamos el discurso con una propuesta abierta, una propuesta que no se limita a los aspectos que hay que tomar o dejar, sino que abre un debate que, por otra parte, figura en nuestra tradiciones y que llegará a formar parte de un tipo de tradición de administración pública diferente del de los demás países. 
Pues bien, para hacer esta reforma aún falta mucho tiempo- hará falta todo el año próximo para llevarla a la práctica- pero, como decía el Comisario Kinnock, en julio tendremos que concluir este proceso de diálogo, este proceso en que, junto con los sindicatos y el personal, deberemos definir nuestra estrategia. 
Dentro de pocos meses, es decir, antes del verano, contamos con tener el marco de referencia definitivo y luego con aplicar cada capítulo en la etapa siguiente. 
. (EN) Señora Presidenta, seré muy breve y responderé sólo a la tercera pregunta relativa a las recomendaciones del Comité de expertos independientes. 
Para ser breve diré sencillamente que el Comité de expertos independientes hizo más de 90 recomendaciones. 
Hemos cumplido o superado todas las propuestas que hizo el Comité de expertos independientes aparte de literalmente un par de excepciones que, tras ser sometidas a la prueba de la viabilidad, no podían ser llevadas a la práctica. 
Me complace poder informar que ello incluye las recomendaciones relativas a las relaciones entre los Comisarios, los gabinetes y los servicios que, en septiembre de 1999 y como uno de los primeros actos de la Comisión bajo el liderazgo de Romano Prodi, fueron objeto de normas concertadas que aclaran dichas relaciones. 
Dichas normas pueden ser aplicadas por cualquiera de las partes del acuerdo, de manera que hemos hecho un importante avance en materia de transparencia que creo que favorece a los servicios y a los Comisarios y a los gabinetes de los Comisarios. 
Una última observación, sobre las relaciones entre los Comisarios en lo que respecta a administración y externalización, no añadiré mucho más a lo que he dicho al Sr. Swoboda, pero las medidas que ya hemos adoptado para eliminar las denominadas oficinas de asesoramiento técnico y establecer la gran nueva agencia naciente, si me permiten denominarla así, como es el servicio de la Comisión denominado "Europe-Aid", con la enorme mejora que ésta hace posible en la gestión y la transparencia, demuestra que no sólo nos hemos tomado en serio las recomendaciones del Comité de expertos independientes, sino que además nos hemos tomado muy en serio los distintos informes de esta Asamblea, en particular, aquéllos relacionados con y elaborados por el Sr. Bourlanges. 
Señora Presidenta, agradezco a la Comisión lo que nos ha comunicado. 
Debo admitir que, por una parte, este debate me provoca una cierta sensación rara, ya que aquí se da la impresión de que nuestros funcionarios europeos, a pesar de su competencia y de cuánto trabajan, constituyen un poco una categoría lastimosa que necesita que se le eche una mano en algunas cuestiones. 
Conozco muy bien las condiciones laborales y el salario de los funcionarios europeos: en algunos puestos altos, sobre todo, ganan más que un ministro o incluso que un presidente de gobierno de un Estado miembro, por tanto, no exageremos. 
Mi pregunta es realmente la siguiente: he oído decir al Comisario Kinnock que los funcionarios europeos disfrutan de algunas ventajas que no se corresponden con los tiempos que vivimos. 
Supongo que ha aludido a la posibilidad de comprar artículos tales como coches y bebidas exentos de impuestos ¿Puede señalar de forma precisa qué ventajas se eliminarán porque usted considera que ya no son propias de estos tiempos? 
Además, usted también ha dicho que introducirá mejoras salariales ¿Puede decirnos en qué mejoras salariales está pensando exactamente? 
En mi opinión, ya no queda tanto por mejorar en ese ámbito. 
. (EN) Señora Presidenta, creo que su Señoría sacará un enorme provecho de la lectura de los documentos muy amenos que hoy han sido sometidos a la Comisión para consulta. 
Me enorgullece enormemente el hecho de que nuestra institución haya establecido, en una explicación plena y muy precisa, todo lo que puede decirse sobre los honorarios, la estructura de la carrera profesional y el sistema de complementos a que tienen derecho los funcionarios comunitarios. 
Espero y sé que no faltarán aquellos que aspiran a que todas las instituciones emulen dicha práctica y lo hagan con celeridad. 
En lo que respecta a los automóviles sin IVA, los trabajadores expatriados que trabajan para cualquiera de las instituciones europeas tienen el derecho, que les ha sido otorgado por el Gobierno belga, de comprar determinados productos, automóviles incluidos, libres del impuesto sobre el valor añadido durante los primeros doce meses de su contratación, pero en ningún momento una vez transcurrido dicho plazo. 
En lo que respecta a los complementos, en la actualidad existe una disposición en vigor desde los años sesenta que permite a los funcionarios comunitarios transferir parte de sus honorarios a sus países de origen. 
Esta disposición surgió a raíz de la dificultad y los elevados costes que entrañaban las transferencias financieras internacionales. 
No obstante, con el paso de los años, es evidente que las transferencias se han convertido en una operación muy sencilla. 
El problema real surge del hecho de que se incluyó un coeficiente como medio para compensar las fluctuaciones de las distintas monedas de los Estados miembros. 
Este sistema ha dado lugar a un desequilibrio de la compensación, motivo por el que actualmente representa una fuerte carga, o una carga más fuerte de lo justificable, sobre el presupuesto y es la causa por la que pondremos fin al mismo. 
Es el caso también de las dietas de viaje establecidas en los años cincuenta sobre la base de la tarifa de ferrocarril en primera clase de que disfrutan los funcionarios al menos una vez al año, o incluso dos veces al año, para viajar a sus países de origen. 
Era una situación distinta cuando había seis Estados miembros con fronteras contiguas y conectados entre sí por el ferrocarril. 
La situación ha cambiado bastante. 
En consecuencia, ya no se justifica un sistema que permite a los funcionarios exigir tarifas de ferrocarril en primera clase dos veces al año hasta diferentes partes de la Unión Europea. 
Estamos cambiando radicalmente eso y lo estamos adaptando a la realidad de los modernos medios de transporte. 
Espero que también se emule este hábito. 
Señora Presidenta, el principal objetivo del proceso de reforma debe ser convertir la Comisión en una administración de talla mundial capaz de servir a la sociedad europea. 
La primera pregunta que deben formular los Socialistas es si las reformas propuestas son una buena noticia para el personal. 
No lo son. 
No son una buena noticia para el personal que de manera continua no rinde lo que debería. 
No son una buena noticia para el personal que aspira al ascenso sencillamente en función del número de años que pasan detrás de su mesa de trabajo. 
No son una buena noticia para el personal que se niega a adquirir nuevos conocimientos. 
No son una buena noticia, en otras palabras, para una pequeña minoría de funcionarios comunitarios. 
Son una excelente noticia, en cambio, para el resto del personal. 
La reforma radical del sistema de categorías por el que se introduce una estructura lineal de carrera profesional proporcionará nuevas oportunidades al personal, especialmente a las mujeres y a los jóvenes. 
Mi pregunta al Sr. Comisario es la siguiente: en el proceso de consultas que ahora se inicia, ¿se asegurará de que los intereses creados de una pequeña minoría no prevalezcan sobre las futuras perspectivas de la amplia mayoría del personal? 
. (EN) Con firmeza, señora Presidenta, digo Sí, Sí, Sí, a todas las preguntas que ha formulado el Sr. van Hulten y lo digo con alegría. 
Señora Presidenta, quisiera decir, en nombre de mi Grupo, que acogemos con satisfacción que este anuncio se haya hecho en primer lugar en esta Asamblea y no en los medios de comunicación o cualquier otro medio. 
Sólo quiero preguntar al Sr. Kinnock lo siguiente: ¿puede asegurarnos que todas estas excelentes reformas se aplicarán también en este Parlamento? 
Señor Presidente, comuniqué con antelación a los servicios mi deseo de presentar una cuestión de orden mientras la Sra. Fontaine ocupaba la Presidencia. 
Tengo la impresión de que varios diputados que se limitaron a levantar la mano durante el transcurso de la primera parte de esta sesión recibieron un trato preferente. 
Lo lamento. 
Permítame pedirle que me informe cuándo será la próxima vez que la Sra. Presidenta presida la sesión porque deseo presentar una cuestión de orden en su presencia. 
¿Y podría garantizarme que podré hacerlo en dicha ocasión? 
La Presidenta volverá a presidir el Parlamento en Estrasburgo, por lo que usted tendrá tiempo de reflexionar sobre su pregunta. 
Al inicio de esta sesión, la Sra. Presidenta habló sobre "la liste insupportable d ' attentats" y estoy de acuerdo con ella. 
Es una situación insoportable. 
Ahora, en el mismo momento en que el Presidente colombiano se reúne con el Presidente Bush para tratar sobre la continuación de las conversaciones de paz con las guerrillas revolucionarias y cuando los seguidores zapatistas marchan a través de doce Estados hacia la Ciudad de México para negociar con el Presidente Fox una ley que conceda a los indios de México la autodeterminación, el estado legal para su lengua y derechos sobre los recursos naturales, el Gobierno español, por el contrario, ha realizado un nuevo intento agresivo de reprimir a los defensores de la independencia vasca. 
El pasado fin de semana, el Sr. Mayor Oreja afirmó en Bilbao que quería derrotar a ETA, no sólo garantizar su desaparición. 
Señor Poettering, usted estuvo allí con el Sr. Berlusconi. 
Usted asistió a esa reunión como testigo de excepción. 
¿Cree usted, señor Poettering, que esta política agresiva traerá la paz al País Vasco? 
Señor Presidente, mientras los muertos en Iraq van en aumento, como consecuencia de las sanciones criminales y de los bombardeos britano-americanos del 1990 y de 1998 con bombas radiactivas, ha llegado el nuevo Herodes, terrorista, que se ha instalado en la Casa Blanca y, con vistas a superar a su propio padre y a Clinton... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Es inútil formular una cuestión de orden: mañana usted podrá intervenir sobre este tema. 
Señora Frahm, éste es un tema que figura regularmente en el orden del día del Pleno y de las comisiones parlamentarias. 
Señor Presidente, una observación previa: a algún colega que se sienta en estos bancos, y que habla un idioma que no es el suyo, seguramente le vendrían bien algunas clases de inglés, para que, por lo menos, alguien le pueda entender. 
Pero lo que yo quería, señor Presidente, es referirme a la cuestión a la que ha hecho alusión el Sr. Barón, presidente del Grupo socialista, es decir al acto del día 7. 
Hoy hemos visto que el Consejo ha tomado una decisión unilateral, la de convocar un acto de lanzamiento del debate sobre el futuro de la Unión Europea el día 7. 
Y lo ha hecho, como hemos podido comprobar hoy, sin contar con el conocimiento del Presidente de la Comisión, tomando su nombre en vano. 
La Presidenta ha dicho que iba a reflexionar, y yo creo que, a la vista de lo escuchado aquí, es mejor que el Parlamento Europeo esté ausente de ese acto, que no es más que un puro marketing publicitario, y pediría que también la Comisión no estuviera presente en él. 
Si queremos debatir sobre el futuro de la Unión Europea- ese gran debate público que debe hacerse -, hay que hacerlo desde el principio consensuadamente entre las tres instituciones. 
También hay otra solución, señor Méndez de Vigo: que se vuelva a organizar todo esto desde el principio con la presencia del Parlamento Europeo y de la Comisión dejando sin efecto toda la documentación presentada hasta ahora y aportando una nueva documentación. 
También cabe esta solución. 
Con todo, comparto la dureza de su respuesta. 
Señor Presidente, quiero invocar el artículo 122 del Reglamento por una alusión personal. 
El Sr. Galeote ha aludido a mi persona, acusándome de intenciones partidistas, por plantear la cuestión de la inmunidad de los diputados Berlusconi y Dell ' Utri. 
Como diputado español al Parlamento Europeo y como coordinador socialista en la Comisión de Asuntos Jurídicos, se trata en este caso de una facultad mía y, en cierto modo, de una obligación, porque me parece absolutamente vergonzoso que siete meses después de que el Presidente del Tribunal Supremo de España haya enviado a este Parlamento un suplicatorio, ni siquiera se haya tenido la gentileza de contestarle. 
Alguien es responsable, bien el Parlamento, bien el Gobierno español. 
Señor Presidente, Señorías, después de las palabras del Sr. Gorostiaga, yo sólo quisiera hacerle a esta Cámara un pregunta. 
¿Hasta cuándo va a soportar esta Cámara la indignidad que representa que uno de sus miembros, amparándose en su condición de diputado electo en uno de los Estados miembros- España -, utilice su turno de palabra cada vez que hay un atentado y una condena en esta Cámara para minimizar el atentado, para justificar los crímenes y, en definitiva, para hacerse cómplice de los asesinatos. 
¿Hasta cuándo vamos a soportar esta indignidad, señor Presidente? 
Señor Presidente, quiero protestar porque me ha cortado el micrófono sin dejarme terminar. 
Iba a hablar sobre dos temas. 
El primero era el de los bombardeos en Iraq. 
Usted me ha interrumpido porque el debate se va a celebrar mañana, pero lo que yo estaba intentando era decirles que tengo una propuesta para el debate de mañana: Que se vote una resolución. 
No he intervenido en el debate del orden del día para no hacerlo en dos ocasiones. 
El segundo tema, señor Presidente, está en relación con Moldavia. 
He leído en la prensa una intervención inaceptable del Alto Representante de la PESC, del Sr. Solana, de antes de las elecciones, una declaración sobre Moldavia y, precisamente teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, quisiera referirme a esta postura inadmisible, ¿cómo ha decidido libremente el pueblo de Moldavia y ha dado una mayoría tremenda a los comunistas? 
Permítanme leerla para solicitar al Parlamento que tome una postura... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Korakas, antes quería usted intervenir para hablar y para proponer una modificación del orden del día, a pesar de que ya se había aprobado. Ahora está abordando un tema que no tiene nada que ver. 
La suya no es una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quiero invocar de nuevo el artículo 122 del Reglamento por alusiones personales. 
Parece que en el Partido Popular Europeo se trata de descalificar cualquier intervención socialista, acusándola de razones partidistas o electorales. 
¡Qué más quisiera yo que poder influir en el proceso electoral en Italia! 
El proceso electoral de Italia tiene lugar allí, pero en España, en este momento, tenemos un Presidente del Tribunal Supremo que espera una respuesta de este Parlamento y hasta ahora no se le ha dado. 
Señor Presidente, pido la palabra por alusiones no a mi persona sino al presidente de mi Grupo, y en calidad de vicepresidente del mismo, para decir que la intervención del Sr. Poettering me ha parecido absolutamente genial. 
Le felicito a usted. 
Yo creía que los partidos democráticos tenían la legítima preocupación de preparar las elecciones democráticas. 
La acusación de electoralismo es propia de dirigentes autocráticos, no de dirigentes demócratas. 
Tengo que decir que el Sr. Berlusconi está haciendo electoralismo en España en estos mismos días. 
Y tengo que decirle al Sr. Poettering, a la vista de la valoración que hace de esta situación, que debe de haber leído y compartido las posiciones de algunos de los personajes de Rebelión en la granja, de Georges Orwell, y que debe usted de considerar que los ciudadanos europeos son todos iguales, pero que algunos, por ejemplo el Sr. Berlusconi, es más igual que los demás. 
Porque aquí el único dato cierto que hay es que un suplicatorio de suspensión de la inmunidad ha sido escondido en un despacho, no se sabe de qué institución, durante siete meses como mínimo, en una situación que afecta a unas elecciones que van a celebrarse en breve en Italia... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, dado que en este Pleno se ha hecho referencia a las elecciones italianas, quisiera tranquilizar al Sr. Poettering y añadir que seguramente el Pleno no es, con estas modalidades, la sede más indicada para profundizar una cuestión que ha sido tratada ampliamente en la prensa española y que ha encontrado eco en los diarios italianos, gracias a los cuales, a decir verdad, nos hemos enterado de la misma. 
Considero asimismo que disponemos de órganos como la Mesa de Presidencia del Parlamento, y de competencias como las de la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Presidenta del Parlamento Europeo y del Secretario General que creo que podrán reconstruir con calma el procedimiento y entender si ha habido anomalías respecto a otros casos. En este sentido, no me parece que el Pleno sea el lugar más adecuado. 
Por lo tanto, considero oportuno confiar en estos órganos y esperar un examen exhaustivo del caso, ya que, en mi opinión, la cuestión interesa a todos los colegas que se encuentran en este Pleno. 
Me pregunto si se ha utilizado el mismo procedimiento que se habría empleado para el último diputado de este Parlamento. 
Señor Presidente, no puedo sino alegrarme de las palabras pronunciadas por la Sra. Napoletano, palabras que contradicen la posición asumida por el Grupo parlamentario al que pertenece. 
Yo también, como el presidente Poettering, estoy totalmente de acuerdo con que en este Pleno no se deben plantear cuestiones relacionadas con los asuntos internos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, lamento que el colega español que ha citado la obra Rebelión en la granja, no haya leído el libro o no haya comprendido el espíritu del mismo, ya que dicha obra denunciaba el totalitarismo de los regímenes comunistas: a lo mejor su Señoría se tenía que haber dirigido a algún militante de sus propias filas. 
De todos modos, espero que lo sucedido pueda servir de cara al futuro y ruego encarecidamente al Pleno que no utilice al Parlamento Europeo para cuestiones de política interna. 
En estos días ya ha habido demasiadas injerencias, incluida la del Vicepresidente del Consejo belga que ha intervenido sin venir al caso en cuestiones italianas. 
Agradezco una vez más a la Sra. Napoletano su posición. 
Terminan aquí las cuestiones de orden y de observancia del Reglamento, ya que de lo contrario no podremos tratar todos los demás temas que figuran en el orden del día. 
Proyecto de PRS 1/2001 
. (DE) Señor Presidente, hemos tardado un poco más de lo previsto, pero era preciso debatir también estos temas importantes antes de pasar a tratar otros asuntos menos importantes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, ahora nos corresponde debatir la aprobación del presupuesto rectificativo y suplementario, el primero del presente ejercicio, presentado por la Comisión el 31 de enero y que aprobado ya por el Consejo en primera lectura. 
Éste modifica los comentarios de la línea B7-541, con el fin de permitir que la Agencia de Reconstrucción de los Balcanes también pueda disponer de recursos para cubrir los gastos administrativos de su actividad en Montenegro. 
Se deberán introducir los ajustes necesarios en el tipo de cambio euro/dólar, de conformidad con el Reglamento relativo a la disciplina presupuestaria. En efecto, el Presupuesto 2001 está basado en un tipo de cambio de 1 euro por 0,91 dólares y la Comisión debe aplicar ahora, tras la adaptación, un tipo de 1 euro por 0,87 dólares. 
Lo cual representa un ahorro- en realidad sólo virtual- de 245 millones de euros. 
Se prevé transferir 60 millones de euros de la reserva a la línea presupuestaria con objeto de poder conceder las ayudas para la realización de los análisis de la EEB ya acordados. 
Y esto nos conduce al tema que en verdad nos interesa a todos, como se desprende de las conversaciones y debates que hemos mantenido durante esta última semana: concretamente, se prevé liberar otros 971 millones de euros para poder empezar a controlar al menos en una cierta medida las repercusiones de la crisis de la EEB. 
El total de 971 millones de euros se repartirá como sigue: 700 millones para la adquisición y destrucción de las reses de más de 30 meses, 238 millones para la compra para el almacenamiento, otros 33 millones adicionales para las pruebas a las reses de edad superior a 30 meses destinadas al consumo humano. 
Quiero anunciar ya de entrada, que yo estoy a favor de la aprobación del presupuesto rectificativo y suplementario, aunque con algunas modificaciones. 
Modificaciones que responden al deseo de animar a los Estados miembros a que asuman una mayor responsabilidad en relación con la Política Agrícola Común. 
Por consiguiente, yo estoy a favor de la aprobación, aunque comprendo muy bien a los colegas que desean rechazar de plano dicho presupuesto rectificativo y suplementario. 
Mi primera reacción también fue responder con una negativa. 
Desde que soy diputada europea me veo obligada a defender la Política Agrícola Común en mi país. 
Lo cual resulta condenadamente difícil. 
Dedicamos casi la mitad de nuestro presupuesto a nuestra política agrícola y casi una quinta parte de esta suma se destina al fomento de la producción de carne de vacuno. 
Sin embargo, ahora que se ha hundido el mercado de la carne de vacuno, se propone que empleemos casi mil millones de euros en la destrucción de las reses criadas con tanto dispendio, porque no se pueden vender. 
Resulta francamente muy difícil, cuando no imposible, explicarlo de manera comprensible a las personas corrientes, a los contribuyentes y los consumidores. 
En efecto, también es evidente otro detalle: por mucho dinero que ahora se ponga a disposición para mitigar las primeras consecuencias de la EEB, éste acabará resultando insuficiente al cabo de unos años. 
Sólo será como la famosa gota de agua en un océano. 
O un minúsculo parche sobre una herida purulenta y esta herida purulenta es nuestra Política Agrícola Común, con su sistema de incentivos a la producción. 
Estos mecanismos se establecieron en una época en que la producción de la mayoría de alimentos aún era deficitaria. 
Sin embargo, ya hace tiempo que dejamos atrás esa etapa. 
Ahora los principales mercados son excedentarios y la producción es excesiva. 
El apoyo sumado a la producción representa un incentivo, un estímulo casi irresistible a producir cada vez más e intensificar de manera imparable los métodos de producción. 
Dicha intensificación genera cargas medioambientales y una marginación de las localizaciones menos productivas. 
Es un sistema indefendible incluso desde el punto de vista social, pues sólo ha contribuido a que las grandes empresas sean cada vez más grandes y a la extinción de las pequeñas explotaciones agrarias familiares, porque no permiten ganarse la vida. 
Un 80% de los créditos totales del FEOGA van a parar a menos del 20% de las empresas. 
No podemos seguir limitándonos a paliar sólo los síntomas del sistema. 
Tenemos que curarlo. 
La inercia del sistema sólo genera continuamente nuevas dificultades. 
Aprovechemos la crisis actual para emprender una reforma de fondo de nuestra Política Agrícola Común. 
Aprovechémosla para realizar una reforma orientada hacia los siguientes objetivos: mantenimiento de un número de agricultores suficiente para garantizar la conservación del medio ambiente y del paisaje agrario; reconocimiento de las dos funciones más importantes de los agricultores, a saber, la producción de alimentos de alta calidad y la protección del medio ambiente asociada al desarrollo rural. 
Y evidentemente también lo que siempre hemos querido impulsar desde el Parlamento Europeo: el fomento del desarrollo rural. 
El cual también incluye, por lo demás, el fomento de otras actividades económicas y no sólo del sector agrario. 
Aceptemos el presupuesto rectificativo y suplementario como la última medida de la vieja política agrícola; una medida inevitable porque no podemos disponer a toda prisa de otros instrumentos. 
Sin embargo, en la próxima medida financiera que se proponga debe empezar a ser claramente visible el perfil de una política agraria distinta. 
En efecto, también es evidente que, aun cuando en mi calidad de responsable de los temas presupuestarios yo debo contemplar el aspecto financiero, no obstante también sé que la crisis actual no es una crisis financiera sino la crisis de nuestra política agrícola. 
Cuanto antes comencemos a dar los primeros pasos adecuados para controlarla, mejor. 
Ahora, en el momento en que se propone el sacrificio y la destrucción de dos millones de bovinos para descongestionar el mercado, se habla de un problema ético. 
Sí, estimadas y estimados colegas, cada año se sacrifican en Europa dos millones de bovinos adultos. 
Sólo que esas reses van a parar a los estómagos europeos y no a una planta incineradora. 
Sin embargo, me parece un gran despropósito que ahora se apele a la ética. 
Sobre todo cuando se designa un programa de sacrificio de terneros como la "prima de Herodes". 
Sí, ¡válgame Dios! , hasta tal extremo seguimos recordando nuestras raíces cristianas occidentales; permítanme, no obstante, que les invite a recordar que el emperador Herodes mandó matar a los varones recién nacidos, no a ninguna clase de animales. 
Pese a todo el aprecio y comprensión que merece la protección de los animales, no debemos sacar las cosas de quicio. 
Existe una diferencia entre una persona y un animal. 
¡Les ruego que no lo olviden! 
Señor Presidente, la cuestión central de la primera modificación presupuestaria de 2001 es si la agricultura europea debe construirse durante las dificultades de la EEB ¿Puede utilizarse o abusarse de una crisis para lograr los objetivos políticos de uno mismo, para hacer más ecológica la política agrícola o, justamente, para liberalizarla? 
El verdadero problema de la EEB no ha sido ocasionado por empresas grandes o pequeñas, o por tener algunas vacas por hectárea: el verdadero problema es que los Estados miembros han burlado las reglas europeas y, por tanto, han perdido, de hecho, la confianza de los consumidores y agricultores europeos. 
En este sentido, debo decir, vista la discusión en la Comisión de Política Agrícola, que las enmiendas 2 a 5 inclusive no se corresponden con el dictamen unánime dado por la Comisión de Agricultura a la Comisión de Presupuestos. 
La enmienda 1 figura en el dictamen de la Comisión de Agricultura. 
Señor Presidente, se analizará más tarde el programa de la Comisión Europea basado en siete puntos. 
Ahora se trata de la modificación presupuestaria que examinamos. 
La Comisión de Agricultura está de acuerdo con la misma, que se adecua a las propuestas que ya efectuó en noviembre de 2000. 
A pesar de que su base es frágil, debido por ejemplo, a la relación entre el euro y el dólar que en este momento resulta considerablemente peor para el presupuesto agrícola de lo que se desearía o de lo que propone la Comisión, es la vía más factible. 
Se aprovecha el margen existente en el presupuesto actual y se respetan las perspectivas financieras. Ése dejará de ser el caso en el futuro cercano. 
Ahora que la capacidad de consumo de carne de vaca ha disminuido un 28 por ciento y la exportación es casi imposible, nos acercamos a unos excedentes de 2,5 millones de toneladas de carne de vaca, cuando la capacidad de almacenamiento de la Unión Europea se sitúa solamente en 1 millón de toneladas. 
Las consecuencias que ello conlleva para los ingresos de los ganaderos son dramáticas y los bajos precios realmente no incitan a los consumidores a un mayor consumo. 
El límite de gastos se alcanzará rápidamente. 
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha decidido discutir cuatro alternativas para una futura financiación, a saber, la modificación de las perspectivas financieras, la reducción de gastos en el presupuesto en curso, el reajuste del reparto de los costes entre la Unión y los Estados miembros o una financiación complementaria mediante impuestos y descuentos. 
Esta discusión debe tener lugar antes de lo que querríamos debido a la actual crisis producida por la fiebre aftosa. 
Señor Presidente, verá claramente que el respaldo de la Comisión de Agricultura a la modificación presupuestaria puede considerarse una ayuda a la Comisión. Esta institución muestra, en cualquier caso, más energía que el Consejo, que permanece aferrado a sus agendas nacionales en lugar de solucionar la crisis. 
Señor Presidente, Señorías, mi Grupo va a votar afirmativamente el presupuesto rectificativo y suplementario, movido por la necesidad y ante la falta de alternativas viables, justamente porque la presente situación de crisis exige una actuación rápida. 
También lo hacemos desde el reconocimiento de que la EEB estuvo asociada en años pasados a una deficiente actuación estatal- y aún seguimos sufriendo las consecuencias de los errores del pasado -, y lo mismo sigue ocurriendo todavía en gran medida en la actualidad. 
Por esto también es preciso asumir una responsabilidad comunitaria en el control de la crisis. 
También vamos a votar afirmativamente la fórmula de financiación al 70 y 30% porque deseamos que el presupuesto se apruebe con la máxima rapidez, a pesar de que no faltan voces que piden que este tema se debata de manera más exhaustiva en futuras ocasiones. 
También quiero añadir que en este momento difícil debemos hacer todos los esfuerzos posibles para actuar con seriedad y no seguir alimentando la espiral del pánico, pues no quisiera tener que examinar un presupuesto suplementario tras otro. 
Quiero recordarles a todos que sólo hemos completado el primer tercio de la transposición de la Agenda 2000, tan elogiada por algunos, y es inadmisible que ésta primero se ensalce como un éxito, como el fundamento de la actuación europea hasta 2006, para luego pisar el freno a fondo en cuanto se presenta la primera oportunidad adecuada, a la vez que se ejecuta un salto mortal. 
Esto no favorece demasiado la credibilidad. 
Las situaciones de emergencia requieren soluciones de emergencia, pero quien quiera dar un golpe de timón demasiado brusco en tales momentos, puede volcar fácilmente bajo los vientos desfavorables que soplan en Europa. 
En estas circunstancias se requiere mano firme, pero también sensibilidad para manejar con seriedad la situación. 
El objetivo ha de ser seguir desarrollando en el futuro- naturalmente también en el contexto de la ampliación al Este y de la próxima ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio- la Política Agrícola Común, la protección de los consumidores y el modelo de agricultura europeos, tomando asimismo en consideración los compromisos suscritos por los Estados miembros en el contexto internacional del Programa 21, de la protección de los recursos, de la sostenibilidad, pero también del equilibrio entre el aprovechamiento de la naturaleza, por un lado, y la aplicación de la técnica y la economía, por el otro. 
Señor Presidente, yo creo que en este momento nos encontramos en una situación que requiere que esta cuestión no sólo se debata en el Parlamento Europeo, sino- y ésta es la petición de nuestro Grupo- que los Jefes de Estado y de Gobierno también ofrezcan respuestas sinceras en su próxima Cumbre de Estocolmo, pues la crisis es suficientemente seria. 
Es preciso responder a la inseguridad de los consumidores. 
Los Estados miembros tienen que empezar a cumplir de una vez sus tareas con mayor diligencia que en el pasado. 
En este contexto, tenemos una serie de ejemplos de casos en los que primero se presionó a la Comisión y luego finalmente se actuó, pero los Estados miembros lo hicieron demasiado tarde. 
Esto se tiene que acabar. 
También es preciso responder a algunos ataques que lesionan y ponen lisa y llanamente en entredicho la integridad profesional de los agricultores. 
No podemos seguir tolerando lo que está sucediendo en algunos casos. 
Los jefes de Estado y de Gobierno tienen que dar una respuesta. 
Es preciso responder si de verdad queremos controlar la crisis. 
De lo contrario, debemos encararnos con el hecho de que dentro de dos años habrán desaparecido la mitad de las empresas de ganadería bovina de Europa. 
Por esto, en este momento es preciso declarar que es imprescindible que los jefes de Estado y de Gobierno también reacciones e inicien un cambio de rumbo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el primer presupuesto suplementario se presenta este año un poco antes que el año anterior. 
El año pasado tuvimos que cumplir una tarea un poco más agradable a favor de los Estados miembros. 
Pudimos devolverles 3,2 millardos de euros. 
Este año vamos a tener que aplicar, en un ámbito de una influencia enorme y determinante dentro de la política europea, una medida que no puede entusiasmar a nadie. 
No sólo por el tema que la motiva, sino también porque no existe ninguna alternativa frente al procedimiento que propone la Comisión. 
No sólo resulta molesto, sino también indignante, tener que constatar la necesidad de colaborar en un procedimiento destinado a resolver una situación que resulta prácticamente inexplicable para una persona en su sano juicio. 
No voy a volver a repetir que es increíble que no nos quede más remedio que incinerar unos alimentos producidos con gran dispendio de dinero. 
Esto no sólo nos enfrenta con una crisis financiera. 
A pesar de que intervengo en mi calidad de responsable de asuntos presupuestarios, no puedo limitarme a tratar exclusivamente el aspecto financiero, puesto que también debemos hacer frente a una crisis de confianza. 
Las personas que nos observan no pueden comprender que aceptemos tranquilamente esta situación, sin exigir verdaderas responsabilidades. 
Por mucho que valore el enfoque tranquilo del Sr. Böge- y, sin duda, es un buen consejero en lo que respecta al enfoque que se debe adoptar ante este problema -, ninguna persona con sentimientos y un razonamiento normales puede abordar con verdadera tranquilidad esta situación sobre el terreno y limitarse a aceptar algo así. 
Nos vemos obligados a adoptar una medida que supera nuestra capacidad de comprensión. 
En este sentido, yo comprendo la reacción de quienes quieren rechazarla. 
O de quienes querrían apretarles las tuercas a los Ministros de Agricultura. 
Yo les comprendo muy bien a todos, porque lo que está ocurriendo resulta prácticamente inconcebible. 
Sin embargo, lo que debemos hacer es contribuir efectivamente a un cambio de rumbo. 
Éste no se podrá completar, no obstante, de la noche a la mañana. 
No podemos redefinir totalmente la política agrícola en los primeros dos meses de este año y basar la decisión de hoy en esta redefinición. 
Esto no es posible. 
No podemos interrumpir de la noche a la mañana la producción de carne, pues las terneras ya están en el vientre de las vacas. 
También debemos estar dispuestos a decirlo así. 
Sin embargo, tenemos que decir asimismo muy claramente que con nuestro voto afirmativo de hoy no damos carta blanca a la Comisión ni tampoco al Consejo. 
Vamos a examinar con lupa las propuestas que nos presenten en las próximas semanas y los próximos meses. 
No vamos a aceptar que todo continúe sencillamente como antes. 
Quiero decirlo con toda claridad ahora. 
No queremos ningún tipo de activismo, ningún frenesí de acciones inmediatas, pero tampoco vamos aceptar que todo continúe como antes, sino que deben debatir con nosotros propuestas que garanticen un progreso sostenible. 
Deben saber que con la decisión de hoy también habremos alcanzado un límite y habremos tocado techo en el contexto del presupuesto. 
No es posible seguir así. 
Todo lo que se haga en el futuro tendrá consecuencias dramáticas, no sólo para nosotros, sino también para ustedes, los responsables de elaborar las propuestas o de aprobarlas en el Consejo. 
Pueden contar una vez más con nuestro voto afirmativo, pero les va a ser mucho más difícil obtenerlo en el futuro si las propuestas no van acompañadas de buenos motivos y de una modificación de las políticas materiales sobre el terreno. 
Señor Presidente, en mi opinión, este debate tiene lugar en una atmósfera irreal. 
Aquí examinamos un presupuesto que tiene que ver con la crisis de la EEB, pero sabemos que un peligro mucho mayor acecha a Europa en este momento: el peligro de que la fiebre aftosa se extienda a gran escala. 
Este presupuesto no resultará en absoluto suficiente para afrontar todas las calamidades. 
Si aprobamos este presupuesto, no queda ni el menor margen de maniobra en el presupuesto de 2001 ¿Es eso responsable? 
En opinión de mi grupo, no. 
Consideramos que debe crearse un margen adicional en los próximos meses. 
El único margen que hemos podido encontrar en este momento consiste en establecer una relación 50-50 para el sacrificio de animales en lugar de la relación 70-30. De esta manera, se crea un margen adicional en el presupuesto de alrededor de 300 millones de euros a fin de afrontar otras calamidades en el futuro y, quizá, también para financiar medidas con el objeto de luchar contra la fiebre aftosa. 
En opinión de mi grupo, el mayor peligro en este momento es la renacionalización de la política agrícola. 
Cada país intentará encontrar dinero para afrontar la aparición de todas estas enfermedades basándose en sus propios criterios. 
Debemos evitar que cada país siga una política por iniciativa propia: toda política debe continuar dependiendo de Bruselas y de ahí que sea necesario un margen presupuestario adicional. 
Quisiera preguntar a la Comisión qué ha hecho desde que se adoptó la resolución Haug sobre las orientaciones para el presupuesto en el pasado mes de julio; en ella se pedía claramente que se pensará en formas alternativas de financiación en relación con la aparición de enfermedades ¿Qué ha hecho la Comisión al respecto? 
¿Será posible asegurarse en el futuro contra este tipo de calamidades? 
¿Es necesario un impuesto sobre la carne para crear un fondo de urgencia? 
Quisiéramos saber todas estas cosas, ya que resulta inaceptable que aparezcan las enfermedades y no tengamos dinero para hacer algo al respecto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la mayoría de mi Grupo va a votar afirmativamente el presupuesto suplementario mañana, pero nos resulta duro aprobar la destrucción de dos millones de bovinos en Europa y lamento tener que contradecir a la Sra. Haug en este contexto. 
La destrucción de reses plantea un verdadero problema ético y no se puede tratar como una medida de sostenimiento del mercado. 
Es la dolorosa consecuencia de una política agrícola equivocada: de apoyo y fomento de la sobreproducción, primero, y de destrucción de dicha sobreproducción, después. 
Ya lo vimos en el caso de la montaña de mantequilla, lo estamos viendo ahora en el caso de los lagos de leche y también ante el problema de la carne de vacuno. 
Es preciso modificar radicalmente este tipo de política agraria y yo no puedo dejar de instar a la Asamblea a que recuerde todas sus antiguas decisiones. 
En efecto, el Parlamento Europeo ha venido señalando reiteradamente desde 1990 los problemas, ha pedido repetidamente un cambio de orientación al Consejo y se tomó en serio la crisis de la EEB, mucho antes de que ésta alcanzase las dimensiones actuales. 
Por esto yo creo que es muy importante que en el marco de esta decisión manifestemos claramente a la Comisión y al Consejo la necesidad de que el Parlamento disponga por fin de poder de codecisión en este ámbito, que es preciso fortalecer al Parlamento y que tenemos que emprender de una vez una reforma agraria realmente digna de tal nombre. 
Nos encontramos ante una enorme pérdida generalizada de confianza. 
Quienes están desarrollando una campaña electoral en estos momentos- por ejemplo, en Baden-Württemberg, donde se preparan las elecciones al parlamento de dicho Estado federado- se ven obligados a responder a una serie de preguntas y al actual cuestionamiento de las instituciones europeas. 
Para corregir esta pérdida de confianza, para restablecer la confianza, va a ser necesaria una reforma a fondo. 
No podemos limitarnos a salir pragmáticamente del paso y esperar hasta que estalle la próxima crisis. 
Necesitamos un cambio de rumbo. 
Tenemos que dejar atrás la sobreproducción, la subvención de la sobreproducción y su destrucción. 
Todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario saben que esta política agrícola también es, naturalmente, en extremo vulnerable al fraude. 
Conocemos los casos que afloran continuamente. 
Conocemos algunos casos en los sectores de la mantequilla y de la leche. 
Necesitamos urgentemente un cambio de rumbo y yo quiero dejar claro que con el debate de hoy y la votación de mañana estamos emitiendo una señal de que ha llegado el momento de aplicar una política agraria distinta y de reestructurar el presupuesto de manera que el Parlamento tenga una mayor influencia sobre la totalidad de los gastos obligatorios. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor representante del Consejo, ¡nuestro debate no trata sólo de un presupuesto rectificativo, sino que se refiere a importantes retos estratégicos! 
Y ante todo a la línea divisoria que separa el diagnóstico de la propia Comisión sobre el coste previsible de la crisis de la EEB y el proyecto de financiación que se nos somete. 
Deseo citar al Sr. Fichler, quien decía en el diario Le Monde, hace exactamente un mes, " los costes de esta crisis serán inmensos en la hipótesis optimista de que este año el consumo no descenderá por debajo del 10% y de que nuestras exportaciones no serán bloqueadas. 
Sólo las compras de intervención tendrán un coste presupuestario del orden de tres millardos de euros ". 
Un mes más tarde, el consumo ha caído un 27% y ha disminuido la mitad de las exportaciones. 
Ahora bien, se nos propone un presupuesto de algo menos de un millardo de euros, es decir, la tercera parte de la estimación mínima de las necesidades. 
Este déficit saca a la luz los importantes bloqueos políticos que provoca el rechazo obstinado y cada vez más insostenible de la mayoría de los Quince, así como de la Comisión, de considerar la menor revisión de las perspectivas financieras, aunque fuese para paliar los efectos de una crisis gravísima e imprevista. 
A medio plazo mi Grupo es, ciertamente, favorable a una reforma profunda de la política agrícola común, de tal forma que ésta no agote más el presupuesto a través de un apoyo ilegítimo a la explotación agraria productivista y peligrosa tanto para la salud humana como para el medio ambiente. 
Nosotros deseamos una PAC que no conduzca más a millones de animales a la hoguera, sino que reserve sus créditos para los verdaderos agricultores, pagando sus productos a un precio ventajoso para permitirles que lleven a cabo una agricultura durable, un desarrollo sostenible y una alimentación sana. 
Algo muy distinto es hoy el linchamiento en plena agitación de los pequeños y medianos productores que atraviesan dificultades, víctimas de un modelo agrícola perverso que se les ha impuesto. 
Nosotros no practicamos la política que consiste en sacar provecho de lo malo. 
En este caso de urgencia, votaremos, pues, este presupuesto. 
Pero no podremos detenernos aquí. 
La Unión debe asumir sus responsabilidades hasta el final. 
Desde este punto de vista me opongo a la idea de una renacionalización de la PAC, o más concretamente de una renacionalización de la financiación de la PAC, insidiosamente establecida por una enmienda que equivaldría a un derribo de la Comunidad. 
Añado, por lo demás, dirigiéndome a la mayoría de este Parlamento que defiende un fortalecimiento cualitativo de la integración comunitaria: ¿qué efecto tendrían los discursos sobre la futura Federación europea y sobre la reunión de la gran familia europea si al mismo tiempo se hiciera astillas la más antigua política común, si se desmoronase, entre los propios Quince, el principio cardinal de la solidaridad, si se perfilara, frente a una crisis de capital importancia, la vuelta al "cada uno en su casa"? 
Creo que estos retos bien valen algunos millardos de euros. 
Señor Presidente, Señorías, ¿el prión está transmitiéndose a las instituciones comunitarias? 
En otros términos, la Unión se habría vuelto loca hasta el punto de sacrificar la más antigua y consumada de sus políticas comunes- me refiero a la política agrícola -, cuando al mismo tiempo impone y acelera, de manera paradójica, el proceso de integración en los otros sectores. 
El PRS aprobado el lunes por la BUDG suscita muchas reservas, incluso una abierta oposición de nuestro Grupo, ya que vuelve a poner en tela de juicio la distinción tradicional entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios, como el informe pretende imponérnoslo. 
¡Novecientos setenta millones de euros- suma totalmente insuficiente teniendo en cuenta la gravedad de la crisis- es un comienzo para financiar sobre todo el régimen de compra-destrucción y subsidiariamente las pruebas de detección! 
¿Y después? 
Las proporciones de la crisis son tales que, evidentemente, habría sido necesario, sin dudarlo, desbloquear ayudas directas para apoyar los ingresos afectados de los agricultores y el conjunto del sector de la carne de bovino. 
Existen fondos para eso. 
Una vez que se apruebe el PRS, quedará un margen de unos 500 millones de euros. 
Así como sabemos que se pueden realizar ahorros sustanciales en algunas líneas, una reducción de las ayudas a la retirada de tierras permitiría, por ejemplo, un ahorro inmediato y abriría la vía a los cultivos de proteaginosas, respecto de los cuales Europa depende dramáticamente de los Estados Unidos debido a los acuerdos de Blair House. 
Al rechazar las ayudas directas financiadas por el presupuesto comunitario, como Francia las había propuesto, la Comisión y el Consejo abren la vía a una renacionalización de la agricultura. 
Renacionalización de la que habrá que sacar, si se confirma, todas las consecuencias. 
En primer lugar debemos reconocer el fracaso de la construcción comunitaria, fracaso sobre el que convendría meditar antes de comprometerse más en otras políticas comunes y sobre todo en la moneda única. 
Señor Presidente, los agricultores honrados y sin ninguna responsabilidad en la crisis de la EEB están pagando ahora el precio de la mala orientación de la política agrícola de la Comisión y de la Unión. 
La propuesta que se va a votar sólo favorece una vez más las estructuras que fomentaron la cría y producción masiva de animales y, en consecuencia, también son corresponsables de la crisis. 
Un 70% del presupuesto suplementario se va a dedicar a la acción de incineración. 
Con ello se apoya a las grandes explotaciones agrarias, que en realidad son corresponsables. 
Es una señal equivocada contribuir ahora a encubrir los problemas de los corresponsables con la acción de incineración. 
Por consiguiente, yo apoyo a la ponente cuando pide una modificación de los fundamentos del sistema europeo de ayudas a la agricultura y su reorientación de manera que beneficie a las pequeñas explotaciones agrarias. 
Sin embargo, a diferencia de la Sra. Haug, no estoy dispuesto votar afirmativamente el presente presupuesto suplementario. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, yo creo que en el debate de hoy sobre el presupuesto suplementario de la Comisión deberíamos diferenciar tres aspectos. 
En primer lugar: ¿qué medidas es necesario adoptar a corto plazo para estabilizar hasta cierto punto el mercado de la carne de vacuno? 
En segundo lugar: ¿qué debemos a hacer a medio plazo, cuando a esta Asamblea le corresponda debatir sobre la base del plan de siete puntos del Comisario de Agricultura? 
En tercer lugar: ¿qué tenemos que a hacer a largo plazo? 
La Asamblea también va a debatir este aspecto en 2002, en el contexto de la evaluación de las organizaciones comunes de mercados? 
Yo les ruego que respetemos un poco esta distinción. 
Ahora es muy urgente adoptar medidas a favor de los agricultores de toda Europa, con el fin de que la enorme caída de los precios en el sector de la carne no amenace su subsistencia más de lo que ya lo está en cualquier caso. 
Esta es la misión del presente presupuesto suplementario y todo lo demás se debe abordar luego con calma y tranquilidad. 
Por favor, no nos engañemos. 
Hasta otoño del año pasado, en el mercado de la carne de vacuno existía un equilibrio entre la oferta y la demanda, y es preciso decirlo con sinceridad. 
No existen lagunas de leche ni montañas de mantequilla, y yo quiero manifestarlo con toda claridad, señora Rühle. De hecho, el sistema que usted califica ahora de equivocado, o sea, la Agenda 2000, lo decidió el Gobierno que usted apoya hace un año y medio o dos años. 
Es preciso decirlo claramente y yo le ruego que lo discuta en las filas de su propio partido, que incluyen a la Sra. Schreyer, la Comisaria responsable de los presupuestos, que es la autora de la propuesta, y la Sra. Künast, la Ministra de Agricultura alemana, y usted actúa ahora aquí como si no tuviera nada que ver con todo ello. 
Yo pido que quienes sean capaces de presentar otras propuestas a corto plazo las pongan sobre la mesa hoy o mañana, en forma de propuestas de enmienda. 
En ese caso, yo las apoyaré, pero hasta ahora no he escuchado ninguna alternativa razonable y yo les ruego que por una vez seamos un poco sinceros. 
Lo mismo le digo a usted, señor Graefe zu Baringdorf, que también pertenece a dicho partido. 
Por una vez, tenemos que ser sinceros y cuando se está siguiendo una estrategia que abandona a su suerte a las pequeñas empresas agrarias- y esta es la propuesta que escuché el lunes por la noche por parte alemana en el Consejo de Ministros de Agricultura -, entonces yo debo decirles sinceramente que eso no es una estrategia. 
Cuando el Canciller federal alemán todavía afirmaba hace poco que este es un problema entre los grandes y los pequeños y la Ministra de Consumo alemana anuncia hoy que también es necesario apoyar debidamente a las grandes empresas y, por lo tanto, no es partidaria de establecer ningún límite máximo para la percepción de la prima de ganado, yo no puedo evitar preguntarme en qué dirección nos movemos en realidad. 
Tenemos que adoptar a corto plazo todas las medidas necesarias para conseguir una estabilización. 
El presupuesto suplementario ofrece las respuestas adecuadas en este sentido y luego tendremos que discutir con calma y tranquilidad las actividades a medio y largo plazo. 
Sólo si así lo hacemos conseguiremos encontrar por fin las respuestas apropiadas. 
Los que somos del Reino Unidos conocemos demasiado bien las consecuencias devastadoras que puede tener la EEB sobre la comunidad agrícola. 
Espero que otros aprendan de nuestras experiencias y quizá también de nuestros errores. 
Creo que la lección más importante es que existe la necesidad de adoptar medidas estrictas desde el comienzo, en primer lugar, para prevenir nuevos brotes y, en segundo lugar, para garantizar el aumento de la confianza de los consumidores. 
A menos que se incrementen de manera espectacular las medidas de seguridad, no conseguiremos restablecer la confianza de los consumidores, que es un requisito fundamental para la seguridad a largo plazo de los mercados de vacuno europeos. 
Actualmente, nuestros mercados y el consumo de carne de vacuno en el Reino Unido han vuelto a los niveles de 1995. 
No obstante, para restablecer la confianza, debemos realmente dar un enfoque claro a nuestra ayuda y debemos alentar a los Estados miembros a que acepten dicha ayuda con decisión, algo que, según tengo entendido, no siempre ha sido así. 
Quisiera referirme a la cuestión que han planteado algunos diputados, como el Sr. Mulder y la Sra. Haug, a saber, si la ayuda debería ser según la proporción tradicional de 70/30 entre la UE y los Estados miembros o si convendría optar por una proporción de 50/50. 
Ahora bien, aunque simpatizo con las razones subyacentes a las alegaciones del Sr. Mulder y de la Sra. Haug y comprendo su seria preocupación acerca de si el nivel de financiación será suficiente para hacer frente durante el resto del año a las necesidades aún no identificadas, nos encontraríamos en una situación muy difícil si este Parlamento siguiera por ese camino porque, en primer lugar, el Reglamento Financiero estipula que la proporción acordada es de 70/30 y cualquier cambio exigiría una modificación del Reglamento Financiero y, en segundo lugar, porque como diputada británica quiero que exista igualdad, que se trate a otros Estados miembros exactamente igual que al Reino Unido. 
Por lo tanto, si queremos garantizar la igualdad de condiciones, es importante que se respete la misma proporción. 
En tercer lugar, si el Parlamento vota a favor de este nuevo enfoque, el Consejo necesitará una segunda lectura y eso sólo servirá para alargar el proceso hasta que se tome una decisión, lo cual va en contra de nuestra experiencia en el Reino Unido, que es que hay que solucionar las cosas con la mayor celeridad posible para restablecer la confianza de los consumidores; un requisito fundamental para los mercados de vacuno de Europa. 
Por estas razones, me opongo a la recomendación de la ponente. 
No quiero repartir la culpa de la crisis, pero siento preocupaciones similares a las que han expresado otros diputados acerca del enfoque y el tiempo que ha tardado la Comisión en intentar atajar el problema de la EEB con rigor y determinación. 
La Comisión debería haber prohibido la médula espinal para consumo humano y en los piensos para animales cuando la enfermedad apareció en el Reino Unido. 
La Comisión debería emprender una inspección exhaustiva e inmediata de los procedimientos de control para impedir que el ganado infectado cruce las fronteras. 
Para terminar, quisiera decir que apoyo la solicitud del PRS y creo que es importante que consigamos que los Estados miembros acepten esta ayuda. 
Señor Presidente, causa pena leer el presupuesto rectificativo y suplementario. 
De este presupuesto se desprende que se van a quemar literalmente 700 millones de euros de los fondos de la UE, puesto que con esta cantidad se comprará carne vacuna de riesgo para su eliminación. 
Sin embargo, lo peor de todo es que la crisis de la EEB amenaza gravemente el equilibrio de los presupuestos de la UE. 
En el marco de este presupuesto rectificativo y suplementario, ya se financia alegremente una parte del gasto confiando en que la relación de cambio entre el euro y el dólar generará importantes ahorros. 
Tal vez esto no sea más que optimismo infundado en su mayor parte. 
Pero lo más grave es que los márgenes de las perspectivas financieras amenazan ya con agotarse totalmente. 
Después de esta propuesta, queda sólo un margen de 506 millones de euros, es decir, un poco más del uno por ciento del total de esta categoría. 
En cualquier caso, podemos dar por supuesto que crecerá de forma explosiva la necesidad de exportar carne de vacuno al exterior de la UE. 
El consumo se ha reducido en muchos países grandes, cosa que se refleja en el crecimiento continuo de la carne almacenada. 
Puesto que a unos cuantos años vista, por lo menos, se espera que el consumo se reduzca de forma permanente, hay que intentar vaciar los depósitos mediante la exportación. Y ya no hay posibilidades para ello dentro del marco de las actuales perspectivas financieras. 
En estas circunstancias, es de temer que se recorten otros gastos agrícolas. 
Los recortes de otras partidas agrícolas podrían significar fácilmente una reducción en los ingresos de los agricultores individuales, o sea, que los agricultores y ganaderos particulares se verían obligados a pagar esta crisis. 
Debemos recordar que la crisis de la EEB no ha sido causada por los agricultores. 
Éstos han utilizado de buena fe piensos autorizados por la ley que han resultado ser venenosos. 
Por ello, hay que asumir conjuntamente la responsabilidad, y no trasladarla a un sector concreto de la población. 
Yo apoyo que se cofinancien estos gastos mitad por mitad. 
Señor Presidente, señora Comisaria Schreyer, el problema no reside en el presupuesto suplementario en sí, ni tampoco en los 971 millones de euros. 
Aquél corresponde, de hecho, a los usos habituales y dicho montante tampoco debería inquietarnos. 
El problema reside en el uso al cual se va a destinar ese dinero y los motivos que han hecho necesario ese gasto. 
Ante esta situación, yo afirmo que si el Parlamento Europeo hubiese tenido poderes de codecisión con respecto a la Agenda 2000, en Berlín se habría decidido otra cosa. 
De ser así, se habrían subvencionado los pastos en lugar del maíz, por ejemplo, y se habría suprimido la intervención, tal como propusieron la Comisión y el Parlamento. 
Se habría introducido la vinculación a los costes laborales, se habría establecido el "límite 90", asociado de hecho a los costes laborales. 
Se habrían aprobado todas estas medidas que ahora vuelven a estar sobre la mesa y tendríamos una Agenda 2000 digna de tal nombre, señor Böge, y podríamos hablar de un progreso. 
Justamente estas reformas se están obstaculizando ahora bajo su influencia. Incluida la del Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas y el amplio campo de la democracia cristiana. 
Este es el gran problema: que ahora volvemos a enfrentarnos con esta cuestión y a desembolsar dinero a causa de una política que se ha desviado de su objetivo. 
De las propuestas del Sr. Fischler se desprende que el problema no es el sacrificio de las reses sino su destrucción. 
Europa presenta así ante el mundo imágenes de acciones de sacrificio y destrucción de animales. 
Desde el punto de vista cultural y de las aspiraciones culturales de Europa, no podemos permitir que esto siga ocurriendo durante demasiado tiempo. 
Señora Haug, sin duda sería razonable sacrificar a los bovinos jóvenes y terneros. 
No se trata de una "prima de Herodes", sino de que los terneros que acaban de nacer no vuelvan a convertirse en voluminosos toros y que, por el contrario, se comercialicen como carne de calidad, una vez superadas las pruebas correspondientes y retirados los materiales de riesgo. 
Esto es lo que propone la Sra. Schreyer. 
Dicha propuesta no procede del Sr. Fischler, siento tener que decirlo. 
Yo espero que todavía lo conseguiremos a partir de los siete puntos. 
En otras palabras, lo que importa es en qué gastamos el dinero. 
A lo largo de los años, a menudo también hemos devuelto dinero a los Estados, como ya ha manifestado el portavoz socialista para asuntos presupuestarios. 
El problema no es este, sino que lo que debemos preguntarnos es si quedarán fondos suficientes para una reorientación de la política agraria. 
Yo creo que existe el riesgo de que si financiamos las medidas extraordinarias motivadas por la presente crisis con cargo al presupuesto habitual, dichos fondos nos faltarán luego cuando queremos proceder a una reorientación pues, si bien las medidas de urgencia habrán dejado de ser necesarias, el dinero ya se habrá gastado. 
Por esto, me parece acertado que los Estados miembros y la UE asuman también los costes. 
También me gustaría que los responsables de la crisis, que se encuentran en el sector privado y no en el ámbito de la política, contribuyesen a financiar un fondo destinado a indemnizar a los perjudicados, que son los campesinos y campesinas y demás personas afectadas en el aspecto humano, como se ha hecho en Gran Bretaña... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, la crisis de la EEB, la crisis de la vaca loca se nos presenta, al parecer, como si fuese una de las diez plagas de Egipto. 
Sin embargo, no existe ninguna maldición en esta epizootia que afecta a la cabaña europea. 
La vaca no se ha vuelto loca porque ha comido hierba o porque hubiera fumado hierba. 
La vaca se ha vuelto loca porque ha comido política. 
La vaca se ha vuelto loca porque ha comido política agrícola común, tal como la Comisión de Bruselas la impone desde hace casi treinta años. 
En efecto, esta política intensiva, estas harinas animales, todo eso es consecuencia de decisiones tomadas por los Estados y por la Comisión, sobre todo, reconozcámoslo, por los Gobiernos franceses y por los sindicatos agrícolas franceses, pero también por la Comisión, concretamente en los acuerdos internacionales que han favorecido a los cultivadores de cereales europeos en detrimento de las tortas de soja, fabricadas por los norteamericanos. 
Quizá fuese necesario que, por fin, tuviéramos aquí el valor de afrontar directamente las opiniones europeas. 
La culpa es europea. 
La reparación debe ser europea. 
No puede admitirse, en mi opinión, que el contribuyente francés o de cualquier otra nacionalidad pague dos veces. 
De hecho, Europa no recauda impuestos. 
Cuando tenga el valor de recaudar impuestos, quizá pueda asumir sus propias políticas, pero Europa no lo hace, y no puede admitirse que los contribuyentes paguen dos veces, una vez a través del presupuesto comunitario y una segunda vez a través de los presupuestos nacionales. 
Es inimaginable que Europa esté dividiéndose, en el fondo, entre un proyecto europeo que reservaría para sí el futuro, los grandes horizontes, los grandes proyectos, y unos Estados naciones o Estados miembros que se convierten en lazaretos de las políticas europeas, ya que es exactamente eso, incluyendo las cuarentenas, lo que eran los lazaretos en la Edad Media. 
Señor Presidente, apoyo el informe Haug y felicito a la ponente. 
Así, pues, convengo con que el Parlamento apoye el presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/2001, en el que se destinan esos 971 millones de euros a sufragar los costos suplementarios resultantes de la crisis de la EEB. 
Con todo, esta propuesta me merece las siguientes consideraciones: 
primero: esos 971 millones de euros, ahora destinados a ese fin, son necesarios, pero no suficientes. 
Entretanto, veremos; 
segundo: la crisis de la EEB, las dificultades reales de los productores, la quiebra de la confianza de los consumidores y las exigencias en la esfera de la seguridad alimentaria relacionadas con la preservación de la salud pública no se compadecen con respuestas vagas, como el aplazamiento de las soluciones, por evidentes que sean los conflictos de intereses o las dificultades presupuestarias. 
La gravedad de la situación justifica respuestas rápidas y completas. 
Por tanto, no se debe perpetuar el clima de crisis. 
Esta cuestión debe salir- debía salir- rápidamente del orden del día. 
Tengamos el valor de ponerle punto final, que coincidirá con el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos. 
No confundamos la situación de emergencia en curso con la indispensable revisión de métodos de producción que debe promover la reforma de la Política Agraria Común, reforma necesaria, pero que no debe ser precipitada, como sucedería, si se hiciera en plena crisis o inspirada exclusivamente por consideraciones de tipo financiero o por intereses nacionales. 
Ésos serían, por lo demás, los aspectos que la condenarían al nacer; 
tercero: lo susodicho justifica que el Parlamento Europeo pase a tener capacidad efectiva de decisión sobre todos los gastos agrarios, incluidos los integrados en la subcategoría 1-A, y que simultáneamente se amplíe el núcleo de gastos encuadrados en la subcategoría 1-B. 
Así se respetará el legítimo interés de los ciudadanos; 
cuarto: lo que está en juego justifica claramente, en mi opinión, un planteamiento amplio y profundo de esta cuestión en el Consejo de Estocolmo y espero que así se haga. 
Señor Presidente, la Unión Europea también ha generado conjuntamente esta crisis y, por lo tanto, es preciso que la UE la gestione conjuntamente. 
Sin embargo, cuando digo la UE, no me refiero a la Comisión, al Consejo o al Parlamento, sino también muy especialmente a nuestros Estados miembros, que son el soporte de la UE. 
Para evitar malentendidos, quiero decir que ninguna parte puede acusar a la otra y actuar como si no tuviese nada que ver con el asunto. 
Todos los Estados miembros y las diferentes tendencias políticas han creado y definido la política agrícola europea en su forma actual, con todos sus defectos y errores. 
Por lo tanto, también tenemos que modificarla conjuntamente. 
No obstante, aun así, en estos momentos, las circunstancias nos obligan a abordar la gestión de esta crisis aplicando las viejas reglas y sobre el antiguo terreno de juego. 
Esto es ineludible. 
No disponemos aún de nuevas normas, todavía no se ha reformado la política agraria, aunque reclamemos dicha reforma. 
La distinción que hacía el Sr. Ferber entre el corto, el medio y el largo plazo es, obviamente, acertada. 
Lo que ha dicho es cierto. 
Pero cuando ahora nos piden dinero y que aprobemos el coste de la gestión de la crisis, no sólo tenemos el derecho, sino también el deber de reclamar la reforma necesaria. 
Tenemos un calendario que abarca hasta 2006, con una evaluación en 2002. 
Sin embargo, ya sabemos que la evaluación acabará indicando la necesidad de reformar a fondo la política agraria. 
Por esto, nuestro voto afirmativo al presente presupuesto suplementario es un voto con una advertencia clara. 
Muy pronto tendremos que volver a recordarles este punto. 
El hecho de que la EEB y sus consecuencias para los agricultores y consumidores continúen dominando nuestra agenda política demuestra la gravedad de la actual crisis. 
No obstante, las medidas preventivas establecidas, tales como la prohibición de las harinas cárnicas, deberían, en opinión de los científicos, propiciar la erradicación de la EEB y su amenaza para la salud humana. 
La realización de pruebas a todos los animales mayores de 30 meses y la retirada de los despojos de animales enfermos son medidas muy eficaces para restablecer la confianza de los consumidores. 
Por ejemplo, en Irlanda, de las 48.000 reses examinadas ninguna ha dado positivo en la prueba de EEB, y para mí eso es una señal de que la enfermedad afecta únicamente a otras reses, como las vacas de cría y las vacas lecheras. 
Me preocupa el tiempo que será necesario, mediante las bajas naturales, para su eliminación, y quisiera pedir a la Sra. Comisaria que estudie el modo de acelerar este proceso. 
La aparición de la EEB en el grupo de animales más viejos tiende a socavar la confianza de los consumidores, a pesar de no estar destinados a la cadena alimentaria. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Comisaria respecto a la necesidad de recuperar el equilibrio del mercado. 
El plan de compra para su destrucción puede ser necesario a corto plazo, pero es inmoral y ciertamente ajeno al espíritu agrícola. 
Quisiera instar a la Comisión una vez más a que examine las posibilidades y su política en relación con la ayuda alimentaria. 
Muchas personas creen, señora Comisaria, que se podría hacer algo más positivo con esa carne de calidad. 
Advierto del peligro de adoptar medidas llevados por el pánico en relación con el futuro a largo plazo del sector del vacuno de Europa. 
Debemos ser optimistas incluso ante la crisis y planificar un futuro viable, aunque dentro de un nuevo marco, en relación con la producción a nivel de explotación agrícola. 
Para terminar, desde una perspectiva irlandesa, creo que cualquier intento de reducir el tamaño de la cabaña iría en contra de nuestros intereses nacionales. 
Señor Presidente, apoyaré, al igual que los diputados de mi Grupo, el proyecto de PRS que se nos somete. 
Permítame solamente efectuar, de la misma manera que los diputados de mi Grupo, algunas observaciones. 
La primera será para recordar, señora Comisaria, que no hace mucho tiempo usted nos proponía una revisión de las perspectivas financieras para aumentar los gastos exteriores y el tope máximo de la rúbrica 4- lo cual es necesario, y en este punto la apoyamos- a través de una reducción del tope máximo de los gastos agrícolas de la rúbrica 1. 
Si en aquel momento la hubiésemos apoyado, se vería en un aprieto para proponer el PRS que hoy nos somete. 
Debe reconocer, pues, que hemos demostrado ser más precavidos o prudentes que usted. Pero deseamos ser indulgentes y nos felicitamos de que haya cambiado de idea. 
La segunda observación será para manifestar que, evidentemente, hay que separar totalmente los problemas referentes a una reforma de conjunto de la política agrícola común del problema que hoy se nos plantea. 
Hoy se nos incendia la casa. 
Por tanto, debemos movilizar los medios para apagar este incendio. 
Cuando se nos incendia la casa, uno no se pregunta sobre la calidad de la construcción que hay que proteger. 
Se empieza por apagar el incendio. 
Separemos bien, pues, los problemas de reforma de la política agrícola de los problemas inmediatos a los que tenemos que hacer frente. 
Pero eso no es todo. 
Me sorprende, al escuchar a la Sra. Haug o al Sr. Abitbol e incluso a otros oradores, el carácter general del cuestionamiento de la PAC. 
Ahora bien, no creo, salvo que se tenga una visión un tanto teológica, providencialista, de las cosas, que pueda decirse que este problema sanitario y veterinario concreto existe porque la PAC es lo que es. 
Existe un problema veterinario grave y un problema sanitario concreto, que es la transmisión de la enfermedad del ganado a los seres humanos. Esto ha creado toda una serie de problemas que también se hubiera podido producir, por ejemplo, a través de la epizootia aftosa si hoy se descubriera que- Dios no lo quiera- la epizootia aftosa es transmisible a los seres humanos. 
No hagamos como el profeta Filipulus, de Tintín y Milou, que se pasea con un gong en la mano diciendo: "el castigo está próximo". 
No es este el problema al que nos enfrentamos. 
Creo que sería realmente paradójico que redujéramos la exigencia de solidaridad comunitaria en el momento mismo en que esta enfermedad y los problemas que acarrea para los criadores se convierten en un problema plenamente comunitario. 
Caeríamos en una total contradicción, y por eso no apoyamos al Sr. Mulder y a sus amigos respecto a la propuesta que se nos presenta. 
Señora Comisaria, señor Presidente, esto es lo que deseaba manifestar. 
La apoyamos manteniendo los ojos abiertos. 
Señor Presidente, Señorías, no quiero repetir lo que han dicho los oradores que me han precedido y por ello no les contaré el que podría ser el contenido de este presupuesto rectificativo, propuesto por la Comisión y ya aprobado por el Consejo. 
Por el contrario, quiero aprovechar esta ocasión para plantear dos reflexiones que, en el contexto del debate, se han centrado en las enmiendas propuestas en la Comisión de Presupuestos: primera, los gastos obligatorios. 
Como todos sabemos, respecto a estos gastos- entre los que se encuentran los relacionados con la agricultura- el Parlamento no tiene mucho poder, ya que la última palabra le corresponde al Consejo, aunque la PAC fue sinónimo de Comunidad Europea y ahora lo es de Unión Europea. 
Creo que ha llegado el momento de avanzar y de otorgar a este Pleno más poderes, ya que como electos por los ciudadanos europeos tenemos el deber de representar sus demandas en todos los sectores y como rama de la autoridad presupuestaria tendríamos que tener el derecho de influir de manera significativa en todas sus partes. 
Segunda reflexión: reparto de las cargas entre los Estados miembros y la Unión. 
En lo que se refiere a este punto, el Grupo Liberal ha presentado numerosas enmiendas encaminadas, como ustedes saben, a revisar los porcentajes de intervención estableciendo una igualdad entre la Unión y los Estados miembros. 
No creo que sea un decisión acertada y quiero explicar porqué. 
En primer lugar, dado el difícil momento político generado por la crisis de la EEB, los ciudadanos considerarían este tipo de decisión como si se tratara de marcar distancias con las Instituciones europeas. 
En definitiva, se lanzaría el mensaje de una Unión preparada para intervenir para prohibir las ayudas de Estado o para fijar las cuotas lácteas, pero también a punto de lavarse las manos en un momento de necesidad. 
¡Cuidado! ; cuando hablo de ciudadanos no solo defiendo a los ganaderos principales afectados por esta crisis, sino también y sobre todo a cada consumidor que, desde hace meses, está realmente aterrorizado por una situación que se va agravando día a día. 
Él es el que tenemos que proteger y ciertamente no lo haremos descargando el problema en los Estados miembros. 
En segundo lugar, al apoyar esta posición política, daríamos una señal favorable a la renacionalización de la Política Agrícola Común, una señal absurda en un momento en que el debate sobre el después de Niza no prevé en absoluto la eliminación de las políticas comunitarias. 
Señor Presidente, la crisis de la EEB demuestra con qué rapidez puede desaparecer la confianza. 
Pasará mucho tiempo antes de que podamos recuperarla. 
La EEB es sólo una de las cosas que han ocurrido en los últimos tiempos. 
También están los largos transportes de animales vivos y muchas otras cosas que deben reformarse para que cambie la totalidad de la política agrícola comunitaria. 
Para recuperar la confianza, habrá que adoptar medidas a largo plazo, que tengan efecto durante mucho tiempo y en diversos planos. 
En general, opino que la propuesta de la Comisión es buena. 
Es drástica, pero razonable y equilibrada. 
Se necesitará un período de transición, pero es una meta correcta, que implica el comienzo de la aceptación de principios más acordes con el mercado. 
La Comisión alude también a una revisión de la política agrícola en 2002. 
En mi opinión, se debería iniciar este año. 
La condición para el respaldo de la Unión es que se modifique la política agrícola común, aunque, obviamente, se necesitarán algunos años de transición. 
No podemos seguir produciendo carne para almacenarla; hay que producir para el consumo. 
La duda es si la propuesta de la Comisión es suficiente para recuperar la confianza; presumiblemente no lo es. 
Por tanto, habrá que hacer algo más. 
Ciertos aspectos de la propuesta de la Comisión no son del todo provechosos. 
Uno de ellos es la distribución de los costes entre la Unión y los Estados miembros: actualmente el la UE se hace cargo del 70 por ciento y los Estados miembros del 30 por ciento. 
Esto es una parte del fundamento jurídico, pero debe modificarse tan pronto como sea posible. 
Existen al menos dos motivos para que los costes se repartan por mitades. 
En primer lugar, por razones presupuestarias, para que sea posible realizar esta operación. 
Más del 40 por ciento del presupuesto comunitario se destina a la agricultura. 
No se debe sobrepasar este nivel. 
En segundo lugar, es razonable que se repartan de otro modo. 
Desde hace tiempo conocemos los problemas y sus causas. 
No obstante, los diferentes países han hecho cosas muy distintas, y los que han invertido para evitar esta crisis han asumido los costes correspondientes. 
Es razonable entonces que los que no han hecho mucho, o, quizás, no han hecho nada, asuman una mayor parte de los costes necesarios para solventar la crisis. 
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento Europeo va a aceptar este presupuesto rectificativo y suplementario prácticamente en los términos en los que le ha sido entregado por la otra institución. 
Aceptamos que aquí nos enfrentamos a una situación de verdadera emergencia presupuestaria. 
Necesitamos esos 900 millones de euros más, para hacer frente al plan que la Comisión ha diseñado para combatir la encefalopatía espongiforme bovina. 
Sobre todo, necesitamos hacer llegar a nuestros ganaderos y a la opinión pública que la Unión Europea es una solución común a sus problemas. 
Haríamos un daño irremediable al proceso de construcción europea si, con motivo de esta crisis general- que es la primera crisis realmente general de la Unión -, no encontráramos una respuesta común. 
Y esta respuesta debe ser ante todo financiera. 
Más adelante se podrá discutir cuándo debemos aplicar todos los principios de la Agenda 2000 al ámbito de la agricultura, pero ahora- repito- no es el momento de andar hablando sobre el futuro de la Política Agrícola Común. 
Ahora hay que dar respuestas reales, respuestas financieras, hay que ayudar con euros reales a la ganadería europea. 
No es el momento de discutir las tasas de cofinanciación, y, por eso, hay una mayoría de este Parlamento que, en principio, rechaza las enmiendas presupuestarias al informe Haug, a pesar de la opinión de algunos colegas como el Sr. Stenmarck. 
Queda un tema financiero pendiente: ¿en la categoría 1 habrá dinero suficiente para medidas adicionales cuando sean necesarias allá para el mes de mayo? 
La Agenda 2000 fija un marco presupuestario multianual, que se ha aprobado por unanimidad en el Consejo y por mayoría suficiente en el Parlamento Europeo. 
Por tanto, ¿no sería éste el momento de decir por qué el presupuesto real para el año 2001 es, en un porcentaje relevante, inferior a lo aprobado en las perspectivas financieras de Berlín para este año? 
Quiero decir también que, tal vez, el verdadero debate financiero no está en buscar una revisión imposible de las perspectivas financieras aprobadas en Berlín, sino en cumplir con lo que realmente se prometió en Berlín que se iba a presupuestar. 
Creo que ésta sí sería una respuesta verdaderamente europea. 
Señor Presidente, la propuesta de presupuesto suplementario de 971 millones de euros para fortalecer la financiación de las medidas de lucha contra la EEB me parece necesaria y justa. 
Con ese refuerzo queda prácticamente agotado el margen presupuestario aún disponible para los gastos agrarios en el ámbito de la PAC. 
Por eso, es natural y necesario iniciar el debate sobre la financiación de la crisis de la EEB en los próximos años. 
Pero se deberá celebrar ese debate con tiempo y con método, incluyendo en él una evaluación global de la agricultura europea, del estado actual del mundo rural y de las respuestas que la PAC ha dado a esa realidad. 
En mi opinión, habrá que replantear la PAC para dar respuestas adecuadas a lo que hoy se denomina "modelo agrario europeo" e incluso será necesario modificar la redacción de sus objetivos en los Tratados. 
Porque es verdad que la PAC hoy está en gran medida superada en sus fundamentos, objetivos e instrumentos de ejecución. 
Pero lo que me parece inaceptable es aprovechar el pretexto de la crisis de la EEB para forzar reformas al gusto de las conveniencias de cada cual. 
Y eso es lo que parece desprenderse de las enmiendas ahora presentadas por la Comisión, que se proponen modificar las bases de la cofinanciación de las medidas de apoyo al sector bovino. 
Todos sabemos que algunos Estados miembros quieren renacionalizar la PAC. 
Considero que eso es un error tremendo que hará retroceder a la Unión Europea en vez de hacerla avanzar, lo que castigará de forma especial a los países más pobres, cuyos agricultores pasarán a recibir un trato negativo en comparación con sus colegas comunitarios. 
Ahora bien, se deberá celebrarlo en el marco de una evaluación global de la PAC y otras políticas comunitarias y no de esta forma oportunista, aprovechando una crisis para hacer prevalecer egoísmos nacionales, cuando lo que se exige es una respuesta solidaria, comunitaria, a quienes se encuentran en dificultad. 
Señor Presidente, intervengo en apoyo de este presupuesto que se destinaría a paliar la crisis de la EEB. 
Debemos reconocer que será necesario incinerar un gran número de las reses más viejas para restablecer la confianza de los consumidores. 
Esta medida tiene la ventaja de dar salida a parte de la producción cuando se incineren dichas reses, por lo tanto, apoyo la mayor parte de este presupuesto que irá destinado a la incineración de las reses más viejas. 
A medida que avanzamos hacia la reforma de la PAC- y todos reconocemos que debe ser reformada- no podemos hacerlo con una pistola apuntándonos en la sien. 
Debemos hacerlo de una manera tranquila. 
De nada sirve echar las culpas al agricultor grande en detrimento del agricultor pequeño. 
No es así de fácil. 
El problema es la producción intensiva y ésta no siempre ocurre en las grandes explotaciones agrícolas. 
En Europa no podemos limitarnos a analizar la producción de nuestros productos alimentarios en el marco de la PAC. 
Debemos analizar asimismo las importaciones de productos alimentarios procedentes de fuera de la Unión Europea. 
Es una locura que pongamos nuestros asuntos en orden para que luego entren en la Unión Europea alimentos que no reúnen las mismas condiciones de seguridad que los nuestros. 
Debemos mantenernos muy atentos a esto, aunque no conviene que adoptemos una actitud demasiado negativa en lo que respecta al consumo. 
El consumo puede volver y en el Reino Unido ha vuelto. 
Ha sido un proceso doloroso, pero ahora no es el momento de emitir juicios sobre cuál será exactamente el consumo en Europa dentro de seis meses. 
Si se aplican las medidas de seguridad, si se restablece la confianza, el consumo volverá a aumentar de manera espectacular. 
Será entonces el momento de reformar la PAC y de asegurarnos de que lo hacemos bien. 
Señor Presidente, apoyo el presupuesto suplementario y reconozco que es necesario. 
Apoyo la idea de la proporción 70/30, como ya sucediera en el pasado. 
Quiero señalar que en este Parlamento hay algunos que piensan que, reduciendo el presupuesto comunitario y obligando a los Estados miembros a asumir el coste, estamos ahorrándoles algo a los contribuyentes. 
Nada más lejos de la realidad. 
La cuestión es si los fondos se desembolsan a través de la Unión Europea o a través de los gobiernos nacionales. 
En cualquier caso, la crisis es una realidad y repercutirá sobre los contribuyentes europeos. 
No es la mejor adecuada que los diputados a este Parlamento recomienden que deleguemos nuestras responsabilidades sobre los gobiernos nacionales. 
Quisiera subrayar, una vez más, el hecho de que en esta Unión Europea parecemos tener la sensación, cuando presentamos un presupuesto suplementario de esta magnitud, que es una pesada carga para los contribuyentes de Europa. 
En realidad se trata de un importe relativamente pequeño. 
El presupuesto de la Unión Europea representa poco más del 1%. 
Ahora bien, los Estados miembros que libran la batalla más dura y vociferante contra el incremento de dicho presupuesto son aquellos que se llevan entre el 47 y el 50% para su propia utilización. 
Por consiguiente, la Unión Europea se lleva el 1%, importe del que en el pasado la agricultura se llevaba el 80%. 
Actualmente se destina a la agricultura el 40%, o sea que en términos de porcentaje del PIB, el presupuesto de la Unión Europea recibe mucho menos de los contribuyentes europeos que hace 15 o 20 años. 
La otra cuestión que me gustaría plantear es que son muchas las personas que, al relacionar estos brotes infecciosos con la política agrícola común, tienden de alguna manera a culpar del problema a la PAC. 
Lo cierto es que el consumidor europeo nunca ha disfrutado de unos alimentos tan baratos ni tan seguros. 
La prueba de ello es la longevidad y la buena salud de la población. 
Incluso en las regiones más pobres de esta Unión y en las ciudades más pobres ya no vemos a niños hambrientos porque esta Unión ha garantizado y proporcionado alimentos económicos de alta calidad. 
No deberíamos olvidar eso. 
Entonces, ¿cuáles son las soluciones al problema? 
Hubiera preferido que la Sra. Comisaria nos informara sobre las previsiones de cuál será el consumo durante los próximos tres o cuatro años y sobre la adopción inmediata de medidas para reducir la producción. 
No estoy de acuerdo con mi colega irlandés, Sr. Hyland, cuando dice que producir algo para ser destruido beneficia a todos. 
Señor Presidente, Señorías, hace ya varias semanas que el debate público se centra en la política agrícola. 
Esto constituye un reto y una oportunidad para dicha política, pues ha quedado claro que es necesario desarrollar un debate sobre cuáles son, de hecho, nuestras expectativas con respecto a la misma. 
¿Nos preocupan sólo los aspectos cuantitativos o también, y en qué medida, nos interesa la calidad? 
¿Con cuánta firmeza debemos perseguir los objetivos marcados para el sector agrario, en materia de protección del paisaje, preservación de los cultivos, bienestar de los animales y preservación del medio ambiente? 
En el curso del debate también hemos escuchado las intervenciones de muchos oradores que han dejado claro que anteriores propuestas, respaldadas en el pasado por la Comisión y el Parlamento Europeo, ya incorporaban con gran firmeza estos objetivos, pero el Consejo lamentablemente las rechazó. 
Yo espero que el Consejo reconozca ahora que no puede continuar eludiendo este debate, sino que debe abordarlo. 
Sin embargo, también debo añadir, como es obvio, que dicho debate centrado en los objetivos tampoco debe olvidar, naturalmente, las acciones necesarias en el contexto de la crisis actual. 
Abstenerse de adoptar decisiones no mejora la situación, sino que en realidad sólo la agrava. 
La Comisión ya asumió su responsabilidad de presentar propuestas en noviembre/diciembre, cuando estalló la segunda crisis de la EEB. 
Ahora se trata de garantizar la financiación de las decisiones que ya se adoptaron en diciembre. 
Un presupuesto suplementario de 971 millones de euros es muy elevado y yo agradezco mucho que el Parlamento se muestre dispuesto a aprobarlo. 
Los 971 millones de euros adicionales significan que este año se van poner a la disposición del sector de la carne de vacuno más de 7 millardos de euros en total. 
Esto representa un incremento superior al 50% con respecto al año pasado. 
Quiero resaltarlo para dejar claro que la Unión Europea no está abandonando a los agricultores en la presente crisis, sino que vamos a destinar una parte importante de nuestro presupuesto justamente a ese fin. 
Yo creo que también es necesario volver a resaltarlo. 
No obstante, yo también coincido con quienes manifiestan que dedicar 6 millardos de euros a subvencionar la producción y gastar ahora otro millardo para deshacernos de ella mediante su destrucción parcial, demuestra evidentemente con toda claridad la necesidad de una actuación en este ámbito con vistas a su reorientación. 
Voy a repetir muy brevemente a qué se va a destinar el presupuesto suplementario: una parte, concretamente 33 millones, se destinará a financiar pruebas adicionales de detección de la EEB, una parte importante se destinará a adquisiciones de intervención y la mayor parte, a la adquisición de reses para su destrucción. 
Es preciso decirlo claramente. 
Sin embargo, ese dinero lo recibirán los agricultores, como compensación parcial por la pérdida de ingresos. 
Permítanme que les recuerde, asimismo, que en el sector de la carne de vacuno se aplican una serie de sistemas muy distintos. 
La Unión Europea está obligada a adquirir, en efecto, al menos la carne de los bovinos machos cuando el precio cae por debajo de un determinado margen. 
¿Y cómo se debe valorar, en realidad, la acción desde el punto de vista ético? 
Evidentemente es lamentable que ahora se pongan a disposición 700 millones de euros para la destrucción de las reses. 
Es un episodio lamentable para la política agrícola y para el contribuyente. 
Sin embargo, también es preciso añadir que en realidad no tenemos otra alternativa. 
No propugnamos un programa de sacrificio de animales, sino una medida necesaria debido a que el número de reses sacrificadas se ha reducido con respecto al habitual. 
También quisiera añadir un breve comentario sobre la ayuda alimentaria como una posible alternativa. 
La ayuda alimentaria en forma de carne de vacuno requiere, empero, que los países receptores dispongan de circuitos cerrados de refrigeración. 
En efecto, no se puede cargar simplemente la carne de vacuno en un buque y trasladarla a una zona necesitada, pues llegaría podrida y no serviría de nada. 
Es preciso tener en cuenta todos los detalles. 
Las experiencias de la Unión Europea en este aspecto, que en la práctica ocasionaron la destrucción parcial del mercado regional, deberían servirnos de advertencia para no volver a repetir los mismos errores. 
Vuelvo a repetirlo: es evidente que las medidas que nos proponemos aplicar y cuya financiación se trata de garantizar constituyen un paquete de urgencia. 
Ya hemos iniciado el debate sobre el siguiente paso, también en el marco del Consejo de Ministros de Agricultura. 
Evidentemente debemos y podemos debatir sobre la necesidad de adoptar más medidas. 
No obstante, también es preciso alcanzar algún acuerdo. 
Debo añadir asimismo que me asombran algunos de los comentarios que he leído en la prensa sobre el paquete que propone el Sr. Fischler, una parte de los cuales guardan ya muy poca relación con la propuesta. 
Después de leer que el Sr. Fischler supuestamente ha ordenado un gigantesco programa de sacrificio de reses, yo quiero resaltar que lo que se propone es que la Unión Europea adquiera la carne que en este momento no encuentra compradores. 
Por nuestra parte, manifestamos que sólo vamos a aplicar esta medida si existe una cofinanciación, o sea, que los Estados miembros también deben financiar una parte. 
Cuando esto provoca un rechazo tan indignado, pero al mismo tiempo se mantiene extendida la red de seguridad y queda claro que la Unión Europea deberá hacerse cargo de las adquisiciones, a veces no puedo evitar tener la impresión de que nos encontramos ante una maniobra para traspasar la responsabilidad a otro. 
En lo que respecta a las medidas de más largo alcance que se podrían adoptar al margen de la crisis, es bueno que tengamos muchas propuestas sobre la mesa. 
También me parece acertado que se siga reflexionando al respecto, por ejemplo sobre una posible prima por la pronta comercialización, puesto que, en efecto, una parte del problema ya se habría resuelto si los animales se comercializasen con la mitad de peso, en vez de seguir engordándolos. 
También me parece importante que se considere la posibilidad de disociar la prima de la producción obligatoria, con el fin de incorporar con mayor firmeza al sistema de primas los demás objetivos de la agricultura. 
Sin embargo, tiene que quedar claro que las medidas cuya financiación nos proponemos garantizar hoy eran necesarias como una primera respuesta de urgencia. 
En el caso del segundo paquete, el tema sigue siendo la gestión de la crisis. 
No obstante, a continuación ya se habrán dado los pasos necesarios y en la tercera fase tendremos que empezar a abordar la evaluación intermedia, con objeto de incorporar con mayor firmeza los restantes objetivos de la agricultura a nuestro sistema de primas. 
Quiero referirme brevemente al tema de la epizootia de la fiebre aftosa, puesto que algunos colegas también lo han mencionado con razón. 
El desastre en el Reino Unido ya ha alcanzado, en efecto, una gran magnitud. 
Dado el período de incubación, en los próximos días va a ser posible confirmar si la enfermedad se ha extendido al continente. 
Tenemos que estar preparados para esta eventualidad. 
En nuestra calidad de responsables del presupuesto, también debemos estar preparados para la eventualidad de que nos afecten graves problemas. 
Tenemos que estar preparados para afrontar el hecho de que la crisis del sector agrario quizá todavía no haya tocado fondo. 
Yo espero que no sea así, pero también debemos tener presente esta posibilidad. 
Por esto es aún más importante que gestionemos la crisis con un planteamiento claro, pero avanzando al mismo tiempo por un camino que conduzca a nuestros objetivos, o sea, el de la fusión de los objetivos de la política agraria con los de la protección del consumidor, del bienestar de los animales y del medio ambiente. 
Señor Presidente, permítame hacer una pequeña observación. 
Varios oradores han señalado que no es legal transformar la relación 70-30 en 50-50. 
Ésa no es la opinión del servicio jurídico del Parlamento, que me ha dicho que es plenamente posible. 
Muchas gracias, señor Mulder. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Situación relativa a la fiebre aftosa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre la evaluación de la situación en materia de fiebre aftosa. 
. (EN) Me alegra tener esta oportunidad de poner al día a sus Señorías sobre los últimos acontecimientos en relación con el brote de fiebre aftosa en el Reino Unido. 
Como ya sabrán, el primer brote se confirmó el 20 de febrero por la noche. 
La Comisión adoptó una decisión de salvaguarda el día siguiente, es decir, el 21 de febrero, en una reunión de la Comisión. 
Esta medida impone la prohibición de exportar desde el Reino Unido determinados animales vivos, a saber, ganado vacuno, ovino y caprino, y restricciones sobre la exportación de carne, productos cárnicos, leche, productos lácteos y determinados productos animales. 
Asimismo prevé una revisión de la Decisión del Comité veterinario permanente de 27 de febrero. 
Esta acción inmediata ha sido criticada en algunos círculos como una reacción de pánico. 
Nada más lejos de la verdad. 
Es una reacción fundamental y muy necesaria ante una enfermedad muy infecciosa que puede tener enormes consecuencias económicas y comerciales para toda la Unión Europea, algunas de las cuales han sido expuestas hace sólo un momento por la Sra. Schreyer. 
Me ha animado que la decisión recibiera el firme respaldo del Consejo de Agricultura del pasado lunes. 
Asimismo cuenta con el respaldo de la comunidad agrícola de toda la Unión Europea, incluida la del Reino Unido, porque los ganaderos son conscientes de la grave amenaza que esta enfermedad en particular representa para sus medios de vida. 
Lamentablemente, el número de brotes no ha dejado de crecer y su número se eleva actualmente a 22. 
Este brote presenta una serie de aspectos preocupantes que me gustaría enumerarles. 
En primer lugar, se ha detectado en varios condados diferentes de Gran Bretaña, muy repartidos por toda la geografía. 
En segundo lugar, se ha descubierto no sólo en granjas, sino también en mataderos, instalaciones de mayoristas y en puntos de recogida. 
Asimismo, se han exportado a otros Estados miembros animales susceptibles de estar infectados, en particular, ganado ovino, antes de que se confirmara el brote. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al Reino Unido por su acción tan firme para controlar el brote. 
El 23 de febrero, el Reino Unido impuso una restricción total sobre el desplazamiento de ganado en Gran Bretaña con vistas a reducir la propagación de la enfermedad. 
Esta prohibición se ha prorrogado durante otros quince días. 
Habida cuenta del período de incubación de la enfermedad, aún no se advierten del todo las consecuencias de esta medida. 
La Comisión, evidentemente, mantiene un seguimiento constante de la situación y estamos en contacto permanente con las autoridades veterinarias del Reino Unido y de otros Estados miembros. 
La situación fue revisada ayer en una reunión del Comité veterinario permanente. 
A la luz de la puesta al día, por parte del representante del Reino Unido, sobre la presente situación y de las opiniones de los expertos veterinarios de los Estados miembros, los servicios de la Comisión han propuesto lo siguiente. En primer lugar, que el plazo de la actual prohibición se amplíe hasta el 9 de marzo. 
Esta decisión la ha tomado la Comisión en su reunión de esta mañana. 
En segundo lugar, los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas cautelares, incluido el aislamiento de animales susceptibles y el sacrificio preventivo de los animales exportados del Reino Unido entre el 1 y el 21 de febrero. 
El Comité veterinario permanente emitió un dictamen favorable a esta propuesta, que ahora será aprobada por la Comisión con vistas a su entrada en vigor antes de que expire la decisión actual, que será a las 24.00 horas del 1 de marzo. 
La nueva decisión expirará a medianoche del 9 de marzo de 2001 y será revisada en la reunión del Comité veterinario permanente prevista para los días 6 y 7 de marzo. 
Nuestro enfoque actual se centra en la erradicación de la enfermedad. 
Únicamente recurriríamos a la vacunación como último recurso, puesto que esta medida cuestionaría la situación de la Unión Europea en términos de enfermedades y conllevaría en el futuro unos costes muy importantes para la comunidad agrícola y para los exportadores. 
No hay ninguna duda de que tenemos razones para estar muy preocupados por la actual situación. 
Es mucho lo que está en juego y los costes de un fracaso en los intentos de controlar el brote son muy elevados. 
Por otra parte, el momento en que se ha producido el brote, cuando la crisis de la EEB continúa causando estragos, no podría ser peor. 
Por ejemplo, el brote ya se ha atribuido a controles deficientes de las importaciones y al carácter intensivo de la producción agrícola en la Unión Europea. 
Naturalmente, estudiaremos todos estos temas durante las próximas semanas y meses en nuestras investigaciones sobre los orígenes de la enfermedad. 
No obstante, no deberíamos pasar por alto el hecho de que la Comunidad ha tenido un enorme éxito en el logro de su actual situación en lo que respecta a la fiebre aftosa, al menos hasta hace un par de semanas. 
La campaña de vacunación finalizó en 1991, y desde entonces ha supuesto un ahorro para los agricultores de más de mil millones de euros. 
Asimismo ha permitido a los Estados miembros exportar a países que insisten en importar únicamente de países que hayan sido reconocidos libres de fiebre aftosa y que no permiten campañas de vacunación. 
Desde entonces, no ha habido ningún caso aparte del de Italia en 1993 y algunas incursiones de la enfermedad en Grecia, en las proximidades de la frontera turca. 
Antes de que se aplicara la política de no vacunación, en 1991, se registraban cientos de casos cada año. 
Espero poder contar con el apoyo del Parlamento al enfoque actual de tolerancia cero en lo que respecta a esta enfermedad. 
A continuación, me gustaría oír sus opiniones sobre la actual situación. 
Muchas gracias, señor Comisario Byrne. 
A continuación, se procede a la celebración del turno de preguntas. 
Hay muchos diputados ya inscritos, por lo que formularemos las preguntas en series de tres para permitir que se responda a un mayor número de ellas. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su comedida declaración de esta tarde. 
Puede que sus Señorías no lo sepan, pero la granja de Heddon-on-the-Wall, en el noroeste de Inglaterra, que parece ser el centro de este brote, se encuentra en mi circunscripción y, por consiguiente, conozco de primera mano la gran devastación que está causando a la comunidad agrícola y los trastornos que está provocando al sector de transformación cárnica, por no hablar de la restricción del acceso a las actividades del campo. 
Quisiera expresar a la comunidad agrícola del Reino Unido nuestra gran compasión y preocupación por esta situación. 
También me gustaría decir a los colegas de la Europa continental que esperamos sinceramente que no hayamos exportado la enfermedad al continente. 
Acojo muy favorablemente lo que ha dicho el Sr. Comisario sobre las medidas adoptadas por el Gobierno británico. 
Todos sabemos que el sacrificio y la inmovilización de los animales es uno de los mejores medios para controlar el brote. 
También ha mencionado la vacunación como otra posibilidad. 
¿Puede decirnos algo sobre los plazos previstos para la vacunación? 
Señor Presidente, señor Comisario, yo quisiera hacerle dos preguntas. 
La peligrosa epizootia de la fiebre aftosa viene a sumarse a las actuales medidas de protección relacionadas con la EEB. 
Yo recuerdo cuando en los años cincuenta se cerraron localidades enteras para evitar la propagación de la enfermedad. 
Señor Comisario, ¿en qué medida se están cumpliendo las estrictas disposiciones legales en lo que respecta al traslado de animales? 
Yo creo que es preciso aplicar con todo rigor otras medidas correctoras a quienes, después de lo ocurrido con la EEB, todavía no respeten las disposiciones legales. 
¿Qué grado de seguridad existe en la Unión Europea en lo que respecta a la identificación obligatoria? 
Usted ha dicho que por el momento su principal objetivo es la erradicación y el control de los traslados. 
¿Qué preparativos han realizado con vistas a las vacunaciones estratégicas de los animales, que sin duda están repartidos por toda Europa y no deberían contribuir a propagar la enfermedad? 
¿Están bien preparados? 
Gracias, señor Comisario, por su comparecencia de hoy. 
Solicité en la Comisión de Agricultura la celebración de un debate sobre este tema y le agradezco que haya venido. 
También hago míos los sentimientos del Sr. Adam. 
Quisiera expresar mi sincera solidaridad con las personas de Gran Bretaña que se han visto afectadas por este brote y mi pesar porque hayamos podido exportar esta enfermedad. 
En este sentido, quisiera decir que sentimos una gran preocupación. 
No obstante, es de vital importancia que no escatimemos medios para impedir que esta situación se repita en el futuro. 
Me gustaría saber, señor Comisario, si estudiará- como ha indicado en su intervención- la posibilidad de reforzar las medidas fitosanitarias de manera que podamos disponer de alimentos sanos y seguros en el Reino Unido y en Europa. 
¿Podría responder, señor Comisario, a dos preguntas breves? ¿Ha solicitado el Gobierno británico a la UE la financiación plena, haciendo uso, entre otros, del régimen agromonetario, y cuál es la situación del ganado ovino en Alemania? 
¿Hemos solucionado por fin el problema de las ovejas infectadas? 
. (EN) En respuesta a la pregunta del Sr. Adam sobre los plazos para la vacunación, permítanme repetir lo que dije anteriormente y hacer hincapié en que sólo recurriremos a la vacunación, como política, como último recurso. 
No contemplamos esa opción, salvo como último recurso. 
Aun en semejantes circunstancias, sería necesario solicitar las opiniones del Comité veterinario permanente y, también, presentar la propuesta al Consejo de Agricultura para su consideración. 
La medida entrañaría enormes costes y la posible pérdida del comercio. 
Sería una decisión drástica con muchas repercusiones. 
Por consiguiente, los plazos reflejarían la difícil naturaleza de semejante decisión y la necesidad de realizar una amplia consulta a los organismos a los que me he referido. 
La pregunta siguiente es relativa al grado de preparación de la Comisión y de la Unión Europea para prohibir los desplazamientos. 
La Comisión y las autoridades legislativas de la Unión Europea tienen el deber de establecer legislación a escala de la UE y corresponde a los Estados miembros aplicar sobre el terreno dicha legislación. 
Por lo tanto, para prohibir los desplazamientos desde el Reino Unido, la legislación se aplicó en primer lugar a escala del Reino Unido. 
Existe asimismo legislación de la UE, que ha sido estudiada en las reuniones del Comité veterinario permanente, el cual se mantiene en contacto permanente con los servicios veterinarios del Reino Unido, nuestros propios servicios veterinarios y la Comisión, así como con otros servicios veterinarios que se consideran necesarios. 
Se ha identificado a los animales susceptibles, que se encuentran bajo estricta vigilancia. 
Es más, como sabrán probablemente, muchos animales ya han sido destruidos. 
El Sr. Sturdy me dirigió a continuación dos preguntas. 
En primer lugar, ¿ha solicitado el Reino Unido algún tipo de financiación? 
La respuesta a esa pregunta es no. 
No ha habido ninguna solicitud en este sentido y tengo entendido que los costes aún se desconocen. 
Sobre la pregunta del ganado ovino en Alemania, la información actualizada de que dispongo sobre esta cuestión es que los casos sospechosos siguen considerados como sospechosos o han dado negativo. 
Asimismo, no existe ninguna confirmación de ningún caso de fiebre aftosa en Alemania, en contra de las informaciones aparecidas hoy mismo o ayer. 
¿Está la Comisión en condiciones de ofrecernos garantías en relación con el caso de Armagh, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, desde donde hoy nos han vuelto a llegar noticias de un caso sospechoso; ovejas importadas del mercado de Carlisle, algunas de las cuales, al parecer, han proseguido su viaje hacia el sur de la República. 
De hecho, mientras hablo con usted, acabo de oír un rumor- y esperemos que no sea más que eso- acerca de ovejas en Wexford, mi circunscripción, que han sido identificadas y que están siendo incineradas en estos precisos momentos. 
Una vez más, está pendiente de confirmación, pero al parecer existe una propagación en ovejas procedentes de Carlisle que han sido trasladadas a un mercado de Armagh, que se extiende entre los límites de la circunscripción europea de Leinster, que yo represento, y la zona de exclusión. 
¿Señor Comisario, podría ofrecernos los últimos datos al respecto? 
Espero, una vez más, que sólo sea un caso sospechoso y que así se confirme. 
¿Está satisfecho, señor Comisario, con la vigilancia y las medidas de desinfección adoptadas en todos los puertos y aeropuertos de la UE y, en particular, en Irlanda y Gran Bretaña, como debe ser, y tiene usted algún papel en este ámbito? 
Señor Presidente, señor Comisario, parece que nuevamente nos encontramos ante un vertido de residuos- en este caso procedentes de un aeropuerto- y que éstos fueron el desencadenante de la epizootia. 
En primer lugar, ¿no cree que sería razonable reforzar los controles estatales estableciendo la acreditación obligatoria de las empresas que trabajan en el sector de la eliminación de residuos? 
En segundo lugar, ¿van a garantizar que las explotaciones reciban una indemnización cuando el fondo de enfermedades animales de los países resulte insuficiente? 
En tercer lugar, ¿no cree que en adelante convendría observar mayores cautelas en el desarrollo del programa de sacrificio de animales, habida cuenta que la presente epizootia requiere un programa de sacrificios más amplio de lo que habíamos previsto? 
Al menos habría que proceder con cautela. 
Yo no deseo que eso ocurra, pero el riesgo existe, señor Comisario. 
Evidentemente, los ganaderos del Reino Unido y de mi circunscripción, donde tenemos un caso sospechoso, están absolutamente desolados por este brote, que viene a sumarse a la EEB. 
El Sr. Comisario ha dicho que hasta ahora no se ha solicitado ninguna financiación de la UE para esto. 
¿Ayudará, señor Comisario, al Gobierno británico a esclarecer de dónde proviene originalmente el brote de fiebre aftosa porque, según ha dicho, no importamos de países que no estén fuera de toda sospecha. 
He pensado que podría tratarse únicamente de regiones de determinados países. 
¿Podría ser algo más concreto al respecto? 
¿Estaría dispuesto a reconocer conmigo que el cierre de los mataderos más pequeños en el Reino Unido haya podido provocar la propagación de la enfermedad? 
. (EN) En primer lugar, en respuesta a la Sra. Doyle, la situación, como comprenderá, cambia por momentos, pero puedo confirmarle que, en estos precisos momentos, no existe ninguna confirmación de la situación en Armagh sobre la que me ha preguntado. 
Obviamente, se mantiene una vigilancia activa de la situación. 
Las autoridades han cerrado la granja y la mantienen bajo estrecha vigilancia. 
Hoy mismo recibiré información sobre dicha situación. 
Respecto a su circunscripción de Wexford, señora Doyle, no tengo noticias de los rumores a los que ha hecho referencia. 
No he sido informado de nada en relación con eso. 
En lo relativo a la vigilancia en las fronteras, es competencia de los Estados miembros. 
A raíz de mis contactos con los Estados miembros y, también, de mi propia observación de la situación, puedo asegurarle que los Estados miembros son plenamente conscientes de la gravedad de la situación. 
Debemos centrarnos en la restricción de la circulación de animales vivos, así como de los productos de origen animal. 
Sé, por los informes que me han sido facilitados, que los Estados miembros están adoptando la clase de precauciones que consideramos adecuadas para suprimir los desplazamientos e intentar garantizar el nivel de riesgo más bajo posible. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf me ha preguntado sobre compensación. 
Como han podido oír en la intervención de la Sra. Schreyer de esta misma tarde, existe esa posibilidad. 
Existe una línea presupuestaria para este tipo de situaciones, aunque, como les comunicaba la Sra. Comisaria, existen también límites presupuestarios. 
Tengo entendido que existe una dotación anual de 50 millones de euros aproximadamente para este fin. 
Ignoro cuál es la cantidad exacta que podría destinarse a una cuestión como ésta, pero creo que se sitúa en algo menos de 50 millones de euros. 
La Sra. Lynne me ha preguntado sobre la diferenciación en la designación entre regiones y países. 
La situación es que cualquier país tercero que haya tenido un brote de fiebre aftosa en una región cualquiera queda excluido de la posibilidad de exportar productos a la Unión Europea. 
Esta medida obedece a la legislación que exige que todo producto exportado deberá ir acompañado de un certificado que garantice la ausencia de esta enfermedad. 
Si una región no puede proporcionar dicho certificado, el producto no puede ser exportado. 
Éste ha sido el caso en el pasado y sigue siéndolo, y se ha aplicado en fecha reciente a un caso concreto. 
Con respecto a la pregunta sobre los pequeños mataderos, ya me he referido antes a ello en mi intervención. 
Volveré una vez más sobre mi declaración y repetiré que la fiebre aftosa fue en el pasado un problema más grave que ahora. 
Les he dado a conocer los casos de brotes que se han producido en el pasado más reciente; uno en Italia y otro pequeño en Grecia, junto a la frontera turca. 
En la Unión Europea nos hemos mantenido sorprendentemente libres de la fiebre aftosa durante dicho período. 
En lo que respecta a cualquier solicitud o autorización de compensación al Reino Unido, estamos a la espera de recibir una solicitud de compensación que, naturalmente, será objeto de la debida consideración como es habitual. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos encontramos nuevamente frente a una crisis dramática, y voy a completar las preguntas de mis colegas con respecto a dos puntos. 
Primero, usted ha respondido al Sr. Graefe zu Baringdorf que todo lo que entraba en la categoría del fraude era, en efecto, responsabilidad de los Estados. 
Naturalmente, pero, en todo caso, la Comisión debe comprobar que haya personal suficiente para efectuar el seguimiento de estos expedientes. 
En tal sentido, ¿en qué punto estamos con respecto a su dirección, la dirección SANCO? 
¿Cuenta hoy usted con personal suficiente- por más sacrificado que éste sea- para ocuparse correctamente de todas las tareas urgentes, de esta última vicisitud después de la EEB, y de muchas otras? 
Es una primera pregunta. 
Segunda pregunta; usted acaba de descartar algo precipitadamente, en mi opinión: el hecho de que los mataderos locales no son una solución para este tipo de problema, ya que estos pequeños mataderos no son lo que eran hace cincuenta años. 
Por tanto, ¿acaso la proximidad no es una solución para estas crisis que se desarrollan? 
Lo vemos muy bien en el Reino Unido, en particular con el problema de los transportes de animales durante trayectos largos, lo que, aparentemente, crea y desarrolla la epidemia. 
Señor Presidente, las autoridades británicas se han mostrado algo evasivas a la hora de facilitar informaciones sobre el destino de la exportación de animales vivos. 
Quisiera saber, señor Comisario, si es posible obtener la lista de los países a los que el Reino Unido podría haber exportado animales vivos potencialmente infectados con esa enfermedad de la fiebre aftosa. 
Señor Presidente, señor Comisario, ¿disponen de vacunas suficientes para esta modalidad específica, suponiendo que ocurriera lo peor? 
En segundo lugar, un diario alemán con muchas fotografías en color y una gran tirada publica hoy en primera página que la fiebre aftosa se contagia a los humanos. 
Desearía conocer su opinión al respecto. 
(EN) Señor Presidente, respecto a la pregunta de las Sra. Auroi sobre el fraude en los Estados miembros. Cuando existen indicios de fraude en los Estados miembros, existe la obligación de investigarlos exhaustivamente. 
El Estado miembro en cuestión estará obligado a hacerlo y la Comisión estará interesada directamente en garantizar que así se hace. 
En cuanto a la pregunta sobre los mataderos pequeños: sólo puedo repetir lo que ya he dicho anteriormente, es decir, que el último caso de fiebre aftosa en el Reino Unido se produjo en los años sesenta. 
El hecho de que, desde entonces, en los últimos 20 años, haya aumentado el tamaño de los mataderos parece indicar que no existe necesariamente una correlación entre mataderos grandes o pequeños y el brote de fiebre aftosa. 
No obstante, se están estudiando todos los aspectos y la presente situación será evidentemente uno de los factores a tener en cuenta. 
Debemos cuidarnos de no buscar soluciones mágicas ni dejarnos llevar por reacciones precipitadas respecto a las causas. 
Es un aspecto que será sopesado a la hora sacar conclusiones sobre este asunto. 
En la Unión Europea existen 30 millones de dosis de vacunación. 
Sobre la pregunta de si la fiebre aftosa puede contagiarse a los humanos, la posición al respecto parece ser que de producirse, la infección sería extremadamente leve, así como los síntomas, y que los casos serían muy raros. 
En otras palabras, no se considera un problema para la salud pública. 
El Sr. Cunha me preguntó a continuación a qué países ha habido exportaciones. 
Estoy seguro de que esa información está disponible en mi DG. 
No tengo a mano los datos, pero, a mi entender, la lista incluirá con toda probabilidad a Alemania, Francia, los Países Bajos y Bélgica. 
El Reino Unido ha mantenido a mi DG plenamente al día sobre todos los acontecimientos. 
Personalmente recibo faxes y he mantenido varias conversaciones con el ministro responsable, Sr. Nick Brown, sobre estos temas. 
Estoy absolutamente satisfecho del modo en que las autoridades del Reino Unido mantienen puntualmente informada a la Comisión sobre cómo evoluciona la situación. 
Señor Comisario, queremos que sepa que todos nosotros creemos que ha actuado proporcionalmente y no se ha dejado llevar por el pánico. 
El único pánico aquí sería si el brote se representara como una grave amenaza para la salud humana, en vez de para la salud animal, como es el caso. 
Al reconocer la rápida acción del Reino Unido los días 20 y 21 de febrero, ¿podría confirmar que el Reino Unido no ha solicitado realmente retirar el tramo restante del régimen de compensación agromonetaria, como anunció anoche el Ministro británico? 
¿Podría concretar sobre el apoyo adicional que será necesario para que la comunidad agrícola en su totalidad pueda sobrevivir a la pérdida de sus medios de vida, como está ocurriendo ahora a muchas de personas de las que representamos? 
Por último, ¿ha tenido noticias de la Oficina Alimentaria y Veterinaria de Dublín en relación con las causas del brote en Heddon-on-the-Wall? 
Teniendo en cuenta que el riesgo de contagio por tierra y aire es ahora grande, ¿podría al menos garantizarnos que no descartará la vacunación preventiva, al menos como medida adicional, en un intento de frenar la propagación de la enfermedad, aun en el caso de que los animales deban ser destruidos más tarde? 
Señor Presidente, tengo tres preguntas. 
Resulta que existe una diferencia temporal en cuanto a las medidas de ejecución y de prevención adoptadas por los distintos Estados miembros, especialmente en lo que al sacrificio o matanza de ganado procedente de Gran Bretaña se refiere ¿Puede decir algo al respecto? 
¿Pasará igual en el futuro con las nuevas decisiones adoptadas? 
En segundo lugar, resulta que hay problemas para seguir el rastro de los animales que han sido exportados a Europa por el Reino Unido ¿Es cierto? 
¿Cuál es el porcentaje de animales cuyo rastro no se puede seguir? 
En tercer lugar, resulta que el transporte a gran distancia de ganado destinado al sacrificio entraña determinados riesgos ¿Constituye eso un motivo para la Comisión a fin de reflexionar de nuevo sobre la posibilidad de introducir tablas de distancia en relación con el transporte de animales destinados al sacrificio? 
Quisiera hacer una última observación. 
Los ganaderos de Gran Bretaña sufrieron un enorme golpe con la EEB. 
Ahora vuelven a ser golpeados de nuevo seriamente, las palabras no ayudan mucho, pero como dicen en mi país: pena comunicada pena aliviada, y sí quiero decir que nos compadecemos de la suerte de muchas familias que se dedican a la ganadería en Gran Bretaña. 
Como sabe, señor Comisario, este último problema que llega después de la crisis de EEB amenaza con destruir la agricultura e incluso desenmarañar toda la PAC. 
Han circulado muchos rumores sobre personas que, a sabiendas, han retenido información sobre brotes o incluso desplazamientos de ganado. 
¿Podría, señor Comisario, hablar con los Gobiernos de los Estados miembros para ver si es posible interponer, en el marco de sus propios ordenamientos jurídicos, enjuiciamiento penal contra aquellos que actúan de una manera tan irresponsable? 
En segundo lugar, ¿acoge con satisfacción, señor Comisario, la acción voluntaria de muchas personas responsables del mundo del deporte, entre otros, para restringir el desplazamiento de personas. 
En este sentido, en mi país, ¿estaría dispuesto a reconocer, en particular, el acto responsable y desprendido del nuevo dirigente de Fine Gael que redujo su Àrd Fheis a una conferencia en Dublín para contribuir al intento de garantizar que no surja un problema grave en Irlanda? 
Se diría que le han planteado un asunto delicado, señor Comisario. 
. (EN) Señor Whitehead, acojo con gran satisfacción lo que ha dicho a modo de introducción a su pregunta, que usted cree que la Comisión ha actuado de una manera proporcionada. 
Estoy completamente de acuerdo con su valoración de que el único pánico que puede producirse en esta situación es el que provocan personas irresponsables que desatan la alarma por algo que no existe, como es la amenaza para la salud humana. 
Me alegra mucho que haya planteado esta cuestión y me haya dado la oportunidad de hacer hincapié una vez más en ese punto. 
En lo que se refiere a la solicitud de compensación, como usted probablemente sabe, es un tema de la competencia de mi colega Sr. Fischler, pero tengo entendido que las autoridades del Reino Unido se proponen presentar una solicitud y es muy probable que esté en proyecto. 
Sé que este brote representa un duro golpe para los ingresos agrícolas y es algo que se ha tenido plenamente en cuenta en todas las deliberaciones. 
Con respecto a la Oficina Alimentaria y Veterinaria, no nos ha facilitado aún ningún informe, pero quisiera decir que no se descartará ninguna opción en lo que se refiere a la vacunación. 
Como he dicho antes, sin embargo, esta medida sólo sería contemplada como último recurso. 
La pregunta del Sr. Maat es relativa a los diferentes niveles de actuación en los diferentes Estados miembros. 
Creo firmemente que los Estados miembros son plenamente conscientes de la gravedad de la situación. 
Los Estados miembros están adoptando las medidas oportunas, dado el nivel de exposición que en su opinión existe en su propio territorio. 
Estoy satisfecho, por ejemplo, de que un Estado miembro solo haya destruido 47.000 ovejas sin que ninguna de ella haya dado positivo. 
Otros Estados miembros también han destruido un gran número de ovejas y han cerrado mercados e instalaciones afines. 
Se han restringido los desplazamientos. 
Los Estados miembros, en particular aquellos en los que existe el riesgo de haber importado ganado ovino del Reino Unido, están adoptando las medidas oportunas. 
En este sentido, la rastreabilidad ha funcionado muy bien, aunque no faltan las limitaciones. 
No podemos garantizar la identificación individual de ovejas y cerdos en todos los casos. 
El Sr. Cushnahan me preguntó a continuación si debería iniciarse enjuiciamiento penal en caso de fraude. 
Es un tema que compete a los propios Estados miembros. 
No es deber de la Comisión exigir a los Estados miembros que inicien dichos enjuiciamientos penales. 
Pero en el caso de que un Estado miembro persista en el incumplimiento de las leyes de la Unión Europea, la Comisión puede iniciar procedimientos de violación. 
Esta posibilidad no se plantea en el caso que nos ocupa, pero me satisface pensar que en el caso de que existan pruebas de actividad delictiva- y estoy seguro de que su Señoría se refería al Reino Unido cuando me dirigió esta pregunta, señor Cushnahan- las autoridades del Reino Unido saben perfectamente que enjuiciamientos de este tipo es la medida idónea en semejantes circunstancias. 
En lo que respecta a la última parte de su pregunta, si considero o no adecuado que el partido político al que se ha referido haya limitado su Árd Fheis, permítame decir, en primer lugar, que no sigo los asuntos de todos los partidos pequeños de la Unión Europea. 
Otra preocupación que podría perfectamente haberle llevado a esa decisión es si habría acudido alguien a causa de la falta de interés. 
Señor Comisario Byrne, me gustaría volver sobre la cuestión de la carne importada de fuera de la Unión Europea. 
Usted dice que debe estar autorizada. 
Creo que existen problemas con dicha autorización. 
Cuando en dichos países aparece algún brote se produce un lapso de tiempo. 
Todas estas disposiciones deben ser endurecidas. 
Es necesario tener la seguridad absoluta de que la carne procedente de países en los que existe la fiebre aftosa no puede entrar en la Unión Europea. 
Quisiera unir mi voz a la de otros colegas y decir lo terrible que ha sido para la comunidad agrícola de Gran Bretaña. 
Los ganaderos tienen la sensación de que los dioses les han abandonado por completo después de la EEB y ahora la fiebre aftosa. 
Permítame preguntar, en lo relativo a la compensación, si es posible que la Comisión estudie la posibilidad de conceder compensación no sólo a los ganaderos que se han visto afectados directamente por la fiebre aftosa, sino también a aquellos que han debido cerrar sus negocios porque su ganado está inmovilizado. 
Todos estamos de acuerdo en una cosa: los agricultores de toda la Unión Europea ciertamente no necesitaban que les golpeara esta enfermedad en estos momentos, y sin ninguna duda, los agricultores del Reino Unido no lo necesitaban en absoluto. 
Pero es en momentos como éste cuando nos damos cuenta de la movilidad de los animales. 
Basta con mirar el mapa y ver las distancias que recorren. 
La Sra. Doyle ha hecho referencia al miedo que existe en mi condado y en mi circunscripción de Irlanda del Norte. 
Teníamos esperanzas de poder salir indemnes, pero ha quedado demostrado lo peligrosa y altamente contagiosa que es esta enfermedad como consecuencia del desplazamiento de los animales. 
En esta ocasión se ha examinado a todos los animales. 
He estado en contacto con el departamento veterinario local. 
Existe cooperación con el Gobierno de la República de Irlanda e incluso se ha establecido un perímetro que casualmente une ambos lados de la frontera que separa ambas zonas. 
Quisiera hacerle una pregunta, señor Comisario. 
Usted se ha referido a la agricultura intensiva. 
¿Estaría dispuesto a reconocer conmigo que, a pesar de todo el despliegue en los medios de comunicación, la agricultura intensiva y la cría intensiva nada tienen que ver con todo esto? 
De hecho, en 1967, cuando se produjo el último brote, no existía el tipo de explotación que tenemos ahora. 
¿No estaría dispuesto a reconocer conmigo que es así? 
. (EN) En primer lugar, en respuesta al Sr. Parish y su inquietud por las importaciones desde terceros países. 
Quisiera hacer hincapié, una vez más, en los estrictos controles a que son sometidas las importaciones, y el hecho de que no se haya producido ningún caso de fiebre aftosa- o muy pocos en uno o dos países- es buena prueba de ello. 
En cuanto a la compensación, la situación es que sólo podemos compensar en el marco del Reglamento, que no incluye la pérdida de producción. 
Respecto a los desplazamientos, confirmo que esta enfermedad en particular puede ser propagada por el viento. 
En respuesta al Sr. Nicholson, quisiera repetir lo que he dicho anteriormente en relación con este asunto sobre la agricultura intensiva y extensiva. 
No creo que este factor en particular tenga una importancia significativa sobre este brote concreto de la enfermedad. 
Sé que no faltan las especulaciones en los medios de comunicación en relación con esto y, evidentemente, en todas nuestras deliberaciones sobre el origen de esta enfermedad y su propagación, es uno de los factores que tendremos en consideración. 
Estoy seguro de que toda la Asamblea les desea suerte a usted y al Comisario Fischler en sus cometidos de hacer frente a todas estas responsabilidades que entraña esta terrible enfermedad en estos momentos. 
Comunicaciones electrónicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0061/2001 del Sr. Brunetta, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (COM (2000) 384- C5-0433/2000- 2000/0186 (COD)) 
A5-0053/2001 del Sr. Paasilinna, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM (2000) 393- C5-0428/2000- 2000/0184 (COD)) 
A5-0062/2001 de la Sra. Niebler, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la autorización de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM (2000) 386- C5-0440/2000- 2000/0188 (COD)) 
(IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el sector de las telecomunicaciones en Europa, gracias al estímulo de las Instituciones comunitarias y al impulso innovador del mercado, ha pasado en poco tiempo de un régimen de monopolio nacional a un régimen de liberalización general. Los estímulos dinámicos del mercado y de la tecnología han alimentado el proceso alcanzando resultados, en términos de competencia y de nuevos operadores, en algunos casos superiores a las expectativas. 
En consecuencia, el proceso de revisión del actual marco reglamentario en el sector de las telecomunicaciones que hoy se debate en el Parlamento Europeo, tiene por objeto definir los objetivos generales de los cuales se derivan los principios reguladores del nuevo marco de referencia, de manera que el mercado de las telecomunicaciones pase de una fase de liberalización del mercado a una fase de competencia efectiva. 
El enfoque de la regulación del mercado deberá dirigirse al marco futuro de los mercados, en el cual las condiciones serán mucho más competitivas y diferenciadas, con una rápida difusión de los servicios innovadores y orientarse a la aplicación del Derecho de competencia- competition law- en sustitución de las normas ex ante definidas caso por caso. 
Este objetivo puede lograrse por medio de un conjunto de normas ex ante armonizadas a nivel europeo, caracterizadas por su transitoriedad y excepcionalidad, En otras palabras, la reglamentación ex ante deberá prever las condiciones para su propia eliminación, una vez alcanzado el nivel de competencia satisfactorio, ya que un exceso de regulación va en contra del mercado. 
Con referencia al contenido de la directiva para la que soy ponente, el Parlamento, a través de su Comisión de Industria, ha establecido algunas prioridades. 
La definición de "acceso": la propuesta de la Comisión era extraordinariamente amplia, con lo que una definición poco clara de los términos hubiera podido dar lugar a contenciosos con la entidad reguladora. En particular, existe el riesgo de que tanto la reglamentación como los instrumentos definidos en la directiva se apliquen de manera indiscriminada a circunstancias conceptuales extremadamente diferentes, como el acceso a los servicios finales, a los elementos de red, a los elementos de sistema, a las redes, a la itinerancia, por parte de los operadores y los usuarios. 
La itinerancia merecía un examen más pormenorizado, ya que, en mi opinión, no es apropiado considerar la itinerancia como una forma de acceso desde el momento en que la misma asume connotaciones distintas según se trate de la posibilidad de que un usuario abonado a un operador extranjero acceda al servicio móvil en otro país, y viceversa- la llamada itinerancia internacional- o que se trate de la posibilidad de que un recién llegado en el mercado utilice las instalaciones de los operadores existentes en dicho país, en espera de completar la instalación de su propia red, la llamada itinerancia asimétrica. 
Principio de reglamentación a la baja: en el informe se ha evidenciado que la reglamentación a la baja y la flexibilidad, puntos de referencia de la legislación europea, no deben ser sinónimos de discrecionalidad sino la superación del enfoque actual, en que la regulación ex ante no ha conseguido ir al compás del tiempo y del progreso tecnológico. 
De hecho, la gestión del acceso y de la interconexión exige encontrar un equilibrio entre el derecho de un operador propietario de infraestructuras a gestionar redes e infraestructuras en su propio beneficio y los derechos de los demás operadores, proveedores de servicios, a acceder a infraestructuras esenciales. 
Grado de competitividad del mercado: otro tema respecto al cual es necesaria una puntualización es la evaluación sobre el grado de competitividad del mercado. 
En efecto, el logro de un buen grado de competitividad es la condición previa para reducir el papel de la regulación en favor de la aplicación exclusiva de la normativa antitrust o, a la inversa, para imponer obligaciones reglamentarias a los operadores designados como poseedores de un peso significativo en el mercado, con las consiguientes negociaciones orientadas al coste. 
La nueva definición de "peso significativo en el mercado" se basa en las sentencias del Tribunal de Justicia y hace referencia a una especie de posición dominante reducida. En efecto, una de las características de la posición dominante es evitar la competencia, al tratarse de un concepto jurídico restrictivo de tipo ex post. 
En la propuesta de directiva se aplica el nuevo concepto de peso significativo en el mercado o posición dominante reducida que, al ser desposeído de su característica "negativa" concerniente a la posibilidad de evitar la competencia, deja el campo libre a intervenciones de tipo ex ante. 
Obligaciones impuestas a los operadores: las autoridades nacionales de reglamentación pueden imponer a los operadores designados como poseedores de un peso significativo en el mercado obligaciones en materia de transparencia, de no discriminación, de separación contable, de acceso y de utilización de elementos de red específicos, así como de control de los precios y contabilidad de los costes. 
Se especifican asimismo las modalidades de aplicación o de revisión de las obligaciones que se deriven de la aplicación del régimen actual, así como las que se derivarán del nuevo contexto reglamentario. 
La observación más inmediata se refería a las modalidades de aplicación de las obligaciones a cargo de los operadores designados como poseedores de un peso significativo en el mercado. 
En realidad, la designación no determina automáticamente ninguna obligación, aunque las autoridades nacionales de reglamentación deben especificar qué obligaciones han de imponerse a cada uno de los operadores designados. 
Sin embargo, no siempre la calidad de operador poseedor de un peso significativo en el mercado coincide con un efectivo abuso de dicha posición. 
Al evaluar si una empresa posee un peso significativo en el mercado, la autoridad nacional de reglamentación deberá evaluar el verdadero uso de dicho poder, antes de imponerles las obligaciones previstas en la directiva. 
Por último, las repercusiones medioambientales. Un tema que es muy importante para mí, también en mi calidad de administrador local, es el que se refiere a la reducción del número de antenas en los centros habitados. 
Con cada vez más frecuencia las exigencias técnicas imponen a los operadores la instalación de infraestructuras que muy poco tienen que ver con el entorno. 
A las Instituciones comunitarias, así como a las autoridades nacionales y locales les corresponde el deber de reducir lo más posible este impacto tanto a nivel paisajístico como medioambiental. 
Sin perjuicio de la importancia de la competencia en el mercado de las comunicaciones y del desarrollo del mismo, las autoridades de reglamentación, a todos los niveles, tienen el deber de encontrar soluciones normativas que permitan la optimización del uso de las infraestructuras actualmente disponibles, teniendo en cuenta el impacto paisajístico, medioambiental y las consecuencias socioculturales para los ciudadanos. 
Hay algunos puntos relacionados con los distintos regímenes fiscales, respecto a los cuales se pide la armonización y la coordinación necesaria por parte de la Comisión. 
Hechas todas estas consideraciones, la opinión sobre la propuesta de directiva no puede ser más que positiva, ya que tiene como objetivo el crecimiento del sector, estimulará las futuras inversiones, mejorará la competitividad de las empresas y, al mejorar la eficacia, facilitará la reducción de los precios y contribuirá al crecimiento económico en su conjunto. 
. (FI) Señor Presidente, señor Comisario, sin lugar a dudas, el mayor cambio de Europa es su integración en la red, asunto de gran calado político debido a que la participación de los ciudadanos en ese ámbito depende cada vez más de su nivel de ingresos e incluso, a veces, de su lugar de residencia. 
Además, precisamente aquellos ciudadanos que van quedando en el lado equivocado del reparto digital son los que, en la actualidad, están ya excluidos socialmente. 
Así pues, los objetivos de la Europa de la era electrónica y los objetivos de la sociedad de los ciudadanos no se verán realizados sin que los servicios de la red ayuden a la gente a crear conexiones y a organizarse entre sí. 
Es necesario que, en el ámbito de las telecomunicaciones, toda persona disponga de un tiempo mínimo básico durante el cual pueda servirse gratuitamente de los servicios de telecomunicaciones y demás recursos asociados de la sociedad de la información. 
Esto sería una adquisición importante en el campo de los derechos ciudadanos. 
Así, la persona podrá actuar en una sociedad integrada en la red, y no crearemos una red de élites. 
Se calcula que se han gastado incluso 170.000 millones de euros en las subastas del espectro radioeléctrico. 
Naturalmente, los círculos políticos se percataron de la existencia de estas grandes cantidades de dinero y recaudaron una parte de estos beneficios para las arcas públicas. 
Para colmo, el momento elegido fue nefasto. 
La economía de Estados Unidos empezó a enfriarse, y la Unión decidió adoptar como estrategia central nuestra la construcción de una Europa que integrase a todos sus ciudadanos. 
Esta política de subastas es contraproducente para los ciudadanos, ya que ahora suben los precios de los servicios de telecomunicaciones. 
Los inversores han empezado a rehuir el sector y se retrasa la producción de las redes, equipos y servicios de las tecnologías de nueva generación. 
Esto origina problemas adicionales y se ha desplomado la cotización en bolsa de muchos operadores. 
Esta propuesta de directiva marco de la Comisión, al igual que el resto de las regulaciones incluidas en este paquete, es equilibrada y sigue la línea adecuada, y doy las gracias por ello. 
Esta directiva marco impulsará el desarrollo de la regulación de las redes y los servicios del sector de las telecomunicaciones. 
De este modo, el número actual de regulaciones quedará reducido a algo menos de la tercera parte. 
Lo más sorprendente es que, precisamente en el sector de las telecomunicaciones, en cuyo ámbito las mercancías cruzan las fronteras a la velocidad de la luz, no existan unos mercados europeos que funcionen de forma armonizada. 
Al contrario, la misma normativa de la UE ha sido interpretada de modos muy diversos, y en muchas zonas se han seguido manteniendo precios excesivos. 
Se ha impedido el nacimiento de una auténtica competencia acudiendo a todo tipo de ardides. 
A medida que se vienen ampliando los servicios del sector de las telecomunicaciones, los costes se han ido convirtiendo en el factor de mayor importancia tanto para la economía familiar, como para las economías nacionales. 
Algunos grandes empresarios del sector sí son partidarios de la competencia fuera de casa, pero, sin embargo, es un hecho que no la toleran en su propio territorio. 
Cuanto más grandes sean los mercados y más fuerte sea la empresa, mejor podrá competir ésta con las empresas más pequeñas y con las que aspiran a acceder a los mercados, o sea, hablamos de esos otros mercados, como es lógico. 
En mi propia propuesta, he aumentado las posibilidades de acción de las autoridades nacionales de reglamentación y he apoyado el incremento de los recursos. 
Asimismo, propongo que se incremente la transparencia en las actuaciones. 
Sin duda alguna, las autoridades nacionales de reglamentación son quienes mejor pueden evaluar la situación de sus propios mercados, pero creo que es la Comisión, a su vez, quien mejor puede evaluar los mercados de las telecomunicaciones a nivel de toda la Unión. 
Creo también que si la Comisión hubiera tenido competencias en este campo, seguramente no se habría aplicado el principio de subastas en la extensión y en los términos que conocemos. 
La Comisión debe intervenir cuando en algún Estado miembro no se cumplan la disposiciones comunes de la normativa en materia de telecomunicaciones. 
En lo que concierne a las empresas, es imprescindible que todas ellas puedan desempeñar sus actividades bajo las mismas condiciones en todo el territorio de la Unión. 
Gracias a la actuación de la Comisión, también podremos eludir la necesidad de crear una autoridad reguladora específica de rango europeo. 
Puesto que el principio de subastas también puede extenderse a otros recursos limitados y a las redes de telefonía móvil de nueva generación, solicito que la Comisión se ponga a elaborar un informe aclaratorio para el Parlamento sobre las repercusiones de las subastas en la situación de las empresas de telecomunicaciones y de los consumidores. 
Otro aspecto clave es la definición de peso significativo en el mercado. 
En la comisión parlamentaria hemos ampliado precisamente este concepto a la luz del desarrollo ocurrido en los últimos tiempos. 
De acuerdo con nuestra enmienda, se considera que existe peso significativo en el mercado cuando una empresa tiene la capacidad de restringir persistentemente el acceso a los usuarios de otros operadores de redes. 
Lo mismo ocurre si la empresa en cuestión desarrolla sus actividades en diferentes eslabones de la cadena de suministro y disfruta de un peso significativo en alguno de dichos eslabones. 
Consideramos que varias empresas ocupan una posición dominante cuando operen en un mercado que les permita incluso coordinar tácitamente sus prácticas comerciales con respecto a otras empresas o consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar yo quiero agradecer sinceramente a todas y todos los colegas el apoyo que han brindado a mi informe sobre la directiva relativa a la autorización de las redes. 
Los colegas presentaron justamente algunas enmiendas muy acertadas que yo he incorporado con mucho gusto al informe. 
También quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Comisión y a las sucesivas Presidencias del Consejo por la colaboración muy constructiva que hemos mantenido durante las últimas semanas y los últimos meses- 
Paso a exponer ahora el tema de la directiva relativa a la autorización de las redes y el contenido de mi informe. 
¿Cuál es la situación actual en la Unión Europea por lo que respecta el procedimiento de autorización de la operación de servicios y redes de comunicaciones? 
Según se desprende del quinto y el sexto informes de la Comisión sobre la transposición del paquete de reformas del sector de las telecomunicaciones y de los informes de la Oficina Europea de Telecomunicaciones, los Estados miembros han regulado sus regímenes de licencias de forma muy distinta. Esto dificulta sobre todo la actividad de los operadores que ofrecen servicios transfronterizos de telecomunicaciones. 
Por ejemplo, actualmente, en la práctica, para empezar a operar en el sector de las telecomunicaciones se requiere una decisión previa de una autoridad competente, o sea, una licencia individual. 
Los Estados miembros otorgan diferentes tipos de licencias individuales, en algunos casos condicionadas a amplias obligaciones de información, mientras que otros no imponen ninguna. 
El resultado es que los procedimientos de autorización tienen una duración diferente, los contenidos de las licencias son distintos y las tasas administrativas también varían mucho de un Estado a otro. 
El objetivo y la finalidad de la directiva relativa a la autorización que propone la Comisión es poner remedio a esta situación. 
La directiva se propone armonizar y simplificar la normativa que regula el acceso al mercado de servicios y redes de comunicación electrónica en la Comunidad. 
Los regímenes de licencia deberán ser en adelante adecuados, evaluables y lo menos gravosos posible para el operador. 
En algunos Estados miembros ya se aplica este procedimiento. 
Por lo tanto, parece acertado que la Comisión proponga su introducción a escala europea. 
Un par de comentarios sobre el contenido de la propuesta de directiva: en el futuro, ni las compañías operadoras de redes ni los prestadores de servicios de comunicaciones tendrán que obtener licencias individuales, o sea que no tendrán que solicitar la autorización previa de una administración antes de ofertar sus servicios. 
Únicamente deberán cumplir los requisitos establecidos en las autorizaciones generales. 
Paralelamente, se restringirán las condiciones que se podrán imponer a los prestadores de servicios y éstas se armonizarán a escala europea. 
La propuesta prevé, además, que los prestadores de servicios ya no estén obligados a facilitar información detallada. 
En adelante, las autoridades reguladoras nacionales sólo les podrán exigir aquella información que consideren objetivamente necesaria para poder comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la obtención de las licencias. 
La modificación del régimen de licencias permitirá que los operadores puedan ofertar rápidamente y sin trabas burocráticas sus servicios y redes de telecomunicaciones a escala europea. 
A mi parecer, esto marca ciertamente un hito en el camino hacia la creación de un mercado comunitario dinámico y orientado hacia la competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
Permítanme que comente un problema que en estos momentos está incomodando mucho a los operadores en la práctica. 
Continuamente se encuentran con grandes dificultades en relación con la concesión de derechos de paso. 
También en este caso, las disposiciones relativas al procedimiento de concesión, tasas y condiciones varían mucho en los distintos Estados miembros. Esto dificulta, obviamente, la construcción de infraestructuras, con trabas adicionales e innecesarias. 
El tendido de cables de telecomunicaciones de una cierta extensión ya representa en cualquier caso un desembolso considerable. 
Es preciso solicitar numerosos derechos de paso a las ciudades, municipios y distritos. 
Se tienen que obtener permisos de obras. 
A menudo es necesario contar con el permiso de centenares de propietarios de terrenos antes de poder empezar a operar. 
La directiva impone a los Estados miembros la obligación de publicar, como mínimo, una lista con las tasas administrativas, los procedimientos y las condiciones relativas a la concesión de derechos de paso. 
De este modo, los operadores podrán tener al menos una visión general de la situación legal, que les permitirá ahorrar mucho tiempo a la hora de solicitar derechos de paso. 
Otro aspecto crítico es, finalmente, el tema de las tasas administrativas. 
En general, su nivel se debe adecuar más a los gastos administrativos y de control incurridos en el contexto de las autorizaciones generales. 
La directiva impone a los Estados miembros la obligación de hacer públicos dichos costes con objeto de garantizar su transparencia. 
De conformidad con la propuesta de directiva, las tasas administrativas se repartirán entre las empresas que presten servicios sobre la base de una autorización general. 
En contra de lo que propone la Comisión, el criterio de reparto de dichas tasas no debería ser, a mi parecer, la cifra de negocios de cada una de las empresas, sino que se deberían repartir de manera proporcional entre los solicitantes de licencias. 
Las pequeñas empresas con una cifra de negocios anual inferior a 10 millones de euros deberían quedar totalmente exentas del pago de dichas tasas, con el fin de facilitar también el acceso al mercado de las pequeñas y medianas empresas. 
Con esto acabo la presentación de mi informe. 
A continuación quisiera comentar, además, un aspecto importante del informe del Sr. Paasilinna. 
Como él mismo ya ha expuesto, la propuesta de la Comisión prevé que en el futuro las autoridades nacionales de reglamentación en general ya no estén autorizadas a adoptar de manera independiente las decisiones reguladoras importantes relativas al sector de las telecomunicaciones, sino que sólo elaboren proyectos de decisión que la Comisión deberá examinar en el plazo de un mes y aprobar o rechazar según considere oportuno. 
Si el proyecto fuese rechazado, la Comisión podrá remitir en el plazo de otros dos meses una decisión definitiva a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate. 
Además, la Comisión también debería decidir en el futuro sobre la emisión obligatoria de determinados contenidos radiofónicos y por qué frecuencias se deberían emitir éstos. 
Hasta ahora esto ha sido competencia exclusiva de cada Estado miembro y así lo ha entendido también el Parlamento. 
Yo quiero manifestar, por lo tanto, mi oposición contra dicha propuesta, que también se encuentra implícita en la enmienda 33 de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y que en su momento fue aprobada por una amplia mayoría en comisión. 
Personalmente, yo estoy convencida de que las autoridades nacionales están más cerca del mercado que la Comisión y, por consiguiente, pueden determinar mejor cómo y en qué medida se deben continuar liberalizando los mercados de telecomunicaciones en cada caso concreto. 
La liberalización de los mercados de telecomunicaciones ha sido precisamente un éxito. 
El consumidor puede elegir ahora entre muchos operadores y los costes telefónicos se han reducido rápidamente. 
En esta fase del proceso no existe, sobre todo, ningún motivo para arrebatar el cetro al procedimiento regulador nacional exitoso y transferir la competencia decisoria a la Comisión. 
Esto sólo dificultaría y retrasaría los procesos de decisión. 
Ahora he vuelto a presentar la enmienda y mañana se someterá a votación. 
Se trata de la enmienda 78 y yo les pido que la apoyen. 
Muchas gracias por su atención. 
Señor Presidente, agradezco al ponente, el Sr. Brunetta, el concienzudo informe que ha elaborado sobre el acceso a las redes de comunicación electrónica como parte del paquete de open network provisions. 
Es algo positivo, también en interés de la cultura y de la enseñanza, ya que he analizado el informe desde esa perspectiva, en tanto ponente para opinión de la Comisión de Cultura. 
Las telecomunicaciones cambian nuestra vida con rapidez. 
Ante el desarrollo de las telecomunicaciones, resulta especialmente importante que adoptemos las directivas a tiempo para organizar así, de la mejor forma posible, el acceso y las interconexiones dentro y fuera de los Estados miembros, en la Unión Europea. 
La propuesta de la Comisión está dirigida sobre todo a la competencia y al level playing field. Es algo muy importante para los órganos nacionales de reglamentación, especialmente en relación con una posición dominante considerable. 
Por tanto, se trata de un enfoque puramente comercial y encaminado solamente a las infraestructuras. Echo de menos la exigencia de garantizar la diversidad y pluralidad culturales. 
De ahí que la Comisión de Cultura haya presentado algunas enmiendas que refuerzan este aspecto. 
Estoy muy satisfecha de que éstas también hayan sido aceptadas por la Comisión de Industria. 
En este contexto, concedemos mucha importancia el hecho de que la obligación "must carry" también deba transmitirse en un formato amplio, tal como figura en la enmienda 14. 
Por último, la regulación de las API y las EPG y otras facilidades asociadas conforme al procedimiento de un comité de reglamentación. 
Según la Comisión, basta con que esto se haga mediante una reforma, pero ahora parece que su desarrollo ha ido tan lejos que debería caer en el ámbito de la reglamentación. 
Bueno, señor Presidente, de hecho, es demasiado tarde. 
Es positivo que el ponente haya tenido en cuenta este razonamiento en su informe. 
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, el llamado paquete de telecomunicaciones, sobre una parte importante del cual le corresponde decidir ahora al Parlamento, es una empresa ambiciosa y cuyos principios merecen nuestro apoyo. 
El objetivo de unificar y organizar de manera más clara el marco jurídico actual, que comprende nada menos que 28 textos legislativos distintos, es muy razonable. 
El enfoque horizontal elegido es lógico y muy de agradecer. 
La comisión competente en materia de cultura y medios de comunicación ha propugnado con gran unanimidad en sus opiniones sobre los tres informes que en todas las disposiciones relativas a las redes y servicios de comunicación electrónica se procure no establecer condiciones relativas al acceso a la infraestructura que puedan acabar repercutiendo de manera negativas sobre la diversidad de los contenidos. 
Dicho con otras palabras, es preciso garantizar que las ofertas de contenidos de interés general tengan una difusión suficiente. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte también considera necesario adoptar medidas de armonización en el marco del mercado interior, si bien en un sentido mucho más restringido que la Comisión, que quisiera ampliar fuertemente sus competencias en este ámbito. 
Tras varios años de arduos procesos de discusión, las instituciones han alcanzado entre tanto un consenso en cuanto a la necesidad de unas normativas jurídicas diferenciadas para la infraestructura y para los contenidos. 
Sin embargo, también coinciden en reconocer que entre las vías de transporte y los contenidos que se difunden a través de éstas existen unas vinculaciones que es preciso tener suficientemente en cuenta y tomar en consideración, en interés de la diversidad cultural y de su aportación significativa a la creación de opinión democrática por medio de la actividad periodística. 
El mercado puede organizar muchos aspectos, pero no todos. 
En lenguaje llano esto significa, por ejemplo, que para asegurar el pluralismo y la diversidad de opiniones es preciso garantizar la difusión en el todo el territorio de los contenidos que se dirijan a una opinión pública amplia, mediante una norma relativa a los programas de inclusión obligatoria (must-carry) , cuya concreción deberá ser competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Tiene que quedar claro que las instancias comunitarias no deben interferir con las autoridades de radiodifusión nacionales y regionales. 
A modo de conclusión, el principio ha de ser, por lo tanto, dar prioridad a la coordinación frente a la armonización. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quisiera agradecer sinceramente su excelente trabajo a los tres ponentes y la maravillosa forma de colaboración. Creo que constituye un ejemplo para esta Casa. 
Discutimos tres informes importantes y, al mismo tiempo, hablamos de un sector que se caracteriza por un gran nivel de inseguridad. 
En todos los posibles artículos que se publican en revistas y periódicos, encontramos incluso catastrofistas que siembran la duda en cuanto a si el sector 3G tiene, a fin de cuentas, posibilidades de vida. 
Creo que la Comisión y la Presidencia sueca tienen una importante tarea en cuanto a la preparación de la cumbre informal que se celebrará los días 23 y 24 del próximo mes de marzo en Estocolmo. 
Quiero mencionar aquí algunos elementos que me parecen de interés a este respecto. 
En primer lugar, los dirigentes gubernamentales deben subrayar en esta cumbre que el sector 3G se considera de suma importancia de cara a la creación de empleo altamente cualificado en la Unión Europea y que se está dispuesto a trabajar por un mercado único paneuropeo. 
En segundo lugar, si los dos países que tienen una mayor responsabilidad por los altos resultados de las subastas, el Reino Unido y Alemania, estuvieran dispuestos a pensar en otras posibilidades de financiación demostrarían ser muy sabios. 
Quizá se esté dispuesto a alargar algo en el tiempo esa financiación, por lo que también disminuirían las cargas financieras de las empresas de telecomunicaciones, con toda la tranquilidad que eso puede conllevar para los mercados financieros. 
En tercer lugar, sería positivo que el Comisario Liikanen se sentará a la mesa con todas estas empresas a fin de estudiar la cuestión de cómo informar mejor al público en general sobre los logros y las posibilidades del sector 3G y, sobre todo, examinar por ejemplo, cómo mediante un buen emplazamiento pueden utilizarse de una forma más efectiva las antenas centrales y mecanismos similares, lo que permitiría una reducción de los costes de las infraestructuras. 
En cuarto lugar, sería muy importante que los Estados miembros que han ganado mucho dinero con las subastas, también estuvieran dispuestos a dar un impulso adicional a la demanda evocando las necesidades del 3G, por ejemplo, en el terreno de los proyectos e-gouvernance y haciendo algo más en los ámbitos de la enseñanza, perfeccionamiento profesional de los docentes, etcétera. 
Por último, deberíamos utilizar una parte importante de nuestros recursos financieros en el marco de nuestro sexto programa marco para solucionar cuestiones tales como el nuevo protocolo de internet 6 (IP 6) , los estándares e-banking, etcétera. 
Espero que el Comisario responda a las recomendaciones que acabo de efectuar. 
Vuelvo a los informes. 
En primer lugar, el informe del Sr. Brunetta: creo que es un informe excelente. 
Es muy importante que establezcamos ahora la importancia de que el Parlamento se atreva a adoptar posiciones y a elegir por el consumidor allí donde no funcionen todavía las reglas generales de competencia y donde se trate explícitamente de puntos neurálgicos en el mercado. 
Un ejemplo conocido son las tarifas internacionales de roaming. 
Hemos visto un informe de la Comisión de diciembre del año pasado, según el cual, resulta que en el fondo existe un sistema cerrado, en el que hay muy poca competencia en materia de precios, en el que encontramos muy poca claridad en cuanto a los costes y en el que es muy importante que haya transparencia. 
En relación con el informe del Sr. Paasilinna, quiero señalar que la sugerencia de fomentar la competencia que se menciona en él es respaldada por nuestro grupo. 
En efecto, debemos trabajar por un mercado paneuropeo de comunicaciones electrónicas. 
Quince mercados nacionales divididos de comunicaciones electrónicas no pueden funcionar. 
Debe lograrse un mercado paneuropeo, y de ahí que sea tan importante que la Comisión cumpla su papel de forma adecuada. 
Hago un ferviente llamamiento a esta Casa para que no respalde la enmienda de la Sra. Niebler, ya que formula las cuestiones erróneamente. 
Debemos lograr que la Comisión pueda efectuar su labor en ese ámbito y que implante la competencia, que ese mercado paneuropeo se realice. 
De eso se trata. 
En ese marco, necesitamos un reparto claro de tareas y responsabilidades entre la Comisión y las NRA, Por otra parte, también con razón se aboga por ello en el informe del Sr. Paasilinna. 
Por último el informe de la Sra. Niebler. 
Se ha convertido en un magnifico informe, y pido explícitamente atención para la enmienda en la que intentamos formular ahora criterios que obliguen a los Estados miembros a tener en cuenta que vivimos en un mercado paneuropeo a la hora de repartir las frecuencias. 
Yo también deseo felicitar a los tres ponentes porque han simplificado los informes sobre un ámbito tan complicado. 
Para mí, la aparición de un mercado plenamente integrado y liberalizado de las telecomunicaciones antes de que finalice 2001 es un requisito fundamental para la transición hacia una economía basada en el conocimiento digital, que espero traiga consigo un crecimiento considerable en la UE. 
Es fundamental tomar nota de que las consecuencias de este paquete no se limitarán sin duda a un destinatario en particular. 
Por el contrario, el nuevo marco jurídico servirá para potenciar la competencia en este sector. 
El objetivo de esta Asamblea es alentar a los interesados a que sigan siendo operadores importantes, aunque existe el peligro de que su supremacía discrimine a los nuevos integrantes, cuando una de nuestras prioridades fundamentales es crear un entorno en el que los nuevos integrantes puedan prosperar. 
Estamos consiguiendo establecer el justo equilibrio en este tema, y espero que ello contrarreste las preocupaciones por la abultada deuda del sector en estos momentos. 
En opinión de mi Grupo, lo que se pretende con esta serie de normativas es alentar el desarrollo del mercado y reducir la carga legislativa. 
No obstante, los reglamentos de gran repercusión no deberían estar basados sobre una visión a corto plazo. 
Por ello, me complace que la comisión aprobara la inclusión del servicio móvil en la definición de la Directiva sobre el acceso, y me complace asimismo que los precios para los usuarios finales de la itinerancia internacional, que actualmente son exorbitantes, en el futuro serán transparentes y estarán basados en los costes. 
En un sector sujeto a semejantes cambios tecnológicos, es importante garantizar que el régimen está en condiciones de hacer frente a asuntos imprevistos que pueden surgir en el futuro. 
La Directiva sobre el acceso tendrá las mayores repercusiones para el consumidor europeo porque derivará en precios más bajos, mayor elección y mejores servicios. 
Al mismo tiempo, la nueva situación creará oportunidades para las empresas de toda Europa y especialmente para las pequeñas. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias sinceramente a todos los ponentes por sus excelentes informes, y también a mis colegas por la magnifica colaboración que ha existido en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Señor Presidente, la liberalización de las telecomunicaciones se ha encargado de crear un nuevo entorno de mercado con más competencia y precios más bajos para las empresas y los consumidores. 
No obstante, todavía no se considera que exista un mercado único para las telecomunicaciones. 
Los quince mercados liberalizados están fragmentados y deben fundirse en un mercado transparente, y la legislación que examinamos sirve para crear ese marco. 
Las NRA desempeñan un importante papel en ello, pero la responsabilidad final continúa siendo de la Comisión, en opinión de mi partido. 
Mi segunda cuestión, señor Presidente, se refiere a las licencias para las radiofrecuencias. 
No existe en este momento una política consistente en los Estados miembros de la Unión Europea respecto de la concesión de licencias. 
Una piensa en las subastas de UMTS. La Unión se ve amenazada con perder su posición de líder en el ámbito de la telefonía móvil. 
Los procedimientos de concesión de licencias para el reparto del espectro radioeléctrico tienen que tener lugar según las mismas condiciones en todos los Estados miembros, ya que hay que esforzarse por conseguir un mayor equilibrio entre la ocupación de frecuencias por prestadores públicos de servicios, por una parte, y comerciales, por otra, a fin de alcanzar un desarrollo óptimo del mercado de la radio y del mercado de la televisión. 
Pido al Comisario que sea algo más activo en el futuro en la formulación de las condiciones y en cuanto a la forma en que se reparten las frecuencias. 
Creo que aquí también hay trabajo para el Comisario Monti. 
Por último, señor Presidente, los ingresos que proceden de la concesión de espectro, tal como sucedió con las subastas de UMTS, deben volver al sector ICT. 
Mi colega Van Velzen ya lo ha señalado. Eso coincide también con los compromisos de la Cumbre de Lisboa. 
Las subastas tienen que evitarse al máximo. 
Es positivo que el Gobierno neerlandés decidiera renunciar a una subasta la semana pasada. 
Además, los beneficios procedentes del espectro nunca pueden verse como un impuesto encubierto. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora y señor ponentes, estimadas y estimados colegas, los Verdes valoran de manera básicamente positiva los tres informes. 
Es posible que algunos se pregunten cómo se explica esto, cuando el núcleo central de las directivas incluye la privatización del mercado de las telecomunicaciones. 
Dicha liberalización de las empresas estatales ya se ha llevado a cabo, en su totalidad o parcialmente, en toda la UE. 
Por lo tanto, lo que ahora se debate ya no es la liberalización, sino tan sólo cómo se va a concretar ésta. 
La posición de los Verdes europeos con respecto a la liberalización ya está clara. 
En efecto, consideramos que el Estado no siempre ha garantizado la mejor solución para sus ciudadanas y ciudadanos, pero tememos que con la privatización se desmantelen los servicios públicos y rechazamos una división digital de la sociedad. 
Se habla mucho de la neutralidad tecnológica. 
Es posible que ésta exista en un plano exclusivamente legislativo. 
En el plano social, la tecnología nunca es neutra. 
Deseamos un progreso a favor de las personas, que sea beneficioso para las personas y que no perjudique a muchos, sino que beneficie a todos. 
Por esto abogamos a favor del máximo control de los monopolios en el sector de las telecomunicaciones. 
Es posible que esto no evite que dentro de diez años ya sólo tengamos tres empresas de telecomunicaciones gigantes en toda la UE. 
Sin embargo, podría evitarlo, pues si al menos se fortalecen las autoridades nacionales de regulación y la Comisión asume una función adicional de arbitraje, en ese caso- y sólo en ese caso- el control de los monopolios entraría dentro del ámbito de lo posible. 
Además, hemos propugnado que nuevas empresas puedan competir bajo unas condiciones equitativas con las antiguas empresas estatales en la oferta de servicios. 
Esto ofrece al menos la posibilidad de que el acceso a Internet sea asequible para un número mayor de personas, si bien nosotros no creemos- vuelvo a resaltarlo- en la mano invisible ni en la lógica del mercado. 
¿A qué conduce, en realidad, este discurso? 
Se está debatiendo la regulación de un sector económico que puede facilitar una mayor independencia y autonomía a las personas. 
Nosotros queremos contribuir a que todas las personas que deseen tener acceso a dichas tecnologías también puedan beneficiarse de esa posibilidad. 
Y queremos que las personas se puedan comunicar, se puedan organizar, se puedan desarrollar, en suma, a través de los medios de comunicación digital, y que puedan hacerlo a escala mundial. 
Todo esto requiere un acceso equitativo. 
No sólo en los hogares particulares, sino también público. En las bibliotecas, las escuelas y todos los espacios públicos. 
Esta comunicación tiene que ser gratuita. 
Tiene que permitir mantener el anonimato y, en la medida de lo posible, debe ser accesible en igualdad de condiciones. 
Por esto nosotros también rechazamos los numerosos intentos de limitar, censurar o criminalizar Internet. 
Aunque no forme parte del contenido concreto de las presentes directivas, la censura y el afán de las autoridades supervisoras de controlar cada vez más a las personas parecen estarse convirtiendo progresivamente en la esencia de todos los intentos de regular el espacio digital. 
Por esto, también debemos señalar en este contexto que los Verdes defendemos el acceso libre para todos. 
Queremos una comunicación digital libre y no queremos más controles, ¡no queremos ningún control! 
Sólo por este motivo hemos colaborado en la organización de la privatización, que en realidad no deseamos en sí misma. 
Señor Presidente, las empresas de telecomunicaciones nos dicen que sean los mercados quienes reglamenten la competencia. 
¿Podemos nosotros confiar en una competencia regulada por los mercados? 
No podemos. 
Aunque los precios de las llamadas hayan bajado en muchos países, todos los precios no lo han hecho. 
Por ejemplo, en Finlandia las tarifas de las llamadas locales por cable han subido en una cuarta parte durante los últimos años. 
Por añadidura, a los consumidores les es imposible enterarse de cuánto cuestan las llamadas desde teléfonos móviles a las redes de las diferentes empresas o a teléfonos fijos. 
Vivimos en una selva donde la fijación de los precios es regulada por la ley de la selva. 
La mayor parte de los beneficios son acaparados por operadores multinacionales cuyo objetivo es conseguir una posición dominante. 
Lamentablemente, los Gobiernos de ciertos Estados miembros de la Unión se han comportado como Tarzán, el rey de la selva, en cuyas manos hay un recurso natural limitado: el nuevo espectro. 
Los Gobiernos de centro-izquierda de Alemania e Inglaterra han subastado el espectro radioeléctrico de la telefonía móvil UMTS mediante una fórmula que está sumiendo en una crisis no sólo a las empresas citadas, sino también a muchos bancos. 
Ahora ha explotado la burbuja bursátil de un razonamiento basado en la creencia de que las tecnologías de la información podían hacer milagros. 
Por medio de las subastas, se ha saboteado el proyecto eEuropa. 
Por medio de las subastas, se ha debilitado la democracia. 
Por medio de las subastas, los precios de las tarifas telefónicas se pondrán por las nubes. 
Las subastas son un impuesto a la libre circulación de la información y del conocimiento. 
¿Habría sido posible evitar esto si la UE hubiera contado con una directiva marco en materia de telecomunicaciones? 
Ojalá. 
Sin embargo, no existe seguridad alguna al respecto. 
Pero ahora debemos poner a prueba una directiva marco, en cuya elaboración el Sr. Paasilinna ha realizado una labor gigantesca. 
Él exige de forma justificada que se aclaren las repercusiones económicas de las subastas. 
Nuestro Grupo apoya esta exigencia. 
En cambio, es difícil aceptar la enmienda presentada a esta directiva marco por la Sra. Niebler. 
Tras esta enmienda se traslucen los valores e intereses de determinados monopolios europeos. Estos valores e intereses están en contradicción con la sociedad democrática de la información. 
Quisiera unirme a mis colegas que han felicitado a los ponentes por su trabajo, y también encomendar su labor a la Asamblea por la cooperación que ha existido entre los diferentes ponentes. 
No obstante, uno de los principales motivos que me preocupan con respecto al comercio electrónico y la revolución de la e-Europa es la igualdad de acceso para los consumidores. 
Algunos diputados ya han hecho referencia a los costes y a las tarifas en función de las diferentes estructuras. 
No obstante, estamos asistiendo a la creación de una nueva línea divisoria entre los ricos y los pobres, en lo que respecta a la tecnología digital y el acceso a la misma. 
Uno de los componentes clave que debe quedar consagrado en toda normativa sobre liberalización o competencia en este ámbito es la cuestión del acceso universal para todos, de manera que con independencia del lugar de residencia, todos tengan el mismo acceso que aquellos que viven en las grandes zonas urbanas. 
Asimismo debemos garantizar que las personas que no pertenecen a la generación más joven actual no se vean desfavorecidas como consecuencia de la falta de acceso a la formación que les permita utilizar estos medios de comunicación y esta nueva red de información. 
La observación final que me gustaría hacer es que debemos dar paso a un sistema en el que exista una tarifa plana para acceder a la tecnología de la información, y no permitir que surja competencia a nivel interno que bloquee la expansión de este nuevo sistema mundial. 
Señor Presidente, acogemos favorablemente la iniciativa de la Comisión y consideramos que, cuando menos, se trata de un paso importante hacia la simplificación de la normativa a escala europea. 
Sin embargo, antes que nada y en todo caso, queremos subrayar la existencia de una grave contradicción que afecta al sector de las telecomunicaciones electrónicas y que, en el caso de no ser superada, con el tiempo corre el riesgo de convertir en inútil cualquier esfuerzo orientado a crear una situación de competencia en beneficio de los consumidores. 
La contradicción estriba en la situación de verdadero conflicto de intereses en la que se encuentran muchos Estados europeos, al ser reguladores y titulares de intereses económicos y políticos a un tiempo, así como árbitros y jugadores a un tiempo. 
Y esto es así en el terreno de la telefonía y en el de la televisión digital, en que las emisoras públicas, gracias a ingentes inversiones financiadas a través de fondos públicos, tienen un peso muy fuerte. 
En consecuencia, debemos tener presente este vicio de fondo, aunque el juicio global sobre el paquete, repito, es positivo. 
Tras el resultado alcanzado recientemente con la aprobación del reglamento en materia de unbundling del local loop, ahora se trata de dar una primera solución a una situación en la que quien opera en el mercado europeo de las comunicaciones electrónicas se encuentra obligado a desenvolverse no solo entre las muchas directivas y los muchos reglamentos que con los años se han ido acumulando, sino también con una plétora de autoridades nacionales de reglamentación que actúan en contextos profundamente diferentes, con los criterios más variados, con frecuencia ni siquiera previsibles por parte de los operadores, en una situación, por lo tanto, de fragmentación y a veces de grave incertidumbre jurídica. 
Las propuestas de la Comisión tienen la virtud de racionalizar en pocas directivas la normativa existente, así como de crear un mercado de las telecomunicaciones que se convierte en cada vez más paneuropeo. 
Asimismo es importante reiterar, y me parece que lo ha recordado el ponente Sr. Brunetta, que el objetivo que hay que alcanzar es lograr, lo antes posible, una situación de competencia efectiva sin necesidad del fuerte peso de las autoridades de reglamentación. 
Hemos de tratar de superar el papel de las autoridades nacionales y llegar a una situación, en el sector de las comunicaciones electrónicas, en el cual se apliquen las normas generales antitrust válidas para todos los mercados. 
Esto lo podremos hacer sólo si conseguiremos cortar de raíz este vicio de fondo de la conmixtión y del conflicto de intereses que todavía se aprecia a nivel estatal, con el peso del Estado en la economía de las comunicaciones electrónicas: sólo entonces podremos homologar también este sector con la legislación antitrust ordinaria válida para los demás sectores. 
Señor Presidente, Señorías, hace poco leí una disertación excelente y muy interesante de la doctora Leitl sobre el control de los abusos y en ella se llega a la conclusión de que lo más importante es, de hecho, que el mercado funcione y esté sujeto a una supervisión, y que la remuneración de los servicios también sea justa. 
Por ejemplo, justamente en el caso de las tarifas de navegación se puede constatar que el mercado es muy poco transparente. 
Sería bueno que el consumidor pudiese saber en tiempo real cuánto cuesta en cada momento su conversación o que al menos tuviera derecho a recibir luego, a la mayor brevedad posible, un informe de suministro de servicios que le permitiese conocer el coste de la conversación. 
La transparencia también permite establecer, en efecto, modelos de referencia, es decir, que sea posible comparar quién ofrece las condiciones más favorables en Europa y cuál es nuestra posición en el contexto mundial. 
Junto con la Comisión, queremos desarrollar el método de las "mejores prácticas". 
¿Cuáles son los modelos que funcionan mejor en Europa y en el mundo, y que podríamos adoptar? 
Sobre todo- y esto es muy importante -, también queremos aplicar la iniciativa SLIM. 
En realidad, varias de las normas que ahora vamos a adoptar se tendrían que volver a suprimir lo más pronto posible, en cuanto funcione el mercado. 
Un punto muy importante del informe Paasilinna es su enmienda 47, pues hemos podido observar que si bien el procedimiento de la subasta por un lado era justo, por el otro lado detraía mucho dinero de este importante sector. 
Por esto, deliberadamente no hemos querido concebir el producto de las subastas se conciba deliberadamente como una recaudación fiscal pura y dura, sino que en nuestra calidad de políticos consideramos que se trata de una inversión, de una propiedad, que ya no es una propiedad pública, sino una propiedad virtual de las empresas. 
Yo también considero que, cuando expiren las licencias, dichos derechos deben seguir siendo propiedad de las empresas, que en el futuro también podrán venderlos, alquilarlos o intercambiarlos. Esto mejorará la calificación crediticia de las empresas y las condiciones en el mercado de capitales, y por lo tanto también la cotización de las acciones. 
De este modo tendremos inversiones en este sector y energías para afrontar el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, cuando a uno le corresponde hacer uso de la palabra relativamente tarde, siempre corre el riesgo de repetir algunas cosas. 
Voy a procurar evitarlo, pero no obstante quisiera resaltar dos o tres aspectos. 
También quiero agradecer la interesante y sugerente colaboración colegiada que hemos mantenido en el Parlamento a través de las fronteras de los Grupos. 
Existen ciertamente argumentos subjetivos que trascienden las fronteras políticas. 
Los interesantes debates con los distintos representantes de las grandes y pequeñas empresas de toda Europa también me resultaron personalmente muy interesantes y yo creo que, si bien no todos quedarán satisfechos, sin embargo hemos emprendido el camino adecuado para afrontar con mejores perspectivas el futuro. 
En los últimos años, siempre he tenido el convencimiento de que debíamos lograr establecer unas normas sencillas y agrupadas, que nos permitan reaccionar rápidamente ante los cambios tecnológicos en el futuro. 
En este sentido, sigue siendo válido mi lema de que menos regulación puede constituir sin duda una mejor regulación. 
Yo creo que con la concentración de las normas en las directivas que hoy se debaten hemos conseguido este objetivo. 
También pienso que más pronto o más tarde, y en un plazo relativamente corto, será posible pasar a unas condiciones de competencia generalizada. 
En un aspecto tengo que moderar, no obstante, naturalmente, el entusiasmo. 
Yo personalmente y muchos colegas suscribimos plenamente la enmienda 78 de la colega Niebler y vamos a apoyarla. 
Como he dicho, este apoyo también atraviese en parte las fronteras de los Grupos; en efecto, yo estoy convencido de que dicha enmienda desde luego no es contraria a la armonización europea. 
Además, opino que el procedimiento de autorización y las competencias, tal como se definen en dicho artículo, resultarán más lentos y más burocráticos, y lo considero una usurpación de las competencias regionales justamente en el ámbito público-jurídico de la radiodifusión, tal como ya ha comentado mi colega Karin Junker. 
En este sentido, también creo que debemos cortar de raíz una posible anulación subrepticia de la norma relativa a los programas de inclusión obligatoria. 
Señor Presidente, Señorías, la primera fase del mercado interior concluye. 
Esto significa el final de los monopolios y la apertura de los mercados nacionales a la competencia, y hoy debatimos sobre las opciones para la segunda fase. 
La cuestión ha sido planteada, y más que una cuestión se trata de una elección. 
El Sr. Van Velzen, entre otros, decía: deseamos un gran mercado paneuropeo. 
Yo digo que sí. 
Pero estamos debatiendo opciones respecto al "cómo", y no es lo mismo elegir el objetivo de competencia efectiva y consolidada, como en un sector normal- versión Sr. Brunetta- y lo que desearíamos, que es diferente, es decir, una regulación pública europea de las redes, con el establecimiento de una competencia en cuanto a los servicios, pero también un desarrollo del servicio universal y, en su caso, un reparto de las infraestructuras cuando es necesario. 
Es, pues, este debate sobre el modo de regulación lo que está en juego y no el objetivo del mercado paneuropeo. 
La opción que examinamos en este momento nos parece muy discutible: regulación nacional de las telecomunicaciones y normas comunes para la competencia efectiva en el plano comunitario. 
No se trata de algo sólido, porque la regulación en el ámbito nacional, por el momento, significa "cada uno en su casa". 
Todos han criticado aquí los problemas de asignación de radiofrecuencias, la enorme variabilidad de los costes de las licencias, las situaciones de endeudamiento excesivo de algunos operadores y, por qué no, las amenazas de quiebra en el sector telefónico, tras haber conocido las quiebras en el sector inmobiliario hace algún tiempo. 
Por lo tanto, no se trata de llevar a cabo una regulación nacional a ciegas, sino de establecer normas de competencia, aun cuando, por ejemplo, la Comisión ha realizado un esfuerzo por desarrollar una noción de mercado pertinente, que no ha aceptado el Consejo, y debemos tratar- y quizá la Comisión no avance en esta dirección- estos problemas de ahorro de inversiones, de reparto de redes, para poder reducir los costes. 
Así pues, nosotros defendemos, yo defiendo, un sistema de reguladores europeos a fin de, efectivamente, realizar el mercado paneuropeo, pero nos topamos con la base europea de referencias y de normas, y pienso que deberemos profundizar todo esto, ya que por el momento tenemos una solución, insisto, profundamente espúrea. 
No se puede considerar que el "paquete" que se propondrá, resultante de todos estos tratos, esté a punto. 
Se trata aún de un monstruo reglamentario, a pesar de los esfuerzos de todos. 
Por eso pienso que será necesario, con respecto al plan de acción que preconizan, ampliar el debate público implicando mucho más a las sociedades civiles, para lograr ponernos de acuerdo. 
Ésta ha sido una tarea difícil y compleja y no hay duda de que los tres ponentes han realizado una excelente labor dadas las circunstancias. 
Hemos tenido algunas dificultades para coordinar los textos. 
No hemos facilitado la tarea de la Comisión; entre nosotros, hemos complicado en exceso estos textos y no le resultará fácil ponerlos en orden antes de la segunda lectura. 
Debe servirnos de lección para que, como políticos y diputados, en el futuro nos centremos en simplificar y reducir al máximo la regulación. 
Me ha parecido interesante que mi colega Sra. Gill- lamentablemente ya no se encuentra con nosotros- planteara la cuestión de apoyar el desarrollo del mercado para reducir todo lo posible la regulación. 
No es precisamente lo que hemos hecho con las enmiendas que hemos presentado. 
El problema con el trabajo que hemos realizado hasta ahora es que nos hemos quedado empantanados en el pensamiento de hoy. 
De hecho, encontramos excusas para la regulación. 
Hemos dedicado gran cantidad de tiempo al considerable poder del mercado y hemos decidido cómo regularlo, en vez de pensar en cómo podemos avanzar. 
Me complace que varios colegas, incluido el Sr. Glante, hayan hecho también esa observación. 
Es algo sobre lo que debemos reflexionar a partir de ahora y hasta la segunda lectura. 
Me preocupa en particular el hecho de que no pensemos en cómo se reconstruirá el mercado. 
Deberíamos analizar cómo ha cambiado la tendencia del mercado durante el tiempo que hemos tardado en revisar estos textos y pensar en el mercado de la telefonía móvil que sigue siendo muy dinámico y ha alcanzado tasas de crecimiento increíbles, saca nuevos productos continuamente y tiene previsto proporcionar comunicaciones por telefonía móvil a dos terceras partes de la población europea. 
Estamos dedicando demasiado tiempo aquí a pensar en los temas transitorios de itinerancia. 
Sé que es un tema que interesa mucho a los colegas, pero el mercado se encargará de encontrar la solución. 
No estoy convencido en absoluto de que el tipo de enfoque intervencionista que hemos adoptado en este caso sea el adecuado. 
Para terminar, recuerdo a los colegas que está en camino otro informe muy importante, mi informe sobre el servicio universal, y muchas de las cosas sobre las que se han hablado e, incluso, algunas de las disposiciones sobre telefonía móvil, encajan mejor en mi informe que en el de la Sra. Brunetta. 
Estoy seguro de que la Comisión nos recordará este hecho, pero me resistiré a este tipo de tentaciones cuando les presente mi informe dentro de dos meses. 
Los ponentes han realizado aquí un excelente trabajo. 
El Sr. Paasilinna es un veterano, pero me gustaría dar la bienvenida al Sr. Brunetta y a la Sra. Niebler al mundo secreto, al lenguaje secreto de los adictos a las telecomunicaciones. 
¿Qué pretendemos realmente con esto? 
Lo que nos proponemos es crear un nuevo reglamento para saber quién puede jugar y en qué condiciones. 
Perseguimos un auténtico mercado único paneuropeo. 
Estamos analizando en qué casos ha tenido éxito la regulación y, si me permite, decirle señor Harbour no sólo dónde ha fracasado la regulación, sino por qué ha fracaso, y esto es muy importante. 
El Sr. Paasilinna, en su contribución por escrito, formulaba la pregunta de quién regulará al regulador, y creo que el papel de la Comisión es absolutamente decisivo en este sentido. 
No se trata únicamente de quién regulará a los reguladores, sino por qué necesitamos regular a los reguladores. 
El Sr. Clegg ha dedicado una enorme cantidad de tiempo sólo el pasado año a las normas sobre la desagregación al bucle local y quiero dirigirle una pregunta adicional, señor Comisario, para saber si nos dará una indicación de dónde estamos encontrando resistencia, a nivel de los Estados miembros, a la implantación de la desagregación al bucle local. 
Hay algunos aspectos positivos sobre los quiero llamar su atención, porque también debemos garantizar la disponibilidad de acceso en su sentido más amplio. 
He presentado enmiendas en la Comisión de Industria sobre los derechos de los consumidores discapacitados, en particular, debido a las insuficiencias de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, de las que me consta que la Comisión tiene conocimiento, y tuve la satisfacción de que la comisión y, espero que el Parlamento, siguen prestándole su apoyo. 
Volviendo a mi observación original, de lo que se trata realmente es de garantizar que el sector de las telecomunicaciones de la Unión Europea tiene el clima adecuado para prosperar, sobrevivir y seguir siendo competitivo. 
Son medidas importantes en esa dirección. 
Hemos intentado mejorar el documento, pero me temo, como ha dicho el Sr. Harbour, que en realidad hayamos complicado las cosas, de manera que al tiempo que pienso que hemos añadido un menú de conceptos adicionales, una mezcla, un popurrí de nuevas herramientas para desplegar bajo el concepto de peso significativo en el mercado, me pregunto si quizá deberíamos ser algo más audaces en la segunda lectura y plantearnos la posibilidad de retroceder allí donde consideremos, previa reflexión, que estos nuevos conceptos podrían en realidad añadir confusión en vez de disminuirla. 
Segunda observación: las ANR. 
Es un cuestión que me gustaría dirigir al Consejo, y aunque no tenga demasiado sentido exponerlo aquí esta noche, los Estados miembros no pueden tenerlo todo. 
Quieren el oro y el moro. 
No pueden desear que se establezca un mercado vibrante de telecomunicaciones paneuropeo y al mismo tiempo no atribuir criterios significativos al modo en que operan las ANR. 
Es una posición insostenible y, políticamente, deberíamos presionar con más fuerza a los Estados miembros en este sentido. 
Es necesario que existan criterios de independencia y autonomía y unos recursos adecuados necesarios para presionar realmente a los Estados miembros, y no dejarnos llevar por sus algo engañosas pretensiones de que todo depende de la subsidiariedad y, por lo tanto, que no es asunto nuestro. 
Por último, sobre el importantísimo artículo 6 del informe Paasilinna y la controvertida enmienda 33, a la que se ha referido hace un momento la Sra. Niebler, quizá deberíamos volver a examinarla en la segunda lectura, no estoy seguro de que sea equilibrado. 
En estos momentos tengo claro- y mi Grupo votará en contra- de que estas disposiciones no deberían incluir disposiciones obligatorias, por lo que mañana votaremos en contra de esa parte de la enmienda. 
Para terminar, me pregunto si en nuestra calidad de legisladores podemos pasar realmente como adictos a las telecomunicaciones, por citar a Mel Read. 
Dejo eso como un interrogante. 
Señor Presidente, el tremendo avance de los últimos años en la telecomunicación podría haber traído la correspondiente mejora en la calidad de vida de todos nosotros. 
Sin embargo, en la sociedad capitalista lo que predomina es alcanzar el mayor beneficio posible. 
Cuando todo se compra y se vende tenemos algo aparentemente extraño: las frecuencias radiofónicas son objeto de comercialización, incluso se subastan. 
El siguiente paso será comercializar el aire que respiramos. 
Así pues, el sector de las telecomunicaciones en conjunto, que tradicionalmente tenía carácter público y que ha evolucionado con la financiación pública ya se ha entregado al capital privado. 
Ahora nos encontramos en el momento de analizar directivas que son claramente intervenciones de la Unión Europea de monopolio estatal, sobre la regulación de diferencias entre los intereses monopolísticos, en el marco de la liberación total del mercado y del apoyo a la competencia. 
El marco armonizado no tiene más objetivos que traspasar las barreras nacionales que limitan la penetración libertina de los monopolios multinacionales en todos los Estados miembros. 
El mercado paneuropeo en que se anuncian las directivas no es más que la acción libertina del capital, a pesar del supuesto interés en proteger las pequeñas empresas. 
En estas condiciones, el Partido Comunista de Grecia va a votar en contra de dichas directivas. 
Señor Presidente, la tramitación del paquete sobre las comunicaciones electrónicas está logrando su primer objetivo. 
Las inclinaciones apasionadas de distinto signo llegarán a despertar todavía un animado debate. 
Los ponentes, la Sra. Niebler y el Sr. Brunetta, así como particularmente el Sr. Paasilinna y el Sr. van Velzen han realizado un enorme trabajo para elaborar compromisos, y les doy especialmente las gracias por ello. 
La definición del concepto de posición dominante en el mercado ha sido un punto central que ha gozado de especial atención. 
El equilibrio que hemos conseguido ahora es un claro mensaje para el Consejo, mensaje que el Consejo deberá también tomar en consideración. 
En su día, hubo intentos por parte de la Comisión de ignorar a las autoridades nacionales de reglamentación, si bien esto no llegó a ocurrir. 
Debido a la existencia de diferencias culturales, las autoridades nacionales de reglamentación deben disfrutar de márgenes de acción y hay que reforzar el papel que desempeñan. 
La Comisión está por encima de las autoridades nacionales de reglamentación, por lo que su papel debe ceñirse al control las reglas generales del juego. 
Debemos ser capaces de intervenir en los precios de las tarifas de acceso a la red roaming que actualmente distorsionan la competencia. 
La pregunta que formulé por escrito el año pasado guardaba relación precisamente con las trabas que representan para la competencia las tarifas de acceso roaming. 
Hay que respetar el libre mercado interno. 
Debemos mantener un amplio debate aún sobre la posición que ocupan los operadores virtuales. 
Debemos considerar bajo qué condiciones estos operadores virtuales podrán actuar en la red con objeto de permitir la libre competencia y garantizar los intereses de los consumidores, pero garantizando, al mismo tiempo, los derechos de los propietarios de la red. 
Nos encontramos en una situación muy ambivalente y difícilmente daremos con una solución inmediata para este problema. 
Señor Presidente, yo también quiero manifestar mi agradecimiento a los colegas por los informes que han presentado, así como a la Comisión. 
Yo creo que a través de la cooperación se ha conseguido finalmente un buen compromiso, que si bien no todos los colegas pueden apoyar en todos sus puntos, sin embargo demuestra que en muchos aspectos estamos en condiciones de alcanzar, en el marco de un buen debate sobre los contenidos, un resultado que en muchos de sus puntos también abre, de hecho, posibilidades de desarrollo que van más allá del proyecto de la Comisión. 
Durante todo este tiempo, el tema crítico siempre ha sido el apoyo a la enmienda de la Sra. Niebler; mi colega Van Velzen, que en este momento está ocupado en una discusión, ya ha abordado y defendido este punto. 
Yo también voy a abogar a favor de que apoyemos su propuesta, pues plantea el punto crítico de cómo debemos abordar el tema de la armonización a escala europea. 
La Comisión señaló con razón que es necesaria una mayor armonización y más estructuras unificadas en este ámbito. 
Esto es indiscutible, hace años que venimos debatiéndolo. 
En el pasado, yo siempre fui una defensora apasionada de una autoridad única europea de regulación, pero este modelo ha quedado superado. 
Hemos optado por otra variante y yo creo que muchas autoridades de regulación han demostrado su independencia y autonomía, y que el Estado también es perfectamente capaz de desarrollar modelos de competencia muy adecuados. 
Evidentemente, también existen, qué duda cabe, otros modelos que no responden a las aspiraciones del ámbito europeo y es preciso hacer algo para remediarlo. 
El tema crítico es cómo se debe estructurar la relación entre el ámbito europeo y el ámbito nacional, y yo, por mi parte, habría preferido un modelo más sencillo, como el que propuse con mi colega Norbert Glante o en la línea del modelo de la Sra. Niebler. 
Por esto mañana también voy a pedirles que apoyen la enmienda de la Sra. Niebler. 
Repito que deberíamos reflexionar al respecto y sobre todo quiero manifestar mi agradecimiento a los colegas Malcolm Harbour y Nicholas Clegg, que me indican que también están reflexionando si las variantes que han apoyado son las adecuadas; me parece una actitud muy inteligente. 
Tendremos tiempo suficiente para reflexionarlo antes de ña segunda lectura y quizá entre tanto podamos alcanzar también una aproximación común. 
Quisiera apoyar, en particular, las enmiendas 13 y 16, 19 y 20. 
Eran enmiendas para contribuir a garantizar que los usuarios discapacitados se benefician por igual de las comunicaciones electrónicas. 
Los proveedores de servicios deben reconocer su papel en la tarea de facilitar a los usuarios discapacitados el acceso al equipo terminal, y la directiva marco debe incluir, en mi opinión, el acceso al equipo terminal y al software. 
La letra e) del apartado 4 del artículo 7 dice que se intentará atender a las necesidades específicas de colectivos sociales específicos, en particular, de las personas discapacitadas. 
Eso no tiene sentido sin dichas enmiendas. 
No queremos regular sobre todo el equipo que se vende en la calle principal, pero sí deberíamos hacerlo sobre las interfaces para las personas con visión limitada, por ejemplo. 
El menú sobre televisión o telefonía móvil debería tener una alternativa de audio. 
Es una modificación pequeña. 
No es mucho pedir, y afectaría a las vidas de las personas discapacitadas y significaría que éstas pueden participar en la revolución de las comunicaciones electrónicas, en vez de quedar excluidas. 
. 
(EN) En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los tres ponentes, el Sr. Brunetta, el Sr. Paasilinna y la Sra. Niebler. 
Éstos no son unos informes cualquiera. 
En primer lugar, cubren tres directivas que serán fundamentales para la futura competencia de la economía europea. 
En segundo lugar, la cantidad de conocimientos sobre tecnologías, mercados y regulación necesarios para elaborar estos informes es excepcional, por ello, permítanme que alabe los informes por su gran calidad. 
Debido a las limitaciones de tiempo, no puedo tratar sobre todos los temas importantes como me gustaría. 
Pido disculpas por ello e intentaré centrarme en los más fundamentales. 
Primero, sobre la directiva marco, la Comisión está muy satisfecha con el informe Paasilinna, en particular, en lo que respecta a los mecanismos de consulta y transparencia que se incluyen en el artículo 6. 
Es la disposición clave para garantizar que los intereses nacionales no el único motor que impulse las decisiones reguladoras, sino que también se tienen en cuenta los intereses comunitarios. 
Al fin y al cabo, si no tenemos en cuenta los intereses comunitarios, tampoco serviremos a los intereses nacionales en este mercado. 
La presente legislación garantizará la igualdad de condiciones para los operadores de todo el mercado único. 
Su aplicación propiciará una cultura reguladora europea en el sector de las telecomunicaciones que contribuirá a nivelar dichas diferencias entre las decisiones a nivel nacional que pueden ser una amenaza para el mercado único y para todo el sector. 
Me estoy refiriendo, como ya han hecho muchas de sus Señorías, a las condiciones diferentes para la concesión de licencias que imponen los Estados miembros para los servicios de tercera generación. 
La Comisión se complace en apoyar estas partes de la enmienda 33 encaminadas a reforzar la transparencia y el procedimiento de consulta, y la Comisión está decididamente en contra de la enmienda 78, que debilitaría dicho procedimiento. 
No obstante, consideramos necesario el requisito de consultar a otras autoridades nacionales de reglamentación sobre los proyectos de medidas para la creación de la cultura reguladora europea. 
El segundo elemento clave es la definición del concepto del peso significativo en el mercado. 
La Comisión opina que la definición en la enmienda 56 es demasiado amplia. 
Nos preocupa que ésta pueda dar lugar a una regulación excesiva, lo que despertaría temores entre los operadores por el exceso de regulación, que a su vez podría frenar la inversión. 
Asimismo creemos que esta definición podría debilitar la coherencia de la acción reguladora. 
La Comisión considera que su propuesta original serviría mejor al objetivo fundamental de todo el paquete, que es reducir al mínimo la regulación, pero proporcionar reguladores con herramientas flexibles que garanticen la competencia efectiva en todos los segmentos del mercado. 
Respecto a las cuestiones institucionales, estoy convencido de que debemos involucrar estrechamente al Parlamento Europeo en el proceso de aplicación del nuevo marco. 
Juntos debemos buscar los mecanismos más eficaces y flexibles para involucrar al Parlamento, pero por razones institucionales no podemos ir en contra de los acuerdos sobre comitología. 
Por consiguiente, lamento que la Comisión no pueda apoyar las enmiendas 72 a 74. 
Por último, sobre la televisión digital, en breve invitaré a los operadores del mercado a estudiar el mejor modo de garantizar que los sistemas de televisión digital se desarrollan de manera uniforme en Europa para que se convierta en una plataforma alternativa viable para el acceso a Internet. 
Por el momento, la Comisión considera que la normalización industrial voluntaria es el mejor método, y no está dispuesta a apoyar la enmienda 63. 
En lo que respecta al informe del Sr. Paasilinna, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 4, 12, 29, 32, 34, 55, 65 y 68, y puede aceptar en parte o en principio las enmiendas 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 45 a 48, 53, 54, 57 a 61, 66, 67, 69 y 75. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 5, 8, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 39, 41 a 44, 49 a 52, 56, 62, 63, 64, 70 a 74 y 76 a 79. 
Respecto al informe del Sr. Brunetta sobre el acceso a las redes de comunicación electrónica y su interconexión, agradezco el apoyo a los principios fundamentales de la directiva. 
En mercados competitivos, la interconexión y el acceso a las redes deberían, en principio, ser acordados sobre la base de negociaciones comerciales. 
En caso contrario, la intervención reguladora estará justificada, pero debemos garantizar que la intervención reguladora se basa en un estudio del mercado. 
Antes debemos demostrar que el mercado no es competitivo y sólo entonces se podrá imponer la regulación ex ante si fuera necesario. 
Por lo tanto, creo que imponer de entrada una regulación de tarifas aplicables a la terminación de la llamada de telefonía móvil o sobre las tarifas de itinerancia equivaldría a un exceso de regulación. 
La Comisión no puede respaldar las enmiendas 39 y 40. 
No obstante, existe un ámbito en el que todos los proveedores de servicios están sujetos a la regulación sobre el acceso. 
Me refiero al acceso condicional para la televisión digital. 
Este régimen ha dado buenos resultados. 
Para poder apartarnos de la Directiva 95/48 sería necesario una amplia consulta y un análisis minucioso. 
Por consiguiente, la Comisión no apoya la enmienda 46. 
Resumiendo, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 7, 8, 15, 21, 29, 41, 44 y 48. 
La Comisión puede aceptar en parte o en principio las enmiendas 1, 6, 9, 12, 16 a 18, 19, 23, 24, 26, 28, 30 a 34, 37, 38, 42, 43, 45 y 47. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2 a 5, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 25, 27, 35, 36, 39, 40, 46 y 49 a 51. 
Respecto al informe de la Sra. Niebler sobre la directiva relativa a la autorización de las redes, la Comisión está muy satisfecha con el apoyo a los principios fundamentales de su propuesta. 
El paso de las licencias individuales a las autorizaciones generales mejorará enormemente el acceso al mercado y reducirá los trámites burocráticos. 
En muchos sentidos, el informe de la Sra. Niebler refuerza y mejora las propuestas de la Comisión. 
En cuanto a la cuestión clave de imponer tasas por el uso de radiofrecuencias, acojo favorablemente los elementos encaminados a reforzar la coordinación y a eliminar la posibilidad de imponer unas condiciones desproporcionadas para la concesión de licencias que podrían tener consecuencias desastrosas. 
La idea de los plazos anuales para el pago de importes a tanto alzado es una posible solución. 
No obstante, estudiaremos detenidamente la formulación exacta. 
La obligación sobre los Estados miembros a tener en cuenta los objetivos políticos de todo el marco en sus sistemas de tarifas por el uso de radiofrecuencias también la acogemos favorablemente. 
Es otro de los objetivos fundamentales que se persiguen con la propuesta de la Comisión sobre un marco regulador para la política de radiofrecuencias. 
También es de utilidad especificar que los mecanismos para establecer las tarifas por el uso de radiofrecuencias están sujetos al procedimiento de consulta y transparencia de la directiva marco. 
En definitiva, nos complace poder aceptar la mayor parte de la enmienda 21, a condición de algunas modificaciones de formulación. 
No obstante, sobre la cuestión de las tasas administrativas, la Comisión no puede apoyar las enmiendas 7 y 20. 
Éstas suprimirían la disposición encaminada a garantizar que dichas tasas no tendrán efectos discriminatorios. 
El mantenimiento del factor de la cifra de negocios para dividir las tasas administrativas parece ser el medio más adecuado. 
La Comisión está dispuesta, sin embargo, a estudiar algunos de los elementos propuestos en la nueva enmienda 27 presentada por el Sr. Van Velzen. 
Resumiendo, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas 1, 2, 3, 5, 10, 23 y 25. 
La Comisión también puede aceptar en parte o en principio las enmiendas 8, 11 a 14, 16, 18, 20 a 24 y 26 a 28. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 4, 6, 7, 9, 15, 17 y 19. 
Por último, quisiera tocar brevemente la situación de los mercados de las telecomunicaciones y la concesión de licencias para los servicios de tercera generación. 
Naturalmente nos preocupa a todos; Europa es el líder mundial de las comunicaciones por telefonía móvil y debemos mantener ese liderazgo. 
Conocemos la situación. 
Según la legislación en vigor, los Estados miembros tienen la opción de elegir los métodos y condiciones para conceder las licencias. 
Sabemos que ello ha desembocado en una gran desigualdad de los importes que se desembolsan por las licencias. 
El mercado único está fragmentado. 
Las subastas de radiofrecuencias, que coincidieron con los niveles más altos de las cotizaciones bursátiles de la nueva economía dieron lugar a unos niveles de precios que serían impensables en las condiciones actuales del mercado. 
Estoy dispuesto a responder positivamente a la solicitud del Sr. Paasilinna de que la Comisión elabore más adelante un informe sobre la concesión de licencias. 
Actualmente existe incertidumbre y preocupación en el mercado, pero debemos recordar que las comunicaciones por telefonía móvil de tercera generación tienen un enorme potencial para servicios completamente nuevos. 
Despertará fuertes intereses comerciales y las autoridades públicas deberán velar por el establecimiento de las condiciones adecuadas, y aquí deberemos trabajar juntos. 
Debemos proteger el liderazgo de Europa en la telefonía móvil. 
No existe ninguna varita mágica, pero es imprescindible que el futuro marco regulador sea el adecuado. 
Nuestras propuestas, con el respaldo del Parlamento, prevén procedimientos que permiten la asignación coordinada o incluso armonizada de las radiofrecuencias. 
El procedimiento de consulta y transparencia del artículo 6 de la directiva marco, la directiva relativa a la autorización, y la propuesta de la Comisión de un marco regulador de la política relativa al espectro radioeléctrico nos proporciona los instrumentos necesarios. 
El nuevo marco hará posible asimismo el comercio secundario del espectro radioeléctrico, lo que permite una gestión más flexible de este recurso. 
Más que nunca debemos trabajar juntos. 
El Parlamento Europeo y la Comisión deberían intentar convencer a los Estados miembros para que éstos adopten un enfoque más coordinado de la asignación de frecuencias. 
Insto al Parlamento a que debata sin pérdida de tiempo la propuesta relativa a la política del espectro radioeléctrico y envíe así una señal inequívoca de la importancia y de la urgencia de este asunto. 
Por último, sobre las propuestas que ha hecho el Sr. Van Velzen, estoy completamente de acuerdo con él en que necesitamos medidas firmes para estimular el uso de la telefonía móvil para acceder a Internet, y adoptar medidas para mantener el liderazgo europeo en la telefonía móvil de tercera generación. 
Debemos garantizar que la nueva versión 6 del Protocolo sobre Internet se desarrolla sin perdida de tiempo. 
Debemos estimular la producción de contenido europeo y también incrementar la disponibilidad de información del sector público para estos fines. 
Deberemos asegurarnos de que existen medios de financiación suficientes para investigar sobre futuras tecnologías sin cable, tal como prevé la propuesta de la Comisión para el Sexto programa marco sobre investigación, y en el caso de las otras propuestas presentadas también estoy dispuesto a estudiarlas y la Comisión volverá sobre este ámbito. 
Juntos debemos garantizar que el liderazgo de Europa en la comunicación por telefonía móvil estará asegurado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Consecuencias de la globalización en las mujeres emigrantes de los países mediterráneos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0058/2001) de la Sra. Avilés Perea, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las consecuencias de la globalización para las mujeres emigrantes de los países mediterráneos (2000/2251 (INI) ). 
Señor Presidente, este informe de iniciativa que debatimos hoy en el Pleno se hace a petición del foro euromediterráneo de mujeres parlamentarias y forma parte del concepto general de globalización que se va a examinar durante todo este fin de semana en la reunión que comienza mañana en Malta. 
El Parlamento Europeo se responsabilizó de realizar este informe sobre la influencia que tiene la globalización en las mujeres emigrantes. 
La emigración es un fenómeno antiguo pero que recientemente ha alcanzado unos caracteres diferenciados. 
Es decir, no sólo emigran los hombres, siendo las mujeres las que utilizan la reagrupación para unirse después con sus hijos al marido, sino que la mujer es ella misma emigrante, es cabeza de familia y es ella la que busca, al cambiar de país, al venir a la Unión Europea, una mejor situación personal, un mejor futuro para ella y para su familia. 
La mujer viene como persona buscando unas posibilidades que no encuentra en sus países de origen. 
En general, trabaja en el sector servicios, no tiene una buena formación y se encuentra en situación de indefensión por la doble razón de ser emigrante y de ser mujer. 
Suele realizar trabajos que los nacionales de los diferentes países no quieren, pero que son necesarios para la buena marcha de la economía. 
Recientemente, la mujer emigrante es muy importante también para mantener los puestos de trabajo, la población activa, dado el envejecimiento de la población de algunos países miembros, y las perspectivas futuras. 
No vienen temporalmente para resolver un problema, sino que vienen decididas a quedarse, a iniciar una nueva vida en un país que consideran que las va a acoger. 
En la mayoría de los casos, vienen sin información suficiente. 
En muchas ocasiones, engañadas y víctimas de las mafias de tráfico de seres humanos, en las que se encuentran sin posibilidades de salir, acabando en muchos casos en la prostitución. 
Esta falta de información es uno de los aspectos más importantes que resaltamos en este informe. 
Estas mujeres deben saber cuál es la situación del mercado de trabajo, qué requisitos legales se requieren, cuáles serán sus condiciones de vida y qué es lo que deben aportar para poder trabajar legalmente en el país al que se dirigen. 
También se dan casos de mujeres muy cualificadas que tienen que realizar trabajos que no están de acuerdo con su preparación. 
Se dan situaciones de abuso, precisamente por la condición de indefensión en que se encuentran en un país cuya lengua y cuya legislación no conocen, viviendo aisladas en un mundo difícil para ellas. 
Nosotros queremos que estas mujeres estén en una situación legal y con unos contratos de trabajo dignos para que no puedan ser víctimas de la explotación. 
Esto significa que deben tener una mayor información en los países de origen. 
Pedimos, por tanto, que haya oficinas que solucionen estos problemas para que vengan perfectamente informadas sobre el trabajo que van a realizar. 
Tengo que señalar que en la Comisión de Derechos de la Mujer se han introducido algunas enmiendas al informe con las que ni yo, como ponente, ni mi Grupo estamos de acuerdo. 
Se refieren al concepto de "ciudadanía euromediterránea". 
Es un concepto con problemas de tipo jurídico. 
No existen precedentes de este concepto en ningún informe ni en ninguna declaración, tanto de este Parlamento como de los parlamentos nacionales. 
La ciudadanía es una competencia nacional de los Estados miembros y me parece que introducir este concepto en el informe no añade gran cosa, pudiendo, en cambio, crear problemas jurídicos. 
Por ello, hemos solicitado una votación por partes porque nos gustaría que se eliminara este concepto del informe para poderlo apoyar sin problemas. 
En caso de que se mantenga, veo muy difícil que podamos votar a favor del informe, lo que sería lamentable ya que el informe tiene aspectos muy positivos para las mujeres y es de una gran necesidad por la situación en que se encuentra la mayoría de estas mujeres. 
Yo querría hacer una llamada a la reflexión para que, evitando estos términos, pudiéramos tener un informe que fuera aprobado por toda la Cámara. 
Señor Presidente, permítame comenzar felicitando a la Sra. Avilés Perea por su excelente informe. 
Felicitación sincera por haber sabido recoger de forma completa y equilibrada las consecuencias que la globalización ha traído al mundo de la inmigración, específicamente a las mujeres y, singularmente, a las mujeres de la región del sur del Mediterráneo. 
Creo que la ponente ha pretendido hacer un texto equilibrado, necesario y posible, entre las distintas percepciones y sensibilidades, huyendo de posturas maximalistas y dogmáticas, y un texto que recoge las diferentes opiniones y la gravedad de la situación. 
Ciertamente, la globalización no es la panacea de todos nuestros males. 
Globalización no implica necesariamente bienestar y riqueza y, en muchos casos, es o puede ser fuente de desigualdades y origen de una mayor pobreza. 
El Tratado de Amsterdam estableció, por primera vez, la competencia de la Unión sobre inmigración y asilo, y el Consejo Europeo de Tempere acordó que las cuestiones de asilo y migración, distintas pero estrechamente relacionadas, hacen necesaria una política común de la Unión Europea, lo que supone la necesidad de evaluar los flujos migratorios presentes y futuros en todas sus categorías: razones humanitarias, reagrupación familiar y razones económicas, como ya anticipó la ponente, y los cambios demográficos, la situación del mercado laboral y de las regiones de origen de los emigrantes. 
En términos políticos, pienso que se trata de optar entre seguir manteniendo la visión de que la Unión puede continuar resistiendo las presiones migratorias o aceptar que la inmigración va a continuar y debe regularse adecuadamente, trabajando juntos para maximizar los efectos positivos de la inmigración, tanto para la Unión como para los propios inmigrantes y para sus países de origen. 
Evidentemente, la situación es todavía más crítica cuando nos referimos a las mujeres migrantes. 
Ellas son más vulnerables a las prácticas abusivas. 
Por eso, debe ser acogida toda iniciativa que pueda hacernos reflexionar sobre este tema: estructura demográfica de cada país de la Unión en su conjunto, evolución demográfica, procedencia de los inmigrantes existentes en la Unión Europea, trabajos que realizan en sustitución- es decir, los trabajos domésticos realizados por las emigrantes permiten a las mujeres del país de acogida trabajar fuera de casa -, marginalidad, prostitución, condiciones de vida y de trabajo. 
Todo esto debe estar contemplado dentro de un marco equilibrado de derechos y obligaciones para todos los nacionales de terceros países que residan en la Unión. 
Por eso creo- y apelo a la generosidad que exige la seriedad y el rigor del tema- que sería bueno suprimir conceptos como el de la "ciudadanía euromediterránea", que pienso que crean confusión y que se presentan, en mi opinión, como excluyentes. 
El Mediterráneo, fuente de civilizaciones y cultura, debe ser elemento de integración y no elemento de exclusión. 
Así pues, pienso que hemos de apostar por la integración y la dignificación de la mujer, que en muchos países por otra parte- y conviene recordarlo- no está todavía considerada ni siquiera como ciudadana. 
Desde el más amplio consenso, tendrán, sin duda, más fuerza nuestra reivindicación y nuestras acciones. 
Señor Presidente, pienso que quizás haya que dar a conocer mucho más claramente que lo que indica su título en el orden del día el objetivo de este informe que estamos debatiendo en el Pleno. 
Ignoro cuántos diputados saben que a partir de mañana se celebrará en Malta un foro euromediterráneo de mujeres parlamentarias. 
Dicho foro no se ha organizado por iniciativa del Parlamento y este año tendrá lugar su segunda reunión. 
La primera se llevó a cabo el año pasado en Nápoles por iniciativa de los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no participó en la misma, precisamente por no haber nacido del consenso entre los parlamentos nacionales y nosotros. 
Entretanto ha madurado la decisión, en mi opinión acertada, de participar en este foro a través del nombramiento de dos representantes- la Sra. Avilés Perea y yo misma- en la mesa de presidencia y de cuatro representantes parlamentarios durante la sesión plenaria del foro. 
En el ámbito de la mesa de presidencia del foro se tomó la decisión de encargar a las mujeres del Parlamento Europeo un informe titulado "Globalización, inmigración y ciudadanía": éste es el título de la contribución que nosotras y las mujeres de Túnez daremos, ya que los informes contienen dos puntos de vista diferentes. 
Francamente no sé si ha sido acertado basar en un procedimiento que prevé el voto del Pleno la contribución que llevaremos, una contribución que debe ser algo más libre que un mero informe. 
Esto ha creado problemas, ya que, al abordar el tema de la inmigración y, en parte, el de la ciudadanía, hemos creado algunos problemas en la Comisión de Libertades Públicas y en la Comisión de Asuntos Jurídicos- problemas que puedo llegar a entender- así como algunas incomprensiones en los Grupos, dado que este concepto de ciudadanía euromediterránea no es un concepto jurídico. 
Quiero disipar la duda de que se pueda hablar de algo que mañana necesite una formalización. 
Sabemos lo muy difícil que es para nosotros llevar adelante un discurso completo en lo referente, por ejemplo, a la idea de coordinar y de contar con una política en materia de inmigración. 
Sin embargo, hemos empezado a abordar el concepto político y cultural de ciudadanía euromediterránea, por ejemplo, en el foro parlamentario que celebramos hace algunas semanas en Bruselas. 
¿Qué entraña este concepto? 
Que podemos crear, en el ámbito de la asociación que hemos puesto en marcha con estos países, un vínculo respecto a las cuestiones relacionadas con la democracia, el respeto a los derechos humanos, la tendencia de algunos progresos en esas sociedades ligados a un concepto de construcción basada en valores aceptables. 
En mi opinión, este reto es posible y nos brinda la ocasión de afrontar con ellos, por ejemplo, el tema del respeto a los derechos humanos- un tema recurrente en la relación con estos países y que tiene siempre un sabor de injerencia en los asuntos internos- en un terreno nuevo, paritario, de desafío frente a esas sociedades- pero también a las nuestras- en que, por ejemplo, el tema de la inmigración crea problemas culturales, de integración y de encuentro. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a la ponente. 
Si insiste en que se vote en sesión plenaria, creo que este informe está en peligro. 
Por el contrario, pienso que podemos dejarlo como una aportación de la Comisión de Derechos de la Mujer, una aportación que no compromete al Pleno, un instrumento del que nos podemos valer y que nos convierte en más libres en este debate que tendremos en Malta y que no necesariamente debe tener detrás un respaldo del Pleno. 
Francamente, les invito a que consideren esta hipótesis. 
Señor Presidente, para empezar, quiero señalar que en sí mismo resulta positivo que la ponente preste atención al problema de las consecuencias de la globalización para las mujeres emigrantes. 
Sin embargo, tengo mis reparos ¿Para qué sirve este informe? 
El orador anterior también lo ha señalado ¿Ayuda a encontrar un empleo? 
Y si es así, ¿cómo? 
Los problemas no se limitan ciertamente a las mujeres de los países mediterráneos: mujeres de otras partes del mundo tienen que enfrentarse a menudo a los mismos problemas. 
Además, tampoco es que el PE no se haya ocupado con anterioridad de esta problemática. 
Estoy pensando en los informes sobre la trata de mujeres y en la comunicación de la Comisión sobre una política de inmigración comunitaria, que será discutida dentro de poco en varias comisiones del PE. 
Mi grupo opina, por tanto, que este informe es realmente demasiado prematuro y demasiado superficial como para contribuir de manera sustancial a la discusión. 
Además, existen algunos fallos en este informe. 
Menciono varios. 
La Unión Europea no ha resuelto todavía el problema del reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales nacionales y títulos en el plano interno. Por supuesto, esto es esencial para este grupo, y de ahí que los liberales invitaran a los Estados miembros durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Derechos de la Mujer a reconocer las cualificaciones profesionales y títulos también en el contexto de la inmigración procedente de los países mediterráneos- y de hecho, de todos los países. 
No obstante, considero que la propuesta que figura en el informe cuyo objetivo es abrir una oficina de información especialmente destinada a las emigrantes para el servicio doméstico resulta extraña. 
Parece algo bastante limitado; de hecho, no se trata sólo de asistencia doméstica barata. 
Una tercera cuestión. 
En el informe se habla de ciudadanía euromediterránea ¿Existe? 
¿Vamos a tener después también una ciudadanía euro-ACP o euro-Mercosur? 
La Unión Europea también ha concluido acuerdos con estos países ¿Cuál es el status de semejante ciudadano? 
¿Más alto, más bajo? 
Semejante medida sí podría ocasionar discriminaciones. 
Y así, podría seguir enumerando fallos. 
Mi grupo concluye señalando que si bien es útil que se preste atención a la problemática de las mujeres emigrantes, eso ya se ha hecho antes y mejor. 
Este informe es demasiado superficial, demasiado simplista y tiende a ser un enfoque trivial de un grupo vulnerable. 
Mi grupo se ve en la necesidad de abstenerse de respaldar este informe a pesar de las mejoras que hemos introducido. 
Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que me sorprende ver este informe en el Pleno, ya que en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades decidimos que solamente se aprobaría allí. 
Además, espero que la Mesa y todos los Grupos políticos sean conscientes de que la numeración de las justificaciones y de los puntos del informe difieren en las versiones en las distintas lenguas, lo que implica que si se vota en el Pleno será muy difícil saber qué se está votando. 
En cuanto al contenido del informe, opino que las consecuencias de la globalización en las mujeres no deben discutirse fundamentándose en las necesidades de la Unión cuya población es cada vez más longeva. 
Desde un punto de vista humanitario, no es adecuado empezar por ahí. 
Respaldo los criterios de la Sra. Avilés Perea en relación con los refugiados, los solicitantes de asilo y los inmigrantes. 
Comparto plenamente la idea de que hay que respetar los derechos humanos de estas personas, pero no se da a esta materia espacio suficientemente en el informe. 
Por eso, si se vota mañana en el Pleno, no votaremos a favor del informe. 
Le pido a la Sra. Avilés Perea que retire el informe y que contemple las discusiones y resultados de las votaciones en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Señor Eriksson, quisiera decirle que la Mesa es consciente de los problemas de carácter lingüístico que existen y que podrían llegar a impedir, de hecho, la votación de mañana. 
Los servicios lingüísticos del Parlamento son conscientes de esa situación y están trabajando esta noche para hacer posible que mañana se celebre nuestro Pleno con toda claridad lingüística. 
Señor Presidente, en realidad ignoraba estos problemas, planteados en las intervenciones anteriores, acerca de la conveniencia o no de quedarnos con un texto de comisión o de acudir a los próximos encuentros internacionales con un texto aprobado en sesión plenaria. 
Con todo, considero que con un texto aprobado en sesión plenaria los representantes del Parlamento Europeo probablemente podrían contar con un mandato, si se quiere, menos libre pero más representativo: el equilibrio entre los dos criterios lo podría, en todo caso, lograr quien representará a este Pleno. 
Sin embargo, me parece que la cuestión es objeto de debate y de discusión y, en consecuencia, no quiero seguir hablando de la misma. Espero que los que han intervenido sobre este tema lleguen a un acuerdo. 
Por el contrario, he solicitado intervenir simplemente para mostrar mi satisfacción por dos puntos que se han expresado con mucha claridad en este informe y que, hasta ahora, la Comisión de Libertades Públicas que se ocupa más directamente de estas cuestiones relacionadas con la inmigración no ha sabido expresar con la misma claridad: me refiero en particular al punto del informe que "subraya el vínculo existente entre las barreras injustificadas a la inmigración y el tráfico de personas, en especial de mujeres, y pide a los Estados miembros que agilicen y revisen las legislaciones nacionales sobre permisos de trabajo y de regularización de inmigrantes". 
Este punto, expresado muy sintética, sencilla y claramente, me parece que es la clave del problema, de las tensiones y de las consecuencias negativas de una legislación prohibicionista sobre inmigración que, en mi opinión, perjudica ante todo a las mujeres migrantes en Europa. 
Otro punto que me ha producido una gran satisfacción y que hasta ahora nunca fue expresado con tanta claridad por otra comisión competente, la Comisión de Asuntos Sociales, se refiere, por el contrario, al problema del trabajo. En efecto, en el informe "se pide que los trabajos del sector servicios, ampliamente desarrollados por mujeres inmigrantes, se legalicen y se doten de un estatuto jurídico apropiado". 
Legalizar, añado, también como muestra de liberalización de las reglamentaciones, también aquí, rígidas y burocráticas a la hora de conceder los permisos y de definir los vínculos de estas formas de trabajo. Se trata de vínculos totalmente inadecuados hoy en Europa que empujan hacia la marginación y la ilegalidad, en especial de las mujeres migrantes. 
En consecuencia, vaya nuestro aplauso a estos dos aspectos. 
Por el contrario, mucho menos entusiasta me siento con respecto a la propuesta de un observatorio. 
Considero que la experiencia de los observatorios de la Unión Europea se debería analizar en su conjunto, ya que, en mi opinión, son experiencias muy negativas de creación de maquinarias burocráticas muy poco eficaces a la hora de alcanzar los objetivos de información y de conocimiento establecidos, al igual que lo son las mismas campañas de sensibilización. 
Confío mucho más en unas normas que liberalicen y concedan más libertades y derechos a las mujeres migrantes que en pensar en sustituir el consenso sobre las políticas por campañas de sensibilización: creo más en las normas que garantizan derechos y libertades que en las inversiones en campañas de sensibilización. 
Lo mismo vale con respecto a la cuestión de esta ciudadanía. 
Creo que cuando acudimos a un término como el de "ciudadanía", o debemos definir unos estatutos jurídicos precisos, unos derechos a los que corresponden unos deberes y, en consecuencia, unos derechos que garantizan nuevas libertades, o lo exponemos al riesgo de convertirse en un término que crea confusión. 
Esto es lo que deseaba expresar acerca del informe en cuestión. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar a la Sra. Avilés Perea por el excelente trabajo realizado y por debatir esta tarde aquí este informe. 
Sin embargo, es indudable que hay que destacar dos cosas que son fruto también del debate que se ha llevado a cabo en comisión y de una serie de votaciones por mayoría que en cierto modo han creado o favorecido, en el ámbito del informe, la existencia de algunas posiciones que, en mi opinión, son discutibles. 
En consecuencia, voy a dividir el informe en dos partes: la primera, con la que estoy de acuerdo, en que la ponente expresa muy valientemente una gran demanda de legalidad sabiendo anticipar de algún modo en este informe la necesidad que existe en todos los Estados europeos de afrontar de una vez por todas el problema de la inmigración en su conjunto, conscientes de que los Estados de la Unión ya no pueden tener políticas propias y distintas en este terreno tan difícil y delicado, y definiendo cuáles son los derechos y deberes tanto de los inmigrantes como de los países de acogida. 
Al mismo tiempo, dentro de esta política, no cabe duda de que el papel de las capas más débiles como son las mujeres y los niños ha de examinarse con gran atención. 
Desde este punto de vista, este aspecto del informe es sumamente útil, sobre todo porque retoma algunas orientaciones y algunas decisiones ya expresadas en el Consejo de Tampere. 
Por el contrario, tengo que mostrar mi desazón respecto a dos cosas. 
Yo también comparto, por un lado, la dificultad de aceptar otro observatorio- considero los observatorios como elementos de rigidez y de dificultad- y, por otro, la dificultad de aceptar este término de "ciudadanía europea" o incluso "euromediterránea" que carece de cualquier estatuto jurídico y que crea confusión. 
Señor Presidente, todos los Estados miembros de la Unión Europea desarrollan una política a favor de las mujeres y de la familia. 
Las formas que ésta adopta dependen esencialmente de las constituciones de los países y de sus organismos políticos. 
La desigualdad de género sigue subsistiendo a pesar de algunos progresos en el trato a las mujeres en la actividad laboral remunerada y en la transposición de las restricciones en materia de igualdad de trato en toda Europa. 
El informe expone correctamente los temas fundamentales. 
Se describe la situación en lo que respecta a la actividad laboral autónoma de las mujeres, las grandes diferencias salariales asociadas al género, las diferencias en cuanto a las formas de empleo y el trabajo no remunerado. 
Los altibajos económicos tienen graves consecuencias para las condiciones de vida individuales de la familia, cuya carga recae fuertemente sobre las mujeres. 
El próximo 8 de marzo se debería imponer la posición que afirma que las aportaciones de una persona deben pesar más que su sexo. 
La violencia doméstica y los estereotipos, y no digamos ya las concepciones medievales sobre la aportación de las mujeres a la sociedad, deberían quedar relegadas por fin al pasado. 
Yo aspiro a una Europa con una cultura donde la dignidad del hombre y de la mujer, de los extranjeros, de los inmigrantes sea un valor añadido y no ya una carga económica. 
El informe valora que las perspectivas de Europa en este sentido no son las más favorables. 
A pesar de todo, continúa aumentando el número de inmigrantes, lo cual indica que realmente ya va siendo hora de que mejoremos las condiciones en la Unión Europea o de lo contrario podrían agudizarse los conflictos. 
El informe se propone cubrir estas tareas de más amplio alcance. 
Yo quiero recordar la próxima ampliación al Este, como resultado de la cual muchas mujeres aportarán otras tradiciones y otras culturas, que deberemos atender y no relegar a un ámbito marginal. 
. (EN) Señor Presidente, es un concepto erróneo muy extendido que las tendencias de la globalización y las políticas afines son imparciales en el trato de hombres y mujeres. 
Es importante tener esto presente cuando tratamos sobre los problemas de las mujeres inmigrantes en Europa. 
La Comisión considera que la inmigración cero no es ni realista ni está justificada. 
Esa política jamás se ha aplicado del todo, no sólo debido a la necesidad legítima de la reunificación familiar, sino también por razones económicas. 
En el futuro, es probable que los factores demográficos- el envejecimiento de nuestra población activa y de la población en general- hagan más necesaria la inmigración y la comprendamos mejor y no peor. 
En este proceso, debemos impedir las prácticas discriminatorias por razón de sexo. 
El fomento de la igualdad activa entre hombres y mujeres es muy necesario. 
En su comunicación sobre una política de inmigración comunitaria, presentada el 22 de noviembre del pasado año, la Comisión declaró que, a corto plazo, la inmigración puede ser un elemento importante de crecimiento de la población y podría aportar respuestas nuevas al cambio demográfico. 
Por sí sola no será una solución eficaz a los desequilibrios del mercado de trabajo, pero puede contribuir a paliar la escasez de conocimientos especializados en el contexto de una estrategia estructural integral. 
Los emigrantes, incluidas las mujeres, pueden desempeñar un papel especial en algunos de los ámbitos que se ven especialmente afectados por el incremento del número de personas mayores, al tiempo que los emigrantes legales, la mayoría de los cuales estarán en edad de trabajar, contribuirán a aliviar la carga financiera que representan los ancianos para la población en edad de trabajar. 
En diciembre de 1999, la Comisión lanzó un proyecto de directiva sobre el derecho a la reunificación familiar que, entre otras cosas, otorga a los miembros de la unidad familiar el derecho al acceso inmediato a educación, formación profesional y empleo. 
Los pasos siguientes serán la presentación de un proyecto de directiva sobre la situación de los residentes de larga duración y una propuesta sobre la admisión de nacionales de terceros países con fines de empleo y actividades autónomas y para cursar estudios en el territorio de los Estados miembros. 
El Tratado de Amsterdam incluye expresamente la igualdad de trato entre los sexos como uno de los objetivos de la Comunidad Europea. 
Esto es válido para nuestras políticas de ámbito nacional o de asuntos exteriores. 
Asimismo, existen varias decisiones políticas que defienden expresamente el respeto a la igualdad entre ambos sexos en la cooperación al desarrollo. 
Con vistas a reforzar el fomento de la igualdad entre ambos sexos como factor que afecta a todas las políticas, programas y proyectos, presentaré próximamente al Colegio un programa de acción en favor del principio de igualdad de oportunidades por razones de sexo en la cooperación al desarrollo. 
El tráfico de seres humanos se ve facilitado por la globalización y las modernas tecnologías. 
El tráfico de seres humanos, y en particular de muchachas y mujeres, no sólo entraña la explotación sexual, sino también la explotación laboral en condiciones cercanas a la esclavitud. 
El flujo tradicional entre determinadas regiones del Tercer Mundo y destinos occidentales continúa. 
Algo que es motivo de una preocupación aún mayor es el incremento del número de mujeres y niños que son traídos por las mafias a la UE procedentes de países de la Europa Central y Oriental. 
La Comisión ha adoptado medidas importantes contra esta violación de los derechos humanos. 
La no discriminación es un derecho humano fundamental, ya sea por motivos de nacionalidad, de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
Es por ello que la Comisión acoge muy favorablemente que el Tratado de Amsterdam otorgue a la Comunidad competencias para luchar contra la discriminación por todos estos motivos en virtud del artículo 13. 
El fomento y la protección de los derechos humanos es parte integral de la política sobre derechos humanos de la UE. 
Las mujeres inmigrantes son especialmente vulnerables a la discriminación y la exclusión social. 
La Estrategia para el Empleo y el Fondo Social Europeo han sido concebidos para luchar contra la discriminación y garantizar la integración en la sociedad. 
Dos directivas adoptadas recientemente tratan sobre la discriminación, una en relación con el empleo y la otra con la discriminación racial. 
Ambas integran la perspectiva de género y el programa apoyará las actividades transitorias. 
Volviendo sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, permítanme recordarles que la Estrategia para el Empleo de la Comunidad, con sus prioridades de empleabilidad, espíritu empresarial, adaptabilidad e igualdad de oportunidades, intenta apoyar los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a introducir reformas estructurales en sus sistemas de empleo, la protección social y el régimen fiscal. 
Es una cuestión de igualdad. 
Es asimismo una cuestión de sustituir la discriminación por el buen sentido económico, como es utilizar el espíritu emprendedor y la creatividad de todos aquellos que necesitan y quieren trabajar. 
Ello exige que reformemos nuestro modelo social para involucrar a toda nuestra población, mujeres y hombres, en una Europa económica y social integradora con igualdad de acceso a las oportunidades, a los conocimientos, al desarrollo personal y el apoyo que ello implica. 
Los Fondos estructurales europeos tienen un papel fundamental en este proceso. 
Para garantizar los derechos de las mujeres inmigrantes ahora lo fundamental es una buena gobernanza sobre la base de valores compartidos por ambos sexos en un mundo en transformación. 
Se trata de tolerancia, modernización y mejora de las distintas herramientas de la política. 
Se trata asimismo de democracia y solidaridad. 
La igualdad de representación es un factor fundamental en este sentido. 
La participación de las mujeres en la vida política y civil es fundamental para la buena gobernanza, tanto en Europa como en cualquier otra parte. 
Las voces de las mujeres aún no se oyen lo suficiente en los principales ámbitos políticos. 
Hacen falta cambios estructurales para hacerlas más audibles. 
La creación de instituciones para hacer frente a los retos de la globalización debe ir acompañada de la participación igualitaria y compartida de las mujeres en el proceso político. 
Muchas de estas cosas son retos de sobra conocido y muy arraigados. 
Ojalá que lo nuevo que hagamos sea enfrentarnos a dichos retos con una voluntad más rigurosa de hacer lo que es políticamente necesario. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Política de Desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0059/2001) del Sr. Gemelli, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 212- C5-0264/2000- 2000/2141 (COS) ) sobre la Política de Desarrollo de la Comunidad Europea. 
. (IT) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Comisario por haber acudido varias veces a la Comisión de Desarrollo por razón de este informe contribuyendo y enriqueciendo, en consecuencia, el debate que se ha llevado a cabo en la propia comisión. 
Debo asimismo dar las gracias al presidente de la comisión y a todos los coordinadores de los Grupos, así como a todos los diputados que han querido contribuir a la elaboración de este informe acogiendo con gran sensibilidad mi invitación a convertir este informe en un texto que mereciera un amplio consenso y un amplia mayoría parlamentaria con vistas a recoger todas las posiciones que el Parlamento Europeo puede expresar. 
Por último, también quiero dar las gracias a mis colegas de las demás comisiones: a la Sra. Carrilho de la Comisión de Asuntos Exteriores, a la Sra. Jutta Haug de la Comisión de Presupuestos, a la Sra. Caroline Lucas de la Comisión de Industria y a la Sra. Patsy Sörensen de la Comisión de Derechos de la Mujer que han contribuido con sus opiniones a este informe. 
El informe se basa en algunos principios fundamentales: el restablecimiento del equilibrio natural que afecta a la defensa del medio ambiente, la defensa de la cadena alimentaria para proteger el ecosistema, la defensa de la biodiversidad, la búsqueda de una economía de la subsistencia que sea autosuficiente, los límites a los monocultivos industriales que representan una explotación y, además, el restablecimiento del equilibrio natural también en lo que se refiere al progreso antropológico y de las relaciones responsables entre hombres y mujeres, entre adultos y niños y entre trabajadores y personas mayores partiendo de un embrión social que está representado por el hombre, la mujer y los hijos. 
Otro principio es el de un desarrollo consciente y autogestionado, como factor cultural, de la necesidad, de la búsqueda de mejores condiciones de vida: unos proyectos que sean autogeneradores de cara a promover la evolución y la superación de la vivencia de la cultura local, así como la conciencia del papel institucional y la necesidad de una implicación del sector privado con programas coherentes con el desarrollo y, por último, una especial, muy especial atención al mundo de los niños que para la clase política es una parte invisible de la sociedad sin voz y sin derechos; asimismo, un fuerte papel de la mujer reconociendo el papel que desempeña desde siempre en las articulaciones sociales a partir de la familia y del trabajo. 
Con estas orientaciones se ha abordado el debate en comisión sobre la comunicación de la Comisión Europea que hemos encontrado algo reductivo respecto a las perspectivas que la Unión Europea debe tener dentro de este mundo del desarrollo. 
Por esto, dado que no es posible elaborar un informe coherente sobre un trabajo tan complejo, lo único que quiero decir es que, hoy por hoy, la condición de los pobres ha empeorado respecto a 1960, es decir, a hace 40 años, que la tasa de escolarización ha disminuido y que no se consigue llevar a cabo un discurso sobre la entidad individual, sobre la persona, sino que se mira el conjunto de la pobreza en el mundo en términos estadísticos y económicos. 
También el problema de la deuda es un problema que se puede y debe afrontar, siempre que se consiga realizar un seguimiento y control de los presupuestos de los Estados para recalificar las partidas y para destinarlas a erradicar la pobreza. 
Del mismo modo, se ha de mejorar, enfatizar e incrementar el desarrollo rural con el fin de neutralizar el recurso a la construcción de megalópolis. 
Por lo que se refiere a la prevención de conflictos, considero que se ha abordado en términos bastante exhaustivos en la opinión elaborada por la Sra. Carrilho, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, y pienso que la misma también puede afrontarse en términos de regionalización de las políticas de desarrollo. 
Quisiera resaltar un último punto: me parece que existe una tendencia a afrontar los problemas del desarrollo y de la erradicación de la pobreza asignando esta tarea a las multinacionales. 
Considero que éstas no son las más apropiadas para llevar a cabo dicha tarea. Pienso, por el contrario, que hay que valorizar el papel de las organizaciones no gubernamentales que deben mantener una relación prioritaria con las poblaciones de los países en desarrollo. 
En conclusión, no sé si con este informe conseguiremos afrontar estas problemáticas. Lo único que pienso es que hay muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres que necesitan nuestra ayuda y que nosotros debemos defenderles. 
Señor Presidente, mi corta intervención va destinada tan sólo a subrayar algunos de los aspectos que ya mencioné en la opinión de la que fui ponente para la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Primero: este documento de la Comisión es digno de beneplácito, no sólo por el propósito de corregir aspectos concretos de ejecución de la política de desarrollo y cooperación, sino también porque pretende enmarcar esa acción en un plano más general que tiene un importante alcance, conforme a lo establecido en el Consejo Europeo de Helsinki. 
El informe del Sr. Gemelli contribuyó a profundizar su contenido y aportar mayor consistencia a ese objetivo y, por tanto, es digno de aprobación. 
Segundo: quisiera señalar una vez más a la atención de sus Señorías la ventaja que entrañaría una mayor coordinación intracomunitaria de la política de desarrollo y política exterior. 
En efecto, todos sabemos que es notable el peso de la participación europea en el apoyo a los países en vías de desarrollo y que somos los mayores donantes mundiales, pero no se reconocen suficientemente esos hechos ni en lo que representan en el plano financiero, en particular desde el punto de vista de los compromisos y las esperanzas infundidas, ni en la responsabilidad que entrañan en cuanto a la influencia política en los procesos de desarrollo de los países interesados. 
Una estrategia común de afirmación del papel internacional de la Unión Europea legitimado por los principios de cooperación y defensa de los derechos humanos sólo podría ser beneficiosa para los países que pretenden avanzar de la condición de desprotegidos o incluso víctimas al estatuto de socios. 
Tercero y último: es necesario volver más eficaz la política de desarrollo, principalmente mediante un sistema más fiable de seguimiento, control y evaluación de los programas y sus resultados en el terreno. 
Para ello, podría ser necesaria probablemente la creación de nuevos órganos de gestión, pero requerirá, desde luego, una mejor utilización de los recursos existentes, en particular de las delegaciones, y una verdadera reforma del servicio exterior de la Comunidad. 
Señor Presidente, querría comenzar felicitando al Sr. Gemelli por haber conseguido la aprobación unánime de su informe en la Comisión de Desarrollo. 
Merece recibir el mismo elogio de la Asamblea. 
Es justo decir que ha existido una contribución considerable de todos los partidos políticos de esta Asamblea, porque el Sr. Gemelli ha aceptado varias enmiendas durante la etapa en comisión. 
El informe sienta las bases de la política de desarrollo para la próxima década. 
Algunas de las estadísticas que arroja son de una índole aterradora, por ejemplo, el número de personas menores de 15 años de los países en desarrollo; la miseria en que vive la mayoría de ellos; la lacra de enfermedades como el sida, la malaria y la tuberculosis; la enorme y cada vez mayor diferencia entre los países desarrollados y aquéllos en desarrollo; los pronósticos, que creo que nunca se materializarán en los plazos establecidos. 
Por último, está la magnitud de la tarea a que nos enfrentamos como Unión Europea para contribuir a erradicar dichos problemas. 
Es esperanzador que la Comisión, por sí misma, se haya dado cuenta de que no podemos continuar como en el pasado y que hay que encontrar nuevas estructuras y formatos para reducir el desfase que existe entre los compromisos y pagos, y que debe hacerse una mejor utilización de los fondos para el desarrollo. 
El comercio es la clave. 
Aplaudo buena parte de los planteamientos de la Comisión. 
En el Parlamento debemos apoyar sus esfuerzos. 
La descentralización es un requisito imprescindible para aprovechar mejor nuestras oficinas de delegación y reducir los trámites y el tiempo malgastado. 
En mi calidad de ponente sobre la cooperación e integración regional el pasado año, me complace comprobar que se está intentando avanzar en esta dirección, con ECOWAS en el África Occidental allanando el camino. 
Muchos países sólo podrán hacer frente a la globalización y al Reglamento de la OMC a través del fortalecimiento del comercio interregional. 
Pero debe existir una cooperación más estrecha entre los Estados, las instituciones financieras y la Comisión para hacer el mejor uso posible de la ayuda al desarrollo. 
La Comisión debería asumir el papel de coordinador general para recortar la duplicación, y abstenerse de intervenir en los problemas del día a día, que deberían ser encargados a organizaciones contratistas especializadas en estas cuestiones. 
Aunque la ayuda presupuestaria a los gobiernos nacionales permite utilizar más fondos y con mayor rapidez, resulta mucho más difícil vigilar, y el seguimiento debería ser de mayor calibre. 
No debe abandonarse la ayuda a pequeña escala a empresarios. 
En este ámbito, los miembros de la Comisión de Desarrollo deberían ser más activos y recordar a la Comisión sus responsabilidades. 
La Comisión ha establecido sus seis principios prioritarios, que apoyamos firmemente en su totalidad. 
La prioridad dentro de estos seis ámbitos también es importante. 
No deberíamos olvidar nunca que sin paz, estabilidad, buena gobernanza y el Estado de derecho no será posible intervenir en los otros cinco ámbitos prioritarios. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, Sr. Gemelli, por el trabajo realizado en la elaboración de este informe, en el que al final todos los Grupos han llegado a un consenso en comisión, aunque, como ya se ha dicho, no ha sido fácil. 
Este informe se refiere a un ámbito de acción de creciente complejidad, como es la globalización, sobre todo en los problemas medioambientales y en el problema de los flujos migratorios, que tiene cada vez más importancia en la definición del papel de la Unión Europea en el mundo. 
El Grupo Socialista siempre ha defendido que la política de desarrollo debe configurarse como una dimensión esencial de la acción exterior de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Y esto por dos razones fundamentales: la primera, porque el subdesarrollo en el que viven por lo menos ochocientos millones de personas nos parece intrínsecamente perverso, socialmente injusto y económicamente ineficaz. 
En segundo lugar, porque consideramos que los principios de solidaridad y cohesión en los que está fundada la Unión Europea deben ser los que guíen la gestión de la globalización, para que ésta sea sostenible. 
En este sentido, recomiendo a quienes no estén convencidos de ello la lectura del último ensayo de Susan George. 
Pero nosotros no apoyamos cualquier política de desarrollo. 
Señor Comisario, si el objetivo de la política de desarrollo es la eliminación de la pobreza, tal como ustedes y el Consejo han declarado en reiteradas ocasiones, no deberían ustedes en sus anteproyectos de presupuesto escamotear fondos a los países menos desarrollados en beneficio de otros compromisos exteriores. 
Si para ello hay que aumentar el techo de las perspectivas financieras, háganlo, y si no lo hacen, cambien de discurso. 
Si seguimos el esquema del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE en la racionalización de estrategias contra la pobreza, tendremos también que seguir al CAD en la estructura de los presupuestos, para poder evaluar la eficacia de nuestra política en relación con nuestros objetivos. 
Es lo que este Parlamento aprobó y lo que nosotros queremos. 
Si la Comisión quiere nuevas formas de gobernanza para Europa en las que el diálogo con la sociedad civil desempeñe un papel fundamental, debemos ayudar a aquellas organizaciones que son más representativas en el desarrollo en la Unión Europea. 
En definitiva, no podemos gestionar esta política de manera tan errática como estamos haciendo. 
El informe del Sr. Gemelli es bueno. 
La comunicación de la Comisión también, aunque adolece, como ya se ha dicho en el informe, de falta de concreción y compromisos cuantificables. 
Ambos documentos son papel mojado si no se plasman en la práctica. 
En los próximos meses van a tener lugar varias conferencias mundiales y se reabrirá el debate sobre los grandes temas del desarrollo: la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre los países menos avanzados y la primera Conferencia sobre el SIDA. 
Todos estos temas nos afectan en nuestra política cotidiana. 
Por ejemplo, el racismo está muy relacionado con los problemas de la inmigración, que, a su vez, tienen que ser analizados desde la perspectiva del desarrollo de los países de origen, y el SIDA está muy relacionado con todo lo que es la política de patentes y la industria farmacéutica. 
El Grupo Socialista del Parlamento Europeo aboga por que la Unión Europea participe activamente en estas conferencias y, para ello, es necesario que la política de desarrollo de la Comunidad Europea sea eficaz, coherente y cohesionada. 
En este sentido, esperamos que este informe sea positivo. 
Señor Presidente, al contrario que la Comisión, nuestro Parlamento no es bueno a la hora de fijar prioridades. 
En este momento, se trata de la cuestión central de si respaldamos los seis ámbitos de atención tal como han sido formulados por la Comisión. 
La respuesta es sí, entendiendo que también deben añadirse comunicación y energía al transporte. 
La Unión Europea debe concentrarse al máximo en estos ámbitos en los que tiene un valor añadido. 
Un elemento crucial es el funcionamiento adecuado del aparato administrativo en los países en desarrollo. 
Si las labores esenciales- mantenimiento del estado de Derecho, sanidad, enseñanza, infraestructuras- no se realizan bien, la participación en la economía de mercado resulta difícilmente posible. 
De ahí que, en mi opinión, la creación de la capacidad de gestión también deba ocupar el primer lugar en la lista de prioridades. 
Más importante todavía que el refuerzo de las instituciones en cuanto tales, resulta la lucha contra el abuso de poder, la corrupción y la violencia sin límites. 
El fomento de la cooperación regional debe recibir, así mismo, un nuevo impulso. 
Es mejor que hagamos poco y bien que mucho y mal. 
Se trata de la efectividad. 
De ahí que la política de la Comisión y las de los Estados miembros deban complementarse. 
Por tanto, no debe suceder que Europa siga a los Estados miembros o éstos a Europa. 
Así mismo, la muy discutida coherencia interna es esencial para el éxito de esta política. 
Además, es muy importante que también podamos ejecutar las prioridades que fijamos ahora mediante un personal bien cualificado. 
Es más importante lograr que disminuya la pobreza en el mundo que aumentar la riqueza propia. 
La cooperación al desarrollo debe, por tanto, constituir una parte esencial de la política europea. 
Eso sólo puede lograrse si el propio Parlamento también fija prioridades firmes y no se embala con las enmiendas del buen informe del Sr. Gemelli. 
Las propuestas de la Comisión deben detallarse más ahora en una estrategia clara. 
Eso debe tener actualmente prioridad absoluta para nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, la política de desarrollo comunitario debe permitir establecer un marco de discusión con los socios de la Unión, coordinar la acción europea con los otros donantes de fondos, concretamente con los Estados miembros, y aumentar su coherencia con las otras políticas comunitarias, en particular la política comercial y la política agrícola común. 
Pero el enfoque actual de la Comisión no puede conducir a una buena política ya que es tributario del funcionamiento del mercado y de las normas establecidas por la OMC, el FMI y el Banco Mundial, normas que siguen siendo desfavorables para los países en vías de desarrollo. 
Es preciso constatar el fracaso de la globalización liberal para fomentar el desarrollo. 
El informe del Sr. Gemelli denuncia, con razón, el deterioro de la situación económica, social y medioambiental de los países en desarrollo, el agravamiento de la pobreza y los efectos negativos de la globalización en estos países. 
El informe aboga por una revisión de la normativa de la OMC, con el fin de tomar en cuenta los países en vías de desarrollo. 
No obstante, es necesario recordar el principio elemental de una política de desarrollo sostenible. 
Es a los propios beneficiarios de la ayuda a quienes les corresponde definir su estrategia de desarrollo con respecto a sus necesidades. 
Ahora bien, nos inscribimos en la lógica inversa: es la Comunidad Europea la que se arroga el derecho de imponer a sus socios que utilicen la ayuda en seis sectores que ésta considera prioritarios. 
Se trata de una ambigüedad fundamental que debemos eliminar. 
¿Se actúa en beneficio de los países que presuntamente se desea ayudar, o en el de la Unión Europea y de sus Estados miembros? 
¿Dónde acaba el interés directo de la Unión Europea y dónde empieza su política de desarrollo? 
La dificultad de los países en desarrollo para defender sus intereses en la comunidad internacional es evidente. 
Por ejemplo, en el ámbito de la salud se ha entablado una acción judicial contra Sudáfrica por las multinacionales de la industria farmacéutica. 
Brasil es condenado por los Estados Unidos porque ha fabricado o importado medicamentos genéricos a menor coste para luchar contra el sida, cuando esta enfermedad está matando a millones de personas en este país. 
La Comunidad Europea debe hacer oír su voz en los organismos internacionales para defender el principio de la posibilidad de conceder licencias gratuitas a los países en desarrollo que se encuentran en una situación de emergencia sanitaria. 
Esto es lo que pido a mis colegas con la aprobación de una enmienda que, por otra parte, ya fue adoptada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Es asimismo incoherente la reducción constante del presupuesto comunitario destinado al desarrollo, que ha descendido un 1,1 % en el presupuesto provisional para 2002, cuando la cooperación al desarrollo forma parte de las prioridades del programa de acción para 2001 de la Comisión. 
La lista de aberraciones de la política de desarrollo llevada a cabo hasta ahora por la Comunidad es extensa. 
Votaremos, pues, a favor de este informe porque hace hincapié en la línea divisoria que separa las declaraciones políticas y los progresos efectivamente realizados, aunque el mismo no siga siempre nuestra lógica. 
Señor Presidente, yo suscribo una gran parte de las observaciones críticas contenidas en el informe del colega Gemelli y sus propuestas. 
Sin embargo, también comparto las dudas en cuanto a si será posible reducir el número de pobres a la mitad para 2015. 
La política neoliberal de los países del Norte, que ha incrementado la riqueza de los ricos mientras mantiene atrapados en la trampa de la pobreza a los pobres, también marca la política de desarrollo. 
El nuevo lema "todo menos armas" suena bien, pero no responde exactamente a la realidad. 
En primer lugar, los arsenales siguen estando tan repletos gracias a las exportaciones de armamento de los países industrializados, incluida Alemania, que con las armas disponibles es posible librar y se libran guerras. 
En segundo lugar, es una hipocresía que la Unión Europea propugne la apertura de los mercados como remedio universal, pero en cambio continúe negándose en redondo a que los 48 países más pobres del mundo puedan exportar todos sus productos a la Unión exentos de derechos de aduana. 
En tercer lugar, me parece cínico que Estados ricos- entre ellos también Alemania- atraigan el potencial intelectual de los países en desarrollo, privándoles así de un fundamento importante para su desarrollo autónomo. 
La política de desarrollo no es sólo altruista; también es una política de intereses. 
Llama la atención que las zonas productoras de materias primas se definan como zonas de interés, a la vez que, de conformidad con la nueva estrategia de la OTAN y los criterios de actuación del futuro ejército de intervención europeo, el control de las zonas de interés también se puede asegurar por medios militares. 
Cuando se habla de una nueva Unión Europea del siglo XXI, ésta también debería incluir un cambio radical en la política de desarrollo. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Gemelli por este informe, el más importante de todos aquellos en los que vamos a trabajar durante esta legislatura. 
Existen motivos suficientes para, como hace el Sr. Gemelli, recordar tanto al Consejo como a la Comisión las normas contenidas dentro del artículo 178 del Tratado que ni el Consejo ni la Comisión siguen. 
El Sr. Gemelli llama la atención espléndidamente en el punto 7 de la propuesta de resolución sobre la necesidad de que los objetivos en materia de política de desarrollo casen con las decisiones adoptadas en el ámbito agrario y comercial, de que la política agraria comunitaria sea revisada y de que los mercados comunitarios se abran a todos los productos de los países menos desarrollados. 
No obstante, acabamos de pasar el increíble bochorno de que la UE pospusiera en el acuerdo relativo a todos los productos menos a las armas el libre acceso para el azúcar hasta el año 2009 y que también haya pospuesto la apertura de sus mercados al arroz y al plátano, en resumen, a los artículos de exportación más importantes de los 48 países más pobres del mundo. 
La lucha contra la pobreza es el objetivo primario de la política de desarrollo comunitaria. 
Para luchar activa y constructivamente contra la pobreza en los países en vías de desarrollo hay una serie de ámbitos que deben ser abordados seriamente. 
Hay tres puntos, en particular, muy importantes que la comunicación de la Comisión no ha tratado con especial detenimiento. 
La Comisión de Desarrollo ha aprobado una serie de enmiendas sobre estos tres puntos, es decir, salud reproductiva, participación de los países en vías de desarrollo como socios de la cooperación, y participación de las ONG y de la sociedad civil en el proceso de decisión. 
Resulta singular que la Comisión, en general, siempre mencione la salud y en especial, los derechos sanitarios reproductivos de la mujer, en una oración subordinada cuando piensa en que el desarrollo y la lucha contra la pobreza se apoyan en las mujeres en edad reproductiva y que la salud reproductiva también abarca la lucha contra el HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis. 
Es de la máxima importancia que la UE se sume a la lucha contra estas enfermedades mortales que contribuyen a detener los procesos de desarrollo. 
Como es bien sabido, el Sr. George W. Bush recientemente ha paralizado todas las ayudas a organizaciones que de algún modo asesoren sobre prevención e interrupción del embarazo. 
Esta iniciativa, en primer lugar, resulta sumamente discriminatoria para las mujeres. 
En segundo lugar, supone una verdadera amenaza para la salud pública- o para la falta de ésta igualmente- en los países en vías de desarrollo. 
Tanto más importante resulta entonces que la UE a partir de ahora desarrolle sus esfuerzos dirigidos en materia sanitaria. 
Espero por ello que la Asamblea apruebe las enmiendas que la Comisión de Desarrollo ha aprobado. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar al Sr. Gemelli por este informe. 
La propuesta de la Comisión representa un importante avance para la presentación de un programa de desarrollo más consolidado. 
Esta política ganará en eficacia si se concentra y se orienta más a la búsqueda de resultados. 
Los seis sectores a los que da prioridad la propuesta de la Comisión están bien elegidos. 
Asimismo, la resolución del Parlamento contiene una serie de importantes comentarios y añadidos. 
El Parlamento hace más hincapié que la Comisión en los aspectos medioambientales del desarrollo. 
Entre otras cosas, el Parlamento sostiene que la mayoría de los pobres del campo depende de los recursos naturales y que, por esa razón, el fortalecimiento de tales recursos- bosques, praderas, tierras de cultivo y recursos acuíferos- debe ser un componente importante de las estrategias para combatir la pobreza. 
Hay también un comentario del Parlamento que alude a la prioridad número cinco de la Comisión, esto es, a los transportes. 
Es un comentario importante, una visión más amplia, que no sólo incluye a las carreteras, sino que comprende el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a los modernos procesos de transporte y almacenamiento de energía. 
A los países pobres jamás se les ha dado la oportunidad de participar seriamente en el desarrollo de la sociedad industrial. 
Ahora existe un considerable riesgo de que grandes regiones queden fuera de la nueva economía que se está desarrollando en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
En todas las estrategias de desarrollo se deberían contemplar ayudas para desarrollar capacidades en relación con esas tecnologías. 
En general, en los trabajos para combatir la pobreza hay una tendencia a despreciar las tecnologías. 
Espero que la Comisión acoja de manera constructiva las diferentes recomendaciones del informe Gemelli, especialmente los puntos en que señalamos la necesidad de ver las prioridades con mayor amplitud. 
De todos modos, volveremos a discutir estos temas en relación con los presupuestos. 
Señor Presidente, en el debate que se celebra en esta sala se ha dicho, entre otras cosas que, cuando nombramos los sectores en los que queremos seguir una política de desarrollo, es como si impusiéramos algo a otros colegas de los países del Sur. 
Lo rechazo. 
Los commitments internacionales que elaboramos en la cumbre internacional sobre la pobreza en Copenhague constituyen en el fondo commitments entre el Sur y el Norte. 
Intentamos que nuestra misión social sea operativa, y la enseñanza y la sanidad básicas desempeñan un papel importante en ello. 
La idea fundamental es que quien en su propio país no tiene la posibilidad de acceder a la enseñanza básica o a la sanidad básica, no tiene la posibilidad de un desarrollo personal y, por tanto, tampoco de take off. 
Por supuesto, hace falta una colaboración comprensible entre los Estados miembros, la Unión Europea, los países implicados y la civil society. 
Sobre ese punto, hemos fijado importantes targets tanto en cuanto a las seis prioridades como en cuanto a las prioridades del Parlamento Europeo para el presupuesto 2001. 
En la práctica, sin embargo, no resulta tan fácil: muy poca gente bien escolarizada, organizaciones que todavía no funcionan, muy pocas inversiones. 
No obstante, opino que la Comisión ha dado un paso extraordinariamente importante- y el Comisario merece todos los elogios por ello- al hacer hincapié en la problemática de la pobreza y en su coherencia con otros ámbitos políticos. 
Por supuesto, el Comisario no lo tiene fácil: unas veces su colega Fischler quiere proporcionar una ayuda alimentaria errónea, otras veces los Estados miembros no quieren respaldar suficientemente al Sr. Lamy cuando pretende conceder un respaldo adicional a 48 países. 
Creo que la cuestión consistirá en que ustedes pongan en práctica todas estas bellas palabras durante los próximos meses. 
Si estas bellas palabras pueden dar lugar a que no sólo formulemos de forma conjunta una política más amplia, sino a que también podamos ejecutarla y a que respaldemos a la Comisión de forma coherente, entonces, tenemos una buena oportunidad. 
La situación no es sencilla en este momento. 
Las personas implicadas en las modificaciones efectuadas en los distintos servicios están también muy inseguras en cuanto a los cambios en la organización. 
No es fácil, ya que las personas no se encuentran todavía en las delegaciones y, a veces, falta experiencia. 
Sin embargo debemos desarrollar estas cosas: si el Comisario muestra efectivamente que él y su Comisión, con el respaldo del Consejo, dan un primer paso en la dirección deseada por el Parlamento, creo que existe la posibilidad de que todos entremos en una nueva fase. 
No nos fijemos solamente en todas las desgracias del mundo, sino también en las pruebas positivas de que, juntos, podemos llegar a algo. 
Y si la propia gente de los países en desarrollo tiene un buen proyecto que merezca ser respaldado, entonces debemos hacerlo. 
Quisiera ver que intentamos convertir todas estas desgracias en una política de pobreza positiva y demostremos que con la ayuda europea- la Unión Europea es el mayor donante del mundo- podemos realmente marcar una diferencia. 
Deseo mucho éxito al Comisario: le juzgaremos por sus hechos, tal como él hará con nosotros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sr. Van den Berg es optimista. 
Nosotros también, aunque sabemos que la cooperación al desarrollo no marcha tan bien en el mundo, tampoco con los europeos. 
De ahí que consideremos realmente positivo que se cree una nueva política. 
Traducida en cifras, la ayuda de los países europeos es considerable, pero el número de personas pobres en el mundo ha aumentado en los últimos diez años. 
No ha sido ciertamente, por tanto, un éxito de la lucha contra la pobreza. 
De ahí que sea positivo que se fije esta prioridad, a condición de que se reconozca por qué se ha fracasado hasta ahora y que mañana se quiera hacer de otra forma, que se adopte un plan de acción para ello y que estemos dispuestos a establecer benchmarking. 
No estamos en absoluto convencidos de que la liberalización del comercio internacional logre acabar con la pobreza, el comercio internacional sí puede, por supuesto, dar lugar a un aumento de la riqueza. 
Sin embargo, si la corrupción se mantiene, si los gobiernos no quieren redistribuir la nueva riqueza, no se logra mucho. 
A pesar de ello, debemos estar dispuestos a colaborar bien con los socios que lo deseen. 
Ya se ha señalado nuestra falta de coherencia y me sumo a los alegatos al respecto. 
Me pregunto si podemos hablar de coordinación y complementariedad si los países continúan pensando que deben mantener un planteamiento estrictamente personal en cuanto a la cultura, la economía y la geopolítica. 
Estamos dispuestos a dar crédito a la reforma de la política europea de desarrollo, ya que reformar es un must tras tantos años de ineficacia. 
No obstante, quiero formular un par de preguntas ¿Por qué no se concentra esta ayuda en un grado todavía mayor en los países más pobres? 
Una cuestión a la que el Sr. Van den Berg ha dedicado mucha atención: ¿se está dispuesto a una asociación verdadera? 
Realmente, tenemos la impresión de que nuestros textos son todavía demasiado unívocos y que sabemos hacerlo mucho mejor ¿Vamos a participar en las inversiones del Fondo Europeo de Desarrollo? 
¿Está dispuesto el Consejo a poner fin a las intromisiones en los planes concretos de ejecución? 
Podría continuar con mis preguntas. 
No lo haré, señor Presidente, pero son preguntas que todos nos formulamos. 
Señor Presidente, una observación del informe Gemelli que me ha agradado especialmente: en la página 22 se declara que la política comercial de la Unión Europea tiene consecuencias considerablemente mayores que la ayuda al desarrollo. 
Si contemplamos eso, no podemos seguir debatiendo libremente sobre la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Debemos llegar hasta el límite para que la política de desarrollo funcione de tal forma que el abismo entre el Norte y el Sur desaparezca. 
Eso significa primero y antes de nada que debe hacerse hincapié en la coherencia entre comercio y ayuda. 
Estoy satisfecho de la atención que se presta a esto en el documento de la Comisión, y expreso el deseo de que se evalúen las consecuencias de todas nuestras medidas comerciales de cara a los países en desarrollo. 
Eso se aplica, además, a los otros ámbitos políticos. 
La creación de una línea presupuestaria especial no basta para hacer frente a las consecuencias negativas de la política de la UE respecto de los países en desarrollo. 
Estoy pensando, por ejemplo, en las ayudas agrícolas. 
Por último, quiero señalar que tengo problemas con el término "salud reproductiva" que figura en el considerando aa) y en el párrafo 33. 
Quisiera que el ponente me explicara si aquí entra también la financiación de programas para abortar. 
Resulta que Europa se definía recientemente frente a Estados Unidos por la financiación de semejantes programas. 
Cuando la Ministra Herfkens pidió al Comisario Nielson un presupuesto dedicado a estos programas, hubo sin más una respuesta positiva. 
Aparte del aspecto ético que existe en esta cuestión, no creo que Europa tenga que reaccionar ante cada cambio que se produzca en la política americana. 
La Unión Europea tiene definidas sus propias prioridades y responsabilidades políticas. 
Semejante estrategia de reacciones no favorece la coherencia de nuestra política. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero utilizar mi turno para felicitar al ponente por su informe, con el que llega al núcleo de la cuestión, es decir, a la urgente necesidad de que exista una mayor coherencia en la política que se desarrolla, mayor vinculación entre la política de cooperación al desarrollo y otros ámbitos políticos, así como entre la política europea de cooperación al desarrollo y las de los Estados miembros. 
La creación de un grupo permanente de trabajo que coordine la política de cooperación al desarrollo de la Unión y las de los Estados miembros y refuerce la posición europea en los órganos internacionales es una idea loable. 
El informe Gemelli precisa, además, el documento de la Comisión de forma importante. 
En efecto, las tecnologías de la información y de las comunicaciones deben constituir una prioridad importante. 
Eso sirve, además, para prevenir conflictos, algo que, bastante lamentablemente, sólo se menciona de forma indirecta en el documento de la Comisión. 
La política de salud, entonces. 
Urgen, en efecto, medicinas más eficaces para luchar contra enfermedades básicas tales como la tuberculosis, la malaria y la enfermedad del sueño. 
El programa de acción de la Comisión en materia de medicinas es digno de mérito, pero insuficiente. 
Tal vez deba fomentar la investigación para lograr medicinas tropicales, pero sobre todo, amenaza con hacer pagar la factura al contribuyente europeo. 
Me parece más fundamental que los países más pobres logren licencias más baratas para la producción y compra de medicinas a fin de luchar contra las enfermedades básicas. 
Así mismo, es más importante que se ponga fin a la llamada "piratería del patrimonio", es decir, a las reclamaciones de pacientes a través del patrimonio de los países en desarrollo por utilizar el conocimiento de los sanadores locales. 
Durante los casi dos años que llevo siendo diputado del Parlamento he adoptado ya cinco informes en los que se aboga por que exista más coherencia en la política de desarrollo. 
No se tomen a mal que formule hoy la pregunta de cuándo van a hacer finalmente eso el Consejo y la Comisión. 
Permítanme comenzar con una autocrítica a este Parlamento. 
Apoyamos que la Comisión elabore una serie de objetivos de desarrollo más claros y concisos, pero luego respondemos con una resolución que contiene 68 apartados diferentes. 
Si bien es cierto que el presente informe contiene muchas cosas sobre las que la Comisión debería reflexionar. 
Nuestro objetivo no debería ser la reducción de la pobreza, sino su erradicación. 
La integración en la economía mundial no puede ser un fin en sí mismo, si la comparamos con facilitar el acceso de los países pobres al mercado. 
Los países pobres dependen a menudo de ecosistemas frágiles y, por tanto, la conservación y la sostenibilidad deberían ser objetivos primordiales de nuestra política. 
La política de desarrollo de la UE debería guiarse por todos los objetivos internacionales en materia de desarrollo de las Naciones Unidas y no sólo por la pobreza. 
La UE tiene una responsabilidad fundamental, por ejemplo, en el fomento del acceso a la educación para todos, especialmente las niñas. 
Aunque apoyo la presente resolución, debemos recordar anteriores declaraciones en el Tratado de Maastricht, el Horizon 2000 y luego en la Agenda 2000, que incluían todas ellas bellas intenciones y buena voluntad sobre la política de desarrollo. 
La prueba de fuego es la aplicación. 
Recordemos asimismo que el Comisario respondió a este Parlamento el año pasado que la comunicación sobre la coherencia debía esperar hasta que se aprobara la declaración general sobre la política de desarrollo. 
La violenta reacción proteccionista contra la propuesta de "Everything but Arms" (Todo menos armas) demuestra con demasiada claridad la necesidad de elevar el perfil de los objetivos de desarrollo de nuestras políticas de comercio, agrícola, etcétera. 
Por último, sólo conseguiremos centrarnos en la pobreza si modificamos debidamente nuestra utilización de los recursos. 
El Comisario y sus servicios han trabajado en estrecha colaboración conmigo y con los colegas parlamentarios durante estas últimas semanas para garantizar el acuerdo sobre cómo lograrlo a través del presupuesto. 
Le doy las gracias por ello. 
Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo que permita avanzar unidos al Parlamento y la Comisión. 
No obstante, un fracaso debilitaría seriamente los principios de esta comunicación sobre la política de desarrollo, y desde esta Asamblea le pido que mantenga el diálogo hasta que lleguemos a una serie de votaciones difíciles en las próximas semanas. 
Le ruego que colabore con nosotros de manera que podamos convertir nuestros mutuos deseos en un compromiso común. 
La UE ha sido un donante voluntarioso pero, en el pasado- y quiero subrayar lo de pasado- no ha sabido proporcionar ayuda eficaz cuando ésta era necesaria y allí donde más se necesitaba. 
Este fracaso ha dejado a muchos países más empobrecidos hoy. 
Afortunadamente, y estoy en desacuerdo con el orador anterior, el informe Gemelli refuerza las propuestas de la Comisión. 
El Comisario Nielson y su equipo han realizado un gran trabajo y el informe del Sr. Gemelli- un informe excelente- refuerza esas nuevas propuestas. 
La prueba de fuego será si durante los próximos diez o veinte años la ayuda de la UE conseguirá reducir considerablemente la pobreza- estoy en desacuerdo, una vez más, con el anterior orador, nunca conseguiremos erradicar la pobreza. 
El objetivo es reducir sustancialmente la pobreza y la miseria que sufren tantas personas. 
El informe Gemelli intenta adoptar un nuevo enfoque, un enfoque audaz. 
Dejemos de lado la teoría, los modelos que no dieron resultado. 
Adoptemos ideas prácticas para fomentar el desarrollo real: el desarrollo de los recursos humanos, que permita a la población autóctona adquirir conocimientos técnicos; el desarrollo de la formación profesional de cara a la explotación rural, que permita a la población cultivar, cosechar, procesar, envasar y vender sus productos y obtener así el valor añadido con el que poder pagar su educación, su sanidad y sus viviendas; crear capacidad a través de la transferencia de tecnología a las PYME, fomentar la utilización de energía sostenible, aplicar la tecnología de la información, mejorar la conciencia en lo que respecta a la educación social, la salud y los derechos humanos. 
Son las ideas contenidas en el informe Gemelli y que respaldan el informe y la buena labor del Comisario Nielson. 
Por consiguiente, la Asamblea debería aprobar este importante informe en su totalidad porque mejorará la eficacia de la ayuda de la UE. 
Servirá de ejemplo a otros donantes, y espero que todos los diputados de todas las tendencias apoyen el presente informe y respalden también a la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, he votado a favor del informe Gemelli en comisión y haré lo mismo en el Pleno. Estoy totalmente de acuerdo con el mismo y, como todos mis colegas, no tengo ninguna razón para efectuar críticas sobre un trabajo que considero que se ha hecho a conciencia y con mucho empeño, así como con la colaboración de todos los miembros de la comisión. 
Aprovecho el tiempo a mi disposición para plantear dos o tres problemas de otra índole. 
Todas las veces que hablo, no sólo en este Pleno sino también fuera de él, de desarrollo, de cooperación al desarrollo, la pregunta que me hago, como decía algún colega, es: "¿ Por qué ?" 
Si comparamos la situación de hace cuarenta años y la de ahora, nos damos cuenta de que la distancia entre el Norte y el Sur ha aumentado, de que la distancia entre los países más ricos y los países más pobres ha aumentado. 
¿Por qué? 
Debemos tratar de dar una respuesta a esta pregunta, de lo contrario, corremos el riesgo de sentirnos frustrados toda vez que abordamos este tema. 
¿Por qué, como decía el Sr. Gemelli, hay más pobres, menos niños escolarizados, nuevas enfermedades y por qué los niños, la infancia, las mujeres están peor? 
¿Cuáles son los motivos? 
Creo que, fundamentalmente, hay un motivo. 
Hablamos de política de desarrollo, hablamos de fondos públicos: un pequeño, un pequenísimo arroyo que va de norte a sur; luego hay un arroyo enorme, un río enorme de fondos privados que va de norte a sur. 
Entonces el problema está en si los Estados miembros y la Unión Europea y los demás países ricos consiguen poner a punto una política de desarrollo capaz de favorecer la coherencia entre las políticas públicas y las políticas privadas, sin quitar, evidentemente, a lo privado el fin último de su iniciativa, sino condicionándolo más que lo hemos venido haciendo hasta ahora. 
Éste es el punto, ya que si no seremos como aquellos que vacían el mar con una cuchara. 
¿Y ahora cuál es el riesgo, Comisario Nielson? 
Usted lo sabe mejor que yo: es que en la globalización de ahora y en la sociedad de la información, quien no ha sido excluido por la riqueza resulta excluido por el conocimiento, es decir, sufre una doble exclusión. 
Éste es un riesgo muy serio. 
Por esto, hay que tomar ahora, en esta histórica etapa, unas decisiones drásticas. 
Por otra parte, y en lo que se refiere al problema de la deuda, a la cuestión de la coherencia de nuestros países con los compromisos adquiridos hace veinticinco años de destinar al menos el 0,7 % de su PIB a las políticas de desarrollo: pues bien, sólo uno de los quince Estados de la Unión, Suecia, que tiene el honor de ejercer la Presidencia de la Unión, cumple este compromiso. 
Necesitamos un nuevo apoyo a la política de desarrollo que hasta ahora no ha existido, un apoyo de todo el conjunto de los sistemas económicos en los que vivimos y no sólo de los Estados o de las instituciones públicas. 
Y un último punto, Comisario Nielson: he leído también el programa de actividad de la Comisión, pero no estamos hablando de esto. 
Hemos pedido una campaña de información en Europa sobre la política de cooperación y sobre la política de ayudas de Estado. 
No he visto ningún signo de la misma. 
Una política de desarrollo no se sostiene sin el respaldo de la opinión pública europea. 
Y ¿cómo conseguiremos este respaldo si no existe una campaña de información dentro y no fuera de la Unión Europea? 
(EN) Me veo tentado a iniciar una campaña de información aquí y ahora, a la luz de las observaciones del Sr. Imbeni en el sentido de que sólo Suecia destina el 0,7 % o más de su PIB a la AOD. De hecho hay un grupo de países que sobrepasan el 0,7 %. 
Por tanto, es una buena cosa que tengamos el G7 y es también una suerte que tengamos el objetivo del 0,7 para la cooperación al desarrollo. 
Irlanda ha decidido alcanzar el 0,7 a más tardar en 2007, o sea que las cosas avanzan y algunos de los países más grandes también están intentando incrementar su porcentaje. 
Añadiré otra observación a este aspecto cuantitativo: cuando trabajamos a nivel europeo, deberíamos reconocer el hecho de que los Estados miembros han aceptado que la Comisión siga trabajando al nivel de las expectativas definidas. 
Para los países ACP tenemos los fondos prometidos en el marco del Noveno Fondo Europeo de Desarrollo y para el resto del mundo también tenemos, en el marco de las perspectivas financieras, claridad y certidumbre en lo que respecta al nivel presupuestario para la cooperación al desarrollo. 
Es muy importante disponer de recursos cuando analizamos la situación en todo el mundo. 
Los Estados miembros han dicho que conceden a la Comisión el beneficio de la duda para ver si podemos hacerlo mejor que en el pasado, y no nos están presionando en relación con los fondos. 
Debemos ser muy humildes ante semejante panorama y es todo un reto poder estar a la altura. 
A la Sra. Sauquillo me gustaría informarle de que el 9 de febrero celebramos una excelente reunión con toda una serie de ONG europeas que operan en el ámbito del desarrollo, en la que nos preguntaron cómo organizar futuras negociaciones. 
Puedo decir al Parlamento que acepté inmediatamente la idea de celebrar reuniones regulares con las diferentes ONG de desarrollo sobre lo esencial, lo cual será de gran utilidad. 
No obstante, considero más importante celebrar un debate a fondo, negociaciones permanentes con el Parlamento que con ningún otro organismo. 
Una cosa no excluye la otra, pero en las negociaciones sobre el papel de las ONG conviene recordar que la legitimidad y representación de esta Asamblea da a cualquiera de sus dictámenes un peso mucho mayor que los de cualquier otro organismo. 
También esto forma parte de mi enfoque sobre cómo tratar estos asuntos. 
El Sr. Rod ha señalado el problema de si somos nosotros o nuestros socios quien decide lo que debemos hacer. 
En cualquier caso es un asunto complejo. 
Sólo podemos ofrecernos a hacer en los países en desarrollo aquellas cosas que sabemos hacer. 
Nos hemos visto obligados a ponernos límites porque hay muchas cosas sobre las que no sabemos lo suficiente como para proporcionar una buena asistencia en dichos ámbitos. 
Existen límites a las obligaciones que podemos asumir y también debemos garantizar que lo que hacemos encaja con lo que pueden aportar otros donantes. 
No es cierto que hayamos concebido nuestras prioridades pensando en el provecho que podríamos sacar de su realización en los países en desarrollo. 
Eso, sencillamente, no es justo; especialmente, si se analiza la nueva política y el fuerte énfasis que ponemos en la lucha contra la pobreza. 
El Sr. Rod ha mencionado también el acceso a los medicamentos. 
Cabría observar que la Comisión ha adoptado recientemente una serie de medidas a raíz de su comunicación sobre sida, malaria y tuberculosis. 
Hace dos semanas, la Comisión aprobó un programa de acción como seguimiento de lo que hicimos en otoño. 
El programa incluye ideas muy firmes sobre cómo dar paso a una atención más centrada en una política de precios de varios niveles y también permitir a empresas no pertenecientes a la OCDE procedentes, por ejemplo, de Brasil, la India, Sudáfrica o China ofertar y convertirse en proveedoras en todo el territorio; empresas que deberían tener acceso a las ofertas públicas para todos nuestros programas relacionados con malaria, tuberculosis y sida. 
Señora Sandbaek, la apertura a las exportaciones procedentes de los países menos desarrollados (PMD) es un asunto sobre el que creo que todo el mundo está bien informado a estas alturas. 
He escuchado atentamente las diferentes valoraciones sobre las decisiones que los Estados miembros adoptaron por fin el lunes. 
Eran muy pocas las dudas respecto a las opiniones de la Comisión y su propuesta original. 
Los Estados miembros ya han tomado una decisión. 
Siento cierta satisfacción al contemplar los comentarios procedentes de fuera de la UE, incluidos aquéllos de los representantes del Tercer Mundo, que ahora esperan sinceramente que otros grandes socios e interlocutores en las negociaciones sobre la política de comercio mundial hagan algo tan bueno o comparable a lo que ha hecho Europa. 
No existe la menor duda de que Europa se encuentra actualmente en una posición mejor que antes de la Conferencia sobre los PDM y está intentando sentar las bases para la celebración de una nueva ronda mundial en el marco de la OMC. 
Siempre es discutible si hemos cumplido con la parte que nos corresponde y si eso es suficiente. 
Pero hemos hecho algo que los demás deberán igualar ahora. 
En términos relativos, es algo excelente en estos momentos. 
La Sra. Sandbaek ha preguntado también qué se propone hacer Europa a raíz del anuncio del Sr. Bush de recortar la ayuda estadounidense a las organizaciones que participan en actividades de planificación familiar. 
Nuestro compromiso en este ámbito es muy fuerte y es un ámbito estrechamente relacionado con la pobreza, los conflictos, el sida y la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que no tenemos la menor duda de que debemos de reaccionar con firmeza y sin pérdida de tiempo a la amenaza procedente de la Administración estadounidense en este sentido. 
En enero anuncié en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York que Europa está en condiciones y dispuesta a suplir este vacío de decencia y así lo haremos. 
Existe el malentendido, y he tomado nota de las observaciones del Sr. Belder al respecto, de que se trata de programas de aborto. 
Lo cierto es que la labor de UNFPA y de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, aun examinándolas desde una perspectiva muy estrecha de sí o no, forma parte, sin ninguna duda, de la solución y no del problema. 
Reducen el número de abortos peligrosos e ilegales que se realizan en el mundo, y no lo contrario. 
Señora Maes, me gustaría decirle que tiene razón cuando afirma que la batalla contra la pobreza no ha terminado ni se ha ganado. 
Una de las razones por las que la ayuda al desarrollo no ha funcionado es, sencillamente, porque no ha sido suficiente. 
Parte de esta ayuda no ha sido buena y luego están los locos conflictos, los problemas de corrupción; todos esos problemas existen. 
Pero nos encontramos en una situación en la que, por una vez, es razonable afirmar que la solución pasa por más de lo mismo. 
Sabemos lo que es una buena cooperación al desarrollo, y el suspiro de alivio, la sensación de haber logrado poner orden en la UE refleja el hecho de que existe un consenso mundial con el que podemos relacionarlo. 
De lo contrario, deberíamos haber inventado algo muy nuevo y emocionante que podríamos haber denominado rueda o cualquier otra cosa, pero lo interesante es que realmente no hay mucho de nuevo en lo que hemos hecho. 
Pero nos hemos convertido en la corriente dominante. 
Estamos aferrados a unas prioridades y formas de trabajar que reflejan la mejor práctica de entendimiento entre donantes y países asociados en el Sur. 
Es el motivo por el que me siento tan seguro de que las prioridades que hemos enumerado, el documento de orientación y el fuerte respaldo que ha obtenido, es algo auténtico que podemos utilizar. 
Llevarlo a la práctica será todo un reto, pero lo afrontaremos. 
Al Sr. Howitt y al Sr. Van den Berg querría decirles, sobre el tema de las prioridades, que es un hecho bastante arraigado llegar a un acuerdo sobre los objetivos de proporcionar realmente algo que supere los principios de 20/20 de la Cumbre sobre Asuntos Sociales de Copenhague, por ejemplo, dando prioridad a la salud y la educación, etcétera. 
Pero nuestro problema, y con ello vuelvo también a lo que decía el Sr. Imbeni, radica curiosamente en que desconocemos lo que hacemos. 
Hasta cierto punto, sí sabemos lo que estamos haciendo, pero no llevamos ningún registro de en qué consisten las diferentes actividades. 
No podemos decir qué estamos haciendo en materia de medio ambiente porque el etiquetado de nuestros diferentes proyectos nunca se ha organizado de tal manera que podamos extraer un archivo y decir, "esto es lo que hemos hecho". 
No podemos, por el momento, decir cuántos kilómetros de carretera construimos el año pasado. 
Es algo que intento desesperadamente conseguir; estadísticas claras, tangibles, reales y prácticas que digan a la sociedad lo que estamos haciendo. 
Pero todo se ve ensombrecido por los compromisos y los programas a largo plazo, etc. y no existe ninguna relación entre el gasto y el compromiso. 
Ahí es donde nos encontramos ahora. 
Por tanto, técnicamente, para poder cumplir como al Parlamento le gustaría, tendríamos que hacer más deberes de lo que es materialmente posible en un plazo tan breve. 
Éste es el quid de la cuestión que aún queda pendiente, y nada tiene que ver con una falta de acuerdo sustancial. 
Sinceramente, al comienzo incluso yo tenía dudas acerca de la importancia de redactar la declaración de política general en materia de cooperación y ayuda al desarrollo porque, en mi opinión, realmente no era nada nuevo. 
Hoy, cuando ha transcurrido un año desde que lo hicimos, tengo una opinión diferente porque, en primer lugar, el proceso en sí de redactarla y someterla a su aprobación ha demostrado que, sin ninguna duda, ha merecido la pena y que el debate era necesario para crear propiedad real en todos los diferentes servicios de la Comisión en lo que respecta a estos principios. 
Luego, los Estados miembros se mostraron mucho más entusiastas con la idea de que un solo documento cubriera toda la geografía y reflejara nuestra política. 
Nunca antes habíamos hecho algo así. 
Por consiguiente, aunque no sea revolucionaria, considero que dicha declaración tiene un valor muy significativo y, ciertamente, como he podido percibir en nuestras negociaciones en este ámbito entre la Comisión y el Parlamento a lo largo de estos meses, es realmente valioso que compartamos este marco de lo que pensamos cuando hablamos sobre el documento de orientación en materia de desarrollo. 
Por tanto, es valiosa. 
Ahora el siguiente paso es utilizarla, y el momento es importante porque, junto con el lanzamiento del Acuerdo de Cotonú, tenemos las arduas negociaciones sobre los documentos sobre la estrategia de los países para todos y cada uno de los 77 países ACP, en ello estamos, y aplicaremos estos principios. 
En cuanto al resto de la geografía iremos país por país aplicando las mismas normas. 
Será entonces cuando nos pongamos en evidencia sobre la acogida real de que nos centremos en la pobreza cuando lleguemos a los países de ingresos medios que no son ACP y comencemos a examinar el destino real de nuestros fondos en dichos países. 
Por tanto, tendremos montañas de trabajo y no pocos retos políticos que nos permitirán corregir el rumbo de lo que hagamos en los próximos meses y años en este ámbito. 
Otro aspecto dramático será la entrega propiamente dicha. 
Seguiré siendo muy abierto y franco con el Parlamento, no para reducir nuestra propia responsabilidad en la ejecución del presupuesto, sino para garantizar que no hay malentendidos respecto a la magnitud del reto y a su naturaleza. 
Ahora contamos con una buena política y tenemos la suerte de que ésta ha obtenido el respaldo de esta Asamblea. 
El siguiente paso es avanzar de la mano y aplicarla y asegurarnos, como ya he dicho anteriormente ante este Parlamento, de que cambiamos la situación actual, sobre la que podamos decir que, como europeos, nos sentimos orgullosos de hacer esto, y cuando pasen algunos años también nos sintamos orgullosos de cómo lo hemos hecho. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0047/2001 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de control aplicables a las operaciones de pesca de determinadas poblaciones de peces altamente migratorias (COM (2000) 619- C5-0585/2000- 2000/0253 (CNS) ); 
A5-0046/2001 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a una participación financiera de la Comunidad en determinados gastos para aplicar determinadas medidas de gestión de poblaciones de peces altamente migratorios (COM (2000) 651- C5-0556/2000- 2000/0268 (CNS) ); 
A5-0051/2001 del Sr. Piétrasanta, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen medidas técnicas para la conservación de determinadas poblaciones de especies altamente migratorias (COM (2000) 353- C5-0016/2001- 2000/0149 (CNS) ). 
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Pesca, Sr. Varela Suanzes-Carpegna. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, celebramos de nuevo hoy- y de nuevo también con nocturnidad- un importante debate sobre la política pesquera común, y más concretamente sobre los aspectos externos de ésta, sobre lo que podríamos denominar la política exterior pesquera, esto es, la participación de la Unión Europea en organismos multilaterales de pesca- en adelante, para abreviar, me referiré a las ORPES -, y la renovación de un Acuerdo de pesca con un tercer Estado, en este caso Guinea Ecuatorial. 
Quiero, en primer lugar, felicitar a los ponentes que me acompañan este noche, Sres. Piétrasanta y Gallagher, por el magnífico trabajo que han desarrollado. 
Centrándome en el primero de estos aspectos, el papel de la Unión Europea en las ORPES, estamos en este caso ante las ORPES que regulan las poblaciones de especies altamente migratorias, esto es, los túnidos y las especies afines, como el pez espada, recursos pesqueros del más alto valor comercial sobre los que tenemos que poner nuestro mayor empeño y celo por los enormes intereses económicos de los mismos, tanto para la Unión como para terceros Estados. 
Quiero llamar la atención, también, sobre el procedimiento comunitario de toma de decisiones en este ámbito. 
Hemos introducido en comisión una enmienda al Reglamento de medidas de control, para que la Comisión nos presente un informe anual sobre las actividades de control y vigilancia que se lleven a cabo en el ámbito de estas ORPES, de las que la Unión Europea forma parte, debiéndose incluir en el mismo las disposiciones que sean adoptadas por el Comité de Gestión del sector de la pesca en desarrollo de las disposiciones del propio Reglamento. 
Existe un enorme déficit de información al Parlamento Europeo o, lo que es más grave todavía, existe la sensación de inutilidad de estas consultas al Parlamento Europeo, toda vez que se nos consulta- si ustedes me permiten la expresión- a toro pasado, es decir, con hechos consumados y cuando las medidas ya han sido adoptadas, reduciendo así a ridículo el papel de la primera institución democrática de la Unión Europea. 
Debemos cambiar este sistema, señor Comisario. 
Como ya estamos intentando hacerlo de facto con las reuniones de ICCAT, sistema que debemos extender a todas las demás ORPES en las que participe la Unión Europea, que- esperamos- sean cada vez más. 
Queremos conocer de antemano, en nuestra Comisión de Pesca, cuáles son las propuestas que la Comisión va a defender en esos foros, que las discuta con nosotros y luego las defienda, asociando así plenamente al Parlamento Europeo a unas reuniones en las que va a seguir participando, o así lo espero, como observador, como viene haciéndolo en los últimos tiempos, merced al código de conducta establecido entre nuestras instituciones. 
No voy a insistir en el enorme papel que están llamadas a jugar las ORPES, sobre las que nuestra comisión ha realizado ya varios informes. 
Permítame recordar, en este contexto, que estamos realizando otro informe de propia iniciativa que tiene mucho que ver con las ORPES: me refiero al control de la pesca ilegal en aguas internacionales, al informe sobre los buques con pabellones de conveniencia, que se dan con tanta frecuencia, desgraciadamente, también en las pesquerías de los grandes migradores. 
El Parlamento Europeo quiere participar, junto con la FAO, en la definición de nuevos conceptos, más precisos, más desarrollados, de pesca ilegal no declarada y no regulada, de declaraciones de capturas, de inspecciones en alta mar y en puerto, de prohibiciones de desembarcos, etc. para esta pesca irresponsable. 
Por eso, señor Comisario, hemos pedido asistir también a las reuniones previas de control e inspección de las ORPES, y también a las de criterios de asignación de cuotas, pues aquéllas deben estar vinculadas a éstas, de tal modo que en el futuro uno de los principales criterios de asignación sea precisamente la capacidad de cumplimiento real de las medidas de control e inspección que se den estas ORPES, pues no parece ni aconsejable ni razonable que un Estado incremente sus cuotas de capturas si no dispone de los medios necesarios para controlarlas. 
En definitiva, nos felicitamos de la labor de la Comisión para reagrupar la amplia y dispersa reglamentación referente a los grandes migradores, aunque nos someta decisiones ya adoptadas y ya vinculantes en el plano internacional, al no ser objetadas, y sólo para una mayor seguridad jurídica. 
Pero reclamamos una más intensa participación del Parlamento Europeo en las propuestas que debe defender la Comisión en esos foros, trayéndolas a la Comisión de Pesca con anterioridad. 
En segundo lugar, no puedo, no sólo como ponente de estos informes, sino, sobre todo, en mi calidad de actual presidente de la Comisión de Pesca de este Parlamento, dejar de reiterar aquí una vez más, señor Comisario, la petición de nuestra comisión, ratificada por el Pleno del Parlamento, de que la estructura administrativa de la Dirección General de Pesca contemple en su organigrama una unidad específica para tratar la gestión de las poblaciones de estas especies de grandes migradores. 
Las múltiples ORPES existentes de estas especies, y las que se puedan todavía crear en el futuro, unido a la importancia de la flota europea que pesca grandes migradores, más el alto valor comercial de las mismas, al que ya hemos hecho referencia, están pidiendo a gritos dotar con mayores medios materiales y personales a la Dirección General de Pesca, creando una unidad específica en su seno. 
Si usted, señor Comisario, asistiese a una reunión, bien sea preparatoria de trabajo o una reunión anual de una de estas ORPES y viera el despliegue de medios de otras delegaciones y los recursos de que dispone la delegación comunitaria, daría de inmediato la orden de crear esa unidad. 
Este Parlamento reitera, por tanto, en este contexto y en la reforma del organigrama de la Dirección General de Pesca que está teniendo lugar en estos momentos, que se contemple esta petición del Parlamento. 
Finalmente, quiero referirme a las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca en relación con los gastos de gestión que acarrea la pertenencia de la Unión Europea a estas ORPES de grandes migradores. 
Nuestra Comisión de Pesca ha contemplado, en una línea que viene manteniendo ya, que si nos encontramos ante una competencia exclusiva de la Unión Europea en materia de política pesquera común, los compromisos financieros internacionales adquiridos por la Comisión, en ejercicio precisamente de esa competencia exclusiva, deben ser asumidos también en exclusiva por la Comisión, vía presupuesto comunitario, y no ser trasladados a los propios Estados miembros. 
Una competencia propia debe suponer una capacidad financiera propia para afrontarla. 
Y una política que se dice común- como el caso de la Política Pesquera- debe aplicar plenamente el principio de suficiencia de medios por el que se rige. 
Estas son las consideraciones, señor Comisario, Señorías, que he tenido a bien hacerles al hilo de estos dos informes de los que he tenido el honor de ser ponente. 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, entre las especies de peces más codiciadas del mundo se encuentran aquéllas denominadas "altamente migratorias", que incluyen los túnidos y marlines (pez espada, aguja, pez vela) de gran importancia comercial. 
Estas especies se pescan en grandes cantidades. 
En 1997, se capturaron 3,5 millones de toneladas de especies altamente migratorias en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. 
La Unión Europea es un participante muy activo en estas pesquerías en todos los océanos, y los buques con pabellones de diferentes Estados miembros capturaron más de 400.000 toneladas en 1997, compitiendo con el Japón. 
Se han creado varias organizaciones regionales de pesca para regular las pesquerías de estas especies: la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, la CICAA, la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la CIAT, que cubre el Pacífico oriental tropical, la Comisión del Atún para el Océano Índico, la CAOI. 
La Unión Europea es miembro de la CICAA y la CAOI, y ha solicitado su adhesión a la CIAT. 
Estas organizaciones internacionales adoptan las recomendaciones que establecen, entre otras, medidas técnicas por lo que se refiere al tamaño y al peso mínimo, a las capturas en algunas zonas o en determinados períodos y a las restricciones en relación con algunos artes o prácticas de pesca, así como a los límites de la capacidad de algunas flotas. 
Actualmente, estas medidas están dispersas en varios reglamentos. 
La propuesta de la Comisión persigue el objetivo sensato de reunir en un único reglamento todas las medidas técnicas aplicables a las especies altamente migratorias. 
Algunas de ellas están en vigor desde hace muchos años, aunque otras, muy recientes, han sido adoptadas en el pasado otoño, las cuales hemos tenido en cuenta en la elaboración de nuestro informe. 
El modo más simple de evaluar la eficacia de estas medidas consiste en analizar la situación de las poblaciones cuya conservación se pretende mejorar. 
En el Atlántico, muchas, si no la mayoría de las poblaciones de atún y marlin se encuentra en una situación poco satisfactoria. 
Por ejemplo, según el Informe del Comité Permanente de Investigaciones y Estadísticas de la CICAA para el año 2000, la biomasa de atún obeso en época de desove ha sufrido un rápido declive durante los últimos cinco años y el actual nivel de captura no será sostenible; se prevé un nuevo declive de la biomasa. 
De las principales poblaciones, el listado es el único que no soporta sobrepesca. 
En resumen, la gestión de estas poblaciones altamente migratorias en el Atlántico se caracteriza más por sus fracasos que por sus logros y la Unión Europea, en su calidad de potencia pesquera más importante de la zona, debe aceptar la parte de responsabilidad que le corresponde. 
Las tres áreas oceánicas se enfrentan a problemas similares, lo cual no es sorprendente si tenemos en cuenta la gran movilidad no sólo del atún y del marlin, sino también de las flotas que los pescan. 
Por lo tanto, existe un esfuerzo de pesca excesivo y la captura de peces pequeños debe ser controlada. 
Una solución para el esfuerzo excesivo consiste en crear un registro de buques. 
Se trata de una primera medida reciente. 
Aun no se ha valorado su eficacia y no permite modificar de manera drástica la captura de algunas especies de atún rojo. 
Con respecto a la captura de peces pequeños, la práctica, cada vez más extendida, de colocar redes de cerco con jareta sobre objetos flotantes, en vez de pescar en bancos de atunes que se desplazan libremente, ha propiciado la pesca masiva de alevines. 
La CICAA ha demostrado que si bien se puede imponer una talla mínima de desembarque, eso no es más que un simple paliativo, aún poco eficaz. 
Puede actuarse en el plano de la reglamentación de zonas de veda, pero no resulta viable. 
La postura de la CIAT sobre el mantenimiento a bordo de algunas especies es interesante. 
Esta medida podría ser eficaz, pero sólo es aplicable en el Pacífico oriental. 
Las otras zonas no disponen de observadores para los grandes buques de cerco. 
Finalmente, con respecto a los pabellones de conveniencia, ni no se realiza un esfuerzo para eliminar estos buques, todas las demás medidas que se proponen serán inútiles. 
Para finalizar, deseo hacer hincapié en dos puntos: primero, el esfuerzo que debe realizarse para reducir también las capturas accesorias, distintas de los alevines, que a menudo se pescan con palangre y cerco. 
La CICAA se ocupa de ello. 
Sería preciso que también lo hicieran otras organizaciones. 
El último problema es el que consiste en autorizar a algunos países, que actualmente no disponen de cuotas, a pescar en su zona económica exclusiva, la ZEE. 
Esto parece natural, pero sería lógico que la Unión Europea aceptara entonces reducir sus cuotas de capturas, a lo cual se ha negado hasta ahora. 
Sería razonable que la Unión adoptara una actitud más flexible en esta cuestión. 
Señor Presidente, como todos sabemos, en los grandes migradores concurren una serie de características que exigen que su pesca deba ser objeto de un particular seguimiento. 
Sus desplazamientos, tanto por zonas económicas exclusivas como por aguas libres, su regulación en la actualidad por parte de cuatro organizaciones regionales de pesca, su alto valor económico, que las hace objetivo de muchas flotas, y su asociación a especies que no son objetivo de pesca directa, como los delfines y otros mamíferos marinos, explican el hecho de que incluso las Naciones Unidas hayan decidido intervenir mediante el acuerdo para las especies altamente migratorias. 
Por ello, la propuesta de la Comisión de agrupar en un solo texto las medidas técnicas de conservación de estas especies, surgidas tanto de la propia legislación comunitaria como de las recomendaciones de las organizaciones internacionales, es muy oportuna y, en general, digna de aplauso. 
Sin duda, un texto único no sólo resultará útil a los legisladores y a la flota, que no tendrá que remitirse a decenas de normas dispersas para conocer cuáles son sus obligaciones, sino que puede contribuir de manera definitiva a la mejora del control, y hasta es posible que facilite la tan repetida demanda de este Parlamento de que las recomendaciones de las organizaciones regionales se incorporen a la normativa comunitaria con la agilidad que aún estamos lejos de alcanzar. 
Sobre esta propuesta, el Sr. Piétrasanta ha elaborado un informe excelente y, además, ha querido confiar en el criterio de otros diputados que ya estamos escaldados en ciertos temas. 
Me refiero en este caso a la insólita pretensión de la Comisión de intentar soslayar la recomendación del ICAD de limitar el número de barcos autorizados a pescar atún blanco mediante la argucia de no incluir en la limitación a unos llamados "buques experimentales". 
Cuando estamos a ocho meses de la prohibición definitiva de las redes de malla a la deriva, cuando esta especie acaba de ser sometida a TAC y cuando el informe científico del ICAD del año 1999 alerta expresamente contra estas pesquerías llamadas "experimentales", la pretensión de la Comisión es sencillamente irresponsable, y resulta inadmisible la táctica de transponer una recomendación en un párrafo para vaciarlo de contenido en el siguiente. 
Ya conocemos que hay un acuerdo interno del Consejo para tratar de hacer lo más llevadera posible a algunos Estados miembros la prohibición de las redes de malla a la deriva, pero ya ha sido convenientemente compensada en el propio seno del Consejo mediante cesiones de cuota. 
La pretensión, pues, de limitar la presencia de buques, quiérase o no, con tradición en la pesquería para abrir las puertas a nuevas flotas no puede ser aceptada de ninguna de las maneras y, por ello, pido el total respaldo a las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca. 
Sólo me queda, señor Presidente, agradecer nuevamente al señor ponente su colaboración y le felicito sinceramente por su magnífico informe. 
Señor Presidente, hablamos hoy de un tipo de pesca, la de grandes migradores, que requiere una fuerte presencia internacional de la Comisión Europea. 
A la actividad creciente que la Comisión Europea debe llevar a cabo en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico se une la que se realiza en la Comisión del Atún para el Océano Índico y habrá que sumar la que exija su participación en la Comisión Interamericana del Atún Tropical. 
Los recursos humanos de la Comisión para esta tarea son a todas luces insuficientes, por lo que el sector no se siente debidamente representado. 
Además, ni la Comisión ni los Estados miembros afectados realizan un trabajo diplomático paralelo en busca de aliados, pues falta un enfoque horizontal y una visión de conjunto en las relaciones exteriores de la Unión, lo que deja a nuestro sector pesquero desamparado, a diferencia de lo que ocurre con las flotas de otras potencias pesqueras. 
En el terreno práctico, todo esto se paga a la hora de tomar decisiones o de llegar a acuerdos, como sucedió en la falta de clave de reparto sobre el pez espada ocurrida en la última reunión de ICCAT. 
Por ello, reclamamos la creación de una unidad específica de grandes migradores en la Dirección General de Pesca. 
A un texto único, a una norma única, debe corresponder una única unidad de gestión. 
Por lo que respecta a los informes de los Sres. Varela Suanzes-Carpegna y Piétrasanta, felicito a ambos ponentes por el magnífico trabajo que han realizado. 
El Grupo Socialista apoya que la Comunidad asuma la totalidad de los gastos ocasionados por los observadores, ya que la representación de la Unión en las organizaciones internacionales de pesca es de su competencia exclusiva. 
También suscribimos la petición de una mayor información sobre las actividades de control y de vigilancia llevadas a cabo en el ámbito de las organizaciones regionales de pesca (ORP). 
De la misma manera, mi Grupo apoya las enmiendas del informe Piétrasanta, a quien felicito por su completo trabajo, correcciones latinas incluidas. 
Creo que hay aspectos discutibles en su exposición de motivos, pero compartimos su preocupación por la presencia de buques con pabellón de conveniencia que operan sin control. 
La Comunidad y las ORP no deben dudar a la hora de hacerles frente, porque los primeros afectados por este tipo de pesca son los recursos y la flota comunitaria, que cumple con la regulación de la Política Común de la Pesca. 
La Comisión debe reunirse con el sector para definir la estrategia relativa a la gestión, control y conservación de estas especies altamente migratorias. 
La estrategia, a nuestro modo de ver, debe basarse en la defensa de los derechos históricos que corresponden a nuestra flota. 
Señor Comisario, si lo que quiere la Comisión es una negociación fácil, lo más sencillo es dar la razón a los otros Estados, como demasiadas veces sucede, y transigir ante Estados que ni tienen flota ni tienen intereses reales. 
Pero el sector pesquero comunitario ha creado un mercado antes inexistente y ha llevado a cabo grandes sacrificios en la adaptación de la flota a los recursos, por lo que antes de atribuir más cuota a otros países se debe respetar la que corresponde a la flota comunitaria. 
Por último, creemos los socialistas que la Comisión debe perseguir ciertas importaciones, principalmente procedentes de Indonesia, basadas en el dumping. 
Se estima que este tipo de importaciones, que entran en la Comunidad con una prima a la exportación desde Indonesia, ascienden a 14.000 toneladas. 
En primer lugar, me gustaría brindar todo mi apoyo a lo que ha dicho mi colega el Sr. Piétrasanta y afirmar que nuestro Grupo votará a favor de los informes del Sr. Piétrasanta y del Sr. Varela Suanzes-Carpegna. 
Sólo quiero hacer dos observaciones. 
La primera es relativa a la importante enmienda presentada en comisión por mi colega el Sr. Piétrasanta. 
Las poblaciones de aguja azul y aguja blanca han sufrido una fuerte reducción en el Atlántico y necesitan protección. 
En 1996, la CICAA adoptó una resolución por la que las partes contratantes deberían fomentar el uso de brazoladas de monofilamento en la pesca recreativa y con palangres. 
Estos artes permiten liberar vivas a las agujas, contribuyendo así a la conservación de las poblaciones. 
El Sr. Piétrasanta quería reforzar esta resolución con la imposición de este arte, en vez de sólo alentarlo. 
Al fin y al cabo, las poblaciones necesitan nuestra ayuda. 
No obstante, la enmienda fue rechazada porque habría interferido con la captura de tiburones por parte del sector de la UE. 
No obstante, no existen normas internacionales ni incluso comunitarias sobre la pesca de tiburones, a pesar de que estas especies también soportan sobrepesca. 
Es inaceptable rechazar estas medidas encaminadas a conservar especies diezmadas porque puedan perjudicar las capturas sin ninguna regulación de otras especies diezmadas. 
La segunda observación que quiero hacer es relativa al informe del Sr. Varela Suanzes-Carpegna sobre la contribución financiera. 
Los Estados miembros deberían financiar medidas, incluidos programas de observadores, para vigilar sus responsabilidades. 
La Comisión se ha ofrecido a financiar la mitad de los costes y eso es suficiente. 
Nos opondremos a una enmienda, pero apoyaremos el informe en su totalidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea desempeña un papel importante en las organizaciones regionales de pesca en tanto representante de los Estados miembros. 
Las medidas adoptadas en estas organizaciones ocupan justificadamente un lugar en el derecho comunitario. 
Sin embargo, el método que se sigue no constituye un modelo de coherencia. 
Se pide al Parlamento que apruebe un reglamento que ya es vinculante como si esta institución fuera la encargada de poner el sello. 
El ponente Varela Suanzes-Carpegna no ha entendido, en mi opinión, la Cumbre de Niza. 
Considera que la Unión Europea es un superestado que debe soportar todos los costes derivados de la utilización de inspectores encargados de controlar las capturas de atún realizadas a bordo de buques comunitarios. 
Cuando el ponente vuelva a la realidad de la Unión, deberá reconocer que la Unión constituye una cooperación extrema de Estados miembros. 
Ciertamente, cofinanciación no es un término sucio y no implica una renacionalización de la política. 
No me parece ilógico que los Estados miembros que se benefician de la pesca del atún contribuyan proporcionalmente a los costes. 
Un análisis coste-beneficio por Estado miembro sí podría poner en apuros al ponente. 
Las poblaciones de peces altamente migratorias corren un serio peligro debido a la sobrepesca, al pescado que no alcanza la talla mínima reglamentada y a las capturas accesorias. 
Como muy bien señala el ponente Piétrasanta, la Unión debe aceptar su responsabilidad por la mala gestión de estos recursos pesqueros. 
Precisamente por ello, la Comisión debe desempeñar un papel precursor en la gestión de estas poblaciones de peces. 
El peligro de que cada vez más armadores naveguen bajo pabellón de conveniencia y burlen así las medidas de gestión es real. 
La lista negra con prohibiciones de importar de países que no respetan las medidas de gestión acordadas en el seno de las organizaciones de pesca debería complementarse con una campaña pública que tenga como objetivo informar al público sobre los métodos de pesca, las capturas accesorias y el asesinato de delfines. 
Así, el público tiene la posibilidad de elegir a la hora de comprar la best fisheries practise. 
Semejante campaña recurre a uno de los grandes poderes en el modelo de libre mercado: el consumidor. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, he de decir que he valorado en extremo la iniciativa de la Comisión de agrupar en un solo texto todas las disposiciones aplicables a las especies altamente migratorias, aunque coincido con el Sr. Piétrasanta en que hubiera sido mejor esperar la conclusión de la ronda de reuniones de otoño sobre pesca a fin de incluir en el Reglamento las decisiones tomadas en dichas reuniones. 
Por lo que respecta a las especies definidas como altamente migratorias, las capturas totales son muy elevadas. 
En efecto, en 1997 se pescaron en los Océanos Atlántico, Pacífico e Índico 3,5 millones de toneladas de especies altamente migratorias y, como sabemos muy bien, la Unión Europea participa muy activamente en estas operaciones de pesca en los océanos del mundo. 
Este último período ha visto proliferar la creación de muchas organizaciones regionales con vistas a regular las operaciones de pesca de estas especies. 
De hecho, dichas organizaciones adoptan recomendaciones que, entre otras cosas, prevén limitaciones de las cuotas de algunas flotas y restricciones de las capturas en algunos períodos y en algunas zonas, así como medidas técnicas relativas al tamaño y al peso y, en el caso de no haber objeciones, las recomendaciones se convierten en vinculantes para las partes contratantes. 
Añado asimismo que las organizaciones regionales continúan adoptando medidas eficaces para resolver problemas muy variados como los antes mencionados, aunque seguramente no será fácil para las mismas poner remedio a un problema común a todas las zonas y cuya solución no es nada fácil: la eliminación de la pesca con buques que enarbolan pabellones de conveniencia. 
De ahí la necesidad de una acción combinada y de cooperación entre las organizaciones regionales de pesca y los Gobiernos nacionales, al objeto de impedir a los armadores que se sienten agobiados por los reglamentos en vigor cambiar el pabellón de sus buques. 
Para terminar permítanme llamar su atención y recalcar el papel fundamental de las organizaciones regionales de pesca en este contexto en que, a la vista de la amplitud de la materia y de las especificidades locales, sería difícil para las Instituciones comunitarias responder adecuadamente a las distintas necesidades, tal como lo hacen, en cambio, las organizaciones regionales de pesca. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de reglamento del Consejo que establece ciertas medidas técnicas de conservación para las poblaciones de grandes migrantes viene a incluir ahora en un único marco legal medidas que estaban dispersas por varios reglamentos. 
Se trata, por tanto, de una propuesta de alcance positivo, porque crea mejores condiciones de eficacia en la aplicación de una de las más importantes dimensiones de la Política Común de Pesca y destinada a especies haliéuticas sujetas a una gran presión de pesca por su gran movilidad geográfica y su alto valor comercial. 
Pero, por razones que desconozco- debo decirlo- el ponente se pronuncia sobre la propuesta original de la Comisión y no sobre la propuesta de transacción resultante de la sesión de diciembre del Consejo de Pesca y sobre la cual sería más oportuno, a mi juicio, que se pronunciara el Parlamento. 
No voy a repetir aquí aspectos ya subrayados por los dos ponentes y, en particular, por mis colegas del PPE, pero quisiera tan sólo subrayar dos aspectos importantes: uno, la cuestión de la disciplina que se debe imponer a los barcos que faenan con un pabellón de conveniencia, aspecto fundamental que debemos disciplinar; y, el otro, el de que se deben incluir los barcos de pesca experimental en los contingentes de sus pesquerías. 
Por último, quisiera decir que resulta necesario que la Unión Europea luche en los diferentes órganos internacionales de coordinación de la gestión de la pesca en los que participa para que todas las flotas pesqueras del mundo, principalmente las de grandes potencias pesqueras, respeten exactamente las mismas normas conservacionistas respetadas por la Unión Europea. 
Por último, quisiera agradecer a los ponentes el excelente trabajo que han hecho y espero que sus informes sean aprobados con las enmiendas introducidas por la Comisión de Pesca. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Comisión, yo quiero agradecer en primer lugar a ambos ponentes sus completos informes sobre las tres propuestas relativas a las especies de peces altamente migratorias. 
La pesca de estas especies presenta ciertas características comunes, con total independencia del lugar donde se desarrolle dicha actividad pesquera. 
De ahí que propongamos un paquete coherente de medidas. 
Nuestro objetivo es transponer las recomendaciones de las diferentes organizaciones internacionales en las que la Comunidad está trabajando activamente a favor de la conservación de estos recursos. 
Para empezar, quisiera hacer algunas observaciones sobre ambos reglamentos, el relativo a las medidas de control, por un lado, y el relativo a las medidas técnicas, por el otro. 
En ellos se han agrupado nuevas disposiciones junto con las ya existentes. 
Toda vez que las organizaciones internacionales dedicadas al atún son muy dinámicas y cada año adoptan nuevas medidas, proponemos un procedimiento de "vía rápida" (fast-track) , que nos permitiría transponer de manera rápida y eficaz a escala comunitaria las nuevas medidas y también las modificaciones en el aspecto técnico y de control. 
Yo me congratulo de que el Parlamento también apoye esta idea. 
Con respecto a las enmiendas, quiero manifestar lo siguiente: podemos hacer nuestra bajo una forma modificada la primera enmienda relativa al reglamento por el que se establecen las medidas de control; en otras palabras, la Comisión propone que cada tres años enviará al Parlamento y al Consejo un informe sobre las medidas de control adoptadas por los Estados miembros. 
Esto, además, también sería coherente con el reglamento relativo al control de nuestra actividad pesquera interna. 
En cuanto a las enmiendas al reglamento relativo a las medidas técnicas, podemos aceptar su contenido, pero en este caso se plantea un problema técnico de procedimiento. 
A mi modo de ver, sería preferible contemplar esta aspiración en la próxima modificación del reglamento por el que se establecen las medidas técnicas. 
Por un lado, esto permitiría transponer sin demora las actuales propuestas, mientras que, por el otro lado, yo me comprometería con agrado a presentar antes del 1 de octubre de 2001, o sea, antes del 1 de octubre de este año, una nueva propuesta sobre la transposición de las medidas adoptadas más recientemente por las organizaciones internacionales del atún. 
En dicha propuesta tomaríamos debidamente en consideración sus enmiendas. 
Por este motivo, me veo obligado a rechazar por el momento las enmiendas 1-7; es decir que, como ya he señalado, se trata de una cuestión de procedimiento y del momento oportuno. 
Las enmiendas 8 y 9 se refieren a medidas técnicas que podemos aceptar. 
Finalmente, en lo que se refiere al reglamento relativo a la contribución a la financiación de los observadores, dicha propuesta forma parte de la estrategia de la Comisión que ya expusimos en nuestra Comunicación sobre las organizaciones regionales de pesca. 
Queremos promover la instauración de un sistema que destaque observadores a bordo de los buques comunitarios con la finalidad de garantizar la protección de los alevines, sobre todo en el caso del atún tropical. 
También proponemos un apoyo financiero dedicado a este fin. 
Ustedes piden ahora que la Comisión financie el 100% de los costes de dicho sistema de observación. 
Yo debo recordarles que en todos los ámbitos del Derecho comunitario, su transposición es primordialmente responsabilidad de los Estados miembros. 
Además, la Comisión no se sacó de la manga la propuesta de una contribución financiera del 50% de los costes, sino que ésta se basa en la práctica desarrollada hasta ahora, concretamente en la decisión del Consejo de 1995 sobre la cofinanciación de los costes de los controles. 
La Comisión lamenta no poder aceptar, por este motivo, las enmiendas al reglamento relativo a la contribución a la financiación de los observadores. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Acuerdo de pesca CE/Guinea Ecuatorial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0044/2001) del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial sobre la pesca en aguas de Guinea Ecuatorial para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001 (COM (2000) 690- C5-0712/2000- 2000/0287 (CNS) ). 
. (EN) El Protocolo sobre el Acuerdo de pesca entre la Unión y Guinea Ecuatorial expiró a finales del pasado mes de junio. 
Por ello, se decidió prorrogar el Protocolo durante un año más y ambas partes iniciaron un nuevo protocolo el 16 de junio de 2000. 
Este nuevo protocolo fija las condiciones técnicas y financieras por las que se rigen las actividades pesqueras de los buques comunitarios en aguas de Guinea Ecuatorial durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de junio de 2001. 
El protocolo es relativo únicamente al atún. 
Es importante porque garantizará la continuidad de las actividades atuneras de la Comunidad en el Golfo de Guinea. 
Buques franceses, españoles, portugueses y uno italiano han manifestado su interés por obtener licencias. 
La presente propuesta es el resultado de los problemas surgidos durante las negociaciones sobre la celebración de un nuevo protocolo. 
La delegación de Guinea Ecuatorial encontró varias dificultades para asistir a las reuniones con la Comisión. 
A pesar de que estos problemas ya han quedado resueltos, no se dispuso de tiempo suficiente para negociar en profundidad. 
La presente propuesta, que apoyo, garantizará la continuidad mientras se celebran las negociaciones sobre un nuevo protocolo en el transcurso del presente año. 
El acuerdo en vigor prevé poco en materia de medidas puntuales serias y no contiene ninguna disposición que garantice su aplicación transparente ni la evaluación de los resultados. 
Debemos embarcarnos en un proyecto encaminado al establecimiento de un sistema idóneo para la gestión de la pesca en Guinea, de manera que podamos garantizar que las poblaciones de rabil y de patudo del Atlántico no soportan una sobrepesca cada vez mayor. 
El documento del próximo protocolo debería incluir una referencia explícita al Reglamento de la CICAA. 
Apoyo el planteamiento de la Comisión en el sentido de que en futuras negociaciones con terceros países se incluya un alto porcentaje de medidas especiales. 
Así debería ser también en el caso de Guinea Ecuatorial. 
Como ponente, puedo apoyar la propuesta de renovación del Protocolo durante un año. 
Quisiera hacer hincapié en la necesidad de intensificar los esfuerzos para garantizar que todo nuevo protocolo sea sometido a un sistema adecuado de control y para que exista la debida transparencia en la aplicación del acuerdo. 
Quisiera instar a la Comisión a que tenga presente estas consideraciones durante las próximas negociaciones. 
Las tres enmiendas que he presentado son coherentes con estas observaciones que acabo de plantear y son coherentes también con el enfoque tradicional de este Parlamento. 
Quisiera señalar, para terminar, que el Consejo ya aprobó esta propuesta el pasado lunes. 
Naturalmente, eso no es nada nuevo. 
Sucede con regularidad y todos tenemos la oportunidad, en el presente debate, de exponer con toda claridad a la Comisión que no aceptamos esta práctica. 
Ha ocurrido una y otra vez y debemos hacer algo para intentar controlar esta situación. 
Es algo que lamentamos todos los que pertenecemos a la Comisión de Pesca. 
Cabe preguntarse si el trabajo realizado en comisión y el debate de hoy no son más que una pérdida de tiempo. 
Aunque no tengo muchas esperanzas, me gustaría sinceramente que la Comisión y el Consejo incluyeran las recomendaciones recogidas en mi informe antes de adoptar un protocolo de carácter más permanente. 
Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje y expresar mi agradecimiento a la Secretaría de la Comisión de Pesca por su ayuda, así como a la Secretaría de mi Grupo. 
Señor Presidente, no cabe sino mostrar satisfacción ante la rectificación de un nuevo protocolo de pesca con un país tercero, con el que existe ya una larga colaboración, protocolo en el que quedan garantizadas tres cosas de máxima importancia: la continuación del suministro de pesca y el empleo comunitario, la garantía que siempre supone para una zona de pesca la presencia de flotas que, como la europea, están sujetas a normas y responsabilidades en el control y gestión de la actividad y, naturalmente, las aportaciones comunitarias a la mejora del sector pesquero local, aportaciones que quedan aquí específicamente recogidas. 
Por ello, pido la aprobación de las tres enmiendas que han presentado el ponente y la Comisión de Pesca. 
Por el contrario, no nos parece posible votar a favor de la enmienda 4, que insiste en que el coste íntegro del acuerdo sea financiado por los armadores. 
Si bien es una petición tradicional de un grupo político en esta Cámara que siempre ha sido rechazada, proponerla cuando se acaba de firmar otro protocolo más que controvertido, en el que los armadores involucrados no sólo no pagan el 25% que se paga en este caso, sino que no pagan absolutamente nada, resulta particularmente ofensivo. 
Por otro lado, vistos los acuerdos que se firman con los países del Norte, resulta incomprensible leer en la exposición de motivos que falta transparencia en el acuerdo con Guinea Ecuatorial. 
Para empezar, en este protocolo todos los conceptos, incluidas las partidas para cooperación con la pesca local, aparecen no sólo diversificados, sino pormenorizados al céntimo, cosa que no sucede en los otros acuerdos, donde la mera diferenciación entre lo que es compensación financiera y lo que es ayuda al desarrollo es inexistente. 
Basta, pues, de intentar poner más trabas a unos determinados acuerdos que, comparados con los otros, resultan ser ejemplares en transparencia y detalles, apreciación en la que coincide el Consejo, que lleva reclamando desde el año 1997 una mayor igualdad de trato. 
Y ya que hablamos de acuerdos, quiero finalizar haciendo una mención al programa de trabajo de la Comisión para este año, cuyo calendario para la renovación de protocolos es incomprensible. 
A título de ejemplo, la negociación con Cabo Verde, que está pendiente desde noviembre del año pasado, en la planificación de la Comisión ni siquiera aparece. 
Y en la mayoría de los casos, los mandatos de negociación previstos son posteriores a la finalización del acuerdo, con el ejemplo flagrante de Gabón, acuerdo que expira el 30 de marzo y cuyo mandato de negociación está previsto para el cuarto trimestre del año. 
Siento decirle, señor Comisario, que me parece que lo mínimo que podría hacer la Comisión es llevar su agenda al día. 
Lo contrario es bochornoso. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista no puede por menos que apoyar la propuesta de prórroga por un año del Acuerdo de pesca entre la Comunidad y Guinea Ecuatorial. 
Nos congratulamos también de que, según informaciones de prensa de hace dos semanas, se haya alcanzado un acuerdo para renovar por tres años el susodicho Convenio entre la Comunidad y Guinea Ecuatorial. 
Se trata de un acuerdo modesto, tanto por las posibilidades de pesca como por la compensación financiera- se limita desde 1994 a buques atuneros -, pero, no por ello, menos importante. 
El protocolo anterior contenía una contribución financiera para becas y una ayuda para unidades de vigilancia de caladeros y para la pesca no industrial. 
Sin embargo, coincidimos con el Sr. Gallagher y compartimos su preocupación de que sea muy poco o nada lo que se ha realizado en estas tareas de inspección y vigilancia, hasta el punto de que lo que más nos preocupa en las relaciones pesqueras con Guinea Ecuatorial es que se pueda convertir en un pabellón de conveniencia debido a esta falta de control, que ya ha provocado sanciones por parte de ICAD. 
La Comisión debe reclamar al Gobierno Ecuatoguineano una actuación conforme con la Convención del Derecho del Mar y con el Derecho internacional. 
Reclamamos de la Comisión más información sobre estos aspectos y que actúe con más diligencia ante las autoridades de este país para que ajuste sus prácticas a este Derecho internacional y a las recomendaciones de ICAD, debiendo los Estados miembros acompañar también estos principios en sus relaciones con esta República así como en los foros ACP. 
El sector se siente, demasiadas veces, abandonado por la falta de una política de conjunto. 
Con un solo instrumentista no se puede, Señorías, interpretar una sinfonía. 
Para ello hace falta, además de toda una orquesta que siga la misma partitura, alguien que la dirija, y la Comisión tiene que demostrar que posee voluntad política para ejercer de director. 
Y aprovechando la presencia del Comisario y el estancamiento de las negociaciones con Cabo Verde, seis meses después de la expiración del acuerdo, ¿podría decirme el señor Comisario si la causa de este estancamiento es debida, como dice la prensa, a diferencias sobre posibilidades de pesca y contrapartida financiera, o bien a la negativa del Gobierno Caboverdiano a que la Comunidad le diga en qué debe emplear esta financiación? 
A nadie sorprenderá que los Verdes votemos en contra de este acuerdo, al igual que hacemos con todos los acuerdos de pesca con terceros países. 
Tengo una pregunta específica para el Comisario Fischler. 
El acuerdo con Guinea Ecuatorial es relativo al atún, pero de todos es sabido que Guinea Ecuatorial es un país de pabellón de conveniencia. 
Los miembros de la CICAA, incluida la UE, han acordado prohibir las importaciones de patudo y de atún rojo procedentes de Guinea Ecuatorial. 
Me imagino que ya estarán en marcha las negociaciones sobre el siguiente acuerdo, porque éste expira en junio. 
¿No podría la UE hacer uso de su influencia para alentar a Guinea Ecuatorial a que deje de permitir que utilicen su pabellón buques que faenan ilegalmente? 
La UE siente preocupación por el creciente uso de pabellones de conveniencia. 
Ésta parecería una excelente oportunidad para intentar que al menos un Estado se muestre más cooperativo con la normativa internacional vigente. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, estamos, de hecho, ante un acuerdo de gran importancia, tanto para Guinea Ecuatorial como para varias regiones del continente europeo. 
Pero hablar de atún en el Atlántico septentrional entraña necesariamente tener también en cuenta lo que ocurre en nuestras regiones, como, por ejemplo, en la región autónoma de las Azores, donde acaba de registrarse, en 2000, el segundo año de una campaña de atún prácticamente nula. 
Nuestra flota de pesca, de casi medio centenar de embarcaciones, ha estado prácticamente parada en los dos últimos años. 
En estas circunstancias, no podemos dejar de preguntarnos si no estarán ciertas artes de pesca, como la del cerco, poniendo en peligro la sostenibilidad de las existencias de atún en el Atlántico septentrional. 
Y, en cuanto a eso, nos gustaría saber si la Comisión ha hecho ya alguna investigación con vistas a averiguar las consecuencias de la utilización de ese tipo de arte. 
En segundo lugar, quisiéramos también saber si es consciente la Comisión de la crisis que se extiende en el sector de la pesca del atún en las Azores y en Madeira y si se propone adoptar alguna medida respecto de ese asunto. 
En último lugar, quisiera también subrayar que hay artes de pesca de atún, como las que se utilizan en todas las islas de la Micronesia (volantín y vara) , que no ponen en peligro delfines y tortugas como hacen otros métodos y otras técnicas bastante más agresivas, por lo que quisiéramos saber si estaría dispuesta la Comisión a tenerlo en cuenta. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente, Sr. Gallagher, por su informe y también por el apoyo que ha brindado a nuestra propuesta. 
Cuantos han recordado aquí las excelentes relaciones pesqueras con Guinea Ecuatorial tienen razón. 
Dichas relaciones se remontan, en efecto, al año 1984. 
Entonces cerramos un acuerdo marco que es, de hecho, muy importante para la Comunidad, ya que permite el acceso de nuestra flota a la pesca del atún en el Golfo de Guinea. 
El anterior Protocolo de dicho Acuerdo expiró el 30 de junio del año pasado. 
Las negociaciones sobre un nuevo protocolo fracasaron, no obstante, en un primer momento y a continuación llegamos a un acuerdo con Guinea Ecuatorial para prorrogar por un año el anterior Protocolo. 
Las disposiciones de dicho Protocolo se vienen aplicando provisionalmente, por decirlo así, desde el 1 de julio del año pasado, sin que se introdujera ninguna modificación en lo que respecta a las posibilidades de pesca o la compensación financiera. 
Entre tanto, a principios de este mes se consiguió redactar, a dios gracias, un nuevo protocolo para los próximos tres años. 
En estos momentos se está completando el procedimiento de examen interno por parte de la Comisión y a continuación se presentará al Parlamento y al Consejo para su adopción. 
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas, yo puedo aceptar en principio las dos primeras. 
No obstante, considero que están fuera de lugar en el texto del reglamento, pues el envío al Parlamento de los informes e informaciones solicitados ya se regula en el Acuerdo marco que suscribieron nuestras dos instituciones el 5 de julio de 2000. 
La Comisión no puede aceptar, en cambio, la enmienda 3, ya que entraría en contradicción con el principio vigente hasta ahora, según el cual los Protocolos de pesca son documentos anexos al Acuerdo marco y, por consiguiente, su prórroga no requiere un mandato de negociación específico por parte del Consejo. 
No obstante, es evidente que en el curso de las negociaciones la Comisión se atiene siempre a las directrices establecidas previamente por el Consejo y así lo ha hecho, naturalmente, también en el presente caso. 
En cuanto a la pregunta que se ha planteado en relación con Cabo Verde. 
Yo no puedo compartir la idea de que en este caso se plantee un problema particular, puesto que nosotros y sobre todo el Estado miembro más afectado rechazamos lo que se nos ofrecía. 
En efecto, el planteamiento de Cabo Verde nos habría obligado a descargar la totalidad de las capturas en las islas caboverdianas. 
No obstante, dado que la exportación de Cabo Verde a la Unión no es posible por diversos motivos, ello hubiese sido poco razonable, puesto que a continuación no habríamos tenido ninguna posibilidad de acceso a dichas capturas. 
No puedo aceptar la enmienda de la Sra. Attwooll y el Sr. Busk, que propone que los costes del Acuerdo con Guinea Ecuatorial los asuman los armadores y no la Comunidad. 
Ya de entrada, por el sencillo motivo de que no se ajusta a las directrices adoptadas ya en 1980 por el Consejo con vistas a las negociaciones. 
Éstas establecen que la Comunidad y los armadores contribuirán conjuntamente a la financiación de los costes, en el caso de estos últimos a través de la adquisición de licencias. 
Sé que son altas horas de la noche y que todos estamos muy cansados, pero he dirigido una pregunta específica al Comisario y creo que no me ha entendido. 
Los Verdes votaremos en contra del presente acuerdo, como hacemos con todos los acuerdos con terceros países. 
No nos satisface, como usted dijo en su introducción, el Acuerdo con Guinea Ecuatorial. 
La pregunta es relativa a los pabellones de conveniencia. 
Guinea Ecuatorial tiene una mala reputación en este sentido, pero usted no ha respondido a la pregunta. 
Puede que sea demasiado tarde, pero me gustaría obtener una respuesta porque usted está negociando, a pesar de que existe un acuerdo que prohibe las importaciones de túnidos, y dicho acuerdo guarda una estrecha relación con eso. 
Necesitamos una respuesta. 
Puede que sea demasiado tarde, pero es importante. 
Señor Presidente, he comprendido perfectamente que su Señoría ha declarado, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, su oposición por principio a este tipo de acuerdos. 
Sin embargo, creo que no existe ninguna razón que me obligue a comentar dicho principio del Grupo de los Verdes en mi respuesta. 
En cuanto a sus consideraciones sobre los pabellones de conveniencia, así rezaba la pregunta, según las cuales éstos tendrían una importancia especial en el contexto particular de Guinea Ecuatorial, esto no se había mencionado hasta ahora en ningún momento, ni en las sesiones preparatorias ni en ningún otro lugar. 
Sin embargo, voy a pedir gustosamente a mis servicios que examinen esta cuestión y le remitiré la respuesta en el momento indicado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas) 
Señor Presidente, estimados colegas, tengo la satisfacción de transmitirles esta mañana un mensaje de agradecimiento. 
En la semana pasada he tenido ocasión de reunirme en Praga con nuestro colega del Parlamento checo, el Sr. Ivan Pilip. 
El Sr. Pilip estuvo en prisión en Cuba durante 26 días por haber mantenido contacto con disidentes. 
Entretanto ha regresado de nuevo a Chequia, se encuentra en buen estado y da las gracias a la Presidenta del Parlamento, y también a todos los colegas, por la actividad llevada a cabo en favor de su puesta en libertad. 
Dice que en la opinión pública checa se ha acogido con gran satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo por su relación amistosa con el Estado checo y con los colegas checos haya intervenido en favor de su persona. 
Está convencido de que precisamente nuestra movilización ha significado una contribución sustancial a su puesta en libertad. 
Quisiera hacerles conscientes de que aunque personalmente tuve poca participación en este proceso, me alegra sobremanera poder transmitirles el agradecimiento de nuestro colega. 
Gracias, señor Wuermeling. 
Ataques aéreos en Iraq 
De conformidad con el orden del día, proceden las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los ataques aéreos en Iraq. 
. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, celebro esta ocasión que se me ofrece para comentar un asunto importante y de actualidad. 
Como es de público conocimiento, aviones de guerra americanos y británicos atacaron objetivos militares en las afueras de Bagdad el 16 de febrero. 
Como fundamento de esos ataques, se ha mencionado el aumento del fuego antiaéreo iraquí contra aviones de guerra americanos y británicos que patrullan las denominadas zonas de prohibición de vuelos en el norte y en el sur de Iraq. 
Portavoces americanos y británicos han declarado que estas acciones tienen el carácter de legítima defensa, que son corrientes y que no deben entenderse como una escalada ni como un cambio de política. 
El Consejo de Seguridad de la ONU discutió brevemente este asunto, mediante consultas informales, el 20 de febrero. 
Asimismo, hubo declaraciones sobre posibles posiciones futuras. 
El Secretario General de la ONU ha comentado también lo sucedido. 
Ha dicho: Obviously the timing is a bit awkward for the talks I'm going to have on the 26th of February. 
Así se remitía el Secretario General a su conversación de alto nivel del lunes pasado, y que acaba de concluir, con el Ministro de Asuntos Exteriores de Iraq. 
La Presidencia comprueba que hay diferentes opiniones en la Unión sobre los fundamentos de Derecho Internacional de esas acciones e, incluso, del establecimiento de las denominadas zonas de prohibición de vuelos. 
Nos consta que un país miembro participó en las acciones y que otros han lamentado lo ocurrido. 
Asimismo, sabemos que la política exterior y de seguridad común presupone una postura común. 
La política exterior y de seguridad común se desarrolla al ritmo que determinan los países miembros. 
Obviamente es positivo que los Estados miembros de la Unión tengan criterios comunes. 
También hay que respetar que tengamos opiniones divergentes sobre ciertos temas. 
En general, compruebo que el diálogo que se ha iniciado en Nueva York entre el Secretario General de la ONU y el gobierno iraquí es algo positivo. 
Esperamos, obviamente, que esas conversaciones contribuyan a que se realicen avances y a que Iraq se decida a colaborar con la ONU y con sus inspectores de armamentos, en concordancia con las resoluciones vigentes del Consejo de Seguridad. 
Cabe tomar nota también de que recientemente Colin Powell, Ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, se haya declarado partidario de revisar la política de sanciones americana. 
Además, Powell ha señalado su deseo de que dentro de algunas semanas EE.UU. presente un proyecto más detallado en relación con esta revisión. 
Las condiciones de vida del pueblo iraquí y la seguridad y estabilidad duradera en la zona son asuntos preferentes en la política del Consejo respecto a Iraq. 
El Consejo está estudiando la posible ejecución de medidas humanitarias y culturales en el marco de las resoluciones vigentes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Iraq, especialmente el programa "Petróleo por alimentos". 
Es importante que el gobierno iraquí colabore para hacer posible la realización de un programa de esta naturaleza. 
Mediante la resolución 1284, aprobada el 17 de diciembre de 1999, se posibilita la suspensión de las sanciones si el gobierno iraquí colabora plenamente con los inspectores de la ONU encargados del desarme de Iraq. 
. (EN) La Presidencia acaba de exponer el trasfondo de los recientes ataques aéreos. 
No quisiera volver a discurrir por el mismo camino, de modo que permítanme únicamente decir que coincido plenamente con la valoración de la situación que acabamos de escuchar. 
Coincido plenamente con la distinción, que estimo se ha planteado muy acertadamente, entre los primeros esfuerzos por crear una política exterior y de seguridad común y la ambición que comparten muchos de tener una única política exterior y de seguridad. 
También estoy de acuerdo con lo dicho sobre las diferencias existentes entre los Estados miembros en esta cuestión. 
Quisiera pronunciar algunas palabras sobre el contexto general. 
Quisiera dedicar un par de palabras a las sanciones y los esfuerzos por mejorar la miserable suerte del pueblo iraquí. 
Todos estamos de acuerdo en que el punto muerto al que han llegado las sanciones sobre Iraq y el sufrimiento que ese parón ha causado es absolutamente insatisfactorio y deberíamos hacer todo lo que esté en nuestras manos por impedir que continúe. 
No obstante, hemos de tener en cuenta que las sanciones fueron originalmente impuestas con un propósito. 
A resultas de la Guerra del Golfo el Consejo de Seguridad de la ONU estableció mediante una serie de resoluciones que Iraq debía deshacerse de todas las armas de destrucción masiva y que esto debía ser verificado por UNSCOM, la Comisión Especial de la ONU responsable del desmantelamiento del arsenal armamentístico de Iraq y de la ejecución de un programa de seguimiento para garantizar que éste no vuelva a restablecerse nunca. 
Hasta que esto se consiguiese se acordó que Iraq sería sometido a diferentes sanciones económicas aunque se permitieron ciertas excepciones para suministros humanitarios esenciales. 
A pesar de que en 1991 podía haberlo hecho inmediatamente, el gobierno iraquí no emprendió los pasos para alcanzar un acuerdo con la ONU hasta 1995, momento en el que Iraq accedió al Programa de "petróleo por alimentos" tal y como se establecía en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de ese año. 
El Programa "petróleo por alimentos" ha sido desde entonces prorrogado cada seís meses con condiciones más favorables. 
En principio el Programa "petróleo por alimentos" debe proporcionar la ayuda humanitaria básica sin necesidad de recurrir a ayuda externa. 
No hay restricciones financieras para las autoridades iraquíes bajo el programa "petróleo por alimentos" para comprar alimentos y medicinas para su pueblo. 
Ha sido decisión del régimen iraquí no recurrir a la oportunidad que le ha ofrecido la Comunidad Internacional. 
La cuestión de las sanciones empeoró, desde luego, cuando UNSCOM fue expulsada de Iraq en noviembre de 1998 y llevó un año acordar un enfoque común para tratar este problema. 
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1284 en diciembre de 1999, que permitía la suspensión de las sanciones contra Iraq con posterioridad a un control armamentístico. 
No obstante, Iraq no aceptó la resolución y no ofreció ninguna cooperación en la verificación del desmantelamiento de las armas de destrucción masiva. 
Por consiguiente, Iraq no ha cumplido con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, hecho que recuerdo se destacó en la resolución del Parlamento Europeo de abril del año pasado. 
Ahora hemos alcanzado un punto importante en nuestras relaciones con Iraq. 
Esta claro que las sanciones impuestas durante diez años no han logrado los objetivos deseados. 
La inspiración que suscitan es que empeoran la situación humanitaria del pueblo iraquí. 
La temeridad de Saddam Hussein y su régimen ha dado como resultado la malnutrición, la enfermedad y la degradación general de la infraestructura física y social del país. 
Esta política acarreará consecuencias más allá del presente y serán sufridas por las futuras generaciones de iraquíes. 
Estas graves circunstancias han puesto sobre la mesa la extrema situación del pueblo iraquí y el problema de tratar con un régimen que es tan despiadado como temerario. 
Todos coincidimos en que hay una clara necesidad de replantear toda la cuestión iraquí e identificar la mejor vía de acción. 
El nuevo Secretario de Estado de los EE.UU., Colin Powell, se ha manifestado igualmente en este sentido. 
No hemos de perder de vista el objetivo fundamental. 
Hemos de asegurarnos de que no vamos a volver a dar a Saddam Hussein los medios para emprender agresiones contra sus vecinos o, ciertamente, contra su propio pueblo. 
Las sanciones continúan, pero debemos reflexionar sobre la forma de hacerlas más efectivas para la consecución del objetivo fundamental. 
Queremos centrarnos en el liderazgo iraquí y en sus armas, no en el pueblo y en la sociedad iraquíes. 
La Comunidad Internacional debe considerar la posibilidad de sustituir el actual régimen de sanciones por lo que en la jerga se denomina "un programa de sanciones astuto" y por otro tipo de medidas al tiempo que se intenta asegurar que no se produzcan armas de destrucción masiva. 
El sufrimiento del pueblo iraquí constituye una gran preocupación de la Unión Europea. 
Desde la Guerra del Golfo en 1991, Europa ha sido el mayor donante de ayuda humanitaria a Iraq por un valor de más de 250 millones de euros. 
En los últimos dos años la Unión Europea ha proporcionado una ayuda que oscila anualmente entre los 8 y 10 millones de euros. 
Para el 2001 la cantidad será algo mayor, cercana a los 12 millones de euros. 
La ayuda, a través de ECHO, se centra en la provisión de agua potable y servicios de salud, haciendo hincapié en las instituciones para minusválidos, para huérfanos y también con énfasis en los niños de la calle. 
La ayuda de ECHO se proporciona a través de organizaciones no gubernamentales internacionales y a través de las oportunas agencias de la ONU. 
La Comisión celebra la reanudación, el 26 y 27 de febrero en Nueva York, del diálogo entre la Naciones Unidas e Iraq. 
A pesar de que no se ha informado de la consecución de ningún logro estimable durante los dos días de reuniones entre el Secretario General de la ONU y el Ministro de Asuntos Exteriores iraquí, resulta esperanzador que haya un acuerdo para mantener nuevas reuniones. 
Hay que enviar una señal al gobierno iraquí sobre la importancia de proseguir las conversaciones y de alcanzar un acuerdo con las Naciones Unidas que permita mejorar la situación económica y humanitaria de Iraq, al tiempo que respete las diferentes resoluciones de la ONU sobre Iraq, especialmente las relativas a las armas de destrucción masiva. 
Señor Presidente, más allá de la polémica que pueda representar la oportunidad de estas intervenciones militares, o del hecho de que se hubiese consultado a los aliados, yo creo que el verdadero alcance del debate que estamos manteniendo hoy es el de ver cómo se puede conciliar una política coherente de la comunidad internacional de respeto a las normas internacionales- y me refiero a las doce resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- y al mismo tiempo, como decía el Sr. Patten, tomar en consideración el sufrimiento que está padeciendo en estos momentos el pueblo iraquí. 
Quisiera abordar este problema desde esa posición, pero no sin antes sentar una base muy clara. Creo que se ha dicho con acierto que no ha habido nadie que haya hecho sufrir tanto al pueblo y a la sociedad de Iraq como su régimen actual, y creo que sería justo reconocer también que nadie ha sacado tanto partido de ese sufrimiento en beneficio propio como el propio régimen iraquí. 
Desde esta perspectiva, señor Presidente, a mí me gustaría formular unas preguntas a la Comisión y al Consejo. 
El Sr. Patten nos ha anticipado esta mañana una pista de reflexión sobre la manera en que deberíamos proceder, y me gustaría preguntar al Consejo de Ministros si piensa que para alcanzar el objetivo- que mi Grupo político comparte al cien por cien- de impedir que Iraq se dote de armas de destrucción masiva es imprescindible o no un embargo. 
Yo creo que la Comisión, y la Unión Europea en su conjunto, pueden tener la conciencia muy tranquila- el Sr. Patten lo acaba de explicar- en el sentido de que somos el primer donante de ayuda humanitaria a Iraq, pero creo que deberíamos hacer un análisis serio y reflexionar sobre los resultados que ha producido el programa petróleo por alimentos, puesto que muchos países árabes consideran que se está produciendo un fraude por parte de las autoridades iraquíes de más de mil millones de dólares anuales. 
Me gustaría preguntar también a la Presidencia en ejercicio del Consejo si piensa que la sustitución del régimen de sanciones de las Naciones Unidas por una comisión de verificación internacional centrada, como ha dicho el Sr. Patten, en los flujos financieros y de armamento podría ser una solución alternativa al problema del embargo. 
Yo creo- como ha dicho la Presidencia en ejercicio del Consejo- que lo más fácil de todo sería que el régimen de Sadam Hussein aplicase la Resolución 1284 de las Naciones Unidas, que, efectivamente, permite, a condición de colaborar con las Naciones Unidas, que se produzca una suspensión del embargo comercial por 120 días, prorrogables a su vez por otros períodos sucesivos. 
Es evidente, señor Presidente, que el régimen de Sadam Hussein ha sido vencido pero no ha sido aniquilado y, por eso, entiendo que el decir que estas intervenciones militares constituyen una acción del imperio contra un pueblo desprotegido es una interpretación un poco simplista, aunque creo que también es legítimo preguntarnos si estas acciones de la comunidad internacional y estas políticas de sanciones contribuyen realmente a debilitar al régimen de Sadam Hussein o, por el contrario, ayudan a reforzarlo, pues todos sabemos perfectamente que este tipo de regímenes dictatoriales, para consolidarse en el poder, invocan al enemigo exterior. 
Señor Presidente, hay algo que me parece evidente: somos unánimes a la hora de rechazar el régimen detestable de Saddam Hussein. 
Cuanto antes desaparezca, mejor. 
Pero entre demócratas y entre países democráticos, es preciso y útil debatir sobre los medios para alcanzar estos objetivos. 
Han surgido dudas bastante legítimas sobre la oportunidad, e incluso la legalidad, de los últimos bombardeos en Irak. 
Con respecto a esto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es quien debe expresarse con claridad. 
El Consejo de Seguridad, y no éste u otro de sus miembros, o incluso los miembros permanentes, son la única autoridad legítima para decidir medidas coercitivas contra un país. 
En lo que se refiere a las sanciones económicas en vigor, también se plantea la cuestión de su eficacia. 
Es preciso reconocer que las sanciones económicas no han desestabilizado a Saddam Hussein- lo que, por cierto, acaba de confirmar el Sr. comisario Patten- sino que han causado daños colaterales muy graves a la población iraquí. 
Esta es asimismo la conclusión que saco de lo que escuché recientemente a propósito de Irak ante nuestra comisión de asuntos extranjeros. 
Me impresionó especialmente la intervención del Sr. Vieno, director de Cáritas Europa. 
Citaré su conclusión: " En resumen, desde el punto de vista humanitario, las sanciones son catastróficas. 
Legalmente, discutibles. 
Moralmente, son intolerables " Quisiera pensar que nuestros colegas del PPE en el Parlamento Europeo no desautorizarán a este representante cualificado de Cáritas y que el Consejo de la Unión Europea sabrá sacar, para lo que a él se refiere, las conclusiones que se imponen. 
Señor Presidente, hace poco he visitado Kuwait, donde tuve la oportunidad de conocer a un hombre cuyo amigo de la infancia murió durante el ataque iraquí a Kuwait. 
Salió a la calle y vio el cuerpo de su amigo. 
Al tocarlo se dio cuenta de que estaba muerto. Tuvo la impresión de estar tocando prácticamente un pedazo de gelatina. 
Los soldados iraquíes habían roto todos los huesos de su cuerpo. 
Al hablar del pueblo iraquí no debemos olvidar a los cerca de 750 prisioneros de guerra kuwaitíes que aun se encuentran en prisiones iraquíes. 
No sabemos que ha sido de ellos. 
Hemos de seguir investigando. 
He estado en Irán. 
He hablado con las familias de los prisioneros que aun están en Iraq desde la guerra Irán/Iraq de 1981-1988. 
Un millón de personas murieron a causa de los ataques y de las incursiones predatorias de Saddam en Irán. 
Quizá queden aun entre 25.000 y 30.000 prisioneros iraníes en las cárceles iraquíes. 
Tampoco debemos olvidar a estas personas. 
He visto los efectos de las armas químicas. 
No debemos olvidar al medio millón de kurdos cuyas vidas han sido segadas por Bagdad desde que fueron invadidos en el norte con armas químicas poco después de que Saddam fuera expulsado de Irán. 
He estado en muchas ocasiones en las marismas de Iraq, el partrimonio antiguo del mundo, la tierra de marismas de Mesopotamia. 
He contemplado año tras año el constante drenaje, la reducción del agua, y el hecho de que más de medio millón de habitantes de las marismas, que se remontan más allá de los comienzos de la civilización, ven como se destruye su medio de vida, sus vidas, como se les priva del suelo bajo sus pies a causa del drenaje de los iraquíes. 
Y ¿por qué? 
Para que Saddam pueda tener sus tanques más cerca de Irán y de Kuwait de modo que la próxima vez pueda invadirlos más fácilmente. 
Las zonas de exclusión aérea han sido efectivas para proteger al menos algunas de esas gentes pero deberíamos hacer algo más, tenemos que hacer algo más. 
Está en nuestra mano restaurar las marismas iraquíes. 
Este hombre es un monstruo. 
Al hablar de la zona de exclusión aérea, al hablar de los daños colaterales no debemos olvidar esto. 
En 1989 ingresó 15.000 millones de dólares del petróleo y gastó 13.000 en armas. 
En 1999 ingresó 16.000 millones de dólares y, por lo menos legalmente, no pudo gastar nada en armas. 
Sugiero que contemplemos la posibilidad de retirar de sus manos la distribución de los alimentos del "Programa petróleo por alimentos", que consideremos la destrucción de esas presas que han destruido las marismas y que trabajemos para establecer un tribunal penal donde por lo menos pueda ser juzgado en rebeldía. 
Al hablar de una política para Iraq, el Comisario Patten ha hablado sobre la temeridad del régimen iraquí. 
No es temeridad, es sevicia. 
Este hombre es en realidad un Hitler moderno. 
(Aplausos desde el centro y la derecha) 
Señor Presidente, en opinión de mi Grupo, los bombardeos de los que estamos hablando aquí son una respuesta equivocada a un problema serio, que sí existe. 
Empecemos por el fundamento jurídico, que, por decirlo de forma retórica, es extraordinariamente dudoso. 
Mi grupo está a favor del mantenimiento de la no fly-zone, pero no existe un fundamento jurídico para los actuales bombardeos sin un nuevo acuerdo en el Consejo de Seguridad. 
Los bombardeos son erróneos porque resultan contraproducentes: Sadam es el héroe de los árabes y también de la población palestina, y eso sólo dificulta más la solución del problema de Oriente Medio. 
Eso no implica, en mi opinión, que no sea un problema o que no deba hacerse nada. 
Sadam también sigue constituyendo para nosotros la mayor amenaza para la estabilidad de Oriente Medio, e Iraq es un país en el que los derechos humanos se violan sistemática y masivamente. 
Me alegra que el Comisario Patten ya haya dicho que también él es partidario de una modificación del sistema actual. 
Podemos hablar largo y tendido. 
El resultado final es que quien más ha sufrido tras diez años de sanciones no ha sido Sadam sino la población iraquí. 
Sadam ha abusado de una manera extraordinariamente cínica de las sanciones en beneficio de sus propias relaciones públicas y a costa de su propio pueblo. 
Me satisface, así mismo, que la mayoría del Parlamento parezca estar a favor de una modificación de las sanciones. 
El embargo de armas y bienes estratégicos debe continuar e incluso, tal vez, debe ser más estricto, pero el régimen actual debe ser reemplazado por lo que se denominan "smart sanctions". 
Sí debemos continuar aferrados a la exigencia de que se tiene que aceptar la entrada de los inspectores de armamento. 
No debemos permitir que el régimen continúe desarrollando la posibilidad de tener armas biológicas, químicas e incluso nucleares. 
No podemos olvidar Haladja, tal como la anterior oradora ya ha señalado. 
La comunidad internacional debe tener acceso a Iraq y debe poder controlar lo que sucede en ese país en el ámbito del desarrollo armamentístico. 
Por último, quisiera pedir, en relación con las acciones emprendidas por la Presidencia sueca, que se lleve a cabo la resolución del Parlamento Europeo de noviembre del año pasado en la que se solicitaba la creación de un tribunal internacional ad hoc para Iraq. 
De esta forma, Europa podría desempeñar un papel autónomo en la política mundial al influir de forma moderada en los Estados Unidos sin acomodarse a las exigencias de Iraq y Sadam. 
Así mismo, podría influir moderadamente en Gran Bretaña, que piensa ser un puente entre América y la Unión Europea con su comportamiento, pero si todo sigue igual, constituye antes un obstáculo que una solución. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, yo formaba parte de quienes habían pedido que se inscribiese en el orden del día de la presente sesión un debate sobre los bombardeos americano-británicos sobre Bagdad. 
Lo hice con el mismo ánimo que cuando sugerí, en la Conferencia de presidentes, que se invitase al Parlamento al Sr. von Sponeck, el antiguo responsable del programa de la ONU «Petróleo por alimentos» , quien tuvo la valentía de dimitir de su cargo en vista de las horribles consecuencias de la estrategia inspirada por Washington en Irak. 
Estoy convencido, así como todo mi Grupo, de que la Unión europea tiene todo que perder si se muestra tímida o indecisa en este asunto, y todo que ganar si toma partido claramente. 
En mi opinión, las últimas incursiones sobre Irak ilustran la realidad de forma fehaciente. 
Lo que está en juego, creo yo, es en primer lugar nuestro concepto de las relaciones internacionales. 
Estas incursiones sobre Bagdad, como aquellas que les precedieron desde la operación «Zorro del desierto» en 1998, de siniestro recuerdo, son a la vez, efectivamente, totalmente ilegales, fundamentalmente contraproducentes y éticamente insostenibles. 
Se sitúan en el extremo literalmente opuesto de los principios que proclamamos. 
Ninguna resolución de la ONU prevé que se recurra de tal modo a la fuerza. 
Gracias a estos bombardeos sucesivos, Saddam pudo librarse de cualquier control internacional de las medidas de desarme. 
Por último, aunque el dictador iraquí no deja de reforzar su dominio del país y más allá, la mayoría de la sociedad está profundamente desestructurada y soporta un espantoso martirio. 
Este único motivo debería bastar para hacer que la Unión sea mucho más ofensiva y contribuya a salir de este círculo vicioso indigno y dramático. 
Si no, más vale enterrar el partenariado euromediterráneo, tan comprometido ya. 
Hay algo más en juego con esta reactivación de los bombardeos sobre Bagdad, y es la naturaleza de las relaciones de Europa con los Estados Unidos de Georges W. Bush. 
No olvidemos que Irak es uno de los estados llamados «golfos» que Washington utiliza para justificar su programa de escudo antimisiles. 
La nueva administración americana pretende sin duda comprobar la vulnerabilidad de los Europeos al volver a utilizar la carta iraquí, para vencer, o al menos debilitar, su oposición al NMD, ese irresponsable proyecto estratégico de la Casa Blanca. 
Creo que hay un tercer punto esencial de la reacción europea a esta operación aérea americano-británica y es la credibilidad del proyecto europeo en sí mismo. 
Mal que bien, no es cosa baladí ver a uno de los principales países miembros, uno de los pilares de lo que algunos llaman la vanguardia, o el núcleo duro, de la futura Unión, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad y a la defensa, comprometerse directamente al lado del Sr. Bush. 
Ahora ya ni siquiera importa la antigua afinidad política entre los Sres. Blair y Clinton. 
No se trata de la tercera vía, se traspasa directamente la línea amarilla. 
Ya lo dijimos a propósito del asunto Echelon. 
Tarde o temprano, en un momento dado hay que saber elegir. 
No se puede estar en misa y repicando. 
¡Y menudo mal ejemplo se da a los dirigentes de los países candidatos, a quienes se anima a dar prendas a los más poderosos en lugar de construir un proyecto común con sus vecinos y colaboradores! 
Polonia, casi la única en el mundo, ha apoyado ya a Washington. 
¿Es eso lo que queremos en el momento de la ampliación? 
Señor Presidente, aunque me alegra que algunos elementos críticos se hayan pronunciado aquí o allá en la Unión contra los bombardeos, he aquí por que considero que necesitamos una actitud mucho más decidida de Europa para todo el expediente iraquí, en caso necesario, recurriendo a un tipo de cooperación reforzada por una mayoría de los Quince, incluso con el levantamiento del embargo y un apoyo significativo a la oposición democrática iraquí. 
Señor Presidente, comparto la opinión que se ha expresado en esta Asamblea sobre Saddam Hussein. 
El gobierno iraquí deberá atenerse a las normas de derecho internacional. 
Sugiero que los Estados Unidos y Gran Bretaña hagan lo mismo. 
Como admirador de la antigua civilización del pueblo iraquí me cuesta aceptar que se haya permitido que la población sufra hasta el punto en que lo ha hecho por los intereses económicos de terceros y haya sido atacada tanto desde el interior como desde el exterior. 
Primero fue la guerra Irán/Iraq, una guerra fundamentalmente sostenida por occidente. 
A Iraq se le dio tecnología y armas para acometer esa guerra. 
Es célebre la cita del Presidente de los EE.UU. Reagan respecto de Saddam Hussein: "es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". 
La tecnología para las armas químicas se transfirió a Bagdad. 
El complejo militar/industrial occidental encontró una mina y colmó a Bagdad de armas. 
Kuwait usurpó los yacimientos petrolíferos iraquíes y el embajador estadounidense transmitió al gobierno iraquí la impresión de que los EE.UU. no se iban a oponer a una invasión. 
Esto constituyó una malinterpretación enorme por parte de los iraquíes y han sufrido las consecuencias. 
Fue acertado imponer sanciones inmediatamente después de que Iraq fuera expulsado de Kuwait, pero ciertamente no es correcto prorrogarlas en su forma actual. 
Se estima que un millón y medio de personas ha muerto desde la imposición de las sanciones. 
La anterior Secretaria de Estado de los EE.UU, Madeleine Albright, consideraba que 5000 niños al mes era un precio que merecía la pena pagar por librarse de Saddam Hussein. 
Él sigue allí. Pero todos esos niños que murieron, no. 
Las sanciones dañan a los ciudadanos, como se acaba de decir aquí. 
No dañan a la élite del estado sobre el que se imponen las sanciones. 
El mundo islámico está indignado, con razón, por las políticas genocidas que se llevan a cabo en Iraq. 
Están haciendo crecer el resentimiento e incluso el odio en los pueblos de Oriente Medio y en todas las naciones islámicas del mundo. 
Las sanciones de la ONU se están aplicando con una ferocidad que está desgarrando el frágil consenso de la región. 
También juegan a favor de Saddam Hussein que permanece incontestado desde hace treinta años. 
Ahora goza de mayor popularidad que nunca entre el pueblo árabe. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, pienso que ante todo hay que agradecer a los americanos y a los británicos su sentido de las responsabilidades. 
El Sr. Wurtz, que cree que se podría y debería confiar al Consejo de Seguridad cualquier decisión en la materia, tiene, diría yo, una cierta cara dura. 
Sabemos que los otros dos miembros del Consejo de seguridad, la República Popular de China y la Federación Rusa, suministran armas a Irak en estos momentos, de modo que pensar que se pueden tomar decisiones en estas circunstancias me parece, como mínimo, una irresponsabilidad. 
Pero dar las gracias a los americanos no debe impedirnos que pensemos en un nuevo diseño de estas sanciones, y desde luego no hay que abolirlas. 
Creo que hay una eficacia, y el mismo general Powell lo ha reconocido, que debe encontrarse en estas sanciones. 
Quería decir también que me extraña que a parte del Sr. Wurtz, nadie hable hoy de los intereses americanos. 
El Sr. Wurtz ha hecho un análisis muy preciso de los intereses americanos que consistirían en justificar el escudo estratégico americano. 
Todos podrán sacar las conclusiones que quieran, pero es evidente que en otros debates siempre se ha fustigado a los americanos, que supuestamente tendrían grandes intereses económicos en esa zona. 
Hoy por hoy, sospecho que incluso podría haber, entre los Estados miembros, incluyendo al suyo, señor Wurtz, algunos que tienen intereses, esos mismos intereses que, cuando se trata de intereses americanos, condena usted con extrema firmeza. 
Creo que este conjunto de problemas debe ponerse sobre la mesa si se quiere tener una reflexión mínimamente constructiva. 
También hay que volver a la base, y la Sra. Nicholson lo ha hecho, es decir, a la de ese régimen, y tampoco tenemos que hacernos muchas ilusiones. 
Sabemos lo difícil que es derribar ese tipo de regímenes, sabemos lo difícil que es poner en marcha un sistema de sanciones. 
Tenemos cierta experiencia, después de diez años, con las sanciones que se impusieron en 1991. 
Creo que debemos pensar en nuevas sanciones, pero difícilmente podremos eliminar el aspecto militar de éstas, e incluso deberemos seguramente ampliar la presión militar, como deberemos pensar en aumentar la zona de exclusión sobre el Kurdistán. 
Las recientes llegadas de inmigrantes kurdos a las costas francesas son precisamente el resultado de una falta de protección de ciertas regiones kurdas del Kurdistán. 
Seguramente habrá que agrandar estas zonas, y para que se respete la protección, desgraciadamente habrá que utilizar ciertos medios militares que, hoy por hoy, los británicos y los americanos parecen ser los únicos capaces de garantizar. 
También habrá que pensar en aumentar la presión sobre la República Popular de China y sobre Rusia para que dejen de colaborar militarmente con Irak, pero también habrá que pensar en un nuevo tipo de bombardeo, un bombardeo informativo, día y noche, con satélites, con bombardeos de folletos en todo el país, para que los ciudadanos conozcan la política de la comunidad internacional, y sobre todo para que conozcan la política del Sr. Saddam Hussein, una política que le permite desviar una gran parte de los fondos que recibe del programa «Food». 
Por lo tanto es preciso llevar a cabo una política informativa para que los Iraquíes sepan cual es la realidad y poder al fin derribar ese régimen. 
Señor Presidente, socavar la propia credibilidad política resulta siempre un mal asunto. 
Si se hace frente a un enemigo despiadado, entonces puede resultar incluso desastroso. 
Ésta es mi valoración de la división de opiniones europeas ante la reciente acción militar angloamericana contra el régimen de Sadam Hussein en Iraq. 
Los Estados miembros de la Unión Europea merecen ser criticado en tres puntos en cuanto a su política respecto de Iraq. 
Para empezar, ¿cómo conciliar el objetivo de una PESC con la dolorosa falta de unidad ante la reciente crisis iraquí? 
La amplitud del abismo todavía existente entre ambición y realización ha sido puesta de manifiesto por la reacción de los Quince de la UE en el reciente bombardeo de Iraq: los británicos volaron, los alemanes se pusieron a cubierto y los franceses han ametrallado a Washington con palabras " ¿Y quién ríe el último? 
¡Sadam Hussein, por supuesto! 
Precisamente, este Presidente iraquí continúa siendo el gran factor desestabilizador en Oriente Medio después de haber perdido dos Guerras del Golfo. 
Al fin y al cabo, Sadam arroja constantemente leña al irreverente fuego del conflicto palestinoisraelí. 
Y la Unión Europea dice de paso esforzarse por reanudar el proceso de paz en la región ¿Cómo concilian el Consejo y la Comisión este gran objetivo con las señales europeas contradictorias dirigidas a Bagdad? 
Un oponente declarado a ese mismo proceso de paz aviva continuamente los sentimientos árabes y amenaza incluso con la destrucción del Estado judío. 
Por último, mi tercer y, tal vez, el punto de crítica más importante en cuanto a la inestable política europea respecto de Iraq. 
Sadam Hussein recibe apoyo desde la Unión Europea al socavar las resoluciones sobre Iraq de Naciones Unidas. 
Con ello, se corre nada menos que el riesgo de revitalizar la idea de Mesopotamia en lugar de insistir en que Sadam cumpla íntegramente el crucial acuerdo de Naciones Unidas sobre el control del desmantelamiento de sus armas de eliminación masiva, incluida la capacidad de producir, a cambio del levantamiento del régimen de sanciones; europeos, rusos y chinos pactan con un déspota que externamente convierte a su país en agresor e internamente, en una república del miedo. 
Hago, por consiguiente, un llamamiento urgente al Consejo y a la Comisión para lograr una política europea consecuente respecto de Iraq de común acuerdo con la administración Bush. 
. 
(SV) Señor Presidente, quisiera comentar e intentar contestar algunas preguntas que se han formulado en la parte inicial de este debate. 
El Sr. Salafranca Sánchez-Neira formula numerosas preguntas al Consejo, entre otras cosas, sobre las sanciones. 
Creo que es muy importante que tengamos criterios comunes sobre el objetivo de las acciones de la comunidad internacional contra Iraq. 
El objetivo es que este país cumpla con los compromisos y las normas contenidas, especialmente, en la resolución 687, que es la gran resolución que regula las relaciones de la comunidad internacional con Iraq. 
No se contempla, por ejemplo, un cambio de gobierno- es un asunto interno del pueblo de Iraq- pero en la resolución se dice claramente qué se necesita para que se puedan suspender las sanciones. 
Esta es la base de toda la discusión. 
Además, el Sr. Salafranca Sánchez-Neira formula una serie de preguntas relevantes sobre la necesidad de un embargo a Iraq y si es posible modificar el régimen de sanciones vigente. 
Hace alusión a una comisión de verificación internacional, a flujos financieros, etc. 
En el marco de los trabajos de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, se debate intensamente la eficacia de los instrumentos de sanción. 
La Unión participa activamente en esas discusiones. 
Son temas muy difíciles. 
Se discute, por ejemplo, si conviene imponer sanciones por tiempo limitado, de modo que se sepa desde el comienzo cuándo y en qué condiciones éstas podrán suspenderse. 
Además, tal como se ha señalado en este debate, se discute la conveniencia de las denominadas smart sanctions, esto es, que se intente hacer que las sanciones afecten más clara y duramente a quienes están dirigidas, disminuyendo así los sufrimientos de la población civil. 
Creo que es importante que la Unión participe activamente en estas discusiones. 
También creo que este Parlamento debería hacer aportaciones a la importante discusión sobre cómo obtener un mejor cumplimiento del Derecho Internacional Público en el mundo. 
El Sr. Langendijk destaca el tema de llevar a Sadam Hussein ante un tribunal internacional. 
Es evidente que puede parecer una idea atractiva, pensando en todo lo que ha hecho. 
Pero, reitero; creo que es importante que todas las actuaciones respecto a Iraq tengan lugar en el marco de las resoluciones de la ONU. 
Creo que todas las actuaciones que se realicen fuera de él podrían afectar nuestros esfuerzos comunes. 
Esos esfuerzos- y en esta materia entiendo que hay consenso en esta Asamblea- consisten en conseguir que Iraq vuelva a ser parte de la comunidad internacional. 
Desgraciadamente, esto no parece posible con el régimen actual. 
He tomado nota de lo que dice el Sr. Langendijk sobre las resoluciones del Parlamento Europeo del otoño pasado. 
Son importantes. 
Constituyen también una valiosa guía para las actuaciones futuras del Consejo. 
Aguardo con interés la continuación de nuestros intercambios de opiniones sobre el fortalecimiento del Derecho Internacional en Iraq. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, tengo la impresión de que este bombardeo de objetivos militares en Irak ha mostrado una vez más el grado de mutismo de la Unión Europea y, en especial, del Consejo de Ministros en el ámbito de la política exterior y de seguridad. 
Hemos de decir también que la manera de proceder, en virtud de la cual sólo se llevarán a cabo acciones cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya adoptado la resolución pertinente, significaría que para la ejecución e imposición de las resoluciones de las Naciones Unidas contra un régimen como el de Saddam Hussein tendrían que dar también su aprobación dictaduras como China, con lo cual se estaría generando una incapacidad de actuar frente a dictadores como Hussein. 
Por consiguiente, no se trata de que el Consejo de Seguridad decida en cada caso particular sino de que se actúe respetando la Carta de las Naciones Unidas. 
Creo que en esto hay que realizar una diferenciación. 
Estamos de acuerdo en que Saddam Hussein es un asesino de masas que está emprendiendo de nuevo un programa de rearme en el ámbito de las armas atómicas, biológicas y químicas, estamos de aucerdo en que hay que impedir esto en interés de la seguridad de la Unión y del mundo, en que esto entra dentro del marco de las resoluciones de la ONU y en que, al mismo tiempo, la protección de las minorías del norte y del sur de Iraq también es conforme con las resoluciones. 
En consecuencia, deberían estar permitidas medidas contra objetivos militares, especialmente, porque de lo contrario no será posible realizar controles aéreos a causa de la seguridad de los aviones mismos. 
No obstante, existe un gran debate en aquella región, que puede conducir a que Saddam Hussein, que es allí el mayor transgresor del Derecho internacional, se convierta al final en el héroe del mundo árabe. 
Por esta razón, las acciones deben tomar en cuenta esta circunstancia y, en consecuencia, es preciso realizar también un proceso de ponderación acerca de qué se puede hacer, por un lado, en provecho de la población civil, en pro de la supervivencia de las personas, en orden a garantizar el suministro de medicinas y alimentos y, por otro, para garantizar la lucha contra este régimen. 
Por consiguiente, hay que celebrar que Colin Powell haya propuesto ahora que hayan nuevos tipos de sanciones. 
Creo que hemos de trabajar de manera constructiva y activa en esta definición. 
Es preciso emplear todos los instrumentos para desestabilizar el régimen de Saddam Hussein. Pero, al mismo tiempo debemos realizar también una diferenciación para que esto no suceda unilateralmente en detrimento de las personas inocentes de ese país. 
Por consiguiente, por razones humanitarias debemos intentar modificar las medidas, pero también, al mismo tiempo, debemos utilizarlas como un instrumento para que la lucha que está teniendo lugar aquí se conduzca también en el sentido de nuestros intereses en pro de la implantación del Derecho internacional, de la democracia y de los derechos humanos en esta región. 
En mi opinión, debemos llevar a cabo esta política de manera que frente a la amenaza por parte de Saddam Hussein las personas de la región sigan de parte del mundo libre y que Saddam Hussein no se convierta en el héroe del mundo árabe. 
Creo que, en consecuencia, una fuerte acción militar contra las instalaciones militares de Saddam y la evitación de medidas de rearme son el camino correcto pero que, al mismo tiempo, hay que dar a las personas la oportunidad de sobrevivir. 
Señor Presidente, Europa suele estar dividida en lo que se refiere a la política extranjera. 
Es una idea recurrente, e Irak es un nuevo ejemplo. 
Sin embargo, todos están de acuerdo en Europa para condenar al régimen de Sadam Hussein. 
El embargo o el bloqueo, como ya nos ha enseñado la historia, nunca es la solución. 
Se ha podido confirmar en Bagdad, donde cada día que pasa el régimen actual se asienta, donde cada incursión aérea, cuya inutilidad está confirmada, divide un poco más a los europeos. 
Y mientras el dictador podría alegrarse, su pueblo, los iraquíes, se sumen un poco más cada vez en el drama y la miseria. 
Ya no hay cuidados en los hospitales. 
El índice de mortalidad crece a una velocidad alarmante. 
Las escuelas ya no funcionan. 
La alfabetización se reduce al mínimo. 
Alimentarse se ha convertido en una proeza. 
La información está controlada. 
Así que admitámoslo, las medidas que se han instaurado están inadaptadas, las incursiones aéreas, desmedidas con respecto a la situación interna, no cambian nada, y siguen sin ser la solución, ni aquí ni en ningún otro sitio. 
Ayudar al pueblo iraquí consiste hoy en modificar el contenido de algunas sanciones de la ONU. 
Consiste en aclararlas, consiste en inscribirlas en un calendario que prevea su levantamiento en cuanto se compruebe, con el control de las Naciones Unidas, que el régimen iraquí respeta sus compromisos. 
Favorecer la ayuda humanitaria, desarrollar los intercambios culturales, comerciales, restablecer la libre circulación de los hombres y por lo tanto de las ideas, reconstruir la información, esos son los ejes que pueden llevar a los iraquíes por el camino de la libertad. 
De momento sólo piensan en sobrevivir frente a un Occidente que, por experiencia y sobre todo por manipulación, creen que es el responsable de todos sus males. 
Hoy ya no se construye la paz con la guerra. 
El telón de acero y el muro de Berlín cayeron por la información internacional y la necesidad de libertad que de ella resultó. 
Más que seguir bloqueando, rompamos el aislamiento. 
Nuestros principios de libertad y de democracia cruzarán mejor las fronteras si restablecemos las condiciones del diálogo. 
Vayamos por ese camino. 
El pueblo iraquí sabrá entonces encontrar el camino de la libertad. 
Señor Presidente, las acciones como las que estamos debatiendo hoy deben estar sustentadas en la legitimidad democrática. 
Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo. 
El problema reside en cómo hacerlo. 
Actualmente la PESC es una mezcla de actitudes nacionales y actitudes europeas y el asunto particular que estamos debatiendo hoy, ciertamente, sólo involucra a uno de los Estados miembros de la Unión Europea. 
De modo que, ¿cómo garantizaremos la legitimidad democrática cuando todos estemos involucrados? 
Hace dos o tres semanas tuvo lugar en Estocolmo una conferencia de los presidentes de las comisiones de defensa de los quince parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo precisamente para debatir esta cuestión- cómo ejercer el control democrático sobre las políticas europeas y los asuntos exteriores y de la defensa. 
A pesar de que en un día no se pudo alcanzar ninguna conclusión puedo decirles que con los presidentes se ha creado un grupo de trabajo, que tiene la intención de volver a reunirse y de llegar a una conclusión. 
El Parlamento ha propuesto varios mecanismos para introducir esa legitimidad. 
Hemos propuesto el establecimiento de un órgano interparlamentario entre los miembros de la Asamblea de la OTAN y nuestra Comisión de Asuntos Exteriores. 
Otra propuesta ha sido un órgano interparlamentario conjunto constituido por los parlamentos nacionales y diputados de este Parlamento. 
Saludo fervientemente la declaración que acaba de hacer el Presidente en ejercicio en el sentido de que el Parlamento tiene un papel que desempeñar. 
Pero lo que agradecería enormemente de la Presidencia es una declaración sobre cómo exactamente piensan llevar a cabo esto, porque en los diversos tratados que hemos concluido recientemente o en los Consejos Europeos, no se han formulado sugerencias respecto de la forma de conseguir esto. 
Señor Presidente, no hay duda de que Sadam Hussein es el prototipo de dictador repulsivo, que sin embargo creó su potencia cuando era el buen aliado de Europa y de los Estados Unidos, cuando se estaba desarrollando la revolución en Irán. 
No lo olvidemos. 
Lo digo porque hay mucha hipocresía. 
Y hay mucha hipocresía también ahora, que estamos viendo a algunos de nuestros Sres. colegas hacer el buitre y pedir todo tipo de embargo a Iraq, que hace 10 años hizo una intentona de ocupar una parte de Kuwait y se vio obligado a retroceder con la intervención militar de Occidente, y sin embargo, estos mismos colegas son los más fanáticos defensores de la adhesión de Turquía a la Unión Europea, que hace 25 años ocupó una parte de la República de Chipre y aún la está ocupando.... ¡desde hace 25 años! 
¡Esto es una vergüenza! 
¡Es una vergüenza! 
¡Hay personas que nos están oyendo, hay periodistas que nos hacen un seguimiento! 
Estos dos pesos y estas dos medidas son una vergüenza. 
Creo que la interrupción de las sanciones, exceptuando los temas militares, es algo que contribuirá a solucionar la cuestión de Iraq. 
Señor Presidente, las sanciones, aparte de un mal contra la población civil, pueden convertirse, cuando se mantienen durante largo tiempo, en un instrumento político nocivo y volverse contra quien las impuso. 
Ahora, Colin Powell dice que la Administración estadounidense considera un sistema de sanciones que no vaya contra el pueblo sino contra el régimen iraquí. 
Sin embargo, se ha recordado precisamente estos días que eso mismo es lo que dijo hace diez años el Presidente Bush padre, cuando se lanzó la teoría de que el tirano de Bagdad, gracias a las sanciones, sería derrocado por su propio pueblo. 
Hoy en día, salvo contadas excepciones, los Estados árabes se clasifican entre quienes están más preocupados por el riesgo de extensión del conflicto israelí-palestino que por aplicar las sanciones a Iraq y entre aquellos otros que desean reanudar relaciones con Bagdad. 
Y todo esto coincide precisamente con el nuevo bombardeo anglo-estadounidense. 
Francamente, creo que cuanto más se bombardea Iraq, más se radicaliza la opinión pública árabe, que ya lo está, y también la opinión pública palestina, que también lo está. 
Y simultáneamente, debemos recordarlo, se hace un favor a Sadam, que resulta moral y políticamente reforzado en el interior de su país- al menos de acuerdo con una determinada concepción de la moral y de la política- y ante la mayoría de la opinión pública árabe. 
Esto puede llevar a una creciente sensación en esas opiniones públicas árabes de que los árabes padecen una guerra en dos frentes: uno, estadounidense contra Iraq, y otro, israelí contra Palestina. 
Espero que esas opiniones públicas no consideren que se trata de una guerra anglonorteamericana contra Iraq. 
Finalmente, quisiera decir que no sólo en los países árabes se piensa que Occidente es responsable del sufrimiento prolongado de los niños iraquíes. 
Muchos en Occidente piensan también lo mismo. 
Yo soy uno de ellos, señor Presidente. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que estoy, ciertamente, sorprendido de que este debate se titule ataques aéreos contra Iraq. 
Un título más adecuado sería: ¿Cómo puede Saddam Hussein ser controlado más eficazmente? 
Qué desgracia para el pueblo iraquí tener un gobernante como Saddam Hussein, un dictador brutal que ha explotado la riqueza del país para sus propios fines y ambiciones y que ha oprimido a su propio pueblo. 
Saddam no constituye una amenaza únicamente para su propio pueblo, sino que también lo es para un ámbito más amplio, incluyendo a nuestros amigos y aliados de Oriente Medio y, potencialmente, para nuestros propios ciudadanos. 
Las estimaciones respecto del éxito que han tenido los esfuerzos iraquíes por desarrollar armas de destrucción masiva y sistemas de producción son diversas, pero pocos analistas dudan de la determinación de Saddam por adquirir esa capacidad y muchos esperan que consiga algún éxito en los próximos cuatro años. 
Por lo tanto hay una amenaza real y actual sobre la que se ejerce cierto control internacional, fundamentalmente por dos vías: las sanciones económicas y la conservación por parte de Gran Bretaña y los Estados Unidos, en nombre de la Comunidad internacional, de la zona de exclusión aérea, que cubre un tercio del territorio de Iraq. 
Las sanciones son controvertidas por cuanto han permitido a Saddam persuadir a algunos sectores significativos de la opinión internacional de que son las sanciones las que están causando las penurias del pueblo iraquí, en lugar de sus propias acciones. 
Las sanciones se suspenderán cuando Saddam cumpla ciertas condiciones, primordialmente en relación con el control de su capacidad de disposición de armas de destrucción masiva. 
En cualquier caso, es acertado revisar el régimen de sanciones y que éstas sean enfocadas con mayor precisión. 
El objetivo principal de la zona de exclusión aérea es doble: impedir que Saddam utilice sus helicópteros de combate y otras aeronaves contra los kurdos en el norte y contra los árabes chiítas en el sur, y efectuar reconocimientos, teniendo en cuenta que en la actualidad no hay ningún equipo de inspección de la ONU operando en Iraq. 
Sólo se atacan objetivos terrestres si representan una amenaza para las aeronaves aliadas. 
En esta Asamblea hay un elemento que persigue distorsionar todos estos hechos. 
Tuvimos la oportunidad de escucharlo el otro día durante la audiencia sobre Iraq que tuvo lugar en la Comisión de Asuntos Exteriores, y existe un trasfondo de antiamericanismo. 
Pero me reconforta el tono general del debate de esta mañana. 
Necesitamos cerrar filas para garantizar que cualquiera que sea el nuevo régimen de sanciones no pueda ser quebrado por aquellos que persiguen ventajas comerciales o políticas. 
Si los Estados miembros de la UE realmente desean desempeñar un papel más importante en la política de seguridad, permitamos que contribuyan al mantenimiento de la zona de exclusión aérea, y asegurémonos de que, sea cual sea el régimen de sanciones que vaya a introducirse, éste sea rigurosamente ejecutado. 
Señor Presidente, en primer lugar hemos de recordar, como ha hecho el Sr. Van Orden, la razón por la que tenemos las zonas de exclusión aérea. 
Existen, simplemente, para restringir la capacidad de Saddam Hussein de matar y aterrorizar a su propio pueblo. 
Las zonas de exclusión aérea apoyan la Resolución 688 del Consejo de Seguridad, que exigía el final de su brutal represión. 
Están justificadas por el derecho internacional como una respuesta legítima para prevenir una grave crisis humanitaria. 
Sin ellas, hubiéramos asistido a la brutal y continua represión de los chiítas y los kurdos. 
Hubiéramos visto de nuevo, como pudimos ver en 1991, cómo se empleaban los helicópteros de combate para matar, para gasear y para desplazar. 
De modo que las zonas de exclusión aérea son vitales para evitar un desastre humanitario. 
Sin embargo, los que mantienen las zonas de exclusión han sufrido constantes ataques. 
Desde enero de 1999 ha habido 1200 intentos de alcanzar aeronaves con misiles tierra-aire o armas antiaéreas. 
Sólo en este año ya se han producido más ataques que en todo el año 2000. 
Los aviones de la coalición están legalmente autorizados a responder a esos ataques en defensa propia, y así lo han hecho respetando completamente el Derecho internacional, atacando únicamente aquellas unidades que suponían una amenaza para ellos. 
No podemos permitir que los pilotos que intentan proteger la humanidad estén bajo peligro. 
Eso sería una irresponsabilidad y también una traición contra ellos. 
Por último, en relación con las sanciones, no deberíamos olvidar este sencillo mensaje: las sanciones no están causando el sufrimiento del pueblo iraquí. 
Saddam Hussein está causando el sufrimiento, como lo ha hecho desde el día en que accedió al poder, y está totalmente en manos de Saddam Hussein el levantamiento de esas sanciones, si cumple con las exigencias a las que la ONU le insta. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0049/2001 del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa que contiene una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el mandato de negociación de un acuerdo de asociación interregional con Mercosur (2001/2018 (INI) ); 
A5-0050/2001 del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, que contiene una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el mandato de negociación de un acuerdo de asociación con Chile (2001/2017 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es cada vez más importante el papel y la influencia que la Unión Europea está teniendo en el ámbito internacional gracias a la consolidación del propio proceso de la Unión Europea. 
Junto con este proceso de globalización hacia el Este, hacia el Mediterráneo, hacia Norteamérica, hacia África, se están estrechando las relaciones con otros bloques regionales. 
El acuerdo celebrado recientemente con México, que ha sido valorado muy positivamente por el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Castañeda, va en esta dirección. 
Este acuerdo, según el Sr. Castañeda, es para México una especie de estímulo para mejorar sus condiciones de vida, al poder contar con la opinión del Parlamento y de la Unión Europea. 
Dentro de América Latina, tiene especial importancia el Acuerdo de Asociación con Mercosur, acuerdo calcado del Tratado de Roma, como respuesta al proceso de globalización y como medio para poder mejorar sus relaciones con Norteamérica. 
Este proceso comienza el año 1995, se concreta en la Declaración de la primera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, Caribe y Unión Europea, celebrada en Río de Janeiro del 25 al 29 de junio de 1999. 
A partir de ese momento se celebran también encuentros con la sociedad civil organizada. 
A este respecto, hay que lamentar, sin embargo, que el Parlamento Europeo no participe en la definición del mandato para las negociaciones de acuerdos con terceros países, en los que, es verdad, se da máxima prioridad al ámbito comercial y al desarrollo económico, pero en los que juegan también un papel importante la lucha contra la pobreza, la cooperación, el desarrollo y la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. 
Este acuerdo significa la transición de los acuerdos de tercera generación a un acuerdo más importante, interregional, que al mismo tiempo es político, económico y de liberalización de intercambios. 
Por esto, el compromiso que significa este acuerdo con Mercosur y con Chile es único. 
A partir de la Cumbre anteriormente citada es cuando se ponen en marcha las directivas en la reunión del Consejo de Asuntos Generales del 13 de septiembre de 1999. 
Pero pensamos que conviene hacer algunas modificaciones. 
El Parlamento Europeo pretende con este informe- tomando, además, en consideración que el Parlamento Europeo representa la voluntad de la sociedad europea, que no sólo es una sociedad comercial y económica, sino también una sociedad llena de preocupaciones por lo social, la justicia, la equidad, la solidaridad, la cultura- introducir nuevas directivas que de forma expresa contengan lo siguiente: 
En primer lugar, que el fundamento jurídico del nuevo Acuerdo ha de ser el artículo 310 del Tratado de la Unión Europea (antiguo artículo 238) en relación con la segunda frase del párrafo primero del apartado segundo del artículo 300 y del párrafo segundo del apartado tercero. 
Es importante darle una garantía jurídica y expresar que, efectivamente, los interlocutores tienen detrás de sí todo un acervo jurídico. 
En segundo lugar, es necesario prever mecanismos concretos para las disposiciones del futuro que permitan que la cooperación internacional, el desarrollo de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, que son los objetivos que ha propuesto la PESC, se basen en el principio de cohesión económica y social y tiendan a la reducción de los desequilibrios. 
En tercer lugar, es necesario que las nuevas directivas se basen en los pactos internacionales- estoy pensando en los pactos sobre minorías étnicas, sobre los pueblos indígenas, tan importante en Mercosur así como en el resto de países- y en los acuerdos relacionados con la Organización Internacional del Trabajo, para prever mecanismos de control que puedan mejorar específicamente el funcionamiento sindical y de los trabajadores y que prevean no sólo la participación conjunta en la ONU y en otros organismos internacionales, que daría más importancia a este acuerdo, sino también el que haya mecanismos explícitos de diálogo para la política europea de seguridad y defensa, tal como el Instituto de Relaciones con América Latina ha aconsejado últimamente. 
También es necesario ampliar y mejorar la participación específica de la sociedad civil, así como examinar la subordinación que supone el que este Acuerdo se tenga que estar refiriendo a la Organización Mundial del Comercio, cuando tanto la Unión Europea como Mercosur tienen entidad suficiente para llegar a acuerdos concretos. 
También es necesario mejorar las relaciones con los demás países y eliminar, en la medida en que siga vigente, la actual división en dos fases del proceso. 
Por esto, es importante que el Pleno pueda aprobar este informe, que ha sido adoptado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores y con una ayuda importante de la Secretaría de la Comisión. 
Señor Presidente, el Sr. Marset Campos ya ha evocado los principales puntos y reivindicaciones del Parlamento que son comunes a ambos informes. 
Yo, si pudiese resumir este debate en un solo punto, diría que el Parlamento, señor Comisario, está pidiendo por medio de estos informes una revisión de las directivas de negociación. 
¿Por qué? 
En primer lugar, porque es inconcebible que unas directivas de negociación no mencionen el fundamento jurídico del acuerdo. 
Según la opinión de este Parlamento- ya lo ha dicho el Sr. Marset Campos -, el único fundamento posible es el del artículo 310, Acuerdos de Asociación. 
Este Parlamento, aun reconociendo que se trata de acuerdos mixtos por razón de la materia- es decir, donde hay competencias que son de los Estados miembros y de la Comunidad -, entiende que la división de la negociación en dos momentos, el primero relativo a las cuestiones generales sobre los intercambios, que ya ha comenzado, y el segundo para las negociaciones tarifarias y sobre los servicios, que comenzará el 1 de julio, es discriminatorio y debería ser corregido, aunque entiendo que a efectos prácticos no tendría demasiado sentido pedir una modificación de las directivas sólo para este extremo, habida cuenta de la proximidad de la fecha. 
Más grave, señor Presidente, es la inclusión de una cláusula que supedita la conclusión de estos acuerdos a la finalización de una nueva ronda de la Organización Mundial de Comercio, que no sabemos si tendrá lugar y, si llega a celebrarse, cuándo terminará. 
Esta condición no se ha puesto con ningún otro país o grupo de países y, por lo tanto, señor Comisario, entendemos, desde el Parlamento, que este obstáculo habría que superarlo. 
El Parlamento pide, pues, una revisión de las actuales directivas de negociación para que puedan suprimir y superar esta anomalía. 
Me gustaría conocer cuál es la opinión de la Comisión sobre este punto, en concreto sobre la conexión que hay entre la conclusión de estos acuerdos y la finalización de la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio. 
Durante la discusión del informe- en cuya elaboración hemos tenido una excelente colaboración, señor Patten, con los servicios de la Dirección América Latina y de la División Mercosur y Chile -, oímos que uno de sus colegas, el Sr. Lamy, encargado de las relaciones comerciales, no era partidario de proceder a una revisión de las directivas de negociación, salvo en el caso de que hubiese una aceptación previa por parte del Consejo. 
Como este acuerdo es un acuerdo de asociación política, concertación económica y cooperación, y con una liberalización a término de los intercambios, pero en el que tiene que predominar- y entiendo que predomine- la voluntad política, me gustaría conocer cuál es la impresión del Comisario responsable del impulso político de esta negociación. 
Quiero añadir, señor Comisario, que para que este aspecto del diálogo político tenga credibilidad, hay que respetar una exigencia ineludible, que es la de adaptar el discurso a la realidad de la cooperación, y la de responder a las palabras con los hechos para no quedarnos en manifestaciones simplemente retóricas. 
Lo que necesita América Latina no son dádivas, sino solidaridad y oportunidades, y una excelente oportunidad de demostrar con hechos la voluntad política se manifiesta en el ámbito de las relaciones comerciales. 
A mí me gustaría, señor Presidente, que, con vistas a la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina, estas negociaciones con Chile y Mercosur pudiesen encontrarse lo suficientemente avanzadas y pudiesen culminarse, si es posible.Yo sé que el caso de Chile y el caso de Mercosur son distintos, y a mí me gustaría pedir públicamente (ya lo hacemos en los informes que serán votados esta mañana) que estas negociaciones discurran cada una en función de sus propios méritos, pero con el objetivo de que se encuentren avanzadas o ultimadas con vistas a esa Cumbre que habrá que llenar de contenido el próximo semestre. 
El Parlamento Europeo piensa, y lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, que los compromisos de la Cumbre de Madrid y estos acuerdos constituyen un imperativo urgente y un signo de la credibilidad renovada de la Unión Europea hacia América Latina. 
Los comentarios que acabo de hacer respecto al comercio, señor Presidente, son exactamente igual de válidos en lo que se refiere a la cooperación, pues, aun reconociendo la importancia del esfuerzo realizado en favor de la región, que en términos absolutos alcanza cifras importantes, consideramos que hay, de alguna manera, una cierta discriminación injustificada para el subcontinente en relación o en comparación con otras áreas geográficas. 
Yo creo que no se pueden atender nuevas prioridades con los mismos recursos: las prioridades que marcan estos acuerdos, la renovación de los acuerdos con el Pacto Andino y con América Central y las prioridades que se derivan de la Cumbre de Río. 
Por lo tanto, en este momento previo a la elaboración y a la presentación del presupuesto, le pediría al Comisario responsable una señal- comprendo que los apremios que pesan sobre nuestros presupuestos son realmente grandes en vísperas del alumbramiento del euro, un esfuerzo, transmitir una señal de signo contrario a la que se transmitió en el anteproyecto de presupuesto del año pasado en favor de la región, con vistas a enriquecer la próxima Cumbre de Madrid. 
Señor Presidente, también desde el Parlamento, uno de los dos brazos de la autoridad presupuestaria, somos plenamente conscientes de las dificultades que comporta este ejercicio, pero si en los últimos debates presupuestarios hemos sabido demostrar que el Parlamento Europeo sigue siendo solidario con esta región, creo e insisto en que estos acuerdos deben progresar de forma significativa. 
Por último, señor Presidente, quisiera terminar agradeciendo la colaboración de los servicios del Sr. Patten en la elaboración de este informe, la colaboración ejemplar que hemos mantenido con los colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, como ha señalado el Sr. Marset Campos, y también el apoyo que nos han prestado los servicios de la Cámara. 
Señor Presidente, realmente los dos ponentes han dicho ya lo esencial. 
Quisiera dar las gracias a ambos por su detallada exposición, en primer lugar, aquí en esta Asamblea y, en segundo lugar, en sus informes. 
El acuerdo de asociación con Chile y, naturalmente, también con el Mercosur entrañan un alto valor para la Unión Europea. 
Por consiguiente, apoyamos a la Comisión en sus negociaciones y, naturalmente, deploramos también que el Parlamento Europeo no haya participado todavía de manera formal en el establecimiento del mandato de negociación. 
Entrando en el asunto mismo, y hablo ahora aquí en nombre en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, somos de la opinión de que la zona de libre comercio que queremos crear con Chile y también con el Mercosur, ha de ajustarse a las disposiciones de la OMC. 
En segundo lugar, queremos que las relaciones económicas y comerciales entre Chile y sus países vecinos no sufran detrimento sino que, al contrario, se vean fomentadas. 
Por lo demás, es recomendable apresurarse. Esto lo ha dicho ya el Sr. Salafranca Sánchez-Neira. 
No queremos esperar hasta que concluyan las negociaciones de la Ronda de la OMC. 
Por otra parte, quiero recordar que el nuevo Gobierno norteamericano de Busch ha anunciado ya que quiere convertir la zona de libre comercio americana, ALCA, en un punto clave de sus relaciones exteriores. 
Y aquí surge inmediatamente la pregunta: ¿queremos dejar América Latina para los Estados Unidos, por decirlo así en términos de división del trabajo, -los EE.UU. se ocupan de América Latina y Europa se ocupa de la Europa oriental- o queremos estar presentes en América Latina? 
Creo que no aprovecharía a nuestros intereses ni a los intereses de los latinos que se llegase a esta bipartición del mundo. 
En definitiva, creo que debería haber una regulación que fomente la integración del continente latinoamericano y que tenga en cuenta las relaciones históricas europeas-latinoaméricanas. 
Por lo demás, y quisiera afirmarlo de manera muy general de nuestra política con América Latina, quisiera instar a la Comisión, al Consejo, y también a nosotros mismos, al Parlamento, a dar a América Latina un alto rango en nuestras relaciones exteriores, en nuestros debates. 
Lamentablemente, no disponemos más, y lo he de decir una vez más aquí, de un importante instrumento: el Irela, el Instituto Latino-americano, que fue una gran ayuda en el pasado, por lo demás, a veces en tareas muy delicadas. 
Lamentablemente, está absolutamente muerto. 
Quisiera ilustrar con un ejemplo la importancia que tuvo este instituto. 
Recientemente ha sido nombrado ministro de asuntos exteriores de Brasil un miembro del consejo de administración del Irela, Celso Lafer. 
En esto se pone de manifiesto el alto estatus que hemos tenido también en el pasado en nuestras relaciones con América Latina. 
En este contexto, quisiera instar a la Comisión a que busque de manera conjunta con el Parlamento una solución, de manera que se logre encontrar una razonable regulación de sucesión, y que por medio de ésta dispongamos de un instrumento que pueda dotar del pertinente rango a estas relaciones considerables e importantes relaciones con América Latina. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer referencia a un pequeño error de anotación con relación a la opinión de la Comisión de Industria, de la que fui ponente, puesto que concretamente el punto 2 debe terminar con las siglas GATT. 
La frase que aparece a continuación pertenece al borrador del informe y fue suprimida durante su precipitada elaboración, para la cual dispuse solamente de 24 horas. 
Pasando al texto que nos ocupa, me gustaría hacer referencia a los aspectos comerciales del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, que reunirá a casi 600 millones de consumidores, es decir, un 10% de la población mundial. 
El volumen de intercambios anuales en el año 1998- único año del que disponemos de estadísticas- ascendió a 42.000 millones de euros, experimentando un crecimiento de un 125% en los últimos ocho años, con un superávit para la Unión Europea situado en 6.400 millones de euros. 
En esta misma línea, cabe destacar que la Europa comunitaria continúa siendo el primer socio de Mercosur, a cinco puntos de los Estados Unidos, así como su principal proveedor. 
Asimismo, si echamos la vista atrás, la presencia de los países europeos en esta zona se ha caracterizado por ser la de mayor envergadura de toda Hispanoamérica, debido, sin duda, a los particulares lazos históricos y culturales que nos unen. 
En definitiva, se trata de un Acuerdo de enorme importancia, sin precedentes a nivel mundial, mediante el cual las dos únicas subregiones en el mundo que han constituido mercados comunes se asocian en el ámbito comercial. 
Por último, deseo expresar mi apoyo a este Acuerdo de Asociación interregional, que puede marcar un hito en la historia del comercio mundial. 
Señor Presidente, en la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2000 sobre el procesamiento del general Pinochet y la consolidación de la democracia en Chile, insistíamos textualmente en que el mejor apoyo que puede prestar la Unión Europea al proceso de consolidación democrática en Chile es la conclusión de un ambicioso acuerdo de concertación política, asociación económica y cooperación, haciendo énfasis especial en la cláusula de derechos humanos. 
Yo creo que hoy podemos felicitarnos ante la celeridad, consistencia y alto grado de consenso con el que este Parlamento, a través de la Comisión de Asuntos Exteriores, ha respondido a esa demanda. 
Ambos ponentes han detallado ya las características de las propuestas. 
Me gustaría, por tanto, destacar solamente dos cuestiones. 
En primer lugar- ya se ha dicho -, la importancia que tiene para la Comisión de Asuntos Exteriores la base jurídica del nuevo Acuerdo de Asociación y el que esa base sea el artículo 310 del Tratado, entre otras razones ya mencionadas, porque esa base jurídica garantiza al Parlamento su dictamen conforme. 
En segundo lugar, quisiera insistir en el hecho de que, desde la Comisión de Asuntos Exteriores concedemos gran importancia a que no se condicione el fin de la negociación de estos acuerdos a la conclusión de la Ronda de la Organización Mundial de Comercio. 
En cuanto a esta segunda cuestión, el Comisario Sr. Patten quizá podría avanzarnos su posición sobre cómo solucionar las diferencias existentes en materia agrícola, especialmente en el caso de Mercosur. 
Otro aspecto que me gustaría destacar en estas dos recomendaciones es el hecho de que la Comisión de Asuntos Exteriores, favorecida quizá por su carácter de transversalidad, ha conseguido infundir a ambas propuestas un carácter fuertemente político, poniendo énfasis en sus aspectos de política exterior y de cooperación por encima de algunas tendencias a maximizar la importancia- en modo alguno menor, pero tampoco exclusiva- de las relaciones económicas y comerciales. 
No se nos oculta que reforzar el carácter político de nuestras relaciones con Mercosur y reforzar el proceso de integración podría ejercer una fuerza de atracción sobre Chile, cualesquiera que fueran los ritmos de las negociaciones, compensando quizá la atracción que ejercen los Estados Unidos en las relaciones comerciales, económicas y políticas con ese país, así como su proyecto de relanzar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. 
Sería, pues, muy conveniente que estuviéramos atentos a los pasos que, en ese sentido, pueda dar la nueva Administración norteamericana. 
Quiero también felicitar al Sr. Patten y a la Comisión por haber recogido en esta materia el testigo de su antecesor, el Comisario Sr. Marín, y haber seguido con fidelidad y responsabilidad- diría yo responsabilidad política- los pasos de la iniciativa que él puso en marcha. 
Finalmente, quisiera formularle una pregunta al Sr. Patten, aunque creo que se acaba de ir. 
No se le oculta la importancia que tendrá para el desarrollo institucional de los Acuerdos el modelo de cooperación parlamentaria que se establezca entre Chile, Mercosur y el Parlamento Europeo. 
Le anticipo que yo me inclino, como otros muchos miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, por un modelo similar al que se establece para los Acuerdos europeos, modelo basado en comisiones parlamentarias mixtas que mejore el sistema actual de delegaciones. 
Quisiera saber cuál es la opinión de la Comisión y del Sr. Patten en este sentido. 
Ruego a los colaboradores del Sr. Patten que le trasladen las preguntas formuladas por la Sra. Díez González. 
Señor Presidente, Señorías, quiero expresar el pleno apoyo del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas a los informes de los Sres. Marset y Salafranca, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile y sobre el Acuerdo de Asociación interregional con Mercosur. 
En ambos casos, como dicen los ponentes en sus respectivas exposiciones de motivos, estos nuevos Acuerdos de Asociación con Chile y Mercosur representan, hoy por hoy, la máxima prioridad de la política exterior de la Unión respecto a América Latina. 
La trascendencia de las relaciones económicas entre la Unión Europea y estos países, la necesidad de reforzar el papel político de la Unión Europea como actor autónomo y autorizado en el plano internacional contra la preponderante influencia de los Estados Unidos, el apoyo concreto de la Unión a todas las iniciativas orientadas a reforzar la democracia, el estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en América del Sur, convierte en inaplazable el paso a una nueva fase del acuerdo marco de transición que entró en vigor en 1995 para Mercosur y en 1999 para Chile. 
El Parlamento Europeo, como única Institución elegida democráticamente, no puede limitarse a facilitar una mera opinión. En el marco de la reforma institucional, nuestro Pleno debe llegar a tener un papel más decisivo a través de la obtención de un explícito dictamen conforme. 
Señor Presidente, es un momento importante, en consecuencia, un momento que no hay que desaprovechar. 
Como presidente della delegación de relaciones con América del Sur y Mercosur no puedo sino llamar su atención, al objeto de que Europa y América del Sur no escatimen esfuerzo alguno para llegar a una solución, prescindiendo de las conclusiones de las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. 
Hoy Europa tiene a su alcance la posibilidad de construir una relación privilegiada con los países de Mercosur y con Chile, una relación que reconozca una nueva página en las relaciones con esta tierra que por muchas razones está cerca de nuestro continente, una tierra en la que podemos desempeñar todavía un papel protagonista. 
En consecuencia, es necesario dar un nuevo impulso a estos acuerdos de asociación globales que deben concluirse cuanto antes y que- es muy importante recalcarlo- no deben tener sólo una connotación económica y comercial, aunque es muy importante, sino completar el aspecto político y de cooperación al desarrollo. 
Son éstas las características que distinguen la especificidad europea, nuestro patrimonio del que estamos orgullosos y al cual no podemos ni debemos renunciar. 
Señor Presidente, como quiera que el Sr. Patten ha vuelto a la sala, no podemos decir aquello de que su poca presencia en la Cámara es la expresión del cariño con que la Comisión ve estos temas. 
Pero, en todo caso, quienes hemos estado hace poco por la zona en cuestión- y este diputado acaba de llegar precisamente de Argentina y de Chile- sí queremos trasladar el gran escepticismo con que se ve la implicación de la Unión Europea en las relaciones con América Latina, absolutamente insuficientes. 
Este escepticismo es particularmente grave en el mundo de la economía social de las pequeñas empresas y de los sindicatos, con los cuales he tenido ocasión de departir esta misma semana en Argentina y en Chile. 
Estoy de acuerdo, en líneas generales- ¡cómo no lo vamos a estar! -, con el informe que hoy se discute aquí y, en general, con todo lo que suponga incrementar las relaciones económicas y comerciales con los países de la zona y también con la participación de la sociedad civil en este y otros aspectos de los acuerdos de Asociación. 
Pero, evidentemente, es un apoyo crítico, porque si bien se han mencionado- como lo ha hecho el Sr. Marset- los pactos internacionales sobre minorías étnicas, nos parece absolutamente insuficiente en esta y otras materias que no hayan tenido eco las enmiendas de nuestro Grupo. 
Aunque en materia de derechos laborales se han dado pasos hacia adelante, recogiendo convenios de la OIT, sin embargo, no se hace mención del código de responsabilidad de las empresas multinacionales adoptado en la OCDE, argumentando que esto no es Europa, cuando en realidad son empresas europeas las que se instalan en dichos países. 
No se han adoptado tampoco medidas medioambientales y, en el nuevo mandato de negociación, tampoco se incluyen, como nosotros pedíamos, referencias específicas a la participación estructurada e institucionalizada de la sociedad civil en este diálogo político. 
Por lo tanto, apoyamos, en líneas generales, lo que que estamos discutiendo hoy aquí sobre los Acuerdos de Asociación, pero somos, una vez más, críticos con otros aspectos que consideramos esenciales. 
Distinguido señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente por estos interesantes e importantes informes y, sobre todo, prometer también nuestro apoyo a la exigencia de integrar más intensamente de una manera directa al Parlamento Europeo en las negociaciones. 
Después de que el gobierno norteamericano ha manifestado varias veces que las relaciones con Sudamérica van a ser uno de sus puntos relevantes de la política exterior, el mejoramiento de la cooperación entre la UE y los países de América Latina es una necesidad, no sólo económica, sino también de política mundial, para la UE. 
Por consiguiente, las recomendaciones mencionadas aquí contienen legítimamente no sólo las condiciones de un mejoramiento de la cooperación económica, sino que intentan definir el problema como un proyecto global para la UE. 
En consecuencia, las recomendaciones mencionadas en el punto 2, como el fomento del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y la eliminación de los desequilibrios entre los sectores sociales y las regiones, son tan importantes como el desarrollo del comercio. 
Quizá habría que definir con mayor precisión el ámbito del así llamado diálogo político, de lo contrario ello va a conducir a que a causa de la aún persistente estructuración jerárquica de la sociedad en Sudamérica grandes sectores de la población queden excluidos de este diálogo. 
En resumen: la UE tiene una gran oportunidad en Sudamérica. 
Quizá en competencia directa con los EE.UU., pero sin repetir los errores de los norteamericanos a los que frecuentemente se les ha achacado con razón en las décadas pasadas el hecho de que en las relaciones con los países de Sudamérica se han defendido con demasiada frecuencia intereses de pura política de poder, sin dedicar atención a los respectivos desarrollos democráticos. 
Señor Presidente, los acuerdos que estamos debatiendo vertebrarán en adelante las relaciones de cooperación de la Unión Europea con Mercosur y con Chile, y constituyen un conjunto homogéneo de singular importancia. 
Con éstos y con el Acuerdo firmado con México estamos actualizando, relanzando y poniendo en perspectiva de futuro las relaciones de la Unión Europea con un grupo de Estados que supone en lo demográfico, en lo económico y en lo político una parte muy importante de América Latina. 
Esto tiene una notable importancia en lo que respecta a la economía y al comercio. 
No en vano el interlocutor que aquí nos ocupa constituye el cuarto grupo del ranking mundial en estos ámbitos y, además, tiene un potencial de crecimiento muy grande. 
Pero no menos importante me parecen la cooperación y coordinación políticas que deberían articularse aprovechando estos Convenios. 
Para los españoles, una estrecha relación política con América Latina siempre fue prioritaria, pero yo creo que para cualquier europeo estará claro que aquel continente constituye un conjunto que, por cultura, por historia y por el momento actual de su evolución, es el más próximo a lo que significa Europa y más precisamente el proyecto de la Unión Europea. 
Nadie como los latinoamericanos está tan cercano a nosotros en cuanto a valores y aspiraciones democráticas. 
Nadie como ellos comparte con nosotros una ambición de justicia social y de dignidad nacional, compatibilizando ésta con muchas décadas de proyecto de integración supranacional y de participación responsable y coordinada en la comunidad internacional. 
El horizonte que abren estos acuerdos es el de una colaboración, también política, cada vez más estrecha entre Europa y América Latina. 
Con ella, acaso seamos capaces de marcar nuestros propios caminos más de lo que ha sido el caso en las últimas décadas, cuando sobre unos y otros pesaba mucho más la influencia del tío que compartimos, ellos al norte del río Grande y nosotros al otro lado del Atlántico. 
La cooperación eurolatinoamericana debería permitirnos avanzar eficazmente en pos de un orden mundial democrático y solidario, necesario para asegurar la paz mundial e indispensable, a la hora de la globalización, para que pueda mantenerse y consolidarse la democracia, el Estado de derecho y el progreso social que queremos para cada uno de nuestros pueblos. 
Esta visión de nuestra relación con América Latina complementa coherentemente la establecida con los 77 Estados de la comunidad África-Caribe-Pacífico en virtud del recientemente firmado Convenio de Cotonou. 
Señor Presidente, así se va configurando un capítulo esencial de lo que debería ser la política exterior y de cooperación común de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor representante del Consejo, Señorías, la situación que se está negociando con Mercosur y con Chile se presta a algunas peligrosas sugestiones que deberíamos evitar, pero ofrece también algunas oportunidades y responsabilidades que esta Unión Europea puede asumir. 
Deberíamos evitar considerar este acuerdo como un simple acuerdo de librecambio, que es una pulsión casi natural para lo que en su momento era sólo una unión económica. En todo caso, hoy, se trataría de una lectura reductiva y peligrosamente favorable sólo para algunas élites y no para los pueblos afectados, a los cuales queremos proponer un acuerdo de asociación global, es decir, que tenga una cuota política y una capacidad de impulso propias en los procesos de cooperación. 
América Latina y los países de Mercosur y Chile no solo son el cuarto polo comercial, sino también un continente en el cual se cumplen las grandes prioridades de la política exterior de la Unión Europea, y aquí estoy pensando en la lucha contra la pobreza, en la consolidación de la democracia, en la lucha en pos de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores. 
Este Acuerdo de Asociación en su conjunto y en su cuota política, puede llegar a ser una valiosa contribución. 
En este sentido, nos parece deplorable que en el mandato del Consejo a la Comisión no se mencione el fundamento jurídico para nuestro acuerdo de asociación. 
Consideramos que es un acuerdo fundamental no solo para atribuir subjetividad, autonomía, responsabilidad a la política exterior de la Unión Europea, pero ante todo para conseguir reducir por fin la profunda desventaja de iniciativa que tenemos con América Latina respecto a los Estados Unidos, y para afirmar nuestra capacidad de iniciativa política, nuestra subjetividad en la política exterior respecto a América Latina. 
Por último, es preciso potenciar y prever la participación de la sociedad civil. 
No considero a la sociedad civil como un oropel, un hecho mundano, una necesidad meramente estética, sino que la considero un verdadero y auténtico recurso en el plano de la democracia y a ésta nuestro Parlamento quiere dar una contribución. 
. (EN) Permítanme empezar felicitando a los ponentes por sus excelentes y muy útiles informes. 
Está claro que estamos entrando en un momento crucial de las negociaciones de los acuerdos de asociación con Chile y Mercosur. 
Las negociaciones van por buen camino. 
Hemos tenido tres rondas de negociaciones, yo mismo presente en parte de la última. 
Ya se han acometido los preparativos para la cuarta ronda de negociaciones que tendrá lugar en la segunda quincena de marzo. 
Es justo decir que después de un año y medio de negociaciones nos estamos acercando a la fase más intensa. 
El diálogo político, los asuntos de cooperación y comerciales se encuentran entre los asuntos prioritarios de la próxima sesión. 
Se han intercambiado textos que se están negociando. 
Incluso se han comenzado los trabajos preparativos para la negociación de aranceles y servicios, incluyendo la agricultura, que tendrán su inicio en julio. 
Esto ha sido posible gracias a nuestro firme compromiso en estas negociaciones. 
Nadie duda que la Comisión desea hacer todo lo posible por fortalecer los lazos con Mercosur y con Chile. 
Es mi intención acelerar las negociaciones durante el transcurso del año. 
Ya se han hecho muchos progresos en los campos político y de cooperación pero aun se necesita progresar en el ámbito comercial. 
Confío en que podamos ver un importante salto alrededor de marzo en lo que respecta a las barreras no arancelarias y a la estimulación de los negocios. 
En julio esperamos haber progresado con las ofertas de negociación tanto respecto de los aranceles como de los servicios. 
Como mi distinguido amigo ha resaltado antes, la segunda Cumbre Unión Europea-Sudamérica tendrá lugar en Madrid en la primavera del año que viene. 
Sigue siendo aun muy pronto para especular sobre los progresos que podemos esperar se hayan hecho para entonces pero está claro, como ha dicho anteriormente su distinguida señoría, que las negociaciones deben haber consolidado una masa crítica. 
Esta masa crítica ha de ser suficiente para terminar las discusiones en determinadas áreas. 
Con posterioridad al evento también ha de ser posible concluir las negociaciones en otras áreas, tan pronto como sea razonablemente posible. 
Nuestro objetivo es alcanzar un ambicioso nivel de interacción política y comercial con Mercosur y Chile. 
Como el Parlamento sabe ningún sector se excluye de las negociaciones. 
Nuestras directrices fundamentales son conseguir una asociación política estratégica, una cooperación reforzada y en el ámbito comercial un acuerdo que exceda el marco de la OMC. 
No es ningún secreto que, mientras Chile comparte este enfoque global, Mercosur tiene una meta algo más limitada, apuntando primordialmente a conseguir un mayor acceso al mercado de la agricultura. 
Debemos seguir insistiendo en un acuerdo global y equilibrado que pretenda una relación política y de cooperación más profunda, así como una amplia y profunda liberalización comercial. 
Los dos informes que estamos debatiendo son muy amplios y extremadamente útiles. 
Plantean una serie de sólidas recomendaciones- la mayoría basadas en la posibilidad de modificar el actual mandato de negociación otorgado por el Consejo. 
Esto puede ser deseable en algún momento del año que viene, pero actualmente estamos centrados en culminar unas exitosas rondas de negociaciones en marzo y julio antes que en una interrupción de las discusiones y en una vuelta a la pizarra con el Consejo. 
Hace dos o tres años tuvimos un completo debate interno respecto de esta cuestión. 
Actualmente la Comisión desea seguir trabajando y cumplir el cometido que le fue encomendado. 
Permítanme hacer algunos comentarios concretos respecto de ciertas recomendaciones. 
En primer lugar, el asunto de la base jurídica. 
El acuerdo final será un acuerdo de asociación, no un mero pacto comercial. 
Nuestra futura asociación estratégica va mucho más allá del comercio. 
No obstante, nuestros asesores legales me dicen que los artículos exactos para el fundamento jurídico sólo podrán determinarse al final de las negociaciones. 
Por el momento solo disponemos del perfil del acuerdo. 
Hemos de esperar al resultado final, al igual que hemos hecho en otras negociaciones similares, antes de contemplar nuestro propio fundamento jurídico. 
También está la cuestión de la democracia, el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno. 
Estas constituyen los principios fundamentales de nuestra posición negociadora y constituyen la piedra de toque del acuerdo que queremos alcanzar. 
Estos asuntos han sido discutidos durante la tercera ronda en Brasilia y Santiago y hemos alcanzado al respecto un consenso con Mercosur y Chile. 
Me comprometo personalmente a asegurar que estos elementos esenciales sostengan nuestro futuro acuerdo de asociación con Mercosur y Chile. 
Sobre los derechos laborales. 
Estos también forman una parte esencial de las negociaciones. Actualmente se están debatiendo con miras a la cuarta ronda de marzo. 
Hemos de garantizar que los derechos laborales y una mayor prosperidad avancen a la par. 
Una mayor prosperidad debe contribuir a profundizar la democracia y debe suponer un mayor respeto por los derechos fundamentales, incluyendo, por supuesto, los derechos laborales. 
De modo que apoyamos un enfoque en el acuerdo de asociación que garantice los derechos laborales a través de la cooperación y promoción de las correspondientes Convenciones de la OIT. 
Comento ahora lo relativo a una mayor cooperación política, incluyendo la seguridad. 
Esto se estableció durante la tercera ronda en Brasilia y Santiago. 
Vamos a colaborar en la promoción de la paz y la seguridad internacionales sobre la base, desde luego, de nuestras propias normas internas y procedimientos. 
La sociedad civil ha sido mencionada en los informes y también por algunos oradores. 
La transparencia y la responsabilidad son esenciales. 
La sociedad civil debe formar parte del acuerdo. 
Durante la tercera ronda hemos acordado algunas propuestas para incluir a la sociedad civil en el marco institucional del acuerdo. 
Además, la Comisión organizó una exitosa conferencia con la sociedad civil el pasado octubre con el fin de estimular el debate sobre las negociaciones. 
En agosto del año pasado también creamos una página web que proporciona a la opinión pública un completo desglose de las negociaciones. 
De modo que, como puede comprobar la Asamblea, estamos haciendo un verdadero esfuerzo para mejorar la transparencia en este proceso. 
Varios diputados y los propios informes han hecho referencia a la posibilidad de eliminar la conexión con la propuesta para una nueva ronda de la OMC. 
Ciertamente no descarto esta posibilidad pero ello dependerá en primer lugar de si realmente vamos a tener una nueva ronda de la OMC. 
Evidentemente deseamos que eso ocurra, cuanto antes mejor, pero aun no hemos hecho despegar esa propuesta. 
También depende de los progresos que podamos realizar en las futuras rondas negociadoras con Mercosur y Chile. 
Se sugiere que eliminemos el procedimiento de negociación de dos fases. 
La Asamblea sabe tan bien como yo que este enfoque es el resultado de una solución de compromiso alcanzada entre los ministros del Consejo de Asuntos Generales de junio de 1999 en Luxemburgo. 
Esta formula de compromiso rompió el punto muerto existente en el Consejo y abrió la puerta a la aprobación de las directrices de negociación. 
Aprecio el apoyo del Parlamento en este importante asunto pero en la actualidad se trata más bien de una cuestión de principio que de una cuestión práctica. 
Me temo que ahora estamos demasiado inmersos en el proceso como para dar marcha atrás. 
Sólo nos quedan cuatro meses más y una única ronda negociadora hasta julio, momento en el que la segunda fase debe dar comienzo. 
Así que en mi opinión debemos continuar trabajando y preparar unas negociaciones globales sólidas para después de julio. 
Permítanme terminar destacando de nuevo el compromiso total de la Comisión por llevar a cabo con éxito las negociaciones con Mercosur y Chile. 
Tenemos la intención de avanzar en el trabajo y hacer todos los progresos posibles. 
Las negociaciones van a toda marcha. 
Ya han comenzado los preparativos de la siguiente ronda. 
Con cambios en el mandato o sin ellos la Comisión está trabajando por que estas negociaciones sean un éxito tan pronto como sea posible. 
Confío en poder contar con el apoyo del Parlamento para lograr ese fin. 
Por último, quisiera referirme a dos cuestiones que se me han transmitido en el curso del debate. 
En primer lugar, la Sra. Díez me ha formulado una pregunta. 
Me temo que he abandonado el Hemiciclo durante 60 segundos de su intervención. 
No voy a entrar en los detalles del porqué, pero si le digo a la Asamblea que llevo toda la mañana en el Parlamento quizá comprenda por qué necesitaba ausentarme del Hemiciclo durante 60 segundos, aunque puedo responder positivamente a su comentario. 
Me ha preguntado acerca de la posibilidad de que exista una comisión interparlamentaria conjunta. 
La Comisión cree firmemente que debiera existir. 
Estamos en disposición de responder favorablemente a la petición de su distinguida Señoría y vamos a debatir el mecanismo concreto que vamos a emplear en breve con Mercosur y Chile. 
De modo que podemos dar una respuesta positiva a esta importante propuesta. 
En segundo lugar, el distinguido Sr. Knörr Borràs, me ha interrogado sobre el código de la OCDE. 
No podemos obligar a países que no son miembros de la OCDE a seguir el código de la OCDE. 
Comprendo la importancia de la cuestión que ha planteado pero no podemos imponer el código de la OCDE a países que no son miembros de la misma. 
Repito que confío en contar con el apoyo del Parlamento en las próximas semanas y meses, y estoy seguro de que el atento seguimiento evidenciado en este debate subraya el hecho de que vamos a poder contar con él. 
Señor Patten, es inevitable que la proximidad de la hora de las votaciones interrumpa con murmullos su discurso, pero yo he advertido que se le ha seguido con mucha atención y le doy amparo y certifico que está siempre presente en las reuniones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
VOTACIONES 
Quisiera plantear una cuestión antes del turno de preguntas de la semana que viene. 
En la última sesión plenaria planteé una pregunta al Consejo, dentro de plazo y completamente conforme al Reglamento, sin embargo la Presidencia rechazó responder la pregunta porque no habían recibido las traducciones a todos las lenguas. 
No veo por qué he de ser penalizado si no se dispone de las traducciones a todas las lenguas, y quisiera solicitar la promulgación de una norma según la cual si un diputado de este Parlamento presenta una pregunta en total concordancia con el Reglamento tiene el derecho a obtener una respuesta en tiempo adecuado. 
Muchas gracias. 
No estaba al corriente del asunto, pero llamaré la atención de la Presidenta al respecto y le sugeriré que defienda los derechos de los diputados a plantear preguntas. 
Señor Presidente, permítame mencionar una cuestión de orden. 
Se trata del rechazo de las fotografías de Kazajstán, de la zona en la que se efectuaron la pruebas nucleares. 
Ayer pudimos constatar cómo el propio Parlamento rechazó algunas de estas fotografías de esa exposición porque podrían resultar estremecedoras. 
Lamentablemente, esas fotografías muestran la realidad y ésta puede ser estremecedora; en tanto parlamentarios, no debemos ser protegidos y tenemos el derecho, e incluso la obligación, de conocer esa realidad. 
Quiero protestar, por tanto, en nombre de mi Grupo y de muchas personas que ayer asistieron a la exposición sobre Kazajstán. 
Un segundo motivo de descontento es que ayer se impidió la entrada a un visitante, el Sr. Tsamaraint Nauchap, del pueblo Shuar de Ecuador. 
Este indígena de Ecuador vino aquí como enviado de su pueblo, revestido con los signos de su dignidad, es decir, una lanza de madera de menos de dos metros. 
El hombre no pudo entrar. 
No pudimos hablar con él, dado que iba armado. 
Considero particularmente humillante que se pidiera a este hombre que se desprendiera de sus símbolos de dignidad, que para él son sagrados. 
Por eso, no nos ha podido visitar y los diputados que quisimos recibirle tuvimos que hacerlo fuera de nuestra sala y del edificio del Parlamento. 
Lo considero sumamente vergonzoso, tanto más cuando se confirma que ésta es una norma habitual de comportamiento. Pido una revisión de la misma. 
Ambos incidentes son lamentables, pero quisiera sugerirles que planteen la cuestión al Presidente del Colegio de Cuestores, de suerte que los cuestores puedas discutir el asunto. 
Respecto del segundo incidente, no obstante, quisiera decir que tengo experiencia personal en un contexto completamente diferente. 
El Scottish, el atuendo nacional de mi propio país incluye una daga que se porta en el calcetín. 
Si se informa a los servicios con antelación que eso forma parte del atuendo nacional, entonces se permite la entrada. 
Creo que el problema con el indio ecuatoriano es que las fuerzas de seguridad se vieron súbitamente enfrentadas con este hombre que llevaba una lanza y que no había lo advertido con antelación. 
En cualquier caso creo que usted debería plantearlo en el Colegio de Cuestores. 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Lehne (A5-0056/2001) 
. 
(FR) En aplicación del artículo 62-2 TCE, el Consejo ha presentado al Parlamento europeo, para su consulta, una propuesta de reglamento cuyo establecimiento fue delicado, que fijaba la lista de los países terceros cuyos ciudadanos estarían sometidos a la obligación de visado cuando quisieran entrar en la Unión europea, así como la lista de los países exentos de tal obligación para visados de menos de tres meses. 
En el límite entre los dos se planteaba el difícil caso de Rumania: en principio debería estar en la segunda lista como país candidato con el que se han abierto las negociaciones de adhesión, pero desgraciadamente, una postura más restrictiva parecía necesaria, puesto que ese país alimenta a numerosos países de Europa en inmigración ilegal. 
El Consejo ha encontrado una solución bastante elegante: acepta que Rumania esté en la lista de los países cuyos ciudadanos están exentos de visado obligatorio, pero el artículo 8 de la propuesta de reglamento prevé que esta disposición no entrará en vigor hasta que este país indique «los compromisos que está dispuesto a firmar en materia de inmigración ilegal y de residencia irregular, incluyendo la repatriación de las personas en situación irregular». 
Sin embargo, el Parlamento europeo, con las enmiendas que acaba de votar, la ha hecho desaparecer, no por un cariño especial hacia Rumania, lo que sería comprensible, sino por ese espíritu favorable a la libre circulación sin control que demasiado a menudo le caracteriza. 
Algunas enmiendas más de menor importancia pero que tampoco puedo aceptar, se han aprobado con el mismo espíritu. 
Con esas condiciones, me he negado a votar a favor del informe del Parlamento europeo, aunque sigo apoyando la postura de origen del Consejo. 
. (SV) La estricta política de visados de la Unión constituye un gran obstáculo para la gente que quiere entrar en Europa. 
El endurecimiento de las exigencias de visados que ha tenido lugar en los últimos años ha significado, inevitablemente, un aumento de los casos de tráfico con personas y de la denominada inmigración ilegal a los países miembros de la UE. 
Las personas que entran a Europa mediante las ayudas de traficantes, o por otros medios, generalmente han sufrido grandes tragedias por el camino. 
Cuando por fin llegan a Europa, carecen completamente de derechos y de protección social. 
La lista de países cuyos ciudadanos necesitan visados para entrar a la UE incluye 130 países. 
Los países liberados de esta exigencia no llegan a cincuenta. 
Esta práctica- que la exigencia de visados sea la regla y no la excepción- no es digna de la Europa democrática. 
La norma fundamental debe ser que las personas tengan derecho a entrar libremente a Europa, y no lo contrario. 
Europa debe cambiar su actitud hacia la inmigración. 
Dentro de algunos años la escasez de mano de mano de obra en la Unión será apremiante. 
Por este motivo, es importante que demos la bienvenida a los que buscan un futuro mejor en los países miembros de la Unión. 
Una política de visados más generosa es también una condición para realizar una política común de asilo y refugio más humana. 
Mediante la implantación de una política que ratifique la inmigración podremos combatir la delincuencia organizada y, consecuentemente, las tragedias humanas a las que dan origen los traficantes de personas. 
Informe Haug (A5-0064/2001) 
Señor Presidente, he solicitado el uso de la palabra para referirme a la modificación de las sumas del presupuesto sólo para manifestar mi desacuerdo con la idea de que se deba conseguir el necesario presupuesto suplementario para abordar los problemas de la EEB sin modificar los límites impuestos a la Agenda 2000. 
Estamos ante una situación extraordinaria, que hoy hay que afrontar con créditos extraordinarios y suficientes, aun cuando en el futuro se puedan conseguir las sumas necesarias para la nueva agricultura como consecuencia de la propia reforma de la PAC. 
En todo caso, quisiera protestar aquí ante una nueva marginación del Parlamento en la búsqueda de soluciones para el problema de las vacas locas y ante la incapacidad del Consejo de Ministros y los Estados miembros para encontrar vías adecuadas para resolver este grave problema, después de haberlo pasado por alto y despreciado durante la mayor parte del decenio de 1990. 
. 
(FR) Acabo de votar a favor de este primer presupuesto rectificativo de la Unión europea para el 2001, que prevé sobre todo 971 millones de euros de gasto adicional para hacer frente a las consecuencias de la enfermedad de las vacas locas. 
Pero quiero subrayar que esta cifra, a la que llegó en enero la Comisión, parece ya completamente desfasada a causa de la evolución de los acontecimientos. 
Desde el lunes pasado, sobre todo, nos encontramos frente a una paradoja: la unión europea no puede, o no quiere, financiar ayudas adicionales a los ganaderos franceses, y deja que Francia se las apañe sola al autorizarla a distribuir ayudas nacionales excepcionales. 
De forma que en el momento en que la crisis está en su punto álgido, y en que más necesaria sería una solidaridad europea, la Unión se esfuma sin pena ni gloria. 
Soy el primero en decir que no hay que aumentar el presupuesto europeo en su conjunto, que ya nos cuesta bastante caro, y que hay que respetar las perspectivas financieras 2000-2006 que se fijaron en el Consejo de Berlín en 1999. 
Pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer: de forma inmediata, las perspectivas financieras nos siguen dejando, en los apartados agrícolas, un margen de 506 millones de euros para 2001, y no hay razón para dejarlos inmóviles a corto y medio plazo, aunque los créditos agrícolas programados estén totalmente gastados. 
Queda otra solución antes de aumentar el presupuesto global de la Unión: llevar a la parte agrícola del presupuesto de los gastos inscritos en el apartado de los Fondos estructurales, que nunca se han llegado a gastar completamente en estos últimos años, y que, de todas formas, no corresponden siempre a necesidades tan urgentes (dejando de lado por supuesto la ayuda a los países candidatos). 
De hecho, no sería un desvío, ya que la función prioritaria de los Fondos estructurales también consiste en mantener la actividad en el conjunto del territorio, lo que ocurriría si ayudasen a luchar contra las consecuencias devastadoras de la EEB. 
El drama que vivimos justificaría esta operación poco habitual. 
A más largo plazo, parece evidente para todos que la política agrícola europea, que quizás tuvo el mérito de ayudar a desarrollar nuestra agricultura en los años sesenta, tiene ahora tales efectos perversos- asistencialismo, burocracia, aumento desmedido de los costes, intensificación peligrosa para la salud, etc., -que es inevitable llevar a cabo una reforma en profundidad. 
Como decíamos desde hace años, hay que imponer reglas mucho más severas que hoy para el respeto de la naturaleza y de la salud, pero sin aumentar la carga para el contribuyente: es el consumidor quien, por lógica, debería pagar la diferencia comprando el producto por su precio real, o por un precio más cerca de la realidad. 
De forma paralela, si queremos preservar nuestra independencia alimentaria, habría que imponer a las importaciones las mismas reglas de seguridad por supuesto, y también, en algunos casos, deducciones que permitan preservar la producción en los países europeos. 
. (SV) He optado por votar a favor del informe del Parlamento, informe Haug, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario 1/2001 del Consejo, a causa, entre otras cosas, de la crisis de la EEB, a pesar de que los demás socialdemócratas suecos votan en contra. 
Esta discrepancia no se fundamenta en la postura frente a la política agrícola. 
Por el contrario, estamos completamente de acuerdo en la necesidad de su total reforma, incluso, en el futuro, en una mayor responsabilidad de los Estados miembros en los costes que se produzcan como consecuencia de la EEB y otras crisis. 
Este criterio se recoge también en el informe. 
La razón de nuestras distintas maneras de votar es que he participado en la tramitación de este asunto en la Comisión de Presupuestos y no veo cómo podría influir en la política agrícola en el futuro si hoy votase en contra. 
La existencia de un presupuesto suplementario no implica que se sobrepase el presupuesto, sino, solamente, que disminuyen los espacios que hay bajo el techo presupuestario. 
Además, el Parlamento carece de facultad de codecisión en esta materia, cosa que es discutible y que se cuestiona en el informe. 
Decir que no hoy, no conduce a un cambio verdadero, sino sólo a un retraso. 
Un no retrasa la obtención de los recursos necesarios para realizar las pruebas e incineraciones en relación con la crisis de la EEB, y para lo que constituye la segunda parte de este proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario, esto es, la ampliación a Montenegro del mandato para la reconstrucción europea en Kosovo/Serbia. 
El Parlamento exige en su informe que se modifique la política agrícola, en idéntico sentido que algunos eurodiputados socialdemócratas y del Partido Popular sueco manifestamos en un artículo en el periódico Göteborgs-Posten. 
Esta demanda será impulsada enérgicamente por el Parlamento, cosa que los socialdemócratas suecos aplaudimos. 
Por tanto, no se trata de diferencias en la manera de entender la política agrícola. 
Por el contrario, simpatizo con la actitud de mis colegas socialdemócratas suecos. 
Sólo nos separa la idea de lo que se puede lograr votando en contra de este informe. 
Este presupuesto rectificativo es insuficiente y corresponde sólo a medidas temporales, aunque atienda una necesidad urgente de financiar los costos de la crisis de la EEB, por lo que hemos votado a favor de él. 
Ahora bien, obsérvese que, según el propio Comisario Fischler, "la crisis puede ser más profunda de lo que se cree" y que los cálculos aproximados de costos, que ascienden a 3.000 millones de euros, presentados por organizaciones de agricultores indican que las consecuencias de la crisis de la EEB están subestimadas, incluso en el nivel presupuestario. 
Ahora bien, como consideramos que no pueden ser los agricultores quienes paguen una crisis de la que no son responsables ellos, sino la Política Agraria Común, las limitaciones presupuestarias no pueden ser un pretexto para impedir la adopción de todas las medidas necesarias para circunscribir la crisis de la EEB y defender los intereses de los agricultores. 
Lo que es necesario es revisar las perspectivas financieras. 
Una reforma de la PAC, urgente desde hace mucho tiempo, como hemos sostenido, no debe tener como objetivo el de encontrar economías presupuestarias, sino la protección de la producción agropecuaria, con respeto de la seguridad alimentaria, la defensa de la soberanía alimentaria, el fomento de las especificidades regionales y la cohesión económica y social, garantizando la renta a los agricultores mediante un precio justo a la producción y productos agropecuarios seguros y de calidad a los consumidores. 
Entretanto, hemos votado en contra de la enmienda encaminada a incluir en el orden del día la cuestión de la cofinanciación, o sea, la renacionalización de los costos de la PAC, porque discrepamos de esa medida. 
. 
(FR) He votado a favor de esta propuesta de resolución. 
Es un hecho probado: las instituciones públicas y tecnocráticas han fallado al gestionar la crisis de la EEB. 
Sin embargo, los cargos electos, aquellos que se ven con los agricultores en el terreno, conocen las expectativas de esta población y las dificultades que deben afrontar. 
Por este motivo, el Parlamento europeo debe hacer que se oiga su voz transmitiendo a las instituciones los deseos y las propuestas del sector agrícola. 
También espero que el Parlamento europeo pueda actuar con mayor fuerza en el futuro, y la transferencia de los gastos de mercado al procedimiento de codecisión sería, para este proceso imprescindible, una de las etapas importantes. 
La PAC debe hacer que la salud pública sea su objetivo prioritario. Es algo que no sólo esperan los consumidores, sino también el conjunto de los agricultores. 
. (EN) La delegación del Fianna Fail en el Parlamento Europeo ha favor del presupuesto adicional para financiar el programa de erradicación de las "vacas locas" y la resolución correspondiente- pero no sin serias reservas. 
Celebramos que la enmienda para limitar la participación financiera de la Unión Europea al 50% haya sido rechazada por una amplia mayoría. 
Esto hubiera sido inaceptable para nosotros, inaceptable para el gobierno irlandés e inaceptable para nuestra comunidad agrícola. 
Desde el principio hemos considerado que "la enfermedad de las vacas locas" es un problema comunitario y por lo tanto debe ser financiado en su totalidad por la Comunidad. 
La proporción inicialmente contenida en el informe Haug del 70% de participación comunitaria y 30% de participación nacional fue aceptada por una amplia mayoría. 
Los diputados del PE del Fianna Fail votaron con reticencias a favor de esta propuesta. 
Las normas comunitarias no permiten, actualmente, una participación comunitaria mayor. 
Nuestra opción era limitada y, en cualquier caso, era de lamentar. 
El Grupo Fianna Fail solicitó una ronda de votaciones sobre el parágrafo final de la resolución que se refiere a la codecisión en la PAC. 
El Parlamento Europeo no tienen ninguna competencia o autoridad para votar él mismo sobre poderes de codecisión. 
Esta es una cuestión de los Jefes de Estado y de Gobierno- exclusivamente. 
Esto no está incluido en su agenda. 
Además, de acuerdo con los Tratados ninguna revisión de la PAC podrá tener lugar antes del 2003- 2004. 
Por último, se trata exclusivamente de una cuestión presupuestaria. 
Cualquier debate sobre la reforma de la PAC deberá tener lugar en su momento oportuno. 
Ahora no es ese momento. 
Por todas las razones mencionadas los diputados del Fianna Fail han aceptado las recomendaciones de la Comisión de Presupuestos (informe Haug). 
. 
(FR) En nombre de los diputados franceses del Frente Nacional, quiero subrayar que este presupuesto rectificativo y adicional 2001, que prevé 971 millones de euro para gestionar la crisis de la EEB, ya resulta insuficiente antes de ser aprobado. 
Pero eso no es lo importante. 
Hoy asistimos al acta de defunción de la PAC. 
Algunos se alegrarán. Nosotros no. 
Varios indicios anunciaban los fallos previsibles de Europa. 
En la Conferencia de la OMC en Seattle, el año pasado, los Americanos y el grupo de Cairns ya habían querido desmantelar la PAC al suprimir las restituciones a la exportación y las ayudas internas, cuando ellos nunca habían subvencionado tanto su agricultura: 23.000 millones de dólares sólo para el año 2001. 
La crisis de la EEB, consecuencia del libre intercambio mundial y de la ausencia de controles en las fronteras, parece haber dado un golpe de gracia a la PAC, más si cabe cuando Alemania, que desde Niza se ha convertido en la principal potencia europea, rechaza un esfuerzo adicional para ayudar a los ganaderos con dificultades, víctimas y no responsables de la industrialización de la agricultura. 
Es cierto que en ese asunto José Bové y sus amigos son los aliados objetivos de los Americanos al querer destruir la PAC, unos para reconquistar nuestros mercados, otros en nombre de la "lucha de clases" y del "tercermundismo". 
Los Americanos aprovecharán nuestras divisiones para suplantar a su único competidor serio en los mercados mundiales y reconquistar el arma alimentaria. 
Les recordaré, estimados colegas, que la PAC inicial estaba basada sobre la idea de preferencia comunitaria y de solidaridad financiera y que, gracias a esto, Europa no sólo es autosuficiente, sino que es una gran exportadora de productos agroalimentarios de calidad. 
Hoy oímos de nuevo las palabras "cofinanciación, renacionalización, codecisión en el ámbito agrícola", palabras que parecían haber desaparecido del vocabulario desde la cumbre de Berlín de marzo de 1999. 
Es un indicio más de que Francia ya no tiene en Europa ni la autoridad ni la voluntad necesarias para defender sus intereses, como han demostrado en Niza los Sres. Chirac y Jospin. 
. (SV) Este informe se ocupa de las consecuencias de la crisis de la EEB en los presupuestos. 
Los Estados miembros y la UE deberán financiar exámenes de laboratorio, intervenciones en el mercado y normas para la compra e incineración de ganado vacuno de más de 30 meses que no haya sido sometido a pruebas. 
En el informe se subraya la importancia de que las reformas a la política agrícola se orienten hacia "una agricultura ecológica, económica y socialmente sostenible, en concordancia con la Agenda 21". 
Además, se hace hincapié en la responsabilidad de los Estados miembros por los problemas derivados de la EEB y en que se consideren métodos alternativos de financiación cuando surjan epizootias. 
Ha llegado la hora de abandonar la producción agrícola que solamente busca el lucro, descuidando la calidad y los intereses de los consumidores. 
La agricultura sueca no ha sido afectada hasta el momento por la EEB; la explicación está en una zootecnia adecuada y en una sana alimentación animal. 
Opinamos que los Estados miembros deben asumir mayores responsabilidades por los problemas que en gran medida han sido ocasionados por deficiencias en las legislaciones nacionales. 
Por esa razón, recomendamos las enmiendas 4 y 5 del Sr. Mulder, que implican que la financiación de las compensaciones a los agricultores en relación con la crisis de la EEB se haga por partes iguales (50-50) entre la UE y los Estados miembros. 
Respaldamos también las enmiendas 1-3 de Graefe zu Baringdorf, en las que se subraya la necesidad de reformar el sector agrícola y de que los Estados miembros asuman mayores responsabilidades en la financiación. 
Con estas reservaciones, damos nuestro apoyo al informe. 
Informe Brunetta (A5-0061/2001) 
Señor Presidente, las redes de telecomunicaciones, a mi modo de ver, no son más que autovías de comunicación social, lo mismo que lo son los pasillos aéreos, las vías del ferrocarril o las autorutas por carretera. 
Si observando estas últimas, nos encontramos con un modelo que garantiza la igualdad de oportunidades y en el que los prestadores de servicios de transporte, aun cuando compitan entre sí, utilizan de forma compartida redes construidas y mantenidas prioritariamente con recursos públicos, reduciendo al mínimo posible el impacto medioambiental de dichas obras civiles, se me ocurre pensar en lo acertado que podría resultar que para el desarrollo de las telecomunicaciones apostemos por un esquema similar, donde no se compita por la construcción de superpuestas redes de infraestructuras, sino por el ofrecimiento de servicios más eficaces y baratos para el usuario. 
En la década de los ochenta he vivido, como alcalde de Bilbao, una pugna entre empresas por disponer de más y mejores redes, queriendo cada una de las mismas abrir sus propias zanjas e instalar sus antenas particulares para poseer sus canalizaciones y coberturas exclusivas en todas las calles de la ciudad. 
Yo me opuse a ello, considerando más racional que por una sola zanja, canalización, red y antena pública podían discurrir todos los servicios de telecomunicación de todos los operadores privados, de la misma manera que los autobuses y camiones de diferentes compañías lo hacen por una misma autovía, sin necesidad de cada una construya la suya propia. 
Señor Presidente, si quisiéramos que también las redes finales fueran privadas, yo no estoy en contra de ello, pero considero que mejor sería, en todo caso, separar reglamentariamente las funciones de propietario y gestor de dichas redes de las de utilizador de la misma y prestador de servicios telemáticos. 
Señor Presidente, me satisface comunicar que, en nombre del Partido de los Pensionistas que represento en este Parlamento Europeo, he votado a favor del informe Brunetta sobre el acceso a las redes de telecomunicación y a las comunicaciones electrónicas. 
¿Por qué he votado a favor? 
Lo he hecho, señor Presidente, con entusiasmo porque estoy convencido de que las comunicaciones electrónicas no tienen fronteras. 
Hace tiempo, los quince Estados miembros de la Unión Europea tenían fronteras, las siguen teniendo, eso sí, cada vez menos claras, cada vez menos divisorias; sin embargo, para las ondas electromagnéticas no existen fronteras. 
Europa se ha construido, se construye y se construirá gracias también a la televisión sin fronteras. 
Apoyo todo el paquete Telekom, porque tiene muchos puntos fuertes. 
Debido a la demanda creciente de frecuencias en la comunicación, en la radio, en el transporte, en la policía, en el ejército y en la ciencia, se hace imprescindible, sin más, un procedimiento coordinado en Europa en el terreno de la competencia internacional. 
De manera general es útil la armonización en el plano de la UE a la hora de crear un mercado continental que se pueda medir también con los competidores de los EE.UU. en lo que respecta a su volumen. 
Por lo demás, quisiera aludir al mayor grado de simplificación administrativa, pues de 20 actos jurídicos se pasa a ocho. 
Una tendencia absolutamente positiva. 
Las reglas de la competencia serán el instrumento más importante a la hora de regular el mercado de la comunicación electrónica. 
Sin embargo hasta que en el mercado no pueda haber una auténtica competencia se necesitan criterios claros para la intervención jurídica, y fronteras y condiciones más precisas para la imposición de obligaciones a la hora de proporcionar acceso a las redes electrónicas de comunicación y a la interconexión de las mismas. 
Por esta razón, celebro expresamente el informe del Sr. Brunetta, el cual propone obligaciones adecuadas para los operadores y destaca que las regulaciones ex-ante han de ser abolidas en cuanto los objetivos pretendidos se alcancen a través de los mecanismos del mercado. 
Tales intervenciones serán necesarias, mientras tengan existencia los antiguos detentadores del monopolio, que siguen ofreciendo la mayoría de las conexiones. 
Los escasos recursos que están controlados por uno o por pocos operadores, como, por ejemplo, la red de conexión local en la telecomunicación, siguen significando actualmente otro obstáculo a la competencia. 
. 
(FR) Por lo general apoyo el informe relativo al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas, a las instalaciones análogas y a su interconexión, porque necesitamos una directiva que favorezca una competencia real en el mercado europeo de las telecomunicaciones. 
Estoy convencida de que es absolutamente necesario evitar que surja una situación donde aspectos técnicos específicos puedan ralentizar la creación de un verdadero mercado único sin distorsión de la competencia, en particular en el sector de los teléfonos móviles, de modo que propuse una enmienda para obligar a la empresa que recibe una demanda de acceso o interconexión a participar a las negociaciones y a negociar el acceso con otras empresas que puedan ofrecer el mismo tipo de acceso o interconexión en la red. 
Creo en efecto que las demandas no deben rechazarse únicamente en base a criterios objetivos y que, al rechazarse el acceso, la parte afectada debería poder someter el caso a la autoridad nacional de regulación. 
Me alegra que se haya conservado esta obligación de negociación de acceso, así como la obligación que estipula que el acceso deberá realizarse en "condiciones comerciales" y por lo tanto viables para el recién llegado desde el punto de vista económico. 
Sólo si se prohibe de forma estricta la negativa a negociar las demandas se puede garantizar el desarrollo de un mercado competitivo real que pueda ofrecer una fórmula óptima en términos de precio y calidad, y defender del mejor modo los intereses del ciudadano europeo. 
Con estas salvedades he votado a favor del informe del Sr. Brunetta. 
. (SV) El informe Brunetta contiene muchas cosas provechosas. 
Especialmente importante es su enérgico respaldo a la rápida aprobación de la Comisión de un estándar común para los receptores de televisión digital y los módulos de conexión 
El Parlamento quiso crear también, con amplia mayoría, normas para los servicios suplementarios que acompañarán a los servicios de televisión en el futuro. 
No se deben usar pasarelas ni programas que aten a los consumidores a un determinado proveedor de servicios. 
Por el contrario, no ha sido provechoso obligar a las autoridades a velar por que la conexión móvil internacional y otras conexiones se basen en los costes y que los precios por las conversaciones en tiempo real aparezcan en la pantalla del teléfono. 
Esto último es una reglamentación demasiado detallada. 
Informe Paasilinna (A5-0053/2001) 
Señor Presidente, también he votado a favor del informe Paasilinna sobre las normas comunes para las redes y los servicios de comunicación. 
Es más, señor Presidente, he de decirle que si no se hubieran liberalizado las televisiones, yo hoy no estaría aquí. 
Perfecto, podría pensar usted, ya estaríamos almorzando; sin embargo, permítanme disentir. 
Hic manebimus optime, estoy muy bien aquí en el Parlamento Europeo y he llegado aquí gracias a las televisiones. 
En efecto, desde el momento en que se han liberalizado, he conseguido que me conozcan y que un número suficiente de ciudadanos italianos que me han votado y que me han hecho llegar a este hemiciclo conozcan mis ideas sobre la defensa de las personas mayores y de los pensionistas. 
En consecuencia, ¿cómo podría yo no votar a favor de este informe? 
. 
(FR) Quiero felicitar al Sr. Paasilinna por el trabajo que ha realizado con este informe especialmente difícil. Dan fe de ello las numerosas enmiendas que se han presentado en comisión ITRE. 
Les recuerdo que se supone que la directiva propuesta, que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2003, ha de considerar el desarrollo del antiguo paquete 'telecomunicaciones' de 1998, por un lado, y la evolución tecnológica de este mercado por otro. 
Con gran satisfacción por mi parte, se otorga a las autoridades reguladoras nacionales (ARN) mayor flexibilidad, lo que les permite realizar su propia valoración de las posiciones en el mercado y decidir cuando y como un mercado dado debe regularse. 
Como el Sr. Paasilinna, pienso que en virtud del nuevo enfoque, la directiva-marco desempeñará un papel esencial en la fijación de las regulaciones de aplicación general. 
Estas regulaciones deben garantizar la coherencia dentro de la Comunidad. 
La dificultad, en este sector en evolución permanente, consiste en encontrar un equilibrio entre las reglas específicas y la legislación comunitaria en materia de competencia. 
En efecto, es importante asegurarse de que la competencia no sea anárquica en perjuicio de los intereses de los consumidores, conservando al mismo tiempo el espíritu de innovación. 
Las ARN deberán pues desempeñar un papel esencial en este marco. 
En nuestros debates, las discusiones han cristalizado en el concepto de "empresa con poder en el mercado". 
Incluso se organizó una audición pública sobre el tema. 
La comisión ITRE acabó por votar una enmienda que aclaraba la terminología. 
Pienso, en la situación actual, que es difícil llegar a una definición más clara. 
Por lo tanto me alegro de que se apruebe esta enmienda. 
La posición de la Comisión, que el informe subscribe en lo esencial, se inserta en el marco de la liberalización del sector, como otros en la esfera de las comunicaciones electrónicas, aunque en un caso u otro establezca algunas reglamentaciones encaminadas a proteger derechos de los usuarios y de los propios creadores e incluso libertades fundamentales como el pluralismo de la información y la diversidad cultural y lingüística, que, según reconocen, se pueden poner en entredicho en todo este proceso. 
Se pretende superar el poder regulador de los Estados miembros, fortaleciendo la intervención de la Comisión y la autonomía de las entidades reguladoras nacionales, volviéndolas más dependientes de la Comisión, con el objetivo de crear un marco reglamentador en el nivel de la UE encaminado a una mayor coordinación o incluso la armonización de las normas comerciales en pro de los intereses de las empresas multinacionales del sector y su concentración. 
Hemos de decir que ese proceso se inserta en los objetivos de la Cumbre de Lisboa, en particular de aceleración de la liberalización en esos sectores, y en la Cumbre de primavera, encaminada a hacer un balance de esta situación que, en lo esencial, se caracteriza por el desmantelamiento del sector público y la degradación de los servicios de interés general. 
. (SV) Hemos optado por votar en contra de las enmiendas 23, 25 y 53. 
Nuestra actitud hacia la Unión Europea es, en general, positiva. 
Como liberales suecos, vemos la integración europea como una posibilidad para encontrar soluciones a problemas transfronterizos, tales como las redes de comunicación electrónicas y los servicios de comunicación. 
Sin embargo, creemos en el principio de subsidiariedad, esto es, que las decisiones deben ser tomadas tan cerca como sea posible de aquellos a quienes se aplican. 
A nuestro juicio, disponer que los Estados miembros fusionen sus autoridades nacionales de reglamentación y exigirles que establezcan oficinas de consulta para el público, es ir demasiado lejos. 
Además, creemos que sería muy poco liberal obligar a los Estados miembros a que velen por que algunas empresas, a petición de otras, traspasen su derecho a red. 
Puesto que pensamos que estos asuntos deberían manejarse en el ámbito nacional, hemos votado en contra de esas tres enmiendas. 
Informe Niebler (A5-0062/2001) 
Señor Presidente, éste es el tercer informe que hemos votado en relación con la apertura y la regulación de la televisión europea. 
Permítanme llamarla así, aunque no existe todavía una televisión europea, pero se está preparando. 
Quisiera subrayar mi voto favorable con mi firme y convencida solicitud de que se conceda a la gente mayor y a los pensionistas de Europa el acceso gratuito a las televisiones públicas y privadas, sin tener que pagar nada en el caso de que carezcan de recursos, porque la televisión es una forma de cultura, de educación y además de compañía para las personas mayores. 
Dado que con este texto de la Sra. Niebler se regulan las autorizaciones, las modalidades de acceso a las emisoras de televisión, se puede perfectamente vincular todo esto a la apertura de programas gratuitos para los pensionistas. 
. (SV) Es lamentable que en la directiva sobre autorización de redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados se incluyan nuevas calificaciones para el cobro de los denominados derechos de uso de frecuencias de radio. 
Para los Estados miembros, estas calificaciones adicionales pueden conllevar una disminución de sus posibilidades para diseñar una política de redes razonable. 
Por ese motivo voté en contra de la enmienda 21. 
Asimismo, es lamentable que, mediante la enmienda 27, se establezca que los aranceles administrativos para las licencias no podrán basarse en los servicios ofrecidos ni en la cobertura territorial del proveedor de los servicios. 
Esta limitación puede llegar a afectar seriamente a las empresas pequeñas. 
Informes Varela Suanzes-Carpegna (A5-0047 y 0046/2001) 
Señor Presidente, estoy encantado de poder hablar tanto del informe sobre las medidas de control como del informe sobre las medidas de gestión de poblaciones de peces en nuestras operaciones de pesca. 
El primer informe es un reglamento sobre los controles aplicables a la pesca. 
Estoy convencido de que la Sra. Jackson, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, envidia al Sr. Varela Suanzes-Carpegna, presidente de la Comisión de Pesca. 
¿Por qué le envidia? 
Porque la Sra. Jackson, pese a todo su entusiasmo, no ha logrado que se aprobara una directiva sobre los controles aplicables al medio ambiente que ha quedado reducida a una simple recomendación. 
El Sr. Varela, en cambio, ha conseguido nada menos que un reglamento para llevar a cabo los controles sobre la pesca. 
Un gran mérito, en consecuencia, un gran honor, un gran respeto- pero también una gran envidia, creo, por parte de otros presidentes de comisión- por el Sr. Varela, así como mi felicitación. 
En cuanto al otro informe Varela relacionado también con los controles aplicables a la pesca, al leer atentamente este texto, me pregunto por qué los inspectores que vigilan la regularidad de las operaciones de pesca que están reguladas por Europa, si están pagados con fondos del presupuesto de la Unión Europea, deben ser inspectores nacionales, contratados por cada uno de los Estados, y no inspectores dependientes de los órganos comunitarios. 
El control es algo muy delicado e importante. 
Si pagamos a los inspectores, también hemos de escogerles. 
¿Quién entre nosotros pagaría una entrada de cine para que otra persona viera la película? 
Algún alma generosa, pero muy pocas. 
Por esto digo y espero: ¡Bien por los controles, pero que los controles y los inspectores sean nombrados por la Unión Europea! 
Informe Piétrasanta (A5-0051/2001) 
Señor Presidente, el informe del Sr. Piétrasanta versa sobre el control de la pesca de atunes. 
Hoy debo hablar en favor de los jóvenes atunes. 
Es una explicación seria porque en el informe resulta que, de 1996 a 1999, el 55% de los atunes pescados en las operaciones de pesca reguladas por la Unión Europea eran atunes muy jóvenes, recién nacidos, de menos de 3,2 kilos, mientras que tenían que haber sido atunes de 30-35 kilos. 
Tendré que renunciar a los espaguetis con atún que me gustaban muchísimo, pero pido a los pensionistas que me escuchan que, al igual que yo, dejen de comer atún durante algún tiempo, hasta cuando no se encuentre la medida técnica para evitar que junto con los atunes adultos se pesquen atunes jóvenes, recién nacidos que también tienen derecho a vivir. 
Informe Gallagher (A5-0044/2001) 
Señor Presidente, este informe que también he apoyado es la continuación del informe anterior. 
En la página 9 del informe del Sr. Gallagher se puede leer que, en lo que a la pesca de atunes se refiere, las disposiciones en materia de inspecciones y controles son demasiados concisas y débiles. En efecto, según parece, ninguna autoridad de Guinea Ecuatorial ha llevado a cabo labores de inspección o de control. 
Prácticamente, por lo tanto, en este texto que regula el acceso de nuestros buques de pesca a Guinea Ecuatorial se reconoce que no existe ningún control de cómo se desarrolla este tipo de pesca. 
En consecuencia, espero que se efectúen realmente estos controles sobre la pesca de atunes, dado que ya se pescan atunes jóvenes en otras zonas del Atlántico, pero en Guinea ni siquiera existen controles. 
Hemos votado en contra del informe conjunto al pensar que el acuerdo con la República de Guinea Ecuatorial supone la explotación económica de este país. 
Por ejemplo, podemos referirnos a la gran diferencia existente entre los gastos y el precio comercial por tonelada de atún. 
En lugar de esto, la UE debería ayudar a Guinea Ecuatorial para que ésta pudiera explotar por sí misma sus posibilidades pesqueras. 
Informe Avilés Perea (A5-0058/2001) 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe y estoy contento de que el Parlamento también lo haya hecho, me habría dolido que no hubiese sido así, porque, so pretexto de proteger a las mujeres migrantes, de hecho, el informe pretendía pasar un principio favorable a la inmigración incontrolada, a la inmigración sin reglas. 
No estamos en contra de los inmigrantes, sin embargo, consideramos que, en aras de una honesta y seria convivencia, la misma se debe disciplinar y regular severamente. 
Como migrante temporal en Bruselas, aprovecho la ocasión para decir que me siento profundamente ofendido por las palabras del Viceprimer Ministro Michel contra mi partido, contra los electos por el pueblo italiano, acusados de ser poco demócratas. 
¡Que los belgas elijan a todos los viceprimerministros cretinos que quieran, pero que no se le permita ofender a los italianos, a los padanos y a sus electos! 
Señor Presidente, yo también he votado en contra del informe Avilés Perea por unos motivos que se pueden incluso ligar a los que acaba de ilustrar el Sr. Speroni. 
En efecto, hubiera preferido que se regulase más profundamente la entrada en la Unión Europea de las mujeres procedentes de la región del Mediterráneo, cosa que los pensionistas agradecen. 
Los pensionistas mayores no autosuficientes necesitan asistencia, aunque dicha asistencia la presten personas no comunitarias y nosotros sabemos que las mujeres, por su naturaleza, están especialmente predispuestas a asistir a los enfermos y a las personas mayores. 
Sin embargo, sería oportuno que se regulara esta actividad y que estas mujeres no comunitarias que vinieran a asistir a las personas mayores y a los pensionistas, fueran remuneradas con salarios pagados directamente por los Estados, las regiones, los ayuntamientos y las autoridades públicas que deberían inspeccionar y controlar el efectivo desarrollo de estas actividades. 
. 
(FR) No he votado el informe sobre las consecuencias de la globalización en las mujeres emigrantes de los países mediterráneos de la Sra. Avilés Perea en Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, porque algunas de las enmiendas adoptadas ignoran de forma manifiesta esta perogrullada según la cual nadie está obligado a hacer lo imposible. 
En efecto, una pequeña mayoría de la Comisión de Derechos de la Mujer ha conseguido cargar aún más las tintas de forma grotesca, lo que desnaturaliza el objetivo primero de este informe del que comparto la postura sobre lo esencial, es decir, la incorporación de la dimensión del género, el mainstreaming, en la política euro-mediterránea de la Unión, insistiendo especialmente en la globalización y sus consecuencias con respecto a la emigración de mujeres. 
No veo que tienen que ver con este informe todas las reivindicaciones relativas a la construcción de la llamada "ciudadanía euro-mediterránea". 
Sabemos lo que es la ciudadanía de nuestros Estados miembros y la ciudadanía de la Unión. 
A menos que se ignore el sentido real y el alcance jurídico del término "ciudadanía", no entiendo cómo se puede llegar a inventar una ciudadanía euro-mediterránea que implicaría, para los ciudadanos de los Estados miembros, la elaboración de una tercera ciudadanía, una más de las que disfrutan los ciudadanos de los Estados miembros no mediterráneos. 
¿Qué motivo habría entonces que impidiese reivindicar una ciudadanía euro-báltica o euro-nórdica, por mencionar algunas? 
¿Y qué pasa con los Estados del Sur del Mediterráneo, no europeos, que no tienen ni ganas ni vocación de unirse a la Unión europea? 
Algunas declaraciones y reivindicaciones relativas a la política de inmigración son igual de estrafalarias, e incluso superfluas, porque se dedican a descubrir la pólvora ignorando las situaciones de hecho. 
Otras mezclan política euro-mediterránea y política de cooperación con los países ACP, lo que ya es harina de otro costal. 
Pienso también que es inadmisible denunciar a los empresarios en su conjunto, acusándolos de abusos contra las mujeres inmigrantes. 
Creo que ni la felicidad, ni la calidad de vida de las mujeres de alrededor del Mediterráneo están relacionadas con el hecho de que se conviertan en emigrantes en una proporción cada vez mayor y de hacer brillar la emigración hacia los Estados miembros de la Unión europea como un objetivo que ha de desarrollarse gracias a una reglamentación cada vez más laxa en materia de visados y de tratamiento de los ilegales. 
En mi opinión, pretender que existe una relación entre una reglamentación responsable de la inmigración y el tráfico de seres humanos es tan absurdo como la reivindicación de definir las cuotas de flujos migratorios hacia Europa. 
Nuestra política consistir más bien en mantener los flujos migratorios dentro de límites razonables y aceptables también para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión, practicando una política de ayuda al desarrollo y de colaboración que permita tanto a mujeres como a hombres quedarse en su país de origen y aprovechar una calidad de vida, una cobertura social y una igualdad de derechos y de oportunidades comparables a los que deberíamos practicar en nuestros países. 
Y no olvidemos con respecto a este tema que hay países alrededor del Mediterráneo que no son miembros de la Unión y que nunca lo serán, cuyas riquezas naturales son mucho más importantes que las nuestras, pero cuyos regímenes dictatoriales y corruptos privan a su población y sobre todo a las mujeres de los derechos humanos, sociales y económicos más fundamentales. 
Se trata de llevarles, dentro del marco de una colaboración bien entendida, a modificar su política interna, y no de empujar sus ciudadanos a emigrar. Así ayudaremos mejor, y sobre todo a las mujeres y a los niños, que son las primeras víctimas de ciertas culturas y religiones que, so pretexto hipócrita de protección, les privan de los derechos humanos más fundamentales. 
. 
(FR) En nombre del grupo ELDR, quisiera expresar nuestra postura con relación al informe de la Sra. Aviles Perea y explicar por qué hemos decidido abstenernos. 
Pensamos que si una comisión parlamentaria decide aprobar un informe de iniciativa, debería ser relativo a un tema del que no se ocupen otras comisiones, y por otro lado, debiera ser el resultado de un amplio consenso dentro de la misma comisión. 
No ha sido el caso para este informe. 
Temas como la inmigración y el tráfico de seres humanos merecen tratarse con mayor profundidad, y no resolverse de forma tan somera. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ocupará pronto de estos temas sobre la base de una comunicación de la Comisión sobre la inmigración en la Unión europea. 
El tema de la globalización no se ha tratado, cuando debería de haber sido el centro del informe. 
Políticamente, estamos a favor de un acercamiento de la Unión Europea a los países vecinos del Mediterráneo, pero un concepto como el de la ciudadanía euro-Mediterránea, que no tiene base legal, podría crear confusión jurídica. 
Nuestra postura no quiere decir que consideremos que no nos atañe el problema de las mujeres inmigrantes y de sus condiciones de vida dentro de la unión europea, sino que hubiésemos querido tratar el tema de forma distinta. 
Informe Gemelli (A5-0059/2001) 
Señor Presidente, ¿acaso podía votar en contra de una comunicación de la Comisión que pide que se fomente la ayuda y la cooperación con los países en desarrollo? 
Por lo tanto, he votado a favor muy gustosamente; sin embargo, señor Presidente, quisiera recalcarles a usted y a todas las personas que están oyendo en este momento mi explicación de voto que sé que llega a todo el mundo, que a las personas mayores y a los pensionistas italianos, en especial a los que están inscritos en el Partido de los Pensionistas, les gustaría que, una vez finalizada su actividad laboral, la Unión Europea los acogiera, los ayudara, los apoyara, y los facilitara viajar alrededor del mundo para ayudar a los países en desarrollo, sin recibir ni una lira, sólo con los gastos de viaje y de estancia en esos lugares pagados. 
Tras haber trabajado y conseguido por fin una pensión, a muchos de ellos les gustaría ser útiles en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo. 
. 
(FR) Las cifras actuales son una demostración de fracaso: de una población mundial de 6 mil millones de personas, mil quinientos millones viven con menos de 1 dólar por día. 
Y lo que es más grave, la población mundial aumentará en un 50% de aquí al 2020, con cerca del 90% de este aumento en los países en desarrollo. Cabría temer que la situación actual se deteriore más aún en años venideros. 
Sin embargo, la Unión Europea, que sigue proclamando su solidaridad con respecto a los países más pobres de nuestro planeta y gasta miles de millones en ellos, desgraciadamente sigue sin tener una visión de futuro para estos países. 
Tenemos que salir de esta política de acciones sin homogeneidad, y considerar desde ahora el desarrollo como un problema de múltiples dimensiones, para que la erradicación de la pobreza ya no sea un objetivo quimérico, sino una realidad. 
La ayuda al desarrollo no depende simplemente de una generosidad impregnada de paternalismo. 
Para muchos países europeos, que en realidad son antiguas potencias colonizadoras, se trata de un compromiso fuerte al que no podemos fallar. 
Pero para que este compromiso sea beneficioso para la población, tenemos que utilizar unas ayudas racionales, organizar de nuevo nuestros servicios y apoyarnos más en los actores locales, y estoy pensando sobre todo en las ONG. 
Estas son las ideas que han inspirado el trabajo de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y por este motivo he votado a favor del informe presentado por el Sr. Gemelli. 
Informe Marset Campos (A5-0049/2001) 
Señor Presidente, el 26 de marzo de 1991, con el Tratado de Asunción, se constituyó Mercosur, mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
La Unión Europea sirvió de ejemplo y me felicito por esto, al igual que todos nosotros. 
En consecuencia, he votado a favor confiando, sin embargo, que en este Acuerdo de Asociación se preste atención al intercambio de la mercancía "pensión". 
En otras palabras, deseo que en estos acuerdos y en su cumplimiento concreto se controle, vigile, sugiera y agilice el pago de las pensiones a los pensionistas de Mercosur y se aproveche de ellos lo que podría resultar útil para los pensionistas europeos. 
Una vez agotado un precedente acuerdo de los denominados de tercera generación, la Unión Europea viene manteniendo desde finales de 1995 un Acuerdo Marco Interregional con los países de Mercosur. 
Este acuerdo marco debía haber dado paso ya a un acuerdo global de asociación interregional política, económica y de liberación de los intercambios, incluyendo también a Chile, tal y como lo demandaron los Jefes de Estado y de Gobierno de ambas partes en la Cumbre que mantuvieron en Río a finales de junio de 1999. 
Este nuevo tratado de asociación se viene demorando por mor de negociaciones parciales interminables, ralentizadas por nuestra exigencia de un compromiso previo en el marco de la OMC. 
Por otro lado hay quienes desean que el nuevo acuerdo sea sólo un instrumento de libre cambio entre los dos conjuntos de Estados. 
Yo pienso que por muy importante que pueda ser la asociación económica y comercial que se persigue entre Mercosur y la Unión Europea, son más valiosos los aspectos políticos, sociales y culturales que deben presidir el nuevo Acuerdo de Asociación, el cual debe constituir actualmente la máxima prioridad de la política exterior de la Unión. 
No debemos olvidar la historia de América Latina ni los lazos que durante siglos se han tejido entre los diferentes países europeos, descubridores del entonces denominado "nuevo mundo", que han hecho que esta parte del planeta esté impregnada por los mismos substratos culturales, religiosos y de identidad que la Europa que estamos construyendo, hasta el punto de compartir con nosotros la pertenencia a esa gran familia de valores y costumbres apelada "Occidente". 
Por ello, debemos reforzar el diálogo bipartito a todos los niveles, en el plano institucional, económico, cívico-social, parlamentario, intergubernativo y ejecutivo para conseguir cuanto antes que sean una feliz realidad los nuevos acuerdos de plena asociación con Mercosur y Chile. 
Informe Salafranca Sánchez-Neyra (A5-0050/2001) 
Señor Presidente, éste es un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile. 
He votado a favor y no puedo dejar de recalcar en esta explicación de voto que, pese a mis conocimientos en materia de pensiones, y teniendo en cuenta los problemas que tenemos en Italia y en todos los quince Estados de la Unión Europa para pagar las pensiones, confío en que en Europa se practique el método inaugurado en Chile del paso del sistema retributivo al sistema contributivo. 
Seguramente, usted, señor Presidente, sabe que en Chile se ha producido una revolución en lo concerniente a las pensiones: allí donde antes no se podía vivir con las paupérrimas pensiones que había, ahora, en cambio, al investir en fondos de pensiones, regulados y controlados por el Estado, se ha registrado un incremento del volumen de las pensiones de las personas mayores. 
Entonces, ¿por qué no hacemos también nosotros como Chile? 
Quedan concluidas las explicaciones de voto. 
Se levanta la sesión del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.15 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 1 de marzo de 2001. 
Elogio póstumo 
Queridos colegas, me enteré con mucha tristeza, la semana pasada, del fallecimiento de dos de nuestros ex colegas, la Sra. Bloch von Blottnitz por una parte, y el Sr. Lambrias, por otra. 
La Sra. Bloch von Blottnitz era una destacada personalidad del Partido de los Verdes alemanes, una militante apasionada del movimiento antinuclear. 
Fue miembro de nuestra Asamblea de 1989 a 1999, y en particular Vicepresidenta del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. 
Llevó una lucha política sincera y hasta los que no compartían sus opiniones respetaron siempre la fuerza de sus compromisos. 
El Sr. Lambrias fue miembro de nuestra Asamblea durante 15 años, de 1984 a 1999. 
Ocupaba un escaño en el Grupo del Partido Popular Europeo, del que fue Vicepresidente. 
Todos los colegas que lo conocieron apreciaron sus cualidades humanas y su decidido compromiso a favor de la integración europea. 
Quisiera manifestar mi pésame a las familias de los dos difuntos, al Grupo de los Verdes, al Grupo del Partido Popular Europeo y les invito a guardar un minuto de silencio en memoria de nuestros dos colegas desaparecidos. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Comunicación de la Presidenta 
Queridos colegas como saben, desde nuestro último período de sesiones, el terrorismo azotó de nuevo España. 
Durante la noche del 8 de marzo, Iñaki Totorika Vega, miembro de la Ertzaintza, la policía regional vasca, murió a consecuencia de la explosión de un coche bomba en Hernani. 
Quise expresar en nombre propio y en el del Parlamento Europeo nuestra más profunda simpatía y nuestro sincero pésame a la familia de esta nueva víctima. 
También he comunicado a las autoridades españolas nuestro apoyo más absoluto en su lucha y les invito a guardar un minuto de silencio en homenaje a Iñaki Totorika, y a todos los que, por formar parte de las fuerzas de seguridad, luchan con mucho coraje, muchas veces a costa de su vida, para que la paz se haga realidad en el País Vasco. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Como también saben, una terrible catástrofe se ha producido en el norte de Portugal, desgraciadamente, a consecuencia del derrumbamiento del puente de Entre-os-Rios, provocando la muerte de más de 70 personas. 
En nombre del Parlamento Europeo, he manifestado inmediatamente nuestro pésame al Primer Ministro de Portugal, Sr. Guterres, expresándole nuestra total solidaridad en esa dramática circunstancia. 
Y en señal de respeto a la memoria de las víctimas, les invito a guardar de nuevo un minuto de silencio 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
El Acta de la sesión del 1 de marzo ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quiero referirme a la intervención de mi colega, el Sr. Manuel Medina Ortega en la última sesión plenaria y tendría para usted el siguiente ruego. 
Desde esta intervención de mi colega, el Sr. Medina Ortega, relativa a la petición de levantamiento de la inmunidad de nuestros colegas, los Sres. Berlusconi y Dell ' Utri, se han producido hasta el día de hoy una serie de informaciones de prensa y también una serie de rumores que circulan aquí, en la Asamblea. 
Nosotros, en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, creemos que sería conveniente que usted, señora Presidenta, pusiera término a estos rumores correspondiendo- aunque sé, señora Presidenta, que usted no está obligada a hacerlo- al ruego que yo le quiero formular, en concreto, que usted me permita plantearle tres preguntas muy precisas sobre este proceder, de cuya respuesta nosotros, como dueños de la casa, esperamos recibir claridad. 
Creo que esto va en interés de la Asamblea misma y también en interés del desempeño de su cargo, señora Presidenta. 
Le quedaría muy agradecido, si usted- repito que usted no está obligada a hacerlo -, acaso por la importancia política del asunto, accediera a mi ruego. 
Señor Schultz, perdóneme, no entiendo muy bien a qué parte del Acta se refiere su intervención. 
Por ahora, estamos examinando el Acta para su aprobación. 
¿Tiene algo que modificar? 
Señora Presidenta, se trata de la intervención de mi colega, el Sr. Medina Ortega, a tenor del párrafo primero del artículo 6 del Reglamento refiriéndose a la petición del Tribunal Supremo de Justicia español de que se levante la inmunidad de los colegas, los Sres. Berlusconi y Dell ' Utri. 
Contestaré de buena gana a todas las preguntas que desea formularme, pero en el marco de las cuestiones de orden. 
Pienso que no sería saludable que se vuelvan a presentar subrepticiamente las mociones de orden antes de la aprobación del orden del día, puesto que es una innovación que hemos introducido, para la satisfacción casi general de nuestros colegas, me parece. 
Señora Presidenta, ¿debo entender que usted me nombrará al comienzo de la fijación del plan de trabajo? 
No, después de la fijación del orden de los trabajos. 
En el momento en que presentamos los cuestiones de orden de ahora en adelante. 
Señora Presidenta, referente al Acta, no figuro en la lista de asistencia del 1 de marzo. 
Me olvidé probablemente de firmar los registros, pero de hecho estaba presente, tomé parte en todas las votaciones. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden de día, establecido en la Conferencia de Presidentes, en su reunión del jueves 8 de marzo de conformidad con el artículo 110 del Reglamento. 
Señora Presidenta, quisiera plantear una cuestión que no está, aunque debiera, en la agenda de esta semana- la crisis de la fiebre aftosa en Europa. 
Es sorprendente que este Parlamento que representa al pueblo europeo no vaya a tratar esta cuestión esta semana, teniendo en cuenta que la crisis se ha agravado desde que la Comisión se pronunciase por última vez. 
Es evidente que tengo una especial preocupación porque esta crisis amenaza en la República de Irlanda a una industria alimentaria de 15.000 millones de euros y también por las medidas que hemos tenido que adoptar para garantizar que la fiebre aftosa no consiga enraizarse allí. 
Me parece que esto no sólo constituye un motivo de preocupación para el pueblo irlandés sino para todos los pueblos de Europa. 
Quisiera instarle, señora Presidenta, a que tome la iniciativa y pida al Comisario que acuda esta semana al Parlamento y haga una declaración actualizada sobre esta crisis. 
Estoy seguro de que por lo menos podemos encontrar 30 minutos que permitan que el Comisario así lo haga y que demuestren que este es un foro político creíble para el pueblo europeo. 
Gracias, señor De Rossa. 
El Reglamento no me autoriza a tomar esa iniciativa. 
La Conferencia de Presidentes debatió para decidir si esa cuestión debía ser incluida o no en el presente período de sesiones. 
Les recuerdo que ya se celebró un debate, el 28 de febrero durante el último período de sesiones, y que finalmente la Conferencia de Presidentes prefirió dejar que la Comisión siga de muy cerca el asunto y planee un debate, en el momento oportuno. 
Esa cuestión estuvo por lo tanto entre los principales temas de preocupación de la Conferencia de Presidentes. 
Pero no hay solicitud de modificación. 
Señora Presidenta, quisiera instarle a que considerase la situación actualmente existente en el Reino Unido en relación con crisis de la fiebre aftosa. 
Respeto su observación de que esto ha sido discutido por la Conferencia de Presidentes la pasada semana, y dada la situación de entonces, se decidiera no introducirla en la agenda para esta semana. 
Quisiera destacar que el número de brotes aparecido ayer en el Reino Unido ha sido mayor que ningún día desde que comenzase la crisis hace tres semanas. 
Ahora la situación se encuentra fuera de control y a pesar de que el Ministro de Agricultura británico insiste en que no hay tal crisis toda la Unión Europea contempla con alarma lo que está ocurriendo en el Reino Unido. 
Irlanda tiene un interés especial, pero también los franceses y todos los 15 Estados miembros, e incluso otros fuera de la Unión. 
La situación ha cambiado tanto desde que se debatió la cuestión en la Conferencia de Presidentes que no puedo más que instarle a que encuentre tiempo, quizá durante el debate del reglamento al que usted acaba de referirse, para que la Comisión pueda ofrecer esta semana al Parlamento una puesta al día. 
Señora Presidenta, quisiera añadir mi voz a la de aquellos que solicitan un debate de urgencia sobre la creciente crisis de la fiebre aftosa, que está teniendo lugar en Gran Bretaña. 
No planteo esta cuestión con ningún ánimo de comprometer al Gobierno británico, pero estoy profundamente preocupado por los ganaderos europeos, por los ganaderos británicos que soportan actualmente el grueso de la crisis y, en especial, estoy preocupado por los ganaderos irlandeses. 
A ustedes les consta que Irlanda depende más que ningún otro Estado miembro de la Comunidad Europea de la industria de la carne de vacuno. 
Exportamos el 90% de toda nuestra producción. 
Por esta razón es de extrema importancia que se apliquen en Gran Bretaña las más severas restricciones. 
Creo que debería invitar al Comisario a venir y a ofrecernos su opinión sobre la abrumadora crisis que estamos sufriendo actualmente. 
Le pido que, como siempre ha hecho en el pasado, encuentre el tiempo para celebrar un debate de urgencia sobre esta cuestión. 
Gracias, señor Hyland. 
Al oírle, estaría tentada, habida cuenta de los elementos nuevos que han agravado sensiblemente la situación en estas últimas horas, de proponer que esta solicitud de inclusión se someta a votación. 
Pero no seré yo quien tome la iniciativa. 
La Asamblea será la que juzgará si esa petición es admisible. 
Sería, claro está, a título muy excepcional, puesto que nunca hemos procedido de esta manera. 
El Reglamento no prevé nada en este tipo de circunstancia. 
Pero en cualquier caso, le corresponde a la Asamblea decidir. 
Señora Presidenta, con todo mi respeto para la Conferencia de Presidentes en la que, como usted muy bien ha dicho, participo también de vez en cuando, debería existir la posibilidad de que los miembros de esta Asamblea se expresasen de manera espontánea, sobre todo, cuando se hubieran producido nuevos acontecimientos. 
Por consiguiente, creo que hoy deberíamos poder votar en una votación libre, tal como usted lo ha visto también, acerca de si incluimos un informe en el orden del día en contra de la decisión originaria de la conferencia. 
En cualquier caso, hay un problema. 
En esencia, al Consejo le compete también, naturalmente, decir algo al respecto y, en consecuencia, yo pediría que esto se tratase en presencia de un representante del Consejo o de una representante del mismo, porque en ese caso obtendremos también, ojalá, las informaciones que son importantes para nuestro proceso de toma de decisión. 
En este sentido quiero pronunciarme a favor de prestar apoyo a nuestro colega. 
Coincido plenamente con el Sr. Swoboda. 
En mi opinión es muy importante que dispongamos en esta Asamblea de algún mecanismo para ajustar la agenda cuando surja una situación urgente como esta. 
Es lamentable el hecho de que a pesar de que esta enfermedad sólo afecta a animales pueda transmitirse por el aire sobre distancias de alrededor de 200 kilómetros y, por tanto, cualquier Estado miembro de la Unión Europea e incluso más allá sea vulnerable a la misma. 
Por consiguiente, esto constituye un asunto de urgencia. 
La Comisión debería realizar una declaración, tanto si está presente el Consejo como si no, y le insto a que someta esto a la Asamblea. 
Mi intervención va, por supuesto, en el mismo sentido, señora Presidenta. 
La Comisión ya hizo una declaración en un momento en que los hechos no eran aparentemente tan graves. 
No hubo voto de resolución. 
¿Tendremos, esta vez, no solamente una declaración sino también una resolución? 
Personalmente, estaría a favor. 
Señora Presidenta, es evidente que la Asamblea tiene la intención de emitir su propia decisión sobre este asunto, pero quisiera insistir en que, en ningún momento, el Gobierno británico ha negado que a esta crisis no sólo enfrentan las comunidades agrícolas y rurales británicas sino potencialmente el conjunto de la industria ganadera de la Unión Europea. 
No obstante, el brote no está fuera de control, impresión que puede derivarse de algunos comentarios realizados aquí. 
Ciertamente, cuando el Comisario Byrne intervino ante la Asamblea felicitó al gobierno del Reino Unido por su rápida y frontal gestión de este asunto. 
Se sigue cooperando entre el Gobierno británico y las autoridades competentes de la Comisión, así como en toda Europa para garantizar el brote sea controlado, contenido y erradicado tan pronto como sea posible. 
Señora Presidenta, de acuerdo con el Reglamento, que debemos respetar, no es necesario que consulte a la Asamblea. 
El artículo 37 deja muy claro que la Comisión puede en cualquier momento solicitar permiso para hacer una declaración. 
Si la Comisión desea hacer tal declaración no es necesario que usted lo someta a la Asamblea. 
En su calidad de Presidenta puede decidirlo así. 
No, la Comisión no ha pedido nada por ahora, pero estoy convencida de que estará de acuerdo. 
Señora Presidenta, en realidad no querría intervenir. 
Yo estaba presente cuando en la Conferencia de Presidentes dijimos que esta vez no deseábamos ningún debate porque en la vez pasada ya habíamos hablado de la fiebre aftosa. 
Pero ya que nuestro colega, el Sr. Corbett, no voy a decir que acaba de negar aquí al Pleno el derecho, pero ha afirmado que no es adecuado que adoptemos una decisión aquí, quisiera decir en nombre de mi Grupo lo siguiente: puesto que las cosas han seguido adelante, somos todos de la opinión unánime de que hay que tener este debate. 
No queremos esperar hasta que la Comisión nos ofrezca amablemente este debate, sino que instamos a la Comisión a que venga al Pleno y discuta con nosotros. 
Hacemos también la misma llamada al Consejo y en esto soy todavía más resuelto que nuestro colega, el Sr. Swoboda: esperamos, sin que hayamos de pedírselo con toda amabilidad, que el Consejo emita también su opinión, para que podamos representar conjuntamente en el Pleno del Parlamento Europeo los intereses de las ciudadanas y de los ciudadanos, en definitiva, de los consumidores. 
Señora Presidenta, llevo largo tiempo comunicando mi deseo de intervenir. 
Es injusto que si uno se encuentra en el fondo del Hemiciclo o no mide por lo menos 1,80 no pueda llamar la atención. 
Sólo quisiera hacer un comentario a todo este asunto de la fiebre aftosa. 
Como uno de mis colegas irlandeses ha mencionado, no es posible contemplarlo de forma aislada, por el volumen de las exportaciones irlandesas. 
Los contribuyentes europeos están financiando la exportación de animales vivos, lo que está agravando la situación. 
De hecho, esa actividad es la responsable de que se haya introducido en Irlanda del Norte. 
Afortunadamente el Gobierno irlandés ha sido capaz de contenerla, al igual que Gran Bretaña. 
De modo que hemos de poner fin a que el dinero de los contribuyentes europeos sea utilizado en políticas crueles e inhumanas de exportación de animales vivos. 
Señora Presidenta, hace un cuarto de hora que estoy pidiendo la palabra. 
Usted no me vio, no suele mirar en esta dirección. 
No tengo nada que decir sobre el fondo. 
Pienso que existen muchas razones válidas para celebrar un debate. 
En lo que se refiere a la forma, no estoy de acuerdo con el Sr. Poettering: no se vota en contra de su Reglamento. 
No se toma por mayoría una decisión contraria a su propio Reglamento. 
Sin embargo existía una solución muy posible por consenso, sin votación: de no haber oposición, se podía eventualmente incluir ese punto en el orden del día. 
Dicho eso, es cierto que no se vota en contra de las normas del Reglamento y quisiera que se tome debidamente nota de ello. 
Señora Presidenta, desde hace unos meses, los ciudadanos europeos pueden interrogarse con razón sobre la confidencialidad de sus comunicaciones por teléfono, telefonía y correo electrónico. 
Hoy sabemos que el sistema Echelon existe y que la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos es, muy probablemente, el actor principal de ese sistema. 
Desde hace algunos días, como diputados europeos, tenemos buenas razones para interrogarnos sobre la confidencialidad de las comunicaciones internas de la Comisión. 
En efecto, durante una reunión de la Comisión temporal encargada de examinar el expediente Echelon, un alto funcionario encargado del cifrado de las informaciones confidenciales declaró lo siguiente: "siempre he tenido muy buenos contactos con la NSA en Washington; ella suele verificar nuestros sistemas para ver si están bien protegidos y correctamente utilizados". 
Se declaró muy satisfecho por haber comprobado que, en dos semanas, los servicios secretos americanos no habían logrado descifrar las claves del sistema de cifrado. 
Imaginemos- a modo de broma- que un banquero recurra a unos ladrones de cajas fuertes para verificar si las del banco están bien cerradas, y que se contente con su palabra si le dicen que sí. 
Pienso que estamos en una situación bastante semejante. 
Los desmentidos y correctivos de los superiores jerárquicos de ese funcionario no han sido muy convincentes. 
Creo que no convencieron a ningún colega aquí. 
Me parece por lo tanto que se trata de un problema político, y no solamente de un asunto rocambolesco, y que esta cuestión merece ser aclarada en sesión plenaria. 
Es la razón por la cual pedimos al Comisario Patten, quien es el Comisario responsable, que nos explique cuál es la situación, veremos luego qué seguimiento le podemos dar. 
Señora Presidenta, al intervenir ahora, no tendré que volver a tomar la palabra en nombre de mi Grupo. 
Por lo tanto mataremos dos pájaros de un tiro. 
No voy a repetir lo que dijo muy bien mi colega Paul Lannoye: estoy totalmente de acuerdo con él. 
Me dirigí a usted, señora Presidenta, a ese mismo respecto a principios de mes. 
Creo que debemos responder a un triple imperativo que aboga por la inclusión de esa cuestión en el orden del día de este período de sesiones. 
Existe en primer lugar un imperativo de actualidad. 
En efecto, se trata de una cuestión que atañe directamente a la vida de la Comunidad y que, afortunadamente, fue planteada el mes pasado, por la Comisión temporal y su ponente, el Sr. Gerhard Schmid. 
No podemos por lo tanto esperar, como algunos lo proponen, hasta el mes de septiembre y al informe de la Comisión temporal para hablar sobre ella. 
Luego existe un imperativo de verdad: en las respuestas dadas por el comisario Patten al ponente de la Comisión temporal, Sr. Gerhard Schmid, hay explicaciones que contradicen las declaraciones del funcionario implicado. 
Por consiguiente es preciso aclarar el asunto ahora mismo, no en septiembre. 
Por último, evocaré un imperativo de credibilidad de nuestro Parlamento. 
Como lo ha recordado Paul Lannoye, la prensa se ha apoderado de ese asunto y si decidiéramos no hablar de ello y no aportar nuestros elementos de respuesta, mientras las cuestiones están sobre la mesa, seríamos sospechosos, querámoslo o no, de disimular algo, o de ser inconsecuentes. 
Y pienso que para no correr ese doble riesgo, lo mejor sería incluir ese punto en el orden del día. 
Señora Presidenta, comprendo mucho los argumentos sustantivos de mis dos predecesores en el uso de la palabra. 
De hecho, es realmente horripilante lo que hubo que oír en el Comité Echelon de labios del funcionario de la Comisión Europea. 
Aunque sólo sea verdad una cuarta parte de lo que dijo, esto es extraordinariamente problemático. 
No obstante, creo, y ésta es la opinión de mi Grupo, que la Comisión Ecehlon está ahí para investigar con exactitud las cosas y para ir al fundamento de las mismas. 
Yo solicitaría también que la Comisión Echelon reciba, si es necesario, una competencia ampliada para investigar también estas cosas que le han sido presentadas, aunque en parte algunas hayan sido retiradas de nuevo, y que acuda luego al Pleno con los resultados de esta investigación. 
Nosotros, como Grupo, consideraríamos esto como un mejor camino. 
Las cosas son serias, las tomamos en serio, pero después de una detallada investigación deben ser presentadas también aquí y deben ser tratadas por nosotros. 
Creo que no podemos abrir un debate. 
Hay una solicitud presentada por representantes de los dos Grupos implicados. 
Señor Lannoye, ¿una cuestión de orden? 
No soy un embustero, señora Presidenta: no se trata de una cuestión de orden, quisiera solamente decir una palabra. 
El Sr. Swoboda dijo, con mucha razón, que hace falta llevar a cabo una investigación. 
Señalo sin embargo que en lo que se refiere a Echelon, no es una Comisión de investigación sino una Comisión temporal. 
El Sr. Lannoye acaba de ofrecernos a todos una aclaración, para que cada uno de nosotros pueda decidir con toda libertad. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de procedimiento respecto del informe Nassauer. 
Normalmente a este Parlamento se le consulta respecto de una propuesta de la Comisión. 
En derogación de esto, siguiendo al artículo 61, también podemos tratar propuestas de los gobiernos de los Estados miembros. 
En este caso particular, no obstante, el Parlamento ha de emitir una opinión sobre una posición adoptada en el seno del Consejo. 
Un Estado miembro la originó pero no emitimos una opinión sobre la propuesta presentada al Consejo. 
No es mi intención retrasar el informe Nassauer pero quisiera pedir que en casos futuros se traslade el asunto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya que esto constituye un importante precedente. 
Si en el futuro nos vamos a ocupar de un objetivo incluido en el último documento del Consejo, en lugar de la propuesta que inicia el procedimiento legislativo, que normalmente intentamos enmendar y respecto de la cual el autor es responsable, es muy probable que estemos desplazándonos por un camino muy resbaladizo, podríamos lamentar esto en el futuro y quisiera pedirles que invitaran a la Comisión de Asuntos Constitucionales a que supervisen la cuestión. 
Confío en que, al contrario que hace cinco minutos, esta verdadera cuestión de orden que pretende garantizar la correcta aplicación del Reglamento, no sea malinterpretada como una maniobra política para activar o desactivar algo en la agenda. 
No pretendo eliminar el informe Nassauer de la agenda. 
Tampoco pretendía impedir que debatamos sobre la fiebre aftosa. 
Mi preocupación era asegurar que respetamos el Reglamento puesto que constituye el fundamento de los poderes y privilegios de esta Asamblea. 
Gracias, señor Corbett. 
Se trataba, en realidad, de una observación de carácter general sobre un punto del orden del día; tomaremos nota de ello. 
Es una solicitud dirigida a usted para que lo remita a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Señora Presidenta, mi intervención se refiere todavía a la Comisión temporal del sistema de interceptación Echelon. 
Las sabias palabras del Sr. Swoboda me han sorprendido positivamente. 
De ellas deduzco que es partidario de una ampliación del mandato de la actual comisión Echelon. 
Si el Grupo de los Verdes presenta una propuesta en ese sentido, ¿podemos contar con su apoyo? 
En lo que se refiere al jueves, y al debate sobre les preguntas orales a la Comisión relativas a la gestión de las aguas en Europa, el Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos quisiera que ese debate no se cerrase con una resolución. 
¿Algún orador se va a expresar en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo? 
Señora Presidenta, fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa de solicitar esa declaración de la Comisión. 
Llamo la atención de nuestros colegas sobre el hecho de que el problema que se evoca aquí no se refiere solamente a la gestión de las aguas en un Estado miembro, en este caso España, en la medida en que todo el mundo sabe que existe un plan hidrológico muy ambicioso, cuya duración se extiende manifiestamente hasta el año 2008 y que contraviene claramente a cierto número de directivas europeas, entre las cuales la directiva marco que adoptamos no hace mucho. 
Ahora bien, este problema no concierne solamente a España; existen, en Italia, en Francia, en Portugal, cierto número de proyectos del mismo tipo. 
Pensamos que sería una lástima que el Parlamento Europeo no se exprese claramente, sobre todo cuando directivas europeas que hemos votado se ven amenazadas, y visiblemente en peligro de ser violadas. 
Señora Presidenta, no pedí antes la palabra porque no creía necesario explicar las razones de nuestro Grupo por las que considera innecesaria, en este momento, una resolución sobre un tema que, como se ha afirmado, es competencia de los Estados miembros: la regulación de sus recursos hídricos. 
Acabo de escuchar, además, una afirmación absolutamente gratuita que da por sentado que el plan hidrológico de un Estado miembro- que no se ha desarrollado todavía, que está en una fase de proyecto abierto, en una fase de aportación de nuevas sugerencias y de enriquecimiento del mismo- contraviene una directiva marco. 
Me cabe la absoluta seguridad- y así, además, consta en la respuesta de la Comisaria, Sra. Wallström, a una pregunta oral al respecto- de que el Gobierno español no sólo no incumple, con el plan hidrológico, ninguno de los aspectos de la directiva marco, sino que es absolutamente respetuoso con la misma y la directiva marco será un complemento indispensable para el buen desarrollo de nuestro plan. 
Por eso, y porque es un tema absolutamente de gestión de un recurso por parte de un Estado miembro, considero absolutamente innecesaria una resolución. 
Señora Presidenta, quiero referirme a una pregunta que le plantee a usted, evidentemente, en el momento equivocado: pregunté anteriormente- y lo quiero repetir- si ante la creciente discusión acerca del procedimiento sobre la solicitud de levantamiento de la inmunidad a nuestros colegas, los Sres. 
Berlusconi y Dell ' Utri, me podría responder usted a tres preguntas breves que quisiera plantearle. Señora Presidenta, quiero repetir que usted no está obligada a contestar estas preguntas, pero creo que, como usted lo verá de inmediato, a través de las preguntas y de las respuestas a las mismas podrán ser eliminadas algunas oscuridades que manifiestamente existen. 
Por consiguiente, mi pregunta es: ¿Puedo plantearle tres preguntas y las contestaría usted? 
No solamente puede, señor Schultz, sino que me agradaría mucho poder darle todas las aclaraciones sobre esa cuestión. 
Señora Presidenta, cuando considero el intercambio de escritos que he podido observar y las cartas que usted ha enviado hoy a los buzones de correo respecto de la petición que ha presentado aquí el Tribunal Supremo español relativa al levantamiento de la inmunidad de nuestros colegas, los Sres. Berlusconi y Dell ' Utri, usted ha tenido serias dudas acerca de la corrección formal de esta solicitud, usted o su jefe de gabinete, no lo puedo recordar con exactitud. 
La primera pregunta que deseo dirigirle reza así: ¿Por qué ante la duda formal no consultó a los servicios jurídicos o no informó al Pleno acerca de esta duda? 
En mi opinión, la manera normal de proceder es consultar en estos casos de duda al servicio jurídico de esta Asamblea, el cual, ciertamente, está a disposición de usted como Presidenta. 
En segundo lugar; usted prefirió consultar acerca de su duda legal a la Embajada de España o a la Representación de España ante la Unión Europea. 
Evidentemente, usted devolvió el procedimiento a esta Representación. 
Por consiguiente, mi segunda pregunta es la siguiente: ¿Por qué a lo largo de siete meses no reclamó usted que se diera respuesta a su pregunta? 
Si considero la sucesión temporal, en agosto de 2000 usted entregó el expediente a la Representación Permanente. 
Es manifiesto que usted demoró hasta mediados de febrero hacer una reclamación. 
¿Por qué lo hizo y dónde residen, en su opinión, las razones de tal dilación? 
La tercera pregunta es la siguiente: ¿Dada la actual situación, estaría usted dispuesta a implicar ahora a la comisión competente de esta Asamblea, -en cuestiones de inmunidad, la Comisión de Asuntos Jurídicos- y a transferirle la competencia para el fondo, o desea usted seguir reservándose personalmente la competencia? 
Muchas gracias y le agradecería una respuesta. 
Gracias, señor Schulz. 
Voy a contestarle con mucha precisión sobre los tres puntos que usted ha planteado. 
En primer lugar, recuerdo que el Reglamento prevé efectivamente que la solicitud debe proceder de la autoridad competente del Estado miembro, y que el Presidente, o la Presidenta, del Parlamento Europeo decidirá recurrir a la Comisión de Asuntos Jurídicos y anunciar su decisión en el Pleno. 
Se trata por lo tanto de una decisión del Presidente, o de la Presidenta, del Parlamento Europeo, lo cual supone que él o ella tiene que cerciorarse de la admisibilidad de la petición. 
En este caso, tenía dudas de sobra, puesto que esa solicitud me fue enviada directamente por el Presidente del Tribunal Supremo español y que todas las solicitudes de suspensión de la inmunidad parlamentaria que nos son transmitidas desde hace años- en efecto es un procedimiento que conocemos muy bien- provenían de las autoridades gubernamentales de los Estados miembros implicados, con excepción de Portugal. 
Por lo demás las autoridades gubernamentales portuguesas nos habían confirmado que, en el caso de Portugal, la autoridad judicial era efectivamente competente. 
Pero, con respecto a España, los precedentes que teníamos correspondían a solicitudes que venían de la Representación permanente del Gobierno español y del ministro español de Justicia. 
Es por lo tanto evidente que yo corría el riesgo de que se formulara un recurso en contra de la decisión que pudiese tomar de hacer caso omiso de la cuestión de la competencia de la autoridad que me transmitía la solicitud. 
Por consiguiente no se trata de un problema jurídico a nivel europeo: le corresponde al Gobierno, y no, en mi opinión, al Parlamento Europeo, al Servicio jurídico del Parlamento Europeo, decidir cuál de las dos autoridades, gubernamental o judicial, es competente en un país dado. 
La solución más evidente consistía en dirigirse al Gobierno del país implicado, y más aún cuando existían muy serias dudas, para preguntarle "¿ puede confirmarme si el Presidente del Tribunal Supremo puede, o no, enviarme directamente esa solicitud, cuando existe un precedente en el que esa instancia pasó por la autoridad gubernamental, hace algunos años, y no se ha producido entretanto ninguna modificación de la legislación española en lo que a ese punto respecta ?" 
En cuanto a la segunda pregunta, fue mi jefe de gabinete quien, a finales de agosto, escribió para presentar esa solicitud, siguiendo mis instrucciones, lo preciso, puesto que yo estaba de viaje oficial en Polonia. 
No acostumbramos a acosar a las autoridades gubernamentales de un país cuando no nos contestan. 
Sin hablar, además, de la cuestión de los plazos, creo que habría mucho que decir al respecto. 
En cualquier caso, es evidente que se trata de un problema muy real, puesto que, como ciertamente saben, acabo de recibir una respuesta del Gobierno español informándome que la cuestión es tan complicada, tan compleja, que ha sido sometida al Consejo de Estado español para que decida de una vez por todas cuál es la autoridad competente para enviar esas solicitudes de suspensión de la inmunidad. 
Esto confirma que yo hubiera cometido una grave imprudencia al decidir, sola o con la ayuda de mi Servicio jurídico, poco importa, que tal o tal autoridad tenía esa competencia. 
Usted me pregunta si hoy estoy dispuesta a recurrir a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Le contesto muy claramente, señor Schulz: no. 
Pienso que sería particularmente impertinente, cuando se ha sometido al Consejo de Estado de un país una cuestión que parece muy delicada, tomar otra decisión sin tener en cuenta el hecho de que ese Consejo de Estado la está examinando. 
En cambio, señor Schulz, puedo decirle lo siguiente: en cuanto tenga las aclaraciones necesarias, en cuanto el Consejo de Estado se pronuncie, y espero que lo hará en el plazo más breve posible, en cuanto el Gobierno español me especifique si el Presidente del Tribunal Supremo es competente o no, me comprometo ante usted a anunciar en el Pleno, en las siguientes horas, que someteré a la Comisión de Asuntos Jurídicos la solicitud de suspensión de la inmunidad de nuestros dos colegas. 
Esto es lo que le puedo contestar. 
Señora Presidenta, quiero referirme a la carta que ha recibido de la Representación permanente del Reino de España y que usted acaba de mencionar. 
Yo soy miembro de este Parlamento desde el ingreso de España en la Unión Europea el 1 de enero de 1986 y, por primera vez, este Parlamento ha establecido el precedente de que un suplicatorio que viene de un Tribunal Supremo no se envía a la comisión competente sino que se le contesta a través del Jefe de gabinete de la Presidenta, y la carta del Embajador de España va dirigida al Jefe de gabinete, como si fuese un segundo presidente. 
Las cartas del Tribunal Supremo no las contesta la Presidenta del Parlamento, sino el Jefe de gabinete de la Presidenta del Parlamento, y el Embajador de España se dirige al Jefe de gabinete de la Presidenta del Parlamento. 
El asunto se lleva al Consejo de Estado, donde, después de un estudio, se dará cumplida respuesta a la solicitud. 
Si yo fuera el Consejo de Estado, escribiría una carta preguntando al Parlamento Europeo si el Jefe de gabinete de la Presidenta es la autoridad competente para informarse sobre cuál es la autoridad competente. 
No, señor Medina Ortega, usted comete un pequeño error. 
Como lo podrá comprobar, y será muy interesante además. 
El Sr. Enrique Barón Crespo me expresó por escrito su deseo de que se elabore un documento exhaustivo sobre todas las solicitudes de suspensión de inmunidad parlamentaria y, más específicamente, sobre las reacciones a las que han dado lugar. 
Creo que dicho documento resultará muy interesante para nuestra Asamblea, y para las Comisiones que están más particularmente implicadas. 
Pondrá otra vez de manifiesto que la casi totalidad de las solicitudes, con excepción de las de Portugal, venían de las autoridades gubernamentales y que, en varios casos, mis predecesores tuvieron que actuar de la misma manera que yo, y pedir aclaraciones. 
Se produjo en particular el caso del diputado británico, el Sr. Balfe. 
Hubo cierto número de casos en que mis predecesores, sea el Sr. José María Gil-Robles o el Sr. Klepsch, han optado por la misma prudencia que yo, como usted comprenderá. 
Creo que se trata verdaderamente de una cuestión muy interesante, muy importante, porque concierne a todos los diputados en el marco de un Parlamento cuyos poderes- hace falta decirlo- han aumentado. 
La protección de los diputados es una cuestión particularmente grave, que debe ser tratada con mucho rigor y- lo digo muy en serio- haciendo caso omiso de la personalidad de los colegas a los que pueden referirse esas solicitudes de suspensión. 
Por mi parte, es mi regla, y lo seguirá siendo, cualquiera que sea la procedencia de esas solicitudes. 
Señora Presidenta, el Sr. Poettering ha protestado muchas veces, aquí mismo, contra los ataques personales dirigidos a otros colegas del Parlamento. 
Siempre he respetado esa actitud de su parte, más allá de las convicciones políticas que nos oponen. 
Ahora bien, hace poco, en la intervención polémica que lo ha enfrentado al Grupo de los Socialistas, ha insultado a un colega de mi Grupo, Armando Cossuta. 
Pienso que honraría al Sr. Poettering abstenerse de ahora en adelante de ese tipo de intervenciones poco afortunadas. 
Señora Presidenta, usted me ha atormentado de hecho durante largo tiempo, he tenido que esperar mucho tiempo y el Sr. Swoboda ha dicho ya, ciertamente, alguna cosa sobre mi temperamento. 
En sus respuestas, de tipo realmente amable, señora Presidenta, se diferencia usted del Sr. Poettering de esta tarde. 
Usted se ha referido a mis preguntas de manera concreta y muy precisa. 
Llevo suficiente tiempo en la política como para saber que cuando se pregunta a una Presidenta e interviene excitado un Presidente de Grupo, se está en la pista verdadera. 
(Aplausos de la izquierda) 
Por esta razón, señora Presidenta, si usted me lo permite, quisiera pedirle todavía que conteste las preguntas mías que no haya respondido. 
Le plantee tres preguntas. 
Una era la pregunta de cómo se explica usted que un expediente tan explosivo permanezca tanto tiempo en las autoridades españolas y no sea ultimado. 
Efectivamente, usted dirigió una consulta a las autoridades españolas y de manera poco educada le han hecho esperar una respuesta durante meses. 
¿A qué se debe esto, en su opinión, y por qué no les ha instado a una respuesta? 
Y ahora le ruego que me responda usted a las siguientes preguntas: ¿Está usted segura de que el caso Berlusconi/Dell ' Utri, o sea, que el Tribunal Supremo de España haya dirigido una solicitud al Parlamento Europeo, es un caso único, que ha sucedido por primera vez? 
Es decir ¿puede usted descartar de manera definitiva que en el pasado haya habido ya casos en los que el Tribunal Supremo de España se haya dirigido directamente al Parlamento Europeo y que el Parlamento haya puesto en marcha el procedimiento usual? 
Por tanto, una pregunta precisa: ¿Este caso, que usted ha puesto en duda, es decir, de un contacto directo del Tribunal Supremo de España con la Presidenta o con el Presidente del Parlamento, se ha dado ya alguna vez y ha aceptado el Parlamento Europeo ya en otro momento este procedimiento? 
Le pido que me conteste esta pregunta porque aquí no se trata de la campaña electoral interna italiana, sino de garantizar que todos los diputados a esta Asamblea reciben un trato igual se llamen Dell ' Utri, Berlusconi, Poettering o Schulz. 
Se trata de esto y no de otra cosa. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Schulz, le agradezco haber formulado esta pregunta. Me lleva, en efecto, a decirle que para mí hay un solo punto que no queda claro en esa cuestión, a saber la razón por la cual el Presidente del Tribunal Supremo no pasó, como lo había hecho unos años antes, por la Representación permanente del Gobierno español para transmitirnos su solicitud. 
Debo decirle que me lo pregunto. 
Usted me dirá que eso no me concierne, que no me corresponde interrogarme, lo cual hubiera sido muy fácil. 
En ese caso, de hecho, hubiéramos ganado por lo menos tres cuartos de hora esta tarde, y no lo estaríamos debatiendo. 
Ahora, usted me pregunta ¿por qué el Gobierno español tardó tanto en contestarle? 
Pues bien me imagino- lo compruebo hoy, por fin- que porque se plantea un verdadero problema de competencia, digamos de conflicto de competencias... 
(El Sr. Schulz interpela a la Presidenta, que contesta) enviado por el ministro de Justicia y la Representación permanente española a través del gobierno. 
Es muy sencillo. 
Una vez más, verán que el documento que van a recibir, y que espero sea muy exhaustivo, es realmente interesante y les informará sobre las soluciones encontradas para todas las situaciones que se han presentado en los diferentes países, y siempre mencionará la autoridad competente. 
Creo que no se puede... usted exagera un poco, señor Schulz, perdóneme. 
He sido muy paciente. 
Estoy dispuesta a reunirme con usted, lo mismo que con todos los colegas de esta Asamblea que me piden una cita. 
Si está usted de acuerdo, fijemos una cita y continuaremos este debate. 
Se han presentado muchas solicitudes de cuestiones de orden. 
Señora Presidenta, quisiera decir muy brevemente en relación con el diputado, Sr. Swoboda, que en su caso resulta a veces difícil distinguir si habla aquí como dirigente del Grupo del PSE, como político de Viena o como antiguo político vienés. 
A veces se tiene la impresión de que sus intervenciones están motivadas por el hecho de que el 25 de marzo tendrán lugar las elecciones municipales en Viena. 
Señora Presidenta, efectivamente, la cuestión de la inmunidad parlamentaria es controvertida quizás porque las normas contenidas en los Tratados se remontan a hace treinta y seis años y es oportuno, pienso, ponerlas al día. 
Lamentablemente, es una tarea que no corresponde a este Parlamento, sino a otros. 
En todo caso, también nosotros podríamos adaptar a las circunstancias nuestro Reglamento que tampoco es muy claro. 
En cuanto a este debate, alguien decía que se pretende proteger al Parlamento que nada tiene que ver con las elecciones italianas. 
Quizás sólo sea una coincidencia, pero este debate se celebra una semana después de que en Italia se hayan convocado las elecciones. 
Señora Presidenta, quisiera hacer muy brevemente una puntualización acerca del comentario de nuestro colega, el Sr. Schulz, sobre la igualdad de trato. 
Soy uno de los tres ponentes permanentes en materia de inmunidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Sólo puedo decir que en nuestra comisión todos reciben de hecho un trato igual. 
También soy de la opinión de que su forma de proceder en el caso Berlusconi Dell ' Utri es también un ejemplo de igualdad de trato. 
Yo mismo estoy trabajando en concreto en un caso de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que hemos solicitado hace nueve meses a las autoridades alemanas una toma de postura y todavía no hemos recibido ninguna reacción. 
Esto quiere decir, que tales situaciones son absolutamente normales, no son desacostumbradas, en absoluto. 
No puedo menos que apoyar expresamente su actitud en la cuestión de estas inmunidades. 
Creo que la cuestión del tratamiento de las inmunidades, sabe Dios, no es un tema que debería discutirse políticamente en esta Asamblea. 
Aquí se trata del derecho y no de política. 
Ésta es una gran diferencia que debería ser tenida en cuenta y le agradezco a usted su actitud. 
Señora Presidenta, respecto de una cuestión de orden. 
En su tour d ' horizon jurídico parece dar a entender que las autoridades del Reino Unido han solicitado el levantamiento de mi inmunidad- o eso es lo que se ha podido interpretar. 
Quisiera asegurarle que eso nunca ocurrió, aunque aporté pruebas en un caso en el que estaba involucrado un diputado para el cual también se había cursado una petición similar. 
Mi predecesor no estaba seguro de que la autoridad que le pedía la posibilidad de oírle a usted como testigo sea realmente la autoridad competente. 
El ministro de Justicia británico contestó que no existía objeción para que usted sea oído, lo preciso bien, como testigo. 
Señora Presidenta, desgraciadamente tengo que pedir de nuevo la palabra para comunicarle a usted y a la Asamblea una nueva tragedia en el mar. 
La pasada semana, el pesquero Hansa, de bandera alemana y tripulación española y portuguesa, naufragó en el Atlántico Norte, frente a las costas de Escocia. 
De los 16 tripulantes, 6 han fallecido. 
Este es un nuevo tributo que la mar se cobra a los profesionales europeos de la pesca. 
Quiero que sepan, tanto usted, señora Presidenta, como nuestros colegas, que la Comisión de Pesca aprobó la semana pasada un informe sobre esta cuestión que se presentará, así lo espero, en este Pleno en la próxima sesión. 
Es nuestra aportación a esta terrible profesión que cada vez está más asediada de mayores inseguridades. 
Quería pedirle, señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Pesca, que se dirija a los familiares de las víctimas para expresarles la solidaridad y la condolencia de este Parlamento, y señalarle que todas ellas proceden de Galicia. 
Quiero que se dirija también, si usted pudiera hacerlo, señora Presidenta, a los servicios británicos de salvamento marítimo, cuyos miembros, arriesgando sus propias vidas, han salvado muchas otras. 
Señora Presidenta, también yo solicito el uso de la palabra para hablar una vez más de muertes desgraciadas y evitables. 
En este caso, para recordar aquí a seis marineros gallegos muertos en trágico accidente cuando trabajaban estos días en aguas de Escocia. 
Esta tarde serán enterrados en su tierra. 
En este momento hago un llamamiento a la autoridad ejecutiva de la Unión y a este Parlamento para que adopten las medidas necesarias con vistas a contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el sector de la pesca y para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de accidentes, cuyas consecuencias sufren hoy muy en particular los marineros de Galicia. 
Señora Presidenta, hace menos de quince días usted intervino sobre un anterior asesinato acaecido en el País Vasco. 
Desde entonces 57 personas han sido arrestadas. 
El conflicto del País Vasco guarda cierta semejanza con el de Irlanda del Norte. 
A pesar de las muchas diferencias, puedo decir que los nacionalistas vascos han intentado seguir el modelo irlandés. 
Lamentablemente los gobiernos francés y español no. 
Su opinión es que la única postura posible frente al conflicto armado y el nacionalismo subyacente es su aniquilación. 
Hasta que los senderos emprendidos en Londres y Dublín se conviertan en modelo fundamental para Madrid y París parece que el paisaje político va a permanecer como está. 
Usted, señora Presidenta, va a seguir apoyando la estrategia española y yo voy a seguir diciendo lo que mis colegas más les desagrada. 
Esta es una realidad muy triste. 
Señora Presidenta, quería tomar la palabra para ampliar sus palabras al comienzo de esta sesión, para señalar que la última víctima mortal de la barbarie de ETA, el policía autónomo vasco Iñaki Totorika, pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, la fuerza política mayoritaria en el País Vasco. 
Como verán, el terrorismo no hace distinciones y golpea también a los nacionalistas democráticos. 
Además de mi condolencia y solidaridad con la familia y allegados del difunto Iñaki, quiero expresar una vez más en este foro parlamentario de la Unión Europea nuestra más rotunda condena por este nuevo atentado y por todos los asesinatos y demás actos violentos que la organización terrorista ETA viene llevando a cabo con el objetivo de imponer sus ideas mediante el terror. 
ETA dice defender al pueblo trabajador y apoyar un proceso de soberanía y paz para el pueblo vasco, y yo le pregunto a ETA si asesinar a concejales, cocineros, trabajadores y ertzainas, secuestrar, extorsionar y violentar a las gentes, es su proyecto de paz. 
¿Cómo puede creer alguien en un proyecto que no respeta los derechos humanos, ni siquiera el derecho a la vida? 
El pueblo vasco, al que yo pertenezco, quiere sobre todo la paz, y esa paz sólo se puede conseguir mediante el respeto democrático mutuo. 
Por eso, en el camino de búsqueda de esa ansiada paz, las acciones de ETA y cualquier otro tipo de violencia no tienen sitio, están de sobra, no ayudan ni defienden a nadie y lo mejor que nos puede suceder es que desaparezcan de una vez para siempre, a fin de que podamos dar paso al libre debate político y a la libre decisión democrática de todos los ciudadanos vascos sin exclusión, para decidir el mejor futuro político que deseemos para nuestro pueblo. 
Señora Presidenta, no voy a hacer de esto una cuestión de procedimiento, pero permítame llamar su atención respecto de una situación que está teniendo lugar en España. 
La empresa Sintel, que es una filial de Telefónica, está atravesando una situación gravísima que hace que sus 2.000 trabajadores se encuentren actualmente encerrados o acampados al aire libre en unas condiciones especialmente duras, en demanda de una solución justa para sus puestos de trabajo. 
En nombre de los trabajadores, le ruego que traslade esta preocupación a la comisión pertinente. 
Señora Presidenta, ayer volví de Palestina, de Gaza, donde asistí a la sesión plenaria del Consejo Legislativo Palestino que pudo reunirse por primera vez después de seis meses, aunque con unas condiciones muy precisas: los miembros del Parlamento palestino tuvieron que entrar en Gaza utilizando los transportes públicos israelíes y no sus coches, fueron sometidos a cacheos y muchos no pudieron llegar por el cierre de los territorios. 
El día 7, en plena noche, treinta y tres pueblos palestinos- entre Ramal y Birzeit, donde hay una universidad- fueron bloqueados por el ejército israelí que incluso utilizó tanques, abrió trincheras y destruyó 400 metros de territorio pavimentado; 65.000 personas se encuentran bloqueadas en estos lugares. 
Se trata, en mi opinión, de acciones que no podemos admitir. 
En consecuencia, pido a la Presidenta que intervenga y proteste ante el Sr. Solana por el cierre total de la Universidad de Birzeit. 
Los estudiantes y los profesores no dispararon ni tomaron ninguna iniciativa desde Birzeit: estaban allí simplemente para estudiar. 
Considero que la situación es muy dramática. 
Israel no puede continuar violando las Convenciones internacionales de Ginebra y el castigo colectivo es injusto. 
No estoy de acuerdo con las acciones militares ni con las acciones terroristas individuales de palestinos o de organizaciones, sin embargo, hay que rechazar el castigo colectivo porque más que una reacción es una venganza tribal. 
Por lo tanto, pido a la Presidenta que proteste ante el Gobierno israelí y que inste al Sr. Solana a intervenir de inmediato para acabar con el bloqueo de los territorios ocupados y con los castigos colectivos de la población palestina, para reabrir Birzeit y la Universidad y para devolver a este pueblo el derecho a estudiar y a vivir. 
Gracias, señora Morgantini. 
Haré de muy buen grado las gestiones que usted desea. 
Seguridad en el transporte de materiales radiactivos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0040/2001) del Sr. Hatzdidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión sobre el informe del Grupo Permanente de Trabajo para el transporte seguro de materiales radiactivos en la Unión Europea. (COM (1998) 0155- C4-0034/1999- 1998/2083 (COS)) 
Señora Presidenta, señor Comisario, para empezar quisiera dar las gracias por la labor que ha realizado mi colega, la Sra. Isler Béguin, quien en un principio era la ponente de este informe- y quisiera también expresar mi pesar por que no haya sido posible seguir siendo la misma ponente hasta el final, y por haber tenido que continuar yo como Presidente de la Comisión de Política Regional Transportes y Turismo, ya que la ponente no se sentía identificada con el contenido de dicho informe tal como finalmente ha quedado redactado. 
El objeto de este informe, como pueden comprender, es especialmente candente y divide la opinión pública en muchos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La energía nuclear es- por si sola- un tema que ha dividido en otra ocasión al Parlamento Europeo por razones evidentes. 
Pero quisiera decir- desde el principio- que ha sido muy correcta la elección que ha hecho la Comisión de Política Regional Transportes y Turismo de no debatir el tema principal, es decir: si debe haber o no energía nuclear, en el marco de este informe, que la ha mantenido ocupada muchísimo tiempo ya desde antes de las eleccciones al Parlamento Europeo, y debatir simplemente el tema del transporte del material radiactivo en el interior de la Unión Europea. 
Y aparte de todo lo demás, si lo examinamos también jurídicamente, no es competencia de la Unión Europea decidir si se debe utilizar energía radiactiva o no, es competencia de los Estados miembros. 
Para bien o para mal, es algo que no voy a analizar en este momento, así están las cosas. 
Nosotros, como Comisión de Política Regional Transportes y Turismo, no tenemos razones para extendernos en temas que superan a nuestras competencias, el tema está relacionado con el transporte de material radiactivo, y consiguientemente, deberemos centrarnos en esto. 
A partir de ahí, señora Presidenta, sabemos que a nivel internacional tenemos el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ya desde1961 con los Safety Standars nº 6 emitió unas recomendaciones sobre la Seguridad en el Transporte de materiales radiactivos, que aunque este reglamento no es vinculante, todos los estados miembros lo han integrado en su legislación nacional. 
Las reglas del OIEA hacen hincapié en el acondicionamiento de los materiales transportados, lo que significa que los embalajes sometidos a las reglas del OIEA deben poder asegurar un confinamiento de los materiales transportados en condiciones normales, así como en caso de accidente y garantizar la seguridad de las personas expuestas. 
Está completamente claro que estoy de acuerdo con que la seguridad tiene prioridad absoluta sobre la rentabilidad del abastecimiento y con que la industria nuclear debe cumplir de manera estricta la reglamentación internacional en materia de transporte. 
No olvidemos que se transportan materiales radiactivos con regularidad y a largas distancias en el interior de la Unión Europea, pero también teniendo como origen o destino otros continentes. 
No voy a referir a ejemplos concretos, basta con mencionar dos palabras especialmente significativas, dos lugares especialmente significativos, La Hague en Francia, y Sellafield en Gran Bretaña, que son centros de reprocesamiento de materiales radiactivos. 
Hay cuatro puntos en el informe que tienen una importancia especial y a los que querría referirme brevemente porque no disponemos del tiempo que quisiéramos. 
Primero, el informe pone énfasis en que la Unión debe realizar un esfuerzo por reducir el volumen y la distancia de los transportes de materiales radiactivos. 
Es el principio de proximidad y es objeto de una antigua resolución del Parlamento Europeo ya desde 1996. 
Segundo, tienen gran importancia, y el informe hace mucho hincapié en esto, la cooperación con los países de la Europa central y oriental y el cumplimiento por su parte de la normativa del OIEA, con independencia de que la ampliación tenga lugar muy pronto, como es el deseo de todos nosotros, o no; porque en estos países hay problemas que pueden poner en peligro la seguridad y la salud de los ciudadanos europeos. 
Tercero, es algo en que se centra el informe, el cumplimiento de las reglas, normas y reglamentos vigentes por parte de los encargados de llevar a cabo el transporte de los materiales radiactivos. 
No basta con que exista la legislación, hay que cumplirla. 
Y, cuarto, la información sobre los transportes nucleares es una cuestión que se consideró detenidamente, y hemos dicho que se debe mantener informadas a las autoridades locales y regionales. 
Un último punto, señora Presidenta, tiene relación con las protestas de varias instituciones sobre esta cuestión. 
Todos nosotros estamos a favor de la libre expresión de todos los ciudadanos europeos, pero es importante evitar la violencia. 
Y este es otro punto sobre el que pone énfasis el informe. 
Quiero decir que el informe ha concentrado la gran mayoría de la comisión. Hay acuerdo entre los dos grandes Grupos políticos y esta es la razón por la cual, con gran pesar, quiero decir al Parlamento que no puedo aceptar enmiendas complementarias de mis señores colegas. 
Señor Presidente, intervengo en lugar de mi colega el Sr. Mombaur- a quien le ha sido imposible acudir por no encontrarse bien- para expresar la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
La opinión de la Comisión se adoptó originalmente en abril de 1999, durante el anterior Parlamento, y fue adoptada de nuevo por la comisión de este Parlamento con una mayoría abrumadora y con la redacción original. 
El ponente, el Sr. Mombaur, ha señalado que en estos dos años sólo han cambiado dos cosas. 
Quisiera citar sus comentarios en el sentido de que " En primer lugar, la política del Gobierno Federal de Alemania de dar término a la producción de energía eléctrica en centrales nucleares después del transcurso de otros 32 años ha evidenciado que, por lo menos en cuanto al caso de transporte de elementos combustibles utilizados, no existen problemas de seguridad. 
En segundo lugar, ha quedado claro que un cambio de gobierno en un Estado miembro no proporciona un fundamento jurídico para dar término a acuerdos concluidos en el plano intergubernamental ". 
En la Comisión de Industria se han adoptado seis conclusiones, en su mayor parte de naturaleza técnica, para hacer hincapié en los bajos niveles de radiactividad y exposición existentes, especialmente en comparación con la radiación de fondo que se produce naturalmente. 
Quisiera destacar las conclusiones 1 y 2 relativas al grupo de trabajo permanente para la seguridad y el transporte de materiales radiactivos, que se estableció en 1982 a petición del Parlamento y que abogan por la continuación de sus trabajos y a que se hagan públicos sus procedimientos. 
Me intriga la presencia esta tarde aquí del Comisario Lamy. 
¿Significa esto que la Comisión tiene la intención de extender el comercio de materiales nucleares más allá de las fronteras de la Unión Europea? 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en nombre del Grupo del PPE quisiera expresar mis mas cordiales gracias a las colegas y a los colegas de la Comisión de Política Regional, los cuales han hecho posible que hayamos podido debatir de manera tan sustantiva sobre la comunicación de la Comisión acerca del transporte seguro de materiales radiactivos. 
El tema no es apropiado para hacer política. 
Quisiera decir con toda claridad lo siguiente: lo más peligroso que tenemos hoy en los transportes de materiales radiactivos son los manifestantes que se agrupan al lado de estos transportes, los cuales sierran raíles, socavan los diques ferroviarios y hacen cosas semejantes. 
Justamente ahora se está organizando una primera obstrucción con personas tendidas sobre las vías de ferrocarril. Esto es esencialmente más peligroso que los transportes mismos. 
De la comunicación de la Comisión se deduce también claramente que en Europa tenemos que habérnoslas esencialmente con materiales de baja radiactividad que se transportan y se utilizan en interés de las personas, concretamente como productos para fines medicinales. 
Apenas habrá alguien que proteste también contra esto. 
Como Grupo del PPE votaremos en contra de todas- lo digo expresamente aquí- en contra de todas las enmiendas que han sido presentadas por los colegas en el Pleno, pues creemos que en la comisión hemos elaborado un excelente compromiso que es merecedor de ser defendido también en el nivel del Pleno. 
Quiero insistir una vez más: no es tarea de la Unión Europea- el Sr. ponente, mi amigo Konstantinos Hatzidakis lo ha afirmado- dictar a los Estados miembros particulares qué fuentes primarias de energía deben utilizar. 
Pero si hoy la mayoría de los Estados miembros se muestran todavía partidarios de la energía nuclear, debe haber también aquí procedimientos pertinentemente seguros y apropiados. 
Espero que los Estados miembros cumplan también realmente el deber de información que se halla establecido en la comunicación. 
La prueba decisiva en este punto será en Alemania, cuando a finales de marzo haya que transportar materiales reprocesados desde La Haya a Alemania hacia los lugares finales de almacenamiento. 
Señor Presidente, hoy hemos de evaluar acerca de qué trata este informe, que no es sino el transporte seguro materiales radiactivos. 
Es la respuesta a la comunicación de la Comisión sobre los recientes cambios de las normas de transporte de la Asociación Internacional para la energía Atómica. 
Digo esto porque durante el debate en comisión ha habido momentos en los que parecía que la cuestión central del transporte de materiales radiactivos se perdía el más amplio debate entre los lobbies pronucleares y antinucleares. 
En cualquier caso debemos dar las gracias a la Sra. Isler Béguin por comenzar el trabajo y, ciertamente, también a nuestro presidente el Sr. Hatzidakis por terminarlo, de suerte que podamos celebrar hoy aquí un debate. 
La opinión de la Comisión es que el riesgo asociado al transporte de material radiactivo es reducido pero que se deben hacer esfuerzos para informar al público y a los servicios de emergencia sobre la seguridad del proceso de transporte. 
La Comunidad también debería adoptar un plan plurianual. 
Apoyamos ampliamente esta perspectiva. 
Lamentablemente, en el informe del anterior, se mantuvo una posición que incluía toda la radiactividad inherentemente peligrosa, contraria al reprocesamiento del material radiactivo y se recomendó que el Tratado Euratom fuese retirado y que el sector nuclear quedase cubierto por un capítulo del Tratado dedicado a la energía. 
Como he dicho antes, en el PSE pensábamos que este era un informe sobre el transporte de material radiactivo y no tenía nada que ver con los méritos o deméritos de la industria nuclear. 
Esta es la razón por la que realizamos compromisos, y creo que en este momento disponemos de un informe equilibrado que todos podemos apoyar. 
Por tanto, en nombre del PSE, puedo decir que apoyaremos las dos enmiendas que hemos presentado en el Pleno aunque rechazamos la mayoría de las enmiendas que o bien defienden la industria nuclear como si no existiese ningún problema o bien la satanizan cual suerte de industria diabólica. 
Mi grupo considera que el informe en su configuración actual, aunque no es perfecto, si es al menos equilibrado, realista, objetivo y trata los asuntos que se supone debe tratar, fundamentalmente el transporte de material radiactivo. 
Señor Presidente, celebro poder saludar este informe sobre el transporte de material radiactivo en la Unión Europea. 
Como todos ustedes saben esta es una cuestión motivo de profunda preocupación para el pueblo irlandés, al que disgusta especialmente que en un futuro próximo se incremente el transporte de material nuclear a través del Mar de Irlanda. 
El Gobierno alemán ya ha expresado que está en disposición de reanudar los envíos de residuos de combustible nuclear a Cumbria, y el Gobierno holandés ha supervisado recientemente el transporte de dos envíos de residuos nucleares a Sellafield. 
El Gobierno holandés tiene la intención de llevar a cabo en los próximos años otros 17 envíos. 
Combatir a la British Nuclear Fuels y a la industria nuclear británica no es una tarea fácil- yo lo he hecho durante muchos años. por eso me complace especialmente que la Gran asamblea de Londres haya establecido la semana pasada una comisión para investigar aspectos de la seguridad del transporte por ferrocarril de desechos radiactivos a través de Londres. 
Regularmente trenes cargados con residuos de combustible nuclear de tres centrales nucleares del sudeste de Inglaterra cruzan Londres hacia la planta de la BNFL en Sellafield. Atraviesan siete barrios, incluyendo West Hampstead, Islington, Hackney, Hammersmith, Fulham, Wandsworth and Bromley. 
Regularmente se almacenan depósitos de desechos nucleares en parcelas oficiales Willesden. 
La constitución de esta nueva comisión de investigación de ferrocarriles radiactivos recibirá pruebas sobre estos asuntos de la British Nuclear Fuels y de Railtrack, así como de representantes de grupos de las comunidades locales. 
Ya se ha adelantado que esta comisión informará hacia el verano a la Gran Asamblea de Londres. 
La constitución de la comisión se produce tan sólo unos días después de que un tren que transportaba frascos con residuos de combustible nuclear descarrilara al llegar a la central nuclear de Torness en Escocia. 
Me complace que miembros de la Gran Asamblea de Londres muestren ahora igualmente su preocupación por el transporte en Inglaterra de materiales nucleares radiactivos y en especial hacia la central de la BNFL de Sellafield en Cumbria. 
Confío en que los políticos y las autoridades locales de Irlanda puedan aunar fuerzas con los miembros de la Gran Asamblea de Londres y otros grupos de Inglaterra para intensificar la lucha por ver que la BNFL cierra el elefante blanco nuclear que es la central de Sellafield. 
Una cuestión distinta aunque relacionada es que ha llegado la hora de que se lleve a cabo un estudio del impacto medioambiental del probable daño ecológico que puede ocasionar el transporte nuclear a través del Mar de Irlanda. 
De nuevo apelo a la Comisaria Europea de Medio Ambiente, la Sra. Wallström, para que invoque sus poderes concedidos por el Tratado Euratom para forzar la realización de una evaluación independiente de los riesgos medioambientales del transporte de material nuclear a través del Mar de Irlanda. 
Felicito al ponente, el Sr. Mr Hatzidakis, por su informe. 
Señor Presidente, pido disculpas por llegar un poco tarde, pero siendo los aviones lo que son, aun he tenido la suerte de poder estar aquí. 
Al igual que el Sr. Simpson, intervengo en nombre del noroeste de Inglaterra, donde la industria nuclear es de gran importancia- en Springfield, donde se producen las barras, Sellafield, donde se transforman en algo más útil, y Warrington, la sede de British Nuclear Fuels. 
Esta industria nunca es autocomplaciente. 
Reconoce la preocupación del pueblo británico y europeo sobre el transporte de material nuclear y se toma muy en serio la evaluación de lo que hay que hacer. 
Su historial en el transporte de mercancías peligrosas se encuentra entre los mejores. 
Nunca ha ocurrido una fatalidad en el transporte de materiales nucleares y, si la industria conserva sus métodos, nunca lo habrá. 
El debate al que ha hecho referencia el Sr. Fitzsimmons fue uno al que asistí cuando era ministro de Irlanda del Norte. 
Es tendencioso y desinformado. También constituye un ataque- en el que he de decir que también está involucrado el Grupo de Los Verdes- a mis votantes del noroeste y a todos aquellos que trabajan en esta importantísima y significativa industria tanto en Gran Bretaña como en otros lugares de la Unión. 
Este no es el momento para un debate sobre la energía nuclear, excepto para decir que es el futuro. 
Constituye una de las formas más ecológicas de producir energía en cualquier parte del mundo. 
Cuanto antes nos demos cuenta de ello, mejor. 
Me complace que mis enmiendas presentadas en comisión hayan sido relevantes para cambiar la naturaleza de este informe. 
He presentado algunas más para la votación de mañana, que portan conceptos similares. 
Me enorgullece estar asociado al rechazo del informe original y confío en que el informe sea aprobado tal y como se ha enmendado. 
Señor Presidente, estimados colegas, soy partidario de que nos concentremos en lo que se contiene realmente en el informe, pues creo que en grandes partes del mismo puede verse la huella de la pluma de nuestra colega, la Sra. Isler Beguin. 
Yo veo bien esto y doy las gracias al presidente de la comisión por haber llevado a término el trabajo. 
Es indiscutible que la energía atómica así como el transporte de los residuos nucleares cae bajo la responsabilidad de los Estados miembros. 
Naturalmente, rige lo siguiente: si se celebraron acuerdos deben cumplirse también, justamente, en lo que respecta al transporte. 
En el informe figura que el transporte de material radiactivo no está exento de riesgos. 
Por esta razón considero importante tener en cuenta los puntos a que hace referencia el informe, en concreto, en primer lugar, que la seguridad de las personas y de la naturaleza debe seguir manteniendo la absoluta prioridad, y, en segundo lugar, que hay que aspirar al máximo volumen de información para las autoridades locales y para la población. 
En la actualidad muchas personas están preocupadas precisamente en Alemania, están inquietas por lo que se les avecina. 
En el informe fiigura también que que pueden exteriorizar su opinión y que pueden manifestarse en contra. 
Somos unánimes en condenar los actos de violencia contra las personas y contra las cosas, pues son contraproducentes. 
Incluso quiero añadir en nombre nuestro lo siguiente: es preciso rechazar también la propuesta que se ha presentado en Alemania, de un político cuyo nombre es Möllermann, según la cual los transportes de contenedores Castor han de hacerse por via aérea en globos Zeppelin. 
Con esto no se satisfarían en absoluto las exigencias, sino que se haría aun más peligrosos los transportes atómicos. 
Estimada colega, señora Isler Beguin, probablemente nosotros dos podríamos abandonar mañana la energía nuclear. 
Pero nosotros no somos la mayoría en este mundo y en esta sociedad. 
En consecuencia, deberíamos concentrarnos en esta comunicación que pretende precisamente que el transporte de residuos nucleares se haga en adelante con tanta seguridad como sea posible. 
Luego, una vez que hayamos conseguido lo que está haciendo el gobierno alemán, es decir, decidir el abandono de la energía nuclear y llevarlo a cabo, entonces habremos logrado ambos, quizá en algunos años, nuestro objetivo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, no estaba previsto que hablásemos sobre la necesidad de la energía nuclear, pero los enemigos declarados de la energía nuclear han invertido el curso de este informe. 
Los verdes no quieren comprender las ventajas medioambientales de la energía nuclear. 
También es evidente que la postura de los verdes sobre la energía nuclear se basa en la ideología del año 1968, y siguen negándose a mantener un debate honesto sobre dicha energía. 
Parece ser que su postura ha sido adoptada con carácter definitivo ya de antemano, de modo que los hechos no ejercen ninguna influencia sobre ella. 
La primera versión del informe fue usada como un instrumento para oponerse a la energía nuclear. 
Un factor muy significativo, omitido completamente en el informe, es el plan de acción presentado por la Comisión, el cual contiene muchas iniciativas sensatas. 
Afortunadamente, tras las enmiendas realizadas en la comisión parlamentaria, se ha vuelto al fondo de la cuestión, abandonándose el planteamiento simplista. 
El transporte de materiales radiactivos cumple con las normas del Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
La Comisión ha consultado con un grupo de trabajo compuesto por expertos- no por políticos- de los Estados miembros. 
Dicho grupo de trabajo considera que las nuevas normas proporcionan una importante protección adicional, aunque las normas precedentes tampoco han sido consideradas insuficientes. 
Se estima que los riesgos son escasos y, gracias a la existencia de una normativa estricta, se han podido evitar los accidentes durante casi medio siglo. 
Y ello a pesar de que determinados enemigos de la energía nuclear- no todos, por supuesto- intentan sabotear irresponsablemente los transportes, por ejemplo, levantando los raíles de tren. 
Se plantea la pregunta sobre quiénes son verdaderamente responsables y quiénes los que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. 
Animo a todo el mundo a ceñirse a los hechos. 
La observación de la Comisión en cuanto a la necesidad de informar a la opinión pública sobre lo buena que, al fin y al cabo, es la situación está más que justificada. 
Puesto que la energía nuclear aumenta el bienestar y contribuye a la pureza del medio ambiente, es una solución energética indispensable. 
Si se cerraran ahora las centrales nucleares de Francia, tendríamos que ponernos a buscar velas a toda prisa en esta sala. 
Señor Presidente, el informe recoge gran parte de nuestros deseos aunque, sin embargo, sigue habiendo algunas cuestiones sobre las que hemos presentado enmiendas. 
En vista del carácter sensible y emotivo de este tema, al Grupo Liberal le parece importante que el informe refleje la realidad de los hechos, incorporando, por ejemplo, la gran variedad de opiniones de los expertos en materia de los valores límite de radiación. 
En segundo lugar, nos parece engañoso sugerir que la industria nuclear actúe de forma autorreguladora, especialmente en el tema de la seguridad. La industria nuclear también está sujeta a las normas de seguridad internacionales que establecen unos estándares rígidos que todos los implicados tienen que cumplir. 
En tercer lugar, en el considerando e) se hace una distinción acertada entre, por una parte, los materiales radioactivos que consisten en isótopos destinados a la investigación o con fines médicos o industriales- que constituyen la gran mayoría -, y por otra parte, los residuos radioactivos y combustible nuclear gastado destinados al reprocesamiento. 
De todo el material radioactivo éste tiene más riesgos, pero proporcionalmente se trata sólo de una parte muy pequeña. 
Sin embargo, en otros apartados del informe esta distinción entre los materiales nucleares específicos y materiales radiactivos en general no se hace con claridad. 
Si la Comisión va a examinar ahora todos los transportes de materiales radiactivos se duplicará entonces el trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica, que lo estudiará también en breve. 
No obstante, sí es útil que la Comisión mire con lupa cómo se transportan los materiales nucleares dentro de la Unión Europea. 
En cuarto lugar, mi Grupo Parlamentario se opone a que se plantee en este informe el tema mucho más amplio de la obligación de informar sobre el transporte de materiales peligrosos. 
No es el tema de este informe. 
Los liberales sí nos parece que hay que informar a las autoridades locales del transporte de materiales radioactivos. 
Sin embargo, pensamos que lo más importante es la obligación de dar el aviso previo del transporte de material nuclear. 
Como punto final queremos decir que acogemos con satisfacción la decisión del OIEA de evaluar cada dos años las disposiciones relativas al transporte y adaptarlas si hiciera falta. 
Queremos insistir en que, por el interés de un alto y fuerte nivel de seguridad, todos los Estados miembros tienen que adoptar estas normas a partir del año que viene. 
. (FR) Señor Presidente, quisiera en primer lugar tranquilizar tanto al Sr. Chichester como, más por cierto, a la Sra. Isler Béguin, mi presencia en el banco de la Comisión no se debe al hecho de que el transporte de materiales nucleares haya sido transferido al ámbito tan tentacular como insensible del responsable del comercio exterior. 
Se trata de un ejercicio mucho más inocente de transporte provisional de expedientes sin almacenamiento- lo preciso- entre los miembros de la Comisión deseosos de echarse una mano de vez en cuando. 
Para llegar al fondo de la cuestión, el transporte de materiales nucleares, como lo acaban de señalar, se aborda muchas veces de una manera un poco pasional, teniendo en cuenta el contexto y el entorno de esa industria. 
Y por lo tanto, en la Comisión, somos conscientes de que les fue muy difícil sintetizar posiciones a veces algo contradictorias. 
Consideramos que se debe felicitar al ponente, así como a los diputados y los miembros de las comisiones que han contribuido a ese esfuerzo, por este trabajo de síntesis absolutamente extraordinario. 
Como varios de ustedes lo han hecho notar durante el debate, la industria nuclear garantiza, que uno lo quiera o no, la seguridad de nuestros abastecimientos energéticos en una proporción nada despreciable, y por consiguiente hace falta aceptar que esa industria tenga que recurrir al transporte de materiales radiactivos. 
Lo que retenemos por esencial del informe que se les propone es la confirmación de que las medidas que han sido tomadas a escala internacional y nacional garantizan un alto nivel de seguridad del transporte de esos materiales. 
Ahora bien, está claro que la transparencia es muy importante en la materia, como todo lo que se refiere a las actividades en el sector nuclear. 
Lo reconocemos y apoyamos, estamos muy dispuestos a facilitar una información precisa y transparente sobre todos los riesgos a los que las poblaciones podrían, o pueden, verse expuestas. 
A pesar de las dificultades del asunto y de las limitaciones que impone la seguridad, consideramos, al igual que ustedes, que es importante reforzar esa información. 
Es evidente que es un ámbito en el cual nunca se llegó a lo óptimo ni a la perfección y como lo señaló el Sr. Piecyk, es cierto que en ese asunto la responsabilidad recae en primer lugar en los Estados miembros, pero eso no impide desarrollar acciones que permitirían, por ejemplo, mejorar los documentos que acompañan el transporte de dichos materiales. 
No nos corresponde pronunciarnos sobre la cuestión del recurso a tecnologías de reprocesamiento. 
Es una solución de orden esencialmente industrial, que debe ser elegida en función de criterios más bien técnicos y económicos y de la necesidad de reducir los residuos de alta actividad. 
En cambio, podemos, y pensamos, apoyar los esfuerzo en el ámbito de la investigación y del desarrollo. 
Es además lo que propuso la Comisión en el marco del sexto programa de investigación y desarrollo, dando la prioridad a la innovación en materia de gestión de los residuos. 
Nos incumbe también asegurarnos del cumplimiento de los requisitos del capítulo 3 del Tratado Euratom, en cuanto a la protección radiológica. 
En su informe, consta el deseo de que se incluya un capítulo "Energía en el Tratado de la Unión"; todos sabemos que es una cuestión que ha sido debatida en varias oportunidades en conferencias intergubernamentales y en la que, por ahora, no se ha llegado a ningún resultado. 
Como lo subraya nuestro Libro Verde sobre la estrategia en materia de seguridad y abastecimiento energético, consideramos que el Tratado Euratom cumple sus objetivos en toda une serie de ámbitos. 
Es cierto que no contiene ninguna referencia específica al transporte de materiales radiactivos. 
Estimamos sin embargo que las disposiciones de ese Tratado nos permiten desempeñar un papel de vigilancia al mismo tiempo que mantienen la responsabilidad de los Estados en primer lugar. 
Esto es lo que la Comisión quería decir sobre ese informe. 
Es evidente que vamos a examinar atentamente todas las sugestiones del informe en dentro del espíritu que acabo de señalar, que nos lleva a mejorar nuestra propia intervención en la medida de los medios que tenemos y de las posibilidades que nos ofrecen los Tratados. 
Consideramos, como lo dije al principio, que ese informe es de gran utilidad. 
Permite presentar a los ciudadanos europeos una opinión sensata, y a raíz de los numerosos debates que esa cuestión del transporte de materiales radiactivos ha suscitado entre ustedes, nos parece que contribuye a enfocar esa actividad de manera razonada, lo que, sin duda, llevará a mejorar la transparencia, y por lo tanto, ese informe, para nosotros, es bienvenido. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Negociaciones de la OMC en el marco de la agenda incorporada 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0076/2001) del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre las recomendaciones del PE a la Comisión respecto a las negociaciones emprendidas en el marco de la OMC sobre la agenda incorporada. 
Señor Presidente, es lamentable que el ponente de la opinión del capítulo más importante de esta negociación, que es la agricultura, disponga de sólo dos minutos para hablar. 
Pero, ¡en fin! 
El primer aspecto que se debe subrayar es el de que la negociación de un acuerdo sobre el comercio agroalimentario sólo tiene sentido en el marco de un acuerdo global que integre otros sectores de la economía y otras dimensiones de la sociedad. 
El segundo aspecto que conviene subrayar es el de que la Unión Europea debe estar dispuesta a hacer un esfuerzo suplementario en la reducción del apoyo interno al acceso al mercado y en las restituciones a la exportación. 
No obstante, dicho esfuerzo debería exigir transparencia de normas y medidas equivalentes por parte de nuestros interlocutores comerciales. 
Tercer aspecto: nos parece fundamental que se renueven la cláusula de paz y la cláusula especial de salvaguardia a fin de mantener la estabilidad de los mercados agrarios y de las rentas de los agricultores. 
El cuarto aspecto se refiere a la necesidad de preservar el modelo agrario europeo, caracterizado, como ha dicho el Sr. Konrad Schwaiger, por el predominio de la empresa familiar y la multiplicidad de funciones que desempeña la agricultura para la sociedad. 
Pero hay que tener en cuenta que debemos preservar la función primaria de la agricultura, que es la producción. 
De lo contrario, si no lo tenemos en cuenta, nuestro espacio rural será a plazo más o menos largo un mero museo agrario. 
En quinto lugar, conviene subrayar la iniciativa destinada a los países menos avanzados, pero debemos crear condiciones para que no aprovechen esa medida de forma inapropiada quienes no tengan derecho a ella. 
Como observación final, quisiera recordar que la Unión Europea es ya hoy el primer importador mundial de productos agroalimentarios, con un déficit de más de 16.000 millones de dólares y, por tanto, con carácter deficitario. 
Como contrapartida, los Estados Unidos y todos los miembros del Grupo de Cairns son en gran medida excedentarios. 
Ante esta situación, es legítimo que la Unión Europea tenga el derecho a preservar su tejido productivo agrario, que es la base de la vitalidad económica de su espacio rural. 
Alinearse con un librecambismo puro y duro, además de ser seguidismo en relación con la estrategia de los intereses de los otros, sería, con el tiempo, la sentencia de muerte de nuestro espacio rural. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, distinguidas señoras y señores, el comercio mundial está cobrando una importancia creciente. 
Mediante las nuevas técnicas de comunicación es posible cerrar contratos o celebrar negocios jurídicos en un tiempo breve a lo largo del mundo con sólo pisar una tecla del computador. 
Por esta razón es importante que en Europa atribuyamos en el futuro una importancia esencialmente mayor a las negociaciones de la OMC y que dediquemos también una consideración más detallada a esto. 
Creo que el Parlamento Europeo ha realizado en este punto un gran trabajo preparatorio y que debemos pensar también de una forma particularizada en la estructura de nuestra economía. 
Actualmente tenemos en Europa alrededor de 16 millones de pequeñas y medianas empresas con menos de 250 empleados, las cuales, no obstante, generan el 60% del producto social bruto y ofrecen el 60% de los puestos de trabajo. 
Por esta razón, las negociaciones de la OMC revisten gran importancia precisamente para las pequeñas y medianas empresas. 
En especial, es preciso poner también en primer término las exigencias y la realizacción de la propiedad intelectual, de los derechos de protección. 
Aquí se trata de que nos también nos enfrentemos, por ejemplo, con la cuestión de cómo definiremos el grado de invención en las patentes. 
Hay estados que prescriben un grado muy bajo de invención y, por ello, otorgan con rapidez muchas patentes; hay otros países de Europa que son muy estrictos y que primero averiguan si a nivel mundial se da o no el grado de invención y, por ello, creo que es necesario celebrar este debate. 
Además, en este contexto habría que discutir también muy claramente en las negociaciones de la OMC la utilidad industrial, que es el prerrequisito para conceder una patente, pues de esta manera podremos lograr que se eviten los conflictos en este ámbito. 
Por lo demás, creo que el principio de precaución es importante para nuestro futuro. 
Pero también es importante que para las pequeñas y medianas empresas se coloque en el punto central la seguridad de la producción y que con la certificación de terceros se puedan producir de facto exenciones de responsabilidad. 
Señor Presidente, señor Comisario Pascal Lamy, quisiera felicitar a los diputados Konrad Schwaiger y Arlindo Cunha por los informes y documentos que aquí presentan y subrayar también las contribuciones que todos los diputados han hecho en la Comisión de Industria y en la de Agricultura. 
En este informe, quisiera destacar tres aspectos que me parecen esenciales. 
En primer lugar, el punto 22, relativo a la cuestión de los servicios, en el que se solicita que en los acuerdos del ámbito del GATT no se menoscabe la posibilidad de que los Estados miembros aprueben una reglamentación que reconozca la naturaleza especial de la prestación de servicios públicos, en particular en los sectores de la educación, la salud y la cultura. 
Me parece un recurso fundamental en relación con la preservación de la pluralidad cultural y la necesidad de afirmar que se puede liberalizarlo todo, que la liberalización debe servir, en primera y en última instancia, a los ciudadanos, que son sus beneficiarios. 
Un segundo aspecto al que quisiera referirme se refiere a la protección de la propiedad intelectual y, en particular, al punto 28, que señala el limitado ámbito de las negociaciones sobre la protección de la propiedad intelectual en el marco del orden de la agenda incorporada. 
Se señala, naturalmente, a la atención del Comisario Pascal Lamy. 
Y el tercer aspecto esencial, que ya han citado aquí los señores Konrad Schwaiger y Arlindo Cunha, tiene que ver con nuestra defensa del papel multifuncional de la agricultura. 
Y ese aspecto es fundamental no como un lema, no como forma de superar nuestras debilidades, sino de conciliar cantidad y calidad. 
Si bien es verdad lo que el Sr. Arlindo Cunha ha dicho de que "el factor principal de la agricultura debe ser la producción", no menos lo es que se debe incentivar dicha producción con vistas a la consecución de la calidad. 
Y esta nueva agenda incorporada surge en un ambiente y en una situación en que Europa pasa precisamente ahora por momentos de incertidumbre y desconfianza en cuanto a la calidad de determinados productos. 
Y, por eso, afirmar el papel multifuncional de la agricultura es reconocer que esa prioridad debe ser también para la defensa intransigente de la salud pública y la protección y la defensa de los consumidores. 
Y considero que ése es un papel indispensable que en este momento debe subrayar este Parlamento. 
Estoy seguro, porque conozco las posiciones del Comisario Pascal Lamy, de que también él va a desempeñarlo. 
Por último, he de subrayar, señor Presidente y Señorías, y reafirmar que en este programa no podemos olvidar- como ha dicho el ponente- otros aspectos que se van a añadir, pero formarán parte de la ronda de noviembre de 2001, y tienen que ver con los aspectos sociales, medioambientales y de defensa de un modelo de desarrollo sostenido a fin de que lo que se mundialice no sea sólo la riqueza, sino también el progreso y el desarrollo económico y social. 
En primer lugar, dos preguntas dirigidas a la Comisión. 
El parágrafo 9 del proyecto de informe habla de la necesidad de conservar la cláusula de paz y la cláusula especial de salvaguardia durante un periodo provisional. 
Tengo mucha curiosidad por conocer cual es su opinión sobre la conservación de esas cláusulas a medida que avanzan las negociaciones. 
En segundo lugar, el parágrafo 22, que acaba de mencionar el Sr. Seguro. 
Creo que el GATS no tiene que afectar necesariamente a empresas controladas por el sector público. 
Quisiera saber si puede usted extenderse acerca de las posibles implicaciones del GATS para empresas que ya han sido privatizadas. 
A continuación, dos observaciones. 
En primer lugar, me parece que tenemos una oportunidad única de aumentar el terreno de acuerdo entre la UE y los EE.UU en lo que se refiere a la agricultura. 
Principalmente esto es así por lo prolífico del Gobierno estadounidense al apoyar más intensamente durante los últimos años a los agricultores americanos, de suerte que se ha desprovisto de la autoridad moral que los EE.UU tenían en el pasado al acusar a la Política Agrícola Común de ser derrochadora y distorsionante. 
Quisiera saber si realmente piensa que hay una oportunidad para ustedes u los EE.UU para encontrar un nuevo terreno común en las negociaciones sobre la agricultura. 
Por último, no se sorprenderá al oír que quisiera hacer hincapié en la importancia de la última parte del parágrafo 40. 
La Cumbre de Niza puede que haya constituido un vacilante paso hacia delante en términos de eficiencia, pero es un serio paso atrás en términos de legitimidad y transparencia en lo que respecta a la conducción de la política comercial de la UE. 
Esto queda notablemente evidenciado en la forma en que el Comité 133 sigue adoptando decisiones importantes y de gran contenido político en el campo comercial sin que quede constancia pública o responsabilidad pública. 
Teniendo en cuenta la laguna abierta tras el variopinto resultado de Niza, insto tanto a la Comisión como al Consejo a que consideren positivamente la idea de un acuerdo interinstitucional en este ámbito. 
De no ser así, la autoridad moral de toda la Unión Europea sobre transparencia y legitimidad queda seriamente debilitada en la OMC. 
Señor Presidente, la orientación general del informe de nuestro colega Schwaiger me parece positiva. 
Se suma, en efecto, a los grandes esfuerzos realizados por la dirección de la Comisión para redefinir nuestra política comercial y poner el comercio al servicio del desarrollo sostenible. 
Dicho eso, tengo que formular cuatro observaciones. 
La primera es que, si el compromiso de celebrar un nuevo ciclo de negociaciones en torno a una agenda amplia sigue siendo más que nunca un buen objetivo, no se puede decir que los mandatos dados por el Consejo sean, en las condiciones actuales, satisfactorios. 
Esta vez no se trata de negociar concesiones comerciales a cambio de la obtención de cláusulas medioambientales o sociales, sino más bien de negociar el comercio de otra manera a fin de que respete más los modelos de sociedad y las exigencias de regulación pública. 
Desde ese punto de vista, las negociaciones previstas en la agenda incorporada constituyen un test, lo que me lleva a mi segundo punto. 
En efecto, la línea para la agricultura no está exenta de ambigüedades. 
Existe, ciertamente, una toma de conciencia del hecho de que el comercio de productos agrícolas tiene que ser compatible con la autonomía alimentaria, la salud pública y la ocupación del espacio, pero sufrimos un handicap, a saber el aplazamiento de la reforma de la Política Agrícola Común hasta más allá de 2006. 
El informe habla además de la necesaria persistencia del modelo, cuando se trata más bien de la necesidad de un cambio de modelo. 
En cuanto al comercio, si bien la reducción de las subvenciones de las exportaciones es indispensable, decimos "no" a la alineación con los precios mundiales puesto que se trata de un factor evidente de productivismo. 
En tercer lugar, la línea sobre los servicios no es adecuada. 
Es un objetivo unilateral. 
La Comisión dice además que la política comercial no constituye un objetivo en sí, sino que debe contribuir a respaldar el modelo social. 
Ahora bien, en nuestro modelo social, hay servicios de interés público, y en los países en desarrollo, esos servicios de interés público aún están por construir. 
Por consiguiente, diré sí al desarrollo de los intercambios que son compatibles con el fomento de los servicios de interés público o lo favorecen. 
La Unión desea que algunos sectores como la educación y la cultura sean excluidos del libre cambio. 
Es demasiado poco. 
Hace falta trabajar en la perspectiva de unos bienes públicos globales. 
Además, sería maravilloso que la Dirección pudiese remitir una comunicación sobre la complementariedad y la compatibilidad entre libre cambio y servicios de interés público. 
Quisiera plantear un último punto que se refiere a un problema crucial de gobernanza. 
Hemos de trabajar con la sociedad civil y con los países en desarrollo y de confrontar nuestros puntos de vista. 
Lo hace la dirección de la Comisión, pero los Estados no y el Parlamento queda rezagado. 
La responsabilidad de ese esfuerzo nos incumbe a todos. 
Se trata de un trabajo fundamental para lograr organizar el comercio mundial. 
Señor Presidente, la cumbre de Seattle puso crudamente de manifiesto la diferencia entre ricos y pobres. 
Afortunadamente, el año pasado la Comisión hizo un esfuerzo por conseguir que los países en vías de desarrollo tuvieran una posición mejor, como demuestra por ejemplo la mejoría con respecto a la apertura del mercado para los países menos desarrollados. 
La reunión del Consejo General celebrada a finales de febrero fue en la misma dirección. 
No obstante, lamentamos que haya unos plazos transitorios tan largos para los plátanos, el azúcar y el arroz. 
Dada la importancia de su sector agrícola, es fundamental que los países en vías de desarrollo tengan facilidades de acceso al mercado. 
Las estrictas normas de la UE en materia de medio ambiente y sanidad no deben contener elementos proteccionistas para los países en vías de desarrollo. 
Solamente se justifica un acceso limitado al mercado cuando se trata de productos que suponen un peligro para la salud pública o el medio ambiente. 
Los requisitos europeos deben estar acompañados por unas medidas de asistencia para que se puedan cumplir, como la ayuda tecnológica para una producción ecológica. 
Además, la creciente competencia debe estimularnos para desviar la ayuda a nuestra agricultura de la intervención en los precios a las ayudas directas a la renta y a la inversión. 
Por otra parte, el libre comercio en el sector de los servicios también tendrá sus efectos en los países en vías de desarrollo. 
¿Estas economías tan frágiles tendrán la oportunidad de prepararse para la competencia? 
Sin una política prudente se verán desbordados en poco tiempo por las empresas de servicios solventes y especializadas. 
La toma de decisiones en el seno de la OMC debe ofrecer a los países menos avanzados la oportunidad de contrarrestar los intereses de los bloques ricos. 
En aras de la justicia tiene que haber una política complementaria del instrumento, de por sí muy útil, del libre comercio. 
Y para terminar me gustaría expresar mi aprecio por el buen trabajo del ponente. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Schwaiger, que se refiere a las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre las cuestiones conocidas bajo el nombre de agenda incorporada, suscita de nuestra parte tres preguntas a las que espero que nuestro debate pueda contestar. 
En primer lugar, ¿no es peligroso negociar por separado en el marco de la agenda incorporada? 
No cabe duda de que las negociaciones sobre la agricultura, los servicios, algunos aspectos de la propiedad intelectual, designados con ese nombre de agenda incorporada, estaban programadas en la Ronda de Uruguay, y que, por consiguiente, se estima que desde un punto de vista jurídico no han sido afectadas por el fracaso de la negociación general de Seattle. 
Parece que, para ellas, se acepta tácitamente que las discusiones continúen por separado. 
¿Pero es bien razonable? 
Porque, de hecho, todos los asuntos son interdependientes. 
Además, la posición anterior de la Unión Europea siempre había sido, me parece, que la negociación no debería de ser sino global. 
¿No debería el fracaso de Seattle llevar a concebir de nuevo toda la articulación de las negociaciones? 
Segunda pregunta: desde su apartado 1, la propuesta de resolución que nos es presentada invita a la Comisión a llevar a cabo las negociaciones de esa agenda incorporada basándose en las orientaciones dadas por el Consejo antes de Seattle. 
¿Pero es realmente la misma situación? 
La opinión pública ha evolucionado mucho en cuanto a la regulación del comercio. 
El fracaso de Seattle constituye un primer indicio de ello, pero la evolución se ha acelerado desde entonces, en particular bajo la presión ejercida por algunos dramas agrícolas. 
Ciertamente, el mandato de negociación de 1999 ya tomaba en cuenta la exigencia de una agricultura multifuncional y de una política agrícola que incorpore consideraciones no comerciales. 
Pero, al mismo tiempo, afirmaba la necesidad prioritaria de continuar por la vía de la liberalización de los intercambios. 
¿Es todavía compatible? 
¿No necesitamos una reflexión adicional a ese respecto? 
Por ejemplo, me llama la atención el hecho de que, entre las nuevas consideraciones a tomar en cuenta, se citan siempre la seguridad de los productos, la protección del medio ambiente, la calidad de los alimentos, el bienestar de los animales, todo eso con mucha razón, pero nunca la independencia alimentaria. 
Ahora bien, la independencia alimentaria es absolutamente necesaria. 
Está muy ligada a los otros objetivos, que por otra parte parecen deseables. 
Se ha podido comprobar por el contrario cómo la dependencia con relación a las proteínas vegetales, que desgraciadamente había sido reconocida en Blair House, nos ha llevado a una utilización excesiva de las harinas animales. 
A la luz de esos acontecimientos, ¿no se debería renegociar Blair House? 
Tercera pregunta: ¿cómo el Consejo y los Parlamentos implicados van a controlar las futuras negociaciones? 
En algunos anteproyectos del Tratado de Niza, se aclaraba este punto, sea mediante une nueva redacción del artículo 133, sea mediante un nuevo protocolo que describía con mucha precisión cómo el Consejo supervisaría la Comisión durante las negociaciones de la OMC a fin de que no se desviara de la posición común. 
Pero todas esas excelentes disposiciones han desaparecido en la versión final. 
Asimismo, brillan por su ausencia todas las disposiciones relativas al control parlamentario. 
De allí nuestra propuesta y ésta es mi conclusión, señor Presidente. Antes de abrir nuevas negociaciones, ¿no deberíamos primero volver a abrir el expediente del refuerzo del control de los negociadores? 
Es para nosotros la condición imprescindible para que los intereses de los ciudadanos sean bien defendidos. 
Señor Presidente, la Organización Mundial del Comercio constituye una enorme historia de éxitos económicos. 
Constituye un éxito tan grande que a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos les entra miedo de ella y les parece inquietante. 
En este punto la tarea del Parlamento Europeo es, precisamente, contribuir a aportar aquí confianza en la sostenibilidad positiva de este proceso. 
Por esta razón celebro expresamente en nombre del Grupo del PPE que en el informe del Sr. Schweiger se haya recogido de nuevo en el catálogo de exigencias el aseguramiento de la diversidad cultural. 
Nuestro objetivo debe ser transmitir a las personas- de manera creíble, experta e inteligible- que este proceso por el que nosotros apostamos tiene la visión de alcanzar cuatro objetivos en un desarrollo sostenible: el crecimiento económico constante para todos, la protección de nuestro medio ambiente, el empleo de estándares sociales adecuados y el mantenimiento de la diversidad cultural. 
Puesto que la Unión Europea no sólo es una comunidad económica sino también una comunidad de valores, deberíamos defender también este planteamiento más allá de la Unión. 
Para este propósito este informe del Sr. Schweiger constituye una nueva y muy buena base. 
Señor Presidente, señor Comisario Lamy, permítanme que me refiera a tres puntos que podrían ser de interés en el contexto del informe del Sr. Schweiger. 
En primer lugar: por las enmiendas que han sido presentadas ahora en esta Asamblea para esta semana, una vez más a posteriori, verán ustedes el grado de interés que existe en esta Asamblea por el tema y que el interés se concentra realmente siempre en pocos ámbitos temáticos. 
La pregunta es la siguiente: ¿Son realmente tan prometedoras de éxito las negociaciones- TRIPS, deben proseguirse así o debería haber una revisión? 
¿Debe hacerse más en el ámbito de la agricultura? 
¿Cómo puede garantizarse una buena protección de los consumidores? 
Además de éstas, existen más preguntas aún. 
Me gustaría preguntarles una cosa en conexión con la denominada agenda "built-in", que se está negociando ahora y que después, en marzo, será sometida a una revisión. 
¿De qué magnitud son realmente las diferencias entre están negociando sobre la agenda incorporada? 
¿Qué efectos tiene la crisis de la agricultura, que padecemos en Europa, sobre estas negociaciones y en qué punto se encuentran, en conjunto, las negociaciones? 
¿O reina más bien el clima de business as usual, y seguimos adelante, sin más, como si nada hubiera sucedido en el pasado? 
Segundo punto al que quisiera referirme: ustedes han editado un documento del cual se deduce que ustedes desean una mayor flexibilidad en el marco de las próximas negociaciones de la OMC. 
Sólo que el concepto de flexibilidad es muy amplio; he celebrado mucho este documento, pero estoy segura de que provocará también muchas discusiones políticas en esta Asamblea. 
Bajo este término se puede entender todo; por esto quiero plantear algunas preguntas: ¿Significa este documento un alejamiento respecto de la estrategia de la Unión Europea que hasta ahora ha consistido en que teníamos, y queríamos tener, un papel global, que incluía, por ejemplo, la competencia, la inversión, pero también todos los temas sensibles como los estándares sociales, los estándares laborales y los progresos en el ámbito de los temas medioambientales? 
¿Significa, por consiguiente, el documento un alejamiento de esto? 
¿Significa que ustedes deben recibir un nuevo mandato de negociación, o basta el viejo mandato de negociación? 
¿Qué consecuencias va a tener esto en la cooperación con el Parlamento Europeo? 
En este marco quiero dar las gracias a mi colega, el Sr. Clegg, por su reiterada alusión a que el artículo 133, en su forma actual, no nos resulta aceptable. 
Esto no es nuevo para usted y en esto estamos luchando nosotros hombro con hombro, pero el Consejo escucha, y quizá algún día el Consejo esté dispuesto a realizar una modificación en unión con nosotros. 
Pero ¿qué es lo que espera usted, en concreto, gracias a las buenas relaciones, para las nuevas negociaciones en el marco de la OMC? 
¿Van a producirse señales positivas y van a conducir estas señales positivas a que en junio/julio tengamos una estrategia de negociación que conduzca también hasta Qatar? 
¿Incluirá también esta estrategia a los países en vías de desarrollo? 
Señor Presidente, en el informe sobre el paquete de negociación OMC se plantea la exigencia legítima de mantener los temas agrícolas en el marco del actual tratado como mandato de negociación establecido. 
No debe permitirse ningún intercambio de concesiones en el sector agrícolas contra concesiones en otros ámbitos de negociación. 
Esto es necesario a fin de asegurar el mantenimiento de los paisajes microestructurados, de la actividad económica rural, de la protección del medio ambiente y de los recursos así como de los programas agrícolas modulados y de protegerlos de la liberalización del mercado mundial. 
La aceptación y el aseguramiento de un nivel más alto de protección de los consumidores en la UE plantea exigencias más altas, en especial a la economía agraria, y es la primera condición para un comercio leal con productos agrícolas sin control fronterizo. 
En los últimos decenios la industria europea de productos alimentarios se ha beneficiado enormemente del desarrollo del mercado mundial, en especial en lo que respecta a la reelaboración de productos agrícolas con una alta generación de valor. 
Por esta razón, la Unión Europea, como segundo mayor exportador agrícola y como el mayor exportador, con diferencia, de productos alimentarios elaborados, debe tener un fuerte interés en un mercado mundial que funcione bien. 
Para las negociaciones es importante conseguir que no se enfrenten entre sí los actores de la agricultura sostenible, sino conseguir armonizar esta forma de agricultura. 
Los objetivos de la seguridad alimentaria y del empleo rural, los objetivos de la protección de los consumidores y de la protección del medio ambiente así como el de la utilización ahorrativa de todos los recursos son considerados y valorados políticamente de manera diferente por los participantes. 
Al mismo tiempo, la OMC tiene que ocuparse de temas que, en cuanto objetivos de uan amplia opinión pública, se han tornado mucho más perceptibles. 
Entre éstos se cuenta la salud, el medio ambiente y los objetivos sociales y no sólo tres temas por sí mismos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar efusivamente al ponente por su excelente informe. 
Como él, también yo soy una apasionada defensora de la OMC, pues creo que brinda a los países pobres la oportunidad de engancharse a los ricos. 
Felicito también al Sr. Schwaiger como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por defender la opinión de que la protección del consumidor, el bienestar de los animales y la salud son temas muy importantes de los que nos ocuparemos prioritariamente en otro momento. 
Si no lo hiciésemos así, correríamos el peligro de volver a vivir acontecimientos como los que se produjeron en Seattle. 
Sin embargo, permítame que me refiera a un par de temas anticipándome a ese debate futuro. 
Me parece inaceptable que la OMC apruebe sanciones penales directamente contra la Unión Europea sólo porque intente proteger a sus ciudadanos de la carne contaminada con hormonas. 
Poseemos la prueba científica de que una hormona en concreto es cancerígena, y sobre otras cinco existen probabilidades de que lo sea también. 
Es obvio que el principio de cautela debe regir también en el ámbito de la OMC. 
Un segundo tema: en la Unión Europea, varios países- Gran Bretaña, Austria también- han prohibido los experimentos con animales en la industria cosmética. 
La mayoría de los ciudadanos y consumidores de la Unión Europea quisieran extender la prohibición a toda la Unión. 
Creo que la OMC tendrá que aceptar que se pueden realizar negocios y, a la vez, ser sensibles al dolor y el sufrimiento de criaturas que el buen Dios creó, los animales, y tenerles también un respeto. 
Señor Presidente, únicamente un par de comentarios para comenzar: esta claro que la Conferencia Ministerial de Seattle fracasó al intentar acordar una nueva ronda porque los países en desarrollo rechazaron avanzar en la liberalización comercial. 
Dejaron bien claro que en su opinión no se había hecho frente a sus preocupaciones sobre la implementación de la Ronda Uruguay y, por tanto, no estaban preparados para seguir avanzando. 
Insistieron, y siguen insistiendo- como usted sabe, señor Comisario- en la implementación. 
En segundo lugar, en este Parlamento nos tenemos que dar mucha más cuenta de la necesidad de hacer un seguimiento de las obligaciones internacionales, especialmente teniendo en cuenta que no se ha hecho ninguna referencia hoy aquí al acuerdo ACP-UE de Cotonou y sus protocolos comerciales agrícolas. 
La UE ha de ser mucho más sensible a estos asuntos de lo que lo ha sido en el pasado, a pesar de que rindo tributo al Comisario, en especial por lo que concierne al acceso a los mercados. 
Ahora quisiera tocar brevemente la parte más umbría de la globalización que en mi opinión se materializa en el acceso a los medicamentos y en la clara necesidad de revisar los ADPICS. 
Este año once millones de personas van a morir a causa de enfermedades que se pueden prevenir. 
En Zambia el tratamiento de la neumonía de un miembro familiar costaría el presupuesto mensual de toda la familia. 
Esto es realmente preocupante. 
Como ustedes saben, las compañías farmacéuticas han llevado a los tribunales al gobierno de Sudáfrica por su Ley de Medicamentos de 1997. Esta ley autoriza las importaciones paralelas y autorizaría la producción genética de medicinas patentadas para el uso no comercial, sin ánimo de lucro, por el gobierno. 
Cuatro millones de personas están infectadas con el HIV en ese país y el Gobierno sudafricano piensa que su obligación constitucional es actuar así. 
¿Coincide el Comisario conmigo en que el acuerdo ADPICS es neutro en cuanto a las importaciones paralelas y de hecho permite la licencia obligatoria? 
¿Y coincide conmigo en que debería haber una reducción de la protección que otorga la patente, salvaguardias sanitarias reforzadas y una prohibición de la amenaza de recurrir a sanciones comerciales? 
Señor Presidente, las preocupaciones en aumento de las poblaciones por las consecuencias de la liberalización mundial del comercio, muy presentes en las manifestaciones de Seattle y en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, tienen algunas repercusiones en este informe, lo que subraya la necesidad de transparencia en la preparación y el desarrollo de las negociaciones, un mayor control parlamentario, el respeto de los principios cautelares y del desarrollo sostenible. 
Ahora bien, el informe no es consecuente en las posiciones que adopta y acaba defendiendo la continuación de las liberalizaciones, en particular en el caso del comercio de servicios, cosa que consideramos negativa. 
También respecto de la agricultura, aunque incluya algunas enmiendas de la Comisión de Agricultura, en particular para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos, no tiene en cuenta otras enmiendas importantes, como la que presentamos relativa a la revisión del acuerdo de Blair House, en particular en el sector de las plantas forrajeras, dada la crisis de la EEB y la intervención de las harinas animales. 
Y acaba defendiendo la continuación de la vía de la liberalización de los intercambios agropecuarios, de la que discrepamos. 
Señor Presidente, Señorías, la agricultura no puede ser considerada como cualquier bien comercial o industrial, pues hay algo que el agricultor no puede hacer en relación con el empresario, a saber: trasladar sus medios de producción allí donde las condiciones de las producción sean más favorables, allí donde, por ejemplo, los salarios sean más bajos, haya más horas de sol y además llueva suficientemente. 
Por ello, para la agricultura debe haber unas reglas del juego distintas, unas reglas para las que la seguridad de los productos alimenticios y la garantía de abastecimiento, esto es, la soberanía alimentaria de cada Estado, constituyan el más alto deber. 
La OMC también debe reconocer y asumir la multifuncionalidad de la agricultura, por lo que la subvención a la agricultura debe orientarse por criterios sociales y ecológicos. 
Ahora bien, esto no significa- y quisiera decirlo expresamente- introducir nuevas formas de proteccionismo agrario contra los países en vías de desarrollo y los países emergentes. 
Ambos grupos han de ser considerados separadamente. 
Pero lo anterior implica también que la Unión Europea no debe seguir haciendo dumping contra los precios del mercado mundial mediante elevadas subvenciones a la exportación de sus cuantiosos excedentes para distorsionar otros mercados o, incluso, destrozarlos. 
Se han dado montones de casos de este tipo. 
También queda otra cosa clara: en las condiciones sociales y ecológicas acordadas no podrá nadie producir a precios mundiales, tal y como éstos se forman en el mercado, y además obtener beneficios. 
Esto pone de manifiesto la crisis actual de la agricultura que estamos viviendo en la Unión Europea. 
Primeramente, nosotros debemos concentrarnos en el mercado interior europeo, y aquél que quiera producir para el mercado mundial, puede hacerlo, sin duda, pero sin subvenciones ni apoyo de la Unión Europea. 
También debe quedar clara otra cosa más: la seguridad de los alimentos y la protección de los consumidores y consumidoras debe ser un objetivo del más alto nivel. 
No debemos dejar sin consideración una regla de juego fundamental: que el ser humano siempre y en todas partes necesita alimentos sanos, agua para beber y aire que respirar. 
Sin estas tres condiciones fundamentales de nada nos sirve todo lo demás. 
Señor Presidente, señor Comisario, ser el último en tomar brevemente la palabra en un debate siempre tiene sus pros y sus contras. 
En primer lugar, quisiera referirme brevemente a una cuestión que quizás usted pueda responder de inmediato. 
¿Qué pasa con el acuerdo sobre las empresas? 
Aunque todavía no haya entrado en vigor, es evidente que puede ser una bomba, sobre todo para el futuro de lo que hemos estado hablando ahora. 
¿Está prevista una revisión? 
Ésta sería la primera pregunta. 
La segunda, realmente, conecta con el principio de todo lo que aquí hemos discutido. 
Mi gran preocupación es cómo se podrá ahora, en el contexto de la situación política general, conferir aceptabilidad a las negociaciones. 
¿Qué tiene planeado la Comisión? 
¿Qué es posible hacer por parte de la UE? 
Es para preocuparse mucho. 
La OMC es lo que es. 
Pero de lo que carece, sobre todo, para adquirir aceptabilidad, es de la transparencia necesaria en prácticamente todos sus ámbitos. 
Lo que pedimos en el informe en los puntos 34 y siguientes hasta el 40, apunta en la dirección correcta. 
Sólo la voluntad política de aplicarlos sigue ausente. 
Como resultado de la falta de transparencia siguen saliendo artículos tremendamente dramáticos y dirigidos por intereses ajenos, como p. ej. el que apareció nuevamente en el Financial Times, que sostiene que la población quiere llevar a la OMC casi al banquillo de los acusados por la imagen que da. 
El lugar en que la OMC, o, mejor dicho, la Conferencia de ministros, quiere celebrar sus sesiones, no es, a ciencia cierta, el mejor posible como escenario. 
¿Qué piensa que puede hace la Comisión en el contexto de una campaña de información para modificar esto? 
¿Hay iniciativas concretas por su parte para hacer que los países en vías de desarrollo participen en la toma de decisiones, por ejemplo asumiendo los costes de abogacía y cosas similares que pueden ser reguladas bilateralmente? 
. (FR) Señor Presidente, quisiera en primer lugar agradecer mucho al Sr. Schwaiger y a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, ese excelente informe. 
Respalda de manera muy valiosa las posiciones de la Unión Europea y he notado, lo mismo que la Sra. Mann, que había suscitado mucho interés entre ustedes, lo cual me alegra, en todo caso a juzgar por el número de enmiendas que han sido presentadas. 
Sobre el fondo, las consideraciones y preocupaciones que ustedes expresan en ese informe coinciden en gran parte con las de la Comisión y rebasan, como varios de ustedes lo han dicho, el marco de la agenda incorporada que es el objetivo actual en Ginebra. 
Ustedes quieren, al igual que nosotros, enmarcar la liberalización de los intercambios en un conjunto de reglas multilaterales comúnmente aceptadas, quieren garantizar una mayor transparencia de los mecanismos de negociación de la OMC, quieren mejorar la integración de los países en desarrollo en el sistema multilateral, quieren preservar nuestro modelo europeo en los ámbitos de la agricultura y de la salud pública, quieren hacer lo mismo en los del medio ambiente o de los servicios públicos: es en líneas generales un resumen de la agenda de la Unión Europea para el nuevo ciclo de negociaciones. 
Siempre hemos considerado que los avances en la agenda incorporada, que es objeto de su informe, se verían facilitados si se inscribieran en un orden del día más extenso. 
Su informe se vale, fundamentalmente, del mismo argumento, y con esto, respondo a la observación del Sr. Berthu sobre ese punto. 
Estamos progresando muy lentamente en Ginebra, en lo que en realidad son preparativos de una negociación sobre la agricultura y los servicios, sabiendo muy bien que sólo un ciclo global podría catalizar su puesta en marcha. 
Ésta es la situación hoy. 
Procuraré comentar brevemente los temas que han evocado en su informe y más especialmente los de la agricultura, de los servicios y de la propiedad intelectual, que han mencionado abundantemente en sus intervenciones. 
Sobre la agricultura, ningún desacuerdo con ustedes. 
Uno, es efectivamente la Agenda 2000 la que hoy sirve de marco a la posición de negociación de la Unión. 
Dos, las necesidades de los países en desarrollo encabezan nuestras preocupaciones en materia agrícola, y éste era el objetivo de la iniciativa "Todo menos las armas", que les doy las gracias por haber apoyado. 
Tres, ustedes quieren salvaguardar el modelo agrícola europeo, habida cuenta de las múltiples funciones que desempeña en materia social, en materia medioambiental, en materia alimentaria, y en esto Franz Fischler y yo estamos totalmente de acuerdo. 
Sobre este punto, tranquilizo al Sr. Seguro y al Sr. Cunha: el fomento de consideraciones no comerciales en materia agrícola y la preservación de nuestro propio modelo agrícola siguen siendo elementos claves de nuestros objetivos de negociación. 
En lo que se refiere al principio de cautela en el cual acaban de hacer hincapié, creo que queda claro que la EEB, y más recientemente, la fiebre aftosa llevan inevitablemente a interrogarse al respecto: ¿disponemos del marco multilateral necesario para tratar esas cuestiones? 
El acuerdo SPS sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias nos parece apropiado a escala internacional tal como está y por lo tanto no hace falta renegociarlo como tal. 
Sin embargo, la Comisión, al igual que el Consejo además, comparte el deseo, que acaba de reiterar el Sr. Kreissl-Dörfler, de examinar el enfoque del principio de cautela en ese sector. 
Hemos hecho propuestas sobre ese punto y continuaremos la discusión cuando se celebren las negociaciones multilaterales. 
Eso hace parte de nuestra agenda. 
Por último, en lo que se refiere a la agricultura, y para contestar al Sr. Clegg, existe en efecto una "cláusula de paz", o más exactamente de no agresión, en virtud de la cual el ámbito agrícola escapa del contencioso sobre las subvenciones hasta finales de 2003. 
Pensamos que todos sacan provecho de ese pacto de no agresión y que es una realidad que todos deberán tomar en consideración cuando esta cuestión se vuelva a plantear, o sea a finales de 2003. 
La "cláusula de paz" no es una espada de Damocles encima de una sola cabeza que sería la de Europa; si efectivamente es una espada de Damocles, está colgada encima de varias cabezas que están en la mesa de negociaciones en Ginebra. 
En lo que se refiere a los servicios, en pocas palabras, nuestra posición es la siguiente. 
En primer lugar, puesto que ocupamos la primera posición en el mundo como exportadores e importadores de servicios, tenemos intereses comerciales ofensivos. 
En segundo lugar, queremos tomar en cuenta las cuestiones del desarrollo. 
En tercer lugar, y respondo aquí al Sr. Herzog y a la Sra. Fiebiger, estamos perfectamente conscientes de los efectos de una negociación sobre los servicios en las políticas públicas y estamos totalmente de acuerdo con su recomendación sobre el carácter particular de la prestación de servicios públicos. 
Los acuerdos celebrados o por celebrar en el marco del GATS, o sea el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, no obligan a nuestros Estados a tomar el camino de la privatización o de la desreglamentación. 
En los sectores ligados al Estado y a los servicios públicos, salud, enseñanza y cultura, debemos preservar y preservaremos nuestras prerrogativas legislativas, nuestra identidad sociocultural y nuestros altos niveles de seguridad y de protección del consumidor. 
En lo que concierne a la propiedad intelectual, debo insistir en un punto que planteó la Sra. Kinnock y que recientemente volvió a ser de actualidad, debido al proceso que, en África del Sur, opone la industria farmacéutica al gobierno surafricano. 
No comentaré el asunto en sí, puesto que está sub júdice y que la Comisión no tiene por costumbre hacerlo, pero quiero explicar muy claramente la posición de la Comisión sobre la cuestión de las enfermedades transmisibles que afectan a los países en desarrollo. 
Ese asunto nos ha sido sometido desde el verano pasado. 
En septiembre se organizó en Bruselas una mesa redonda internacional de alto nivel que recomendó un enfoque global basado en tres pilares: uno, reforzar el apoyo mediante la política de desarrollo; dos, bajar el precio de los medicamentos esenciales; tres, reiniciar la investigación de alto nivel sobre esos medicamentos. 
Sobre la marcha de esa mesa redonda, que reunía a gobiernos del tercer mundo, organizaciones internacionales y Estados miembros, así como cierto número de organizaciones no gubernamentales, acabamos de adoptar un programa de acciones preciso basado en ese enfoque y cuyos primeros efectos concretos ya se pueden observar en cierto número de compromisos de reducción de los precios de parte de varias empresas farmacéuticas. 
¿Qué lugar ocupa la propiedad intelectual en ese contexto? 
En nuestra opinión, un lugar esencial para estimular la innovación y la investigación. 
Es lo que dice el acuerdo ADPIC, o TRIPS, del GATT, pero nosotros decimos también claramente, señora Kinnock, que hay casos en los que se admiten excepciones al derecho de patentes, y que éstas son previstas por el acuerdo sobre propiedad intelectual. 
Se les da el nombre de licencias obligatorias y están previstas en los casos en que dichas excepciones se justifican por motivos de salud pública o de urgencia sanitaria. 
El acuerdo autoriza y prevé esa flexibilidad y nuestra posición al respecto es la que voy anunciando públicamente desde hace varias semanas: todo el acuerdo, nada más que el acuerdo. 
Es cierto que aún no se ha logrado un verdadero consenso internacional sobre una interpretación equilibrada de esas disposiciones, pero nos hemos comprometido a defender esta posición clara: preservación de la propiedad intelectual, pero mantenimiento y utilización de las excepciones cuando están previstas tanto en la OMC como en la OMPI o en otra parte. 
Contesto en un segundo a la Sra. Mann, a riesgo de tomar más tiempo que los cinco minutos que me eran concedidos. 
Hemos efectivamente empezado a reajustar nuestro mandato previo a Seattle con arreglo a las preocupaciones que han sido expresadas por cierto número de países en desarrollo. 
En esta fase, no necesitamos ninguna modificación formal del mandato. 
Llegaremos a eso en el momento oportuno. 
Con respecto a la parte de la pregunta que se refería a Estados Unidos, es cierto que pasé allá parte de la semana pasada. 
Regreso con un sentimiento más bien positivo en lo que concierne a la administración, pero con la convicción, que tengo que reiterar ante esta Asamblea, de que la política comercial de los Estados Unidos depende más del Congreso que de la administración. 
Eso me permite pasar directamente al aspecto institucional de su informe. 
Estamos de acuerdo sobre el aumento de la participación de los parlamentos en los debates de la OMC. 
Como saben, en lo que se refiere a nuestros procedimientos internos, hemos perdido la batalla de Niza, que a decir verdad hemos librado muy solos, y por lo tanto, volvemos a lo que constituía el espíritu del acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión que adoptamos en julio de 2000. 
Pienso que hay, en ese acuerdo marco, todo lo que necesitamos para organizar nuestra cooperación y si aún existen algunos problemas sobre la parte del procedimiento que concierne a la solución de controversias, estoy dispuesto a discutirlo, quedando claro sin embargo que la solución de controversias no es una negociación, ni una creación de legislación interna, es una prerrogativa ejecutiva. 
Por consiguiente, estoy absolutamente de acuerdo en discutir e informar sobre ello, pero no confundan, no confundamos gestión y solución de controversias con prerrogativas legislativas. 
La próxima etapa que nos espera, señoras y señores diputados, es la Conferencia de Ministros de Qatar, del 9 al 13 de noviembre de este año. 
Es evidente que, hasta ese momento, seguiremos trabajando arduamente con la comisión parlamentaria competente en el orden del día y en los progresos que podamos realizar 
Insisto en el hecho de que ya es hora de pensar en las disposiciones prácticas para nuestra participación en Qatar. 
Tengo la intención de seguir con la práctica que hemos establecido en Seattle en cuanto a la composición de vuestra propia delegación, y por lo tanto cuento con la presencia activa de algunos y algunas de ustedes para promover en Qatar lo que, según ese informe, resulta claramente ser nuestros objetivos comunes. 
Muchas gracias, señor Comisario Lamy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
OCM en el sector del azúcar 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0081/2001) del Sr. Daul, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2000) 604- C5-0534/2000- 2000/0250 (CNS) ) por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar. 
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, nuestro Parlamento debe pronunciarse hoy sobre la propuesta de reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar. 
En la exposición de motivos de su proyecto, la Comisión subraya que esa OCM ha cubierto satisfactoriamente numerosos objetivos, y propone, con mucha razón, mantener un statu quo, pero limitado a dos años y acompañado de disposiciones que contradicen la evaluación hecha en primera instancia por la Comisión. 
Además, se propone realizar, en un tiempo récord, varios estudios exhaustivos, a fin de proponer una reforma a fondo de aquí a dos años. 
Frente a esa actitud, el Consejo no se ha equivocado y ha optado por una reconducción de esa OMC por 5 años. 
El proyecto nos es sometido en un momento en que la agricultura atraviesa una de las más graves crisis que ha tenido que enfrentar. 
¿Pero es ésta una razón suficiente para reformar una OCM que, según opinión de la misma Comisión, ha cumplido sus objetivos? 
No lo creo. 
Es la razón por la cual me parece razonable que esa OCM siga funcionando sobre las bases actuales por cinco años más. 
Ésta es la propuesta que su ponente les propone adoptar hoy. 
Primera observación: de los diferentes contactos que he podido realizar durante la elaboración de mi informe, se desprende una critica bastante constante del precio comunitario, demasiado alto, del azúcar. 
Para entender bien las causas de esa situación, creo deber recordar que la organización común de mercados en el sector del azúcar es una organización atípica por razones distintas. 
En efecto, esa organización de mercados se basa en un sistema de cuotas de producción, que conduce a un control estricto de los volúmenes producidos. 
Esa autorregulación entre producción, importación y exportación se completa con la toma a cargo por los productores de la mayor parte de los gastos de dicha OCM. 
El presupuesto de la Unión sólo interviene para el financiamiento de las exportaciones de azúcar que corresponden a las importaciones preferenciales concedidas a los países en desarrollo beneficiarios del protocolo del azúcar anexo al Convenio de Cotonou. 
De ello resulta que el costo de esa OCM para las finanzas de la Unión Europea es particularmente bajo respecto a la importancia del sector remolacha-azúcar. 
Es cierto que esta situación tiene como corolario un precio interior específico. 
A todo lo largo de los debates que han precedido este informe, varios intervinientes no han dejado de subrayar el carácter artificial del precio comunitario en comparación con el precio mundial. 
Esa critica abundantemente desarrollada en varios informes y medios de comunicación, merece también algunos comentarios. 
En primer lugar, es necesario ponderar cualquier referencia a un precio mundial que no se puede considerar como representativo de las transacciones efectivamente realizadas. 
Por otra parte, la objetividad que el Parlamento debe demostrar en ese informe lleva a comprobar que el precio comunitario baja regularmente en valor real desde hace unos quince años. 
Además, el 75% del azúcar se consume bajo forma de productos transformados. 
Esos productos azucarados tienen un precio que evoluciona independientemente del precio del azúcar. 
Observo por lo demás que esos productos no son más caros en la Unión Europea que en otros países. 
Segunda observación: varios estudios se refieren a la ausencia de competencia en el sector del azúcar en el seno de la Unión Europea. 
La competencia es precisamente uno de los puntos que debe ser objeto de un estudio detenido por parte de los servicios de la Comisión de aquí a dos años. 
Desde ahora, se impone una constatación. La competencia entre fabricantes de azúcar existe efectivamente puesto que los intercambios intracomunitarios son más importantes de lo que señala la Comisión. 
Corresponden a más del 30% del azúcar en bruto y al 26% del azúcar en forma de productos transformados. 
Finalmente, última observación: las consecuencias para el mercado comunitario y los países ACP de la decisión adoptada por el Consejo, hace 15 días, en relación con la iniciativa para los países menos desarrollados. 
Acabamos de discutir sobre ello, y esa iniciativa se sitúa también dentro de la voluntad de la Unión Europea de lanzar un ciclo de negociaciones multilaterales, punto sobre el cual nuestro Parlamento se pronunciará mañana. 
Sobre el fondo, pienso que esa iniciativa tendrá para los países ACP importantes consecuencias que no han sido claramente evaluadas por la Comisión. 
Es la razón por la cual son fundamentales tanto los estudios que la Comisión quiere llevar a cabo en el marco de una reforma de la OCM del azúcar, como la evaluación a la que deberá proceder en 2005 sobre la fase transitoria de la iniciativa PMD. 
Debe tener en cuenta las preocupaciones de los países ACP, que tradicionalmente exportan hacia la Unión Europea. 
Queridos colegas, quería, durante esos cinco minutos, presentarles estas observaciones que me parecían importantes, antes de que se pronuncien mañana sobre el fondo. 
Para concluir, quiero agradecer al Sr. Comisario su contribución, con la esperanza de que esta noche pueda desarrollar un poco su punto de vista sobre el proyecto del Parlamento, al conjunto de los funcionarios de la Secretaría del Parlamento su valiosa ayuda para la redacción de este informe, así como a todos los colegas que han participado muy activamente en él. 
Señor Presidente, la Comisión de Presupuestos es también de la opinión que el actual reglamento del mercado del azúcar se debería ampliar por un periodo de cinco años, es decir para el periodo de las actuales perspectivas financieras. 
Sin embargo, esto no es un cheque en blanco. 
En primer lugar, nos parece que el azúcar se debe considerar como cualquier otro producto agrícola. 
En 2002 se evaluarán los regímenes de mercado de todos los otros productos agrícolas, y nos parece que habría que aplicar los mismo a la producción de azúcar. 
Si para entonces resultara que es necesario revisar el reglamento del mercado del azúcar, entonces habría que ver si hay dinero para compensar a los agricultores: hemos procedido de la misma forma cuando se revisaban drásticamente los regímenes de otros productos agrícolas. 
Por lo tanto, todo depende de la cuestión de si podemos encontrar los fondos para compensar a los cultivadores si se revisa considerablemente el reglamento del mercado del azúcar. 
Por otra parte, la Comisión de Presupuestos comparte la opinión de la Comisión sobre la supresión del régimen de compensación de los gastos de almacenamiento. 
Cuando evaluemos en 2002-2003 el reglamento del mercado del azúcar, debemos disponer de unos elementos de información para hacerlo bien. 
Para ello, creemos que habría que hacer algunos estudios: en primer lugar, en relación con las consecuencias que puede tener la revisión del régimen azucarero para los países ACP que actualmente se benefician del acuerdo de acceso preferencial. 
¿Qué grupos de población quedarán perjudicados por esta medida? 
¿Cuál es la influencia en los precios de venta al consumidor de una eventual bajada de precios para los productores? 
¿Vamos a tener la misma historia como lo que pasó con, por ejemplo, el precio del pan cuando bajó el precio del trigo? 
¿Cómo va a influir el cambio de las cuotas nacionales en, por ejemplo, un sistema de cuotas europeo? 
Como última cuestión, nos gustaría saber cuál es la dimensión real de la competencia en el mercado del azúcar europeo. 
¿Hay realmente posibilidades de que se dé una auténtica libre competencia en este sector? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en las semanas y meses anteriores se ha hablado mucho en los debates sobre política agraria de hacer una reorientación de la misma. 
Ahora no quisiera entrar a considerar esas cuestiones, pero creo que hay algo que no ha sido tratado suficientemente. 
Me refiero al hecho de que de ningún modo el objetivo ha de ser poner en la picota a toda la agricultura europea y condenar globalmente los resultados de la política agrícola común. 
La política europea del azúcar, justamente, no merece un juicio semejante. 
La organización del mercado del azúcar es como un caballo en el callejón de los vencedores, como siempre se ha dicho en los debates. 
Los consumidores disponen desde hace muchos años de un nutriente fundamental y a buen precio. 
Algunos críticos piensan, e, incluso, afirman que el azúcar es muy cara. 
El Sr. Daul ya se ha referido a ello, pero aún así tuvieron que sonar las alarmas porque, primero, a muchos de esos críticos no les interesa el bienestar del consumidor, sino sus propios beneficios; segundo, porque la producción de un nutriente fundamental bajo los estándares sociales y ecológicos europeos tiene un precio justo; y, tercero, porque el precio del azúcar que tenemos en Europa es uno de los más bajos del mundo medido con relación a la capacidad adquisitiva de los consumidores. 
Algunos dicen también que la organización del mercado del azúcar está anticuada. 
Lleva vigente 32 años, desde 1968, pero siempre ha sido actualizado. 
Por eso es necesario que ahora haya un período más largo de validez, por lo menos de cinco años, como el ponente, el Sr. Daul, ha dicho. 
El sistema de costos de almacenamiento no sería el correcto si se cambiase... 
(El Presidente retira la palabra al orador.) 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega, Sr. Daul, sobre el régimen del azúcar está excepcionalmente cuidado y responde a las exigencias de todas las partes implicadas, siempre en el marco de las posibilidades y del equilibrio de la política agrícola común. 
Realmente, con las propuestas del informe se presta servicio, bastante satisfactoriamente, a los intereses de los productores comunitarios de remolacha o de caña, relacionados con el empleo y con su nivel de vida. 
Además responden a las necesidades de programar la producción ya que, como todos sabemos, el cultivo de la remolacha es un cultivo que participa en una rotación de cultivos de cuatro años con otras plantas de gran cultivo. 
Igualmente se protegen los intereses de los consumidores tanto en los precios como en los niveles cualitativos. 
Se adaptan las fechas de vencimiento del régimen actual a los plazos del Acuerdo de Berlín. 
Esta adaptación tiene una especial importancia, no sólo porque todos los interesados conocen la fecha concreta del cambio de régimen y se avendrán a ella, sino también porque, con vistas a las negociaciones de la OMC tenemos una oferta concreta para el debate. 
El régimen de producción de azúcar de remolacha es un régimen de autofinanciación. 
El volumen principal de los gastos de este régimen se paga con la financiación de ayudas a la exportación. 
El nivel más alto de ayudas a la financiación permitido por la OMC, es el nivel del año 2000-2001. 
Sería un error imperdonable que la Unión Europea cambiase este régimen antes del año en el que está obligada a hacerlo, reivindicando entonces algunos cambios. 
Finalmente, señor Presidente, el sector de la producción de azúcar es un sector que, para que funcione con normalidad, necesita inversiones significativas. 
Y no hay posibilidad de realizar tales inversiones si el ambiente inversor no tiene, por lo menos, un horizonte a medio plazo. 
Así pues, nos agrada apoyar el informe del Sr. Daul. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión ha presentado una propuesta de organización común de mercados en el sector del azúcar que debe ser vista como una continuación de las exigencias de los acuerdos GATT para que la UE reduzca gradualmente las ayudas a la exportación de productos agrarios, especialmente del azúcar, amparado en cuotas de producción. 
Este régimen de cuotas expira con el fin del año de producción el 30 de junio de 2001 y la Comisión propone que el régimen vigente continúe durante un período de dos años con ciertas modificaciones de alcance limitado. 
A la Comisión le falta explicar cómo se financiará el período 2003-2006. 
La Comisión propone que el actual nivel de precios sea prorrogado, pero reduciéndose las cuotas en 115.000 toneladas. 
Además, queda derogado un régimen de compensación de los gastos de almacenamiento y la exigencia de mantenimiento de existencias mínimas. 
Esta reducción de la cuota de producción a la que antes he hecho mención posibilita una apertura del mercado al azúcar de los países más pobres del mundo según el principio "everything but arms". 
Algo que respaldamos. 
No obstante, como mencioné antes, falta que la Comisión informe a la industria azucarera y a los productores azucareros sobre la financiación durante el período 2003-2006. 
Por ello respaldamos las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario en virtud de las perspectivas financieras recogidas en la Agenda 2000 y deseamos prorrogar la organización de mercados hasta el período 2005/2006. 
Sin embargo, exigimos al mismo tiempo que la reforma de la organización de mercados esté ya lista en el año 2003. 
Señor Presidente, señor Comisario, la organización del mercado azucarero demuestra que también se pueden conseguir cosas sensatas con medios administrativos. 
Quisiera recordarles el debate sobre la organización del mercado del porcino. 
Señor Mayer, usted sabe que yo dije entonces que, cuando hubiese oportunidad, le recordaría cuando desde sus filas se disparó vehementemente en contra pidiendo el libre mercado. 
Entonces dije que con la organización del mercado azucarero volvería sobre ello. 
Pero ustedes estaban algo divididos. 
La Sra. Schierhuber, si no recuerdo mal, votó a favor de la regulación de entonces sobre el porcino, pero ahora estamos con el azúcar, y creo que la organización de este mercado no debería ser barrida completamente, sino tan sólo sometida a algunas modificaciones. 
La producción debe ceñirse al consumo de la Unión Europea. 
A ello se suma que lo que nosotros importamos de terceros países, por ejemplo, de los países ACP, no encuentra una correspondencia en la exportación. 
Podemos sin problemas importar azúcar de los países menos desarrollados, de los más pobres. 
Pero yo estoy a favor de que cuantifiquemos esas importaciones para que no entremos en un comercio circular. 
Es decir, debemos hacer la exportación de vuelta en cuotas, nada de azúcar C, nada de exportaciones a costa de los productores agrícolas. 
Porque aunque esto en dinero cuadra, sigue siendo dumping. 
La Unión Europea debe cesar de subvencionar los costes de almacenamiento con dinero público. 
Creo en el autosostenimiento del mercado del azúcar. 
Entonces, hay que dejarle que se mantenga de esa manera. 
El azúcar puede dar mucho juego en el ámbito ecológico. 
Por necesidad se redujo el uso de nitratos, porque empeoraba la cosecha azucarera, pero independientemente de ello, también hay cosas que se pueden hacer en la agricultura, y se puede además obligar a las fábricas a que compren una parte determinada del azúcar ecológica. 
Señor Presidente, el reglamento propuesto sobre el azúcar se mueve en el marco financiero asfixiante acordado en Berlín, cuyo objetivo es la reducción drástica de los gastos agrícolas totales. 
Para justificar estos recortes financieros, se está intentando presentar la situación actual muy negra, para preparar el clima de limitaciones drásticas en las cuotas, en los precios y en las rentas de los agricultores, cuyo objetivo final es reducir drásticamente la producción comunitaria. 
Para evitar las tensiones sociales que provocaría la aplicación inmediata de tales medidas emprendedoras, la Comisión está planeando su aplicación gradual, para aplicarlas severa y completamente, con un nuevo reglamento que se aprobará y entrará en vigor desde el periodo 2003-2004. 
En este plan, se propone la congelación de los valores nominales en los niveles del año 1983-84 para otros dos años, lo cual significa una reducción de los precios y de las rentas reales, mientras que la congelación prolongada de los precios de la remolacha redujo en un 33% los precios reales en el periodo 1982-1999. 
Igualmente se propone la reducción de las cuotas en 115.000 toneladas, así como la supresión del almacenamiento para poder ahorrar del presupuesto comunitario 300 millones de euros anuales. 
Estas propuestas van a tener unas consecuencias dramáticas, como la reducción de los precios reales de la remolacha y de las rentas de los productores. 
La reducción mayor de las cuotas, junto con reducciones equivalentes en todos los productos agrícolas, va a intensificar la desesperación de los agricultores, a quienes además no se les propone nada sobre sus futuros cultivos. 
Como estas medidas transitorias se sitúan en un plan de limitaciones drásticas más amplias... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, yo también agradezco la oportunidad de poder hacer una breve contribución al debate sobre la organización común de mercado del azúcar. 
Felicito al ponente, el Sr. Daul, por su trabajo, que en nombre de mi Grupo no tengo ninguna dificultad en apoyar. 
La organización común del mercado del azúcar ya ha sufrido varias reformas, incluyendo un acuerdo para reducir las cuotas en 500.000 toneladas en la campaña 2000-2001. 
Además, los precios oficiales para el azúcar han caído constantemente desde 1985 hasta un 36% en términos reales. 
El sistema actual ha proporcionado estabilidad al sector y ha permitido a la Comunidad ser un modesto aunque constante exportador a los mercados mundiales. 
Es importante que el Parlamento resalte los esfuerzos de la Comisión por desentenderse prematuramente de las decisiones adoptadas en Berlín, que en el caso del régimen del azúcar debían estar vigentes hasta el 2006. 
Esto sólo socavaría la confianza de los agricultores en la capacidad de Europa y sus instituciones para estabilizar un sector que en tiempos recientes ya ha sido castigado con la caída de los ingresos y la inestabilidad de los mercados. 
Existe el peligro de que la actual crisis sin precedentes que atraviesa el sector ganadero- fundamentalmente por la EEB y la fiebre aftosa- se utilice para introducir profundas reformas en la Política Agrícola Común que de otra forma no hubieran sido contempladas. 
En su lugar deberíamos concentrar nuestra energía y recursos en la estabilización del sector, en el establecimiento de la confianza del consumidor en los alimentos y en invertir en la promoción y desarrollo del mercado. 
La estabilidad de los ingresos de los agricultores debe ser esencial en cualquier reforma futura. 
Cada vez menos gente se siente atraída por la agricultura como medio de vida, especialmente cuando en otros lugares existen trabajos más remuneradores. 
Señor Presidente, el régimen comunitario para el azúcar es sin comparación el más proteccionista del mundo. 
Cuesta miles de millones y ha conducido a una enorme ineficacia en la asignación de la producción azucarera mundial. 
Resulta inconcebible que la Comisión de Agricultura quiera que la organización sea prorrogada hasta el año 2006, tanto más cuanto el Tribunal de Cuentas señala que la Comisión ha ocultado información relevante y debería haber tratado las cuestiones de los costes económicos de los excedentes, el efecto en los precios del mercado mundial, los ingresos de los países en vías de desarrollo y el efecto sobre el medio ambiente. 
Sólo cabe reír o echarse a llorar cuando la Comisión en su considerando segundo escribe que debe velarse por los intereses de los consumidores a sabiendas de que la organización del azúcar triplica los precios de los consumidores en todos los productos que contienen azúcar. 
Sin embargo y a pesar de todo, esto no es lo peor. 
Lo peor es que la falta de una reforma de la política azucarera ha parado los pies a la iniciativa "everything but arms" para dar acceso al mercado comunitario a los 48 países más pobres del mundo. 
Una iniciativa, que en el peor de los casos hubiera supuesto aumentar la importación de azúcar en aproximadamente 100.000 toneladas al año. 
Resulta indecente que los agricultores comunitarios no acepten esta importación cuando ellos mismos colocan anualmente 8,8 millones de toneladas de azúcar subvencionado por la UE en el mercado mundial. 
Es sumamente lamentable para esta Asamblea que la Comisión de Agricultura del Parlamento quiera ser aún más proteccionista que el lobby agrario europeo. 
Exhorto por ello encarecidamente a todos los que quieran defender los intereses de los consumidores y del tercer mundo a que voten en contra del informe. 
Señor Comisario, estoy algo preocupado por el método y no por el fondo del extraordinario trabajo realizado por el Sr. Daul. 
En el mundo agrícola, estamos atravesando una situación que usted conoce perfectamente y que, por lo tanto, no es necesario recordar. 
Como mundo agrícola, sentimos la necesidad de llegar a comprender cuál es la idea del mercado que vamos a construir en los próximos diez años, ya que si, por un lado, son absolutamente improrrogables las reglas impuestas por la globalización, es decir, la apertura de nuestros mercados, por otro, debemos tener muy en cuenta la que es una riqueza y un recurso para toda Europa. 
Por esto, en el momento en que abordamos esta reforma de la organización común del mercado, no lo hacemos sobre la marcha. En efecto, el año que viene quedará sin efecto la cláusula de salvaguardia y, en lo que refiere al sector del azúcar, tenemos la necesidad de una relación diferente con los países ACP, a pesar de que, al mismo tiempo, estamos trabajando en nuestro interior en un proceso de liberalización: la revisión de las cuotas y la reducción de la ayuda a las exportaciones que nos hacen suponer una apertura del mercado que tendrá como consecuencia una pérdida de competitividad. 
Es obvio, por lo tanto, que si en un momento de transformación como este se hace mella también en los sectores de menor coste con intervenciones de política agrícola, subsista alguna preocupación en el mundo agrícola. 
Señor Presidente, este informe representa una enorme oportunidad perdida. 
Insto al Parlamento a reflexionar sobre el tipo de mensaje que vamos a enviar al contribuyente europeo y a los agricultores de los países candidatos si volvemos a dejarlo pasar, como propone el Sr. Daul. 
No tengo ningún problema con que el Sr. Daul quiera personalmente quiera pasar sin hacer nada para los productores de azúcar- ya que el es uno de ellos. 
Puede hacerlo cuantas veces quiera, pero este Parlamento debe resistir cualquier tentación de volver a pasar otra vez por encima del régimen del azúcar. 
¿Por qué cuando hay una creciente presión sobre el gasto agrícola, cualquier oportunidad real de reformar la PAC es recibida por esta Asamblea con un ademán de indiferencia? 
Este informe demuestra lo poderoso que es el lobby agrícola, a pesar de que la presión para la reforma crece, no sólo de los ciudadanos europeos sino también por parte de agricultores preclaros que reconocen que el régimen actual es claramente insostenible a largo plazo. 
Ha permanecido inalterado durante 32 años y su naturaleza altamente proteccionista ha mantenido el precio del azúcar de la UE al triple del nivel mundial, discriminando injustamente a los consumidores y dañando la competitividad de la industria. 
Ahora sabemos que la OMC y los compromisos de ampliación implican que otra revisión inocua quebraría la credibilidad internacional de la UE. 
Un informe reciente del Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión de que el régimen del azúcar produce costes sustanciales para el presupuesto de la UE y para el consumidor. 
De modo que lo que necesitamos es una reforma seria y bien concebida. 
Las ramificaciones a largo plazo del plan del Sr. Daul de no hacer nada implicarán cortes en las cuotas cada vez más profundos, la reducción de la industria y la amenaza del empleo. 
Lamentablemente hemos sido bombardeados con algunas afirmaciones infundadas sobre impuestos sobre el almacenamiento y los ACP, ignorando el hecho de que el dinero ahorrado podría redirigirse hacia otros gastos agrícolas. 
Estoy enojado con el resultado de este informe y preocupado de que la opinión unánimemente acordada por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía fuese ignorada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Señor Presidente, Señorías, Comisario, como miembro de las Comisiones de Control Presupuestario y de Derechos de los Ciudadanos sigo con mucha atención y también con pasión las evoluciones en nuestra deficiente política agrícola. 
Leyendo el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la reforma de la organización del mercado del azúcar, uno se va dando cuenta párrafo tras párrafo de los asombrosos fallos que tiene éste. 
El ponente Daul no dedica ni una palabra a este informe del Tribunal de Cuentas. 
Sin embargo, la nueva Comisión Europea sí lo ha leído y ha tenido el valor de presentar una propuesta de reforma y de adaptación. 
Lamentablemente, he de constatar que nuestra Comisión de Agricultura quita estas propuestas de en medio, que da su aprobación a una política rentable a corto plazo y de pocas miras. 
Además, se rinde ante los intereses y el lobby caramelizado de la industria azucarera. 
Es, por así decirlo, una política que va en contra de los intereses del mismo agricultor y, además, está sobre todo enfocada a la industria. 
Estimados colegas, no puedo dar mi aprobación a este informe. 
Es una vergüenza que se atente de esta manera contra el buen control presupuestario. 
Los costes netos originados por el exceso de producción ascendieron en 2000 a 800 millones de euros, casi la misma cantidad que aprobamos hace algunas semanas para la lucha contra la crisis de la EEB. 
Las existencias medias de azúcar blanco ascienden a un 14% de las cuotas de producción, o sea, dos millones de toneladas. 
Y eso cuando la Comisión opina que sólo se necesitan 0,4 millones de toneladas, o sea un 3%, para los periodos de escasez imprevistos. 
Esto nos viene a costar al año 30 millones de euros. 
Además, el consumidor se enfrenta a un mercado en que apenas cinco empresas poseen más del 50% de las cuotas de la UE. 
En la mayoría de los Estados miembros productores de azúcar la cuota nacional entera está en manos de sólo dos empresas. 
¡Y luego estamos hablando de libre competencia! 
Esta política atenta contra los intereses del consumidor, del medio ambiente, de una producción de alta calidad y va también en contra de los intereses del tercer mundo. 
Les pido que rechacen este informe y que se tomen en cuenta por lo menos las observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas. 
Señor Presidente, la Comisión está haciendo unas propuestas tímidas para reformar el reglamento del mercado del azúcar con miras a una reforma más drástica en 2003. 
El ponente Daul rechaza estas propuestas de la Comisión con mucha razón. 
La liberalización del mercado del azúcar no tiene mucho sentido si no va en beneficio del consumidor. 
Sólo se aprovecharán las multinacionales de bebidas refrescantes y la industria alimentaria de esta liberalización. 
Los que se perjudican son los cientos de miles de agricultores europeos que cultivan remolacha. 
La suposición de que los países en vías de desarrollo van a sacar provecho de un mercado sin protección se puede cuestionar. 
Algunos países menos avanzados pueden exportar ahora una cantidad fija de azúcar a la UE por la que reciben más dinero del que obtendrían en el mercado mundial. 
Estos países se benefician en un 90% de los costes del presupuesto europeo de azúcar de 800 millones de euros. 
La Comisión debería considerar otras cuestiones además de la liberalización y el respeto de las reglas de la OMC cuando se trata de una reforma del reglamento del azúcar. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que estudie bien las diferentes maneras de abordar este tema y que tome en cuenta la ampliación antes de que presente en 2003 las nuevas propuestas. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Daul por su informe y antes que nada quisiera decir que lo voy a apoyar mañana. 
Voy a apoyar a mi electorado, integrado por grandes productores de azúcar, y no voy a apoyar a las multinacionales que están ejerciendo una dura presión. 
Sólo quiero decirle, señor Comisario que he trabajado en el Protocolo 77, que trata en gran medida con la ayuda a países del tercer mundo. 
He escuchado a la Sra. Gill hablar sobre la forma en que el consumidor se va a ver beneficiado. 
Permítanme dejarles absolutamente claro hoy que el consumidor no se va a beneficiar de una reducción del precio pagado a los agricultores británicos y europeos por el azúcar. 
Desde luego no lo hacen en el resto del mundo donde el azúcar es mucho más barato. 
¿Por qué me está presionando el mayor usuario de azúcar del mundo, una compañía americana, específicamente para que se reduzca el precio? 
He escuchado hablar antes al Comisario Lamy sobre las relaciones comerciales con los EE.UU.: ¿van a reducir los Estados Unidos el precio que pagan a sus agricultores al igual que vamos a hacer nosotros, o van a continuar con su amplio apoyo? 
Señor Daul, usted ha dicho que el régimen del azúcar era un acuerdo especial. 
Discutiría un poco con usted al respecto porque creo que es un caso único. 
En primer lugar, el contribuyente no paga por el mismo. 
En segundo lugar, beneficia directamente a los agricultores, al contrario que muchos otros sectores de la PAC, y en tercer lugar el propio protocolo del azúcar ayuda a algunos de los países más pobres del mundo. 
He trabajado muy duramente para conseguirles esa ayuda y pretendo mantener esa ayuda para esos países ACP. 
Señor Comisario, en el Reino Unido tenemos un dicho: si no está roto, no lo repares. 
Le pido por favor que no repare este sistema. 
Señor Presidente, considero que, además de los temas que nos plantean las reglas de la OCM, debemos afrontar los temas de la sobreproducción y de los precios elevados en el mercado comunitario. No obstante, estoy de acuerdo con la propuesta de fondo que hace el ponente de prorrogar el régimen actual hasta el año 2006, de conformidad con lo que se estableció en Berlín, y baso este acuerdo en la necesidad de dar tiempo a la transformación y la reconversión de la producción, de modo que las medidas, aun siendo necesarias, no impliquen una reducción de la renta de los productores y una agudización de la situación de malestar social en algunas zonas en que se produce este producto. 
Creo que existe esta necesidad de convergencia con la propuesta de fondo y a esta propuesta daremos nuestro apoyo. 
Señor Presidente, la ampliación del régimen del azúcar actual es la mejor opción para los productores, los consumidores y los países en vías de desarrollo. 
El informe Daul es un buen alegato en favor de esta ampliación del régimen azucarero de la UE, un régimen que le sale barato a la Unión Europea comparado con otras políticas. 
Aparte de una política regional dirigida a algunas partes de la Unión Europea y la financiación de la importación procedente de un gran número de países ACP, esta política la financian realmente los mismos agricultores. 
Por lo tanto, me parece sorprendente que haya surgido de nuevo un debate sobre los costes de esta política. Se comenta que es costosa y que provoca altos precios para los consumidores. 
Pues bien, el primer punto se puede contradecir mirando bien el presupuesto agrícola, del cual se desprende que los gastos para mantener esta política se destinan sobre todo a las medidas relacionadas con los países ACP y con la política regional, no al mismo régimen del mercado. 
Y en relación con la segunda cuestión, no se pueden comparar churras y merinas, y en ese error incurrimos cuando se compara una pequeña parte del mercado mundial- que es en parte un mercado de excedentes- con los precios para el consumidor en Europa. 
Así por ejemplo, cuando se adaptaron los precios europeos internos del trigo al mercado mundial resultó que el consumidor europeo no se benefició en absoluto de los precios más bajos de producción. 
Tampoco en el caso de los precios de la carne los consumidores perciben una reducción de precios de muchos productores. 
Habiendo dicho esto, creo que es mejor se opte por una política en la que tanto los productores de Europa como los de fuera tengan una posición de igualdad en un mercado de competencia real en lugar de ocupar una posición desigual en el debate entre consumidores y productores. 
Pero tal vez se debate esta cuestión en el contexto del "mid term review" de la política europea. 
Para terminar, me gustaría decir que en relación con el acceso de los 48 países más pobres al mercado de la Unión Europea se puede elegir una especie de fórmula ACP en vez de decir de antemano que se borra esta política del mapa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en los últimos meses hemos debatido profundamente el tema de la organización del mercado azucarero y hemos tenidos muchas discusiones fuertes y encontradas no sólo con la Comisión, sino también con todos aquellos que se pronunciaban a favor de una total liberalización del mismo. 
Quisiera felicitar al ponente porque, según mi opinión, ha sabido conseguir en su informe un muy buen resultado. 
Siempre se está hablando de que el azúcar es demasiado cara y que debería salirle más barata a los consumidores. 
Quisiera referirme tan sólo a la crisis de la EEB. 
Nos ha demostrado que aunque los ganaderos han visto caer los precios hasta un 30%, los consumidores siguen pagando en las carnicerías el mismo precio. 
Por tanto, apoyo totalmente la prolongación de la organización del mercado del azúcar hasta el año presupuestario 2005-2006. 
Según mi opinión, éste es el elemento clave en la propuesta presente. 
Este período se compagina con los que fueron acordados en Berlín, cuando se fijó la PAC para seis años. 
Nosotros los agricultores necesitamos una política en la que podamos confiar. 
Los afectados del sector, los productores de remolacha azucarera y los fabricantes de azúcar, necesitan de una previsión suficiente para decidir sobre las inversiones correspondientes. 
En este contexto quisiera referirme al próximo ingreso de nuevos países, y creo que no sería inteligente plantear una nueva OMC sólo para dos años, como se propuso en un principio, pues esto sólo causaría confusión y conduciría a una situación de espera. 
Por lo que respecta a la regulación de los costes de almacenamiento, apoyo el planteamiento del ponente sin reparos si se pronuncia a favor del mantenimiento de lo que ha habido hasta ahora. 
Es un instrumento importante para mantener el mercado estable, y se ha acreditado durante 30 años. 
Sería corto de miras querer desequilibrar la organización de un mercado que ha funcionado sin problemas sólo por el gusto de reformar por reformar. 
Señor Presidente, con alguna dificultad hemos podido llegar a Estrasburgo para intervenir en este debate, tan importante para el futuro de la agricultura europea y de la OCM del azúcar en mi país y en mi región. 
La propuesta que nos hace la Comisión de reducir las cuotas en 115.000 toneladas o reducir las ayudas al almacenamiento para ahorrar unos 300 millones de euros, así como de acortar los plazos, no logro entenderla muy bien, puesto que creo que se trata de un cambio sustancial que considero injustificado. 
¿Y por qué hacia 2003? 
Me gustaría que se nos dijese si la Comisión piensa que, a partir de 2003, habrá más recursos y quedará justificada esta modificación provisional. 
Quiero felicitar al Sr. Daul por su trabajo sobre la propuesta de la Comisión y por la sensibilidad especial que ha manifestado hacia cada uno de los problemas que le hemos expuesto, respecto de los cuales ha sido capaz de encontrar un compromiso, recogiéndolos en su informe. 
Me gustaría que esta modificación provisional que nos propone nuestra comisión parlamentaria, en la que opta por mantener el régimen de cuotas sin modificar el régimen de precios, sea tenida en cuenta por el Sr. Comisario y que se modifique la postura de la Comisión en el sentido propuesto por el Sr. Daul, cuyo informe compartimos en todas sus líneas fundamentales y estamos dispuestos a apoyar mañana por la mañana. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, permítanme, antes de entrar a valorar las cuestiones técnicas, que felicite efusivamente al ponente, el Sr. Daul, e igualmente a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural así como a las comisiones de Industria y de Presupuestos, cuyos miembros han participado en la profunda revisión a la que ha sido sometida la propuesta de reforma de la organización del mercado azucarero, por su dedicación y trabajo. 
Y yendo ahora al contenido. ¿Cuáles son los elementos importantes de la propuesta que la Comisión ha difundido? 
La Comisión es de la opinión de que es necesaria una reforma sustancial de la organización del mercado azucarero. 
Pero una reforma tal sólo puede hacerse responsablemente sobre la base de análisis profundos. 
Por ello, la Comisión encargó dos estudios cuyos resultados estarán listos, previsiblemente, para mediados de 2002. 
El primer estudio se ocupa de la concentración y la competitividad en el sector azucarero, pero no sólo en él, sino también en otros grandes sectores agrarios y de la industria alimenticia. 
El segundo estudio investiga las distintas opciones imaginables concernientes a la reforma sustancial de la organización común del mercado del azúcar. 
Para ese periodo intermedio, la Comisión propone prorrogar por dos años presupuestarios los mecanismos principales de la actual organización del mercado azucarero. 
Además, la cuota total debe reducirse en 115.000 toneladas, lo que corresponde a un 50% del excedente estructural que se genera en el marco de las limitaciones a la exportación impuestas por la OMC. 
Las restituciones de los costos de almacenamiento desaparecerán para elevar así la competitividad y disminuir el estímulo a la producción de azúcar C. Esto genera un ahorro de gastos para el FEOGA por valor de 300 millones de euros al año. 
La obligación de que los productores mantengan una cantidad mínima almacenada debe desaparecer, porque una medida semejante, en vista de la situación real de aprovisionamiento en la UE, no está justificada. 
Finalmente, la restitución de la producción azucarera destinada a la industria química deberá proceder en un futuro del sector mismo. 
Y ahora vayamos a las enmiendas presentadas a la actual propuesta de la Comisión. Una parte de ellas presentadas en el informe del Sr. Daul piden, en definitiva, que la actual organización del mercado azucarero sea prorrogada por cinco años y sin ninguna modificación por parte de la Comisión, tal y como prevén las enmiendas 2, 15-18, 22, 26, 29, 68, 69, 70 y 71. 
La Comisión puede aceptar que se prorrogue la actual organización del mercado azucarero por más años que los dos propuestos, pero sólo si se aceptan los otros elementos clave de la propuesta de la Comisión. 
Por eso, la Comisión no puede aceptar toda una serie de enmiendas por las siguientes razones. 
Las enmiendas 3, 4, 23, 24, 31 y 56 prevén dejar tal como están ahora tanto las cuotas fundamentales como el nivel de la demanda más alta estimada para el aprovisionamiento de la industria refinera. 
Esto no puede aceptarse porque la destrucción que la Comisión pretende de al menos una parte de los excedentes estructurales es ineludible para poder cumplir nuestros compromisos con la OMC. 
La Comisión tampoco está en disposición de aceptar las enmiendas 36, 45, 57, 60-62, 65, 67 y 72-75, dado que, o bien aumentan aún más las cuotas, o bien las reducirían de un modo demasiado drástico, o las redistribuirían. 
Las enmiendas 1, 5, 8, 12, 13, 19, 25, 27, 28, 30, 39 y 40 apuntan a mantener las restituciones de los costos de almacenamiento. 
Tampoco puedo aceptar esto, porque con la desaparición del sistema de restituciones de gastos se busca un fortalecimiento de la competitividad, eliminar el estímulo a la producción de azúcar C y, de paso, se genera un ahorro presupuestario importante. 
Las enmiendas 6, 21 y 40 prevén el mantenimiento de la cantidad mínima almacenada. 
Tampoco puedo coincidir con esta propuesta, porque en vista de los actuales excedentes no estaría justificada. 
La enmienda 40 propone que se mantenga la participación del FEOGA en la financiación de la restitución de la producción para las primeras 60.000 toneladas de azúcar utilizadas en la industria química. 
Las enmiendas 19, 14, 37 y 38 proponen que Italia, España y Portugal tengan nuevamente la posibilidad de conceder ayudas nacionales. 
Pero estas ayudas nacionales han sido ya concedidas durante demasiado tiempo y han causado importantes distorsiones de la competitividad. 
Sobre las enmiendas 33, 63, 64, 66, 76 y 77 puedo asegurarles que la Comisión se va a esforzar por asegurar la coherencia necesaria entre las propuestas para el sector azucarero y la política de desarrollo. 
No hay, pues, ninguna necesidad de hacerlo en la propuesta. 
También deben ser rechazadas otras enmiendas, como la 20, en la cual se pide para las Azores un concepto diferente de refinería, o la 36, que aspira a una actualización de las cuotas de cara al cumplimiento de los compromisos con la OMC. 
Una actualización semejante está prevista en el artículo 10 de nuestra propuesta. 
Para terminar quisiera nuevamente reiterarles mis felicitaciones por su trabajo y espero que ustedes reconozcan que la disposición de la Comisión de añadir dos años más de prórroga al sistema, está tratando, sin lugar a dudas, de buscar un acercamiento con el Parlamento. 
Señor Comisario, gracias por su respuesta tan minuciosa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Información y comunicación 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral (B5-0011/2001) del Sr. Graça Moura, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, a la Comisión respecto a la estrategia de información y comunicación de la UE. 
Señor Presidente, señor Comisario Monti, en mi condición de presidente de la Comisión de Cultura, esta tarde tengo el deber de exponer los motivos de esta pregunta. 
Interpretando el sentir de mi propia comisión, considero que no siempre la Comisión ha puesto mucho empeño en conceder al problema de la comunicación una gran importancia. 
En la comisión hemos debatido el tema en numerosas ocasiones y el 14 de abril del año pasado- de esto hará un año- la Comisaria Reding nos informó que presentaría una comunicación, un proyecto, una estrategia, pero hasta la fecha no ha habido nada de todo esto. 
Hay retrasos que no podemos dejar de subrayar, ya que estimamos que la estrategia de la Unión Europea está muy vinculada a la información y a la comunicación. 
Creo que no se trata de frases retóricas, sino de problemáticas relacionadas precisamente con la construcción europea, con la construcción de una Europa que no queremos que sea únicamente económica, sino que consideramos que ha de ser institucional y política. 
Los ciudadanos deben conocer y estar al tanto de la actividad de la Unión Europea al menos en los que se refiere a tres problemáticas fundamentales, a saber, la ampliación, la unión monetaria, la política europea de defensa. 
Por lo tanto, si el objetivo, como se dijo en el Consejo de Lisboa, es que también el factor económico, la economía se base en el conocimiento, no podemos dejar de recalcar, señor Monti, que, para convertirse en una unión política y civil, la Unión, que no puede ni debe ser sólo económica, necesita un gran esfuerzo desde el punto de vista del conocimiento y de la participación de los ciudadanos en la construcción de esta Europa. 
En consecuencia, notamos un contraste- lo quiero decir muy claramente- entre un euro que se va convirtiendo en realidad, una moneda que se convierte en moneda única, el euro que a partir del año que viene será una realidad, y una Carta de Derechos que se aprobó en Niza, a pesar de no integrarse en los Tratados. 
Y aquí, quisiera expresar mi opinión personal: se vierten muchas críticas sobre el después de Niza, sin embargo, considero que se ha hecho todo lo posible para prepararse a una Constitución europea. 
No podía no existir una fase previa de reconocimiento de algunos derechos fundamentales de todos los ciudadanos europeos, y el proyecto que debe seguir adelante y la colaboración que ha de existir entre la Comisión y el Parlamento están ligados precisamente a la posibilidad de imaginar, de formular una Constitución europea en la cual se establezcan e indiquen los derechos de todos los ciudadanos. 
El proceso, no obstante, es laborioso: algunos querían que se hiciera inmediatamente olvidando que los procesos institucionales y jurídicos son lentos y deben contar con la participación de todos los ciudadanos. 
Ahora bien, el problema de la comunicación- como ve, señor Comisario, no es algo retórico, sino profundamente connatural a la naturaleza de la relación entre las Instituciones y los ciudadanos y la voluntad de construir una Europa de los ciudadanos, además de una Europa institucional- está muy ligado a una estrategia, a un verdadero proyecto en materia de comunicación que, lamentablemente, en nombre de la comisión, he de decir que no existe, a pesar de los muchos debates que he planteado, que hemos desarrollado en la comisión y a pesar de las solicitudes hechas por todos los Grupos a la Comisaria Reding y al Presidente Prodi. 
Esta tarde, se lo repetimos a usted, porque las razones de la pregunta guardan relación precisamente con esta problemática. 
Creo que usted se hará cargo de estas razones hasta el fondo, es más, quisiera añadir que ambos debemos hacernos cargo del problema con objeto de que la relación entre la Comisión y el Parlamento sea una relación útil, virtuosa, una relación continua, como es justo que sea y como estamos haciendo de todo para que así sea en esta legislatura, porque la Comisión debe prestar atención a lo que la comisión parlamentaria y el Parlamento en su conjunto tratan de decir y dicen reiteradamente. 
Por lo tanto, si el debate que llevamos a cabo esta tarde puede ser útil para aspirar a mantener una relación más estrecha y a obtener una respuesta muy convincente por su parte, pues bien, creo que habremos hecho una labor muy eficaz desde este punto de vista. 
. (IT) Señor Presidente, señoras y señores diputados, agradezco al presidente de la Comisión de Cultura, Sr. Gargani, el hecho de haber ilustrado tan claramente la pregunta sobre un tema que también la Comisión considera extraordinariamente importante. 
Trataré de responder por partes a los diferentes puntos planteados en la pregunta. 
Ante todo, y en cuanto al primer punto, la comunicación sobre la política de información anunciada por la Comisión se presentará antes del verano y luego se someterá al Comité interinstistucional, a la Comisión de Cultura que usted preside, señor Gargani, y a la Comisión de Presupuestos del Parlamento. 
En cuanto al segundo punto, esto es, el desarrollo de la tecnología de la información, la Comisión lo tiene en cuenta de muchas maneras: agrupación de todos los instrumentos de comunicación en una sola Dirección General, reducción del soporte de papel en favor del electrónico, desarrollo del servidor Europa de segunda generación, con arreglo a las recomendaciones de la Cumbre de Lisboa, armonización y desarrollo de los sitios Internet de las representaciones de la Unión con portales simplificados entre todos los servicios de la Comisión. 
En tercer lugar, la Comisión cuenta con expertos y profesionales para la elaboración de su política de información, sobre todo en lo que se refiere a la estrategia relativa a las campañas de amplia difusión, como las que el mismo Sr. Gargani ha acertadamente subrayado, sobre la ampliación y el euro. 
La Comisión también se vale de estos profesionales para la formación en materia de tecnologías de la información y los ciudadanos son consultados a través de los numerosos debates sobre Europa organizados en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental y que se intensificarán en torno a los temas sobre el futuro de Europa. 
Las representaciones y las redes de los centros de información para el gran público se erigen en portavoces de las preocupaciones prácticas de los ciudadanos y escucharles nos permite adaptar la estrategia de información según los Estados u otros factores específicos. 
En cuarto lugar, ¿cuáles son los pilares? 
Los principales pilares anunciados en abril de 2000 por la Comisaria Reding, se retomarán en la comunicación de la Comisión. La descentralización se examinará en cuanto a algunos sectores de interés común y en la nueva política de información de la Comisión se tendrá en cuenta también el principio de subsidiariedad, claramente subrayado, entre otras cosas, en las conclusiones de Lisboa. 
En quinto lugar, la Comisión se propone desarrollar una dimensión regional para su política de información prestando antes que nada una mayor atención a la prensa regional y a las demandas de las entidades locales. 
Asimismo se propone continuar desarrollando los centros de información- Infopoint- centros de información llamados carrefour rurales, centros europeos de documentación, para conseguir una amplia y adecuada red en la cobertura regional. 
Los grandes centros de comunicación, como los de París, Lisboa o Roma, a menudo integrados por una red regional y local, son un válido ejemplo de cooperación entre las Instituciones y los Estados miembros, y son puntos de referencia para la información destinada al gran público. 
Internet es accesible a nivel regional y la Comisión dispone asimismo de ocho antenas de representación en distintas regiones de la Unión. 
En los referente al sexto punto, la Comisión ha querido agrupar en un mismo servicio todos los instrumentos de comunicación, al objeto de intensificar la atención a las opiniones y de reaccionar con rapidez y por las vías más directas. 
La misma ha establecido, a través de la red de representaciones y de antenas regionales, un sistema de alarma rápida capaz de identificar las dificultades de comunicación planteadas por algunos temas de actualidad europea para poder reaccionar con mensajes específicos y más adecuados a cierto tipo de audiencia. 
En términos de relaciones públicas, la Comisión lanzará, en el marco de la acción "El futuro de Europa", una amplia operación de atención a los ciudadanos, para identificar mejor la información que desean recibir, por parte de quién desean ser informados, en qué lugar y a través de qué medio de información. 
Esta acción se sitúa en el ámbito de la continuación del diálogo para Europa, una acción en la que el Parlamento Europeo ha participado ampliamente. 
En lo que respecta al séptimo punto, la Comisión pondrá en marcha mecanismos de evaluación y parámetros para medir la eficacia. 
La primera manera de evaluar una política de información es la realización de sondeos de opinión en los quince Estados miembros. El Eurobarómetro estándar ha sido reforzado por un Eurobarómetro especial capaz de facilitar un análisis más preciso por país. 
En el año 2001 se lanzarán estudios sobre la relación coste-eficacia a nivel de las oficinas de representación. 
Se crearán otros instrumentos de evaluación en el ámbito de la modernización de la política de gestión de los recursos de la Comisión y en particular de su servicio de prensa y comunicación. 
Por último, señor Presidente, en cuanto al octavo punto, la Comisión ha encargado a su servicio de prensa y comunicación que elabore una nueva iniciativa para la cooperación entre el Parlamento y la Comisión en materia de información. 
Un grupo técnico de cooperación ha empezado a trabajar y el conjunto de las principales cuestiones relacionadas con las Instituciones, el euro, la ampliación, las acciones relativas al futuro de Europa serán objeto de estrategias de comunicaciones comunes. 
El euro ha sido objeto de los primeros acuerdos entre la Comisión y los Estados miembros de cara a amplias campañas de información. 
Este esfuerzo debe ser llevado adelante y ha de ampliarse notablemente. 
La financiación de la Comisión en materia de información es en la actualidad de 90 millones de euros, o sea, el equivalente a un periódico por habitante al año. 
La importancia de la tarea a desarrollar implica que cada uno de los Estados miembros sostenga la inversión que le corresponde considerando que la información sobre Europa afecta a todos los poderes públicos. 
Señor Gargani, deseo volverle a dar las gracias por haber llamado una vez más la atención sobre estos temas tan importantes. 
En la medida de mis posibilidades, he facilitado las pautas principales de las respuestas y les puedo asegurar que mis colegas competentes en la materia están trabajando muy intensamente con el fin de hacer frente a este gran reto. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimado señor Monti, usted tenía un trabajo muy ingrato. 
No puedo imaginarme que se sienta cómodo esta tarde. 
Quisiera decirle que escucho perfectamente sus palabras, sólo me falta creer en ellas. 
Éste es el problema. 
Desde hace meses estamos esperando algo sobre lo que usted nos ha insinuado que quizás llegue en verano. 
Palabras y buenos deseos es lo que usted nos ha presentado. 
Pero si alguien quita algo de algún lugar, hay que saber dónde lo pone. 
Se les ha quitado algo a gente que, realmente, lo han hecho muy bien en los últimos meses e, incluso, años. 
A lo largo del trabajo han aprendido más todavía. 
Ahora, lo que se les quitó se lleva a otro lado y el camión volquete lo deposita por ahí. 
Lo encuentro horrible. 
Es como un pobre huerfanito del que nadie se ocupa, del que nadie se responsabiliza. 
Por eso precisamente, me parece a mí que lo que bien se quería hacer en el plano teórico, hasta ahora no ha dado lugar a nada en la práctica. 
Llevamos una eternidad esperando la Comunicación y estoy emocionado por saber cuándo llega. 
Quisiera hacerle a la Comisión la sugerencia, más allá de lo que figura en nuestros textos, de que no se trata de que produzca algo increíblemente novedoso, sino más bien de acudir a aquéllos que están realizando un buen trabajo in situ. 
Porque los hay. 
Hay redes que están trabajando bien, por lo que debería utilizarlas. 
¿Cuando pienso que usted alaba aquí los puntos de información! 
Yo conozco uno que hace un trabajo espléndido, pero que no puede vivir del dinero de la Comisión Europea que llega siempre como muy pronto a final de año o ya al año siguiente. 
Ahora mismo no saben si seguirán al año que viene. 
¿Cómo pueden trabajar ahí personas que con su motivación motiven a otras? 
Creo que hay mucho que hacer en este ámbito. 
Desearíamos que todos apoyasen el hombro y que así, hombro con hombro, logremos hacer lo mejor. 
Sólo que esto sólo va a funcionar descentralizadamente. 
Usted lo ha dicho. 
Por ello, no nos lleve a que descubramos nuevamente el Mediterráneo, sino déjenos incorporar a todos aquellos que en su colorido local llevan realmente a Europa, y no sólo a la Europa de Bruselas. 
Señor Presidente, Comisario Monti, todos somos conscientes de que nos enfrentamos a una crisis en términos de nuestra política de prensa y comunicación para las instituciones de la Unión. 
Nuestras instituciones son contempladas en el peor caso con desprecio y con apatía en el mejor. 
Pero si se mira el trabajo que efectivamente llevamos a cabo en la Unión Europea, se trata de un trabajo de alta calidad de gran importancia para todos nuestros ciudadanos y que tiene un impacto en sus vidas diarias. 
¿Por qué, entonces, no se puede emitir ese mensaje con mayor presteza y eficacia, especialmente por parte de la Comisión? 
La semana pasada en un acto en mi circunscripción, los sindicalistas se quedaron de una pieza ante la ingente cantidad de legislación en favor de sus derechos que hemos sido capaces de promulgar, y de asegurar que los Estados miembros promulgasen. 
Sin embargo no parece que ese mensaje llegue hasta ellos sobre una base diaria y debemos preguntarnos por qué. 
Creo que a pesar de que nosotros somos una Asamblea elegida y la Comisión no, y a pesar de que a la Comisión corresponde una parte del proceso político y a nosotros otra, es un hecho que tenemos intereses compartidos. 
Empleo mucho tiempo destruyendo los mitos que crecen respecto de la Unión Europea y aunque saludo la declaración del Comisario, especialmente en cuanto a las relaciones públicas y la respuesta rápida, me sigo sintiendo desasistido por la Comisión en lo que estamos intentando hacer. 
Lamento que haya sido necesario esperar hasta ahora para obtener una comunicación sobre esta cuestión. 
He de preguntar por qué las conversaciones interinstitucionales sobre este asunto siguen estancadas. 
También tengo que preguntar por qué si la Comisión es lo suficientemente ambiciosa- acertadamente- para querer reformar todo el sistema de gobierno europeo no sitúa en el centro de esa estrategia una reconcepción radical y una modernización de sus políticas de comunicación e información. 
Honestamente nos queda un larguísimo camino hasta llevar a cabo al política que la gente se merece. 
Estas cuestiones han de ser contestadas puesto que, sinceramente, no se puede avanzar con el Libro Blanco sobre gobierno a no ser que se formule un compromiso por parte de la Comisión Europea para tratar los problemas que existen en el seno de su organización. 
Ciertamente, si intenta reconfigurar radicalmente el sistema en el Parlamento encontrará un socio para ello. 
En mi propio país, mi partido es célebre por sus miembros astutos. 
No estoy necesariamente abogando por que eso se implante en la Unión Europea, pero hemos de contemplar- y esa es la razón por la que saludo sus palabras, Comisario- toda la cuestión de las relaciones públicas. 
Si queremos realizar el proyecto europeo que deseamos en este Hemiciclo hemos de disponer de una voz que pueda vender ese proyecto y me temo que, en este momento, no la tenemos. 
Señor Presidente, señor Comisario, es sumamente importante que expliquemos a los ciudadanos de la Unión y a los ciudadanos de los países solicitantes qué representa la Unión. 
Ésta es una tarea que la Comisión se ha tomado demasiado a la ligera. 
Romano Prodi dijo durante las audiencias de la nueva Comisión en septiembre de 1999 y cito: "La nueva Comisión llevará a cabo un esfuerzo mucho mayor por establecer una comunicación satisfactoria con los ciudadanos europeos dándoles pleno acceso a la información". 
Me hubiera gustado ver aquí presente esta tarde al señor Presidente de la Comisión. 
Pues, año y medio más tarde, nada ha cambiado. 
Hace casi un año, la Comisión prometió en su programa de trabajo para el año 2000 presentar una estrategia pero no ha sucedido nada. 
Este año nuevamente la Comisión ha prometido hacer algo en este asunto, pero ahora se sabrá que la organización de la Comisión resulta casi caótica en lo que a este tema se refiere. 
Permítaseme señalar un par de los problemas concretos existentes en la política informativa de la UE o en la falta de ésta. 
Las informaciones están demasiado centralizadas, todas son elaboradas en Bruselas y no están dirigidas a grupos objetivo, como, por ejemplo, por género, edad, aspectos geográficos y nivel de formación de los grupos de población. 
Existen asimismo problemas concretos y absolutamente actuales. 
El gran servidor Europa en Internet es actualizado demasiado lentamente y demasiado al azar, y los burócratas pueden retirar la información del servidor Europa que les convenga. 
Existen demasiados obstáculos burocráticos al acceso a la información. 
Las oficinas de publicaciones comunitarias harán ahora negocio con la información comunitaria. 
¿Es lógico que haya que pagar por el Diario Oficial de la CE que tiene más de tres meses de antigüedad? 
El Diario Oficial de la CE debe estar disponible gratis en el servidor Europa. 
Demasiada información sólo está disponible en las principales lenguas de la UE. 
Entremos, por ejemplo, en la base de datos Rapid. 
En ésta veremos, por ejemplo, que los discursos del propio Romano Prodi sólo están disponibles en dos o tres lenguas. 
Tenemos once lenguas oficiales en la UE y deben emplearse las once. 
Las palabras claves para la política informativa de la UE deben ser descentralización y coordinación, también en la relación entre la información de la Comisión y la información del Parlamento. 
Las tecnologías de la información ahora disponibles deben ser aprovechadas de forma óptima y estar orientadas hacia fines específicos. 
Me tiene intrigadísimo saber cómo abordará la Comisión esta tarea. 
Supongo y espero que se involucrará a las oficinas de la Comisión de las grandes ciudades europeas, como también mencionó la Sra. Pack, y que se les encomendará tareas y responsabilidades facilitándoseles medios para contactar e informar a los ciudadanos en la calle. 
Señor Comisario, ¡ésta es ahora una tarea urgente! 
Señor Presidente, intervengo en este debate en mi condición de Vicepresidente del Parlamento, encargado de información y comunicación, y también como Copresidente del Grupo interinstitucional de información y comunicación. 
Usted nos ha dicho, señor Monti, que la Comisión le da una gran importancia a la política de información y comunicación. 
Importancia le dará mucha, pero prisa no le da ninguna, porque hace un año y medio que esta Asamblea está esperando impacientemente el alumbramiento de un gran documento sobre información y comunicación que el Sr. Prodi nos tiene prometido. 
Y después de un año y medio, lo que se nos ha dicho es que lo vamos a hacer juntos, Parlamento y Comisión. 
Francamente, señor Comisario, en lo que se refiere a este ámbito, al lado de una tortuga, le aseguro que la Comisión queda en muy mal lugar. 
Usted ha dicho que la información y la comunicación revisten gran importancia. 
En efecto, el Sr. Prodi, sin duda alguna, es consciente de algunos problemas de imagen que él mismo tiene como Presidente de la Comisión y que repercuten sobre el conjunto del Colegio de comisarios. 
Supongo que también es consciente de la evolución de la participación en las elecciones europeas a lo largo de la última década, y supongo que también es consciente de la severa ofensiva a la que está sometida la Unión Europea y sus instituciones por parte de medios de comunicación muy poderosos en algunos Estados miembros. 
Nosotros, señor Monti, cuando se nos dijo que lo teníamos que hacer juntos, nos pusimos a la tarea y ya tenemos un documento preparado. 
¿Es que este modesto Parlamento tiene más medios, más poder, más inteligencia o más posibilidades que la Comisión? 
Lo dudo. 
¿Quién es nuestro interlocutor político en este asunto? 
Usted ha dicho sus "colegas competentes sobre el tema". 
¿Quiénes son? 
Nosotros no los conocemos. 
Nos gustaría saber quiénes son. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, mi impaciencia se acrecienta, y no sólo como diputado, sino además como ponente para la campaña de información y como miembro de la Comisión Interinstitucional. 
Mi impaciencia, a veces, cede ante la frustración. 
Los grandes proyectos europeos, la introducción del euro, la unificación europea, el debate sobre la constitución y los derechos fundamentales, el debate sobre las competencias, quién es competente en qué ámbito, el proceso post-Niza de ratificación y el procedimiento post-Niza; lo digo conscientemente, los grandes proyectos europeos exigen, así como la Europa de los ciudadanos, una ofensiva en el terreno de la comunicación y de la información. 
A pesar de la petición de subsidiariedad y descentralización, se pide también una correspondencia profesional, técnica, entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
El actual status quo, con el que estamos descontemos, da lugar a interpelaciones, críticas y frustraciones respecto del diletantismo de la política de información y de la táctica dilatoria y de avisos. 
Yo me pregunto: ¿qué ha pasado desde el 14 de abril de 2000? 
¿Dónde está el plan maestro que se prometió entonces? 
¿Dónde está el plan concreto de medidas y el calendario? 
¿Dónde está la clara distribución de competencias entre la Comisión? 
El 14 de abril habló en este Pleno el Comisario Reding. 
Hace pocos días, el Comisario Barnier se reservó ante la pregunta por escrito de si asumía la responsabilidad. 
Usted hoy ha tratado de salirnos al quite. 
Pero, ¿dónde están las pruebas de que usted se toma en serio la manera común de proceder entre el Europarlamento y la Comisión? 
No necesitamos una renacionalización de la política de información. 
La Comisión no es una mera estación de paso de los dineros de la UE... 
(El Presidente retira al orador del uso de la palabra.) 
. (IT) Señor Presidente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los diputados que han intervenido en este importante debate. 
Evidentemente, transmitiré sus consideraciones en primer lugar a la Sra. Comisaria, así como a toda la Comisión. 
Deseo hacer algunas breves observaciones. 
Ante todo estoy plenamente convencido, como lo están ustedes, Señorías, de que Europa no es sólo Bruselas y, por esto, en las líneas de la política de información de la Comisión, la descentralización- evidentemente con una visión unitaria que sitúe en el centro al Parlamento y a la Comisión- es uno de los parámetros claves. 
Al mismo tiempo que me parece justo estimular a actuar cada vez mejor, quisiera decir que, en realidad, el balance de la situación no es tan negativo como puede parecer a simple vista. 
De hecho, en cosa de pocas semanas, la Comisión ha transferido la responsabilidad de la política de información de EAC a PRESS, y esto vale también para los funcionarios encargados de la misma: desde el 1 de enero de 2001 PRESS se encarga de la gestión de todas las líneas presupuestarias vinculadas a las actividades transferidas de EAC, Sección B3-3 del presupuesto. La adopción formal del nuevo organigrama del servicio de prensa y comunicación depende de la decisión de nombrar a un Comisario encargado por el Presidente del seguimiento del dossier. 
Este tipo de nombramiento que no es tarea fácil para una Comisión en ejercicio, deberá realizarse cuanto antes. 
Puedo añadir que la operación de transferencia de EAC a PRESS se ha realizado mediante el traslado de 104 personas y la transferencia de 90 millones de euros del presupuesto destinado a la información al gran público. 
Es obvio que esta transferencia plantea algunos problemas logísticos que se resolverán antes del verano. 
Las oficinas de representación siguen realizando su tarea de información al gran público que, en verdad, nunca han dejado de desarrollar y actualmente lo hacen conjuntamente con la Dirección General PRESS y no con EAC. 
FR) Permítaseme también hacer una o dos observaciones sobre la cooperación con el Parlamento, que todos consideramos como sumamente importante. 
En lo que se refiere a los locales comunes, se ha hecho todo lo que se podía hacer, y hasta más, puesto que la mayoría de nuestras antenas albergan ahora a representantes del Parlamento. 
En el marco de las campañas de información, se ha creado una organización tripartita Parlamento-Comisión-Estados miembros mediante convenios que han hecho su prueba, para satisfacción general. 
Por lo que respecta a las redes de información, y en particular a los grandes centros de información como Sources d ' Europe en París, o Jacques Delors en Lisboa, la información y la presencia del Parlamento siempre están garantizadas, aunque la Comisión tenga que notar que el Parlamento no ha respondido a sus llamamientos reiterados a que se integre en la estructura de gestión de esos centros como socio de pleno derecho. 
Además, en lo concierne a los aspectos financieros, señoras y señores, la Comisión estima que la cooperación con el Parlamento, que sin duda necesitaba ser desarrollada a principios de los años 1990, ha llegado a una madurez en general satisfactoria. 
Los diferentes papeles institucionales de nuestras dos instituciones, y por consiguiente, más allá de los mensajes comunes, la existencia de un discurso específico y diferenciado, dejan entrever un límite a la ejecución de nuestros respectivos mandatos. 
Permítanme señalar que el Parlamento debería quizás reflexionar sobre la circunstancia de que sus reservas políticas sobre las líneas presupuestarias mantienen, de hecho, secuestrada a la información para los ciudadanos, y no a la Comisión como tal. 
Permítanme hacer, por último, un comentario que creo subyace a mucho de lo que se ha dicho. 
La Sra. O ' Toole, en especial, ha saludado el énfasis en las relaciones públicas. 
A todos nos consta que hay que hacer mucho más. 
Es necesario que los muchos mensajes positivos que han de emitirse sean llevados de forma más clara y visible a los usuarios finales, nuestros ciudadanos. 
Concluyo con una referencia a una pequeña parte de la política de comunicación que conozco mejor porque pertenece a mi área: la política de competencia. 
Incluso en un campo aparentemente tan técnico como la política de competencia, necesitamos hacer llegar el mensaje a los consumidores. 
Esa es la razón por la que, con la ayuda y apoyo del Parlamento, hemos iniciado recientemente un evento semestral llamado "Día de la competencia" que pretende expresar con mayor claridad y concisión los beneficios para los consumidores que se derivan de la política de competencia. 
Les puedo asegurar que todos mis colegas están trabajando en la misma línea y confío en que la comunicación general sobre la política de información que ha de ser presentada por la Comisión antes del verano cubra en gran medida sus preocupaciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Para terminar este debate he recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 42, párrafo 5 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Construcción naval 
De conformidad con el orden del día se procede a las tres preguntas orales a la Comisión. 
(B5-0014/2001) de los diputados Langen, Gomolka, Langenhagen, Jarzembowski, Valdivielso de Cué, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratacristianos) y Demócratas Europeos, con respecto a la situación del sector de la construcción naval en la Unión; 
(B5-0019/2001) de los diputados Barón Crespo, Westendorp y Cabeza, Schulz, Mann Erika, Rapkay, Piecyk, Duin, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, con respecto a la situación del sector de la construcción naval en la Unión; 
(B5-0152/2001) del Sr. Brie, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, con respecto a la situación del sector de la construcción naval en la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la pregunta por escrito sobre la situación del sector de la construcción naval se debe a la preocupación por su existencia en un futuro. 
Por un lado, la competencia internacional está muy distorsionada. 
Las condiciones de mercado caracterizadas por precios artificialmente bajos- especialmente en Corea- sólo pueden seguir siendo calificadas de extremadamente dañinas para la competencia. 
Por otro lado, las exigencias que el Parlamento Europeo planteó en su resolución del 14 de diciembre del año pasado, no han sido todavía cumplidas o sólo de manera insuficiente. 
No queda claro cómo se debe apoyar a la industria naval europea para seguir mejorando su competitividad internacional. 
No queda claro con qué grado de coherencia la Comisión va a reaccionar frente a la petición del Parlamento de introducir un procedimiento de resolución de controversias contra la República de Corea en la OMC. 
Las decisiones habidas hasta ahora procedentes de la Comisión y del Consejo han sido incoherentes e ilógicas con la petición del Parlamento en ámbitos importantes. 
Por un lado, se reconocen incumplimientos por parte de Corea respecto de acuerdos tomados, pero hasta ahora no se ha utilizado esto para abrir inmediatamente un procedimiento adecuado en contra de tales comportamientos. 
De ahí sólo pueden derivarse perjuicios para los astilleros europeos. 
Examinando la cosa con detalle, hay que contar con que ya en mayo de 2001 los astilleros de la Unión estarán expuestos durante casi medio año a la competencia desleal. 
Esto significa lastres y peligros añadidos a una situación ya de por sí complicada. 
Para algunos de ellos puede ser ruinoso. 
La aguda situación en que estamos distorsiona la competencia y amenaza la existencia del sector, y la Unión Europea se está arriesgando a recibir daños estratégicos muy graves si no procede más rápido y con más coherencia contra prácticas desleales públicas y notorias. 
Lo que se ha hecho hasta ahora da una impresión grotesca. 
Permítame una comparación con una competición deportiva. 
¿Cómo cree usted que se sentirá uno de los competidores si acabase de salir de una grave enfermedad y lo echasen inmediatamente al cuadrilátero? 
Allí se va a encontrar con un púgil difícil del que probadamente se sabe que se dopa, pero que todavía no está encerrado. 
Al contrario, los premios que recibe aumentan. 
Es un púgil que está acostumbrado a dar golpes bajos ante la miranda indiferente del árbitro del ring y mientras los árbitros de los puntos discuten acerca de si los golpes bajos del rey del dopaje valen un punto o medio. 
Señor Presidente, estimados colegas, para empezar mi intervención esta noche quisiera recordar algunas realidades. 
La industria naval aún emplea 250.000 personas en el sector civil y se trata de una industria de alta tecnología. 
La construcción naval es una industria de país desarrollado y no de país con bajos salarios. 
En fin, la ayuda pública a la construcción naval ya no es posible en Europa, lo confirmó el Consejo de Ministros del 5 de diciembre. 
Sin embargo, ese mismo Consejo ha dado a la Comisión mandato para proponer al próximo Consejo, en mayo de 2001, un mecanismo de protección contra la competencia desleal de los astilleros coreanos, Pienso personalmente que nos encaminamos hacia un conflicto con Corea y que no habrá solución hasta ese momento. 
Quiero recordar que el Consejo ha pedido a la Comisión que estudie la posibilidad de facilitar el acceso a las ayudas para la investigación y el desarrollo. 
En esas condiciones, la inclusión de la construcción naval en el sexto PMID estará en el corazón de nuestros debates. 
En el quinto programa, en efecto, existía una línea "tecnología marina y transportes terrestres" dentro de la cual se situaba el proyecto presentado por el Comisario Busquin, que se basa en una concentración de los recursos: esa línea ya no existe. 
Por supuesto, ese sector profesional ha expresado su preocupación tanto a mí como ponente como a muchos otros colegas. 
Por lo tanto, esta noche quiero, señor Monti, pedirle con mucha firmeza que tenga a bien indicarnos lo que piensa proponer para responder a las peticiones del Consejo del 5 de diciembre, para facilitar el regreso a las ayudas para la investigación y el desarrollo, para apoyar y tomar medidas comerciales contra la competencia desleal de Corea, para proponer al fin un mecanismo temporal y apropiado de ayuda, hasta que el procedimiento en la OMC llegue a su fin. 
Señor Presidente, por lo que atañe a la situación general, me sumo totalmente a las preocupaciones y a las críticas expresadas en las dos últimas intervenciones, pero pido que me disculpen porque ahora yo voy a centrar mi intervención exclusivamente en la situación de los astilleros de Alemania del Este. 
La imagen del ring de boxeo que ha utilizado el Sr. Gomolka, traducida para la situación de los astilleros del Este alemán, significa, además, que éstos deben pelear con un pie atado al suelo. 
Su atadura es que se enfrentan a limitaciones a la producción muy rígidas, que fueron las condiciones para poder recibir las ayudas de los años 90. 
Pero, en primer lugar, están burocráticamente organizados, y, en segundo, no se tiene en cuenta que esos astilleros siguen invirtiendo en el contexto de una racionalización general. 
El crecimiento de la productividad se convierte así en punto de partida para nuevos recortes de plantilla. 
La Comisión, señor Comisario, tiene muy buenos datos estadísticos sobre la situación dramática que vive Alemania del Este. 
Pero de ellos se desprende una cosa: que uno de cada tres está buscando trabajo, quizás otro, lo imprescindible para sobrevivir. 
No quisiera ser malinterpretado. 
Sé muy bien que la Unión se ha comportado solidariamente desde 1990 con Alemania del Este, que la Comisión ha tomado muchas iniciativas. 
Naturalmente, el Gobierno Federal alemán también tiene que tomar cartas en este asunto. 
Pero en el caso concreto de los astilleros, la decisión está, sobre todo, en manos de la Comisión. 
Creo que el Tratado de Amsterdam permite el suficiente margen de acción para actuar políticamente, permite utilizar la cláusula de apertura sobre las limitaciones a la producción en el año 2001 incluida en el Tratado. 
Creo que, primeramente, es necesario flexibilizar las cuotas de modo que no se apliquen anualmente, sino para los cinco años que quedan; en segundo lugar, incluir en el balance, considerar los resultados de la racionalización; y, en tercero, y a esto me sumo realmente, seguir introduciendo ayudas a la producción mientras Corea del Sur siga distorsionando tan drásticamente la competencia. 
. (IT) Señor Presidente, quiero agradecer a los tres miembros de este Parlamento sus consideraciones. 
Quisiera, en primer lugar, recalcar que la Comisión reconoce plenamente la importancia de la construcción naval europea y comprende las especiales dificultades con que se encuentran muchos astilleros. 
Nos damos perfecta cuenta de la índole de estas dificultades. 
La expansión de los astilleros surcoreanos, ya de por sí fuertemente endeudados, ha sido posible gracias a los créditos concedidos por entidades financieras que no actúan en condiciones de mercado. 
Las varias formas de intervención estatal indirecta han permitido a Corea del Sur mantener activas unas capacidades que, de haberse aplicado los criterios comerciales normales, se habrían reducido para poder atender la demanda efectiva en el mercado. 
Este exceso de capacidad actúa como un peso muerto sobre el mercado mundial de la construcción naval e incluso amenaza la existencia de algunos astilleros europeos. 
La Comisión considera que las prácticas de competencia desleal en el sector de la construcción naval a escala internacional se deberían contrarrestar con mecanismos apropiados. 
Esto significa ante todo a través de una negociación y, en última instancia, en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. 
Aunque el Comisario Lamy está en una posición mejor que la mía para presentarles observaciones detalladas sobre la actual situación de esta negociación, les puedo asegurar que la Comisión continúa haciendo todo lo posible para encontrar una salida negociada al problema. 
Evidentemente, está en disposición de plantear la cuestión ante la Organización Mundial de Comercio y, actualmente, está realizando los preparativos necesarios para poner en marcha el procedimiento. 
El Comisario Lamy ya lo expresó con la máxima claridad a las autoridades surcoreanas en la reunión celebrada con ellas a mitades de febrero. 
Si las negociaciones internacionales actualmente en curso no alcanzaran una solución, la Comisión se ha comprometido a informar al Consejo el 1 de mayo a más tardar y a proponer un mecanismo de defensa temporal de apoyo. 
Esto no supone reintroducir las antiguas disposiciones sobre las ayudas al funcionamiento previstas en el artículo 3 del Reglamento nº 1540/98. 
El tercer informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la construcción naval mundial afirma claramente que las ayudas al funcionamiento, autorizadas en el marco de dicho Reglamento, no constituyen una solución a los problemas del comercio internacional. 
Precisamente los típicos efectos negativos de las ayudas al funcionamiento han llevado a la Comisión a expresar una opinión generalmente negativa sobre este tipo de ayudas. 
La construcción naval ha sido el último sector industrial en el que este tipo de ayudas estaba todavía autorizado. 
Ciertamente son ustedes conscientes de que la Comisión es favorable a esos tipos de ayudas en que la distorsión de la competencia derivada de una ayuda estatal la compensan los efectos positivos de incentivación. 
Por este motivo, la Comisión en su Decisión de 29 de noviembre tomó la decisión de no prorrogar las ayudas al funcionamiento previstas en el artículo 3 del Reglamento nº 1540/98. 
El ya tan mencionado tercer informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la construcción naval mundial ha confirmado que las ayudas al funcionamiento ligadas a los contratos comportaban una serie de efectos negativos en el mercado único. 
Dichas ayudas eran onerosas, no específicas y distorsionaban la competencia intracomunitaria. 
La Comisión está considerando con gran atención la forma que debería asumir el mecanismo temporal en el caso de que no lográsemos alcanzar una solución satisfactoria en la negociación con Corea del Sur: por un lado, debemos evitar los problemas encontrados en el pasado y, por otro, debemos hallar un instrumento complementario válido para las negociaciones internacionales actualmente en curso y a un posible procedimiento ante la Organización Mundial de Comercio, al objeto de permitir a los astilleros de la Comunidad competir en un plano de igualdad en un contexto correcto. 
Este mecanismo debería ante todo contrarrestar las prácticas desleales surcoreanas durante el tiempo necesario para la conclusión del procedimiento ante la Organización Mundial de Comercio y dirigirse contra esos segmentos de mercado por culpa de los cuales la industria europea fue penalizada directamente a causa de las prácticas comerciales desleales de Corea del Sur. 
Les puedo asegurar que estamos trabajando intensamente en la preparación de la propuesta. 
Haremos todo lo posible para garantizar que la misma pueda estar lista dentro del plazo fijado por el Consejo, en el caso de que fuera necesaria. 
Naturalmente el Parlamento estará al corriente de los avances realizados. 
Entretanto, no deberá caber duda alguna acerca de la determinación de la Comisión de tomar partido por esos astilleros comunitarios que sufren las consecuencias de unas prácticas comerciales inaceptables y distorsionadoras a nivel internacional. 
Se han hecho referencias específicas al tema de las ayudas a la investigación y al desarrollo. 
Permítanme añadir aquí que la I+D es de vital importancia si la industria europea quiere ser capaz de atajar los desafíos competitivos a los que se va a enfrentar a medio y largo plazo. 
Por ello, la Comisión considera apropiado evaluar si es necesario introducir adaptaciones en las normas existentes en este campo. 
Ya se ha dado comienzo a esta tarea en colaboración con la industria. 
Quisiera añadir que la Comisión ha aprobado recientemente- el Sr. Caudron se ha referido a ello- su propuesta para el programa marco de investigación e innovación para el periodo 2002 a 2006. 
La propuesta ofrece la posibilidad de apoyar la investigación y la innovación relacionada con la construcción naval con varias de las nuevas acciones propuestas. 
Ejemplos de las mismas son: "sistemas de producción flexibles e inteligentes, incluido en la tercera línea prioritaria, transporte inteligente, incluido en la sexta línea prioritaria, o bajo el título 'predicción de las necesidades científicas y tecnológicas de la Unión'". 
En este contexto quiero indicar que la ayuda a la I+D y otras formas de ayuda permitidas bajo el reglamento de construcción naval- porque, como ustedes saben, existen varias- no se elevarán hasta el nivel proporcionado por las ayudas operativas. 
No obstante, parece que las medidas relativas a I+D disponibles no han sido completamente exploradas y explotadas. 
Por tanto creo que los Estados miembros y la industria deberían hacer aquí un mayor esfuerzo. 
(IT) Señor Presidente, paso ahora a abordar la cuestión que ha sido planteada por último y que se refiere a la limitación de la capacidad de producción en los astilleros de la antigua Alemania Oriental. 
Quisiera comenzar explicando cuál es el origen de las limitaciones de capacidad y los motivos por los cuales se impusieron. 
La limitación de capacidad se impuso a los astilleros de la antigua República Democrática Alemana con una específica directiva del Consejo adoptada en 1992 que contenía una moratoria a las disposiciones vigentes en materia de ayudas al funcionamiento aplicables en aquel período a los astilleros comunitarios. 
El objetivo de la directiva relativa a la moratoria era dar a los astilleros en cuestión la posibilidad de llevar a cabo una amplia y urgente reestructuración y, en consecuencia, de convertirse en competitivos en el mercado. 
A este fin, dichos astilleros recibieron consistentes ayudas financieras. 
Hay que subrayar que la ayuda estaba dirigida a garantizar la supervivencia de estos astilleros que no hubieran podido operar en los mercados occidentales sin una profunda reestructuración. 
Sin embargo, el desembolso de unas ayudas considerables imponía la adopción de medidas compensatorias a fin de mitigar los efectos distorsionadores que tenían dichas ayudas desde el punto de vista de la competencia. 
Por este motivo, el Consejo impuso en ese período limitaciones de capacidad a los astilleros afectados precisamente para compensar la distorsión de la competencia provocada por los importantes niveles de ayudas concedidos. 
Las limitaciones de capacidad se establecieron por un período de diez años hasta finales del año 2005. 
Mis servicios tienen encomendada la tarea de supervisar su cumplimiento. 
El marco normativo aplicable a las limitaciones prevé, no obstante, que un Estado miembro, transcurridos los primeros cinco años, pueda pedir a la Comisión que ponga fin o revise las limitaciones en cuestión. 
En lo que respecta a la pregunta de si la Comisión tiene la intención de valerse de la posibilidad prevista en las normas en cuestión de evaluar si se justifica, en su caso, una revisión de las limitaciones de capacidad, quiero subrayar que el margen de maniobra de la Comisión con vistas a tomar una decisión al respecto es extremadamente limitado. 
La Comisión ha de cumplir las disposiciones de la directiva del Consejo en cuestión, en cuya virtud, en el momento de evaluar si es posible y está justificada una posible revisión de las limitaciones de capacidad, debe tener en cuenta el equilibrio existente a nivel mundial entre oferta y demanda en la industria de la construcción naval. 
Estoy dispuesto a examinar la posibilidad, prevista en las normas en vigor, de revisar las actuales limitaciones. 
Estoy dispuesto asimismo a examinar las eventuales propuestas presentadas en este sector. 
Sin embargo, la cuestión deberá ser examinada atentamente a la luz de las normas correspondientes y de las tareas de seguimiento y control de la Comisión. 
Sabemos que el porcentaje de mercado de los astilleros alemano-orientales en el mercado europeo se ha reducido del 11,3 % de 1994 al 6,9 % de 1999. Sin embargo, he de apuntar que dicho resultado no se debe solo a las obligaciones impuestas por las limitaciones de capacidad, sino a la marcha general de la industria naval en Europa. 
Europa ocupa, en todo caso, una posición de liderazgo en el mercado mundial en la construcción de buques de cruceros de coste elevado. 
Desde la mitad de los años noventa se ha producido una notable expansión de la demanda de buques de cruceros que constituyen un porcentaje importante del valor total de la producción naval europea. 
Los astilleros alemano-orientales construyen, en cambio, otros tipos de buques como los barcos portacontainers. 
Por lo tanto, dado el aumento registrado en Europa en la producción de buques de cruceros de alto coste, el porcentaje correspondiente de astilleros alemano-orientales ha disminuido. 
La cuestión fundamental, por lo tanto, no parece que sea la de las cantidades producidas, sino la de la especialización de los astilleros en determinados tipos de producción. 
Señor Presidente, me ha encantado la exposición que ha hecho el Sr. Comisario. 
Pero estamos en un momento en el que, desgraciadamente, nuestra industria de construcción de buques anda muy mal. 
Me gustaría recordar que el asunto del que tratamos hoy no es en absoluto reciente. 
Más bien al contrario: durante más de dos años hemos debatido y denunciado las prácticas desleales provenientes del continente asiático principalmente, a las cuales nuestros astilleros se ven sometidos. 
En estos momentos corresponde exclusivamente a la Comisión definir los mecanismos de defensa para proteger nuestra industria naval, o lo que queda de ella, frente a las prácticas desleales de Corea. 
Después de tanto tiempo en que la industria europea del sector se ha visto diezmada, mientras unos y otros firmaban acuerdos amistosos, realizaban consultas y celebraban reuniones, ya es hora de actuar con decisión. 
La Comisión debe tomar una posición firme en este asunto y defender de manera inequívoca nuestra industria, aprobando cuanto antes un ambicioso plan que contemple ayudas en materia de funcionamiento, investigación y desarrollo y, por supuesto, medioambientales. 
Sólo con una batería de medidas de estas características podemos proteger y compensar a este importante sector que, en más de una ocasión, ha tenido la impresión de estar desasistido por las autoridades comunitarias. 
Por otra parte, supondría un mensaje claro y contundente para el Gobierno de Corea del Sur y, posiblemente a medio plazo, dicho Gobierno cambiaría su política actual de dumping comercial. 
Para finalizar, tengo que recordar que es nuestro deber garantizar un entorno de competencia leal en el ámbito mundial para que este sector, del que tantas familias dependen en Europa, en España y en mi región, el País Vasco, salga adelante. 
Señor Presidente, celebro las palabras dichas por el Comisario, por tres razones. 
En primer lugar, porque a pesar de que estamos a punto de invocar el procedimiento de solución de controversias de la OMC, se trata de un procedimiento poco ágil y es posible que perdamos capacidad en el interim. 
En segundo lugar, porque a pesar de que puedo comprender el contexto y el motivo de la retirada del fondo de intervención para la construcción naval, estoy en cualquier caso convencido de que necesitamos unas medidas estructurales, especialmente en el campo de la investigación y construcción de buques petroleros y perforadores, cargueros de productos químicos y cruceros. 
Mientras que el segundo informe destaca claramente el comportamiento inadecuado en el desarrollo de China en este sector- mala gestión, corrupción, etc. al tiempo de estar fuera de la OMC, no creo que podamos ser optimistas respecto del potencial que pueden llegar a desarrollar. 
Por tanto, hemos de adoptar acciones muy rápidamente. 
En una circunscripción en la que en los últimos diez años hemos perdido 10.000 puestos de trabajo en la construcción naval, saludo las medidas que usted ha destacado esta noche aunque confiando en que podamos movernos más rápidamente y con mayor alcance en los meses venideros. 
Señor Presidente, señor Comisario, el tercer informe de la Comisión al Consejo sobre la situación de la construcción naval mundial ha vuelto a confirmar que los astilleros coreanos continúan vendiendo barcos a precios que no cubren los costes e incumplen reiteradamente el código antidumping de la OMC. 
Las enmascaradas subvenciones cruzadas de la República de Corea, su depreciación monetaria y sus sistemas contables, que ni son transparentes ni respetan los principios internacionalmente reconocidos, siguen agrediendo a todo el mercado mundial y afectando igualmente a Japón, Estados Unidos y Europa. 
Por otra parte, el acuerdo internacional en forma de acta aprobada entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Corea no ha conseguido que Corea cumpla sus compromisos, habiendo fracasado la misión de expertos antidumping enviados por la Comisión. 
En consecuencia, y mientras se sigan constatando estos incumplimientos por parte de Corea, además de denunciar dicha situación ante los organismos internacionales como OMC, OCDE y FMI, pedimos al Consejo y a la Comisión que, o se vuelvan a prorrogar y poner en vigor las ayudas estatales ligadas a los contratos, o se establezcan urgentemente otros mecanismos suficientes, a fin de frenar nuestra continua pérdida de puestos de trabajo y en legítima defensa de nuestra industria naval. 
Esto hay que hacerlo ya. 
Está bien negociar, pero la mejor manera de lograr que la otra parte nos tome en serio es que sienta que nosotros sabemos y estamos dispuestos a defender nuestros intereses. 
Señor Presidente, el astillero Harland& Wolff de Belfast es un astillero célebre que solía emplear a unos 27.000 trabajadores y que hoy emplea a algo más de 1.000. en gran medida esto es así a causa de la competencia desleal y, ciertamente, lo que está ocurriendo en Extremo Oriente ilustra este hecho. 
No obstante, hay otra cosa que es de vital importancia para este Parlamento: ¿se está introduciendo ahora aquí esta competencia desleal? 
Hace algunos días nuestros astilleros estuvo a punto de cerrar porque no ganó un contrato para construir dos buques. 
La compañía hizo una declaración muy interesante después de que Harland& Wolff fuese eliminado. 
Hemos de comprobar que no haya subvenciones ocultas en los países de la UE que socaven la competencia leal entre los países constructores de buques. 
Señor Presidente, señor Comisario, es infinitamente difícil expresar en dos minutos o, incluso, menos todavía, la gran decepción que se siente al comprobar que hasta hoy no se ha hecho nada que pueda servir de ayuda al sector naval europeo. 
Creo que no será la última vez que hablaremos sobre este tema en el Parlamento. 
Señor Monti, acertadamente dice usted que la construcción naval, la investigación y el desarrollo así como el transporte marítimo inteligente son nuestro futuro. 
¡Cómo me gustaría creerle, pero hoy nos encontramos en el presente! 
Sabemos que la construcción naval es el último sector industrial subvencionado. 
Sabemos que usted no puede soportar esto, nosotros realmente tampoco, pero, no obstante, la construcción naval necesita una ayuda rápida ahora, no subvenciones a largo plazo, sino ayuda financiera hasta que el mercado se reorganice. 
No se trata sólo de Europa, no se trata sólo de Corea del Sur. 
Por propia experiencia sé- acabo de estar en China y en Hong Kong- que otras naciones nos observan y toman mala nota de nuestra actitud. 
Necesitamos, pues, afirmaciones positivas, esfuerzo generoso y una aplicación convincente de nuestros estándares de construcción naval y de nuestro know-how en materia de navegación inteligente. 
No se trata, de hecho, sólo de unos pocos puestos de trabajo; no se trata, de hecho, sólo de un sector económico que hasta ahora hemos podido mantener a flote con éxito. 
Se trata, de hecho, de la nueva imagen de una Unión Europea moderna. 
Por ello le pedimos encarecidamente su ayuda. 
Señor Monti, he aprendido a conocerle y valorarle personalmente en diálogos marítimos. 
Créame que no quisiéramos dilapidar esa confianza que hemos depositado en usted. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas, en Corea existen deficientes y problemáticas condiciones laborales y, además, también se está devaluando su moneda. 
Así las cosas, podemos afirmar que las subvenciones tampoco contribuirán a establecer una competencia leal en el sector de la construcción naval. 
Lo más complicado sería volver al sistema de subvenciones; esa bomba de relojería existente en Corea se instalaría dentro de la Unión si subvencionáramos únicamente determinados tipos de barcos. 
Por consiguiente, debemos evitar esto también para que no surjan nuevos problemas internos en la Unión. 
Ha sido interesante escuchar la exposición de estos planes. 
En mi opinión, hay que apresurar la solución a este contencioso por parte de la OMC. 
Señor Comisario Monti, además de aplicar las posibilidades incluidas en el sexto plan marco, ¿qué otras medidas están ustedes tomando en el ámbito de esta labor tan urgente e importante para nosotros que afecta a un sector tan técnico y moderno como éste? 
. (EN) Señor Presidente, este debate gira en torno a dos o tres temas principales. 
No hay grandes desacuerdos entre nosotros. 
En primer lugar, comparto completamente la censura y preocupación por el comportamiento coreano. 
Lo he dicho muy claramente y ese es el motivo de que estemos ejerciendo presión. 
Están los preparativos de la acción en la OMC y también está el mecanismo de ayuda de inspiración temporal. 
Ciertamente, y muchos oradores han hecho este comentario, el sistema que tuvimos vigente hasta finales del año pasado no era realmente un buen sistema. 
¿Por qué? 
No era útil frente a la amenaza coreana y si dañino para nuestro mercado único. 
El hecho de que fuera inútil en relación con la amenaza coreana ha sido más que demostrado a través de los hechos. 
La amenaza coreana ha persistido a pesar de la ayuda operativa vinculada a los contratos. 
Esto ha provocado graves distorsiones en el seno del mercado único y en un amplio espectro de oradores, desde el Sr. Paisley hasta el Sr. Paasilinna, he visto expresada en modos y palabras muy diferentes la preocupación por este impacto negativo en el mercado único. 
Un segundo tema que ha surgido con claridad es el relativo a que debe existir una serie de medidas que apoyen la construcción naval en Europa. 
Coincido con los comentarios hechos a tal efecto por varios diputados y quisiera dar las gracias especialmente a la Sra. Langenhagen por sus amables palabras de agradecimiento. 
Toda la atención ha sido centrada en la ayuda vinculada a los contratos, que ya no existe. 
Quisiera que contemplásemos la lista de otras ayudas que proporcionan un incentivo para los astilleros de la UE y que seguirán existiendo después del 1 de enero de 2001 en el marco del Reglamento del Consejo 1540: ayuda para la protección medioambiental conforme a las directrices generales comunitarias para tales ayudas, ayudas a la investigación y desarrollo conforme al marco general comunitario para tales ayudas y ya he destacado esto, ayuda para la innovación, que no se permite en ningún otro sector industrial a excepción del sector del automóvil, ayuda de inversión regional para la mejora y modernización de los astilleros existentes y no comprendiendo la creación de nuevas instalaciones, sometida a ciertos límites por debajo de los techos normales de las ayudas regionales, ayuda para la recuperación y reestructuración conforme a las directrices generales comunitarias para tales ayudas, sometida a ciertas disposiciones más estrictas, ayuda para el cierre parcial o total relacionado con reducciones genuinas e irreversibles de capacidad. 
Además de estas ayudas, la ayuda en forma de créditos para armadores acordes con las normas de la OCDE seguirá siendo permitida. 
Además, como ya he dicho, estamos explorando la forma en la que se puede obtener un uso más amplio, más intensivo de las posibilidades existentes. 
Esto es válido igualmente para las ayudas nacionales a la investigación y desarrollo así como para las posibles medidas comunitarias de financiación. 
Podemos decir que el sistema anterior no era útil para su objetivo declarado, es decir Corea, y sí muy dañino para el mercado único. Era necesario interrumpirlo. 
Ha sido interrumpido. 
Esto no quiere decir que se esté ignorando el problema coreano. 
Estamos trabajando muy duramente en ello, tanto en términos de una dura postura negociadora como en términos de preparar, si fuese necesario, la introducción de un mecanismo de defensa temporal que, estando más centrado, también sería más productivo que el antiguo sistema que ha sido desechado como no podía ser de otra forma. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su respuesta a las preguntas. 
El debate queda cerrado2. 
(Se levanta la sesión a las 21.55 horas) 
Declaro abierto el período de sesiones 2001-2002 del Parlamento Europeo. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, tomo la palabra para preguntarle si comparte mi preocupación por la reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Bernard Connolly. 
¿No le parece que es una afrenta vergonzosa a la libertad de expresión y que va directamente en contra de lo que preconiza la denominada Carta de Derechos Fundamentales? 
En caso afirmativo, haga el favor de escribir al Tribunal de Justicia Europeo para informarle de nuestra inquietud acerca de esta cuestión. 
Tomo nota de su solicitud, señor Helmer. 
Señor Presidente, intervine en enero porque los vuelos que salían de Amsterdam siempre se cancelaban. 
Dije entonces que se suprimía uno de cada dos vuelos. 
Ayer volvió a suceder lo mismo: otra vez se canceló el vuelo procedente de Amsterdam. 
Quisiera pedir a la Presidenta que organice esto mejor con Air France. 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural rechaza esta solicitud de urgencia por parte del Consejo. 
Somos de la opinión de que tenemos tiempo para elaborar el informe adecuado. 
No vamos a retrasarlo pues existen acuerdos verbales entre los Grupos políticos para terminar este informe hasta mayo para presentarlo en el mismo mes ante el Pleno para que sea sometido a votación, por lo que hay tiempo suficiente para votar sobre este asunto. 
Tampoco queremos la urgencia pues ya saben que en Niza no logramos para el Parlamento Europeo la codecisión en el sector agrícola. 
Nos haríamos coautores pues si aprobamos ahora la urgencia nos quedaremos fuera y somos de la opinión de que el Consejo está muy dividido en esta cuestión y que las cuestiones decisivas y las fórmulas de compromiso decisivas deben ser encontradas por el Parlamento Europeo, por lo que les ruego que rechacen esta urgencia. 
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia) 
Orden del día 
Les recuerdo que ayer el Parlamento Europeo tomó la decisión de principio de incluir en el orden del día una declaración del Consejo y de la Comisión sobre la epizootia de fiebre aftosa. 
Al presentar el orden del día de la sesión de mañana una enorme carga de trabajo, la única posibilidad de incluir este punto sin suprimir otro es reducir la duración del turno de preguntas. 
Les propongo, en consecuencia, de acuerdo con las demás Instituciones, modificar de la forma siguiente el orden del día de la sesión de mañana, miércoles 14 de marzo: 
De las 17.30 a las 18.15 horas: declaraciones del Consejo sobre la epizootia de fiebre aftosa, seguidas de un debate de treinta minutos. 
Les propongo además que estas declaraciones no vayan seguidas de presentación de propuestas de resolución; 
de las 18.15 a las 19.00 horas: Turno de preguntas al Consejo. 
Ahora concederé el uso de la palabra a un orador a favor y a otro en contra. 
Señor Presidente, creo que es una buena propuesta. 
Ayer debatimos al respecto. 
Hemos sido bastante unánimes en que, por motivos de actualidad, debemos modificar la decisión originaria de la Conferencia de los Presidentes. 
Si se hace una cosa por motivos de actualidad, naturalmente alguna otra tiene que pagar las consecuencias. 
Está claro. 
No nos gusta renunciar al turno de preguntas pero si ésta es la única posibilidad, lo apoyaré plenamente también en nombre de mi Grupo político. 
Señor Presidente, por el momento tampoco veo otra posibilidad pero, sin embargo, quiero protestar porque el turno de preguntas se están convirtiendo de modo creciente, por así decirlo, en la cabeza de turco de la planificación. Es decir, cada vez que se producen cuellos de botella se recorta el turno de preguntas. 
No me parece correcto pues el turno de preguntas está garantizado en los Tratados. 
Es un derecho parlamentario elemental. 
Me parece inadmisible que se ahorre siempre en este punto. 
Los diputados presentan dentro de plazo sus preguntas y tienen también un derecho a que se respondan. 
(El Parlamento aprueba la modificación del orden del día) 
Sanciones impuestas a los transportistas que trasladan a la Unión a nacionales de países terceros desprovistos de los documentos necesarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0069/2001) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo (10701/2000- C5-0470/2000 + 14074/2000- C5-0005/2001- 2000/0822 (CNS) ) relativa a la armonización de las sanciones impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de los Estados miembros a nacionales de terceros países desprovistos de los documentos necesarios para su admisión. 
Señor Presidente, este debate sobre mi informe es sumamente oportuno, pues tiene lugar solamente dos días antes del primer Consejo de Ministros del interior y de justicia bajo la Presidencia sueca. 
Los progresos realizados en relación con la directiva y la decisión marco que fija penas comunes por facilitar la entrada y la residencia en la UE estarán en el orden del día de esa reunión del Consejo. 
He sido Ministro del Reino Unido encargado de la responsabilidad de los transportistas y otras cuestiones referentes a la inmigración, y siempre he estimado que, aunque el Reino Unido tenía normas estrictas acerca de la responsabilidad de los transportistas, el sistema propiamente dicho se prestaba a la crítica porque era desequilibrado e inequitativo hasta cierto punto. 
A algunos transportistas no se les prestaba ninguna atención, y en la Unión Europea en su conjunto las discrepancias que había entre la forma en que diferentes Estados-nación se ocupaban de esta cuestión hacían que hubiera lagunas y deficiencias en lo que debería ser una esfera de cooperación y coordinación. 
Como la carga se repartía de forma inequitativa entre los países, tenemos aquí una oportunidad de hacer algo positivo. 
La Presidencia francesa tomó la iniciativa pero espero que mi informe haya mejorado lo que preconizaba esa iniciativa, en una forma que se estime que trata de forma equitativa y razonable lo que sin duda alguna es un problema dificilísimo. 
Mi informe vela por que la responsabilidad de los transportistas se extienda a todos los transportes al Reino Unido de nacionales de terceros países que carecen de documentos. 
Eso es normal y, aunque algunas agrupaciones de transportistas individuales se molesten por la mera existencia de responsabilidad, si dicha responsabilidad se extiende a todos los transportistas responsables será de utilidad para todos ellos. 
Ahora bien, también me parece que la responsabilidad de los transportistas debe estar limitada. 
Algunos han sugerido que se les exija que vuelvan a llevarse a las personas que han traído o que remedien la situación. 
Eso sería demasiado severo y excesivo. 
Lo más natural es que los transportistas pongan la cuestión en manos de la policía o de otras autoridades apropiadas, que entonces adoptarían las medidas necesarias. 
Es perfectamente apropiado que, si más adelante una persona recibe asilo, la pena impuesta al transportista se le devuelva. 
Esto es algo que hasta ahora no ha sucedido nunca, pero se menciona en mi informe. 
Para acabar diré que las penas deben estar armonizadas en toda la Unión. 
En la actualidad algunos países no imponen pena alguna, otros imponen una multa muy pequeña y en algunos países las multas son, quizá, demasiado graves. 
La armonización de las multas ayudará a interrumpir esta actividad y a conseguir que la gente colabore. 
Es importante que nos ocupemos de esta cuestión. 
No hay que dejar abandonados a los transportistas; también las autoridades tienen sus responsabilidades. 
Queremos ser humanitarios pero se trata en este caso de una cuestión que puede y debe ser resuelta por la Unión Europea en su conjunto. 
Sobre la base de lo antedicho, recomiendo mi informe al Parlamento. 
Señor Presidente, el tráfico ilegal de seres humanos se ha convertido en uno de los más despreciables crímenes que deben ser perseguidos y reprimidos desde la legalidad y desde la cooperación internacional. 
Los Gobiernos de la Unión Europea se han comprometido a ello en los Acuerdos de Tampere y ello exige, además, una colaboración necesaria de los países de origen y especialmente de los agentes que intervienen en el transporte y traslado de viajeros. 
El problema es cómo armonizar las legislaciones de los Estados miembros y buscar fórmulas de aproximación. 
No cabe duda de que los transportistas tienen que asumir la obligación de verificar que los extranjeros transportados cumplen los requisitos de entrada. 
No parece desacertada la fórmula propuesta por la presente iniciativa de establecer un importe mínimo, como sanción, que no sea inferior a 5.000 euros por persona transportada, aunque se debería imponer también, no como posibilidad sino como sanción efectiva, el decomiso de los vehículos y de los medios utilizados por los transportistas. 
Parece también necesario que no se considere sancionable el transporte de quien, en virtud del Convenio de Ginebra, está en condiciones de que le sea admitida a trámite una solicitud de asilo. 
En definitiva, señor Presidente, Señorías, se trata de que los Gobiernos de la Unión hagan el mayor esfuerzo posible para que los transportistas, la policía de fronteras y la policía de aduanas cumplan con sus obligaciones debidamente coordinados, y eviten que las redes mafiosas puedan traficar con seres humanos. 
No es ésta la única vía para combatir el tráfico ilegal de personas. 
Se trata de compartir la responsabilidad ante un grave problema que el conjunto de la sociedad europea está obligada a afrontar. 
Por ello, Señorías, urge que esta iniciativa, que lleva muchos meses de discusión, sea una realidad cuanto antes. 
Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras sean para reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado por el colega Kirkhope. 
Ese reconocimiento incluye las dificultades que sabemos ha encontrado en su trabajo sobre la presente iniciativa. 
Pero esa falta de criterio que ha habido, esas dificultades que ha tenido el colega Kirkhope, entiendo que han sido debidas, en gran parte, a la falta de claridad y a los cambios que, desde el Consejo, se han ido introduciendo en el texto, confirmando que no hay unanimidad en esta cuestión, lo que ha hecho el trabajo muy complicado, no sólo para el colega Kirkhope, sino para toda esta Asamblea y, desde luego, para los miembros de la Comisión de Libertades, que hemos tratado de mejorar el texto. 
Hay que recordar que el Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de octubre de 1999- como todos sabemos- acordó que las cuestiones distintas, pero estrechamente relacionadas, del asilo y la inmigración exigen desarrollar una política común de la Unión Europea, y se sentaron los elementos que deberían incluir la colaboración con los países de origen, un sistema europeo común de asilo, el trato justo a los nacionales de terceros países y la gestión de los flujos migratorios. 
Se subrayó igualmente la necesidad de adoptar un enfoque amplio de la gestión o regulación de los flujos migratorios, incluyendo cuestiones políticas, cuestiones de derechos humanos, de desarrollo y, desde luego, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, implicando a los países de origen y de tránsito. 
Por todo ello, pienso que es imprescindible que no sólo en el caso de esta iniciativa, sino en otras que vamos a ver hoy mismo a continuación, y en las que sin duda seguiremos debatiendo en los próximos años, la Unión Europea adopte principios claros y equitativos y, por supuesto, que sean conformes al Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas de 1951. 
La respuesta de la Unión Europea a la inmigración clandestina no debe limitarse exclusivamente a su estricto control. 
No debemos rehuir las responsabilidades que tenemos respecto a la defensa y promoción de los derechos humanos. 
Derechos que tienen que estar reflejados en esta iniciativa. 
Tenemos que regular con todos los mecanismos a nuestro alcance el flujo migratorio, pero reconocer que cada año puede recibirse a un número de personas suficiente como para poder evitar la clandestinidad y alejar a las mafias. 
Quisiera recordar a esta Asamblea el artículo 31 de la Convención de Ginebra, que cita el caso de que exista un miedo real y fundado de persecución para justificar la entrada ilegal en el territorio de un país de asilo. 
En estos casos tal persona quizás podrá recurrir a documentos falsos como único medio de escapar a amenazas inminentes a su vida o libertad. 
Por eso, la exención a los transportistas de penas en el caso de los demandantes de asilo tiene que estar garantizada en aras de conseguir un área de libertad, seguridad y justicia. 
Tenemos el objetivo de mejorar la gestión de los movimientos migratorios en el marco de una estrecha cooperación con los países de origen y de tránsito, reforzando la lucha contra esta inmigración y combatiendo a los sectores criminales implicados, garantizando al mismo tiempo los derechos de las víctimas. 
Hay que lamentar que este texto, presentado por la Presidencia sueca, no suponga ningún avance importante en relación con el texto inicial de la iniciativa francesa. 
Desgraciadamente, la realidad de la inmigración necesita de iniciativas globales, coherentes, coordinadas y no de acciones puntuales, como es la actual, ya que se trata de una puntualización restrictiva del artículo 26 del Convenio de Schengen. 
Es imprescindible salvaguardar la institución del asilo. 
Es necesario eximir de sanción a los transportistas que trasladen a extranjeros, si estos solicitan asilo tras llegar al país de acogida, aunque la solicitud sea posteriormente rechazada, y no podemos obligar a los transportistas a examinar los motivos del solicitante de asilo suplantando el papel que le corresponde a los Estados. 
Por todo ello, hemos creído necesario solicitar la retirada del presente texto con el intento de lograr una iniciativa mejor que contribuya a la construcción de una verdadera política comunitaria al respecto. 
Señor Presidente, hay dos elementos que desempeñan un papel en esta propuesta. 
Un elemento es la lucha contra la introducción ilegal de inmigrantes en tanto parte de un crimen grave. 
Casi todos estamos de acuerdo en que debemos hacer todo lo posible para luchar contra la inmigración ilegal que está sistemáticamente organizada. 
Leemos y vemos demasiado a menudo de qué manera tan indigna se juega con la vida de las personas. 
El ejemplo de los chinos en Dover es más que desagradable. 
El otro elemento es el derecho al asilo. 
No se puede reprochar nada a las personas que huyen de la pobreza, la miseria o la guerra ¿Que haríamos nosotros en tales circunstancias? 
Europa tiene una tradición humanitaria desde muy antiguo y ésta debe continuar existiendo. 
Hay que encontrar, por tanto, un equilibrio entre el respeto del Convenio sobre el Estatuto de Refugiados, por una parte, y la lucha contra el crimen, por otra. 
Ahí entra en juego otro elemento en relación con esta propuesta. 
No se trata en este caso de introducir o no sanciones económicas contra los transportistas. 
Todos los países de Schengen cuentan desde hace muchos años con semejante regulación y también la aplican. 
No obstante, tal como el ponente ha dicho, también los países que no pertenecen a Schengen, como es el caso de Gran Bretaña y por ejemplo Canadá, tienen este tipo de mecanismo de sanciones. 
La propuesta de hoy tan sólo intenta armonizar estas sanciones económicas. 
Con todo y con eso, señor Presidente, el grupo ELDR considera que debe buscarse un mejor equilibrio entre esos dos elementos. 
De ahí que hayamos presentado la enmienda 11 del Sr. Watson y la baronesa Ludford, según la cual este sistema de sanciones no se aplica cuando una persona busca asilo. 
Esperamos que esta enmienda sea aceptada y también consideramos que la armonización es aceptable en su totalidad. 
Señor Presidente, Señorías, quiero señalar en relación con el informe Kirkhope que, en efecto, el problema debe abordarse, pero que mi Grupo y yo tenemos, sin embargo, algunos reparos: debe evitarse que los inocentes se vean afectados, es decir, transportistas y camioneros en general. 
Se enfrentan a menudo a una gran presión social, deben respetar un determinado horario y, además, a veces no saben que transportan gente. 
Los transportistas pueden ser intermediarios que colaboran en la red criminal y deben ser castigados por trata de seres humanos e introducción ilegal de inmigrantes. 
No obstante, también pueden colaborar en la lucha contra la red criminal al denunciar que en sus camiones se transportan personas de forma ilegal. 
El transportista también puede, sin embargo, ser un conductor de taxis que recoge personas, por ejemplo, en Sangatte o en el centro de Calais y cruza con ellos una frontera ¿Debe entonces controlar sus papeles? 
Además, pueden presentársele problemas con la gente que a veces sí viaja con papeles, pero que pueden ser difícilmente controlables. 
Así mismo, puede darse el caso de personas que viajan y que dicen que van a pedir asilo, pero no lo hacen inmediatamente y desaparecen en la clandestinidad. 
Quisiera que quedara clara la cuestión de quién va a examinar en el futuro estos documentos. 
Creo que no hay suficiente gente disponible para controlar todos los documentos. 
Señor Presidente, esta propuesta es una propuesta dirigida a tratar los síntomas de una enfermedad singularmente grave. 
Desgraciadamente, es una propuesta que no sólo hace caso omiso de la enfermedad, sino que también agrava tanto los síntomas como la enfermedad. 
La idea es que tenga efecto disuasorio, pero me gustaría saber a quién se cree que disuadirá. 
¿A quién creemos que disuadirá la propuesta actual? 
A las organizaciones humanitarias. 
A la gente de la iglesia. 
A la gente que tiene el corazón en su sitio y que tiene que responder de dónde viene su dinero y cómo lo emplea. 
¿Quién creemos que saldrá ganando con esta propuesta? 
Las mafias. 
Las personas sin escrúpulos. 
Cojamos un país como Afganistán, que ahora está casi rodeado por fronteras cerradas. 
Pakistán no quiere acoger a más refugiados. 
No hay sitio para más campamentos en la zona limítrofe, como algunos de nosotros la llamamos. 
No pueden acoger a más, pero sigue habiendo gente que tiene que huir y que han de pagar para salir del país. 
¿A quién queremos que paguen? 
¿A las mafias o a la iglesia y a las organizaciones humanitarias? 
Si aumentamos las penas, tendremos precios más altos. 
Las personas que deban huir pagarán caro esta propuesta que ahora debatimos. 
Una pena mayor significará asimismo una menor oferta en este mercado. 
Menos se ofrecerán a ayudar a las personas obligadas a huir. 
Los que queden serán las mafias. 
Pueden poner el precio que quieran. 
Poco a poco alcanzarán una posición de monopolio en este ámbito. 
Tengo entendido que hay países entre los Estados miembros que están muy preocupados por esta propuesta. 
Tengo entendido que la Presidencia sueca está intranquila ante la propuesta. 
Quiero exhortales muy encarecidamente a que hagan uso del derecho de veto en el Consejo y la detengan. 
Además, quiero recomendar que durante el debate de la propuesta al menos se garanticen dos cosas. 
En primer lugar, que se distinga entre las organizaciones que actúan por el dinero, por el lucro y las organizaciones que lo hacen por motivos caritativos y humanitarios. 
Esta distinción es fundamental para la situación en la que ponemos a los refugiados. 
En segundo lugar, me parece importante que no dejemos nuestra responsabilidad a la compañía transportadora ocasional. 
No puede estar bien que un empleado al azar de Sabena, Air France o SAS tenga la responsabilidad de valorar qué debe suceder en un caso de asilo. 
Ésta es nuestra responsabilidad. 
Señor Presidente, el mundo está plagado de conflictos y de dictaduras, de privaciones y de pobreza, y son las víctimas inocentes las que lo pagan. 
Hay bandas de delincuentes organizados, que disponen de inmensos recursos y operan con toda impunidad. 
Necesitamos que haya más cooperación internacional entre los órganos encargados de hacer cumplir la ley. 
No es un secreto para nadie que en algunos países los políticos y la policía se aprovechan de la trata de seres humanos y avisan a los responsables de la trata cuando se va a lanzar alguna operación contra ellos. 
Muchas de las cuestiones que se están discutiendo esta mañana, como la inmigración, la protección temporal para las personas desplazadas y la cuantía de las penas armonizadas que van a imponerse a los transportistas que traen o llevan a personas que carecen de los documentos necesarios, están vinculadas con ese mundo tenebroso de conflictos y oportunismo penal. 
En los diez últimos años se ha registrado un incremento sin precedentes de las migraciones forzadas y voluntarias en todo el mundo. 
Los conflictos de la antigua Yugoslavia y de Kosovo y de otros lugares se han traducido en enormes movimientos repentinos de población y en la necesidad de facilitar protección temporal. 
Al mismo tiempo, las cuestiones relativas al asilo están cobrando una importancia cada vez mayor. 
El año pasado 390.000 personas solicitaron asilo en la Unión Europea. 
Las Naciones Unidas estiman que la trata moderna de seres humanos representa actualmente cinco mil millones de libras; el 10% de los que llegan ilegalmente a Europa vienen a través de los Balcanes. 
Según ACNUR mi propio país, Irlanda, viene en tercer lugar en Europa después de Eslovenia y de Bélgica por lo que se refiere al número de solicitantes de asilo que acogió el año pasado, en comparación con la población total. 
Los solicitantes de asilo en Europa provienen principalmente de la República Federativa de Yugoslavia, Iraq y Afganistán. 
El número de solicitantes del Irán se ha duplicado holgadamente. 
Esas personas no obtienen en Irlanda la acogida que cabría esperar, especialmente teniendo en cuenta nuestro propio historial de migración. 
No hay más remedio que decir, sin gran entusiasmo, que los irlandeses han sido todo menos generosos por lo que se refiere a su aceptación de los movimientos de población que les afectan. 
Para nosotros se trata de un nuevo fenómeno, pero me apena ver cómo personas que estimo que son decentes y que obran con compasión actúan de forma racista y xenófoba, y en eso incluyo a muchos de los habitantes de mi propia circunscripción. 
Lo digo con verdadera pena. 
Señor Presidente, intervengo en nombre de los diputados electos de la Lista Bonino para anunciar nuestro voto en contra del informe Kirkhope y de la iniciativa de la República Francesa, o sea, de la enésima iniciativa de carácter represivo en materia de inmigración. 
No cabe duda de que las consideraciones formuladas por las Sras. Cerveira, Sörensen y Frahm, así como en la última intervención están fundadas; sin embargo, para entrar en el fondo de este informe y de esta iniciativa hay que tener en cuenta una cuestión de principio, esto es, que hemos llegado a una parcelación en lo que respecta al problema de las políticas de inmigración, ya que, de lo contrario, deberíamos declarar, mejor dicho, el Consejo debería declarar que no ha sido capaz de gobernar este fenómeno, o sea, que no ha sido capaz de prever qué podía ocurrir, que no ha sido capaz de prevenir y que aún hoy no es capaz de tomar medidas con propuestas de Gobierno. 
Estamos bombardeados por las propuestas del Consejo y de cada uno de los Estados miembros que, por una parte, sostienen que quieren construir una política de inmigración común y global y que, por otra, complementan y armonizan segmentos de Derecho represivo, sin definir en absoluto los contenidos y los criterios que estarán- mejor dicho, deberían estar- en la base de la futura política europea de inmigración. 
No creemos que este informe y esta iniciativa puedan contribuir a poner a punto una política de inmigración; por el contrario, pensamos que son precisamente estas iniciativas las que contribuyen a que se produzcan sucesos como los de Dover, donde hubo víctimas humanas. 
De este modo lo que se hace es contribuir al enriquecimiento de las mafias. 
Señor Presidente, quiero recordar de nuevo que la iniciativa francesa que se nos ha presentado pretende combatir la inmigración ilegal y felicito expresamente al Sr. Kirkhope por su equilibrado informe. 
La idea es impedir el intento de entrar ilegalmente ya desde el principio, por lo general, en el país de origen. 
Actualmente, empresas de transporte favorecen indirectamente la entrada ilegal al no realizar ningún control de los documentos de viaje. 
Sólo a la llegada a un Estado miembro de la UE las autoridades aduaneras pueden constatar el intento de una entrada ilegal. 
La Comisión propone aquí una solución simple y eficaz. 
Las empresas de transporte deben controlar ya en la partida si existen los documentos de viaje o visados necesarios y, en su caso, denegar el transporte. 
Para garantizar estos controles y, al mismo tiempo, frenar la ayuda consciente a las entradas ilegales, en la UE se deberían aplicar multas unitarias. 
Sólo así se podrá garantizar una posición común coherente frente a las entradas ilegales. 
Sin embargo, la propuesta de que no se impongan multas en caso de una solicitud de asilo, es contraproducente pues por lo general casi siempre se presenta una solicitud de este tipo. 
Por ello, solamente se debería devolver la multa a la empresa de transportes si se concede la solicitud de asilo. 
Se puede exigir perfectamente a las empresas de transporte que junto con el billete de viaje o de vuelo controlen también los documentos de viaje necesarios para entrar en el país de destino. 
Esto debe aplicarse a todos los modos de transporte, también al ferrocarril. 
Por el contrario, no se puede exigir a las empresas de transporte que se hagan cargo del viaje de retorno. 
Esto debe confiarse a la policía o entidad encargada del orden en el país. 
Sólo así se podrá garantizar un retorno real y adecuado. 
No obstante, en esta propuesta hay que criticar que los aspectos razonables de una política común de inmigración y de asilo deberían tenerse en cuenta en el marco de un concepto global y no introducirse demasiado pronto como medidas aisladas en el procedimiento legislativo. 
Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a la preocupación de nuestro Grupo por la proliferación de medidas parciales, fragmentarias, difícilmente compatibles a veces con los Tratados y casi siempre con la lógica comunitaria, que no sabemos muy bien si nos llegan de los Estados miembros o del Consejo. 
Respuestas que, como demuestran algunas de las últimas intervenciones, me parecen peligrosas, porque dan soluciones falsas, aparentemente simples, a problemas que son reales y complejos. 
Creo que ese tipo de propuestas- y vamos a ver más durante la mañana- son realmente inviables sin un marco global que realice las decisiones del Consejo Europeo de Tampere, pero que las realice todas, como intenta hacer la Comisión. 
La tendencia del Consejo a desarrollar aspectos represivos, sin tener aún claros los marcos de referencia de una imprescindible política de inmigración común, es un problema, señor Presidente. 
La Comisión nos ha presentado un documento que pretende abordar el problema de la trata de seres humanos. 
Quisiera que nos llegara también de la Comisión un documento que definiera tanto el delito de tráfico de personas como unas sanciones comunes, y que esto se enmarcara en una política común de inmigración. 
Señor Presidente, vamos a sancionar a los transportistas que lleven a personas insuficientemente documentadas. 
Muy bien. 
Todos los traficantes de personas saben que están cometiendo un delito. 
Lo saben absolutamente todos. 
No creo que vayamos a detenerlos con ese tipo de medidas. 
Lamento la posición del ponente en este tema, porque normalmente nuestra comisión ha manifestado una cierta unanimidad en la no aceptación de este tipo de propuestas. 
Respecto de ésta, tengo, además, algunas preocupaciones particulares que ya se han señalado aquí: el aumento de la responsabilidad de control por parte de personas privadas, y el problema serio y real de los refugiados. 
Creo que los transportistas no son ángeles de la guarda y no se van a resignar a poder recibir una sanción si ayudan a personas que están realmente en peligro. 
Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. 
Por todo esto, señor Presidente, mi Grupo está mayoritariamente decidido a pedir el rechazo de esta propuesta y que la Presidencia francesa y la sueca pidan a la Comisión la presentación de una propuesta global sobre una futura política común de inmigración para la Unión. 
Señor Presidente, antes que nada he de decir que no estoy en contra de la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada y contra la inmigración ilegal de por sí, pero me opongo totalmente en principio a la responsabilidad de los transportistas. 
Me parece que es una especie de privatización poco ortodoxa de los procedimientos de inmigración y, como ya han dicho otros, se transfiere la responsabilidad de la comprobación de los documentos al personal de vigilancia o a los chóferes en vez de dejarla en manos del personal oficial del servicio de inmigración, al que se le debería capacitar para que obrase de forma humana y no racista. 
Es una lástima que este servicio quedara fuera de la directiva del Consejo sobre la lucha contra la discriminación en el marco del artículo 13. 
Me opongo firmemente a que recompensemos y devolvamos el dinero pagado a los que han conseguido introducir ilegalmente inmigrantes que han obtenido un premio en la lotería de la inmigración ilegal. 
Como otros, creo también que se trata de una iniciativa equivocada en términos pragmáticos, que forma parte de un enfoque gradual encaminado a crear una política común de inmigración, de la que ya hemos oído hablar demasiado en este Parlamento. 
Lo primero que tenemos que hacer es establecer un marco y ver a continuación cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica y si esa armonización es apropiada. 
Ése otro sistema fragmentado no es coherente ni juicioso. 
Recomiendo al Parlamento las enmiendas que han recibido el apoyo de tres grupos: las enmiendas 10, 11 y 13. 
Hay otras enmiendas de este informe que también vale la pena considerar. 
Soy partidario de la enmienda 12. 
Señor Presidente, el informe Kirkhope no es una aportación progresista a la política común de asilo y de inmigración. 
Se quiere ampliar e intensificar una práctica ya fracasada y condenada con toda razón por las Iglesias y organizaciones de derechos humanos consistente en la obligación de retorno que se contempla en el Acuerdo de Schengen. 
Se impone a los empleados de las compañías aéreas el papel de policías auxiliares. 
Los Estados miembros crean de este modo las condiciones para que las bandas dedicadas al tráfico de personas garanticen sus beneficios. 
Si en el futuro las empresas de transporte que no cumplan sus llamadas obligaciones deben pagar hasta 5.000 euros de multa, uno se puede imaginar ya ahora a qué va a conducir esto. 
La UE va a intensificar aún más su carácter de comunidad amurallada. 
Este no puede ser el camino a seguir en el futuro con los refugiados e inmigrantes. 
Más de 2000 personas han muerto el último año en las fronteras exteriores de la Unión según apreciaciones de la organización antirracista de derechos humanos UNITED. 
Esta es una circunstancia absolutamente inaceptable. 
Si queremos andar el camino hacia una legislación marco europea en lo tocante al asilo, deberemos también adoptar las medidas necesarias para que los que buscan asilo puedan venir a nosotros. 
De lo contrario, cualquier directiva, aunque invoque formalmente el Convenio sobre Refugiados de Ginebra, será sólo mera hojarasca violando en el fondo su espíritu. 
Permítanme para finalizar que realice una observación sobre mi propio país. 
Lamentablemente, el Ministro del Interior alemán es hoy uno de los protagonistas más importantes de una política de amurallamiento europea. 
Alemania bloquea prácticamente en todos los campos la humanización de la política de refugiados y de inmigración. 
Cualquier propuesta de la Comisión que apunta en este sentido es rechazada por el Ministro del Interior alemán. 
El Sr. Schily apoyaría con seguridad sin objeciones una propuesta como la que tenemos hoy sobre la mesa pues él transpira el espíritu de defensa y de aumento de la densidad de control. 
Les insto a todos para que no permitan que se imponga este espíritu de amurallamiento de Europa y de defensa antes personas que buscan ayuda. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, queda fuera de toda duda que todos estamos a favor de un control razonable de la inmigración también mediante el aseguramiento de las fronteras exteriores de la Unión. 
Creo que en este aspecto estamos todos de acuerdo y que no necesitamos debatir sobre ello. 
Pero por otro lado, creo que también estamos de acuerdo- el Sr. Kirkhope como antiguo Ministro británico del Interior me dará la razón- en que con todas estas medidas aisladas a la postre no vamos lograr mucho y que nos ocupamos de un sector en el que no queremos solucionar los problemas de base pero sí deseamos lograr al menos algo dando pequeños pasos. 
Si esto es así, entonces también está claro que tenemos que debatir del modo más libre de ideologías posible. 
Si estamos de acuerdo en que queremos debatir de este modo y sabemos que no se puede impedir totalmente la inmigración ilegal- es decir, con independencia de lo que se haga, va a existir siempre inmigración ilegal- entonces tenemos que reconocer naturalmente que sólo con medidas punitivas para las empresas de transporte a la postre sólo lograremos muy poco. 
Si también estamos de acuerdo en esto, entonces, señor Kirkhope, tendremos que reconocer que si queremos lograr algo tendremos que mantener conversaciones precisamente con las empresas de transporte. 
Actualmente, estoy manteniendo conversaciones con representantes de los sindicatos internacionales de transportes y creo que aún hay margen para la búsqueda de vías comunes. 
Pero cuando se habla precisamente con estas empresas, se comprueba que sus propuestas, señor Kirkhope, no son en absoluto de ayuda y que usted desea tratar de un modo aún más restrictivo la iniciativa francesa que es rechazada ya por las empresas de transporte. 
Entonces me pregunto por qué nos ocupamos de un informe de este tipo que nadie apoya. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no todo lo que es legal es también legítimo ni todo lo que es ilegal es ilegítimo. 
Hemos hablado hoy aquí mucho sobre delincuencia. 
Pero, en mi opinión no es delito ayudar a entrar en la UE a las personas que necesitan ayuda y que quieren hacerlo sólo porque esto sea ilegal sino que el delito es la política de amurallamiento de la UE. 
Esto lo ve así incluso el ACNUR. 
En un estudio sobre traficantes de personas ha constatado que el problema es la política de amurallamiento de la UE y que sólo se podrá cambiar algo si se abren más las fronteras y no con medidas contra los llamados traficantes. 
Un segundo problema al que quiero referirme sobre este informe que quiere que las empresas de transporte respondan más: en Alemania esto ha conducido a comportamientos racistas y además que las autoridades hayan movido a los taxistas a comportamientos racistas. 
Dicen que reconocen si alguien es ilegal o no cuando se encuentra en la frontera germano-polaca y solicita de ellos que les transporten pues los conductores de taxi mismos no tienen la posibilidad de comprobar los papeles de estas personas. 
Así pues, se ha dicho: a esta gente se la puede reconocer. 
Pero ninguna persona es ilegal y menos aún se puede reconocer si una persona está en situación ilegal o no. 
Un último punto que despierta en mi un gran escepticismo es que en los tiempos en que aún existían la DRA y la RFA, en que había dos Alemanias, en los años 70 el máximo Tribunal alemán emitió en una ocasión un fallo diciendo que el hecho de introducir personas es legítimo, es decir, lo mismo que acabo de decirles e incluso que es legítimo pedir dinero por ello. 
Es decir, la ayuda comercial por evadirse que sus Señorías criminalizan aquí se alabó en gran manera en aquellos años. 
Tengo pues que temer que todo este tema se instrumentalice, que no se atreva a actuar contra los refugiados y los ilegalizados, por lo que se necesitan nuevas víctimas. 
Por ello buscan las personas que les ayuden a escapar, tanto si son pagadas como si no lo son. 
Precisamente ellas tienen nuestro apoyo para que más gente pueda pasar las fronteras por menos dinero. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0077/2001) del Sr. Wiebenga, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (2000) 303- C5-0387/2000- 2000/0127 (CNS) ) relativa a unas normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida. 
Señor Presidente, quiero sumarme a lo que el Comisario Vitorino acaba de decir: los Estados miembros de la Unión Europea faltan, en el fondo, a sus compromisos en cuanto al establecimiento de una política de asilo europea. 
Tal vez los líderes gubernamentales tuvieran buena voluntad en 1999 en Tampere, pero Tampere no ha pasado de ser una lista de deseos. 
Más claro es el cuadro de indicadores de la Comisión Europea de 2000, en el que la medidas que se deben adoptar figuran en un esquema. 
No obstante, ya ahora parece que el Consejo de Ministros de Justicia se retrasará respecto de los objetivos que se persiguen. 
Eso también es aplicable a la adopción de una norma de acogida para desplazados. 
El actual proyecto de directiva es la tercera propuesta que se presenta al Parlamento Europeo, transcurridos ya cuatro años desde que la primera se presentara en 1997. 
El Parlamento Europeo estuvo de acuerdo con las dos primeras propuestas, pero el Consejo de Ministros no puede lograr que se adopte la decisión. 
Nunca ha quedado claro qué Estados miembros se oponen, ya que todo se decide a puerta cerrada. 
El Consejo de Ministros guarda silencio y ésa es la política de asilo europea en su peor forma. 
Todo esto es reprobable, puesto que de qué se trata. 
Esta propuesta se refiere a situaciones como las que hace unos años se dieron en Bosnia y, más tarde, en Kosovo; de situaciones en las que la afluencia masiva de personas desplazadas debe ser acogida en la Unión Europea; situaciones en las que la gente es expulsada de su casa y de su hogar, en las que los pueblos son saqueados y en las que la gente no sabe dónde ir. 
Se trata de cientos de miles de personas a la vez. 
Naturalmente que estas personas deben ser acogidas de forma humana. 
Por supuesto que los Estados miembros deben repartir la responsabilidad de forma justa, llegando a buenos acuerdos. Esto no se ha logrado de forma suficiente en casos anteriores. 
Y de nuevo las predicciones: si vuelve a suceder la misma tragedia en Macedonia, o tal vez, en Algeria, la Unión Europea continúa sin estar preparada. 
Señor Presidente, la Comisión Europea ha efectuado un buen trabajo. 
La actual propuesta es mejor que las dos anteriores. 
El reparto de la responsabilidad entre los Estados miembros figura ahora en la norma y ya no puede desvincularse de ésta. 
Ese aspecto entra en vigor al mismo tiempo que el resto de la norma. 
Hay también otros asuntos diversos que se han detallado mejor que en las propuestas anteriores, pero en los que no profundizaré ahora. 
Son buenas noticias. 
Ahora un par de cosas que deben mejorarse. 
Pienso, en primer lugar, en la relación con el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados, especialmente en su principio más importante, a saber, el principio non refoulement, el principio de que los refugiados no pueden ser devueltos sin más. 
Éste debe detallarse mejor en la propuesta. 
El Consejo de Ministros debe respetar el plazo para la toma de una decisión en lo que a la puesta en acción de la protección temporal de personas desplazadas se refiere, y el Parlamento Europeo- también es ésta una vieja queja, señor Presidente- debe estar mejor implicado en la toma de decisiones. 
La propuesta no da la talla en un punto: el reparto de la responsabilidad- antes hablábamos de reparto de cargas, ahora de reparto de responsabilidad- entre los Estados miembros. 
Se trata de qué Estado miembro hace qué esfuerzos en la acogida de un gran número de personas desplazadas. 
En el caso de Bosnia y Kosovo, países como Alemania, los Países Bajos y Austria acogieron a muchos desplazados, mientras que otros Estados miembros hicieron muy poco. 
La Comisión propone ahora que primero se llegue a un reparto financiero de las cargas basado en el Fondo Europeo para los Refugiados. 
Señor Presidente, estoy convencido en tanto ponente de que realmente debe reforzarse este reparto. 
Se trata en primer lugar de ejecutar el Tratado CE, en el que figura explícitamente que el Consejo debe fomentar el equilibrio en cuanto a los esfuerzos de los Estados miembros en este terreno. 
Esa palabra, equilibrio, implica más que la palabra solidaridad que figura ahora en la propuesta. 
Se trata, antes de nada, de lograr un reparto de los desplazados entre los Estados miembros conforme a una clave de distribución; para ello sirven las enmiendas 4 y 11. 
Espero, claro está, que sean aceptadas por esta Casa. 
Además, debe suprimirse la disposición que permite a los Estados miembros eludir totalmente la acogida de personas desplazadas. 
Al contrario, cada Estado miembro debe motivar bien su oferta de acogida, y eso figura en las enmiendas 31 y 32. 
Señor Presidente, con todo y con ello, se trata de una propuesta razonable que espero esta casa pueda aceptar. 
Señor Presidente, tras un título increíblemente complicado de este proyecto de directiva se esconde un problema relativamente sencillo. 
Se trata de la cuestión de la distribución de cargas en la acogida de refugiados de guerras civiles. 
Parece como si la complejidad de este título reflejase lo desagradable que es esta cuestión para los europeos. 
Pues el modo cómo los europeos han tratado hasta ahora el tema de la burden sharing solamente se puede calificar de conflicto anunciado. 
El problema es conocido desde hace muchos años. 
Hemos experimentado en nuestras propias carnes con grandes trastornos lo que ocurre cuando en el entorno, por ejemplo, de la antigua Yugoslavia se producen guerras civiles y las personas huyen en decenas y centenas de miles, naturalmente allí donde encuentran protección frente a las persecuciones y la guerra. 
Y estos países fueron en el pasado en especial Austria, también Italia, los Países Bajos y Alemania. 
Mi país ha acogido, por ejemplo, en la guerra de Bosnia el doble de refugiados que todos los demás juntos. 
Por ello, los afectados insisten desde hace años para que se solucione por fin esta cuestión. 
Pero en el Consejo no se ha logrado hasta ahora más que declaraciones generales sobre la solidaridad en la acogida de refugiados. 
Recuerdo los altamente desafortunados intentos de la predecesora del Comisario Vitorino, la Sra. Gradin. 
Los interesados deberían recordarlo. 
Por ello, señor Vitorino, le agradezco que se enfrente a todos estos problemas con energía después de Tampere. 
Añado que al contrario que el punto anterior del orden del día aquí tampoco se trata de la iniciativa de un Estado miembro sino de la Comisión y del Comisario competente. 
Por ello, también tiene responsabilidad por ello. 
A pesar de que saludo su modo de actuar, también tengo que plantear objeciones ante algunos detalles. 
La cuestión de la división de cargas va unida a un único problema. 
¿Se va a regular que todos los países tengan que acoger refugiados o no se va a regular? 
Si usted, señor Vitorino, se aferra al principio de la llamada doble decisión voluntaria, lo que significa que los refugiados pueden decidir ellos mismos a qué país quieren ir y que los Estados miembros solamente acojan voluntariamente a refugiados, entonces todo quedará como hasta ahora y no cambiará nada en absoluto. 
Pues la carga de la acogida no se puede compensar con prestaciones financieras. 
Lo primero que debería ocurrir es que los Estados miembros no puedan escudarse en una aportación financiera sino que todos estén obligados a acoger realmente a refugiados según un sistema determinado que, naturalmente, tenga en cuenta las posibilidades de acogida de cada país y todos los demás aspectos y que tenga también en cuenta que las familias no sean desgarradas y que en el marco de una cuota se consideren naturalmente también los deseos de los mismos refugiados. 
Pero hay que determinar que todos los Estados miembros estén obligados a realizar una aportación personal para acoger refugiados. 
Este es el primer punto flaco de su proyecto. 
Afortunadamente, la Comisión de Asuntos Interiores lo ha corregido y espero que el Pleno siga la opinión de la Comisión de Asuntos Interiores. 
El segundo punto, señor Vitorino, es la reagrupación familiar. 
El concepto sin límite de familia que usted aplica no se puede imponer a todos los Estados miembros. 
Quien más allá de la familia en sentido estricto desee incluir a todos los parientes con derecho a percepciones que lo haga. 
Pero esto no se puede imponer a los Estados miembros sino que se debe incluir de modo facultativo. 
Esta es nuestra segunda objeción grave. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar al ponente, Sr. Wiebenga, por su informe, que ataca en sus raíces al problema del cual nos ocupamos: la protección temporal de personas que se hallan en circunstancias de máxima dificultad. 
Lamento que el Sr. Nassauer haya pasado por alto lo que dijo el ponente acerca de la utilización del idioma y que haya hablado de "compartir la carga", porque la cuestión estriba realmente en determinar de qué forma diversos Estados miembros aceptan sus responsabilidades y de procurar tratar de forma humana a personas que se hallan en una situación sumamente desesperada. 
El ponente ha mencionado también, con razón, la crisis de Kosovo, en la que los Estados miembros no supieron asumir sus responsabilidades, y Estados más pobres como Albania quedaron abandonados para que se ocuparan de grandes números de refugiados. 
Con el nuevo mecanismo eso debería evitarse. 
Si hay una entrada en masa de refugiados en la Comunidad, los Estados miembros han convenido en principio en compartir la responsabilidad. 
Esta protección temporal necesita abarcar no solamente las entradas espontáneas en masa en territorio comunitario, sino también las entradas no espontáneas, cuando, por ejemplo, las personas han sido evacuadas de zonas difíciles en avión por Estados miembros, o quizás por otras partes, y posiblemente han recibido asistencia para venir a la UE. 
Tenemos que conseguir que se apliquen disposiciones adecuadas en el punto de partida. 
Otra cuestión importantísima respecto de la cual mi Grupo ha presentado una enmienda- enmienda 44- trata de la velocidad y posibilidades de aplicación de la directiva. 
Cuando se plantea una crisis de refugiados, es absolutamente imperativo que los Estados miembros actúen lo más rápidamente posible. 
Aplaudo al ponente por haber introducido un plazo de tiempo para la decisión del Consejo. 
Ahora bien, mi Grupo ha presentado una enmienda en favor de otro plazo. 
Estimamos que tres meses no es un plazo aceptable y pedimos que el plazo sea de solamente un mes. 
Sé perfectamente cuáles son las dificultades logísticas y organizativas que nuestra propuesta presenta, pero tenemos que pasar a la acción con toda urgencia y una reunión de emergencia del Consejo es un pequeño precio que hay que pagar para conseguir que los necesitados reciban protección. 
Las enmiendas 45 y 46 se refieren a los derechos personales. 
Una vez que una persona se halle en un Estado miembro tiene derecho al asilo y a la protección. 
Tenemos que velar por que esas personas no queden obligadas a regresar a sus países si ello va a crearles problemas sin solución. 
Los Estados miembros tienen que esforzarse por hacer más para integrar a los refugiados en la sociedad. 
A los jóvenes se les debe dar enseñanza y a los adultos se les debe dar la oportunidad de trabajar lo antes posible, para que puedan ser considerados como participantes activos y útiles de la sociedad. 
Espero que situaciones como la de Kosovo no vuelvan a suceder, pero si tropezamos de nuevo con ellas es preciso que estemos bien preparados. 
Mi Grupo apoyará este concepto con las enmiendas que acabo de mencionar. 
Señor Presidente, me gusta el informe del Sr. Wiebenga, no solamente porque refuerza los arreglos prácticos para compartir la responsabilidad en situaciones como la de Kosovo, lo que, estoy seguro, nuestros ciudadanos pueden considerar como una demostración de solidaridad europea, sino también por la insistencia del Sr. Wiebenga en que un régimen de protección temporal no tiene que socavar ni sustituir al Convenio de Ginebra y a los derechos de los beneficiarios a solicitar asilo. 
El Sr. Wiebenga ha añadido algunas enmiendas útiles que refuerzan el texto de la cláusula que figura ya en la propuesta de la Comisión: por ejemplo, la insistencia en el non-refoulement, la insistencia en que no se aplique la Convención de Dublín y en que el Estado miembro anfitrión examine la solicitud de asilo, así como la participación de ACNUR. 
Todas esas propuestas son dignas de éxito. 
Lamento que el Grupo PPE-DE insista en que se acepten sus enmiendas del artículo sobre la reunión familiar. 
Me parece que la cláusula acerca de las parejas no casadas que dice que los Estados miembros pueden admitir a una de las personas no casadas si la legislación del Estado miembro trata a las parejas no casadas de la misma forma que a las parejas casadas, es bastante perversa. 
Me parece que hubiera sido más bien absurdo tratarlos de forma diferente si la legislación nacional no lo hace. 
La otra cuestión a la que quería referirme es el contraste entre el informe del Sr. Wiebenga y el informe anterior del Sr. Kirkhope. 
El informe del Sr. Wiebenga se basa en una propuesta de la Comisión que está en consonancia con las conclusiones de Tampere y con los resultados. 
La propuesta pasó a través de nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores de forma positiva y sin disensiones importantes, y su resultado es un informe que mejora claramente las propuestas de la Comisión. 
¡Qué contraste con las series de propuestas de los Estados miembros!. 
El Sr. Vitorino ha dicho educadamente lo que muchos de nosotros, parlamentarios, decimos con mayor crudeza: que el Consejo y los Estados miembros necesitan actuar conjuntamente en las cuestiones del asilo y la inmigración. 
El informe del Sr. Wiebenga ha sido un modelo de la forma en que la Comisión y el Parlamento pueden trabajar juntos constructivamente. 
Todo lo que necesitamos es que el Consejo trabaje igual de constructivamente con nosotros. 
Señor Presidente, Señorías, primero y sobre todo, quiero felicitar al ponente Wiebenga por su trabajo. 
Europa se ha enfrentado por primera vez desde la segunda Guerra Mundial a una emigración forzosa, en una escala que no era comparable ni cualitativa ni cuantitativamente con lo que conocíamos hasta entonces, debido a las grandes corrientes migratorias de personas que huían de los conflictos y de los peligros a ellos asociados en la antigua Yugoslavia. 
El concepto de un marco legal para la protección temporal en caso de afluencia masiva se ha desarrollado en los decenios pasados y varía según los Estados miembros, que tienen diferentes reglamentaciones respecto de los derechos sociales de que goza la gente durante esa protección temporal. 
Algunos Estados miembros reconocen el derecho al trabajo y a la reagrupación familiar, otros no lo reconocen. 
La nueva propuesta de la Comisión recoge todas las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, refleja las discusiones que han tenido lugar en el seno del Consejo y la respuesta de los Estados miembros a la crisis de refugiados en y alrededor de Kosovo. 
La propuesta forma parte de las iniciativas recientes de la Comisión en relación con la política de asilo con motivo del nuevo Tratado. 
Las ONGs, sin embargo, están preocupadas por que una normativa relativa a la protección temporal pueda socavar la política internacional de protección de los refugiados si no se asegura una prevención suficiente contra el abuso. 
La Comisión reconoce este riesgo cuando señala que la protección temporal entraña una responsabilidad crucial para la Unión Europea, pero tiene que dejar claro que su objetivo no es socavar la protección de los refugiados. 
Compartimos entonces la opinión del ponente en cuanto a que la propuesta de directiva contiene un número considerable de mejoras respecto de las dos propuestas anteriores. 
El reparto de las cargas entre los Estados miembros ya no se desvincula de la normativa. 
No obstante, quisiera poner un ejemplo extremo: no olvidemos a los refugiados de Sangatte y Calais, que tienen una gran necesidad de esta protección temporal. 
Señor Presidente, también quiero dar las gracias al ponente por su informe y a la Comisión por tener finalmente esta propuesta encima de la mesa y es de esperar que pronto convertida en realidad. 
Me alegré mucho cuando escuché al Sr. Nassauer emplear la palabra solidaridad. 
Me pareció una buena palabra hasta que caí en la cuenta de qué quería decir. 
Se refería a la solidaridad con nosotros mismos. 
Resulta interesante que el Sr. Nassauer- y el Grupo PPE, supongo- piense que esta propuesta debe tratar ante todo del reparto de cargas. 
Creía que ante todo debía tratar de salvar la vida de las personas. 
Personas que son víctimas de una guerra, de una guerra civil o de conflictos similares que comportan éxodos masivos y que necesitan ayuda. 
En realidad es absurdo: los países más pobres del mundo en Asia y África no necesitan normas específicas sobre éxodos masivos, pero sí nosotros, los miembros de la rica y bien organizada UE. 
Pero así están las cosas. 
Las autoridades de nuestros países no han podido mostrar la suficiente flexibilidad dentro de las normas vigentes, y por ello esta propuesta es una necesidad obvia. 
En mi opinión, la propuesta aún presenta unos cuantos problemas, pero, en conjunto, mi Grupo acabará por respaldar el informe y con ello esta iniciativa, vista la necesidad de ponerla pronto en marcha. 
Y en cualquier caso haré todo lo que pueda para evitar que la cuestión del reparto convierta en rehenes a las víctimas de catástrofes de nuestras peleas internas y de nuestra solidaridad con nosotros mismos. 
Hace falta solidaridad en este mundo, no con nosotros mismos, sino de puertas afuera. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su informe que está orientado a la solución de los problemas. 
Austria ha desempeñado siempre un importante papel en la acogida de refugiados y desplazados contribuyendo de un modo por encima de la media a la solución de los problemas derivados de ello. 
Quiero felicitar expresamente al Sr. Nassauer por haber complementado en este punto al ponente. 
Pero el problema se tiene que solucionar por fin en toda Europa y no sólo se puede exigir la solidaridad general de todos los Estados miembros. 
La propuesta de la Comisión habla en relación con la acogida de personas por los Estados miembros sólo de la solidaridad de la Comunidad. 
Pero este concepto debe precisarse en el sentido de la letra b) , apartado 2 del artículo 63 del Tratado. 
También es necesario incluir en el objetivo del artículo 1 que los refugiados tienen que ser distribuidos entre los Estados miembros teniendo en cuenta del modo adecuado sus posibilidades de acogida. 
El mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros debe incluir en cualquier caso ambos aspectos, es decir, el de la solidaridad financiera y el de la solidaridad personal. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo también me voy a referir a los dos puntos de nuestra crítica a la propuesta de la Comisión. 
En primer lugar, está la cuestión de la doble voluntariedad en la distribución de los refugiados de guerras civiles, es decir, la posibilidad de un refugiado de escoger un país y la posibilidad de un país de rechazar a cualquier refugiado. 
La casa europea fue concebida por los padres fundadores en especial como una casa de solidaridad. 
Actualmente, esta solidaridad se refleja, por ejemplo, en el apoyo a regiones de estructuras más débiles con créditos europeos. 
Por ello, la exigencia de más justicia en la distribución de las cargas en el marco de la acogida de refugiados es no sólo una exigencia justificada sino que es expresión de dicha solidaridad entre los pueblos de Europa. 
En el pasado- sobre lo que se ha llamado ya la atención aquí en varias ocasiones- sólo pocos Estados han soportado las cargas de las guerras civiles en la antigua Yugoslavia. 
La Sra. Frahm acaba de pronunciar un gran discurso; para ella es fácil hacerlo o quizás no, pues viene de un país que hasta ahora no se ha destacado especialmente en esta solidaridad. 
Al contrario que los gobiernos en la cumbre de Niza, nosotros, como diputados directamente elegidos de Europa, debemos superar las animosidades nacionales y decidirnos a favor de una solución europea en el sentido de una distribución de cuotas de refugiados siguiendo el principio de la capacidad. 
La doble voluntariedad hace superflua la propuesta de la Comisión que, por lo demás, en positiva en su enfoque. 
El segundo punto importante es la reunificación familiar. 
También aquí se trata de un principio básico de nuestra Comunidad, a saber, el principio de subsidiariedad. 
Hoy se decide sobre la cuestión de si la UE se hace cargo y regula de modo centralista la definición de la familia o si primero se establece como base el concepto de núcleo familiar y las regulaciones que vayan más allá se dejan al arbitrio de los Estados miembros. 
Esto último es lo que se contiene en la propuesta de compromiso del ponente Wiebenga. 
Es tradición de esta Asamblea defenderse frente a los esfuerzos de la burocracia de Bruselas por recabar para si competencias de los Estados miembros. 
Hoy tienen la posibilidad de mostrar qué es lo que significa para sus Señorías el concepto de subsidiariedad. 
Voten a favor de la positiva tradición de esta Asamblea y los principios fundamentales de nuestra comunidad de valores y no coloquen en primer plano unos intereses puramente nacionales o partidistas. 
Voten a favor de las propuestas de compromiso del ponente Wiebenga en estos importantes puntos. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente por el esfuerzo que ha hecho de mejora de este informe. 
Europa se ha visto en los últimos años confrontada a situaciones que pensábamos definitivamente erradicadas de nuestro entorno. 
A la luz de estos acontecimientos, creo que no podemos ignorar por más tiempo la obligación moral y política de tener mecanismos establecidos para hacer frente, si todos los demás mecanismos de prevención fallan, a una catástrofe humanitaria. 
La Unión Europea debe hacerlo solidariamente. 
Quiero decir en nombre de mi Grupo que nosotros estamos a favor del reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. 
No voy a utilizar aquí la palabra carga porque, después de haber visto las caras de hombres y mujeres en campamentos de refugiados en Macedonia, que son como usted y como yo, señor Presidente, me parece odioso y repugnante llamarles carga. 
Creo que eso debe hacerse en un marco claro de cómo asumir la situación y creo que debe haber un mínimo de flexibilidad, que el ponente reconoce, solamente para escuchar la voluntad de los refugiados y para impedir que éstos, debido a su debilidad momentánea, se conviertan efectivamente en carga dispuesta a ser transportada a donde nosotros, sin tener en cuenta en absoluto su opinión, decidamos. 
Quiero también felicitar al ponente por el esfuerzo que ha hecho de clarificar los plazos, de clarificar que en este caso es especialmente necesaria la atención a los plazos en los que se deciden las cosas, y apoyar la enmienda que nuestro Grupo ha presentado para acabar de especificar y para acortar estos plazos. 
En relación con la reagrupación familiar, quiero decirle al Sr. Nassauer que no entiendo esta obsesión que ustedes tienen. 
La derecha nos ha convencido, incluso a las personas más refractarias de la izquierda, de que la familia es un bien necesario y de que la familia es un pilar importante en nuestra sociedad. 
¿Es que esto vale sólo para los europeos? 
Señor Nassauer ¿es que van ustedes a dejar a su madre o a su hermano en una situación de especial necesidad si se diera una situación de violencia en sus países? 
¿Es que no podemos, para la protección temporal, tener en cuenta estas situaciones de especial gravedad y que pueden causar especial dolor para poder traer a estas personas junto a sus familiares a la Unión Europea? 
Realmente creo que sí debemos tenerlo en cuenta. 
Y en cuanto a la definición de familia, me parece que la posición de la Comisión de que cada Estado miembro aplique su propia definición de familia es más que razonable y vamos a apoyar esta posición. 
Espero que el Consejo no nos haga esperar otros cuatro años para decidir sobre esta cuestión. 
Creo que el Sr. Wiebenga no sabía que asumía una responsabilidad tan amplia cuando hizo su primer informe, y que no le importará dejar de ser ponente vitalicio para este tema. 
Señor Presidente, también yo quiero agradecer al Sr. Wiebenga su excelente trabajo. 
Puedo decirle que en los Países Bajos es excepcional que nuestros grupos estén de acuerdo en el ámbito de la política de refugiados. 
Aunque apoyamos sinceramente el informe en líneas generales, mi Grupo también efectuará ahora algunas observaciones, entre las que quiero mencionar dos. 
La primera se refiere al artículo 13, apartado 1 del que ya se ha hablado mucho. 
La Comisión propone que los Estados miembros que han equiparado la parejas de hecho a los matrimonios en su derecho nacional, hagan lo mismo con la reagrupación familiar. 
No se trata, por tanto, de imponer generalizadamente el derecho de familia, pero sí la igualdad de trato dentro de un Estado miembro. 
En mi opinión, es una propuesta modesta, pero se trata de un principio importante. 
Me decepciona también que eso se haya suavizado en el informe, es decir en la enmienda 22, lo que deja sin contenido a esta modesta propuesta. 
Ahora se recoge que los Estados miembros pueden permitir la reagrupación de las parejas no casadas. 
No es necesario un acuerdo europeo para ello, ya que también se puede hacer en la actualidad. 
La propuesta de la Comisión parte de la solidaridad entre los Estados miembros y la indulgencia en cuanto a la capacidad de acogida, pero no figura un acicate. 
El ponente intenta que el principio de acogida sea más vinculante, y le apoyo en ello, pero la solidaridad no obtiene concreción financiera. 
Al igual que el ponente y algunos más aquí, estoy convencida de que es necesario un reparto de la responsabilidad a nivel europeo a fin de evitar que los Estados miembros declinen su responsabilidad. 
Además, opino que es irresponsable movilizar gente sin necesidad. 
Conforme al artículo 24, el Fondo Europeo para los Refugiados debe encargarse de la solidaridad financiera. 
No obstante, este Fondo cuenta con un máximo anual de 10 millones de euros para los desplazados. Esto sólo da para dos tiendas y una bolsa de agua caliente. 
En tanto no se aumente sustancialmente dicho Fondo, temo por la hospitalidad de Europa. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva para la definición de un régimen europeo de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de países terceros sustituye a propuestas de acción común sobre el mismo tema que discutimos en 1997, pero que no se han aplicado por las reticencias, a mi juicio justificadas, de varios Estados miembros. 
Desafortunadamente, la propuesta de hoy, aunque flexibilizada en algunos puntos, sigue siendo a pesar de todo susceptible de varias críticas importantes. 
La primera es que la institución de esta protección temporal vuelve de hecho a crear un segundo estatuto, paralelo al de refugiado, de beneficiario del asilo político reconocido por el Convenio de Ginebra de 1951, pero mucho más amplio que éste. 
Efectivamente, los beneficiarios de este nuevo régimen no serían únicamente las personas que responden a los criterios precisos que permiten disfrutar del asilo político, sino amplias categorías de nacionales de países terceros que hubieran debido abandonar su país de origen por diversas razones. 
Sin duda, el artículo 63-2 introducido por el Tratado de Amsterdam prevé la institución de un régimen así, pero lo que menciona es una protección temporal. 
Ahora bien, la propuesta de la Comisión, aunque limitada en teoría a protecciones de dos años como máximo, puede crear de hecho situaciones que tendrán muchas posibilidades de ser duraderas, ya que la salida no está prevista de otro modo que no sea la salida voluntaria de los interesados. 
En este sentido, la propuesta de la Comisión nos parece por tanto gravemente incompleta. 
Segunda crítica importante: aunque el acuerdo de los Estados sea necesario para el reparto físico de las personas protegidas- y se trata de un progreso con respecto a la versión anterior -, el texto actual parece que libera de responsabilidad a los países miembros. 
Para evitar este inconveniente, hubiera sido necesario que la decisión básica adoptada por el Consejo para iniciar el régimen de la protección temporal se adoptase por unanimidad. 
Pero la propuesta de la Comisión prevé únicamente adoptarla por mayoría cualificada lo que, a nuestro juicio, no era jurídicamente necesario y parece, en el fondo, completamente inadecuado en un ámbito tan destacado. 
Señor Presidente, dentro de este desordenado debate sobre algunos aspectos de la inmigración nos encontramos ante una propuesta de directiva de gran importancia porque trata de regular el esfuerzo equitativo y solidario que los Estados miembros están obligados- y subrayo obligados- a realizar para acoger a las personas desplazadas o refugiados de terceros países. 
No perdamos de vista que estamos ante un problema humanitario de primer orden. 
Nadie abandona su tierra, su cultura, su familia por gusto. 
La primera premisa es, pues, cómo entender y aplicar la solidaridad para atender a estas personas y hacerles menos gravosa su terrible situación. 
Además de afrontar de inmediato sus necesidades humanitarias, surge, como estamos viendo en este debate, el problema de su ubicación. 
¿Es correcta la solución de repartir numéricamente a los refugiados según un sistema de cuotas, suprimiendo el doble principio de la voluntariedad de los Estados y de los propios refugiados? 
Creo sinceramente que no. 
¿No es más solidario el Fondo Europeo para los Refugiados, como propuso España, bien dotado económicamente y no como está ahora, para ayudar a los Estados que más refugiados reciben? 
El problema además es que se rechaza una gran cantidad de solicitudes de asilo porque no son auténticamente refugiados políticos quienes lo solicitan sino inmigrantes económicos. 
Estamos todavía- como se está viendo aquí también- ante un debate muy confuso donde no se delimitan los diferentes ámbitos de la inmigración económica con los que originan el asilo por razones humanitarias o políticas. 
La cuestión está en solucionar los problemas que se derivan del actual procedimiento de asilo, que haría mucho más racional el número de solicitantes y reduciríamos en sus justos términos el reparto de responsabilidades. 
Finalmente, Señorías, me complace que de la protección temporal se haya excluido a quienes hayan cometido acciones delictivas con objetivos pretendidamente políticos. 
Es un paso más de la Unión Europea para combatir el terrorismo. 
La enmienda que presenta la delegación española de nuestro Grupo en comisión avala el voto favorable del informe a pesar de algunas de nuestras reservas sobre algunos aspectos del mismo. 
Señor Presidente, el proyecto de directiva relativo a las personas desplazadas supone un nuevo paso en la dirección de una política de asilo europea. 
No obstante, estamos todavía lejos del objetivo final, entre otras cosas, porque el Consejo hasta ahora no se ha visto obligado a decidir sobre las propuestas de la Comisión. 
Por lo que yo sé, no existe todavía un acuerdo en el grupo de trabajo del Consejo en cuanto a la directiva relativa a la reagrupación familiar. 
Tal vez la tramitación de esta directiva relativa a la protección temporal pueda ser más rápida, ya que aquí el Consejo no se ve "obstaculizado" por el procedimiento de codecisión. 
Sin embargo, uno puede preguntarse cuán acuciantes deben ser todavía los problemas antes de que el Consejo pueda superar las diferencias de opinión subyacentes y llegar a un planteamiento verdaderamente europeo. 
No obstante, percibo hoy dos aspectos positivos. 
En primer lugar, la energía con que la Comisión asume su tarea de legislador en la Unión Europea y el esmero con que mantiene un equilibrio entre los intereses nacionales y el objetivo final de Tampere. 
El Comisario Vitorino merece todo el respaldo por esta habilidad. 
En segundo lugar, el contenido de la propia directiva. Se ha matizado y, por ello, es aceptable en líneas generales. 
En primer lugar figura que los derechos y obligaciones de los desplazados deben equipararse en la medida de lo posible a los de las personas que se encuentran en otra situación en cuanto a la residencia. 
En el debate celebrado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ha abogado, además, por que se aclare la relación entre el estatuto de desplazado y el procedimiento regular de asilo. 
El primero no debe excluir al segundo. 
Al fin y al cabo, la aplicación del instrumento para la protección temporal solamente se efectúa en caso de necesidad urgente, algo que no puede dar lugar a que se socave el derecho individual de asilo. 
Además, estoy satisfecho con que se haya establecido más claramente que todos los Estados miembros deben participar de forma proporcional en la acogida efectiva de las personas desplazadas. 
Agradezco al Sr. Wiebenga que haya matizado la directiva en el sentido preciso. 
No obstante, me sumo también a la crítica enérgica de las Sras. Terrón y Buitenweg en cuanto al muy decepcionante compromiso, que realmente no puede denominarse como tal, respecto de la definición de "la familia". 
Oiremos mucho al respecto. 
Señor Presidente, los italianos tienen un dicho que a mí siempre me ha encantado: tutto il mondo e i paesi, y hoy estamos hablando de una diversidad de normas legislativas referentes a lo que, claramente, es una cuestión que ha sido objeto de los más apasionados debates y que, en muchos casos, ha pasado a convertirse en una norma legislativa inadecuada en nuestra Comunidad. 
La tragedia de la gente atrapada en las guerras civiles, que es evidentemente la finalidad principal del informe del Sr. Wiebenga, no es más que una de las cuestiones con que nos enfrentamos. 
Muchos colegas han tomado hoy la palabra para explicarnos de qué forma se ocupan sus propios países de todas estas cuestiones. 
Durante demasiado tiempo la Comisión o el Consejo, reunidos a puerta cerrada y expresando muy a menudo su solidaridad acerca de estas cuestiones, han retenido lo que realmente necesitábamos saber acerca de la política futura de inmigración, asilo, refugiados, etc. en nuestra Comunidad. 
Vengo de un pequeño país de la periferia en el que muy a menudo la dificultad de llegar hasta él ha evitado que nos convirtiésemos en un punto de convergencia para todos los que buscan asilo o intentan conseguir un estatuto de refugiado, y por eso a veces me siento poco a gusto cuando tengo que discutir estas cuestiones con colegas que tienen una experiencia mucho mayor que la mía y cuyos países tienen que ocuparse muy a menudo de compartir una enorme responsabilidad por personas desplazadas trágicamente a causa de la guerra civil, como ha sucedido recientemente. 
Es evidente que compartimos nuestra responsabilidad. 
Tenemos que hacerlo. 
Como seres humanos ésa es nuestra obligación respecto de otros seres humanos, pero lo que tenemos que dejar bien sentado en todas nuestras políticas de inmigración, y no solamente en el contexto de los desplazamientos masivos de personas en caso de guerra civil, es que hemos de tener una política mucho mejor preparada, mucho más humana y generosa, y, sobre todo, mucho más clemente respecto de todos los que vienen a nosotros en busca de ayuda en esas trágicas situaciones. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, Sr. Wiebenga, por el trabajo que ha realizado y por la voluntad manifiesta que tiene en mejorar el texto que se nos ha presentado. 
Asimismo, creo que es de justicia felicitar al Comisario Vitorino, porque, evidentemente, la propuesta de directiva, el proyecto que hoy se nos presenta, mejora con creces las propuestas que anteriormente se han presentado a este Parlamento. 
Aunque ya mis colegas han destacado aspectos importantes del tema que nos ocupa, no quisiera dejar pasar por alto algunos aspectos que desde mi punto de vista son fundamentales. 
Creo que es importante que quede clara la garantía del derecho a la reagrupación familiar de estas personas desplazadas en las mismas condiciones que los titulares de un documento de residencia y, aunque sea de índole personal, creo que el tema de las parejas de hecho no está suficientemente tratado. 
Comprendemos las dificultades que ha habido para analizar este problema y apoyaremos los pasos que conduzcan a su solución. 
Otro tema que me parece importante es la claridad sobre el reparto de las responsabilidades entre los Estados cuando se produce una afluencia masiva de personas desplazadas. 
Los Estados miembros deben afrontar este tipo de situaciones de una manera homogénea y solidaria. 
Igualmente es importante dejar claro que las personas que se hayan beneficiado de este régimen de protección temporal también tienen el derecho de poder presentar una solicitud de asilo y de que se respete al máximo la Convención de Ginebra, con el mantenimiento del principio de no devolución. 
El papel del Parlamento Europeo debe reforzarse y, en los casos de protección temporal, su consulta debe ser necesaria e imprescindible. 
Tenemos que evitar entre todos que se produzcan restricciones de visado, como ocurrió en el caso de Kosovo, que a todos nos avergonzaron. 
Creo que en esta ocasión el Parlamento ha hecho su trabajo. 
La Comisión también ha demostrado su voluntad y ha hecho su trabajo. 
Solamente cabe esperar que el Consejo cumpla con sus deberes. 
Señor Presidente, señoras y señores, la propuesta de directiva de la Comisión sobre la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas se incluye a nuestro juicio en una visión global de la instauración del régimen de asilo europeo. 
La Unión Europea debe disponer de un mecanismo excepcional que le permita reaccionar con rapidez a los flujos masivos y aportar una respuesta inmediata a la necesidad de protección de las personas desplazadas, situación que ya hemos conocido en Bosnia y en Kosovo. 
Este mecanismo tiene como objetivo el de apoyar el funcionamiento duradero del régimen de asilo asegurando un vínculo coherente con el acceso al procedimiento normal de asilo y al Convenio de Ginebra. 
Hemos construido nuestra propuesta sobre la idea de que la protección temporal ha de concederse en los Estados miembros, de acuerdo con una decisión del Consejo, que constata la situación de afluencia masiva, y adoptarse por mayoría cualificada. 
Esta protección se concede para una duración máxima de dos años pero el Consejo puede también, en cualquier momento, si se reúnen las condiciones, ponerle fin de forma conjunta. 
Creo que, si la directiva permite a los Estados miembros, por una parte, cierta flexibilidad para gestionar el sistema de asilo durante el período de protección temporal ésta garantiza, por otra parte, el acceso absoluto de los beneficiarios al procedimiento de asilo y, en todos los casos, en el momento en el que termina el periodo de protección temporal. 
Hemos fijado finalmente no sólo unos derechos equitativos para todos aquellos que disfrutan de la protección temporal sino también unos principios que gobiernan los retornos. 
En Tampere, los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron la necesidad de garantizar la solidaridad entre los Estados miembros en materia de protección temporal. 
Y nosotros sabemos hasta qué punto el Parlamento Europeo es partidario de este principio. 
Creo haber discutido sobre esta cuestión con el Sr. Nassauer hace más de siete años. 
Por ello, la Comisión ha intentado concretar con claridad el concepto de solidaridad comunitaria y profundizar en el contenido del artículo 63, número 2, párrafo b, dedicado al equilibrio de los esfuerzos y de las responsabilidades entre Estados miembros. 
La solidaridad está, en primer lugar, constituida por un apartado financiero gracias a los vínculos creados con el Fondo europeo para los refugiados. 
Sé que la dotación financiera del Fondo no es muy ambiciosa, pero quizás es éste un ámbito en el que se podría trabajar de forma más razonable preguntándose de qué forma puede contribuir el Fondo a reforzar la solidaridad financiera. 
Al mismo tiempo, y debo señalarlo, hemos conservado en esta propuesta el principio del reparto de responsabilidades desde el punto de vista de la acogida física de los refugiados. 
Esta solidaridad en la acogida por parte de los Estados miembros se expresa en el principio del doble voluntariado. 
Comprendo el problema del Sr. von Boetticher y comparto incluso su observación que da cuenta de algunas dificultades. 
La idea del doble voluntariado apareció bajo la Presidencia alemana y ha dado ya su rendimiento. 
Por supuesto, este doble voluntariado presupone la voluntad de los Estados miembros de una disposición para la acogida y también la voluntad de las personas beneficiarias que no se encuentran aún en el territorio de los Estados miembros. 
Por ello, la decisión de conceder la protección temporal precisa de entrada la capacidad de acogida de los Estados miembros o las razones excepcionales que no les permiten recibir nuevas personas desplazadas. 
Pero quiero señalar que debe tratarse de razones verdaderamente excepcionales. 
La idea básica es que el rechazo a aceptar nuevos refugiados en caso de conceder una protección temporal ha de ser totalmente excepcional. 
Además, el doble voluntariado introduce un sistema de transparencia. 
Y este sistema de transparencia en las decisiones constituye un elemento esencial ya que la presión de los iguales tiene una función que desempeñar: debe llevar a todo el mundo a aceptar un esfuerzo solidario en materia de acogida, incluso de acogida física de los beneficiarios de la protección temporal. 
No puedo garantizarles que el sistema vaya a funcionar. 
En cualquier caso hemos intentado elaborar un instrumento que permita garantizar tanto el principio de la solidaridad en la acogida física como el de la solidaridad financiera. 
Doy las gracias muy encarecidamente a los diputados por su contribución a este debate. 
Debo señalar muy especialmente la contribución del ponente, Sr. Wiebenga, cuyo informe es excelente. 
Hoy estoy un poco nervioso porque me han enseñado mucho sobre este tema y, en cierto modo, me siento en la piel del estudiante frente a su profesor. 
Soy enseñante de oficio. 
Saben por tanto de qué hablo. 
Pero de todas formas, debo decir que hemos tomado muy buena nota de todas las enmiendas que se han propuesto. 
Creo que esas enmiendas, incluso las relativas a la solidaridad, son una fuente de inspiración para las semanas de negociaciones que nos esperan en el Consejo y que deberían concluir con algún resultado final en mayo- espero que lo consigamos en el Consejo de mayo. 
Algunas de sus enmiendas modifican el nivel de los derechos de los beneficiarios y la Comisión sigue muy interesada en un nivel equitativo y no revisable a la baja. 
En cuanto a la solidaridad, señalamos el refuerzo de algunas disposiciones principalmente sobre la acogida entre los Estados miembros y en perjuicio de la sensibilidad de esta cuestión, trabajamos lo mejor que podemos para llegar a un resultado realista, equitativo y sobre todo precisable. 
A partir del momento en el que se respeta el principio del doble voluntariado, algunas enmiendas, si no en su forma exacta al menos sí en su espíritu, podrían servir como ya indiqué anteriormente para concluir las negociaciones. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
A propósito de su comentario sobre profesores y alumnos, había un grandísimo hombre de teatro napolitano- era napolitano, pero italiano y europeo- que decía que los exámenes no acaban nunca. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Examen de solicitudes de visado / Control y vigilancia de las fronteras 
Señor Presidente, Señorías, la iniciativa de la República finlandesa, que se nos ha presentado en el día de hoy, tiene como objetivo esencial el de reservar al Consejo unos poderes ejecutivos en lo que respecta a ciertas disposiciones detalladas y modalidades prácticas relativas al examen de las solicitudes de visado. 
La iniciativa de la República portuguesa plantea de hecho el mismo objetivo, reservar al Consejo poderes ejecutivos, pero en concreto al control y vigilancia de las fronteras. 
En lo que respecta al problema fundamental, quisiera hacer un llamamiento a esta Asamblea para que rechace ambas iniciativas que a mi juicio incurren en cuatro faltas políticas graves. 
Una falta política, en primer lugar, contra el espíritu comunitario y contra el espíritu del Tratado de Amsterdam. 
Cuando éste decidió el paso del acervo de Schengen del tercer al primer pilar, lo hizo para que la materia afectada escapase a las prácticas intergubernamentales y las integrase en el marco jurídico institucional normal. 
Al reservarse los poderes ejecutivos, el Consejo niega de hecho el espíritu del Tratado de Amsterdam, perpetuando en la práctica los métodos intergubernamentales que se producían anteriormente. 
La segunda falta del Consejo diría que es de orden institucional. 
Debo recordar, efectivamente, a sus señorías que el artículo 202 del Tratado de la Comunidad Europea no es un artículo cualquiera. 
Pertenece a las disposiciones institucionales en sentido estricto del Tratado, las cuales disfrutan, ante el Tribunal de Justicia, de una verdadera primacía. 
Al reservarse los poderes ejecutivos, considerando que se trata de un caso específico, algo que por otra parte no llega a motivar de forma circunstanciada, el Consejo toma a mi juicio unas libertades con una disposición fundamental del Tratado de la Comunidad Europea, algo que, a mi modo de ver, resulta inaceptable. 
La tercera falta cometida por el Consejo lo es con respecto a la Comisión. 
Para justificar el hecho de que desea reservarse los poderes ejecutivos, el Consejo invoca la sensibilidad del ámbito de los visados y de la política de gestión de las fronteras. 
Este argumento no resiste el análisis, en especial cuando se sabe que el reglamento relativo al formato uniforme de los visados reserva, de forma expresa, las medidas de ejecución, que por otra parte son secretas, a la Comisión, cuando se trata con toda evidencia de una materia especialmente sensible. 
Me importaría por cierto saber durante cuánto tiempo aún va a asistir a la Comisión de las Comunidades europeas sin reaccionar al verdadero desplume de sus poderes al que se entrega el Consejo con respecto a ella. 
No solamente ejerce en su lugar el poder de iniciativa, sino que ahora además desea privarla, tal como lo piden los tratados, del poder de ejecución. 
La cuarta falta afecta directamente a esta Asamblea. 
Al reservarse los poderes ejecutivos- es preciso que todos los diputados lo sepan -, el Consejo priva al Parlamento Europeo de cualquier información a la cual tendría derecho en lo que se llama el marco normal de la comitología. 
Este rechazo de información es tanto más grave en la medida en que algunas decisiones ya se han adoptado y seguirán adoptándose en el futuro en el marco de procedimientos protegidos por el secreto. 
Así, por ejemplo, en virtud del procedimiento llamado de consulta previa, algunos nacionales de países terceros que desean venir a uno de los países de la Unión, del espacio Schengen, no podrán tener acceso porque uno de los países, de los cuáles nunca conoceremos su identidad y que no es necesariamente el país de destino, haya emitido un veto contra esta persona, por razones que nunca conoceremos y que jamás habrán de ser justificadas. 
Sin duda, no quiero mezclar las cosas pretendiendo que debemos tener un derecho de control sobre las decisiones individuales que afectan a cada solicitud de visado, pero no puedo aceptar el hecho de que en materias tan fundamentales que afectan a las libertades esenciales de los ciudadanos el Consejo no tenga que rendir cuentas ante nadie ni sobre sus prioridades, ni sobre los criterios de sus decisiones. 
No se trata solamente de un déficit democrático, es una verdadera falta de democracia. 
Ésta es la razón por la cuál pido a esta Asamblea, siguiendo en ello a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que lo ha hecho por unanimidad, que rechace pura y simplemente las iniciativas de la República de Finlandia y de la República de Portugal. 
Señor Presidente, éste es seguramente uno de los informes más insulsos que esta Asamblea haya debido debatir en mucho tiempo, y es de esperar que ésta también sea la última vez que me ocupo de una tarea semejante. 
Si el Grupo Socialista y el Grupo PPE quieren, quizá incluso los grupos pequeños también podamos elaborar informes sobre cosas interesantes. 
Este informe versa sobre una iniciativa portuguesa que aborda uno de los problemas vinculados a la política de visados. 
Sin embargo, esta propuesta, la iniciativa portuguesa, desgraciadamente creará una serie de problemas porque no es consistente con las demás normas Schengen y puesto que la Comisión dentro de poco tiempo, en abril, según tengo entendido, presentará una iniciativa que aborde todos los problemas relacionados con la libertad de desplazamiento entre los Estados miembros, y puesto que también la Comisión comparte mi inquietud ante los problemas que el informe creará, quiero recomendar muy encarecidamente que se vote a favor de mi informe y con ello se rechace la iniciativa portuguesa en favor de la futura iniciativa que presentará la Comisión. 
Sin embargo, cuando debatimos estos temas, creo que sería bueno que de vez en cuando hiciéramos balance de qué es lo que hacemos realmente cuando adoptamos estas iniciativas, ramificaciones todas ellas del Convenio Schengen y de las ideas de un "ámbito de democracia, libertad y justicia", del que tanto hablamos. 
Las propuestas que hoy serán debatidas, y las propuestas que hemos debatido anteriormente, son propuestas que en su mayor parte hablan de cerrar este ámbito de democracia, libertad y justicia, o de que éste se está cerrando en torno a sí mismo. 
Todos sabemos que nuestro continente necesitará mano de obra dentro de pocos años. 
Sabemos que varios Estados miembros afrontan ya la necesidad de una inmigración considerable si quieren mantener un nivel de vida que siga pareciéndose al que disfrutan ahora. 
Y si también acariciamos el sueño de disfrutar de una vejez tranquila, lo que significa que sean otros los que trabajen, mientras que nosotros descansamos- en el mejor de los casos. 
Por ello resulta inconcebible que sigamos sin dejar entrar a la gente en nuestro territorio, que aceptemos que la gente muera en su viaje a la UE, que aceptemos ver cómo llegan hasta las costas de la UE los cadáveres de los refugiados o de las personas que buscan fortuna, que prefiramos verles como cadáveres antes que como ciudadanos o como individuos útiles en nuestro territorio. 
Resulta sumamente difícil de comprender. 
Mi propio país, Dinamarca, figura entre los peores. 
Los ministros responsables hablar de colocar a los refugiados en islas desiertas, y al hacerlo, el nivel de debate se vuelve tal que de repente todo está permitido. 
En mi país, la palabra guerra cultural suena a que todas las culturas deben ser combatidas si no son cristianas. 
Los liberales de mi país piensan que todos los refugiados deben ser agrupados en campamentos en las zonas más pobres del mundo. 
Por ello y vistas las cosas, celebro que mi país no participe en la política de refugiados comunitaria y con ello no tenga influencia en las políticas que la UE elabora actualmente, pues ésta será a pesar de todo un poco mejor de lo que habría sido si Dinamarca hubiera tenido influencia en ella. 
Cuando el muro cayó en 1989, todos creímos en una Europa sin barreras, sin embargo, ahora nos hallamos inmersos en la tarea de levantar otros muros. 
No los construimos entre nosotros, los construimos a nuestro alrededor. 
Debemos preguntarnos cómo puede ser que nosotros, el continente más rico del mundo, optemos consecuentemente por soluciones represivas. 
¿Cómo creemos que puede construirse un ámbito de democracia, seguridad y justicia, cuando se opta consecuentemente por soluciones represivas, dirigidas contra los refugiados? 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Comisario Vitorino se ha quejado esta mañana de que tenía que exponer su opinión sobre una iniciativa que no era la suya. 
Se va a encontrar ahora de nuevo ante la misma dificultad pues hablamos sobre una iniciativa francesa. 
Se refiere al reconocimiento recíproco de decisiones en materia de expulsión y es otro caso ejemplar de que la idea del monopolio de iniciativa de la Comisión tiene sus buenas razones. 
La Comisión está evidentemente mucho mejor en situación que los diversos Estados miembros de representar el interés comunitario ya que aquellos por separado se centran en sus propios intereses. 
Este es un nuevo motivo para que nos pronunciemos a favor del monopolio de iniciativa de la Comisión en las propuestas legislativas. 
Esta iniciativa proviene del tiempo final de la Presidencia francesa cuando el balance de dicha Presidencia amenazaba ya con ser extraordinariamente magro en resultados. 
Poco antes de cerrar las puertas se han lanzado con rapidez al mercado toda una serie de iniciativas para mejorar algo el balance, todas ellas elaboradas sin el menor cuidado. 
Para las personas interesadas en temas jurídicos les recomiendo que pongan uno al lado del otro el primer y el segundo proyecto. 
El primero consiste sólo en buena voluntad y en política y en el segundo han venido los letrados y han hecho de todo este asunto algo que se puede calificar con algún derecho como de iniciativa de ley. Es decir, la modificación de la calidad legislativa de la primera a la segunda iniciativa es considerable. 
También se debe reconocer el objetivo político y jurídico perseguido. 
No significa más ni menos que una disposición de expulsión que, digamos, se adopte en París, sea vinculante para toda la Comunidad. 
Esto tiene sentido. 
No tiene en absoluto sentido que en el espacio común de seguridad, libertad y derecho, una decisión adoptada en París se revise de nuevo en Helsinki, en Berlín o en cualquier otro país miembro. 
Sólo que la Comunidad necesita para un proceder de este tipo un fundamento jurídico y el objetivo político positivo que se persigue no sustituye al fundamento jurídico. 
Esto es lo que nos ha dicho precisamente el Tribunal Europeo de Justicia en su sentencia sobre la directiva relativa a la publicidad del tabaco. 
En este caso también se trataba de un objetivo político y jurídico perfectamente digno de debate, pero el Tribunal ha aclarado que para esta decisión debe existir un fundamento jurídico en los Tratados. 
La Comisión de Asuntos Interiores ha llegado en dos ocasiones de modo unánime al convencimiento de que no existe un fundamento jurídico para la iniciativa francesa. 
El gobierno francés apoya su modo de proceder en el artículo 63 del Tratado de la CE. 
Allí encontrarán el fundamento jurídico para un derecho de expulsión europeo pero esto es algo diferente a un reconocimiento recíproco de decisiones de expulsión adoptadas a nivel nacional. 
Un derecho de expulsión comunitario sería una directiva en la que la Comunidad determine en un procedimiento legislativo ordinario bajo qué condiciones puede ser rechazado un ilegal o posiblemente incluso expulsado, pero para ello todos los países miembros deberían reconocer recíprocamente lo que está regulado en sus correspondientes fundamentos jurídicos nacionales sobre disposiciones de expulsión y similares. 
Esto es cualitativamente algo diferente. 
Como en los últimos tiempos actuamos de un modo algo más cuidadoso con la cuestión de si la Unión Europea y, en especial, su parte comunitaria, puede hacer todo lo que le gustaría hacer, en la Comisión de Asuntos Interiores hemos llegado a la clara conclusión de que apoyamos políticamente este modo de proceder pero que no vemos su fundamento jurídico. 
Por ello proponemos devolver esta iniciativa. 
Hemos realizado también una propuesta de solución. 
Está totalmente claro que se puede solucionar esta situación problemática si existiese un derecho europeo de expulsión. 
La consecuencia de todo esto sólo puede ser que instemos a la Comisión para que presente un proyecto de directiva para un derecho de expulsión europeo, comunitario que sea además vinculante en la Comunidad. 
Entonces se podrán solucionar todos los problemas que van unidos a esta iniciativa. 
Señor Presidente, tal y como está transcurriendo el debate esta mañana, me pregunto si estamos en un seminario, en una gran conferencia o estamos en un Parlamento cuya obligación es legislar y dar soluciones a los problemas que en estos momentos tiene la sociedad europea. 
Creo, Señorías, que es muy preocupante el rechazo en bloque, por parte de este Parlamento, de iniciativas del Consejo como las que aquí estamos analizando y que está demostrando un gran desorden en el proceso legislativo al que nos obliga el Tratado. 
La libre circulación, por ejemplo, es un elemento fundamental, que requiere una legislación clara y diáfana tanto para los ciudadanos de la Unión Europea como para los de los terceros países. 
Comparto los razonamientos que la Sra. Frahm expone en su informe para rechazar la iniciativa y esperar que la Comisión cumpla con los objetivos propuestos en el marcador, porque, efectivamente, es necesario contemplar todos los supuestos en que se pueden encontrar los nacionales de los terceros países que están autorizados a circular por el territorio de los Estados miembros y es necesario también que, en aras de esa coherencia jurídica, las soluciones propuestas no se contradigan precisamente con los Tratados. 
Otro tanto se puede decir del informe del colega Nassauer, en el que ha hecho una buena exposición y en el que critica, con razón, la falta de rigor jurídico de las iniciativas del Gobierno francés sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión. 
Tendríamos que preguntarnos de verdad si las instituciones europeas están dando una respuesta rigurosa a lo que la sociedad europea les pide en estos momentos, que es la elaboración de una política sobre migraciones que responda a los principios de libertad, de igualdad y de justicia, consustanciales a la cultura europea. 
La inmigración y todo cuanto la rodea necesita un pacto tripartito del Consejo, la Comisión y el Parlamento que ponga orden en este debate. 
Los grupos mayoritarios de esta Asamblea, al igual que ocurre en nuestros propios países, necesitaríamos consensuar los grandes principios que inspiran el Título IV del Tratado y su desarrollo legislativo. 
Debemos llegar al consenso y a la reflexión conjunta. 
Me parece, Señorías, que el camino de la confrontación por el que vamos no ayudará a solucionar el problema sino, precisamente, a agudizarlo, con peligrosas consecuencias para todos. 
Señor Presidente, mi intervención en este momento podría ser cortísima. 
Tan corta que se reduciría al monosílabo "no". 
No a estas tres iniciativas. 
Pero como estamos confrontados una vez más a un simulacro de debate, en el que los autores de la propuesta no están y estamos aquí tranquilamente hablando- como nos recordaba el Sr. Comisario- él y nosotros sobre este tema, voy a usar los minutos que reglamentariamente esta Asamblea me da para que consten en acta, y espero que lleguen al Consejo, algunas observaciones. 
En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes por un trabajo serio de análisis jurídico de las propuestas, trabajo que a veces parece que los propios autores de las mismas no hacen. 
Voy a separar el informe del Sr. Nassauer de los otros dos porque me parece que se refieren a temas distintos. 
En relación con el informe del Sr. Nassauer, quisiera repetir lo que ya he dicho esta mañana. 
Nos encontramos demasiadas veces ante propuestas aparentemente simples a problemas que son reales y complejos. 
Claro que a cualquiera que le digan, y no esté demasiado acostumbrado a nuestra literatura, que una persona a la que se ha expulsado de un Estado debe ser expulsada de todos los Estados miembros va a decir que sí, que parece razonable y lógico. 
Pero las cosas no son tan sencillas. 
Para que esto sea así, respetando los derechos individuales de las personas, se requiere un marco jurídico claro, una efectiva política de inmigración común y saber cómo y por qué una decisión de expulsión tiene que ser atendida en todos los Estados miembros. 
Quiero felicitar al Sr. Nassauer por no haber caído víctima de esta aparente simpleza ­que no simplicidad- de la propuesta del Consejo. 
En relación con los informes del Sr. Deprez y de la Sra. Frahm, creo que estamos realmente en una situación muy preocupante. 
No podría explicar mejor de lo que lo han hecho ellos las cuestiones técnicas y los motivos jurídicos que les inducen al rechazo de esta propuesta, pero quisiera referirme a una cuestión que me parece de la máxima importancia política. 
En la propuesta que ha sido objeto de estudio por parte del Sr. Deprez se puede leer la siguiente frase: "Dado que los Estados miembros tienen un mayor protagonismo por lo que se refiere al desarrollo de la política de visados". 
Ello refleja el delicado carácter político de este tema referido en particular a las relaciones políticas con terceros países y argumenta que el Consejo debe ejercer las competencias en este campo. 
Creo que esto es realmente preocupante cuando estamos discutiendo una lista común de visados y cuando estamos aplicando ya la libre circulación de personas. 
¿Tendrán, tanto el Parlamento como la Comisión, que volver a defender el principio de la libre circulación y las bases comunitarias para el ejercicio de este principio, retrotrayéndose a debates anteriores a 1992? 
Espero que el Consejo tome nota y que esto no sea necesario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Europa siempre ha sido el continente de las paradojas, y lo es hoy también. 
Al mismo tiempo que derribamos muros, creamos otros nuevos para impedir que la gente entre a Europa. 
Paralelamente al levantamiento de esos muros, cada vez más gente queda a merced de personas sin escrúpulos, intermediarios que se lucran con la angustia, el miedo y el deseo de sobrevivir de los que huyen y quieren dar a sus familias un futuro mejor. 
Es sabido que sólo en el último año cientos de personas han perdido la vida en la búsqueda de un futuro más prometedor en nuestro continente; en las costas turcas, en aguas españolas y en Dover; niños que se esconden bajo autobuses y camiones. 
Hace algunos días un joven kurdo fue herido por balas de la policía en una ciudad sueca. 
Nadie sabe exactamente qué pasó. 
Lo que sí se sabe es que carecía de documentos de identidad vigentes y que iba a ser expulsado del país. 
Señor Presidente, la política de asilo interesa a toda la UE, pero las disparatadas y a veces desesperadas propuestas que recibe el Parlamento Europeo ponen en peligro los valores esenciales del humanismo. 
Es obvio que las personas que huyen y quieren permanecer en la UE deben tener derecho a que se estudien sus solicitudes. 
Los líderes europeos deberían reflexionar sobre las causas del dramático aumento del tráfico de personas hacia Europa. 
El Secretario General de la ONU ha sido muy crítico respecto a la UE y a su obligación de proteger los derechos de los refugiados. 
Señor Comisario, exigir visados a 130 países no es digno de la Europa democrática. 
La norma esencial debería ser que las personas pudiesen entrar libremente en el territorio de la Unión. 
La Comisión, señor Vitorino, debería esforzarse para acortar la lista de países a los que se exige visado; la colaboración de Schengen debería versar sobre este tema. 
Señor Presidente, el Grupo ELDR lamenta que no se haya presentado una estrategia de asilo coordinada. 
También lamentamos que no se le haya relacionado con la parte correspondiente de la política del mercado laboral y de la política de inmigración. 
En el fondo, estos problemas no se resuelven con más mano dura, con amenazas de expulsión ni con exigencias de visados. 
Soy acérrimo partidario de la UE y desde hace tiempo he estado demandando normas comunes en materia de asilo y de política de refugiados, pero los liberales no estamos dispuestos a aceptar una Europa cercada. 
Señor Presidente, ¡el telón de acero no debe ser sustituido por una moderna variante electrónica! 
Señor Presidente, al intervenir en este debate pienso, naturalmente, en la realidad que, respecto de la grave cuestión de la inmigración, están viviendo los ciudadanos del Estado español. 
El Gobierno central, apoyado por su mayoría en el Parlamento y con la oposición de las restantes fuerzas políticas, ha impuesto una ley de extranjería que deniega derechos- derechos humanos básicos: entre otros, los de asociación y sindicalización- a los llamados inmigrantes "ilegales". 
Ahora bien, en las playas del sur de la Península aparecen personas muertas, muchas de ellas mujeres o niños, fallecidas cuando intentaban llegar a tierra en busca de trabajo y de los medios de vida de que carecen en sus países de origen. 
La visión de los cadáveres refleja de forma dramática la realidad de que nos encontramos ante un problema en la esfera humanitaria que no se puede abordar con medidas timoratas o xenófobas, sino con racionalidad, generosidad y sentido del futuro, como han hecho los ponentes. 
Comparto las posiciones de la Comisión de Peticiones respecto del informe Nassauer sobre una iniciativa de la República Francesa en el sentido de que se debe resolver esta cuestión decisiva concibiendo la Unión Europea, ante la realidad de la inmigración, como un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y no como una sociedad de exclusión y expulsión trágicamente representada por los jóvenes muertos en las playas que nos separan de África. 
El tratamiento global de la inmigración en sus aspectos humanitarios, económicos, culturales y políticos debe correr a cargo de este Parlamento y de la Comisión de forma prioritaria. 
No olvidemos, por otro lado, que la ampliación de la Unión a los Estados de la Europa oriental originará inevitablemente extraordinarios movimientos migratorios internos, que crearán una situación social inabordable, si no resolviéramos el grave problema de la inmigración procedente de terceros países. 
Señor Presidente, intervengo en nombre de los diputados de la Lista Bonino. 
Consideramos que en el pasado período parcial de sesiones pasó algo que en muy raras ocasiones suele ocurrir en este Parlamento, y ocurrió con ocasión de la votación sobre el informe Ceyhun, cuando este Parlamento rechazó casi por unanimidad una propuesta de un Estado miembro. 
El debate sobre estos tres informes, así como sobre el informe Kirkhope, pone de manifiesto un problema muy simple: no estamos discutiendo sobre el fondo, sino sobre el método. 
En consecuencia, espero que durante este período parcial de sesiones el Parlamento apoye una vez más a los ponentes, así como el voto de la Comisión de Libertades con el que se pide el rechazo de las propuestas del Consejo y de los Estados miembros. 
Confío ante todo en un gesto político, esto es, que en materia de justicia y asuntos interiores, este Parlamento esté reencontrando la dignidad que debería tener una Institución elegida democráticamente y que representa a los ciudadanos. 
Me explicaré mejor: de hecho, nuestro Parlamento tiene los mismos poderes que una organización no gubernamental en este ámbito. 
Con frecuencia, nosotros los diputados nos olvidamos de ello o preferimos olvidarlo, sin embargo sabemos que, según el Tratado, no podemos tener ninguna capacidad decisional o influencia en el resultado del procedimiento legislativo. 
Pensamos que es un escándalo que esto sea así, especialmente en un ámbito que afecta a las libertades y a los derechos individuales de los ciudadanos europeos. 
Pensamos que es un escándalo que, con relación a estos temas, el control democrático lo ejerzan los funcionarios del Consejo. 
Pensamos que es un escándalo que los trabajos de nuestro Parlamento, los trabajos de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, resulten boicoteados por propuestas que estamos obligados a debatir, una propuestas presentadas por los distintos Estados miembros, por grupos de Estados miembros, por el Consejo y por los Estados que asumen la Presidencia, unas propuestas que adolecen de un fundamento jurídico correcto. 
Con frecuencia, casi siempre, dichas propuestas son manifiestos políticos de Estados miembros que se dan perfecta cuenta de que sus propuestas nunca serán aprobadas por el Consejo. 
De esta manera, nos encontramos aquí abordando cuestiones que jamás verán la luz o que tendrán que ser reexaminadas porque el Consejo no llegará nunca a formular una conclusión definitiva. 
Por estos motivos, y dando las gracias a los ponentes por haber tomado una posición de rechazo radical a las propuestas del Consejo- una posición que consideramos dictada por un reflejo institucional- garantizamos nuestro voto y esperamos que de ahora en adelante este Parlamento no se limite a protestar, así como que el Comisario Vitorino no se limite a tomar nota de una situación, sino que se adopten iniciativas concretas para cambiar este estado de cosas. 
Señor Presidente, tomo la palabra por la iniciativa de la República francesa acerca del reconocimiento mutuo de las decisiones de alejamiento de los nacionales de países terceros, que pretende evitar la libre circulación, la circulación no controlada en la Unión, de extranjeros afectados por una medida de expulsión. 
Nos parece por tanto muy oportuna en un momento en el que se incrementa la presión de la inmigración ilegal y lamentamos que, como por casualidad, el Parlamento Europeo tenga la intención de rechazarla. 
La iniciativa francesa pretende instituir una especie de aplicación mutua de algunas decisiones judiciales, es decir, una forma de cooperación nueva cuyo principio merece más atención. 
Cuando un Estado miembro ha adoptado una decisión de alejamiento contra un nacional de un país tercero que representa una amenaza para el orden público o que se encuentra de forma irregular, otro Estado miembro, según este proyecto, en el territorio del que este extranjero se encontrara, podría ejecutar de oficio la medida de alejamiento, con la reserva evidentemente de los preceptivos recursos legales. 
A pesar de las ventajas de esta propuesta, la comisión competente del Parlamento Europeo la rechaza por dos motivos que no me parecen convincentes. 
En primer lugar, el artículo 63.3.b del Tratado por el que se constituye la Comunidad no constituiría una base jurídica pertinente. 
Es inexacto ya que este artículo plantea justamente unas medidas de cooperación para el repatriamiento de extranjeros cuya estancia sea irregular. 
Es decir, es precisamente el caso que nos ocupa, ya que el reconocimiento mutuo constituye efectivamente una medida que depende de esta categoría. 
En segundo lugar, se nos dice una vez más que la iniciativa francesa es demasiado represiva y que sería necesario poner en práctica, en primer lugar, una política europea global de inmigración. 
Se trata evidentemente de una maniobra dilatoria, ya que sus autores se han guardado bien de utilizar el mismo argumento cuando discutíamos hace unos momentos sobre la protección temporal de los extranjeros de países terceros. 
La iniciativa de la República francesa sobre reconocimiento mutuo de las decisiones de alejamiento merece por tanto ser aprobada. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar manifestando mi apoyo total a la posición defendida por el Sr. Deprez, en el sentido de rechazar tanto la propuesta de iniciativa portuguesa como la propuesta de iniciativa finlandesa. 
Esas dos propuestas ponen en entredicho el artículo 202, que establece el principio general de que la competencia de ejecución de los actos establecidos por el Consejo está reservada a la Comisión, aunque aquél pueda reservarse el derecho a ejercer directamente competencias de ejecución en casos concretos y fundamentados. 
La justificación presentada de que el Consejo pretende reservarse el derecho de ejercer esas competencias de ejecución durante un período transitorio de cinco años, teniendo en cuenta que los Estados miembros desempeñan un papel más relevante en materia de política de visados, lo que refleja la sensibilidad política de la cuestión, no es, por sí solo, motivo suficiente para infringir un principio general de carácter jurídico comunitario. 
Y no es pertinente, dado que contradice el principio que figura en el protocolo de integración del acervo de Schengen en el ámbito de la Unión Europea que transfiere explícitamente esos asuntos al marco jurídico institucional de la Unión. 
En cuanto al informe Frahm, creo que se debe apoyar igualmente la posición de la ponente en el sentido de rechazar la iniciativa portuguesa. 
Entre otras razones, se justifica porque provocaría una falta de coherencia en las normas que rigen la circulación de ciudadanos de terceros países en el territorio de los Estados de Schengen; es que el Convenio de Schengen abarca tres categorías de ciudadanos de terceros países autorizados para circular por el territorio de los Estados miembros: los que están sujetos a la obligación de presentar visado, los que están exentos de ella y los que tienen un permiso de residencia. 
Esta iniciativa abarca sólo la segunda de esas categorías, cosa que fragmenta el derecho de circulación de los ciudadanos de terceros países y no indica en qué medida esas normas revocan, substituyen o modifican el acervo de Schengen. 
El informe Nassauer propone también, y acertadamente, el rechazo de la iniciativa francesa. 
Frente a esas tres propuestas que pensamos rechazar, está justificado un llamamiento al Comisario António Vitorino y a la Comisión: que sea ella la que tome la iniciativa en esa esfera garantizando la coherencia global del edificio comunitario cuya custodia institucional es. 
Señor Presidente, desgraciadamente, a falta de una política integrada y de cohesión sobre el asilo y la migración, nos encontramos ante una fábrica de iniciativas de los Estados miembros, que están intentando intervenir en temas complementarios, casi individualmente y, a menudo, ignorando o evitando el marco legislativo y jurídico de la Unión Europea; como en este caso hacen las iniciativas de Francia, Finlandia y Portugal, que con justicia ha rechazado el Parlamento Europeo, tal como lo proponen nuestros Sres. ponentes, a quienes doy mi enhorabuena. 
Debemos subrayar una vez más en esta sala, que el Consejo puede ejercer sus competencias de ejecución y no confiárselas a la Comisión sólo en ocasiones especiales- y después de un análisis detallado. 
Hoy el Consejo presenta como un caso especial el examen de solicitudes y de visado y cruce de fronteras, y se reserva competencias de ejecución que son de la Comisión. 
Por supuesto, también ignora al Parlamento Europeo y el procedimiento previsto de la consulta, puesto que modifica decisiones sin contar con el Parlamento. 
Con esta táctica, el Consejo, en lugar de acelerar los procedimientos de formación de una inmigración política europea común, crea dificultades, no toma decisiones, el proceso de Tampere anda como los cangrejos, y la consecuencia de esto es que en Europa se mantenga un clima que favorece el racismo y la xenofobia y que haya accidentes del tipo de Dover. 
No cabe duda de que, con vistas a crear un espacio europeo común de seguridad y justicia, debemos dejar pasar la toma unilateral de decisiones por parte de los Estados miembros y avanzar en regulaciones unitarias. 
Para conseguir una entrada y una estancia normales, los que pasen por las fronteras deberán someterse a las mismas reglas y a las mismas obligaciones. 
El examen de las solicitudes no se puede dejar a juicio de cada Estado y del régimen jurídico de cada ocasión. 
Por supuesto, no hace falta subrayar una vez más que ni dificultar el cruce de las fronteras ni reforzar las medidas policiales van a disminuir las presiones ni el cruce ilegal mientras siga habiendo una diferencia de bienestar entre nuestros países y nuestros vecinos. 
Así pues, lo mejor que puede hacer el Consejo es autorizar a la Comisión, basándose en el procedimiento de Tampere, para que pueda emprender las iniciativas necesarias, y mediante acuerdos, llegar a una política de inmigración común lo antes posible, que regule con justicia, todas las cuestiones pendientes y que se apoye en nuestros valores humanitarios comunes europeos y en nuestras tradiciones democráticas. 
Señor Presidente, los tres debates que estamos debatiendo hoy, tienen como tema común la aplicación de la política de la Unión Europea ante la inmigración. 
Responden a las demandas de algunos Estados miembros de la Unión Europea, bien sobre una mayor flexibilidad en la duración de la estancia de los inmigrantes y una relajación del marco legislativo comunitario, como hace Portugal, bien para acelerar las decisiones de Tampere sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de extranjeros, por parte de todos los Estados miembros, como hace Francia. 
Los tres informes han sido rechazados por la comisión competente por cuestiones de forma. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia vamos a abstenernos de votar los informes Deprez y Frahm, y sin embargo vamos a votar a favor del informe Nassauer, que rechaza la demanda de Francia, porque por supuesto, no estamos de acuerdo con el fondo del asunto de la demanda de Francia; no es por la forma. 
La cuestión que se plantea es por qué esta continua preocupación por el tema de los inmigrantes. 
¿Acaso nos falta el marco legislativo? 
Todo lo contrario. 
Tanto la legislación de la Unión, como las legislaciones nacionales han transformado el terreno de la Unión Europea en una fortaleza muy bien defendida en donde no hay sitio para los principios del humanismo ni de la solidaridad y ni siquiera para el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos. 
En este sentido, se está debatiendo estos días en mi patria, en Grecia, una nueva ley sobre la llamada política de inmigración, que ve la inmigración ni más ni menos como un delito, y como cómplices en dicho delito, a todos cuantos no denuncian o, o aún peor, a cuantos ayudan al inmigrante. 
En nuestra opinión, las causas de la inmigración se hallan en la propia política de los países capitalistas desarrollados y de la Unión Europea, que saquean la riqueza y el sudor de los pueblos de los países de origen de los inmigrantes condenándolos al subdesarrollo y a la miseria. 
Precisamente esta situación es la que impulsa la inmigración masiva. 
También encontramos causas de inmigración en las intervenciones imperialistas que fomentan nacionalismos y guerras locales, creando flujos migratorios terribles. 
Esta inmigración masiva de nuestros días, este mercado de esclavos actual viene bien también a los intereses del capital en los países en los que acaban los inmigrantes. 
¿Hay alguna duda, señor Presidente, de que aquí también se da una combinación inhumana entre los inmigrantes y los intereses de los negreros actuales, de los imperialistas amantes de la guerra y los de quienes explotan a los inmigrantes en los llamados países de acogida que, esencialmente, como dueños de esclavos de la actualidad, utilizando como palanca el paro y los inmigrantes ilegales, atacan de la forma más brutal los intereses y las conquistas de los trabajadores locales? 
He aquí por qué la consolidación de los derechos de los inmigrantes, legales e ilegales, debe ser para el movimiento popular una de las obligaciones prioritarias y urgentes... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el debate conjunto del día de hoy trata de cuatro iniciativas de Estados miembros relativas a las decisiones de alejamiento, a los poderes ejecutivos en materia de procedimiento de expedición de visados y en materia de control de las fronteras exteriores Schengen y, finalmente, al derecho de circulación en el espacio Schengen sin fronteras. 
Comenzaré por los aspectos que se refieren a las disposiciones que se incluyen en el marco Schengen. 
Ante todo, debo felicitar al Sr. Deprez por su examen preciso y profundo, que trata principalmente de las relaciones institucionales en materia de competencias ejecutivas de las reglas fijadas por el Consejo, competencias que afectan a la comitología tal como está previsto en el artículo 202 del Tratado de las Comunidades. 
Efectivamente, la Comisión es de la opinión de que algunas disposiciones incluidas en la instrucción consular común, en el manual común y en el pliego de condiciones de la red de consultas Schengen deben ser susceptibles de enmiendas, de adaptación o actualización mediante un método simplificado propio de la comitología. 
Podemos suscribir las iniciativas de la República de Finlandia y de Portugal, pero no podemos suscribir una parte esencial del dispositivo propuesto, que reserva los poderes ejecutivos al Consejo sin probar de manera circunstanciada sin embargo que se trata de un caso específico de excepción a la regla general fijada por el Tratado. 
La Comisión comparte el análisis y la argumentación presentados por el Sr. Deprez en su exposición de motivos. 
La instrucción consular común, el manual común y el pliego de condiciones de la red de consultas Schengen han sido incluidos como base jurídica en los artículos 62 y 67 del Tratado de las Comunidades Europeas, es decir en el Título IV. Ahora bien, el Título IV no incluye ninguna excepción institucional con respecto al artículo 202 del Tratado. 
Por otra parte, la mayor parte de las medidas de ejecución vinculadas a esos instrumentos presentan únicamente un carácter técnico. 
No constituyen más que la formulación práctica de las decisiones de naturaleza política decididas por el Consejo en actos normativos superiores que son ellos mismos regidos por las disposiciones pertinentes del Título IV. 
En consecuencia, debo manifestar la total satisfacción de la Comisión por la posición expresada por este Parlamento, posición que está en sintonía con la de la Comisión. 
Y por el momento, la Comisión no solamente señala su acuerdo sino que desea que los argumentos del ponente, que espero suscriba el Parlamento y los, parecidos, de la Comisión, sean oídos y aceptados por el Consejo. 
En caso de interpretación diferente, se considerarán sin duda otras medidas que adoptar ,... 
... medidas que pueden compartir por otra parte la Comisión y el Parlamento. 
La Comisión puede suscribir el objetivo de la propuesta portuguesa de un reglamento relativo al período durante el cual los nacionales de países terceros que están exentos de visado pueden circular por el territorio de los Estados miembros. 
En efecto, el Tratado, en su artículo 62, invita al Consejo a dictar, en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, medidas que establezcan las condiciones por las cuáles los nacionales de países terceros pueden circular libremente por el territorio de los Estados miembros por una duración máxima de tres meses. 
Sin embargo, el Tratado, y aquí se produce claramente una contradicción con la propuesta portuguesa, fija un periodo máximo de tres meses y no se limita en ningún modo solamente a los nacionales de países terceros exentos de la obligación de visado. 
Por ello comparto la observación de la Sra. Frahm, su ponente, según la cuál no es oportuno regular la situación de una sola categoría, como también me parece evidente que no se puede prolongar la duración de la estancia en el territorio de los Estados miembros más allá de 3 meses, hasta un total de 6, sólo sobre la base de acuerdos de reciprocidad. 
La Comisión comprende, y sin duda se puede compartir fácilmente, la razón subyacente a la iniciativa portuguesa, que el objetivo principal consiste en permitir la salvaguarda de una serie de acuerdos bilaterales que existen entre los Estados miembros y, por ejemplo, países terceros como los Estados Unidos de América, Canadá, Japón o Australia. 
(FR) No obstante, como creo que lo he dejado claro, el método utilizado por esta iniciativa portuguesa no parece de acuerdo con el Tratado, y la limitación a una única categoría de personas tampoco parece oportuna. 
Por nuestra parte, podemos confirmar la intención de la Comisión de presentar próximamente un proyecto global relativo al derecho de viajar en la zona Schengen, con el fin de evitar un planteamiento fragmentado que pueda dañar la transparencia, la visibilidad para los ciudadanos y la seguridad del derecho. 
Pasaré ahora a la propuesta de directiva relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones de alejamiento que presentó el pasado mes de julio la Presidencia francesa. 
Si nos situamos en una perspectiva a largo plazo, podría parecer deseable prever que una decisión de expulsión producida en un Estado miembro se ejecutase en otro Estado miembro, sin que este último debiera emitir una nueva decisión de expulsión. 
La iniciativa de la República francesa no debe considerarse más que como un primer paso hacia la consecución de este objetivo que es necesario reconocer como un objetivo ambicioso. 
No se ha definido hasta este momento ninguna política comunitaria en materia de retorno en el marco de la política de asilo e inmigración. 
Por ello, creo que sería mucho más oportuno, en un primer momento, dictar normas y principios comunes que permitieran posteriormente fijar un marco jurídicamente vinculante en materia de reconocimiento mutuo de todas las medidas que ponen término a la residencia, en especial en lo que respecta a las decisiones de expulsión. 
Con vistas a definir una política así, la Comisión va a elaborar- ya lo ha incluido en su programa de trabajo para el año 2001- una comunicación sobre una política común relativa al retorno. 
Una política así debe incluir principios comunes al igual que normas y medidas comunes. 
El principio común más importante es, por ejemplo, la primacía que se concede al retorno voluntario con respecto al retorno forzoso. 
El Fondo europeo para los refugiados prevé medidas de apoyo a los esfuerzos realizados por los Estados miembros en este ámbito. 
Los debates que se produzcan tras esta comunicación, y que incidirán en todos los aspectos de la política en materia de retorno, prometen ser sin duda muy difíciles, a causa de las tensiones que se producen entre las necesidades de los Estados miembros en materia de ejecución de las decisiones y, por otro lado, la evidente dimensión humana. 
A mi juicio, las personas que no cumplen o que ya no cumplen las condiciones previstas para disfrutar de un estatuto jurídico permanente o temporal deberían ser normalmente invitadas a abandonar el territorio de la Unión Europea si los Estados miembros no tienen la obligación, desde cualquier perspectiva, de tolerar la estancia de estas personas. 
Si deseamos concebir una política común en materia de inmigración tan completa como sea posible, no podemos dejar de lado la cuestión del retorno, que constituye- si se me permite la expresión- el reverso de la moneda. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0070/2001) de la Sra. Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa y del Reino de Suecia con vistas a la adopción de la decisión del Consejo (13464/2000- C5-0717/2000- 2000/0824 (CNS) ) por la que se crea una red europea de prevención de la delincuencia. 
. (IT) Señor Presidente, Señorías, todos los estudios y las estadísticas sobre las grandes necesidades sociales ponen de relieve que el derecho a la seguridad es una de las exigencias más fuertes de los ciudadanos europeos. 
La delincuencia, en sus múltiples manifestaciones, es percibida por nuestros ciudadanos no solo como un peligro para la integridad física, sino también como una auténtica e insoportable amenaza, siempre al acecho, para la libertad de moverse, de trabajar, de vivir una vida normal. 
Esta inquietud psicológica ha generado una progresiva desconfianza en las instituciones y un cada vez mayor recelo en los demás. 
Esta sensación de inseguridad afecta a todo el mundo: las empresas, las familias, los particulares, en especial las mujeres, las personas mayores y los niños. 
En este contexto, a menudo es muy difícil marcar un límite entre la delincuencia organizada a gran escala, entre los grandes fenómenos de delincuencia y la llamada microdelincuencia. Esto ocurre sobre todo en las ciudades y, en este sentido, pienso, por ejemplo, en la difusión y en el tráfico de droga. 
Señor Presidente, antes la gente nos pedía sobre todo rapidez en la represión de la delincuencia y certeza de la pena para los delincuentes. 
Ahora la situación ha cambiado: la gente nos pide ante todo seguridad y, en consecuencia, prevención quizás porque van en preocupante y creciente aumento fenómenos de delincuencia especialmente odiosos. Quiero recordar el aumento de todos los delitos relacionados con la pedofilia y la explotación sexual de mujeres y de menores. 
La prevención, por lo tanto, debe entenderse y se entiende como certidumbre para vivir nuestra libertad y los ciudadanos nos piden precisamente un esfuerzo para poner en funcionamiento todos los instrumentos posibles para desalentar la difusión de los fenómenos de delincuencia. 
Creo que el valor de la prevención de la delincuencia ha sido subrayado en repetidas ocasiones por este Parlamento que ha elaborado muchos textos en esta dirección y que ha sido expresa e inteligentemente reconocido en el Tratado de Amsterdam y repetido una y otra vez hasta el Consejo de Tampere que ha propuesto expresamente un reforzamiento de la cooperación internacional en materia de prevención de la delincuencia a través de la creación y constitución de una red de autoridades nacionales competentes en materia de prevención del delito. 
Esta propuesta ha sido acogida por la Presidencia francesa y por la sueca que, a través de una propuesta de iniciativa legislativa, se proponen crear dicha red de información, de intercambio de experiencias y de mejores prácticas para prevenir los fenómenos de delincuencia. Entre otras cosas, su compromiso consistiría también en intercambiarse informaciones, noticias en el plazo más breve posible precisamente para estudiar los fenómenos de delincuencia desde su origen, del mismo modo que en otro ámbito actúa el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa que sigue desde su origen los cambios relativos a la difusión de las drogas. 
En consecuencia, se trata de estudiar los fenómenos delictivos desde su origen siguiendo la gran capacidad de transformación y de verdadera metamorfosis del delito para adaptarse a las formas de represión y encontrar, en consecuencia, nuevas formas para afirmarse. 
En conclusión, se trata de una red de información, de intercambio de las mejores prácticas y no de sustituir a los Estados miembros en las decisiones fundamentales sobre las políticas de seguridad que, obviamente, corresponden a cada uno de los Estados y, por lo tanto, a cada Parlamento y Gobierno nacional. 
Creo que sólo se trata es demostrar a los ciudadanos que Europa está trabajando para conseguir un auténtico espacio de libertad y justicia. 
Agradezco a todos mis colegas su colaboración y en particular a la Sra. Terrón su enmienda que ha enriquecido y completado el trabajo realizado. 
Bienvenida 
Me es grato señalar la presencia en la tribuna oficial del Presidente de la Asamblea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Sr. Stojan Andov. 
En nombre del Parlamento me complace dar la bienvenida al Presidente Andov y espero que su visita al Parlamento Europeo se desarrolle de la mejor manera posible y sea útil y provechosa. 
Prevención de la delincuencia (continuación) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la iniciativa que tenemos entre manos para la creación de la red europea de prevención de la delincuencia pretende atender la necesidad cada vez mayor de prevención de la delincuencia. 
Se ha sentido la necesidad de una mayor y mejor cooperación internacional en esa esfera, en particular en el nivel de la Unión Europea. 
Pero sabemos que esa cooperación resulta menoscabada por la existencia de diferencias entre las definiciones, los procedimientos, las estructuras, entre otras cosas. 
De modo que es necesario que existan datos comparables en el nivel de los estudios que se hacen, de los datos estadísticos, de las políticas penales, de los factores estructurales, etc., sobre delincuencia, victimización y justicia penal en la Unión Europea. 
El gran objetivo es el de evaluar las diversas actuaciones, procurando formular, en las esferas prioritarias, las medidas fundamentales que se puede y se debe adoptar, mejorando la capacidad de respuesta de la Unión Europea y la eficacia de las políticas preventivas de la delincuencia en los niveles nacional e internacional. 
Ésas fueron las orientaciones políticas resultantes del Consejo Europeo de Tampere, gracias a las cuales en la Conferencia de Alto Nivel celebrada en el Algarve, en Portugal, en mayo de 2000, se concluyó que era necesario abordar la cuestión de la prevención de la delincuencia en un marco multidisciplinario y de cooperación. 
Es esencial garantizar la seguridad del ciudadano europeo que quiere vivir con tranquilidad, lo que entraña cada vez más no sólo la represión eficaz del delito, sino también la adopción de políticas inteligentes de prevención que entrañen también la capacidad de comprender los fenómenos psicológicos y sociológicos que provocan o aumentan la sensación de inseguridad y reaccionar ante ellos. 
Esa prevención, que es necesaria para reducir tanto cuantitativa como cualitativamente la existencia de delitos o sus causas, debe abarcar todos los tipos de delincuencia, incluida la organizada, sin olvidar una atención especial a las esferas de la delincuencia urbana, juvenil y relacionada con la droga. 
Éste es un proyecto importante y ambicioso, pues la delincuencia no conoce fronteras. 
De este modo esta red va encaminada a promover la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros, recoger y analizar informaciones relativas a las acciones llevadas a cabo y a los procedimientos óptimos existentes en el ámbito de la prevención, con el objetivo de contribuir a una reflexión sobre las futuras decisiones por adoptar al respecto. 
En la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos estuvieron en cierto modo presentes dos concepciones diferentes: la que pretendía reservar a esta red la intervención en las esferas relacionadas directamente con la dimensión europea e internacional y otra, la que se centraba exclusivamente en la microdelincuencia. 
Creo que la propuesta de transacción aprobada fue una buena solución al no excluir ninguna de las dimensiones de la prevención de la delincuencia. 
Sabemos perfectamente que los fenómenos de delincuencia organizada y de microdelincuencia son dos realidades distintas, que exigen respuestas diferentes: la primera constituye uno de los objetivos prioritarios de la Unión y de sus Estados miembros, mientras que la segunda es resultado de una competencia primordial de las instituciones locales, regionales y nacionales. 
Para su prevención, el papel de la Unión debe limitarse a favorecer el intercambio de informaciones entre las autoridades nacionales a fin de proporcionar un intercambio de los procedimientos y pesquisas óptimos en nombre del principio de subsidiariedad. 
La población de la Unión Europea tiene derecho a exigir que la Unión afronte con eficacia el problema de las amenazas en aumento de la delincuencia contra su libertad y sus derechos. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político quiero felicitar primero a la ponente Angelilli por el informe. 
Pero también quiero felicitarme por el trabajo realizado por nuestra comisión ya que precisamente en este campo hemos logrado aprobar unánimemente este informe. 
Creo que en la lucha contra la delincuencia, sólo podremos lograr avances en la lucha con la misma si trabajamos conjuntamente. 
Sobre la base de este informe ahora va a ser posible crear una red eficiente que, por un lado, permita la coordinación en la lucha contra la delincuencia en toda Europa y, por otro, no restrinja los márgenes de actuación. 
Europa no intenta acaparar competencias sino optimizar el intercambio de informaciones entre las correspondientes autoridades de los Estados miembros. 
Junto a este objetivo, el informe trata también de la inclusión en la red de instituciones de carácter civil, universidades e instituciones europeas, como por ejemplo Europol o Eurojust, para combatir la delincuencia. 
Esto hace justicia a nuestros objetivos, pues de este modo no se inventará de nuevo en cada país cada forma de lucha contra la delincuencia sino que los recursos existentes se utilizarán mejor, lo que es de saludar. 
También en otro aspecto esta red es de importancia para la lucha contra la delincuencia. 
El Consejo y la Comisión recibirán a través de ella las informaciones necesarias para poder desarrollar estrategias adecuadas para la prevención de la delincuencia. 
Esto es positivo pues entonces las instancias nacionales tendrán un mayor interés en intercambiar con la red, no en último lugar para poder presentar sus deseos en toda Europa. 
El proceso de coordinación de estrategias nacionales puede ganar de este modo claramente en velocidad. 
Precisamente en lo referente a la delincuencia organizada y a las modernas formas de delincuencia esto es muy de saludar ya que algunas instancias nacionales se quejan con frecuencia de que están en inferioridad de condiciones respecto a los delincuentes porque no han podido reaccionar con suficiente rapidez ante las estratagemas y formas de delincuencia cambiantes. 
En este aspecto, se puede crear una red que contenga informaciones que estén a disposición de todos y que pueda mejorar sensiblemente la velocidad de reacción en la lucha contra la delincuencia. 
También de cara a los candidatos a la adhesión la red es muy importante pues puede contribuir a controlar mejor problemas que pueden surgir debido a los períodos transitorios. 
En este sentido, apoyamos el informe con nuestras enmiendas complementarias y nos alegramos mucho de que por fin aquellos que son competentes para la aplicación reciban del Parlamento y el Consejo el apoyo necesario. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a mis colegas para felicitar a la ponente por este informe que nos ha presentado, del cual apoyo la mayoría de las propuestas que hace. 
En el seno de la Unión Europea se ha instituido un nuevo marco institucional para la lucha contra la delincuencia organizada, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Ese marco dispone el desarrollo de acciones comunes en la esfera de la cooperación policial y judicial en asuntos penales, al mismo tiempo que preserva la responsabilidad del Estado miembro por el mantenimiento de la ley y el orden y por la defensa de las seguridades internas. 
Paralelamente a lo antedicho, el Consejo Europeo lanzó dos planes de acción para la lucha contra la delincuencia organizada, encaminados a superar disparidades con los procedimientos nacionales en el establecimiento de una cooperación judicial más eficaz. 
La mayor parte de esas recomendaciones han sido puestas en práctica enteramente. 
De ello se sigue un papel mejor para Europol, lo que representa un importante paso adelante en este contexto. 
Las conclusiones de la reunión del Consejo de Tampere representan un firme mensaje político, pues reafirman el deseo de la Unión de superar las dificultades con que se tropieza en la persecución de todas las formas de delito transfronterizo, al mismo tiempo que se protegen las libertades y los derechos legales de las personas y los agentes económicos. 
Es importante que todas las instituciones de la UE trabajen juntas para conseguir que haya una estrategia coherente en la lucha contra la delincuencia organizada. 
El motivo principal de gran parte de la delincuencia organizada es el delito financiero. 
La política de la UE para la lucha contra el fraude financiero se persigue simultáneamente en el marco del primero y tercer pilares de los Tratados. 
Soy partidario de que se amplíe el mandato de Europol para que pueda investigar las cuestiones relativas al blanqueo de dinero. 
Tiene que haber un acuerdo político de ámbito europeo acerca del marco de las decisiones relativas a la identificación, el decomiso y la confiscación del producto del delito. 
En todo caso, desde el punto de vista irlandés, el establecimiento de la Oficina de cuestiones penales en 1996 ha tenido mucho éxito en la lucha contra ese tipo de delito. 
El establecimiento de la seguridad y la confianza en la esfera de los ciberdelitos es otra cuestión que requiere una respuesta colectiva en el plano mundial, en vista de la dimensión mundial de Internet. 
Los delitos relacionados con la informática no respetan las fronteras convencionales de los países. 
Es evidente que las actividades que son ilegales en otros ámbitos no cesarán de ser ilegales por el mero hecho de desarrollarse en línea. 
Un número considerable de acciones encaminadas a luchar contra el ciberdelito están ya en curso en los foros internacionales. 
El Consejo de Europa está dando los últimos toques a la primera convención internacional del mundo sobre el ciberdelito. 
La Comisión Europea ha presentado también una propuesta legislativa para luchar contra la pornografía infantil en Internet, en consonancia con las disposiciones de la Convención del Consejo de Europa sobre el ciberdelito. 
Estoy de acuerdo con el programa marco que expone la Comisión Europea para la lucha contra la trata de seres humanos, mediante el desarrollo de una cooperación eficaz en toda la Unión Europea en la esfera judicial a dicho respecto, y también mediante el establecimiento de vínculos más estrechos con los países que han solicitado el ingreso en la UE. 
Señor Presidente, parece como si tuviéramos que votar sobre un problema que no existe, o sea, si este Parlamento es favorable o contrario a la delincuencia. 
Estamos debatiendo algo totalmente diferente de lo que hemos venido haciendo hasta la fecha: estamos debatiendo si creamos o no creamos otro monstruo burocrático. 
Nosotros estamos en contra y lo estamos, aunque sabemos que no existe ni un solo diputado en este Parlamento, mejor dicho, que no existe ninguna persona con sentido común, creo, que no esté en contra de la delincuencia y a favor de la prevención. 
Un monstruo burocrático es otra cosa. 
Sabemos que, cuando la Unión Europea no es capaz de dar respuestas de Gobierno, recurre a los observatorios, a las redes, a las instituciones. Observatorios, redes, organismos que, de hecho, conculcan los derechos democráticos de los ciudadanos confiándolos a instituciones que escapan del control democrático. 
Se ha mencionado el Observatorio de Lisboa. 
No quisiera abrir aquí el capítulo de una Unión Europea que financia ampliamente un órgano de las Naciones Unidas que lucha contra la delincuencia. 
Las Naciones Unidas han tomado la decisión de llevar a cabo una investigación interna para saber cómo se gasta este dinero. Naturalmente la Unión Europea no siente esta necesidad. 
Hablábamos de monstruos burocráticos como Europol, Eurodac, Eurojust. Pues bien, son precisamente estos últimos los que hoy no permiten gobernar las políticas en materia de delincuencia. 
Hay otro motivo por el cual votamos en contra. 
Sin menospreciar el trabajo realizado por la ponente, es precisamente la iniciativa de la República Francesa y del Reino de Suecia que está orientada a no cumplir el que debería ser un principio de subsidiariedad en este terreno. 
No alcanzamos a comprender todavía cuál es el concepto de prevención de la delincuencia que nunca se define en esta iniciativa ni tampoco en el informe. 
Por estos motivos, votaremos en contra del informe y en particular porque respalda esta red europea. 
Señor Presidente, la iniciativa de Francia y Suecia sobre la cooperación entre los organismos nacionales en los ámbitos de la delincuencia juvenil, de la criminalidad y de la droga es consecuencia de la Cumbre de Tampere. 
Esta estrategia europea parte del principio de que una intervención de la Unión aporta forzosamente un valor añadido a la política de los Estados miembros. 
Pero actualmente nos encontramos frente a una maraña de programas y a un verdadero apilamiento de medidas sin coherencia. 
Sólo en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores se nos propone hoy un sexto programa, Hipócrates. 
Podemos preguntarnos legítimamente si aumentando el número de estos programas se aumenta la eficacia en la lucha contra la criminalidad, y ello tanto más en la medida en que estos programas tienen unos presupuestos irrisorios. 
¿Qué se va a hacer con el millón de euros asignado anualmente a este programa? 
Además, Hipócrates no es claro. 
En lo que respecta a la financiación, por ejemplo, la parte a cargo del presupuesto comunitario quedaría limitada a un 70 % del coste total. 
Sabiendo que los socios de la Comisión podrán ser universidades, administraciones, ONG, ¿cómo se financiarán los 30% restantes? 
Con respecto a la definición de las formas de prevención propuestas y de la criminalidad organizada, tampoco se ha dicho nada claro. 
También se encuentran medidas bastante anecdóticas, como por ejemplo en el artículo 3, la entrega anual del premio europeo de la prevención de la criminalidad. 
Se crea, se instaura sin retroceso en cuanto a la pertinencia y la eficacia de las medidas. 
Sería el momento para realizar análisis en lugar de correr el riesgo de quemar etapas, muy necesarias en la construcción de una cooperación eficaz entre políticas nacionales de prevención. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a su Señoría por su informe y decir muy simplemente, dada la hora en que estamos debatiendo, que la Comisión apoya la iniciativa francosueca de creación de una red europea de prevención de la delincuencia. 
Es una iniciativa que representa un buen ejemplo de ejercicio del derecho de iniciativa por los Estados miembros, porque ha sido estrechamente coordinada con la propia Comisión. 
Consideramos que dicha red debe centrarse prioritariamente en la prevención de la microdelincuencia, es decir, de la delincuencia urbana, juvenil y relacionada con la droga; hemos de añadir que la propuesta de comunicación de la Comisión sobre la prevención de la delincuencia propone la creación de un foro europeo de prevención de la delincuencia que deberá conceder prelación a la prevención de la delincuencia organizada; consideramos que hay mucho que hacer para establecer la relación entre la delincuencia organizada y la pequeña delincuencia urbana, por lo que nos congratulamos de que el Parlamento apoye esta iniciativa de la República Francesa y del Reino de Suecia. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino, por su intervención tan sucinta y concisa pero llena de contenido. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
Tiene la palabra el Sr. Watson para una cuestión reglamentaria. 
Watson (ELDR). 
(EN) Señor Presidente, a juzgar por los resultados de la votación y por el informe diría que, en realidad, hemos rechazado la propuesta del Consejo. 
Seguimos sentando bien, señor Watson, el precedente del informe Ceyhun. 
Antes de proceder a la votación del proyecto de resolución legislativa, tiene la palabra la Sra. Terrón i Cusí para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, estamos ante una extraña votación, igual que el mes pasado, sobre este extraño y nuevo método de iniciativa legislativa por parte de los Estados miembros. 
Hemos rechazado la iniciativa modificada. 
Tenemos ahora que votar, en primer lugar, una enmienda de nuestro Grupo que pide que se le diga al Consejo que se rechaza esta iniciativa, y a la Comisión que haga una nueva propuesta en el marco de su capacidad de iniciativa y, después, vamos a votar la propuesta de resolución legislativa, sobre la que deberá votarse a favor para decirle al Consejo que rechazamos su iniciativa. 
Es complicado, pero es la misma situación en la que nos encontramos en el Pleno anterior y que el Sr. Watson explicó. 
Es decir, que no decae la próxima enmienda, sino que, consecuentemente, tenemos que votar aún a favor del rechazo. 
Señor Presidente, yo soy el ponente que ha sido testigo el mes pasado de lo mismo. 
Pero lo que no puedo comprender en estos momentos es lo siguiente: nos hemos pronunciado y hemos adoptado una decisión. 
¿Para qué hay en esta sala representantes del Consejo? 
Al menos, deberían exponer ahora su opinión y que digan cuál es su actitud antes de que sigamos con la votación. 
Señor Presidente, a este respecto y en relación con los dos informes sobre los que vamos a votar subsiguientemente, creo que deberíamos votar ahora a favor de la resolución legislativa que rechaza la propuesta del Consejo. 
Señor Presidente, deseo retirar el texto en la enmienda nº 33 tras las primeras 29 palabras, de modo que se vote sólo sobre las 29 primeras palabras. 
Esto se ha comunicado antes al ponente. 
El ponente pide la palabra. 
Señor Presidente, quiero indicar que la política de competencia es una política importante pero que no pertenece a la agenda "Built-in". 
Por ello, insisto en que no se vote a favor de esta enmienda. 
Tiene la palabra el Sr. van den Bos para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, no he podido llegar hoy a tiempo para la votación debido a la conexión aérea extraordinariamente mala existente entre Amsterdam y Estrasburgo. 
Por desgracia, Air France no está en condiciones de efectuar esta conexión sin serios retrasos. 
Eso implica, por tanto, que no podemos llegar a tiempo a nuestro trabajo y poder hacerlo como es debido. Vuelvo a protestar aquí por ello. 
Señor Presidente, le ruego que me escuche hasta el último segundo de los sesenta de los que dispongo para las explicaciones de voto, antes de expresar un juicio sobre la cuestión. 
Esta mañana he participado en una importante reunión, organizada por el Sr. Pronk, sobre las pensiones en Francia. 
El director de la Caisse des retraites francesa nos ha explicado cómo funciona o, mejor dicho, cómo no funciona la Caisse française des retraites. 
Los pensionistas en Francia y también en Europa deberán apretarse el cinturón, se jubilarán después de 45 años de trabajo, deberán esperar hasta los 70 años en toda Europa y, probablemente, se promulgará una ley que dirá que deberán comer una sola vez al día. 
Es por esto que he votado a favor del texto sobre el azúcar: porque es importante para dorar la píldora a los pensionistas que necesitarán mucho azúcar en toda Europa. 
Gracias, señor Fatuzzo, aunque creo que muchos pensionistas toman más bien sacarina. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Daul está a favor de una prórroga del reglamento de mercado para el azúcar. 
Por ello lo he rechazado. 
El sistema no tiene nada que ver con el mercado sino que más bien es comparable a una economía planificada, una combinación de cuotas de producción, precios mínimos, aranceles de importación y subvenciones a la exportación. 
En general, todo esto no se puede valorar positivamente sino que debe considerarse muy críticamente, en especial porque para el contribuyente europeo es muy caro. 
Los Estados asignan a los fabricantes de azúcar determinadas regiones y cuotas y a continuación este azúcar se vende en un mercado nacional protegido. 
Hay que considerar que 100 kg. de azúcar blanquilla cuestan 28 euros en el mercado mundial y que el precio de intervención, el precio de garantía de la Unión Europea asciende a 65 euros. 
Esto es demasiado caro y malo para el consumidor y los transformadores del azúcar en la Unión Europea. 
Esta no es una solución de futuro. 
Concordamos, en general, con la posición del ponente que rechaza lo fundamental de la propuesta de la Comisión, en particular en relación con la reducción de las cuotas de azúcar en 115.000 toneladas. 
Ahora bien, lamentamos que se haya rechazado nuestra propuesta encaminada a corregir una injusticia de la Comisión en la cuota atribuida a Portugal, que asciende actualmente a sólo 70.000 toneladas, pues los derechos de producción están totalmente atribuidos a los agricultores y representan tan sólo el 20% del consumo del país. 
Ahora bien, en el futuro podría estar en riesgo la viabilidad económica de la única fábrica de transformación de remolacha del Portugal continental, que se encuentra en Coruche, si ésta no alcanza una elaboración próxima a las 100.000 toneladas. 
Por eso, propugnamos un aumento de 30.000 toneladas. 
Esa corrección permitiría garantizar una situación de equidad para los agricultores portugueses y garantizar la sostenibilidad de la producción de remolacha, que, por lo demás, se puede y se debe aumentar cuando entre en funcionamiento la presa del Alqueva. 
Igualmente, en relación con las Azores, consideramos fundamental garantizar la viabilidad de la única fábrica existente, en la isla de S. Miguel, y cuyo funcionamiento es fundamental para aquella región ultraperiférica. 
. (EN) El motivo de que haya votado en contra de la propuesta modificada era que el informe proponía que se mantuviera un sistema que no se ha vuelto a examinar durante 32 años. 
La OCM para el azúcar es inviable a la larga, en vista de las limitaciones de la categoría 1 (presupuesto agrícola). 
Además, tiene importantes repercusiones para los contribuyentes europeos, para el número de puestos de trabajo en las empresas que fabrican alimentos y bebidas, y para los consumidores. 
Aún más importante, este informe rechaza toda mejora de la gestión del régimen de azúcar, del cual una medida relativamente pequeña era la propuesta de la Comisión de que se aboliera la tasa sobre el almacenamiento. 
Mi oposición a que se restablezca el plan de tasas por almacenamiento se basa en tres factores. 
En primer lugar, la tasa acaban por tener que pagarla los consumidores. 
La supresión del sistema, por lo tanto, significará que los fabricantes de azúcar tendrán que hacer frente a los gastos de almacenamiento. 
En segundo lugar, la supresión del plan de tasa por almacenamiento inyectará un elemento de competencia en un mercado sumamente distorsionado. 
Esto será una ventaja para las industrias que usan azúcar y para los consumidores, además de permitir que los observadores puedan determinar los efectos de una competencia limitada en el sector azucarero de la UE. 
Por último, los recursos presupuestarios asignados al sistema (300 millones de euros al año) se podrían encauzar hacia otros gastos agrícolas. 
El segundo motivo principal de inquietud que me brinda este informe es que las enmiendas de Daul ampliaron el régimen actual hasta 2005-2006, en contra de la propuesta de la Comisión de que hubiera un régimen provisional que durase dos años. 
Me opongo a que haya otra prórroga de cinco años. 
Las peticiones de reforma están aumentando. 
Los precios del azúcar en la UE son de 2,5 a 3 veces superiores al nivel mundial. 
Un sistema de ese tipo amenaza con perjudicar la credibilidad de la UE en relación con la próxima ampliación y con las obligaciones para con la OMC. 
Este informe ignora también las conclusiones de un reciente informe del Tribunal de Cuentas, que denunciaba al régimen por despilfarro y mala gestión y que indicaba que el actual sistema es fuente de costos sustanciales para el presupuesto de la UE y los consumidores. 
Siento mucha simpatía por la industria agrícola y estoy dispuesto a apoyarla, y sé también que muchos de los interesados reconocen que es preciso iniciar una reforma seria y considerada para cerciorarse de que el sector azucarero pueda hacer frente a las demandas del futuro. 
En cambio, las consecuencias de otra prórroga serían reducciones cada vez mayores de las cuotas, lo que perjudicaría a la base de la industria de la UE y conduciría al desempleo. 
De forma análoga, tampoco se pueden sostener precios artificialmente elevados. 
Son perjudiciales para las industrias que usan azúcar y para los consumidores, y es preciso introducir en ese sector cierto grado de competencia. 
Otra de las esferas de preocupación es que actualmente se están llevando a cabo amplios estudios destinados a evaluar alternativas viables para el régimen actual, que tengan en cuenta las repercusiones para los productores y consumidores a fin de que la Comisión pueda elaborar propuestas más detalladas encaminadas a seguir reformando el régimen del azúcar sobre la base de esos informes. 
Por supuesto, queremos felicitar al ponente por el resultado logrado. 
Las enmiendas de Jan Mulder (Grupo ELDR) pueden contribuir especialmente a que por fin se reflexione sobre la política agrícola europea. 
Aunque no estamos de acuerdo con el contenido de la actual política azucarera, hemos votado a favor del informe enmendado, ya que la política debe respetar ante todo los compromisos acordados, tal como en el caso de la Agenda 2000. 
Sí queremos subrayar que realmente debe realizarse la evaluación con las posibles reformas en 2003. 
Hablar solamente de reformas y consecuencias que retrasan después la toma de decisión es, en nuestra opinión, una estrategia equivocada que conducirá finalmente a una disminución del apoyo social a la agricultura. 
La actual política agrícola ya no se adecua a estos tiempos. 
La época de las primas compensadoras seguras a los productos debe ser rápidamente reemplazada por otro sistema. 
El paisaje por el que se preocupa una buena parte del sector agrario debe ser preservado, y nos imaginamos que para lograrlo, se reforzarán las ayudas directas. 
Los ciudadanos europeos lo entenderán. 
Además, queremos hacer una observación general sobre los ponentes y sus posibles intereses en relación con la materia de sus informes. 
Le rogamos que introduzca en los reglamentos la obligación de comunicar los posibles intereses de antemano, de forma que se evite incluso la sombra de un conflicto de intereses. 
La agricultura es una actividad económica completa que necesita de perspectivas a largo plazo. 
En un momento en el que los agricultores deben hacer frente a nuevos desafíos (garantizar un abastecimiento de productos de calidad) con una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, es necesario dotarlos de los medios para proyectarse en el futuro. 
El mercado mundial del azúcar es enormemente inestable; conviene por tanto dotar a este sector de instrumentos de estabilidad indispensables para nuestros productores, pero suficientemente flexibles sin embargo para que puedan sacar el mejor partido de las situaciones económicas más favorables. 
Los países ACP y la India nos han señalado la importancia que reviste para el desarrollo de su industria azucarera la garantía de precios que les ofrece el acuerdo de Cotonou en su preparación para afrontar la globalización de la economía. 
La Unión Europea debe hacer valer los compromisos que ha asumido en su lugar. 
Apoyamos la solicitud hecha a la Comisión de presentar estudios de impacto sobre los diferentes apartados de la OCM, sobre las alternativas posibles a esta producción. 
A la vista de estos resultados, será posible considerar, en caso necesario, una revisión del OCM pero no antes de 2006, fecha considerada para una revisión global. 
. 
(SV) En mi condición de cristianodemócrata sueco, he votado en contra de este informe. 
Hay que respaldar todas las iniciativas para reformar la política agrícola común, incluso esta tímida propuesta de la Comisión sobre una reducción limitada de las cuotas de azúcar. 
Opinamos que la UE debe abrir su sector agrícola hacia el tercer mundo. 
Por este motivo, es errónea la postura de la Comisión de Agricultura de defender la continuación de la actual política basada en subvenciones e imposición de aranceles aduaneros a terceros países. 
. (EN) Como otros miembros de la Delegación de Conservadores Británicos, he votado hoy a favor de una prórroga limitada del actual régimen azucarero de la UE según se expone en el informe Daul. 
Todos queremos y estamos resueltos a llevar a cabo una reforma amplia de la política agrícola común, pero es más probable que suceda y se lleve a cabo de forma completa y sistemática si como parte de un conjunto general de medidas para el año 2006 se considera también la posibilidad de reformar otros sectores, aparte de que no hay ninguna garantía absoluta de que poniendo término antes al régimen del azúcar resultará necesariamente en precios inmediatos del azúcar más baratos para el consumidor. 
Además, la actual crisis con que se enfrentan nuestros agricultores de Gran Bretaña requiere como prioridad que esta reforma quede aplazada por el momento a fin de evitar un nuevo deterioro de las circunstancias económicas y para preservar la estabilidad de nuestras comunidades rurales. 
. (EN) Me opongo firmemente al informe del Sr. Daul sobre el mercado del azúcar, que tiende a prolongar el actual sistema, sin ningún cambio, hasta el año 2006. 
Me parece que la dosis de reforma del mercado azucarero que propone la Comisión es mucho más fácil de. 
La reforma del mercado azucarero es de importancia capital para abordar el exceso de producción y los altos precios del mercado de la UE. 
Además, es necesario cumplir las normas de la OMT. 
Es importante para los consumidores europeos y para los contribuyentes europeos. 
Quisiera que la cuota de producción disminuyera en 115.000 toneladas cada año, y quisiera abolir el reembolso de las cantidades correspondientes al almacenamiento. 
En el año 2003 habrá que aceptar cambios radicales cuando la Comisión estudie el sector de los cereales, las semillas oleaginosas y los productos lácteos. 
Necesitamos efectuar reducciones en el presupuesto agrícola, que necesita verdaderamente una reforma. 
Lo menos que se puede hacer es reparar y reformar radicalmente la política agrícola común. 
Estamos gastando demasiado dinero de los contribuyentes en relación con este presupuesto, y tenemos que prepararnos cuidadosamente para reestructurar y reformar nuestra política agrícola en la UE. 
No apoyaré este informe, que en vez de dejar un dulce recuerdo deja un sabor de boca más bien amargo. 
Informe Kirkhope (A5-0069/2001) 
Señor Presidente, como la mayor parte de ustedes, he votado en contra de este texto que trata de armonizar las sanciones comunitarias impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de la Unión a los inmigrantes ilegales. 
Creo que es mucho más importante- y como yo lo creen todos los pensionistas que me enviaron a este Parlamento Europeo- así como mucho más eficaz combatir la clandestinidad de los extranjeros que llegan a Europa reforzando los controles en las fronteras de la misma. Más que castigar y hacer pagar multas a aquellos que son pescados mientras les trasladan al territorio europeo, convendría emplear más medios y dinero en controlar mejor las fronteras de Europa. 
He dado mi apoyo al proyecto de directiva del Consejo orientado a armonizar las sanciones a los transportistas que introducen en el territorio de los Estados miembros a inmigrantes ilegales. 
Al contrario de lo que algunos oradores han pretendido en el transcurso del debate, no se trata de hacer que los transportistas cumplan la función de policía de fronteras, ya que es muy evidente que no tienen los medios para verificar la autenticidad de los documentos de residencia y de viaje de las personas transportadas. 
En realidad, el proyecto no prevé sanciones más que en el caso de inmigrantes ilegales totalmente desprovistos de cualquier documento, lo que evidentemente un transportista no debería ignorar. 
De acuerdo con su estrategia habitual, el Parlamento Europeo ha comenzado por votar unas enmiendas que destruyen completamente el equilibrio del proyecto. 
En particular, ha eximido a los transportistas de cualquier sanción cuando el viajero ilegal solicite el asilo inmediatamente después de su llegada al territorio del Estado de destino. 
Esta exención no es aceptable, ya que resulta notorio que la mayor parte de las solicitudes de asilo son infundadas, y no sirven más que para ganar tiempo. 
En rigor, se hubiera podido imaginar que las multas a los transportistas se devolvieran si el viajero obtiene efectivamente el asilo. 
Pero resulta difícil hacer más sin estimular una inflación de las solicitudes de asilo de conveniencia. 
Una vez desequilibrado así el texto, el Parlamento Europeo lo ha rechazado, manifestando su malhumor al ver a los Estados presentar tales textos "represivos", por medio del derecho de iniciativa que poseen aún provisionalmente en este ámbito. 
Al contrario, hemos considerado que el proyecto de directiva del Consejo merece continuar, ya que el Parlamento Europeo no tiene afortunadamente en esta materia más que una función consultiva. 
Ante una iniciativa de la Presidencia francesa, se presentó al Parlamento Europeo en septiembre de 2000 un primer texto. 
Este planteamiento pretendía tomar en consideración los trágicos acontecimientos en los cuáles se ven implicados transportistas poco escrupulosos y dispuestos a explotar la angustia y la miseria humana. 
Me felicito por ello. 
Creo que ya es momento de enfrentarse al problema para evitar que se repita el drama de Douvres o el de Saint Raphaël. 
El objetivo de esta directiva es completar el artículo 26 del Convenio de Schengen y definir las condiciones de su aplicación. 
Esta iniciativa francesa define las obligaciones de los transportistas que introducen en el interior de la Unión extranjeros cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. 
Propone armonizar las sanciones penales, hasta el momento muy variables de un Estado a otro, para los transportistas que no hayan hecho frente a su obligación de control. 
Debo confesar que me ha decepcionado el texto de la Presidencia sueca y que representa un retraso con respecto al texto inicial de la iniciativa francesa. 
Se limita a una mejora muy parcial de la situación en el contexto mismo del artículo 26 del Convenio de Schengen, mientras que el Protocolo que integra el acervo Schengen en el marco de la Unión Europea permitía proceder a un avance más sustancial. 
Esta falta de ambición es real en términos de campo de aplicación del texto, que no se aplica al tráfico ferroviario internacional, de definición de las obligaciones y de sanciones pecuniarias (una multa disuasoria de un importe mínimo de 2.000 euros por persona). 
Las excepciones a las sanciones no son, además, aceptables. 
Así, está previsto que la sanción contra el transportista no es aplicable, desde el momento en el que el nacional de un país tercero solicita el asilo inmediatamente después de su llegada al territorio del Estado de destino, y ello aunque la solicitud se vea rechazada con posterioridad. 
No le corresponde sin embargo al transportista examinar la elegibilidad del demandante de asilo sino al Estado. 
En el mismo orden de ideas, el transportista está exento de sanciones cuando se haya concedido a la persona transportada el estatuto de refugiado o una autorización de residencia en forma de protección subsidiaria. 
Si bien estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa y el planteamiento de la Presidencia francesa, considero que algunas modificaciones aportadas al texto propuesto eran inaceptables. 
Por ello las he rechazado. 
. (EN) Mis colegas y yo, miembros del Partido Laborista Británico del PSE, hemos votado a favor de algunos aspectos del informe Kirkhope. 
Con ello hemos reconocido que las propuestas distaban mucho de ser perfectas pero que, por lo menos, procuraban mejorar una parte, aunque no sea más que una parte, de lo insatisfactoria que es la actual situación. 
La Unión Europea y los países a título individual tienen que hacer más para conseguir enfrentarse con los problemas y las circunstancias en los países de origen que hacen que la gente procure encontrar refugio en la Unión Europea. 
En esta esfera no se puede mejorar la situación de un día para otro, y mientras tanto los intereses de las personas desesperadas, que como es lógico huyen de los conflictos, las persecuciones o cualquier otra situación de privación, no saldrán ganando si se les coloca en manos de delincuentes sin escrúpulos, los que quieren ganarse la vida mediante la trata de seres humanos. 
Es responsabilidad de todos y de cada uno conseguir que los traficantes no aprovechen la situación. 
Algunos de mis colegas y yo mismo hemos estado en Calais y hemos visto lo que sucede. 
He podido presenciar directamente la actitud sumamente desenvuelta de muchos de los conductores de camiones y de sus empresas. 
Esos transportistas tienen que hacer más: tienen que comprobar debidamente todos los vehículos y todos los modos de transporte para evitar que vuelva a suceder otra tragedia como la de Dover. 
También hay una razón válida para esforzarse por armonizar las multas en los diversos Estados a fin de conseguir que haya un frente común contra esos tratantes. 
Eso significa, a su vez, que todos los Estados miembros, como Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otros, tienen que velar por que haya en vigor sistemas adecuados y por que se cumplan las leyes. 
Al apoyar algunas partes del informe Kirkhope nos hemos percatado de lo compleja que es la cuestión y seguiremos esforzándonos en favor de un sistema común pleno y amplio de asilo para la Unión Europea, un sistema que sea humanitario y que defienda los intereses de los más vulnerables que acuden a él. 
. (DE) En relación con la armonización de las multas y penas pecuniarias para las empresas de transporte que traen a territorio de los Estados miembros a ciudadanos de terceros países sin que tengan los documentos necesarios para la entrada, quiero constatar en nombre del Grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo que estamos a favor de unas medidas eficaces en contra de la entrada ilegal pero que dichas medidas deben aplicarse en el marco y respetando los sistemas sancionadores nacionales existentes. 
En consecuencia, hemos votado en contra de las multas mínimas previstas sin cuestionar por ello el objetivo básico de una lucha eficaz contras la inmigración ilegal. 
. 
(SV) Hemos votado en contra del informe Kirkhope sobre la responsabilidad de los transportistas que trasladan a la Unión a personas desprovistas de documentación e instamos a Francia a retirar su iniciativa de multar a los transportistas que trasladan a pasajeros sin los documentos de identificación necesarios. 
La iniciativa del Consejo es una más de la serie de propuestas fragmentarias cuyo único objeto es impedir la entrada de personas a la Unión Europea. 
Nos es imposible pensar que los Estados miembros deleguen su responsabilidad de controlar los pasaportes en las fronteras en empresas privadas de transportes. 
No es razonable que el personal encargado de la facturación de billetes en puertos y aeropuertos, azafatas y conductores, tengan derecho a decidir quiénes podrán ingresar a la Unión Europea. 
Ésta sería justamente la consecuencia si se aplicasen las normas de la Convención de Schengen y las propuestas de multas del Sr. Kirkhope. 
De acuerdo con la Convención de Ginebra, el derecho de asilo debe ser la piedra angular de la colaboración de Schengen y de la política de refugiados y de inmigración de la Unión. 
Las sanciones que propone el Consejo constituyen una amenaza considerable al derecho de asilo. 
Las numerosas personas que actualmente logran huir de las guerras y de la opresión y alcanzan las fronteras externas de la UE, jamás lo habrían logrado si se hubiesen impuesto multas, nuevas o más altas, a los transportistas. 
La libre circulación en el ámbito de la Unión no debe conseguirse a costa de levantar muros contra los demás países. 
La tradición europea de ofrecer una política de refugiados generosa, en la que el derecho de asilo esté asegurado, debe caracterizar la colaboración futura en el marco de Schengen y la política común de inmigración y refugio. 
Es cierto que Europa no puede dar cobijo a toda la humanidad y que por traer aquí a todos no resolvemos los problemas del mundo. 
No obstante, también es una ilusión que podamos mantener cerrada la fortaleza europea para la gente que debe o quiere escapar del mundo exterior. 
Resulta que esas personas emplean muchísimo dinero y afrontan muchísimos riesgos para entrar en Europa. Sólo lograremos que eso cambie si contribuimos a que mejoren las cosas fuera de Europa, por ejemplo, no sacando materias primas y productos semifacturados a un bajo precio y no haciendo negocios con regímenes represivos. 
La imposición de sanciones mínimas socava la autonomía de los Estados miembros en el ámbito del derecho penal, y el aumento propuesto de 3000 a 5000 euros tan sólo agrava esto. 
La propuesta Kirkhope conduce únicamente a más inmigración ilegal y a más ganancias para la mafia. 
Ésta es la consecuencia cuando se sanciona a los ayudantes con ideales y se cortan las posibilidades legales de acceso. 
Como ya dije el 15 de febrero con motivo del informe Ceyhun sobre la entrada ilegal, es absurdo sancionar la solidaridad de los grupos de acción y de las iglesias hacia los refugiados políticos y las víctimas de guerra. 
. 
(SV) Los socialdemócratas suecos comprendemos los problemas que ha suscitado la propuesta, pero, aún así, optamos por que se devuelva al Consejo y a la Comisión e instamos a esas instituciones a desarrollar una propuesta que contenga una visión de conjunto en relación con la política de asilo comunitaria. 
La propuesta que discutimos es problemática, puesto que se corre el riesgo de entregar la decisión de concesión de asilo a los transportistas, sin que éstos posean la competencia ni los conocimientos necesarios para hacerlo. 
La consecuencia puede ser que el derecho a solicitar asilo pierda su contenido, tomando en cuenta, especialmente, las dificultades de los refugiados para conseguir pasaportes y visados. 
. (EN) Felicito a la última Presidencia francesa por sus planes acerca de la imposición de penas graves en toda la UE para los transportistas que llevan ilegalmente a nacionales de terceros países a los Estados miembros. 
La inmigración ilegal y la trata de seres humanos constituyen una cuestión fundamental para la Unión Europea, y tenemos que trabajar juntos para poder aceptar el desafío. 
Mientras que, evidentemente, hay razones de peso para que los solicitantes de asilo sinceros hagan la demanda a través de las vías usuales, la entrada de inmigrantes ilegales que entran de contrabando en los puertos británicos, a menudo con la ayuda de bandas que se dedican a la trata de seres humanos, es alarmante. 
Tenemos que enviar un firme mensaje a los tratantes diciéndoles que, operen donde operen en Europa, las penas que les esperan serán duras. 
La respuesta a la propuesta Reino Unido-Italia en favor de equipos de la UE de agentes de policía y de inmigración para que trabajen en los Balcanes Occidentales ha sido, por lo tanto, estimuladora. 
Los chóferes de camiones tienen que formar parte de esta operación y llevar a cabo cuidadosas verificaciones de sus vehículos para asegurarse de que no llevan a nadie en ellos. 
Ahora bien, lo más indignante son las atroces condiciones en que esos inmigrantes realizan su viaje en camiones y camionetas. 
No hace falta decir que las víctimas están dispuestas a correr riesgos graves para entrar en los países de la Unión Europea. 
Por eso deberíamos ocuparnos también de averiguar las causas profundas de los desplazamientos, para ver si se trata de casos de persecución en sus países de origen, si se trata de casos de pobreza o si hay otros motivos. 
Todos nosotros tenemos la gran suerte de vivir en países prósperos y democráticos, y yo soy uno de los que esperan que podamos abrir nuestras puertas a los que no viven en circunstancias tan afortunadas como nosotros. 
Se trata de medidas de mero sentido común que ayudarán a evitar que se introduzca a la gente de contrabando en países de toda Europa. 
El Gobierno laborista británico está adoptando medidas para acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo y está procurando que el sistema sea más equitativo y más rápido, para así animar a la gente a que recurra a las solicitudes oficiales en vez de arriesgar la vida en camiones, barcos y trenes. 
Informe Wiebenga (A5-007/2001) 
Señor Presidente, esta mañana he hablado por teléfono con el Sr. Fitto, italiano como yo y diputado que fue de este Parlamento Europeo que nos dejó para convertirse en presidente de la Región de Apulia, en Italia. 
Naturalmente está muy interesado en todo lo que afecta a las personas desplazadas que llegan a su región, Apulia, que está frente a Albania, desde donde han afluido masivamente. 
Me ha reñido por teléfono diciendo: " ¿Acaso es éste el momento de intervenir en favor de los Estados y de las regiones que acogen a las personas desplazadas? 
¿No podíais haber pensado en esto hace uno o dos años, cuando se produjo? 
Llegáis con retraso, con mucho retraso. " 
Creo que tiene razón para reñirme a mí en lugar del Parlamento Europeo, porque efectivamente yo quisiera- y lo pido en esta ocasión- que el Parlamento Europeo tuviera poderes para intervenir en estas situaciones rápidamente y no dos años después. 
He votado en contra de la propuesta de la Comisión relativa a la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas que huyen de los conflictos de diversa naturaleza en países terceros. 
En efecto, cuando ya manifesté en el debate objeciones importantes, las enmiendas del Parlamento Europeo han venido a agravarlas, al igual por otra parte que las explicaciones que ha dado la Comisión. 
En especial, la propuesta de directiva parecía admitir que un país miembro no podría verse obligado por los demás en contra de su voluntad a admitir una cuota de refugiados. 
Ahora bien, el Comisario Vitorino acaba de hacernos una presentación muy diferente. 
Según él, el artículo 25 prevé la posibilidad para los Estados miembros de declararse incapaces de acoger a estas personas, pero esta declaración ha de estar justificada, y la justificación debe ser verdaderamente excepcional. 
Por otra parte, ha recordado que la decisión de apertura del régimen de la protección temporal había sido adoptada por mayoría cualificada, sobreentendiendo así que no podía existir derecho de veto de aquellos de los Estados miembros que se declararan incapaces de acoger refugiados. 
El Parlamento Europeo ha apostado más, suprimiendo directamente, en sus enmiendas, la posibilidad para un Estado miembro de sustraerse a un reparto físico de estos refugiados decidido por mayoría. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha estimulado las propuestas de la Comisión que tratan de organizar la situación de los refugiados temporales como si debieran quedar definitivamente en los países de acogida, aceptando sobre todo el derecho a la reagrupación familiar. 
Pensamos que cada Estado miembro debe seguir siendo dueño de su territorio, que no se le puede imponer la presencia de extranjeros no deseados, y que los casos de protección temporal, si bien son a veces necesarios, deben ser pensados principalmente en la óptica del retorno. 
En un mundo en el que las fronteras están abriéndose, la ola de refugiados no está dispuesta a secarse. 
Aquellos que se alegran de los progresos de la globalización pero que desean añadir un apartado social a su componente económico no deben olvidar que la circulación de mercancías implica también la de las personas. 
La llegada a las costas francesas el pasado 19 de enero de un grupo de 910 refugiados kurdos ilustra bien la importancia creciente que tienen los grupos criminales organizados en la inmigración clandestina. 
Pero sobre todo, esta llegada masiva de refugiados plantea sin rodeos la cuestión del derecho a la búsqueda de asilo en suelo europeo actualmente. 
Pone a la luz la existencia, en el interior de nuestras fronteras, de un verdadero tráfico humano que, según algunos expertos, rivalizaría en la actualidad con el de la droga, un tráfico que no se puede desanimar más que instaurando verdaderas vías de acceso legales para la inmigración. 
La organización de canales legales de inmigración en Europa contribuiría a reducir sensiblemente la presión que sufre el derecho de asilo por el hecho de que es el único que existe realmente, con el reagrupamiento familiar para las personas perseguidas en su país de origen, ya que el derecho a buscar asilo es, en efecto, en virtud del Convenio de Ginebra (1951) un derecho individual fundamental e inalienable que ha de ser reforzado y preservado de cualquier consideración política. 
Reforzado porque los refugiados no sufren solamente persecuciones por parte de los Estados; porque con mucha frecuencia el objetivo no son los individuos, sino familias enteras. 
Si bien las grandes líneas de la propuesta que se nos ha presentado en el día de hoy parecen ir en este sentido, las medidas propuestas sólo son muy parciales a la vista de los objetivos fijados por la aplicación de un verdadero sistema de asilo europeo común. 
Ya es hora de que Europa reflexione sobre la aplicación de un estatuto legal de protección temporal para esas personas que huyen de sus países por causa de la guerra u otras crisis; un estatuto que no les cierre el acceso a un procedimiento de asilo; un estatuto que no ignore el principio de no devolución, consagrado por el Convenio de Ginebra, según el cual los refugiados no pueden ser devueltos al lugar de donde proceden. 
Ya es hora de que la Unión Europea inicie sin más espera una verdadera reestructuración del derecho de asilo, ya que la urgencia y la gravedad de las situaciones en las cuáles se ven estas personas desplazadas no esperan debates sobre plazos institucionales. 
. 
(SV) Consideramos que es provechoso contar con una política común para proteger temporalmente a las personas perseguidas, especialmente para asegurarse de que todos los Estados miembros acojan a las personas que se ven obligadas a huir de regiones azotadas por las guerras. 
Sin embargo, es importante que esta protección temporal, que se extiende por un máximo de dos años, no signifique que se amenace el derecho a solicitar asilo. 
Según la Convención de Ginebra, siempre hay que velar por el derecho de asilo y, consecuentemente, por el permiso de residencia permanente. 
La protección temporal en los Estados miembros de la Unión no debe ser un impedimento para solicitar asilo a la llegada a un Estado miembro o durante el tiempo que dure esa protección. 
Informe Deprez (A5-0066/2001) 
Señor Presidente, yo también he votado en contra de la iniciativa de la República de Finlandia y de la República Portuguesa de regular con una directiva las solicitudes de visado y los controles en las fronteras, porque no compete a estos Estados presentar de esta manera estos textos. 
Sin embargo, señor Presidente, lo he hecho muy a mi pesar porque la cuestión que han planteado estos Estados es correcta y justa y yo me pregunto a qué estamos esperando para regular con una directiva, inmediatamente ejecutiva en todo el territorio europeo, las modalidades con arreglo a las cuales deben efectuarse los controles en las fronteras de Europa. 
También en este texto se recalca la importancia de un reglamento europeo, pues Europa es una en sus fronteras. 
Informe Frahm (A5-0075/2001) 
Señor Presidente, el informe Frahm- lo digo para los que me están escuchando en este momento y no han participado en la votación- se refiere a la obligación de visado para aquellos que, aun sin ser nacionales de nuestros Estados miembros, llegan a Europa y circulan por nuestro territorio. 
También en este caso he votado en contra de la iniciativa de la República Portuguesa porque realmente no había motivo para acogerla. 
Sin embargo, me pregunto: "¿ Por qué entonces la comisión competente no ha modificado esta propuesta de modo que pudiese ser aceptada por nuestro Parlamento ?" 
En efecto, es importante regular bien y de manera uniforme la circulación por el territorio europeo de los extranjeros que entran en Europa con visados provisionales. 
Informe Nassauer (A5-0065/2001) 
Señor Presidente, por tercera vez he votado en contra de la solicitud de un Estado miembro de la Unión Europea de intervenir con una directiva: en este caso se trata del reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países. 
Debo decir que la República Francesa ha hecho bien en presentar esta iniciativa, aunque haya sido rechazada. 
Digo esto porque es evidente, señor Presidente- y usted estará de acuerdo conmigo- que es indispensable tener unas normas uniformes en los quince Estados en lo que respecta a quién debe ser expulsado y a quién, por el contrario, debe ser aceptado en el territorio de la Unión Europea. 
Una vez más, por lo tanto, aprovecho la ocasión de esta directiva para insistir en que se intervenga con un reglamento europeo por el que se establezcan las modalidades, las condiciones y las normas para expulsar a las personas no gratas que entran en Europa. 
La iniciativa que se ha presentado aquí plantea permitir la ejecución de la medida administrativa y nacional de expulsión adoptada contra un extranjero, y ello aunque entretanto se encuentre en otro Estado miembro. 
El objetivo claramente declarado de esta propuesta es el de facilitar la ejecución de las medidas de alejamiento de los nacionales de países terceros. 
Para hacerlo, la propuesta introduce un mecanismo de reconocimiento mutuo de estas decisiones. 
Así, una declaración de alejamiento adoptada en un Estado miembro puede ejecutarse en otros. 
A primera vista puede parecer loable pretender regular y controlar la circulación de extranjeros afectados por medidas de expulsión en nuestros Estados miembros. 
Se iría así, tal como preconizan las conclusiones del Consejo europeo de Tampere (octubre de 1999) hacia una mejor gestión de los flujos migratorios. 
Pero la lectura completa de la iniciativa revela rápidamente toda su ambigüedad, su aproximación y sus debilidades jurídicas. 
Cuando ya es momento para los Estados de la Unión Europea de dotarse de una verdadera política de inmigración, ¿qué se puede pensar de un texto que no solamente no regula en nada las cuestiones relativas al alejamiento, sino que parece despreciar la realidad humana? 
Pretender tratar el problema de la inmigración es también atreverse a mirar a esos ciudadanos no comunitarios amenazados o afectados por una expulsión que, una vez dentro del espacio bien guardado de Schengen, se encuentran frente a las administraciones recalcitrantes. 
Si la Unión Europea desea ser y continuar siendo un espacio de libertad, de justicia y de seguridad, necesita adoptar instrumentos jurídicos que por encima de su eficacia tengan en cuenta el factor humano. 
Y no unas medidas que, al igual que esta iniciativa, sólo plantean en el fondo una política de seguridad en la que el extranjero, al que se considera un peligro, no puede disfrutar ya de sus derechos y libertades y donde la palabra justicia ya no quiere decir nada. 
Además, la base jurídica en la que se fundamenta la propuesta, es decir, el párrafo 3º del artículo 63 del TCE parece difícilmente admisible. 
No se contemplan más que las medidas adoptadas en el ámbito de la inmigración en circunstancias precisas, y en especial las condiciones en las cuáles un nacional procedente de un país tercero puede ser devuelto o expulsado, contra su voluntad, a su país de origen. 
Ahora bien, el proyecto de directiva no trata estas cuestiones. 
Se conforma solamente con el aspecto de reconocimiento mutuo de las decisiones ya adoptadas. 
La propuesta no desea por tanto fijar normas comunitarias en materia de alejamiento. 
Por tanto, sería peligroso adoptar una iniciativa que depende de un tema tan sensible como la inmigración. 
Cualquier norma que se adopte en esta materia deberá serlo en el respeto por los valores humanitarios y universalistas que gobiernan el edificio europeo. 
En caso contrario, nuestras políticas comunitarias ya no tendrían sentido. 
Informe Hatzidakis (A5-0040/2001) 
Señor Presidente, un guardia de tráfico para un camión articulado en Alemania. 
A dicho camión articulado se le ha dado el alto porque iba a demasiada velocidad. 
El guardia controla la carga: se trata de material radiactivo, con todos los permisos en regla. 
El guardia que se encuentra en el centro de Düsseldorf, una ciudad alemana muy poblada, cuando se da cuenta del peligro que comportan las mercancías radiactivas transportadas, le pregunta al chófer: " ¿Por qué ha pasado usted precisamente por Düsseldorf, donde hay tanta gente? 
¿Acaso no podía usted haber dado una vuelta más larga, por donde no pasa nadie? 
¡Esta mercancía es muy peligrosa! " 
"Señor guardia ," le contesta el chófer, " usted no sabe que hoy mismo el Parlamento europeo acaba de aprobar el informe del Sr. Hatzidakis- que es un grandísimo, un importantísimo y un excelente diputado- que en el apartado 2 de la página pagina 8 pide que los Estados miembros apliquen al transporte de material nuclear el principio de la distancia más corta. 
Entonces, yo he seguido el camino más corto para transportar el material radiactivo. " 
Esto me obliga a decir que hay algo que se tendría que modificar: es mejor el camino más largo si es menos peligroso que el camino más corto si es más peligroso. 
(EN) Recientemente ha habido un incidente sumamente alarmante en el que un tren que transportaba bombonas de combustibles nucleares radiactivos, propiedad de BNFL, descarriló en la estación de Torness, cerca de Dunbar, East Lothian (Reino Unido). Ese incidente demuestra el riesgo constante que plantea el transporte de materiales nucleares. 
La radiactividad representa graves peligros para la salud y para el medio ambiente. 
Las radiaciones ionizantes transfieren energía a niveles que pueden inducir cambios en cualquier materia que penetren, e incluso pueden causar daños irreversibles a las células humanas. 
El peligro depende de la duración de la exposición y de la intensidad y el tipo de la radiación. 
Con una dosis de 10.000 mSv (milisieverts) o superior, la muerte tiene lugar casi instantáneamente (dosis de esa importancia sólo se han registrado en explosiones de armas nucleares o en graves accidentes en centrales nucleares). 
Las radiaciones pueden tener también efectos retardados, como se comprobó en particular después del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, en forma de cánceres o de daños hereditarios. 
Las personas expuestas a niveles de radiación de 200 mSv o más quedan sometidas a un incremento del riesgo de cáncer. 
Esto significa que la inhalación de unos cuantos microgramos de plutonio puede originar cáncer de los pulmones o de la lengua. 
De forma análoga, la dispersión de 1.200 g de plutonio en polvo infligiría dosis letales de radiación por inhalación dentro de un radio de más de dos kilómetros. 
El riesgo de proliferación nuclear es mayor durante el transporte que en cualquier otra fase del ciclo del combustible. 
Los convoyes corren peligro de ser víctimas de un ataque terrorista encaminado a robar los bultos que contienen sustancias muy radiactivas. 
Basta con unos cuantos kilos de plutonio separado para poder fabricar un dispositivo explosivo nuclear tosco. 
Como sabemos, cualquier debate que toca de cerca o de lejos el tema de la energía nuclear tiende a convertirse en muy emotivo y a transformarse en un debate de principios. 
Ése no era el objetivo de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
El debate sobre las ventajas y los inconvenientes de la energía nuclear tiene lugar en primer término en cada uno de los Estados miembros, en los que sigue su propio curso. 
Se trataba en este informe de concentrarse en la cuestión del transporte propiamente dicho, con sus diferentes aspectos: racionalización, observancia de los dispositivos legislativos en materia de transportes, información sobre los transportes de materiales radiactivos, etc. 
Las materias radiactivas se transportan con regularidad y a través de largas distancias en el interior de la Unión Europea, pero también proceden de la Unión Europea hacia otros continentes o tienen a ésta como punto de destino. 
E incluso si varios Estados miembros de la propia Unión han decidido detener el reprocesamiento o "abandonar la energía nuclear" de forma progresiva, deben producirse aún transportes en dirección a países que han firmado contratos de reprocesamiento con el fin de repatriar sus residuos actualmente almacenados en centros de reprocesamiento. 
El incremento de los transportes de forma general, y el incremento del tráfico por carretera, del tráfico ferroviario, fluvial y aéreo, aumenta sin embargo la probabilidad de accidentes y las exigencias de seguridad para los transportes de materiales radiactivos. 
La seguridad debe tener prioridad absoluta sobre la rentabilidad y el abastecimiento, por ello la industria nuclear debe someterse de forma estricta a las reglamentaciones internacionales en materia de transporte. 
Tomadas en consideración estas observaciones, doy mi apoyo a las peticiones de la comisión parlamentaria a la Comisión orientadas a realizar un análisis de los transportes de materiales radiactivos en el interior y en las fronteras de la Unión Europea y a evaluar su justificación económica y social (principalmente en materia de salud pública) , con el fin de proponer medios para racionalizar estos transportes, y disminuirlos en cantidad y en volumen, en función de los riesgos identificados, en el respeto por el principio de prevención, si se demuestra que los riesgos son superiores a las ventajas. 
Es necesario por otra parte que los Estados miembros implicados pongan en práctica el principio del trayecto más corto en todos los transportes de materiales nucleares y eviten en la medida de lo posible atravesar regiones de gran densidad de población. 
Terminaré señalando la importancia de la transparencia en este ámbito. 
Es necesario difundir de forma permanente y amplia una información completa acerca del los riesgos que se corren. 
. (EN) Me opongo a la reelaboración nuclear y estimo que deberían ser cerradas todas las plantas de reelaboración del Reino Unido y de otros países. 
He votado a favor de este informe aunque tengo reservas acerca de algunos de sus aspectos. 
En particular, estimo que la seguridad tiene que prevalecer sobre todas las demás consideraciones. 
No se deberían transportar nunca desechos nucleares a través de zonas densamente pobladas. 
El "principio del itinerario más corto" debe ser menos importante que el "principio del itinerario más seguro". 
Los irlandeses, como todos los europeos, viven con la constante inquietud de que un accidente en el Reino Unido o en Francia o una colisión en el Mar de Irlanda puedan tener efectos devastadores e inmediatos para todos nosotros. 
. (DE) No es ningún procedimiento excepcional que un informe se modifique de tal modo mediante enmiendas que el ponente no reconozca su intención original y dimita en su función. 
Pedro en el presente caso, lo que no se puede entender es el modo de proceder. 
Si, en el sentido literal de la palabra, de la noche a la mañana Grupos políticos se apartan de las propuestas de compromiso negociadas y de repente redactan lo contrario a sus declaraciones originarias, hay que dudar en la seriedad de este procedimiento. 
Naturalmente, mi Grupo político es consciente de que un informe sobre el transporte de sustancias radiactivas no es un informe general sobre la energía nuclear, pero la mayor seguridad que existiría sería si no tuviesen que transportarse. 
Por ello, en este contexto hay que incluir en el debate la cuestión de la minimización de la producción o del reprocesamiento de las barras combustibles nucleares. 
Que sólo el 5%, es decir, unas 75.000 unidades enviadas pertenecen al circuito de materiales combustibles nucleares, dice algo sólo sobre la cantidad pero no sobre la calidad del potencial de los peligros. 
No podemos entender el rechazo de la propuesta de adoptar una iniciativa de ley con normas unitarias para el transporte de materiales radiactivos dentro de la UE y en sus fronteras respetando el principio de subsidiariedad. 
Tampoco es comprensible porqué no puede ser aceptable un mayor control del cumplimiento de las normas jurídicas para el transporte de sustancias peligrosas. 
Asimismo, somos de la opinión de que se dedica demasiada poca atención a la cuestión de los umbrales de exposición. 
El Grupo GUE/NGL rechaza el informe en la presente forma. 
Recuerdo los años 50, cuando casi todos pensábamos que la fisión nuclear generaría en el futuro una cantidad ilimitada de energía limpia y segura. 
Después, algunos países construyeron numerosas centrales nucleares y han hecho el suministro de electricidad dependiente en un alto porcentaje de la fisión nuclear. 
Desde los año 60 surgen cada vez más críticas al resultar que las centrales nucleares pueden estallar y que los residuos nucleares continuarán amenazando el medio ambiente durante muchísimo tiempo. 
Las catástrofes de Harrisburg y Chernóbil han frenado una mayor expansión de la energía nuclear y algunos países ya la han abandonado completamente o se preparan para hacerlo. 
No obstante, también después de que esto suceda tendremos que enfrentarnos durante miles de años al peligro de los residuos radiactivos. 
Dados los riesgos del transporte de estos residuos, creo que ahora lo mejor es que los enterremos en las centrales nucleares que se van a cerrar y que ya no se transporten a otro lugar. 
Se han seguido, con razón, muchas acciones para poner fin a este transporte. 
El ponente muestra alguna comprensión hacia las mismas y quiere limitar los peligros, pero continúa permitiendo semejante transporte y justificándolo. 
No estoy de acuerdo con esta elección. 
Informe Schwaiger (A5-0076/2001) 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo debía pronunciarse sobre este tema, sobre todo a causa del ambiente de confusión que reina en vísperas de la apertura de una próxima sesión de la OMC. 
El Parlamento Europeo lanza un mensaje claro, portador de una visión coherente para el futuro de la OMC. 
Por consiguiente, he votado a favor del informe del Sr. Schwaiger que se pronuncia a favor de una transparencia creciente de la OMC y de la dirección de sus reuniones. 
Estoy satisfecha del mandato claro y preciso que se ha dado a la Comisión en materia de recursos, en el principio de precaución en el seno de la OMC en materia agrícola. 
Lamento sin embargo que el Parlamento Europeo no se haya pronunciado a favor de la consideración por parte de la OMC del concepto de multifuncionalidad de la agricultura, que no debería ser abandonado en beneficio de una agricultura intensiva y de masas que los consumidores europeos no desean por otra parte y sobre todo en este momento de forma clara. 
Señor Presidente, esta explicación de voto llega en el momento justo, a la hora del almuerzo. 
He votado a favor. 
¿Por qué? Porque me gusta el gorgonzola, señor Presidente: el queso gorgonzola y el queso taleggio de los valles de Bérgamo. 
Usted dirá: "¿ Pero esto qué tiene que ver con el informe Schwaiger ?" 
Sí que tiene que ver, señor Presidente, sí que tiene que ver: en la página 9, apartado 31 del informe que hemos aprobado se dice que se espera "extender la protección de la denominación geográfica concedida a los vinos y a las bebidas alcohólicas también a otros productos" procedentes de nuestro territorio. 
Ya que a mi me gusta el gorgonzola, me gustaría que se protegiese también el gorgonzola y, en consecuencia, he votado a favor del informe Schwaiger. 
¡Buen provecho! 
Las conversaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio en Seattle se han sellado con reacciones populares de gran alcance que han mostrado que no se aceptan los propios principios de la OMC. 
Las movilizaciones en las que participaban manifestantes de todo el mundo han sido un factor definitivo para el fracaso de las conversaciones. 
Paralelamente, las posturas contrarias y las competencias en el marco del sistema imperialista mundial causan dificultades y retrasos que el movimiento popular puede explotar. 
La OMC que fue creada para acelerar la liberación total del mercado, es uno de los apoyos más importantes del nuevo orden mundial. 
No es sólo que acompañe a la mundialización, sino que intenta darle forma y validez de ley. 
Por consiguiente, no creemos que en la nueva ronda de conversaciones, los gobiernos de la Unión Europea defiendan los intereses de sus pueblos. 
Por el contrario, van a intentar reivindicar un porcentaje mayor para los monopolios europeos, en competencia con los otros centros imperialistas de poder de los Estados Unidos y de Japón. 
El "modelo agrícola europeo" tan debatido, que el informe Schwaiger defiende es la consecuencia de una conciliación a costa de los pequeños y medianos agricultores europeos y de los productos agrícolas mediterráneos. 
Una consecuencia inmediata es la reducción de la renta agrícola, así como la de la población agrícola y el aumento del paro. 
Sacrifican la producción agrícola de Grecia y de otros países para proteger los productos industriales de los países de Europa central y del norte y para que tengan un lugar mejor en los mercados internacionales. 
Las normas que condicionan las relaciones económicas internacionales y el mercado deben estar al servicio de los intereses de los trabajadores, no dañar los derechos sociales fundamentales, deben fomentar el desarrollo de los países menos desarrollados, respetar el medio ambiente y respetar el derecho de todos los pueblos a ejercer ellos mismos su propio control y a decidir su futuro. 
Contrariamente a todo lo que el informe Schwaiger apoya, la OMC no se puede democratizar con la participación en él de portavoces elegidos de los países. 
La democratización presupone respeto y protección de los derechos de los trabajadores. 
La OMC no puede funcionar así por su propia naturaleza, puesto que es un edificio imperialista y está interesado en el mayor beneficio posible del capital y por las formas de movimientos de capital más flexibles y sin barreras, especialmente del capital comercial y del financiero. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe Schwaiger porque, en su mayor parte, está conforme con los proyectos del gran capital de una liberalización sin freno, con su ataque contra las conquistas de los trabajadores y de los derechos de los pueblos de todo el mundo. 
El movimiento en contra de la "mundialización" y de la OMC, a pesar de su diversidad y de su semejanza, constituye un nuevo contraataque a la dictadura del capital monopolístico y de sus intereses económicos. 
Manda un mensaje de resistencia y de contraataque a los millones de trabajadores, de parados, de pequeños y medianos agricultores, a todas las víctimas del orden capitalista mundial que quiere imponer la OMC. 
Cuando mencionamos un modelo agrícola europeo nos referimos a una política agrícola común. 
No obstante, esto no significa que aceptemos la actual política agrícola, que está dirigida por los productores, orientada hacia la producción masiva, y que se fundamenta en la concesión de cuantiosas subvenciones. 
Tampoco respaldamos los aranceles aduaneros que se cobran a los países del tercer mundo. 
Por el contrario, queremos una política agrícola común, pero vemos que es arriesgado que cada país fije sus propias subvenciones. 
La nueva política agrícola común debería fundamentarse en el desarrollo de las zonas rurales y en la producción ecológica y en pequeña escala. 
El sector agrícola tiene que hacer suyos y empaparse de los criterios del desarrollo sostenible a largo plazo, por ejemplo, en temas medioambientales y económicos. 
Finalmente, he votado en contra del informe Schwaiger a pesar de su calidad, ya que el debate que se produjo en el día de ayer, y especialmente las respuestas del Comisario Lamy a mis tres preguntas, me dejaron muy insatisfecho. 
A la primera pregunta (¿No es peligroso negociar por separado sobre la Agenda incorporada? ), el Comisario Lamy responde que las negociaciones que se están produciendo en Ginebra sobre la agricultura y los servicios no son verdaderas negociaciones sino simples preparativos de negociaciones. 
Esta distinción es válida quizá desde un punto de vista abstracto, pero en la práctica no me parece que se pueda sostener. 
A la segunda pregunta (¿No es necesario redefinir el mandato de negociación en función de la evolución de los acontecimientos y de la opinión pública? ), la respuesta de la Comisión es negativa: seguimos en el mandato que se definió en la época de la Agenda 2000. 
El Parlamento Europeo acaba por otra parte de reforzar esta posición rechazando de forma explícita dos enmiendas que pedían que se renegociara el acuerdo de Blair House. 
A la tercera pregunta (Antes de abrir nuevas negociaciones, ¿no sería necesario en primer lugar definir mejor el control de los negociadores? ), el Comisario Lamy ha mencionado sobre todo el acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Es un punto no despreciable, pero mi pregunta se refería esencialmente al control que debe ejercer el Consejo, que da a la Comisión sus objetivos de negociación, y los parlamentos nacionales, que son a mi juicio quienes deciden en última instancia. 
Ahora bien, en torno a estos aspectos sigue la confusión. 
Lamento enormemente que el protocolo que figuraba aún en el mes de noviembre en el anteproyecto de Niza no haya sido avalado, al menos en lo que respecta al control de la dirección de las negociaciones en la OMC. 
En éste se podía leer que la Presidencia y los Estados miembros pueden acompañar a la Comisión a las reuniones de la OMC, que la Comisión transmite sin dilación todos los documentos de los que dispone, que ésta debe dar curso obligatoriamente a los deseos de un Estado miembro de proceder a una consulta, que la posición común defendida por la Comisión la fija el Consejo, y que éste puede en cualquier momento remitir directrices de negociación a la Comisión. 
El respeto por estas normas me parece indispensable, de una o de otra forma, para un buen control de las negociaciones de la OMC. 
El libre comercio es algo más que el cruce de fronteras o poner fin a un proteccionismo anticuado. 
Significa ante todo que el precio de un producto cobra más importancia que todas las otras restantes consideraciones. 
Quien puede producir más barato se hace con el mercado y echa fuera de él a los productores más caros. 
Uno puede traerse materias primas baratas o productos finales baratos de cualquier parte debido a unos costes de transporte cada vez más bajos. La competencia se verá obligada a elegir entre producir más barato o hundirse. 
Los defensores de este mecanismo alegan que esto convierte a los productores en ingeniosos y prácticos, y los consumidores se benefician. 
De ahí que deba existir una competencia ilimitada, deseada, a fin de cuentas, a escala mundial. 
Sin embargo, hay buenas razones para que existan más costes de producción y para proteger esta producción frente a competidores más baratos. 
Tales motivos son: la seguridad en el trabajo, un pago adecuado a los trabajadores, el rechazo del trabajo infantil, una buena distribución regional del empleo, la preocupación por el medio ambiente, una disminución del maltrato a los animales, combatir el tráfico innecesario y la producción de suministros que no suponen una ganancia dentro de la lógica del mercado, pero que sí son necesarios y deseables. 
Ésa es una tarea de una administración democráticamente elegida, pero los acuerdos de la OMC la subordinan a la obcecación del mercado. 
Aunque considero insuficiente la propuesta del ponente, no votaré en contra de algo que puede frenar esta evolución. 
(La sesión, interrumpida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Acuerdo final sobre la reforma del sistema de transferencias internacionales de futbolistas 
Señorías, les invito a tomar asiento. 
Aún no son ustedes muy numerosos, lo justo para constituir un equipo de fútbol, lo que me lleva a introducir el tema que nos interesa. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre el Acuerdo final sobre la reforma del sistema de transferencias internacionales de futbolistas. 
Señora Presidenta, recordará que el pasado 7 de septiembre intervine ante este Parlamento para informarle sobre la posición de la Comisión en relación a la reforma de las reglas de la FIFA que regulan las transferencias internacionales. 
En aquella ocasión anuncié la intención de la Comisión de iniciar un debate con la FIFA y con las demás partes interesadas, bajo la dirección de mi colega Mario Monti, y con la colaboración de Anna Diamantopoulou, con el fin de compatibilizar las normas de la FIFA con el derecho comunitario respetando, por una parte, la especificidad del deporte y, por otra, la autonomía de las organizaciones deportivas. 
Por otro lado, la declaración sobre las características específicas del deporte adoptada en Niza por el Consejo europeo el pasado mes de diciembre ha confirmado plenamente este planteamiento. 
Actualmente y tras debates intensivos entre los servicios de la Comisión, la FIFA y las demás partes interesadas, es para mí un placer poder anunciarles el resultado al que hemos llegado. 
Este resultado, señora Presidenta, señoras, señores, respeta los principios que acabo de mencionar y en los que todos estamos muy interesados. 
En todo este asunto, se ha acusado con mucha frecuencia a la Comisión de no comprender el deporte, peor aún, de querer desestabilizar el fútbol. 
Ahora bien, el resultado de los debates demuestra que se trataba claramente de acusaciones sin fundamento; creo que los debates nos han permitido precisamente demostrar una vez más que el derecho comunitario y la especificidad del deporte son perfectamente compatibles. 
Creo por tanto que no es necesario modificar el derecho comunitario. 
La Comisión ha demostrado en este asunto flexibilidad para integrar las características propias del deporte en los textos existentes. 
Los debates han permitido realizar progresos claros al menos en tres ámbitos clave. 
En primer lugar, y esto siempre había sido un deseo del Parlamento Europeo, proteger a los jóvenes jugadores sometidos a movilidad en la Unión Europea, garantizándoles una formación general y una formación deportiva adecuada. 
Estos principios figurarán en un código de conducta que las federaciones de fútbol deberán establecer, y concedo una importancia especial a este punto ya que, a mi juicio, es mucho más eficaz elaborar un marco adecuado para los jugadores que fijar limitaciones a su movilidad- limitaciones, por cierto, incompatibles con el principio de libre circulación. 
No debemos olvidar que en fútbol hay muchos llamados pero son pocos los elegidos, y no todos los jugadores llegarán a ser estrellas del balón. 
Por consiguiente, resulta esencial ocuparse de su formación deportiva y profesional. 
Con las nuevas disposiciones, la Comisión desea enviar una señal importante a todos esos jóvenes que invierten en el deporte: no todos llegarán a triunfar en el plano deportivo, pero todos serán tomados en consideración en el plano humano y también en el de su desarrollo individual. 
El segundo elemento consiste en estimular y compensar el esfuerzo que realizan los clubes, que se dedican a la formación de jóvenes dando de este modo una dimensión social a su actividad deportiva, dimensión social que por otra parte es la característica de la dimensión europea del deporte. 
Para hacerlo, la FIFA debe introducir reglas que incidan en: primeramente, la compensación de los gastos de formación hasta la edad de 23 años, sobre la base del coste real, tal como lo ha definido el Tribunal en la sentencia Bosman, y, en segundo lugar, la creación de un fondo de solidaridad que será alimentado por una deducción del 5% de cada pago de compensación de transferencia, quedando destinado este fondo a los clubes formadores que obtendrán así una parte del valor añadido del jugador. 
La aplicación en detalle de estos principios corresponde ahora a la FIFA, y la Comisión velará para que en el marco de sus competencias la transposición de estos principios a las normas de la FIFA se realice de forma efectiva, y estoy segura, señora Presidenta, de que la Comisión no estará sola, sino que estará en este trabajo de control que seguirán al mismo tiempo los ministros de Deporte y los diputados comprometidos a nivel nacional. 
Estamos pues convencidos de que es posible encontrar un equilibrio entre la movilidad del jugador y la necesaria compensación del club formador, en los límites de lo que ha establecido el Tribunal en la sentencia Bosman. 
El tercer punto es la introducción de elementos de estabilidad en las competiciones deportivas para garantizar la equidad y la regularidad. 
Éstos son los mecanismos. 
En primer lugar, que no se autorizará la rescisión unilateral del contrato más que al final de la temporada. 
De este modo, el aficionado tendrá la seguridad de ver jugar al mismo equipo durante toda la temporada. 
Es para ver jugar a ese equipo y no a otro, en ocasiones aligerado de sus mejores elementos, para lo que ha comprado su abono. 
En segundo lugar, se han previsto sanciones deportivas contra aquellos jugadores y clubes que rescindan los contratos sin ajustarse a la legalidad durante las dos primeras temporadas del contrato. 
Otros puntos importantes completan estos principios, como los periodos de transferencia limitados en el tiempo o la duración de los contratos, escalonada entre uno y cinco años. 
Señorías, en el transcurso de estos debates, nos hemos reunido con la FIFPRO que representa a los jugadores. 
Algunas de sus demandas se han visto satisfechas. 
Así, las normas FIFA ya no prohibirán a los jugadores acudir a la justicia, pero igualmente se creará un tribunal arbitral, compuesto de forma paritaria y que podrá decidir con carácter de urgencia resolver los conflictos relativos a las asignaciones de formación, a las transferencias y a las sanciones deportivas. 
Concedo una importancia especial a un arbitraje paritario independiente. 
La introducción de una instancia así, y a la que pueden acudir tanto jugadores como clubes, debería resolver situaciones de litigio de forma equitativa, rápida y eficaz. 
Debo recordar también que la Comisión señaló, a lo largo de este expediente, que los debates que ésta celebraba con la FIFA y las demás partes interesadas no prejuzgan en nada la compatibilidad de las normas revisadas de la FIFA con el derecho nacional aplicable, y principalmente con el derecho del trabajo. 
Corresponde a la FIFA garantizar que estas reglas se apliquen en el respeto por las legislaciones nacionales que evidentemente no pueden inaplicarse. 
La FIFA nos ha anunciado que los principios así acordados serán aplicados mediante una revisión de las reglas de la propia FIFA durante su congreso mundial de julio, en Buenos Aires. 
La Comisión ha alentado a la FIFA a buscar un diálogo estrecho con las demás partes interesadas con vistas a esta aplicación y más en particular, por supuesto, con los jugadores. 
Desde el punto de vista de la Comisión, el asunto de las transferencias ha demostrado con claridad que el diálogo a todos los niveles constituye una necesidad y que deberían explorarse todos los medios para organizarlo, incluidos los convenios colectivos a nivel europeo. 
Por otra parte, la Sra. Diamantopoulou se ha ofrecido para impulsar un diálogo permanente nivel europeo. 
Permítanme que concluya esta declaración recordándoles que la FIFA preparará, dos años después de la entrada en vigor de este nuevo acuerdo, un informe sobre la aplicación de este sistema. 
Dispondremos entonces de elementos cuantitativos y cualitativos que nos permitirán extraer las lecciones apropiadas. 
Entretanto, creo que debemos felicitarnos por el resultado de estos debates. 
Conseguirlo, señora Presidenta, no siempre ha sido fácil sin embargo. 
La presión ejercida por algunos Jefes de Estado y de Gobierno, fuerte pero inútil y sobre todo perjudicial, ha retrasado en más de una ocasión la conclusión del asunto. 
De cualquier modo, la Comisión se ha mantenido en su lugar y ha sabido al fin y al cabo demostrar que no es necesario modificar las normas del Tratado para respetar la especificidad del deporte, y ha mantenido por tanto la dirección en el respeto estricto de sus competencias. 
Este resultado permite a mi colega, Mario Monti, decidir no proponer a la Comisión que adopte una decisión negativa con respecto a las normas de transferencia de la FIFA. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, muchas gracias por estar hoy aquí. 
Todos nos hemos alegrado de que por fin exista un compromiso y siempre le he dado la razón en que está claro que la Comisión no desea destruir el fútbol. 
En mi país he sido objeto de muchas críticas por estar de su lado pero entretanto también el descortés Beckenbauer habrá reconocido que no se le va a destruir el fútbol. 
Por ello, me alegro sobre el compromiso pero le pregunto si, independientemente de aquellos que son los beneficiarios de este compromiso por los más diversos motivos- deportistas jóvenes, pequeños clubes, grandes clubes- no temen que este compromiso con el trato diferenciado que da a los deportistas hasta los 28 años y por encima de esta edad, que esta violación del principio de igualdad no pueda ocasionar que al final existan aún más "casos Bosmann", es decir, que los Tribunales ordinarios sean de una opinión diferente a la de este compromiso. 
¿No teme que esto pueda origina una avalancha de procesos? 
Sra. Pack, no podemos prohibir a un ciudadano que recurra al Tribunal de Justicia. 
Si un ciudadano, ya sea futbolista o no, ya forme parte de uno u otro club, decide solicitar el dictamen del Tribunal, es libre de hacerlo. 
Nosotros hemos insistido además para que esta libertad se especifique en el compromiso, porque el Tribunal Arbitral, que será específico para el mundo del fútbol, servirá por supuesto para solucionar los conflictos que se produzcan, pero nosotros preferiríamos que estos conflictos pudieran resolverse en el seno de la familia del fútbol, y no necesariamente en la calle. 
Sin embargo, la libertad del ciudadano exige que si alguien no encuentra solución en el seno de la familia del fútbol, pueda dirigirse a los Tribunales, ya sean nacionales o europeos. 
Señora Presidenta, la exposición de la Sra. Reding me ha tranquilizado bastante, porque parece que la Comisión ha hecho un esfuerzo por combinar esos tres principios, el principio del reconocimiento del Derecho comunitario, el principio de la autonomía de las organizaciones profesionales y el principio de la especificidad del deporte. 
Me ha tranquilizado también la última declaración en cuanto a que las vías de acceso a la jurisdicción nacional- o comunitaria, eventualmente- quedan abiertas. 
Simplemente querría que la Sra. Comisaria me precisara un poco si esa transferencia de facultades de aplicación de las normas a la FIFA y a otras organizaciones profesionales no podría acarrear una posible transferencia de facultades legislativas, por parte de las instituciones europeas, a organizaciones no gubernamentales como son la FIFA, la FIFPRO o la UEFA. 
Se ha añadido una declaración al Tratado de Amsterdam, que estipula que las federaciones deportivas tienen cierta autonomía. 
Y ha sido en el respeto pleno por esta declaración como ha actuado la Comisión. 
Basándose en los Tratados y tomando también en consideración los deseos de los Jefes de Estado y de Gobierno manifestados en Niza en la declaración sobre el deporte, ésta ha elaborado un marco con la FIFA, reconociendo que la forma como éstas van a ocuparse de solucionar los detalles constituye un elemento de la autonomía de las instancias deportivas. 
En ese sentido, el acuerdo propuesto por la FIFA no ha sido firmado por la Comisión, pero ésta, mediante una carta del Sr. Monti, responsable del expediente en cuanto al fondo, al Sr. Blatter, ha dicho que si los grandes principios incluidos en esta propuesta de la FIFA se ponen en práctica, la Comisión podría no manifestar una prohibición. 
Señora Presidenta, Comisaria, desde un punto de vista irlandés me satisface esta cláusula de compensación y el fondo de solidaridad porque los clubes de fútbol irlandeses son la cuna de muchos jóvenes futbolistas que juegan en la primera liga de Inglaterra y en otras ligas. 
Quisiera hacer a la Comisaria un par de preguntas sobre esta cuestión. 
Antes que nada, doy por supuesto que el fondo de solidaridad es un fondo general. 
¿Hay alguna posibilidad de que una parte de la prima de transferencia para menores de 23 años pueda ir directamente a poder del club de aficionados que cultivó sus aptitudes? 
Tampoco hay que olvidar las academias de fútbol de Inglaterra a las que van a parar desde una edad muy temprana los jóvenes futbolistas de Irlanda. 
¿Habrá algún tipo de indemnización para ellos? 
La escandalosa explotación de los jóvenes futbolistas africanos es un problema del que me gustaría que se ocuparan ustedes una vez más, porque no creo que quede resuelto con la prohibición de efectuar transferencias entre clubes. 
Los agentes encontrarán una forma de soslayar la dificultad. 
Reconozco que se trataba de un compromiso difícil pues había que abordar el problema- las consecuencias potencialmente desastrosas de la libertad de movimiento absoluta- y al mismo tiempo había que reconocer la necesidad de respetar la nueva ley. 
. 
(FR) Señora Presidenta, permítame dar las gracias al Sr. Cushnahan por su apoyo; sí, hemos conseguido ir más allá de la pura solución al problema de Derecho comunitario al garantizar la estabilidad, pero también la solidaridad y la protección de los jóvenes. 
Por lo que respecta al Fondo de solidaridad, existen dos sistemas de solidaridad para remunerar a los clubes fundadores. 
En primer lugar, cuando se produce un traspaso, el trabajo de formación es remunerado al club que ha formado al joven, y ello hasta la edad de 12 años. 
Ahora bien, estas compensaciones no pueden ser demasiado altas, y ello por dos razones. 
La primera es que debemos atenernos a la sentencia Bosman. 
En segundo lugar, si las compensaciones por formación fueran demasiado elevadas, los futbolistas jóvenes, exceptuando los mejores, tendrían dificultades para ser traspasados de un club a otro. 
Ahora bien, nosotros debemos proteger también a los futbolistas muy jóvenes y adolescentes. 
Por esa razón, las compensaciones por formación no deben ser demasiado altas. 
El segundo elemento es el Fondo de solidaridad. 
Este Fondo será alimentado con el 5 % de las compensaciones por traspaso. 
A este respecto, es el valor del jugador, y no el dinero invertido en la formación, lo que contará. 
Existirá, por tanto, este doble sistema de traspaso para los clubes formadores. 
Mi esperanza- y he negociado en este sentido- es el que dinero vuelva a los clubes de base, que son necesarios para dar una dimensión social al deporte europeo. 
En nuestros pueblos y ciudades pequeñas, los clubes de base desempeñan un papel social de primera línea, y debemos darles la posibilidad de seguir desarrollando esa tarea. 
En cuanto a los jóvenes africanos o, como usted han dicho, los jóvenes procedentes de terceros países, hemos preferido, para respetar también la libre circulación de nuestros menores, no impedir su libre circulación, pero imponer a los clubes formadores determinadas condiciones de trato hacia ellos. 
De hecho, el problema no es que los jóvenes viajen, sino el trato que reciben en el país de acogida. 
Con el Código de conducta se pretende que los clubes formadores se hagan cargo de esos jóvenes y los traten como tales, en otras palabras que no sólo les den una formación deportiva, sino también una formación para la vida, pues no todos los que hayan recibido una formación deportiva llegarán a ser estrellas del balón ni vivirán de ello necesariamente. 
Por supuesto, los jóvenes que sean acogidos en la Unión Europea se beneficiarán del mismo trato, aunque procedan de terceros países. 
No sólo no se hará ninguna diferencia entre los jóvenes europeos y los originarios de países candidatos a la adhesión en lo concerniente a este Código de conducta, sino que los jóvenes admitidos legalmente en la Unión tendrán la posibilidad de ser tratados como los demás. 
Estén seguros de que la Comisión velará atentamente por que se elabore y se aplique este Código de conducta, y estoy segura, Señorías, de que también ustedes, en su trabajo sobre el terreno, vigilarán el modo en que se aplica este Código de conducta. 
En cuanto a la libre circulación de los jóvenes procedentes de terceros países, la FIFA ha declarado que no es una cuestión de nuestra incumbencia, pues sólo tenemos poder de reglamentar dentro de la Unión Europea y que, fuera de la Unión Europea y países asociados, pretende prohibir pura y simplemente el traspaso de jóvenes menores de 18 años. 
Esta decisión corresponde únicamente a la FIFA, que debe aplicarla, en consecuencia, a los ciudadanos procedentes de terceros países. 
Gracias, señora Presidenta, y enhorabuena a la señora Comisaria Reding por el resultado del largo partido de fútbol. 
Parece que a todos nos satisface. 
Tengo una única duda que me gustaría pedirle a la Comisión que me resolviera. 
¿Implican las nuevas normas la misma situación jurídica para los jugadores menores de 23 años vigente antes de la sentencia Bosman en caso de que surgiera un conflicto entre los clubs por la cifra de indenmización? 
¿Se arriesgarán los jugadores, aunque haya expirado el contrato, a no poder cambiar de club? 
¿Cómo está la seguridad jurídica de los jugadores en esta situación? 
¿Corren el riesgo de quedar atados durante un período durante este conflicto legal? 
. 
(FR) Señoría, la edad de 23 años sólo cuenta para la formación, porque había que fijar edades. 
La FIFA nos las propuso. 
La formación se sitúa entre los 12 y los 23 años, y se abonan los gastos de formación en caso de traspaso hasta la edad de 23 años. 
Se considera que, a partir de los 23 años, la formación ha concluido. 
En cuanto a la duración de los contratos y la posibilidad de rescindirlos, siempre hemos dicho, desde un principio, que pacta sunt servanda: si personas adultas celebran un contrato, ese contrato está hecho, no para ser roto, sino para ser cumplido, sin contar con que también están las reglas del deporte. 
Si, durante el campeonato, los clubes empiezan a comprar jugadores a diestro y siniestro, falsean el equilibrio del campeonato. 
Y si, durante un campeonato, hay jugadores que abandonan su equipo, con razón o sin ella, no es sólo una cuestión personal, sino que desestabilizan al equipo. 
Todas estas consideraciones que son específicas del deporte nos han llevado a prever medidas que garanticen la estabilidad de los contratos. 
Por tanto, independientemente de la edad, no se puede romper un contrato durante el campeonato y no se puede romper un contrato fuera de dicho período si el contrato lo rebasa, salvo por razones bien precisas, por ejemplo un jugador lesionado o un cambio de sistema en el equipo. 
Corresponderá al tribunal, al tribunal de arbitraje, juzgar quién tiene razón. 
Si se rompe el contrato sin una razón específica durante los dos primeros años, se impondrán sanciones deportivas. 
Hemos intentado limitar las sanciones deportivas lo más posible, porque inicialmente las instancias deportivas hablaban de un año, incluso dos, de sanciones deportivas, lo que destruiría por completo la carrera de un jugador profesional. 
Por esta razón, llegamos al acuerdo de cuatro meses de sanciones deportivas, que pueden elevarse a seis en los casos de reincidencia o de que se haya hecho esta jugadita varias veces. 
Por tanto, para garantizar la estabilidad de los equipos y del campeonato, hemos convenido en que se adopten medidas de este tipo, que no debe instaurar la Comisión, sino las federaciones nacionales, europeas e internacionales. 
Debo decirles también esto: no queríamos que se adoptasen sanciones deportivas únicamente contra los jugadores, porque a menudo, son los clubes los que venden a sus jugadores por razones puramente comerciales, y no por razones deportivas. 
Pues bien, también habrá sanciones deportivas para los clubes, y habrá sanciones para los representantes que inciten a los jugadores a abandonar su club en detrimento de la estabilidad de los contratos. 
Gracias, señora Reding. 
Permítanme recordarles brevemente las normas del ejercicio: preguntas cortas y respuestas también lo más cortas posible. 
Señora Presidenta, yo era un gran defensor de los intentos realizados por la Comisión para poner coto al actual sistema de transferencias que, en mi opinión, ha conducido a excesos absurdos. 
Por ello, estoy decepcionado, al contrario que mis colegas, por el resultado de las negociaciones que estamos discutiendo. 
Por supuesto, en la propuesta figuran puntos positivos tales como, por ejemplo, el abono de una indemnización en concepto de formación. 
Tengo, sin embargo, una pregunta al respecto, ya que no considero satisfactoria la respuesta de la Comisaria a mi pregunta anterior. 
Si se trata del abono de una indemnización en concepto de formación, también cuando finaliza un contrato, también en el momento en que un club quiere deshacerse de su jugador, eso no se adecua, en mi opinión, a la sentencia Bosman. El pago es tan bajo que no constituye, por tanto, un pago real de los costes de formación, o el pago es tan alto que entra en conflicto con la sentencia mencionada, en la que se determina que al final de un contrato no hay que abonar ninguna indemnización al club. 
Mi mayor decepción se refiere, sin embargo, señora Comisaria, al elemento central del sistema actual de transferencias, a saber, la existencia de indemnizaciones económicas. 
Debe reconocer que la Comisión no ha logrado cambiar ese elemento. 
Así mismo, resultará posible en el futuro que el club y el jugador acuerden en un contrato común las indemnizaciones económicas, a las que no se pone ningún límite y que pueden alcanzar el mismo nivel absurdo de ahora. 
Creo que debería ser sincera y decir que la Comisión ha sufrido una grave derrota en ese punto y que el núcleo del sistema actual se mantiene. 
No puedo ver otra cosa que un lavado de cara en la propuesta de la FIFA y una mejora del sistema actual en algunos puntos, pero el núcleo de ese sistema, la existencia de las indemnizaciones económicas, continúa existiendo. 
. 
(FR) Señora Presidenta, su Señoría tiene razón. 
No hemos modificado el importe de las compensaciones por traspaso, porque es un punto sobre el cual no se nos ha consultado. 
No hemos recibido ninguna queja al respecto, sólo a propósito del sistema de traspasos internacionales, que es en el que hemos intervenido. 
Ahora bien, cuando al finalizar el contrato no se prevea ninguna compensación, la sentencia Bosman prevé el pago de una compensación por formación, si bien ésta debe corresponder a los gastos reales. 
Estos son los términos de la sentencia Bosman, y es lo que el acuerdo celebrado con la FIFA se dirige a poner en práctica. 
Señora Presidenta, me gustaría expresar mi agradecimiento por la paciencia y la moderación de que ha dado pruebas el personal de la Comisaria en los siete últimos meses. 
Muchos de nosotros no comprenden que lo que han hecho no se podía hacer en siete minutos, pues es evidente que tenemos principios que respetar. 
Como muchos de mis colegas, me interesan las repercusiones que esto pueda tener en los clubes del noroeste de Inglaterra, que al fin y al cabo es la cuna del fútbol. 
Todavía no hemos recibido ninguna respuesta acerca de la cuestión de la compensación por la capacitación. 
A los clubes de mi región les preocupa que el dinero que invierten en la adquisición de jugadores quizá no sea rentable y, como ha dicho el Sr. Cushnahan, no tiene interés en organizar academias de fútbol y en invertir en la comunidad local si no obtiene un dividendo con sus inversiones. 
Hasta ahora no veo de qué manera la compensación por entrenamiento puede ayudar a obtener ese dividendo. 
En el Times de hoy la UEFA y la FIFA dicen claramente que eso permitirá reducir las primas de transferencia, lo que tiene consecuencias que pueden ser mortales, en particular para los clubes más pequeños de mi circunscripción. 
Comisaria, hay una cláusula de examen que estará a prueba durante dos temporadas: a continuación, ¿tiene usted la intención de tomar medidas para conseguir que haya una buena corriente libre de transferencia de dinero entre clubes o va a dejar que sean las autoridades las que actúen en esa esfera? 
Ahora que hemos cerrado este capítulo, Comisaria, me gustaría también invitarle a que visite la parte noroeste del país para que vea un partido de fútbol con uno de nuestros buenos equipos. 
Esté segura de que a todos les agradará mucho que les visite usted. 
. 
(FR) Acepto con gusto la invitación, porque, créame, antes de tomar decisiones en este expediente, he hecho visitas sobre el terreno. 
He visitado pequeños clubes y centros de formación. 
Y sí, la teoría es una cosa y la realidad del terreno, otra. 
Lo comprendí justamente cuando el acuerdo acababa de celebrarse- el lunes. 
El martes me reuní con la Football League inglesa y los representantes de los clubes de segunda división. 
Me pidieron, preocupados, que les explicase los términos del acuerdo. 
Y me respondieron que, si esos eran los términos, estaban totalmente tranquilos. 
Por supuesto, hay que ver cómo se traduce todo esto en la práctica de los clubes. 
Créanme, lo seguiremos muy de cerca. 
Por otra parte, debo decirle que las críticas efectuadas por la Football League no iban dirigidas a la Comisión, sino más bien a los directivos de la UEFA y a los directivos del fútbol europeo en general que declararon que no se les había consultado nunca. 
La Liga nunca habló con la UEFA y, sin embargo, creo que en una democracia, que también debe ver la luz en nuestras federaciones deportivas, el diálogo entre los principales interesados debería ser la norma. 
Y debo decirle también a este respecto que mi colega Anna Diamantopoulou, responsable de la libre circulación de los trabajadores, está desagradablemente sorprendida por la falta de diálogo entre los clubes y los jugadores, por ejemplo. 
Ha ofrecido sus buenos oficios para que este diálogo que se encuadra en las negociaciones colectivas europeas pueda tener lugar en el futuro. 
La transparencia debe llegar también al mundo del deporte. 
Comisaria, ha mencionado usted la evaluación constante que llevará usted a cabo durante los dos próximos años. 
Me pregunto si no hubiera sido más sensato haber llevado a cabo una evaluación de las consecuencias económicas para los clubes pequeños, antes de llegar a ese punto de sus propuestas. 
Muchos de los clubes más pequeños de mi región, que forman jugadores para los clubes del noroeste del Reino Unido, se sienten particularmente preocupados por lo que acabo de decir. 
Hoy se ha hablado aquí mucho de fútbol, pero usted mencionó el deporte y éste es concretamente una esfera deportiva. 
En otros deportes hay también primas de transferencia y me gustaría saber en relación con qué otros deportes ha discutido usted esta cuestión. 
Me parece muy interesante que los jugadores tengan ahora derechos diferentes según su edad y que 23 años sea una de las edades más importantes de ese punto de vista. 
Me agradaría saber si el Comisario Diamantopoulou piensa que esto sienta un precedente para otras normas legislativas europeas sobre el empleo. 
Por último, Comisaria, ha hablado usted de cambios de las normas y cláusulas de la FIFA. 
El cálculo en que se basa el costo efectivo del entrenamiento lo indicó recientemente la FIFA en su espacio Web. 
La FIFA declara que sería imposible hacer el cálculo para cada jugador, y en consecuencia prefieren hacerlo por ligas y por tipos de club. 
Esa recomendación significa que cuanto más pequeño sea el club, más pequeña será la cantidad de dinero que el club reciba a título de indemnización por los gastos de entrenamiento. 
Las categorías son las siguientes: primera categoría, club de nivel máximo con un centro de entrenamiento de alta calidad; segunda categoría: un club de la misma categoría profesional pero de nivel inferior- por ejemplo, los clubes de segunda división en el Reino Unido; tercera categoría: todos los tipos de clubes de tercera división, como en el Reino Unido; cuarta categoría: jugadores aficionados- la Conferencia Vauxhall y otros futbolistas aficionados. 
¿No estamos estableciendo otro tipo de discriminación en el fútbol, cosa que, para empezar, no era necesaria?. 
. 
(FR) No quisiera inmiscuirme en asuntos internos de su país, Señoría. 
Creo que los organismos de fútbol de su país, que tienen su autonomía, porque esa autonomía ha sido plenamente reconocida, deben hacer su trabajo en casa. 
Y en opinión de la Comisión, ese trabajo debe realizarse con transparencia, con diálogo entre todos los interesados, clubes ricos, clubes menos ricos, jugadores importantes, jugadores jóvenes o medianos. 
Deseo vivamente que la transparencia y la democracia entren en juego. 
Paso ahora a los gastos de formación. 
Para nosotros, está muy claro. 
No pueden ser prohibitivos, porque, en ese caso, obstaculizarían la libre circulación y entrarían en clara contradicción con la sentencia Bosman. 
Por tal razón, se les impondrán unos límites máximos. 
La segunda cuestión- lo he dicho ya en mi introducción -, para nosotros, la solidaridad es un elemento extremadamente importante. 
Por tanto, los gastos de formación y el Fondo de solidaridad deben funcionar en cascada, precisamente para proteger a los clubes pequeños. 
Lo he dicho muy claramente, y así se ha inscrito en la Declaración de Niza. 
En materia de deporte, tenemos una responsabilidad social, que se ejerce sobre todo en la base de la pirámide. 
Creo que con este acuerdo hemos conseguido dos cosas, señora Presidenta. 
Hemos conseguido reforzar la base de la pirámide, sin cortarle la punta. 
Era un reto, no era fácil, pero esperamos que, en la práctica, porque ahora hay que ver cómo funciona en la práctica, se preservará también este bello logro. 
La Comisaria ha concluido su intervención inicial diciendo que este acuerdo revela que no será necesario modificar el Tratado para respetar la especificidad del deporte y del fútbol, es decir, que en el fondo también la Comisión reconoce la especificidad del deporte. 
Ahora bien, la pregunta que quisiera hacer es la siguiente: si es así, ¿cómo es que no propugnó la Comisión, antes de la Cumbre de Niza, que se incluyera claramente en el Tratado el principio de especificidad del deporte junto a la cultura, sino que dio señales de parecer oponerse a que así se hiciera? 
Es que las cosas no son iguales, porque puede quedar alguna inestabilidad y persiste la vulnerabilidad de una decisión del Tribunal de Justicia sobre algunos de esos aspectos regulados o de otros que están pendientes y, de hecho, las especificidades del deporte y, en particular, del fútbol no están salvaguardados, porque no se reconocieron claramente en los Tratados. 
A eso se debe la pregunta que le hago: ¿mantiene la Comisión su idea de que no es necesario ni útil incluir claramente en el Tratado el reconocimiento de la especificidad del deporte? 
. 
(FR) Empecé a ocuparme de este expediente, como Comisaria europea encargada del deporte, en el verano de 1999. 
Desde ese momento, toda la política de la Comisión ha tenido en cuenta la especificidad del deporte. 
Por otra parte, ya en diciembre de 1999, en el momento de la Cumbre de Helsinki, se remitió a los Jefes de Estado y de Gobierno una declaración de la Comisión sobre la dimensión social del deporte. 
Desde entonces, nada ha cambiado, al contrario. 
Hemos hecho de la especificidad del deporte mucho más que una simple declaración: la hemos convertido en una aplicación. 
Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que, mañana, un futuro tratado incluirá un artículo sobre la especificidad del deporte. 
No obstante, Señorías, ello no abolirá ni el derecho de la competencia, ni la libre circulación, ni ninguno de los derechos fundamentales consignados en el Tratado, porque los deportistas no están por encima del Tratado. 
Esto debe quedar bien claro. 
La inscripción de la especificidad del deporte me resultaría muy útil, a mí, Comisaria de deportes, porque podría- ¡al fin! -concebir un programa específico para el deporte, algo que no puedo hacer directamente ahora. 
Siempre debo pasar indirectamente por la educación, la salud, la cultura, es decir, todos los demás ámbitos que están consignados en el Tratado. 
Por consiguiente, la especificidad del deporte, sí, la hemos respetado siempre. 
Una excepción deportiva, deseada por algunos, en el sentido de que no se apliquen al deporte las normas del Tratado, se lo digo con toda claridad: ¡no! 
Señora Presidenta, también yo estoy satisfecho de que las negociaciones hayan tenido como resultado un acuerdo, y creo que es positivo, en efecto, que se evalúe de nuevo dentro de dos años, si hemos fomentado verdaderamente lo que intentábamos fomentar. 
Estoy especialmente satisfecho con las indemnizaciones en concepto de formación, los códigos de conducta para los jugadores jóvenes y los mecanismos de solidaridad. 
Mi pregunta se refiere a este último punto. 
La Comisaria dice al respecto que espera que los clubes más pequeños se beneficien del mismo. 
Quisiera saber qué garantías se han introducido para que esos mecanismos de solidaridad también beneficien realmente a los clubes más pequeños y a los clubes de formación, y contribuya, en efecto, a la función social del deporte. 
Estoy pensando, por ejemplo, en la composición y en los criterios para otorgar dinero ¿Se ha pensado algo al respecto? 
. 
Tenemos el compromiso de que se producirá una especie de efecto de cascada con repercusión hasta el club que se haya hecho cargo del jugador a partir de los 12 años, y tenemos el compromiso de que el 5% de los importes de los traspasos revertirán en este Fondo. 
Por supuesto, habrá que ver si las cosas funcionan en la práctica de acuerdo con los compromisos y, si surgen problemas, dejaremos oír nuestra voz claramente. 
Permítame, señora Presidenta, que lleve el razonamiento un poco más allá, porque se trata de dos decisiones muy importantes: la solidaridad entre clubes más ricos y clubes menos ricos y la protección de los jóvenes a través del Código de conducta. 
Soy de la opinión, y pienso presentar una propuesta en este sentido a los ministros de Deportes bajo la Presidencia belga, de que medidas de esta índole podrían extenderse muy bien a otras disciplinas deportivas, porque la protección de los jóvenes no es una cuestión que afecte sólo al fútbol, sino a todos los deportes, igual que la solidaridad entre los clubes que juegan en primera división y los pequeños clubes que hacen el trabajo inicial. 
Todo esto nos servirá, por tanto, para presionar a otras instancias deportivas, de otras disciplinas deportivas, para que tomen iniciativas en el mismo sentido. 
Señora Presidenta, para empezar me gustaría felicitar a los Comisarios Reding, Monti y Diamantopoulou. 
Hemos progresado mucho desde el pasado mes de agosto. 
Este trabajo conjunto ha sido muy valioso pues ha demostrado que podemos llegar a un acuerdo sobre el particular. 
Los principios que se han establecido, especialmente acerca de carácter específico de los deporte, son importantísimos. 
Ahora bien, lo que me inquieta son las asociaciones de jugadores. 
Sé que la Comisaria puede decir que ésa es una cuestión que incumbe a las familias de los deportistas, pero a fin de cuentas tendremos que aclararla ya que, si las asociaciones de jugadores se niegan a dar su acuerdo o si los jugadores pasan a la acción, entonces es muy posible que el acuerdo se quede en agua de borrajas. 
En primer lugar, ¿qué va a hacer la Sra. Reding para conseguir que las asociaciones de jugadores den su acuerdo? En segundo lugar, ¿hay algún problema particular que en opinión de la Sra. Reding podemos resolver por lo que se refiere a los jugadores? 
. 
(FR) Como he explicado ya, nos gustaría que los clubes y los jugadores, que son los dos interlocutores sociales, se sentasen a una mesa y empezasen a negociar. 
La Sra. Dimantopoulou acaba de escribir a los clubes y a los jugadores para que se entable, por fin, este diálogo social. 
En segundo lugar, los comisarios encargados del expediente han recibido regularmente a los representantes de los jugadores, porque hemos estimado que habría sido normal que la gran familia del fútbol se encontrase en una buena armonía. 
Por desgracia, en la práctica no siempre ha sido así. 
Por esta razón, a lo largo de la evolución de este expediente, hemos hablado con unos y con otros. 
Quisiera decirle también que nuestro deseo permanente ha sido garantizar los derechos que los Tratados confieren a los trabajadores, aun cuando exista la especificidad del deporte, y que para el buen funcionamiento del deporte, un jugador profesional de fútbol no puede ser tratado del mismo modo que un trabajador siderúrgico. 
Todo el mundo lo entiende. 
Y por otro lado, ciertos elementos del acuerdo están claros: la protección de los jóvenes contempla específicamente a los jóvenes jugadores. 
Las sanciones deportivas se han limitado considerablemente con respecto a lo que se había pedido y previsto en un principio. 
Ello representa una ventaja para los deportistas. 
¿Y a quién beneficia la estabilidad de los campeonatos y de los equipos? 
En primer lugar, al deporte, a los aficionados y a los espectadores después, pero también a los profesionales. 
En efecto, ¿qué ganarían jugando si se destruyese el deporte? 
El tribunal de arbitraje: hemos insistido para que estuviera compuesto en un 50% por jugadores y en un 50% por representantes de los clubes. 
Considero que se trata de un progreso capital para los jugadores. Espero que la mano tendida por mi colega, Anna Diamantopoulou, sea estrechada, para que también en este campo pueda entablarse un auténtico diálogo social. 
Señora Presidenta, yo también felicito a la Comisaria por su intervención personal en estas negociaciones. 
Tengo que plantear dos breves preguntas: ¿en qué período se va a elaborar el sistema para el cálculo de la indemnización por la formación o desarrollar el código de honor? 
Pues creo que es muy importante disponer también aquí de un programa fijo y de un marco temporal también fijo. 
La siguiente es el importe de la transferencia que sigue siendo ilimitado. 
Por ello, se plantea la pregunta de cómo debe funcionar el mecanismo de solidaridad para que llegue también realmente a los clubes más pequeños. 
Usted ha dicho que se distribuiría el 5% de la suma de la cláusula de rescisión. 
Pero la cuestión decisiva es la siguiente: ¿cómo se va a distribuir esta suma y va a llegar realmente a las capas más bajas de los clubes? 
. 
(FR) Me pregunta cuándo se pondrá en práctica todo esto. 
Sepa que la FIFA celebrará su congreso mundial en Buenos Aires a principios de julio y que, con tal ocasión, intentará recoger en sus normas todos los grandes principios que hemos decidido juntos. 
Esos grandes principios deberán encontrar una traducción en la aplicación de las nuevas normas del fútbol mundial. 
En lo que se refiere más concretamente a las compensaciones por traspaso: ya he respondido a una pregunta al respecto. 
No hemos sido consultados sobre ninguna queja relativa al importe de las compensaciones por traspaso. 
Tengo mi opinión sobre el asunto y supongo que usted también. 
Pero la autonomía de las federaciones debería permitir resolver este asunto con facilidad, mediante la fijación de unos mínimos y unos máximos, por ejemplo. 
Podría haber una norma según la cual sólo los clubes que no registren un déficit espectacular estén autorizados a efectuar traspasos a título oneroso, pero no corresponde a la Comisión resolverlo todo en todas partes. 
Las responsabilidades están bien definidas y las federaciones nacionales y europea tienen que asumir su parte de responsabilidad en el sistema. 
Del mismo modo, repito, lo que acabamos de decidir no sustituye al Derecho nacional. 
Las normas del Derecho nacional, y en particular las normas del Derecho laboral, podrían adaptarse en los Estados miembros a la especificidad del deporte. 
Hemos observado un gran compromiso por parte de algunos Jefes de Estado y de Gobierno en favor del fútbol. 
Pues bien, si ese compromiso se materializa sobre el terreno, en los Estados miembros, se aplicará al fútbol y al deporte en general. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, he acogido con satisfacción la conclusión del acuerdo sobre el traspaso de futbolistas. 
Los términos del acuerdo parecen positivos. 
No cabe duda de que se trataba de una materia que debía regularse. 
En particular, me satisface que la Comisión haya conseguido resaltar, en el ámbito de un acuerdo estrictamente económico y normativo, también los aspectos relacionados con la solidaridad con las pequeñas sociedades deportivas y valorado los esfuerzos que éstas dispensan a la formación de los jóvenes. 
Quiero asimismo dar las gracias a la Comisaria, Sra. Reding, así como al Comisario Monti que precisamente esta mañana me han brindado la oportunidad de presentar, junto con la Federación de la Prensa Deportiva Italiana y la Coordinadora de los Hinchas, la idea de crear un comité europeo del deporte y, en su caso, de una agencia europea para el deporte, que se encarguen de promover una sana actividad deportiva y de hacer frente en el ámbito europeo a las diferentes temáticas relacionadas con la cultura, la educación, la libre circulación de personas, la no discriminación y la lucha contra la violencia, el racismo y el dopaje. 
En definitiva, el camino elegido es el correcto, sin embargo, es necesario hacerlo con esa tenacidad que, sin duda, no le faltará a la Sra. Reding. 
Pues entonces, ¿cuál va ser la próxima etapa? 
. 
(FR) Sí, señora Presidenta, su Señoría tiene toda la razón: no basta con resolver los problemas que nos plantea el Derecho comunitario, hay que ver más allá. 
El deporte es una actividad social de una importancia capital, la actividad cultural de toda una sociedad, y en este sentido, propongo que aprovechemos la ocasión que nos brindan los Juegos Olímpicos de Atenas, que regresan a la cuna del olimpismo, con todos sus ideales de competición equilibrada y juego limpio. 
Voy a proponer, en una declaración sobre el deporte que someteré primero a la Comisión y después al Parlamento, que se declare el año 2004 Año Europeo del Deporte y que, con esta perspectiva, se prepare a los jóvenes en las escuelas en esta otra dimensión del deporte, que nada tiene que ver con el deporte "negocio total", sino con el deporte del juego limpio, con los auténticos valores de nuestra sociedad. 
También podríamos, dentro del programa Juventud, por ejemplo, proponer a jóvenes voluntarios que colaboren durante los Juegos Olímpicos. 
Puedo decirles ya que he mantenido una entrevista con la presidenta del Comité organizador de "Atenas 2004" para que la antorcha, símbolo del olimpismo y símbolo de sus valores, pueda recorrer los países europeos antes de llegar a Atenas, para que, en torno a esta antorcha, en cada país europeo, se pueda hablar de los verdaderos valores del deporte y, quizás así, recuperarlos un poco en todas partes en la práctica. 
Señora Presidenta, me alegra que haya habido acuerdo. 
Es evidente que ahora todos van a leer cuidadosamente la "letra pequeña" y, aunque estábamos muy alegres cuando por fin llegamos a un acuerdo, me parece que muchos van a estimar que va a ser bastante difícil determinar si el acuerdo va a ser beneficioso para algunos de los clubes más pequeños- en particular los clubes de academias -, tanto como nos hubiera gustado que lo fuera. 
Sé que ya se ha mencionado esta cuestión, pero Stoke City, en mi circunscripción, tiene un club de academia tan bueno como el Manchester United y lo que temo es que reciba menos dinero porque no juega en la primera liga. 
Me gustaría que la Comisaria nos dijera si va a estudiar de nuevo el texto para ver si todos los clubes pueden recibir el mismo trato. 
Sé que la FIFA lo ha recomendado. 
Tengo entendido que un jugador húngaro cuya transferencia ha quedado momentáneamente en suspenso quizá recurra a los tribunales. 
¿Qué sucederá si su demanda tiene éxito? 
¿Tendremos que empezar de nuevo desde el principio? 
. 
(FR) Señora Presidenta, el acuerdo celebrado no prejuzga en nada las acciones pendientes ante el Tribunal de Justicia. 
Es evidente que ni la Comisión, ni su Parlamento podrían interferir nunca en el trabajo de los jueces. 
Afortunadamente, la democracia se asienta en la separación de poderes. 
Corresponde, pues, a los jueces del Tribunal de Luxemburgo decidir en qué sentido van a orientarse. 
No obstante, quisiera destacar que el año pasado los jueces decidieron en dos asuntos extremadamente importantes para el deporte. 
Las sentencias dictadas demuestran que el Tribunal de Luxemburgo ha tenido en cuenta la independencia de las federaciones y la dimensión social del deporte. 
Se trata de la sentencia Lehtonen y de la sentencia de Lieja. 
En cuanto a la sentencia Balog, hay que encomendarse al fallo del Tribunal. 
Con respecto al temor un tanto generalizado de que la transferencia de dinero de los clubes más ricos a los clubes menos ricos no funcione correctamente, no puedo, por desgracia, decirles nada más. 
El sistema se ha querido, sus mecanismos han sido decididos y su aplicación nos demostrará si funciona o no. 
Espero también, señora Presidente, que los diputados interesados en este expediente informen a la Comisión cuando observen, en su circunscripción, que las cosas no van como deberían de conformidad con el acuerdo celebrado entre la Comisión y la FIFA. 
Creo que deberíamos colaborar más en este sentido, porque lo que deseamos todas y todos es proteger efectivamente la dimensión social del deporte, proteger a los clubes pequeños y proteger a los jóvenes. 
¡Controlemos, pues, juntos cómo marchan las cosas sobre el terreno! 
Señora Presidenta, éste ha sido un proceso bastante largo y difícil que, además, no ha terminado aún. 
Podemos considerar que esto, por su parte, puede sentar precedente, en cuyo caso se plantea naturalmente la cuestión de cómo tratar en el futuro al resto de los deportes de pelota en equipo y a los deportes individuales y de qué manera deberán, posiblemente, modificarse sus normas, habida cuenta que cada especialidad deportiva es diferente de las demás y también lo son los límites de edad y los requisitos de preparación. 
¿Podemos considerar esta solución como precedente para esas otras especialidades? 
También quisiera preguntar sobre la valoración de la formación deportiva y los criterios para calcular el valor de la misma en dinero: ¿cómo se define el trabajo del voluntariado y qué valor pecuniario puede atribuírsele? 
Y en tercer lugar, ¿podrán seguir aplicándose sus propias normas a los deportes puramente nacionales, aquéllos que únicamente se juegan o practican en un solo Estado miembro, o habrá que esperar a la formalización de este precedente? 
La Sra. Matikainen sabe mucho de deporte, porque lo ha practicado a muy alto nivel, y tiene toda la razón al decir que esto puede sentar un precedente. 
Por otra parte, deseo que así sea. 
Por esa razón, durante el Foro europeo del deporte- del que se celebrará la décima edición, al que se dará toda la envergadura necesaria, al que se invitará también a los diputados y en el que estarán representadas todas las disciplinas deportivas -, pediré seguramente la participación de otras disciplinas deportivas. 
El trabajo voluntario: es cierto, no se habla lo suficiente de él. 
Se habla de sumas enormes por traspasos, pero no se habla de los cientos de miles de personas que emplean su vida privada, su tiempo libre, para comprometerse en favor de los jóvenes y sus clubes deportivos. 
He aquí la dimensión social del deporte. 
¿Cómo podría existir el deporte europeo sin esas personas? 
Tiene toda la razón, señora Matikainen. 
Creo que, cuando hablemos de la información de los jóvenes en las escuelas y en los clubes, hablaremos también del voluntariado, porque son actividades indisociables de la dimensión social del deporte en Europa. 
En cuanto a los cálculos, señora Matikainen, las federaciones deportivas deberán ponerse de acuerdo en unas sumas realistas. 
Nunca podrá evaluarse el trabajo voluntario, porque si se pagase, el deporte sería imposible en los pueblos, en las ciudades pequeñas, y sólo quedaría el deporte profesional. 
Y eso no es lo que queremos. 
Por tanto, en mi nombre, y creo que en nombre de todo el mundo, muchísimas gracias a todos los voluntarios. 
Gracias, señora Reding. 
El debate queda cerrado. 
Quisiera dar las gracias a todos los diputados que han intervenido, así como a la Comisaria, por sus respuestas tan sustanciosas como convencidas. 
Obtención de pruebas en materia civil y mercantil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0073/2001) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la iniciativa de la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil y mercantil (11808/2000- 5-0519/2000- 2000/0823 (CNS) ). 
Señora Presidenta, no fue casualidad que la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobara, con un solo voto en contra, este informe sobre la iniciativa alemana relativa a la aprobación de un reglamento comunitario que promueve la cooperación entre los tribunales de los Estados miembros a fin de facilitar las diligencias de obtención de pruebas en las esferas civil y comercial. 
No lo hace porque tenga prejuicios contra el expediente de las iniciativas gubernamentales o estatales en el ámbito de la creación de un espacio judicial común, como cualquier interpretación menos atenta podría hacer creer a partir de lo sucedido esta mañana. 
Al contrario, me inclino a creer que, fuera de las esferas de la inmigración y del asilo- al fin y al cabo, fuera del marco de la libre circulación de personas- iniciativas como ésta son, naturalmente, dignas de beneplácito. 
Lo que no pueden hacer- y eso es lo que preocupa al Parlamento- es substituir las incongruencias de los Estados miembros que provocan el atolladero legislativo, sacudiéndose cada cual el "agua del abrigo" con iniciativas parciales a su gusto y a su modo, dejando fuera una verdadera visión de conjunto comunitaria, una responsabilidad común y un cuerpo legislativo serio y coherente, como va demostrando la Comisión que es posible hacer- y pongo la vista en el Comisario António Vitorino- en una de las esferas más delicadas, la relativa al modelo de convivencia europeo y a sus correspondientes libertades fundamentales, en este caso la de las personas. 
Ahora bien, en lo relativo, muy en particular, a este informe, en el que el funcionamiento del Mercado Interior entraña la profundización del espacio social europeo, todo lo que parece, incluso en los Estados miembros, encaminado a eliminar y reducir conflictos y litigios de raíz transfronteriza es, naturalmente, digno de beneplácito, como demostrará- creo yo- la votación de mañana. 
¿De qué se trata, en definitiva, en esta iniciativa alemana? 
De conceder a un tribunal de cualquier Estado miembro la facultad de requerir, durante una acción relativa a ciertos hechos civiles y comerciales que se produjeron en otro país comunitario, que el tribunal de ese país diligencie la obtención de pruebas indispensables para el procedimiento de la acción principal en el tribunal del país requiriente. 
Hasta ahora, la cooperación internacional en materia de presentación de pruebas estaba regulada por el Convenio de La Haya, de 1970, que, en la medida en que, que yo sepa, sólo ha sido ratificado por once Estados miembros, tiene un alcance limitado para los países europeos. 
Así, sin un instrumento jurídico que abarque los quince Estados de la Unión y los que los seguirán, no todos los ciudadanos que recurren a los tribunales gozan de las mismas facilidades ante la ley, pues éstas dependen de que su país y el país requerido hayan ratificado o no el Convenio. 
Con este nuevo reglamento, todos los tribunales pasarán a depender de la misma ley y, naturalmente, los ciudadanos a estar protegidos de igual forma, dado que en este instrumento comunitario se da preferencia al contacto directo entre tribunales de diferentes nacionalidades. 
Fundamentalmente, se acaban eliminando obstáculos a la existencia de un espacio judicial europeo, ya sea instituyendo un formulario tipo europeo que deban utilizar los tribunales de los Estados requirientes en la lengua de los tribunales requeridos a fin de facilitar la comunicación entre ambos, creando un organismo central en cada país que reciba y distribuya las solicitudes de presentación de pruebas por parte de un tribunal nacional de otro Estado o estableciendo el principio de que toda solicitud reciba respuesta, al obligar los tribunales europeos requeridos a presentar pruebas deberá hacerlo en el plazo de seis meses y, si, una vez que haya expirado, no lo han hecho, deberán dar explicaciones al tribunal requiriente. 
En las enmiendas que he hecho a esta propuesta de la República Alemana he introducido, entre otras, la obligación de que los organismos centrales elaboren guías de legislación sobre lenguas oficiales reconocidas para cada tribunal en cada uno de los Estados miembros, así como la de que divulguen gabinetes de traducción jurídica acreditados. 
Por último, ante este marco innovador que facilita mucho la celeridad del funcionamiento de los tribunales en todos los Estados miembros- y me parece que ésta es también una de las preocupaciones fundamentales de la iniciativa alemana -, propuse que sólo excepcionalmente el contacto directo entre tribunales previsto en el reglamento fuera preterido en favor de las tradicionales diligencias consulares que, a mi juicio, son, naturalmente, lentas, burocráticas, un poco distantes de la acción y muy responsables de los retrasos en la justicia en estos asuntos cuando hay conflictos o acciones de carácter transfronterizo. 
Algunos de los diputados de otros Grupos que votaron contra esta enmienda, cuyo alcance, a mi juicio, es meramente representativo de determinada concepción de Europa que profeso- comunidad de derecho propio, de derecho comunitario, más que mera comunidad diplomática o de derecho internacional -, no entendieron bien este aspecto. 
Por eso, vuelvo a incluir esta enmienda con la esperanza de que la mayoría de mis colegas entiendan, de hecho, este pormenor, que no lo es tanto. 
Señor Presidente, señor Vitorino, señor Marinho, me alegra mucho que recibamos hoy este informe. 
Les expreso mi encarecido agradecimiento por los preparativos de una materia que a primera vista parece muy técnica pero que- lo acaba de subrayar usted con razón- es una aportación muy sustancial a una Europa de los ciudadanos, pues las operaciones económicas transfronterizas están aumentando. 
Tenemos un mercado interior y tenemos una moneda común europea de la que pronto dispondremos también en forma de monedas y de billetes. 
Mediante el tráfico comercial electrónico se va a producir un crecimiento exponencial de contratos transfronterizos y, lamentablemente, ocurre que en los contratos surgen a veces dificultades y litigios jurídicos. 
El núcleo de un litigio jurídico es casi siempre la práctica de las pruebas pues las cuestiones jurídicas se aclaran con frecuencia pronto, pero cuando se trata de los hechos ocurre que se producen también con frecuencia diferentes interpretaciones. 
Si hay que aclarar un hecho que tiene lugar en otro Estado miembro, la situación actual es sencillamente que la ayuda jurídica es anacrónica y se realiza a través de vías diplomáticas según el Convenio de La Haya, por lo que es muy complicado, tarda mucho tiempo y además no es fiable. 
Con frecuencia un proceso se paraliza porque no se puede aclarar un hecho, porque no se dispone sencillamente de los medios de la ayuda jurídica. 
Por ello, es tan importante que la República Federal de Alemania haya presentado esta propuesta que nuestro Grupo político apoya expresamente pues esta iniciativa aporta más seguridad, un derecho más rápido y, a la postre, más justicia para el ciudadano en la Unión Europea. 
Este acto jurídico es también una aportación para frenar una tendencia que veo cada vez más escépticamente. 
Me refiero a la tendencia a recurrir a procedimientos extrajudiciales para superar los litigios, es decir, no ir a los Tribunales sino buscarse árbitros neutrales o someterse a cualesquiera instancias de arbitraje. 
Esta es una evolución que se opone en realidad a la idea del Estado de derecho. 
Se trata de una evolución- lo digo precisamente ante esta Asamblea- que se opone también a la democracia parlamentaria pues en realidad nuestro sistema consiste en que los Parlamentos aprueben las leyes y que jueces independientes las apliquen. 
Todo lo que se aparte de estos procesos no corresponde en realidad a la idea originaria del estado de derecho que todos tenemos presente. 
Si facilitamos el tráfico jurídico transfronterizo, entonces facilitaremos también para las empresas y los ciudadanos la posibilidad de permanecer en estos sistemas garantizados por el Estado. 
El mercado interior necesita un ordenamiento jurídico eficiente pues, de lo contrario, todos nuestros esfuerzos por crear competencia y un bienestar creciente en la Unión Europea penderán de un hilo. 
Para finalizar, quiero reconocerles que tengo una sensación algo extraña cuando nos ocupamos permanentemente de propuestas de los Estados miembros. 
Lo puedo decir con especial convencimiento pues se trata de una iniciativa del Estado miembro del que provengo. 
Me parece penoso que como Parlamento Europeo no estemos en situación de presentar tales iniciativas. 
Este informe debería ser un motivo para nosotros para recapacitar de nuevo sobre si el Parlamento Europeo no debería disponer de un derecho de iniciativa precisamente en este campo tan sensible para los ciudadanos. 
Señor Presidente, también yo quisiera dar gracias al ponente por el trabajo que ha dedicado a este informe. 
El reglamento del que nos estamos ocupando se aplica exclusivamente a cuestiones civiles y mercantiles, cuando un tribunal de un Estado miembro puede pedir la actuación judicial de otro tribunal competente de otro Estado miembro de la Unión Europea. 
El reglamento dispone la determinación de autoridades centrales que no son responsables de la transmisión de los documentos pero que responderán a las demandas de suministro de información provenientes de los organismos interesados. 
Hemos de recordar que los Tratados de la Unión Europea incorporaban ya la cooperación judicial en cuestiones civiles en 1993. 
Ésta es una cuestión que, sin duda alguna, es de interés común para los Estados miembros y, en realidad, complementa al mercado interno. 
El establecimiento de una zona de libertad, justicia y seguridad confiere a los miembros de la judicatura un papel esencial que desempeñar para el buen funcionamiento de la Unión. 
Esta cuestión quedará aún más en relieve el año que viene, cuando se introduzca y utilice la moneda única. 
Estoy totalmente de acuerdo en que haya cooperación en asuntos judiciales dentro de la Unión Europea, pero no soy partidario de que se establezca un fiscal público europeo. 
No soy partidario de que se establezca semejante órgano porque estimo que los derechos de nuestros ciudadanos deben quedar totalmente protegidos. 
En Gran Bretaña y en Irlanda tenemos regímenes jurídicos diferentes- el antiguo sistema de la common law- al que pertenecen la mayoría de los demás Estados miembros. 
El problema para un fiscal público europeo es, sencillamente el de determinar la base jurídica para poder actuar. 
¿Observa uno la norma de que una persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad- que existe en el sistema de la common law- o aplica uno otra base jurídica que exista en otros Estados miembros de la Unión? 
Me parece que el problema de esta cuadratura del círculo no se puede resolver. 
La cooperación en asuntos judiciales es importante porque complementa la labor del mercado interno y de la moneda única, como ya se ha indicado. 
Europol es un órgano eficaz y hay que apoyarlo para conseguir que delitos como la trata de seres humanos, el ciberdelito, etc., se puedan enjuiciar dentro de los territorios de la Unión Europea. 
Sin embargo, me parece que el establecimiento de la oficina del fiscal público es un paso exagerado. 
Me parece que es algo poco viable y que sería una decisión mal acogida que no obtendría el apoyo de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Ahora bien, soy partidario del reglamento que tenemos hoy ante nosotros. 
Tengo la convicción de que la aplicación de este reglamente relativo al servicio de documentos judiciales y extrajudiciales en asuntos civiles y comerciales mejorará sin duda alguna y acelerará los trámites transfronterizos. 
Señor Presidente, Señorías, la cooperación en materia de obtención de los medios de prueba constituye uno de los ejemplos concretos de la cooperación judicial en materia civil establecida en el artículo 65 del Tratado de las Comunidades Europeas. 
Tras la inclusión de esa referencia expresa en el Tratado, el Consejo incluyó esa cuestión en el plan de acción de Viena, en las conclusiones del Consejo de Tampere, recogidas posteriormente en el scoreboard de la Comisión para la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Como ha dicho el ponente, a quien quisiera felicitar por su excelente informe, en el pasado ya se había abordado esta cuestión, en la Convención de La Haya de 1970 sobre la obtención en el extranjero de pruebas en materia civil y comercial, que hasta ahora sólo han ratificado once Estados miembros de la Unión Europea. 
El aumento de la movilidad de las personas en ese espacio común de la Unión Europea constituyó uno de los factores que contribuye decisivamente a un aumento del número de procesos con repercusiones transfronterizas. 
En la esfera de la obtención de pruebas, los procesos judiciales correspondientes a la jurisdicción de un Estado miembro entrañan cada vez más, por ejemplo, la audición de testigos residentes en otro Estado miembro. 
Por eso, resulta necesario adoptar normas claras y eficaces en materia de cooperación entre los tribunales de los Estados miembros en el sentido de facilitar la obtención de pruebas en esas situaciones así descritas. 
Dichas normas representarán, sin duda, un avance importante en la labor en curso para mejorar el acceso a la justicia de los particulares y las empresas, así como en la persecución del objetivo general de creación de un espacio europeo en materia civil. 
Por tanto, este reglamento añade valor a la ciudadanía europea, la protección y la garantía de los derechos individuales de los ciudadanos, además de tener un valor económico no despreciable, en la medida en que, al permitir y facilitar la obtención de medios de prueba, viabiliza una administración de justicia más rápida y eficaz y sobre todo más conforme con las nuevas necesidades de la realidad económica, del Mercado Interior, de la moneda única y de la democracia electrónica. 
Entre estas consideraciones, la Comisión se congratula de la propuesta alemana de un reglamento sobre esta materia. 
Por lo demás, la Comisión no tiene prejuicio alguno contra las iniciativas de los Estados miembros, sobre todo cuando se ajustan a las prioridades fijadas por el Consejo Europeo de Tampere. 
La propuesta alemana nos brinda también la oportunidad de avanzar y modernizar las normas de la Convención de La Haya de 1970 con el valor mayor resultante de la aprobación de un instrumento comunitario aplicable uniforme y directamente en el orden jurídico de cada uno de los quince Estados miembros. 
Se trata de una primera fase que tiene como objetivo fundamental el de crear mecanismos para reforzar la confianza mutua entre los sistemas jurídicos y los sistemas judiciales de los quince Estados miembros. 
Una vez hecho el balance de la aplicación del reglamento, esta primera fase deberá dejar margen para objetivos más ambiciosos, en particular los que se plasmarían en la posibilidad de que el tribunal requiriente requiera un procedimiento especial para utilizarlo en la ejecución de un acto judicial por el tribunal requerido, así como la posibilidad de que el tribunal requiriente participe en la ejecución del acto judicial por parte del tribunal requerido. 
Por eso, nos complace el apoyo prestado por el ponente a esta iniciativa. 
Y la Comisión comparte las consideraciones generales que ha formulado, así como el tenor de las enmiendas que ha propuesto. 
Y puedo asegurar que, por nuestra parte, seguiremos atentamente los debates sobre la propuesta en el comité pertinente del Consejo a fin de encontrar un texto que corresponda exactamente a las preocupaciones que el Parlamento expresa en el informe Marinho. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lucha contra el fraude (1999) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0078/2001) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe anual 1999 de la Comisión Europea sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (COM (2000) 718- C5-0066/2001- 2001/2036 (COS) ). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, 1999 ha sido en lo referente a la lucha contra el fraude un año en el que se ha dado un gran salto hacia delante. 
Tras la dimisión de la antigua Comisión, en sólo unas pocas semanas se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los textos jurídicos para la creación de una nueva Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (OLAF). 
El Parlamento, el Consejo y la Comisión han tenido y podido demostrar que la Unión es capaz de actuar en la lucha contra el fraude, la corrupción y la mala gestión económica. 
Sin embargo, la plena aplicación de lo acordado entretanto hace más de dos años se revela como algo mucho más difícil de lo que se suponía. 
En el primer informe anual del comité de supervisión de la OLAF se han desatado por ello con plena razón las alarmas. 
El nuevo director, el Sr. Brüner, lleva al frente de su cargo más de un año pero hasta ahora no ha logrado formar un nuevo equipo de dirección para esta institución sobre todo porque la Comisión le ha forzado a mantener una guerra de trincheras sobre los procedimientos según los cuales se debe contratar al nuevo personal dirigente. 
En la sala pende naturalmente también la cuestión de la independencia de esta oficina y de su director. 
La actitud de la Comisión es contradictoria en este punto. 
Cuando se trata de la contratación de nuevo personal dirigente la Comisión desea comprobar exactamente cada paso y codecidir. 
Pero cuando se trata de despedir a personal que no cumple con el nuevo perfil que exige esta oficina, entonces la Comisión se comporta como si no tuviese que ver nada con ello. 
Y eso que se trataba de la Comisión que transfirió sencillamente en bloque la totalidad del personal de la anterior "task force" UCLAF a la OLAF creando de este modo la mayor parte de los problemas de los que ahora tiene que ocuparse el director de la OLAF. 
Señora Schreyer, esta transferencia se realizó a pesar de las advertencias expresas planteadas por esta Asamblea. 
El Parlamento ha tirado en consecuencia del freno de mano y ha colocado en la reserva los puestos adicionales previstos para el ejercicio en curso. 
Está ahora en las manos y es responsabilidad de la Comisión eliminar las barreras descritas. 
Sólo bajo esta condición tiene sentido levantar la actual reserva. 
Señora Schreyer, usted misma y la Comisión en general han llegado al convencimiento de que la lucha contra el fraude sin una fiscalía europea es algo a medias. 
Al descubrimiento de fraudes y de otros delitos contra los intereses de la Unión tiene que seguir también su castigo. 
Nos meteremos en grandes apuros si en uno o dos años se revela que una oficina en la lucha contra el fraude, que espero trabaje muy efectivamente, descubre muchos más fraudes e irregularidades que hasta ahora pero hay dificultades en el castigo de los responsables. 
Sintomáticamente, el informe anual de la Comisión contiene muchas estadísticas pero ninguna cifra sobre los que han sido condenados en firme por haber cometido fraudes. 
Estoy seguro de que si se hubiesen indicado estas cifras habrían sido muy penosas. 
Pero un castigo no puede funcionar sin alguien que realice una acusación y que defienda los intereses de los contribuyentes europeos. 
Esto es aplicable muy en primer lugar a las mismas instituciones de la Unión. 
Solamente serán creíbles si se demuestra de modo palpable que la tan cacareada política de tolerancia cero no es una palabra hueca sino que se aplica realmente. 
Para ello hace falta un fiscal. 
Debo indicar que lo que aquí exige por enésima vez el Parlamento Europeo es un fiscal con competencias exclusivas para las instituciones de la Unión. 
Esta es una propuesta que ya realizaron en septiembre de 1999 los cinco expertos independientes en su segundo informe sobre la reforma de la Comisión. 
También el comité de supervisión de la OLAF se ha pronunciado desde entonces en varias ocasiones con total claridad y de modo unívoco a favor de un fiscal- llamémosle así- interno. 
Para que no surjan malentendidos: un fiscal de este tipo no podría, en la situación jurídica actual, actuar él mismo como demandante ante los tribunales nacionales sino que tendría una función de apoyo y de asesoramiento para las fiscalías nacionales competentes. 
Al mismo tiempo, tendría la tarea de supervisar las investigaciones internas de la OLAF dentro de las instituciones y sería de este modo el interlocutor del director de la OLAF. 
Actualmente, el director de la OLAF tiene que llegar a un acuerdo con los secretarios generales de las instituciones si la OLAF quiere realizar investigaciones internas por lo que se le achaca con facilidad que no puede actuar realmente de modo independiente. 
Con una fiscalía para procedimientos internos se solucionaría en gran medida este problema. 
No existe un automatismo en la ampliación de las competencias de un fiscal de este tipo más allá de las instituciones de la Unión. 
Para ello sería necesaria una modificación de los Tratados y esto fracasó en Niza ante la resistencia de algunos Estados miembros. 
Pero precisamente ahora, la Comisión no debe ni puede cejar en sus empeños. 
Ahora tiene que mostrar que se toma realmente en serio la lucha contra el fraude y sobre la base del actual artículo 280 someter a prueba con imaginación y valor político los límites de lo factible. 
Una cosa debe estar clara: los documentos de debate, los Libros blancos y verdes no son suficientes. De estos los hay a montones. 
Lo que ahora es necesario es una propuesta concreta de reglamento que se debería aprobar en el procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento. 
En otras palabras, la Comisión debe hacer uso de su derecho de iniciativa. 
Lo que necesitamos de nuevo es un gran salto hacia delante. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, un año y medio después de la toma de posesión de la Comisión Prodi, sus anuncios a bombo y platillo de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, acompañados de promesas del antiguo y nuevo Comisario Kinnock de hacer de esta Comisión la mejor administración del mundo, siguen sonado muy bien en nuestros oídos. 
Lamentablemente, al cabo de un año y medio de Comisión Prodi los deseos y la realidad siguen estando terriblemente alejadas entre si. 
Ante la deficiente actuación en los llamados casos antiguos y el no impedimento de nuevos casos de fraude, solamente se puede preguntar a esta Comisión porqué no aprovecha la oportunidad para un nuevo inicio real. 
Por desgracia, hasta ahora no se puede notar ningún viento fresco si se hace caso omiso del viento producido por las toneladas de papeles de reforma del Comisario Kinnock, reformas que amenazan ya fracasar ante la resistencia interna de los empleados. 
No se atacan los problemas reales en la lucha contra el fraude y la corrupción, como la ya más que necesaria reforma del procedimiento disciplinario. 
Todas las sugerencias realizadas al respecto por el Parlamento las ha ignorado la Comisión arrogantemente. 
Exactamente igual se comporta con las exigencias del Parlamento para que se cree una fiscalía europea y la garantía de independencia de la Oficina de Lucha contra el Fraude, la OLAF. 
La estrategia de la Comisión en la lucha contra el fraude no debería ser ocultar, encubrir o disfrazar. 
Un ejemplo sobre cómo no debe hacerse es el caso Fléchard que data de comienzos de los años noventa. 
Debido a la arbitraria e ilegal decisión adoptada por el gabinete Delors en enero de 1994 se crearon las condiciones para que esta empresa desempeñase un papel determinante en el nuevo escándalo de fraude con mantequilla adulterada en los años 1995 hasta el 2000. 
No se ha aclarado, ni es previsible que se haga, su alcance y consecuencias tanto en el aspecto financiero como en lo relativo al peligro para la salud de amplias capas de la población. 
El trato que se dé a este caso es, en mi opinión, el gran examen que deberá superar la Comisión en el camino hacia una mejora de la situación. 
Pues en este caso, por primera vez no se trata sólo de considerables pérdidas financieras que ha sufrido la Comunidad debido al fraude sino además de un peligro para la salud de los ciudadanos en Europa y en terceros países. 
Por ello, es necesario más que nunca una actuación rápida y consecuente. 
La Comisión no puede escudarse, como ocurre con frecuencia, detrás de la protección de intereses económicos sino que debe realizar una ponderación entre estos intereses económicos y la protección de la salud de la población. 
El control presupuestario se incluye aquí en el Parlamento Europeo, al igual que en todos los Estados democráticos, entre los primeros derechos y obligaciones de los diputados. 
Por ello, la Comisión no debería impedir dicho control mediante argucias. 
Quien no tiene nada que ocultar no debe temer un control. 
Si la Comisión, de motu propio, retiene documentos clasificados como confidenciales o se los entrega a unos diputados y a otros no, se trata de una violación clara de principios fundamentales del Estado de derecho, como el de la igualdad de trato o de la prohibición de discriminación. 
El acuerdo marco del 5 de julio del 2000, que fue elaborado muy a la ligera y que legitima aparentemente a la Comisión para proceder de este modo, debe medirse con estos principios fundamentales y finalmente suprimirse. 
Quiero felicitar expresamente el colega Bösch por el informe y espero que prosiga esta fructífera cooperación por encima de las fronteras entre los partidos en estos temas tan importantes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe anual de la OLAF correspondiente a 1999 está, naturalmente, marcado en gran medida por el desmontaje de la organización delictiva para la falsificación de mantequilla y defraudación de fondos públicos con su centro en Nápoles y ramificaciones en el centro de Europa. 
Además de felicitar al ponente por su excelente informe, me parece plenamente justificada una felicitación especial no sólo a la OLAF, sino también a las organizaciones judiciales italianas y francesas cuya labor conjunta permitió desmantelar esa red de delincuencia organizada. 
Según las últimas informaciones disponibles, el plan de adulteración de mantequilla montado por algunas familias de la Camorra napolitana habrá producido 130.000 toneladas de mantequilla total o parcialmente falsa, lo que situará este caso- supongo- como el de mayor fraude jamás cometido contra Europa en el ámbito de la Política Agraria Común. 
La primera pregunta que conviene hacer aquí es cómo es posible que una política que ha de servir a las comunidades rurales y a los agricultores acabe sistemáticamente financiando grandes complejos agroindustriales y que éstos con frecuencia se muestren tan poco escrupulosos a la hora de respetar el presupuesto comunitario, a los consumidores y a los agricultores en nombre de los cuales son financiados. 
La segunda pregunta que conviene hacer es la de cómo es posible que no se haya descubierto un fraude de esa dimensiones, minuciosamente planeado y puesto en práctica durante tres años y que entrañó sumas astronómicas de subvenciones comunitarias, que la Comisión no haya podido descubrir lo que quiera que fuere. 
Después de las insistentes revelaciones de fraude en la utilización de leche en polvo subvencionada para alimentación de terneros, falsas exportaciones de mantequilla y productos lácteos, tenemos ahora este megaescándalo sin que la Comisión parezca dispuesta a revisar profundamente todo su sistema de intervención de los productos lácteos. 
El carácter paneuropeo de este fraude, en el que participaron grandes empresas de productos lácteos en países como Bélgica, Francia, Italia y Alemania, hace que resulte inaceptable la permanente remisión a los Estados miembros de las políticas necesarias para luchar contra la falsificación alimentaria. 
Y vuelve más urgente la adopción de medidas directas por la Comisión para luchar contra la adulteración de productos como el aceite, el vino y los lácteos. 
La Comisión se ha negado a divulgar los nombres, a colocar bajo vigilancia especial o a adoptar medidas preventivas contra las innumerables empresas de productos lácteos afectadas con el argumento del secreto judicial y la presunción de inocencia. 
Con todo, no puedo dejar de observar que la discreción de la Comisión en este caso contrasta absolutamente con la forma como ha tratado a la viuda de un consejero de una ex Comisaria, a quien se exige ahora la devolución de 18 meses de salario del fallecido cónyuge. 
Si hay empresas de productos lácteos incapaces de distinguir millares de toneladas de mezclas hechas con residuos de animales, aceites y productos químicos de la mantequilla verdadera, ¿cómo pueden los consumidores confiar en su competencia para garantizar la calidad de sus productos? 
También se trata de saber si la Comisión nos considera a todos en pie de igualdad o si, cuando se trata de grandes empresas y grandes intereses, hay unos que son claramente más iguales que otros. 
Señor Presidente, quisiera empezar haciendo un cumplido al Sr. Bösch: mi Grupo tiene la impresión de que este informe está en buenas manos. 
Eso no significa que no hayamos presentado algunas enmiendas a su informe. 
Partimos de que este Parlamento no es un tribunal, que no tiene que emitir un fallo sobre determinados asuntos. 
Debemos esperar primero a ver qué figura en el informe y evaluar a continuación si la Comisión ha realizado bien su tarea. 
De ahí que en este momento no tengamos ningún juicio sobre el fraude de la mantequilla, un asunto que, en efecto, previsiblemente es muy amplio, al igual que el fraude del lino en España y eventualmente en otros países, sobre la mantequilla neozelandesa y sobre Estocolmo. 
Estamos a la espera de todos los informes y analizaremos cómo ha actuado la Comisión en todas estas situaciones, entonces emitiremos un juicio. 
Respaldamos las observaciones del Sr. Bösch en relación con el papel de la OLAF. 
El director debe utilizar sus derechos y, en lo que a nosotros respecta, será respaldado por el Parlamento. 
La independencia es un gran bien. 
Así mismo, apoyamos las observaciones relativas a un fiscal público europeo, aunque debo admitir que una minoría de mi Grupo opina otra cosa. 
Consideramos que es necesario que la Comisión presente cuanto antes propuestas para la protección de los intereses financieros, y hemos recogido en una enmienda el 1 de junio de 2001 como fecha límite. 
Desde luego, es necesario que la Comisión, los Estados miembros y los tribunales de cuentas europeo y nacionales colaboren más estrechamente. 
Tal vez sea bueno- y también hemos presentado una enmienda al respecto- que la Comisión defina primero con precisión qué se considera fraude y qué, irregularidad. 
Esa separación debe eliminarse. 
Podemos respaldar las últimas enmiendas del Sr. Bösch sobre Suiza. 
Este país es clave en Europa en el ámbito de la lucha contra el fraude, y esto lo deberemos tener muy en cuenta. 
Lástima que el pueblo suizo sienta tan poco entusiasmo por Europa, hecho que tampoco podemos perder de vista. 
Una última cuestión: no consideramos que el Parlamento deba tener un acceso ilimitado a todos los documentos de la OLAF. 
La naturaleza del trabajo de la OLAF justifica que determinadas cosas deban seguir siendo confidenciales e, incluso tal vez, secretas. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, primero y ante todo, felicito, por supuesto, al colega Bösch por su impecable y meticuloso informe ¿Cuáles son los puntos sensibles? 
En primer lugar, la necesaria independencia de la OLAF. 
En efecto, eso significa que el director de la OLAF tiene autonomía plena y poderes amplios para iniciar investigaciones en todas las instituciones europeas. 
Eso implica también que la Comisión se abstiene de toda injerencia en los nombramientos ¿Puede decirme la Comisaria Schreyer cuál es la reacción de la Comisión ante los párrafos 3 a 6? 
Segunda cuestión sensible: el fiscal público europeo. 
Sabemos que para ello es necesaria una modificación de los tratados. 
Un intento que fracasó en Niza, a pesar de la iniciativa emprendida, entre otros, por la Comisión. 
Debemos continuar, por tanto, presionando a los Estados miembros. 
Lo que ahora pedimos va en realidad menos lejos. 
Queremos que se introduzca un anexo al reglamento de la OLAF, conforme al artículo 82, que haga posible el nombramiento de un fiscal público, con competencias que se limiten a hechos punibles cometidos por los miembros y el personal de la Unión Europea en relación con el presupuesto. 
Comisaria Schreyer, ¿qué opina al respecto? 
Tercera cuestión sensible: la colaboración entre los Estados miembros. 
El asunto del tabaco en Nueva York contra Reynolds y Philip Morris constituye, en efecto, un buen ejemplo de la exactitud con que actúa la Comisión Europea contra los gigantes del tabaco. 
Estoy especialmente satisfecho de que muchos Estados miembros, entre ellos el mío, se hayan sumado a esa acción. 
Así puede acabarse por fin con la asociación de los gigantes del tabaco a las prácticas mafiosas que cuestan muchos miles de millones de euros a la Unión cada año. 
Cuarta cuestión: la transparencia de la información. 
Soy uno de los que rechazó el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento. 
No hace falta que me extienda sobre ello, y me sumo plenamente a las condiciones del colega Bösch. 
Por último, lamento que el nacionalismo y el chovinismo vagabundeen quisquillosamente por toda esta Casa. 
Lo que va mal en España en el asunto del lino, y en Italia, Francia, Bélgica y Alemania con todo el asunto de la mantequilla falsa, puede mencionarse en este informe. 
Mi grupo no respaldará las enmiendas que minimizan o enmascaran estos asuntos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en la Comisión de Control Presupuestario se está manteniendo en estos momentos el debate sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 1999. 
Se trata de un asunto difícil. 
El Tribunal de Cuentas de la CE ha considerado que no puede recomendar dicha aprobación. 
El Parlamento asumirá una gran responsabilidad política si aprueba la gestión; antes debemos tener garantías de que se perseguirá el fraude y se encontrará a los culpables. 
Quedan aún asuntos sin resolver que hablan en contra de la aprobación de la gestión. 
La Comisión sabe cuáles son estos asuntos. 
La Comisión de Control Presupuestario ha presentado a la Comisión una lista detallada de las irregularidades. 
El asunto más importante es el llamado caso Fléchard, cuyas primeras implicaciones políticas se remontan a principios de la década de 1990. 
La investigación de este caso debe extenderse desde el gabinete Delors hasta la Comisión Prodi. 
Se han falsificado certificados de exportación, se ha adulterado la mantequilla, se han extraviado actas, se han dictado sentencias de indemnización que han sido condonadas con posterioridad y se ha seguido colaborando con personas implicadas en el fraude. 
Y aún hay cosas que se mantienen en secreto. 
Esto no es permisible. 
El Sr. Bösch tiene razón: este asunto marca la hora de la verdad para la Comisión Prodi. 
Señor Presidente, mantequilla, lino, cigarrillos, oficinas de empleo se convierten en sinónimos de fraude en la Unión Europea. 
Millones de euros son devueltos incorrectamente o, como en el caso del contrabando de cigarrillos, sustraídos a los impuestos. 
No se trata aquí del fraude de las instituciones de la Unión Europea, sino del cometido en los Estados miembros. 
Como muy bien señala el ponente Bösch, la aclaración de todos estos casos graves de fraude constituye una prueba de eficacia para la OLAF. 
Añado a ello, que la aclaración de todos estos casos de fraude depende también de la colaboración de los Estados miembros implicados. 
A fin de imponer esta colaboración, la Comisión debe introducir sanciones. 
Considero justo, por tanto, que los Países Bajos no reciban actualmente dinero del Fondo Social Europeo hasta que se aclare totalmente el empleo irregular de ese dinero ¿Qué sanciones se impondrán a España para que aclare el fraude del lino? 
Las empresas implicadas en el fraude deben ser incluidas en una lista negra de manera que no sean nuevamente consideradas para la concesión de una subvención europea. 
Parecen ser pasos lógicos, pero no lo son para la Comisión. 
Así, la empresa Fléchard parece formar parte de un culebrón europeo: ¡continuará! 
La eficacia de la OLAF se ve en peligro por un déficit de personal. 
Si la lucha contra el fraude es un punto clave para el Presidente Prodi, él y su Comisión tienen el deber de solucionar cuanto antes el retraso en la contratación de personal cualificado para la OLAF. De ahí que la Comisión tenga que evitar todo conflicto de intereses. 
No puede ser que comisarios que posiblemente estén implicados en los fraudes del lino y de la mantequilla, influyan en el nombramiento de funcionarios que van a investigar su papel en ello. 
En tanto representante elegido por el pueblo, este Parlamento tiene, entre otras cosas, una labor de control. 
Desgraciadamente, la Comisión dificulta ese control una y otra vez. 
La transparencia es para ella una palabra opaca. 
Transparencia es lo que quiere este Parlamento y, a fin de lograrla, tiene que ser competente para examinar los informes de la OLAF. 
Señor Presidente, la repetición de delitos de fraude en la Unión y el comportamiento de la Comisión son escandalosos. 
Solamente los daños financieros debidos a la mantequilla adulterada ascienden a más de 45 millones de euros. 
A ello viene a sumarse que por lo visto se trata de actores reincidentes. 
Por recomendación de la Comisión se impuso una fianza penal por un importe de 17,6 millones de euros a una empresa que está ahora de nuevo bajo sospecha. 
Es por ello urgentemente necesario que actúe y se estructure rápidamente la Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude. 
Pero también es importante que el trabajo de esta nueva oficina sea apoyado por las autoridades en los Estados miembros. 
Pero si se analizan en detalle los informes, uno no está siempre seguro de ello. 
Por ello, aquellos Estados miembros que no apoyen el trabajo de la OLAF deben ser también sancionados imponiéndoles la Comisión multas y se debe prever también una compensación financiera por los delitos de fraude permitidos. 
Señor Presidente, este es un informe que se inscribe en la evolución entre la UCLAF y la OLAF en el que, como han dicho otros oradores, quisiéramos que la transición fuera más rápida. 
Necesitamos una OLAF independiente y que haga su trabajo de forma eficaz. 
Quiero felicitar a Herbert Bösch por su excelente informe. 
Ha sabido captar, en el texto que nos propone, que la lucha contra el fraude no es algo que esté sometido a la lucha partidaria ni a la política interna de los Estados miembros, sino que todos por igual estamos persiguiendo el fraude allí donde se produce y haciendo responsables a los causantes del mismo. 
Todos los Grupos queremos que se recupere el dinero, que se mejoren los controles de gestión, y tenemos la sensación de que estamos avanzando en la lucha contra el fraude. 
No habría que dar a los ciudadanos una impresión distinta a ésta. 
Es cierto que la Cumbre de Niza no respondió a nuestra petición de un fiscal europeo, que tanto nos habría ayudado para descubrir el gran fraude de este año- que es el fraude de la mantequilla adulterada -, que no sólo es un fraude a las arcas comunitarias sino que empieza a poner en evidencia que, en cuanto a seguridad alimentaria, todavía tenemos mucho que avanzar. 
Estamos, por tanto, ante un buen informe. 
Quiero repetir que estamos todos empeñados en perseguir el fraude y en recuperar el dinero. 
Creo que habría que hacer un llamamiento a la Comisión para que, en el caso concreto del fiscal europeo, nos dé algunas indicaciones sobre su papel, para ver si la oportunidad perdida en Niza puede recuperarse con unas propuestas concretas. 
No es suficiente la colaboración de los fiscales nacionales y, así como en algunos casos está demostrado que las autoridades nacionales saben hacer su trabajo coordinado, es necesario que desde la Comisión haya alguien que pueda dirigir estos trabajos. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, debo felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado. Pero debo destacar también los escollos que han jalonado ese ejercicio, pues el Sr. Bösch ha tenido que hacer frente a las veleidades de algunos diputados de la Comisión de Control Presupuestario que quisieron recentrar el informe en casos antiguos y, por lo demás, ya tratados en otros documentos. 
A este respecto, no comparto la opinión de los diputados que han intervenido cuando declaran que el caso Fléchard es la cuestión central de la aprobación de la gestión. 
Ciertamente lo es si se considera el tiempo y la energía que hemos tenido que dedicarle, como también la Comisión, pero no lo es, desde luego, por su importancia. 
No obstante, centraré mi atención en el problema de los fraudes y las irregularidades. 
En efecto, en un informe anterior, la Comisión de Control Presupuestario declaró que no se debía tolerar más el menor fraude hacia el presupuesto comunitario. 
Si este llamamiento a la tolerancia cero es de lo más loable, no se puede ignorar que su aplicación exige unos medios en recursos humanos muy importantes y difícilmente compatibles con la multiplicidad de acciones que llevamos a cabo y con la diversidad de territorios en que estamos presentes. 
En ese informe se proponía suprimir la distinción entre fraudes e irregularidades, argumentando que, en el momento en que se señalan, se ignora si los actos en cuestión pueden dar lugar o no a diligencias penales. 
Quiero expresarles mi preocupación ante una posición semejante, y ello por dos motivos. 
Por un lado, debemos velar por que nuestra lucha contra el fraude no anticipe las conclusiones de las investigaciones que llevan a cabo diferentes órganos. 
Por otra, correríamos el riesgo de proyectar el descrédito sobre las políticas seguidas por la Unión Europea, y en la propia Unión Europea, al denunciar tasas de fraude muy superiores a la realidad de los casos justiciables. 
Pienso, por el contrario, que debemos realizar un gran esfuerzo por dar la imagen más justa posible de esos hechos delictivos, porque no se pueden mezclar los problemas derivados de pequeños errores administrativos con los fraudes organizados a gran escala. 
Apoyo las palabras que acaba de pronunciar el Sr. Mulder en cuanto a la jerarquización de las irregularidades. 
En el mismo espíritu, debemos centrar nuestro trabajo en los casos de fraude cuya actualidad y magnitud requieran una intervención consecuente e inmediata. 
A este respecto, varias personas acaban de mencionar el asunto de la mantequilla adulterada. 
La Comisión debe ayudarnos a realizar este objetivo. 
Sin embargo, me permitiré lamentar su actitud, ya que a veces tarda en responder a las peticiones del Parlamento Europeo, o responde de forma incompleta. 
En la lucha contra el fraude, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo deben colaborar más. 
Pero esto no significa que el Parlamento Europeo renuncie a su poder de sancionar a la Comisión cuando ésta no cumpla sus misiones, en particular en materia de protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 
Una cooperación de este tipo es necesaria, porque en ello va nuestra credibilidad ante los ciudadanos europeos que han depositado su confianza en nosotros. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión que estamos tratando ilustra bien la gran extensión que alcanza la distribución de los fondos de la UE. 
Al mismo tiempo, muestra que los Estados miembros gestionan una gran parte de los presupuestos de la UE, puesto que, entre otras cosas, administran la utilización del ochenta por ciento del total del gasto. 
El Sr. Bösch ha elaborado un meritorio informe que merece mi mayor gratitud. 
El informe revela la gran importancia que tuvo la creación de la OLAF en el año 1999. 
Creo que en la lucha contra el fraude sería importante tener presentes ciertos principios: en primer lugar, el principio de legalidad, según el cual hay que cumplir la ley en la instrucción e investigación de las irregularidades, sin especulaciones sobre el resultado final antes de que se dicte sentencia judicial firme. 
Hay que simplificar el aparato administrativo, pues el incremento de la burocracia y del control no siempre mejorará la utilización de los fondos. 
Hay que aumentar la responsabilidad personal- en este sentido, la reforma de la Comisión ocupa un lugar clave -, así como mejorar la colaboración entre la Unión Europea y los Estados miembros, pues esto también es clave de cara al futuro. 
Señor Presidente, si creamos nuevas autoridades entonces dichas autoridades deberían poder trabajar con eficiencia. 
Tenemos en la UE el caso de que las instituciones se encuentran ubicadas en diversos lugares o que se pueden ubicar de nuevo. 
Es razonable ubicar las nuevas instituciones allí donde se encuentren geográficamente cerca de las demás instituciones de la UE con las que en el futuro tienen que cooperar mucho. 
En este sentido, soy de la opinión de que la fiscalía europea deberá trabajar mucho con el Tribunal Europeo de Justicia y mantener también estrechos contactos con el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Lo mismo es aplicable a la OLAF, que deberá trabajar intensamente también con los Tribunales mencionados. 
Por ello, pienso que estas autoridades deben ubicarse total o parcialmente en Luxemburgo para garantizar dicha cercanía geográfica y la eficiencia de las autoridades. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Bösch por su informe. 
Ha realizado realmente un buen trabajo. 
Su conclusión de que en la lucha contra el fraude no se han notado aún mejoras sensibles coincide por lo demás con la opinión del comité de supervisión de la OLAF. 
La misma Comisión dice varias veces en su informe que en 1999 no se han producido cambios esenciales respecto a años anteriores e incluso que la suma de los fondos empleados ilícitamente ha aumentado, por ejemplo, en los Fondos estructurales. 
Siempre repito que se trata de fondos procedentes de impuestos y que tenemos que garantizar su protección del mejor modo posible. 
Para llegar al límite de tolerancia cero prometido por la Comisión hay que fortalecer sobre todo la independencia de la Oficina para la Lucha contra el Fraude, OLAF que se creó en 1999. 
Por un lado, hay que reclutar al personal de fuera sin que se inmiscuya la Comisión. 
Apoyo la propuesta del Sr. Bösch de que la comisión de nombramientos sea dirigida por una personalidad independiente. 
Por otro lado, el mismo director debe realizar una clara estructuración de las tareas. 
Está claro que no queremos una antigua UCLAF bajo el nuevo nombre de OLAF. 
Lamentablemente, en Niza se ha dejado pasar de largo la oportunidad de fortalecer a la OLAF mediante la creación de una fiscalía financiera europea bajo control judicial. 
A pesar de la antigua exigencia del Parlamento y de los esfuerzos, en especial del Comisario Barnier y de la Sra. Schreyer, este tema ni siquiera se colocó en el orden del día en Niza. 
Así pues, tengo que plantear algunas preguntas a la Comisión: ¿se van a presentar propuestas para llegar a una así llamada fiscalía limitada hasta el 1 de enero del 2001, tal como se prevé en los puntos 9 hasta 12 en el informe Bösch? 
Otra pregunta dirigida a la Comisión: aún no han ratificado todos los Estados miembros el Convenio para la protección de los Intereses Financieros de la Unión impidiendo de este modo su entrada en vigor. 
¿Qué países no lo han hecho aún y qué puede hacer la Comisión para solucionar esta situación insostenible? 
Además: ¿qué hace la Comisión para- tal como se expone en el punto 7/1 de su informe- superar la diferente interpretación nacional del derecho comunitario en el cobro de recursos propios? 
Para finalizar, me voy a referir a la exigencia de devolución del dinero empleado ilícitamente: en el informe de la Comisión faltan datos numéricos para el año 1999. 
¿Puede indicarme la Comisión cuánto ha exigido que se devuelva y cuánto ha recibido en comparación con las pérdidas calculadas, en especial en lo que se refiere a los recursos propios en FEOGA y en los fondos estructurales? 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero felicitar al ponente del informe, porque creo que introduce factores enormemente positivos en el mismo e intenta seguir un camino que evita tanto la exageración como la indiferencia. 
Para no mirar hacia otro lado, me voy a centrar concretamente en uno de los asuntos del informe- el del lino- y dejar constancia en esta Asamblea de algunas cifras. 
Cifras como las de que, en mi país, en España, durante la campaña 1994-95 se cultivaron 3.376 hectáreas de lino, mientras que en la de 1998-99 había ya 100.000 hectáreas de lino cultivadas. 
La subvención inicial para 1994-95 fue de 411 millones de pesetas, mientras que para 1998-99 fue de 10.000 millones de pesetas. 
Denunciado el fraude por las autoridades regionales españolas, en la campaña 2001 se pasó milagrosamente de las 100.000 hectáreas a menos de 1.000 hectáreas de lino cultivado y, lógicamente, a una subvención inferior a los 100 millones de pesetas. 
A pesar de estos datos, quien entonces era responsable del Ministerio de Agricultura sostenía que todo era una campaña de la oposición y, desde luego, hace poco tiempo cambió de opinión y dijo que no era así, pero que era culpabilidad fundamentalmente de la oposición. 
Yo quisiera, señor Presidente, centrarme en qué tipo de responsabilidad puede solicitar este Parlamento. 
En primer lugar, la responsabilidad penal. 
Una responsabilidad penal que está alrededor de ciertos propietarios de plantas transformadoras, que son los que tenían la información privilegiada- que no es el conocimiento de la normativa, que es pública, sino el conocimiento de cómo burlarla, que tenían el capital suficiente para poner en funcionamiento las empresas y, sobre todo, que estaban perfectamente instalados en altos cargos del Ministerio de Agricultura. 
Precisamente, para ellos y para los productores que entraron en el juego hay que reclamar una responsabilidad estrictamente penal. 
Eso es lo que debe hacer el Parlamento y es lo que deben hacer las instituciones correspondientes. 
Hay otra responsabilidad: la política, muy concreta, que consiste en preguntarse si alguno de estos actores que intervinieron directamente en el fraude tenía un cargo político público nombrado por una institución española. 
Hay que reconocer que sí, que el Ministerio de Agricultura tenía en su seno, al más alto nivel, como presidente del Fondo Europeo de Garantía Agraria, a una persona- y ella misma lo reconoce- que estaba directamente relacionada con empresas que transformaban el lino. 
Y por último, también existe una responsabilidad administrativa. Si existe, pidámosla a la Comisión, a las autoridades nacionales, a las autoridades regionales, pero no generemos confusión y vayamos en la línea que propone el Sr. Bösch de exigir minuciosamente las responsabilidades. 
Señor Presidente, tras las muchas palabras de alabanza para el Sr. Bösch ya no sé que puedo decir. 
Creo que él sabe que aprecio su trabajo. 
Por ello, quiero decir algo sobre algunos puntos que han desempeñado un papel en el debate. 
Punto 1: saludamos- lo que hasta ahora no se ha mencionado aún- que el informe de la OLAF sobre el caso Fléchard haya llegado la última semana. 
Esto debe valorarse positivamente e incluirse en los posteriores debates. 
En este informe no se indica ni tampoco se intenta hacerlo cuál es la posición del Parlamento Europeo sobre este caso. 
Esto es asunto de la aprobación de la gestión presupuestaria que tendremos en un mes en el orden del día. 
Aprovecho la oportunidad para dar un buen consejo a la Comisión. 
Sería muy importante para los posteriores debates sobre la aprobación de la gestión presupuestaria si recapacitase de nuevo sobre las posiciones expuestas hasta el momento sobre este caso y aprovechase la oportunidad que va a existir por ejemplo la próxima semana en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario. 
Esto podría impulsar decididamente los posteriores debates relacionados con al aprobación de la gestión presupuestaria. 
Hay otros dos puntos que tienen algo que ver con malentendidos: el Sr. Mulder se ha referido a uno que se ha patentizado en la intervención del Sr. Seppänen. Me refiero a la confusión y a meter en el mismo saco las irregularidades y el fraude. 
En este informe, mediante la enmienda que el mismo Sr. Bösch ha presentado y la presentada por el Sr. Mulder como complemento, tenemos que precisar de nuevo que no tenemos ningún interés en que se echen en el mismo saco a estas dos categorías. 
Voy a mostrar esto en base a un ejemplo, a la intervención del Sr. Seppänen. 
Ha calificado el caso Fléchard literalmente como de irregularidad y lo ha puesto en relación con la no concedida declaración de garantía del Tribunal de Cuentas para la gestión presupuestaria de la Comisión. 
Con este modo de proceder, entremezclamos todo y posiblemente despertemos entre nuestros visitantes en la tribuna la sensación de que un error de asiento contable puede ser un caso de fraude. 
No se puede tener ningún interés político en ello. 
Debemos ocuparnos de que esto se mantenga separado. 
El segundo posible malentendido no se refiere a uno que se haya producido entre nosotros sino a uno producido fuera de esta Asamblea. 
Me refiero al caso Flachs. Tal como se me ha informado, en un Estado miembro se ha expuesto la resolución de la Comisión de Control Presupuestario como si ésta hubiese decido un cambio de la responsabilidad del nivel nacional al regional. 
En nombre de mi Grupo político digo que, independientemente de la organización interna de los correspondientes Estados miembros, queremos garantizar que frente a la Unión Europea se siga dando prioridad a la responsabilidad del nivel nacional para la correcta ejecución de programas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, señor ponente, muchas gracias por su informe. 
Se refiere desde el primer momento al informe anual de la Comisión de 1999 sobre la protección de los intereses financieros y la lucha contra el fraude que la Comisión presentó el 13 de noviembre del año pasado y que contiene en especial también las estadísticas sobre qué casos de irregularidades y fraude han sido denunciados por los Estados miembros, quienes están obligados a hacerlo. 
Pocos meses antes, la Comisión presentó un extenso informe estratégico en el que se dice que la lucha contra el fraude se aplica a los más diversos niveles de actuación y que contiene los más variados instrumentos, comenzando con el control legislativo hasta la propuesta de una fiscalía europea que realizó la Comisión en Niza y que, lamentablemente, no fue aprobada allí por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
En el informe, la Comisión también expuso el papel central que desempeña la Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude, OLAF. 
Me voy a referir en primer lugar a los puntos a los que se han referido sus Señorías aquí en el debate y en el informe del Sr. Bösch en lo tocante a la OLAF. 
El Consejo y el Parlamento crearon en 1999 el fundamento jurídico de la OLAF que, naturalmente, es también para la Comisión la base de negociación. 
Mediante este fundamento jurídico, la OLAF ha sido creada como una institución que es parte de la Comisión en sentido administrativo, es decir, los funcionarios de la OLAF, son funcionarios de la Comisión y están sometidos al estatuto. 
Esto significa también que si, por ejemplo, surgiesen problemas o irregularidades en lo referente al comportamiento de funcionarios de la Comisión que trabajan en la OLAF, se demandaría a la Comisión. 
Para tener esto en cuenta, la Comisión ha dicho que quiere que exista un procedimiento transparente para la selección de los puestos dirigentes de la OLAF, al igual que ocurre en las demás instituciones o departamentos de la Comisión. 
Esto significa que, en primer lugar, un comité asesor examine las solicitudes y dirija recomendaciones a aquel que, a la postre, adopte la decisión. 
En el caso de la OLAF, a la postre, es el director quien adopta la decisión sobre la colocación y el nombramiento de personas. 
El comité asesor está compuesto de tal modo que las personas que no están asignadas directamente a la Comisión o que provienen de la OLAF tienen claramente la mayoría. 
En el comité asesor están representados el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Europeo de Justicia y el comité de supervisión y creo que la solución que hemos encontrado es una solución muy buena. 
Recuerdo de nuevo que esta solución sirve para la transparencia en el nombramiento de personal dirigente, si bien el nombramiento definitivo es realizado por el director o el director general de la OLAF. 
Espero que se llegue muy pronto a una solución en lo referente a la cuestión de la ocupación de los puestos de la OLAF pues solamente puedo repetir que radica en mi interés y también de la Comisión en general poner a disposición de la OLAF lo antes posible todos los puestos que se han acordado. 
Creo que en interés también de los diversos afectados sería importante mantener un diálogo ya que el comité de supervisión ha planteado más condiciones para que de este modo se pueda presentar por fin el presupuesto rectificativo y se pueda solucionar esta cuestión. 
Permítanme que me refiera brevemente a un punto que han mencionado en el informe y que ha sido sacado a colación aquí en varias ocasiones. Me refiero a la accesibilidad a los informes de la OLAF. 
En el fundamento jurídico para la creación de la OLAF se regula claramente que, por un lado, el director o el director general de la OLAF deciden sobre la elaboración de los informes y no la Comisión. 
En segundo lugar, en el fundamento jurídico se dice también que la OLAF debe tener naturalmente en cuenta cuestiones relacionadas con la protección de los datos, el secreto profesional y también los procedimientos indagatorios y esto es naturalmente un punto de importancia central. 
La Comisión tiene dudas de que lo que se exige en el informe tenga fundamento jurídico. 
Naturalmente, dentro del Parlamento Europeo deberá también debatirse si, en el caso de que la OLAF realice una investigación en el Parlamento, deberá transmitir el informe, por ejemplo, a la Comisión de Control Presupuestario o a la de Asuntos Jurídicos o a sus presidentes. 
Creo que aquí se tocan cuestiones que afectan a todas las instituciones y me parecería muy oportuno que esto se debatiese en un encuentro interinstitucional, llamémosle dialogo tripartito. 
En lo referente a la cuestión de la capacidad de trabajo de la OLAF o a las actividades y éxitos que hasta ahora se han demostrado, quiero indicar que el descubrimiento del fraude que denominamos como butter case, es decir, las adulteraciones de la mantequilla, es también un éxito de la OLAF. 
El descubrimiento se ha debido también a que la OLAF pudo poner a disposición de los Estados miembros que realizaban las indagaciones sus informaciones por lo que- al menos, según las informaciones de la OLAF- ha contribuido a que se pudiese averiguar en un tiempo relativamente corto quienes estaban involucrados. 
Pero la cuestión de cuándo informa la OLAF depende también de cuándo la OLAF recibe de los Estados miembros el plácet para poder informar ya que éstos son los que tienen la responsabilidad primaria. 
Pues la OLAF depende en todo su trabajo de una estrecha y buena cooperación con los Estados miembros. 
Esto es algo de importancia central para la toda la estructuración de la OLAF y espero que se convierta en una plataforma de intercambio de informaciones. 
En lo tocante al caso Fléchard de 1991 o de 1994, la Comisión expondrá su posición en la Comisión de Control Presupuestario y responderá también en un plazo adecuado al cuestionario que se ha elaborado. 
Respecto al butter case me permito decir de nuevo que se encuentra totalmente inmerso en los procedimientos judiciales de los diversos Estados miembros que se han visto afectados. 
En lo referente al caso Estocolmo, que han expuesto también en su informe, puedo decirles que también está actuando un tribunal. 
Espero- naturalmente también en interés de la Comisión- que el tribunal sueco llegue muy pronto a un resultado. 
En lo tocante a la cuestión del "pequeño fiscal" -lo califico ahora así al contrario que el concepto global- el examen ha arrojado que aquí falta también el fundamento jurídico y esta es también la apreciación jurídica de la OLAF, lo que significa que sería necesaria una modificación del Tratado en este sentido. 
Se han referido también al tema que voy a calificar de supervisión jurídica de la actividad de la misma OLAF. 
Sin duda, se trata también de una cuestión abierta. 
El director general de la OLAF ha prometido presentar muy pronto un manual para mostrar transparentemente qué reglas aplica la OLAF cuando decide iniciar o concluir una investigación o indagación. 
Quiero indicar aún que la Comisión ha presentado desde el último debate que hemos mantenido aquí, una demanda contra dos consorcios tabaqueros a causa de la probable implicación en operaciones de contrabando internacional. 
Esto se ha mencionado aquí. 
Señor Bösch, me alegro de que apoye esto en su informe. 
La Comisión ha introducido además un early warning system en su contabilidad para proporcionar lo más rápidamente posible indicaciones a las más diversas instancias administrativas cuando, por ejemplo, se proyecte un contrato con alguien que ya ha cometido irregularidades. 
En lo que se refiere a la pregunta de la Sra. Theato sobre la situación en la firma del Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de la Comunidad Europea, siguen faltando firmas. 
Puedo mencionar tres países que aún no han ratificado: por ejemplo, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda. 
Pero hay otros Estados no han ratificado aún todo. 
Por este motivo- ya hemos tenido la oportunidad de hablar al respecto en esta Asamblea- la Comisión va a presentar un proyecto de directiva para transferir los contenidos de dicho convenio a una directiva, lo que significa obligar más intensamente a los Estados miembros a que incluyan en su derecho nacional una definición unitaria del fraude en perjuicio de los intereses europeos. 
Espero que esto se haga en abril. 
La Comisión trabaja junto con la OLAF en un Libro Verde para la creación del fiscal europeo pues, evidentemente, no renunciamos al tema sino que aprovechamos ahora la ocasión para mantener un debate más público y amplio. 
Nuestro objetivo es muy claro y consiste en que con motivo de la nueva revisión de los Tratados en el 2004 esperamos que tengamos entonces un apoyo tan amplio que los Jefes de Estado y de Gobierno ya no puedan ignorar sencillamente esta propuesta. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acceso del público a la información medioambiental 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0074/2001) de la Sra. Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental (COM (2000) 402- C5-0352/2000- 2000/0169 (COD) ). 
. 
(FI) Señor Presidente, tenemos la costumbre de empezar dando las gracias y yo, en mi calidad de ponente del informe, tengo ahora todos los motivos para hacerlo. 
La propuesta de directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental ya era acertada y ambiciosa cuando fue entregada por la Comisión. 
Nuestra colaboración mutua ha sido extraordinaria durante todo el proceso de tramitación y nos ha sido fácil comprender nuestros objetivos respectivos. 
También los representantes del Consejo- me refiero a los representantes de Francia y Suecia- mostraron una actitud estimulante y se mantuvieron muy informados sobre el tema. 
También agradezco la actitud de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor; me causó gran alegría que la comisión adoptara las veinte enmiendas que yo presenté, a las que se sumaron otras enmiendas importantes presentadas por otros miembros de la comisión. 
Se trata de un informe que no sólo es importante para los ciudadanos, sino también para toda la política comunitaria en materia medioambiental. 
El acceso a la información es un importante instrumento de carácter horizontal en el marco de la política medioambiental de la UE, y la modificación de la Directiva vigente ha durado ya bastante tiempo. 
Esta propuesta de directiva tiene tres objetivos principales: aprovechar las experiencias obtenidas de la Directiva adoptada en 1990 y subsanar las carencias observadas, incluir en la nueva Directiva las partes del Convenio de Aarhus que guardan relación con esta materia y adaptar la Directiva precedente a los avances de las tecnologías de la información. 
Una de las cosas que considero más importantes en mi informe es la obligación de crear registros. Se trata de la condición previa indispensable para la efectividad de la Directiva. 
Los ciudadanos deben saber qué documentos están disponibles y qué autoridades se encargan de su gestión. 
He notado con satisfacción que también un miembro de nuestra comisión, el Sr. Cashman, presenta este mismo requisito en su informe relativo a la transparencia. 
He puntualizado también los detalles relativos a la privación de información. 
Si se deniega una petición por estar la información solicitada en curso de elaboración, siempre se informará al solicitante sobre la fecha en que estará disponible el material y sobre la autoridad competente en la materia. 
Otra puntualización relativa a la privación de información afecta a los casos excepcionales mencionados en el punto 2 del artículo 4. 
Las emisiones contaminantes quedan excluidas del ámbito del secreto comercial e industrial y siempre deberán ser declaradas. 
Yo he presentado una enmienda según la cual el grado de emisiones contaminantes se anunciará incluso cuando se trate de proteger informaciones de otra índole. 
El efecto nocivo de las emisiones no depende del carácter de la actividad en que se originan: desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los ciudadanos, es exactamente igual si la fuente de emisiones es de carácter público o comercial. 
He considerado necesario introducir un artículo completamente nuevo sobre la calidad de la información medioambiental. 
Obviamente, la calidad es un factor central a la hora de evaluar la idoneidad de la Directiva. 
Al examinar esta propuesta de directiva, me he dado cuenta de que no existe ningún requisito expreso en el sentido de armonizar de forma global los criterios de medición de las emisiones. 
Efectivamente, hay gran diferencia entre medir las emisiones a la salida de la chimenea, a medirlas a un kilómetro de distancia con un cazamariposas. 
En otras palabras: hay que anunciar el método de medición empleado. 
Una cuestión difícil en esta propuesta de directiva fue la relativa a la definición de autoridad pública: ¿afecta la normativa únicamente a las llamadas autoridades tradicionales, o afecta también a aquellas entidades que tengan atribuidas competencias propias de las autoridades, por ejemplo, a empresas que, en virtud de acuerdos contraídos con las autoridades, posean la información prevista por la ley? 
Ahora hemos acertado con una redacción que ojalá satisfaga a la mayoría de los Estados miembros. 
Cuando me he visto obligada a rechazar alguna enmienda, lo he hecho más bien por razones estilísticas. 
Como se trata de una directiva marco, su objeto no es satisfacer todos los deseos específicos, por bellos y buenos que sean, que se puedan desprender del principio de transparencia. 
En su calidad de texto legislativo, es mejor que éste sea conciso. 
Algunos miembros de la comisión parlamentaria han querido reducir los plazos establecidos para que las autoridades proporcionen la información solicitada. 
En la propuesta de la Comisión se reduce el plazo establecido a un mes y, en casos de gran complejidad o extensión de la información solicitada, se prorroga a dos meses. 
En todos los casos se requiere que la información se facilite tan pronto como sea posible. 
Sigo considerando que se trata de un objetivo realista y, en determinados casos, la reducción de los plazos puede incluso repercutir de forma negativa en la calidad de la información proporcionada. 
Por ello, no apoyo las propuestas de la comisión parlamentaria sobre la reducción de los plazos. 
Podemos considerar que, en su conjunto, esta Directiva establece un estándar para los Estados miembros en materia de transparencia de la información medioambiental. 
La enmienda que he realizado en el punto 2 del artículo 8 contempla que este estándar debería aplicarse también a las instituciones de la UE. 
De este modo, esta Directiva contribuirá a fomentar adecuadamente la transparencia en toda la UE. 
- (EN) Señor Presidente, una de las contribuciones importantes hecha a este informe por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos es el relieve que da a que el acceso a la información medioambiental es un derecho, y no una concesión. 
También hemos aportado la cláusula según la cual las normas referentes a los Estados miembros deben aplicarse también a las instituciones de la UE. 
La contribución de mi Comisión sobre los arreglos prácticos incorporados en el informe final incluye diversas enmiendas que me gustaría que examinara la Comisión de Medio Ambiente. 
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la inclusión de la energía y combustibles nucleares y de análisis financieros y también económicos, al establecimiento de registros accesibles o de listas de información disponible, a la idea de que no se puede cargar al solicitante más que un costo razonable, que es el precio de costo por la recopilación de la información, y la insistencia en que tiene que haber una prueba de los beneficios o perjuicios para las excepciones, es decir que el perjuicio tiene que superar los beneficios de la revelación. 
Ahora bien, por lo que se refiere al alcance de la propuesta, estoy un poco desilusionado, si no sorprendido, por la sugerencia de que el Gobierno del Reino Unido y los parlamentarios conservadores y laboristas británicos deben esforzarse por excluir a las empresas privadas cuyas actividades afecten al medio ambiente. 
Éste es el tipo de laguna que ha permitido que el anterior Gobierno conservador exonerara a las empresas de agua privatizadas. 
Esas enmiendas no consiguieron su finalidad pero lo que me preocupa es que la enmienda que sí que la consiguió por la vía del Artículo 2 2) c) pueda limitar demasiado el alcance. 
Una de las finalidades de la nueva propuesta era colmar las anteriores lagunas que permitían que los servicios públicos privatizados soslayaran la obligación. 
El texto de la Comisión abarcaba claramente a los servicios públicos privatizados. 
¿Estima el Comisario que las enmiendas del Artículo 2 2) c) que adoptó la Comisión de Medio Ambiente aseguran que empresas privatizadas que suministran gas, electricidad, agua, etc., siguen teniendo la obligación de proporcionar esa información? 
Señor Presidente, he pedido intervenir porque me parece que, además de apoyar a la Sra. Korhola, que ha hecho un gran trabajo, había que defender algo más profundo que el mero hecho de la información medioambiental. 
Creo que lo que estamos debatiendo es un trabajo de gran trascendencia, porque afecta al derecho de los ciudadanos y al desarrollo de los derechos de los ciudadanos europeos, más allá de los Estados, de las regiones y de cualquier otro interés de control del poder. 
El control de la información es una forma de poder más vieja que el tiempo y, por tanto, nosotros tenemos que tratar de que el control de la información no se asimile al poder y de que el ciudadano tenga derecho a estar informado. 
En segundo lugar, creo que en el tema del medio ambiente uno de los grandes problemas reside en que del principio de subsidiariedad se desprende, precisamente, que la única defensa del medio ambiente corra a cargo de los ciudadanos. 
Los ciudadanos han de estar informados y la Comisión debe informar doblemente en aquellos temas que son subsidiarios, para que los ciudadanos puedan erigirse en los defensores de sus propios intereses y exigir a sus Gobiernos lo que han de hacer. 
Por tanto, también la Comisión debe realizar un gran esfuerzo en los temas que son subsidiarios para conseguir esa información, para definir cuáles son las reglas del juego de la información, para exigir que todos los países, cualquiera que sea la manera de llevar a cabo las políticas, estén obligados a informar, tanto a nivel de Estado como a nivel de región. 
Las recientes catástrofes están demostrando que el ciudadano tiene cada vez más derecho a gestionar sus riesgos y a hablar, pedir y exigir compromisos de salvaguarda de sus propios intereses en cuanto a temas como la salud. 
Por tanto, en aras de la realización y de un buen ejercicio del principio de subsidiariedad, no coloquemos al poder por encima de los ciudadanos. 
La información es un derecho que tiene todo individuo y, ello significa saber y conocer incluso la debilidad de su sistema, ya sea para apoyarlo, para decidir acerca de su financiación y otras muchas cosas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la información es uno de los principios básicos de la democracia. 
El libre acceso, la transparencia y la difusión de las informaciones sobre el medio ambiente son derecho fundamental de todo ciudadano interesado en la calidad del espacio en que vive y trabaja. 
La accesibilidad a los datos relacionados con el medio ambiente de que disponen las autoridades públicas son de una importancia primordial, no sólo para mejorar la sensibilización del público, sino también para garantizar la confianza y la participación democrática de los ciudadanos. 
En la aplicación de la Directiva 90/313 se han constatado bastantes carencias que han hecho necesaria su revisión. 
La firma del Convenio Aarhus y los avances señalados en la tecnología de la información han hecho que la Comisión presente una nueva propuesta de directiva que, en gran medida, cubre los puntos mencionados anteriormente. 
Sin embargo, las enmiendas presentadas tienen como objetivo ampliar aún más la propuesta de la Comisión y, en concreto, se deben incluir en el concepto de autoridad pública instituciones y entidades que trabajan por cuenta de la autoridad pública. 
La directiva se refiere a informaciones relacionadas con el medio ambiente, y debe incluir todo tipo de forma disponible, como la escrita, visual, auditiva, etc. 
Toda persona física u organización puede solicitar información medioambiental sin ser necesario demostrar un interés legal. 
En cuanto al plazo en el que la administración debe contestar a una solicitud de información medioambiental, creo que dos semanas son suficientes para que los interesados puedan utilizar la información oportunamente. 
Creo que es fundamental, en relación con temas especialmente importantes, como los relacionados con las emisiones de gases, salidas y vertidos u otro tipo de liberaciones en el medio ambiente, que no haya compromiso en el suministro de informaciones, ni excepciones. 
Es igualmente necesario, cada vez que las autoridades públicas se nieguen a proporcionar información, basándose o no en las excepciones, que justifiquen exactamente el por qué de su negativa. 
La directiva determina que las autoridades públicas podrán cobrar una tarifa por facilitar una información. 
Creo que dicha tarifa debe limitarse al coste real de la reproducción de las informaciones, para facilitar el acceso del público a la información lo más posible. 
Para terminar, quisiera dar mi enhorabuena a la ponente, Sra. Korhola, por su informe tan importante, y creo firmemente que va a ser como una palanca hacia la participación activa de los ciudadanos en la lucha contra los problemas medioambientales. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, la Sra. Korhola ha realizado un excelente trabajo. 
La propuesta de la Comisión era buena y ha sido mejorada por la Comisión de Medio Ambiente. 
Espero que después de la votación en el Pleno sea aún mejor. 
Es evidente que los problemas medioambientales de nuestro tiempo y del futuro deberán ser resueltos en todos los ámbitos. 
Algunos asuntos son de carácter europeo, otros son propios del ámbito nacional, pero, hablando sinceramente, la mayoría de ellos van a ser de carácter local. 
Un componente de la democracia es que los ciudadanos puedan influir y, obviamente, que tengan derecho a acceder a la información necesaria para actuar como ciudadanos en sus sociedades. 
Por ese motivo, quisiéramos que se aprobasen las enmiendas 6, 16 y 30 en el Pleno de mañana. 
En ellas se fija un plazo de dos semanas, de cuatro semanas en casos complejos, para que las autoridades y empresas respondan preguntas. 
Esto corresponde a la postura del Parlamento en el denominado informe Cashman sobre apertura en la Unión. 
Además, es importante que se aprueben las enmiendas 19 y 20, en las que se establece la responsabilidad de las autoridades de ayudar a los ciudadanos y organizaciones a obtener información. 
Se les debe ayudar a encontrar lo que buscan, a escribir y hablar correctamente y a preguntar en el sitio adecuado. 
Éste es un servicio elemental de las autoridades en un país democrático. 
Señor Presidente, quiero sumarme a todas esas muestras de agradecimiento de las que ha sido objeto la ponente durante este debate. 
Puedo afirmar que tenemos aquí un ejemplo modélico de cómo una comisión parlamentaria puede realizar verdaderamente su trabajo en toda regla y presentar al Pleno una propuesta casi unánime, en la cual las discrepancias han sido reducidas al mínimo, como es el caso. 
Quisiera destacar que se trata de una modificación realmente importante que se puso en marcha a partir del Convenio de Aarhus. 
La ponente ha elaborado un informe que aborda la aplicación práctica del primer cometido del Convenio de Aarhus sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información medioambiental. 
Los cometidos siguientes conciernen al derecho de los ciudadanos a participar en el proceso de toma de decisiones y al derecho a recibir justicia en los casos en que sean objeto de un trato injusto. 
Cabe subrayar que no es cuestión de que queramos que las autoridades muestren buena voluntad para con los ciudadanos, sino que se trata de un derecho fundamental inalienable que los ciudadanos deben poder ejercer, sin que se les pida explicaciones sobre los fines para los que desean la información. 
Yo misma he participado estrechamente en la elaboración del informe del Sr. Cashman, y al conocer más detalladamente el informe de la Sra. Korhola, me he puesto a pensar si sería conveniente añadir al informe del Sr. Cashman un punto en el que se declare que la información relativa al medio ambiente y a la salud tampoco podrá ocultarse cuando dicha información pertenezca al ámbito del secreto comercial. 
Es posible que, si no se establece esta limitación, se pueda mantener oculta al público mucha información en materia medioambiental y de salud. 
Señor Presidente, también quisiera sumarme al coro de elogios y decir, en nombre de la Izquierda Unitaria, que apoyamos este informe que, en nuestra opinión, ha mejorado una buena propuesta. 
El acceso a la información medioambiental no sólo es un derecho, sino que es también una herramienta de poder. 
En muchos asuntos medioambientales se enfrentan el interés ciudadano por la existencia de un ambiente sano y poderosos intereses económicos privados. 
El acceso a la información es esencial para la formación de la opinión pública y para que los ciudadanos puedan influir en la política. 
En esta perspectiva, la transparencia en asuntos medioambientales también atañe a la democracia. 
La propuesta que discutimos se fundamenta esencialmente en la Convención de Århus que, a nuestro juicio, es un ejemplo extraordinariamente positivo y lúcido de colaboración internacional en esta materia. 
La legislación que estamos debatiendo no abarca a las instituciones comunitarias; éstas van a ser tratadas en una propuesta posterior. 
Considerando las negociaciones sobre apertura- artículo 255- desgraciadamente parece que el resultado va a ser mucho peor que lo establecido en la Convención de Århus en materia medioambiental; un resultado así sería totalmente inaceptable. 
Además, respecto a la legislación futura, es importante que otras instituciones, por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones, también sean cubiertas por la Convención de Århus, ya que sus actividades tienen efectos medioambientales bastante amplios. 
Señor Presidente, me parece muy bien que tengamos hoy ante nosotros tantos informes sobre el medio ambiente. 
De hecho, lo que tengo que decir acerca del informe Korhola se relaciona con el informe de Oomen-Ruijten y con el de Myller, y es oportunísimo que el presente debate tenga lugar especialmente cuando estamos conmemorando el décimo aniversario de la Cumbre sobre la Tierra, que se celebró en Río en 1992. 
Utilizo la palabra "conmemorando" con reticencia porque no me parece que podamos celebrar el décimo aniversario de la primera Cumbre sobre la Tierra. 
El hecho de que los Estados Unidos y la Unión Europea no pudieran llegar recientemente a un acuerdo acerca del nivel permitido de emisiones futuras de gases es, sin duda alguna, poco agradable. 
Espero que los Estados Unidos y la Unión Europea puedan llegar a un buen acuerdo que permita reducir de forma sostenida el nivel de gases de efecto invernadero. 
Lo realmente importante es que cuanto mayor sea la reducción de gases de invernadero, mayor será el efecto que tenga para el cambio climático que, a su vez, tendrá un efecto devastador para las comunidades costeras e isleñas, no solamente de Europa sino de todo el mundo. 
Estoy perfectamente al corriente de los preparativos de la Unión Europea para la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, que va a tener lugar en Sudáfrica el año 2002, y apoyo las cuatro líneas de acción que ha redactado la Comisión Europea en sus preparativos para la mencionada cumbre mundial. 
La Unión Europea procurará proteger los recursos naturales que se hallan en las raíces del desarrollo económico, luchar por la promoción de la ecoeficiencia, promover la utilización sostenible del agua, de la tierra y de la energía, y procurar conseguir que se quiebre el círculo vicioso de la pobreza y la degradación ambiental, y todo esto es mejor conseguirlo en el marco de las Naciones Unidas. 
Diez años después de Río siguen sin cumplirse las expectativas. 
Las presiones sobre el medio ambiente han empeorado y la pobreza sigue ganando terreno en el mundo. 
Tenemos que redoblar todos nuestros esfuerzos para estar seguros de que la cumbre mundial del año próximo estará en condiciones de conseguir que el desarrollo se lleve a cabo de forma sostenida y también de forma que proteja a las comunidades existentes. 
El Quinto Programa de acción medioambiental de la Comunidad protege a las personas contra los efectos adversos de la contaminación atmosférica. 
Como se sabe con claridad que el objetivo a largo plazo establecido por el Quinto Programa de acción medioambiental no se conseguirá fácilmente, la Comisión ha resuelto, como procede, seguir un enfoque gradual que determine sus denominados objetivos medio ambientales provisionales para el año 2010. 
La Comisión de Medio Ambiente seguirá desempeñando un importante papel de coordinación a ese respecto, y me gustaría felicitar al ponente por el informe. 
Señor Presidente, preconizar la transparencia, favorecer el acceso del público a la información medioambiental, es un objetivo que suscribo plenamente. 
Pero el informe Korhola deja entrever muchas dificultades para todos los que desean mayor claridad. 
Lamento, en particular, que no vaya más lejos. 
Lamento asimismo que el texto sólo se refiera al acceso del público a los documentos y no también de los diputados que actúan en el marco de su mandato. 
Como prueba, baste un ilustrativo ejemplo que yo mismo padecí. 
En febrero de 2000, tuve la osadía de pedir la publicación anual del balance científico, técnico y financiero de las operaciones Life, programa que goza de una dotación de 613 millones de euros. 
En agosto de 2000, como no llegaba nada, recurrí al Director General de Medio Ambiente y al Secretario General de la Comisión Europea, a fin de obtener información sobre el programa Life- salvaguardia del lago de Grandlieu- aparentemente estampillado "secreto prohibido". 
Para gran sorpresa mía, sólo se me remitieron algunos documentos insignificantes precisándome que la relación detallada de los gastos de este proyecto contenía datos personales, lo que me impedía tener acceso al mismo. 
¿Me pueden explicar por qué la comunicación del precio de compra de las parcelas adquiridas exclusivamente con dinero público representa una violación de la vida privada y no el control legítimo de los fondos públicos que debería ejercer todo elegido que se respete? 
En cuanto a los estudios científicos efectuados en el marco del famoso Life, es igualmente imposible tener acceso a los mismos, por la sencilla razón de que la Comisión no los tiene, lo que es el colmo. 
Ésta me sugiere que me dirija directamente al promotor, que no está obligado en absoluto a informarme, y que por lo demás no lo ha hecho, lo cual no me sorprende, teniendo en cuenta que el programa ha conducido a una auténtica catástrofe ecológica. 
Para evitar este género de abusos, votaremos este texto, que va en la buena dirección, pero ¿podemos esperar realmente conseguir algún día cierta transparencia sobre la utilización de los fondos comunitarios? 
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar felicitando a la Sra. Eija-Riita Korhola y a la Comisión de Medio Ambiente por las mejoras que proponen al texto que se nos ha presentado. 
Y las felicito también por haber acogido la mayor parte de las contribuciones que aprobamos en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, en la que fui ponente en la sombra para el trabajo de la baronesa Ludford. 
El Parlamento ha estado- y acertadamente- en la primera línea de la tendencia a incrementar una mayor apertura y transparencia en lo relativo a la actividad llevada a cabo por las autoridades públicas, así como al acceso a los documentos. 
Se debe considerar el acceso a la información en materia medioambiental uno de los pilares esenciales para una política medioambiental efectiva, porque contribuye a una mayor sensibilización del público sobre las cuestiones medioambientales, porque mejora, así, la protección y la calidad del medio ambiente, porque permite que se haga un control más eficaz de si se está aplicando plena y eficazmente la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y, por último, porque permite a los ciudadanos participar más eficazmente en la adopción de decisiones en materia de medio ambiente que pueden afectar a su vida. 
Con esta iniciativa proponemos que se substituya la directiva de 1990, sobre todo con el objetivo, entre otros, de adaptarla a la evolución de las tecnologías de la información creando una directiva de segunda generación que refleje los cambios en la forma como se produce hoy la información en nuestra sociedad. 
Para concluir, quisiera subrayar dos aspectos: el primero es la cuestión de los plazos en que las autoridades públicas están obligadas a facilitar las informaciones solicitadas lo más rápidamente posible y a más tardar en el de un mes. 
Y la segunda es que hayamos limitado el ámbito de las excepciones: si bien es aceptable que, para proteger intereses legítimos, deban existir disposiciones que excluyan la revelación de ciertas informaciones, es fundamental que se defiendan rigurosamente y se interpreten de modo restrictivo dichas excepciones para que no menoscaben el principio general de acceso y para que la directiva pueda cumplir, de hecho, su objetivo. 
Señor Presidente, yo comparto la intervención de mi compañero, Jonas Sjöstedt, pero querría intervenir para defender el informe de la Sra. Korhola- aprobado por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente -, sobre todo desde el punto de vista de la Comisión de Peticiones, y el papel que los ciudadanos juegan en el cumplimiento del Derecho comunitario. 
Yo soy miembro de la Comisión de Peticiones y he de decir que el 40% de las peticiones proceden de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que defienden el cumplimiento del Derecho comunitario medioambiental, y su trabajo sería imposible si no tuviesen la información suficiente y en los plazos debidos. 
Nuestra experiencia es que en muchas de esas peticiones las dificultades con que se encuentran los peticionarios es no sólo comprender el Derecho comunitario- a veces muy complejo y muy difícil de abordar -, sino también obtener de las administraciones locales, autónomas y nacionales la información suficiente para presentar debidamente las peticiones en la Comisión de Peticiones y, a veces, las quejas en la Comisión Europea, que también conoce la Sra. Comisaria. 
Por eso, es imprescindible que esta directiva se apruebe y se lleve al Derecho de los Estados miembros de la forma más rápida posible, porque uno de los problemas que tuvo la anterior Directiva 90/313/CEE fue precisamente la tardanza en pasarla al Derecho interno de los Estados y su mala aplicación durante todos estos años. 
Esta nueva revisión de la directiva propone, desde luego, que nos adecuemos al Convenio de Aarhus, amén del estudio de las experiencias de la mala aplicación de la Directiva 90/313/CEE. 
Señor Presidente, Señorías, los mejores resultados medioambientales se obtienen cuando todos los ciudadanos afectados pueden participar en el proceso. 
Un mejor acceso a la información medioambiental implica una mayor conciencia medioambiental. 
Para realizar los cambios necesarios que garanticen un desarrollo sostenible, habrá que poner al ciudadano en el centro de la política medioambiental. 
En la Declaración de Río de Janeiro ya se manifestaba la importancia de la participación ciudadana en la formación y ejecución de la política medioambiental. 
Sin acceso a la información, será muy difícil que los ciudadanos participen y ejerzan presiones. 
Por esa razón esta propuesta sobre acceso del público a la información medioambiental es tan trascendente. 
El año 1998 los Estados miembros firmaron la Convención ONU/ECE sobre acceso a la información, participación del público en los procesos de decisión y acceso a herramientas jurídicas en asuntos medioambientales: la Convención de Århus. 
Este documento representa un gran avance para la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro y para la continuación del proceso de apertura que se inició con la directiva 90/313/EEG sobre el acceso a la información medioambiental. 
Antes de que la comunidad ratifique la Convención, habrá que adaptar las legislaciones vigentes en la Unión. 
Éste es uno de los objetivos principales de la propuesta. 
Otro, es corregir las deficiencias que se han detectado en la aplicación de la Directiva 90/313/EEG, aprobada en 1990. 
Uno de los principales elementos de la propuesta de nueva directiva de la Comisión es otorgar derecho a la información medioambiental, en lugar de libre acceso a esa información. 
También se define más ampliamente la información medioambiental y se establece un plazo más corto para que las instituciones entreguen la información que se les solicite. 
Además, se definen claramente las excepciones y se propone que las instituciones sólo podrán negarse a entregar información si ésta pudiese dañar determinados intereses privados y públicos protegidos por las excepciones y se señala, además, que las autoridades deberán tomar iniciativas para informar al público. 
Puesto que se ha mencionado a las autoridades, puedo manifestarles que la Comisión ha aprobado la enmienda de la Sra. Korhola que contiene una definición de "autoridad". 
Está en plena concordancia con la Convención de Århus. 
Cuando los servicios públicos se privatizan, como ocurre actualmente en el Reino Unido, deberán ser las autoridades nacionales responsables las que se encarguen de la información a los ciudadanos. 
La propuesta de la Comisión comprende las principales obligaciones de la Convención de Århus y, en algunos aspectos, va aún más lejos. 
Sin embargo, la propuesta permite a los países miembros decidir cómo se ejecutarán esas obligaciones en la práctica. 
La propuesta de la Comisión ha sido mejorada sustancialmente durante los últimos meses y quisiera agradecer a la Sra. Korhola y al Parlamento Europeo su trabajo. 
Estoy convencida de que gracias a este excelente trabajo podremos aprobar una postura común en la reunión de junio del Consejo. 
Algunas de las enmiendas del Parlamento tienen por objeto ajustar exactamente la propuesta de la Comisión al texto de la Convención de Århus. 
En general, la Comisión aprueba esas enmiendas. 
En cambio, rechazamos aquéllas que difieren sustancialmente de la Convención de Århus. 
Con todo, opinamos que algunas enmiendas implican una regulación demasiado detallada. 
Quisiera subrayar que se trata de una directiva marco. 
Su objetivo primordial es establecer las condiciones fundamentales para asegurar el acceso del público a la información medioambiental. 
Por eso, creo que los Estados miembros deben tener espacio para incorporar la directiva en la legislación nacional con cierta flexibilidad. 
Durante el debate ha surgido el tema de los registros. 
La propuesta presupone la posibilidad de crear registros en los países miembros, pero no es una obligación, no se estipula que los Estados miembros deban crear registros. 
Por último, quisiera referirme brevemente al acceso del público a la información medioambiental en poder de las instituciones de la Unión, puesto que este asunto ha sido mencionado en el debate. 
Estoy estudiando diferentes opciones para garantizar que las instituciones comunitarias también cumplan con las obligaciones que se derivan de la Convención de Århus y volveré a informarles sobre este tema tan pronto como sea posible. 
Obviamente que primero habrá que esperar la tramitación de la propuesta que estamos discutiendo. 
La Comisión rechaza las enmiendas que se refieren a este tema específico, ya que quedan fuera del campo de acción de esta directiva, que atañe a los Estados miembros. 
También quisiera decir algunas palabras al Sr. Bernié sobre el Programa Life y los diferentes proyectos Life. 
Opino que es extraordinariamente importante que informemos y que obremos con completa transparencia en relación con estos proyectos. 
No obstante, nos encontramos con que los Estados miembros dicen que se trata de información que ellos han producido y, por ese motivo, no aceptan que la Comisión la haga pública. 
Justamente se estudia este problema en relación con la discusión del artículo 255. 
Es conveniente que volvamos a discutir estos asuntos en torno a una propuesta sobre la adaptación de las instituciones de la UE a la Convención de Århus; les prometo que lo haremos tan pronto como sea posible. 
En resumen, la Comisión aprueba toda la enmienda 3 y parcialmente las enmiendas 1, 11, 15, 19, 21, 24, 25, 26 y 28. 
La Comisión respalda en principio las enmiendas 13, 17, 19, 20, 21, 23 y 24. 
Sin embargo, la Comisión rechaza las enmiendas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 27, 29 y 30. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0018/01). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 47 formulada por (H-0191/01): 
Asunto: Etiquetado de origen de la carne En febrero, los sondeos de opinión del Eurobarómetro mostraron que el apoyo a la ampliación a los países del Este ha disminuido gravemente en varios Estados miembros. 
En los tres más poblados, es decir Alemania, Francia y Gran Bretaña, una mayoría de los encuestados estaban en contra de la ampliación. 
Esta información aparece al mismo tiempo que la enfermedad de las vacas locas causa estragos sin precedentes en algunos Estados miembros. 
Con la ampliación y la adhesión de nuevos miembros, el área geográfica de procedencia de nuestros productos agrícolas aumentará de manera considerable. Ello significa que a los ciudadanos de la UE les resultará todavía más difícil que en la actualidad saber de dónde procede un determinado producto. 
Para remediar la falta de confianza en los productores de carne, ¿está dispuesta la Comisión a proponer la introducción de un etiquetado obligatorio de los productos cárnicos en el que figure su procedencia, ya sea nacional o regional, a fin de proporcionar mejor información a los consumidores? 
Señor Presidente, Señorías, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en julio del año 2000 una regulación sobre el etiquetado obligatorio para la carne de vacuno que se comercializa en la Comunidad bien fresca o congelada, representó un importante avance para mejorar la transparencia y recuperar la confianza de los consumidores. 
Hoy, en que nos encontramos ante una segunda y grave crisis en el sector de la carne de vacuno, el sistema de etiquetado obligatorio puede demostrar su validez pues entretanto cada pieza de carne de vacuno se puede seguir hasta su origen y está asimismo claro dónde se ha sacrificado y troceado al animal. 
A partir de comienzos del próximo año se va a añadir a este etiquetado el lugar de nacimiento y el lugar donde se ha criado. 
En lo referente al etiquetado de los productos que incluye a todo tipo de preparados alimenticios que contienen carne de vacuno, la Comisión debe atenerse al calendario que figura en el artículo 21 del Reglamento 1760/2000 por el que deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo hasta el 14 de agosto del 2003 un informe y, en su caso, propuestas adecuadas para el etiquetado de dichos productos. 
En cualquier caso, la Comisión está trabajando en el marco de las normas generales de etiquetado en una propuesta sobre la indicación del contenido en carne y en productos derivados de la matanza de todos los alimentos. 
Esta propuesta supondría otro progreso esencial para lograr mayor transparencia en los productos cárnicos. 
Agradezco al Comisario Fischler su respuesta y compruebo que en relación con el rastreo de la carne, el próximo año se mencionará el lugar de nacimiento y de crianza. 
¿Se indicará el nombre de la explotación de la que procede o solamente el de la región? 
Formulo esta pregunta debido a la poca confianza que cada vez más consumidores tienen en el sector agrícola. 
Esto es especialmente válido para la industria de la carne en Europa. 
Por ese motivo es importante que, tan pronto como sea posible, se materialice el etiquetado con los datos sobre el origen de la carne y de otros alimentos. 
Permítanme informar al Comisario Fischler acerca de una empresa que hay en mi tierra natal, Mora, en la región de Dalarna. 
La empresa, que se llama Siljanet y cuyo creador es Anders Lindberg, ha inventado un sistema de etiquetado informático que se está patentando y que permite conocer el origen de la carne hasta la explotación en particular que la produjo. 
Este tema cobró especial actualidad en una conferencia en Bruselas el 6 de marzo. 
Señor Presidente, por mostrarlo de nuevo de un modo algo más claro: ¿porqué existe esta diferenciación? 
Lo que entró en vigor el 1 de septiembre del año pasado afecta a datos de la etiqueta que se pueden determinar en el lugar de la matanza. 
Cada animal tiene un número en la oreja y si paso dicho número a la carne puedo seguir el camino de la carne hasta el animal. 
En segundo lugar, sé más claramente en el lugar del sacrificio dónde ha sido sacrificado el animal y también puedo determinar dónde ha sido troceado. 
El otro problema que es agudo desde el 1-1-2001 es que también queremos proporcionar informaciones sobre la cría y el lugar de nacimiento. 
Pero esto no lo puedo constatar en el lugar de sacrificio sino, que por así decirlo, el animal tiene que traer consigo su historia para lo que es necesaria la correspondiente base de datos así como el correspondiente registro informático para que esto funcione. 
Aquí es donde está el problema y este es también el motivo por el que podemos comenzar con este sistema de modo general más tarde ya que no en todos los Estados miembros existen suficientes datos que lleguen tan atrás ni se ha registrado informáticamente el lugar de nacimiento de todos los animales 
El 1-1-2002 tampoco se va a disponer de estos datos de todos los animales, pero se podrá diferenciar con gran exactitud. 
La carne de calidad y la carne etiquetada como tal, tendrá estos datos en la etiqueta, si bien será un código y no un nombre escrito. 
La demás carne no podrá ser comercializada ya como carne de calidad. 
Este es el modo de proceder. 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0193/01): 
Asunto: Ayudas al sector ganadero de los Estados miembros afectados por la EEB En varios Estados miembros se están descubriendo en los últimos años reses afectadas por la encefalopatía espongiforme bovina, después de que desde el Reino Unido se exportaran harinas animales hacia estos Estados, cuando su comercialización había sido ya prohibida en dicho país. 
En su momento la Unión Europea concedió importantes ayudas al Reino Unido para afrontar la crisis. 
Ahora, cuando otros Estados conocen casos de ganado afectado por el mal de las vacas locas, la opinión pública espera ayudas comunitarias similares a las que se le concedieron al que estuvo en el origen de este mal. 
De no ser así, nos enfrentaríamos de nuevo a la paradoja descrita por el Presidente Prodi en el PE durante la presentación del programa para 2001 de "una Europa cada vez más necesaria y sin embargo percibida como cada vez más distante". 
¿Con qué cantidades y con qué porcentajes ha financiado la Unión Europea las medidas adoptadas para resolver la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina en el Reino Unido? 
¿De qué medios dispone y con qué porcentajes tiene previsto cofinanciar la Unión Europea las medidas de apoyo en favor de los países afectados por esta nueva crisis de la EEB? 
Señor Presidente, Señorías, para solucionar los problemas de la primera crisis de la EEB, cuando se prohibió la exportación de animales vivos y de carne de vacuno del Reino Unido, se destruyó allí en el marco de la llamada regulación de los 30 meses la totalidad de la carne de animales que cuando se sacrificaron tenían más de 30 meses de edad. 
Además, se ofreció una prima por el sacrificio temprano de terneras para su tratamiento pero no sólo al Reino Unido sino también a Francia, Portugal e Irlanda. 
En los cuatro años comprendidos entre 1996 y el 2000, en los que existió en Gran Bretaña esta regulación de los 30 meses, los costes para el presupuesto de la UE ascendieron a 1.275, 4 millones de euros. 
Esta suma corresponde al 70% del precio de compra de estos animales pues el 30% del precio de compra y la totalidad de los costes de eliminación tenía que costearla Gran Bretaña. 
El 80% de esta cantidad se pagó cuando los animales fueron sacrificados y el 20% restante cuando se demostró que la harina cárnica elaborada con estos animales había sido incinerada. 
Sin embargo, debe observarse que la totalidad de los costes por el sacrificio y también por la eliminación no dañina de los animales los tenía que soportar Gran Bretaña. 
La prima por el tratamiento de las terneras fue financiada al 100% por el presupuesto de la Comunidad. 
Para los cuatro países miembros mencionados a los que se ofreció, esto ocasionó unos gastos totales de 326,6 millones de euros, de los que 235,4 fueron al Reino Unido. 
Pero la medida de la Comunidad para superar la primera crisis de la EEB incluye también una financiación plena del almacenamiento público y una prima por comercialización temprana para las terneras así como unas ayudas directas adicionales por un importe de 1.309, 9 millones de euros. 
Estas ayudas directas- la prima por la comercialización temprana y el almacenamiento público por el que se almacenaron más de 700.000 toneladas de carne- beneficiaron a todos los Estados miembros. 
Para superar la actual crisis, la Comisión no ha puesto en el 2001 a disposición solamente 238 millones de euros para intervenciones y 700 millones para el capítulo de destruction, sino que además hace poco ha presentado al Consejo y al Parlamento un paquete de medidas para el sector de la carne de vacuno que contiene tanto medidas de intervención como medidas comerciales especiales para reducir en el período comprendido entre el 2001 y el 2003 la producción de carne de vacuno. 
Esto ocasiona unos gastos adicionales de 157 millones en el 2001 a los aproximadamente mil millones que se autorizaron para el presupuesto del 2001, unos gastos adicionales de 1.445 millones en el 2002 y 181 millones en el 2003. 
Los costes por la medida de compra y las regulaciones especiales son soportados asimismo en un 70% por la Comunidad; todos los demás costes deberán ser soportados por los Estados miembros. 
El almacenamiento de intervención será financiado como hasta ahora al 100% por la Comunidad. 
Señor Comisario, muchas gracias por la información que nos ha suministrado. 
En la forma exponencial en la que está creciendo el gasto comunitario en este sector, ¿cree el Sr. Comisario que en los diferentes Estados miembros afectados por la segunda crisis de las vacas locas podrán realmente atenderse esas necesidades con los medios de que, previsiblemente, va a disponer la Comisión en los próximos años 2002 y 2003? 
Señor Presidente, hemos añadido al paquete de medidas que hemos presentado una fiche fiancière y esto muestra muy claramente qué gastos se van a producir y cómo queremos financiar estos gastos. 
Visto así, estos créditos están garantizados desde nuestro punto de vista. 
Naturalmente, contamos con que también en el presupuesto del 2002 quedaremos por debajo del límite acordado en Berlín, sobre todo debido a la evolución de la relación dólar/euro no prevista en Berlín y a que las exportaciones, en especial, de trigo transcurren muy bien y además en algunos otros sectores no se han tenido que realizar tantos gastos. 
Es decir, de este modo, por un lado, estamos en situación de aprovechar los espacios libres que se han desarrollado aquí y de ayudar a los ganaderos sometidos a presión y, por otro, respetar a pesar de ello los ceilings tal como se acordaron en Berlín. 
Señor Comisario, en Galicia existe una enorme preocupación. 
Es una región objetivo nº 1 que está sufriendo la EEB y aplicando con rigor modélico un plan de lucha contra esta enfermedad. 
Yo querría saber si en estas medidas, de las que habla el señor Comisario, se están habilitando o se van a habilitar ayudas directas a los ganaderos. 
Y, en concreto- porque me lo piden así -, si se pueden autorizar o si se tiene previsto autorizar medidas específicas para hembras de bovino de 9 a 24 meses y modificar la prima especial del sacrificio de macho, cambiando el criterio de edad por el de peso: 185 kilos. 
Esto es lo que me piden y sería importante desde el punto de vista de la lucha contra esta enfermedad. 
Señor Presidente, siento que siempre tarde algo pero la traducción necesita algo más de tiempo que el que emplea el orador. 
Respecto a las preguntas del Sr. Varela Suanzes-Carpegna quiero decir lo siguiente: en primer lugar, estamos ya dando la totalidad de los créditos de los que se dispone en el marco de los puntos que hemos propuesto. 
Para el presupuesto del 2001 no disponemos de más créditos que podamos dedicar, por ejemplo, a ayudas directas a los agricultores. 
Se trata también de una situación diferente a la que existía en la primera crisis de la EEB pues en ésta se aplicaban aún las antiguas agricultural guidelines que eran mucho más generosas; ahora se aplican los límites aprobados de un modo sensiblemente más estrecho en Berlín para los gastos y estos límites se han ratificado de nuevo en la cumbre de Niza. 
Esto significa que la Comisión no tiene ninguna posibilidad de sobrepasar dichos límites. 
En lo que se refiere en concreto a los territorios del objetivo 1, no son aquí posibles ayudas operativas sino a lo sumo ayudas que se refieren a inversiones o a medidas medioambientales agrícolas o cosas de este tipo. 
Por ello, no veo ninguna posibilidad de pagar una ayuda especial a las rentas a los agricultores en el marco de los créditos de ayuda para el objetivo 1. 
En tercer lugar, quiero indicar que debido a este hecho, está abierta naturalmente una posibilidad pero también sólo dentro del marco que existe en la regulación nacional de las ayudas. 
Dentro de este marco, los Estados miembros pueden proporcionar ayudas nacionales. 
Sin embargo, condición previa es que, primero, se notifiquen y, segundo, no superen los límites determinados en las regulaciones estatales de las ayudas. 
Señor Presidente, he hecho dos preguntas muy concretas al Sr. Comisario. 
Una la ha contestado, pero la relativa a las primas del bovino ha quedado sin respuesta y es una cuestión que, quizá al Sr. Comisario no le llegó a través de la interpretación y me gustaría, si lo permite, repetírsela: ¿va a autorizar las medidas específicas para hembras de bovino de 9 a 24 meses y modificar la prima especial de sacrificio de bovino macho, cambiando el criterio de edad por el de peso, 185 kilos? 
A esto no me ha respondido. 
Señor Presidente, sólo existe una prima por sacrificio. 
La prima por sacrificio se encuentra regulada en el reglamento de mercado y es igual para todos los animales. 
Por ello, no puedo darle una respuesta al respecto, al menos en lo que me ha llegado en la traducción como pregunta. 
Pregunta nº 49 formulada por (H-0137/01): 
Asunto: Convención de 1996 sobre la protección de los niños La Convención de 1996 sobre la protección de los niños es considerada por aquellas personas comprometidas con la protección de los niños como un instrumento de gran valor que aportará una contribución esencial a una amplia gama de sectores relacionados con la protección de los niños. 
Es sumamente importante que el establecimiento de un nuevo sistema de protección de los niños en la UE no impida la aplicación de la Convención de 1996. 
Dado que, a nivel de la UE, se han suscitado ciertas cuestiones en materia de competencia en este ámbito, ¿puede garantizar la Comisión que los Estados miembros procederán a ratificar la Convención de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre la jurisdicción, el derecho aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de "responsabilidad parental y de medidas para la protección de los niños" a la mayor brevedad posible? 
. (EN) Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que se tradujo en la transferencia de la esfera de cooperación judicial en asuntos civiles al primer pilar, el Consejo adoptó en mayo de 2000 el reglamento Bruselas II sobre jurisdicción y reconocimiento y cumplimiento de los juicios sobre cuestiones matrimoniales de responsabilidad parental para los hijos de los dos cónyuges. 
Este reglamento fija normas sobre jurisdicción, reconocimiento automático y cumplimiento simplificado de los juicios sobre cuestiones matrimoniales y las cuestiones de responsabilidad parental respecto de los hijos. 
Como resultado de ello, el acceso a la Convención de 1996 sobre Responsabilidad Parental, a la que se ha referido su Señoría, ha pasado a ser una cuestión de la competencia de la Comunidad. 
Eso significa que en los asuntos que he mencionado, los Estados miembros no pueden ratificar la Convención de la Haya de 1996 sobre responsabilidad parental por su propia cuenta. 
La Comisión sabe perfectamente bien que es necesario reforzar las actividades de la Unión Europea en esta esfera, tanto en el plano interno como en el plano externo, y, como ha sugerido su Señoría, debe hacerlo sin demora. 
Para ello, la Comisión tiene la intención de adoptar este mes un documento de trabajo sobre el reconocimiento mutuo de decisiones relativas a responsabilidad parental. 
En este contexto se está examinando actualmente la adhesión de la Comunidad a la Convención de La Haya de 1996 sobre responsabilidad parental. 
Señor Comisario, ¿está en condiciones de decir si hay apoyo universal en favor de la ratificación de la Convención de la Haya de 1996? 
Para evitar toda confusión diré que no se trata de la Convención de La Haya sobre el secuestro parental de niños, cuya fecha es 1981. 
Me estoy refiriendo a la otra Convención. 
Tengo entendido que quizá haya problemas en materia de ratificación por algunos Estados miembros. 
Si los hay, ¿podría decirnos: a) qué tipo de problemas son, y b) de qué Estados miembros se trata? 
. (EN) Tenemos que dejar bien sentado que la conclusión de la Convención de 1996 es en parte de la competencia exclusiva de la Comunidad, porque las normas del reglamento de Bruselas II quedan también afectadas, y en parte de la competencia de Estados miembros, porque la Convención tiene un ámbito mucho más amplio que excede de los límites de la responsabilidad parental derivada del reglamento de Bruselas II. 
El documento de trabajo que la Comisión va a producir este mes tendrá dos finalidades principales. 
La primera es el seguimiento del reglamento Bruselas II, del que ya hemos hablado en una ocasión anterior, porque reconocemos que es necesario ir más allá de la finalidad del reglamento de Bruselas II a fin de poder garantizar la responsabilidad parental en el plano comunitario. 
Ahora bien, por otra parte hay margen para que los Estados miembros adopten la Convención y, por consiguiente, estimamos que deberían hacerlo sin demora. 
Hemos de reconocer que es necesario aclarar de qué forma la Unión puede adherirse a la Convención, para mejorar las condiciones en las que los Estados miembros pueden ratificar las partes de la Convención que no son de la responsabilidad de la Comunidad. 
No tengo ninguna indicación de que haya Estados miembros que tropiecen con dificultades específicas en relación con la Convención de 1996, pero sí que sé que solamente un Estado miembro- los Países Bajos- la ha ratificado hasta ahora. 
Señor Presidente, el Comisario ha dejado bien sentado que la Convención en cierto modo se divide en dos partes: las partes que abarca el derecho comunitario, y las partes que abarca el derecho nacional de los Estados miembros. 
Ahora bien, como ha indicado la Sra. Banotti, la Convención es un documento holístico y sería una lástima que algunos Estados miembros sólo hubieran ratificado una parte de la Convención por conducto del método jurídico comunitario y no ratificaran la otra. 
Ya sé que eso es parte de la responsabilidad del Comisario, pero no sabemos si el Comisario, esforzándose por que tenga lugar la ratificación de la parte comunitaria de la Convención de 1996, ha indicado con toda claridad a los Estados miembros que no estaría mal que ratificaran el resto de esa Convención al mismo tiempo para que no hubiera disparidades entre la Convención y la forma en que se aplica en diferentes Estados miembros dentro de la Comunidad. 
(EN) Estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque pero, como reconocerá su Señoría, sería sumamente útil que aclarásemos en primer lugar las condiciones en las que la Comunidad puede acceder a la Convención, pues hay algunos problemas jurídicos porque la redacción de la Convención sólo prevé que sean partes en la Convención los Estados miembros. 
O sea que necesitamos incorporar el hecho de que la comunitarización de los temas de la Convención da a la Comisión y a la Comunidad una competencia exterior exclusiva. 
Una vez que aclaremos la cuestión, facilitaremos el camino para que los Estados miembros ratifiquen el resto de la Convención con el pleno apoyo de la Comisión, porque la Comisión tiene que resolver su propio problema sin demora. 
Pregunta nº 50 formulada por (H-0149/01): 
Asunto: Coste de las transferencias bancarias ¿Considera la Comisión que las transferencias bancarias en el ámbito de la Unión Europea, en la zona euro, deben tener el mismo coste que las transferencias nacionales, según demandan reiteradamente las asociaciones de consumidores? 
¿Estima la Comisión abusivos los costes actuales que gravan en origen y destino dichas transferencias con altas cantidades que no tienen en cuenta nuestra situación de moneda única y mercado único? 
¿Qué medidas normativas o de negociación piensa poner en práctica la Comisión para conseguir el coste mínimo de las transferencias bancarias en el territorio euro y en el de la Unión? 
. (EN) Para empezar quisiera dar gracias a su Señoría por su pregunta. 
La Comisión comparte sus preocupaciones. 
Nuestro objetivo político es conseguir que el coste de las transferencias transfronterizas y domésticas converja para que no sea más caro transferir dinero al extranjero que transferirlo dentro de las fronteras de un solo país. 
Esta declaración y este objetivo han sido repetidos por la Comisión en diversas ocasiones. 
Por ejemplo, en la comunicación sobre pagos al por menor en el mercado interior de enero de 2000; en mi respuesta al Parlamento en relación con el informe Peijs del 26 de octubre de 2000, así como en la conferencia de mesa redonda de la Comisión sobre el establecimiento de una zona de pago único, de 9 de noviembre de 2000. 
Me gustaría insistir en que es intolerable que una zona de moneda única que carga las transferencias transfronterizas rebase en varios grados de magnitud el costo de las transferencias nacionales. 
Ahora bien, la determinación de las cargas y de los ingresos debe dejarse a la competencia y a las fuerzas del mercado: la legislación europea no debe estar encaminada a ningún reglamento de precio. 
La introducción del euro solamente tiene efectos limitados para los gastos de transferencia. 
La razón es que los costos convergentes de la moneda no son más que un elemento del total de los gastos de transferencia. 
En realidad los gastos de convergencia monetarios representan aproximadamente el 20% del total. 
El resto- o sea un 80%- de las altas cargas persistentes impuestas a las transferencias transfronterizas se deben principalmente a la insuficiencia en materia de automatización y normalización. 
En ese caso la Comisión apoya y de hecho promueve la iniciativa encaminada a modificar y mejorar la situación actual. 
La Comisión seguirá observando la situación y mantendrá presión sobre los bancos de la Unión Europea para que se establezcan sistemas de pago transfronterizo al por menor más eficientes. 
Señor Comisario, efectivamente sé que usted ha intervenido ya en más de una ocasión al respecto de mi pregunta pero, en este sentido, me hago eco de las asociaciones de consumidores y usuarios. 
Ellos no están contentos sólo porque hablemos; lo que normalmente agradecen es que nosotros solventemos los problemas. 
Han puesto sobre el tapete este problema en no pocos casos y todavía saben que sus consumidores se quejan por una realidad que es realmente difícil de aceptar, porque las transferencias no solamente tienen un alto costo en origen, sino que también tienen un alto costo en destino, hasta tal punto que la banca en estos momentos está facturando costes injustificados cuando emite la transferencia y el banco receptor está emitiendo costes injustificados del mismo nivel cuando recibe el dinero. 
Es decir, estamos llevando a cabo una actuación que no parece corresponderse con los objetivos de la moneda única que entrará en circulación el 1 de enero de 2002. 
¿Qué acción concreta de negociación puede hacer la Comisión, en este sentido, para dar alguna satisfacción a los consumidores? 
. (EN) Reitero y destaco que la Comisión comparte el enfado de los consumidores. 
Como ya dije en mi primera respuesta, no es aceptable que los pagos transfronterizos sean mucho más caros que los pagos hechos dentro de los límites de las fronteras de un país, o sea que los intereses de su Señoría los comparte la Comisión. 
Ahora bien, he de repetir que la Comisión no tiene por qué ocuparse de regular los precios: la Comisión tampoco puede decir a los bancos lo que han de cargar. 
La Comisión puede instar a la industria bancaria y a las administraciones nacionales a que intensifiquen sus esfuerzos en las siguientes esferas: normalización, infraestructura del sistema de pagos, y simplificación de las obligaciones de presentar informes. 
Para empezar por el último párrafo de los que he citado, la Comisión ha podido conseguir cierto éxito en sus esfuerzos por evitar la necesidad de informar sobre operaciones de cuantía inferior a 12.500 euros. 
El Parlamento y la Comisión están contentísimos y querrían aumentar el correspondiente límite a 50.000 euros por transferencia. 
Así lo dije claramente cuando me referí al informe Peijs. 
O sea que por lo que se refiere a la cuestión de la simplificación de las obligaciones en materia de presentación de informes, la Comisión ha podido dar un paso adelante. 
En cuanto a la cuestión de la normalización, ahora contamos con el IBAN, que es el número de cuenta bancaria internacional, y con el BIC, que es el código de identificación bancaria. 
Con estos dos códigos, las transferencias de dinero deberán ser más sencillas, más rápidas y más baratas. 
La Comisión se está esforzando activamente por familiarizar al público en general con el IBAN y con el BIC, a fin de convencer a la población de que los use para las denominadas transferencias de tramitación directa que, por lo tanto, resultarán más baratas. 
Hablemos ahora de la infraestructura. La Comisión se está ocupando de nuevo activamente de esta cuestión y ha introducido un nuevo sistema para el pago de cantidades pequeñas- un sistema particular para efectuar pequeños pagos- llamado Step 1 por la Euroasociación bancaria. 
Ese sistema está funcionando desde el 20 de noviembre de 2000 y debería representar un incremento de la eficacia y, por lo tanto, precios más bajos. 
Aparte de lo que acabo de decir, hay algunos sectores que han establecido sus propios sistemas, pero esos sistemas sólo están disponibles para miembros o asociados de esas organizaciones. 
Todo esto es para asegurar al Parlamento que compartimos sus preocupaciones. 
No incumbe a la Comisión regular los precios: el control de los precios es algo que pertenece al pasado. 
Las cuestiones de que se ocupa la Comisión son, como ya he dicho, la normalización, la infraestructura y la simplificación de las obligaciones y procedimientos en materia de presentación de informes. 
La Comisión se esfuerza activamente por mejorar la situación. 
No hay duda de que, como resultado también de la competencia, los precios bajarán, pero por el momento son demasiado altos y eso no es aceptable. 
Señor Presidente, convengo con la Comisión en que su misión no es la de fijar precios. 
Sin embargo, sí que lo es velar por que haya una competencia auténtica en el mercado de la UE. 
¿No es cierto que los bancos han constituido un cártel en materia de precios y están manteniéndolos deliberadamente altos porque con la mundialización haya cada vez menos bancos, lo que significa cada vez menos competencia? 
¿Qué medidas va adoptar la Comisión para velar por que los bancos no apliquen precios anticompetitivos como forma de mantener altas sus comisiones? 
Señor Presidente, en este momento no estoy en condiciones de convenir con la afirmación del Sr. Titley de que cada vez hay menos competencia en la banca. 
Para ello, habría que hacer una investigación más profunda. 
Sin embargo, la de procurar que impere la competencia sí que es sin lugar de dudas tarea de la Comisión. 
Como comprenderá el Sr. Titley, mi colega el Sr. Monti es quien se ocupa de la competencia. 
Sé que el Sr. Monti ha hecho ciertas investigaciones, pero se referían más al cambio de divisas. 
Este asunto presenta dos aspectos diferentes: en primer lugar, el costo de la transferencia de dinero, sobre lo que versaba la pregunta original que se me había formulado, y, en segundo lugar, el costo del cambio de las divisas. 
Las investigaciones de la Comisión a ese respecto no han permitido aún sacar una conclusión. 
Dicha conclusión será, naturalmente, cosa del pasado para los doce Estados miembros de "Eurolandia" a partir del 1 de enero de 2002. 
Pregunta nº 51 formulada por (H-0226/01): 
Asunto: Salvaguardia del empleo en la fusión entre Aceralia, Arbed y Usinor Aceralia, Arbed y Usinor anunciaron en Bruselas la fusión de estos tres grupos siderúrgicos para formar una nueva sociedad que copará el 60% del mercado europeo del acero. 
Según declaraciones del presidente de la nueva sociedad, Francis Mer, "la fusión logrará unas sinergias que permitirán un ahorro de 300 millones de euros el primer año y, progresivamente, alcanzar los 600 millones de euros antes de 2006, mediante una mejora de los costos y de la productividad, con unos efectivos razonables en el tiempo". 
Estas declaraciones han provocado la inquietud de las organizaciones sindicales. 
El mismo día de la fusión, Usinor anunció el cierre del alto horno de Charleroi. 
Existe también una enorme preocupación en mi país por la posible perdida de empleos en Asturias, el País Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la Cumbre de Lisboa por el pleno empleo: 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar que el nuevo grupo siderúrgico mantenga los centros productivos y la mano de obra existente? 
Preguntas dirigidas al Sr. Verheugen 
Señor Presidente, es cierto que vivimos en una era de cambio y reconstrucción industriales. 
Es cierto que todos los días hay nuevas adquisiciones y operaciones de fusión y que a veces la reestructuración es sinónimo de pérdidas de puestos de trabajo, lo que puede tener consecuencias trágicas para el tejido social de cualquier región, pero en particular de aquellas en que hay pocas posibilidades de creación de puestos de trabajo. 
La Comisión comprende que los ciudadanos y los trabajadores necesiten sentir seguridad en esta época difícil. 
Creemos que la piedra angular de una adaptación lograda al cambio es el diálogo en todos los niveles, basado en una información completa y transparente. 
Las ideas básicas que la Comisión se propone destacar son las siguientes. 
La primera es la de que las decisiones y la reestructuración empresarial son a un tiempo una prerrogativa y una responsabilidad de la dirección. 
Eso quiere decir que, al examinar la posibilidad de adoptar medidas que vayan a tener consecuencias sociales, las empresas deben siempre intentar activamente encontrar soluciones menos negativas y perjudiciales. 
En segundo lugar, cuando los despidos resulten inevitables, se debe hacer todo lo posible para ayudar a la redistribución de los afectados, lo que requiere una planificación previa, preparación en el momento oportuno y una gestión eficaz de esos procesos. 
En tercer lugar, nada es más importante que el diálogo social. 
Se debe informar y consultar oportuna, eficaz y exhaustivamente a los representantes de los trabajadores y, naturalmente, antes de que se lancen o se anuncien públicamente las iniciativas. 
La participación de los trabajadores no es sólo un derecho fundamental, sino también una necesidad, para que se acepte la reestructuración empresarial. 
Conforme a la legislación europea vigente, se puede informar y consultar a los representantes de los empleados en las empresas afectadas por operaciones de fusión sobre las posibles consecuencias sociales de la medida anunciada. 
Hay directivas europeas concretas que se han traspuesto en la legislación nacional relativas a los ajustes de plantilla, las transferencias de empresas y los comités de empresa europeos. 
Pero no compete a Europa intervenir en este momento en lo relativo al cumplimiento de las directivas. 
Se han traspuesto debidamente en la legislación nacional de los Estados miembros y corresponde a las autoridades nacionales pertinentes evaluar cualquier conflicto o litigio resultante de la aplicación de las normas. 
En mi primera observación me he centrado en el diálogo social y la aplicación de la legislación europea vigente. 
Mi segunda observación se refiere a tres empresas afectadas por una operación de fusión en particular, porque tienen considerable experiencia a la hora de reestructurar y abordar las consecuencias sociales y el diálogo social y los interlocutores sociales. 
En particular, si se adoptaran medidas sociales para prestar asistencia a los trabajadores afectados con vistas a su redistribución, prestarles apoyo en forma de ingresos temporales o sacarlos del mercado laboral mediante la jubilación anticipada antes de que expire el Tratado CECA el 23 de julio de 2002, la Comisión, a petición del Gobierno interesado, podría prestar ayuda suplementaria conforme al artículo 56 del Tratado. 
Se trata de la ayuda comúnmente conocida como ayuda para la readaptación. 
Señor Presidente, deseo manifestar mi agradecimiento a la Sra. Comisaria por su amplia explicación. 
Comparto plenamente muchas de las cosas que dice. 
Como ella, pienso que es necesario el diálogo y que se apliquen las directivas que tienen que ver con los derechos laborales y con los comités de empresa europeos. 
Sin embargo, usted comprenderá nuestra preocupación si le digo que vivo en Asturias. 
Asturias es una región que ha sufrido la reconversión del carbón, de la minería, de la fabricación de armas y de la construcción naval. 
Ha habido diálogo y acuerdos con los trabajadores y ha habido jubilaciones y prejubilaciones, que es lo que propone uno de los presidentes de estas tres empresas de las que hablamos hoy para, por ejemplo, el horno de Charleroi, que parece ser uno de los primeros que se va a cerrar. 
La pregunta muy concreta, señora Comisaria, que probablemente ya tenga respuesta, es: si en los acuerdos de Lisboa se habló de pleno empleo, ¿no es terrible utilizar recursos públicos para esa creación de empleo y, por otra parte, perder continuamente empleo por las reestructuraciones, privatizaciones y fusiones de empresas? 
El problema en Asturias, donde hubo jubilaciones y prejubilaciones, es que hoy los jóvenes no tienen futuro porque se suprimieron más de 30.000 empleos. 
Naturalmente, comparto con su Señoría las preocupaciones que acabamos de mencionar, porque se trata de una zona con muchos problemas. 
Pero, como sabe su Señoría, toda la zona- Asturias y Valencia- corresponde al objetivo 1 del apoyo marco. 
Dentro de ese marco, el gobierno de Asturias puede hacer algunos cambios al programa propuesto para los seis próximos años y tal vez pudiera conseguir algunos fondos, conforme al reglamento sobre la ejecución del programa marco europeo y a las normas estatales. 
Es necesario combinar el Fondo Social, la estrategia en pro del empleo y su financiación y la aplicación de las legislaciones europea y nacional, en este caso, española. 
Lo que estamos intentando hacer en este caso es encontrar una combinación de medidas en el marco de esa información y consulta. 
Así podríamos organizar cursos de formación y financiarlos; podríamos ayudar a los afectados a organizar su propia actividad por cuenta propia o una pequeña empresa. 
En algunos casos- y este es uno de los casos en que es posible- disponemos del sistema de jubilaciones anticipadas. 
De modo que debemos encontrar una combinación y abordar la situación. 
Evidentemente, no podemos impedir a las empresas que hagan operaciones de fusión o adquisiciones. 
Señor Presidente, usted también ha nacido en la región asturiana y, por tanto, es normal que se preocupe por los temas de nuestra región. 
Una pregunta complementaria a la Sra. Comisaria: ¿Cree usted que la principal función que debe tener la Comisión en esta materia de creación o de ayuda a las grandes empresas es crear un entorno económico suficientemente eficiente y competitivo? 
Quiero decir: nosotros creemos que es mucho más sencillo garantizar el empleo a través de unas empresas que estén en un entorno suficientemente eficiente como para permitir la competencia con las empresas de otros sitios que mantener una política social restrictiva que a menudo se opone a los intereses de los propios trabajadores. 
La de su Señoría es la pregunta fundamental sobre cómo podemos combinar las políticas económica y social. 
Ése es el problema principal que afrontamos en Europa: cómo combinar la competetividad con la cohesión. 
Por lo que se refiere a esta operación de fusión, se trata de una esfera con muchos problemas. 
Tenemos importantes adquisiciones y operaciones de fusión en toda Europa. 
La única forma de abordarlo no es mediante la legislación o las restricciones en materia de puestos de trabajo. 
Después de cada operación de fusión o reestructuración en la esfera industrial, debemos examinar no sólo el número de puestos de trabajo perdidos, sino también el número de puestos de trabajo salvados. 
En algunos casos las operaciones de fusión, modernización y adquisición son muy importantes para el futuro del sector. 
De modo que lo que tenemos que hacer ahora es abordar los dos aspectos: apoyar la competitividad de nuestras empresas y ver cómo podemos abordar las repercusiones de esas operaciones de fusión en nuestras sociedades. 
Es lo que acabo de explicar. 
En este caso hay tres elementos principales. 
Se puede recurrir al Tratado CECA. 
Sólo nos queda un año para hacerlo. 
En el caso de Asturias se pueden conceder subvenciones conforme al Tratado. 
En segundo lugar, se puede recurrir al marco europeo. 
Y, por último, se pueden utilizar fondos nacionales para organizar o aplicar políticas sociales en ese sector. 
Pregunta nº 52 formulada por (H-0134/01): 
Asunto: Plan de incorporación a Turquía de los territorios ocupados de Chipre El Gobierno turco ha decidido aplicar un plan de incorporación a Turquía de los territorios ocupados de Chipre. 
Las medidas previstas en el plan hacen referencia, entre otros aspectos, a la concesión de la ciudadanía turca a los turcochipriotas y a los colonos turcos, la distribución de tierras y la creación de asentamientos en la zona ocupada, la subordinación a Ankara del llamado catastro turcochipriota, etc. Estas medidas, corroboradas por el Sr. Cem, Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, en una entrevista concedida a un diario turco, se han tomado cuando se está elaborando el plan nacional previsto por la asociación para la adhesión UE-Turquía, que requiere una postura positiva por parte de Turquía ante la cuestión chipriota. 
¿Considera la Comisión que la decisión de incorporar a Turquía los territorios ocupados de Chipre es compatible con las decisiones de las Cumbres de Helsinki y de Niza, con las previsiones de la asociación para la adhesión UE- Turquía sobre este tema y con las resoluciones de las Naciones Unidas? 
¿Qué se propone hacer la Comisión para que se revoquen estas medidas? 
Señor Presidente, la Comisión está informada de que Turquía ha aprobado un protocolo financiero por un importe de 350 millones de dólares a favor de la parte norte de Chipre para los próximos tres años. 
En este importe se trata de una ayuda presupuestaria que pretende que la parte norte de Chipre esté en situación de aplicar el plan de consolidación del presupuesto anunciado el año pasado. 
Esta resolución se adoptó en la cuarta reunión del llamado Consejo de Asociación entre Turquía y la parte norte de Chipre el 12 de enero del 2001. 
Otros puntos tratados en esta reunión se refieren a medidas para facilitar el comercio. 
Estas medidas pretenden contribuir también al desarrollo económico de la parte norte de Chipre. 
El ministro turco Gürel declaró antes de la reunión que esas medidas apuntan a superar la crisis económica en la parte norte de Chipre y ha negado que se pretenda la integración de esta zona como la 82ª provincia turca. 
La Comisión espera que la parte turca no escatime esfuerzos para contribuir constructivamente a encontrar una solución global a la cuestión chipriota en el marco del proceso de paz de la ONU. 
Para poner de nuevo en marcha las conversaciones bloqueadas de la ONU, ambas partes tienen que mostrar una auténtica disposición para reiniciar de nuevo el diálogo y mantener negociaciones sustanciales. 
La Comisión seguirá apoyando ilimitadamente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y de todas las partes afectadas para lograr una solución pacífica duradera. 
Esto es válido tanto en un sentido político como de cara a la puesta a disposición de las necesarias informaciones sobre aquellos aspectos del acerbo comunitario que se deben tener en cuenta en la solución de la cuestión chipriota. 
La Comisión aprovecha cualquier ocasión para mostrar a las partes afectadas su posición. 
La cuestión chipriota será tratada junto a otros temas en el marco del diálogo político intensificado entre la Unión Europea y Turquía que inició el Consejo Europeo en su reunión de Helsinki en diciembre de 1999. 
Le agradezco al Sr. Comisario que haya hablado en su lengua, porque a veces nos da la impresión de que, ante un Parlamento políglota, con todo mi respeto hacia la lengua inglesa, tenemos una Comisión de habla inglesa. 
Sin embargo no le agradezco la respuesta que me ha dado. 
Creo que no le da la importancia debida al tema; creo que tenemos unas declaraciones claras del Sr. Cem sobre la perspectiva de incorporación y sobre las amenazas de incorporación a Turquía de la parte de Chipre ocupada por las tropas turcas, en vista de la adhesión; y quisiera plantear una cuestión al Sr. Comisario, que ha hablado como si las responsabilidades fueran iguales para las dos partes: Chipre, la República Democrática de Chipre es el primero de todos los países candidatos a la adhesión, en relación con sus expedientes, concluidos y aprobados. 
¿Qué va a pasar? 
Nos dirigimos a la capacidad plena de Chipre, técnicamente, para anexionarse; pero no se soluciona el problema político. 
¿Tienen los dos la misma culpa? 
¿Tienen la misma responsabilidad el Sr. Dektas y el Presidente de la República Democrática de Chipre? 
¿Qué iniciativas va a tomar la Comisión? 
Turquía debe tomar una postura clara en este tema. 
Me permito asegurar al Sr. diputado que la Comisión no infravalora esto de ningún modo sino todo lo contrario. 
La Comisión no dispone de las informaciones que, por lo visto, tiene el Sr. diputado. 
Hace sólo unos pocos días, el ministro turco de Asuntos Exteriores no me ha dicho en las extensas conversaciones que ha mantenido conmigo lo que usted por lo visto ha leído o escuchado en algún lugar. 
Tampoco he escuchado de ningún otro miembro del Gobierno turco que se proyecte una anexión del norte de Chipre. 
Desconozco esto. 
Si ocurriese así sería en contra del derecho internacional y tendría las correspondientes consecuencias. 
He indicado esto ya públicamente en numerosas ocasiones y lo hago también aquí. 
Usted ha preguntado qué va a ocurrir. 
En primer lugar, proseguimos las negociaciones con Chipre sin aminorar la velocidad. 
Es un principio importante que nuestras negociaciones de adhesión con Chipre no deben sufrir las consecuencias de que no se haya aún solucionado el conflicto político. 
Paralelamente a ello, tal como ya he indicado, apoyamos con todas nuestras posibilidades el proceso de paz y creemos que ambos procesos- el de paz y el de ampliación- se apoyan y fortalecen recíprocamente. 
Por el momento, como sabe, hay un parón pero le puedo decir aquí sin traicionar por ello ningún secreto, que se están realizando esfuerzos muy intensos en muchas partes del mundo y en muchas capitales para poner de nuevo en marcha estas negociaciones. 
Aprovecho la ocasión que me ofrece su pregunta para apelar muy encarecidamente a los representantes de la comunidad turca en Chipre para que retornen a las conversaciones y estén dispuestos a contribuir a una solución sustancial y duradera del problema en base a las propuestas de las Naciones Unidas. 
Gracias señor Presidente, solamente quiero decir al Comisario Verheugen que en el otoño pasado el Parlamento Europeo, en relación con el informe Morillon sobre Turquía, instó a ese país a retirar sus tropas de ocupación del norte de Chipre. 
Esta propuesta, presentada por mí, fue aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores y en la Sala. 
Pido al Comisario Verheugen que requiera al Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Cem, para que aclare lo que ha dicho y señale cuáles son sus intenciones y las del gobierno turco. 
Lo que se ha dicho aquí en el turno de preguntas es, a mi juicio, muy grave. 
Señor Presidente, señor diputado, le estoy agradecido por la observación. 
El Parlamento no defiende aquí ninguna otra posición que la de la Comisión y el Consejo. 
Ya lo he tratado muy frecuentemente con todos a los que les afecta pero en el próximo encuentro con el Gobierno turco que está previsto para dentro de pocas semanas quiero sacar a colación de nuevo su sugerencia, el tema. 
Le puedo decir gustosamente que tampoco va a cambiar nuestra opinión de que el mantenimiento de la ocupación de la parte norte de Chipre por tropas turcas representa una violación del derecho internacional. 
Pregunta nº 53 formulada por (H-0220/01): 
Asunto: Disposiciones transitorias para Polonia y la República Checa ¿Qué opina la Comisión sobre la actual discusión en relación con los plazos transitorios para Polonia y la República Checa en los ámbitos de la libre circulación, la libertad de establecimiento y la libre adquisición de terreno? 
Señor Presidente, señor Comisario, usted sabe que estoy a favor del menor número posible de plazos de transición y de que sean lo más cortos y flexibles posibles, por lo que me alegra mucho su respuesta. 
No obstante, quiero preguntarle aún dos puntos concretos. 
Primero: ¿considera usted posible que en los tres campos mencionados no vayan a existir plazos de transición de ningún tipo para los dos países? 
Segundo: ¿considera posible que en caso de que existan plazos de transición, se compensen las regulaciones de excepción para grupos de personas en la libertad de circulación, por un lado, por regulaciones de excepción en la libertad de establecimiento para determinados grupos de personas, por el otro? 
Señor Presidente, señor diputado, la segunda parte de su pregunta la puedo responder con un no categórico. 
No solamente no lo considero posible sino que sobre todo para nosotros no sería negociable. 
Opondríamos desde el principio una decidida resistencia a un intento de este tipo pero debo decirle muy sinceramente que tampoco veo que alguien desee hacer un intento de este tipo que se opone plenamente al espíritu del proceso de ampliación. 
Considero como posible que en los tres campos que ha mencionado podamos definir intereses dignos y necesitados de protección en ambos lados y que una vez realizada la definición de tales intereses lleguemos de hecho a un sistema de regulaciones de transición muy flexible, muy diferenciado y también muy específico. 
Por el momento, no puedo predecirlo de un modo preciso. 
Usted sabe que el proceso de formación de opinión y el decisorio sobre estas cuestiones acaba de comenzar. 
Estamos aún al principio del todo. 
No obstante, cuento con las primeras decisiones ya en las próximas tres o cuatro semanas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos continuamente discutiendo sobre los plazos de transición y los problemas. 
¿Puede imaginarse que recapacitemos en principio sobre plazos de transición negativos, que mediante acuerdos bilaterales entre los países comencemos ya ahora a solucionar antes de tiempo los problemas desarrollando para ello un sistema de estímulos y que en los sectores centrales que ya conocemos hoy y que se mencionan continuamente consideremos un sistema de estímulos sobre cómo podemos encontrar de antemano una solución a dichos problemas, es decir, antes de la adhesión? 
Señor diputado, la situación es que actualmente están en vigor Acuerdos Europeos con todos estos países y dichos Acuerdos permiten a todos los Estados miembros y a todos los países candidatos realizar acuerdos bilaterales en lo referente a la libertad de circulación. 
Pero los Estados miembros han hecho uso de esta posibilidad en muy, muy pequeña medida. Si estoy bien informado, sólo Austria y Alemania, por lo que debo extraer la conclusión de que hasta ahora no ha existido una necesidad especial al respecto. 
Como los Acuerdos Europeos siguen estando en vigor, se pueden adoptar naturalmente también acuerdos bilaterales. 
Pregunta nº 54 formulada por (H-0238/01): 
Asunto: Organizaciones locales y ampliación En el marco de la campaña de información sobre la ampliación tanto en los Estados miembros como en los países candidatos, ¿prevé la Comisión fomentar la ampliación a nivel de organizaciones locales como, por ejemplo, ayuntamientos, escuelas e instituciones similares? 
¿Se han propuesto medidas como, por ejemplo, el hermanamiento de ciudades? 
Preguntas dirigidas a la Sra. Reding 
Señor diputado, en su estrategia de comunicación sobre la ampliación, la Comisión está de acuerdo expresamente en incluir a los actores sociales como los municipios y ayuntamientos, los mandatarios regionales, escuelas, cámaras de comercio y de artesanos, sindicatos, iglesias, asociaciones y clubes como representantes que gozan de credibilidad en la sociedad. 
La estrategia de la comunicación se aplica descentralizadamente. 
Nuestras delegaciones en las capitales de los países candidatos y las representaciones en las capitales de los países miembros elegirán in situ en el marco de una estrategia que tenga en cuenta las necesidades de información nacional y regional, a sus interlocutores para la cooperación. 
Naturalmente, estos interlocutores para la cooperación deben ser preferentemente actores locales. 
Aquí es aplicable el principio de que debido al carácter limitado en el tiempo y en los contenidos de este proyecto, no podemos crear unas estructuras totalmente nuevas. 
Tampoco tenemos el suficiente dinero para poder reclamar para nosotros los instrumentos de la comunicación de masas, es decir, no podemos comprar anuncios ni realizar spots en televisión, por lo que es muy lógico que utilicemos las estructuras de comunicación existentes en la sociedad, por así decirlo, como medios de transporte para nuestro mensaje. 
Todas las instituciones y organizaciones que menciona son en mi opinión medios de transporte adecuados. 
Señor diputado, le agradezco mucho su pregunta sobre todo porque me concede la oportunidad de saludar el compromiso de los diputados de esta Asamblea a favor de esta estrategia de comunicación e indicar que la campaña en los Estados miembros está por el momento bajo mínimos, en realidad aún no ha comenzado seriamente porque los créditos destinados a este proyecto en el marco de la línea presupuestaria PRINCE aún no se han liberado. 
Apelo así pues a sus Señorías para que nos ayuden para que se liberen lo antes posible los créditos previstos para la campaña de información y podamos comenzar también con la aplicación concreta, pues el tiempo se nos escapa lentamente. 
Sería un poco tarde si informásemos a las personas en los Estados miembros sobre la ampliación cuando los Tratados estén ya concluidos. 
Ya he dicho que la Comisión no proyecta ninguna campaña publicitaria sino que se trata de información, comunicación y también de la posibilidad de participación. 
En el punto central se encuentran naturalmente las grandes cuestiones como la de aseguramiento de la paz, la ampliación de la zona de estabilidad en Europa o la cuestión de un dividendo de paz que se puede utilizar tras el fin de la guerra fría. 
Vamos a hablar sobre la utilización económica de una zona de crecimiento sostenible en la Europa Central y Oriental que alcanza desde el Báltico hasta Istria. 
Hablamos sobre el empleo eficiente de la distribución sin fricciones del trabajo que surge en el mercado interior ampliado que alcanza dimensiones continentales y que debe enfrentarse con éxito a la competencia mundial con Asia oriental y Norteamérica. 
Hablaremos sobre la aplicación de las normas de la UE en los países candidatos que, por ejemplo, en el sector medioambiental, en la seguridad del tráfico, en el derecho de competencia, en la seguridad interior, en la higiene de los alimentos y en otros muchos, muchos campos radican en interés de todas las ciudadanas y ciudadanos de la Unión. 
Otro importante tema es el uso del capital humano, de las experiencias históricas y sociales sin parangón de los ciudadanos de los países candidatos para el futuro proceso de integración. 
Permítame decir en una frase que de lo que se trata es de crear consciencia, de que tengamos la oportunidad histórica de superar definitivamente la división de Europa que se nos impuso desde fuera. 
Agradezco al Comisario su completísima respuesta y le formulo tres preguntas. 
En primer lugar, ¿conviene conmigo en que tenemos que hacer propaganda sobre la ampliación para convencer al respecto, en particular, a los ciudadanos de la Unión Europea? 
Si no lo hacemos, es probable que tengamos dificultades con la ratificación. 
En segundo lugar, ¿cómo consiguen acceso a los fondos estas organizaciones? 
¿Deben pasar por las oficinas nacionales de la Comisión? 
¿Hay información disponible sobre cómo lo hacen? 
Por último, no se ha referido a mi observación sobre el hermanamiento. 
¿Son posibles proyectos que hermanen, por ejemplo, escuelas de los Estados miembros con escuelas de los países candidatos y también a las autoridades locales de los Estados miembros con autoridades locales de los países candidatos para examinar las repercusiones de la ampliación y lo que significa para los países candidatos? 
¿Sería posible preparar propuestas así? 
Señor diputado, respecto a la primera pregunta: sí, es urgentemente necesario acercar más la ampliación a las ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros. 
Usted sabe que es uno de los grandes temas a los que dedico una especial atención y del que me ocupo con una gran dedicación personal. 
Este tema no es algo que se venda por si sólo sino que hay que aclarar a las personas de qué se trata y tenemos que enfrentarnos a los miedos, preocupaciones y temores que van unidos a la ampliación y decir con total seriedad y claridad a las ciudadanas y ciudadanos qué es lo que hacemos para que no se produzcan los riesgos temidos por ellos. 
Segundo: las solicitudes de participación en este proyecto tienen que pasar realmente por nuestras representaciones en las capitales pues la totalidad del proyecto está descentralizado como ya he dicho y porque, naturalmente, también queremos aprovechar los efectos sinergéticos en los Estados miembros y en los países candidatos. 
No somos los únicos que hacen algo aquí. 
La responsabilidad está distribuida de modo algo más amplio. 
Otros también tienen que participar en la comunicación y es razonable que nos esforcemos también por la coordinación y la sinergia. 
Por ello, si conocen organizaciones o grupos que desean participar aquí, la respuesta correcta sería que se pongan en contacto con la representación en la correspondiente capital. 
En lo que se refiere al hermanamiento de ciudades, escuelas, concejos municipales, etc., para mí cae dentro del concepto de "estructuras de comunicación ya existentes". 
Personalmente me parece que precisamente el hermanamiento de ciudades puede ser un instrumento extraordinariamente útil en este contexto pues podemos apoyarnos en contactos ya establecidos y no tener que crearlos de nuevo. 
También considero como extraordinariamente adecuadas las relaciones de intercambio entre políticos municipales y escuelas. 
Nuestras delegaciones y representaciones en las capitales tienen las correspondientes instrucciones para que tales programas puedan ser promovidos en el marco de esta campaña. 
Señor Presidente, señor Comisario, sólo quiero plantear la pregunta adicional de hasta qué punto están vinculadas las Euroregiones a su estrategia y hasta qué punto los países candidatos mismos reciben créditos para informarse sobre ellos mismos entre nosotros pues creo que no es sólo nuestra tarea informar a los países sino también hacer posible que los países se acerquen más a nosotros. 
Creo que hay proyectos como el Centro de Europa en Asch y otros muchos. 
Quería preguntarle si hay algo así en su planificación. 
Señor diputado, sí, las Euroregiones están naturalmente incluidas. 
Son incluso un elemento esencial porque ya disponemos allí de redes muy tupidas de información y de comunicación que podemos utilizar. 
No creo que fuese inteligente si la Comisión pusiese a disposición de los Estados candidatos dinero para su propio trabajo de cara la opinión pública. 
Tengo que decir con total claridad al respecto que se sobrepasaría un límite de injerencia que no debemos sobrepasar. 
Aquí se trata de dinero político, de un dinero muy sensible y ningún país debería aceptar de una tercera instancia dinero que se dedique a finalidades de información o de trabajo de cara a la opinión pública. 
Los candidatos aún no han solicitado que le demos tales créditos pero usted sabe que están llevando a cabo tales acciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Dada la escasez de tiempo, les ruego que, si no es absolutamente necesario, renuncien a formular preguntas complementarias. 
La Sra. Reding se ha comprometido a contestar conjuntamente, cuando llegue el turno, las preguntas 56, 57 y 58. 
Pregunta nº 55 formulada por (H-0188/01): 
Asunto: Explotación de futbolistas africanos ¿Qué medidas ha emprendido la Comisión para evitar la continua explotación a la que los representantes y clubes de fútbol europeos someten a los jóvenes futbolistas africanos? 
. 
(FR) Su Señoría ha formulado esta pregunta porque sabe que la explotación de los jóvenes futbolistas africanos por parte de los clubes o los representantes he tenido mucho eco en la prensa y que dicha explotación comprende varios problemas que hay que diferenciar. 
En cuanto a los representantes, todavía está pendiente ante los servicios de la Comisión un procedimiento basado en las normas de la competencia, y las conversaciones entabladas han llevado a la FIFA a modificar las modalidades de organización de la profesión. 
Las nuevas reglas entraron en vigor el 1 de enero de este año. 
Algunos Estados miembros han optado también por legislar para regular más estrictamente las actividades de los representantes. 
En efecto, dotar a la profesión de un mayor rigor moral es una preocupación compartida por las autoridades públicas y los órganos representativos del fútbol. 
Pero no se debe reprochar al conjunto de la profesión los comportamientos abusivos de algunos representantes. 
El segundo problema son las transacciones comerciales relativas a los jóvenes jugadores. 
La Comisión ha tenido ocasión recientemente de manifestar su preocupación al respecto. 
En el informe de Helsinki sobre el deporte, así como en el Foro europeo del deporte de octubre de 2000 en Lille, se ha apuntado esta problemática. 
En Lille, se dedicó incluso un taller entero a la protección de los jóvenes. 
Sin embargo, por razones de competencia, corresponde a los Estados miembros legislar si lo estiman necesario. 
Un Estado miembro ya lo ha hecho. 
En general, todas las cuestiones relacionadas con la explotación de los jóvenes futbolistas africanos son motivo de profundas reflexiones por parte de las autoridades públicas y, en su Declaración de Niza de diciembre de 2000, el Consejo Europeo expresó, y cito: " su preocupación por las transacciones comerciales cuyo objeto son los deportistas menores de edad, incluidos los procedentes de terceros países, por cuanto no se ajustan a la legislación laboral en vigor o ponen en peligro la salud y el bienestar de los jóvenes deportistas. 
Hace un llamamiento a las organizaciones deportivas y a los Estados miembros para que investiguen tales prácticas, las vigilen y adopten, en su caso, medidas adecuadas ". 
Esto se ajusta a la línea de conducta que nos hemos fijado y, estimado colega Cushnahan, usted sabe muy bien que, como he respondido en el debate sobre las normas de traspaso en el fútbol, se ajusta también a las nuevas normas que la FIFA quiere adoptar en materia de protección de los jóvenes. 
Como la Comisaria no dispone de mucho tiempo, voy a renunciar a mi derecho a formular una pregunta complementaria. 
Agradezco a la Comisaria que me haya dado una respuesta muy completa y detallada hoy a esta y otras cuestiones. 
Sólo quiero agradecérselo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 56, 57 y 58 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 56 formulada por (H-0219/01): 
Asunto: Efectos del Año Europeo de las Lenguas para las lenguas regionales o minoritarias 2001 ha sido proclamado, como sabemos, Año Europeo de las Lenguas, un evento que acaba de comenzar de manera oficial. 
En opinión de la Comisión, ¿qué consecuencias tiene el Año Europeo de las Lenguas para las lenguas regionales o minoritarias? 
¿Qué seguimiento va a dar la Comisión a este Año Europeo de las Lenguas a fin de que tenga un efecto duradero, a la vista de la situación en que se encuentran estas lenguas? 
Pregunta nº 57 formulada por (H-0239/01): 
Asunto: Programa plurianual para lenguas minoritarias Distintas organizaciones y representantes de minorías esperaban que a partir de la cumbre de Niza las cuestiones culturales se decidieran por mayoría cualificada, para que ningún Estado miembro pudiera bloquear las decisiones en favor de minorías y lenguas minoritarias, como ha venido ocurriendo en el pasado. 
¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre la situación actual, después de Niza, referida concretamente a las lenguas minoritarias y a un programa plunianual para éstas? 
Pregunta nº 58 formulada por (H-0245/01): 
Asunto: Sobre el desarrollo del Año Europeo de la Lenguas 2001 Recordando que el año 2001 fue considerado por la Unión Europea como el Año Europeo de las Lenguas, 
Teniendo en cuenta que el Año Europeo de las Lenguas tiene por objetivo fomentar el conocimiento y aprendizaje de los idiomas oficiales de la Comunidad, junto con el irlandés, el luxemburgués y otros idiomas indicados por los Estados miembros, 
Considerando el Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el que se afirma que "la Unión contribuye a la preservación y al fomento de estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa (... )", 
¿Podría la Comisión avanzar qué idiomas han sido indicados por los Estados miembros como susceptibles de beneficiarse de medidas previstas con motivo del Año Europeo de las Lenguas? 
Preguntas dirigidas al Sr. Barnier 
. 
(FR) Intentaré responder a las tres preguntas al mismo tiempo. 
No son iguales, pero van en el mismo sentido. 
Es demasiado pronto para saber qué repercusión tendrá el Año Europeo de las Lenguas, pues hace muy poco que se ha iniciado. 
Pero puedo decirles ya que en toda Europa ha suscitado un debate muy amplio. 
En nuestras regiones, en nuestras universidades, entre el público en general, se observa un entusiasmo extraordinario en torno a este Año y no sólo en torno a las lenguas oficiales, sino alrededor de todas las lenguas, lo cual es muy importante. 
Por otra parte, varios eventos y proyectos financiados durante el año 2001 van a contribuir a este debate y algunos de ellos se concentran exclusivamente en las lenguas regionales y minoritarias. 
Se esperan otras contribuciones: el Parlamento Europeo ha financiado un estudio sobre las lenguas regionales y minoritarias, el Comité de las Regiones prepara un dictamen de iniciativa sobre esta cuestión, y la Comisión ha lanzado también un estudio sobre los aspectos económicos y prácticos de la salvaguardia de las lenguas. 
Gracias a todas estas iniciativas y todos estos debates, análisis e investigaciones, la situación a finales del año 2001 estará mucho más clara, y podremos valorar las opciones que se nos presentan con relación a las exigencias jurídicas, políticas y prácticas de nuestra actuación en este ámbito. 
Será, pues, al final del Año Europeo de las Lenguas cuando la Comisión extraerá conclusiones de todas estas actividades para definir qué iniciativas pueden lanzarse para salvaguardar la diversidad lingüística en Europa. 
Por lo que se refiere ahora a la diversidad lingüística. 
Es hermoso ver que ningún país miembro, en la decisión que se adoptó sobre el Año Europeo de las Lenguas, excluyó ninguna lengua. 
No ha habido exclusiones. 
En todos los Estados miembros, ha habido una apertura absoluta. 
Esto me parece muy importante y muy bello y, al mismo tiempo, quisiera recordar que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, en su artículo 22, resalta la diversidad lingüística. 
En los Estados miembros, esta diversidad lingüística se ha puesto en práctica para el Año Europeo de las Lenguas. 
Gracias señora Comisaria por su respuesta. 
Esta claro que es muy temprano para sacar conclusiones, pero creo que se podría avanzar, tanto en relación con la cooperación en torno a los métodos para el aprendizaje de las lenguas como al mantenimiento de las lenguas menos comunes. 
Me consta que la Comisión es consciente de las dificultades existentes en torno a la cooperación para conservar las lenguas pequeñas y espero que utilice su experiencia para velar por el mantenimiento y desarrollo de las culturas y lenguas correlativas. 
. 
(FR) Visito mucho los países europeos durante este Año Europeo de las Lenguas y siempre comienzo mis discursos en luxemburgués, para demostrar que no hay lenguas pequeñas ni grandes. 
Sólo hay lenguas maternas, que configuran al individuo y su entorno. 
Por tanto, como luxemburgués, pueden creerme, voy a luchar por la diversidad lingüística de Europa, por que todas las lenguas sean respetadas y por que progrese la enseñanza de todas esas lenguas. 
Por otra parte, existen ya posibilidades de cooperación a través de Socrates-Comenius, y puedo decirle que muchas escuelas aprovechan las posibilidades que les ofrece el proyecto Comenius para desarrollar el aprendizaje de las lenguas regionales. 
Mi lema para el Año Europeo de las Lenguas es doble: lengua materna +2, y aprender la lengua del vecino. 
En una Europa regional- y me alegra que el Comisario responsable de la Europa de las regiones esté a mi lado -, sobre todo en las regiones transfronterizas, hay que aprender la lengua del vecino para que pueda funcionar la Europa de las regiones. 
Por tanto, la lengua del vecino y la lengua materna + 2; las lenguas regionales van ahí incluidas. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Comisaria por su compromiso en este campo y expresarle mi agradecimiento. 
Se ha dedicado con gran interés y entusiasmo a esta tarea. 
Pero, lamentablemente, las sensaciones no son en todos los lugares como en Luxemburgo y en este aspecto hay que hacer aún mucho. 
Por este motivo, me ha dolido en especial que en la Conferencia de Niza no haya sido posible introducir este campo en las decisiones mayoritarias. 
Tenemos que solucionar preventivamente las situaciones de las minorías. 
Necesitamos una estrategia preventiva. 
Tenemos 60 situaciones de minorías en la Unión Europea. 
En el continente hay en total 300. 
Creo que aunque se haya continuado en el principio de unanimidad, con lo que determinadas políticas son difícilmente viables, quizás se podría intentar encontrar un camino mediante los Fondos estructurales. 
Señora Comisaria, quizás pueda usted decirme su opinión al respecto. 
. 
(FR) En respuesta al diputado Ebner, quisiera decir que los luxemburgueses somos absolutamente trilingües, pero también pueden serlo otros. 
No tienen más que imitar el ejemplo de Luxemburgo, donde se inicia el aprendizaje de varias lenguas a la edad de 5-6 años, y funciona. 
Ahora, en cuanto a la unanimidad y la mayoría, es cierto que la cultura requiere siempre la unanimidad, de modo que es bastante difícil llegar a tomar, los Quince, decisiones que vayan adelante. 
Por esa razón, el Año Europeo de las Lenguas depende de la educación. 
Muy conscientemente, he incluido este Año en el sector de la educación, de lo educativo, de la diversidad lingüística, del aprendizaje de varias lenguas, porque este ámbito se rige por la mayoría. 
Señor Comisario, en primer lugar, quiero agradecerle su respuesta y muy brevemente pedirle que, puesto que la Comisión es garante de los Tratados y que los Tratados prevén que la Comunidad debe contribuir al fortalecimiento de las culturas de los Estados miembros y al respeto de la diversidad regional, vele para que aquellos Estados miembros en cuyo interior coexisten diversas lenguas que tienen también el carácter de oficiales puedan participar en la organización de los actos previstos en el marco del Año Europeo de las Lenguas. 
Es decir, nos ha dicho ya que ningún Estado había excluido a ninguna lengua para que pudiera participar. 
Esto es ya, de por sí, una buena noticia, pero no es suficiente con que puedan participar. 
Es muy importante que en el órgano previsto para la organización de los actos, tal como está en el informe que aprobamos en su momento, puedan participar también los representantes de los pueblos que tienen estas lenguas, para garantizar su presencia y su enriquecimiento. 
. 
(FR) Puedo asegurar a la Sra. Ferrer que el catalán no ha sido excluido. 
Sería muy raro, porque las bases jurídicas del Año Europeo de las Lenguas estipulan que las lenguas reconocidas en un Estado miembro, aunque no sean lenguas oficiales de la Unión, participan en el Año Europeo de las Lenguas. 
Al elegir los proyectos seleccionados, he velado por que estuviera presente la diversidad lingüística de Europa y estoy muy feliz de ver que las cosas se están desbloqueando y que, quizás gracias a este Año Europeo de las Lenguas, quizás también porque ha llegado el momento, hay un modo menos rígido de abordar la cuestión lingüística. 
Por otra parte, si se aborda la cuestión lingüística a través del aprendizaje, del multilingüismo, se plantean menos problemas que si se aborda desde la perspectiva del regionalismo. 
Segunda respuesta, parece que tenemos todas las cartas en la mano para el futuro. 
Su Señoría recordará que he citado la Carta de los Derechos Fundamentales, que establece la diversidad lingüística, pues bien, será un elemento fuerte del desarrollo futuro de nuestras políticas lingüísticas en Europa. 
Muchas gracias, señora Reding, por estas contestaciones y por esta ratificación de que la lengua catalana estará muy presente en este año 2001. 
Pregunta nº 59 formulada por (H-0132/01): 
Asunto: Avance de grandes proyectos y calidad de las obras ¿Podría efectuar la Comisión, sobre la base de los datos o progresos actuales, una nueva estimación de las fechas previstas de conclusión de las llamadas "grandes obras" en Grecia? 
¿Existen nuevos datos detallados sobre los controles de calidad de dichas obras (posible mejora de su calidad) así como sobre las sanciones previstas contra empresas y organismos? 
¿Cuál es el resultado de los expedientes- con la lista de las obras que presentan graves deficiencias- ya enviados al fiscal? 
. 
(FR) Haciéndome eco del debate anterior, quisiera manifestar a la Sra. Ferrer y a otros diputados la importancia del catalán, que tuve ocasión de comprobar, el viernes, en una visita a Barcelona. 
Si les parece, paso a la pregunta que me ha formulado el Sr. Papayannakis sobre los grandes proyectos realizados en Grecia, y en particular en Atenas, dentro del marco comunitario de apoyo. 
Señoría, la expresión "grandes proyectos" tiene un sentido extremadamente preciso en los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales, pues define los proyectos dotados de un presupuesto superior a 50 millones de euros. 
En Grecia, como los proyectos de este tipo, que gozan de una cofinanciación del Fondo de Cohesión o de los Fondos Regionales, esencialmente en el sector del transporte, el medio ambiente y la energía, son bastante numerosos, me resulta difícil dar hoy una respuesta precisa y completa en unos pocos minutos. 
Quisiera recordarle, Señoría, que la concesión de una cofinanciación comunitaria para un proyecto, no modifica en nada el hecho de que su ejecución es responsabilidad de las autoridades nacionales. 
Por lo demás, como es natural, la información de que dispone la Comisión le es facilitada en primera instancia por dichas autoridades. 
Desde luego, nos interesamos, puede estar seguro, por la marcha de los proyectos y la evolución de su coste. 
Velamos- y es una preocupación constante- por que los recursos financieros concedidos a Grecia por la Comunidad contribuyan en la mayor medida posible al progreso y a la calidad de vida de los ciudadanos de su país, y esta preocupación es la misma para todos los demás Estados miembros. 
Por lo que se refiere a los grandes proyectos de su país, se dividen en tres partes, o mejor en tres categorías: los que ya se han realizado, y pienso en el metro de Atenas o el aeropuerto de Spata, que se inaugurará el próximo mes de mayo. 
Algunos de estos proyectos se han realizado en el marco y sobre la base de contratos de concesión. 
Una segunda categoría- podría citar otros proyectos de la primera- engloba los proyectos que están en curso y que se han realizado también en el marco de contratos de concesión. 
Es el caso del periférico de Atenas o el puente Rio-Antirio. 
El periférico de Atenas debería concluirse antes de finales del año 2003, y el puente en 2004. 
Hay naturalmente- no tengo tiempo de citarlos- otros proyectos que se realizan generalmente en el marco de contratos de concesión. 
Señoría, me resulta difícil hablar de la fecha prevista de conclusión de estas obras, porque hay muchos proyectos, y por tanto muchas fechas que se van a escalonar en el tiempo. 
¿Quiere esto decir que la presión sobre la marcha de estos proyectos o de otros, como la prolongación del metro de Atenas, se haya relajado? 
Ciertamente, no. 
No debemos olvidar que, de acuerdo con el nuevo reglamento de los Fondos Estructurales, que usted conoce, Señoría, los gastos correspondientes a los programas que cubren estos grandes proyectos deben evolucionar en armonía con el programa y, de no ser así, los Estados miembros podrían incurrir en sanciones financieras. 
Por tanto, quisiera tranquilizarle, Señoría, y decirle que los servicios de la Comisión seguirán de cerca el ritmo de avance y la evolución de los costes de estos programas y proyectos en la Unión en general, y en su país en particular, y por lo que se refiere a Atenas, puesto que estoy interesado, como usted mismo, en el éxito de la preparación de los Juegos Olímpicos de 2004, sigo con gran atención el buen desarrollo de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales europeos, que van a contribuir al éxito de la organización de los Juegos Olímpicos. 
Añadiré unas últimas palabras sobre el control de calidad. 
No hace mucho, el 29 de enero, los servicios de la Comisión solicitaron al Gobierno de Atenas información concreta sobre los controles independientes que se han decidido para los proyectos cofinanciados en Grecia. 
Tan pronto disponga de esa información, podré informarle, Señoría. 
Por otra parte, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha indicado que, en esta fase, no se ha recibido ninguna comunicación de las autoridades griegas sobre la base del Reglamento 1681/94 relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidas abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta materia. 
Esta es, Señoría, la información que puedo darle hoy. 
Señor Comisario, le doy las gracias muy sinceramente. 
Sin embargo, el objetivo de mi pregunta era más obtener de usted una relación de las previsiones actuales. 
Tengo en mis manos una relación de hace cinco años, en la que se indican plazos. 
Fue elaborada por su predecesora, la Sra. Wulf-Matthies, y las fechas previstas entonces no se han respetado. 
Me gustaría saber qué sucede. 
La segunda cuestión tiene que ver evidentemente con la calidad. 
Siempre se ha preguntado si habría una lista negra de las empresas o las personas responsables de la mala calidad, para que no puedan participar en más concursos de contratos. 
Es muy importante. 
Y en cuanto al coste- el coste comparativo- me gustaría saber cuánto cuesta un kilómetro de metro en Barcelona, en Atenas, en París, etc., para poner analizar el estado de salud del dinero europeo. 
Señor Comisario, terminaré precisándole que no estoy muy interesado en los Juegos Olímpicos. 
Más bien me habría opuesto. 
Pero, dado que se había previsto un tren y ese tren lleva un retraso lamentable, me gustaría tener una respuesta. 
. 
(FR) Señoría, no tengo problema en realizar una investigación sobre el coste de un kilómetro de metro en Barcelona, Atenas u otras ciudades. 
Naturalmente, serán datos relativos, ya que, por lo que respecta al metro de Atenas, por ejemplo, usted sabe también como yo que las obras han permitido descubrir emplazamientos, vestigios, que han ido acompañados de excavaciones importantes. 
Por tanto, cuando se tropieza con estos condicionamientos, que no son forzosamente negativos, se generan costes adicionales. 
Y las razones varían según los lugares. 
Dicho esto, la investigación, con mis servicios, de los elementos comparativos que desea no me plantea ningún problema. 
Voy a tomar la relación que ha mencionado y que fue elaborada, me dice, por la Sra. Wulf-Matthies. 
Si mira esta lista objetivamente, todas las obras, las grandes obras, se han emprendido, y algunas se han concluido. 
Como las he citado hace un momento, no quisiera volver sobre ellas. 
Por lo que respecta a las aguas residuales de Atenas, la traída de aguas, el gasoducto, no creo que la verdad sea totalmente negra, roja o verde. 
Probablemente haya retrasos. 
Algunos informes, Sr. Papayannakis, nos han permitido observar también que hay problemas de calidad en estas obras en general: mala calidad de los materiales, insuficiencia de los sistemas de control, etc. Todo esto existe. 
Me esfuerzo por ser objetivo, por asumir mis responsabilidades. 
Por esta razón, por ejemplo, me he tomado el tiempo necesario, antes de empezar a firmar esta semana los primeros programas operativos, para ver si realmente va a haber detrás de cada uno de esos programas operativos, que van a movilizar mucho dinero, decenas de miles de euros, una agencia de gestión que funcione correctamente. 
Y no firmo estos programas uno por uno hasta que tengo esa seguridad- y tengo aún que firmar varios este mes. 
He tomado buena nota de las preguntas complementarias que me ha formulado, y si le parece, le enviaré próximamente por correo una información lo más objetiva posible. 
Pregunta nº 60 formulada por (H-0142/01): 
Asunto: Cierre de industrias siderúrgicas en Gales ¿Puede indicar la Comisión si se han producido avances en relación con los esfuerzos realizados para garantizar la concesión de fondos con carácter de urgencia para los trabajadores, las familias y las comunidades afectadas por el cierre del grupo siderúrgico Corus en Gales? 
Señor Comisario, le agradezco su enorme apoyo y compromiso para con Gales en un momento muy difícil por las pérdidas de puestos de trabajo en la industria siderúrgica. 
Me ha interesado mucho saber, señor Comisario, que se ha reunido con diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional de Gales y me gustaría saber si ha recibido alguna información sobre los períodos de tiempo previstos antes de que se haga propuesta alguna de programas. 
En segundo lugar, Comisario, mi colega laborista galés y yo le escribimos la semana pasada para pedirle que acudiera a Gales y viera con sus propios ojos cuáles son los problemas y lo que se debe hacer y tuviese también la oportunidad de reunirse con algunas de las personas principales de la Asamblea Nacional y de otros sectores. 
Así, pues, abrigo muchas esperanzas, señor Comisario- aunque no espero una respuesta ahora- de que examine detenidamente esa petición y de que dentro de poco lo veamos en Gales. 
. 
(FR) Muchas gracias por su invitación, señora Kinnock. 
En efecto, he recibido con sumo gusto su invitación y la de su colega, y le comunico mi acuerdo de principio para ir, porque, de todos modos, tengo intención de visitar todas las regiones del Reino Unido, como hice en Escocia hace algunas semanas, y dialogar con la Asamblea Nacional del País de Gales, con los interlocutores locales de movimientos asociativos y con los responsables socioprofesionales. 
Acepto, pues, en principio su invitación, aunque no puedo darle en esta fase ni hoy mismo una fecha formal. 
Pasaremos bastante rápido a la aplicación de las reorientaciones de ciertos programas tras el primer diálogo que ha tenido lugar con los representantes de la Asamblea Nacional del País de Gales. Le he dicho que esperábamos, en el marco de las orientaciones que se esbozaron el otro día, propuestas concretas. 
Tan pronto reciba esas propuestas de reasignación, concentración o reorientación para dirigir ayudas más precisas en favor de los hombres y las mujeres afectados por estas reestructuraciones siderúrgicas, le prometo que actuaré muy rápido. 
Por lo que se refiere a East Wales, que pertenece al objetivo 2, espero que podamos concluir la adopción del programa de objetivo 2 antes del 31 de marzo próximo. 
Es una fecha que quería confirmarle con ocasión de su pregunta. 
Pregunta nº 61 formulada por (H-0144/01): 
Asunto: Retraso en el gasto de los fondos estructurales 1994-1999 en Italia Italia no ha gastado aún un 25% de los fondos estructurales que le fueron asignados en el marco de la programación para 1994-1999. 
La Comisión ha impuesto como fecha límite para la utilización de dichos fondos finales de 2001. 
Una situación semejante se produjo con respecto a los fondos del período 1989-1993, con la consiguiente pérdida de aproximadamente un 3% de los recursos asignados. 
Como consecuencia del retraso, las regiones italianas y la Comisión han tenido que reprogramar las inversiones, con el riesgo de tener que financiar proyectos que no sean compatibles con los principios de desarrollo respetuoso del medio ambiente y de utilización razonable de los recursos naturales. 
¿Puede garantizar la Comisión que esto no volverá a suceder y que, de ser necesaria una reprogramación, ésta se orientará hacia inversiones que promuevan un desarrollo sostenible (en sectores como la energía, el transporte, la biodiversidad, el turismo, los productos agrícolas, los recursos humanos, etc.)? 
Y si ello no fuera posible, ¿puede garantizar que en última instancia se retirarán dichos fondos? 
¿Puede garantizar en particular que se excluirán inversiones dudosas en el sector de las infraestructuras viales y de las obras hidráulicas y de gestión de los recursos hídricos, como los diques o las canalizaciones? 
. 
(FR) Lo más brevemente posible, quiero decir al Sr. Celli que hemos comprometido la totalidad de los créditos de compromiso previstos para el período 1994-1999 para los objetivos 1, 2, 5b, así como las iniciativas comunitarias. 
Lo cierto es que, según los últimos datos que nos ha comunicado el Ministerio del Tesoro italiano, la situación es mucho menos buena con respecto a los pagos, y tengo intención, Señoría, de detallarle, en un correo próximo, la tasa actual de ejecución de los pagos para cada uno de los objetivos. 
No son satisfactorios, en particular, en lo que se refiere a las iniciativas comunitarias. 
En varias ocasiones he indicado a las autoridades italianas la necesidad de acelerar el ritmo de los gastos y reforzar la actividad de control, a fin de completar los proyectos y efectuar los pagos en los plazos previstos. 
Por otro lado, les recuerdo, señoras y señores diputados, que las reglas de la gestión financiera para el período 1994-1999 nos impiden reprogramar los recursos después de la fecha límite para la realización de los compromisos. 
Las últimas reprogramaciones se efectuaron, pues, en 1999. 
En cuanto al período de programación que acaba de comenzar, 2000-2006, quiero decir que la coordinación entre nuestros servicios ha mejorado, a fin de buscar una mejor articulación entre la aplicación de la Directiva Hábitat y la programación de los Fondos Estructurales. 
Comparto, Señoría, su preocupación por garantizar el respeto del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el marco del principio de subsidiariedad. 
Corresponde a los Estados miembros identificar los programas y proyectos que deben financiarse dentro de la observancia de la legislación vigente. 
Señor Comisario, quisiera saber si realmente todos estos proyectos modificados y quizás corregidos han estado en línea con estudios tranquilizadores sobre el impacto medioambiental. 
En el pasado, lamentablemente, tuvimos que enfrentarnos con situaciones muy variadas en distintos contextos. En Italia, por ejemplo, la defensa del lago Trasimeno ha consistido en un asentamiento de maíz en las orillas del lago que, al captar agua, hace que se reduzca su nivel; también hemos tenido la Directiva 2078 que ha autorizado la compra de insecticidas, en lugar de reducir su utilización. 
Por lo tanto, quisiera saber lo siguiente: ¿En este momento, son compatibles todos estos proyectos que han sido modificados porque los fondos no se habían utilizado hasta poco antes de su fecha límite? 
¿Ha vigilado realmente la Comisión al efecto de que el medio ambiente no tenga que sufrir daños precisamente en el momento en que, en cambio, debería ser protegido? 
. 
(FR) Señoría, no voy a poner puntos malos o buenos a toda la gestión pasada. 
No estoy seguro de que todos los proyectos, ni aquí ni en otros países, hayan sido impecables, pero, a decir verdad, no estoy muy satisfecho de haber tenido que proceder a esta reprogramación a finales del año 1999, con urgencia y por sumas tan importantes, en su país y en otros, al comprobar que los proyectos inicialmente previstos no eran o ya no eran realizables. 
No me gustó esta reprogramación masiva de los últimos meses del período anterior, 1994-1999, pero lo hice para que el dinero no se perdiese, y espero hacer lo necesario para que en el nuevo período no nos encontremos en la misma situación. El reglamento general de Berlín pone a nuestra disposición más sanciones y medios de apremio hacia los Estados miembros, a fin de evitar este tipo de reprogramaciones. 
Ahora, en cuanto a lo que se hizo a finales de año, señor Celli, todas las intervenciones de los Fondos Estructurales deben ser coherentes con las políticas comunitarias y, por tanto, respetar la legislación vigente, en particular en materia de medio ambiente. 
Ahora bien, si se identifican irregularidades o infracciones- ya sea porque ustedes nos las indiquen, ya sea porque procedamos nosotros a investigaciones o evaluaciones, ya sea porque los Estados miembros nos las indiquen también- la Comisión puede, en virtud de la reglamentación, corregir dichas irregularidades en cooperación con el Estado miembro y prever la reducción, o incluso en ocasiones la supresión, de determinadas contribuciones financieras. 
Le garantizo a este respecto, para el período del que soy directamente responsable, que es el 2000-2006, que, junto con los Estados miembros, se observará la mayor vigilancia sobre la cuestión medioambiental, que siempre ha sido, en lo que me concierne personalmente, uno de mis compromisos políticos principales. 
Muchas gracias, señor Barnier. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 62 a 113 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 20.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Contaminación atmosférica procedente de grandes instalaciones de combustión 
De conformidad con el orden del día sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0068/2001) de la Sra. Oomen-Ruijten en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, salud Pública y Protección del Consumidor sobre la posición común del Consejo (KOM (2000) -C5-0562/2000- 1998/0225 (COD) ) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para limitar las emisiones al aire de sustancias contaminantes de grandes instalaciones de combustión. 
Señor Presidente, le agradezco mucho que me haya concedido la palabra. 
Estoy convencida de que hay tantos colegas presentes por el debate de esta materia tan importante. 
Tengo entendido que un gran número de colegas británicos ha coincidido en el bar para impedir que hiciera uso de la palabra. 
No han tenido éxito. 
Quiero agradecer desde aquí de todo corazón a mis colegas españoles: se han portado con mucha corrección desde la perspectiva procedimental y lo considero loable, ya que a pesar de no estar de acuerdo en cuanto al contenido, están presentes. 
Bravo por los españoles. 
Sin embargo, en lo que a mis colegas británicos se refiere, ya no puedo mostrar más respeto, puesto que han intentado a mis espaldas, en mi propio grupo, suprimir todos los debates de esta tarde. 
Señor Presidente, ya desde el otoño de 1998 nos ocupamos de esta directiva con la que deben modificarse las reglas relativas a la emisión de sustancias contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. 
A pesar de toda la oposición por parte de algunos Estados miembros y a pesar de todas las advertencias y protestas de algunos que tienen intereses en el sector eléctrico, podemos modificar, en mi opinión, el reglamento originario sin problemas. 
Las posibilidades técnicas están disponibles en gran medida y las reglas modificadas son ya obligatorias en un gran número de Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, política habitual. 
Las exigencias medioambientales que se han introducido en algunos países para luchar contra los focos de combustión, son generalmente más estrictas, ya que todavía no se ha acabado con la contaminación de nuestro medio ambiente. 
Si uno piensa en el problema del ozono- usted sabe que muchos conciudadanos sufren problemas de respiración, éstos tienen su origen, entre otras cosas, en los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico y del sector del que hoy hablamos- entonces, abordar estos problemas, cuando es posible hacerlo de forma sencilla y efectiva, debe ser para todos en esta Casa casi una cuestión de honor. 
La propuesta originaria de la Comisión para modificar la directiva de 1998 no constituyó un gran éxito: la normativa era floja y las instalaciones existentes quedaban fuera del alcance de la directiva. 
El Parlamento mostró en la primera lectura sus puntos fuertes e hizo lo que debía esperarse de los representantes del pueblo, es decir, dotar de contenido a la preocupación por las personas, la naturaleza y el medio ambiente en general. 
La posición común del Consejo se adoptó con todo tipo de dificultades. 
Se prestó oídos al deseo del Parlamento Europeo en cuanto a que las instalaciones existentes cayeran en el ámbito de aplicación de la directiva y la normativa se hiciera algo más estricta. 
Había gato encerrado- y eso es lo que lamentan mis colegas españoles -: cada país negociaba de nuevo sus propias excepciones y, como dependía del Consejo de Ministros, uno podía continuar usando las centrales contaminantes hasta el día del juicio final sin realizar las adaptaciones técnicas. 
La posición común carecía de toda perspectiva, era un revoltijo de lo que quería cada uno. 
Además de los argumentos de naturaleza higiénico-medioambiental, he incluido en la exposición de motivos otras pruebas que muestran la necesidad de un endurecimiento de la posición común: además de la necesidad de una protección de la salud pública (ozono troposférico) , he incluido un par de alternativas económicas. 
Ello se debe a que queremos que Europa cuente con una industria medioambiental. 
Si comparamos los criterios de emisión del Consejo con las normas que se aplican en este momento en Estados Unidos y Japón, no salimos bien parados. 
Se ha alegado que no es necesario introducir criterios para las instalaciones de combustión, ya que gracias al informe de la Sra. Myller, contamos con techos de emisión. 
Si satisfacemos las expectativas de los defensores de la liberalización del mercado de la energía, en otras palabras, si no introducimos criterios o permitimos excepciones para que las centrales viejas y contaminantes generen electricidad, el mecanismo de mercado se verá perturbado y recompensará con una ventaja, gracias a sus precios más baratos para la energía, a los que descuidan el medio ambiente. 
Ése no puede ser el objetivo de la legislación medioambiental europea. 
Señor Presidente, quería intervenir antes de que se iniciara el debate, porque en la reunión de nuestro Grupo se nos había dado a entender que uno de los otros Grupos políticos había presentado una enmienda conforme al artículo 146, en la que se pedía que se aplazara este debate hasta el próximo período parcial de sesiones. 
Tengo entendido que no se ha presentado, por lo que me habría gustado hacerlo con mi nombre en ese momento. 
Como ya hemos iniciado el debate, no podemos hacerlo, pero quisiera simplemente expresar mi preocupación por que no se me haya concedido el uso de la palabra antes de iniciarse el debate. 
Señor Presidente, no quiero castigar a nadie sino que deseo llegar con relativa rapidez al tema. 
Es cierto que la Unión Europea ha logrado introducir reglas del juego europeas en la cuestión de las instalaciones de combustión. 
Estas reglas del juego europeas son importantes por la sencilla razón de que en la Comunidad Europea tenemos un mercado de la electricidad liberalizado y porque es evidente que los estándares, por ejemplo, para la contaminación del aire en este mercado liberalizado deben ser equiparables en toda Europa. 
Por ello, la Comisión ha reaccionado correctamente dirigiendo en especial su atención a las viejas instalaciones para las que, lamentablemente, no existe ninguna regulación desde 1987 y que han causado en toda Europa una contaminación relativamente elevada. 
Puedo confirmar expresamente que la Comisión ha intervenido aquí activamente. 
Lo saludo mucho y creo que es un paso en la dirección correcta. 
Naturalmente, se puede discutir sobre si se puede aplicar a las centrales energéticas muy pequeñas esta o aquella regulación de excepción o ampliarla uno o más años. 
Este no habría sido para nosotros en absoluto ningún problema en la búsqueda de un compromiso. 
Lástima que no hayamos llegado a dicho compromiso. 
La vía es la correcta. 
Y quien crea- quiero decirlo a pesar de todos los enfados que se han expresado aquí- que la política de medio ambiente es una tarea nacional se equivoca, pues la mayoría de la porquería que sale de las centrales energéticas aterriza sobre nuestros colegas en Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. 
Creo que estamos obligados solidariamente a encontrar una respuesta. 
Creo que hemos encontrado esta respuesta y también vías para las instalaciones pequeñas para prever aquí en los próximos años regulaciones de excepción. 
Creo que la ponente ha presentado un buen informe. 
Señor Presidente, tenemos ante nosotros hoy un importante instrumento legislativo. 
Va a afectar a la calidad de nuestra atmósfera y de nuestra agua y a la calidad general de nuestro medio ambiente en toda Europa y fuera de ella en los próximos años, si logramos su materialización. 
Es decir, si los Estados miembros así lo quieren, naturalmente. 
Ahora la propuesta ha llegado a su segunda lectura. 
En la primera lectura insistimos muy enérgicamente en que se adoptaran las medidas más estrictas para controlar las emisiones gaseosas resultantes de las grandes instalaciones de combustión en toda la Unión por los gases ácidos que se forman y por los efectos en el medio ambiente y en la salud humana. 
Ahora hemos llegado al punto en que tenemos ante nosotros la posición común. 
Tengo entendido que el Consejo ha trabajo denodadamente para lograrlo y propone nuevos y mejores niveles de emisiones. 
Sin embargo, mi Grupo cree que se puede avanzar más. 
Mi Grupo cree que, junto con varios otros factores- el informe de la Sra. Myller que va a seguir, por ejemplo -, es posible añadir un poquito más a esta propuesta. 
A ese respecto, quisiera recomendar las enmiendas a sus Señorías, en particular las referidas a los artículos y al anexo que controlan los valores-límite de emisiones de las grandes instalaciones de combustión. 
Me parece que esta noche afrontamos una alternativa muy difícil, porque debemos elucidar si lo que votamos esta noche es al menos en parte aceptable para el Consejo. 
El Consejo ha indicado que no está dispuesto a aceptar más enmiendas del Parlamento. 
Si mañana logramos las votaciones idóneas, esa falta de disposición pasará a ser una obligación y el Consejo tendrá que sentarse a negociar con el Parlamento. 
Eso no puede ser negativo desde el punto de vista del reconocimiento de la capacidad de este Parlamento para lograr un alto nivel de protección medioambiental para los ciudadanos de Europa. 
Me parece que lo que podemos hacer mañana en la votación es dar algunos pasos más adelante para lograr un poquito más en cuanto a provecho para el medio ambiente. 
Se debe equilibrarlo con las posibles consecuencias para las estrategias energéticas y las industrias energéticas de la Unión Europea. 
Lo tenemos muy presente. 
Si sus Señorías examinan esta noche las enmiendas que los socialistas van a apoyar, se ve que hay períodos de tiempo relativamente largos para que estos nuevos reglamentos pasen a formar parte de la legislación de la UE. 
Debemos dar este paso adelante, pero inevitablemente debemos tener en cuenta que en dicho paso no se debe tener en cuenta sólo el medio ambiente, sino también la economía. 
Sus Señorías tienen ante sí un informe con las enmiendas, la mayoría de las cuales puede apoyar el Grupo Socialista, pero creemos que algunas de ellas van demasiado lejos. 
Sin embargo, quisiera recomendar el informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten es bueno. 
Las grandes instalaciones de combustión, capítulo 2, es también un informe importante. Se trata de la acidificación, de la clásica contaminación del aire y del ozono troposférico. 
Acidificación era una palabra importante en los años 80, cuando todo empezó. 
Muchos ciudadanos creen que este problema ya se ha solucionado, pero no es así. 
Queda todavía un largo camino por recorrer. 
Al mismo tiempo, se ha liberalizado el mercado de la energía. 
Eso significa que será más difícil mantener el respeto de las reglas medioambientales. 
Por ejemplo, en mi propio país, los Países Bajos, una sociedad belga compra centrales de gas neerlandesas y las convierte en centrales de carbón. Éstas son mucho más contaminantes y también malas en lo que a las emisiones de CO2 se refiere. 
De ahí que necesitemos reglas medioambientales, y bien estrictas. 
Afortunadamente, la Comisión de Medio Ambiente ha apoyado esto, pero por desgracia, las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente no se aceptarán: no lograrán previsiblemente los 314 votos. 
No obstante, queremos saber, en tanto Grupo de los Verdes, quién es responsable de ello. 
El Grupo de los Verdes respaldará con pena las enmiendas de los democristianos, que son más flojas porque dejan fuera el amoníaco equivocadamente. Es una concesión innecesaria hecha a su base campesina. 
Sin embargo, apoyaremos las concesiones, ya que los Verdes también se han hecho adultos. 
Señor Presidente, sin duda debe haber límites en las emisiones a la atmósfera de agentes contaminantes, para proteger el medio ambiente y la salud.. 
Sin embargo, las medidas propuestas en la posición común son unilaterales. 
Esencialmente se propone anular el lignito, y el carbono como fuentes de energía, en nombre de la protección del medio ambiente; pero acallan e ignoran otras grandes fuentes de agentes contaminantes, como por ejemplo, los coches. 
También se ignora que en los Estados Unidos el 70%, y en Japón el 50% de los nuevos centros de producción de energía eléctrica utilizan combustibles sólidos, principalmente carbono, porque la producción es más barata, aunque la inversión original haya sido más cara. 
Igualmente señalamos que si se deja de utilizar lignito y carbono, van a cerrar muchas unidades de producción de energía eléctrica y aumentará el volumen del ya crecido paro, cuando podríamos solicitar más medidas de protección, contra los agentes contaminantes, por ejemplo, filtros, zonas periféricas de verde, etc. Quizás la unilateralidad a costa de los combustibles sólidos provenga de la intención de fomentar el gas natural porque esto presta servicio a algunos intereses de la Unión Europea. 
En Grecia utilizamos el lignito como una de las fuentes básicas de energía, que desde el punto de vista económico es satisfactoria. 
También, presionamos para tener más medidas de protección posibles. 
Si pensamos que, tal como sostienen los especialistas, las reservas de gas natural son suficientes para un siglo y las de los combustibles sólidos para dos siglos y medio, deberemos debatir sobre la mejor utilización de todas las fuentes de energía, y no sobre la anulación de algunas de ellas, sobre todo cuando el problema energético es de la máxima importancia e influye en el coste de vida de los trabajadores. 
Señor Presidente, las grandes instalaciones de combustión ocasionan conjuntamente el 63% de las emisiones de dióxido de azufre y el 21% de óxidos de nitrógeno de la Unión Europea. 
Se puede conseguir, por tanto, una importante ventaja ambiental en este sector. 
La ponente Oomen-Ruijten ha realizado buenas propuestas para lograrlo. 
El Consejo ha modificado la directiva en su conjunto, pero hay bastantes motivos para introducir todavía algunas adaptaciones. 
En primer lugar, los valores límite de emisión deben adaptarse a las posibilidades técnicas actuales. 
Si pensamos que las instalaciones de incineración de residuos y los hornos de cemento solamente pueden emitir 40 mg de dióxido de azufre, me asombra que los valores límite de emisión puedan situarse en los 2.00 mg en el caso de las instalaciones de combustión. 
Puedo comprender que se imponga un régimen menos estricto a las grandes instalaciones de combustión, pero considero inaceptable que sea cuarenta veces menos rígido. 
Es bien posible reducir las emisiones de SO2 hasta 100 dado el desarrollo técnico actual. 
Los valores límite propuestos por la Comisión de Medio Ambiente, que varían entre 1200 a 300 para las instalaciones actuales, ciertamente no son demasiado rígidos. 
Pueden imponerse normas estrictas a las nuevas instalaciones, dadas las nuevas técnicas que pueden utilizar. 
Las enmiendas que hemos presentado conjuntamente con el Grupo de los Verdes fijan valores límite de 400 para las instalaciones pequeñas y 200 para las grandes. 
En segundo lugar, las extrañas disposiciones relativas a las excepciones deben desaparecer. 
Resulta inaceptable que se permita a las grandes instalaciones viejas contaminar mucho 2200 horas por año, al igual que permitir la transgresión de las emisiones si el combustible, tal como el altamente contaminante lignito, es extraído de la propia tierra. 
Así mismo, las excepciones para España y las islas de Creta y Rodas son, en mi opinión, inaceptables. 
Con la liberalización del mercado de la energía tenemos que garantizar las mismas exigencias medioambientales, por tanto, deben eliminarse las excepciones mencionadas a fin de evitar distorsiones en la competencia. 
Además, hay que dar incentivos a las instalaciones viejas muy contaminantes para que introduzcan mejoras o innovaciones, en lugar de permitir que continúen contaminando seriamente el aire. 
En tercer lugar, las turbinas de gas en alta mar tienen que cumplir también los criterios sobre emisiones. 
Sé que no es posible respetar los criterios estrictos de las emisiones en determinados momentos, debido a la composición cambiante del combustible. 
No obstante, si se permitiera que las turbinas de gas en alta mar quedarán totalmente al margen de la política aplicada, desaparecería todo incentivo para introducir mejoras. 
En las enmiendas que he presentado, propongo como alternativa valores límite de emisión muy flexibles. 
Mi cuarto punto se refiere al vínculo entre esta directiva y la directiva sobre la incineración de residuos. 
En caso de que se mezclen diferentes combustibles, los valores límite de emisión de ambas directivas se alcanzan de forma distinta. 
No importa mucho de cara al resultado, pero en la práctica, la combinación de estos dos métodos de cálculo no sólo resulta complicada, sino también innecesaria. 
He propuesto una modificación en la enmienda 43. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitándole por haber conducido el comienzo de este debate tan provechosamente que nos ha permitido contar con un documento para discutir. 
Sin embargo, me gustaría manifestar mi decepción respecto a algunos diputados, especialmente de la Comisión de Medio Ambiente, que no son capaces de aceptar el proceso democrático que se inició hace tres años, y que concluye ahora, e intentan anular este documento a última hora. 
También quiero agradecer a la ponente su trabajo, aunque no siempre he entendido el camino que ha elegido, ni cómo ha ido avanzando ni por qué las pretensiones parecen ser menores hoy que al principio. 
Es sabido que el uso de los combustibles fósiles no es sostenible. 
Es algo en lo que todos estamos de acuerdo. 
Hace 30 años que conocemos estos problemas y ha llegado la hora de actuar. 
Lo he dicho anteriormente y lo reitero ahora: el Parlamento dio su respaldo a una estrategia contra la acidificación hace tres años. 
Ahora es el momento de realizar esta estrategia. 
Éste es el contenido de la directiva. 
No se trata solamente de la acidificación en Suecia, Noruega o Dinamarca. 
Se trata de medio millón de personas que en diferentes lugares del planeta mueren cada año a causa del uso de los combustibles fósiles. 
Se trata de todos aquellos que contraen enfermedades crónicas, por ejemplo bronquitis crónica, a causa de la combustión de fósiles. 
Por eso no cabe hablar solamente de un endurecimiento de los valores límite sino que, en la misma medida, de la salud de los ciudadanos. 
Esto es algo que los diputados no deben olvidar. 
Es posible mantener un buen servicio energético y, al mismo tiempo, trabajar para mejorar el medio ambiente. 
Vamos por ese camino. 
Seremos nosotros quienes decidimos la velocidad, si mañana 314 diputados tienen la valentía de tomar una decisión en favor de la opción más ambiciosa. 
Resulta poco sorprendente que el Consejo presente un compromiso en un texto que es más blando que el aprobado por el Parlamento en su primera lectura. 
También es obvio que en la segunda lectura habría que volver a hacer las mismas exigencias, para presionar así al Consejo y alcanzar una mejor posición a la hora de negociar en la conciliación, que será inevitable. 
Está claro que hay que actuar hoy si queremos ver resultados en un futuro cercano. 
Tenemos que atrevernos a fijar valores límite estrictos para toda clase de instalaciones, nuevas y antiguas, grandes y pequeñas. 
Los valores límite del Consejo no son tan estrictos. 
Parece que el Consejo ya no cree en que se puedan desarrollar nuevas técnicas. 
Es primordial que esta directiva comprenda las antiguas instalaciones existentes y que a éstas se les apliquen los mismos estrictos valores límite. 
No quedaría nada de los antiguos anhelos. 
Por eso las pequeñas instalaciones también deben someterse a la directiva. 
Cabe señalar también que la directiva fija un marco para la liberalización del mercado energético actual. 
Sin un marco de esta naturaleza el mercado europeo sería totalmente anárquico. 
Se necesitan unas exigencias medioambientales mínimas para que sea posible crear reglas de juego comunes. 
Las exigencias que nos fijemos hoy en la Unión regirán también para los futuros países miembros. 
Hoy y mañana podremos frenar las emisiones peligrosas, mejorar la salud pública y sentar las bases para una exitosa ampliación futura de la Unión. 
Señor Presidente, el mayor acontecimiento del calendario futbolístico de Gran Bretaña es la final de la liga de fútbol. 
En el descanso se ponen al fuego millones de teteras para que quienes no hayan estado bebiendo cerveza desde el comienzo del partido al menos tomen una taza de té. 
La demanda de electricidad- materia prima que no se puede almacenar- alcanza su nivel máximo. 
Para atender dicha demanda- o en ocasiones similares, como, por ejemplo, los días particularmente fríos en invierno- hay que poner en servicio algunas de nuestras antiguas centrales eléctricas de carbón. 
Las enmiendas a la posición común amenazan el futuro de algunas de dichas centrales y los puestos de trabajo de los mineros que proporcionan el carbón. 
Es técnicamente posible perfeccionarlas, pero en muchos casos sería más barato construir nuevas centrales de gas y retroadoptar dichas instalaciones con lavadores de gases. 
El puntal principal de nuestra estrategia en materia de calidad del aire en ese sector son los valores-límite nacionales de emisión y, mientras se cumplan, los Estados miembros deben contar con cierto grado de flexibilidad. 
Una nueva central de gas ha contribuido ya a la consecución de sus metas por parte del Reino Unido. 
La de cómo cumple un Estado miembro sus obligaciones es una cuestión propia de la subsidiariedad. 
Algunas de las enmiendas propuestas resultarán contraproducentes. 
Por ejemplo, la inclusión de la fecha límite de 2012 hará que se utilicen las centrales antiguas más intensamente para aprovechar al máximo el tiempo restante, con lo que aumentará la contaminación durante esos cuatro años. 
La posición común es ya una transacción y tiene en cuenta las enmiendas de la primera lectura al añadir medidas sobre las centrales existentes que no figuraban en la propuesta de la Comisión. 
No debemos desestabilizar el delicado plan de transacción intentando modificar aún más esta directiva que ya entraña mejoras medioambientales considerables y muy reales. 
Señor Presidente, esta Directiva es importante para la UE tanto desde el punto de vista del medio ambiente, como desde el punto de vista de la producción de energía y de la competitividad. 
Es necesario poner al día los valores límite establecidos para las grandes instalaciones de combustión tanto en los Estados miembros, como en los países aspirantes a la adhesión. 
Por ello, cabe dar las gracias sinceramente a la ponente de este informe, la Sra. Oomen-Ruijten, por la difícil labor realizada. 
La comisión parlamentaria fija unos valores límite mucho más estrictos que los contemplados en la posición común, sin establecer suficientemente la diferencia entre las distintas instalaciones en virtud de su tamaño y su carácter. 
Las inversiones efectivas en nuevos dispositivos técnicos derivadas de la Directiva son iguales para todas las instalaciones independientemente de su tamaño. 
Esta situación amenaza particularmente la cogeneración de calor y electricidad, método considerado ecológico. 
Por ejemplo, en mi propio país esto significaría un paso atrás en materia medioambiental. 
En Finlandia esto causa preocupación en diversas instancias, entre otras, en el Ministerio de Medio Ambiente. 
Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor darían lugar a inversiones ineficaces en su relación costes-beneficio ecológico y complicarían no sólo la eficiente utilización combinada de la turba y la madera en la producción de energía, sino también la cogeneración de calor y electricidad. 
Esta última se lleva a cabo principalmente en instalaciones de mediano tamaño, que ahora serían tratadas igual que las grandes instalaciones. 
Por su parte, la utilización de la turba está justificada. 
Contribuye a fomentar el aumento de la utilización de madera en las instalaciones de combustión, ya que la quema combinada mejora el control de la combustión, reduce los problemas de corrosión y asegura el abastecimiento de combustible. 
El informe tampoco apoya este objetivo tan estrechamente relacionado con el impulso de los biocarburantes. 
Podríamos incluso decir que, con respecto a algunas enmiendas, este informe peca de exceso de celo en materia medioambiental, por lo que existe el peligro de que se produzca una congestión en muchos objetivos ecológicos importantes. 
En cualquier caso, es importante que este informe sea aprobado y que la Directiva pueda entrar en vigor, puesto que ello contribuirá a contener la propagación a larga distancia de las emisiones y la caída de lluvia ácida sobre la naturaleza de otros Estados miembros. 
Mediante las enmiendas consensuadas que presentamos, nuestro Grupo, entre otras cosas, aspira a facilitar que se siga practicando la cogeneración de calor y electricidad en las instalaciones pequeñas y medianas, mientras que, por su parte, las grandes instalaciones deberían ser obligadas a invertir en tecnologías que reduzcan los niveles de emisiones contaminantes. 
Además, estos compromisos aspiran a que la utilización de la turba, baja en azufre, no implique inversiones desproporcionadas en comparación con los combustibles que contienen un mayor índice de azufre. 
Esto se incluye en la enmienda 36. 
Estamos muy agradecidos a la Sra. Oomen-Ruijten por haber aceptado estos compromisos. 
Nos volvemos a encontrar en una situación en que el poder legislativo debe afrontar el hecho de que los impactos son diferentes en circunstancias medioambientales diferenciadas. 
Si no podemos resolver esto, nuestra última carta, aunque no muy buena, será la creación de una directiva específica relativa a los combustibles en el marco de la dimensión nórdica. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0067/2001) de la Sra. Myller en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la posición común del Consejo (10674/1/2000- C5-0563/2000- 1999/0067 (COD) ) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los techos máximos de emisiones nacionales para determinados contaminantes atmosféricos. 
. 
(FI) Señor Presidente, distinguidos representantes de la Comisión y del Consejo, quiero dar entrañablemente las gracias a todos los miembros de la comisión parlamentaria por el planteamiento tan constructivo con que se ha abordado esta propuesta de directiva, y también quiero dar las gracias a los secretarios. 
Nos encontramos en una situación algo especial, en el sentido de que la comisión ha conseguido incluso mejorar un poco en la segunda lectura los resultados de la primera lectura, y esto se debe- gracias de nuevo a los miembros de la comisión- a que la revisión aprobada ha refundido las mejores partes de la primera lectura y de la posición común del Consejo. 
Así, hemos conseguido entregar al Pleno unos objetivos muy ambiciosos sobre los techos de emisión para el año 2010. 
En la posición común adoptada el verano pasado, los resultados de la primera lectura del Parlamento apenas si se tomaban en cuenta. 
En cambio, la comisión ha querido apoyar de forma clara en su votación el resultado de esa primera lectura, de modo que ahora contamos con una posición buena y ambiciosa para la votación de mañana. 
Deseo que esta posición tenga éxito mañana también. 
Por medio de esta Directiva se aspira a reducir determinadas emisiones contaminantes, a saber, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y las emisiones de amoníaco, de tal modo que, a largo plazo, consigamos que estas sustancias no representen un peligro para la salud de las personas. 
Esto se persigue estableciendo objetivos intermedios para el año 2010. 
A través de estos objetivos intermedios, se conseguirá reducir a la mitad las zonas que superan los índices críticos de acidificación, reducir en dos tercios el nivel de las cargas de ozono de efectos nocivos para la salud y en un tercio los índices de ozono que superen el nivel crítico de impacto en la vegetación. 
Lamentablemente, por medio de estas decisiones no llegaremos a alcanzar aún los objetivos que fueron aprobados en la estrategia comunitaria contra la acidificación. 
Por esta razón, el informe que nos ocupa propone establecer el año 2015 como fecha límite, tras la cual no se permitiría rebasar las cargas críticas, así como fijar para el año 2020 el objetivo final de no superar las cargas y niveles críticos. 
La propuesta de directiva incluye también la exigencia de efectuar una revisión en el año 2004. 
El objetivo de esta revisión será encauzar óptimamente las metas fijadas para el año 2010, analizar si vamos por el buen camino y presentar propuestas para la consecución de los objetivos. 
La presente propuesta de directiva establece la exigencia a los Estados miembros de reducir los contaminantes atmosféricos a un nivel que no represente riesgos para la salud, pero los Estados miembros podrán elegir los medios para alcanzar este objetivo. 
Las mayores amenazas y, por lo tanto, las cuestiones más difíciles para los Estados miembros son las emisiones procedentes de la producción de energía, y, en este sentido, el informe que acabamos de debatir presentado por la Sra. Oomen-Ruijten es de lo más significativo, así que espero realmente que obtengamos el mejor resultado posible en las votaciones de mañana, porque ello repercutirá directamente en los métodos que nos permitan alcanzar los techos de emisión de esta Directiva. 
La industria y el transporte son también motivo de preocupación. 
Entre ellos, la industria es el único sector que ha conseguido reducir sus emisiones durante las últimas décadas, mientras que el transporte no deja de aumentar constantemente sus propias emisiones. 
Por consiguiente, los Estados miembros deberán hacer algo al respecto. 
El transporte representa un verdadero reto. 
Debemos ser capaces de reducir el tráfico y de modificar nuestros comportamientos dando prioridad a alternativas menos contaminantes, como el transporte por raíles y el transporte colectivo, así como fomentando un desarrollo técnico que contribuya, por otros medios, a la reducción de emisiones en el sector del transporte. 
Por último, quisiera aún señalar que las estimaciones realizadas en diversas ocasiones sobre los costes derivados de esta Directiva son demasiado altas. 
Si tomamos en cuenta lo ya acordado, por ejemplo en el Protocolo de Kioto, llegaremos a la conclusión de que podemos reducir a la mitad los costes estimados. 
Si consideramos, además, los beneficios que se obtendrán en cuanto a la mejora de la salud mediante esta Directiva, los beneficios globales serán muchísimo mayores que los costes. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva que examinamos relativa a los techos nacionales de emisión afecta a los mayores contaminantes del aire. 
Los puntos centrales de esta directiva son la reducción de las emisiones de las sustancias mencionadas por debajo de los niveles críticos y los impuestos. 
El elemento más importante de esta directiva, o mejor, la parte de esta directiva que más se ha discutido es, por supuesto, la tabla en la que se recogen las emisiones anuales por sustancia permitidas a cada país. 
Algo que ha desempeñado un gran papel en la discusión son las numerosas protestas que se produjeron cuando 36 países, entre ellos los Estados miembros de la UE, acordaron otras normas en el ámbito de la ONU, generalmente menos estrictas, para las mismas sustancias. 
En la primera lectura se abogó por sustituir la tabla de la Comisión Europea, que sí era ambiciosa, por la llamada "Tabla de Goteburgo" de la ONU que permite unos techos más elevados. 
Ya señalé durante la tramitación en primera lectura que el razonamiento no era muy firme. 
Al fin y al cabo, los acuerdos de la ONU son siempre menos ambiciosos debido a que la situación de los países ricos, prósperos y, por tanto, a menudo más contaminantes es difícil de comparar con la situación de los países en desarrollo. 
Además, la emisión en nuestro propio continente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y también, aunque en menor medida, amoníaco, ocasiona efectos medioambientales directos. 
En tanto Grupo del PPE, nos sumamos en la primera lectura al techo de la Comisión Europea. Sin embargo, hemos mejorado la tabla de amoníaco, también debido a que la posibilidad de propagación es menor. 
La propuesta de compromiso del Consejo en relación con el SO2, los NOx y los COV dará lugar, en mi opinión, a más emisiones. 
Solamente puedo estar de acuerdo con el compromiso del Consejo en lo que al amoníaco respecta. 
La Comisaria conoce al igual que nosotros los problemas que rodean la ejecución de la directiva sobre nitratos: realmente ningún Estado miembro cumple lo establecido en la norma. 
Las propuestas de la Comisión para reducir más el techo no son factibles en mi opinión. 
Añado a ello que los efectos derivados de la emisión de amoníaco son en parte locales y que un objetivo más moderado también puede estar justificado. 
Eso significa que estamos en gran parte de acuerdo con la ponente: respaldamos las primeras ocho enmiendas; la 9 no la apoyamos. 
En cuanto a la tabla, respaldamos lo que se establece en relación con el SO2, los NOx y los COV. 
Respecto del amoníaco, volvemos a la propuesta del Consejo. 
Así mismo, la idea de la ponente de que realmente deba ya lograrse en 2004 lo que queremos alcanzar en 2010, nos ocasiona problemas. 
Nos parece muy ambicioso. 
Por lo demás, debo decir sinceramente que ha sido muy positivo trabajar con esta ponente y que también la coordinación con el trabajo relativo a las grandes instalaciones de combustión ha sido excelente. 
Mi agradecimiento por ello. 
Gracias señor Presidente, muchas cosas que se dijeron en el debate anterior también tienen gran relevancia para esta directiva. 
Esos dos documentos constituyen el fundamento de la estrategia contra la acidificación que aprobamos hace tres años. 
El lunes pasado, cuando se hicieron mediciones en mi propia ciudad, el grado de acidez era el más alto de los últimos tiempos. 
La acidificación sigue siendo un problema que no podemos dejar de lado. 
Quisiera comenzar agradeciendo a la Sra. Myller su excelente trabajo y a los colegas de la Comisión de Medio Ambiente sus contribuciones para mejorar esta propuesta. 
Sin embargo, el problema es que el camino entre la comisión y la Sala es, a veces, particularmente arriesgado. 
Mientras más nos acercamos al día de la votación, parece que algunos de nosotros sienten más miedo. 
Una vez más vemos surgir el conflicto entre la industria, el empleo y el medio ambiente. 
Muchos de los que han luchado en pro del medio ambiente se transforman en continuistas nacionales y regionales. 
En sus ciudades abrazan y defienden las instalaciones de combustión de carbón. 
Cuando se menciona la necesidad de un entorno sano en el futuro, desaparecen súbitamente la responsabilidad y las metas a largo plazo. 
En la primera lectura apoyamos los techos de emisión propuestos por la Comisión. 
Conviene destacar en este contexto que los techos y las cifras que presentó la Comisión se fundamentaban en los informes de los respectivos países. 
No eran cifras inventadas. 
Parece que hoy hay quienes las niegan. 
Esas cifras no expresaban un optimismo desorbitado y demostraban, tal como lo señaló la Sra. Myller, que los cálculos económicos correspondían a la realidad. 
Cuando el Consejo aporte sus puntos de vista, tampoco será extraño que se obtengan peores resultados, que estén mucho más cercanos a las cifras del Protocolo de Goteburgo. 
En este contexto, quisiera recordar que la Comisión- al menos al principio- rehusó firmar el protocolo de Goteburgo, ya que opinaba que era insuficiente y que sus pretensiones eran muy escasas. 
Espero que la Comisión demuestre que apoya lo expresado por el Parlamento, especialmente por la Comisión de Medio Ambiente. 
Si optásemos por la línea del Consejo, habríamos elegido empeorar la salud de los ciudadanos, donde los niños y los asmáticos serían los principales afectados. 
También optaríamos por superar los niveles críticos de deterioro de cientos de miles de hectáreas de terreno. 
Esta lista podría llegar a ser muy larga. 
Espero que mañana tengamos la valentía de aprobar la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, en la primera lectura el Grupo Liberal dio su apoyo a las propuestas de la Comisión. 
Queremos que haya una importante reducción de la contaminación atmosférica en un período de tiempo que refleje los graves problemas medioambientales que afrontamos. 
La Comisión sostuvo que los beneficios económicos superarían con mucho los costos que entrañaría, pero los Estados miembros disintieron y dijeron que no podían superar las metas acordadas en el protocolo de Goteburgo. 
Así, pues, el Parlamento estaba acertado al apoyar a la Comisión. 
Me complace que en la negociación la Comisión pudiera vencer la resistencia de los Estados miembros, lograr algunos avances y conseguir metas más ambiciosas. 
Pero en la segunda lectura estamos en una posición bastante diferente. 
La Comisión ha dicho que ha logrado un acuerdo firme con el Consejo y a él se atiene. 
No avanzará más, según dice. 
No apoyará las enmiendas presentadas por el Grupo PPE-DE o el Grupo Socialista. 
Me gustaría que los Estados miembros fueran más ambiciosos. 
Pero en primera lectura el Parlamento apoyó las propuestas basadas en un modelo de la Comisión que me parece diabólicamente complicado. 
A falta de apoyo de la Comisión ahora, no veo cómo, en cuanto legisladores y no expertos técnicos, podemos proponer metas más ambiciosas para los países concretos, a no ser que nos saquemos cifras de la manga, lo que me parece una forma de legislar muy deficiente y propia de aficionados. 
Así, pues, he aceptado que esto es lo máximo que podemos avanzar de momento. 
Pero también sé que estamos en una partida de póker y yo soy un pésimo jugador de póker. 
Puede que los Estados miembros tengan bazas ocultas que estén dispuestos a ofrecer, si se los presiona en la conciliación. 
Puede que la Comisaria desee en secreto que el Parlamento saque adelante su programa original. 
Si resulta ser así, no he entendido la partida. 
Espero con interés que la Comisaria diga si se ha guardado bazas en la manga o su posición pública sigue siendo la misma. 
Señor Presidente, señora Myller, felicidades por su excelente informe sobre los techos nacionales. 
Se trata de cuatro sustancias contaminantes. 
Para dos de ellas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, se da una respuesta adecuada en el informe de la Sra. Oomen- Ruijten relativo a las grandes instalaciones de combustión. 
El problema del amoníaco debe solucionarse en el ámbito local y nacional. 
Realmente nos falta todavía una parte de la legislación en relación con los compuestos orgánicos volátiles. 
Ya existen reglas para los compuestos orgánicos volátiles que se liberan al echar combustible a los automóviles, lo mismo sucede con la industria en relación con las mismas sustancias. 
Sin embargo, todavía no existen tales reglas en cuanto a los compuestos orgánicos volátiles de los hogares, que son responsables de un tercio de las emisiones. 
De ahí que pregunte a la Comisión Europea cuándo presentará por fin una directiva de la UE para las pinturas. 
Tenemos que lograr una pintura al agua, y ya es hora de que se adopten reglas en ese sentido. 
El Protocolo de Goteburgo ha sido suscrito por 36 países. En él se aplica el derecho de veto. 
La posición común es solamente un poco más ambiciosa que ese Protocolo. 
En Europa se ha eliminado el derecho de veto en el ámbito de la legislación medioambiental. 
Si, en tanto Unión Europea, no estamos en situación de adoptar unas normas medioambientales sustancialmente más estrictas, es una vergüenza. 
Mañana, el Parlamento tiene la oportunidad de evitar esta vergüenza. 
Espero que 314 colegas o más voten a favor del excelente informe de la Sra. Myller. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente y preguntar hasta qué punto podemos confiar en el Consejo. 
Que yo recuerde, no es una cuestión personal. 
Ésta es una de las poquísimas propuestas que ha llegado acompañada de una tarjeta con el precio exacto. 
Cierto es que está impresa en la página 112 de las propuestas originales. 
Ya no aparece en la versión presentada en la red Internet, pero estaba en la versión que se presentó originalmente al Parlamento. 
Nos revela el costo real de la aplicación de la propuesta directiva relativa a los valores-límite de emisión en el nivel nacional. 
Fue una novedad para los diputados belgas de mi comisión que esta propuesta fuera a costarles 1.000 millones de euros al año. 
Se lo mostramos a los diputados belgas y no les hizo la menor gracia. 
¿Puede la Comisaria decir si se ha examinado en el Consejo el costo de lo que se propone y qué han dicho los belgas, por ejemplo, al respecto? 
¿Y los franceses, para quienes esta medida costará otros 916 millones de euros más al año? 
¿Y los griegos? 
Según el cálculo aproximado de la Comisión, les costará otros 338 millones de euros al año. 
Conque, ¿qué nivel de costo están dispuestos a pagar? 
La Sra. Müller ha abordado este problema. 
En sus enmiendas núms. 1 y 6, rechaza la expresión "en líneas generales" y dice que los Estados miembros deben acceder, en realidad, a mantenerse "exactamente" dentro de los valores-límite de emisión. 
Si el Parlamento lo acepta, tenemos mayor derecho aún a preguntar hasta qué punto accederán los Estados miembros en realidad a cumplir esas propuestas. 
Cuando la Comisaria acuda a responder, ¿podría decir algo sobre la enmienda nº 8? 
¿Se aplica la subsidiariedad en este caso o no? 
Si no se aplica, es de suponer que tengamos que esperar a que la Comisión Europea formule propuestas. 
En caso de que sí, como los instrumentos no pueden ser impuestos, que se aceptarán, ¿qué serán? 
Considero muy bueno el objetivo de la directiva, es decir, la reducción drástica de la contaminación del aire. 
Así mismo, el hecho de que fijemos la nueva fecha de 2020, me parece algo positivo. 
Mis reparos residen, tal como la Sra. Jackson ya ha señalado, en la tabla del anexo 1 y, especialmente, en las modalidades de cálculo y sus consecuencias para los Estados miembros que cuentan con una superficie pequeña y una gran densidad de población. 
Puedo admitir, señora Comisaria, que, tal como usted también dijo en el debate sobre la primera lectura, obtengamos en la revisión de 2004 un reparto más justo de las cargas, también para los Estados miembros pequeños. 
Votaré por ello en contra de la enmienda 10 que vuelve a incluir la vieja tabla de la Comisión en el anexo 1. 
Señor Presidente, la acidificación de los bosques, de la tierra y de los cursos de agua es el problema ecológico más importante en mi país. 
Casi todas las lluvias ácidas provienen de la producción de energía mediante la combustión de fósiles en otros países europeos. 
La acidificación en nuestro país es, por tanto, un problema "importado". 
El entorno natural en grandes extensiones del norte de Europa tiene escasa capacidad para paliar los efectos nocivos producidos por agentes externos. 
Por eso la lluvia ácida es tan perniciosa para Dinamarca, Suecia y Finlandia. 
Todos los años se hacen grandes esfuerzos para disminuir los daños mediante la calcificación de lagos y cursos de agua. 
No cuento con datos exactos, pero me atrevo a sostener que Suecia ha realizado mayores esfuerzos económicos para combatir la acidificación mediante la calcificación que lo que algunos Estados miembros han invertido para disminuir las emisiones acidificantes. 
Algunas regiones- el sudoeste sueco, algunas zonas cordilleranas en el norte de Suecia y, especialmente, el sur de Noruega- son extremadamente sensibles a la lluvia ácida. 
Me dirijo a todos los diputados, de todos los países miembros. 
Para preservar la valiosa naturaleza en esas regiones necesitamos su ayuda. 
Les pedimos que analicen este problema desde una perspectiva europea y nos ayuden a resolver los grandes problemas derivados de la acidificación. 
Además, la disminución de las emisiones procedentes de la combustión es un importante tema que concierne a la salud pública de muchos países comunitarios. 
Muchas personas interesadas en el medio ambiente en mi país confían en lo que pueda hacer la Unión Europea. 
La ONU ha demostrado ser una organización que no ha dado suficiente impulso a los temas medioambientales europeos. 
A mi juicio, los impuestos son un asunto de carácter nacional. 
Los parlamentos nacionales tienen que elegir el mejor camino para alcanzar los techos de emisión nacionales. 
Por esa razón no respaldo la propuesta de crear impuestos para combatir las emisiones. 
También quisiera comentar el argumento del desempleo. En general, un medio ambiente sano y la buena salud no conllevan desempleo. 
A largo plazo, los esfuerzos para mejorar el entorno y la salud son una buena inversión. 
Los costes disminuyen y las inversiones implican una situación económica más favorable. 
La actual situación en Rusia habría sido mucho mejor si no hubiesen heredado la catástrofe ecológica y la insalubridad del desplomado sistema comunista. 
La postura común del Consejo es sorprendente. 
Sus pretensiones son escasas y el Consejo no quiere fijar una fecha para la entrada en vigencia de las medidas. 
Así, podemos imaginarnos cómo será el cumplimiento de la directiva: simplemente no se cumplirá. 
Por esa razón, el Parlamento debe reiterar las pretensiones contra la acidificación que fijó la Comisión en el denominado techo de emisión. 
La postura del Consejo será casi ridícula para los países miembros si el Parlamento y la Comisión forman un frente común en esta materia. 
Finalmente, quiero agradecer a la ponente Sra. Myller sus esfuerzos para obtener resultados en esta importante materia medioambiental. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estoy totalmente de acuerdo con el orador precedente en cuanto a que la acidificación, la eutrofización y el crecimiento de los niveles de ozono en la capa baja de la atmósfera son problemas a los que debemos hacer frente de forma eficaz en toda Europa. 
Por consiguiente, debemos fijar techos nacionales de emisión para los contaminantes más importantes. 
Tras largas y difíciles negociaciones, el Consejo llegó a un acuerdo sobre los techos nacionales de emisión.. 
La Comisión apoya, a su vez, la posición común del Consejo. 
Esta posición común del Consejo significaría una notable reducción de las emisiones. 
Quizá ésta no sea tan ambiciosa como el Parlamento deseaba en la primera lectura, pero tal vez se trate del mejor compromiso posible en estas circunstancias. 
Lamentablemente, nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha decidido presentar unas propuestas tan significativas y ambiciosas que, en caso de llevarse a cabo, pondrían en peligro el acuerdo alcanzado. 
En este sentido, comparto los puntos de vista expuestos anteriormente por el Sr. Davies. 
Cuando se debatieron los techos de emisión en la primera lectura del Parlamento en marzo del año pasado, resalté que no deberíamos fijarnos nuevos objetivos antes de alcanzar los ya establecidos. 
La Comisión deberá velar constantemente por que se produzcan avances de forma continua en todos los Estados miembros y deberá impulsar medidas que ayuden a la industria a realizar los cambios necesarios. 
Es importante que los objetivos medioambientales sean alcanzados con la mejor relación coste-eficacia posible. 
Por ello, la pregunta formulada por la Sra. Jackson está más que justificada. 
Por muy dignas que sean las reducciones en los techos de emisión realizadas por la comisión parlamentaria, deberíamos ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de nuestros deseos y de nuestros votos. 
La postergación de esta Directiva y la dilatación forzosa de su aplicación- ese juego de póker mencionado aquí antes- sería la peor alternativa desde el punto de vista del medio ambiente. 
Además, los beneficios medioambientales de estas reducciones serán muy escasos en comparación con los costes. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a la ponente su trabajo sobre esta importante propuesta. 
Sé que su Señoría tiene mucho que hacer en relación con el programa de acción medioambiental y otras cosas. 
La propuesta de directiva relativa a valores-límite de emisión va encaminada a abordar simultáneamente la acidificación, la eutrofización y el ozono en el nivel del suelo. 
Así, pues, es muy importante para dos de los cuatro sectores prioritarios determinados en la propuesta de la Comisión para un sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: naturaleza y biodiversidad y salud y medio ambiente. 
Aún hay importantes zonas de la Unión en las que la naturaleza y la biodiversidad padecen las consecuencias de la eutrofización provocada por la lluvia ácida y los ciudadanos se ven afectados por el ozono en el nivel del suelo, como ya han observado diputados al Parlamento. 
Debemos resolver esos problemas. 
Las enmiendas 10 y 13 van encaminadas a restablecer los valores-límite de emisión originalmente propuestos por la Comisión. 
En su posición común los Estados miembros hacen suyas las metas a largo plazo y los objetivos provisionales de la propuesta. 
Han vuelto a examinar los compromisos que formularon en el protocolo de Goteburgo y han aceptado la adopción de medidas suplementarias. 
Pero todos ellos consideran que hay incertidumbres y otros factores que pueden cambiar el panorama dentro de unos años: planes energéticos, adhesión y demás. 
Ésa es la razón por la que los Estados miembros han acordado examinar de nuevo esas cuestiones en 2004. 
La Comisión puede aceptarlo como primer paso a condición de que nuestro objetivo en 2004 sea el de compensar el déficit. 
Me preocupa mucho que vaya a ser muy difícil celebrar debates logrados sobre las enmiendas 10 y 13 con el Consejo. 
Hay prescripciones diferentes para cada uno de los Estados miembros y quince puntos de vista en el Consejo. 
Así, pues, la Comisión no acepta las enmiendas núms. 10 y 13. 
Sin embargo, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 
11 y 12. La verdad es que vamos a tener que examinar de nuevo la propuesta original de la Comisión de valores-límite de emisión en 2004 y ver si sería mejor compartir la carga de forma diferente a la luz de los acontecimientos más recientes. 
Las enmiendas 11 y 12 lo explican muy claramente. 
En respuesta a las preguntas del Sr. De Roo, he de decir que la Comisión ha concluido dos estudios sobre los compuestos orgánicos volátiles. 
Ahora estamos haciendo la labor preparatoria y esperamos poder examinar las posibles propuestas con expertos antes del verano, en realidad. 
Tal vez sea ésa una información importante. 
Sobre los costos y sobre hasta qué punto están dispuestos, señora Jackson, los Estados miembros a pagar los costos. 
Como sabe su Señoría, se examinaron muy por extenso en el Consejo. 
Los Estados miembros creen que podemos cumplir la meta y han aceptado lo que creen que pueden hacer ahora. 
Quieren volver a examinar los costos en 2004, antes de aceptar más. 
Naturalmente, los costos son mayores para ciertos países que para otros, según la procedencia de las emisiones contaminantes. 
No todas las emisiones son iguales por las diferentes tendencias climáticas. 
También se tomó nota de ello en los debates celebrados en el Consejo. 
Por lo que se refiere a las enmiendas restantes, las núms. 1 y 6 están relacionadas con la enmienda nº 10. 
El Consejo insertó la expresión "en líneas generales" como reconocimiento de que los valores-límite de emisión de la posición común no bastarán para cumplir los objetivos correspondientes a 2010, por lo que la Comisión no acepta esas enmiendas. 
La enmienda nº 4 fijaría fechas en las que se deberían cumplir las metas a largo plazo de esta directiva y la Comisión sigue pensando que con nuestros conocimientos actuales cualquier fecha sería conjetural, por lo que no debe figurar en un texto jurídico. 
Así, pues, la Comisión ha de rechazar la enmienda nº 4. 
Espero que tengamos una previsión más clara cuando examinemos la directiva en 2004, pero entonces- si me permiten un chiste -, tendrán que caer del cielo. 
La Comisión conviene sin reservas en que las emisiones debidas al transporte internacional son importantes y se debe abordarlas eficazmente. 
También debemos examinar los efectos de las emisiones de las aeronaves. 
La Comisión puede aceptar totalmente la enmienda nº 2 y en principio la enmienda nº 3 en parte. 
Sin embargo, preferiríamos citar la Directiva 99/30 más directamente. 
No podemos aceptar la enmienda nº 5 ni la primera parte de la enmienda nº 7. 
No se pueden asignar a Estados miembros concretos las emisiones debidas al tráfico marítimo internacional y a las aeronaves de paso, sino que debemos complementar las medidas ya adoptadas por la Organización Marítima Internacional y elucidar qué más hace falta. 
La Comisión puede aceptar la enmienda nº 8 en parte y en principio. 
La presentación de propuestas sobre los instrumentos económicos es algo que vamos a examinar como parte de nuestro examen de la directiva en 2004. Podemos aceptar en parte y en principio la enmienda nº 8. 
Podemos aceptar en parte y en principio la segunda parte de la enmienda nº 7 y la enmienda nº 9. 
Además, la Comisión no puede aceptar la prescripción de que presente propuestas. 
Durante el examen se deben tener en cuenta todas las cuestiones destacadas por el Parlamento. 
Agradezco al Parlamento el tiempo dedicado a esta cuestión y expreso también mi esperanza de que logremos avances sobre este importantísimo expediente. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Inspecciones medioambientales 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0041/2001) de la Sra. Jackson en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación sobre el proyecto común de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo aprobado por el Comité de Conciliación (C5-0001/2001- 1998/0358 (COD) ) sobre la determinación de criterios mínimos para inspecciones medioambientales en los Estados miembros. 
Señor Presidente, informo a la Asamblea después de una saga larga y no totalmente satisfactoria. 
La delegación del Parlamento Europeo quería que esta recomendación sobre la inspección medioambiental adoptara la forma de una directiva. 
Adoptamos una posición muy firme al respecto e intentamos persuadir a la Comisión para que adoptara una posición favorable al respecto. 
Pero no lo hizo. 
Intentamos persuadir al Consejo de Ministros para que conviniera con nosotros y no lo hizo. 
Es muy lamentable, pero se trata de una situación a la que, por desgracia, hemos tenido que resignarnos, porque, si no hubiéramos aceptado los textos que ahora tenemos ante nosotros, probablemente ni siquiera habríamos conseguido una recomendación. 
Muchos de mis colegas- espero que todos- consideran que nos encontramos en una situación muy insatisfactoria. 
En efecto, no cesamos de aumentar el volumen de la legislación de la Unión Europea en materia de medio ambiente, con la positiva intención de mejorar nuestro medio ambiente, pero los Estados miembros se comprometen con una legislación que en muchos casos no pueden aplicar en la forma en que la aprueban. 
Al final puede que puedan alcanzar los niveles que aceptan, pero debemos preguntarnos cuánto se tardará. 
En algunos casos la Comisión sigue aún muy a obscuras sobre si los Estados miembros están cumpliendo de verdad la legislación, porque los Estados miembros tardan mucho en decir a la Comisión sobre el estado de aplicación en los informes que están obligados a enviar a Bruselas. 
De modo que, si lo expresamos de la forma más dramática, el propio Parlamento Europeo resulta cómplice de un engaño a los ciudadanos europeos. 
Les estamos diciendo que tenemos una legislación medioambiental muy avanzada, pero en casos como el de la directiva relativa a los nitratos y la Directiva relativa a las aguas residuales vemos que, en realidad, los Estados miembros están tardando mucho más de lo establecido en cumplir la legislación. 
De hecho, el caso de la sanción que el Gobierno griego sigue pagando a Bruselas por no haber aplicado una directiva relativa a residuos revela que se puede tardar una cuarto de siglo hasta que se lleve a un Estado miembro ante los tribunales por no cumplir una legislación aprobada en el decenio de 1970. 
El Parlamento consideró que la forma de abordarlo era tomar lo que originalmente era una recomendación sobre inspecciones medioambientales y utilizarla como una forma de imponer la aplicación de normas comunes en todos los Estados miembros convirtiéndola en una directiva a la que los Estados miembros prestarían- esperábamos- mayor atención. 
Como digo, los Estados miembros se oponían. 
Fue bastante esclarecedor asistir a la reunión del Comité de Conciliación, en el que resultó totalmente claro que a algunas delegaciones de Estados miembros no les interesaba ese asunto lo más mínimo y mucho menos aún en la reunión a la que hemos asistido esta noche. 
Ésta es una situación en la que sólo una minoría de Estados miembros están interesados de verdad en el cumplimiento. 
Para la mayoría, ocupa un puesto muy abajo en su lista de prioridades. 
Así, pues, me temo que nos hemos conformado en cierto modo con algo menos que lo mejor. 
Seguimos abrigando esperanzas de que podremos volver a abordar esta cuestión. 
La verdad es que seguimos dispuestos a hacerlo, porque, aunque tenemos una recomendación, figura en ella una cláusula de revisión según la cual la Comisión volverá a comparecer ante el Parlamento durante esta legislatura- creo que no me equivoco al decir que será en 2003- para que intentemos evaluar cómo están actuando los Estados miembros en relación con esta recomendación. 
Eso significaría que el Sr. Davies y yo, si nos libramos y logramos sobrevivir a la fiebre aftosa, a la EEB y a todo lo demás que parece estar aquejando al Reino Unido, podremos procurar que avancemos hacia la formulación de una directiva, en caso de que consideremos que la recomendación no nos lleva a parte alguna. 
Esperamos contar con el apoyo de la Comisión para que esa reevaluación en 2003 sea una operación en verdad seria. 
Estoy segura de que la Sra. Wallström, que está muy interesada en lograr un mayor cumplimiento, estará deseosa de apoyarnos a ese respecto. 
También hemos logrado incluir en la recomendación la idea de que los informes sobre la inspección deben estar a disposición pública al cabo de dos meses de su conclusión y presentación a la Comisión. 
Queremos velar por que más personas en Europea se interesen por la cuestión del cumplimiento: más personas en todos los Estados miembros, no sólo en una selección de los septentrionales. 
Y, por último, permítaseme señalar a la atención de sus Señorías que, aunque no podíamos recogerlo oficialmente, hemos dicho que incluiremos en todas las directivas una cláusula de este simple tenor: "Los Estados miembros se comprometen a haber creado, en la fecha de entrada en vigor de la directiva, a más tardar, sistemas de inspección medioambiental que les permitan cumplir enteramente las disposiciones de la directiva". 
No vemos cómo podría oponerse a ello Estado miembro alguno. 
Señor Presidente, quiero comenzar con una felicitación a nuestra ponente. 
Me parece que la delegación del parlamento en el Comité de Conciliación ha luchado muy duramente y ha dado también con gran pesar su aprobación al resultado de la conciliación, al igual que mi Grupo político que dará su voto afirmativo también en el Pleno. 
Sin embargo, no podemos estar contentos con el resultado de la conciliación. 
El Parlamento Europeo quería una directiva vinculante en lugar de recomendaciones. 
Los Estados miembros han bloqueado y deben también aceptar la responsabilidad de que en la Unión no avance nada en lo que se refiere a la aplicación de la política medioambiental. 
Actualmente, están en marcha más de 150 procedimientos por violaciones o no observancia de la legislación medioambiental en vigor. 
A pesar de todo lo que se alegra este Parlamento por cada avance en política de medio ambiente, sin embargo están justificadas las dudas en la seriedad de dicha política de la Unión si no se da el último paso, a saber, el de controlar la aplicación. 
La mejor legislación no sirve de nada si no se aplica. 
Nuestras condiciones, la coordinación de las inspecciones entre los Estados miembros cuando se trata de delincuencia medioambiental transfronteriza, son una mejora así como también la publicación de los informes de inspección dos meses tras la realización de las inspecciones. 
Sin embargo, creo que la cláusula de revisión que ha descrito la Sra. Jackson es la exigencia más importante del Parlamento, es decir, que la Comisión presente al Parlamento al cabo de dos años un informe sobre la aplicación y eficacia de esta recomendación y en caso de ausencia de eficacia- lo que supongo ahora- presente también una propuesta de directiva. 
Como no confío plenamente en las débiles formulaciones de esta cláusula de revisión- la Comisión debería presentar tal informe no en dos años sino lo más pronto posible -, quiero rogar a la Comisaria Wallströmm que confirme quizás de nuevo que se va a ocupar de que se nos va a presentar este informe en algo más de dos años. 
Naturalmente, espero que entonces se demuestre la eficacia de esta recomendación, que la legislación medioambiental es más efectiva y que se pueden constatar mejoras. 
Pero en el momento actual me falta la fe aunque escuche el mensaje. 
Señor Presidente, no sé de nadie que no convenga en que la legislación medioambiental debe aplicarse igual y eficazmente en toda la Unión. 
Este informe nos ha brindado la oportunidad de adoptar algunas medidas prácticas. 
Me parece que durante más de un año y medio ha habido un diálogo de sordos y el resultado es que no hemos logrado nada válido. 
No culpo a la Comisaria, que lo heredó de su predecesora, pero la recomendación de la Comisión era muy deficiente y cayó pésimamente en los Estados miembros, que la apoyaron sólo porque no era vinculante y, por tanto, se podía pasarla por alto. 
Muchos diputados al Parlamento acabaron compartiendo la opinión de los Estados miembros de que era demasiado prescriptiva. 
Pero en ningún momento hubo un debate serio entre el Consejo y el Parlamento sobre la forma mejor de lograr unos objetivos que deberían haber sido compartidos. 
Tal vez fuera un fallo por nuestra parte no adoptar iniciativa alguna. 
Por otra parte, la propuesta- radical y, aun así, eminentemente sensata- formulada por la Sra. Jackson y respaldada por el Comité de Conciliación, no logró el apoyo de la Presidencia ni de la Comisión. 
Conque tal vez no fuera posible la armonización de las opiniones. 
Pero el compromiso logrado por parte de la Comisión de examinar la posibilidad de introducir algún tipo de directiva dentro de unos años, si bien es digno de beneplácito, dado el apoyo declarado de la Comisaria a la necesidad de que velemos por la aplicación de las normas y leyes eficazmente, es algo que no podía dejar de conseguirse, en cualquier caso, y nada añade a las declaraciones anteriores. 
Considero un fracaso toda esta operación legislativa. 
Sencillamente, no hubo diálogo apropiado entre las instituciones. 
Me parece que hemos defraudado a los ciudadanos de nuestras circunscripciones de toda la Unión Europea. 
Retrospectivamente, creo que habría sido mejor que el Parlamento hubiera dejado hundirse el proceso de conciliación. 
El Grupo Liberal votará contra la aprobación de esta recomendación mañana. 
Espero simplemente que la próxima vez podamos actuar mejor todos. 
Señor Presidente, voy a mantener al Parlamento periódicamente informado sobre la ejecución y el grado de cumplimiento. 
Ésta es una de las cuestiones más importantes sobre las que debemos trabajar en los próximos años y ésa es también la razón por la que figura como una de las prioridades en el sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
Debemos centrarnos en la ejecución. 
Naturalmente, volveré al Parlamento y, en caso necesario, presentaré proyectos legislativos. 
Es el denominado método de la guillotina. 
Presionaremos a los Estados miembros. Creo que quienes acuden al proceso de conciliación le dedican mucho tiempo, esfuerzo y energía y quieren llegar a un acuerdo, por lo que vale la pena. 
Será útil que se mantenga informados a los ciudadanos de Europa sobre la ejecución y vamos a proponer diferentes formas de hacerlo. 
Acogeremos con agrado cualquier otra idea sobre cómo podríamos lograrlo y mantener la presión sobre los Estados miembros. 
La diferencia de opinión radicó en cuál sería el mejor instrumento legislativo para cumplir los objetivos. 
Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo sobre la forma y la redacción del instrumento aceptando las enmiendas del Parlamento. 
También apoyo la propuesta de la Sra. Jackson de que se inserte esa frase en todas las propuestas a partir de ahora. 
Es un buen recordatorio para los Estados miembros. 
Las enmiendas volverán más estrictas las prescripciones de la recomendación. 
Por ejemplo, los informes sobre las visitas in situ deben estar disponibles dos meses después de haberse hecho la inspección. 
Ahora tenemos que velar por que se aplique plenamente la recomendación. 
Quisiera agradecer el papel de la red IMPEL. 
Su trabajo sobre los criterios mínimos para las inspecciones contribuyó a la redacción de la recomendación y dichos criterios constituyen un instrumento muy importante. 
Ahora la red IMPEL tiene un mandato conforme a la recomendación para examinar los cuerpos de inspectores, los métodos de inspección y los procedimientos óptimos en materia de formación y capacitación de los inspectores. 
Ahora la recomendación exigiría a los Estados miembros que informaran a la Comisión sobre su funcionamiento dentro de dos años. 
Después la Comisión examinará la posibilidad de presentar una propuesta de directiva amplia que abarque el ciclo completo de la inspección. 
Sin lugar a dudas volveremos sobre esto y espero que juntos podamos mejorar la aplicación del acervo comunitario en materia de medio ambiente. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Calefacción de los vehículos de motor y de sus remolques 
De conformidad con el orden del día, sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0055/2001) del Sr. Miller en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior sobre la posición común del Consejo (7074/1/2000- C5-0615/2000- 1998/0277 (COD) ) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las instalaciones de calefacción de los vehículos de motor y de sus remolques y sobre la modificación de la Directiva 70/156/EWG del Consejo así como sobre la suspensión de la Directiva 78/548/EWG del Consejo. 
En este lugar se muestra claramente lo importante que es para el destino de la Unión Europea lo que aquí hacemos. 
Señor Presidente, quisiera comenzar señalando una corrección técnica. Es algo que se debería haber advertido en comisión, pero, por desgracia, no fue así. 
Se refiere al Anexo IV, 2.2, en el que figura la indicación de presión de 500 caballos de vapor, cuando, en realidad, debería referirse a 0,5 caballos de vapor. 
Agradecería profundamente que se hiciera esa pequeña corrección técnica. 
Estoy seguro de que también lo agradecerían todos los fabricantes de sistemas de calefacción para automóviles. 
Hay otras dos enmiendas al respecto. 
Las dos son muy técnicas y me las han indicado los representantes de ese sector industrial. 
Cuando las examiné, no vi problema alguno. 
Las he presentado a la comisión, que las ha aprobado. 
El propio hecho de que haya recurrido al uso de la palabra para decir que los fabricantes me han presentado dos enmiendas más subraya el dilema que afronta el Parlamento con este tipo de directiva. 
El mes pasado presenté un informe sobre la forma de volver accesibles los autobuses para las personas discapacitadas. 
Algunos criticaron dicho informe, porque era demasiado técnico. 
En realidad, había eliminado muchos de los tecnicismos. 
Sin embargo, al pasar a este informe, me pregunto qué hago aquí, haciendo uso de la palabra a las 10,30 de la noche de un martes, hablando de tecnicismos. 
No es ésa una tarea propia del Parlamento. 
Debemos orientar la política, pero no debemos dedicarnos a examinar tecnicismos que se podrían abordar mejor en otras instancias. 
Quisiera proponer a la Comisión que algunos de nosotros nos reunamos en algún momento del futuro inmediato para impedir que esta clase de informes lleguen al orden del día del Parlamento. 
Es una pérdida de tiempo para la Comisión y también para nosotros. 
Ya es más que hora de que examinemos formas de eliminar esos informes técnicos- que en modo alguno son políticos- del orden del día. 
En lugar de llegarme a mí, se debe examinarlos en los foros idóneos en los que ingenieros, técnicos, científicos, etc., o un grupo técnico de la clase que sea se ocupen de esas especificaciones. 
Yo no soy ingeniero: mi primera profesión fue la de lechero. 
No sé cómo se puede esperar que sepa yo en qué consiste la diferencia entre 0,5 y 500 caballos de vapor. 
Ruego a la Comisión que abordemos este problema. 
Espero que en el futuro podamos dormir las horas que necesitamos. 
Señor Presidente, la verdad es que sólo puedo repetir lo que mi amigo y colega, el Sr. Miller, acaba de decir. 
Él y yo nos alternamos de un lado al otro como ponente en la sombra de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre estos expedientes técnicos. 
También puedo revelarle que no sólo se me ha nombrado para esa tarea en la Comisión de Asuntos Jurídicos, sino que actualmente tengo en carpeta otros seis reglamentos técnicos: en mi otra calidad, para la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Tal vez porque fuera ingeniero en mi vida anterior. 
Pero, hablando en serio, debemos examinar en primer lugar la forma como se debe llevar a cabo este trabajo. 
Ésta es una directiva importante. 
No debemos subestimar su importancia. 
Agradezco al Sr. Miller la labor que ha llevado a cabo organizándolo hasta en sus menores detalles, si bien, como él ha dicho, no es una tarea que debiéramos hacer nosotros. 
Los servicios del Comisario Liikanen deben procurar resolver hasta los detalles más delicados. 
La verdad es que debería encargarse él de los detalles delicados de estos asuntos- los detalles técnicos sobre los que nos asesoran los fabricantes de automóviles o de piezas -, antes de que lleguen hasta nosotros. 
La verdad es que, ahora que la Comisión se ha adherido a los protocolos de la Comisión Económica para Europa, en Ginebra, que es la que se ocupa de la mayor parte de la legislación sobre los vehículos de motor en Europa, nos encontramos con otro conjunto de cuestiones- de la mayoría de las cuales se ocupa la Comisión de Industria en este momento- respecto de las cuales el Parlamento no tiene derecho a presentar enmiendas, como en el caso de esta directiva. 
Probablemente sea acertado, pero sigue habiendo elementos políticos que debemos examinar. 
De hecho, el Sr. Miller va a recibir una invitación mía, por lo que me complace decir que ya había previsto lo que iba a pedirme que hiciera esta noche. 
Va a recibir una invitación mía a una reunión, que se celebrará la semana que viene, en la que la Comisión de Industria me ha pedido que reúna a un grupo de diputados interesados. 
Sé que los colegas dedicados a los asuntos de los vehículos de motor del Comisario Liikanen estarán bien representados y están muy interesados en asistir e intercambiar opiniones con nosotros, como también las asociaciones de fabricantes de automóviles y los fabricantes europeos y japoneses de piezas, para ver cómo abordamos esta cuestión que cada vez cobra mayor importancia y cómo la tratamos políticamente. 
Esencialmente, estamos buscando algún tipo de estrategia y cuestiones fundamentales que requieren una aportación política para que después podamos dejar el aspecto técnico a la Comisión. 
Después puede haber, en el caso de los reglamentos CE, un simple derecho de veto al final o, si consideramos que no se ha hecho el trabajo adecuadamente, nos limitaremos a no aceptarlo hasta que al final vuelva completado. 
De modo que no debemos abordar esta clase de labor técnica. 
Es de esperar que, cuando lleguemos a otro ciclo de estos procedimientos, el Sr. Miller y yo no estemos aquí una avanzada noche de martes hablando de detalles técnicos de calentadores, neumáticos o lo que sea, pero hayamos tenido la oportunidad de hacer una aportación política global al alcance del reglamento sobre los vehículos de motor. 
Sé que el Comisario Liikanen está interesado en que se agilice el proceso, no sólo en cuanto a los detalles técnicos delicados, sino también examinando las formas como se puede alentar a la propia industria a que formule sus propios reglamentos técnicos dentro de un marco normativo público y global y, de hecho, que, en relación con cuestiones decisivas como la de la seguridad, pueda ir más allá de ello y utilizar sus recursos técnicos para ayudar a lograr vehículos mejores, más seguros y más inocuos para el medio ambiente. 
Señor Presidente, ha llegado a ser una costumbre para el Sr. Miller, el Sr. Harbour y yo que pasemos las noches aquí, en el Parlamento, y me complace ver a tantos diputados esperando para participar en el debate: la Sra. McNally, el Sr. Wijkman y el Sr. Chichester. 
Quisiera agradecer al ponente, Sr. Miller, su informe. 
Ha habido quienes han preguntado por qué se ha presentado esta propuesta. 
La respuesta es que se trata de ampliar el ámbito de aplicación de la directiva. 
Espero que podamos encontrar algunas soluciones para que la Comisión, el Consejo y el Parlamento puedan centrarse en cuestiones de importancia política. 
A las personas de fuera puede resultarles difícil entender por qué dedicamos tiempo a directivas como ésta. 
La propuesta que modifica la directiva del Consejo relativa a los sistemas de calefacción de los vehículos de motor va encaminada a ampliar el ámbito de aplicación para incluir todos los vehículos y no sólo los automóviles. 
Se introducen las disposiciones relativas a calefacciones de combustión para velar por que esos dispositivos cumplan las estrictas normas medioambientales y de seguridad ajustadas a la tecnología actual. 
La industria lo apoya, pues esta armonización le brindará las ventajas del Mercado Interior. 
Así, pues, me complace que el ponente esté de acuerdo en gran medida con la posición común. 
Ha propuesto dos enmiendas técnicas sobre las prescripciones específicas para las calefacciones de combustión. 
La Comisión puede aceptar dichas enmiendas, pues no afectan a las prescripciones en materia de seguridad que figuran en la propuesta. 
La Comisión investigará más a fondo las prescripciones específicas correspondientes a las calefacciones de combustión de GPL que se añadirán al Anexo VIII. También tendrá en cuenta las repercusiones de la segunda enmienda. 
Este informe preparará el terreno para una aprobación rápida de esta directiva. 
En conclusión, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 1 y 2. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Eficacia energética 
De conformidad con el orden del día, sigue el informe (A5-0054/01) del Sr. Wijkman en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (KOM (2000) 247- C5-0567/2000/2265 (COS) ), al Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones sobre un plan de acción para la mejora de la eficiencia energética en la Comunidad Europea. 
Estoy seguro de que las calefacciones de los vehículos a motor desempeñan también el papel decisivo. 
. 
(SV) Señor Presidente, aplaudimos la propuesta de la Comisión de un plan de acción para mejorar la eficacia energética. 
Asimismo, como ponente puedo comprobar que el Plan, en su forma originaria, tiene muchas deficiencias. 
Tengo la esperanza de que la propuesta que se contiene en la resolución del Parlamento constituirá un valioso complemento y de que la Sra. de Palacio, Comisaria responsable, la hará suya. 
Durante la tramitación del plan de acción ha quedado muy claro que el ahorro energético, como sector político y en la sociedad en general, ha sido postergado. 
Muchas personas son conscientes de que hay que cambiar el curso de la política energética, que tenemos que disminuir nuestra gran dependencia de los combustibles fósiles. 
Si preguntamos cómo podríamos hacerlo, las respuestas son generalmente son muy escasas. 
Hay quienes proponen la energía renovable, pero muy pocos dirían que se podría lograr mediante un uso más eficaz de la energía. 
La explicación es, obviamente, que los conocimientos sobre lo que se puede hacer son deficientes. 
Además, hacen falta incentivos económicos que faciliten las inversiones para conseguir un uso más eficaz de la energía. 
Un gran problema es que el ahorro energético es invisible. 
Cuando se invierte en energía eólica, no cabe duda del uso que se ha dado al dinero. 
Si se invierte la misma cantidad en medidas destinadas al ahorro energético, la inversión es mucho más difusa. 
Por eso, espero que se apruebe la propuesta de hacer de todas las instituciones comunitarias, es decir, de los edificios en los que trabajamos, símbolos del buen uso energético. 
Podemos empezar con este edificio. 
En la UE es posible ahorrar mucha energía. 
A mi juicio, la Comisión es demasiado precavida en sus apreciaciones. 
Con una conducta racional podría ahorrarse al menos el 30 por ciento de la energía que se usa actualmente. 
Además, si se incluyeran en los precios los costes medioambientales para producir y consumir energía, las posibilidades de ahorro serían aún mayores. 
En este contexto hay que entender las exigencias del informe de nacionalizar los costes ambientales y de resolver los problemas por medio de la creación de impuestos que graven especialmente a la relación tonelada/kilómetro de los vehículos pesados y al petróleo para naves. 
Asimismo, es importante conceder ventajas fiscales a los vehículos y edificios que consumen poca energía y a los equipos que contribuyen a economizarla. 
En este ámbito hay mucho por hacer para fomentar el ahorro energético. 
En general, se necesita una revisión de la política fiscal, con el objeto de fomentar aquello que sea bueno y positivo desde una perspectiva medioambiental y no lo contrario. 
Esto es particularmente importante ahora que se está liberalizando el mercado energético. 
La liberalización es excelente, pero ha significado que los precios bajen tanto que, por ejemplo, se han producido problemas en la red. 
En el informe se aboga por una serie de nuevas directivas para estimular la eficacia energética en diferentes campos. 
Se menciona el sector de la construcción, el de la producción de calor, el de los equipos electrónicos de distintas características y el sector de los transportes. 
Además, una propuesta importante es asociar el uso inteligente de la energía con el Proceso de Lisboa. 
En la Cumbre de Lisboa se fijó la meta de que Europa llegaría a ser la economía más competitiva y productiva del mundo. 
Un programa de este tipo cojea considerablemente si no se contemplan los aspectos medioambientales. 
Éstos podrían incluirse si se exigiese que la eficacia energética en la Unión aumentase en un 2,5 por ciento anual. 
Aunque no se contemplasen los aspectos medioambientales, es muy aconsejable incluir la eficacia energética en la agenda del Proceso de Lisboa. 
El uso más eficaz de la energía sería una excelente contribución a la competitividad y a la productividad en el ámbito comunitario. 
Señor Presidente, no podemos olvidar a los otros países. 
Estos aspectos son importantes para nosotros, pero también deben discutirse en las conversaciones con los países candidatos, en el proceso de ampliación y, obviamente, en relación con nuestras ayudas al desarrollo. 
Durante la preparación del informe he comprendido la importancia de trabajar a largo plazo y sistemáticamente con estas materias. 
Por eso he redactado junto a tres diputados- la Sra. McNally, Claude Turmes y Lousewies Van der Laan- la iniciativa "Energy Intelligent Europe", que ya ha tenido el respaldo de representantes de diferentes Grupos y Estados miembros. 
La intención es estimular de diferentes maneras el debate sobre ahorro energético y proponer iniciativas para conseguir un uso más inteligente de la energía en la UE y en los países miembros. 
En consecuencia, hay motivos suficientes para volver a debatir esta materia. 
Señor Presidente, deberíamos tener en cuenta un aspecto adicional, a saber, que un ahorro del 18%, tal como se proyecta, supondría un impulso económico gigantesco. 
Un 18% de ahorro de energía significaría que se consumirían 1900 horas menos de teravatios. 
Esto representa un ahorro de 124.000 millones de euros que se podrían utilizar para la creación regional de valor dentro de la Unión Europea. 
Si se extrapola esto, mediante una ejecución consecuente de este programa se podrían crear aproximadamente un millón de puestos de trabajo en la Unión Europea. 
La segunda pregunta se refiere al cuidado de los recursos. 
Debemos ser conscientes de que el 90% del petróleo que hoy se extrae fue encontrado hace más de 20 años, es decir, proviene de fuentes que tienen más de 20 años. 
Sólo el 10% del petróleo que hoy se extrae se encontró en estos últimos 20 años. 
No quiero dejar de mencionar de nuevo en este lugar que la esencia del petróleo va unida de modo inseparable a la violencia militar. 
Lo vemos en Cercano Oriente, en el Cáucaso y en Africa. 
Lo más importante en este campo es la formación de consciencia, el desarrollo de modelos inteligentes de producción combinada de electricidad y calor, modelos Contracting con financiación inteligente. 
Si nos lo tomamos en serio, es decisivo que hagamos vinculantes los objetivos que se formulan aquí. 
De lo contrario, nuestro trabajo será más bien estadístico pero no eficiente. 
Tenemos que eliminar los obstáculos fiscales, burocráticos y financieros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando hoy hablamos sobre la eficiencia energética, naturalmente primero pensamos en la seguridad del suministro de la energía que es sin duda uno de los temas número uno en la Unión Europea. 
Por ello, perseguimos la reducción de la intensidad energética. 
El objetivo político se encuentra actualmente en menos 2,5 %. 
Y aquí hay que tener en cuenta por supuesto las más diversas situaciones de partida en la Europa de los Quince. 
Por este motivo, estamos a favor también de que se trate de un objetivo vinculante y habría que comenzar en aquel país en el que la eficiencia sea la mayor y donde se pueda tener más en cuenta la mejora. 
También creemos que la proporción de mercado de la producción combinada de electricidad y calor se podría ampliar al 18% hasta el 2010 y al 25% hasta el 2015 y de este modo se puede colocar sobre una base segura también la producción de electricidad. 
Precisamente la producción combinada de electricidad y calor se puede obtener con energía fósil exactamente igual que con energías renovables. 
Apostamos en especial por las energías renovables y aquí hay ejemplos positivos, como la calefacción de pellets con la que se puede obtener esta producción combinada de electricidad y calor de un modo muy eficiente. 
Además, es importante que la Comisión Europea lleve aquí a cabo una coordinación intensificada. 
La coordinación de las iniciativas europeas es muy exigente cuando se piensa en programas como SAVE, ALTENER o el Quinto programa marco de investigación y energía. 
Se dispone de muchos programas pero lo importante es su orientación exactamente dirigida a los objetivos. 
El último punto a que quiero referirme es la licitación pública y la adquisición central. 
Aquí se debería pensar en especial en las pequeñas y medianas empresas, pues los costes deberían calcularse a lo largo de toda la duración útil, es decir, el precio de compra y el consumo de energía. 
Señor Presidente, felicito al ponente, que ha logrado un nivel muy notable de consenso en toda esta Asamblea. 
El consenso propicia la iniciativa conjunta que ha mencionado y que mañana anunciaremos. 
Se trata de una labor de colaboración desusadamente positiva. 
Gracias también a la Comisaria, que trabaja dentro de los límites de un Tratado muy inadecuado. 
En el Tratado no hay un capítulo sobre la energía. 
Se trata de una grave laguna, por lo que debemos seguir presionando a los Estados miembros para lograr una política coherente. 
Esto es lo que me decepciona de este plan de acción. 
No parece formar parte de una política energética coherente con estrategias a corto, medio y largo plazo. 
Es un planteamiento poco sistemático en el que la insistencia varía según el momento de publicación. 
La necesidad de eficiencia energética es clara e incontrovertible. 
Satisface los tres requisitos de una política energética: repercusiones medioambientales, seguridad del suministro y competitividad. 
Todos ellos se benefician de la eficiencia energética. 
De modo que, si es tan evidente, la pregunta obvia es la de por qué necesitamos un plan de acción. 
¿Por qué no se produce automáticamente? 
Sabemos cuáles son los obstáculos para que se acepte una solución tan sensata: ignorancia de los datos, en particular en el nivel de los hogares y las empresas pequeñas; falta de incentivo: la energía en la Unión Europea es artificialmente barata por las subvenciones de que gozan las formas tradicionales de energía, que con frecuencia se desmienten, pero existen, y por no tenerse en cuenta los costos externos. 
En muchos Estados miembros no existe la prescripción de examinar siquiera la gestión de la demanda. 
Señora Comisaria, ¿qué ha sido de la directiva relativa a la planificación racional? 
Preséntela de nuevo, por favor. 
No ha concluido su recorrido por el proceso legislativo. 
El del transporte es, naturalmente, un sector particularmente difícil y es necesario adoptar medidas al respecto. 
Este plan de acción de la Comisión no es ambicioso. 
Una mejora de 1% al año sería muy fácil de lograr. 
Necesitamos al menos 2,5 %, lo que no es inalcanzable. 
Queremos que se examine seriamente la posibilidad de crear una agencia de programación energética con la tarea de formular la estrategia energética coherente a que me he referido. 
Podemos examinar los aparatos accionados por alguna forma de energía. 
Sin embargo, abrigo dudas sobre la posibilidad de que haya acuerdos voluntarios. 
El sexto Programa-Marco nos brinda una oportunidad de examinar la investigación y espero que mañana se sume, señora Comisaria, a nuestro deseo de lograr una utilización más inteligente de la energía en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, está probado que existe un gran potencial en la Unión Europea, en todos los sectores de la economía y también en el usuario particular, para mejorar la eficacia energética. De ahí que resulte esencial elaborar una estrategia acertada. 
Es tarea de la Comisión Europea formular propuestas para mejorar el código de construcción a fin de favorecer la eficacia energética de los aparatos eléctricos, para los que deben adoptarse más normas en relación con la función de espera y, last but not least, propuestas de medidas con el objeto de llegar a una política comunitaria para un sistema de transportes duradero. 
El Parlamento Europeo también tiene que cumplir, en mi opinión, con la misión de dar ejemplo ¿Por qué no se pueden instalar, por ejemplo, paneles solares en los edificios del Parlamento Europeo, tanto aquí como en Bruselas? 
Al fin y al cabo, la energía generada bastaría para suministrar electricidad a los cientos de ordenadores que hay en el Parlamento Europeo. 
La eficacia energética no es sólo cuestión de instalar las técnicas más eficaces. 
Es, ante todo, un asunto de patrones de comportamiento. 
Por parte de los Estados miembros, en lugar de obsesionarse con el aumento de los impuestos o la introducción de un impuesto sobre el CO2, tienen que concentrarse precisamente en la creación de incentivos para invertir en la eficacia energética mediante, por ejemplo, una reducción de los tipo del IVA de los aparatos y servicios que ahorran energía, la introducción de una reducción del impuesto sobre los bienes inmuebles para los edificios que cumplan normas elevadas de eficacia energética y la concesión de ventajas fiscales especiales sobre todo para la producción combinada de electricidad y calor. 
Semejantes medidas constituyen incentivos esenciales para fomentar la eficacia energética, y creo que debemos insistir en que esto se lleve realmente a la práctica. 
Señor Presidente, existen razones para pensar que la eficiencia energética es la pariente pobre de la situación global en materia de suministro. 
Pero, de forma bastante parecida a San Agustín, que rogó a Dios que lo hiciera bueno, pero no inmediatamente, solemos aplazar la decisión de actuar al respecto. 
Deseo felicitar al ponente por su decidido esfuerzo para remediarlo, en su informe y en la iniciativa a que se ha referido mi compañero en pro de una Europa inteligente en materia de energía, si bien confieso que preferiría considerar la eficiencia y la conservación más como sentido común que inteligencia. 
A donde quiera que miremos en el mundo rico en energía en que vivimos en Europa y, en particular, en los Estados Unidos, vemos ejemplos de extravagancia e incluso despilfarro energéticos. 
El imperativo radica en convencer al público de la necesidad de cambiar de actitudes. 
El ponente enumera muchos sectores en los que se pueden hacer mejoras: las autoridades, la industria, las empresas y los consumidores particulares. 
Sin embargo, no creo que sea necesario que haya un capítulo en el Tratado sobre la energía ni imponer una fiscalidad punitiva para lograr una mayor eficiencia. 
Es mejor actuar con una combinación de formulación de normas más estrictas y ofrecimiento de incentivos fiscales, junto con una campaña para convencer a las personas de la necesidad de cambiar. 
Por encima de todo, debemos cambiar las actitudes y alentar a las personas a que vean el mundo de forma diferente. 
Ésa es la vía para lograr la eficiencia energética. 
Señor Presidente, la Comisión nos ha proporcionado un buen modelo. 
También quiero felicitar al ponente por la mejora esencial y enriquecimiento de estas ideas. 
Estas ideas en si no son nuevas. 
Hace 10-15 años hemos hablado ya al respecto. 
Hay informes, estudios y sabemos todo lo que queríamos saber. 
La cuestión es cómo podemos aplicarlo. 
¿Cómo puede vincularse la técnica que existe con el dinero que también existe? 
Y me pregunto si el Banco Europeo de Inversiones no puede desempeñar un papel mayor. 
El segundo problema al que quiero referirme afecta a cuestiones administrativas. 
Un pequeño ejemplo del Estado federado alemán del que yo provengo: allí hay varias universidades pero tomemos una como ejemplo. 
Se quiere aislar mejor allí a los edificios y mejorar el sistema energético. 
Ha tardado muchos años hasta que se ha logrado. 
¿Porqué? 
Porque los edificios pertenecían al Ministerio de Hacienda pero el usufructuario era el Ministerio de Ciencia. 
Es decir, un Ministerio tendría que haber invertido y el otro habría obtenido un beneficio de ello. 
Pero como tienen una contabilidad diferente no se han llegado a un acuerdo. 
Han pasado muchos años y ha sido necesario por lo demás también un estudio de la UE hasta que se han podido llegar a uno. 
Absurdo, pero así es la realidad. 
Dicho al margen: también en la ciudad de la que provengo se vende actualmente extraordinariamente bien un coche que consume muchísima gasolina mientras que coches que consumen poca gasolina tienen dificultades para encontrar compradores. 
Este es el tercer problema, se trata de un problema de comportamiento. 
También depende de los consumidores y no sólo del legislador. 
Si los tres unifican criterios podremos lograr algo. Espero con gran interés el modelo de la Comisión. 
Señora Comisaria, le puedo asegurar que le vamos a apoyar al respecto y que nosotros mismos vamos a adoptar iniciativas en este sentido. 
Señor Presidente, nuestra colega, la Sra. Wijkman, ha realizado un valioso y meritorio trabajo en la elaboración de este informe. 
Se trata de un asunto muy importante, pues estamos hablando de la protección del medio ambiente conectada con la seguridad del abastecimiento energético. 
Todo Estado miembro que desee controlar sus emisiones de forma respetuosa con el medio ambiente mediante la aplicación de impuestos debe ser considerado responsable a nivel de toda la Unión y de nuestro hábitat común. 
Por nuestra parte, debemos encargarnos de no apoyar, en nombre de la libre competencia, la distorsión de la competencia en detrimento de la buena gestión medioambiental. 
Todo Estado miembro que gestione de forma responsable, por ejemplo, sus emisiones de dióxido de carbono no debe verse en una situación en que otros países, cuya producción de energía se realice con combustibles más contaminantes, obtengan una ventaja competitiva. 
En base a esto, la armonización de los impuestos ecológicos está justificada. 
El ejemplo que acabo de poner describe una situación de competencia claramente distorsionada. 
Este escenario puede conducir a que, a largo plazo, los puntos de vista medioambientales no sean prioritarios a la hora de tomar decisiones en el marco de la política energética. 
Existe la amenaza de que, al liberalizarse los mercados de la electricidad, aquellos Estados miembros que cumplen sus obligaciones en materia de gestión de emisiones pierdan sus mercados en favor de países que no cumplen sus propias obligaciones. 
Desde el punto de vista de la eficiencia energética, la cogeneración de calor y electricidad es muy importante. 
En este contexto, también se ponen de relieve las condiciones específicas de los países pequeños y de los países periféricos. 
Las condiciones climáticas excepcionales de los Estados miembros han de ser tenidas en cuenta a nivel comunitario. 
Espero que estos argumentos contribuyan a que la enmienda realizada por el Sr. Rübig reciba el apoyo de nuestros colegas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no hace mucho tiempo que la Comisión ha abierto de nuevo el debate sobre la seguridad del abastecimiento energético en la Unión Europea. 
El Libro Verde impulsado por la Comisaria constituye un importante instrumento para la política energética en la Unión Europea y deja claras algunas de las prioridades en este campo. 
Entre otras cosas, propone una actuación decidida respecto a la demanda de energía. 
Si se consigue mejorar la eficiencia energética en un 2,5 % o en un 1% como propone la Comisión, habremos conseguido poner otro granito de arena para conseguir los objetivos de la política energética, que son respetar el medio ambiente, conseguir un mercado competitivo y dar mayor seguridad al suministro de energía. 
En este sentido, no puedo sino felicitar a la Comisión por sus propuestas sobre fomento de energías renovables, eficiencia energética, seguridad del abastecimiento y biocombustibles, y al ponente, Sr. Wijkman, por sus referencias a futuras directivas sobre construcción de edificios y cogeneración de calor y electricidad, y confío en que el Consejo dé un impulso necesario a todas estas propuestas. 
El PIB de la Unión Europea está creciendo una media del 3% y los ciudadanos europeos gozamos de un bienestar creciente. 
No queremos renunciar a este bienestar, pero podemos hacerlo más sostenible, especialmente en los sectores de la construcción y el transporte. 
No creo que sea el momento de reabrir el debate sobre el impuesto de las emisiones de CO2, habida cuenta de la diferencia entre los tipos impositivos que aplican los Estados miembros y su incidencia sobre la inflación. 
Además, no tiene ninguna incidencia sobre la eficiencia energética. 
Tampoco debemos separar esta cuestión de otras medidas adicionales que garanticen el correcto funcionamiento del mercado interior eléctrico. 
Por último, debe quedar bien claro que la mejora de la eficiencia energética no reduce las emisiones de CO2, sino que simplemente las optimiza, pues éstas solamente se reducen con la disminución del uso de combustibles fósiles. 
Es importante que, al tiempo que debatimos este asunto, pensemos en el fomento de otras energías y en realizar unas políticas coherentes en otros campos. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al ponente, Sr. Wijkman, y a todos los parlamentarios que han intervenido hoy, la aportación que han hecho a este debate. 
Como todos sabemos, la eficiencia energética es una cuestión que ha adquirido gran importancia a la hora de elaborar nuestra política energética. 
Es de esa manera coherente- como decía hace un momento la Sra. Ayuso- como hay que contemplarla. 
La eficiencia energética es uno de los elementos dentro de una política de la energía coherente y racional. 
Pero tenemos que decir que es uno de los elementos que nos puede permitir cumplir los objetivos de Kioto, que nos puede garantizar ese desarrollo duradero en el tiempo y que, además, puede ayudar a reforzar la seguridad de abastecimiento a largo plazo. 
Como muy bien señala el Libro Verde, presentado el pasado mes de diciembre por la Comisión, sobre seguridad de abastecimiento y compromisos de Kioto, la eficiencia energética, el ahorro energético, son una contribución a la política energética, pues cada kilovatio ahorrado equivale a la necesidad de producir un kilovatio menos. 
Soy consciente de lo difícil que ha sido la preparación del informe del Sr. Wijkman y de los esfuerzos que ha tenido que desarrollar para presentar un documento claro y conciso como el que nos presenta hoy. 
Quiero decirle al Sr. Wijkman, y a todas sus Señorías, que, en general, coincido plenamente con lo que ahí se señala. 
El alcance del informe y las opiniones constructivas que en él figuran nos ayudarán a impulsar y a consolidar la aplicación del plan de acción en pro de la eficacia energética. 
Sé que a algunas de sus Señorías les parece poco ambicioso plantearse como objetivo un 1% de incremento de la eficiencia energética de una manera sostenida durante los próximos diez años. 
Deben comprender, Señorías, el esfuerzo que supondrá en los próximos diez años mantener ese incremento de la eficiencia energética de un 1%. 
De ese margen aproximado del 18% que hemos calculado podría obtenerse de la eficiencia energética, sería posible conseguir de aquí al año 2010 los dos tercios, es decir, en torno al 12% de mejora en la eficiencia energética. 
Un 1% sostenido: no se trata de un 1% un año sólo, sino un esfuerzo mantenido en el tiempo. 
Me alegra que el Sr. Wijkman plantee en su informe, como conclusión, que podemos seguir desconectando crecimiento económico y consumo energético. 
Es decir, que podemos crecer más y ser al mismo tiempo capaces de contener el crecimiento de la demanda energética. 
Estoy totalmente de acuerdo con las demandas del Sr. Wijkman en favor de mejorar la eficacia en la construcción. 
Ya se ha distribuido entre los servicios una propuesta de directiva que regule precisamente la eficacia y las normas de construcción en el ámbito de la Unión Europea que garanticen una eficacia energética en los edificios, muy especialmente en los públicos. 
La Comisión podrá presentar en breve esa directiva para la que espero su contribución. 
Asimismo, pretendemos plantear una directiva marco relativa a los equipamientos eléctricos dentro de los edificios. 
Hasta ahora sólo ha habido regulaciones sectoriales o referidas a cierto tipo de aparatos eléctricos- la Sra. McNally planteaba estos asuntos también- y lo que pretendemos es hacer una regulación global que contemple todos los aparatos eléctricos que entran dentro de los edificios de todo tipo, de uso doméstico, industrial o comercial. 
También quiero decirles que son totalmente coherentes con lo que estamos diciendo aquí y con lo que menciona el Libro Verde las propuestas que contempla el Libro Blanco sobre política de transportes que espero presentar en breve. 
En este sentido, espero contar una vez más, con su respaldo y apoyo a todas estas iniciativas. 
La idea señalada por parte del Sr. Wijkman de que la Comisión y los Estados miembros debemos convertir los principales edificios públicos en elementos simbólicos de demostración me parece muy adecuada y es algo que ya he resaltado en alguna ocasión. 
Al hilo de la directiva sobre rendimiento energético de los edificios espero poder dar un paso adelante en ese sentido. 
Quiero también señalar que comparto totalmente con el Sr. Wijkman la importancia del programa SAVE. 
Con objeto de garantizar el futuro de dicho programa y de determinar sus orientaciones y alcance, próximamente iniciaremos la elaboración de una propuesta de nueva decisión sobre la ejecución del programa a partir del año 2003 y, obviamente, las opiniones expresadas por el Sr. Wijkman y por el informe que aquí se discute se tendrán en cuenta. 
En cuanto a la cuestión de la Agencia Europea de Programación Energética, eso suele ser más complejo, como bien saben, pero, en cualquier caso, lo importante no es tanto cuál es el organismo o la articulación administrativa para llevar a cabo esas actividades, sino que las actividades se desarrollen. 
Ahí coincidimos plenamente. 
Quiero concluir señalando que las peticiones y observaciones del informe del Sr. Wijkman, con todas sus aportaciones, van a ser tenidas en cuenta- y algunas de ellas en muy breve plazo, como, por ejemplo, la directiva sobre edificios- y creo que son totalmente coherentes con la política general energética que está planteando la Comisión, de la cual ya han tenido sus Señorías pruebas concretas: la directiva sobre electricidad con fuentes de energía renovables, las comunicaciones- como ésta- sobre ahorro energético, el Libro Verde, y, dentro de poco, la directiva sobre eficacia energética en la construcción. 
En el caso de hoy, aprobamos algo que no tiene que ver con el ahorro energético, sino con la eficacia de todo el sistema: la liberalización del sector del gas y la electricidad. 
Ello no está en absoluto reñido con la existencia de medidas complementarias que nos inciten a ahorrar y usar mejor la energía. 
El comportamiento humano es esencial. 
Como han dicho algunas de sus Señorías- los Sres. Chichester y Beysen, entre otros- es clave la educación y la mentalización de la gente en cómo debemos ser absolutamente ahorrativos en la utilización de la energía, porque aunque podamos pagarla, hay unos costes más allá del precio de la propia energía que no debemos olvidar nunca. 
No podemos despilfarrarla. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Les agradezco a todos que se hayan atenido al tiempo de intervención. 
Esto hace que podamos apagar las luces aquí 45 minutos antes de lo proyectado ahorrando así mucha energía. 
Muchas gracias. 
(Se levanta la sesión a las 23.14 horas) 
Señora Presidenta, deseo comunicar a la Asamblea que hoy se celebra en el Reino Unido el Día sin tabaco. 
Habida cuenta de que medio millón de ciudadanos mueren inútilmente cada año como consecuencia del tabaquismo, aun cuando el 80% de los fumadores quieren dejar de serlo, espero que los colegas tengan a bien suscribir la declaración por escrito que hemos presentado en la que se pide que se proclame un Día sin tabaco en la UE. 
Sólo en el día de hoy morirán 1.500 ciudadanos víctimas del tabaquismo. 
El Parlamento Europeo debería tomar la iniciativa para prevenir dichas muertes. 
Gracias, Sra. Stihler. 
Tengo la impresión de que los aplausos de nuestros colegas demuestran que han entendido perfectamente su mensaje y no tengo la menor duda de que todos seguirán el día sin fumadores británico. 
Señora Presidenta, sólo quería preguntar si podríamos, una vez más, velar por el cumplimiento de las disposiciones que prohiben fumar en este Parlamento. 
He podido saber que esta misma semana se han infringido. 
Quisiera pedir más rigor en el respeto de las disposiciones de este Parlamento. 
Gracias, Sr. Watson. 
Veo que la Sra. Banotti le ha entendido bien así como los demás cuestores, y vamos a vigilar que así sea. 
Señora Presidenta, como usted sabe, soy una entusiasta luchadora contra el tabaquismo. 
No obstante, quisiera recordar a los colegas que pueden fumar cómodamente y lejos de los demás en la zona destinada para ello, allí a la derecha, junto a la ventana. 
Muy bien, gracias, Sra. Banotti. 
Proceso de seguimiento de Niza 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el proceso de "Seguimiento de Niza". 
Saludo a la Sra. Lindh, Presidenta en ejercicio del Consejo, y le doy la palabra inmediatamente. 
. 
(SV) Señora Presidenta, "Me satisface enormemente ver los pasos concretos que se han dado para incluir a los ciudadanos europeos en un debate que será decisivo para el futuro de Europa". 
Así comienza la primera parte de la página en Internet de Russel Pickard, del Reino Unido, sobre el futuro de Europa. 
Espera que muchos ciudadanos expresen sus opiniones sobre temas esenciales, tales como "¿ Qué Europa queremos tener los ciudadanos europeos ?" 
"Si queremos cambios, seamos los cambios", escribe Vicente García-Delgado Segués, de España. 
"Ahora los ciudadanos comunitarios pueden decir lo que quieran- negativo o positivo- y los líderes responsables de la UE pueden tomar en consideración nuestros deseos y esperanzas", escribe Ann Catherine Talbro, de Dinamarca. 
Kurt Linderoos, de Finlandia, propone que todos los ciudadanos comunitarios tomen contacto con catorce personas, una en cada país miembro, para discutir el futuro de la Unión. 
El Vicepresidente del Parlamento, Sr. David Martin, los Primeros Ministros de Suecia y Bélgica y el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, iniciaron la semana pasada el debate sobre el futuro de Europa. 
Usted, señora Presidenta, los dos Primeros Ministros y el Presidente de la Comisión hicieron una declaración conjunta para inaugurar la página que comparten el Parlamento, el Consejo y la Comisión en Internet. 
Con las actividades de la semana pasada y el debate de hoy dejamos atrás el "Después de Niza" y entramos en el debate de la Europa del futuro. 
En conformidad con la Declaración de Niza, esta amplia discusión deberá concluir con una Conferencia Intergubernamental en 2004. 
El presente año, las Presidencias sueca y belga, en colaboración con el Parlamento y la Comisión, estimularán las conversaciones con todas las partes involucradas: representantes de los parlamentos nacionales y de la opinión pública, colegios y universidades y representantes de la sociedad civil. 
Daremos gran importancia a las opiniones de los diferentes Grupos políticos europeos, dentro y fuera de esta Asamblea. 
Obviamente, en este debate deben participar los jóvenes- es su Europa la que discutimos- y los países candidatos, puesto que ellos también estarán presentes en la construcción de la Europa del futuro. 
Todo este proceso debe realizarse con la mayor apertura posible. 
Nuestro objetivo es acercar la Unión y sus instituciones a los ciudadanos. 
En concordancia con las decisiones adoptadas en Niza, el proceso deberá ocuparse, entre otras cosas, de los límites de las facultades de la Unión y de los Estados miembros, de modo que se esclarezcan el principio de subsidiariedad y la jerarquía de la futura constitución europea y de los derechos fundamentales, que se simplifiquen los tratados, sin que se altere su contenido, y que se clarifique el papel de los parlamentos nacionales en la estructura europea. 
Cuando iniciamos este debate la semana pasada en una de las Escuelas Europeas de Bruselas, quedó claro que los intereses de los ciudadanos son mucho más vastos que los ejemplos de asuntos institucionales que se mencionaron en Niza. 
Creo que es importante y oportuno ampliar el debate sobre el futuro de Europa. 
Para que esta discusión comience por donde corresponde, tendremos que plantearnos algunas preguntas esenciales, tal como lo han hecho los alumnos en Bruselas y las intervenciones en las páginas de Internet, esto es, qué tareas queremos que asuma la Unión y qué papel queremos que represente la Unión en Europa y en el mundo. 
Tenemos que mostrar a los ciudadanos que la UE puede actuar en materias importantes, tales como la globalización, los derechos humanos y la democracia, la política común de asilo e inmigración, el empleo y el crecimiento en toda Europa, el combate a la delincuencia, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. 
Es importante que empecemos esta discusión con temas concretos, aquellos que son conocidos por los ciudadanos. 
Espero muchas contribuciones del Parlamento en estos trabajos, ya que son ustedes, Señorías, los que tienen contacto directo con los electores en Europa. 
Esta Asamblea ha estado frecuentemente a la vanguardia de importantes debates europeos, tales como la apertura, el medio ambiente, la ampliación, la constitución y los derechos fundamentales, sólo para nombrar algunos ejemplos. 
Ha llegado la hora de pasar de la discusión de las formas a la de los contenidos. 
Evidentemente que también es importante volver a las formas, esto es, cómo reformar las instituciones y los métodos de trabajo de la Unión. 
En primer lugar, permítanme decir que el método comunitario, que ha sido tan relevante en la cooperación europea, obviamente deberá seguir teniendo una posición destacada, aunque en determinados asuntos deberá ser complementado por el nuevo método abierto de coordinación. 
Una Europa fuerte presupone la existencia de instituciones fuertes. 
Esto lo palpé personalmente cuando ejercí como Ministra de Medio Ambiente y colaboré estrechamente con la Comisión y el Parlamento. 
Permítanme decir también que Suecia tiene una actitud abierta en relación con las formas de los futuros trabajos. 
Puedo ver las ventajas y desventajas de los "conventos", que numerosas personas han presentado como un modelo importante y posible. 
Señora Presidenta, estamos iniciando un apasionante proceso. 
En toda la Unión se discute el futuro de Europa: hoy en Thermonfeckin, Irlanda; la próxima semana en las Islas Canarias, España; la semana siguiente en Kiruna, en el extremo norte de Suecia; y al día siguiente en Esparta, Grecia. 
Como la primera de una serie de medidas, este Parlamento organizará la próxima semana una reunión con representantes de los parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos. 
Será muy interesante participar en ese debate. 
En el curso de este año la Comisión hará una importante contribución con su Libro Blanco sobre las formas de administración en Europa. 
Yo también trataré este asunto en el Consejo (asuntos generales) y con los países candidatos, en la reunión extraoficial de Ministros de Asuntos Exteriores en Nyköping. 
Suecia va a tomar la iniciativa para que en el otoño se celebre una conferencia sobre el papel de la UE en el exterior. 
En todos los países se discutirá esta materia de acuerdo a las tradiciones y usos nacionales. 
Nuestra responsabilidad es conseguir que el debate sea amplio, que comprenda a los parlamentos nacionales y que verse sobre temas y organizaciones que existan en nuestros respectivos países. 
Lo que he dicho hasta ahora sólo son, obviamente, las primeras iniciativas. 
El proceso continuará y los participantes se inspirarán mutuamente. 
Las Presidencias sueca y belga, el Parlamento y la Comisión comparten la responsabilidad principal de la ejecución de esta primera fase, que requiere una colaboración franca y estrecha. 
Será especialmente interesante seguir el debate interno en el Parlamento. 
Las primeras señales que hemos recibido son apasionantes y espero con gran interés la decisión que esta Asamblea tomará en mayo. 
En junio se presentará en la reunión del Consejo Europeo de Göteborg un informe sobre los temas del futuro. 
En la Cumbre de Laeken/Bruselas en diciembre, el Consejo Europeo decidirá sobre la continuación del proceso. 
Señora Presidenta, ¿qué Europa queremos tener los ciudadanos? 
La pregunta está formulada, ¡comencemos las discusiones! 
Robert Schuman dijo en una ocasión que Europa no se crea mediante golpes ni por medio de construcciones excluyentes, sino que mediante resultados concretos. 
Es importante recordarlo en un día como hoy. 
Empecemos el debate, dejemos que hablen todos los interesados- desde la época de Schuman hasta hoy- e incluyamos a todos los jóvenes que nos hablan en los centros educacionales europeos y participan en las discusiones a través de Internet. 
Me interesa escuchar los anhelos de los diputados en torno al futuro de Europa. 
. 
(FR) Señora Presidenta, señora Ministra, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores Parlamentarios, nosotros también deseamos oír las propuestas y sugerencias de los diputados, pero si ustedes me lo permiten, quisiera darles en unos instantes la posición de la Comisión Europea respecto a este gran debate que se prometió en Niza, de madrugada, cuando la tinta del acuerdo todavía no estaba seca, un poco como si los Jefes de Estado y de Gobierno no hubieran estado realmente satisfechos de todo lo que acababan de hacer después de tres días de negociaciones. 
Por tanto, en ese mismo momento, decidieron convocar este debate más amplio y más profundo sobre el futuro de la Unión Europea. 
Hace apenas una semana, la presidencia sueca, así como la futura presidencia belga, invitaron al Parlamento y a la Comisión a iniciar este debate. 
De forma general, señoras y señores Diputados, la Comisión desea y propiciará este debate sobre los asuntos europeos. 
Incluso ya estructuró su propósito hace un año, como ustedes recordarán, proponiendo con ustedes y con su apoyo el diálogo sobre Europa que no era sino una primera etapa. 
Pero para que este debate alcance los objetivos fijados por la declaración conjunta firmada el 7 de marzo por Nicole Fontaine, Presidenta de este Parlamento, Göran Persson, Guy Verhofstadt y Romano Prodi, para sacar a la luz los retos del futuro de la Unión y suscitar propuestas, es necesario definir los principios, el método y la agenda del mismo. 
Tomémonos nuestro tiempo, en las semanas que tenemos ante nosotros, para trabajar sobre estos principios, este método y esta agenda. Esto es y será objeto de un esfuerzo que vamos a realizar en común, en especial el Parlamento y la Comisión, a lo largo de las presidencias sueca y belga puesto que tenemos que llegar a Laeken con un alto nivel de ambición sobre este debate y la futura reforma. 
Primeramente, un principio básico es el contenido del debate, el futuro de la Unión, en el que debe inspirarse la forma y seguir siendo su prioridad. 
¿Qué Europa queremos mañana? 
¿Qué queremos hacer juntos? 
¿Cuál será nuestro proyecto? 
¿Queremos o no queremos una mayor integración? 
¿Queremos o ya no queremos una Europa política? 
Y añadiré otra pregunta: ¿Cómo renovar el modelo comunitario? 
Aunque parece difícil dar respuestas sencillas a preguntas complejas, y quizás porque es difícil, el debate debe permitir a los ciudadanos tener conocimiento del mismo, participar en él. 
El primer principio es pues el de la transparencia, el de la objetividad con la que este debate debe conducirse sin rechazar, sino por el contrario favoreciendo, la expresión contradictoria de las opiniones- y sabemos muy bien que en cada uno de nuestros Estados miembros, las opiniones son diversas y a menudo contradictorias, aunque sea necesario plantear, para respetar este principio de transparencia- acabo de decirlo -, preguntas que molestan. 
El segundo principio es el de la proximidad. 
Una reflexión así no puede iniciarse correctamente si se dirige únicamente desde Bruselas o Estrasburgo. 
Desde luego está Internet, que hoy en día es un irremplazable instrumento de información y de diálogo y este debate ya está abierto es el sitio web, aunque, lo reconozco, este sitio todavía es imperfecto. 
Sin embargo, el diálogo a través de Internet no es suficiente. 
El debate europeo debe abrirse a la gente allí donde vive, allí donde trabaja, allí donde estudia y a los representantes que han elegido, nacionales o regionales. 
Por tanto, debe, naturalmente, desarrollarse a nivel europeo, apoyándose, primero y sobre todo, en los debates organizados en cada Estado miembro, en el nivel más apropiado que, desde mi punto de vista, es el nivel más próximo a los ciudadanos. 
Si las instituciones comunitarias pueden contribuir a su organización y la Comisión desempeña y va a desempeñar su papel para ello, estos debates nacionales deberán, pues, organizarlos primeramente los Estados miembros. 
El tercer principio podría ser el de la anticipación. 
Aunque los países candidatos no son todavía miembros de la Unión, poco les falta, pocos años faltan para que lo sean. 
El futuro de esta Unión les concierne por tanto, desde ahora, tanto como a los Estados miembros actuales. Y pienso que debemos encontrar la forma y tratar de que estén presentes en el debate, de que participen en él activamente. 
Después de los principios, señoras y señores Diputados, el método. 
La última etapa decisoria de esta reflexión, que esperamos sea lo más breve posible, como usted, señora Ministra, ha dicho, será naturalmente una conferencia intergubernamental en 2004. 
La esperamos lo antes posible en 2004, como ha sugerido el Presidente Romano Prodi. 
En efecto, sólo de esta manera, con una conferencia intergubernamental tal como la prevén los tratados, pueden reformarse o cambiarse los tratados. 
Este es, lo sabemos bien hoy, el único método posible. 
En cambio, también sabemos que hay que preparar cuidadosamente la futura CIG y, sin duda, de forma diferente de como se ha hecho en las anteriores CIG, de Amsterdam o de Niza. 
Habrá que traducir las expectativas del debate público en propuestas concretas de revisión de los tratados. 
La estructura o la instancia competente deberá inspirarse precisamente, nos parece, en el modelo o en el antecedente de la Convención gracias a la cual, en unos meses, la Unión Europea se ha dotado de una Carta de los Derechos Fundamentales, solemnemente proclamada en Niza. 
Es decir, que deberá tratarse de una estructura o de una instancia no solamente de debate sino también de trabajo y de propuesta, que reúna a las diferentes fuentes de la legitimidad democrática de Europa: representantes de los Estados miembros, Parlamento Europeo, Parlamentos nacionales y Comisión Europea. 
Una vez dicho esto, muchas preguntas quedan todavía pendientes. 
¿Cuáles serán las modalidades de toma de decisiones de esta instancia o de esta futura convención? 
¿Cuál será su composición, y especialmente el lugar reservado a los representantes de los países candidatos? 
¿Cuál será su misión? 
¿Esta preparación debe suceder al debate público o es conveniente llevarla paralelamente, a lo largo del proceso que conduce a la CIG? 
La Comisión está muy atenta a las respuestas que el Parlamento Europeo propone y propondrá a estas preguntas sobre las modalidades. 
Y nosotros mismos, trabajamos en ellas. 
Pienso también, señora Presidenta, que nuestras propuestas, las suyas y las nuestras, deben y deberán adaptarse mutuamente, de la forma más precisa posible, con la perspectiva del Consejo Europeo de Laeken. 
Y, por tanto, pienso que debemos intensificar desde este momento el trabajo en común de nuestras dos instituciones, de acuerdo naturalmente con las dos presidencias, sueca y belga. 
Para este fin, también será esencial que la estructura destinada a albergar la reflexión no sea un lugar reservado sólo a los expertos, sino una estructura permeable, abierta a las contribuciones exteriores. 
Por último, quisiera decir algo, después de los principios y del método, del orden del día de este debate. 
A lo largo de estos últimos años y de este larguísimo ciclo de negociaciones institucionales, iniciado en Maasstricht y finalizado, al menos temporalmente, en Niza, el Parlamento y la Comisión siempre han unido sus fuerzas para que pudiera salir a la luz una verdadera reforma. 
Y, en esta fase, señora Presidenta, quiero rendirle a usted homenaje y darle las gracias, así como de forma especial al Presidente Napolitano y a los miembros de la Comisión Constitucional, por el inteligente esfuerzo que hemos realizado conjuntamente en estrecha colaboración. 
Esto ha sido realmente así, me parece, con motivo de la última CIG, en la que el Parlamento deseaba, por sus resoluciones de noviembre de 1999 y febrero de 2000, que se discutiera una reforma institucional global, con el mismo espíritu con el que la Comisión, por su parte, había expresado su deseo. 
Me parece que hoy debemos conservar esta convergencia intacta, incluso si más allá de nuestro trabajo en común, debemos abrir puertas y ventanas, tender la mano, escuchar, participar en un debate más amplio. 
Si queremos, efectivamente, tomar el pulso a todos los retos del futuro de la Unión, la próxima CIG no podrá contentarse con examinar solamente los cuatro temas mencionados en anexo al Tratado de Niza, que son asuntos de naturaleza constitucional. 
No podría hacerlo, menos aun cuando, que hay que decirlo con franqueza, alguno de estos cuatro puntos- al menos veo dos de ellos- pueden tener, según la forma de abordarlos, un efecto negativo, incluso regresivo, sobre el nivel de integración de la Unión. 
Por tanto, no temamos abordar estos cuatro temas y no nos contentemos con abordar solamente estos cuatro temas. 
Tratándose sin embargo de estos cuatro temas- simplificación de los tratados, ámbito jurídico de la Carta, articulación de las competencias, lugar de los Parlamentos nacionales en la arquitectura europea- velemos por no quebrantar, según la forma de abordarlos, el acervo comunitario o debilitar el método comunitario. 
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, lograr esta transmisión del debate público hacia discusiones necesariamente más técnicas y precisas de la próxima CIG sería una prueba de éxito para conseguir una reforma más ambiciosa que la obtenida en Niza. 
Sería también un remedio eficaz contra los miedos y todas las demagogias que sustentan o que apoyan estos miedos, que algunos esgrimen para frenar el progreso de la construcción europea. 
Por estas dos razones al menos, que pueden tener una importancia crucial en el enfoque de la ampliación de la Unión, la Comisión Europea, su Presidente, la totalidad de miembros del colegio se esforzarán plenamente para dar vida a este gran debate prometido en Niza por los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señorías, en nombre del Grupo socialista, quiero saludar este debate que, por fin, tiene lugar en el Parlamento, así como la comparecencia de la Ministra Anna Lindh, porque ella es la que nos puede interpretar la declaración del Anexo IV, que se ha convertido en la declaración 23, que no pensamos que fue sólo fruto del cansancio y del hartazgo en la madrugada del lunes, sino que implica una modificación, una evolución, que no es sólo arrepentimiento, que es un cambio político hacia una mayor democracia. 
La Presidenta en ejercicio del Consejo nos ha dicho que el día 7 de marzo se inició el debate. 
He tomado buena nota de lo que ha dicho y, además, le quiero agradecer públicamente, porque yo suscité la cuestión en el anterior Pleno, que, al final, el Parlamento se haya incorporado a la declaración del 7 de marzo, cosa que no ocurría al principio, y que ustedes hayan modificado la carta que nos mandaron que tenía un tono demasiado de secretaría del Consejo, incluso con anexos. 
Han hecho una carta más corta, nos podemos entender mejor. 
Han lanzado un sitio Web. 
Mi Grupo, humildemente, lo había ya abierto el 1 de marzo. 
Luego iniciaron el debate en la Escuela Europea y aquí hay que decir que verdaderamente jugaban ustedes en terreno propio, porque los niños son hijos de funcionarios europeos y son listos. 
La noche anterior les preguntaron a los padres y formularon preguntas muy pertinentes. 
Creo que valdría la pena que fuéramos a Kiruna o a las Canarias a hablar con la gente, con el pueblo llano. En ese caso creo que jugaron ustedes con ventaja. 
Yendo al fondo de la cuestión, tengo que decir que mi Grupo está de acuerdo, como afirmamos en el Pleno, con la propuesta del Presidente Prodi relativa a un debate estructurado en tres fases, porque éste no es un debate académico, ni es una charla de café, ni un talk show. 
Este debate debe tener una finalidad. 
La cuestión importante para mi Grupo es saber cómo ven ustedes la organización del debate, porque estando de acuerdo y respetando el papel esencial y la tradición sueca en la apertura y la transparencia, convendrá conmigo, señora Presidenta, en que el choque puede ser mucho mayor si después de realizar un debate muy amplio, abierto hacia la sociedad civil, luego tomamos las decisiones a puerta cerrada. 
Eso que ya es insoportable hoy en día lo sería aún más en el futuro. 
Es muy importante, pues, saber cómo ven ustedes la estructuración en fases, especialmente porque estamos en sistemas de democracia representativa y cómo ven ustedes la segunda fase, en la que los diversos representantes de la sociedad civil que, básicamente, son el Parlamento Europeo, los Parlamentos de los Estados miembros, el Consejo, los Gobiernos y la Comisión, podemos verdaderamente aportar nuestra contribución. Además de la participación de ONG, de foros, de academias y de universidades. 
Es una cuestión absolutamente decisiva. 
Nosotros propugnamos un método abierto y transparente y que implique a todos los interlocutores. 
Eso fue lo que nos permitió una convención exitosa y entendemos que es absolutamente fundamental que la Presidencia sueca, sin esperar a Laeken, aporte algunas propuestas de método, porque en Laeken se hablará de contenido y ustedes tienen una posibilidad histórica de poner una primera piedra, de lanzar este debate, ordenándolo y estructurándolo. 
Para ello contarán ustedes con nuestro apoyo. 
Y, aunque al final hemos corregido la declaración del 7 de marzo, he de decir que no se inició bajo los mejores augurios. 
Esperamos que la Presidencia sueca, haciendo honor a su tradición de democracia y de apertura, sea capaz de comprender el mensaje que creo que compartimos el Parlamento y la Comisión y que pueda iniciarse este proceso, para asegurar el debate y las decisiones sobre el futuro de Europa. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en nombre de mi Grupo acojo favorablemente el tono de la intervención del Consejo y el contenido de la intervención de la Comisión. 
Es aún demasiado pronto para hacernos una idea concreta de cómo evolucionará este proceso, pero creo que usted, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, ha pecado de cauta, y quisiera formular una o dos preguntas e invitarle a responderlas al final del debate. 
Usted ha dicho que espera con interés la contribución del Parlamento Europeo y, naturalmente, la resolución en mayo. 
Hago mía sus palabras. 
Usted ha dicho que encuentra ventajas y desventajas en el método de la convención, y sé que muchos en el Consejo compartirían ese punto de vista. 
¿Podría, por favor, profundizar en eso y no dejarlo en suspenso? 
Parte de la finalidad de este diálogo es que busquemos soluciones racionales cuando alguien percibe desventajas en lo que proponemos. 
Por tanto, podría, por favor, ofrecernos su valoración de los pros y los contras a los que ha hecho referencia?. 
Usted se ha referido a las cuatro dimensiones del Anexo de Niza, el debate sobre competencias, la Carta de Derechos Fundamentales y el papel de los parlamentos nacionales. 
También cree, si he entendido correctamente la traducción, que el Tratado debería simplificarse, pero sin alterar su contenido. 
¿Es posible examinar las competencias, el papel de los parlamentos nacionales y la Carta sin cambiar el contenido del Tratado? 
A mi entender eso es un contrasentido. 
Al igual que las demás instituciones, el Parlamento Europeo está estudiando en estos momentos cómo podrían presentarse las cosas para la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Mi Grupo y yo creemos firmemente que podría adoptarse el método de la convención. 
Este Parlamento tiene legitimidad democrática. Tiene sus origen y su fundamento en los Tratados europeos. 
No somos un mendigo que pide una limosna a la puerta de Europa. 
Tenemos el derecho- en realidad, el deber- de participar. 
Creo que el método de la convención, en el que participen los Estados miembros, los parlamentos nacionales, la Comisión y, quizá también, en el mejor de los casos, los Estados candidatos, puede proporcionar un marco excelente- no necesariamente un menú de plato único, sino un marco de elecciones racionales y coherentes- y entonces se podría invitar a la Conferencia Intergubernamental a que proceda. 
Por último, sin querer excederme en predicciones de futuro, mi Grupo tiene una opinión lo suficientemente firme acerca de dicha participación que si el Parlamento quedara impropiamente excluido o viera mermado su papel institucional, nos plantearíamos la posibilidad de recomendar que no emita ningún dictamen sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Sería una decisión difícil y espero que no sea necesaria, pero es un requisito constitucional, en virtud del artículo 48, que esta Asamblea emita su dictamen antes de una CIG, aun cuando, lamentablemente, no tenemos ningún derecho de aprobación al final de la CIG. 
Es algo que deberíamos tener presente en esta fase, porque la plena participación democrática es de vital importancia. 
Señora Presidenta, 2001 es el año del debate público y realmente me sorprende que la Presidencia no haya anunciado una iniciativa organizada a escala europea que implique a la sociedad civil. 
Internet no es suficiente, señora Presidenta. Se ha hablado de la posibilidad de una gran iniciativa organizada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, dirigida a movilizar a la sociedad civil, a hacerla trabajar y escribir sobre los objetivos y el futuro de Europa. 
Según parece, unas extrañas e inexplicables resistencias, incluso dentro de esta casa, por parte de un Grupo importante que está a su izquierda, señora Presidenta, entorpecen el camino de esta iniciativa. 
Es realmente una lástima, sobre todo porque la falta neumática de ideas que la Presidenta del Consejo nos ha expuesto aquí en su intervención- permítanme la expresión- algo burocrática e inconcreta, nos demuestra que los Gobiernos necesitan una nueva inspiración. 
¿Por qué Suecia renuncia a esta iniciativa que podría marcar positivamente su Presidencia y permitirle, por otra parte, culminar el mandato que recibió en Niza? 
El diálogo con la sociedad civil es mucho más que una expresión retórica o que algún correo electrónico. 
Coincido en que es necesario llevar a cabo debates nacionales, sin embargo, es la opinión pública europea que debe madurar en esta fase, al objeto de facilitar los trabajos preparatorios con vistas al Consejo de Laeken que debería ir precedido por una gran conferencia de parlamentos europeos, continuación natural del debate público que debería desarrollarse este año. 
Sólo así será posible convertir en público y apasionante el debate sobre el futuro de Europa, sólo así el Parlamento y la Comisión podrán encontrar los aliados que tanto necesitan para romper la lógica puramente intergubernamental de la futura reforma, dar un sentido revolucionario y constitucional a palabras como "convención" o "método comunitario" y convertir la Conferencia Intergubernamental de 2004 en algo más que una mera formalidad. 
Díganos, señora Presidenta, si en su programa existe o no existe un espacio para dicha iniciativa europea y si existe ¿por qué? 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, como ustedes saben, muchas y muchos colegas de la Asamblea mantienen una posición crítica con respecto al Tratado de Niza. 
También mi Grupo y yo personalmente estamos profundamente preocupados por el futuro de la Unión. En efecto, continúan sin resolver o sólo se abordan tímidamente muchas cuestiones determinantes para las preocupaciones y necesidades cotidianas de la población. 
Sobre todo, seguimos estando muy lejos de tener una Europa social. 
Yo tengo el convencimiento- y muchos colegas de la Asamblea comparten al parecer la misma opinión-de que el Consejo de Niza debilitó a la Comunidad. 
Los Gobiernos acabaron luchando exclusivamente por conservar su derecho de veto nacional. 
El Tratado no aporta más democracia, más transparencia, más capacidad de actuación y de decisión. 
En la fase posterior a Niza va a ser preciso abordar, por lo tanto, una reforma ambiciosa y realmente profunda que cumpla dos objetivos. 
En primer lugar, no debe anular los progresos logrados en el ámbito de la integración; en este aspecto, yo comparto explícitamente las preocupaciones que ha expresado el Comisario Barnier. 
En segundo lugar, necesitamos una reforma que permita que la Unión sea verdaderamente viable en el futuro. 
Esto exige, a mi parecer, que se ponga en marcha un proceso constituyente cuyo resultado final sea la constitución de una Europa unida por voluntad de sus pueblos. Esto incluye el desarrollo de un amplio debate público y abierto. 
Sin embargo, también incluye, a mi modo de ver, la constatación de que una conferencia intergubernamental ya no es el medio adecuado para impulsar el desarrollo de Europa. 
Necesitamos otro método. 
En mi calidad de miembro de la Convención encargada de elaborar la Carta de los Derechos Fundamentales y tras la experiencia del exitoso trabajo de dicho órgano, yo quiero manifestar expresamente mi apoyo al procedimiento de una convención como un medio para impulsar conjuntamente el desarrollo de Europa. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, Señorías, esta situación que vivimos es en cierto modo extraña: el Tratado de Niza aún no está ratificado y mucho menos en vigor y, aun así, ya estamos todos debatiendo sobre el período de "después de Niza". 
Sabemos cómo hemos llegado aquí, pero en política la de aprobar un Tratado pensando en el siguiente no es una buena situación; hacerlo nunca es bueno y sólo puede ser señal de una sarta de equívocos, de una sucesión de tropiezos, cuando no de un montón de mentiras incluso, más o menos disimuladas. 
Pero ya que estamos aquí y se ha iniciado el debate, debemos sacar las enseñanzas de los fracasos de Niza y saber actuar de forma diferente, también en el Parlamento Europeo, en el futuro, en 2004, porque, si no, correremos el riesgo de repetir los mismos tropiezos, las mismas frustraciones, los mismos fracasos. 
Y quisiera decir dos cosas que me parecen esenciales: primero, debemos oír más que hablar. 
Nosotros, los diputados, no tenemos sólo la misión de hablar, sino que muchas veces, en estas cuestiones esenciales, nuestra misión es la de saber oír y plasmar el sentimiento auténtico de nuestros pueblos y no tanto el sentimiento corporativo de las instituciones. 
Segundo: dejar margen para los debates nacionales y no tenerles miedo. 
Las cuestiones que encallaron en Niza son las que ya habían tropezado en Amsterdam y muchas de ellas están estancadas desde Maastricht. 
Son cuestiones que tienen mucho que ver con nuestros pueblos, con el futuro de los Estados-nación y, por eso, podríamos decir que en este momento lo que más necesitamos no es tanto un debate europeo, lo que necesitamos es quince debates nacionales profundos o- pensando en la ampliación- 27 debates nacionales profundos y auténticos- de los portugueses con los portugueses, de los británicos con los británicos, de los alemanes con los alemanes, de los checos con los checos, de los polacos con los polacos- sobre lo que quieren para el futuro de la Unión Europea. 
Sólo así, podremos lograr en 2004 a una instancia decisoria definitivamente habilitada para adoptar las decisiones con vistas al futuro, porque, si no, tropezaremos con los mismos equívocos y obstáculos de Niza. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Barnier, Señorías, parece ser que, finalmente, nuestro Parlamento ha logrado un punto fundamental. 
En efecto, había buenas razones para anticipar un poco la próxima conferencia. 
Estoy muy contento de ver que este Parlamento se ha acordado que efectivamente habrá elecciones en 2004, que, por tanto, no era un Parlamento elegido de por vida, y que había un cierto número de interferencias entre nuestro Parlamento y los encuentros que se nos proponían. 
Sobre el fondo, sólo se puede observar que todavía hay poca carne en el asador, como dicen los italianos, que se habla un poco del sexo de los ángeles, es decir del papel, de la articulación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, un tema que, como el monstruo del Lago Ness, vuelve de forma recurrente a nuestras discusiones pero que nunca nos ha llevado muy lejos. 
Los ciudadanos europeos no están muy interesados en este tipo de discursos. 
Más bien preferirían saber quién es quién a nivel europeo y a nivel nacional. 
Les gustaría un poco menos de construcción barroca y un poco más de claridad, un poco más de poder para el Parlamento Europeo sobre los asuntos que les conciernen y no sobre los que no les conciernen, un poco más de poder y de visibilidad para los Parlamentos nacionales sobre materias que se hubieran dejado claramente a los Parlamentos nacionales. 
Los ciudadanos europeos querrían quizás también una cosa, el poder elegir al Presidente de la Comisión, por ejemplo, para saber quién es responsable de las grandes elecciones, de los grandes asuntos que deben decidirse a nivel europeo. 
Entonces, me parece que no hay que pensar siempre que la sociedad civil está por detrás en la reflexión que podríamos tener aquí, en el Parlamento Europeo. 
A menudo, desgraciadamente, ocurre lo contrario, y nuestro Parlamento debería quizás moverse entre los ciudadanos europeos para proveerse de nuevas ideas. 
Una pregunta, por último, que se dirige a la Presidenta en ejercicio, al Presidente de la Comisión, pero sobre todo al Presidente del PPE, mi amigo el Sr. Poettering: tengo entendido que el ministro liberal belga, Sr. Randers, propone la creación de una nueva figura barroca, un "señor Euro" tomando como modelo al Sr. PESC. 
Este último ha sido contestado por nosotros pero también, creo, con fuerza, por el Sr. Poettering y por el Grupo del PPE en particular. 
¿Es partidario el Sr. Poettering de la creación- como me ha parecido entender en las conclusiones del Congreso de Berlín del PPE- de la constitución de esta figura ligeramente barroca de un "señor Euro" según el modelo de Sr. PESC? 
Me gustaría mucho obtener aclaraciones sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la Presidencia sueca por su buena página web. 
Resulta agradable poder ver el orden del día de las reuniones de los diversos grupos de trabajo. 
¿Podemos tener también acceso a los nombres de los participantes y a los documentos y resúmenes de las reuniones? 
También quiero darle la enhorabuena por la iniciativa de la página web Futurum. 
Sin embargo, ¿por qué debe comenzar con los planteamientos de las jerarquías, de los Sres. Persson, Verhofstadt, Prodi y Barnier? 
¿Por qué no aparecen los planteamientos de las personas contrarias al Tratado de Niza y a la centralización en Bruselas de más poder legislativo? 
¿Cómo puede un Presidente sueco del Consejo invitar a un debate en la Escuela Europea de Bruselas sin la presencia en la mesa de un solo planteamiento crítico? 
Según el Eurobarómetro, sólo un 18% de los ciudadanos comunitarios prefiere Bruselas como lugar de decisión. El 63% prefiere que las decisiones se adopten local, regional o nacionalmente. 
¿Por qué el 18% ocupa todos los puestos en el primer debate sobre nuestro futuro mientras que el 63% no está siquiera representado? 
Los críticos a la UE de mi Grupo y del Intergrupo SOS Democracia estamos preparados para el debate tanto en la Escuela Europea como en los parlamentos. 
Nos gustaría razonar nuestros deseos de transparencia, proximidad, democracia y de una Europa más delgada que trabaje en muchas menos cuestiones transfronterizas y que en cambio trabaje sin burocracia, derroche o fraude. 
La iniciativa de normas comunes debe ser tomada de ahora en adelante en los parlamentos nacionales y no en la Comisión o en el Parlamento. 
¿Por qué no crear una especie de consejo de los parlamentos, que pudiera reunirse un par de veces al año y aprobar el programa de trabajo y el fundamento de las posibles propuestas legislativas? 
El fundamento determina si se trata de una coordinación voluntaria o de normas vinculantes. 
Luego serán los cargos electos de los países miembros quienes decidan si las decisiones serán trasladadas de los electores y de los cargos electos de los países miembros a la UE. 
Así, la democracia tendrá al menos una oportunidad con respecto a la actual legislación de funcionarios que se ha convertido en nuestra costumbre, aunque los quince se confiesen democráticos. 
Nos hallamos en la situación absurda de que si fuera uno de los países solicitantes el que aprobara leyes de la misma forma que nosotros, estaríamos obligados a rechazarlas porque no son democráticas. 
Señora Presidenta, en primer lugar yo quiero expresar mi satisfacción por el ambicioso programa de la Presidencia sueca del Consejo. 
Ya se ha hablado y se ha escrito mucho sobre el Tratado de seguimiento de Niza. 
También me ha alegrado ver recogidas muchas de mis ideas hoy aquí. 
Sin embargo, ahora quisiera aclarar otro aspecto en relación con este tema. 
Como resultado del primer examen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del documento de trabajo de los diputados Méndez de Vigo y Seguro, se pidió entre otras cosas que la introducción histórica de la primera parte del informe no se plantease desde el punto de vista de los triunfos del Consejo y de la Comisión, sino de las derrotas del Parlamento. 
Yo comprendo que el empleo de términos combativos o guerreros resulte natural para algunos bajo la influencia directa del Consejo de Niza y de los juegos de poder que se desarrollaron allí. 
Sin embargo, yo creo que no se puede hablar de triunfos ni de derrotas de una institución con respecto a otra, sino sólo de un progreso o retroceso de todo el conjunto, o sea, de la idea de Europa. 
No debemos perder de vista este hecho. 
Por esto, yo soy partidario de que, justamente en nuestra calidad de parlamentarios, no empleemos esos términos y evitemos su uso, como una señal de apoyo a una actuación conjunta de todas las instituciones. 
Trabajamos muy bien con el Secretario de Estado, Sr. Danielsson, y por tanto es un placer tenerla ahora aquí. 
Creo, señora Lindh, que la clara, concreta y brillante intervención del presidente de nuestro Grupo, Sr. Poettering, me exime de hacer una gran intervención, porque creo que lo ha dicho muy claro y muy alto. 
Por lo tanto, permítame recalcar solamente algunos temas de lo que esperamos de la Presidencia sueca y de ese Consejo Europeo de Göteborg. 
Ha dicho usted que hay que organizar el debate. 
Claro que sí. 
Yo comparto lo que ha dicho el portavoz socialista: el día 7 estaba bien para empezar pero hay que hacer más. 
Por lo tanto, lo que esperamos nosotros de ustedes es que estructuren el debate, que nos hagan propuestas para estructurar el debate. 
Algunas ideas tiene este Parlamento y se las vamos a dar, con mucho gusto. 
Pero, como aperitivo, le diré que hay que hacerlo a nivel nacional, en democracia de proximidad y a nivel europeo. 
Ese debate es muy importante y no puede ser cerrado. 
No puede quedarse sin más, ahí, hecho. Este debate debe tener unas conclusiones, que deberán componer la segunda fase. 
Ese debate sería frustrante para la gente que participe en él si no hubiera un lugar de redacción y propuesta de ideas. 
Eso es lo que llamamos el método de la convención. 
La convención que redactó la Carta de los Derechos Fundamentales tuvo éxito, porque aunó legitimidad nacional y europea, incluyó transparencia, publicidad y participación de la gente. 
Además de todo eso, hizo un documento que ustedes mismos, en el Consejo Europeo de Biarritz, reconocieron que era positivo. 
Por tanto, se podrán modificar cosas, se podrán acoplar otras, pero tenemos ahí un modelo que nos puede servir. 
Yo creo que será muy útil trabajar conjuntamente sobre ese modelo. 
Por último, respecto al calendario, me parece que si hacemos todo eso, la CIG 2004 tiene que ser muy breve, puesto que el trabajo ya está, en su mayor parte, hecho. 
Me parece también muy importante que ese modelo permita la implicación de los países candidatos. 
Europa no la construimos solamente los que estamos ahora formando parte de la Unión sino también los que están ahí ya esperando para entrar dentro de la Unión. 
Yo creo, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, que usted se va a llevar hoy una impresión favorable de este debate, pues todos los portavoces de los Grupos, extraordinariamente plurales, que han participado han dicho más o menos lo mismo, la música de los Grupos parlamentarios es la misma. 
Yo creo que si trabajamos con ustedes y, por supuesto, con la Comisión- agradezco desde aquí la gran intervención que ha tenido el Comisario Barnier -, de esa música común podemos hacer entre todos una buena sinfonía europea. 
. (IT) Señora Presidenta, la intervención del Comisario Barnier ha confirmado lo mucho que se aproximan las posiciones de la Comisión y del Parlamento. 
He escuchado con atención la intervención de la representante del Consejo y es a ella que dirigiré telegráficamente algunas observaciones. 
La nueva Conferencia Intergubernamental, señora Ministra Lindh, es lo último de lo que tenemos que hablar. 
La cuestión decisiva es cómo llegar a ella. 
Usted ha auspiciado para el debate que ahora comienza y para todo el proceso del que se habla en la Declaración de Niza, la mayor transparencia posible y un debate lo más cercano posible a los ciudadanos. 
Ahora bien, la preparación de la Conferencia Intergubernamental hasta la Cumbre de Niza ha puesto de manifiesto una mínima transparencia y una máxima distancia de los ciudadanos. 
Es indispensable un nuevo método. 
Existe un precedente, y es el de la Convención que redactó la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Fue una idea y un feliz invento de los jefes de Estado y de Gobierno en Helsinki y, en consecuencia, no se entiende por qué precisamente los jefes de Estado y de Gobierno ahora desconfíen de este método. 
Y el problema no es el del nombre, sino que el problema es de fondo, esto es, asociar no solo a la Comisión, sino al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales no solo al debate, sino a la fase de elaboración y redacción de las propuestas. 
Debemos escribir juntos las respuestas a las grandes preguntas sobre el futuro de la Unión. 
Señora Ministra Lindh, confiamos en que la Presidencia sueca se esfuerce en superar estos recelos particulares que se oponen a las propuestas que llegan de todos los Grupos del Parlamento Europeo. 
Hacemos votos por que la resolución de la Comisión de Asuntos Constitucionales y, por lo tanto, del Parlamento en su conjunto, contribuya también a convencerla mucho más que no lo está esta mañana y, entretanto, le esperamos en nuestra reunión del día 20 de marzo, junto con los representante de los parlamentos nacionales tanto de los Estados miembros como de los países candidatos. 
Señora Presidenta, he visto Futurum, una página de Internet recién abierta para el debate y el diálogo, y me ha gustado. Hoy en la mañana habían participado en el debate 76 ciudadanos de diferentes países. 
Es obvio que podrían haber sido muchos más, pero es un buen comienzo. 
Lo interesante es lo que se va a hacer con esas intervenciones. 
¿Van a vivir una vida propia hasta el año 2004, hasta que el Consejo nuevamente se encierre a discutir largamente un nuevo tratado? 
Las palabras de la Ministra de Asuntos Exteriores hacen pensar que no será así. 
Pero es importante informar a los ciudadanos, desde ahora, sobre las formas de canalizar esas opiniones, de manera que el debate llegue a ser realmente amplio y no sólo palabras vacías. 
Lo siento si insistimos demasiado aquí en el Parlamento, pero esto es realmente muy importante para nosotros, para todos los Grupos políticos. 
Igual que nosotros, los ciudadanos necesitarían saber cómo se van a canalizar sus opiniones. 
¿Habrá algún tipo de convento en el que los representantes populares de diferentes niveles podamos realmente contribuir a la formación del nuevo tratado? 
Señor Presidente, hablaré con una voz que hasta ahora no se ha oído mucho en el presente debate, a pesar de las dos palabras que el Sr. Barnier ha dedicado en su intervención a los parlamentos regionales. 
Debemos recordar que Europa no es sólo una Europa de instituciones centrales y Estados miembros. 
Dentro de los Estados miembros existen países con autogobierno; denominados en el lenguaje de esta Asamblea "regiones". 
Muchos de sus ciudadanos se consideran ciudadanos de antiguas naciones europeas que merecen el mismo reconocimiento en esta Unión que las demás. 
El Sr. Poettering afirma acertadamente que el método comunitario es bueno desde el punto de vista de los Estados pequeños. 
Intentemos que lo sea un también para los países pequeños que no son, o no son aún, Estados miembros de esta Unión por derecho propio. 
Si en el debate durante los próximos tres años, las voces de los parlamentos elegidos democráticamente de los países y regiones de Europa dentro de los Estados miembros no son escuchados debidamente y tenidos plenamente en cuenta como las voces de los propios Estados miembros, de los parlamentos "nacionales" y- como ha dicho acertadamente la Sra. Frassoni- de las ONG, el debate habrá sido un fracaso. 
La subsidiariedad es un concepto de doble filo. 
Por un lado exige que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la población afectada y que sean coherentes con la eficacia y la igualdad. 
Pero eso implica que muchas decisiones sólo pueden tomarse en el extremo opuesto, a un nivel más alto, cuando por el bien de la igualdad y la eficacia, hay que incluir a la totalidad del gran sistema de gobierno. 
Ese gran sistema de gobierno no prosperará, sin embargo, a menos que evite arrebatar el poder a la gente llana, a los niveles más locales de gobierno. 
Las "regiones" de Europa deben estar debidamente representadas en este debate y hay que prestar la debida atención a la subsidiariedad. 
Señor Presidente, quisiera comentar dos cosas. 
La primera de ellas es el método: en mi opinión, es de trascendental importancia que los parlamentos nacionales tengan poder sobre los tratados. 
Si ese poder se traspasa al Parlamento Europeo, se habrá dado un paso decisivo para transformar la UE en un estado, cosa a la que me opongo. 
Por eso, el método de la convención no termina de convencerme. 
Si se aplicase un método de estas características, debería ser una convención de parlamentos nacionales para discutir el tratado. 
Mi segundo comentario atañe al contenido. 
En mi opinión, no basta con discutir los puntos fijados en Niza. 
El núcleo de la discusión debe ser la reforma democrática de la Unión Europea, que se cree plena transparencia en el proceso legislativo y que disminuya el poder de los funcionarios, especialmente en la Comisión. 
Actualmente hay una situación muy especial en la que los funcionarios tienen un papel decisivo en el contenido de la legislación, lo cual es un problema que atañe a la democracia. 
Señor Presidente, la Unión Europea tiene un problema que consiste en que se han establecido algunos sistemas y se hace uso de una serie muy, pero que muy larga de palabras, de una retórica impresionante, y el problema es que la población de la Unión Europea ni es indiferente ni se opone directamente al proceso de integración, que figura en el orden del día de estos años. 
Tal cosa recibe el bello eufemismo de "déficit democrático". 
Es un eufemismo o una atenuación, pues las instituciones operan en la práctica de una forma que contribuye activamente a dejar fuera de juego la participación de la población. 
Con este trasfondo, resulta casi absurdo asistir hoy a este debate. 
Suena muy hermoso, sin embargo, el proyecto mismo refleja una percepción totalmente errónea de la naturaleza de la democracia. 
La democracia es precisamente el gobierno del pueblo, lo que quiere decir que son los deseos, las exigencias y las posturas políticas de la población los que se imponen, sin ser dirigidos desde arriba. 
Lo que ahora figura en el orden del día recuerda mucho a otra unión que se hizo añicos hace un par de años. 
Es la misma tendencia, el mismo mecanismo de desarrollo, que lleva consigo la paulatina sustitución de la democracia viva por un gobierno en manos de una élite. 
Y esto ha de ser especialmente vergonzoso para la Presidencia sueca. 
Lo que está sucediendo choca directamente con las mejores tradiciones populares escandinavas. 
Suecia mantiene una tradición poco común por su claridad y progresismo en materia de transparencia y seguridad jurídica, siendo los suecos la población de la Unión Europea que se opone más activamente al proceso de integración. 
Es una situación sumamente lamentable y una crisis de identidad política para nuestros amigos suecos. 
Señor Presidente, el debate sobre el futuro de la Unión, acordado en el Consejo de Niza, debería evitar un escollo fundamental: limitarse al círculo de especialistas en asuntos europeos, entre los cuales incluyo a los miembros de las instituciones de la Unión, que corre peligro de encerrarlo, una vez más, en un lenguaje y en unos temas en clave para iniciados y hacer más grande finalmente el foso que separa Europa de sus pueblos. 
Para renovar un poco este circuito cerrado, algunos federalistas proponen una solución de pura fachada: una convención inspirada en la que ya preparó la Carta de los Derechos Fundamentales, compuesta por criaturas en su mayoría dóciles y comandada, para mayor seguridad, por un grupo de pilotaje o un grupo de redacción que conducirá el debate allí donde las instituciones quieren que vaya: hacia un mayor federalismo. 
Este método sería muy peligroso. No hay que olvidar que la anterior convención ha producido un texto de Carta inaceptable con fuerza vinculante para la totalidad de países miembros y que ha habido que enmascarar las divergencias con la proclamación de un texto no obligatorio. 
Si una futura convención trabajara con los mismos métodos en estado de ingravidez, en 2004 produciría un texto ultrafederalista inaceptable por todos o parte de sus miembros. 
Esto sería desastroso para Europa. 
Pero tampoco hace falta un debate en el que dominaran la confusión y el desorden. 
Hay que permanecer al mismo tiempo próximos a los pueblos, marchar a su paso y ser ordenados para ser productivos. 
Por ello, señor Presidente, pensamos que sólo hay una solución viable: organizar el debate en torno a los Parlamentos nacionales y bajo su responsabilidad. 
Señor Presidente, acojo con especial satisfacción los esfuerzos del Presidente de la Comisión, Romano Prodi, con vistas a fijar el contorno del presente debate, que es la continuación de nuestros debates de enero y febrero en esta Asamblea. 
Ahora bien, no se trata de un debate sobre el proceso de seguimiento de Niza, sino sobre el futuro de Europa. 
Es fundamental que las instituciones europeas aprovechen esta oportunidad. 
Es una rara ocasión en la historia que la población de Europa exprese su opinión sobre cómo será el denominado marco constitucional a partir de 2004. 
No corresponde a los dirigentes políticos de Europa establecer los términos y determinar la naturaleza, la amplitud, la esencia y la intensidad del presente debate. 
En estos momentos, existe algo de imaginación, pero poca acción, habida cuenta de la magnitud del Anexo IV del Tratado. 
Esta mañana he consultado el sitio web que ha mencionado la Presidenta del Consejo. 
En él no se hace ninguna referencia a la participación del Parlamento en los debates del 7 de marzo. 
Es sencillamente una página web sin ningún dispositivo para que los ciudadanos puedan enviar sus puntos de vista por correo electrónico. 
En esta página web sólo hay el esquema de un programa incluido bajo la Presidencia belga, que tendrá un foro de negocio. 
Es profundamente insignificante y necesita ser revisada inmediatamente. 
Primero, su naturaleza. 
Debe tener una dirección política, y no permitir que las burocracias dirijan programas costosos que a los ojos de los ciudadanos parecerán propaganda. 
Éste podría quizá ser un tema para Estocolmo: animar a los Jefes de Estado a que inicien los debates. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, usted ha dicho que esto es algo que debería hacerse, pero en mi país, nuestro Primer Ministro, Sr. Blair, mantiene un curioso silencio sobre este particular. 
En segundo lugar, la amplitud. 
Ésta debe incluir a todas las capas de la sociedad, como ha dicho el Sr. Bonde. 
La Presidencia no puede limitarse a predicar a los partidarios, como hizo en la Escuela Europea hace unos días. 
En tercer lugar, la esencia del debate: ésta debe ser considerada en términos de documentos, amplios diálogos y otras ideas de este tipo. 
Por último, está la intensidad del debate, que debe ser desarrollada con los mejores medios tecnológicos disponibles. 
Termino diciendo que en nuestro Parlamento debemos trabajar, a través de los medios electrónicos, con los parlamentos nacionales, que el Consejo debe darnos ejemplo a través de los Jefes de Estado de cada uno de los Estados miembros y, por último, que la Comisión puede elaborar orientaciones para que sepamos qué curso seguirá este debate. 
Entonces podremos debatir esto cuando ratifiquemos el Tratado de Niza más adelante, este mismo año. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Comisión por el contenido de la posición que aquí ha adoptado, pero quisiera formular una pregunta concreta al Comisario Michel Barnier: ¿va a limitarse la Comisión a la declaración o, al contrario, piensan, el Sr. Barnier y el Presidente Prodi hacer, a partir de hoy, una ronda ante los Gobiernos e influirlos en pro de sus posiciones? 
Eso es lo que diferencia un centro de reflexión de una institución capaz de ejecutar y hacer política. 
Quisiera que me respondiese concretamente a esa pregunta, porque ya en el Tratado de Niza la Comisión tenía buenas propuestas, buenas posiciones, que después el Consejo no tuvo en cuenta. 
Respecto de la cuestión que aquí se plantea del debate sobre el período "posterior a Niza", quisiera congratularme por el acuerdo que hay sobre los puntos del orden del día. 
Hay un acuerdo de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo en el sentido de que los cuatro puntos son insuficientes. 
Por lo demás, no podría ser de otro modo, pues no se puede estimular un debate europeo y después limitar el ejercicio intelectual de ampliarlo a otras cuestiones, como ha dicho la Presidenta. 
Pero quisiera formular dos preguntas a la Presidencia sueca: en primer lugar, si está dispuesta a revisar la fecha de elaboración de ese Tratado. 
El de 2004 nos parece el peor año para esa operación no sólo por lo que ya ha dicho el Sr. Dupuis, sino también porque la campaña electoral, en vez de unir a los partidos que en cada uno de los Estados miembros están a favor del proyecto europeo, muchas veces se los separa. 
Y, por tanto, quisiera saber si están reflexionado la Presidencia y el Consejo sobre esa cuestión de la fecha. 
Y, por último, sobre el debate. 
Señora Presidenta, el debate no puede ser una coartada para el Consejo ni para la propia Presidencia. 
Tiene que ser un momento que infunda peso a cualquier cosa. 
Y la pregunta que formulamos, muy concretamente, es la de por qué tiene temor la Presidencia de un espacio, una convención, que haga propuestas. 
No queremos substituir a los Gobiernos, no queremos decidir, quienes deciden son ustedes, pero quisiera preguntar por qué tiene miedo de nuestras ideas, de nuestras propuestas y de nuestra contribución. 
Señor Presidente, ¿a qué se debe nuestra insistencia en que se reconozca la legitimidad específica del Parlamento Europeo en la preparación de la CIG? 
No es sencillamente porque nos sintamos heridos en nuestro amor propio, sino porque si a los Estados miembros se les dejara solos, no tardarían en obsesionarse con sus propias relaciones de poder nacional. 
Sólo será posible fomentar el interés común europeo si todos los que comparten el poder ejecutivo- el Consejo Europeo y también la Comisión- colaboran con los que comparten el poder legislativo- el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
Un auténtico paso constitucional hacia delante sólo podremos darlo si se aprueba una fórmula pluralista semejante. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, la tarea histórica de la Unión va a ser difícil de cumplir, pero su descripción es muy sencilla. 
El cometido más urgente es instaurar una democracia europea. 
Este es el núcleo central de nuestros enfrentamientos y nuestros conflictos. 
El afán de poder del Consejo y de los Gobiernos nacionales, que ya no se conforman con su papel de gobiernos y legisladores en nuestra Europa, sino que también quieren ser los autores de una constitución europea, se ha convertido- es preciso decirlo de una vez- en el mayor obstáculo que se interpone en el camino hacia la instauración de una democracia europea. 
El Consejo de Niza fracasó en esta tarea de dotar a Europa de una constitución. 
Allí tuvimos una muestra de la arrogancia del poder que pone en peligro la aceptación de la unidad europea por parte de los ciudadanos. 
El gran interrogante no despejado en el marco de este enfrentamiento en torno a la democracia europea es el de la posición de la Comisión. 
Señora Presidenta del Consejo, usted ha hablado de transparencia, de proximidad a los ciudadanos, de diálogo, de los parlamentos como fuente de ideas, de grandes debates públicos, y con ello creía, tenía el convencimiento de estar hablando de democracia. 
¡Pero usted no ha hablado de democracia! 
La democracia en Europa exige que se debata sobre los principios y elementos fundamentales de la democracia, sobre la división de poderes, sobre el hecho insostenible de que las administraciones nacionales se encarguen de elaborar las leyes. 
La democracia exige que se debata el principio de publicidad de la labor legislativa, que se diga que es intolerable que el Consejo decida les leyes a puerta cerrada y los ciudadanos ya no tengan derecho a saber quién ha decidido cada cosa y por qué, ni tampoco a pedir cuentas a quienes adoptan las decisiones. 
La democracia exige que se debata sobre un catálogo de derechos fundamentales, sobre la obligatoriedad jurídica y sobre el acceso de los ciudadanos al Tribunal de Justicia, exige que se debata sobre un sistema de controles y contrapoderes, que se diga que el derecho a adoptar una constitución no corresponde nunca y en ningún lugar, en ninguna democracia, a los gobiernos sino que es el cometido originario e irrenunciable de los parlamentos. 
Mientras el Consejo no renuncie a su afán de poder y no sitúe estos elementos de la democracia en el centro del debate, no podremos cumplir nuestra gran tarea histórica. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, yo quiero agradecerle ante todo el optimismo de su discurso, que constituye, desde luego, un cambio interesante tras la Presidencia anterior. 
Dicho esto, quiero aprovechar el breve tiempo de que dispongo para presentar una propuesta. 
La creación de una segunda cámara del Parlamento Europeo, destinada a representar a los parlamentos nacionales, que proponen y han debatido los diferentes Grupos políticos resultaría innecesaria si se adoptase el enfoque austríaco. 
Nuestra Constitución federal prevé que el representante austríaco en el Consejo responda directamente ante el Parlamento nacional, de manera que la Comisión Principal del Parlamento federal austríaco puede influir sobre las posiciones del representante en el Consejo. 
Esto permite garantizar el control de los representantes del pueblo austríaco sobre las negociaciones en el marco del Consejo y su participación en las mismas, sin necesidad de que se cree una segunda cámara con este fin. 
Este enfoque, basado en la participación más directa posible de los parlamentos nacionales, haría innecesario, por lo tanto, un segundo nivel parlamentario y sería una solución más sencilla y seguramente también más barata y menos burocrática. 
Señor Brok, dispone usted de dos minutos y medio para su intervención. 
Usted creía que eran tres, pero aunque le conceda dos minutos y medio, de todas maneras van a acabar convirtiéndose en tres como mínimo. 
Brok (PPE-DE). 
(DE) Señor Presidente, le agradezco su indicación. 
Yo creo que debemos reconocer que tenemos por delante un proceso de discusión amplio, en el que va a quedar claro que el enfoque intergubernamental bajo la dirección del Consejo no puede funcionar con la perspectiva de 27 Estados miembros y que, por lo tanto, el enfoque clásico de Monnet, bajo la dirección de la Comisión y con igualdad de competencias legislativas para el Parlamento, será el único que permitirá contar con capacidad de actuación en el ámbito de la Unión Europea. 
Sin embargo, señora Presidenta del Consejo, su comentario de que aguardan con interés las propuestas del Parlamento Europeo no deja de suscitarme una cierta desconfianza. 
En efecto, al Parlamento Europeo no le corresponde presentar propuestas sino que, si he leído correctamente el documento de Niza, el Consejo, el Parlamento y la Comisión deberán organizar conjuntamente todo el debate. 
Es decir, que no somos los responsables de ofrecerles propuestas, sino los organizadores conjuntos de este diálogo europeo amplio. 
Yo creo que este punto no se ha cumplido en modo alguno en su preparación, lo cual ya me parece un poco desleal. 
A mi modo de ver, debemos contemplar tres niveles: el debate público amplio que deberán impulsar las tres instituciones- conjuntamente, además- y que se desarrollará a lo largo de este año y el siguiente, pero que también deberá acompañar todo el proceso hasta el final. 
En segundo lugar, la fase de preparación de los contenidos, que a mi parecer debería desarrollarse, como consecuencia lógica de lo anterior, en el marco de una convención o comoquiera que se decida denominarla, en vistas de lo cual, desde el punto de vista del Consejo de Laeken y nuestro no sólo es importante que se constituya la convención, sino que también debe quedar claro qué estatuto tendrá el resultado de la misma, a fin de que ésta no elabore un documento entre varios, sino el documento que habrá de servir de base para la ronda decisiva de negociaciones entre los Jefes de Gobierno. 
Yo quisiera recordarle que, toda vez que Hungría y la República Checa van a aprovechar los tratados de adhesión para tratar también algunas cuestiones institucionales, entre otras cosas debido a la falta de representación de estos países en el Parlamento Europeo, en las citadas negociaciones con vistas a la ampliación ya se debería contemplar la mejora de su capacidad de decisión en el Consejo y, por consiguiente, dichas negociaciones también forman parte integrante del proceso de seguimiento de Niza. 
Al mismo tiempo, también quisiera volver a repasar el calendario. 
Como a una serie colegas, me preocupa que dicho proceso concluya en 2004, en plena campaña electoral europea. 
Por esto, creo que sería conveniente aprovechar este año y el siguiente para desarrollar el debate público amplio, pero que la convención ya se pusiera en marcha en el segundo semestre del año próximo, con objeto de disponer de todo el año 2003 para las negociaciones y poder completarlas a finales de 2003 o principios de 2004 como máximo, de manera que su resultado pueda formar parte del debate de la campaña electoral europea. 
Yo creo que esto, además, nos permitiría someter los resultados a un plebiscito público y concluir en cierto modo el diálogo con la expresión de la voluntad de los ciudadanos de la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, al tomar la palabra por última vez ante esta Cámara, que dejaré dentro de algunas semanas, quisiera dirigirme un momento a mis colegas. 
Naturalmente, los problemas del método de seguimiento de Niza son importantes: método comunitario, método de la Convención, etc. Pero lo esencial es que haya un proyecto y un motor para realizarlo. 
Cada vez que la Unión Europea- y la Comunidad Económica antes que ella- han progresado, ha habido un proyecto y un motor. Los comités Spaak antes del Tratado de Roma, el Libro Blanco de Lord Cockfield antes de Luxemburgo, las fuertes propuestas de la Comisión y la fuerza del eje francoalemán con Maastricht. 
Hoy en día sabemos muy bien que en las cancillerías no hay proyecto y menos aún voluntad política de avanzar. 
Sabemos también que la Comisión, a pesar de las muy interesantes propuestas del Comisario Barnier, no tiene ni la fuerza ni la autoridad que tenía hace diez años. 
Queda entonces el Parlamento Europeo: el cual, al cabo de los años, ha demostrado ser el eslabón más fuerte del trípode institucional. 
Y quisiera volverme hacia mis colegas para afirmar que el Parlamento Europeo dispone, en su seno, de una mayoría que trasciende a las discrepancias políticas y nacionales, una mayoría favorable a un proyecto de nuevo federalismo europeo. 
Sería necesaria, desde este momento, una federación de proyectos, una catálisis de energías para poder dar ese paso adelante que esperan de nosotros, que esperan de usted los ciudadanos europeos. 
Entonces, queridos compañeros, queridos amigos, queridos colegas, al dejarles, quisiera decirles que lo que realmente espero de ustedes es que sean ambiciosos y audaces. 
Esto es lo que los ciudadanos esperan de ustedes. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, la palabra "federalismo" corre el riesgo de resultar vacía si no hay una alternativa de fondo. 
Sin duda alguna, hay que redactar una constitución europea para evitar tener, con la ampliación, un simple espacio de libre cambio. 
Pero, para ello, hay que entender bien la subsidiariedad, que sigue siendo el principio más importante del federalismo. 
Como valdotano, cito mi ejemplo. 
En el marco de la constitución italiana, tenemos un régimen de autonomía especial. 
¿No se trata, en el posible recorrido hacia la necesaria constitución europea, de que participe de alguna manera el nivel político regional en la constituyente, en particular cuando es representativo de una minoría lingüística? 
Esta es una pregunta que se plantea, sabiendo que la respuesta no es muy fácil, pero crucial para el futuro democrático de Europa. 
Señor Presidente, el representante del Parlamento en Niza resumió el resultado como una catástrofe. 
Es imposible entender cómo se ha tenido cara para insertar en el tratado futuros conflictos entre las naciones grandes y las pequeñas. 
Aún más difícil es entender cómo el Consejo ha podido negarse a hacer una alusión a los derechos que todos los Estados miembros ya habían suscrito. 
¿Cómo podrán entender los ciudadanos que sus representantes no quieran contemplar en las leyes los derechos que por razones políticas dicen respaldar? 
Un tratado débil puede constituir un peligro en la Europa ampliada, en la que tendrán que convivir muchas tradiciones jurídicas diferentes. 
Quisiéramos que las pretensiones fuesen mayores a la hora de adoptar decisiones sobre quién deberá actuar y cómo se decidirán los asuntos relacionados con los derechos y la democracia. 
El debate con los ciudadanos deberá orientarse hacia los temas fundamentales del futuro en una Europa con más movilidad. 
Para crear una debate abierto y conseguir que las decisiones también lo sean, se necesita una convención democrática, no sólo una página en Internet. 
Da la impresión de que la Presidencia quiere evitar los temas esenciales del debate europeo. 
Esto equivale a no asumir su responsabilidad de liderazgo europeo. 
Aprovechen la ocasión para contribuir a la consecución de una UE democrática, con un Parlamento democrático, que, por lo demás, espero que la Presidencia respete. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, en su intervención ha utilizado usted tres veces la palabra fuerte. 
La UE debe ser una potencia fuerte, el método comunitario debe ocupar una posición fuerte y necesitamos unas instituciones fuertes. 
Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. 
Sin embargo, sus palabras también se tienen que traducir en hechos. 
Desde el punto de vista del orden del día del proceso de seguimiento de Niza, lo que usted ha manifestado significa más atención a Europa y no menos. 
Significa más integración y no menos. 
Significa que se deben concretar y también reformular en parte los temas que ustedes van a proponer. 
En el caso de la delimitación de competencias, uno tiene a menudo la impresión de que en este contexto intervienen fuerzas que desean debilitar a Europa. 
Yo creo que su tarea es concretar qué vamos a hacer conjuntamente, qué debemos hacer conjuntamente en el siglo XXI, para conseguir una Europa fuerte. 
El debate sobre las competencias será entonces muy distinto de los planteamientos que a veces se escuchan ahora. 
También cuando se habla de unas instituciones comunitarias fuertes es preciso concretar más. 
A mi modo de ver, el tema es la puesta en práctica de la democracia parlamentaria en la política europea. 
Es decir, que no se tiene que debatir sólo el papel de los parlamentos nacionales y su función, sino naturalmente también el ulterior fortalecimiento del Parlamento Europeo. 
Todavía carecemos de algunos derechos necesarios, en materia legislativa, en materia presupuestaria y también en lo que respecta al control del ejecutivo. 
Hablar de instituciones comunitarias fuertes también significa que va a ser preciso volver a debatir sobre el Consejo y la Comisión, y no considerar a ésta como una mera secretaría de aquél, sino en cierto modo como un gobierno, a la vez que el Consejo también sería un órgano con capacidad de decisión. 
En lo que respecta al método, usted ha manifestado de manera muy críptica que la convención tiene ventajas y desventajas. 
Yo formé parte de la convención encargada de elaborar la Carta de los Derechos Fundamentales y no pude observar ninguna desventaja. Sólo observé ventajas. 
Por lo tanto, yo le ruego que escriba en su informe de Göteborg que el nuevo método se concreta en una nueva convención encargada de preparar la conferencia intergubernamental. 
Unas últimas palabras sobre el calendario. 
Yo también creo que el año 2004 es una fecha totalmente inadecuada. 
Estamos en condiciones de poder completar el proceso a finales de 2003. 
Un nuevo tratado de Roma seguramente también sería el fundamento adecuado para la celebración de las elecciones europeas de 2004, así como para la ampliación que vamos a llevar a cabo después. 
Señora Presidenta, estimados colegas, desde 1979 soy miembro de este Parlamento y hasta ahora nunca se ha puesto sobre la mesa un tratado que haya dejado un sabor tan amargo. 
No es de extrañar si se tiene en cuenta el caos que montaron los jefes de gobierno en Niza y tampoco llama la atención que todo el mundo se centre ahora en la agenda post-Niza: No deja de ser un modo de olvidar Niza lo antes posible. 
Uno de los problemas es que, en este momento, resulta por ejemplo imposible explicar a los ciudadanos la ponderación de los votos o cuál es el resultado exacto del sistema de rotación de los comisarios. 
Asimismo, no se puede explicar cuántos europarlamentarios tendremos entre 2004 y 2009. 
La agenda post-Niza no es, por lo tanto, una consecuencia normal de Niza, sino una amarga necesidad de corregir los fallos de la manera más rápida posible. 
¿Qué es lo que se debe hace? 
La laguna democrática surgida como consecuencia del hecho de que el Parlamento Europeo no disponga de capacidad de co-decisón en las materias sobre las que en el futuro se decidirá mediante el sistema de mayoría cualificada, debe eliminarse lo antes posible. 
En realidad, se debería llegar a un acuerdo institucional al respecto. 
Resulta vergonzoso que se despoje a los parlamentos nacionales de poder y que este mismo poder no se otorgue a continuación al Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, se debe lograr una distribución adecuada de las competencias nacionales y europeas que se establecería en una constitución europea en la que también se recogería el Manifiesto de los derechos fundamentales europeos. 
Coincido sin duda con el colega Lynne en que se trata de un buen documento. 
En tercer lugar, el actual procedimiento de la CIG debe sustituirse por un convenio interinstitucional que pueda preparar estas actuaciones. 
Los daños provocados por Niza deben repararse antes de las próximas elecciones europeas, es decir, en el 2003, ya que no podemos arrastrar este lastre hasta las elecciones de 2004. 
Sin embargo, ¿sabe usted que en la trilogía referida al famoso reglamento relativo al acceso a los documentos nos encontramos una y otra vez con un Consejo blindado que no quiere avances y que nos plantea enormes problemas? 
Señora Presidenta, el colega Lyrne se ha referido a la fortaleza. 
En Niza coincidieron once gobiernos socialistas. Pues bien, no demostraron una excesiva fortaleza en ese momento. 
Eso también hay que decirlo. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, Señorías, tengo que hacerles una súplica colectivamente: dejemos de hablar de "pos", "de después de" Niza, y hablemos del futuro, miremos hacia el futuro. 
Quisiera también reparar un olvido, esta mañana. 
Antes de mirar al futuro, saldemos el pasado, invitemos a los Estados miembros a ratificar Niza lo más pronto posible. 
Esto resulta necesario si queremos purificar el debate. 
Mirando al futuro, tengo una convicción: el empuje que esperamos vendrá de la opinión pública, del debate, y en primer lugar de los jóvenes, pues a ellos les pertenece la Europa de mañana. 
Pero no es suficiente decir: el debate, el debate, el debate. 
Hay que organizarlo, estructurarlo, tiene usted razón, señor Comisario. 
Para dirigir el debate, me parece que en algún momento deberemos preguntarnos sobre la utilidad de un cuestionario. 
Así mismo, deberemos utilizar todos los recintos para este debate, sabiendo que ninguno de ellos, ya se trate de reuniones nacionales, de consultas a los sindicatos, de foros de sociedades civiles, tendrá poder, llegará a una conclusión. Pues la conclusión pertenece, en virtud del artículo 48 del Tratado, a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Pero entre estas dos etapas, la esencial, la que hará revivir la esperanza europea, es a pesar de todo la aventura de la convención, que ya no es tan aventurada por eso. 
La experiencia de la Carta lo ha demostrado. 
Creo que el Sr. Poettering ha planteado la cuestión del proceso paralelo entre el debate público y la convención. 
Nos parece que la mejor fórmula es la de un debate amplio, abierto, lo más rápido posible que, cuando la convención inicie sus trabajos, se prosiga en paralelo con el fin de aprovechar todas las enseñanzas de la experiencia de la convención. 
Y además, este Parlamento se pondrá de acuerdo para consultar a todos los expertos de la tierra, para participar en todos los foros. 
Pero, a fin de cuentas, son los representantes de la democracia los que deberán participar en esta convención. 
Una última cosa, señor Presidente, pues creo que el Consejo ha tenido la audacia de inventar la convención. 
Le pedimos que dé pruebas de la misma audacia para mirar al futuro con confianza, audacia que esperan nuestros conciudadanos en torno a un nuevo federalismo al que nuestro colega Claude Desama nos ha invitado. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, en el curso del debate ya se ha elogiado varias veces, justificadamente a mi parecer, su llamamiento solidario y comprometido a que inauguremos realmente una nueva etapa en la Europa común. 
Lo que se debate es el futuro y usted ha inscrito los objetivos de los trabajos de la Presidencia sueca dentro de esta perspectiva. 
Lamentablemente, luego no ha pasado de las meras perspectivas en su referencia a los objetivos del Anexo 4 del Tratado de Niza, en su petición de una mayor proximidad a los ciudadanos y en su referencia más que críptica a los aspectos positivos y negativos que ve en el método de la convención. 
Con todos los respetos, esto no es decir gran cosa, sino demasiado poco, en realidad, teniendo en cuenta que la Presidencia sueca ya ha completado casi la mitad de su mandato. 
Yo habría acogido con satisfacción que hubiese planteado al menos de manera concreta los temas centrales críticos que ha expuesto Michel Barnier. 
¿Queremos más o menos Europa en el plano político? 
¿Cómo concebimos realmente una reforma fundamental de las instituciones? 
¿Cómo se debe organizar en realidad el proceso constituyente europeo con vistas al futuro? 
Yo habría escuchado con embeleso sus palabras si hubiese esbozado al menos una respuesta a alguna de estas preguntas. 
Quizá todavía podemos esperar que lo haga en su intervención final. 
¿Me permite que añada una pregunta a las que ya le han formulado otros colegas? 
¿Qué significa una mayor proximidad a los ciudadanos desde el punto de vista institucional, o sea, más allá de Internet y de los debates en la Escuela Europea? 
¿Significa acaso la reducción de los poderes del Parlamento Europeo a través de la creación de una segunda cámara parlamentaria formada a partir de los parlamentos nacionales, sobre los que el Consejo cree ejercer mayor influencia que sobre el Parlamento Europeo? 
Le agradecería una respuesta. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Presidenta del Consejo, usted tiene fama- no sin razón, tal como ha demostrado su exposición- de ser extraordinariamente hábil. 
Hoy nos ha cubierto de lisonjas, se ha referido a las importantes aportaciones del Parlamento Europeo en el pasado y ha calificado como muy interesantes y emocionantes algunos debates decisivos. 
¡Muchas gracias por los cumplidos! 
Sin embargo, ¿qué relación guardan con los hechos- usted también estuvo en Niza- y cómo se concreta el futuro real sobre el papel? 
El Parlamento Europeo fue el perdedor de Niza. 
En vez de conseguir al menos una mayor transparencia, lo que obtuvimos fue menos democracia. 
Ahora tenemos una Europa que equivale a la de finales de la monarquía de los Habsburgo en el siglo XIX. Con muchos votos para los grandes terratenientes, entonces, y actualmente para los Estados, y todo ello en un marco de opacidad. 
Ahora hablan de mantener una postura abierta en los futuros procedimientos. 
Desde que empecé a desarrollar mi actividad aquí, en mi calidad de representante popular elegido, y anteriormente como periodista, siempre me he preguntado qué deben tener en verdad en mente los titulares del poder cuando hablan como usted y luego actúan como lo hacen ustedes en el Consejo. 
¿Qué se proponen en realidad? 
¿Qué defiende usted hoy? 
Yo aprendí en el colegio que el Parlamento debe controlar y el Gobierno debe gobernar. 
¿Dónde gobierna usted? 
Con Konrad Adenauer, con François Mitterand y también con Helmut Kohl, uno sabía qué posición representaban tratándose de Europa. 
Pero, ¿qué representa ahora el Consejo? 
¿Por qué no declara usted sin rodeos que por fin desean una Europa sinceramente democrática y transparente, con todas las consecuencias? 
¿Tan difícil le resulta asumir la responsabilidad ante sus electores? 
¿Qué está ocurriendo en Suecia? 
Nosotros admiramos su país; yo mismo soy un entusiasta admirador de su transparencia política, y ahora siento que les falta valor a la hora de abordar estos temas de central importancia para el futuro. 
Si en lugar de guiar, se limita a seducir y, encima, no a la radiante novia Europa con perspectivas de futuro, sino a la falsa novia, o sea a la Europa nacional, con la mirada vuelta hacia el pasado, corre usted el riesgo de pasar a la historia como la sepulturera de Europa, por no haber querido ni haber sido capaz de explicar a sus ciudadanos que la Unión Europea desempeña un papel irrenunciable en la era de la globalización y éste exige su fundamental democratización y su subordinación al principio de subsidiariedad. 
Yo espero que Suecia todavía tenga el valor de hacer algo. ¡Salte las barreras de su lisonjera habilidad diplomática y suscriba la división de poderes y la constitucionalización de Europa! 
Yo confío en su ambición. 
. 
Me parece que he notado en las intervenciones de los Sres. Poettering, Barón Crespo, Cox y otros que, a pesar de todo, existe la voluntad de debatir ampliamente asuntos de fondo y de forma, lo que me parece muy bien. 
Me gustaría comentar algunas intervenciones y empezaré con la primera de ellas, la del Sr. Poettering. 
Una vez más: la apertura y la transparencia son asuntos fundamentales para la Presidencia sueca. 
En esto, me consta que el Parlamento y la Presidencia sueca tienen mucho en común, y espero que podamos ayudarnos mutuamente para conseguir el máximo de apertura y transparencia posibles. 
Obviamente, también necesitaremos llegar a acuerdos sobre este tema con los países miembros. 
Después tenemos el gran asunto de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Es importante que lo recordemos, tal como lo señaló la diputada Berès al final. 
Entiendo que el Parlamento está muy interesado- y también yo lo estoy- en la discusión acerca de cómo vamos a adoptar las decisiones, qué tipo de debate precederá a esas decisiones, cómo lo prepararemos y cuál podría ser el papel de una convención. 
Los diputados que intervinieron al principio se ocuparon de estos asuntos. 
La discusión ha demostrado que el debate deberá ser amplio, pero, a mi juicio, es demasiado temprano para tomar decisiones definitivas, ya que hay ventajas y desventajas. 
Las ventajas son evidentes- un debate y una participación amplias- pero incluso en esto hay algunas interrogantes. 
¿Qué Estados miembros, países candidatos y organizaciones participarán? 
Hoy no es posible tomar una decisión definitiva. 
Hay quienes destacan las desventajas. 
Si la participación es demasiado numerosa, puede llegar a ser contraproducente. 
Además, la toma de decisiones podría hacerse difusa, ya que la convención presenta propuestas y la Conferencia Intergubernamental toma las decisiones. 
Aunque se prefiera el método del convento, también hay que discutir sus desventajas. 
Por eso, ¡discutamos estos asuntos minuciosamente! 
El Consejo no ha dado su aprobación, pero tampoco ha rechazado el método de la convención, y nosotros no hemos dicho en absoluto que le tengamos miedo. 
Hemos dicho que hay que discutir los temas de fondo en torno al futuro de Europa y los métodos, incluido el de la convención. 
Tal como lo señaló el Sr. Brok, es obvio que el Parlamento Europeo participe en todas las fases del debate. 
Ustedes han participado e iniciado el debate sobre el futuro. 
Ustedes participaron e iniciaron la página en Internet. 
No sé realmente qué ha visto el diputado Elles, pero puedo asegurarle que aparece el Parlamento. 
Además, hay numerosas intervenciones, de modo que tiene que ser un error que éstas no aparezcan hoy. 
Este debate es un ejemplo más de la participación del Parlamento, pero también quisiéramos conocer la opinión del Parlamento sobre esta materia, espero que la conozcamos en mayo. 
Por ese motivo, creo que es importante que esta opinión forme parte de las próximas discusiones. 
Permítanme comentar también otros asuntos. 
El diputado Cox me preguntaba por qué dije que hay que simplificar los tratados sin alterar sus contenidos. 
Puedo contestarle diciendo que he citado la decisión de Niza. 
Al Sr. Barón Crespo quisiera decirle que es obvio que estamos en contacto con la realidad. 
He participado en muchos debates que han tenido lugar en centros de enseñanza suecos. 
Supongo que también ustedes habrán visitado colegios. 
En mi opinión, es importante que también el Parlamento esté en contacto con la realidad y discuta los temas de fondo. 
Las preguntas de los estudiantes y del público son mucho más amplias que las que nos hemos planteado hoy aquí. 
También me gustaría decirle al Sr. Barón Crespo que, sin lugar a dudas, el Parlamento ha sido invitado a participar desde el principio en el lanzamiento del futuro de Europa. 
En relación con la sociedad civil, quisiera decirle a la diputada Frassoni que, desgraciadamente, seguramente hay algún problema con las traducciones. 
La Presidencia sueca ha demostrado un gran interés por la sociedad civil. 
En mi primera intervención señalé algunos ejemplos de grandes conferencias que organizaremos en Suecia y en otros países. 
En relación con la Cumbre de Gotemburgo, organizaremos tres foros amplios de los que se encargará la sociedad civil. 
Además, tenemos una vasta colaboración en torno a las ciudades hermanas. 
También tenemos gran interés por los colegios y universidades. 
En lo personal, varias clases de colegios me sirven como grupos de referencia, cosa que puedo recomendar. 
El diputado Bonde se refirió a la página en Internet y dijo que los únicos que pueden escribir en ella son el Primer Ministro Persson y otros potentados. 
Le recomiendo que la visite, ya que en ella se recogen muchas opiniones. En mi primera intervención cité, entre otras cosas, opiniones de Dinamarca y del Reino Unido; colaboraciones de ciudadanos de esos dos países. 
Este debate es, obviamente, muy importante para el futuro. 
Cuento con que volveremos a discutir los métodos, la convención y las formas de ampliar el debate. 
Pero no hay que olvidar que el debate amplio deberá versar sobre temas de fondo, es decir, cómo podrá Europa hacer frente a la globalización, al empleo, a los problemas medioambientales y a los otros asuntos que se debatirán esta tarde. 
Por tanto, ¡discutamos el futuro de Europa, tanto los métodos como los temas de fondo! 
. (FR) Señor Presidente, quisiera en esta fase, dando las gracias a cada una y a cada uno de ustedes, señoras y señores Diputados, referirme brevemente a algunos puntos, a algunas cuestiones concretas que varios de ustedes han planteado, quedando entendido que, por lo demás, sólo puedo confirmar, en nombre del Presidente Prodi y en mi propio nombre, la disponibilidad de la Comisión para continuar trabajando en buena armonía y de común acuerdo con esta Asamblea, en esta fase del debate tan trascendental para el futuro, como decía la Sra. Bérès- y esto es lo que cuenta. 
La Sra. Lindh acaba de decir algo sobre la cuestión del sitio que muchos de ustedes han mencionado, James Elles y la Sra. Malmström. 
Este sitio está en período de rodaje; por tanto, seamos comprensivos. 
Se ha abierto hace justamente una semana. 
Pienso que todas sus observaciones son útiles para que sea un verdadero sitio ciudadano. 
Nuestra idea, además, es gestionar este sitio entre varias instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo, pero estoy de acuerdo en que hay que hacer que progrese y quizás también comprender su papel, pues debe servir de plataforma para los debates nacionales que pronto van a organizarse en los Estados miembros. 
Esta es mi primera respuesta, pero este sitio debe mejorarse y la Comisión contribuirá a ello. 
El Sr. Seguro ha planteado una pregunta al Presidente de la Comisión y al Comisario. 
Sí, señor Seguro, vamos a continuar visitando- como es costumbre del Presidente y como lo hace en relación con el debate sobre el futuro, pero también sobre muchos otros asuntos- a los gobiernos en cada una de las capitales, no solamente de los Estados miembros, sino como ha hecho el Sr. Prodi, como lo hacemos todos, también en las capitales de los países candidatos. 
Y añado que continuaremos también visitando los Parlamentos nacionales, lo que no era quizás costumbre de la Comisión hasta ahora. 
Yo mismo, en los debates que precedieron a Niza, me he preocupado de ir al encuentro de los Parlamentos nacionales y, con toda sinceridad, no lo lamento. 
El Sr. Leinen ha citado, igual que el Sr. Dupuis, la preocupación que nosotros hemos expresado, por voz de nuestro Presidente, en relación con 2004, que será un año extremadamente cargado. 
Es el año en el que vamos a presentar la nueva Agenda, después de Berlín, es el año en el que se cerrarán- si no lo han hecho ya- muchas negociaciones de adhesión; es el año de la renovación del Parlamento Europeo y es el último año de nuestra Comisión. 
Por tanto, cuanto antes podamos llegar, a comienzos de 2004 y quizás, señor Leinen, por que no en Roma, a finales de 2003, mejor será para todo el mundo, para nosotros y para ustedes y, por tanto, necesariamente para el propio debate europeo. 
Pero esta respuesta también está en manos de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Por tanto, doy las gracias a cada uno y a cada una de ustedes, en especial a los presidentes de grupo que han expresado sus deseos y su conformidad con las ideas o las orientaciones de la Comisión. 
Vamos a continuar trabajando juntos, y me permitirán expresar una última palabra de agradecimiento personal al Sr. Desama, en el emocionante momento en el que deja esta Asamblea para dedicarse a responsabilidades más locales. 
Estoy seguro que la profesión de fe europea que ha hecho, no la olvidará en su cargo de burgomaestre al que accederá en las próximas semanas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden, quisiera que constara en Acta un asunto que planteé en la Conferencia de Presidentes. 
Se trata del nombre del sitio web: www.europa.eu.int/futurum. 
¿No podríamos encontrar un nombre que resulte más atractivo a los ojos de los usuarios, como hello.com, que facilite un acceso rápido al mismo? 
Señor Presidente, quería comprobar el sitio web que he visitado esta mañana, justo antes de presente debate. 
Puedo asegurarle, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, que en la versión inglesa no se menciona el nombre del representante del Parlamento Europeo en la reunión del 7 de marzo, por lo que le quedaría agradecido si pudiera adaptarla a la versión sueca que, presumiblemente, estará actualizada según nos ha comunicado esta mañana. 
Admiro a todos colegas que disponen de tanto tiempo para navegar por Internet. 
A mi también me gustaría hacerlo. 
Trabajos preparatorios con vistas al Consejo Europeo de Estocolmo (23/24 de marzo de 2001) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los trabajos preparatorios con vistas al Consejo Europeo de Estocolmo, los días 23 y 24 de marzo próximos. 
Seguidamente concedo la palabra a la señora Lindh, Presidenta en ejercicio del Consejo. 
. 
(SV) Señora presidenta, acabamos de discutir el futuro de Europa. 
Sin lugar a dudas, una nueva Europa, una nueva Unión, está tomando forma. 
Es evidente que el cambio más considerable es la ampliación; la UE está allanando el camino para la histórica reunificación de Europa. 
Además, hemos dado comienzo al debate sobre el futuro y nos preguntamos qué Europa queremos tener. 
No obstante, ahora discutimos el tercer gran proceso de reformas. Esto es, la modernización del modelo europeo, en el que el Consejo Europeo de Estocolmo del 23 y 24 de marzo tiene un papel destacado. 
Se trata de alcanzar el pleno empleo en la Unión. 
Se trata de la calidad de los empleos y de la formación continua. 
Se trata de las reformas sociales y económicas. 
El año pasado, la Unión tomó una decisión histórica al ocuparse de estas materias. 
Son asuntos fundamentales para los ciudadanos y, en consecuencia, para la legitimidad política de la Unión. 
Todavía hay 14 millones de personas sin empleo en Europa: un derroche de recursos económicos gigantesco y un desprecio por los conocimientos y los anhelos de los individuos. 
Contar con un trabajo que asegure la subsistencia fortalece la sensación de participación, de seguridad y de dignidad, mientras que el desempleo da origen a inseguridad, marginación y xenofobia. 
La consecución del pleno empleo y de una mayor competitividad supone que se hagan reformas económicas y sociales, tales como el desarrollo de la enseñanza y de la formación continua, más igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, modernización de la protección social, fortalecimiento del bienestar y mejoramiento de la calidad de los empleos. 
Presupone también mercados abiertos y que funcionen bien, una política macroeconómica sana y un clima empresarial que facilite las inversiones y el establecimiento de nuevas empresas, especialmente en sectores que crecen, como el de las tecnologías de la información y el de la biotécnica. 
Habrá que encontrar el equilibrio entre las reformas sociales y las económicas. 
La mutua dependencia de esos sectores es requisito para que la Unión alcance las ambiciosas metas que se ha propuesto para el año 2010: crear la economía más intensiva en conocimientos del mundo, crear 20 millones de puestos de trabajo y combinar la competitividad con una mayor cohesión social. 
El Consejo Europeo de Estocolmo será la primera de una serie de Cumbres que se realizarán en la primavera en las que se analizarán, crítica y abiertamente, los avances alcanzados y se darán nuevos pasos. 
Estos trabajos serán impulsados tanto por del Derecho Comunitario como por el nuevo método abierto de coordinación. 
Tal como muchos oradores han señalado, es importante estudiar nuestras medidas en el marco del Proceso de Lisboa. 
No debemos desvirtuar este proceso incorporando demasiados temas nuevos. 
No se necesitan nuevos procesos sino que, por el contrario, hay que dar prioridad a ciertos sectores. 
En primer lugar, en Estocolmo queremos fortalecer aún más los ambiciosos objetivos del empleo, que para el año 2010 se han fijado en el 70 por ciento del total de los trabajadores y el 60 por ciento para las mujeres. 
Hay que sopesar la fijación tanto de metas para el año 2005 como de objetivos especiales para los mayores, grupo con un enorme potencial, ya que actualmente trabaja sólo el 38 por ciento de las personas de entre 55 y 64 años. 
Nuestras vidas se alargan y somos cada vez más sanos, pero muchas personas mayores no tienen cabida en el mercado laboral; es una situación absurda. 
Queremos fijar unas metas sociales importantes en relación con la igualdad de oportunidades, el pluralismo y la participación en los centros laborales. 
"El buen empleo" -el desarrollo de la calidad del empleo- concierne tanto al bienestar como a la mejor utilización de la capacidad de los trabajadores. 
Queremos destacar la importancia primordial de la formación continua en el desarrollo individual y en la competitividad en Europa y nos interesa, además, estimular a la Comisión para que fije objetivos en torno a la formación continua. 
En segundo lugar, esperamos que en Estocolmo se avance en la modernización de la economía europea. 
Queremos impulsar la reforma de los mercados financieros y crear un mercado común para los servicios financieros a más tardar el año 2005, y para los capitales de riesgo en 2003. 
Para esto se precisa, tal como lo señaló el barón Lamfalussy en su informe, un proceso de decisión más eficaz. 
Esperamos que en la Cumbre se alcancen acuerdos en esta materia. 
Además, hay que continuar con los esfuerzos para abrir los mercados de la electricidad, del gas, de los correos, de los ferrocarriles y del tráfico aéreo. 
La apertura del mercado de productos y capitales no es un objetivo en sí. 
No lo hacemos sólo porque implica crecimiento y mayor empleo, sino que también porque es provechoso para los consumidores. 
En este contexto, la política comercial externa también es importante, ya que a los consumidores europeos les beneficia un comercio mundial justo y libre. 
En tercer lugar, en Estocolmo habrá que afrontar el desarrollo demográfico europeo. 
Las bajas tasas de natalidad y la creciente cantidad de personas mayores amenazan con aumentar considerablemente la carga de las personas en situación de trabajar a partir del año 2010. 
Por eso se necesita una revisión minuciosa de los sistemas de pensiones y una discusión sobre la atención infantil y también, quizás, sobre la sanidad y los servicios de geriatría. 
Los sistemas de seguridad social tienen que posibilitar la combinación de la vida familiar y laboral. 
Para afrontar el reto demográfico, se necesitan también medidas para aumentar tanto la participación en el mercado laboral como la igualdad de oportunidades y la formación continua. 
En cuarto lugar, en Estocolmo habrá que dar facilidades a las nuevas tecnologías para fortalecer el crecimiento y mejorar la situación de los ciudadanos. 
Nos interesa desarrollar la posibilidad de crear mejores medicinas por medio de la biotecnología, tomando en consideración, evidentemente, la dimensión ética y moral. 
Queremos desarrollar la eEurope y paliar las diferencias digitales, esto es, que todos tengan acceso a las tecnologías de la información. 
En relación con el debate anterior, puedo informarles que la Comisión es la responsable de la página de Internet. 
A ella podrán dirigirse con sus comentarios. 
En quinto lugar, en Estocolmo tendremos que incluir la perspectiva medioambiental que faltó en la estrategia de Lisboa y, además, tender un puente hacia la Cumbre de Gotemburgo. 
Queremos que las tecnologías respetuosas del medio ambiente sean consideradas como factores valiosos para el crecimiento y el empleo y, además, hacer hincapié en la importancia del uso eficaz de la energía. 
El Consejo de Ministros está estudiando cómo involucrar a los países candidatos en todos estos asuntos. 
Me gustaría subrayar también la importancia del buen éxito de la Unión Económica y Monetaria. 
Suecia, como país que ejerce la Presidencia, trabajará enérgicamente para que la introducción de los nuevos billetes y monedas que se realizará a partir de 2002 en los países de la UEM, sea un completo éxito. 
Nos interesa a todos. 
Además, quiero mencionar que el Presidente de Rusia, el Sr. Putin, visitará Estocolmo el 23 de marzo para asistir a un almuerzo de trabajo con los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE. 
Damos por sentado que las conversaciones con el Sr. Putin versarán sobre asuntos económicos y sociales. 
Como es su costumbre, el Consejo Europeo se ocupará también de materias contingentes de política internacional, por ejemplo, Oriente Medio, el Oeste de los Balcanes y la Península de Corea. 
Señora Presidenta, el empleo y el bienestar son los asuntos más importantes para los ciudadanos. 
Si fracasáramos, además de aumentar el desempleo, la xenofobia y las diferencias sociales, crecería la desconfianza en la Unión. 
Por ese motivo, el Proceso de Lisboa es una condición no sólo para el crecimiento sostenible, el pleno empleo y la cohesión social en Europa, sino que también para la credibilidad de la cooperación europea. 
El Parlamento Europeo ha impulsado todas estas materias y, gracias a que combina el arraigo popular con la responsabilidad por los asuntos europeos, tendrá un papel protagonista en los futuros trabajos. 
¡Espero sus comentarios! 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, permítanme ante todo felicitar a la Presidencia por el excelente trabajo preparatorio realizado con vistas a la Cumbre de Estocolmo que se celebrará la semana próxima. 
La Presidencia ha organizado asimismo, tal como se acaba de anunciar, un encuentro entre las autoridades de la Unión Europea y el Presidente Putin, similar al encuentro con el Presidente Bush programado para junio en Göteborg. 
Esto nos brindará una magnifica ocasión para analizar los principales aspectos de nuestra asociación con Rusia y, después, con Estados Unidos. 
En particular, espero que podremos recapitular los progresos del programa ruso de reforma económica, las mejoras de las condiciones de las inversiones, indispensables para el éxito de nuestro diálogo sobre la energía y sobre todos los problemas, incluso los relacionados con los derechos de los ciudadanos, unos problemas muy serios sobre los cuales vamos a discutir. 
El segundo tema sobre el que deseo extenderme es el "Informe de primavera" de la Comisión. 
Hace exactamente un año, me presenté ante este Pleno para ilustrarles la aportación de la Comisión con vistas a la Cumbre de Lisboa. 
En Lisboa, la Comisión propuso una detallada estrategia para convertir a Europa en dinámica y competitiva promoviendo la solidaridad y la inclusión social.: una estrategia orientada a garantizar que el progreso económico y el progreso social avancen a un tiempo en Europa. 
El resultado de esa Cumbre fue muy positivo: los Estados miembros adoptaron por unanimidad la mayor parte de las propuestas de la Comisión. 
La estrategia de Lisboa se caracteriza por dos aspectos: en primer lugar, está estructurada y, lejos de contraponerse, los programas de acción en el ámbito social y económico se sostienen mutuamente. En segundo lugar, asigna a los distintos protagonistas tareas específica para que las realicen en plazos concretos. 
Por lo tanto, la responsabilidad y las metas a alcanzar son claras y estamos en disposición de cuantificar concretamente nuestros progresos. 
La estrategia de Lisboa se articula a lo largo de un período de diez años, sin embargo, los progresos se deben evaluar cada año con ocasión del Consejo Europeo de primavera. 
Para permitir dicha evaluación, la Comisión elabora un informe anual sobre los progresos conseguidos que se denomina informe de síntesis- con uno de esos extraños nombres que siempre utilizamos- y que presentaré a este Pleno cada año, en esta época. 
Dicho informe se convertirá en el principal instrumento de coordinación de la política económica y social a disposición de la Comisión. 
Si el Consejo Europeo de Göteborg da su visto bueno, añadiremos una dimensión medioambiental, dotando a Europa de una estrategia global también para el desarrollo sostenible. 
El informe de síntesis ilustrará los éxitos que hemos conseguido después de Lisboa, pero también establecerá los sectores en que es preciso intervenir más rápidamente y con mayor decisión. 
Entre los éxitos iniciales de los que este año me siento orgulloso figuran la adopción de la Agenda Social en Niza, la aprobación de una estrategia contra la exclusión social, los progresos realizados en la lucha contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades. 
Estos éxitos son motivo de satisfacción y, en consecuencia, el informe de este año los menciona, aunque sólo sea de pasada, ya que lo que debemos hacer es subrayar los ámbitos que no marchan como es debido. 
Este año vamos a subrayar diez ámbitos en los cuales los progresos son insatisfactorios y en los cuales es necesario un nuevo impulso o un impulso mayor. 
En algunos de estos casos, ello depende de la resistencia de algunos Estados miembros- conviene decirlo- poco convencidos de la urgencia o faltos de voluntad política, o ambas cosas a la vez. 
En nuestro informe, por lo tanto, hacemos recomendaciones muy específicas y en Estocolmo impulsaré con todas mis fuerzas a los Estados miembros para que las sigan. 
Por otra parte, se trata de compromisos que dichos Estados han adquirido y, por lo tanto, los responsables europeos deben cumplir los compromisos asumidos como, por ejemplo, los que se refieren a la patente comunitaria y al programa GALILEO. 
Permítanme extenderme sobre estos dos puntos que considero especialmente importantes. 
La patente comunitaria: hay una urgente necesidad de una patente comunitaria, jurídicamente válida para toda Europa, con una única jurisdicción, para reducir los costes de las empresas, promover la innovación y garantizar un marco concreto al efecto de solucionar las disputas. 
El mundo industrial y la comunidad científica la piden, dado que de ella podrá derivar una importante contribución de cara a la competitividad y al empleo, especialmente en los nuevos sectores que más necesitamos. 
En sus recomendaciones, los Consejos Europeos de Lisboa y de Feira pidieron que la patente comunitaria esté disponible a finales de 2001. 
Repito: lo pidieron los Consejos Europeos de Lisboa y de Feira. 
La Comisión presentó su propuesta en el pasado otoño, no obstante, la incapacidad de alcanzar un acuerdo en el Consejo- como ocurrió también esta semana en el Consejo de "Mercado Interior" -no puede sino preocuparnos. Ante todo, no podemos seguir con unos Consejos en que, incluso en los casos en los que se puede votar por mayoría, se busca la unanimidad y se aplaza el tema. 
Los Estados miembros deben dar muestras de coherencia y de sentido de la responsabilidad para que este proceso llegue a buen fin. 
En segundo lugar, el programa GALILEO. 
La guerra de Kosovo ha demostrado, incluso demasiado claramente, la total dependencia de Europa del sistema americano de navegación por satélite GPS. 
Si por razones militares este sistema no está conectado, las empresas europeas se ven obligadas a suspender muchas de sus actividades. 
Podría citar muchos ejemplos a este respecto. 
El proyecto GALILEO ofrece una alternativa que convertirá a Europa en autosuficiente en lo que se refiere a las señales de navegación por satélite para cualesquiera usos civiles, militares y científicos. 
En este caso no se trata de una oportunidad, sino de una necesidad. 
Bastaría una modesta inyección de fondos públicos para dar el pistoletazo de salida a una masiva afluencia de inversiones privadas, aunque- debo admitirlo- esta participación del sector privado no la hemos estudiado tan a fondo como pedían y piden algunos Gobiernos y como, por otra parte, nos hemos comprometido a profundizar. 
Este proyecto que constato que para muchos países se ha convertido en algo que no hay que llevar a cabo, es capaz de crear más de 100.000 puestos de trabajo de alto nivel científico. 
En consecuencia, invito a este Pleno y al Consejo a que alcancen cuanto antes un acuerdo sobre la próxima fase de este importante proyecto, y la Comisión, por su parte, mostrará la flexibilidad necesaria respecto a la participación del capital privado. 
Señoras y señores diputados, ahora me voy a detener en uno de los diez ámbitos prioritarios que hemos determinado. 
No pretendo hacer, por decirlo así, un árbol de Navidad. Examinemos tan sólo uno de estos puntos, el último: una protección social eficaz para una población que envejece. 
He elegido este tema porque me interesa muy especialmente y porque su alcance es enorme, así como porque tiene profundas repercusiones en todas nuestras políticas, porque nos lleva de Estocolmo a Göteborg que significa desarrollo sostenible y, por último, porque se trata de un problema que nos acompañará durante muchísimos años. 
El programa de Lisboa se inserta en el marco de un gran reto: el envejecimiento de nuestra población. 
Los europeos, por suerte, viven más tiempo, pero también tienen menos hijos y trabajan menos. 
Actualmente, en la Unión Europea, por cada persona de 65 años o más hay cuatro personas en edad laboral. Dentro de veinte años habrá tres y dentro de cuarenta sólo dos. 
Estos son los datos existentes, ya que los no nacidos ya no pueden nacer: estos son los datos de la demografía en curso. 
Esto vale también para casi todos los países candidatos y no sólo para los Estados miembros. 
En otras palabras, una fuerza de trabajo destinada a reducirse deberá sostener a un número de no trabajadores en rápido aumento también en la Unión ampliada. 
Estos son unos meros datos estadísticos que debemos tener en cuenta. 
¿Queremos que Europa siga siendo la sociedad justa y solidaria que es nuestro objetivo? 
¿Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten del mismo nivel de seguridad social que nosotros ya damos por descontado? 
Entonces, debemos modernizar nuestro bienestar y nuestros sistemas de pensiones y convertirlos en sostenibles, es decir, prolongables en el tiempo. 
Nos hace falta una estrategia para consolidar la competitividad de Europa a largo plazo, sin renunciar a la inclusión social, característica de nuestra sociedades. 
Quiero que Europa no solo sea la región más competitiva del mundo, sino que alcance el máximo grado de inclusión social. 
La posguerra ha llevado a todos los Estados de la sociedad europea una prosperidad sin precedentes. 
Hoy por hoy, nuestras sociedades son por término medio las más ricas de la historia. 
Al mismo tiempo, unos sistemas asistenciales y de pensiones bien desarrollados han distribuido nuestra riqueza para garantizar un mínimo de justicia social: no la que queríamos pero, en todo caso, un mínimo de justicia social. 
Sin embargo, estos sistemas se han construido sobre la base del criterio de poblaciones en expansión o, como mínimo, estables. 
Ahora que la población activa se va reduciendo, corremos el riesgo de una posible crisis estructural en la distribución de la riqueza: una crisis que, en cosa de unas décadas, podría afectar gravemente a la competitividad de la Unión Europea y al funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, así como nuestro modelo social, ya que nuestro objetivo es mantener un serio modelo de protección social. 
Por consiguiente, debemos actuar enseguida, elaborar un conjunto de políticas a largo plazo y poner en marcha una reflexión muy profunda preguntándonos qué tipo de justicia social y de igualdad intergeneracional queremos y cuáles son nuestros criterios políticos para alcanzarla. 
Naturalmente, los sistemas de protección social entran dentro de las competencias nacionales. 
Lo repito: les corresponde, principalmente, a los Estados miembros y no a las Instituciones europeas introducir las reformas necesarias. 
Sin embargo, hay ámbitos claves en los cuales debemos elaborar estrategias adecuadas: igualdad intergeneracional, distribución del trabajo, política social y familiar, inmigración. 
A pesar de la autonomía de los Gobiernos nacionales, debemos reflexionar sobre estos temas para desarrollarlas. 
En primer lugar: igualdad intergeneracional. 
El envejecimiento de nuestras sociedades impone a algunas generaciones una fuerte carga financiera añadida. 
A falta de correctivos, los jóvenes de hoy deberán pagar no solo las pensiones de jubilación de sus padres y de sus abuelos, sino también las suyas, porque cuando se jubilarán el sistema será inservible. 
Si no introducimos correctivos para tener plenamente en cuenta el factor demográfico, parte de la generación adulta actual quedará sumida en la pobreza. 
En segundo lugar: distribución del trabajo. 
No todos aquellos que están en edad de trabajar lo hacen realmente. 
Aparte las dificultades que impiden a los jóvenes incorporarse al mercado de trabajo con rapidez, existe la tendencia a la prejubilación que acorta diez o más años la vida laboral de las personas. 
Todo esto no hace más que exacerbar la presión a largo plazo sobre los sistemas de pensiones. 
Asimismo, y aproximadamente a partir del año 2007, quizás nuestra fuerza de trabajo sea insuficiente para satisfacer nuestras necesidades económicas. 
La Unión deberá resolver un problema de falta de mano de obra. 
En el futuro, por lo tanto, todas las generaciones tendrán que trabajar más tiempo: hemos de mantener a las personas mayores económicamente activas al menos a tiempo parcial y debemos procurar que reúnan los conocimientos necesarios para tipos de trabajo que para ellos podrán resultar incluso nuevos. 
En consecuencia, instaremos a los Estados miembros- y es nuestra misión hacerlo- a que inviertan mucho más, si cabe, en la educación y en la formación de todos, jóvenes y mayores. 
La educación permanente a lo largo de la vida es indispensable para actualizar constantemente los conocimientos de la población y para permitir que se adapte al cambio. 
Esta política deberá contribuir a reducir la falta de mano de obra, a mejorar la igualdad intergeneracional y a ofrecer a los ciudadanos una vejez más satisfactoria. 
En tercer lugar: política familiar y social. 
Decididamente, hay muy pocas mujeres que trabajan: la tasa de empleo de la mujer está apenas por encima del 70% que la de los hombres. 
En su informe para la Cumbre de Estocolmo, la Comisión invita a los Estados miembros a que incrementen la posibilidad de incorporación o de reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo. 
Obviamente, es preciso ofrecer a las mujeres las mismas oportunidades, las mismas condiciones y los mismos programas de pensiones que tienen los hombres. Asimismo es preciso convertir en más fácil para ambos sexos conciliar la vida familiar con la vida laboral, especialmente si queremos animar a las familias a tener más niños. 
En resumen, debemos cuidar cada vez mejor nuestros cada vez más escasos recursos humanos. 
Otra manera para aumentar las dimensiones de nuestra fuerza de trabajo es traer a la Unión a jóvenes con conocimientos adecuados. Del mismo modo que tenemos un mercado de trabajo sin fronteras a escala europea, hemos de dotarnos urgentemente de una política de inmigración a escala europea. 
La base de dicha política debe ser la evaluación común del desarrollo económico y demográfico dentro de la Unión, ya auspiciada por el Consejo Europeo de Tampere. 
En el mes de noviembre pasado, la Comisión publicó una comunicación al respecto que espero que este Pleno y el Consejo examinen sin demora. 
Señora Presidenta, señora Ministra, Señorías, acabo de decir que las pensiones y los sistemas de protección social son fundamentalmente nacionales y que les corresponde a los Estados miembros elaborar las reformas. 
No obstante, la Unión Europea tiene una responsabilidad en este terreno, y la Comisión tiene una en particular. 
Por lo tanto, para terminar mi discurso, permítanme ilustrarles las líneas de actuación de la Comisión para dar respuestas adecuadas a los problemas relacionados con el envejecimiento. 
Uno de los grandes éxitos de Lisboa ha sido que los Estados miembros acordaron por vez primera coordinar sus acciones en materia de reforma del bienestar intercambiando experiencias y buenas prácticas. 
Asimismo, otorgaron mandato al Grupo de "protección social" para estudiar la sostenibilidad de la protección social y, en particular, de los sistemas de pensiones sobre la base de una comunicación de la Comisión. 
En consecuencia, la reforma del bienestar entra en el ámbito de la agenda de Lisboa, y la Comisión cumple el cometido que le fue encomendado. 
Por consiguiente, La comisión aclarará el alcance real del problema demográfico para que resulte comprensible a la opinión pública europea. 
En primer lugar, actualmente, los sistemas contables de nuestras finanzas públicas no indican cuál es la situación real. 
Debemos elaborar indicadores que muestren las repercusiones a largo plazo de nuestras decisiones en materia fiscal y de gasto social, en particular en lo referente a las pensiones. 
En segundo lugar, debemos intentar que el mercado único surta plenamente sus efectos en las pensiones. 
Actualmente, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de los seguros, los fondos de pensiones no están amparados por un marco jurídico a nivel de la Unión Europea. 
La Comisión, sin embargo, está trabajando intensamente al objeto de lograr que el mercado único tenga plenamente sus efectos. 
Tenemos una propuesta de directiva respecto a la cual espero que el Consejo proceda rápidamente. 
Dicha directiva forma parte de nuestro plan de acción para los servicios financieros que el Consejo Europeo ha acordado que se deberá ejecutar en el plazo de cinco años. 
Por lo tanto, invito a este Pleno y al Consejo a que aceleren sus trabajos sobre este plan. 
Un mercado paneuropeo de los fondos de pensiones regulado aumentará la movilidad de los trabajadores y de los pensionistas y les ofrecerá unas condiciones más favorables. 
Hasta la fecha, los mecanismos de jubilación son inútilmente costosos y éste es un despilfarro que no nos podemos permitir. 
Por lo tanto, los programas de jubilación se deben convertir en totalmente transferibles en la Unión Europea. 
En Estocolmo los Estados miembros deberán eliminar las barreras fiscales que obstaculizan el pago transfronterizo de las cotizaciones correspondientes a las pensiones y la gestión transfronteriza de los fondos de pensiones. 
No se trata de una revolución fiscal, sino de una adecuación de sentido común a la que los ciudadanos tienen pleno derecho. 
Una coordinación entre los sistemas fiscales nacionales en estos puntos es esencial y la Comisión presentará sus propuestas al respecto. 
En tercer lugar, es fundamental hacer frente a las consecuencias del envejecimiento en las finanzas públicas. 
Los efectos del envejecimiento en nuestros sistemas sociales deben reforzar nuestro compromiso de reducir la deuda pública. 
Los intereses ahorrados se deben utilizar para apoyar las pensiones y la salud. 
Es una cuestión de justicia social y el informe de síntesis de la Comisión invitará a los Estados miembros a que lleven adelante las reformas emprendidas en este sentido. 
Los ciudadanos necesitan tiempo para organizarse de cara a la vejez: debemos intervenir ahora para impedir que la opinión pública deje de creer en los sistemas de protección social. 
Por último, y en cuarto lugar, debemos incorporar el aspecto de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas a la Unión Económica y Monetaria. 
La regla actual del saldo próximo al equilibrio contenida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria ha prestado un servicio enorme a la seguridad de las pensiones. 
Esto es algo que hemos de admitir y de lo que debemos de sentirnos orgullosos, sin embargo, la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas no figura entre los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Supongamos, por ejemplo, que un determinado Estado miembro tiene los presupuestos en equilibrio, pero que sus programa de gasto comportan crecientes déficits y endeudamiento de aquí a diez años. 
En una situación de estas características la Unión Europea no puede hacer nada para inducir a ese Estado a que cambie de rumbo, ya que la Unión Europea no posee los instrumentos necesarios ni los instrumentos para influir en la calidad de los ajustes realizados. 
Sin embargo, las posibilidades de éxito a largo plazo en ese Estado dependen de manera determinante de la capacidad de realizar ahora los ajustes necesarios. 
Este aspecto era menos importante en la fase de introducción de la Unión Económica y Monetaria en la que era necesario intervenir desde una óptica a corto y medio plazo; sin embargo, el envejecimiento de la población europea hace indispensable una intervención a largo plazo en las finanzas públicas. 
Por lo tanto, lo que nos hace falta es un renovado compromiso de mantener en equilibrio nuestras finanzas públicas para convertir la protección social en sostenible a largo plazo. 
En efecto, unos sistemas financieros saneados forman parte integrante de la estrategia para el desarrollo sostenible en Europa. 
La Comisión propondrá un proyecto de este tipo que será el tema principal de la Cumbre de Göteborg que se celebrará en junio. 
Señora Presidenta, Señorías, el tema que he decidido abordar hoy en este Pleno es un tema difícil y técnico, no obstante, es un tema crucial para la prosperidad de las futuras generaciones en Europa. 
No existe ni existirá un único modelo de inclusión social en Europa: cada Estado miembro hará su elección que reflejará sus tradiciones, su cultura y la voluntad de su población. 
Sin embargo, tenemos que poner a punto un marco general y esto se puede hacer únicamente en el ámbito de la Unión Europea. 
Naturalmente, esta Asamblea es la Institución europea en la que deben desarrollarse los debates democráticos sobre los aspectos fundamentales del futuro de nuestros ciudadanos. 
Por este motivo, mi Comisión está en disposición de cumplir junto con ustedes, Señorías, su papel hasta el fondo. 
Señora Presidenta, distinguida Presidenta en ejercicio del Consejo, Sra. Lindh, distinguido Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, el objetivo que se fijó la Unión hace un año en Lisboa de convertirse en la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social, no deja de ser ambicioso. 
Podemos estar todos de acuerdo en los objetivos; en cambio, existen claras diferencias políticas en cuanto a la elección y prioridad de los medios a utilizar. 
Nosotros, en el Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos, destacamos que los medios más importantes para la completa operatividad del mercado interior son la rápida apertura a la competencia de los monopolios, tales como la electricidad, el gas y los servicios de correos, y la organización de concursos verdaderamente abiertos para la adjudicación de las adquisiciones públicas, sin el pretexto de la situación laboral local. 
Nosotros resaltamos que los objetivos en materia de creación de empleo se alcanzan incentivando el espíritu emprendedor, ámbito en el que la pequeña y mediana empresa proporcionan el mayor número de puestos de trabajo. 
Destacamos que los mayores enemigos del empleo son la creación desmesurada de normativas, la fe exagerada en la omnipotencia de la legislación y la existencia de una fiscalidad extenuante. 
También destacamos que una economía innovadora basada en la utilización del conocimiento, en cuyo marco todo el mundo cuente con las mismas oportunidades y el individuo goce del derecho a medrar y a vivir su vida en consonancia con sus propios objetivos, es una economía que implica la reforma de los mercados laborales europeos en una dirección mucho más flexible. 
Precisamente es la falta de flexibilidad lo que nos diferencia de la economía de EEUU, que es mucho más eficiente Otra fórmula para incrementar la eficiencia será impulsar la consolidación de nuestro sistema educativo, haciéndolo más adaptable a las necesidades de los individuos. 
Nosotros hemos de contar con centros educativos públicos, pero también con centros privados, con el fin de que surja una situación de competencia tanto en el ámbito del alumnado, como en el de la oferta de especialidades de formación. 
También creemos que la modernización del modelo social europeo debe volver a adquirir el impulso perdido por medio de un desarrollo que, con objeto de seguir conservando la cohesión social, contemple una menor dependencia de las soluciones colectivas basadas en la subvención pública. 
Cuando se quiere llegar a ser la mejor economía del mundo, hay que formularse preguntas. 
¿Ha crecido la economía de EEUU porque allí se establezcan restricciones, se apliquen impuestos excesivos, se ejerza una supuesta protección por medio de la legislación, se mantengan artificialmente puestos de trabajo improductivos, se limite la competencia y se aspire a incrementar la burocracia del Estado Federal? 
En absoluto, todo lo contrario. 
¿Viene dado el éxito de Suecia, y por qué no también de Finlandia, como países punteros en Europa en las tecnologías de la información, por el hecho de haber procedido a reglamentar más y más? 
No, sino que se debe a que ambos países invirtieron en formación e investigación durante la última década, incluso algo antes, a la vez que reducían el paternalismo del poder público durante las legislaturas de los gobiernos conservadores. 
¿Ha triunfado Irlanda legislando? 
No, sino que ha liberalizado y ha apoyado las inversiones extranjeras mediante desgravaciones, con tanto éxito que nos vemos tentados incluso a reñirle a causa de su prosperidad. 
Los medios para alcanzar mejores tasas de empleo son simples. 
Son los mencionados anteriormente, y no aquellos medios bienintencionados, aunque ineficaces, tales como el paternalismo estatal, el control y la planificación, que nuestros amigos socialistas tanto resaltan. 
Aunque estemos en vísperas de la Cumbre de Estocolmo, debemos transmitir a la Comisión y al Consejo desde el Parlamento nuestra preocupación común. 
Día a día se ensancha la brecha existente entre los objetivos establecidos y las medidas adoptadas para alcanzarlos, si bien existen diferencias según los países. 
El Consejo debe obtener resultados rápidamente en lo que se refiere a la continuación de las liberalizaciones y a la mejora de la atmósfera que se respira en el mundo empresarial, sobre todo ahora que estamos entrando claramente, con EEUU a la cabeza, en un clima de incertidumbre provocado por la caída de las bolsas y por el debilitamiento de la confianza en el seno de las empresas y de la ciudadanía. 
Si se pierde la confianza, finalizará la bonanza económica, y ¿quién nos garantizará entonces mejores puestos de trabajo, una mejor calidad de la enseñanza y una mayor cohesión social? 
El proceso de Lisboa no es el único que acusa la falta de potencia de la maquinaria europea. 
Aunque las decisiones adoptadas en Tampere sobre la creación de un espacio común de seguridad han pasado a un segundo plano, nos encontramos con una demora en su realización igual o mayor a la del proceso de Lisboa. 
No obstante, sin una lucha eficaz contra la delincuencia no podrá existir un verdadero mercado interior ni una verdadera zona Schengen. 
La existencia de un mercado interior operativo implica, a su vez, la existencia de un transporte aéreo eficaz y seguro. 
En estos momentos dos países, España e Inglaterra, son capaces de torpedear la seguridad y la eficacia del transporte aéreo a causa de un contencioso sobre el insignificante aeropuerto de Gibraltar. 
¡Quién creería que estos dos países están negociando soluciones para la crisis de los Balcanes y para la recrudecida situación de Oriente Próximo! 
Yo también doy las gracias a la señora Ministra Lindh- igual que hizo el presidente de nuestro Grupo, el Sr. Poettering- por el planteamiento tan constructivo imprimido a la Cumbre de Estocolmo: podría incluso decirle a la señora Ministra Lindh que es bienvenida a nuestro Grupo cuando cese en su cargo de ministra, pues ése era nuestro tema preferido de conversación. 
Y ahora me dirijo a usted en la segunda lengua oficial de Finlandia: Minister Lindh, vi behöver åtgärder- inte bara tal om målsättningar! (señora Ministra Lindh, necesitamos hechos concretos, y no sólo palabras sobre los objetivos). 
Me da seguridad, señor Presidente, porque con este ruido, creía que nuestro platillo volante estaba a punto de despegar. 
Señora Presidenta y señores Presidentes, más allá de las resoluciones generalmente incomprensibles que nuestro Parlamento tiene por costumbre adoptar, permítanme exponer algunas ideas simples. 
Primero una observación. 
Nuestra Unión no va demasiado mal. 
Naturalmente, el desempleo es todavía demasiado importante, pero se han creado 2,5 millones de empleos. 
En 2000, hemos conocido un crecimiento económico satisfactorio y Europa se ha convertido en un polo de crecimiento para la economía mundial. 
La inflación es más baja en Europa que en Estados Unidos; los déficits públicos se han reducido; el incremento de los salarios ha estado en consonancia con la productividad alcanzada; el mercado interior, el próximo lanzamiento del euro nos protegerán más de los choques exteriores. 
Así, la ralentización económica americana nos afectará menos que de costumbre, pues los intercambios entre los Quince representan 9/10 de nuestro producto interior común. 
Desde luego Europa sufre déficits, en especial en materia de nuevas tecnologías, siendo menos marcado el fenómeno en las tecnologías de la información que en las biotecnologías. 
Así, en 2000, las inversiones europeas en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación han sido superiores a las de Estados Unidos, pese a que algunos países sufren todavía retrasos importantes. 
La Unión, primera fuerza exportadora del mundo, en 2000 ha realizado 1/5 de sus exportaciones en el sector high tech. 
No todo es perfecto en Europa, lógicamente. 
No invertimos bastante en educación y formación a lo largo de la vida, las inversiones en investigación son deficitarias, nuestros gastos públicos son equiparables a los de Estados Unidos y el sector privado debe realizar un esfuerzo suplementario. 
Podemos hacerlo mejor en muchos ámbitos. 
Estocolmo debe dar los impulsos necesarios, especialmente en los ámbitos del empleo y de los asuntos sociales, como acaba de subrayar la Sra. Lindh. 
Eligiendo buenas alternativas en Estocolmo, vamos a poder engranar un círculo virtuoso que también beneficiará a nuestros socios del resto del mundo. 
Las buenas alternativas no son la liberalización desenfrenada, la desregulación sin consideración para nuestro modelo social, para nuestro marco medioambiental. 
Quedan por hacer reformas estructurales, hay que superar reflejos corporativos y proteccionistas, pero destruyendo un servicio público universal no obtendremos un mejor servicio y precios más bajos para los consumidores. 
Desregulación no quiere decir falta de reglamentos. 
La desregulación conduce siempre a nuevas reglas. 
Estas reglas no son necesariamente favorables a los consumidores, como acaban de comprobar los usuarios de electricidad en California. 
La liberalización del sector de las telecomunicaciones ha registrado resultados sobre todo positivos porque ha tenido lugar al mismo tiempo que la revolución tecnológica con los móviles e Internet. 
La nueva economía sufre sin embargo problemas. 
Cualquier nueva tecnología no es más que un instrumento. 
Incluso añadiendo una e a los términos económicos usuales, no se eliminan las antiguas reglas de la oferta y la demanda, de la necesaria rentabilidad. 
Las bolsas mundiales pagan actualmente muy caro el cumplimiento de las reglas económicas elementales. 
El fin de la exuberancia irracional en los mercados financieros nos ofrece paradójicamente la posibilidad de interesarnos por la economía real, de influir sobre los factores fundamentales del bienestar de nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, terminaré diciendo que invertir en el hombre, en educación, en información, en investigación, en infraestructuras al servicio de la calidad de vida, debe ser la prioridad de Estocolmo, como acaba de recordarlo el Presidente Prodi. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, señores representantes de la Presidencia en ejercicio del Consejo, Señorías, al hacer balance de los resultados que pueden observarse en el primer año de aplicación de los acuerdos de Lisboa, las conclusiones que sacamos son muy limitadas. 
Lisboa estableció un proceso a lo largo de la presente década para hacer de la economía europea la más competitiva, la mejor formada, la más equilibrada socialmente a nivel mundial, pero observamos que, al menos, al final de este primer año, de Lisboa a Estocolmo, los resultados tangibles son escasos. 
Nosotros no estamos satisfechos. 
Creemos que, aunque los objetivos fueron bien establecidos, ni se ha procedido con la debida celeridad al proceso de liberalización que debería mejorar la competencia entre los mercados ni se han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para tener unas infraestructuras mejor dotadas, ni se han puesto en marcha los instrumentos necesarios para conseguir ser más competitivos e igualarnos, especialmente con los Estados Unidos, en los niveles de formación, en los ámbitos en los cuales nos llevan más ventaja, que son el desarrollo tecnológico y la investigación científica. 
Primero, reformas estructurales y liberalización. Segundo, incorporación e interés del sector privado en los ámbitos de educación y enseñanza de alta calidad y tercero, una reforma importante en el mercado laboral que permita, por una parte, favorecer la incorporación de los trabajadores y de los menos favorecidos al mercado del trabajo y, por otra, que haya una mayor y mejor movilidad laboral dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señora Ministra, señor Presidente de la Comisión, algunos breves comentarios sobre el Consejo Europeo de Lisboa y sobre la resolución que hemos firmado, en nombre del Grupo, pero sin mayor entusiasmo. 
Señor Prodi, quisiera hacerle las siguientes observaciones. 
Está claro que en Lisboa, la Unión se marcó un objetivo muy ambicioso, el de una economía competitiva. 
Apoyamos este proyecto, pero queremos también llamar su atención sobre las necesidades de los ciudadanos. 
Un verdadero proyecto para el siglo XXI debe incluir las necesidades reales de los ciudadanos. 
Ayer, leía en el periódico que el mercado de la telefonía móvil está saturado, con unos excedentes de aproximadamente 50 a 60 millones de teléfonos móviles. 
Por otro lado, en la Unión, todavía no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de vivir de forma decente. 
La problemática de las necesidades es, por tanto, esencial para nosotros. 
A este respecto, apoyamos también la idea de los indicadores relativos al medio ambiente y lamentamos que haya que esperar al Consejo Europeo de Barcelona, en 2002, para disponer verdaderamente de una estrategia integrada. 
Por tanto, deseamos éxito a su comunicación sobre el desarrollo estable, pero nos gustaría que las cosas fueran más deprisa. 
En segundo lugar, tratándose de instrumentos, la liberalización de los sectores es una buena cosa, pero debe estar unida a la obligatoriedad de servicios de interés general. 
Desde este punto de vista, apoyamos la idea de que la Unión Europea, como tal, respetando el principio de subsidiariedad, disponga de una directiva marco sobre la obligatoriedad de los servicios públicos de interés general, aunque este no es el caso por el momento. 
Finalmente, formularé una última observación sobre las finanzas públicas que usted ha mencionado: esté atento a la evolución del gasto público, ya que existen gastos públicos perfectamente legítimos en materia de inversión y de educación, que son condiciones indispensables si se quiere aceptar el reto de la sociedad de mañana. 
Los poderes públicos y los gastos públicos desempeñan, por consiguiente, un papel esencial en el marco de la estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente, las decisiones de Lisboa son especiales: por una parte, se caracterizan por una clara política económica de derechas, con desregulaciones y liberalizaciones y, por otra, están marcadas por una política de izquierdas que persigue el pleno empleo, que, de esta manera, por primera vez se ha convertido en un objetivo oficial de la Unión. 
Se habló de agenda social, de comunidad social, de lucha contra la pobreza, de formación continua para todos, etcétera, es decir, de temas característicos de la política de izquierdas. 
En esa oportunidad me quedé pensativo. 
Me preguntaba cómo era posible conjuntar- o equilibrar como dijo la Sra. Lindh- la política de derechas con la de izquierdas. 
Ahora se ha aclarado el panorama y veo que las discrepancias sobre política económica permanecen. 
La política de derechas domina claramente los preparativos de la reunión de Estocolmo. 
La política de estabilidad, las liberalizaciones y la abolición de reglas en el mercado interior están en el centro de la atención. 
El perfil social es muy débil. 
El tema principal de la reunión de Estocolmo debería ser el empleo, pero no existen propuestas de medidas significativas para paliar el desempleo, que actualmente afecta a 14 ó 15 millones de personas. 
Se quiere activar a las mujeres para que se incorporen al mercado laboral. 
Está muy bien. 
También se quiere acrecentar el empleo de las personas mayores, aumentar la edad de las pensiones, etcétera. 
Sin embargo, esas propuestas apuntan especialmente a aumentar la proporción de empleo y no a disminuir el desempleo. 
Son dos cosas distintas. 
Los 15 millones de desempleados que actualmente hay en Europa y que, por tanto, son parte de la fuerza de trabajo, no se benefician por la incorporación de nuevos grupos a esta fuerza de trabajo. 
Obviamente el gobierno sueco también debería estar preocupado, pero, a diferencia de Francia y Portugal, éste ha optado por no crear un perfil propio y realizar, en cambio, tan lealmente como sea posible, los deseos de la Comisión y de los grandes Estados miembros. 
Cuando el gobierno sueco organizó campañas para la incorporación de Suecia a la UE, se dijo que el objetivo no era solamente mantener el bienestar, sino que también impulsar una política de bienestar social en toda Europa en colaboración con otras fuerzas de izquierda. 
Ahora es al revés. 
La UE fomenta las políticas de derechas y la política sueca de bienestar queda en peligro. 
Esto sucede a pesar de que la economía es buena, a pesar de que en el Consejo la mayoría de los gobiernos es de izquierdas y a pesar de que en el parlamento sueco la mayoría también es de izquierdas. 
Ni siquiera en estas óptimas circunstancias nos hemos acercado en los últimos años a una Europa social. 
¿Qué pasaría si empeorase la coyuntura económica y se incorporasen gobiernos de derechas al Consejo? 
Se le ha ido el tiempo a la Presidencia sueca. 
Finalmente me pregunto si en la próxima reunión sobre el empleo el gobierno sueco podría dar prioridad a algo que beneficiase a los desempleados. 
Señor Presidente, la próxima Cumbre de Estocolmo abordará muchos de los principales problemas de la Unión Europea en materia social y de empleo. 
Es muy oportuno en unos momentos en que las nuevas tecnologías de la información obligan a las empresas pequeñas, medianas y grandes de la Unión a cambiar sus estructuras administrativas. 
Apoyo el orden del día establecido por los dirigentes de la UE en el Consejo de Lisboa del pasado año. 
La Unión deberá continuar aplicando programas uniformes y bien dirigidos de formación en las nuevas tecnologías de la información, de manera que todos los ciudadanos de la Unión se sientan debidamente integrados en el puesto de trabajo. 
Esto nos supone dos retos. 
Primero, hay que dar nuevas oportunidades a las personas que carecen de conocimientos especializados y de la formación necesaria o de cualificaciones profesionales. 
Me refiero, en particular, a los desempleados jóvenes y de larga duración que siguen concentrados en determinas zonas urbanas y rurales de la Unión Europea. 
El Fondo Social de la Unión Europea es un mecanismo financiero fundamental que se ha utilizado con eficacia, en particular en regiones del Objetivo 1, para proporcionar nuevas oportunidades de formación a los que carecían de ella. 
En segundo lugar, es igualmente importante que la población activa actual se recicle y adquiera los conocimientos que exigen las nuevas tecnologías de la información, que evolucionan constantemente. 
Las empresas pueden beneficiarse de la utilización de Internet y de las oportunidades que ofrece el comercio electrónico. 
No hay duda de que la Comisión, el Parlamento y los Gobiernos de los Estados miembros han colaborado estrechamente para garantizar que la Cumbre de Estocolmo sea un éxito. 
Les recuerdo que el Consejo de Niza, en vísperas de Navidad, estableció una serie de orientaciones sobre las nuevas medidas en materia de política social. 
Los dirigentes de la UE quieren fomentar más y mejores puestos de trabajo y la movilidad de los trabajadores, anticiparse y gestionar los cambios en el entorno laboral, luchar contra la pobreza, la exclusión y la discriminación, modernizar los sistemas de protección social y fomentar la igualdad. 
También quieren centrarse en las consecuencias externas de las políticas de empleo y social, en particular, en relación con el proceso de ampliación. 
El Parlamento ha estado a la vanguardia del fomento de estas medidas. 
La Unión tiene una tasa de desempleo del 8% y el objetivo del pleno empleo es alcanzable. 
No hay que prestar oídos a aquellos que afirman lo contrario. 
Señor Presidente, con el objeto de poner marcha el debate sociopolítico acerca de la biotecnología, el Reino Unido y los Países Bajos han solicitado la inclusión de esta cuestión en el orden del día de la cumbre de Estocolmo. 
Estos estados miembros han puesto de manifiesto que la Comisión Europea debe idear una estrategia que permita a la Unión Europea poder competir en el plazo de 10 años con la elite de la industria y la investigación biotecnológica mundial. 
Aunque los resultados de la investigación biotecnológica sean muy prometedores, sigue existiendo la necesidad de establecer límites éticos. 
En enero de 1998, mantuvimos un debate acerca del Protocolo del Consejo de Europa en el que se incluía la prohibición de clonar seres humanos. 
En ese momento, expresé mi temor a que países como el Reino Unido o los Países Bajos, que entonces se negaron a firmar el protocolo, no desearan que la prohibición fuera absoluta. 
En diciembre de 2000, la Cámara Alta del Reino Unido admitió la clonación terapéutica de embriones humanos en los laboratorios. 
A pesar de que la clonación con fines reproductivos no está permitida, los acontecimientos no se han detenido ahí. Existe el riesgo de que tras permitir la clonación terapéutica, se inicie el debate acerca de la clonación con fines reproductivos. 
El argumento que se esgrimirá es que ya se aplica la misma técnica, aunque para otro fin. 
En Italia ya hay un médico que pretende clonar seres humanos con fines reproductivos y cuenta ya con 60 candidatos. 
Yo considero que toda nueva vida humana es un don de Dios. 
Se debe tratar con respeto todas las formas de vida humana. Es la única manera de salvaguardar la dignidad humana. 
El tratamiento de los embriones humanos como si se tratasen de artículos de consumo, con la supuesta justificación de que es en pro de la investigación, hace que ponga el grito en el cielo. 
Insto al Consejo a que se mantenga firme en la prohibición de la clonación terapéutica en el debate sobre la genética humana, tal y como ya dictó el Parlamento Europeo en septiembre de 2000. 
Señor Presidente, resulta casi imposible hablar aquí. 
Me pregunto si las palabras del Sr. Suominen "menos palabras y más hechos" también le son de aplicación a usted. 
¿Qué sanciones adopta contra las personas que sabotean este sistema? 
Sí, Señorías, les pedí diez minutos de paciencia hace ya media hora. 
Efectivamente, el problema no tiene visos de arreglarse. 
Nosotros, que esta mañana hablamos en el hemiciclo de alta tecnología, vemos que todavía tenemos que hacer progresos. 
He solicitado a los servicios competentes que se den prisa, pero estoy como ustedes esperando que cese este ruido. 
Señor Presidente, el Proceso de Lisboa dará origen a una economía más dinámica en el mundo. 
Se ha optado por la coordinación abierta como método y he pensado contar mis experiencias. 
Suecia ha participado en numerosas Cumbres y procesos. 
Desde la Cumbre de Essen en 1994, se ha hablado de la importancia de rebajar los impuestos al trabajo y de aumentar la flexibilidad. 
En la práctica, Suecia ha hecho lo contrario. 
Tal como ha hecho con su marginación voluntaria del euro, ignora los acuerdos que ha firmado. 
Suecia aumenta la carga fiscal y continúa frenando el espíritu empresarial. 
En Estocolmo habrá que comparar y aprender de los demás. 
¿Cómo son las cosas en la realidad? 
Se habla de que ha aumentado el empleo, pero la verdad es que en Suecia, a pesar de tres años de prosperidad económica, actualmente hay más personas fuera del mercado laboral que las que había al comienzo de la década de los 90, cuando vivíamos una de las peores recesiones desde la Segunda Guerra. 
Al mismo tiempo, se esconde el desempleo tras medidas de política laboral y campañas de educación masivas que no conducen a empleos de calidad. 
Además, las espantosas ausencias por enfermedad influyen en las estadísticas. 
Si sumamos los que buscan empleo y los que tienen subempleos, el paro en Suecia afecta al 17 por ciento de la fuerza laboral, cifra que hay que comparar con el 5 por ciento que se reconoce oficialmente. 
En el documento de Lisboa se habla mucho de los conocimientos. 
En Suecia, a pesar de que se habla tanto de formación continua, corremos el riesgo de una catástrofe total en la enseñanza, ya que estamos perdidos desde el comienzo. 
El 34 por ciento de los jóvenes que estudian el bachillerato no aprueba matemáticas, sueco e inglés. 
Simultáneamente, contrariando las intenciones de Lisboa, se ponen trabas a los centros privados y a la competencia, que redundan en mejor calidad de la enseñanza. 
La educación superior sueca está en crisis. 
Aunque en Suecia hay muchas personas con formación superior, faltan profesionales con competencia de especialistas en sus disciplinas. 
Por eso los socialistas rebajan los impuestos para los especialistas ricos que vienen de otros países y los aumentan para los suecos con pocos estudios. 
Hablar y planificar es una cosa- especialmente si se hace en las salas de reunión de otros países de Europa- pero ejecutar y cambiar requieren más convencimiento. 
Se necesita capacidad de acción, especialmente para realizar las reformas estructurales nacionales y para aumentar las liberalizaciones en el ámbito comunitario. 
En lugar de dedicarme a alcanzar compromisos inútiles y a redactar hermosos textos, pienso continuar criticando el modelo europeo, que hasta ahora no ha sido capaz de crear suficientes puestos de trabajo, condenando así a mucha gente al desempleo de larga duración, a la marginación y a la pobreza. 
Señor Presidente, Señorías, Europa tiene una buena oportunidad de alcanzar el gran objetivo de llegar a ser el espacio más competitivo con pleno empleo, que se marcó en Lisboa. 
Los datos económicos son favorables, pero este gran objetivo no se hará realidad ni se concretará por sí solo. 
Tenemos que tener el valor de establecer prioridades con decisión. 
El Consejo de Lisboa definió unas directrices claras para alentarnos a establecer prioridades y a avanzar mediante un método de coordinación abierta entre los Estados miembros. 
La directriz es clara e inequívoca. Debemos invertir en las personas y sus capacidades. 
Tenemos buenas razones para hacerlo. 
Por un lado, proclamamos las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y los millones de puestos de trabajo que éstas podrían generar. 
Sin embargo, por el otro lado, menos del 22% de nuestros trabajadores asalariados reciben una formación orientada específicamente en ese sentido. 
Proclamamos las oportunidades asociadas a un nuevo mercado de trabajo europeo y a la movilidad de la generación más joven, y no somos capaces de sentar las bases adecuadas para ello en nuestras escuelas y en la formación profesional. 
Comentamos que ya existen cuellos de botella en los mercados de trabajo especializado, pero no somos capaces de ofrecer a los desempleados- que en total suman bastante más de 14 millones en la Unión Europea -, mediante una política de integración bien orientada, la oportunidad de contribuir con su propio esfuerzo a la sociedad productiva. 
Esta es la tarea que debe cumplir el Consejo de Estocolmo, esta es la tarea que debe cumplir la Cumbre de seguimiento, y justamente por esto Estocolmo no puede derivar hacia una Cumbre centrada unilateralmente en la liberalización. 
Soy consciente de que el equilibrio del que estamos hablando está amenazado. 
Por esto yo le pido, señora Presidenta del Consejo, que durante la Presidencia sueca hagan acopio del valor y la firmeza necesarios para aplicar también en la práctica este enfoque político basado en la reforma económica, la cohesión social y el fomento del empleo, que nosotros acogemos con satisfacción. 
Justamente por esto también necesitamos unos objetivos intermedios claros y firmes en relación con el proceso del empleo y la reorientación de los presupuestos públicos. 
Señor Presidente, acogemos con satisfacción que la Cumbre de Lisboa hiciera hincapié en solucionar la exclusión social. 
Dicho hincapié viene a reconocer algo que ya es evidente. 
A pesar del progresivo crecimiento económico en la Unión Europea en el transcurso de los años, aún quedan millones de personas que no se han beneficiado. 
Es más, en algunos Estados miembros, como en el mío, que han intentado copiar el modelo estadounidense, la diferencia entre ricos y pobres se hace cada vez mayor. 
Vemos también que son muchos los trabajadores empobrecidos, personas que tienen un puesto de trabajo, pero que no pueden vivir de sus salarios. 
Existe aún una gran diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres, diferencia que se mantiene hasta la vejez y que debe ser un punto importante en el debate sobre las pensiones. 
El crecimiento por sí solo no es la solución a las penurias sociales y nunca lo ha sido. 
La repartición y la igualdad de oportunidades también son importantes. 
De ahí la necesidad de incluir los criterios sociales junto con los objetivos económicos y la utilización de indicadores adecuados para examinar la combinación de consecuencias. 
No obstante, según hemos podido oír, Estocolmo no tratará únicamente sobre el seguimiento de Lisboa. 
Será un primer paso hacia la explicación de cómo la Unión Europea cumple sus promesas en lo que respecta al desarrollo sostenible. 
Para nosotros es evidente que a menos que integremos el tema del medio ambiente en nuestro planteamiento económico, no será posible alcanzar una economía sostenible. 
Debemos encontrar una vía económica que no despoje al mundo de sus recursos naturales ni produzca emisiones de gases tóxicos o de efecto invernadero. 
Esto significa que deberemos examinar la calidad del crecimiento económico que perseguimos, y no sólo la cantidad. 
Si la tasa de crecimiento del 3% depende de que diezmemos las poblaciones de peces, incrementemos los desplazamientos en automóvil o debamos recoger los platos rotos, no es el tipo de crecimiento que mejorará la calidad de vida o la calidad del medio ambiente de nadie. 
Ese crecimiento no es sostenible y es por lo que defendemos la utilización de indicadores medioambientales adecuados, junto con los indicadores sociales y económicos. 
Sólo así podremos adoptar un enfoque coherente ante el desarrollo sostenible y ver si realmente estamos obteniendo los resultados que queremos. 
Señor Presidente, la acelerada y con frecuencia incontrolada evolución de la sociedad y de la economía exige al Consejo Europeo de Estocolmo un esfuerzo adicional. 
La emergencia alimentaria que implica el colapso del sector ganadero, de la distribución, de la transformación y de la venta de carnes, la preocupación y el miedo de los consumidores con respecto a las consecuencias derivadas del consumo de alimentos que causan enfermedades, en mal estado o alterados, el escándalo de los fraudes alimentarios cada vez mayor, las enormes responsabilidades del sector de la gran distribución a la hora de garantizar la comercialización de alimentos que protejan la salud de los consumidores y la sistemática destrucción de toda la pequeña y mediana distribución que es un elemento esencial para los productos con denominación de origen y para la conservación de los puestos de trabajo, son temas que revisten una importancia prioritaria. 
Nos preguntamos, además, si Estocolmo marcará la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria anunciada hace demasiado tiempo y siempre aplazada, y reivindicamos la conveniencia de la candidatura de la ciudad de Parma. 
Nos interrogamos asimismo sobre la seguridad respecto al uso de alimentos modificados genéticamente en todo o en parte, de manera directa o indirecta, y sobre el valor que este problema tiene respecto a los productos para la alimentación infantil, a los productos farmacéuticos o que no precisan receta como vitaminas o complementos alimenticios con gelatinas animales. 
Los demás interrogantes se refieren a la investigación científica de la EEB, a la destrucción de decenas de miles de cadáveres de animales sacrificados e incinerados y a las modalidades de su sacrificio que con frecuencia se realiza sin el mínimo respeto a los animales y al medio ambiente, así como a las catástrofes naturales que a menudo no lo son, ya que los puentes se caen, los edificios se derrumban, los ríos se desbordan destruyendo a seres humanos y cosas por la incuria de aquellos que han construido sin respetar las leyes y la seguridad del territorio. 
Todos estos problemas deberían centrar la atención de la Cumbre de Estocolmo, junto con otros aspectos como la continua utilización de Internet sin reglas, al menos europeas, que garanticen que la red sea un momento de libertad y no de abuso y de violencia como ocurre con los sitios que promueven la pedofilia, el tráfico de drogas, etcétera. 
Las casas discográficas y la economía han hecho cerrar Napster: ¿Cuándo mandarán los Gobiernos europeos cerrar los sitios de los pederastas? 
Por último, y no por ser menos importante, la contaminación del Mediterráneo y de otros mares. 
Nos preguntamos si el Consejo de Estocolmo se ocupará al menos de la caída del nuevo mercado y de las consecuencias para los consumidores. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, yo voy a referirme al tema de la liberalización de los servicios postales. 
Usted ya se ha referido a ello, señora Presidenta del Consejo. 
Los servicios postales constituyen, sin embargo, la muestra de la ineficacia de las reuniones del Consejo. 
En Lisboa se decidió agilizar la liberalización de los servicios postales. 
En el Parlamento Europeo adoptamos nuestro dictamen antes de finales de año con la esperanza de que el Consejo pudiese alcanzar una posición común antes de que éste llegase a su término. 
No se hizo nada. 
El Consejo no decidió una posición común. 
Más aún, incluso se vislumbra que el Consejo no va a adoptar una posición común. 
Alemania incluso va a decidir prolongar el monopolio de los servicios postales debido a la inmovilidad europea. 
Señora Presidenta del Consejo, nosotros queremos rogarle que vele por que en la Cumbre de Estocolmo los Jefes de Estado y de Gobierno insten sin demora a los ministros del ramo a que saquen adelante el expediente de la liberalización de los servicios postales. 
Sólo si así lo hacen tendremos una prueba de que las reuniones del Consejo en verdad tienen sentido y permiten avanzar. 
Adopten también una segunda decisión, señora Presidenta del Consejo: los Jefes de Estado y de Gobierno tienen que evaluar la política estructural y deben hacerlo pronto. 
A finales de 2003, como muy tarde, tenemos que proceder a una reforma de la política estructural, por dos motivos. 
En primer lugar, ésta tiene un peso importante en la política del mercado laboral en muchos países y, en segundo lugar, tenemos que poder indicarles a los países candidatos las condiciones con que se van a encontrar en el nuevo período, cuando se adhieran a la Unión a partir de 2005/2006. 
En este sentido, yo le pido, señora Presidenta del Consejo, que adopten efectivamente algunas decisiones concretas en la Cumbre, esto es, la liberalización de los servicios postales y la evaluación de los fondos estructurales, con objeto de que podamos avanzar en los preparativos para el período posterior a 2006. 
Agradezco la atención de mis colegas. 
Gracias, señor Jarzembowski. 
Se interrumpe el debate sobre este asunto. Se reanudará a las 15,00 horas 
Pasamos ahora a la votación. 
Señor Presidente, quisiera plantear a la Asamblea una cuestión de orden. 
En la tarde de ayer, durante el turno de preguntas a la Comisión se encontraba la pregunta nº 91 de la diputada española del Partido Popular, Sra. García-Orcoyen. 
La última pregunta que se contestó en ese turno de preguntas a la Comisión fue la nº 61. 
Hoy, algunos medios de comunicación españoles publican la "pregunta" y la presunta respuesta de la Comisaria Wallström. 
Esta mañana, tras conocer esa información, el Grupo Socialista ha solicitado por escrito a los servicios del Parlamento la remisión de la citada respuesta. 
A las 11.28 horas de esta mañana hemos recibido por escrito la siguiente respuesta de los servicios de la Asamblea: 
" Tengo a bien informarle que la respuesta a la pregunta indicada de la Sra. García-Orcoyen que nos fue remitida después de finalizada la sesión de preguntas está a la espera de ser traducida. 
Una vez traducida y enviada oficialmente a la autora le será remitida copia por e-mail. 
Firmado: João Correa ". 
¿Cómo es posible, señor Presidente, que los diputados no tengamos la respuesta- ni siquiera la autora de la pregunta- y esté ya en los medios de comunicación, no sólo la presunta respuesta sino, además, un comunicado explicativo de la respuesta del Partido Popular español explicándola? 
Señor Presidente, es la segunda vez en un mes que ocurre una cuestión similar, que se filtran presuntas respuestas a medios de comunicación españoles antes de que los propios diputados- insisto, incluso los autores de la pregunta- conozcan la respuesta. 
¿Cómo es posible que ocurra eso? 
¿Es acaso una casualidad que en estas dos ocasiones la presunta respuesta favorezca las posiciones del Gobierno español? 
¿Tendrá el Gobierno español un topo en algún lugar de la Comisión o del Parlamento? 
Señor Presidente, como parlamentaria le pido amparo para esta Asamblea y respeto para los diputados. 
Como su Señoría ha indicado claramente en sus comentarios, los servicios de este Parlamento no han entrado en contacto con los medios de comunicación de ninguna manera. 
Si ha habido una filtración, ésta se ha producido en la Comisión, a la que sin duda someteremos este asunto. 
Es inadmisible que los medios de comunicación reciban una respuesta antes de que lo haga el diputado que ha presentado la pregunta. 
Señor Presidente, simplemente quiero señalar que los medios de comunicación españoles son muy profesionales y que, por lo tanto, no me extraña nada que tengan esa capacidad de acceso a las fuentes de información. 
Siempre me gusta oír de personas que hacen bien su trabajo. 
VOTACIONES 
. 
(FR) Señor Presidente, en relación con este importante informe, quisiera decir que la Comisión está en disposición de aceptar las enmiendas 3, 4, 7, 8 en parte, 9, 10, 11, 12, 13 segunda parte, 14, 16, 17 en parte, 18 en parte, 19 en parte, 21, 28 y 29 en parte. 
Podemos aceptar las enmiendas 39 y 40. 
Por otra parte, las enmiendas 1, 2, 5 y 23 son aceptables en principio. 
En cambio, señoras y señores Diputados, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 6, 13 primera parte, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0067/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor respecto de la posición común (10674/1/2000- C5-0563/2000- 1999/0067 (COD) ) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (Ponente: Sra. Myller) 
. 
(FR) Señor Presidente, en relación con este informe, la Comisión, puede aceptar las enmiendas 2, 11 y 12. 
Podemos aceptar en parte y en principio las enmiendas 3, 7, 8 y 9. 
En cambio, no podemos aceptar las enmiendas 1, 4, 5, 6, 10 y 13. 
Después de la votación sobre la enmienda 13: 
Señor Presidente, considero que se ha producido un error en la última votación. 
La segunda parte de la enmienda 10 no obtuvo la mayoría, lo que de hecho significa que no se debería haber votado la segunda parte de la enmienda 13. 
En consecuencia, se mantendrá la segunda parte del texto del Consejo. 
. 
(FR) Señor Presidente, como mi colega Liikanen ya indicó ayer, la Comisión puede aceptar las dos enmiendas 1 y 2. 
Me alegra comprobar que los escoceses obtienen el cien por cien. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0074/2001) de la Sra. Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental (COM (2000) 402- C5-0352/2000- 2000/0169 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0070/2000) de la Sra. Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa y del Reino de Suecia con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo por la que se crea una red europea de prevención de la delincuencia (13464/2000- C5-0717/2000- 2000/0824 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0073/2001) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la iniciativa de la República Federal de Alemania con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil y mercantil (11808/2000- C5-0519/2000- 2000/0823 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución (B5-0174/2001) del Sr. Gargani, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la estrategia de información y comunicación de la UE 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0078/2001) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe anual 1999 de la Comisión Europea sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (COM (2000) 718- C5-0066/2001- 2001/2036 (COS)) 
Sobre la enmienda 16 
Señor Presidente, únicamente deseo señalar que el texto que se pretende enmendar fue objeto de un consenso prácticamente unánime en comisión y que, en este momento, este consenso está roto por la posición del Grupo Socialista. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0054/2001) del Sr. Wijkman, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones- Plan de acción para mejorar la eficacia energética en la Comunidad Europea (COM (2000) 247- C5-0567/2000- 2000/2265 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
La votación queda cerrada. 
Explicaciones de votoInforme Jackson (A5-0041/2001) 
Señor Presidente, he votado en contra del informe sobre la conciliación en materia de inspecciones medioambientales. 
He votado en contra ahora, al igual que lo hice durante la conciliación en la que participé muy gustoso como miembro suplente. 
Me pregunto una vez más por qué no es posible lograr una directiva relativa al control de las inspecciones medioambientales. 
Esto quiere decir que nuestros Estados no quieren que se les controle en la aplicación de las normas comunitarias sobre el medio ambiente. 
Debemos recordar que la guerra en Iraq estalló porque el presidente Sadam Husein no quería controles en su territorio. 
No me gustaría que también Europa acabara igual. 
Señor Presidente, ¿por qué he votado a favor del informe que permite a los pensionistas y a la gente mayor respirar aire limpio? 
Hace unos momentos he oído que me llamaban. 
Usted sabe, señor Presidente que hoy es el 14 de marzo de 2001. 
He oído que me llamaban: "Fatuzzo, Fatuzzo !" 
"¿ Quién es ?" he contestado. 
"Soy yo, ¿no me reconoces ?" 
"¿ Yo quién ?" 
" ¡Yo, Carlo, Fatuzzo! 
Soy el Fatuzzo hombre. " 
"Ah, ¿y te acuerdas de mí sólo una vez al año ?" 
"Sí, ya sabes, te felicito cada vez que cumples años, porque hoy es mi cumpleaños." 
"Bueno, gracias, pero déjame trabajar, estoy preparando mi explicación de voto." 
" Fatuzzo, no debes olvidar que cumples 57 años y que, por lo tanto, tú también te vas acercando a la jubilación. 
Quería decirte que estoy muy contento de contar con un diputado Fatuzzo que se ocupa de los pensionistas, ya que así también se ocupa de mí, del Fatuzzo hombre, que cumple cada año un año más y se va acercado a la jubilación. " 
Señor Presidente, considero bastante absurdo que el Parlamento Europeo se ocupe de manera tan técnica de ciertos temas. 
Hemos visto enmiendas difíciles de comprender incluso para un experto en la materia y mucho más para quien no lo sea. 
Pese a la buena voluntad, si uno no cuenta con determinados conocimientos no puede, aun aplicándose y estudiando las enmiendas, entenderlas a la perfección. 
Es algo, repito, absurdo, ilógico, que debería hacer reflexionar a quien tiene la facultad- y no cabe duda de que no somos nosotros, los diputados- de cambiar las cosas de tal manera que los temas técnicos se dejen a los técnicos y los temas políticos a los políticos, ya que en lo que respecta a estos temas tenemos la codecisión y, por el contrario, respecto a otros, más comprensibles y más políticos, deciden los demás. 
Las enmiendas presentadas se basan en gran medida en los presupuestos correctos dentro de una perspectiva de disminución efectiva de las emisiones contaminantes y protección del medio ambiente y la salud pública, que no justifican las derogaciones presentadas por la propuesta de posición común del Consejo, porque 
los procesos de desulfurización no son hoy en día tan onerosos como en el pasado y presentan una tendencia a la disminución acentuada. 
Además, se han venido logrando marcados avances en esa esfera; 
resulta evidente la apuesta por métodos de aumento de la eficiencia energética de las reacciones de combustión, recurriendo a sistemas de catalizadores que contribuyen no sólo a la disminución de los compuestos de carbón, sino también a la disminución de otros contaminantes. 
Eso explica el voto favorable a este informe. 
. 
(FR) Corresponde a la Unión Europea regular las emisiones de las plantas de combustión. 
En efecto, el viento no conoce fronteras, y las expulsiones procedentes de las grandes plantas de combustión atraviesan todos los Estados miembros así como los países candidatos. 
El principal problema es poder fijar valores límite de emisión ambiciosos, que protejan la salud de todos los ciudadanos, conociendo al mismo tiempo las posibilidades de las diferentes plantas y centrales. 
La fijación de topes demasiado elevados reduciría a la nada los esfuerzos para mejorar la situación. 
Aunque he votado a favor de las enmiendas que mejorarían sensiblemente la posición común del Consejo, en cambio, me he pronunciado en contra de todos los dispositivos considerados hoy irrealizables. 
Pese a que estoy a favor de una reducción de las emisiones contaminantes, tenemos que mostrarnos pragmáticos y no imponer criterios que la industria, en ningún caso, podrá respetar por el momento. 
La credibilidad del Parlamento Europeo depende de los objetivos realistas que sus diputados se ven inducidos a votar. 
Señor Presidente, en mi condición de representante de los pensionistas y del Partido de los Pensionistas, he votado a favor de este informe que establece los límites nacionales de emisión de ciertos contaminantes atmosféricos: el bióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y, por último, señor Presidente, el amoníaco, NH3. 
Me he acordado, y por esto he votado con mayor razón a favor, que cuando en mi casa, como en todas las casas, se hace limpieza con la ayuda de varias personas, como mi mujer y mi hija, siempre llega a mi nariz un olor a amoníaco. 
Y me digo: "Seguramente en todas las casas se utilizará amoníaco para limpiar." 
Entonces, ¿por qué en este texto no hemos prohibido el uso del amoníaco, tan perjudicial y contaminante, en la limpieza de nuestros hogares? 
El informe revela opciones muy limitadas dentro de una perspectiva de disminución efectiva de las emisiones contaminantes y protección del medio ambiente y la salud pública, dado que los límites propuestos, extraordinariamente modestos, son un claro compromiso con los intereses económicos, y se alejan de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, por consiguiente, de las necesidades de protección del medio ambiente y la salud pública que supuestamente defienden. 
Las enmiendas presentadas no son apropiadas para profundizar en gran medida la propuesta de posición común del Consejo, pues tan sólo entrañan el beneficio de crear límites temporales, para lo que se deberán observar los objetivos. 
Ahora bien, desde el punto de vista de los valores de emisión y las excepciones, no existe un gran cambio en el documento previamente presentado. 
. (SV) Seguramente la propuesta de compromiso del Consejo significará mayores emisiones de los cuatro contaminantes atmosféricos a los que alude la directiva. 
En la UE ya existe un techo de emisión más alto: de un 6 por ciento para el dióxido de azufre, de un 10 por ciento para los óxidos de nitrógeno, de un 17 por ciento para los compuestos orgánicos volátiles y de un 10 por ciento para el amoniaco. 
Hasta ahora no se han analizado las consecuencias medioambientales de la propuesta del Consejo y tampoco se han calculado los costes ni los beneficios económicos. 
Sin embargo, está claro que el techo del Consejo no disminuirá suficientemente las emisiones como para alcanzar los objetivos parciales a más tardar el año 2010. 
El denominado Protocolo de Gotemburgo sobre contaminantes atmosféricos transfronterizos se firmó en 1999, es decir, seis meses después de que la Comisión presentase su propuesta sobre techos nacionales de emisión. 
Todos los Estados miembros han firmado el Protocolo. 
En algunos casos, los techos del Protocolo son más bajos que los propuestos por la Comisión. 
Por tanto, en unos pocos casos el techo del Consejo es más bajo que los de la Comisión, y a esto no se le puede considerar una gran aspiración. 
Las cargas límite y los niveles de exposición a contaminantes ambientales acidificantes van a seguir excediéndose en grandes zonas de la Unión y en el futuro una gran parte de los habitantes de la Unión seguirá exponiéndose a contaminantes ambientales que sobrepasan las directrices de la OMS respecto a la calidad del aire. 
No es justo que el Consejo rebaje aún más el nivel de aspiración debilitando la directiva. 
Por esa razón respaldamos a la ponente en la votación y votamos a favor de la enmienda 10. 
Señor Presidente, el texto que hemos votado, elaborado por el Sr. Miller y cuyo objeto es la calefacción de los vehículos de motor, es un texto que he apoyado porque muchos conductores de camiones y de vehículos articulados son personas mayores y trabajan hasta el último día. 
Entre otras cosas, hemos escuchado decir a la Comisión que debemos trabajar, a ser posible, hasta los 99 años para permitir que se paguen las pensiones de aquellos que vivirán hasta el año 2050. 
En consecuencia, quisiera que este trabajo se realizara con unos descansos en que las personas mayores que conducen vehículos articulados puedan descansar tal vez calentándose. 
No obstante, me pregunto: ¿Por qué no pensamos también en calentar bien los hogares de los que viven en los territorios septentrionales de la Unión Europea haciendo que las personas mayores paguen la calefacción menos que en las regiones del sur de Europa? 
Informe Korhola (A5-0074/2001) 
Señor Presidente, la fascinante y guapísima Sra. Korhola, ponente encargada de presentar este informe ha elaborado un buen texto sobre la información medioambiental, o mejor dicho, sobre el acceso del público a la información medioambiental, respecto al cual he votado a favor porque es justo facilitar información. 
Sin embargo, me pregunto: "¡ ¿Cuándo va a aprobar por fin el Parlamento Europeo una directiva relativa al acceso del público a la información en materia de seguridad social y de pensiones? !" 
Creo que es muy importante que los europeos dispongan de toda la información posible sobre el medio ambiente, pero también creo que es importante, por no decir, más importante, especialmente para las personas mayores, estar informados sobre los derechos a la pensión en nuestros Estados miembros. 
Queda mucho por hacer en este terreno y espero que pronto la Sra. Korhola elabore un informe sobre la información en materia de seguridad social en los Estados de la Unión Europea. 
. (EN) Cuando se han cumplido diez años de la Cumbre de Río, los objetivos están aún por alcanzar. 
El medio ambiente es sometido a enormes presiones. 
La pobreza crece en todo el planeta. 
Es de vital importancia que la cumbre mundial del próximo año logre reforzar medidas que garanticen un desarrollo sostenible que proteja a las comunidades actuales. 
El Quinto programa en materia de medio ambiente salvaguarda a las personas de las consecuencias adversas de la contaminación atmosférica. 
El objetivo a largo plazo del Quinto programa no se alcanzará fácilmente, por ello la Comisión ha decidido, acertadamente, adoptar un enfoque paso a paso fijando metas provisionales para el año 2010 en materia de medio ambiente. 
Me alegra que el informe haya sido modificado para que incluya el combustible y la energía nucleares, y análisis financieros además de los económicos. 
Es fundamental que incluyamos el seguimiento de la información sobre combustible nuclear y, en particular, las subvenciones que reciben el combustible y la energía nucleares. 
Las autoridades locales deben proporcionar libremente información cuando se les solicite. 
Recientemente he recibido observaciones de electores de Kilkenny, en Irlanda, a raíz de las dificultades que encuentran para obtener información con respecto a la urbanización del campo de Archer. 
He solicitado personalmente información a las autoridades locales y al Inspector regional, pero hasta ahora sin éxito. 
Si se han utilizado indebidamente fondos comunitarios para desviar una carretera, y se está construyendo una urbanización junto a la antigua carretera, eso sería algo absolutamente escandaloso y exigimos una explicación. 
. (EL) La nueva directiva incorpora las disposiciones pertinentes del Convenio de Aarhus, mejora notablemente la Directiva 90/313 y limita las excepciones actuales, reduce a un mes el plazo de respuesta a una solicitud y garantiza satisfacer la demanda de que la información deseada sea suministrada en la forma indicada por el solicitante. 
Contempla, por supuesto, la utilización de tecnologías modernas de información, pero es, además, necesario no perder de vista que las exigencias van a ir en aumento. 
Qué duda cabe de que hay problemas derivados de las deficiencias organizativas, de la inadecuada dotación de personal de los Servicios, sobre todo a escala local, y de las grandes diferencias en la evolución de los sistemas de información y comunicación. 
Aprovechando la ocasión, quisiera, no obstante, señalar que nosotros los eurodiputados recibimos quejas sobre deficiencias y asuntos pendientes relacionados con la legislación ecológica y su incorporación al derecho nacional. 
Me referiré, a modo de ejemplo, a la Directiva 92/42, conocida como NATURA. De acuerdo con las disposiciones de NATURA, los países miembros deberían haber elaborado catálogos oficiales de espacios que deberán ser protegidos; el resultado del incumplimiento es una lluvia de preguntas dirigidas a la Comisión sobre intervenciones en los espacios. 
Con estos asuntos pendientes se hace difícil la aplicación de la nueva legislación sobre «información medioambiental». 
A pesar de estas consideraciones, voto a favor del informe, puesto que constituye un pequeño paso adelante en la dirección de alcanzar un grado superior de conciencia medioambiental en la sociedad; grado de conciencia que podrá lograrse con la adecuada difusión de las disposiciones de la directiva y de los derechos que de ella se derivan. 
. (NL) El tiempo en que determinadas tendencias políticas, grupos de presión y administraciones ignoraban los problemas medioambientales ha pasado a la historia. 
Sin embargo, aún se producen nuevos casos de contaminación medioambiental y siguen sin adoptarse medidas efectivas para paliar los casos antiguos. 
Las empresas mantienen en secreto sus procesos de producción, con lo que ocultan también la producción de residuos que acaban en el aire, el agua o el suelo. 
La publicidad podría costarles dinero. 
Sometidos a la presión de las empresas, los gobiernos actúan con secretismo en lo que respecta a los permisos y los controles. 
Se incoan expedientes pero, aparte de los funcionarios que los tramitan, nadie conoce su contenido. 
En estas circunstancias, ni los vecinos, los trabajadores, los ecologistas o los servicios de emergencia conocen a menudo el alcance real de los riesgos. 
Hay que esperar a que se produzca una catástrofe para que todo el mundo se indigne y se quiera conocer dónde ha estado el fallo. 
Los problemas medioambientales sólo podrán solucionarse si existe la máxima transparencia. 
La propuesta de Corola constituye un paso en el buen camino y es mejor que la propuesta planteada por la Comisión, aunque todavía incluya alguna posibilidad para admitir excepciones y secretismos. 
. (EN) Apoyo incondicionalmente las medidas encaminadas a permitir el acceso del público a la información medioambiental. 
Nuestros ciudadanos de toda Europa deben ver que la Unión Europea es transparente, democrática y abierta. 
La directiva persigue el objetivo de adaptar la legislación vigente de manera que refleje los avances en TI, como Internet. 
El acceso rápido y extendido a la red es decisivo para que la población pueda acceder a la información sobre la calidad del aire y del agua. 
En unos momentos en que los consumidores se sienten inseguros sobre lo que comen realmente, es importante que dispongan de todos los datos posibles sobre el aire que respiran y el agua que beben. 
La revolución de Internet ha transformado el mundo. 
Encontramos ordenadores en los hogares, los colegios, las universidades y las oficinas. 
Ya es hora de poner a disposición de los ciudadanos el máximo de información posible, y la información medioambiental debería ocupar el primer puesto de la lista. 
Muchos diputados al Parlamento Europeo, entre los que me incluyo, hemos creado sitios web para que los electores sepan qué estamos haciendo y cómo les afectan las medidas de la Unión Europea. 
El mundo "punto.com" es demasiado importante como para no tenerlo en cuenta. 
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones avanzan a gran velocidad y debemos mantener el ritmo de estos cambios y asegurarnos de que la difusión de la información sigue siendo eficaz. 
El acceso a la información es lo mínimo que merecen nuestros ciudadanos y en el Parlamento Europeo debemos actuar de manera que este acceso se fomente y no se niegue. 
Informe Angelilli (A5-0070/2001) 
Señor Presidente, el domingo pasado organicé una reunión de pensionistas, miembros del Partido de los Pensionistas del barrio de Loreto de la ciudad de Bérgamo, ciudad en la que vivo y que es mi colegio electoral. 
Cuando se enteraron que iba a hablar en el Parlamento Europeo de este texto sobre la red europea de prevención de la delincuencia, me dijeron al unísono: " Fatuzzo, debes pedir la creación del policía europeo, del european policeman, el policía del barrio europeo. 
Consideramos que la delincuencia se debe combatir aquí, en nuestros barrios, con la presencia en carne y hueso del policía, una autoridad que haga respetar la ley en los barrios de las ciudades. " 
Por este motivo, y confiando en la creación del policía europeo, he votado con gusto a favor del informe. 
Señor Presidente, también me he abstenido en la votación sobre este informe- como sobre el informe anterior, respecto al cual he formulado una explicación de voto- porque el Parlamento está llamado únicamente a formular un dictamen y no tiene poderes de decisión respecto a un texto tan importante. 
En un asunto tan sensible y que interesa mucho a los ciudadanos, somos simplemente unos asesores, tal vez bien pagados, pero no tenemos facultad de decidir. 
Considero que ya es hora de cambiar y que el Parlamento debe tener plenos poderes para deliberar sobre cualesquiera temas que interesan a los ciudadanos europeos, en igualdad de condiciones con el Consejo, en un mismo plano de dignidad y competencia. 
Y termino felicitando al Sr. Fatuzzo por su cumpleaños. 
Nadie puede estar en desacuerdo con la necesidad de tomar medidas para prevenir la llamada criminalidad urbana, la delincuencia juvenil y los delitos relacionados con las drogas. 
Nadie está tampoco en desacuerdo en lo que respecta a las causas de esta clase de delincuencia. 
Todos los especialistas contemporáneos en criminología coinciden en que las causas son primordialmente sociales: la miseria, el paro, las desigualdades sociales, el imperio de la competencia más descontrolada y la búsqueda del máximo beneficio, que pretende imponer la clase dominante mundial como ideal más elevado, nutren, entre otras cosas, la criminalidad. 
Por consiguiente, mientras exista este sistema socioeconómico, basado en la explotación del hombre por el hombre, la criminalidad campará por sus respetos. 
Sería, sin embargo, de esperar que se propusieran algunas medidas- principalmente sociales y económicas- para aliviar la situación, o, al menos, para propiciar la reducción del ritmo de crecimiento de la criminalidad a través de la prevención. 
En lugar de esto, las iniciativas de Francia y Suecia, en las que se fundamenta el informe, proponen la creación... de una red para el intercambio de información entre los estados miembros a propósito de las medidas que tomen en este ámbito. 
Y lo que es peor, el informe avanza en una identificación, científicamente inaceptable, de la delincuencia común con el crimen organizado. 
Prevención de la delincuencia común significa ante todo, adopción de medidas para la eliminación de las causas sociales que la provocan, o, al menos, de medidas que dificulten su perpetración. 
En el crimen organizado, sin embargo, los mayores esfuerzos se dedican a su represión. 
Esta identificación no es casual. 
Una vez más se pone de manifiesto que la necesidad real de hacer frente a la delincuencia común se convierte en pretexto para la restricción de los derechos y libertades populares y para la construcción de un marco institucional aún más autoritario. 
No olvidemos que las recientes resoluciones del Parlamento Europeo relativas al crimen organizado contemplan medidas de limitación absoluta de los derechos burgueses liberales existentes en el ámbito del derecho penal. 
Con este espíritu precisamente se debate estos días en Grecia un proyecto de ley con el que el gobierno, amparado en el pretexto de la «erradicación del terrorismo y la criminalidad» , refuerza los mecanismos para la represión del movimiento popular. 
Por las razones expuestas, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia votaremos en contra del informe. 
. 
(FR) En la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento del 29 de noviembre de 2000 sobre la prevención de la criminalidad en la Unión Europea, se asimilan "criminalidad", "delincuencia", "violencia" e "incivismo". 
Es una lógica extremadamente peligrosa. 
¿Cómo podemos extrañarnos entonces de que la propuesta de crear una red europea de prevención se articule en torno a los poderes públicos o judiciales, pero también al sector privado, en conexión con Europol, OLAF o el Observatorio europeo de las drogas... 
La creación de esta red de intercambio de información, que pretende ser un proyecto piloto, teniendo como prioridades la delincuencia juvenil, la criminalidad urbana y la relacionada con las drogas, además del riesgo de la constitución de ficheros europeos, no puede sino participar en la criminalización de una juventud a menudo ya víctima de las políticas de seguridad practicadas con el pretexto de luchar contra la sensación de inseguridad. 
Y en materia de prevención, no se ha formulado ninguna propuesta concreta, salvo la entrega de un premio europeo de prevención de la criminalidad. 
En el momento en que las políticas europeas en materia de empleo, en su mayoría, condenan a los jóvenes al desempleo o a los empleos precarios, en que barrios enteros de ciudades son lugares de exclusión económica y social, una verdadera política de prevención debería establecerse con los trabajadores sociales y los servicios públicos. 
Por todas estas razones, he votado en contra de este informe. 
. (EN) Apoyo firmemente la creación de una red europea de prevención de la delincuencia a raíz de la iniciativa de la anterior Presidencia francesa y de la actual Presidencia sueca., lo que demuestra el compromiso de la UE de combatir la delincuencia y proteger a nuestros ciudadanos. 
Debemos ser duros con la delincuencia y duros con las causas de la delincuencia. 
No basta con que un Estado miembro se esfuerce en solitario por combatir la delincuencia. 
Debemos trabajar unidos con nuestros vecinos europeos para atajar este problema. 
Debemos desarrollar puntos de contacto y estrategias para la prevención de la delincuencia, y apoyar actividades encaminadas a prevenir la delincuencia a nivel local y nacional en todo el territorio de la Unión Europea. 
Es importante que prestemos especial atención a la delincuencia juvenil, urbana y relacionada con la droga. 
Estas medidas de lucha contra la delincuencia deben aplicarse desde Blackburn hasta Barcelona. 
Sólo si trabajamos unidos a escala europea podremos combatir los males sociales que la delincuencia acarrea. Por consiguiente, nuestros hijos estarán protegidos tanto si se encuentran en el Noroeste de Inglaterra o el Sur de Francia. 
El Gobierno Laborista británico ha situado la delincuencia en el primer puesto de su agenda y está reduciendo la delincuencia violenta y los disturbios. 
Los Tories, por el contrario, no ofrecen nada más que el aumento de la delincuencia y la caída de la inversión. 
La delincuencia es una de las principales causas de preocupación de nuestros ciudadanos, debemos garantizar que siga siendo nuestra prioridad número uno en Europa. 
. (EN) El Grupo ELDR ha votado en contra de algunas de las enmiendas presentadas por la Sra. Angelilli y ha decidido abstenerse en la votación final, porque creemos que otorgar a la UE competencia para intervenir en la lucha contra todas las formas de delincuencia transgrede los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
Atajar juntos la delincuencia transfronteriza es fundamental. 
De hecho, la delincuencia organizada que opera a nivel internacional es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. 
La pequeña delincuencia y el vandalismo a nivel local, sin embargo, no tienen repercusiones transfronterizas y no exigen medidas a escala de la UE. 
Informe Marinho (A5-0073/2001) 
Puesto que hoy es su cumpleaños, señor Fatuzzo, dispone de otros diez segundos. 
Señor Presidente, agradezco tanto a usted como al Sr. Francesco Enrico Speroni las felicitaciones por mi cumpleaños. 
En cuanto al informe sobre la cooperación entre los jueces de los Estados miembros en la obtención de pruebas, debo decir que ayer por la noche, mientras estaba delante del ascensor de la décima planta de la Torre, se me acercó una guapa joven europea- por discreción, no puedo decir su nombre, lo único que diré es que su nombre empieza por la letra M- que me dijo: " ¡Muy bien, Sr. Fatuzzo! 
He escuchado sus explicaciones de voto con mucho interés porque yo también, pese a ser joven, me intereso por las personas mayores y por los pensionistas. 
He tenido un problema con la justicia, un pleito civil que ha durado mucho tiempo. 
Por esto, si usted votará a favor de este informe sobre las cooperación judicial, siempre será para mí una satisfacción escucharle " 
Informe Bösch (A5-0078/2001) 
Señor Presidente, el informe Bösch ha recibido el voto favorable del diputado Fatuzzo, representante del Partido de los Pensionistas e interesado en proteger los intereses financieros de la Comunidad y en la lucha contra los fraudes. 
Sin embargo, me gustaría que se protegieran también los intereses de los funcionarios de la Comunidad Europea que, según me enteré ayer, están muy poco protegidos en lo que respecta a sus pensiones, sobre todo si han desarrollado su actividad laboral en otros Estados, además que en la Comunidad Europea. 
Considero que los funcionarios europeos tienen que gozar de los mismos derechos que los que viven en cualquier Estado de la Unión. 
Por lo tanto, espero poder votar pronto a favor de la protección de los intereses asistenciales de la Comunidad. 
. 
(FR) La elucidación completa de graves casos de fraude puestos en evidencia en 1999, constituye a la vez una prueba de credibilidad para la Comisión Europea y una prueba de eficacia para la OLAF. 
La Comisión deberá convencernos en efecto- y convencer a los ciudadanos europeos- de que su voluntad es que sus declaraciones vayan seguidas de efectos, en materia de lucha contra la corrupción y el fraude. 
Nuestro Grupo se adhiere a la petición de la Comisión de Control Presupuestario en lo que respecta a la demanda de una mayor independencia operativa de la OLAF y de su director, en materia de investigación, frente a la Comisión Europea. 
Así mismo, con el fin de poder desempeñar su función de control, el Parlamento Europeo debería tener acceso, sin mayores dificultades, cuando lo solicite, a los informes de la OLAF. 
Rechazamos, sin embargo, enérgicamente, la exigencia federalista de nombrar rápidamente un fiscal europeo, como pide el informe del Sr. Bösch, más aun cuando los partidarios más curtidos en un sistema federal reconocen en privado y de tapadillo que aquí sería más prudente esperar todavía una buena decena de años. 
En materia de fraude comunitario y de asuntos jurídicos, sería preferible y mucho más juicioso el recurrir aquí a Eurojust, estructura de cooperación intergubernamental del Consejo, compuesta por cada uno de los quince Estados miembros de la Unión de 3 responsables, a saber: 1 juez, 1 representante de la Fiscalía (fiscal) y 1 comisario de policía. 
Esta opción también sería mucho más respetuosa con las voluntades nacionales. 
Si consideramos también los graves casos de fraude sacados a la luz en 1999 y que deben dilucidarse, no podemos sin embargo más que sorprendernos aquí "de los dos pesos, dos medidas", de un enfoque unilateral que sólo pone de manifiesto algunos casos (como Fléchard I, por el que se trata de desestabilizar a ciertos altos funcionarios franceses y de poner en evidencia, con un verdadero ensañamiento terapéutico, a Irlanda y Francia, o Fléchard II, en el que ya están implicadas empresas alemanas, italianas y belgas). 
(Intervención acortada de conformidad con el artículo 137 del Reglamento) 
. (EN) He dado mi apoyo a la consecuencia global del informe Bösch. 
A todos nos incumbe garantizar que somos capaces de reforzar la lucha contra el fraude y proteger los intereses de todos los contribuyentes de Europa. 
Mi única discrepancia con el ponente es relativa a los apartados 7 y 10, en los que se pide la creación de una fiscalía europea. 
Me he opuesto desde hace mucho tiempo a la creación de dicha fiscalía, que ha sido planteada no sólo en este contexto, sino también en relación con los procedimientos penales en relación con la delincuencia transfronteriza. 
Creo que no existe fundamento jurídico para dicha fiscalía y, debido a los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, la presunción de inocencia no estará garantizada. Por otra parte, el probable éxito de los enjuiciamientos no sería más rápido ni los logros serían más numerosos que con el sistema en vigor. 
No obstante, a pesar de estas consideraciones, he votado a favor del informe y felicito a su ponente. 
. 
(FR) La Comisión Santer fue forzada a dimitir debido a unas sospechas de fraude en las que no voy a entrar. 
En las intervenciones de los actuales comisarios, todos- con el Sr. Prodi a la cabeza- han prometido reformar sus servicios y establecer una verdadera Oficina de lucha contra el fraude independiente y dotada de los medios necesarios para cumplir lo mejor posible su cometido. 
La OLAF es ahora una realidad pero no hay que pararse en tan buen camino. 
Quedan por definir algunas modalidades de funcionamiento y asegurarse de la total independencia de la Oficina. 
El informe presentado por el Sr. Bösch pone claramente en evidencia los problemas que persisten y las pistas para resolverlos. 
Así, se insiste en que los informes de la OLAF sean comunicados a la Comisión competente del Parlamento Europeo. 
Pero algo más esencial aun: el informe hace un llamamiento urgente a la instauración de un verdadero fiscal europeo encargado de perseguir todos los casos de fraude en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 
He aquí un elemento esencial de la necesaria lucha contra el fraude que, con la Comisión, debemos llevar a cabo a la mayor brevedad posible. 
En ello va la credibilidad y la imagen de la Unión. 
Por último, en su exposición de motivos, el Sr. Bösch, lanza la idea de invitar a la futura Presidencia belga a intentarlo todo para que se progrese en la creación de un Fiscal europeo. 
El informe del Sr. Bösch es ambicioso, firme y realista. 
Por lo tanto, he votado para desear ardientemente que la Presidencia belga pueda llevar a la Unión por la vía deseada por el Parlamento. 
. 
(FR) Aun compartiendo las propuestas de la resolución sobre la protección de los intereses financieros, nos hemos abstenido en los párrafos relativos al nombramiento de un fiscal europeo. 
En efecto, la instauración de un ministerio público europeo no se ha contemplado en el Consejo Europeo de Niza y, por consiguiente, no figura en el nuevo Tratado. 
Ahora bien, para instaurar una nueva autoridad con competencias judiciales y para dotarla de la autoridad indispensable en todos los Estados miembros, habría que crear una base legal incontestable. 
En tanto no exista esta base, no es deseable que el Parlamento Europeo invite, de forma vinculante, a la Comisión a hacer una propuesta en este sentido. 
Esto también vale cuando las competencias del fiscal se limiten a delitos cometidos por miembros y empleados de las instituciones de la Unión Europea. 
. (NL) La Unión Europea recibe dinero y lo reparte. 
Cabe pensar en que un circuito de reparto centralizado a tan gran escala atraiga la atención de los defraudadores. 
Cuando se reparte algo, todo el mundo trata de estar dentro del grupo de los beneficiarios. 
Algunos empresarios parten de la base de que tienen derecho a percibir ayudas de una administración a la que aparentemente le sobra el dinero. 
Esta idea se ve fomentada por las historias que circulan desde hace décadas acerca de la creación de enormes cantidades de existencias invendibles de productos para los que no parece existir demanda. 
Estas existencias son, en parte, consecuencia de las ayudas concedidas. 
Esta situación comenzó hace 40 años con el fraude de la chatarra y se prolonga hasta ahora. 
En el caso del espectacular crecimiento de la producción de lino en España y la posterior incineración de los excedentes se escucha hasta el nombre de la que era entonces ministra de agricultura y que en la actualidad es miembro de la Comisión Europea. 
Sólo si detenemos el bombeo innecesario de dinero, podremos poner fin a este tipo de fraudes. 
Las administraciones nacionales y regionales pueden gestionar este dinero mucho mejor que la Unión Europea, que se encuentra alejada de todo el mundo y que evoca la idea que allí sobra el dinero. 
. (EN) He votado a favor del informe Bösch, pero lo he hecho no sin cierta renuencia, ya que comparto con muchos de mis colegas dudas sobre la fiscalía europea y sus funciones. 
No obstante, habida cuenta de que esta función se ha circunscrito a los delitos penales cometidos contra los intereses financieros de las Comunidades Europeas por parte de los miembros y el personal de las instituciones de la UE, he pensado que vale la pena apoyar esta función restringida. 
Es sensato establecer la sede de dicha fiscalía en Luxemburgo, habida cuenta de la proximidad del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
La ampliación del ámbito de la fiscalía europea deberá ser supervisada detenidamente con vistas a evitar que se invadan competencias de los Estados miembros. 
. (EN) El Partido Conservador está librando una dura batalla contra el fraude en la UE, pero no podemos apoyar este informe por sus referencias a una fiscalía europea, que creemos que es una injerencia en la soberanía nacional en el ámbito de la justicia penal. 
Por ello nos hemos abstenido en la votación final con vistas a manifestar nuestro apoyo a la lucha contra el fraude en la UE, al tiempo que protegemos nuestra posición respecto a la figura del fiscal europeo. 
. (EN) Felicito a mi colega socialista Sr. Bösch por su informe, en el que presiona en favor de medidas más firmes para endurecer la lucha contra el fraude y convierte en realidad el principio de tolerancia cero. 
Hemos recorrido un largo camino desde el informe sobre el fraude y la mala gestión de la Comisión que provocó su dimisión en 1999, aunque queda aún mucho trabajo por hacer. 
Tenemos el problema, que no deja de ser importante, del tráfico de mantequilla adulterada con grasas vegetales y animales e incluso sustancias químicas, que provoca pérdidas al presupuesto de la UE estimadas en unos 45 millones de euros. 
Luego está también el asunto muy irregular del lino y de las subvenciones comunitarias para el cultivo de lino en determinados Estados miembros. 
Acojo con satisfacción el hecho de que muchos Estados miembros se hayan sumado a la acción iniciada por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra las grandes empresas tabaqueras estadounidenses. 
Hoy es el Día sin tabaco en el Reino Unido y parece idóneo para apoyar este caso, con el que se pretende luchar contra el contrabando a gran escala de tabaco que provoca pérdidas de ingresos a los presupuestos de la UE y de los Estados miembros por valor de varios miles de millones de euros al año. 
Señora Presidenta, debemos atajar las causas de la mala administración y el fraude. 
El Comisario Kinnock está dando ejemplo y encabeza estas reformas en la Comisión. 
Estoy seguro de que Neil Kinnock es exactamente la persona idónea para ayudar a restablecer la confianza del público en las instituciones de la UE y en sus acciones. 
En el Parlamento Europeo deberíamos apoyar su función. 
Cómo alguien puede respaldar o tolerar el fraude es algo que no puedo comprender. 
Todos nosotros, las instituciones de la UE y los propios Estados miembros, debemos de desempeñar un papel importante para garantizar que nuestros ciudadanos recuperan la confianza en la Unión Europea. 
Informe Wijkman (A5-0054/2001) 
"¡ Que frío !" Es lo único que se me ocurre decir, señor Presidente, ya que éste es el segundo texto en el que nos interesamos por calentar a alguien en nuestra Comunidad. 
Mientras que antes hemos pensado en calentar a los conductores de vehículos articulados, este texto, sobre el que he votado a favor, con el cual se quiere mejorar la eficacia energética de la Comunidad Europea, abarca asimismo todo lo que hace ahorrar energía como, por ejemplo, -lo espero, conviene decirlo sinceramente- la telecalefacción en las ciudades. 
Se puede ahorrar mucha energía con la telecalefacción, ya que con una única caldera se podrían calentar los hogares de diez, veinte, cien, mil personas que viven en la ciudad. 
Por lo tanto, gracias a este sistema, se podrían calentar más las casas de los pensionistas que con frecuencia padecen frío por la modicidad de sus pensiones. 
. 
(SV) Por medio de esta explicación de voto deseamos aclarar que no hemos votado a favor del texto original del punto 26 (viii) del informe Wijkman A5-0054/2001 para que se impongan impuestos comunitarios supranacionales. 
Por el contrario, lo hemos hecho para que la Comisión tenga en cuenta que en el futuro se deberán buscar acuerdos entre los Estados a la hora de gravar los combustibles. 
. (DE) Nosotros estamos a favor de un impuesto climático de base nacional, orientado a la consecución de los objetivos y que no constituya un gravamen adicional para los ciudadanos y las empresas. 
Esto no equivale a la introducción de un impuesto europeo, sino que lo que pedimos es una armonización de los tipos impositivos nacionales en este ámbito. 
Esto fortalecería la competitividad internacional de manera duradera. 
La seguridad del abastecimiento energético es una de las bases de la economía. 
El turno de explicaciones de voto queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.12 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Trabajos preparatorios con vistas al Consejo Europeo de Estocolmo (23/24 de marzo de 2001) (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a los trabajos preparatorios con vistas al Consejo Europeo de Estocolmo (23/24 de marzo de 2001). 
Señor Presidente, quisiera comenzar dándole la bienvenida al Parlamento a la Sra. Lindh. 
Hace aproximadamente un año que se celebró la reunión de Lisboa. 
En ella se conjuntaron una serie de políticas- política económica, política social y de empleo- haciéndose dependientes unas de otras. 
Es sabido que el empleo y el bienestar dependen del crecimiento económico, pero también existe una dependencia en el sentido inverso: la manera en que diseñemos el bienestar es importante para el empleo y el crecimiento. 
La política social es un factor productivo. 
Hace un año, la Comisión presentó un excelente documento, antes de Lisboa. 
Esta vez también hay un documento, que en ciertos aspectos es excelente, pero, aún así, tengo que hacer algunas críticas a la Comisión. 
No tenga nada que objetar en los contenidos, pero encuentro que es un documento desequilibrado. 
El discurso de hoy del Sr. Prodi tenía equilibrio, pero el documento de la Comisión se concentra demasiado en los aspectos económicos. 
Me habría gustado que la política social y el empleo hubiesen tenido más espacio. 
Asimismo, espero que no se permita que la política económica domine la reunión de Estocolmo. 
Es importante que se traten temas tales como el pleno empleo, asuntos de empleo en general, el buen empleo- que comprende el ambiente de trabajo, el desarrollo de las capacidades y el influjo sobre los empleados- la muy importante formación continua y el desarrollo demográfico, que debe permitir que los mayores puedan permanecer en sus puestos de trabajo. 
Finalmente, habría que enlazar las reuniones de Estocolmo y de Gotemburgo y en el futuro integrar los asuntos medioambientales con la política económica, con la política de empleo y con otras políticas. 
Es particularmente importante incluir las materias medioambientales. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo, Sra. Lindh, y al Presidente Prodi por ilustrar las indicaciones que se proponen presentar en la Cumbre de Estocolmo. 
Sin embargo, se perdonará la presunción de creer que aquí no se discute tanto la bondad de dichas indicaciones cuanto su aplicación coherente en los ámbitos nacionales, es decir, cómo los Estados nacionales realizan los procesos de cambio, cómo los concilian con la calidad de vida y de trabajo y cómo aplican la estrategia para una mayor cohesión social. 
Porque, aunque sea indirectamente, la Comisión admite que los problemas son fundamentalmente estos, cuando habla de la existencia de 14 millones de desempleados y se pregunta si se ha hecho lo suficiente a nivel nacional. 
Del mismo modo, cuando denuncia la falta de una adecuada calificación de la fuerza de trabajo, cabría preguntarse si los centros de formación nacional están construidos con coherencia, si las reformas educativas, allí donde se han realizado, son coherentes con la valorización de las peculiaridades del territorio y lo sostienen hacia una mayor cohesión permitiendo a todo el mundo aprovechar las oportunidades. 
La Comisión denuncia asimismo la existencia en la Unión de pobreza y marginación. 
Por lo tanto, en el ámbito de las políticas de empleo, sería oportuno comprobar si las iniciativas de asociación a nivel local, capaces de fomentar inversiones en la fase inicial, por agilidad burocrática, dotación infraestructural y flexibilidad en la contratación laboral, son coherentes con los planes nacionales de empleo y si se ejecutan correctamente. Del mismo modo, en el ámbito de dichas políticas, habría que comprobar si las concesiones de ayudas estatales, aunque se replanteen en el futuro, son realmente coherentes con el criterio del sistema local de trabajo adoptado. 
Por último, en lo que respecta a los servicios liberalizados, dada la constatación de los beneficios finales para el usuario, sería oportuno preguntarse si los nuevos puestos de trabajo son cuantitativa y cualitativamente iguales a los perdidos y si la apertura de los mercados correspondientes es coherente por lo menos con la integración de las zonas rurales, desfavorecidas, de montaña y de los centros urbanos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en mis breves observaciones, quiero abordar una de las prioridades que el Presidente Prodi ha resaltado esta mañana. 
Me refiero a la creación de un entorno de regulación adecuado; los colegas recibirán una copia del texto. 
Ahora bien, no es sorprendente que, en estas diez páginas, el apartado sobre el entorno de regulación adecuado sea con diferencia el más corto. 
La Comisión no ha sido capaz de encontrar ni siquiera una página de argumentos a favor de la regulación. 
¿Y a qué es debido, colegas? 
Es debido a que, a pesar de las bellas palabras sobre un modelo desregulador, sobre la creación de puestos de trabajo, sobre la libertad de las empresas, sobre- y cito- convertir a la Unión Europea en el lugar más económico y fácil para realizar negocios, en el año transcurrido desde Lisboa hemos presenciado una sucesión de fracasos en la práctica totalidad de los frentes. 
Tomemos mi país, que se jacta de encontrarse a la cabeza de la nueva economía. 
Todas las organizaciones mercantiles y todos los estudios confirman que en las empresas británicas se han ido apilando durante los últimos doce meses más y más reglamentos y trámites burocráticos. 
¿Cuándo voy a visitar a empresas de mi circunscripción me dicen: "señor Harbour, hemos llegado a la situación en la que los políticos dedican más tiempo a enviarnos nuevos reglamentos sobre la protección y el cuidado de nuestros actuales empleados que a alentarnos a crear nuevos puestos de trabajo". 
He tomado notas durante toda la intervención de la Presidenta en ejercicio del Consejo de esta mañana y el tema de la desregulación no se ha mencionado ni una sola vez. 
Pero ¿qué ha mencionado en cambio? 
Además de todo lo que se acordó en Lisboa, tendremos una nueva dimensión ecológica en este programa y, lejos del círculo virtuoso del que hablaba esta mañana el Sr. Goebbels, tenemos un círculo vicioso. 
Antes creábamos realmente nuevos puestos de trabajo; ahora buscamos nuevas cargas que imponer a las empresas en la nueva dimensión ecológica. 
Querría hacer una observación al Presidente Prodi en relación con una importante conferencia sobre economía celebrada hace dos semanas, a la que tuvo la amabilidad de invitarme junto con otros diputados. 
(Podría haberme invitado en diciembre, dicho sea de paso, cuando invitó a todos los demás, pero recibí la invitación unas dos semanas antes de la conferencia). 
Pude asistir a una pequeña parte de la conferencia en la que empresas representantes de la economía europea y procedentes de todos los países afirmaron que para hacer realidad la e-economía no debemos imponerle demasiada regulación. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la reunión del Consejo Europeo de Estocolmo es para nosotros una etapa importante puesto que será el punto de encuentro de dos de nuestras preocupaciones: una economía competitiva y la defensa de un modelo social. 
Por eso, nos parece que los documentos que se someterán al Consejo Europeo de Estocolmo están quizás pletóricos y que posiblemente nos hará falta progresar todavía en la vía de la preparación de estas reuniones. 
La multiplicación de los documentos no es necesariamente la mejor prueba de una estrategia de futuro. 
Desde este punto de vista, quiero recordar las propuestas que hizo este Parlamento para la fusión del Comité Económico y Financiero y el Comité de Política Económica. 
Creo que aquí hay materia para la reflexión. 
Nos felicitamos, por otra parte, por la adopción de una lista restringida de indicadores estructurales. 
Es una buena vía para progresar en el plano europeo. 
Simplemente, el hecho de hablar de reformas estructurales no quiere decir mucho pues, además, hay que saber de qué reformas se trata. 
Y a nosotros, nos parece que todo lo que tiene relación con la inversión humana, debe ser primordial. 
Las reformas estructurales deben entenderse primeramente en torno al concepto de inversión humana. 
Para ello, frente al envejecimiento de la población que usted, señor Presidente de la Comisión, ha recordado, nos parece que no debemos desdeñar, muy al contrario, todo lo que se refiere a la inversión en materia de educación, de movilidad, de lenguas, de formación a lo largo de la vida, en materia de investigación también, como usted lo ha recordado en su intervención hace un momento, con la cuestión de las patentes o de Galileo. 
Pero, señor Presidente de la Comisión, permítame recordarle los compromisos que hemos adquirido, especialmente en Niza, en relación con la Agenda social. 
Nos parece que aquí hay una materia importante en la que debemos hacer progresar a la Unión, incluso en el Consejo Europeo de Estocolmo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, colegas, quiero felicitar a la Presidencia del Consejo y a la Presidencia de la Comisión, que han impulsado siempre esta iniciativa, por retomar el debate de Lisboa. 
Es un debate extraordinariamente importante porque hace menos de un año nos comprometimos nada más y nada menos que a convertir Europa en el área de estabilidad más competitiva y dinámica del mundo. 
Nada más y nada menos que eso. 
Sin embargo, el horizonte de 2010 se enturbia porque las reticencias de algunos países a acometer las liberalizaciones aprobadas por todos y la resistencia de Estados, como el francés, a desprenderse de algunos de los buques insignia de su empresa pública crean una Europa a dos velocidades, una Europa en la que los países que cumplen sus compromisos colectivos ven amenazados sus avances por estrategias sospechosamente agresivas de empresas, todavía de titularidad pública, sobre sectores recientemente liberalizados. 
Estimados colegas, es mucho lo que está en juego, pero sobre todo está en juego la legitimidad de las instituciones comunitarias ante los propios ciudadanos europeos, que ven cómo se propaga una peligrosa dinámica de grandes titulares y pocos resultados. 
Estocolmo debe ser el punto de partida de un profundo debate sobre la participación pública en sectores clave de la industria, un debate enmarcado en un proceso de mutua evaluación y aprendizaje que contribuya a perfeccionar el funcionamiento del mercado único, un debate que, basado en un cuadro de indicadores objetivos sobre privatización, permita unificar las diferentes actitudes ante los principios de competencia, libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales, un debate, en definitiva, que demandan los ciudadanos europeos que, habiendo asumido la competencia como método eficiente de asignación de los recursos, ven sometidos sus mercados a las ineficiencias importadas de países ideológicamente alérgicos a las reformas económicas. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, quisiera destacar cuatro aspectos sociales que me parecen extremadamente importantes para la estrategia que se debe seguir en Estocolmo. 
En primer lugar, señora Presidenta del Consejo, Estocolmo debe mantener el objetivo del pleno empleo. 
Esto significa que se debe seguir contemplando en el orden del día un crecimiento del 3%, lo que implica la realización de inversiones productivas, no sólo en la sociedad de la información, sino también en los servicios sociales y en las personas. 
Esto debe reflejarse claramente en las pautas sobre empleo. 
Es positivo que se establezcan objetivos intermedios pero éstos deben reflejarse en las pautas económicas. 
En segundo lugar: para nosotros, el pleno empleo se traduce en empleo de calidad. 
Y sin menospreciar la importancia de los métodos de coordinación, es importante que, en este caso, establezcamos un vínculo claro con la agenda social, la legislación social y los acuerdos sociales. 
Considero clave que haya invitado a la Comisión para que formule los objetivos relativos al derecho a aprender durante toda la vida, aunque también sería importante, señora Presidenta del Consejo, que el Consejo invitara a los agentes sociales para llegar finalmente a acuerdos en torno al citado derecho. 
En tercer lugar: Estocolmo debe convertirse en la cumbre que equipare la calidad y la igualdad. 
Esto significa que no solo debemos tratar la participación laboral de los más mayores, con toda su importancia, sino también de las mujeres. 
Estocolmo deberá, por consiguiente, centrarse en la mejora de la calidad de los llamados puestos de trabajo típicos, en conciliar la vida laboral y familiar, en redistribuir el empleo, en idear una estrategia para garantizar la igualdad de salarios en el trabajo y en las guarderías infantiles. 
Una última observación: Estocolmo debe convertirse en la cumbre social por antonomasia en la que no se reduzca todo a la política que rige el mercado laboral, a pesar de su importancia, sino en la que también se allane el terreno para el futuro de cara a la cohesión y solidaridad social. 
Espero de todo corazón, señora Presidenta del Consejo, que Estocolmo suponga un impulso claro para la estrategia de apertura de la coordinación en materia de exclusión social y protección social, de modo que la futura presidencia belga puede fijar objetivos claros y ambiciosos en relación con dicha estrategia. 
Los textos no me satisfacen por el momento, señora Presidenta del Consejo, pero espero que en el tiempo que nos queda se puedan completar los huecos que quedan en el puzzle. 
Señor Presidente, en la Cumbre de Lisboa, la Unión Europea se superó ampliamente, al menos en lo que respecta a la definición de sus objetivos. 
El Consejo decidió crear el espacio económico más dinámico del mundo. 
Desde entonces ha transcurrido un año. 
¿Hemos avanzado en la concreción de estos planes? 
Sin duda hemos mejorado nuestra competitividad, también en el ámbito de las nuevas tecnologías. 
Los Estados miembros emprendieron numerosas reformas estructurales. 
El paro se ha reducido en amplios sectores, aunque no en todos, ni mucho menos. 
Todavía no se ha conseguido, lamentablemente, la cohesión económica y social suficiente entre las regiones. 
Nosotros esperamos que la Presidencia sueca impulse una iniciativa destinada a desarrollar instrumentos inteligentes para el análisis de los progresos cualitativos y cuantitativos. 
Los modelos de referencia y las estadísticas diferenciadas por sexos deben proporcionar la información que habría que evaluar anualmente. 
Desde luego, no nos conviene adoptar el modelo social sueco para Europa. 
En cambio, necesitamos medidas eficaces para incrementar la capacidad de inserción laboral y mejorar la cualificación, tanto de los trabajadores jóvenes como de las mujeres que deseen reincorporarse a la vida laboral y de los parados de larga duración. 
Se debe promover una mayor integración de las personas socialmente desfavorecidas en la vida laboral y se debe atajar de raíz la discriminación en el empleo y la ocupación. 
Usted ha recordado hoy, señor Presidente de la Comisión Prodi, la importancia de acabar con la exclusión de los trabajadores y trabajadoras mayores, lo cual es muy de agradecer. 
Tenemos que trabajar y actuar por encima de las fronteras entre las generaciones y tenemos que persuadir a los jóvenes de que merece la pena colaborar con los mayores en el proyecto de crear unos sistemas de seguridad social que también se puedan financiar, lo cual exige a su vez que los Estados miembros mantengan unos presupuestos equilibrados. 
Para todo ello necesitamos contar con el pleno apoyo de los interlocutores sociales- Anne Van Lancker tiene razón -, pero también necesitamos acuerdos entre éstos y las ONG, los representantes de la sociedad civil y naturalmente también el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, puesto que sólo dispongo de un minuto y medio, sólo haré una observación que también tiene que ver con el diálogo social y con los interlocutores sociales. 
La semana próxima, la víspera de la cumbre, se celebrará en Estocolmo otra cumbre de los interlocutores sociales. 
Tendrá lugar en medio de una cierta crisis del diálogo social, porque las organizaciones patronales parecen estar decididas a alejarse de cualquier intento de negociar una mejora de los derechos de los trabajadores que trabajan para las agencias de trabajo temporal. 
Es un problema muy serio. 
En el marco de Estocolmo debemos examinar muy seriamente la importancia de los interlocutores sociales en la mejora de la flexibilidad de nuestras empresas, al tiempo que se protege a los trabajadores que se incorporan a dichas empresas o que pasan de unas a otras. 
Eso es lo que nos prometieron en el pilar de adaptabilidad de la estrategia para el empleo y lo que debería garantizar el proceso de Lisboa. 
Pero lamentablemente, la realidad en mi región y en otras partes de la Unión es que los trabajadores contratados por las agencias de trabajo temporal sufren varias desventajas. 
Están pagando el precio de una mayor flexibilidad de las empresas. 
Hay que obligar a la patronal a que asuma sus responsabilidades. 
Si ésta está decidida a alejarse de las negociaciones, la Comisión debe dejar perfectamente claro que adoptará medidas legislativas inmediatas y la Cumbre de Estocolmo debería dejar claro que el Consejo no escatimará esfuerzos para acelerar la entrada en vigor de un instrumento legislativo que cubra a los trabajadores contratados por agencias de trabajo temporal. 
Señor Presidente, cuando el Primer Ministro del Reino Unido acudió a Lisboa dio lecciones, con bastante arrogancia, a otros dirigentes europeos sobre cómo debían dirigir sus economías. 
No contento con intentar controlarnos en nuestro país, está intentando hacerlo también en Europa. 
Volvió al Reino Unido diciendo que Europa sigue nuestro camino y que él había cambiado la agenda. 
No obstante, por lo que puedo ver, la única agenda del Sr. Blair que está siguiendo Europa es que continúa apilando aún más burocracia sobre las empresas y más regulación, y encareciendo aún más Europa para los que hacen negocios. 
El Gobierno del Sr. Blair ha introducido unos 3.500 reglamentos sólo en el pasado año; incremento que es todo un récord. 
Las lecciones de Lisboa no se han aprendido en Londres ni Bruselas, porque en esta Asamblea vemos todos los días cómo se sigue produciendo más regulación y más trámites burocráticos. 
Reto al Comisario Prodi y a la Sra. Lindh a que nos digan un solo caso en el que se haya aligerado o revocado la carga que soportan las empresas desde Lisboa, un ejemplo de una medida comunitaria que haga más fácil y no más difícil y más cara la contratación de personal y un ejemplo de una propuesta de reglamento que haya sido desestimada por ser demasiado costosa o desproporcionada para los objetivos que se persiguen. 
Ojalá que se demuestre que me equivoco en mi valoración del índice de éxitos desde Lisboa, que es realmente muy bajo. 
Seguimos teniendo directivas sobre cómo subir a una escalera de mano. 
Seguimos teniendo directivas sobre los cortacésped, las bobinas de inducción para lámparas fluorescentes y una sobre residuos eléctricos que sencillamente se convertirá en un impuesto sobre ordenadores. 
¿Cómo se va a fomentar así la e-economía en Europa? 
La regulación puede parecer puntos políticos gratuitos que se apuntan los políticos, pero alguien tiene que pagar por ello. 
Los que corren con los gastos son los clientes de dichas empresas, y lo hacen pagando precios más elevados y, sobre todo, la población de Europa, que se está arriesgando a perder los puestos de trabajo por exigir demasiado. 
Pido a la Comisión y al Consejo que hagan honor a las bellas palabras de Lisboa y las conviertan en acción: eliminen trámites burocráticos y, sobre todo, faciliten y no dificulten ni encarezcan la contratación de personal en Europa. 
Señor Presidente, si realmente queremos una economía basada en el conocimiento, existen unos requisitos: en el lugar de trabajo hace falta una masa crítica de ciudadanos que sean capaces de realizar cálculos aritméticos y que hayan recibido una formación científica, que se destine como mínimo el 3% del PIB a investigación y desarrollo, que existan una infraestructura de investigación y redes de expertos, así como un sistema rápido de divulgación y explotación. 
Estas condiciones previas generalmente no se cumplen en la UE, a pesar de la Declaración de Lisboa. 
Primero, andamos muy escasos de ingenieros y científicos: el reciclaje en ciencias es una parte fundamental de la formación durante toda la vida. 
En segundo lugar, sólo dos Estados miembros- Suecia, afortunadamente, y Finlandia- destinan más del 3% del PIB a investigación y tienen la competitividad industrial que acompaña a dicho gasto. 
La previsión y la divulgación, naturalmente, se verán favorecidas por el próximo Sexto programa marco y más aún por la creación del espacio europeo de investigación, con su red de centros de excelencia. 
Si los Estados miembros no llegan a un compromiso en Estocolmo, la economía basada en el conocimiento sencillamente no tendrá lugar. 
Por tanto digo a los Estados miembros: " Adelante en Estocolmo. 
Si quieren hacerlo realidad, deberán llevar sus opiniones a la práctica ". 
Señor Presidente, es lamentable un hecho de que el ala conservadora del Parlamento Europeo, con la votación en contra del informe Bullmann en la sesión anterior, impidiera la participación, indirecta siquiera, del Parlamento en el Consejo Europeo de Estocolmo, y necesariamente tenemos el sucedáneo de hoy. 
El Consejo Europeo de Estocolmo, deberá tomar decisiones, entre otros, en los asuntos relacionados con la educación y la investigación. 
Estamos obligados a acelerar los ritmos de desarrollo en el ámbito de la enseñanza electrónica. 
Las innovaciones, las nuevas tecnologías multimedia e Internet ofrecerán una salida a la educación a distancia; modalidad necesaria, no solo en la enseñanza, sino también en la formación, y en la formación permanente. 
En la Cumbre de Estocolmo, deberemos avanzar en el seguimiento sistemático de la enseñanza electrónica, combinando los indicadores que controlarán la igualdad de acceso de estudiantes y no estudiantes a las tecnologías informáticas y de la comunicación, y adoptando medidas de lucha contra las desigualdades de carácter geográfico, social y cultural. 
Por otra parte, la educación permanente constituye para la economía europea un medio primordial de preparación del capital humano necesario para una sociedad del conocimiento. 
Estamos obligados a asumir el coste social de estas políticas con el convencimiento de su altísima rentabilidad, en beneficio del modelo social y cultural europeo. 
Finalmente, el espacio europeo de investigación debe adquirir verdaderas dimensiones, adquirir entidad. 
Es necesaria en este sentido la coordinación de las actividades y las políticas en el ámbito de la investigación, el apoyo a la investigación fundamental, así como a las tecnologías de vanguardia. 
Es necesario aumentar los gastos, a fin de alcanzar a los Estados Unidos. Igualmente necesario es articular una relación mejor y más fructífera entre la ciencia y la investigación, por un lado, y la opinión pública y los ciudadanos europeos, por otro. 
. 
(SV) Señor Presidente, voy a comenzar agradeciendo este excelente debate, con muchas importantes intervenciones sobre la Cumbre de Estocolmo. Permítame comentar algunos asuntos. 
En primer término, quisiera decir a la Sra. Suominen que estoy de acuerdo en que es importante que no sólo haya palabras, sino también acciones. 
Justamente por ese motivo creo que una evaluación anual y un seguimiento de los objetivos son un proceso único y nuevo que implicará, espero, que nos superemos a la hora de convertir las palabras en hechos. 
Agradezco al Sr. Goebbels por su imagen positiva de Europa. 
Comparto su idea de que es importante difundir la noción y la imagen de que Europa va bien. 
Estoy de acuerdo en que es importante combinar las medidas económicas con otras de carácter social. 
De esto se ha tratado realmente todo este debate. 
Algunos diputados han hablado de los aspectos económicos y otros de los sociales. 
Lo que hace que realmente podamos modernizar y no sólo liberalizar Europa es que logremos combinar las reformas económicas con las sociales. 
Herman Schmid destacó el problema de que hacemos una "política de derechas" cuando hablamos de objetivos de reformas económicas. 
¡No lo entiendo! 
Es obvio que una economía fuerte es importante para el bienestar. 
Además, hemos dado prioridad a la lucha contra el desempleo y subrayamos la importancia de elevar las metas del empleo, asuntos que, en mi opinión, son trascendentales para el futuro de Europa. 
Coincido con lo expresado por los diputados Andersson, Van Lancker y O ' Toole. 
Ellos hicieron hincapié en que para ser competitivos hay que invertir también en formación y en asuntos sociales. 
La formación continua tiene gran importancia para Europa. 
Los ciudadanos deben obtener una buena formación y, consecuentemente, alcanzar una buena preparación. 
Ya nos hemos referido a la participación de los mayores en el mercado laboral. 
La Sra. Van Lancker mencionó también la situación de la mujer en el mercado laboral. 
El Sr. Andersson destacó las técnicas medioambientales. 
Todo esto es importante para que alcancemos nuestros objetivos de competitividad. 
El Sr. Harbour lamentaba que no me hubiese referido a las desregulaciones. 
En mi intervención dije que hay que abrir los mercados de la electricidad, del gas, de los ferrocarriles y de la aviación, que tendremos un mercado común para los servicios financieros en 2005 y un mercado común para los capitales de riesgo en 2003. 
Si el Sr. Harbour opina que esto no es importante para el desarrollo económico europeo, entonces no sé lo que él considerará importante. 
Thomas Mann señaló la importancia de evaluar los objetivos, cosa que ya comenté al comienzo. 
Estoy de acuerdo con esto. 
Quizá después no estemos tan de acuerdo sobre el modelo social sueco, pero podremos seguir discutiendo el tema. 
El Sr. Hughes mencionó el importante asunto de los centros laborales que carecen de algunos elementos esenciales, tales como derecho laboral, protección y cosas similares. 
Se trata, por ejemplo, de empleos temporales relacionados con empresas dedicadas al alquiler de personal. 
Es un asunto importante que discutimos sobre todo en el ámbito nacional, pero que, obviamente, también debe discutirse en la perspectiva del futuro. 
Cuando en la Cumbre de Estocolmo hablemos de la calidad del empleo y de la importancia de establecer objetivos sociales, creo que tendremos oportunidad de referirnos, entre otras cosas, a los trabajos temporales. 
Espero que la reunión de Estocolmo sea provechosa. 
Estoy convencida de que también el Parlamento seguirá empeñado en que haya acciones y no sólo palabras. 
(IT) Señora Presidenta del Consejo, unas pocas y breves palabras porque me parece que el debate ha puesto de manifiesto una línea muy clara: un gran acuerdo general en el proyecto a seguir, la gran importancia de la línea trazada en Lisboa y la necesidad de avanzar por esta vía en Estocolmo, pero también una advertencia general por parte de todos, o sea, el acuerdo en la absoluta necesidad de acelerar el ritmo. 
Estamos avanzando despacio, hemos desaprovechado ocasiones, por lo tanto, lo que pido, señora Presidenta, es que en Estocolmo avancemos juntos con un ritmo más rápido, así como con un mínimo de rabia, de tensión, porque estamos de acuerdo, sí, pero son demasiadas las veces en que no se ponen en práctica los compromisos adquiridos. 
Con este compromiso y con mis mejores votos por una Cumbre positiva, le saludo y le agradezco su intervención. 
Prevención de conflictos y gestión de crisis 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas orales dirigidas al Consejo y a la Comisión (B5-0012/2001) y (B5-0013/2001) por el Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el refuerzo de las capacidades de la Unión para la prevención de conflictos y aspectos civiles de la gestión de las crisis, incluidas declaraciones sobre la situación en la frontera entre la República Federal de Yugoslavia/Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, yo agradezco que tengamos la oportunidad de celebrar este debate hoy, pues el trío formado por la prevención de conflictos, la gestión civil de crisis y la capacidad militar se debe considerar dentro de un contexto más amplio y, evidentemente, es preciso velar por que la prevención de conflictos y la gestión civil de crisis reciban una alta prioridad. 
Los tres aspectos guardan alguna relación entre sí. 
La gestión civil de crisis y la prevención sólo se pueden desarrollar de manera creíble si todas las partes son conscientes de la capacidad militar. 
Por otra parte, el desarrollo de nuestras posibilidades de prevenir los conflictos y gestionar las crisis es un requisito para no tener que recurrir jamás a los medios militares. 
Por esto es tan prioritario. 
Tras las decisiones de Colonia, Helsinki y Feira y las condiciones que se establecieron en Niza, existen unos mandatos claros con vistas al desarrollo de los aspectos civiles de la gestión de las crisis, incluida la ampliación de las capacidades de planificación y ejecución de operaciones policiales, la cooperación con las Naciones Unidas y también las cuestiones relativas a la coherencia y la eficacia de las mejoras de la política de la Unión en este ámbito. 
En este contexto, hemos constatado y cada vez tenemos más claro que la actual división artificial de tareas- con la asignación de una parte de las mismas a la Comisión y la otra parte al Alto Representante- a la larga nos perjudica y que en el Consejo se debería reflexionar a largo plazo sobre la posibilidad de que el Vicepresidente de la Comisión que mantiene relaciones especiales con el Consejo asuma la dirección única de estas cuestiones, como base para lograr un alto grado de coherencia entre los tres ámbitos citados. 
Al mismo tiempo, también desearíamos que haga un inventario de las diferentes capacidades de que disponen las instituciones de la Unión Europea. 
Tenemos que empezar a mejorar la capacidad de información y de análisis de la Unión. 
A mi modo de ver, no debemos duplicar estructuras, sino poner en común los recursos del Consejo, la Comisión, los Estados miembros y otros servicios, con el fin de sacarles verdadero partido. 
No voy a detenerme en todos los detalles, pero yo creo que en este contexto también es muy importante que la Comisión asuma una mayor iniciativa en estos ámbitos y desempeñe un papel central en la formulación de la prevención y gestión de crisis, con el fin de empezar a crear la conciencia política de que todas las capacidades se pueden agrupar bajo una sola dirección. 
Nosotros pedimos explícitamente a los Estados miembros que pongan a disposición las capacidades y los recursos necesarios para que la Unión Europea sea rápidamente operativa en los cuatro ámbitos definidos en Feira, lo cual requiere, entre otras cosas, la definición previa de unos objetivos, acompañada eventualmente de un calendario, igual que se hizo en el contexto del debate sobre las fuerzas policiales. 
El ejemplo de Kosovo nos indica cuán importante es contar con dichas capacidades, pero también que podamos actuar bajo una dirección y una coordinación únicas. 
Si bien el Consejo, la Comisión y los Estados miembros han conseguido resultados sumamente positivo en el marco de este proceso en los últimos dos o tres años, por otra parte también es preciso señalar que todavía llevamos un enorme retraso en muchos ámbitos, habida cuenta de las tareas que debemos cumplir y que es necesario abordar de manera inmediata. 
Por esto concedemos mucha importancia a la necesidad de un progreso en este ámbito. 
Al mismo tiempo, sin duda también es preciso mantener la coordinación necesaria con organizaciones como la ONU, la OSCE, el Consejo de Europa, instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial, y organizaciones no gubernamentales. 
En este contexto, bastará que recuerde el statu quo y que en el caso de Kosovo continúa siendo aplicable la conocida recomendación de que ha llegado el momento de nombrar a un coordinador de los coordinadores. 
Yo creo que todavía tenemos muchas tareas pendientes y, dados los problemas asociados, en particular los que afectan a las personas individuales, también debemos procurar superar las dificultades, las disputas por las competencias y el afán de protagonismo entre las instituciones, para desarrollar unas capacidades europeas que nos permitan velar por la paz y la libertad y contribuir debidamente a ellas, no sólo en la Unión Europea sino también en su contorno. 
. 
(SV) Señor Presidente, señor Brok, Señorías, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Sr. Brok por destacar esta trascendental materia. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para dar una respuesta amplia sobre los criterios de la Presidencia sueca en relación con la prevención de conflictos en la Unión. 
"Todas los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 
Así comienza la Declaración General de derechos Humanos de las Naciones Unidas, piedra angular de nuestro trabajo en pro de la libertad, seguridad y dignidad de los individuos. 
Como es sabido, en las guerras y en los conflictos armados desaparecen todos los principios fundamentales. 
En su lugar, lo que impera es el derecho del más fuerte, ejercido mediante fuerzas armadas y opresión. 
El siglo XX fue el siglo de las guerras, con Guerras Mundiales, guerras en Oriente Medio y en los Balcanes. 
Cada vez sonaron las alarmas, pero la comunidad internacional llegó a menudo demasiado tarde. 
Ahora podemos demostrar que hemos aprendido del pasado. 
Mediante la apuesta decidida por la prevención de conflictos armados podremos contribuir a que este siglo sea diferente. 
La UE tiene un papel protagonista. 
Permítanme citar al Sr. Hume, que cuando recibió el Premio Nobel de la Paz dijo en el Parlamento: "No olvidemos que la UE es el mejor ejemplo de prevención de conflictos que conocemos en la historia universal". 
Hoy, la prevención de conflictos es una parte esencial de la política de seguridad y defensa europea que se está configurando. 
La política de seguridad y defensa descansa en tres pilares: gestión militar de las crisis, gestión civil de las crisis y prevención de conflictos. 
Esos tres pilares están relacionados entre sí. 
La prevención es algo distinto que la gestión civil o militar de las crisis porque implica una forma diferente de reaccionar frente a una crisis que ya ha se ha desatado, es decir, se trata de promover a tiempo los valores fundamentales que hemos aceptado: que los niños puedan ir al colegio en lugar de ir a la guerra y que se arraigue la democracia en todos los ámbitos. 
La UE posee muchos instrumentos que pueden utilizarse para prevenir conflictos armados y gestionar crisis. 
Tenemos que usarlos de manera más meditada y coordinada, tanto en el terreno como en Bruselas. 
Estos temas tienen que interesar a toda la Unión y a todas las instituciones. 
Nos consta que la UE lleva a cabo acciones importantes. 
Los monitores sin armas en Presovo y las misiones policíacas en Albania son dos buenos ejemplos. 
Las experiencias de los Balcanes han demostrado nítidamente que la prevención de conflictos debe fundamentarse en acciones a largo plazo. 
Hay que eliminar las causas esenciales de los conflictos armados. 
La cooperación para el desarrollo es también fundamental. 
Las decisiones de la Comisión y del Consejo para integrar la prevención de conflictos en la cooperación para el desarrollo son primordiales y ahora corresponde traducirlas en directrices para los programas y proyectos. 
A largo plazo, se trata de fortalecer los derechos humanos y la democracia y de conseguir que la gestión de crisis y las ayudas en caso de catástrofes se transformen en cooperación para el desarrollo. 
Por estas razones, las futuras comunicaciones de la Comisión sobre prevención de conflictos, derechos humanos, democracia y ayudas para catástrofes, reconstrucción y desarrollo serán muy significativas. 
Hay que descubrir los potenciales conflictos a tiempo. 
Un ejemplo de esto son los asuntos relacionados con el uso de las aguas, que a menudo son fuente de conflictos. 
También tenemos junto a nosotros un excelente ejemplo de cómo la UE puede hacer que unos recursos de interés común se conviertan en cooperación y desarrollo. 
El río que fluye a través de Estrasburgo era un curso de agua contaminado, una frontera. 
Actualmente es una vía marítima común y un lugar de pesca. 
La UE tiene que celebrar también acuerdos de colaboración y cooperación duraderos y eficaces con otros importantes actores. 
La ONU es nuestro principal socio. 
Estamos tratando de estrechar la cooperación en todos los niveles. 
De la misma manera, fortalecemos nuestras relaciones con la OSCE. 
En África queremos cooperar con las organizaciones subregionales SADC, IGAD y ECOWAS, que también trabajan en la prevención de conflictos y en la gestión de las crisis, para ayudarles a constituir sus estructuras y apoyar los procesos locales. 
Un buen ejemplo es la reducida moratoria de armas de ECOWAS. 
Además, formamos un grupo de expertos para la prevención de crisis con Canadá y desarrollamos los contactos con el G8. 
Es obvio que la colaboración debe ser impulsada por verdaderas necesidades y por ventajas comparativas. 
Cuando hace poco tiempo visité el sur del Cáucaso con los Sres. Patten y Solana, era obvio que había que fundamentarse en la presencia y en los conocimientos de la OSCE y del Consejo Europeo en la región. 
Ahora discutimos cómo la UE, junto con la OSCE, podría controlar las fronteras hacia el norte del Cáucaso. 
La visita de la troica al Cáucaso en febrero y a Israel y Gaza ayer y anteayer, son también ejemplos del papel de la UE en la prevención de conflictos. 
Me gustaría subrayar que las relaciones con la sociedad civil y con las ONG son decisivas para que tengamos buen éxito. 
Señor Presidente, se ha hecho llegar una petición para que el Consejo se pronuncie sobre la situación en la ARYM y quisiera destacar esto como un ejemplo de cómo puede operar la UE. 
Desde hace muchos años hemos intentado prevenir conflictos a través de la acción de monitores sin armas, de subvenciones a las reformas políticas y económicas y a instituciones centrales y regionales, del acuerdo de comercio y colaboración de 1998 y de acuerdos de estabilización y asociación que se suscribirán en breve. 
El 22 de febrero aparecieron los primeros informes sobre grupos armados albaneses que habían ingresado en la parte norte de la ARYM. 
Sus objetivos no son claros, pero había una indudable resistencia a la ratificación del tratado limítrofe que recientemente se había firmado entre la ARYM y la República Federativa de Yugoslavia. 
Para prevenir mayores desórdenes, la UE y la Presidencia local en Skopje establecieron un estrecho diálogo con el gobierno de la ARYM. 
La troica reunió a los principales partidos albaneses y les instó a votar a favor de la ratificación del tratado limítrofe, cosa que hizo la mayoría de ellos. 
Después de los combates, de las explosiones de minas y de los tiroteos, la UE ha condenado los violentos ataques e instado a todas las partes- especialmente a los representantes de la minoría albanesa en la ARYM- a renunciar a las acciones violentas. 
Hemos dicho que es importante que exista una colaboración más estrecha y que aplaudimos la cooperación entre la KFOR, la UNMIK y las autoridades de la ARYM; hemos expresado también nuestro respaldo a la soberanía e integridad territorial de la ARYM, pero al mismo tiempo hemos le hemos recomendado mesura. 
El mensaje a la opinión pública ha sido que el futuro de la ARYM radica en un acercamiento a Europa y a la UE y que la estabilidad y seguridad son una condición para ello. 
La voluntad de los pueblos balcánicos para integrarse y colaborar con Europa puede ser decisiva, además de tener una función de formación de opinión. 
Señor Presidente, hemos iniciado un importante proceso al aplicar ahora las propuestas que la Comisión y el Alto Representante presentaron en su informe de Niza y espero que más adelante, en junio en Gotemburgo, se apruebe un programa para la prevención de conflictos. 
En los preparativos para este programa estudiaremos minuciosamente las propuestas del Parlamento, incluidas la importante resolución Lalumière del año pasado y la resolución que se aprobará mañana. 
Finalmente, permítanme decir algunas palabras sobre otros aspectos de la colaboración en torno a la política de seguridad y defensa. 
Hoy no he mencionado la capacidad militar, pero creo que tiene un papel importante. 
El hecho de saber que la UE cuenta con capacidad militar también tiene importancia para la prevención de conflictos. 
En cuanto a la gestión civil de las crisis, tendremos que seguir avanzando en lo que señaló el Consejo Europeo, es decir, policías civiles, sistema judicial, administración civil y servicios de rescate. 
Estamos trabajando intensamente para alcanzar la meta de 5.000 policías. 
Hemos instado a los Estados miembros a informar sobre sus contribuciones al respecto. 
En mayo tendrá lugar el primer balance. 
Nos interesa especialmente desarrollar la capacidad de planificar y organizar acciones policiales y la obtención de estándares comunes, entre otras cosas, en torno a los equipos y a la formación. 
Además, en otras áreas hemos comenzado trabajos como, por ejemplo, el fortalecimiento del sistema judicial y de la administración civil durante las crisis y conflictos y la preparación de objetivos concretos para los servicios de rescate, a cargo del grupo de trabajo del Consejo. 
Es sabido que un conflicto armado afecta a todas las funciones vitales de una sociedad. 
Por eso, la gestión de las crisis tiene que incluir ayudas en todos los campos, desde el sistema judicial hasta la recogida de basuras. 
Hay que defender los derechos humanos, los acuerdos internacionales y los principios humanitarios, especialmente en lo que respecta al acceso seguro para ayudar a los damnificados. 
Por todas estas razones nos interesa iniciar conversaciones en torno a asuntos distintos de los que ya hemos identificado. 
Puedo mencionar como ejemplo a los observadores y a los expertos en derechos humanos y desarme. 
También es obvio que hay que resolver los asuntos relativos a la correlación entre la gestión civil y militar de las crisis. 
Cuando estamos frente a trabajos en el terreno, casi siempre resolvemos estos asuntos de común acuerdo. 
Quiero aclarar que si me retiro antes de la conclusión de este debate de ninguna manera será por falta de interés en las opiniones de todos los diputados. 
Tengo que viajar a Murmansk para discutir importantes asuntos relacionados con la seguridad nuclear en el norte de Rusia y no es tan fácil llegar hasta allí. 
. (EN) Tomo nota de lo que ha dicho su Señoría sobre la dificultad de llegar a Estrasburgo, más que a Murmansk, aunque supongo que una de las diferencias es que no se puede llegar a Estrasburgo en submarino nuclear. 
Es para mí un gran privilegio intervenir después de la Sra. Ministra, con quien he pasado bastante tiempo durante estas últimas semanas en visitas de la Troika, supongo que ocupándonos de la prevención de conflictos, y es un placer tomar parte en el debate lanzado por su Señoría. 
La última vez que mantuvimos conversaciones sobre este mismo asunto fue en Washington hace unos días. 
El Sr. Brok ha planteado un importante debate. 
Quizá me disculpen si me permito sobrepasar un poco los cinco minutos que me han sido asignados inicialmente para el uso de la palabra, tiempo que descontaré de mi intervención al final del debate. 
No volveré a intervenir al final del debate a menos que sus Señorías deseen que responda a preguntas específicas que quieran dirigirme, en cuyo caso, naturalmente, lo haré encantado, sobre todo si la Sra. Ministra debe ausentarse para dirigirse a Murmansk. 
Como nos ha recordado la Sra. Ministra, la Unión Europea no es nueva en todo este ámbito de prevención de conflictos, gestión de crisis y reconstrucción después del conflicto. 
Reconocemos que la prevención de conflictos y la gestión de crisis son empresas a largo plazo. 
Todos nuestros programas de cooperación regional, CARDS, ALURE, el programa para América Latina, PHARE, MEDA, TACIS, etcétera, el Acuerdo de Cotonú, así como nuestras estrategias de preadhesión y estabilización, nuestros acuerdos de asociación y cooperación con terceros países, todos ellos contienen cláusulas sobre prevención de conflictos y gestión de crisis. 
Los programas de rehabilitación, como en Rwanda después del genocidio, los programas de reconstrucción económica, como el que está actualmente en marcha en Kosovo, los programas bilaterales de ayuda basados sobre acuerdos de paz, como los de Guatemala y El Salvador, son ejemplos prácticos de nuestra contribución diaria a la prevención de conflictos y la consolidación de la paz en todo el mundo. 
Nadie discute que la reciente historia en los Balcanes, en África y otras partes del mundo nos ha enseñado que debemos equiparnos mejor para intentar prevenir la aparición de conflictos violentos y reaccionar con mayor eficacia cuando éstos se producen. 
Hemos adoptado nuevas iniciativas importantes en relación con la prevención de conflictos. 
El pasado diciembre, la Comisión y el Alto Representante presentaron conjuntamente un informe al Consejo de Niza con recomendaciones sobre mejoras. 
Nos centramos, en particular, en el desarrollo de mejores métodos de análisis, una coordinación más estrecha en el seno de la Unión y una coordinación más eficaz con nuestros socios internacionales- y digo esto a raíz de la observación de mi distinguido amigo- especialmente de las Naciones Unidas y la OSCE. 
En estos momentos estamos trabajando junto con el Alto Representante en el seguimiento de las recomendaciones del informe de Niza. 
Estamos estudiando el desarrollo de indicadores de conflicto y de sistemas de alerta rápida, de manera que podamos centrar mejor nuestra atención en los países y regiones que se encuentran en dificultad. 
También estamos examinando cómo podemos adaptar los instrumentos de la PESC, como es el diálogo político, con vistas a hacerlos más sólidos, flexibles y puntuales. 
La Comisión está trabajando con la Presidencia en el programa de acción que la Presidencia, como ha manifestado la Sra. Ministra, presentará al Consejo Europeo en su reunión de junio. 
La Comisión está preparando asimismo una comunicación sobre la prevención de conflictos que presentaremos al Consejo en abril. 
Esta comunicación se centrará, en particular, en dar respuesta a las causas de los conflictos a través de la ayuda exterior y de los instrumentos de desarrollo comunitarios. 
Presentaremos propuestas, por ejemplo, sobre una incorporación más clara de los objetivos de paz y estabilidad democrática en nuestros programas de asistencia. 
En el futuro pondremos mayor énfasis en el apoyo a la creación de instituciones estables y del Estado de derecho, entre las que se incluyen, naturalmente, la policía y la administración de justicia. 
También garantizaremos que en nuestros programas de asistencia se tienen en cuenta los indicadores de exclusión política, de marginación étnica, social o regional, la degradación del medio ambiente u otros factores que puedan contribuir a la aparición de conflictos violentos. 
Nos proponemos contribuir a las iniciativas internacionales, por ejemplo, a través del G8 y de la OCDE, en ámbitos como la delincuencia internacional, el comercio de diamantes, el narcotráfico y los niños soldados. 
Asimismo deberemos explotar al máximo todos los otros medios disponibles, como son los instrumentos de las políticas comerciales y los acuerdos de comercio y cooperación o nuestros conocimientos en materia de formación de la policía en gestión fronteriza y misiones de asistencia aduanera- que han tenido tanto éxito en los Balcanes- o nuestra experiencia en migración, política social o de medio ambiente. 
Espero con interés poder volver a este Parlamento para presentar la comunicación cuando este finalizada. 
Pero soy plenamente consciente de que mientras trabajamos en estos problemas, los acontecimientos en el mundo real no permanecen en suspenso. 
En el Sur de Serbia y en las fronteras de Kosovo con Macedonia tenemos un ejemplo en la vida real de una crisis que debe ser gestionada, como decía la Sra. Ministra, y de un nuevo conflicto que hay que prevenir. 
Lo que está sucediendo en esas dos fronteras amenaza, si no se ataja con firmeza y rapidez, con invertir buena parte del progreso tan esperanzador alcanzado recientemente en la región. 
Amenaza con desatar un nuevo conflicto, una nueva inestabilidad, justo cuando comenzábamos a dejar atrás estos problemas de los Balcanes. 
Evidentemente, las cuestiones de seguridad militar competen al Consejo, y sobre todo a la OTAN, y no a la Comisión Europea. 
Sé que la Presidencia, la Sra. Ministra y mi colega, Javier Solana han realizado grandes esfuerzos en relación con estos problemas, al igual que la OTAN. 
Acojo con gran satisfacción el alto el fuego en el Valle de Presovo acordado el lunes. 
No obstante, estoy decidido a que la Comisión contribuya lo más rápida y plenamente posible al apoyo de mayores esfuerzos para atajar estas crisis en el Sur de Serbia y en la frontera de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Como tal vez sepa el Parlamento, ya hemos anunciado que estamos dispuestos a proporcionar al Sur de Serbia, para el Valle de Presovo, asistencia por valor de un millón de euros aproximadamente. 
Hemos asignado 900.000 euros más y hemos alcanzado un acuerdo sobre 24 proyectos con el Viceprimer Ministro Covic de Serbia y con el alcalde de la localidad. 
Los 24 proyectos son en ámbitos como la mejora del agua y de los colegios, que también estamos dispuestos a emprender. 
Esto eleva nuestra asistencia inmediata a casi 2 millones de euros. 
Creo que éste es el mejor modo de apoyar el compromiso del Viceprimer Ministro Covic de intentar resolver estos problemas a través del diálogo en vez del conflicto. 
También estamos dispuestos a destinar al Valle de Presovo parte de los 240 millones de euros que este año proporcionamos a Serbia en concepto de ayuda a la reconstrucción,. 
Nos queda aún un largo camino por recorrer para mejorar nuestra capacidad de respuesta a las crisis a corto plazo. 
Yo calificaría los retos a los que nos enfrentamos bajo tres encabezamientos. 
Primero, debemos reaccionar con mayor rapidez en situaciones de crisis. 
La Comisión está respondiendo a este reto. 
Como el Parlamento sabe, hemos emprendido un proceso de reforma de nuestra ayuda exterior, lo que significará que podremos proporcionar asistencia con mayor celeridad y más eficacia a través de toda la gama de programas de ayuda comunitarios. 
El mes pasado, por iniciativa nuestra, el Consejo adoptó también el reglamento por el que se establece un mecanismo de acción rápida. 
Segundo, debemos ser capaces de desplegar el personal necesario y en número suficiente, lo cual es realmente difícil y representa todo un reto para todos nosotros. 
El mecanismo de reacción rápida permitirá a la Comisión hacer precisamente eso, y en breve iniciaremos negociaciones con los Estados miembros, organizaciones internacionales y ONG, entre otros, sobre contratos marco con este fin. 
El principal problema al que nos enfrentamos en este ámbito, sin embargo, es la falta de personal con las cualificaciones necesarias y que esté disponible en los Estados miembros. 
Es un problema al que se enfrenta no sólo la Unión, sino también las Naciones Unidas, la OSCE y otros organismos que se dedican a misiones internacionales de paz. 
En opinión de la Comisión, el mejor modo de ampliar la capacidad de la Unión en este ámbito pasa por el desarrollo de normas comunes de contratación de personal y programas de formación. 
La Comisión está alentando a los Estados miembros a que trabajen unidos y con las Naciones Unidas y la OSCE en este ámbito, y está dispuesta a apoyar dichos programas de formación con fondos comunitarios. 
Tercero y último, debemos desarrollar una coordinación más eficaz. 
En opinión de la Comisión, la gestión eficaz de las crisis no exige necesariamente grandes cambios en los actuales procedimientos de toma de decisiones que establece el Tratado. 
Exige la creación de mejores mecanismos para la coordinación día a día a nivel de los centros de operaciones, sobre el terreno, y entre el terreno y los centros de operaciones. 
La Comisión, por su parte, ha iniciado su reorganización interna con vistas a garantizar una mejor coordinación de los instrumentos comunitarios en situaciones de crisis. 
La Comisión ha creado una unidad de prevención de conflictos y gestión de crisis. 
Dentro de dicha unidad, la Comisión se propone crear una célula de gestión de crisis que coordine varias iniciativas comunitarias y proporcione un centro de referencia para el Centro de crisis del Consejo. 
La célula de gestión de crisis debería estar operativa antes del verano. 
Asimismo, en el contexto del actual debate en el Consejo sobre los procedimientos de gestión de crisis, hemos sugerido al Consejo que convendría volver a lanzar el mecanismo de coordinación previsto en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. 
Estamos dispuestos a cumplir íntegramente con la parte que nos corresponde para poner en marcha dicho mecanismo. 
Por último, con respecto a la prevención de conflictos y la gestión de crisis civiles, la Comisión se propone desempeñar, en total asociación con la labor del Comité Político y de Seguridad del Consejo, un papel activo para contribuir a impulsar los esfuerzos del Consejo en este ámbito. 
Queremos trabajar con el Alto Representante, el Centro de política y la Secretaría del Consejo en este espíritu. 
Trabajaremos en estrecha colaboración con el Parlamento, así como con el Consejo, en estos asuntos. 
Obviamente mantendremos al Parlamento puntualmente informado. 
Tengo grandes esperanzas de que la comunicación que presentaremos en abril proporcione un foro de debate que nos brinde la oportunidad de aunar de una manera más creativa y constructiva las responsabilidades que le han sido encomendadas a la Comisión, responsabilidades que hemos accedido a compartir a nivel de toda Europa. 
Podremos tomar iniciativas en este ámbito que otros no pueden tomar, y si lo hacemos de una manera constructiva, haremos realidad la construcción de la política exterior y de seguridad común. 
Señor Presidente, señora Ministra de Asuntos Exteriores, señor Comisario, en primer lugar, yo quiero excusar la ausencia de mi colega Doris Pack, nuestra máxima experta sobre la región en crisis, que en estos momentos está viajando camino de Sarajevo y me ha rogado que la sustituya aquí. 
En la región en crisis vuelven a tener enorme vigencia práctica los conceptos de "gestión civil de crisis" y "prevención de conflictos", y esperamos que no nos veamos obligados a recurrir de manera intensiva a la tercera posibilidad, o sea, la demostración de nuestras capacidades militares. 
En la región se están registrando transformaciones positivas y también otras negativas muy actuales, y yo creo que la resolución de compromiso del Parlamento que vamos a votar mañana toma en consideración unas y otras. 
Como un aspecto positivo, yo quisiera señalar que en Macedonia se ha conseguido mantener la paz en la práctica durante los últimos años y el Gobierno de Georgievski también ha contribuido muy especialmente a ello con la integración política de los representantes de la minoría albanesa en la coalición. 
Si examinamos con un cierto detenimiento la situación, podemos constatar que no se trata sólo de un gesto formal, sino que miembros de la minoría local ocupan muchos puestos importantes en Macedonia. 
Lo cual refuerza nuestra obligación de estabilizar dicho país y es una buena noticia escuchar que en este quinto día vuelve a reinar una calma relativa, también en Tanusevcí, la localidad ocupada transitoriamente por los extremistas del UCK. 
Permítanme que señale, no obstante, otro aspecto relacionado con el tema. 
También en Croacia se ha registrado una evolución positiva y el actual Gobierno croata de Mesiæ- a diferencia de lo que ocurría con el Gobierno anterior- no es sospechoso de favorecer a los extremistas croatas de Herzegovina, que quieren impedir que prospere la comunidad de Bosnia-Herzegovina e intentan proclamar una entidad propia. 
En este sentido también está justificado el llamamiento dirigido al HDZ de Herzegovina, dejando de lado las citadas tendencias. 
Como una prueba de confianza hacia el nuevo Gobierno yugoslavo- una confianza justificada, a mi parecer- hemos autorizado que las tropas yugoslavas vuelvan a patrullar el valle de Presevo para controlar a los extremistas del UCK en esa zona y la OTAN ha reforzado, por el otro lado, los controles fronterizos. 
¿Qué debemos hacer, no obstante, cuando exigimos a los representantes municipales de Kosovo y a las autoridades locales que combatan a los extremistas? 
Yo creo que en este contexto es importante señalar la necesidad de reforzar la legitimidad de las fuerzas moderadas de Kosovo y fortaleceremos al Sr. Rugova- por citar un nombre- si hacemos posible la celebración de elecciones en Kosovo. 
De lo contrario, el UCK podrá seguir afirmando que tiene más influencia de la que en realidad ejerce. 
Yo creo que sería bueno que avancemos en esa dirección. 
Señor Presidente, en nombre del grupo socialista quisiera expresar en primer lugar nuestro agradecimiento a la presidencia sueca por la exposición relativa al Consejo. 
Queda claro que la estrategia civil pasará a convertirse en un elemento nuevo de la prevención de conflictos y de la política exterior. 
Mi agradecimiento al comisario Patten que ha explicado muy claramente la importancia de saber suministrar los recursos humanos necesarios para dar contenido a lo anterior. 
El Grupo socialista ha añadido a sus enmiendas un nuevo punto a la cuestión del tráfico de armas a pequeña escala. 
Esta cuestión se tratará en la PrepCom que tendrá lugar desde el 19 de marzo hasta finales de mes en Nueva York. 
Nuestros Estados miembros contarán obviamente con una participación muy activa. 
Sabemos que existe un código de conducta y también que no siempre tratamos de aplicar dichas normas con las misma determinación. 
El papel de Europa en la reunión de Nueva York tendrá una importancia excepcional. 
En el plan de actuación siguen faltando una serie de aspectos importantes. Hemos introducido estos aspectos en nuestras enmiendas, que esperamos que sean adoptadas mañana, de modo que en este sentido se lance un mensaje claro desde Europa. 
Hace aproximadamente 100 años, a principios del siglo pasado, los conflictos provocaban tantas víctimas entre los militares como hoy en día entre la población civil. 
Existen más de 100 conflictos. 
La mayor parte son de carácter civil y tienen causas étnicas o regionales. 
Este hecho justifica por sí solo nuestra estrategia en la prevención de conflictos, aunque nos obliga también a ser conscientes de la complejidad de dicha estrategia. 
No se trata ya de una cuestión de diplomacia en el sentido clásico de la palabra. 
Implica una amplia gama de medios. 
Se trata de una labor a largo plazo que no puede llevarse a cabo por un grupo determinado sin contar con el resto. 
Y éste no ha sido nunca el punto fuerte de Europa, ni en el pasado ni en la actualidad. 
El grupo socialista considera que nos encontramos ante el gran reto de alcanzar un resultado con el que Europa pueda volver a ocupar su lugar en el mapa. 
Señor Presidente, como se ha mencionado, este importante debate está teniendo lugar con el telón de fondo de nuevas crisis en la frontera de Kosovo y Macedonia. 
En primer lugar debo resaltar, por consiguiente, que sigue existiendo la necesidad de cooperación entre la OTAN y la Unión Europea. 
La Fuerza de Reacción Rápida, el mecanismo de reacción rápida y el Cuerpo civil europeo para la paz deben ser complementarios de la OTAN. 
Así se subraya en el apartado 8 de los Comentarios del Consejo de Asuntos Generales sobre cooperación internacional. 
Como ha mencionado la Ministra Lindh, los soldados desempeñan hoy actividades comunitarias de establecimiento de la paz. 
Actualmente resulta difícil percibir el tránsito entre las actividades de paz y de guerra. 
La acción de la Unión Europea debe ser complementaria de aquélla de la OTAN. 
Insto al Consejo de Ministros y a la Comisión a que comenten esta observación. 
Atajar las causas es otro problema. 
La sociedad se ve seriamente desestabilizada por la delincuencia organizada. 
¿Pueden la Comisión y los Ministros reiterar que lucharán contra dicha delincuencia a través de las fronteras recurriendo a Interpol y mecanismos como la "Paedophile Unit" de Scotland Yard? 
La generación de capacidad es otro aspecto fundamental. 
Cuando analizamos la situación en Pristina, vemos que el hospital está sometido a grandes tensiones. 
¿No es una necesidad que la nueva organización AIDCO, creada por la Comisión y que nosotros acogemos favorablemente, incremente la capacidad de las profesiones médica y educativa? 
Los profesionales locales se ocupan de la sociedad civil, pero lo hacen bajo estrés. 
Por muy excelentes que puedan ser las ONG, no hay ninguna duda de que los profesionales locales son fundamentales, en particular, en educación y medicina. 
Insto a la Comisión a que apoye esas funciones. 
Por último, naturalmente, la transparencia democrática. 
Creo realmente, y estoy segura de que todos los presentes también lo creen, que el mejor de todos los mecanismos de prevención de conflictos es un Parlamento que funcione debidamente. 
Insto a los presentes a que garanticen que este Parlamento desempeña todo el papel que le corresponde, no sólo en la prevención de conflictos y la gestión de crisis, sino también para garantizar que la Fuerza de Reacción Rápida responde ante este Parlamento, así como ante los parlamentos nacionales, el Consejo de Ministros y la Comisión. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, señora Presidenta del Consejo, los costes de la paz son decididamente más bajos que los de la guerra. 
Esto resalta la importancia fundamental de la prevención no militar de conflictos en el ámbito de la política exterior. 
El conflicto de Kosovo nos brindó un ejemplo de ello. 
Los costes de la posguerra desestabilizan repetidamente el presupuesto de la UE. 
Éstos superan varias veces el coste que habrían representado los 2000 observadores de la OSCE o el desarrollo de un programa de estabilidad para la región de Kosovo a principios de la década de los noventa. 
El ejemplo de Kosovo también nos muestra que la gestión civil de conflictos se debe iniciar pronto. 
Ésta requiere un tiempo y es poco espectacular. 
Actualmente, la prevención de conflictos no requiere sólo instrumentos políticos, sino también instrumentos económicos, medidas sociales y medidas ecológicas. 
La UE dispone de este potencial y podría desempeñar un papel significativo en la prevención y control de los conflictos en el mundo. 
Cuenta con el mayor mercado interior del mundo, es económicamente fuerte y puede planificar una cooperación económica. 
Cuenta con una gran gama de experiencias históricas y culturales y dispone de un cuerpo diplomático a escala internacional, pero no ocupa el primer lugar en la prevención de conflictos porque su capacidad está dividida entre quince partes más una, con pequeños intereses parciales, y este es el mayor problema. 
La prevención europea de conflictos requiere un centro europeo, una Comisión y un... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, nuestro Grupo considera positivo el desarrollo de la iniciativa orientada a conferir a la Unión Europea un mayor papel en la prevención de conflictos y espera con ansiedad e interés la comunicación que el próximo mes hará la Comisión, como ha dicho el Sr. Patten. 
Ahora bien, la experiencia nos muestra algunos inconvenientes que deberíamos considerar. 
Por ello, aunque estamos de acuerdo globalmente con la pregunta oral del Sr. Brok y reconocemos que éste ha aceptado un trabajo colectivo en la Comisión de Asuntos Exteriores, hay un punto en concreto que nos preocupa y que es, justamente, lo contrario de lo que decía la Sra. Nicholson. 
En efecto, pensamos que tanto en el considerando D como en el apartado 8 es desafortunada la mención a la OTAN, porque la OTAN ha sido una de las principales causas de problemas en muchos sitios, tal como se vio en la antigua Yugoslavia, en Kosovo, en Chipre, cuando fue invadida por Turquía. 
Por ello, nuestro apoyo no puede ser completo. 
Esta pregunta oral tiene también un aspecto importante: apuntar a las causas sociales y económicas globales que pueden prevenir conflictos. 
Tendríamos que estar alerta a situaciones que pueden producirse mañana o pasado mañana. 
En este momento, en el Sahara Occidental hay una situación muy explosiva que las autoridades no quieren reconocer y que debería ser motivo de gran preocupación para la Unión Europea. 
Igual se puede decir de Israel y Palestina, donde en cualquier momento podría estallarnos en la cara una crisis de graves consecuencias para nosotros. 
No queremos actuar como Estados Unidos de Norteamérica, que cuando hay un problema- por ejemplo, en Colombia -, en lugar de favorecer una solución negociada y dialogada, envía más militares, más aviones, más fuerza bélica y con ello empeora la situación. 
Queremos que Europa sea un factor de estabilidad, de paz y de solución negociada de los conflictos. 
Por ello pensamos que, en relación con el conflicto que surge ahora entre Macedonia y Kosovo, primero debemos preocuparnos por la complacencia con que los norteamericanos de la zona han acogido el paso de las fuerzas de la UCK y, por otra parte, debemos reconocer y apoyar el esfuerzo de Macedonia para conseguir un acuerdo fronterizo y condenar el terrorismo. 
Señor Presidente, Señorías, lo hechos ocurridos en las últimas horas nos alarman extraordinariamente. 
Europa está haciendo grandes esfuerzos para mantener la paz en el sudeste europeo y están haciendo lo mismo, en términos de ayuda financiera y de cooperación, los distintos países. 
Lamentablemente, sin embargo, la paz está lejos, mejor dicho, la corrupción ha aumentado, las elecciones- si se celebran- carecen con frecuencia de transparencia y la inmigración desde Kosovo, Montenegro y Albania se ha convertido en demasiado masiva y ha seleccionado para peor las presencias que continúan en el territorio. 
Probablemente la Unión Europea debería dedicar más atención a agilizar la inmigración de regreso, al objeto de que en esos territorios haya poblaciones alacres, que quieran renacer realmente, que deseen avanzar hacia un proceso de paz y de tranquilidad en su territorio. 
Por lo tanto, no se trata sólo de un problema de seguridad militar en las fronteras. 
Las minorías étnicas se convierten en cada vez más reivindicativas y violentas con los habitantes y las fuerzas de paz mostrando así la fragilidad, aún muy evidente, de los Gobiernos locales y, en particular, de ese Gobierno albanés que debería garantizar más los derechos de la oposición política, así como la fragilidad de las relaciones con la Unión Europea y con algunas organizaciones no gubernamentales. 
Estamos convencidos de que la solución al conflicto en los Balcanes debe ser una solución política acompañada, sin embargo, de la afirmación absoluta y transparente de los derechos y de la voluntad real de una reconstrucción material e inmaterial. 
La Unión Europea no deberá escatimar esfuerzo alguno para conseguir los objetivos de paz y de estabilidad en los Balcanes, no obstante, deberá mostrarse cada vez más clara a la hora de recordar que la ayuda financiera no puede sino ir estrechamente ligada a la consecución de estos objetivos a corto plazo y sin más tolerancia. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, no comparto en absoluto los propósitos de la Sra. Lindh que habla "de experiencia de los Balcanes". 
Creo que lo que ocurre hoy en Macedonia es la demostración de que no hemos visto nada, no hemos oído nada, no nos hemos enterado de nada, o más bien de que usted no ha visto nada, no ha oído nada, no se ha enterado de nada. 
Lo que ocurre hoy en Macedonia ocurre en Macedonia y de nada sirve buscar coartadas y decir, como muchos, que la crisis proviene de Kosovo, de los traslados de personas, de ex miembros de la UCK, a Macedonia. 
La crisis de Macedonia es una crisis que ha visto la luz y que ha encontrado un caldo de cultivo porque nos ha faltado una política seria con respecto a Macedonia durante estos diez últimos años. 
Y sus Señorías socialistas se acordarán de la insistencia con la que la Sra. Pack y yo mismo, hemos repetido sin cesar la importancia de un proyecto que parecía marginal, que sus Señorías socialistas y comunistas miraban con una cierta condescendencia; me refiero al proyecto de la Universidad de Tetovo, cuya importancia era fundamental para responder a una de las frustraciones de los albaneses de Macedonia. 
Se nos miraba con condescendencia, con la misma condescendencia con la que se nos miraba hace quince años cuando, en este Parlamento, pedíamos la adhesión de la Yugoslavia de entonces a la Comunidad Europea, como única vía para evitar la explosión que finalmente tuvo lugar unos años después. 
La cuestión que se plantea es la de las frustraciones de la población albanesa, que son frustraciones que se remontan a muy lejos y que sólo han encontrado una primera respuesta después de la toma de posesión del gobierno del Sr. Georgievski. 
Estas frustraciones, durante los ocho primeros años de independencia de Macedonia fueron fomentadas, en efecto, por el gobierno socialdemócrata del Sr. Crvenkovski que literalmente compró a algunos albaneses, a algunos kiesling, ofreciéndoles puestos marginales en su gobierno y algún cargo de embajador aquí y allá. 
En cambio, el gobierno del Sr. Georgievski, incluyendo en ese gobierno al partido del Sr. Xhaferi, que sus Señorías socialistas consideran un extremista- y han debido desengañarse cuando han visto el papel que el Sr. Xhaferi ha desempeñado en la crisis de 1999, cuando cientos de miles de kosovares fueron expulsados de Kosovo por el régimen del criminal de guerra Sr. Milosevic -, sin duda alguna salvó a Macedonia de un inmenso desastre. 
La Macedonia de entonces estaba a punto de explotar; si no explotó fue gracias a este "extremista" Sr. Xhaferi y si hoy todavía no ha explotado, es también gracias, en primer lugar, al Sr. Xhaferi, y en modo alguno gracias a nuestra acción, a la acción de nuestra Unión Europea. 
Entonces, el comisario Patten se ha hecho cargo de este dossier. 
El asunto de la universidad debería resolverse, pero de forma urgente porque se trata de 6.000 estudiantes que deberían poder trasladarse a esta nueva universidad oficial. 
Si no se trasladan, no tendrán la posibilidad de convalidar los títulos, y si esto no se hace de aquí a fin de año, serán 6.000 desesperados los que posteriormente alimentarán la crisis a la que tanto hemos contribuido durante estos últimos años. 
Esta es la situación de Macedonia. 
Y hoy, esta situación es todavía peor porque a las frustraciones de la población albanesa, se añade una inquietud enorme de la parte macedonia. 
Por tanto, las soluciones de ayer, que podían haber sido progresivas, que podían haber sido esta universidad, que podían haber sido un lento proceso de desmontaje del Estado nacional eslavomacedonio para llegar a un Estado federal, exigen hoy acelerar el ritmo y habrá que proponer a los interlocutores macedonios nuevas soluciones que van mucho, mucho más lejos para responder tanto a las frustraciones de los albaneses como a las profundas inquietudes de la población eslavomacedonia. 
Y en relación con la prevención de conflictos en este contexto, asistimos desde hace diez años a un comportamiento absolutamente intolerable por parte de nuestros amigos, de nuestros colegas griegos. 
Pues éstos, en lugar de ocuparse de convencer a la población griega de la necesidad de dar, con el nombre de «Macedonia» , una identidad a la población macedonia, tanto albanesa como eslavomacedonia, bloquean, con descaro, por no decir algo más fuerte, cualquier proceso que permitiría a los macedonios tener finalmente una república que no se llama ARYM, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, sino "Macedonia". 
Quizás ya va siendo hora de que dentro del Consejo, se trate de convencer al representante griego para que, finalmente, este problema se resuelva, para que, por fin, los macedonios tengan pleno derecho a este nombre. 
Esta es la situación en la que nos encontramos. 
Creo que es urgente actuar, que es urgente acelerar el movimiento, que es urgente devolver la confianza tanto a la población macedonia como a la población albanófona de Macedonia. 
Señor Presidente, en algunos aspectos coincido completamente con mi apreciado colega Dupuis y en otros discrepo de forma absoluta. 
Considero positivo que en estas reuniones se hayan puesto de manifiesto dos aspectos, concretamente la reconstrucción de la capacidad civil para controlar los conflictos y los conflictos que se están produciendo en Macedonia. 
Porque... ¿qué es lo que observamos allí desde hace tiempo? 
Que Macedonia es de hecho un estado frágil y que su cohesión depende exclusivamente de la sabiduría de los presidentes y jefes de gobierno, y concretamente el actual, y de una serie de líderes políticos que son capaces de crear coaliciones y que no tratan de dividir el estado macedonio. 
Hace diez años, los albaneses macedonios ya vinieron a contarnos donde no contaban con mayoría. 
Cuando se piensa así es porque la limpieza étnica les ronda por la cabeza. 
Ese sí que no es el camino. 
Por este motivo, resulta tan importante adoptar alguna medida siguiendo la vía civil, tal y como se está haciendo ahora bajo la supervisión del Sr. Patten. 
Asimismo, me siento alentado por la intervención seria al respecto de la Presidenta del Consejo Lindh. 
No es algo que vayamos a realizar con los medios habituales, sino que deben emplear todos los instrumentos de manera coordinada. 
Hay que pensar concretamente en los instrumentos que llegan al corazón de la población y que pueden servir para cambiar la mentalidad de los ciudadanos. 
El apartado 7 de nuestra resolución trata por ejemplo de mejorar la difusión de noticias a través de la radio y de la televisión. 
Este tema se ha tratado en numerosísimas ocasiones en este Parlamento, también durante las guerras de Bosnia, debido a que la radio y la televisión ejercen una gran influencia en el pensamiento de la gente y en sus actitudes mutuas. 
Considero imprescindible emplear este instrumento como uno de los canales civiles, no sólo a través de los medios de comunicación independientes existentes, sino también, si fuera necesario, con iniciativas independientes desde la Unión Europea, de modo que se puede ejercer una influencia real sobre la población y poner fin a los terribles planteamientos étnicos que echan a perder el conjunto de los Balcanes. 
Señor Presidente, me siento especialmente satisfecho al ver que hemos sido capaces de explicar las actuaciones que ya se están llevando a cabo. 
Creo que es muy importante que la opinión pública también conozca esta realidad. 
La medidas adoptadas por la Comisión en el valle de Presevo son muy importantes y espero que el Sr. Patten sepa continuar con esta labor en otras zonas fronterizas. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, las preguntas planteadas por el Sr. Brock, en nombre de nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, vienen como anillo al dedo tres meses después de la votación del informe sobre la elaboración de una política europea común de seguridad y defensa que tuve el honor de presentar a nuestro Parlamento. 
Es importante saber lo que la Presidencia sueca del Consejo y la Comisión han llevado a cabo desde esa fecha pues se hicieron promesas principalmente sobre aspectos civiles de la gestión de las crisis. 
Les agradezco, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, la información que ya nos han facilitado. 
Pero, por mi parte, no escondo una verdadera inquietud. 
Por haber trabajado con o en organizaciones tales como la OSCE o el Consejo de Europa, ambos dedicados a la prevención de conflictos y a la gestión civil de crisis, sé por experiencia la timidez con la que los Estados miembros apoyan sus esfuerzos. 
No hablo solamente de la falta de medios financieros. 
A este respecto, la Unión tiene la suerte de disponer de medios nada despreciables. 
Una vez más, evidentemente, hay que utilizarlos de forma coherente y coordinada. 
Pienso sobre todo en la falta de apoyo político. 
¿Qué puede hacer una organización internacional? 
¿Qué puede hacer la Unión si los Estados miembros hacen análisis divergentes, tienen objetivos diferentes o no tienen objetivo alguno y si los Estados miembros dudan en tomar decisiones? 
La guerra de los Balcanes ofrece ejemplos a veces trágicos de todos estos fallos. 
Creo, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, que el Parlamento se sentiría feliz de oír que los miembros del Consejo tienen una voluntad clara de aportar el verdadero apoyo político que la prevención de conflictos necesita para no perder fuerza en acciones puntuales, basadas únicamente en buenos sentimientos. 
Señor Presidente, hasta ahora no se ha considerado que la prevención de los conflictos fuera una prioridad. 
Se preparan tropas y provisiones en previsión de que se produzcan intervenciones militares pero parece ser que aún no hemos llegado al mismo punto en lo que respecta a la prevención. 
Esperamos a lo que ocurra en abril. 
Tal y como lo ha planteado la Sra. Lalumière, la cuestión clave sigue consistiendo en saber si la Unión Europea dispone de suficiente capacidad de decisión en cuestiones de prevención. 
En la antigua Yugoslavia, no fuimos capaces de prevenir los conflictos durante mucho tiempo. 
Sin embargo, la prevención de conflictos ha tenido consecuencias catastróficas en determinados casos. 
Me refiero a los numerosos ejemplos que encontramos en África y especialmente en Ruanda. 
Los mandatos en los que se basan los dispositivos de prevención deben ser suficientes para anticiparse al conflicto. 
Debe permitir actuar de forma pro-activa e incorporar dispositivos de gestión de crisis. 
Comisario, usted se refiere a todo este cuerpo que deberemos poner en marcha. 
Sin embargo, nuestro punto de partida debe estar formado, en primer lugar, por una comprensión exacta de las causas profundas y del origen de los conflictos. 
A menudo, la raíz del mal se encuentra en el subdesarrollo y en el abandono u opresión de determinadas regiones, religiones, culturas y minorías étnicas. 
Estas situaciones constituyen un buen caldo de cultivo para el tráfico ilegal de armas y la proliferación de bandas. 
Por consiguiente, no olvidemos la cooperación integrada para el desarrollo como medio para atajar las causas más profundas de los conflictos. 
Señor Presidente, en el ámbito de la prevención y gestión de crisis, ni los líderes políticos de la mayoría de los países miembros, ni la propia Unión Europea como tal, pueden presentar una trayectoria avalada por el éxito ni ofrecer muchas garantías para el futuro. 
La trágica situación en que se encuentran los Balcanes, en mi opinión, lo demuestra. 
Hablamos de mejorar todo esto. Ojalá sea así. 
Las cosas son hoy muy concretas. 
No se necesitan ni afirmaciones generales, ni insultos, ni insinuaciones. 
El estado de la Macedonia yugoslava se encuentra en peligro a causa de una serie de fuerzas, estatales o políticas, que no quieren reconocer la configuración definitiva de sus fronteras. 
Es muy sencillo. 
De ahí deriva todo los demás, y se pone en cuestión su propia existencia. 
De manera que, si quieren evitar crisis y gestionar la crisis existente, digan en voz alta que la resolución 1244 de la ONU está plenamente en vigor. 
Pidan que la KFOR, en colaboración con la representación de la ONU, haga su trabajo en todo Kosovo, que controle las fronteras, que proceda a detener y a remitir a la justicia a quien sea preciso. 
Digan, en voz mucho más alta que el acuerdo de fronteras firmado el 24 de febrero entre Yugoslavia y la Arym está en vigor, es absolutamente legal y todos los vecinos deben respetarlo plenamente, y que esto es un criterio para nuestras relaciones con ellos, y para la ayuda económica, que con tanto orgullo nos ha dicho que hacen llegar, y que es absolutamente insuficiente. 
Señor Presidente, en el poco tiempo que me ha sido asignado no insistiré en las cuestiones que ya han sido planteadas. 
No obstante, la resolución de conflictos y la prevención de conflictos exigen inversión. 
Inversión no sólo en términos de teorías y estudios y conocimiento de la historia, sino también inversión financiera para intentar garantizar que se reconocen las causas del conflicto. 
Ya se ha hecho referencia a algunas de las causas relativas al origen étnico y religioso, etcétera. 
Pero existen también causas económicas. 
El ámbito de mayor éxito de prevención de conflictos en el que se ha visto involucrada la Unión Europea durante los últimos años fue la ciudad de Mostar. 
A pesar de que al final no salió bien, la clase de inversión que comenzamos a destinar a Mostar fue todo un éxito. 
En unos momentos en que se avecina una nueva serie de conflictos e incertidumbres entre las regiones, debemos asegurarnos de que tenemos la capacidad de responder. 
Irlanda se sentiría orgullosa de cumplir con la parte que le corresponde en la Fuerza de Reacción Rápida asumiendo funciones humanitarias y de mantenimiento de la paz, pero eso y la OTAN no debe ser la única opción. 
La resolución y prevención de conflictos exige diálogo y hay que reunir a las partes enfrentadas. 
La paz se hace con el enemigo, no con el amigo. 
Como dice el dicho, la oportunidad pasa de largo, no se queda. 
Con demasiada frecuencia, dejamos pasar la oportunidad de intervenir y prevenir el conflicto. 
Mi última observación es que, en nuestras negociaciones, debemos ser conscientes de las consecuencias del conflicto para los niños y jóvenes. 
Según informes de UNICEF, dos millones de niños han perdido la vida en conflictos durante la última década. 
Existen 300.000 soldados niños en todo el mundo y millones y millones de huérfanos. 
Debemos esforzarnos más para proteger a los niños. 
Señor Presidente, mi principal preocupación es que el enfoque de la acción de la UE con respecto a la gestión de crisis es con demasiada frecuencia- diría invariablemente- de carácter militar, en vez de ser la prevención de conflictos a largo plazo, a la que se han referido mis colegas. 
Me complace que la Presidenta en ejercicio del Consejo y el Comisario Patten comprendan la necesidad de crear medidas que permitan prever los conflictos violentos y fomentar lo que yo denominaría una cultura de prevención. 
El despliegue de tropas, como sabemos, es costoso y muy proclive al fracaso. 
Naturalmente necesitamos poder reaccionar rápidamente, pero la UE debe mejorar su capacidad de utilizar todos los recursos económicos y políticos a su disposición y hacerlo con mayor eficacia para atajar las causas que provocan la tensión, a las que antes se refería el Comisario. 
Veinticuatro de los cuarenta países más pobres del mundo se encuentran sumidos en algún tipo de conflicto armado o acaban de salir de uno. 
Por consiguiente, debo preguntarle, señor Comisario, cómo es posible que en las unidades de planificación de las políticas y de alerta rápida de la Comisión, previstas en el Tratado de Amsterdam, de las 20 personas que componen su plantilla, 11 trabajen en el ámbito de los Balcanes, mientras que sólo una tiene asignada la región más proclive del mundo a los conflictos, como es África. 
Me gustaría mucho que el Comisario analizara este hecho. 
¿Existen planes para adoptar un enfoque más equilibrado en la unidad de alerta rápida? 
En segundo lugar, ¿estarían dispuestos a reconocer el Consejo y la Comisión que debemos desarrollar urgentemente estrategias comunes para África Occidental, el Cuerno de África, la región de los Grandes Lagos y África Meridional? 
Por último, ¿está de acuerdo la Comisión con que los documentos sobre estrategias de países que se han elaborado bajo el Acuerdo de Cotonú deben incluir urgentemente un estudio sobre las repercusiones de las políticas en materia de conflictos de manera que manera que tengamos la seguridad de que sabemos lo que podría ocurrir en los 77 países que forman parte del Acuerdo de Cotonú? 
Señor Presidente, en los movimientos pacifistas hay gran preocupación porque la rápida organización de una capacidad militar podría entorpecer la apuesta por medidas a largo plazo para la prevención de conflictos, cosa que el año pasado señalaron unas cuarenta organizaciones pacifistas a las Presidencias sueca y belga. 
Un ejemplo es el famoso Cuerpo Civil de Paz que el parlamento ha demandado en numerosas ocasiones y que se menciona en el punto cinco de la presente propuesta de resolución. 
He insistido durante largo tiempo a la Presidencia sueca para que se ocupe de este asunto, puesto que creo que Suecia debería identificarse con esta importante materia; es sabido que Suecia quiere ser un país pacífico. 
Durante un tiempo relativamente largo se me respondió negativamente. 
Sin embargo, ahora, de repente, recibí una carta del Presidente en ejercicio del Consejo, enviada antes de su viaje a Murmansk. 
En esta carta dice: "de este modo, le prometo por escrito que nos ocuparemos del Cuerpo de Paz en cuanto las estructuras estén en su lugar". 
Quizá ésta sea una forma poco común de un Presidente del Consejo para comunicar algo al Parlamento. 
Con todo, la acepto y supongo que algo irá a suceder en relación con este Cuerpo. 
En caso contrario, confío en que los colegas del Parlamento se harán cargo del asunto con seriedad. 
Señor Presidente, tras denunciar la hipocresía de todos aquellos que en esta cámara cantaron en el pasado las alabanzas de los criminales de la UÇK, llamándolos luchadores de la libertad y ofreciéndoles todo tipo de ayuda política, y tras recordar el cinismo de aquellos que saludaron los criminales bombardeos de Yugoslavia por parte de la OTAN y el subsiguiente envío de tropas de ocupación a Kosovo, en calidad de ayuda humanitaria y pacificadora, quisiera recordar que quien siembra vientos recoge tempestades. 
Pregunto, pues, al Consejo y a la Comisión: ¿qué van a hacer, aunque sea ahora, para que la KFOR abandone la región, dado el nefasto papel que ha desempeñado en su desestabilización? 
¿Van a dejar de apoyar la secesión de Kosovo? 
¿Qué van a hacer para que se cumpla la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, que prevé el desarme de la UÇK, así como que la vigilancia de las fronteras Yugoslavia-Arym sea confiada al ejercito yugoslavo, de suerte que pueda aplicarse el acuerdo sobre fronteras recientemente suscrito por los dos países? 
¿Sabe, tal vez, el Sr. Patten la causa de que el gobierno de la Arym se viera obligado a cerrar la oficina de la BBC en Skopie? 
Y, finalmente, ¿toma en consideración la catastrófica propuesta del llamado ejercito nacional de liberación, autor de recientes crímenes en la Arym, para la transformación de esta en una confederación? 
Señor Secretario de Estado, señor Comisario, señorías, el mejor modo de calibrar las necesidades y la trayectoria hacia el objetivo de la gestión de las crisis es, sin duda alguna, seguir la evolución de una crisis real. 
A principios de mes, se registraron en el territorio de la ARYM enfrentamientos armados, cuya relación, en todo caso, con fuerzas que operan más allá de las fronteras del país es más que evidente. 
En la ARYM nos enfrentamos a un fenómeno conocido por muchos otros casos similares- Albania, Kosovo, Chipre, en gran medida Turquía- de territorios en los que viven poblaciones mezcladas, grupos nacionales mezclados, de lengua y religión diferentes; territorios en los que la situación de mezcla de poblaciones coexiste con la vecindad de centros estatales, o zonas, compactos, nacionalmente homogéneos, que concentran la mayor parte de las poblaciones correspondientes. 
Semejantes situaciones han conducido en el pasado a un proceso tan bien conocido y experimentado como trágico. Un proceso inaceptable, tanto desde el punto de vista del tiempo en que vivimos, como desde el punto de vista de lo que pretendemos lograr con la Unión Europea. 
El proceso comienza con sangrientos atentados terroristas dirigidos contra miembros de una de las dos nacionalidades, al objeto de demostrar la inviabilidad de la coexistencia bajo el techo de un mismo estado. 
Sigue la demanda de separación geográfica de las comunidades en el territorio de un estado unitario, la configuración de comunidades de los grupos minoritarios con estatuto de autonomía administrativa; siguen enfrentamientos intercomunitarios, división en estados diferentes, y, finalmente la separación en entidades estatales diferentes. 
Se trata de un escenario al que hemos asistido en numerosas ocasiones en nuestra región; es sabido que va acompañado de derramamiento de sangre, limpieza étnica, intervención de potencias extranjeras, con buenas y malas intenciones. 
Se trata de un proceso desastroso para los pueblos, peligroso y muy caro para la comunidad internacional. 
Señor Presidente, la gestión de crisis semejantes consiste ante todo en la intervención política y diplomática para la integración de la minoría sensible. 
Pasos en este sentido se han dado en la ARYM. 
El ejemplo de la Universidad de Tetovo es característico; pero, en todo caso, ha sido injusto lo dicho por el Sr. Dupuis sobre Grecia, porque Grecia es, si quieren, en este momento, y seguirá siéndolo, el principal apoyo de ese estado. 
Señor Presidente, para prevenir los conflictos hay que conocer sus causas, ya se trate de intereses económicos, de una rebelión social, de desigualdades, de una dictadura, de la represión, de la lucha por el poder o por el acceso a los recursos naturales. 
Recíprocamente, sin embargo, la escalada de conflictos en los países del Sur obstaculiza sus perspectivas de desarrollo. 
Es un círculo vicioso. 
La prevención de conflictos ya no puede disociarse de una política de desarrollo sostenido, que pretenda una mejor distribución de las riquezas y la instauración de una verdadera democracia a nivel mundial. 
Entiendo perfectamente y apruebo los discursos, incluidos los expresados en este Parlamento, que recomiendan el diálogo, la participación de la sociedad civil, el acceso a la educación y a la sanidad para todos, la utilización racional de los recursos y la cooperación regional. 
Hay que combatir desde arriba los costes estructurales de las tensiones. 
Pero, de qué sirven estas declaraciones unidas a presupuestos irrisorios y decrecientes cuando los Estados europeos venden armas a los países en guerra o apoyan industrias petroleras y mineras que sobrexplotan las riquezas del Sur en detrimento de los derechos humanos y de la vida. 
Mientras la preocupación por el desarrollo no se anteponga a los intereses financieros, mientras los Estados europeos vean en los conflictos exteriores una forma de enriquecerse, la prevención de conflictos seguirá siendo una quimera. 
Señor Presidente, creo que tanto la Comisión como el Consejo merecen sobresaliente. 
Sobresaliente por intenciones e ideas, por el conjunto de medidas adoptadas para la prevención y la gestión de las crisis. 
Por lo que se refiere, sin embargo, al ejercicio práctico, tal y como lo hemos visto en los Balcanes, los resultados son trágicos; son una tragedia. 
Es verdaderamente para llorar. No solo por lo que ocurre en la ARYM; ahí está Bosnia y la posición croata con respecto a la cuestión de Herzegovina y su independencia, que pone de relieve que todo está en el aire, y que las mejores intenciones conducen al infierno si no se compaginan con directrices políticas estables, precisas y justas. 
Y esto constituye un gran problema, y hay en relación con ello algo que quisiera decir al Sr. Patten: señor Comisario, el que haya aquí un diputado que de forma permanente y dogmática apoye las tesis de la UÇK es algo que podría considerarse natural. 
Pero aplaudir sus posiciones cuando habla de cambio de la propia Constitución y de transformar la ARYM en una confederación, creo que es muy peligroso, especialmente en las condiciones actuales. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, los atentados contra los derechos humanos y la discriminación de las minorías son actualmente causas fundamentales de conflictos y guerras intra e interestatales. 
En consecuencia, algunos consideran la aplicación sin compromiso del derecho a la autodeterminación como la única vía para evitar la discriminación y la opresión de las minorías. 
Sin embargo, a menudo no tienen en cuenta que con ello muchas veces se crean nuevas minorías, que sufren a su vez los mismos mecanismos de discriminación y sienten la tentación de independizarse para liberarse de ese yugo. 
En los Balcanes, en particular, con amplia mezcla de poblaciones de diferente origen étnico, religioso y lingüístico, una separación étnica clara resulta imposible y ni siquiera sería deseable, a mi parecer. 
La prevención de crisis en los Balcanes consiste actualmente sobre todo en no dar pasos unilaterales, con el fin de no alterar el precario equilibrio de poderes. 
En particular, cualquier tipo de atentados y actividades terroristas no son, naturalmente, los medios apropiados para contribuir a implantar un nuevo orden, sino que por el contrario crean un nuevo desorden. 
Por consiguiente, tenemos que apoyar muy especialmente a todos los Estados- y en este contexto hay que citar en primer lugar a Macedonia- que están haciendo todo lo posible para integrar a las minorías en la vida social, y otro tanto puede decirse actualmente de Yugoslavia y Serbia. 
Por lo tanto, en este momento, la prevención de crisis por parte de la Unión Europea se concreta, a mi parecer, en la emisión de señales claras dirigidas a todos los grupos étnicos extremistas albaneses que no desean la paz y a las organizaciones o personas del entorno del HDZ en la zona croata de Bosnia-Herzegovina, poco numerosas pero que sin embargo existen, que intentan hacer fracasar unilateralmente el compromiso de Dayton, por problemático que éste sea. 
Y yo creo que también se deben dirigir señales a Montenegro, con el fin de evitar que también allí se den pasos unilaterales, con los que actualmente se celebra con entusiasmo la autonomía, pero que ponen en peligro la paz y la estabilidad en la región. 
Señor Presidente, señor representante de la Presidencia en ejercicio del Consejo, señor Comisario, desde que nuestros debates, nuestras intervenciones, se hacen más concisos, sólo hablamos de la gestión de las crisis. 
La prevención de crisis, es la guinda de todos los discursos políticos, porque es mejor prevenir que curar. 
En ellos se habla de paz, de guerra y de seguridad, pero no se sabe hacerlo bien. 
Y este leitmotiv de nuestros diplomáticos, de nuestros generales y de nuestros responsables políticos está hueco. 
Quisiera apoyar aquí, señor Presidente, señor Comisario, que el concepto de prevención de crisis está falto de sentido desde hace tanto tiempo que no nos dotamos de los útiles, de los instrumentos para su aplicación. 
La clave de la prevención de conflictos, es la anticipación, y sólo se consigue si se dispone de un control estratégico específico, basado en auténticos instrumentos de observación geopolíticos y sociológicos adaptados a la vigilancia permanente de las tensiones étnicas, lingüísticas y religiosas. 
Ahora bien, señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento Europeo, que ha trabajado mucho en este asunto, ha votado mis dos propuestas de resolución sobre este asunto. 
Una en 1996, pedía a la Comisión crear en su seno una red de prevención de crisis- Crisis prevention network (CPN) -para asumir esta función de control estratégico, de manera que los análisis, los diagnósticos y las proposiciones sean intereuropeos. 
La Comisión la ha puesto en marcha en 1998 y la ha prorrogado en el año 2000. 
Preguntas al Comisario: ¿Está la Comisión satisfecha con el trabajo efectuado? 
¿Qué uso ha podido hacer de estos informes? 
Preguntas al Consejo: ¿Lo sabe el Consejo? 
¿Ha tenido siempre conocimiento de estos trabajos, a pesar de la opresión burocrática de la Comisión? 
¿Se han servido ustedes de ellos? 
La otra resolución se incluyó en 1997 y 1998 en dos informes, uno del Sr. Martens y otro mío, y se refería a África. 
Sugería a la Comisión, señor Comisario, proponer a los Estados ACP, con motivo de la negociación de lo que se convertiría en el acuerdo de partenariado de Cotonou, que Europa aportara la financiación y los conocimientos para poner en funcionamiento en África cuatro observatorios regionales de tensiones étnicas, lingüísticas o religiosas. 
A falta de esos útiles de anticipación, la Sra. Lindh hablaba de esto hace un momento- ella no ha hablado de útiles -, se gestionan las crisis, no se las ve venir. 
La Comisión no ha hecho nada con esta sugerencia. 
El Consejo tampoco. 
La idea, al igual que la necesidad, permanece. 
¿Piensa la Comisión retomarla? 
¿La ha enterrado el Consejo? 
Señor Presidente, señorías, con el debate común sobre política de prevención y gestión de crisis y sobre los problemas del conjunto de la región del sur yugoslavo, parece como si probáramos al mismo tiempo la teoría y la práctica. 
Claro, que cuando, con la lógica de "zanahoria y látigo en lugar de política", los pueblos se convierten en cobayas, algo no va bien. 
Intentemos, siquiera ahora, un nuevo punto de partida, sin otro objetivo que la prevención de las crisis 
Tendrá que pasar aún mucho tiempo para que quienes hasta hoy han cometido errores trágicos en el Sureste de Europa analicen, descodifiquen y comprendan el DNA político y social de los Balcanes. 
Hoy, cuando la Unión Europea asume iniciativas sustantivas, y se puede suponer que las condiciones generales en la región han mejorado, no se debe permitir ningún nuevo choque, ningún nuevo enfrentamiento armado. 
La paz, la cooperación, el estado de derecho y la inviolabilidad de las fronteras deben constituir el marco de nuestra política. Lo mismo cabe decir de los permanentes esfuerzos por el fomento de las instituciones democráticas y la prosperidad en todos estos territorios tan castigados. 
La Unión Europea debe ayudar y reforzar a las fuerzas más sanas de la región y distanciarse de aquellos que pretenden transformarse en agentes políticos a partir del hampa y el crimen organizado. 
Aún no se ha estimado el enorme coste, no solo para la región, sino para Europa en su conjunto, de los movimientos equivocados, que parecen, por fin, haber terminado. 
Paz y estabilidad en la región se destacan como necesidad primordial para la resolución política de esta prolongada crisis; harán falta tiempo y esfuerzo para llegar a disponer de instituciones constitucionales estables y viables. 
Para la Unión Europea se abre un glorioso campo de acción. 
Que se presente- ¡por fin! -con corona de ramas de olivo, la corona de la sabiduría y la paz de Atenea, y no la lanza guerrera y el escudo de Ares, el antiguo dios de guerra. 
Sobre el colega Sr. Dupuis, quisiera decir que antes de afirmar lo que ha afirmado aquí sobre las relaciones ARYM-Grecia, debería haber preguntado al gobierno de la ARYM. 
En ese caso, habría constatado que el país europeo con el que mejores relaciones mantiene esa república es Grecia. 
Es una realidad que contribuye sobremanera a la estabilidad de la región. 
. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, intentaré contestar muy brevemente algunas de las preguntas concretas que se han formulado al Consejo. 
El Sr. Nicholson of Winterbourne destaca la delincuencia organizada como una causa importante de los conflictos y pregunta si el Consejo ha tratado de incluir este problema en el trabajo de prevención de conflictos. 
Uno de los puntos principales que discutirán el Presidente Putin y el Sr. Ivanov, Ministro de Asuntos Exteriores, cuando viajen a Estocolmo la próxima semana para reunirse con los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores en la reunión del Consejo Europeo, es justamente la reanudación de las conversaciones para combatir mancomunadamente la delincuencia organizada que, desgraciadamente, existe en muchos puntos del territorio ruso y que origina muchos de los conflictos que florecen en las zonas fronterizas rusas. 
Por eso puedo garantizar a la baronesa. Nicholson of Winterbourne que el Consejo intenta combatir activamente la delincuencia organizada. 
La diputada Lalumière menciona el tema que es primordial en toda clase de trabajos de prevención de conflictos, esto es, cómo podría la Unión alcanzar mayor uniformidad de criterios en materias de política exterior. 
Esta unidad de criterios es necesaria para que la prevención de conflictos sea eficaz. 
El Consejo confía en que las estrategias comunes que hemos diseñado para numerosos conflictos sean, ante todo, herramientas para desarrollar esta unidad de criterios. 
Las estrategias comunes no siempre han funcionado como el Consejo hubiese querido. 
El Consejo (asuntos generales) aprobó en su reunión de enero de este año unas conclusiones, fundamentadas en el informe del Alto Representante Sr. Solana, en las que se compromete a intentar ajustar este instrumento, mejorarlo y hacerlo más concreto. 
Espero que se convierta en un medio eficaz para conseguir lo que desea la diputada Lalumière, deseo que comparto plenamente. 
En este contexto, también quisiera referirme a la pregunta del Sr. Kinnock sobre el desarrollo de las estrategias comunes para facilitar su aplicación en otras regiones, algunas de las cuales se mencionan. 
El criterio dominante en el Consejo es, no obstante, que hay que empezar por conseguir que las estrategias comunes sean un instrumento más eficaz antes de dar el paso de estudiar si pudiesen aplicarse en otras regiones conflictivas. 
Sin embargo, tomamos nota de la propuesta y la tendremos en cuenta en las futuras decisiones. 
El diputado Rocard, finalmente, formula numerosas preguntas relevantes y demanda reacciones concretas a la luz de las experiencias derivadas del fortalecimiento de los trabajos de prevención de conflictos por parte de la Comisión. 
Traspaso gustosamente esta pregunta al Comisario Patten para que la responda más detalladamente. 
Sin embargo, permítanme señalar que una de las principales razones que ha tenido la Presidencia para dar prioridad a la preparación de un programa de medidas para la prevención de conflictos es que, justamente, vemos que existe la necesidad de aunar recursos en el seno de la Unión para ganar eficacia en esta materia. 
Vamos a revisar las decisiones que se han adoptado y los embriones de estructuras de organización que existen en diferentes sectores. 
Esperamos poder redactar un programa sólido, que haga a la Unión aún más idónea para prevenir los conflictos que se producen en el mundo. 
. (EN) Quisiera responder a cuatro preguntas que han sido formuladas en el transcurso del debate. 
Veo que dos de los oradores que me han dirigido preguntas directas, lamentablemente, no han podido quedarse para oír la respuesta, pero estoy seguro de que eso no significa que piensen que las preguntas no son importantes. 
En cualquier caso, he pensado que las preguntas eran importantes, por lo que las responderé y quizá lean las respuestas en el Acta. 
La primera pregunta era relativa a la Universidad de Tetovo y quiero manifestar a su Señoría que ha formulado la pregunta, en su ausencia, que creo que la universidad es sumamente importante. 
Siento gran satisfacción de que el Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia se comprometiera con la fundación de dicha universidad. 
Estoy seguro de que el Parlamento se sentirá complacido, aunque no sorprendido, de que la Comisión pretenda destinar 5 millones de euros para apoyar dicha universidad que debe desarrollar una función sumamente importante, como es la de garantizar el desarrollo con éxito de una comunidad multiétnica. 
En cuanto a la pregunta sobre extremismo, estoy de acuerdo con su Señoría cuando dijo que no deberíamos apoyar el extremismo albanés. 
Todos deberíamos denunciarlo enérgicamente. 
En ese contexto, personalmente, no creo que sea ni remotamente de utilidad, más bien precisamente lo contrario, hablar sobre un cambio constitucional en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Sabemos perfectamente que en la Antigua República Yugoslava de Macedonia existe un Gobierno que ha realizado una labor extraordinaria, una labor muy valiente, una labor muy comprometida con su apuesta por seguir la vía de la reforma económica y política. 
Alabo dichos esfuerzos que el Gobierno ha realizado hasta ahora. 
Es por lo que hemos accedido a iniciar negociaciones sobre un acuerdo de estabilización y asociación con dicho Gobierno y el motivo también por el que hemos completado dichas negociaciones sobre el acuerdo antes que con ningún otro gobierno. 
Debemos mantener nuestro apoyo al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en todos sus esfuerzos para construir una sociedad abierta y plural que salga adelante en aquel país. 
El Gobierno ha realizado una labor excelente hasta ahora y seguiremos apoyándolo en su lucha contra las amenazas extremistas a las que debe hacer frente. 
Dos otras preguntas, en primer lugar, la pregunta de los documentos sobre estrategia por países y la importancia de incluir ideas de prevención de conflictos en dichos documentos. 
Yo pensaba que en mis observaciones anteriores había dejado claro, y ciertamente ésa era mi intención, que teníamos intención de tratar sobre esta cuestión con motivo de nuestra comunicación de abril sobre prevención de conflictos. 
Puedo asegurar a su Señoría que así lo haremos. 
Es sumamente importante. 
Representa el tipo de desarrollo en la preparación de los documentos sobre estrategia por países que hemos visto en el caso de otros donantes de ayuda al desarrollo, por lo que espero que podamos seguir por ese camino. 
Su Señoría ha sugerido algo que a raíz de nuestra pasada experiencia puede parecer demasiado ambicioso, a saber, que nos lancemos hacia cuatro nuevas estrategias comunes. 
Creo que debemos aprender algunas lecciones sobre estrategias comunes como hemos manifestado, tanto en público como en privado, el Alto Representante y este Comisario. 
Pero su Señoría tiene toda la razón cuando dice que debemos perseguir una mayor coherencia en nuestras políticas en África. 
Debemos tener en cuenta el hecho de que existe una relación nefasta e insana entre los problemas de desarrollo en África y los conflictos. 
Por último, quisiera tratar sobre la pregunta planteada por el Sr. Rocard, que es, en muchos sentidos, el padrino de la red de prevención de crisis. 
Ha sido y sigue siendo una contribución muy valiosa a nuestro arsenal de políticas, aunque creo que debemos esforzarnos bastante más por hacer un buen uso del mismo. 
Espero que lo hagamos en el futuro. 
La semana pasada celebramos una reunión muy positiva con un grupo de diputados sobre la red de prevención de crisis. 
Dos de sus colegas del Grupo Socialista asistieron a dicha reunión en la que hubo un buen intercambio de opiniones entre mis servicios y el grupo de diputados. 
Mantenemos relaciones excelentes con el grupo consultivo parlamentario sobre la prevención de conflictos y ciertamente tendremos en cuenta su opinión así como la opinión informada y la sabiduría de quien es prácticamente el padrino- y utilizo el término en su sentido más positivo- en nuestro futuro desarrollo de la red y de nuestras políticas en este ámbito. 
Espero que podamos volver sobre este tema en abril, cuando la Comisión presente su comunicación sobre la prevención de conflictos en general. 
He recibido ocho propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios acoge con satisfacción el informe del Comité de Expertos y así lo resalta en una resolución adoptada por unanimidad. 
En efecto, a la Unión Europea y a las tres instituciones les interesa superar la fragmentación del mercado financiero europeo y encontrar soluciones que respondan a los intereses de la industria, de los inversores y de los consumidores, y contribuir así a la estabilidad del mercado financiero bajo el signo de la globalización. 
Por lo tanto, a nuestro parecer es importante que examinemos cómo podríamos agilizar y mejorar la eficacia del proceso legislativo en este ámbito. 
Ello requiere la colaboración de las tres instituciones. 
El informe del Comité de Expertos no deja claro cómo se debe concretar la relación entre los actores y las instituciones en los diferentes ámbitos e insta, por lo tanto, a las instituciones europeas a mantener un diálogo. 
Este es el motivo de nuestras preguntas a la Comisión y al Consejo, pues el Parlamento Europeo no tiene claro cómo se puede garantizar el equilibrio institucional en el ámbito de la Unión Europea en el marco de dicha propuesta. 
Por consiguiente, hemos elaborado algunas propuestas y esperamos conocer las respuestas del Consejo y de la Comisión. 
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los Estados miembros o en los Estados Unidos, el Tratado no prevé la posibilidad de un proceso legislativo secundario, entre otras cosas y no en último lugar porque en el ámbito comunitario no existe un órgano ejecutivo en el cual poder delegar dichas competencias. 
Además, el Parlamento Europeo, a diferencia de los parlamentos nacionales, no dispone del derecho de iniciativa. 
En consecuencia, sin duda es necesario completar el procedimiento de comitología propuesto por el Consejo y también en el informe, con el fin de restablecer el equilibrio entre las instituciones cuando se desee seguir un procedimiento de vía rápida. 
Esto significa que cuando en una legislación marco se establezca una vinculación clara entre los aspectos políticos y los técnicos, se deberán concretar lo más pronto posible las competencias para su aplicación en el ámbito técnico y su adaptación a los cambios tecnológicos, y este aspecto también se debe resaltar concediendo al Parlamento Europeo un derecho de retracto claro en el caso de que se ejerzan indebidamente las facultades reconocidas o no se respete el mandato de transparencia, por ejemplo en lo que respecta a la consulta. 
Al fin y al cabo, el informe Lamfalussy también otorga, al igual que el Parlamento Europeo, un gran valor a la máxima transparencia del procedimiento justamente en este ámbito legislativo. 
Yo quisiera señalar que, con buena voluntad por parte del Consejo y la Comisión, dicho derecho de retracto se podría incorporar a la Decisión de 1999 sobre la comitología mediante una sencilla modificación, concretamente para el caso en que el Parlamento Europeo considere que el Comité de Valores Mobiliarios ha rebasado sus competencias y, por lo tanto, es preciso enmendar su actuación, ya sea mediante una nueva propuesta de la Comisión, ya sea iniciando el procedimiento de codecisión habitual en este ámbito. 
Desde el Parlamento Europeo pedimos explícitamente un acuerdo institucional que deje claro que la legislación debe regular los principios fundamentales y debe establecer en cada caso concreto una clara distinción entre la transposición política y la técnica. 
Estamos dispuestos a contribuir a la agilización en todos los casos- también podemos aplicar el procedimiento de vía rápida en el marco del procedimiento parlamentario de codecisión- y a garantizar la máxima transparencia. 
Yo pido, no obstante, al Consejo y a la Comisión que nos respondan claramente cuál es su posición con respecto a un posible derechos de retracto del Parlamento europeo o un procedimiento equivalente, pues para nosotros se trata de un aspecto de fundamental importancia para cumplir con nuestra responsabilidad democrática en el marco de la Unión Europea. 
. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, agradezco esta oportunidad que se me brinda para explicar los criterios del grupo de expertos, cuyo presidente era el barón Lamfalussy. 
Ha habido muchos contactos informales entre el Parlamento y el Consejo en torno a esta materia. 
Quiero aprovechar la oportunidad para expresar el aprecio del Consejo por el trabajo realizado por la Sra. Randzio-Plath como Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Para el Consejo y la Presidencia ha sido de inestimable valor poder discutir estas materias frecuentemente con usted. 
Como es sabido, el Consejo de Ecofin estudió las propuestas del informe Lamfalussy en su reunión del 12 de marzo de este año. 
El Consejo da la bienvenida al informe, pero continuarán las conversaciones. 
Ecofin celebrará una nueva reunión inmediatamente después de la reunión de Estocolmo. 
La Presidencia desea que se alcance un acuerdo tan pronto como sea posible. 
El Consejo estima que las formas de funcionamiento del mercado de valores son decisivas para que aumente el crecimiento económico. 
Por eso resulta aún más obvio discutir este asunto en la reunión de Estocolmo, ya que uno de sus objetivos es precisamente la modernización de la economía europea. 
Es primordial para el crecimiento y el empleo que los mercados de valores negocien capitales, eficazmente desde el punto de vista de los costes, entre el ahorro y las inversiones, administren sistemas de pagos y distribuyan riesgos. 
Asimismo, hay que procurar que los mercados ofrezcan adecuada protección a los consumidores y que sean estables. 
Los mercados de valores y los mercados de capitales de riesgo de la Unión tienen que integrarse y hacerse más eficaces. 
Los planes de acción para los servicios financieros y los capitales de riesgo contienen buenos fundamentos para alcanzar precisamente esas metas de integración y eficacia. 
La ejecución de los planes de acción está en el centro de las miradas. 
Habrá que hacer los esfuerzos que sean necesarios para cumplir los plazos. 
A nuestro juicio, es necesario para las instituciones involucradas y para los Estados miembros que se haga una revisión conjunta de los procesos legislativos en el sector financiero y utilizar más eficazmente sus posibilidades, de manera que las decisiones importantes puedan tomarse con mayor rapidez. 
La opinión del Consejo es que el Derecho Comunitario que regula los mercados de valores debe tener cierta flexibilidad para poder adaptarse al progreso y crear un mercado común competitivo, receptivo a las nuevas tendencias. 
El proceso de legislación debe acelerarse, pero respetando los límites del Tratado. 
Esto puede y debe lograrse, respetando plenamente, al mismo tiempo, las disposiciones del tratado, los derechos de las instituciones involucradas y el actual equilibrio existente entre ellas. 
En general, el Consejo respalda la estrategia de cuatro niveles que han propuesto los expertos para flexibilizar el proceso de reglamentación en el marco del actual Tratado. 
No quisiera comentar hoy detalles de las actividades del futuro comité de valores. 
Sólo me gustaría hacer hincapié en que el Consejo y los Estados miembros, como señalé hace un momento, son conscientes de la necesidad de acelerar los trámites legislativos. 
Los procedimientos propuestos por los expertos para las decisiones de los denominados niveles 1 y 2 no son nuevos. 
Se fundamentan en posibilidades existentes, es decir, en el procedimiento legislativo completo y en la aplicación del procedimiento de comité. 
Por eso, las normas esenciales y sus consecuencias en relación con los asuntos que destaca la Sra. Randzio-Plath en su pregunta oral son bien conocidas. 
La Sra. Randzio-Plath pregunta cómo puede proponer el Consejo que se garantice el equilibrio en el procedimiento de codecisión y una cierta medida de apertura. 
El marco jurídico de la delegación de facultades ejecutivas está claro en el tratado, de acuerdo a la decisión del Consejo de 1999 sobre el procedimiento de comité, según la práctica jurídica del Tribunal de las Comunidades Europeas y en conformidad con las decisiones del legislador, al delegar las facultades ejecutivas en casos específicos. 
En esta materia, por tanto, el Consejo y el Parlamento Europeo siguen normas preestablecidas. 
Estamos obligados a atenernos a este marco jurídico. 
Mediante el procedimiento de codecisión, decidimos en común qué actos se traspasan al procedimiento de comité y de acuerdo a qué reglas. 
Además, mediante la nueva decisión marco de 1999 sobre el procedimiento de comité, se le garantiza al Parlamento un papel más importante que el anterior y se asegura también una buena cuota de apertura. 
La nueva apertura es ventajosa e importante para el Parlamento Europeo, pero también lo es para los ciudadanos. 
Se asegura al Parlamento Europeo plena y continua información sobre el trabajo del comité de valores y acceso a todos los documentos relevantes: órdenes del día, propuestas de medidas, resultados de votaciones, protocolo de reuniones y listas de asistencia. 
Si el Parlamento opinase que los borradores de medidas presentados por la Comisión exceden las facultades ejecutivas de los instrumentos fundamentales, la Comisión debe revisar inmediatamente esas medidas y, consecuentemente, ajustarse, tanto como sea posible, a la resolución parlamentaria. 
Un comité independiente va a aconsejar a la Comisión en la preparación de borradores de medidas ejecutivas para los principios del marco. 
Si este sistema funcionase bien, todas las instituciones involucradas deberán actuar de buena fe y respetar las condiciones esenciales de la estrategia de diferentes niveles que se propone en el informe de los expertos. 
Más adelante la Sra. Randzio-Plath me insta a cuidar que el comité de valores "no actúe demasiado enérgicamente para reformar o frenar las normas de ejecución que propone la Comisión" y a dar garantías políticas de la voluntad del Consejo para acelerar los procedimientos. 
Debo hacer hincapié en las diferencias constitucionales fundamentales entre el Consejo como institución y un comité para un procedimiento de comité, que está formado por representantes de los propios Estados miembros y no por el Consejo. 
Esta diferencia es importante y, como es sabido, es el fundamento de toda la estructura del procedimiento de comité. 
Quisiera hacer notar que la principal misión del comité de valores será asistir a la Comisión en el ejercicio de sus facultades delegadas, en concordancia con los métodos de decisión contemplados en el procedimiento de comité. 
En cuanto al Consejo, quisiera reiterar lo que dije anteriormente, esto es, que todas las instituciones involucradas tendrán que actuar de buena fe y respetar las condiciones fundamentales del informe de los expertos. 
Las estructuras que se proponen en el informe Lamfalussy respetan el procedimiento de codecisión y el equilibrio institucional establecido en el tratado. 
Por eso, el Consejo opina que no se necesitan más marcos institucionales en esta materia. 
También quiero mencionar que el Consejo de Ecofin apoya la idea de crear un sistema interinstitucional de control para evaluar los avances hacia un mercado económico integrado e identificar los cuellos de botella. 
El Parlamento y el Consejo podrían ser informados regularmente, como una parte del proceso de control. 
Además, la amplia y abierta revisión que se propone para el año 2004 nos permitiría evaluar el funcionamiento del sistema y mejorar eventuales deficiencias. 
Como ya he dicho, el Consejo de Ecofin del 12 de marzo acogió con interés el informe y la estrategia de cuatro niveles e hizo avances en la creación de normas generales para resolver los asuntos institucionales y de organización a que dio origen la estrategia. 
Sin embargo, aún quedan algunos asuntos por resolver: las relaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo en torno a determinados actos jurídicos y a la creación del comité. 
Ahora el Consejo de Ecofin ha instado a continuar con los trabajos en torno a estos asuntos y espero, como señalé al comienzo de mi intervención, que en corto tiempo consigamos una solución. 
. (EN) Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que la Comisión apoya ampliamente el impulso principal del informe del Comité de expertos presidido por el Sr. Lamfalussy. 
Para lograr la integración de los mercados de valores antes de 2005, la Comisión considera que la legislación comunitaria deberá ser más eficaz y flexible con vistas a poder responder rápidamente a las situaciones que se producen en los mercados financieros. 
Asimismo deberá aplicarse la legislación de la UE de una manera más rápida y coherente, y velar con mayor rigor por su cumplimiento. 
La Sra. Randzio-Plath formula cinco preguntas principales sobre la posición de la Comisión con respecto al informe. 
Me gustaría intentar responder a todas ellas, aunque quizá por diferente orden. 
Primero, sobre la transparencia y responsabilidad del procedimiento, les recuerdo que, de conformidad con el Tratado y la jurisprudencia, los elementos fundamentales de un acto deben ser definidos por los legisladores y, por consiguiente, serán sometidos al denominado procedimiento de codecisión del nivel 1. 
Las medidas ejecutivas, sin embargo, de conformidad con la decisión en el marco de la comitología, serán delegadas al procedimiento de nivel 2, como resulta evidente para todos los que hayan leído el informe Lamfalussy. 
La Comisión comparte la opinión de que es esencial consultar ampliamente a los consumidores y la industria sobre todas las medidas ejecutivas que les afecten. 
En la adopción de directivas o reglamentos de nivel 1, el Consejo y el Parlamento definirán conjuntamente por codecisión el ámbito de las medidas ejecutivas técnicas, como se ha manifestado, sobre una base de caso por caso. 
En cuanto al nivel 2, la Comisión también está dispuesta a realizar una amplia consulta a los integrantes del mercado y usuarios finales, de manera abierta y transparente, antes de adoptar medidas ejecutivas tácticas. 
La Comisión reconoce asimismo que el Comité de valores debería seguir un procedimiento exhaustivo de consulta sobre las propuestas de medidas ejecutivas, sobre el que mantendrá plenamente informado al Parlamento Europeo. 
En lo que respecta al derecho de iniciativa de la Comisión, hago hincapié en que la Comisión, con la preparación de sus propuestas sobre medidas ejecutivas técnicas de nivel 2, espera poder beneficiarse de los conocimientos técnicos que aportarán las autoridades normativas de la Unión Europea- al fin y al cabo, son las expertas en estas materias. 
Por consiguiente, no existe ningún peligro de que el derecho de iniciativa de la Comisión se vea afectado por dicho asesoramiento. 
La Comisión cree que alentar a las autoridades normativas europeas a que trabajen de este modo facilitará también, con el tiempo, la convergencia de las autoridades normativas de toda la Unión Europea. 
Paso, a continuación, a la tercera cuestión planteada por la Sra. Randzio-Plath: la pregunta de la simetría de los poderes de codecisión de los dos pilares legislativos y de la transparencia del Comité de valores. 
La Comisión cree que dicha simetría está garantizada por el procedimiento de codecisión previsto en el artículo 251 del Tratado de la CE. 
Dicho procedimiento otorga al Parlamento el poder de decidir, junto con el Consejo, sobre el ámbito de las medidas ejecutivas técnicas que deben adoptarse al nivel 2. 
El Parlamento deberá decidir, junto con el Consejo, sobre la diferencia entre los principios generales y las medidas ejecutivas. 
En el caso de dichas medidas, la decisión por comitología de 1999- a la que ha hecho referencia anteriormente el representante del Consejo- confiere al Parlamento el derecho a ser informado regularmente por la Comisión sobre las actuaciones de los comités que intervienen en los procedimientos de las comisiones. 
De conformidad con los artículos 1 y 2 de los Acuerdos interinstitucionales sobre procedimientos para ejecutar la decisión sobre comitología de 1999, la Comisión remitirá al Parlamento toda la documentación necesaria, las propuestas de medidas y los órdenes del día del Comité de valores, como acaba de mencionar el representante del Consejo. 
La Comisión está dispuesta asimismo a seguir la recomendación de la comisión de tener en cuenta al máximo cualquier resolución aprobada por el Parlamento relativa a una propuesta al Comité de valores. 
Permítanme pasar a continuación a la pregunta sobre las propuestas de medidas ejecutivas. 
Si el Comité de valores no presentara a la Comisión una opinión positiva, y el Consejo rechazara las medidas o el Parlamento emitiera, en una resolución aprobada por mayoría absoluta, un dictamen en el sentido de que las medidas ejecutivas sobrepasan los poderes conferidos- el caso denominado ultra vires -, la Comisión, de conformidad con la decisión sobre comitología de 1999, volvería a examinar su propuesta. 
En semejantes circunstancias, la Comisión estaría dispuesta, como he mencionado anteriormente, a tener en cuenta al máximo la posición del Parlamento, en el sentido de dicha resolución. 
En ese caso, y aun cuando el Comité de valores haya emitido una opinión positiva sobre las propuestas de medidas ejecutivas, la decisión en el marco de la comitología aún prevé la posibilidad de que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre la base del Tratado, es decir, mediante codecisión. 
No obstante, la Comisión está convencida de que todas las partes tendrán incentivos importantes para contribuir al buen funcionamiento de este sistema. 
La Comisión está dispuesta a trabajar con el Consejo y el Parlamento dentro del ámbito del Tratado y de la toma de decisiones en el marco de la comitología para esclarecer cualquier cuestión pendiente. 
Asimismo, el comité interinstitucional de vigilancia propuesto- en el que, naturalmente, estará representado este Parlamento- deberá desempeñar un papel importante para garantizar todo esto. 
Por último, sobre este punto, en el año 2004 se llevará a cabo una revisión completa de todo el procedimiento. 
Para terminar, y antes de responder a las preguntas de la Sra. Randzio-Plath, el objetivo fundamental de la Comisión en el ámbito de los mercados de valores es crear un mercado financiero europeo integrado a través de la culminación del plan de acción sobre servicios financieros, y cuanto antes, mejor. 
La Comisión cree que este objetivo aportará ventajas considerables a largo plazo. 
Para hacerlo realidad, la Comisión considera que la legislación comunitaria debe ser más eficaz y flexible para poder responder rápidamente a las situaciones que se producen en los mercados financieros. 
Como también ha resaltado el representante del Consejo, la legislación deberá emitirse de conformidad con el Tratado y la decisión sobre comitología de 1999. 
Todas las partes interesadas se sentirán satisfechas y tendrán un papel adecuado dentro de los límites que marca el Tratado. 
Sé que, al final del debate, tendré la oportunidad de exponer algunos comentarios adicionales, pero quisiera responder a algunas de las observaciones que ha hecho la Sra. Randzio-Plath. 
De hecho, la Comisión acoge muy favorablemente la actitud positiva que ha demostrado la Sra. Randzio-Plath, como presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, respecto al informe del Comité de expertos bajo la presidencia del Sr. Lamfalussy. 
La Sra. Randzio-Plath ha dicho que no debemos escatimar esfuerzos para acelerar el proceso y la Comisión está completamente de acuerdo con su opinión- de lo contrario aprobaremos medidas de ayer para situaciones de mañana. 
Asimismo, la Sra. Randzio-Plath ha dicho- con lo que, una vez más, estamos de acuerdo- que los procedimientos deberán ser absolutamente transparentes, y el informe del Sr. Lamfalussy y sus colegas no deja ninguna duda al respecto. 
Una vez más, está el comité de vigilancia en el que, como he dicho, el Parlamento estará representado, que se encargará de supervisar todo el proceso. 
Si no hay transparencia suficiente, el comité de vigilancia, sin ninguna duda, hará las observaciones pertinentes. 
En tercer lugar, si el Parlamento aprobara por mayoría una resolución en la que se dictamine que la Comisión ha actuado ultra vires, en ese caso, la Comisión está de acuerdo, una vez más, con el informe Lamfalussy cuando dice que tendrá en cuenta al máximo el dictamen del Parlamento y que actuará en consecuencia. 
Es una importante medida de salvaguarda que garantiza al Parlamento que no será eludido por arte de magia. 
O sea que también en este sentido podemos tranquilizar a la Sra. Randzio-Plath. 
Señor Presidente, con su permiso, yo quisiera hacer en primer lugar una observación sobre el orden del día de nuestra Asamblea. 
Confiando en el orden del día del Parlamento, en el que el debate de este y otros informes estaba previsto para esta mañana, yo me había comprometido a reunirme dentro de una hora con un grupo de ciudadanos de mi distrito electoral para debatir sobre temas relacionados con la economía europea. 
Por lo tanto, quiero disculparme de antemano por no poder quedarme hasta el final del debate. 
Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre la propuesta del Comité de Expertos y agradecer ante todo y muy especialmente al barón Lamfalussy el informe muy inteligente que ha elaborado sobre este tema y que nos permite seguir avanzando, para pasar a exponer a continuación mi posición con respecto a la primera parte del informe, concretamente sobre el tema de la agilización del procedimiento. 
En efecto, nuestra verdadera aspiración es que este importante paquete legislativo se debata con rapidez y se transponga pronto. 
Y esta es la primera ocasión en que el Parlamento se ha declarado dispuesto a examinar los procedimientos legislativos detallados ya en la primera lectura, siempre que sea posible y si el Consejo se aproxima a nuestras posiciones. 
Es decir, que si podemos llegar a un acuerdo en la primera lectura, el Parlamento está dispuesto, como es lógico, a renunciar a proponer nuevas enmiendas en la segunda lectura. 
Yo creo que sería muy conveniente si pudiésemos seleccionar, por ejemplo, dos proyectos piloto muy importantes- como pueden ser las disposiciones relativas al fondo de pensiones, que ocupan un lugar muy central, y luego otra cuestión más sencilla, como la regulación de los folletos en la Unión Europea -, que nos sirviesen de base para comprobar de manera muy concreta qué problemas se plantean realmente cuando se traspasa la función legislativa a un segundo nivel. 
También quisiera añadir algunas palabras sobre el tema de si la democracia requiere tiempo. 
En efecto, siempre se dice que el hecho de que el Parlamento pueda llegar a examinar un asunto en tres lecturas alarga innecesariamente el procedimiento legislativo. 
Yo no puedo confirmar que sea así. 
Basta recordar los viejos tiempos de la unanimidad, cuando los procedimientos legislativos llegaron a durar hasta veinte años en la Unión Europea. 
Existen ejemplos muy concretos en este sentido, como por ejemplo la Directiva relativa a la responsabilidad por los productos. 
La experiencia indica que, tras la introducción del nuevo procedimiento de codecisión, estamos en condiciones de completar procedimientos legislativos importantes en un plazo de dos años. 
Yo creo que esto demuestra que es posible seguir un procedimiento democrático, sin emplear a pesar de todo un plazo exagerado de tiempo. 
Pasando ahora al segundo tema, relativo a la transposición de la legislación en la Unión Europea, en este contexto podemos hacer nuestra la propuesta del Comité de Expertos en la mayoría de sus puntos, a diferencia del Consejo, que también tiene reservas en este aspecto. 
No obstante, el Parlamento Europeo pide por unanimidad el derecho de retracto en el caso de que lleguemos a la conclusión de que se han cometido errores en la transposición de la legislación. 
Esta es la petición unánime del Parlamento Europeo, que muy pronto también votaremos como parte de la resolución. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias, primeramente, a los Sres. von Wogau y Chris Huhne que, junto conmigo, han hecho lo posible para que la Comisión Económica y Monetaria pudiera adoptar una resolución por unanimidad. 
Esta unanimidad en nuestra Comisión merece subrayarse. 
Es un hecho raro que debería animar a la Comisión y al Consejo a considerar de cerca los argumentos adelantados por el Parlamento Europeo. 
También quisiera dar las gracias al Sr. Alexandre Lamfalussy, que ha realizado un trabajo paciente e inteligente a la cabeza del Comité de expertos. 
Ha estado pendiente del Parlamento Europeo, y la gran mayoría de sus propuestas son sensatas, útiles, incluso necesarias para llegar a una buena reglamentación de los mercados europeos de valores y a la creación de un verdadero mercado en este ámbito. 
Sin embargo, el informe del Sr. Lamfalussy ha recibido una acogida mitigada tanto en el Consejo ECOFIN como en el Parlamento Europeo, en la medida en que algunas de sus propuestas amenazan el equilibrio interinstitucional- ya que la Sra. Randzio-Plath ha hablado de ello, no insistiré más. 
No quito importancia a la necesidad de legislar más deprisa, especialmente en aras del desarrollo de los mercados financieros europeos. 
El problema reside sobre todo en este Comité de valores mobiliarios que adoptaría, según el procedimiento de votación del Consejo, las propuestas de la Comisión. 
Se nos dice que no se trata de decisiones sobre asuntos técnicos, y el Sr. Danielsson nos ha recordado la diferencia entre el Consejo de Ministros y un comité de reglamentación. 
Pero ¿para qué movilizar a los Secretarios de Estado por unas supuestas reglas técnicas? 
Además, estos Secretarios de Estado deben votar según el procedimiento del Consejo. 
¿Quién puede explicarme en qué medida los Secretarios de Estado, que trabajan bajo la dirección de sus respectivos ministros, son capaces de legislar más deprisa que el Consejo de ECOFIN? 
Todo esto no tiene mucho sentido y creo que si efectivamente se quiere trabajar más deprisa, podemos hacerlo. 
El Sr. von Wogau ha dado algunas pistas y no las repetiré. 
El Parlamento quiere un mecanismo de alerta. 
Existe en muchos países europeos y también en Estados Unidos. 
Es una cláusula de salvaguarda en beneficio de los propios mercados, y estoy seguro de que si esta cláusula de salvaguarda, este mecanismo de alerta existiera, probablemente el Parlamento no lo utilizaría a menudo. 
En cualquier caso, se trata de una garantía contra las desviaciones antidemocráticas de un Comité que se reúne a puerta cerrada y que toma decisiones sin que el Parlamento pueda intervenir. 
Señor Presidente, sencillamente daré por sentado el apoyo de mi Grupo al informe Lamfalussy y a los razonamientos que contiene. 
Quiero ir al meollo del asunto que nos ocupa. 
No me tranquilizan las garantías del Consejo y de la Comisión en el sentido de que en este proceso se tendrá plenamente en cuenta al Parlamento. 
Naturalmente debemos respetar los Tratados, naturalmente debemos comprender las diferencias entre Derecho primario y legislación secundaria, tal y como se hace referencia en el informe Lamfalussy y, naturalmente, tenemos el Acuerdo interinstitucional sobre comitología de junio de 1999 como posible punto de partida. 
Nos encontramos en un momento especial en el que, como instituciones, podemos aprovechar la oportunidad de perseguir juntos, de un modo creativo, algo en lo que hasta ahora hemos fracasado estrepitosamente. 
Existe una larga lista de bloqueos, a la que se hace referencia en el informe Lamfalussy, y son bloqueos, principalmente, del Consejo de Ministros. 
Existe una larga lista de fracasos en la ejecución, y éstos son, principalmente, responsabilidad de la Comisión en su calidad de guardiana del cumplimiento de los Tratados. 
No tiene sentido volver al pasado cuando podemos aprovechar este momento para crear un futuro mucho mejor sin tener que esperar, con respecto a un mercado financiero único. 
Sí, tenemos derechos en la legislación primaria. 
Tenemos el derecho, como se ha dicho, de definir el ámbito de la legislación y de los poderes derogados a las autoridades normativas y a los comités de valores. 
Pero existe aquí un sistema corrector. 
¿Les daremos un milímetro o un metro? 
¿Un metro o un kilómetro? 
Les diré lo que haremos- lo distribuiremos en función de nuestra opinión respecto a su escrutinio democrático, su equilibrio, su paralelismo entre las instituciones legislativas y su transparencia democrática. 
Si queremos rapidez y esencia, si quieren, señor Comisario y señor Presidente en ejercicio del Consejo, la flexibilidad necesaria para dar soluciones de mañana a los problemas de mañana, y no a los problemas de ayer, debemos dar a dichos comités un amplio margen, aunque, en caso necesario, deberemos poder dar marcha atrás previa reflexión. 
Si no podemos dar marcha atrás, no hay margen. 
Debemos tomar una decisión importante. 
No se trata sencillamente de un círculo cerrado. 
En la ronda primaria decidimos lo amplio que es el arbitrio secundario y lo amplio que llegará a ser. 
En parte, dependerá de lo abierto y democrático y de lo equilibrado que sea en términos de los dos brazos legislativos de esta Unión. 
Permítanme pasar a la parte del debate que no ha mencionado su nombre. 
Aprovechando que el Consejo se encuentra aquí presente- si me lo permite con el debido respeto a tanta cortesía del Sr. Ministro -, si nos arroja el libro y dice, " Aquí está el Tratado; aquí está el procedimiento. 
Les informaremos, les enviaremos las actas, pero por lo demás, por favor, váyanse ", no acepto ese mensaje. 
Quiero que el Consejo nos diga, al tiempo que nos transmite el mensaje, por qué el Consejo o, al menos, algunos Estados miembros actúan de manera encubierta y recurren a los anexos, que se utilizan por otros motivos para temas delicados, a la decisión de junio de 1999 y se inventan nuevas normas sobre comitología que les permitan saltar de la mayoría cualificada de hecho a la mayoría simple como ventaja sobre la Comisión Europea. 
Eso no es aceptable. 
No deberían existir dos normas, sino una norma, una democracia y una apertura. 
Señor Presidente, Señorías, creo que debemos advertir claramente al Consejo y a la Comisión que no se reúnen las condiciones de un control democrático sobre una cuestión fundamental. 
El poder dado a los expertos únicamente se ha referido al método, cuando el debate político sobre la finalidad y la substancia de la reglamentación y del control político está muy lejos de dar resultados. 
Fabricar un mercado financiero, puede ser la peor opción, teniendo en cuenta los capitales de mercados inestables y discriminatorios, o la obsesión por el valor patrimonial. 
Sin embargo, el ejercicio puede revelarse positivo si se trata de hacer una mutua de recursos para desarrollar un sistema productivo, la cohesión social o las solidaridades interregionales. 
Pero ¿quién puede decir que verdaderamente estamos preparando esto? 
No es el Parlamento el que lo frena. 
Los Estados han dicho sí al mercado financiero paneuropeo, pero no se han parado a reflexionar sobre los impactos. 
No han desarrollado ninguna estrategia, y han tropezado con mil reticencias administrativas. 
Esto es tan verdad como que el Comité de expertos ha tenido que proponer un procedimiento extremadamente pesado, típicamente intergubernamental, cuando un método que hubiera dado poder de iniciativa al Parlamento Europeo con el establecimiento de un regulador europeo, provisto de un poder claro, ciertamente habría permitido llegar a un resultado de forma efectiva, aceptable y rápida. 
Por tanto, tenemos un método que no nos conviene y esto es lo que decimos hoy unánimemente con la Comisión Económica y Monetaria. Queremos como mínimo un mecanismo de alerta que permita tratar de controlar este procedimiento extremadamente burocrático que se nos escapa. 
Exigimos que esta expectativa se ponga al alcance de la opinión pública. 
Esta es, una vez más, una cuestión de elección democrática. 
Debo anunciarles que, para poder cumplir con el orden del día, se interrumpe el presente debate, que se reanudará a las 21.00 horas. 
Fiebre aftosa 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo sobre la fiebre aftosa. 
. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, la fiebre aftosa es una enfermedad terrible. 
Es extraordinariamente contagiosa y es mortal. También implica grandes daños económicos y mucho sufrimiento. 
Por eso no es extraño que esta enfermedad interese a los diputados en un momento en que, por primera vez en muchos años, se ha comprobado una epidemia en el territorio de la Unión. 
El 20 de febrero se comprobó un brote de fiebre aftosa en el Reino Unido. 
En la reunión del Consejo con los Ministros de Agricultura el 26 de febrero, el Reino Unido informó acerca de las medidas que se habían tomado para evitar una epidemia. 
Como es sabido, en esta materia el Consejo ha dejado que la Comisión, después de que los veterinarios de los países miembros hayan realizado los estudios correspondientes, adopte medidas que, en general, son aplicadas por los Estados miembros. 
En concordancia con esto, la Comisión ha adoptado decisiones que implican la aplicación de ciertas medidas de protección para impedir la propagación de esta enfermedad. 
Una de esas medidas es prohibir al Reino Unido la exportación de animales vivos- de las especies que pueden sufrir fiebre aftosa- además de leche y otros productos obtenidos de esas especies. 
El 6 de marzo de este año la Comisión tomó otra decisión, esto es, prohibir en todo el territorio de la Unión el transporte de animales de las especies susceptibles de contraer esta enfermedad, la realización de mercados y la concentración de estos animales en determinados sitios. 
Se concede una excepción a los transportes que van directamente a los mataderos. 
En una reunión extraordinaria celebrada ayer, el Comité Permanente de Veterinarios recibió informes sobre un nuevo foco que ha aparecido en el noroeste de Francia. 
Allí ya se aplican medidas similares a las del Reino Unido. 
El Comité Veterinario de la UE tendrá su próxima reunión el 20 de marzo, oportunidad en que se volverá a discutir la situación en Francia y en el Reino Unido y la posible aplicación de nuevas medidas. 
El Consejo lamenta la situación en que se encuentran el Reino Unido y Francia y en estrecho contacto con la Comisión sigue con gran interés el desarrollo de los acontecimientos y las diferentes medidas de prevención que adoptan los Estados miembros. 
El Consejo tiene plena confianza en las medidas que se han tomado en el Reino Unido y en Francia y en la forma en que esos dos países han actuado frente al problema. 
Un brote de una enfermedad tan contagiosa y grave como la fiebre aftosa es siempre extremadamente doloroso para quienes la sufren. 
Sin embargo, es aún más difícil cuando afecta a un grupo profesional ya sometido a duras pruebas, me refiero a los criadores, a los productores de leche y carne y, en gran medida, a los que viven de pequeñas explotaciones. 
. (EN) Señor Presidente, me alegra tener esta oportunidad de poner al día al Parlamento sobre la evolución del brote de fiebre aftosa en el Reino Unido y ahora también en Francia. 
Como recordarán, el primer brote se confirmó en el Reino Unido la noche del 20 de febrero. 
La Comisión adoptó una decisión de salvaguarda el día siguiente, 21 de febrero. 
Esta medida imponía la prohibición de exportación de determinados animales vivos- ganado vacuno, ovino y caprino- del Reino Unido y restricciones sobre la exportación de carne, productos cárnicos, leche y productos lácteos y determinados productos de animales. 
Desde entonces se han introducido medidas adicionales que prohiben el desplazamiento de animales vivos en todo el territorio de la Unión Europea. 
Es una medida preventiva y su objetivo es reducir al mínimo la posibilidad de que se propague la enfermedad. 
La medida debe ser contemplada asimismo en el contexto del incesante aumento de casos en el Reino Unido. 
Todas las expectativas de una pronta erradicación de la enfermedad se han disipado. 
No hay ninguna duda de que tenemos motivos para estar muy preocupados por el avance del brote. 
Hay tres factores alarmantes en particular. 
Primero, la continua incertidumbre sobre si la incidencia en el Reino Unido alcanzará su punto máximo, segundo, el descubrimiento de un caso en Francia que pone fin a nuestras esperanzas de que el brote quedara confinado al Reino Unido y, tercero, las restricciones impuestas por terceros países sobre las importaciones de productos comunitarios, muchas de ellas absolutamente injustificadas. 
A continuación quisiera analizar cada una de estas tres causas de preocupación, comenzando por la incidencia en el Reino Unido. 
No hay duda de que es decepcionante que no se hayan cumplido las expectativas de que la incidencia de la enfermedad alcanzaría en breve su punto máximo. 
Los expertos veterinarios mantienen la opinión de que las restricciones de los desplazamientos de animales terminarán por reducir el potencial de propagación de la enfermedad. 
Este aspecto pone de relieve la necesidad de vigilancia continuada en el Reino Unidos y del cumplimiento más estricto posible de las medidas en vigor. 
Tras la decisión inicial de prohibir las exportaciones de determinadas carnes, productos cárnicos, productos lácteos, etcétera, se ha introducido la prohibición de desplazamiento del ganado en el Reino Unido, así como en otros Estados miembros. 
A pesar de que estas restricciones son naturalmente impopulares, representan un precio muy pequeño en comparación con las consecuencias si no erradicamos rápidamente esta enfermedad. 
Desearía que en la presente crisis no perdamos de vista este mayor bien. 
Volviendo sobre Francia, estoy seguro de que todos comparten la preocupación de la Comisión por el descubrimiento del primer caso de la enfermedad en el continente europeo. 
Como sin duda saben, ayer se confirmó un caso de fiebre aftosa en el noroeste de Francia, en la región de Mayenne. 
Fue detectado en una granja de ganado que se encontraba en cuarentena desde hacía más de una semana antes de que se confirmara el brote. 
La granja está situada cerca de otra granja a la que el 16 de febrero llegó, procedente del Reino Unido, ganado ovino que estaba incubando la enfermedad, pocos días antes de declararse el brote en el Reino Unido. 
Las ovejas procedentes del Reino Unido fueron destruidas el 1 de marzo como medida preventiva y de conformidad con la decisión pertinente de la Comisión. 
El sacrificio y la destrucción de las 114 reses afectadas por el brote confirmado ayer se inició ayer por la noche y la operación aún está en marcha. 
Este descubrimiento echa por tierra nuestras esperanzas de que la enfermedad se confinara al Reino Unido. 
No obstante, podemos encontrar un consuelo considerable en la acción tan decidida adoptada por las autoridades francesas de aislar y destruir a los animales que podrían haber estado expuestos a otros animales contaminados importados del Reino Unido. 
La acción rápida para restringir los desplazamientos de ganado en Francia también debería haber reducido el potencial de propagación de la enfermedad. 
Estas medidas, que algunos, injustamente, consideran excesivas, han demostrado ser muy prudentes. 
No obstante, existe el riesgo de que surjan nuevos brotes y la situación deberá ser vigilada muy de cerca. 
El Comité veterinario permanente adoptó anoche la decisión de prohibir las exportaciones de Francia de animales susceptibles y también de imponer restricciones sobre el desplazamiento de animales y determinados productos procedentes del departamento de Mayenne y del departamento colindante de Orne. 
Es evidente que cualquier nuevo brote exigiría restricciones adicionales sobre las regiones afectadas, pero es de esperar que la rápida acción adoptada por las autoridades francesas garanticen que no habrá ninguna necesidad de adoptar más medidas drásticas. 
Volviendo sobre los terceros países, la Comisión está profundamente decepcionada porque la acción tan decidida adoptada para atajar el actual brote no ha obtenido el reconocimiento que merece. 
En vez de sentirse tranquilos por esta acción, los terceros países, en muchos casos, han respondido con restricciones no sólo excesivas, sino además, en mi opinión, innecesarias. 
La Comisión ha iniciado consultas urgentes con los terceros países en cuestión para establecer las bases y las razones para las restricciones. 
Por nuestra parte, naturalmente, explicaremos las medidas ya en vigor, que hacen innecesarias dichas restricciones y haremos pleno uso de nuestros contactos bilaterales y nuestros acuerdos de intercambio en el marco de la OMC para que se levanten dichas restricciones. 
Esta misma tarde he entablado contacto con la Secretaria de Agricultura estadounidense en relación con las medidas impuestas por los Estados Unidos. 
La Secretaria me ha garantizado que estas medidas serán revisadas con carácter de urgencia. 
Hemos acordado que nuestros respectivos servicios veterinarios cooperen urgentemente en la búsqueda de soluciones. 
Hemos acordado mantenernos en estrecho contacto hasta que se encuentre una solución y estoy convencido de su buena voluntad en este sentido. 
A modo de ejemplo del enfoque adoptado por la Comisión, quisiera señalar el enfoque comunitario con respecto a Argentina. 
Se han permitido las importaciones de carne de vacuno desde Argentina, a pesar de sus problemas regionales de fiebre aftosa. 
Estas importaciones fueron sometidas, naturalmente, a controles muy estrictos. 
La carne debía proceder de regiones libres de EEB, deshuesada y madura, para eliminar así cualquier riesgo de transmisión de la enfermedad. 
Únicamente a raíz de los nuevos brotes recientes, de la introducción de la vacunación y de la prohibición autoimpuesta de exportar a los Estados Unidos y Canadá, la Comisión sintió la necesidad de prohibir las importaciones de carne de vacuno de Argentina. 
No obstante, la Comisión mantiene su compromiso de adoptar un enfoque a nivel regional en el que las exportaciones puedan reanudarse cuando las condiciones sean seguras. 
A un nivel más general, quisiera defender, una vez más, la firme acción adoptada por la Comisión para atajar el actual brote. 
Es una reacción fundamental y muy necesaria ante una enfermedad muy infecciosa, que puede acarrear enormes consecuencias económicas y comerciales a toda la Unión Europea. 
Este enfoque sigue gozando del firme respaldo de los Estados miembros en el Comité veterinario permanente y en el Consejo de Agricultura. 
Creo firmemente que las autoridades veterinarias, los Estados miembros y la Comisión han colaborado muy estrecha y eficazmente. 
El enfoque cuenta asimismo con el respaldo de los agricultores de la UE, que son muy conscientes de la grave amenaza que esta enfermedad representa para sus medios de vida. 
Se mantiene el consenso de que la vacunación será el último recurso y que sólo se introducirá en las circunstancias que he descrito anteriormente, a saber, como medida preventiva para frenar la propagación de la enfermedad, en espera de medidas de erradicación. 
Quisiera terminar con la promesa de que la Comisión continuará haciendo uso de todos los recursos a su alcance para erradicar este brote lo antes posible. 
Sigo estando impresionado por el enorme compromiso de los Estados miembros respecto a la acción rápida y decidida para devolver todo el territorio de la UE a su anterior situación de territorio libre de esta enfermedad. 
Señor Presidente, vale la pena hacer constar que el único aspecto positivo de esta terrible enfermedad es que no afecta a los humanos. 
No existe ningún riesgo para el consumidor. 
Cuando pase la crisis- y en el Reino Unido es una crisis, no se puede describir de otra manera- deberemos revisar la política agrícola común y todo el mercado único para examinar con calma si, como comunidad económica, hemos sacrificado la situación sanitaria de nuestros animales en el altar mayor de la liberalización del comercio. 
La fiebre aftosa no ha sido nunca un problema exclusivo del Reino Unido y el brote en Francia viene a confirmar trágicamente este hecho, por si fuera necesario recordarlo. 
A pesar de que la propagación de esta virulenta enfermedad ha provocado preguntas legítimas sobre la actuación de las autoridades del Reino Unido, quisiera desvincular a mis colegas y a mí personalmente de los comentarios desaforados y tan inoportunos que han realizado algunos subsecretarios del Gobierno irlandés. 
A pesar de las prohibiciones de las importaciones de animales y de productos de animales y de las restricciones sobre el transporte, señor Comisario, debo decir que la reacción colectiva de la UE resulta inadecuada y lenta. 
¿Está usted satisfecho con la capacidad veterinaria para controlar esta crisis, en particular, en el Reino Unido? 
¿Está usted convencido de que el Comité veterinario permanente está a la altura de las circunstancias? 
No cuestiono sus aptitudes individuales, pero ¿parecen adecuadas actualmente sus instrucciones y competencias ante la proliferación de la fiebre aftosa? 
¿Podría explicar a la Asamblea, señor Comisario, por qué difieren tanto las respuestas de los veterinarios del Reino Unido y de Irlanda? 
No hay duda de que cada Estado miembro es responsable, en primera instancia, de la salud de su propia cabaña, pero en opinión de mis colegas de otros Estados miembros y en la mía propia es evidente que no existe una respuesta veterinaria coordinada o coherente. 
En el Reino Unido continúan celebrándose las carreras, los partidos de fútbol, las conferencias, a pesar de que se han producido muchos más de 200 brotes y hoy he oído sobre otros 28. 
En la República de Irlanda, donde no tenemos ningún brote, se han suspendido todas las concentraciones en las zonas rurales que no sean necesarias. 
Hemos paralizado la comunidad irlandesa. 
No existe ninguna política logística coordinada sobre los desplazamientos de animales y, lo que es más importante, de los desplazamientos de personas hacia y desde las zonas infectadas y los países a través de puertos y aeropuertos. 
Las normas y los requisitos difieren drásticamente entre sí y necesitamos con urgencia un enfoque a nivel de la UE ante esta situación. 
La reacción de la UE ha sido inadecuada y lenta. 
La enfermedad está fuera de control en Gran Bretaña y ahora se ha extendido a la Europa continental. 
Me asombra que hasta la fecha no se haya reunido con carácter de urgencia el Consejo de Ministros de Agricultura y que no haya habido ninguna respuesta coordinada de ninguna de nuestras autoridades ejecutivas. 
Acabo de escuchar la intervención de representantes del Sindicato Nacional de Agricultores del Reino Unido ante nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a los que agradezco que hayan asistido a la reunión. 
Nos han explicado cuál es la situación en Inglaterra. 
No apoyo la vacunación, que es una medida tan trágica como el propio problema, porque la fiebre aftosa no es endémica en la UE. 
La vacunación no es ninguna garantía al 100% y existen muchas cepas diferentes, cada una de las cuales exige una vacunación diferente. 
Señor Comisario, es su deber convencer a los Estados miembros de que todos los aeropuertos, puertos marítimos y otros puntos de entrada y salida en las zonas infectadas deben ser controlados y que los pasajeros y vehículos deben pasar por un proceso rutinario de desinfección adecuado. 
Ya es hora de que hagamos bien las cosas y de que aprendamos la lección de la crisis de EEB. 
Necesitamos más detalles de Argentina. 
A pesar de los desmentidos en las últimas semanas de que se hubiera producido un brote, ahora han confirmado que se ha producido uno. 
No creo que dispongamos aún de toda la información, de aquel y de otros países. 
Señor Presidente, señor Ministro y Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, la fiebre aftosa ha llegado a Francia, a mi propio departamento, a pesar del cordón sanitario establecido entre el Reino Unido y Europa continental, a pesar de las medidas draconianas adoptadas en mi país y, especialmente, al sacrificio de 20.000 corderos llegados de Gran Bretaña, justo antes de que se decretara el embargo en su contra. 
Este caso comprobado de fiebre aftosa suscita, como pueden suponer, muchas preguntas e interrogantes, muchos temores entre los ganaderos y la población. 
Sin duda, creo que se puede dar seguridad a los consumidores, puesto que esta enfermedad no se transmite al hombre, pero es más fácil calmar las inquietudes del sector agrícola y de las industrias afines ya enfrentados, por otra parte, a las terribles consecuencias de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Por ello, yo también quiero expresar mi voluntad de no sucumbir al pánico. 
Desde hace casi diez años, han estallado muy pocos focos y las epizootias de 1993 en Italia y de 1996 y 2000 en Grecia, parece que fueron rápidamente dominadas. 
En la situación actual, y teniendo en cuenta la experiencia, parece pues oportuno otra vez proceder a la eliminación de los animales contaminados. 
Al parecer, este es el método más eficaz que permite esperar la desaparición completa del origen del virus. 
A pesar de ello, conviene al mismo tiempo apoyar al sector en este mal trance e indemnizar a los ganaderos a unos niveles suficientes para no añadir, a la eliminación de los rebaños, la de los profesionales. 
Sin embargo, también es necesario considerar la lucha contra este virus a nivel internacional, puesto que está dando la vuelta al mundo. 
Está en Asia, en India, está en América Latina, Argentina está afectada, está en Europa, de ahí mis preguntas. 
¿Cómo ha llegado este virus a Europa, viniendo de Asia? 
¿Se ha dilucidado la historia de las bandejas de comida de una compañía aérea? 
¿Qué estrategias de prevención internacional se pueden establecer teniendo en cuenta, por una parte, la enorme movilidad de este virus y, por otra, la importancia del tráfico de pasajeros y de mercancías por todo el mundo? 
¿De qué valen las garantías internacionales si los Estados lo ocultan no declarándolo o subestimándolo, a la Oficina Internacional de Epizootias? 
Señor Ministro, Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, necesitamos de verdad que nos aclare la situación de estos diferentes aspectos y les doy las gracias por ello. 
Señor Presidente, en este momento, me resulta muy difícil criticar la postura de la Comisión o de los Estados miembros tras el primer brote de fiebre aftosa en el Reino Unido. 
Creo que todos se han mostrado vigilantes y que se han adoptado todas las medidas de prevención al alcance. 
Sin embargo, me pregunto si es suficiente. 
No hace mucho, visité los Estados Unidos. 
Cuando llego allí, me llama la atención que siempre tengo que rellenar un formulario en el que se me pregunta si he estado en una granja en las últimas tres semanas o si transporto alimentos. 
Todas estas preguntas sirven para comprobar la importación de enfermedades contagiosas en los Estados Unidos. 
Estas medidas no se toman en Europa. ¿No sería éste un buen momento para plantearnos la necesidad de adoptar aquí las mismas medidas? 
Con la cantidad de jumbos que llegan diariamente a nuestros aeropuertos, existe un riesgo enorme de contagio desde cualquier lugar del mundo. 
El debate sobre la vacunación se está retomando en este momento. 
¿Podría explicar la Comisión con claridad cuáles son las consecuencias económicas de la vacunación y las ventajas de no vacunar? 
Durante los últimos nueve años, las cosas ha ido bien pero creo que se debe convencer a la opinión pública de la necesidad de aplicar la actual política. 
Debemos saber cuánto va a costar. 
Este Parlamento ha incrementado a lo largo de los últimos seis años la partida presupuestaria del fondo agrícola de urgencia. 
La Comisión rechazó el año pasado la ejecución de esta partida presupuestaria. 
Se trata, en este caso, de un número de teléfono al que pueden recurrir todos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. 
¿Por qué no ejecuta la Comisión esta partida presupuestaria y por qué se repite este año la tendencia de dejarla de nuevo de lado? 
Se trata de un deseo claro del Parlamento y considero que es muy oportuno. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en definitiva, usted acaba de hacernos el balance histórico de un pánico generalizado y de mostrarnos- hay que ir hasta el final del análisis- los efectos negativos de la mundialización. 
Y hoy, vemos que los Estados se prohiben, unos y otros, el comercio de la carne. 
Esto demuestra que está crisis es ante todo comercial. 
Dejemos de hacer de esto una crisis de la salud. 
Dejemos de mezclar los géneros. 
Durante este tiempo, ya no se dice nada de otra crisis que está dando la vuelta al mundo: la de la encefalopatía espongiforme bovina. 
Entonces, Señor Comisario, ¿Qué ocurre con los tests? 
¿Qué ocurre con los controles sobre las harinas de origen animal? 
Estas son preguntas que deben tratarse al mismo tiempo que esta crisis. 
En segundo lugar, usted desvía el principio de precaución. 
Se lo digo muy amablemente como ecologista. 
Se matan y se queman animales masivamente, cuando la fiebre aftosa no es peligrosa para los humanos. 
Y aun más: los animales con buena salud pueden curarse. 
Pero comercialmente esto no es interesante. 
Ponga entonces las cosas en su sitio y proponga soluciones válidas. 
Usted sacrifica animales, sin duda. 
Quizás, será necesario, a corto plazo y para salir de la crisis, establecer un sistema que no excluya totalmente la vacunación en zonas muy limitadas. 
La prioridad es salir de la crisis. 
Pero una vez que pase esta crisis, aplique el principio de precaución y combata las causas antes de tratar las consecuencias a toda prisa. 
Usted quiere efectivamente- lo ha dicho hace un momento en otro lugar -, meterse, por ejemplo, con el transporte. 
¡Esto es insuficiente! 
¡Ocho horas, es todavía demasiado para transportar animales! 
Hay que poner fin a este sistema. 
Hay que dar la espalda al sistema intensivo y a la cría en batería. 
Tome medidas a largo plazo para salir finalmente de esta productividad atroz y volver a la cría extensiva. 
Señor Presidente, nos encontramos ante un problema que tiene muchas posibilidades de llegar a ser explosivo. 
Aunque se han adoptado medidas draconianas en los distintos Estados miembros, hay que reconocer el riesgo de una extensión de la enfermedad. 
Estamos ante una cepa extremadamente virulenta y en unas condiciones medioambientales que hacen temer lo peor. 
El problema de la fiebre aftosa puede plantearse desde tres ángulos: las acciones que deben adoptarse inmediatamente o a corto plazo, la determinación de responsabilidades y la prevención de estos problemas en el futuro. 
Permítanme tres reflexiones. 
En primer lugar, a corto plazo, los efectos económicos de una campaña de vacunación serían equivalentes a los de su ausencia y las consecuencias serían extremadamente pesadas. 
Ahora bien, si se renuncia a la vacuna, habría que responder con dureza a las medidas adoptadas por Canadá. 
La Unión Europea no puede sufrir en silencio embargos generalizados e injustificados como el de Canadá o retorsiones como las que nos aplica Estados Unidos. 
Segunda reflexión, señor Comisario, ¿va a haber compensaciones para los ganaderos por esta tremenda crisis? 
¿De dónde vamos a sacar el dinero? 
Según mis cálculos sólo quedan 50 millones de euros para compensaciones a ganaderos, después de la última propuesta de revisión presupuestaria, para la fiebre aftosa e incluso para la EEB. 
Y, en tercer lugar, la última reflexión. En cuanto a la prevención de ésta y de otras enfermedades sería necesario considerar las repercusiones de la búsqueda de la competitividad, mediante la reducción de los apoyos por la PAC. 
También deberíamos reflexionar sobre los riesgos que presenta una ganadería comunitaria basada en el transporte de animales vivos y las grandes concentraciones de animales. 
Las crisis que nos rodean deberían conducirnos a diseñar una PAC orientada al servicio del consumidor y del productor más que hacia el comercio. 
Por lo tanto, es necesario orientar las ayudas para garantizar la viabilidad de las explotaciones que presenten menos riesgos para el medio ambiente y para el consumidor y que son más necesarias para el mantenimiento del tejido social en el medio rural, en lugar de reducir las ayudas o eliminarlas. 
Señor Presidente, si no se controla, la fiebre aftosa tiene el potencial de acabar con la cría de ganado en la UE, provocar la destrucción de muchos puestos de trabajo en el sector agroalimentario y alterar seriamente la vida normal. 
Como sabe la Asamblea, el primer brote de fiebre aftosa se declaró en Gran Bretaña hace unas semanas. 
Desde entonces se ha extendido a una velocidad alarmante y ha provocado la destrucción de miles de animales. 
Las consecuencias financieras son considerables. 
El efecto psicológico sobre los agricultores, no sólo de Gran Bretaña, sino también de Irlanda, es motivo de gran preocupación. 
No debemos subestimar las consecuencias sociales de esta catástrofe. 
Todos sabemos que la fiebre aftosa es una enfermedad difícil de controlar, pero sus repercusiones en la agricultura europea y, a un nivel más amplio, en la economía europea exige la adopción y el cumplimiento de los controles más estrictos posibles. 
Reconozco que el Gobierno británico se encuentra en una situación difícil. 
No obstante, a estas alturas de nada vale buscar a un responsable. 
Ciertamente me solidarizo con los agricultores británicos que se encuentran en una situación tan difícil. 
Creo que la magnitud del desastre y la rapidez con que se ha extendido exigen no sólo una acción más firme por parte de las autoridades británicas, sino además que se mantenga la intervención de la UE. 
Felicito al Comisario Byrne por su respuesta comedida y positiva a la crisis. 
La amenaza que representa la fiebre aftosa para la Comunidad en su conjunto es una cuestión que no se puede dejar en manos de los distintos Estados miembros para que adopten sus medidas de control. 
Hago un llamamiento a la Comisión para que designe un grupo operativo especial que supervise la ejecución y el cumplimiento de las normas en los países afectados. 
La labor y orientación del Comité veterinario permanente es, naturalmente, importante en este sentido. 
La Asamblea comprenderá que resalte la gravedad de la situación para Irlanda, donde ya se han impuesto controles muy estrictos. 
Quisiera agradecer la comprensión del público y el nivel de cooperación entre las autoridades al norte y al sur de la frontera. 
Es irónico que haya sido necesaria esta terrible enfermedad para que las personas comprendan no sólo las repercusiones de la enfermedad para los agricultores, sino también sus consecuencias para el sector de la alimentación, los daños para las exportaciones de productos alimentarios y la amenaza económica para el turismo y otras actividades comerciales. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, Señorías, después de la zoonosis de las vacas locas, le toca a la fiebre aftosa, y no es por azares del destino, es un cúmulo de errores ideológicos de la construcción europea. 
Primer error, la ideología de la mundialización, de la que hablaba la Sra. Auroi. 
El virus ha llegado de la India; podía haber venido de Paquistán; podía haber venido de Zimbabwe. 
Cuando se deja que todo circule, incluso la fiebre aftosa circula. 
Segundo error, la carrera por la rentabilidad. 
En nombre de las precauciones sanitarias, se han querido tener mataderos que parecieran laboratorios del Instituto Pasteur; se ha procedido a una concentración de mataderos, luego se han llevado a estos mataderos animales procedentes de todo el territorio británico; así es como se ha propagado el virus por todo el territorio británico. 
Tercer error, el de la inmigración. 
Los 20.000 corderos importados por Francia, que han introducido el virus británico, estaban destinados a ser degollados según el sacrificio de Abraham con motivo de la fiesta musulmana de Aïd el Kebir, y con la carótida de estos corderos, hemos recibido el virus por añadidura. 
Cuarto error, la carrera por el beneficio. 
Se ha suprimido la vacunación en nombre de Adam Smith, en nombre de la rentabilidad, y en nombre de Adam Smith los trenes británicos descarrilan, las vacas británicas descarrila, los corderos británicos descarrilan. 
Entonces, ¿qué hacer frente a estos graves errores? 
Pues bien, las soluciones van en un doble sentido: en el de la justicia, haciéndose cargo de los daños para los ganaderos inocentes, y en el de la medida: sentido de la medida para los animales, que no necesitan ser sacrificados pues se curan pasadas algunas semanas; sentido de la medida en los medios de comunicación que juegan a "Apocalypse Now"; sentido de la medida sanitaria con la vacunación como en Argentina; y sentido de la medida para el modelo industrial agrícola europeo, que debería llegar a una mayor moderación y equilibrio. 
Señor Presidente, hay que rendirse a la evidencia, la fiebre aftosa, que se creyó poder circunscribir a Gran Bretaña, ha alcanzado Europa continental. 
Los sacrificios masivos no han cambiado nada, estamos perdiendo nuestros mercados de exportación. 
Estados Unidos y Canadá acaban de cerrar sus fronteras, poniendo a nuestros agricultores ante una situación especialmente difícil. 
En efecto, esta plaga afecta a los criadores de cerdos y a los de ganado bovino ya muy debilitados por la peste o la EEB. 
Si la situación empeorara, y a pesar de los esfuerzos de los Estados miembros para erradicar esta enfermedad, ¿adquiriría usted el compromiso de poner a disposición de los productores vacunas en el plazo más breve posible? 
Debemos también darnos cuenta de que ninguna indemnización compensará totalmente la pérdida financiera y sobre todo moral. 
Nuestros agricultores no levantan cabeza y debemos ayudarlos. 
Aunque el Primer Ministro sueco haya declarado que no se trata de aumentar las ayudas, ¿qué propone usted para ayudarlos? 
Europa se ha construido en torno a la agricultura, y estamos obligados a advertir que, frente a situaciones de este tipo solicitamos a los países miembros que afronten la crisis como ocurrió con la EEB. 
Hoy, el futuro y la supervivencia de nuestros agricultores dependen de las decisiones que se tomen y de la solidaridad europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, señor Comisario, la crisis de la agricultura europea a causa de la EEB ya era suficientemente amplia. 
La fiebre aftosa, que es una enfermedad animal altamente contagiosa, ha hecho rebosar el vaso. 
Es comprensible que los agricultores- y no sólo ellos- reclamen medidas preventivas rigurosas. 
En primer lugar: ¿se conoce el verdadero alcance de la enfermedad al día de hoy? 
En segundo lugar: los agricultores preguntan con preocupación si la vacuna contra la fiebre aftosa se ha suprimido definitiva e irrevocablemente. 
¿Qué consideraciones se plantean al respecto en la situación actual, para todo el ganado en general y en particular para los animales especialmente valiosos, como los de los centros de inseminación? 
En tercer lugar: el transporte vuelve a estar en el punto de mira. 
¿Se realizan controles comunitarios de la estabulación de animales y el almacenamiento de carne en la Unión Europea? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son éstos? 
¿Qué sanciones se aplican en caso de infracciones? 
En cuarto lugar: Cualquier importación de animales y de productos animales a la Comunidad es motivo de gran preocupación. 
Por ejemplo, Argentina ofrece lo que ahora piden los clientes: carne de vacuno garantizadamente libre de contagio de la EEB. 
Esto también se utiliza como reclamo publicitario. 
Sin embargo, como ha señalado usted, allí existe la fiebre aftosa. 
Señor Comisario, ¿qué medidas protectoras y de seguridad concretas ha introducido en este contexto? 
Y en quinto lugar, un último punto importante es el de los costes ocasionados por la fiebre aftosa. 
¿Qué costes deben recaer sobre quién y qué posibilidades de financiación por parte de la UE prevé usted? 
¿Está dispuesta la Comisión a aprender de las experiencias de la crisis de la EEB y a actuar ahora en todos los ámbitos necesarios para controlar la fiebre aftosa, sin limitarse a reaccionar? 
A mi modo de ver, esto significa que la Comisión debería actuar directamente y coordinar además las medidas nacionales. 
Señor Presidente, aquellos que provenimos del Reino Unido hacemos extensiva nuestra solidaridad a los electores y conciudadanos de Georges Garot tras el brote, hasta ahora, afortunadamente aislado en Francia. 
Asimismo expresamos nuestro reconocimiento por las inquietudes y preocupaciones de nuestros vecinos de la República de Irlanda a las que se ha referido, entre otros, el Sr. Hyland. 
¿Estaría dispuesto a confirmar, señor Comisario Byrne, que el Reino Unido ha hecho todo lo posible para alertar a sus vecinos tan pronto como se detectó este brote? 
¿Podría ofrecernos una opinión científica, de la que pueda disponer, sobre los orígenes del brote en Heddon on the Wall? 
¿Podría decirnos si las restricciones de los desplazamientos a través de todo el territorio europeo se están respetando de manera generalizada y qué multas o sanciones se han previsto para los traficantes deshonestos que desobedecen las reglas? 
¿Estaría dispuesto a reconocer, señor Comisario, que la propagación de la enfermedad se ha producido, sobre todo, a través de ovejas y, por consiguiente, del contacto entre animales, y no por la acción del viento, lo que nos permite albergar ciertas esperanzas de que la enfermedad pueda contenerse, a pesar de que no ha alcanzado aún su punto máximo? 
Por último, ¿estaría dispuesto a reconocer que la política del Reino Unido de contención, sacrificio y cuarentena sigue siendo el mejor modo de erradicar esta enfermedad, no sólo en Gran Bretaña, sino en cualquier lugar de Europa al que pueda extenderse? 
Señor Presidente, la lección más clara que podemos sacar de esta epidemia de fiebre aftosa es que necesitamos mayor vigilancia y poner nuevo énfasis en la salud animal, en controles más estrictos sobre las importaciones de países en los que la enfermedad es endémica, sobre la producción de piensos a base de inmundicias, sobre las granjas de ganado y sobre el transporte de animales, así como planes de contingencia para desastres como éste. 
Los fallos del Ministerio de Agricultura de un país no deben jamás volver a poner en peligro a la cabaña de nuestro continente. 
Hoy, sin embargo, nuestro deber no es repartir culpas, sino planificar el futuro. 
Cuando haya pasado la tormenta, encontraremos un paisaje económico devastado en algunas de las regiones más apartadas y vulnerables de la Unión Europea, como mi circunscripción en el sudoeste de Inglaterra- no sólo una crisis de la agricultura, sino un páramo de empresas fracasadas y de puestos de trabajo perdidos en el turismo, el transporte y otros sectores. 
La Unión puede desempeñar un papel importante para ayudar a reconstruir dichas economías. 
Pido al Sr. Comisario que nos dé garantías de que la Comisión hablará ahora con los gobiernos de los países y de las regiones afectados para estudiar cómo pueden adaptarse los Fondos estructurales y otros programas con vistas a proporcionar una ayuda rápida y eficaz. 
Señor Presidente, no hay duda de que hace falta una investigación exhaustiva sobre las repercusiones del brote de fiebre aftosa. 
Se me ocurren muchas consideraciones. 
¿Por qué no se impuso desde un inicio la cuarentena a los animales infectados y no se les vacunó, en vez de adoptar una política de sacrificio en masa, como hemos hecho? 
Quisiera preguntar a la Comisión cuál es su posición con respecto a la política de sacrificio masivo y si deberíamos hacer una distinción entre el sacrificio por el bien de los animales y la matanza en masa gratuita para satisfacer los intereses del mercado y de los medios de comunicación. 
También cuestiono, una vez más, el transporte durante largos recorridos de animales vivos para ser sacrificados, lo que incrementa el riesgo de propagación de la enfermedad. 
Hay que revisar, una vez más, el cierre de pequeños mataderos. 
La Comisión está investigando en estos momentos el transporte de animales vivos y espero con enorme interés el informe de la Comisión sobre este tema tan importante, e insto a la Comisión, una vez más, a que cambie su política sobre el transporte de animales vivos y a que introduzca controles más estrictos. 
Las pérdidas consiguientes no están cubiertas a la hora de tratar sobre el tema de la compensación. 
¿No estaría dispuesta a reconocer la Comisión que es imprescindible que analicemos todo el panorama y hagamos una valoración de las pérdidas para los agricultores que directa e indirectamente se vean afectados por el brote de fiebre aftosa, así como para las industrias afines y el turismo? 
¿Cuántos desastres más debemos presenciar en el sector agrícola para que los Gobiernos de los Estados miembros reconozcan la necesidad urgente de reformar la política agrícola común? 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Comisario por poner financiación comunitaria a disposición del Gobierno británico para ayudarle en esta tragedia. 
¿Podría decirme, señor Comisario, si el Gobierno británico ha solicitado la totalidad de los fondos a que tiene derecho en el marco del FEOGA? 
En el pasado no se ha tomado la molestia de aceptarlos. 
¿Ha aprovechado dicho fondo para paliar esta tragedia nacional actual? 
La Sra. Doyle ha dicho que se trata de una crisis. 
Efectivamente es una crisis: 225 casos, por el momento, y la necesidad de sacrificar a un cuarto de millón de animales. 
Nuestro Ministro dijo en televisión hace tres días que la situación estaba controlada. 
¿Podría decirme la Comisión si la situación está bajo control? 
¿Puedo preguntar asimismo qué está haciendo la UE? ¿Se ha dirigido el Gobierno británico a la UE para alcanzar algún tipo de consenso sobre cómo impedir que la enfermedad se propague a Europa? 
Cuando viaje a Europa el otro día observé que no había alfombras desinfectantes, no había sabuesos controlando si yo llevaba un bocadillo de jamón en el bolsillo, ninguna pregunta. 
Sé que cuando se viaja a otros países suele preguntarse a los viajeros sobre lo que transportan. 
¿Se ha coordinado el dictamen veterinario? 
Como ha dicho la Sra. Doyle, existe al parecer una enorme diferencia entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
¿Es seguro transportar animales muertos infectados a través del Reino Unido, como estamos haciendo en estos momentos? 
Por último, ¿ha sido el Gobierno británico especialmente permisivo a la hora de frenar importaciones de países en los que la enfermedad es endémica? 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al Consejo y a la Comisión por haber acudido en respuesta a la decisión del Parlamento de celebrar el presente debate. 
La industria alimentaria de Irlanda, y ahora de Europa en su conjunto, se tambalea bajo el impacto de la catástrofe de la fiebre aftosa, pero es equivocado convertir en demonio a cualquier país por este brote y es especialmente ridículo que lo haga el ministro de un Estado que exporta el 90% de su producción. 
Podría haber ocurrido en cualquiera de nuestros países, habida cuenta del carácter intensivo de la agricultura europea fomentado por las subvenciones, lo que provoca un constante trasiego de ganado de granja en granja y de país en país. 
No estoy convencido de que las prohibiciones parciales o razonables del desplazamiento de ganado sea la respuesta idónea a estas alturas del brote. 
En la práctica, debería decir que es poco probable que un país importe animales de cualquier otro en el que se haya detectado la enfermedad; y además, ¿quién podría culparle por ello? 
También se ha repetido que ésta no es una crisis que afecte a la salud humana. 
Asimismo, el sector agrícola no es la única víctima de esta crisis. 
Los trabajadores de la industria alimentaria, de la industria del turismo, los acontecimientos deportivos y la vida social de cada día son todos ellos víctimas de los esfuerzos por frenar la propagación de la enfermedad. 
A pesar de que hasta ahora se ha aceptado todo eso, no debemos descartar una revisión que equilibre los costes que representan seguir adelante con el enfoque actual y sus consecuencias en otras industrias fundamentales y sobre la libertad de los ciudadanos de continuar con sus vidas. 
Por último, cuando se haya apaciguado la ira y se hayan acallado las recriminaciones, deberemos abordar la reforma de la política agrícola común. 
Los consumidores europeos están ahora más interesados en alimentos sanos, alimentos que sean producidos de una manera ecológica y, además, alimentos a precios asequibles. 
Los consumidores ya no están interesados en alimentos tirados de precio o producidos de cualquier manera o que encierren riesgos ocultos para la salud. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, la enfermedad que amenaza ahora a una Europa sin fronteras puede contribuir al aumento de la crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones tanto nacionales como comunitarias. 
Los riesgos de salud de la cabaña ganadera, los cambios de hábitos alimentarios y el hundimiento del sector productivo son elementos más que suficientes para que tomemos decisiones excepcionales. 
Las medidas tienen costes económicos y políticos, y me gustaría saber cuáles están dispuestos, tanto el Consejo como la Comisión, a asumir. 
¿Están dispuestos a incrementar las medidas de apoyo en todos los países de la Unión Europea? 
¿Qué piensan las instituciones europeas de las vacunaciones masivas? 
¿Qué postura va a adoptarse respecto de los países terceros? 
¿Se va a tomar alguna medida respecto a las restricciones unilaterales a las que países como Estados Unidos, Canadá, Bulgaria o Arabia Saudí nos están sometiendo, así como respecto de las importaciones no rigurosas desde países que están vacunando, como por ejemplo Argentina, Chile, Brasil, etc., que pueden poner en riesgo toda nuestra cabaña? 
Respecto a los animales silvestres ¿qué va a pasar? 
Señor Comisario, ¿qué medidas hay previstas tanto para los animales silvestres como para los zoos, circos, etc.? 
¿Qué va a pasar si afecta a los ciervos, a los jabalíes, a los cápridos? 
Por último, me gustaría saber si la Comisión Europea va a tener en cuenta estas crisis sanitarias a la hora de presentar su presupuesto para el Fondo veterinario europeo de urgencia que está tan pobremente dotado. 
. (EN) Han sido varias las cuestiones planteadas. 
Permítanme tratar brevemente sobre ellas, en vez de responder a cada pregunta por separado, y espero tocar todos los temas, en particular, los importantes. 
En primer lugar, en lo que respecta a la globalización, cabría resaltar que la fiebre aftosa era frecuente- incluso endémica- en muchos Estados miembros en el pasado, cuando el comercio era una diminuta fracción de los niveles actuales. 
Por tanto, identificar el comercio como la causa de esto es, en mi opinión, una respuesta simplista. 
La fiebre aftosa es endémica en el mundo en desarrollo. 
La UE tiene un enorme superávit en productos alimentarios y agrícolas. 
¿Queremos renunciar a los consiguientes beneficios? 
El comercio de productos agrícolas es uno de los ámbitos en los que el mundo en desarrollo tiene un auténtico potencial de incrementar el comercio. 
He pedido personalmente a mis funcionarios que me asesoren sobre cómo elevar los niveles en los países en desarrollo de manera que estén en condiciones de comerciar con la Unión Europea. 
Es una cuestión importante. No debemos perder de vista esto. 
¿Debemos decir a dichos países que no queremos sus productos por las razones que se han expuesto aquí esta tarde? 
El otro camino es el mejor. 
La agricultura intensiva es otro de los temas que se han planteado. 
Querría repetir que la fiebre aftosa es endémica en el mundo en desarrollo. 
En cambio es sumamente rara en los países de la OCDE: los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda. 
Es una cuestión importante a tener en cuenta. 
En dichos países, la agricultura es intensiva al máximo. 
Por tanto, una vez más, centrar el debate en la cuestión de si la agricultura es intensiva o extensiva es también, en mi opinión, una respuesta inadecuada a un problema complejo. 
La agricultura intensiva es la causante de muchas cosas, pero es simplista considerarla la causa del actual brote. 
El transporte ha sido otro de los temas planteados. 
Una de las políticas y de las prioridades de la Comisión es reducir la incidencia del transporte de largo recorrido de animales vivos. 
Algunas de sus Señorías han formulado la pregunta: "¿ Está bajo control ?". 
Las restricciones de los desplazamientos de animales reducirán al mínimo el riesgo de contagio de la enfermedad. 
Esta medida, a su vez, garantizará con el tiempo que podamos controlar el brote. 
Queda por ver, sin embargo, el tiempo que será necesario. 
En buena parte depende del volumen del comercio que tuvo lugar antes de que nos enteráramos de la aparición de este brote. 
Debemos esperar hasta que pasen los períodos de incubación para poder hacernos una idea más real de cuál es la situación. 
Muchas de las medidas que han defendido sus Señorías, tales como restringir los acontecimientos deportivos, por ejemplo, quedan sencillamente fuera de la competencia de la Comisión y fuera de los Tratados. 
En lo que respecta a los controles, quisiera resaltar asimismo que es probable que este brote comenzara en el Reino Unido, como resultado de una actividad ilegal. 
Hay quien ha preguntado por qué la Comisión no presenta más propuestas. 
Ésta es siempre la reacción típica cuando ocurre algo. 
Tenemos una legislación. 
Ha sido un incumplimiento de la legislación lo que ha dado lugar a esta actividad que ha hecho estallar esta infección en particular en el Reino Unido. 
Quisiera hacer hincapié asimismo en que es responsabilidad de los Estados miembros velar por el fiel cumplimiento de la legislación relativa a ésta y a otras cuestiones. 
Sólo puedo remitirles a los debates que ya celebramos aquí en anteriores ocasiones en relación con el problema de la EEB. 
Los controles y el cumplimiento son importantes. No debemos perder de vista este hecho. 
Espero haber respondido a la mayor parte de las cuestiones planteadas por sus Señorías. 
Muchas gracias, señor Byrne, por su contestación y brevedad. 
Ha cumplido usted su palabra. 
El debate queda cerrado. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0018/01). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Dado que su autor no está presente- si bien se disculpa por esta ausencia- la pregunta nº 1 decae. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0141/01): 
Asunto: Mayor aproximación entre los ciudadanos europeos y los órganos decisorios ¿Qué avances se han producido en la Presidencia del Consejo por lo que respecta a la propuesta, que fue bien recibida en su reunión de Bruselas con los presidentes de comisión a comienzos del presente mes, de que el Presidente en ejercicio, al finalizar la Presidencia de seis meses, comparezca en una emisión televisiva de alcance comunitario e informe a los ciudadanos de los progresos realizados? 
. 
(SV) Doy las gracias a su Señoría por haber destacado el importante asunto de cómo acercar los ciudadanos a los centros de decisión. 
En la Cumbre de Niza, los Estados miembros reiteraron una vez más que sus objetivos eran acercar la Unión y sus instituciones a los ciudadanos. 
La Presidencia coincide con su Señoría en que los ciudadanos comunitarios deben ser informados sobre los avances en el desarrollo futuro de la Unión Europea. 
La importancia de llegar a los ciudadanos es enorme. 
Las dificultades en el ámbito europeo son, en general, las mismas que en el ámbito nacional. 
No obstante, no debemos dejarnos abrumar por este hecho. 
Trabajamos intensamente, y lo seguiremos haciendo, para encontrar métodos adecuados para mejorar la comunicación entre los ciudadanos de la Unión. 
En estos trabajos es primordial que los ciudadanos reciban continuamente información para poder apreciar las situaciones en su contexto. 
Quisiera mencionar la posibilidad de realizar debates públicos en el Consejo. 
Una de las primeras prioridades de la Presidencia sueca fue hacer una lista con los debates públicos que comprendan grandes parcelas de las actividades del Consejo. 
Además, el Consejo, como otras instituciones y los Estados miembros, organiza frecuentes seminarios y conferencias y produce documentos de fácil acceso sobre el desarrollo de la Unión. 
El estimado diputado tiene una propuesta más específica, que discutimos en una reunión con los presidentes de las comisiones en enero, pero la Presidencia no tiene posibilidad de organizar algo semejante. 
Sin embargo, se ha planificado un debate con el Primer Ministro sueco en la reunión plenaria del Parlamento Europeo de julio para que, siguiendo la tradición, informe del resultado de la Cumbre de Gotemburgo y de los logros de la Presidencia durante su periodo de ejercicio. 
Los debates de las reuniones plenarias se emiten directamente por televisión a través de Europe by Satellite. 
Después habrá que encargarse de que esas emisiones tengan la máxima audiencia. 
En otras palabras, no, pero ha sido una respuesta bellamente disfrazada. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted y yo estamos de acuerdo sobre los objetivos de intentar informar a la sociedad europea, no sólo en Bruselas, sino en todas partes, sobre lo que hacemos. 
Sugiero que debería intentar- o que su personal intentara- vender la idea a las cadenas de televisión. 
Aunque su Primer Ministro pronunciará ante el Pleno una intervención maravillosa en julio para informar sobre la Presidencia, una intervención en este salón de plenos no es lo mismo que una agradable charla a los pueblos de Europa. 
Si está pensando en la forma en que lo hizo el Presidente Clinton, no es eso. 
Realmente le insto a que lo haga; las publicaciones, los seminarios, los debates que la Presidencia organiza en Bruselas no es el mejor modo de llegar a los 300 millones de personas a lo largo y ancho de Europa. 
Una bonita charla en televisión del Primer Ministro sueco sería un excelente comienzo y no basta con hacerlo únicamente en esta Asamblea. 
. 
(SV) Es fácil coincidir en principio con el deseo del Sr. Newton Dunn de informar de forma estructurada y con la mayor amplitud posible sobre lo que sucede en la Unión. 
Por suerte en Europa tenemos medios de comunicación libres e independientes. 
Dudo que incluso un gobierno tan enérgico como el sueco pudiese convencer, por ejemplo, a los canales independientes de televisión para llevar a cabo las excelentes ideas del Sr. Newton Dunn. 
En mi opinión, el diputado subestima en cierto sentido las posibilidades del Parlamento como foro político para promover mensajes. 
Espero que juntos podamos ofrecer información buena, concreta e interesante sobre lo que acontece en la Unión. Sin embargo. 
Hay que hacerlo con respeto ya que los que deciden qué debe emitirse son los medios de información independientes. 
Señor Presidente, tenía la primera pregunta. 
Las preguntas deberían haber empezado, si la Presidencia hubiera organizado bien el debate, a las 18.15 h. 
En ese mismo momento yo presidía la reunión del Comité Interparlamentario con Bulgaria. 
Había programado estar aquí a las 18.15 h; no ha sido posible y he tardado un minuto a causa del retraso de la Presidencia. 
Si es que debo ser castigado, porque la Presidencia no mantiene el horario, castíguenme. 
Lamento, señor Alavanos, tanto como usted, que haya decaído su pregunta. 
No depende de mi voluntad la hora a la que comienza el debate. 
Como han comprobado todos los presentes, le he disculpado y siento la situación. 
Espero que no vuelva a ocurrir. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0229/01): 
Asunto: Refuerzo del diálogo con los ciudadanos europeos Los ciudadanos europeos muestran un gran interés por las cuestiones relacionadas con la UE. 
Es algo que he podido constatar con ocasión de las reuniones informales del Consejo que se están celebrando en mi país, Suecia, por ejemplo en relación con la reciente reunión de los Ministros de Trabajo y Telecomunicaciones celebrada en Luleå. 
En calidad de diputados europeos democráticamente elegidos estamos en contacto permanente con los ciudadanos de nuestras circunscripciones. 
La Comisión mantiene contactos periódicos con los ciudadanos de todos los Estados miembros a través de la iniciativa "Diálogo sobre Europa". 
El papel del Consejo es algo más complejo. 
Los asuntos comunitarios compiten con las cuestiones de índole nacional en la agenda de trabajo de los gobiernos, al mismo tiempo que es el Consejo quien decide sobre las cuestiones de mayor importancia. 
Sabemos que, para afianzar la confianza en la UE, es esencial que el Consejo dialogue con los ciudadanos sobre el contenido de la política comunitaria. 
Teniendo esto en cuenta, ¿qué medidas va a adoptar el Consejo para fortalecer su diálogo con los ciudadanos europeos sobre las cuestiones de política comunitaria, por ejemplo con ocasión de las reuniones del Consejo de Ministros? 
. 
(SV) El Consejo coincide con su Señoría en que el diálogo con los ciudadanos de la Unión tiene que mejorarse, en concordancia con lo acordado en Niza por el Consejo Europeo en diciembre de 2000. 
En la explicación que se agregó al documento final sobre el futuro de la Unión, se reconoce la necesidad de mejorar y cautelar la legitimidad y apertura de la Unión y sus instituciones, con el objeto de acercarlas a los ciudadanos. 
En cuanto a las reuniones del Consejo, se hacen esfuerzos para que los debates sean más abiertos y accesibles. 
Esto se logra mediante la realización de debates públicos que, entre otras cosas, se transmiten directamente por televisión interna o, desgraciadamente con menos frecuencia, directamente a través de estaciones de televisión que hacen las discusiones accesibles para los medios de comunicación y los ciudadanos. 
También se intenta que las conferencias de prensa y los comunicados de prensa sean más informativos. 
Otras medidas positivas para aumentar la toma de conciencia de la ciudadanía consisten en hacer la información más accesible, tanto a través de canales convencionales como electrónicos. 
En este contexto, se espera que el Consejo el 19 de marzo de 2001 decida hacer públicas ciertas categorías de documentos. 
El objetivo es hacerlo con la mayor cantidad posible de documentos a través de Internet, sin esperar una petición concreta de los ciudadanos. 
Esta decisión entrará en vigor el 1 de mayo de 2001. 
Se están haciendo, por tanto, muchas cosas. 
Sin perjuicio de ello, el Consejo continuará estudiando las formas para mejorar aún más el diálogo sobre sus trabajos con los ciudadanos de la Unión. 
Agradezco al Consejo su respuesta. 
Las decisiones que se toman en la UE son muy importantes para los ciudadanos europeos, ya que influyen en nuestra vida cotidiana. 
Por eso también es relevante, tal como lo señala el Consejo, que los ciudadanos tengan mayores posibilidades de seguir y evaluar los debates políticos, para después votar. 
Los ciudadanos pueden hacer valer sus opiniones sobre el futuro de Europa a través de su participación en las elecciones. 
Estamos totalmente de acuerdo en este punto. 
Ahora que Suecia, mi país, ejerce la Presidencia y el Consejo se reúne allí, esto me resulta aún más evidente. 
Obviamente estoy satisfecha con las medidas que ha tomado el Consejo para continuar analizando la manera de aumentar la apertura. 
Es probable que Internet y las vías electrónicas se puedan utilizar mucho más que hasta ahora. 
Los debates pueden seguirse directamente no solamente a través de la televisión, sino que también por Internet. 
Ésta es sólo una sugerencia para el Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, el diálogo con los ciudadanos ocupa diariamente un lugar central para nosotros y, por lo tanto, me interesaría saber qué se propone hacer el Consejo para promover una mayor aproximación del proceso de seguimiento de Niza a los ciudadanos 
Por ejemplo, sería posible establecer "chats" específicos en Internet, desde los cuales se pudiera acceder a determinados temas a través de un buscador, de manera que el ciudadano pudiera conectarse también en función de los temas que personalmente le interesen. 
Yo creo que también sería adecuado poner a disposición los debates desarrollados en el Parlamento y en el Consejo, pero también en la Comisión, en forma de vídeo secuencias en las respectivas lenguas, mejorando así las posibilidades de participar en el diálogo. 
¿No creen que, después de la Cumbre de Lisboa, esta podría ser una actividad central de la Presidencia sueca? 
. 
(SV) Es probable que Su Señoría tomase nota de que en el debate de la mañana sobre el futuro de la Unión se mencionó que una de las muchas medidas concretas para estimular los debates es precisamente la creación de una página en Internet, que será administrada por la Comisión y donde el Consejo, los países miembros, el Parlamento y todos los interesados podrán publicar sus artículos. 
No sé si sería posible, como señala el diputado, aumentar esta apuesta creando, además, un chat room. 
Con todo, creo que es una idea interesante y me comprometo a discutir su viabilidad con los representantes de la Comisión. 
Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo ha hecho referencia a una próxima decisión sobre la publicación en Internet de algunos documentos del Consejo para que sean del dominio público. 
¿Se propone el Consejo respetar fielmente la decisión del Defensor del Pueblo por la que, si la he entendido correctamente, todos los documentos del Consejo deben ser puestos a disposición del público y no sólo algunos? 
. 
(SV) Permítanme subrayar que opinamos- ahora estoy hablando en nombre de la Presidencia- que las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la publicidad de los documentos son un paso muy importante hacia una mayor apertura que este Parlamento, en especial, ha defendido enérgicamente. 
Las decisiones que creemos que se adoptarán el 19 de marzo no son de tan largo alcance como las que ha propuesto el Defensor del Pueblo, por lo que hay que entenderlas solamente como un paso. 
La Presidencia tiene grandes esperanzas en que muy pronto se podrán dar otros pasos para aumentar la apertura. 
Sin embargo, reconozco que el 19 de marzo no alcanzaremos la meta. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0145/01): 
Asunto: Pasaportes suecos en los viajes en el interior de los países nórdicos El 25 de marzo de 2001, Suecia y los demás países nórdicos pasarán a ser miembros de Schengen. 
Según las disposiciones de Schengen, el actual documento de identidad sueco no cumple los requisitos relativos a la identificación personal. El próximo año, un nuevo documento nacional de identidad podrá sustituir al pasaporte sueco. 
¿Pero qué ocurrirá hasta entonces? 
¿Tienen los ciudadanos suecos que llevar su pasaporte cuando viajen a otros países nórdicos en el período comprendido entre el 25 de marzo y la aparición del nuevo documento nacional de identidad? 
. 
(SV) El Consejo desea recordar al Sr. Sjöstedt que las normas de Schengen no regulan los asuntos relacionados con los pasaportes ni con los documentos nacionales de identidad de los ciudadanos de la Unión. 
De acuerdo con el acuerdo nórdico sobre libre circulación de personas, que algunos protegen tan intensamente, los ciudadanos de un país nórdico tienen derecho a ingresar en el territorio de los otros países nórdicos sin que tengan que mostrar su pasaporte. 
Los acuerdos de asociación de Dinamarca, de Finlandia y de Suecia a la convención sobre aplicación del Tratado de Schengen y el acuerdo celebrado entre el Consejo de la Unión Europea e Islandia y Noruega sobre asociación de esos países a la ejecución, aplicación y desarrollo de las disposiciones de Schengen, contienen una norma según la cual esos acuerdos no "serán impedimento para la cooperación en el marco del acuerdo nórdico de libre circulación de ciudadanos en la medida que no estén en contradicción o dificulten" la aplicación del acuerdo. 
Además, la aplicación del Tratado de Schengen no está en contradicción ni entorpece el acuerdo nórdico de libre circulación de ciudadanos. 
Después de que los países nórdicos han comenzado a participar en la cooperación de Schengen, los ciudadanos nórdicos siguen teniendo derecho a viajar dentro del territorio de esos países y dormir en hoteles, campings, etc. sin estar obligados a mostrar sus pasaportes. 
Por tanto, la aplicación de las normas de Schengen en los países nórdicos no conlleva la obligación de exhibir el pasaporte. 
En consecuencia, los ciudadanos suecos podrán seguir viajando sin pasaporte dentro de los países nórdicos después del 25 de marzo de 2001. 
Mi pregunta se fundamenta en el artículo 45 del Tratado de Schengen. 
En él se estipula que quienes se alojen en hoteles de otro país de la cooperación de Schengen tendrán que identificarse y demostrar su nacionalidad, pero el único documento con el que un sueco puede demostrar su nacionalidad es con el pasaporte. 
Mi pregunta es si en la Convención de Schengen existe una excepción formal al artículo 45 respecto a Suecia, ya que tendría que haberla. 
Mi segunda pregunta es, en el caso de que no exista una excepción de esta naturaleza, si son las autoridades comunitarias las que en último término determinan qué documentos nacionales de identidad son válidos. 
. 
(SV) Considero que ya he dado respuesta a la pregunta complementaria formulada por el Sr. Sjöstedt. 
Mi larga y algo complicada respuesta se fundamenta en un minucioso análisis de la situación. 
Reitero que la simple conclusión es que no se necesita pasaporte. 
A nuestro juicio, por tanto, es indudable que la aplicación de las normas de Schengen no implica la obligación de exhibir el pasaporte en los países nórdicos. 
Quisiera preguntar lo siguiente: en su opinión, el documento de identidad de un ciudadano europeo, de acuerdo con las directivas 68/360 y 74/148 de las Comunidades Europeas, y de acuerdo también con la resolución del Tribunal en el caso de Vincenzo Micheletti, ¿debe registrar su nacionalidad, o no? 
Porque sin nacionalidad corre el peligro de no poder quedarse, como ha dicho el colega Sr. Sjöstedt. 
Esta es mi pregunta, y desearía una respuesta precisa. 
¿Es necesario registrar la nacionalidad, o no? 
. 
(SV) En algunos países, entre ellos Suecia, no existe un documento nacional de identificación que indique la ciudadanía. 
El gobierno está estudiando la creación de un documento nacional que la contenga, para dar un servicio a los ciudadanos y, en cierta medida también, para simplificar los viajes. 
Reitero: opinamos, sin lugar a dudas, que el acuerdo nórdico de libre circulación de personas no implica para los ciudadanos nórdicos la obligación de exhibir el pasaporte cuando viajan en los países nórdicos. 
. 
(SV) El estimado diputado Gahrton utiliza para debatir una estrategia conocida, esto es, poner palabras en boca de su oponente. 
Creo que he sido suficientemente explícito. 
He sostenido que no se necesita pasaporte para viajes en general, después de la incorporación de Suecia al acuerdo de Schengen. 
Me refería a las normas para el control interior entre los países nórdicos, y es obvio que asuma la responsabilidad por lo que he dicho. 
Pero, como seguramente comprenderá el Sr. Gahrton, no me es posible comentar lo que divulgan revistas y publicaciones. 
Esto no cabe en el marco de lo que corresponde hacer a una Presidencia. 
Es importante que las autoridades, y en primer lugar las nacionales, informen a los ciudadanos sobre las consecuencias de todos los cambios significativos que se produzcan, tales como la incorporación a la colaboración de Schengen. 
Puedo asegurar al diputado Gahrton que el gobierno sueco hará cuanto pueda para informar adecuadamente a los ciudadanos. 
Sin embargo, ésta es una discusión que no debería tener lugar en este Parlamento. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 5 y 6 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0147/01): 
Asunto: Integración de los aspectos medioambientales en el trabajo del Consejo- área de desarrollo ¿Qué iniciativas tiene previsto adoptar el Consejo de Desarrollo en lo que respecta a la elaboración de una estrategia amplia y coherente para integrar la dimensión medioambiental en sus políticas, incluyendo un conjunto de indicadores y un calendario de acompañamiento, como se solicitó en las Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki? 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0156/01): 
Asunto: La estrategia de desarrollo sostenible del Consejo El Consejo Europeo de Helsinki de Jefes de Estado y de Gobierno celebrado en diciembre de 1999 recordó a nueve de los Consejos la necesidad de elaborar estrategias globales de integración de la sostenibilidad que incluyeran indicadores y un calendario de acción de cara al Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001. 
¿Podría señalar el Presidente en ejercicio del Consejo los avances que han realizado hasta la fecha estos nueve Consejos; las medidas que deben adoptarse aún para cumplir el mandato de Helsinki; el modo en que se harán públicos, desde este momento hasta la Cumbre de Gotemburgo, los avances realizados con respecto a la elaboración de las nueve estrategias de los distintos Consejos; así como los criterios en los que se basará la evaluación de la calidad de estas nueve estrategias? 
. 
(SV) Una de las piedras angulares de la Presidencia sueca son las materias medioambientales. 
Constituye una de las tres Es que sus Señorías conocen bien. 
Confiamos en que el programa de trabajo que hemos presentado demuestre el gran valor que asignamos a estas materias. 
En el marco de sus regulares y frecuentes contactos con el Parlamento Europeo, la presidencia del Consejo, después de la reunión de Cardiff de 1998, le ha informado acerca del estado del proceso de integración de los aspectos medioambientales en campos significativos de la política comunitaria. 
En relación con la situación actual, todos los Consejos analizarán las distintas formas de integración que han comunicado al Consejo Europeo para hacer una actualización de cara a la reunión del Consejo en Gotemburgo en junio de este año. 
Esta labor se está realizando y en breve se informará al Parlamento. 
Cabe señalar que el proceso de integración de los aspectos medioambientales es una empresa compleja que comprende tanto la actividad legislativa comunitaria como los acuerdos de carácter más político, que en la mayoría de los casos adoptan la forma de conclusiones del Consejo. 
Según el programa de trabajo, se tratarán las conclusiones sobre esta materia de manera más detallada en una serie de reuniones que se celebrarán en la primavera: en marzo sobre pesca, en abril sobre transportes y agricultura, en mayo sobre energía, industria y desarrollo y en junio sobre mercado interior. 
Las conclusiones del Consejo (asuntos generales) se presentarán también durante la primavera. 
Las conclusiones del Consejo de Ecofin que precedieron al Consejo Europeo de Niza se consideran todavía como válidas. 
La estrategia del Consejo (asuntos generales) es esperar un documento de trabajo de la Comisión que, junto con un documento de la Presidencia, constituirán el fundamento de una decisión del Consejo que se adoptará durante la primavera. 
En relación con los temas de desarrollo, el Consejo, en su reunión de mayo de 2000, instó de manera especial a la Comisión para que prepare una estrategia específica, entre otras cosas con calendarios e indicadores de resultados, que posibilite un seguimiento continuo de estas materias. 
En la actualidad, el Consejo está esperando la comunicación de la Comisión que sirva como fundamento para las conclusiones del Consejo que se aprobarán el 31 de mayo de 2001. 
El programa de trabajo para la colaboración en temas de desarrollo de la Presidencia sueca comprende un debate sobre la estrategia para integrar los aspectos medioambientales en la política de desarrollo. 
El objetivo de esta discusión es preparar las conclusiones que se aprobarán en la reunión del 31 de mayo de 2001, en las que se habrá de considerar las denominadas conclusiones de Helsinki. 
La Presidencia empleará todas esas contribuciones como fundamento para la preparación de una estrategia coherente, en la que se resuman los resultados del proceso de integración de aspectos medioambientales y se proponga un adecuado seguimiento. 
Este documento, junto con todas las contribuciones, será presentado en la Cumbre de Gotemburgo. 
Señor Presidente, entiendo por la respuesta del Consejo que el pescado será tratado posteriormente, pero aún así me gustaría saber si es probable que el proceso de integración de Cardiff tenga en cuenta los problemas medioambientales relacionados con los aspectos externos de otras políticas comunitarias, como por ejemplo, los daños sobre el medio ambiente, que comportan los acuerdos pesqueros con los estados de África occidental. 
También me gustaría saber si se piensa en emplear algunos de los recursos, como ha pedido el Consejo a la Comisión que valore, para implantar el proceso de integración de Cardiff, y si se ha considerado aumentar el presupuesto destinado a garantizar esta implantación. 
Además, me gustaría saber si se desarrollarán indicadores de integración más específicos, se unirán fuentes de datos y se empleará la consulta ad-hoc, como hizo la Comisión a raíz de la elaboración de su comunicación, en el trabajo del Consejo. 
Y por último, me gustaría saber cómo ha pensado el Consejo en supervisar y valorar la futura evolución del proceso de integración. 
. 
(SV) Se están realizando los trabajos para finalizar las conclusiones del sector pesquero. 
Si mal no recuerdo, en las conclusiones no se contemplan los aspectos a que alude la diputada. 
No obstante, le pido que me permita estudiar el asunto para darle una respuesta más precisa más adelante. 
En cuanto a los aspectos presupuestarios de estos trabajos, desde que se inició el proceso de Cardiff se han realizado continuas actualizaciones de los recursos. 
Creo que se puede decir que los anhelos contenidos en el proceso de Cardiff han tenido, en una medida razonable, una correspondencia en forma de asignación de recursos. 
El tema de los mecanismos de evaluación de la estrategia común es extraordinariamente relevante. 
Constituye uno de los aspectos que queremos incorporar en la estrategia común que será presentada en la Cumbre de Gotemburgo. 
Quisiera hacer hincapié en que esto no es fácil, pero el objetivo inamovible de la Presidencia es que esta estrategia común para la integración de los aspectos medioambientales en los diferentes sectores comprenda un mecanismo eficaz de seguimiento, que permita a todos los interesados conocer su desarrollo. 
Señor Presidente, poner en práctica los principios de la sostenibilidad es una ardua tarea y creo que las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo son alentadoras, pero permítame pedirle que vuelva sobre la pregunta que yo le he dirigido. 
¿Incluirán los documentos que se elaboren de cara al Consejo de Gotemburgo indicadores claros y específicos que permitan juzgar la futura actuación de la Presidencia e incluso de la Unión Europea, junto con un calendario claro y específico para la realización de determinados objetivos, o asistiremos a otra tanda de palabras vacías que cumplen con los propósitos de buenas intenciones, pero que realmente no pueden medirse con logros prácticos? 
Tenemos una Comisaria de Medio Ambiente sueca; ahora tenemos una Presidencia sueca que está seriamente comprometida con el medio ambiente. 
Esperamos grandes cosas de ustedes y es el motivo por el que pedimos tanto. 
. 
(SV) Celebro los grandes anhelos del estimado diputado y puedo asegurarle que haremos cuanto esté a nuestro alcance para no defraudarlo. 
Reitero que el deseo de la Presidencia es tratar esta materia con gran minuciosidad, con la incorporación de calendarios y de mecanismos de seguimiento adecuados. 
Como el estimado diputado seguramente comprenderá, esto tiene diferentes grado de dificultad según el sector político de que se trate. 
Es más fácil en algunos sectores. 
En el sector energético, por ejemplo, los indicadores son muy claros. 
Por el contrario, en otros sectores, como el Consejo de Ecofin y el de asuntos generales, puede ser más difícil. 
Con todo, tenemos el deseo de ser muy precisos, para que no sólo se puedan analizar los logros de la Comisión y de la Presidencia, sino que también los avances de las naciones que se incorporen en el futuro a la Unión. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0150/01): 
. 
(SV) Seré muy breve. Este asunto es de carácter nacional y los Estados miembros tienen derecho a designar por sí mismos a los miembros nacionales, en el contexto de la decisión del Consejo del 14 de diciembre de 2000. 
Señor Presidente, me parece que la respuesta por parte del Consejo es un poco insolente. 
Es un órgano del Consejo, es un órgano que se crea dentro del Consejo. 
Evidentemente, esto puede estar, como cada vez más cosas, completamente fuera del control del Parlamento, completamente intergubernamental. 
Pero me parece que no todo el mundo, en cualquier caso en este Parlamento, señor Presidente del Consejo, comparte esta visión. 
El Parlamento desearía tener al menos un poder de consulta en esta materia y saber también cuáles son los criterios que el Consejo adopta, y no solamente los Estados miembros. 
Puesto que es un órgano de la Unión, los criterios son comunes a la totalidad de los Estados miembros. 
¿Cuáles son estos criterios en cuanto a la moralidad de los candidatos que deberán ocupar este puesto? 
Pienso que no es una cuestión que afecte a los Estados miembros, no es una cuestión que competa a Suecia o a otro país, es una cuestión que compete a todo el mundo y me gustaría mucho tener una respuesta por parte del Consejo. 
. 
(SV) Se pueden tener diferentes opiniones sobre la conveniencia de contar con criterios comunes. 
No obstante, aunque se trate de un órgano del Consejo, la designación de los representantes corresponde a los Estados miembros. 
Si de alguna manera intentásemos impedir que los Estados miembros designen a sus representantes nacionales, habríamos quebrantado las normas vigentes. 
. 
(SV) Los Estados miembros son competentes para conceder y rechazar la ciudadanía en sus territorios. 
Aunque existen directivas que contienen algunas reglas sobre el contenido y el período de validez de los documentos nacionales de identidad y los pasaportes, se deduce claramente de estas directivas que los Estados miembros son los que expiden los documentos nacionales de identidad y los pasaportes a sus ciudadanos, en concordancia con la legislación nacional. 
Cada Estado miembro debe adoptar las medidas que considere necesarias para invalidar los documentos nacionales de identidad y pasaportes cuyos titulares no tengan derecho a ser considerados ciudadanos del país. 
Puedo informarles que el Consejo no ha solicitado información sobre los procedimientos de naturalización en Grecia y tampoco tiene competencia para decidir acerca de una eventual armonización de las legislaciones nacionales sobre adquisición y pérdida de la nacionalidad. 
Como lo he explicado hace un momento, éste es un asunto de competencia nacional. 
Quisiera llamar su atención sobre la respuesta que la Comisión dio el mes pasado a este Parlamento cuando afirmó que la no mención de la nacionalidad en los documentos griegos de identidad, al violar cinco directivas, podría ser contraria al derecho comunitario y constituir un obstáculo a la libre circulación de los súbditos griegos por territorio de los países miembros. 
Coincido en que la competencia la tienen los estados miembros, pero hay ciertas reglas. 
¿Usted qué piensa? 
¿Era errónea la respuesta de la Comisión? 
¿Se puede suprimir la nacionalidad de todos los documentos griegos de identidad? En general, ¿pueden circular los habitantes de la Unión Europea con documentos de identidad que no mencionan nada, ni Unión Europea, ni nacionalidad alguna, ni nada? 
¿Cómo circularán estas personas? ¿Cómo se demostrará que pertenecen a algún país miembro? 
¿Puede decírmelo? 
. 
(SV) De ninguna manera me corresponde comentar la respuesta que la Comisión puede haber dado a esta pregunta anteriormente. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo, sólo puedo reiterar lo que ya he dicho, esto es, que este asunto es de competencia de los Estados miembros. 
La Sra. Kinnock ha retirado la pregunta nº 9. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0159/01): 
Asunto: Presencia militar de los Estados Unidos en Europa Recientemente, el Ministro de Defensa sueco, Björn von Sydow, ha declarado en varias ocasiones que la estabilidad europea en materia de seguridad depende de la presencia militar de los Estados Unidos. 
¿Comparte el Consejo la opinión del Ministro de Defensa sueco? ¿Considera que el sistema nacional de defensa antimisiles estadounidense (NMD) favorece la estabilidad en materia de seguridad en Europa? 
Señor Presidente, no entendí del todo la respuesta a la pregunta relativa a la visión que el Consejo hace del NMD. 
Tengo entendido que existe ahora un proyecto destinado a la creación paulatina en cooperación con los EE.UU. de una defensa antimisiles comunitaria. 
¿No mantiene el Consejo ninguna postura al respecto? 
Por lo que tengo entendido, la política exterior y de seguridad común atañe al Consejo, luego ha de ser el Consejo quien manifieste una postura en este asunto. 
Y sigo pidiéndola. 
. 
(SV) La estimada diputada seguramente es consciente de que existen numerosos asuntos en la política exterior y de seguridad común en los que las opiniones son divergentes. 
Uno de esos asuntos es precisamente la National Missile Defense. 
Por eso señalé que muchos Estados miembros han comentado este asunto, pero que no existe una postura común de la Unión al respecto. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 11 a 46 se contestarán por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B5-0016/01 de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, al Consejo, sobre el informe final del Comité de expertos sobre la reglamentación de los mercados europeos de valores; 
B5-0017/01 de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, a la Comisión, sobre el informe final del Comité de expertos sobre la reglamentación de los mercados europeos de valores. 
Señor Presidente, acojo muy favorablemente el informe Lamfalussy y la oportunidad de comentarlo, pero quisiera comenzar dejando constancia de mi agradecimiento personal al Sr. Bolkestein por haber acudido a esta hora avanzada a pesar de la interrupción. 
Sé que todos mis colegas se lo agradecen. 
Todos somos conscientes de las ventajas del mercado único de los servicios financieros, pero volveré a enunciarlas porque son muy importantes: productos más baratos para los consumidores, mayores beneficios para el ahorro y financiación más económica y fácil para las empresas. 
Lamentablemente, sigue siendo una aspiración más que una realidad. 
Una de las razones principales por las que no logramos realizar dicho mercado único es que la aplicación es insuficiente y la interpretación poco coherente. Las propuestas del Sr. Lamfalussy, que son sensatas y pragmáticas, favorecerán ambos aspectos. 
Necesitamos más garantías en lo que se refiere a la transparencia y la consulta del mercado y a la supervisión democrática, pero espero que nosotros y las otras dos instituciones de la Unión Europea encontremos el modo de hacer funcionar estas propuestas. 
Es una oportunidad política importante que no deberíamos desaprovechar y me alegra oír que la Comisión está adoptando una posición pragmática sobre su derecho de iniciativa. 
Como declaró el Sr. Bolkestein en su presentación, no le preocupa el papel del comité de autoridades normativas. 
Necesitamos ver esa clase de flexibilidad también por parte del Consejo, y si es cierto que el Consejo está intentando reducir el papel limitado del Parlamento Europeo en el procedimiento de comitología según las normas en vigor, eso es poco útil y lamentable. 
Las tres instituciones deberán demostrar buena voluntad y hacer sacrificios y llegar a compromisos si queremos que estas disposiciones funcionen, pero es un premio por el que bien vale luchar, porque el mercado único de los mercados de valores aportará muchos beneficios para la población que nos ha elegido para que la representemos. 
Señor Presidente, me quiero adherir a las manifestaciones de la Sra. Villiers sobre la presencia del Comisario Bolkestein y creo que somos afortunados de que en un debate tan breve como éste, tengamos al Comisario, que nos podrá contestar casi inmediatamente. 
Hablo no como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos sino como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y quisiera adherirme a las manifestaciones de los parlamentarios Cox, Goebbels y Herzog. 
Todos estamos de acuerdo en que la legislación comunitaria es muy complicada, muy barroca y muy compleja, pero la razón por la cual la legislación comunitaria es tan complicada y tan barroca es el procedimiento intergubernamental que se emplea para la adopción de las normas, por la falta de un auténtico órgano legislativo comunitario que pudiera tener la facultad de adoptar normas claras. 
Entonces, estando de acuerdo en el fondo con el Sr. Lamfalussy y el comité de expertos, y con la necesidad de tener una legislación comunitaria clara y rápida, no podemos estar de acuerdo con la solución a la que llega porque ésta es más comités, acudir más al famoso procedimiento de comitología. 
En este aspecto he de recordar una famosa frase que dice que "un camello es un caballo dibujado por un comité", con muchas jorobas, y la legislación comunitaria es una legislación de camello, una legislación "camelística". 
Con el procedimiento de comitología que nos propone en este momento el informe Lamfalussy haremos muchísimos más camellos y no crearemos una legislación adecuada. 
La solución no está, por tanto, en este tipo de propuestas, en seguir insistiendo en la comitología. La solución está en crear un procedimiento legislativo claro que permita efectivamente al Parlamento ejercer sus facultades. 
De lo contrario, lo único que estaríamos haciendo es dejar que los Gobiernos sigan jugando entre ellos para seguir dibujando camellos legislativos comunitarios. 
Señor Presidente, señor Comisario, debe de ser bastante aburrido escuchar aquí estas intervenciones a estas horas de la noche, y más aún cuando existe tal unanimidad que estas intervenciones tienen seguramente mucho de repetición. 
Yo también creo que el Comité de expertos dirigido por el barón Lamfalussy ha realizado un trabajo excepcionalmente exhaustivo. 
Las propuestas del Comité de expertos constituyen un conjunto armonioso y también contienen medidas prácticas concretas para la configuración del sistema. 
La presentación de propuestas tan claras como éstas suele ser algo raro en política, y doy las gracias por ello a este Comité. 
Nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, nos adherimos totalmente al planteamiento de que es necesario desarrollar la reglamentación de los mercados de valores de forma más rápida y eficaz. 
Se trata de una exigencia que debemos formular si queremos conseguir un mercado financiero interior realmente operativo durante los próximos años. 
Nunca podremos alcanzar los ambiciosos objetivos de Lisboa si la modificación de una sola directiva relativa a los mercados financieros dura diez años, tal y como ha venido siendo habitual en el sistema actual; pensemos, por ejemplo, en la Directiva Ucits. 
Sin embargo, no se puede acusar únicamente al Parlamento de estas carencias del sistema actual. 
El Parlamento ha asumido con seriedad y responsabilidad su papel como segundo órgano legislativo de la Unión Europea. 
Particularmente durante la presente legislatura, hemos demostrado que garantizar las posibilidades de influencia del Parlamento y la existencia de un control democrático suficiente no está reñido con las exigencias de rapidez y eficiencia. La función principal del Parlamento es definir las cuestiones políticas esenciales, y no dedicarse a contar mariposas. 
Por ello, la delegación técnica de facultades legislativas a un comité de próxima creación no representa, en principio, ningún problema para nosotros. 
Ni los jefes hacen el trabajo de los secretarios, ni los secretarios el del jefe. 
En el procedimiento de codecisión, el Parlamento y el Consejo son los jefes y todos los demás son secretarios. 
Sin embargo, esto no echa por tierra las exigencias que el Parlamento puede formular claramente por medio del llamado mecanismo call back. 
El Parlamento debe tener el derecho jurídicamente vinculante de proceder a una nueva lectura de las materias en caso de que éstas tomen un rumbo equivocado. 
El Parlamento no es la única institución que desea cubrirse las espaldas de esta manera, sino que también el Consejo ha manifestado la necesidad de asegurar su posición por medio de la cláusula denominada aerosol clause. 
Debemos crear también un sistema de estas características que, partiendo del informe Lamfalussy, tenga en cuenta las preocupaciones de ambas instituciones, Parlamento y Consejo. 
. (EN) Para comenzar, quisiera responder a algunas de las observaciones que se han planteado esta tarde. 
En primer lugar, el Sr. von Wogau decía que acoge con satisfacción la utilización de reglamentos, así como el procedimiento de vía rápida. 
Estoy de acuerdo con su opinión. 
Ciertamente, los reglamentos y el procedimiento de vía rápida nos permitirían acelerar el procedimiento legislativo. 
El Sr. von Wogau añadía que quizá, a modo de proyecto piloto, podrían utilizarse los fondos de pensiones para demostrar la rapidez con que pueden utilizarse estos procedimientos. 
No hay duda de que a la Comisión le gustaría que la directiva sobre los fondos de pensiones se convirtiera en realidad lo antes posible. 
No obstante, algunos artículos del Tratado relativos al mercado interior mencionan directivas, pero no reglamentos. 
Naturalmente, debemos mantenernos dentro de los confines del Tratado, por tanto, donde el Tratado dice "directivas" no podemos utilizar reglamentos. 
Pero estoy de acuerdo con el Parlamento en que, generalmente- aunque no siempre- un reglamento es más rápido que una directiva. 
El Sr. Goebbels preguntaba si los nuevos procedimientos permitirán acelerar la legislación. 
Como ya he dicho, sí lo harán. 
Asimismo, el procedimiento de comitología prevé plazos cortos y, por consiguiente, también acelerará todo el proceso. 
El Sr. Goebbels preguntó a continuación si el Comité de valores estará compuesto por Secretarios de Estado. 
Me temo que no puedo responder a esa pregunta. 
El Comité de valores cuenta con delegados procedentes de varios Estados miembros y compete a los Estados miembros decidir quién les representa en dicho comité. 
Por tanto, no puedo decir nada al respecto. 
Como he dicho, los Estados miembros designarán a sus representantes. 
Lo importante es que esos representantes demuestren un auténtico espíritu europeo, estén dispuestos a trabajar en estrecha colaboración y sean técnicamente competentes. 
Paso, a continuación, al tema de la transparencia, al que se han referido varios diputados. 
Estoy de acuerdo con todos los que han hecho hincapié en la importancia de la transparencia a lo largo de todo el proceso legislativo y, de hecho, el informe del Sr. Lamfalussy y de sus colegas hace varias referencias a la necesidad de transparencia. 
La Comisión la respalda incondicionalmente. 
El Sr. Herzog ha dicho que éste es un procedimiento intergubernamental engorroso, a diferencia de una autoridad reguladora europea única. 
Los procedimientos recogidos en el presente informe no son intergubernamentales. 
Por ejemplo, el Comité de valores- que es un comité importante en todos los sentidos- no será un grupo de trabajo del Consejo. 
Será un comité regulador en el sentido de la decisión por comitología de 1999, y estará presidido por la Comisión. 
No es, por lo tanto, un comité intergubernamental. 
La decisión del comité Lamfalussy de no proponer una autoridad reguladora europea única en estos momentos es consecuencia de un proceso de consulta amplio y minucioso. 
Como dice el informe, puede que debamos examinar la posibilidad de una autoridad reguladora única cuando se revise todo el procedimiento en 2004, si el proceso que ahora se propone no resulta satisfactorio, pero no antes. 
Permítanme, a continuación, responder a algunas observaciones planteadas esta noche. 
Agradezco a la Sra. Villiers y al Sr. Medina Ortega sus amables palabras, aunque para mí no es más que natural estar presente aquí cuando se debate un tema que es de mi competencia. 
El Sr. Medina Ortega decía que la legislación de la Unión Europea es compleja, lo cual es cierto. 
Normalmente hay un gobierno y un parlamento. 
Tenemos una relación triangular, la Comisión, el Parlamento y el Consejo. Eso dificulta las cosas. 
El hecho de que haya 15 Estados miembros complica aún más el procedimiento. 
Decía también que todo el sistema para tratar sobre medidas ejecutivas mediante el procedimiento de comitología es como el caballo que dibuja un comité, que parece un camello. 
Lo cierto es que ya existía un comité, el comité Lamfalussy. 
Pero lo que se perseguía con el procedimiento de comitología era acelerar la aprobación de las medidas ejecutivas; objetivo que comparto. 
Debo decir, sin embargo, que el tema de la legislación secundaria es muy importante. 
En muchos Estados miembros- en Alemania y en los Países Bajos, por ejemplo- existe un procedimiento final para tratar sobre la legislación secundaria, algo de lo que carece la Unión Europea. 
El Tratado no prevé ninguna disposición para tratar así sobre legislación secundaria. 
El Parlamento, el Consejo y la Comisión harían bien en pensar en la necesidad de un sistema adecuado para tratar sobre la legislación secundaria. 
Puesto que todo este proceso será revisado en 2004, esperemos que al mismo tiempo podamos estudiar el tema de la legislación secundaria. 
Luego, si conseguimos elaborar un plan claro, éste podrá ser adoptado en la Conferencia Intergubernamental que, esperamos, comenzará en 2004. 
La Comisión está agradecida por el apoyo de la Sra. Kauppi al informe del comité Lamfalussy. 
No hay diversidad de opiniones. 
La Sra. Kauppi quiere una legislación más rápida y tiene razón. 
La Comisión también la quiere, la Sra. Randzio-Plath la quiere y todo el mundo la quiere. 
La Sra. Kauppi pone como ejemplo la directiva sobre los OICVM, que tardó mucho tiempo en aprobarse. 
Afortunadamente, ya se ha alcanzado el acuerdo, pero coincido con la Sra. Kauppi en que ha necesitado mucho tiempo. 
Un aspecto fundamental en todo este debate es la posibilidad de disponer de un mecanismo para dar marcha atrás, como ha pedido el Parlamento. 
No necesito explicar de qué se trata; todo el mundo lo sabe. 
La Comisión cree firmemente que deberíamos encontrar una solución dentro del Tratado- es decir, en los artículos 202 y 211- y que deberíamos mantenernos dentro de los confines de la decisión por comitología de junio de 1999. 
Por consiguiente, no vemos cómo podemos garantizar al Parlamento la posibilidad de dar marcha atrás. 
Dicho esto, quisiera pedir al Parlamento que recuerde lo que está sobre la mesa. 
En primer lugar, la Comisión tendrá plenamente en cuenta la resolución aprobada por el Parlamento. 
En segundo lugar, como decía esta tarde el Sr. Cox, es el Parlamento- y el Consejo- el que decide el ámbito de los niveles de las medidas ejecutivas. 
Si la directiva contiene principios amplios y medidas ejecutivas, y el Parlamento no está de acuerdo con que se denomine así una medida ejecutiva determinada y con que sea relegada al nivel 2, en ese caso el Parlamento deberá manifestarlo y enmendar la directiva de manera que diga que dicha medida ejecutiva en particular debería ser elevada a la categoría de un principio general y, por consiguiente, ser tratada conforme al nivel 1. 
Por tanto, está en manos del Parlamento decidir sobre la distinción entre los principios generales y las medidas ejecutivas. 
Ésta es la segunda observación. 
En tercer lugar, si el Parlamento considerara que la Comisión está abusando del sistema, ¿qué creen ustedes que sucedería la próxima vez que la Comisión presentara una propuesta relativa a una directiva determinada? 
Sin duda, el Parlamento estaría en su derecho de decir a la Comisión que ya le engañó la vez anterior y que ahora se mostraría muy estricto con ella. 
Por tanto, el Parlamento puede estar seguro de que la próxima vez que trate sobre una directiva de acuerdo con todo este plan, podrá apretar las clavijas. 
La Comisión lo sabe. 
Por eso, ¿por qué debería la Comisión frustrar los deseos del Parlamento haciendo algo que realmente no es lo correcto? 
Ésta es la tercera observación. 
En cuarto lugar, en el año 2004 se realizará una revisión de todo el proceso y éste- mi quinta observación- estará dirigido por el Comité Supervisor, un comité interinstitucional en el que el Parlamento estará representado. 
El Comité Supervisor no guardará silencio si piensa que se está abusando de los procedimientos y que la Comisión se permite demasiadas libertades. 
Mi sexta observación es que el Parlamento puede aprobar un resolución alegando que la Comisión está ultra vires, que se extralimita en lo que es coherente con la ley. 
Una vez más, la Comisión tendría plenamente en cuenta dicha opinión y reconsideraría toda la propuesta. 
Estas seis medidas deberían disipar los temores, que puedo entender, aunque no estén justificados, de que la Comisión haga caso omiso de la opinión del Parlamento. 
La Comisión no puede hacerlo y no lo hará. 
Por consiguiente, no creo que existan motivos para querer la posibilidad de la marcha atrás. 
No encuentro ninguna disposición para ello en el Tratado ni en el procedimiento de comitología de 1999. 
Por último, dos diputados han mencionado algo que, según creen, ocurre en el Consejo, a saber, que el Consejo quiere para sí una posición más fuerte que la que le corresponde coherentemente en unas relaciones equilibradas entre las tres instituciones. 
No puedo hablar en nombre del Consejo. 
Los procedimientos del Consejo no son abiertos y, por tanto, es muy difícil hacer cualquier conjetura. 
Pero si existiera algún intento de bajar el listón de la votación por mayoría cualificada a otra por mayoría simple, esa decisión encontraría la más firme objeción de la Comisión. 
Al fin y al cabo, el Tratado no menciona casi nunca la posibilidad de una votación por mayoría simple. 
Sabemos lo que son las votaciones por unanimidad y sabemos lo que son las votaciones por mayoría cualificada. 
Las votaciones por mayoría simple quizá sean de utilidad para asuntos de procedimiento, pero no para asuntos fundamentales. 
Por tanto, la Comisión se opondrá firmemente a cualquier intento de rebajar el sistema de toma de decisiones de manera que de una votación por mayoría cualificada se pase a otra por mayoría simple. 
Como he dicho, no puedo hablar en nombre del Consejo y sólo con gran reticencia estoy comentando algo que puede o no ser cierto. 
Señor Presidente, señor Comisario, usted ha mencionado muchas posibilidades e imposibilidades. 
En mi calidad de autora y presidenta de la comisión competente, yo quisiera volver sobre una pregunta que usted no ha respondido y que nuestra comisión considera de central importancia, relativa al derecho de retracto. 
En este momento, nadie desea que se modifique el Tratado. 
Lo que planteamos es la posibilidad de encontrar una solución en el marco de la Decisión de 1999 sobre la comitología. 
¿Qué impide modificar el artículo 6 y conceder al Parlamento una garantía que permita asegurar también el derecho de retracto en el caso, señor Comisario, de que la Comisión u otros servicios no se atengan a los planteamientos del Parlamento Europeo? 
Yo creo que esto constituiría una deferencia entre las instituciones, en el sentido en que la entendemos cuando decimos que vivimos en una democracia. 
. (EN) Señor Presidente, permítame expresar el agradecimiento de la Comisión por las observaciones de la Sra. Randzio-Plath. 
Reitero que la Comisión se basa en dos artículos en particular del Tratado y en la decisión de comitología. 
Si no me fijo tanto en el artículo 6, sino en el artículo 5 y el artículo 8 de la decisión de comitología, lo lamento, pero no encuentro cabida para el procedimiento de dar marcha atrás. 
La Sra. Randzio-Plath hacía referencia esta tarde al procedimiento de dar marcha atrás o una medida equivalente, o a palabras en ese sentido. 
La Comisión está aquí para intentar encontrar un equilibrio y si la Sra. Randzio-Plath está dispuesta a presentar una sugerencia, la Comisión, naturalmente, le prestará oídos, pero, una vez más, deberá estar dentro del marco de la decisión de comitología. 
Si la Sra. Randzio-Plath o cualquier otro diputado a este Parlamento dice que es hora de que modifiquemos la decisión de comitología, estoy fuera de mi elemento. 
No es mi cometido esta noche pronunciarme sobre la posibilidad de modificar la decisión de comitología, aunque si nos planteamos la cuestión de la legislación secundaria, podríamos también estudiar la comitología. 
No obstante, es un gran paso y no creo que esta noche pueda hacer ningún comentario sobre modificaciones de este equilibrio interinstitucional tan delicado y complicado. 
Una vez más, señora Randzio-Plath, si quiere presentar una nueva propuesta sobre algo que no hayamos tenido en cuenta, ciertamente la estudiaremos e intentaremos ser positivos en nuestra respuesta, siempre a condición de que esté dentro de los confines de la decisión de comitología. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido una propuesta de resolución, presentada sobre la base del apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0082/2001) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea, informe preparatorio para la recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas [2001/2008 (INI) ]. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ya ha indicado usted, el ponente, Sr. Karl von Wogau, no podrá estar presente. 
Él mismo ha expuesto los motivos en su intervención en el debate sobre el informe Lamfalussy. 
La modificación del orden del día con tan poca antelación no le ha permitido reorganizar sus planes para poder intervenir personalmente ahora. 
Yo quiero recordar que tanto el informe Lamfalussy como también el presente informe sobre la economía figuraban al principio de esta sesión en la versión originaria del orden del día y que el ponente se había comprometido hace tiempo a celebrar esta noche un debate sobre ambos informes con un grupo de ciudadanos y ciudadanas de su distrito electoral. 
Yo quiero rogarles nuevamente que disculpen su ausencia. 
Por mi parte, voy a intentar aportar cuanto esté en mi mano y puedo destacar algunos puntos. 
En primer lugar, lo cierto es que nos encontramos en el último año previo a la introducción de los billetes y monedas denominados en euros. 
El mercado interior de la Unión Europea se convertirá con ello en un auténtico mercado interno europeo, al menos para los miembros de la Zona Euro. 
Este mercado interno de la UE incluirá a doce países miembros con una moneda común para todos ciudadanos y ciudadanas y sus empresas. 
Por consiguiente, es acertado e importante que en estas circunstancias se analice detenidamente la situación de la economía en Europa. 
Como ya se ha planteado hoy en otro momento, los pronósticos para el año en curso y los análisis de la situación son en principio positivos, pero también incluyen naturalmente algunos elementos de riesgo, sobre los que enseguida volveré. 
Entre los aspectos positivos, cabe señalar, a pesar de todas las críticas y propuestas de mejoras, que el crecimiento del producto interior bruto es relativamente alto. 
También cabe señalar como otro aspecto positivo que la tasa de desempleo se está reduciendo y en los últimos años se han creado 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo. 
También es positiva la mejora de las finanzas públicas, así como la reducción de la tasa de inflación asociada a la misma y la estabilidad de precios, que se mantiene desde hace años. 
Todo esto tenemos en nuestro haber. 
Sin embargo, existen otros dos elementos que también es preciso señalar y que podrían ser motivo de preocupación. Por un lado, está el tema de la coyuntura en los Estados Unidos. 
El crecimiento está disminuyendo allí, lo cual podría repercutir negativamente sobre la economía de la UE, dados los efectos de un fuerte crecimiento en los Estados Unidos sobre el comercio europeo, si bien al mismo tiempo podemos señalar, en el lado positivo, nuestra progresiva independencia de la evolución económica en América, lo cual representa asimismo un balance positivo y una indicio favorable por lo que respecta a las medidas que hemos adoptado. 
El segundo elemento es la desaceleración de la economía en Europa- Los pronósticos prevén una tasa media de crecimiento del 2,8 %. 
En consecuencia, yo quisiera manifestar ya muy claramente hoy que también tenemos que dirigir un llamamiento a los Estados miembros instándoles a que transpongan con mayor firmeza su voluntad de reforma y establezcan medidas estructurales duraderas. 
Tenemos que criticar el estancamiento de los esfuerzos de consolidación en muchos países. 
Yo sólo quiero añadir que la valoración al respecto es particularmente crítica habida cuenta que, a pesar de la coyuntura favorable, la mayoría de países todavía no han cumplido las metas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ellos mismos se fijaron. 
Un segundo aspecto que es preciso mencionar es que el BCE merece una felicitación, pues su política de mano firme ha resultado acertada. 
El BCE debe seguir manteniendo la cotización adecuada para preservar la estabilidad y continuar impulsando una política europea autónoma orientada hacia la estabilidad. 
No obstante, también queremos formular algunas peticiones. 
La tasa de inflación se debe mantener por debajo del 2% durante el segundo semestre y se debe llevar a cabo rápidamente una liberalización equilibrada de los sectores de las telecomunicaciones, los servicios postales, la energía y los ferrocarriles. 
Es necesario intensificar los esfuerzos en los ámbitos de la educación y la formación. 
Necesitamos introducir una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo y se deben acelerar las reformas estructurales de los mercados de mercancías, servicios, capitales y trabajo. 
Señor Presidente, antes de acabar permítame que añada que la principal aspiración del informe de Karl von Wogau también es, no obstante, resaltar los fundamentos comunes que se desprenden de nuestro principio ordenador de la economía social de mercado, esto es, la libertad y la democracia, la competencia, la estabilidad de precios y un crecimiento sostenible, la subsidiariedad. la solidaridad y la propiedad privada, así como la responsabilidad, no sólo de los empleadores hacia los asalariados, sino también de ambos con respecto al futuro y, por lo tanto, al desarrollo y la transformación de la economía social de mercado en una economía ecosocial de mercado. 
Señor Presidente, dentro de apenas nueve meses habrá llegado el momento esperado. Asistiremos al nacimiento de un euro, seguramente robusto, que abrirá los ojos a la luz del mundo de las transacciones reales. 
Nuestros ciudadanos por fin lo podrán tener en sus manos. 
Sus circunstancias son prometedoras: la potencia económica de 12 de los 15 Estados miembros de la UE, unas deudas estatales decrecientes y un nivel de los tipos de interés históricamente favorable. 
Estará bien resguardado en manos del Banco Central Europeo de Francfort del Main, que sabe mantener la estabilidad y efectivamente ha hecho lo que antes señalaba Othmar Karas, o sea, que ha desarrollado una política de mano firme. 
Ésta está dando ahora sus frutos. 
Una moneda que ha conseguido mantenerse tan firme como lo ha hecho el euro frente al pesimismo y a años de subvaloración merece que se invierta en ella. 
La situación en la Zona Euro, con la creación de más de 2,5 millones de nuevos puestos de trabajos en tres años, es buena, aunque dado el deterioro de la coyuntura en los Estados Unidos es recomendable ser prudentes. 
En todas partes se están corrigiendo a la baja las expectativas de crecimiento e inversión. 
Existen amenazas de una debilitación de las exportaciones y un incremento de los problemas de financiación de los sistemas de seguridad social. 
La euforia suscitada por la nueva economía ha caído en picado con las pérdidas de cotización. 
Actualmente se está demostrando que incluso la "vieja economía" no está desfasada. 
Debemos velar con un enfoque estratégico por la coordinación de la política económica, la política monetaria y la política social. 
Es preciso mejorar el marco de condiciones para la creación de nuevas empresas innovadoras. 
Es necesario facilitar las inversiones en tecnología de la información y la comunicación. 
Se debe impulsar con mayor claridad la reforma de los planes de educación y formación en los Estados miembros. 
Éstos deben responder mejor a los retos de las nuevas tecnologías ya citadas y de la movilidad que cada vez es más necesaria. 
Una mayor cualificación permite acceder a mejores oportunidades de empleo justamente en la sociedad del conocimiento a la que continuamente nos estamos refiriendo. 
También es preciso garantizar una protección social eficaz permanente. 
Lo cual, a su vez, sólo será posible si su financiación ocupa un lugar de primer orden en la agenda de los responsables políticos. 
El orden del día de los interlocutores sociales debe incluir el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas mayores, la creación adicional de empleo y la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas. 
La economía social de mercado, cuyos méritos siempre proclama Karl von Wogau, queda reflejada en su excelente informe, que los miembros del Grupo del PPE/DE votamos por unanimidad. 
Ésta incluye la liberalización y la solidaridad, la competencia, la igualdad de oportunidades y un crecimiento respetuoso con el medio ambiente. 
La economía social de mercado es, en efecto, algo más que un mero modelo económico. 
Sobre la base de este modelo social se constituirá el mercado interno de Europa, repetidamente anunciado por Karl von Wogau, ¡y este tiene futuro! 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, oigo con cierta sorpresa que el euro nacerá dentro de nueve meses. 
Tengo la impresión de que el euro ya ha nacido; afortunadamente ha nacido, porque imagínense lo que habría ocurrido entre las economías europeas si las monedas europeas siguieran compitiendo entre sí en las actuales circunstancias en que la recesión apunta en los Estados Unidos. 
Dicho sea de paso. 
Verdaderamente, tal y como afirma el ponente, el año 2000 fue positivo para la economía europea; desde el punto de vista del ritmo de desarrollo, desde el punto de vista de la estabilidad de los precios, e, igualmente, desde el punto de vista del empleo. 
Pero, claro, en este mundo de vanidad nada es perfecto, y el ponente señala que, por segundo año consecutivo, el índice de aumento de precios rebasará el 2%, que es el criterio de estabilidad planteado por el Banco Europeo; no es, sin embargo, una transgresión importante que deba preocuparnos especialmente. 
Desde nuestra óptica, consideraríamos más digno de mención particular el estado del empleo; a pesar de que se haya conseguido, y se siga consiguiendo, un cierto progreso, el índice de paro alcanza el 8%, cifra inaceptablemente alta para una economía social de mercado, cuyos principios, según nuestro ponente- y coincido con él -, deben orientar nuestra política. 
En este sentido, me sorprende que el informe, cuando enumera las características de la economía social de mercado, no incluya el pleno empleo en la lista correspondiente, a pesar de que el ponente procede de un país en el que la colaboración de las empresas con el trabajador es, creo, la más elevada, o una de las más elevadas que se hayan logrado jamás en Europa; cosa que, por supuesto, honra a la economía alemana y a la sociedad alemana 
Desde nuestra perspectiva, señor Presidente, el pleno empleo debe constituir el alfa y omega de una economía contemporánea. 
No, como podría suponerse, por razones ideológicas- que no son, por otra parte, en absoluto rechazables -, sino por razones de competitividad. 
Una economía no es competitiva tan solo porque consiga bajos costes, ni tampoco porque disponga de tecnología punta. 
Lo decisivo para la competitividad de una economía, en relación con otra, es saber si aprovecha al máximo todos sus recursos productivos. 
Si no es así, no habremos logrado la competitividad anhelada. 
Precisamente por ello, el pleno empleo, y no solo el pleno empleo, sino el incremento de la participación de la población adulta en la fuerza de trabajo, en un 60% para las mujeres, y un 70% para los hombres, no es una demanda meramente social, sino, ante todo, económica; se encuentra en el epicentro de la política que proclamó el Consejo Europeo de Lisboa y que repetirá, espero, la próxima Cumbre de Estocolmo. 
Merece la pena, en toda ocasión, recordarnos a nosotros mismos y recordarles a los ciudadanos europeos que nuestra Unión realiza un ingente esfuerzo económico para ocupar el puesto que le corresponde en la vanguardia económica del mundo. 
Este esfuerzo se basa en el triángulo «economía del conocimiento, pleno empleo y renovación del estado social». 
Estos tres elementos constituyen una unidad, cada uno de ellos nutre a los otros dos, y son expresión, precisamente, del nexo entre la solidaridad social y la competitividad de la economía. 
Del mismo modo que no puede haber una solidaridad eficiente sin competitividad, no puede tampoco la competitividad sostenerse sin el fundamento de la solidaridad social. 
Nuestro ponente insiste en los componentes tecnológicos de la primacía económica. 
Creemos que el mismo peso debería otorgarse a los componentes sociales como la igualdad de oportunidades, la justa distribución de la renta, la lucha contra las diferencias extremas entre riqueza y pobreza. 
Si hubiéramos hecho también nosotros, señorías, el esfuerzo necesario para que a escala mundial, en la medida en que podemos influir, se hubiera impuesto la contención en los mercados, no habríamos llegado tal vez al punto de vernos amenazados por la crisis económica que nos amenaza hoy desde los Estados Unidos. 
No sé cómo ha cerrado Wall Street; a mediodía se derrumbaba de nuevo, y corremos el peligro de que nos arrastre también a nosotros a la recesión. 
Deberemos preservarnos de los extremos de la economía no social. 
Si queremos la economía social, debemos conferirle un sentido real, apoyado en la solidaridad y en la lucha contra la especulación; de lo contrario, solo con palabras, no hacemos nada. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar querría expresar, en nombre del Grupo liberal y en el mío propio, la felicitación y el correspondiente apoyo que damos al informe de nuestro colega von Wogau sobre un tema que, aunque muy importante- como lo son las grandes orientaciones de política económica -, no deja de ser un sucedáneo de lo que querríamos. 
Nosotros siempre hemos defendido que, en la Europa del euro, debería tenerse una auténtica y bien definida dirección de política económica y monetaria. 
Es sabido que, de momento, se configura a través de unas relaciones entre el ECOFIN y la propia Comisión, con la intervención del Parlamento. 
Evidentemente, las grandes orientaciones son un elemento básico pero- insisto- no deja de ser para nosotros un sucedáneo de lo que tendría que ser una auténtica política económica y monetaria a nivel de la Unión Europea con la posibilidad de actuar de una manera más directa. 
De los diferentes aspectos que trata el informe von Wogau, querría destacar tres que, desde nuestra perspectiva liberal, son especialmente importantes. 
El primero es el de proseguir con el proceso de liberalización en sectores como telecomunicaciones, servicios postales, ferrocarriles, etc., sectores que aún perturban la posibilidad de tener unos niveles de competencia más elevados y un mejor funcionamiento del mercado interior. 
Consecuencia de este proceso sería también ultimar, como el Sr. Bolkestein reclama con acierto, un mejor funcionamiento y la desaparición de trabas dentro del mercado interior europeo. 
Y, dentro de este mejor funcionamiento- ya lo aprobó el Parlamento en mi informe sobre reformas estructurales y liberalización -, el hecho de asegurar especialmente una reforma en profundidad de los mercados laborales, elemento imprescindible, en primer lugar, para adaptarse mejor a las necesidades económicas y sociales de la sociedad europea y, en segundo lugar, para lograr lo que necesitamos, esto es, mayores niveles de productividad para ser competitivos a nivel internacional. 
Señor Presidente, es cierto que el crecimiento económico europeo de los últimos años parece sólido. 
La causa principal es la reactivación de las exportaciones a la zona del dólar estadounidense gracias a la coyuntura existente en la misma y a la debilidad del euro. 
Un axioma debería ser, por lo tanto, que un euro débil es favorable para una economía orientada hacia la exportación y por consiguiente también para Europa. 
Es cierto que la tasa de inflación europea superior al 2% -sobre todo debido al aumento de los precios del petróleo, que se negocian en dólares- no cumple los criterios de estabilidad para la introducción del euro. 
Por lo tanto, otro axioma debería ser que un euro débil es desfavorable para la economía europea. 
Esto permite apreciar la contradicción que resulta cuando la actuación en el ámbito de la política económica se reduce a la política fiscal. 
Es cierto que el número de parados se ha reducido en el último año. 
Sin embargo, también es cierto que el paro no ha disminuido en las regiones del Objetivo 1, puesto que la economía orientada hacia la exportación es prácticamente inexistente allí. 
Por lo tanto, no se está registrando una convergencia, sino una mayor divergencia, o sea, una división cada vez más profunda de la sociedad. 
Es cierto que las inversiones han aumentado en los últimos años. 
Pero también es cierto que la mayor parte ha tenido lugar en forma de inversiones destinadas a la racionalización y no a la ampliación y que han disminuido las inversiones públicas en la infraestructura. 
¿Qué relación guarda todo esto con una política económica orientada hacia el futuro? 
El informe no contiene ninguna propuesta relativa al fortalecimiento de la demanda interior, a la problemática específica de las pequeñas y medianas empresas, al fortalecimiento de los circuitos económicos regionales, a la armonización fiscal europea, a la transposición de la Cumbre de Lisboa a favor del empleo, sino por el contrario de liberalización, de privatización, de reducción del nivel de protección social, de supresión de las cajas de los seguros de enfermedad y de pensiones financiados solidariamente. 
¡No debemos aprobar el informe von Wogau! 
Señor Presidente, la evolución de la economía europea se puede seguir considerando favorable. 
No obstante, también sabemos que en realidad teníamos mayores expectativas. 
Resulta poco satisfactorio que la tasa de inflación pueda volver a superar la barrera del 2% y las inversiones se podrían reducir del 5,3 % al 4,9 % del producto interior bruto. 
Por esto tenemos que continuar velando por una transposición consecuente de los objetivos europeos importantes: apoyo a las pequeñas y medianas empresas, reducción de la burocracia, reducción de la cuota de impuestos y cotizaciones, que es demasiado alta. 
Sin embargo, también debemos prestar atención a nuestros sistemas educativos y reformarlos para evitar tener que padecer efectivamente las consecuencias de la falta de especialistas que nos amenaza. 
A fin de cuentas, sólo se puede considerar exitoso un desarrollo económico que también consiga reducir la tasa de desempleo exageradamente elevada que existe en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe de la Comisión sobre la situación económica de la Unión en el año 2000 y, en parte, el mismo informe von Wogau no dejan de subrayar que la marcha fluctuante del euro se debió, incluso en la percepción de los mercados financieros, al menos en parte, a la falta de una acción suficientemente coordinada de los Gobiernos de la zona euro a la hora de promover una política de crecimiento económico y de desarrollo del empleo. 
Por otra parte, no se puede achacar sólo al Banco Central Europeo la responsabilidad de no asumir, entre sus prioridades a la hora de fijar los tipos de interés, además de la contención de la inflación, el fomento del crecimiento y la consecución del pleno empleo. 
En este punto, se convierte en evidente la urgencia de crear una verdadera forma de cooperación reforzada entre los doce Estados de la zona euro, al objeto de dar un salto de calidad en la coordinación de las políticas financieras, económicas y sociales y de superar- como se auspició en la Cumbre de Lisboa- un enfoque rígidamente sectorial que relega las políticas sociales a una función de mera ayuda en última instancia. 
Éste sería asimismo el camino para definir de manera coordinada la presencia de la Unión Monetaria como tal en los foros institucionales de toma de decisiones como el Fondo Monetario o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como las relaciones de la zona euro con los terceros países, en especial con los países productores de materias primas y de fuentes de energía: por ejemplo, un acuerdo a largo plazo con los productores de petróleo, con un pago político en euros, sería no solo posible, sino deseable. 
Señor Presidente, no tenemos un debate muy apasionado. 
¿Por qué? 
Se tiene la impresión de que la Unión Europea es muy pasiva. 
Están los movimientos del mercado mundial, está la política de los Estados Unidos y todo eso lo escrutamos. 
Frente a estos acontecimientos, estamos lejos de tener una política económica, no tenemos una doctrina económica pública en Europa y estamos, por tanto, un poco, aquí, limitados, diría yo, al ministerio del verbo. 
Primera: el análisis de coyuntura presentado por el Banco Central y por la Comisión podría efectivamente resumirse un poco por la ralentización en el espacio mundial, aunque, para nosotros, los indicadores de crecimiento son buenos para los próximos meses, para los dieciocho próximos meses, y no nos animan a movernos. 
Carecemos cruelmente de iniciativas para consolidar el crecimiento potencial y quizás efectivo de la Unión Europea. 
Por mi parte, insistiré mucho en la necesidad de inversiones públicas y privadas, en los retrasos acumulados en materia de investigación y de formación. 
En lugar de esto, el informe recoge, lamentablemente, la obsesión antiinflacionista que también se encuentra en el discurso del Banco Central, y el fracaso del proyecto Galileo sería algo desastroso. 
Segunda observación: hemos dicho que la política social era necesaria para consolidar el crecimiento. 
Se tiene la impresión, retomando las palabras de Emilio Gabaglio, de asistir a una especie de descarrilamiento entre Lisboa y Estocolmo. 
Deberíamos concretar nuestra voluntad de desarrollar los conocimientos y las competencias en la Unión Europea en una iniciativa espectacular. 
En tercer lugar, hablamos de una aceleración de la liberalización equilibrada. 
La discusión no ha hecho más que empezar entre competencia y servicio de interés general. 
Estoy convencido de que no estará terminado el mercado interior en tanto no se impongan servicios de interés general obligatorios a nivel comunitario. 
Aquí, también, nos faltan iniciativas. 
. Señor Presidente, muchas gracias al Sr. von Wogau por su informe, al Sr. Karas por su presentación, y a todos ustedes por sus intervenciones. 
Este año, por primera vez, los procedimientos de debate de las grandes orientaciones de política económica se han visto modificados como consecuencia del procedimiento de Lisboa y ustedes mismos han tenido la ocasión de introducir una posición del Parlamento sobre este debate que es el que, en principio, debería ayudarnos a definir esa política económica a la que algunos de ustedes, entre otros, el Sr. Trentin, han hecho referencia y a la que no estamos dando la suficiente importancia. 
Desde el punto de vista de la Comisión podemos compartir los criterios fundamentales que se encuentran en el informe, tanto el apartado primero como el apartado segundo, referido a la economía social de mercado y a una economía basada en un esquema democrático, estabilidad de precios, crecimiento sostenible, subsidiariedad, solidaridad, etc., objetivos que compartimos totalmente. 
También comparto la referencia que algunos de ustedes han hecho a la importancia que tiene el momento actual, pues nos encontramos ya a menos de 300 días de la introducción del euro. 
Sin embargo, como siempre, insisto en que muchas veces confundimos la entrada de billetes y monedas el 1 de enero del año próximo con la introducción del euro que se produjo el 1 de enero del año 1999, de la que ya hemos obtenido claros beneficios y resultados positivos, como algunos de ustedes han señalado. 
Entre esos resultados positivos se encuentra el buen resultado económico del que está disfrutando en estos momentos la Unión Europea. 
Es cierto que no debemos darnos por satisfechos porque ese buen resultado económico, sin embargo, oculta algunas deficiencias, algunos problema provocados por factores externos, alguna falta de ambición en cuanto a la consideración presupuestaria y, sobre todo, plantea algunos riesgos como consecuencia, sobre todo, de la evolución de economías como la norteamericana. 
Sin embargo, incluso en cuanto a este punto concreto, querría insistir en que el euro también nos está protegiendo de los procesos de ralentización de las economías externas a la Unión Europea. 
La posición de la Comisión, que sigue siendo relativamente optimista en lo que se refiere al proceso de crecimiento en Europa en el año 2001, se basa en que en estos momentos todavía en Europa tenemos una clara confianza en los consumidores y productores a niveles históricos, que el empleo sigue avanzando de forma muy clara, que la inflación ha tocado techo y, en este contexto, pensamos que la obligación de los responsables de la política económica es, sobre todo, mantener la expansión económica a corto plazo y, por eso, insistimos en nuestra visión del tema en que hay que seguir manteniendo una política presupuestaria dirigida al objetivo de finanzas públicas próximas al equilibrio, pensamos también en que las políticas salariales tienen que ser compatibles con un crecimiento no inflacionista y con una clara creación de empleo y que la política monetaria debe mantener su compromiso con la estabilidad de precios. 
Alguno de ustedes ha planteado también el problema de la preocupación del empleo como elemento fundamental. 
Sin duda alguna, ese es un punto clave. 
Por eso, insistimos también- así lo hemos hecho en nuestras presentaciones de los informes para Estocolmo- en el aumento del potencial de crecimiento de la Unión. 
En nuestro informe de la revisión 2000 de la economía de la Unión, los servicios de la Comisión analizaban el impacto del gasto y de la producción en las tecnologías de la información y de la comunicación y las ventajas que nos podían dar respecto al posible incremento de nuestro potencial de crecimiento. 
Evidentemente, las reformas estructurales- el Sr. Gasòliba ha hecho referencia a ellas- son un punto fundamental, pero también hay otras insuficiencias en las que debemos insistir. 
En primer lugar, en Lisboa insistimos en la economía del conocimiento como elemento clave y fundamental. 
Para ello, si queremos avanzar en esta dirección, deben también conseguirse buenas condiciones para la inversión del sector privado en I+D y en nuevas tecnologías. 
Tenemos también que mejorar la investigación y, por otra parte, debemos aumentar la cualificación profesional para las nuevas tecnologías. 
Las reformas estructurales es uno de los temas a los que normalmente nos referimos. 
Hemos avanzado, sin duda alguna, y está bastante claro en el informe de ejecución de las grandes orientaciones de política económica de este año, pero no debemos considerar esos avances como plenamente satisfactorios. 
La Comisión sigue insistiendo en la necesidad de seguir avanzando en estos temas y, como ustedes saben, ayer mismo la Comisión ha hecho nuevas propuestas para avanzar en la liberalización del mercado de la energía. 
Somos conscientes de que tiene que buscarse un equilibrio entre liberalización y regularización para obtener los mejores resultados económicos de este proceso. 
También estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en todo lo que se refiere a conseguir unos mercados financieros más eficientes e integrados. 
Acaban ustedes de tener el debate con el Sr. Bolkestein sobre la necesidad de poner en marcha los procedimientos derivados del comité denominado Lamfalussy. 
Sin duda alguna, va en la dirección de acelerar los procesos de liberalización de los servicios financieros, pero consideramos que esto no es suficiente y hay que seguir avanzando también en cuanto al capital riesgo y a la mejora del capital riesgo en Europa. 
El mercado de trabajo es otra de nuestras preocupaciones fundamentales si queremos avanzar en el empleo. 
Una mejor combinación entre reformas fiscales y regímenes de prestación, sin duda alguna, podrá tener una influencia positiva en el comportamiento de la población laboral, como también debe ayudar a un mejor equilibrio entre salarios y productividad a escala local, mejorar el empleo en algunas zonas o elementos como la movilidad laboral o una mejor organización del trabajo. 
También nos preocupan, y es uno de los puntos en que no se insiste, desde nuestro punto de vista suficientemente en el informe, los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. 
Los problemas vinculados al envejecimiento de la población van a ser uno de los temas fundamentales y, evidentemente, para hacer frente al mismo tendremos que tomar medidas relacionadas con la deuda pública y vinculadas a la mejora del mercado de trabajo consiguiendo una mayor tasa de actividad, una mayor tasa de empleo y, en especial, de las mujeres y los trabajadores de más edad, que pueden ayudar también a contrarrestar parte de estos efectos, como van a ayudar unas reformas en los sistemas actuales de seguridad social coherentes con un empleo y con una sostenibilidad del modelo. 
Agradezco a todos ustedes sus intervenciones, sus comentarios, sus aportaciones positivas al informe, que tendremos en cuenta para elaborar nuestro proyecto de grandes orientaciones de política económica para el próximo año. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdos de permutas financieras (swaps) y de tipos de interés futuros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0071/2001) de la Sra. Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo sobre la reclasificación de la liquidación de acuerdos de permutas financieras (swaps) y acuerdos de tipos de interés futuros (forward rate agreements) [COM (1999) 749- C5-0018/2000- 2000/0019 (COD) ]. 
Señor Presidente, como puede ver, éste no es precisamente un tema que hoy despierte un acalorado debate en el Parlamento. 
Cuando me asignaron este informe en enero de 2000, pensé que tal vez resultaría bastante fácil. 
Lamentablemente, no ha sido así. 
Tan pronto como iniciamos las negociaciones en el Parlamento, supimos por los representantes de la Comisión y del Consejo que aún podrían existir problemas en el Consejo en relación con esta iniciativa, que es fundamentalmente técnica. 
Tras conocer los motivos que preocupaban al Consejo, decidí presentar algunas enmiendas a la propuesta de la Comisión con vistas a alcanzar un amplio consenso en la primera lectura. 
Espero que los otros Grupos políticos apoyen mañana dichas enmiendas. 
Esta propuesta de reglamento trata sobre la reclasificación de la liquidación de acuerdos de permutas financieras (swaps) y de tipos de interés futuros. 
Permite realizar una comparación fiable de los déficit de los gobiernos en el marco del procedimiento aplicable en el caso de déficit excesivo. 
Es muy importante que la información relativa a las cuentas de los Estados miembros sea comparable. 
La comparación de esta información es uno de los requisitos para la coordinación económica de la Unión. 
La diferencia entre las estadísticas sobre el desempleo es uno de los ejemplos más conocidos. 
Las diferentes formas de recoger, calcular y documentar los datos sobre el desempleo dificulta la comparación entre los Estados miembros. 
Asimismo dificulta la cooperación. 
La posibilidad de realizar una comparación fiable de la información estadística sobre las cuentas incrementa además la transparencia de nuestras administraciones públicas. 
Transparencia es lo que exigimos en el Parlamento. 
En Finlandia tenemos un dicho que describe tres niveles de mentiras. 
Los niveles son: mentiras, grandes mentiras y estadísticas. 
Espero que en el Parlamento Europeo podamos impedir que esto ocurra con la información estadística de la Unión. 
La propuesta de la Comisión despertó en un comienzo cierta preocupación en el grupo de trabajo del Consejo. 
La mayoría de las delegaciones expresaron reservas sobre la reclasificación propuesta, ya que podría dar lugar a alteraciones en el nivel de déficit del gobierno en el marco del procedimiento aplicable en el caso de déficit excesivo. 
La modificación propuesta tendría como consecuencia que los acuerdos de permutas financieras y de tipos de interés futuros celebrados por los gestores nacionales de deuda quedaran excluidos del cálculo del empréstito neto o del préstamo neto del sector público. 
En lo esencial, estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, modificada conforme a las propuestas de los expertos de estadística nacionales y del grupo de trabajo del Consejo. 
El BCE también ha aprobado este sistema de dos definiciones, aunque preferiría actos jurídicos con una única definición de indicadores estadísticos importantes. 
La exclusión de los acuerdos de permutas financieras y de tipos de interés futuros del cálculo del déficit en el marco del procedimiento aplicable en el caso de déficit excesivo impondría restricciones innecesarias a las actividades del mercado a los gestores nacionales de deuda. 
Los acuerdos de permutas financieras y de tipos de interés futuros y otros derivados financieros pueden, en algunos casos, reducir el coste del empréstito del gobierno y son, como tales, herramientas de utilidad para la gestión de la deuda. 
He introducido un trato separado para los acuerdos de permutas financieras y de tipos de interés futuros, allanando así el camino para un acuerdo sobre este dossier en primera lectura. 
Mi opinión personal es que no me gustaría llevar este dossier a la segunda lectura ni volver a intervenir sobre este tema ante esta Asamblea. 
Espero que este asunto quede resuelto de una manera rápida, no sólo en la sesión de mañana, sino también posteriormente en el Consejo. 
El carácter técnico de este asunto debería hacerlo posible. 
. Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer a la Sra. Kauppi su trabajo y su explicación. 
Comprendo que es un trabajo muy técnico y difícil pero, en el fondo, lo que se plantea es un asunto, yo diría, relativamente simple: se han modificado los criterios de contabilización- como ella ha dicho muy bien- de los acuerdos de permutas financieras (swaps) y de los acuerdos sobre tipos de interés futuros. 
Conceptualmente, esta modificación tiene argumentos a favor y en contra pero, sin duda alguna, la introducción del nuevo concepto y la modificación del SEC 95 para adaptarnos a los criterios hoy generalmente establecidos, planteaban un problema respecto al sistema de cálculo de déficit públicos, modificaba las cifras que hasta ahora habíamos tomado en consideración, dábamos un tratamiento no equitativo, y lo que han planteado los responsables de la gestión de la deuda pública de los Estados miembros es seguir con el sistema anterior a efectos del déficit público excesivo. 
Desde el punto de vista de la Comisión, ésta es una posición aceptable, porque, en otro caso, lo que haríamos sería modificar el sistema anterior. 
Entiendo que no estamos hablando de mentiras relevantes y estadísticas. Estamos hablando simplemente de aplicar criterios distintos respecto de objetivos distintos. 
Desde nuestro punto de vista, el tema no ofrece mayores dificultades e incluso nos da mayor coherencia. 
Seguramente a largo plazo habrá que plantearse una armonización entre ambos conceptos, pero pensamos que, en el momento actual, es mejor mantener el criterio para los déficit públicos excesivos, tal como se aplican. 
En ese sentido, también les puedo señalar que las enmiendas propuestas por la ponente son perfectamente aceptables para la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Misiones de apoyo y observación electoral de la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0060/2001) del Sr. Fava, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE [COM (2000) 191- C5-0259/2000- 2000/2137 (COS) ]. 
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo hay que decir que compartimos el espíritu con el que la Comisión ha elaborado esta comunicación en materia de apoyo y observación electoral, esto es, el principio de que la promoción de las verdaderas democracias no es solo un imperativo ético, sino también una condición para un desarrollo sostenible y una paz duradera, es una función específica de la Unión en aplicación de los Tratados y es la base de nuestra política exterior. 
Quisiera añadir que también es algo más: es un compromiso no formal pero agotador que no solo se puede limitar a afirmaciones de principio, sino que se tiene que construir con actos políticos coherentes y concretos. 
Éste es, por lo tanto, el papel de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en el apoyo y la observación electoral si se piensa que las elecciones libres son la condición sine qua non para la democracia. 
Dos Reglamentos del Consejo de 1999 constituyen el fundamento jurídico para convertir en un compromiso fundamental nuestro papel. 
Es necesaria una estrategia política coherente. 
Hasta la fecha, hemos recogido ocho años de acciones de apoyo y observación electoral especialmente generosos, a menudo con excelentes resultados. Me refiero a Zimbabue y a Rusia. 
Sin embargo, se ha tratado de actuaciones ocasionales, motivo por el cual acogemos muy favorablemente la comunicación de la Comisión que sirve para dotarnos de una estrategia política coherente. 
Otro paso necesario es extender esta estrategia a todas las fases de la actuación, de la observación que precede y acompaña las elecciones, porque el proceso democrático es un proceso que no acaba el día de las elecciones, sino en la correcta conexión entre el apoyo electoral y las políticas de ayuda al desarrollo, en una relación estructurada con las organizaciones internacionales, con las organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil, con arreglo a unos mecanismos que no sean los de la autorización, a los con frecuencia nos hemos amoldado, sino más bien en mecanismos de auténtica concertación política. 
Las aportaciones que nuestro informe ha tratado de ofrecer: ante todo el papel del Parlamento. 
Este Parlamento no puede de ninguna manera- y menos aún en esta ocasión específica- ser considerado un notario, llamado a ratificar un proceso electoral o la calidad de un proceso electoral. 
Nuestra legitimación, nuestra función, es de carácter político y nuestra presencia en las misiones de observación de la Unión, precisamente por nuestra función política, puede llegar a ser un valor añadido para la Unión Europea. 
En consecuencia, es útil que el Parlamento Europeo esté presente en todas las fases, incluso en las anteriores a la observación electoral en sentido estricto y es deseable que- en el caso de cumplir los requisitos- el jefe de la misión de la Unión Europea sea un miembro del Parlamento. 
Por otra parte, hemos tenido experiencias excelentes: pienso en el caso del diputado Schori que presidió la misión en Zimbabue. 
Por otro lado, el papel y la visibilidad política se han de conquistar sobre el terreno y creo que son un recurso no solo para este Parlamento, sino para toda la Unión Europea. 
Otro punto fundamental: es necesaria una coordinación institucional entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. 
Hemos pensado en proponer un sistema de consulta permanente que consideramos que es preferible a un acuerdo interinstitucional que es más enfarragoso y exige plazos, formas de gestión y de actuación mucho más complicadas. 
Acogiendo las sugerencias de algunos diputados, hemos pensado en un calendario semestral que permita una observación constante de lo que acontece teniendo en cuenta que las aceleraciones que actualmente imprime la historia política son muy violentas. 
Hemos pensado en sugerir la creación, en el seno de la Comisión, de un servicio de elecciones dotado del personal suficiente. 
Una de nuestras enmiendas pide de manera específica una consistencia numérica a la altura de las tareas que la Comisión tiene ante sí. 
En nuestra opinión, hace falta una distinta y mayor flexibilidad en los criterios de compromiso de la Unión Europea. 
Las primeras elecciones y las elecciones regionales quizás no sean unos parámetros suficientes para entender cuándo es oportuno intervenir: pensamos en el caso de Perú, una observación en la que estamos participando y ciertamente no se trata de las primeras elecciones. 
No cabe duda de que hace falta flexibilidad en los criterios de evaluación. Elecciones libres y justas son dos términos que no recogen totalmente la exigencia que este Parlamento y la Unión Europea ponen en el centro de su acción de observación. 
Todo esto no es rigidez, es rigor: un rigor necesario, habida cuenta de que en estos años ha faltado ante todo el rigor de las decisiones y de las orientaciones. 
Por otra parte, la estrategia está integrada por normas y objetivos. 
En conclusión, al igual que la Comisión, pensamos que la democracia es un proceso y no la opción de un día. 
Sabemos que en muchos países la verdadera democracia se comienza a construir el día de los comicios y a partir de ese día en adelante. 
Quisiéramos seguir participando poniendo a disposición nuestros medios que no serán solo medios económicos, sino también nuestra memoria democrática y nuestro compromiso político. 
Señor Presidente, comenzaré por respaldar lo que ha dicho mi colega Sr. Fava. 
La cooperación ha sido excelente a lo largo de nuestras negociaciones sobre este asunto. 
El Sr. Fava ha entendido en todo momento la importancia de adoptar una perspectiva firme ante el desarrollo, puesto que la mitad de todas las misiones de observación de la UE han sido en países en desarrollo. 
Y la Unión Europea, como organización multinacional formada por quince democracias desarrolladas, tiene sin duda el deber, además de un papel importante que desempeñar, en todos los esfuerzos que se realizan en el mundo para fomentar la democratización, el desarrollo sostenible y el progreso pacífico. 
Quisiera expresar mi satisfacción por esta comunicación de la Comisión que arroja la claridad necesaria sobre estos asuntos y un enfoque real sobre cómo debería proceder la Unión Europea y, probablemente, mejorar su actuación en el futuro. 
El argumento principal, como ha dicho el Sr. Fava, es que no basta con la celebración periódica de elecciones para garantizar la democracia en cualquier circunstancia. 
Las elecciones no deben servir sólo para hacerse la foto ese día; lo que está en juego es cómo cubrimos todo el proceso electoral. 
Éste es el fuerte énfasis que contiene el informe que esta noche nos ocupa. 
Es fundamental que cualquier veredicto que emita la Unión Europea no legitime, inadvertidamente, respalde ni dé ningún tipo de apoyo a un proceso electoral dudoso. 
Deberíamos evitar la expresión "libres y justas": son términos tendenciosos que se prestan a ser manipulados sin ninguna consideración por los medios de comunicación en cualquier circunstancia tras unas elecciones. 
En mi calidad de representante de la Unión Europea en Camboya, era plenamente consciente de la dificultad que encierra esa fraseología. 
También es muy importante que hagamos hincapié en la necesidad de apoyar a los equipos de observadores nacionales. 
Son fundamentales en los países en desarrollo porque conocen las circunstancias sociales, políticas y culturales que nosotros puede que no conozcamos cuando aterrizamos en misión de observación. 
Respecto al Parlamento: recomendamos que el Parlamento cree un Grupo de Coordinación Electoral que sea capaz de proporcionar respuestas con mayor rapidez y eficacia. 
También me gustaría preguntar a la Comisión qué recursos, en particular de personal, se destinarán a la importante tarea de cumplir los objetivos de esta comunicación tan importante. 
Por último, el Parlamento Europeo es un interlocutor fundamental en los esfuerzos de la Unión por cubrir las elecciones. 
Nuestra credibilidad está en juego y saludo la oportunidad que nos ofrece la Comisión de definir una visión muy clara y compartida del papel de Europa en el proceso democrático en países de todo el mundo. 
Señor Presidente, ante todo mi agradecimiento, también en nombre de mi Grupo, por la exposición de la Comisión y por el informe y la correspondiente resolución de mi colega, el Sr. Fava. 
Me complace que la Comisión Europea haya explicado la política de la Unión Europea en materia de apoyo y observación electoral, además de plantear propuestas para mejorar y modernizar esta política. 
Con excesiva frecuencia se han producido casos de políticas ad hoc con delegaciones organizadas de forma apresurada y un escaso impacto y visibilidad de la Unión. 
En los casos en que dicha visibilidad existió, fue debido, en la mayoría de los casos, a que el Parlamento Europeo se encargó de liderar una delegación- recuerdo por ejemplo la excelente labor de mi colega, el Sr. Gahler, en Zimbabwe y, recientemente, del Sr. Cushnahan. 
Por esta razón es tan importante el informe del Sr. Fava: se basa, entre otros aspectos en la amplia experiencia del Parlamento Europeo y, en parte por ello, recibe un gran apoyo por parte de nuestro Grupo. 
Todas nuestras enmiendas se han aprobado en la comisión parlamentaria para asuntos exteriores, por lo que no hemos presentado ninguna enmienda adicional. 
Sin embargo, quisiera destacar algunos aspectos para dejar clara nuestra postura. 
Apoyamos la creación de unidades independientes para las observaciones electorales en la Comisión Europea y en el Parlamento. 
Las unidades no solo deben centrarse en las propias elecciones, sino también en el período que las precede, ya que suele resultar clave conocer si los candidatos y los partidos disfrutan de oportunidades justas antes de las elecciones. 
En este sentido, me remito a la reciente reelección del presidente Museveni en Uganda: a estas alturas todo el mundo sabe que sus opositores no tuvieron ninguna oportunidad de hacer campaña. 
En este sentido, tampoco entiendo por qué el ponente y la Sra. Kinnock proponen en la enmienda 1 eliminar la frase: "considerando que las elecciones constituyen la expresión democrática del pluralismo político y que deben celebrarse conforme a las normas reconocidas internacionalmente". 
De verdad que no entiendo cuál es el motivo y nosotros nos oponemos a ello. 
El segundo aspecto es el que se refiere a que los observadores deben prepararse de forma que todos los participantes conozcan los problemas a los que se pueden enfrentar en el país al que se dirijan. 
Esto puede realizarse a través del correo electrónico y de Internet, aunque también convendría celebrar reuniones preparatorias. 
Por otra parte, las delegaciones deben estar preferentemente dominadas por parlamentarios y tener la suficiente envergadura para obtener una imagen adecuada de las elecciones in situ. 
Los integrantes de las delegaciones deben viajar con tiempo al país correspondiente para orientarse acerca de los preparativos de las elecciones. 
La supervisión debe estar preferentemente en manos de un europarlamentario o ex-europarlamentario destacado con suficiente autoridad para compensar, por ejemplo, el empuje del presidente Carter, ya que, a veces, parece que es él el único que cuenta. 
Lo que también resulta útil y necesario es que exista una colaboración adecuada con otras organizaciones, como el Consejo de Europa y la OCDE. 
Por último, la Unión Europea debe plantearse por un momento la posibilidad de crear delegaciones de observadores electorales mixtas compuestas, por ejemplo, por parlamentarios de países ACS, sobre todo si se trata de un país ACS. 
Esta medida puede reforzar la credibilidad de una delegación y de eso se trata. 
Insisto, señor Presidente, en que valoramos el informe del comisario, valoramos el informe del ponente y esperamos que la política referida a esta cuestión mejore a corto plazo. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al Sr. Fava por su informe, que tiene por objeto- yo creo- un elemento clave para la coherencia y para la visibilidad de la acción exterior de la Unión Europea. 
Creo que la observación electoral y el apoyo a los procesos electorales constituyen un elemento extraordinario para sustentar la acción de la Unión Europea en favor de los derechos humanos, de las libertades democráticas, de los valores democráticos y del Estado de Derecho. 
Es importante- lo ha dicho muy bien el Sr. Fava- que no aislemos los procesos de observación electoral de su contexto general. 
Los ciudadanos son llamados en determinadas ocasiones a expresarse en las urnas, pero la democracia se construye todos los días. 
Por eso, yo entiendo que la acción de la Unión Europea tiene que ir dirigida a procurar estabilidad democrática a largo plazo en los países en vías de desarrollo mediante la financiación eficaz de los programas correspondientes en los que la Comisión tiene un papel fundamental. 
Quisiera, señor Presidente, detenerme muy brevemente en el papel que ha de corresponder al Parlamento Europeo en estos procesos. 
Yo creo que el apartado 9 de la propuesta de resolución del informe del Sr. Fava apunta muy certeramente al hecho de que, preferentemente, estas misiones tienen que ser presididas por miembros del Parlamento Europeo. Ello, por tres razones fundamentales: en primer lugar, porque el Parlamento Europeo puede aportar una experiencia, un conocimiento y una visión muy particular en este tema, puesto que todos los miembros del Parlamento Europeo hemos sido elegidos en procesos electorales abiertos y democráticos en nuestros Estados miembros; en segundo lugar, porque el Parlamento Europeo legitima nuestro proyecto de integración y creo que el Parlamento Europeo está, por lo tanto, muy bien cualificado para representar a la Unión Europea mejor- yo diría- que los Parlamentos nacionales; y en tercer lugar, porque, al fin y al cabo, el Parlamento Europeo es uno de los dos brazos de la autoridad presupuestaria. 
La Unión Europea es el mayor donante de ayuda al desarrollo en el mundo y creo que, por lo tanto, le corresponde al Parlamento Europeo participar en este tipo de procesos. 
Por eso, señor Presidente, espero y deseo que este informe sobre la comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE del Sr. Fava contribuya a mejorar de forma eficaz, visible y coherente la acción exterior de la Unión Europea. 
Señor Presidente, lamentablemente, unas elecciones libres y equitativas constituyen aún una utopía en numerosos países. 
Las elecciones suelen ir acompañadas, sobre todo en África, de intimidación, violencia, fraude o de la eliminación de los oponentes a través de una revisión de la constitución, tal y como ha ocurrido recientemente en Costa de Marfil. 
El envío de observadores resulta de gran utilidad en estos casos, aunque también puede entrañar riesgos. 
Los observadores pueden ser objeto de manipulación y utilizarse de manera partidista. Pueden ser utilizados como coartada para legitimar un régimen que accede al poder de manera irregular. 
Por este motivo, se debe actuar con la máxima prudencia, tanto durante la decisión de enviar observadores como in situ, durante las labores de observación y en la presentación de informes. 
En la actualidad se improvisa en exceso. 
Las personas se envían sin una preparación adecuada, sin conocer los antecedentes y sin hablar el idioma oficial. 
Por ello, considero que una reunión informativa previa resulta imprescindible. 
Asimismo, se requiere una colaboración más estrecha entre los diversos equipos de observadores. 
También se da el caso de los observadores llegan demasiado tarde y se marchan antes de tiempo. 
Gran parte de la manipulación se produce previamente con la alteración de los censos electorales o la prohibición de los mítines de la oposición. 
A veces el proceso degenera después, cuando un jefe de estado se niega a aceptar los resultados, tal y como ha ocurrido en Togo. 
Una solución a este problema podría ser un pequeño grupo de observadores a largo plazo. 
Obviamente, todo lo anterior solo tiene sentido si los informes de los observadores se tramitan de forma efectiva a continuación. 
En el pasado se ha visto como, lamentablemente, los intereses económicos o estratégicos prevalecían por encima de los intereses de la democracia y de los derechos humanos. 
Esperemos que la exposición de la Comisión y el excelente informe del Sr. Fava tengan un seguimiento y contribuyan a una actuación coherente y consecuente en relación con los regímenes antidemocráticos. 
Señor Presidente, señor Comisario, fue para mí un honor que el Comisario Patten me pidiera que encabezara la misión de observación electoral de la UE en Sri Lanka. 
La tarea supuso todo un reto y quisiera rendir homenaje a todos los miembros del equipo a los que tuve el privilegio de dirigir y con los que trabajé. 
También quisiera reconocer la gran colaboración y ayuda que recibí del jefe de misión, Sr. Ilkka Uusitalo, de todos los jefes de la misión diplomática de la UE, así como de los partidos del gobierno y de la oposición de Sri Lanka y, en particular, del comisario de las elecciones. 
En base a mis experiencias en aquel país, me gustaría hacer algunas observaciones en el contexto del informe Fava y de la comunicación de la Comisión, que en ambos casos acojo con gran satisfacción. 
La credibilidad del informe final de una misión de observación de la UE dependerá en buena medida de la independencia percibida y real de su trabajo. 
Es absolutamente imprescindible que ni el jefe de la misión de observación electoral ni ningún miembro de su equipo continúen con una agenda política que guarde relación con el país en el que están de observadores. 
La misión debe actuar en todo momento con independencia y así debe percibirse. 
Esto significa que la integridad del equipo no puede verse jamás comprometida por acciones que pudieran ser interpretadas como favorecedoras de algún partido político o agrupación o ONG. 
Por otra parte, aunque es importante que el equipo de observación consulte a las misiones diplomáticas locales de la UE, éste deberá ser independiente de las misiones de la UE y éstas no deberán interferir en la actuación de sus homólogos nacionales ni de la misión en su conjunto. 
Tuve la suerte de que ésa fuera mi experiencia en Sri Lanka. 
Asimismo es de desear que en la composición del equipo de la UE se tenga en cuenta no sólo el idealismo y el entusiasmo propios de la juventud, sino también un grado considerable de experiencia. 
Una última observación que me gustaría hacer es que el valor de un ejercicio de observación electoral se ve seriamente mermado si carece de seguimiento. 
Si el informe final de la misión de observación saca la conclusión de que ha habido serios fallos en la celebración de las elecciones y hace recomendaciones sobre cómo prevenirlos en el futuro, el Consejo y la Comisión deberán tomar medidas y estar dispuestos a recurrir a las sanciones en los ámbitos de la política comercial de la UE y de la concesión de ayudas con vistas a alcanzar este objetivo. 
. (EN) Como ha dicho el Sr. Fava en su excelente intervención de presentación, las elecciones democráticas constituyen el fundamento necesario para el desarrollo sostenible, así como, naturalmente, para la democracia y el pluralismo sostenibles. 
La Unión apoya y se propone seguir apoyando los procesos electorales en países en transición hacia el establecimiento de la democracia como elemento clave de nuestra política de relaciones exteriores. 
La comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral fue la respuesta a una petición del Parlamento, y las intervenciones de esta noche apuntan a que hemos respondido en el sentido adecuado con las observaciones y los argumentos idóneos. 
La comunicación fue concebida para potenciar nuestra actuación en todo este ámbito. 
El enfoque de caso por caso que se seguía anteriormente ha dejado de ser aceptable, según la opinión generalizada. 
La rueda volvía a inventarse con demasiada frecuencia y los papeles se confundían demasiado a menudo. 
En la Comisión queremos que las tres instituciones se comprometan plenamente en el apoyo de la Unión a la democratización, por eso acojo muy favorablemente el presente informe. 
Es un complemento útil de la comunicación que resalta el singular valor añadido del Parlamento Europeo como organismo de la Unión Europea elegido por sufragio universal. 
Quisiera, en particular, comentar algunos aspectos que plantea el informe. 
Primero, algunas observaciones sobre la coordinación e intercambio de información entre las instituciones de la Unión Europea, algo que considero absolutamente fundamental. 
Quisiera saludar la adopción de las disposiciones adecuadas entre las instituciones europeas con vistas a reforzar nuestra coordinación y definir mejor nuestros papeles y responsabilidades, incluida la creación de un Grupo de Coordinación Electoral del Parlamento Europeo. 
Nuestra coordinación debería comenzar por una definición de las prioridades de la Unión Europea que tenga como base un intercambio de puntos de vista sobre el calendario electoral que ahora presenta la Comisión. 
No podemos ni debemos observar o apoyar todas las elecciones. 
Nuestros recursos humanos y financieros son limitados y muchos países no necesitan ayuda de fuera. 
Por eso es fundamental decidir un orden de prioridades, y el Parlamento debería contribuir en este cometido. 
La celebración de conversaciones, quizá cada seis meses, como sugiere el informe, sería una solución muy aceptable. 
Antes de que decidamos sobre si y cómo observar un proceso electoral en particular, las misiones exploratorias de evaluación de las necesidades son actualmente la norma. 
Compartiremos sus resultados con otras instituciones de cara a involucrar al Parlamento desde una fase inicial, como sugiere el informe que hagamos. 
Dichas misiones determinarán la naturaleza de nuestra observación. 
Como se resalta en el informe y en la comunicación, las elecciones no son acontecimientos de un día. 
Es crucial observar las diferentes fases del proceso electoral- la inscripción, la candidatura, la votación, el recuento y las reclamaciones. 
La Comisión no está interesada en el turismo electoral. 
Normalmente, la parte previa a la misión de observación electoral de la Unión Europea comenzará, al menos, cinco o seis semanas antes del día de los comicios. 
El observador en jefe de la misión deberá tener experiencia y disponer de los conocimientos técnicos adecuados. 
La participación de los diputados de esta Asamblea en las misiones de observación electoral tiene mucho sentido. 
La Comisión toma nota de que los diputados al PE, como representantes elegidos, tienen un conocimiento profundo de todos los aspectos relacionados con las elecciones. 
La Comisión quiere cooperar plenamente con el Parlamento en este sentido e integrar cualquier delegación parlamentaria, si el Parlamento así lo desea, en la misión de observación electoral de la Unión Europea. 
Asimismo participaría en las funciones de formación, instrucción, presentación de informes y despliegue de observadores. 
Cuando participan en misiones, los observadores están sujetos, naturalmente, al código de conducta de la Unión Europea relativo a la observación electoral y al principio general de que la Unión Europea debe hablar con una sola voz. 
Por tanto, el observador en jefe será el único portavoz en nombre de la misión de observación electoral de la UE. 
La Sra. Kinnock ha preguntado cómo nos proponemos desarrollar esta labor en la Comisión. 
Actualmente estamos finalizando la reestructuración de tareas entre la "Europe Aid Cooperation Office", la Dirección General de Desarrollo y mi DG de Relaciones Exteriores. 
Lo que pretendemos es crear, para cada proceso electoral en el que participemos, un equipo en el que estén representados todos los servicios afines. 
Una vez finalizada la reestructuración, nos proponemos informar al Parlamento sobre la distribución exacta de tareas, naturalmente estamos dispuestos a presentar una relación del personal, como ha pedido la Sra. Kinnock. 
Creo que las experiencias recientes en las que diputados a este Parlamento han sido nombrados jefes de misión, por ejemplo, el Sr. Schori y el Sr. Cushnahan, han sido todo un éxito y deberían repetirse. 
La visibilidad de la acción de la Unión Europea es importante. 
La mejor visibilidad se obtiene dirigiendo una operación eficaz y profesional. 
Si bien es cierto que el observador en jefe debería, o así lo desearía yo, tener conocimientos razonables sobre los medios de comunicación y experiencia política. 
La sostenibilidad también es importante. 
El apoyo a la democracia, como acertadamente ha señalado el Parlamento, es un proceso a largo plazo. 
La Comisión cree que las recomendaciones de nuestras misiones deben incorporarse en las estrategias de desarrollo y también en nuestro diálogo político con el país en cuestión. 
Por ejemplo, el Presidente de Sri Lanka se entrevistará con el Presidente Prodi y conmigo esta misma semana y le animaremos a que ponga en práctica las recomendaciones de las sucesivas misiones de observación, incluida la que encabezó el Sr. Cushnahan, sobre todo, la designación de una junta electoral realmente independiente. 
Lo que se persigue es fomentar el cambio y crear capacidad de manera que la observación internacional sea innecesaria. 
Respecto a la coordinación con otras organizaciones y la creación de aptitudes a nivel nacional, quisiera hacer hincapié en que la Unión Europea ha colaborado con numerosas organizaciones internacionales y ONG en misiones de apoyo y observación electoral, y tenemos intención de adoptar el mismo enfoque en el futuro. 
El informe del Parlamento trata sobre un tema de gran importancia. 
La Unión Europea defiende ante todo la democracia y los valores consagrados en el Estado de derecho, el pluralismo y las libertades civiles. 
Todos sabemos que la democracia y la democratización, valores sobre los que se basa ampliamente nuestra política de desarrollo, van más allá de las simples elecciones. 
Pero la celebración de elecciones justas y libres es un requisito necesario, aunque no suficiente por sí solo, para la democracia. 
Por ello no puede por menos que ser acertado que esta Unión Europea, a la que se considera cada vez en mayor medida y acertadamente uno de los bastiones de la democracia en el mundo, dedique un esfuerzo mucho mayor a fomentar la celebración de elecciones libres y justas en países en los que los derechos, que con demasiada frecuencia damos por descontados, siguen siendo frágiles o están amenazados. 
Deseo felicitar una vez más al Sr. Fava por su informe, que ofrece una opinión sensata y valiosa sobre cómo podemos mejorar nuestro juego en todo este ámbito. 
Esperamos con interés poder trabajar en estrecha colaboración con el Parlamento para impulsar esta labor y, una vez más, quiero alabar a los diputados que ya han desempeñado un papel tan destacado en el intento de hacer realidad la democratización en países de todo el mundo. 
Estrategia común sobre Ucrania 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0083/2001) del Sr. Väyrynen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la Estrategia Común de la Unión Europea relativa a Ucrania (C5-0208/2000- 2000/2116 (COS) ). 
. 
(FI) Señor Presidente, el Consejo Europeo aprobó en Helsinki la estrategia común de la Unión sobre Ucrania en diciembre de 1999. 
Ahora, un año y pico después, podemos afirmar que la línea básica de la estrategia es la acertada. 
El informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa se limita a presentar propuestas relacionadas con la puesta en práctica e implementación de esta estrategia. 
He adoptado en mi informe el mismo planteamiento general que el Parlamento aprobó como base de la política de la Unión con respecto a Rusia al votarse el informe del Sr. Oostlander. 
Así pues, este informe critica rotundamente a Ucrania, entre otras cosas, por las carencias existentes en materia de democracia, derechos humanos y libertad de expresión, así como en la instauración de la economía de mercado. 
Por otra parte, el informe recomienda que la Unión estreche su cooperación con Ucrania con objeto de contribuir a resolver estos problemas. 
En todo caso, Ucrania es muy diferente a Rusia. 
Ucrania tiene una importancia estratégica fundamental tanto para Rusia, como para Occidente. 
Ucrania está dividida interiormente. 
La regiones occidentales del país han formado parte durante largos períodos de Polonia o del Imperio Austro-Húngaro, y tienen relativamente poca población de origen ruso. 
Por su parte, las regiones centrales y orientales llevan mucho tiempo bajo la influencia de Rusia, y en ellas viven muchos rusos. 
La Unión debe aspirar a que Ucrania consiga reconciliarse y entablar relaciones equilibradas, por un lado, con Rusia, y, por otro lado, con los países occidentales, con la Unión Europea y con la OTAN. 
Ucrania se ha otorgado a sí misma una orientación claramente europea. 
Aquí debemos alentar y apoyar esta orientación. 
En mi informe he intentado situar a Ucrania en un ámbito paneuropeo más amplio. 
He partido de las posiciones aprobadas en el informe del Sr. Elmar Brok relativo a la ampliación. 
En el punto 26 del informe se reitera la idea de un nuevo espacio europeo basado en la economía de mercado, en el libre comercio, en la protección del medio ambiente, en la democracia, en los derechos humanos y en la seguridad. 
Por su parte, el punto 57 establece que el Consejo desarrolle para la Unión una política global paneuropea integrando, por una parte, el proceso de ampliación, y, por otra parte, las relaciones exteriores bilaterales y multilaterales de la Unión. 
Asimismo, se propone que la UE se sirva sistemáticamente del Consejo de Europa y de la OSCE para preparar a los actuales y futuros países candidatos en el proceso de adhesión y para promover a nivel paneuropeo los objetivos de la integración y de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Estos párrafos pueden prestarse a algunas interpretaciones. 
Queda claro el deseo del Parlamento de que la Unión sea dotada de una política global paneuropea. 
Lo que se presta a interpretación es la relación que guarda este nuevo espacio europeo con la propuesta de que la Unión empiece a servirse del Consejo de Europa y de la OSCE como instrumentos de su política paneuropea. 
Mi opinión al respecto es que la creación de un nuevo espacio europeo que funcione como una organización diferenciada daría lugar fácilmente a una superposición de funciones con los foros ya existentes. 
Por ello, deberíamos aprovechar, en primer lugar, las organizaciones ya existentes y proceder sin prejuicios en este sentido. 
Por último, quiero dar las gracias a la Comisión de Asuntos Exteriores y, sobre todo, a los "seudoponentes" que han intervenido por la actitud constructiva mostrada ante este informe. 
Sin embargo, quiero hacer una observación crítica: la comisión parlamentaria ha aprobado, a mi juicio, demasiadas enmiendas. 
En mi calidad de ponente, redacté un borrador del informe que ya rebasaba la extensión establecida. 
En mi opinión, los 21 puntos del borrador contenían todo lo esencial. 
No obstante, en las votaciones se añadieron nada menos que 31 puntos, la mayoría de ellos en contra de las recomendaciones del ponente. 
Creo que debemos considerar conjuntamente medios para evitar que los informes aprobados en las comisiones y en el Pleno se fragmenten y se amplíen desmesuradamente. 
En base a lo que acabo de exponer, guardo muchas reservas con respecto a las enmiendas que pudieran ampliar aún más el informe. 
. (EN) Señor Presidente, acojo con gran satisfacción este informe equilibrado y considerado. 
Es un informe que bien merece la pena leer. 
Mi primera visita a Ucrania fue allá por 1991, poco después de que el país obtuviera su independencia, para asistir a una conferencia sobre sanidad. 
Últimamente, mis visitas se han centrado mayormente en temas nucleares. 
La semana pasada me reuní con un grupo de diez parlamentarios del Rada que viajaron a Bruselas para conocer nuestras relaciones institucionales. 
En todos los contactos que he mantenido a lo largo de los años con aquel país, me ha llamado la atención su deseo de mantener relaciones más estrechas con la Unión Europea. 
Para Ucrania la transición hacia una economía de mercado no ha sido un proceso fácil. 
El país debe aproximar aún más sus estructuras normativas y financieras a las nuestras. 
La privatización avanza despacio. 
Pero debemos considerar estos esfuerzos con un talante positivo y comprensión. 
Es prácticamente imposible hablar sobre Ucrania sin hacer referencia a la energía nuclear. 
Creo que soy el único diputado a este Parlamento que ha visitado Chernóbil, Khmelnitsky y Rivne: las tres centrales que han surgido a menudo en nuestros debates. 
En las últimas dos centrales se están adaptando los reactores conforme a las normas de seguridad de Occidente. 
Pero debemos reconocer que Ucrania tiene además una industria del carbón y que se está esforzando en fomentar la eficiencia energética y las fuentes renovables. 
Nuestra ayuda financiera debería abarcar a todo el sector. 
Con respecto al informe del Banco Europeo de Inversiones, yo incluiría el apoyo al turismo y a la agricultura. 
Esta última ha caído en picado en los últimos años y ambos sectores pueden hacer mucho para impulsar la economía. 
Espero que el presente informe reciba un fuerte apoyo mañana y que los parlamentarios del Rada vean en su aprobación un respaldo enérgico a sus deseos de mantener unas relaciones cada vez más estrechas con la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe sobre la Estrategia Común de la UE relativa a Ucrania se presenta al Pleno de esta Cámara en un momento en que ya no es posible pasar por alto los síntomas de crisis en ese gran e importante país, situado en el punto de confluencia entre el Este y el Oeste. 
El asesinato del periodista Georgij Gongadze y las posteriores manifestaciones, reprimidas en parte por la fuerza, ponen en evidencia las debilidades internas y las insuficiencias democráticas de dicho país, cuando han transcurrido once años desde su separación de la Unión Soviética. 
El ponente, a quien yo quiero expresar mi sincero agradecimiento, conoce bien todos estos hechos, así como las dificultades económicas de Ucrania, con su alto nivel de endeudamiento externo y la huida todavía más importante de capital, el empobrecimiento de amplios sectores de la población y el enriquecimiento de un pequeño grupo. 
No podemos permanecer indiferentes al hecho de que esto constituye un terreno abonado para la corrupción y la delincuencia internacional organizada. 
El tráfico de seres humanos, en general, y de mujeres en particular, así como el aumento de la inmigración ilegal, se propagan a la Unión Europea y es necesario combatirlos de manera eficaz con la ayuda de la Unión, sobre todo habida cuenta que tras una futura ampliación a Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania, las fronteras exteriores de la UE lindarán con Ucrania. 
La Estrategia Común relativa a Ucrania y el Acuerdo de Colaboración y Cooperación con dicho país persiguen acertadamente el objetivo de fortalecer la democracia, la economía y la sociedad y aproximar también a Ucrania al sistema de valores de la UE. 
Sin embargo, los resultados conseguidos hasta ahora son insuficientes, a pesar de los créditos concedidos por la Unión Europea. 
La propia Ucrania se ha marcado, en efecto, el ambicioso objetivo de estar preparada para la adhesión para el año 2007. 
Aunque esto suene más bien a música celestial, el informe Väyrynen apunta en la dirección adecuada al ofrecer a Ucrania la perspectiva final de una adhesión, a la vez que también contempla la posible creación una zona de libre comercio, sin que ello excluya una posterior adhesión. 
Justamente con vistas a la prevista ampliación de la UE, se debería hacer también todo lo posible, mediante el apoyo de programas transfronterizos y ayudas a la gestión de las fronteras, para evitar que se creen nuevas líneas divisorias en Europa. 
Esto es todavía más importante dado el papel esencial de Ucrania para la seguridad europea, tal como lo ha demostrado con su compromiso en la antigua Yugoslavia y también con su participación en la Asociación por la Paz y la firma de la Carta de asociación distintiva con la OTAN. 
Ucrania desempeña un importante papel en el entramado de relaciones entre la UE y Rusia y también en su calidad de potencia regional. 
El informe Väyrynen señala el camino del apoyo para que el país asuma sus responsabilidades y para intensificar nuestras relaciones mutuas. 
Señor Presidente, las palabras que me dispongo a pronunciar pretenden servir de muestra de amistad frente al pueblo de Ucrania. 
Soy consciente de mi responsabilidad como presidente de la Delegación Interparlamentaria, aunque también considero importante que adoptemos en ocasiones una actitud crítica. 
La estrategia común de la Unión Europea en relación con Ucrania constituye la aplicación práctica de una postura política clara, en concreto que Ucrania es una parte integrante de nuestro continente, que el bienestar y la estabilidad en Ucrania resultan claves para el bienestar y la estabilidad del resto de Europa y que la Unión Europea desea, por este motivo, asumir la co-responsabilidad que le corresponda en el desarrollo democrático, económico y social de este país. 
En una noticia excelente. 
Sin embargo, se debe dejar claro que la Unión Europea no puede ser la única ni la primera en asumir esta responsabilidad en relación con la construcción del estado ucraniano ni con el desarrollo socioeconómico de dicho país. 
Con esta estrategia común, la Unión Europea y sus Estados miembros muestran su disposición a proporcionar el apoyo técnico y económico necesario, siempre que los líderes políticos ucranianos muestren por su parte su disposición y el valor necesario para dirigir un proceso de profundas reformas. 
Se trata de una tarea difícil pero no imposible. 
Si nos mostramos críticos es en el interés de Ucrania. 
Lo que pedimos a este país es lo mismo que debería pedir su gobierno. 
Otra responsabilidad de la Unión Europea consiste en expresar nuestra preocupación acerca de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos fundamentales y los derechos civiles en este país. 
En este sentido, nos referimos, entre otros asuntos, a la investigación sobre el asesinato del periodista Gongadze. 
Como presidente de la delegación y vicepresidente de la comisión de cooperación Ucrania- Unión Europea, ya he instado a que se investigue con más detalle, entre otras cuestiones, la brutalidad y dureza con la que se están disolviendo las manifestaciones que se han producido durante los últimos días en Ucrania. 
Los gobiernos no se forman en la calle pero la democracia sí se puede asesinar en la calle si se arrebata de forma violenta a la población el derecho a manifestarse libremente. 
Como presidente de la Comisión parlamentaria de Cooperación, viajaré junto a mis colegas en breve a Ucrania con la esperanza de poder mantener conversaciones fructíferas, basándonos en parte en el informe que estamos debatiendo hoy, acerca de cuestiones de interés común y que deberían preocuparnos también a ambas partes. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero felicitar al Sr. Väyrynen por su logrado informe. 
La situación extremamente delicada de Ucrania confiere aún mayor actualidad a este informe. 
La Unión necesita ahora una estrategia común bien definida para su política con respecto a Ucrania. 
Este informe crea unas bases sólidas para dicha estrategia. 
Nuestro Grupo apoya las líneas generales del informe. 
Hay razones para criticar a Ucrania, entre otras cosas, por las graves carencias existentes en materia de derechos humanos, democracia y libertad de expresión. 
También hay problemas con la instauración de la economía de mercado. 
Sin embargo, es necesario también que se estreche la cooperación con la Unión para que Ucrania pueda resolver sus acuciantes problemas. 
El Alto Representante, Sr. Solana, recordó recientemente que habría que delimitar los problemas de la Unión y establecer sus prioridades. 
Sin embargo, parece ser que la comisión parlamentaria ha olvidado esta recomendación y ha fragmentado y ampliado desmesuradamente este informe por medio de numerosas enmiendas. 
El ponente también se ha referido a esto en su propia intervención. 
En el Pleno debemos eliminar las enmiendas innecesarias y centrarnos en lo más esencial. 
Además de mejorar la situación en materia de derechos humanos y de contribuir a establecer el Estado de derecho, yo quiero poner de relieve las cuestiones en materia energética. 
El mayor problema en materia de seguridad ha desaparecido al cerrarse, por fin, la central nuclear de Chernobyl. 
La Comunidad debe condicionar la ayuda financiera al sector energético exigiendo que se establezca un nivel de seguridad acorde con las normas occidentales y que se lleve a cabo una gestión adecuada de los asuntos medioambientales. 
Ucrania necesita también un plan energético global, con el cual se comprometan el Gobierno y la administración del país. 
El incremento de la cooperación y del comercio implica también la prolongación hasta Ucrania de las redes de comunicación transeuropeas. 
Actualmente, el diseño y realización de estas redes se detienen en la frontera de Ucrania. 
Señor Presidente, en el trasfondo del debate sobre la estrategia para Ucrania flota el tema de la finalidad de la UE y, con éste, la pregunta de si Ucrania, en su calidad de país europeo importante, tiene la posibilidad de llegar a ser algún día miembro de la UE o no. 
Las respuestas posibles son dos. O bien respondemos que no, que con los acuerdos económicos y comerciales ya basta. 
En cuyo caso, sin embargo, la UE sólo podrá contribuir muy poco a la estabilidad y no podrá aplicar sus criterios rigurosos. 
O bien ofrecemos a Ucrania esta perspectiva de adhesión a largo plazo y empezamos a construir una estrategia amplia de fomento de la estabilidad, que fortalezca ante todo la democracia y como resultado promueva un desarrollo socioeconómico. 
Sin embargo, en ese caso tampoco podemos permitir que Ucrania se convierta en la cloaca atómica de Europa. 
Señor Presidente, la actual agitación política que se vive en Ucrania no puede producirse en peor momento. Justamente en el momento en que el país estaba saliendo de forma espectacular del profundo bache económico en el que se encontraba. 
La cruenta lucha en relación con la implicación directa del presidente Kuchma en el deplorable asesinato del periodista Gongadze amenaza con bloquear la clara trayectoria reformista del gabinete de Luschenko. 
Este prolongado escándalo tampoco deja impasible a la Unión Europea. 
El claro informe del Sr. Väyrynen subraya la importancia de sus relaciones con Ucrania, nuestro futuro vecino. 
A Europa le interesa que en Kiev lata el corazón de un estado de derecho democrático. 
Y, según afirma el Sr. Väyrynen con razón, aún no se da esta circunstancia. 
Lo que es más; la polvareda política levantada en torno al siniestro caso Gongadze aleja a Ucrania aún más de Europa. 
¿Qué es lo que Europa puede o debe hacer en esta situación tan desesperanzadora? 
El ponente Väyrynen apunta hacia un camino viable: el apoyo incondicional de Europa a los esfuerzos reformistas efectivos en Ucrania y mantener la puerta abierta a la adhesión de pleno derecho de Ucrania a la Unión Europea. 
Esta opción de la adhesión constituye, sin duda, un estímulo necesario para que los reformistas del país se mantengan firmes en su visión y en su política. 
Señor Presidente, tras el derrumbe del imperio soviético, un diplomático polaco afirmó lo siguiente: "Si Ucrania se mantiene independiente, Rusia tendrá una oportunidad de convertirse en un estado nacional normal". 
Esta reflexión- que sin duda alguna constituye un legítimo deseo de los polacos- coincide con las aspiraciones políticas de los Estados miembros y con los candidatos a acceder a la Unión Europea. 
El informe Väyrynen lo ilustra de un modo realista. 
Señor Presidente, hoy mismo hemos debatido en el Parlamento sobre la forma y la dirección que adoptará en el futuro la Unión Europea después de Niza. 
Hay muchas cosas en estos planes y ambiciones con las que algunos de nosotros podemos no estar de acuerdo, pero una de las fuerzas de la Unión Europea es sencillamente su papel como centro de atracción de países que no han disfrutado de la democracia, del Estado de derecho y de la prosperidad económica. 
La perspectiva de afiliación o adhesión a la Unión Europea es un gran incentivo para que los países que han vivido bajo el comunismo durante muchas generaciones pongan orden en sus asuntos políticos y económicos y resuelvan los problemas pendientes desde hace tanto tiempo con sus Estados vecinos. 
Durante la presente década, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania se convertirán en Estados de la Unión Europea. 
Comparten frontera con Ucrania, un país de enorme significado geopolítico, cuya existencia misma es un factor muy importante para la seguridad y la estabilidad de Europa, pero donde los recientes acontecimientos son motivo de preocupación. 
A todos nos beneficia que Ucrania reciba ayuda para consolidarse como país independiente y democrático, anclado en Occidente, pero con unas relaciones abiertas, vibrantes y amistosas con Rusia, por su lado oriental. 
En este sentido, no deberíamos olvidar que, además de su asociación con la Unión Europea, Ucrania mantiene fuertes lazos con la OTAN, lo que ha contribuido a la sensación de seguridad de Ucrania, así como a la tan necesaria reforma militar. 
El Sr. Väyrynen merece ser felicitado por una excelente informe, aunque es algo más largo de lo que él se propuso en un comienzo. 
Ahora es muy importante que la Unión Europea mejore el enfoque y la aplicación de su estrategia. 
Permítanme tocar muy brevemente un aspecto muy específico: el tema de las minas terrestres antipersonas. 
Ucrania firmó en 1999 la Convención de Ottawa sobre la prohibición de usar y almacenar minas antipersonas. Aún debe ratificar su adhesión. 
Entretanto, tiene el quinto mayor arsenal de minas terrestres antipersonas del mundo, cuyo número se estima en unos 10 millones de unidades. 
La Convención de Ottawa impone la obligación de destruir las existencias de estas minas. 
Espero que la Comisión y el Consejo hagan hincapié en este aspecto en sus negociaciones con Ucrania. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quiero felicitar al señor Ponente por su equilibrado informe y, a continuación, permítame que examine con mayor detenimiento un aspecto estratégico que me preocupa especialmente. 
Tras el desmoronamiento político de Europa central y oriental se establecieron acuerdos de asociación con el fin de permitir que esos países pudieran adherirse un día a la Comunidad y a la Unión Europeas. 
Ucrania no formaba parte de dichos países. 
Nunca hemos debatido seriamente el tema de las fronteras de Europa- que volvió a pasar a un primer plano tras la caída del telón de acero- y, por lo tanto, tampoco el destino de Ucrania. 
Sin embargo, la respuesta a la pregunta relativa a las fronteras de Europa es que ésta no limita al este de Bulgaria, pues allí se encuentra Ucrania y no sólo Ucrania. 
Europa carece de fronteras claramente definibles. 
Por esto, hablar de una completa ampliación de la Unión Europea es contradictorio en sí mismo. 
El actual proyecto de ampliación creará forzosamente nuevas fronteras divisorias en Europa, entre Polonia y Ucrania, por ejemplo. 
Esto constituye un gran problema. 
Por lo tanto, es necesario un nuevo planteamiento. 
Desde 1989-90, Europa ha dejado de estar política y geográficamente dividida, y ahora es, por el contrario, un continente abierto. 
Habría que sustituir el principio de la exclusividad, en virtud del cual un Estado candidato debe incorporarse plenamente a la UE o quedar excluido totalmente de ella, por la siguiente solución: todo Estado que se defina como parcial o totalmente europeo, como es el caso de Ucrania, debería tener la posibilidad de decidir por sí mismo si puede y desea participar en la política europea y en qué medida puede y desea hacerlo. 
De este modo quedaría superada, en sentido dialéctico, la visión de los padres fundadores de la Europa libre y se volvería a situar en un primer plano el núcleo central de su planteamiento, es decir: la consecución de la paz en libertad para todos los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, quisiera agradecer sinceramente al diputado Väyrynen, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, su meritorio trabajo. 
La Presidencia sueca se manifestó el 7 de febrero de este año acerca de la situación general en Ucrania y destacó especialmente en esa oportunidad la desaparición del periodista Georgiy Gongadze, cuyo destino nos atañe a todos. 
Ucrania será dentro de algún tiempo una nación vecina de la Unión. 
El informe Väyrynen se ocupa de los territorios vecinos posteriores a la ampliación de la Unión. 
En Ucrania, Moldavia y Belarús podemos ver un desarrollo similar, esto es, inquietud política creciente, tendencias antidemocráticas, retroceso económico, regímenes cada vez más autoritarios y pluralismo político en disminución. 
Como primer vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo en esos tres países, estoy preocupado por el desarrollo de los acontecimientos. 
He tenido oportunidad de entrevistarme con diferentes representantes, por ejemplo, con la joven alcaldesa Natalia Gnatyuk y con Andriy Yaniv, líder del movimiento juvenil de la iglesia católica y griega unidas. 
Sus mensajes son: ¡No olviden el significado de la ética y la religión para el desarrollo de nuestro país! 
Me gustaría dirigir dos preguntas al Comisario Patten, que realiza un meritorio trabajo en pro de la política exterior de la UE. 
En primer lugar, me pregunto cómo podrían contribuir el Programa Tacis y el acuerdo de colaboración y cooperación a fortalecer los principios éticos y morales- especialmente en la vida comercial, en sectores políticos y en la sociedad civil- algo que es necesario en un país como Ucrania. 
En segundo lugar, quisiera saber si es sostenible y razonable considerar a Ucrania y a Belarús de manera tan distinta, habida consideración del desarrollo paralelo en ambos países. 
¿Es posible aislar a un país pero no al otro? 
. (EN) Éste es un buen informe. 
Felicito al ponente. 
Ofrece una impresionante visión general de la situación en Ucrania en una coyuntura crucial de su historia. 
Los recientes acontecimientos en aquel país son motivo de profunda preocupación para todos nosotros. 
La violencia lamentable desatada estos últimos días y sus causas resaltan los riesgos actuales para la estabilidad política y económica tan importante para Ucrania, como pone de manifiesto nuestra estrategia común. 
La situación es especialmente preocupante habida cuenta de que Ucrania compartirá una frontera muy larga con la Unión Europea tras la primera ronda de ampliación. 
Ucrania quiere acercarse más a la Unión Europea y a sus vecinos; deseos que acogemos favorablemente. 
Pero para que eso sea posible, Ucrania debe demostrar su voluntad y capacidad de estar a la altura de los valores fundamentales, los valores europeos, valores que, por otra parte, están recogidos en nuestro Acuerdo de asociación y cooperación. 
Esto significa que deberá reforzar el Estado de derecho. 
Significa que deberá avanzar en la lucha contra la corrupción. 
Significa que deberá adoptar una legislación orientada hacia el mercado. 
Como señala el informe, Ucrania, lamentablemente, ha perdido mucho tiempo, pero es un país con un gran potencial en términos de recursos económicos y humanos. 
No hay duda de que las cosas han mejorado con la formación del Gobierno del Presidente Yushchenko, pero queda aún mucho por hacer. 
Varios diputados han hecho referencia al caso Gongadze, que ha llevado a un primer plano no sólo el tema de la libertad de prensa, sino también el de la sociedad plural y el modo en que se ejerce el poder ejecutivo en Ucrania. 
La Asamblea recordará que a comienzos de diciembre, poco después de que se presentaran en el Parlamento las cintas de Kuchma, la Unión Europea expresó su profunda preocupación por la desaparición del Sr. Gongadze. 
En enero, el Presidente Prodi mantuvo una larga conversación sobre este caso con el Presidente Kuchma durante su reunión en Berlín. 
Estoy seguro de que el Parlamento habrá visto la declaración de la Presidencia sueca hecha pública con anterioridad a la reciente visita ministerial de la Troika a Ucrania. 
Tomé parte de dicha delegación de la Troika. 
Puedo asegurar al Parlamento que expusimos nuestra posición con total claridad. 
El único modo de tratar sobre este asunto es, a corto plazo, con total transparencia y, a más largo plazo, con controles y balances oportunos. 
Quiero hacer hincapié esta noche- aunque no sería necesario hacerlo- en el gran interés que tiene para nosotros este asunto. 
La Presidencia sueca ha incluido en su programa de trabajo, relativo a la aplicación de la estrategia común, el apoyo de la Unión Europea a la creación de medios de comunicación libres en Ucrania. 
La Presidencia sueca organizará un seminario en Kiev sobre la independencia de los medios de comunicación. 
La Comisión también está dispuesta a proporcionar asistencia técnica. 
El informe resalta, acertadamente, la necesidad de fomentar en Ucrania el crecimiento económico y el comercio, pero para ello deben darse las condiciones adecuadas. 
Los recientes informes elaborados por la Asociación de Empresas Europeas, la OCDE y organismos privados se centran en el clima general para la inversión. 
Los informes ponen de manifiesto el largo camino que queda aún por recorrer. 
En Ucrania, el sector privado representa aún menos de la cuarta parte del PIB. 
Un estudio del BERD de hace dos años apuntaba a que los directores de empresas ucranianas dedican hasta el 17% de su tiempo a encontrar el modo de sortear los trámites normativos. 
Como recoge el excelente informe que nos ocupa, la reforma del sector de la energía es absolutamente necesaria para la estabilidad económica y el crecimiento en Ucrania. 
Es asimismo uno de los requisitos clave del Memorando de acuerdo de 1995 sobre el cierre de la central nuclear de Chernóbil. 
Junto con nuestros socios internacionales, seguimos de cerca el progreso de Ucrania en la reforma del sector de la energía, y estamos proporcionando una asistencia sustancial en estrecha cooperación con las autoridades ucranianas. 
La reforma del mercado del gas y la electricidad es también uno de los proyectos prioritarios del Programa de acción TACIS 2000. 
Me alegra que el informe encuentre adecuado el enfoque principal del Programa TACIS para Ucrania. 
El informe propone ampliar la atención a determinadas actividades. 
Puedo confirmar que varias de ellas están siendo incorporadas en el Programa de iniciativa TACIS para Ucrania 2000-2003 y el Programa de Acción 2000 para Ucrania. 
Esto es válido también en el caso de los proyectos en materia de reforma institucional, jurídica y administrativa, al igual que la asistencia al desarrollo del sector privado, al desarrollo económico, al desarrollo de las ONG y de la sociedad civil. 
Hacer frente a las consecuencias de la transición en el sector de la sanidad y el mercado de trabajo es otro capítulo importante de las actividades en el marco del Programa TACIS. 
Hasta ahora, nuestra cooperación se ha centrado principalmente en la prestación de asistencia técnica en el ámbito de la justicia y asuntos interiores. 
Los programas en materia de aduanas y controles fronterizos de TACIS están encaminados a mejorar la capacidad operativa y la eficacia de los controles aduaneros y fronterizos con vistas a frenar las actividades delictivas. 
Existe un estudio de viabilidad sobre la lucha contra el blanqueo de dinero que va dirigido más explícitamente a combatir la delincuencia organizada y que apoya los esfuerzos de Ucrania encaminados a establecer la legislación necesaria y crear una unidad de inteligencia para asuntos financieros. 
En el futuro, tras las reiteradas peticiones de Ucrania, prestaremos más atención a las fronteras orientales de Ucrania para controlar mejor el flujo de migración ilegal que intenta entrar ilegalmente en la Unión. 
Quiero decir a su Señoría, que fue el último en intervenir en el debate, que en lo que respecta al objetivo general de los programas TACIS, éstos incorporan, naturalmente, consideraciones éticas, consideraciones democráticas y consideraciones orientadas hacia el mercado, a las que se ha referido de manera muy oportuna y elocuente. 
Debemos reconocer las preocupaciones legítimas que existen en Ucrania en relación con las posibles repercusiones de la ampliación y actuar en consecuencia. 
En términos generales, sigo convencido de que dichas repercusiones serán mayormente beneficiosas para la economía ucraniana, aunque habrá problemas, por ejemplo, en lo relativo a la circulación de personas entre Ucrania y sus países vecinos occidentales. 
Debemos tomarnos el tiempo necesario para gestionar estos asuntos de manera que no se conviertan en una barrera entre la Unión Europea ampliada y nuestros socios ucranianos. 
El Sr. Van Orden se ha referido al arsenal de minas terrestres antipersonas que existe en Ucrania. 
El argumento que ha expuesto es completamente válido. 
Es un tema sobre el que hemos discutido recientemente con nuestros colegas canadienses en la reunión ministerial de la Unión Europea y Canadá, y espero que podamos avanzar en este tema de máxima importancia en los próximos meses y años. 
La labor que hemos realizado- la Presidencia, la Comisión y el Parlamento- hasta ahora es prueba suficiente de la seriedad de nuestro compromiso con Ucrania. 
A pesar de los considerables problemas internos que existen en aquel país, no hay duda de que ha habido progresos. 
El cierre de Chernóbil, por ejemplo, espero que haya sido un hito, aunque seguiremos muy involucrados en el seguimiento. 
En términos de nuestra agenda política, en lo sucesivo podremos centrarnos en otros temas: el Estado de derecho, los controles y balances democráticos, el fomento del comercio y de la inversión, la creación del marco de cooperación en justicia y asuntos interiores y en las relaciones entre Ucrania y la Unión Europea después de la ampliación. 
Es una labor de vital importancia en la que deberán centrarse todas las instituciones europeas durante los próximos años. 
Felicito a su Señoría por su informe. 
Estoy bastante de acuerdo con su punto de vista. 
No creo que fuera necesaria toda esa autoría ulterior a la que ha sometido el informe, pero demuestra en sus observaciones mucha caridad con el sufrimiento, lo que tampoco es sorprendente. 
Ha redactado un excelente informe y nuestras relaciones con Ucrania se beneficiarán de su sabio consejo. 
Muchas gracias, señor Comisario Christopher Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
Organización y gestión de Internet- Cuestiones de política europea e internacional 1998­2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0063/2001) del Sr. Carraro, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo- La organización y gestión de Internet- Aspectos de política europea e internacional 1998-2000 (COM (2000) 202- C5-0263/2000- 2000/2140 (COS) ). 
. (IT) Señor Presidente, ante todo el informe acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión objeto de debate proponiéndose en primer lugar valorizar hasta el fondo la experiencia de Internet y, en consecuencia, de la autogestión a través de ICANN y de sus órganos que Internet ha representado en estos años. 
Aparte de autogestión, se ha tratado asimismo de una experiencia de autorregulación que, en este sentido, constituye un ejemplo, sin duda, excelente de lo que Internet ha sabido representar en el progreso de las comunicaciones y de la economía mundial en estos años. 
También la parte crítica del planteamiento general del informe, es decir, la necesidad de representar a todos los cinco continentes en el órgano de gestión, o sea, en la Junta de Directores de ICANN, ha sido superado, ya que, coincidiendo con la redacción inicial, también el representante del continente africano ha entrado a formar parte de la Junta de Directores de ICANN. 
Por este motivo, se ha presentado una enmienda al apartado 6 y se pide una votación por partes separadas sobre el apartado 7 que se ha convertido en superfluo. 
Asimismo el informe manifiesta su pleno acuerdo en cuanto al papel que, en representación de todos los Estados miembros de la Unión, la Comisión Europea puede desempeñar en materia de organización y gestión de Internet. 
Sin embargo, también invita, recomienda que esto no se concrete nunca en una interferencia de la autoridad política o, peor aún, de las estructuras burocráticas de la Comisión y de la Unión Europea en los órganos de gestión y de funcionamiento de Internet, precisamente porque debe respetarse hasta el fondo la positiva experiencia de autogestión y de autorregulación. 
Es más, se pide a la Comisión que coopere con el Gobierno de los Estados Unidos. 
En estos años el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha secundado y fomentado el proceso de progresiva independencia de ICANN del Gobierno de los Estados Unidos. 
En consecuencia, se pide a la Comisión que coopere en esta orientación positiva del Gobierno de los Estados Unidos para culminar este proceso de independencia y de autonomía de Internet y de sus órganos de gestión. 
Asimismo existe- naturalmente afrontado por lo que respecta a la parte que nos corresponde- el problema clave de Europa, es decir, cómo superar el retraso que sufrimos en este sector respecto de los Estados Unidos y de otras regiones más avanzadas del planeta. 
Por lo tanto, hay un acuerdo pleno en la propuesta de creación del dominio EU, así como la recomendación de homogeneizar la normativa europea en sectores como la asignación de nombres de dominio y su protección, la lucha contra los fraudes, la ciberocupación, etcétera. 
Un mercado homogéneo europeo no es una reivindicación poco importante, incluso en materia de Internet. Por el contrario, creo que es una de las condiciones sine qua non para garantizar el desarrollo y captar inversiones, también en el ámbito de las infraestructuras todavía deficitarias en el continente europeo. 
En efecto, sólo un mercado homogéneo nos permitirá disponer de un mercado de grandes dimensiones suficientes para ser realmente competitivas respecto de los Estados Unidos. 
Por último, la última condición que establece el informe: es necesario culminar y acelerar el proceso de liberalización en el sector de las telecomunicaciones, ya que a este sector está estrechamente ligado el futuro y el progreso de Internet en el continente europeo. 
A este respecto, no creo que sea necesario añadir nada más, pues considero que la Comisión y el Parlamento han trabajado intensamente en esta dirección en los últimos meses. 
A este propósito, no solo deseo reconocer la excelente labor que el Comisario Liikanen está realizando en este terreno, sino mostrar el total convencimiento y la plena confianza en su voluntad y en la de la Comisión de llevar a término este proceso que supondrá otro impulso determinante no solo para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en el continente europeo, sino para la organización, funcionalidad y desarrollo de Internet en nuestros Estados miembros. 
Señor Presidente, quisiera felicitar y expresar mi sincero agradecimiento a Massimo Carraro por un informe excelente. 
Va directo al meollo de la cuestión. 
Está muy bien analizado, y también me gustaría darle las gracias, en nombre de los colegas de mi comisión, por haber mostrado un talante tan abierto con nosotros. 
Hemos trabajado en estrecha colaboración y espero que piense que nuestra comisión ha aportado valor añadido a sus esfuerzos. 
Quería centrarme en una serie de cuestiones clave desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Todo este asunto de la gobernación del que se está convirtiendo en un recurso internacional fundamental tiene una importancia especial. 
Nos encontramos en una fase de transición importante en la que la Unión Europea debe desempeñar un papel fundamental de equilibrio para desplazar la gestión de Internet de una posición que ha estado tradicionalmente dominada por los intereses de los Estados Unidos y convertirla en una organización auténticamente mundial. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha tenido un papel importante y benévolo, porque los autores y técnicos iniciales de Internet proceden de los Estados Unidos. 
El presente informe llama acertadamente la atención sobre el papel crucial que debe desempeñar la Unión Europea para llevar a buen puerto esta transición. 
El otro tema importante es el papel de las autoridades públicas. 
Es evidente que las autoridades públicas tienen un papel importante, aunque éste no debe llegar a ser dominante. 
La gestión internacional de Internet debe su éxito hasta el momento al hecho de que no está basada en complejos tratados internacionales. 
En buena medida, está gestionada por los individuos y usuarios que utilizan el sistema. 
Deberíamos dejar las cosas como están, aunque naturalmente habrá que vigilarla para garantizar que su función beneficia a todos los ciudadanos que la utilizan. 
Junto con éste, el otro tema crucial para la Comisión de Asuntos Jurídicos es la cuestión del registro de los nombres de dominio. 
Todo este ámbito evoluciona con gran rapidez, y a medida que Internet crece, simples materias como nombres, textos, secuencias y caracteres se han vuelto muy valiosos. 
Hace falta un organismo que asuma la responsabilidad de la gestión y que esté basado en la ley de competencia, que garantice que la asignación se lleva a cabo con libertad y vele por el cumplimiento en todo el mundo de las leyes internacionales en materia de derechos de autor, con vistas a proteger los derechos legítimos de los ciudadanos que sean propietarios de dichos nombres y atajar el problema que, de manera pintoresca, ha dado en denominarse "ciberocupación". 
Para terminar, quisiera decir que éste es un informe muy importante sobre un ámbito que adquiere cada vez mayor importancia para todos nosotros. 
Los que utilizamos Internet cada día damos por descontado todo el tema de 'fontanería' subyacente, pero no deberíamos hacerlo. 
Debemos mostrar un interés real en una materia- una utilidad- que cada vez se volverá más imprescindible para todos. 
Señor Presidente, Señorías, en los titulares de hoy podemos leer "Muerte.com" ("Tod.com"). 
En estos momentos estamos viviendo una auténtica crisis en el sector de las nuevas tecnologías. 
Por otra parte, también constatamos, no obstante, que los mercados las están incorporando muy intensamente en la práctica. 
El volumen de datos se duplica cada tres meses en estos momentos, con lo cual en principio nos encontramos, en realidad, ante dos movimientos de signo contrario. 
Por un lado, la caída de las cotizaciones y también muchas quiebras en este sector y, por el otro lado, una enorme demanda y una enorme atracción por este ámbito, cuyo uso está muy extendido. 
También se ha evidenciado que el nombre de los dominios tiene un valor. 
Se están empezando a crear las primeras bolsas dedicadas a la negociación, subasta y venta de dominios. 
En consecuencia, en este contexto también se plantea el tema de la propiedad intelectual. 
¿Cómo está regulada la concesión de licencias en este ámbito? ¿Será posible conceder en el futuro licencias condicionadas, que por ejemplo obliguen a incluir en una página un enlace con otra página? 
¿Cómo vamos a resolver los litigios cuando se planteen conflictos intercontinentales, pongamos por caso? 
¿La OMPI será el único organismo competente o el tema entrará también dentro de las competencias de la OMC? 
Yo creo que justamente los problemas de los abusos y de la delincuencia se tienen que contemplar sobre todo dentro de un contexto internacional. 
Lo que necesitamos es confianza en el comercio electrónico y ésta se puede garantizar mediante un procedimiento de registro bien organizado e imparcial. 
En última instancia, también se podría indicar mediante el dominio "EU" la aceptación de la legislación de la UE, lo cual a su vez tendría enormes repercusiones para el comercio electrónico. 
Señor Presidente, doy las gracias a nuestro colega, el Sr. Carraro, por su documentado y actual informe. 
Esta corporación ICANN canaliza los espacios de información en Internet y determina las condiciones de la asignación de direcciones. 
Estados enteros pueden terminar siendo objeto de la arbitrariedad de esta organización y verse excluidos del acceso a la información si no acceden a las reglas del juego de dicha organización. 
Las empresas pueden ver desplomados sus ingresos si se equivocan en la colocación de una letra o de un punto. 
El poder de esta organización abarca incluso los derechos de autor y afecta a los intereses de los consumidores, y su influencia crece sin cesar. 
Pero esta organización no está sometida a ningún control y no tiene obligación de rendir cuentas a nadie. 
¡Vaya combinación! 
Recientemente se organizaron elecciones para aumentar a diecinueve el número de los miembros integrantes de la Junta de Directores. 
De cuatrocientos millones de votantes acreditados para las elecciones de la red sólo participaron setenta y seis mil. 
¡Qué juego más extraño! 
Se trata de un sistema increíblemente antidemocrático que desempeña una función de una importancia inconcebible. 
La Comisión ha empezado, acertadamente, a adoptar medidas, y eso es lo que hay que hacer. 
Pero necesitamos aún más. 
ICANN no puede convertirse en el órgano administrativo mundial de la red, en un centro neurálgico sin ninguna responsabilidad dirigido por personas nombradas fortuitamente; efectivamente, siempre hay que ser responsable ante alguien. 
En cualquier caso, doy las gracias a la Comisión y al señor Comisario Liikanen, que en estos momentos difíciles ha elaborado con tesón un buen documento de cara a la Cumbre de Estocolmo, al cual se ha remitido, entre otros, el Sr. Carraro. 
Se trata de un elemento importante que suscita esperanzas en el sector de las tecnologías de la información y que propone medidas para incrementar la capacidad de acción de las empresas y aumentar el número de puestos de trabajo, lo cual contribuirá, a su vez, a incrementar la competitividad de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, hoy el Parlamento tiene bastantes motivos para la autocrítica. 
El 11 de abril de 2000 presentó la Comisión su comunicación sobre política de Internet 1998- 2000 y, como es sabido, ayer finalizó en Melbourne la reunión de la ICANN. 
El Sr. Paasilinna, el Comisario y yo hemos tenido el privilegio de leer periódicos en los que se ha informado acerca de lo que presumiblemente ha ocurrido en Melbourne. 
Si se entra en la página de Internet de la ICANN, se encuentran muy pocos antecedentes sobre lo ocurrido allí. 
¿Se ha retrasado la puesta en marcha de los nuevos nombres de dominios.bytes,.info y.pro? 
¿Es verdad que una empresa noruega ha conseguido los nombres de los dominios más altos de la jerarquía? 
¿Qué pasa con las negociaciones para conseguir uno de esos nombres para la UE? 
Muchas preguntas de esta naturaleza no tienen respuesta y es sorprendente que en la red no existan sitios donde leer sobre el tema. 
La Comisión y el ponente hacen hincapié con justa razón en que se necesita apertura en la administración. 
El Sr. Paasilinna también dijo que había motivos para hacer críticas negativas en esta materia. 
Me pregunto también qué aliados ha tenido la Comisión en Melbourne. 
¿Qué representatividad se atribuye a la ICANN? 
El Sr. Paasilinna formuló la misma pregunta. 
Creo que el Parlamento debería sacar muchas más ventajas del hecho de que el anterior Primer Ministro sueco Carl Bildt haya sido designado para presidir un panel de administración de la ICANN. 
Existen, por tanto, justificadas razones para preguntarse cómo ha sido posible retrasar durante un año la tramitación de este asunto. 
Tenemos que trabajar con mayor rapidez. 
En el informe se destacan muchos asuntos importantes, entre los que se cuentan los relacionados con la Cumbre de Estocolmo. 
En este punto, quisiera adherirme a las palabras de elogio que se han dirigido al Comisario por explicar cómo junto con echar a andar el programa e-Europe los Ministros de Finanzas le hacen temblar los cimientos. 
Agradezco sinceramente a la Comisión y a algunos Estados miembros su voluntad de ocuparse por este grave asunto en Estocolmo. 
Señor Presidente, Señorías, a mí me parece bien que en el informe señalemos nuestro deseo de democratizar todas las decisiones relativas a la gestión de Internet. 
Este es un aspecto importante, pero a diferencia de muchos de ustedes, a mi no me preocupa tanto la defensa nacionalista de la UE como localización, sino sobre todo quién podrá utilizar realmente la tecnología de Internet. 
Se trata de una nueva tecnología que sólo puede resultar beneficiosa si muchas personas pueden utilizarla. 
La brecha digital separa en primer lugar al Norte y el Sur y constituye un enorme problema, pues en el Sur prácticamente nadie tiene acceso a Internet. 
Por esto yo creo que es sumamente importante que la UE se comprometa a reducir justamente la brecha digital entre el Norte y el Sur, que se establezca, por ejemplo, un programa con este fin y, sobre todo, que se invierta en el acceso público, o sea, desde las escuelas y bibliotecas, por ejemplo. 
Sólo así podrán utilizar Internet el mayor número posible de personas, también en el Sur, y sólo así podremos aproximarnos a una situación en la que las personas puedan informarse de manera autónoma y desenvolverse también, en la medida de lo posible, con libertad y sin censura en Internet. 
Señor Presidente, estamos hablando de Internet y la primera palabra que se me ocurre después de Internet es "navegar". 
¿Qué evoca esta palabra? 
A mí me recuerda a Cristóbal Colón y esto porque, como usted sabe, Cristóbal Colón nació en Génova: era genovés y no portugués. 
Esta tarde llevo una corbata con el escudo de la ciudad de Génova y, en consecuencia, no podía dejar de intervenir sobre este tema tan importante. 
He pedido la palabra, señor Presidente, para decir que existe también un Internet social y no sólo un Internet comercial. 
El Internet social implica que, gracias al ordenador y a Internet, el adulto, la persona mayor, el pensionista puede seguir aprendiendo, informarse y realizar el famoso aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
En segundo lugar, Internet representa una posibilidad de trabajo para los incapacitados: una persona que no puede caminar puede trabajar perfectamente con Internet y vencer su enfermedad. 
En tercer lugar, los ordenadores conectados con Internet e instalados en las residencias de la tercera edad brindan la posibilidad a las personas mayores enfermas que no pueden moverse de hablar con sus hogares, con sus hijos, con sus amigos, de vivir en el mundo, por decirlo así, a pesar de que por desgracia están en una residencia. 
Por lo tanto, espero que esta gobierno de Internet recuerde- y lo recuerde también Europa- que, aparte del Internet del comercio, existe también el Internet social de las personas mayores y de los pensionistas. 
Señor Presidente, el informe deja involuntariamente claro el gran retraso de la UE en relación con dos cuestiones importantes de nuestro tiempo: el funcionamiento de la democracia y los aspectos prácticos relacionados con Internet. 
Mientras nosotros seguimos discutiendo sobre este tema hasta altas horas de la noche, los americanos ya están celebrando audiencias en el Senado dedicadas a examinar en detalle la problemática. 
Incluso a mí, en mi calidad de director del ICANN, puesto para el cual fui elegido hace pocas semanas, me resulta difícil averiguar qué hace exactamente dicho organismo. 
Ni siquiera nos paramos a averiguarlo. 
Se han comentado algunos aspectos técnicos. 
A mí me resulta del todo incomprensible por qué la Comisión no se manifiesta públicamente con firmeza a favor de la creación de dominios "punto.infantil" y dominios "punto.sexo", de subdivisiones detalladas que hagan posible todo lo que se ha señalado aquí, y de una clara separación entre el comercio electrónico y el ámbito público. 
Será decisivo que liberemos al ICANN de este predominio americano, no sólo porque éste sería peligroso de por sí, sino también porque está en juego el gobierno de Internet y en este caso, señor Comisario, debe hacer usted lo que habitualmente sólo proclama: garantizar la publicidad y la transparencia. 
. (FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Massimo Carraro, por su extraordinario informe. 
Este informe está repleto de detalles técnicos, pero el Sr. Carraro ha sabido destacar del conjunto las cuestiones importantes desde el punto de vista económico y político. 
También merece mi reconocimiento la declaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento elaborada por el Sr. Malcom Harbour. 
Del mismo modo, quiero dar las gracias a todos los diputados al Parlamento por este debate. 
Llegará el tiempo en que abordemos el tema de Internet de día y esta Asamblea esté al completo. 
Así que les felicito por pertenecer al grupo de vanguardia en este campo. 
La Comisión procedió a ejercer un estricto seguimiento sobre estas cuestiones en 1997, año en que se puso en marcha el debate en Estados Unidos sobre el futuro de la gestión de Internet. 
La influencia revolucionaria de Internet en las comunicaciones en general y, particularmente, en el comercio electrónico confirmó más tarde la importancia de este sector de la política. 
Con ocasión del desarrollo del sistema de nombres de dominio (DNS) , han surgido muchas cuestiones relacionadas con la competencia, la libertad de expresión, la protección del consumidor, las marcas comerciales, los derechos en materia de nombres, la fiabilidad y la transparencia de las transacciones, la protección de la privacidad, la protección de datos, etcétera. 
La Comisión comparte totalmente la posición presentada en el informe del Parlamento, según la cual estas cuestiones que afectan al interés general deben ser resueltas, en lo que se refiere a Internet, de modo homogéneo y eficaz. 
En estos momentos, el foro más importante a nivel internacional con competencias y posibilidades para poner en marcha el debate sobre estas cuestiones es el Comité Asesor Gubernamental (GAC) de ICANN. 
La Comisión y los Estados miembros colaboran ampliamente en este campo. 
El objetivo más importante de las partes implicadas por la UE es garantizar que la internacionalización de la gestión de Internet siga adelante también bajo la legislatura del nuevo Gobierno de los Estados Unidos, así como imprimir más eficacia a la acción del Comité Asesor Gubernamental a la hora de abordar las cuestiones políticas. 
Como el Sr. Carraro señaló, las relaciones con los Estados Unidos en este sector son importantes, habida cuenta que el Congreso de los Estados Unidos y una parte de las empresas privadas del sector suelen tener la tendencia de poner en entredicho o de ignorar la dimensión global de Internet. 
Estamos en contacto constante con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos en lo concerniente a estas cuestiones; una vez que el Parlamento haya votado este informe, también tenemos la intención de dirigir una carta al Ministro de Comercio, Sr. Evans, en la que expondremos los intereses de la UE en este terreno, y también le enviaré este informe a título informativo. 
El Consejo de Ministros adoptó una Resolución relativa a estas cuestiones el pasado mes de octubre. 
En esta Resolución se facultaba a la Comisión para coordinar las diferentes posiciones en el seno de la UE, para defender los intereses de la UE en el marco de las relaciones internacionales y para crear una red en el sector privado que apoye los trabajos de la UE en este campo. 
Es realmente alentador que el informe del Parlamento coincida con esta línea y que las acciones de la Comisión cuenten con el apoyo del Parlamento y del Consejo. 
Esto reviste gran importancia en lo que respecta a nuestra capacidad de influencia en los escenarios internacionales. 
Ahora quiero hacer algunas observaciones y comentarios sobre el informe del Sr. Carraro y sobre la declaración del Sr. Harbour. El informe destaca la importancia de definir el papel de la UE, y me alegra que el informe pretenda conferirle a la Comisión Europea una sólida posición en estas cuestiones. 
Asimismo, tomo nota del deseo de limitar la capacidad de intervención de los poderes públicos en el proceso de autorregulación internacional; en este aspecto, debemos ir avanzando paso a paso y tener presente que el verdadero objetivo es la configuración de un sistema regulador internacional equilibrado y neutral. 
Pero hay que reconocer que no hemos alcanzado aún este objetivo. 
El Gobierno de los Estados Unidos sigue gozando de prerrogativas específicas, y ni el personal ni la Junta de Directores de ICANN tienen necesariamente conocimiento de todas las posiciones adoptadas por la UE. 
Por ello, la Comisión sigue de cerca la situación y pondrá inmediatamente en conocimiento de nuestros socios los problemas que puedan surgir, por ejemplo, en el ámbito de la política en materia de competencia. 
También estoy dispuesto a aceptar los objetivos generales relativos a la gestión de ICANN que han sido definidos en el punto 8 de la propuesta de resolución del Parlamento. 
Sin embargo, en la práctica serán los operadores participantes del sector privado y, especialmente, los registros nacionales ccTLD quienes deberán encargarse, en su mayor parte, de exponer sus puntos de vista dentro de la propia estructura de ICANN. 
Ésta es una de las razones por las cuales la Comisión alentó ya en 1997 a los operadores del sector privado europeo a participar directamente en el funcionamiento del que se configuraría más tarde como proceso de formación de ICANN. 
Hay que decir que esto ha dado buenos resultados, como es, por ejemplo, la fuerte presencia actual de Europa en la Junta de Directores de ICANN y en las organizaciones de apoyo. 
Siento no tener aún en mi poder el informe sobre esta reunión, pero pondré en conocimiento de los diputados al Parlamento esta información en cuanto llegue a mis manos. 
Nuestros representantes estarán llegando ahora desde Melbourne, y yo no tenía ningún mensaje en mi correo electrónico cuando dejé mi despacho. 
En el punto 15 de la propuesta de resolución del Parlamento se mencionan también las normas de los procedimientos, los mejores códigos de conducta y la legislación relativa al sector. 
Los operadores y los usuarios de Internet tienen una gran labor que realizar en todos estos terrenos. 
Claro está que la Comisión no puede hacerlo todo sola. 
En primer lugar, se requiere la cooperación internacional y la firma de acuerdos, y, en segundo lugar, estructuraremos este sector en base a la autorregulación. 
Aplicando las medidas adecuadas, podremos fomentar y acelerar el proceso de autorregulación en colaboración con el sector privado y los gobiernos de los demás países, por ejemplo, en el marco del Comité Asesor Gubernamental. 
También he podido constatar que la propuesta de resolución del Parlamento desea que los Estados miembros se encarguen de determinados asuntos. 
El funcionamiento de los registros nacionales y los principios que lo regirán son, en su mayor parte, competencia de los Estados miembros. 
En todo caso, y por mediación de un grupo de trabajo extraoficial y del Comité Asesor Gubernamental, la Comisión ha intentado que se establezcan principios de aceptación general. 
Y en caso de necesidad, la Comisión está naturalmente dispuesta a hacer uso de sus competencias, por ejemplo, en los ámbitos de la legislación relativa al Mercado Interior y de la política en materia de competencia. 
Por último, quiero señalar que la Comisión está de acuerdo con el ponente de este informe en cuanto a la importancia que revisten, tanto en Europa como a nivel internacional, la liberalización del sector de las telecomunicaciones y las inversiones destinadas a incrementar la capacidad de las redes troncales de Internet. 
En el contexto del plan marco de investigación, intentaremos promover activamente el desarrollo de la segunda generación de Internet y consolidar las conexiones transfronterizas e internacionales de las redes de investigación europeas. 
En cuanto a la propuesta del dominio.EU, ésta está siendo abordada en estos momentos en el Consejo y en el Parlamento. 
En el momento en que se otorgue una base jurídica, la Comisión procederá a adoptar la medidas pertinentes para que las comunidades, las empresas y los ciudadanos de Europa puedan servirse de este dominio propio.EU, en cuyo ámbito los operadores deberán acatar la legislación europea, incluida la protección de la privacidad. 
La Comisión entregará el informe del Parlamento al Consejo y a los expertos en la materia de los Estados miembros. 
¡Muchas gracias de nuevo! 
Trabajos de la Asamblea ACP/UE (2000) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0057/2001) del Sr. Martínez Martínez, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2000 (2000/2106 (INI) ). 
. Señor Presidente, señor Comisario, colegas, nos estamos refiriendo a la actividad de la Asamblea Paritaria ACP/UE en el año 2000 y acaso sea éste un informe con características algo diferentes de los de años anteriores sobre el mismo tema. 
Primero, porque precisamente en el año 2000 se han producido hechos específicos que marcan la vida y hasta la propia identidad de la Asamblea Paritaria, pero, también, porque quisimos deliberadamente dar al informe un cierto matiz innovador. 
Así, además del recordatorio tradicional de datos concretos sobre la actividad de la Asamblea en ese año, abrimos un cierto debate de mayor calado político sobre el papel de la propia Asamblea y, más aún, sobre cómo debe entenderse la actuación en ella de los miembros del Parlamento Europeo. 
Más allá de consideraciones formales o juridicistas, pensamos que los miembros de nuestro Parlamento que formamos parte de la Asamblea ACP/UE no estamos allí por libre sino que somos delegados y, por lo tanto, nuestra actuación en ella ha de ser orientada y luego enjuiciada por nuestro Parlamento. 
Así, creemos que sería indispensable dentro de una perspectiva democrática que este informe anual sobre lo acaecido en la Asamblea Paritaria dejara de ser un trámite más o menos rutinario y burocrático para convertirse en rendición de cuentas ante el pleno del Parlamento Europeo por parte de sus delegados. 
Asimismo, el debate sobre este informe anual debería ser la ocasión en que el Parlamento orientara la labor de sus representantes en la Asamblea Parlamentaria Paritaria en los meses siguientes. 
Entrando ya en lo sucedido en el año 2000, lo que ha marcado el año ha sido la aprobación, tras larguísimas negociaciones, del Tratado de Cotonú, que ratifica a la Asamblea en su legitimidad jurídica y la eleva a la categoría de Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Sobre todo, marca un antes y un después en la cooperación de la Unión Europea con el colectivo de los ya 77 Estados asociados de África, Caribe y Pacífico. 
La puesta en marcha efectiva del Tratado es, sin duda, el dato más destacado de este año también para la Asamblea. 
La película de los acontecimientos está descrita con detalle en el informe mismo. Pleno de Abuja, en Nigeria, en marzo y pleno de Bruselas en octubre, ya con la nueva denominación de Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Hubo allí momentos importantes: el informe general sobre globalización y la audición sobre el sida, y las notables presencias del Presidente Josselin y de los Comisarios Lamy y Nielson, pero también se apreció un problema lamentable, la presencia muy por debajo de lo deseable de representantes del Parlamento Europeo en el pleno y, sobre todo, en los grupos de trabajo. 
Entre los retos pendientes, el Tratado prevé la movilización de la sociedad civil, el tejido asociativo en su propia puesta en práctica, y aquí necesitamos una reflexión para ver cómo conseguimos que eso se haga con eficacia y sin confusión, manteniendo a cada cual en el sitio que le corresponde. 
Otro reto es explorar las grandes potencialidades de la Asamblea para coordinar posturas de los asociados de ACP y de la Unión Europea, de cara a dar eficacia al proceso de cooperación y desarrollo y al propio Tratado y de cara, quizá también, a fijar posiciones consensuadas para actuar en otros foros como la OMC, por ejemplo. 
Para eso, una de las primeras condiciones es que el Parlamento Europeo asuma con toda responsabilidad el trabajo en la Asamblea Paritaria con la prioridad que la cosa merece. 
Para terminar diremos que en las conclusiones del informe damos algunas líneas sobre cómo creemos que debiera funcionar la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 
Naturalmente que decidir todo eso corresponde a la propia Asamblea, pero nuestro Parlamento tiene la responsabilidad de dar su criterio para orientar la labor de sus parlamentarios en dicha Asamblea. 
Por cierto, esas orientaciones coinciden en casi todo con lo que viene cerrándose como propuestas en el grupo de trabajo de la propia Asamblea sobre el funcionamiento de la misma. 
Por último, les diré que en nuestra propuesta de resolución se incluyeron muchísimas enmiendas de colegas de varios grupos, todas enriquecedoras, y dos enmiendas más, presentadas al debate del pleno por el Partido Popular Europeo. 
Les pido que voten a favor de la primera. La segunda pretende eliminar un párrafo añadido a mi propuesta inicial mediante una enmienda del colega Van den Bos, del Grupo Liberal, que fue aprobada en comisión. 
Me parece que recoge una serie de temas importantes que podrían ser debatidos por las comisiones de la propia Asamblea ACP/UE y no creo que sea bueno eliminarlo ahora. 
No nos obliga a nada y sí da una serie de ideas interesantes. 
Por eso, pido que esa enmienda del Grupo del PPE se retire y, de no ser así, les pido que voten en contra. 
Termino dando las gracias, por su cooperación muy importante, a la secretaría de la Comisión de Desarrollo de nuestro Parlamento. 
Gracias también a los colegas de dicha comisión y gracias a todos por su atención y por su voto que espero favorable en el día de mañana. 
Señor Presidente, con mi felicitación al Sr. Martínez Martínez por su informe, reitero que nuestro mayor logro durante los últimos doce meses ha sido apoyar la firma del Acuerdo de Cotonú, que viene a reafirmar el compromiso de Europa con el desarrollo y tiene como telón de fondo la globalización y la liberalización de las relaciones internacionales en todo el mundo. 
Nuestro deber ahora es actuar de guardián para garantizar que estos compromisos mutuos en materia de comercio y ayuda se cumplen en su totalidad. 
En cuanto al comercio, queda la preocupación de que la Comisión Europea no alcanzara un acuerdo común con nuestros socios de ACP en vísperas de la reunión de la OMC en Seattle. 
La Comisión no consultó, a través de la comisión paritaria de comercio UE-ACP establecida en Cotonú, en las recientes negociaciones sobre "Todo menos armas", aunque los eternos problemas sobre el régimen del plátano siguen sin resolver. 
El acceso al comercio es la clave del desarrollo para nuestros socios de ACP, del mismo modo que la prueba de fuego del auténtico compromiso de Europa es anteponer el desarrollo. 
Respecto a la ayuda, parece ser que los buenos principios para la implicación de la sociedad civil aún no se han materializado durante el primer ejercicio de programación en el marco de Cotonú. 
La falta de mecanismos para el diálogo con la sociedad civil en algunos países ACP plantea problemas reales. 
La Comisión, a través de su grupo de apoyo de la calidad, nosotros en la Asamblea Paritaria y, naturalmente, los gobiernos beneficiarios deberíamos todos asumir nuestras responsabilidades en este sentido. 
No se trata sencillamente de apoyar a las organizaciones no gubernamentales, sino también de apoyar todo el principio de la buena gobernanza. 
Sobre esta cuestión hay mucho en la resolución que merece ser elogiado en relación con fomentar el papel de los diputados elegidos directamente en la Asamblea Paritaria. 
Pero del mismo modo que a menudo debatimos en esta Asamblea sobre problemas de abuso de los derechos humanos y conflictos, reconozcamos también positivamente los continuos avances hacia la paz y la democracia en muchos países africanos. 
Esto incluye, por ejemplo, los recientes gratificantes pasos en el diálogo nacional de Joseph Kabila en el Congo, la alternancia democrática de poder en Cabo Verde, el intento de mantener el acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea y, como hemos podido ver por nosotros mismos en la Asamblea Paritaria el pasado año, el afianzamiento de la democracia en la Nigeria posterior a Abacha. 
Por último, en un tono más desenfadado, buena parte de todo esto puede parecer lejano a los ciudadanos de Europa, cuyo respaldo es fundamental para nuestras relaciones con África. 
Por ello es para mí un gran placer comunicarles que en mi país- el Reino Unido- este viernes celebramos un gran espectáculo, que se repite dos veces al año, para recaudar fondos y concienciar a la población sobre África denominado "Comic Relief" [ayuda de los cómicos] , ocasión en la que ciudadanos, generalmente respetables, se colocan una nariz roja de plástico para hacer reír y recaudar dinero en solidaridad con África. 
Yo, por mi parte, serviré ricas tartas inglesas de cereza al estilo Bakewell a los usuarios de Suffolk Learning and Resource Centre de Bungay y, luego, venderé apretones de mano a 10 peniques a los escolares de la Escuela de Primaria Highwood de King's Lynn, Norfolk. 
Y sí, también me colocaré una nariz roja de plástico como todo el mundo. 
El Parlamento Europeo no sólo debería felicitar a todos los participantes, sino que además deberíamos resaltar que a través de estos ejercicios públicos creativos, nuestros electores nos demuestran que respaldan el compromiso político con el desarrollo, integrado en nuestra asociación con África, el Caribe y el Pacífico y marcado por el debate de esta noche. 
Señor Presidente, el acuerdo de Cotonou confirmará la dimensión parlamentaria de la Asamblea paritaria. 
Esto implica que sólo los representantes elegidos democráticamente, salvo excepciones, tienen derecho a participar, a expresarse, en la Asamblea parlamentaria paritaria. 
Pero un solo representante por país ACP impide que accedan y se expresen representantes de la oposición y así se oculta la expresión pluralista política en estos países. 
Además, este principio de un voto por país en el grupo ACP frente a un voto por persona del lado europeo no es equitativo. 
La propia estructura de esta Asamblea está, por tanto, desequilibrada. 
El Parlamento Europeo es una institución en la que como tal, el grupo ACP no tiene existencia fuera de su pertenencia a la Asamblea parlamentaria paritaria y no tiene organización bajo la forma de corrientes políticas. 
Segunda observación: la Asamblea parlamentaria paritaria ve como se le reconoce un nuevo papel, pero no tiene más que un poder de opinión. 
No tiene derecho a votar la utilización del Fondo Europeo de Desarrollo, no interviene en el procedimiento de ratificación del acuerdo de Cotonou. 
Votaremos, por tanto, con convicción el informe del Sr. Martínez Martínez, pues pone en evidencia sus lagunas. 
Pero la Asamblea debe continuar reflexionando sobre su composición, su funcionamiento y sus poderes, con el fin de convertirse en 2001 en una Asamblea parlamentaria paritaria e igualitaria. 
Señor Presidente, espero que la falta de asistencia esta noche a este debate se deba a lo avanzado de la hora y no al modo en que he presidido las dos Asamblea durante el pasado año sobre las que ahora tratamos. 
Agradezco sinceramente al ponente no sólo su informe y el modo en que lo ha presentado esta noche, sino también los grandes esfuerzos que realiza en relación con los países ACP y la Comisión de Desarrollo. 
He elaborado este informe en dos ocasiones y sé lo difícil que es encontrar ideas nuevas y, sin embargo, el ponente ha presentado no sólo ideas nuevas, sino además argumentos excelentes que ahora intentamos incorporar en nuestro Reglamento de cara al futuro. 
El año pasado fue decisivo para la asociación ACP/UE. 
Hubo mucha resistencia acerca de viajar a Abuja, en Nigeria, el año pasado. 
Pero consideré que tenía una importancia decisiva que nos vieran respaldando a esta joven democracia. 
Luego resultó ser una de las mejores Asambleas que hemos celebrado jamás. 
Como acaba de decir el Sr. Howitt, fue en buena medida como una retrospectiva y un debate sobre futuros acuerdos de asociación. 
Pero la auténtica ventaja de visitar estos países en desarrollo no es sólo asistir a la Asamblea, sino poder hablar con personas que han participado en las labores de desarrollo del país y poder hablar con las personas que reciben la ayuda que Europa destina al desarrollo. 
En la Asamblea de Bruselas dimos los primeros pasos hacia su reestructuración para que encaje en el Acuerdo de Cotonú. 
Como copresidente estoy decidido a que en lo sucesivo celebremos jornadas de trabajo y no jornadas de charla. 
Hemos incorporado en el nuevo Reglamento muchas de las ideas del Sr. Martínez Martínez. 
Ahora somos una Asamblea Parlamentaria. 
Podemos involucrar a la sociedad civil- aspecto éste de tremenda importancia. 
Quiero que haya comités permanentes que trabajen de verdad, en vez de los seminarios que tenemos ahora. 
Quiero que una auténtica asociación Norte-Sur encabece la lucha por la erradicación de la pobreza y quiero que la Asamblea asuma un papel principal en la prevención de conflictos y en la resolución de conflictos. 
. (EN) Señor Presidente, permítame aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al ponente por su excelente e innovador informe y felicitar a la Asamblea Parlamentaria Paritaria por los grandes esfuerzos realizados en el año 2000. 
Me complace poder confirmar que asistiré a la reunión que la Asamblea celebrará en Gabón la semana próxima. 
Esta noche regresaré en automóvil a Bruselas y mañana por la mañana saldré en avión para tomar conocimiento de nuestro país anfitrión y realizar algunas gestiones políticas en aquel país. 
Me alegra poder mantener un intercambio franco y abierto de puntos de vista con la Asamblea Parlamentaria Paritaria y estoy de acuerdo con el ponente en que este intercambio de opiniones debería ser algo más que simple retórica. 
Pienso también que los esfuerzos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria durante estos últimos años iban encaminados hacia este objetivo. 
2000 fue un año significativo en muchos sentidos, entre los que cabe destacar la firma del Acuerdo de Cotonú en junio, porque marcó el inicio de una nueva fase emocionante de la asociación con los países ACP, asociación que durará durante los próximos veinte años. 
Por ello es oportuno que la Asamblea Parlamentaria Paritaria comience a reflexionar sobre cómo se adaptará a los cambios que introduce el próximo acuerdo, en particular, para fomentar un mayor diálogo con nuestros socios de desarrollo sobre temas de actualidad como el mantenimiento de la paz y la buena gobernanza. 
Hemos elevado el nivel de expectativas en el nuevo Acuerdo de Cotonú y todo el mundo lo contempla con gran emoción. 
El ponente sugiere que en este nuevo contexto, la Asamblea Parlamentaria Paritaria está ahora dispuesta a ocupar el lugar que le corresponde como autoridad auténticamente parlamentaria, y saluda los cambios introducidos por el Acuerdo de Cotonú con vistas a reforzar la Asamblea. 
La Comisión apoya claramente el deseo de la Asamblea de asumir un papel político más ambicioso, y se ajusta en buena medida a nuestros deseos de que el Acuerdo de Cotonú contribuya, en términos generales, a las relaciones Norte-Sur y también que les dé un tono parlamentario. 
Estoy completamente de acuerdo con el ponente respecto al papel que puede desempeñar el diálogo político en las regiones y países ACP, que a menudo se caracterizan por un clima de inestabilidad. 
Por ello es importante aprovechar las posibilidades de celebrar intercambios de puntos de vista pacíficos y constructivos, como parte de un proceso de diálogo entre las regiones y países ACP, en el que participen los gobiernos y la sociedad civil. 
El informe contiene también muchas otras sugerencias de utilidad que no pueden por menos que hacer más interesante y eficaz el trabajo de la Asamblea, y la Comisión espera con expectación la aplicación de dichos cambios. 
Éste es un punto de reunión significativo y necesario entre Norte y Sur en el mundo. 
Como europeos, podemos sentirnos orgullosos de poder desempeñar este papel. 
Me alegra mucho tener la posibilidad de cooperar en este marco. 
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión a las 24.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0072/2001) de Lord Inglewood, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los seguros de vida (COM (2000) 398- C5-0351/2000- 2000/0162 (COD) ). 
- (EN) Señor Presidente, en nombre de Lord Inglewood quisiera decir que él siente mucho no poder estar aquí, pero motivos familiares y personales le han retenido en el R.U. 
Este informe, que tengo el placer de presentar en su nombre y en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, constituye una parte importante del cometido de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en nombre del Parlamento, de fomentar la simplificación y la redacción de buena calidad de los instrumentos legislativos comunitarios. 
En este caso concreto, la Comisión ha realizado un trabajo muy importante refundiendo y simplificando tres textos relativos a seguros de vida. 
Los textos originales datan de 1979 y, aparte del proceso de codificación para incorporar al texto legislativo las enmiendas que se han efectuado desde entonces, el motivo de realizar este informe más sustantivo es que la Comisión ha creído necesario proponer una serie de enmiendas que reflejen los cambios que se han producido en el mercado desde esa fecha y que mejoren la calidad general y la integridad del texto. 
No es necesario que entretenga a la Asamblea con una gran cantidad de detalles técnicos relacionados con estos textos. 
Aquéllos de ustedes que sean expertos en la materia querrán, sin duda, remitirse al propio texto de la Comisión y a aquéllos de ustedes que no sean abogados eminentes, como lo es Lord Inglewood (lo cual le ha permitido llevar a cabo un trabajo de análisis de este texto tan bueno en nombre del Parlamento) la Comisión les ha facilitado una declaración explicativa muy útil y clara. 
A la vista del trabajo que se ha realizado, nuestra misión es simplemente asegurarnos de que no se derivan cuestiones políticas de lo que es, en su mayor parte, un conjunto de enmiendas técnicas. 
Lord Inglewood ha llevado a cabo un sondeo en el sector. 
Ha examinado especialmente los textos de las seis enmiendas para cerciorarse de que no introducían ningún principio que se salga de la finalidad política original de las directivas y ha quedado convencido de que así es. 
Por tanto, en cuanto al informe, le complace recomendar la aprobación de la propuesta de la Comisión a esta Asamblea sin ninguna otra enmienda. 
A modo de conclusión general diré que nosotros en la Comisión de Asuntos Jurídicos consideramos la calidad de la redacción y la simplificación de la legislación una misión importante. 
Vale la pena recordar a los colegas de la Asamblea que estamos trabajando con textos jurídicos y que todos hemos de tener en cuenta este principio a la hora de enmendar textos legislativos de cualquier tipo. 
Cuando vemos y observamos el trabajo de otras comisiones no queda del todo claro que los colegas tengan presente la simplificación. 
En muchos casos, nos encontramos con demasiado textos complicados surgidos del trabajo de esta Asamblea. 
Es un principio importante; quizás se trate de una cuestión sobre la que todos estemos de acuerdo, pero el principio de calidad y claridad de los instrumentos legislativos es importante. 
Respaldo este informe como un buen ejemplo de ese proceso. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero aportar dos reflexiones sobre el informe Inglewood. 
Por un lado, acojo con satisfacción la regla básica de la Comisión de codificar con carácter vinculante los textos jurídicos que han sido modificados en repetidas ocasiones y dejan así de ofrecer una imagen unitaria y coherente. 
Asimismo, en relación con el informe que acabo de elaborar sobre la directiva de fondos de pensiones, considero que es absolutamente necesario simplificar y reunir las directivas sobre seguros de vida, puesto que de este modo delimitamos con claridad los diferentes ámbitos de actividad y pilares. 
Existe la posibilidad de que, con la aprobación de la directiva sobre fondos de pensiones, las compañías de seguros que actúan en el ámbito del tercer pilar y, en consecuencia, están sujetas a las directivas sobre seguros de vida, quedaran igualmente sometidas en el futuro a la directiva sobre fondos de pensiones en lo que respecta a sus actividades en el sector de los planes de pensiones empresariales. 
Una vez se dé dicha posibilidad, es importante que aquello que hagamos se desarrolle del modo más sencillo y transparente posible. 
Por tanto, el informe Inglewood y la simplificación y transparencia que introduce dicho informe contribuyen positivamente a una mejor comprensión del ciudadano y, de este modo, a un mercado interior más vivo. 
En nombre del Parlamento Europeo, quisiera dar la bienvenida a la tribuna oficial al Comité de Asuntos Europeos del Consejo Nórdico, con su Vicepresidente, el Sr. Øysten Djupedal, a la cabeza. 
Estamos encantados de recibir a estos compañeros parlamentarios que representan a los cinco países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 
Esperamos que su visita al Parlamento Europeo les resulte agradable y provechosa y esperamos volverles a ver pronto. 
(Vivos Aplausos) 
. (EN) La propuesta de directiva que refunde las tres generaciones de directivas es una respuesta a la presión del Parlamento, del Consejo, del sector y de los consumidores, en realidad, de todos aquéllos que tienen que tratar día a día con las complejidades de la legislación comunitaria en materia de seguros. 
Sus Señorías tienen como objetivo facilitar la comprensión y la aplicación de las directivas de seguros plasmándolas en un texto jurídico que sea claro, coherente y completo. 
El Sr. Karas acaba de pedir que los textos sean lo más claro y transparente posible y eso es lo que ha pretendido la Comisión en el texto que tienen ante ustedes. 
Además de la codificación de las disposiciones, se consideraron necesarias algunas enmiendas menores que no afectan a la esencia de los textos. 
El ejercicio ha trascendido la mera codificación y por eso se trata de una versión "refundida". 
Un texto meramente re-codificado habría incluido una cantidad considerable de repeticiones, incoherencias y disposiciones desfasadas. 
Tengo la intención de presentar, en breve, a la Comisión y, si la Comisión está de acuerdo, al Parlamento una propuesta paralela de refundición- de nuevo, una refundición- de las directivas en materia de seguros distintos de los de vida. 
Es evidente que la legislación comunitaria sobre seguros no se va a detener a causa del proceso de codificación. 
Se están analizando nuevas propuestas que, una vez que se aprueben, requerirán nuevas enmiendas en las directivas refundidas. 
No podemos detener el crecimiento del árbol legislativo pero podemos podarlo y guiarlo para que no se convierta en una maraña cubierta de vegetación como ha ocurrido en el pasado. 
Estoy muy agradecido a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento y, en particular, al ponente, Lord Inglewood, aquí representado por el Sr. Harbour, por su eficaz gestión de este asunto. 
El Sr. Harbour acaba de decir también que éste es un buen modelo para otros textos legislativos y estoy totalmente de acuerdo con él. 
Es un ejemplo de eficiencia que tal vez el Parlamento quisiera adoptar igualmente en otros casos. 
Ambos diputados han apreciado el hecho de que, a pesar de que la propuesta excede los límites de la mera codificación, no contiene realmente ningún cambio legislativo. Por tanto, se presta a un análisis más rápido que el de una propuesta legislativa normal y eso es lo que ha ocurrido. 
Han recomendado a los parlamentarios que aprueben esta propuesta sin ninguna enmienda y yo invito al Parlamento a seguir la recomendación del ponente y a aprobar la propuesta sin enmiendas. 
La Comisión espera que se adopte pronto una directiva, si es posible, con una sola lectura por este Parlamento. Esto supondría un buen ejemplo de procedimiento de vía rápida. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Gestión de aguas 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las siguientes preguntas orales dirigidas a la Comisión: 
B5-0015/2001 del Sr. de Roo y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, 
B5-0020/2001 de la Sra. Grossetête y del Sr. Moreira Da Silvara, en nombre del Grupo PPE-DE, 
B5-0153/2001 del Sr. Olsson, en nombre del Grupo ELDR, 
B5-0154/2001 de la Sra. González Álvarez, en nombre del Grupo GUE/NGL, 
sobre gestión de aguas en Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, disponemos de una excelente directiva marco sobre el agua en la que se estipula que la gestión de las aguas debe respetar las cuencas fluviales existentes. 
La legislación comunitaria consagra este sano principio ecológico. 
El Gobierno español ha intentado en vano bloquear la directiva marco sobre el agua a fin de poder sacar adelante su Plan Hidrológico Nacional. 
Este megalómano y estúpido plan propuesto por Aznar tiene por objeto desviar agua del río Ebro, conduciéndola hacia el sur de España a lo largo de la costa sobre una distancia de más de 900 kilómetros. 
De ahora al año 2008 los gastos sumarán más de 18 mil millones de euros. El Gobierno de Aznar pretende que Europa conceda anualmente una subvención de mil millones de euros a este fin. 
Este estúpido plan es contrario al espíritu y a la letra de la directiva marco sobre el agua. 
Este estúpido plan atenta 82 veces contra la directiva sobre los hábitats. 
Este estúpido plan infringe 108 veces la directiva sobre aves silvestres. 
No cabe duda de que el Gobierno de Aznar calificará este proyecto de interés económico nacional, pero se verá obligado a demostrar a la Comisión Europea que no existen alternativas. 
La desalinización de agua salobre y salada resulta un 50% más barata para el centro y el sur de España que el plan de Aznar. Aparte de ello, se trata de un procedimiento mucho más flexible, que se ajusta mejor a la demanda y se puede aplicar a una escala más reducida. 
Otro método consiste en introducir tarifas de agua que cubran los gastos ocasionados e irrigar por planta en lugar de dejar que los campos se inunden, permitiendo así que un 90 a 95% de la valiosa agua acabe evaporándose. 
A este respecto Israel da buen ejemplo. 
Por todo lo anterior, la Comisión Europea ha de desaprobar el plan de Aznar. Debe poner fin al flujo de dinero comunitario que alimenta esta iniciativa. 
El plan de Aznar resulta 200 veces más perjudicial que el proyecto de construir un polígono industrial entre Aquisgrán y Heerlen. 
La Comisión Europea ha cerrado con razón el grifo de los fondos comunitarios en la frontera alemano-neerlandesa porque está en peligro de extinción el hamster. 
No puede ser que la Comisión Europea en su calidad de guardiana de los Tratados mida con dos raseros. 
¿Sabe la Comisión que el Gobierno de Aznar mandó realizar estudios sobre este estúpido plan hidrológico a 83 investigadores españoles y que ese mismo Gobierno se niega ahora a dar a conocer los resultados de los mismos porque le quitan la razón? 
¿Estima oportuno la Comisión que 60 pueblos españoles desaparezcan del mapa? 
¿Acepta la Comisión Europea la posibilidad de que un deslizamiento de tierras desregule la presa de Itoiz y amenace la central nuclear de Ascó? 
Señor Presidente, no estamos aquí para criticar a uno u otro país, a uno u otro gobierno. 
Creo que estamos aquí para tratar de aportar algunas respuestas y sobre todo para poder dialogar con la Comisión sobre un tema especialmente importante que concierne el desequilibrio de los recursos hídricos en el territorio europeo. Desequilibrio relacionado con las situaciones geográficas, geológicas, climáticas diferentes, pero también relacionado con el resultado de la actividad humana: urbanización, deforestación y contaminación. 
Respecto a los desequilibrios existentes, es lógico interrogarse sobre la posibilidad de recurrir a trasvases de caudales que pueden realizarse en ciertas regiones. 
No conviene dejar que unos territorios se sequen cuando otros disponen de recursos suficientes para ayudarles. 
Esta fue la idea planteada por el Parlamento Europeo en enero de 1998 en su resolución sobre la viabilidad técnica de las redes hidráulicas transeuropeas. 
Consideramos, con los diputados del Parlamento Europeo, y a mi juicio con toda razón, que las redes hidráulicas transeuropeas que hicieran trasvases de caudales entre cuencas de muy gran envergadura, podrían constituir una solución pertinente, permitiendo repartir los recursos hídricos en el seno de la Unión Europea. 
Sin embargo, también es evidente, y es importante precisarlo, que debería quedar totalmente excluido todo control sobre los recursos hídricos de un Estado miembro sin su consentimiento expreso. 
Al cabo de casi tres años de la votación de esta resolución, subsisten las interrogaciones. 
En efecto, la Unión Europea carece totalmente de experiencia para implantar tales redes. 
Asimismo, para paliar esta carencia, deberían llevarse a cabo estudios de prospección sobre la factibilidad de estas obras, así como un análisis del impacto físico que este tipo de red hidráulica transeuropea ocasionaría en los medios acuáticos y las demás zonas protegidas por las legislaciones comunitarias. 
Hasta el día de hoy, no se nos han comunicado las informaciones sobre estos eventuales resultados. 
Lo lamento, y no sé si la Comisión tendrá algo que decirnos hoy a este respecto. 
Asimismo, es importante tener presente el carácter irreversible de los proyectos que podrían realizarse. 
No cabe imaginar que tales instalaciones se cuestionen a corto o medio plazo. 
Por tanto, es indispensable evaluar todas las posibilidades para optimizar las obras existentes y aplicar, en todos los lugares donde sea posible, el principio de que antes de invertir, primero conviene administrar mejor el agua. 
Por tanto, es importante, prever en un momento dado un régimen de responsabilidad relativo a la cantidad y la calidad de las aguas trasvasadas, si deben ser trasvasadas, y fijar las modalidades de control. 
Por último, y en eso coincido con mi compañero, por lo menos sobre este punto, tenemos la directiva marco sobre el agua. Ha entrado en vigor. 
Debemos velar por que se aplique adecuadamente en las legislaciones nacionales y porque se respete en el marco posible, más técnico, del trasvase de aguas entre Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aunque formalmente este debate se ha suscitado a causa de las recientes inundaciones en diversos Estados de la Unión Europea, ha derivado rápidamente en el debate acerca del apoyo de esta Asamblea al proyecto del Gobierno español para la realización de una serie de grandes modificaciones en el sistema de gestión del agua en España, que conocemos como Plan Hidrológico Nacional. 
Como portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña en el Parlamento Europeo, quiero manifestar que mi partido- y también el Gobierno catalán, del que formamos parte junto con Unió Democràtica de Catalunya- no estamos de acuerdo con las propuestas del Gobierno español plasmadas en el citado plan. 
En el caso que afecta más directamente a Cataluña, ofrecemos una alternativa basada en la utilización en el trasvase- concretamente del río Ebro, que se ha citado aquí- de una quinta parte del trasvase de caudales que propone el Gobierno español, la utilización de plantas desalinizadoras- que también se ha ofrecido aquí como una alternativa válida- y un mejor uso de la disponibilidad en los canales actuales y, por último, el trasvase desde el Ródano. 
Y es aquí donde, entiendo, entra la dimensión de este plan con la dimensión europea. 
Nosotros venimos defendiendo desde hace años que uno de los problemas más graves que tienen que solucionar las sociedades más desarrolladas, como las europeas, a medio y largo plazo, es la escasez de agua provocada por la evolución de nuestros núcleos urbanos y las ubicaciones de nuevas actividades económicas, lo que requiere una nueva gestión del agua. 
De esta realidad no podemos escapar y es necesario- porque la realidad así lo impone- considerarla también desde una perspectiva europea. 
No entendemos la resistencia que hay a limitar la trasvasabilidad entre cuencas, manteniendo las fronteras de los Estados. 
En el caso español, hay una absoluta oposición por parte del Gobierno español a esta posibilidad, pero, en cambio, sí se admite para Portugal. 
Por lo tanto, nosotros insistimos en que la gestión del agua debe tener una perspectiva europea, hay que contemplar la trasvasabilidad de las cuencas independientemente de las fronteras de los Estados miembros, porque, entre otras cosas, el proyecto de la Unión Europea es una Europa sin fronteras. 
Señor Presidente, me voy a permitir leer algunos párrafos de una comunicación de la Comisión Europea que tiene que ver con la discusión que va a haber en la Comisión de Medio Ambiente sobre el Sexto programa de acción medioambiental: 
" Una buena parte de la legislación y las normas necesarias para lograr los objetivos de calidad y uso del agua, ya se han establecido. 
El principal reto es garantizar la aplicación íntegra y apropiada de la legislación en vigor y lograr la integración de los objetivos comunitarios de calidad del agua en las demás políticas sectoriales tales como la agricultura, la industria y la política regional. 
Los Estados deben, asimismo, tomar medidas para garantizar que estos elementos se integren en las decisiones locales de planificación y uso del suelo. 
Las autoridades nacionales, regionales y locales deben introducir medidas para mejorar la eficacia del consumo de agua, fomentar los cambios de las prácticas agrícolas necesarias para proteger los recursos hídricos y su calidad. " 
Añade algunos aspectos de ahorro en la utilización del agua, eficacia en la utilización del agua, ordenación del territorio y demás. 
Es verdad que se suscita aquí esta discusión porque ha habido muchas inundaciones en Europa que proceden probablemente de una mala gestión del agua, pero es verdad también que hoy el proyecto más importante que se plantea en Europa de cambio radical de la gestión del agua es en nuestro país. 
Nosotros hacemos del eje del ahorro, la eficacia, prácticas agrícolas diferentes y ordenación del territorio lo que debiera ser el futuro plan hidrológico español. 
Nos preocupa mucho, señor Comisario, que puedan verse vulneradas directivas como la directiva marco de agua, la directiva Habitat y la directiva de impacto ambiental además de la de las aves. 
Esas cuatro directivas son hoy la columna vertebral del próximo Sexto programa de acción medioambiental. 
De vulnerarse, la Comisión Europea colaboraría a que ese sexto plan no se pudiera poner en práctica. 
. (EN) Señor Presidente, la directiva marco de agua protegerá todas nuestras aguas y mejorará la calidad del medio ambiente, por ejemplo, mediante normas de calidad medioambiental, participación obligatoria de la sociedad civil y lucha contra la contaminación en su origen. 
Aplica el principio de cautela y el principio de que quién contamina paga. 
La directiva no prohibe los trasvases de aguas en sí. 
Sin embargo, impone como requisito obligatorio que no dañen el medio ambiente. 
Parece particularmente importante, en este sentido, que desde que la directiva entrara en vigor el 22 de diciembre de 2000, se haya aplicado una estricta cláusula de no-deterioro, que debería impedir la repetición de errores pasados. 
Las posibilidades de excepciones están restringidas y sometidas a condiciones obligatorias. 
La directiva resalta la importancia de integrar la protección y la gestión sostenible de las aguas en los demás ámbitos políticos comunitarios. 
Cuando pueda verse afectado un Natura 2000, el procedimiento normal, previsto en el Artículo 6 de la directiva sobre Hábitats, debería aplicarse en secuencias: búsqueda de soluciones alternativas, evaluación del interés público primordial y, como último recurso, medidas compensatorias. 
Estimado señor Presidente, permítame que aporte una nueva reflexión al tema. 
La economía se encuentra a las puertas de un cambio radical debido a la directiva marco sobre aguas. 
No obstante, dicha directiva ofrece la oportunidad de reflexionar en profundidad sobre la gestión y la legislación de aguas en cada país, así como de abrir nuevos campos de actividad a los distribuidores y empresas industriales nacionales. 
El sector del agua ofrece enormes posibilidades a la economía de crear más valor para todos mediante la apertura de los mercados. 
El aumento de la eficiencia mediante nuevas formas de cooperación en la planificación, construcción y explotación de instalaciones entre la industria privada y los suministradores de los municipios supone un primer paso en este sentido. 
Un segundo paso debe ser el incremento de la creación de valor mediante la exportación. 
El sector del know-how, en el que diversos Estados miembros cuentan con algunas empresas sólidamente establecidas, ofrece la posibilidad de mantener el nivel de exportaciones trabajando más intensamente los mercados extranjeros; ahora bien, quede claro la exportación sólo se dará en la medida en que sea compatible con el medio ambiente. 
Y de ello todos resultarían beneficiados: los municipios y los consumidores ahorran costes, y los productores encuentran nuevos mercados. 
A mi juicio, la exportación del agua, al igual que otros Estados exportan su oro en forma de petróleo- en Austria, por ejemplo, tenemos el oro blanco y líquido, el agua- reportaría beneficios para todos. 
Señor Presidente, Señorías, celebro que esta Asamblea vuelva a tener una nueva oportunidad de hablar del Plan Hidrológico español y de la legislación comunitaria, y digo nueva oportunidad porque, como sus Señorías recordarán, aquí ya se han presentado en mi nombre un total de tres preguntas orales sobre el tema, pero también lamento que la pregunta inicial consensuada con los grupos Verts/ALE y GUE/NGL no haya llegado finalmente a verse inscrita en el orden del día en su forma original, y haya sido sustituida por estas preguntas individuales. 
Volviendo al contenido de anteriores respuestas de la Sra. Wallström, debo precisar a la Sra. García-Orcoyen que me sorprende el súbito cambio de postura que parece haber entre lo que la Comisaria nos contestó a nosotros y lo que la Sra. diputada asegura que le contestó a ella. 
Ruego al Sr. Liikanen que lo aclare en nombre de la Sra. Wallström. 
La Sra. García-Orcoyen dijo, y así lo recogieron algunos medios de comunicación españoles, que la Comisión le había respondido que el Plan español no violaba la legislación comunitaria. 
Debo pedirle, señora diputada, que, por favor, no tergiverse la postura de la Comisión. 
Lo que la Sra. Wallström ha venido manifestando es que la Comisión no se ha pronunciado nunca sobre si el Plan Hidrológico Nacional español viola o no la legislación comunitaria porque considera que todavía es un borrador y que, por lo tanto, no puede juzgar a falta de todos los datos necesarios para emitir un juicio. 
No diga usted, Sra. García-Orcoyen, lo que no es. 
Se lo pido por favor. 
Por otro lado, si el Plan Hidrológico Nacional español, en su concepción actual, viola o no la legislación comunitaria, lo vamos a ver en breve, no solamente por la incidencia de las obras previstas sobre zonas LIFE- sobre su fauna y flora -, y agradezco al grupo GUE/NGL que haya recuperado esta cuestión de mis preguntas anteriores, sino por otros muchos aspectos que se pueden constatar. 
¿Quieren un ejemplo? 
La directiva marco dice que ningún movimiento de agua podrá realizarse sin antes evaluar rigurosamente la necesidad del mismo y sin haber agotado todas las alternativas posibles. 
Ayer, los españoles nos enteramos de que el Gobierno se plantea ahora reducir a la mitad el trasvase del Ebro a través de medidas como el ahorro en agricultura y la reutilización. 
Nosotros dudamos mucho de que esta reducción sea una contrapropuesta. 
Más bien nos parece una modificación de concesiones para finalmente repartir el mismo volumen de agua pero, sea como fuere, huelga decir que medidas como el ahorro y la reutilización del agua son consideradas fundamentales en el plan alternativo presentado por nuestro partido, por el Partido Socialista. 
Si dicho trasvase podía hacerse desde el principio, supuestamente, con la misma cantidad de agua que ahora se propone, es decir, la mitad, ¿no demuestra este hecho que el Gobierno no ha estudiado a fondo todas las implicaciones socioeconómicas, las alternativas y la disponibilidad del recurso antes de su propuesta? 
En otro orden de cosas, sus Señorías saben que la directiva marco dice que la participación ciudadana es importantísima y, hasta el momento, asociaciones como ADENA, Ecologistas en Acción o colectivos de expertos no han recibido respuesta oficial a sus documentadísimas alegaciones. 
Hablemos también del deterioro del agua, punto que se trata en los artículos 1 y 4 de la directiva marco. 
En estos artículos se marca como objetivo el no deterioro del estado actual de las aguas, y se añade que ello debe cumplirse desde la entrada en vigor de la directiva, es decir, el 22 de diciembre de 2000. 
Esto implica que el Plan Hidrológico Nacional español actual ya es incompatible con la directiva marco porque, tal y como están planificadas las obras que incluye, se producirán, sin duda, graves modificaciones de los ecosistemas y de la calidad de las aguas. 
En fin, déjenme que les enuncie brevemente la manera de ver las cosas que el Grupo Socialista Europeo tiene en el tema de la gestión de aguas. 
Creemos que el agua es un patrimonio común y, por lo tanto, un bien, más sujeto a la solidaridad que al mercadeo. 
Cualquier plan hidrológico debe ser algo más que un conjunto de infraestructuras y trasvases. 
Trasvasar agua debe ser la solución última, a tomar solamente cuando se hayan agotado todas las alternativas posibles y cuando se demuestre que no perjudica al medio ambiente. 
Cualquier medida de gestión del agua debe ir acompañada de planes paralelos sobre regadíos, recursos forestales y teniendo en cuenta el cambio climático. 
Sé que me dejo muchas cosas por decir pero les puede asegurar que lo que sí que afirmó la Sra. Wallström en el Pleno de febrero es que la Unión Europea nunca financiará, nunca estará de acuerdo con ningún plan que no sea respetuoso con el medio ambiente. 
Señor Presidente, señor Comisario, es frecuente que sean políticos algunos debates que, en realidad, deberían ser técnicos, como el que nos trae hoy aquí: la gestión de aguas y los planes hidrológicos, necesarios para la vertebración y el desarrollo de nuestras comunidades, pero no a cualquier precio. 
No se pueden establecer por ley planes a espaldas de los ciudadanos y sin tener en cuenta sus opiniones, la opinión de los agentes sociales, de la comunidad científica, de los territorios afectados, mediante consideraciones desarrollistas, que piensan más en el hormigón que de dónde obtener el agua, en valorar realmente quién la necesita y para qué. 
A los andalucistas, que venimos de uno de los territorios más secos de la Unión Europea, con unas importantísimas necesidades de agua, debido a dos actividades económicas principales, como son la agricultura y el turismo, y con un cielo absolutamente imprevisible, nos preocupa la eficiencia del proyecto, la relación coste/beneficio, las posibilidades reales de que estos proyectos vertebren el territorio y no sean germen de confrontación entre las comunidades. 
Nuestro plan hidrológico siempre comenzaría por la palabra ahorro, y las últimas serían trasvase y desalinización. 
Señores diputados, el mejor pantano es el ahorro. 
Nuestra obligación es pedir agua, pero también exigir que previamente se realicen esfuerzos para rentabilizar al máximo los recursos existentes, valorando en su justa medida este bien escaso, mejorando los regadíos en la agricultura, invirtiendo en optimizar la eficacia de las redes de distribución- en muchos casos obsoletas y con grandes pérdidas -, recuperando el dominio hidráulico y regenerando suelos y cubiertas vegetales. 
Hay que prestar especial atención a las aguas subterráneas, evitando su sobreexplotación, al tratamiento de las aguas residuales y a los imprescindibles y necesarios estudios de impacto medioambiental, sobre todo en territorios como el mío, donde los espacios naturales de especial protección constituyen el bien preciado a conservar. 
Es igualmente necesario que estos planes se enmarquen dentro de las directivas comunitarias de aguas, Red Natura, Habitat, la de las aves, etc., en conjunción con los planes nacionales de regadío que debieran ser compatibles con la futura revisión de la Política Agraria Común y el desarrollo rural para profundizar en un necesario desarrollo sostenible. 
Tenemos la oportunidad de realizar un plan sostenible, innovador y modélico. 
Hagámoslo. 
Ahora, mejor que nunca, nunca llueve a gusto de todos. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a los firmantes de la pregunta oral presentada por el interés, la importancia y el sentido de la oportunidad que revela. 
El agua es un bien esencial para la vida. 
Es también un factor estratégico de desarrollo y, como tal, es una cuestión que incumbe a todos, cosa que ya se ha subrayado aquí y es la verdad. 
Esta perspectiva nos impone hoy una visión conjunta de la planificación y la gestión de los ríos compartidos. 
En el plano europeo la nueva directiva-marco y en el de las Naciones Unidas la Convención de Helsinki, y más concretamente su protocolo sobre la protección y la utilización de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales, constituyen un marco de derecho internacional que comprende esa nueva visión y esos nuevos principios. 
Como es sabido, Portugal se comprometió activamente en la elaboración de la directiva sobre la gestión del agua, procurando hacer prevalecer aspectos fundamentales relacionados con la protección y la utilización sostenible de las aguas, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y geográficas de la Península Ibérica. 
Se comprende perfectamente que lo hiciera. 
Portugal y España tienen posiciones bastante desiguales, ya que somos un país de aguas abajo, es decir, que en Portugal no hay ríos que corran hacia España, pero en España hay ríos que corren hacia Portugal. 
Por otro lado, en la gestión de sus recursos hídricos, nuestros vecinos pueden adoptar medidas que afecten a los intereses portugueses, pero nosotros, en cambio, nada podemos hacer en materia de gestión de nuestros recursos hídricos que afecte directamente a los intereses españoles. 
De modo que la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas comunes en el marco del derecho internacional impuesto por la directiva ya citada es uno de los vectores fundamentales de la actuación de los dirigentes políticos de ese relevante sector en las negociaciones bilaterales o en el marco multilateral. 
El nuevo plan hidrológico español, en la medida en que ha abandonado los trasvases de los ríos Duero y Tajo, principalmente- ríos compartidos entre Portugal y España -, nos parece ya un paso en la buena dirección. 
En efecto, la directiva es una red de protección extraordinariamente importante, ya que adopta la coordinación de las medidas de gestión de las cuencas hidrográficas en el sentido de que no se las considere unidades determinadas por límites administrativos o políticos. 
Al tener como finalidad una gestión integrada de las aguas, al optimar objetivos adecuados a las condiciones concretas de las regiones de la Unión Europea, las normas de la directiva-marco permitirán ya hoy y en el futuro y con la colaboración de los Gobiernos la ejecución de planes hidrológicos que tengan en cuenta aspectos tan importantes como la calidad del agua, la preservación de los caudales adecuados, el clima y la defensa de la biodiversidad y del medio ambiente. 
Señor Presidente, creo que hay unanimidad en que la cuestión del agua será un asunto fundamental para la Unión Europea en este siglo. 
Ha de reconocerse que a esta cuestión no dedicamos ni mucho menos la atención que merece. 
Además, es un error creer que pueden resolverse los problemas de agua trasvasándola desde las supuestas zonas excedentarias a las deficitarias. 
Si se espera a que en partes de Europa se produzcan ocasionalmente crecidas de agua y que pueda procederse a una distribución más justa de este agua, cabe pensar que la producción de tal crecida es el resultado de los errores en la gestión de los recursos hídricos. 
Ya va siendo hora de que se preste una atención mucho mayor a la gestión de los recursos hídricos a nivel local y regional. 
Los problemas de agua deben resolverse fundamentalmente in situ y siempre dentro de un marco financiero aceptable. 
Un ámbito de la recuperación del agua se descuida de una forma igualmente imperdonable: la transformación del agua salada en agua para uso industrial. 
En este sector existen oportunidades de futuro. 
Una total liberalización del agua propiciará una utilización por parte de la industria que a largo plazo ocasionará formidables problemas ecológicos. 
Debemos impedir esto desde un principio. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero contestar al Sr. de Roo, porque es la segunda vez- la primera por escrito y la segunda oralmente- que le oigo decir verdaderas inexactitudes con respecto a la postura mantenida por los diputados españoles- sin excepción- y el Gobierno español en relación con la directiva marco. 
Señor de Roo, usted ha declarado aproximadamente hace dos meses que el Gobierno español y los diputados españoles votamos en contra de la directiva marco. 
Usted no estuvo en esa votación o no se enteró de que, sin excepción, se votó a favor de la directiva marco. 
Creo que se trata de una directiva marco que, efectivamente, -y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí por varios oradores- va a impulsar una nueva cultura del agua en los países europeos, basada en criterios de eficiencia y calidad de los recursos hídricos. 
Nadie puede negar eso, y mucho menos el Partido Popular o el propio Gobierno español. 
Me parece, señor de Roo, que su Grupo está especialmente interesado en el Plan Hidrológico español. 
Podían haber hecho la pregunta de forma más directa desde el principio. 
Me gustaría saber, en primer lugar, si lo ha leído. 
¿Conoce usted el Plan Hidrológico español con exactitud o se hace usted eco de terceras posturas y de un oportunismo político que puede ser, desde luego, arriesgado? 
En segundo lugar, creo que la Sra. Sornosa debería decirme dónde ha podido ver que yo haya afirmado que el Plan Hidrológico español contradice o no la directiva marco. 
El Plan Hidrológico es, en estos momentos, un proyecto abierto, en fase de consulta con todas las partes interesadas, aunque alguna de ellas no haya querido hacer uso de esta facultad. 
Por ello, difícilmente puede vulnerar ninguna directiva y, por lo tanto, es absolutamente gratuita cualquier información- como algunas que han aparecido en la prensa- ni a favor ni en contra. 
Esto es lo que yo he creído interpretar de la postura de la Comisión y lo que yo, en todo momento, he mantenido. 
En ningún momento he mantenido otra cosa, señora Sornosa. 
También se ha hablado en este debate sobre el tema de los planes alternativos y las plantas desalinizadoras. 
Lamentablemente no puedo contestar con profusión a todo esto por falta de tiempo. 
Señor Presidente, el proyecto español es sin duda alguna un asunto que suscita enconadas discusiones en España, y comprendo que sea así. 
Evidentemente, se trata de un asunto sobre el que deben adoptarse decisiones en este país. 
No obstante, desde una perspectiva a largo plazo debo decir que el abastecimiento de agua en el Sur también nos incumbe a nosotros. 
Es inaceptable que un problema tan importante se deje únicamente en manos de los españoles. 
Me parece muy probable que en 10 o 20 años nos veremos forzados a abordar otros proyectos que hoy no nos atrevemos ni a plantear. 
Pero hay otra cuestión a la que quiero referirme brevemente, a saber, la creciente disposición a privatizar la gestión del agua. 
Ya comienza a estudiarse esta cuestión, y es presumir que también en el seno de la Comisión. 
En Berlín, el Ministerio de Economía acaba de realizar un estudio en el que se abordan una vez más los pros y los contras de estas cuestiones. 
Yo, personalmente, tendría muchas reservas ante la privatización del agua. 
Sé que en Gran Bretaña ya se han dado pasos en este sentido, pero creo que éste es un asunto que hemos de abordar en todo caso con mucha prudencia. Surgirían problemas que incidirían profundamente en la estructura de nuestros Estados miembros. 
Vaya este dato a título ejemplificativo: en Alemania tenemos cerca de 4.000 empresas municipales de gestión de aguas, mientras que en Francia hay dos o tres compañías. 
En el momento que que se imponga la privatización, ello significará que las pequeñas empresas serán absorbidas, y esta no puede ser el objetivo de la privatización. 
No quiero profundizar ahora en este asunto, y además no tengo tiempo para ello, pero, a mi juicio, es éste un tema del que nos tendremos que ocupar más intensamente en los meses y años próximos. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera sólo aclarar un par de puntos. 
El plan hidrológico nacional español es un documento de política general que irá seguido de un gran número de proyectos detallados. 
El plan hidrológico nacional no es comparable con los planes de cuencas fluviales previstos en la directiva marco. 
Estos planes de cuencas fluviales requieren como base un análisis profundo del impacto medioambiental y de aspectos económicos; una tarea que se completará con arreglo a la directiva marco del agua a finales de 2004. 
Al mismo tiempo, se aplica una estricta cláusula de no deterioro; se prohiben impactos y medidas que causen el deterioro de una masa de agua, a no ser que el Estado miembro invoque una de las limitadas cláusulas de excepción, que, a su vez, están sometidas a un conjunto de condiciones, incluyendo el análisis de impacto medioambiental y económico mencionados. 
Sólo sobre la base de estos datos podrá la Comisión evaluar plenamente si las medidas operativas previstas en el plan hidrológico español cumplen con la directiva marco del agua y con otras directivas, como las directivas de protección de las aves o de los hábitats. 
El debate queda cerrado. 
Industria biotecnológica 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0080/2001) del Sr. Purvis en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el futuro de la industria biotecnológica (2000/2100 (INI) ). 
. (EN) Señor Presidente, vivimos tiempos apasionantes. 
En el transcurso de nuestras propias vidas se ha producido una gran cantidad de cambios impresionantes en la ciencia y la tecnología. 
Han aparecido nuevas industrias, se han convertido en algo frecuente y han proporcionado mejor calidad de vida, niveles de vida más elevados, nuevos y mejores empleos y mejores condiciones de trabajo. 
Para que Europa mantuviera su posición en la vanguardia económica globalmente y proporcionara los niveles que esperamos era esencial que aprovechásemos estas nuevas tecnologías. 
La biotecnología es una más de estas industrias. 
La desdeñamos o la damos de lado por nuestra cuenta y riesgo. 
Al igual que con todas las nuevas tecnologías, surgen inevitablemente preocupaciones: medioambientales, éticas y de seguridad. Estas preocupaciones deben ser analizadas y debatidas plenamente y de forma muy abierta con el público; deben ser controladas y abordadas mediante una regulación eficaz. 
Cuestiones como la intimidad y la confidencialidad en una época de predicciones genéticas requieren un mayor estudio y quizás una legislación específica. 
Esta necesidad la indicamos en el informe sin adoptar ninguna postura predeterminada. Eso queda para después, tras un debate apropiado. 
Yo diría que las enmiendas 9 y 27 son prematuras porque pretenden dar por cerrado ese análisis y esa decisión. 
A nosotros nos corresponde animar a nuestros científicos, empresarios y directores de empresas a que aprovechen plenamente el potencial de la biotecnología y a que trasladen este potencial a los europeos y al mundo, especialmente al mundo en desarrollo con menos recursos. 
La biotecnología- las ciencias de la vida y de las plantas que engloba- ofrece grandes avances en la medicina y la asistencia sanitaria, para prevenir y curar enfermedades y discapacidades que llevan mucho tiempo destrozando las vidas de tantos hombres, mujeres y niños en nuestras circunscripciones y en todo el mundo. 
La biotecnología ofrece grandes avances en la producción de alimentos en Europa que suponen ventajas tanto para agricultores como para consumidores y que benefician a aquellas partes del mundo que luchan contra la sequía y los suelos salinos y cuyas poblaciones crecen rápidamente. 
Ofrece cultivos que eliminan la deficiencia de vitamina A y la ceguera de millones de personas. 
Utilizará menos pesticidas y herbicidas y, por tanto, mejorará el medio ambiente y los hábitats naturales. 
Con las valiosas opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a cuyos ponentes expreso mi sincero agradecimiento, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha analizado todas las implicaciones y pide decididamente al Parlamento, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que den a esta industria el apoyo y el compromiso que merece y que tanto necesita. 
Tras varios años de reticencias e indecisiones, estamos muy por detrás de nuestros principales competidores en EE.UU. El gasto estadounidense en I+D en materia de biotecnología es tres veces y media el de Europa, el empleo es más de tres veces superior y los ingresos biotecnológicos cuatro veces. 
No es sólo EE.UU.: Brasil, Canadá, China, India, Israel, Japón, Tailandia o Singapur están, todos ellos, aprovechando la biotecnología y promoviendo activamente sus industrias internas. 
No hay tiempo que perder si Europa quiere ocupar el lugar que le corresponde. 
Disponemos de los científicos, de los centros de investigación y de la capacidad científica. 
Disponemos del fundamento de una industria triunfadora, con emprendedores, inversores y directores de empresas. 
Pero, durante demasiado tiempo, les han desanimado actitudes escépticas y negativas de los gobiernos y los círculos políticos, de la opinión pública y los medios de comunicación, regímenes fiscales poco comprensivos, una cultura de aversión al riesgo y estructuras legales engorrosas. 
El Consejo de Lisboa prometió hacer de Europa la economía más competitiva, dinámica y basada en el conocimiento del mundo. 
Ahora volvemos la vista al Consejo de Estocolmo para que cumpla esa promesa en materia de biotecnología, precisamente uno de los medios más importantes para alcanzar ese objetivo tantas veces citado. 
Volvemos la vista a la Comisión para que despierte, para que venza sus reticencias y se ponga decididamente a la cabeza con un plan de acción para una bio-Europa. 
Volvemos la vista a los Estados miembros para que sigan con el trabajo de aplicar las directivas pendientes y para que faciliten un entorno positivo en el que sus industrias biotecnológicas se desarrollen y prosperen. 
Nuestros científicos y emprendedores están observando atentamente. 
Lo que ocurra aquí hoy, en Estocolmo este mes, en Bruselas y en los Estados miembros en los próximos meses, decidirá si emigran a otro lugar o si buscan su futuro aquí en Europa. 
Pido a mis colegas del Parlamento que den a este informe todo su apoyo. Pido a la Comisión que responda al mismo con vigor, determinación y unidad de fines. 
. (FI) Señor Presidente, señor Comisario, distinguido ponente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha participado con gran interés en este trabajo dirigido hacia el futuro. 
Hemos conseguido elaborar una declaración constructiva y ambiciosa que, sin embargo, es equilibrada al mismo tiempo. 
Queremos tener presente el principio de cautela en todo lo que concierne a los consumidores, a la actividad de los agricultores y a la cadena de transformación alimentaria. 
Nuestro mensaje central es que las biotecnologías representan una posibilidad para desarrollar la agricultura, sector que viene debatiéndose entre dificultades. 
Ofrecen posibilidades para la producción de nuevos plásticos, biocombustibles, etcétera, en procesos de producción no alimentarios. 
Ofrecen posibilidades para reducir la utilización de pesticidas y para influir positivamente en el medio ambiente. 
Desde el punto de vista de los agricultores, es fundamental que la adopción de las nuevas tecnologías les reporte beneficios económicos. 
Esto no es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en el marco de los llamados productos transgenéticos de primera generación. 
El objetivo europeo ha de ser mejorar también el nivel de ingresos de los agricultores, a la par que la técnica vaya logrando mejorar la calidad y la eficiencia. 
Las biotecnologías pueden alcanzar una gran importancia en el campo de la política regional. 
Proporcionarán posibilidades a las zonas con condiciones naturales adversas. Esto afecta también a la situación de los países en desarrollo. 
Por otra parte, estas nuevas tecnologías implican peligros sobre los que conviene tomar conciencia lo antes posible en los órganos decisorios de la UE. 
Los agricultores pueden llegar a ser completamente dependientes de las grandes empresas multinacionales de transformación. 
Con el fin de evitar una evolución hacia la concentración, la UE debe garantizar suficientes recursos públicos para la investigación, así como apoyar a las pequeñas empresas biotecnológicas y fomentar los trabajos de desarrollo e investigación de los centros de transformación de plantas. 
Es sumamente importante garantizar la competitividad. 
Nuestra comisión está satisfecha con el trabajo del Sr. Purvis y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, puesto que nuestras enmiendas fueron tomadas en cuenta ya durante los trabajos preparatorios de esta última comisión. 
Desearíamos que la Comisión leyera detenidamente las peticiones que se presentan en el informe, por ejemplo, la relacionada con el cálculo del impacto total en el medio ambiente. 
. (SV) Señor Presidente, tal como señala el ponente, la biotecnología contiene un enorme potencial. 
Posiblemente sea más notorio en el campo de la medicina, pero también abre posibilidades en muchos otros sectores. 
La biotecnología, sin embargo, encierra numerosas interrogantes que hay que intentar desentrañar. 
Me refiero a asuntos éticos en el campo de la medicina, a asuntos medioambientales y de los consumidores en relación con los cereales modificados genéticamente y a temas que atañen a la justicia mundial, en relación con las patentes y el dominio del mercado por grandes multinacionales. 
Si se quiere construir una política coordinada y con credibilidad en esta materia, habrá que tomar estos asuntos con la máxima seriedad. 
La opinión de la Comisión de Medio Ambiente destaca algunos sectores clave. 
Los derechos de patente deben respetar la convención de Naciones Unidas sobre diversidad biológica, que reconoce el derecho de los países en vías de desarrollo- en realidad de todos los países- a sus recursos genéticos. 
Debe existir investigación independiente y abierta en esta materia, de manera que se estudie también aquello que no resulta inmediatamente lucrativo y los problemas y crisis de las tecnologías. 
También es importante la transparencia en la investigación. 
En relación con el controvertido asunto del cultivo de cereales modificados genéticamente, hay que ver que la aprobación de la directiva 90/220/CEE no implica que hoy exista una legislación adecuada en la materia. 
Todavía faltan normas sobre etiquetado, sobre indicación de origen y sobre responsabilidad. 
La existencia de estas reglas debe ser una condición para iniciar el cultivo comercial y masivo de este tipo de cereales. 
Además, señalamos los riesgos que implica no respetar el secreto genético y abusar de la posibilidad de obtener huellas genética, esto es, por ejemplo, que se niegue a alguien un empleo o la contratación de seguros. 
Así aumentan las desigualdades en la sociedad. 
Opinamos también que es esencial que se estudie este tipo de problemas, con el objeto de desarrollar el potencial positivo que encierra la biotecnología. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento al ponente, el Sr.Purvis. Ha presentado un valioso informe en el que ha puesto de relieve el gran potencial de la biotecnología. 
Hemos de constatar que este gran potencial de la tecnología no puede desarrollarse adecuadamente en Europa. 
En la Unión Europea existen diversos obstáculos. A mi juicio, el obstáculo más importante es la llamada moratoria "de facto" para la liberación de los organismos modificados genéticamente. 
No examinamos qué plantas, qué organismos son especialmente peligrosos y, en consecuencia, no pueden ser permitidos, sino que no son permitidos sin más y no se establecen diferencias entre los diversos organismos. 
Este normativa ha dado problemas desde un principio. 
Nunca ha contado con una verdadera base jurídica, y ahora ésta suscita aún mas problemas, puesto que el Consejo y el Parlamento han acordado adoptar una nueva normativa en materia de liberación de organismos modificados genéticamente, y me parece incomprensible que algunos Estados miembros no hayan puesto fin aún a esta moratoria. 
Perjudica a las PYME que no pueden trasladar sus centros de producción al extranjero. 
Contamos ya con una buena normativa en materia de liberación, por lo que ya podemos poner fin a esta moratoria. 
A mi juicio, los riesgos de la tecnología genética verde se sobredimensionan en muchas ocasiones. 
Asimismo, pienso que las posibilidades de aplicación médica son igualmente sobrestimadas, que se defienden posturas maniqueas- las modificaciones genéticas en el sector agrícola son malas, y en la medicina son en sí buenas-. 
En mi opinión, en los dos ámbitos se dan tanto oportunidades como riesgos, como se afirma en el punto 32 del informe. 
Puesto que ya contamos con una legislación adecuada en materia de plantas, necesitamos también una buena normativa común en el ámbito de la medicina. Aún hay que mejorar algunos aspectos. 
Además, pienso que debemos de establecer límites éticos a la ingeniería genética y a la biotecnología. 
En Europa ya lo hemos hecho en parte, y ahora existe una Comisión sobre Genética Humana que debe estudiar una vez más en particular esta cuestión, puesto que Europa es una comunidad de valores. 
Ello no significa que debemos tener en todos los países las mismas leyes, que debamos armonizar todo, pero sí debemos establecer determinados principios básicos, y yo abogaré decididamente por ello. 
Señor Presidente, este informe debe ser acogido favorablemente por su bien acabado planteamiento. Destaca, basándose en datos y sin ser alarmista, el enorme potencial de la industria biotecnológica para contribuir al crecimiento económico, animar la creación de empleo y mejorar la competitividad de nuestras industrias. 
Pero no se trata sólo de crecimiento. 
Puesto que vivimos más años, necesitamos también asegurarnos de que vivimos mejor y abordar las enfermedades de las personas mayores. 
Males como el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, las enfermedades del corazón e incluso el cáncer todavía tienen que ser desafiadas plenamente por los biotecnólogos. 
No es sólo una cuestión de vivir mejor, tenemos que estar en mejor forma para que las personas mayores puedan mediante su trabajo seguir contribuyendo al bienestar de la sociedad. 
Hay que conseguir una vida larga y saludable. 
Estoy convencido de que en la biología humana, animal y vegetal residen los mayores retos para el siglo XXI. 
Yo apoyo muy firmemente la parte del informe que pide propuestas de acción más concretas por parte de la Comisión y del Consejo. 
Necesitamos que la Comisión informe del estado actual de la industria y de las comparaciones entre los Estados miembros y que nos facilite mejores datos para la acción futura. 
El desarrollo de un plan para una bio-Europa- en paralelo con la e-Europa- con actividades de la Comisión y de los Estados miembros que hagan que la Unión compita en la industria biotecnológica es un objetivo plausible. 
El Consejo debería también comprometerse con la biotecnología como una nueva tecnología clave y la Cumbre de Estocolmo sería una buena ocasión para hacerlo. 
La región que represento tiene el PIB per cápita más bajo de todas las regiones del Reino Unido. 
No es una situación cómoda y uno de los hechos claves de la planificación económica regional es apoyar una empresa que estimule el crecimiento en industrias biotecnológicas. La llamamos Bio-Science-North. 
El objetivo es basarse en las investigaciones de los departamentos universitarios para crear incubadoras de empresas y para estimular el crecimiento en las que ya existen. 
Creemos que se trata de uno de los instrumentos más importantes que hemos podido establecer en los últimos dos o tres años, con el apoyo, por supuesto, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Sé que nuestra región no está sola en esto, pero creo que es algo que todas las regiones comunitarias deberían analizar. 
Por último quisiera decir que debemos reforzar las posibilidades medioambientales de la biotecnología. 
Debería reconocerse que nos ofrece tremendas oportunidades de luchar contra la contaminación y de reducir el agotamiento de los recursos, y oportunidades, también, en el sector de la alimentación, de mejorar la producción de nuestras industrias agrícolas. 
Espero que la industria biotecnológica reciba un tremendo impulso con la aprobación de este informe. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, felicito al Sr. Purvis por su informe de iniciativa que, desde el punto de vista del contenido, incide con justicia en la importancia que reviste el sector de la biotecnología para la economía europea, pero cuya formulación podría haber sido un poco más equilibrada en opinión del Grupo Liberal. 
Por eso, respaldaremos las enmiendas 1, 2, 25 y 27. 
Junto con la tecnología de la información y la comunicación, la biotecnología constituye uno de los sectores tecnológicos más prometedores del siglo XXI. En los años venideros darán lugar a un gran número de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo. 
La condición previa es que la Unión Europea desarrolle un marco jurídico transparente que fomente el espíritu innovador y cree un entorno empresarial estimulante. 
Hasta la fecha el sector de la biotecnología contaba con una legislación sumamente escasa en lo que al apoyo económico se refiere. 
Es por esto por lo que saludo la iniciativa británico-neerlandesa de otorgar un lugar prioritario a la biotecnología en el orden del día de Estocolmo. 
Si la Unión Europea pretende erigirse en la economía del conocimiento más dinámica y más competitiva del mundo es imprescindible que aparte de la E-Europe se vaya desarrollando una B-Europe. 
Me congratulo de que el Primer Ministro neerlandés se haya dado cuenta de ello. 
Tal vez incluso consiga convencer a su Grupo político en el Congreso de los Diputados de la necesidad de retirar el recurso presentado por los Países Bajos ante el Tribunal Europeo de Justicia contra la directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
No olvidemos que sin un Derecho de patente adecuado no habrá nuevas inversiones por parte de las empresas, no habrá iniciativas biotecnológicas y, por tanto, tampoco habrá innovación y empleo. 
Para finalizar espero que nuestro Comisario informará sin dilación al Parlamento acerca de la Cumbre de Estocolmo y las conclusiones allí adoptadas en materia de biotecnología. 
Quizá pueda proponer que el término GMO se sustituya por GEM, genetically enhanced materials, puesto que las gems son piedras preciosas y en una de ellas debe transformarse la biotecnología en Europa. 
Señor Presidente, el ponente sabe que el Grupo de los Verdes ha criticado este informe por considerarlo poco equilibrado y, de hecho, es desvergonzadamente favorable a la industria biotecnológica, sin duda a causa de la implicación explícita de Glaxo Wellcome- o como se llame ahora- en las reuniones preparatorias. 
Sin embargo, el informe no afecta de modo alguno al programa legislativo, que aborda cuestiones como la localización, el etiquetado y la responsabilidad. 
El informe no ha tratado preocupaciones serias como la ética en la biotecnología, la salud pública, las preocupaciones de los consumidores sobre la alimentación y los efectos sobre el medio ambiente. 
De todos modos, la cosa más extraordinaria de este informe es la referencia al mercado y a la creación y la disponibilidad de nuevos recursos financieros y a la racionalidad de las bolsas europeas. 
Yo creía que el Sr. Purvis entendía que las bolsas escapan al control incluso de un poderoso comisario como el Sr. Liikanen y recomiendo a éste que no tenga en cuenta esta propuesta extraordinariamente intervencionista. 
Señor Presidente, señor Comisario, aquí tenemos la costumbre de elogiar y dar a las gracias a los ponentes de los informes. 
Yo también constato que el Sr. Purvis tiene razón en una cosa: las aplicaciones de las biotecnologías experimentarán un rápido desarrollo durante los próximos años. 
Pero para ello no se requiere todo lo que la industria desea: la patentización de los genes que ya existen de por sí en la naturaleza, el libre comercio de los genes manipulados, desgravaciones fiscales a las empresas y a los programas de participaciones de opción en bolsa de sus directivos, la liberalización del etiquetado de los productos, la entrega unilateral de información y el tratamiento de las biotecnologías exclusivamente como una actividad industrial, que en la EU quedaría a cargo de la Dirección General de Empresas. 
El informe del Sr. Purvis contiene muchos planteamientos en este sentido, y por eso nuestro Grupo no puede aceptarlo. 
Nosotros queremos ver las biotecnologías como una posibilidad que abra nuevas dimensiones a la ciencia. 
Sin embargo, la manipulación de la naturaleza debe practicarse con mucho más cuidado de lo que propone el Sr. Purvis. 
Debemos concedernos un plazo para aclarar todos los efectos en el hombre y en la naturaleza de las especies y variedades que no hayan nacido en circunstancias naturales o que, eventualmente, no pertenezcan a la naturaleza. 
Nosotros apoyamos el desarrollo de las biotecnologías, y la investigación en este campo no debe quedar a la zaga de las tecnologías de la información. 
La burbuja bursátil ilusoria de las tecnologías de la información ya se ha desinflado. 
No queremos que las biotecnologías den lugar a una nueva burbuja bursátil basada en falsas esperanzas y en promesas incumplibles. 
Cuando se trata de cuestiones fundamentales relacionadas con el genotipo humano y del resto de las especies, la responsabilidad debe estar en manos de los políticos, ya que la industria no tiene noción de la responsabilidad, sino que se dedica a elevar al máximo el valor de sus acciones. 
Señor Presidente, el ponente da muestras de una visión excesivamente optimista de la biotecnología. 
Nos invita a apoyar el sector de la biotecnología sobre la base de un enfoque unilateral orientado exclusivamente a la industria. 
Ello es comprensible habida cuenta de su punto de partida, según el cual la integración de Europa tiene por objeto crear riqueza y empleo. 
Yo tengo, sin embargo, algunas objeciones. 
El informe no hace balance de las ventajas e inconvenientes de la biotecnología. 
En opinión del ponente, el desarrollo biotecnológico resulta beneficioso para el medio ambiente, la calidad alimentaria, la salud y los países en vías de desarrollo. 
Queda por ver, no obstante, si estos países realmente sacarán provecho de ello. 
Lo más probable es que aumente su dependencia de los proveedores de semillas y pesticidas, predominantemente occidentales. 
El abastecimiento de víveres no es tanto un problema de deficiencias tecnológicas y biológicas como una cuestión de distribución. 
Desafortunadamente, el ponente toma a los Estados Unidos por ejemplo, mientras que la agricultura biológica de este país afirma no poder garantizar que sus productos estén libres de OGM debido a la polinización cruzada. 
La información acerca de la biotecnología también debe incluir un balance equilibrado de las ventajas e inconvenientes. 
Si esta tarea se deja en manos del propio sector la ética se pondrá al servicio de los intereses económicos. 
Las decisiones éticas han de adoptarse lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Ello se aplica asimismo al sentido de desarrollo de la biotecnología. 
Sin embargo, el informe instruye incluso a los Estados miembros acerca del apoyo financiero, las medidas fiscales, la enseñanza y la inmigración. 
Además, considero prematuro que el ponente inste a los Estados miembros a respaldar una patente a la vida que suscite reparos éticos y jurídicos, entre otras razones porque es incompatible con determinados convenios internacionales. 
Los Países Bajos y Gran Bretaña han interpuesto un recurso ante el Tribunal de Justicia, por lo que me parece preferible que esperemos la sentencia. 
El informe atribuye la responsabilidad de la admisión de OMG a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pero este organismo desempeña una función meramente consultiva. 
Por lo tanto, la situación no varía: corresponderá a los políticos adoptar las decisiones. 
La política comunitaria llevada a cabo en el ámbito de la industria de la biotecnología ha de basarse en las posiciones de los Estados miembros. 
A la luz de la actual falta de armonización estimo significativo que el presente informe aparezca antes de que conozcamos las conclusiones de la Comisión Temporal sobre Genética Humana. 
Además, habida cuenta de que Europa suele mostrarse harto renuente a las subvenciones estatales, resulta tanto más extraño que ahora emplace a los Estados miembros a prestar apoyo a un sector industrial. 
No se sabe por qué razones dicho sector merece apoyo. 
En esta fase habría sido aconsejable que el informe se hubiera limitado a los aspectos industriales transfronterizos, tales como los impedimentos al desarrollo o la exploración de las posibilidades inherentes a los diferentes terrenos de acción, en lugar de hacer un llamamiento al apoyo. 
Por todo lo anterior no puedo respaldar el informe. 
Los argumentos económicos no pueden prevalecer sobre las preocupaciones morales. 
Ya que Europa pretende ser una comunidad de valores debe dar muestras de una mayor sensibilidad ante este tema. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Purvis por el excelente trabajo realizado en la comisión. 
Se ha tratado de un trabajo inteligente y estructurado que ha sabido interpretar y respetar las distintas sensibilidades existentes en la comisión, incluidas las de carácter ético. 
Por mi parte, en mi condición de hombre de ciencia, estoy muy satisfecho tanto por el valor intrínseco específico del informe que sitúa finalmente a Europa en línea con los países que más invierten en la investigación científica, como por las nuevas fronteras que se abren para vencer terribles enfermedades como algunas enfermedades neurodegenerativas que afectan al sistema nervioso central. 
Asimismo, en el terreno agroalimentario, la aprobación de una de mis enmiendas que prevé que los alimentos transgénicos se sometan obligatoriamente, antes de su comercialización, a las pruebas de mutagénesis, carcinogénesis y toxicidad va en la dirección correcta de restablecer la confianza de los ciudadanos en las Instituciones y en el mundo político principalmente. 
Quiero dar las gracias una vez más a John Purvis por haber permitido que se aprobaran una serie de enmiendas que presenté y que están orientadas a valorizar y potenciar el patrimonio humano, en especial de los jóvenes investigadores para los cuales están previstas carreras incentivadoras y competitivas con las de Estados Unidos. 
En conclusión, considero que el informe Purvis se puede considerar como una valiosa pieza de ese complejo y variado mosaico que es el espacio europeo de la investigación científica que, junto con los Sres. Busquin y Liikanen, estamos introduciendo brillantemente en Europa para ser competitivos y aceptar este reto mundial. 
Señor Presidente, el Sr. Purvis ha hecho muy bien su trabajo, como ya han dicho otras personas. 
Creo que es un buen informe. 
Imaginemos que entendemos cómo las algas producen hidrógeno a partir de la absorción de rayos solares. 
Algo así existe, y podría imitarse. 
Cambiaría por completo nuestra política energética. 
Considero que entenderlo así constituye un formidable reto. 
Miren sino las espinas de un erizo de mar al microscopio. 
Recibirán unas fantásticas instrucciones de construcción de nuevos materiales. 
Entender cómo se produce algo así podrá modificar sustancialmente nuestra cultura industrial. 
Eso sólo lo entenderemos si sentimos curiosidad, si afrontamos las nuevas tecnologías y una nueva ciencia con curiosidad y no con miedo. 
Ese es el mensaje de John Purvis, un mensaje al que presto mi apoyo. 
Por lo demás, en lo que respecta a los países en desarrollo, quiero señalar que uno de estos países ha experimentado formidables progresos en la biotecnología. 
Este país es Cuba. 
Cuba invierte desde hace cerca de 40 años en la biotecnología de un modo en que apenas lo hace ningún otro país, y hoy registra un volumen de facturación en biotecnología moderna muy superior a los 100 millones de dólares. 
Quiero mencionarlo porque se ha hecho referencia aquí a varios países. 
Creo que, con todas las críticas que puedan hacerse por lo demás a Cuba, se trata de un gran resultado. 
En el sector de la economía de la energía hemos tomado el camino de la termodinámica clásica. 
Ningún ser vivo funciona según la termodinámica clásica, de otro modo no alcanzaríamos la edad que efectivamente alcanzamos. 
Es posible que la termodinámica irreversible, es decir, las pequeñas modificaciones, nos muestre un camino totalmente nuevo en la economía de la energía. 
Esto es algo que también tenemos que comprender: Quizá entonces algún día consideraremos equivocado lo que hemos hecho hasta ahora. 
A mi juicio, debemos afrontar esta nueva tecnología con más decisión, siendo conscientes de los riegos, pero sin curiosidad, sin decisión nunca se han hecho progresos, y tampoco en la biotecnología. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el informe Purvis es un documento excelente. 
La biotecnología encierra un gran potencial, pero también enormes riesgos. 
Esto significa que los temores e inquietudes de los ciudadanos deben ser tomados en serio. 
La única manera de hacerlo es con mucha información y con debates. 
Sin embargo, no podemos permitir que esos temores a los riesgos implícitos en las nuevas tecnologías nublen sus potenciales beneficios para los individuos y su entorno. 
Se dice que podremos disminuir los pesticidas en la agricultura. 
Más me gustaría que con la ayuda de la biotecnología pudiésemos producir nuevos pesticidas y sustancias químicas que funcionasen donde deben funcionar y que se descompusieran cuando se tengan que descomponer. 
Hay que tener una actitud sincera y abierta frente a las facilidades y a las complicaciones. 
Cuando hablamos de alimentos y de producción agrícola, hay que tener enorme respeto por el obvio derecho de los consumidores a que se les informe sobre lo que comen. 
En una democracia es fundamental que exista libertad de elección, previa información al consumidor. 
Celebro que en el informe se haya incorporado el punto 62, en el que se destaca la protección a la integridad personal en relación con el uso de información genética. 
Bien usada, la biotecnología puede contribuir al crecimiento ecológico, económico y social. 
Mal usada, puede llegar a ser, igual que todas las otras tecnologías, peligrosa. 
Señor Presidente, queridos colegas, la industria de la ingeniería genética nos ha prometido muchas cosas desde hace décadas. 
Curará enfermedades, saciará el hambre creará hombres mejores. 
¿Y qué hemos visto en todo este tiempo? 
Han surgido muchos peligros, se han producido muertes en experimentos, el hambre no se ha saciado aún y tampoco se han creado todavía hombres mejores. 
A mi juicio, estos problemas no están asociados a la tecnología, sino a las estructuras de poder que dominan en este sociedad. 
Primero: en el mundo hay el doble de alimentos que lo que se necesitaría para proporcionar una alimentación suficiente a toda la humanidad. 
Es una cuestión de distribución. 
Segundo: las condiciones medioambientales producen enfermedades, y no pueden ser modificadas mediante la tecnología, sino modificando las condiciones. 
Tercero: sólo habrá un hombre mejor cuando demos al hombre un mayor grado de autodeterminación, cuando dejemos al hombre más espacio vital, y no simplemente mediante una nueva tecnología. 
En cambio, la biotecnolotía entraña más selección, ha propiciado entretanto una nueva suerte de racismo genético, y eso es lo que debemos impedir con todas nuestras fuerzas. 
Este informe pone todo el poder en manos de la tecnología y por ello no podemos más que rechazarlo. 
Señor Presidente, el desarrollo de toda nueva disciplina científica suele ir acompañado de una importante mejora de la calidad de vida; implica, sin embargo, también peligros, relacionados frecuentemente con la monopolización de las innovaciones por parte de grupos de intereses. 
En el caso de la biotecnología, no debemos pasar por alto que la vida es un sistema material extraordinariamente complejo, evolucionado a una escala temporal de millones de años y, en consecuencia, intervenciones que provocan cambios a escala temporal de pocos años pueden tener consecuencias imprevisibles en el equilibrio del conjunto del sistema. 
El informe Purvis ignora por completo los peligros, y no pretende sino poner la biotecnología al servicio del beneficio monopolista. 
La industria biotecnológica, según el informe, deberá funcionar sin trabas y al margen de cualquier control. Sus intereses se colocan por encima del interés público. 
El interés por los países del Tercer Mundo es de una gran hipocresía, desde el momento en que la industria farmacéutica lleva a los tribunales al gobierno de Sudáfrica, y desde el momento en que el Tercer Mundo no deja de padecer bajo el peso de la deuda. 
La posición global de la Unión Europea es hipócrita. La Unión Europea, que abandona las reservas que hasta ahora mantenía, en el momento precisamente en que los monopolios europeos han llegado al nivel de poder competir con los norteamericanos. 
Los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia votaremos en contra del informe; porque es inaceptable, por supuesto; y porque, además, es peligroso para el futuro de la humanidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, queridos colegas, el informe de nuestro colega John Purvis constituye un acertado resumen- por completo y ponderado- de la situación de la industria de la ingeniería genética en Europa. 
Así lo pone particularmente de manifiesto la amplia mayoría con que este informe ha sido acogido en la comisión. 
En concreto, la exigencia de un plan de acción coordinado a nivel europeo ha sido compartida por todos los Grupos de esta Asamblea, y en el Consejo de Ministros y la Comisión ha caído también sobre terreno fértil. 
¡Muchas gracias, señor Comisario! 
En su reunión de esta semana, la Comisión Europea ha reafirmado su propósito de elaborar una estrategia conjunta compacta para el fomento y desarrollo de la biotecnología en Europa y remitirla al Parlamento y al Consejo antes de finales de este año. 
Es para mí un motivo de gran alegría que sean los Comisarios Liikanen y Busquin los que hayan resaltado la importancia de esta tecnología para las posibilidades de futuro de la economía y la ciencia. 
Al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, los Jefes de Gobierno Tony Blair y Wim Kok han exigido en una carta conjunta dirigida al Presidente sueco del Consejo un plan de acción de carácter económico dirigido al fomento de la industria de la ingeniería genética europea, una exigencia que han reforzado con la elaboración de un catálogo al respecto. 
El colega Liese ya ha señalado que no sólo se trata de las necesidades de la economía, sino de otras cuestiones, y en el Parlamento haremos un seguimiento muy estrecho de todas estas acciones. 
Un requisito fundamental e imprescindible para el éxito de este plan de acción es que las decisiones se adopten sobre la base de la mejor información de que se disponga. 
Por ello es nuestro gran deseo que se aprovechen todas las posibilidades de los comités asesores y científicos, a través de los cuales los expertos de los mundos de la ciencia y de la economía participan en la preparación y elaboración de decisiones. 
Por ello, acojo con gran satisfacción la exigencia de un mayor recurso a dichos comités, y quiero invitar a la Comisión a que aproveche con más intensidad que la mostrada hasta ahora todas las posibilidades de consulta y colaboración que hemos ofrecido. 
Señor Presidente, creo, como muchos diputados lo han dicho antes que yo, que las biotecnologías pueden desembocar en lo mejor, especialmente en el ámbito médico, pero pienso que sería ingenuo imaginarse que podrían solucionar todos los problemas del mundo. 
Cuando escucho algunas intervenciones, o leo ciertos pasajes del informe, me quedo estupefacto y pasmado. 
El hambre en el mundo, las alteraciones climáticas, la protección del medio ambiente, todo ello quedaría solucionado mañana gracias a los beneficios de las biotecnologías. 
Creo que efectivamente sería igualmente ingenuo descuidar los riesgos, las desviaciones y los abusos posibles, puesto que ya asistimos a un cierto número de ellas. 
Estos riesgos y estas desviaciones pueden frenarse o agravarse según la evolución que experimente el marco jurídico en la Unión Europea, e igualmente a escala internacional. 
Mencionaré solamente dos puntos: uno se refiere a las patentes sobre los medicamentos. 
Vemos hoy día los problemas que plantea el acceso a los medicamentos genéricos en la lucha contra el sida para los países de Africa, para Brasil y los países de Asia. 
Teniendo en cuenta la propensión que tendrá la industria farmacéutica a desarrollar las biotecnologías en los futuros medicamentos, pienso que este problema no hará sino amplificarse y, por tanto, debemos garantizar que las reglamentaciones sobre las patentes no impidan la producción y la importación paralela de medicamentos genéricos para luchar contra las grandes plagas, contra las grandes enfermedades que amenazan a los países más pobres. 
En segundo lugar, la patente de los descubrimientos genéticos. 
Creo que es realmente necesario establecer una barrera estricta entre la patente de los inventos y la patente de los descubrimientos, con mayor razón dado que lo esencial de las riquezas biológicas se encuentra en los países del Sur, en las zonas tropicales. De lo contrario, asistiremos a un nuevo saqueo de los países del Sur en beneficio de los grandes laboratorios de los países industrializados. 
En todo caso, es preciso poner fin a la "mercantilización de la vida". 
En tercer lugar- y terminaré con este punto- creo que las decisiones fundamentales, relativas especialmente a la puesta en circulación de los organismos modificados genéticamente, deben seguir dependiendo de la responsabilidad política. 
La autoridad europea de la seguridad alimentaria desempeñará sin duda alguna un papel muy importante en materia de experiencia, información y recomendación, pero son las autoridades legítimas las que, en el plano político, deben continuar concediendo la autorización para su circulación. 
Mientras los problemas de trazabilidad, de etiquetado, de responsabilidad en caso de perjuicio, no queden solucionados y no tengamos garantía en lo relativo a los riesgos, pienso que es legítimo mantener la moratoria. 
Señor Presidente, la biotecnología representa efectivamente un medio importante para luchar contra ciertas enfermedades, reducir la utilización de los productos químicos en la agricultura, proteger el medio ambiente. 
El Sr. Purvis hace hincapié, con toda razón, en todos estos avances. 
Sin embargo, al seguir casi exclusivamente la óptica de las empresas biotecnológicas, dando prioridad a los aspectos económicos y tecnológicos, el informe reserva un espacio mínimo a los grandes temas de ética y de seguridad que preocupan tanto a la opinión pública. 
La biotecnología, considerada desde el ángulo estrictamente industrial y mercantil, corre el riesgo de agravar todos los problemas actuales: los desequilibrios comerciales, los perjuicios al medio ambiente, las concentraciones industriales y el paro, el fortalecimiento del poder de las multinacionales. 
Por tanto, encuentro que el informe es con mucho demasiado parcial e incluso incompleto. 
Ignora la preocupación expresada incluso en nuestra Asamblea sobre los organismos modificados genéticamente. 
Pone en tela de juicio la moratoria aplicada por varios Estados miembros, entre los que se encuentra Francia. 
Comparto lo que acaba de decir mi compañero. 
Creo que, de cara a todos los problemas a los que nos enfrentamos- y puesto que hace un momento oí hablar de valentía- lo valiente sería continuar con el principio de precaución y tomar el tiempo necesario para hacer las verificaciones. 
Por tanto, sin dejar de reconocer el interés de las biotecnologías, no puedo sostener este informe tal como se encuentra. 
Deseo que se introduzcan modificaciones, especialmente a partir de las conclusiones del informe Sjöstedt, fundado prioritariamente en el respeto del principio de precaución. 
En su Sexto Programa Marco de Investigación, la Comisión ha inscrito la biotecnología y la genómica en sus ámbitos prioritarios. 
Prepara una comunicación estratégica sobre la biotecnología de aquí a finales de 2001. 
Pido a la Comisión que haga todo lo que esté a su alcance para sacar plenamente partido de la contribución de la biotecnología al crecimiento económico, la protección del medio ambiente, pero teniendo plenamente en cuenta las cuestiones éticas, medioambientales y de sociedad que requieren, a mi juicio, un diálogo entre políticos, científicos y ciudadanos. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Purvis sobre biotecnología llega en el momento oportuno. 
Europa sufre un importante atraso con respecto a otros países y se arriesga a perder el tren. 
Las causas de esta situación se deben principalmente a una visión estratégica relativamente débil, los arduos procedimientos de admisión y la deficiente armonización entre la legislación europea y nacional. 
El gran valor del presente informe estriba en que define claramente las parcelas necesitadas de garantías complementarias para los productores, los consumidores, el medio ambiente y la sanidad. 
En algunos puntos el informe contrasta fuertemente con la carta enviada al Consejo Europeo por el Primer Ministro británico, el Sr. Blair, y el Primer Ministro neerlandés, el Sr. Kok. 
Este escrito y las posibilidades que sugiere se quedan en el aire, en tanto que el Sr. Purvis se erige con razón en defensor de las pequeñas y medianas empresas, un sector que reviste una importancia vital para Europa. 
A este respecto mi país también vivió tristes ejemplos de políticas gubernamentales sin rumbo, como sucedió el año pasado con el uso de patatas genéticamente modificadas para productos no alimentarios. 
Señor Presidente, la FAO ha calculado que dentro de veinte años la producción alimenticia mundial debe superar dos veces y media la producción actual. Añade que en el mundo faltan posibilidades de explotar nuevas zonas agrícolas. 
Quien se refugie, como la actual Ministra de Agricultura de Alemania, la Sra. Künast, en la agricultura intensiva y biológica en realidad no hace otra cosa que volver la espalda a la sociedad internacional. 
No puede faltar un balance adecuado de las nuevas técnicas- una de las cuales es la biotecnología -, la sostenibilidad y la incorporación de estos factores a una política alimentaria estratégica. 
Una política de estas características requiere una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que esté facultada para adoptar medidas de supervisión y control. 
Señor Presidente, debo reconocer que con su informe mi colega Purvis ha dado un magnífico impulso para que se abra un nuevo debate en Europa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Purvis por su informe sobre el futuro de la industria biotecnológica. 
Como deja claro el Sr. Purvis, se trata de una industria vital para el futuro de la Unión Europea. Proporcionará puestos de trabajo y oportunidades de innovación con nuevos productos y nuevos procesos en campos como la agricultura, la medicina y la industria farmacéutica. 
En el Quinto Programa Marco ya dedicamos 2.000 millones de euros a la industria biotecnológica y espero que en el Sexto Programa Marco la cifra aumente. 
Pero, a pesar de todo, estamos por detrás de Estados Unidos, que domina el mercado de la biotecnología en cuanto a ingresos, gasto en I+D e, incluso, número de empleados. 
Es entre tres y cuatro veces superior a la industria de la Unión Europea. 
Si queremos sacar partido de la industria biotecnológica, hemos de cuidar al sector. 
Tenemos que invertir a través del Sexto Programa Marco y de otros fondos para I+D. Una regulación equilibrada es importante. Es evidente que se ha producido una pérdida de confianza pública en la ciencia y la tecnología, en los científicos y en los ingenieros. 
Las crisis de la EEB y de la fiebre aftosa indican una falta de confianza. 
También es evidente que existe un aspecto ético. 
Necesitamos responsabilidad pública y directrices claras que merezcan el apoyo público. 
En lo que se refiere a investigación y manipulación genética, muchos de nosotros apoyaríamos la reparación celular somática pero tendríamos dudas acerca de la ampliación celular somática o la reparación celular germinal y ciertamente tendríamos graves preocupaciones acerca de la ampliación de células germinales. 
No es aceptable que las compañías de seguros rechacen coberturas basándose en el perfil genético ni que las empresas de fabricación contraten para los trabajos sucios a personas con baja propensión al cáncer. 
Hemos de lograr un equilibrio entre establecer normas que permitan que la industria biotecnológica prospere en el futuro y que se mantenga la confianza pública. De otro modo, las preocupaciones públicas pudieran trasladar la actividad económica al otro lado del Atlántico. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el siglo XXI la investigación y la sociedad afrontan grandes desafíos científicos y éticos. 
La aplicación de la ingeniería genética desempeña un papel fundamental. 
Agradezco profundamente al colega Purvis el trabajo realizado. 
En la última legislatura ya puse de relieve en mi informe sobre las repercusiones de la biotecnología en la agricultura la importancia de la ingeniería genética. 
Hemos de dar de una vez por todas luz verde a la ingeniería genética verde. 
Y para seguir con la teoría de los colores: hace ya tiempo que los consumidores han dado luz verde a la ingeniería genética roja, el ámbito de aplicación de la medicina. 
Las ventajas son tangibles y manifiestas. 
Por desgracia, en la ingeniería genética verde, el ámbito de aplicación de la agricultura, los consumidores siguen viendo, como yo digo, la luz roja. 
Debemos mostrar tarjeta roja a las posiciones extremas. 
La biotecnología y la ingeniería genética no pueden seguir siendo tratadas como las hermanitas pobres. 
La UE debe subirse al tren en marcha de la investigación y la aplicación, de otro modo partirá para siempre sin nosotros. 
Me preocupa el hecho de que cada vez más PYME se retiren el ámbito de la biotecnología e ingeniería genética verdes. 
La actual moratoria a nivel comunitario significa que, si bien se investiga, la posterior aplicación del producto no está permitida en diversos países. 
Las empresas, y con ellas los puestos de trabajo, emigran de Europa. 
En mi opinión, a este respecto el semáforo está en amarillo. 
Es fundamental que pase a verde. 
Con todo, sin importar si se trata de la ingeniería genética roja o verde, debe formularse con toda claridad los límites éticos de la biotecnología y de la ingeniería genética. 
A los contrarios a la investigación quiero decirles que tenemos una obligación moral de aprovechar las oportunidades de estas nuevas tecnologías en beneficio de la medicina y del abastecimiento de la población mundial en su conjunto. 
Sólo mediante la información y la transparencia, con unos límites a la biotecnología y a la ingeniería genética bien trazados, la opinión pública dará luz verde. 
Invito a la industria a apoyarnos en las tareas de concienciación pública para que la aceptación crezca. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Purvis por su exhaustivo informe. 
La Comisión apoya el fundamento básico del informe. No podemos sino acogerlo favorablemente como un reconocimiento del impacto económico, social y medioambiental de la biotecnología. 
La biotecnología tiene un papel muy importante que desempeñar en el cumplimiento del compromiso adquirido en el Consejo Europeo de Lisboa de desarrollar un economía competitiva, basada en el conocimiento. Esto constituye la base también para la creación de empleo en Europa. 
La Comisión ya indicó la prioridad que concede a la biotecnología en su propuesta para el próximo programa marco de investigación. 
Por tanto, compartimos la postura del informe acerca de la necesidad de promover una industria biotecnológica europea competitiva. 
A finales de esta primavera debería estar listo un estudio sobre la posición de la industria biotecnológica europea, el cual pondré a disposición del Parlamento. 
Permítanme, así mismo, expresar lo mucho que la Comisión aprecia el mérito particular del informe consistente en adoptar un punto de vista global sobre todas las cuestiones importantes relacionadas con la biotecnología. Me gustaría felicitar al ponente por su exitosa labor. 
En su informe al Consejo Europeo de Estocolmo, que se celebrará la semana próxima, la Comisión subraya la importancia de la biotecnología como una ampliación de la tecnología para el crecimiento y el empleo y como una herramienta para el desarrollo sostenible. 
La Comisión anuncia también un libro general de política estableciendo una visión estratégica para las ciencias de la vida y la biotecnología después de 2010, que estará listo a finales del presente año. 
El libro de política y el plan de acción constituirán la respuesta de la Comisión al deseo de una iniciativa manifestado por el Parlamento. 
Evidentemente, en la elaboración de este libro de política podemos ahora tener en cuenta plenamente los puntos de vista del Parlamento Europeo expresados en el informe. 
Estoy de acuerdo con quienes dicen que necesitamos un debate amplio sobre las repercusiones éticas y sociales de la cuestión. 
Si deseamos promover la industria biotecnológica y sus posibilidades, debemos siempre ser abiertos al respecto, de otro modo no tendremos éxito. 
También basaremos nuestro informe en las indicaciones de las reuniones informales de los Ministros de Industria del 16 de febrero y en las posibles indicaciones del Consejo Europeo de la próxima semana. 
Espero que el Consejo Europeo adopte una postura muy firme en este tema. 
Queda claro también que tendremos que aprovechar también los conocimientos de expertos en muchos campos, además de consultar a una amplia variedad de interesados. 
Es necesario que mantengamos conversaciones con una gran diversidad de personas: científicos, expertos y ciudadanos. 
No existen respuestas sencillas a las necesidades y preguntas planteadas por la biotecnología, pero la Comisión tiene la intención de proporcionar- junto con ustedes- una estrategia bien estudiada e integral antes del final de este año. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Les propongo suspender la sesión hasta el momento de la votación. 
(La sesión, interrumpida a las 11.40 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Señora Presidenta, ayer la presidenta de mi delegación, Rosa Díez, denunció ante esta Asamblea una nueva filtración de una respuesta escrita de la Comisión a una pregunta, del Turno de preguntas, antes de que el Parlamento recibiera oficialmente la respuesta por parte de la Comisión. 
Se trataba de la respuesta a la pregunta nº 91 de la Sra. García-Orcoyen sobre el Plan Hidrológico Nacional. 
Tras obtener el comunicado de prensa que el Grupo parlamentario popular en el Parlamento Europeo distribuyó ayer a los medios de comunicación españoles presentes en Estrasburgo con fecha del martes 13, media hora antes de que se cerrara el Turno de preguntas, quiero señalar a la Presidenta del Parlamento Europeo que además de la respuesta a la pregunta de la Sra. García-Orcoyen, también fue filtrada la respuesta conjunta a las preguntas nº 92 del Sr. Agag Longo y nº 94 de la Sra. Avilés Perea. 
Por eso, en nombre de mi delegación, ruego de nuevo a la Presidenta que investigue lo sucedido y que ponga todos los medios necesarios para que esta situación no se vuelva a repetir una vez más. 
Señora Dührkop, haré lo necesario. 
He escuchado su cuestión de orden porque eso permite a los diputados llegar al hemiciclo. 
Señora Presidenta, como es la segunda vez en un mes que estas filtraciones se repiten, y siempre están relacionadas con preguntas referidas a diputados españoles, le ruego que comunique lo más rápidamente posible a la Asamblea el resultado de la investigación que usted se comprometió hacer a petición mía. 
Me dirijo también al Presidente Prodi, que se comprometió a investigar en la Comisión. 
Me parece que es absolutamente escandaloso que se repitan estos hechos. 
Señor Barón Crespo, estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Es absolutamente inadmisible y con mucho gusto le comunicaré los resultados de la investigación. 
Señor Galeote, no se puede iniciar un debate. 
Acepto las cuestiones de orden porque todavía no han llegado todos los diputados, de lo contrario, éstas siempre se presentan siempre después de las votaciones. 
Señora Presidenta, ya que el Sr. Barón Crespo está tan obsesionado últimamente por recibir los reglamentos de todo tipo, yo le pediría también que le enviase los reglamentos sobre las preguntas que los diputados hacen a la Comisión Europea, no vaya a ser que le sorprenda que la respuesta la haya recibido el autor de la pregunta. 
Una vez que éste recibe la respuesta es dueño de la misma y, por consiguiente, puede darla- y diría más, es su obligación- a los medios de comunicación. 
Ésas son, señor Barón Crespo, las reglas de la democracia. 
Pero, ya que usted está dispuesto a recibir documentación, por favor, que le remita también, señora Presidenta, la reglamentación que rige este supuesto. 
Señora Presidenta, yo me he dirigido a usted en relación con una filtración inaceptable acerca de preguntas formuladas por diputados de mi Grupo. 
Ahora ya sé quién ha hecho las filtraciones. 
Lo acaba de decir ahora mismo el Sr. Galeote. 
Señora Presidenta, no aprobaremos este texto completo sino en la votación final a mano alzada, pero hay un error en el punto 17 de la versión escrita finlandesa de esta propuesta de resolución común, es decir, que el punto 17 de la Resolución común relativa a la Cumbre de Estocolmo reza en finés: "impulsar el fomento del sector de las tecnologías pioneras", si bien ahí debería poner: "del sector de las biotecnologías"; o sea, que se habla de las tecnologías pioneras, aunque se debería hablar de las biotecnologías. 
Deseo que la versión definitiva que aprobemos sea la correcta en finés. 
Muy bien, señora Kauppi, le agradezco esta precisión. 
La verificaremos. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0172/2001) , del Sr. Elmar Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el refuerzo de las capacidades de la Unión para la prevención de conflictos y la gestión civil de crisis 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, no voy a plantear una cuestión de orden, según el artículo 141 del Reglamento, porque, como usted ha dicho, eso lo dejamos para el final del debate, pero sí quiero plantear una intervención en razón del artículo 122 por alusiones personales. 
El Sr. Barón Crespo ha hecho aquí una acusación sin ningún fundamento y le pido, señora Presidenta, que le pida al Sr. Barón Crespo que se retracte. 
No, señor Galeote Quecedo: todo diputado que pide intervenir por alusiones personales se le escucha al final del debate del punto del orden del día que se esté examinando. 
El punto del orden del día que nos ocupa en este momento son las votaciones de nuestros informes. 
Por tanto, en cuanto termine tendrá usted, de conformidad con el Reglamento, el uso de la palabra. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0173/2001) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe final del Comité de Expertos sobre la regulación de los mercados europeos de valores mobiliarios 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0082/2001) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea, informe preparatorio para la recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas (2001/2008 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0060/2001) del Sr. Fava, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación electoral de la UE (COM (2000) 191- C5-0259/2000- 2000/2137 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0083/2001) del Sr. Väyrynen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la estrategia común de la Unión Europea sobre Ucrania (C5-0208/2000- 2000/2116 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0063/2001) del Sr. Carraro, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo- Organización y gestión de Internet- Cuestiones de política europea e internacional 1998-2000 (COM (2000) 202- C5-0263/2000- 2000/2140 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0057/2001) del Sr. Martínez Martínez, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP/UE en 2000 (2000/2106 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0080/2001) del Sr. Purvis, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre el futuro del sector de la biotecnología (2000/2001 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, me disculpo por interrumpir los trabajos, pero creo que es una situación que lo justifica. 
Hoy por la tarde vamos a votar una resolución en la que se condena a una fuerza política que actúa en Angola por mantener detenidos a ocho ciudadanos portugueses como rehenes. 
Resulta que esa fuerza responsable- como ella misma reconoce- de ese acto de rapto de ocho ciudadanos portugueses tiene representantes entre nosotros, aquí, en el Parlamento Europeo. 
Creo que es una situación inadmisible y que se deberían adoptar medidas para que no ocurra eso. 
No podemos aceptar en las instalaciones del Parlamento Europeo a representantes de una fuerza que tiene en su poder a ocho ciudadanos portugueses como rehenes y a la que hoy mismo vamos a condenar en una resolución que ha de aprobar este Parlamento. 
Ésa es la razón por la que pido, señora Presidenta, que adopte todas las medidas a fin de que esos individuos representantes de dicha fuerza salgan inmediatamente del Parlamento Europeo. 
Señor Miranda, le he escuchado bien. 
Es evidente que si esas personas se encuentran en nuestros locales, es absolutamente inadmisible. 
Si efectivamente están aquí, voy a hacer lo necesario para que se marchen. 
Señora Presidenta, abundando en lo que ha dicho mi colega Joaquim Miranda, quisiera, si fuese posible, pedir a los servicios del Parlamento Europeo que nos comunicaran posteriormente, por escrito, cómo han entrado esos señores en las instalaciones del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, el texto que hemos votado se refiere a la modificación del reglamento en lo que respecta a la reclasificación de las permutas financieras y acuerdos de tipos de interés futuro. 
A parte el hecho de que hago un llamamiento para que la versión italiana de los textos lleve la traducción de todas las palabras contenidas en los mismos- digo esto a pesar de que amo muchísimo la lengua inglesa, así como la francesa- deseo decir que he votado a favor del informe de la Sra. Kauppi que ha demostrado en esta ocasión- como en muchas otras- su competencia y su capacidad a la hora de examinar los problemas financieros y económicos de Europa, en particular los problemas de las personas mayores y de los pensionistas que invierten su dinero en los bancos y en los distintos fondos con vistas a su futuro: tanto que podría nombrar a la Sra. Kauppi presidenta honoraria del Partido de los Pensionistas, lo cual, dado que es una de las diputadas más jóvenes del Parlamento Europeo, daría lustre a nuestro partido. 
Me gustaría que hubiesen muchos diputados que se ocupasen de la gente mayor. 
Señora Presidenta, la reclasificación de las permutas financieras y acuerdos de tipos de interés futuros ha estado demorada durante más de un año, toda vez que el Consejo de Economía de la Unión puso de manifiesto en su día que no aceptaría la propuesta inicial de la Comisión puesto que con la nueva forma de contabilización de estas operaciones podrían no detectarse posibles situaciones de déficit público excesivo. 
Al objeto de evitar este callejón sin salida se han aprobado dos enmiendas a fin de que, en los informes que los Estados miembros deben enviar a la Comisión de conformidad con el procedimiento aplicable en caso de déficit público excesivo, sí se consideren los pagos resultantes de permutas y acuerdos sobre futuros como cargas financieras asimiladas a intereses o servicios de la deuda. 
Sin embargo, a partir de ahora, los importes principales de estas mismas operaciones se van a considerar activos financieros que no computan como deuda pública, con lo cual se podría facilitar un maquillaje u ocultación del endeudamiento neto y, por tanto, del déficit público excesivo, siendo esto último inaceptable. 
Informe Inglewood (A5-0072/2001) 
Señora Presidenta, he votado a favor de la directiva sobre los seguros de vida. 
Usted sabe que muchas personas durante su vida laboral contratan seguros de vida para recibir una pensión a cierta edad. 
En el momento de votar, me he acordado que mi hija, Cristina Fatuzzo que ahora tiene veinticuatro años, cuando era pequeña, con 8 o 9 años, al interesarse ya en entonces en mi trabajo y en lo que es una pensión, me preguntó: " ¿Por qué cuando los pensionistas cobran la pensión del Gobierno, deben devolver una parte de la misma bajo la forma de impuestos y tasas? 
¿Acaso no sería más sencillo darles algo menos y no hacerles pagar impuestos? 
¿Por qué tienen que pagar impuestos? " 
En su ingenuidad, dijo algo que hoy repito: "¿ Por qué no se ayuda a los pensionistas desde el punto de vista fiscal eximiéndoles del pago de impuestos ?" 
Consejo Europeo de Estocolmo 
Señora Presidenta, el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, en su declaración ha hablado largo y tendido de las personas mayores en Europa y de cómo resolver el problema de los pensionistas. 
Ahora bien, quiero hacer saber a nuestro Parlamento que el Partido de los Pensionistas y yo no nos vamos a resignar hasta conseguir que los pensionistas reciban una pensión igual al cien por cien de sus sueldos. 
Alguien me tiene que explicar por qué un pensionista que se jubila debe recibir una pensión más baja que el sueldo que recibía cuando trabajaba. 
Asimismo quiero decir que estoy cansado de escuchar que no hay dinero para las pensiones porque los pensionistas viven demasiado. 
Se prevé el clima que habrá dentro de veinte años, nos preocupamos de cuántas personas van a morir de EEB, pero, señora Presidenta, ¿cree usted realmente que no se sabía que nuestra vida sería más larga? 
Me parece un no querer enfrentarse con la realidad. La verdad es que falta dinero porque ha sido mal administrado y no porque se vive más tiempo. 
Es lamentable que el Parlamento no haya reconocido la necesidad de defender ante la Comisión y el Consejo un nuevo tipo de desarrollo sostenible creador de puestos de trabajo de calidad, que garantice un nuevo tipo de protección social, como se propugnaba en la propuesta de resolución presentada por nuestro Grupo. 
La verdad es que las orientaciones constantes del documento de la Comisión destinado a preparar el Consejo Europeo de Estocolmo insisten en la prioridad que se debe conceder a la conclusión del Mercado Interior mediante la aceleración del proceso de liberalización, el fortalecimiento de los mercados financieros mediante la institución de los fondos de pensiones, el aumento de la competitividad de las empresas basado en la reducción de los costos salariales, la flexibilidad y la movilidad del trabajo. 
Entretanto, las principales iniciativas legislativas previstas en el programa social, en particular las que disponían el fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y la mejora de sus condiciones laborales, no avanzan. 
Por otro lado, las políticas sociales y de empleo siguen estrictamente subordinadas a la observancia del Pacto de Estabilidad y prosigue la defensa de la liberalización en sectores como el del gas, la electricidad, los servicios postales y los transportes, lo que pone en entredicho los objetivos de empleo de calidad y con derechos y la satisfacción de las necesidades básicas de las categorías más vulnerables de la población. 
El Consejo de la Unión Europea cambia de presidencia, pero es el liberalismo el que sigue llevando el timón. 
El programa sueco hace el elogio de la competitividad, de la competencia y del libre comercio. 
La agenda social y cierto reconocimiento a la solidaridad, coartadas favoritas de la anterior Presidencia francesa, apenas se afirman esta vez, en detrimento de los criterios meramente económicos. 
Los criterios de una Europa antisocial que reserva precariedad y miseria al mundo del trabajo, de los países miembros o candidatos, arbolando como lema "la organización flexible del trabajo" y la "modernización de la protección social", susceptible de satisfacer ambiciones patronales medievales. 
Por lo demás, este texto no oculta querer "crear un clima favorable a las empresas". 
Como prueba de devoción, la Unión Europea se dispone a ofrecer espléndidamente nuevos mercados públicos en la energía, los transportes, e incluso la propiedad intelectual. 
Asimismo, los criterios de una Europa imperial, piedra angular de la globalización capitalista que cuenta "actuar en el seno de la Organización Mundial del Comercio en el sentido de liberalizaciones concretas". 
Hoy día, como ayer en Niza como en Göteberg, combatimos esta política para imponer una Europa social de los trabajadores y los pueblos, empezando por nivelar hacia arriba lo mejor del acervo europeo. 
. (EN) Acojo muy favorablemente las declaraciones del Consejo y de la Comisión acerca de los planes que se debatirán en la Cumbre de Estocolmo del 23 y 24 de marzo. 
Estocolmo partirá de lo establecido en la Cumbre de Lisboa del año pasado en la que se trazaron planes para una economía competitiva, dinámica y basada en el conocimiento. 
Lo he dicho antes y lo diré otra vez: empleos, empleos, empleos. 
De eso se trata. 
En Lisboa se establecieron objetivos de largo alcance para la próxima década- crear una economía basada en el conocimiento líder en el mundo, crear 20 millones de nuevos puestos de trabajo en toda Europa para el 2010 y promover una reforma económica y social que compagine la competitividad y la cohesión social, invirtiendo en las personas y aumentando los niveles de cualificación. 
En palabras simples, esto supone aumentar la cualificación y la movilidad de la mano de obra europea, animar el espíritu empresarial, ayudar a las pequeñas empresas y mejorar las normas de la UE. 
Supone también impulsar el esfuerzo de la UE en materia de investigación y desarrollo y asegurar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Esta cumbre es tremendamente importante para nuestros ciudadanos y tenemos que explicar lo que Estocolmo supone para ellos. 
Lo primero y más importante: los puestos de trabajo son nuestra principal prioridad. 
Pretendemos establecer una fuerza laboral con habilidades dirigidas a los negocios y una base de datos de empleos que supere la carencia de habilidades. 
Debemos hacer un uso pleno de los trabajadores europeos de edad avanzada, aumentar la igualdad de género en el mercado de trabajo y fomentar que las mujeres se conviertan en empresarias. 
El apoyo a las PYMES es crucial para que la UE logre sus objetivos en materia de empleo puesto que las pequeñas y medianas empresas proporcionan dos tercios de la totalidad de puestos de trabajo del sector privado en Europa, y suponen el 98% del total de empresas del R.U. Es de vital importancia un marco regulador adecuado, que incluya la reducción de la burocracia, para las pequeñas empresas y para la creación de empleo. 
Así mismo, tenemos que acelerar las reformas económicas, siendo una prioridad en este programa la plena liberalización de la energía para 2003. Esto no sólo hará que los precios bajen en Europa sino que animará a los suministradores de energía a ser más eficientes. 
Señora Presidenta, todo esto es sólo un pequeño ejemplo de lo que queremos lograr en Estocolmo. 
Espero de veras que podamos alcanzar nuestros objetivos, de tal modo que nuestros ciudadanos se beneficien de una economía dinámica y competitiva. 
Situación en la frontera RFY/Kosovo y ARYM 
Señora Presidenta, creo que estamos ante una dramática situación: por un lado, la política nacionalista del Sr. Kostunica; por otro, la posición muy europea y moderada del Gobierno macedonio, que está realizando un gran trabajo y merece todo nuestro apoyo. 
Pero en medio se halla Kosovo, y debemos dejar claro de una vez por todas que unos cuantos extremistas no representan al pueblo albanés, extremistas, además, con intenciones poco claras. 
Por tanto, debemos conseguir que se celebren inmediatamente elecciones en Kosovo, para fortalecer la posición del Sr. Rugova y dejar claro de qué lado está la mayoría de los albaneses y dónde están las fuerzas democráticas. 
Y todo esto falta en nuestra resolución. 
Por ello quería votar contra nuestra resolución. Me temo que he votado en el sentido equivocado. 
Le pido que proceda a su corrección, y quiero decir muy claramente que esta decisión no está bien ponderada, pues no recoge la cuestión decisiva: las elecciones en Kosovo. 
La resolución común sobre los incidentes en la frontera entre la República Federal de Yugoslavia/Kosovo-Macedonia ilustra patéticamente la impotencia de la Unión Europea para abordar positivamente las cuestiones nacionales. 
Sin embargo, se recurrió a todos los medios: la fuerza, con los bombardeos de la OTAN, las negociaciones, con los múltiples planes de repartición "étnica" de la región. 
Los contenciosos persisten y no es la criminalización de esa comunidad, calificándola de terrorista, ni la intervención del ejército serbio, ni el mantenimiento por la fuerza de compromisos equivocados, lo que permitirán encontrar una solución durable para los Balcanes. 
Condenar la política de Milosevic y otros criminales de guerra, condenar toda intervención militar exterior, en especial la de la OTAN, son requisitos previos de una solución a los conflictos en la región. 
Es a los pueblos a los que corresponde elegir con toda libertad e independencia su destino. 
Los procesos de autodeterminación, de la independencia a la voluntad de la libre asociación, deberían, a nuestro juicio, prevalecer sobre la integridad territorial de una u otra entidad. 
Los Balcanes, y Kosovo en particular, podrán salir de la crisis si se respetan todos los componentes, incluidas las minorías. 
- (NL) La verdadera prevención de conflictos se realiza desde abajo. La llevan a cabo personas que no se sienten oprimidas por nadie y que, en su gran mayoría, están conformes con su vertebración política. 
Resulta, por el contrario, imposible mantener unido a un Estado desde arriba contra la voluntad de la mayoría de los habitantes de uno de sus territorios o salvaguardar las fronteras estatales internacionalmente reconocidas a largo plazo. 
Muy a pesar de los albaneses, las fronteras estatales atraviesan de un lado a otro el territorio que habitan mayoritariamente. Además, en Serbia y Macedonia se encuentran sin querer en una posición de minoría étnica. 
Los albaneses están convencidos de haber recibido un trato injusto cuando en 1913 se les privó de gran parte de su territorio a raíz de la creación del nuevo Estado de Albania después de la separación de Turquía. 
Dicha creencia constituye un buen caldo de cultivo para sublevaciones populares con las que se pretenda reclamar la constitución de la gran Albania que no pudo realizarse en aquel momento. 
Si deseamos evitar que esto suceda hemos de actuar con celeridad. Tal vez podamos conseguirlo si introducimos en Macedonia un sistema estatal de índole federal, a imagen y semejanza del modelo gracias al cual los flamencos y los valones pueden convivir pacíficamente desde la federalización de Bélgica. 
Para combatir el nacionalismo es imprescindible que erradiquemos el caldo de cultivo que lo alimenta, ofreciendo a los implicados una solución que les resulte aceptable. 
Dado que la resolución no abre perspectivas de esperanza y mejora y no elimina las causas de la violencia, no merece mi apoyo. 
Prevención de los conflictos y gestión de las crisis 
. (EN) Los Conservadores británicos apoyan el uso por la UE de determinados instrumentos civiles para ayudar a superar o a aliviar crisis en países terceros. 
Entre estos instrumentos se encuentran la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, el desminado, la supervisión de elecciones, la asistencia financiera y práctica para fortalecer el poder judicial y el estado de derecho y la administración civil, así como sanciones económicas debidamente dirigidas, cuando corresponda. 
Las instituciones de la UE deberían centrar sus esfuerzos en mejorar su eficacia en la provisión de estos instrumentos. 
Sin embargo, nos oponemos firmemente a cualquier idea de desarrollar una "Fuerza de Policía Europea", creemos que la contribución europea a las fuerzas militares de reacción rápida debería conducirse a través de la OTAN y que la "capacidad operativa" relacionada con cualquiera de estos aspectos es una cuestión que corresponde a cada uno de los Estados y no a la UE. 
. (DE) Hace un mes que el Comité de Sabios, presidido por el Barón Lamfalussy, presentó su informe definitivo sobre la regulación de los mercados de valores europeos. 
Además de una referencia a las numerosas ventajas que entrañaría un mercado interior de valores integrado, el informe contiene una propuesta de reforma del procedimiento legislativo en materia de valores que a mi juicio constituye un importante paso en la dirección correcta. 
El procedimiento legislativo actual es demasiado largo y rígido como para adaptarse a una evolución de los mercados de valores mucho más rápida. 
No podemos ir siempre a remolque de la evolución del mercado y al mismo tiempo proponernos objetivos tan ambiciosos como el acordado en Lisboa de convertirnos en 10 años en el espacio económico mayor y más dinámico del mundo. 
Estoy de acuerdo con las líneas generales de la propuesta del Comité Lamfalussy, si bien insisto en el llamado mecanismo de rellamada (mecanismo "call-back") , que permite al Parlamento Europeo, en caso de opinión negativa por su parte o por parte del Consejo, solicitar a la Comisión retirar de nuevo las propuestas del Comité de los Mercados de Valores relativas a las medidas de aplicación. 
La Comisión deberá dar cumplimiento a esta solicitud y presentar una propuesta legislativa en el marco del procedimiento de codecisión. 
Sin embargo, lo más importante es, aun con todas las batallas por la distribución del poder entre el Consejo y el Parlamento, no perder de vista el objetivo de un mercado de valores europeo integrado. 
Nos habíamos propuesto el año 2005 como fecha clave para un mercado interior integrado. 
El tiempo corre y los mercados y economías competidores no duermen. 
Informe von Wogau (A5-0082/2001) 
Señora Presidenta, ayer por la tarde me encontré con el Sr. Karl von Wogau, de cual aprecio su capacidad e inteligencia y del cual soy muy amigo, y le pregunté: "¿ Von Wogau, por qué debo votar a favor de tu informe ?" 
"Fatuzzo ," ¿me lo preguntas por qué quieres saber si hay algo que se refiere a la gente mayor? " 
"Sí, has acertado, von Wogau." 
Von Wogau me contestó: "Mira en la página 7, apartado 12." 
Miré y, en efecto, en la página 7, apartado 12, consta que el Parlamento Europeo "insiste en la necesidad de adaptar los actuales sistemas de seguridad social con el fin de garantizar la seguridad de las pensiones." 
Por esto, me era imposible votar contra un texto tan bueno, tan claro y tan a favor de los pensionistas que desde hace tiempo sólo aspiran a una cosa, a un resultado: contar con la seguridad de las pensiones. 
. (EL) Los informes de este tipo se refieren necesariamente a "términos medios", redondean la realidad y, en consecuencia, ocultan las desviaciones con respecto a la media que presentan ciertas economías. 
El informe, por ejemplo, estima que a escala de la Unión Europea hay ritmos elevados de creación de empleo y reducción del paro; para Grecia, sin embargo, la propia Comisión Europea a principios de marzo indica, entre otras cosas, el aumento del paro, el alto porcentaje de paro crónico y estructural, la baja productividad del trabajo, el elevado grado de presión fiscal sobre los salarios más bajos, etcétera. 
Hoy se deposita en el Parlamento el informe del Gobernador del Banco de Grecia que señala especialmente el gran aumento del déficit de la balanza de pagos del país, que prácticamente se duplicó durante el año 2000, llegando a sobrepasar los 8.000 millones de euros, frente a los 4.500 millones de 1999. 
Este gran aumento del déficit en cierta medida se debe al aumento del precio del petróleo. 
Los datos muestran un importante aumento de las importaciones en sectores productivos tradicionales de la economía griega, con lo que esto implica para la producción, la inflación, el empleo y las rentas. 
Yo habría esperado de este informe un posicionamiento con respecto a las «recomendaciones» dirigidas a Irlanda por el Ecofin. 
¿Habría «recomendaciones» si en el lugar de Irlanda se encontraran Francia o Alemania, o hablaríamos de una «locomotora» de Europa? 
Pienso que informes de este tipo no pueden ocultar el hecho de que hay economías de la Unión Europea que se encuentran aún lejos de la cohesión "real". 
Pese al título, el informe von Wogau no hace un análisis de la situación económica y social de la UE, sino que se limita a repetir generalidades e insistir en el objetivo único de la política monetaria, de la estabilidad de los precios y del control de la inflación por debajo del límite de 2% trazado por el Banco Central Europeo, sin tener en cuenta los reflejos en la economía real, en particular en el empleo. 
Insiste en la aceleración de la liberalización de las telecomunicaciones, los servicios postales, la energía y los transportes, independientemente de sus consecuencias para el empleo, la cohesión regional, las condiciones laborales y un servicio público universal de calidad. 
Sigue previendo una buena situación económica, pese a las señales de debilitamiento de la economía en la UE, que el propio ponente menciona, cuando se debía reflexionar sobre el debilitamiento de la economía en los EE.UU y la recesión económica en el Japón y sus reflejos en la economía europea. 
Insiste en la flexibilización del mercado laboral, cuando existen más de 14 millones de desempleados y casi 65 millones de pobres en la UE, las desigualdades de renta son clamorosas y el empleo es cada vez más precario, pues la mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados son temporales o de jornada parcial. 
Sigue insistiendo en la vía para el euro sin crear los mecanismos necesarios de reducción al mínimo de sus riesgos económicos y sociales. 
Todo en nombre de la sacrosanta competitividad y del concepto abstracto de economía social de mercado. 
Por eso, hemos votado en contra del informe. 
Es que la política económica y monetaria de la UE y de sus Estados miembros debería regirse por la mejora continua de la calidad de vida de sus ciudadanos y por el aumento de la satisfacción de sus necesidades. 
Ese texto es una verdadera mezcolanza que resucita el viejo concepto de "economía social de mercado", para no tener que asumir una orientación profundamente neoliberal. 
Su primera recomendación, y la única concreta, consiste en pedir "insistentemente" que "se adopten todas las medidas necesarias" para que la inflación vuelva de nuevo al umbral fatídico del 2%. 
Sin embargo, ¿cómo tener confianza en los expertos que piensan que las inversiones representan el 5,3 % del PIB en Europa cuando la cifra exacta es del 20,5 % en 2000? 
¿Cómo aprobar la insistencia con la que se reclaman de nuevo, y siempre, "reformas adecuadas" de la seguridad social y una "flexibilización" del mercado laboral? 
La hipocresía política que consiste en aplicar el epíteto "social" a un capitalismo cada vez más desenfrenado, se duplica aquí con una verdadera necedad. 
Haciendo de la inflación el barómetro absoluto de la buena salud económica, se corre sencillamente el riesgo de ahogar la reactivación actual y de diferir a plazos decididamente poco "razonables" la perspectiva de un retorno al pleno empleo. 
Vean ustedes a dónde conduce el alineamiento de los socioliberales en favor de un liberalismo meloso. 
. (DE) He votado a favor de la resolución sobre la situación de la economía europea que la Comisión para Asuntos Económicos y Monetarios ha propuesto en un informe que hemos elaborado con vistas a la recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones en materia de política económica. 
Esta resolución contiene una gran cantidad de ideas razonables que quiero apoyar aquí, sobre todo porque no siempre se redactan de forma tan clara. 
Sorprende que diputados de todas los Grupos hayan declarado que la actual evolución demográfica requiere la introducción de reformas adecuadas para garantizar la eficacia y la seguridad de las prestaciones de los regímenes de Seguridad Social, y que deben fomentarse los incentivos para que los trabajadores de más edad permanezcan voluntariamente en activo durante más tiempo. 
Asimismo, quiero subrayar que ha de acogerse con satisfacción el hecho de que este Parlamento estime que no sólo la política económica y monetaria de la Unión Europea, sino también la de los Estados miembros, deben guiarse los principios de la economía social de mercado, entre cuyos principales elementos han de mencionarse la libertad y la democracia, la competencia, la estabilidad de los precios, un crecimiento sostenible, la subsidiariedad, la solidaridad y la propiedad privada. 
Encuentro igualmente positivo advertir, a la vista de las preocupantes tendencias de subida de los precios en diversos Estados miembros, que deben darse todos los pasos necesarios para mantener la tasa de inflación por debajo del 2% en el segundo semestre de 2001. 
Me satisface en particular que haya sido aceptada mi propuesta en el sentido de no llevar a cabo una liberalización precipitada, sino equilibrada, de las telecomunicaciones, los servicio postales, la energía y los ferrocarriles. 
El hecho de que se insista en una flexibilización del mercado laboral, de un mercado laboral que disponga de los recursos humanos necesarios y que cuente con la formación y educación mejor posible a la vista de las exigencias de una economía internacional orientada hacia el conocimiento, reviste una particular importancia si queremos alcanzar el ambicioso objetivo de convertirnos en esta década en el motor de la economía mundial, como lo fue EE.UU. en los años 90. 
Quiero expresar aquí mi satisfacción a este respecto y espero que no sólo la Comisión, sino también los Gobiernos de nuestros Estados miembros sigan estos buenos consejos. 
Informe Fava (A5-0060/2001) 
Señora Presidenta, no por el hecho de representar al Partido de los Pensionistas, soy competente en materia de observación electoral por parte de nuestras misiones en los demás Estados, sino porque en Italia he constituido el Partido de los Pensionistas y prácticamente llevo veinte años entre papeles, reglamentos y elecciones. En efecto, no hay año en que yo no participe en alguna elección. 
Por esto, quiero hacer hincapié en que he votado a favor, pero ante todo quiero pedir que no hay que ir a los distintos Estados en que se celebran elecciones solo a observar la regularidad de los procesos electorales, sino también a supervisar las propias normas electorales. 
De hecho, hay Estados en que sólo los ricos pueden presentar candidatos a las elecciones, sólo quien posee cadenas de televisión puede lograr ganar las elecciones, sólo quien consigue recoger miles de firmas a través de un determinado notario, etcétera. 
Ésta no es una verdadera democracia. 
Por lo tanto, en estos Estados debemos controlar las propias normas electorales. 
Nos parece acertado que los diputados al Parlamento Europeo participen en la vigilancia de las elecciones. 
Sin embargo, al leer varios puntos del informe uno tiene la impresión de que la labor de estos observadores como misioneros de la UE oculta su papel como observadores electorales. 
Uno tiene la impresión de que lo más importante es meter a la UE en el terreno de juego y ocultar completamente a los observadores de otras asambleas parlamentarias, como, por ejemplo, la OSCE y el Consejo de Europa. 
Esta competencia por la atención de los medios de comunicación nos parece sumamente inadecuada y pensamos que sería mucho mejor una cooperación y una coordinación que tuvieran en cuenta la experiencia de las organizaciones anteriormente mencionadas puesto que las dos tienen gran experiencia en este ámbito y disponen de un círculo de miembros más amplio. 
Es precisamente porque estamos a favor de la promoción de los derechos humanos, especialmente al respeto de las elecciones democráticas, que nos abstenemos en relación con este informe. 
Por lo demás, el propio informe reconoce que la finalidad de estas misiones parlamentarias consiste, en realidad, en valorizar "la mejor imagen posible para la Unión Europea". 
Qué decir cuando se conoce el papel de los Estados y los grupos de interés industriales europeos tales como Elf, en la ayuda a los regímenes dictatoriales africanos que violan sistemáticamente los derechos fundamentales y participan en una corrupción generalizada. 
Por último, si las misiones parlamentarias atraviesan el mundo entero para "iluminarlo" con el ejemplo europeo, bien harían en pararse en Francia, cuestión de hablar sobre las finanzas ocultas de algunos partidos. 
En Porto Alegre, en el sur de Brasil, se lleva a cabo una forma de democracia participativa desde hace más de diez años. Da a los trabajadores que habitan allí no solamente la palabra, sino el poder de elaborar, decidir y controlar las grandes prioridades presupuestarias al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales. 
Una escala europea en este lugar sería probablemente instructiva. 
Informe Väyrynen (A5-0083/2001) 
Señora Presidenta, usted no me va a creer, sin embargo, el otro día me encontré con un grupo de ucranianos, con una delegación de jóvenes de Ucrania que cuando se enteraron que suelo hablar de los problemas de los pensionistas, casi me suplicaron a coro: " ¿Sabe usted que en Ucrania los pensionistas están muy, muy mal? 
¿Es posible que ustedes, los de la Unión Europea, no se preocupen por cómo viven los pensionistas en Ucrania? 
Los pensionistas de nuestro país han vivido bajo el comunismo durante muchos años, cuando eran jóvenes y trabajaban. 
No tenían libertad ni democracia, lo único que tenían que hacer era trabajar y nada más. 
Ahora el comunismo ha caído y se encuentran con una pensión paupérrima, con la que no consiguen siquiera comprar un litro de leche al día. 
Esperamos mucho de ustedes: que se interesen por nuestra economía, así como por nuestras personas mayores que no deben añorar el comunismo. " 
. (SV) Los socialdemócratas suecos opinamos que la energía nuclear no es una fuente energética ecológicamente sostenible. 
Por ese motivo, no podemos respaldar el financiamiento de nuevas centrales de energía nuclear, como lo propone el punto 26. 
Por el contrario, damos nuestro apoyo a las medidas para aumentar la seguridad en las centrales nucleares existentes. 
La estrategia común de la Unión Europea respecto a Ucrania no es sino un programa para acelerar la instauración del liberalismo. 
Las consideraciones relativas al apoyo del proceso de transición democrática no logran disimular el hecho de que la voluntad primera es instaurar la economía de mercado y de libre comercio. 
Nos oponemos radicalmente a esta lógica que pide a las autoridades ucranianas tener como prioridad favorecer "la empresa privada" y la "inversión exógena", establecer en Ucrania, con la ayuda evidentemente de las instituciones financieras europeas e internacionales, "una agencia para la cobertura de riesgos de la inversión extranjera", o incluso acelerar la "reforma del sector agrícola" y la "transición hacia una propiedad privada de las tierras". 
En lo relativo a los considerandos que piden a Ucrania reforzar su sistema de controles fronterizos para llevar siempre más lejos la alambrada de púas de la Europa fortaleza, no pueden sino aumentar las condiciones dramáticas de los refugiados. 
Esta estrategia común sólo conlleva el paro, los desastres sociales y económicos y pobreza para la mayoría de la población ucraniana y permite a los inversores europeos de siempre enriquecerse más. 
Esta es la razón por la que he votado en contra de este informe. 
- (NL) Durante siglos se han sucedido las tentativas de agrupar los territorios habitados por los ucranianos, separándolos del Imperio Austro- Húngaro, Rusia, Polonia y Turquía. 
En 1991 este sueño se hizo realidad inesperadamente. 
Por desgracia, en la actualidad el nuevo Estado independiente de Ucrania, comparable a Francia en cuanto a número de habitantes y superficie, es un país en crisis. 
Visité Ucrania en 1995. En aquel viaje vi fábricas paradas, trenes pestilentes, tranvías estropeados, mendigos, dinero completamente devaluado y una polarización política entre el occidente de talante centroeuropeo y el oriente puesto con los ojos en Rusia. 
Desde entonces las cosas no han ido a mejor. 
Se está librando una batalla sin escrúpulos por el poder y la democracia parlamentaria no tiene la oportunidad de desarrollarse como es debido. 
En principio no soy partidario de conceder ayudas financieras a regímenes opresores en la espera de que de este modo la situación mejore. 
Ello no obstante, los abusos cometidos en Ucrania continúan siendo menos graves que los que se registran en Rusia o Turquía, aparte de que encuentran una mayor resistencia. 
Por eso, estoy de acuerdo en que en este caso aprovechemos las posibilidades de mejora. 
. (DE) El presente informe pone de relieve la importancia que la UE atribuye a Ucrania. 
Resalta los progresos registrados en la evolución del país y en las relaciones de colaboración entre la UE y Ucrania, y no vacila en señalar los puntos problemáticos. 
Primero: la desintegración de la Unión Soviética en diciembre de 1989 dio lugar a la rápida fundación de Estados soberanos e independientes, un proceso fulminante que se cerró prácticamente de la noche a la mañana, pero que no acabó con la especialización y cooperación entre las economías de los diversos Estados que se prolongó durante décadas. 
El proceso de transformación al que la UE trajo consigo, si bien a un ritmo diverso, la desintegración social y unos niveles de pobreza desconocidos para gran parte del pueblo ucranio. 
La UE debe conceder una mayor importancia a la solución de este problema en su colaboración con Ucrania. 
Mientras que la UE y sus Estados miembros perseguían fundamentalmente, bajo el lema de la estabilidad, intereses de mercado, la prolongada colaboración entre los Estados de la CEI recibió una atención mucho menor; podría incluso decirse que fue torpedeada. 
La UE debería, por su propio interés, dar una mayor importancia en el futuro a esta cuestión y tener en cuenta, en su concepción de la participación de Ucrania en la economía mundial, que otros Estados de la CEI se encuentran inmersos en un proceso similar. 
Segundo: el conjunto de consejos dados a Ucrania no es pequeño y seguramente justificado en no pocos ámbitos, al tiempo que será de buena ayuda. 
Pero la política está siempre ligada a los intereses. 
Los problemas llegan cuando, en la intensificación de la colaboración, la política tiende a beneficiar a una sola de las partes. 
La colaboración con Ucrania debe fomentar la estabilidad económica y la seguridad de los miembros de la sociedad, así como impedir la generación de tensiones o contribuir a que éstas disminuyan. 
Estos los verdaderos intereses comunes de la UE y Ucrania. 
Tercero: nadie negará que la OSCE ha desempeñado durante la Guerra Fría un papel importante en la preservación de la estabilidad en Europa. 
En este proceso participaron las dos partes, y las dos partes se han visto beneficiadas. 
Ahora, una década después del final de la Guerra fría, la OSCE debería evolucionar fundamentalmente hacia su conversión en un instrumento de solución pacífica y política de los conflictos. 
Sin embargo, la OTAN camina en la dirección contraria, y con su nueva estrategia apuesta por fortalecerse y por extender su poder más allá de las fronteras de su alianza, fronteras que se desplazan cada vez más hacia el Este, y la UE participa en esta nueva estrategia. 
Considero muy arriesgado incluir en esta estrategia a Ucrania, un país que comparte una gran extensión fronteriza con Rusia. 
Ucrania- y ello vale también para otros Estados de la CEI- debe quedar integrada más estrechamente que hasta ahora en los procesos políticos de solución de conflictos. 
La OSCE proporcionaría el marco adecuado para ello. 
Con la conformación de las nuevas fronteras exteriores de la Unión, este aspecto cobrará un mayor significado, en particular con respecto a Ucrania. 
Informe Carraro (A5-0063/2001) 
Señora Presidenta, en el informe del Sr. Carraro hay una misteriosa palabra inglesa: "cybersquatter". 
A primera vista no se sabe si se trata de un animal en vías de extinción o de algo parecido. En realidad, se trata de piratas de la navegación por Internet. 
Al navegar se viaja en barcos y, en consecuencia, no podían faltar los piratas. 
Son verdaderos piratas, ya que si, por ejemplo, al Sr. Fatuzzo se le ocurre abrir un sitio www.fatuzzo, puede haber alguien que registre su nombre y abra el sitio antes que él y entonces hay que pagar para poder llamarse como uno se llama realmente. 
¿Por qué a nadie se le ha ocurrido distinguir las direcciones con un número, como los números de teléfono, con el fin de evitar la piratería en Internet? 
El informe que examinamos se refiere al lugar que deben ocupar los Estados miembros y la Unión Europea en el sistema ICANN. 
Hay que saber que el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) fue creado en octubre de 1998 con la finalidad de hacer frente a la hegemonía estadounidense en la gestión de Internet, entre los que se encuentran los DNS (sistemas de nombre de dominios) y la atribución de direcciones Internet Protocol. 
El ICANN está constituido por una Junta de Directores de 19 miembros cuyos directores y miembros externos se eligen tomando como base criterios de equilibrio geográfico. 
El ICANN incluye, por último, 4 comités asesores, entre los que se encuentra el GAC (Comité Asesor Gubernamental) en el que participan la Comisión Europea y los Estados miembros. 
Una vez que se toman en cuenta estos elementos, parece evidente que la Unión Europea debe participar con el fin de desempeñar un papel determinante en la gestión internacional de Internet y reforzar la neutralidad del ICANN mediante una fuerte presencia de la Unión Europea, en colaboración con los Estados Unidos y otros gobiernos, a través del Comité Asesor Gubernamental. 
Por lo demás, es importante que la Junta de Directores del ICANN sea geográficamente representativa. 
Sus representantes deben ser elegidos y, ahora Africa debe integrarse con el fin de que todos los continentes estén representados. 
Insisto en el hecho de que la estructura de gestión y el ámbito jurídico en el que evoluciona el ICANN deben basarse en la transparencia, la neutralidad y la independencia. 
Ello implica que el sistema presupuestario y de financiación de esta organización esté basado en criterios de claridad. 
La viabilidad del ICANN puede asegurarse únicamente con estas condiciones. 
La Unión debe velar porque el ICANN respete los protocolos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y coopere con ella en su papel de negociador y protector de los derechos. 
Celebro que el ponente recuerde la importancia de luchar en contra de la fractura digital y ofrecer un acceso lo más amplio posible a Internet. 
En efecto, cuando se menciona el desarrollo de las nuevas redes de telecomunicaciones, ¡este objetivo no puede dejarse en un punto muerto! 
Informe Martinez-Martinez (A5-0057/2001) 
Señora Presidenta, estoy muy satisfecho por el Tratado de Cotonou con el cual se ha constituido la Asamblea Parlamentaria Paritaria entre la Unión Europea y los países ACP. 
Como representante del Partido de los Pensionistas espero que este ejemplo sea seguido por otras asambleas interparlamentarias, así como y ante todo que se cree un grupo de trabajo sobre la situación, la vida y los problemas de las personas mayores y de los pensionistas en los países ACP. 
A nosotros los pensionistas europeos nos interesa que vivan bien también los pensionistas de los países que tienen confianza en la Unión Europea y que se asocian en asamblea interparlamentaria para resolver los problemas comunes. 
Informe Purvis (A5-0080/2001) 
Señora Presidenta, he votado en contra del informe sobre la biotecnología, puesto que en él no se han tenido en cuenta los intereses y necesidades básicos de la agricultura. Ello no significa que me declare por principio contrario al acceso innovador a la biotecnología, pero la agricultura requiere un tratamiento especial, y no puede ser comparada de ningún modo con la situación de la industria. 
Las cuestiones del etiquetado, el rastreo y la responsabilidad revisten una importancia fundamental para los agricultores. 
Para que su actividad productiva sea eficiente, los agricultores están obligados a comprar productos de calidad inmejorable, como las semillas. 
En caso de daños causados por productos modificados genéticamente, los agricultores no pueden asumir responsabilidad civil alguna. 
Esto debe quedar regulado con toda claridad. 
Dado que este Parlamento no se ha pronunciado a favor de aceptar enmiendas modificativas presentadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a este respecto, no he votado a favor de la aprobación de este informe. 
En el ámbito de la agricultura ha de observarse el principio de la evaluación "caso por caso". 
Un examen objetivo y amplio debe contener las ventajas y desventajas de la utilización de plantas modificadas genéticamente. 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe sobre la biotecnología. 
El Partido de los Pensionistas y los pensionistas confían mucho en la biotecnología. 
Saben que se están realizando estudios para lograr que los seres humanos vivan más tiempo. 
Sé que esto no gusta a los Gobiernos que dicen que no hay dinero, pero a nosotros nos gusta vivir lo más posible y bien. 
Y si tal es así, y así es si miramos al Sr. John Purvis: por el solo hecho de elaborar su informe sobre la biotecnología ha rejuvenecido si se puede decir así, ya que, entre otras cosas, él siempre es joven. 
Todos nosotros le admiramos porque tiene una gran vitalidad, un gran interés por su tarea de diputado. 
Es el ejemplo concreto de la persona que siempre es joven. 
Y se ha convertido en más joven todavía preparando este informe. 
Entonces, es verdad que la biotecnología nos alargará la vida en el futuro. 
La resolución que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, a raíz del informe Purvis sobre el futuro del sector de la biotecnología, nos parece demasiado tranquilo, e incluso a menudo ocultar una trampa. 
Es por ello que la delegación MPF no votó en su favor. 
La resolución, especialmente en su apartado 32, trata de amalgamar la cuestión de la ingeniería genética en el ámbito médico y el de las biotecnologías en el ámbito agrícola. Quizás con el fin de hacer aceptar mejor la segunda. 
En realidad, si en ambos casos se trata efectivamente de una operación sobre los genes, los problemas que plantea son diferentes. 
En medicina, se trata de ayudar evidentemente a determinadas personas, cuya existencia se vería gravemente en peligro en ausencia de la intervención. 
En agricultura, por el contrario, el objetivo es sumamente amplio, incluso indeterminado e indefinido, puesto que se trata de poner en práctica producciones que pueden afectar el entorno en general o la salud de millones de consumidores. 
En sentido inverso, la ingeniería genética en el ámbito médico plantea sin duda alguna problemas éticos más serios que en otros terrenos, y nos parece que la resolución Purvis, en su apartado 61, se refugia detrás de piadosas generalidades evitando abordar claramente el problema de mayor actualidad hoy en día: el de la clonación terapéutica. 
En el curso de la votación, la Asamblea plenaria no ha querido pedir francamente la supresión de la moratoria de hecho sobre la liberalización de los organismos modificados genéticamente. 
Sin embargo, de todas manera aprobó un apartado 34 que "Deplora las acciones gubernamentales para bloquear o retrasar la autorización de productos genéticamente modificados por razones que no se basan en una opinión científica objetiva", que puede venir a ser lo mismo, en función de lo que se entienda por "opinión científica objetiva". 
Estaríamos más tranquilos si la resolución hubiera dicho claramente cuál es el gobierno que, a su juicio, retrasa de este modo las autorizaciones de manera condenable. 
Otro defecto de la resolución: se felicita, en el apartado 36, del acuerdo establecido hace un mes entre el Parlamento y el Consejo sobre el procedimiento de liberalización de los OMG. 
Sin embargo, nosotros mismos habíamos criticado este acuerdo, debido a que establece procedimientos de liberalización sin que estén todavía establecidas la rastreabilidad, la responsabilidad o la obligación de seguridad de los que produzcan y comercialicen. 
Efectivamente, la resolución exige paralelamente garantías de las pruebas y el etiquetado, pero se rechazó una enmienda 6 que exige normas de responsabilidad y seguridad. 
Por último, como si ello no bastara, la resolución pide que la Autoridad Europea de la seguridad alimentaria se encargue de autorizar los organismos modificados genéticamente, lo que de ninguna manera nos conviene, ya que deseamos que cada Estado conserve en este ámbito esencial un derecho de salvaguardia nacional. 
Con el informe Purvis, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía pide al Parlamento Europeo alinearse de acuerdo con las posiciones de las grandes empresas privadas en el sector de las biotecnologías y promover sus intereses particulares. 
Pide insistentemente a los Estados miembros alentar a la industria privada a penetrar aún más en las universidades y los centros públicos. 
Hace un llamamiento a los investigadores para que participen en la creación de empresas privadas. 
Desea más movilidad entre universidades y sector privado. 
Se felicita por el progreso de los mercados financieros y favoriza las stock options. 
Pide a las empresas que desempeñen un papel activo en "la información" del público sobre los organismo modificados genéticamente- ¡como si no estuviéramos ya sometidos a campañas generalizadas de publicidad ideológica de la parte de estos grupos industriales! 
La resolución presentada por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía encabeza la embestida en favor de la producción de los organismos modificados genéticamente. 
Pretende que ninguna opinión científica objetiva puede fundamentar su falta de liberalización. 
Pide que se levante inmediatamente la "moratoria de hecho" que frena su comercialización. 
Quiere que se autoricen los ensayos sobre el terreno, mientras que la diseminación salvaje de organismos modificados genéticamente se volvería inevitable. 
Algunas consideraciones sobre la necesidad de elaborar "directrices éticas" no pueden ocultar lo esencial: esta resolución es un arma en contra de todos los malos ciudadanos que se movilizan hoy día en relación con esta cuestión. 
. (NL) Los partidarios de un mayor desarrollo y de la aplicación de la biotecnología esperan todo tipo de ventajas. 
Sin embargo, no pueden demostrar que esta evolución no vaya acompañada de enormes inconvenientes. 
Por otra parte, los detractores de una pronta aplicación de la biotecnología no pueden probar que las desventajas sean tales que sería preferible no aplicarla nunca. 
La verdad sólo se conocerá a largo plazo, tal vez dentro de 30 ó 50 años. 
Entretanto hay que tener paciencia y tenemos que seguir investigando. 
Es precisamente esa paciencia la que echo en falta en la propuesta del Sr. Purvis. Da muestras de todo lo contrario. 
Como continuación de lo que se comentó aquí con motivo del informe Bowe, el ponente pretende ahora obstaculizar la aplicación independiente de la moratoria por parte de los Estados miembros con objeto de fomentar la rápida aparición de aplicaciones comerciales. 
Es curioso que los partidos políticos presuntamente cristianos, agrupados en el PPE, abran de par en par la puerta a algo de lo que en este momento no saben si después van a tener que interpretarlo como una mejora de la Creación de Dios o como una enésima contribución a la progresiva destrucción de la misma. 
Habría sido más lógico que estos partidos hubieran adoptado una actitud más combativa ante este tema, en lugar de centrar todas sus críticas en la clonación terapéutica y la eutanasia voluntaria. 
Tal como me opuse en su día al informe Bowe rechazo ahora, con mayor vehemencia si cabe, el informe Purvis. 
. (SV) Los cristianodemócratas suecos queremos hacer notar que hemos votado en contra de las partes segunda y tercera en la votación parcial del punto 36. 
En ellas se sostiene, erróneamente, que "ya existe en la UE un claro marco regulador de la liberación de organismos modificados genéticamente, el cual garantiza un máximo de protección de los consumidores y del medio ambiente" y, también erróneamente, que "ya no estaría justificado el mantenimiento de la moratoria que de hecho existe en relación con la liberación de los organismos modificados genéticamente". 
También hemos dado nuestro apoyo a la enmienda 8, que llama la atención sobre la situación que lleva a agricultores y a naciones enteras a depender de grandes empresas que poseen patentes genéticas. 
Los cristianodemócratas suecos queremos subrayar que la información genética personal es uno de los derechos individuales esenciales y, por esa razón, merece ser protegido, a fin de que terceras partes, tales como empresas aseguradoras privadas, empleadores, autoridades públicas, intereses comerciales y otros similares no tengan acceso a ella ni puedan utilizarla. 
Por este motivo hemos dado nuestro apoyo a enmiendas con esta orientación, especialmente la enmienda 27. 
. (EN) En tanto que una Europa de valores estamos comprometidos con la garantía de la ética, de la exigencia de responsabilidad y de la transparencia como partes integrantes de todos nuestros actos. 
En el campo de la producción de alimentos, nuestros ciudadanos nos han marcado como reto que la alimentación sea segura y que existan precauciones adecuadas que garanticen este fin así como responsabilidades y sanciones apropiadas frente a cualquier violación que produzca daños a las personas o al medio ambiente. 
Estamos asistiendo en la actualidad a las consecuencias trágicas y devastadoras de la EEB y la fiebre aftosa y hay un consenso en la UE en el sentido de que debemos volver a examinar el fundamento mismo de nuestro sector agrícola. 
Existe en la actualidad un llamamiento unitario a favor de un nuevo análisis de la producción de alimentos orgánicos y diseñados por ordenador promovido y apoyado en nuestras instituciones. 
A la luz de estas consideraciones, creo que la UE debe extremar las precauciones a la hora de abrazar la industria biotecnológica sin que existan los mayores cuidados y precauciones. 
El propio EE.UU., a la cabeza en el campo de la industria biotecnológica, se enfrenta a las dificultades derivadas de un rápido avance del sector de producción de alimentos genéticamente modificados en el que la participación del sector privado ha dado lugar a un mercado dominado por compañías globales y a la desaparición de los pequeños productores que no pueden competir con la agricultura "empresarial". 
No parece que se haya protegido ni respaldado a las PYMES agrícolas en el mundo de la producción de alimentos genéticamente modificados. 
Debo votar en contra del informe Purvis por una serie de razones. 
Creo que la promesa de curar enfermedades, aumentar la producción, limpiar el medio ambiente, etc. todavía tiene que probarse. 
De hecho, en EE.UU., entiendo que muchos cultivos de OGM no han supuesto un aumento de la producción sino incluso una posible disminución. 
La extensión de la ingeniería genética en los campos y en la alimentación dará lugar, sin duda, a una mayor intensificación de la agricultura, pero qué ocurre con los riesgos para la salud de los productos genéticamente modificados; la Comisión Europea ha prohibido el uso de la BST (Hormona del Crecimiento Bovino genéticamente modificada que se utiliza para aumentar la producción de leche en EE.UU.) por motivos sanitarios. 
La BST no se permite en ningún país salvo en EE.UU. Se ha documentado un importante aumento de las alergias a la soja, que ahora está genéticamente modificada en un 50%. 
En cuanto al levantamiento propuesto de la moratoria sobre los cultivos de OGM, la transferencia genética es ahora un hecho probado. 
En mi propio país, Irlanda, ¿qué esperanza tienen los cultivos no genéticamente modificados de protegerse de este tipo de contaminación? 
¿Cómo podremos seguir produciendo alimentos orgánicos en cultivos como el maíz y los cereales? 
¿Cómo podemos determinar si las futuras propuestas de etiquetado y seguimiento son adecuadas si todavía no sabemos exactamente cuáles deben ser? 
En cuanto al Protocolo de Cartagena, hay que decir que la propia Comisión Europea intentó oponerse a las cláusulas que introducían lo recogido en Cartagena en la directiva 90/220. 
Este informe desgraciadamente desdeña los alimentos orgánicos por ser incapaces en la actualidad de proporcionar alimentos suficientes para Europa dado que no son rentables. 
Los productores orgánicos me aseguran que ellos pueden rebatir esta afirmación. 
Hay muchas otras cuestiones, entre ellas un sistema de patentes casi ilimitado, que me obligan a votar en contra de este informe. 
Por último, en cuanto a los problemas éticos que rodean a la ingeniería genética, el modelo estadounidense que estamos utilizando como referencia ha producido, sin ninguna duda, una vulneración de la protección de la dignidad del ser humano. 
Vemos ahora cómo algunos miembros de nuestra familia humana están siendo utilizados como objetos de investigación y la clonación de niños en su fase embrionaria es inminente dentro de nuestra propia Comunidad Europea. 
Ante todo, quiero rendir sinceramente homenaje a nuestro ponente, el Sr. Purvis, que nos presenta un informe muy completo, un análisis muy detallado del sector de las biotecnologías, en sus diferentes aplicaciones, de la medicina a la agricultura, y en sus diversos aspectos, del aspecto industrial al ético. 
Una vez dicho esto, quiero, no obstante, expresar mi desconfianza hacia una cierta filosofía utilitarista, que tendería a afirmar que el fin justifica los medios y que, en definitiva, basta con dejar hacer lo que quieran a los que los explotan y que el mercado lo regulará todo. 
Expreso también desconfianza hacia una ideología del progreso, de la que se valieron también los nazis y los estalinistas; afirmo que las preocupaciones éticas en este expediente no son un epifenómeno, sino que deben ser primordiales, ya que con las biotecnologías se afecta el núcleo mismo de la vida, en lo que tiene de más misterioso y más sagrado. 
Las biotecnologías son un sector sumamente vasto, que va desde la inocente utilización de fermentaciones bacterianas, conocidas desde el alba de la humanidad, con la fabricación del pan y la cerveza, hasta las manipulaciones genéticas sobre el hombre, donde se afecta la esencia misma de la humanidad, en lo que tiene de más íntimo, en su patrimonio hereditario, superando pues al individuo para alcanzar lo inmortal. 
El informe del Sr. Purvis demuestra un inmenso entusiasmo hacia las biotecnologías, de las que espera los mayores beneficios para la humanidad; ciertamente, menciona los riesgos inherentes a las biotecnologías, así como los problemas éticos que plantean; pero quiero llamar su atención sobre el hecho de que, hasta ahora, estos beneficios todavía están por probarse, parece que actualmente los beneficios entran únicamente en el activo de las empresas, mientras que los riesgos siguen siendo el pasivo de los ciudadanos y del medio ambiente. 
Terminaré citando, para destacarlos, dos pequeños artículos sobre el informe del Sr. Purvis, que merecen ser puestos de relieve: 
Artículo 60: Desea (el Parlamento Europeo) que la tecnología sea explotada en beneficio de la sociedad de conformidad con los valores fundamentales y los principios éticos de los ciudadanos europeos, su cultura y su civilización, y con este fin considera necesario desarrollar directrices éticas; 
Artículo 61: Insiste en que el deseo de la opinión pública de que se pongan límites éticos a la tecnología genética y a la biotecnología está justificado. 
Es importante que el PE se pronuncie sobre el futuro de la industria de la biotecnología no sólo porque en el futuro será una industria de vanguardia, sino también y sobre todo por las cuestiones éticas y socioeconómicas que plantea, como, por ejemplo, en el caso de los OGM, la genética y los medicamentos. 
Por desgracia, el informe del PE, elaborado por el Sr. Purvis, no aborda estas cuestiones, sino que presta voz de forma parcial y peligrosa a todos los intereses de las grandes multinacionales del sector. 
Se encamina por una lógica de liberalización y generalización de utilización de productos, en nombre de causas buenas, cuyas consecuencias cabales para el medio ambiente y para la salud humana se desconocen, además de suscitar cuestiones éticas profundas, como las modificaciones genéticas y el patentado de la vida y del medio natural, que es patrimonio de todos nosotros. 
La lógica de la rentabilización y del lucro sin evaluación, mueve a la industria, para compensar los elevados costos de investigación, a desear poner en el mercado productos cuya seguridad no está garantizada y que, por otro lado, crean la dependencia económica de sus usuarios, como sucede en la agricultura con los OGM. 
Por otro lado, en el nivel de los medicamentos y de su patentado, se crea una exclusión de los países en vías de desarrollo y de la capas más pobres de la población como está sucediendo, inadmisiblemente, con la actuación de multinacionales en el Brasil y en África del Sur. 
Por eso, rechazamos este informe. 
Ésta es una de las esferas en que la investigación debería ser de dominio público y no estar gestionada por intereses privados, al ser necesario garantizar la equidad de los beneficios y la necesaria evaluación del riesgo. 
(La sesión, interrumpida a las 13.06 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Acceso a los medicamentos para los enfermos de sida en el Tercer Mundo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0182/2001 de los Sres. Sauquillo Pérez del Arco, Kinnock, Carlotti y Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el acceso a los medicamentos para las víctimas del VIH/sida en los países en desarrollo; 
B5-0195/2001 de los Sres. Dybkjær, Thors y Maaten, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el acceso a los medicamentos para las víctimas del VIH/sida en el Tercer Mundo; 
B5-0202/2001 de los Sres. Rod, Lannoye, Lucas y Maes, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el acceso a los medicamentos para los enfermos de sida en Sudáfrica; 
B5-0212/2001 de los Sres. Wurtz, Miranda, Eriksson, Vinci, Manisco, Alyssandrakis y Frahm, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre el acceso a los medicamentos para los enfermos de sida en el Tercer Mundo; 
B5-0221/2001 de los Sres. Maij­Weggen, Johan Van Hecke y Corrie, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos y Demócratas Europeos) , sobre el proceso entablado por treinta por treinta empresas farmacéuticas contra el Gobierno de Sudáfrica con motivo de la importación a bajo precio de medicamentos contra el VIH/sida. 
El acceso justo a los medicamentos para luchar contra el VIH y otras enfermedades es, en mi opinión, un asunto de gran importancia. 
Si se tiene en cuenta que en Sudáfrica el 50% de los nuevos infectados con el SIDA son jóvenes menores de 25 años, es decir, que un joven sudafricano de 15 años tiene un 50% de posibilidades de contraer la infección, y si se considera qué efectos produce esta situación en estos jóvenes- la capa social más activa- y en el desarrollo del país, ha llegado ya sin duda, a mi juicio, el momento de que digamos algo sobre esta cuestión y enviemos una señal en la dirección correcta. 
Deseamos que se fomente y facilite el acceso justo a los medicamentos y a las vacunas. 
Por ello, acogemos con satisfacción la posición del Comisario Lamy, que abogará por los países en desarrollo y su derecho a presentar en la OMC- y en los acuerdos TRIPS- una cláusula de protección. 
Debemos trabajar por que estos medicamentos que salvan vidas puedan adquirirse al precio más bajo posible. Ello entrañará para Europa el fomento de la transferencia de tecnologías y de las capacidades de producción. 
Si nos planteamos seriamente al cuestión del desarrollo a nivel global, tanto Europa como los demás participantes deben dar respuesta a estas exigencias y medidas fundamentales. 
Señor Presidente, los resultados de la terapia medicinal contra el sida dependen entre otros factores de si dichos medicamentos se administran en la forma debida, en el momento oportuno, en una dosis adecuada y bajo asistencia médica. 
Desde este punto de vista desempeñan un papel crucial el grado de desarrollo de la infraestructura local y la estabilidad de los cuidados sanitarios. 
Los medicamentos surtirán el máximo efecto si se garantiza un suministro continuado y un tratamiento especializado. 
De lo contrario, se corre el peligro de iniciar tratamientos erróneos o insuficientes. 
La lucha contra el sida requiere una mejora estructural de las condiciones sanitarias locales, así como el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Por ello son bienvenidos todos los esfuerzos que la Unión Europea emprenda en este sentido. 
Es la única forma de garantizar un desarrollo duradero. 
Muchas personas están perdiendo la vida a corto plazo. Por tanto es recomendable que optemos sin mayor demora por la introducción de medicamentos asequibles, tal y como se reclama acertadamente en la resolución. 
La resolución se refiere a la paupérrima África. Sin embargo, no podemos olvidarnos del Caribe y del sureste asiático, donde este problema también está causando enormes estragos. 
Señor Presidente, creo que podemos estar satisfechos- en todo caso, mi Grupo lo está- de que este debate intervenga no solamente en un momento importante en el que tiene lugar un proceso que moviliza a la prensa internacional, proceso que actualmente está suspendido en Sudáfrica, pero que tiene un valor emblemático: se trata efectivamente de saber si las poblaciones pobres tienen un derecho prioritario a acceder a los medicamentos susceptibles de aliviar sus sufrimientos o de evitarles la muerte. 
Se trata de un problema esencial, y me alegro con doble razón de que los principales Grupos de este Parlamento hayan dado su acuerdo a este texto común que contiene un mensaje importante. 
El primer mensaje se dirige a las industrias farmacéuticas, para que retiren su demanda contra Sudáfrica, lo que es importante, y el segundo mensaje, que deseamos, en el marco del acuerdo TRIPS sobre la propiedad intelectual, una interpretación clara, incluso una revisión de este acuerdo. 
Es preciso felicitarse de que seguramente la Comisión Europea, a través del Sr. Lamy, siga esta vía. 
Por tanto, quiero asociarme a los diputados que intervinieron anteriormente. 
Una última cifra antes de concluir: en lo que respecta al sida, hay que saber que los medicamentos con patente cuestan aproximadamente cien veces más caros que los medicamentos genéricos, que tienen el mismo efecto, que se fabrican en los países donde la patente todavía no es la norma. 
Esto es lo que ocurre especialmente de la India, lo que nos debe hacer tomar seriamente conciencia de la oportunidad de tener un sistema de protección de la propiedad intelectual en un ámbito como éste, donde es vital que las personas dispongan de medicamentos. 
Me parece que el debate va a iniciarse de nuevo con este proceso, y que adquirirá fuerza además gracias a la posición interesante que adoptará el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, existe en la Constitución francesa, procedente de la Revolución de 1789, un deber de rebelión que parece resumir perfectamente nuestro debate. Deber de rebelión para los 34 millones de personas enfermas de sida. 
De éstas, el mayor número- más de cuatro millones de personas infectadas- vive en Sudáfrica. 
No hay nada más normal, de cara a una catástrofe que todos están de acuerdo en calificar de humanitaria, sanitaria, demográfica, económica y social que querer hacer todo lo posible por salvar a los suyos. 
¿Es preciso recordar que, gracias a los tratamientos, se ha prolongado y mejorado considerablemente la vida de los enfermos de Occidente cuando en Africa, en Brasil, los enfermos mueren, ya que sólo el 5% de entre ellos se benefician del tratamiento a causa del coste demasiado elevado de los medicamentos. 
Por ello, Sudáfrica se dotó, en 1997, de una ley que permite que sus enfermos se beneficien de cuidados adecuados. 
Creo que es irresponsable de la parte de industria farmacéutica haber bloqueado esta legislación. 
En efecto, durante este período, contrajeron el sida 400.000 sudafricanos. 
Atacando a Brasil en la Organización Mundial de Comercio por hacer, gracias a sus propios tratamientos, descender a casi la mitad la progresión de la epidemia del sida, los Estados Unidos demuestran un cinismo igualmente lamentable. 
No solamente deben abandonarse estas demandas, sino más todavía, es preciso contribuir de manera urgente a la revisión de las regulaciones comerciales internacionales en un sentido más ventajoso para la salud humana. 
Madres de familia que no tienen acceso al AZT dan a luz bebes enfermos del sida, condenados desde su nacimiento. 
¿Es este el sentido del humanismo y la solidaridad que imprimimos en nuestros textos? 
Creo que es preciso replicar, señor Presidente, ante la indiferencia de las 34 industrias farmacéuticas y afirmar el principio de excepción sanitaria. 
Si no se proclamara este principio, pediríamos a la Comisión que suspenda las ayudas a la inversión de las que se benefician todas las sociedades europeas mientras no retiren su demanda contra Sudáfrica. 
Y más allá, debemos ir hasta la creación de un Fondo mundial de solidaridad, cofinanciado por la industria farmacéutica. 
Ya que, frente a su indiferencia y teniendo en cuenta los importantes beneficios que realizan, debemos obligarlas a invertir en la investigación y preparación de una vacuna, prioridad absoluta. 
Señor Presidente, el proceso incoado por 39 empresas farmacéuticas contra el Gobierno sudafricano con motivo de la venta de medicamentos baratos para los enfermos de sida supone a la vez un drama y un dilema. 
Un drama porque en Sudáfrica, donde millones de personas mueren de sida, el problema está adquiriendo proporciones inconcebibles. 
Es uno de los muchos países que han de afrontar esta enfermedad. 
El 95% de los infectados se concentra en los países en vías de desarrollo. 
África cuenta más de 25 millones de enfermos de sida, de los cuales cuatro millones viven en Sudáfrica. 
En 2010 la esperanza de vida en África habrá disminuido en 20 años. 
En este momento la mitad de los jóvenes sudafricanos ya corre el peligro de fallecer como consecuencia de esta enfermedad. 
Todos estos países están sumidos en una auténtica tragedia. 
Gracias a los medicamentos que se han venido desarrollando hasta la fecha el número de muertos por sida ha bajado en un 75% en Europa y los EEUU. Por desgracia, estos medicamentos son tan costosos- en términos neerlandeses 30.000 florines al año por paciente- que resultan inaccesibles e impagables para los enfermos de sida en África. 
Es, por tanto, comprensible que los países africanos busquen soluciones alternativas, optando por los medicamentos falsos o las importaciones paralelas. 
No olvidemos que para millones de personas se trata de un asunto de vida o muerte. 
La diferencia de precio oscila entre 30.000 y 450 florines. 
La incoación de un proceso judicial no nos parece la mejor manera de resolver estos problemas. 
Conviene buscar soluciones consensuadas, tal y como se ha hecho en Senegal, Costa de Marfil y Uganda, donde cinco empresas farmacéuticas y tres Gobiernos colaboran en la preparación de medicamentos sustancialmente más baratos. A esto se añade que la industria farmacéutica tiende a extremar sus costes. 
No hay que perder de vista que este sector obtiene beneficios astronómicos, especialmente en el ámbito de la cosmética y productos como tranquilizantes y complejos vitamínicos. 
Los medicamentos para los enfermos de sida tan sólo constituyen una mínima parte del volumen de negocios. 
Por eso, somos partidarios de que los juicios en Sudáfrica se suspendan y de que se busque una solución aceptable. 
Así las cosas, rogamos a la Comisión que retire su anterior carta al Gobierno sudafricano, en la que se compromete a respaldar el proceso incoado por la industria farmacéutica, y que ponga todo su empeño en la aplicación de la normativa TRIP acordada en el marco de la OMC. 
Europa ha de mostrarse solidaria con los enfermos de sida en lugar de defender el derecho del más fuerte y más rico. 
Señor Presidente, la lucha contra el SIDA no es cuestión sólo del precio de los medicamentos. 
Se necesita financiación para infraestructuras, para hacer pruebas al paciente, para diagnosticar y para controlar su evolución. 
Luego viene el acceso a las medicinas. 
Por supuesto, el precio es importante. 
Las empresas farmacéuticas han reducido sus precios. 
Pero, incluso si el precio de los medicamentos es de 10 dólares lo importante, es ¿tenemos la voluntad de financiar la adquisición? 
En este asunto nos estamos poniendo demasiado sentimentales. 
Asegurémonos de que contamos con una estrategia para financiar la compra. 
Los gobiernos de estos países pobres no disponen de los fondos, incluso aunque el tratamiento de un paciente cueste sólo 10 dólares. 
La buena noticia es que los precios han descendido y que pueden descender aún más si ponemos a las empresas farmacéuticas de nuestro lado. 
La mala noticia es que necesitamos organizar la financiación. 
Espero, como ponente, diseñar un paquete financiero que sea viable y que beneficie a los más pobres que están sufriendo, sin ponerse emotivos, sin recomendar una solución que requiera miles de millones, que yo sé que no van a llegar. 
Señor Presidente, señor Comisario, el sida es una de las tragedias más graves del mundo. 
Por eso mismo, la lucha contra el sida en África debe convertirse en un objetivo de máxima prioridad. 
Es imprescindible que en los países en vías de desarrollo los medicamentos básicos contra el sida y otras enfermedades graves como la malaria o la tuberculosis puedan adquirirse gratuitamente o por un precio insignificante y, por tanto, asequible. 
Es por lo que la presente resolución merece todo mi apoyo. 
Por todo lo anterior, debemos respaldar urgente e inequívocamente al Gobierno sudafricano en su lucha por la adquisición de medicamentos baratos. 
Coincido, sin embargo, con el orador anterior en que los medicamentos baratos por sí solos no bastan para combatir el sida. 
Es fundamental que se desarrolle la infraestructura médica para que los medicamentos puedan administrarse de forma controlada. 
Hacen falta más laboratorios y personal especializado. 
Además, se necesitan cosas tan sencillas como frigoríficos. Pero esto tampoco es suficiente. 
Es importante que se acuda a las bases sociales: organizaciones de mujeres, sindicatos, escuelas. Hemos de implicarlas mucho más en la lucha contra las enfermedades mortales. 
Todo ello requiere mucho dinero, así como una nueva iniciativa. 
Soy partidaria de que se cree una asociación europea financiada con fondos comunitarios y nacionales procedentes de contribuciones públicas y privadas, una combinación de ayudas destinadas a la investigación y a la cooperación al desarrollo. Las ayudas a la investigación deben emplearse en la realización de estudios científicos, en tanto que la ayuda a la cooperación al desarrollo ha de destinarse a la construcción de la necesaria infraestructura social y médica. 
Estamos ante un tema que continuará formando parte de nuestro orden del día durante los próximos meses. Espero con ilusión que este Parlamento colabore estrechamente en esta materia. 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya la propuesta con toda claridad. 
Yo me manifiesto, en primer lugar, como médico y profesor de la Facultad de Medicina, y recuerdo que nosotros abrazamos la medicina y la ciencia, no para hacer dinero, sino para salvar vidas humanas por la salud; en segundo lugar, me expreso como europeo, e indico que Europa posee una deuda histórica tremenda con África, por hallarse detrás de un proceso secular que ha empobrecido al continente africano. 
Por ello, debemos contribuir a solucionar los problemas gravísimos que hemos desencadenado; y, en tercer lugar, soy un hombre de izquierdas, y, como tal, señalo que cuando entran en conflicto el bienestar y las necesidades de la población con intereses monopolísticos de una pequeña parte de las empresas, hay que defender a la población y hacer compatibles unos y otros intereses. 
Señalo, asimismo, que los fondos de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional han contribuido a empeorar la situación. 
. 
(EN) Señor Presidente, me gustaría hacer los siguientes comentarios acerca del acceso a medicinas para el VIH o el SIDA en países en desarrollo, o lo que nosotros preferimos llamar el debate sobre medicamentos claves asequibles. 
Me remito básicamente a lo que mis colegas, los Comisarios Nielson y Lamy, ya han dicho en sesiones anteriores. 
Desde hace ya más de un año, la Comisión está firmemente comprometida en hacer frente a la necesidad urgente de acción en materia de enfermedades transmisibles que tienen efectos dramáticos en las vidas de tantas personas, en particular, de aquéllas más vulnerables que viven en los países y regiones más pobres del mundo. 
La Comisión aprobó una comunicación sobre VIH/SIDA, malaria y tuberculosis como reacción rápida en septiembre del año pasado y ha adoptado recientemente el consiguiente programa de acción. 
El nuevo marco político comunitario está siendo debatido en muchos foros internacionales y también a escala nacional y regional con los países en desarrollo, la sociedad civil, la industria, el Parlamento Europeo, los Estados miembros, las agencias de la ONU, el gobierno de EE.UU., el G8 y muchos otros. 
Este proceso de consultas proseguirá durante algún tiempo hasta que la Comisión formule planes de trabajo específicos con todos los agentes implicados. 
En estos debates, la cuestión de que los medicamentos clave sean asequibles suele ocupar la posición preponderante. Ello puede ir en detrimento de la atención urgente que sigue necesitando la prevención, el refuerzo de los sistemas sanitarios en los países en desarrollo y las soluciones a largo plazo de los problemas, es decir, el desarrollo de una vacuna contra el SIDA o la malaria. 
En nuestro nuevo marco político, intentamos combinar los distintos niveles de necesidades de intervención en cuanto a prevención y cuidados, e incluso cura en los casos de malaria y tuberculosis, y en cuanto al nivel nacional, regional, internacional o global. 
Abordar el problema de las medicinas asequibles nunca debería impedir atender a los esfuerzos de prevención, ni afectar negativamente el debate sobre investigación y desarrollo. 
Todos estos aspectos son complementarios y seguiremos tratándolos de modo complementario e integral, sin permitir que uno de ellos vaya en contra de otro. 
Nosotros apoyamos firmemente el compromiso internacional de escalonar los precios como el medio más eficaz a corto plazo para aumentar la posibilidad de adquirir las medicinas. 
La Comunidad respaldará, a través de sus programas de asistencia técnica y asistencia al desarrollo, el refuerzo de las políticas farmacéuticas y de las capacidades de producción global en países en desarrollo como mecanismos a medio plazo para aumentar las posibilidades de compra. 
Nosotros insistiríamos en que el debate siguiera siendo más amplio, incluyendo una acción específicamente orientada a favor de aquellos millones de personas que sufren y mueren de malaria y tuberculosis y, que, al igual que los infectados con el VIH o que los que padecen el SIDA, no pueden sencillamente permitirse pagar las medicinas. 
Como saben, el tratamiento de la malaria y la tuberculosis- aunque con problemas- existe. 
Cuesta entre 10 y 25 dólares estadounidenses tratar a un paciente de malaria y 11 dólares estadounidenses tratar a pacientes que sufren de tuberculosis. 
El VIH o el SIDA implica medicinas que tienen un precio muy por encima del potencial de los más pobres y más vulnerables. 
Por último, yo instaría al Parlamento a que no pierda de vista la necesidad de desarrollo de vacunas contra el SIDA y la malaria. 
Las crisis seguirá existiendo e incluso empeorará a no ser que se mantengan los esfuerzos en materia de prevención. 
Desarrollar y disponer de las vacunas llevará algún tiempo. 
Sin embargo, estamos en el buen camino y necesitamos avanzar urgentemente. 
Afganistán 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0184/2001, del Sr. van den Berg y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Afganistán y la destrucción del patrimonio cultural; 
B5-0194/2001, del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la situación en Afganistán y la destrucción del patrimonio cultural; 
B5-0196/2001, de la Sra. Malmström y el Sr. Di Pietro, en nombre del Grupo ELDR, sobre la destrucción de las estatuas históricas en Afganistán; 
B5-0203/2001, del Sr. Vander Taelen y otros, en nombre del Grupo de Los Verdes/ALE, sobre la situación en Afganistán, incluyendo la destrucción del patrimonio cultural y artístico mundial; 
B5-0213/2001, de la Sra. Fraisse y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Afganistán, incluyendo la destrucción de la herencia cultural; 
B5-0219/2001, de la Sra. Muscardini y otros, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Afganistán y la destrucción de la herencia cultural; 
B5-0222/2001, de la Sra. Pack y otros, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la situación en Afganistán. 
Señor Presidente, señor Comisario, tengo que empezar con el comentario triste de que las estatuas ya han sido destruidas y que, por tanto, los acontecimientos nos han superado. 
No obstante, como acto fúnebre, y como aviso al mundo, nuestra resolución tiene una considerable resonancia. 
Es evidente que la supresión de los derechos de las mujeres en Afganistán continúa a grandes pasos. 
Yo procedo de una tradición cultural y religiosa distinta de la de aquéllos que erigieron las estatuas de Buda de Bamiyan en el siglo II, pero creo que todos nosotros compartimos un patrimonio común y el derecho a la libertad de movimientos, a la educación y al empleo con independencia del género. 
Refiriéndome en particular a las estatuas, esta destrucción ha sido mucho más que un mero acto insensato de violencia de un régimen que parece pretender catapultarnos de vuelta a la Edad Media. 
Todos nosotros, con independencia de nuestro credo, nacionalidad o ideología política, hemos perdido un elemento irremplazable del patrimonio común que nos une en esta tierra. 
Uno de los principios fundadores de la Unión Europea es que la tolerancia religiosa y cultural es consustancial a una sociedad democrática y civilizada. 
Este debate, por tanto, no sólo deja constancia de nuestra indignación hacia los talibanes, es también un recordatorio de que existen fuerzas de las que debemos protegernos. 
Los talibanes pueden ver la destrucción de los Budas simplemente como la demolición de unas piedras. 
Pero nosotros en Europa sabemos que no es así. 
Sabemos que la quema de libros significó mucho más que la quema de libros. Significó algo totalmente distinto. 
Al recomendar mi resolución a la Asamblea, espero, por tanto, que nosotros en la Unión sigamos trabajando con todos los gobiernos y demás agencias que intentaron impedir este acto y que juntos podamos impedir nuevas catástrofes de este tipo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, creo que hay que hacer de inmediato una precisión, y que, como ha dicho la Sra. Garaud, no se trata de una resolución relativa a las estatuas por encima de todo, sino de una resolución sobre la situación en Afganistán. 
Como es sabido, toda la población está secuestrada por fanáticos clericales, y el episodio de las estatuas no es más que una enésima demostración del carácter fanático de este régimen. 
Un régimen que se alimenta, que crece dentro de esas madrazas, esas supuestas escuelas que en definitiva no enseñan más que una cosa, la intolerancia. 
El segundo elemento que me parece importante es que hay que destruir una idea ampliamente extendida, según la cual no hay prácticamente nada que hacer en el caso de Afganistán. 
Mi opinión es la contraria. 
Creo que hay cosas muy concretas que se pueden hacer. 
Se me ocurren tres. 
La primera es probablemente la más importante: la Unión Europea, la Comisión, señor Comisario, debería adoptar una posición muy firme con respecto a Pakistán, porque sin Pakistán, no habría talibán. 
Es un axioma absolutamente fundamental. 
Por consiguiente, se trata de que la Unión deje claro que si Pakistán se empeña, como es el caso, en ayudar, en respaldar a los talibán, no habrá ninguna posibilidad de desarrollo para las relaciones entre la Unión Europea y Pakistán. 
Una segunda línea de actuación posible- y, a este respecto, creo que le podemos dar las gracias a un precursor en nuestro Parlamento, el General Morillon- consiste en prestar, por encima de cualquier hipocresía, un firme apoyo al General Massoud. 
Considero que no podemos seguir poniendo excusas. 
Creo que se trata de la única resistencia organizada contra el régimen vigente, y que debemos potenciarla. 
La tercera línea de actuación, que quizás parezca un poco más indirecta, pero que es igualmente fundamental, se refiere a la ayuda proporcionada por las Naciones Unidas- de un modo bastante indirecto, pero no tanto en realidad- a través del UNODCCP, el programa de las Naciones Unidas para el control internacional de las drogas, encabezado por el Sr. Arlacchi. 
Así, la ONU ha proporcionado una ayuda sustancial a los talibán, a través de programas destinados supuestamente a erradicar cultivos, y que, de hecho, no han consistido más que en trasladar los cultivos a varios centenares de metros o a algunos kilómetros más lejos, de forma que los talibán han podido acceder simultáneamente a los subsidios de la ONU y a los beneficios derivados del cultivo de sustancias prohibidas. 
Por lo tanto, hay que poner al UNODCCP entre la espada y la pared. 
Considero igualmente que debemos organizarnos para evitar que el Sr. Pino Arlacchi sea reelegido el próximo mes de julio. 
Es necesario que este hombre vuelva a sus estudios de sociología y nos libere de su presencia en una organización tan importante como ésta. 
En consecuencia, la ONU y la Unión Europea, que financia este programa, así como los Estados miembros, que contribuyen económicamente al UNODCCP, deben pedir claramente que se supriman todos los programas de ayuda a Afganistán en materia de erradicación de cultivos de droga. 
También hay que conseguir que los rusos, que se han infiltrado ampliamente en el entorno del Sr. Arlacchi, y que poseen un cierto número de conexiones, cuanto menos dudosas- y no diré nada más -, comprendan que deben volver a su país para que la gestión de este programa especializado de la Naciones Unidas se depure y para que cese, por esa vía, el apoyo al régimen vigente. 
Señor Presidente, estimados colegas, ¿dónde están nuestras resoluciones, convenios, tratados y derechos para la protección del patrimonio cultural, nuestra consigna "los derechos de la mujer son derechos humanos", cuando un grupo de personas destruye ciegamente el patrimonio cultural en nombre de una religión extremista o cuando las mujeres están obligadas día tras día a renegar de sí mismas, a ocultarse tras tupidas telas provistas de una rejilla para los ojos? 
Mujeres que andan de puntillas, que deben sentarse separadas detrás de unas cortinas en el transporte público, que deben abandonar forzosamente su trabajo, permanentemente solas, separadas y segregadas de los demás, permanentemente humilladas, maltratadas e ignoradas. 
En realidad puede decirse que las condiciones inhumanas que se viven en Afganistán obligan a la gente a desplazarse, a emigrar. 
¿Qué más podemos hacer para que los talibán cambien de idea? 
El tiempo apremia. Muchas imágenes prácticamente ya no pueden ser salvadas. 
Asistimos a una situación dramática. Me congratulo de que esta iconoclastia del año 2001 haya encontrado resistencia en todo el mundo. 
Las protestas no han salido únicamente de Occidente o de la boca del Dalai Lama, sino que también se han oído voces discordantes entre los propios correligionarios de los talibán. Algunos de ellos se han dado cuenta de que se trata del patrimonio cultural, no de símbolos meramente religiosos. 
El mundo ha protestado a voz en grito. 
Es positivo que a raíz de este asunto el problema del menosprecio y del trato inhumano a la mujer en Afganistán también reciba por fin la atención que merece. Es otra cuestión con la que la comunidad internacional ha de comprometerse a fondo. 
El régimen de los talibán no sólo menosprecia a sus propias mujeres. 
Acaba de expulsar a la representante local de la BBC, de nacionalidad británica, con el argumento de que la periodista se ha excedido en sus críticas acerca de la iconoclastia, obligándola a cerrar la agencia de prensa fundada en 1950. 
Soy poco optimista, por no decir pesimista, respecto al eco que tendrá esta resolución en los talibán. 
Esperemos que a nadie se le ocurra prestarles ayuda financiera o suministrarles armas. 
Es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando un dogma se convierte en ley. 
Considero positivo que nosotros como Parlamento Europeo reaccionemos ante una situación como ésta. 
La presente resolución cuenta con el pleno apoyo del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
Señor Presidente, estimados colegas, ¿la destrucción de un patrimonio y la opresión sistemática de la mujer son dos temas que no tienen realmente nada que ver? 
Permítanme que avance estas dos cuestiones en nuestra resolución común. 
"Patrimonio" no es la palabra correcta, porque se refiere a la herencia. 
Prefiero retomar la distinción hecha hace dos días en un periódico por un filósofo francés, Jean Luc Nancy, entre el símbolo y el ídolo. 
El símbolo es la posibilidad de expresar lo humano cuya capacidad de verdad no se agotará nunca. 
La naturaleza del símbolo, en este caso, son estatuas que también sirven como ídolos. 
El ídolo es la presencia misma, plena y completa- y más bien limitada -, del propio símbolo. 
Es la representación quizás inversa del símbolo. 
Pero, en ambos casos, símbolo e ídolo se funden en la imagen y en el acceso de lo humano más allá de sí mismo. 
En ambos casos, las mujeres en Afganistán se ven absolutamente privadas de esas dos cosas. 
No voy a describirla, sino a darle los términos adecuados. 
En nuestra resolución común, así como en la declaración común del Consejo del mes de enero, y en los textos de la ONU y de las instituciones internacionales, el término "discriminación" me molesta, porque una discriminación se produce en un ámbito dónde se da un mínimo común para que exista discriminación. 
La discriminación sucede a la exclusión. 
Tenemos ante nosotros mujeres a las que se les prohibe el acceso al empleo y a la enseñanza, a las que se les excluye del ámbito público. 
Esto se llama negación. 
Son éstas las palabras que hay que utilizar. 
A mí, me cuesta trabajo pensar que los ahorcamientos o los apaleamientos públicos sean reflejo de la discriminación. 
Permítanme que les diga que, en mi opinión, estamos atrapados por un edulcoramiento del lenguaje que no me satisface y nosotros, parlamentarios europeos, debemos estar muy atentos a este fenómeno. 
Porque detrás de todo esto, detrás de todas estas palabras, detrás de este lenguaje internacional que emplea los mismos términos para la democracia occidental, para nuestras democracias occidentales, y para lo que ocurre allí, está nuestra incapacidad de hacer cualquier cosa. 
¿Quién protege a los talibán? 
¿Quién los respalda? 
Pakistán. 
¿Quién los protege? 
¿Tengo que responder? 
¿Pueden ustedes responder conmigo? 
¿Por qué adoptamos sanciones contra Irak? 
¿Por qué no imponemos sanciones a Afganistán? 
Señor Presidente, ¿qué pasa por la cabeza de los terroristas? 
Por orden del jefe de los talibanes, Mohammad Omar, han sido destruidas por completo las dos mundialmente famosas estatuas de Buda en Bamian, haciendo caso omiso a todas las protestas internacionales. 
Estos tesoros milenarios, pertenecientes al patrimonio cultural común, son insustituibles. 
Ni siquiera la aprobación de nuevas ayudas económicas a este país tan depauperado ha impedido que los autodenominados guerrilleros de Dios cometan actos tan infames. 
Dominan Afganistán, expulsan a los disidentes, explotan el país; los derechos humanos son pisoteados, las mujeres no tienen posibilidad alguna de acceso a la educación- como han señalado mis colegas- ni de participar en la vida pública. 
Aquí se impone la oscuridad medieval. 
El Corán dice que la libertad religiosa y de conciencia son, junto a la justicia, elementos fundamentales del orden social islámico. 
Estos mandatos han sido interpretados equivocadamente por los mulás, lo cual constituye un abuso imperdonable. 
Paquistán, el más estrecho aliado de los talibanes, ha intervenido sin éxito alguno. 
Señor Comisario, la Unión Europea debe tomar cartas en este asunto. 
¡Los miembros del PPE abogamos por que la comunidad internacional proscriba estas actitudes fanáticas y vandálicas! 
Señor Presidente, me gustaría simplemente indicarle en cuatro puntos cuál es nuestra postura en relación con este dossier. 
En primer lugar, es inaceptable que podamos garantizar lo que denominaré sencillamente una zona sin ley, una zona dónde no se reconoce el humanismo elemental. 
Creo que Europa no puede en ningún caso soportar esta situación, y creo que cualquiera comparte esta visión, independientemente de su ideología, a través de dos elementos que la Sra. Fraisse ya ha puesto de relieve. 
En segundo término, está claro que la abolición de un cierto número de símbolos, relacionados con las creencias de los hombres y mujeres, es un elemento determinante, pero, más grave aún, el hecho de negar cualquier dignidad a los derechos de la mujer debe movilizarnos plenamente, y es del todo evidente que este punto merece sin duda ser resaltado. 
Tercer punto, el Islam. 
Creo que también hay que tener la valentía de decir que un cierto número de personas que conocen bien el Islam han denunciado la situación actual de Afganistán, y no deberíamos, en nombre de los valores occidentales, negar esta verdad: un cierto número de hombres y mujeres vinculados al Islam se opone a los acontecimientos que se desarrollan hoy en Afganistán. 
A partir de aquí, el mensaje de pluralismo de ideas y de convicciones, que debe ser el mensaje de Europa, ha de ser incontestablemente difundido. 
Por consiguiente, no es una diabolización, sino simplemente un deseo de intervención. 
En cuarto lugar, y para concluir, el punto 12 de nuestra resolución invita a las Naciones Unidas a crear rápidamente una comisión de investigación independiente. 
Debemos tomar una decisión. Si las Naciones Unidas no tienen ni la voluntad ni el coraje de crear esta comisión de investigación, le corresponderá tal vez al Parlamento Europeo, en nombre de los valores que son los nuestros, tomar la iniciativa de esa comisión. 
Aquí es dónde se espera a Europa: tiene sus valores; tiene su tolerancia; debe demostrar su determinación; quizás la decisión ya esté tomada. 
Si las Naciones Unidas no actúan, lo haremos nosotros; ahora bien, este es un mensaje muy claro para los talibán y un mensaje que espero haber conseguido que compartan. 
Señor Presidente, la opinión pública europea está sobrecogida, con razón, ante la perspectiva primero, y la confirmación después, de la destrucción de las estatuas gigantes del Valle de Bamiya. 
Los observadores interesados no han dejado de señalar que esta indignación se ha producido muy tarde, y que habría podido manifestarse desde la toma de poder de los talibán, en razón del régimen arcaico y bárbaro que han establecido, despreciando los derechos más elementales del pueblo afgano. 
Esta crítica no se dirige a nuestra Asamblea, que ha reaccionado en numerosas ocasiones, la última de ellas el pasado 30 de noviembre, para denunciar con toda la energía necesaria al régimen vigente y dar la voz de alarma sobre la trágica situación humanitaria del conjunto de la población. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, nuestro Parlamento se felicita por las posiciones comunes adoptadas el 22 de enero, y sobre todo el pasado 21 de febrero, pero nos preguntamos si no es ya hora de prestar abiertamente toda la ayuda política necesaria a las únicas fuerzas que, sobre el terreno, siguen resistiendo bajo la autoridad del Comandante Massoud, y le agradecería una respuesta muy clara sobre este punto. 
Señor Comisario, como usted sabe, nuestra preocupación se refiere también a la tragedia del hambre que amenaza a un millón de personas en Afganistán, según la propia opinión del Subsecretario General encargado de los asuntos humanitarios en la ONU. 
Con ocasión del debate anterior, en este mismo foro, ya le pregunté sobre este extremo. 
¿Puedo preguntarle en qué situación se encuentra hoy la ayuda que la Unión puede prestar al conjunto de los pueblos amenazados, incluyendo a los del Norte y más aislados? 
A este respecto, ¿no cree usted que podrían, y que quizás deberían, contemplarse operaciones de lanzamiento de víveres en paracaídas? 
. 
(EN) Señor Presidente, en el mundo civilizado ha causado conmoción la reciente orden del líder de los talibanes, Mullah Omar, de destruir dos estatuas de Buda en Bamiyan porque eran idolátricas y eran anti-islámicas. 
Ahora parece, según los comunicados de prensa, que, desafiando los llamamientos de los líderes mundiales, de la Asamblea General de ONU y de organizaciones internacionales, incluida la UE, las estatuas han sido en efecto destruidas. 
La comunidad internacional, a pesar de su unanimidad en esta cuestión, se ha visto impotente para intervenir, salvo a través de llamamientos directos a Mullah Omar para que reconsiderara su postura. 
Ni siquiera ha estado dispuesto a reunirse con el representante de la UNESCO que se trasladó hasta Kandahar para verle. 
La Troika de la UE ha intentado sin éxito también una reunión con Islamabad. 
La facción talibán está aislada por las sanciones de ONU y la comunidad internacional le ha informado una y otra vez de que la victoria militar no dará lugar al reconocimiento diplomático de la organización talibán en Afganistán. 
Sólo un acuerdo de paz con todas las partes del actual conflicto puede constituir la base de soluciones duraderas para la tragedia de Afganistán y de su pueblo. 
Obviamente actos de vandalismo cultural como el que parece haberse llevado a cabo en Bamiyan esta semana, no animan a la comunidad internacional a iniciar un diálogo con este grupo. 
Mientras tanto, la tragedia humana en Afganistán continúa, a causa de los efectos de la peor sequía en el país de los últimos 30 años y, desde luego, al conflicto en curso que ha proseguido durante el invierno. 
Se estima en la actualidad que hay al menos medio millón de personas desplazadas en el interior de Afganistán. 
En los últimos meses, 170.000 han abandonado Afganistán camino de los campos de refugiados de Pakistán y se calcula que 1.000 personas al día están cruzando las fronteras entre Afganistán e Irán. 
En el terreno, la Comisión, mediante ECHO y mediante su presupuesto de ayuda a personas desplazadas, sigue prestando ayuda humanitaria a través de los organismos de ONU y de ONGs tanto dentro de Afganistán como en Irán y Pakistán, incluyendo las dirigidas a la retirada de minas. 
Esto ha supuesto un total de 400 millones de euros durante los últimos diez años. 
ECHO ya ha comprometido este año 25 millones de euros para asistencia a personas desplazadas en el interior de Afganistán y para refugiados en Pakistán. Se prevé un apoyo adicional para las zonas afectadas por el conflicto y la sequía. 
Gracias, Señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Situación en Zimbabwe- B5­0183/2001 del Sr. Kinnock y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Zimbabwe; 
B5­0197/2001, del Sr. Mulder y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Zimbabwe; 
B5-0204/2001, del Sr. Maes y Lucas, en nombre del Grupo VERDES/ALE, sobre la situación en Zimbabwe; 
B5-0214/2001, del Sr. Morgantini, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Zimbabwe; 
B5-0223/2001, del Sr. Van Orden y otros, en nombre del Grupo PPE­DE, sobre la situación en Zimbabwe; 
Niños secuestrados por su madre o su padre- B5-0185/2001, de los Sres. Van Lancker y Terrón i Cusí, en nombre del Grupo PSE, sobre los niños secuestrados en otro país; 
B5-0198/2001, de la Sra. Ries, en nombre del Grupo ELDR, sobre los niños secuestrados por su madre o su padre; 
B5-0205/2001, de los Sres. Jonckheer y Lannoye, en nombre del Grupo VERDES/ALE, sobre los raptos internacionales perpetrados por uno de los progenitores; 
B5-0215/2001, del Sr. Di Lello Finuoli y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los niños secuestrados por su madre o su padre; 
B5-0224/2001, de la Sra. Banotti, en nombre del Grupo PPE­DE, sobre los niños secuestrados en otro país; 
Cabinda- B5-0186/2001, del Sr. Soares y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre el secuestro de tres ciudadanos portugueses en el enclave de Cabinda ­ Angola; 
B5-0206/2001, del Sr. Maes, en nombre del Grupo VERDES/ALE, sobre Cabinda (Angola); 
B5-0216/2001, del Sr. Miranda, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el secuestro de ciudadanos portugueses en Cabinda, Angola; 
B5-0225/2001, de los Sres. Pacheco Pereira y Graça Moura, en nombre del Grupo PPE­DE, y Queiró, Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN, sobre el secuestro de tres ciudadanos portugueses en Cabinda, Angola; 
Situación en Kalimantán- B5-0187/2001, del Sr. Candal y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Kalimantán (parte indonesia de la isla de Borneo); 
B5-0199/2001, del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en la provincia indonesia de Kalimantán Central; 
B5-0207/2001, de la Sra. McKenna y otros, en nombre del Grupo VERDES/ALE, sobre la situación en la provincia indonesia de Kalimantán Central; 
B5-0217/2001, del Sr. Vinci y la Sra. Frahm, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los actos violentos en Kalimantán; 
B5-0226/2001, de la Sra. Maij­Weggen y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE­DE, sobre los actos violentos en Indonesia, especialmente en Kalimantán; 
Situación en Turkmenistán- B5-0188/2001, del Sr. Sakellariou y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre Turkmenistán; 
B5-0192/2001, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Turkmenistán; 
B5-0200/2001, del Sr. Thors, en nombre del Grupo ELDR, sobre Turkmenistán; 
B5-0208/2001, del Sr. Staes, en nombre del Grupo VERDES/ALE, sobre los derechos humanos en Turkmenistán. 
Señor Presidente, en Europa luchamos durante muchos años por la libertad de Zimbabwe, por un país donde la libertad y la democracia prevalecieran sobre el color de la piel de la gente. 
La llegada de la democracia debía garantizar la instauración de una justicia independiente y la separación de los poderes político y judicial. 
Veinte años después de la independencia de Zimbabwe sólo podemos constatar que el Gobierno de Mugabe no ha conseguido gran cosa. 
La economía retrocede y queda por ver si los derechos humanos se respetan más que hace veinte años. Lo más extraño es que el resto de África, especialmente el África meridional, no mueva ni un dedo. 
Mi Grupo opina que la Comisión Europea debe actuar con mano dura contra este régimen. 
Merece el mismo trato que el que recibieron los demás regímenes del África meridional cuando violaron los derechos humanos. De lo contrario, no sería de extrañar que esta problemática se extendiera a otras zonas de África, lo cual podría tener consecuencias desastrosas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, desde el momento en que Zimbabwe decidió participar en la guerra del Congo la economía nacional va de mal en peor. 
El país sencillamente no se puede permitir esta guerra, pero en lugar de retirarse el Gobierno de Zimbabwe aparentemente ha optado por crear nuevos problemas y buscar chivos expiatorios. 
La manera en que se ha llevado a cabo la reforma agrícola no ha hecho más que empeorar la situación económica y social. Además, ahora que el triunfo de los partidos de la oposición es un hecho- a pesar de las tentativas de intimidación, de las cuales nosotros mismos hemos sido testigos -, el Sr. Mugabe se dispone a violar los derechos humanos. 
En Zimbabwe no reina sólo el caos sino también el terror. 
Un jefe de Gobierno que sumerge a su propio país en el caos y persigue a su propia gente realmente no merece nuestro respeto. 
Por eso, es importante que nos sirvamos del diálogo entre la Unión Europea y Zimbabwe llevado a cabo en el marco ACP para cambiar favorablemente la situación. 
Por tanto, consideramos aceptables aquellos contactos oficiales con el Sr. Mugabe que tengan por objeto restablecer el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y se enmarquen en las negociaciones de paz celebradas en el África Central. 
En este sentido nos distanciamos del apartado 16 de la resolución de transacción, puesto que comprendemos que el Gobierno belga, el Presidente francés y el Comisario Nielson hayan recibido al Presidente Mugabe en el marco de dichas negociaciones de paz. 
Dicho de otro modo, respaldaremos la enmienda del Grupo Liberal, con la salvedad de que nuestra propia población y el pueblo zimbabwense esperan resultados inmediatos. 
Confiamos en que se incremente la presión hasta que el Sr. Mugabe, que efectivamente sigue contando con el apoyo de sus antiguos secuaces, abandone su cínica actitud y acabe restableciéndose el Estado de derecho. 
Señor Presidente, en tanto que promotor de esta resolución, me he reunido esta mañana con miembros de la oposición de Zimbabwe (el Movimiento por el Cambio Democrático). Me han dicho que Zimbabwe sufre un infierno. 
Los esfuerzos europeos a través de una diplomacia silenciosa sólo tienen resultados negativos. 
Mugabe preside un Estado que día sí y día no somete a los inocentes de Zimbabwe a una miseria indecible, al asesinato, a la brutalidad y a la intimidación. 
Reclaman que se apliquen en África las mismas reglas democráticas, estado de derecho y derechos humanos que se esperarían en Europa. Me han dicho que no quieren ser de segunda clase en estas cuestiones. 
Me gustaría ver a Mugabe arrestado en cuanto ponga pie en un Estado europeo. 
En lugar de eso, parece que en Europa hay una vara de medir cuando se trata de dictadores de extrema derecha y otra para los tiranos y terroristas socialistas, como Mugabe. En lugar de grilletes, se le da champán en Bruselas y París. 
En nuestra firme resolución, aprobada ampliamente por los representantes del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) con los que hemos estado hoy, condenamos a Mugabe y a su régimen y reclamamos la suspensión de la ayuda de la UE que se dirige a los canales estatales de Zimbabwe, la identificación de los importantes activos de Mugabe en el extranjero, la invocación de los procedimientos del Artículo 96 de Cotonou y la insistencia en que el gobierno de Zimbabwe debe respetar sus propias leyes. 
Nuestro mensaje es claro. Recomiendo a la Asamblea la resolución sin enmiendas. 
Señor Presidente, dos políticos de Zimbabwe están escuchando nuestro debate de hoy. 
En el pasado fueron torturados y sus colegas fueron asesinados. 
En el almuerzo me han dicho con mucha calma: " Estamos aquí pero cuando volvamos nos van a arrestar y a matar. 
Ya ha pasado nuestra fecha de caducidad: se suponía que nos iban a matar hace dos semanas ". 
Estamos aquí sentados, apesadumbrándonos, redactando resoluciones, hablando de los derechos humanos pero, a la vez, parecemos tener distintas varas de medir. 
Si los negros matan a otros negros, volvemos la vista y les dejamos seguir. 
¿Por qué tratamos a la gente con distinto color de piel de modo distinto? 
Se supone que tenemos una norma común para todos. 
Se supone que hemos de ser no sólo una economía global sino una familia mundial. 
¿Pero es así como reaccionamos? 
¡No! 
Tenemos que hacer algo al respecto. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la Sra. Maes. 
Seguiré en francés para demostrar que, efectivamente, debemos tener una actitud común. 
Lo que está claro, es que en Zimbabwe hay un caos interno. 
Hay una burla de los derechos humanos. 
¿Es necesario entonces crear un cordón sanitario cuyo efecto es la ausencia de diálogo? 
No. 
Hace falta un cordón sanitario, pero que exprese claramente lo que queremos cuando nos reunimos con estos interlocutores. 
Y a mi colega que acaba de hablar, le digo que en Bruselas no hubo champán, hubo una llamada a la firmeza, hubo una llamada a los valores, porque si queremos salvaguardar los intereses de la población de este país, debemos seguir mostrando- también ante sus autoridades- cuál es nuestra postura. 
Por lo tanto, lo que pido es que se acepte la enmienda que hemos presentado y que permite insistir sobre el hecho de que, en cada caso, hay que hacer un llamamiento a la ley, hay que decir cuál es efectivamente el alcance de los derechos humanos. 
Es un elemento importante. 
En consecuencia, no condenemos a aquellos ni a aquellas que defienden esta opinión, sino que, por el contrario, invitemos a toda la Comunidad Europea, ya sea a la Comisión, al Parlamento o a los Estados miembros, a recordar en cada caso, en esta zona que nos importa, en qué medida los derechos humanos, el derecho a secas, son importantes. 
Esta es la razón por la que espero verdaderamente que el Parlamento vote a favor de la enmienda que hemos presentado. 
Señor Presidente, el claro tenor de la resolución de Zimbabue no deja lugar a dudas de que consideramos al Presidente Mugabe personalmente responsable de la situación del país. 
Desgraciadamente, no escuchará las propuestas procedentes de su propio país, ni tampoco las que llegan del extranjero, si no vienen acompañadas de medidas concretas. 
Por ello instamos a la UE a suspender toda cooperación que se produzca através de instancias gubernamentales. 
Además, es importante que Mugabe reciba el mensaje de que Europa ya no le ofrece su mecenazgo político ni su protección. 
Espero que la Comisión y el Consejo empleen también un lenguaje común claro. 
Es cierto que la cooperación bilateral al desarrollo ha disminuido, pero, no obstante, pido a la Presidencia del Consejo que subraye, en particular ante el Gobierno Jospin, la necesidad de una actuación conjunta. 
Si Francia desea ejercer una mayor influencia en la región, debe apostar entonces por las fuerzas del futuro. 
En esta parte de África, la sociedad civil consigue en ocasiones eliminar por sí misma las estructuras autocráticas, y después uno se acuerda de quién ha apostado en Europa a caballo perdedor. 
¡No esperemos a que todo se desmorone allí abajo! 
Señor Presidente, ésta es una de las pocas veces que de hecho he hablado acerca de un problema de actualidad o urgencia en esta Asamblea. 
Estoy motivado para hacerlo porque las repercusiones y el eco de lo que está ocurriendo en Zimbabwe ha llegado incluso a mi circunscripción en Yorkshire en el norte de Inglaterra de diversas maneras en las últimas semanas. 
Empezó con una visita de un joven de Zimbabwe a nuestra organización local de demandantes de asilo. 
Era un miembro activo del MDC (Movimiento por el Cambio Democrático). 
Temiendo por sus vidas, él y su compañera primero habían huido a Sudáfrica y, no encontrándose seguros, se habían trasladado después al R.U., pero, desgraciadamente es probable que su compañera sea devuelta. 
No sabemos para qué, pero lo sospechamos. 
Más tarde, la semana pasada, en Ripon, Yorkshire, se me pidió que compartiera una tribuna con un parlamentario de Zimbabwe, un ministro en la sombra. Hablando tranquilamente, me contó las aspiraciones que tenía para su país, un país con un gran potencial pero en el que, como hemos escuchado, en la actualidad se niegan la democracia y los derechos humanos y se vulnera el estado de derecho. 
Me contó que había sido golpeado y que temía todos los días por su esposa y su familia y, como también hemos escuchado, que temía lo que podría pasarle cuando vuelva el 17 de marzo. 
Cuando la gente huye por todo el mundo para salvar la vida y cuando políticos elegidos democráticamente temen por sus vidas, Europa tiene que dar una respuesta y decir que esto no es aceptable. 
Creo que nuestra resolución es clara y espero que obtenga el apoyo que merece. 
Señor Presidente, hoy nos referimos en el debate de actualidad y urgencia a un expediente de niños secuestrados por uno de sus padres. Se trata de los niños Limet, que no han vuelto a visitar a su padre desde hace muchos años, a pesar de las sentencias judiciales y las medidas diplomáticas. 
El que dicho expediente se incluya en el orden del día del debate de actualidad de hoy es debido a la posibilidad de que pueda desbloquearse a corto plazo gracias a los esfuerzos realizados por las autoridades belgas y los compromisos adquiridos por el Presidente Arap Moi de Kenia. Ya sólo hace falta un pequeño impulso de este Parlamento Europeo para llevarlo por buen camino. 
Sin embargo, el debate acerca de este expediente no puede hacernos olvidar que el secuestro de los niños Limet por su madre no es más que la punta del iceberg. 
Varios miembros de este Parlamento están trabajando en expedientes de niños secuestrados por uno de sus padres, a veces incluso como mediadores de un país. 
Personalmente tengo conocimiento de decenas de expedientes de padres residentes en Bélgica cuyos niños han sido llevados a Túnez, Marruecos, Líbano e incluso a América. En la Unión Europea también viven muchos niños que no tienen derecho a ver a uno de sus padres. 
En un informe reciente he leído que solamente en 1999 han sido admitidos a trámite más de 1.800 expedientes de niños, de conformidad con el Convenio de La Haya. 
No olvidemos que esta cifra se limita a los 47 países que han ratificado el Convenio, sin tener ni siquiera en cuenta los expedientes estudiados en el marco del Convenio de Luxemburgo. Todos estos niños tienen derecho a mantener relaciones con ambos padres. 
Gracias al Parlamento Europeo, esta cláusula ha sido incorporada muy claramente a la Carta Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea proclamada en Niza. Su presencia es aún más explícita que en el Convenio de Nueva York. 
Es otra razón más para asegurar que dicha Carta acabe incluyéndose en nuestro Tratado. 
Espero que la aprobación de la presente resolución ayude a los niños Limet a recuperar el derecho de ver a sus padres, aunque soy a la vez muy consciente de que el Parlamento Europeo- y confío en que a este respecto podamos contar con el respaldo de la Comisión- se verá obligado a adoptar otras muchas iniciativas a fin de devolver a todos estos niños y a todos estos padres los derechos que les corresponden. 
Estoy convencida de que en este Parlamento existe suficiente voluntad política para trabajar en este sentido. 
Señor Presidente, quisiera destacar la importancia de la presente resolución en nombre de mi colega Ries. 
Si bien es cierto que el texto se limita a un solo caso, también es verdad que confiere a la problemática que nos ocupa una dimensión europea e incluso internacional. 
Por desgracia, estamos ante un fenómeno cada vez más frecuente que supone una violación de los tratados internacionales. 
Son situaciones que destrozan la vida de padres, madres, hijos y su entorno. 
El Sr. Limet lleva luchando ya más de dos años por sus hijos. Aunque la custodia de los niños había sido atribuida al padre, la madre se los llevó a Kenia. 
Recientemente, ha sido condenada a un año de prisión incondicional, pero a pesar de las medidas judiciales y la mediación de las autoridades belgas y europeas, en concreto del Sr. Prodi, las probabilidades de que el Sr. Limet pueda volver a ver a sus hijos continúan siendo prácticamente nulas. 
Por tanto, es necesario que se busque una solución. Respecto a este caso específico ruego a la Comisión y al Consejo que emplacen a las autoridades de Kenia a administrar justicia. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera subrayar dos aspectos relacionados con el doloroso problema que se aborda en la presente resolución, a saber los secuestros cometidos por uno de los padres. 
Todos tenemos conocimiento de los numerosos tratados, entre ellos el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los tratados de La Haya, y del gran número de casos que se dan en la práctica, como ya ha señalado la Sra. Van Lancker. 
En mi opinión, la búsqueda de soluciones tropieza con dos grandes problemas. 
En primer lugar, existen muchas diferencias entre los diversos acuerdos alcanzados entre los países firmantes e incluso dentro de la misma Unión Europa. Esta falta de armonización impide o cuando menos dificulta seriamente la puesta en práctica de posibles vías de salida. 
Es, por tanto, imprescindible que este obstáculo se elimine. 
En segundo término, suele ser imposible resolver el problema si, por ejemplo, el padre o la madre que secuestra un niño está domiciliado o domiciliada en Alemania, pero en realidad vive en Grecia. 
El resultado es que las ONG profesionales- y en Bélgica hay muchas- no tienen más remedio que investigar el asunto por su cuenta a fin de localizar a los niños y traerlos de regreso a casa. 
Por todo ello, el Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea espera que la presente resolución no se quede en papel mojado, sino que efectivamente dé el impulso necesario. 
Señor Presidente, como mediadora del Parlamento en la cuestión de la sustracción transnacional de menores, he trabajado durante algún tiempo en el caso Brouwer-Limet. 
En primer lugar, quisiera garantizar a otros padres víctimas, algunos de los cuales han expresado su preocupación porque esta resolución se refiera a un caso particular, que sus tragedias son igual de importantes para mí. 
Mi principal preocupación hoy es que los canales de comunicación, que parecen abrirse por primera vez desde el inicio de la tragedia Limet, se fortalezcan y que puedan hacerse avances para que los niños vuelvan a su hogar lo antes posible. 
Esta es la finalidad principal de esta resolución. 
Con demasiada frecuencia en los Estados miembros, la sustracción de un menor por un progenitor es considerada por la policía y otras autoridades como un asunto doméstico en lugar de como un asunto penal. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a las autoridades de Kenia y, en particular, al Presidente Moi, la asistencia que pueden prestar para que se llegue a un desenlace positivo. 
Creo firmemente que los niños tienen derecho a conocer a ambos padres y este derecho se respetaba escrupulosamente hasta que en agosto de 1998 los niños no fueron devueltos a su padre en Bélgica. 
Sin embargo, desde entonces se ha denegado el acceso de los niños a uno de los progenitores, en este caso a su padre. 
Él se ha comprometido a que una vez que los niños vuelvan bajo su custodia su madre continuará teniendo derecho a visitas igual que antes, restaurando así el derecho de los menores a tener una relación con ambos padres. 
La semana próxima viajaré a la conferencia de La Haya, donde se va a reunir la comisión especial con el fin de analizar la aplicación práctica del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 
Tenemos ante nosotros una gran tarea, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a todos los firmantes del Convenio de la Haya que han firmado no sólo para proteger a sus propios ciudadanos que puedan ser víctimas de la sustracción de menores, sino también para utilizar el Convenio en ayuda de aquéllos que son víctimas de la sustracción de menores por sus propios nacionales. 
No es un proceso en un solo sentido. 
Para que el Convenio tenga éxito, es esencial la plena cooperación entre todos los firmantes. 
Señor Presidente, esta cuestión de Cabinda, que está acongojando a la opinión pública de Portugal, Angola y otros países es realmente intolerable y todos los diputados portugueses de los diferentes Grupos políticos en este Parlamento están de acuerdo en presentar una resolución, cuya votación recomendamos aquí. 
Es una resolución moderada, destinada a condenar el hecho intolerable de que personas inocentes sean raptadas con el objetivo de conseguir fines políticos. 
No se examina el fondo de la cuestión, se examina si es o no legítimo que una organización que se llama revolucionaria rapte a personas inocentes de otros países y utilice esos raptos para presionar a los poderes políticos de otros Estados para conseguir cierto reconocimiento. 
¡Y eso no es tolerable! 
Pero lo que es aún menos tolerable es que haya personas que son refugiados políticos- y tengo mucha consideración para los exiliados políticos, porque estuve muchos años exiliado- que se aprovechen de los países donde se encuentran, en particular en Francia, por ejemplo, y formulen amenazas de ejercer represalias contra intereses de otros países como, por ejemplo, Portugal, para conseguir un fin político. 
Eso es realmente intolerable. 
Por eso, hago un llamamiento, en primer lugar, a esa organización- el FLEC- para que se convenza de que utilizando esos medios de tipo terrorista está desprestigiándose y no consigue en modo alguno llegar a alcanzar sus fines. 
Por otro lado, hago un llamamiento a este Parlamento para que, junto con el Consejo y la Comisión, adopte una posición de condena absoluta de esos métodos que pueden ser contagiosos. 
Hay muchos países que tienen grandes conflictos y es indispensable que se salvaguarden los derechos de las personas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nos complace respaldar la presente resolución. 
Por razones humanitarias, el secuestro de ciudadanos no puede sino merecer nuestra más enérgica condena. 
Apoyamos la resolución en espera de que las personas implicadas sean puestas en libertad lo antes posible, de modo que puedan regresar a su familia. 
Sin embargo, no podemos olvidar que toda la población angoleña es desde hace años presa de una guerra civil aparentemente sin fin. 
Es un auténtico escándalo que tanto las tropas armadas gubernamentales como las tropas armadas de los movimientos rebeldes se venguen una y otra vez de la población civil. Todo esto está durando ya demasiado tiempo. 
Espero, por tanto, que la presión ejercida por la Unión Europea en favor del proceso de paz contribuya asimismo a poner fin a las situaciones inhumanas que se están produciendo en Angola. 
Señor Presidente, antes que nada, quisiera manifestar mi preocupación por la precaria y difícil situación en que se encuentran los ocho portugueses rehenes de las diferentes facciones del FLEC, afirmar mi solidaridad con sus respectivas familias y expresar mi más profundo deseo de que sean liberados rápida e incondicionalmente esos rehenes, por lo que considero que el Gobierno portugués debe hacer todas las gestiones posibles hasta alcanzar ese objetivo. 
Por lo demás, con ese sentido precisamente y con la mayor discreción dirigí oportunamente una carta a la Presidencia sueca para preguntarle por la posibilidad de que los diferentes Estados miembros adopten algunas medidas en cooperación con los Gobiernos portugués y angolano que permitan o refuercen las posibilidades de liberación inmediata de los rehenes. 
Pero, entretanto, considero oportuno subrayar que esos actos del FLEC no pueden dejar de ser explícita y firmemente condenados. 
Se trata de actos delictivos encaminados a agravar la situación político-militar de Angola y con los cuales se pretende igualmente dar relieve público internacional a una fuerza que no vacila en recurrir a tales actos para perseguir objetivos separatistas, también absolutamente insostenibles. 
Por lo demás, conviene recordar que se debe respetar escrupulosamente la integridad territorial angolana, entre otras cosas porque tales objetivos separatistas no encuentran la menor legitimización por parte de la comunidad internacional, en particular de la OUA y de las Naciones Unidas. 
Por último, no puedo dejar de manifestar mi más profunda extrañeza por la facilidad con que representantes de organizaciones que cometen actos semejantes y que amenazan con darles continuidad se mueven, hacen declaraciones y se manifiestan con total libertad y con la más completa impunidad, como, por lo demás, ha sucedido hoy aquí. 
A ese respecto, quisiera agradecer a la señora Presidenta, Nicole Fontaine, y a sus servicios la prontitud y determinación con que han actuado, al obligar a los tres representantes del FLEC que aquí se encontraban esta mañana a abandonar las instalaciones del Parlamento. 
Señor Presidente, desde mayo de 2000 hasta marzo de 2001 han sido apresados ocho portugueses en el territorio de Cabinda. 
Son trabajadores a los que la necesidad movió a salir de su país y se trata también de ciudadanos de la Unión Europea en relación con los cuales todos los Gobiernos de la Unión tienen responsabilidades. 
Por eso, es muy positivo que, por nuestra iniciativa, este Parlamento examine esta cuestión. 
Para nosotros, hay una posición de principio muy clara: no es admisible el apresamiento de ciudadanos pacíficos para presentar reivindicaciones políticas. 
Por eso, hago un llamamiento desde aquí a todos los que retienen a esos portugueses para que los liberen de inmediato, con un gesto de buena voluntad humanitaria, el único que puede servir a su causa. 
El caso de nuestros compatriotas está, evidentemente, próximo a nuestro corazón y haremos todo lo necesario, conforme a nuestros principios, para liberarlos. 
Pero eso no significa que no sepamos que existen muchos conflictos perdidos para la atención pública por nuestro olvido de África, entre los cuales está el de Cabinda. 
Sabemos que la situación que se vive en Cabinda es muy difícil y muy dura para los cabindenses. 
Coexistiendo con poderosos intereses internacionales, en un territorio que produce centenares de millones de barriles de petróleo, hay la pobreza y la miseria más extremas. 
Que nadie se engañe, porque esos guetos de prosperidad, donde grandes empresas internacionales se acantonan en el litoral protegidas por mercenarios y por las tropas gubernamentales, son la reproducción y el retrato de una situación de tipo colonial. 
Sabemos también que no existe verdadera libertad política, libertad de expresión, libre posibilidad para el pleno desarrollo de la identidad cultural y religiosa del pueblo de Cabinda, que le permita defender, en un marco de legalidad y paz, todo lo que pretende. 
Sabemos que existe una situación de guerra en gran parte del territorio, acompañada de violaciones de los derechos humanos sobre el pueblo de Cabinda, denunciados en todos los informes internacionales. 
No es necesario ir más lejos que los informes de Amnistía Internacional que mencionan ejecuciones extrajudiciales, uso sistemático de la tortura, asesinato de civiles y destrucción de aldeas en Cabinda. 
Ése es un dato que sería hipócrita desconocer y que conviene a mucha gente ocultar. 
¡No lo haremos! 
Del mismo modo que hacemos un llamamiento a quienes mantienen retenidos a nuestros compatriotas para que los liberen de inmediato, hacemos otro a las autoridades de la República de Angola para que, ante la posibilidad de esa liberación, no inicien ni intensifiquen operaciones militares que puedan poner en riesgo la vida de los portugueses cautivos. 
La situación creada es también responsabilidad suya, por lo que estaremos atentos a lo que suceda. 
Evidentemente, una posición constructiva del Gobierno de Angola será bien acogida por la comunidad internacional. 
Por lo demás, en el pasado reciente, se mantuvieron contactos y negociaciones directas entre el Gobierno angolano y los independentistas de Cabinda y ése es un camino que la comunidad internacional no puede por menos de apoyar. 
Sean cuales fueren las razones que asistan a los hombres y las mujeres de Cabinda no será haciendo sufrir a los trabajadores portugueses como servirán a su causa. 
Ésta es una ocasión única para que sean liberadas ante la comunidad internacional. 
Hacemos de nuevo un llamamiento para que así se haga. 
Señor Presidente, el espíritu con que aquí hemos acudido a declarar nuestro apoyo a la resolución del Parlamento Europeo sobre el rapto de ocho ciudadanos portugueses en Cabinda se debe a una única preocupación: hacer todo lo posible para conseguir su liberación lo más rápidamente posible. 
Desde esa perspectiva, desengáñense los que pretendían ver en esta iniciativa nuestra el aprovechamiento publicitario de una situación que preocupa legítimamente a toda la comunidad portuguesa y, desde luego, a la internacional o la exacerbación de querellas político-partidistas, totalmente inoportunas en este marco. 
Estamos aquí en nombre de principios y en busca de un resultado. 
Los principios- lo afirmamos con claridad -: en cualquier latitud y con el pretexto que fuere, consideramos inaceptable recurrir a raptos para afirmar opiniones políticas. 
Lo que significa que no podríamos colaborar con ninguna gestión para dar relieve político a la cuestión política de Cabinda sin la liberación de los portugueses. 
El resultado nos impone un llamamiento sincero y libre de cualesquiera alineamientos partidistas con las partes interesadas en el conflicto de Cabinda. 
Desde esta tribuna hacemos un llamamiento vehemente al sentido humanitario de los dirigentes del FLEC para que liberen a nuestros compatriotas, algunos de ellos detenidos desde hace ya casi nueve meses en condiciones de supervivencia muy difíciles. 
Si puedo decirlo así, el FLEC no debe tener la menor duda sobre la reacción de las comunidades portuguesa e internacional respecto de las históricas aspiraciones que motivan su lucha. 
Sólo la liberación de los rehenes, de sus hermanos de Portugal, precisamente del país con el que el FLEC desea mantener relaciones, interrumpidas hace más de 25 años, podría favorecer una reacción positiva y una mayor atención de esas comunidades a sus pretensiones históricas y políticas. 
Por nuestra parte, en este momento, cuando se produzca la liberación, no olvidaremos lo que afirmamos ahora. 
Entre otras cosas porque conocemos la difícil situación en que viven los cabindenses. 
La liberación de los portugueses es, en esa medida, también un acto de lucidez política y lo que todos necesitamos para la resolución de este desgraciado caso es firmeza en los principios de sentido humanitario y lucidez política. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi satisfacción por todas las gestiones que se están haciendo desde el momento del rapto del primer portugués, las gestiones públicas o las gestiones discretas, en particular por parte del Gobierno portugués, con vistas a la liberación de los rehenes. 
Además, quisiera sumar mi voz a este llamamiento que hacen aquí, en Estrasburgo, todos los diputados portugueses y dirigido al FLEC, para que libere de inmediato y de forma incondicional a los ocho portugueses que mantiene como rehenes, respete los derechos humanos, piense en sus familias, que viven en una situación de angustia y preocupación, y devuelva a esas personas a la vida normal para que puedan circular libremente en el país en el que decidieron ejercer sus funciones profesionales. 
Quisiera también que quedara aquí claro para ese mismo FLEC que es inaceptable que causa política alguna, concordemos o no con ella, justifique el recurso al rapto como forma de defensa. 
Señor Presidente, la más pequeña nimiedad basta para que se desate la violencia étnica o religiosa en la actualmente alborotada e insegura Indonesia. 
Los disturbios en Kalimantán no constituyen una excepción a esta regla. 
En Indonesia prácticamente todas las comunidades que presentan diferencias sociales o étnicas se convierten en un posible foco de problemas ahora que los subdistritos, distritos y fronteras provinciales se ponen en tela de juicio o son delimitados de nuevo. 
Del mismo modo, las luchas locales por los recursos naturales se vuelven cada vez más violentas. 
Sería bueno que se impusiera una moratoria a toda modificación administrativa de fronteras o reestructuración administrativa local, cuando menos hasta que el orden y la autoridad hayan vuelto a instaurarse de forma creíble y la situación en Yakarta se haya estabilizado un poco. 
Una intervención militar no es la solución adecuada. 
Por eso, conviene condenar enérgicamente la insinuación del General Sudarto de que se estaría tramando un golpe de Estado militar contra el actual Gobierno civil a fin de restablecer el orden en el país. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, con gran espanto hemos visto las imágenes de las crueles matanzas sin precedentes perpetradas en Kalimantán. 
Se trata claramente de tensiones étnicas fuera de todo control, como también sucede en otros lugares de Indonesia: en Timor, en Atjeh, en las Molucas y en Irian Jaya. 
Kalimantán Occidental ya fue víctima de disturbios en 1997 y 1999. En realidad, todos ellos tienen su origen en el programa de transmigración impuesto en 1960. 
Bajo la mano dura del régimen dictatorial estas tensiones yacían soterradas, pero ahora estallan repentinamente. 
Creo que la comunidad internacional debe estar muy atenta. Debe estar preparada para prestar el necesario apoyo al Gobierno legal, porque al fin y al cabo se trata de un problema de pobreza en el que unos pobres se oponen a otros. 
Señor Presidente, la violencia en Indonesia persiste. 
Desde hace algunos años se vienen registrando problemas en Timor- en este momento sobre todo en Timor Occidental- así como en las Molucas, Atjeh, Irian Jaya, y ahora también en Kalimantán. 
En el pasado, el antiguo régimen de Sudarto ordenó a más de ocho millones de indonesios residentes en zonas superpobladas que se trasladaran a territorios con una densidad demográfica menor. 
Como consecuencia de ello, varios cientos de miles de personas procedentes de la isla Madura se desplazaron a Kalimantán, el antiguo Borneo. 
En muchos casos los emigrantes gozaron de importantes ventajas. Solían ser recompensados con tierras y viviendas, en ocasiones en detrimento de la población local. 
Es el caso de Irian Jaya y las Molucas, y lo mismo sucede con los madurenses en Kalimantán. 
Es, por tanto, comprensible que surjan problemas, aparte de que no resulta tan difícil azuzar las tensiones entre los diferentes grupos étnicos. 
Por desgracia, en Indonesia hay muchas personas y grupos que tienen interés en que las tensiones entre grupos étnicos regionales se recrudezcan a fin de desestabilizar el Gobierno de Yakarta. 
Entretanto, el balance se cifra en cientos de muertos y decenas de miles de refugiados, sin olvidar que Indonesia ya contaba con más de un millón de refugiados internos. 
Estamos ante un inmenso problema que amenaza con sobrepasar las fuerzas del Gobierno indonesio. 
En nuestra resolución instamos a la Comisión Europea a que se dirija al Gobierno de Indonesia para imponer el fin de las hostilidades y le pedimos que ponga en práctica la resolución. 
Señor Presidente, 240 millones de personas viven en un archipiélago que se extendería desde Londres a Bagdad. 
Indonesia es enorme tanto en geografía como en población. 
Es el mayor país musulmán del mundo. Es un actor principal en su región y tiene un enorme potencial. 
Si se desintegrara, las repercusiones para sus vecinos serían catastróficas. 
Estuve allí hace dos semanas. 
Es una democracia joven que está saliendo de los años de opresión de Suharto. 
Habibi le dio la libertad de expresión, que sigue existiendo, Wahid apareció como un símbolo de la lucha contra el fraude y la corrupción y sigue habiendo grandes esperanzas en su política de descentralización. 
Está bajo presión del Parlamento y de manifestantes en la calle, así como de aquéllos que ambicionan remplazarle. 
Una de las ventajas de la dictadura suele ser, por supuesto, que ocultan las tensiones sociales, religiosas y raciales. 
Tristemente el final de una dictadura con demasiada frecuencia abre la caja y libera todos los males. 
Timor, Molucas, Aceh, Papúa y ahora Borneo-Kalimantan son, todos ellos, pruebas de lo que digo. 
Las situación en algunas partes de Kalimantan es intolerable y yo respaldo esta moción totalmente. 
Pero lo que más necesita Indonesia ahora es nuestro apoyo a sus esfuerzos por encontrar soluciones y toda crítica que proceda de nosotros debe ser constructiva. 
Señor Presidente, Señorías, esta sesión es casi nuestra sesión de preces y oraciones a la vida democrática y, aun cuando sea pequeño el eco y el reflejo de nuestras protestas, siempre dará esperanza a alguien que esté privado de la libertad e incomodará a tiranos como el actual Presidente de Turkmenistán, que se hizo votar presidente vitalicio por su parlamento en una votación por unanimidad. 
Las elecciones legislativas en Turkmenistán no fueron reconocidas siquiera por la OSCE. 
La diplomacia europea debe estar activa en ese país con 4,5 millones de habitantes, que vive hoy las persecuciones religiosas, la censura de los órganos de comunicación social y la continua violación de los derechos humanos. 
Ese país se inserta en una región del globo en la que se cruzan grandes intereses estratégicos y energéticos, es un país ribereño del mar Caspio y tiene grandes reservas de gas. 
La Unión Europea no puede permanecer indiferente a esa zona, ya que nada de la condición humana puede sernos extraño, como afirma el humanismo clásico. 
Señor Presidente, " Lo mejor es no pararte a pensar en la forma de que se lleva a cabo el gobierno del país. 
Entonces no hay problema. 
Ahora, en cuanto te paras a pensar, cometes un gran error ". 
Estas palabras pronunciadas por un hombre de negocios alemán que trabaja para el régimen del soberano de todos los turkmenios, el Presidente Saparmurad Niyazov, son doblemente significativas. 
Turkmenistán es una república situada en Asia Central, agraciada con opulentas reservas de petróleo y gas. 
No debe, por tanto, extrañarnos que Niyazov prometiera a su pueblo un "Altyn Asyr", un siglo de oro. 
Sin embargo, el Turkmenbashi- así se apoda cariñosamente el gran líder del país- no cumple esta promesa en absoluto. 
¡Todo lo contrario! 
No escatima esfuerzos a la hora de edificar prestigiosas construcciones representando la exaltación de su propia persona. 
Según dicen, en cada esquina de la capital Ashgabad luce un busto de oro y bronce de Turkmenbashi, mientras que al ciudadano de a pie no le queda más remedio que arreglárselas para sobrevivir en una sociedad plagada de corrupción. 
También clama al cielo que el régimen de Niyazov no preste ni la menor atención a la sanidad pública y la educación. 
Pensemos en el cierre de hospitales en las provincias y el inminente despido de miles de profesores ordenado desde arriba, a pesar de que las aulas se ven superpobladas. 
La megalomanía y la nefasta política del Turkmenbashi han creado en el país un clima de auténtico terror. 
Quien se atreva a abrir la boca acaba en prisión por muchos años. 
Por decirlo con las palabras de un profesor de Universidad turkmenio: "en esta tierra los derechos humanos no valen nada de nada". 
Lógicamente, este sincero ciudadano prefiere guardar el anonimato. 
La mayoría de sus compañeros de fatigas prefiere no hablar abiertamente sobre las sangrantes situaciones que se producen en su patria. 
No olvidemos que la élite política de Turkmenistán también está sometida al capricho de Turkmenbashi Niyazov. 
El Presidente no repara en desacreditar públicamente a los ministros delante de las cámaras y los despide según le parece. 
Como ex comunista, el Presidente Nizayov se lleva maravillosamente bien con el Islam sunita- ya ha cumplido la peregrinación a la Meca- y la Iglesia ortodoxa rusa. 
Sin embargo, persigue implacablemente a los miembros de las demás comunidades religiosas, lo cual va en contra del derecho constitucional a la libertad de culto. 
En este sentido la presente resolución común reclama una mayor atención por la situación del pastor bautista Shagildi Atakov, condenado en la actualidad. 
Según las últimas noticias este prisionero ha sido internado en un hospital militar en la localidad de Mary por practicar su fe. Se dice que allí le administran inyecciones calmantes altamente infecciosas. 
Por todo ello, insto a la Comisión a que recabe información acerca de Shagildi Atakov, interviniendo a su favor ante las autoridades turkmenias. 
Ayer las iglesias protestantes de los Países Bajos celebraron un día de oración. 
No cabe duda de que, junto con los cristianos turkmenios, habrán encomendado a Dios a todo el pueblo de Turkmenistán. 
De acuerdo con este espíritu, en beneficio del hombre como creación de Dios, rogamos al Consejo y a la Comisión que empleen todos los instrumentos diplomáticos que estén a su alcance para mejorar la situación general en Turkmenistán. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, como presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de Asia Central, entre ellos Turkmenistán, recibo cada semana información acerca de la continua violación de los derechos humanos en este país. 
Es una de las razones por las cuales nuestra Delegación decidió hace algunos meses no desplazarse a Turkmenistán a mediados de junio para instaurar la comisión de colaboración parlamentaria. 
Suscribo plenamente la solicitud de no aplicar el acuerdo interino mientras no mejore la situación de los derechos humanos en Turkmenistán. 
Comisario Liikanen, le ruego encarecidamente que transmita a sus colegas, y muy especialmente a su colega Patten, el contenido de esta resolución, más en concreto el párrafo referido al programa TACIS. 
Insisto en que la Comisión emplee todos los instrumentos disponibles a fin de fortalecer la participación de la sociedad civil, fomentar la implantación de un verdadero sistema multipartidista y garantizar la existencia de unos medios de comunicación libres e independientes. 
Señor Presidente, como ponente para la firma de un nuevo acuerdo interino entre la Unión Europea y Turkmenistán he suspendido la tramitación parlamentaria previa consulta a la Comisión de Industria a pesar de la opinión positiva, aunque no demasiado convencida, de la Comisión de Asuntos Interiores de nuestro Parlamento. 
Lo hice por las siguientes razones: la democracia se convierte cada vez más en una mera formalidad, hasta el punto de que el Presidente ha impuesto que le nombren de por vida. 
Turkmenistán necesita reformas, pero falta la necesaria voluntad política. 
Los derechos humanos son violados continuamente, en concreto los derechos de las minorías religiosas islámicas y cristianas. 
Además, la mala gestión, la ausencia de información adecuada así como de una justificación financiera aceptable obstaculizan la correcta aplicación de los proyectos TACIS financiados con fondos comunitarios. 
Señor Presidente, sabemos cuán difícil es poner en marcha una democracia, pero la violación de los derechos humanos es intolerable e incompatible con el nuevo acuerdo provisional entre la Unión Europea y Turkmenistán. 
Como miembro del Parlamento Europeo y ponente recomiendo encarecidamente a mis colegas la declaración de urgencia. 
. 
(EN) Señor Presidente, empezaré con Zimbabwe. 
En 1999, la Comisión adoptó medidas para reorientar su cooperación con Zimbabwe en favor de acciones de índole social: sanidad, educación y SIDA, democracia y apoyo a la sociedad civil. 
La Comisión y los Estados miembros han optado por un diálogo político confidencial, al amparo del Artículo 8 del Acuerdo de Cotonou, con el fin de influir en el gobierno de Zimbabwe y de intentar mejoras en el respeto a los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. 
En esta etapa no se consideran apropiadas las sanciones. 
La Comisión cree que las sanciones deberían guardarse como último recurso para disuadir de que se produzcan grandes retrocesos como la suspensión de la constitución o de las elecciones presidenciales de 2002. 
Aunque el Presidente Mugabe está estrechamente relacionado con estos indeseables acontecimientos, su demonización pública es contraproducente porque anima a que le apoyen facciones disidentes de la African National Union/Patriotic Front (Unión Nacional Africana/Frente Patriótico) de Zimbabue y estados vecinos. 
Un énfasis excesivo en la difícil situación de los blancos corre el riesgo de alentar el renacer del tema de la independencia apoyado por muchos negros en Zimbabwe y el sur de África. Olvida la situación difícil de muchas personas negras muy pobres en Zimbabwe. 
En segundo lugar, acerca de la sustracción internacional de menores: la Comisión comparte la preocupación expresada por sus Señorías en el caso de sustracción internacional de menores, a menudo por uno de los padres del menor. 
En el ámbito comunitario, el reglamento Bruselas II entró en vigor el 1 de marzo de este año. 
Este reglamento establece normas sobre jurisdicción, reconocimiento automático y ejecución simplificada de las sentencias en asuntos de matrimonio y en asuntos de responsabilidad sobre los menores de ambos cónyuges. 
Por tanto, las sentencias sobre custodia en el momento del divorcio dictadas en los Estados miembros con arreglo a Bruselas II pueden ejecutarse ahora en toda la Comunidad. 
Hay que admitir que el reglamento no va suficientemente lejos porque está limitado a las decisiones sobre custodia de los hijos de ambos cónyuges decretadas en el momento del divorcio. 
A lo largo de este mes la Comisión tiene previsto presentar un documento de trabajo sobre el reconocimiento mutuo de decisiones sobre custodia de los hijos, al que seguirá una propuesta de reglamento ampliando el ámbito del reglamento Bruselas II de tal modo que cubra a todos los menores y todas las situaciones. 
En cuanto a los casos que trascienden las fronteras comunitarias, la Comisión apoya también la ratificación, o la correcta aplicación, del Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que es un instrumento muy valioso. 
Sobre Cabinda: la Comisión está de acuerdo en deplorar la situación de los ocho ciudadanos europeos que han sido secuestrados en Cabinda. 
La Comisión espera que pueda encontrarse rápidamente una solución que les permita recobrar la libertad. 
Sobre Kalimantan en Indonesia: la Comisión comparte la preocupación de sus Señorías sobre el conflicto en Kalimantan, que ha producido heridos y una importante pérdida de vidas. 
Está claro que varios factores han influido en el estallido de la violencia y en la masacre: una política de transmigración de hace una década y deficientemente aplicada, auténtica pobreza en algunas partes de la zona, mala administración y provocadores que, por razones sobre las que no podemos sino especular, crean la violencia. 
Para luchar contra la pobreza en esta región, la Comisión cuenta con proyectos de desarrollo en el sur y el este de Kalimantan, que incluyen el apoyo a la gestión sostenible de los bosques tropicales. 
En estos momentos, los dirigentes de Indonesia tienen que elegir entre opciones políticas extremadamente difíciles. 
Deben establecer un campo de acogida provisional para los refugiados en Kalimantan. Pero, a la vez, tienen que estudiar si ayudan a quienes desean abandonar Kalimantan permanentemente y volver a Madura. 
Deben, así mismo, demostrar determinación para restaurar la ley y el orden y perseguir a los autores de delitos. 
No hacerlo transmitiría un mal mensaje sobre el compromiso de los dirigentes indonesios con el estado de derecho. 
La Comisión está siguiendo de cerca la situación y estaría dispuesta a ayudar si la situación lo justifica. 
Sin embargo, nuestra valoración actual es que la mayoría de los 50.000 refugiados pretenden regresar a su lugar de origen- Madura- donde tienen familias que podrán sustentarles. 
Sobre Turkmenistán: la Comisión tiene un pleno conocimiento del caso del Sr. Atakov, un pastor Baptista que ha sido condenado a cuatro años de prisión. 
La Comisión apoyó la acción de la UE en Ashgabat, a través de la presidencia de la UE y de los Estados miembros en febrero de este año, pidiendo la liberación del Sr. Atakov. 
La Comisión ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Turkmenistán. 
Apoyó las acciones de la presidencia de principios de este año destinadas a la liberación del Sr. Primukuli Tanrykuliev y del Sr. Nurberdy Nurmamedov. 
La liberación de estos dos presos fue decretada posteriormente por el Presidente Niyazov en una amnistía que permitía la puesta en libertad de 12.000 prisioneros. 
La Comisión apoya totalmente las resoluciones del Parlamento. 
Hay que mantener la presión externa para conseguir resultados en la lucha por los derechos humanos y la libertad religiosa en Turkmenistán. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Staes acerca de las ayudas a través de TACIS, quisiera añadir que la ayuda de la UE mediante el programa TACIS está orientada principalmente al desarrollo agrícola, que beneficia directamente a la población. 
La Comisión desarrolla, así mismo, proyectos a favor de la democracia en el marco de TACIS, fundamentalmente a través de las ONGs del país, con el fin de ampliar la sociedad civil. 
Según lo solicitado, transmitiré esta cuestión al Sr. Nielson y al Sr. Patten para que actúen. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cinco propuestas de resolución sobre el comercio sin control de armas ligeras: 
B5-0189/2001 del Sr. Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre el comercio sin control de armas ligeras y de pequeño calibre; 
B5-0201/2001 de los Sres. Malmström y Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre el comercio sin control de armas ligeras y de pequeño calibre; 
B5-0209/2001 de los Sres. McKenna, Maes, Elisabeth Schroedter y Rod, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la Conferencia de Naciones Unidas prevista para julio de 2001sobre el comercio ilegal de armas ligeras y de pequeño calibre y todos los aspectos con ello relacionados; 
B5-0218/2001 de los Sres. Morgantini, Herman Schmid, Alavanos y Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la Conferencia de Naciones Unidas prevista para julio de 2001 sobre el comercio ilegal de armas ligeras y de pequeño calibre y todos los aspectos con ello relacionados; 
B5-0227/2001 del Sr. Johan Van Hecke, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre armas ligeras y de pequeño calibre. 
Señor Presidente, señor Comisario, 6.000 años de historia de la humanidad más o menos conocida, 10.000 guerras, y la humanidad siempre ha fomentado la producción de armas. 
Una cierta creencia parece abrirse paso en la humanidad. 
En 1972, se condenaron las armas biológicas. En 1993, se condenaron las armas químicas. 
En 1997, se condenaron las minas terrestres. La proliferación nuclear está relativamente bajo control, aunque estemos en una fase negativa desde la firma del Tratado de no-Proliferación Nuclear, en 1968, ejecutorio en 1970. 
Pero en el mundo actual, las armas que más matan son las armas ligeras. 
Se estima que su número asciende a quinientos millones en todo el planeta. 
Matan anualmente a 200.000 personas, es decir, 20 veces más que las minas terrestres, y más de la mitad de las víctimas se encuentran en África. 
Por tanto, no es de extrañar que el Secretario General de las Naciones Unidas, que actualmente es un africano convencido, haya incluido en el orden del día de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará el próximo mes de julio en Nueva York, el debate de un convenio que intente limitar esta peligrosa y terrible tendencia. 
La idea sería identificar las armas para poder proceder a su seguimiento, organizar su registro, animar a todos los Estados a endurecer los controles y sus legislaciones internas relativas a las exportaciones y reexportaciones, organizar la persecución y el castigo de las comisiones en el tráfico y, finalmente, financiar e impulsar los programas nacionales de recogida y de destrucción de armas. 
Con un panorama como éste, la Unión Europea, que, hace tres años, a propuesta británica, adoptó una moratoria en materia de venta de armamento, debería tener una política común eficaz y asumir plenamente su papel. 
Quiero manifestar mi alegría por el hecho de que seis Grupos políticos hayan sido capaces de presentar una propuesta de resolución que supone un excelente compromiso y que viene al pelo. 
No me extenderé más, hay que respaldarlo, se inscribe plenamente en el marco de nuestro código de conducta, está en consonancia con lo que ya se ha decidido en el seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) , y corresponde perfectamente a las perspectivas de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas. 
En el momento de las votaciones, solicitaré, señor Presidente, dos enmiendas orales, que me consta cuentan con la conformidad general. 
La primera de ellas en los considerandos, ya indicaré el lugar en ese momento, para añadir un refrendo a la Declaración- es una gran primicia histórica- de Bamako del mes pasado, en la que 52 naciones africanas adoptaron, todas ellas, una postura única que concuerda totalmente con nuestro código de conducta. 
Y el segundo elemento adicional sería simplemente añadir la referencia al registro de las armas en las propuestas de nuestra resolución de transacción. 
Sé que cuentan con la conformidad, las defenderé en su momento. 
Señor Presidente, queridos colegas, esta semana de pleno es la semana de la prevención de conflictos. 
Se han dicho cosas acertadas, pero la acción más importante en este contexto es esta iniciativa de la UE para la celebración de una conferencia de la ONU sobre el comercio ilegal con armas pequeñas. 
Sabemos que este comercio es uno de los factores fundamentales que avivan los conflictos y que la población civil ajena a los mismos es su principal víctima. 
Lo positivo de la propuesta de la UE es que comprende a las dos partes, los que las emplean y los que las fabrican, y que la UE pretende que los compromisos que recoge tengan carácter vinculante. 
Esta conferencia debe suponer un primer paso para poner fin a las exportaciones de armas. 
Pero una comisión permanente tendrá que controlar su puesta en práctica. 
Sería bueno que la UE no sólo exigiera esto, sino que fuera la primera en llevarlo a la práctica en sus propias filas. 
Señor Presidente, en varias ocasiones este Parlamento ha hablado del código de conducta para la exportación y transferencia de armas. 
Primero, para conseguir ese código de conducta, después, para que sea efectivo. 
En el caso de hoy, nuestra resolución tiene un objetivo fundamental: contribuir a que la próxima Conferencia de las Naciones Unidas de julio tenga éxito. 
Para ello proponemos varios puntos en la resolución. 
Teniendo en cuenta el tiempo de que dispongo, voy a explicar sólo tres. 
En primer lugar, impedir que se exporten o transfieran armas a países o grupos que atenten contra los derechos humanos. 
En segundo lugar, un convenio internacional sobre el comercio y sobre el transporte de armas vinculante para todos los países. 
Y en tercer lugar, la transparencia y el control parlamentario sobre ese comercio que, a la vista está y no hay más para verlo que estar aquí una tarde de urgencias, produce conflictos de baja y media intensidad. 
Desde luego, sin la existencia de esas armas, no habría esos conflictos. 
Por lo tanto, este Parlamento debe desear que sea un éxito la conferencia de julio de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, desde el final de la Guerra Fría la distribución de armas ligeras se ha convertido en un problema en todo el mundo. Se trata de un fenómeno que en nuestros países recrudece la criminalidad callejera, al tiempo que azuza las guerras civiles en el Tercer Mundo. 
Por eso, puede decirse que la Conferencia de Naciones Unidas llega más bien tarde que pronto. 
Opino que en Nueva York la Unión Europea ha de tomar la iniciativa. 
El código de conducta de 1998 puede servir de modelo para un acuerdo mundial sobre la importación y transferencia de armas. 
Dicho código ha demostrado ser útil, aunque presenta dos importantes defectos. 
En primer lugar no tiene fuerza jurídica. 
Por tanto, Europa ha de insistir en que el acuerdo internacional sí revista carácter vinculante. 
En segundo término no prevé ninguna medida para controlar al usuario final de las armas exportadas. 
En África, por ejemplo, Togo y Burkina Faso son considerados a título oficial como los usuarios finales de las armas procedentes de Bulgaria, pero en realidad estas armas son trasladadas a Liberia y a los grupos rebeldes de Sierra Leona. 
Europa ha de abogar por un control y una penalización más severos de estos países de tránsito. 
Por otra parte, el problema de la distribución de armas ligeras no afecta únicamente al Tercer Mundo. La tenencia de armas aumenta asimismo en Europa y Estados Unidos. 
La mitad de las familias estadounidenses posee un arma de fuego. Aunque en muchos casos se trate de armas legales no dejan de causar daños, como pudo comprobarse en California la semana pasada. 
Por eso, es importante que la Conferencia de Naciones Unidas también se atreva a abordar la problemática de las armas ligeras legales. Europa debe tener la valentía de defender fervientemente la prohibición total de publicidad referida a armas de fuego. 
Señor Presidente, los Estados miembros de las Naciones Unidas están ante un difícil dilema: habrán de optar por la industria de armamento y los intereses económicos o, por el contrario, por la seguridad humana, la estabilidad y la paz. 
Confiamos en que la Presidencia sueca lleve por buen camino la reunión preparatoria y esperamos que la Presidencia belga adopte las decisiones adecuadas en la Conferencia. 
. 
(EN) Señor Presidente, la UE está comprometida en la lucha contra la acumulación desestabilizadora de armas ligeras en muchas partes del mundo. 
La acción conjunta de la UE en materia de pequeñas armas y armamento ligero propone la adopción de una serie de medidas de creación de confianza, entre las que se incluye fomentar una mayor transparencia y apertura. 
La Unión se compromete también a prestar ayuda técnica y financiera a países, organizaciones internacionales y ONGs que soliciten apoyo para estas medidas. 
En la actualidad existe una serie de proyectos en marcha o en estudio surgidos de la acción conjunta. La Comisión Europea se encarga de la ejecución financiera de estos proyectos. 
La UE concede una gran importancia a la próxima Conferencia de ONU sobre el comercio ilícito de pequeñas armas y armamento ligero en todos sus aspectos. 
Se han logrado algunos avances durante el segundo comité preparatorio pero siguen sin resolverse muchas cuestiones importantes. 
Nosotros acogemos favorablemente el borrador del programa de acción presentado por el presidente del comité preparatorio que constituye una buena base para las posteriores conversaciones. 
Seguiremos manteniendo estrechas consultas con nuestros socios durante el proceso de preparación y trabajaremos juntos para la adopción de instrumentos vinculantes política y jurídicamente así como de programas de acción internacionales y globales en materia de armas ligeras. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las18.30 horas. 
Catástrofes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de nueve propuestas de resolución sobre catástrofes: 
Inundaciones en Mozambique- B5-0176/2001 de los Sres. Miranda, Boudjenah y Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las inundaciones en Mozambique; 
B5-0190/2001 de los Sres. Marinho, Seguro y Van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre las inundaciones en Mozambique; 
B5-0210/2001 de la Sra. Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre las inundaciones en Mozambique; 
B5-0220/2001 de los Sres. Queiró y Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN, sobre las inundaciones en Mozambique; 
B5-0228/2001 de los Sres. Cunha, Coelho, Johan Van Hecke y Bastos, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre las inundaciones en Mozambique; 
Catástrofe humanitaria en Mongolia- B5-0191/2001 de los Sres. Van den Berg y Lage, en nombre del Grupo PSE, sobre la catástrofe humanitaria en Mongolia; 
B5-0193/2001 de los Sres. Dupuis, Pannella, Bonino, Dell ' Alba, Turco, Della Vedova y Cappato, en nombre del Grupo TDI, sobre la catástrofe económica y humanitaria en Mongolia; 
B5-0211/2001 del Sr. Staes, en nombre del Grupo Verts/ALE-Fractie, sobre la catástrofe humanitaria en Mongolia; 
B5-0229/2001 de los Sres. Maat en Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre la catástrofe humanitaria en Mongolia. 
Señor Presidente, una vez más y a semejanza de lo que ocurrió el año pasado, afrontamos graves inundaciones en Mozambique de las que han resultado un número considerable de víctimas y enormes daños materiales. 
Y una vez más queremos manifestar nuestra solidaridad al pueblo mozambiqueño y hacer un llamamiento a la Comunidad y a los Estados miembros para que refuercen la ayuda de emergencia a ese país. 
Quisiera citar en esta oportunidad la pronta disponibilidad del Comisario Poul Nielson para hacer declaraciones sobre este asunto ante la Comisión de Desarrollo y Cooperación y, en especial, el anuncio que aquí ha hecho de una ayuda extraordinaria a Mozambique. 
Aun así, quisiera subrayar la necesidad de que se encuentren formas más rápidas de coordinación mayor y movilización efectiva de medios, en particular de los Estados miembros, para acudir a situaciones de emergencia como la presente y con vistas a garantizar, en particular, la evacuación de poblaciones afectadas y en riesgo. 
Por último, quisiera señalar a la atención de Sus Señorías la necesidad y la urgencia de una consideración especial de la anulación de la deuda mozambiqueña. 
Señor Presidente, las iniciativas que algunos portugueses, entre los cuales me cuento, adoptaron con vistas a conseguir esta resolución común ya han tenido algunos efectos positivos. 
Primero, la propia resolución común, que expresa la voluntad solidaria del Parlamento y, en segundo lugar, el apoyo financiero ya anunciado y prometido por parte de la Comisión. 
Por desgracia, señor Presidente, estamos hablando una vez más de una catástrofe que es recurrente en la joven democracia que es Mozambique. 
Después de una guerra civil que diezmó una parte considerable de la población y dejó el país en la más dura miseria, asistimos ahora impotentes a las vicisitudes de la naturaleza que insisten en sacrificar a ese pueblo. 
El país afronta una situación preocupante. 
El río Zambeze tiene un caudal estacionario, cierto es, pero el escenario podría cambiar en cualquier momento por los niveles de precipitaciones registrados o previstos. 
La presa de Cabora Bassa avanza hacia el punto de saturación máxima y las descargas podrían agravar la situación. 
El mantenimiento del umbral mínimo de supervivencia exige medidas urgentes tanto en la ayuda alimentaria como en los refugios, en los medios de salvamento y reconstrucción, en el suministro de medicamentos. 
El envío de técnicos sanitarios reviste la máxima importancia, pues ya se han diagnosticado los primeros síntomas de epidemias como el paludismo y la diarrea entre la población. 
No obstante, para afrontar las necesidades primarias de las poblaciones surgen dificultades de diversas clases, pues los puentes y las líneas de ferrocarril están sumergidas. 
Es necesario recurrir a helicópteros, medios de intervención de que Mozambique dispone en una cantidad en modo alguno satisfactoria. 
La Unión Europea, y, en particular, la Comisión, debe desempeñar un papel de gran importancia en la adopción de programas de ayuda humanitaria, lo que constituye, por lo demás, una característica determinante de nuestra política exterior de la Unión Europea. 
Los dos millones de euros- 400.000 millones de escudos- ya asignados son un buen indicio del espíritu cooperante de la Comisión, pero son claramente insuficientes para atender las necesidades y abordar las dificultades que afronta el país. 
En el fondo, lo que pedimos, señor Presidente, es que la Comisión interprete nuestra resolución común y el Consejo lo haga en el sentido más global y solidario posible. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, es angustioso que un país como Mozambique, que ya ha sufrido tantas desgracias, vuelva a ser escenario de terribles inundaciones. 
Una vez más la ayuda de emergencia se hace esperar y muchas personas no pudieron ser evacuadas a tiempo. Aparte de esto, cabe preguntarse cómo este país tan sumamente pobre logrará superar esta enésima catástrofe. 
Hace unos años pudimos congratularnos por la rápida recuperación económica de determinadas zonas de Mozambique, pero el interior es tan pobre- la gente no tiene absolutamente nada- que me parece francamente vergonzoso que algunos países aún no hayan condonado las deudas pendientes. 
Considero que Europa ha de dar ejemplo. 
No podemos exigir que Mozambique pague sus deudas. Los enormes daños causados por la naturaleza nos obligan a dar muestras de una inmensa solidaridad. 
Señor Presidente, Señorías, ya va pareciendo cíclico. 
Mañana hará precisamente un año que estábamos en este Parlamento debatiendo y votando una resolución sobre este mismo asunto: las crecidas en Mozambique. 
Colocamos la tónica en las poblaciones afectadas, que son, esta vez y principalmente, las de las provincias de Tete, Sofala y Zambeze: decenas de muertos y desaparecidos, casi medio millar de personas afectadas, casi cien mil desalojados. 
Son enormes los sufrimientos de esas personas, muchas de ellas en estado de extrema debilidad, y los problemas son graves: carencia de agua potable y alimentos, falta de combustible y amenaza de epidemias. 
Así, pues, es necesario que la Unión Europea exprese su solidaridad para con Mozambique, que no se limite a las palabras y que no olvide el esfuerzo de los mozambiqueños, que han intentado denodadamente consolidar su proceso de transición a la democracia, aún lejos de su consumación. 
En ese marco, quisiera subrayar también lo que se dice en la parte final del párrafo 5 de la resolución común que vamos a votar y que, en el fondo, va encaminado a garantizar la salvaguardia de todas las condiciones de seguridad y operatividad necesarias para que las ayudas lleguen a su verdadero destino. 
Es una exigencia que estamos obligados a formular, un derecho que asiste a quien está necesitado de ayuda. 
Ser solidario debe ser nuestro propósito, ayudar eficazmente deberá ser nuestro compromiso. 
Señor Presidente, una vez más el pueblo de Mozambique está afectado por terribles inundaciones: medio millón de personas afectadas, más de 80.000 desalojados, decenas de muertos y desaparecidos y daños materiales muy elevados, sobre todo en las provincias de Tete, Manica, Sofala y Zambeze. 
Además de la destrucción de infraestructuras, esas inundaciones provocan la falta de agua potable y alimentos, así como el peligro real de epidemias tan gravosas y mortales como las propias crecientes. 
El dramatismo y el gigantismo de este desastre no es como para permitir una actuación aislada y eficaz de las autoridades mozambiqueñas en la resolución de los graves problemas económicos, sociales y de salud pública, sobre todo porque Mozambique es una nación muy necesitada. 
La Unión Europea y, en particular, el Parlamento Europeo no pueden permanecer indiferentes a esta tragedia ni limitarse a expresar un simple voto de solidaridad. 
De modo que hacemos un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que refuercen la ayuda de emergencia a Mozambique, pedimos que coordinen su ayuda en cooperación con países terceros y organizaciones multilaterales. 
Rogamos a los Estados miembros que formulen en el Consejo y en consonancia con la Comisión un programa de ayuda estructural a Mozambique: pedimos también que la comunidad internacional no escatime esfuerzos en la asignación de medios humanos y materiales, que movilice la tan necesaria ayuda de emergencia y adopte medidas económicas y financieras que contribuyan a la reconstrucción de las regiones afectadas y a la recuperación de la economía mozambiqueña, tan duramente afectada. 
Catástrofe humanitaria en Mongolia 
Señor Presidente, las imágenes de ese remoto país, Mongolia, con tan sólo 2,7 millones de habitantes distribuidos por un inmenso territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, barrido por vientos gélidos, con su población de pastores nómadas desalentada y esperándose lo peor y con sus rebaños muriendo de frío y hambre, esas imágenes que nos han llegado por la televisión, son impresionantes y conmovedoras. 
Es urgente e imperioso apoyar y ayudar a ese país vagamente mítico que consiguió el milagro de instaurar una vida democrática en un medio considerado tan hostil. 
Además del valor en sí mismo de la ayuda al desarrollo y del socorro inmediato a Mongolia, a sus seres humanos y a su ganado, es necesario mimar una experiencia democrática extraordinaria, que demuestra que la democracia no conoce fronteras físicas ni geográficas, ni religiosas ni culturales ni de modos de vida, ya que una parte de esas poblaciones tiene una vida nómada. 
Ésa es una buena causa, señor Presidente y Señorías, para la Comisión y para la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el Sr. Lage lo ha dicho antes que yo, Mongolia es seguramente, de entre los países de la ex-Unión Soviética, el que había hecho mayores progresos en la consolidación de la democracia, del Estado de derecho, y, por desgracia, parece también que es un país un poco olvidado por los dioses. 
Ciertamente, durante el invierno 1999-2000, ha soportado unas condiciones extremadamente duras, con temperaturas que han alcanzado hasta- 50 º, condiciones que se han reproducido este año, tras la sequía del pasado verano. 
Todo esto ha provocado la muerte de millones de cabezas de ganado. 
El ganado es la principal riqueza de Mongolia, y sin duda habrán leído ustedes, en la edición de ayer por la tarde del "Monde", que además de por estas calamidades, Mongolia se ve afectada por el brote de fiebre aftosa. 
Es fácil imaginar, en un país cuya economía se sustenta básicamente en la ganadería, los perjuicios que esto puede IMPLICAR. 
En el punto 8 de su programa legislativo del año pasado, la Comisión se comprometió a conceder una importante ayuda de emergencia a Mongolia. 
Hasta ahora, no la ha materializado más que muy parcialmente. 
Sólo ha enviado algunos centenares de miles de dólares, que se suman a algunos cientos de miles de dólares más procedentes de otros donantes, entre los que se encuentran Israel y la República Popular China. 
Las necesidades ascienden a 8 millones de dólares. 
Por tanto, urge que la Comisión asuma un compromiso a la altura de la desgracia, de la catástrofe que se ceba hoy con Mongolia. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, hubo una época en la que los ejércitos nómadas encabezados por Gengis Khan infundieron terror en todo el mundo. 
Hoy en día los descendientes lejanos de estas temibles hordas están sumidos en una profunda pobreza. 
Se corre el riesgo de que la sucesión de dos inviernos extremadamente severos acabe con esta nación de pastores y con la reactivación de la economía de Mongolia. 
Espero que nuestro debate logre romper la indiferencia de la comunidad internacional. 
A mediados de enero recibí junto con el Sr. Maat al Presidente de Mongolia. 
Nos impresionaron la franqueza y decisión con que se dirigió a nuestro Parlamento. 
Recuerdo a la Comisión que este Parlamento ya expresó el año pasado su deseo de conceder a Mongolia la necesaria ayuda de emergencia. 
Señor Comisario, le ruego acceda a nuestra petición de prestar más asistencia estructural y económica a Mongolia a través de ECHO y TACIS. 
Se lo agradeceré. 
Señor Presidente, Mongolia está convirtiéndose en la perla democrática de Asia Central. 
Aún sin contar con reservas de petróleo u otros minerales intenta abrirse un hueco en la nueva economía globalizadora. 
El país se manifiesta en el ámbito del deporte, como hemos podido comprobar recientemente en los concursos de patinaje celebrados en mi tierra, y en las últimas elecciones ha demostrado ser capaz de afrontar auténticos terremotos políticos. 
En su feroz lucha por asegurarse un pequeño lugar en el mundo el país debe afrontar por segundo año consecutivo un frío extremo tras un verano demasiado seco. 
Cientos de miles de familias y doce millones de cabezas de ganado corren el peligro de morir de hambre. 
El hecho de que Mongolia suministrara en el pasado grandes cantidades de carne vacuna a países como Rusia y Finlandia aún agrava este problema. 
La adhesión de Finlandia a la Unión Europea dificultó seriamente el acceso al mercado finlandés y la masiva ayuda alimentaria europea a Rusia también apartó a Mongolia de este mercado. 
Puede concluirse, pues, que la Unión Europea tiene una deuda con Mongolia. 
Lo correcto sería que concediéramos ayuda financiera en el marco de ECHO. Además, a la Unión Europea le honraría emplear más fondos TACIS para fomentar el desarrollo de este mirlo blanco democrático de Asia Central. 
También desde el punto de vista democrático este buen ejemplo puede crear escuela. 
Agradecería que la Comisión nos explicara qué medidas concretas piensa adoptar en el ámbito de los fondos ECHO, ayudas complementarias, ayuda de emergencia, pero sobre todo en cuanto a la consolidación democrática del país. Considero necesario que a este fin se concedan fondos complementarios a Mongolia en el marco del programa TACIS, incluso anticipándonos al presupuesto para el año 2002. 
Me siento muy acompañado por el Sr. Staes, pero también por nuestro vicepresidente, el Sr. Wiebenga, que vela asimismo por los intereses de esta región. 
Desde esta perspectiva, señor Comisario, usted puede dar esta tarde una pequeña alegría a varios miembros de este Parlamento. 
Debo admitir que a mí también me causaron una profunda impresión la firmeza y el talante democrático del Vicepresidente de Mongolia, al que tuve el placer de recibir en nombre de la Sra. Fontaine. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar sobre la cuestión de las inundaciones en Mozambique, la Comisión sigue de cerca la actual situación provocada por las inundaciones en Mozambique y está profundamente preocupada por la cantidad de personas desplazadas y por la pérdida de vidas que ya ha ocasionado. 
Estoy de acuerdo con lo que muchos de ustedes han dicho: que realmente ese país ha sufrido más de lo razonable en las últimas décadas. 
La oficina de ayuda humanitaria de la Comisión, ECHO, mantiene un estrecho contacto con la delegación de la Comisión en Mozambique y también con organizaciones estatales y no gubernamentales dentro del país. 
La valoración de la Comisión confirma la necesidad de una nueva intervención de ayuda humanitaria en Mozambique. 
La financiación inicial en torno a los 2 millones de euros está preparándose actualmente. La evolución de la situación se sigue muy de cerca. 
La intervención de la Comisión es más apropiada a partir de la fase de alivio de los efectos puesto que la búsqueda y rescate a esta distancia los realizan con mayor eficacia las fuerzas aéreas sudafricanas y mozambiqueñas. 
El papel de la Comisión puede ser complementario después de la fase inicial. 
Los países vecinos de Malawi, Zambia y Zimbabwe se ven también afectados por las lluvias anormalmente copiosas. 
La situación en Mozambique es probable que persista durante algunas semanas mientras las presas de Kariba y Cabora Bassa sigan soltando agua. 
La escasez de alimentos es probable que continúe al menos hasta el otoño de este año aunque no haya más lluvias fuertes. 
El Programa Mundial para los Alimentos calcula que ya están alimentando a 80.000 personas y se están preparando para alimentar a 150.000. 
La Comisión prometió un paquete de ayuda total de 73,5 millones de euros para el programa de reconstrucción que siguió a las inundaciones del año 2000, incluyendo un total de 10 millones de euros de los fondos de ECHO. 
Se han comprometido 63,5 millones de euros, de los cuales ya se han desembolsado efectivamente 23 millones. 
En cuanto a Mongolia, ECHO, en línea con su mandato, está proporcionando ayuda humanitaria a las personas afectadas por las condiciones climatológicas extremas que sufre Mongolia desde el año pasado. 
Ese año, ECHO destinó casi 2 millones de euros a ayuda de emergencia para hacer frente a las necesidades básicas de las familias más vulnerables afectadas por el severo invierno de 1999-2000 y por la posterior sequía del verano en Mongolia. 
En 2001, en respuesta al llamamiento de ayuda internacional del gobierno de Mongolia y sobre la base de la valoración de las necesidades de ayuda humanitaria efectuada por la FAO y la familia de la Cruz Roja, ECHO ha presentado una decisión de fondos de emergencia por valor de 1 millón de euros. 
Esta decisión, en vías de aprobación, prevé el reparto de alimentos, productos para la agricultura y artículos médicos entre los estratos más vulnerables de la sociedad en las provincias afectadas. 
La ayuda será facilitada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y por dos socios de ECHO, Save the Children del Reino Unido y Premier Urgence de Francia. 
ECHO está siguiendo de cerca la situación general del país para identificar otras potenciales necesidades de ayuda humanitaria. 
Tiene la palabra el Sr. Maat. 
Sr. Presidente, no pretendo reabrir el debate, pero algunos miembros han formulado preguntas explícitas acerca de la realización de inversiones estructurales con fondos complementarios procedentes del programa TACIS, entre otras cosas con objeto de fomentar el particular proceso de democratización que se está desarrollando en Mongolia. 
El Comisario no se ha referido a este tema. 
Creo, sin embargo, que el Parlamento tiene derecho a recibir alguna información al respecto. 
Vamos a ver qué opina el Comisario porque en realidad no andamos mal de tiempo. Veo que está dispuesto a comentar brevemente este punto. 
. 
(EN) Señor Presidente, no tengo ninguna prisa. Voy a estar aquí toda la tarde. 
Pero en estas preguntas, que son totalmente pertinentes, no estoy en condiciones de dar, digamos, respuestas improvisadas; transmitiré todas sus preguntas a mis colegas responsables de estos asuntos para que ellos informen a sus Señorías. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
(La sesión se interrumpe hasta las 17.30 horas) 
Estatuto de los asistentes 
De conformidad con el orden del día sigue la pregunta oral (B5-0010/2001) del Sr. Rocard., en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de la Comisión relativa.al estatuto de los asistentes. 
Ruego al Sr. Rocard, autor de esta pregunta, que nos introduzca en el asunto. 
Señor Presidente, señor Comisario, en términos del Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales es competente "en materia de protección de las condiciones de vida y de trabajo, incluyendo el entorno de trabajo". 
Esta bonita definición nos permite por tanto analizar la situación de nuestros asistentes; diría incluso que nos lo impone; sería extraño que la comisión que tengo el honor de presidir fuera competente para todos los trabajadores de Europa, con la única excepción de los asistentes del Parlamento Europeo. 
Es por otra parte la curiosa situación que hasta ahora hemos vivido. 
¡Sin embargo, estamos muy lejos de querer usurpar las competencias de los órganos específicos del Parlamento Europeo! 
Por ello, señor Comisario, cuando escuchamos a los representantes de los asistentes, lo hicimos en presencia y con la colaboración del Vicepresidente Onesta, que ha recibido de la Mesa de nuestro Parlamento el encargo de hacer un seguimiento de estos problemas. 
Ahora bien, queremos aportar la contribución de la Comisión de Empleo en la búsqueda de soluciones innovadoras. 
La mayoría de nuestros colegas conoce bien los problemas que tienen los asistentes, desde la precariedad hasta las dificultades para la integración legal en el territorio belga, dónde muchos de ellos residen. 
La Mesa del Parlamento Europeo ya ha tomado una decisión interna indispensable, encaminada a incrementar la transparencia en la gestión del complemento de secretariado. 
Este punto figuraba en el informe del Sr. Onesta. 
Permitirá a los asistentes disfrutar de un contrato de trabajo como Dios manda, de una protección social- no todos la tenían -, y de un seguro de accidentes de trabajo. 
Pero quedan otros problemas por resolver. 
Se refieren básicamente a la situación específica de los asistentes, que son de hecho trabajadores transfronterizos sin que les sean reconocidos los derechos inherentes a esa situación. 
Por ello, el informe de expertos encargado por la Comisión Europea contemplaba recurrir a la legislación europea existente en materia de libre circulación, e integrar en ella la situación específica de los asistentes parlamentarios. 
Esta vía parece al mismo tiempo realista y razonable. 
Es realista, porque el célebre Reglamento 1408/71- todos nuestros colegas parlamentarios lo conocen -, que regula la libre circulación de los trabajadores, de los estudiantes, de los pensionistas, etc., no es un texto inamovible. 
Desde hace más de cinco años, está siendo objeto por parte del Consejo de un proceso de simplificación, de actualización, de mejora, que debería culminar- al menos así lo espera el Parlamento Europeo- bajo la Presidencia belga. 
Este año, se nos presentan modificaciones a este texto. 
En el anterior periodo parcial de sesiones, incluso creí entender que muchos de nuestros colegas optaban por una reestructuración general de este texto, más que por mejoras técnicas. 
A pesar de todo, aprobamos la última modificación que el Consejo y la Comisión nos solicitaron conjuntamente en febrero. 
Dicho de otro modo, este texto podría ser fácilmente modificado y adaptado a la situación de los asistentes, y podría permitirles elegir el país de referencia en materia de cotizaciones sociales y garantizar el resto de sus derechos a la protección social. 
Esta vía realista es también razonable. 
El Consejo deseaba que el Parlamento concediera una mayor transparencia a las relaciones con sus asistentes. 
Este primer paso se ha materializado con la decisión a la que me he referido. 
No desea abordar las cuestiones fiscales. 
El recurso al Reglamento 1408/71 no lo exige. 
¡De acuerdo! 
El Consejo no quería otorgar el estatus de funcionario a los asistentes. 
Nuestra solicitud tampoco lo pretende, es muy distinta; intenta simplemente garantizar sus derechos fundamentales a la protección social. 
En otras palabras, hoy se cumplen todas las condiciones necesarias para un avance decisivo en este dossier y, señor Comisario, este es el motivo de nuestra pregunta a la Comisión, ya que ésta ha expresado nuevamente su voluntad de avanzar en el tema junto con el Parlamento. 
La Comisión tiene la iniciativa política, y le pedimos hoy que la utilice y que presente formalmente una propuesta de modificación del Reglamento 1408/71, para añadir un simple párrafo que contemple la situación de los asistentes. 
Al Consejo le corresponde asumir después su responsabilidad, mantener o no a nuestros asistentes y a nosotros mismos en una situación de inseguridad jurídica y social. 
El Parlamento ya ha emprendido una labor interna en su institución. 
Su desarrollo depende del proceso legislativo normal. 
A partir de ahora, le corresponde a la Comisión presentar una propuesta, y el Parlamento podrá completar su labor para conseguir una reglamentación interna que trate la cuestión de los asistentes. 
Por tanto, esta es la razón de ser de nuestra pregunta a la Comisión. 
¿En qué plazo será propuesto este texto indispensable, señor Comisario? 
La mejor solución sería que se presentase antes del inicio de la Presidencia belga, dado que nuestros asistentes trabajan en Bélgica. 
El asunto es urgente. 
Afecta también a la ética y a la imagen de nuestro Parlamento. 
. 
(EN) La Comisión concede una gran importancia a la cuestión de los asistentes de los parlamentarios europeos. 
En 1998 la Comisión, con el acuerdo del Parlamento, redactó una propuesta para modificar las condiciones de contratación de otros miembros del personal de tal modo que los asistentes parlamentarios se convirtieran en personal auxiliar. 
Se da la circunstancia de que yo era el Comisario responsable en ese momento. 
Esto habría garantizado un trato igual para los asistentes en cuanto a salario, condiciones de trabajo e impuestos, con la posibilidad de elegir un sistema de seguridad social. 
Como ustedes saben, sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por el Consejo. 
Por acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión encargó entonces a expertos un estudio de diversas soluciones que fueran compatibles con la legislación comunitaria y con los intereses de los asistentes de los parlamentarios. 
Los expertos sugirieron que uno de los aspectos del estatuto jurídico de los asistentes podría ser tratado con otro instrumento comunitario, a saber, el Reglamento 1408/71, que coordina los programas de seguridad social de los Estados miembros. 
Los asistentes ya están cubiertos por este reglamento que les asigna, en principio, al sistema de seguridad social del Estado miembro en que trabajen. 
El Vicepresidente Onesta se ha puesto en contacto con mi colega la Sra. Comisaria Diamantopoulou para sugerir que la Comisión presente una propuesta al Consejo y al Parlamento de modificación de este reglamento de tal forma que se permita a los asistentes elegir entre el Estado miembro en el que trabajen, el Estado miembro en el que estuvieron asegurados por última vez o el Estado miembro del que sean nacionales. 
El personal auxiliar de las instituciones ya dispone de una opción similar. 
Esta modificación sólo resolvería una parte muy específica y pequeña de la situación jurídica de los asistentes y no les exoneraría de las obligaciones de la legislación nacional en cuanto a condiciones de trabajo, impuestos y seguridad social. 
Sin embargo, la Comisión se ha comprometido a encontrar soluciones que beneficien tanto a los asistentes como a los parlamentarios. 
La modificación sugerida puede, ciertamente, clarificar la situación jurídica de los asistentes en lo que respecta a sus derechos en materia de seguridad social. 
Parece que la aplicación del Reglamento 1408/71 a esta categoría de trabajadores sigue dando lugar a una incertidumbre que esta modificación puede eliminar. 
Una vez que hayan efectuado una elección no debería haber ya malos entendidos en cuanto al sistema del Estado miembro al que están sometidos. 
Además, parece justificado hacer una excepción de las reglas generales del reglamento para personas que trabajan con carácter temporal para miembros de las instituciones comunitarias, como el personal auxiliar. 
Mi borrador dice, así, lo siguiente: "Por tanto, la Comisión tiene intención de proponer en breve al Parlamento y al Consejo la modificación propuesta del Reglamento 1408/71". 
Si se me pregunta qué quiere decir "en breve", puedo decir que antes del verano. Esto significa que esta cuestión puede decidirse durante la presidencia belga. 
Señor Presidente, desde 1979, año en que se celebraron las primeras elecciones directas, he asistido a todas las sesiones plenarias de nuestro Parlamento Europeo aquí en Estrasburgo, de lunes a viernes, quince años como asistente de nuestro inolvidable colega Otto von Habsburg y siete años hasta ahora como diputado. 
En un período anterior tuve que ocuparme de este tema como periodista. 
Así que creo que conozco bien el tema desde los tres puntos de vista concernidos. 
Por ello, quiero decir que ha de acogerse con satisfacción el hecho de a través de nuestra normativa provisional hayamos dado con un regulación que, por un lado, garantiza la flexibilidad y, por otro, da seguridad, y que ha sido aceptado por el Tribunal de Cuentas como un régimen sólido, si bien me parece problemático modificar su base jurídica en medio de una legislatura. 
Creo que ello debe aclararse siempre al principio de cada legislatura. 
Ahora abordamos el estatuto definitivo del asistente, y, como es natural, acogemos con satisfacción dicho estatuto. 
No obstante, quiero advertir de que se produce una exceso de burocratización y se pierde flexibilidad. 
Corren rumores de que se proyecta que todos los asistentes queden sujetos, por así decirlo, al Derecho belga. 
Ello representaría no sólo un problema para muchos colaboradores que mantenemos en las circunscripciones electorales, puesto que lo importante es justamente reforzar la vinculación con la circunscripción electoral, sino que tampoco se ajustaría a la estructura laboral de nuestro Parlamento, puesto que esta Asamblea, en virtud de una decisión del Consejo, mantiene su sede en Estrasburgo y celebra aquí sus sesiones plenarias. 
Así, a los diputados del sur de Alemania o de Francia les resulta a menudo más conveniente contratar a un asistente para Estrasburgo y para la circunscripción electoral que llevar al asistente de Bruselas a Estrasburgo. 
Estrasburgo es la sede del Parlamento. 
Por ello, no es razonable, por ejemplo, someter a los asistentes que trabajan aquí al Derecho belga. 
Bruselas es un centro de trabajo importante, pero es sólo un centro de trabajo como lo es también Luxemburgo. 
En consecuencia, creo que el sistema debe configurarse de forma flexible y que debe garantizarse a este respecto la libertad de elección, libertad que responda a la existencia de los tres centros de trabajo del Parlamento y de su sede en Estrasburgo, así como a la necesidad de realizar el trabajo correspondiente en las circunscripciones electorales. 
Por ello, a mi juicio, el Consejo, la Comisión y el Parlamento deben elaborar una normativa que ofrezca seguridad a nuestros colaboradores, pero que, como ya he señalado, se ajuste a las específicas condiciones laborales de este Parlamento- que no han sido fijadas por él- y permita a los diputados, con arreglo a las leyes del Estado miembro en el que han sido elegidos, proporcionar o elaborar una normativa que se ajuste a sus planes, estructura y concepto de trabajo, así como a los legítimos intereses sociales de nuestros asistentes. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, creo que, de entrada, podemos felicitarnos por abordar hoy, en esta Asamblea, una cuestión que estaba pendiente desde hace demasiado tiempo. 
Efectivamente, ¿cómo no sorprenderse ante esta impotencia para regular una situación de precariedad que afecta a los asistentes, a las personas que nos asisten diariamente, cuando somos competentes para legislar sobre ciertos aspectos de las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de los ciudadanos de nuestros quince Estados? 
Se trata, en efecto, de encontrar soluciones a cuestiones esenciales y fundamentales que se refieren a la protección social, al estatuto del trabajo, a los accidentes laborales y a todas esas cuestiones de protección social que conocemos perfectamente, por tratarlas para todos los trabajadores de nuestros quince países. 
Se trata igualmente de hacer un esfuerzo de clarificación de la definición de sus condiciones laborales, lo cual debe resolverse, lo reconozco, más bien por medio de reuniones internas. 
Esta cuestión ha sido planteada desde hace tiempo por nuestro Grupo político, pero también por otros Grupos, como se acaba de recordar. 
En la legislatura anterior, las propuestas de formalización de un estatuto tropezaron con las reticencias del Consejo a avanzar por la vía de la funcionarización y de la inclusión de la dimensión fiscal del problema. 
Pero creo que no debemos equivocarnos hoy en lo tocante a los objetivos que son los nuestros. 
Hoy, estas reivindicaciones ya no están enunciadas de esta forma en el orden del día. 
Está claro que no queremos hacer de nuestros asistentes funcionarios comunitarios, al igual que estaría fuera de lugar querer vincular la cuestión del estatuto de los asistentes a la del estatuto de los diputados. 
¿Por qué querer complicar, a mi parecer, a porfía, una cuestión cuyos envites están tan claros, son tan legítimos, como tan bien lo ha expresado Michel Rocard, y que puede encontrar soluciones a través de procedimientos que son perfectamente habituales, accesibles y sencillos para nosotros? 
El verdadero punto clave de este intercambio es hoy saber de qué modo se atribuirá la Comisión el trabajo que le ha encargado a un experto sobre este tema. 
Ciertamente, los cambios recientemente decididos por la Mesa del Parlamento, la provisión de contratos como es debido, los justificantes de afiliación a un régimen de seguridad social, a un seguro en caso de accidente en el lugar de trabajo, son decisiones correctas, pero no agotan plenamente el tema, y sería muy importante, por ejemplo, poder controlar la información que se ha recabado. 
Pero la propuesta que se ha avanzado de considerar a nuestros asistentes como verdaderos trabajadores fronterizos, de poder, por lo tanto, recurrir al Reglamento 1408/71, al que bastaría con añadir un párrafo para que se viesen afectados por él, parece totalmente adecuada. 
Señor Comisario, nuestros colaboradores esperan que la Comisión ejercite su función de iniciativa en la materia. 
A la próxima Presidencia belga le honraría dar por concluido este asunto, pero acaba usted de decirnos, Señor Comisario, que se presentarán propuestas antes del verano. 
Se lo agradecemos, las estamos esperando. 
Se lo agradecemos sobre todo por los asistentes de esta Asamblea en su conjunto. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, si me permiten comenzar con un comentario personal, hace ahora casi dos años yo hacía campaña en una plataforma electoral que subrayaba la necesidad de estatutos jurídicos apropiados para los parlamentarios y para sus asistentes. 
Es tremendamente embarazoso tener que admitir ante el público de casa el lento avance en estos dos estatutos. 
De los dos, el que me hace sentir más incómoda es el estatuto de los asistentes porque se trata de un caso del que los parlamentarios europeos somos directamente responsables y que afecta las vidas de otras personas. 
Mi Grupo agradece a la Comisión su acercamiento al Profesor Vandersanden y a las propuestas que éste ha realizado. 
Todavía no hemos analizado con detalle sus importantes sugerencias acerca de lo que debería hacerse con el propio reglamento del Parlamento. 
Por tanto, es posible que no estemos de acuerdo con estas sugerencias en diversos aspectos. 
Sí creemos, sin embargo, que su metodología, que distingue entre lo que podría lograrse con este reglamento y lo que realmente requiere legislación supone un prometedor camino hacia delante. 
Nos complace mucho oír el resultado del diálogo tripartito y la declaración de hoy de la Comisión prometiendo propuestas para la revisión del Reglamento 1408/71. 
Añadiríamos, sin embargo, que sea cual sea el plan que se adopte finalmente, y con independencia de los medios, debe tener determinadas características. 
En primer lugar, debe ser sencillo. 
Debe ser sencillo tanto desde el punto de vista de la claridad como del de la administración del mismo. 
En segundo lugar, debe proporcionar seguridad jurídica. Esto quiere decir que debe ser exhaustivo en su cobertura de la relación de trabajo. 
Esto no tiene por qué suponer rigidez y uniformidad. Supone únicamente que, por ejemplo, todos los asistentes estén adecuadamente cubiertos frente a cualquier accidente que sufran en el desempeño de su trabajo. 
En tercer lugar, debe ser transparente. 
En mi opinión personal, deberíamos intentar avanzar hacia un sistema donde exista igual salario por trabajo de igual valor. 
Sin embargo, dado que los asistentes pueden estar empleados en varios lugares distintos y desempeñar tareas diferentes, esto puede ser difícil de conseguir. 
Al menos, deberíamos intentar que no se permita que nadie caiga por debajo de un mínimo determinado y que las razones para las diferencias sean claras. 
Creo que a largo plazo no puede haber nada mejor que un estatuto adecuado, pero por lo menos ahora tenemos un camino inicial que seguir. 
Espero que lo recorramos lo más rápidamente posible. 
Por si no están ya al tanto de ello, me permito comunicarles que se ha encargado al Vicepresidente Sr. Onesta la tarea de impulsar el estatuto del asistente desde la Mesa de este Parlamento. 
Quiero decirles, sin anticiparme a sus palabras, que todos estamos muy satisfechos con que aborde personalmente esta cuestión. 
Por ello aguardamos con gran expectación las palabras del Sr. Onesta. 
Gracias, señor Presidente, y gracias a usted, Michel Rocard, por llevar, desde su puesto de presidente de una comisión especializada, la palabra de nuestro Parlamento en la dirección del Sr. Comisario, porque está claro que, en cuanto a este estatuto, apenas salimos de la oscuridad. 
Tras tantos años de existencia de nuestro Parlamento, seguimos intentando regular esta cuestión, que deberíamos haber borrado de nuestra agenda desde hace muchos años. 
Nos ha anunciado una buena noticia. 
Podemos todos alegrarnos de ello. 
¿En qué situación se encuentra actualmente el asunto? 
El Consejo nos ha pedido que abandonemos la vía de la funcionarización de los asistentes. 
Ya lo hemos hecho. 
Hemos retirado de la mesa de negociación este documento que tantos problemas le planteó al Consejo. 
El Consejo nos ha pedido a nosotros, al Parlamento, que suprimamos toda la vertiente fiscal del dossier. 
Ya lo hemos hecho, y los propios asistentes reconocen que están dispuestos a dejar de lado este aspecto a condición de contar con un estatuto adecuado. 
El Consejo nos ha pedido igualmente que tomemos todas las medidas necesarias para asegurar la transparencia y, como han recordado nuestros colegas, estamos llevando a cabo el proceso necesario para conseguirlo. 
Efectivamente, dentro de algunas semanas, ningún parlamentario podrá acceder a la línea presupuestaria destinada a la remuneración de los asistentes, si previamente no ha declarado a los servicios- y esta tarde he cumplido con mis deberes de empleador -, no tendrá por tanto acceso a su línea presupuestaria si no ha facilitado previamente una copia de todos sus contratos en regla, la prueba de que sus asistentes gozan de una protección social plena y de que están adecuadamente cubiertos en caso de accidente laboral. 
Por fin, dentro de algunas semanas, toda Europa podrá conocer finalmente los nombres de nuestros asistentes. 
Verdaderamente, vamos a salir de la sombra porque, hoy en día, en el Parlamento, no hay nadie capaz de presentar esta célebre lista de todas estas personas que, sin embargo, desempeñan una labor indispensable para el funcionamiento de nuestra Comunidad Europea. 
Por consiguiente, esto es lo que hay. 
Hemos dado los pasos que se nos han pedido. 
No entenderíamos que la Comisión no hiciera ahora lo que siempre ha anunciado que haría en nuestros múltiples y variados encuentros: que, llegado el momento, estaría dispuesta a dar el paso definitivo que nos permitiera por fin tener una verdadera base legal para ir más allá. 
No entenderíamos que, una vez dado este paso por la Comisión, el Consejo no hiciera lo que siempre nos ha dicho que haría, ya sea bajo Presidencia finlandesa, portuguesa, francesa o ahora sueca: que, llegado el momento, él también estaría dispuesto a recorrer su parte de camino. 
El Parlamento ha recorrido su camino, a las demás instituciones les corresponde recorrer el suyo. 
¿Qué camino se puede recorrer? 
Evidentemente, creo que el informe del Sr. Vandersanden, que usted, Comisión, ha encargado y difundido, es la base de trabajo correcta. 
Modificar el Reglamento 1408/71 es el método adecuado porque, en este caso, tendríamos algo simple y coherente para otorgar por fin a nuestros asistentes un estatuto que no genere controversia alguna en el plano legal. 
Aquí, no se trata de una demanda de armonización de los sistemas de protección social, sino de una simple coordinación de las políticas, lo cual permite esta modificación del Reglamento. 
Que no nos digan que es una cosa complicada, aunque se requiera la unanimidad en el Consejo, porque, desde 1997, han sido posibles no menos de cinco modificaciones de este reglamento, y siempre por unanimidad. 
Facilítennos una base legal. 
En el Grupo de trabajo que me encargo de dinamizar, en el que el conjunto de los Grupos políticos está representado, han podido ustedes constatar que el Parlamento, finalmente, se refiere a este dossier con una voz unánime. 
Naturalmente, cuando hayan dado este paso decisivo y cuando, así lo esperamos, el Consejo les haya secundado, seguiremos a pesar de ello sin tener un verdadero estatuto de los asistentes. 
Faltarán todavía un código deontológico, un Convenio Colectivo, seguramente un sistema de compensación que garantice la equidad entre todos los asistentes, como ha dicho mi colega del Grupo Liberal, para que, a igualdad de trabajo, las condiciones salariales sean las mismas. 
Este sistema de equidad puede implantarse a través de una cuenta de compensación a nivel del Parlamento. 
Facilítennos esta base legal, y haremos el resto. 
Los colegas lo han dicho. 
Legalidad, simplicidad, transparencia, alto nivel de protección social. 
Dennos la legalidad, y les aseguraremos simplicidad, transparencia, y un alto nivel de protección social. 
Señor Presidente, señor Comisario, comparto plenamente las palabras del Sr. Gérard Onesta. 
Los asistentes parlamentarios han trabajado durante demasiado tiempo sin estar amparados por un estatuto. 
Aunque la gran mayoría de los diputados les han proporcionado condiciones laborales y salariales correctas, hay que reconocer que las prácticas de algunos de nuestros colegas empañan un tanto la imagen del Parlamento. 
La falta de control y de transparencia en la gestión de los complementos de secretariado había permitido que se cometieran abusos. 
Y, como en aquella época lamentaba Jacques Loyau, Presidente de la Asociación de Asistentes, al no haber una regulación, cualquier cosa era posible, y se daban grandes disparidades. 
El estudio llevado a cabo hace más de un año por la Asociación de Asistentes puso de relieve una situación preocupante. 
El 14 % no tenía contrato de trabajo; el 12 % tenía contrato sólo como consultor externo, aun trabajando a jornada completa; el 53 % no tenía ni protección social, ni seguro de accidentes. 
Este estudio ha servido de base para las iniciativas desarrolladas por los asistentes parlamentarios y su Asociación, que nuestro Grupo ha respaldado desde el inicio de su andadura. 
Se han obtenido los primeros resultados dentro del Parlamento con la adopción, por parte de la Mesa, de la modificación del artículo 14 del Reglamento relativo a los gastos y las dietas de los diputados. 
Como subrayó entonces nuestra Presidenta, Nicole Fontaine, y cito, " el dossier de los asistentes ha experimentado un avance significativo y concreto. 
Las medidas transitorias adoptadas reflejan la voluntad y la determinación del Parlamento Europeo de una mayor transparencia y equidad en este campo ". 
En efecto, estas medidas, que se aplican desde el pasado 1 de enero, han permitido reforzar el control en el uso del complemento de secretariado y garantizar para cada asistente un contrato de trabajo, un seguro de enfermedad y un seguro de accidentes de trabajo. 
Este avance, que se ha conseguido gracias a la perseverante iniciativa de la Asociación de Asistentes y a la eficaz labor de nuestro Vicepresidente, Gérard Onesta, nos ha servido como plataforma para el inicio de las negociaciones con el Consejo. 
Pero, como ya se ha dicho, a pesar de nuestros esfuerzos, el dossier parecía bloqueado desde hacía meses. 
Por tanto, recibo con interés la noticia de que un acuerdo de base entre la Comisión y el Parlamento permitirá modificar el Reglamento "Libre circulación" en el sentido deseado por los asistentes. 
En consecuencia, el camino para que a corto plazo alcancemos el célebre estatuto europeo que garantice a los asistentes una situación homogénea y adecuada a su trabajo, retomando los términos que el Parlamento eligió en su toma de posiciones del 11 de marzo de 1999, parece despejado. 
Señor Presidente, quisiera manifestar mi más sincera gratitud al Comisario Liikanen, al Sr. Rocard y al Vicepresidente Onesta por su contribución a este debate y por el trabajo que han venido realizando. 
Evidentemente, ello no obsta para que los propios miembros sean los primeros responsables de que sus asistentes puedan optar a un contrato laboral digno, seguridad social, condiciones laborales adecuadas y suficientes garantías. 
En realidad nos corresponde en primer lugar a nosotros mismos regular este asunto, pero por desgracia no lo hemos hecho. 
Por eso, hace ahora más falta aún un buen estatuto para nuestros asistentes. 
El Grupo EDD suscribe plenamente las reclamaciones justificadas de nuestros colaboradores. 
Me queda por hacer una última observación. 
Considero inaceptable que existan grandes diferencias entre el personal fijo del Parlamento Europeo, el personal temporal de los Grupos y los asistentes, sobre todo si realizan prácticamente el mismo trabajo. 
Por eso, propongo que el Consejo reflexione un poco más acerca de lo que debe entenderse exactamente por diferencias infundadas. En ningún momento puede haber discriminación. 
En mi opinión, es muy importante que los asistentes puedan elegir libremente el sistema social al que deseen pertenecer. 
Coincido, sin embargo, con el Sr. Posselt en que hemos de evitar una excesiva burocratización. 
En este momento resulta ya muy complicado y sumamente prolijo actuar correctamente. 
Por otra parte, los miembros deben tener la libertad de emplear a sus asistentes en su propio Estado miembro o en Bruselas. A este respecto no pueden imponernos restricciones en el futuro. 
Señor Presidente, me sobra un poco de tiempo, pero el Comisario Liikanen me ha tranquilizado en gran parte. 
Le deseo mucho éxito y espero que los trabajos se concluyan en efecto antes del verano. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al Sr. Rocard por haber vuelto a plantear con su pregunta oral la cuestión del estatuto de los asistentes. 
Y ha hecho bien en volverla a proponer con su autoridad y de manera precisa e ineludible, tras los repetidos compromisos asumidos por nuestro Parlamento en esta dirección. 
Quiero recordar, en el determinismo de dichos pronunciamientos, el papel de los socialistas que, especialmente en la Comisión de Presupuestos, han sido lo primeros en esforzarse cada año para que dichos compromisos se incluyeran en las orientaciones del mismo presupuesto, cosa que harán también en esta ocasión para este ejercicio. 
Esta tarde la Mesa de Presidencia del Parlamento, el Vicepresidente y el Comisario Liikanen han contraído importantes compromisos. 
Dichos compromisos van en la dirección correcta, aunque representan una respuesta todavía parcial. 
Es preciso dar una respuesta definitiva y global en lo que respecta al régimen contributivo, fiscal y económico, así como en lo referente a la adquisición de los deberes y al reconocimiento de los derechos relacionados con una función todavía temporal. 
Se trata de actuar rápidamente, ya que tenemos el deber de garantizar la máxima transparencia y la plena legalidad a una relación que, en algunos casos, aún presenta zonas grises que mortifican el respeto a los derechos de los trabajadores y a los principios que queremos afirmar para todos y que debemos proteger, principalmente para quien trabaja con nosotros. 
Tenemos el deber de garantizar a estos profesionales que, por otra parte, prestan una contribución cualitativamente muy valiosa, el respeto a su dignidad. 
Señor Presidente, creo que es la primera vez que el debate sobre los asistentes tiene la dignidad de celebrarse en terreno abierto, es decir, en el Pleno. 
Por tanto, comienzo acogiendo con el mayor beneplácito la iniciativa aquí presentada por nuestro compañero Michel Rocard, por dar luz y voz a un debate que es absolutamente indispensable celebrar con transparencia. 
Señorías, personalmente, yo soy incluso defensor de un estatuto común para los asistentes parlamentarios basado en las categorías hoy consagradas en el Estatuto de los Funcionarios. 
La revisión propuesta por el Comisario Neil Kinnock, a título de humor, hasta podría ser una buena ocasión para consagrar una decisión de este tipo. 
Ahora bien, presiento que falta mucho para que lleguemos a eso. 
Por eso, no nos queda más remedio que trabajar con lo que tenemos y con soluciones que, aun consagradas por instrumentos europeos, como el Reglamento, son sólo un camino abierto para un futuro estatuto europeo. 
Todos sabemos que las nuevas normas aprobadas por el Parlamento sobre la situación de los asistentes son mero derecho interno. 
Hay que garantizar la transparencia de los contratos, su publicidad, la exigencia de una protección social efectiva y el pago de impuestos en cada uno de los Estados miembros. 
Son normas que dependen de nuestra voluntad política, pero también revelan la fragilidad de los poderes del Parlamento para regular todo un estatuto de los asistentes parlamentarios que no se agota, naturalmente, en esas cuestiones. 
Ahora bien, acordadas esas normas, en esta Asamblea hay- tengo la certeza, que se verifica en la Mesa, en el Grupo de Contacto, en las intervenciones que aquí se han hecho- una amplia mayoría que quiere la legalización por parte del Consejo de lo que, con efectos meramente internos, ya se practica por modificación del Reglamento 1408/71, norma general de los trabajadores migrantes. 
Al fin y al cabo, queremos, mediante el Reglamento básico modificado y aplicable en todos los Estados miembros, que se conceda a los asistentes el derecho de opción como trabajadores migrantes que son, por la legislación del país que mejor se adecúe a la naturaleza de su trabajo efectivo, que se reparte en períodos de tiempo entre Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo y el país de origen de su diputado. 
Nos falta saber hoy- y lo sabremos por el Comisario Erkki Liikanen- si la Comisión va a dar por fin un puntapié de salida a ese expediente. 
Entonces empezaremos a salir del túnel en el que nos encontramos, si la presidencia belga consigue concluir dicho expediente. 
Más tarde, después del éxito de la Presidencia belga, nos queda concluir el trabajo. 
Pero eso, señor Presidente, ya son sólo trabajos de casa. 
Señor Presidente, señor Comisario, ya está todo dicho. 
Cuando la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo tomó la decisión de plantearle esta cuestión en el Pleno, perseguía tres objetivos. 
El primero de ellos era el de garantizar públicamente a nuestros asistentes que el Parlamento Europeo se haría cargo del dossier. 
Objetivo alcanzado. 
El segundo era asegurarnos de que la Comisión, que personalmente había encomendado la tarea al experto, el Sr. Vandersanden, se disponía a capitalizar su trabajo y a darle unos efectos administrativos concretos. 
Nuestro tercer objetivo era el de disponer de un calendario, vinculado principalmente al hecho de que se acerca la Presidencia belga y de que el problema se plantea esencialmente con respecto a la protección social belga. 
Por tanto, hay que someter la cuestión a los belgas cuando ocupen la Presidencia, sin que se inhiban; la labor de preparación debe llevarse a cabo. 
Nuestro amigo Pittella pedía ahora mismo, justificadamente, que se llegue a una solución completa y definitiva del problema de los asistentes, y tiene razón. 
Pero todos sabemos que eso llevará tiempo, que habrá distintas etapas, esfuerzos, y que será necesaria la participación de las tres instituciones: la Comisión, el Consejo y nosotros, el Parlamento, que sólo podremos retomar el final de nuestro trabajo después de ustedes. 
Como siempre, la etapa que está a punto de empezar es la esencial. 
Gracias por su compromiso de ayudarnos a completarla. 
. 
(EN) Agradezco al Parlamento este mensaje tan claro. 
Se lo transmitiré a mi colega la Sra. Comisaria Diamantopoulou y también al Presidente Prodi para garantizar que nuestros procedimientos internos sean lo bastante rápidos como para que la propuesta esté sobre la mesa cuando Bélgica ocupe la presidencia. 
Por norma general, prevemos que el Comisario intervenga durante 10 minutos, pero hoy sólo ha hablado 10 segundos. 
Así, nos vemos en la obligación de interrumpir la sesión hasta el comienzo de las votaciones. 
El Sr. Posselt quiere intervenir en relación con el Reglamento. 
Señor Presidente, sé que no es posible determinar con exactitud los tiempos de uso de la palabra, pero ha ocurrido relativamente a menudo que tras la celebración del debate sobre cuestiones de actualidad y urgencia hemos tenido un descanso y después de la votación otro. 
En el debate sobre cuestiones de actualidad y urgencia de hoy por la tarde nuestro Grupo, el Grupo más grande de esta Asamblea, sólo disponía de doce minutos para repartir, además de los minutos que tienen los ponentes. 
Ha sido enormemente difícil tener en cuenta todas las solicitudes. 
Hemos tenido que defraudar a una gran cantidad de colegas. 
A la vista de lo ocurrido, solicito que en el futuro se conceda más tiempo de uso de la palabra que el que se dispone ahora en los debates sobre cuestiones de actualidad y urgencia. 
Es evidente que el modo de cálculo actual no es nada realista. 
Señor Presidente, Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que una de las funciones de cualquier político es la de dar ejemplo. 
Esta mañana he tenido ocasión de utilizar el sistema de tranvías de Estrasburgo por primera vez. 
El sistema me ha impresionado, lo cual supongo que no es sorprendente, dado que los tranvías fueron, de hecho, fabricados en el Reino Unido. 
Pero me parece en cierto modo paradójico que llevemos votando en este lugar toda la semana para salvar el planeta pero sigamos recorriendo Estrasburgo en nuestros Mercedes conducidos por choferes. 
El Parlamento podría quizás considerar la posibilidad de dar a los diputados instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el sistema de tranvías y sobre las rutas disponibles, y tal vez incluso obsequiarnos con un par de billetes para empezar. 
Es un sistema excelente y utilizándolo podríamos, de paso, ahorrar dinero de los contribuyentes. 
¡Estimados colegas, les pido que se tomen en serio el Reglamento! 
Señor Presidente, me gustaría señalar solamente que algunos de nosotros somos muy respetuosos con el medio ambiente. De hecho, entramos andando. 
¡Eso es aún más sano! 
VOTACIONES 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre las cuestiones de actualidad y urgencia. 
Señor Presidente, intervengo muy brevemente para señalar a la atención de la Mesa el punto 4 y para subrayar la contradicción entre lo que acabamos de votar, es decir, que se transmita la resolución también a los dirigentes del Frente de Liberación del Enclave de Cabinda y del FLEC-Renovado, y el procedimiento, a nuestro entender, intempestivo y que puede tener consecuencias serias en el plano humanitario, cosa que lamentamos, de que se haya expulsado de las instalaciones del Parlamento Europeo a unas personas con la alegación de que pertenecían al mismo FLEC a quien la Mesa está encargada de transmitir la resolución que hemos votado. 
Señalaremos por carta a la Presidenta nuestra discrepancia con ese procedimiento. 
Tomamos nota de ello, pero es norma de esta Asamblea enviar los textos de las resoluciones a todos los mencionados en las mismas. 
Señor Presidente, tal y como he anunciado en el debate hace un rato, y tras haber consultado al conjunto de los Grupos que parecen haber dado su conformidad- de esto habrá que cerciorarse -, propondría gustosamente dos enmiendas orales que no aportan nada nuevo, pero que han sido olvidadas por la urgencia de nuestros trabajos. 
La primera de ellas se introduciría al final del Considerando E, y consiste en indicar: "así como la Declaración de Bamako sobre las armas ligeras y de pequeño calibre suscrita por 52 Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana". 
La opinión general es que se trata de una declaración suficientemente importante como para ser citada; había sido pura y simplemente omitida. 
La segunda enmienda oral vendría en el punto 2, como cuarto sub-apartado; consiste en hacer referencia al marcado de las armas, y gracias a la sutileza política de nuestros amigos del PPE he asumido esta enmienda que proponía y he encontrado un lugar más adecuado para su inserción en el texto. 
Le doy las gracias al PPE. 
En otras palabras, esta enmienda se insertaría después de "la fabricación", en la tercera línea, como cuarto sub-apartado del punto 2. 
Quedaría por tanto como sigue: "en relación, por ejemplo, con la fabricación, el marcado, la transferencia y el suministro de armas de pequeño calibre y de armas ligeras". 
(El Parlamento no formula objeción alguna contra las enmiendas orales) 
Con ello hemos finalizado nuestro orden del día de esta semana. 
¡Les deseo a todos un buen viaje a casa! 
¡Las fronteras de Francia están cerradas! 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(La sesión se levanta a las 18.45 horas.) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 15 de marzo. 
Declaración de la Presidenta 
Señorías, una vez más, tengo el triste deber de abrir nuestra sesión plenaria condenando la violencia del terrorismo de ETA en España. 
El 15 de marzo, como saben, dos nuevas víctimas se han añadido, desgraciadamente, a la lista intolerable de aquellos que, en España, han perdido la vida en atentados. 
La noche del 17 de marzo, Santos Santamaría, miembro de los Mossos d´Esquadra, la policía regional catalana, fue asesinado por la explosión de un coche bomba en Rosas. 
El 20 de marzo, Froilán Elespe, concejal del Partido Socialista en Lasarte, fue asesinado con dos tiros en la cabeza. 
Al perpetrar estos crímenes, ETA demuestra, una vez más, hasta qué punto desprecia la democracia. 
Las amenazas recientes dirigidas a los turistas se inscriben en esta misma escalada odiosa. 
En cada una de estas funestas ocasiones, he expresado, en mi nombre propio y en el del Parlamento Europeo, nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas, así como nuestro apoyo a las autoridades españolas. 
Les pido que guarden un minuto de silencio. 
(La Asamblea, de pie, guarda un minuto de silencio) 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, quisiera explicar brevemente nuestro deseo. 
No se trata de que nos hayamos ablandado en lo que se refiere a la situación en Irán, sino que el caso es que actualmente se están realizando en el mismo Irán conversaciones y negociaciones difíciles en torno al mejoramiento de la suerte de algunos ciudadanos iraníes que trabajan en la Embajada Alemana. 
Creo que ahora no deberíamos estorbar- ni siquiera con una resolución- este proceso que está teniendo lugar en Irán. 
Tenemos nuestra firme convicción en lo que respecta a la violación de los derechos humanos, pero creo que en este caso- insisto, en el momento actual- no deberíamos celebrar ningún debate ni aprobar resolución alguna. 
¿Algún diputado desea manifestarse a favor del mantenimiento de esta rúbrica? 
Señora Presidenta, no presento ninguna solicitud sobre problemas de actualidad y urgencia, pero desearía llamar la atención de la Asamblea sobre el punto relativo al respeto de los objetivos de la Conferencia de Kyoto, que recientemente ha tomado un nuevo cariz, tras las declaraciones, cuando menos, intempestivas del Presidente Bush. 
Pienso que sería importante que durante este debate- que, desgraciadamente, tiene lugar el jueves por la tarde, es decir, cuando hay pocos colegas presentes- la Comisión y el Consejo estuviesen dignamente representados y que nuestro Parlamento fuese consciente de que las declaraciones del Presidente Bush no sólo son importantes con respecto al Protocolo de Kyoto, sino que ponen en tela de juicio la propia naturaleza de las relaciones privilegiadas que la Unión Europea mantiene con los Estados Unidos. 
Creo que, ante tan estrepitosa posición unilateral, que desnaturaliza- es preciso decirlo- el clima político entre Europa y los Estados Unidos, las instituciones europeas deben responder no a través de una escalada verbal, sino de una reacción política enérgica. 
Pienso que la naturaleza de la asociación económica transatlántica y del diálogo transatlántico que mantenemos con los Estados Unidos puede verse comprometida si dicho país no cambia de actitud. 
Señor Lannoye, comparto su opinión sobre todo teniendo en cuenta que, como usted sabe, he reaccionado de inmediato, precisamente en el sentido que usted señala. 
Con respecto al debate del jueves, la Comisión ha escuchado su solicitud de que esté representada dignamente, al más alto nivel. 
Esto mismo es válido para el Consejo. 
Consultaré el asunto con el Sr. Imbeni. 
Señora Presidenta, su silencio frente a la extemporánea intervención del Sr. van Velzen me obliga a intervenir, no sólo porque el Sr. Imbeni sea compañero de mi Grupo, sino porque es un Vicepresidente del Parlamento y una persona que siempre ha actuado con toda dignidad, como diputado y como Vicepresidente, en la defensa de nuestros valores comunes, y yo estoy seguro de que el Sr. Imbeni, que ahora no está presente aquí, en Cuba y en la Conchinchina, defenderá siempre las resoluciones del Parlamento Europeo y se comportará con toda dignidad. 
Le pido al Sr. van Velzen que retire sus palabras y que, si quiere reiterarlas, lo haga en presencia del Sr. Imbeni. 
Señor Barón Crespo, le señalo que he comprobado de inmediato si el Sr. Imbeni estaba presente. 
Ahora bien, era difícil iniciar un debate ya que el Sr. Imbeni estaba ausente. 
Dicho esto, buscaré la mejor solución posible a la cuestión. 
Queda así fijado el orden de los trabajos. 
Intervenciones sobre el procedimiento 
Señora Presidenta, nosotros en Euskal Herritarrok también lamentamos las víctimas del conflicto existente en el País Vasco. 
Actualmente, la atmósfera social que respiran los vascos es la de una ciudad sitiada, ya que los nacionalistas españoles parecen estar convencidos de no poder lograr una victoria decisiva en las elecciones del mes que viene. 
La maquinaria de represión es cada vez más compleja y la práctica de la tortura compite con las más severas acciones franquistas, de modo que el sentimiento general es de miedo y odio. 
Los medios de comunicación españoles, de pura adulación al gobierno de José María Aznar, magnifican este escenario clamando por la rendición de todas las competencias autonómicas a Madrid. 
En demasiadas ocasiones esta Asamblea no ha sido capaz de responder oportuna y eficazmente a los conflictos que aun no han cesado. 
Hemos de recordar lo dicho por el Comisario Patten el pasado enero: lo importante en la prevención de conflictos es ser rápido y eficaz. 
Quisiera hacer hincapié en la palabra "rápido". 
Señora Presidenta, en el punto al que hemos llegado, uno ya no sabe, cuando habla en público sobre la situación en el País Vasco, cuáles pueden ser las consecuencias. 
Aprovecho la ocasión para saludar muy efusivamente a todos los miembros de esta Asamblea. 
Decía Montaigne que la mayor parte de los males del mundo derivaban de la "ânerie", palabra intraducible al español, pero que viene de asno. 
Yo no creo que valga la pena gastar mucho tiempo para responder a los asnos criminales. 
Muchas gracias. 
Señora Presidenta, desearía llamar su atención y la del Parlamento sobre dos decisiones muy graves que acaban de ser tomadas por dos grupos europeos y que han suscitado una profunda inquietud en el mundo laboral. 
Como ustedes saben, el grupo Danone acaba de decidir cerrar varias tiendas en Europa, lo que dejará en la calle a miles de trabajadores, cuando este mismo grupo nos informaba hace poco tiempo que había obtenido beneficios bastante importantes el año pasado. 
Por otro lado, el grupo Marks& Spencer acaba de decidir el cierre de todas las tiendas europeas situadas fuera del Reino Unido. 
Se trata de una decisión que parece ser ilegal, puesto que los sindicatos y los comités de empresa no han sido avisados y los trabajadores se han enterado de su suerte por la radio. 
Desearía saber, pues, si le fuese posible, señora Presidenta, y si fuese posible al Parlamento- quizás en el próximo período parcial de sesiones- adoptar una posición sobre estas medidas intolerables que, por una parte, desacreditan la Europa social, que muchos de nosotros desean construir, y, por otra, representan una denegación de justicia y un perjuicio para la dignidad del mundo laboral. 
Le doy las gracias, señor Krivine. 
No dudo de que la Conferencia de Presidentes, que se reúne el jueves de este período parcial de sesiones, examinará la cuestión. 
Señora Presidenta, quiero expresa nuestra indignación por dos sucesos que han tenido lugar recientemente en los Balcanes. 
Uno es la detención del ex Presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, y el otro es el futuro acuerdo Bulgaria- OTAN sobre el libre paso de tropas de la OTAN. 
Por cien millones de dólares, los americanos, la OTAN y la Unión Europea consiguieron derrocar al Presidente Milosevic. 
Por otros cien millones se aseguraron su detención pensando que se entregaría al llamado Tribunal de la Haya para Crímenes de Guerra, que instauró el imperialismo para justificar sus propios crímenes. 
El derecho a juzgar a sus líderes lo tienen sólo los pueblos y nadie más. 
El Presidente Milosevic no hubiese sido detenido si se hubiera sometido a las órdenes de la OTAN. 
¿Es este, pues, el castigo de cuantos se resisten? 
Pero también los que han dado todo al imperialismo, como la ex República Yugoslava de Macedonia, soportan la intervención armada de las eminencias de la OTAN. 
La evolución en los Balcanes demuestra que aún no hemos visto el final de la guerra. 
Sólo cuando se marche de la región la OTAN, los pueblos podrán tener esperanza en vivir en paz. 
Señora Presidenta, me gustaría llamar la atención sobre la resolución del Consejo de 19 de marzo, en la que se aprobó, en lugar del prometido reglamento sobre transparencia que debiera haber entrado en vigor el 1 de mayo, un conjunto de normas internas, rompiendo con ello con las normas del Tratado relativas a la aprobación de reglamentos, para lo cual, como es sabido, se exige mayoría simple. 
Ahora se instaura la norma de que a partir de ahora hará falta mayoría cualificada para introducir mayor transparencia en el Consejo, y sin haber consultado al Parlamento a este respecto. 
Me gustaría pedirle, señora Presidenta, que retome esta cuestión la próxima vez que se reúna con el Consejo. 
En la Conferencia de Presidentes del pasado jueves acordamos que los Servicios Jurídicos examinaran si existe base para un posible litigio, no obstante, creo en todo caso que usted debe debatir este asunto con el Consejo y creo que el Consejo por educación debería retirar su decisión hasta que haya cristalizado el negociación de un reglamento sobre transparencia con el Parlamento. 
Señor Bonde, como usted ha dicho, se ha emitido un dictamen jurídico sobre esta cuestión, el cual será examinado esta semana por la Conferencia de Presidentes. 
Estoy desconcertada, porque en todas las visitas oficiales que he efectuado me he reunido siempre- incluso me atrevería a decir en primer lugar- con los presidentes de los Parlamentos nacionales de los países a los que viajo. 
Son mis interlocutores más directos. 
Me deja totalmente consternada que no haya sido previsto, pero estoy convencida de que se ha dispuesto que me reúna con los presidentes de las Asambleas, naturalmente, como en todas partes. 
Y también con el Primer Ministro, las autoridades gubernamentales. 
Algunas personalidades son ineludibles, entre ellas, ciertamente, se encuentran los presidentes de los Parlamentos Nacionales. 
Añadiré que en el contexto actual, que es el de la primera fase de reflexión del post-Niza, el contacto con los representantes de los Parlamentos nacionales es aún más necesario, aún más valioso, que en un período habitual. 
Creo que debe haber un malentendido, pero le transmitiré con mucho gusto el programa definitivo de mi visita. 
Servicios de inversión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0106/2001) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la modernización de la directiva sobre servicios de inversión (93/22/CEE) 
(A5-0105/2001) de la Sra. Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión "Aplicación de las normas de conducta de conformidad con el artículo 11 de la directiva relativa a los servicios de inversión" (93/22/CEE). 
ponente. (EL) Señor Presidente, señorías, el informe que tengo el honor de presentar al Parlamento se refiere a una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la modernización de la directiva de 1993 sobre servicios de inversión. 
La Comisión publicó su comunicación en el marco de un plan de acción más amplio en materia de servicios de inversión que se formuló ejecutando las decisiones del Consejo Europeo en Lisboa sobre la unificación de los mercados monetarios y de los mercados de capitales. 
La unificación de estos mercados es una parte de la integración del mercado interior. 
El último Consejo Europeo de Estocolmo retomó el tema pidiendo la plena aplicación del plan de acción hasta el año 2005 para que las partes interesadas realizasen todos los esfuerzos posibles para lograr un mercado unificado de valores mobiliarios hasta finales del año 2003. 
Verdaderamente, los servicios de inversión son una herramienta importante, probablemente la más importante para que el mercado de valores mobiliarios funcione. 
Es evidente que el Consejo Europeo ha dado el carácter de urgencia a toda iniciativa como esta, contenida en la comunicación de la Comisión que tengo el honor de presentarles. 
La comunicación de la Comisión no es un texto de carácter legislativo. 
Sin embargo, no deja de tener una importancia tremenda puesto que prepara el terreno de forma preliminar para realizar las reformas necesarias para que cuando llegue el turno de la propuesta legislativa, y creo será en breve, encuentre a nuestro Parlamento preparado para adoptar, rápida- y quiero creer que casi unánimemente -, las enmiendas necesarias en la directiva inicial. 
Creo que así podemos dar también ejemplo de rapidez y de efectividad de nuestro procedimiento legislativo que, desgraciadamente, algunos informes como el informe Lamfalussy, últimamente han puesto en tela de juicio. 
Señoras y señores colegas, ni es ni ha sido nunca objetivo exclusivo y único del Grupo de los Socialistas Europeos, en la política económica, la distribución más justa de la renta y de la riqueza, la reducción de las desigualdades en la sociedad. 
En paralelo a este objetivo, que está en el centro de nuestra política, hemos buscado siempre, como también ahora hacemos, reforzar la producción de bienes, porque primero deben producirse para que luego se puedan repartir más justamente. 
Con estas ideas, el Grupo de los Socialistas Europeos apoya firmemente la integración del mercado interior y la unificación de los mercados financieros en Europa. 
Creemos que el progreso en estos puntos va a reforzar el dinamismo productivo de la economía europea en interés del conjunto. 
También creemos que los cambios necesarios para cumplir este objetivo no los puede crear el mercado con sus procedimientos autónomos y automáticos. 
La evolución autónoma de las instituciones del mercado, a menudo arrastra a la economía a situaciones antiproductivas, crea monopolios y consolida intereses creados de unas pocas personas a costa de la sociedad. 
Entonces es necesaria la intervención política para formar en la sociedad los marcos necesarios para liberar el mercado, de modo que aporte un resultado realmente productivo. 
Con este informe sobre la mejora de la directiva mencionada, tengo el gusto de presentarles intervenciones reformistas de este tipo. 
Inicialmente la directiva, en 1993, quería fomentar la unificación de los mercados luchando contra el proteccionismo nacional en la oferta de servicios financieros. 
Su idea central era el reconocimiento mutuo, por parte de todos los Estados miembros, de los permisos de funcionamiento que cualquier Estado miembro concediera a empresas de prestación de servicios financieros, el famoso pasaporte europeo. 
La idea era brillante, pero la posibilidad de que cada Estado miembro impusiera normas de funcionamiento independientes en la prestación de estos servicios la anuló en gran medida durante su aplicación. 
El hecho de que, después de la directiva inicial, a la compañía financiera ya no le hiciera falta presentar quince solicitudes y adquirir quince permisos, sino que le bastara con uno para instalarse en todo el territorio europeo, sin lugar a dudas, era un avance; pero sin embargo perdía una gran parte de su fuerza porque la misma compañía, en su funcionamiento, estaba obligada a afrontar quince regímenes legislativos diferentes. 
Esta situación funcionó como una importante barrera nacional reglamentaria en la libre circulación de los servicios financieros, en la unificación de los mercados de Europa. 
Ahora les propongo, y me alegro de que en esta propuesta esté de acuerdo la señora ponente del Partido Popular, la Sra. Kauppi, eliminar esta barrera imponiendo una sola reglamentación en lugar de quince; que sea la del Estado miembro que concede el permiso. 
Un gran paso hacia el logro del mercado único será, cuando sea realidad, la unificación de algunas partes de la actividad financiera y especialmente la unificación del clearing y de la liquidación, del settlement de los valores mobiliarios. 
En los Estados Unidos, de donde tenemos mucho que aprender sobre estos temas, funciona un sólo clearing para todo el país. 
En Europa tenemos muchos más. 
Puesto que en los servicios de clearing se pueden conseguir economías a gran escala y minorar así el coste para los colaboradores, que para nosotros es significativamente más caro que para los Estados Unidos, bueno será que la directiva facilite la unificación de dichos funcionamientos. 
Por supuesto, no puede imponer la fusión de Bolsas, pero lo que sí que podemos hacer y es lo que les estoy proponiendo, es que las partes en una transacción tengan derecho a elegir el sistema de clearing y de liquidación que prefieran, aunque este sea diferente al del de la bolsa en la que tuvieron lugar las transacciones. 
Si promovemos de esta manera la competencia en el proceso de las fusiones financieras que fomenta el euro, podemos tener esperanza en que, al final, predominen las compañías con el menor coste y no las compañías con las conexiones monopolísticas más fuertes. 
Además, señoras y señores diputados, la directiva debe seguir los cambios que continuamente fomenta el progreso tecnológico. 
Hoy en día, los mercados regulados, los regulated markets, han perdido su carácter de organismos de infraestructura y se han vuelto empresas comerciales, en tanto que muchas compañías financieras, equipadas con medios electrónicos, han pasado, de intermediarios de un mercado a mercados interiores de títulos. 
Las normas reguladoras también se deben adaptar. 
Muchas de las normas sobre la integridad de los mercados, por ejemplo, la lucha contra el insider dealing, deben ampliarse también a las compañías para sus intercambios internos, mientras que otras normas relacionadas antes sólo con las compañías, normas sobre las relaciones con el cliente, deberán tener vigor también para las bolsas. 
Difícilmente se soluciona esta cuestión y quizá sea uno de los temas que debamos regular en sus líneas generales, dejando aparte los detalles de la aplicación a las autoridades reguladoras de cada país o de Europa, cuando las haya. 
Para terminar, señoras y señores diputados, quisiera acentuar que el Grupo de los Socialistas Europeos apoya la unificación de los mercados financieros, aspirando a reforzar las inversiones necesarias para conseguir un pleno empleo en Europa. 
Por supuesto no apoya, y por supuesto está en contra de la fiebre especulativa de las bolsas, que puede ocasionar situaciones explosivas catastróficas para la economía real. 
Por esta razón, solicitamos a la Comisión que presente lo antes posible su propuesta sobre la garantía de la integridad de los mercados. 
Claro, no nos engañamos creyendo que es posible que un reglamento haga desaparecer la especulación. 
Pero queremos por lo menos reforzar los principios de la integridad comercial, precisamente porque por culpa de la especulación las tentaciones de actuar deshonestamente crecen, y sin embargo, las bolsas cada vez refuerzan más su posición en el funcionamiento de pensiones de nuestras sociedades. 
Las condiciones en las que los fondos de pensiones de los trabajadores van a alimentar a las bolsas europeas no pueden sino ser mucho más estrictas que las de la época en que las bolsas eran simplemente un casino para ricos. 
El refuerzo a la disciplina y el funcionamiento correcto de las bolsas es una de las labores principales en el plan de acción de los mercados financieros. 
. (FI) Señora Presidenta, distinguido Comisario, señor Bolkestein, estimados colegas, para empezar, quisiera expresarle mi agradecimiento a la Comisión. 
Esta Comunicación ha sido redactada con tanta habilidad que puede existir consenso en el Parlamento, tanto en los trabajos de la comisión parlamentaria como aquí en el Pleno. 
No se ha presentado ninguna enmienda a mi informe, cosa que me alegra mucho. 
La modificación del artículo 11 de la Directiva relativa a los servicios de inversión es indispensable para acabar con la inseguridad jurídica reinante actualmente en los mercados financieros europeos, así como para eliminar las normas redundantes o contradictorias entre sí. 
Tales factores de inseguridad dificultan el óptimo funcionamiento del mercado interior y originan costes adicionales importantes, que, en última instancia, deben ser sufragados por los inversores europeos. 
Hay que garantizar que todos los inversores cuenten con la posibilidad de participar en el mercado interior de los servicios de inversión conscientes de que la legislación europea otorga las debidas libertades y ofrece, en caso de necesidad, las suficientes garantías. 
En mi informe, he partido de la base de que la mejor forma de hacer más claro el artículo 11 es aplicar a todos los servicios de inversión transfronterizos el llamado principio de país de origen. 
La adopción del principio de país de origen puede producirse rápidamente en lo que respecta a los inversores profesionales, pero, en lo que se refiere a los consumidores, la aplicación de este principio requiere aún que se continúen los trabajos de armonización de las normas procedimentales relativas a los consumidores. 
Estos trabajos se están desarrollando a buen ritmo en el FESCO. 
Sin embargo, la armonización total no será requisito indispensable para poder aplicar también el principio de país de origen a la venta al pormenor de servicios de inversión para pequeños inversores. 
Esta solución también adopta la misma línea que la Directiva relativa al comercio electrónico, aprobada la primavera pasada, que los Estados miembros están obligados a integrar en sus propias legislaciones para el 1.1.2002. 
Si estas dos directivas no partieran de la misma base, los clientes que compren sus servicios de inversión por vía electrónica estarían en una posición diferente que los consumidores que adquieran estos servicios por canales tradicionales. 
La idea básica de la clasificación de los inversores estriba en que los diferentes tipos de inversores necesitan diferentes garantías y en que, por otro lado, los inversores tendrán derecho a exigir mayores libertades a medida que vayan acumulando experiencia. 
Los legisladores europeos deberán encargarse de que, efectivamente, se apliquen procedimientos más ligeros a los inversores profesionales que a los pequeños inversores, los cuales necesitan más protección jurídica. 
Sólo se podrán aprobar limitaciones a la libertad de oferta de servicios cuando éstas sean aplicadas en nombre del interés general. 
Por ejemplo, no deberán exigirse normas basadas en el interés general para las transacciones que tengan lugar entre diferentes inversores profesionales. 
Por regla general, tampoco será posible establecer limitaciones a los mercados por causas relacionadas con el interés general. 
En cualquier caso, la interpretación del artículo 11 de la Directiva relativa a los servicios de inversión debe estar en consonancia con los puntos 4 y 5 del artículo 3 de la Directiva relativa al comercio electrónico. 
Así pues, el Estado receptor, para proteger a los inversores, tan sólo podrá limitar la libre circulación de servicios caso por caso, siempre cumpliendo un procedimiento especial y ateniéndose a un listado de requisitos específicos. 
Señor Comisario, mi informe incluye algunas reservas en cuanto a la clasificación tripartita del FESCO. 
La existencia de unas reglas de clasificación demasiado estrictas podrá dificultar innecesariamente las actividades en el mercado interior de los inversores pertenecientes a la llamada categoría intermedia, sobre todo ahora que está previsto conceder a esta categoría la posibilidad de optar por un mayor nivel de protección siempre que se desee. 
Tampoco queda muy claro qué categorías tienen derecho a beneficiarse del principio de país de origen. 
La Comisión tendría que aclarar este asunto y proponer, como cuestión de principio, que todos los que hayan elegido el nivel de protección de los inversores profesionales, o sea, un nivel más restringido de protección, deberían poder acogerse siempre al régimen de país de origen en los servicios transfronterizos. 
Otro asunto que requiere de una deliberación más profunda por parte de la Comisión es la aplicación de las normas relativas a la comercialización y a la publicidad. 
Según la Directiva relativa a los servicios de inversión aún vigente, el derecho a la comercialización de productos en el mercado interior puede ser limitado únicamente por razones relacionadas con el interés general. 
A pesar de ello, muchos Estados miembros han anexionado las normas relativas a la comercialización a las normas de conducta aplicables a las actividades comerciales. 
Esto puede dar lugar a una superposición de estructuras normativas. 
Por último, en el contexto de la propuesta del Comité Lamfalussy, quisiera aún mencionar que la modificación y actualización de la Directiva relativa a los servicios de inversión podría ser, en muchos aspectos, un ejemplo ideal de proyecto legislativo adecuado para la aplicación del nuevo procedimiento propuesto por el Sr. Lamfalussy. 
Los problemas de la actual Directiva relativa a los servicios de inversión se han derivado principalmente de dificultades de interpretación, así que, de cara a obtener un resultado final óptimo, es muy importante asegurarse de que la Directiva revisada pueda aplicarse de forma coherente a nivel nacional. 
Por tanto, no nos basta con una directiva simplemente buena y adecuada. 
Señora Presidenta, saludo y doy mi apoyo a los dos informes que estamos debatiendo hoy. 
Son excelentes y felicito a ambos ponentes por el arduo trabajo que han invertido en ellos. 
Es de vital importancia que logremos una buena directiva de servicios de inversión porque recompensará con un aumento del retorno para los ahorradores y con servicios más baratos para el consumidor. Sin embargo me temo que la DSI encarna mucho de lo bueno y malo de la actual legislación de la UE. 
En teoría se trata de una buena idea, pero se desconoce su funcionamiento en la práctica. 
Sobre el papel ha configurado un mercado único, aunque no un mercado único real. 
Se supone que debía haber hecho posible que una empresa o compañía, que cumpliese sus propias normas domésticas, dispusiese de una licencia para operar en cualquier lugar de la Unión Europea. 
Esto no se ha concedido en la práctica por las diferencias interpretativas entre los Estados miembros respecto de la ejecución y a causa de una pobre implementación. 
Es ciertamente inaceptable que casi ocho años después de la aprobación aun haya Estados miembros intentando averiguar cómo hacer cumplir esta directiva. 
Este resultado ha socavado tanto el principio del país de origen como el principio de la licencia única, ya que los operadores siguen enfrentándose a normas múltiples, que se superponen y que en ocasiones generan conflictos cuando actúan a escala de la Unión Europea- justo el problema que la DSI se suponía iba a atajar. 
Esto constituye un ejemplo perfecto de falta de eficacia de la legislación del mercado único. 
Seguimos teniendo una creciente carga administrativa y burocrática que sigue dejando abandonadas a las empresas ante más de 15 sistemas legales y reguladores diferentes. 
Las normas de conducta empresarial han sido utilizadas por los Estados miembros para imponer sus propias normas de estado anfitrión cuando estas no son ni necesarias ni deseables, e incluyo aquí al Reino Unido. 
Estas normas de conducta empresarial y de publicidad se han utilizado para proteger mercados antes que para proteger a los consumidores, y la Comisión debería tomar medidas drásticas contra esto. 
Saludo la apelación que se hace en los dos informes a que avancemos hacia el principio del país de origen para las normas de conducta empresarial, para las normas publicitarias y para los inversores minoristas y mayoristas. 
Espero que la Comisión tome nota de lo expresado por el Parlamento porque lo criticable de la mejora de la Comisión es que es demasiado dubitativa en estas cuestiones esenciales. 
A esta directiva debería subyacer el enfoque del principio del país de origen. 
No veo por qué no podemos confiar a los consumidores la elección de un producto de otros Estados miembros de la Unión Europea mientras están protegidos por las autoridades de esos Estados miembros de la Unión Europea con competencias sobre los servicios financieros. 
Los consumidores reciben una protección adecuada y pertinente de diferentes países que ahora hace casi 50 años que guardan una estrechísima relación. 
Es esencial garantizar que somos coherentes con la directiva de comercio electrónico, y un enfoque desde el principio del país de origen sería coherente con la directiva de comercio electrónico si lo adoptásemos en la DSI. 
Cualquier excepción al enfoque del país de origen, ya sea en la DSI o en la directiva de comercio electrónico debe ser estricta y estrechamente interpretada y debería ser eliminada cuanto antes. 
Desde luego, cualquier actualización de la DSI es bienvenida, pero sobre todo necesitamos un cambio de cultura. 
La Comisión ha sido, con mucho, demasiado dubitativa en la ejecución. 
Es inaceptable que durante muchos años varios países hayan sido incapaces de distinguir adecuadamente entre inversores profesionales y consumidores tal y como exige la DSI. 
Quisiera que la Comisión hiciera uso de todas sus competencias para asegurar que la actual versión de la DSI se aplica adecuadamente en cada Estado miembro y que la nueva versión de la DSI también se ponga en práctica adecuadamente. 
Señor Presidente, Sr. Comisario Bolkestein, Señorías, me es grato anunciar el apoyo de nuestro Grupo a los informes de nuestros colegas Katiforis y Kauppi, cuyas propuestas suponen un avance importante en la realización de un mercado único de servicios financieros, de acuerdo con las propuestas de la propia Comisión, contenidas en el plan de acción de servicios financieros. 
La eliminación de obstáculos en los Estados miembros respecto a los mercados financieros es imprescindible en la Europa del euro y debe permitir aprovechar todas las oportunidades que ofrece la existencia de la moneda única europea. 
Permítanme, una vez más, insistir en el símil que he utilizado de que lo que ahora estamos realizando en el ámbito financiero y monetario es lo que hace diez años realizamos con la constitución del mercado interior europeo para las mercancías y los servicios, asegurando las grandes libertades de circulación de capitales, trabajadores y mercancías. 
Nos hemos fijado un calendario: el año 2005, y las propuestas de nuestros colegas, yo creo que van en la buena dirección; apoyan las propuestas de la Comisión, destacan la necesidad de realizarlo y, al mismo tiempo, ofrecen y señalan aspectos concretos. 
En relación con el informe de la Sra. Kauppi, yo creo que el apartado 16, sobre los mecanismos que ha aplicado y propuesto- y que la Comisión ya ha puesto en marcha- para resolver los litigios transfronterizos extrajudiciales relativos a los servicios financieros, es esencial para superar las posibles disfunciones que haya a nivel de los Estados miembros. 
Este sistema y esta preocupación también están en el informe del Sr. Katiforis. 
Felicito a ambos por el trabajo realizado y les reitero nuestro apoyo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, ante todo me alegro por los dos ponentes de que ambos informes hayan alcanzado una aprobación tan amplia, no sólo en comisión sino también en el Pleno. 
Ello es una señal de que todos nosotros compartimos la opinión de que una aceleración en la velocidad en las transformaciones de los mercados interiores financieros europeos habrá de tener también consecuencias para el trabajo político. 
Esto ha sido destacado también en el informe de los sabios sobre la regulación de los mercados bursátiles europeos bajo la presidencia del Sr. Lamfalussy, informe que discutiremos aún en esta semana. 
Una segunda prueba de esta transformación es el crecimiento exponencial del volumen de acciones, superior al 30% anual en el período de 1995 a 1999. 
Esto tiene una importancia prioritaria a causa del significado estratégico que tiene el buen funcionamiento de los mercados financieros para el incremento del bienestar económico en la UE. 
La actualización de la directiva sobre los servicios bursátiles debe tener presentes simultáneamente tres objetivos: en primer lugar, la aceleración de la integración del mercado, en segundo lugar, la mejora de la protección del inversor, en tercer lugar, la estabilidad del mercado. 
Ello sirve de provecho a los mercados, por un lado, y protege a los inversores, por otro. 
De esta manera se asegura también la estabilidad financiera en el futuro. 
Tengo otros dos objetivos relevantes en este contexto que también han sido mencionados ya. 
En primer lugar; es preciso crear un auténtico pasaporte europeo para las empresas de inversión. 
Para aprovechar esta oportunidad y eliminar los obstáculos existentes necesitamos con suma urgencia la transición al principio del país de origen. 
Para los grandes inversores debería imponerse con la mayor rapidez posible y para los pequeños inversores- la Sra. Kauppi lo ha indicado ya- este principio es también correcto, pero probablemente sean necesarias unas regulaciones de transición. 
Otro ámbito en este contexto es la armonización de las regulaciones de buenas prácticas que constituye el prerrequisito del funcionamiento del mercado interior. 
Mi segundo objetivo consiste en una auténtica competencia entre las bolsas y las plataformas comerciales. 
Para hacer posible la competencia leal es preciso establecer una vigilancia adecuada y eficaz. 
Por consiguiente, habría que evitar que la competencia se viera determinada por normas diferentes y por la consiguiente búsqueda de las normas más favorables, con lo cual resultaría distorsionada. 
La tendencia discurre en la dirección de un crecimiento progresivo de las inversiones en valores, incluso en los fondos de pensiones hablamos de ello, por lo cual recomiendo una aprobación y una puesta en práctica rápidas- ojalá, antes de 2005- y esto estaría también en consonancia con el informe Lamfalussy. 
. (EN) Le doy las gracias tanto al Sr. Katiforis como a la Sra. Kauppi por los informes que han elaborado. 
Ambos reflejan un gran porcentaje de acuerdo. 
Celebro oír que los oradores han apoyado estos dos informes. 
A la Comisión también le ha complacido conocer estos dos informes. 
Por todos es sabido que la directiva de servicios de inversión es la roca de fondo del marco legislativo de la UE en el ámbito de los mercados de valores. 
La directiva define unos parámetros reguladores comunes para la protección del inversor y para configurar unos mercados ordenados. 
Cinco años después de su entrada en vigor ha llegado la hora de evaluar su situación. 
La Comisión opina que el veredicto debe ser moderado. 
Mientras se han producido significativos avances, la provisión de servicios de inversión transfronterizos continúa siendo frenada por la incertidumbre y otros impedimentos. 
Más específicamente, el entorno del mercado de valores ha sufrido ciertos movimientos sísmicos que despliegan nuevos desafíos para la normativa de la UE. 
La Comisión saluda las oportunas y coherentes respuestas del Parlamento Europeo a las dos comunicaciones sobre la directiva de servicios de inversión. 
Los informes proporcionan unas claras indicaciones para la Comisión, en el mismo momento en que prepara su propuesta de modificación de la DSI que debe ser aprobada a finales de este año. 
Quisiera ahora mencionar algunos puntos concretos incluidos en el informe elaborado por la Sra. Kauppi. 
El objetivo más inmediato y tangible de la DSI sigue siendo la concesión de un pasaporte único para las sociedades de inversión. 
El informe Kauppi trata con contundencia el obstáculo principal que ha de ser superado, constituido por las normas nacionales de conducta empresarial que se superponen y entran en conflicto. 
El enfoque trazado en el artículo 11 de la comunicación ha sido forzado por la ambigüedad inherente de la provisión y por la ausencia de jurisprudencia al caso del Tribunal de Justicia Europeo. 
A pesar de ello, la comunicación emite un claro mensaje, que la provisión transfronteriza de servicios de inversión a inversores profesionales debe ser objeto únicamente de las normas de conducta del país de origen. 
La definición de inversor profesional presentada por la Comisión, sobre la base del consenso alcanzado entre supervisores nacionales y FESCO, constituye un punto de partida sumamente útil. 
Antes de mencionar algunos elementos que pertenecen específicamente al informe del Sr. Katiforis, quisiera citar algunos aspectos que son comunes a ambos informes. 
La próxima revisión de la DSI ofrece la oportunidad de clarificar las condiciones en las que las compañías y los inversores operan en las transacciones transfronterizas. 
La Comisión está convencida de que el enfoque defendido por ambos informes es el único coherente con el mercado único. 
Además, garantizará que tanto la provisión de servicios de inversión on-line como off-line se beneficien de igual forma del principio del país de origen de la directiva de comercio electrónico. 
El desafío consiste en alcanzar esta meta de forma que se ofrezcan suficientes salvaguardias al pequeño inversor. 
La comunicación sobre la DSI sugiere que esto requiere una mayor convergencia de las normas sobre conducta empresarial y de publicidad para el inversor minorista. 
La Comisión confía en que tal convergencia pueda ser alcanzada en un espacio de tiempo relativamente corto. 
Quisiera abordar ahora algunos puntos específicos del informe elaborado por el Sr. Katiforis. 
La Comisión estima que la competencia y el surgimiento de infraestructuras para la negociación transfronteriza de valores plantean nuevas e importantes cuestiones normativas. 
Estas no son adecuadamente contempladas por la actual DSI. 
El informe Katiforis se pronuncia en contra de la introducción, en este momento, de cambios radicales. 
La Comisión es muy consciente de la necesidad de no causar daños y del riesgo de actuar en un momento en el que los mercados fluyen intensamente. 
No obstante, los profundos cambios habidos en la organización de las infraestructuras del negocio y la creciente participación de los pequeños inversores en las inversiones en acciones, reclaman ideas nuevas. 
La Comisión coincide con el informe Katiforis en que la clarificación de las disposiciones de la DSI relativas a los sistemas de intercambio y comercio debe concentrarse en los riesgos para la integridad del mercado. La Comisión también está de acuerdo en que el primer foco de atención lo deben constituir los mercados de valores en los que los pequeños inversores quedan más expuestos. 
El Sr. Katiforis ha manifestado en su intervención que deseaba que la Comisión hiciera una propuesta relativa a la integridad de los mercados tan pronto como sea posible. 
Puede que le conste o puede que no, pero la Comisión se encuentra en la última fase de preparación de una propuesta sobre el abuso de mercado. 
Confiamos en que pueda hacerse pública en pocas semanas. 
Una DSI reforzada no va a prevenir por sí misma las considerables correcciones del mercado de las que hemos sido testigos en las últimas semanas. 
No obstante, una DSI revisada puede contribuir a contener los excesos del mercado promoviendo la transparencia, protegiendo su integridad y garantizando que las sociedades de inversión actúen siempre en el mejor interés de sus clientes. 
Además, puede garantizar que estas protecciones sean disfrutadas por inversores de toda la Unión Europea, independientemente del origen de los valores que estén comprando o tipo de cambio con el que se esté ejecutando esa transacción. 
Sin ese marco, el objetivo fijado en Lisboa de un único e integrado mercado de capitales, que todos nosotros deseamos y necesitamos, seguirá siendo papel mojado. 
Quisiera dar ahora una respuesta más concreta a dos cuestiones que han sido planteadas, siendo la primera una crítica al acuerdo alcanzado en el seno de FESCO sobre la definición de inversores profesionales, y la segunda una respuesta a lo que ha dicho la Sra. Kaupi sobre el vínculo entre este asunto y el informe Lamfalussy. 
En cuanto a la primera cuestión, las críticas vertidas sobre la definición de FESCO de los inversores profesionales, el Tribunal de Justicia Europeo aun no ha dado un contenido jurídico al concepto de inversor profesional. 
El acuerdo FESCO representa un primer intento informal de establecer un enfoque común europeo sobre este concepto y debería ser recibido como un valioso primer paso hacia la clarificación de este relevante concepto operativo. 
Por supuesto, la Comisión es consciente de la general preocupación de que el acuerdo FESCO sea demasiado restrictivo en la determinación de qué inversores pueden ser calificados automáticamente como profesionales. 
Esto privaría a muchos grandes y sofisticados inversores de los beneficios que reporta operar en un régimen que sea laxo en la supervisión, por ejemplo el del país de origen. 
En cualquier caso, dada la incertidumbre que rodea al término "inversor privado", la Comisión opina que la vía de acción más acertada es adoptar un enfoque que se ha granjeado el apoyo de todas las autoridades nacionales reguladoras del mercado de valores. 
La propuesta sobre la definición de inversor profesional, tal y como se establece en ambos informes, podría parecer que ofrece ventajas adicionales desde el punto de vista de la existencia de un pasaporte único que funcionase adecuadamente. 
La Comisión estudiará cuidadosamente estas propuestas en la preparación de la revisión de la DSI. 
Por último, respecto del vínculo entre esta propuesta y los conocidos borradores de los informes Lamfalussy, la Comisión toma nota de la observación realizada por la Sra. Kaupi en su exposición de motivos acerca de que la DSI revisada, cito textualmente, "constituye una candidata a ser adoptada y ejecutada de acuerdo con el enfoque que pueda ser acordado a la luz de los informes Lamfalussy". 
La Comisión comparte esa opinión. 
La Comunicación sobre la DSI manifiesta claramente que la falta de capacidad para promulgar unas directrices jurídicamente vinculantes sobre la aplicación de las disposiciones de la DSI ha sido uno de los factores que más han contribuido a los déficits y la aplicación desigual que ha socavado la DSI. 
Teniendo en cuenta su mayor alcance y complejidad, una DSI revisada, posiblemente adolezca aun más de tales defectos: de ahí la importancia que tiene el informe Lamfalussy para este asunto como para muchos otros. 
Para concluir, quisiera volver a dar las gracias a ambos ponentes por el importante trabajo realizado. También quisiera dar las gracias a otros diputados que han intervenido, en especial al Sr. Gasòliba i Böhm y al Sr. Karas. 
La Comisión desea garantizar al Parlamento que actuará en consecuencia. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Productos cosméticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0095/2001) de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por séptima vez la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (COM (2000) 189- C5-0244/2000- 2000/0077 (COD)) 
Señor Presidente, estimados colegas, cuando en esta Asamblea creamos legislación, partimos del supuesto que ha de producirse una mejora respecto de la situación precedente. 
Por esta razón, en mi calidad de ponente, tengo la aspiración de que la séptima modificación de la directiva sobre productos cosméticos debe significar una mejora en comparación con la situación actual. 
¿Y lo es ahora? -me pregunto y ustedes también. 
Entonces, muchos en esta Asamblea dirán conmigo: no, no lo es. 
La sexta modificación de la directiva sobre productos cosméticos, de la que fui ponente también hace algunos años, prevé claramente en algunos pasos que, por ejemplo, para los ensayos con animales para productos cosméticos debe haber una fecha absolutamente final a partir de la cual no podrá haber más ensayos con animales. 
Les ruego a todos que tengan en mente que entretanto hay más de 8.000 sustancias testadas que se pueden utilizar sin ambages. 
Pero la pregunta que se plantea ahora es: ¿Qué pasa con las nuevas sustancias? 
Esta prohibición de experimentación y de comercialización, es decir, prohibición de venta, procedente de la sexta modificación ha sido transformada por la Comisión en una mera prohibición de experimentación en el territorio de la Unión Europea. 
Es decir, esto significa que en el futuro se pueden realizar tantos experimentos con animales como se desee, pero un par de kilómetros más lejos. 
Ahora oigo por todas partes, incluso de parte de la Comisión, que se considera con simpatía y amistad mis enmiendas pero, lamentablemente, éstas no se pueden aceptar pues se enfrentan a los criterios del comercio. 
¿Es cierto esto? 
No, no es cierto. 
Nadie puede decir hasta ahora que se haya decidido algún caso de manera positiva o negativa ante la Organización Mundial de Comercio, porque no existe todavía un caso que se haya decidido por razones de la protección de los animales y por motivos morales. 
Mucho más dudoso es que el argumento de la Comisión relativo al comercio pueda llegar a ser defendible, puesto que entretanto hace unos meses los Estados Unidos han decidido en su Cat and Dog Fur Act dictar leyes que se basan únicamente en razones de protección de los animales y en la sensibilidad moral de la población. 
En consecuencia quiero invitar a la Comisión a que tenga un poco más de arrojo en este punto y ponga en claro sus prioridades políticas. 
Señor Liikanen- usted sabe cuanto le aprecio- usted tiene que poner las cartas boca arriba y actuar con arreglo a su responsabilidad política; luche usted contra sus colegas, Lamy y otros, o explíqueles que se equivocan. 
¿Qué significa una prohibición de comercialización en algún momento? 
Naturalmente, yo parto también de productos seguros. 
No empujo a nadie a que aplique sobre su piel o sobre la de sus hijos un producto inseguro ni a que cepille sus dientes con una espumosa crema dental insegura. 
Jamás lo desearía. 
Por esta razón tengo un planteamiento que considero muy razonable y que ha sido apoyado en comisión por muchos colegas. 
Ciertamente, debe haber una prohibición de experimentación, sí, debe haber una prohibición de comercialización, es decir, de venta, en los casos en que se hayan evaluado ya alternativas. 
Luego, en algún momento futuro- cinco años después, según mi enmienda, incluso más tarde quizá- debe producirse una prohibición total. 
Durante este tiempo la industria tiene también la posibilidad de desarrollar alternativas y de realizar inversiones en investigación. 
Entretanto debe haber un etiquetado, de suerte que las consumidoras y consumidores sepan con certeza, si adquieren productos que se hayan experimentado en animales. 
Así, pues, la séptima modificación ha de traer, naturalmente, más mejoras aún. 
¿Es posible que el Comité Científico de Productos Cosméticos constate en la Unión Europea que los ingredientes, las fragancias, provocan alergias y que estas sustancias no se etiqueten luego? Esto no puede ser. 
Esto contraviene los principios que tenemos en la Unión Europea, que dicen que los productos han de ser seguros, pero también claros y verdaderos. 
Por consiguiente deben ser etiquetados. 
Esto es, ni más ni menos, lo que propongo. 
¿No es, además, acertado y razonable que las consumidoras y los consumidores de la Unión Europea sepan, cuando compran un producto, cuánto tiempo se conserva y cuánto tiempo se mantienen los principios activos? 
¿Cuánto tiempo mantiene su buen sabor la crema dental, y por cuánto tiempo siguen todavía en orden y no se ponen rancios un perfume o la crema para la piel? 
Por esta razón, propongo también con el apoyo de la comisión en nombre de esta Asamblea que desarrollemos un símbolo y que, además, la Comisión imponga un etiquetado claro en los productos que tengan una caducidad superior a los 30 meses. 
Una vez abiertos ¿durante cuánto tiempo se conservan? 
En mi opinión, todas éstas son propuestas que mejoran la sexta modificación- en definitiva, para esto estamos aquí- y que protegen mejor a las consumidoras y a los consumidores, pero que también les informan mejor y les otorgan el derecho a una posibilidad de elección. 
Para la primera lectura de una ley esto es absolutamente lo que todos deseamos y debemos tener. En efecto, también debemos ir con un cierto potencial a una segunda lectura. 
Tengo la convicción de que no sólo pueden estar satisfechos de esto las consumidoras y los consumidores, sino también las representantes y los representantes de la industria de productos cosméticos, aunque éstos siguen suscitando la impresión de que son golpeados y torturados. 
Creo que después de esta lectura, como muy tarde, y también tras la segunda lectura entenderán que hemos de unirnos y que hemos de hacer un esfuerzo conjunto. 
Les invito hoy a hacer esto. 
. (FI) Señor Presidente, la especialidad de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía abarca los asuntos relacionados con la industria, el comercio exterior y la investigación. 
La opinión de la comisión parlamentaria se centra en el examen, precisamente desde esta perspectiva, de la prohibición de los experimentos de productos cosméticos en animales. 
Parece ser que la industria cosmética a nivel mundial no ha sido capaz de adoptar métodos alternativos a la experimentación en animales con la celeridad que el Parlamento Europeo hubiera deseado. 
La colaboración entre la industria y la comunidad científica no ha funcionado y los investigadores tampoco han aprovechado suficientemente el Quinto Programa marco de investigación de la UE en el desarrollo de métodos alternativos. 
Con el fin de impulsar los métodos alternativos, nuestra comisión propone la prohibición de la experimentación animal, tanto de los productos elaborados como de las sustancias cosméticas, en un calendario más rápido que el presentado por la Comisión. 
En cuanto a la propuesta sobre la prohibición de la comercialización de los productos presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, según las informaciones recibidas por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, es posible que la prohibición de la comercialización y venta de los productos cosméticos experimentados en animales sea contraria a las normas de la OMC. 
Sin embargo, no hay aún seguridad absoluta a este respecto, dado que no existen precedentes. 
Como experta en este ramo, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía no propone la prohibición de la venta. 
El hecho de no proponer la prohibición sirva como llamada de atención al Parlamento. 
Puede ser que la prohibición de la venta de los productos cosméticos que hayan sido experimentados en animales fuera de la UE provoque la adopción de contramedidas en el seno de la OMC. 
Como ponente de opinión de la comisión parlamentaria, soy consciente del problema que puede originarse, pero comprendo también la postura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor: hay que tantear los límites de la OMC. 
Cuando se trata de principios éticos sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, un bloque industrial de las características de la UE debe ser capaz de reglamentar la actividad económica y el sector industrial. 
Nuestra comisión también defiende el derecho del consumidor a un etiquetado específico de los productos no experimentados en animales. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero notificar que la versión correcta de la enmienda 33, firmada por mí misma y por la Sra. Müller, es la inglesa. 
Ha habido, por lo visto, un error en las traducciones. 
No voy a entrar a exponer los argumentos en pro o en contra de la experimentación animal, que a estas alturas todos conocen y que, indudablemente, junto con la prohibición de la comercialización, centran el debate de esta séptima modificación de la Directiva. 
Sí diré que, como ponente alternativa, he podido percibir una clara opinión mayoritaria, en todos los grupos de este Parlamento, favorable a la prohibición en ambos aspectos: comercialización y experimentación. 
Sin embargo, me parece necesario mencionar la preocupación de algunos miembros de este Parlamento, en su mayor parte reputados científicos, que ven con alarma la prohibición total de la experimentación en los términos y plazos que se plantean en las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt, ya que, según su criterio, su cumplimiento puede comprometer la seguridad del producto o interrumpir el avance en el terreno de la investigación científica con cosméticos. 
Yo creo que es una opinión que, al menos, hay que tener en cuenta y tratar de integrar en el texto, pues no podemos olvidar que el objetivo del legislador debe ser establecer un equilibrio entre dos valores: la seguridad de los consumidores y la protección de los animales. 
En la búsqueda de este punto de equilibrio deberemos tomar en consideración no sólo factores económicos, socioculturales o de protección de los animales, sino también científicos y jurídicos. 
Coincido totalmente con la señora ponente en la necesidad de poner fin a los experimentos con los animales. 
Sin embargo- como digo -, actualmente la comunidad científica parece no estar totalmente de acuerdo en que una prohibición más o menos inmediata ayudaría a la seguridad del consumidor. 
Sin embargo, yo creo que es importantísimo encontrar incentivos legales, y sobre todo prácticos, que aceleren los procedimientos de investigación, para que, en un futuro muy próximo, podamos decir que la experimentación animal es un mero reducto del pasado. 
Por ello, apoyo plenamente la idea de prohibir la experimentación con animales y coincido con la ponente en que debe fijarse una fecha para acelerar este procedimiento. 
Sin embargo, creo que los plazos marcados por la ponente deberían ser más flexibles, habida cuenta de que en el último debate en el Parlamento- si no me equivoco -, la Comisión dijo que aproximadamente en diez años los métodos alternativos necesarios podrían haberse desarrollado. 
En cualquier caso, hay que decir que, a juicio de mi Grupo, la revisión que nos propone la Comisión no resuelve los problemas ya planteados en la sexta revisión, principalmente aquellos relacionados con la Organización Mundial del Comercio, sino que la Comisión se limita a eliminar la disposición sobre la prohibición de comercialización y a ampliar el plazo para la prohibición de experimentos. 
Desde el Partido Popular Europeo, vemos con preocupación la propuesta de la Comisión, ya que se muestra incoherente con su propia postura anterior, no resuelve los problemas de la Organización Mundial del Comercio, arrastrados desde hace años, y se limita a ampliar unos plazos en el caso de la prohibición de la experimentación. 
En consecuencia, nuestro Grupo quiere apoyar la enmienda 21 que propone a este Parlamento rechazar la propuesta de la Comisión en su totalidad. 
Probablemente, la Comisión debería hacer de nuevo los deberes, presentando posteriormente un texto más coherente y, sobre todo, con soluciones a los problemas planteados. 
Otro tema del que quiero tratar es el de la lista de las sustancias que pueden producir alergia: la Sra. Roth-Behrendt incluye una larga lista, y nuestro Grupo las concreta a trece, ya señaladas como peligrosas, porque no consideramos conveniente hacer una larguísima lista de sustancias, de peligrosidad mínima, en la mayoría de los casos, que llevaría a la consiguiente confusión del consumidor, que no distinguiría entre lo que puede ser peligroso para él y lo que no lo es. 
Señor Presidente, gracias a la ponente de este informe, la Sra. Dagmar Roth-Behrendt, que ha realizado un excelente y riguroso trabajo. 
También quiero agradecer el sentido realista de este informe, a la vez que estricto, en lo que se refiere al establecimiento de plazos. 
El objetivo debe ser hacer efectiva con la mayor rapidez posible la prohibición en el territorio de la UE tanto de la experimentación animal, como de la comercialización de los productos en cuestión. 
La ponente de este informe, exigiendo la prohibición inmediata de la venta de productos experimentados en animales, ha encontrado una línea que esperemos dé lugar a la rápida adopción de medidas por parte del Consejo. Serán excepción aquellos productos para los que no exista un método alternativo a la experimentación en animales. 
La ponente observa acertadamente que ni la Comisión ni el Consejo han procedido con la suficiente eficiencia en la tramitación de la entrada en vigor de la legislación ya vigente relativa a la prohibición de la venta. 
Se ha cedido con demasiada facilidad ante las presiones de la OMC. 
Al hablar de nuevos productos, conviene preguntarse cuántos productos nuevos necesitamos aún. 
¿Necesitamos productos similares entre sí, solamente diferenciados por influencia de la publicidad? 
Es verdad que debemos encargarnos de que los productos no entrañen riesgos para el consumidor. 
Creo que el desarrollo de métodos alternativos de experimentación es principalmente responsabilidad de la industria, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de los costes. 
Claro está que cuando se trate de pautas importantes para los consumidores en general, también se podrá acudir a la financiación comunitaria. 
El etiquetado debe ser claro y hay que tener presentes las alergias, especialmente en los productos destinados a los niños. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión de prohibir los ensayos de cosméticos sobre animales- aunque sólo dentro de la Unión Europea- es totalmente inadecuada. 
Coincido plenamente con el ponente. 
Esto nos permitirá aparentar que hacemos algo para prevenir la crueldad para con los animales, pero al mantener las mismas condiciones de ensayo ni un solo animal sufrirá menos. 
Por contra, el ponente y la comisión, al solicitar la prohibición de la venta y la promoción, conservan el mensaje preliminar y la directriz moral sobre la relación entre el hombre y los animales: que no aceptamos que se ejerza la crueldad sobre los animales con el único fin de desarrollar productos que en esencia son frívolos y no son diseñados sino para avivar nuestra vanidad. 
La comisión ha abordado algunas cuestiones espúreas presentadas por la industria, tales como los posibles beneficios para la salud derivados de los nuevos productos que, como han manifestado, podrían ser reclasificados como fármacos. 
Queremos manifestar con énfasis que la industria debería gastar menos en la comercialización y la promoción y más en el desarrollo de métodos de análisis alternativos. 
A pesar de las enérgicas objeciones de la industria, con 8000 productos en el mercado, con las estanterías de las tiendas rebosantes de desodorantes y champús, de maquillaje y lociones para el cabello, etc., no parece que mucha gente se vaya a resentir si se prohibe la promoción. 
En el núcleo de este debate reside el problema de la Organización Mundial del Comercio. 
La verdad es que desconocemos si se pueden mantener objeciones o no. 
Si fuera posible, entonces necesitamos cambios. 
Ya sea este asunto, o el medio ambiente o la aplicación del principio de precaución, debemos tener la libertad democrática de ser capaces de exigir ciertos estándares mínimos que son aceptados por la mayoría de nuestros ciudadanos. 
Es completamente inaceptable que la Comisión diga, a aquellos que persiguen mejorar la condición de los animales, que hicen la bandera blanca y huyan del campo de batalla, antes incluso de que sepamos si el enemigo está armado o no. 
Esto no indica una sabia postura, sino una miserable cobardía, demostrando la absoluta ausencia de un verdadero liderazgo. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su trabajo y el trabajo de la comisión. 
Se trata de una importante mejora respecto de lo propuesto por la Comisión. 
La propuesta de la Comisión no sólo es esencialmente defectuosa sino que también es extremadamente decepcionante. 
El hecho de que abandonen la prohibición de la venta constituye una verdadera desgracia, a parte del hecho de que supuestamente debió entrar en vigor en 1998. 
La Comisión no ha actuado conforme a lo prometido con relación a la prohibición de ensayos, como ya ha destacado el Sr. Davies. 
Se trata de un desistimiento completo puesto que al prohibir los ensayos lo que se asegura es que las multinacionales de la UE van a efectuar los ensayos fuera de la UE pero los productos van a seguir estando a la venta aquí. 
Lo que necesitamos es tanto una prohibición de la comercialización como de los ensayos y esto lo debemos hacer ahora. 
El argumento del temor a un conflicto con la Organización Mundial del Comercio es completamente infundado. 
No hay ninguna razón por la que la protección animal no pueda constituir una razón legítima para adoptar medidas comerciales restrictivas. 
Incluso la propia OMC nos ha confirmado recientemente que los EE.UU. están conformes, puesto que esta es la base a la que recurren para prohibir la importación y la venta de pieles de perro y gato. 
El argumento relativo a la OMC no es más que una excusa para no actuar conforme a lo originalmente prometido. 
El informe incluye una serie de mejoras muy importantes en relación con los consumidores y la información al consumidor. 
Los ingredientes de los productos cosméticos deben ser listados ahora completamente, incluyendo los ingredientes de los perfumes, una información que hasta ahora no estaba disponible. 
Es estupendo que el público vaya a tener acceso a esta información porque en el pasado no se utilizaban más que espúreas excusas para impedirlo. 
Los cosméticos que contengan cualquiera de las 26 fragancias que superan un determinado umbral deben ser etiquetadas con una advertencia que diga: "puede causar reacción alérgica". 
Hubiéramos querido que estas fragancias se prohibiesen totalmente, pero lamentablemente en comisión no conseguimos el apoyo necesario para ello. 
Ese hubiera sido el camino a seguir: si son peligrosas entonces hay que prohibirlas, en lugar de decir que "pueden causar problemas". 
En lo que concierne al uso de fragancias en productos para bebés o productos para la higiene íntima, hubiéramos querido ver una prohibición total de la fragancias para productos para bebés. 
Esto es completamente innecesario, y también está exponiendo a los bebés y niños, que son extremadamente vulnerables, a riesgos innecesarios. 
Con la actual propuesta las sustancias peligrosas que son cancerígenas, tóxicas o pueden provocar mutaciones no pueden ser empleadas en cosméticos a no ser que sean evaluadas por un comité científico y sean consideradas aceptables. 
Realmente esto va a estimular que se realicen más ensayos con animales. 
Normalmente no presto mucha atención a la información de los grupos de presión que recibo en este Parlamento, especialmente de la industria, pero me sorprendió el documento "Cosméticos- tu elección, nuestra responsabilidad" de la Asociación europea de los cosméticos, perfumes y productos de baño. 
Como acaba de destacar el Sr. Davies, intenta alimentar nuestra vanidad sugiriendo que es necesario continuar con los ensayos en animales, para que podamos seguir estando limpios, para que podamos corregir los olores corporales, en otras palabras, para que podamos superar a la naturaleza y cambiar nuestra imagen. 
Todo esto es absurdo y es totalmente inaceptable que se torture a animales con este tipo de excusas. 
Si se observa la información provista por la industria no hay ni una sola fotografía que refleje lo que realmente implican los ensayos con animales, y los consumidores también deberían estar informados de eso. 
Señor Presidente, la modificación de la directiva sobre los productos cosméticos ha suscitado debates apasionados en torno a la cuestión de la experimentación con animales. 
El texto parece haber abandonado la idea de prohibir la comercialización de nuevos cosméticos experimentados en animales, prefiriendo contentarse con prohibir la experimentación de cosméticos en animales en el seno de la Unión Europea. 
Naturalmente, nadie es partidario de la experimentación con animales. 
Sin embargo, en esta cuestión es necesario ser realista y coherente. 
La experimentación con animales sólo representa una ínfima parte de las experimentaciones de productos cosméticos y, además, está destinada a desaparecer de aquí a diez años gracias a las investigaciones emprendidas por los laboratorios para sustituirlas con nuevas formas de experimentación. 
Pero en el estado actual no existen métodos alternativos suficientemente fiables. 
Además, el entusiasmo manifestado en todas partes para prohibir definitiva e inmediatamente la experimentación con animales resulta muy singular cuando en nuestras granjas se sacrifican, con total falta de sensibilidad, decenas de miles de animales a fin de luchar contra una fiebre aftosa que una simple vacunación bastaría para erradicar. 
¿Acaso no existe, cuando menos, un conflicto lamentable en nuestro orden del día? 
Por otro lado, la prohibición inmediata de la experimentación con animales podría conducir a los laboratorios a practicar sus experimentos en seres humanos obligados por la miseria a aceptar lo que sea para sobrevivir. 
En ese caso, no sentiremos pena por las fotografías de conejos con los ojos enrojecidos, sino por las fotografías de mujeres del tercer mundo desfiguradas por las alergias. 
Como de costumbre, son los más pobres los que van a sufrir las consecuencias de nuestros caprichos legislativos. 
No se trata de saber si somos o no partidarios del bienestar de los animales, sino de saber si el bienestar de los animales tiene más peso que el de los indigentes. 
Finalmente, si obstaculizamos demasiado la acción de nuestras industrias, éstas relocalizarán su actividad fuera de la Unión Europea para poder hacer frente a la competencia exterior y, en particular, a la competencia de los Estados Unidos, ya que los experimentos con animales no se prohibirán en este país. 
¿Miles de obreros pueden perder su empleo? 
Naturalmente, ¡y también en este caso son los más modestos quienes pagarán la factura! 
¿Esta es la Europa social que desean, Señorías? 
Señor Presidente, valoro la coherencia con la que la Sra. Roth-Behrendt ha llevado adelante su informe y sobre todo la exigencia de poner fin a una discusión que ya dura muchos años. 
Comparto asimismo las preocupaciones de la opinión pública por la experimentación animal, puesto que, cuando ésta es repetitiva sobre ingredientes y principios activos conocidos y comercializados desde hace año, entonces el sacrificio de nuevos animales es absolutamente inútil. 
Pero cuando, señor Comisario, como sostengo en la enmienda firmada por más de cincuenta diputados, se trata de nuevos cosméticos que contienen nuevos ingredientes que jamás han sido testados para comprobar su perfil toxicológico en los animales de laboratorio, como científico, estoy convencido de que es obligatorio proceder a una primera fase de experimentación animal antes de su uso en el ser humano y de su comercialización. 
La falta de experimentación animal de nuevos cosméticos podría determinar- lo digo muy claramente- la aparición de efectos tóxicos potenciales tanto en niños como en mujeres y en hombres, una toxicidad hepato-nefro-neurológica potencial e incluso efectos cancerígenos. 
¿Quién sería el responsable, señor Comisario? 
Por todas estas razones, espero sinceramente que el Pleno apruebe la enmienda que he presentado junto con cincuenta diputados y cuyo fin es no obstaculizar el progreso de la ciencia. 
Señor Comisario, en mi condición de hombre de ciencia, quiero hacer otra consideración, esto es, que los métodos alternativos, a pesar de que es importante desarrollarlos, potenciarlos y financiarlos, no serán nunca capaces- y lo digo como científico, como hombre que ha trabajado 35 años en un laboratorio- de sustituir la complejidad de un organismo animal y de un organismo humano. 
Y una observación más: me parece absurdo- tanto científicamente como en virtud de los acuerdos internacionales en vigor- impedir el marketing en Europa precisamente para aquellos cosméticos que son más seguros debido a una anterior experimentación animal. 
Por todo esto, señor Comisario, comparto su informe, el informe de la Comisión, que no es un informe confuso, sino un informe dictado por un Comité científico internacional. En consecuencia, lo apoyo y espero que en este Parlamento aprobemos las enmiendas que aportan mejoras y que sirven para aprobar por fin todo el informe para acabar con estas discusiones de una vez. 
Señor Presidente, la Sra. Roth-Behrendt lo ha expresado con concisión. 
La sétima enmienda constituye un paso atrás- todos lo sabemos. 
Ni siquiera corresponde al status quo. 
Pero al contemplar algunas de las protestas de la industria cosmética uno pensaría que esta directiva es algo nuevo. 
No lo es. 
Ha estado con nosotros desde hace muchos años, y durante muchos años hemos esperado y creído que una prohibición efectiva de los ensayos, condicionada a una introducción progresiva de ensayos alternativos, estaba en camino. 
Hay una frase en la Biblia que todos conocerán: "la esperanza que se extiende largamente enferma el corazón". 
Si tenemos el corazón enfermo hoy es por la naturaleza de la espera. 
Aquellos que han retrasado nuestras esperanzas deben escuchar ahora. 
Muchos en la industria no sólo aceptan la necesidad de acabar con los ensayos con animales, sino que además han invertido sus recursos con ese fin. 
Ciertamente he aprendido cosas de mis entrevistas con ellos. 
También es cierto, siguiendo al Sr. Nisticò, que algunos de los experimentos que se pueden llevar a cabo incluyen a personas voluntarias, tejidos humanos y animales, y ensayos in vitro. 
El desarrollo de estos en los últimos años ha supuesto un gran paso hacia delante. 
Pero ahora la industria tiene que demostrar que dispone de un calendario realista para el desarrollo de ensayos alternativos. 
No es suficiente decir, como hace esta lustrosa publicación, que no se pueden establecer estos calendarios porque sería tanto como anunciar la fecha del descubrimiento de la cura para el cáncer. 
Ese no es el caso. 
Estamos analizando el modo en que eventualmente pueden llegar, durante esta década, al punto que nosotros y la opinión pública deseamos, y sólo lo harán bajo el amenazante estímulo de una prohibición de venta. 
Igualmente, si detallamos los causantes de alergias presentes en estas fragancias, no se les expulsa del mercado. 
Se trata de una precaución necesaria que no debería amenazar a ningún producto válido. 
Lo hemos hecho en otros ámbitos, generando grandes beneficios para la salud humana. 
Razón de más para hacerlo con productos que, lo reconozco, contribuyen a la felicidad y bienestar de las personas. 
De todos modos, seremos más felices cuando los podamos utilizar con la conciencia tranquila, sabiendo que han cesado los innecesarios ensayos sobre animales. 
Señor Presidente, estimados colegas, el informe Roth Behrendt es excelente y celebro las limitaciones a los experimentos con animales. 
La Sra. Roth Behrendt propone la prohibición absoluta de venta de productos cosméticos que hayan sido probados en animales a partir del quinto año de la entrada en vigor de la directiva, aunque no existan otros métodos adecuados para investigar estos productos. 
Este criterio posiblemente frene temporalmente el desarrollo de la industria de cosméticos, pero estimulará considerablemente el desarrollo de nuevos métodos de investigación. 
No obstante, la prohibición propuesta no es suficiente, ya que la industria puede lisa y llanamente realizar sus experimentos fuera de la UE. 
Por esa razón se necesita también prohibición de venta. 
Una prohibición de esta naturaleza impediría a los productores de países fuera de la Unión conseguir ventajas en el mercado mediante la utilización de animales en sus experimentos. 
Por el contrario, la competencia obligaría a descubrir nuevos métodos de experimentación. 
Como liberal, me interesan mucho los derechos individuales. 
Me permito también extender a los animales el derecho a no ser sometidos a sufrimientos innecesarios. 
También me interesa que los consumidores elijan libremente y que estén bien informados. 
Estimados colegas, les pido prestar especial atención a la enmienda 39, en la que se propone que los productos ensayados en animales tendrán que llevar la etiqueta "Probado en animales". 
Aplaudo que hayamos avanzado un poco a través de la prohibición de venta y de la realización de pruebas en animales, además de otras medidas, propuestas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por un informe excelente. 
También tuvo lugar un excelente debate en la comisión. 
El asunto de los ensayos con animales ha preocupado a este Parlamento durante mucho tiempo y también se refleja en la presión ejercida por los votantes que quieren mantener la prohibición sobre la promoción y comercialización de los cosméticos. 
Ha llegado la hora de que nos aseguremos de que se emprendan acciones, de que se traten adecuadamente las preocupaciones de nuestros ciudadanos y de aquellos que se preocupan del bienestar de los animales, prohibiendo totalmente la venta de cosméticos que se han ensayado en animales y prohibiendo los ensayos. 
Como otros diputados han manifestado, ya ha habido suficientes postergaciones: de 1998 hasta 2000, y después hasta 2002. 
Debemos establecer una fecha y conservarla. 
No hay justificación posible para hacer sufrir a los animales en ensayos, cuando existen probados, efectivos y seguros métodos de ensayo alternativos y 8.000 ingredientes cosméticos en uso. 
Y estamos hablando de cosméticos, no de productos médicos, estamos hablando de champús y cremas antiarrugas, y como ha dicho antes el Sr. Davies, con certeza no existe escasez de estos productos en las tiendas. 
Los consumidores deben tener el derecho de elegir, si los productos que compran han sido ensayados sobre animales, y a ser advertidos de que esos productos contienen alergénicos, de modo que el asunto del etiquetado es esencial. 
Como Grupo, nos hubiera gustado que se hubiera reforzado el informe adoptando una prohibición del uso de fragancias alérgicas, especialmente en productos para bebés. 
De modo que insto a los diputados a que apoyen el informe, que está en la línea de las demandas de la mayoría de los europeos a los que representamos. 
No va poner en peligro la seguridad de los consumidores y desde luego va a forzar a la industria cosmética a acelerar el desarrollo de alternativas, que sabemos están al alcance, y que pueden ser desarrolladas en el futuro mediante métodos de ensayo alternativos. 
Señor Presidente, en el año 1992 grupos protectores de animales, procedentes de toda Europa, presentaron al Parlamento Europeo la mayor petición presentada jamás en el mundo, en concreto, una petición con las firmas de dos millones y medio de personas que apoyaban con su rúbrica una prohibición de experimentos con animales en el sector de los productos cosméticos. 
Distinguido señor Comisario, yo sé que cuando se tiene un cargo tan elevado no hay que ser elegido directamente por el ciudadano. 
Pero estoy segura de que esto también le causará una gran impresión y que usted va a ver con toda claridad que una gran parte de la población europea apoya este deseo. 
La razón de este nuevo aplazamiento de la prohibición de comercialización reside lisa y llanamente en el miedo de la Comisión hacia la OMC. 
Y se nos propone ahora sustituir la prohibición de comercialización para productos cosméticos por una prohibición de experimentos con animales en la UE. 
¿Se cree realmente que los dos millones y medio de personas en Europa, los demás ciudadanos y también este Parlamento no comprenden lo que se nos está proponiendo aquí? 
Es un poco vergonzoso. 
Si en un ridículo asunto, como éste de los productos cosméticos, no logramos plantarnos frente a la OMC y formular nuestras propias ideas, qué va a suceder más tarde con cosas más importantes como, por ejemplo, con las hormonas en cualesquiera productos animales? 
¿Qué haremos entonces? 
Entonces vamos a tener más miedo aún. 
Permítanme afirmar que no se trata de productos medicinales- esto se dice a menudo inadvertidamente- sino que se trata solamente de productos nuevos. 
Todo lo que actualmente se encuentra en el mercado- lo que pueden contemplar ustedes en cualquier aeropuerto, desde Elizabeth Arden hasta Ellen Betrix- todo esto puede seguir vendiéndose y comercializándose. 
Y una cosa más, lo digo a los científicos que se encuentren en la Sala: los experimentos con animales no son seguros. 
Cualquier científico admite que esto es verdad. 
Para concluir, permítanme citar a un gran europeo, que quizá fue uno de los grandes italianos que hayan existido, Leonardo da Vinci, que hace ya mucho tiempo dijo: Lo que los seres humanos estamos haciendo a los animales, lo van a ver con horror las generaciones que existirán después de nosotros. 
Señor Presidente, intervengo en apoyo del informe Roth-Behrendt y felicito a la ponente por la calidad y profundidad de su informe. 
También quisiera hacer notar, con mi aprobación, que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha aprobado, a excepción de una, todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Señorías, sin duda alguna, existe un bien fundamentado rechazo público al uso de animales en los ensayos de ingredientes para cosméticos, y a todos los que esto atañe desean una mejor protección para los animales en todo el mundo. 
Esto ha quedado reflejado en el coherente discurso que este Parlamento inició en el pasado. 
La industria cosmética no es sino la comercialización del glamour, de los sueños y de las ilusiones, y no estoy siendo tan crítico al respecto como otros oradores que han intervenido con anterioridad. 
Sin duda, gran parte del sector responsable de la industria cosmética ha dado pasos considerables hacia la reducción de los ensayos con animales, pero la opinión pública está bien fundamentada, y es positivo que haya sido reflejado, no sólo en el pasado, sino también en el informe Roth-Behrendt, dónde se ha hecho con reiteración y reforzadamente. 
No sabemos qué pasará con la OMC. 
Aun no ha habido ninguna disputa y, en mi opinión, los argumentos de los EE.UU. sobre un posible incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, me suenan un poco huecos, en la misma semana en la que el Presidente Bush ha repudiado explícitamente el acuerdo de Kyoto sobre el cambio climático. 
En cualquier caso, es probable que la industria internacional cosmética desista de una disputa en la OMC si sabe que la mirada pública está ferozmente centrada en los ensayos de ingredientes sobre animales. 
Es acertado que mantengamos la misma línea. 
Este informe está bien elaborado en todos sus detalles. 
Si conduce a una disputa bajo las normas de la OMC entonces, desde la Unión Europea, tendremos que defender nuestra esquina con vigor. 
Si prestamos atención a esos argumentos, en este Parlamento no conseguiremos prácticamente nada. 
No es que seamos insensibles a esos argumentos, sino que los insertamos en el contexto del bien superior. 
Les recomiendo el informe Roth-Behrendt. 
Señor Presidente, la emotiva y fundamental cuestión respecto de este debate y esta directiva no es sino la forma de proteger la salud de los niños y los adultos a la vez que retirar progresivamente, con un calendario razonable, los ensayos con animales. 
Como sabemos, los cosméticos, al igual que los productos químicos, los pesticidas y las medicinas deben pasar unos rigurosos controles antes de ser lanzados al mercado para el consumo humano. 
Un productor de cosméticos está legalmente obligado a garantizar que sus productos son seguros, tanto para el uso normal como para un mal uso impredecible. 
El Comité Científico para los Cosméticos establece directrices sobre el tipo de ensayos que se deben realizar y entre estos se incluyen los ensayos con animales. 
La clave está en conseguir que el ensayo y cualquier alternativa a los ensayos existentes entren en el Anexo 5 de la Directiva de Sustancias Peligrosas. 
Cuando perseguimos, como hacemos ahora, el fin de los ensayos con animales también hemos de tener en cuenta los intereses humanos. 
Sería horrible que un niño sufriese o incluso muriese porque se hubiese permitido acceder al mercado a un producto que no hubiese sido ensayado adecuadamente, y hemos de recordar que productos tales como la pasta de dientes o los champús medicinales son clasificados como cosméticos. 
La industria, para ser justos, ha dado pasos de gigante al reducir tanto el número de ensayos con animales como el número de animales empleado en esos ensayos. 
En algunos casos han sustituido el propio ensayo, en unos lo han perfeccionado para reducir el sufrimiento y en otros han reducido el número de animales empleados. 
Conseguir una alternativa puede llevar hasta diez años. 
Acordar un proyecto de investigación, financiarlo, llevarlo a cabo y después obtener la validación del CEVMA, sustentado por el Comité Científico e incorporado al Anexo 5, exige un calendario de tal extensión. 
Al contemplar la propuesta de la Comisión hemos de preguntar: ¿es eficaz, y es realista? 
Me temo que la respuesta a ambas preguntas es no. 
La propuesta de la Comisión prohibiría los ensayos con animales en la UE, pero eso simplemente provocaría que se desplazaran los ensayos a países no pertenecientes a la UE en las que las normas sobre el bienestar de los animales pueden ser menos exigentes. 
La ponente ha luchado, como solo lo puede hacer Dagmar Roth-Behrendt, para encontrar una alternativa, y si su alternativa es prohibir la comercialización de cualquier producto que haya sido ensayado en animales, entonces eso está bien, pero ello, por sí solo, podría poner fin a la investigación y al perfeccionamiento, incluyendo la mejora de la salud de niños y adultos, si no se dispone de una alternativa. 
No hacer nada tampoco es una alternativa, porque eso no generaría ninguna presión que estimulase la búsqueda de alternativas. 
Debemos seguir ejerciendo presión. 
De los doce ensayos para cosméticos exigidos, tres ya tienen ahora una alternativa, un cuarto está en camino de hallarla, cuatro más han sido perfeccionados o reducidos, y para otros cuatro no existen alternativas, ni siquiera en el futuro. 
Debemos establecer unas fechas realistas para el fin de la comercialización y de los ensayos para cada uno de ellos. 
Debemos exigir alternativas para que sean empleadas tan pronto como sean aprobadas. 
Debemos distinguir entre maquillaje y cosméticos que tienen un fin medicinal. 
Debemos impedir que los productores y los distribuidores reclamen que sus productos no han sido ensayados en animales cuando uno o más de sus ingredientes si lo han sido. 
Y me temo que debemos pedir a la Comisión que retire su propuesta y comience de nuevo. 
Señor Presidente, tengo ahora el privilegio de poder hablar en nombre de mi Grupo y el privilegio de poder profundizar en alguno de sus argumentos. 
Permítanme hacerlo. 
Yo soy la primera que votará a favor de productos más seguros, no sólo en este mercado europeo, sino también en todo el mundo. 
Desde que estoy en este Parlamento lo he hecho así en el caso de los productos alimentarios y también en el de los productos cosméticos. 
Señor Nisticò, naturalmente después de una prohibición de venta van a poder venderse los productos actuales reconocidos en algún momento como seguros. 
Solamente no podrán venderse los productos que hayan sido experimentados con animales después de esta fecha concreta. 
Su enmienda 42, señor Nisticò, que se refiere a los finished products, a productos acabados, está contemplada ya en la legislación existente. 
Ya lo hemos discutido en comisión. 
Algunas colegas y algunos colegas, en especial la Sra. García-Orcoyen Tormo y otros, han insistido en que debemos tomar también en serio las objeciones de los científicos. 
Naturalmente, John Bowis, no quiero ni pretendo hacer daño a ningún niño ni a nadie de mayor edad. 
Sólo soy de la opinión que con los ingredientes que existen y que han sido experimentados, podemos ya fabricar hoy cualquier crema dental del mundo y, para mí, cualquier lápiz labial a los que soy tan aficionada. 
Sin embargo, creo también que a partir de un determinado momento, dentro de cinco años, o dentro de diez años, como propone usted, Sra. García-Orcoyen Tormo, habremos de decir: a partir de entonces ninguna cosa más. 
O se utilizan los ingredientes que ya existen o se experimenta de manera alternativa con nuevos ingredientes: Si esto no es posible, entonces habrá que echar mano de los que existan. 
El Sr. Davis ha "descubierto" en comisión la piedra filosofal. Ha dejado sin fuerza a un argumento mortal. 
Ha dicho claramente: quizá debamos revisar una vez más la delimitación entre productos cosméticos y productos farmacéuticos, si este nuevo y superimportante protector solar nos protege a todos del cáncer de piel. 
Bien, la comisión ha aceptado esto, lo cual, señor Nisticò, va seguramente en el sentido de su posición. 
Luego, algunos ha dicho: ya existen tests. 
Ciertamente, los hay; hay tejido artificial con el que se hacen experimentos in vitro. 
Existen numerosos experimentos y allí donde usted vaya- señor Nisticó, usted tiene muchos contactos, pero otros también- escuchará que los científicos dicen que no tienen suficiente dinero. 
Destinemos dinero a esto en el VI Programa marco, pero invitemos también a la industria a invertir más que hasta ahora. 
Para terminar, permítanme una cosa más: si hoy decidimos una prohibición de los experimentos y también una prohibición de comercialización para dentro de algunos años, entonces hemos de tener un etiquetado, como regulación interina. 
Por consiguiente, invito una vez más precisamente a mi colega la ponente alternativa del Grupo Cristiano-demócrata, la Sra. García-Orcoyen Tormo, a que examine la enmienda 39. 
Ésta, combinada con sus enmiendas o también con las mías, es de la mayor importancia. 
Estimados y estimadas colegas, quiero terminar dándoles las gracias por la cooperación, tan leal y colegial, antes de los debates en comisión, durante las votaciones en comisión y también hoy aquí, en el Pleno. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en Alemania existe un refrán que dice: "Quien quiera tener belleza, debe sufrir". 
Sin embargo, en lo que respecta a la nueva directiva sobre productos cosméticos rige precisamente lo contrario: belleza, higiene y bienestar sin riesgo. 
Hay tres puntos que considero especialmente importantes: la protección óptima de los consumidores, un etiquetado inequívoco y la evitación general de experimentos con animales. 
El cuidado óptimo debe ir unido al máximo grado de protección del consumidor. 
Esta seguridad óptima sólo la podemos garantizar a través numerosos tests científicos. 
La ciencia investiga enérgicamente en nuevos métodos de experimentación que proporcionen resultados fiables de investigación y eviten al mismo tiempo el sufrimiento de los animales. 
Nuestro objetivo explícito es terminar con la época de los experimentos con animales. 
Debemos fomentar todos los pasos científicos en esta dirección. 
En el futuro no deben existir más experimentos con animales para los productos y para sus ingredientes que ya hayan sido comprobados y para los cuales existan resultados ciertos. 
No obstante la protección de los consumidores y la seguridad de los productos ocupan el punto central. 
Por esta razón, en casos excepcionales, en los que no se disponga de alternativas, debemos seguir permitiendo más experimentos con animales, sobre todo cuando se trate de la protección óptima de infantes, niños, enfermos y personas ancianas. 
En consecuencia, hemos de permitir a los Estados miembros la autorización de experimentos con animales para productos cosméticos dos años más de lo prescrito, en el supuesto de que no haya más alternativas. 
En determinados casos es sencillamente necesario realizar experimentos con animales, sobre todo en casos de intolerancias agudas en la piel y en los ojos. 
Para los consumidores es importante saber qué productos pueden causar alergias. 
Pero sería pernicioso para el mercado y tendría efectos discriminadores etiquetar por ello todos los productos aromáticos cosméticos que están listados en el Anexo 2. 
Por consiguiente, sólo deben portar indicaciones de advertencia los productos que también hayan sido determinados previamente como tales por el Comité Científico. 
Muy importante para la seguridad de los consumidores es una indicación clara y visible de la conservación máxima y mínima del producto una vez que haya sido abierto. 
La etiqueta de los productos debe informar también de manera clara e inteligible a los consumidores acerca de su uso correcto. 
Se trata de la protección y de la seguridad de los consumidores reduciendo al mínimo la experimentación con animales y forzando las alternativas. 
Señor Presidente, permítame dirigirme a la Sra. Roth-Behrendt para valorar su gran empeño, que comparto y por el cual le admiro, por evitar que el uso de cosméticos y de perfumes implique experimentos con animales. 
Al igual que ella, amo los animales, como lo prueba el hecho de que en mi casa tengo dos perros, tres gatos y un conejillo de Indias. 
Pues bien, enfrascado en esta propuesta sobre la que hoy tenía que intervenir, ayer por la tarde, en casa le dije a mi mujer, Graziella Spallina de Fatuzzo: "Enséñame las cremas que usas" y, tras leer la etiqueta, añadí: "Fíjate esta crema contiene nada menos que placenta." 
Y ella me contestó: " ¿De verdad? 
¡Tienes razón! 
¡Qué horror! ", y siguió poniéndose la crema. 
Por la noche nos fuimos como siempre a la cama, y me giré hacia ella ardiendo de pasión. 
Ella, sin embargo, se había puesto una crema de noche que olía mal y entonces le dije: "¿ Sabes que estas cremas las experimentan sobre los animales ?" 
"Tienes razón, Carlo ," me respondió, "tienes razón", pero no fue a lavarse y continuó con la crema en la cara. 
Y la noche fue una noche insomne hasta que, al fin, conseguí dormirme y soñé con la Sra. Roth-Behrendt. 
En el sueño era mi consuegra, estabamos cenando juntos y para cenar había setas. 
De repente dije: "¿ Estamos seguros de que las setas no son venenosas ?" 
"No, son buenas ," dijo ella. 
Y yo: "¡ Podríamos experimentarlas sobre el gato !" 
"¡ No ," gritó, "sobre el gato no, sobre los animales no !" 
Después de haber comido las setas- siempre en sueños- la Sra. Roth-Behrendt, presa de atroces espasmos, fue ingresada en el hospital donde la salvaron gracias a un lavado de estomago. 
Entonces me dijo desencajada: "Mira que mañana tienes que votar en contra de mi informe y pedir que, antes de que se utilicen para los cosméticos, los productos se experimenten sobre los animales, porque no quiero acabar como me has hecho acabar en tu sueño." 
Mi Grupo opina que la Sra. Roth Behrendt ha realizado un excelente trabajo. 
Respaldamos todas las partes importantes del informe. 
A nuestro juicio, este asunto, es decir los experimentos con animales en general, ha avanzado con demasiada lentitud. 
La decisión de prohibir los experimentos con animales debió haberse adoptado hace muchos años. 
Los ensayos de productos cosméticos en animales no son justificables éticamente ni frente a los electores. 
Es, de algún modo, un "tratamiento de lujo". 
Tampoco cabe duda sobre la opinión de los ciudadanos en esta materia. 
Además, creo que si vamos a obligar a los productores a buscar métodos de experimentación distintos- han tenido muchos años para hacerlo- deben saber que la prohibición empezará a regir en una fecha determinada. 
Es sabido que los nuevos métodos se desarrollan en muchos sectores y que hay miles de componentes para elegir en el caso de que esos métodos no estén completamente perfeccionados. 
Por este motivo respaldamos una prohibición amplia de ese test. 
Con todo, para que esa prohibición sea eficaz deberá combinarse con la prohibición de venta. 
Sólo se conseguirán verdaderos resultados mediante la combinación de la prohibición de venta con la de realizar experimentos con animales, por lo que, evidentemente, la respaldamos. 
Como argumento en contra se dice que la OMC podría tener objeciones. 
A nuestro juicio, esto no es seguro y, además, no sería aceptable que la OMC impidiese una mejor protección a los animales y a los consumidores. 
¡Hay que luchar por el derecho a una legislación más dura y más moderna! 
Creemos, por tanto, que éste no es un argumento suficiente para no seguir avanzando en esta materia. 
Por el contrario, podría suceder que la prohibición de la UE significase que otros países sigan nuestro ejemplo y que aprueben nuestras normas y métodos en relación con los métodos de experimentación. 
También respaldamos las otras partes del informe. 
Creemos que hay que tener mayores consideraciones con los alérgicos. 
Las alergias constituyen un problema de crecientes dimensiones, que no sólo afecta a los que usan directamente los productos sino que también a los que se encuentran cerca de ellos, si son extremadamente sensibles. 
Por eso apoyamos la limitación del uso de las sustancias alergénicas. 
Pensamos también que es razonable que existan normas severas sobre etiquetados, que indiquen tanto los componentes como la fecha de fabricación y la de caducidad. 
Con estas palabras quisiera decir que el Grupo GUE/NGL votará a favor de todos los puntos importantes de este informe. 
. (EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión quisiera dar las gracias a la Sra. Roth-Behrendt y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de los Consumidores, por su apoyo y también por el debate de hoy. 
La Comisión es muy consciente de que el debate sobre los ensayos con animales constituye un debate muy áspero y muy sensible. Ha provocado, y provoca, gran preocupación en la opinión pública, como muchos de ustedes han manifestado hoy aquí. 
La cuestión se conecta con muchos ámbitos de actuación, y todos ellos han de ser tenidos en cuenta, incluyendo la salud pública, la protección del consumidor así como la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones internacionales. 
Por ello he trabajado en constante y estrecha cooperación con mis colegas David Byrne y Pascal Lamy, responsables respectivamente de la salud y la protección al consumidor y las cuestiones comerciales. 
Quisiera felicitar a la Sra. Roth-Behrendt y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de los consumidores por las numerosas sugerencias incluidas en su informe, que tienen por objetivo mejorar la salud y la protección de los consumidores, en primer lugar proporcionando una información más adecuada a los consumidores. 
La Comisión saluda especialmente las propuestas de enmiendas relacionadas con algunas categorías de productos como los productos para niños y productos de higiene íntima. 
Ustedes proponen el endurecimiento de las exigencias de seguridad para esos productos así como la ampliación de la exigencia de una fecha de caducidad mínima para todos los productos cosméticos, lo que redundaría en un claro beneficio para los consumidores. 
Compartimos la preocupación del Parlamento Europeo por el uso de sustancias clasificadas como cancerígenas, o entre las que pueden causar mutaciones o ser tóxicas para la reproducción. 
La Comisión ha propuesto nuevas medidas para estos productos en su Libro Blanco sobre la nueva política de productos químicos, que se encuentra ahora en fase de consulta pública. 
Ciertamente, mi opinión personal es que es importante que un sector más amplio de la industria sea responsable del desarrollo de nuevos métodos alternativos de análisis. 
Toda la cuestión sobre las políticas sobre sustancias químicas tiene mucha relevancia en este asunto, puesto que se necesitan más y más nuevos ensayos, y por esa razón hemos de hacer un mayor esfuerzo por crear rápidamente unos métodos alternativos. 
Esto no puede ser solamente llevado a cabo por una parte de la industria. 
En cuanto al asunto de las alergias a las fragancias, la Comisión acoge positivamente la introducción de un sistema de etiquetado para los ingredientes alérgicos de las fragancias. 
Esto va a suponer una mejora positiva de las actuales exigencias de etiquetado, permitiendo a los consumidores sensibles a ciertos ingredientes evitar aquellos productos que los contengan. 
Respecto de la cuestión de los ensayos con animales, la Comisión comprende y comparte el objetivo del Parlamento de reducir el sufrimiento infligido a los animales durante los experimentos. 
Permítanme recapitular los argumentos que se encuentran tras la propuesta de la Comisión. 
El objetivo es prohibir los ensayos con animales para cosméticos en la UE y hacer obligatorio el recurso a métodos alternativos lo antes posible, respetando a la vez nuestros compromisos internacionales. 
Pero un objetivo prioritario adicional es proporcionar a los ciudadanos europeos el mayor nivel de seguridad posible para los productos que consumen. 
Esta propuesta tiene la ventaja de conseguir estos objetivos proporcionando unas medidas aplicables jurídica y prácticamente sin propiciar eventuales disputas comerciales. 
Por contra, prohibir la comercialización daría lugar a serias dificultades según la opinión de los expertos jurídicos y comerciales de la Comisión. 
Causaría un considerable impacto en el comercio y propiciaría el riesgo de una demanda en el sistema de solución de controversias de la OMC, por cuanto conduciría inevitablemente al trato discriminatorio de los productos domésticos y los importados. 
La Comunidad está obligada a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. 
Tal medida unilateral iría en contra de la actual política de la UE en la OMC de perseguir la inclusión del bienestar de los animales en la próxima ronda. 
Sólo una aproximación coordinada a escala internacional puede mejorar el bienestar de los animales a mayor escala. 
Entretanto la Comisión continuará con sus esfuerzos por imponer la eliminación de los ensayos con animales tanto en casa como internacionalmente. 
Estoy convencido de que, en este asunto tan difícil y sensible, una estrecha cooperación en los trabajos futuros conducirá a una solución equilibrada que genere auténticos beneficios al bienestar de los animales, a la vez que garantice la salud de los consumidores. 
En principio la Comisión acepta las enmiendas 1 (primera parte) , 2, 4, 5, 7 (segunda parte) , 9, 10, 11, 12, 14 (segunda y tercera parte) , 15 (segunda parte a excepción de la sugerencia de una consulta al Parlamento Europeo) , 16, 17, 18, 19, 22, 23 (segunda parte) , 26, 29 (segunda parte) , 30, 31 (segunda parte con la misma observación realizada anteriormente) , 32, 33, (segunda parte) , 34 (segunda y tercera parte) , 38 (segunda parte) , 38 (segunda parte) , 41 y 49 (segunda parte). 
Por contra la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1 (segunda parte) , 3, 6, 7 (primera parte) , 8 (3) , 14 (primera parte) , 15 (primera parte) , 20, 21, 23 (primera parte) , 24, 25, 27, 29 (primera y tercera parte) , 39, 40, 42, 48 y 49 (primera y tercera parte). 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Problemas medioambientales del PVC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0092/2001) del Sr. Sacconi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a los problemas medioambientales del PVC. 
. (IT) Señor Presidente, el Libro Verde sobre los problemas medioambientales del PVC que hoy nos ocupa fue presentado por la Comisión en julio de 2000, análogamente con lo previsto en la directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil, en la que se inaugura un nuevo método que reconoce la responsabilidad de los fabricantes durante todo el ciclo de vida del producto, desde su ideación hasta su eliminación. 
Este enfoque cuya ambición es impulsar a los fabricantes a concebir productos y materiales más seguros y ante todo más fácilmente reciclables, representa también la idea de fondo del Libro Verde sobre el PVC. 
De hecho, aunque no afronta directamente la cuestión de la producción ni la de la utilización del PVC, plantea claramente una serie de interrogantes acerca de la eliminación de los residuos que acaban por poner en cuestión el mismo producto. 
Quisiera ser muy franco respecto a este punto. 
A pesar de que el PVC ha estado en el centro de un intenso debate en los últimos años y de que algunas propiedades de este producto como su elevado contenido en cloro lo hacen especialmente difícil de gestionar una vez convertido en residuo, mi informe no está orientado a culpabilizarlo respecto a otros materiales plásticos. 
Antes bien, con mi informe he pedido explícitamente a la Comisión que haga frente a los problemas específicos de este material en el ámbito de una estrategia más amplia para los materiales plásticos y que afronte lo antes posible el problema de la recogida selectiva en una perspectiva continental. 
Además, en lo que respecta al marcado, he pedido que esta propuesta se extienda a todos los plásticos precisamente para evitar fenómenos de ecomarketing. 
Asimismo, en cuanto al compromiso adquirido voluntariamente por la industria del PVC, creo sinceramente que se trata de un hecho importante. 
Sin embargo, no es suficiente: en primer lugar, porque el Parlamento afirmó en su resolución de julio de 1997 que ya no estaba dispuesto a aceptar ningún compromiso voluntario que no estuviera integrado en el marco jurídico comunitario y, en segundo lugar, porque los objetivos definidos en dicho compromiso son francamente insuficientes, poco cuantificables y, en consecuencia, poco controlables. 
Este compromiso, sin embargo, tiene una característica extraordinariamente importante, esto es, la de haber reunido a la inmensa mayoría de los actores implicadas en el proceso de producción, transformación y reciclado, así como a los representantes de los sindicatos, en torno a una mesa con el fin de buscar las estrategias comunes y de definir de propuestas para cambiar la situación actual. 
Esta voluntad de la industria es un elemento positivo y no debemos desperdiciarla empeñándonos en legislarlo todo. 
Por esto, he pedido a la Comisión que presente a la mayor brevedad posible una propuesta de normativa marco que sirva de referencia para todos los futuros compromisos voluntarios. 
Por esto, he propuesto una nueva forma legislativa que prevea la adopción de una normativa que entre en vigor en el caso de que no se consigan lograr los objetivos fijados por las empresas. 
Estoy convencido de que la consecución de un desarrollo realmente sostenible no puede prescindir del diálogo y de la cooperación con las empresas. 
Muchos son los puntos de mi informe que quisiera mencionar, no obstante, me voy a limitar a dos de ellos: la eliminación de las sustancias peligrosas como el cadmio, el plomo y los ftalatos, y la estrategia múltiple para la eliminación del PVC. 
Por lo que se refiere al primer punto, lo único que quisiera subrayar es la extraordinaria importancia que reviste la progresiva eliminación de estas sustancias a corto plazo para la salud de los ciudadanos europeos y quizás todavía más para la protección del medio ambiente natural. 
Por último, en cuanto a la eliminación de residuos, quisiera decir que una de las propiedades que constituyen la fuerza del PVC, o sea, su resistencia al tiempo, convierte en realmente complicada la cuestión de su eliminación. 
Lo que he propuesto es afrontar el problema multilateralmente: primero, aumentando los porcentajes de reciclado mediante la introducción, empezando con algunas aplicaciones como marcos para ventanas, grandes cables y revestimientos, de sistemas de recuperación de "circuito cerrado"; segundo, limitando la incineración del PVC a las plantas de nueva generación aptas para cumplir la nueva normativa comunitaria, así como aplicando el principio de "quien contamina paga", sin olvidar, también en este caso, la nueva normativa que entrará en vigor a partir del año 2002. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera dar las gracias a todos aquellos diputados que a través de las enmiendas presentadas en la Comisión de Medio Ambiente han contribuido a mejorar mi informe. 
Considero que el texto aprobado en comisión es realmente equilibrado: un equilibrio que las modificaciones sugeridas por una gran parte de las enmiendas rechazadas en comisión y vueltas a proponer para su votación en el Pleno podrían alterar seriamente. 
. (FI) Señor Presidente, la mayoría de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía tiene una concepción muy diferente de muchos de los problemas del PVC que la Comisión de Medio Ambiente. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía cree firmemente en el autocontrol de la industria del PVC y en su capacidad de responder de los efectos nocivos del PVC durante todo el ciclo de vida de esta sustancia. 
Como ponente de opinión, tengo que señalar que la industria del PVC ha practicado un "lobby" bastante agresivo. 
La industria no ve, ni reconoce, problema alguno. 
En este sentido, sus puntos de vista están en contradicción con el espíritu del Libro Verde de la Comisión. 
La industria del PVC no quiere que sus puntos de vista sean corroborados por investigaciones adicionales realizadas por terceros. 
La industria critica que el Libro Verde se centre en el examen de la fase final del ciclo de vida de los productos PVC. 
Sin embargo, esto último está justificado, dado que los problemas empiezan a manifestarse cuando la responsabilidad sobre el producto ya no corre a cargo de la industria y ha recaído en la sociedad. 
El poder público, que se ve obligado a responder de la eliminación de los productos y de su almacenamiento final, debe estar interesado por los posibles efectos nocivos del PVC. 
Por su parte, la industria tiene miedo de esta problemática, ya que ello puede repercutir en la proporción de consumo entre los productos del sector y los productos alternativos. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha hecho una valoración del Libre Verde que, en mi opinión, está muy influenciada por la agresividad de la industria del sector. 
La mayoría de la comisión ha aprobado con sus votos una postura en la que la preocupación por el medio ambiente y la salud se vincula a una estrategia de la industria basada en compromisos de carácter voluntario. 
Las disposiciones actuales de la UE sobre el etiquetado, la icineración de residuos y la separación de residuos en los vertederos son suficientes en opinión de la mayoría de los miembros de la comisión. 
Como ponente de opinión, debo declarar que he apoyado la postura de la minoría. 
Hay que solucionar los problemas que aparecen en la fase final del ciclo de vida del PVC, y la industria no es capaz de ello por sí misma, ni en solitario. 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al señor Sacconi. 
Sin embargo, a estas alturas nos hemos desviado tanto de la línea marcada que el informe se ha convertido en un despropósito bipolar, lo que no sólo es responsabilidad del señor Sacconi, sino también de toda la Comisión. 
De todos modos, le agradezco su esfuerzo consultivo. 
Presidente, durante los últimos tiempos, el PVC ha centrado un debate controvertido. 
Las opiniones acerca del PVC y de sus consecuencias para la salud y el medio ambiente difieren en gran medida. 
Varios Estados Miembros ya han adoptado medidas en relación con aspectos concretos del ciclo vital del PVC. 
Estas medidas no son iguales en todas partes, por lo que pueden afectar al mercado interno. 
Nosotros, como grupo del PPE, acogemos con esperanza el Libro Verde: se debe adoptar un enfoque integral que proteja, por un lado, el medio ambiente y la salud y que garantice, por otro lado, el buen funcionamiento del mercado interno, sin olvidar en ningún caso los intereses que afectan al empleo. 
El PVC se distingue de los demás plásticos por la gran cantidad de cloro que incorpora, concretamente entre un 25 y un 50%, además de los numerosos aditivos adicionales que se utilizan en el PVC. 
El PVC es, desde el punto de vista de sus aplicaciones- lo que corremos el riesgo de olvidar en este debate- un material excelente. 
El PVC puro es un material duro, con una gran resistencia mecánica, resistencia meteorológica, impermeabilidad y resistencia a los productos químicos. 
Por lo tanto, el PVC es un material bueno, especialmente para determinadas aplicaciones médicas. 
Los problemas medioambientales y sanitarios en torno al PVC se refieren, por lo tanto, concretamente, a la presencia de aditivos y al modo en que se procesa el PVC residual. 
Permítanme destacar algunos de esos aditivos. 
En primer lugar, nos encontramos con los ablandadores. 
En las aplicaciones que requieren PVC blando, se debe añadir hasta un 60% de ablandadores, en su mayoría ftalatos, para flexibilizar el material. 
Los ftalatos prácticamente no se utilizan en ningún otro plástico y su principal aplicación es, sin duda, la que se refiere al PVC blando. 
Aún existen diferencias de opinión acerca de las posibles repercusiones de los ftalatos en los organismos vivos. 
Pasemos al segundo aspecto: el cadmio. 
En lo que respecta al cadmio, la industria ha llegado según mis datos a un gran número de acuerdos positivos de forma voluntaria. 
El cadmio se está eliminando gradualmente, por lo que el Libro Verde, en realidad, está algo desfasado. 
La situación en torno al plomo es distinta. 
Los estabilizadores de plomo, es decir, los enlaces de organoestaño y de plomo, son los más importantes y los que suponen el mayor riesgo para el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a los esterilizadores de plomo. 
Hay que tener en cuenta que tras la incineración de los residuos, los aditivos de plomo del PVC contribuyen aproximadamente en un 10% al exceso no deseado de plomo en los productos residuales de las instalaciones de incineración de residuos, por lo que en este sentido se requiere la adopción de una política más restrictiva. 
Lo que me lleva a la producción y a la incineración en términos generales. 
Con respecto a la producción, la industria ha adoptado una serie de acuerdos voluntarios con el objeto de introducir limitaciones muy estrictas, teniendo en cuenta que se puede liberar cloro. 
Asimismo, los límites que ella misma se fijó para las emisiones se han respetado correctamente, según se desprende de las investigaciones. 
En la medida en que el PVC no puede reciclarse, se suele incinerar en las instalaciones de incineración de residuos. 
Un aspecto destacado en este sentido es el elevado contenido en cloro. 
En las instalaciones de incineración de residuos existen dos fuentes: por un lado, están los GFT, tal y como los denominamos en los Países Bajos, y que son residuos compuestos específicamente por verduras, frutas y desechos de jardinería, que también contienen una gran cantidad de cloro y, por otro lado, está el PVC. 
Esto significa que se debe prestar gran atención a dichos residuos en las instalaciones de incineración de residuos y a la posible liberación de dioxinas. 
Por este motivo, resulta tan importante la eliminación del PVC de las instalaciones de procesamiento de residuos. 
Esto no significa que sólo se tenga en cuenta la incineración de los residuos y las emisiones que estos producen; el cloro también afecta a la recuperación de energía en la propia instalación de residuos. Por esta razón, es imprescindible tener en cuenta esta cuestión. 
Presidente, lo que deseamos es que la Comisión se siente con la industria y analice el modo de llegar a acuerdos claros y adecuados en el marco de la autorregulación. 
La industria está dispuesta a avanzar en esta dirección y le pido a la Comisión que considere esta posibilidad. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, Sr. Sacconi, por su excelente informe. 
Los problemas medioambientales y de salud del PVC se originan en la liberación de cloro, de estabilizantes y de plastificantes. 
Los ciclos de vida de los productos son largos y éstos se conservan durante mucho tiempo en el ecosistema, de manera que, por el momento, sólo podemos hacer conjeturas sobre la amplitud de los problemas medioambientales. 
Sin embargo, el volumen de residuos de PVC no deja de crecer. 
Necesitamos con toda prontitud otras investigaciones que, como acertadamente puso de relieve el diputado, Sr. Seppänen, no se limiten a los estudios de la propia industria. 
Necesitamos estudios imparciales sobre el impacto de este producto a fin de impedir la sobrecarga de los ecosistemas y el deterioro de la salud de las personas. 
Los problemas que entraña la eliminación de residuos han sido mencionados aquí. 
La amplitud del problema se refleja en el hecho de que la icineración del PVC puede generar residuos incluso de mayor peligrosidad que el volumen original de residuos, y, debido a la prolongada conservación del PVC en el ecosistema, el vertedero tampoco es una buena alternativa para los residuos. 
Por consiguiente, necesitamos una investigación en toda regla. 
A mi juicio, no podemos confiar únicamente en los acuerdos voluntarios contraídos por la industria. 
Como ya hemos podido comprender, una vez concluidas las investigaciones, debemos adoptar medidas que conduzcan a la prohibición de las sustancias peligrosas. 
Para ello, necesitamos una legislación a nivel europeo. 
En nuestra calidad de legisladores europeos, debemos tener presentes la salud de los ciudadanos y la protección de la biodiversidad. 
Señor Presidente, ¿qué tenemos que hacer con el PVC? 
Algunos desean transmitir la sensación de que este material es el enemigo público nº 1. 
Nosotros no estamos de acuerdo con esta apreciación. 
Aún está por ver en qué medida los problemas medioambientales o sanitarios del PVC superan en importancia a las ventajas que ofrece. 
No se puede descartar nada. 
El PVC parece ofrecer como material una serie de ventajas; a menudo, se suelen citar las bolsas para las transfusiones de sangre. 
La política no tiene por qué valorar dichas ventajas. 
Sin embargo, debemos plantearnos el futuro del PVC si se demuestra que su utilización resulta insegura o perjudicial para el medio ambiente. 
¿Qué medidas debemos adoptar? 
¿Y cuáles son las consecuencias de dichas medidas? 
En este sentido, el Libro Verde se queda, en nuestra opinión, corto, concretamente debido a que no considera alternativas al PVC. 
Se trata de un debate neblinoso que los partidarios y detractores plantean con la vehemencia de una cuestión religiosa. 
Al igual que el ponente Sacconi, no deseamos que nuestras decisiones se basen en los mitos presentados tanto por los partidarios como por los detractores, ninguno de los cuales nos ha convencido plenamente, sino en una investigación seria y en documentos que resulten útiles desde el punto de vista comparativo. 
Mientras no se produzca esta circunstancia, no se puede esperar que nos pongamos a legislar. 
Entretanto, no deseamos prohibir el PVC, aunque sí consideramos que se debe actuar con prudencia. Debemos guiarnos por el principio de la prevención. 
Resulta positivo que la propia industria esté eliminando gradualmente los estabilizadores de cadmio. 
En nuestra opinión, se debería hacer algo parecido con el plomo y el organoestaño. 
En términos generales, consideramos que los acuerdos voluntarios adoptados por el sector son positivos y que deben ser respaldados por el marco jurídico europeo, de modo que se creen opciones sancionadoras hasta que los contenidos se correspondan con las posibilidades. 
Los riegos en la fase residual son grandes porque no podemos deshacernos de los elementos dañinos del PVC. 
Una de las escasas opciones es el reciclaje, que permite mantener sencillamente los elementos dañinos en el material. 
Sin embargo, los actuales niveles de reciclaje son tan escasos que apenas contribuyen a la solución. 
En este sentido, la industria podría realizar un esfuerzo adicional. 
Presidente, exageraría si afirmara que esperamos con impaciencia las propuestas legislativas de la Comisión. 
El Libro Verde actual constituye una base insuficiente en este sentido. 
Antes que nada, es necesario explicar muchas cosas. 
Señor Presidente, el PVC es el segundo plástico de mayor uso. 
En todo su ciclo vital genera importantes problemas medioambientales y de salud. 
Esos problemas se remontan siempre a las mismas dos causas: el PVC contiene cloro, y requiere la adición en grandes cantidades de una amplia gama de aditivos peligrosos para ser funcional. 
Los estudios científicos encargados por la Comisión han resaltado una serie de peligros esenciales relacionados con el PVC, en especial surgidos durante su destrucción. 
El vertido es una bomba de relojería debido a la emisión de los peligrosos aditivos del PVC y la generación potencial de dioxinas al quemarse los vertidos. 
La incineración del PVC agrava el problema aun más, ya que a parte del riesgo de la formación de dioxinas, los residuos peligrosos resultantes de la incineración del PVC pueden exceder las cantidades de PVC sometidas a la incineración. 
El reciclaje no puede resolver el problema por cuanto se proyecta que los índices de reciclaje, bajo criterios ecológicos, sólo alcancen el 5% en el año 2020. 
El problema va a empeorar, porque las cantidades de desechos van a aumentar significativamente en las próximas décadas. 
En una audiencia pública realizada el pasado octubre por la Comisión Europea se identificó un claro y fuerte llamamiento a la sustitución del PVC. 
Este llamamiento no sólo provino de los ecologistas. 
También incluía una coalición de la industria, los gestores de desechos, las autoridades locales y nacionales, e intereses medioambientales, de salud y de los consumidores. 
Hubo un claro y sólido apoyo a la sustitución del PVC. 
Es obligación de la Comisión y de la UE respetar los derechos de la vasta mayoría de la opinión pública. 
Tengo la impresión de que hay un amplísimo respaldo a la sustitución, siendo la industria la única reticente a la misma. 
¿Qué intereses son prioritarios? 
Tienen que serlo los de aquellos que asistieron a la audiencia de la Comisión. 
El informe sobre la sustitución apela a la introducción de políticas de sustitución para ciertas categorías de productos. 
Pensamos que este es un punto de partida muy positivo, pero no debería acabar ahí. 
Desearíamos que se ampliase a todas las categorías, no sólo a algunas de ellas. 
Señor Presidente, las cualidades del PVC como plástico son únicas. 
Es fuerte y duradero, lo que lo hace adecuado en muchas situaciones. 
Sin embargo, el PVC también tiene otras características, esto es, que da origen a desperdicios especialmente peligrosos. 
El cloro es uno de los componentes principales, el plomo y el cadmio se usan como estabilizadores y se añaden ftalatos para ablandar este material. 
Creemos que es provechoso que se haya publicado un Libro Verde en esta materia, pero esperamos que pronto se adopten iniciativas legislativas de mayor envergadura. 
Creo que el informe Sacconi sería una contribución muy valiosa a iniciativas de esta naturaleza por parte de la Comisión. 
Estamos convencidos de que los acuerdos voluntarios no son suficientes, y que se necesitan verdaderas leyes. 
¿Qué se debería hacer? 
Pues, en primer lugar, disminuir el uso total y promover la utilización de materiales que lo sustituyan. 
Es la única manera de disminuir la cantidad de residuos. 
En segundo lugar, habría que establecer un sistema que implique responsabilidad de los productores por el reciclado y sus costes. 
Los estabilizadores peligrosos, metales pesados como el plomo y el cadmio, deben ser prohibidos tan pronto como sea posible. 
Es importante que esto se combine con restricciones a las importaciones, de modo que las medidas tengan el alcance deseado. 
En relación con esto, hay que discutir el asunto de los acuerdos voluntarios. 
Un acuerdo voluntario no debería implicar prohibición de importación. 
Significa que la industria más moderna sacaría provecho de una prohibición de importación y de la legislación sobre la materia, ya que su producción más ecológica estaría protegida. 
Esto sería más eficaz y ecológico que los acuerdos voluntarios. 
Queremos que se controle y se disminuya el uso de los ftalatos, especialmente en la fabricación de productos sanitarios. 
Además, queremos que se amplíe el reciclaje. 
Sin embargo, esto requeriría un mejor sistema de etiquetado y podemos comprobar que el sistema actual de reciclado es, en gran medida, un fracaso. 
En general, estamos muy satisfechos con el informe Sacconi. 
Por eso hemos presentado pocas enmiendas. 
Opinamos que es razonable que se fije una fecha para la prohibición del uso del cadmio, tal como se ha hecho con el plomo como ya he dicho; si no existe una ley y si no se combina con la prohibición de importación, se corre el riesgo de que las medidas no lleguen a ser suficientemente eficaces. 
Por eso sería consecuente que se fijase una fecha para el cadmio, tal como lo hace el informe para el caso del plomo. 
Junto con los Verdes, he redactado una enmienda sobre el principio de reemplazo, es decir, que hay que reemplazar las sustancias químicas más peligrosas. 
Creo que es importante que este principio sea adoptado como uno de los fundamentos de la política de sustancias químicas de la Unión. 
Por eso me ha parecido conveniente hacer mención a este principio en este contexto. 
Agradezco al ponente su excelente trabajo y su cooperación con los diferentes Grupos. 
Señor Presidente, el PVC es un plástico con una gama muy amplia de usos industriales y comerciales. 
Su uso principal se hace en el sector de la construcción (57% del uso total) , en la industria del empaquetado, en electrodomésticos y en coches. 
La industria se compone de más de 21.000 empresas que emplean a 530.000 personas, con una facturación que sobrepasa los 72.000 millones de euros. 
De acuerdo con el Libro Verde de la Comisión no se ha llevado a cabo ninguna evaluación completa de los riesgos relacionados con el empleo de productos con base de plomo- donde se incluyen los estabilizadores del PVC. 
Por esta razón, se hace posible la contaminación en la fase de producción y durante la fase de desecho posterior al uso de PVC. 
Por lo tanto se han de adoptar medidas específicas de prevención y protección para reducir la exposición de los trabajadores al PVC. 
No disponemos de datos sobre el estado de los desechos enterrados que contienen grandes cantidades de PVC. 
Solicito a la Comisión, bajo los auspicios de la directiva europea, que realice un estudio más amplio de las posibles consecuencias para la salud pública de los productos de PVC destinados a depósitos enterrados en Europa. 
En los próximos 20 años asistiremos a un aumento de alrededor de un 80% de los desechos de PVC a causa del incremento de la vida útil de determinados productos de PVC, tales como los marcos de las ventanas. 
La Comisión debe centralizar la información relativa a los efectos del PVC en nuestra sociedad, de modo que se puedan adoptar medidas pertinentes, a escala nacional y europea, para reducir cualquier eventual consecuencia para la salud pública derivada de su empleo. 
La industria europea del PVC ha firmado un compromiso voluntario relativo al desarrollo sostenible del PVC y este programa debe ser ejecutado en el presente año. 
Si bien apoyo de forma general los compromisos voluntarios, si no se llevan a cabo eficazmente, a los gobiernos e instituciones de la Unión Europea no les quedará otra opción que legislar sobre esta materia. 
La Comisión debe garantizar que la salud pública no sufra los efectos secundarios derivados del reciclaje incontrolado de los productos de PVC. 
Por último, es importante apoyar el empleo de productos alternativos al PVC. 
Señor Presidente, lamentablemente, en el Libro Verde sobre PVC, la Comisión no va más allá de una descripción de la situación y de los problemas existentes sin apenas aportar soluciones. 
Esta circunstancia permite entrever lo complicado y confuso que es el debate en torno al PVC. 
Nos enfrentamos a diversos puntos de vista que abarcan desde respaldar a la industria del PVC hasta prohibir el PVC. 
El PVC es un material extremadamente importante en nuestra sociedad. Forma parte de numerosos productos debido a que es un material barato, resistente y duradero. 
Al considerar una política sustitutoria, debemos tener muy en cuenta las óptimas cualidades del PVC para las que probablemente no exista ninguna alternativa. 
En el análisis comparativo del ciclo vital se debe hallar un equilibro entre la protección del medio ambiente y la durabilidad del producto. 
En este sentido, también se deben tener en cuenta las diferencias entre el PVC duro y blando. 
La producción de PVC no resulta negativa si se cumplen los estrictos requisitos de emisiones. 
La adición de estabilizadores, y especialmente de metales pesados, no suele plantear problemas en la fase de uso, gracias a que dichos aditivos se encuentran adecuadamente almacenados en la estructura del material. 
El problema del PVC surge en la fase residual debido, sobre todo, a las emisiones de metales pesados y a los enlaces de cloro, además de la gran cantidad de residuos. 
La resolución pone el dedo en la llaga al abogar por un endurecimiento de la estrategia europea en materia de residuos. 
Lamentablemente, el reciclaje de PVC está despegando con excesiva lentitud, por lo que se requieren estímulos. 
En este sentido, debemos comenzar por lo más sencillo; concretamente por facilitar al máximo la recogida de grandes cantidades de PVC. 
Nos estamos refiriendo al PVC industrial, como por ejemplo tuberías, conductos, perfiles estructurales, ventanas, tejas y otros residuos procedentes del sector de la construcción. 
Una de las condiciones para el reciclaje es que se debe solventar el problema de los metales pesados y limitar las emisiones. 
En lo que respecta a la prohibición del cadmio, debemos ofrecer a la industria la oportunidad de llegar a un acuerdo voluntario. 
También resulta digna de elogio la reducción del plomo, aunque debemos esperar a los resultados del estudio antes de proceder a su prohibición. 
La prohibición de los enlaces orgánicos resulta, en mi opinión, prematura. 
Los enlaces orgánicos son necesarios para la producción de láminas de PVC, debido a que por el momento no existe una alternativa viable. 
Asimismo, aún no estoy convencido de que la prohibición esté justificada tras considerar sus posibles consecuencias negativas. 
En lo que a mí respecta, lo anterior también puede aplicarse a los ftalatos. 
Resultaría de gran utilidad poder separar los plásticos, aunque esta posibilidad ahora está pendiente de una investigación más profunda; por este motivo, debemos esperar hasta la publicación del estudio antes de introducir la obligatoriedad de identificar los plásticos. 
Sin embargo, lo que más me preocupa es el apartado 31 de la resolución, que viene a afirmar que el PVC debe acabar en los vertederos. 
Es obvio que la solución se encuentra en el almacenamiento selectivo a la espera de una futura ampliación de la capacidad de reciclaje. 
Presidente, espero que la comunicación prometida por la Comisión no tarde en publicarse tras el dictamen del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, el PVC es sin duda un material que tiene ventajas e inconvenientes. 
Seguramente es completamente erróneo limitarse solamente a los problemas de la eliminación del PVC. 
Más bien, es preciso evaluar todo el ciclo vital del PVC desde diversos puntos de vista, es decir, en relación con la producción de la materia prima, con la fabricación, con la utilización y con la elaboración, así como con el reciclado y, en último término, con la eliminación. 
El PVC seduce sobre todo por la variedad de sus aplicaciones y por su larga duración y, por ello tiene una amplia utilización, en especial en el sector de la construcción, así como en muchos otros ámbitos, incluso en el ámbito de la medicina. 
El Libro Verde de la Comisión y el informe del Sr. Sacconi fijan la atención también en los aditivos, en especial en los estabilizadores de cadmio y en los que contienen plomo. 
La industria está renunciando ya hoy de manera voluntaria al cadmio en los productos de PVC. 
También se está reduciendo progresivamente la utilización de plomo. 
En determinados grupos de productos, como, por ejemplo, en marcos para ventanas, este estabilizador está siendo sustituido ya en muchas empresas por aleaciones de calcio-zinc. 
Deberíamos premiar esta disposición de las empresas hacia la innovación y hacia la protección del medio ambiente continuando y fomentando el sistema de los acuerdos voluntarios. 
Se debería recurrir a las disposiciones legales obligatorias sólo si no se alcanzan los objetivos acordados de reducción de metales pesados o de incremento de la tasa de reciclado. 
Una prohibición general de productos de PVC sería francamente fatal para los 530.000 empleados en el sector del PVC en toda Europa, de los cuales 170.000 están en Alemania. 
Por consiguiente, a la hora de desarrollar medidas de sustitución para el PVC es preciso tener en cuenta, sobre todo, las repercusiones socioeconómicas. 
Sobre este trasfondo sería irresponsable pedir una moratoria para el PVC. 
Un etiquetado obligatorio para productos de PVC conduciría también a enormes distorsiones de las condiciones de la competencia. 
No sería aplicable en igual medida a todos los productos ni favorecería de manera apreciable al medio ambiente. 
La introducción de una gravamen el PVC y la separación específica entre PVC duro y PVC blando así como la prohibición del PVC en el ámbito de la construcción lastra especialmente a las pequeñas y medianas empresas en toda Europa. 
Sólo en la Unión Europea resultan afectadas 21.000 empresas de tamaño medio. 
El PVC como material ha de ser sometido a una profunda valoración en todo su ciclo vital. 
Hay que contrastar críticamente los problemas y las ventajas. 
En la situación actual no es posible ni tiene sentido una prohibición general del PVC y, por ello, no debe haber ningún objetivo en este Libro Verde. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Müller, estoy de acuerdo en que debemos someter el PVC a un análisis integrado y total. 
De ese análisis saldrá que, por ejemplo, las ventanas y marcos de ventanas de PVC o las conducciones de agua de PVC son productos que queremos utilizar por sus propiedades. 
Por ejemplo, incluso una bolsa de sangre, aunque es un producto de PVC de vida corta, es el más apropiado gracias a las características del producto. 
Sin embargo, al contrario que ustedes, creo que deberíamos hacer todo lo posible para que el PVC, por sus características peligrosas, no caiga en una eliminación incontrolada de residuos. 
En este sentido, necesitamos realizar un mayor esfuerzo para introducir realmente el reciclado para todos los productos de PVC y, en concreto, no sólo el reciclado de la materia prima sino también de los materiales producidos. 
En esto existen diversos planteamientos razonables. 
Sin embargo se necesita poner un poco más de decisión y ejercer más presión para que surjan circuitos realmente cerrados. 
Para esto, señora Müller, necesitamos también el etiquetado. 
No para que figure en la superficie un "¡ Atención, PVC !" sino para que se pueda retirar selectivamente y podamos reciclarlo de manera realmente razonable. 
A este respecto, junto al intento de análisis por ciclos vitales, se trata, en definitiva, de asegurar la utilización del PVC para las personas. 
De ahí, la recogida selectiva y el etiquetado selectivo del PVC. 
A la hora de decidir sobre el futuro del PVC debemos asegurar también que se incorpore a los representantes de los trabajadores. 
En este punto hemos de realizar aún algunas mejoras en el Libro Verde y cuidar de que la estrategia en torno al PVC se lleve a la práctica lo antes posible en los países candidatos a la adhesión. 
Cuando el Sr. Sacconi recibió el informe supe que resultaría un trabajo excelente. Esto se ha visto confirmado así. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que debemos hacernos conscientes una y otra vez de que los problemas con el PVC son singulares. 
No existe ningún otro producto derivado del cloro que produzca una cantidad tan grande de aditivos nocivos para el medio ambiente y para la salud. 
Existen, absolutamente, alternativas. 
Lo que yo encuentro francamente irresponsable es la creación de pánico con los puestos de trabajo. 
Nuestra función, como legisladores, es velar por la protección del medio ambiente y de la salud. 
Realmente no es función nuestra reproducir los argumentos amedrentadores de la industria que se refieren a los puestos de trabajo. 
Hemos de tener claro que el 96% de los puestos de trabajo del ámbito del PVC están en el sector de la transformación. 
Esto significa que estos fabricantes podrían utilizar de la misma manera otros materiales. 
Sabemos, ciertamente, que los grandes productores de PVC pueden producir igualmente las alternativas Por consiguiente, en mi opinión, no es adecuado que caigamos en la trampa de estos mendaces argumentos. 
Tenemos que hacernos conscientes de los riesgos una vez más. 
Los cinco estudios de la Comisión han puesto de manifiesto que hay enormes problemas, en especial en lo que respecta a la incineración de los residuos, por medio de la cual se generan aun más residuos peligrosos. 
Permítanme que entre en el argumento del compromiso voluntario de la industria. 
La industria ha tenido decenios de tiempo para desarrollar aquí una estrategia de compromiso. 
Ahora acaba de hacerse patente que sólo ha puesto en juego el compromiso cuando ha advertido que nosotros, como legisladores, queremos introducir aquí, por fin, una estrategia que sustituya al PVC. 
De hecho, tampoco presenta alternativas, por ejemplo, no muestra ninguna solución al problema de los vertederos, no pone en cuestión la incineración que es tan problemática. 
Considero absolutamente desleal que haga depender la cuota de reciclado de las cantidades que hayan sido recogidas, pero no quiera participar en la recogida. 
Aquí se ve claro que esto no es más que puro maquillaje, una cortina de niebla. 
No deberíamos caer en la trampa. 
Nuestra responsabilidad debe ser más bien proponer, finalmente, aquí una solución sustitutoria y no doblar la rodilla ante la industria. 
Señor Presidente, en nuestra vida cotidiana nos vemos rodeados de sustancias químicas. 
Incluso los productos naturales como el cuero de estos escritorios o la madera son tratados con productos químicos y, por supuesto, introducimos sustancias químicas en nuestros cuerpos, tanto en la forma de aditivos alimentarios como en la de residuos de pesticidas, y usamos cosméticos- algunos más que otros- que entran en íntimo contacto con nuestros cuerpos. 
El PVC ha acaparado mucha atención y a pesar del hecho de que ha estado presente desde hace más de 40 años sin plantear ningún riesgo aparente para la salud, se ha conjurado el espectro de los riesgos del PVC. 
Me pregunto si no está siendo innecesariamente demonizado, con el fin de crear un enemigo que pudiera ser útil a Los Verdes en sus campañas. 
El Parlamento ya ha debatido el problema de los ftalatos- la sustancia que se utiliza para ablandar los plásticos- en el contexto de los juguetes infantiles. 
El problema al que nos enfrentamos entonces era determinar la cantidad de la sustancia química que penetraba en el cuerpo de la persona. 
No existe ningún análisis migratorio que controle la cantidad de esas sustancias que penetra en el cuerpo humano. 
Y por supuesto, eso también será relevante en la aplicación del PVC a productos médicos. 
A pesar de que estoy seguro de que no me iba a gustar la bolsa de sangre si me tuvieran que hacer una transfusión, o un tubo que se insertase en mi cuerpo para contener venenos, de la misma forma, tampoco desearía un producto que no rindiese de igual forma al ser utilizado para esos fines. 
Otros PVC son tratados con estabilizadores para evitar su degradación por el calor o la luz. 
Se han citado, de forma especial, los marcos para ventanas. 
El cadmio, que se está retirando progresivamente, y el plomo también han sido mencionados en este contexto. 
El plomo es tóxico cuando es ingerido en forma compuesta, pero nadie sugiere que es peligroso estar en una habitación que tiene las ventanas de PVC: se trata de una sustancia inerte. 
El problema se nos plantea al llegar al final de la vida del PVC, como ha dicho la Sra. McKenna. 
Ciertamente, hemos de tratar de reciclar más PVC. 
Las ventanas de PVC tienen una vida larga- de hecho ninguna ha sido reciclada porque haya llegado al final de su vida útil, únicamente se ha hecho porque se han demolido edificios o porque la moda ha cambiado. 
Nos encontramos ante un ciclo vital de 60 años. si prohibimos el uso de plomo en ventanas nuevas, no vamos a ser capaces de reciclar las antiguas cuando entren en la cadena de desechos. 
Disponemos de la tecnología para garantizar que las ventanas hechas de viejo PVC con contenido de plomo sean recubiertas con nuevo PVC, de suerte que las personas no entren en contacto con el mismo. 
Antes de prohibir nada hemos de contemplar todo el trasfondo. 
¿Cuáles son los verdaderos riesgos, en particular el riesgo de absorción en el empleo de esos productos, y cuáles son los riesgos de los productos alternativos? 
Mi casa tiene las ventanas de madera y las tenemos que pintar cada tres años, de modo que sigue habiendo riesgos, incluso con la madera, y desde luego algunas compañías van a sacar provecho de los riesgos en la promoción de sus productos. 
Por último, hemos de ser precavidos en la forma en la que vamos a emplear el principio de precaución, porque puede ser peligroso: si se emplea correctamente puede ser beneficioso, pero si se usa para justificar acciones para las que no existe una base científica, en campañas con motivaciones políticas, resulta un principio muy peligroso. 
El ponente ha trabajado muy duramente para unirnos en este asunto y quisiera recomendar a la Asamblea el trabajo que ha realizado. 
Ciertamente, ha tratado con gran intensidad de conducirnos a una situación en la que la Asamblea pueda dar mañana un sólido apoyo a sus ideas. 
Todos sabemos que existe en nuestra sociedad una amplia preocupación respecto al PVC. 
Pero hemos de tener en cuenta que se trata de un plástico barato hecho de sal y gas natural. 
Cuando han surgido problemas lo han hecho porque se ha forzado su empleo para usos para los que no es idóneo, como por ejemplo el empaquetado o los juguetes infantiles. 
Cuando se emplea adecuadamente, cuando se aprovechan sus propiedades naturales sin necesidad de modificarlas, por ejemplo, en los productos para la construcción y en productos especiales, como las bolsas para sangre, constituye un plástico extremadamente útil, un plástico muy importante y de difícil sustitución. 
En cualquier caso, tenemos un problema en cuanto a su eliminación por cuanto si se elimina inapropiadamente se pueden causar daños al medio ambiente, y es necesario que emprendamos acciones adecuadas al respecto. 
Apoyo completamente la mayor parte del informe Sacconi. 
Apoyo la retirada progresiva de los aditivos que sean peligrosos e innecesarios. 
En mi opinión los compromisos voluntarios deben ser reforzados y convertidos en acuerdos jurídicamente vinculantes. 
Sin embargo, pienso que el medio adecuado de eliminación es la incineración en incineradores de alta temperatura. 
Las sugerencias de que deben ir a parar a un vertedero constituyen un craso y nefasto error y celebro que la Sra. McKenna, interviniendo antes en nombre del Grupo de Los Verdes, coincida conmigo a ese respecto. 
Este es el comienzo de un debate que será largo hasta que alcancemos el momento de legislar. 
Debe ser un debate de amplio alcance y amplios fundamentos. 
Debe llegar a unas conclusiones que satisfagan a la opinión pública, por la preocupación que ha expresado y también por las necesidades industriales de la sociedad. 
Acojo positivamente el informe Sacconi como un primer paso en la dirección correcta. 
Señor Presidente, señoras y señores, celebro expresamente la presentación de un Libro Verde sobre el PVC, pero debo decir enseguida que este Libro Verde me ha decepcionado pues deja el camino expedito para el pánico- no para el pánico en relación con los trabajadores, sino para el pánico sobre este material del PVC. 
Lo hemos notado hoy con toda claridad. 
Sobre el Sr. Sacconi quisiera decir lo siguiente: ha intentado rectificar una vez más algunas cosas, lo que sin duda ha logrado en parte, pero no en todos los ámbitos. 
Creo que en esto tenemos todavía mucho por hacer. 
En efecto, hemos de advertir una cosa: al discutir aquí sobre la eliminación o sobre la sustitución del PVC, estamos tomando un camino equivocado. 
El PVC es un material con el que nos topamos cada día, pues lo podemos necesitar y utilizar en muchos ámbitos de nuestra vida. 
En mi opinión, esto va a seguir siendo así en el futuro próximo. 
Que en ese terreno hay que solucionar problemas, esto lo tenemos también en cualquier otro ámbito, en cualquier otro material. 
Los puntos débiles del Libro Verde residen en que se habla sobre cosas- sobre cadmio, sobre plomo- es decir, sobre productos que apenas se emplean ya en la producción de PVC. 
Yo mismo me he convencido de cómo se introducen las medidas en las fábricas en el marco del compromiso voluntario. 
Personalmente no soy amigo del compromiso, lo he combatido siempre con fuerza. 
Efectivamente, necesitamos leyes para lograr algo, aquí no había ninguna trampa de ningún lobby, como se ha dicho aquí delante hace unos minutos, sino que en este punto me he convencido yo mismo. 
Deberíamos hacer nuestras estas convicciones de la industria y no apostar esporádicamente por sustancias sustitutivas o exigir aquellas que nosotros mismos no hemos comprobado aún y de las que nosotros mismos no sabemos por dónde hay que avanzar. 
Por consiguiente, éstas son cosas que hay que tener en cuenta y es preciso corregir el Libro Verde en este punto. 
A la hora de legislar decimos siempre que debemos avanzar con rapidez, que tenemos que ganar perspectiva. 
Toda la legislación sobre la utilización del PVC- la directiva sobre la incineración, la directiva sobre el depósito- podemos utilizar también estos fundamentos jurídicos, si precisamente queremos aprovechar y eliminar este material. 
Señor Presidente, señoras y señores, a mi modo de ver, el Libro Verde que se ha presentado ha logrado su objetivo. 
Todos los actores- la Comisión, el Parlamento, las empresas y las asociaciones- han discutido de manera intensiva en los últimos meses las ventajas y los inconvenientes del material PVC. 
Se debe rechazar la exigencia constante de la industria de no incluir en las deliberaciones determinados ámbitos parciales, como, por ejemplo, la sustitución del PVC por materiales alternativos o la sustitución del cadmio y del plomo como estabilizadores. 
Creo que en el marco de un Libro Verde no debe haber restricciones mentales ni exclusiones de ámbitos parciales si queremos tener una buena base sólida de decisión para una estrategia global. 
El informe de nuestro colega, el Sr. Sacconi, elimina de manera equilibrada las deficiencias existentes en el Libro Verde que se ha presentado. 
Así, no sólo se evalúan los puntos críticos en el caso de los desechos, sino también los de todo el ciclo vital del PVC y las posibles alternativas. 
También me parece importante el hecho de que en esta consideración, junto a la dimensión ecológica y económica, encuentre cabida también la dimensión social, es decir, los efectos sobre los puestos de trabajo. 
Debido a su larga vida, el PVC tiene indudables ventajas en algunos productos, las cuales, sin embargo, se ven mermadas a causa de los estabilizadores empleados. 
En consecuencia, se debería buscar sin demora la sustitución de estas dos sustancias nocivas. 
Por lo demás, es preciso elevar la cuota de reciclado. 
Hay que cerrar urgentemente mediante una evaluación científica, e independiente, del riesgo la discusión en torno a los ftalatos, que ya tuvimos en relación con los juguetes. 
Espero que el dictamen externo pueda ser incluido en la evaluación del PVC blando en el marco del Libro Verde. 
En resumen, creo que si mañana decidimos correctamente, tendremos una buena base para una estrategia global sobre el PVC. 
. (FI) Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por su informe, y de manera especial al ponente, Sr. Sacconi, por el extraordinario y equilibrado trabajo que ha realizado en este asunto. 
El objetivo principal del Libro Verde era la apertura de un debate público a nivel europeo de ámbito global y plurisectorial. 
La consulta pública tenía por objetivo la incorporación, ya en fecha temprana, de todas las partes interesadas al proceso de toma de decisiones, con el fin de garantizar la transparencia en la tramitación de esta cuestión. 
Mi colega, la Comisaria Sra. Margot Wahlström, y yo organizamos en octubre de 2000 un acto público de consulta en el que participaron representantes de todos los grupos implicados. 
En el propio Libro Verde se invitaba a que se expresaran por escrito opiniones sobre las preguntas allí presentadas. 
Llegaron muchísimas respuestas. 
Hemos recibido más de treinta mil mensajes electrónicos, telefaxes y cartas. 
La mayor parte procedía de trabajadores de la industria del PVC y de las empresas del sector, pero también llegaron muchas respuestas de organizaciones no gubernamentales y de sus simpatizantes y afiliados. 
Asimismo, la Comisión ha sido informada de las posiciones oficiales de una gran parte de los Estados miembros. 
El proyecto de opinión que se presentará al Parlamento abarca todas las cuestiones relevantes y es un importante hilo conductor para la Comisión a la hora de elaborar la comunicación que definirá la estrategia de la Comisión relativa al PVC. 
La Comisión centrará su análisis primordialmente en la utilización de determinados aditivos del PVC, el plomo, el cadmio y los ftalatos, así como en la gestión de los residuos del PVC de acuerdo con el compromiso adquirido en la propuesta de directiva de la Comisión relativa a los vehículos al final de su vida útil. 
Se trata de dos cuestiones medioambientales que requieren la adopción de medidas, y el informe de la comisión parlamentaria adopta una clara posición al respecto. 
La Comisión toma nota de la consideración expuesta en el informe, según la cual habría que evaluar la utilización del PVC de forma global, analizando con exactitud el ciclo de vida de los productos del PVC en relación con el de otros productos elaborados a partir de materiales alternativos. 
La Comisión acoge con agrado la propuesta de la comisión parlamentaria de que la futura estrategia combine los procedimientos de regulación legislativa con los compromisos voluntarios. 
También es interesante la propuesta sobre la creación de una normativa relativa al PVC que entre en vigor solamente en caso de que los actores del sector no hayan sido capaces de alcanzar los objetivos establecidos por medio de los acuerdos voluntarios. 
Estos mecanismos de control y otros procedimientos se precisarán con más detalle en la comunicación que la Comisión está elaborando relativa a los acuerdos voluntarios. 
Quiero resaltar aún que la base del trabajo de la Comisión es el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, que son la sociedad, la economía y el medioambiente. 
El Parlamento Europeo será informado con regularidad y precisión de los avances que vayan ocurriendo, y la Comisión emitirá en los próximos meses una comunicación que, basándose en el Libro Verde y en las opiniones recibidas durante el transcurso de la consulta pública, definirá la estrategia comunitaria sobre las cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC. 
Esta estrategia servirá de marco para las iniciativas futuras concernientes al PVC. 
Regímenes y fondos de pensiones 
De conformidad con el orden del día se procede a la pregunta oral (B5-0165/2001) de la Sra. Pandzio-Plath dirigida a la Comisión conforme al artículo 42 del Reglamento, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las iniciativas comunitarias para el futuro de los sistemas de pensiones, incluyendo los fondos de pensiones en Europa. 
. (EN) Señor Presidente, la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de asuntos Económicos y Monetarios, ha planteado unas cuestiones sobre un asunto especialmente importante, en concreto las iniciativas comunitarias sobre el futuro de los sistemas de pensiones. 
Coincido con la Sra. Randzio-Plath respecto de la primera cuestión. 
La propuesta de una directiva sobre fondos de pensiones constituye un paso muy importante en el camino hacia la participación transfronteriza en fondos de pensiones. 
Esta debe ser complementada con ulteriores iniciativas. 
Como establece el memorándum explicativo de la propuesta de directiva, para el caso de la participación transfronteriza las compañías y los trabajadores deben poder obtener desgravaciones fiscales por las contribuciones a los fondos realizadas en otros Estados miembros. 
Este aspecto será objeto de una iniciativa separada de la Comisión. 
La segunda cuestión es qué va a hacer la Comisión para que la participación transfronteriza en fondos de pensiones sea una realidad. 
En primer lugar, la aprobación por el Consejo y el Parlamento constituye una prioridad para la directiva sobre fondos de pensiones. 
Pero como corolario de la directiva sobre fondos de pensiones la Comisión adoptará una comunicación sobre la eliminación de obstáculos fiscales a la provisión transfronteriza de pensiones ocupacionales. 
La aprobación de la comunicación está ahora es necesario garantizar la eliminación del trato discriminatorio a instituciones de pensiones establecidas en otros Estados miembros. 
Muchos Estados miembros otorgan un mejor trato, en términos de deducciones fiscales por contribuciones y de fiscalización de los beneficios, a sistemas gestionados por instituciones establecidas en su propio territorio. 
Esto constituye un gran obstáculo a la circulación transfronteriza de trabajadores y también de las empresas europeas. 
Esto cierra efectivamente el mercado de pensiones de muchos Estados miembros. 
Además, la Sra. Randzio-Plath pregunta si la Comisión opina que debiera establecer iniciativas jurídicamente vinculantes, y en caso negativo, cómo va la Comisión a asegurar que la participación transfronteriza se convierta en una realidad. 
Como he dicho la Comisión se encuentra en el proceso de aprobación de una comunicación. 
Esta comunicación aclarará que los más urgentes obstáculos a la movilidad laboral y a la provisión transfronteriza de pensiones pueden ser salvados sin legislación derivada, aplicando las normas de los Tratados que ya existen. 
Confío en que comprendan que hasta que la comunicación no sea adoptada no quiera entrar en los detalles de su contenido. 
Estaré encantado de discutirlos con ustedes y también la forma en la que la comunicación debiera y pudiera ser aplicada después de su aprobación por la Comisión. 
No obstante, puedo asegurarles que considero que la eliminación de los obstáculos fiscales a la movilidad laboral y a la provisión transfronteriza de pensiones es absolutamente prioritaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, celebro mucho que hoy tenga lugar este debate pues en relación con el informe sobre la previsión para la vejez a través de empresas, es decir, en relación con el segundo pilar, importa, naturalmente, realizar algunas aclaraciones conceptuales. 
Los unos dicen que se trata de una directiva que hay que colocar en el ámbito de las prestaciones financieras. 
Los otros piensan que habría que utilizar inmediatamente la directiva para cubrir urgentemente en ella todo el paquete del segundo pilar, el problema fiscal relativo a la seguridad social y, en consecuencia, los riesgos biométricos. 
Usted ha aclarado ahora que se trata de un paso parcial al que deben seguir otros más- y en esto estamos de acuerdo- para no mantener con la directiva las actuales distorsiones de la competencia. 
Aquí el problema fiscal es un problema esencial, pero los aspectos sociales, el problema de las regulaciones de la vigilancia, el problema del derecho laboral y social, que reciben soluciones diferentes, juegan, naturalmente, su papel. 
Señor Comisario, debo decirle una vez más que la presente directiva representa para nosotros, y para mí como ponente, un paso, pero un paso esencial que abre la puerta. 
Deben seguir otras iniciativas de la Comisión que nosotros abordaremos de manera muy clara y detallada en nuestro informe, porque la transferibilidad de las pensiones así como la movilidad en el seno de la UE sólo se producirán cuando los Estados miembros se pongan de acuerdo sobre principios fiscales unitarios. 
Sabemos que el nivel de la imposición es parte del impuesto sobre la renta y, por tanto, entra en las competencias de los Estados miembros. 
Sin embargo, desde mi punto de vista, es necesaria una transición general a la imposición diferida para evitar una doble imposición o la no imposición de las cotizaciones y de las prestaciones. 
Hay un segundo punto que nos parece importante del todo: la supresión de las discriminaciones fiscales de los proveedores extranjeros o de las cotizaciones a la pensión de ciudadanos extranjeros de la UE, que son practicadas por muchos Estados miembros y que equivalen a un aislamiento del mercado de pensiones. 
Aunque quizá nuestras ideas coincidan aquí, somos escépticos en muchos aspectos acerca de que esto ocurra así. 
Por un lado, del anuncio de una directiva se ha pasado al anuncio de una comunicación; ustedes deben tener razones para ello. 
Pero un segundo punto me hace más escéptico todavía: ante la última sesión del Pleno del Parlamento Europeo el Presidente de la Comisión, Prodi, formuló sus exigencias a la cumbre de Estocolmo en relación con la aportación de las empresas en la previsión para la vejez y con la cuestión fiscal. 
Entre las exigencias de la última semana de Estrasburgo y el documento final de Estocolmo hay una diferencia. 
Efectivamente, en el documento final de Estocolmo la cuestión de las pensiones se reduce al mercado de trabajo de los que superan los 55 años y ya no se formula, tal como se anunció aquí, como demanda de la reforma de los sistemas de pensiones y de la eliminación de todos los obstáculos fiscales. 
En consecuencia, le pedimos que lo que usted nos ha anunciado también hoy como iniciativas necesarias derivadas de la directiva se traduzca rápidamente en propuestas concretas de la Comisión, para que en la cuestión de la aportación de las empresas a la prevención para la vejez no tengamos eventualmente problemas en el tratamiento de esta directiva a causa del gran número de cuestiones abiertas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la Comisión persigue con su propuesta de directiva un objetivo principal. 
Este objetivo es: fortalecer el mercado financiero de Europa mediante los fondos de pensiones. 
Si ella quisiera esto no necesitaría ninguna directiva, pues la totalidad de los fondos de pensiones y de mercados financieros están cubiertos por la directiva OGAF. 
Por esta razón menciona explícitamente la previsión para la vejez mediante empresas, refiriéndose así al segundo pilar de la estrategia total de previsión para la vejez. 
Pero si nos referimos a la previsión para la vejez a través de empresas entonces los mercados financieros deben estar subordinados a ésta y no al contrario. 
Creemos, pues, que debemos hablar de una directiva razonable sobre la previsión para la vejez a través de empresas y no sólo de un paso o de pasos parciales que quizá conduzcan a ella dentro de 20 o de25 años. 
Paso ahora a referirme al tratamiento fiscal. 
No tengo ninguna comprensión para usted, señor Comisario, cuando usted afirma que no puede decir nada sobre el contenido de la auténtica comunicación, porque ésta no ha sido aprobada todavía. 
Usted mismo ha anunciado esto varias veces para el mes de marzo, luego para principios de abril, luego estaba la semana de Pascua en la discusión. 
¿Cuándo va a llegar? 
¿Cómo vamos a tratar en comisión la propuesta de directiva y el informe de nuestro colega, el Sr. Karas, si la cuestión impositiva no está? 
En mi opinión, sin el tratamiento de la cuestión impositiva el informe del Sr. Karas no puede pasar a votación. 
En consecuencia, se le insta a usted a que presente aquí alguna cosa. 
Si usted especula con que las disposiciones del Tratado que rigen hasta ahora han de ser llevadas a la práctica con la ayuda del Parlamento Europeo, no puedo menos que replicarle que usted ha tenido la oportunidad muchas veces en el pasado. 
Usted no necesitaría esperar y tendrá siempre, con seguridad, el apoyo del Parlamento para abordar un tratamiento impositivo unitario. 
Aquí la Comisión debe comenzar también, de una vez, a mostrar valentía, valentía contra el Consejo de Ministros. 
Señor Presidente, la actitud de mi Grupo hacia las tentativas de la Comisión en este ámbito es muy diferente a la del orador que me ha precedido. 
Ciertamente, si quisiésemos criticar a la Comisión, más bien la criticaríamos por el lado opuesto: confiábamos en que la Comisión adoptase una actitud más liberal, por ejemplo, en sus propuestas para una directiva sobre los fondos de pensiones ocupacionales, para eliminar la posibilidad de que algunos Estados miembros puedan decidir seguir aplicando restricciones cuantitativas, respecto de las cuales no existe ninguna prueba sobre su mejor rendimiento. 
Por regla general, la Comisión debería ser capaz, al menos, de presentar alguna prueba que sustentase sus propuestas, en lugar de meramente pretender algo que no es mejor que las prácticas habituales de aquellos Estados miembros en los que se aplica el principio de la persona prudente. 
También adoptamos una posición diferente instando a la Comisión y a nuestros colegas del Parlamento a que procuren progresar hacia la coordinación fiscal. 
Siendo éste un objetivo muy deseable, no deberíamos permitir que lo mejor se convierta en enemigo de lo bueno. 
Si está en nuestra mano progresar y mejorar en toda Europa las transferencias a los pensionistas insertos en sistemas privados, eso es lo que debemos hacer. 
Como ya he dicho, no existe ninguna prueba de que, como resultado, se haya producido una reducción de la protección o de la seguridad, y establecer un vínculo absolutamente espúreo, aguardando hasta que tengamos un sistema impositivo perfecto, sin intentar hacer algún progreso en el ámbito de la apertura y liberalización de la gestión de los activos, me parece muy desafortunado. 
También saludamos que la Comisión haga un nuevo hincapié en la coordinación antes que en la legislación. 
Nos consta que es perfectamente posible que la Comisión presente muchas propuestas, como ha hecho en el pasado, sin realizar ningún progreso de consideración. 
Este es un nuevo enfoque y confío en que tenga más éxito que las estrategias que algunos de los predecesores del Comisario adoptaban para este ámbito. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar transmitiendo mi sincero agradecimiento a todos los oradores y a la Sra. Randzio-Plath y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por que este debate este teniendo lugar esta noche. 
Ciertamente refleja la importancia que el Parlamento concede a la cuestión de los fondos de pensiones y también a la cuestión de los problemas en el ámbito de imposición. 
Además quisiera hacer notar que estamos casi unánimemente de acuerdo- y digo "casi unánimemente de acuerdo" -sobre el hecho de que es de la mayor importancia que tratemos los problemas fiscales existentes en la provisión transfronteriza de pensiones. 
Un mercado único completamente funcional en este ámbito es esencial para la libertad de circulación de los trabajadores, y aumentaría la competitividad de la Unión. 
Para ello, desde luego, necesitamos una rápida aprobación de la directiva sobre fondos de pensiones propuesta, aunque ello no sería suficiente. 
Esto es absolutamente prioritario para la Comisión y esa es precisamente la razón por la que he propuesto a la Comisión que adopte una comunicación sobre las pensiones. 
Hoy no ha sido el mejor día para discutir la cuestión al detalle, por las razones que se han mencionado. 
La comunicación sobre las pensiones aun no ha sido aprobada por la Comisión. 
El Sr. Kuckelkorn ha criticado a la Comisión por ser tan lenta, citando los retrasos. 
Quisiera decir que la Comisión está empezando a sufrir problemas de personal. 
El plan de acción de los servicios financieros constituye una tarea considerable que incluye 42 medidas. 
El informe Lamfalussy trata el modo en que esto puede ser acelerado, pero ahora estamos empezando a tener problemas de personal. 
No es la primera vez que menciono esto esta noche aquí, pero esta es una de las razones por las que no hemos sido tan rápidos como hubiéramos deseado. 
Quizá hoy sea demasiado temprano para entrar en un debate detallado sobre esa comunicación. 
Espero poder presentársela y escuchar sus detallados comentarios una vez que la comunicación sea adoptada. 
El Sr. Karas ha dicho que la directiva o la comunicación podían haber incluido más aspectos. 
Ha mencionado aspectos sociales y demás. 
Como ha dicho el Sr. Huhne- conozco mejor la expresión en francés que en inglés- le mieux est l ' ennemi du bien. 
Él ha citado la traducción inglesa a ese dicho. 
Permítanme decirle al Sr. Karas que si hubiésemos tenido que tratar todos esos aspectos el Sr. Kuckelkorn se hubiese enfadado aun más con la Comisión porque el retraso hubiese sido aun mayor. 
El Sr. Karas dice que esto constituye ein Schritt, sólo se trata de un paso en la dirección correcta y, desde luego, está en lo cierto, tal y como he dicho en mis comentarios iniciales. 
Sólo se trata de un primer paso en la dirección que la Comisión considera correcta, otros pasos seguirán a éste y tendrá que ser así teniendo en cuenta la bomba demográfica que va a explotar en un plazo de alrededor de diez años. 
Esa es la razón por la que es positivo que el Consejo Europeo de Estocolmo haya hecho mención en sus conclusiones del hecho de que los Estado miembros tienen ahora derecho a estudiarse recíprocamente en lo que concierne a los fondos de pensiones porque, gracias a los mecanismos de la Unión Económica y Monetaria, lo que ocurre con las obligaciones en materia de pensiones reviste importancia para los Estados miembros por cuanto todos deben evitar déficits mayores del 3%, o déficits que no se plieguen a las normas de Dublín según las cuales deben tender hacia cero o incluso hacia el superávit. 
Esta es una parte muy positiva de las conclusiones del Consejo Europeo sobre la que quería llamar la atención de este Parlamento. 
El Sr. Kuckelkorn ha dicho: "¿ podría usted, por favor, hacer frente al Consejo de Ministros ?". 
La Comisión prácticamente no hace más que enfrentarse al Consejo de Ministros pero, desde luego, sólo cuando es necesario. 
No hacemos frente a alguien sólo por el mero hecho de hacerlo, sino cuando creemos que la Comisión está en lo cierto y el Consejo de Ministros, o su mayoría, no lo está. 
La Sra. Randzio-Plath ha llamado la atención sobre la cuestión de si debiese haber una directiva o una comunicación, como han hecho otros diputados de este Parlamento. 
Presentar una directiva sobre la imposición no solucionaría nada por cuanto los Estados miembros no estarían de aprobarla unánimemente. 
¿Cree realmente este Parlamento, cree realmente la Sra. Randzio-Plath que podemos conseguir la unanimidad del Consejo sobre importantes aspectos fiscales de los fondos de pensiones? 
Las posibilidades de conseguir el voto unánime del Consejo para una ambiciosa directiva sobre los aspectos fiscales son las mismas que las que tiene una bola de nieve en el infierno. 
El Consejo puede dar su aprobación unánime a una directiva más pequeña e insignificante pero eso no es lo que desea el Parlamento o la Comisión. 
La Comisión es ambiciosa, desea una propuesta que tenga masa en su interior y eso significa que está abocada a presentar una comunicación y no una directiva. 
El ámbito de la unanimidad es de tal naturaleza que deberíamos buscar los instrumentos apropiados para presentar una propuesta que no tuviera nada de peso. 
Si deseásemos una mera votación por mayoría cualificada en el Consejo la directiva tendría un alcance muy limitado y sólo cubriría a los trabajadores fijos. 
Por último, aun no me he dirigido al Sr. Huhne. 
Quisiera expresar la gratitud de la Comisión por su apoyo. 
Él hubiera deseado que la Comisión hubiese sido algo más contundente. 
La Comisión persigue el máximo de contundencia pero debe tener en cuenta la opinión prevaleciente en el Consejo. 
La directiva que ha presentado la Comisión se ocupa de la seguridad para los contribuyentes, de exigencias prudenciales, como sabe el Sr. Huhne, trata la libertad de los fondos de pensiones para invertir donde deseen y en la divisa que deseen, y trata la cuestión del pasaporte único para el sector de los fondos de pensiones. 
Estos son asuntos importantes y como bien sabe el Sr. Huhne, las cifras involucradas son considerables. 
En resumen, la Comisión se encuentra ahora en el fuego cruzado entre el Sr. Kuckelkorn y el Sr. Huhne y por ello quizá el punto medio sea el mejor sitio donde pueda quedarse la Comisión. 
Señor Comisario, puesto que ahora hemos tenido constantemente problemas con los períodos de tiempo, quisiera preguntar una vez más: ¿En qué momento, exactamente, se nos va a enviar la comunicación? 
El segundo punto, que no está claro, es el siguiente: ¿Cómo va a servir una comunicación para contribuir a establecer realmente los fundamentos impositivos de toda la directiva, si ustedes no pueden enumerar los principios con arreglo a los cuales se debe regular en el futuro un mínimo de armonización evitando la discriminación fiscal o la no imposición? 
Incluso si ustedes dejan posteriormente esto a los Estados miembros, habrá una contradicción, que es la siguiente: ¿Cómo se podrá proceder ulteriormente, y dónde reside la importancia de la directiva? 
No creo que fuese útil reabrir el debate a estas horas de la noche. 
Quisiera preguntarle al Comisario si desea responder a la primera parte, pero no a la segunda. 
Ya hemos mantenido un debate. 
Esto tendrá que volver al Pleno en próximas fechas. 
. (EN) Señor Presidente, si me permite responder a la primera parte de la pregunta la respuesta es "en unas cuantas semanas". 
El debate queda cerrado. 
(Se levanta la sesión a las 8.38 horas) 
Se ha distribuido el acta de la sesión anterior. 
¿Hay objeciones? 
Señor Presidente, en la página 18 del Acta figura que he preguntado si el Sr. Imbeni va a adoptar una postura ahora que está en Cuba. 
Realmente se trata de que el Sr. Imbeni efectúe una declaración, en nombre del Parlamento Europeo, de acuerdo con las resoluciones que esta institución ha adoptado siempre en relación con ese país. 
El Parlamento hizo esto por última vez el 11 de marzo de 1999, en ese contexto se sitúa la petición que me hizo a continuación el Sr. Barón Crespo y que se recoge en la página 19; el Sr. Imbeni declaró el 21 de marzo a Agence Presse que no tenía la intención de efectuar una declaración. 
No se trata de una visita privada del Sr. Imbeni, se trata de una visita del Sr. Imbeni en nombre del Parlamento Europeo. 
De ahí que insistamos en que efectúe una declaración sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. 
Uno puede hacer declaraciones bonitas en el Parlamento Europeo, pero resulta más valiente hacerlas allí. 
Estimado colega, he tomado nota de ello. 
Recuerdo que la Sra. Presidenta ya le dijo ayer que se ocuparía de ello. 
Señor Presidente, lamento que este asunto haya venido de nuevo a debate. 
Ya ayer el presidente de mi Grupo parlamentario enalteció las cualidades y la franqueza de nuestro colega Renzo Imbeni, así como su defensa de los derechos humanos, aquí o en cualquier parte del mundo. 
Y lamentamos que una vez más se ataque a un vicepresidente de esta Asamblea sin que esté aquí para defenderse. 
Agradezco que esta intervención mía conste en el Acta. 
(Aplausos de la izquierda) 
Muchas gracias, estimado colega. 
No tengo intención de permitir un debate sobre este tema. 
Si se producen más peticiones de palabra al respecto, no las voy a aceptar. 
La Presidenta ha dicho ayer claramente lo que va a hacer. 
Con ello, concluye este asunto. 
Señor Presidente, no tengo ninguna observación sobre el Acta, pero desgraciadamente, me he perdido una buena parte de esta interesante discusión porque no hay interpretación en neerlandés. 
Decisión sobre la urgencia 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la solicitud de urgencia relativa a un proyecto de reglamento del Consejo (COM (2001) 87- C5-0083/2001- 2001/0043 (CNS) ) sobre la modificación del Reglamento (CE) Nº 1251/1999 para la introducción de una regulación de ayuda para los productores de determinadas plantas de cultivo. 
A favor de la solicitud interviene ahora el Sr. Graefe zu Baringdorf, presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
, Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. (DE) Señor Presidente, en esta solicitud de urgencia se trata de que en las superficies retiradas de la producción se quiere plantar forrajes proteínicos o leguminosas además aún en este año. 
Se trata de una antigua exigencia del Parlamento que por fin es atendida. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha mantenido negociaciones con la Presidencia del Consejo para que esta regulación se introduzca aún en este año. 
Por ello, nuestra comisión está a favor de esta urgencia. 
Esta es también una posibilidad de proporcionar a las explotaciones de ganado vacuno afectadas por la crisis de la EEB una compensación financiera sin que se grave el presupuesto adicionalmente- subrayo lo de adicionalmente- y, a pesar de ello, se concederá a estas explotaciones una ayuda a las rentas mediante los forrajes. 
Esto alegrará a la Comisaria, la Sra. Schreyer. 
Ruego a la Asamblea que apoye la solicitud. 
Orientaciones presupuestarias 2002 / Perspectivas financieras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
Informe (A5-0102/2001) del Sr. Costa Neves, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2002 (2000/2324 (BUD) ) -sección III- Comisión; 
Informe (A5-0103/2001) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para las secciones II, IV, V, VI, VII y sobre el anteproyecto de presupuesto del Parlamento Europeo (sección I) para el procedimiento 2002 (2000/2325 (BUD)) 
Sección I- Parlamento Europeo 
Sección II- Consejo 
Sección IV- Tribunal de Justicia 
Sección V- Tribunal de Cuentas 
Sección VI- Comité Económico y Social 
Sección VII- Comité de las Regiones 
Sección VII- Defensor del Pueblo; 
Informe (A5-0110/2001) del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de resolución del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 0149- C5-0117/2001) -2001/0075 (ACI) ) sobre la adaptación de las previsiones financieras a las condiciones de ejecución (propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo según los números 16- 18 del Acuerdo Interinstitucional del 6 de mayo de 1999). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, se pretende que las líneas de orientación que estamos debatiendo, propuestas por la Comisión de Presupuestos, sean claras y concisas para que puedan orientar la evaluación de la propuesta de presupuesto para 2002 y esperamos que sean una plasmación de lo que en este momento importa a los ciudadanos: el Parlamento Europeo debe ser el espacio por excelencia de defensa de los intereses de los ciudadanos, de representación de su voluntad política y de afirmación democrática. 
A partir de ese entendimiento formulamos las siguientes prioridades: 
Primero: seguridad alimentaria y restablecimiento de la confianza de los consumidores, que deben participar en la prosecución de la reforma de la Política Agraria Común. 
La EEB y la fiebre aftosa nos plantean muchas interrogaciones. 
Urge la entrada en funcionamiento de la agencia europea para la seguridad alimentaria, que necesita capacidad real de actuación. 
Simultáneamente, seguimos esperando mucho del Gabinete de Inspección Veterinaria. 
Esperamos decisiones. 
La situación descrita, asociada a las perspectivas de ampliación y de la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, determina la reorientación del sistema de producción agropecuaria. 
Necesitamos rápidamente saber hacia dónde vamos y por qué. 
Debemos iniciar ese debate antes del 15 de septiembre. 
Necesitamos este aspecto: lo que queremos hasta esa fecha es iniciar la reflexión que propiciará la orientación de la Política Agraria Común y no, evidentemente, la reforma propiamente dicha. 
Entretanto, es necesario tener conciencia de las dramáticas dificultades de tantos agricultores y sacar las consecuencias que se desprendan de los hechos. 
El Parlamento Europeo debe saberlo todo sobre todo, lo que resulta inconciliable con la falta de capacidad de decisión que por ahora lo caracteriza en cuanto a la mayor parte del gasto en el ámbito de la política agraria, cosa que es, desde luego, profundamente antidemocrática. 
Queremos codecisión en materia de política agraria y consideramos que la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios condiciona el control de una parte importante del gasto de la Unión Europea. 
Segundo: refuerzo del rigor, la eficacia y la transparencia en la ejecución del presupuesto. 
Atribuimos la mayor importancia al control de la ejecución del presupuesto y al establecimiento de una ligazón efectiva entre dicha evaluación y la aprobación de presupuestos suplementarios e incluso del presupuesto del año siguiente. 
A eso se debe la determinación de asegurar en el Parlamento Europeo, en el ámbito de las diversas comisiones especializadas, la ejecución de dicha tarea. 
En ese ámbito se distingue el informe que la Comisión presentará en el mes de junio. 
Tercero: eficacia en la ejecución de la acción exterior de la Unión Europea en coherencia con objetivos previamente formulados. 
Somos conscientes de la importancia de la acción exterior de la Unión Europea, ya sea en la relación de vecindad con la cuenca del Mediterráneo, los Balcanes y Rusia, o en la relación con otras regiones del mundo con las que tradicionalmente mantiene lazos de cooperación o también en la contribución al desarrollo de terceros países. 
El potencial de la acción exterior de la Unión Europea justifica la asignación de los medios adecuados y la exigencia de una mayor eficacia. 
Cuarto: creación del auténtico Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, como lo formuló en 1999 el Consejo Europeo en Tampere. 
Se demoran las medidas legislativas y administrativas plasmadas en las consiguientes dotaciones presupuestarias y encaminadas a la realización de una política efectiva de asilo e inmigración y se justifica la profunda preocupación que inspira la inmigración clandestina. 
El tráfico de seres humanos existe, la exclusión social de millones de clandestinos es real, la desesperación que suscita es digna de mayor atención, ese fenómeno exige respuestas multidisciplinarias. 
Quinto: determinación en la realización de los objetivos fijados en el Consejo Europeo de Lisboa, en particular en cuanto a la contribución efectiva a la creación de más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social. 
Necesitamos ciudadanos preparados para vivir y trabajar en la sociedad de la información y del conocimiento. 
La Unión Europea debe desempeñar un papel decisivo en esa esfera. 
La iniciativa e-learning, por ser esencial, debe ser ambiciosa. 
De la acción preparatoria se debe pasar a la aprobación del fundamento jurídico que conceda un puesto destacado a esa esfera. 
Yo vivo en una región insular, una de las que, en el ámbito del artículo 299 del Tratado, recibe la designación de ultraperiférica. 
Así, pues, sé lo que son las barreras geográficas y lo mucho que la Unión Europea puede contribuir a atenuarlas. 
Pero tan limitativas como las barreras geográficas fácilmente identificadas son, con todo, tantas otras, más disimuladas, que presiento en el espacio comunitario. 
De la capacidad para superarlas depende la perennidad de este proyecto, que nunca se puede dar por logrado o acabado. 
Sepamos persistir. 
Termino dirigiéndome a las otras instituciones y afirmando el deseo de la mayor colaboración, la mejor articulación, de esfuerzos en este proceso presupuestario. 
Señor Presidente, nos encontramos al inicio del ciclo presupuestario. 
El informe que discutimos no entra todavía en detalles, pero muestra las orientaciones de la apuesta del Parlamento. 
Quisiera agradecer profundamente a mis colegas que hayan respetado estos límites y que no hayan incluido en este informe todo tipo de detalles, algo que también resulta tentador. 
Dentro de muy poco detallaremos el presupuesto de las restantes instituciones para 2002. 
Me esforzaré por que continuemos manteniendo una buena colaboración ¿Cuáles son los puntos más importantes del informe? 
Antes de nada, la ampliación. 
No sorprenderá a nadie que éste también sea el desafío más importante para la Comisión de Presupuestos en los próximos años. 
No podemos quedarnos cruzados de brazos hasta que llegue el momento. 
Las instituciones deben estar preparadas para acoger a los estados candidatos. 
De ahí que, y es muy importante, pidamos a todas las instituciones que desarrollen planes plurianuales en los que se examinen las implicaciones de la ampliación, entre otras cosas, en cuanto a los edificios adicionales que se precisan, el personal necesario, y, especialmente, las consecuencias que se derivan para los servicios de traducción. 
La preparación conlleva costes incluso antes de que la ampliación sea un hecho. 
Las perspectivas financieras deben bastar para hacer frente a estos costes adicionales. 
Otro punto importante es la eficacia. 
Debemos al contribuyente una disciplina presupuestaria firme y una gestión financiera incólume. El activity based management y el activity based budgeting contribuirán a ello. 
Por tanto, pedimos a las instituciones que de esta forma hagan más comprensibles sus presupuestos. 
La cooperación interinstitucional también puede contribuir a un uso más eficiente de los medios, y debe mejorarse y ampliarse allí donde se pueda. 
De ahí que efectuemos propuestas al respecto el próximo año. 
Las instituciones deben mostrar algo más que la disciplina presupuestaria. 
Deben tener una función de ejemplificadora. 
Menciono dos ámbitos que considero especialmente importantes. 
La igualdad de trato, no sólo entre hombres y mujeres, sino también a la luz de todas las discriminaciones que figuran en el artículo 13 del Tratado. 
Esta igualdad de trato debería constituir la base de nuestra política de personal. 
Por tanto, también pido a las instituciones que examinen los obstáculos a la igualdad de trato, qué medidas son necesarias para demoler esas barreras y qué consecuencias tiene esto de cara al presupuesto. 
No excluyo que una adecuación medioambiental de las instituciones exija efectuar adaptaciones en el presupuesto. 
No obstante, mientras que en el programa de acción medioambiental sólo hablamos de la función de ejemplo de la Administración, podemos acompañar las palabras con hechos. 
Las instituciones deben utilizar las modificaciones de la directiva EMAS, conforme a la cual, ahora también organizaciones como la nuestra pueden participar en los sistemas comunitarios de gestión medioambiental y de auditorías medioambientales. 
De ahí que debamos examinar nuestros edificios y los materiales que utilizamos. 
Debemos desarrollar planes de movilidad. 
Me gustaría discutir ampliamente con ustedes los 35 párrafos del informe y sé que también consideran que es una materia interesante, pero debo limitarme, no sólo desde el punto de vista humano, puesto que ya han escuchado la historia un par de veces, sino también desde el punto de vista presupuestario. 
Al fin y al cabo, todo debe ser traducido y después difundido por escrito. 
Instamos a las otras instituciones a que elaboren planes para evitar el aumento incontrolado de trabajo para los servicios de traducciones: un buen ejemplo es bien seguido. 
Me limito por ello a tocar algunos asuntos tales como la importancia de amortizar cuanto antes los edificios mediante inyecciones de capital, la adopción de un estatuto para los partidos políticos europeos y el estatuto de los asistentes. 
Sin embargo, diré algo sobre el presupuesto del Consejo. 
Este presupuesto presenta un fuerte aumento. 
No ignoro que se reajusta mucho internamente y que se respeta una disciplina presupuestaria firme. 
Sin embargo, el Consejo realmente incluye cada vez más actividades de ejecución en su presupuesto y así, sigilosamente, surge una especie de Comisión en la sombra, una segunda institución que ejecuta la política europea. Éste es un desarrollo negativo. 
El Parlamento no debe quedarse al margen ante la inclusión de estos gastos en el presupuesto del Consejo por miedo a romper un acuerdo entre caballeros. 
Es demasiado importante que los gastos en materia de política europea de seguridad y de defensa sean transparentes. Esto puede hacerse insertando, si fuera necesario, un capítulo aparte en el presupuesto del Consejo. 
El Parlamento solamente puede ejercer el control democrático en lo que al empleo del dinero europeo respecta, con un presupuesto transparente. 
Esta materia demuestra una vez más que el presupuesto no es tanto una cuestión técnico-financiera, sino sobre todo una cuestión política. 
, ponente. Señor Presidente, me encuentro en una situación un tanto extraña e incómoda porque, a pesar de contar con el apoyo unánime de la Comisión de Presupuestos, estoy convencido de que a mediodía deberé pedir la devolución del informe a comisión. 
¿Por qué? 
Porque, mientras estamos debatiendo aquí sobre este informe, el Consejo también está debatiendo esta misma propuesta y, por lo tanto, es posible que, si se llega a un acuerdo, no podamos votar la resolución hoy, sino que tengamos que pedir la devolución de este informe a comisión para ratificar el acuerdo con el Consejo y votarlo los días 2 y 3 de mayo. 
Señorías, el tema del informe puede parecer excesivamente técnico: se trata de la adaptación de las perspectivas financieras a las condiciones de ejecución. 
Evidentemente, la adaptación, como dice su nombre, tiene que ver con cómo se han ejecutado, a lo largo de los ejercicios anteriores, los Fondos estructurales puesto que los importes, en la categoría 2 de las perspectivas financieras, no sólo constituyen un techo de gasto, sino también un objetivo de gasto. 
En el año 2000 no se pudieron ejecutar, por ser el primer año del nuevo período de programación, ni más ni menos que 14.000 millones de euros de los Fondos estructurales; es decir, 14 millardos, de los cuales se volvieron a presupuestar en el año 2001 unos 8.000 y quedan, por tanto, por volver a presupuestar cerca de 6.000 millones en cifras redondas. 
Estos 6.000 millones se pueden volver a presupuestar, pero sabiendo que es la última vez, dadas las nuevas reglas de los Fondos estructurales, que podremos hacer esta operación. 
Y, por lo tanto, lo que no se ejecute en los años futuros puede ser anulado muy fácilmente. 
De ahí nuestra preocupación. 
Tenemos interés en que todo se pueda ejecutar correctamente y en que no haya retrasos en la programación. 
Creo que ése es un objetivo compartido por la Comisión, el Consejo- cuya ausencia lamento, pero comprendo, puesto que está reunido en Bruselas discutiendo esto mismo- y el Parlamento. 
Las diferencias que hemos tenido hasta ahora se refieren a dos capítulos. 
Una menor: sobre si había que incluir también una nueva presupuestación de los créditos de pago. 
Nosotros creemos que es importante para evitar los problemas que hemos tenido en años anteriores. 
Las otras instituciones no están de acuerdo. 
No será éste el caballo de batalla. 
Y la otra diferencia se refiere al perfil de esta nueva presupuestación. 
La Comisión, originariamente, era partidaria de una presupuestación más lineal. 
Según nuestra experiencia y asesorados por las comisiones regional y de asuntos sociales, nosotros propusimos una nueva presupuestación de los créditos de compromiso más en forma de campana: lo que técnicamente se conoce como el back loading, es decir, dejar que se ejecute ahora la gran masa inicial y hacer otra carga, algo más importante, en un período más adelantado del período de programación. Porque estamos convencidos, por la experiencia, de que no se podrían ejecutar los créditos el año que viene de la manera que propone la Comisión. 
Nosotros creemos que esta perspectiva es la que permite un desarrollo más armonioso de la ejecución de los Fondos estructurales. 
No hacemos una cuestión de principio de las cifras concretas que hemos propuesto. 
Lo que es una cuestión de principio es el perfil de los gastos. 
Y ésta es la cuestión sobre la que, después de la reunión de ayer- donde oímos una intervención de la Comisión en la que ésta nos daba detalles sobre el estado de las negociaciones de las nuevas programaciones -, creemos que podemos perfectamente lograr un acuerdo en un plazo razonable, que el Consejo podría asumir y que solventaría los problemas que tienen especialmente Grecia, España e Italia respecto a los programas futuros. 
Yo quiero simplemente defender estas posiciones y decir que, en el espíritu de leal cooperación entre instituciones, no significaría ninguna violación de ningún artículo del Tratado el que la fecha fijada en el Acuerdo interinstitucional, de 1 de mayo- que, por cierto, no es un día hábil -, fuese pospuesta al día 2 de mayo, que es el día en que se reúne el Parlamento. 
Entre medio tenemos la reunión de la Comisión de Presupuestos, de 24 y 25 de abril, y, si esta mañana el Consejo logra un acuerdo, la Comisión de Presupuestos podría aprobar el acuerdo definitivamente e, incluso sin debate, aprobarlo en el Pleno de los días 2 y 3 de mayo. 
. (EN) Señor Presidente, estoy encantado de intervenir tras la excelente intervención del Sr. Colom i Naval. 
Intervengo también en nombre de mi colega, Sr. Wijkman, que no está presente. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación siente una gran preocupación porque el FED sigue sin estar presupuestado. 
Actualmente existe algo denominado Asamblea Parlamentaria Paritaria de los países ACP y la UE, la única asamblea parlamentaria del mundo que no examina un presupuesto. 
Es bastante ridículo que se permita mantener una situación como ésta. 
Si vamos a ejecutar los objetivos sectoriales del presupuesto para el desarrollo, debemos avanzar hacia un presupuesto con una estrategia orientada hacia los resultados y que esté incluida en el propio presupuesto de manera que las estrategias por países que la Comisión de Desarrollo intenta establecer permitan descentralizar nuestras delegaciones y garantizarles un mayor control. 
De lo contrario, tendremos un presupuesto anticuado para un nuevo modelo de gestión económica. 
Otra cosa que me gustaría mencionar es la tecnología de la información y la energía sostenible en el presupuesto para el desarrollo. 
Transporte y comunicación son ámbitos anticuados que, año tras año, son incluidos en el presupuesto, pero existen nuevas tecnologías que también debemos de tener en cuenta. 
Por último, en nuestro presupuesto debemos plantearnos la posibilidad de un fondo mundial para la lucha contra el sida. 
No basta con pedir a las empresas farmacéuticas y de productos químicos que recorten los precios. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, quiero agradecer sinceramente su trabajo a ambos ponentes, los Sres. 
Costa Neves y Colom i Naval. Espero también que podamos lograr que el informe Colom i Naval se concluya dentro de no demasiado tiempo con un acuerdo del Consejo. 
Espero, así mismo, que en el se tengan en cuenta los deseos de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
En lo que al informe Costa Neves respecta, creo que el ponente parte de una buena posición inicial. 
Resulta siempre un poco difícil ser demasiado concreto en este estadio, cuando no tenemos todavía el AP de la Comisión. 
Quiero, sin embargo, aprovechar esta oportunidad para efectuar una observación sobre los programas en materia de empleo. 
En los últimos años, este Parlamento, la Comisión y el Consejo han adoptado todo tipo de programas en materia de empleo. 
Creo que éste es el año en que debemos evaluar estos programas e intentar sacar conclusiones de los mismos. 
Señor Presidente, en estos últimos tiempos estoy muy inquieto porque la Comisión tiene propensión a escuchar solamente al Consejo cuando se habla de coordinación abierta, y olvida con ello que el presupuesto es competencia de las dos ramas de la autoridad presupuestaria. 
La interpretación de la coordinación abierta depende, por supuesto, del Consejo, pero ambas ramas son competentes en cuanto a la cuestión presupuestaria. 
La Comisión y, sobre todo, el Consejo mismo, son propensos a cometer este olvido. 
Tengo la impresión de que este último se comporta un poco como los jefes de la mafia en los Estados Unidos, que se ocupan de intercambiarse las zonas de trabajo, y no tanto como la autoridad presupuestaria responsable que debería ser. 
Esto también se deduce de su ausencia hoy. 
Éste es realmente un debate muy importante, aunque no esté todo claro todavía. 
En cualquier caso, examinaremos detalladamente los proyectos de empleo y, en general, las cuestiones relacionadas con la coordinación abierta, y sacaremos conclusiones. 
Señor Presidente, en la opinión que ha remitido a la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, ha hecho hincapié en una serie de prioridades que en su mayor parte se encuentran en el informe del Sr. Costa Neves, algo que yo deseo agradecerle. 
Deseo recordar en primer lugar la importancia estratégica que tiene para toda la Unión Europea la creación de un verdadero espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Esta prioridad, que fue confirmada de forma solemne en Tampere, ha dado lugar a un enorme programa de trabajo para la Comisión, con una serie de plazos especialmente vinculantes. 
Por consiguiente, a nuestro juicio es esencial, y me dirijo en especial a la señora Comisaria, que el sector de la justicia y los asuntos interiores disponga en el futuro de los recursos humanos y medios de acción administrativos necesarios para permitirle liberarse de forma eficaz y en los plazos previstos de la cantidad ingente de trabajos que la esperan. 
Entre éstos resulta claro, y doy las gracias al ponente general por haberlo recogido expressis verbis en su proyecto de resolución, que la política de asilo y de inmigración, incluida la lucha contra los sectores criminales, ocupa un lugar central. 
Quisiera finalmente llamar la atención de la Comisión acerca del difícil problema que va a plantear a la Unión Europea en el futuro el control efectivo de las fronteras exteriores de la propia Unión. 
Las fronteras de la Unión, que ya actualmente son muy largas y difíciles de controlar, lo serán aún más en el futuro, cuando los países actualmente candidatos, que son países de emigración hacia la Unión, se conviertan en puertas de entrada al territorio de la Unión Europea. 
Ésta es la razón por la cual pensamos, señora Comisaria, que debe, en el presupuesto para el año 2002, preparar orientaciones precisas que nos permitan afrontar este desafío. 
La Unión no puede ser una fortaleza, pero tampoco un queso gruyere para los grupos de inmigración criminal. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Sr. Costa Neves su colaboración, felicitarle por su informe y decirle que las prioridades en el ámbito de la política exterior están perfectamente claras: la ampliación, que no entra dentro de la rúbrica 4; la prevención de conflictos y gestión de crisis; la reconstrucción en los Balcanes; la política mediterránea de la Unión Europea; la dimensión nórdica, por supuesto y la cooperación y mejora en las líneas de los derechos humanos. 
Quisiera, muy especialmente, subrayar que la Comisión de Asuntos Exteriores ha pedido- la Sra. Comisaria de Presupuestos y yo hemos tenido la oportunidad de hablarlo con el Sr. Patten esta semana pasada, en Santiago de Chile -, que se contemple la prioridad que va a representar la segunda cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y los nuevos acuerdos que se están negociando con Chile y con Mercosur. 
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Exteriores insiste en estas prioridades; todo ello, naturalmente, dentro de la máxima eficacia en la gestión y de la máxima transparencia. 
Esperamos que la colaboración con el ponente se mantenga en el momento de la primera lectura. 
Señor Presidente, como el ejercicio presupuestario del 2002 es muy importante- incluso enormemente importante- debido a la ampliación que entra ahora en su fase decisiva, se van producir grandes problemas en el sector de la política agrícola común y como aún no se han utilizado plenamente los fondos estructurales, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo propone tres puntos centrales: para nosotros son muy importantes las medidas estructurales en el marco de las iniciativas comunitarias Interreg, Leader, Equal y Urban al igual que las medidas innovadoras. 
Creemos que es importante que al menos algunas TEN se amplíen para poder superar los cuellos de botella. 
A largo plazo hay que mejorar la política de medio ambiente y de empleo y el centro de gravedad debe radicar en la ecologización del presupuesto, lo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta. 
No consideramos como demasiado trágico que hasta ahora no se hayan reflejado en las orientaciones ninguna de las conclusiones de nuestra comisión pero esperamos que esto sea posible. 
Como montañero, quiero mencionar entre paréntesis que también el año de las montañas 2002 se debería reflejar en el presupuesto. 
Por lo demás, apruebo las orientaciones y las apoyo. 
ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, después de escuchar al ponente principal Costa Neves se podría tener la impresión de que este año el procedimiento presupuestario consiste en lo esencial en el debate del presupuesto agrícola. 
Le agradezco que haya destacado de tal modo este aspecto. 
Pero en concreto esto significaría que el presupuesto 2002- tal como desearíamos- mostrase ya unos enfoques de la próxima reforma de la política agrícola que serían algo menos claros ya que el presupuesto 2002 va a estar probablemente totalmente determinado por la superación de la crisis de la EEB y de la fiebre aftosa. 
Por ello, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, ruego que nos tomemos realmente muy en serio lo que va a ocurrir y que actuemos para que se prevea la posibilidad de unir los recursos no utilizados- también del sector no obligatorio- en forma de un fondo para epizootias y catástrofes en el sector del consumo y del comercio y dispongamos de este modo de créditos realmente suficientes para combatir junto con los Estados miembros la crisis que ha alcanzado ya unas dimensiones de catástrofe. 
En ningún caso vamos a aceptar, tal como se debatió en el presupuesto anterior, que se intente tratar los problemas con recortes lineales. 
Rogamos por ello que la Comisión no realice en esta ocasión consideraciones de este tipo para el anteproyecto de presupuesto del 2002. 
En el sector de las restituciones a la exportación y en el marco de una nueva política agrícola de la UE, a la que debemos enfrentarnos, deberíamos también intentar reducir los gastos por exportaciones de un modo tendencial allí donde aún son muy elevados. 
Esto no sólo nos facilitaría poder defender nuestra posición de un modo agresivo en la OMC sino que además nos ayudaría en general para lograr la flexibilidad que necesitamos en el sector agrario y en las áreas rurales. 
En otras palabras: a pesar de todos los problemas de la crisis en la que nos encontramos inmersos debido a la EEB y a la fiebre aftosa, queremos ver ya en el anteproyecto de presupuesto de la Comisión los primeros enfoques positivos sobre la necesaria reforma de la política agrícola. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por haber establecido un conjunto claro de prioridades. 
Acojo con especial satisfacción que haga hincapié en la seguridad alimentaria y la confianza de los consumidores, así como en la mejora de la ejecución del presupuesto de la UE. 
No obstante, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, debo expresar mi preocupación por la ausencia en estas orientaciones de ámbitos prioritarios de esta comisión. 
Aunque al informe se ha adjuntado la opinión de la comisión, quisiera instar al ponente y a la Comisaria a que pongan mayor énfasis en los siguientes ámbitos durante el procedimiento presupuestario del presente año. 
Primero, la financiación de la sociedad de la información no se corresponde realmente con la importancia que los Jefes de Estado y de Gobierno atribuyeron a este ámbito con ocasión de su lanzamiento con bombo y platillo en Lisboa. 
La sociedad de la información es un ámbito que ha captado la imaginación de los ciudadanos europeos y éstos quieren resultados. Pero en el presupuesto de la UE no hay nada más que una mención de última hora. 
Si queremos que la UE conecte realmente con sus ciudadanos, debemos obrar de acuerdo con nuestras opiniones. 
Debemos reconocer que en la sociedad de la información está el futuro de los nuevos puestos de trabajo europeos. 
No obstante, la UE y, lo que es más importante, el presupuesto de la UE nunca han tenido en cuenta este hecho. 
También debemos tratar sobre la posibilidad de que surja una división digital en Europa. 
No debemos escatimar esfuerzos para impedir que surja una subclase de la información. 
Ello abriría una gran brecha entre los que tienen acceso a la información y los que no lo tienen. 
Por consiguiente, insto a la Sra. Comisaria a que aproveche la iniciativa para garantizar un incremento de los recursos que permita a la sociedad de la información adaptarse al principio de igualdad, en términos de accesibilidad, así como de oportunidad. 
Mi segunda observación es relativa a la energía. 
Está claro que dependemos demasiado de recursos externos. 
Debemos potenciar la capacidad de la energía renovable de Europa. 
Debemos evitar que se produzca una situación similar a la del año pasado, en la que un pequeño grupo de personas consiguió paralizar empresas de toda Europa. 
Por consiguiente, necesitamos un enfoque colectivo que estudie las fuentes de energía alternativas. 
Por último, lo que intento obtener no es una lista de la compra de prioridades para estas orientaciones; intento garantizar que se destinan apoyo y recursos adecuados a los ámbitos sobre los que se sustenta el futuro éxito económico de Europa. 
. (EN) Señor Presidente, intervengo en nombre de la Comisión de Peticiones, que aunque no puede describirse como una gran comisión que utilice muchos fondos, desempeña un papel importante: proteger los derechos de los ciudadanos que recurren a este Parlamento para que vele por sus derechos. 
Tenemos dos peticiones muy modestas en relación con el presupuesto, que están incluidas en el informe Buitenweg. 
Una es que debería existir una base de datos propiamente dicha que permita a los ciudadanos hacer un seguimiento de sus peticiones a través de Internet. 
Esperamos que este dispositivo esté listo y funcionando antes de que finalice el año próximo, y queremos que se destinen fondos a este fin. 
En segundo lugar, de cara a la ampliación, cualquiera que sea el régimen de idiomas que elijamos, deberán tomarse las medidas necesarias para que los ciudadanos de los países candidatos puedan presentar peticiones a este Parlamento en su propia lengua. 
Por último, quisiera insistir en que la Comisión de Peticiones no necesita dinero, pero sí necesita el apoyo del Parlamento, de la Comisión y del Consejo para poder tener acceso a los documentos. 
Eso es gratis. 
No cuesta nada. 
Pero puedo decirles que en estos momentos existen varias peticiones- por ejemplo, la petición de Lloyd- sobre las que la Comisión y el Consejo niegan al Parlamento el acceso a la información. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hoy hablamos sobre las orientaciones presupuestarias. 
Es decir, se trata de la cuestión de qué prioridades políticas queremos establecer en el presupuesto para el próximo año. 
Quiero decir muy claramente que no cualquier asunto en Europa es un asunto de importancia para Europa. 
Ni tampoco cualquier asunto de importancia para Europa lo es para el presupuesto. 
Son cosas que hay que diferenciar aquí. 
Por ello, me voy a centrar en algunos aspectos centrales. 
Ante las crisis relacionadas con la fiebre aftosa y la EEB, el tema nº 1 es naturalmente la cuestión de cómo podemos adoptar medidas presupuestarias eficaces- y todo esto repercute en el presupuesto- para que tengamos una agricultura viable en el futuro, que se garantice de modo óptimo la protección del consumidor y que los productos que elaboramos en Europa los podamos vender también en otras partes del mundo. 
Esto es lo elemental para nuestra agricultura y aquí tenemos que cumplir una gran tarea común en el marco del presupuesto 2002. 
Tema nº 2: la Unión Europea cobra cada vez mayor importancia ya que va adoptando responsabilidades en el sector de la política exterior y de seguridad común. 
Me parece inaceptable que los 15 ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea- habría que plantearse en algún momento la pregunta de si necesitamos tantos- viajen por todo el mundo, abran el cuerno de la abundancia de Europa en todos los sitios y hagan promesas que al final tenemos que cumplir con esfuerzo y empleando grandes trucos presupuestarios. 
Esto no puede ser. 
El Consejo debería recapacitar sobre si es inteligente todo lo que hace. 
Tercer punto central: estamos entrando en la fase muy concreta de las negociaciones para la ampliación. 
Cuanto más concretamente avancemos en la ampliación tanto más eficaces serán las cosas presupuestariamente. 
También aquí hay que indicar muy claramente que no es suficiente con moverse por las capitales de los países que buscan la adhesión, dar a todos golpecitos en el hombro y decirles: "Todo va bien". 
Pero cuando se trata de poner a disposición dinero e instrumentos, entonces el Consejo se echa hacia atrás y es más que tacaño en la dotación de recursos. 
¡Esto no puede ser! 
El último punto al que voy a referirme pues también se ha debatido en la Comisión de Presupuestos, afecta a la política de interior y justicia. 
Se trata naturalmente de un aspecto político central aunque para el Sr. Vitorino solamente se trate de unos cuantos puestos en el organigrama. 
No tiene reflejo presupuestario. 
La política de interior y jurídica no tiene reflejo presupuestario. 
Hay que reconocerlo fríamente. 
Por ello, deberíamos diferenciar entre los temas políticamente importantes, en los que el próximo año se incluye la política interior y jurídica. 
Pero para las orientaciones presupuestarias este campo no goza de la máxima prioridad ni es siquiera de gran importancia 
También quiero referirme al tema de los presupuestos administrativos. 
Le pregunto con toda claridad para quién existe la administración. 
No para ella misma sino para que aquello que se debe garantizar en las diversas instituciones, se garantice también organizativamente del modo adecuado. 
Por ello, como Parlamento Europeo, deberíamos recapacitar mediada la legislatura que alcanzaremos a finales de este año, si nuestro modo de trabajar es correcto en todos los campos. 
No me parece muy adecuado que creemos una subcomisión tras otra- por ejemplo, se debate si se debe hacer también en el campo de la protección del consumidor -, en lugar de recapacitar sobre cómo podemos adaptar las estructuras de las comisiones existentes de modo que podamos exponer mejor la responsabilidad legislativa. 
Estas son cosas sobre las que deberemos hablar este año y que, naturalmente, también tienen repercusiones sobre el presupuesto. 
También hablamos sobre las previsiones financieras. 
En el curso del 2002 deberemos extraer asimismo de la OMC las consecuencias presupuestarias. 
Me he referido al tema de la ampliación y de la política exterior en que nos estamos moviendo por tercer año con regulaciones especiales. 
Discutimos sobre el sexto programa marco de investigación, para el que queremos más dinero. 
Hablamos de que los presupuestos administrativos se están abombando. 
El Consejo quiere otros 10 millones adicionales. 
Es decir, en el campo de los gastos administrativos se nos está sometiendo también a una presión masiva. 
En resumen, que todo lo que los Jefes de Estado y de Gobierno anunciaron en Berlín a bombo y platillo en marzo de 1999 en el sentido de que hasta el 2006 se iba a garantizar la capacidad de actuación de Europa, se demuestra dos años después como algo irreal y no cierto. 
Por ello, solamente puedo pedir al Consejo que se baje por fin los pantalones y que modifique las previsiones financieras ya que, de lo contrario, no estaremos en situación de cumplir presupuestariamente de modo duradero los requerimientos y las esperanzas que se depositan en Europa. 
Estimado colega Ferber, por consideraciones de decencia, tengo que rechazar su última propuesta. 
Señor Presidente, señora Comisaria, muchas gracias por la observación del presidente de la sesión pues me ahorra decir lo mismo. 
Si Markus Ferber plantea tales propuestas, es naturalmente atractivo referirse a ello. 
Aunque verle con los pantalones bajados no es ninguna perspectiva especialmente atractiva, sin embargo la propuesta de tratar aquí sobre esta cuestión no es asunto baladí. 
Pues hay que considerar que una propuesta de este tipo, como la que ha realizado, de que las previsiones financieras tienen que pasar por el banco de pruebas, es sin duda una propuesta o un enfoque que se debe tomar muy en serio. 
Es muy fácil venir y decir: "El marco que os habéis dado no tiene sentido, lo podemos dejar sin más de lado pues hace falta obtener más". 
Esto es fácil decirlo a posteriori. 
Por supuesto, en las últimas semanas y meses el mundo ha evolucionado y no oculto que yo también he preguntado en repetidas ocasiones en los últimos años si los créditos son realmente suficientes en tal o cual caso en vista de los problemas muy agudos que se derivan para nosotros. 
Los problemas agudos son una parte a la que van a prestar atención los socialdemócratas en el marco de los debates presupuestarios. 
Problemas agudos son también la confianza de los consumidores y la calidad de los alimentos. 
Estas son dos de las grandes prioridades que en las semanas y meses pasados han sufrido un enorme golpe por los acontecimientos acaecidos en el sector de la política agrícola, en el suministro de alimentos a los ciudadanos y que no se podían prever de antemano. 
Pero ahora no podemos actuar como si no existiesen, enterrar sencillamente la cabeza en la arena y decir que todo debe seguir igual y que lo que se acordó antaño era correcto para toda la eternidad. 
Debemos conceder una de las máximas prioridades a la cuestión de la protección del consumidor y de la calidad de los alimentos en relación con una revisión de la política agraria. 
Me voy a referir ahora a la segunda máxima prioridad y aguda necesidad. Insisto en que después de que hemos luchado duramente durante dos años, no la olvidemos sencillamente dejándola de lado: la cuestión de la paz en Europa y muy concretamente de la paz en los Balcanes. 
No se puede aceptar dejarla de lado sólo porque haya surgido un problema nuevo, aún más grave y quizás incluso que nos afecta aún más de cerca. 
La reconstrucción de los Balcanes y el aseguramiento de la paz, el apoyo a las personas que viven allí, es también una cuestión que afecta a la capacidad de futuro de nuestro continente europeo. 
Todo lo que no hagamos ahora para crear allí unas estructuras de paz podrá pasarnos cuentas en alguna ocasión. 
¿Quién de ustedes puede garantizar que no vayamos a vernos envueltos de nuevo en enfrentamientos bélicos si transmitimos a las personas la sensación de que pueden obtener mayores beneficios si se pelean entre ellas? 
Por el momento, no hay un beneficio mayor que si cooperan con nosotros para crear un continente de paz. 
Otra aguda necesidad que deriva asimismo de los años pasados pero que también apunta hacia el futuro es la lucha contra el paro. 
En este capítulo, en el continente europeo, en la Unión Europea hemos tenido éxito en el pasado. 
La tasa de desempleo ha descendido el último año del 8,7 % al 8%. 
Como Unión Europea, no debemos soportar sobre nuestros hombros la mayor parte de las cargas pero con nuestras propuestas e iniciativas somos sin duda una parte integrante de los avances. 
Si se toma en serio la llamada social inclusion de la población y no se quiere aceptar que partes de la población queden excluidas de la participación, por ejemplo, en el mercado laboral, entonces hay que actuar en contra del modo correspondiente. 
Las personas tienen derecho a que combatamos el paro con gran energía. 
Pero la Social inclusion también significa- lo que ha dicho la colega Neena Gill- que bajo las condiciones de las nuevas tecnologías todos tengan la posibilidad de participar en esta sociedad. 
No puede depender de que alguien tenga dinero suficiente para comprar el turboordenador y formar a los niños en ello sino que debemos ocuparnos de que se incluya a todos. 
Un punto que políticamente es sin duda mucho más importante que desde su perspectiva técnico-presupuestaria- lo que ha dicho acertadamente Markus Ferber- es la cuestión de los movimientos migratorios. 
Me alegra que en la Comisión de Presupuestos nos hayamos puesto de acuerdo en tratar este tema bajo el concepto de "migraciones" y el de "ayudas". 
¿Cómo podemos configurar la migración que ha llegado bien de forma no deseada o que lleguemos a necesitar en algún momento en el futuro? 
No se trata de criminalizar o de desatar emociones sino que tenemos que ocuparnos del asunto. 
Me parece muy positivo que podamos tratarlo en concordancia con las formulaciones del correspondiente proyecto de informe del colega Costa Neves. 
Siguiente punto: la política exterior y de seguridad común. 
Este es también un importante punto que aunque desde una perspectiva técnico-presupuestaria por el momento no tenga demasiado peso, sin embargo es políticamente importante. 
No puede basarse en que a nivel europeo recapacitemos exclusivamente sobre cómo podemos mejorar la reticulación de las estructuras militares o sobre cómo creamos nuevas unidades militares sino que la política de seguridad para el continente europeo significa también desarme y reducción de las armas de destrucción masiva que nos amenazan. 
No puede consistir solamente en construir por un lado sino que debe radicar también nuestro interés contribuir en todo el mundo a la reducción de las armas de destrucción masiva. 
Aquí deberíamos establecer una importante prioridad. 
Para finalizar, permítanme decir que vamos a aprobar el proyecto de informe presentado por el colega Costa Neves que nos parece muy bueno. 
En algunos lugares debe aún mejorarse pero por ello hemos presentado enmiendas que sé van a ser ampliamente aceptadas, por lo que les expreso mi agradecimiento. 
El presupuesto no debe ser observado con gran detenimiento por nuestra parte sólo este año sino también en el futuro siempre bajo la siguiente perspectiva: ¿estamos autorizados como Parlamento a participar en la totalidad del presupuesto o solamente en una parte del mismo? 
Para nosotros solamente puede haber un presupuesto, sin diferenciar entre obligatorio y no obligatorio y tiene que referirse tanto al lado del Debe como del Haber. 
Sólo entonces un procedimiento presupuestario estará completo y esta es nuestra exigencia a largo plazo. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al Sr. Costa Neves y a la Sra. Buitenweg por sus excelentes informes. 
Los presupuestos generales para el ejercicio 2002 se hacen eco de la clara línea trazada por el Parlamento Europeo en materia de política presupuestaria. 
El Parlamento quiere simplificar y hacer más eficaz la administración de la UE, resaltar la responsabilidad individual del personal, mejorar la ejecución del presupuesto, afianzar el desarrollo económico y fomentar la sostenibilidad de la agricultura. 
La reforma de la Comisión y la agilización de la administración son los objetivos centrales. 
Esto se intenta lograr avanzando hacia una presupuestación y una gestión basadas en criterios de reparto de funciones. 
Cada cual debe asumir la responsabilidad sobre sus propias actuaciones, tanto a nivel de eficiencia como de buena gestión financiera. 
Hay que responsabilizarse a nivel personal tanto de las dilaciones, como de la fluidez y legalidad de las transacciones financieras. 
En este sentido, el informe se remite claramente a la lenta tramitación en la Comisión de los programas de los Fondos estructurales. 
Debemos volver a tratar este asunto con ocasión de la aprobación de la gestión del ejercicio de 2000. 
El informe considera el nuevo Reglamento relativo a la gestión financiera, que debe ser revisado con urgencia, como pieza clave para la consecución de una gestión ágil, eficiente y responsable. 
El Parlamento exige también que se acaben las dilaciones y se liquiden los atrasos. 
Mi Grupo exige que se imprima eficiencia a la liquidación de los atrasos y que, tras un plazo determinado, se puedan rescindir los compromisos no ejecutados. 
La partida presupuestaria agrícola representa un problema especial. 
El margen existente en las perspectivas financieras ha sido casi agotado debido a la crisis de la EEB. 
La idea del ahorro en la partida presupuestaria agrícola, de la que se habló en Berlín, no parece revestir actualidad. 
La crisis de la EEB amenaza todo el presupuesto debido al aumento del volumen de carne almacenada y a la creciente necesidad de exportar. 
En este contexto, no puedo coincidir de ningún modo con la exigencia de recortar las subvenciones manifestada en los medios de comunicación por la Comisaria, Sra. Schreyer. 
Los agricultores son el único sector de la población europea cuyos ingresos son determinados directamente por la UE. 
Por consiguiente, no debemos hacerles pagar personalmente la crisis de la EEB. 
El régimen de subvenciones agrícolas no incentiva la superproducción, puesto que no está ligado al volumen de producción, sino que se basa en el tamaño de las superficies y en el número de cabezas de ganado. 
Cabe recordar que nuestro competidor más importante, los Estados Unidos, subvenciona mucho más la agricultura que la UE. 
Sería importante que la Comisión se comprometiera con la solución de la Agenda 2000. 
Con vistas al futuro, la cuestión clave es la evolución de los gastos de gestión del capítulo 5. 
El Consejo está desarrollando su propia organización militar de gestión de crisis y, en pleno ejercicio presupuestario, ha exigido, entre otras cosas, la contratación de 51 nuevos funcionarios en el segundo presupuesto rectificativo y suplementario. 
Los gastos en materia de gestión de crisis corresponden claramente al ámbito de las acciones. 
Por ello, el Consejo deberá aclarar con más detalle lo que está sucediendo, o sea, si el Consejo está formando una "nueva Comisión" para los asuntos del segundo pilar de la UE que quede fuera del alcance del control presupuestario del Parlamento. 
Dado que se trata claramente de gastos no obligatorios, el Parlamento no puede aceptar estos planes. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar en nombre de mi Grupo político a los ponentes por el buen trabajo previo realizado y por el buen trabajo en general. 
Voy a centrar mis observaciones en el informe Costa Neves. 
Respecto al informe Buitenweg, la ponente ha dicho ya lo necesario. 
Tiene por supuesto el pleno apoyo de nuestro Grupo político. 
Sobre todo quiero llamar la atención sobre sus observaciones relativas a los "planes plurianuales". 
Necesitamos una planificación a largo plazo en el sector de la administración del Parlamento. 
También nosotros estamos de acuerdo con la mayor parte del informe Costa Neves y sobre todo apoyamos su clara determinación de los puntos centrales. 
Por supuesto, las guidelines no deben reproducir los detalles sino destacar las prioridades de la UE para el próximo año, para el ejercicio presupuestario del 2002. 
Consideramos correcta la determinación de los puntos centrales, p. ej., en el sector de la política agrícola. 
La fiebre aftosa muestra que la UE se encuentra inmersa en una profunda crisis en el sector de la política agrícola. 
Esperamos que la revisión de la Agenda 2000 y que el balance intermedio que hay que realizar ya conduzca a los necesarios pasos de reforma y que el Parlamento sea incluido más intensamente en la configuración de la política agrícola. 
Lo consideramos necesario sobre todo porque la política agrícola está conduciendo a una amplia pérdida de confianza entre la población. 
Tenemos que recuperarla realizando un cambio de rumbo apoyando más programas a favor de las áreas rurales. Tenemos que apartarnos de las medidas de apoyo al mercado y necesitamos más codecisión del Parlamento. 
No es más dinero lo que hace falta en primera línea sino una profunda reforma. 
El segundo punto central es el de la ampliación hacia el Este. También plantea a la UE unos grandes desafíos. 
Esperamos que los créditos que se han puesto ya a disposición para el año 2000 también se empleen. 
Deberíamos reclamar estos fondos. 
Si ya solamente pensamos en la política de medio ambiente en los países candidatos a la adhesión, se ve claramente que es necesaria una elevada cantidad de dinero. 
Espero un mayor apoyo en la comisión y tomo aquí la palabra al Sr. Ferber pues ha anunciado dicho apoyo. 
Creo que como comisión debemos ir por delante y plantear las correspondientes exigencias pues todo lo que no realicemos ahora a tiempo pasará su factura más adelante. 
Precisamente en este sector es necesaria urgentemente una reforma de las políticas de la UE para que la ampliación hacia el Este sea pagable y controlable a largo plazo. 
Creo que la exigencia de revisión de las previsiones financieras está justificada. 
Todos sabemos qué problemas hemos tenido el último año con la financiación del pacto de estabilidad en los Balcanes y con la financiación de MEDA. 
Precisamente en el sector de "políticas exteriores" debemos seguir prestando una gran atención a que se realice un buen trabajo en la prevención de conflictos. 
Pero no puede tratarse en primer línea sólo de más dinero sino que debemos elevar la eficiencia. 
En las políticas externas es urgentemente necesaria la reforma en diversos campos. 
Esperamos que el personal adicional que la Comisión ha obtenido el último año contribuya también a que se logre una mayor eficiencia en este aspecto. 
Apoyamos en total los tres informes, lo que quiero subrayar de nuevo. 
Respecto al tema "ampliación hacia el Este" deberíamos reunirnos de nuevo y llegar a resultados más concretos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Sr. Costa Neves ha realizado un informe importante sobre las orientaciones presupuestarias para 2002 pero, desafortunadamente, debo lamentar una serie de inconsecuencias. 
Inconsecuencia, en primer lugar, en la selección de las prioridades: el aspecto social, que está en el centro de las expectativas de nuestros conciudadanos, no figura entre ellas; el empleo, al cual el Consejo dijo que deseaba dedicar su reciente cumbre de Estocolmo de tan evidente que resulta el hecho de que se trata de un desafío crucial para Europa- el Sr. Pronk y la Sra. Gill ya han mencionado este punto -, no forma parte de la lista de prioridades; en cuanto a la ampliación, ambición estructurante donde las haya, también falta en la lista de prioridades. 
Sinceramente, no lo entiendo. 
Inconsecuencia también en el informe entre los objetivos declarados y los medios financieros previstos para realizarlos: así, si bien es justo hacer hincapié en la seguridad alimentaria y la ayuda al sector agrícola frente a las consecuencias de la crisis de la EEB y de la fiebre aftosa, esta intención no me parece compatible con el compromiso repetido de mantener la disciplina presupuestaria, con la falta de una evaluación de los costes de la crisis de la EEB y con el rechazo de la propuesta de mi Grupo de crear una reserva especial para las ayudas vinculadas a la EEB. 
El Sr. Virandovski también ha mencionado este problema. 
Inconsecuencia, finalmente y más en general, en esa propensión a examinar cada ambición política de la Unión básicamente desde una óptica de racionamiento del gasto. 
Es necesario preparar la reforma de la política agrícola común, dice el ponente, teniendo en la mente el próximo ciclo de negociaciones en el marco de la OMC y las consecuencias de la ampliación. 
Sabemos lo que esto quiere decir. 
Por lo que respecta a las acciones exteriores de la Unión será necesario, insiste el ponente, fijar en primer lugar los objetivos. 
¿Qué significación concreta puede tener una demanda de ese tipo para los Balcanes, para Oriente Próximo, para nuestros socios del sur del Mediterráneo, si no es plantear cortes o nuevas orientaciones en los diferentes programas, a causa de una relación costes/resultados insatisfactoria? 
En cuanto a los gastos de preadhesión será necesario, señala de nuevo el ponente, examinar de cerca su eficacia en términos de convergencia de las economías de los países candidatos hacia las de los Estados miembros. 
Un único capítulo parece resultar atractivo ante los ojos del ponente: el de la defensa europea. 
A su juicio- y únicamente a su juicio- menciona veladamente la hipótesis de una revisión de las perspectivas financieras, el tabú de los últimos debates presupuestarios. 
Éstas son sin duda algunas de las razones por las cuales el tercero de los miembros presentes en la Comisión de Presupuestos se ha negado de entrada a dar su aprobación a este informe. 
De hecho, frente a los importantes desafíos a los que se enfrenta la Europa de hoy, no podemos quedarnos cortos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los ponentes por el trabajo realizado. 
Me gustaría que el presupuesto de este año fuera algo más previsor que el del año anterior, para el cual pedimos una asignación de fondos para la que después se ha revelado una crisis internacional, la EEB. 
Yo diría que casi se ha convertido en una neurosis colectiva y esto nos da a entender a todos los que hacemos política que debemos poner el proverbial dedo en la llaga y tratar de dar seguridad a los ciudadanos en el sector alimentario. 
En lo que se refiere a los aspectos del presupuesto, quisiera resaltar, por un lado, para la CECA, la conveniencia de buscar la plena integración en el presupuesto general de los ingresos anuales del patrimonio, para cumplir las disposiciones del Acuerdo interinstitucional y del Reglamento financiero y, por otro, la necesidad de crear una línea presupuestaria específica de las partes, para los ingresos y los gastos presupuestarios. 
En lo que se refiere a la cultura, se deberá respaldar plenamente la mejora de las cualificaciones escolares y profesionales. 
En lo que respecta a un elemento fundamental como es el de la agricultura, habrá que apoyarla cada vez más, especialmente con vistas a la ya inminente ampliación hacia el Este, junto con las pequeñas y medianas empresas que son el verdadero motor de la economía europea. 
Debemos darnos cuenta de la que ahora es nuestra debilidad en términos económicos y tratar de llevar a cabo una política presupuestaria para volver a animar nuestra economía y nuestro desarrollo. 
Señor Presidente, "ante las limitaciones, surge el maestro". 
El colega Colom i Naval obviamente no ha hecho suyo este dicho de Goethe. 
Señala correctamente el uso considerablemente reducido de créditos para las medidas estructurales en 2000 en su informe sobre las perspectivas financieras. 
En ese año no se utilizaron 14.190 millones de euros en créditos de compromiso y 7.988 millones de euros en créditos de pago. 
Con ello, esbozamos un amplio problema que existe ya desde hace años. 
Sí estoy de acuerdo con el ponente en que es necesaria una adaptación. 
La política seguida hasta ahora no se puede vender a los ciudadanos. 
No obstante, ¡me dejan atónito! 
Tanto la Comisión como el Sr. Colom i Naval proponen como adaptación para las cantidades no utilizadas, presupuestarlas de nuevo para 2002. 
No puedo estar de acuerdo con ello. 
Existen muchas razones para analizar a fondo este problema ¿Cuál es, por ejemplo, la causa de que los pagos vayan tan atrasados respecto de los compromisos? 
¿No residiría en que los servicios de la Comisión no pueden gestionar bien todos los compromisos que la autoridad presupuestaria ha encargado a la Comisión en los últimos años? 
¿No es sencillamente que se ha presupuestado demasiado? 
La solución radica, en mi opinión, en las palabras citadas de Goethe. 
Debemos aprender de las faltas del pasado y moderarnos en tanto Parlamento. 
Los créditos no utilizados no deben transferirse una y otra vez a los años siguientes. 
Debemos adecuar los créditos a la capacidad de ejecución de la Comisión. 
Además, la Unión debe limitarse a esos ámbitos políticos en los que un planteamiento europeo conlleva claramente una plusvalía. 
Los programas que no sean eficaces, deben eliminarse. 
El informe Costa Neves continúa atascado con vaguedades; puede verse desde todos los ángulos. 
Me hubiera gustado tener una imagen clara de sus planes. 
Sin embargo, resulta realmente incomprensible que la ampliación, a pesar de ser la mayor prioridad de cara a los próximos años, no figure entre las prioridades enumeradas por el colega Costa Neves. 
Propongo que esta importante cuestión sea incluida en las mismas. 
Por ultimo, señor Presidente, ponemos reparos a la propuesta de la Comisión relativa al estatuto y financiación de los partidos políticos europeos. 
Decidir en qué contexto se organizan no depende de Europa, sino de los propios partidos. 
Ellos mismos son responsables de sus ingresos. 
Además, los partidos organizados a nivel europeo solamente servirán para aumentar la distancia entre el ciudadano y la política europea. 
Señor Presidente, al igual que han hecho otros, quisiera felicitar a los dos ponentes por la presentación de nuestros presupuestos para 2002 y, en particular, haciendo referencia en primer lugar al informe del Sr. Costa Neves, quizá por ocupar la mayor parte de mi intervención de esta mañana, quisiera decir al Sr. Wurtz que realmente ha alcanzado el equilibrio adecuado en términos de las prioridades, en términos de las responsabilidades que la Unión Europea debe gestionar- de las que la agricultura ocupa un lugar central- y de los temas sociales, según pudimos ver en vísperas de Lisboa y la continuación en Estocolmo, la semana pasada. 
Fundamentalmente, son responsabilidades nacionales, presupuestos nacionales. 
Es muy poco lo que podemos hacer a nivel europeo para crear grandes programas sociales del tipo al que creo que usted, señor Wurtz, se refería. 
Lo que más me llama la atención de estos dos presupuestos es la aparición de la cooperación interinstitucional, que hace diez años era quizá más un deseo que una realidad. 
Tengo ante mí las prioridades del Consejo, aunque por primera vez en la historia no hay nadie aquí en representación del Consejo. 
Es bastante irónico que el primer apartado de su documento diga que el Consejo acoge favorablemente el espíritu de cooperación que ha reinado en los trabajos preliminares y hace hincapié en la importancia de mantener la buena colaboración entre los dos brazos de la Autoridad Presupuestaria y la Comisión. No obstante, debemos dar crédito a la declaración del Consejo en el sentido de que desea examinar detenidamente el informe que la Comisión deberá presentar antes del 30 de junio de 2001 sobre los avances en la reducción de compromisos pendientes con vistas a llevar su número hasta un nivel normal. 
Los que estuvieron presentes en diciembre del pasado año recordarán que cuando el Parlamento presentó esta declaración conjunta, nadie del Consejo la acogió favorablemente. 
Por el contrario, se percibía una cierta hostilidad hacia la misma. 
Por ello, acojo con satisfacción el hecho de que el Consejo desee cooperar con nosotros en el intento de reducir la acumulación de compromisos, en el intento de garantizar un mejor paralelismo entre los procedimientos legislativo y presupuestario y en el establecimiento de objetivos de actuación, en particular, en la rúbrica 4 de política exterior. 
Otro ámbito que refleja la cooperación interinstitucional, que es importante en el informe del Sr. Costa Neves, es la política de información, en la que durante años hemos intentado sacar el máximo provecho de los fondos, y durante años hemos obtenido escaso éxito, por ponerlo en términos suaves. 
No es sorprendente que encontremos aún en la reserva el 50% de los fondos para información, a la espera de propuestas de la Comisión. 
Insto a la Comisión a que presente cuanto antes dichas propuestas y sería de desear que, antes de hacerlo, discutiera sobre la situación con la administración del Parlamento. 
Por último, sobre política exterior, nuestro ponente apunta a la necesidad de establecer prioridades. 
Sabemos que durante un futuro previsible los recursos presupuestarios serán escasos. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa existe una excelente idea, aunque no ha sido incorporada al informe del Sr. Costa Neves en la presente ocasión, y es que deberíamos buscar asesoramiento externo sobre cómo establecer prioridades en política exterior, de manera que comencemos a fijar un cierto rumbo a más largo plazo sobre cómo deben utilizarse nuestros fondos. 
Deberíamos estudiar más detenidamente esta posibilidad. 
Pasando al informe Buitenweg, también quisiera resaltar la aparición evidente de la cooperación interinstitucional en asuntos de medio ambiente y transportes, y en lo que respecta a la Oficina Interinstitucional de Contratación- sobre la que tengo grandes esperanzas de que pronto sea una realidad, para garantizar que los ciudadanos europeos sacan el máximo provecho de los fondos. 
Es posible que surjan dificultades en algunos ámbitos con respecto a la cooperación interinstitucional, uno de los cuales puede ser, sin duda, la jubilación anticipada. 
Aunque ciertamente la apoyamos, preferiríamos que existiera un sistema obligatorio, siempre que el Estatuto contemple esa posibilidad. 
En el marco de nuestras negociaciones sobre el presupuesto 2001 hemos tratado sobre esta cuestión en particular, y ciertamente intentaremos que, si es posible, se apliquen estas propuestas en el Parlamento. 
Pero lo más importante- y me dirijo ahora al Secretario General del Parlamento- es la carta que el Presidente de mi Grupo envió ayer a la Presidenta del Parlamento sobre la necesidad absoluta de contar con un plan plurianual para la ampliación antes de la primera lectura del presupuesto del Parlamento, de manera que sepamos qué cabe esperar en términos de gasto en servicios lingüísticos y toda una serie de otros asuntos. 
Por favor, no esperen que aprobemos lo que ustedes propongan más adelante, en verano, sin haber celebrado antes un debate a fondo con nuestros grupos políticos. 
Es muy improbable que lo hagamos, a menos que nos den el tiempo necesario para examinarlos detenidamente. 
Para terminar, acojo con satisfacción la aparición de este espíritu interinstitucional. 
Nos gustaría fomentar eso, respetando el hecho de que cada institución tiene derecho a adoptar sus propias decisiones. 
Espero que lleguemos a las decisiones acertadas en lo que respecta al establecimiento de una buena relación coste-beneficios para los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a los dos ponentes, la Sra. Buitenweg y el Sr. Costa Neves, la notable labor que han realizado en la recopilación de estas orientaciones en un plazo tan breve. 
Los ponentes son relativamente nuevos en nuestra comisión y han demostrado que han sabido captar cuál es el cometido de nuestra comisión. 
Con este tipo de orientaciones no podemos equivocarnos demasiado en nuestra andadura durante el presente año. 
Primero, el informe del Sr. Costa Neves y el presupuesto de la Comisión. 
El gran problema que hemos tenido en los últimos dos años ha sido con la rúbrica 4, especialmente, con los Balcanes, intentando determinar el importe adecuado, discutiendo con el Consejo, utilizando el instrumento de flexibilidad y, en definitiva, sin contar con un procedimiento satisfactorio. 
Esperamos que estos problemas se resuelvan y que no volvamos a encontrarnos en la misma situación con el presupuesto para el año próximo. 
Dicho esto, seguimos esperando el informe del Banco Mundial sobre las necesidades de Serbia. 
Cuando la delegación ad hoc viajó a Serbia a comienzos de año y trató sobre ello con el Banco Mundial, los representantes del Banco Mundial observaron que examinarían la parte de la provisión para averiguar cuáles son las necesidades de Serbia. 
A mi entender, eso quiere decir que se verá qué pueden aportar los donantes antes de decidir cuáles son las necesidades. 
Incluso con una declaración como ésta, el año próximo no estaremos en la misma situación a la hora de intentar encontrar fondos para la rúbrica 4. 
El actual PRS 2 para 2001, como antes mencionaba Markus Ferber, preocupa a algunos, no sólo por las necesidades del Consejo en dicho PRS, sino también por sus repercusiones sobre el margen de la rúbrica 5. 
Cuando celebramos el diálogo a tres bandas el pasado jueves, la Presidencia sueca se mostró bien dispuesta y tomó buena nota de lo que dijimos. 
Hicimos hincapié en la necesidad de que las tres instituciones se reúnan cuanto antes para iniciar las conversaciones sobre los márgenes- especialmente en la rúbrica 5, aunque también deberemos examinar las rúbricas 3 y 4. 
Respecto a la rúbrica 1, la crisis de la EEB y, ahora, la fiebre aftosa están causando estragos, si me permiten utilizar el término. 
La fiebre aftosa ciertamente está causando estragos en el Estado miembro del que provengo y en la región que yo represento. 
El Consejo y la Comisión han manifestado con toda claridad que el año próximo no se asignarán nuevos fondos a la rúbrica 1. 
Cualesquiera que sean las consecuencias de estas dos enfermedades, habrá que encontrar los fondos dentro de la rúbrica 1. 
Los diputados deben saberlo para que no alberguen esperanzas de que el Consejo liberará nuevos fondos. 
La cuarta observación sobre el informe Costa Neves es acerca de la reforma de la Comisión a la que se hace referencia en los apartados 7, 8 y 9. 
Son reformas necesarias. 
Quisiera pedir al Consejo que nos informe sobre lo que éste propondrá como fundamento jurídico para el plan de jubilación anticipada. 
Hasta que no sepamos eso, no podemos decidir nada respecto a lo que debemos apoyar para el año próximo. 
Sobre el informe Buitenweg, permítanme comentar sobre el hecho de que la ampliación es un problema. 
Según el Acuerdo Interinstitucional, las necesidades de cara a la ampliación serán atendidas a través de una revisión de las previsiones financieras. 
¿Qué haremos cuando queramos planificar el aprendizaje de idiomas, nuevas contrataciones o la adaptación de edificios? 
El Sr. Elles se refería a ello y yo intento ser más sutil al decir que lo que debemos hacer es estudiar ahora cuáles son las necesidades de la ampliación y volver a hablar con las otras instituciones para analizar la revisión de cara a la ampliación. 
Debemos resolver esto entre las tres instituciones. 
Es algo que no desaparecerá y que con cada semana que pasa se acerca más y más. 
El informe Colom i Naval parece haber ocasionado un montón de problemas últimamente, pero ojalá que encontremos una solución en un futuro muy próximo para que aquellos que en los Estados miembros han estado dándole vueltas y aquellos de la Comisión que- si se me permite la expresión- son presa del pánico, puedan estar tranquilos. 
Por último, tenemos el informe Haug al que nadie ha hecho referencia, pero al que yo debo referirme. 
Si no fuera presidente de la Comisión de Presupuestos sino un simple miembro, diría que tengo mis dudas respecto al informe de la Sra. Haug y que no votaría a favor de la enmienda 3. 
Pero, naturalmente, soy el presidente y no puedo decir esas cosas, por lo que no las diré. 
Señor Presidente, también quiero dar las gracias a los tres ponentes por sus buenos informes y decir que creo ciertamente que éstos demuestran cómo consideramos el presupuesto un instrumento político. 
En los tres informes quedan fijadas una serie de claras prioridades políticas. 
Quiero destacar particularmente el informe del Sr. Costa Neves. 
Éste hace un seguimiento de la decisión adoptada en la Cumbre de Lisboa la pasada primavera y ratificada en la Cumbre de Estocolmo de crear en la UE en los próximos años la economía más competitiva del mundo. 
Me parece una prioridad estupenda y debemos asegurarnos de que así quede reflejado en el presupuesto, especialmente en las llamadas políticas internas comunitarias. 
También celebro que sigamos trabajando para garantizar el seguimiento de los créditos para los fondos estructurales de modo que nuestras obligaciones se correspondan con las realizaciones y así exista una relación lógica entre los créditos para compromisos y los créditos para pagos. 
Junto al Grupo Liberal he presentado varias enmiendas encaminadas a que prosigamos la reforma de las subvenciones otorgadas bajo las llamadas "líneas A 30". 
Hay organizaciones que reciben subvenciones año tras año y acaban dependiendo de las subvenciones. 
Debemos pronunciarnos al respecto. 
Como diputados creo que hemos de respaldar el trabajo de la Comisión para garantizar una administración transparente de los fondos de modo que los contribuyentes tengan la certeza de que la administración es eficaz y de que se alcanzan los objetivos políticos. 
El argumento de que "estamos acostumbrados a recibir subvenciones" no debe ser determinante, debe existir la posibilidad de renovación y de nuevas iniciativas. 
Por último, quiero destacar la importancia de que sigamos respaldando la reforma de la Comisión al fijar nuestras prioridades del presupuesto. Es importante para la UE que la Comisión disfrute de una buena imagen de puertas afuera y que no existan dudas de que disponemos de una administración buena y seria. 
A este respecto es evidente que debemos tener en cuenta las futuras repercusiones de la ampliación sobre nuestra administración en los próximos años. 
Señor Presidente, señorías, si bien la mayor parte de las orientaciones presupuestarias para 2002 gozan de nuestro apoyo, como las que dan prioridad a la seguridad alimentaria y a la crisis de la EEB así como algunas medidas globales en materia de inmigración, la resolución sufre desafortunadamente excesos manifiestos que nuestro Grupo no puede aceptar, ya que suponen un perjuicio para los agricultores. 
En efecto, pretender cuestionar la política agrícola común a causa de la crisis de las vacas locas no es solamente inicuo, es también negarse a extraer todas las consecuencias de las omisiones y disimulos de hace más de quince años que hacen que hoy nos encontremos donde nos encontramos. 
Nuestro Grupo se opone por tanto al párrafo 11 de la resolución, que solicita se suprima la distinción entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios, pero también que la legislación agrícola dependa a partir de ahora del procedimiento de codecisión. 
Por lo que respecta al informe de la señora Buitenweg, algunas de sus disposiciones no pueden ser aceptadas. 
En efecto, pretender que los gastos administrativos dependen de los créditos disociados es abrir la puerta a la constitución tan rápida como importante de nuevos restos a liquidar (RAL). 
Para terminar, una palabra sobre el informe del Sr. Colom i Naval. 
Los incrementos propuestos nos dejan escépticos en lo que respecta a su escalonamiento, en la medida en que el esquema propuesto no impediría la constitución de importes sustanciales no comprometidos. 
Señor Presidente, apenas nadie cuestionará seriamente que la seguridad y calidad de los alimentos, la protección del consumidor y una agricultura sostenible deben ser objetivos primordiales de nuestra política económica. 
Pero como todos sabemos que hay muchos caminos que conducen a Roma, la cuestión de cómo queremos lograr en concreto estos objetivos es la más importante. 
Para lograr los objetivos políticos con frecuencia se emplean recetas. 
En el informe Costa Neves se presenta también en este sentido la nueva autoridad europea para la seguridad en los alimentos. 
Todos sabemos que las nuevas autoridades precisan de créditos presupuestarios adicionales de los que apenas disponemos. 
Si queremos realmente asegurar y alcanzar los objetivos políticos mencionados, no nos podemos fiar en que los logremos o alcancemos mediante la creación de una nueva autoridad sino más bien mediante la reforma de la política agrícola común y, por supuesto, teniendo en cuenta también la proyectada ampliación hacia el Este. 
En los períodos legislativos pasados hemos promovido las grandes explotaciones agrícolas a costa de las pequeñas estructuras familiares en este sector. 
Se debe corregir rápidamente este error para que el resto de este tipo de pequeñas explotaciones que aún queda y que siempre han producido una calidad muy buena de alimentos, obtengan de nuevo unos ingresos que garanticen su existencia económica, pues sólo así podremos lograr realmente los objetivos mencionados. 
Señor Presidente, Señorías, el grupo del Partido Popular Europeo acepta con gran satisfacción las orientaciones presupuestarias de Carlos Costa Neves. 
En primer lugar, porque marcan, frente a la Comisión y al Consejo, un camino propio para la elaboración del presupuesto 2002. 
Siempre hemos defendido la cooperación interinstitucional como la mejor vía para avanzar en una negociación presupuestaria. 
Lo hemos hecho incluso en los momentos más tensos de las relaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que unas orientaciones claras y muy concretas favorecen el consenso en esta Asamblea. 
Por eso hay tan pocas enmiendas y favorecen, por otra parte, el mensaje que al comienzo del procedimiento debemos enviar, sobre todo a la otra rama de la autoridad presupuestaria. 
Por otro lado, adaptar las perspectivas financieras debido a la falta de ejecución del presupuesto 2000 se ha convertido en un tema crucial para el Parlamento. 
La propuesta de consenso que presenta la Comisión satisface las dos preocupaciones de ambas autoridades presupuestarias: primero, no eleva la cifra global de pagos hasta el fin del período de programación, como quiere el Consejo, obligado por las restricciones presupuestarias de los Estados miembros; y, en segundo lugar, traslada al final del período la mayor parte de los créditos de compromiso, cosa que favorece el cumplimiento de lo acordado en Berlín, como reclamaba este Parlamento. 
Esperamos, pues, que el Consejo pueda dar luz verde a esta propuesta, sobre la cual el Parlamento ya ha expresado, a través de la Comisión de Presupuestos, su opinión favorable. 
Es cierto que modificar la escala de créditos de compromiso podría suponer a la Comisión ciertos problemas de negociación con determinados Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a programas no aprobados aún del objetivo 1. 
Pero el acuerdo al que se puede llegar prevé un mes más de negociación entre ambas instituciones y, además, da también cuatro semanas más para aprobar en Bruselas estos nuevos programas, especialmente los que se refieren al objetivo 1. 
Repetimos, Señorías, que la peor opción sería no tener la posibilidad de volver a presupuestar, porque esto significaría perder más créditos estructurales, que al final del período se iban a echar, posiblemente, en falta. 
Si el Consejo llega a un principio de acuerdo hoy, no deberíamos tener problemas para alcanzar un acuerdo definitivo y, en cualquier caso, repito, tenemos tiempo suficiente hasta el 3 de mayo para que este acuerdo fructifique. 
Queremos agradecer el papel de la Comisión, su papel mediador entre las otras dos instituciones. 
En ocasiones, podemos- en esta Asamblea- quejarnos de la falta de iniciativa de la Comisión, atrapada como está entre otras dos instituciones que mantienen posiciones distintas, teniendo muy poco margen de maniobra. 
Pero lo que no se podrá negar nunca a la Comisión es su capacidad de mediación y de compromiso para elaborar propuestas razonables. 
Quiero, finalmente, felicitar a la Sra. Buitenweg por sus orientaciones para el presupuesto de otras instituciones, que avanza por la vía del consenso, lo que le permitirá ser útil para todos nosotros, y a ella, tener una tramitación del presupuesto suficientemente fructífera, pacífica y tranquila. 
Señor Presidente, yo también quiero comenzar felicitando a la Sra. Buitenweg por su informe y por cómo ha intentado compaginar e integrar los diferentes puntos de vista. 
Acojo con satisfacción que haga hincapié en la adopción de la presupuestación por actividades porque creo que es fundamental para la futura transparencia de todas las instituciones de la UE y afectará a su funcionamiento. 
Mi Grupo acoge con especial satisfacción la referencia al Estatuto de los asistentes y la financiación de los partidos políticos. 
Asimismo apoyo incondicionalmente el énfasis que ponen las presentes orientaciones en la ampliación y las repercusiones de las decisiones adoptadas en Niza. 
No obstante, me preocupa el enfoque poco sistemático que, hasta la fecha, han adoptado todas las instituciones a la hora de examinar las repercusiones presupuestarias de este asunto. 
Lo que hace falta es la estrategia interinstitucional común solicitada en dicho informe, que abarque todos los aspectos de la ampliación tanto a corto plazo como a más largo plazo. 
Es fundamental que tengamos plenamente en cuenta las previsiones y las consecuencias presupuestarias que la ampliación traerá consigo para todas las instituciones, porque de lo contrario tendremos dificultades para mantener la disciplina y la eficacia presupuestarias. 
Por consiguiente, hemos pedido que todas las instituciones presenten una estrategia en la que expongan cómo ve cada una de ellas las repercusiones de la ampliación sobre sus servicios. 
La estrategia debe ser radical, especialmente en relación con los servicios de interpretación y traducción, porque es probable que éste sea el principal ámbito de crecimiento: podríamos llegar a tener un servicio público de aproximadamente 60.000 empleados y eso difícilmente puede ofrecer una buena relación coste-beneficio para el contribuyente europeo. 
Por ello, mi Grupo siente gran preocupación por el apartado 12 en el que se pide que se incluyan las cifras en el anteproyecto de presupuesto antes de que pasemos a debatir una estrategia. 
Eso equivale realmente a empezar la casa por la ventana. 
En segundo lugar, también me preocupa la idoneidad de incluir el apartado 19 en estas orientaciones, porque en él se pide una revisión completa de todas las comisiones parlamentarias permanentes a mitad de la legislatura de este Parlamento. 
Lo único que se conseguirá con ello son mayores trastornos y más confusión, y va en contra del nivel de planificación que pedimos a todas las instituciones en otras partes del informe. 
Por lo tanto, quisiera instar a nuestros colegas del Grupo PPE-DE a que retiren esas enmiendas. 
Señor Presidente, el presupuesto comunitario es el riego sanguíneo de una Política Agrícola Común sostenible. 
Cuesta recordar una época más difícil para la agricultura y el futuro de los agricultores europeos. 
La EEB y la fiebre aftosa han dado una nueva e inesperada dimensión a la agenda europea. 
El efecto psicológico para los agricultores y las comunidades rurales es considerable. 
Las repercusiones sobre los ingresos agrícolas y, como consecuencia, sobre el presupuesto agrícola, son difíciles de comprender en estos momentos. 
La continuidad de la actividad agrícola como carrera sostenible para los nuevos integrantes ha vuelto a ponerse en el punto de mira. 
Los consumidores siguen confusos y desconcertados. 
Aún circula mucha información errónea sobre la seguridad de la cadena alimentaria y, en particular, de los productos cárnicos. De ahí el preocupante descenso del consumo de carne. 
Con esta situación como telón de fondo, llamo a la prudencia para que evitemos cualquier intento de alterar radicalmente la administración y la estructura del presupuesto agrícola aprobado en Berlín. 
Tanto en el caso de la EEB como de la fiebre aftosa, la gran mayoría de los agricultores son víctimas inocentes de unas circunstancias que escapan a su control. 
Sin ninguna duda sería un grave error permitir que la actual crisis nos convierta en presa del pánico y nos lleve a introducir modificaciones drásticas en el presupuesto, lo que incidiría negativamente en la sostenibilidad de la familia agrícola europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que muy a menudo debatimos sobre el presupuesto como si fuera un fin en sí mismo. 
Discutimos sobre enmiendas que el público europeo no entenderá. 
Debatimos sobre la diferencia entre compromisos y créditos y sobre todo tipo de aspectos técnicos que nada significan para el público europeo. 
Es una actividad necesaria, pero no debería constituir la imagen que se presenta a la población de Europa. 
La población de Europa quiere un presupuesto que vele por sus intereses y un presupuesto que vele por los objetivos políticos de la Unión Europea. 
Es algo fundamental. 
El presupuesto debe velar lo mejor posible por los objetivos a largo plazo de la Unión Europea. 
A la hora de sentarnos a elaborar nuestros planes a largo plazo, deberíamos reconocer los intereses de la Unión, su cohesión, su solidaridad y su influencia en el mundo. 
Nos estamos dejando confundir en estos momentos por toda esa cuestión del volumen del presupuesto. 
El Sr. Wynn afirma que el Consejo dice que no hay más fondos: eso es una tontería. 
Hubo un tiempo en que teníamos el límite del 1,1 %. 
Recorrí las ciudades de Europa con el Sr. Colom i Naval, entre otros, pidiendo a los Estados miembros que aprobaran la ampliación del presupuesto hasta el 1,27 %, que necesitábamos entonces. 
Lo conseguimos- pero como somos muy responsables, no lo utilizamos. 
Sigue estando ahí. 
Ahora tenemos una crisis en agricultura, en particular, y esa crisis necesita una solución. 
En Berlín nadie podía prever que se desencadenaría una crisis de fiebre aftosa y tampoco previmos la crisis de EEB. 
Por consiguiente, nos encontramos ante una nueva situación y es engañoso e incorrecto afirmar que no hay fondos para resolverla. 
Cuando se produjo la fiebre porcina destinamos 800 millones de euros a agricultores alemanes y holandeses. 
Hoy, cuando los agricultores británicos tienen un problema importante, ¿vamos a cambiar las reglas del juego y negar a los agricultores británicos la asistencia a la que tienen derecho en virtud de los Tratados? 
No podemos cambiar las reglas y no podemos negarles esa ayuda. 
Su propio Gobierno los ha mortificado al negarles la entrada en la moneda única. 
La Unión Europea no puede añadir insulto a esta lesión diciendo que no es su responsabilidad que tengan un grave problema en el ámbito de la fiebre aftosa. 
Si el Consejo insiste en que existe un límite, nosotros debemos insistir en que dicho límite está en el 1,27 %. 
Existen fondos suficientes para resolver el problema durante los próximos dos años, tras los cuales podemos seguir con el 1,27 % que espero permitirá financiar la ampliación. 
Señor Presidente, considero particularmente importante que en las directrices presupuestarias se considere aquello que es sustancial y relevante. 
Nos hemos comprometido a incorporar a nuevos miembros antes de las elecciones europeas de 2001 y la mayoría de nosotros está de acuerdo en que éste es nuestro mayor compromiso histórico, lo que también debe reflejarse en las directrices presupuestarias. 
En mi opinión, esto no queda suficientemente claro en la parte que atañe a la Comisión. 
Nuestro compromiso frente a los países que negocian su incorporación es que los que en las negociaciones cumplan con los criterios de Copenhague tendrán derecho a ser aceptados como miembros. 
Obviamente esto implica una gran inseguridad. 
No sabemos qué países serán ni cuántos. 
Tampoco sabemos, para remitirme a las directrices presupuestarias de la Sra. Buitenweg, cuántos nuevos idiomas habrá que traducir e interpretar. 
Vale la pena insistir en este punto. 
Estamos sólo a tres años de esto. 
El proceso de ampliación no sólo implica compromisos para los países candidatos sino también para la UE. 
En este contexto, creo que hay dos cosas que deben realizarse de forma inmediata. 
Una de ellas es que la Comisión debe presentar los cálculos de los efectos presupuestarios de las distintas posibilidades de ampliación, dependiendo de qué y cuántos países se incorporen. 
La segunda es que no podemos seguir prolongando el asunto de las lenguas; hay que afrontarlo con la mayor seriedad. 
La Sra. Buitenweg lo ha destacado de manera excelente en sus directrices. 
Confío en que nos ocuparemos intensamente de él en el transcurso del año. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, cada año, al inicio del procedimiento presupuestario, nos enfrentamos al reto de responder a una opinión pública justamente preocupada, al reto de saber si somos capaces de lograr un equilibrio serio y eficaz para orientar el próximo presupuesto de manera que el contribuyente conozca en qué, cómo y por qué la Unión Europea va a gastar su dinero. 
En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por el excelente trabajo del ponente general, el Sr. Carlos Costa Neves, y felicitar y desear el mejor éxito a la Sra. Buitenweg y al Sr. Colom para que puedan llegar cuanto antes a un acuerdo que todos necesitamos. 
Nuestros conciudadanos están preocupados, y con razón, no sólo respecto al logro de un Reglamento financiero que satisfaga las legítimas demandas de este Parlamento, sino también por la voluntad política de la Unión para afrontar el fenómeno de la inmigración ilegal. 
Agradezco al Sr. Costa Neves que haya tenido la sensibilidad política de respaldar presupuestariamente esta prioridad y pido a la Comisión y al Consejo la misma preocupación y la misma sensibilidad, que se traduzcan en programas en favor de una verdadera integración, en un apoyo eficaz a las regiones de procedencia, en la realización de una política común de inmigración que apoye y facilite la labor de los Estados en esta materia. 
Y si la inmigración, las repercusiones de la ampliación sobre el gasto agrario, la crisis en la sanidad animal y la protección de los consumidores, generan inquietud y desasosiego en toda la Unión Europea, también los problemas sectoriales deben recibir una respuesta en estas orientaciones presupuestarias. 
Solicito la solidaridad para el sector pesquero de España y Portugal. 
Miles de trabajadores y cientos de barcos esperan que se cumpla la cláusula de salvaguarda prevista en el Consejo Europeo de Niza respecto de las ayudas para la reconversión de la flota comunitaria que no ha podido trabajar. 
Ante una respuesta claramente hostil de Marruecos en todo el proceso de negociación, la Unión Europea debe responder de forma solidaria y eficaz. 
Señor Presidente, quiero centrar mi atención en dos ámbitos. 
Antes de nada, quiero agradecer a ambos colegas, Costa Neves y Buitenweg, su clara exposición y la iniciativa que han adoptado. 
Permítanme empezar por la pesca. 
En tanto ponente para pesca, constato que existe una situación difícil en ese sector. 
Les menciono el plan de recuperación del bacalao en el Mar del Norte que conlleva consecuencias importantes para los pescadores que faenan en torno a ese mar. 
La imposibilidad de llegar a un acuerdo con Marruecos tiene otra vez consecuencias importantes para los pescadores españoles y portugueses. 
Cada vez hay más críticas justificadas sobre la financiación de acuerdos con terceros países con dinero comunitario. 
Se controla poco el empleo de ese dinero, especialmente en los países en desarrollo. 
Además, el Libro Verde influye de cara al futuro, y puede ser utilizado como rompehielos a fin de implicar más al sector pesquero en la gestión duradera de los recursos pesqueros y en la modernización de la flota. 
La cuestión es en qué medida puede lograrse también en la pesca una especie de programa de barbecho que incluya la conservación de la naturaleza, tal como se aplica en la agricultura. 
En el presupuesto para la pesca apenas hay margen. Tampoco lo hay en relación con la política social y de readaptación a fin de lograr un margen en la pesca para gastos extraordinarios, por no decir para inversiones adicionales relacionadas con las condiciones de trabajo y la seguridad en los buques pesqueros. 
Esta semana se analizará un informe del que se deduce claramente que el sector pesquero sufre cada año no menos de 24.000 muertes por accidentes laborales. 
En la agricultura es obvio que la crisis en el sector de la carne de vacuno obliga a una discusión en profundidad de la reforma de la política agrícola. 
En ella tiene que quedar claro que los alimentos constituyen una necesidad de primer orden. 
Debe existir una interacción fuerte entre agricultores y consumidores, y la Administración es un eslabón indispensable para ello. 
No hay suficiente cabida para ello en la política actual, y uno puede cuestionarse si el Acuerdo de Berlín sí ofrece suficiente margen para tal readaptación. 
Si ése no es el caso, debemos examinar realmente cómo puede ser esa financiación, y uno puede preguntarse si, por ejemplo, no debe introducirse en la UE un suplemento de precio al consumo por un alimento producido de forma duradera, dado que semejante suplemento de precio se utiliza desde hace ya años en el caso de muchos otros productos. 
Señor Presidente, Señorías, ¿porqué desea el Consejo una Europa competitiva? 
¿Y porqué estamos nosotros detrás de este objetivo? 
Lo que queremos es que se garanticen los puestos de trabajo en Europa y que se creen otros nuevos. 
Esto goza de una prioridad absoluta. 
Debido a la crisis en la agricultura, a la EEB y a otras enfermedades, entre los carniceros y otras muchas empresas se van a producir problemas con los puestos de trabajo. 
Es decir, tenemos que recapacitar sobre cómo podemos asegurar el futuro y abrir nuevas posibilidades en este sector del empleo. 
Aquí hay dos medios muy conocidos para impulsarlo, a saber, las inversiones en la formación inicial y continuada así como en la investigación. 
En la investigación se debería invertir en especial en la investigación del mercado- ¿qué productos compran los consumidores? -y naturalmente también en la investigación de los productos, por ejemplo, ¿cómo se pueden obtener energías renovables en el sector de la agricultura y enfrentarse de este modo a la dependencia de las importaciones de Europa? 
Tenemos dos campos en los que en el futuro va a surgir mucho empleo. 
Por un lado, tenemos el sector de la informática, el desarrollo de hardware y software, de la tecnología de la información en el futuro y, por otro lado, todos queremos llegar a viejos con salud, es decir, necesitamos competencia social, necesitamos investigación en la biotecnología para que podamos vivir con salud cuando seamos viejos. 
Para ello, necesitamos "Access to Finance", es decir acceso a la financiación, en especial para las empresas más pequeñas. 
Actualmente, para una empresa con menos de 10 empleados es casi imposible obtener dinero sin un aval propio de la familia, hasta de la tía. 
Debemos actuar aquí concretamente ya que las empresas con menos de 250 empleados representan al fin y al cabo el 60% del producto social bruto y el 60% del empleo en Europa. 
Señor Presidente, permítame, en primer lugar, felicitar a los dos ponentes, el Sr. Costa Neves y la Sra. Buitenweg por su excelente presentación de las expectativas para el próximo año. 
Estoy seguro de que el Parlamento tendrá el debido control durante dicho período. 
Esta mañana quiero centrarme en un solo tema: los Fondos estructurales. 
¿Por qué no se han utilizado aún en su totalidad y cuál debería ser su futuro? 
Quiero ser, a un tiempo, controvertido y constructivo. 
Ya sea debido a una administración deficiente o a los retrasos en la planificación de lo que debería suceder y de lo que las autoridades europeas deberían aprobar, y quizá en conjunción con las autoridades nacionales, los retrasos se acumulan en la utilización de los Fondos estructurales para el interior de las ciudades, así como para las zonas rurales. 
Ahora quiero ser controvertido y lo digo porque no estoy de acuerdo con que lo único que debemos hacer es ampliar el gasto y acumular enormes sumas en el plazo de cuatro o cinco años. 
Deberíamos mirar al futuro. 
Cuando se produzca la ampliación, los países que se incorporen a la Unión Europea esperarán recibir Fondos estructurales; los mismos fondos de los que se verán privados nuestros países actuales porque no podrán seguir beneficiándose si debemos acoplarnos a un presupuesto para los Fondos estructurales. 
En otras palabras, los nuevos países esperarán y deberían recibir financiación para sus necesidades. 
Mi propuesta para solucionar este problema es que el sistema pierda los fondos que no hayan sido utilizados hasta ahora. 
Como hemos oído, ésa es la intención. 
Pero ¿por qué no sacamos provecho de esa situación ahora? 
¿Por qué no devolvemos los fondos que no han sido utilizados a los países que pagan las contribuciones? 
Son los mismos países que se han visto afectados por la fiebre aftosa. 
Necesitan esos fondos para compensar la crisis desatada en las zonas rurales. 
- (EN) Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, quisiera añadir unas últimas palabras antes de que la Comisaria haga una evaluación de la situación. 
Hemos asistido con interés al desarrollo del procedimiento presupuestario hasta ahora y agradecemos a los dos ponentes que han elaborado un buen informe en los términos adecuados. 
Pero quiero hacer hincapié en algunos temas y espero que la Sra. Schreyer los tenga en cuenta y se comprometa a darlos a conocer en toda la Comisión. 
Primero, desde hace mucho tiempo venimos pidiendo a la Comisión que se esfuerce más con respecto a dotar el presupuesto de un mayor factor medioambiental. 
El ámbito de la agricultura permanece en buena medida intacto y hay que trabajar mucho más para incorporar el medio ambiente en los Fondos estructurales y otros ámbitos de la actividad de la Comisión. 
Nos gustaría que la Comisión presentara una iniciativa nueva sobre este tema; que se asegurase de que se hace un uso adecuado y sostenible de los fondos. 
Con respecto a la utilización de fondos fuera de la Unión, en particular, en la Europa Oriental y Central, nos gustaría que la Comisión centrara sus esfuerzos, sobre todo a través del Programa PHARE y de otros proyectos que garanticen la aplicación y el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea. 
Dichos países han suscrito el acervo comunitario y nosotros esperamos que cumplan sus requisitos antes de entrar en la Unión. 
No podemos comprometer los niveles medioambientales en esas zonas. 
Espero que se destinen fondos a garantizar este extremo. 
En lo que respecta a la salud pública, un ámbito de competencia que fue ampliado durante el Tratado de Amsterdam y que actualmente está en proceso de reforma, nos gustaría esperar que el resultado de dicha reforma sea un programa ampliado sobre temas de salud pública y que la Comisión lo acepte y encuentre la financiación necesaria- lo que inevitablemente significará gastar más de lo que se gasta ahora. 
Aunque no hay duda sobre la justificación jurídica para adoptar medidas en el ámbito de la salud pública, me parece que sigue existiendo una falta de claridad con respecto al fundamento jurídico para la acción de la Comisión en algunos otros ámbitos. 
Quisiera pedir a la Comisión que reanude sus esfuerzos para aclarar el fundamento jurídico de algunas áreas de acción en el ámbito de medio ambiente. 
Hay otros dos temas importantes que me gustaría poner a la atención de la Comisión. 
Primero, actualmente existe cierta confusión sobre la financiación de algunas ONG y sobre los fondos que la Comisión les proporciona para su financiación. 
Por último, en este Parlamento llevamos mucho tiempo discutiendo sobre el problema de las subvenciones a la producción de tabaco en el Sur de Europa y sobre otros temas relacionados con la producción de tabaco. 
Necesitamos una nueva iniciativa de la Comisión al respecto. 
Ya es hora de salir de este estancamiento. 
Es inadmisible que se sigan destinando fondos a estos fines. 
Espero que la Comisión haya oído lo que decimos. 
Señor Presidente, Señorías, la actual crisis en la agricultura- la crisis de la EEB y la irrupción de la fiebre aftosa- ha aumentado el interés público en el presupuesto europeo. 
Continuamente se plantea la pregunta: ¿se puede aún financiar tal cosa o va a saltar por los aires el presupuesto europeo? 
Esto muestra que el presupuesto de la UE tiene que ser lo suficientemente flexible para poder cubrir gastos no previstos. 
Por otro lado, naturalmente hay que financiar los gastos sobre los que existe un derecho jurídico, los programas plurianuales tienen que cumplirse y también tiene que existir el espacio para asignar nuevas prioridades. 
Hoy debatimos sobre las prioridades para el presupuesto 2002 y es la primera vez, tal como se ha destacado, que los tres procedimientos presupuestarios de las instituciones afectadas- Consejo, Parlamento y Comisión- han expuesto en este momento sus prioridades. 
Me permito expresar mi agradecimiento al ausente Consejo por esta nueva forma de cooperación, al Consejo de "asuntos generales", quien ya en enero debatió las políticas exteriores en sus prioridades y al Consejo ECOFIN, que en marzo debatió en general sobre las prioridades para el presupuesto 2002. 
También quiero expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo, en especial, a usted, señor Costa Neves, como ponente principal para el próximo año. 
La determinación de prioridades, señor Costa Neves, es el primer elemento en la cooperación para el presupuesto de un ejercicio. 
Se extiende a la aprobación del presupuesto y a la totalidad del ejercicio presupuestario en el marco de la ejecución. 
Me permito ofrecerles por mi parte mi total cooperación para que obtengamos un buen presupuesto y después una buena ejecución presupuestaria en el 2002. 
El marco para el presupuesto del próximo año está determinado por la planificación financiera, la tan citada Agenda 2000. 
En total, según esta planificación financiera los compromisos financieros que se pueden adquirir de nuevo el próximo año pueden aumentar respecto a este año en un 2,9 %. 
En los créditos de pago, la planificación financiera permite una tasa de aumento muy superior del 7%. Qué cantidad de esta suma vaya a ser necesaria se concretizará al elaborar el anteproyecto del presupuesto y en el posterior curso de debates. 
La planificación financiera permite la máxima tasa de aumento en los gastos agrícolas. 
Según la planificación financiera, el próximo año será posible un aumento de los gastos absolutos para la política agrícola de 2.500 millones de euros en comparación con este año. 
Esto no es ninguna nimiedad, ciertamente que no lo es. 
Pero, naturalmente, se plantea la pregunta de si tendremos suficiente con esta tasa de crecimiento sin tener que adoptar resoluciones estructurales de ahorro. 
Todos sabemos que esto depende de la evolución del mercado y también de determinadas decisiones sobre reglamentos de mercado que aún están abiertas. 
Menciono aquí solamente el reglamento de mercado del azúcar o del algodón. 
Esto se encuentra aún sobre la mesa del Consejo. 
Naturalmente, depende también en gran medida del presupuesto del último año para la política agrícola y de cuál sea la evolución de la fiebre aftosa. 
Saben que el presupuesto europeo debe restituir el 60% de determinados gastos surgidos en los Estados miembros debidos a la epidemia. 
Desde hace algunas semanas existe un grupo de trabajo de las Direcciones Generales de Agricultura, Presupuestos y Protección del Consumidor y de la Salud, que evalúa casi semanalmente la evolución de los costes y tengo que decirles que dicha curva, debido a la fiebre aftosa, muestra naturalmente un crecimiento muy pronunciado. 
Ya hace una semana se sobrepasó el límite de los 100 millones de gastos. 
Estas devoluciones recaerán el próximo año en el presupuesto 2002 y se tienen que asegurar, al igual que los gastos que se tienen que acordar aún como segundo paquete de medidas, para combatir las repercusiones de la crisis de la EEB. 
Se ha tocado el tema del "balance intermedio en la política agrícola". 
Este es un proceso que va a comenzar ahora para analizar a fondo también esta política. 
En todos los sectores políticos, inclusive la política agrícola, debemos preguntarnos siempre si todos los gastos tienen sentido. 
En el caso de ciertos gastos que debemos realizar para acabar, por ejemplo, con los excedentes, hay que preguntarse si se realizan realmente en el lugar adecuado o si no sería mejor realizarlos antes en cualquier otro lugar para lograr en la agricultura, por ejemplo, también los objetivos marcados en los campos de la protección del consumidor, del medio ambiente, de los animales y del paisaje así como mejoras estructurales en las áreas rurales. 
Para el presupuesto agrícola hay que considerar- lo subrayo de nuevo y fue confirmado además en Estocolmo- que se debe respetar el límite superior establecido en la planificación financiera, por lo que se debería acordar en su caso junto con el anteproyecto para el presupuesto del 2002 una propuesta de ahorros estructurales. 
Actualmente se está analizando si esto va a ser necesario o no. 
En cualquier caso, una cosa está clara y creo que puedo hablar aquí de un consenso entre todos los que participan en el procedimiento presupuestario: los programas para el fomento del desarrollo de las áreas rurales no se van a recortar en ningún caso. 
Sería totalmente contraproducente si en la crisis en la que todos hablan sobre la reforma, en la que todos hablan sobre más protección del medio ambiente, por ejemplo, sobre más protección del paisaje, se recortase este programa. 
Creo que aquí se puede hablar de un consenso pleno en la UE para que esto no entre en consideración. 
La crisis ha sacudido la confianza del consumidor en la seguridad de los alimentos y el Sr. Presidente Prodi ya subrayó aquí en su primera intervención como Presidente de la Comisión la importancia que iba a tener para el trabajo de la Comisión la seguridad de los alimentos. 
Señor Costa Neves, tanto en su informe como en su intervención- y se ha destacado también con toda claridad en otras intervenciones en el curso de la mañana de hoy- usted ha mostrado claramente al Parlamento la importancia que este sector tiene también para el próximo presupuesto. 
Creo que hoy podemos decir definitivamente que a comienzos del próximo año se va a crear la autoridad europea para los alimentos y desde la perspectiva del presupuesto me parece que existe un pleno consenso en que se van a destinar en el presupuesto del 2002 los créditos para dicha autoridad, tanto los operativos como los destinados al organigrama del personal. 
Naturalmente, en el presupuesto se reflejan en su pleno importe los importantes programas para la promoción estructural. 
El nuevo período de ayudas comenzó el año pasado y debido a todos los cambios no se pudieron aprobar a tiempo todos los programas y afectar los créditos. 
Por ello, con sabia previsión, en 1999 en el Acuerdo Interinstitucional se llegó al convenio de que los créditos que no se pudieron afectar el último año se pudiesen transferir. 
Se trata de 6.150 millones de euros. 
El Sr. Colom I Naval ha hablado al respecto. 
Por supuesto, hay que encontrar la solución más practicable para esta represupuestación y adaptación. 
Yo también lamento que no hayamos logrado ahora llegar a una unificación de criterios para poder aprobar ya hoy las cifras correspondientes. 
Pero creo que se está en el buen camino y el Acuerdo Interinstitucional prevé una resolución hasta el 1 de mayo. 
En vista del hecho de que el 1 de mayo es un día festivo, creo que el 2 de mayo es exactamente igual de bueno para adoptar la resolución. 
Señor Costa Neves, usted ha mencionado otras prioridades para el Parlamento para el próximo presupuesto a las que quiero referirme. 
Primera: problemas con la inmigración ilegal. 
A este respecto, quiero realizar aquí de nuevo la observación de que ya en el presupuesto 2001 se puso dinero a disposición para una medida destinada a realizar en los países de origen un trabajo de información y aclaración y enfrentarse así al problema en su origen. 
Muchas personas han sido traídas aquí por bandas criminales. 
Se trata realmente de trata de personas y hay que realizar todos los esfuerzos para combatirla. 
Naturalmente, también tienen razón aquellos que han dicho que precisamente en el campo de la política jurídica no siempre se trata de poner a disposición nuevos créditos operativos sino también de los correspondientes recursos operativos y la Dirección General competente del Sr. Vitorino ha obtenido puestos adicionales en todas las rondas de distribución de puestos. 
Segunda: el sector relativo al e-learning. 
Se ha llamado la atención sobre la importancia que este tema tiene para el objetivo de que Europa se convierta en una economía basada en los conocimientos. 
Naturalmente, la cuestión del equipamiento de las aulas de las escuelas con ordenadores o el acceso de éstas a Internet es en primera línea una cuestión de responsabilidad subsidiaria de los Estados miembros. 
Hay que constatarlo. 
Al mismo tiempo, naturalmente es bueno si todos los Estados miembros aprueban unos objetivos ambiciosos. 
Para apoyar dichos objetivos se dispone en varios programas de la UE de créditos de ayuda y este hecho se debe destacar más para mostrar a los ciudadanos de un modo más claro para qué se gasta dinero de la UE. 
Quiero decir simplificando que precisamente este ejemplo muestra que los fondos fiscales de la UE no se gastan precisamente sólo para acciones de emergencia como la del sacrificio de vacas sino que se invierten también en el futuro de las jóvenes generaciones. 
Gracias al Frontloading del programa de los Balcanes durante los dos últimos años, parece que el próximo año ya no va a ser necesario un aumento de las estimaciones presupuestarias para las políticas exteriores. 
Tal como ha expuesto el Sr. Wynn, esto tiene sólo que ser confirmado por el estudio del Banco Mundial. 
En el programa para el área del Mediterráneo, la Comisión desea marcar un punto central, no tanto en el sentido de la adopción de nuevos compromisos sino de la aplicación de los ya existentes en proyectos concretos, visibles y útiles para los ciudadanos. 
Aprovecho la ocasión para subrayar lo importante que es para la reforma de la Comisión llevar a un buen fin la evaluación peer group para que los 317 puestos que aún restan para la Comisión se puedan dedicar a sectores prioritarios. 
Por ello, vamos a solicitar de nuevo a la autoridad presupuestaria tales puestos. 
Actualmente, para la Unión Europea tenemos en el organigrama de personal un total de 27.700 puestos. 
Creo que esta es una cifra que se debe recordar siempre pues entre la población a veces se imaginan que las cifras son muy superiores. 
De ellos, 18.400 son de la Comisión, 2.650 del Consejo y 4.260 del Parlamento. 
Expreso mi agradecimiento a la ponente Buitenweg por su informe del que se deduce que el margen en el sector de los gastos administrativos no es muy confortable ni muy cómodo por lo que es necesaria una buena cooperación para salir adelante también en el futuro con este margen. 
Coincido plenamente con su enfoque de que los preparativos en el sector administrativo para la ampliación deben ser realizados juntos por todas las instituciones y que este es realmente un campo para una cooperación internacional muy adecuada. 
Me voy a permitir decir brevemente algo sobre la ampliación, sobre la cuestión de la categoría 8. 
Estos créditos están disponibles si hay nuevos Estados candidatos a la ampliación. 
Si no hay ampliación entonces estos créditos tampoco estarán naturalmente disponibles. 
Creo que por el momento no tiene mucho sentido hablar sobre el aumento de las ayudas a la preadhesión. 
Para finalizar: el proceso presupuestario no consiste en una resolución sobre cifras sino que de lo que se trata es de convertir las cifras en una buena política. 
Por ello, en la determinación de prioridades por parte del Consejo, el Parlamento y la Comisión se ha tratado con razón de cuestiones de aplicación. 
La reducción de los compromisos y de los retrasos en los pagos así como una mayor claridad en las decisiones presupuestarias son importantes elementos y van a ser objeto del informe de trabajos en curso de la Comisión al Parlamento. 
Con la decisión de que la autoridad presupuestaria presentará semanalmente las cifras sobre la ejecución del presupuesto, digo con orgullo que de este modo la Comisión se encuentra realmente a la cabeza del movimiento por lograr una mayor transparencia presupuestaria. 
Estamos trabajando también para lograr que el proyecto de presupuesto sea paso a paso más comprensible para que no sólo proporcione una información a los expertos en presupuestos sino también a la opinión pública. 
El último año hemos introducido la elaboración del presupuesto en relación con las medidas y en este año establecemos de modo visible la relación entre los objetivos estratégicos y la asignación de recursos y, en especial, también los puestos del organigrama de personal. 
De este modo, el procedimiento presupuestario es más transparente y el presupuesto se convertirá poco apoco en lo que debe ser, es decir, expresión de unas prioridades políticas comunes. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar- y, en su caso, el informe del Sr. Colom i Naval podrá ser retirado- a partir de las 12.00 horas de esta mañana. 
Determinación de las contribuciones de los Estados miembros al recurso propio procedente del IVA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0101/2001) de la Sra. Haug, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento del Consejo (CE) nº 2223/96 en lo que respecta a la utilización del SEC- 95 para determinar las contribuciones de los Estados miembros al recurso propio procedente del IVA. 
Tiene la palabra la Sra. Haug. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo está de acuerdo con el informe de la Sra. Haug sobre las contribuciones financieras a los recursos propios basados en el impuesto sobre el valor añadido. 
Este Parlamento ha intentado, por todos los medios posibles, influir en el Consejo para su nueva decisión sobre los recursos propios. 
Lamentablemente, y a pesar de que la Sra. Haug unía el año pasado en su persona las condiciones de ponente general del presupuesto 2001 y de ponente permanente del Parlamento Europeo sobre los recursos propios, no pudimos avanzar en la conciliación con el Consejo de una manera satisfactoria para nosotros. 
El Consejo sigue considerando los ingresos como una prerrogativa exclusiva suya y no permite ningún avance significativo respecto de la participación del Parlamento. 
Ésta es una circunstancia desafortunada que afrontamos quienes nos ocupamos de los recursos propios. 
Nuestra función es exclusivamente consultiva, y creemos que esto afecta a la propia definición de las competencias del Parlamento. 
El ajuste del Sistema europeo de cuentas, desde el superado sistema de 1979 hasta el más representativo de 1995, es una buena medida, que permitirá una recaudación más real y más representativa porque reflejará más fielmente la situación contable de cada Estado miembro. 
Aceptamos plenamente la primera enmienda, especialmente porque hace referencia a la neutralidad de este cambio de sistema de cuentas. 
Y, ya que nuestras funciones como diputados están tan limitadas en el ámbito de los recursos propios, la petición que hace la ponente de más información, incluso de carácter trimestral, mejorará nuestra posición. 
Por eso, la segunda enmienda es también plenamente recomendable. 
La tercera enmienda, si hace uno caso de las indicaciones de nuestro presidente Wynn, puede resultar un poco más complicada, pero creo que debemos votar a favor de esta enmienda y, con posterioridad, veremos su resultado. 
Posiblemente, el mismo de siempre: que tampoco nos hagan caso. 
En cualquier caso, el Acuerdo interinstitucional de 1999 nos permite un diálogo sobre los recursos propios. 
Estas enmiendas profundizan en la posibilidad de dicho diálogo y, por tanto, deben ser aceptadas. 
Señor Presidente, el presente informe de la Sra. Haug aborda los ajustes técnicos mediante los cuales se consolidarán con más precisión las bases de recaudación de las contribuciones de los Estados miembros al recurso propio procedente del IVA. 
Quiero dar las gracias a la ponente por el buen trabajo realizado. 
El sistema de recaudación de las contribuciones a los recursos propios es un juego político complejo y, en consecuencia, los Estados miembros intentan sacar el mayor partido posible y reducir al mínimo sus propias contribuciones. 
Aunque la cuota de participación en los gastos de la UE se determina en base al Producto Interior Bruto, el sistema de cuentas para las contribuciones varía mucho en los distintos Estados miembros. 
Los Estados miembros que tienen grandes puertos recaudan importantes cantidades en concepto de aranceles, por lo que éstos también representan una parte significativa de sus contribuciones. 
En Berlín tuvo lugar una prolongada discusión sobre las contribuciones a los recursos propios. 
Como resultado, la financiación de la UE se recaudará cada vez más por medio de cuartas instancias, o sea, quedando a cargo de las transacciones presupuestarias que concederán los Parlamentos nacionales. 
El incremento de los derechos por recaudación aduanera del diez al veinticinco por ciento es una clara concesión a los grandes países portuarios. 
La laguna que se originará en los presupuestos de la UE se cubrirá elevando el porcentaje del PIB. 
Otra modificación es la reducción progresiva de la contribución procedente del IVA, que también repercutirá en el aumento del porcentaje del PIB. 
Esto está conduciendo a que las contribuciones financieras de los Estados miembros a la UE dependan cada vez más de las transacciones presupuestarias de cada Estado miembro y del Producto Interior Bruto, cosa que no habrá más remedio que considerar justa. 
Sólo queda abierta la reducción que se practicará en el futuro a la contribución financiera del Reino Unido. 
En el futuro, la ampliación hacia el este convulsionará los presupuestos de la UE. 
Los futuros Estados miembros tienen cien millones de habitantes, pero sólo representan el cuatro por ciento del Producto Interior Bruto global. 
Como consecuencia de esto, las contribuciones de los antiguos Estados miembros aumentarán notablemente, incluso se doblarán. 
En las soluciones que vayamos adoptando, debemos asegurarnos de que el incremento de las contribuciones no ponga en peligro el desarrollo de los antiguos Estados miembros, procurando, ante todo, que no crezcan las desigualdades sociales y regionales. 
Señor Presidente, mientras en las distintas instancias de gobierno los presupuestos públicos de la Unión están a punto de tener al fin en el euro- y lo veremos dentro de poco- una verdadera moneda de curso consciente y corriente, lo que de por sí es un elemento unificador e importante, volvemos a ocuparnos de temas técnicos como hoy la utilización del SEC 95 para la determinación de los recursos propios procedentes del IVA. 
Estas plataformas técnicas comunes, aunque aparentemente distantes de la realidad común, son instrumentos importantes de cara a la armonización fiscal de la Unión que espero que pueda ser el preludio de un verdadero federalismo fiscal a escala europea, con respecto al cual debemos darnos cuenta de que ha habido una serie de reticencias que se manifestaron con claridad también en Niza. 
En efecto, cuando se habla de federalismo y de subsidiariedad, hay que recordar que el reparto tradicional de funciones, poderes y competencias, va siempre acompañado de una cantidad necesaria y adecuada de recursos financieros. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Aprobaciones de la gestión 
Señor Presidente, quería plantear la pregunta de en qué modo está representada hoy aquí la Presidencia sueca del Consejo con motivo de este importante debate. 
¿Puede mencionarme un nombre? 
Pues ayer el ministro competente, el Sr. Malmberg, me informó que sintiéndolo muchísimo no podía estar aquí presente. 
Yo lo lamento aún más pues se va a debatir sobre el presupuesto nacional en Suecia y no va a estar aquí con nosotros. 
¿Puede comunicarnos por favor quién va a participar en su representación a nivel político en este debate en nombre de la Presidencia del Consejo? 
Muchas gracias. 
Señora Theato, como siempre, está usted muy bien informada. 
Y como está bien informada, verá usted lo evidente que es la ausencia del Consejo. 
Tampoco voy a criticar al Consejo. 
Nos explicará sus razones en el momento oportuno. 
Tomamos buena nota de esta ausencia. 
Tiene la palabra de nuevo la Sra. Theato para otra cuestión de orden. 
Espero que sea la última, señora Theato. 
Señor Presidente, muchas gracias por sus esfuerzos y le ruego que se incluya en el acta que la Asamblea lamenta que la Presidencia del Consejo no esté representada en este importante debate. 
Constarán en acta sus palabras. 
Tiene la palabra la Sra. Stauner. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, mi informe pretende colocar el punto final para el procedimiento de aprobación de la gestión de 1998. 
Esto fue lo primero a lo que tuvo que someterse el Presidente de la Comisión Prodi bajo una gran tensión. 
Pero lo que se alcanzó como consecuencia del aplazamiento de la aprobación de la gestión de 1998 en abril del 2000 y de la aprobación concedida en julio del 2000 deja, sin embargo, aún mucho que desear. 
Voy a destacar sólo tres ámbitos de cuestiones que son causa de una preocupación especial. 
En 1998, el Tribunal de Cuentas se negó por quinta vez consecutiva a conceder a la Comisión una declaración positiva de garantía, es decir, a certificarle el empleo cuidadoso y ahorrativo del dinero de los contribuyentes europeos. 
Por ello, el Parlamento ha hecho más que bien en obligar a la Comisión a alcanzar a más tardar hasta el presupuesto del 2003 una así llamada DAC positiva. 
Lamentablemente, la Comisión no ha logrado dar hasta ahora unos pasos intermedios concretos y mensurables en este sentido. 
La Comisión se remite continuamente al programa general de reforma pero esto no es aquí suficiente. 
Por ello, pregunto a la Comisión lo siguiente: ¿un empleo cuidadoso del dinero de los contribuyentes europeos no es para la Comisión un tema que debe tener para ella la máxima prioridad? 
¿O quiere la Comisión celebrar en el año 2003, por ejemplo, el décimo aniversario de la negativa de la concesión de una declaración positiva de garantía? 
Medimos a la Comisión por los hechos y no por las palabras. 
Por ello, saludo expresamente los plazos que marcamos para el logro de este objetivo en el informe. 
En especial el caso Fléchard ha mostrado claramente que el papel del interventor financiero independiente es determinante para saber si se conocerá un caso de fraude o no. 
Ahora quiere suprimir a este interventor financiero independiente y someterlo jerárquicamente como parte del programa de reforma al correspondiente Director General especializado. 
Esto no lo podemos aceptar de ninguna manera. 
Sin duda, la consecuencia de ello sería un rapidísimo descenso de la tasa de errores, pero no porque ya no se cometan errores o fraudes sino porque los Directores Generales adoptarán las medidas necesarias para que tales cosas no salgan a la luz. 
La creación de una cámara disciplinaria independiente que esté en situación de iniciar procedimientos disciplinarios justos y neutrales por los que se exijan las correspondientes responsabilidades a los funcionarios responsables, es asimismo una antigua exigencia del Parlamento que no ha atendido la Comisión. 
Con la misma ausencia de seriedad se ocupa de la creación de una fiscalía europea para la persecución de los casos de fraude. 
Respecto al tema del acceso de los diputados a las informaciones y documentos, pregunto seriamente a la Comisaria: ¿cómo podemos realizar nuestra tarea de control si nos niega las informaciones y documentos? 
Esta Comisión se marcó como objetivo al inicio de su mandato la transparencia y publicidad. 
Yo misma he sido testigo en el procedimiento de aprobación de la gestión de 1998 de cómo divergían diametralmente los deseos y la realidad. 
En el procedimiento de 1999 tampoco se produjo una mejora sensible. 
Un vistazo al anexo I y II del informe Blak muestra que el ponente ha recibido 22 informes de investigación solicitados y no ha recibido nada menos que otros 11 informes de investigación. 
Creo que estas cifras hablan por si solas. 
El acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento proporciona una cobertura fatal a la falta de acceso a las informaciones. 
Como saben, en julio del 2000 se aprobó aquí en el Pleno sin que tuviésemos la posibilidad de debatir al respecto. 
Este acuerdo marco introduce una cuña entre los diputados y crea un Parlamento de dos clases. 
Fomenta una política del divide y vencerás. 
Y esto no lo podemos tolerar al igual que la denegación del acceso a documentos generales. 
También recuerdo que en el informe Morgan acordamos el último diciembre aplazar en el futuro la aprobación de la gestión si la Comisión no presentaba todos los documentos solicitados. 
Este caso ha surgido con más rapidez de la que muchos esperaban. 
Respecto al caso Fléchard quiero decir de nuevo con toda claridad que la Comisión no puede ignorar el claro hecho de que el modo de actuar que se aplicó a la sazón era injusto y que en el futuro se tendrá que hacer todo lo posible para que no se adopte de nuevo una decisión tan contraria a derecho. 
Señora Schreyer, usted, como miembro competente de la Comisión, tiene la ocasión para realizar una declaración de este tipo. 
Aprovéchela por favor hoy. 
Lo digo muy claramente: mi decisión sobre la aprobación o no de la gestión dependerá de cómo se exprese hoy. 
. (DA) Señor Presidente, es la primera vez en muchos años que- extrañamente- se va a conceder la aprobación de la gestión a tiempo. 
Por ello la votación de mañana será un gran momento tanto para el Parlamento como la Comisión. 
¿Ha respondido la Comisión a las expectativas creadas? 
Quizá aún no del todo, pero creo que en general se ha producido un cambio de actitud en la Comisión. 
La destitución de la Comisión Santer en 1999 recorrió el sistema como una onda de choque. 
La Comisión ahora es consciente de que la amenaza es real. 
El Parlamento puede emplear y empleará la aprobación de la gestión para destituir a la Comisión si ésta no responde a las expectativas creadas. 
Hay algunos diputados que quieren negar la concesión de la aprobación de la gestión este año. 
Considero esto una equivocación muy grande. 
Si lo hacemos cada año, la amenaza no tiene ningún valor. 
Debemos colaborar con todas las fuerzas que quieren hacer la cooperación europea más eficaz y abierta. 
Algo que creo que la mayoría de este Parlamento desea. 
He colaborado por ello con todos los grupos políticos representados en la comisión. 
Y esto indudablemente ha mejorado el informe. 
También ha mejorado la votación en la comisión. 
La nueva Comisión ha puesto en marcha una amplia reforma. 
El Sr. Kinnock nos ha prometido la mejor administración del mundo. 
Ahora veremos si las hermosas palabras pueden convertirse en realidad. 
He elaborado un informe que, aunque muy crítico, también es constructivo. 
Reconoce que la Comisión está inmersa en una amplia reforma, no obstante, pone el dedo en las llagas. 
En 1999 la situación era completamente caótica. 
No había una visión general de las auditorías internas y externas, asimismo la situación era bastante caótica en el archivo. 
Hemos de esperar que la reforma ponga remedio a esta situación. 
He presentado un plan de diez puntos basados en general en el espíritu de la reforma pero que en algunos ámbitos van más lejos que ésta. 
Será un placer para mí conocer la respuesta de la Comisión a mis propuestas. 
Hemos obtenido mucha información este año. 
Podíamos haber deseado información más rápida y más amplia, sin embargo, muchos de los retrasos obedecen al Acuerdo Marco. 
Mis experiencias demuestran que éste es malo. 
Es utilizado para ocultar documentos y para mantener confidenciales otros documentos. 
El caso es que es la Comisión quien en última instancia decide si un documento es confidencial. 
He respetado el Acuerdo Marco por estar actualmente vigente, sin embargo, pienso que debe ser revisado. 
Me parece que debemos trabajar por que sea renegociado. 
Uno de los mayores peligros del acuerdo es que en él el papel de los miembros de a pie de la comisión es secundario. 
Mucha información sólo será entregada al ponente y al Presidente de la comisión, sin que les quede garantizado a los contribuyentes que no haya algo que permanezca en secreto o quede oculto debajo de la alfombra, que nunca sea descubierto. 
Sin embargo, el Parlamento debe también por descontado "reconocer primero sus propios fallos". 
¿Por qué no hemos creado todavía un archivo secreto al que los diputados puedan acudir a leer documentos confidenciales en condiciones reguladas? 
De ahí que debamos tratar de conseguir que la Comisión confíe en nosotros. 
Celebro que la Comisión haya confiado en mí como ponente. 
Hemos obtenido más información que nunca antes en la historia de la aprobación de la gestión, y me gustaría elogiar a la Comisión por ello. 
La Comisión ha estado interesada en lograr la aprobación de la gestión a tiempo, algo que hemos observado. 
Sólo algunos diputados podemos corroborarlo. 
En general, la Comisión se ha tomado la aprobación de la gestión muy seriamente este año. 
Es la primera vez que tantos Comisarios han comparecido ante la comisión. 
Hemos tenido a doce comisarios en la comisión. 
Lo que demuestra que la nueva Comisión está interesada y respeta el procedimiento de aprobación de la gestión. 
Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo con la Comisión sobre en qué debe estar basada la aprobación de la gestión del Parlamento. 
La Comisión piensa que la aprobación de la gestión debe estar basada fundamentalmente en los diversos informes del Tribunal de Cuentas y no estoy de acuerdo con esto. 
El Parlamento no debe actuar de agencia de detectives. 
Básicamente, debemos centrarnos en problemas estructurales, pero debemos tener el mismo acceso a la información que el Tribunal de Cuentas. 
El Parlamento debe conceder la aprobación de la gestión a la Comisión y es por ello que fundamentalmente debemos exigir responsabilidades en primer lugar a la Comisión. 
La Comisión existe, sin embargo, dentro de una compleja interacción con el Consejo, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas, la OLAF y los Estados miembros. 
De ahí que me haya preocupado de involucrar a todas las instituciones en mi informe. 
Tanto el Consejo como el Parlamento fijan los marcos del trabajo de la Comisión. 
La política agraria es un buen ejemplo. 
La Comisión ha luchado duramente para reformar la política agraria. 
En repetidas ocasiones han presentado propuestas destinadas a contrarrestar las irregularidades, el fraude y los sobreprecios y una vez tras otra, han sido rechazadas por el Parlamento y el Consejo. 
Los ejemplos desgraciadamente son numerosos, por ejemplo, dentro de los sectores del lino, la leche y la mantequilla. 
El Consejo ha dado luz verde cada año a gestión de la Comisión, lo que despertó mi curiosidad. 
¿Qué discuten realmente detrás de las puertas cerradas del Consejo? 
Envié una carta a la Presidencia sueca solicitando permiso para asistir a la reunión del ECOFIN en la que se concede la aprobación de la gestión. 
Me quedé muy desilusionado con los suecos que, por lo demás, presumen de transparencia. 
Me enviaron una carta negándome el permiso, no obstante, me impresionó recibir la negativa en las once lenguas comunitarias. 
Tengo más cosas que decir, pero volveré a ellas al final del debate. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, quiero expresar mi satisfacción por haber sido aprobado por unanimidad mi informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de 1999 en nuestra comisión e, igualmente, porque llega hoy a la Sesión Plenaria para su votación y aprobación sin ninguna enmienda, algo que, según me han informado, no sucedía desde hacía años. 
Espero que de ahora en adelante sea siempre así 
Con la colaboración de todos hemos intentado hacer un informe constructivo; por esta razón nos hemos movido en torno a dos ejes. 
En torno al eje cuantitativo y al cualitativo. 
En el cuantitativo hemos realizado el método clásico del control de la ejecución del presupuesto. 
Hemos constatado cosas satisfactorias y gratas. 
Hemos constatado que, realmente, el coste del traslado de Luxemburgo a Bruselas, tiende a reducirse, se reduce cada vez más. 
Hemos visto que se intensifican los controles para que los trabajadores se instalen donde los hayan enviado, sin ninguna duda. 
Vemos que hay un aumento gradual de la adjudicación de contratos mediante procedimientos de licitación abiertos, lo cual es positivo y esperamos que se realicen a ritmo más rápido de ahora en adelante. 
Aunque se hayan retrasado el registro de las reservas, el registro de la propiedad, muestran que empiezan a avanzar y a mejorar. 
Lo que no es nada agradable y sin embargo es muy importante es que el edificio en el que llevamos trabajando aproximadamente un año y medio, sigue sin tener precio. 
Seguimos sin saber cuál es su valor, su coste, en resumidas cuentas: en qué punto nos hallamos, y sería bueno que todos los implicados lo tuvieran en cuenta. 
Ahora en el eje cualitativo, lo que hemos visto es que hay un gran presupuesto que gestiona el Parlamento. ¿Qué se ve en el exterior? 
¿Qué impresión causa? ¿Cuál es la imagen del Parlamento que el funcionamiento de esta gran y respetable institución proyecta? 
Ya saben, es desagradable leer en la prensa solamente comentarios críticos y publicaciones críticas cuando una labor de tal envergadura, una labor esencial, se está llevando a cabo en esta casa. 
Precisamente por esta razón lo que estamos intentando mediante este informe es ayudar a que haya más transparencia aún, el reconocimiento, la comprensión de lo que sucede y de lo que se realiza en esta casa de la democracia. 
Lo que queremos es estar en situación de calcular la aportación del Parlamento Europeo en la labor legislativa de las Comunidades Europeas. 
Queremos utilizar de ahora en adelante la opinión de los grupos de los visitantes que vienen al Parlamento. 
Es bueno saber qué sienten hacia el Parlamento estos ciudadanos, para quienes se destina una gran suma para que puedan visitar y conocer el Parlamento, y así nos puedan dirigir hacia un camino mejor. 
Queremos mejorar la efectividad de las oficinas de información que tenemos en las distintas capitales de los quince Estados miembros. 
Y también queremos que haya un continuo apoyo entre los servicios del Parlamento y los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, encaminado a materializar todo lo que decidimos, lo que votamos. 
Por esta razón, propuesta y decisión es crear una comisión permanente, constituida por el ponente de la aprobación y el responsable del Parlamento, junto con tecnócratas del Parlamento, que hagan un seguimiento de la evolución y la materialización de las medidas propuestas y votadas mañana en esta sala. 
De esta manera la aprobación no va a ser un caso del que nos ocupemos sólo una vez, sino un proceso constructivo continuo. 
Y, finalmente, una cosa más que deseamos es que los funcionarios, los tecnócratas que se ocupan de los temas económicos en el Parlamento Europeo, reciban una formación permanente, una educación, reinserción en nuevas tecnologías para obtener los mejores resultados posibles. 
Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a todos mis Sres. colegas y a todos cuantos han ayudado en la redacción de este informe, porque creo que hemos realizado una muy buena labor y querría que se imitara en todos los niveles. 
Señor Presidente, la baja participación en las elecciones podría dar la impresión de que este Parlamento tiene poca voz y pocos votos. 
Nada es más incierto, y el debate anual sobre la aprobación de la gestión lo vuelve a dejar claro. 
El envío a casa de la Comisión Santer supuso el momento crucial en la gestión financiera de la Unión. 
Mientras que el Consejo había concedido irreflexivamente la aprobación de la gestión a esa misma Comisión Santer, este Parlamento sí asumió su responsabilidad. La importancia política de la aprobación de la gestión no ha aumentado solamente por ello, al mismo tiempo se ha producido un cambio radical, pasándose de un planteamiento contable a un planteamiento centrado en el contenido y en la eficacia. 
La representación del pueblo no sólo debe examinar las cuentas, sino también si se ha utilizado bien el dinero procedente de los impuestos y si se han obtenido resultados. Por ello nos asiste el Tribunal de Cuentas. 
La Comisión de Control Presupuestario cree, sin embargo, que ese control puede ser todavía mucho más eficaz. 
Para ello, el Tribunal de Cuentas debe pasar efectivamente a un naming and shaming consecuentes, por tanto, poner públicamente en la picota a los Estados miembros que no se lo tomen en serio. 
Además, queremos que los porcentajes de error en los niveles nacionales y sectoriales se cuantifiquen claramente a fin de tener una mejor idea en cuanto a los problemas relacionados con los gastos. 
Si esto no se logra este año, el Tribunal de Cuentas tiene que hacer, en cualquier caso, una distinción entre las faltas graves y las leves, con la inclusión de una llamada escala de Richter de faltas. 
Además, el Tribunal de Cuentas debe darse cuenta de que él mismo no está por encima de la ley. Debe dejar de resistirse a que se le efectúe una verdadera auditoria externa y debe publicar sus intereses financieros en Internet. 
Desgraciadamente, tenemos que constatar una vez tras otra que los europeos de este a oeste y de norte a sur tienen poca confianza en la contabilidad de la Unión Europea. 
El duro deber de todo el que se ocupa del control financiero de los gastos europeos es recuperar la confianza de los ciudadanos europeos. 
Esta confianza constituye un requisito para lograr un mayor éxito político de la integración europea, y esa confianza sólo puede devolverse si exigimos una transparencia máxima. 
Los europeos quieren tener la certeza de que su dinero se utiliza de forma óptima y de que, cuando esto no sucede, se aborda realmente a las organizaciones implicadas y a los Estados miembros. 
Hay otra institución que cree quedar fuera de las garras controladoras del PE, y no es la más pequeña: el Consejo de Ministros, que otra vez no ha estimado necesario estar hoy aquí presente. 
Mediante un llamado "gentlemen's agreement", un acuerdo entre caballeros, el Parlamento y el Consejo han acordado no examinar los gastos del otro. 
Si tú no me controlas, no te investigaré de forma crítica. 
Es obvio que esto contribuye poco a recuperar la confianza. 
En tanto se trataba de puros gastos administrativos, esto quizá fuera defendible en cierta forma. 
Sin embargo, ahora vemos que el Consejo asume cada vez más responsabilidades operativas. Esto no sólo socava la posición de la Comisión, sino que también deja poco lugar a un control democrático. 
De ahí que la Comisión de Control Presupuestario haya llegado a la conclusión de que el acuerdo debe ponerse en entredicho. 
El Tribunal de Cuentas debe elaborar un informe sobre los gastos del Consejo de la misma forma que lo hace respecto de las otras instituciones. 
El sigilo con que el Consejo asume poder sin rendir cuentas se opone a todos los principios básicos de la democracia. 
El derecho presupuestario y las competencias en materia de control presupuestario han sido siempre armas pesadas que permiten a este Parlamento superar los diferentes déficits democráticos. 
Tenemos la obligación hacia nuestros electores de ejercer el control democrático allí donde sea posible. 
No puede faltar este tipo de control, sobre todo, respecto del Consejo, donde el déficit democrático es mayor y amenaza con aumentar. 
Ésta es también una importante elección en tanto señal de este Parlamento a otras instituciones. 
Respecto de los comités y las agencias, puedo ser breve. 
Europa está todavía construyéndose y expuesta a cambios al igual que todos los procesos dinámicos. 
De ahí que sea más que lógico mirar las estructuras al trasluz de vez en cuando, sin perder de vista todos los cambios. 
¿Operan de forma eficaz? 
Por supuesto, resulta triste que la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social se haya aplazado por cuarta vez consecutiva debido al engaño de unos billetes de avión inexistentes. 
Ahora debemos cerrar realmente este capítulo. 
Me resta todavía felicitar por sus informes a los muchos colegas que se han ocupado de las aprobaciones de la gestión. 
La Comisión de Control Presupuestario ha apostado en su mayoría de forma modesta e inteligente por conceder la aprobación de la gestión a la Comisión, pero sometida a criterios estrictos. 
Así mismo, intensificamos la presión para que se realicen reformas dentro de este Parlamento. 
Solamente si nos sometemos a los mismos criterios estrictos que aplicamos a otras instituciones, seguiremos siendo un motor reformador creíble. 
. (FI) Señor Presidente, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero está siendo desmantelada. 
De acuerdo con las decisiones ya adoptadas, terminará sus funciones en julio de 2002. 
Se han tomado medidas preventivas para el cese de sus funciones y, durante los últimos años, la CECA no ha recaudado impuestos de las empresas del sector del carbón y el acero para financiar su funcionamiento. 
En la última década, la actividad de la CECA era parecida a la actividad bancaria. 
Suscribía créditos que eran repartidos en forma de préstamos para el desarrollo del sector del carbón y el acero. 
Los suscriptores de estos préstamos se beneficiaban de una especie de subvención a los intereses, cuya importancia para el desarrollo del sector no hay que subestimar. 
No se ha estudiado la repercusión real de estos bajos intereses, pero puede que fuera ya tan insignificante que la desintegración de la CECA está justificada. 
En 1999 ya no se concedieron nuevos préstamos y la actividad de la CECA se ha limitado principalmente al cobro de los préstamos concedidos, a la amortización de sus propios créditos y a la gestión de los recursos sobrantes. 
La Comisión ha sido la responsable del funcionamiento de la CECA. 
Durante los últimos años se han venido adoptando medidas preventivas de cara al cese de sus funciones en julio de 2002. 
Para entonces, la CECA seguirá teniendo cobros pendientes sobre los préstamos concedidos, pero sus propias deudas deberían estar pagadas totalmente para esa fecha. 
Tras el pago de sus deudas, se estima que el superávit de la CECA ascenderá a más de mil millones de euros, que serán transferidos desde el propio balance de la CECA al balance de cuentas común de la UE. 
Según las decisiones ya adoptadas, esta suma se destinará a la creación de un fondo de investigación que será gestionado por la Comisión. 
Este fondo de investigación apoyará acciones que beneficien a los ramos principales de la CECA. 
Seguramente no faltarán materias de investigación. 
En opinión de la comisión parlamentaria, también sería conveniente estudiar el modo en que las subvenciones concedidas a la industria del carbón de determinados Estados miembros han incidido en la competitividad de las diferentes formas de energía. 
La observación más importante que hizo la Comisión de Control Presupuestario sobre las cuentas del ejercicio de 1999 fue la constatación de que no le era posible evaluar la eficacia de la acción de la Comisión en la gestión de los fondos de la CECA. 
A la hora de estimar la eficacia de la gestión de la CECA, que desarrollaba sus actividades al modo de un banco, hay que saber el rendimiento real devengado por las inversiones y la proporción de los gastos de gestión en la generación de beneficios. 
Esta información es inaccesible por el momento. 
Sin embargo, nuestra comisión parlamentaria tiene la promesa de la Comisión de que ésta nos facilitará toda la información sobre el ejercicio de 2000, tras lo cual será posible comparar el rendimiento obtenido por la Comisión sobre los fondos invertidos con otros rendimientos que se hubieran podido generar mediante otros canales del mercado financiero. 
Durante décadas, los fondos de la CECA también han servido para conceder préstamos al personal de la UE. 
El grueso de estas suscripciones se transferirá, tras la desintegración de la CECA, al balance de cuentas de la UE y quedará a cargo de la Comisión. 
Después de esto, los empleados de la UE quedarán endeudados con la propia UE. 
No es pertinente que la UE se convierta en banco de los créditos hipotecarios de su personal. 
En opinión de la comisión parlamentaria, estos créditos deberán ser traspasados a los bancos. La comisión parlamentaria emite este juicio para que sea considerado por la Comisión en relación con la aprobación de su gestión. 
Este asunto será retomado durante los próximos años con ocasión de las aprobaciones de la gestión. 
La UE no puede ser ningún banco de créditos hipotecarios de su personal. 
En sucesivas aprobaciones de la gestión, también podremos evaluar por esta vía la acción de la Comisión desde el punto de vista de la prudencia en la gestión. 
Las pequeñas irregularidades reveladas en la intervención de cuentas de la CECA en ejercicios precedentes han sido subsanadas tras el ejercicio de 1999, de modo que la comisión parlamentaria no tiene nada que objetar a la aprobación de la gestión que nos ocupa. 
Señor Presidente, quiero adherirme expresamente a la intervención de la Sra. Theato. 
Me parece también un problema enorme que el Consejo no esté presente en este debate. 
Si además se mira el informe del Consejo sobre la aprobación de la gestión, se tiene entonces la sensación de que el Consejo no tiene ni idea de lo que escribe en muchos campos. 
Por ejemplo, en el campo de los fondos para el desarrollo se tiene precisamente la sensación de que el Consejo ha presentado de nuevo sencillamente las posiciones que ya emitió hace años en lugar de ocuparse realmente del tema. 
Lo considero en especial un escándalo porque el Consejo es corresponsable de que existan problemas en este campo. 
Siguen existiendo conflictos de competencias sin aclarar entre los Estados miembros y la Comisión. 
Espero que el Consejo muestre más responsabilidad al respecto y que se haga también cargo de ella. 
El Parlamento se esfuerza en esta aprobación de la gestión por diferenciar muy exactamente entre las tareas de control urgentemente necesarias y lo que, por otro lado es también tan importante, es decir, evitar otra pérdida adicional en la confianza de las instituciones europeas. 
Por ello, como ponente para los fondos para el desarrollo he recapacitado mucho tiempo sobre si podía estar realmente a favor de un aplazamiento de la aprobación de la gestión. 
Pero la decisión está clara y tengo además el pleno apoyo de la Comisión de Control Presupuestario. 
Sin embargo, quiero subrayar de nuevo expresamente que no estamos negando la aprobación de la gestión, tal como se dice hoy en un periódico, sino que la aplazamos. 
Y queremos este aplazamiento porque somos de la opinión de que la Comisión se encuentra en el camino correcto pero que precisa aún de una cierta presión para que este camino se ande de modo satisfactorio. 
No se trata pues de una moción de desconfianza frente al Comisario competente sino que lo que se pretende es mostrar claramente que el plan de acción que presentó junto con el Parlamento hace un año durante la aprobación de la gestión para 1998 es exactamente la respuesta correcta a los problemas presentes pero que como comisión competente y como Parlamento queremos incluir en nuestro proceso de aprobación de la gestión los primeros resultados del mencionado plan de acción. 
Y como los primeros resultados son de esperar para abril o mayo, solicitamos un aplazamiento de la aprobación hasta ese momento. 
Lo consideramos además como especialmente necesario pues precisamente en el sector de los fondos para el desarrollo o de la gestión de dichos fondos hay que realizar aún muchas mejoras en lo que se refiere a la auditoría y la cooperación con los Estados miembros. 
En este contexto, quiero expresar de nuevo mi agradecimiento por la positiva cooperación mostrada por el Tribunal de Cuentas, quien ha proporcionado una gran ayuda con su apreciación de la gestión de los fondos para el desarrollo. 
Quiero indicar que la DAS positiva que figura en el informe del Tribunal de Cuentas debe valorarse de modo relativo pues también este Tribunal ha indicado oralmente y por escrito a preguntas planteadas que se encuentra naturalmente ante problemas y que no puede analizar 77 países y 250 proyectos y que en este campo depende de la cooperación con los Estados que reciben la ayuda y que aquí aún hay que trabajar mucho. 
Por un lado, hay que fortalecer a las delegaciones que trabajan in situ y, por otro, también hay que fortalecer a las estructuras administrativas en los países. Tiene que haber proyectos comunes en los que los responsables de dichos países puedan informarse también en Europa en el Tribunal de Cuentas así como proyectos de intercambio para las personas competentes que trabajan en las estructuras administrativas de los Estados ACP con el Tribunal de Cuentas. 
Necesitamos urgentemente una mejora de las estructuras administrativas para hacer justicia a las tareas que surgen en el campo de la ayuda al desarrollo. 
Quiero subrayar que también solicito el aplazamiento de la aprobación de la gestión porque precisamente en mi campo ha faltado transparencia. 
El Comisario ha actuado en mi campo en muchos puntos con grandes titubeos y temores, las informaciones me han llegado a mí como ponente demasiado tarde, después de concluir la solicitud o no han llegado en absoluto. 
Creo que la remisión de sus colaboradores al acuerdo marco con el Parlamento tampoco es de mucha ayuda para generar confianza en el o la ponente y para que lleguemos aquí a una cooperación constructiva. 
En el futuro, la Comisión deberá actuar aquí en el futuro con mayor transparencia y elegancia y dirigirse al Parlamento con más confianza para que podamos llevar a cabo a buen fin conjuntamente esta aprobación de la gestión. 
Quiero subrayar de nuevo que precisamente en el ámbito de los fondos para el desarrollo hay que mejorar muchas cosas. 
El Comisario se encuentra ante difíciles tareas. 
Hay una antigua acumulación de compromisos que heredó de la antigua Comisión. 
Hay estructuras administrativas inadecuadas y carencia de personal. 
En los mismos países hay problemas con guerras y crisis y todo esto lo tenemos en cuenta. 
También estamos dispuestos a admitir que en este campo hay que proceder de un modo algo más preciso con las cuestiones relacionadas con el control. 
El control en un país en vías de desarrollo debe partir del hecho de que en la ayuda al desarrollo siempre se encuentra presente la corrupción y que hay que considerar en qué forma se actúa precisamente en estos países. 
Es decir, estamos dispuestos a apoyar aquí a la Comisión y a ver los grandes problemas. 
Sin embargo, queremos subrayar de nuevo que la UE y la Comisión, si quieren crear confianza entre la población para la importante tarea de la ayuda al desarrollo, tendrán que hacer justicia naturalmente del modo correspondiente en su estructura de gestión a las condiciones. 
Hay que subrayar que la acumulación de compromisos de pago ha alcanzado entretanto una magnitud inquietante. 
Muchas gracias, señora Rühle. 
Dada la inminencia del turno de votaciones, vamos a suspender este debate conjunto hasta las 15.00 horas, y se reanudará con la presencia e intervención de la Comisaria, Sra. Schreyer. 
VOTACIONES 
¿Hay algún diputado que desee intervenir en contra de esta propuesta? 
Puesto que no lo hay, procederé a someter a votación la solicitud de aplazamiento de la votación. 
(El Parlamento se pronuncia a favor de la solicitud de aplazamiento de la votación) 
Informe (A5-0106/2001) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión sobre la modernización de la directiva sobre servicios de inversión (93/22/CEE) (COM (2000) 729- C5-0069/2001- 2001/2039 (COS) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0105/2001) de la Sra. Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de conducta de conformidad con el artículo 11 de la directiva relativa a los servicios de inversión (93/22/CEE) (COM (2000) 722- C5-0068/2001- 2001/2038 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0092/2001) del Sr. Sacconi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Verde: cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC (COM (2000) 469- C5-0633/2000- 2000/2297 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0102/2001) del Sr. Costa Neves, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2002, Sección III- Comisión (2000/2324 (BUD) 
Antes de la votación de la enmienda 2 
Señora Presidenta, hemos introducido otra mejora en la enmienda previa consulta al ponente. 
Reza como sigue: "Hopes that true to the rules of social dialogue the Commission will continue to consult with the parties concerned." 
La modificación se refiere al verbo continue. 
Es el único cambio que se ha introducido. Como ya he dicho se ha llevado a cabo con el consentimiento del ponente, que lo acepta plenamente. 
Señora Presidenta, soy partidario de esta enmienda, pero, por razones técnicas, quisiera pedir que se la considere la introducción de un subtítulo, que llamaríamos "Comunidad Europea del Carbón y del Acero", para que haya coherencia en el texto. 
El Sr. Turchi es el autor de la enmienda y, como él mismo no ve objeción, procedo a someter a votación la enmienda 13 así modificada por nuestro ponente. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Sección II- Consejo; 
Sección IV- Tribunal de Justicia; 
Sección V- Tribunal de Cuentas; 
Sección VI- Comité Económico e Social; 
Sección VII- Comité de las Regiones; Sección VIII- Defensor del Pueblo Europeo (2000/2325 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Roth-Behrendt (A5-0095/2001): 
Señora Presidenta, ayer ya expuse una buena parte de los motivos de mi voto sobre este informe, sin embargo, esta mañana he de añadir que, en mi opinión, los deseos y las expectativas de la izquierda, de los Verdes y de la Sra. Roth-Behrendt están destinados a quedarse simplemente en eso. 
Las mujeres deben escoger entre el maquillaje y el respeto a los animales. 
Y aquí no tengo dudas: lamentablemente, creo que prefieren el maquillaje para parecer más jóvenes. 
Por ello, quisiera someter a la atención de nuestro Pleno el hecho de que me he abstenido en la votación sobre este informe, pero que las pensionistas me han dicho que están preparadas para renunciar a todos los cosméticos si los Gobiernos nacionales y Europa tomarán la decisión de quitarles cinco años escribiendo en sus documentos de identidad que han nacido cinco años después y haciéndolas, en consecuencia, rejuvenecer cinco años, sin necesidad de productos cosméticos. 
Señora Presidenta, a diferencia del orador anterior, no creo que éste sea un tema sobre el que deba trivializarse de esta forma. 
Anoche me asombró la intervención del Sr. Fatuzzo. 
Es un tema que gira en torno a la crueldad y al abuso inhumano de animales. 
No es ningún motivo de risa. 
No deberíamos hacer chistes sobre estos temas. 
Hay mucha hipocresía en esta Asamblea. 
Anoche algunos echaron mano de la excusa de que hay que seguir experimentando porque debemos estar seguros de que no ocasionamos ningún daño a los niños, que debemos protegerlos. 
Es una ironía que esas mismas personas votaran en contra de nuestra enmienda en comisión relativa al hecho de que se incluyan fragancias en los productos para niños pequeños. 
Si realmente queremos proteger a los niños, esas personas habrían votado sin duda en favor de la prohibición del uso de fragancias en productos para niños pequeños. 
Dichas fragancias son del todo innecesarias y exponen a los niños a riesgos innecesarios. 
Quiero volver a reiterar que no se trata de un tema trivial. 
Es un asunto muy serio. 
La mayor parte de la población de la UE es contraria a la utilización de animales para algo que es completamente innecesario. 
Básicamente son cosméticos- cosas para estimular el ego de las personas, que aportan enormes beneficios al sector. 
Realmente deberíamos tener en cuenta el bienestar de los animales. 
Es injustificable que en el siglo XXI utilicemos semejantes prácticas prehistóricas. 
Señora Presidenta, sólo querría explicar brevemente por qué he apoyado la enmienda 35, que podría ser descrita como una "enmienda de derribo". 
Esta enmienda no obedecía a la intención de derribar la directiva. 
Pero puesto que las modificaciones que el Parlamento quiere introducir en esta directiva son tan fundamentales, nos gustaría devolverla a la Comisión para que puedan volver a redactarla y tener en cuenta la prohibición de comercialización y adoptar una visión más realista de los métodos de prueba alternativos que puedan existir sin utilizar animales. 
Por consiguiente, no quisiera que se malinterprete mi voto ni el de aquéllos de mi Grupo que hemos apoyado dicha enmienda. 
El Reino Unido ya ha prohibido los ensayos con animales. 
Nos gustaría que esta medida se impulsara de una manera realista y práctica. 
Nuestro Grupo ha decidido abstenerse en la votación por los siguientes motivos: 
En primer lugar, por haber presentado una enmienda proponiendo el rechazo por el Parlamento de la propuesta de la Comisión, por entender que dicha propuesta no responde a las expectativas mínimas de este Parlamento. 
La enmienda del PPE no prosperó por una diferencia de 11 votos, por lo que consideramos coherente con nuestra postura inicial el abstenernos en la votación final del texto. 
En segundo lugar, nuestro Grupo ha considerado necesaria la abstención al no haber prosperado sus dos enmiendas relativas a los plazos tanto para el fin de la comercialización como de la experimentación. 
Siendo nuestro Grupo partidario de fijar fechas, tanto para el fin de la comercialización como de la experimentación, considera conveniente ampliar los plazos propuestos por la ponente, de forma que la prohibición de comercialización se produzca dentro de 10 años a partir de la aprobación de la revisión, y la prohibición de la experimentación obtenga dos años de ampliación, en caso de que no se encuentren métodos alternativos disponibles en los casos en que los ingredientes, o mezclas de los mismos, pudiesen causar daños dermatológicos u oculares graves. 
. (EN) Acojo con satisfacción que el Parlamento Europeo haya aprobado el informe del diputado socialista alemán Dagmar Roth-Berendt, que pide la prohibición de los ensayos en animales y la introducción de un etiquetado adecuado para que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa. 
En unos momentos en que la población está pidiendo un endurecimiento de las normas del sector alimentario, la industria de cosméticos continúa comercializando productos que contienen ingredientes potencialmente perjudiciales. 
El debate de hoy sobre el informe relativo al uso de pruebas en animales y los ingredientes de los productos de cosmética despierta preocupación sobre la utilización de ingredientes que provocan alergias, así como de sustancias que han sido relacionadas con el cáncer y problemas hormonales. 
A pesar de que la legislación de la UE prevé límites estrictos sobre el uso de determinados productos químicos en cosméticos, ésta no garantiza que el usuario no se verá afectado por su uso. 
Ha llegado el momento de volver a examinar por completo la utilización de productos químicos de los que se sabe o se sospecha que son perjudiciales. 
En Suecia y Japón está terminantemente prohibido el uso de formaldehído porque se cree que es cancerígeno. 
No obstante, en la UE es utilizado comúnmente como conservante en champús "familiares". 
No sólo no está prohibido en el resto de Europa, sino que ni siquiera nos han dicho que está presente en los productos que adquirimos. 
Además de prohibir determinados ingredientes, debería existir un mejor etiquetado de cosméticos y artículos de tocador para que el consumidor pueda elegir con conocimiento de causa. 
. (EN) Queremos profundizar en nuestros motivos por los que hoy hemos apoyado los principios clave del informe Roth-Berendt. 
Creemos que presta un servicio singular al demostrar a la Comisión y a los Estados miembros la magnitud de la exasperación de la sociedad ante los retrasos en la erradicación de los ensayos en animales vivos para productos cosméticos. 
Estamos seguros de que los Estados miembros tomarán nota de la mayoría enfática expresada en esta Asamblea. 
La votación es para prohibir los productos que hayan sido probados en animales cuando existen métodos de prueba alternativos, para erradicar las pruebas en animales en un plazo de 4 años y para que se prohiba la comercialización dentro de un período que se acordará posteriormente. 
Esperamos que el sector en general preste atención a estas propuestas. 
Algunos de sus principales fabricantes ya lo han hecho. 
Según tenemos entendido, de las pruebas principales, aproximadamente una tercera parte puede realizarse actualmente utilizando métodos alternativos, una tercera parte ha sido modificada y la tercera parte restante espera una resolución efectiva. 
Creemos que, si se toma en serio, nuestra propuesta acelerará la investigación necesaria. 
El sector tiene mucho que ganar si utiliza sus considerables recursos para avanzar en las pruebas alternativas, en vez de hacerlo para financiar las caras campañas encaminadas a retrasar la prohibición. 
Del mismo modo, sus productos ganarán y no perderán al ser etiquetados de manera exacta, para que el público esté avisado sobre posibles alérgenos. 
Estamos convencidos de que la votación de hoy es buena de cara al futuro para la salud y la rentabilidad del sector europeo de cosméticos, así como para el público al que sirve. 
Hace siglos, muchas personas consideraban a los animales sólo como un objeto de uso corriente, que uno podía martirizar o maltratar: un objeto de diversión, fuerza de tracción, alimento o para realizar experimentos. 
Entre tanto, nos hemos civilizado algo más y somos más amigos de los animales, pero no cuando se puede ganar dinero con ellos. 
Cada año se utilizan en Europa 38.000 animales para probar nuevos elementos y productos finales de la industria cosmética y, después, son sistemáticamente eliminados. 
Ya en 1993, este Parlamento decidió establecer la prohibición de vender cosméticos testados en animales, pero la implantación se aplazó constantemente bajo presión de la industria. 
Mientras tanto, la Comisión Europea quiere convertir esta prohibición de comercio en una prohibición de efectuar pruebas en los países de la Unión Europea, de manera que aquí puedan continuar vendiéndose productos que en otros sitios se han testado con ayuda de pruebas realizadas con animales. 
Si eso sucede, desplazamos las pruebas a otros países ¿Realmente no hay nada por encima de unos costes de producción lo más bajos posibles, el libre comercio y las reglas de la OMC? 
El dorso de la moneda consiste en malas condiciones laborales, malos salarios, mayor desintegración del medio ambiente y aumento del daño a los animales. 
Ya es hora de cerrar el mercado europeo a las importaciones de todos los productos que se fabrican de esta forma inaceptable. 
Con mi voto, parto de los dictámenes del "Eurogroup for Animal Welfare". 
Informe Haug (A5-0101/2001): 
Permítame, señora Presidenta, decirle a la Sra. McKenna que aquí hay más de seiscientas personas distintas entre sí, más de seiscientas cabezas, una distinta de la otra, y que el Sr. Fatuzzo nunca está tan serio como cuando bromea y que nunca es tan bromista como cuando está serio. 
Dicho esto, en lo que respecta al informe Haug que he apoyado, debo decir que sería conveniente que la Unión Europea dispusiera de más recursos financieros. 
El presupuesto que tenemos y del que podemos disponer es demasiado limitado. 
Los Estados nacionales han de decidir si quieren una Europa o no la quieren, y si la quieren y la consideran útil deben dotarla de los medios necesarios para que funcione bien y correctamente. 
Informe Katiforis (A5-0106/2001): 
Señora Presidenta, he votado a favor del excelente e importante informe del Sr. Katiforis sobre la comunicación de la Comisión relativa a la modernización de la directiva sobre los servicios de inversión. 
Estimo que deberíamos seguir adelante en la regulación comunitaria de los movimientos de nuestra moneda y de los servicios de inversión financiera hasta llegar a la creación de una única Bolsa europea. 
Sé que actualmente dicha Bolsa no existe, sin embargo, tenemos la moneda europea, la bandera europea, el Parlamento Europeo: sigamos entonces en está dirección y comprometámonos a crear una única Bolsa europea que seguramente sería más importante que la Bolsa de Nueva York. 
Informe Kauppi (A5-0105/2001) 
Señora Presidenta, me gustaría que en esta Bolsa europea que yo respaldo- y lamento que esta propuesta no se contemple en el informe de la Sra. Piia-Noora Kauppi que he votado- se cotizaran los fondos públicos de pensiones europeos. 
Considero que, para el futuro de los que trabajan, sería importante saber si las cotizaciones que pagan para recuperarlas cuando ya mayores esperan vivir sin trabajar cobrando sus pensiones, son cotizaciones y fondos bien invertidos en una Bolsa europea para una pensión europea mucho mejor y mucho más sustanciosa que las pensiones nacionales. 
. (DA) El Movimiento de Junio no votará a favor de normas que supongan permitir a los funcionarios legislar en lugar de los cargos electos de asambleas transparentes y controlables. 
Informe Sacconi (A5-0092/2001) 
Señora Presidenta, he votado en contra del informe Sacconi sobre los problemas medioambientales del PVC, unos problemas que afectan a la recogida selectiva de los residuos. 
Permítame transmitir a este ilustre Pleno lo que propusieron algunos pensionistas de Bérgamo, al saber que debía tratar este importante tema de la recogida selectiva de los residuos. 
Me dijeron: " Si me pagan el doble de mi pensión yo, personalmente, pese a ser pensionista, iré por las casas de todos los pueblos de Bérgamo para recoger todos los residuos diferenciados, incluso los que contienen PVC y cualesquiera otros. 
Contribuiré muy a gusto a este reciclado con tal que se me pague una pensión más alta. " 
Pues bien, repito estas propuestas en este Pleno. 
Señora Presidenta, estoy muy dolida por la forma en que este Parlamento se ha pronunciado sobre el informe relativo al PVC ¿Por qué estoy dolida? 
Porque se ha votado con poco conocimiento sobre el asunto ¿Puedo mencionar un par de ejemplos? 
El primero es la prohibición de PVC en los edificios. 
Señora Presidenta, si el PVC se hubiera utilizado en, por ejemplo, el aeropuerto de Düsseldorf, el edifico no habría ardido tanto. 
Por tanto, es absurdo lo que se ha dicho aquí. 
Señora Presidenta, lo mismo es aplicable a algunas observaciones sobre la incineración. 
No es el PVC, sino especialmente los residuos de verduras, frutas y jardines lo que cuenta para los compuestos clorados. 
Me ha decepcionado en particular que, allí donde hubiera sido fácil y rápido establecer normativa mediante la autorregulación- a la industria le agrada eso -, la mayoría de este Parlamento haya votado en contra, especialmente el Grupo Liberal en el que pensé encontrar con seguridad partidarios de esta idea. 
Señora Presidenta, es un mal resultado y me ciño a lo que la Comisión dijo ayer, a saber, que no va a presentar más legislación, sino solamente una comunicación. 
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad hemos tenido que fabricar nuestros objetos de uso corriente con madera, metal y piedra. 
El descubrimiento de los materiales sintéticos y el desarrollo de la industria química parecía ofrecer posibilidades desconocidas durante mucho tiempo. 
Entre tanto, sabemos que todo tipo de compuestos nuevos y originariamente apreciados por todos, tales como el asbesto y el policloruro de vinilo no son buenos. 
Las consecuencias negativas suceden a la postre. 
Los PVCs ocasionan cloros con el paso del tiempo y, además, ftalatos u otros plastificantes; y utilizan como estabilizador plomo o cadmio. 
Ya al principio, durante la producción y adición de compuestos, se libera veneno. 
Durante el reciclaje se vuelven a liberar sustancias venenosas y, por el momento, da lugar a un producto cualitativamente malo. 
Durante la incineración se liberan cloro y dioxinas. 
La precipitación de los residuos de PVC parece, por tanto, la única solución, pero también entonces se liberan sustancias contaminantes. 
Tanto la Comisión Europea como el ponente parten de acuerdos voluntarios con la industria a fin de limitar las desventajas. 
No se han atrevido por el momento a prohibir la importación del PVC de una calidad que no se adecue a estos acuerdos voluntarios, porque podría ser contraria a las reglas de la OMC. 
Con razón, el ponente insiste en restringir el uso de PVC y en analizar más las alternativas. Le respaldo en ello, pero creo que estas propuestas son insuficientes para solucionar verdaderamente el problema. 
Informe Costa Neves (A5-0102/2001): 
He votado a favor del informe Costa Neves sobre las orientaciones presupuestarias 2002 de la Comisión. 
Señora Presidenta, me gustaría que la Comisión Europea contara con más dinero para su presupuesto. 
Pero ¿qué debería hacer la Comisión con este dinero de más que espero que se le asigne en el año 2002? 
Me gustaría que se crease una nueva Dirección, con el único fin de estudiar y ver cómo mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y de los pensionistas de toda Europa y de los Estados que pronto entrarán a formar parte de la Unión Europea. 
Queda mucho por hacer, por proponer y por conseguir en Europa, especialmente en lo que respecta a prestar cuidados médicos, hospitalarios o a domicilio a las personas mayores, en particular a las personas mayores no autosuficientes. 
Los informes relativos a las primeras orientaciones para el presupuesto 2002, de las instituciones europeas, nos parecen incompletos, u oscuros, sobre tres temas principales. 
La agricultura. 
La crisis de las vacas locas va provocar nuevos gastos agrícolas, que serán importantes, cuando no se desea, con toda razón, revisar la totalidad de las perspectivas financieras decididas en 1999. 
¿De qué forma conciliar estas dos exigencias? 
Según los informes, sería necesario esforzarse por encontrar el dinero mediante la reordenación interna de la rúbrica 1 (agricultura) , algo que nos parece imposible habida cuenta de los compromisos adoptados. 
Deseamos, como ya hemos señalado en nuestro reciente debate sobre la revisión del presupuesto 2001, que se estudie una contribución más amplia de la rúbrica 2 (acciones estructurales). 
La ampliación. 
Las orientaciones presupuestarias para 2002 parecen demasiado discretas en lo que respecta al coste de la ampliación. 
Las consecuencias para la agricultura o los Fondos Estructurales aún no se han determinado, pero llegarán a su tiempo. 
Por el contrario, las consecuencias financieras para el funcionamiento de las instituciones europeas han de ser evaluadas desde ahora. 
Deberían incluirse en un plan plurianual de incrementos en potencia, cuyo inicio se situaría en 2002. 
El Tratado de Niza. 
Se han hecho anuncios políticos por todas partes, según los cuáles el Tratado de Niza debería ser ratificado por todos al final del año 2001. 
Por otra parte, el protocolo relativo a la CECA, tal como figura anexo al Tratado, debe aplicarse en julio de 2002. 
Nosotros somos escépticos con respecto a este calendario, pero ya que este compromiso parece haber sido asumido, al menos sería necesario que figurara en las orientaciones presupuestarias para 2002 una estimación del coste de las nuevas disposiciones de este Tratado. 
Sin embargo, nosotros no lo vemos. 
No obstante, los gastos en cuestión no serán insignificantes, ya se trate (entre otros) del estatuto unificado de los diputados europeos, de la financiación de los llamados "partidos políticos europeos", del presupuesto comunitario, o también de la asunción por este mismo presupuesto de los gastos administrativos vinculados a la fuerza de acción rápida, en aplicación del artículo 28-2 del Tratado UE. 
Como siempre, se va a hacer ratificar a los países miembros disposiciones nuevas de las que no se señala el coste. 
Hemos votado en contra de las orientaciones presupuestarias propuestas en este informe, al igual que en los informes siguientes. 
Porque se trata de un presupuesto completamente orientado a la satisfacción de los grupos financieros, de los grupos de presión industriales y agrícolas y, de forma accesoria, destinado a financiar la política exterior que el gran capital de Europa considera útil a sus intereses. 
Cada uno de los Estados de la Unión reduce en su presupuesto la parte redistributiva de sus gastos sacrificando los servicios públicos, los hospitales, la educación, los transportes, y sometiendo a una limitación drástica los gastos sociales para servir mejor de impulsos a los beneficios de las grandes empresas. 
El presupuesto de la Unión Europea, con el pretexto de subsidiariedad, impulsa esta tendencia aún más, reduciendo al mínimo los gastos sociales. 
Es ésta una de las expresiones de su negativa a trabajar en el sentido de la igualación, por arriba, de las protecciones y prestaciones sociales así como de los salarios, en la totalidad de los países de la Unión. 
Al estar íntimamente vinculadas la financiación de los Estados y la de la Unión, reafirmamos nuestra oposición a cualquier forma de ingreso presupuestario que castigue sobre todo a las clases trabajadoras, como los impuestos sobre el consumo (IVA, etc.) , y a todos los gastos en favor de las grandes empresas y de las clases ricas (subvenciones, ayudas, regalos fiscales). 
Conforme a la adaptación de las perspectivas financieras, el presupuesto de 2002 no superará el límite de 1,1 % del PNB comunitario, por lo que podríamos prever para el próximo año un nuevo presupuesto restrictivo. 
Por lo demás, el ponente se conforma con ello, de tal forma que fija como grandes prioridades para el próximo año el nivel de la ejecución y la calidad de los gastos y relega a una nota a pie de página el empleo y las cuestiones sociales o las repercusiones presupuestarias de la ampliación y la circulación del euro. 
Se hace referencia a la seguridad alimentaria- frente a la crisis de la EEB y la fiebre aftosa- y se propugna una estrategia a largo plazo, pero no se hace una evaluación de los costos de esa crisis para el gasto agrícola ni se prevén medidas de compensación para los agricultores- como en nuestra propuesta de creación de una reserva especial para las cuestiones de la EEB -, ni tampoco se prevén los indispensables establecimiento y modulación de límites máximos para las ayudas de la PAC. 
Entretanto y en cuanto a la nueva presupuestación de los Fondos estructurales, consideramos que se debe hacer urgente e imperativamente para garantizar una aplicación cabal de los importes presupuestados. 
Por lo demás, hemos de recordar que en este marco nos negamos a poner en entredicho el objetivo en materia de gasto, después de 2001, en la Agenda 2000. 
Por último, consideramos particularmente preocupante que el ponente lamente explícitamente en su informe que hasta 2007 no se pase a adoptar por mayoría cualificada las decisiones relativas a la reglamentación financiera, con lo que "olvida" que, si así no fuera, el país perdería, ya en esa fecha, un instrumento fundamental- la unanimidad- para la fijación del próximo marco financiero, incluida la parte relativa a los Fondos estructurales y al Fondo de Cohesión. 
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Buitenweg sobre el estado de previsiones del Parlamento Europeo, siempre en relación con el presupuesto 2002, sobre varios apartados de la actividad del Parlamento y de sus órganos. 
He votado a favor de este informe pensando, no obstante, en algo en que pienso siempre cuando me encuentro en este Parlamento, en particular cuando escucho alguna velada crítica aquí y allá- muy pocas realmente- al hecho de que, según parece, hago perder tiempo al Parlamento con mis explicaciones de voto. 
Es decir, pienso en todos los debates y votaciones que celebramos- y que usted, señora Presidenta, tan egregiamente dirige- sobre los dictámenes, las opiniones, las propuestas de la Comisión, o sea, sobre todas las resoluciones no legislativas. 
Creo que deberíamos tomar la decisión de dejar estos debates de menos importancia jurídica a las comisiones parlamentarias y no al Pleno del Parlamento. 
En el transcurso del debate sobre las orientaciones presupuestarias para el año 2002, hemos oído a algunos felicitarse por el bajo coste de las operaciones de introducción de la moneda única para el presupuesto europeo. 
Esta observación nos parece un poco cínica, ya que una carga relativamente elevada será soportada por los pequeños comerciantes, que no conseguirán apenas ventajas y a quienes no ayuda nadie. 
Muchas otras empresas pequeñas se encuentran por cierto en el mismo caso. 
Sin embargo, las grandes empresas que trabajan a escala europea obtendrán beneficios, directos o indirectos, del paso al euro y podrán de este modo amortizar los costes de la reorganización y de las inversiones que ello implica. 
Pero ¿qué harán los demás? 
Este aspecto particular- se podrían encontrar muchos otros en el mismo sentido- demuestra hasta qué punto esta operación ha sido pensada desde sus inicios para resolver algunos problemas de los grandes, pero no de los pequeños. 
Por ello, resulta urgente en nuestra opinión que la Unión- o los Estados miembros por delegación- aporten una ayuda financiera directa, al menos a los pequeños comerciantes. 
No es normal que los Estados y las instituciones europeas adopten decisiones costosas cuya carga la soportarán otros. 
Finalmente, el paso material al euro, en forma de monedas y de billetes, puede verse obstaculizado por los mismos que lo decidieron. 
(La sesión, interrumpida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Aprobaciones de la gestión (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto de los 6 informes, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, relativos a las aprobaciones de la gestión. 
Señor Presidente, estimados señores diputados, el procedimiento presupuestario correspondiente a un ejercicio determinado comienza por la fijación de las prioridades- esta mañana hemos debatido las prioridades para el presupuesto del año 2002- y termina con la aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo, tal y como se desprende del debate que estamos celebrando hoy acerca de la aprobación de la gestión correspondiente al presupuesto del año 1999. 
La decisión de aprobación de la gestión se convierte en un momento clave para la Comisión y para el Parlamento, ya que en esta situación el Parlamento llega a ejercer plenamente sus facultades de control democrático. 
En 1999 ascendió a 84 mil millones de euros. Además de ello, abarca ámbitos de acción muy diversos, desde el fomento del aceite de oliva, las nueces y la leche destinada a los centros escolares hasta el intercambio de estudiantes, desde el desarrollo de automóviles de bajo consumo de combustible hasta la investigación espacial o desde la información acerca del euro o el fomento de la formación de las mujeres en África hasta la reconversión de la flota pesquera o la prestación de ayuda alimentaria después de un terremoto o una guerra civil. 
De acuerdo con este vasto espectro que solamente he esbozado a título de ejemplo el control del procedimiento presupuestario se extiende prácticamente a todas las actividades de la Comisión. 
El Sr. Blak, ponente general para la aprobación de la gestión, ha optado precisamente por llevar a sus últimas consecuencias este amplio control de los muy variados ámbitos políticos en los que se emplean fondos públicos. 
Ha sido una ardua labor para todos los implicados. 
Es lo que demuestran no sólo los numerosos cuestionarios sino sobre todo el presente informe. 
Señor Blak, usted tiene fama de mostrarse muy crítico con la mala gestión. 
Después de haber colaborado con usted en los últimos meses puedo confirmar y dar fe de que se ha mantenido fiel a esta fama. 
A la vez quisiera darle las gracias por el equilibrio, la lealtad y el diáfano planteamiento que le ha conducido en todo momento a resaltar los logros y defectos de los diferentes ámbitos de trabajo y a abogar por una mejora de la política comunitaria en todas las decisiones e iniciativas promovidas por usted. 
La Comisión adoptará las medidas adecuadas en respuesta a los resultados más importantes de su trabajo. 
Como saben todos los buenos cocineros, el éxito culinario depende de una combinación acertada de ingredientes y una temperatura correcta en el fogón. La comisión ha dedicado largas sesiones al proceso de aprobación de la gestión. 
Es más, se han celebrado numerosas audiciones con los Comisarios responsables. Por todo ello quisiera manifestar mi gratitud hacia la comisión y su presidenta, la Sra. Theato, por esa buena cooperación laboral, también en nombre de la Comisión. 
La base del procedimiento anual de aprobación de la gestión la constituye el informe anual del Tribunal de Cuentas. 
Respecto al ejercicio 1999 el Tribunal ha emitido a la Comisión una declaración de fiabilidad positiva en cuanto a los ingresos, los créditos de compromiso y los gastos administrativos, pero no para las demás transacciones financieras, tal y como ya venía sucediendo en los años anteriores. 
Sin embargo, para la elaboración de sus informes la comisión y los ponentes no se han limitado al trabajo profesional del Tribunal, sino que también se han servido de la información proporcionada por la Comisión, de las detalladas respuestas, diversos cuestionarios extensos, el resumen de toda una serie de informes de auditoría y los propios informes de auditoría. 
El ponente, el Sr. Blak, ha examinado más de 60 documentos- en total varios miles de folios- facilitados por la Comisión. 
Entre los documentos relevantes para el proceso de aprobación de la gestión en su totalidad figura el plan de acción que la Comisión ha diseñado a este fin. 
En él la Comisión explicita los pasos concretos que piensa dar para remediar las críticas vertidas por el Tribunal de Cuentas. 
No se trata de vagas promesas, sino de propuestas y plazos precisos. 
Lo mismo digo respecto al informe de seguimiento- 48 páginas en total- elaborado a raíz de la decisión de aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo para el ejercicio 1998. 
Ofrece una respuesta a las solicitudes de acción formuladas en el informe de la Sra. Stauner del año pasado. 
Incluye medidas tangibles inspiradas en dicho texto. 
El año pasado la Comisión emprendió conjuntamente con el Parlamento las acciones necesarias para llevar a la práctica el plan de acción relativo a los Fondos Europeos de Desarrollo. 
Agradezco a la ponente, la Sra. Rühle, su trabajo y el haber aclarado que la aprobación de la gestión relativa a los Fondos Europeos de Desarrollo no ha sido denegada, sino aplazada. 
Obviamente, la Comisión lamenta que la concesión de la aprobación de la gestión se retrase, puesto que ella misma ha tomado la iniciativa de profundizar en el examen de las ayudas macroeconómicas facilitadas a los países africanos, por poner un ejemplo, a fin de estudiar a fondo los problemas surgidos en este ámbito. 
La Sra. Rühle ha reconocido que estamos dando pasos en la buena dirección. 
De todas formas, en líneas generales la gestión de los recursos de los Fondos Europeos de Desarrollo no resulta más deficiente que la administración de las ayudas en materia de desarrollo político procedentes del presupuesto comunitario. 
Sea como fuere, la ponente, la Sra. Rühle, puede estar segura de que la Comisión sabrá utilizar este margen de tiempo para elaborar sin demora los documentos reclamados y adoptar las medidas necesarias. 
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a la ponente, la Sra. Van der Laan, y al ponente, el Sr. Seppänen. 
Por mucho que el Tratado CECA expire el año que viene las actividades de investigación proseguirán su curso. 
A este respecto también revisten un papel fundamental las observaciones de auditoría. 
Mi objetivo y el de la Comisión consiste en mejorar la gestión financiera, poner coto al fraude, evitar errores, ya sean meramente formales o tengan consecuencias presupuestarias, y garantizar un empleo más eficiente y eficaz de los recursos públicos. 
Estamos ante unas metas muy importantes cuyo cumplimiento requiere esfuerzos comunes. 
Con ello me refiero antes que nada a los esfuerzos comunes de la Comisión y los Estados miembros, puesto que éstos últimos gestionan el 83% de los fondos comunitarios. 
Por tanto, corresponde sobre todo a ellos ejercer el debido control. 
Los cometidos de los Estados miembros también han sido tratados detenidamente en el último Consejo de Ministros de Economía y Hacienda. 
Si bien es cierto que las respuestas de los Estados miembros al informe del Tribunal de Cuentas aún no me satisfacen plenamente, ahora al menos disponemos de información detallada acerca de las medidas adoptadas por los diferentes países en los últimos años con objeto de combatir el fraude. 
Todos sabemos que también son muy propensas al fraude algunas categorías de gastos de la política comunitaria. 
A modo de ejemplo quisiera mencionar las restituciones a la exportación en el ámbito de la agricultura. 
Aquí no basta con examinar los procedimientos, sino que además conviene hacer un seguimiento permanente de los mecanismos de control. El prejuicio bastante arraigado de que éstos tan sólo pierden consistencia bajo el sol meridional no vale, ya que el sistema de control también es objeto de una actitud de laissez-faire en muchos lugares donde en principio deberían imperar las denominadas virtudes prusianas. 
Desde este punto de vista, la Comisión no apuesta únicamente por las auditorías internas, sino también por el bolsillo de los Estados miembros, en el sentido de que no tiene ningún reparo en recurrir al instrumento de las sanciones financieras, cercenando los pagos efectuados a los Estados miembros. 
En ocasiones- o incluso con cierta frecuencia- ello da lugar a largas contiendas, a veces de carácter judicial. 
Considero, no obstante, que este hecho no desacredita el instrumento, sino que se trata de un fenómeno propio del Estado de derecho. 
Lo fundamental es que en estos casos la Comisión intente imponer su punto de vista valiéndose de los recursos jurídicos que estén a su alcance. 
El asunto de las restituciones a la exportación ilustra asimismo que los fundamentos jurídicos pueden llegar a ser tan detallados y específicos que acaban fomentando el comportamiento fraudulento. 
Es por eso por lo que una de las decisiones adoptadas en la reforma administrativa consiste en examinar detenidamente hasta qué punto las futuras propuestas de reglamento de la Comisión incitan al fraude. 
A este respecto solicito una colaboración más estrecha del Parlamento en su calidad de legislador y un claro apoyo, especialmente por parte de la Comisión de Presupuestos, ya que la implantación de unas normas de control más estrictas no suele entusiasmar demasiado a las comisiones competentes ni tampoco a los países implicados. 
La cooperación con el legislador es absolutamente necesaria para garantizar una gestión financiera adecuada. 
Pondré un ejemplo muy actual. El Consejo acaba de decidir en Estocolmo que el sexto programa marco de investigación será aprobado en junio de 2002 y deberá ponerse en marcha el 1 de enero de 2003, lo cual ha de considerarse como algo positivo, cuando menos en opinión del Consejo. 
Sin embargo, no dispondremos del tiempo suficiente para llevar a cabo el procedimiento de licitación y adoptar las medidas preparatorias oportunas. 
De mantenerse el presente calendario volveremos a incurrir con los ojos abiertos en los errores que nos han sido reprochados por el Tribunal de Cuentas y sobre todo por el Parlamento con respecto al último programa marco. Tenemos que evitar que la situación se repita. 
Hemos de aprender de nuestros errores. 
La exportación de excedentes de mantequilla de intervención como ayuda para la antigua Unión Soviética fue el desencadenante del denominado asunto Fléchard. 
Se trata de unas decisiones adoptadas entre 1991 y 1994 por la Comisión que ejercía su mandato en aquel entonces. 
El Parlamento ha sometido dicho caso a un profundo análisis. 
El Tribunal de Cuentas lo ha analizado detenidamente, la UCLAF y la OLAF han realizado diversos estudios y la actual Comisión ha examinado el caso de arriba abajo, facilitándoles a ustedes, como autoridad competente para la aprobación de la gestión, toda la información que está a nuestro alcance. 
Todos estamos de acuerdo en que aquella situación no puede volver a producirse. 
Así las cosas, ustedes, en su calidad de autoridad encargada de aprobar la gestión, formulan con razón la siguiente pregunta: ¿qué sucedería hoy en día si se produjera un caso similar? 
Desde 1994 muchas normativas han sido modificadas. 
Se han introducido cambios en el Reglamento relativo al procedimiento de liquidación de cuentas en el ámbito de la política agrícola y el departamento responsable de la liquidación de cuentas de la Dirección General competente ha sido dividido desde el punto de vista organizativo. 
En 1995 se aprobó el Reglamento relativo a la protección de los intereses financieros y se implantó la denominada Black List o Lista Negra en la que los Estados miembros han de incluir a aquellas empresas que atentan contra los intereses financieros de la UE por imprudencia temeraria o con premeditación. 
A este respecto el Sr. Blak reclama que se introduzcan mejoras en el procedimiento de elaboración de dicha Lista Negra. Les puedo decir que esto es algo que nosotros también tenemos previsto. 
Otro paso importante consiste en que la OLAF se ha convertido en la autoridad de investigación independiente de la Comunidad. 
De cara al futuro no sólo revisten importancia los cambios iniciados en el marco de la reforma administrativa. La nueva versión del Reglamento Presupuestario también fomentará la elaboración de normativas más claras, especialmente en lo que a las devoluciones se refiere. 
Conforme a este documento solamente se puede proceder a la devolución parcial o íntegra de los pagos si el Director General competente así lo decide, aparte de que es imprescindible que la renuncia se justifique debidamente. 
En casos de duda corresponde a la Comisión adoptar una decisión. 
Además, en el curso de los debates la Comisión ha prometido al Parlamento que la aplicación del principio administrativo y jurídico de proporcionalidad se regirá por unas directrices claras, sólidas y transparentes. 
Ésta ha sido una respuesta in extenso a la pregunta de si la Comisión afrontaría el problema de la misma manera si hoy día volviera a producirse una situación similar. 
Una respuesta más breve sería: ¡no! 
En un caso similar procedería de un modo distinto. 
La reforma administrativa de la Comisión tiene un objeto claro: mejorar la gestión financiera. 
Por eso se han reforzado los ámbitos de control en las diferentes direcciones generales, por eso se está creando un servicio de auditoría interno, por eso se ha desarrollado un servicio financiero central, por eso se ha fortalecido el denominado sistema de alerta rápida, por eso se ha endurecido el régimen de devoluciones. 
Mejoramos la aplicación de los programas en materia de gastos, reforzamos la red de control y no vacilamos en imponer sanciones financieras. 
La Lista Negra basada en diez puntos que se menciona en el presente informe sobre la reforma debe ayudarnos a avanzar en esta dirección. 
Les aseguro en nombre de la Comisión que la decisión del Parlamento de aprobar la gestión dentro del plazo previsto emplazará a la Comisión a llevar a cabo las reformas y a no escatimar esfuerzos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, la Comisaria ha señalado que el presente presupuesto abarca un espectro muy amplio. 
Este amplio espectro de fondos europeos incluye asimismo la política exterior. 
Europa desempeña un papel protagonista en el escenario de la política exterior, especialmente en lo que a la gestión de crisis se refiere. La comisión es consciente de que estas partidas presupuestarias plantean otros problemas que los recursos financieros gestionados por los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es por eso por lo que la Comisión de Asuntos Exteriores considera prioritario que las decisiones adoptadas por el Parlamento se lleven a la práctica. 
No puede ser que año tras año queden sin gastarse miles de millones de euros debido al mal funcionamiento de los servicios y la deficiente colaboración con la Dirección General competente. 
Ésta es la crítica que nosotros vertemos contra el procedimiento presupuestario. 
La nueva Comisión ha sido objeto de reestructuraciones. 
Esperamos que en el futuro los programas aprobados por el Parlamento se ejecuten con mayor celeridad gracias a la creación de Europe Aid. 
Esperamos asimismo que la Comisión no cree su propia organización ejecutiva sino que se sirva de la competencia de los Estados miembros, dado que éstos también están llamados a actuar en este ámbito. 
Queremos que la dirección política de todos estos programas se lleve a cabo en Europa, pero queremos igualmente que el dinero asignado llegue a su destino. 
Dentro de un año examinaremos qué han hecho con los numerosos nuevos puestos que se han creado y en el próximo procedimiento presupuestario- también en el procedimiento de aprobación de la gestión- esta cuestión ciertamente volverá a ponerse sobre el tapete. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, quisiera en primer lugar señalar nuestro aprecio por el impresionante trabajo que ha realizado el Sr. Blak, en especial por el hecho de que haya tomado convenientemente en consideración el trabajo de los ponentes de las comisiones especializadas. 
En el sector de la justicia y de los asuntos interiores, el informe del Sr. Blak hace hincapié con toda razón, al igual que nosotros mismos hicimos en nuestra opinión, en tres problemas. 
En primer lugar, el evidente déficit de gestión que asigna a algunas líneas presupuestarias, en las que la tasa de ejecución en materia de compromisos es inferior al 50%. 
En segundo lugar, la necesidad, para el Observatorio europeo de los fenómenos racistas y xenófobos, de modernizar sus técnicas y de reforzar el rigor de su gestión. 
En tercer lugar, la necesidad de saber lo que ocurre realmente con el Foro europeo de emigrantes: ¿Se trata de simple negligencia, de mala gestión verdadera o de fraude puro y duro? 
Estos tres expedientes deberán ser objeto de un seguimiento atento por parte de nuestra comisión y del Parlamento. 
Velaremos por ello. 
. 
(EN) Señor Presidente, intervengo en nombre de nuestra ponente, la Sra. Matikainen-Kallström, que hoy no puede estar aquí. 
La comisión adoptó un enfoque común en su opinión sobre la necesidad de mejorar la calidad de la acción y la actuación con vistas a alcanzar una mejor relación coste-beneficio del dinero de los contribuyentes. 
Por ejemplo, deseamos recordar a la Comisión la necesidad de alcanzar niveles más altos en la auditoría de los programas de investigación, en particular, en el contexto de las propuestas en el ámbito de la investigación europea. 
Asimismo ponemos nuestra mirada en la Comisión para que mejore la gestión de los contratos del Centro Común de Investigación. 
Es un tema que viene de lejos. 
Queremos una mejora de la gestión de TACIS y de otros programas en el ámbito de la seguridad nuclear en la Europa Central y Oriental. 
Hemos presentado la sugerencia de crear una línea presupuestaria separada para reforzar la cooperación en materia de seguridad nuclear en el Norte de Europa. 
Observamos que el programa SYNERGY parece haber perdido parte de su prioridad en la Comisión y deseamos que este programa continúe con éxito. 
Queremos que se destinen más fondos al programa SYNERGY. 
Paso a continuación al otro informe sobre la parte del presupuesto correspondiente al carbón y al acero. 
Nuestra comisión tiene gran interés en que se potencie al máximo la transparencia en la revelación de datos relativos al valor del activo de la CECA. 
Tomamos nota del compromiso de la Comisión respecto a facilitar información sobre dicho activo y esperamos que se facilite dicha información. 
. 
(EN) Señor Presidente, es evidente que la cultura no es una prioridad del Parlamento ni de la Comisión. 
Tenemos suerte de obtener algo así como la mitad del 1% del presupuesto y yo sólo dispongo de un minuto para presentar nuestras inquietudes. 
Es tremendamente importante que los pequeños fondos de que disponemos se utilicen con eficiencia y con eficacia. 
Afortunadamente, no solemos padecer las acusaciones de fraude y de mala gestión que podemos ver en otros ámbitos, pero tenemos un problema que afecta a organizaciones muy dignas que quieren que el Parlamento les ayude a recibir los fondos. 
Por poner tres ejemplos pertenecientes al ejercicio 1999 que estamos examinando: la Orquesta de Jóvenes de la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo de los Jóvenes y la Fundación Yehudi Menuhin no recibieron sus subvenciones de la Comisión Europea hasta los últimos días del año. 
Este retraso origina problemas reales para dichas organizaciones. 
Lo hemos aceptado en el caso de 1999, pero espero que no vuelva a ocurrir en el año 2000. 
Quisiera decir a la Sra. Comisaria que, por favor, se asegure de que si concedemos fondos, lo hagamos de manera eficiente y eficaz de manera que beneficie y no perjudique la causa europea. 
, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha centrado sus trabajos relativos a la aprobación de la gestión en el aspecto más importante en sí mismo; el de saber si la Comisión está alcanzando o no su objetivo declarado de utilizar el presupuesto para la ayuda al desarrollo para luchar contra la pobreza transfiriendo importantes recursos adicionales a la provisión de atención sanitaria y educación básicas en los países en desarrollo. 
Me entristece tener que informar de que las cifras de 1999 demuestran que éste fue el primer año en la historia en que los países menos desarrollados recibieron menos del 50% de la ayuda que la Comisión destina al desarrollo de terceros países. 
Es absolutamente necesario invertir esta tendencia. 
Como dice la resolución del Sr. Blak en el punto 19 de su apartado 8- y le doy las gracias por ello- cuando 880 millones de personas en todo el mundo carecen por completo de atención sanitaria, en 1999 tan sólo se destinó a la salud el 1% del presupuesto de la Comisión para asistencia externa y no disponemos de ninguna cifra en absoluto sobre educación. 
¿Es éste un tema de la aprobación de la gestión? 
Sí, sin duda, puesto que el plan de acción comunitario, en respuesta a nuestra resolución parlamentaria sobre la aprobación de la gestión en 1998, decía que habida cuenta de que se hará mayor hincapié en la salud y la educación, la consecuencia lógica es que se destine a estos sectores un importe de financiación mayor que en el pasado. 
También decía que "la adopción de las normas para la elaboración de informes de la OCDE será viable para el año 2001". 
Señora Schreyer, insistimos en que la Comisión cumpla estas promesas. 
Sus supuestas reservas respecto a los objetivos de producción debidamente aprobados por el Parlamento, precisamente para incrementar el gasto en los sectores de la salud y la educación básicas, van en contra del presupuesto aprobado. 
Con independencia de lo que ocurra este año, no podrá esperar que aprobemos la gestión en 2001 a menos que se cumplan dichos objetivos. 
Respecto a la información completa necesaria, de conformidad con la metodología del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que nos permita centrarnos en la pobreza, también nos preocupa saber si la realización de este objetivo en Asia y América Latina será en detrimento de la ayuda a los países ACP. 
Por este motivo, la Comisión de Desarrollo y Cooperación no votó a favor de aplazar la aprobación de la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo. 
No queríamos emitir la señal equivocada contra el firme apoyo al proceso de reforma que deseamos demostrar. 
Pero si se aplaza la aprobación de la gestión, agradezco a la Sra. Rühle su insistencia en que se presenten, antes de mayo, las cifras más recientes utilizando la metodología del CAD. 
De este modo se garantizará que las personas más pobres reciben realmente la ayuda. 
Desafío a todo aquel que esté en desacuerdo con esto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades considera que la ejecución de las líneas del presupuesto relativas al fomento de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres ha dado resultados satisfactorios. 
Sin embargo, no se prevé ninguna partida específica para la política del gender mainstreaming. Es decir, no hay ninguna línea presupuestaria que tenga por objeto llevar a la práctica el principio de integrar la igualdad de hombres y mujeres en todas las políticas comunitarias. 
Por eso le pedimos que continúe confiriendo un elevado nivel de prioridad a este asunto y que desglose los gastos por género, especialmente en el ámbito de los Fondos Estructurales, el programa de investigación y todas las inversiones realizadas en el marco de la sociedad de la información. 
Considero imprescindible que obtengamos datos precisos sobre cómo se emplean los recursos. Por ello la Comisión de Derechos de la Mujer pide al Tribunal de Cuentas que elabore un informe especial sobre la ejecución financiera de las medidas destinadas a integrar la igualdad de hombres y mujeres en todas las políticas comunitarias. 
Ya pudimos disponer de un informe de estas características en 1998. En aquel entonces el texto nos orientaba sobre la necesidad de emprender determinadas medidas políticas. 
Al disponer de un informe podremos ajustar nuestra política a las necesidades que de él se desprendan. 
, ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no tiene, efectivamente, mucho que supervisar sobre grandes partes del presupuesto. 
No obstante, respecto a las partidas que sí debemos supervisar, queremos expresar nuestra preocupación, como ya hiciéramos en el pasado. 
Me alegra que a consecuencia de nuestro interés por el programa LIFE, los fondos que se utilizan a través de este programa, tanto dentro como fuera de la Unión, serán examinados por el Tribunal de Cuentas. 
Tengo entendido que el Tribunal de Cuentas está examinado esta línea presupuestaria para este año, y sobre esa base, nos alegraría, a pesar de nuestras reservas, poder conceder la aprobación de la gestión o recomendar la concesión de dicha aprobación. 
Respecto a las demás líneas presupuestarias, no tenemos muchos motivos de preocupación sobre las partidas relativas a los consumidores, en las que podemos ver que el trabajo se está desarrollando con mucha eficacia, pero quisiera llamar la atención de la Asamblea y de la Comisión sobre el programa de salud y sobre las líneas presupuestarias para la salud. 
A pesar de que en estos momentos dicho programa está siendo objeto de una revisión y se espera una reorganización del mismo, cuando lo examinamos el año pasado pensamos que había un gran número de proyectos pequeños que no presentaban demasiada claridad ni orden. 
Aunque expresamos cierta inquietud por ello, estamos dispuestos a apoyar la idea de aprobar la gestión sobre la base de que el nuevo responsable de la DG para la Salud investigue estos temas y presente un informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, acojo favorablemente los distintos informes, a saber, los informes Blak, Stauner, Folias, Seppänen, van der Laan y Rühle, porque sé que son fruto de grandes esfuerzos. 
Quiero limitar mis comentarios al excelente informe de Freddy Blak relativo a la aprobación de la gestión de la Comisión en 1999. 
1999- ¡qué año! 
No sólo fue el año en que fui elegido por primera vez- y guarden sus ovaciones por ahora -, sino que además fue fascinante en términos de control presupuestario. 
Fue el año de los tres tipos de Comisión: dos meses de la Comisión antigua que atravesaba por una serie de problemas que todos conocemos; seis meses sin Comisión en absoluto porque no se tomaba ninguna decisión en materia de gestión; y luego, durante el resto del año, con la nueva Comisión que no dispuso del tiempo necesario para llevar a cabo ninguna de las reformas. 
1999- otro año con un índice de error de aproximadamente el 5% o lo que es lo mismo, unos 4.500 millones de euros. 
1999- el sexto año consecutivo que el Tribunal de Cuentas se negó a aprobar las cuentas. 
1999- el año en que Freddy Blak encontró errores, fraude y problemas enormes en las cuentas, escándalos entre los que se incluía, por ejemplo, la fantástica delegación en Washington que necesitó dos apartados completos del informe. 
Creo que, como la Sra. Comisaria podrá confirmar, el edificio fue adquirido por medio millón de dólares y restaurado por valor de 2,2 millones de dólares- un importe cuatro veces mayor que su precio de compra- al tiempo que se alquilaba otra sede por aproximadamente 18.000 dólares al mes, que resultaba más económica que la anterior porque, según tengo entendido, aquélla estaba en el Four Seasons Hotel. 
Hubo otros problemas con IRELA, el lino y Flechard, también; basta con examinar nuestros anteriores informes. 
Hemos reiterado insistentemente que si el índice de error no mejora en 1999, no podremos aprobar esas cuentas y no lo haremos. 
El índice de error sencillamente no ha mejorado. 
He consultado al Tribunal de Cuentas y allí me han confirmado que el índice de error ha sido el mismo o ligeramente peor. 
¿Qué conclusiones debemos sacar de esto? 
Es bastante obvio: el índice de error no ha mejorado; se han perdido 4.500 millones de euros de los que nada se sabe, han sido mal gestionados; por tanto no concedemos la aprobación de la gestión. 
He podido saber que los Socialistas y otros Grupos están pensando en conceder la aprobación de la gestión y no consigo entender por qué. 
¿Cómo podemos explicar eso en nuestros respectivos países? 
Por favor no teman que podamos provocar la caída de la Comisión si no concedemos la aprobación de la gestión. 
Sencillamente, eso no ocurrirá. 
Los Tratados no dicen nada de que eso deba ocurrir. 
La Comisión no es responsable de lo sucedido en 1999. 
Lo que sí haremos es enviar un mensaje a esta Comisión y al público que nos ha elegido- se acuerdan de ellos, algunos se toman incluso la molestia de visitarnos ocasionalmente- en el sentido de que estamos rotundamente en contra del despilfarro, del fraude y de la mala gestión; que hemos dicho basta ya, que lo que ocurrió antes de 1999 ha sido completamente inaceptable y que lo que ocurra ahora y en el futuro tiene que ser mejor. 
Señora Comisaria, le agradeceré que me responda sobre la delegación en Washington, porque nos parece muy extraño que no podamos ver hechos cómo éstos si no los exigimos. 
También le pido que nos prometa que mejorará el índice de error. 
Señor Presidente, a mi entender, la intervención del Sr. Heaton-Harris contenía un índice de error de aproximadamente el 50% y espero que consiga rebajarlo a tiempo para el debate del año próximo sobre la aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, respaldo la propuesta para conceder la aprobación de la gestión a la Comisión por tres motivos. 
En primer lugar, las cosas van mejor. 
Así lo ha constatado el Tribunal de Cuentas y así lo hemos podido constatar nosotros en tanto Parlamento Europeo. 
Los primeros resultados de las reformas de la Comisión son ya apreciables, especialmente, en el ámbito de la gestión y el control financieros. 
En segundo lugar, la Comisión ha realizado un buen trabajo. 
Ha existido una buena consulta entre los diferentes ponentes y la Comisión. 
Esta institución nos ha tomado en serio. 
En lo que a mí respecta, es obvia la ruptura en la tendencia respecto de la Comisión anterior, que no se tomaba suficientemente en serio el proceso de aprobación de la gestión y a este Parlamento. 
En tercer lugar, considero que las armas de la aprobación de la gestión de que dispone este Parlamento, deben actuar de forma selectiva. No actuar a lo bruto, tal como algunos miembros de este Parlamento pretenden, sino con los bisturíes del Sr. Blak, con los que conseguimos más resultados. 
Sí pido atención para algunas cuestiones. 
En primer lugar, dentro de poco será obvia la separación entre el control financiero y la auditoria interna dentro de la Comisión Europea. Este Parlamento vota al respecto el jueves. 
Es una de las recomendaciones más importantes del Comité de Sabios. 
También es la primera reforma que será adoptada por ley. Esta reforma no se aplica solamente a la Comisión Europea, sino también al Consejo y al Parlamento. 
Veo que el Secretario General se encuentra hoy presente y le hago un llamamiento para que ponga en práctica esta reforma cuanto antes en el propio Parlamento. 
Las restantes instituciones también deben examinarla seriamente. 
En segundo lugar, debemos definir más el instrumento de aprobación de la gestión y politizarlo más. 
Debe mejorarse la DAS, la declaración de fiabilidad. 
Debemos trabajar más de cara a los diferentes sectores a fin de poder distinguir entre los distintos ámbitos políticos. 
Debemos nombrar a los Estados miembros cuando cometan faltas- según esperamos, vamos a hacerlo con una enmienda al informe del Sr. Blak- y no sólo debemos examinar las cifras, sino también la calidad de la política. 
La Sra. Van der Laan ha dado, con razón, un primer impulso para lograrlo en su informe sobre las restantes instituciones, a las que, por otra parte, felicito por su política. 
Aplazamos la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social, pero tengo la esperanza de que también podrá ser concedida dentro de poco. 
En tercer lugar, las faltas que cometan los funcionarios de la Comisión o de las restantes instituciones deben ser abordadas cuando se trate de problemas financieros. 
Abogamos por la creación de una comisión para las irregularidades financieras que pueda plantear estas cuestiones y pueda remitir al procedimiento disciplinario. 
Por último, -la Sra. Van der Laan ya lo ha dicho en el debate de esta mañana- es necesario que llamemos a la responsabilidad al Consejo. 
El presupuesto de esa institución es cada vez más amplio. 
En ámbitos como la justicia, los asuntos de interior y la política exterior, el Consejo tiene prácticamente un derecho exclusivo. 
No puede ser que en este procedimiento de aprobación de la gestión, en el que no sólo controlamos las cifras, sino también la calidad de la política, sigamos sin examinar el presupuesto del Consejo que aumenta sin cesar y, sin embargo, todavía escapa al control democrático. 
Señor Presidente, la aprobación de la gestión supone cada año el punto culminante en la Comisión de Control Presupuestario. 
Deseo suerte con su trabajo a todos los ponentes y, en particular, al Sr. Blak, quien previsiblemente se ocupará de que se otorgue a tiempo una aprobación de la gestión a la Comisión por primera vez en muchos años. 
Espero poder desearle suerte con ello mañana. 
Espero, además, que haya leído con mucho placer las respuestas a sus numerosas preguntas. 
Se trataba de mamotretos que a veces eran algo excesivos para mí. 
El punto más importante de este presupuesto es que la declaración de fiabilidad no es todavía positiva. 
Debe serlo y el Parlamento también debe poder evaluar si no podía ser mejor. 
En tanto grupo, respaldamos cada intento por especificar esa declaración de fiabilidad y consideramos que debe ampliarse a cada sector o, tal vez, incluso a cada dirección general. 
Algunas cuestiones generales. 
Las cifras que conocemos muestran que la agricultura va considerablemente mejor que las otras partes del presupuesto. 
Es algo muy positivo. 
La agricultura puede presentarse con ese porcentaje de faltas del 3% en comparación con otros sectores, aunque ese porcentaje probablemente es todavía demasiado elevado. 
La Comisión debe aplicar esto cuanto antes a otros ámbitos de la política y otros Comisarios deben seguir el ejemplo del Sr. Fischler. 
Algo más sobre las tasas suplementarias en la agricultura. 
Todos conocemos el sistema de las cuotas lecheras. 
Todos los ganaderos de Europa pagan una cantidad adicional si producen demasiada leche. 
Hay un país en el que eso constituye una excepción: Italia. 
El Gobierno italiano paga por los ganaderos ¿No se falsea así la competencia? 
¿No debe hacer algo la Comisión al respecto rápidamente? 
Estoy satisfecho con la respuesta del Comisario con motivo del llamado asunto Fléchard. 
Aunque no sabemos todo lo que sucedió durante el período 1991-1994, tiene todo el aspecto de ser intolerable. 
Estamos satisfechos con que la actual Comisión se haya apartado de ello y presente propuestas cuanto antes relativas, entre otras cosas, a la manera en que puede aplicarse el principio de proporcionalidad ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios a este respecto? 
¿Cuándo debe ser juzgado por la Comisión o el propio Comisario, etcétera? 
¿Cuáles son exactamente los procedimientos en este caso? 
En cuanto al lino, muchas cosas no están todavía claras. 
La cuestión de la sanción financiera que aplicará finalmente la Comisión a los países implicados será importante para este Parlamento. Además de España, hay previsiblemente más países implicados. 
Mi conclusión para el grupo es que concederemos la aprobación de la gestión. 
Somos conscientes de que éste es el último año en el que la Comisión puede decir que no era responsable. 
Para el año 2000 es totalmente responsable. 
Ése es el primer año de la verdad. 
La comisión de Control Presupuestario ha trabajado duramente durante cuatro meses y se ha reunido a buen ritmo. 
Estamos dispuestos a conceder la aprobación de la gestión para el presupuesto de 1999 ¿Significa esto, Señorías, que todo el monte es orégano? 
¿Significa que nada anda mal? 
No. 
Después de todo, es la sexta vez consecutiva que el Tribunal de Cuentas se niega a garantizar que los pagos, en general, se han efectuado legal y regularmente. 
Señora Comisaria, estamos sumamente descontentos con ello. 
Le pedimos que se ocupe de obtener una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas a más tardar en 2003. 
Todo esto, Señorías, no debe hacernos olvidar que más del 80% de todos los gastos han sido efectuados por los Estados miembros. 
Me quejo aquí de nuevo de la ausencia del Consejo y de la ligereza con la que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros trata la aprobación de la gestión. 
Es una chapuza. 
No es serio. 
Los Estados miembros siguen siendo poco conscientes del problema del fraude. 
Me sumo al llamamiento efectuado a los Parlamentos irlandés, luxemburgués y belga a fin de que ratifiquen inmediatamente el acuerdo alcanzado en 1995 sobre el fraude. 
Yo mismo inicio hoy una acción junto a mis colegas nacionales con el objeto de conseguir que ese acuerdo sea ratificado por Bélgica antes del 1 de julio de este año. 
En mi opinión, esto es absolutamente necesario si la Presidencia belga quiere tener alguna credibilidad en materia de política antifraude. 
El informe Blak contiene bastantes indicaciones para la Comisión. 
En tanto ponente permanente para la antigua Yugoslavia, puedo testimoniar el magnífico trabajo de nuestra delegación en Sarajevo. 
No obstante, también debemos centrarnos en algunos expedientes menos atractivos: el asunto del lino, del que efectivamente, todavía no conocemos del todo los últimos desarrollos; el asunto de la mafia con la mantequilla adulterada; y, naturalmente, el asunto Fléchard. 
Señora Comisaria, como muy bien ha dicho usted, hemos prestado mucha atención a este problema. 
Este asunto huele mal, en efecto, y he escuchado muy atentamente su declaración y las promesas que ha hecho al respecto. 
Nos ha dicho con un claro y simple no que algo así no volverá a suceder en el futuro. 
Ha prometido una base sólida para la aplicación del principio de proporcionalidad. 
Ha prometido, así mismo, tratar de otra forma el cobro de las deudas. 
En lo que a mí respecta, cumple usted con las condiciones que figuran en el párrafo 8, i. d) de la resolución Blak, y puedo prometerle, en nombre de mi Grupo, que le concederemos la aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, el Tribunal de Cuentas no ha recomendado la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio de 1999, al igual que tampoco lo ha hecho en ejercicios precedentes. 
Cuando la Comisión Santer, a pesar del apoyo recibido por parte del Grupo de los socialistas, se vio obligada a dimitir con ocasión de la aprobación de su gestión en el ejercicio de 1997, el Grupo GUE/NGL apoyó de forma coherente la dimisión. 
Existían demasiadas irregularidades y había una cultura equivocada de la gestión. 
La situación en el ejercicio de 1999 es diferente. 
La responsabilidad se reparte hetereogéneamente entre la disuelta Comisión Santer y la nueva Comisión. 
Es difícil delimitar las respectivas responsabilidades. 
Ahora es más difícil encontrar argumentos particulares que justifiquen la no aprobación de la gestión. 
La Comisión de Presupuestos no ha descubierto acciones fraudulentas o irregularidades de importancia tan considerable como para que no puedan ser retomadas en la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio de 2000. 
Cuando abordemos la aprobación la gestión del ejercicio de 2000, sabremos que toda la responsabilidad recae sobre la actual Comisión, incluidos los asuntos que queden pendientes en el ejercicio de 1999. 
La mayoría de mi Grupo apoya esta vez la aprobación de la gestión de la Comisión. 
En cuanto a la aprobación de la gestión del propio Parlamento, la atención se centra en las irregularidades cometidas por los Grupos políticos en la financiación de los europartidos. 
Coincido con la ponente, Sra. Stauner: el Acuerdo marco no basta para que la Comisión nos facilite los datos que tiene en su poder. 
Ahora debemos adquirir más experiencia y volver al asunto con motivo de la aprobación de la gestión del ejercicio de 2000. 
Señor Presidente, hemos calibrado muy detenidamente la postura a adoptar ante la aprobación de la gestión de 1999. 
Se trata de un año en el que esta Comisión sólo ha influido en el último trimestre y por ello no se le puede hacer responsable de mucho de lo sucedido. 
El que hayamos decidido votar en contra de la aprobación de la gestión obedece a que, habiéndose hablado durante este año de tantos casos de administración irresponsable del dinero de los ciudadanos, creemos que no debemos dar a ésta el visto bueno, como indica la aprobación de la gestión. 
No dispongo de tiempo suficiente para mencionar todos los escándalos y debo remitirme a mi buen colega, el Sr. Heaton-Harris, y a mis otros competentes colegas de la Comisión de Control Presupuestario, quienes han mencionado algunos de los problemas a los que nos hemos enfrentado. 
Mi buen colega, Freddy Blak, ha escrito un informe espléndido y en realidad sólo estoy en desacuerdo con él en las conclusiones mismas, es decir, en conceder la aprobación de la gestión. 
El Sr. Blak ha realizado un gran trabajo procurando respuesta a innumerables preguntas. 
Las preguntas más inofensivas son contestadas, sin embargo, las respuestas evasivas o la falta de respuesta a otras preguntas resultan inaceptables. 
Seguimos esperando una clara depuración de responsabilidades y que se actúe sobre los responsables de las faltas cometidas. 
La política de construcciones, las ayudas al desarrollo, la modernización y optimización tanto de la agricultura como de las ayudas estructurales son ámbitos en los que la Comisión aún no ha efectuado avances suficientes. 
La Sra. Comisaria Schreyer dijo que se había confeccionado un lista negra de empresas fraudulentas. 
He de señalar que en esta lista aparentemente falta el nombre de "Fléchard", puesto que se nos informa ahora por segunda vez que esta empresa está involucrada en un grave caso de fraude económico y sanitario. 
Señor Presidente, el ponente Blak señala que la concesión de la aprobación de la gestión constituye una decisión política de primer orden. 
Así, se tiene casi la idea de que los hechos no tienen que ver. 
Por supuesto, no es así. 
Los diputados de este Parlamento llegan a diferentes conclusiones basándose en los hechos. 
Y todo eso tiene que ver con la interpretación de los hechos y la confianza en la Comisión. 
Esta Comisión estuvo dispuesta a asumir un gran desafío cuando se formó en 1999, a saber, las reformas necesarias en su aparato funcionarial, la mejora de su imagen y la liquidación de viejos asuntos fraudulentos. 
En cuanto a la aprobación de la gestión de 1998 y también de 1999, mi pregunta es en qué medida podemos responsabilizar a la nueva Comisión de la mala política de la antigua Comisión. 
Los hechos no mienten: fraude con las ayudas al lino en España, fraude con la mantequilla artificial en Italia, fraude con el dinero del FSE en los Países Bajos. 
La interpretación es más difícil. 
Los casos de fraude mencionados han acontecido ante los ojos de los Estados miembros, y deberían ser condenados por ello. 
Resulta molesto para la Comisión que el Tribunal de Cuentas no quiera expedir una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas de esa institución. Una empresa corriente vería amenazada su supervivencia. 
Si la Comisión, a pesar de todo esto, transmitiera ahora la confianza de que conoce su responsabilidad política y se pusiera a trabajar en ese sentido, estaría a favor de la aprobación de su gestión. 
La actuación de la Comisión ha dejado mucho que desear, sin embargo, durante las audiencias de la Comisión de Control Presupuestario. 
Desgraciadamente, mi confianza ha disminuido proporcionalmente. 
De ahí que opte por aplazar la aprobación de la gestión. 
Con la excepción del Comisario Patten, que ha mostrado su responsabilidad política al paralizar las ayudas a IRELA, especialmente, los Comisarios Schreyer y Lamy han demostrado que pueden hablar maravillosamente sin decir mucho. 
Mientras que el Comisario Fischler reconoce que la actuación de la Comisión en el asunto Fléchard no es un modelo que se deba seguir, la Comisaria Schreyer se niega a declarar que algo así no se tolerará en el futuro. 
Valoro lo que ha dicho al comienzo de esta reunión de mediodía, ¡pero hacer semejante declaración bajo la presión de un aplazamiento de la aprobación de la gestión no es creíble! 
Cuando la Comisión se formó, obtuvo la confianza de este Parlamento. 
Ya es hora de que logremos ver en las palabras y en los hechos que esa confianza es merecida. 
Eso puede suponer eventualmente la dimisión de la Comisaria de Palacios si resulta que, efectivamente, tenía conocimiento del fraude del lino en España. 
Toda la Comisión puede ponerse a trabajar con los diez puntos que figuran en la resolución con motivo de la aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, me alegro también de ver los informes que se nos han presentado, principalmente el excelente informe del Sr. Blak al que hemos de rendir homenaje por la combinación de seriedad y espíritu positivo con la que ha planteado su trabajo. 
Es necesario que nos convenzamos de que la aprobación de la gestión no es un acto de denuncia populista sino, desde el momento en el que la Comisión ha sido investida por nosotros y goza por tanto de nuestra confianza- hasta que la censuremos -, un trabajo colectivo de negociación entre actores de buena fe, orientado a mejorar la gestión del presupuesto de la Unión. 
Hemos de ser conscientes de que la aprobación de la gestión es un ejercicio preciso, encuadrado en unos límites de tiempo- el de un ejercicio financiero, con un alcance preciso, podemos darle nuestro apoyo, podemos aplazarla, no podemos rechazarla definitivamente, porque sería necesario interrumpir la continuidad de los saldos. 
La aprobación de la gestión, finalmente, no pretende reproducir el acto de autorización del presupuesto. 
No es un acto de oportunidad sino un acto que sanciona la irregularidad y eventualmente la falta de buena gestión. 
Se trata de un marco al que debemos atenernos si deseamos evitar la repetición de psicodramas. 
Personalmente me alegro de todo esto. 
Haré tres observaciones sobre lo que nos ha ocurrido este año. 
En primer lugar, observo que hay un grave problema, el del desequilibrio entre las responsabilidades de la Comisión y las de los Estados miembros, con respecto a la aprobación de la gestión. 
El 80% de los créditos siguen gastándolos los Estados miembros y nosotros concedemos la aprobación de la gestión a la Comisión. 
De ahí, creo yo, la dificultad que encontramos para exigir, con una eficacia suficiente, la mejora de una declaración de seguridad positiva. 
Nosotros sancionamos a alguno que sólo es parcialmente responsable de lo que le sucede. 
Quisiera que los euroescépticos, antes de sancionar a la Comisión, acepten en cualquier país controles más amplios sobre la forma como se ejecutan los gastos en los Estados miembros. 
La segunda observación- y voy un poco rápido- se refiere a las relaciones entre la OLAF y el Parlamento Europeo que no están estabilizadas. 
En este tema es necesario conciliar la obligación de transparencia con la protección de la confidencialidad de algunas informaciones y el derecho a la defensa. 
No siempre sucede así. 
Finalmente, sufrimos de forma muy intensa un desequilibrio mantenido, con respecto al fraude, entre un aparato represivo esencialmente administrativo y un aparato jurisdiccional, judicial, aún en sus inicios. 
Ahí se encuentra el verdadero escándalo del asunto Fléchard. 
Los malentendidos de este asunto se explican por el hecho de que nosotros estábamos, Unión Europea y Comisión, en condiciones de sancionar administrativamente a alguien, sin escatimar el derecho a la defensa. 
Es necesario corregir imperativamente este desequilibrio desarrollando el control jurisdiccional. 
Señor Presidente, estimados colegas, el informe del Sr. Blak contiene una frase que me ha agradado sobremanera. 
En la página 41 de su exposición de motivos escribe que el procedimiento de aprobación de la gestión debería desembocar en una situación en la que todas las partes implicadas salgan ganando: tanto la Comisión controlada como el Parlamento controlador, e incluidos todos los contribuyentes, algunos representantes de los cuales se encuentran ahí arriba en la tribuna. 
Ello supone que de vez en cuando hay que ceder y acercar posiciones. 
Por desgracia, es algo que la Comisión no ha sabido hacer siempre, aunque sí en el ámbito con el que yo estoy más familiarizado, a saber la lucha contra el fraude. 
Hace menos de tres semanas aprobamos aquí en Estrasburgo una resolución en la que solicitamos que se nos brindara acceso a toda una serie de informes de inspección de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF. 
Entretanto el Sr. Brüner, el Director de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, ha puesto a nuestra disposición todos los informes sin excepción. 
Con ello se ha impuesto a los representantes de la Comisión que prefieren practicar la consigna "cuanta menos información reciba el Parlamento mejor, y que le llegue lo más tarde posible". 
Hasta la fecha ésta había sido asimismo la postura del a veces todopoderoso Servicio Jurídico de la Comisión. Solamente nos queda la esperanza de que la inminente sustitución de la dirección de este servicio produzca un cambio de mentalidad en este sentido. 
Pues bien, ¿qué nos aportan estos informes de la OLAF? 
Incluso para alguien que se ocupa desde hace mucho tiempo de este tema resulta asombroso observar hasta qué punto y con qué astucia se organizan todo tipo de fraudes transfronterizos en detrimento del presupuesto comunitario en toda Europa. 
Pongamos por ejemplo el caso de la mantequilla adulterada. 
Dicha mezcla se preparó en Italia bajo el control de la mafia sobre la base de sebo de bovino y sustancias químicas. Sin embargo, el producto fue comercializado principalmente por empresas establecidas en Francia, aunque pasó también por otras manos, por ejemplo por una firma londinense, a fin de encubrir aún más este inmenso fraude y borrar todas las huellas. 
Este fraude de dimensiones y características desconocidas hasta ahora ha podido proliferar libremente durante muchos años. 
El caso del lino es otro ejemplo. 
En un principio sólo se trataba de España. 
Posteriormente se descubrió que también estaban implicados otros países y al final resultó que el fraude cometido en España solamente fue posible porque una empresa belga emitió certificados de recepción de entregas ficticias. 
Me alegro de que pese a las virulentas contiendas políticas libradas en España a raíz de este caso podamos seguir afirmando que la colaboración entre las autoridades españolas y la OLAF funciona y está marcada por la voluntad de esclarecer los hechos y castigar a los responsables. 
El punto más débil de la OLAF- no hay por qué ocultarlo- radica sobre todo en la investigación de las irregularidades internas. 
Ello se pone claramente de manifiesto en el caso de la supuesta desaparición de los expedientes sobre el asunto Fléchard. 
Este problema se trató con sumo cuidado, algo que entiendo perfectamente. 
Si esta situación se examinara en profundidad podría llegarse a la conclusión de que algunos funcionarios de alto e incluso muy alto rango se han prestado sencilla y llanamente al embuste. 
Ésta es una explicación, pero no una justificación. 
Cuando la OLAF detecta irregularidades con celeridad, la Comisión curiosamente pone pegas desde el punto de vista de las consecuencias disciplinarias. 
Por eso reviste una importancia especial la solicitud de que se proceda sin mayor demora a la implantación del primer nivel del ministerio fiscal. 
Nos hace falta un fiscal interno para que las instituciones sean examinadas rigurosamente y para que se saquen las conclusiones oportunas. 
Está en juego la credibilidad de la Comisión. 
Por todo ello, señora Schreyer, le pido que presente a este Parlamento una propuesta adecuada, de ser posible en un plazo no demasiado largo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar he de felicitar a Freddy Blak por su excelente informe y al mismo tiempo darle las gracias por la buena cooperación que hemos mantenido durante su elaboración. 
Dinamarca ha sido objeto de un nota en la aprobación de la gestión que critica ferozmente el modo en que el Ministerio danés de Alimentación, Pesca y Agricultura maneja los pagos de las ayudas a la exportación. 
Es inaudito que haya en Dinamarca casos que se remontan a 1996, lo que significa que las empresas exportadoras danesas se ven sujetas en la actualidad a fuertes trabas y que hablamos de una grave distorsión de la competencia con respecto a otros países comunitarios. 
Es sin comparación la crítica más dura de la que nunca antes ha sido objeto Dinamarca y hablamos de que es la administración estatal la que falla. 
Por ello solicito a la Comisión que se ocupe de que las normas danesas en materia de ayudas a la exportación sean normalizadas lo antes posible. 
Señor Presidente, esta semana debe concederse a la Comisión la aprobación de la gestión para el ejercicio 1999. 
Así lo decidió la Comisión de Control Presupuestario con amplia mayoría la semana pasada. 
Con ello se suma a la propuesta formulada en el informe de nuestro ponente Freddy Blak, al que quiero felicitar expresamente por su excelente trabajo. 
Ahora bien, la recomendación de la semana pasada fue emitida bajo la condición de que la Comisión esclareciera inequívocamente algunos puntos dudosos. 
Soy consciente de que la decisión final de muchos colegas, entre los que me incluyo, depende de esta cuestión. 
Les doy cuatro palabras clave. 
La primera es el caso Fléchard. 
Señora Schreyer, usted acaba de subrayar que hoy día la Comisión no actuaría de la misma manera. 
No obstante, debo recordarle que aunque todos ustedes han comparecido en la comisión- por lo que le manifiesto mi más sincera gratitud- lamento que no haya sido capaz de formular una respuesta rotunda en la misma comisión. 
Ello hubiera facilitado las cosas para ambas partes. 
Le digo, no obstante, que afrontamos el futuro con optimismo y que debemos reforzar la confianza a través de la transparencia en lugar de perdernos en elucubraciones sin saber de qué estamos hablando. 
Mi segunda palabra clave es la declaración de fiabilidad. 
Por sexta vez consecutiva el Tribunal emite una declaración negativa, por mucho que se hayan producido determinadas mejoras en algunos ámbitos. 
No basta que tras las reiteradas solicitudes del Parlamento la Comisión prometa hacer todo cuanto esté a su alcance para reducir el porcentaje de errores. 
No, aquí queremos ver hechos concretos. 
En 2002 la DAS ha de ser positiva. 
El Parlamento está dispuesto a colaborar con la Comisión y el Tribunal de Cuentas para lograr este fin. 
La tercera palabra clave se refiere al acceso a la información. 
El Acuerdo Marco entre la Comisión y el Parlamento creó una gran expectación, pero, por desgracia, todas estas esperanzas se han frustrado. 
Aunque yo tenía mis dudas desde el principio, como presidenta de la comisión siempre me he empeñado en que las disposiciones del acuerdo se respetasen estrictamente. 
A pesar de ello, la Comisión no nos ha proporcionado ni mucho menos toda la información solicitada. 
La larga lista de informes reclamados pero nunca recibidos que figura en el anexo al informe del Sr. Blak lo dice todo. 
Señora Schreyer, en realidad la Comisión obra contra sus propios intereses, puesto que en caso de duda no puede pretender que el Parlamento la ampare protegiéndola contra ataques injustificados si no nos facilita previamente la información necesaria. 
Paso al último punto. El Parlamento ha pedido reiteradamente y con amplia mayoría a la Comisión que elabore propuestas para la célere creación de un ministerio fiscal europeo. 
El fiscal ha de encargarse de los casos de fraude registrados en las instituciones europeas. 
Los oradores anteriores también han abordado este tema. 
De esta forma sería posible crear un ministerio fiscal europeo sin mayor dilación y sin necesidad de modificar los Tratados. 
A fin de cuentas es lo que han recomendado los cinco sabios en su informe sobre la reforma de la Comisión así como el órgano de control de la OLAF. 
El plazo fijado por el Parlamento para que la Comisión se pronunciara acerca de esta cuestión expiró a finales de marzo. 
Señora Schreyer, le pregunté por este tema en el Pleno anterior. 
¿Recibiré hoy por fin una respuesta inequívoca al respecto? 
La Comisión de Control Presupuestario ha presentado otros cinco informes en el marco de la aprobación de la gestión. 
Felicito a todos los ponentes por su excelente trabajo. 
El informe de seguimiento sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 1998 merece nuestra especial atención. 
Hemos de comprobar concienzudamente si la Comisión ha accedido a nuestras solicitudes del año pasado destinadas a reforzar la confianza, la transparencia y el sentido de responsabilidad. 
Desafortunadamente, quedan por atar algunas cuestiones, sobre todo la necesidad aquí comentada de obtener una DAS positiva, así como el problema de la información al Parlamento. 
No olvidemos que este punto débil ha llevado a la ponente, la Sra. Rühle, a aplazar la aprobación de la gestión de los Fondos de Desarrollo, a mi modo de ver con razón. 
El Sr. Folias ha elaborado un informe muy meditado y muy coherente. 
No se han presentado enmiendas. 
Le expreso mi mayor respeto y consentimiento. 
Los informes de la Sra. Van der Laan y del Sr. Seppänen han sido acogidos favorablemente en la comisión. 
Señor Presidente, numerosos oradores se han referido al Acuerdo Marco sobre la información facilitada al Parlamento. 
Debo señalar que los socialdemócratas pueden hacer alarde de haber obtenido un resultado positivo respecto a la libertad de información del Parlamento en la votación nominal celebrada en la Comisión de Control Presupuestario. 
Tal vez ése no sea el caso de todos los grupos políticos presentes en la sala, pero sin embargo, considero oportuno mencionarlo. 
Ha de tener muy claro que hablamos en serio. Realmente esperamos que la Comisión realice todos los esfuerzos necesarios para que en el año 2003 se pueda emitir una declaración de fiabilidad positiva. 
A la luz de lo que se ha dicho acerca de algunas enmiendas que se presentarán mañana- al comienzo de la sesión de tarde aún no estaban disponibles en versión escrita- quiero dejar claro desde ya mismo que no contribuiremos a la implantación de un automatismo que nos haga renunciar por así decirlo al derecho que nos corresponde como instancia encargada de decidir sobre la aprobación de la gestión, convirtiéndonos en una suerte de secretaría del Tribunal de Cuentas. 
Considero imprescindible que el PPE se aclare al respecto. 
No puede presentar enmiendas destinadas a introducir un automatismo de estas características a la vez que en las sesiones de la comisión destaca la importancia- como suele hacer la Sra. Theato- de la libre decisión política a la hora de conceder la aprobación de la gestión. 
Corresponde a dicho grupo político dilucidar esta flagrante contradicción. 
Nosotros por nuestra parte no estamos dispuestos a renunciar al derecho del Parlamento a decidir por sí mismo en el procedimiento de aprobación de la gestión. 
Quisiera distanciarme de la visión del Sr. Heaton-Harris. 
Si el Tribunal de Cuentas no da a conocer oficialmente ningún porcentaje de errores- como es el caso- uno puede lamentar este hecho o debatirlo con el Tribunal de Cuentas, pero para el Parlamento como institución es relevante que el Tribunal no haya publicado tasa alguna. 
A nosotros como Parlamento no nos corresponde arbitrar las querellas internas del Tribunal de Cuentas ni juzgar si es bueno o malo que determinados miembros del Tribunal de Cuentas indiquen en los pasillos a otra gente dónde están los porcentajes de error. 
En caso de haberlos, esperamos del Tribunal de Cuentas que se pronuncie inequívocamente al respecto. 
Ello no obstante, señor Heaton-Harris, usted ha señalado un punto con el que estoy plenamente de acuerdo y del que debería tomar buena nota la Comisión. 
El carácter político del procedimiento de aprobación de la gestión que acabo de mencionar no implica que exista una pila- en cierto modo sin fin- donde la Comisión pueda ir acumulando y amontonando todas las promesas incumplidas. El día menos pensado puede saltar una chispa y entonces toda esta pila acabará incendiándose de forma incontrolada como si de una hoguera se tratase. 
A este respecto tiene usted toda la razón. 
Sin embargo, no apruebo que haya intentado llevar a engaño al Parlamento diciendo: "¡ No pasa nada si deniegan la aprobación de la gestión, ello no tiene consecuencias jurídicas, el Tratado no dice nada al respecto !" 
Debo recordarle que también a este respecto existen opiniones divergentes en su Grupo. 
Desde las filas de su Grupo han salido muestras de asentimiento cuando he dicho que desde los acontecimientos de 1998/1999 el procedimiento anual de aprobación de la gestión reviste carácter político. En realidad se trata de una votación anual de confianza política en la Comisión. 
Precisamente por eso la denegación de la aprobación de la gestión implica mucho más. No se puede decir simplemente: "Adelante, no tiene consecuencias jurídicas." 
Creo que cada uno de los aquí presentes es plenamente consciente de las consecuencias políticas que entrañaría una denegación de la aprobación de la gestión en las actuales circunstancias. 
Por estos motivos y después de escuchar las aclaraciones de la Comisión hemos decidido conceder mañana la aprobación de la gestión. 
Señor Presidente, ante todo quiero referirme a la ausencia del Consejo en este debate, como bien ha señalado nuestra presidenta de comisión, la Sra. Theato. 
Es inaceptable que en este debate, en el que vamos a hablar del Consejo, éste no esté representado. 
Aquí tenemos a nuestro Secretario General del Parlamento, aquí tenemos a la Comisaria, que representa a la Comisión, pero ¿dónde está el Consejo? 
Puedo entender que este debate se desarrolle en paralelo a un debate presupuestario en Suecia y, tal vez, la Presidencia sueca no tenga mucho que ver con el ejercicio en cuestión, pero creo que el Consejo tiene también un Secretario General. 
El Sr. Solana siempre nos dice que no sólo es Mr. 
PESC, sino que también es Secretario General del Consejo. 
Pues que venga. 
O que nombre a un Mr. 
PESC para poder estar aquí presente y oír lo que digamos. 
Su ausencia me parece inaceptable y le ruego, señor Presidente, que transmita al Sr. Solana, Secretario General del Consejo, que alguien debería estar aquí representando al Consejo, incumba o no a la Presidencia sueca. 
En segundo lugar, quiero felicitar a todos los ponentes y también al Sr. Blak- a nuestro buen amigo Freddy Blak- porque él, como buen ciclista y admirador del pentacampeón Induráin- mi paisano -, ha sabido llevar a buen puerto este informe y hacer una buena labor de equipo, puesto que su informe ha gozado en comisión de un amplio consenso. 
Yo estoy de acuerdo con el informe, que es un informe serio, exigente, duro, y también estoy de acuerdo con la fase final en la que aprueba la gestión presupuestaria, porque, como aquí se ha dicho desde diferentes ámbitos, la Comisión está haciendo esfuerzos por hacer mejor las cosas. 
Y también en este ejercicio de 1999 que, como bien decía el Sr. Heaton-Harris, ha sido un poco peculiar, un interregno, está demostrando con hechos que está haciendo mejoras en la supervisión de la gestión financiera y también en la política de personal. 
Pero debo decir aquí que, según mi modesta opinión, lo está haciendo de forma muy lenta y eso crea inseguridades y ocasiones de que haya improvisaciones y crea también desmotivación en el personal. 
Yo creo que tendrían ustedes que "ponerse las pilas" y hacer esa reforma tan prometida con más facilidad y con más ambición porque mucho me temo que se está quedando en una reforma, en casi todos los conceptos, poco ambiciosa y, tal vez, no como en el primer momento se pretendía hacer. 
Señor Presidente, afortunadamente, esta tarde debatimos sobre la base de un consenso, y es que el excelente informe del Sr. Blak va unido al entusiasmo que ha transmitido a nuestra comisión al elaborarlo, de lo que todos nos felicitamos. 
Señora Comisaria, yo pensaba iniciar mi intervención con una pregunta: ¿la Comisión no tiene ninguna autocrítica que hacerse? 
Después de haberle oído decir que, en estos momentos, la actuación de la Comisión no sería la misma que en ocasiones anteriores y que hay que buscar, en aras a la cooperación respecto a la buena gestión financiera, una mejora de la base jurídica reglamentaria y comitológica, doy la razón a mi compañero Van Hulten, porque creo que asistimos a una inflexión en el comportamiento y en la actitud de la Comisión. 
Yo interpreto sus palabras como una autocrítica de la Comisión. 
Me he acercado a este informe por el asunto relacionado con el lino. 
Las innumerables filtraciones que se han producido me llevan a solicitar la desclasificación de este informe, y como diputado que lo he leído, puedo asegurar que no produciría ningún efecto negativo su desclasificación y que fuera conocido por la opinión pública. 
Queremos una investigación seria, independiente y eficaz, haya o no miembros de la Comisión en el ámbito de las responsabilidades, porque en el informe del Sr. Blak hay un dato muy importante, y es que pide que se recupere el dinero que haya sido inadecuada y fraudulentamente recibido, así como sanciones severas al efecto. 
Por eso, podemos argumentar, sin ningún problema, que estamos a favor de la desclasificación. 
Señor Presidente, deseo felicitar a todos los ponentes, en especial, al Sr. Blak por sus grandes esfuerzos en la elaboración de este informe. 
Recuerdo los tiempos en que esta Comisión de Control Presupuestario era sólo una subcomisión de la Comisión de Presupuestos. 
El Sr. Aigner, en su calidad de presidente, luchó por convertirla en una comisión de pleno derecho y luchó también por el establecimiento del Tribunal de Cuentas, lo que también consiguió. 
Con el paso de los años hemos alcanzado un control real y hemos alcanzado la posibilidad de repercutir sobre la gestión de los recursos de la Unión Europea. 
Pero corremos el riesgo de que se nos vaya la mano. 
Mientras más gritemos sobre el fraude y la corrupción, menos en serio nos tomarán, a menos que sea absolutamente necesario y a menos que sepamos exactamente de qué estamos hablando. 
Quiero prevenir en contra de eso porque en la Comisión de Control Presupuestario solíamos pensar que colaborábamos con la Comisión en la mejora de la gestión de nuestros recursos. 
Ahora son demasiados los que piensan que trabajamos en contra de la Comisión y quiero advertir de que ésa no es una tendencia saludable. 
Asimismo quiero hacer referencia a la cuestión de la declaración de fiabilidad y la aprobación de la gestión. 
El Tribunal de Cuentas fue creado para aplicar procedimientos de contabilidad. 
Examina cómo se utilizan los fondos. 
Examina las cifras y llega a la conclusión de que no todo encaja y no puede conceder la aprobación de la gestión. 
Nuestra responsabilidad es completamente diferente. 
Si repasamos las listas que se han mencionado antes- ya sean las cuotas lecheras italianas, el aceite de oliva en el Mediterráneo, las ovejas en el Reino Unido e Irlanda o el número de reses en Córcega- descubriremos que en todos y cada uno de los casos el que falló fue el Estado miembro, no la Comisión Europea. 
No estoy diciendo que la Comisión sea perfecta, pero no podemos obligar y decir a la Comisión "tiene que restallar el látigo y todos los Estados miembros de la Unión Europea responderán", porque eso no ocurrirá. 
Cualquiera que conozca la corta historia de la Unión Europea y la larga historia de Europa sabrá que los orgullosos Estados no bailarán al son del látigo de la Comisión Europea. 
Pero podemos trabajar por ello y nos estamos acercando. 
Lograremos la cohesión de la Unión, pero debemos ser responsables en nuestra actitud respecto a toda la cuestión de qué es intencionadamente fraudulento y qué son sencillamente errores que, a corto plazo, no pueden evitarse. 
Señor Presidente, emplearé mis últimos tres minutos en hablar de los grandes casos de este año. 
En primer lugar, comenzaré por los países escandinavos. 
La administración de la oficina Estocolmo ha resultado ser un escándalo. 
Hemos de esperar al resultado del expediente disciplinario, pero me gustaría preguntar a la Comisión cuándo éste quedará cerrado y me gustaría saber si se han dado los pasos necesarios para suspender a los funcionarios después de recibir el informe de la OLAF. 
También ha habido grandes problemas, como dijo Niels Busk, en Dinamarca. 
El problema de los pagos de garantía en Dinamarca, aún sin solucionar, es un escándalo de grandes dimensiones. 
Me da vergüenza tener que decir esto como ponente danés, pero así son las cosas. 
Con respecto al caso del lino en España, me alegra increíblemente que se lograra alcanzar un compromiso. 
No he querido participar en la pelea interna española. 
He examinado si la Comisión ha fallado en su función de control y creo que no lo ha hecho en este ámbito. 
Sin embargo, me gustaría dar las gracias a los colegas españoles de los dos campos políticos por su espíritu de cooperación y su entendimiento de los diferentes puntos de vista. 
Me gustaría mencionar el "asunto Fléchard", objeto este año del máximo interés. 
Nunca sabremos más de lo que sabemos ahora. 
Hemos creado una comisión especial, hemos enviado varios cuestionarios a la Comisión, hemos tenido a cinco nuevos comisarios y ex-comisarios a consulta en la comisión. 
La OLAF, el comité de sabios, el Tribunal de Cuentas han examinado el asunto. 
¿Y qué hemos descubierto? 
Hemos descubierto que la Comisión Delors adoptó una decisión para la que no había base jurídica. 
En ningún caso existía base jurídica para reducir la multa de seis a tres millones, han concluido tanto el Tribunal de Cuentas y el grupo de expertos como la OLAF. 
La Comisión reaccionó quizá a la presión del gobierno francés y realizó todas las cabriolas posibles para salvar una empresa que con toda probabilidad ha estado involucrada en el fraude desde el principio. 
Este punto no se descubrió sencillamente porque no se examinó el caso hasta el fondo. 
El resultado de la reunión donde se adoptó la decisión ha desaparecido y nunca ha sido recogido por escrito. 
La OLAF acaba de dar por finalizada una investigación exhaustiva del caso y sus conclusiones son claras: los archivos nunca serán encontrados. 
¿Cómo deberían encontrarlos entonces los diputados al Parlamento Europeo si la OLAF no puede? 
Ahora hemos de mirar hacia delante y me alegra increíblemente que la Sra. Schreyer haya dicho tan claramente que el "caso Fléchard" no se repetirá. 
La nueva Comisión ha reconocido por primera vez que podía criticarse la decisión de reducir la multa y que se debería haber llevado a cabo una investigación más profunda. 
También han prometido reelaborar las normas para que este tipo de decisiones no puedan ser adoptadas por funcionarios de ahora en adelante. 
Creo que por ello debemos considerar dar por cerrado el caso y así "gastar la pólvora" en hacer que la Comisión cumpla sus promesas. 
Por último, me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido a la realización de un trabajo tan bueno, a la Comisión, a los funcionarios de la Comisión, y a nuestra gente del Parlamento, especialmente Asadbeg y Marina Buk Kristensen han hecho un papel estupendo en este trabajo- deben recibir todo mi agradecimiento por ello. 
A mis tres colegas que no quieren conceder la aprobación de la gestión, quiero decirles que realmente me habría puesto nervioso que se hubieran mostrado dispuestos a otorgar la aprobación de la gestión. 
En tal caso mi informe no habría sido suficientemente bueno. 
Para algunos es un estilo de vida oponerse y ser contrarios a todo. 
Me parece perfecto, lo acepto, y les acepto como buenos colegas. 
Está bien que tres grupos se opongan a ello, los demás aceptamos la responsabilidad. 
Señor Presidente, el breve espacio de un minuto me obliga a ser extremadamente concreto. 
Quiero dar mi enhorabuena a la Sra. van der Laan por su informe y referirme al CEDEFOP, cuya sede está en Salónica. 
Quiero hacer llegar el mensaje de que, si aprobamos mañana este informe, se reconoce que el CEDEFOP ya funciona como desearíamos, se reconocen los elementos positivos de su funcionamiento y de su eficacia; se constata un ritmo rápido en la construcción del edificio del CEDEFOP, que terminó antes de lo esperado y además con un ahorro de 1.200.000 euros. 
Pero lo que quisiera subrayar es que debemos mirar por que las personas que trabajan tan positivamente en el CEDEFOP no se intranquilicen pensando en que quizás deban trasladarse de Salónica a cualquier otro sitio, tal como hace unos pocos años lo hicieron de Berlín a Salónica. 
Señor Presidente, estimada señora Comisaria, estimados colegas, para finalizar el presente debate quisiera detenerme una vez más en un detalle del presupuesto de 1999 que se extiende asimismo sobre los ejercicios 2000 y 2001. 
Se trata del proyecto Synergy. 
En diciembre de 1999 el Director General de la Dirección General de Transporte y Energía detuvo este programa destinado al ámbito de la energía porque no hay consenso sobre cuál ha de ser el umbral mínimo del programa. 
El Director General tan sólo quiere aprobar programas a partir de 400.000 euros en tanto que la Sección de Energía del Consejo opta por un límite de 200.000 euros. 
A causa de esta polémica la ejecución del programa Synergy está bloqueada desde hace un año y medio. 
El asunto está tomando un cariz grotesco puesto que los representantes permanentes no han logrado ni un acuerdo. Tanto es así que el asunto ha ido a parar al orden del día de la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores prevista para el 9 de abril. 
Es más, corremos el riesgo de perder los fondos de 2001, en cuyo caso dejaremos de usar dos terceras partes de un presupuesto energético. 
Nosotros como Parlamento hemos de instar a la Comisión a que ponga en tela de juicio la postura excesivamente rígida del nuevo Director General, el Sr. Lamoureux, a fin de alcanzar un acuerdo amistoso. 
Señor Presidente, estimados señores diputados, como ya es tarde me limitaré a formular algunas observaciones a modo de conclusión. 
Primero, ¿cómo reaccionaría la Comisión ante un fraude manifiesto o unas presuntas irregularidades? 
Desafortunadamente, disponemos de la OLAF desde 1999. Ello implica de entrada un cambio de actitud fundamental hacia los problemas similares a los que surgieron en 1991 en el caso Fléchard. 
Subrayo una vez más que de producirse una situación parecida no se aplicaría el mismo método ni se adoptarían las mismas decisiones. 
Las cuestiones concretas también son importantes. 
Hasta la fecha solamente incluía empresas condenadas y correspondía únicamente a los Estados miembros incorporarlas. 
Obviamente, éste es un punto débil. Por eso estamos preparando una propuesta que extienda el derecho a incluir empresas en dicha lista a la Comisión. 
Debo añadir que al mismo tiempo se trata de un reglamento del Consejo. 
Veremos cómo evoluciona este debate. 
Paso ahora a la pregunta de cómo proceden los tribunales de los Estados miembros cuando se detecta un fraude y éste se denuncia. Conocemos la respuesta. 
Los procedimientos divergen considerablemente, tanto en cuanto a la celeridad como en lo que a la eficacia se refiere. 
Con ello no pretendo señalar a ningún Estado miembro; no es más que una observación. 
Por tanto, es obvio que el tema del fiscal europeo continuará en el orden del día. 
Insisto una vez más en que a nuestro modo de ver la designación de un fiscal carece de fundamento jurídico si no se modifica el Tratado. 
Presentaremos el libro verde y trataremos de ejercer una mayor presión a través de una directiva conforme al Reglamento sobre la protección de los intereses financieros. Dicho de otro modo, atizaremos el debate. 
Aún no he perdido la esperanza de que en la próxima conferencia gubernamental- ojalá se denomine de otra manera, tal vez se llame convención- este tema se plantee y se solucione de forma distinta. 
En este sentido también es relevante que hayamos presentado una propuesta de modificación del procedimiento disciplinario. Además, les recuerdo que la Comisión presenta al Parlamento en el marco del procedimiento de la aprobación de la gestión para la ejecución del presupuesto una lista de procedimientos disciplinarios- resultados incluidos- abiertos o cerrados en cada ejercicio. 
Que yo sepa ningún Estado miembro informa hasta este punto al Parlamento acerca de sus propios problemas y la solución de los mismos, ni siquiera aquellos que se jactan de una gran transparencia. 
Se ha dicho reiteradamente que la ejecución de las líneas presupuestarias, es decir, la transformación de las decisiones adoptadas por las autoridades presupuestarias en políticas concretas, a menudo deja que desear, también en política exterior. 
Así por ejemplo los resultados del ejercicio pasado para la ejecución de los Fondos Estructurales fueron malos. 
No puedo decir otra cosa puesto que el nuevo programa no pudo aprobarse ni aplicarse en todas partes. 
En el ámbito de la política exterior las cosas han mejorado sustancialmente, entre otras razones porque en este terreno se ha emprendido otro camino administrativo de acuerdo con las decisiones del Parlamento, por ejemplo en el caso de la Agencia para la Reconstrucción de Kosovo, y hasta ahora ha dado buenos resultados. 
En realidad se trata de un aspecto que deberíamos incluir en el debate sobre la reforma en general. 
En lo que a la ejecución del presupuesto se refiere quisiera afirmar una vez más que de ahora en adelante facilitaremos cada semana los datos oportunos al Parlamento. Insisto, tampoco creo que ningún Estado miembro proporcione una información tan actual al Parlamento como la que nosotros pondremos a su disposición. 
Por último quisiera detenerme en el problema de la DAS positiva. Como Comisaria de Presupuesto y responsable del procedimiento de aprobación de la gestión preferiría evidentemente que se nos concediera una DAS positiva lo antes posible. 
¡Eso es obvio! 
Sin embargo, también soy consciente de que una sola acción o unas cuantas acciones y mejoras insignificantes no bastan para obtener una declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas- la decisión está en manos de esta institución y no ha determinado cuándo va a concederla -, sino que nos queda mucho camino por recorrer. Debemos tener muy presente que los problemas que plantea la eliminación de fraudes y errores en cada uno de los ámbitos de acción, ya sean los Fondos Estructurales, la política agrícola o la política en materia de investigación, requieren medidas muy diversas. 
Es algo que también queda de manifiesto en el informe del Sr. Blak. 
En efecto, nos estamos moviendo en un vasto terreno, y no olvidemos que la mejora de la ejecución del presupuesto, la reducción de los errores y la eliminación del fraude pueden convertirse en un campo minado, por seguir utilizando la misma imagen. 
Desde esta perspectiva, el plan de acción de la Comisión y la reforma administrativa han de considerarse como un programa de retirada de minas, de tal modo que en el futuro las decisiones adoptadas por las autoridades presupuestarias echen raíces en suelo fértil no minado. 
En nombre de la Comisión prometo de nuevo al Parlamento que una vez obtenida la concesión de la aprobación de la gestión no nos dormiremos en los laureles ni nos quedaremos con los brazos cruzados, sino que nos arremangaremos y trabajaremos con más energía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Fiebre aftosa 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la fiebre aftosa. 
. (EN) Señor Presidente, Señorías, me complace poner al día al Parlamento sobre el actual brote de fiebre aftosa. 
Hasta la fecha, el brote sigue confinado mayormente en el Reino Unido, donde se han producido casi el 99% de los casos registrados hasta ahora. 
El brote comenzó con dos casos detectados el 20 de febrero. 
No obstante, durante las semanas siguientes, el número de casos aumentó de manera exponencial alcanzando a veces totales diarios de 50 o más. 
En estos precisos momentos, el número total de casos en el Reino Unido supera los 900. 
La situación en los otros Estados miembros afectados, afortunadamente, no es tan grave. 
Se han producido dos casos en Francia, doce en los Países Bajos y uno en Irlanda; no obstante, debemos mantener una vigilancia intensiva. 
Todos los Estados miembros están destinando enormes recursos a la lucha contra el presente brote. 
Esto es cierto sobre todo en los Estados miembros en los que se han registrado casos y, en particular, en el Reino Unido. 
La solidaridad y la cooperación entre los Estados miembros en estas difíciles circunstancias actuales son muy grandes. 
La estrategia de la Comisión respecto a la crisis ha sido actuar con decisión y rapidez. 
Nuestro objetivo es ayudar a los Estados miembros a erradicar la fiebre aftosa. 
Existe consenso sobre este objetivo. 
Otras consideraciones- consideraciones muy importantes- derivadas de la crisis deberán esperar hasta que se haya logrado este objetivo. 
Mantenemos un alto grado de coordinación y cooperación con los Estados miembros: por ejemplo, el Comité Veterinario Permanente ha celebrado ocho reuniones desde que se declaró la crisis; una novena reunión se está celebrando en Bruselas en estos precisos momentos, y también se han celebrado dos otras reuniones especializadas de analistas expertos en fiebre aftosa y en animales que viven en zoológicos. 
Asimismo, cada día se establecen innumerables contactos e intercambios de información con y entre los Estados miembros. 
Estamos actuando con urgencia sobre toda nueva información que nos llega. 
Por ejemplo, la Comisión ha impuesto restricciones sobre las exportaciones y desplazamientos de animales desde los Estados miembros y las regiones afectados en un plazo de 24 horas tras confirmarse los brotes. 
La Comisión ha adoptado nada menos que 18 decisiones desde el comienzo de la crisis. 
Estamos actuando con toda la transparencia posible. 
Además de las reuniones del Comité Veterinario Permanente, la crisis ha sido debatida en dos ocasiones en el Consejo de Agricultura y en cinco en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como en el Consejo Europeo, en el COPA, organizaciones profesionales y en un sinfín de ruedas de prensa y sesiones de orientación técnica. 
Ésta es mi tercera comparecencia ante el Parlamento para poner al día a sus Señorías sobre la evolución de la situación. 
Asimismo he pedido a mis servicios que estén disponibles en todo momento para mantener informado al Parlamento sobre el avance del brote. 
Siempre que es posible adoptamos un enfoque regionalizado ante cualquier nuevo brote. 
Con ello se pretende permitir que el comercio continúe, aunque con medidas de salvaguarda muy estrictas para prevenir que la enfermedad siga propagándose. 
La Comisión se ha esforzado en convencer a terceros países de que las exportaciones de la Comunidad son seguras y no representan ningún riesgo. 
La semana pasada me reuní en Washington con la nueva Secretaria de Agricultura estadounidense, Ann Veneman, que se ha comprometido a revisar regularmente la situación. 
Prosiguen nuestros esfuerzos para garantizar el reconocimiento de este enfoque regionalizado por parte de los principales mercados de exportación como Japón. 
Sigo estando convencido de que las medidas de protección en vigor son suficientes para prevenir la exportación del virus a terceros países. 
Reitero mi llamamiento a dichos países para que levanten las restricciones innecesarias e injustificadas. 
Paso a continuación a enumerar toda la serie de medidas comunitarias en vigor. 
Como he dicho antes, la Comisión ha adoptado nada menos que 18 decisiones hasta la fecha y, sin duda, seguirán otras más. 
Éstas entran en dos categorías principales: primera, las medidas a escala comunitaria; y segunda, las medidas específicas de los distintos Estados miembros. 
Respecto a la primera categoría, las medidas a escala comunitaria con excepción del Reino Unido, se mantienen restricciones muy importantes sobre los desplazamientos de animales vivos y susceptibles. 
Fundamentalmente, salvo raras excepciones, los desplazamientos sólo se permiten desde una explotación hasta el matadero u otra explotación previa autorización. 
En ambos casos, las autoridades competentes del lugar de partida y de destino deben autorizar los desplazamientos. 
Se ha demostrado que esta medida es necesaria para evitar la posible propagación de la enfermedad en el continente. 
Otra medida fundamental es la obligación de sacrificar todas las ovejas importadas del Reino Unido entre el 1 y el 21 de febrero. 
La epidemiología del brote francés dos semanas más tarde, el 13 de marzo, ha demostrado que esta medida es la decisión más crucial para evitar la propagación en el continente europeo. 
Existen asimismo importantes medidas de salvaguarda para garantizar que en todos estos transportes no se permite que los animales entren en contacto con otros animales de la explotación, salvo con los que van a ser sacrificados. Los vehículos son limpiados y desinfectados y los desplazamientos de animales deben ser notificados; en la explotación de partida no deberán haberse producido desplazamientos de animales susceptibles durante los 30 días previos. 
Por último, se ha impuesto una suspensión sobre los puestos de parada, al tiempo que se respeta el tiempo máximo de transporte. 
Dichos puntos de parada tienen la finalidad de proporcionar a los animales vivos descanso, agua y alimentos durante el transporte; no obstante, son también un lugar en el que los animales pueden contagiarse unos de otros. 
Paso a continuación a enumerar las medidas comunitarias en relación con los distintos Estados miembros. 
En lo que respecta al Reino Unido, existe una prohibición total sobre las exportaciones de animales vivos susceptibles y de carne y productos cárnicos no tratados. 
No obstante, Irlanda del Norte quedará excluida de esta medida con efecto a partir de hoy y con dos salvedades importantes. 
No habrá exportaciones de animales vivos susceptibles y no habrá ningún cambio en las actuales restricciones en la zona de Newry y Mourne, donde hace casi cinco semanas se detectó el único caso de fiebre aftosa en Irlanda del Norte. 
En cuanto a Francia, los Países Bajos e Irlanda, existe una prohibición sobre la exportación de animales vivos susceptibles. 
También existe una prohibición sobre la exportación de carne y productos cárnicos no tratados y de leche y productos lácteos desde las regiones afectadas de Irlanda (un condado) , de los Países Bajos (cuatro provincias) y de Francia (tres departamentos). 
Estas restricciones son adaptadas a medida que cambian las circunstancias. 
Por ello, en Francia, por ejemplo, la prohibición sobre las exportaciones de animales vivos susceptibles permanecerá en vigor hasta el 12 de abril. 
En cambio, las restricciones sobre las exportaciones de carne y productos cárnicos no tratados sólo se aplicarán en los tres departamentos en los que se detectó un segundo caso, el 23 de marzo, hasta ahora y según un estudio minucioso de la situación epidemiológica. 
Las actuales restricciones con respecto a Irlanda permanecerán en vigor hasta el 19 de abril. 
En los Países Bajos, donde se han producido 12 casos en total desde que se detectó el primer caso el 21 de marzo, la situación será revisada hoy y mañana por el Comité Veterinario Permanente. 
En estos dos Estados miembros, las restricciones sobre los productos se limitan a las regiones en las que se han detectado los casos. 
Esto resume la situación hasta el momento en lo que se refiere a las restricciones sobre las exportaciones y los desplazamientos de animales. 
Quisiera pasar a continuación a dos otras medidas importantes adoptadas estos últimos días. 
Son relativas a la decisión de la Comisión de aprobar la vacunación en circunstancias bien definidas en los Países Bajos y en el Reino Unido. 
La decisión relativa a los Países Bajos prevé la vacunación supresiva. 
Esto significa que se vacunarán animales que esperan a ser sacrificados y destruidos como medida preventiva para impedir la propagación del virus. 
Cumple una función allí donde no hay capacidad suficiente para llevar a cabo dichos sacrificios y matanzas con la celeridad necesaria para impedir la propagación de la enfermedad. 
Los Países Bajos se encuentran en esta lamentable situación y la Comisión y los Estados miembros, en el marco del Comité Veterinario Permanente, son favorables a la situación. 
En consecuencia, no es más que apropiado permitir que se lleve a cabo la vacunación en semejantes circunstancias. 
En el caso del Reino Unido, la decisión es más compleja. 
Se limita únicamente al ganado vacuno de los condados de Cumbria y Devon. 
Otras especies no serán vacunadas, aunque sí sacrificadas como medida preventiva dentro de un radio determinado de las instalaciones infectadas. 
A diferencia de la política en vigor en los Países Bajos, los bovinos vacunados no deberán necesariamente ser sacrificados y destruidos. 
No obstante, se impondrán severas restricciones sobre los desplazamientos de dichos animales bovinos, vacas lecheras en su gran mayoría, que permanecerán confinados obligatoriamente en las regiones afectadas. 
Asimismo se impondrán restricciones importantes sobre el desplazamiento de su leche y productos lácteos y, cuando llegue el momento de ser sacrificados, de la carne y de los productos cárnicos procedentes de dichos animales. 
Debido a la magnitud de las consecuencias de la vacunación, el Reino Unido no ha decidido aún si aprovechará la decisión de la Comisión dadas las circunstancias en que se ha solicitado. 
Los Países Bajos, por su parte, están estudiando la solicitud de aplicar un plan revisado similar al que se ha aprobado en el Reino Unido. 
En estos precisos momentos, el Comité Veterinario Permanente está tratando sobre esta solicitud en particular. 
Soy plenamente consciente de que la vacunación es un asunto muy emotivo. 
No hay duda de que parece una alternativa atractiva al sacrificio y la destrucción de animales. 
Pero la realidad es muy diferente. 
Esta realidad es que la vacunación tiene limitaciones importantes y que esta política no ha obtenido aún un apoyo amplio. 
Los Estados miembros, incluidos los Países Bajos y el Reino Unido, no han pedido una vacunación generalizada. 
Tampoco la ha pedido el Consejo Europeo que recientemente trató sobre la crisis en Estocolmo. 
Tampoco la ha pedido la comunidad agrícola en general ni he oído ninguna petición de que se introduzca esta medida en ésta, mi tercera comparecencia ante este Parlamento. 
Lo cierto es que es un tema complejo que encierra retos monumentales. 
Ya he hablado anteriormente a sus Señorías sobre algunos de estos retos. 
Permítanme repetirlos. 
No existe ninguna prueba confirmada que permita distinguir a nivel individual entre animales vacunados y animales infectados, lo que propiciaría que la enfermedad persista en la cabaña. 
Existen siete serotipos de fiebre aftosa, cada uno de ellos con varias cepas. 
La vacunación sólo es eficaz contra la cepa objeto y únicamente durante un período de tiempo limitado. 
Habida cuenta de que la enfermedad no es endémica en la UE, la elección de la cepa adecuada para la vacunación sería una auténtica lotería. 
En la UE existen más de 300 millones de animales susceptibles- reses, ovejas y cerdos- que habría que vacunar para garantizar una protección total y ello pondría en peligro nuestro comercio entre los Estados miembros y con determinados países que insisten en importar únicamente de países libres de fiebre aftosa y en los que no se vacune. 
A la luz de estas circunstancias, se mantiene el consenso de que la mejor medida a seguir es la erradicación del actual brote sin recurrir a la vacunación generalizada. 
Antes de terminar, tengo intención de que, una vez erradicado, llevemos a cabo un examen exhaustivo de todos los factores que han contribuido al actual brote y de sus consecuencias. 
Se tendrán en cuenta temas como el seguimiento, que entra dentro de mis competencias: fallos en la rastreabilidad de animales, especialmente ovejas y cerdos; el transporte de animales, especialmente las medidas que permiten que animales vivos procedentes de diferentes Estados miembros se contagien entre sí; la vacunación y si debemos abandonar o no la política actual de 'no' vacunación generalizada y, en caso afirmativo, en qué circunstancias y en qué condiciones debe llevarse a cabo; controles sanitarios de las importaciones, teniendo en cuenta que las disposiciones en vigor en la UE son las adecuadas, siempre que se cumplan, no sólo para mantener alejado el virus, sino también para garantizar que los requisitos en materia de salud pública se respetan con todo rigor. 
Los costes: el presente brote representa ya un coste potencial para el presupuesto comunitario de hasta 170 millones de euros únicamente en concepto de medidas para erradicar la enfermedad. La investigación sobre nuevas vacunas marcadoras y pruebas discriminatorias que permitan distinguir fácilmente a los animales vacunados de aquéllos infectados, lo que dará una utilidad mucho mayor a la vacunación preventiva. 
Ha habido algunos avances positivos en este ámbito, en los que se deberá profundizar. 
Las conversaciones en los organismos internacionales pertinentes, especialmente el OIE, sobre el enfoque actual con respecto al virus y, quizá el tema más importante de todos los planteados, nuestros actuales sistemas de producción de animales y su interacción con la comunidad rural no agrícola que ha sufrido enormemente durante las últimas semanas. 
No obstante, estos temas sólo podrán ser abordados cuando la actual crisis esté bajo control. 
Espero que esto suceda cuanto antes. 
Gracias por su atención y ahora estaré encantado de oír sus puntos de vista. 
Constato, señor Comisario, que en cualquier caso, ha hecho algún movimiento en la dirección de una política en la que el contagio y la vacunación no conduzcan directamente al sacrificio. 
Tal vez, un primer paso, pero en mi opinión y en la de mi Grupo, quizá resulte insuficiente. 
Después de todo, no podemos negar que el planteamiento actual de la lucha contra la fiebre aftosa es inaceptable efectiva, económica, social y éticamente. 
Esta enfermedad prolifera todavía en Gran Bretaña y tiene como consecuencias las fosas comunes y grandes pérdidas. 
En los Países Bajos, se han presentado entre tanto una docena de casos en una región limitada que han conducido al sacrifico de casi 100.000 animales. 
Así mismo, la vida social se ha visto alterada en parte y otros sectores, tales como las pequeñas y medianas empresas, sufren grandes pérdidas. 
Al fin y al cabo, en mi propio país se habla de más de 100 millones de euros. 
Esto también es aplicable a las zonas del campo alejadas de la región afectada. 
Por estas razones, se diría que ahora el remedio contra la enfermedad, es decir, la lucha mediante la destrucción, es peor que la propia enfermedad. 
Tengo por ello las siguientes preguntas para la Comisión ¿Por qué no hacen nada la Comisión y el Consejo con las experiencias de, entre otros países, Sudáfrica y Argentina, donde solamente una vacunación masiva ha arrojado resultados positivos en la lucha contra esa enfermedad? 
¿Por qué no hace nada la Comisión con el informe que apareció en 1999 sobre las pruebas efectuadas en los animales que están vacunados? 
¿Qué piensa hacer la Comisión en relación con una evaluación en profundidad de la política actual de no vacunación, ahora que está absolutamente claro que los daños económicos fuera del sector agrícola son muy elevados y que, con razón, existe un gran descontento entre la población por no aceptar el sacrificio de los animales? 
¿Considera realmente aceptable esta institución que por cada animal que padece fiebre aftosa se sacrifiquen y destruyan otros miles de decenas, a menudo todavía sanos? 
Mi pregunta se encuadra también en la lucha contra la EEB, ya que es sabido que tenemos muchos excedentes de carne de vacuno. 
Quisiera oír decir clara y llanamente a la Comisión que este enfoque de la fiebre aftosa no tiene nada que ver en absoluto con la política en torno a la EEB, en la que se parte, en cualquier caso, de que los animales deben ser sacrificados y destruidos. 
Señor Presidente, a causa de lo anterior creo poder constatar que la política actual de lucha contra la fiebre aftosa, de hecho, ya no es realmente defendible ni ética ni económicamente, y espero sus respuestas. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por su detallada declaración que, sin querer en absoluto dejar a un lado las repercusiones devastadoras de este brote, habrá contrarrestado parte de la histeria que se ha desatado. 
Cuando se declaró la enfermedad hubo acuerdo unánime de que el sacrificio y la contención eran la política más eficaz. 
De no haber sido por la rápida actuación del Gobierno del Reino Unido para prohibir las exportaciones e imponer restricciones sobre los desplazamientos y alertar a otros Estados miembros, las consecuencias en el continente y en Gran Bretaña habrían sido mucho mayores. 
La televisión sensacionalista no ha contribuido al conocimiento del público de esta complicada enfermedad- como habrá podido comprobar, señor Comisario, hace unos momentos. 
La vacunación no es tan fácil como algunos sugieren. 
Felicito al Sr. Comisario por haber aclarado este extremo y haber destruido algunos de los mitos que circulaban. 
El Comité Veterinario Permanente sólo ha dado su aprobación a la vacunación con la condición de que se mantengan la cuarentena, el sacrificio y la destrucción como los medios más eficaces para erradicar la enfermedad. 
Desde este Parlamento deberíamos lanzar este claro mensaje. 
No existe ninguna amenaza para la salud humana. 
La gran mayoría del campo de Gran Bretaña está libre de la enfermedad y abierta al comercio, siempre que se adopten medidas de precaución sensatas como mantenerse alejados de determinadas tierras y explotaciones ganaderas. 
Este brote durará aún algún tiempo y, como ha dicho el Sr. Comisario, luego deberá hacerse un seguimiento a través de una investigación exhaustiva. 
Nadie duda de que la virulencia del virus y los amplios desplazamientos de ovejas justo antes del brote han sido factores importantes en la propagación de la enfermedad. 
Pero debemos saber más sobre el período de incubación, la epidemiología del virus y en qué medida han contribuido a esta situación las prácticas agrícolas. 
Acojo con satisfacción el compromiso del Sr. Comisario de examinar todos éstos y otros factores. 
De nada sirve dogmatizar sobre soluciones instantáneas sin realizar antes una investigación. 
Señor Presidente, en algunos Estados miembros de la Unión y, especialmente, en mi país, los Países Bajos, ésta es la crisis agrícola más seria desde hace años. 
Quisiera transmitir mi solidaridad a las familias de los ganaderos que se han visto afectadas y a otras personas que también sufren las consecuencias. 
El Grupo Liberal respalda la política de vacunaciones de urgencia con la que puede limitarse el brote y la expansión del virus. 
Opinamos que permitirá erradicar finalmente el virus de la fiebre aftosa en toda la Unión Europea. 
No podemos cerrar los ojos ante las grandes dudas que existen en toda Europa sobre la política de no vacunación. 
Hay que aplaudir lo que el Comisario ha dicho hoy aquí, pero debe aclararse más al público ¿Cuáles serían las consecuencias si abandonáramos la política actual? 
¿Cuáles son las consecuencias para los mercados europeos? 
¿Cuáles serían las consecuencias para los ingresos de las familias de los ganaderos si renunciáramos a esa política? 
Debe transmitirse este mensaje. 
Otra cuestión. Tenemos en este momento controles sumamente rígidos en los aeropuertos y otros puntos de llegada. 
Estos controles no deben ser temporales, sino permanentes. 
Debemos tomar ejemplo de los Estados Unidos y Australia donde estos controles existen ya desde hace años. 
El Comisario ha dicho algunas cosas en cuanto a la política de transportes en Europa. 
Debemos considerar si podemos establecer en toda Europa determinadas zonas en cuarentena, de manera que los animales ya no se puedan contagiar en las llamadas zonas libres de la enfermedad que ahora existen. 
Puede concedérseles una cuota adicional de manera que el daño que ya sufren no sea mayor. 
Los días que no han podido entregar la leche deben ser incluidos en su cuota. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos ha descrito la imponente lista de medidas adoptadas por la Comisión. 
No obstante, tenemos la impresión de que todas estas acciones llegan demasiado tarde. 
Dichas medidas deberían haberse adoptado en tiempos de paz, como yo digo. 
La negligencia no sólo de la Comisión sino también de algunos Estados miembros ante el riesgo de contagio clamaba al cielo y uno tenía la impresión de que también faltaban las precauciones necesarias para elaborar un plan de acción común. 
Uno tenía la impresión de que los políticos no dejaban de dictaminar medidas e instrucciones extremas que, en mi opinión, no resultaron demasiado eficaces para combatir el brote. 
Pero evidentemente el quid de la cuestión está en el dilema: ¿sacrificio o vacunación? 
El Parlamento debe tener muy claro que no se trata de volver a implantar el sistema de vacunación permanente de índole profiláctica, sino que surge la pregunta de si se puede poner coto al brote actual a través de vacunaciones de emergencia, en anillo y preventivas. 
Además, se plantea otra cuestión: ¿qué sucede con los animales? 
La Comisión ha dado luz verde para la vacunación siempre y cuando los animales sean sacrificados. 
En su discurso de hoy ha eludido este problema. 
Hablemos claro: ¡es un verdadero escándalo! 
Los animales sanos que han sido vacunados no han de ser eliminados para atajar la enfermedad, sino que son perfectamente aprovechables. 
Algunos países prosiguen su política de exportación- entre ellos Argentina, que incluso exporta a la Unión Europea- a pesar de que se hayan registrado casos de fiebre aftosa y, sin embargo, no exportan la enfermedad. 
Confiamos- y espero que lo confirme la resolución de mañana- en que no persevere en abrumarnos con argumentos que justifiquen la eliminación de los animales. 
¡De eso ya se han encargado sus colaboradores! 
Ustedes despliegan toda la imaginación que haga falta para convencernos de la necesidad de esta medida, pero carecen de la imaginación necesaria para abandonar su rígida postura. 
Me gustaría que nos explicara cómo piensa actuar a escala internacional para combatir la enfermedad sin dejar de mantener relaciones comerciales con terceros países. 
Va siendo hora de que se despeje esta aparente contradicción. 
Ambas opciones han de ser compatibles: comercio y una política adecuada en materia de salud animal. 
La vacunación no es solamente un problema emocional... 
(El Presidente interrumpe al orador) (Aplausos) 
Señor Presidente, el brote que está haciendo estragos en Gran Bretaña ha saltado al continente. Ello demuestra que la estrategia desplegada hasta la fecha no es capaz de detener la propagación de la enfermedad. 
Me temo que aún no podemos cantar victoria. 
Una vez detectado el primer foco de fiebre aftosa la Comisión abogó por sacrificar los corderos y se inclinó por el sistema de la incineración. 
No se mostró abierta a otros métodos de lucha contra la fiebre aftosa que hubieran podido aplicarse en el marco de las medidas nacionales. 
En mi opinión se ha embarcado en una gran aventura política cuyos costes y beneficios son difíciles de calcular. 
Habría tenido que apostar por la economía desde el principio. Ése hubiera sido el camino correcto. 
Si se hubiera optado por la vacunación en cuanto se produjeron los primeros casos de fiebre aftosa no sólo se habría ahorrado mucho dinero, sino sobre todo mucho dolor humano. 
Según las estimaciones, en la UE se transportan cada año 200 millones de animales de explotación. 
Resulta siempre problemático e inseguro establecer la cronología de esta cadena comercial. 
Incluso en los años normales- sin crisis de EEB o fiebre aftosa- los porcentajes de errores llegan a ser elevados. 
La política agrícola común es un coloso difícil de parar una vez que se haya puesto en marcha. 
Por eso habría sido preferible que en la lucha contra la fiebre aftosa se hubiera optado por alternativas más prácticas y concretas. 
La fórmula actual da muestras de mediocridad e insensatez. ¡Me alegro de que esto vaya a cambiar! 
El consumo de carne de vacuno se ha reducido a la mitad. 
Los precios están por los suelos y la producción de vacuno ya no da para un sueldo mensual. 
El programa de compensación del Comisario Fischler debe completarse con un punto 8: la supresión de la sanción relacionada con la cuota lechera. 
No olvidemos que la venta de cabezas de ganado se ha detenido. 
Están en juego la supervivencia y los puestos de trabajo en la agricultura, el sector alimentario y los servicios preparatorios. 
El turismo rural se ha venido abajo incluso en las zonas libres de fiebre aftosa. 
Hasta los familiares de los afectados se quedan en casa. 
Los programas de rehabilitación no hacen milagros. Tardaremos años en enderezar esta situación. 
Al fin y al cabo las reses no se crían de la noche a la mañana. 
Es importante que en toda Europa la vacunación se utilice normalmente como un instrumento eficaz en la lucha contra las enfermedades animales. 
Ahora bien, es preciso garantizar que los animales de pezuña hendida vacunados naturalmente y los productos de ellos derivados puedan circular libremente, es decir, sin que su comercialización sea sometida a ninguna traba comercial. 
Es urgente que se desarrollen pruebas susceptibles de distinguir a los animales vacunados de los animales infectados. 
De este modo, resultará más fácil que la Comisión conceda una mayor libertad de acción a los Estados nacionales en lo que a la definición de la protección y la lucha contra las enfermedades animales se refiere. 
Señor Presidente, hemos escuchado las afirmaciones del Comisario en lo referente a la situación creada en el Reino Unido: novecientos casos y parece que la situación no está controlada. 
Ésta es la situación que nos ha sido expuesta. 
Por lo tanto, creo que las iniciativas desplegadas hasta la fecha no son suficientes. 
Por otra parte, hemos podido escuchar, también en la Comisión de Agricultura, que en el mismo Reino Unido- lo decían algunos ganaderos- las acciones no son siempre lo suficientemente rápidas, habida cuenta de que, a partir de descubrirse un caso de fiebre aftosa en el propio establo en el momento del sacrificio, han llegado a transcurrir incluso tres semanas. 
En consecuencia, hay que crear las condiciones a fin de que la Comisión emplee todos sus medios para intervenir y lograr que haya una mayor rapidez, al objeto de que se comprenda al fin la necesidad de inocular las vacunas que, a pesar de que no serán la solución definitiva al problema, sin duda, van a demostrar que se quiere cambiar de rumbo respecto al único método del sacrificio. 
Por consiguiente, es evidente la necesidad de crear las condiciones para que haya mayores controles y para evitar de esta forma la propagación de la fiebre aftosa también a los demás países. 
Señor Presidente, ya es hora de que el mundo político envíe con toda claridad un mensaje de apoyo al mundo agrícola, duramente afectado por las sucesivas crisis. 
Señalados con el dedo, los agricultores son de hecho las víctimas del sistema. 
El sacrificio masivo- practicado en nombre del famoso principio de precaución- se admite cada vez menos, en la medida en que este sacrificio no se ha visto seguido por ninguna recuperación de la confianza por parte del consumidor. 
La confianza no se consigue por decreto: hay que merecerla. 
Debería relanzarse mediante una campaña eficaz de comunicación. 
Nuestras exportaciones se han paralizado por embargos no determinados. 
La Comisión ha fracasado en su negociación con los Estados Unidos. 
Sólo algunas regiones están afectadas por la fiebre aftosa, pero toda Europa se ve penalizada: resulta inadmisible y debe corregirse. 
Los mercados ruso y japonés se han cerrado igualmente. 
¿Qué ocurre con las negociaciones? 
Es necesaria una posición firme de la Unión sobre la regionalización. 
En este contexto de desastre económico y social, ¿por qué no realizar una vacunación de protección, sin recurrir por ello al sacrificio diferido? 
El sacrificio sistemático implica al mismo tiempo la ruina de los ganaderos afectados y la desaparición de un patrimonio genético. 
Europa posee una gran riqueza en razas autóctonas: hemos de darnos los medios para protegerlas autorizando su vacunación. 
En cuando a la indemnización, ha de ser íntegra para permitir la reconstrucción de los rebaños, y ha de ser rápida ya que la lentitud de la administración es inadmisible en esta crisis. 
La indemnización debe afectar también a las actividades derivadas y a las demás actividades del mundo rural, como la cría de aves y de caza así como las numerosas actividades turísticas: aunque no afectadas por la enfermedad, dichas actividades pierden mercados por la psicosis reinante. 
Además, es conveniente instalar lo más rápidamente posible células de apoyo psicológico. 
Por encima de los aspectos financieros, ¿quién se preocupa actualmente de la angustia de los agricultores a quienes se ha amputado una parte de su patrimonio? 
Frente a este drama humano, hemos de mostrar una solidaridad sin fisuras. 
Señor Presidente, señor Comisario, en este debate sobre la epizootia de fiebre aftosa quisiera en primer lugar manifestar mi profunda solidaridad con todos los protagonistas de los sectores de la ganadería, ya cruelmente afectados por la crisis de la EEB que ha adulterado los mercados, sobre todo con los ganaderos de ovino que en su inmensa mayoría trabajan bien, con rigor, con prácticas respetuosas tanto para el medio ambiente como para los animales que crían, y que ahora se encuentran seriamente afectados por esta nueva crisis que los está hundiendo en la desesperación. 
Quisiera que se distinguiera bien entre, por una parte, las medidas a adoptar con urgencia para hacer frente a la actual epidemia en una situación muy delicada de controlar por la supresión de la vacuna en la Unión desde 1991 y, por otra parte, las medidas a adoptar con posterioridad, una vez controlada la actual epidemia para evitar que pueda reproducirse una catástrofe parecida. 
¿Qué debe hacerse? 
Será necesario en primer lugar reflexionar a fondo sobre las evoluciones de la ganadería que han hecho posibles tales epizootias. 
¿Hemos tenido razón al dejar que se produzca una concentración así de ganados, cada vez más numerosos, cada vez más especializados, cada vez más artificiales? 
¿Hemos tenido razón al impulsar una concentración extrema de mataderos que, al provocar el cierre de los mataderos de proximidad, ha favorecido la concentración de ganaderías y ha sistematizado el transporte de animales en largas distancias? 
Será necesario volver a analizar en detalle las reglas internacionales impuestas por la Oficina internacional de epizootias que, tal como son en la actualidad, parecen absurdas y obsoletas. 
En estos momentos, un animal vivo, vacunado contra la fiebre aftosa en el territorio de un país, retira a éste su estatuto de país a salvo de fiebre aftosa y, por ello, le prohíbe cualquier exportación. 
¿Quién es el que no ve que esta regla arbitraria favorece extraordinariamente a Estados Unidos? 
Será preciso también tratar las operaciones comerciales bilaterales, al ser cada país libre de negociar con Rusia, con Japón o con otros países, las condiciones en las cuáles pueden realizarse dichas exportaciones. 
Será necesario también regionalizar. 
No hay ninguna razón para que en este ámbito un Estado miembro, cualquiera que sea, y sobre todo la Unión Europea en su conjunto, se considere como un todo homogéneo. 
No hay ninguna razón para que un caso de fiebre aftosa en Bretaña afecte a Alsacia, ni para que un país que tiene mil focos de infección como Gran Bretaña y un país que tiene dos como Francia se sometan a un mismo tratamiento. 
Será necesario por otra parte preguntarse seriamente si la prohibición de la vacuna preventiva en vigor desde 1991 en la Comunidad era una buena decisión. 
¿No será necesario autorizar al menos la vacunación de los animales poco comunes, de los reproductores, y por qué no de la cabaña lechera? 
Para permitirlo, es preciso ante todo estimular la investigación y el desarrollo relativo a las vacunas marcadoras que permiten distinguir un animal vacunado de un animal infectado. 
Será necesario finalmente encontrar los medios necesarios para estimular las explotaciones y en especial las pequeñas y medianas explotaciones que practican la ceba y el engorde en su misma explotación disminuyendo de este modo los riesgos de propagación de las epizootias, al constituir la integración de nacimiento, la cría y el fin en la misma explotación un factor esencial de prevención. 
Esta función debe ser plenamente reconocida en el marco de la política común. 
(Aplausos de los escaños de la derecha) 
Señor Presidente, señor Comisario, es obvio que, aunque sólo fuera por la falta de vacunas, la propuesta de una vacunación generalizada no resulta nada realista. 
A ello se añade que la deficiente higiene y la ausencia de precauciones adecuadas no pueden ocultarse tras una campaña de vacunación. 
Por otra parte, también parece claro que la primera gran prueba de resistencia de la nueva política en el ámbito de la fiebre aftosa después de la creación del mercado interior ha desembocado en una auténtica catástrofe. 
Señor Comisario, añado con suma seriedad que los acuerdos internacionales- compromisos, compromisos autoimpuestos a través de los criterios de la OIE- implican que en Europa nadie pueda seguir manteniendo la actual política, ¡ni la Comisión ni las demás instituciones europeas! 
A largo plazo el permanente sacrificio de animales en las zonas afectadas carece de sentido y no conduce a nada. 
Debo recordarle, señor Comisario, que también está en juego el problema de la protección de los animales, el principio de garantía de propiedad así como el de proporcionalidad, y parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Por ello considero oportuno que los implicados comiencen a aclarar estas cuestiones jurídicas en las esferas judiciales más altas. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para llevar a la práctica el informe del Comité Científico de marzo de 1999? Me refiero sobre todo a las negociaciones internacionales sobre la regionalización, la validación de la prueba y la evaluación de los criterios relativos a la conveniencia de realizar vacunaciones de emergencia en regiones de riesgo. 
Me queda por destacar una última cuestión: ¡la proscripción generalizada de la vacunación en Europa y el resto del mundo debe llegar a su fin! 
¡Emplearemos toda nuestra energía y nuestros esfuerzos para conseguirlo! 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, en el último Pleno informé de las preocupaciones de mi región enfrentada a la llegada del virus de la fiebre aftosa. 
Hoy, quisiera expresar el alivio general al haber conseguido de forma local encauzar la contaminación y poder constatar que la situación está bajo control en lo que respecta al segundo foco aparecido y tratado en Francia, a unos 300 Km. del primero. 
Si nos quedamos en estos dos casos en mi país podremos sin duda deducir que la estrategia comunitaria de lucha contra el virus de esta fiebre aftosa es eficaz y bien adaptada cuando se basa en la extrema vigilancia y en el máximo rigor en su aplicación. 
Esta satisfacción por haber ganado una primera batalla no autoriza sin embargo, creo yo, a extraer conclusiones definitivas. 
También deseo señalar que será necesario alcanzar la total erradicación del virus antes de hacer un balance muy riguroso en todos los sentidos: sanitario, económico, psicológico y presupuestario. 
Pero, sin esperar a esas etapas, quisiera mencionar los problemas que es necesario gestionar en este momento. 
Hay ganaderos que han desempeñado una función de escudo con el sacrificio de sus rebaños, para garantizar la protección de la colectividad. 
Por su parte, la colectividad europea y nacional debe tranquilizar su sufrimiento psicológico y asegurar totalmente la cobertura de sus pérdidas económicas. 
El sector está desestabilizado y amenazado. 
Esta situación debe ser tratada con urgencia, al nivel de sus necesidades, por parte de los Estados miembros y de la Unión Europea. 
La opinión pública manifiesta con frecuencia su incomprensión ante los sacrificios masivos de animales, cuando el virus no es peligroso para el hombre. 
Ha de darse una comunicación específica para informar a nuestros conciudadanos a propósito de los desafíos sanitarios y económicos de este combate y sobre la posible evolución de la estrategia sanitaria, aprovechando la evolución tecnológica en materia de vacunas por ejemplo. 
Señor Comisario, nos encontramos ante una situación excepcional. 
Señor Presidente, el orador precedente, el Sr. Garot, ha dicho que la epidemia empieza a estar bajo control paulatinamente. 
Espero que sea así. 
Tenemos que mirar hacia el futuro. 
La epidemias animales se propagan mediante el transporte de ganado, por lo que sería muy importante evitar su transporte de un país a otro. 
Al menos, no debería existir ningún tipo de incentivos económicos para practicarlo. 
Además de esto, hay que conseguir que el control de los transportes sea ejecutado con propiedad en todos los Estados miembros de la UE y en los países candidatos a la adhesión. 
Creo que estas últimas deberían suspenderse completamente. 
En la era de las nuevas tecnologías, el comercio de ganado debe realizarse directamente de granja a granja, o de la granja al matadero. 
Destaco también la importancia de la política preventiva. 
La observación estricta de las normas de higiene y el cumplimiento de las regulaciones relativas al transporte están insoslayablemente en la base de todo el comercio agropecuario y de toda la cadena de producción. 
La UE deberá llevar a cabo las eventuales campañas de vacunación de tal modo, que los países libres de contagios y epidemias no sufran de forma desproporcionada. 
Señor Presidente, tras las repercusiones de la fiebre aftosa para las comunidades que se han visto directa e indirectamente afectadas por el brote, es fundamental que aprendamos la lección de los errores cometidos con respecto al brote que tan devastadores efectos ha desencadenado para muchos sectores de la sociedad. 
Las consiguientes pérdidas hasta el momento para los que se han visto directa e indirectamente afectados por la enfermedad han sido enormes: transportistas, mataderos, turismo, acontecimientos culturales, colegios y el sector del pequeño comercio; todos ellos se han visto duramente castigados. 
Los agricultores cuyo ganado no se ha visto afectado directamente por la fiebre aftosa, pero que no pueden llevar a sus animales a los mercados, también se enfrentan a pérdidas cuantiosas, agravadas aún más por la prohibición de vender reses de más de 30 meses a raíz de la crisis de la EEB. 
Señor Comisario, uno de mis colegas me informó la semana pasada de que si el Reino Unido ofreciera ayuda estatal a las personas afectadas por la crisis, la medida no violaría la política de competencia de la Unión Europea. 
Le agradecería a la Comisión que me aclarara este punto. 
Asimismo debemos volver a pedir la reapertura de los mataderos locales y una reducción del transporte de animales a través de grandes distancias, lo que sin duda ha actuado como catalizador de la rápida propagación. 
Señor Presidente, los últimos cambios relacionados con la fiebre aftosa en una serie de países de la Unión Europea han probado que los sistemas para garantizar controles eficaces de las enfermedades de los animales se encuentran en una situación lamentable. 
Esto de debe a que las multinacionales de la Unión Europea exigen la libre circulación de mercancías en territorio comunitario, exigencia que materializa el mercado interior único. 
En el marco de este mercado se han suprimido los controles sanitarios veterinarios fronterizos para que circulen por los Estados miembros de la Unión Europea animales y productos cárnicos. 
Esto ha facilitado el contagio, y ha dificultado, por no decir que ha imposibilitado, el control de las enfermedades de país a país. 
Además la certificación de la situación sanitaria de los animales en circulación y de los productos cárnicos es más simbólica que verdadera. 
Esto es lo que atestigua la inaceptable imagen que dan hoy en día los servicios veterinarios, que no están organizados ni siquiera de forma elemental, para afrontar las mayores exigencias, cuantitativa y cualitativamente, en el marco del mercado interior. 
Esta es la consecuencia natural del afán de las multinacionales por suprimir todos los obstáculos y de minimizar los controles, que básicamente se confían a las propias empresas, tal como han demostrado los recientes problemas con las dioxinas, la encefalopatía espongiforme, etc. 
Por consiguiente, la situación actual es el precio que está pagando la política para consolidar el mercado interior único y el exigir de cada vez menos controles. 
Esto prueba la necesidad de volver a los controles fronterizos en el territorio comunitario, para poder dificultar la aparición de epizootias generalizadas así como la necesidad de indemnizar a los ganaderos por las pérdidas ocasionadas. 
Para dar dicha indemnización no se deben recortar los fondos comunitarios destinados a otros productos agrícolas, y mucho menos a países que no tienen ninguna responsabilidad en la aparición ni en las dimensiones del problema. 
Señor Presidente, señor Comisario, el mes pasado, en el debate de actualidad y urgencia sobre la fiebre aftosa, señalé que no era el momento de buscar culpables e incluso manifesté mi pesar por la difícil situación por la que atraviesan los agricultores británicos. 
Entretanto, no he cambiado de parecer más que para decir que desde entonces, lamentablemente, el temible virus se ha extendido a mi país con consecuencias devastadoras para los agricultores que se encuentran dentro de la zona de control de la Península de Cooley, y con repercusiones preocupantes para las comunidades agrícolas y rurales de Irlanda. 
Con este temido virus uno se siente bastante reacio a hablar de éxitos, a menos que sea para decir que, afortunadamente, la rápida respuesta de Irlanda, en ocasiones tildada de extrema, ha conseguido contener hasta el momento la enfermedad en un brote. 
Pero Irlanda está pagando un alto precio por este incidente aislado. 
No sólo afecta a los agricultores, sino también a otros sectores económicos como el turismo y el empleo. 
No obstante, sigo albergando algunas dudas sobre la eficacia de los controles hasta el momento en que se detectó el primer brote de la enfermedad. 
Es evidente que el primer brote en Gran Bretaña se originó fuera de la Comunidad y ahora me pregunto si los terceros países que exportan a la UE cumplen las condiciones que hemos impuesto. 
Es un tema que la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la UE debería estudiar en un futuro inmediato. 
En segundo lugar, debemos preguntarnos si la carne que se importa en la Unión Europea es falseada de forma fraudulenta. 
¿Son adecuados los procedimientos de inspección y las disposiciones para la toma de muestras en los centros de importación de la Unión? 
Hoy le pido al Sr. Comisario, que ha venido desarrollando una labor extraordinaria, que estudie la posibilidad de incrementar el nivel de muestras como una primera medida. 
En mi intervención del mes pasado pedía la creación de un grupo operativo de la UE que se encargue de supervisar el cumplimiento de las medidas de control en los Estados miembros. 
Hoy quiero preguntar si podemos sentirnos satisfechos de que se estén adoptando las medidas suficientes. 
¿Qué hay de los métodos de eliminación; hemos llegado a una conclusión específica sobre la necesidad de incinerar, en vez del entierro, en condiciones seguras, de los animales muertos? 
¿Disponemos de una opinión sobre las repercusiones psicológicas, no sólo en los agricultores, sino en la población en general de la UE, jóvenes y mayores, de la continua aparición en nuestras pantallas de televisión de remolques cargados de animales muertos y en estado de descomposición? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Comisario, la fiebre aftosa apareció la semana pasada en una granja de mi ayuntamiento. 
Se está vacunando con urgencia y se sacrificarán 90.000 animales en las próximas semanas en un círculo alrededor de esta empresa. 
Una catástrofe de un alcance desconocido que afecta a 200 familias de ganaderos de este pueblo y de otros muchos. 
Dada la autorización de la vacunación urgente, esperaba que la Comisión también se preocupara del lado ético de la agricultura. 
No obstante, la vacunación urgente es solamente un aplazamiento de la ejecución de los animales sanos. 
Ese sacrificio no es aceptable y existen alternativas tales como las que se recogen en nuestra resolución. 
Las vacas, las ovejas y los cerdos son algo más que unidades de producción. Son criaturas de Dios que debemos manejar como verdaderos administradores. 
Las medidas que adopta la Comisión se basan solamente en motivos económicos dudosos: la salvaguarda de mercados lejanos de cara a la exportación. 
La política de no vacunación se tuvo en cuenta en un brote limitado de cada 5 a 10 años ¡La epidemia actual no es limitada! 
La política de no vacunación se basa en planteamientos falsos y debe ser revisada. 
Pido a la Comisión que reflexione sobre la ética de su política. 
Los animales sanos vacunados podemos destinarlos al mercado interior. 
Señor Presidente, el Sr. Byrne nos ha ofrecido esta tarde una declaración muy clara en un ámbito que exigía mayor claridad. 
En Cumbria, donde la propagación del brote estaba fuera de control, dijimos a los agricultores que tendrían que sacrificar incluso a los animales sanos como medida preventiva. 
A regañadientes accedieron a cumplir esa petición y se puso en marcha el sacrificio de animales sanos. 
Ahora parece ser que hemos cambiado de rumbo y, como no disponemos de recursos veterinarios suficientes para hacer frente a la acumulación de animales que hay que sacrificar y con la enorme acumulación de animales que hay que enterrar, ahora decimos que queremos diversificar y utilizar dichos veterinarios para aplicar una política de vacunación masiva. 
Este tipo de desconcierto ha sido un elemento que ha resultado evidente durante toda esta enfermedad. 
Afirmar que el Gobierno del Reino Unido ha actuado con decisión es una tontería: ha dudado sobre si debía o no recurrir al ejército. 
Ha dudado sobre si debía recurrir a la incineración o al enterramiento. 
Ahora está dudando sobre la vacunación. 
Permítanme decir esta tarde que la vacunación no es el modo adecuado de proceder. 
Después de lo que nos ha dicho el Sr. Byrne, si aplicamos la política de la vacunación, daremos la puntilla a nuestra economía agrícola. 
Acabaremos con la exportación de todos estos productos procedentes de animales de las zonas en las que se haya llevado a cabo la vacunación. 
La vacunación no es el camino sensato a seguir precisamente ahora durante la epidemia. 
Sabemos que en Arabia Saudí se aplica la política de la vacunación desde hace dos años. 
Y sin embargo, han tenido seis brotes de fiebre aftosa. 
Sabemos que el ganado vacuno tarda hasta 14 días en desarrollar la inmunidad después de ser vacunado. 
En el caso de los cerdos, pueden tardar hasta 7 días. 
Durante ese tiempo pueden propagar el virus. 
Antes de terminar, quisiera dirigir una pregunta al Sr. Byrne. 
Se ha referido a muchas zonas de Holanda, Francia e Irlanda, donde se levantarán las restricciones. 
¿Se levantarán restricciones similares en zonas del Reino Unido que no se han visto afectadas por la enfermedad? 
Señor Presidente, señor Byrne, hay un punto fundamental en el que no estoy de acuerdo con usted. Ha afirmado que aún no podemos hablar de las medidas posteriores a la superación de la crisis. 
Estoy convencido de que si no nos referimos al futuro próximo y lejano ahora, cuando todos los Estados miembros están todavía temblando de miedo ante el brote de fiebre aftosa, los diferentes países volverán a bajar la guardia una vez que la situación haya vuelto a la normalidad. 
Por eso tiene que adoptar ya mismo las medidas necesarias para evitar que el escenario se repita. 
Éste es el momento adecuado para que, junto con su colega Fischler, se empeñe en introducir un sistema de seguimiento para ovejas y cerdos en el que el pago de las primas no esté vinculado a plazos límite. 
De este modo no hay necesidad de que las ovejas y los cerdos crucen toda la Unión Europea para que lleguen en el momento justo al sitio donde serán pagados, a fin de que se obtenga el dinero correspondiente. 
Estoy asimismo convencido de que ha llegado la hora de armarse de valor y comenzar a cambiar el actual estado de cosas. 
Debería decir: ¡se prohíbe el transporte de animales vivos! 
¿Por qué no lo hace? 
Todo transporte de animales vivos debería estar sujeto a una normativa de excepción. 
¿Por qué no se opta por transportar los animales una vez sacrificados? 
¿Por qué no dice ahora, en este mismo momento, que necesitamos modificar radicalmente nuestra política en materia de salud animal? 
Reúnase con el IUE en París y diga que la política internacional en materia de enfermedades animales ha de modificarse sin mayor dilación, en colaboración con todos los demás socios del IUE. 
Por último, quisiera preguntarle qué tiene en contra de las jirafas. 
Mucha gente me ha preguntado si el Comisario tiene algo contra las jirafas. 
¿Por qué prohíbe que los parques zoológicos recurran a la vacunación preventiva? 
¿Por qué promueve el cierre de todos los parques zoológicos y por qué contribuye a que todos los parques zoológicos de la Unión Europea teman brotes de cualquier tipo debido a que hemos renunciado a una política adecuada en materia de salud animal y nos hemos decidido de repente a sacrificar gran cantidad de animales. 
Repito, señor Byrne, por favor, díganos qué tiene en contra de las jirafas. 
Tenga la amabilidad de adoptar medidas inmediatas. 
Ármese de valor y no deje para pasado mañana lo que puede hacer hoy. 
Señor Comisario, gracias por su intervención. 
He de urgirle a que no vacile con respecto a la política de no vacunación que la Comisión ha seguido desde principios de los noventa. 
Me gustaría preguntarle, señor Comisario, si no es cierto que cuando pusimos en marcha el mercado interior en 1992, no se acordó que las fronteras veterinarias nacionales se aplicarían en el caso de que declarara una enfermedad en algunos de los países miembros. 
Si éste es el caso, quiero instar a que la Comisión y con ello, el Comisario de Comercio y usted, redoblen sus esfuerzos para que algunos de los países que realmente dependen de la exportación fuera de la UE- pienso ante todo en Dinamarca- puedan volver a exportar a los EE.UU., Japón, Rusia y a los muchos otros países que han detenido las importaciones procedentes de la UE, lo que es verdaderamente un obstáculo comercial técnico. 
Señor Presidente, cientos de miles de animales sanos son ahora sacrificados a fin de salvaguardar las exportaciones. 
En mi país, la gente ya no lo soporta más. 
Otros sectores de la economía también están paralizados. 
Este daño es mucho mayor. 
La actuación del Comisario Byrne es sumamente mala. 
Byrne debía haber adoptado iniciativas para vacunar a los animales de los parques zoológicos. 
No lo ha hecho. 
Byrne podía haber adoptado una iniciativa a fin de vacunar a los animales exóticos de la naturaleza. 
Los Ministros Künast y Brinkhorst adoptaron esa iniciativa. 
Los intereses de las exportaciones no son sagrados. 
Dejemos que los países afectados vacunen masivamente a sus animales y no se sacrifiquen animales de forma innecesaria. 
Por último, Comisión, reduzca el transporte del ganado vivo de 30 horas a un máximo de 4. 
Eso limitará en el futuro el brote de la fiebre aftosa a una determinada región, en lugar de afectar a media Europa, como ahora. 
Señor Comisario, me ayuda en mi intervención el Sr. Böge que ya afrontado el problema en cuanto al método. 
Quisiera hacer tres reflexiones muy breves. 
Primera: me parece que la política en materia de salud animal, adoptada en los años noventa por la Unión Europea ha sido una buena política. 
A lo que estamos asistiendo en estos primeros meses de 2001 es a un fenómeno absolutamente extraordinario que, sin embargo, nos impone una reflexión. 
Nosotros considerábamos la fiebre aftosa como algo sin importancia. 
Los avisos que nos llegan desde una amplia parte del planeta nos plantean unas reflexiones: tenemos una situación compleja en Mongolia, ciertas situaciones en África y en Argentina. 
Esto significa que probablemente hay que imponer alguna reflexión y una norma en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio en materia de salud. 
La segunda reflexión se refiere al sector agrícola. 
El sector agrícola está, en todo caso y siempre, en el centro de sucesos traumáticos que están provocando una reducción, yo diría, vertiginosa e impresionante de los ingresos de los agricultores. 
Tercer punto: necesitamos políticas flexibles. En mi opinión, el caso de los zoos, el caso de los animales raros se ha de considerar con independencia de los problemas de la fiebre aftosa. 
Señor Presidente, la fiebre aftosa deja una profunda huella de tristeza e impotencia. 
Deben utilizarse todas las armas en la lucha contra este virus. 
La política europea de no vacunación constituye un obstáculo que nosotros mismos hemos creado. 
Me sumo a la idea de que abordemos esta crisis de forma comunitaria, que nos pongamos de acuerdo sobre un planteamiento europeo. 
Sin embargo, ahora se percibe el aspecto sombrío de esa política de no vacunación. 
Menciono el bienestar de los animales. 
La destrucción o eliminación de animales sanos origina una fuerte resistencia. 
Me refiero también a los animales de los zoológicos. 
No es posible explicar que los animales de los parques zoológicos y de los pastos en los espacios naturales no pueden ser vacunados. 
Además, usted tiene dudas en cuanto a la eficacia de esta medida. 
Los sacrificios masivos no han impedido que el virus de la fiebre aftosa se haya extendido por toda Inglaterra. 
Las medidas draconianas adoptadas en los Países Bajos no han podido evitar que la enfermedad aparezca más a menudo y que ahora el virus se haya extendido a Alemania. 
Señor Comisario, las situación es muy, muy grave. 
Somos partidarios del planteamiento comunitario, de ahí que le hagamos dos preguntas urgentes. 
En primer lugar, ¿en qué momento reconoce usted que la estrategia europea falla? 
Supongo que no espera que toda la cabaña sea eliminada, ¿pero dónde sitúa la frontera? 
En segundo lugar, ¿es posible que se vacune pronto a escala limitada en las explotaciones ganaderas de producción lechera en las que el sistema de identificación y registro pueda garantizar que la carne y los productos lácteos no salen de la región y, ciertamente, quedan fuera de las exportaciones? 
A largo plazo, no abogamos necesariamente por una vuelta a la política de vacunaciones preventivas. 
Los expertos sí abogan por una vacunación estratégica ante un brote, acompañada, claro está, de un registro hermético. 
Por último, señor Comisario, he recibido hoy 350 firmas de niños de Amsterdam. 
Quieren que los animales de su zoológico, Artis, sean vacunados. 
Me gustaría presentarle estas 350 firmas, y espero una respuesta positiva a su petición. 
Acabo de facilitarle la carta que las acompañaba y, tal vez, pueda prestarle atención. 
Señor Presidente, el Sr. Comisario nos ha dicho que no se ha solicitado la vacunación. 
Hoy se está pidiendo en esta Asamblea. 
No es fácil tomar una decisión sobre la vacunación. 
Tengo entendido que muchos agricultores son reacios a seguir el camino de la vacunación, pero este brote está dejando sentir sus consecuencias no sólo entre la comunidad agrícola, sino también entre los transportistas y toda una serie de empresas de turismo que están sufriendo las consecuencias sin obtener ninguna compensación. 
El Sr. Comisario nos ha dicho que la enfermedad ha costado 170 millones de euros en medidas para su erradicación. 
Está costando mucho más en negocios perdidos. 
Si la ciencia nos permite distinguir entre los animales que han sido vacunados y aquellos que han contraído la enfermedad, debería permitirse la vacunación a todo aquel que la solicite. 
La lección que podemos sacar en el Reino Unido es que la planificación de la contingencia ha sido inadecuada, el número de veterinarios es inadecuado debido a los recortes de los servicios estatales y es inadecuado el suministro de mano de obra y materiales. 
Quisiera dirigirle, señor Comisario, tres preguntas. 
¿Está usted satisfecho con la respuesta del Reino Unido a la enfermedad? 
¿Está satisfecho con la idoneidad de los planes de contingencia de otros países? 
¿Estaría dispuesto a confirmar que la primera vez que oyó de esta enfermedad en el Reino Unido fue realmente el 20 de febrero o ya habían pasado a sus servicios el dato de un posible brote unas semanas antes? 
Señor Presidente, hoy a las 12.00 horas se ha celebrado en Londres una manifestación ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en protesta contra el sacrificio sin sentido de millones de animales sanos. 
El mensaje al Gobierno del Reino Unido ha sido muy claro: para ayudar a prevenir la matanza de millones de animales sanos y salvar de la ruina económica a los agricultores y a la industria del turismo, el Gobierno debe iniciar con carácter de urgencia la campaña preventiva de 'vacunación ya'. 
A más largo plazo, la agricultura de Europa deberá depender menos del comercio internacional y ser más autosuficiente. 
No tiene ningún sentido que, simultáneamente, exportemos e importemos exactamente el mismo producto hacia y desde el mismo país, y es evidente que la prioridad del Gobierno del Reino Unido no es proteger el medio de vida de los pequeños agricultores, el bienestar de los animales o la industria del turismo, sino sencillamente nuestras exportaciones de carne. 
Señor Comisario Byrne, usted también ha hablado de no vacunar para proteger el comercio; pero esta funesta justificación económica en favor del sacrificio en semejantes proporciones ni siquiera se sostiene. 
Según el sindicato de agricultores, el Reino Unido obtiene unos beneficios de apenas 633 millones de libras esterlinas al año de las exportaciones de carne y productos lácteos. 
Compare esa suma con el coste estimado de 9.000 millones de libras esterlinas de la epidemia de fiebre aftosa. 
Por ello le instamos, señor Comisario, a que revise la estrategia de la UE de defender por todos los medios su condición de libre de fiebre aftosa y que reconozca que la matanza y la destrucción de animales sanos no sólo es inhumano, sino además ineficaz. 
Señor Presidente, para no repetir, estoy de acuerdo con casi todas las intervenciones, y sobre todo con la del Sr. Böge. 
Pero quisiera pedir al Sr. Byrne, en primer lugar que precisara el planteamiento racionalizado que ha hecho, ya que creo que es necesario defenderlo y ponerlo en práctica inmediatamente. 
En segundo lugar, el resultado de las investigaciones. 
Y ahí, quisiera decirle, señor Comisario, al igual que al Consejo, que efectivamente la fiebre aftosa es una de las enfermedades contagiosas capaz de golpear en todo el mundo; la población, que viaja cada vez más- y es normal ya que los billetes son cada vez más baratos- nos aportará el incremento de las enfermedades contagiosas, no solamente a los animales sino también a las personas. 
Eso es lo que significa esta crisis de la fiebre aftosa. 
Señor Comisario, ¿está usted dispuesto a reflexionar, con la Organización Mundial de la Salud, sobre todas estas enfermedades que vamos a sufrir en el futuro porque Europa estará cada vez más abierta, a la vista de las decisiones que se han adoptado sobre las PMA para 2006 y 2009, que permitirán a todos los productos, excepto las armas, circular por toda Europa? 
Señor Comisario, ¿está usted dispuesto a adoptar medidas- y por una vez no haré antiamericanismo primario- al igual que hacen los Estados Unidos para instaurar un control más estricto en nuestros aeropuertos, para la totalidad de productos que llegan de todo el mundo? 
¿Ha reflexionado usted, con el Consejo y con la Comisión, sobre nuevas medidas a adoptar para las personas que viajan y en nuestros aeropuertos? 
Se trata realmente de una llamada solemne que hago a la Comisión, al Parlamento y a los gobiernos. 
Y terminaré, señor Comisario, diciendo también que el espíritu europeo que nos trae aquí, al Parlamento, nos obliga a pedir al Consejo y al propio Parlamento que adopten medidas excepcionales para los ganaderos y todos los sectores económicos y regiones afectadas en Europa, de otro modo no veo la utilidad de la construcción europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que debe reexaminarse la política de vacunaciones. 
La Sra. Roth-Behrendt tiene razón, debemos hacerlo hoy y no mañana. 
He leído opiniones de virólogos y veterinarios que dicen que no vacunar en la situación actual es una bomba de relojería. 
Obviamente, existen algunas enfermedades, tales como la peste porcina y, ahora por lo visto, la fiebre aftosa, que seguimos sin tener bajo control. 
Debemos examinar de nuevo, por tanto, todos los elementos, también el aspecto humano. 
No se puede decir a los ganaderos cada equis años: mirad, habéis trabajado con firmeza, pero existe la amenaza de una enfermedad así que vamos a acabar con la empresa. 
Debemos tener en cuenta el bienestar de los animales. 
Los argumentos científicos tampoco son, sin duda, totalmente exactos. 
Todos los argumentos económicos deben ser estudiados, ya que el consumo interno cae drásticamente ante cualquier crisis. 
Sumemos esos gastos, los costes de todas estas crisis. 
Echemos un vistazo al mercado interno: los cerdos se venden ahora en los Países Bajos a 50 francos el kilo, en nuestro país, Bélgica, a 80 francos el kilo ¿Cuándo vamos a recibir las primeras noticias sobre contrabando? 
Por tanto, deben examinarse todas estas cosas. 
La gente, ciertamente en mi país, entiende cada vez menos su política. 
Ningún país, dice usted, pide la vacunación, pero ningún Ministro se atreve a preguntar en este momento cuándo se va a celebrar un verdadero debate político europeo al respecto. 
Las posiciones varían ¿cuándo celebraremos un debate al más alto nivel sobre esta cuestión? 
Señor Presidente, la crisis actual de la fiebre aftosa debe constituir una oportunidad para una reflexión sobre la política veterinaria de la Unión Europea. 
En primer lugar, cuesta entender las dificultades de la Unión a la hora de reaccionar y adoptar una estrategia de lucha contra la enfermedad. 
Empezando por el Comité Veterinario, que hasta una fase muy avanzada no autorizó la vacunación, siguiendo con el Consejo de Ministros de Agricultura, que pareció mas preocupado por cuestiones de comercio exterior que por el control de la situación, y acabando con el Consejo Europeo de Estocolmo, que pasó de largo ante la crisis como "gato por encima de brasas", insistiendo en remitir todos los costos al marco financiero formulado en Berlín. 
En segundo lugar, hoy resulta visible la dificultad de algunos países para movilizar medios de lucha contra las enfermedades animales. 
La propia Unión Europea nunca ha propugnado una verdadera política veterinaria común y en mi propio país se ha dado una relajación de la política sanitaria, con retrasos de pago inconcebibles en las agrupaciones de defensa sanitaria cofinanciadas por la Unión Europea. 
Por último, quisiera subrayar la urgencia de que adoptemos una decisión sobre la estrategia que se debe seguir. 
Sabemos que no es fácil y que tanto la vacunación como la no vacunación tienen "pros" y "contras". 
Pero es que, a la luz de los muchos cambios que ha habido desde entonces en la agricultura europea, comenzando por su integración en la mundialización de la economía, que potencia exponencialmente los riesgos de contaminación, se debe revisar la evaluación que se hizo hace diez años y que propició la opción de no vacunar. 
La vacunación preventiva selectiva o la vacunación con cordón sanitario, regionalizadas, deben verse como opciones que los Estados miembros deben autorizar según los casos. 
Sin eso, se corre el riesgo de que se pierda el control de un posible estallido futuro de una crisis con mayores proporciones o que se pueda dilapidar irreversiblemente el patrimonio genético insubstituible, como en el caso de algunos países con determinadas razas autóctonas. 
Señor Presidente, señor Comisario Byrne, algunos nos hacemos cargo de su dilema y de que no está dispuesto a hacer valoraciones precipitadas. 
Si existieran soluciones sencillas para esta tragedia, ya las habríamos encontrado. 
En el Reino Unido dimos la señal de alerta rápida a nuestros vecinos Francia, Irlanda y los Países Bajos y estos países actuaron de inmediato. 
Les aplaudimos por lo que han hecho. 
Pero en un campo minado la señal rápida la da el primero que pisa una mina y ése fue el Reino Unido. 
Hemos sufrido enormemente por ello. 
¿Estaría dispuesto, señor Comisario, a confirmar que ésta es básicamente una crisis de desplazamiento? 
¿Estaría dispuesto a reconocer, a diferencia de lo que ha hecho el presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que los animales vacunados pueden transmitir el virus? 
De lo contrario, la tardía decisión adoptada por la Comisión el 14 de marzo de excluir productos argentinos carecería de sentido. 
¿Se compromete, señor Comisario, a estudiar junto con el Comité Veterinario Permanente el problema de los desplazamientos de largo alcance y sin ningún registro de animales, en los que éstos son tratados en la mayoría de los casos como mercancía y que han sido el principal factor de la propagación de la fiebre aftosa? 
¿No deberían estudiarse las ventajas que tendría para Europa el comercio de animales ya sacrificados? 
Por último, ¿qué opina el Comité Veterinario Permanente de los distintos métodos de eliminación utilizados en el Reino Unido, donde se ha sacrificado un millón de animales? 
¿Puede desmentir, señor Comisario, los bulos que algunos han puesto en circulación en el Reino Unido de que estos métodos fueron vetados en un comienzo por la Comisión, si no es ése el caso? 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados señores, admito con toda franqueza que no es de mi agrado que aquí se apruebe la enésima resolución. 
En mi opinión, los afectados viven una situación demasiado trágica como para que la enfoquemos exclusivamente desde la perspectiva de la política diaria. 
¡Ruego al Comisario que no me interprete mal! 
No pretendo en absoluto impedir que la dramática situación de los agricultores y la población rural reciba la debida atención a escala europea, ¡nada más lejos de mi intención! 
Temo, sin embargo, que la inseguridad de nuestros ciudadanos aún irá en aumento si este debate no se lleva a cabo con cierto rigor. 
La tragedia que afecta a los agricultores no se soluciona con grandes titulares. 
Está en juego la supervivencia de todo un sector profesional. 
Aunque los agricultores obtengan un 30% menos por sus reses, el precio que se paga por un kilo de carne en la tienda no ha disminuido, sino que en algún caso ha subido. 
Esta misma situación se produce incluso en mi propio país, a pesar de que, afortunadamente, no hemos registrado ningún caso de fiebre aftosa o EEB. 
En las zonas afectadas por la fiebre aftosa se vive una auténtica tragedia. 
No afecta únicamente a los agricultores, sino a todo el ámbito rural. 
Perjudica al turismo y pone en peligro miles de puestos de trabajo. 
Con su permiso quisiera expresar mi solidaridad con los agricultores afectados y con la población que sufre las consecuencias de esta enfermedad. 
Espero que todos sean conscientes de que la actual situación perjudica seriamente a los agricultores. Tardarán muchos años en volver a criar estas cabañas. 
Quisiera detenerme brevemente en la política de vacunación. Respaldo las medidas de vacunación de emergencia destinadas a impedir la propagación del virus. 
No podemos, sin embargo, causar la impresión en la gente de que los animales vacunados están sanos y no necesitan ser sacrificados. 
Creo que debemos seguir optando por el sacrificio si en adelante deseamos ser considerados como una región libre de fiebre aftosa. 
Espero asimismo que no sólo la Comisión sino también los Estados miembros cumplan con sus obligaciones. 
He podido comprobar una y otra vez que en los aeropuertos de la Unión Europea no hay alfombras desinfectantes. 
Esta falta de higiene existe porque los Estados miembros la consienten. 
Señor Presidente, ya ha quedado claro que la esperanza de todos de que la crisis de la fiebre aftosa fuera temporal y pasajera no se ha cumplido. 
En la República de Irlanda hemos tenido suerte hasta ahora, porque el brote se ha limitado a una zona próxima a la frontera con Irlanda del Norte. 
Y a pesar de que esta enfermedad sólo ha aparecido en cuatro Estados miembros, aún no podemos estar seguros de que no siga propagándose. 
A la luz de esta posibilidad, debemos asegurarnos de que las restricciones impuestas a nivel nacional no repercuten de manera desproporcionada en detrimento de otras industrias clave y de la vida pública en general. 
Por consiguiente, debemos mantener abierta la opción de la vacunación en beneficio de la comunidad en general. 
Dije esto el mes pasado. 
Espero que este mes se le preste mayor atención, habida cuenta del peso de la opinión expresada aquí hoy. 
Las restricciones draconianas en vigor respecto al desplazamiento de las personas no pueden continuar. 
No es razonable esperar que la comunidad agrícola tenga la opinión equilibrada sobre este asunto que necesita la comunidad en general. 
Son los políticos los que deben adoptar dichas decisiones equilibradas. 
Estoy pensando, en particular, en la industria del turismo en Irlanda, que tiene un valor de 4.000 millones de euros. 
La Federación de hoteles irlandesa ya ha comenzado a anunciar pérdidas por valor de 55 millones de euros en el mes pasado, con las evidentes repercusiones sobre el empleo. 
Asimismo hay que dejar claro que no se tolerará el desplazamiento ilegal de ovejas por parte de operadores sin escrúpulos. 
Dichos desplazamientos en las zonas fronterizas entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda deben ser erradicados y deben retirarse las licencias a aquellos que sean descubiertos en el ejercicio de estas prácticas. 
Para terminar, quiero apoyar el llamamiento de mi colega en el sentido de que se cree una unidad operativa europea no sólo para que vigile la situación actual, sino que además tenga competencia para supervisar y aprobar el programa de erradicación a escala europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, hoy se han formulado muchas preguntas y el tiempo no me permite reiterarlas, en particular, aquellas que han formulado mi colega Liam Hyland y también el colega De Rossa en relación con la proporcionalidad de la respuesta. 
¿Perderán los consumidores la confianza en nuestros alimentos? 
¿Son nuestras normas y reglamentos en materia de desplazamiento de animales y de rastreabilidad de animales todo lo eficaces que deberían ser? 
¿Permiten los ingresos de los agricultores que éstos recurran al veterinario cuando tienen alguna duda, y han sido adecuadas para el reto las respuestas de la Comisión Europea y de los distintos países? 
Más tarde tendremos más tiempo para tratar sobre estas preguntas. 
Luego está la compleja cuestión de la vacunación, aunque no figura en la agenda irlandesa. 
Para mantener la condición de libre de fiebre aftosa, un país debe llevar como mínimo 12 meses sin que se haya producido ningún caso de esta enfermedad, debe existir un sistema eficaz de vigilancia y deberán haberse cumplido todas las medidas reguladoras de prevención y control de fiebre aftosa. 
Es posible que, en determinadas circunstancias, una política de vacunación estratégica en un círculo alrededor del lugar donde han aparecido los brotes sea la medida adecuada, aunque sigamos sin poder distinguir con fines comerciales entre animales infectados y animales vacunados. 
Me hago cargo de que los holandeses, por ejemplo, tienen un problema especial para eliminar los animales muertos, por lo que para ellos la vacunación es, quizá, una opción para frenar el avance de la enfermedad. 
Me estoy refiriendo concretamente a la vacunación "cortafuegos". 
Con la tragedia de la fiebre aftosa, que ha seguido a la EEB y a la fiebre porcina, debemos revisar de forma racional la Política Agrícola Común. 
Sabemos que la fiebre aftosa existe desde hace 400 años, o sea que no se puede culpar a las prácticas agrícolas modernas de esta virulenta enfermedad, pero el actual desplazamiento de animales entraña mayor riesgo y una contaminación más rápida. 
El principio general debería ser el de garantizar que los animales son sacrificados lo más cerca posible del lugar de producción. 
Las repercusiones económicas de esta enfermedad para Irlanda son enormes y aunque los agricultores lo están pasando muy mal como consecuencia de las restricciones sobre los desplazamientos y las matanzas, también lo están pasando mal otras empresas y otros sectores, en particular, nuestros sectores del turismo y del transporte. 
Ya hemos perdido 200 millones de libras irlandesas en ingresos del turismo desde que se declaró el brote de fiebre aftosa en el Reino Unido hace pocas semanas. 
Nuestros mercados extranjeros se ven gravemente amenazados a pesar de que sólo tenemos un caso de la enfermedad. 
Para terminar, sólo estamos utilizando el 1% del 1,2 % del PIB disponible actualmente. 
Existen otras medidas que pueden contribuir a compensar a los sectores en general en términos de nuestro presupuesto. 
Señor Presidente, señor Comisario, en 1991 voté junto con otros miembros de este Parlamento en contra de la supresión de la vacunación. 
Considero que la inminente ampliación hacia el este nos obliga a reflexionar. 
La semana pasada se procedió en mi región al sacrificio preventivo de 4.000 animales porque habían llegado unos cochinillos holandeses procedentes de las zonas de exclusión de dicho país. 
Cabe la posibilidad de que desde las 14.00 horas del día de hoy la fiebre aftosa haya entrado en Alemania- en mi región, en Münsterland- a la altura de la frontera con los Países Bajos. 
En caso de que esta sospecha se confirmase, señor Comisario, la enfermedad habría saltado a una zona de Alemania conocida como el cinturón cárnico de Renania Septentrional-Westfalia. 
La política de no vacunación de la UE se justifica siempre con el argumento de la exportación a terceros países. 
Ahora bien, yo me pregunto, señor Byrne, si no habría que admitir que esta estrategia ha fracasado rotundamente. 
Le hago dos preguntas: ¿qué beneficios financieros saca Europa de las exportaciones y cuánto le cuesta esta enfermedad? 
La Comisión debe presentar estas cifras al Consejo. 
Es algo que ya he reclamado hace dos semanas en la Comisión de Agricultura. 
¡Saquen las cifras sin mayor dilación! 
Sobre esta base el Consejo debe adoptar una decisión y justificar su política. 
El Parlamento Europeo ciertamente expresará su opinión al respecto en la resolución de mañana. 
Estoy a favor de la vacunación de emergencia, en anillo y preventiva, y deseo que se ponga inmediatamente en marcha. 
A mi modo de ver, la actual situación agota psíquicamente a los agricultores. 
¿Dónde está la justificación ética de nuestra política? 
Le ruego encarecidamente, señor Comisario, que responda a nuestras preguntas en lugar de recitar maquinalmente el texto prefabricado que se ha traído. ¡De lo contrario, este debate no conducirá a nada! 
¡Muchas gracias! 
. 
(EN) Señor Presidente, intentaré responder a todas las preguntas que me han dirigido, aunque habida cuenta del tiempo de que dispongo, estoy seguro de que fracasaré en mi intento. 
Algunos de ustedes- en realidad, creo que han sido todos- han hablado de la vacunación y han defendido un uso más amplio de la vacunación. 
Permítanme ser perfectamente claro al respecto y repetir lo que he dicho antes. 
La Comisión no ve qué función tendría la vacunación. 
Lo he dicho en varias ocasiones cuando he comparecido ante el Parlamento y también en otras ocasiones y otros lugares. 
Probablemente fui el primero en utilizar el término "cortafuegos" en este Parlamento y no lo he apartado de mi mente desde el comienzo. 
Esto explica por qué ya ha sido aprobada como medida preventiva en el Reino Unido y en los Países Bajos. 
No obstante, sigue siendo cierto que ningún Estado miembro ha solicitado a la Comisión que autorice la vacunación preventiva generalizada. 
Es más, existe consenso en contra de adoptar este enfoque, como ha quedado de manifiesto en fecha tan reciente como el Consejo Europeo de Estocolmo de la semana pasada. 
Este consenso obedece al reconocimiento de las limitaciones de la vacunación, que ya he explicado y que no repetiré. 
Permítanme ofrecerles un ejemplo concreto de dichas limitaciones que tomo directamente de la presente situación. 
El brote inicial en el Reino Unido se produjo en cerdos. 
A continuación se transmitió a ovejas, algunas de las cuales, lamentablemente, fueron exportadas a otros Estados miembros antes de que se detectara el virus. 
Dicha presencia en ovejas ha sido el principal factor que desencadenó la propagación del virus. 
Pero la vacunación en el UE, antes de la introducción de la política de no vacunación en 1991, se limitaba al ganado vacuno. 
En otras palabras, aunque la vacunación hubiera estado en vigor como lo estuvo antes de 1991, el principal daño también se habría producido. 
Los cerdos de Heddon en Inglaterra, donde se originó el brote, se habrían infectado igual. 
Y éstos también habrían contagiado a ovejas. 
Algunas de estas ovejas también se habrían exportado a Francia y a Irlanda, donde habrían contagiado, a su vez, a los terneros en tránsito hacia los Países Bajos. 
En otras palabras, el brote en los cuatro Estados miembros se habría producido con casi total seguridad, dado el modo en que comenzó. 
En caso de que esto no les convenza, ¿qué habría sucedido si los animales hubieran sido vacunados contra la cepa de virus equivocada? 
Es necesario dejar perfectamente claro que la opción de la vacuna es similar a la lotería, a la que me refería antes. 
Se puede tener suerte y el elegir la vacuna acertada, pero es más probable que no se tenga suerte y se elija la cepa equivocada; existen siete variantes entre las que elegir y cada una de ellas tiene otros subtipos. 
Sí, la vacunación tiene una función, pero dicha función es de la naturaleza que les he expuesto, a saber, su utilidad para controlar el brote se limita a circunstancias muy concretas. 
Esta situación podría cambiar si se descubren vacunas nuevas y más eficaces, especialmente, si se desarrolla una vacuna marcadora que nos permita distinguir entre animales vacunados e infectados. 
Aún no disponemos de dicha vacuna. 
Algunas personas se han referido antes a ello y están absolutamente en lo cierto. 
Estoy completamente de acuerdo con esa observación. 
Pero hasta entonces, debemos trabajar dentro de las limitaciones de las posibilidades que tenemos a nuestro alcance en este ámbito. 
Permítanme pasar a algunas de las preguntas puntuales. 
¿Por qué la Comisión no está haciendo nada en respuesta a lo sucedido en África y Argentina? 
Estos países no sientan ningún precedente. 
En Argentina existe actualmente una situación en la que hay una política de vacunación en vigor en algunas zonas, pero no en otras, y la enfermedad se ha extendido a las otras zonas. 
El comercio estaba permitido desde las zonas libres de la enfermedad. 
Ahora se ha puesto fin al comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, por lo que ésta no es la solución. 
Reconozco que en el caso de la fiebre aftosa debemos adoptar un enfoque diferente al de la EEB. 
Es un problema muy distinto en todos los sentidos. 
¿Por qué no se lleva a cabo una vacunación supresora que permita la erradicación total de la enfermedad? 
El autor de la pregunta dijo que tenía dudas importantes al respecto. 
Yo he dicho que la introducción ahora de una vacunación como cortafuegos tendría efectos limitados en circunstancias en las que no es posible sacrificar o eliminar a un animal en un plazo de tiempo corto. 
He dicho que la vacunación no tendría efecto en un período de menos de entre 6 y 10 días. 
El Sr. Böge, creo, ha dicho 15 días y es posible que sea cierto, pero desde luego es algo por el estilo. 
Lo que intento demostrar- como he dicho anteriormente- es que los animales pueden contagiarse durante dicho período. 
Por tanto, si creen que la respuesta a este problema es administrar mañana una vacuna a un animal que podría estar infectado, porque ha estado en contacto con otro animal, y pensar que dicho animal ya no es contagioso y dejarlo libre para que entre en contacto con otros animales, estamos corriendo el enorme riesgo de contagiar a toda la cabaña. 
En mi opinión, es una respuesta inadecuada porque no contempla todas las situaciones que pueden darse. 
Aunque sí puede ser la solución en determinadas circunstancias, si lo hacemos como se está haciendo en los Países Bajos y como se está estudiando en el Reino Unido. 
Pero esta medida exige que se levanten vallas. 
Exige una vigilancia muy estricta y sólo puede funcionar en circunstancias en las que sirva de cortafuegos para prevenir la propagación de la enfermedad a zonas no contaminadas. 
Me han pedido que considere la posibilidad de reducir las cuotas lecheras, pero es una cuestión que compete a mi colega Franz Fischler, a quien le transmitiré esta cuestión que se ha planteado esta tarde en la Asamblea. 
También se ha sugerido que la Comisión ha actuado demasiado tarde. 
Puedo afirmar con la mano en el pecho que eso no es cierto. 
La información nos llegó el 20 de febrero y actuamos en cuestión de 12 horas. 
De hecho, la Comisión convocó una reunión el día siguiente. 
Se nos informó el martes por la noche y yo comuniqué la noticia en la reunión de la Comisión del miércoles. 
Por tanto, afirmar que la Comisión no actuó con rapidez, en mi opinión, no es cierto ni justo. 
La Comisión ha respondido con gran rapidez a este problema. 
A menos que esté diciendo que la Comisión debería haber actuado antes del brote. 
Si es eso lo que quiere decir, estará diciendo que debería existir una política generalizada de vacunación en toda la Unión Europea. 
Estamos hablando de 300 millones de animales, de siete tipos diferentes de vacuna cada seis meses y no creo que nadie pida seriamente que se introduzca semejante propuesta. 
También se ha sugerido que sólo se autorizan las vacunaciones cuando van seguidas del sacrificio del animal. 
Eso no es cierto. 
En el Reino Unido se ha dado autorización en casos en los que no se procede al posterior sacrificio del animal y se están administrando vacunas a vacas que siguen produciendo leche y su leche está siendo debidamente tratada para proteger a los humanos. 
Su carne no entra en la cadena alimentaria a menos que sea tratada y en circunstancias estrictas y bajo controles estrictos. 
El Sr. Berlato también ha mencionado la cuestión de que la Comisión no ha respondido con la rapidez necesaria y repito la respuesta que he dado al Sr. Graefe zu Baringdorf. 
He podido saber que los agricultores están pidiendo la vacunación como respuesta. 
Sin perjuicio de lo que he dicho anteriormente, otros agricultores están diciendo exactamente lo contrario. 
Han acudido a mí y han dicho "no queremos una política de vacunación". 
Me he reunido con los sindicatos de agricultores. 
Entre ellos existe diversidad de opiniones, pero un número considerable de agricultores son de la opinión de que no debería introducirse la política de la vacunación. 
Obtendré más información sobre este asunto dentro de una hora. 
Volveré a reunirme con el COPA dentro de media hora aproximadamente para discutir este asunto más a fondo. 
Pero no existe una opinión unánime entre la comunidad agrícola en lo que respecta a esta cuestión. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Wyn sobre las ayudas estatales: sí, naturalmente, si se notifica a la Comisión sobre las ayudas de este tipo, puede aprobarse un paquete de medidas y es más, tengo entendido que ya se ha aprobado un paquete de medidas. 
El Sr. Hyland me dirigió tres preguntas, en particular, relacionadas con terceros países y con la Oficina Alimentaria y Veterinaria. 
Naturalmente que la Oficina Alimentaria y Veterinaria cumple con su deber y se le exige que lo haga fielmente. 
La importación de carne infectada en este caso fue una importación ilegal que jamás habría sido descubierta por una inspección de dicha Oficina. 
De hecho, fue una actividad ilegal. 
Es interesante observar que el Ministro de Agricultura de Francia afirmó también que el brote en aquel país fue debido a una actividad ilegal y también el Ministro de Agricultura de Irlanda dijo exactamente lo mismo, que el brote era consecuencia de una actividad ilegal. 
Esto significa, por tanto, que existe legislación, que las medidas están en vigor, pero hay quien no respeta la ley y las consecuencias han sido los brotes que se han producido en el Reino Unido, Francia e Irlanda y el de los Países Bajos, que es el resultado directo de otro en Francia. 
El rastreo de todos estos brotes ha permitido determinar que tuvo su origen en actividades ilegales, sin ninguna duda, en tres países, y puede que en cuatro. 
Dos personas han hecho referencia a la unidad operativa de la UE y sé que el Sr. Hyland también se ha referido a ello en una ocasión anterior. 
Es algo que habría que estudiar. 
Trataré sobre ello con mis asesores y estudiaremos más a fondo esta cuestión. 
El Sr. Stevenson ha hecho una observación muy importante en relación con las vacunaciones que se realizan en Arabia Saudí. 
Hay varios países en todo el mundo en los que la fiebre aftosa es endémica y donde se realiza la vacunación. Pero en dichos países siguen produciéndose brotes de otras cepas de fiebre aftosa, por lo que, una vez más, la política de vacunación generalizada no es la solución. 
Sobre la cuestión de si se levantarán las restricciones en el Reino Unido, debo decir que ya se ha levantado una restricción en Irlanda del Norte, donde las circunstancias ofrecían garantías para adoptar esa respuesta en particular. 
Me han preguntado por qué se cierran los zoológicos. 
Sólo puedo decir que obedece a una medida ultrapreventiva. 
Tengo entendido que los elefantes, los camellos, los antílopes y las jirafas son, al parecer, susceptibles a la enfermedad. 
Espero que los propietarios de los zoológicos respondan diciendo: "es mejor que mantengamos cerrados nuestros zoológicos en semejantes circunstancias". 
Asimismo tengo entendido que el Comité Veterinario Permanente está debatiendo sobre este asunto esta tarde y espero que hoy se tome una decisión por la que se establezcan las condiciones para vacunar a los animales de los zoológicos. 
La Sra. Corbey me ha preguntado si creo que la estrategia de la UE está fallando. 
No lo creo, porque si examinamos la propagación en el continente europeo en estos momentos, tenemos 2 casos en Francia, 12 en los Países Bajos y 1 en Irlanda. 
Las medidas restrictivas adoptadas en Irlanda, que es el país más próximo al principal brote en el Reino Unido, al parecer están surtiendo efecto hasta ahora, y aunque la política de vacunación no está en vigor en aquel país, sí lo están las medidas de protección más rigurosas, y puesto que sólo se ha producido un brote, a pocas millas del brote de Irlanda del Norte, se diría que estas estrategias están dando resultados. 
El Sr. Watson me pidió a continuación que confirmara cuándo el Reino Unido informó a la Comisión del brote y puedo confirmar que la Comisión fue informada el 20 de febrero. 
El mismo día en que se conoció el brote en el Reino Unido, la Comisión fue informada inmediatamente. 
Desde luego no es cierto que a la Comisión se le dijera nada antes de esa fecha y como he dicho hace un momento, la Comisión respondió en cuestión de horas en un reunión de la Comisión. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Daul, estoy completamente de acuerdo con él en que debemos aprender las lecciones de este brote respecto a las enfermedades humanas transmisibles. 
La Sra. Lucas ha hecho referencia al Sindicato de agricultores. 
He podido saber a través de mis contactos con el sindicato National Farmers Union que los agricultores no quieren que en el Reino Unido se introduzca una política de vacunación. 
Esto es sin ninguna duda lo que se ha desprendido del último contacto que he mantenido con el sindicato, a menos que haya cambiado de opinión desde entonces. 
El Sr. Campos preguntó por qué debemos siempre depender de la ciencia. 
¿Por qué no podemos tomar una decisión aquí hoy y llevarla a cabo? 
Desde que asumí este cargo, he sido de la opinión de que, en la medida de lo posible, intentaré tomar decisiones que estén basadas en la ciencia. 
Si nos alejamos de esa postura, en mi opinión, estamos perdidos. 
Acabaremos en una situación en la que tomemos decisiones basadas en análisis subjetivos en vez de en criterios objetivos. 
No es el camino a seguir y no creo que sea el modo adecuado de hacer frente a situaciones como ésta. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Whitehead de que existe una crisis con respecto al desplazamiento de animales y que incluso animales vacunados pueden propagar la infección. 
Éste es el argumento que yo defendía antes. 
Es un asunto serio que debe ser tenido en cuenta cuando estudiamos el tema de la vacunación. 
Administrar una vacunación a un animal no es un asunto tan fácil como cuando se vacuna a un niño, por ejemplo, contra la polio. 
Es algo más complejo y no se obtienen los mismos resultados. 
El Sr. De Rossa también me ha preguntado acerca de la vacunación y yo me limito a formular la pregunta: ¿dónde vacunamos? 
Si queremos introducir una política de vacunación en Francia, los Países Bajos o Irlanda, ¿por dónde comenzamos? 
¿Debe ser generalizada? 
¿Debe ser a escala local? 
En estos momentos existe una forma localizada de vacunación autorizada en dos Estados miembros. 
¿Es eso satisfactorio? 
¿Es a eso a lo que se refiere? 
¿Quiere más? 
No es tan fácil. 
Si formula la pregunta sobre la vacunación sin determinar exactamente a lo que se refiere, realmente no puedo estar de acuerdo ni en desacuerdo. 
Pero probablemente habrá deducido de lo que ya he dicho que estoy de acuerdo con la política de vacunación en determinadas circunstancias concretas que ya he expuesto, pero no sobre una base generalizada, y también por los motivos que ya he enunciado. 
Por último, la Sra. Keppelhoff-Wiechert ha dicho que en 1991 opinaba que debería existir una política de no vacunación, pero que ha llegado el momento de revisar nuestro punto de vista. 
Estoy de acuerdo, como he dicho hace unas horas durante mi primera intervención ante la Asamblea, que es algo que deberemos examinar cuando haya pasado la crisis. 
Pero para ello será necesario que la vacunación de que dispongamos y que la ciencia de que dispongamos en este ámbito se hayan perfeccionado y estén más enfocadas, de manera que obtengamos el mejor resultado posible de la introducción de la política de vacunación. 
Esto evitará el riesgo de crear una situación en la que vacunemos a animales, pero no sepamos, a la hora de examinarlos, si dan positivo o negativo, si la reacción se debe a la vacunación o a la propia enfermedad. 
Necesitamos que la ciencia nos asista en esto y cuando eso ocurra, podremos avanzar más. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido ocho propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Tiene la palabra el Sr. Böge para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, no pretendo retrasar la marcha de las cosas, pero a la luz del comentario final quisiera instar a la Comisión a que en la próxima reunión de la comisión nos explique cuáles son las actividades internas y externas que ha emprendido para consagrar la recomendación del Comité Científico para la salud y la protección de los animales de 10 de marzo de 1999, tanto en la política de la Comisión como a escala internacional. 
Le ruego nos presente un informe detallado al respecto en la próxima reunión de la comisión. 
Muchas gracias, señor Böge. 
La Comisión toma buena nota de ello y comparecerá en su momento ante la Comisión de Agricultura. 
Tiene la palabra el Sr. Posselt para una cuestión de orden. 
Comprendo su intervención y trasladaré a la Mesa del Parlamento y a la Conferencia de Presidentes los reiterados problemas que se plantean con el turno de preguntas. 
Informe sobre los preparativos para la introducción fiduciaria del euro 
De conformidad con el orden del día, se procede a la Comunicación de la Comisión relativa al informe sobre los preparativos para la introducción fiduciaria del euro. 
Tiene la palabra el Comisario Sr. Solbes. 
. Señor Presidente, Señorías, el euro es una realidad desde el 1 de enero del año 1999 y la introducción de monedas y billetes se producirá dentro de 272 días. 
Con esto vamos a completar el cuadro histórico de pasar de tener en cada uno de nuestros países una moneda a compartir la misma moneda en el seno de la Unión Económica y Monetaria. 
Los dos años iniciales de la existencia del euro han permitido la consolidación de buenos resultados económicos y progresos sustanciales. 
No voy a repetir las cifras de crecimiento, de inflación o en qué medida la política monetaria ha contribuido al crecimiento o a la convergencia de nuestras economías, ni tampoco el papel que ha jugado el euro como elemento protector frente a crisis externas. 
En todo caso, es cierto que el euro ha tenido un impacto claro en la integración financiera y ha creado las condiciones para un mercado europeo amplio y con buena liquidez. 
Es verdad que esta nueva situación nos permite hacer frente a otros retos que debemos afrontar, como en el ámbito de la política presupuestaria: evitar que ésta sea procíclica y nos permita prepararnos para los riesgos planteados por el envejecimiento de la población, acelerar nuestras reformas estructurales para mejorar nuestro potencial de crecimiento, avanzar en el terreno de la legislación financiera para integrar más los mercados, o completar el proceso con esa introducción de monedas y billetes, que esperamos se produzca con éxito el 1 de enero próximo. 
Las empresas, los consumidores, las administraciones, todos debemos adaptarnos a esta nueva situación, y la comunicación que hoy se presenta consta de un informe sobre la situación en la que se encuentran los preparativos para la introducción de las monedas y billetes, pero también, además de hacer un balance de esta situación general, se llevan a cabo dos trabajos adicionales: por una parte, ver en qué medida el contenido de la recomendación del pasado 11 de octubre de la Comisión ha sido cumplido por los Estados miembros y, en segundo lugar, establecer una serie de buenas prácticas, cuya aplicación puede contribuir a facilitar el correcto desarrollo de las operaciones de cambio fiduciario. 
Es posible que con esta nueva comunicación terminemos las comunicaciones de la Comisión al Consejo. 
Y digo que es posible porque no descartamos que, si nuevos elementos se plantean que aconsejen una nueva comunicación, así se haría en el mes de octubre próximo. 
En todo caso, quería responder a las dos preguntas que son objeto del documento hoy: cuál es la situación actual y qué nuevas prácticas se proponen. 
El cuadro de los preparativos presenta una situación que yo definiría como desigual. 
No es una situación ni blanca ni negra; es una situación gris y, en algunos casos, ese gris es excesivamente oscuro, pero es verdad que sólo en algunos casos muy puntuales. 
Desde el punto de vista de las empresas es verdad que, globalmente, la preparación de las grandes empresas ha avanzado de forma muy satisfactoria, pero las pequeñas y medianas empresas siguen algo rezagadas. 
Aproximadamente la mitad de ellas ya ha mejorado la situación, pero todavía la mitad de ellas sigue sin tener un plan de acción para pasar al euro el 1 de enero próximo. 
Y lo que es más relevante: una de cada tres de las mismas todavía no es consciente de que el 1 de enero de 2002 es la fecha límite para realizar todas sus operaciones en euros. 
Por lo tanto, la mentalización de pequeñas y medianas empresas sigue siendo una de nuestras preocupaciones fundamentales en esta comunicación. 
Desde el punto de vista de los consumidores, el eurobarómetro del mes de enero pone de manifiesto la visión que los consumidores tienen del euro, y hay que reconocer que en algunos casos resulta relativamente confusa. 
Por ejemplo, una de cada cuatro personas (el 25 por cien) piensa que las monedas y billetes en euros emitidos en un país sólo tendrán curso legal en ese país, lo cual demuestra que un elemento tan esencial como la existencia de la moneda única aún no ha sido bien comprendido. 
Pero una de cada cinco ignora, por ejemplo, que la introducción del euro irá acompañada de la retirada de las antiguas monedas y, aunque se ha progresado también en el tema del calendario, todavía el 40 % de los ciudadanos no conoce la fecha exacta de la introducción de las monedas y billetes en euros. 
Las numerosas campañas de información han tenido efectos limitados, pero es verdad que es difícil conseguir que el consumidor se interese por un acontecimiento que ve todavía lejano. 
La documentación es múltiple, pero es verdad que la documentación, a veces, no se lee. 
Estamos convencidos de que esta situación evolucionará a principios del segundo semestre con el cambio anticipado de las grandes empresas facturadoras de las cuentas bancarias y de los medios de pago fiduciarios. Ello contribuirá a sumergir progresivamente a los consumidores en nuestra nueva realidad. 
En cuanto a las administraciones públicas, por lo general están listas y ofrecen a los administrados la posibilidad de utilizar el euro en una gama bastante amplia de operaciones, aunque es verdad que podrían desempeñar un papel más importante, produciendo un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía, estableciendo, por ejemplo, en euros, los contratos públicos o el sueldo de los funcionarios, cosa que ha puesto en marcha alguno de los Estados miembros, pero no todos ellos. 
Los bancos están colaborando bien; están llevando a cabo una transición anticipada en las relaciones con sus clientes; la adaptación de los distribuidores automáticos de billetes en 2002 será probablemente muy rápida, e incluso inmediata en la mayor parte de los Estados miembros; expenderán, por lo general, billetes de poco valor y contribuirán así a paliar los problemas de devolución de cambio que se pueden plantear en las operaciones comerciales. 
El cambio de billetes nacionales por euros será gratuito e ilimitado en la mayor parte de los Estados participantes durante el período de doble circulación. 
Los bancos se han convertido, de hecho, en uno de los motores del paso al euro, y su política de cambio anticipado es una contribución muy importante a la sensibilización del euro en los operadores económicos. 
También hemos desarrollado una serie de buenas prácticas, que no son otra cosa que una serie de ideas simples, concretas, sencillas, que están ya siendo aplicadas en algunos Estados miembros y que se dan a conocer a los demás para que las puedan aplicar también. 
En la comunicación de hoy, la Comisión plantea 20 nuevas prácticas, 10 para efectuar antes de la entrada en circulación de las monedas y billetes el 1 de enero, y otras 10 que podrían llevarse a la práctica posteriormente. 
Dichas medidas no son aplicables en todos los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria, pero son un conjunto de ideas al que cada Estado miembro puede recurrir y utilizar algunas de ellas si lo considera conveniente. 
Citaré algunas que son, como decía antes, ideas relativamente simples, como difundir en los pequeños comercios instrumentos de cálculo de devolución de moneda cuando se utilice la moneda nacional y el euro al mismo tiempo. 
O crear y difundir instrumentos para el cálculo de las necesidades de liquidez de las pequeñas empresas, tema fundamental para pedir el front loading de monedas y billetes en su momento. 
Proceder también, de acuerdo con los consumidores y los empresarios, a pagar parte de los salarios, a finales de año, con "kits" de monedas en euro, cosa que se puede hacer. 
Después de la introducción, el 1 de enero de 2002, de monedas y billetes, se pueden plantear algunos temas de interés. 
Por ejemplo, recomendamos que los saldos, o rebajas, no se pongan en marcha, como suele ser práctica en algunos Estados miembros, el día 2 de enero, pues se produciría una situación inmanejable desde el punto de vista del funcionamiento de estos comercios. 
También recomendamos, por ejemplo, que se autorice la "neutralización" de los billetes nacionales en algunos operadores económicos, de tal forma que reduzcamos los riesgos de transporte. 
Proponemos también, por ejemplo, como se ha hecho en Francia, que se creen instrumentos específicos de precalibrado de la antigua moneda, de tal forma que la devolución de las piezas nacionales se ponga en marcha de forma más fácil. 
En fin, hay una serie de ideas que creemos que son útiles, que se han aplicado ya en algunos Estados miembros y que, sin duda alguna, van a ser positivas para conseguir que esta introducción de monedas y billetes en 300 millones de europeos se haga de forma más fácil. 
La operación logística es de gran importancia, y deberíamos intentar resolver la mayor parte de los problemas antes de que llegue esta fecha para que estos posibles problemas prácticos de segundo plano y de menor importancia no empañen, sin embargo, el elemento fundamental, es decir, la entrada en circulación de monedas y billetes en euros. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señor Comisario, siempre es útil que nos traiga recomendaciones sobre los aspectos prácticos del euro. 
Pero me da la impresión de que el Comisario no está preocupado. 
Yo, personalmente, estoy preocupada, considero que hay aspectos fundamentales que aún fallan: las personas tienen poca idea sobre lo que va a suceder en la práctica, las empresas tienen poco conocimiento, el ciudadano no conoce la moneda. 
Díganos si no considera que se deben adoptar medidas concretas. 
La segunda pregunta que quisiera hacer es la siguiente: ¿qué sucede realmente con las transferencias entre países de la zona del euro? 
¿Cuándo dejaremos de pagar el costo de las transferencias dentro de la zona del euro, entre países de la zona del euro? 
Señor Presidente, señor Comisario, usted sabe que como ponente sobre el tema todo este asunto me interesa mucho. 
Con respecto a su actual comunicación- espero que la versión escrita sea más detallada y matizada de lo que hemos oído aquí- tengo dos dudas fundamentales. 
En primer lugar me pregunto cómo piensa garantizar que los Estados miembros empleen los fondos comunitarios destinados a la campaña de información de manera eficaz y constructiva, respetando las directivas y recomendaciones y el mensaje político básico. 
Se lo pregunto porque tengo la sensación de que nos hemos convertido en una mera oficina de trasvase de fondos europeos. Tanto es así que bajo el pretexto de la subsidiariedad estamos cediendo nuestro liderazgo en la campaña informativa. 
Ahora paso a mi segunda pregunta. ¿Cómo piensa usted convencer a los ministros competentes, empezando por el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda, e implicarlos en esta imprescindible ofensiva informativa no sobre la base de recomendaciones sino de manera vinculante? 
. Señor Presidente, a la Sra. Torres Marques le diría que mi obligación es no estar inquieto. 
Mi obligación es resolver los problemas y mirar las dificultades con cierta distancia y cierta frialdad. 
Yo creo que podemos tener una imagen distorsionada de la realidad. 
Cuando usted vea la Comunicación verá cuál es el nivel de decisión al que han llegado cada uno de los Estados miembros y cuál es el nivel de información del que se dispone a nivel nacional. 
Creo que los ciudadanos que han querido estar informados lo han estado, las empresas están razonablemente bien informadas, las administraciones públicas están actuando también. 
Es cierto, sin embargo, que la campaña de monedas y billetes todavía no ha empezado pues empezará, en su parte esencial, el mes de junio, para reforzarse en el mes de septiembre. 
Habrá campañas nacionales, así como la campaña del Banco Central Europeo que, sin duda alguna, incidirá de forma concreta sobre las monedas y billetes y las características técnicas de los mismos, incluidas las de seguridad, lo cual se va a producir conforme nos acerquemos al período final y va a permitir que todo el mundo tenga conocimiento claro de la situación. 
Otro problema que su Señoría me plantea es un tema bastante complejo, que su Señoría conoce bien, y que se recoge en la página 46 de nuestra Comunicación. 
Todavía no puedo darle una solución definitiva. 
Ahí podrá ver su Señoría cómo estamos avanzando en los distintos problemas planteados y cómo, desde el mes de noviembre del año 2000, la Asociación bancaria ha lanzado ya el proyecto STEP I, que es el primer proyecto que nos permite un sistema de compensación a nivel transnacional, que debería ser el elemento clave para ayudarnos a reducir el coste de estas operaciones que, para usted como para nosotros, es un tema de especial preocupación. 
Va a ser muy difícil que el ciudadano entienda que, a partir del 1 de enero, y trabajando con euros en distintos países, no tenga el mismo coste un cheque en euros portugueses pagado en Portugal que un cheque en euros portugueses pagado en Bélgica o al contrario. 
Por lo tanto, éste es un punto que hay que resolver, pero su solución implica necesariamente la existencia de un sistema de compensación transnacional equivalente a los sistemas de compensación nacionales. 
Verá usted en la comunicación las dificultades que plantea este asunto, y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para lanzar este proyecto porque estamos de acuerdo en que es un problema esencial. 
Al Sr. Karas le diría, en cuanto a las directrices, que éstas se han establecido, con la Comisión, en los distintos acuerdos que se han pactado con los diferentes Estados miembros y, por lo tanto, estamos convencidos de que, si los acuerdos que se han pactado para las transferencias de recursos se aplican de forma correcta, no deberían plantearse problemas al respecto. 
Y lo mismo diría a los ministros respectivos en cuanto a sus programas nacionales. 
Los programas nacionales están siendo mencionados todos en la Comisión. 
Hay referencias a cada uno de los programas nacionales, incluidos los temas de comunicación, incluso las páginas web correspondientes a cada Estado miembro y, a través de la presente comunicación, se puede conocer exactamente cuál es la actuación que cada Estado miembro tiene prevista. 
En todo caso, si por parte del Parlamento o por parte suya hay alguna duda en algún programa específico, estamos a su disposición para darle la información pertinente. 
Señor Presidente, señor Comisario, tengo dos preguntas breves. 
En primer lugar, recuerdo que el día 9 de mayo también debemos convencer a los jóvenes de la Unión Europea de que su futuro está en Eurolandia. 
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión, qué acuerdos ha alcanzado con los Estados miembros, para que todas las escuelas celebren un día del euro antes de que finalice el año? 
¿Tiene usted previsto promover una iniciativa determinada en este sentido? 
En segundo lugar, ¿cómo podemos restablecer la confianza del consumidor y disipar el temor de que, desde la óptica de la protección del consumidor, los precios acaben distorsionándose como consecuencia de la conversión y el cálculo de los mismos carezca de transparencia? 
En tercer lugar, ¿tiene previsto proseguir la campaña de información sobre el euro al menos durante el primer semestre del próximo año, en colaboración con los Estados miembros? ¿Cómo piensa hacerlo? 
Señor Presidente, señor Comisario, no soy tan negativa como algunos de mis colegas. 
Considero que todo marcha bien, dadas las circunstancias. 
Creo que, sobre todo, los consumidores normales y también las pequeñas empresas no son grandes planificadores, y que la información les está llegando y les convence en el momento en que son conscientes de que va en serio y de que es realmente hora de hacer algo. 
Por supuesto, podemos ayudarles un poco y tengo dos sugerencias en este sentido. 
En lo que a las PYMEs se refiere, creo que hay que alentarlas de forma que estén listas a tiempo. 
Hasta ahora hay muchas pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que trabajan para el mercado local, que sólo ven las desventajas. 
Deben invertir para poder trabajar con el euro, pero no tienen ninguna ventaja directa. 
Mi pregunta es si no sería posible que usted, desde la Comisión, animara a los Estados miembros a, por ejemplo, conceder pequeños incentivos fiscales a las PYMEs a fin de que se preparen y lo hagan a tiempo. 
Así mismo, es importante que se informe bien a los consumidores sobre el hecho de que las monedas no se pueden cambiar en todos los países. 
Las monedas extranjeras se deben gastar, y es muy importante que la gente lo sepa antes del verano. 
Por tanto, hay que informarles a tiempo. 
En segundo lugar, puede adoptarse la iniciativa a nivel local de juntar todas las monedas y, tal vez, emplearlas en un buen fin. 
Es mejor que tirarlas a la basura. 
. Señor Presidente, deseo comentarle a la Sra. Randzio-Plath lo siguiente: 
Primero, en cuanto a las actividades para el 9 de mayo, como usted conoce, en cooperación con el presidente del eurogrupo, se ha acordado comunicar al Ecofin, en Malmö, la iniciativa del 9 de mayo respecto a las escuelas, y la Comisión imprimirá 400.000 pequeños pasaportes que nuestras delegaciones pondrán a disposición de las escuelas, para que los muchachos y las muchachas de las escuelas empiecen a tomar contacto con esta situación. 
Segundo, desde el punto de vista de las dificultades del consumidor respecto a los precios, hacemos en esta comunicación algunas referencias de lo que podría ser útil para garantizar que el redondeo del precio de los productos no resulte ventajoso para el vendedor. 
Incluso insistimos en que los redondeos realizados por las administraciones nacionales, por ejemplo, en el pago de impuestos- y así lo ha hecho la administración belga -, sean a la baja y no al alza, para que sean las administraciones públicas las primeras en demostrar que el euro no debe tener efectos inflacionistas, sino exactamente lo contrario. 
Tercero, en cuanto a las campañas de información, el problema básico y fundamental- como usted sabe- es que son nacionales. 
Eso implica que una parte de los fondos del año 2002 pueden destinarse a financiar algunos de los compromisos ya existentes. 
Las campañas no se han realizado únicamente de acuerdo con los años físicos. 
Pero, sin duda alguna, si hay remanentes de estos recursos, deberíamos pensar seriamente en la utilización de los mismos para lanzar el mensaje político de lo que el euro supone, como cambio de nuestros hábitos, y del carácter fundamental que reviste el proceso de construcción europea. 
A la Sra. Thyssen le diría, primero, que estoy de acuerdo con ella en que las pequeñas y medianas empresas y los consumidores no se adaptarán hasta el último momento. 
La existencia o no de ventajas fiscales es una decisión de cada uno de los Estados miembros. 
Aquí se aplica el principio de subsidiariedad y no nos corresponde a nosotros intervenir en este asunto. 
Sí hemos insistido, entre las buenas prácticas, en que el debitting que los Bancos Centrales hacen a la banca comercial, la ventaja financiera que se da como consecuencia del cargo de la moneda, parcialmente se transfiera también a las empresas, para que este tipo de operaciones no suponga un coste adicional para las empresas. 
Respecto a las monedas, es evidente lo que usted plantea. 
No hemos hecho ninguna reflexión sobre la posibilidad de recogida de monedas, pero es el elemento que inicialmente se va a utilizar más rápidamente. 
Tomo nota de su propuesta de que a nivel local se produzca una iniciativa de este tipo, que puede tener utilidad- como usted dice- para dedicarlo a un buen fin. 
Señor Presidente, señor Comisario, tengo una pregunta. Es obvio que esta campaña de información no sólo reviste importancia para los futuros doce países del euro. 
No olvidemos que en la Europa Central y Oriental circulan muchos fondos financieros, en concreto miles de millones de marcos alemanes, y que el marco alemán se utiliza asimismo como moneda oficial o de facto en parte de los Balcanes. 
Todas estas personas también se verán obligadas de la noche a la mañana a servirse del euro. 
Me pregunto cómo piensan informar a esta gente. 
¿Están colaborando sobre el terreno con los bancos nacionales? 
¿Acaso servirán estos bancos de oficinas de distribución? 
¿Cómo piensan evitar que la gente sea engañada por negociantes malvados que apliquen una conversión errónea? 
En mi opinión no podemos perder de vista esta manifiesta necesidad de información. 
. En el caso de que dispongamos de recursos adicionales, organizaremos una Conferencia en Budapest para dar información sobre la introducción del euro a los países candidatos. 
Sin embargo, en lo que se refiere al problema específico que usted plantea, por parte del Banco Central Europeo se ha aceptado la posibilidad del front loading incluso a las sucursales de los bancos europeos en países "extra zona euro", precisamente pensando en que una parte muy sustancial de los billetes físicos de la circulación fiduciaria alemana están situados fuera precisamente del territorio de Alemania. 
En este tema se está trabajando y, por parte del Banco Central Europeo, se ha pensado que es la mejor fórmula para resolver este problema. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado este punto del orden del día. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0163/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 29 formulada por (H-0263/01): 
Asunto: Violencia contra mujeres en Sierra Leona Teniendo en cuenta las informaciones ampliamente divulgadas el mes pasado sobre los continuos actos de violencia sexual y violaciones perpetrados contra mujeres y niñas por las fuerzas del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona. ¿Puede la Comisión indicar qué medidas ha adoptado para controlar la situación en Sierra Leona y qué acciones se han llevado a cabo? 
¿Puede igualmente asegurar que se está haciendo todo lo posible para ayudar al Gobierno de Sierra Leona a combatir las violaciones de los derechos humanos en dicho país? 
. 
(EN) La Comisión Europea tiene conocimiento de las informaciones sobre la violencia perpetrada por el Frente Revolucionario Unido contra mujeres y niñas y comparte la preocupación de su Señoría. 
Las Naciones Unidas, a través de su oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han establecido este año un sistema de información en Sierra Leona con el objetivo de recoger información de mujeres y niñas en los campos para personas desplazadas en el interior de todo el país con el fin de determinar el alcance de la violencia sexual contra mujeres y niñas. 
Los datos recopilados serán utilizados para defender una mejor protección y programación sobre el terreno. 
En caso necesario, la información será compartida con la "Truth and Reconciliation Committee" (Comisión de la verdad y de la reconciliación) que están creando el Gobierno y el tribunal especial propuesto por la ONU. 
La Comisión, a través de ECHO, ha venido prestando ayuda a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desde septiembre de 2000 con una subvención de 30.000 euros. 
Con esta subvención se pretende incrementar la conciencia general no sólo en el seno del Gobierno, sino en toda la sociedad en general, de la cuestión de los derechos humanos en Sierra Leona y, en particular, sobre el problema de la violencia contra mujeres y niñas. 
Se han destinado fondos por valor de unos 50.000 euros para cursos de formación para el personal humanitario en materia de derechos humanos y Derecho humanitario internacional, en los que se incluyen los actos de violencia contra las mujeres. 
La sección de derechos humanos de la fuerza de paz de la ONU está llevando a cabo este programa. 
Gracias, señor Comisario, por sus observaciones. 
Quisiera preguntar específicamente si usted, señor Comisario, o la Comisión han entablado contacto con el Gobierno de Sierra Leona y si le han pedido que condene públicamente estas violaciones y actos de violencia sexual contra mujeres y niñas por parte del Frente Revolucionario Unido. 
¿Está dispuesto a reconocer, señor Comisario, que el Gobierno de Sierra Leona necesita una ayuda sustancial de la comunidad internacional, en particular de la UE, que incluye- entre lo que ha dicho- la formación del ejército, del cuerpo policial, de los fiscales, jueces y demás funcionarios responsables de velar por el respeto de la ley y que participan en la observancia de los derechos humanos? 
¿Deberían las fuerzas UNAMSIL recibir refuerzos a través de equipos y demás logística para proporcionar protección a la población civil, especialmente a las mujeres y los niños? 
Por último, señor Comisario, quizá pueda responder a la cuestión relacionada, aunque diferente, de las alarmantes noticias sobre abusos sexuales de monjas por parte de sacerdotes en 23 países, especialmente en África, incluida Sierra Leona, y sobre la respuesta completamente inadecuada durante tanto tiempo por parte del Vaticano. 
¿Ha insistido la Comisión al menos en obtener una respuesta adecuada de Roma en relación con este otro ejemplo de abuso sexual de mujeres y niñas? 
. 
(EN) Deberé responder por escrito a algunas de estas preguntas, si me lo permiten. 
Nos mantenemos en contacto con el Gobierno de Sierra Leona. 
Reconozco que podríamos y deberíamos hacer mucho más. 
El gran problema sigue siendo el tema de la seguridad, que posiblemente es por lo que relativamente pocas ONG han solicitado financiación. 
Nosotros no somos responsables de los obstáculos. 
La realidad sobre el terreno y la falta de solicitudes por parte de las ONG son las causantes de estos obstáculos. 
Pregunta nº 30 formulada por (H-0300/01): 
Asunto: Ayuda humanitaria a la población chechena Sin desear referirme aquí al fondo de la cuestión relativo a la política humanitaria de la Comisión en Chechenia, ¿puede la Comisión comunicarme si, tras subrayar en varias ocasiones las dificultades que supone operar en Chechenia, estaría dispuesta a apoyar en Georgia y Azerbaiyán la realización de proyectos humanitarios, sobre todo de asistencia sanitaria, en favor de la población chechena? 
. 
(EN) Desde que se desató la actual crisis en octubre de 1999, la Comisión ha destinado a través de ECHO más de 25 millones de euros en ayuda humanitaria a las víctimas de este conflicto. 
La intervención de ECHO se ha centrado principalmente en la región del Cáucaso septentrional, donde se encuentra la mayor parte de los chechenos desplazados, porque es ahí donde el problema es más grave. 
En Osetia, Daguestán y la propia Chechenia se encuentran hasta 360.000 personas desplazadas, en comparación con el número que, según las informaciones, oscila entre los 5.000 y 7.000 refugiados en el Valle de Pankisi de Georgia. 
Las condiciones operativas en el Cáucaso septentrional siguen siendo difíciles, especialmente en términos de seguridad. 
No obstante, lo mismo es cierto en el caso de Georgia, donde la ayuda a los refugiados chechenos que se encuentran en el Valle de Pankisi tuvo que ser suspendida durante algún tiempo el pasado año a raíz del secuestro de miembros del personal de ayuda expatriado. 
Las asignaciones concedidas hasta la fecha en el contexto de la crisis de Chechenia y en beneficio de los refugiados chechenos en Georgia ascienden a un total de unos 820.000 euros. 
Las operaciones financiadas se centran principalmente en la atención sanitaria básica y han consistido, por ejemplo, en la distribución de medicamentos para primeros auxilios a los responsables de la salud, la formación de médicos sobre la utilización racional de medicamentos, la rehabilitación de los servicios básicos de salud y la distribución de paquetes para la higiene. 
Dada la magnitud del número de personas desplazadas en el Cáucaso septentrional y los limitados recursos disponibles, ECHO ha centrado su actividad en la intervención humanitaria en favor de las víctimas del conflicto que permanecen allí. 
No obstante, dependiendo de cómo evoluciona la situación, se podría encontrar financiación limitada para el mantenimiento del programa médico en Georgia. 
En estos momentos no está prevista ninguna asistencia humanitaria específica a Azerbaiyán ni tampoco se ha informado de la presencia de un número importante de refugiados de Chechenia en Azerbaiyán. 
Señor Comisario, le agradezco su respuesta, aunque la considero un poco evasiva. 
Conozco personas cualificadas, el Ministro de Sanidad del gobierno Maskhadov, Sr. Oumar Khembiev quien considera que hay necesidades que cubrir en Georgia y en Azerbayán, lo que no quita nada a las que ha constatado usted en el interior de Chechenia y en la parte de Rusia donde hay otros chechenos refugiados. 
Dicho esto, quisiera saber si estaría dispuesto a recibir al Sr. Oumar Khembiev, Ministro de Salud, para discutir y ver con él las posibilidades concretas para crear con rapidez dos hospitales de campaña en Georgia y en Azerbayán. 
. 
(EN) Hemos puesto mucho cuidado a la hora de calibrar y establecer las prioridades en lo que hacemos al objeto de llegar lo más cerca posible a los grupos más numerosos de personas necesitadas que se han visto afectadas por el conflicto en Chechenia. 
Asimismo estamos financiando la operación logística del envío de alimentos y medicinas a Chechenia. 
Las prioridades sobre las que operamos son acertadas. 
Lo que usted menciona en su pregunta complementaria suena más a la ayuda sanitaria que no va dirigida específicamente a las víctimas del conflicto. 
En cualquier caso, las prioridades que he indicado en mi primera respuesta representan la mejor respuesta de cuantas podemos dar en estos momentos. 
Señor Comisario, me pregunto si ya pueden dirigirse directamente a la población chechena a través de los medios de comunicación rusos puesto que, según la información facilitada por ECHO, este acceso a través del Gobierno ruso no está garantizado, especialmente en el ámbito radiofónico. 
¿Funciona este canal? 
¿Lo utilizan para prestar ayuda humanitaria y mantener relaciones directas con la población civil? 
Además de ello, quisiera preguntarle una vez más si no estima necesario que la Comisión haga una visita oficial a los campos de refugiados de Georgia y los demás Estados vecinos para entablar contactos sobre el terreno. 
. 
(EN) No voy a repetir los números de refugiados que hay en las diferentes regiones. 
Las cifras no son nuestras, sino de las distintas organizaciones internacionales que trabajan en este ámbito. 
La realidad es que en la propia Chechenia trabajamos con 170.000 personas desplazadas, con el mismo número en Osetia y con el número menor de 20.000 en Daguestán. 
Estamos destinando nuestra asistencia a las zonas con mayor concentración de personas necesitadas. 
No es fácil encontrar los canales adecuados para esta tarea. 
Cabe observar que la Comisión, a través de ECHO, es con diferencia la mayor proveedora de ayuda humanitaria en este conflicto. 
Pregunta nº 31 formulada por (H-0260/01): 
Asunto: Vehículos no contaminantes La tercera crisis del petróleo que afectó a la Unión Europea el trimestre pasado plantea numerosas dudas en cuanto a la política de transportes y de energía que aplica la UE, las consecuencias de la misma y su escasa eficacia en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero. 
¿Qué hace la Comisión para apoyar y alentar el uso de vehículos que no necesitan un carburante derivado del petróleo? 
¿Cuántos estudios se han realizado al respecto? 
¿Se han tenido en cuenta los proyectos de patentes de técnicas no contaminantes y, en caso afirmativo, qué curso se les ha dado? 
Señoras y señores diputados, próximamente el Libro Blanco sobre la política común de transportes permitirá abrir un nuevo debate sobre el desarrollo duradero. 
En el marco de estos intercambios, se examinarán los carburantes alternativos. 
Hay una comunicación en trámite de preparación sobre los biocarburantes para ver en qué medida pueden aportar respuestas a problemas políticos claves como la dependencia de los transportes con respecto a los productos petrolíferos, la seguridad del abastecimiento energético, las emisiones de gas de efecto invernadero y la contaminación. 
Además, antes del verano de 2001, la Comisión presentará una propuesta de directiva para introducir una tasa de utilización de los biocarburantes en los transportes. 
La Comisión está apoyando desde hace unos veinte años, mediante sus programas de investigación y desarrollo tecnológicos, gran número de proyectos sobre los carburantes y los vehículos alternativos. 
Estos proyectos han cubierto prácticamente todos los carburantes alternativos. 
A pesar de este apoyo masivo, estos carburantes y vehículos no han penetrado verdaderamente hasta el momento en el mercado, constituyendo con mucha frecuencia la principal barrera los costes suplementarios que implican. 
En lo que respecta a las patentes, se han creado un gran número de ellas en el marco de esos proyectos, pero son propiedad intelectual de los socios industriales o universitarios que han tomado parte en estos proyectos que hemos cofinanciado. 
Efectivamente, muchos de nuestros conciudadanos se interesan por la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero y nos envían incluso proyectos enormemente interesantes pero que no estamos en condiciones ni siquiera de comprender y analizar en el plano técnico. 
Quisiera saber si hay algún tipo de ventanilla abierta por parte de la Comisión a la que estas personas pudieran dirigirse. 
Efectivamente, si estas personas no son científicos o no pertenecen a una universidad, no tienen la posibilidad de encontrar eco para sus proyectos. 
En lo que respecta a la pregunta concreta sobre los transportes, la remitiré a la señora De Palacio, para ver si existe verdaderamente este tipo de "ventanilla" pero puedo decirle, en lo que respecta a todas las propuestas de investigación, que es evidente que recibimos y con mucha frecuencia, cartas de inventores, de personas que piensan haber encontrado una solución. 
Por supuesto que nosotros las remitimos a la administración. 
No olvidemos sin embargo que hay también un principio de subsidiariedad y que a nivel de las propuestas que se tratan en los proyectos europeos es preciso que se produzca un efecto estructurante de varios socios europeos. 
Nosotros somos pues de la opinión de que estos proyectos deben ser examinados por las diferentes estructuras de innovación e investigación que existen en las regiones y también a nivel nacional. 
Transmitiré su propuesta a la señora De Palacio para ver exactamente en qué medida se produce en estos temas una respuesta directa a las propuestas realizadas. 
Señor Presidente, mi pregunta se refiere al Libro Verde "Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte". 
Habida cuenta de que la emisión de sustancias contaminantes determinará en gran parte la futura regulación del transporte y de la movilidad me pregunto si se piensa investigar, llevando a cabo los análisis coste-beneficio oportunos, en qué ámbitos de transporte la escasez o ausencia de sustancias nocivas ha dado unos resultados óptimos. 
Se han realizado ya muchos estudios sobre esta cuestión y el Libro Verde que la Sra. De Palacio ha presentado en nombre de la Comisión abre un debate sobre todas estas cuestiones. 
Se han financiado estudios sobre los mecanismos de los transportes, con el fin de estudiar cuáles son los mejores mecanismos en las actuales circunstancias. 
Por ejemplo, nosotros hemos apoyado, en los proyectos "Thermie" y "Energía", la solución de los problemas de transporte en las ciudades y existe actualmente una experiencia con autobuses de baterías en diferentes ciudades europeas. 
Se trata de una propuesta que hemos apoyado y que está aplicándose. 
Efectivamente, la opinión pública se ha visto atraída en estas últimas semanas por un proceso en Suráfrica contra la industria farmacéutica y el gobierno surafricano así como por una denuncia de los Estados Unidos contra Brasil. 
No voy a comentar estos asuntos que se encuentran sub iudice, pero creo que es útil explicar la política de la Comisión sobre esta cuestión, que enmascara el problema de la acción sobre las enfermedades transmisibles en los países en desarrollo. 
Se nos sometió esta cuestión en el verano pasado y nosotros actuamos intentando ser al mismo tiempo ambiciosos y generosos. 
El pasado mes de septiembre organizamos una mesa redonda internacional en Bruselas, que llegó a una serie de recomendaciones, partiendo del diagnóstico según el cual la cuestión del acceso a los medicamentos esenciales afecta al mismo tiempo a los sistemas locales de distribución de asistencia sanitaria, a las políticas de prevención y por supuesto a las cuestiones de precios y por tanto de financiación de los medicamentos. 
Llegamos a un planteamiento global que descansa en tres pilares: en primer lugar, reforzar nuestras acciones en este ámbito, con cargo a la política de desarrollo; en segundo lugar, bajar los precios de los medicamentos esenciales; finalmente retomar la investigación de alto nivel con el fin de que la investigación pública pueda servir de complemento a la investigación privada en este ámbito. 
Hemos aprobado muy recientemente un programa de acción preciso que se basa en este planteamiento y que se inserta en el conjunto de los esfuerzos emprendidos por la OMS, por la ONU, por UNICEF, por la ONPI y por la OMC. 
Creo que ya en estos momentos estamos viendo algunos efectos concretos con los compromisos de bajada de los precios que una serie de empresas farmacéuticas han anunciado. 
¿Qué lugar ocupa la propiedad intelectual en este asunto? 
A nuestro juicio esencial, ya que la propiedad intelectual es necesaria para estimular al mismo tiempo la innovación y la investigación. 
Ésa es la función de la AADPIC, que es el acuerdo sobre la propiedad intelectual en la OMC y nosotros siempre hemos dicho con claridad que defendíamos esta concepción. 
Pero hemos dicho, y decimos también claramente, que es de los casos en los que las excepciones al derecho de patente- lo que se llaman licencias obligatorias- están admitidas por razones de salud pública y de urgencia sanitaria. 
Recordamos que este acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual en la OMC prevé esta flexibilidad. 
Lo mismo ocurre, por otra parte, con las importaciones paralelas, ya que el acuerdo deja el campo libre a los miembros de la OMC, para decidir sobre lo que puede hacerse o no. 
Nosotros estamos dispuestos además, a nivel de la Unión, en lo que nos afecta, a avanzar en esta cuestión si permite avanzar en la cuestión de los tratamientos diferenciados. 
Las disposiciones jurídicas que menciona la Sra. Carlotti no son por tanto un obstáculo. 
Es su interpretación la que puede plantear un problema en un momento o en otro. 
Nosotros hemos declarado abiertamente nuestra propia interpretación. 
Quizás va un poco más allá de lo que algunos otros miembros de la OMC desearían pero es así, y nosotros nos hemos comprometido en el período preparatorio en la reunión de Doha, tanto en la ONPI como en la OMC, a que progrese el consenso en el sentido de esta interpretación flexible que es la que nosotros hacemos, sobre las disposiciones de la OMC. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 33 y 34 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 33 formulada por (H-0279/01): 
Asunto: Espacio europeo de investigación y sector de la aeronáutica La aeronáutica, primera industria exportadora de la Unión Europea (22.000 millones de euros) , es también un sector clave en términos de empleo (400.000 puestos de trabajo directos y 1,5 millones de puestos indirectos) y de volumen de negocios (65.000 millones de euros en 1999). 
Si bien el sector de la aeronáutica constituye un ejemplo de integración en el sector industrial, la investigación en este campo continua fragmentada entre los distintos Estados miembros, pese a que la competitividad de esta industria depende de la investigación. 
Europa ya no puede permitirse malgastar sus recursos por culpa de la duplicación y la falta de coordinación de sus actividades. 
Por consiguiente, la Comisión ha decidido tomar todas las medidas adecuadas para que la aeronáutica se convierta en un ejemplo para la creación del espacio europeo de investigación. 
El nuevo programa-marco para la investigación y la innovación considera "la aeronáutica y el espacio" como uno de los siete campos temáticos prioritarios. 
¿Podría proporcionar la Comisión una información más concreta sobre los medios movilizados y la estrategia adoptada para que la aeronáutica se convierta en un ejemplo en materia de investigación para la Unión Europea? 
Pregunta nº 34 formulada por (H-0287/01): 
Asunto: Aeronáutica Europea La Comisión Europea ha publicado recientemente un informe titulado "Aeronáutica europea: una visión para el 2020" en el que presenta detalladamente una estrategia de investigación y desarrollo del espacio aéreo civil. 
¿Puede indicar la Comisión qué medidas concretas tiene previsto adoptar para llevar a cabo esta estrategia, cómo han respondido los Gobiernos de los Estados miembros e indicar asimismo si esta estrategia es compatible con la OMC? 
Preguntas dirigidas al Sr. Vitorino 
Las preguntas de la Sra. de Veyrac y del Sr. Titley se refieren a la estrategia de la Comisión en el ámbito de la investigación y desarrollo en el sector aeronáutico así como las etapas y los medios considerados para poner esta estrategia en práctica. 
Quisiera explicarles en qué hemos actuado. 
Porque, para nosotros, el sector aeronáutico constituye uno de los mejores ejemplos de la puesta en marcha del espacio europeo de la investigación en un ámbito industrial. 
Frente a la competencia mundial y el impacto que tiene el transporte aéreo en la vida de los ciudadanos europeos, la Comisión considera necesario mejorar la eficacia del esfuerzo de investigación en aeronáutica, coordinando e integrando mejor en torno a una visión común las actividades emprendidas a diferentes niveles, nacionales, europeo y privado. 
En el segundo semestre del año 2000 reuní a una serie de personalidades que representan a la totalidad de los componentes del sistema de transporte aéreo: industriales y constructores, gerentes de aeropuertos, compañías aéreas, reguladores, controladores del tráfico aéreo e investigadores, que tenían como misión elaborar esta visión. 
El informe Visión 2020, fruto de los trabajos de este grupo, define los grandes objetivos tecnológicos que el sector se fija con un horizonte de veinte años así como los medios a poner en práctica para alcanzarlos. 
Insiste especialmente en la necesidad de integrar mejor los esfuerzos de investigación realizados actualmente a diferentes niveles. 
El informe recomienda crear un Advisory Council for Aeronautic Research in Europe: ACAR. 
El ACAR estará constituido principalmente por representantes de los programas nacionales, del sector industrial, de la comunidad científica y de la Comisión. 
Tendrá como objetivo fijar una agenda estratégica de investigación, aceptada por todos los protagonistas del sector, que deberá actuar sobre las prioridades de investigación de los programas nacionales comunitarios. 
La Comisión pondrá en práctica todos sus esfuerzos para que ese consejo se fije a partir de mediados de este año. 
Los miembros de ACAR deberían ser nombrados de aquí a final del mes de mayo, con la primera reunión planificada para el mes de junio. 
Para el inicio del próximo año se espera un primer proyecto de agenda estratégica. 
La consulta a los diferentes actores del sector así como de los Estados miembros sobre las competencias y el mandato de este consejo ACAR ya se ha iniciado, y ha despertado el interés de todos los Estados miembros, que desean participar en esta iniciativa. 
El nuevo programa-marco prevé un presupuesto de un millardo de euros para los sectores aeronáutico y espacial. 
Propone cuatro prioridades: competitividad, medio ambiente, seguridad y capacidad del sistema de transporte aéreo. 
Estas cuatro prioridades corresponden a los objetivos principales de la Visión 2020. 
Para alcanzar estos objetivos, la Comisión se propone utilizar tres instrumentos principales: las redes de excelencia; la coordinación existente a nivel de los centros de investigación en el sector aeronáutico debería facilitar la puesta en marcha de estas redes; los proyectos integrados: se trata principalmente de proseguir y profundizar en la acción federadora del modelo precursor de plataformas tecnológicas; finalmente, la participación de la Unión en programas ejecutados conjuntamente por varios Estados miembros y que presentan un interés comunitario, por ejemplo en el ámbito del artículo 169 del Tratado como tendremos ocasión de hablar en el debate sobre el nuevo programa-marco. 
La acción de la Comisión, que pretende estimular de forma duradera la coordinación de los esfuerzos de investigación emprendidos a diferentes niveles utilizando el efecto federador de los instrumentos previstos en el programa-marco, es perfectamente compatible con los acuerdos de la Organización mundial del comercio, al estar consideradas las acciones de investigación como de naturaleza muy competitiva. 
Señor Comisario, no ha respondido a mi pregunta sobre cuál ha sido exactamente la respuesta de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Asimismo, en relación con la OMC, observo que el informe hace hincapié en el hecho de que los Estados Unidos contribuyen de manera importante a la investigación aeronáutica en aquel país. 
Este argumento es precisamente el centro de la controversia sobre el Acuerdo de 1992 relativo a la construcción de grandes aeronaves. 
¿No ve, señor Comisario, en este programa una nueva oportunidad para que iniciemos un conflicto con los Estados Unidos de América? 
Por último, habida cuenta de que gran parte del gasto de defensa se centra actualmente en el ámbito de la aeronáutica, ¿existe la posibilidad de que este programa de investigación se extienda al ámbito de defensa? 
La propuesta de este programa se basa en la Visión 2020, que tiene tres grandes objetivos: reducir el ruido, asegurar una mayor seguridad y reducir la contaminación. 
Se trata pues de investigaciones de interés general, y como ya dije en mi primera intervención, son pre-competitivas- no se debe por tanto comparar esto con programas de desarrollo específico de tipos de aparatos. 
Por ello, no creo que en este ámbito puedan producirse dificultades ya que nos encontramos dentro de la normativa acordada en el ámbito de la Organización mundial del comercio, y los objetivos son importantes, y además vinculados a la calidad de vida de todos los ciudadanos europeos al igual que a la seguridad del espacio aéreo europeo. 
Por tanto es totalmente legítimo que estos proyectos de investigación se incluyan en esta perspectiva. 
Muchas gracias, señor Busquin. 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0266/01): 
Asunto: Excepción para Dinamarca en materia de Justicia y Asuntos Interiores El Título IV del Tratado CE no se aplica a Dinamarca, pero sí una serie de decisiones adoptadas en relación con el Título IV en virtud de acuerdos interestatales. 
De este modo, el Gobierno de Dinamarca ha manifestado su deseo de participar en el Reglamento EURODAC, el reglamento relativo a la quiebra, los Reglamentos Bruselas I y II y el reglamento relativo a la publicación de documentos relativos a asuntos civiles y comerciales. 
La posición danesa se basa en un presupuesto de libertad de elección, en función del cual Dinamarca decide su participación en cada caso. 
¿Puede la Comisión confirmar que Dinamarca tiene libertad de elegir en lo que respecta a la participación en las decisiones que se adoptan en virtud del Título IV del TCE, de tal forma que, en el futuro, Dinamarca se pueda adherir, por ejemplo, a determinadas partes de las decisiones que se adopten en el ámbito del derecho de asilo e inmigración, a la vez que conserva sus reglamentaciones nacionales para otras partes de la política de asilo e inmigración? 
Señor Presidente, como consta en el Protocolo anejo al Tratado de Amsterdam, las esferas abarcadas por el título IV del Tratado no son aplicables a Dinamarca. 
El mismo Protocolo establece, en su artículo 3, que integra el acervo de Schengen en el ámbito de la Unión Europea, que, en lo relativo a las decisiones sobre el desarrollo del acervo de Schengen, Dinamarca puede decidir asegurar la transposición de dichas decisiones a su derecho nacional, con lo que pasaría a estar vinculada por una obligación de derecho internacional respecto de los otros Estados miembros. 
En relación con las materias del derecho comunitario, Dinamarca se reservó la posibilidad de renunciar, en los términos dictados por sus exigencias constitucionales y a raíz de un debate democrático interno, a la utilización de ese régimen de exención. 
Sin embargo, recientemente el Gobierno de Dinamarca planteó ante la Comisión la cuestión de la posibilidad de aplicación de ciertas normas adoptadas en la esfera de la cooperación en materia judicial y civil a Dinamarca mediante acuerdos paralelos basados en el derecho internacional. 
Esa cuestión es objeto de un debate en el nivel técnico entre Dinamarca y la Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior de la Comisión. 
Una vez superada esa fase- y una vez determinadas sobre todo las dificultades que plantean esos acuerdos paralelos -, tengo la intención de presentar a la Comisión, al Colegio de Comisarios en conjunto, todo el proceso a la luz de los debates técnicos exploratorios que se están celebrando actualmente. 
Y, en función de dichos debates políticos, formular la orientación futura de la Comisión como custodia de los Tratados. 
Gracias muy limitadas, pues sigo casi igual que como estaba antes de la respuesta. 
Hay una discusión abierta en Dinamarca sobre la posición danesa. 
Como es sabido, tal como ha explicado también el señor Comisario, mantenemos esta excepción en los artículos 5 y 7 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
El Artículo 5 es una norma que establece que si entre los demás Estados miembros, vinculados por este Título IV del Tratado, se aprobara desarrollar las disposiciones de Schengen, el gobierno danés y el Parlamento danés pueden decidir de acuerdo con sus normas constitucionales dentro de un plazo de seis meses si participarán o no participarán en este proceso. 
La pregunta entonces es qué significa profundizar en las disposiciones de Schengen. 
Tenemos una cuestión de actualidad relativa al Reglamento EURODAC, que, en mi opinión, guarda mucha relación con la cooperación de Schengen y el sistema de Schengen y análogamente puede decirse que el asilo y la inmigración están vinculados estrechamente a la problemática de Schengen y al sistema de Schengen. 
La cuestión es entonces hasta dónde se llegará en la aplicación de este artículo 5 con motivo de un desarrollo de las disposiciones de Schengen. 
Señoría, en opinión de la Comisión, ni el Reglamento EURODAC ni el futuro reglamento comunitario que substituirá el Convenio de Dublín se basan en las normas de Schengen. 
No tienen como fundamento las normas de Schengen, sino, directamente, el artículo 63, Título IV, del Tratado de las Comunidades Europeas. 
Por eso, estamos estudiando técnicamente la posibilidad de aplicar el reglamento EURODAC y el futuro reglamento substitutivo del Convenio de Dublín a partir de un acuerdo paralelo con Dinamarca, acuerdo de derecho internacional público, pero que no se basa en el Acuerdo de Schengen, sino, directamente, en el Título IV y en la posibilidad de aplicar un acuerdo paralelo conforme al derecho internacional público. 
Pregunta nº 36 formulada por (H-0276/01): 
Asunto: ¿Necesitan los suecos un pasaporte para viajar a otros países nórdicos? El 25 de marzo de 2001 Suecia y otros países nórdicos se integrarán en la cooperación de Schengen. 
El actual carnet de identidad sueco no cumple las requisitos de documento de identificación que exigen las disposiciones de Schengen y un nuevo carnet de identidad sueco no sustituirá al pasaporte hasta el año próximo. 
Se oyen opiniones contradictorias respecto a qué va a pasar en el intervalo. 
Según una respuesta del Consejo a mi pregunta H-0145/01, la aplicación del Acuerdo de Schengen no es contraria ni supone un obstáculo a la unión nórdica de pasaportes. 
El artículo 45 del Acuerdo de Schengen prevé, no obstante, que cualquier persona que se aloje en un hotel en otro país de Schengen debe poder identificarse y probar su nacionalidad. 
Ahora bien, el único documento de que dispone un ciudadano sueco para probar su identidad es su pasaporte. 
¿Considera la Comisión que a partir del 25 de marzo los ciudadanos suecos, a la espera de recibir su nuevo carnet de identidad, deberán llevar su pasaporte cuando viajen a otros países nórdicos? 
Señor Presidente, en primer lugar, es necesario destacar que, conforme al derecho comunitario, cualquier ciudadano de la Unión puede entrar en el territorio de un Estado miembro y salir de él mediante la presentación de una tarjeta de identidad o un pasaporte válidos. 
En el caso de que el pasaporte constituya el único documento válido para salir del territorio, como sucede en varios Estados miembros en los que no hay tarjetas de identidad, su plazo de validez no puede ser inferior a cinco años. 
A los Estados miembros compete adoptar las condiciones de emisión y de validez de los documentos de identidad de sus ciudadanos. 
La integración del acervo de Schengen en el ámbito de la Unión Europea no ha tenido efecto alguno en esas disposiciones. 
Según informaciones de que dispone la Comisión, Suecia tiene intención de introducir una tarjeta de identidad nacional con estatuto de documento de viaje en la acepción que figura en las directivas comunitarias. 
En segundo lugar, será necesario recordar que el artículo 45 del Convenio de aplicación de Schengen establece la comprobación de la identidad de las personas que deseen pernoctar en un hotel mediante la presentación de un documento de identidad válido. 
Conviene observar que el acervo de Schengen no establece el tipo de documento de identidad necesario para ello. 
Por consiguiente, y resumiendo: se puede interpretar el concepto de documento de identidad válido de forma que en el futuro, al registrarse en un hotel, se puedan presentar todos los documentos de identidad hasta ahora aceptados por los Estados nórdicos como prueba de identidad. 
Agradezco al Comisario su respuesta. 
Si le he entendido bien, un sueco no está obligado a llevar un documento de identidad que demuestre que es ciudadano sueco, a pesar de que del artículo 45 se deduce que hay que controlar si los viajeros son ciudadanos de un país de Schengen. 
En consecuencia, los ciudadanos suecos están exceptuados de esta norma cuando viajan a otros países nórdicos. 
¿Es esto correcto? 
. 
(EN) Me temo que, probablemente a causa de la traducción, la cuestión no ha quedado nada clara. 
No habrá ningún cambio respecto a la situación del documento de identidad sueco actualmente en vigor para registrarse en un hotel. 
Por tanto, si el documento es válido para registrarse en un hotel en un país nórdico, seguirá siendo válido para ese mismo fin. 
Lo que he dicho es que las autoridades suecas, que yo sepa, no han notificado hasta ahora sobre ningún documento de identidad específico que deba ser reconocido por todos los Estados miembros como documento de viaje de conformidad con la Directiva 68/360. 
Espero que haya quedado claro que no habrá ningún cambio respecto a la posibilidad de utilizar el actual carné de identidad sueco para registrarse en un hotel. 
Todos recordamos que durante las negociaciones sobre Schengen se puso de relieve como condicionante previo muy importante para los países nórdicos que la unión nórdica de pasaportes que cumple casi cincuenta años de existencia y garantiza el libre desplazamiento de los ciudadanos nórdicos sin necesidad de llevar encima su pasaporte- y para el caso de otros documentos de identidad- no se viera afectada por la cooperación de Schengen. 
Ahora debo entender por la respuesta del señor Comisario que, sin embargo, resulta necesario instaurar la obligación de llevar pasaporte en los viajes entre los países nórdicos, lo que, dicho de otro modo, supone la desaparición de la unión nórdica de pasaportes. 
La libertad de pasaportes de la que hemos disfrutado durante casi cincuenta años ya no está vigente. 
. 
(EN) Lo lamento, pero no comparto su punto de vista. 
Su libertad se ha visto ampliada porque ahora dispone de una zona de libre circulación en todo el territorio de Schengen, que es el motivo, por ejemplo, por el que Noruega e Islandia- que formaban parte de la zona nórdica de libre circulación- han firmado un acuerdo paralelo con la Unión para garantizar que también se beneficiarán de esa zona de libre circulación que es Schengen. 
Conozco su punto de vista político sobre este asunto y usted conoce el mío. 
Espero que el Comisario Vitorino no se sienta abrumado por las numerosas preguntas sobre el Tratado de Schengen y la Unión Nórdica de Pasaportes, pero quisiera completar lo que han dicho mis colegas, los Sres. Sjöstedt y Krarup. 
El documento de identidad sueco no menciona la nacionalidad, pero, a pesar de esto, ha podido ser usado en los países nórdicos. 
¿Implica el Tratado de Schengen que el documento de identidad sueco no tendrá relevancia ni se podrá usar en los países de Schengen? 
En ese caso, esto significaría una nueva y desmejorada situación para los ciudadanos suecos. 
¿Lo he entendido bien? 
No puedo interpretar la respuesta del Sr. Vitorino de otro modo. 
. 
(EN) Lo único que deseo decir es que algunas decisiones son competencia de la Comisión y otras son competencia del Gobierno sueco. 
Lo que he dicho y me gustaría reiterar es que, hasta ahora, las autoridades suecas no han notificado ningún documento de identidad específico para que sea reconocido por todos los Estados miembros como documento de viaje de conformidad con la Directiva 68/360, lo que no significa que el Gobierno sueco tenga la intención de introducir cambios en sus carnés de identidad por las razones que usted ha mencionado. 
En dicho documento no se hace ninguna mención específica de la nacionalidad. 
Mi valoración es que el acervo de Schengen no introduce ningún cambio en los documentos nacionales de viaje porque, que yo sepa, ésa sigue siendo estrictamente una competencia de los Estados miembros. 
Por consiguiente, espero que dentro de los próximos meses podamos esclarecer las intenciones del Gobierno sueco en lo que respecta a los carnés de identidad y la mejor interpretación del acervo de Schengen. 
Puedo asegurarle que el objetivo político de este ejercicio es facilitar, y no entorpecer, la libre circulación de las personas. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0311/01): 
Asunto: Certificado para el transporte de medicamentos en los desplazamientos en el espacio de Schengen El Gobierno danés ha presentado un proyecto de ley que hace obligatoria la obtención de un certificado para las personas que lleven medicamentos para su uso privado cuando se desplacen en el espacio de Schengen. 
Existen dudas sobre si la legislación comunitaria prevé esta exigencia o es sólo una exigencia de la legislación danesa. 
Por consiguiente, ¿cómo interpreta la Comisión las normas relativas al transporte de medicamentos para uso privado en el espacio de Schengen? 
¿Exige la legislación comunitaria la obtención de dicho certificado? 
¿Cuáles son las normas en los demás países de la UE en este ámbito? 
Entre las disposiciones del convenio de aplicación del acuerdo de Schengen figura el artículo 75, que plantea permitir a los viajeros que transporten estupefacientes y sustancias psicotrópicas necesarias en el marco de un tratamiento médico. 
Estas personas deben estar provistas de un certificado expedido por una autoridad nacional competente. 
De conformidad con el artículo citado, el comité ejecutivo Schengen aprobó, en su decisión de 22 de diciembre de 1994, la forma y el contenido de este certificado así como los principios de su expedición. 
A partir de ahí, un proyecto de ley danés conforme al sentido de la cuestión planteada corresponde, a juicio de la Comisión, a las disposiciones citadas. 
Gracias, señor Comisario. 
¿Podría responder a las otras dos preguntas que he planteado sobre cómo han sido interpretadas las normas en los demás países? 
Me gustaría saberlo puesto que el debate danés y las propuestas presentadas en Dinamarca parecen una "inocentada". 
El domingo pasado fue uno de abril, sin embargo, ahora hemos de tratar de ir más lejos por lo que me interesa conocer cómo han tratado otros países esta cuestión del artículo 75. 
Señora diputada, debo decirle que la interpretación del artículo 75 del acuerdo de Schengen fue fijada por una decisión del comité ejecutivo Schengen aprobada el 22 de diciembre de 1994. 
Esta decisión, que es objeto del documento SCH/COM-EX (94) 28rév. y fue publicada en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 2000, es aplicable de forma uniforme en todos los países Schengen. 
Ello significa que, al ser las mismas normas en todos los países, es necesario respetar el formulario común para certificar la necesidad de un tratamiento médico que permita a un ciudadano transportar las sustancias a las que se refiere su pregunta. 
Se trata en este caso de la aplicación uniforme de una decisión del comité ejecutivo Schengen. 
Resulta llamativo escuchar la respuesta del señor Comisario. 
Me hubiera gustado que me confirmara que en este punto, con respecto al Artículo 75, hablamos de una profundización en las disposiciones de Schengen. 
Estamos dentro del apartado 2 del Artítulo 5 del Protocolo sobre Dinamarca, y entiendo por la respuesta del señor Comisario que las normas que sean adoptadas sobre la necesidad de portar certificados deben ser decididas por unanimidad, que si no se puede alcanzar un acuerdo, si Dinamarca mantiene otra postura, las partes han de iniciar las negociaciones. 
En principio, se trata de una profundización en las disposiciones de Schengen, lo que me hubiera gustado que se me confirmara, y decir que se trata de una ampliación de la libertad personalmente me parece una apostilla irónica, pues, en mi opinión, será un estorbo muy grande para nosotros que viajamos con muchas sustancias estupefacientes en nuestra malesta en atención a nuestra maltrecha salud. 
Respeto totalmente su opinión, pero mi punto de vista es el siguiente: una ley danesa cuyo contenido es conforme a la pregunta planteada no es contraria al acervo Schengen. 
No veo razón, en este caso, para invocar el protocolo nº 5: no hay ninguna contradicción entre la decisión del comité ejecutivo Schengen y la decisión libre y soberana del Reino de Dinamarca. 
No se trata de una excepción sino de una garantía de la aplicación uniforme de la norma. 
Pregunta nº 38 formulada por (H-0320/01): 
Asunto: Protección de las fronteras de la UE ¿Está dispuesta la Comisión a elaborar un estudio de viabilidad sobre la creación de unidades de protección de las fronteras exteriores de la UE? 
¿En qué fase se encuentra, a nivel administrativo, la situación actual de la constitución de la Academia de Policía Europea? 
Preguntas dirigidas al Sr. Patten 
Señor Presidente, como sabe este Parlamento, y el Sr. Posselt en particular, para los Estados miembros vinculados por el Título IV del Tratado por el que se instituyó la Comunidad Europea, los principios relativos al control y vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea se rigen por el derecho comunitario, de conformidad con el protocolo que integra el acervo de Schengen en la Unión Europea tal como se decidió en el Tratado de Amsterdam. 
A mi juicio y a juicio de la Comisión, varias razones pueden defender hoy una reflexión sobre la creación de un cuerpo europeo de protección de fronteras exteriores. 
Varios Estados miembros parecen por otra parte deseosos de profundizar en esta vía con el fin de reforzar los medios de lucha contra la inmigración clandestina. 
Los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea tienen vocación a plazo, y señalo a plazo, en participar íntegramente del acervo de Schengen y del acervo comunitario, incluido el ámbito del control de las fronteras exteriores de la Unión y de la libre circulación sin control de las personas en las fronteras interiores. 
Incluso desde el punto de vista del desarrollo del derecho comunitario, los controles en las fronteras exteriores no tienen como única función la de controlar a las personas en una perspectiva puramente migratoria. 
Pretenden también asegurar el control de las fronteras exteriores en la óptica de la lucha contra la criminalidad, o de la aplicación de las reglamentaciones en materia aduanera, o también del respeto de algunas reglamentaciones técnicas aplicables a los vehículos o a las mercancías peligrosas o ilícitas. 
Por ello, puedo confirmarles que el gobierno italiano ha solicitado el apoyo de la Comisión para proceder a un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de crear un cuerpo de policía de fronteras europeo, iniciativa que ha sido por cierto apoyada por varios Estados miembros y que tiene la simpatía de la Comisión. 
Como saben ustedes, cualquier decisión sobre un programa así apoyado por el programa Odysseus depende del comité de gestión. 
Lo que puedo decirles es que la Comisión apoya la iniciativa italiana. 
Volviendo al Colegio europeo de policía, creado por la decisión del Consejo de 22 de diciembre de 2000- a la cual por cierto el Parlamento Europeo contribuyó mediante el informe del Sr. Posselt- quisiera decir que en lo que respecta a su organización, el reglamento interior del Colegio será sometido, para información, al Consejo. 
La sede de la secretaría del Colegio europeo de policía se fijará sobre la base de una próxima decisión del Consejo. 
También se fijará su presupuesto de funcionamiento. 
Puedo decirles que el consejo de administración del Colegio aprobó su proyecto de reglamento financiero el 23 de marzo. 
Ahora deberá someterse a la aprobación del Consejo. 
En lo que respecta al programa de trabajo del Colegio, se parte de la idea de que el Colegio de policía no debe servir para financiar acciones nacionales existentes y que debe concentrarse en algunas prioridades cuya definición está en curso. 
Señor Presidente, señor Comisario, le agradezco su detallada y adecuada respuesta. 
Aún tengo una pregunta complementaria: ¿cuándo piensa que estará disponible el estudio de viabilidad sobre la creación de unas unidades policiales encargadas de la protección de las fronteras exteriores? 
Como usted sabe, hace tres años este Parlamento formuló una propuesta similar sobre la base de un informe elaborado por mí. 
Recuerdo bien la propuesta del Parlamento Europeo. 
Espero que se pueda aprobar la propuesta italiana en el plazo más breve posible. 
Como sabe usted, el plazo de presentación de propuestas concluía el 31 de marzo. 
Ahora, el comité de gestión va a reunirse y a decidir. 
Espero que se apruebe la propuesta, para ver su ejecución a lo largo de 2001. 
Deseo que, de ahora a final de año, el Gobierno italiano presente el estudio de viabilidad, además, en estrecha consulta con muchos otros gobiernos, que ya han manifestado su apoyo, su ayuda, a esta perspectiva de creación de una policía común de fronteras europea. 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0249/01): 
Asunto: Crisis en los Balcanes Como revela la evolución de la crisis de los Balcanes, el reconocimiento de las fronteras de muchos Estados de la región se cuestiona directa o indirectamente, como ha sucedido por ejemplo en el caso de la frontera entre la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia, que ambos países acordaron definir pero que se niegan a aceptar fuerzas de la parte albanesa de la propia Ex República Yugoslava de Macedonia y de Kosovo. 
¿Cuál es la valoración que hace la Comisión de la evolución actual, y en concreto cómo afrontará la aceptación de las fronteras como elemento estabilizador de la crisis de los Balcanes? 
. 
(EN) Señor Presidente, acojo con gran satisfacción la oportunidad de responder a esta pregunta y le agradezco lo que dijo hace un momento. 
Mi hora de partida obedece en buena medida al hecho de que hasta las 5.00 horas de esta mañana no pude regresar de Macedonia, que es el tema de esta pregunta. 
Como su Señoría sabe, los Gobiernos de Skopie y Belgrado han alcanzado recientemente un acuerdo sobre la demarcación de las fronteras entre la República Federal de Yugoslavia y la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
La Unión Europea acoge muy favorablemente este acuerdo. 
Desde la aparición de los extremistas armados albaneses, la Unión Europea ha dejado claro su firme apoyo a la soberanía y la integridad territorial de la Ex República Yugoslava de Macedonia y también hemos dejado claro nuestro apoyo a la inviolabilidad de las fronteras. 
Hemos condenado la violencia y hemos defendido con tesón, como por ejemplo en el Consejo Europeo del pasado fin de semana, que los motivos de queja deben resolverse a través de las instituciones democráticas. 
La Ex República Yugoslava de Macedonia avanza hacia Europa. 
Como su Señoría sabrá, nos alegramos de la firma del Acuerdo de estabilización y asociación con las autoridades macedonias que se celebrará a comienzos de la semana próxima. 
La Unión Europea ha participado de manera intensiva en el intento de gestionar y prevenir esta crisis. 
Todos hemos colaborado muy estrechamente- la Presidencia, el Alto Representante, los Estados miembros y la Comisión- y también hemos trabajado estrechamente con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
Ayer viajé a Skopie por última vez. 
Fue mi segundo viaje con el Alto Representante en diez días. 
Para el Alto Representante fue el tercero en ese mismo período. 
Hemos dejado claro, una vez más, que la población albanesa debe ver la oportunidad real de fomentar sus intereses por la vía política. 
Nos sentimos muy satisfechos por el intento del Presidente Trajkovski de lanzar un proceso de diálogo en Skopie. 
Ayer se celebró la primera reunión de dirigentes políticos convocada por el Presidente. 
Estamos dispuestos a contribuir a este proceso de diálogo, pero debo aclarar que consideramos que nuestro papel es la mediación. 
Nuestra función es ayudar a la población en su intento de mejorar la situación, pero no tenemos el deber de despojarles de sus responsabilidades. 
Ayer pedimos al Partido PDP que asista a las futuras reuniones del diálogo. 
Hemos celebrado reuniones individuales con los dirigentes de todos los partidos políticos. 
Todos ellos expresaron su compromiso con la democracia. 
Todos ellos expresaron su compromiso con el diálogo. 
Todos ellos expresaron su compromiso con unirse a la familia europea. 
Por lo tanto, ahora ponemos en ellos nuestra mirada para que cumplan las promesas que nos hicieron ayer. 
Esperamos que hablen entre sí a través de los foros que ha creado el Presidente Trajkovski. 
Esperamos que todos ellos, incluida la oposición, participen en la ceremonia de la firma del Acuerdo de estabilización y asociación la semana próxima. 
Hemos dicho que en la Comisión, a través de nuestro Programa CARDS entre otros, estamos dispuestos a apoyar el proceso de construcción con éxito de una comunidad multiétnica. 
Hemos dejado claro a los dirigentes albaneses de Kosovo que la paciencia de la comunidad de donantes no es ilimitada y que ellos deben expresar con toda claridad su condena absoluta de la violencia para intentar alejarnos del extremismo. 
Creo que hemos hecho todo lo posible, pero los dirigentes políticos de la Ex República Yugoslava de Macedonia deberán demostrar ahora el liderazgo necesario para conducir a su país a través de este difícil período. 
Señor Presidente, muchas gracias por su detallada respuesta. 
Quiero decirle que estoy de acuerdo con la forma en que ha expuesto las cosas, simplemente tenemos el problema siguiente: usted ha dicho... "de promocionar sus intereses por la vía política... " 
Sabe muy bien que existe la posibilidad, sobre la que se está hablando mucho estos días, de que si hay cambios legislativos constitucionales en la Ex República Yugoslava de Macedonia, y concretamente su transformación en una especie de federación o confederación puede sobrevenir una presión política- y ciertamente en unos malos momentos como los actuales- para un posterior separatismo. 
Desgraciadamente, es un modelo que hemos visto, y que algunos países han fomentado en la antigua Yugoslavia. 
Así pues, quisiera que dejara claro- yo creo que ya lo ha explicado muy bien, pero si puede, remárquelo un poco más- que no se da esta salida a ningún extremismo dentro de este país ni, como muy bien sabe, tampoco fuera a las fuerzas políticas en Kosovo. 
. 
(EN) Quisiera llegar más lejos que eso, si me lo permiten. 
En primer lugar, la vía que debe seguir la Europa Sudoriental es dar la espalda, de una vez por todas, a la violencia y al intento de provocar cambios políticos mediante el derramamiento de sangre, el caos, las bombas y las balas. 
Es la vía hacia Europa. 
Sobre ese tema volveré a tratar mañana en Croacia, donde, en mi opinión, han puesto sus miradas en la democracia y han dado la espalda a la violencia. 
Es el argumento que defenderé en Albania el jueves, durante la reunión del grupo directivo de alto nivel que tratará sobre el proceso de estabilización y asociación en Albania. 
Rindo homenaje ahora a las declaraciones inequívocas que estos últimos días han realizado los dirigentes políticos del Estado albanés. 
Pero quiero llegar más lejos. 
Aquellos que creen que podemos garantizar la paz y la prosperidad en la Europa Sudoriental jugando a mover fronteras aquí y allá se engañan a sí mismos y se engañan a sí mismos de manera muy seria. 
En el sudeste de Europa no hay sólo un Valle de Presevo. 
En términos políticos existen varios, en sentido figurado. 
Por eso, si comenzamos a jugar a mover las fronteras aquí terminaremos jugando a mover fronteras en todas partes. 
Cada vez que alguien lo intenta, está alentando a aquellos que piensan que pueden imponer sus propios métodos políticos volando casas, poniendo bombas en autobuses en los que viajan mujeres y niños inocentes o disparando a agentes de policía que desempeñan lealmente su deber. 
Respaldo lo que dice su Señoría, pero yo iría un paso más allá. 
Durante los últimos 18 meses ha habido señales excelentes en la Europa Sudoriental de personas que volvían hacia la familia democrática. 
Me produjo especial satisfacción leer el titular "Slobo in the slammer" (Slobo en chirona) en el sitio web de la emisora de radio B92 el fin de semana. 
Pensé que habíamos recorrido un largo camino en estos últimos años. 
Sé que ocasionalmente surgen problemas y no todo avanza sin sobresaltos, pero tengo grandes esperanzas de que no perderemos lo que se ha logrado en los últimos 18 meses. 
¿Hasta qué punto estaría de acuerdo conmigo, señor Comisario, en que el origen de la actual crisis en Macedonia radica simple y llanamente en las actividades de las bandas de delincuentes que intentan proteger sus negocios de contrabando y sacar provecho de la escasa seguridad de la frontera con la Ex República Yugoslava de Macedonia, y que debemos endurecer la lucha contra dichos delincuentes que se sirven del tema de los derechos de las minorías para mantener viva la llama del descontento con el fin de encubrir sus actividades? 
Lo que aquí está en juego es que los delincuentes intentan socavar la democracia y la paz y la estabilidad para llenarse los bolsillos. 
Ante todo debemos adoptar duras medidas para prevenir esa actividad ilegal de manera que la situación política pueda estabilizarse. 
. 
(EN) En cierta ocasión en otra parte de Europa, donde yo presidía una comisión sobre fuerza policial y seguridad, oí a alguien hacer una distinción, que me pareció curiosa, entre lo que ellos describían como 'la buena y honesta delincuencia tradicional' y el extremismo político que utiliza bombas y balas. 
Lo cierto es que no existe una delincuencia tradicional buena y honesta, pero sí existen muchos ejemplos de delincuencia organizada, de actividades delictivas organizadas que inextricablemente van unidas al extremismo político y a su manifestación en violencia organizada. 
Lo hemos visto en muchas partes de Europa y lo estamos viendo de nuevo en zonas de la Europa Sudoriental, como en las fronteras entre Kosovo y Macedonia y Kosovo y Serbia. 
Aunque no hay ninguna duda de que hay quien defiende el extremismo político por motivos políticos, hay otros que ven la ventaja de encubrir la actividad delictiva- narcotráfico, contrabando de cigarrillos y tráfico con seres humanos; éstos ven la causa política como medio de proporcionar una tapadera a dicha delincuencia. 
Como quiera que sea, está mal y debe parar. Ésta era la situación en el pasado en la Europa Sudoriental. 
Debemos hacer todo lo posible en la Unión Europea para garantizar un futuro muy diferente. 
¿Considera, señor Comisario, que la KFOR controla debidamente y previene con éxito el paso de luchadores y de armas a través de la frontera entre Kosovo y la ARYM? 
. 
(EN) Tuve oportunidad de tratar sobre este asunto junto con la Ministra de Asuntos Exteriores sueca, Anna Lindh, en nombre de la Presidencia del Consejo, y el Alto Representante con la KFOR en Pristina hace unos diez días, donde el Representante especial, Sr. Hakerup, que está realizando una excelente labor en la KFOR, y el comandante de la KFOR nos aseguraron que estaban reforzando la seguridad en la frontera. 
Al igual que en muchas fronteras, es difícil garantizar a toda prueba la seguridad e impedir el paso de un lado a otro. 
Es un terreno muy montañoso, como probablemente sabrá su Señoría, pero a pesar de ello estoy seguro de que la KFOR debe continuar intentando hacer más. 
Están destinando más tropas y están intensificando sus esfuerzos. 
Es fundamental que lo hagan porque no hay ninguna duda en absoluto de que hay personas que cruzan la frontera en ambas direcciones, y la entrada de extremistas procedentes de Kosovo en la Ex República Yugoslava de Macedonia ha provocado esta difícil crisis a la que este país debe hacer frente, sobre todo en el plano político y por ello tanto más delicada. 
Por lo tanto, sí, espero que la KFOR pueda hacer más. 
Hemos mantenido un diálogo con ellos sobre este asunto y tengo grandes esperanzas de que las garantías que nos han dado se materialicen sobre el terreno. 
Es una tarea difícil, pero espero que puedan realizarla aún mejor. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 40 decae. 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0274/01): 
Asunto: El fundamentalismo anti-mujeres de Arabia Saudí Teniendo en cuenta que actualmente las leyes de Arabia Saudí discriminan a las mujeres: son lapidadas por adulterio o condenadas a muerte por apostasía; ejecutadas más de 28 mujeres desde 1990; discriminadas y menospreciadas por el Estado; recluidas a "apartheits"; detenidas y encarceladas arbitrariamente; vigiladas por el Comité para la Difusión de la Virtud y la Prevención del Vicio o Al Mutawa ' een, etc. 
¿Qué medidas propondrá la Comisión encaminadas a mejorar el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres saudís? 
. 
(EN) La situación de las mujeres en Arabia Saudí es motivo de considerable preocupación. 
La Unión Europea ha planteado este asunto en varias ocasiones en el contexto de la situación general de los derechos humanos en Arabia Saudí. 
Lo hemos hecho a través de protestas, lo hemos hecho en el marco del diálogo político y lo hemos hecho en declaraciones sobre la política de derechos humanos. 
Durante algunos años hemos mantenido un intercambio de puntos de vista sobre los derechos humanos entre la Unión Europea y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, entre los que se incluye Arabia Saudí. 
La Unión Europea ha planteado la situación de las mujeres en el contexto del diálogo político entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. 
La Comisión ha planteado esta cuestión en el marco de las negociaciones sobre el Acuerdo de libre intercambio con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en el que se incluirá un artículo sobre los derechos humanos y los principios democráticos. 
Asimismo, la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí ha sido planteada por la Unión Europea en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
El año pasado estas iniciativas propiciaron unos avances modestos, aunque positivos por parte de Arabia Saudí, sobre los que puedo volver si así lo desea su Señoría. 
Espero que estas señales, relativamente positivas, en el ámbito de los derechos humanos que hemos presenciado en Arabia Saudí durante el pasado año vayan seguidas de acciones positivas en la legislación saudí, aunque debo decir que tras leer, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional y otros informes sobre la situación, puedo entender perfectamente el motivo por el que su Señoría ha presentado esta pregunta. 
Señor Comisario, ¿podría concretarme un poco más su respuesta y decirme si la Comisión ha hecho alguna propuesta concreta al respecto? 
También quisiera saber si en el diálogo político existente, la Comisión está dispuesta a plantear esta cuestión del respeto de los derechos humanos de las mujeres saudíes. 
. 
(EN) En caso de que no me haya explicado con claridad, permítame resaltar el hecho de que la Comisión se siente excepcionalmente preocupada por casos concretos de abuso de los derechos humanos, entre los que se incluye la situación que afecta a las mujeres. 
Me he referido, por ejemplo, al informe especial de Amnistía Internacional. 
Podría haber hecho referencia asimismo a la declaración de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
No obstante, no tenemos representación en Arabia Saudí, ni tampoco tenemos representación en el Golfo. 
Tampoco tenemos competencia para adoptar medidas específicas ni para oponer resistencia a nivel individual contra estos casos en particular. 
No obstante, tomamos parte en las protestas de la Unión Europea, concertadas en el marco de la PESC, en lo que respecta a los derechos humanos. 
Por tanto, su Señoría tiene razón al plantear la cuestión. 
Es una cuestión- repito- que planteamos en el marco del diálogo político que mantenemos con Arabia Saudí y con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y que seguiremos planteando. 
Pregunta nº 42 formulada por (H-0277/01): 
Asunto: Estacionamiento de armas nucleares rusas en Kaliningrado Según repetidas informaciones procedentes de renombrados medios de comunicación nórdicos, por ejemplo, el noticiero de la Radio Sueca "Ekot" y el diario Aftenposten de Oslo, el ejército ruso tiene planes, o ya ha procedido a un estacionamiento significativo de armas nucleares en la zona de Kaliningrado. 
Una acción rusa de este tipo puede tener graves consecuencias para la distensión militar en toda la zona del Mar Báltico por cuanto que representa una importante alteración de la amenaza militar para varios Estados miembros de la UE así como para algunos países candidatos. 
El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sr. Ivanov, ha dado al Comisario Patten todas sus garantías de que no ha tenido lugar ni está previsto un estacionamiento de armas nucleares rusas. 
¿Cómo sigue la Comisión la evolución de esta cuestión tan importante para la zona del Báltico y qué informaciones ha recibido últimamente la Unión Europea de los responsables políticos rusos, como del Presidente, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Defensa? 
. 
(EN) La Comisión comparte el punto de vista de que un despliegue de armas nucleares en el enclave ruso de Kaliningrado tendría serias repercusiones sobre la cooperación en la zona del Mar Báltico, en particular, sobre nuestras políticas de la dimensión septentrional. 
Asimismo iría en contra de la política declarada por Rusia para la zona. 
Planteamos este asunto durante la visita que realizamos en febrero a Moscú y Kaliningrado- viajé en compañía de la Presidencia, la Ministra de Asuntos Exteriores Anna Lindh. 
La parte rusa negó tajantemente las acusaciones difundidas por los medios de comunicación. 
La parte rusa ofreció garantías de que no existía ningún plan relativo al estacionamiento de armas nucleares en Kaliningrado. 
He visto las noticias aparecidas en la prensa y la televisión a las que su Señoría hace referencia. 
Ése fue el motivo por el que planteamos este asunto a la parte rusa, pero repito que nos han dado garantías. 
Agradezco al Comisario Patten su clara respuesta. 
En un contexto nórdico más informal he tenido el privilegio de discutir este trascendental tema con el Comisario. 
He entendido que desde el más alto nivel ruso se ha asegurado a la Comisión que no se han estacionado armas. 
A pesar de esto, quisiera formular dos preguntas complementarias: ¿cómo han llegado esas informaciones, con un alto grado de credibilidad, a los medios de comunicación y si se discutió este tema en las conversaciones con el Presidente Putin en la reunión del Consejo Europeo de Estocolmo? 
. 
(EN) El señor Putin dijo muchas cosas en el Consejo Europeo de Estocolmo, como por ejemplo, que aconsejaba a los dirigentes macedonios que hicieran lo que él hizo en Chechenia, un consejo que, debo decir, no me pareció muy sensato. 
Me parece que lo último que debería hacerse es intentar reducir Tetovo a la situación en que se encuentra Grozny. 
No estuve de acuerdo con dichas observaciones del Presidente Putin. 
La Comisión no dispone de los medios necesarios para comprobar que Rusia cumple las garantías que nos ha dado, pero esperamos que los Estados miembros den a conocer en los foros pertinentes de la Unión Europea cualquier información en el sentido contrario. 
Al margen del Consejo de Asuntos Generales de la semana próxima, trataremos sobre la dimensión septentrional partiendo de las propuestas presentadas por la Comisión. 
En dichas conversaciones no sólo participarán los Estados miembros de la Unión Europea, sino también los países afectados por nuestras políticas y expectativas de la dimensión septentrional, entre los que se incluye, naturalmente, la Federación Rusa. 
Y espero que la Federación Rusa explique una vez más que las informaciones aparecidas en la prensa y en los medios de comunicación son falsas. 
Un aspecto fundamental de nuestras políticas de la dimensión septentrional es nuestro intento de sugerir medios que nos permitan ayudar a Kaliningrado a hacer frente a las consecuencias de la ampliación- es decir, de estar rodeado por Polonia y Lituania que serán miembros de la Unión Europea- y hemos sugerido también algo un poco diferente, a saber, ayudar a Kaliningrado a superar problemas que nada tienen que ver con la ampliación, pero que repercuten sobre toda la zona. 
Tenemos mucho interés en cumplir con la parte que nos corresponde para ayudar a Kaliningrado, y no sería en absoluto beneficioso que las informaciones aparecidas en los medios de comunicación resultaran ser ciertas, aunque sólo sea en parte. 
Agradecemos al Sr. Patten su colaboración y le deseamos éxito en los Balcanes. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 43 a 74 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 20.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Personas con discapacidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0084/2001) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: " Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad (COM (2000) 284- C5-0632/2000- 2000/2296 (COS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes que nada quiero felicitar a la Sra. Hermange por el trabajo realizado a propósito de una Europa sin barreras para las personas discapacitadas. 
Creo en la necesidad de completar la estrategia de integración de los derechos de las personas discapacitadas en el ámbito de las políticas comunitarias, en particular en lo que se refiere al sector de los transportes, el acceso a los edificios, la sociedad de la información y la política del consumidor. 
Sin embargo, estoy convencido de que el problema de la verdadera integración de las personas discapacitadas no solo pasa por la superación de los obstáculos como las clásicas barreras arquitectónicas de los espacios públicos o el problema de los transportes, sino ante todo por un nuevo enfoque de la realidad cotidiana de las personas discapacitadas por parte del resto de la gente. 
En estos casos, no cabe duda de que el aspecto psicológico, unido a los prejuicios de la gente, pueden llegar a ser barreras mucho mayores que las barreras arquitectónicas. 
Otro tema importante que hay que destacar y que ha sido retomado en las conclusiones de la Presidencia de Estocolmo, es el de la integración de las personas discapacitadas en el mundo del trabajo. 
Hay que tender a la superación del número obligatorio de contratación de personas discapacitadas en las empresas ayudándolas mediante una consistente reducción o eliminación de las cargas tanto contributivas como fiscales. 
Esto tendría el efecto positivo de utilizar este potencial social, hoy por hoy, sólo parcialmente explotado y supondría una ventaja para toda la economía. 
Actualmente, 37 millones de ciudadanos europeos sufren alguna forma de invalidez y su nivel de desempleo es tres veces superior a la tasa media. 
Tampoco hay que olvidar que fomentar el pleno empleo en la Unión no solo significa concentrarse en la creación de nuevos puestos de trabajo, sino también en mejores puestos de trabajo para todos, incluidos los discapacitados. 
Por último, considero indispensable que la investigación en Europa consiga desempeñar un papel fundamental a través de sus centros, al objeto de desarrollar tecnologías orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas. 
De esta forma lograremos eliminar el gap existente con los Estados Unidos. 
Por último, me permito insistir en el papel que los Estados miembros deben desempeñar a la hora de promover las aptitudes y una formación profesional específica de las personas que colaboran en las asociaciones de voluntarios, las cooperativas sociales, a fin de facilitar una adecuada preparación profesional coherente con las distintas formas de discapacidad. 
Señor Presidente, el sábado pasado tomé parte en una concentración de personas con discapacidad en Trafalgar Square en Londres denominada "Rights Now" (Derechos ya) , en la que oradores con discapacidad nos dijeron que los especialistas de hospitales les negaban tratamiento médico porque su calidad de vida no era igual a la de pacientes con un cuerpo sano. 
Las nuevas políticas de pago por los servicios de asistencia social les impide en la práctica beneficiarse de dichos servicios fundamentales. 
Mientras sexismo y racismo son términos bien conocidos, en el discurso público apenas se hace referencia a la discriminación por discapacidad. 
Comienzo mi intervención con esta sombría valoración porque en nuestro verdadero afán de apoyar a la Comisión en su comunicación "Hacia una Europa sin barreras para personas con discapacidad" y la excelente respuesta de la Sra. Hermange, corremos el riesgo de olvidar la exclusión real de todos los aspectos de la vida pública que es la realidad cotidiana de las personas con discapacidad en nuestras sociedades. 
En el firme consenso que hemos logrado sobre el apoyo a la mayor parte de las propuestas, no debemos olvidar que encontraremos conflictos reales para realizar los objetivos acordados. 
Acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de que el año 2003 sea proclamado Año Europeo de los ciudadanos con discapacidad, pero sus repercusiones se verán mermadas si la Comisión no publica durante ese año una directiva sobre la discriminación general por discapacidad, que garantice amplios derechos civiles a las personas con discapacidad de Europa, similar a la "American Disabilities Act" (Ley estadounidense sobre discapacidades) , al otro lado del Atlántico. 
Nos complace que el Programa Sócrates ofrezca apoyo adicional a los participantes con discapacidad, pero queremos señalar que queda aún un largo camino por recorrer hasta que todos los programas europeos principales reciban dotación suficiente para los costes adicionales de la discapacidad, el transporte especializado, la asistencia personal e intérpretes de lenguaje de signos para que la igualdad de participación sea una realidad. 
Acojo con satisfacción la interpretación de lenguaje de signos que está teniendo lugar en la Asamblea y en la tribuna de invitados. Ojalá dispusiéramos de ella regularmente en el Parlamento Europeo. 
Hacemos hincapié en que la provisión de servicios especializados y generales van de la mano y pueden complementarse entre sí, que la desaparición de aspectos conexos del programa de investigación y desarrollo no ha sido sustituida por completo por medidas de integración de la dimensión de igualdad y que el Sexto Programa marco, sobre el que ahora se debate, debe incluir un apartado especial sobre discapacidades. 
Señalamos que las bellas palabras sobre libre circulación nunca se materializarán del todo hasta que se resuelvan los difíciles problemas en los Estados miembros, incluida la protección de las prestaciones de la seguridad social para los trabajadores con discapacidad que cruzan nuestras fronteras. 
Nos mantenemos atentos cuando las conversaciones sobre cooperación entre departamentos de la Comisión, por ejemplo sobre contratos públicos, manifiestan el firme rechazo de la DG de mercado interior a la concesión de contratos públicos que no hagan plena referencia a la trayectoria de las empresas en materia de igualdad de empleo. 
Pedimos a la Sra. Comisaria de Empleo que identifique un calendario claro que imponga normas de acceso para personas con discapacidad en el ámbito de la política inmobiliaria y, asimismo, que se garantice el fácil acceso de las personas con discapacidad a todos los medios de transporte público. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Hermange por su excelente informe. 
También quisiera felicitarle por haberlo presentado en Braille y a través de intérpretes de lenguaje de signos. 
El informe es tan bueno gracias a la cooperación entre los partidos, que ha sido similar a aquélla que existió sobre el artículo relativo a la lucha contra la discriminación, y gracias también a la contribución de las propias organizaciones de personas con discapacidad. 
En comisión se presentaron 97 enmiendas y sólo tenemos cinco en esta sesión del Pleno. Eso demuestra hasta qué punto hemos colaborado todos y, en particular, que la Sra. Hermange ha escuchado los argumentos que le presentaron y los ha incluido en el presente informe. 
Espero asimismo que el presente informe sirva de lanzadera para que el año 2003 sea proclamado Año Europeo de los ciudadanos con discapacidad, y ojalá que en ese mismo año se presente la directiva sobre discapacidad a la que el Sr. Howitt hacía referencia hace un momento, de manera que asumamos un compromiso con una directiva positiva sobre discapacidad. 
El presente informe trata sobre la eliminación de barreras para las personas con discapacidad, para que dejemos atrás los prejuicios a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria en toda la Unión Europea. 
Ése es el objetivo que nos proponemos alcanzar. 
Es vergonzoso que necesitemos este informe, que las personas con discapacidad no reciban el mismo trato que las demás. 
Debemos asegurarnos de que las personas con discapacidad son integradas, que no son marginadas, que son tenidas en cuenta en todos los sectores- en la sociedad de la información, en los contratos públicos, en el empleo. 
Como ha dicho el Sr. Mantovani, la tasa de desempleo es tres veces más alta entre las personas con discapacidad. 
Esperemos que el presente informe, junto con la directiva sobre empleo, corrijan este problema. 
Debemos considerar todos los aspectos. 
Quisiera terminar reiterando a la Sra. Hermange que ha elaborado un informe excelente, pero que ahora debemos asegurarnos de que se lleva a la práctica. 
Una cosa son las bellas palabras, y otra, garantizar que en la práctica las personas con discapacidad reciben un trato exactamente igual que las demás personas. 
Señor Presidente, mañana debatiremos sobre la Cumbre de Estocolmo que, en parte, se ha centrado en el tema de la inclusión social. 
La presente comunicación y este informe son muy importantes en este contexto, y yo también deseo expresar mi agradecimiento a la ponente por el excelente informe que ha elaborado y por la amplia consulta que ha llevado a cabo. 
Estos documentos proporcionan un añadido satisfactorio, como han dicho muchos, al artículo 13 de la Directiva relativa a la igualdad de trato en materia de empleo y de trabajo, que, naturalmente, presupone la posibilidad de obtener un trabajo o, más bien, de que se ofrezca un trabajo, y una actitud más integradora de la sociedad. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción el reconocimiento en el presente informe de un sistema de educación integrador, una mayor comprensión y la desaparición de barreras, que esperamos traiga consigo. 
Creo que a muchos adultos nos vendría bien dicha educación. 
La inclusión debería comenzar por el acceso a la información aquí, el acceso a todas las dependencias de nuestros edificios y, como han dicho otros pero que también quiero reiterar, debemos ampliar la inclusión a la libre circulación. 
Quisiera recomendar, en particular, los apartados 22 y 23 sobre el reconocimiento mutuo de los documentos nacionales de identificación de las personas con discapacidad. 
Es un tema recurrente en las peticiones y la correspondencia que recibimos muchos de los integrantes de esta Asamblea. 
Quisiera mencionar también, como cabría esperar del ponente del Parlamento sobre el reglamento pertinente, la necesidad de poder exportar las prestaciones por discapacidad, entre otros motivos, para que estas personas tengan la oportunidad de hacer frente a los requisitos financieros para poder residir en determinados Estados miembros. 
No se comprenden muy bien las razones de la práctica en vigor y ésta es muy injusta porque impide la libertad de elección que tienen otros ciudadanos. 
Me hago eco de las llamadas en favor de una nueva directiva que realmente incorpore este aspecto en un enfoque integral basado en los derechos. 
Señor Presidente, el asunto que estamos tratando reviste la mayor importancia. 
No sólo porque se trata de garantizar a las personas discapacitadas el cumplimiento de un derecho fundamental de acceso a una vida digna en sus más diversos aspectos, como se debe garantizar a todas las personas, discapacitadas o no, sino también porque resulta aún más importante, en vista de que en la Unión Europea hay más de 37 millones de personas discapacitadas. 
Y es urgente adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a todos una verdadera libertad de circulación, incluida la posibilidad no sólo de viajar en transportes debidamente adaptados, sino también de estudiar, trabajar, integrarse y vivir con dignidad en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Resulta particularmente importante crear las condiciones necesarias para garantizar a todos la posibilidad de acceso a empleos con derechos, con lo que se favorecerá su acceso a la formación, se crearán incentivos y se llevarán a cabo acciones positivas a fin de luchar contra el desempleo, que en las personas con deficiencias es tres veces superior a la media de la Unión Europea. 
Igualmente fundamental es tener en cuenta la necesidad de prevenir nuevas exclusiones sociales, en particular la exclusión en materia de información, por lo que se impone la necesidad de un plan de acción para la participación efectiva de las personas discapacitadas en la sociedad de la información, además de garantizar el derecho de acceso de las personas discapacitadas a los servicios y al equipo electrónico y de telecomunicaciones, así como un papel más activo en los centros de investigación europeos en lo relativo a la investigación tecnológica encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas. 
La lucha contra las discriminaciones de las personas discapacitadas requiere medidas concretas de apoyo a las familias que cuenten con uno o más discapacitados y la materialización de una escuela para todos que garantice a los niños discapacitados su integración, pero también todos los apoyos necesarios con profesores especializados y técnicas especializadas, cuando sea necesario. 
También es necesario un impulso decisivo en el plano legislativo y en las acciones concretas para incluir, en las diversas políticas, la integración de las personas discapacitadas y la participación de sus organizaciones en la formulación, seguimiento y evaluación de dichas políticas. 
De modo que convenimos con la generalidad de las propuestas que figuran en el informe de la Sra. Hermange, a la que felicito y a la que hemos prestado la contribución posible, en particular también mediante una propuesta que presentamos ahora, con la esperanza de que la Comisión y el Consejo reconozcan la importancia de prestar la mayor atención a este problema y alcancen la plena integración de las personas con deficiencia en los diversos aspectos de la vida, aprovechando la declaración del año 2003 como "Año Europeo de los Ciudadanos Discapacitados" para sensibilizar a las opiniones públicas y a los Estados miembros sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, si dispusiera de una hora en vez de un minuto, quizá podría tocar algunos de los puntos clave, sin embargo, en el Parlamento Europeo debemos trabajar dentro de estos límites. 
Para comenzar, quiero felicitar a la Sra. Hermange por su defensa en nombre de las personas con discapacidad y, en particular, por su disposición a tener en cuenta nuevas ideas con respecto a la creación de una Europa sin barreras. 
Cualquier carta de derechos, cualquier constitución nos dirá que todas las personas nacen iguales, pero las personas con discapacidad reciben cada día un trato desigual en la Unión Europea. 
De hecho, en muchos entornos son tratadas como seres inferiores al resto de la sociedad. 
Puedo poner cientos de ejemplos de discriminación, de ignorancia, miles de ejemplos de prejuicios. 
Cuando hablamos de una Europa sin barreras para las personas con discapacidad, nuestro principal punto de atención es siempre la legislación sobre nuevas innovaciones relativas a los edificios o al acceso a los medios de transporte. 
Todos ellos son elementos clave e importantes, pero lo primero que debemos superar, la primera barrera que hay que saltar es la barrera psicológica y los prejuicios que tenemos todos y cada uno de nosotros. 
Cuando vemos a alguien con una discapacidad, en vez de fijarnos en la discapacidad, deberíamos tratarla de igual a igual, fijarnos en su capacidad y ofrecerle las herramientas de información, formación, educación y la oportunidad de demostrar realmente toda la capacidad que tienen estas personas. 
Recomiendo el presente informe a la Asamblea y quisiera pedir que éste no sea sólo una expresión de buenas intenciones o de conciencia de los diputados a este Parlamento o de los miembros de la Comisión, sino que conduzca a la acción real antes de 2003, de manera que ese año podamos celebrar el Año Europeo de los ciudadanos con discapacidad, y que podamos decir que hemos avanzado y que hemos dejemos atrás algunas barreras. 
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a la Sra. Hermange por la calidad de su informe y también por su generosidad al aceptar las enmiendas presentadas en comisión, que habrán contribuido a enriquecer el informe pero, sobre todo, a recoger las distintas sensibilidades en el tratamiento de las medidas de lucha contra una posible situación de desigualdad: la derivada de la discapacidad. 
Aunque pudiera pasarnos desapercibido, podemos afirmar sin embargo, sin temor a equivocarnos, que el número de personas afectadas por alguna forma de discapacidad en la Unión Europea se mantiene en torno al 10% de la población, porcentaje que supone, actualmente, unos 37 millones de personas, y también que la discapacidad no constituye una categoría homogénea. 
Podríamos decir que no hay discapacidad, sino personas discapacitadas y, por lo tanto, discapacidades manifiestas o encubiertas, leves o severas, singulares o múltiples, crónicas o intermitentes, que afectan a la movilidad, la audición, la visión o al habla, pero que todas ellas han de enfrentarse a barreras difíciles de superar cuando las personas- y repito, las personas- afectadas por alguna de esas limitaciones tratan de acceder a los diversos aspectos o áreas de su vida social. 
Quisiera referirme específicamente al área del empleo en esa política tendente a crear una Europa sin barreras y, además, una Europa con un alto nivel de empleo. 
Y, por ello, y sin ánimo exhaustivo, habría que referirse a la adaptación de los procedimientos de examen y pruebas a las capacidades de los candidatos con discapacidades; al acceso a actividades específicas de formación para empleados en general y, quizá, para funcionarios en particular, con situaciones de capacidad reducida; a medidas de retención del personal que haya visto reducida su capacidad durante o en el desempeño de su trabajo; a la reorganización del trabajo y a horarios flexibles, tiempo parcial, etc. 
Me parece importantísimo que el 2003 sea declarado Año Europeo de los Ciudadanos con Discapacidad. 
Me parece igualmente importante- quizá más- que cada día se refuerce entre nosotros el concepto de que todas y cada una de las personas con discapacidad son unos ciudadanos más, unos europeos más de esos casi 400 millones de europeos a los que ampara el artículo 13 del Tratado CE y que esperan acciones específicas, coordinación de políticas en el ámbito de la Unión Europea y sensibilización, conceptuación, y culturización, quizá, porque la primera barrera bien pueda que sea de tipo conceptual. 
Señor Presidente, deseo empezar agradeciendo a la ponente este excelente informe y su interés por los argumentos de los diferentes Grupos políticos y de las organizaciones de discapacitados. 
Su labor como ponente ha sido excelente. 
Los discapacitados son actualmente discriminados. 
La libre circulación, fundamento de nuestra colaboración, es mucho más difícil de alcanzar para las personas que tienen disfunciones a la hora de buscar empleo- y para los jóvenes, cuando quieren estudiar- en otros países. 
En este campo hay clara discriminación. 
La misma cosa ocurre en el mercado de trabajo. 
El desempleo entre los discapacitados es muy alto. 
Éstos tiene también dificultades para acceder a la información que se discute actualmente. 
Nuestra actitud debe ser ofensiva. 
Todo esto se puede evitar. 
Las discapacidades no son fenómenos estáticos. 
Es el medio circundante el que falla, y éste puede ser cambiado. 
Hoy, por ejemplo, se interpreta al lenguaje por señas. 
Es posible diseñar edificios y centros de trabajo de manera diferente, haciéndolos más accesibles para las personas discapacitadas. 
Podemos hacer esos cambios. 
Los cambios, además, deben ocurrir en el campo político. 
No sólo la política social, la de transportes o la del mercado de trabajo pueden ser modificadas, sino todas. 
En materia de mercado laboral, en el que el desempleo es cerca de tres veces mayor entre los discapacitados, es importante que, junto con crear indicadores para mejorar las condiciones para que ciertos grupos consigan empleo- mayores, mujeres y otros- se incluya también a los discapacitados. 
Se ha mencionado reiteradamente que un componente importante en la integración de estas personas son las actitudes. 
Yo pertenezco al mundo de la educación. 
Es importante no esconder a los discapacitados, que participen en la vida escolar y que reciban educación y formación en condiciones igualitarias y junto con otras personas. 
Esto es fundamental para que cambien las actitudes. 
Por último, es importante que las organizaciones de discapacitados y de voluntariado se integren en estos trabajos. 
Dejemos que el Año de los Discapacitados sea el punto de partida de una campaña para conseguir nuevas directivas y una programa de acción, para una Europa sin barreras y con igualdad de posibilidades para todos. 
Señor Presidente, el informe de nuestra colega Marie-Thérèse Hermange es un punto de apoyo muy positivo para la campaña de sensibilización propuesta por la Comisión para el año 2003, proclamado "Año europeo de los discapacitados". 
Es necesario cambiar de mentalidad, pero creo que es importante proponer, como ha hecho la Sra. Hermange, toda una serie de medidas para una política real de no discriminación. 
Ser reconocido en la diferencia teniendo derecho a la igualdad de trato: ésta es la filosofía que sostiene la totalidad de las propuestas relativas principalmente al acceso fácil a los lugares de trabajo y a los lugares públicos, a la transferencia en el seno de la Unión de las asignaciones por discapacidad para los trabajadores y las personas dependientes, o al reconocimiento mutuo de tarjetas nacionales de persona discapacitada. 
El informe hace hincapié también en el deber de solidaridad en lo que respecta a la igualdad de trato en el mercado del empleo, la formación profesional y la educación. 
La integración profesional se asocia así a la integración social. En este sentido, el informe indica que el valor del trabajo de una persona discapacitada no puede medirse únicamente en términos de competitividad. 
Reflejan bien la reflexión colectiva de la comisión parlamentaria implicada y la voluntad de las asociaciones de personas discapacitadas. 
Añadiré que considero muy positivo proponer un seguimiento y una evaluación de las medidas emprendidas, así como el paso de una simple política intergubernamental a una política comunitaria en este ámbito. 
Señalo simplemente dos debilidades. 
Por una parte, el informe adopta con respecto a las empresas una actitud que me parece muy poco vinculante en lo que respecta a la contratación de personas discapacitadas y formula una propuesta mucho más débil en lo que respecta a la renta de las personas discapacitadas con empleo- y cito: "una renta cuando menos igual al nivel de las prestaciones de las personas inactivas". 
Por otra parte, la ambigüedad de la parte del párrafo 20 relativa a las investigaciones terapéuticas al inicio de la vida debe, a mi juicio, levantarse, lo que justifica la enmienda presentada por mi Grupo. 
En resumen, este informe era necesario y, al igual que mis colegas, creo también que es muy bueno. 
Señor Presidente, tras haber escuchado a los diputados que han hablado antes que yo y con los cuales estoy totalmente de acuerdo, he tenido que cambiar de opinión, así como el tenor de la intervención que había preparado con vistas a estas debate. 
Señor Presidente, ¿se ha fijado que todos estamos de acuerdo con este tema? 
No existe ningún desacuerdo, pues todos queremos que la sociedad reconozca a las personas discapacitadas lo que es justo que tengan. 
Sin embargo, hace 35 años que escucho estos discursos y aún no hemos hecho nada en concreto. 
¿Según usted, señora Diamantopoulou, quién es el responsable? 
Lo vemos claramente porque el escaño que ocupa habitualmente está vacío: es el escaño del Consejo. 
Son los Gobiernos que no quieren dar a las personas discapacitadas lo que es justo dar a las personas discapacitadas. 
Es el Consejo de los Ministros de la Unión Europea quien tiene la facultad de hacer algo y lo demuestra esta tarde con su ausencia. 
Y se trata nada menos que de la Presidencia sueca que todos nosotros consideramos entre las más iluminadas. 
Por esto, Comisaria Diamantopoulou, le lanzo un mensaje, porque estoy seguro que usted es la mejor embajadora y una convencida defensora de los derechos de las personas discapacitada: son los Gobiernos, es el Consejo de los Ministros de la Unión Europea que debe hacer lo que todos nosotros estamos de acuerdo que se haga. 
Si no se ha hecho hasta la fecha es porque los gobernantes de nuestros quince Estados miembros son sordos, ciegos y mudos. 
Son ellos los verdaderos discapacitados en esta sociedad europea. 
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión es una declaración de intenciones de la Comisión Europea de mantener activa y de fomentar aún más la política por una Europa sin barreras. 
Queda por ver en qué medida se corresponderá ésta con las dichas serias intenciones hasta el año 2003. 
Una política de este tipo se puede materializar sólo si lo hace un programa concreto de acciones, de evaluaciones de objetivos, de estadísticas y de compromisos temporales concretos. 
El informe de la Sra. Hermange es, sin miedo a exagerar, un documento de una importancia especial, porque comprende con total claridad el problema en toda su dimensión y porque propone una política general en todos los niveles y en toda la extensión posible, marcando determinados objetivos. 
Se debe dar especial importancia a esta postura básica sobre las personas con discapacidad, independientemente de las especificidades que las caractericen, no sólo por el conjunto de sus necesidades como ciudadanos, sino también como productores e incluso como consumidores. 
Todos estamos de acuerdo en que en este nuevo enfoque, las iniciativas correspondientes no son ni una concesión, ni generosidad, ni tampoco se evalúan solo como el coste; sino que se sitúan en nuestro sistema de producción, que lo fomentan, y en nuestro modelo social, que lo refuerzan. 
Esta es la nueva idea que debe caracterizar también las políticas correspondientes de los Estados miembros. 
La cuestión es en qué medida están preparados los Estados miembros para verlo desde este punto. 
Es una ardua labor. 
Para conseguirlo necesitamos transformar concepciones consolidadas contrarias y activar a los responsables de los sectores de la acción pública, para demostrar que no hay política que tenga éxito en la educación, en la cultura, en el deporte, en el empleo o en cualquier otro sector si no se incorporan a ella los problemas de las personas con discapacidades. 
Así pues, el mensaje es que pasamos de la sensibilidad a las necesidades y que el objetivo es garantizar la plena participación de estas personas en la vida económica y social. 
En último caso, señor Presidente, con los accidentes de tráfico y laborales que van en aumento, todos pertenecemos potencialmente a la misma categoría y esta cuestión no afecta sólo a priori a un número de personas con muy mala suerte, sino a todos nosotros. 
Señor Presidente, quisiera dar mi especial enhorabuena a la Sra. Hermange por la amplitud de su informe y subrayar que señala, así como muchas de sus Señorías, los dos ejes básicos del problema. 
El primero son los prejuicios y atañe a la evolución cultural y política, y el segundo es la necesidad de la igualdad de oportunidades y de acceso en todas las actividades. 
Este segundo objetivo, el de la igualdad en el acceso, significa políticas concretas para un 12% de los ciudadanos de Europa. 
Concretamente, para dar una idea del número, los 37 millones de las personas con discapacidad equivalen aproximadamente a nueve países como Dinamarca. 
Tanto en la comunicación de la Comisión, como en el informe de la Sra. Hermange, se da un peso especial a la necesidad de combatir horizontalmente el tema de las personas con discapacidad, es decir, a la necesidad de aproximar todas las políticas y a la necesidad de tener en cuenta esta dimensión en todas nuestras decisiones. 
Y por eso, en la comunicación se menciona concretamente la accesibilidad a edificios, el ámbito arquitectónico, el empleo, los transportes, la investigación, la tecnología, la educación, la salud. 
Debemos decir que en el corto espacio que ha mediado entre la comunicación de la Comisión hasta el informe, contamos con tres ejemplos importantes. 
Primero, el esfuerzo por los derechos de los pasajeros de las compañías aéreas. 
Una consulta a nivel europeo, la cual va a firmarse y en la que han participado tanto las compañías aéreas y la Comisión, como los grupos de personas con discapacidad, para llegar a obligaciones y compromisos concretos que consoliden los derechos de todos los pasajeros y de las personas con discapacidad. 
El segundo ejemplo interesante es la iniciativa e-EUROPE, en el marco de la cual se determina de una forma concreta y en cinco ejes distintos, la necesidad de que las personas con discapacidades tengan acceso a todas las nuevas tecnologías y a todos los sistemas de informática. 
Finalmente, el tercer ejemplo es el reciente programa comunicado sobre la investigación y la tecnología, el cual incluye también, tanto compromisos especiales sobre las tecnologías especiales relativas a las máquinas y los instrumentos que apoyan a las personas con discapacidad, así como investigaciones y estudios sociales. 
Señoras y señores diputados, como muy correctamente se ha señalado, es necesaria una acción concreta y, por supuesto, debemos tener en cuenta que, a nivel europeo, existe la posibilidad del valor añadido en las políticas de los estados nacionales, ya que este sector sigue incidiendo casi exclusivamente en la jurisdicción de los Estados miembros. 
Pero a pesar de todo esto, creo que es interesante referirnos a cuestiones concretas, como es la legislación. 
Recientemente, y gracias al papel catalizador que ha desempeñado el Parlamento Europeo, hemos conseguido adoptar en un tiempo récord la directiva contra la discriminación a costa de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo. 
Esta directiva es realmente una decisión histórica de las instituciones de la Unión Europea, y el gran reto es su correcta aplicación. 
Además, en todos los programas de acción que, en este momento, se están desarrollando y que ha comunicado la Comisión, hay una mención especial y un compromiso con las personas con discapacidad, y esto afecta también a la iniciativa EQUAL y al programa contra las discriminaciones y al programa contra la exclusión; y también al quinto programa para las mujeres. 
Igualmente creo que es interesante mencionar la política para la estrategia sobre el empleo. 
El año pasado, con una propuesta del Parlamento, la Comisión aceptó el planteamiento de objetivos sobre la participación de las personas con discapacidad en la elaboración y en la estrategia para el empleo, que sin embargo no aceptó el Consejo de Ministros. 
Volveremos sobre ello este año, para ponernos determinados objetivos a nivel europeo y nacional sobre la participación de personas con discapacidad en el programa sobre la estrategia para el empleo, bien como formación, bien como educación permanente, o bien como acceso a las nuevas tecnologías, o bien como financiación a puestos de trabajo. 
Esta será una de nuestras prioridades el próximo año. 
También debo decir que la Comisión está preparando una comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas. 
En esta comunicación se tomará especialmente en consideración- y ya estamos colaborando con redes especiales de empresas a este objeto- la individual, la responsabilidad especial de toda empresa en aplicar políticas sociales y de políticas de incorporación de personas con discapacidad. 
He visitado recientemente las compañías que la Comisión premió el año pasado, porque incluían en su personal a personas con discapacidad y ha sido realmente una sorpresa muy positiva. 
Se puede ver en la práctica cómo aumenta sus beneficios una pequeña o mediana empresa, utilizando las aptitudes especiales excepcionalmente desarrolladas de personas con discapacidades. 
Quisiera referirme al problema concreto de la transferencia de prestaciones en todos los países y señalar la especial dificultad que presenta la solución de este problema, dado que hay diferencias tremendas en cuanto a la organización de los sistemas y en cuanto al nivel de las prestaciones. 
Es verdad que el reglamento 1408/71 no da esta posibilidad de transferencia o de debate sobre el tema de las prestaciones a las personas con discapacidad. 
Y, por supuesto, diría que también en este momento hay una reacción tremenda en muchos países por la transferencia de dichas prestaciones, ya que esta última significaría un coste económico terrible. 
Finalmente, tengo que decir que el año 2003 va a ser un gran desafío. 
En esta época estamos debatiendo el marco político para el 203. 
Naturalmente, vamos a debatir también con el Parlamento para llegar a nuestra propuesta global, pero el 2003 va a constituir un gran reto para todos nosotros, puesto que tendremos que mostrar resultados y no sólo palabras. 
Muchas gracias, señora Comisaria Anna Diamantopoulou. 
Quisiera agradecer, en nombre de los diputados al Parlamento Europeo, a nuestra intérprete de lenguaje de signos el excelente trabajo que ha hecho durante esta sesión, al permitir, así, una mayor igualdad de acceso a nuestros debates a todas las personas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0104/2001) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Publica y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 285- C5-0299/2000- 2000/0119 (COD) ) relativa a la adopción de un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2001-2006). 
Señor Presidente, el programa de salud pública 2001-2006 constituye el primer intento de la UE en este terreno. 
Aparece en un momento favorable, gracias, por un lado, a los grandes avances de la tecnología de recopilación y difusión de la información y, por otro, a la creciente sensibilidad de los ciudadanos europeos con respecto a la calidad de vida, en la que la protección de la salud influye de modo decisivo. 
En el nuevo programa se adopta un planteamiento global, tanto con respecto a la protección de la salud como a los medios, los mecanismos y las prácticas para abordar los problemas de salud. 
En este sentido, en el programa se determinan tres objetivos, que se cumplen con la estrecha cooperación entre los Estados miembros de forma global y bidireccional. 
Primer objetivo: recopilar, elaborar y difundir datos médicos, información, prácticas y conocimientos de todas las fuentes disponibles. 
Segundo objetivo: desarrollar un mecanismo de reacción rápida, directa y coordinada de la Comunidad ante las amenazas para la salud. 
Tercer objetivo: abordar también los factores de salud relacionados con el modo de vida, con las condiciones socioeconómicas o con el medio ambiente. 
El estudio de estos factores y de sus repercusiones conducirá al desarrollo de estrategias y políticas que garanticen la calidad de las acciones pertinentes y aumenten la eficacia de la protección de la salud. 
Sin embargo, la gran debilidad del programa reside en el hecho de que carece de un centro de coordinación absolutamente necesario en un proyecto tan extenso que están implicados los servicios nacionales de los Estados miembros, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, servicios de la Comisión, redes de programas existentes, redes por desarrollar, tal como se proponen en el informe, y muchas cosas más. 
El ponente ha centrado especialmente su atención en esta carencia y, después del examen y de una serie de deliberaciones, ha llegado a la propuesta de creación de un Centro de Coordinación y Observación de la Salud, que funcione dentro del marco de la Comunidad, es decir de la Comisión Europea, y dentro del programa, con la ayuda de un comité formado por los representantes de los estados miembros, que garantice óptimamente la consecución de las metas de la acción comunitaria. 
En lo que se refiere a la coordinación se han añadido determinados elementos relativos a la introducción de una estrategia integral para la salud mediante el desarrollo de una política intersectorial en el establecimiento y aplicación de todas las políticas y acciones de la Comunidad. 
En la temática del programa para abordar los factores determinantes de la salud se propone añadir el desarrollo de estrategias e iniciativas sobre los factores genético, biológicos y prenatales que afectan claramente a la salud. 
Igualmente, el apoyo de las actividades en el establecimiento y definición de buenas prácticas, y orientaciones adecuadas en el ámbito de la salud es básico para garantizar un nivel elevado de protección de la salud, así como de prevención de enfermedades. 
Es evidente que sin la comparabilidad de la información, la compatibilidad de los datos y la interoperabilidad de los sistemas y las redes en desarrollo o por desarrollar en el marco del programa, el impacto de las acciones sería limitado y la acción de la Comunidad no sería eficaz. 
Por este motivo, se introducen disposiciones vinculantes referentes al desarrollo de datos sanitarios comparables y sistemas informáticos compatibles, incluyendo además expresamente la protección de los datos de carácter privado. 
Otro aspecto que considero muy importante es la dotación financiera. 
Debe haber siempre una equivalencia entre los objetivos que se establecen y los medios que se ponen a disposición para su consecución. 
En mi opinión, esta equivalencia no estaba garantizada en el programa propuesto, y esto por dos motivos: primero: las acciones del programa, tal como vienen descritas, son extremadamente amplias y ambiciosas y, segundo: la prórroga de los programas en curso en el ámbito de la salud aprobados el pasado diciembre, ya resta unos 80 millones de euros del presupuesto inicial de 300 millones de euros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan enmiendas para poder cumplir los objetivos del programa. 
Además, no debemos olvidar ni un momento, que el hecho de que tras las crisis consecutivas sufridas -, Encefalopatía Espongiforme Bovina, Fiebre Aftosa- la salud pública constituye una prioridad máxima para la Unión Europea, incluso frente a todas las demás políticas. 
Señor Presidente, este programa llega en el momento más oportuno, y concretamente en la coyuntura del tremendo desarrollo de la informática junto con los logros de la biología molecular, de la genética y de la biotecnología. Todo esto va a cambiar radicalmente la medicina preventiva y, consiguientemente, será definitivo en la prevención de enfermedades. 
Para finalizar, quiero decir que el refuerzo de los fundamentos de la construcción europea requiere convergencia, no sólo en el plano estratégico y de las políticas económicas y de la política exterior, sino también en los ámbitos correspondientes, como el de la salud, la educación, etc. Se trata de nuevas formas de integración que el ponente llama nuevas convergencias, que amplían y profundizan los procesos de unificación. 
El ponente considera, por lo tanto, que el nuevo programa constituye el comienzo de dicho proceso de convergencia en un ámbito de importancia tan vital como es el de la salud. 
, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. (DE) Señor Presidente, estimados colegas, antes que nada quisiera expresar mi más sincera gratitud hacia el Sr. Trakatellis por su excelente informe. 
Agradezco asimismo a la comisión competente el que haya adoptado las 16 enmiendas presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Ello demuestra una vez más que este Parlamento va mucho más allá de la política sanitaria nacional practicada por gran parte de los Estados miembros. 
Aunque el número de mujeres supere al de los hombres y aunque la doble y triple carga que suponen el ejercicio de la profesión, las obligaciones familiares y el cuidado de los miembros de la familia hipoteque manifiestamente nuestra salud los aspectos sanitarios propios de nuestro género siguen sin recibir la debida atención. 
Por regla general, nuestros sistemas sanitarios no tienen en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. 
Los informes nacionales no suelen facilitar datos desglosados según el género. 
Sin embargo, no podemos olvidar que dentro de Europa y fuera de ella la mayoría de las personas que toman habitualmente medicamentos son mujeres. 
En Alemania esta cifra asciende al 70%. 
Por todo ello es necesario que a escala europea se instaure urgentemente un sistema de información más sólido, así como un enfoque sanitario global. 
Es importante que en el futuro la perspectiva de género ocupe un lugar primordial en la política sanitaria, tanto en materia de investigación como en lo que a la prevención y al tratamiento se refiere. 
El nuevo programa de acción en materia de salud pública puede orientarnos al respecto. 
En Europa el cáncer de pecho se cobra una vida cada veinte minutos. 
Una de cada nueve mujeres contrae esta enfermedad. 
La probabilidad de caer enferma aumenta año tras año. 
Ello no obstante, se trata de una patología que puede curarse siempre y cuando se detecte a tiempo y se le de un tratamiento adecuado. 
Es por eso por lo que también en este caso debe imponerse el principio de la mejor práctica. 
Es importante que no solamente se propaguen a escala europea los avances obtenidos en el ámbito de la detección precoz. 
Una vez elaboradas las directivas europeas relativas a la mamografía ha llegado la hora de definir y propagar la mejor práctica en materia de tratamiento. 
Señor Presidente, señoras y señores, la propuesta de la Comisión relativa al programa de acción en el ámbito de la salud pública para los años 2001-2006 parte de una loable intención: tiene por objeto remediar la actual fragmentación de la política sanitaria europea en numerosos programas individuales. 
El afán de numerosos colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de los Consumidores por incorporar peticiones adicionales, las tentativas de mejorar el texto de la Comisión y el honesto e intenso esfuerzo de nuestro ponente, el Sr. Trakatellis, por satisfacer todos estos deseos no sólo nos han colmado de enmiendas, sino que, en mi opinión, han dado lugar a un texto que no puede ser aceptado como tal por el Parlamento Europeo. 
Está lleno de repeticiones, reduplicaciones, fragmentos incomprensibles, declaraciones contradictorias y reclamaciones incompatibles con el principio de subsidiariedad, por mucho que se afirme lo contrario. 
Desde el punto de vista del contenido tengo reparos en cuanto a las prioridades establecidas por la Comisión, tal y como se documentan por ejemplo en el reparto de los medios disponibles. 
A este respecto respaldo la enmienda presentada por el ponente. 
Sin embargo, sigo albergando serias dudas acerca de la propuesta- por bien intencionada que sea- en la que se insta a la Comisión a que instaure, desarrolle y gestione un centro de coordinación y vigilancia de la situación de la salud. 
Votaré en contra de todas estas enmiendas y me opongo expresamente a que el presente informe se trate en el Pleno de esta semana habida cuenta de que la traducción del mismo no estaba disponible hasta el lunes. 
Es cierto que un programa marco puede introducir la tan necesaria transparencia en las actividades sanitarias desplegadas por la Comunidad. Es cierto que puede aportar la flexibilidad imprescindible para establecer las prioridades oportunas. 
De este modo, los escasos medios podrán emplearse útil y eficazmente. 
Ello requiere, no obstante, una manifiesta e indiscutible implicación de la Comisión, y éste es un aspecto que echo en falta en el presente texto. 
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo en su primera lectura, uno de los temas más importantes que ocupan a los ciudadanos europeos, el programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública. 
Se presenta por primera vez el desarrollo de la política europea en el ámbito de la salud, se muestran sus logros y sus debilidades, y se ven las dificultades en la aplicación de una política comunitaria conectiva. 
Al votar este informe, el Parlamento Europeo debe mostrar su dedicación al fomento de la salud, al principio de la precaución y a la mejora de la prestación de servicios médicos en todos los niveles. 
Es evidente que sectores como la investigación y el medio ambiente están en relación directa con la salud pública y debemos tomarlos muy seriamente en consideración en los programas de acción. 
Igualmente se considera indispensable la cooperación de la Unión Europea con los organismos internacionales y con las organizaciones no gubernamentales que actúan en el ámbito de la salud, para que haya un fluido constante de información y un intercambio de experiencia para reaccionar inmediatamente en las amenazas graves a la salud. 
También debemos subrayar la importancia del papel que desempeña la sensibilización y la participación activa del público en el ámbito de la salud. 
Para reconquistar la confianza de los ciudadanos europeos en relación con las políticas comunitarias en temas que les afectan, se tienen que analizar oportunamente y con transparencia problemas específicos relacionados, directa o indirectamente, con la salud. 
En el nuevo plan de acción hay tres objetivos globales que sustituyen a los ocho programas en funcionamiento. 
Esperamos que la elección de los nuevos objetivos especiales no se realice por partes y después de una presión, sino basándonos en las prioridades que marcan la Organización Mundial de la Salud y otros organismos relacionados con este sector. 
Sobre la creación de un Centro Europeo de Coordinación y Vigilancia de la Salud, creo que debe funcionar en el marco de la Comisión y elaborar programas de prioridades en el ámbito de la salud teniendo en cuenta los datos internacionales. 
También deberá recopilar, vigilar y evaluar las informaciones pertinentes, para proponer estrategias e iniciativas, que también deberá coordinar. 
Por supuesto, quisiera subrayar que en la recopilación de datos deberá respetarse la confidencialidad sobre los datos personales de personas o de grupos de personas. 
Considero muy importante que la salud mental se mencione por vez primera como campo de acción en programas en el ámbito de la salud pública. 
Por eso, le doy mi enhorabuena al Sr. Comisario, que, con su especial sensibilidad y respondiendo a nuestra invitación, ha incluido en su propuesta este tema. 
Los datos científicos muestran claramente la dimensión y la gravedad de los trastornos neuropsiquiátricos y nuestra reacción, aunque haya llegado con retraso, debe ser inmediata y efectiva. 
Para terminar, sobre el presupuesto, aunque creo que la financiación no debe ser pequeña en este tema, conociendo las dificultades objetivas del presupuesto, considero que el aumento de 80 millones de euros, que corresponde a la cantidad que se gasta en ampliar el funcionamiento de los programas actuales, es muy realista. 
Soy optimista y creo que, a pesar de todas las dificultades, la Comisión Europea y el Consejo van a estar de acuerdo en el aumento mencionado y, terminando, señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. ponente los esfuerzos realizados por encontrar las soluciones conciliatorias que hayan mejorado la propuesta inicial. 
Señor Presidente, doy cordialmente las gracias a nuestro ponente, el Sr. catedrático Trakatellis, por haber conseguido de nuevo encauzar con gran habilidad la elaboración en el seno de la comisión parlamentaria de un informe que ha suscitado gran interés, que reviste una gran importancia y que, por ello mismo, es muy susceptible de ser objeto de las cientos y cientos de enmiendas presentadas por todos nosotros. 
Quiero resaltar de forma muy especial el hecho de que rara vez existe una colaboración tan estrecha entre los diferentes Grupos políticos en los trabajos de las comisiones parlamentarias, y todo el mérito de ello le corresponde al ponente. 
En cuanto a la crítica que nuestra colega, la Sra. Schleicher, hacía de este informe por no centrarse quizás lo suficiente en las cuestiones primordiales y por acoger demasiadas buenas intenciones, puedo señalar, en primer lugar, que el resultado final podría haber sido mucho más variopinto. 
Podrían haberse incluido ahí muchos más deseos de toda índole. 
En mi opinión, el ponente se ha esmerado para presentar, no obstante, una visión de conjunto. 
En lo que atañe al propio Grupo de la Sra. Schleicher, éste introdujo, por ejemplo, un ámbito de acciones prioritarias completamente nuevo. 
Su Grupo exige la adopción de un quinto objetivo específico que se centre, entre otras cosas, en la terapia génica, en la diagnosis de enfermedades genéticas y en la clonación. 
Mi Grupo no ha considerado nada oportuno añadir este objetivo. 
La salud pública es un ámbito de acción prioritario para la Unión debido a que el Tratado de Amsterdam obliga claramente a la Unión a incorporar el factor salud en todas sus acciones. 
De este modo, deberemos afrontar retos verdaderamente difíciles. 
Mi Grupo quiere resaltar de forma especial la importancia de esta integración de la salud, y la Comisión deberá desarrollar una ingente labor para adaptar la Política Agrícola a los requisitos sanitarios. 
Pensemos, por ejemplo, en los alimentos que ingerimos. 
Seguramente, esto significará que en el futuro produciremos y consumiremos ligeramente más vegetales y menos carne. 
En el marco de la política industrial, ello implicará una gran claridad en las consideraciones de salud pública a la hora de darle forma a la estrategia sobre los productos químicos. 
Ello significará, a su vez, que la industria alimentaria tendrá que avenirse a aceptar regulaciones más estrictas, por ejemplo, en lo que se refiere al índice de sal contenido en los alimentos. 
Aparecerán muchos puntos conflictivos, y no podemos sino desear que la Comisión vaya perfeccionando estas propuestas y que, después, el Consejo de Ministros y el Parlamento puedan clarificar aún más esta situación en la segunda lectura. 
Señor Presidente, puede parecer sorprendente que desde los bancos de la izquierda felicitemos al ponente y saludemos su informe, pero es que nos convence su contenido. 
Es decir, que el Sr. Trakatellis habla de un principio que nosotros compartimos: la salud no es un bien con el que se pueda comerciar. 
Y habla de dos objetivos: promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y toda su propuesta se refiere a esos dos objetivos, y es imprescindible que, con un programa de salud, se consigan. 
En principio, habla de la coordinación necesaria, no sólo en las redes que se ocupan de la salud, sino con los Estados miembros y también con las organizaciones no gubernamentales. 
Y, como colofón, habla también de una propuesta que compartimos: la de crear un centro de coordinación y vigilancia de la situación de la salud. 
También estamos de acuerdo en que debe haber una capacidad de reacción rápida ante amenazas que hubo en el pasado reciente, y que sigue habiendo, para la salud. 
Y también se han de superar las desigualdades; hay aún desigualdades entre los Estados miembros y en los propios Estados miembros, y el ponente y la Comisión de Medio Ambiente recuerdan que deben superarse esas desigualdades, y hacen mucho hincapié en la formación continuada de los profesionales médicos y del personal sanitario, pero también en la educación y formación sanitaria de los escolares. 
Y a nosotros eso nos parece fundamental. 
Y no deja de hablar de riesgos que hoy preocupan muchísimo a la población y que tienen que ver con los efectos en la salud de los teléfonos móviles y la telefonía móvil en general, con las altas columnas que proliferan en las ciudades ahora, que producen ondas electromagnéticas. 
Y también de los riesgos de la radiactividad y, en concreto, de lo que se habló también- y es un debate que no debiera terminarse- de los riesgos para la salud del uranio empobrecido y otros riesgos. 
Yo creo que es un buen informe y merece que mañana tenga la aprobación de este Pleno. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el presente informe y los tres elementos principales que contiene, de los que ya tenemos conocimiento. 
Apoyo plenamente la posición adoptada por el Comisario de Salud Pública y Protección del Consumidor, Sr. Byrne, cuando afirma que es peligroso asumir que un Estado miembro puede proteger la salud de sus ciudadanos por sus propios medios. 
Está completamente en lo cierto en su planteamiento. 
Sabemos que existe un mercado único en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales dentro del territorio de la Unión Europea está garantizada. 
Las enfermedades transmisibles que afectan a la salud de nuestros ciudadanos no se detienen en las fronteras. 
Los ciudadanos de todos los Estados miembros deben tener acceso a una amplia gama de información sobre los factores que repercuten en su salud y sobre cómo los sistemas de salud pública de cada país atienden a sus necesidades. 
La presente propuesta cubre asimismo las importantes iniciativas legislativas en ámbitos como la seguridad de la sangre y de sus derivados, y la ejecución de amplias campañas contra el tabaquismo. 
La Comisión debe desempeñar un papel fundamental en la coordinación de la salud pública para hacer frente a las enfermedades, desde la detección de su origen hasta su tratamiento. 
Es muy importante que en este programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública se incluya también la homeopatía como tratamiento médico. 
Por último, la Comisión Europea debería destinar mayores recursos financieros a la investigación de las causas y a las posibles curas de la enfermedad de Alzheimer. 
Señor Presidente, a finales del año pasado cerré mi contribución al debate sobre la prórroga del programa europeo de salud pública con la observación de que el desarrollo de la salud pública en la Unión Europea iba, en mi opinión, demasiado lejos. 
La salud pública es una política nacional y debe continuar siéndolo. 
De ahí que no esté a favor de los programas de salud pública que pueden ser utilizados como escalón para atacar la política nacional, especialmente cuando el programa que examinamos apenas supone una plusvalía respecto de los esfuerzos de los Estados miembros. 
Ahora que se discute un nuevo programa de salud pública, mi preocupación sólo aumenta. 
Sí se ha declarado formalmente que el principio de subsidiariedad tiene que ser observado, pero es una sandez. 
El programa se ha ampliado y adornado en la Comisión de Medio Ambiente con todo y algo más que lo que tiene que ver con la salud pública. 
Además, el presupuesto ha pasado de 300 a 500 millones de euros, con los que, entre otras cosas, debe crearse un centro de europeo de coordinación. 
Considero que semejante centro de coordinación no es sólo innecesario, sino que también es indeseable, ya que vaticino que se utilizará para desarrollar una política de salud pública europea en vez de nacional. 
Si todas las instituciones de la Unión Europea quieren hacer un gesto claro en el ámbito de la salud pública, tienen que reducir a cero las ayudas que se conceden en el sector del tabaco. 
Eso genera dinero para la Unión Europea, en lugar de dar dinero a través de la Unión Europea a proyectos que también pueden ejecutar y financiar los propios Estados miembros. 
Los Estados miembros son los que tienen que seguir una política restrictiva en el ámbito del alcohol y las drogas. 
Además, la Unión Europea puede hacer más por los países de la ampliación en el marco del fomento de la salud pública, ya que en ellos no existe incluso los cuidados básicos de salud. 
Puede lucharse contra varias enfermedades con relativamente pocos medios. 
Señor Presidente, es oportuno, supongo, que esta medida llegue al Pleno la Semana Mundial de la Salud y que haga especial hincapié en la salud mental. 
Hace dos semanas lanzamos en el Parlamento el Libro Blanco sobre la epilepsia. 
Aproximadamente 15 millones de nuestros conciudadanos europeos se verán afectados por esta enfermedad en el transcurso de su vida, lo que supondrá un coste de aproximadamente 20.000 millones de euros al año, además del coste para el individuo y su familia por la pérdida de ingresos y el coste para los Estados miembros por la pérdida de ingresos fiscales. 
Si multiplicamos estas cifras por todas las enfermedades y afecciones físicas y psíquicas, añadimos las repercusiones de la desaparición del régimen comunista en la Europa Oriental y del paso transfronterizo en ambos sentidos de problemas sanitarios, desde la contaminación ambiental hasta las enfermedades de transmisión sexual y aquéllas relacionadas con el consumo de drogas, las repercusiones económicas de los problemas sanitarios son colosales. 
La Unión Europea no tiene competencia en servicios sanitarios, pero siempre ha tenido competencia en materia de salud y seguridad en el trabajo y de salud pública y enfermedades infecciosas que no respetan las fronteras nacionales. 
Más recientemente, ha obtenido competencia en ámbitos como el fomento de la salud, la prevención de enfermedades y las evaluaciones de las repercusiones de la salud. 
Ahora debemos impulsar este capítulo con las reformas de nuestro programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública que sugiere el presente informe. Alabo este informe, la labor del ponente y las aportaciones a esta labor de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Mejoraremos las condiciones de salud en la Unión Europea no mediante directivas, sino a través de la investigación, la educación y la identificación y difusión de la buena práctica. 
La aprobación de la posición de nuestra comisión no supondrá un gasto excesivo para los contribuyentes: apenas 83 millones de euros al año; una suma insignificante para un reto enorme. 
Hemos podido saber que el Consejo no aprobará los 83 millones de euros anuales durante seis años, aunque en el programa antiguo se están utilizando 63 millones de euros anuales. 
Si añadimos sólo un 5% al año durante seis años obtendremos la suma de 83 millones de euros. 
Si tomamos la propuesta de la Comisión de 50 millones de euros y le restamos la misma cantidad, recortaremos el presupuesto para salud hasta los 37 millones de euros en términos reales cuando asumamos estas nuevas responsabilidades. 
Si el Consejo hace eso, llevará sobre su conciencia que haya votado en contra de los 20 millones de euros al año para la salud, al tiempo que respalda un presupuesto anual de más de 1.000 millones de euros para subvencionar el cultivo de tabaco. 
Señor Presidente, este Parlamento acoge muy favorablemente esta propuesta relativa a la adopción de un programa de acción en el ámbito de la salud pública. 
La salud es la prioridad número uno de nuestros ciudadanos en toda la Unión Europea, como demuestran todas las encuestas de opinión. 
Es un tema que importa a la población en general: las personas entienden cuando se les habla de salud. 
Nunca deberíamos olvidar esta noche en que debatimos sobre el presente informe. 
A menudo hablamos de acercarnos más a los ciudadanos y, ante la escasa participación en toda la Unión en las pasadas elecciones europeas, no deberíamos olvidar nunca lo que es importante para nuestros ciudadanos. 
Como todos sabemos, el artículo 152 del Tratado CE atribuye a la salud pública mayor importancia que nunca, por lo que la salud debe ser tomada en consideración en todos los ámbitos de las políticas de la Unión Europea. 
Con este programa podemos directamente añadir valor a las vidas de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Si adoptamos un enfoque horizontal respecto a la salud pública, haremos el mejor uso posible de los limitados recursos. 
Con una unidad de reacción rápida para atajar las enfermedades contagiosas podemos actuar con mucha más eficacia. 
Las evaluaciones de las repercusiones de la salud nos permiten detectar lo que funciona y lo que no. 
Con más información sobre salud para nuestros ciudadanos, su calidad de vida mejorará sin ninguna duda. 
Aunque apoyo buena parte de lo que propone el ponente, me sigue preocupando el tema del Centro de Coordinación y Vigilancia de la Salud. 
Me temo que este asunto podría retrasar todo el programa debido a las cuestiones jurídicas intrínsecas a la propuesta. 
Temo asimismo que dicho Centro se lleve gran parte del presupuesto y deje poco para la labor que realmente conecta efectivamente con nuestros ciudadanos. 
En definitiva, la salud conecta con el ciudadano. 
Debemos garantizar la eficacia de esta propuesta, que durará durante los próximos cinco años. 
Debemos cumplir en lo que respecta a la salud y el bienestar. 
Al fin y al cabo, colegas, las elecciones europeas no están lejos. 
Muchas gracias, señor Comisario David Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Acción de oro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B5-0166/2001 del Sr. Galeote Quecedo y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata Cristiano) y Demócratas Europeos, a la Comisión, sobre la "Acción de oro"; 
B5-0167/2001 del Sr. Gasòliba i Böhm y del Sr. Huhne, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión, sobre la "Acción de oro". 
Señor Presidente, en 1997, la Comisión aprobó una Comunicación interpretativa- y subrayo interpretativa- sobre inversiones intracomunitarias que no sometió ni al Parlamento Europeo ni al Consejo. 
Y amparada en esa Comunicación, la Comisión ha iniciado acciones legales hasta el momento, si no llevamos mal las cuentas, contra nueve de los quince Estados miembros. 
Nadie cuestiona la responsabilidad de la Comisión de perseguir las supuestas infracciones al Derecho comunitario. 
Lo que el Grupo del Partido Popular Europeo/Demócratas Europeos critica es que, bajo el título de Comunicación interpretativa, se hayan fijado unilateralmente, por parte de la Comisión, las reglas del juego en un terreno tan importante como éste, como lo prueba el hecho de que el Consejo Europeo de Estocolmo se haya ocupado de ello, a nuestro juicio, hurtando de esa manera competencias legislativas que corresponden a este Parlamento y al Consejo. 
Supongo que el Comisario Bolkestein tendrá presente que el Tribunal de Justicia ya ha sentado precedentes de anulación de una Comunicación interpretativa similar a ésta, sobre los fondos de pensiones, precisamente porque la Comisión se excedía en sus atribuciones. 
Pero es que además, señor Comisario, esta Comunicación de 1997 ha quedado obsoleta por los recientes desarrollos económicos. 
Por todo ello, a esta Asamblea le importa que el Sr. Comisario conteste claramente si piensa, en el uso de sus competencias, presentar una propuesta legislativa sobre las inversiones intracomunitarias al Parlamento y al Consejo. 
Mi Grupo, desde luego, lo considera imprescindible, a la luz de las actuales circunstancias, y estoy convencido de que, al final de este debate, el Sr. Comisario se convencerá de que esta presunción es asumible por la inmensa mayoría de este Parlamento. 
De estas circunstancias novedosas a las que me acabo de referir me voy a extender sobre la apertura de mercados nacionales de sectores económicos clave, en los que subsisten todavía, dentro de la Unión Europea, regímenes de monopolio que provocan una realidad asimétrica. 
En efecto, precisamente siguiendo directrices comunitarias, determinados Estados miembros han realizado grandes esfuerzos para abrir a la competencia sus mercados de telecomunicaciones u otros. 
Sin embargo, otros Estados no han tomado medidas equivalentes, de manera que sus mercados continúan cerrados a la competencia exterior. 
Es en este contexto en el que el Grupo del PPE considera que deben permitirse mecanismos de prevención como la "acción de oro", porque, en otro caso, se producirían supuestos de discriminación objetiva. 
Y, en ese sentido, ¿qué piensa- le pregunto al Comisario- presentar la Comisión para permitir a los Estados miembros que están en la senda de la privatización y apertura de sus economías a la libre competencia, preservar el objetivo de esa privatización? 
Señor Comisario, el jueves este Parlamento votará una resolución que fijará su posición al final del debate. 
Yo estoy convencido de que la Comisión aplicará en todo momento el Acuerdo interinstitucional que nos vincula y de que usted, señor Comisario, actuará en consecuencia haciendo buen uso de sus potestades de iniciativa legislativa y, por lo tanto, presentará a esta Asamblea una propuesta concreta de manera inmediata. 
Señor Presidente, señor Comisario Bolkestein, Señorías, nuestro Grupo ha expresado en su propuesta, que se une a la preocupación expresada por el grupo del PPE-DE, su malestar ante esta situación de distorsión de la competencia que se da en la práctica y que, como se ha dicho, deja de alguna manera en la indefensión precisamente a aquéllos ámbitos en los cuales determinados Estados miembros se han abierto a la competencia, han liberalizado sus empresas, y entonces nos encontramos en una situación desequilibrada en la cual empresas que aún gozan de su característica de empresa pública, con el monopolio correspondiente en un Estado miembro, se aprovechan de la apertura del mercado exterior y ejercen una competencia desleal respecto de las empresas que han entrado en lo que podríamos llamar el libre juego del mercado. 
Como ha dicho el Sr. Galeote, nos encontramos con litigios que se han dado y se dan en Bélgica, Francia, Italia, España, Portugal y el Reino Unido, y hay procedimientos por infracción en Dinamarca, Alemania y Holanda. 
Por lo tanto, es una situación generalizada que demuestra que los principios que guían la Comunicación de 1997 a la que se ha hecho referencia, ya no son válidos. 
Por ello, nosotros urgimos a que haya una actualización al nivel normativo correspondiente, con la participación debida del propio Parlamento, y que se actualice esta legislación para, por una parte, eliminar estas posiciones de privilegio y, por otra parte, dar garantías a la actuación de los Estados miembros que han actuado de acuerdo con el proceso de apertura de mercados, están liberalizando los mismos y han de tener las garantías correspondientes para que las empresas que entran en este mercado interior europeo tengan todas las garantías derivadas de pertenecer al mismo. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Galeote Quecedo y al Sr. Gasòliba i Böhm por las preguntas formuladas que tocan un aspecto realmente importante del mercado interior. 
Permítanme decir de entrada que la Comunicación de 19 de julio de 1999 sobre determinados aspectos jurídicos relativos a las inversiones intracomunitarias, a la que ambos oradores han hecho referencia, fue adoptada por la Comisión, al igual que en el caso de una serie de otras comunicaciones, sobre la base de su competencia exclusiva que emana de su papel de guardián de los Tratados. 
Como se especifica en la propia comunicación, su objetivo es indicar a las autoridades nacionales y a los operadores económicos de los Estados miembros cómo interpreta la Comisión las disposiciones del Tratado sobre el movimiento de capitales y el derecho de establecimiento con vistas a reducir el riesgo de interpretaciones jurídicas divergentes. 
Los principios recogidos en dicha comunicación están basados, fundamentalmente, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, naturalmente, sigue siendo la única institución competente para hacer una interpretación definitiva del Derecho comunitario. 
De conformidad con el artículo 56 del Tratado CE, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros, ya sean discriminatorias o no discriminatorias. 
La comunicación, que está consagrada a la inversión intracomunitaria, profundiza más en el respeto de este derecho fundamental en lo relativo a dos formas específicas de movimientos de capitales: la adquisición de valores nacionales y las inversiones directas. 
Todas las restricciones impuestas a estos movimientos de capitales pueden plantear problemas de compatibilidad, en particular, con el artículo 56, que trata sobre la libre circulación de capitales, y con el artículo 43, que trata sobre la libertad de establecimiento. 
La comunicación a la que me refería hace un momento declara que, de conformidad con el concepto propiamente dicho de inversiones directas, los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea tendrán libertad para adquirir participaciones mayoritarias, ejercer sus derechos de voto intrínsecos a dichas participaciones y gestionar empresas nacionales en igualdad de condiciones que las establecidas en un Estado miembro determinado para sus nacionales. 
Aunque la libertad de establecimiento y el libre movimiento de capitales figuran entre las libertades fundamentales del Tratado, existen algunas excepciones a las reglas generales que permiten a los Estados miembros imponer determinadas restricciones. 
En lo que respecta a la libertad de establecimiento, estas restricciones pueden estar motivadas por el ejercicio de la autoridad oficial o pueden estar justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas- artículo 46. 
En lo que respecta al libre movimiento de capitales, las restricciones pueden estar justificadas por normativas nacionales en materia fiscal y de supervisión prudencial, la utilización de procedimientos de declaración o por razones de orden público o de seguridad pública- artículo 58. 
Por último, los Estados miembros podrán adoptar las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad que guarden relación con el ámbito de defensa- artículo 296. 
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es necesario interpretar rigurosamente dichas excepciones con vistas a satisfacer el criterio de proporcionalidad. Deberá excluirse toda interpretación basada en criterios económicos. 
Una excepción no debe constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libertad de movimiento de capitales. 
A la luz de los principios que acabo de enumerar, y teniendo en cuenta que el Tratado es neutral en lo que respecta al carácter privado o público de las empresas, resulta evidente que todas las restricciones encaminadas a impedir a inversores de otros Estados miembros las consiguientes adquisiciones de derechos mayoritarios en empresas privatizadas so pretexto de que el capital de dichos inversores está, en proporciones diferentes, en propiedad pública no pueden justificarse en virtud de las excepciones previstas en el Tratado en el ámbito de movimientos de capitales o derechos de establecimiento, excepciones que he definido hace un momento. 
Para terminar, permítanme decir que, como quizá sepan sus Señorías, la Comisión celebrará próximamente un debate sobre las restricciones a la inversión intracomunitaria. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la decisión que nos ocupa esta noche plantea dos problemas. 
En primer lugar está la cuestión de la legislación comunitaria. 
Las fuentes jurídicas de la Comunidad incluyen, por una parte, el Derecho primario del Tratado y, por otra, las directivas y los reglamentos que son fruto de la colaboración entre el Consejo y el Parlamento. 
Ahora bien, entre estos dos niveles se ha insertado otro tipo de documento que también suele considerarse como fuente jurídica, a saber, las comunicaciones. 
Hoy estamos hablando de una de ellas. 
Señor Comisario, ha señalado con razón que la presente comunicación no es sino una interpretación, que, además, se fundamenta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Sin embargo, en más de una ocasión uno tiene la impresión de que la Comisión interpreta el Derecho ella sola, sin la colaboración del Consejo y del Parlamento Europeo. 
Entonces parece que la Comisión actúa como órgano legislador absoluto, siguiendo el ejemplo practicado por el Emperador Constantino en el antiguo Bizancio. 
Mi profesor de Derecho de la Universidad de Friburgo llegó a calificar este procedimiento de la Comisión como método legislador propio del Imperio Bizantino. 
Por todo ello, considero necesario que en casos tan importantes como éste se presenten las directivas o reglamentos oportunos y que éstos se adopten como es debido, es decir, previa consulta al Parlamento y al Consejo. 
El asunto que estamos tratando aquí plantea un segundo problema, a saber, la competencia en la Comunidad Europea. 
La liberalización, o sea, la eliminación de los monopolios, debe considerarse uno de los mayores logros de la Unión Europea. 
En el ámbito de las telecomunicaciones hemos podido observar cómo la contención de los gastos y la reducción de los precios han redundado en beneficio de los ciudadanos. 
Nos hallamos en la situación en que unos proceden a la liberalización y la libre competencia en tanto que otros no lo hacen. 
El resultado es que quienes se han negado a ello sacan provecho del monopolio mientras los demás van comprando, hasta que el antiguo monopolio público quede sustituido por un monopolio privado. 
En este caso, el ciudadano se encuentra con una nueva situación de monopolio que le impide beneficiarse de las ventajas aportadas por la liberalización. 
En mi opinión, es fundamental que en sus futuras acciones la Comisión preste más atención a este problema. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, no estoy seguro de que Constantino fuera bizantino, al fin y al cabo estaba a caballo entre Bizancio y el Imperio Romano. 
Si se tratara de Justiniano, naturalmente, sería otra historia. 
En cualquier caso, la cuestión que esta noche nos ocupa es la de saber hasta qué punto un Estado miembro, en virtud del Tratado, puede imponer restricciones a los nacionales de otro Estado miembro o a sus propios nacionales, supongo, que deseen realizar inversiones intracomunitarias dentro del ámbito de su economía. 
Este asunto tiene especial relevancia para las inversiones en las empresas privatizadas por los Estados miembros. 
La cuestión tiene una importancia fundamental para el correcto funcionamiento del mercado único europeo y quisiera expresar mi agradecimiento a los colegas por haber planteado el tema en esta ocasión, habida cuenta del número de casos que la Comisión ha sometido al Tribunal de Justicia en el transcurso de estos últimos años. 
El Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, en su artículo 43, relativo al derecho de establecimiento, y su artículo 56, relativo a la libertad de movimiento de capitales, como ha mencionado el Sr. Comisario Bolkestein, establece claramente un régimen por el cual, los nacionales de cualquier Estado miembro tienen derecho a invertir en otros Estados miembros. 
Es un derecho del que numerosos individuos y empresas han hecho uso a medida que ha ido evolucionando la Unión Europea. 
La inversión intracomunitaria ha crecido en proporciones sorprendentes durante estos últimos años. 
En 1998, dicha inversión ascendió a un total de más de 132.000 millones de euros; en 1999 ha experimentado un incremento de más del 80% hasta superar los 240.000 millones de euros. 
Es razonable esperar que estas cifras sean fácilmente superadas y que la tasa de crecimiento se mantenga porque la introducción del euro reduce las operaciones intracomunitarias, elimina el riesgo y el coste del cambio de divisas para las empresas, al tiempo que aumentan las oportunidades de inversión intracomunitaria. 
Éste es el éxito del proyecto económico europeo y del establecimiento del euro. 
No obstante, siempre podemos intentar mejorar. 
Quedan aún pendientes muchas tareas para la culminación del mercado único europeo y una de ellas es, naturalmente, el desmantelamiento gradual de la participación del Estado en las empresas. 
Este desmantelamiento sólo se ha perseguido con gran coraje político y con graves riesgos políticos. 
A menudo sólo ha sido posible a través de las garantías legales que los gobiernos conceden respecto a la supervisión continuada y los intereses especiales en las direcciones estratégicas de las empresas privatizadas. 
Estas garantías legales se presentan de muchas formas, como la acción de oro, por lo que cabe argumentar, supongo, que la acción de oro no siempre ha sido un impedimento, sino que puede haber contribuido políticamente al proceso de privatización. 
En su Comunicación de 1997, la Comisión estableció sus directrices sobre la existencia de estas garantías legales. 
Y lo hizo de forma bastante poco transparente a través de una comunicación que no fue debatida ni en el Parlamento ni por el Consejo. 
Las garantías legales que los gobiernos crearon, por otra parte, fueron establecidas bajo los focos de la publicidad y del debate público que necesariamente acompañan al proceso de privatización. 
Es realmente una situación bastante incómoda que se haya creado semejante dicotomía entre el establecimiento de la legislación comunitaria fundamental y los reglamentos de los Estados miembros. 
La Comisión, haciendo uso de la Comunicación como su guía operativa, ha emprendido desde entonces acción legal contra seis Estados miembros ante el Tribunal de Justicia y ha iniciado procedimientos de infracción contra los demás. 
Hasta el momento no se ha cerrado ninguno de estos casos. 
No tiene justificación que la Comisión cree su propio marco normativo en virtud del cual ha emprendido acciones contra los Estados miembros, que han encontrado enormes dificultades para sacar adelante los programas de privatización necesarios. 
Estoy de acuerdo con la Comisión cuando ésta declara que el argumento del interés nacional que esgrimen los Estados miembros para justificar dichas garantías legales, como ocurre a menudo, no puede ser aceptado como justificación adecuada de dichas medidas. 
El argumento del interés nacional sencillamente no es lo suficientemente transparente, porque puede abarcar una serie muy amplia de criterios económicos y/o no económicos. 
No obstante, también estoy de acuerdo con aquéllos de nuestros colegas que sostienen que la Comisión también ha actuado con muy poca transparencia con respecto a la supresión de las barreras a la inversión intracomunitaria. 
Me uno a ellos en su petición a la Comisión para que actualice su política en este ámbito a través de una propuesta de directiva, no sólo por el bien de la transparencia intrainstitucional, sino también para proporcionar orientación a los Estados miembros con vistas a evitar largos procedimientos ante el Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que tras las intervenciones que he escuchado, en particular la del Sr. Galeote, se corre el riesgo de producir un equivoco. 
El equívoco sería que el Parlamento pidiera a la Comisión que refuerce la "acción de oro", que refuerce los poderes especiales del Estado con el fin de que se puedan preservar como sea los mercados que se liberalizan de los mercados en los que actúan empresas en régimen de monopolio con grandes disponibilidades de liquidez que pueden adueñarse de los mercados liberalizados. 
Creo que esto sería un equívoco. 
Por el contrario, creo que el Parlamento debe alzar con fuerza su voz contra la "acción de oro" y contra todos los instrumentos que impiden que se establezca un verdadero y dinámico mercado interior en los sectores que tradicionalmente eran sectores en manos del Estado en la Europa de hace unas décadas. 
Hablo en nombre de los radicales italianos. 
En 1997 convocamos un referéndum en Italia contra la ley de 1994 que creaba en Italia los derechos especiales, la "acción de oro". 
En ese referéndum, el 80% de los votantes- casi 10 millones de italianos- dijeron sí, pidieron, como nosotros queríamos, la derogación de aquellas normas que impedían que impiden la existencia de un verdadero mercado competitivo en el mercado de los capitales para las empresas privatizadas. 
Lamentablemente, como suele ocurrir, esos votos se han desechado, se han destruido en una realidad, la italiana, en la que con frecuencia la Constitución y el pronunciamiento de los ciudadanos se convierten en papel mojado. 
En 1998 el Gobierno presidido por Romano Prodi, hoy Presidente de la Comisión, fue objeto de un procedimiento por infracción instado por el entonces Comisario de Mercado Interior, el profesor Mario Monti, contra el uso de esta "acción de oro". 
En 1999 se dictó un decreto que modificó la "acción de oro" a la italiana, o sea, sin modificar el carácter sustancial de la misma. 
Pues bien, creo que los artículos del Tratado deberían ser suficientes para prohibir que una empresa pública que actúa en régimen de monopolio adquiera una empresa en el mercado liberalizado. 
No es necesario prever que las empresas tengan la "acción de oro" para impedir que sean adquiridas por una empresa pública de otro Estado miembro. 
De lo contrario, como suele ocurrir, con esta excusa, en realidad, se otorga a los Gobiernos nacionales y a los partidos mayoritarios un derecho de veto respecto a la libre enajenación de empresas públicas y se impide que sean los mercados financieros los que establezcan la asignación mejor, más eficaz y óptima del control y, en consecuencia, de la gestión de empresas en sectores extraordinariamente importantes, cruciales y estratégicos para Europa como el de las telecomunicaciones y de la energía en particular. 
Con la "acción de oro", además, las empresas que se ponen en venta proporcionan menos recursos a los presupuestos públicos, pues se adquiere una empresa en la que alguien, sin tener siquiera invertida una lira, puede tomar decisiones estratégicas: se pierde dinero privatizando la "acción de oro". 
Mediante la "acción de oro" también se corre el riesgo de estabilizar el ahorro privado: los ciudadanos, los inversores adquieren empresas que continúan sometidas al Estado, a los Gobiernos y, por lo tanto, a los partidos. 
La "acción de oro" produce un extraordinario conflicto de intereses entre el Estado que sigue siendo gestor y de alguna forma propietario de las empresas liberalizadas y el Estado que, en cambio, debe limitarse a ser un mero regulador para garantizar la competencia en defensa de los intereses de los ciudadanos. 
Éste es un modo a través del cual los Estados europeos, en algunos países- pienso en Italia- de hecho, continúan gestionando sectores clave de la economía del país e impiden que en dichos sectores- telecomunicaciones, energía- se consigan empresas, mercados competitivos eficaces y empresas capaces de hacer frente a la competencia internacional. 
El hecho de que Enel en Italia o Deutsche Post en Alemania o France Télécom disfruten de posiciones de monopolio con el fin de ir acaparando espacios liberalizados en los mercados de otros países debe combatirse como posición dominante, como ayudas de Estado, pero no puede servir de excusa para que se reconozca a los que se abren al mercado mantener derechos en la empresa que, por el contrario, se entiende privatizada. 
En realidad, la "acción de oro" ha sido y continúa siendo un obstáculo de cara a la creación de empresas de servicios públicos realmente europeas. 
Por lo tanto, la "acción de oro" aparta las empresas de la dinámica de mercado y los Gobiernos continúan interfiriendo, continúan pensando que saben mejor quién debe adquirir una empresa respondiendo de este modo a lógicas que no son las lógicas más eficaces del mercado y penalizando, en consecuencia, a los ciudadanos. 
No debemos pensar que los Gobiernos deben escudarse en la "acción de oro" para impedir que las empresas sean adquiridas en el mercado para pilotar la adquisición de empresas privatizadas hacia grupos amigos, puesto que, como suele ocurrir, al final y a la postre estas cosas dan lugar a mercados poco competitivos. 
Es por esto que planteo algunas dudas acerca de la resolución que votaremos el jueves. 
Creo que desde este Parlamento hay que alzar fuerte la voz, tal vez evitando alcanzar un compromiso, enfrentándose los estatalistas con liberalizadores; alzar la voz para decir que los artículos del Tratado que se refieren a la circulación de capitales y a la libertad de establecimiento tienen que tener plena aplicación a la vista de las condiciones económicas de mercado actuales y no de hace cuarenta años. 
Existe el riesgo de que las empresas en régimen de monopolio de Estado que existen todavía, actúen como amos en los mercados liberalizados en Europa, un riesgo representado por el abuso de posición dominante y por las ayudas de Estado: es en esto que hay centrarse. 
. 
(EN) Señor Presidente, permítame expresarle mi agradecimiento una vez más por concederme el uso de la palabra para responder a algunos comentarios de sus Señorías. 
El Sr. von Wogau ha dicho, si le he entendido correctamente, que la Comunicación a la que han hecho referencia sus Señorías y que yo también he mencionado es una fuente del Derecho. 
Yo no lo veo así. 
La fuente del Derecho es el Tratado. 
El Tratado es claro. 
La Comisión es el guardián del Tratado y como tal es reconocida universalmente. 
La Comisión presentó la Comunicación en 1997 con el fin de aclarar algunos malentendidos en relación con los artículos pertinentes del Tratado. 
No lo hizo sin motivo. 
Mencionaré dos casos concretos. 
En primer lugar, en 1991, el Reino Unido intentó utilizar la acción de oro para impedir que entidades públicas, empresas públicas de otros Estados miembros adquirieran empresas británicas que habían sido privatizadas. 
Por aquel entonces esta medida se conocía como la "doctrina Lilley". 
La Comisión actuó de manera enérgica. El Reino Unido cambió su política. 
Es segundo caso es más reciente. 
A nivel internacional, mi colega Sr. Lamy tuvo que oponerse a una iniciativa análoga emprendida contra determinadas empresas públicas europeas en el ámbito de las telecomunicaciones. 
Por tanto, en ambos casos vemos que la Comisión ha emprendido acción contra los intentos, ya sean de un Estado miembro o, en el caso de los Estados Unidos, de un país tercero, de bloquear las inversiones de empresas, privadas o públicas, de otros Estados miembros en empresas privatizadas del mismo Estado. 
Volviendo a la cuestión principal que nos ocupa, la Comisión no ha hecho más que interpretar los artículos pertinentes del Tratado- básicamente, los artículos 56 y 43. 
Esto es lo que se expone en la Comunicación interpretativa. 
Por tanto, no puede afirmarse, como decía esta noche el Sr. Katiforis, que la Comisión está construyendo su propio marco legislativo. 
Diré una vez más, y será la última, que a la Comisión se le ha encomendado el deber de actuar de guardián del Tratado. 
En los años anteriores a 1997 existía incertidumbre sobre cómo debían interpretarse los artículos 43 y 56. Éste es el motivo de la Comunicación interpretativa. 
La última instancia que decide sobre lo que está bien o mal, sobre lo que es legal o ilegal, es el Tribunal de Justicia. 
Naturalmente, al final no es la Comisión la que decide cuál es la situación jurídica. Esa decisión es responsabilidad del Tribunal de Justicia. 
Pero antes de que el asunto sea sometido al Tribunal de Justicia, alguien debe llevar el caso a la atención del Tribunal y eso es lo que ha hecho la Comisión. 
Este Comisario ha desempeñado un papel en esto y ha llevado a varios Estados miembros ante el Tribunal por haber hecho uso de la acción de oro. 
Por tanto, debo rechazar el reproche que se ha hecho a la Comisión de que se ha arrogado a sí misma competencias que no le corresponden, que está elaborando su propio sistema legislativo. 
No, la Comisión solamente está interpretando y declarando lo que dice la ley. 
Ésa es la razón por la que ha llevado al Tribunal a algunos Estados miembros. 
Esperamos conocer pronto la decisión del Tribunal de Justicia. 
Me han preguntado si presentaré una directiva. 
No hay ninguna necesidad de una directiva. 
Tenemos un Tratado. La Comisión interpreta el Tratado y el Tribunal de Justicia decide. 
Por tanto, no necesitamos una directiva. 
Dicho todo esto, la Comisión tiene previsto celebrar en breve un debate sobre todo este asunto. 
Cuando se haya celebrado, quizá pueda ampliar la información al Parlamento, pero en estos momentos, no veo ninguna razón para cambiar la opinión que acabo de exponer. 
Muchas gracias, señor Comisario Frederik Bolkestein. 
He recibido cuatro propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
(Se suspende la sesión a las 23.15 horas) 
Señora Presidenta, el mes pasado nuestro Pleno aprobó una resolución de condena del rapto de ocho rehenes portugueses por parte del FLEC. 
Ayer, el FLEC liberó a uno de esos rehenes portugueses y yo quisiera congratularme de ese gesto positivo por parte del FLEC y hacer un llamamiento para que le sigan otros siete gestos positivos, es decir, para que se pueda liberar a los otros siete rehenes portugueses. 
Condenamos el rapto de rehenes como método de acción política y quisiéramos también subrayarlo en este momento. 
Nos gustaría que la señora Presidenta fuera nuestra intérprete en la siguiente iniciativa: como ese rehén portugués recién liberado llega con un estado de salud bastante debilitado, pedimos a la señora Presidenta que intervenga ante el FLEC para que permita que una organización internacional, en particular la Cruz Roja, tenga acceso inmediato para evaluar las condiciones de salud de los otros siete portugueses que aún siguen rehenes en el enclave de Cabinda. 
Como usted sabe, Señor Seguro, yo intervine en el asunto, y lo sigo muy de cerca. 
Actuaré en el sentido que usted acaba de exponer. 
Comunicación de la Presidenta 
En cuanto a la elección del Vicepresidente, cuya celebración está prevista simultáneamente a las votaciones de hoy, les informo de que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha propuesto la candidatura de la Sra. Lalumière. 
Resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo en Estocolmo, incluida la situación en Oriente Medio 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del Informe del Consejo Europeo y de la Declaración de la Comisión sobre los resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo en Estocolmo, incluida la situación en Oriente Medio. 
. 
(SV) Señora Presidenta, estimados diputados al Parlamento Europeo, voy a darles mi visión, y la de la Presidencia, sobre la Cumbre de Estocolmo. 
Esta reunión tuvo dos partes: una de ellas, un seguimiento del Proceso de Lisboa y, otra, una discusión sobre las relaciones exteriores de la Unión y, además, hubo un debate corto sobre la política agrícola. 
Empezaré comentando el Proceso de Lisboa. 
La Cumbre de Lisboa marcó claramente un derrotero en la Unión, esto es, la creación de una economía competitiva y dinámica, con liderazgo mundial y cohesión social. 
En la Cumbre de Estocolmo hemos añadido cuatro sectores al Proceso de Lisboa. 
En primer lugar me referiré al desarrollo demográfico europeo, que será un factor a tomar en cuenta en la futura agenda social europea. 
Paulatinamente, el reto demográfico irá englobando problemas relacionados con las finanzas del estado y con la escasez de mano de obra. 
Hacer frente a este reto es una tarea común para los quince Estados miembros. 
Se necesitarán grandes esfuerzos, especialmente en el campo social. 
Además, podremos enlazar con la agenda social que la Presidencia francesa presentó con tanto éxito en Niza. 
Los asuntos demográficos, por tanto, pasan a formar parte del Proceso de Lisboa. 
En segundo lugar, la biotecnología. 
En Lisboa se hizo hincapié en las tecnologías de la información. 
No las dejaremos de lado, siguen siendo importantes, pero hay que añadir la biotecnología si pretendemos ser un área y una parte del mundo que lidera el desarrollo económico. 
Esta materia también debe ser prioritaria en la Unión. 
No cabe evitar los difíciles aspectos éticos y morales que están asociados a esta tecnología. 
También debemos afrontarlos en nuestros debates. 
En tercer lugar, queremos que exista una conexión entre el desarrollo social, el económico y el medioambiental. 
No existen cohesión social ni crecimiento económico sostenibles si no se fundamentan en un desarrollo medioambiental equilibrado en la sociedad. 
Incorporamos, en cuarto lugar, la participación de los países candidatos en el Proceso de Lisboa. 
Hay, en consecuencia, cuatro elementos que se agregan, pero el Proceso de Lisboa es precisamente un proceso, esto es, un desarrollo. 
Por eso es importante que entendamos que no podemos obtener todo el contenido de la agenda social y toda las liberalizaciones económicas de una vez. 
Se conseguirán en forma paulatina. 
El curso está fijado y ha sido confirmado una vez más por el Consejo Europeo de Estocolmo. 
Estamos en la senda del pleno empleo y de estados del bienestar. 
En cuanto a las liberalizaciones económicas, en Estocolmo dimos un nuevo paso. 
No resultó tan largo como lo hubiese deseado la Presidencia, pero es un paso resuelto y en la dirección adecuada. 
En primer término, tenemos la creación de un mercado interior de servicios financieros. 
La reunión del Consejo de Ecofin en Estocolmo supuso un gran avance en el sector de los servicios financieros y de los capitales de riesgo, confirmado más tarde en la reunión del Consejo Europeo. 
También llegamos a acuerdos para seguir avanzando en la directiva relacionada con los servicios postales. 
Además, hubo acuerdo para abolir los monopolios y abrir los mercados del gas y de la electricidad. 
No conseguimos, por cierto, el calendario que esperábamos, pero lo haremos más adelante, y subrayamos nuestra voluntad de seguir avanzando en esa dirección. 
En el Consejo Europeo se debatió intensamente lo siguiente: si ciertos Estados miembros abren sus mercados del gas y de la electricidad a la competencia, a largo plazo será una situación insostenible que otros estados miembros rehusen a hacerlo. 
En ese caso, llegaríamos paulatinamente a una situación en la que algunas empresas del sector monopolizado conseguirían ventajas que podrían usarse provechosamente en los mercados de otros países que han abierto sus mercados. 
Se producirían tensiones en la Unión que podrían difíciles de manejar. 
Por eso es importante que sigamos liberalizando los mercados del gas y de la electricidad de la manera que hemos propuesto, pero también habrá que ajustarse a un calendario. 
En junio, en Goteburgo, se discutirá nuevamente el asunto del cielo europeo. 
Hemos avanzado en este debate y espero que, también en esta materia, alcancemos acuerdos sobre the single European sky, antes del término de la Presidencia sueca. 
En materia económica, alcanzaremos una aplicación de la directiva sobre mercado interno en las legislaciones nacionales del 98,5 por ciento antes del año 2002. 
Nos interesa también poner en marcha una nueva ronda de la OMC. 
Hemos destacado la importancia de hacer más seguras todas las actividades relacionadas con e-Europe. 
También hemos manifestado en Estocolmo que queremos continuar con el Proyecto Galileo. 
Es importante. 
Aún hay algunas cosas que necesitan puntualizarse como, por ejemplo, en relación con la financiación, pero estimamos que este proyecto es provechoso para la sociedad y que debe ejecutarse tan pronto como sea posible. 
Nuestros Ministros de Transportes discutirán más detalladamente este asunto mañana. 
Decidimos también que las subvenciones estatales existentes en el mercado interno tendrán que disminuir a más tardar en el año 2003. 
Para este efecto, se creará una tabla de resultados, scoreboard, accesible a todos los ciudadanos. 
Estos son fundamentalmente los asuntos que se trataron en los debates sobre temas económicos en Estocolmo. 
Como ya lo he dicho, se han dado pasos en la dirección adecuada, pero no hemos llegado hasta donde hubiésemos querido. 
Es un proceso y la orientación de este proceso es incuestionable. 
Es una parte del Proceso de Lisboa que atañe a la economía. 
La otra parte del proceso es la agenda social. 
La Europa que está tomando forma no es una Europa que sólo pueda construirse mediante liberalizaciones de los mercados, sino que también debe haber una voluntad política de distribuir el creciente bienestar de manera justa, para que nuestros ciudadanos puedan vivir una vida plena. 
En las conclusiones de la reunión de Estocolmo, la Presidencia sueca ha intentado conseguir un equilibrio entre las liberalizaciones económicas y las responsabilidades sociales. 
En cuanto a los aspectos sociales, se ha establecido un nuevo objetivo para el empleo. Es particularmente importante que nos concentremos en el segmento de trabajadores mayores de 55 años. 
El año 2052 habremos conseguido en Europa normas en materia de cuidados infantiles que contribuirán a la fijación de una agenda social que permita combinar a los hombres y a las mujeres jóvenes sus responsabilidades profesionales con las familiares. 
En materia de igualdad de oportunidades, trabajamos no sólo por una Europa social, sino que por una Europa moderna. 
Las diferencias salariales discriminatorias deben ser combatidas. 
Por ese motivo se crean indicadores que harán visibles esas diferencias. 
La directiva de tratamiento igualitario deberá ser aprobada y endurecida durante este año, lo que también es un resultado de la Cumbre de Estocolmo. 
Para crear empleos de calidad, esto es, que las personas puedan permanecer en sus puestos de trabajo sin ser obligados a pensionarse anticipadamente, se requiere que los centros de trabajo se desarrollen de modo que los que no estén totalmente sanos o gocen de plena capacidad también tengan un sitio en el mercado de trabajo. 
Para poder pasar de una situación de desempleo masivo a otra en la que escasea la mano de obra, y si se quiere posibilitar la continuación del crecimiento económico, se necesitan las experiencias de las personas maduras, de los mayores. 
La calidad de los centros de trabajo también deberá mejorarse. 
Es importante que se tomen en consideración los siguientes aspectos: formación continua, igualdad de oportunidad para hombres y mujeres, el trato que se dé a quienes han llegado a Europa en los últimos años, quizás como refugiados, es decir, la lucha contra la segregación y las discriminaciones en los centros de trabajo. 
En Goteburgo haremos también una primera evaluación del sistema europeo de pensiones. 
Si hay algo que abruma a los trabajadores, obreros y empleados, es, precisamente, la posibilidad de tener una fuente de ingresos segura cuando se pensionen. 
¿Cómo proceder con los sistemas de pensiones en una Europa en que cada vez hay menos personas en edad de trabajar y aumenta el número de pensionistas? 
Esto también debe ser algo que se discuta en el marco de la coordinación abierta. 
En Goteburgo retomaremos el tema. 
Así está construida la agenda social y de esta manera crean esas dos partes un todo: por una parte, liberalizaciones económicas y modernización y, por otra, responsabilidad social y solidaridad. 
Así se forma la política que hará de Europa la región más competitiva, mas dinámica y con más cohesión social del mundo. 
Éste es lo que se discutió en la Cumbre en relación con el Proceso de Lisboa. 
Paralelamente discutimos las relaciones exteriores. 
Se trata, en general, de cuatro cosas. 
En primer lugar, nuestras relaciones con Rusia. 
Invitamos a participar al Presidente Putin. Se reunió con el grupo de quince Jefes de Estado y de Gobierno para conversar abiertamente. 
Al mismo tiempo que el Presidente Putin se reunía con nosotros, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Ivanov, se reunía con los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión. 
Obviamente expresamos nuestra inquietud por los acontecimientos en Chechenia y otros fenómenos de la sociedad rusa que no aceptamos. 
Sin embargo, nuestra conversación principal versó sobre el desarrollo económico en Rusia y sobre las posibilidades de colaboración económica entre Rusia y la Unión Europea. 
Se alcanzaron algunos resultados concretos: en primer lugar, posibilitamos préstamos del BEI a Rusia, ciertamente limitados, pero es un avance en materia medioambiental. 
En segundo lugar, daremos a Rusia toda la ayuda imaginable en sus preparativos para ingresar a la OMC. 
La OMC abre el mercado ruso a la competencia y también posibilitará resolver antiguos conflictos comerciales entre Estados miembros de la Unión y Rusia. 
Queremos dar a Rusia todo nuestro apoyo en este proceso. 
Es una ciudad europea muy hermosa que está recuperando su belleza y, seguramente también, su antigua posición en la cooperación europea. 
Ésta es una señal inequívoca del interés de la Unión Europea. 
Así fue la conversación con el Presidente Putin. 
Subrayo que fue fundamentalmente de carácter económico, pero reiteramos, obviamente, nuestra preocupación por los acontecimientos en Chechenia. 
También recibimos la visita del Presidente Trajkoski de la ARYM, la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Su invitación fue más que nada un gesto de solidaridad. 
Cuando nos reunimos los Jefes de Estado y de Gobierno, nos pareció lógico, considerando la situación que se estaba creando en Macedonia, reunirnos con él y expresarle nuestra solidaridad, pero también hacer hincapié en la importancia de que los diferentes grupos de población en la ARYM reciban un trato que les permita sentir que tienen un lugar en la sociedad y derecho a participar en ella. 
Subrayamos también la importancia de evitar los actos violentos, al mismo tiempo que los Ministros de Asuntos Exteriores presentaron propuestas concretas de ayudas al desarrollo. 
Ésta es una parte de la estrategia para los Balcanes. 
En abril estará listo para ser suscrito el pacto de estabilidad para la ARYM. 
Será seguido de otro acuerdo semejante con Croacia. 
Esto demuestra que la Unión tiene un papel importante en los Balcanes y que los habitantes de esa región empiezan a vislumbrar un futuro promisorio. 
La visita del Presidente Trajkovski fue una expresión de nuestro interés por los Balcanes. 
Mis colegas me han encargado también que viaje a la península de Corea. 
Nos inspira la idea de expresar nuestro respaldo al proceso de conciliación y distensión que tiene lugar en esa península. 
Allí tenemos el último gran conflicto heredado de la guerra fría y producto de la Segunda Guerra Mundial, con enormes sufrimientos para las personas afectadas y con grandes riesgos, desde una perspectiva militar. 
Nuestro interés es hacer cuanto podamos para acelerar y apoyar el proceso. 
También en este campo la Unión pudo ponerse de acuerdo sobre principios e intereses comunes y me encargó, junto a Javier Solana y a Chris Patten, la misión de viajar allí durante este semestre y discutir en el terreno, con los líderes políticos del norte y del sur, sobre el proceso, los derechos humanos, la distensión y el desarme. 
El cuarto asunto de política exterior que se discutió fue la situación en Oriente Medio, que siempre está presente en la vida cotidiana de los europeos interesados por la política. 
Oriente Medio es nuestro vecino. 
Tenemos una enorme responsabilidad en que se reinicie el proceso de paz. 
La paz y la seguridad son, en este sentido, inseparables. 
La guerra, el conflicto y la destrucción en Oriente Medio son algo que nos afecta. 
Todos en la Unión, independientemente del país en que vivamos, tenemos un profundo interés personal en esta parte del mundo. 
Los países miembros de la Unión tienen excelentes relaciones bilaterales con la región y, a menudo, con ambas partes del conflicto. 
Por el contrario, la Unión hasta ahora no ha desempeñado un gran papel para solucionar el conflicto o presentar medidas que mitiguen el dolor que diariamente sufre la gente en Oriente Medio. 
En Estocolmo pedimos a Javier Solana que a más tardar en la Cumbre de Goteburgo proponga cómo podría la Unión aumentar su presencia y mejorar su actividad en la zona, cómo podría contribuir a reactivar el proceso de paz, evidentemente junto con EE.UU., pero siempre partiendo del supuesto de que las partes involucradas en el conflicto deban pedir, solicitar la participación. No sería imposible que se hiciese una petición en este sentido. 
Éstos son, por tanto, los cuatro temas que estaban en la agenda internacional; una manera práctica, pero sin demasiados ademanes, de expresar la política exterior común de la Unión. 
Señora Presidenta, obviamente discutimos también la situación de la agricultura europea. 
Expresamos nuestra solidaridad con los afectados, expresamos nuestra confianza en las autoridades veterinarias y en la capacidad de controlar la situación por parte de nuestros Ministros de Agricultura, subrayamos la importancia de contar con alimentos sanos y dijimos que el presupuesto europeo ya está cerrado o es inalterable en este contexto. 
En el círculo de Jefes de Estado y de Gobierno en Estocolmo no creímos estar en condiciones de debatir la política agrícola. 
Pensábamos que nuestros Ministros de Agricultura ya lo habían hecho. 
También se está preparando para el año 2003 una revisión de la política agrícola europea. 
No había motivos, por tanto, para llevar a cabo un gran debate, pero queríamos expresar nuestra solidaridad con los afectados y, obviamente también, demostrar que somos conscientes de que hay Ministros de Agricultura, autoridades veterinarias y una Comisión que realizan un excelente trabajo. 
Finalmente nos ocupamos también del cambio climático. 
Es inaceptable que una de las partes se retire de las negociaciones de Kioto. 
Las negociaciones de Kioto son el instrumento que tenemos para manejar el cambio de las condiciones de vida esenciales que representa el clima. 
Cuando vemos que especialmente EE.UU. envía esta señal, nos resulta imposible aceptarla. 
He escrito una carta, junto con el Presidente de la Comisión, al presidente americano exponiéndole nuestra preocupación. 
En este momento el Ministro de Medio Ambiente sueco está en EE.UU. junto con la Comisaria de Medio Ambiente y después viajará a Irán, Japón y China para llevar a cabo conversaciones. 
Consideramos necesario subrayar la declaración, aprobada por el Consejo Europeo en Estocolmo como complemento de las conclusiones, que confirma la validez del Protocolo de Kioto. 
Por tanto, nos atendremos a este proceso. 
Así ha sido, brevemente, la Cumbre de Estocolmo, una reunión que resultó, de algún modo, una vez más, ordinaria para la Unión. 
Volvimos a los asuntos que afectan a las personas y a sus vidas cotidianas. 
Ha sido un período intenso, con muchas responsabilidades internas. 
La Presidencia francesa resolvió con buen éxito la toma de responsabilidades y de decisiones en la Unión del futuro. 
Ahora levantamos la mirada una vez más y apuntamos a aquello que concierne directamente a los individuos en su vida diaria. 
No conseguimos buen éxito en todos los asuntos, pero no cabe duda sobre la dirección en que se mueve la Unión. 
Así es cuando la política funciona bien: se llega a acuerdos, se avanza paulatinamente y se consiguen resultados. 
Éste ha sido también el anhelo de la Presidencia sueca. 
Estoy convencido de que España, país que ejercerá la Presidencia la próxima primavera, continuará avanzando. 
De esta manera crearemos la Unión que hemos soñado, una Unión dinámica, con éxito y con cohesión social. 
Somos conscientes de que no sobreviviremos si no atendemos a las condiciones ecológicas. 
(Aplausos) 
. (IT) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, señoras y señores diputados, la última vez que intervine ante este Pleno fue para presentarles el primer "informe de primavera" de la Comisión al Consejo Europeo. 
Como recordarán, nuestro informe resume los progresos realizados por Europa en lo referente a la implementación de la agenda económica y social acordada en Lisboa. 
La Cumbre de Estocolmo ha sido la primera Cumbre específicamente dedicada a evaluar dichos progresos y a fijar las prioridades de cara a los próximos doce meses. 
Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer al primer ministro, Sr. Persson, la firmeza, la calma y la energía con las que presidió y organizó los trabajos de Estocolmo. 
Asimismo he valorado mucho la oportunidad que nos ha brindado de reunirnos con el Presidente Putin y de tratar con él la asociación entre la Unión Europea y Rusia. 
Este encuentro ha sido muy alentador y ha confirmado el papel estratégico de Rusia. 
De hecho, el Presidente Putin nos ha asegurado que Rusia y la Unión Europea comparten valores comunes. 
Por nuestra parte, hemos aclarado que queremos contribuir a la plena integración de Rusia en nuestra comunidad de valores, así como arbitrar los instrumentos de cooperación más adecuados no solo en el terreno económico, medioambiental y energético, sino también en lo referente a la defensa, la seguridad y la tutela de los derechos democráticos. 
En cuanto a este aspecto, a pesar de que ayer acogimos con satisfacción el anuncio de un ulterior programa de reforma, no podemos disimular nuestra preocupación por la contemporánea tendencia hacia un progresivo control de los medios de televisión por parte del Gobierno. 
La discusión, como decía el primer ministro Persson, se ha centrado especialmente en las reformas económicas en Rusia, aunque luego se ha examinado la situación en la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
El Consejo Europeo, según lo previsto, ha asegurado al Presidente Trajkovski su total apoyo a la integridad territorial de la antigua República Yugoslava de Macedonia y, al mismo tiempo, sin embargo, la Unión Europea ha pedido al Presidente Trajkovski que tenga en cuenta la reivindicaciones de la minoría albanesa en su país. 
Con todo, sería un error permitir que la actual crisis en la antigua República Yugoslava de Macedonia nos aleje de nuestro objetivo de fomentar una mayor integración de ese país con la Unión Europea. 
La inminente firma del primer Acuerdo de estabilización y asociación con la antigua República Yugoslava de Macedonia responde precisamente a este planteamiento. 
Quiero subrayar que la credibilidad de la Unión Europea depende, en gran medida, de nuestra capacidad no solo de fijar objetivos políticos y estratégicos, sino también de intervenir rápida y eficazmente en el territorio. 
Al mismo tiempo, debemos trabajar por la estabilidad a largo plazo de la región de los Balcanes, y esto significa utilizar todos los instrumentos de que disponemos para llegar poco a poco a integrar toda la región en la Unión Europea. 
La desaparición de escena de Milosevic marca un importante paso adelante en esta dirección y pone fin a años de odio y de guerra. 
Ahora quisiera volver a abordar el debate sobre la agenda económica y social en el ámbito del Consejo Europeo. 
Concuerdo con el primer ministro Persson cuando dice que en Estocolmo reinaba un clima de legítimo optimismo entre los jefes de Estado y de Gobierno. 
Hace un año, en Lisboa, sentíamos aún una especie de complejo de inferioridad con relación a la fuerza de la economía americana. 
Hoy, las cosas han cambiado y podemos comprobar que Europa ocupa una posición de fuerza desde tres puntos de vista. 
En primer lugar, ha comenzado la modernización de nuestra economía, en segundo lugar, tenemos una Agenda social orientada a reconstruir el modelo social europeo sin desvirtuar su carácter; en tercer lugar, estamos empleándonos a fondo con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible que incluya asimismo la dimensión medioambiental. 
La posición asumida recientemente por los Estados Unidos al respecto es preocupante. 
Nuestra preocupación se ha reflejado en una carta, firmada por el primer ministro Persson y por mí, remitida al Presidente Bush. 
Así y todo, Europa debe continuar actuando de manera coherente y tiene la obligación de ejercer el liderazgo en este sector clave. 
Hace un mes, ante este Pleno, tuve la ocasión de insistir en el problema de la distribución del trabajo y de la exclusión social. 
Por esto, es necesario intensificar nuestros esfuerzos para modernizar el modelo social europeo en el marco de la agenda adoptada en Niza. 
A este propósito, quisiera volver a insistir en la necesidad de adoptar estrategias más claras para hacer frente a la cuestión del envejecimiento de nuestra sociedad. 
Es precisamente en este sentido que la Comisión se ha comprometido anunciando la presentación de una comunicación sobre la calidad y la sostenibilidad de las pensiones a la vista de los cambios demográficos. 
En virtud de estas premisas, la Comisión ha exhortado al Consejo Europeo a comprometer a los Estados miembros en tomar la iniciativa al menos en seis sectores clave, en los que es necesario dar un nuevo impulso. 
Ante todo debemos potenciar más, si cabe, las conocimientos y la formación en la tecnología de la información. 
El miércoles pasado, la Comisión ha adoptado, por otra parte, el plan de acción e-Learning, que prevé medidas específicas para la formación de y asociaciones entre los centros de enseñanza, empresas e industrias. 
En segundo lugar, el programa GALILEO. 
En Estocolmo ilustré al Consejo Europeo el estado de la situación, incluido el nuevo compromiso del sector privado con facilitar recursos financieros inmediatos del orden de 200 millones de euros. 
Esto supone que no ha de haber ningún motivo de vacilación por parte de los Estados miembros. 
En efecto, se ha tomado un claro compromiso político unánime de los jefes de Estado y de Gobierno de cara a la rápida ejecución de este proyecto. 
Asimismo quisiera aprovechar esta ocasión para reiterar que ya no caben tergiversaciones: un proyecto de esta magnitud estratégica para todos los ciudadanos europeos para los próximos veinte años no puede ser frenado por discusiones sobre detalles irrelevantes. 
Lo que deciden los primeros ministros deberá ser llevado a cabo por los ministros sectoriales que tienen que hacerse cargo de la puesta en práctica de los proyectos. 
En tercer lugar, los mercados financieros. 
Desde hace tiempo la Comisión respalda la necesidad de un mercado financiero integrado a escala europea. 
Precisamos un sistema reglamentario que nos permita ir al compás de este mercado en rápida evolución. 
Por consiguiente, me satisface que le Consejo haya resaltado la importancia de este sector y sus enormes potencialidades en términos de creación de empleo y de reducción de costes. 
Tal como se aconseja, se creará un Comité europeo de títulos, presidido por la Comisión. 
Dicho organismo desempeñará las funciones de comité regulador y asistirá a la Comisión en las decisiones sobre medidas a adoptar para dar concreta ejecución a los actos legislativos acordados entre el Consejo y el Parlamento en codecisión. 
De esta manera, podremos intensificar nuestros esfuerzos conjuntos para lograr un mercado de títulos integrado, una de las principales lagunas de nuestro mercado interior. 
Por lo tanto, la Comisión presentará antes del verano importantes propuestas en esta materia y hago un llamamiento a este Pleno para que dichas propuestas se examinen rápidamente. Se me antoja necesario que el debate al respecto debe seguir en el ámbito del procedimiento de codecisión y de voto por mayoría cualificada. 
Cuarto: la patente comunitaria. 
Los avances en este campo han chocado con las preocupaciones de algunos Estados por distintos aspectos que van del lingüístico a la reducción de los ingresos de las oficinas de patentes nacionales. 
Debo decir que estas posiciones nacionales parecen contradecir los intereses de sus propios agentes económicos que luego nos piden insistentemente una patente europea sencilla, clara y a coste competitivo. 
Espero sinceramente que esta situación se pueda resolver. 
El Consejo y el Parlamento deben adoptar cuanto antes iniciativas concretas para traducir los compromisos asumidos en Lisboa en acciones. 
Como es sabido, actualmente se encuentra paralizada toda una serie de importantes propuestas a la espera de que España y el Reino Unido encuentren un acuerdo bilateral sobre Gibraltar. 
La Comisión, por su parte, no dejará de contribuir a una rápida solución a este problema. 
Por otra parte, ambos Estados han aceptado reanudar la negociación al respecto. 
Sexto: los servicios postales. 
Deben ser desregulados a finales de 2001, a más tardar, y la liberalización de los mercados energéticos seguirá sobre la base de las propuestas que ya hemos presentado y que son absolutamente claras y concretas. 
En lo que se refiere al reto demográfico, el Consejo Europeo ha reconocido lo importante que es garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, de los servicios sociales, de la asistencia sanitaria y de las pensiones. 
Sea como sea, la problemática de la sostenibilidad tendrá que afrontarse en el marco de una estrategia europea más general para el desarrollo sostenible que va a ser uno de los temas principales de la Cumbre de Goteburgo en junio. 
Asimismo, en el futuro, la Comisión incluirá el desarrollo sostenible en el informe anual de primavera. 
En efecto, a partir de la próxima Cumbre de primavera- éste es un punto extraordinariamente importante- la Comisión presentará un único informe, al objeto de convertir los trabajos preparatorios en más transparentes y más claros. 
De este modo, podremos al fin concentrarnos más en los aspectos políticos que en los detalles técnicos y convertiremos- y esto es más importante todavía- en más comprensible para la opinión pública la apuesta en juego. 
Señorías, Estocolmo no ha proporcionado una excelente base para guiar nuestra acción durante los próximos doce meses. 
Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo: no hay otra manera de conquistar el respaldo de la opinión pública al proyecto europeo sino a través de una acción eficaz de la Unión Europea. 
La mejor manera para perder dicho respaldo es multiplicar las promesas no cumplidas. 
Debemos llenar la divergencia entre la retórica y la realidad en Europa. 
No cabe duda de que es útil y necesario concordar objetivos, crear task forces, establecer indicadores y enfoques estratégicos, sin embargo, lo cuenta son los hechos: hechos como la creación de puestos de trabajo, la divulgación de nuevos conocimientos; hechos como la contratación y la formación de nuevos profesores; hechos como las medidas de los parlamentos nacionales para reducir la burocracia; hechos como las acciones de los Gobiernos y de la industria para invertir en las personas. 
Los ciudadanos quieren una Europa que mantenga las promesas y la Comisión continuará haciéndolo con energía y con la máxima dedicación. No obstante, nos corresponde a todos nosotros, a todas las Instituciones y ante todo al Parlamento Europeo, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales, conseguir que después de Estocolmo nuestras palabras se materialicen en acciones concretas. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo Europeo, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas; señor Presidente del Consejo Europeo, nuestro Grupo político acoge con satisfacción su presencia hoy aquí. 
Si vuelve a comparecer ante el Pleno después de la Cumbre de Goteburgo, tal como naturalmente estamos autorizados a esperar, habrá acudido en tres ocasiones. 
Esto es una buena señal y yo espero que las Presidencias posteriores sigan su ejemplo. 
Sin embargo, no se congratule demasiado pronto, pues también voy a formular algunas críticas. 
Aun así, vuelvo a resaltar que acogemos con satisfacción su presencia hoy aquí. 
También entendemos que para usted personalmente constituye el inicio- al cabo de tres meses, todo sea dicho- de un diálogo con todos los Grupos del Parlamento Europeo, tal como que ya venimos manteniéndolo con su Ministra de Asuntos Exteriores y también con el Sr. Danielsson. 
Esperamos que también represente el inicio de una nueva etapa para ustedes. 
Todavía tienen una gran oportunidad de hacer realidad en los tres meses restantes la cualidad que Suecia simboliza, concretamente la transparencia. 
En estos momentos estamos negociando justamente sobre el acceso a los documentos. 
Yo le pido que tome cartas en el asunto y dirija la actuación del Consejo de manera que podamos alcanzar un resultado favorable para el Parlamento, o sea, que el Parlamento pueda considerarse satisfecho con el resultado alcanzado en las negociaciones con el Consejo. 
La Cumbre de Estocolmo- como ya ocurrió en la Cumbre de Lisboa- se ha expresado con un lenguaje muy ambicioso, que a mi me parece algo exagerado. 
Nos convendría ser un poco más modestos. 
Se habla de la Unión como el espacio económico basado en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo. 
Cuando se escogen palabras tan ambiciosas, es preciso someterse, naturalmente, a la prueba de los hechos. 
Usted mismo ha manifestado críticamente que lamentan que no se hayan liberalizado los servicios postales ni los mercados del sector energético y no se haya señalado una fecha para su liberalización. 
Yo quiero replicarle sinceramente que esto es así porque un Estado miembro, concretamente Francia, no deseaba que se fijase una fecha y la República Federal de Alemania le apoyó. 
¡Esto es cooperar en la negación y el bloqueo! 
No es así como nosotros concebimos la cooperación franco-alemana. 
Ésta no debe servir para poner trabas, sino para hacer avanzar a Europa. 
Yo insto a los Gobiernos de Francia y Alemania a que así lo hagan. 
(Aplausos) 
Señor Presidente del Consejo Europeo, usted tiene fama de sentir particular aprecio por el método comunitario. Mejor dicho, aprecia la cooperación entre los Gobiernos. 
Sin embargo, ¡este es exactamente el resultado cuando sólo se pone el acento en la cooperación entre los Gobiernos y no en el método comunitario! 
El resultado es el bloqueo. 
Al final, los perjudicados son justamente los países pequeños, pues los grandes dominan esta Europa y no contribuyen a hacerla avanzar. 
(Aplausos) 
Nosotros nos congratulamos sinceramente de los progresos conseguidos en relación con el tema del mercado de valores y de los servicios financieros. También agradecemos su compromiso en este contexto, pero queremos manifestar con toda claridad- y estas palabras van dirigidas tanto al Consejo como a la Comisión- que esperamos que se respeten las competencias legislativas del Parlamento Europeo y que en el futuro éste participe debidamente en las decisiones legislativas. 
Vamos a insistir en que así se haga; la advertencia va dirigida a ambos, al Consejo, pero también a la Comisión. 
Señor Presidente del Consejo Europeo, una observación crítica sobre los problemas en el ámbito de la política exterior: la viuda de Andrei Sajarov, Helena Bonner, se reunió ayer con nuestro Grupo. 
En el mismo momento en que acudía a reunirse con nosotros, recibimos la noticia de que la última emisora de televisión libre de Rusia va a quedar bajo el control del Estado. 
La libertad de prensa y de los medios de comunicación es uno de los fundamentos de la democracia, no sólo en la Unión Europea, sino también en Rusia. 
Las declaraciones del Presidente del Gobierno de Rusia, Sr. Putin- y yo me congratulo de que le haya invitado -, sobre Chechenia ante las cámaras de televisión constituyen una ofensa, no sólo contra la población de Chechenia, sino contra la dignidad humana en general. 
Habríamos aplaudido que usted le hubiese replicado de inmediato ante los representantes de los medios de comunicación. 
(Aplausos) 
Lo que está ocurriendo en Rusia nos parece muy serio, pues coincidimos con usted en que en el siglo XXI sólo será posible lograr la estabilidad en Europa si contamos, por un lado, con una Unión Europea fuerte y con capacidad de actuar y, por el otro lado, con una Rusia estable y esperamos que también democrática. 
En efecto, la hermosa ciudad de San Petersburgo no es el único símbolo de Rusia- en esto coincido con usted- sino que el símbolo de la Rusia del futuro es el respeto de la democracia, la libertad de prensa y los derechos humanos. 
Así debemos decírselo también con toda claridad al Gobierno ruso. 
También quisiera referirme a otra cuestión, concretamente a los acontecimientos en la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
Yo apoyo firmemente que el Alto Representante, Javier Solana, y Chris Patten, miembro de la Comisión Europea, así como la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Anna Lind, en su calidad de Presidenta en funciones del Consejo, presten especial atención a este tema y que todos mantengan, según parece, una buena colaboración, a pesar de todas las complicaciones institucionales que comporta. 
Sin embargo, esto no debe preocuparnos ahora. 
La antigua Yugoslavia constituye nuestra prueba de fuego, allí tenemos que demostrar si somos capaces de contribuir a la paz y la estabilidad en la zona. 
Si fracasamos allí, ¡ya podemos renunciar a cualquier aspiración de ejercer una influencia en la política mundial! 
Tenemos que centrar nuestras prioridades en Europa y ahora mismo muy especialmente en la antigua Yugoslavia. 
Esto enlaza con el último punto de mi intervención: en Goteburgo van a contar con la presencia del Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. 
Nuestro Grupo político mantiene una estrecha amistad y cooperación con los Estados Unidos de América. 
Siempre ha sido así. 
Por esto, ahora queremos decirle también a nuestro amigo americano que nos parece inadmisible que América abandone el Protocolo de Kioto y lo criticamos con toda firmeza. 
Aceptamos que América reclame un reparto de las cargas en el ámbito de la política de seguridad y defensa y que exija que los europeos contribuyamos más a ella. 
Pero también existe un reparto de las cargas en materia de protección del medio ambiente. 
No puede ser que toda la responsabilidad recaiga sobre algunos países, mientras otros se desentienden de ella. 
El reparto de las cargas también se debe aplicar en el ámbito de la política medioambiental. 
(Aplausos) 
Yo quiero alentarles a que dejemos oír con firmeza nuestra voz. Nosotros estamos a favor de Europa y de nuestros valores. 
Si continúan consiguiendo buenos resultados- y esperamos que en Goteburgo sean aún mejores que en Estocolmo -, su éxito será nuestro éxito común. 
Yo les deseo que lo consigan y nosotros, con ustedes. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo quiero agradecer al Sr. Presidente del Consejo que venga por segunda vez al Parlamento y que haga una exposición clara y concisa. 
Hemos comprobado que tiene un buen toque de balón, porque la Europa del deporte es también una Europa que tenemos que construir conjuntamente. 
Le felicito por ese acuerdo. 
Subrayo que se ha añadido un elemento en nuestras relaciones, y es que tienen ustedes la posibilidad de actualizar las relaciones entre el Parlamento y el Consejo. 
Estamos todavía al nivel del Acta Única; tenemos el procedimiento de codecisión y tenemos política exterior y de seguridad común y esperamos poder llegar a un acuerdo con ustedes, para que haya una relación equilibrada en el terreno legislativo entre el Consejo y el Parlamento. 
Respecto a su informe, nos parece positivo que se continúe por el camino de Lisboa; es un camino largo y, como dijo el poeta Antonio Machado, se hace al andar. 
Para nosotros es absolutamente clave el equilibrio entre creación de empleo, competitividad y cohesión social. 
Ha añadido usted un elemento muy oportuno: la necesidad de que los europeos reflexionemos sobre nuestra realidad demográfica otoñal, que realicemos una política de inmigración y que pensemos en las pensiones. 
Creo que ése es el marco en el que tenemos que trabajar conjuntamente y, sobre todo, quiero agradecer que la Presidencia sueca insista siempre en la importancia de la cohesión social, porque creo que eso expresa un valor fundamental para los europeos. 
Hay algunas cuestiones pendientes: en relación con el desarrollo sostenible, puede contar con todo nuestro apoyo; sobre la liberalización del mercado de capitales, que creemos necesaria, ustedes han apoyado el informe Lamfalussy y han planteado una vía que no prevé que el Parlamento tenga la posibilidad de control democrático de las normas que se están elaborando. 
A pesar de ello, creo que estamos en el buen camino. 
En cuanto a la liberalización de los servicios y la energía y el gas, el Grupo socialista piensa que ésta, además de su valor intrínseco, plantea una cuestión clave, como son las relaciones de poder en la sociedad y en la economía. 
Debemos tener en cuenta a los ciudadanos, así como la obligación de prestar los servicios de interés general. 
No queremos que los monopolios públicos se vean sustituidos por monopolios privados. 
Criticamos mucho a Estados Unidos porque el Presidente Bush unilateralmente ha denunciado el Protocolo de Kyoto, pero no nos preguntamos nunca por qué lo ha hecho. 
Si ven ustedes cómo se ha financiado la campaña electoral estadounidense, comprenderán por qué el Presidente de Estados Unidos ha cedido a los intereses de las grandes compañías petroleras: porque ha recibido una subvención masiva de ellas. 
Ese problema se nos plantea a nosotros también, ahora que estamos discutiendo el estatuto de los partidos políticos. 
Es lo que se llama el "soft money" y el "hard money". 
La financiación debe tener limitaciones y un principio fundamental de la democracia es que no haya acumulaciones de poder. 
Para nosotros es esencial que no haya poderes económicos ilimitados. 
En cuanto a nuestras relaciones exteriores, estamos muy preocupados, no sólo porque Estados Unidos haya denunciado unilateralmente el Protocolo de Kyoto, sino también porque advertimos una creciente visión unilateral de Estados Unidos en relación con cuestiones que afectan a la comunidad internacional. 
Eso está ocurriendo en Oriente Medio y en los Balcanes, y creo que es importante que los europeos, en esa relación transatlántica fundamental que tenemos, señalemos a nuestro interlocutor que no compartimos esa configuración de las relaciones internacionales. 
Debemos hacerlo al principio de la Presidencia estadounidense, para lograr una relación equilibrada y positiva. 
Y, por último, permítanme que hable del futuro de Europa. 
La Presidencia sueca tiene la responsabilidad de organizar el debate democrático y transparente sobre el futuro de Europa, según la mejor tradición sueca. 
Ustedes han lanzado el debate virtual en la página web; nosotros lo hicimos una semana antes, pero estamos en su línea. 
Ahora bien, un debate es algo más que una página web. 
Un debate serio y abierto, tiene que hacerse con la sociedad civil, con las fuerzas sociales y políticas, pero también tenemos que saber cómo queremos decidir y organizar el futuro de Europa. 
Y en esto hay una propuesta en la que coinciden la Comisión y el Parlamento, que es la de organizar un debate en tres fases, con un método de trabajo inspirado en la convención, para culminar en una conferencia corta y decisiva. 
La Presidencia sueca, en el Consejo Europeo de Goteburgo, deberá considerar, apoyar y mejorar esta propuesta. 
En nombre del Grupo Liberal me gustaría dar las gracias a la Presidencia sueca por su competente liderazgo de la UE y por empezar éste con buen pie. 
Tenemos grandes esperanzas en lo relativo a las causas de cartel suecas y esperamos que Suecia también haga de la transparencia una causa de cartel. 
En este punto, todos podemos aprender de Suecia. 
Debemos tener acceso a más documentos y resulta absolutamente inaceptable que estemos en este Parlamento sin saber qué dicen y hacen nuestros propios ministros en el Consejo cuando legislan. 
Esto debe cambiar. 
Nos causa hilaridad ver al señor Ministro de Exteriores sueco, quien procede de un país neutral no alineado, viajando con sus nuevos compañeros de viaje, el Comisario de Asuntos Exteriores, Sr. Patten, y el ex-Secretario General de la OTAN, Sr. Solana, y también nos causa hilaridad escuchar hoy al señor Primer Ministro sueco abogar por una política exterior comunitaria. 
Esperamos que él también descubra el precio de emplear las instituciones europeas, es decir, el método comunitario, antes que el internacional, como le gustaba hasta ahora. 
En Macedonia esperamos de todo corazón que se logre garantizarles una mayor igualdad a los albaneses. 
Éste es el único camino para la paz. 
¡Ojalá también pudiéramos aprender a actuar antes de que los extremistas comiencen a utilizar la violencia de modo que sean los moderados y no los violentos quienes reciban la gloria de los resultados! 
En lo relativo a la ampliación, que es asimismo una prioridad sueca, nos gustaría ver un compromiso aún mayor por parte sueca. 
Es lo más importante para la paz, la libertad y el bienestar en Europa. 
Asimismo, también ya es hora de preparar la absolutamente necesaria reforma de la política agrícola. 
En el Grupo Liberal esperamos que escuche a nuestro colega, Karl Erik Olsson, quien le ha propuesto la celebración de una mesa redonda con los nuevos países sobre la futura política agraria. 
Ya es hora de abordar esta cuestión. 
Le deseamos suerte, Sr. Persson, y con respecto al proceso de Lisboa, mi colega liberal tomará más tarde la palabra y comentará sus palabras. 
Señora Presidenta, señoras, señores, creo que ha habido elementos positivos en las declaraciones del Presidente del Consejo y del Presidente de la Comisión, en particular cuando el Sr. Persson se ha pronunciado firmemente sobre la postura de Estados Unidos frente al Protocolo de Kyoto, y cuando el Sr. Prodi ha recordado el verdadero reto del proceso de Lisboa: una estrategia integrada, tanto económica como social y medioambiental. 
Dicho esto, por una vez en este Parlamento, se presenta ante el Pleno una resolución común firmada por el Partido Socialista Europeo, por los Ecologistas y por la Izquierda Unitaria Europea. 
El significado de esta resolución es un claro mensaje político dirigido tanto al Consejo como a la Comisión. 
Se basa en una observación, Señor Persson y Señor Prodi: ciertamente, la economía europea es competitiva, pero por el momento no es ni duradera ni suficientemente solidaria. 
No se trata de una declaración a priori: efectivamente, numerosos indicadores dan la voz de alarma ya sea en el ámbito del desarrollo duradero, de la energía- por no hablar de la Política Agrícola Común -, o en el ámbito social, dónde la mayoría de los empleos de nueva creación son precarios, y dónde el peso de los salarios en el valor añadido es insuficiente. 
A este respecto, basta con leer el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
Por tanto, tenemos que cambiar de orientación en materia de desarrollo, para conseguir que sea más duradero y más solidario. 
Éste es el verdadero reto del siglo XXI, sobre el que me gustaría formular brevemente algunas propuestas. 
Señor Bolkenstein, ¿qué hacemos con el impuesto sobre sociedades y el Grupo Primarolo? 
La liberalización de la competencia, Señor Persson, debe ser controlada. 
Necesitamos obligaciones de servicio público. 
Señor Solbes, hacen falta inversiones públicas importantes para alcanzar los objetivos de Lisboa, especialmente en materia de educación y de formación, pero también en materia de transportes y de uso racional de la energía, por ejemplo. 
Señora Diamantopoulou, si el diálogo social fracasa en el tema del trabajo temporal, la Comisión tiene la responsabilidad de proponer normativas que permitan a los ciudadanos vivir dignamente de su trabajo. 
Oí cómo una mujer- una trabajadora de Danone- hacía un llamamiento a la solidaridad diciendo que "se deberían boicotear los productos Danone". 
Creo que sería más razonable que la Unión Europea legislara e impusiera a las empresas obligaciones en materia social y ecológica. 
Nuestro futuro también depende de ello. 
Señora Presidenta, la Cumbre de Estocolmo no fue precisamente el mayor logro diplomático en materia de desarrollo de la Unión Europea; sin embargo, los trabajos del Consejo de Estocolmo sí que reflejaron la realidad de lo que está sucediendo en la Unión Europea en este momento. 
Los dirigentes de la Unión Europea sí que demostraron una solidaridad ante el problema de la fiebre aftosa, que amenaza al sector agropecuario europeo en este momento. 
Los dirigentes europeos actuaron como una fuerza de paz en los Balcanes al ofrecer un oportuno apoyo al Gobierno de Macedonia y hubo un diálogo político y económico pleno con el Presidente ruso, Sr. Putin. 
No cabe duda de que se lograron algunos avances con vistas a la consecución de las metas, fijadas el año pasado en Lisboa, de hacer de aquí al año 2010 de la UE la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento. 
Los Estados miembros de la Unión Europea están comprometidos plenamente con el objetivo del pleno empleo y también consideramos el logro de ese objetivo como una forma importante de afrontar la amenaza del envejecimiento de la población en Europa. 
Las metas en materia de tasa de empleo en la Unión Europea, que se deben alcanzar en 2010, a más tardar, obligan a hacer avances constantes en este período para lograr dichos objetivos. 
El aumento de las tasas de empleo requerirá la aplicación activa de las políticas de empleo previstas en las directrices europeas sobre el empleo. 
No queremos construir una Unión Europea dual: una de los "que tienen" y otra de los "que no tienen". 
Queremos velar por que todos los ciudadanos de la Unión cuenten con oportunidades para integrarse plenamente en la fuerza laboral y en esa medida debemos garantizar la intensificación de los programas de formación y educación para quienes carecen de aptitudes y brindar oportunidades de nueva formación a la mano de obra existente. 
Desde luego, en los 12 últimos meses se han logrado muchos avances en materia de educación y formación de la mano de obra europea sobre los beneficios que nos brindan a todos nosotros la utilización de la red Internet y oportunidades conexas en materia de comercio electrónico. 
El Consejo Europeo abordó la amenaza demográfica del envejecimiento de la población, en la que las personas en edad de trabajar constituyen una parte aún menor. 
La de la forma mejor como la Unión puede abordar los futuros programas de pensiones públicos y privados es una cuestión grave, que todos los Estados miembros de la UE deben abordar con carácter prioritario. 
No se logró un acuerdo sobre la forma mejor de liberalizar los sectores del gas y la electricidad en Europa. 
Sin embargo, existen las estructuras para abordar esas cuestiones pendientes mediante la cooperación entre los Estados miembros de la Unión. 
Sobre este último aspecto, cualquier nueva liberalización de las operaciones de los servicios postales en Europa debe ser justa y equilibrada, pues dichos servicios desempeñan una importante función social y económica en las ciudades rurales y los pueblos de la Unión. 
Desde luego, yo no apoyaré una estructura en la que se liberalicen los servicios postales en Europa y el resultado sea sólo una reducción de la calidad de su funcionamiento en los territorios de la Unión. 
Desde luego, no apoyaré una situación en la que los concesionarios privados elijan las operaciones de los servicios postales que les gusten y sólo presten servicio a zonas urbanas lucrativas, que se beneficiarían de semejantes programas de reforma a expensas de las zonas rurales. 
Por último, no cabe duda de que un logro del Consejo de Estocolmo fue el acuerdo de acelerar la formulación de un planteamiento común para la reglamentación de los servicios financieros en la Unión. 
La aplicación de ese plan ha experimentado retrasos, que en el pasado han impedido a Europa aprovechar plenamente los beneficios del Mercado Único. 
Señora Presidenta. La Presidencia sueca comenzó estupendamente, pero ahora graba su nombre en la historia con nombres suecos bajo más confidencialidad y menor democracia. 
El informe Lamfallussy cede el poder legislativo de los cargos electos de asambleas transparentes a los funcionarios de comités cerrados. 
Suecia tiene en la transparencia una causa de cartel y goza de una cultura de la transparencia de la que todos podemos aprender, sin embargo, en las negociaciones sobre transparencia, Suecia ha aceptado ahora, en lugar de más transparencia, un nuevo conjunto de normas internas que suponen más confidencialidad. 
El 19 de marzo el Consejo decidió encima que las futuras suavizaciones de las normas en materia de confidencialidad deberán ser aprobadas por mayoría cualificada y no como sucede hoy mediante mayoría simple. 
Esto supone que las normas nunca podrán ser suavizadas mientras España, Francia y Alemania no quieran. 
Estos tres países son los malvados en las negociaciones sobre transparencia. 
Y así debe saberlo la opinión pública de nuestros países. 
¿Cómo puede un alemán, Ministro de Exteriores verde, asumir la responsabilidad de la opacidad? 
Las nuevas normas del Consejo en materia de confidencialidad son claramente ilegales. 
El Consejo no puede modificar por sí mismo las disposiciones del Tratado de mayoría simple a mayoría cualificada. 
Las nuevas normas chocan directamente con la cláusula de revisión del Tratado de Amsterdam relativas a las nuevas normas en materia de transparencia. 
No obstante, la Presidencia sueca no ha presentado las normas ante el Parlamento Europeo. 
Hemos de apelar a nuestros colegas de España, Francia y Alemania para que libren ahora la batalla en favor de la transparencia. 
Estos tres países han puesto a la Presidencia sueca en una situación tan incómoda que deben abandonar sus propias causas de cartel en materia de transparencia y sustituir ésta por la opacidad. 
Seguimos teniendo una UE en la que ni el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas ni la Comisión de Control Presupuestario pueden disponer de todos los justificantes para su examen. 
Nos hacen mucha falta las buenas normas suecas en materia de acceso del público a los documentos y libertad de información. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Presidente Prodi ha manifestado su preocupación por la situación de la prensa, de los medios de comunicación en Rusia. 
Creo que el Presidente de la Comisión se duele de algo que ya no tiene remedio. 
Se duele de algo que es la consecuencia de una política que él mismo ha contribuido a construir. 
Esta política de la Unión Europea en relación con Rusia es una política de tolerancia, de casa de tolerancia, señor Presidente. 
Lo que hoy estamos viendo que ocurre con los medios de comunicación, lo vemos ya en Asia central en estos países ex soviéticos en los cuales el Presidente Putin está restableciendo una política poscolonial, una región de cuya importancia estratégica Europa, la Unión Europea, no se da cuenta, al igual que no se da cuenta de la importancia estratégica de la región del Cáucaso. 
Le doy las gracias al presidente Poettering por haber manifestado la preocupación del Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos. 
Sin embargo, invito al Presidente Poettering a hablar con el Sr. Oostlander que ha sido el autor de un informe que iba más bien en la misma dirección de la política propuesta por la Comisión, una política totalmente centrada en el hecho de que la Unión debe garantizar ante todo el abastecimiento de gas y de petróleo de Rusia y que dejaba en segundo plano la construcción y el reforzamiento del Estado de Derecho en la propia Rusia. 
Señor Presidente de la Comisión, ayer, en este mismo Pleno, junto con el Sr. Posselt, pedí por enésima vez al Comisario Nielson una política para Chechenia, una política cuando menos humanitaria, señor Presidente. 
Desde hace meses, mejor dicho, desde hace año y medio venimos pidiendo al Comisario Nielson que vaya a Chechenia: sólo esto, que vaya a Chechenia. 
El Comisario Nielson nos dice y nos repite que la situación no lo permite. 
Ayer le pedí, ya que manifiesta esta preocupación, que viaje a Georgia, que vaya a Azerbaiyán para abrir, cuando menos en estas zonas en que Rusia ejerce su influencia directa, hospitales, como pide el ministro checheno de Sanidad, Sr. Umarkambiev, para que, en lugar de pagar miles de dólares para que les traten en un hospital de Baku, los chechenos puedan disfrutar de asistencia sanitaria. 
El Comisario Nielson ha hecho mutis. 
Yo, señor Presidente de la Comisión, estoy realmente harto y le pido formalmente que revoque al Comisario Nielson el mandato sobre las ayudas humanitarias. 
El Comisario Nielson es un burócrata, señor Presidente: su agenda de viaje está llena de compromisos de cara a los próximos cuatro o cinco años; realiza sus giras para garantizar el cumplimiento de la política de cooperación al desarrollo de la Comisión, pero no dedica atención a los verdaderos problemas de orden humanitario. 
No le pido que le expulse de la Comisión, sólo le pido que le retire esta cartera y que la asigne a alguien que sepa deparar esta atención, que sepa hacer frente por fin a la cuestión de Chechenia. 
Lo que actualmente está ocurriendo en Chechenia es una vergüenza. 
No difiere en absoluto de lo que ocurría y ocurrió en Bosnia, en Kosovo, cosas contra las que, después de años y años, el Parlamento, la Unión Europea al fin se han rebelado. 
Debemos invertir en términos políticos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Persson. 
Quisiera que se abandonaran las prácticas humillantes que empleamos respecto a los miembros del Gobierno de Presidente Mashkadov. 
No es posible que un ministro del Gobierno Mashkadov tenga que pedir visados y deba hacerlo mes tras mes. No es posible que la Unión Europea no sea capaz de conceder un permiso de residencia por tiempo indefinido a aquellos que mañana deberán ustedes visitar y convencer que se reúnan en torno a una misma mesa con los rusos. 
Estos son los interlocutores del futuro y nosotros no encontramos nada mejor que tratarles de manera humillante. 
Todo esto, mientras el Departamento de Estado recibe- y lo hizo la semana pasada- a Akhmadov, el ministro de Exteriores del Gobierno checheno. 
La integridad territorial no es un concepto teórico, es un concepto práctico: un concepto que considera la integridad como el conjunto del territorio que hay que garantizar y no como el permiso para hacer de todo. 
Señora Presidenta, Señorías, el Consejo se ha propuesto el ambicioso objetivo de alcanzar el pleno empleo en Europa para 2010. 
Sin embargo, en ese caso también debería tener claro que la creación de puestos de trabajo requiere que como condición previa que se lleven a cabo de manera consecuente una serie de reformas económicas. 
Los pasos iniciados en Lisboa y anunciados en Niza no tuvieron continuidad en Estocolmo. Allí prevalecieron quienes desean aplicar los frenos. 
La falta de acuerdo sobre la patente comunitaria resulta decepcionante en este sentido. 
La ausencia de una patente europea constituye un enorme freno para la economía europea. Así me lo han asegurado en numerosas conversaciones con grupos de investigadores americanos. 
Si queremos una Europa que fomente el compromiso privado, la voluntad de asumir riesgos y el espíritu de empresa, se deben llevar a cabo esas medidas liberalizadoras que se requieren desde hace ya largo tiempo. 
Deben reducirse en la mayor medida posible las ayudas que distorsionen la competencia y se debe hacer realidad por fin el mercado interior de servicios. 
Me alegra tener nuevamente la ocasión de dar la bienvenida al Primer Ministro y de ver que le acompañan numerosos ministros suecos. 
En los medios de prensa suecos, el Primer Ministro ha resumido la reunión de Estocolmo como una excelente Cumbre europea. 
Viendo los escasos resultados obtenidos, cabe preguntarse cómo sería una Cumbre que fracasase. 
Para los que leemos la prensa y las conclusiones, no queda claro si ocurrió algo más que la visita del Sr. Putin a la Cumbre. 
El documento final de 15 páginas describe principalmente lo que se piensa decidir en ocasiones posteriores. 
Ciertamente se decidió empezar a competir para ver en qué país hay más niños en guarderías y que la Comisión concluirá proyectos ya comenzados. 
Sin embargo, lo más nítido es lo que no se consiguió. 
No se decidió una fecha concreta para la liberalización de los mercados del gas y de la electricidad. 
La Presidencia sueca ha abandonado la idea de liberalizar los servicios postales y no se llegó a acuerdos sobre la patente europea. 
Se dedicó más tiempo a jugar al fútbol que a discutir el asunto que más preocupa a los europeos actualmente, esto es, la crisis agrícola. 
Opino que el Consejo debe evaluar y pensar en el papel de estas Cumbres. 
¿Deben tener un papel institucional relevante para resolver y adoptar decisiones respecto a asuntos importantes que han quedado pendientes en Consejos anteriores o podemos dejar que se transformen en espectáculos con resultados cada vez más escasos y conclusiones más tibias? 
Me preocupa que el Proceso de Lisboa, que empezó bien hace un año, se esté debilitando. 
La próxima Presidencia española tiene una importante tarea, esto es, hacer que Lisboa signifique algo concreto y no sólo palabras. 
La situación actual es tal que el Presidente en ejercicio reconoce que los trabajos no se realizan con la rapidez suficiente como para alcanzar un ritmo de cambios. 
Cuando escuchamos al Sr. Barón Crespo entendemos que los socialdemócratas europeos no lo tienen fácil en este momento. 
Cuando la economía en Europa empieza a decaer no hay motivos para detener las reformas, sino que, por el contrario, hay que demostrar más fuerza para alcanzar mayor competitividad y bienestar. 
Quiero formular dos preguntas al Presidente en ejercicio del Consejo. 
En un punto de las conclusiones se mencionan las próximas negociaciones con la OMC y estoy de acuerdo con lo que se dice allí. 
Por eso quisiera reiterar la pregunta que la vez anterior fue calificada de demasiado nacional, esto es, el impuesto Tobin. 
¿Tiene la Presidencia alguna idea sobre el impuesto Tobin o hay que interpretar las nada tímidas relaciones de los ministros suecos con el movimiento Attac como una postura a favor de un impuesto internacional a las transacciones monetarias? 
Mi segunda pregunta se refiere a la ampliación. 
Se dice que las negociaciones de ampliación avanzan y que constituyen una de las principales prioridades de la Presidencia. 
¿Se van a alcanzar los objetivos propuestos? 
¿Qué se quiere decir con "avances políticos" en las negociaciones? 
¿Puede la Presidencia presentar en la Cumbre de Goteburgo la postura de la UE en relación con los difíciles y delicados temas que están pendientes para que las negociaciones con los países candidatos más adelantados puedan concluir durante 2001? 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, desde el punto de vista de esta Asamblea, debemos acoger con satisfacción el alegre despertar de la primavera en la Cumbre de Estocolmo. 
En efecto, es evidente que la Cumbre de primavera deberá convertirse en la práctica habitual en el futuro para que, además de apostar por una sociedad basada en el conocimiento y orientada hacia el futuro, también podamos vivir realmente en ella. 
Necesitamos una estrategia ambiciosa a favor del cambio, como la que se decidió en Lisboa. Tenemos que reforzar y dinamizar dicha estrategia. 
En Estocolmo se ha sentado una nueva base con ese fin. 
Un paso que también es necesario a la vista de las vacilaciones de la coyuntura mundial, las sombras que se ciernen sobre la economía europea y las caídas de las cotizaciones en las bolsas de valores. 
No debemos subvalorar los éxitos del año 2000, el fuerte crecimiento, las finanzas saneadas, el bajo nivel de las tasas de inflación y los tipos de interés, y la creación de 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo. 
Éstos hablan a favor de la continuidad del proceso de coordinación abierta y de la vinculación entre las políticas económica, social y de empleo. 
Debemos seguir impulsando con firmeza dicho proceso, pues de lo contrario no se conseguirán nuevos progresos. 
También tenemos que enraizarlo en las líneas básicas concretas de la política económica para el año 2001. 
Es preciso que podamos seguir cosechando sus frutos, a pesar de que Europa todavía tiene que superar otras insuficiencias, como por ejemplo, justamente, un crecimiento demasiado reducido y poco duradero, un nivel de desempleo inaceptable y la exclusión de un número excesivo de personas. 
La Cumbre Europea apuesta acertadamente por las reformas económicas, un buen funcionamiento de los mercados y su regulación en los casos en que resulta ineludible aplicar unos criterios cualitativos en interés de la población. 
En consecuencia, debemos acoger con satisfacción que la Cumbre no se haya centrado exclusivamente en la liberalización y la desregulación, sino que también propugne simultáneamente la regulación a escala europea cuando sea necesaria en interés de la oferta universal de servicios, la justicia distributiva y la protección del consumidor. 
El fomento de las iniciativas empresariales, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y al capital de riesgo y la financiación inicial que les son imprescindibles, también es todavía muy incipiente. 
Es bueno que la Cumbre de la UE haya tomado debidamente en consideración la importancia de la investigación, la innovación y las nuevas tecnologías para la creación de puestos de trabajo y el fomento del bienestar. 
En este contexto es preciso señalar con toda claridad la necesidad de que en el análisis y la aplicación de los fondos públicos y en lo que respecta a su calidad- incluida también la de las ayudas públicas- se preste mayor atención a sus repercusiones en el empleo. 
Quiero decir que también es necesario invertir más en las personas y en mejorar la calidad del empleo. 
Un cambio de rumbo, con el paso de una política de empleo pasiva a otra activa que trascienda los actuales objetivos de la estrategia europea de empleo, deben figurar asimismo en el orden del día. 
Señor Presidente del Consejo, la Presidencia promete más democracia y transparencia en la política económica. 
Pero, ¿dónde quedan éstas en el contexto del plan de acción en el sector financiero y la regulación de los mercados de valores? 
El Parlamento Europeo desea- al igual que ustedes- que el proceso legislativo sea rápido y flexible, y acoge con satisfacción el informe Lamfalussy. 
Sin embargo, seguimos reclamando una plena transparencia y también que se respete la simetría entre las instituciones en el procedimiento de codecisión. 
El Parlamento Europeo desea contar con los mismos derechos que ahora tiene el Consejo. 
Ayúdenos a conseguirlos y ayúdenos también usted, señor Presidente de la Comisión, a lograr que esto sea posible. 
Un último punto: también queremos más democracia y una auténtica cooperación en la adopción de las líneas fundamentales de la política económica. 
La Comisión y también el Consejo podrían contribuir realmente mucho a ello. 
Yo les pido que lo hagan. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, como ha anunciado mi compañero de Grupo, el Sr. Haarder, en su intervención, voy a centrarme en los aspectos específicos del seguimiento del Consejo Europeo de Lisboa. 
En este aspecto, nuestro Grupo es crítico, por entender que los resultados son pobres. 
En Lisboa se acordó un proceso de liberalización económica, un proceso de reformas estructurales, la consolidación del mercado único europeo y el avance hacia un mercado único de servicios, con la ambición de hacer de la economía europea la más competitiva a nivel internacional para el 2010, sin renunciar, obviamente, a su dimensión social ni a los niveles de bienestar que caracterizan a las sociedades que pertenecen a la Unión. 
Sin embargo, en este Consejo Europeo nos hemos encontrado con que los intereses particulares de los Estados miembros han bloqueado procesos de liberalización necesarios. 
Otros, por litigios internos, como ha dicho el Primer Ministro sueco como Presidente del Consejo, no han podido lograr el acuerdo necesario para el cielo único europeo y, por lo tanto, lo que eran buenos propósitos en Lisboa no se han podido concretar. 
De ahí que nuestra evaluación sea crítica y que pensemos que los resultados han sido pobres. 
Señor Presidente, a mi juicio, la Cumbre de Estocolmo se centró en el desarrollo del mercado interno, es decir, en las liberalizaciones económicas a que se ha hecho mención. 
Los aspectos sociales, particularmente el desempleo, quedaron casi intactos. 
Göran Persson, la intención era que la Cumbre se ocupara del empleo y de la política del empleo. 
Sin embargo, hay dos clases de políticas de empleo. 
Una de ellas consiste en aumentar la oferta en el mercado laboral a través de la incorporación de más personas a éste, es decir, aumentando la denominada cuota de empleo. La otra consiste en disminuir el número de desempleados. 
Éstas son dos políticas diferentes. 
En Estocolmo ustedes dedicaron todos los esfuerzos a ampliar la fuerza de trabajo agregando nuevos grupos al mercado laboral. 
Se quiere disminuir el número de mujeres que se quedan en sus hogares y se pretende mantener a los mayores en el mercado laboral unos años más. 
No tengo nada en contra de las medidas que aumentan la oferta de mano de obra, pero nadie puede sostener que se haga un favor a los desempleados. 
Es más bien al revés, los 14 ó 15 millones de desempleados tendrán que competir con más personas por los puestos de trabajo, al mismo tiempo que los salarios se reducirán. 
Ambas políticas de empleo podrían haberse combinado aumentando el empleo y combatiendo el desempleo, proponiendo una disminución de la jornada laboral a 35 horas a la semana, o a seis horas diarias. 
Se ha dicho que una disminución de la jornada laboral no significaría nuevos trabajos, pero esto no es aplicable a empleos bajos en los que hay una relación muy clara entre la disminución de las jornadas y el aumento de los puestos de trabajo. 
Además, la disminución de la jornada de trabajo es aplaudida por los que ya tienen un empleo, ya que les facilitaría la combinación del trabajo con la vida familiar. 
Me gustaría ver medidas que favorezcan a los desempleados. 
Aún estamos a tiempo, puesto que quedan algunos meses de Presidencia sueca. 
Quisiera ver medidas que se dirijan especialmente a los desempleados y que les ayude en su actual situación. 
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención lo que ha dicho el Presidente de la Comisión- por otra parte, ya nos habíamos enterado por la prensa- y me permito pedirle una cosa. 
El Presidente Prodi subraya justamente que el vaso está medio lleno y medio vacío, que se han obtenidos logros, aunque no todos. 
Tiene razón. 
Sin embargo, quisiera que con mucha determinación y con igual valor, como ha hecho otras veces, recordara que el próximo año entrará en vigor la moneda única y que si antes de entonces no se culminarán algunas grandes reformas que no se llevaron a cabo en Estocolmo, corremos el riesgo de tener una moneda sin un gobierno de la economía, con las consecuencias que ya vemos hoy en Europa y en el mundo. 
Los temas de la energía, de la liberalización de la energía, de la patente única son temas fundamentales. 
Señor Prodi, creo que usted prestaría un gran servicio a Europa denunciando abiertamente- y pienso y confío en que lo hará- con mucho valor y determinación que se trata de cosas esenciales que han de hacerse enseguida, en interés de todos los Estados europeos. 
Señor Presidente, se trata sin duda de una paradoja política. Así podemos denominar la firma del pacto de estabilidad y de asociación entre la Unión Europea y Macedonia que se celebrará el próximo lunes en Luxemburgo. 
Los permanentes esfuerzos de ambas partes para prevenir la división étnica de la antigua República Yugoslava de Macedonia, FYROM, así lo demuestran. 
Debemos ver con el mismo espíritu el deseo europeo de que los líderes de todos los partidos con representación en el parlamento macedonio- es decir, macedonios eslavos y albaneses- asistan a dicha ceremonia. 
La simbología es clara. 
Todo el arco político macedonio demostraría de este modo que opta por un rumbo pacífico y europeo. 
¿Política simbólica engañosa y, por lo tanto, peligrosa por parte de Europa? 
La clara explicación otorgada por el Consejo Europeo de Estocolmo parece contradecir dicha interpretación negativa. 
Lo mismo resulta de aplicación a los incontables esfuerzos diplomáticos realizados por Solana y Patten en relación con Macedonia y Kosovo. 
El papel de la OTAN no puede dejarse de lado en esta política europea en materia de control de situaciones de crisis. 
La información que me llegó ayer a través de la prensa tampoco encaja en esta imagen optimista. 
Según esta información, el comisario Patten ha solicitado seis compañías adicionales de la KFOR para reforzar el control fronterizo entre Kosovo y Macedonia. Una solicitud que encaja plenamente con la declaración del Consejo Europeo de Estocolmo. 
Según el comunicado de prensa, tan solo tres países habrían respondido a la solicitud de Patten. 
Señor Presidente, si Europa desea frustrar el escenario yugoslavo para Macedonia en función de las posibilidades, se deberán emplear los medios de presión europeos y americanos de forma óptima. 
Señor Presidente, el Consejo de Estocolmo se había planteado, en el ámbito económico y social, un gran objetivo estratégico: crear las principales condiciones necesarias para que Europa sea una zona competitiva y con pleno empleo. 
Sin embargo, las conclusiones del Consejo dan una impresión dual, bastante extraña, de intervenciones sin comedimiento por un lado y de abstenciones por otro. 
En cuanto a las intervenciones multidireccionales, se observa que, en el ámbito económico y social, no hay tema que no haya sido abordado, incluyendo los casos en los que no había nada nuevo que contar. 
El resultado es que no se distinguen claramente las líneas directivas y que, en particular, ya no se diferencia lo que es competencia europea y lo que es competencia nacional. 
Así, el Consejo de Estocolmo se ha preocupado por la viabilidad de los sistemas de protección social, asunto que el Consejo anterior, el de Niza, había reservado expresamente a las competencias nacionales. 
Basta con mencionar de pasada el necesario respeto a la subsidiariedad, para que la máquina siga funcionando como si nada. 
Este método de omnipresencia no plantea únicamente la cuestión de la subsidiariedad, sino también la de la eficacia de la labor del Consejo. 
Dudamos muy mucho que los jefes de Estado y de gobierno hayan podido realmente ocuparse de todos estos temas, y dudamos muy mucho que se pueda conseguir que alguien se movilice mínimamente con métodos como esos. 
La abundancia de asuntos tratados no hace más que resaltar con mayor agudeza la ausencia prácticamente total de vocaciones del euro, que sin embargo nos habían sido planteadas como prioridad número uno para conseguir una Europa competitiva, objetivo principal de Estocolmo. 
Entre el maremagnum, las conclusiones del Consejo indican que, en un plazo inferior a 300 días, el euro debería circular en forma de billetes y de monedas, pero no dicen nada sobre los cambios de organización que podrían evitar su actual debilidad en los mercados de cambio. 
Nada sobre la reciente comunicación de la Comisión sobre este punto, que parece haber sido aparcada. 
Sin embargo, si el euro no se recupera, señor Presidente, es su credibilidad ante los ciudadanos la que terminará por ponerse en entredicho. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo y Primer Ministro, distinguido Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, en la portada del diario Financial Times de ayer, el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Sr. Köhler, increpa con cortesía a los dirigentes políticos de Europa. 
Remitiéndose a la situación económica, afirma: la bajada de intereses por parte del Banco Central Europeo ayudaría indudablemente a la economía europea, pero no estaría de más que Europa llevara a cabo sus reformas con más ambición. 
Cuando, en el mismo contexto, él dice que, con toda probabilidad, el Fondo Monetario Internacional estimará a la baja las previsiones de crecimiento de la zona euro en un 2,5 por ciento para este año, podemos percatarnos de que los actores económicos se han sentido tan decepcionados ante el disparatado Consejo de Estocolmo como nosotros, en el Grupo PPE-DE, aquí en Parlamento. 
Así pues, el crecimiento de Europa ha caído ya por debajo del tres por ciento, índice que, en efecto, fue establecido como objetivo a medio plazo y que sentaba las bases para la mejora y conservación del empleo y de la seguridad social en Europa. 
Estocolmo fue como una mini-Niza sin discrepancias. 
Nadie quiso levantarse a defender los intereses comunes de Europa y la mayoría de los Gobiernos se aferraron a sus propios intereses imaginarios. 
A principios de año, alguien bromeaba imaginando que los objetivos de Lisboa se convertían en las promesas de Nikita Krutchev. 
Él dijo a principios de la década de 1960 que la Unión Soviética superaría en diez años la hegemonía económica de los Estados Unidos. 
Tras Estocolmo, una parte de la broma se hará realidad. 
Y es que cabe recordar que las soluciones requeridas en el ámbito de la patente europea, de la apertura a la competencia de la electricidad, del gas y de los servicios postales, de la flexibilización del tráfico aéreo, del sistema Galileo, etcétera, sólo empezarán a surtir efecto al cabo de entre cuatro y diez años a partir de la adopción de las decisiones políticas pertinentes. 
En todo caso, quiero señalar una decisión positiva adoptada en Estocolmo. 
Por fin se ha podido concretar ligeramente la política sobre la dimensión nórdica. 
Ojalá esto sirva de estímulo, no sólo en lo que respecta a nosotros en la Unión, sino también a los rusos, para buscar y encontrar campos de colaboración adecuados en otros sectores. 
Como finlandés, quisiera preguntarle al Primer Ministro de nuestro querido país vecino y de la Presidencia sueca lo siguiente: En las Conclusiones de Estocolmo consta que la prolongada situación económica favorable que viene experimentando la Unión no habría sido posible sin la Unión Económica y Monetaria. 
¿Ha empezado el Gobierno sueco los preparativos para cumplir sus obligaciones comunitarias adhiriéndose a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria? 
Och på svenska: Sverige är alltid välkommen i klubben (Y también en sueco: Suecia siempre será bienvenida al club). 
Presidente, tan sólo algunas palabras en nombre del Grupo Socialista acerca de las resoluciones políticas relativas a cuestiones internacionales. 
Durante el último fin de semana, todos hemos visto las imágenes de televisión en las que se mostraba la tensión reinante en torno al arresto del ex-presidente Milosevic. 
Nuestro Grupo, al igual sin duda que otros muchos aquí presentes, elogia dicho arresto. 
También sentimos un gran respeto por el modo en que las autoridades de la antigua república de Yugoslavia han llevado a cabo esta acción. 
Debe haberse tratado de una situación francamente difícil. 
Se observó una gran tensión. 
El hecho de que finalmente se haya adoptado esta medida indica que se ha dado otro paso hacia una mayor integración en nuestra comunidad de derecho, también en Europa. 
Asimismo, nuestro deseo sigue siendo que el señor Milosevic comparezca finalmente ante el Tribunal Internacional de Guerra de La Haya. 
Seguimos opinando que la Unión Europea debe mantener la exigencia de que el Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra sea el lugar en el que finalmente liquide sus cuentas pendientes. 
Simultáneamente hemos asistido a numerosas tensiones, probablemente más de las que hubiésemos esperado algunos de nosotros, en las regiones fronterizas de la FYROM. 
Sin embargo, y a pesar de todos los problemas que han surgido, debemos expresar nuestro respeto por el modo en que Chris Patten y Javier Solana han realizado su labor junto con la presidencia sueca. 
Obviamente, los sistemas de alerta rápida aún no funcionan adecuadamente. 
Hubiéramos podido reaccionar con mayor rapidez en algunos momentos. En algunos puntos tampoco encajan perfectamente las estructuras de consulta, aunque disponemos de más medios que antes. 
Estamos en mejores condiciones de actuar en esta zona y comienza a percibirse una política exterior común que consideramos de vital importancia y que desearíamos estimular al máximo. 
El tratado de asociación puede constituir una herramienta excelente en este sentido. 
Aquí, en el Parlamento, estamos dispuestos a aprobarlo lo antes posible y deseamos fomentar todo aquello que facilite los avances en este campo. 
En lo que respecta a Oriente Medio hoy se deberían reunir en Atenas los ministros Perez y Nabil Shadad de la Autoridad Nacional Palestina. 
En realidad, vemos como cada día que pasa caemos un poco más en la espiral de violencia a pesar de que deseamos regresar a los acuerdos iniciales que establecían al menos un control de las facciones de ambas partes y desandar el camino de la violencia. 
Las resoluciones de la ONU, los acuerdos de Oslo... parece como si determinadas cosas no existieran y ambas partes actuaran con gran irresponsabilidad. 
Esperamos que Moratinos, nuestro representante, consiga, junto con Solana y la presidencia sueca, sentar al menos a las partes de nuevo en torno a la mesa de negociación ya que no existe ninguna alternativa. 
O se habla y se negocia- volviendo a lo que se dijo en Camp David y se ponen de nuevo todas las opciones encima de la mesa- o nos veremos abocados a una situación en la que caeremos una y otra vez en la espiral de violencia que tanto parece interesar a las facciones extremistas de ambas partes. 
Lo que me lleva al tercer punto. 
Nos complace que la presidencia sueca haya podido subrayar de nuevo la importancia de la dimensión nórdica. 
Se ha citado San Petersburgo. 
Para nosotros es un aspecto importante. 
Allí disponen de amistades y contactos que ofrecen opciones adicionales. 
Tras lo cual paso al último punto. 
La presidencia sueca ha desempeñado tradicionalmente un papel muy claro, no en el marco de la presidencia de turno de la Unión, sino en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Parece patente que durante la era Bush, las cosas pueden cambiar en el mundo. 
Es importante que Europa- tal y como ha manifestado el señor Barón Crespo en nombre de nuestro Grupo- desempeñe un papel con conciencia de sí misma. No se trata tanto de adoptar una postura "anti"; no debemos caer en los antiguos clichés. 
Nos encontramos en una "aldea global". Lo que más necesitamos es una alianza mundial. 
En este sentido, no se puede aceptar una retirada de Kyoto ni el enfoque unilateral de los Estados Unidos en torno a otras cuestiones la referida al sistema de defensa anti-misiles. 
Nosotros debemos adoptar desde Europa una política inteligente y centrada en la consecución de alianzas, por lo que espero que la presidencia sueca y nuestro antiguo colega Pierre Schori en el Consejo de Seguridad desempeñen un papel excelente en nombre de la presidencia sueca. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al Presidente del Consejo por la excelente Cumbre de Estocolmo. 
Creo que no he sido el único sueco que se ha alegrado porque Suecia, por fin, ha sido anfitriona de los líderes de la Unión. 
En Estocolmo se discutiría la creación de una Europa competitiva. 
Se dijo que lo que se necesitaba ahora eran obras y no retórica comunitaria, pero ¿fue así? 
No, desgraciadamente no tanto como se necesitaba, cosa que el Presidente del Consejo también ha reconocido. 
La reforma de la Unión discurre con demasiada lentitud. 
Fue un fracaso que en Estocolmo no se alcanzasen acuerdos sobre una calendario para la liberalización del mercado energético. 
En cambio, hubo acuerdo para crear un mercado financiero común, que era deseado. 
Los liberales suponemos que el Consejo está preparado para actuar de tal manera que la solución sea aceptada por el Parlamento. 
Se trata, señor Presidente del Consejo, de conseguir arraigo popular y apertura. 
La Presidencia sueca anhela acercar la Unión a los ciudadanos. 
Éste es un excelente anhelo. 
Me sorprende, por esa razón, que durante la Cumbre de Estocolmo no se diese un primer paso para reformar radicalmente la política agrícola y de alimentos, ya que éstos son los asuntos que más se discuten en los hogares europeos e incluso, tengo entendido, en casa del Primer Ministro. 
Finalmente me gustaría recordar que ya ha transcurrido la mitad del tiempo de la Presidencia sueca. 
Hay una cosa que aparece con mucha claridad: cada vez es más difícil para Suecia estar al margen de la UEM. 
Por tanto, mi pregunta al Presidente del Consejo es: ¿Según el Consejo, qué dificultades conlleva para la cohesión de la Unión que el Reino Unido, Dinamarca y Suecia estén fuera de la UE M durante un largo tiempo? 
No me interesa una respuesta de política interna, sino una respuesta de principios, desde una perspectiva comunitaria. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito la declaración de que las futuras cumbres de primavera van a estar dedicadas a la sostenibilidad y agradezco a la Presidencia sueca su capacidad de iniciativa a este respecto. 
Pero, si observáramos el mundo apropiadamente, todas nuestras cumbres serían sobre la sostenibilidad. 
Los efectos sociales y medioambientales de la liberalización del sector energético, por ejemplo, son cuestiones relativas a la sostenibilidad. 
La liberalización por sí sola no nos ayudará a lograr nuestras metas, bastante exiguas, conforme al Protocolo de Kyoto. 
¿Como logrará la liberalización que todos los ciudadanos puedan costearse casas cálidas, si no tienen los ingresos básicos adecuados? 
El desarrollo de nuestro comercio con Rusia, ¿privará simplemente a ese país de sus recursos naturales a cambio del precio más bajo posible? 
¿Cómo se garantizará entonces su desarrollo sostenible en el futuro? 
La sostenibilidad no es simplemente una cuestión nacional. 
Es un concepto internacional e intergeneracional. 
Si lo tomamos en serio, reformará radicalmente el programa de trabajo de la Unión Europea, que resultará mucho más pertinente y apasionante de lo que se cree actualmente. 
Señor Presidente, el sufrimiento y la tragedia continuarán marcando los días y las noches de palestinos e israelíes si la comunidad internacional y la Unión Europea no tomarán la decisión de intervenir con firmeza para restablecer los derechos internacionales y humanos, violados por el Gobierno de Israel. 
No tenemos dos partes con el mismo peso: por un lado, un Estado que nunca ha fijado sus fronteras, amplía los asentamientos y tiene un ejército que es uno de los más fuertes del mundo; por otro, un pueblo y un territorio ocupados, sin Estado ni ejército, que ni siquiera puede ejercer un control sobre la importación de alubias, por no hablar de las fronteras. Desde el 29 de septiembre asediado, bombardeado, encerrado en las aldeas, donde los enfermos mueren en los puestos militares de control; donde médicos y enfermeros sufren agresiones y los diputados no pueden reunirse. 
No hay ningún diplomático de la Unión Europea que no hable abiertamente de las violaciones de las normas internacionales por parte del Gobierno israelí. 
La misma denuncia la hacen las organizaciones de derechos humanos: las Naciones Unidas, Amnistía Internacional o mujeres israelíes como Betrelem. 
Debemos actuar para que se restablezcan las posibilidades de paz y termine la espiral de violencia. 
La Autoridad Palestina no debe escatimar esfuerzo alguno para poner fin al terrorismo de los extremistas palestinos, pero desde Israel el Gobierno Sharon no da señales de paz: asesinatos extraterritoriales, bombardeos, ampliación de los asentamientos, manos libres para los settlers que, en el corazón de Hebrón, han destruido con las bombas piezas arquitectónicas que forman parte del patrimonio de la humanidad. 
Es hora de que la Unión Europea por fin comience a utilizar un medio que resultaría convincente para los líderes israelíes: nada de sanciones o de embargo, vistos los desastrosos efectos de esta estrategia donde ha sido adoptada, pero al menos la suspensión del Acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel que quizás bastaría, según las organizaciones israelíes como "Rabinos por la paz" y otras. 
Considero que esto es muy importante: hemos de dar voz a la paz, pero la paz en el respeto de todos... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, el excesivo optimismo del seguimiento de Estocolmo y los muchos objetivos que figuran en la agenda, a nuestro modo de ver, no se ajustan a la amarga y desalentadora realidad. 
No queda claro cómo, después de la Cumbre de Estocolmo, Europa quiere afrontar racional y concretamente el gravísimo problema del envejecimiento de la población y la consiguiente reducción de la fuerza de trabajo, preocupándose al mismo tiempo de mantener un adecuado estándar de riqueza social. 
La escandalosa y persistente falta de servicios sociales, el discriminante tratamiento de las pensiones, las bolsas de pobreza cada vez más generalizadas en Europa imponen decisiones concretas y valientes. 
Quiero decir con esto que no es suficiente la moneda única sin la reforma del mercado financiero. 
No es suficiente auspiciar la estabilidad de la Unión Europea sin una verdadera y eficaz política exterior. 
Europa, como decía muy bien el Presidente Prodi, se juega su credibilidad, ya que, después de las últimas Cumbres europeas, demasiadas son las promesas hechas e incumplidas, y muchas las expectativas frustradas. 
O se actúa enseguida con firmeza o Estocolmo pasará a la historia como la enésima e inútil etapa de un largo y extenuante camino para tratar de dar a los europeos la Europa prometida. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, permítanme que plantee algunas preguntas en relación con tres cuestiones: ¿Las grandes crisis a las que hemos asistido en Macedonia no son en último término consecuencia de la deficiente coordinación de nuestra política en Kosovo? 
¿No es este el motivo de que no hayamos podido cumplir realmente nuestras tareas allí, de que no se haya desarmado al UCK, de la fragmentación de las responsabilidades entre muchas organizaciones internacionales y también dentro de la propia Unión Europea, de que se siga propagando la crisis, sencillamente porque no cumplimos debidamente nuestras tareas? 
Una segunda pregunta, señor Presidente del Consejo. Aunque el tema no sea exclusivamente de su competencia como resultado de esta última Cumbre, ¿cómo cree que se van a desarrollar las reuniones del Consejo y los Consejos Europeos tras la próxima ampliación, con 27 participantes, si todos los detalles se tienen que discutir allí? 
El Consejo Europeo se creó para que los Jefes de Estado y de Gobierno debatiesen los temas fundamentales. 
Ahora el orden del día incluye a veces 30, 40 o 50 puntos. 
¿No cree que, por la categoría de su puesto, los Jefes de Estado y de Gobierno no deberían hacerse cargo de todos los detalles, con lo cual acaban menoscabando la autoridad de su función y también la del Consejo Europeo? 
El tercer punto que quisiera plantear se refiere al propio Consejo. 
Yo creo que el Consejo de Ministros debe mejorar su transparencia, eficacia y publicidad si queremos llevar a cabo un proceso de reforma. 
El hecho de que todo se traslade al Consejo Europeo se debe, en efecto, a la ineficacia e incapacidad de decisión del órgano más débil de la Unión Europea, que es el Consejo de Ministros. 
No es un tema de su responsabilidad personal, sino un problema estructural que tenemos que abordar urgentemente. 
Por esto yo creo que ahora, cuando nos encaminamos hacia una Unión de 27 miembros, tenemos que plantearnos el tema de la publicidad de la actividad de uno de los legisladores. 
Me refiero al Consejo cuando actúa en su calidad de legislador. El objetivo ha de ser hacer visible que existe una interacción en el marco del debate político en Europa. 
Se deben aclarar las responsabilidades y se tiene que poner de manifiesto que necesitamos mecanismos de decisión que nos permitan alcanzar resultados. 
No podemos descargar toda la responsabilidad en los Jefes de Estado y de Gobierno, en ustedes, una vía que finalmente no permite alcanzar una solución. 
Señor Presidente, quiero empezar dando una vez más la bienvenida al Parlamento Europeo al Primer Ministro de Suecia. 
También quiero felicitarlo por la exitosa Cumbre de Estocolmo. 
Me ocuparé del Proceso de Lisboa. 
Se ha discutido si el proceso tiene éxito y la derecha lo ha criticado diciendo que los avances no han sido suficientes. 
No obstante, depende de cómo se le mire. 
Si se miden los avances de la Europa del futuro sólo en términos de liberalizaciones, está claro que la Cumbre quizás no tuvo éxito. 
Incluso yo, que soy partidario de las liberalizaciones, hubiese deseado más avances en esta materia. 
Sin embargo, lo más importante de la Cumbre de Estocolmo fue el equilibrio, es decir, que las liberalizaciones que a pesar de todo se consiguieron se equilibraron con una política de empleo, con protección social y justicia. 
Jamás podremos crear una Europa para los ciudadanos sin la incorporación de estos elementos. 
Gunilla Carlsson dijo que los socialdemócratas europeos lo teníamos difícil. 
Permítanme mencionar esas "dificultades": una socialdemocracia con un desarrollo económico bastante bueno y con responsabilidad por el desarrollo político en casi todos los países de la Unión. 
Las dificultades están más bien en otros sitios del espectro político, entre los amigos de Gunilla Carlsson. 
Veo la Cumbre de Estocolmo como un éxito, especialmente en relación con el borrador de la Comisión, porque se ha restablecido el equilibrio. 
Existen claros objetivos de empleo, objetivos parciales, objetivos de empleo para los mayores y, me dirijo a Herman Schmid, hay un nexo entre la disminución del desempleo y el aumento del empleo. 
Podría sostener que los objetivos del empleo son más importantes que los del desempleo, aunque ambos son importantes. 
En Suecia hemos combinado ambos objetivos. 
Esto, sumado a una política activa de mercado laboral, ha significado mayor oferta de mano de obra, pero también menos desempleo. 
Es importante que se haya llegado a esto. 
También es relevante que se incluya la atención infantil como un derecho social, en distintas formas en los diferentes países, para que hombres y mujeres puedan acceder al mercado laboral. 
Hablamos de buenos empleos y no solamente de la creación de más empleos, esto es, de puestos de trabajo seguros y salubres, en los que los trabajadores tengan injerencia y en los que existan posibilidades de desarrollarse y de adquirir mayor formación. 
Todos esos elementos estuvieron presentes en la Cumbre de Estocolmo. 
Ésta ha sido la primera expresión de un proceso que va a durar muchos años. 
Además, ha sido particularmente importante que este proceso pueda continuar en Barcelona. 
Finalmente quisiera ver un nexo entre la reunión de Goteburgo y la dimensión ecológica, que es el próximo paso. 
Si enlazamos esto con el método abierto de coordinación tendremos entonces una política integral. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, celebro que haya añadido a la agenda de la Cumbre de Estocolmo un documento que implica que el desarrollo sostenible y el crecimiento respetuoso con el medio ambiente se incorporarán a la estrategia de Lisboa. 
¿Qué significa políticamente? 
¿Son sólo palabras? 
En la decisión del Consejo y en el documento sobre desarrollo sostenible presentado por la Comisión después de la Cumbre de Estocolmo se hace demasiado hincapié en la política económica y en el crecimiento que se fundamenta en la competencia. 
Los indicadores estructurales del Consejo de Ecofin fueron aprobados en su totalidad, pero no se aprobó un solo indicador medioambiental, ni siquiera la propuesta de la Comisión sobre indicadores de eficacia energética y tampoco los indicadores sobre emisiones de gases de efecto invernadero. 
En este sentido, la Cumbre de Estocolmo ha sido decepcionante. 
Es escandaloso que EE.UU. amenace con abandonar el Acuerdo de Kioto y los líderes de la Unión deberían pensar en medidas para demostrar... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar, quisiera felicitar al Presidente del Consejo por los resultados de la Cumbre de Estocolmo. 
Obviamente, queremos más aunque se han cosechado resultados positivos. 
Sin embargo, quisiera destacar algunos de los avisos planteados por el señor Prodi. 
Cada vez nos exponemos más a que la cumbre se convierta en un espectáculo mediático. 
En esta ocasión, hemos recibido al señor Putin, la próxima vez asistirá el presidente Bush y, de esta forma, habrá cuestiones que pasarán a un segundo plano. 
Quisiera plantearle al Presidente del Consejo la siguiente cuestión. 
Ayer, nuestro Grupo recibió la visita de la viuda del señor Sajarov, quien dijo lo siguiente. Afirmó: "Miren, en este momento se puede decir que en Rusia existen instituciones democráticas y libertad de prensa aunque su funcionamiento es incorrecto". 
Quisiera preguntarle si este tipo de preocupaciones existentes en el seno de la Unión Europea también fueron tratadas durante las conversaciones con el señor Putin. 
La segunda pregunta que deseo plantearle se refiere al siguiente tema. 
Todos estamos agradecidos de que Milosevic se encuentre entre rejas. 
Obviamente, lo importante no es si ha ganado la diplomacia desplegada por Bush. Lo importante es que la Unión Europea pueda ayudar a la antigua Yugoslavia, es decir, Serbia y Montenegro, en la erradicación de la pobreza, en las reformas económicas que deben producirse y en crear perspectivas para la población. 
¿No podría el Consejo adoptar en ese sentido alguna iniciativa para demostrar a la población que merece la pena meter entre rejas a Milosevic? 
Mi última observación: la Cumbre de Goteburgo. 
No dejemos que pase a un segundo plano por la presencia del presidente Bush y concentrémonos principalmente en la ampliación. 
Se trata de la última cumbre del año que tratará la ampliación. 
Eliminemos los obstáculos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, Estocolmo ha marcado un punto de inflexión al menos en tres aspectos, sobre los que me gustaría centrarme esta mañana. 
En cuanto a los progresos y a las condiciones del crecimiento económico en Europa, creo que se han dado pautas importantes, y he oído cómo algunos criticaban esta mañana el parón que se ha podido dar a ciertas formas de liberalización. 
Si nos fijamos en la situación de Eriksson en Suecia y de Marks& Spencer o de Danone en Francia, creo que ha llegado la hora de plantearnos cuál es el coste del crecimiento que estamos llevando a cabo. 
He escuchado, señor Presidente de la Comisión, el llamamiento que ha hecho para que Europa mantenga sus promesas. 
No podrá mantenerlas si despide a miles de asalariados. 
Aquí, señor Presidente del Consejo, cuando nos invita a un equilibrio entre liberalización y responsabilidad social, creemos que está usted en sintonía con la verdadera preocupación de nuestros conciudadanos. 
Desde esta perspectiva, creo, y será el segundo punto de mi intervención, que todos los progresos que se puedan hacer en materia de estructuración de nuestros servicios de interés general son esenciales. 
Tenemos el proyecto de directiva-marco. 
Porque si no, ¿para qué definir este proyecto-marco, si habríamos liberalizado todos los sectores? 
Ya hemos acumulado mucho retraso: es hora de actuar y de estructurar estos sectores. 
Segundo punto: el método. 
Muchos lo han dicho antes que yo: Lisboa ha marcado una etapa, Estocolmo toma nota de ello. 
Consideramos esencial que las conclusiones que ustedes han alcanzado sobre una mejor articulación entre el Proceso de Luxemburgo, la Agenda Social, el Proceso de Lisboa y las Orientaciones Generales de Política Económica puedan permitir que este Consejo de primavera recupere, o encuentre, su verdadera vocación, la de una orientación basada en trabajos preparatorios de la Comisión, que permita que cada uno cumpla su función, la Comisión su función de impulsión, el Consejo Europeo su función de orientación. 
Porque, si cada cual quiere hacer todo al mismo tiempo, a veces da la impresión de que es menos perjudicial, pero a menudo también es menos eficaz. 
Y además, con estos métodos, creemos que si queremos tener en cuenta esta responsabilidad social que usted ha mencionado, señor Presidente, tendremos que modificar también nuestros indicadores. 
No tenemos una legibilidad exacta de las situaciones sociales. 
Ciertamente, hemos progresado desde Luxemburgo, pero, ¿qué sabemos del verdadero reparto del valor añadido? 
¿Qué sabemos de la consideración de la cualificación laboral de cara a la movilidad de los asalariados? 
¿Qué sabemos de nuestros medios para luchar contra despidos que serían algo más que despidos económicos, y que se convierten en despidos financieros? 
Está claro que ésta no es la Europa que queremos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la presencia del Sr. Trajkovski, el Presidente de Macedonia, en Estocolmo fue acertada. Es un hombre que se ha comprometido de manera particular a favor de la convivencia interétnica. 
Sin embargo, cualquiera que analice la situación en Macedonia, debe llegar forzosamente a la conclusión de que la causa de los sucesos extremistas no reside tanto en dicho país, sino sobre todo en la actuación vacilante de Occidente en Kosovo. 
¿Cuál es la situación de hecho en Macedonia? 
Las disposiciones adoptadas en Macedonia a favor de las minorías, de los valacos, los serbios, los gitanos, los turcos, son modélicas y podrían servir de ejemplo a muchos países de la región. 
En segundo lugar, la minoría albanesa, que representa alrededor de un 28% de la población, requiere obviamente una consideración especial. Ahora cuenta con cuatro ministros en posiciones clave en el Gobierno. 
Lamentablemente, el Gobierno anterior no se ocupó del tema de la educación superior de esta población y ni de dar solución al problema de la Universidad de Tetovo. 
El actual Gobierno había empezado a resolver todas estas cuestiones, a pesar de la crisis de Kosovo, y justo ahora llegan los extremistas procedentes del exterior y comienzan a ponerlo todo en entredicho. 
Yo pido al Consejo que ayude al actual Gobierno a seguir avanzando por esa vía y que inste también a la oposición de Macedonia a que le apoye en el empeño. 
También insto a los países a que aporten a la Universidad de Tetovo los fondos necesarios para que se pueda iniciar el curso académico. 
Por lo que respecta a Kosovo, quiero pedir encarecidamente desde aquí que se impermeabilice la frontera con Serbia y Macedonia para impedir el paso de los extremistas. Ahora seguramente podremos conseguirlo mediante la ayuda solicitada. 
No obstante, la UNMIC debe convocar por fin elecciones en Kosovo, con objeto de que los representantes políticos albaneses elegidos puedan coger directamente las riendas de su destino y poner a raya a los extremistas que hay en sus filas. 
Los Gobiernos occidentales deben comprender por fin que es necesario realizar un seguimiento consecuente de los problemas y encauzarlos hacia una solución. 
Si siempre nos quedamos a mitad de camino, los extremistas encuentran nuevos campos de actividad. 
Presidente, estimados colegas, tengo la impresión de que quienes hacen lo posible por poner de manifiesto que la de Estocolmo ha sido una cumbre descafeinada con mucha retórica y pocos resultados, desearían hacernos olvidar que en Estocolmo se han dado una serie de pasos claves para equilibrar de nuevo la política europea que perseguimos desde el punto de vista social y ecológico. 
Señor Presidente del Consejo, acaba de referirse en su introducción a la presidencia española. 
Yo quisiera hacer uso de mi turno para hablar de la presidencia belga ya que Estocolmo ha entregado una serie de mandatos muy concretos a la presidencia belga. 
En primer lugar, se encuentra el mandato de formular de una vez por todas los objetivos concretos en la lucha a escala europea contra la pobreza y la exclusión social. 
Considero que se trata de un encargo muy importante. 
Espero además, al igual que mi Grupo, que se aproveche la oportunidad para incluir de nuevo en el orden del día el debate acerca del umbral de la pobreza y de unos ingresos dignos para todos los ciudadanos de esta Unión. 
En segundo lugar: la evolución demográfica al la que ya ha hecho referencia. 
Me complace que el debate europeo sobre pensiones no sólo se produzca entre los Ministros de Economía en el marco de una economía pública saneada, sino también entre los Ministros de Asuntos Sociales con el objeto de garantizar una pensión digna para todo el mundo. 
La solidaridad entre las generaciones, la solidaridad dentro de la generación de los más mayores y la necesidad de conceder prioridad al objetivo de garantizar la calidad de los sistemas de pensiones, lo que también constituirá una tarea y una responsabilidad clave para la presidencia belga, siempre y cuando se hayan hecho los deberes para Goteburgo. 
En este sentido, mi Grupo respalda por completo la decisión de formular objetivos concretos en relación con el empleo para trabajadores de mayor edad. 
Sin embargo, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, también es necesario elegir en este sentido entre varias opciones. 
Considero que la disyuntiva es clara. 
No se trata de eliminar radicalmente las pensiones de transición o de aumentar la edad de jubilación, sino de decidirnos a introducir normativas flexibles de cara al final de la vida laboral y de mejorar la calidad del trabajo. 
Esto, señor Presidente del Consejo, me lleva a la última cuestión: la calidad del trabajo. 
En este sentido, esperamos mucho del Consejo y de la Comisión. 
La Comisión debe proporcionarnos los indicadores que, gracias a la coordinación abierta, nos permitan no sólo crear más puestos de trabajo, sino crear mejores puestos de trabajo. 
La calidad del trabajo, estimados colegas, no es sin embargo una cuestión exclusiva de indicadores y de coordinación abierta. También es una cuestión de legislación. 
Por este motivo, esperamos un pequeño impulso adicional por parte de la Comisión y del Consejo en el marco de las reestructuraciones que de nuevo se están produciendo en este momento para presentar una directiva modificada relativa a los comités de empresa europeos y para comenzar a trabajar urgentemente en la directiva relativa a la información y al asesoramiento. 
De este modo, también se garantizará la calidad del trabajo y, para ello, confiamos en las presidencias sueca y belga. 
. 
(SV) Señor Presidente, permítame comentar brevemente lo que se ha dicho. 
En primer lugar quiero agradecer su apoyo a la Presidencia sueca y el trabajo que hemos realizado conjuntamente, con usted y con la Comisión, que, evidentemente, ha sido un buen fundamento para la Cumbre de Estocolmo. 
Se crearon así buenas condiciones. 
Quiero comentar las intervenciones desde dos dimensiones. 
Siguiendo la estructura de mi primera intervención, en primer lugar me referiré a las relaciones internacionales y, posteriormente, al Proceso de Lisboa. 
Primero las relaciones internacionales. Me complace que tanta gente haya entendido el anhelo de la Presidencia de que los Estados miembros de la Unión realmente actúen juntos cuando puedan hacerlo. 
Esto se fundamenta en el consenso, en la unanimidad. 
Es sabido que en la Unión no estamos de acuerdo en todas las materias, pero en lo que estamos de acuerdo, en lo que podemos sostener los mismos principios, tenemos que actuar mancomunadamente. 
Evidentemente los medios de comunicación informaron profusamente sobre la visita del Presidente Putin. 
No me sorprenderá si la atención llega a ser aún mayor cuando recibamos al Presidente Bush, pero los que creen que recibimos a estas visitas para que la prensa escriba sobre nosotros no han entendido la misión esencial de la Unión. 
Tenemos una obligación, tenemos un derecho, a tomar iniciativas en nuestras relaciones tanto con EE.UU. como con Rusia. 
Las relaciones deben profundizarse y desarrollarse y el diálogo debe ser abierto. 
Debe ser sincero y crítico, pero, considerando nuestras dimensiones, nuestra fuerza, tenemos que conducir este diálogo con gran confianza en nosotros mismos. 
Ésta es la esencia del problema. 
Me alegra que vean los esfuerzos de la Presidencia sueca para destacar durante su mandato los aspectos internacionales, en el marco de la Unión Europea y del Consejo. 
Es importante. 
Algunas palabras sobre el Proceso de Lisboa. 
Permítanme comentar la discusión sobre desregulaciones, liberalizaciones. 
Soy Primer Ministro de un país que ha abierto muchos mercados, que ha liberalizado, que ha desregulado. 
En general, veo efectos provechosos, pero sería un político muy malo si no viese también las dificultades que produce un proceso de esta índole. 
Es un cambio grande y radical. 
No es fácil. 
Tengo gran respeto por los colegas que en sus respectivos países echarán a andar este proceso en una serie de sectores fundamentales y tendrán que manejar el debate político que muchos de nosotros ya hemos tenido en nuestros países. 
Ese debate tampoco es fácil. 
Creo que sería un enorme error empezar a forzar decisiones, creando así en muchos países situaciones en las que esos cambios radicales implicarían inmediatamente reacciones contrarias muy enérgicas. 
Por eso creo que para este tipo de cambios radicales de las condiciones económicas y políticas es mejor el método del Proceso de Lisboa. 
Entiendo esto como una réplica a la intervención del Sr. Poettering del Grupo Conservador, ya que puedo ver cómo se desarrolla el proceso en el tiempo. 
El proceso avanza en la dirección adecuada y lo impulsamos de manera que reciba apoyo de la opinión política nacional en cada país. 
También quisiera manifestar que no me interesan las desregulaciones ni las liberalizaciones sin que las ventajas que se creen y el crecimiento a que den origen se usen para dar a los ciudadanos una vida mejor y más rica. 
Hay que mantener siempre este equilibrio. 
Me dirijo a los que han dicho que no hemos tomado medidas contra el desempleo. 
Estas ideas se fundamentan en que la mejor manera de combatir el desempleo es a través del crecimiento económico y del desarrollo económico. 
Sin una creciente producción tampoco se podrá combatir eficazmente el desempleo. 
Podemos crear programas, acortar la jornada laboral y tomar una serie de medidas, pero para las personas más necesitadas siempre serán programas defensivos. 
Si queremos derrotar al desempleo de manera ofensiva tendremos que hacerlo a través del crecimiento y el desarrollo económico. 
En Estocolmo hemos diseñado las líneas directrices de esta política. 
Numerosos diputados se han referido a la ampliación de la Unión. 
Estamos negociando intensamente con una participación muy activa de la Comisión. 
A mi juicio, las negociaciones son exitosas, pero no han sido fáciles. 
Mi tarea como Presidente en ejercicio del Consejo es velar por que se cumpla la legislación comunitaria en las negociaciones e impulsarlas para que se modifiquen las legislaciones, los mercados y los sistemas políticos en los países que solicitan su adhesión a la Unión. 
Estos cambios posibilitarán que el ingreso de esos países a la Unión sea exitoso y sencillo. 
Son negociaciones difíciles y estamos en medio de ellas. 
Confío en que en las negociaciones de la primavera, durante la Presidencia sueca, se logren avances que puedan ser calificados como extraordinarios. 
En cuanto a la apertura, hay una alianza entre la Presidencia y el Parlamento. 
Espero que nos vaya bien. 
Podría estar de acuerdo con las críticas de Bertel Haarder. 
No son condiciones razonables para un trabajo político y tenemos que crear mayor apertura, de manera que los ciudadanos puedan conocer mejor los fundamentos de las decisiones políticas que se adoptan. 
También quisiera discutir lo que el pequeño país Suecia podría hacer en la UEM, pero no pretendo ocupar el tiempo del Parlamento para esto. 
Me ocuparé de estos temas en reuniones bilaterales. 
Lo más importante para nosotros actualmente es que conjuntamente velemos por que la economía de la Unión esté en las mejores condiciones imaginables dentro de un año, el día que se introduzca la nueva moneda. 
Nos interesa a todos, a los que participan en la UEM desde el comienzo y a los que nos incorporaremos más tarde. 
El éxito, eso es lo que buscamos, beneficiará a toda la economía europea. 
Señor Presidente, agradezco una vez más las numerosas contribuciones y opiniones constructivas. 
Gracias también a la Comisión por su colaboración en relación con la Cumbre de Estocolmo. 
Espero reunirme con el Parlamento nuevamente después de la Cumbre de Goteburgo y confío en que podremos decir que hemos avanzado en la ampliación, aunque en esta materia queda mucho por hacer. 
. (IT) Señor Presidente, mi réplica será muy breve porque, en líneas generales, coincide con la réplica del primer ministro Persson. 
El juicio moderadamente optimista sobre esta Cumbre, pero que reconoce que se han logrado objetivos difíciles, ha sido la tónica dominante de casi todas las intervenciones, así como ha sido la tónica dominante de todas las intervenciones el compromiso con la necesidad de futuros avances y con la necesidad cada vez más fuerte de dedicar atención a los hechos, a las decisiones tomadas. 
Con esto me sumo a las objeciones y a las observaciones hechas por muchos diputados en relación con el discurso sobre los procesos de generación de decisiones, sobre la necesidad de cambiar dichos procesos. 
De las intervenciones de los Sres. Brok, Poettering y Segni sobre los distintos ámbitos ha aflorado claramente el discurso de que los procesos de generación de decisiones tanto de las Cumbres como de toda nuestra actividad deben ser objeto de una reforma muy atenta en este largo proceso de revisión que hemos emprendido y que concluirá entre el final del año 2003 y el principio de 2004. 
Se trata de un compromiso concreto del Parlamento y de todos nosotros. 
Asimismo ha sido objeto de las intervenciones de muchos oradores otro tema de carácter general: por un lado, el convencimiento de que la globalización es un hecho absolutamente indispensable, no solo una necesidad, sino un gran contenido positivo para Europa; por otro, el miedo justificado, serio de algunas consecuencias de la propia globalización. 
No puedo dejar de manifestar al Parlamento mi profunda preocupación por el hecho de que en los últimos años en Europa el excelente progreso económico, el aumento del empleo van acompañados, sin embargo, del aumento de la disparidad en la distribución de las rentas en el que, en el fondo, se podría llamar un índice de injusticia social y que no necesariamente va unido a la globalización. 
Antes bien, podemos corregir la situación y conseguir que convivan y coincidan globalización y justicia social. 
Éste es un tema que merece un gran reflexión, ya que con demasiada frecuencia confundimos ambos elementos: es decir, creemos que la globalización, el hecho de abrir nuestras economías implica necesariamente una distribución de la renta más injusta y más fuertemente diferenciada. 
Ésta no es en absoluto una consecuencia necesaria. 
Ha aflorado asimismo otro aspecto común que se enlaza con la futura Cumbre de Goteburgo, esto es, una posición unánime en relación con el Protocolo de Kyoto. 
Ésta no es en absoluto una polémica respecto a los Estados Unidos, sino simplemente la conciencia de que debemos actuar con sentido de la responsabilidad. 
Y nosotros, como europeos, debemos tener globalmente un sentido de la responsabilidad frente a todos los ciudadanos del mundo. 
Y termino con una última observación que puede parecer más técnica, pero que se me antoja sumamente importante. 
Es el punto que se refiere a uno de los temas más fuertes acordados en la Cumbre de Estocolmo, es decir, las repercusiones en la ampliación de las relaciones del mercado financiero y en las consiguientes relaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
La Sra. Randzio-Plath ha planteado justamente este problema que me gustaría abordar precisamente ante el Pleno, ya que es extraordinariamente importante. 
Quisiera aclarar que el acuerdo alcanzado en Estocolmo hace referencia a una decisión de comitología, y retoma exactamente una decisión de 1999- en lenguaje informal el llamado caso Aerosol- incluyendo las declaraciones contenidas en la misma y la declaración de la Comisión. 
En este caso, en Estocolmo la Comisión no declaró que todo el sector de los valores mobiliarios debe ser considerado un sector sensible, tal como habían solicitado algunos Estados. Por el contrario, la Comisión se ha comprometido a evitar ir en contra de las opiniones predominantes de los Estados miembros en el caso- única y exclusivamente en el caso- de medidas ejecutivas de especial relevancia: en particular, la Comisión evaluará caso por caso. 
Por esto, no encuentro ningún motivo para modificar el actual equilibrio entre las Instituciones en lo que se refiere a los poderes delegados. 
En efecto, el Parlamento podrá expresar su posición sobre la distinción entre los elementos esenciales, las disposiciones técnicas de las medidas propuestas por la Comisión. 
Obviamente, dicha distinción se deberá establecer sobre la base del procedimiento normal de codecisión del Parlamento y del Consejo. El Parlamento, asimismo, será y deberá ser regularmente informado por la Comisión acerca de la actividad del Comité de Valores Mobiliarios y, en el caso de que considere que el proyecto de medida ejecutiva propuesto por la Comisión sobrepasa los poderes delegados, la Comisión se ha comprometido a examinar sin demora los proyectos de medidas ejecutivas teniendo muy en cuenta la posición del Parlamento. 
El ámbito en el cual debemos tomar decisiones es el procedimiento de codecisión, sobre la base de propuestas legislativas concretas. 
He querido recordar este punto porque no quisiera que este capítulo tan importante, acordado en Estocolmo y que es la decisión más importante de Estocolmo, se estancara debido a nuestros problemas de procedimiento o a nuestras dificultades a la hora de adoptar una posición común. 
Esto no debe ocurrir: debemos proceder con claridad, ya que los ciudadanos europeos esperan que las decisiones tomadas por el mayor simposio que es el Consejo, se pongan en práctica rápidamente, de lo contrario la credibilidad será todavía menor. 
Esto será sumamente importante en el Consejo de Goteburgo. 
Espero que dicho Consejo se prepare con la máxima atención y con la misma apertura con la que se ha preparado la Cumbre de Estocolmo porque, al fin y a la postre, Goteburgo es el segundo acto del Consejo de Estocolmo. Es decir, cierra el círculo de las reformas programadas en Lisboa, unas reformas cuya compatibilidad se ha de evaluar a largo plazo, a pesar de que ya no estamos acostumbrados a hacerlo. 
Sin embargo, si no aprendemos a hacerlo, todas nuestras decisiones deberán ser revisadas en el futuro. 
Señor Presidente, no sólo ha sido una cortesía por parte del Primer Ministro sueco acudir aquí, sino también una muestra de gran valor. 
Como han dicho tantos oradores, en el frente económico la Cumbre de Estocolmo fue una gran desilusión. 
Una vez más, los Jefes de Gobierno sólo pudieron acordar plazos teóricos para que los ministros liberalicen los mercados en el futuro, en lugar de dar el visto bueno en realidad a acuerdos o concertarlos ellos mismos. 
Podríamos decir que la tarea liberalizadora es "mucho ruido y pocas nueces". 
Estamos viendo graves deficiencias en la actuación conforme a los niveles que los dirigentes socialistas de Europa se han fijado. 
Es una gran diferencia respecto del espíritu del Mercado Único cuando el centro derecha gobernaba Europa. 
Uno de los mayores fracasos de la Cumbre de Estocolmo fue en la esfera de los asuntos exteriores. 
Con los grandes acontecimientos que están produciéndose en el mundo, fue como si la Cumbre de Estocolmo los pasara por alto. 
Por ejemplo, el Consejo de Asuntos Generales del 19 de marzo decidió una vez más no presentar una propuesta crítica en le Subcomisión de las Naciones Unidas en Ginebra sobre las violaciones de los derechos humanos en China. 
Hasta 1997, todos los años la Unión Europea lo hizo. 
Ahora los socialistas no lo hacen, como si tal cosa. 
Aún más importante- como el Sr. Poettering ha dicho antes a la Asamblea y otros oradores se han referido a ello -, anoche el Grupo PPE-DE oyó a Yelena Bonner describir la situación actual en Rusia: el Sr. Putin acudió a Estocolmo, el Sr. Persson le dio un cheque de 100 millones de euros y la semana siguiente, sin ir más lejos, el Sr. Putin comenzó otra campaña contra los medios de comunicación. 
Ahora no hay una sola emisora de televisión independiente en Rusia. 
Es un escándalo. 
Estoy muy desilusionado, la verdad, de que el Sr. Persson no haya aprovechado esta mañana la oportunidad para criticar al Presidente Putin por la forma como está reprimiendo los medios de comunicación en Rusia, la forma como está retrocediendo la democracia en Rusia. 
Se trata de nuestro gran vecino del Este. 
Debemos tratar con él con sentido práctico y político, pero con franqueza y determinación. 
¿Qué habría sido de nosotros, si los socialistas hubieran gobernado Europa durante la guerra fría? 
(Vivos aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, ¿qué será de nosotros, si los conservadores vuelven a gobernar Europa alguna vez? 
Deseo centrarme en dos cuestiones que el Parlamento considera- lo sé- de la mayor importancia, a saber, el proyecto Galileo y el futuro de los servicios postales. 
Tener la oportunidad de intervenir en este debate me permite acoger con satisfacción no sólo las conclusiones del Consejo sobre la creación de un cielo único europeo, sino también su determinación de presentar propuestas al Parlamento sobre la asignación de las franjas horarias en los aeropuertos de la Comunidad de aquí a junio. 
Respecto de Galileo, vale la pena recordar que este programa fue promovido en realidad por el Consejo en marzo de 1998. 
Ese compromiso fue subrayado por el Consejo de Colonia y Feira, cuando se declaró que se debían adoptar decisiones estratégicas en diciembre de 2000, a más tardar. 
Pero entonces- dicho sea con franqueza- al Consejo, presionado sin lugar a dudas por los Ministros de Hacienda, le entró miedo y se echó para atrás. 
Reconozco que el costo de Galileo es de unos 3.000 millones de euros, lo que significa que la participación del sector privado es esencial, pero los beneficios para Europa desde el punto de vista económico y social serán inmensos. 
Tenemos un compromiso de las principales empresas europeas de ese sector. 
Lo que ahora necesitamos es un compromiso político de los Estados miembros no sólo para sacar adelante Galileo, sino también para hacerlo de forma positiva y decidida junto con el sector privado. 
Antes el Sr. Poettering ha criticado al Consejo por no ofrecer un calendario para la liberalización de los servicios postales. 
En realidad, estoy de acuerdo con el Consejo a ese respecto y quisiera recordar no sólo al Sr. Poettering, sino también al Comisario Bolkestein, la posición que adoptó el Parlamento Europeo en su primera lectura sobre los servicios postales hace unos meses. 
Por mayoría abrumadora, votó a favor de una liberalización controlada y gradual hasta 150.000 sin fecha final para la liberalización. 
De modo que, cuando leí en las conclusiones de Estocolmo que el Consejo deseaba cooperar con el Parlamento, lo acogí con satisfacción. 
Pero quisiera recordar al Consejo que la posición del Parlamento es clara y carente de ambigüedad y se ha adoptado con un claro consenso político de todas las orientaciones políticas. 
Los servicios postales no plantean un problema al Parlamento. 
Al Consejo, sí. 
Esta solución es clara: aceptar la posición del Parlamento, abandonar las políticas extremas presentadas por el Comisario Bolkestein y estoy seguro de que podemos contar con un acuerdo sobre el futuro de los servicios postales en cuestión de días. 
Señor Presidente, quisiera comenzar resaltando como dato positivo que el Consejo Europeo de Estocolmo ha insistido en la estrategia diseñada en Lisboa, incluso la ha completado y reforzado en algún extremo concreto. 
Es, sin duda, muy positiva la importancia atribuida a la Agenda Social y, en particular, a los sistemas de seguridad social y de asistencia sanitaria, a la fijación de las tasas de empleo, a la voluntad de reducir el nivel de las ayudas públicas- aunque a mí me hubiera gustado que hubiéramos ido más allá -, al desarrollo de las nuevas tecnologías o la decisión de crear una autoridad alimentaria europea. 
Por el contrario, en lo que se refiere a los procesos de liberalización, señor Presidente Prodi, se están produciendo graves asimetrías dentro de la Unión Europea, lo que exige de manera inmediata una propuesta legislativa que regule las inversiones intracomunitarias, como ayer casi todos los grupos parlamentarios recordamos al Sr. Bolkestein. 
Termino refiriéndome, en este sentido, a la intención de crear un espacio aéreo único que han manifestado tanto la Presidencia del Consejo como la de la Comisión, y quisiera decirle al Presidente Prodi que confiamos en que la Comisión actúe en esta materia con el empeño y la prudencia aconsejados en virtud de los compromisos adquiridos y, en todo caso, ateniéndose al acervo comunitario. 
Y acervo comunitario, señor Prodi, es la cláusula de Gibraltar, que no nace en el siglo XVIII, sino de un acuerdo entre los Gobiernos del Reino Unido y de España de 1987, en el que debemos seguir avanzando para finalizar este acuerdo en Goteburgo. 
Llegado el momento del turno de votaciones, se interrumpe el debate y se reanudará a las 15.00 horas. 
Señor Presidente, quisiera informar a la Mesa de que, a raíz de la iniciativa que el Parlamento Europeo adoptó a favor de la liberación de los rehenes portugueses que se encontraban detenidos en el territorio de Cabinda, uno de dichos rehenes fue liberado ayer y quisiera decir al señor Presidente que la iniciativa del Parlamento ha desempeñado un papel importante en la liberación de dicho rehén, por lo que debemos seguir haciendo toda clase de gestiones para que los demás rehenes portugueses que se encuentran en Cabinda sean liberados por fin. 
Me felicito del resultado conseguido hasta la fecha. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, cuando se deben introducir correcciones en alguna de las versiones lingüísticas, esto se suele anunciar de costumbre antes de proceder a la votación. 
Según me han informado, es preciso introducir algunas correcciones en la versión española. 
¿La Mesa tiene conocimiento de este hecho? 
En caso afirmativo, yo agradecería que lo comunique. 
Según mi información, la versión española no se ha adaptado en un punto a la versión de referencia general, que es la inglesa. 
Señor Presidente, intervengo en la misma dirección que mi colega para resaltar que en la propuesta de resolución del informe Blak- y, lógicamente, intervengo después de haber consultado con el ponente -, quiero dejar constancia, en primer lugar, de que es la versión inglesa la que da fe. 
Y en segundo lugar, que en la conclusión nº 8 ii) , con el título Lino, debe hacerse una corrección lingüística, no solamente en la lengua española, sino en la mayoría de las lenguas, y donde dice en inglés "competent authorities" debe traducirse en español por "autoridades competentes", y lo mismo en el resto de las lenguas. 
Señor Presidente, coincido en que la versión que da fe es la inglesa y, respecto a la última manifestación del Sr. Izquierdo, debo decirle que para nosotros "autoridades competentes" y "autoridades de control" sigue siendo lo mismo, en ambos casos son las comunidades autónomas, pero si la versión inglesa habla de "autoridades competentes" estamos de acuerdo en que así sea. 
Señor Presidente, quiero reiterar que esta propuesta ha sido negociada en español y en inglés y que, por tanto, la intervención del Sr. Pomés lo único que intenta es generar confusión. 
Mantengo que la traducción correspondiente española del texto inglés es la de "autoridades competentes", porque ésa es la verdad y eso es lo correcto. 
Señor Presidente, este malentendido ya se aclaró en la Comisión de Control Presupuestario y por esto me extraña mucho que se vuelva a plantear ahora. 
El tema se abordó de manera inequívoca en el momento de la votación en la Comisión de Control Presupuestario y el asunto quedó aclarado. Yo consideraba, por lo tanto, que también había quedado claro con vistas al Pleno que la versión inglesa es la que da fe y en las demás lenguas también se debe leer "autoridades competentes". 
En consecuencia, me sorprende un poco esta nueva versión. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0099/2001) del Sr. Folias, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999 en lo que se refiere a la Sección I- Parlamento Europeo / Defensor del Pueblo Europeo (SEC (00) 539- C5-0312/2000- 2000/2157 (DEC)) 
Señor Presidente, me parece que ha habido algún problema en las traducciones al castellano, porque también en el informe Folias hay claras diferencias entre el texto inglés, que es el que da fe, y el texto castellano. 
Muy particularmente rogaría que se revisase la traducción del apartado 19. 
En general puede haber problemas, pero muy particularmente el apartado 19 en castellano discrepa totalmente del original inglés. 
. (EL) Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo. 
Una aclaración: la lengua original del texto es el griego, y no el inglés. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Sección VI, Parte B- Comité de las Regiones; 4. sobre el aplazamiento de la decisión por la que se aprueba la gestión en lo que se refiere a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999- 
. (NL) Presidente, tan sólo quisiera referirme brevemente a las enmiendas. 
Creo que se ha informado incorrectamente al servicio de la sesión. 
Aparezco como ponente de todas las enmiendas. 
Sólo deseo evitar malentendidos. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento a todos los colegas, también en lo que respecta a estas enmiendas. 
(Con decisiones sucesivas, el Parlamento aprueba las decisiones y la resolución) 
Informe (A5-0097/2001) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón del Acero (CECA) para el ejercicio 1999 (C5-654/2000- C5-0654/2000- 2000/2167 (DEC)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0109/2001) de la Sra. Rühle, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del sexto, séptimo y octavo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1999 (COM (2000) 357- C5-0257/2000- 2000/2164 (DEC)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0084/2001) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones- Hacia una Europa sin barreras para las personas discapacitadas (COM (2000) 284- C5-0632/2000- 2000/2296 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Mercados de los cereales y del arroz en Portugal (C5-0716/2000) 
Esta propuesta de reglamento va encaminada a estabilizar temporalmente la degresividad de la ayuda específica a los cereales para Portugal manteniendo para la campaña de 2001/2002 el mismo nivel de ayudas de la campaña del año anterior. 
Ésta fue una decisión adoptada en el ámbito de la Presidencia portuguesa de la UE, con la que convinimos, y encaminada a mantener la cofinanciación de la ayuda por un año para compensar la pérdida de renta de los agricultores portugueses. 
Con todo, dadas las presiones de la PAC sobre las rentas de los agricultores y teniendo en cuenta las necesidades de los agricultores portugueses, la estabilización de la degresividad debería abarcar la totalidad del período del marco financiero actual, es decir, hasta la campaña de 2005/2006. 
Por otro lado, debería haber un límite superior a la estabilización de la ayuda cofinanciada, por ejemplo para el doble del límite del régimen simplificado, como forma de gestionar economías que podrían financiar la prolongación de la estabilización o la creación de mecanismos de apoyo a la producción de forrajeras o la materialización de un programa de reconversión de cultivos substitutorios de la producción de cereales para el aprovechamiento de los suelos con menos capacidad de uso. 
Conviene recordar que muchos pequeños agricultores de Portugal no pueden recibir su ayuda por no comercializar la totalidad de su producción. 
Éstos deberían poder utilizar la producción para autoconsumo sin por ello perder el derecho a la ayuda, basado, por ejemplo, en las clases de rentas en que se sitúan sus explotaciones. 
Informe Trakatellis (A5-0104/2001) 
Señor Presidente, como portavoz sobre la salud de la delegación laborista del Reino Unido, quisiera dar una explicación de voto sobre el informe Trakatellis. 
Aunque hay muchos aspectos positivos en este informe, que merecen apoyo- y los apoyamos -, dado que el método de la lista de votación consiste en votar en bloque, hemos seguido la posición del PSE en todo. 
Sin embargo, quisiera que quedara claro que la propuesta de centro mencionado en el informe Trakatellis nos inspira mucha preocupación. 
Creemos que toda esa propuesta está mal concebida, no se han examinado bien las consecuencias en materia de costo y las consecuencias jurídicas podrían aplazar todo lo positivo del informe. 
Como dije anoche, y voy a repetir, la salud es una cuestión que conecta con el ciudadano. 
Así, pues, es importante que logremos la aprobación de esta propuesta lo antes posible. 
Espero con interés la segunda lectura. 
Señor Presidente, en mi condición de representante del Partido de los Pensionistas electo en este Parlamento, me satisface explicar mi voto favorable a este importante informe Trakatellis. 
Estaba preocupado por cómo motivarlo, ya que esta noche no he soñado nada y me he despertado con mucho sueño. 
Sin embargo, precisamente por tener mucho sueño, hace unos momentos he cerrado los ojos y he tenido una visión. 
He visto en sueños al Sr. Trakatellis con forma de píldora. 
En la píldora figuraba la inscripción "contra las enfermedades cardiovasculares", mientras que en otros tipos de píldoras, siempre Trakatellis, figuraba la indicación "contra los trastornos neuropsiquiátricos", "contra las enfermedades infantiles", etcétera. 
Es decir, debido a su importante informe, he visto al Sr. Trakatellis como la única manera de curar a los ciudadanos europeos de sus enfermedades. 
En consecuencia, ¡vaya mi enhorabuena al Sr. Trakatellis! 
. Opinamos que los asuntos concernientes a la salud pública deben ser decididos en el ámbito nacional o regional. 
Por eso no queremos desarrollar la competencia de la UE en esta materia, evitando así una injerencia cada vez más detallada de ésta en la acción de los países. 
A nuestro juicio, el informe Tratakelli, que contiene mayores partidas presupuestarias y propone la creación de un nuevo centro de control, tiene una orientación de este tipo y, por esa razón, hemos votado en contra de él. 
. (EL) Recientes acontecimientos y sus graves consecuencias para la cadena alimentaria y la salud de los ciudadanos, como las "vacas locas", las dioxinas, las bombas de uranio empobrecido lanzadas sobre Yugoslavia, y otras tantas, nos hacen mostrar no pocas reservas acerca del supuesto interés y de la lluvia de declaraciones y buenas intenciones de la Unión Europea sobre la salud de los ciudadanos. 
Está, por otra parte, sobradamente constatado que el rasgo principal de todas las intervenciones de la Unión Europea es que se proponen aplacar la inquietud general, y no hacer frente a los problemas que ella misma, con sus políticas, causa a amplias capas populares. 
Las intenciones de la UE para un ámbito tan sensible como es la salud pública se dejan ver sin ningún género de dudas en las conclusiones del reciente Consejo Europeo de Estocolmo. 
Y resulta que, cuando todo presagia toda una ofensiva frontal contra una serie conquistas fundamentales de los trabajadores (reducción de gastos, disciplina presupuestaria, responsabilidad individual, etcétera) , se anuncia la llamada «modernización del Modelo Social Europeo» , que en el ámbito de la salud se traduce en retroceso del carácter público de la salud y en refuerzo de la responsabilidad individual en la satisfacción de las necesidades, en beneficio de la iniciativa privada y de los grandes intereses económicos que actúan en el ámbito de la salud y de los sistemas de seguros. 
A través del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública propuesto para el período 2001-2006, la Unión Europea cubre a satisfacción los objetivos y las necesidades del gran capital y los monopolios en el ámbito de la salud. 
No es fortuito que en ninguna parte se mencionen o se definan las obligaciones del estado en ningún ámbito o aspecto de los asuntos correspondientes. 
Esta estrategia de la Unión Europea subordina totalmente la salud a las leyes del mercado, a la lógica del coste, el rendimiento y la rentabilidad. 
Los sistemas de salud son contemplados sencillamente como una carga de los presupuestos nacionales- y no como una inversión en el factor humano- que deben avenirse a los términos de la disciplina presupuestaria. 
Esto, en la jerga comunitaria, significa recortes de las partidas públicas para la salud, transferencia de la responsabilidad y del coste a los propios ciudadanos, refuerzo de la iniciativa privada, con la consiguiente conversión de la asistencia sanitaria en actividad lucrativa. 
El objetivo es transformar la salud en un "mercado competitivo", y ofrecerles a los monopolios más poderosos las mejores condiciones para penetrar en ese mercado y conquistarlo, paralelamente a la nivelación por lo bajo de los derechos laborales y sociales y de las conquistas de los trabajadores en el ámbito de la salud, así como la reducción de los gastos públicos en este ámbito. 
El mismo espíritu que a la Comisión anima al ponente del Parlamento Europeo. 
Hasta el punto de que, a pesar de sus justas referencias a los graves problemas de salud que sigue habiendo, no menciona ninguna de las verdaderas causas sociales que deterioran la salud y amenazan la vida de los ciudadanos, como el empeoramiento de las condiciones de trabajo, los horarios alternos y el trabajo nocturno, el dramático descenso del nivel de vida de amplias capas populares, extensión de la pobreza y el paro, las repercusiones de la liberalización del mercado en la cadena alimentaria en nombre del beneficio sin límites ni barreras, la degradación del medio ambiente, etcétera. 
«La salud no puede considerarse una mercancía, ni objeto, por tanto, de arreglos políticos o económicos» , señala el propio ponente y estamos plenamente de acuerdo al respecto. 
Desgraciadamente, él mismo desmiente sus buenas intenciones al dar por buena y reforzar con su informe la antipopular y agresiva política de la Unión Europea en el ámbito de la salud pública. 
Por estas razones no vamos a votar a favor del informe, y nos ponemos del lado de los trabajadores y de la organización de su frente de resistencia y lucha reivindicativa por una verdadera salud pública de alto nivel al servicio de los ciudadanos. 
. (FR) Compartimos la actuación del ponente de este proyecto respecto a dos puntos. 
Por una parte, la unificación de las políticas sanitarias de los distintos países europeos sería una decisión de sentido común, a condición de que se hiciera por arriba, y por otra parte, el presupuesto contemplado para una política sanitaria a escala de la Unión es irrisorio. 
La prevención en materia sanitaria, la detección precoz de los cánceres y de cualquier otra enfermedad grave, dónde una operación a tiempo puede disminuir el riesgo, debería ser uno de los principios básicos de la Unión si ésta estuviese más preocupada por las personas que por la circulación de los capitales y de las mercancías. 
No es el caso. 
Las modificaciones propuestas al Parlamento, entre las que se encuentran algunas que responden al enfoque adecuado, serían insuficientes, aunque se adoptaran, para hacer que la política preconizada por la Comisión fuese aceptable. 
Una política válida en materia sanitaria exige medios que la Comisión se niega a aceptar. 
En consecuencia, nos hemos abstenido sobre este informe, aunque hayamos votado a favor de algunas propuestas. 
El programa para la salud 2001-2006 es un buen documento teórico en el que se plasma la concepción por parte de los eurócratas de la salud pública, aunque sea tímido en relación con algunas cuestiones, en particular: 
la salud pública humana es una cuestión esencial del desarrollo humano sostenido, por lo que todos los servicios públicos y privados deben estar a su servicio; la coordinación regional y la financiación deben mostrar claramente la importancia de la salud humana sin por ello poner en entredicho las competencias nacionales: 
no se deben considerar los medios terapéuticos y de diagnóstico exclusivamente como actividades comerciales e industriales. 
Repárese en que se ha considerado ese componente de la salud pública un sector comercial aparte y actualmente esta controlado por multinacionales, lo que pone en peligro los intereses nacionales y regionales, por lo que no puede haber un buen programa de salud pública sin modificar esa situación; 
el programa no habla de los factores determinantes de la salud en el lugar de trabajo y de la salud de los trabajadores. 
Ahora bien, no se puede partir del principio de que se deben socializar los daños directos e indirectos de la actividad laboral en malas condiciones laborales, mientras que los capitalistas se quedan con el aumento de los beneficios de la actividad propiciado por esas condiciones. 
Por último, conviene hacer una referencia a la necesidad de dar pasos más importantes en la defensa de la salud pública humana, incluido el aumento de la financiación del programa, como se hace en las propuestas de enmienda a favor de las cuales hemos votado. 
(DE) Yo he votado en contra del informe Trakatellis y presento esta explicación de voto también en nombre de mis colegas de la Unión Social Cristiana de Baviera. La Comunidad Europea sigue careciendo de competencia en materia de política sanitaria y, por lo tanto, sólo puede coordinarla. 
El Parlamento pide en su proyecto que se cree, se ponga en marcha y se desarrolle un "Centro de Coordinación y Vigilancia de la Salud" (CCVS). 
Nosotros rechazamos firmemente esta propuesta, ya que esta tarea corresponde a los Estados miembros. 
Además, se formulan una serie de peticiones que atentan contra el principio de subsidiariedad, como por ejemplo las recomendaciones relativas a los programas de enseñanza, a las normas de calidad de los sistemas sanitarios y en materia de educación y formación. 
También echo en falta en el proyecto votado por el Parlamento un uso adecuado y eficaz de los recursos disponibles, que son limitados. 
Informe Stauner (A5-0112/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe Stauner, aunque hubiera preferido votar con mayor convicción. 
¿Por qué? 
Porque el pensionista Rossi, cada vez que me encuentro con él en Bérgamo, siempre me pregunta: ¿Qué hacéis en el Parlamento Europeo? 
Y el pensionista Verdi, por la tarde, siempre me pregunta: ¿Para qué sirve todo el dinero que gastáis? Y así todo el día. 
En definitiva, los ciudadanos y en particular los pensionistas no hacen más que preguntarme qué hacemos con el dinero de Europa. 
Por lo tanto, lo que quiero pedir es que en el futuro nos organicemos para controlar también todo el dinero que gastamos y que, sin duda, gastamos bien, y preguntar ¿para qué sirve todo este dinero? 
Es decir, hay que controlar si realmente reporta beneficios a los ciudadanos europeos. 
Informe Blak (A5-0113/001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he votado a favor de la aprobación de la gestión de la Comisión en lo que se refiere al ejercicio 1999. 
¿Por qué lo he hecho? Porque espero que la Comisión se esfuerce mucho, mucho más. 
¿Para qué? Para que se resuelvan los problemas de las personas mayores y de los pensionistas en Europa. 
¿De qué forma? De forma totalmente contraria a la que se sigue declarando en la Comisión, en este Pleno y por parte del Consejo. 
Quiero aclarar en esta explicación de voto que los trabajadores no desean trabajar para siempre. Los trabajadores desean recibir cuanto antes su pensión, una buena pensión, suficiente para vivir, para dejar sitio a los jóvenes. 
El Partido de los Pensionistas está totalmente en contra del empeño de los Gobiernos europeos y de Europa de alargar la vida laboral de los ciudadanos; antes bien, pedimos que se reduzca la duración de la vida laboral y que se aumente el período de bienestar, de no trabajo obligatorio de los ciudadanos. 
. (FR) Evidentemente, hemos votado en contra de cualquier descargo a la Comisión Europea. 
Desaprobamos tanto los presupuestos anteriores como el presupuesto futuro y la función misma de una Comisión totalmente al servicio de los grupos industriales y financieros. 
Nuestros votos negativos sobre los aspectos particulares no son más que la prolongación de esta desconfianza general. 
. (NL) En el informe del señor Blak, observo numerosas críticas en relación con los gastos de la Unión Europea y su justificación. 
Según las recomendaciones, aún se deben producir muchos cambios. 
Una conclusión lógica con motivo de estas críticas justificadas sería que el Parlamento se negara de nuevo a finiquitar un ejercicio presupuestario anterior. 
El rechazo es el único medio de presión del que dispone el Parlamento para imponer cambios y combatir la arrogancia del Consejo y de la Comisión. 
La aprobación, acompañada de una serie de ruegos, no supone ningún medio de presión. 
Tan sólo constituye un indicio de que todo puede seguir igual, aunque finalmente el cambio sea mínimo o nulo. 
¿Acaso la aprobación significa que, tras manifestar algunos deseos y observaciones críticas, vamos a olvidar una serie de casos de fraude? ¿Como por ejemplo el fraude del lino en España, sobre el cual se acaba de publicar un informe OLAF? 
Sólo estaré dispuesto a dar mi aprobación una vez que estos fraudes se hayan resuelto, sancionado y resarcido. 
No conviene anticiparse y confiar en las buenas intenciones de la nueva Comisión Europea que asumió sus funciones en la segunda mitad de 1999. 
Me sorprende en gran medida que un ponente tan crítico en otras ocasiones proponga en este caso que procedamos a la aprobación y no estoy de acuerdo con su postura. 
. (DE) Mi decisión de votar en contra de la aprobación responde a los siguientes motivos: Si bien acojo con satisfacción la declaración de la Comisaria de Presupuestos ante el Pleno del 3 de abril de 2001 sobre el caso Fléchard, ésta resulta insuficiente como muestra de un cambio de orientación de la política de la Comisión en relación con los casos de fraude. 
Falta una declaración clara de que el tratamiento del caso en enero de 1994 fue contrario a derecho. 
Las deficiencias en la política de información de la Comisión con respecto al Parlamento tampoco se han modificado apreciablemente en comparación con la aprobación de la gestión correspondiente a 1998. 
Yo no puedo admitir que la autoridad presupuestaria no haya recibido 11 informes de auditoría solicitados, tal como detalla el ponente en el Anexo 2 de su informe. 
Esta política de información deficiente de la Comisión se ve agravada, además, por el Acuerdo marco que sólo autoriza el acceso del ponente a los documentos. 
También me siento vinculada por la decisión de aplazar la aprobación de la gestión en el caso de que la Comisión no presentase todos los documentos solicitados, adoptada por el Pleno en diciembre de 2000 en el contexto del llamado informe Morgan. 
Esto es lo que ha ocurrido ahora, según se desprende de los datos que ofrece el propio ponente. 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, en cuanto a este informe que he respaldado y que regula y expresa un juicio sobre la aprobación de la gestión de varios organismos de la Unión Europea, quisiera justificar mi voto favorable a un capítulo específico: el capítulo de gastos del Comité de las Regiones. 
Hay alguien- y debo decir quién, los conservadores ingleses en particular- pide que se elimine el Comité de las Regiones. 
No estoy de acuerdo. 
Por el contrario, considero que las regiones deben ser revalorizadas, resaltadas por la importancia que revisten y valorizadas, ya que creo que el futuro de Europa es, por una parte, Europa y, por otra, las regiones de Europa. 
Los Estados nacionales deben decidirse a dar un paso adelante. 
No podemos tenerlo todo. Por lo tanto, menos Estados nacionales y más regiones y más Europa. 
Informe Seppänen (A5-0097/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, el informe Seppänen expresa un juicio sobre el cierre de la CECA. 
Para mí que, desde los diez años, llevo a Europa en el corazón, es muy triste leer este informe en el que se trata la forma de eliminar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 
Por lo tanto, al confirmar que, en todo caso, he votado a favor del informe, quisiera sugerir al Sr. Seppänen que se proclame un día en el que se recuerde con alegría, simpatía, gozo y con perspectiva de futuro el importante paso inicial que supuso la firma de los acuerdos de la CECA y de la Euratom. 
Informe Rühle (A5-0109/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, hace un rato he dicho que he echado un sueñecillo. 
Pues bien, he hecho un medio sueño, no uno de verdad, he soñado con el informe Rühle y esto me brinda la oportunidad de justificar mi voto favorable. 
Yo era un Gulliver-Fatuzzo, pequeño pequeño, y a mi alrededor había unos hombres gigantescos. 
¿Quién eran estos gigantes? 
Eran un africano, un asiático, un sudamericano y un bahameño, es decir, los habitantes de los países en desarrollo que son objeto de este informe. 
Estos hombres gigantescos se inclinaban hacía un Fatuzzo muy pequeño y le decían: " Fíjate bien: ¿según tú, somos nosotros los países que se deben desarrollar o vosotros, pueblos de Europa, pueblos modernos que parecéis desarrollados, pero que, en realidad, tenéis un cerebro muy pequeño? 
Pensad en desarrollaros vosotros, porque nosotros lo estamos incluso demasiado. " 
Informe Hermange (A5-0084/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, en mi intervención de ayer le expliqué a la Sra. Diamantopoulou lo mucho que me habría gustado que se erigiera en intérprete de las demandas que todo nuestro Parlamento dirige a los Estados nacionales con el fin, de que exista una verdadera igualdad para las personas discapacitadas en Europa. 
De hecho, esta mañana, en ese mi dormitar del que ya le he hablado, me vi cenando con la Sra. Diamantopoulou que, hasta la fecha, aún no ha aceptado la invitación que le hice. 
En cualquier caso, en el sueño estaba cenando con ella que me decía: " Fíjate, Fatuzzo, he conseguido que se derogue la ley que en Italia no asigna pensión alguna a las personas discapacitadas de más de 65 años. 
Fíjate, Fatuzzo, he logrado que la Unión Europea apruebe el reglamento que permite a las personas discapacitadas desplazarse dentro de la Unión sin perder su pensión. " 
¡Era realmente un sueño, señor Presidente! 
. (EL) La propuesta de la Comisión Europea está inspirada por la conocida ideología de la clase dominante al respecto de la supuesta necesidad de garantizar igualdad de oportunidades y libertad de acceso a las personas con discapacidad; cosa que, por otra parte, se pone de manifiesto en el título del informe en cuestión: «Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad». 
Es evidente el intento de ocultar el carácter de clase del problema. 
¿A qué igualdad de oportunidades puede aspirar en el capitalismo un niño con discapacidad procedente de las capas populares más pobres frente a un niño de familia rica? 
Esta ocultación no es fortuita: de todas las medidas positivas que se proponen en el informe (mejora de las normas de diseño, desarrollos de nuevos servicios, etcétera) podrán beneficiarse fundamentalmente los discapacitados de las capas más prósperas de la población. 
A la postre, lo que interesa no es otra cosa que la comercialización de las necesidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, como, por ejemplo, en la enseñanza, en el mercado de infraestructuras y aparatos, en el suministro de fuerza de trabajo barata, etcétera. 
Otras medidas parciales positivas, como el acceso a los medios de transporte, el reconocimiento del documento de identificación para la libre circulación por los países miembros de la Unión Europea, o la transferencia de los subsidios de un país a otro, no cambian la constatación formulada. 
Las personas con discapacidad constituyen las primeras víctimas, las más trágicas, de la política de reducción de gastos sociales en salud y previsión, así como de liquidación de los sistemas de seguridad social. 
Es significativo que en ningún documento de la Unión Europea se haga mención a la importancia de los gastos sociales para el tratamiento de los problemas de las personas con discapacidad. 
Una vez más el tratamiento de los gravísimos problemas sociales de las personas con discapacidad se hace depender de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales, del voluntariado y de la familia. 
Se habla hasta la saciedad de nuevos servicios, infraestructuras, etcétera; en ninguna parte se hace referencia a su gratuidad, ni siquiera a la posibilidad de adquisición subvencionada. 
Lo único que interesa es la subvención de los patronos que eventualmente empleen a personas con discapacidad. 
Y, sin embargo, a pesar de que existen desde hace años programas de subvención del empleo, el paro entre las personas con discapacidad, de acuerdo con estudios de centros independientes publicados en diversas ocasiones, alcanza el 70%. 
Por lo que respecta a la educación especial y a la enseñanza, si exceptuamos ciertas propuestas en general positivas que se refieren principalmente a la enseñanza universitaria, sin carácter vinculante, en cualquier caso, el texto está animado por la anticientífica ideología de la integración de los niños con discapacidad en los colegios comunes en nombre de su supuesta incorporación a la colectividad social. 
Los redactores del informe sin duda conocen el fracaso de este intento en Francia y Alemania, países en los que cerraron bastantes colegios especiales a principios de la década de los ochenta, para volver a abrir a finales de la misma década, al objeto de evitar convulsiones sociales. 
¿Cómo van a seguir las clases el invidente o el sordo, o incluso el parapléjico, en los degradados colegios públicos? ¿O cómo van a jugar, cuando los especialistas dicen que aun los libros deben ser especiales para invidentes y sordos? 
En Inglaterra no se han atrevido nunca a aplicar estas medidas, porque ha habido importantes reacciones de universidades, organizaciones de minusválidos etcétera. 
La lógica de la integración tiene que ver con la reducción de los gastos sociales, con la transferencia de los costes a la propia familia, y con la degradación educativa de los minusválidos. 
Por todas estas razones, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia no votaremos a favor del informe. 
Felicito a mi colega conservadora francesa, Sra. Hermange, por su imaginativo y constructivo informe. 
Los conservadores del Reino Unido han votado a favor. 
Los Estados miembros deben adoptar una actitud mucho más proactiva al reconocer las necesidades especiales de los discapacitados y esperamos que hagan suyas en gran medida la orientación y algunas de las ideas concretas de este informe. 
Sin embargo, instamos a que no se utilice el informe como palanca para intentar armonizar las prestaciones de la seguridad social en toda la UE: debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. 
Aplaudimos en particular dos primicias hoy: la aparición del informe en Braille y en tres idiomas y la utilización del lenguaje de signos en el debate. 
El Grupo PPE/DE no se limita a hablar de las necesidades de los discapacitados: en realidad, estamos haciendo algo positivo al respecto. 
Al hablar sobre la cuestión de las personas con discapacidades en Europa, debemos partir siempre de la premisa de que se trata ante todo de una cuestión de derechos civiles y humanos. 
Tenemos el deber de no limitarnos a pontificar, sino fomentar activamente el acceso a la educación, la formación, el empleo y las oportunidades. 
Podemos repasar informes y resoluciones anteriores de esta Asamblea sobre las personas con discapacidades. 
Sin embargo, siguen existiendo los mismos problemas y barreras básicos. 
Algunos Estados miembros y algunas ONG han presentado iniciativas innovadoras y valientes para eliminar las barreras y los obstáculos a la igualdad de oportunidades para todos. 
Sin embargo, algunos siguen considerándolo un sector concreto y no un reflejo de la denegación por parte de nuestra sociedad de oportunidades para todos. 
Al comienzo del siglo XXI, debemos enviar un mensaje al mundo en el sentido de que la UE reconoce la capacidad en todos, el derecho a la igualdad de trato y el acceso igual a las oportunidades. 
Al apoyar este informe, recomiendo a sus Señorías los puntos relativos al papel de las organizaciones que se ocupan de las discapacidades y otras ONG que han sido poderosas propagandistas de su causa y que han escuchado las voces de las personas y aprovechan la oportunidad de cambiar el mundo para todos nosotros. 
Debemos laborar en pro de que en 2003, a más tardar, que es el Año Europeo de los Discapacitados, garanticemos que se habrán eliminado la mayoría de las barreras. 
Acojo con entusiasmo el informe de la Sra. Hermange sobre una Europa libre de barreras para las personas con discapacidades. 
Reviste importancia decisiva que en el Parlamento Europeo apoyemos medidas tan importantes para mejorar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades. 
Este informe pide una directiva sobre la igualdad de trato en la que se aborden sectores como el empleo, la educación y la formación, el transporte, la sociedad de la información y la política del consumidor. 
También subraya la necesidad de incluir las cuestiones relativas a las discapacidades en todas las políticas. 
Los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE en las Cumbres de Lisboa y Estocolmo se propusieron crear la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento y capaz de conseguir un crecimiento económico sostenible mediante la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social. 
Sin embargo, tenemos una grave escasez de trabajadores especializados en el sector de las tecnologías de la información en toda la Unión Europea. 
No cabe duda de que el sentido común impone la utilización de todos nuestros ciudadanos para que tengamos una mano de obra más competente para realizar esa ambición. 
Creo firmemente que las personas con discapacidades serán indispensables en ese sector. 
Existe mano de obra disponible, lo único que necesitamos es introducir la formación eficaz y velar por que no haya discriminación al asignar puestos de trabajo. 
Existe la necesidad, existe la mano de obra: debemos aprovechar la oportunidad y reaccionar ante este imperativo de una nueva economía. 
Apoyo totalmente las medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidades en todos los sectores de la vida desde el empleo hasta las tecnologías de la información. 
Con ello no sólo se transformarán las vidas de muchas personas con discapacidades, a las que ahora se animará a desempeñar un papel pleno en la sociedad como otras cualesquiera, sino que, además, se transformará la economía de la Unión Europea y se la convertirá de verdad en la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento gracias a una mayor cohesión social. 
. (FR) Me alegro de que la comunicación ponga en práctica el proceso de la Declaración 22 anexada al Tratado de Amsterdam, que proclama que para la elaboración de las medidas determinantes del Mercado Único, se tendrán en cuenta las necesidades de las personas minusválidas. 
Se remite a la Comunicación de 1996 relativa a la igualdad de oportunidades para las personas minusválidas, reconociendo sus derechos más que considerándolas como personas que necesitan una ayuda caritativa. 
Es un cambio de actitud fundamental que hay que subrayar. 
Esta iniciativa pretende suplir las carencias de la estrategia de integración de los derechos de las personas minusválidas en las políticas comunitarias, que aparecen en los ámbitos de los transportes, del acceso a los edificios y espacios públicos, de la sociedad de la información, de la investigación y desarrollo y de la política de los consumidores. 
La noción de "persona minusválida" comprende todas las patologías, tanto físicas como mentales o sensoriales. 
Es otro cambio fundamental importante. 
La falta de estadísticas en la materia se detectó ya en 1998. 
Para corregir esta carencia, Eurostat realizará 3 estudios: un nuevo módulo de la encuesta sobre la fuerza laboral para marzo de 2003; la publicación, a principios de 2001, de los indicadores que sirven de base al análisis del nivel de participación de las personas minusválidas en el mercado laboral, la vida cultural... ; la ampliación del ámbito de la encuesta del Panel Comunitario de los hogares sobre los obstáculos cotidianos a los que se enfrentan cada uno de ellos. 
El informe subraya, útilmente, que las primeras barreras para las personas minusválidas se erigen principalmente durante la infancia. 
Según la Carta de Luxemburgo sobre la educación para todos, los padres deben ocupar el lugar prioritario en materia de educación, para poder acceder a los medios necesarios para realizar una verdadera elección, dentro del respeto a sus valores y tradiciones familiares. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del reglamento) 
Con esto termina el turno de votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 13.12 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo en Estocolmo, incluida la situación en Oriente Medio (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a continuar el debate sobre los resultados del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2001 en Estocolmo, incluida la situación en el Oriente Medio. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo lamento mucho que, por falta de tiempo, no hayamos podido concluir el debate esta mañana, como sin duda habría sido necesario para obtener una visión de conjunto. 
Yo creo que la Cumbre de Estocolmo ha fijado unas prioridades equivocadas. 
Ha prestado demasiada atención a la política social y educativa- temas que, de conformidad con los Tratados, no son en absoluto de la competencia de la Unión Europea- y demasiado poca a la liberalización de los mercados. 
Mi país y Francia bloquearon la liberalización de los mercados de la energía. 
En lo que respecta a la liberalización del espacio aéreo, todavía estamos discutiendo sobre el tratamiento que debe recibir el aeropuerto de Gibraltar, con lo cual miles de turistas volverán a quedar retenidos este verano en los aeropuertos debido a los retrasos de los vuelos. 
¡Pero en Estocolmo se establecieron, en cambio, directrices en materia de política social y educativa! 
¡Esto es inadmisible! 
Se está apuntalando a Europa por el lado equivocado. 
Se debe seguir impulsando la política de liberalización, con el fin de conseguir un desarrollo de los mercados favorable para los consumidores. 
Esto también es política social y de protección del consumidor, pues la competencia permite conseguir unos precios más favorables. 
En la política social y educativa propiamente dicha deberíamos volver a respetar escrupulosamente el principio de subsidiariedad y dejar que los Estados miembros se encarguen de llenar de contenido estos conceptos. 
Europa no es culturalmente homogénea y tampoco debe llegar a serlo. 
En ello reside nuestra fuerza, pues Europa, por el contrario, se nutre de su diversidad. 
Yo opino que Europa no debe dispersar sus fuerzas y se tiene que volver a concentrar en las tareas que puede cumplir. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tendrán ocasión de hacerlo en el próximo Consejo de junio en Goteburgo. 
¡Yo espero que la aprovechen en bien de Europa! 
Señor Presidente, el señor Dupuis me recordó al inicio de este debate el abismo moral en el que había caído por mi informe sobre Rusia. 
No obstante, me sigue resultando simpático y también mantendré esta dualidad en el ámbito político. 
En lo que respecta a la Federación Rusa, considero extremadamente importante mantener permanentemente un lenguaje claro, también cuando se trata de Chechenia. 
Por este motivo, lamentamos que la presidencia no haya rebatido y respondido inmediatamente a las comparaciones establecidas por el señor Putin en Estocolmo entre el conflicto de Macedonia y el de Chechenia. 
En mi opinión, nuestros colegas rusos comprenden mejor el lenguaje duro que una actitud evasiva. 
Asimismo, considero extremadamente importante en relación con Rusia el hecho de subrayar la trascendencia de cuestiones como la dimensión nórdica- de lo cual no es necesario convencer a Suecia- y la importancia que está cobrando Kaliningrado, sobre todo porque se convertirá en un enclave de la Unión Europea donde se deberán adaptar las normas para sus habitantes, de modo que también puedan aprovechar, por ejemplo, los frutos del acervo de Schengen. 
En esta época, en la que Schengen se encuentra cada vez más informatizado, debería resultar sencillísimo establecer un sistema para la obtención de visados al que puedan acogerse también los ciudadanos de Kaliningrado. 
En relación con los Balcanes, señor Presidente, me complace en gran medida que la policía serbia haya tenido el valor de arrestar a Milosevic. 
Deseo que la SFOR muestre el mismo valor en la detención de Karadzic, ya que, tras el paso dado por Belgrado, de ninguna manera podemos quedarnos atrás en Bosnia. 
Por este motivo, el Consejo debe presionar a los responsables de la SFOR para que procedan a arrestar a Karadzic. 
Ha quedado claro que no se puede tratar al jefe de estado de Serbia de manera distinta a los demás jefes de estado de la región por la sencilla razón de haberse portado peor. 
Considero que su traslado a La HAYA es absolutamente imprescindible y que no debemos permitir, en ningún caso, que Serbia se convierta en una excepción. 
Señor Presidente, Señorías, las propuestas de Alexander Lamfalussy sobre la forma del procedimiento legislativo que se deberá seguir para el desarrollo del paquete relativo a los servicios financieros resultan orientadoras, pues establecen por primera vez una distinción muy clara entre la ley, la directiva, el reglamento, elaborado con la participación del Consejo y del Parlamento, y la transposición técnica de la directiva. 
Esto permite que la adaptación a las nuevas condiciones de orden técnico pueda ser mucho más rápida que en el pasado. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron, en efecto, que queremos que el espacio económico europeo llegue a ser el más moderno y competitivo del mundo, y esto también requiere una forma moderna de legislar. 
Si lo que se ha planteado en este contexto demuestra su utilidad, más adelante se podrá aplicar también en otros ámbitos, en el contexto de las normas técnicas y quizá también en el ámbito de la agricultura. 
Sin embargo, ¿cuál es el problema? 
El problema reside en que la transposición técnica, o sea, los reglamentos aprobados sobre esa base, a menudo también pueden comportar problemas para los ciudadanos. 
La política tiene que tener la oportunidad de intervenir en este aspecto y volver a considerar dichos puntos en el marco del proceso de decisión político. 
En ese caso, puesto que nos encontramos en el marco del proceso de codecisión, el Parlamento Europeo debe tener los mismos derechos que el Consejo. 
En Estocolmo se alcanzó un buen acuerdo entre el Consejo y la Comisión, pero el Parlamento siguió quedando al margen. 
Por consiguiente, es necesario que prosigan las negociaciones, con el fin de alcanzar unos resultados que el Parlamento también pueda considerar satisfactorios. 
Señor Presidente, suscribo por completo la intervención del Sr. Von Wogau y haré algunas acotaciones complementarias. 
El informe Lamfalussy parte de un hecho cierto: el procedimiento legislativo que tenemos es demasiado lento y nos impide adaptar la legislación en tiempo y forma a las necesidades del mercado. 
Lo que no dice el informe Lamfalussy es que, normalmente, donde se empantanan las disposiciones sobre este tema es en el Consejo. 
Por tanto, creo que el tirón de orejas se ha equivocado de destinatario. 
En segundo lugar, el informe Lamfalussy intenta solucionar este problema delegando la elaboración de las medidas de ejecución en un comité de valores mobiliarios en que Consejo y Comisión no pierden un ápice del poder que tenían, mientras que se recorta el poder del Parlamento. 
A mi juicio, la solución que se prescribe, puede generar una desconfianza que se traduzca a la larga en una lentitud mayor de la que teníamos hasta ahora. 
Lo que el Parlamento pide es que cuando una norma de ejecución se extralimite respecto a los principios generales, no sea una norma imperativa, sino ilegítima. 
No pedimos que la Comisión tenga en consideración nuestra opinión; si la norma se excede, la norma no existe. 
Eso es lo que dice la teoría del mandato, que yo aprendí en Derecho romano, o la teoría de delegación de poderes, que aprendí en Derecho político. 
Pero quizá lo más importante de esta deriva del informe Lamfalussy, que ha sido recogido por el Consejo de Estocolmo, es la deriva intergubernamental en perjuicio del método comunitario de la elaboración de normas y, en segundo lugar- y más importante- el deseo de acelerar la liberalización del mercado interior de servicios financieros sin, al mismo tiempo, ajustar las normas y las medidas de control o de salvaguardia. 
En esas condiciones nos podríamos encontrar con un hipermercado sin control político, en una subordinación de los Estados nacionales a las decisiones semipolíticas de los agentes económicos que se moverían con absoluta libertad en el territorio de la Unión. 
Nos hallamos, más o menos, en la misma discusión que precedió al Acta Única Europea, en la que, por fortuna no triunfaron las tesis de la Sra. Thatcher. 
Señor Presidente, mañana se va a adoptar una decisión de gran trascendencia para Europa y su sociedad de la información. 
Yo espero que se dé luz verde al sistema Galileo y confío en el buen criterio del Consejo de Ministros de Transportes. 
Necesitamos una votación política unánime sin nuevos subterfugios verbales. 
Los que todavía mantienen posiciones críticas deben saber que la asociación entre el sector privado y el público es viable si la votación política es clara. 
Su uso militar quizá sea posible, pero no es una condición necesaria. 
La infraestructura que se creará gracias a Galileo tendrá un valor añadido futuro superior al de anteriores medidas infraestructurales. 
La juventud de Europa interesada en la tecnología puede encontrar nuevos empleos atractivos gracias a Galileo. 
La alta tecnología europea se situará en la vanguardia mundial de este sector que apunta hacia el futuro. 
El llamado valor de mercado de Galileo se incrementa en proporción inversa al capital inicial necesario. 
Tenemos que poder aplicar también en este ámbito el principio negociador europeo del reparto de las cargas. 
Bajo estas condiciones, la aproximación de posiciones entre los Estados miembros no debería resultar penosa, sino fluida. 
¡Tenemos que apostar a fondo ahora! 
¡Mañana ya será demasiado tarde! 
Nuestro gran competidor, Estados Unidos, se ríe a hurtadillas y acoge con satisfacción cualquier retraso del proceso en Europa. 
La introducción en el mercado requerirá en cualquier caso unos siete u ocho años. 
Los Presidentes Persson y Prodi han resaltado acertadamente ya de entrada esta mañana esta nueva oportunidad de desarrollo tecnológico para una Europa moderna. 
Voy a repetirlo con mucho gusto ahora: Galileo es un portal de acceso a una sociedad de la información europea. 
Espero que el Consejo de Ministros de Transporte también lo entienda así mañana. 
Señor Presidente, sobre el proyecto Galileo desearía alguna aclaración de la Comisión y del Consejo respecto de cuestiones importantes que se deben abordar antes de que se pueda aprobar la fase definitiva del proyecto. 
El Memorando de Entendimiento que indica la financiación provisional con cargo a organismos privados de 200 millones de euros requiere una explicación suplementaria. 
Así, pues, ¿podría la Comisión ofrecer ejemplos concretos de algunas de las empresas que han accedido a contribuir a la financiación? 
¿Podría confirmar también las noticias de que, si no se adopta de aquí a junio de 2001 una decisión política firme en la fase definitiva, se desaprovechará la oportunidad que significa ese compromiso de financiación por parte de la industria privada? 
¿Podría también la Comisión hacer alguna observación a este respecto sobre la falta de compromiso político resultante de la Cumbre de Estocolmo? 
No cabe duda de que la retórica imprecisa no basta, cuando están en juego miles de millones de euros y el plazo, según el calendario de la Comisión, expira dentro de menos de tres meses? 
En pro de la transparencia, permítaseme pedir a la Comisión que exponga con toda claridad sus intenciones respecto de la financiación de este proyecto y diga si, a falta de interés del sector privado, financiará el proyecto exclusivamente con cargo al presupuesto de la UE, incluidos los 220 millones de euros que costará mantener el proyecto al año? 
¿Podría facilitar también la Comisión un desglose actualizado de las contribuciones previstas de los Estados miembros particulares? 
Sobre el desarrollo, ¿sabe la Comisión que, mientras que la UE ha estado gastando millones en el proyecto Galileo, los EE.UU. han ido perfeccionando la tecnología con la que cuentan? 
¿Podría justificar la Comisión por qué sólo se utilizará Galileo para fines civiles, pues parece absurdo que la UE decida crear su propio sistema de navegación por satélite y, sin embargo, niegue su capacidad militar? 
En conclusión, el de lanzar satélites es un asunto muy caro. 
Necesitamos firmes garantías de que las inversiones en el proyecto Galileo tendrán un rendimiento adecuado. 
Preguntas fundamentales cuando faltan menos de tres meses. 
A no ser que la Comisión aporte inmediatamente algunas respuestas sobre este proyecto, en la UE corremos el riesgo de parecer aficionados e irresponsables. 
Así, pues, insto a la Comisión y al Consejo a que examinen esos aspectos. 
Dado el costo de miles de millones de los contribuyentes, ante los que somos directamente responsables, tenemos derecho a que se nos den algunas respuestas. 
He recibido diecisiete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
Espacio de libertad, seguridad y justicia 
Señor Presidente, hoy se debate el informe anual sobre el Espacio de libertad, seguridad y justicia que se creó en octubre de 1999 en la Cumbre de Tampere. 
Yo creo que en realidad deberíamos hablar de un espacio de justicia, libertad y seguridad. En efecto, la justicia es el fundamento de nuestra Unión Europea, que se define como una Comunidad de Derecho. 
En Niza logramos avanzar en dos aspectos esenciales, que nosotros acogemos con satisfacción: por un lado, la aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales, que ahora falta conseguir que también sea jurídicamente vinculante, y por el otro lado, la reforma del Tribunal de Justicia Europea, que forma parte de los aspectos destacables del Tratado de Niza. 
No obstante, el desarrollo de Europa como Comunidad de Derecho es todavía insuficiente en aspectos esenciales. 
En este contexto, yo quisiera citar ante todo la cooperación judicial transfronteriza en los ámbitos civil y penal, pero también- y esto me parece fundamental- en el ámbito de los derechos humanos y los derechos ciudadanos, justamente porque la Carta de los Derechos Fundamentales sigue teniendo un carácter no vinculante. 
Una Comunidad de Derecho también significa, naturalmente, que no se debe exigir sólo a los países candidatos que cumplan el acervo comunitario, sino que también nosotros debemos transponer y cumplir nuestras propias decisiones y actos jurídicos. 
Por esto, la pregunta central que dirigimos al Consejo y a la Comisión es: ¿cuál es la situación en lo que respecta a la transposición de los acuerdos y decisiones que forman parte del acervo comunitario, cuál es el calendario y a qué se deben los repetidos retrasos en este ámbito? 
En segundo lugar, hablamos de libertad. 
Ésta es una consecuencia de la justicia. 
La libertad está basada en el respeto de la dignidad humana. Sin embargo, para evitar que se abuse de ella, necesitamos que haya seguridad, pues sin seguridad y sin justicia, la libertad se convierte en la ley del más fuerte. 
Nosotros no queremos que prevalezca la ley del más fuerte, sino que también haya justicia para los débiles. 
Por esto necesitamos una política de seguridad basada en la justicia. 
En este contexto, existen deficiencias considerables en cuanto a la lucha transfronteriza contra la delincuencia, a la cooperación en el ámbito de la justicia penal y en la homogeneización de las normas jurídicas. 
En consecuencia, yo quiero instar al Consejo a que siga impulsando sin demora la consolidación de la Europol, que por fin saque adelante el tema del control del Parlamento Europeo sobre la Europol, que cree por fin, dentro de las próximas semanas, la Academia Europea de Policía- también en este aspecto ha habido retrasos, aunque el Comisario nos pudo anunciar noticias positivas ayer- y que hagan lo necesario para que algún día podamos contar también con una vigilancia de fronteras común europea. 
El Parlamento Europeo lo propuso hace ya tres años por iniciativa mía. 
Yo agradezco que algunos Estados miembros estén presionando ahora en el Consejo a favor de la creación de una unidad de vigilancia de fronteras de este tipo, que se encargue de controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Por otra parte, también queremos preguntarle al Consejo, en el contexto de este debate tan importante, cuál es en realidad su posición en lo que respecta a su responsabilidad ante el Parlamento Europeo. 
Hemos empezado a mantener una colaboración excelente con la Comisión y con el Comisario Vitorino, pero observamos claras deficiencias en la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior. 
Hoy estamos celebrando este debate sin disponer de un informe anual escrito y sin ningún tipo de documento del Consejo sobre lo que se ha hecho y lo que aún queda por hacer en este ámbito central de la política. 
La actuación de la Comisión es modélica en este sentido. 
Pero no disponemos de un informe anual del Consejo sobre lo acaecido en este ámbito central en el año 2000. 
Yo creo que es necesario que se tenga en cuenta y se informe debidamente al Parlamento y que se siga avanzando en la parlamentarización de este ámbito central de la justicia y los asuntos de interior. 
En este contexto observamos deficiencias decisivas por parte del Consejo. 
No es admisible que se pretenda construir la Europa de los ciudadanos dejando de lado a sus representantes elegidos, o sea, a los parlamentarios. 
Finalmente, quisiera referirme al ámbito sensible del derecho de asilo. 
En este aspecto- igual que en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores- echamos en falta un enfoque estratégico del Consejo. 
Existen abundantes iniciativas individuales de los Estados, a veces incluso contradictorias entre sí. 
Existen una serie de enfoques individuales, pero falta un enfoque estratégico con vistas a la elaboración de una política de asilo común, una política de inmigración común, y también a un reparto de las cargas, de las cargas personales entre los Estados miembros. 
Instamos al Consejo a que remedie estas deficiencias. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados al Parlamento Europeo, señoras y señores, mi colega la Sra. Klingvall y yo agradecemos que se nos haya invitado. 
Es un gran honor hacer uso de la palabra en esta Asamblea. 
El Parlamento Europeo es un actor muy significativo en la integración europea y la Presidencia sueca valora mucho las buenas relaciones con ustedes. 
Esperamos haber podido demostrar una parte de este anhelo, especialmente en nuestras reuniones con las comisiones en Estocolmo. 
El tema que se discute es muy interesante. 
Hay estudios que demuestran claramente que a los ciudadanos europeos les preocupa la cooperación judicial. 
La delincuencia organizada actual es, en gran medida, transfronteriza, debido, especialmente, al desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Los ciudadanos europeos imponen exigencias y tienen grandes esperanzas en que se produzcan resultados positivos, tanto en el campo judicial como en el ámbito nacional. 
Como seguramente saben, en el campo judicial tenemos el programa legislativo más completo de la Unión. 
A través del Tratado de Amsterdam y de las conclusiones de la Cumbre de Tampere, la UE ha presentado un ambicioso plan para la creación de un ámbito de libertad, seguridad y justicia. 
Como es sabido, nos encontramos en una intensa etapa de su ejecución. 
También es sabido que el Tratado de la UE dispone que cada año el Parlamento Europeo tiene que debatir los avances realizados en el sector que comprende el Capítulo VI del Tratado. Aunque el Tratado sólo menciona el tercer pilar, mi colega y yo no queremos limitar el debate exclusivamente a los temas que conciernen a este pilar. 
A menudo existe una relación estrecha entre las materias del primer y del tercer pilar. 
En general puede decirse que el año 2000, el año sobre el que vamos a informar, es el año 1 de la era post Tampere. 
Como ya he dicho, Tampere significó un gran paso adelante en materias de justicia y de asuntos de interior y se fijó un programa muy ambicioso. 
Quisiera empezar mencionando algunos de los avances conseguidos en el plano judicial durante 2000. 
Durante este año, el Consejo de asuntos de la justicia y de asuntos de interior aprobó una veintena de documentos jurídicos, entre ellos ocho reglamentos y tres convenciones. 
Se han aprobado planes de acción para todas las actividades relacionadas con temas de justicia y de asuntos de interior. 
Además, el Consejo aprobó más de una treintena de conclusiones, resoluciones, recomendaciones e informes. 
Las exitosas Presidencias francesa y portuguesa dieron impulso a numerosos asuntos. 
Se consiguieron decisiones en numerosas materias relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada. 
Se adoptaron decisiones sobre protección al euro y en la reunión de la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior con el Consejo de Ecofin del 17 de octubre en Luxemburgo se aprobó una serie de importantes decisiones, por ejemplo, sobre blanqueo de dinero. 
Dimos el primer paso en el proceso para la creación de Eurojust que, a nuestro juicio, es una importante herramienta en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Hicimos grandes esfuerzos en la lucha contra la delincuencia informática, por ejemplo, mediante la aprobación de normas para combatir la pornografía infantil en Internet. 
Además, logramos desarrollar el principio de reconocimiento recíproco mediante la aprobación de un programa de medidas de reconocimiento recíproco de jueces en causas criminales. 
También se aprobaron normas para mejorar la cooperación en materia de derecho civil, por ejemplo, sobre notificaciones, insolvencia y sobre reconocimiento y ejecución de asuntos relacionados con la separación de bienes. 
Quiero hacer hincapié en la pregunta formulada por el Sr. Posselt. 
Intentaré responder las partes que atañen al sector judicial y policial, mientras que mi colega, la Sra. Klingvall, lo hará con los temas concernientes al asilo y las migraciones. 
Señor Presidente, una parte de la pregunta se refiere al diálogo entre las instituciones, a las medidas que se han preparado para hacerlo más eficaz y a la definición más clara de las relaciones entre las instituciones, los Estados miembros y, por ejemplo, Europol y Eurojust. 
El Tratado de Amsterdam y las conclusiones de Tampere han significado un enorme cambio en el sector de la justicia y asuntos de interior. 
Como mencioné anteriormente, se ha establecido un plan muy ambicioso y aumenta el ritmo de los trabajos. 
Ha cambiado no sólo el contenido sino que también el carácter de la cooperación. 
Las instituciones tienen, en parte, nuevas funciones y se están diseñando los métodos de trabajo. 
Estamos en medio de la ejecución de Tampere y podemos identificar algunos sectores en los que todas las instituciones se están adaptando a las nuevas condiciones. 
Estoy absolutamente convencido de que la instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia supone una cooperación estrecha entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. La Presidencia sueca desea trabajar con este espíritu. 
El Tratado señala un marco para las relaciones formales entre el Consejo y el Parlamento Europeo cuando se tramitan documentos jurídicos y otros instrumentos en el ámbito de la justicia y de asuntos de interior. 
El Consejo es plenamente consciente de que el ambicioso trabajo en este campo significa también un considerable esfuerzo para ustedes en el Parlamento. 
Los plazos del Consejo para que el Parlamento emita su opinión deben fijarse en atención, por una parte, a la importancia de que los asuntos se tramiten con rapidez y, por otra, a la carga de trabajo del Parlamento. 
En esto tenemos que asumir una responsabilidad común por el futuro de la UE. 
Es importante que hagamos hincapié en lo que es importante y que nuestro tiempo y energías se destinen a las materias trascendentales. 
La Presidencia sueca ha iniciado un debate sobre los métodos de trabajo del Consejo. 
En nuestra reunión informal de 8 y 9 de febrero, en la que también tuvimos el placer de estar con el Sr. Watson, coincidimos en que es necesario hacer más eficaz el trabajo del Consejo para alcanzar las metas fijadas en Tampere. 
En la revisión que se ha iniciado, se incluirá el creciente número de iniciativas en el campo de la justicia y de asuntos de interior. 
Estoy convencido de que es posible que las iniciativas de legislación sean más previsibles y coordinadas. 
Esto facilitaría mucho el trabajo de las instituciones. 
Quisiera referirme también a las relaciones de las instituciones con Europol y Eurojust. 
La Presidencia está convencida de que es posible y necesario mejorar la transparencia, de modo que el Parlamento pueda seguir, por ejemplo, las actividades de Europol. 
La Presidencia está estudiando la forma de llevarlo a la práctica. 
Puede haber medidas a corto plazo que no requieren modificaciones legales. 
En cuanto a Eurojust, el Consejo aún no ha comenzado el debate sobre la mejor manera de incorporar al Parlamento y a la Comisión en estos trabajos y de permitirles seguir sus actividades. 
Pero es obvio que las relaciones entre Eurojust, la Comisión y el Parlamento van a formar parte de las negociaciones. 
La propuesta de resolución del Consejo, sobre la que debe pronunciarse el Parlamento, se fundamenta en la reglamentación existente en la Convención de Europol, tanto en lo concerniente a la participación en las actividades como en la posibilidad del Parlamento de seguirlas. 
También me gustaría subrayar que estudiaremos la posibilidad de mejorar aún más las condiciones de transparencia. 
Antes de ocuparme del próximo asunto, quisiera hacer hincapié en nuestro anhelo de mantener las buenas relaciones con ustedes. 
Para subrayar este hecho, hoy les he entregado un informe que contiene los trabajos del Consejo en materia de justicia y de asuntos de interior durante el año pasado. 
El Sr. Posselt menciona también el principio de reconocimiento recíproco y las medidas que se han preparado para mejorar el reconocimiento recíproco de jueces en materia penal. 
El reconocimiento recíproco en materia penal y la cooperación judicial tradicional apuntan hacia el mismo objetivo: que la cooperación entre los estados se mejore para alcanzar un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Fundamentándose en las conclusiones de Tampere, el Consejo aprobó en diciembre del año pasado un programa de medidas sobre la aplicación del principio de reconocimiento recíproco. 
El programa de medidas es muy vasto y ambicioso. 
Comprende una gran cantidad de medidas que hay que realizar. 
Como se define en el programa de medidas, el principio de reconocimiento recíproco comprende decisiones anteriores a la sentencia, la sentencia misma y decisiones posteriores a ella. 
Según esto, Suecia, Bélgica y Francia han tomado la iniciativa para la redacción de un instrumento sobre las decisiones anteriores a la sentencia. 
Se trata de un reconocimiento recíproco de resoluciones judiciales, congelación de bienes y objetos de prueba. 
Este instrumento tiene por objeto evitar de manera rápida que bienes y objetos de prueba sean sustraídos de la acción de la justicia. 
Cuando se presentó este instrumento fue recibido positivamente y se negociará en la primavera, durante la Presidencia sueca. 
Durante la primavera es posible que se presente una iniciativa sobre reconocimiento recíproco y ejecución de penas de multa. 
En este caso, el trabajo de reconocimiento recíproco se refiere a la ejecución de la sentencia. 
Quisiera mencionar también la cooperación en materia civil, especialmente el trabajo que se ha iniciado para crear un título ejecutivo de deudas no impugnadas. 
Un título de esta naturaleza, a diferencia de uno nacional, será ejecutable en todos los países miembros, sin control interestatal. 
Éste es el primer paso importante hacia la consecución de nuestros objetivos, esto es, que las sentencias dictadas en un Estado miembro sean reconocidas y puedan ser ejecutadas directamente en toda la Unión. 
Finalmente quisiera contestar la respuesta del Sr. Posselt sobre aplicación de la legislación en nuestro sector y sobre lo que mencioné hace un momento, es decir, un informe anual sobre cumplimiento de compromisos. 
En los trabajos para la instauración de un espacio de libertad, seguridad y justicia dependemos en gran medida de instrumentos jurídicos que deben cumplirse por los sistemas judiciales de los Estados miembros. 
Numerosos instrumentos aprobados a finales de la década de los 90 ya han entrado en vigor. 
Además, actualmente es posible aplicar muchos instrumentos aunque no hayan entrado en vigor en todos los Estados miembros. 
Después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, numerosos documentos jurídicos comunitarios, por ejemplo, reglamentos, han sido aprobados en el ámbito de la justicia y de asuntos de interior. 
Muchos de esos instrumentos ya han entrado en vigor o lo harán en breve. 
Un ejemplo concreto es el denominado Reglamento Bruselas II sobre reconocimiento y ejecución en materia de separación de bienes. 
El cumplimiento de compromisos en este sector es uno de los temas que se revisarán. 
No descarto que se necesiten más medidas para el mejor cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados miembros en el Consejo. 
Algún control de los compromisos contraídos por los Estados miembros en el Consejo puede ser una forma de crear presión para su cumplimiento. 
La Presidencia no sabe con exactitud cómo diseñar un mecanismo de esta naturaleza. 
Las propuestas que se mencionan en la pregunta- un informe anual- puede ser una forma, pero el Consejo tendrá que dar más adelante una respuesta más concreta a esta pregunta. 
Señor Comisario, Señorías, señores miembros del Consejo, comienzo agradeciendo al Sr. Bernd Posselt que haya presentado la pregunta oral en que se basa este debate. 
Al responder a las cuestiones que ha planteado no voy a centrarme en lo que se hizo en el año 2000, porque ahora los representantes del Consejo han hecho de forma exhaustiva y con rigor el balance de ese asunto, pero quisiera indicar sobre todo los hitos más importantes en el camino que deberemos recorrer hasta el Consejo Europeo de Laeken, que es el momento elegido para la primera evaluación a fondo de los resultados alcanzados en la ejecución del mandato de Tampere. 
El de 1999 fue un año de cambio de rumbo en el sector de la justicia y los asuntos de interior. 
El de 2000 fue un año de arranque de la ejecución del mandato de Tampere. 
En opinión de la Comisión, no es exagerado decir que comenzamos bien. 
Por nuestra parte, presentamos una propuesta de un grupo de evaluación cuya estructura y contenido son conocidos de sus Señorías y, por eso, no voy a insistir en ella. 
Pero mediante el grupo de evaluación podemos, con transparencia, claridad y sentido de la responsabilidad, observar los avances, pero también las demoras, en la ejecución del mandato de Tampere. 
Por eso, no voy a referirme al contenido del grupo de evaluación, pero me gustaría comenzar refiriéndome a una cuestión suscitada por el Sr. Bernd Posselt sobre la elaboración de un informe anual referente al estado de consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
En la óptica de la Comisión, un grupo de evaluación dinámico, como queremos que sea éste, responde a la preocupación del Sr. Bernd Posselt. 
Pero creo que podemos mejorar el grupo de evaluación en dos sentidos: en primer lugar, fortaleciendo, en la introducción de cada versión revisada del grupo de evaluación, al final de cada Presidencia, la dimensión política del balance del camino ya recorrido; y, en segundo lugar, adaptando en próximas ediciones del grupo de evaluación su propia estructura, sobre todo después de los resultados del Consejo Europeo de Laeken, para que el grupo de evaluación refleje también la forma como cada uno de los Estados miembros está poniendo en práctica en su ordenamiento jurídico interno las decisiones adoptadas en el nivel europeo. 
Reconozco que, aunque ha comenzado bien, es legítimo tener sentimientos contradictorios en cuanto a la capacidad de decisión de la Unión a este respecto. 
Y a este respecto se plantean dos problemas que de nada sirve escamotear. 
El primero tiene que ver con la miríada de iniciativas de los Estados miembros cuya lógica, a veces, se nos escapa. 
No quiero poner en entredicho el derecho de iniciativa de los Estados miembros. 
Sólo con una estrecha cooperación entre todas las instituciones de la Unión, pero también- y tal vez sobre todo- entre los Estados miembros, se alcanzará la consolidación de un espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Pero la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento en cuanto al método, a veces fragmentado, que orienta gran parte de las iniciativas de los Estados miembros, con el riesgo de no aportar valor añadido al proyecto común. 
No pongo en entredicho la buena fe de dichas iniciativas, pero su existencia es a veces dispersa; si se insertan en el orden de prioridades de la agencia europea común, serán iniciativas dignas de beneplácito. 
Pero, si corresponden sólo a prioridades de las circunstanciales agendas políticas internas de cada uno de los Estados miembros, temo que no ayuden a cumplir el exigente programa de Tampere. 
Por eso, la Comisión está dispuesta a aprovechar todas las formas de colaborar mejor con los Estados miembros en el ejercicio de la iniciativa legislativa. 
En segundo lugar, vale la pena decirlo ya hoy, antes de la celebración del Consejo Europeo de Laeken, corremos el riesgo de encontrarnos con algunos retrasos respecto del calendario de Tampere. 
Si no hay un aumento del ritmo y capacidad de decisión del Consejo, es decir, si se mantiene la velocidad actual, llegaremos a Laeken sin haber logrado muchos de los objetivos fijados en Tampere. 
Por eso, ha sido muy alentadora la reflexión habida por iniciativa de la Presidencia sueca, que acojo con beneplácito, en el Consejo oficioso de Estocolmo sobre la necesidad de acelerar el ritmo de decisiones y de mejorar los métodos de trabajo del Consejo. 
La Comisión está dispuesta a colaborar, siguiendo la dirección de la Presidencia sueca, en ese trabajo de reflexión y racionalización de los métodos de acción del Consejo. 
En cuanto a las cuestiones concretas del Sr. Bernd Posselt, voy a ser muy breve. 
En materia de transposición interno del acervo comunitario en el ordenamiento jurídico, he de decir que, por lo que se refiere a los convenios del tercer pilar, sólo hay un convenio que hayan subscrito y ratificado todos los Estados miembros: el Convenio EUROPOL. 
Todos los demás convenios no cuentan aún con la firma y la ratificación de los quince Estados miembros. 
En cuanto a las decisiones-marco, es pronto para hablar de la transposición, porque son muy recientes, no existen aún en número suficiente para que se pueda hacer un informe de evaluación. 
En cuanto a la segunda cuestión, la de la política común de inmigración, la Comisión ya ha contribuido a lo que se puede considerar esencial, que es la construcción de un concepto europeo de inmigración y una visión del papel que corresponde a la política de inmigración mediante la comunicación que presentó al Consejo y al Parlamento en noviembre del año pasado. 
En dicha comunicación señalamos dos objetivos: primero, un conjunto de iniciativas legislativas que establezcan un acervo comunitario común, y, en segundo lugar, el lanzamiento de un proceso de coordinación abierta en el nivel del Consejo para coordinar las políticas de gestión de las corrientes migratorias. 
Presentamos la propuesta de reagrupamiento familiar, que espero ver aprobada durante la Presidencia sueca; presentamos una propuesta relativa a los derechos y obligaciones de los ciudadanos de terceros países residentes de larga duración; en julio presentaremos una propuesta sobre condiciones de admisión de los ciudadanos de terceros países por motivos de trabajo y de aquí al final del año presentaremos una propuesta complementaria sobre la admisión de los ciudadanos de terceros países por motivos de estudio, formación o de otra índole. 
La Comisión tiene intención de presentar de aquí al mes de julio una propuesta de operacionalización del método de coordinación abierta en materia de política de inmigración para que se ponga en práctica ya en el año 2002, al tiempo que la iniciativa de la Presidencia sueca de mejorar el aparato estadístico disponible en materia de inmigración. 
Asimismo, el nuevo programa ODYSSEUS permitirá lanzar un programa de cooperación administrativa entre los Estados miembros y esperamos lanzar las bases de lo que será la creación de un servicio común de policía de fronteras, como ha dicho el Sr. Bernd Posselt. 
En materia de inmigración, creo que no debemos dejar de lado la perspectiva de una política proactiva de integración de las comunidades de inmigrantes en las sociedades de acogida. 
Para eso, es importante explorar todas las potencialidades del plan de lucha contra la discriminación que la Comisión presentó el año pasado y del mismo modo desarrollar el componente de inmigración en la estrategia de Lisboa reafirmada en Estocolmo de lucha contra la exclusión social. 
En esa política de integración de los inmigrantes es necesario que contemos con el empeño y el apoyo regionales y de las autoridades locales de los Estados miembros. 
En cuanto a la inmigración ilegal, la Comisión ya ha presentado dos propuestas de decisión-marco sobre el tráfico de seres humanos y tiene intención de presentar dos comunicaciones, una sobre la lucha contra la inmigración clandestina y otra sobre las políticas de repatriación. 
Termino este punto subrayando que espero que, a raíz de la conferencia promovida por la Presidencia belga, sea posible que el Consejo de Laeken se caracterice por un acuerdo político sobre la concepción global de la política de inmigración europea para que a partir de ahí no haya ya más disculpas, en el sentido de que no hay una visión de conjunto que nos impide adoptar las medidas legislativas concretas. 
En materia de asilo, quisiera recordar que el principio de solidaridad fue acogido por la Comisión, en su propuesta sobre el "Fondo Europeo de Refugiados" y en la propuesta sobre "Protección temporal", basada en el llamado doble voluntariado. 
Espero que, con la dirección de la Presidencia sueca, sea posible forjar un acuerdo político sobre la protección temporal. 
Pero reconozco, con el Sr. Bernd Posselt, que los debates en el Consejo no han dado gran apertura a un fortalecimiento de la dimensión financiera de la solidaridad y demuestran que no es fácil el camino para establecer forma alguna de imposición de repartos de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros. 
La mejor respuesta para el reparto de responsabilidades será un sistema europeo común de asilo de acuerdo con las grandes líneas de la comunicación de la Comisión presentada el pasado mes de noviembre. 
En materia de reconocimiento mutuo de las decisiones, quisiera sólo informar al Parlamento de que estamos preparando un plan importante en materia de extradición y de orden de busca y captura europeas y otro sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones penales, en particular las providencias cautelares en la esfera de las investigaciones en la lucha contra la ciberdelincuencia. 
En materia civil, de aquí al final de este año completaremos la iniciativa "Bruselas-I" con una propuesta de un título ejecutorio europeo en materia civil, así como con iniciativas complementarias de "Bruselas II" sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones en la esfera del derecho de familia, en materia de cuestiones matrimoniales y de poder paterno y la divulgación de propuestas sobre el reconocimiento de créditos de poco valor y créditos no impugnados. 
En relación, señor Presidente, con el diálogo interinstitucional, la Comisión pretende reafirmar aquí que el diálogo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo es esencial para que obtengamos éxitos. 
En esa esfera es importante fortalecer la participación de la Comisión y del Parlamento en lo relativo al control democrático de EUROPOL, iniciativa que la Comisión adoptará también durante este año. 
Tengo confianza en que las Presidencias sueca y belga garanticen el ritmo adecuado para que obtengamos un buen resultado en Laeken. 
Para concluir, quisiera sólo expresar al Parlamento, en particular a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, en la persona de su presidente, Sr. Graham Watson, el aprecio de la Comisión por el esfuerzo de responder en plazos a veces extraordinariamente cortos a las solicitudes sobre las propuestas de la Comisión y de los Estados miembros. 
Si hay retrasos, no serán, desde luego, por falta de propuestas o falta de dictámenes del Parlamento. 
Y, en segundo lugar, deseo reiterar a sus Señorías la voluntad de la Comisión de ahondar el diálogo político con el Parlamento Europeo en el sentido de que en conjunto busquemos las mejores soluciones que cuenten en esta Asamblea con el apoyo político amplio de las diversas familias políticas europeas. 
Respeto la diversidad de opiniones políticas e ideológicas del Parlamento, pero tenemos un objetivo común, que es el de transmitir a los ciudadanos un mensaje político claro y adecuado a sus aspiraciones. 
Y ese mensaje es sencillo, es el de que las instituciones europeas contribuyen decisivamente a la afirmación de la libertad, la seguridad y la justicia como valores indisociables entre sí y que son verdaderos fundamentos expresados en la Carta de Derechos Fundamentales de lo que nos es común y de aquello de lo que nos enorgullecemos. 
Enorgullezcámonos de la identidad europea. 
Señor Presidente, señores representantes del Consejo, señor Comisario, el aplauso sin duda también les habrá permitido apreciar que valoramos mucho su trabajo, sus esfuerzos para encontrar buenas soluciones pragmáticas y para promover la cooperación con el Parlamento, y también los progresos que pueden anotarse en su haber. 
Yo también me congratulo por la actitud de compromiso de la Presidencia sueca, aunque todavía no se vislumbren demasiadas soluciones. 
Más allá de todo esto, permítanme que hoy señale, no obstante, tres ámbitos problemáticos, que en parte ya se han mencionado hoy, a saber: en primer lugar, las deficiencias existentes; en segundo lugar, la falta de soluciones, debido a que las propuestas adolecen de una desconexión con la realidad; y en tercer lugar, las iniciativas no coordinadas de los Estados miembros. 
Voy a empezar por el último punto y quiero apoyarle, señor Comisario. Usted opina que se requieren nuevas formas de proceder. 
Malgastamos una gran cantidad de tiempo con iniciativas paralelas, que muy a menudo carecen de un fundamento jurídico suficiente y que muchas veces sospechamos que responden a motivaciones nacionales más que a la búsqueda de auténticas soluciones europeas. 
Necesitamos un mecanismo más eficaz que nos permita desarrollar efectivamente los aspectos positivos. 
En segundo lugar, en la Unión Europea se está registrando una evolución dramática en el sector del consumo de drogas, pero también de su producción, en particular la producción de drogas sintéticas. 
Entre tanto, más de cinco millones de jóvenes consumen drogas sintéticas. 
La Unión Europea se han convertido en el mayor productor y exportador mundial de drogas sintéticas. 
Cuando examinamos las actuaciones en este ámbito, podemos observar que no se han adoptado demasiadas medidas. 
En el año 2000 se presentó un proyecto de iniciativa, pero ninguna medida más. 
Yo les insto a que concedan una nueva prioridad a esta cuestión. 
Finalmente, quisiera citar también la falta de realismo, como el caso de la reagrupación familiar... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, para analizar este año cero de la era de Tampere contamos por primera vez con un instrumento extraordinariamente válido, hoy y en el futuro, el score board establecido por la Comisión, que debería incluir en los años venideros los avances producidos en el Consejo y los avances de cada uno de los Estados miembros. 
La comparación entre las previsiones iniciales y la última revisión del score board nos hace ver, por ejemplo, que hemos avanzado- notablemente, diría- en las cuestiones relacionadas con la cooperación judicial. 
Tenemos esperanza en el futuro de Eurojust y este Parlamento da la bienvenida a las decisiones tomadas por el Consejo, a las iniciativas de los Estados miembros que, en el terreno de la cooperación judicial, se han sumado a las propuestas de la Comisión, creando así un círculo que debe mantenerse en el futuro. 
Mi Grupo valora también en toda su importancia- que la tiene- la Comunicación de la Comisión sobre el reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal. 
Espera que sea una base sólida para la lucha contra el crimen, especialmente contra aquellas versiones más duras e intolerables, como el terrorismo. 
Señora ministra, señor ministro, sabemos perfectamente qué es lo que ha presentado la Comisión Europea en este último año, en relación a la Agenda de Tampere: está en el score board. 
Lo que no sabemos es qué es lo que el Consejo piensa hacer en el futuro inmediato con ellas. 
En cambio, hemos visto propuestas- y no quiero volver al debate del pleno anterior- concretas y fragmentarias de cada Estado miembro, que, en ese caso, no podemos ni podremos aceptar de ninguna manera. 
Hoy hablamos también del estupor que causó la llegada del East Sea a Europa. 
Causó estupor y yo creo que lo hubiese causado todavía más si los ciudadanos supieran que nos dotamos incluso antes de Tampere de algo que se llama, hablando de cooperación con los países de origen, un plan de acción con el norte de Iraq, léase kurdos. 
Pero los ciudadanos no lo saben. 
Como los de mi país no saben que nos hemos dotado de un plan de acción para Marruecos y se preguntan, mientras reciben los cadáveres de nuestros jóvenes vecinos en sus playas, qué está haciendo la Unión Europea. 
En realidad, la impresión que da la prensa es que ni siquiera lo sabe nuestro Gobierno. 
Laeken va a ser una nueva oportunidad para la política común de inmigración y asilo. 
Por favor, no vuelvan a ratificarse ustedes en las decisiones de Tampere. 
Por favor, no vuelvan a decir que están en el buen camino. 
Convénzanse de verdad de la bondad de sus propias decisiones, sosténganlas con claridad, decisión y valentía. 
El Parlamento- y seguro que en este plano también los ciudadanos- les seguirá. 
Señor Presidente, nuestros esfuerzos para crear un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia son dispersos y bastante incoherentes. 
En primer lugar, están dispersos en media docena de secciones de los Tratados, desde los artículos del tercer pilar sobre la cooperación policial y judicial intergubernamentales hasta las disposiciones sobre el asilo y la inmigración, pasando por artículos diseminados sobre los derechos fundamentales, la no discriminación, la ciudadanía de la UE y la libre circulación. 
También nuestros procedimientos son inadecuados; añádase a ello que los Estados miembros han dejado caer sobre nosotros multitud de iniciativas descoordinadas, por lo que no es de extrañar que, dos años después de que el Tratado de Amsterdam entrara en vigor, vemos una actividad frenética, pero no suficientes avances reales. 
Tenemos que abordar importantes cuestiones, desde una política de migración hasta la lucha contra el racismo y la xenofobia pasando por la de poner fin a la inmensa injusticia de que 20 millones de residentes europeos no tengan derecho a la libre circulación por ser ciudadanos de terceros países. 
Sobre la política de asilo, reviste importancia decisiva que respetemos absolutamente las obligaciones en materia de asuntos humanitarios y tengamos coherencia de pensamiento. 
¿Cómo podemos referirnos despectivamente a los 1.000 kurdos iraquíes en el "East Sea" como migrantes económicos ilegales, cuando los miembros de la OTAN, incluido mi propio Estado miembro, conocen de sobra su vulnerabilidad a la persecución de Sadam Husein, como se ha demostrado en el pasado, como para haber impuesto una zona de exclusión aérea en el Irak septentrional? 
La verdad es que no damos pruebas de demasiada coherencia a ese respecto. 
Debemos cambiar la forma como trabajamos para que el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia resulte tan visible para el ciudadano como importante es políticamente. 
Tal vez entonces podríamos celebrar un debate que podría atraer una mayor concurrencia a la Asamblea y transmitir parte de la pasión y la claridad de la concepción que nos ha transmitido esta mañana el Presidente de la República Federal de Alemania. 
Señor Presidente, la noche del 31 de marzo, nuevamente, un barco que transportaba a inmigrantes clandestinos encalló al Noreste de Atenas, al igual que les ocurrió a refugiados kurdos en la costa francesa del Var el 18 de febrero. 
En Gibraltar, en Calais o en cualquier otro sitio, hay refugiados que desembarcan regularmente a las puertas de Europa. 
Arriesgando su vida, huyen de las dictaduras, de los conflictos y de la miseria. 
A pesar de todo, son candidatos a la clandestinidad, y lo saben. 
Basta con observar lo que ocurre en Francia: el 94 % de las solicitudes de asilo son rechazadas. 
Ahora bien, el derecho de asilo es un derecho fundamental e inalienable. 
Hay un fondo europeo destinado a cubrir los efectos de esta acogida. 
¿Piensa el Consejo evaluar el uso de los recursos de este fondo, con vistas a una mayor eficacia? 
Actuar a escala europea no es solamente denunciar y condenar a los que comercializan la miseria humana: como usted ha dicho, Señora, sólo una solución global responderá a estos problemas, incidiendo tanto sobre la política extranjera de cooperación como sobre una verdadera política de integración que reconozca la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. 
¿Es que el Consejo no considera urgente que la Unión se dote de un instrumento legislativo eficaz, bajo la forma de una directiva-marco que permita la regularización de todos los sin-papeles, con el fin de adoptar una visión más realista y más humana de la inmigración? 
Actualmente, se están estudiando dos mecanismos... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, somos conscientes de ello, las palabras ya no bastan para condenar estas situaciones que arrojan fuera de sus países a familias enteras, como las 908 personas hacinadas en las bodegas del East Sea, que buscan una vida mejor, huyendo de la guerra, de la violencia o de la miseria, a veces de ambas a la vez. 
Efectivamente, a partir de ahora debemos pasar a la acción. 
En marzo pasado, cuando el Parlamento Europeo rechazó, felizmente, varias iniciativas del Consejo, me pregunté: ¿cuándo veremos iniciativas del Consejo y propuestas de directivas elaboradas con un espíritu de apertura al mundo, de acogida y de humanidad, en lugar de marcadas por una visión exclusivamente policial y de seguridad? 
Sí, Europa tiene el deber de tomar la iniciativa, y no de crear un delito de solidaridad o de imponer sanciones arbitrarias para los transportistas. 
Una política de inmigración común necesita, a cambio, iniciativas ambiciosas basadas en la mejora y el fortalecimiento del derecho de asilo, la garantía del derecho y de la libertad de circulación, y condiciones de acogida a los inmigrantes dignas y respetuosas de los derechos humanos. 
Pero también medidas coercitivas y punitivas, no para las víctimas, sino para los ejecutores de los tráficos humanos. 
Entonces, ¿para cuándo el cese de las expulsiones, para cuándo la regularización de los sin-papeles que viven en territorio europeo, para cuándo el derecho al voto para los extranjeros no comunitarios en las elecciones locales? 
Las respuestas a estas preguntas son ineludibles si queremos ir hacia una política más justa, más humana y más eficaz. 
Tengo tres comentarios que hacer con respecto a esta pregunta. 
En primer lugar, un comentario de carácter semántico. 
Tanto el Tratado como la pregunta hablan de instaurar un "ámbito de libertad, seguridad y justicia". 
Podría dar la impresión de que no existía libertad, seguridad y justicia en los países miembros, como si nos encontráramos en un espacio vacío de justicia. 
Sin embargo, no es éste el caso. 
La situación es que tenemos una larga serie de sistemas judiciales muy antiguos y arraigados que ante todo se caracterizan por ser sumamente diferentes entre sí. 
No se insiste demasiado en que el sistema dominante es un sistema basado en el Derecho Romano, pero que además, también existen un sistema basado en la common law, totalmente diferente, una tradición jurídica alemana e incluso una escandinava y que estas tradiciones judiciales difieren entre sí en puntos fundamentales. 
Instaurar un ámbito de libertad, seguridad y justicia resulta absurdo desde el punto de vista semántico. 
Sin embargo, el objetivo por supuesto es otro y sobre éste trata mi segundo comentario que toca la cuestión judicial. 
De lo que aquí se habla es de establecer un ámbito, de homogeneizar estos ámbitos judiciales al estilo comunitario "recorta el talón y corta un dedo del pie" para que ajuste el zapato- de modo que éstos cuenten con un código penal comunitario y se conviertan en un ámbito judicial comunitario. 
Por último, tengo un comentario de carácter político. 
Esta construcción de un imperio mediante el establecimiento de un sistema judicial representa uno de los sistemas de opresión más represivos de la historia mundial. 
Lo que se establece a la luz de esta expresión "libertad, seguridad y justicia" es un sistema de control y vigilancia que no tiene parangón en la historia del mundo. 
Se construye un sistema que suspende la más elemental seguridad jurídica en los puntos absolutamente fundamentales. 
También nos oponemos a esta perversión de un lenguaje que debería reflejar la realidad lo más exactamente posible. 
Y está lejos de hacerlo. 
Señor Presidente, ¿cuántos minutos de silencio hemos dedicado ya en este Parlamento a las víctimas de ETA y a condenar el terrorismo? , ¿cuántas personas han dejado su vida en el intento de pisar suelo europeo en las costas andaluzas, en Dover, o en las costas del sur de Francia, o en Italia? , ¿cuántas mujeres y menores han sido y son explotados por redes de criminalidad organizada que actúan, y esto es lo grave, impunemente en territorio europeo? 
La lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo, la droga, la trata de seres humanos, requiere unos nuevos métodos policiales, una nueva adecuación de las normas jurídicas y una inmediata adaptación de la cooperación policial y judicial para el nuevo espacio europeo. 
Ni los terroristas, ni los traficantes de droga o de seres humanos pueden encontrar cobijo en un Estado miembro. 
Y urge poner en marcha, como ha dicho el Sr. Comisario, la orden de búsqueda y captura europea contra estos enemigos de la libertad y de la seguridad. 
Y quiero agradecerle especialmente, Sr. Comisario, el interés que ha demostrado tener en la puesta en marcha de esta orden de búsqueda y captura europea. 
En España, el terrorismo y la inmigración se han convertido, como dice una reciente encuesta, en dos de las primeras preocupaciones de los ciudadanos españoles. 
Y estas preocupaciones requieren también respuestas europeas. 
Vamos a tener dos grandes debates en los próximos meses: un informe sobre el terrorismo y otro sobre la inmigración y el asilo. 
Yo espero que los parlamentarios, la Comisión y el Consejo estemos a la altura de las circunstancias y logremos ofrecer a los ciudadanos europeos y a quienes legalmente desean residir en nuestro territorio lo que hemos programado precisamente en la reciente Carta de Derechos Fundamentales. 
Señor Presidente, es evidente que ha empezado un ambicioso y serio esfuerzo por dar soluciones a problemas relacionados con la vida diaria del ciudadano europeo; un esfuerzo cuyo éxito contribuirá a reforzar la dimensión política de la construcción europea, pues está fuera de toda duda que construcción europea y espacio único europeo no pueden darse sólo con mercado único y moneda única. 
Hace falta reforzar la sensación de seguridad de los ciudadanos, luchar contra el crimen organizado, reforzar la cooperación policial y judicial, avanzar en el reconocimiento mutuo de sentencias, desarrollar una política integral de inmigración que sea aplicable y que se fundamente en nuestros comunes valores europeos, combatir el racismo y la xenofobia en la Unión Europea. 
Al hacer hoy el balance de la trayectoria que sustancialmente empezó en octubre de 1999, constatamos serios retrasos y retrocesos en la consecución de nuestros objetivos. 
Y ello porque, por un lado, tenemos una Comisión activa y un Comisario emprendedor, y, por otro, un Consejo incapaz de tomar decisiones y poco dispuesto, parece, a aplicar las que los propios gobiernos adoptan. 
Nos enfrentamos, por el contrario, al fenómeno de iniciativas de los estados miembros, iniciativas fragmentarias y descoordinadas en asuntos parciales, las cuales con frecuencia se plantean al margen del marco acordado en Tampere. 
Sabemos que esta situación crea serios problemas tanto al funcionamiento de la Comisión, que no dispone de los recursos humanos apropiados para atender todas estas iniciativas, como al funcionamiento y a la programación del Parlamento Europeo. 
Es cierto que no podemos de dejar de reconocerle al Consejo la decisión, el año 2000, de fundar el Fondo para los refugiados o el reconocimiento mutuo de sentencias de derecho civil, como, por ejemplo, en casos de divorcio. 
En el haber del balance del año 2000 hay que incluir también, claro está, la adopción en Niza de la Carta de Derechos Fundamentales; no, por supuesto, del modo en que deseaba el Parlamento. 
Quisiera felicitar a la Presidencia sueca por la labor que desarrolla al intentar reforzar la dimensión política del proyecto de creación del espacio común de libertad, seguridad y justicia en la Unión, y quisiera felicitarla especialmente por el esfuerzo que realiza al objeto de que durante el semestre de la Presidencia sueca el Consejo adopte la resolución marco propuesta por la Comisión para la lucha contra el tráfico de personas y la explotación sexual de la infancia, así como contra la pornografía infantil. 
Por lo que respecta a la política de inmigración, el gran vacío existente en este ámbito, algunos estados, entre ellos Grecia, han decidido cubrirlo con legislación nacional en el marco de la Agenda de Tampere. 
La semana pasada el Parlamento griego adoptó una ley de extranjería que legaliza e integra con normalidad en la sociedad griega a miles de inmigrantes que se han establecido en Grecia durante los últimos diez años, y ofrece soluciones positivas a asuntos candentes, cuyo tratamiento el Consejo, tercamente, mantiene en suspenso. 
(La oradora es interrumpida por el Presidente) 
Señor Presidente, como el diputado que tiene el honor de presidir la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, quisiera agradecer al Comisario Vitorino y a los Ministros Bodstöm y Klingvall el espíritu de cooperación leal con que han abordado la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Se han logrado avances para encontrar formas de cooperación en un sector normativo respecto del cual los Tratados son cualquier cosa menos satisfactorios. 
Pero, al decirlo, arrojamos cierta luz sobre las dificultades con las que hemos topado en los 18 meses transcurridos desde la Cumbre de Tampere: dificultades como la necesidad de acuerdos jurídicos por separado en el primero y el tercer pilares; la necesidad de tener en cuenta que unos Estados miembros forman parte de Schengen y otros no; la deprimente predisposición de algunos Estados miembros a lanzarse de cabeza a adoptar iniciativas particulares antes de que las instituciones hayan debatido plenamente un planteamiento global. 
La casa que estamos construyendo para nuestros ciudadanos debe poder resistir un terremoto. 
Debemos poner los cimientos más sólidos: los del marco comunitario en el que arquitectos, constructores y peritos trabajan juntos y conjuntados. 
El Parlamento ha pedido un informe anual sobre la aplicación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Al acoger el informe que acabo de recibir de la Presidencia, veo que es esencialmente una lista de acciones. 
Lo que necesitaremos es una evaluación de las repercusiones de las medidas adoptadas. 
La Ministra Sra. Klingvall ha dicho que es difícil hablar del caso del "East Sea", porque es un asunto que compete a los Estados miembros particulares. 
Podríamos decir que así es durante las primeras 24 horas; a continuación, es un asunto que nos compete a todos. 
No cabe duda, señora Ministra, de que en eso consiste enteramente el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Los Estados miembros deben entender que se trata de un espacio en el que los ciudadanos quieren más Europa. 
Debemos estar a la altura de ese imperativo, no pujar en una deprimente subasta a la baja de derechos para nuestros ciudadanos o los que lleguen del exterior. 
Podríamos decir con fundamento que la Carta de Derechos Fundamentales es el avance más importante que ha habido. 
Debemos incluirla en la legislación de la Unión, pues no puede haber un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sin derechos y no hay derechos sin jueces. 
Señor Presidente, cuando la política de fortificación de Europa pierde el rumbo, se producen naufragios, como el que ocurrió en Francia y el que acaba de tener lugar en Grecia, que probablemente se cobrarán aún muchas vidas humanas. 
Esto nos obliga a preguntarnos: si realmente deseamos más libertad, seguridad y justicia, ¿qué debemos hacer para evitar que un número aún mayor de personas sean víctimas de dicha política? 
En primer lugar, la libertad se consigue ofreciendo a las personas la posibilidad de decidir libremente dónde desean vivir. 
En segundo lugar, se ofrece seguridad a las personas dándoles un salvoconducto y concediéndoles la posibilidad legal de organizarse la vida dondequiera que deseen. 
Esto a su vez también genera más justicia y más equidad, dado que las condiciones económicas que los países industriales han impuesto al mundo son la causa inicial de que muchas personas se conviertan en refugiados. 
Por esto, yo pido al Consejo que se tome en serio la prevención. Un enfoque unitario: ¡de acuerdo! 
¡Pongan en marcha ahora mismo una iniciativa a favor de la legalización! ¡Esta es, en efecto, la única política consecuente contra el racismo! 
Señor Presidente, la encalladura del East Sea en las costas francesas plantea de forma trágica un problema doble, el de las naciones oprimidas y el de la represión de los inmigrantes. 
Actualmente, el pueblo kurdo, diseminado por varios países, sufre una despiadada represión que pone de plena actualidad la lucha por imponer al gobierno el respeto del derecho a la autodeterminación y el respeto a las minorías nacionales. 
Por otra parte, los dramas que hemos vivido en las playas españolas o en Douvres no pueden conducir únicamente a la condena de los que introducen clandestinamente a inmigrantes. 
El Espacio Schengen es una fortaleza que condena a la ilegalidad a las víctimas del hambre o de las dictaduras políticas. 
Ahora bien, nadie ignora que ninguna medida policial puede detener la circulación de personas amenazadas de muerte. 
Los que introducen clandestinamente a inmigrantes se nutren hoy de estas leyes represivas que, por cierto, violan el Convenio de Ginebra. 
Es hora de abrir las fronteras a la libre circulación de las personas, como ya se ha hecho con los capitales. 
No queremos volver a asistir al espectáculo de familias enteras entrando en Europa, en vetustas embarcaciones pagadas a precio de oro, a riesgo de perder la vida. 
Señor Presidente, considerando el corto tiempo que tengo para intervenir, me ocuparé primero de lo más importante. 
La Ministra Klingvall nos ha comunicado hace unos momentos que piensa contribuir a alcanzar acuerdos en tres materias, precisamente las materias a las que se ha negado el Parlamento. 
Hemos votado en contra de los informes Ceyhun, Nassauer y Kirkhope. 
Es indignante que la Presidencia no respete las posturas del Parlamento. 
En mi opinión, después del debate de hoy resulta obvio que la responsabilidad por una política general en esta materia debe ser asumida por la Comisión. 
Se presentan cifras alarmantes sobre la disminución de la población; Europa se encoge. 
Se calcula que esa disminución es del 10 por ciento en los países miembros y del 20 por ciento en los países candidatos. 
Habrá escasez de mano de obra a corto y largo plazo. 
Nuestras fronteras exteriores sufren enormes presiones. 
Aún los críticos más duros han aceptado la conclusión de que Europa tiene que abrirse a la inmigración de trabajadores. 
No obstante, no sabemos cómo se hará, cómo se diseñará el sistema, si habrá un sistema de cuotas o green card, ni si esa apertura valdrá sólo para personas con estudios superiores. 
¿No tiene el Consejo soluciones concretas en este campo? 
¿Serán la delincuencia y la cruda realidad los que decidirán? 
Esperamos propuestas de la Comisión en estas materias. 
La Comisión parece ser más idónea para resolver esto. 
Señor Presidente, agradezco a ambos ministros suecos y a la Comisión sus intervenciones. 
Hay quienes describen a Europa como un continente que se cierra al mundo. 
Lo llaman "La fortaleza Europa". 
Otros, como yo, queremos crear una Europa humana, que considere a las personas que necesitan protección, con una política de asilo y refugio humana y usamos conceptos tales como libertad, justicia y seguridad. 
Comparto el criterio de la Comisión y de la Presidencia en el sentido de que las deficiencias actuales en materia de asilo y refugio se deben a la ausencia de una política común en la materia. 
Actualmente existen distintas políticas en los diferentes países miembros. 
La política que se cree deberá fundamentarse en las convenciones internacionales, en las necesidades de protección y en la reunificación familiar. 
En cuanto a la responsabilidad de los transportistas, tema que se debatió con detalle en el Parlamento, entendí que la Presidencia piensa considerar los criterios del Parlamento. 
Por lo menos así lo entendí claramente durante la intervención. 
Además, opino que hay que distinguir entre inmigración de trabajadores y política de asilo y refugio. 
Esta última se fundamenta en la necesidad de proteger a los individuos. 
La primera, en que, de repente, vemos que vamos a tener escasez de mano de obra en los próximos años y, por tanto, trata de nuestras necesidades. 
En este contexto hablamos muy poco de política de integración, puesto que el problema de la política de asilo y refugio es la política de integración, que debe permitir dar adecuado tratamiento a quienes nos solicitan protección. 
Sin embargo, hoy vemos que esas personas, en gran medida, están al margen de la sociedad, que carecen de derechos y que no se incorporan al mercado laboral. 
Muchos de ellos están entre los 14 millones de desempleados. 
En primer lugar, quisiera que, antes de hablar de inmigración de trabajadores- es posible que también tengamos que hacerlo- nos ocupásemos de la política de integración y de la política común de asilo y refugio. 
Señor Presidente, es impresionante la lealtad con que los ministros suecos hacen suyo el idioma propagandístico de la unilateral liturgia comunitaria. 
Libertad, seguridad, justicia, ¡pero sí todo eso no existe! 
¿Libertad en Gibraltar para los que se ahogan cuando quieren llegar a las costas de la UE? 
¿Libertad en la frontera este de Polonia, donde actualmente se usa físicamente la frontera soviética para que sirva de límite exterior de la UE hacia el otro lado? 
¿Es eso libertad? 
¿Seguridad, cuando el registro SIS que todo lo sabe nos controlará a todos, incluso nuestras particularidades sexuales? 
¿Justicia, cuando todos los policías que trabajan con esto dicen que el control de identidad que será obligatorio a causa de Schengen va a afectar a los que no tiene apariencia europea? 
Sres. Klingvall y Bodström, hay una palabra para todo esto, una fea palabra: "Fortaleza Europa". 
Eso es lo que están construyendo, ¡eso que prometieron que no iban a construir! 
¿Qué pasaría si en cambio construyesen en el otro sentido, en lugar de dejarse llevar por lo que hacen los federalistas y los constructores de potencias mundiales en esta institución? 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, casi a diario leemos noticias en los periódicos sobre refugiados varados en las costas de Europa. 
El domingo pasado llegaron a Grecia 447 refugiados kurdos. 
En febrero, el carguero "East Sea" quedó varado en la localidad francesa de San Rafael con casi un millar de refugiados kurdos a bordo, entre ellos más de 300 niños. 
La odisea de su travesía hasta Europa había durado diez días en condiciones infrahumanas. 
Tres mujeres dieron a luz en esas condiciones. 
Los refugiados venden todos sus bienes para poder pagarse el billete hasta Europa. 
El hecho de que los refugiados corran cada vez mayores riesgos, con peligro de su vida, es el resultado de la política de fortificación de la UE. 
¡Esto es inaceptable! 
Las fronteras de Europa deben estar abiertas para acoger a las personas en dificultades que huyen de su país. 
¿Por qué abandona una persona su país? 
¿Existe algún refugiado que abandone voluntariamente su país? 
¡Nadie abandona voluntariamente su país si no es objeto de persecución política y teme sufrir torturas y malos tratos! 
Yo soy partidario de que se combatan las causas originarias de la huida. 
Una política activa a favor de los derechos humanos, un cambio de orientación con respecto a la exportación de armamento y ayuda financiera para los países y regiones pobres son medidas necesarias, a mi parecer, para evitar que las personas se vean obligadas a huir. 
Yo pido a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos de la Unión Europea que sigan esta política y la transpongan efectivamente. 
Europa no debe tener sólo una cara económica, sino también un rostro humano. 
Señor Presidente, existe una contradicción en la actitud de la Unión Europea: se reconoce que es necesario acercar los ciudadanos a Europa y que por esto la Unión debe demostrar su capacidad de garantizar sus derechos, su libertad y su seguridad y, sin embargo, a la hora de poner en práctica estos propósitos, los Gobiernos de los Estados miembros muestran mil cautelas e indecisiones, más preocupados por sus poderes que por los derechos de todos. 
Así es que se adopta una Carta de Derechos Fundamentales y luego no se inserta en los Tratados, y se escribe en los Tratados que hay que desarrollar a la Unión como espacio de libertad, seguridad y justicia, a pesar de que luego los buenos propósitos se diluyen en las convenciones no ratificadas, en las decisiones no aplicadas, en la confusión que se crea debido a la dispersión de las competencias, de las iniciativas y de los procedimientos. 
Los Gobiernos vuelven a encender las esperanzas en Tampere y luego las frustran porque no quieren confiar su realización a aquellos cuyo oficio es ocuparse de la Unión y no de las cuestiones internas de cada uno de los Estados Se interviene tardía e ineficazmente porque las iniciativas comunitarias no deben sobrepasar el límite de la cooperación judicial penal que sigue siendo intergubernamental. 
Hace falta más valor a la hora de velar por los derechos de los ciudadanos. 
A mi modo de ver, existe una única y verdadera solución que espero que se adopte con el próximo Tratado: toda la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia ha de convertirse en materia comunitaria, como ya ocurre en el ámbito de la cooperación judicial civil. 
Esta solución no debe inspirar ningún temor: el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros continuaría siendo el mismo, sin embargo, la uniformidad de los procedimientos garantizaría la coherencia de las políticas y la prevista ampliación de la Unión no constituiría un impedimento, como corre el riesgo de convertirse, de cara a la adecuada protección de los derechos de los ciudadanos. 
Señor Presidente, quiero subrayar algunas cuestiones que, no por evidentes y reiteradas en este debate, son menos importantes. 
En primer lugar, quiero llamar la atención del Consejo sobre la lentitud y descoordinación de algunas de sus decisiones respecto de lo aprobado en Tampere, y quiero insistir en que esta situación puede llevar al incumplimiento de la agenda que ustedes mismos decidieron. 
Se necesita un nuevo impulso y mayor voluntad política para poder cumplir la agenda y los objetivos que tenemos marcados. 
En segundo lugar, igualmente les animo a que trabajen en el desarrollo de las propuestas de Tampere y no en iniciativas de los Estados miembros que, aun siendo muy legítimas, este Parlamento considera carentes de coherencia, parciales en su presentación y contenido, guiadas por la coyuntura propia de cada país y que no contribuyen en manera alguna a una visión de conjunto necesaria en esta materia. 
Por ello, me permito recordarles que ya tenemos un programa de iniciativas presentado por la Comisión que, a mi juicio, cumple estos requisitos. 
¿Por qué no nos centramos todos en dicho programa? 
Quiero insistir en la necesidad de la lucha contra la inmigración clandestina y lo imprescindible de todas las acciones que se lleven a cabo para evitar la trata de seres humanos, las muertes continuas en aguas del estrecho de Gibraltar, la lucha contra las organizaciones mafiosas y la explotación laboral y económica de estas personas. 
Todo esto tiene nuestro apoyo, pero no debemos perder de vista la necesidad de adoptar una política equilibrada sobre la cuestión migratoria y, por lo tanto, con el mismo ahínco y voluntad, debemos también todos, y por supuesto el Consejo, elaborar y poner en práctica políticas de verdadera integración de esos ciudadanos que conviven entre nosotros, y así evitaremos actos racistas y xenófobos que, por desgracia, ocurren en la Unión Europea y de los cuales nos avergonzamos. 
Evitaremos las tragedias que ocurren a diario en las costas del sur de España, con barcos cargados de seres humanos que llegan a nuestras costas y muertes que se producen en las bodegas de los mismos. 
Y para ello se necesita: una clara voluntad política y una dotación presupuestaria suficiente. 
A ello les animo, segura de que de esta forma contribuiremos a la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia que deseamos y de que contaremos con la comprensión y el apoyo de los ciudadanos europeos en esta importante tarea. 
Sin embargo, todo iba a las mil maravillas en un mundo maravilloso. 
Todos sabíamos que había varios millones de inmigrantes clandestinos en Europa Occidental, todos sabíamos que cada día entraban a través de fronteras-coladeros, procedentes del mundo entero, todos conocemos las redes y los principales países de entrada, pero al menos, hasta ahora, todo esto ocurría en un tono correcto de discreción, para no perturbar las buenas conciencias burguesas ni el sueño de los bien-pensantes. 
Por otra parte, cada cual encuentra en ello su pequeña satisfacción: las asociaciones pro-inmigrantes justifican así su existencia, al igual que las subvenciones públicas de que disfrutan. Los Estados terminan por regularizar a todo el mundo, o casi, mostrando de este modo su apego a los valores esenciales de tolerancia, de derechos humanos y de apertura a los demás. 
Los obispos llenan de sin-papeles las iglesias desesperadamente vacías. 
Los sindicalistas de la industria recuperan, gracias a la inmigración, unos cuantos refuerzos que les hacen buena falta para compensar el desinterés de los trabajadores europeos. 
Y, por supuesto, la patronal se frota las manos ante esta mano de obra recién llegada al mercado. 
En resumen, cada cual sacaba provecho de la situación, y de pronto, paf, todo se va al garete: el pasado 17 de febrero, el carguero East Sea encalla voluntariamente en las costas francesas, con 912 clandestinos a bordo, de los cuales 420 niños. 
Y bueno, pues han desembarcado, están ahí, o más bien, deberíamos decir, estaban ahí. 
Porque efectivamente, la pregunta que nos hacemos hoy, más allá de las razones y de las condiciones de su encalladura, es: ¿pero dónde diantre están? 
Desaparecidos, dispersos por la naturaleza, más de 600 de estos ilegales se han esfumado milagrosamente, han puesto pies en polvorosa. 
Simplemente, a título de ejemplo, cuando el Prefecto de Var cerró el campo el 1 de marzo, las autoridades debían hacerse cargo de 449 personas. 
Desde entonces, más de 200 han desaparecido. 
En Modane, destino de las primeras salidas desde Fréjus, de los 82 kurdos acogidos a bombo y platillo, 40 se han volatilizado. 
¿Pero porqué ha sucedido esto? 
¿Porqué, si toda la clase política, los grupúsculos y demás habían hecho un llamamiento unánime, con una sola voz, a una acogida definitiva para estos inmigrantes? 
¿Porqué, teniendo en cuenta que el gobierno francés había actuado correctamente concediéndoles un salvoconducto de ocho días, y permitiéndoles cumplir con las formalidades necesarias para la obtención del estatuto oficial de refugiado político? 
Pues bien, estos ilegales han preferido recurrir a redes clandestinas paralelas de infiltración en Francia y de exfiltración fuera de Francia. 
Choque psicológico, conmoción para los bien-pensantes. 
Por desgracia, este asunto no es meramente simbólico, es el árbol que oculta el bosque porque, cada mes, hay miles de ilegales que consiguen entrar en Francia. 
Y habrá muchos más, millones más, que llegarán a pie o en tren. 
El problema, para nosotros, es organizar el retorno a sus países para que puedan vivir y trabajar en su propia tierra con dignidad. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados al Parlamento Europeo, señoras y señores, deseo empezar agradeciéndoles este interesante debate en el que se han discutido importantes temas, y, especialmente, el gran interés que han demostrado por el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior. 
Intentaré resumir y comentar sus comentarios y preguntas. 
Permítanme empezar aclarando que trabajamos por una Unión que se caracterice por la libertad, la seguridad y la justicia. 
Ninguno de nosotros está interesado en construir una "Fortaleza Europa". 
Nuestro trabajo, por el contrario, se caracteriza por su gran dinamismo, por una colaboración europea más amplia. 
Uno de los principales objetivos de la Presidencia sueca es la ampliación. 
Significa hacer este sector aún más amplio, incorporar nuevos países en una colaboración más íntima, no solamente para la libertad, la justicia y la libertad, sino también en favor de la paz. 
En este trabajo hay, obviamente, un gran dinamismo. 
Trabajamos tanto con países mediterráneos como con Rusia y China, para estrechar la cooperación, sólo para mencionar algunos ejemplos del proceso que impulsa la Unión. 
Evidentemente todo esto influye en nuestro trabajo en favor de la armonización de las políticas de asilo y refugio y en la perspectiva amplia con que queremos enfrentar los trabajos de armonización, en concordancia con el Tratado de Amsterdam y con las conclusiones de Tampere. 
Queremos contar con una política de migración moderna que implique eliminar las causas de las migraciones involuntarias y garantice protección a quienes la necesiten. 
Las tragedias y catástrofes que hemos visto en televisión nos han afectado enormemente. 
Hay un comercio detestable que se aprovecha de las personas que se encuentran en difícil situación. 
Es algo que tenemos que combatir con firmeza. 
Hay que hacerlo, no obstante, de diferentes maneras; una sola no es suficiente. 
Por eso, por ejemplo. la cooperación con los países candidatos y los trabajos para que mejoren sus estructuras jurídicas y sus sistemas de asilo son extraordinariamente importantes para prevenir la inmigración ilegal y las tragedias que ésta conlleva. 
Hay que atacar las causas de las migraciones involuntarias. 
La semana pasada estuve en los Balcanes con el Comisario Victorino y con el Sr. Duquesne, Ministro del Interior belga. 
Aprobamos una extensa declaración que comprende justamente esta perspectiva de conjunto, esto es, un sistema de asilo, recepción e integración, medidas para llevar a cabo controles fronterizos y una política de visados que funcionen correctamente. 
Me referiré a lo que hacemos y cómo ponderamos las opiniones del Parlamento Europeo. 
Permítanme solamente ocuparme de dos temas; en primer lugar el tráfico con personas. 
Me gustaría hacer una distinción entre traficantes que se aprovechan de las personas y lo que llamamos actos humanitarios. 
Los actos humanitarios no deben ser punibles. 
Estamos trabajando con una cláusula humanitaria en relación con el ingreso ilegal. 
En cuanto a la permanencia ilegal, hemos decidido que la ausencia del afán de lucro sea lo que impida que se castiguen los actos humanitarios. 
Las penas deben ser duras. 
Todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre esto, pero se discute una propuesta de pena máxima de seis años. 
En relación con la responsabilidad de los transportistas, rechazo enérgicamente lo expresado por la Sra. Cederschiöld. 
Según los trabajos de sondeo, existen condiciones para alcanzar acuerdos sobre esto, de acuerdo con las directrices de la Presidencia francesa. 
Hay dos opiniones del Parlamento Europeo que, como Presidencia, he incorporado en las discusiones. 
La primera se refiere a que los transportistas no serán castigados cuando los solicitantes obtengan asilo o cuando una persona obtenga permiso de permanencia por otras causas. 
Esto significaría, por tanto, que se postergaría la exigencia de las multas por las personas que a pesar de carecer de documentos suficientes ingresan en la UE y piden asilo. 
Sólo cuando haya concluido el proceso de asilo se podrán exigir las responsabilidades por las personas que no obtengan los permisos correspondientes. 
La otra opinión del Parlamento Europeo es que se espera que las compañías aéreas y navieras sólo puedan descubrir las falsificaciones evidentes en los documentos y las personas que carecen de documentos de viaje. 
Asimismo, es razonable que exijamos que los transportistas controlen los pasaportes y los eventuales visados. 
Las penas, sin embargo, no pueden ser desproporcionadamente duras. 
Aún no sabemos si podremos llegar a soluciones aceptables por todos, pero estamos sondeando las condiciones. 
Muchas intervenciones, entre ellas las de las Sras. Terrón i Cusí y Ludford, trataban de los trabajos futuros. 
Se preguntaban: ¿Qué pasa realmente? 
¿Ustedes tienen los objetivos de Tampere, pero qué hacen realmente? 
He mencionado algunas decisiones que se han adoptado. 
Me he referido también a la situación de algunas directivas. 
Permítanme subrayar que esperamos que en la reunión de mayo se apruebe la directiva sobre protección temporal y la que se refiere a la reunificación familiar. 
Las negociaciones en torno a esas directivas están bien encaminadas. 
Por tanto, confiamos en que en mayo se tomarán decisiones. 
También hemos hecho avances en relación con la instauración del sistema Eurodac. 
Durante el verano de 2001 se realizarán pruebas para controlar su funcionamiento. 
Creemos que este sistema nos permitirá una mejor aplicación de la Convención de Dublin. 
Recientemente se ha presentado la propuesta sobre derechos de los ciudadanos de terceros países. 
Esperamos empezar a trabajar pronto en torno a esta directiva. 
Durante el debate me he referido a que la Presidencia belga se ocupará de la política de inmigración y que convocará a un seminario sobre migración en octubre de 2001. 
También España ha anunciado que piensa realizar una conferencia de ministros para discutir las corrientes migratorias de Asia. 
Trabajamos pacientemente, paso a paso, para concretar la tabla de resultados, scoreboard, propuesta en relación con el cumplimiento de las conclusiones de la reunión del Consejo en Tampere. 
Todavía estamos en una fase inicial, pero hacemos esfuerzos para adoptar decisiones cuanto antes. 
. 
(SV) Señor Presidente, la delincuencia se internacionaliza cada vez más. 
La única posibilidad de combatirla es que la policía y los fiscales también trabajen más internacionalmente y que colaboren entre ellos. 
Todo trabajo policial implica un atentado a la integridad individual del sospechoso. 
Esto ocurre tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
A veces se trata de personas que están siendo buscadas. 
Para debatir este tema es importante estar correctamente informado. 
Así sucede, por ejemplo, con lo que mencionó el Sr. Gahrton, esto es, con el sistema SIS, que está destinado a las personas buscadas por la policía. 
El Sr. Gahrton ha dicho que el sistema internacional SIS registra las tendencias sexuales de las personas. 
¡Esto es un error! 
No existe esta clase de datos delicados en el sistema. 
Contiene información sobre si las personas son buscadas por la policía, si portan armas, sus características físicas y otras cosas, tales como información sobre coches robados. 
Por tanto, no se registran datos de naturaleza delicada y constituye un instrumento extraordinariamente importante para combatir la delincuencia internacional. 
Hay ciertos delitos que no pueden ser combatidos sino internacionalmente, por ejemplo, el comercio con personas, los delitos económicos, los delitos informáticos y, como mencionó el Sr. Pirker, los delitos relacionados con las drogas. 
Las únicas personas que se benefician de la falta de colaboración internacional son los propios delincuentes. 
En cuanto al tema que interesa al Sr. Pirker, los delitos relacionados con las drogas, estoy de acuerdo en que es muy importante que se actúe, que no nos quedemos en las palabras. 
Hoy se han destacado dos cosas extraordinariamente importantes para alcanzar este objetivo, es decir, el desarrollo de Europol y que, tan pronto como sea posible, se inicie la cooperación a través de Eurojust. 
Quisiera destacar también los trabajos que están teniendo lugar para buscar solución a las drogas sintéticas. 
Me consta que la Sra. Cederschiöld ha trabajado enérgicamente en torno a esta materia y espero que lleguemos a alguna forma de acuerdo político en mayo. 
También se ha discutido la forma de trabajar más eficazmente, asunto evidentemente importante que ha sido mencionado, entre otros, por el Sr. Watson y la Sra. Terrón i Cusí. 
Es importante, entre otras cosas, cuando los Estados miembros presentan propuestas y cuando se toman iniciativas en distintas materias. 
Es importante que se haga de manera adecuada y que no se piense en éxitos a corto plazo, por ejemplo en el plano nacional. 
Nos interesa a todos que la cooperación funcione eficazmente. 
Todos ganamos, incluso desde un punto de vista internacional, si ésta funciona como es debido. 
Lo mismo vale para la cooperación entre los Estados miembros, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Si no funciona, se da una mala imagen. 
Entonces la confianza de los ciudadanos en nosotros disminuye; sin su confianza la UE carece de arraigo popular y, consecuentemente, ésta tampoco funcionará. 
Por eso es importante que este debate, muy constructivo e interesante, continúe de la misma manera. 
Finalmente, me gustaría agradecerles una vez más el debate y haber estado aquí. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a los diputados al Parlamento el compromiso que han demostrado de aplicar el estimulante, pero arduo y exigente, programa de Tampere y también atestiguar y elogiar las gestiones de la Presidencia sueca para lograr resultados concretos durante la primera mitad de este año. 
De la labor de la Presidencia sueca resulta del todo claro que existe un deseo real de que haya un planteamiento equilibrado de las políticas relativas a esa esfera. un equilibrio entre las iniciativas relacionadas con los aspectos represivos y las que tienen el fin proactivo de fomentar una visión positiva del asilo y la inmigración en nuestras sociedades. 
Así, pues, espero que al final de la Presidencia sueca tengamos resultados concretos y positivos a partir de los cuales avanzar. 
Refiriéndome muy brevemente a dos aspectos: en primer lugar, sobre el plan de acción para el Irak, comparto la opinión de que resulta extraordinariamente difícil de aplicar. 
Cuanto antes logremos una evaluación más detallada de los resultados concretos de dicho plan de acción, mejor será. 
También debemos tener presente que un país candidato, Turquía, es vecino del Irak. 
Así, pues, debemos inducir a Turquía a que participe más en serio en el debate sobre la situación kurda y sobre el efecto de la inmigración ilegal en esa zona. 
Mi segunda observación es la de decir al Sr. Pirker que en mi exposición no me he referido a la cuestión de las drogas, pues no se había presentado pregunta alguna al respecto. 
Sin embargo, quisiera señalar a la atención del Parlamento que estamos aplicando el Plan de Acción 2000-2004. 
Ha habido una importantísima iniciativa sueca sobre las drogas sintéticas. 
En el Consejo celebramos un debate abierto sobre las drogas y la Comisión se propone presentar dos instrumentos principales: uno, la decisión-marco para la armonización del derecho penal en la lucha contra el tráfico de drogas, será presentado el mes próximo. 
El segundo es el de presentar al Consejo y al Parlamento lo que denominamos un cuadro de seguimiento para el plan de acción sobre las drogas. 
En dicho cuadro de seguimiento incluiremos todas las acciones que debe emprender la Unión y también determinaremos todas las acciones concretas que deben emprender los Estados miembros particulares. 
De modo que no estamos descuidando la cuestión de las drogas. 
No hemos aludido a ese aspecto, porque no se ha hecho referencia a él en las preguntas propiamente dichas, pero tengo mucho gusto en anunciar a sus Señorías nuestro programa por lo que a la lucha contra las drogas se refiere. 
Mi deseo y esperanza finales son los de que tal vez el año próximo celebremos un debate más alegre sobre el Estado de funcionamiento del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Trabajemos todos para ese fin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles, 16 de mayo. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos desarrollados 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las siguientes preguntas orales: 
B5-0155/2001, del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, dirigida al Consejo, sobre la Tercera Conferencia de la Naciones Unidas sobre los países menos desarrollados, 
B5-0156/2001, del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, dirigida a la Comisión, sobre la Tercera Conferencia de la Naciones Unidas sobre los países menos desarrollados. 
. 
(SV) Señor Presidente, estimados diputados, en las directrices para la participación en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre países menos desarrollados, aprobadas por el Consejo el 22 de diciembre de 2000, la Unión confirma su voluntad de hacer cuanto pueda para que el plan de acción de la ONU para el desarrollo sostenible en los países menos desarrollados y para la incorporación paulatina de esos países en la economía mundial contenga directrices políticas concretas y medidas que se fundamenten en tres factores. 
En primer lugar: que las autoridades nacionales, la sociedad civil, el sector privado y los actores locales participen activa y responsablemente en esos países. 
En segundo lugar: una asociación de colaboración y cooperación de carácter mundial para los países menos desarrollados que, entre otras cosas, signifique que toda la colectividad internacional se movilice y que aumente la coordinación entre todos los que trabajan en materias de ayudas para el desarrollo en los ámbitos internacional, regional y nacional. 
En tercer lugar: una eficaz evaluación de los resultados del plan de acción aprobado en 1990 y un análisis de las necesidades y anhelos de los países menos desarrollados, tal como se determine en los preparativos de la conferencia. 
En el marco de la política de ayudas al desarrollo de la Unión, se dedica una gran parte de las ayudas precisamente a los países menos desarrollados, especialmente a través de las convenciones ACP/CE. 
Hay que recordar que 40 de las 49 naciones menos desarrolladas pertenecen al grupo ACP. 
La Unión opina que la eliminación de la pobreza en esos países debe ser el objetivo esencial de la conferencia. 
La Unión apoya la iniciativa reforzada de HIPC y su ejecución, es decir, en concordancia con las condiciones de Colonia de 1999, las que implican que más países podrán obtener facilidades para el pago de sus deudas más rápidamente y mayor concentración en la lucha contra la pobreza, es decir, que los recursos que se liberen por la condonación de las deudas se usen en el HIPC para combatir la pobreza. 
La Unión no puede aceptar compromisos u obligaciones en torno a la condonación de deudas que sobrepasen las condiciones establecidas en la iniciativa del HIPC. 
Esto implica, por tanto, que no se podrán aceptar eventuales exigencias de moratorias para el pago de las deudas antes de que los países deudores alcancen el denominado punto final, y/o el 100 por ciento de condonación de deudas en este punto. 
Los países pobres que no cumplan con las condiciones de la iniciativa del HIPC pero que tengan dificultades para el pago de sus deudas, tendrán que intentar renegociar sus deudas en el Club de París, en el Club de Londres o en otras instituciones de préstamo. 
Los recursos que se liberen durante la iniciativa HIPC se usarán para combatir la pobreza, en conformidad con las estrategias contra la pobreza aprobadas en los países. 
El 28 de febrero de 2001 el Consejo aprobó un reglamento para extender las exenciones aduaneras sin límites cuantitativos a todos los productos provenientes de los 49 países menos desarrollados del mundo, con excepción de armas y munición, la denominada iniciativa everything but arms. 
Este reglamento entró en vigencia el 5 de marzo de este año. 
El debate de este tema se inició a raíz de una propuesta presentada por la Comisión en octubre del año pasado. 
Celebro poder comprobar que los principios esenciales contenidos en la propuesta de la Comisión han sido mantenidos en el texto aprobado finalmente, es decir, que la comunidad debe adoptar medidas relevantes para mejorar la situación económica en los países menos desarrollados garantizando la libre entrada a sus mercados de todos los productos, aunque esto signifique mayores costes para la comunidad. 
En casi todos los casos se fijó como fecha de inicio el 5 de marzo de este año. 
Sólo en el caso de los plátanos, el azúcar y el arroz se determinó que la entrada en vigencia sería en una fecha posterior. 
Sin embargo, fue decisivo que para esos productos se fijase un plazo y un calendario para su plena incorporación al mercado. 
Desde 2006 el mercado será completamente libre para los plátanos y, para el azúcar y el arroz, desde julio de 2009 y septiembre de 2009 respectivamente. 
Durante ese tiempo se aplicarán tasas aduaneras más bajas a esos tres productos y se fijarán cuotas libres de tasas para el azúcar y el arroz. 
Por esa razón el reglamento tiene mucha importancia económica para los países menos desarrollados. 
Pero, además, su importancia política y económica es aún mayor para los preparativos de la próxima ronda de negociaciones en la OMC. 
Tiene un enorme valor simbólico que para una decisión de carácter comercial se hayan considerado en primer lugar prioridades de desarrollo. 
Esta decisión demuestra a las partes que negociarán en la OMC- tanto los países en desarrollo como los industrializados- que la Unión habla en serio cuando se trata de cumplir su compromiso de incorporar los temas de desarrollo en esas negociaciones. 
Demuestra que llegaremos a la mesa de negociaciones con la firme intención de servir no sólo a nuestros intereses, sino que también los de los miembros más necesitados de la comunidad internacional, especialmente los países menos desarrollados. 
Demuestra que la Unión asume plenamente su responsabilidad moral y económica, acorde con la posición de la Unión como el mayor bloque comercial del mundo. 
. (FR) Señor Presidente, como acaba de indicar la Presidencia del Consejo, esta Tercera Conferencia de la ONU sobre los PMA se celebrará en Bruselas el próximo mes de mayo. 
El objeto de esta Conferencia será primeramente evaluar los resultados del programa de actuación lanzado en 1990, hacer balance de lo que se ha hecho desde entonces en materia de ayuda al desarrollo, de reducción de la deuda, de inversiones y de comercio. 
Intentará también formular un nuevo programa de actuación para los próximos diez años y hemos decidido, de común acuerdo con la Naciones Unidas, que esta Conferencia debería, además, inclinarse por un cierto número de medidas con efectos inmediatos, de forma que no sucumba a la tentación de refugiarse en demasiadas generalidades. 
Los preparativos de esta Conferencia están en curso. 
Evidentemente, dado que la Unión es co-anfitriona, tenemos un particular interés en que esta Conferencia sea un éxito: los equipos de la Comisión y un cierto número de comisarios trabajan mano a mano para ello. 
Vamos a intentar conseguir que de esta Conferencia salga un programa de actuación sólido, para que podamos ofrecer un marco de estímulo a los esfuerzos de desarrollo de estos 49 ó 50 países, ello, una vez más, dentro de la filosofía de intentar dar a todo esto un enfoque lo más concreto posible. 
A este respecto- y nosotros, en la Comisión, le expresamos nuestro agradecimiento a la Presidencia sueca -, hemos procurado que las decisiones sobre esta iniciativa, Todo menos las armas, hayan sido tomadas en tiempo hábil para que la iniciativa pueda constituir un acervo de la Conferencia de mayo. 
A fecha de hoy, ésta es probablemente la materia y la medida más visible que esta Conferencia habrá contribuido a generar y a acelerar, y no es baladí. 
Ahora, debemos intentar utilizar esta Conferencia para hacer de ella un incentivo que motive a otros socios comerciales del mundo a mejorar el acceso al mercado de las exportaciones de los países menos avanzados. 
Si tanto nos preocupa esta iniciativa, no es porque pensemos que se basta a sí misma. 
Está claro que, sin un entorno y sin otras iniciativas de ayuda adecuadas, la gran mayoría de los PMA es incapaz de valorizar suficientemente, por sí misma, sus aperturas comerciales. 
Por lo tanto, tenemos que completar esta apuesta, este esfuerzo en el que nos hemos implicado, con otras medidas que tiendan a incrementar efectivamente la capacidad exportadora de los países en cuestión y a ayudarles a integrase en el régimen multilateral de los intercambios comerciales mundiales. 
En consecuencia, pretendemos completar esta iniciativa con otras medidas, de las que un cierto número está vinculado al comercio, con una asistencia técnica en materia de capacidad administrativa de estos países, con un desarrollo de nuestra labor en el seno del fondo integrado que nos vincula al FMI, al Banco Mundial y a la OMC en Ginebra, en un esfuerzo de asistencia técnica centrado en los asuntos comerciales. 
Dicho esto, debemos también examinar otros instrumentos comerciales para asegurarnos de que ni frenan, ni restringen excesivamente nuestras aperturas de los mercados a favor de los países menos avanzados. 
Me refiero concretamente a todo lo que es normativa sanitaria y fitosanitaria o a distintas barreras comerciales, en las que debemos no tanto reducir los estándares que hemos establecido, porque nuestra población los exige, sino más bien cerciorarnos de que nuestros esfuerzos de asistencia técnica son efectivamente dirigidos de forma que permitan a estos países afrontarlos. 
Me refiero concretamente a todo el tema sanitario y fitosanitario. 
Dado que estas condiciones de acceso al mercado van unidas a un incremento efectivo de la capacidad exportadora de estos países, consideramos que serán capaces de mejorar el volumen de inversión extranjera en ellos y desearíamos, con ocasión de esta Conferencia, seguir mejorando el fomento a dicha inversión, concretamente a través de una utilización más eficaz de los instrumentos multilaterales existentes, empleando, quizás de una forma más activa, lo que a partir de ahora está disponible en materia de inversión garantizada en los países menos avanzados. 
Dicho esto, no nos escudemos en un discurso demasiado políticamente correcto. 
También hay que ser claro. 
Les corresponde a estos países por sí mismos crear un entorno más propicio para la inversión mediante políticas internas que podemos respaldar, que podemos aconsejar, ciertamente, pero que corresponden a decisiones políticas internas, a veces difíciles de tomar, y esta dificultad en la toma de decisiones no es asunto nuestro. 
Desde esta perspectiva, el papel de cada uno debe estar muy claro. 
No olvidemos que estas medidas que acabo de mencionar, y cuyo efecto es inmediato, no son más que una parte del resultado. 
Efectivamente, deben estar ahí para dar una cierta credibilidad a los programas de actuación para la próxima década. 
Creo que es muy importante contar con un itinerario en este campo, y es necesario que podamos controlarlo conjuntamente. 
Considero, en efecto- y mis colegas de la Comisión comparten este punto de vista- que sólo podremos acelerar la eliminación de la pobreza y el fomento del desarrollo duradero en estos países a través de una mayor presión colectiva, de forma que quizás algún día- retomando la expresión del Sr. Miranda- veamos la luz al final del túnel. 
Señor Presidente, quiero acoger con satisfacción la iniciativa del Sr. Miranda al formular esta pregunta y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Comisario Lamy por su espléndida iniciativa sobre "Todo menos armas", con la que en el Parlamento nos asociamos, pero poco hemos tenido que ver. 
Conviene señalar que se debe prestar atención especial a los países más pobres y menos adelantados y en ese proceso la eliminación de la pobreza extrema debe ser el objetivo primordial. 
Según los cálculos de la UNCTAD, mientras que el productor interior bruto de 49 países menos adelantados aumentó tan sólo 0,9 % al año en términos reales entre 1990 y 1998, el PIB a escala mundial aumentó en más de 2,5 % al año. 
En los países menos adelantados la buena administración de los asuntos públicos es un asunto decisivo. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar que hay muchos países que son nominalmente democráticos, pero en los que, por culpa de la inexistencia de un sistema jurídico eficaz y justo, sus poblaciones carecen de libertad. 
En este Parlamento debemos promover el Estado de derecho como criterio esencial cuando examinamos los criterios en materia de buena administración de los asuntos públicos. 
También conviene hacer constar que la proporción de nuestros presupuestos para ayuda a los países menos adelantados ha disminuido, mientras que la proporción correspondiente a los países medianos, como Marruecos y Argelia, ha aumentado. 
Es algo absolutamente inapropiado. 
El presupuesto de ayuda debe centrarse en los más pobres. 
Eso es lo que nuestros ciudadanos esperan y piden. 
No es acertado utilizar el presupuesto para ayuda como una política de inmigración solapada. 
Debemos tener sin lugar a dudas una política antiinmigración, pero ser absolutamente sinceros al respecto. 
No debemos robar a los países pobres para lograr nuestros fines políticos. 
Se necesitan reducciones drásticas en la carga de la deuda de los países pobres y muy endeudados, pues las acciones emprendidas hasta ahora con cargo a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) resultarán, a consecuencia de la bajada de los precios de las materias primas, completamente inadecuadas para lograr alivio financiero sostenido alguno. 
También debo subrayar la necesidad de garantizar la asignación y reposición de fondos para brindar incentivos a una mayor inversión privada y la aplicación de medidas encaminadas a fomentar los acuerdos sobre pequeños préstamos, como los introducidos por el Gramien Bank en Bangladesh. 
Por último, debemos hacer todo lo que podamos para prevenir los conflictos. 
La prevención de los conflictos es una clave para ayudar a crecer a los países menos adelantados. 
Señor Presidente, como ya han indicado otros oradores, los hechos hablan por sí solos. 
La mayoría de los 640 millones de personas que viven en los países menos adelantados, un poco más del diez por ciento de la población mundial total, están luchando por sobrevivir con menos de dos dólares al día. 
Su esperanza de vida es de 50 años. 
La mitad de ellos son analfabetos y dos tercios de los niños del mundo, la mayoría de ellos niñas, no reciben tipo alguno de enseñanza primaria. 
Los países menos adelantados han visto una profunda reducción de las corrientes de capital, un 45% menos desde 1990, y la asistencia oficial para el desarrollo sigue disminuyendo y se ha reducido en un 30% desde 1990. 
Como ha dicho el Presidente en ejercicio, la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) está dando muy pocos resultados y llega demasiado tarde. 
Demasiados de los países menos adelantados tienen cargas de la deuda totalmente insostenibles. 
Muchos países menos adelantados, como, por ejemplo, Zambia, que visité recientemente, siguen gastando dos veces más en el servicio de la deuda que en salud y educación. 
Así, pues, esta Conferencia de las Naciones Unidas debe versar sobre un nuevo trato para los países menos adelantados, que fomente el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible en pro de los pobres. 
Como sabe el Sr. Lamy, va a haber una sesión temática sobre el comercio, que él esperará- lo sé- que los países menos adelantados utilicen como plataforma en preparación de la reunión ministerial de Qatar. 
Estoy segura de que ofrecerán amplios testimonios de la bajada de los precios de los productos básicos- que disminuyeron un 30% desde 1998 a 1999- y debemos reconocer que la mundialización y la liberalización han dado resultados muy desiguales. 
Me pregunto si podrá el Comisario Lamy predecir si otros países, como, por ejemplo, los EE.UU. o el Japón, estarían dispuestos a seguir su excelente ejemplo. 
Creo que lo veo sonreír y eso podría crearnos algunas dificultades. 
En este punto sería interesante que el Comisario Lamy nos dijera qué países menos adelantados en particular podrían exportar armas, pues el título de esta iniciativa es un poco desconcertante. 
Por último, esta Conferencia debe servir para analizar lo que podemos hacer con carácter práctico por los países menos adelantados, cuando millones de personas no pueden tratarse la neumonía, la diarrea, la tuberculosis o el sida; cuando se carece de medicinas para los hijos enfermos o la esposa agonizante, cuando los hijos están en la escuela bajo un árbol intentando aprender a escribir su nombre con una ramita. 
Presidente, la brecha con los países más pobres se amplía en lugar de disminuir. 
Durante la última década, la ayuda a los países en vías de desarrollo se ha reducido en un 24% y hasta en un 45% para los países más pobres. 
Esto resulta absolutamente inaceptable. 
La Conferencia de la ONU no tendrá ningún sentido si no va más allá de hermosas promesas y vagas declaraciones. 
La única forma de que los países pobres avancen es llegar a acuerdos concretos y vinculantes. 
Las concesiones comerciales no resultan suficientes por sí solas. 
Los países ricos deben perdonar una parte sustancial de las deudas. 
El pago de las deudas implica frenar de antemano el desarrollo de muchos países. 
Por este motivo, resulta clave adoptar una política de condonación específica para cada país en vías de desarrollo. 
Sin duda resulta razonable que nuestra política en materia de deudas y ayuda establezca condiciones en relación con la lucha contra la pobreza, la gestión correcta y una administración saneada de las finanzas públicas. 
La condonación de las deudas no tiene sentido si a continuación se contraen nuevas deudas. 
Por consiguiente, la política de la Comisión Europea debe ir dirigida a fomentar las capacidades y la administración adecuada de las finanzas. 
No existe otro modo de que los países puedan desarrollar sus sistemas educativos y sanitarios, ni de estimular las inversiones. 
En gran parte de los países más pobres, existe una situación muy grave en relación con la distribución del poder y de los recursos disponibles. 
Si no existe una separación clara entre el poder político y económico, imperará la corrupción. 
La lucha contra la pobreza no tiene sentido si los países se siguen viendo envueltos en conflictos violentos. 
Seamos francos: las ansias de poder y la avaricia ilimitada de los líderes y responsables son causas tan importantes de la falta de desarrollo como el recorte de la ayuda. 
La brecha entre ricos y pobres sólo podrá cerrarse si incrementamos sustancialmente la ayuda que prestamos y si se mejora el gobierno de estos países. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor comisario, quisiera limitarme a plantear varias preguntas. 
¿Hasta qué punto decimos la verdad cuando afirmamos que centramos nuestra lucha contra la pobreza en los países menos desarrollados? 
Nuestros compañeros han ilustrado esta situación ampliamente. 
Además, llegamos a la conclusión de que nuestra ayuda ni siquiera llega a las personas pobres de los países pobres, y éste es el problema, ya que estas personas mantienen su situación de pobreza. 
¿Hasta qué punto resulta coherente nuestra política? 
¿Hasta qué punto decimos la verdad cuando afirmamos que deseamos que los países pobres importen de todo menos armas? 
¿No nos enfrentamos en primer lugar a una operación de buena voluntad para involucrar a los países del sur en una nueva Ronda de la OMC? 
Me planteo estas preguntas porque considero que seguimos manteniendo nuestras propias incoherencias. 
Como ejemplo, quisiera citar el aplazamiento para la importación de azúcar: ¡es vergonzoso! 
¿Realmente es necesario que sigamos apoyando nuestra propia producción azucarera? 
¡No tenemos ningún motivo que lo justifique! 
Señor Presidente, en cuanto a la ayuda a los países en desarrollo, en concreto a los que se denomina menos avanzados, ¿cuál es el balance? 
El balance se está haciendo desde hace un rato. 
El mandato de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas afecta particularmente a la ayuda pública al desarrollo, a la deuda y a los intercambios. 
En este contexto, no debemos eludir la siguiente observación: los compromisos establecidos para la década anterior no se han cumplido. 
Se ha dicho con frecuencia, pero hay que repetirlo: la reducción de los flujos de ayuda pública al desarrollo es inadmisible. 
Así, se han reducido cerca de un 50% a lo largo de la década, cayendo hasta un ínfimo 0,05 % del PNB de los donantes, muy lejos del objetivo del 0,7 % fijado por la ONU. 
En Europa, los Países Nórdicos son los únicos que respetan este compromiso. 
Además, la parte de esta ayuda pública al desarrollo destinada a la infraestructura económica y al sector productivo se ha reducido. 
¿Qué futuro espera a estos países, si no pueden alcanzar un grado de desarrollo que les permita elegir de una forma realmente independiente? 
No debemos ir más allá en la búsqueda de la explicación de los resultados obtenidos. 
La simple mención de la caída de la esperanza de vida a 51 años da una idea de la magnitud del desastre. 
Tras los informes de los expertos, hay hombres y mujeres que viven en una indigencia extrema: 614 millones de personas, es decir, la décima parte de la población mundial, que viven con menos de dos dólares diarios. 
Peor aún, los países menos avanzados se hunden en una espiral infernal, tal y como escribe la CNUCED, un círculo vicioso de regresión económica, de tensiones sociales y de violencia, que se refuerzan mutuamente. 
Así, la cuota del sector manufacturero en su PIB se ha estancado, y en algunos casos incluso ha disminuido. 
Con frecuencia, los PMA dependen de la exportación de uno o dos productos de base exclusivamente. 
Ahora bien, en algunos países, las capacidades productivas se han visto debilitadas. 
Así, el Comité Preparatorio de la Tercera Conferencia subraya incluso que, muy a menudo, las industrias creadas para abastecer al mercado interior han sido eliminadas por la competencia cada vez más dura de las importaciones que acompaña a la liberalización de los intercambios. 
La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas no debe ser nuevamente una simple letanía y creo que la Unión Europea, de alguna manera anfitriona de la Cumbre, debería contribuir a que esto no ocurra. 
La autoridad política de Europa se gana con la capacidad de afrontar una mundialización devoradora, que no se regirá más que por las leyes del comercio y del dinero. 
La eficacia de su política de desarrollo se mide por los actos concretos, y hay líneas que deben ser exploradas urgentemente: la anulación de la deuda; actuar sin demora para que se reconozca, por ejemplo, el derecho de los pueblos afectados por el SIDA a fabricar y a comercializar los medicamentos necesarios; contribuir al desarrollo decisivo de las capacidades humanas a través de servicios públicos de formación eficaces; ayudar a estos países a garantizar su autonomía alimentaria. 
Creo que el desarrollo no se limita a organizar relaciones comerciales... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, la pregunta que nos formulamos es qué impide a los países desarrollados ayudar de manera eficaz a los países pobres. 
El porcentaje del PIB que los Estados ricos asignan al desarrollo de los países pobres es cada vez más reducido. 
Sabemos que en muchos casos precisamente los países ricos inundan de residuos tóxicos a los países pobres o permiten incluso negocios poco claros en el sector del turismo. 
Nuestro Grupo ha avanzado una propuesta de reinserción en favor de los estudiantes de esos países que, habiendo estudiado en universidades europeas, desean comenzar a ejercer una profesión en sus países de origen, al objeto de impedir esa fuga de cerebros que, actualmente, está penalizando el desarrollo. 
Curar a un enfermo puede costar pocos dólares, prevenir la enfermedad puede costar menos todavía, pero el sida continúa expandiéndose porque falta la voluntad política y el compromiso económico. 
La mundialización está resultando ser una tragedia para quien es pobre y para quien es rico no está resultando ser ningún recurso. 
Señor Presidente, espero realmente que la Comisión colabore a que no nos ocultemos detrás de las palabras y como es habitual acabemos aprobando resoluciones compuestas por declaraciones no vinculantes que repiten textos sobre los que los países se han puesto de acuerdo en otras reuniones internacionales. 
Si queremos que las medidas tengan efecto inmediato, como quiere la Comisión, la UE ha de reconocer que el acuerdo HIPC resulta absolutamente insuficiente. 
Hace falta un acuerdo internacional encaminado a condonar realmente la deuda de los países en vías de desarrollo, por ejemplo, integrando los objetivos de pobreza internacionales, de modo que la deuda sostenible sea definida sobre la base de las necesidades de los países en materia de lucha contra la pobreza. 
Hoy día la deuda sostenible es definida en la iniciativa HIPC sobre la base de valores de sostenibilidad no documentados y la mayoría de los países que han visto aliviada parte de su deuda destinan más dinero al pago de su deuda que el destinado a sanidad y educación. 
En resumidas cuentas, la UE debe velar por la coherencia de la política de ayuda al desarrollo y asimismo completar ésta ayudando eficazmente a la construcción de infraestructuras en los países en vías de desarrollo para que éstos puedan procurarse un puesto en el mercado mundial. 
Hay suficientes tareas de las que ocuparse. 
Están ya bien definidas. 
Lo que ahora necesitamos no son más palabras, sino acción, es de esperar una acción que no acabe como la iniciativa de "todo excepto armas", con la Comisión presentando una estupenda iniciativa que luego lamentablemente acaba completamente destruida por el Consejo que posterga el acuerdo sobre el arroz, el azúcar y el plátano hasta el año 2009. 
Resulta simplemente escandaloso. 
Es algo que no podemos tolerar en la Unión Europea. 
Señor Presidente, el hecho de que en los últimos 25 años sólo uno de los 50 Estados más pobres del mundo, concretamente Botswana, haya conseguido escapar de la espiral de la pobreza demuestra que la base del sistema es errónea. 
Las ayudas monetarias, que sólo en apariencia tienen un carácter social, o incluso una condonación radical de la deuda externa de esos países son sólo acciones cosméticas sin efectos duraderos. 
Las empresas multinacionales han establecido, en colaboración con las antiguas potencias coloniales y otros países industrializados, un sistema de explotación de dichos países que no se queda corto en relación con los horrores de la época colonial. 
Llama la atención que los países más ricos en materias primas a menudo sean los que tienen la población más pobre. 
Consideren, por ejemplo, el caso de Angola. 
El país más rico en materias primas de África fue en otro tiempo el mayor exportador de café del mundo. 
Actualmente, con su riqueza, se podría alimentar sin problemas a una población de 12 millones de personas. 
. (SV) Señor Presidente, agradezco a los diputados sus interesantes intervenciones en este debate. 
Doy las gracias especialmente al Sr. Miranda, que con su pregunta nos ha permitido discutir minuciosamente los importantes temas que se tratarán en la tercera conferencia sobre los países menos desarrollados que se celebrará en Bruselas el próximo mes. 
Espero que esta conferencia nos permita responder a la muy relevante y fundamental pregunta formulada por la Sra. Maes, esto es, cuán sinceros somos en nuestros esfuerzos para ayudar a los países menos desarrollados. 
Esperamos que la conferencia de Bruselas nos proporcione respuestas muy concretas a esta pregunta y no solamente hermosas palabras. 
Respeto mucho la descripción de everything but arms que ha hecho la Sra. Sandbæk, pero, a mi juicio, esta resolución es, a pesar de todo, un importante paso. 
Podemos demostrar que la Unión es sincera en sus esfuerzos para ayudar a los países menos desarrollados. 
Se ha dado un primer paso importante que demuestra, como lo señalé en mi primera intervención, que la Unión está resuelta a dejar que los aspectos de desarrollo tengan preferencia en asuntos comerciales. 
Estoy de acuerdo en que deberíamos haber llegado aún más lejos, pero no menospreciemos este primer paso. 
Para terminar, quisiera decir al Sr. Deva que me alegra que haya mencionado el tema de la prevención de conflictos como un componente importante de nuestros esfuerzos futuros en relación con las ayudas a los países menos desarrollados. 
Para la Presidencia sueca, la prevención de conflictos es uno de los asuntos de mayor importancia. 
Además, la prevención de conflictos será un tema relevante en la reunión del Consejo Europeo de Goteburgo en junio. 
Espero que podamos cimentar razonablemente el importante concepto de que la prevención de conflictos y los esfuerzos para ayudar a los países menos desarrollados están íntimamente relacionados. 
. (FR) Señor Presidente, para responder al debate, voy a hacer tres observaciones. 
La primera de ellas se refiere a la cuestión que la Presidencia del Consejo acaba de abordar. 
Yo también creo, como la mayoría de ustedes por cierto, que el desarrollo es el resultado de una fórmula a veces muy misteriosa, cuyos ingredientes son bastante fáciles de enumerar, pero cuya mezcla es muy complicada. 
Al igual que el Sr. Deva y coincidiendo con lo que la Presidencia acaba de manifestar, creo que la paz es probablemente el ingrediente más determinante, por encima incluso de elementos tales como la lucha contra la corrupción. 
Hay otros muchos, pero me gustaría que nos esforzáramos por no dar la impresión de que los países en vías de desarrollo tienen el monopolio de estas dificultades y de estos males. 
Considero que ni siquiera nosotros mismos estamos siempre a salvo de ellos. 
Señora Sandbæk, la iniciativa "Todo, menos las armas" es una acción concreta por la que, bajo la cómplice Presidencia de nuestro amigo Leif Pagrotski, hemos tenido que luchar duro para conseguir una mayoría cualificada. 
¿Y qué habría dicho usted si esta tentativa hubiese fracasado? 
Estas decisiones concretas han sido tomadas y ahora se van a aplicar. 
La Sra. Kinnock ha preguntado con qué otros países vamos a continuar ahora. 
La lista no es demasiado extensa. 
Creo que la Conferencia sobre los PMA permitirá acelerar un poco el tema. 
Chile y Nueva Zelanda han mostrado su buena disposición. 
Japón- lo sabemos perfectamente- no lo aplicará, al menos en esta fase, a la totalidad de sus importaciones, sobre todo por culpa de sus problemas con el arroz. 
No obstante, ya ha tomado medidas que van en la línea adecuada en materia de aranceles industriales. 
Finalmente, los Estados Unidos van a tener que revisar este año su sistema de preferencias generalizadas, y, gracias a las distintas medidas de lobbying que tenemos en el Congreso, vamos a procurar que tengan nuestra propia iniciativa muy presente cuando revisen su sistema de preferencias generalizadas. 
Me gustaría también disipar cualquier impresión de que podríamos de alguna forma haber comprado la conformidad de los países manos avanzados para organizar un ciclo de negociaciones comerciales que nosotros deseamos, pero que no tiene interés alguno para ellos. 
Se trata de una impresión sin fundamento. 
En primer lugar, este ciclo tiene interés para los PMA, aunque sólo sea en la medida en que, entre la ley de la selva de los intercambios internacionales no regulados y un ciclo de negociaciones comerciales que establecerá unas reglas nuevas, creo que su elección ya está hecha. 
En segundo lugar, se trata ante todo de dar credibilidad a nuestra propia postura y de demostrar, en el marco de nuestra política general- y con esto, le respondo a la Sra. Maes -, que somos capaces, sin contrapartida alguna, de asumir y de resolver las dificultades políticas internas para encaminarnos hacia lo que debemos hacer. 
Mi tercera y última observación se refiere al acceso a los medicamentos. 
Este punto ha sido mencionado por el Sr. Miranda, la Sra. Boudjenah y el Sr. van den Berg. 
Con relación a este asunto- y por cierto, ayer contesté, en esta misma Asamblea, a una pregunta de la Sra. Carlotti sobre ello -, hemos puesto sobre la mesa, en el seno de la Comisión, un plan de actuación exhaustivo que abarca simultáneamente los problemas de financiación relativos a la ayuda al desarrollo, los problemas de impulso adicional a la investigación pública, y también los problemas derivados de los aspectos comerciales vinculados a la propiedad intelectual y a la disponibilidad de los medicamentos. 
Este plan global ya está sobre la mesa. 
Será objeto de un debate en el Consejo de "Asuntos Generales" del 14 de mayo, en tiempo hábil para que las conclusiones de este Consejo puedan ser presentadas en la Conferencia sobre los PMA que se celebrará a finales del mes de mayo. 
Por consiguiente, ya ven ustedes que, desde esta perspectiva, unos y otros, incluida la Presidencia- que, como acaba de mencionar su representante, lo ha considerado como una prioridad -, hemos intentado conseguir que un cierto número de propuestas de la Comisión se materializaran en acciones tras haber pasado por el Consejo y por el Parlamento, para poder abordar esta Conferencia al menos con la conciencia tranquila. 
He recibido dos propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día se procede a examinar el turno de preguntas (B5-0163/2001). 
Por tratarse de asuntos semejantes, las siguientes preguntas se contestarán simultáneamente: 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0248/01) 
Asunto: Crisis en los Balcanes Como revela la evolución de la crisis de los Balcanes, el reconocimiento de las fronteras de muchos Estados de la región se cuestiona directa o indirectamente, como ha sucedido por ejemplo en el caso de la frontera entre la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia, que ambos países acordaron definir pero que se niegan a aceptar fuerzas de la parte albanesa de la propia Ex República Yugoslava de Macedonia y de Kosovo. 
¿Cuál es la valoración que hace el Consejo de la evolución actual, y en concreto cómo afrontará la aceptación de las fronteras como elemento estabilizador de la crisis de los Balcanes? 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0259/01): 
Asunto: Actividades incontroladas de organizaciones extremistas en el sur de Serbia Las actividades terroristas de los extremistas albaneses en el sur de Serbia y en el territorio de la Antigua República yugoslava de Macedonia (hasta en zonas vigiladas por la KFOR) están ya fuera de control. 
Casi todos los días se registran atentados y enfrentamientos, incluso con armas pesadas. 
El plan yugoslavo de restablecimiento de la paz en el valle de Presevo ha venido suscitando hasta ahora reacciones favorables. 
¿Considera el Consejo que el citado plan es un fundamento adecuado para la apertura de conversaciones? 
¿Qué medidas piensa tomar para que los dirigentes políticos de la comunidad albanoparlante instalada en el sur de Serbia y las autoridades yugoslavas inicien dichas conversaciones? 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0306/01): 
Asunto: Situación en la Ex República Yugoslava de Macedonia y peligro de conflagración generalizada en los Balcanes Los ataques armados y homicidas lanzados contra la Ex República Yugoslava de Macedonia por el ilegal ejército mercenario del ELK, que fue apoyado y armado por la OTAN, se han intensificado y amenazan con provocar una mayor desestabilización y una conflagración generalizada en los Balcanes. 
Tal como se ha revelado, la presencia de la KFOR en la Ex República Yugoslava de Macedonia no sirve a la estabilidad, sino a una mayor desestabilización, lo que confirman también los medios de comunicación, que informan de que mercenarios armados circulan con libertad por los sectores alemán y americano. 
Todos estos ataques y acontecimientos son el resultado de la política de "divide y vencerás" seguida por la OTAN y la UE, fomentada mediante la incitación y explotación del nacionalismo y de las tendencias y grupos separatistas con el objetivo de crear protectorados en la región para una mejor explotación de su riqueza y de sus pueblos. 
¿Qué medidas concretas piensa tomar el Consejo para que se aplique la Resolución 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se garantice la integridad territorial de la Ex República Yugoslava de Macedonia y se ponga fin a toda intervención extranjera en los Balcanes? 
. 
(SV) El Consejo ha expresado reiteradamente su enorme preocupación por las grandes tensiones y la violencia existentes en el sur de Serbia y por el creciente número de incidentes en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, especialmente cerca de la frontera con la República Federativa de Yugoslavia, que el Consejo condenó enérgicamente en sus conclusiones del 26 de febrero. 
En esa misma oportunidad el Consejo reiteró que mantiene plenamente el principio de que todas las fronteras en la región son inviolables. 
Después de eso, la Unión Europea ha estado activamente interesada en la solución de la crisis, en estrecha colaboración con las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia, la OTAN/Kfor y las autoridades de la ARYM. 
El Consejo también ha expresado que está dispuesto a continuar ayudando para alcanzar una solución pacífica al conflicto, respetando plenamente la soberanía y la integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia. 
Con este objetivo, la Unión aplaudió la decisión del Alto Representante Javier Solana de destacar a un número considerable de observadores- treinta personas de la misión de observadores de la Unión en el sur de Serbia- después de sopesar en la reunión del Consejo (asuntos generales) del 19 de marzo, y una vez mantenidos contactos con la OTAN y firmado el acuerdo de tregua entre las partes, que la seguridad de los observadores estaba satisfactoriamente garantizada. 
El Consejo respaldó en sus conclusiones del 19 de marzo la iniciativa de las autoridades de Belgrado para encontrar una solución pacífica y duradera a la actual situación en el sur de Serbia. 
Esta iniciativa, presentada al Comité de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea por el Vice-primer Ministro serbio Sr. Covic y por el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federativa de Yugoslavia Sr. Svilanovic, se considera como una plataforma adecuada para las futuras actividades. 
En esta ocasión, la Comisión comunicó que redoblará su ayuda económica al valle de Presevo. 
La ayuda asciende actualmente a cerca de 2 millones de euros. 
La Comisión estudia también ayudas a largo plazo en el marco del programa de 240 millones para Serbia durante el año 2001. 
Como una confirmación del interés del Consejo, los estimados diputados deben ser conscientes de que un representante del Alto Representante Sr. Solana participó activamente- junto a un representante del Secretario General de la OTAN- en las negociaciones del 13 de marzo de 2001 que permitieron a los representantes serbios y albaneses firmar la tregua y que dieron inicio el 23 de marzo a un diálogo entre las autoridades serbioyugoslavas y los representantes presevoalbaneses. 
El Consejo acogió con satisfacción el informe del Sr. Solana del 19 de marzo sobre medidas de la UE para el Sudeste de Serbia y le instó a continuar su trabajo en torno a una estrategia de la Unión para esta región, en colaboración con la Presidencia y la Comisión, que permita apoyar el proceso y contribuya a los esfuerzos internacionales para alcanzar una solución pacífica. 
El Consejo reaccionó rápidamente y con claridad frente a los graves incidentes que han tenido lugar recientemente en la ARYM. 
La troica ministerial visitó Skopje el 22 de marzo y Javier Solana visitó la ARYM dos veces más, el 20 y el 26 de marzo. 
El Consejo rechaza absolutamente las afirmaciones falsas y tendenciosas contenidas en la pregunta 306 sobre el papel de la OTAN y de la ARYM en la crisis. 
La postura de la UE está claramente expresada en la declaración del Consejo Europeo de Estocolmo del 23 de marzo. 
Estoy aquí en nombre de Mikhail Papayannakis. 
Agradezco al Consejo de Ministros esta respuesta que, en mi opinión, ha sido bastante buena. 
Quiero formular una pregunta complementaria que se refiere a las exigencias de la minoría albanesa en Macedonia para obtener mayor poder y alguna forma de autonomía o federación. 
¿Qué opinión le merecen al Consejo de Ministros estas exigencias de la minoría albanesa en Macedonia? 
. 
(SV) Como señalé en mi primera intervención, las soluciones de los conflictos deben fundamentarse en el respeto a la soberanía y a la integridad territorial. 
Esto también ha sido confirmado por el Consejo y por el Consejo Europeo en reiteradas ocasiones. 
Sin embargo, es muy interesante que se intensifique el diálogo interétnico. 
Precisamente para estimular el diálogo interétnico en el marco del respeto por la integridad territorial y la soberanía hemos tenido representantes de la Unión permanentemente presentes en la región durante las últimas semanas. 
En opinión del Consejo, la Unión debe seguir haciendo cuanto pueda para estimular este diálogo, pero sin olvidar esos principios fundamentales. 
Señor Presidente, dejo a un lado el hecho de que en su respuesta haya cantado usted el kirie eleison a D. Javier Solana. 
Ha mencionado cinco veces su nombre, y tal vez no sea bueno mencionarlo tanto cuando hablamos de los Balcanes. 
Pero voy al meollo de mi pregunta. 
Hay un elemento positivo en su discurso: la resuelta actitud del Consejo en cuanto a no admitir violación alguna de fronteras en la región. 
Quisiera preguntar, para aclarar las cosas, y para no jugar con las palabras, si en este punto hemos de dar por supuesto y entender que la integridad territorial y las fronteras de Yugoslavia- una Yugoslavia sin Milosevic, una Yugoslavia con Milosevic ya en la cárcel- incluyen el territorio de Kosovo. 
Planteo el asunto, señor Presidente, a tenor de los comentarios registrados en el sentido de que si no se resuelve este problema la inestabilidad en la región será permanente. 
. 
(SV) No sé si habrá sido un himno al Sr. Solana. 
Si lo ha sido, entonces se trata de algo que valoro como una política muy activa por parte de la Unión para contribuir a resolver uno de los más graves conflictos en nuestro continente. 
Debo manifestar que aunque hay mucho sufrimiento en esta región, con su enérgico trabajo la Unión ha contribuido a limitarlo y a que, después de algunas semanas muy complicadas, veamos una esperanza en una situación muy sombría. 
Por eso me gustaría decir que en la Unión- y en esto incluyo a Javier Solana que ha realizado un duro trabajo junto con Chris Patten y la Presidencia sueca- podemos estar orgullosos, pero no satisfechos, por lo que hemos conseguido. 
Señor Presidente, permítame decir que me siento absolutamente insatisfecho con la respuesta que hemos recibido del representante del Consejo. 
En primer lugar, la pregunta era muy clara. 
La resolución 1244 del Consejo de Seguridad prevé lo siguiente: Kosovo provincia de Serbia, desarme de los criminales del UÇK y vigilancia de las fronteras por las fuerzas armadas yugoslavas. ¿Qué ocurre con la aplicación de esta resolución? 
La presencia de la KFOR, con las bendiciones de la Unión Europea y de la OTAN, más bien ha facilitado las agresiones en el sur de Serbia, en el valle de Presevo, y la penetración de los criminales del UÇK en la ARYM. 
Y la pregunta en este punto, señor Presidente, es esta: ¿Quién ha facultado al Secretario General de la OTAN, Sr. Robertson, para ir allí a presionar al gobierno de la ARYM para que entable negociaciones con los criminales? 
Lo mismo ha hecho el Sr. Solana. 
¿Esta es la firmeza en la salvaguardia de las fronteras? 
Díganos de una vez, ¿es Kosovo una provincia serbia o un estado independiente? 
Por lo demás, señor Presidente, me ha sorprendido la afirmación del Presidente de que Presevo... 
(El orador es interrumpido por el orador) 
. 
(SV) Comprendo que el Sr. Korakas no esté satisfecho con mi respuesta. 
Debo reiterar en nombre del Consejo que rechazo por tendenciosas algunas afirmaciones contenidas en su pregunta. 
¿Quién debe controlar que se cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU? 
Obviamente el Consejo de Seguridad de la ONU, pero hay muchas organizaciones internacionales que colaboran para hacerlo en el marco de las resoluciones adoptadas por ese Consejo. 
La Unión es uno de los principales actores en esta materia y espero y creo que la Unión seguirá siéndolo activamente. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, me temo que asistimos a una escalada de la conflictividad en los Balcanes. 
Quiero referirme a un inminente debate de la Asamblea Nacional de Bulgaria sobre el libre tránsito de tropas de la OTAN sin previa aprobación por el Parlamento, algo que por primera vez tiene lugar en un país que no es miembro de la OTAN. 
Se mantienen conversaciones también encaminadas a la instalación de aeronaves norteamericanas sin piloto en territorio búlgaro. 
Uno se pregunta si la OTAN tiene el propósito de utilizar Bulgaria contra la ARYM, del mismo modo que utilizó la ARYM contra Yugoslavia. 
Al mismo tiempo, en Bulgaria se ha desatado una persecución contra todos los que protestan por la implicación del país en los asuntos de la OTAN, y se han producido detenciones de manifestantes de la organización juvenil "Che Guevara", que van a ser juzgados, acusados de hooliganismo. 
Todo esto pone de manifiesto el peligro de que la crisis se extienda a Bulgaria. 
Quisiera preguntar si el Consejo se ha planteado semejante eventualidad y si ha pensado alguna medida de acción. 
. 
(SV) El estimado diputado se fundamenta en especulaciones que el Consejo no puede comentar. 
Permítanme solamente expresar la esperanza de que los esfuerzos mancomunados de la Unión con otros actores para limitar el conflicto y para alcanzar una verdadera estabilidad y democracia den resultados, de manera que las especulaciones del diputado no se produzcan. 
Me gustaría aliviar a la Presidencia del Consejo y dirigirme a los colegas griegos preguntándoles si pueden aclararnos los rumores que circulan sobre la solicitud de adhesión de Grecia a Yugoslavia. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las siguientes preguntas se contestarán simultáneamente: 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0290/01): 
Asunto: Tribunal Penal Internacional ¿Puede el Consejo indicar cuál es su postura con respecto al lento proceso de ratificación del Tribunal Penal Internacional, habida cuenta de que éste sólo puede establecerse oficialmente cuando 60 países hayan ratificado el Estatuto de Roma y de que en febrero del año actual Dominica fue el 29 país que ratificó dicho estatuto? 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0299/01): 
Asunto: Tribunal Penal Internacional En su respuesta de 24 de octubre último a la pregunta oral H-0763/00, relativa al proceso de ratificación del estatuto del Tribunal Penal Internacional, la Presidencia del Consejo afirmó, en especial, que se pueden prever progresos significativos en un futuro próximo, gracias a que otros ocho Estados miembros han mostrado una relativa confianza en que se consiga la ratificación antes de finales de año. 
Ahora bien, ya han pasado tres meses del año 2001 y sólo cuatro Estados miembros más han ratificado el estatuto. 
Por otra parte, en su respuesta el Consejo precisa que otros tres Estados miembros han reiterado su intención de ratificarlo (sic) si bien aún tienen que resolver problemas de procedimiento o constitucionales. ¿Puede el Consejo concretar a qué tipo de problemas de procedimiento o constitucionales deben hacer frente dichos Estados miembros? 
¿Qué progresos se han realizado con vistas al proceso de ratificación en cada uno de los Estados miembros que aún no lo han ratificado (Suecia, Irlanda, Grecia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca) ? ¿Puede el Consejo comunicarme su opinión en cuanto a las posibilidades de que el proceso de ratificación concluya en estos siete Estados miembros el 18 de julio del año actual, con ocasión del tercer aniversario (sic) de la firma de la Conferencia de Roma? 
. 
(SV) La Unión estima que no se puede tolerar una cultura de impunidad, especialmente tratándose de graves violaciones al derecho internacional, tales como genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 
Cuando los tribunales internacionales no pueden o no quieren actuar, la comunidad internacional tiene la obligación de garantizar que se haga justicia. 
Por eso, la Unión opina que es necesario que se cree un tribunal penal internacional cuanto antes para aumentar el respeto al derecho humanitario internacional y a los derechos humanos. 
Con la abolición de la impunidad, el tribunal fortalecerá el imperio de la ley y la justicia y contribuirá a afianzar la paz mundial. 
La Unión aconseja decididamente la creación del tribunal penal internacional, tan pronto como sea posible. 
Con este objetivo, la Unión inició esfuerzos internacionales para conseguir la firma del Estatuto de Roma por tantos estados como fuese posible antes del vencimiento del plazo del 31 de diciembre de 2000. 
La Unión también se ha comprometido a ayudar a que los países asociados a ella firmen o ratifiquen el citado Estatuto y la Unión ofrece ayuda de expertos a todos los países interesados. 
Además, la Unión tiene la firme decisión de ayudar a la instauración práctica de este tribunal. 
La Unión confía en que el Estatuto de Roma entrará en vigor dentro de poco tiempo, cuando se hayan reunido las sesenta ratificaciones que se necesitan, entre ellas las de todos los Estados miembros. 
Italia, Francia, Bélgica, España Alemania, Austria, Luxemburgo y Finlandia ya lo han ratificado. 
Todos los demás países han iniciado el proceso de ratificación y en la mayoría de ellos debería concluir dentro de poco tiempo, dependiendo de los procedimientos nacionales. 
En este contexto hay que hacer notar que la incorporación del Estatuto de Roma en las legislaciones nacionales es una tarea compleja, que en algunos casos requiere que se modifiquen las constituciones. 
En las reuniones del grupo de derecho internacional del Consejo, la Presidencia se ocupa a menudo del estado en que se encuentran los procesos de ratificación del Estatuto de Roma. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta y facilitarle cierta información que tal vez no conozca. 
El Gobierno irlandés ha manifestado su intención de celebrar un referéndum el 31 de mayo de 2001 para ratificar el Tribunal Penal Internacional y para ello modificar nuestra Constitución. 
Me gustaría saber qué medidas positivas o proactivas está adoptando la Presidencia para velar por que no sólo los actuales Estados miembros de la UE, sino también los países con acuerdos de asociación, 27 en total, que podrían ayudarnos a obtener el número de 60 países necesario para la ratificación oficial y la entrada en vigor de ese Tribunal Penal Internacional. 
Además, sé que puede no ser su papel exacto en esta Asamblea, pero tal vez pueda informarnos sobre las dificultades suecas para la ratificación del Tribunal Penal Internacional. 
. 
(SV) Como mencioné en mi respuesta, la Unión se ha comprometido a ayudar a todos los países que están asociados con ella a que firmen o ratifiquen el Estatuto de Roma. 
Además, les ofrecemos la ayuda de expertos. 
Por esa razón estoy convencido de que con este compromiso la Unión contribuirá no sólo a que los quince Estados miembros, sino que también los países asociados, participen plenamente y cuanto antes en este importante documento. 
Su Señoría preguntaba acerca de las eventuales dificultades nacionales de mi país, Suecia. 
Como dije en mi primera intervención, en muchos países, incluso en el mío, la ratificación implica un proceso bastante largo. 
Pero me alegra poder decir a su Señoría que Suecia, durante el período en que ejerza la Presidencia, va a entregar el instrumento de ratificación, de manera que también nos incorporaremos al grupo de países que ya han ratificado el Estatuto o que lo harán tan pronto como puedan. 
Señor Presidente del Consejo, tengo cierta impresión de que es preciso tirarle de la lengua. 
El Sr. Crowley nos dio una buena noticia, la ratificación de Irlanda. 
Usted acaba de darnos otra en lo relativo a su país, Suecia, de aquí hasta finales del próximo semestre. 
¿Podría darnos también buenas noticias en lo relativo a los otros cinco países, Portugal, Grecia, Gran Bretaña, Países Bajos y Dinamarca? 
Habló usted de un largo proceso, pero tres años, ¡empieza a ser bastante largo! 
. 
(SV) Creía que el objetivo de este turno de preguntas era precisamente exigir respuestas del Consejo, por lo que me alegra mucho poder contestar la pregunta del Sr. Dupuis con mayor detalle. 
En cuanto a Portugal, sé que ese país espera completar el proceso de modificación constitucional antes del receso parlamentario de verano. 
En cuanto a Dinamarca, ya el otoño pasado se discutió en el Parlamento danés este asunto en primera lectura. 
Se calcula que la segunda y tercera tendrán lugar antes del receso de verano. 
En Grecia dicen que necesitan modificar el derecho penal. 
Se calcula que esas modificaciones tardarán algunos meses. 
Todavía no se han atrevido a señalar una fecha exacta para la ratificación. 
En el Reino Unido, la velocidad depende mucho del tiempo disponible en el parlamento- estoy seguro de que su Señoría es consciente de las discusiones que tienen lugar en ese país sobre una posible elección parlamentaria- pero esperan aprobar la legislación correspondiente durante el actual período de sesiones del parlamento. 
Por último, en los Países Bajos necesitan una mayoría de las dos terceras partes del parlamento, pero esperan aprobar la legislación necesaria dentro de poco tiempo. 
Como señalé en mi respuesta- en la que intenté ahorrar un poco de tiempo pero que estoy dispuesto a ampliar- estoy convencido de que todos los Estados de la Unión habrán ratificado el estatuto dentro de un futuro no muy lejano. 
Quería preguntarle al Sr. Presidente en ejercicio por el caso de Grecia. 
Sin embargo, ya ha contestado y tal vez no tenga sentido. 
Sencillamente, quisiera, con la ocasión, decirle al Sr. Dupuis, a propósito de la anterior pregunta, que sea más discreto. ¡Que sea más discreto! 
Se le podría acusar de querer ingresar en el partido de Le Pen, con el que comparte grupo parlamentario. 
Que sea más discreto y que no utilice esa retórica. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0251/01): 
Asunto: Carta de los Derechos Fundamentales El Secretario de Estado declaró el 13 de febrero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque "solemnemente proclamada", no es considerada vinculante en todos sus elementos por el Consejo. 
Con el fin de evitar incertidumbre jurídica y confusión política, ¿podría la Presidencia del Consejo indicar con precisión qué elementos considera el Consejo que son vinculantes y cuáles no? 
. 
(SV) La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión ha sido suscrita por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
En la situación actual, esas tres instituciones han reconocido el valor político de este documento en el ámbito de acción de la Unión. 
Si el objetivo es hacer más nítidos los derechos vigentes, ya están contemplados, sin embargo, en convenciones internacionales o en tradiciones constitucionales de carácter nacional algunos de los derechos que se proclaman en la Carta. 
El hecho de que esos derechos estén consagrados en la Carta no cambia el valor jurídico que tenían antes de la existencia de la Carta, puesto que el fundamento de su presencia en el derecho comunitario descansa en el artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea. 
La incorporación de esos derechos a la Carta no ha variado, por tanto, su valor. 
En cuanto a si la totalidad la Carta debe ser considerada como jurídicamente obligatoria, tema que su Señoría conoce, la Conferencia Intergubernamental de Niza de diciembre de 2000 aprobó una declaración sobre el futuro de la Unión en la que se señala que la situación jurídica de la Carta es uno de los asuntos que se discutirán en relación con los preparativos que se realizarán en 2004. 
Se acordó que cuando estos trabajos estén terminados se realizará una nueva Conferencia Intergubernamental para discutir, entre otros, el tema de la condición jurídica de la Carta. 
El Ministro ha de saber que el Tribunal de Justicia ya está desplegando ampliamente la Carta en su jurisprudencia. 
Lo que me preocupa es que nos encontremos con que la Comisión, el Parlamento y el Tribunal consideren la Carta vinculante, pero el Consejo no, lo que crearía una situación de la que sólo puede resultar confusión política y jurídica. 
¿Podría prometer que el Consejo mantendrá al menos en estudio minuciosamente las repercusiones de la Carta y examinará continuamente su estatuto al respecto? 
. 
(SV) El Consejo tiene la obligación de seguir, discutir y ocuparse de la condición jurídica de la Carta. 
Esto ha sido decidido por el Consejo Europeo de Niza y, obviamente, el Consejo así lo hará. 
Permítanme recordarles que los diferentes artículos de la Carta se fundamentan parcialmente en una serie de derechos ya contemplados en otros documentos. 
Muchos de esos derechos ya están consagrados jurídicamente, es decir, pueden servir de fundamento a decisiones judiciales. Esto, sin embargo, no emana del hecho de haber sido incorporados a la Carta, sino por haber sido consagrados en otros instrumentos. 
La Carta comprende también una serie de artículos que más bien son una expresión de objetivos políticos de carácter general, por ejemplo los artículos 37 y 38 sobre protección al medio ambiente y a los consumidores. 
Esos artículos no están redactados de manera que pudiesen invocarse en los tribunales de inmediato. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con su Señoría en que el Consejo, el Parlamento y la Comisión deben continuar ocupándose de este tema, en concordancia con lo manifestado en el Consejo Europeo de Niza. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, lo he escuchado con mucha atención, pero creo que muchos eurodiputados y muchos ciudadanos europeos nos hemos quedado con un triste sabor de boca a la vista de los resultados de la última Cumbre, celebrada en Niza, donde la Carta de Derechos Humanos no se aprobó, y no sé por qué los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros no quisieron aprobarla. 
Pero lo cierto es que yo he hecho una pregunta, en un caso concreto de derechos humanos, relacionada con la utilización del euskera- de la llamada lingua navarrorum- en la Comunidad Autónoma de Navarra, y la Comisión me ha contestado que los derechos de las lenguas, como es un tema que no está vigente en la Carta de los Derechos Humanos a nivel europeo, sólo se puede reclamar a nivel de las instituciones y de los tribunales nacionales. 
Le quiero preguntar a usted si está conforme con este tipo de explicación o si los ciudadanos europeos tenemos derecho a una protección mayor por parte de las instituciones europeas. 
. 
(SV) Al Consejo no le es posible juzgar la aplicación en el caso especial que menciona el diputado. 
Permítanme decir dos cosas. 
En primer lugar: usted dice que la Carta no fue aprobada. 
La respuesta es que se hizo de manera solemne. 
En segundo lugar: en lo concerniente a las lenguas de las minorías, otra importante institución, que está geográficamente muy cerca del Parlamento, esto es, el Consejo Europeo, ha redactado una convención sobre la situación de las lenguas minoritarias. 
En mi opinión, esto ilustra la importancia de que en la discusión sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión pensemos también en otros instrumentos relevantes como, por ejemplo, en la Convención del Consejo Europeo sobre derechos humanos. 
Señor Presidente, permítaseme pedir al Presidente en ejercicio una vez más que vuelva a declarar para que todos puedan oírlo que la Carta de Derechos Fundamentales es una declaración política no vinculante, tal como la aprobaron los Jefes de Estado o de Gobierno en Niza. 
Si el Tribunal de Justicia o cualquier otro tribunal de la Unión Europea está utilizándola para imponer a los Estados miembros, los individuos o las asociaciones una interpretación de dicha carta, se equivocan en cuanto a la ley, la justicia y la interpretación jurídica. 
La única Carta de Derechos y Libertades Fundamentales que se puede utilizar en los tribunales de los Estados miembros o incluso en el Tribunal de Justicia, con carácter autorizado en lugar de vinculante, es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un documento del Consejo de Europa. 
. 
(SV) Su Señoría quiere una repetición. 
No me gusta repetirme, pero estoy al servicio del Parlamento. 
Permítanme aclarar lo siguiente: a nuestro juicio, la Carta es una declaración política y es obligatoria sólo desde el punto de vista político. 
Gran parte de su contenido está contemplado, no obstante, en convenciones jurídicamente obligatorias, especialmente en la Convención Europea de Derechos Humanos. 
La Carta no modifica esas convenciones en ningún sentido. Pero tiene significado como una aclaración y una manifestación de carácter político. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0252/01): 
Asunto: Carta de intenciones/Acuerdo marco ¿Qué progresos se han realizado en lo referente a la Carta de intenciones/Acuerdo marco que el verano pasado firmaron seis Estados miembros para crear un mercado interior para la adquisición de material de defensa? 
. 
(SV) En julio de 1988, los Ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y de mi propio país, Suecia, publicaron una declaración de intenciones sobre medidas para facilitar la reforma estructural de la industria de armamentos europea. 
Dos años más tarde, en julio de 2000, esos seis países firmaron un acuerdo marco sobre medidas para facilitar la reforma estructural de la industria de armamentos europea y su funcionamiento. 
El estimado diputado pregunta qué se ha conseguido con la declaración de intenciones y con el acuerdo marco. 
El Consejo no tiene ningún papel en la colaboración que se ha creado entre esos seis países y, por esa razón, no está en condiciones de dar información sobre la situación sobre lo que se ha conseguido en esta materia. 
Entiendo los tecnicismos y doy las gracias al Ministro al respecto. 
Pero, ¿sería partidario el Consejo de revocar el artículo 296 del Tratado CE o, dicho de otro modo, de desestimar la exención de las disposiciones relativas al Mercado Único para introducir la competencia en la contratación para la defensa? 
. 
(SV) El Consejo no ha tenido ocasión de discutir este asunto. 
Una vez más me encuentro en una situación en la que no puedo contestar directamente la pregunta del estimado diputado. 
Señor Presidente, yo recibo a menudo preguntas de ciudadanos que transportan armas en Europa. 
Se trata de cazadores y tiradores deportivos que viajan para acudir a competiciones. 
Esto genera molestias que debemos tomarnos en serio y la gente nos pregunta por qué todavía no funciona el mercado interior en este ámbito. 
¿Tienen previsto emprender alguna iniciativa en este contexto? 
. 
No, no tenemos. 
Señor Presidente, aprovecho la ocasión de estar aquí también en este debate para preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo si sabe que la empresa pública española Santa Bárbara acaba de ser vendida a la empresa de los Estados Unidos General Dinamics, tras rechazarse otra oferta de una empresa alemana, a pesar de que esa empresa Santa Bárbara tiene precisamente un contrato para la construcción de centenares de tanques "Leopard" de patente alemana. 
El Gobierno español adoptó claramente esa decisión en contra de los acuerdos existentes de desarrollar la industria de defensa europea, que son objeto de esta pregunta. 
Quisiera saber si está de acuerdo con esa operación del Gobierno español, que ha vendido esa empresa pública a una empresa de los Estados Unidos. 
. 
(SV) El Presidente del Consejo no puede comentar el caso específico que interesa al estimado diputado. 
Permítanme informarles brevemente sobre la situación jurídica de este acuerdo, ya que soy ciudadano de uno de los países signatarios. 
El acuerdo marco está siendo ratificado por los estados signatarios. 
No ha entrado en vigor todavía, de manera que la pregunta formulada por el diputado aún no es relevante. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0253/01): 
Asunto: Distorsión de la competencia a causa de compensaciones económicas nacionales las compras de material militar El 15 de diciembre, la Federación belga decidió dejar de vincular las adquisiciones de material militar a compensaciones económicas para empresas en Flandes y Valonia. 
En la notificación del Consejo de Ministros para un encargo de aparatos de visión nocturna consta que el Consejo (es decir, el Consejo de Ministros belga) confirma que en lo sucesivo los encargos ya no irán acompañados de una cláusula sobre compensaciones económicas. 
Hasta esa fecha, el Gobierno ha intentado, en la medida de lo posible, adjudicar encargos para la adquisición de material militar por importes de miles de millones a empresas "belgas". 
Dichas compensaciones siempre han estado inmersas en un ambiente de proteccionismo y politiqueo al divergir el proceso de toma de decisiones del mecanismo del mercado. 
¿Qué iniciativas va a desarrollar el Consejo en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común para que los quince Estados miembros de la UE sigan el ejemplo de Bélgica y pongan fin a las compensaciones económicas nacionales en las compras de material militar? 
. 
(SV) La pregunta del estimado diputado nunca le ha sido formulada al Consejo. 
De todas maneras, el Consejo carece actualmente de competencia para ocuparse o intervenir en decisiones nacionales relacionadas con la compra de material bélico. 
Ésta es también una respuesta a la pregunta complementaria que formuló el diputado que le antecedió. 
Debo manifestar mi agradecimiento al Presidente del Consejo por su exhaustiva y amplia respuesta que bien podría resumirse en dos frases. 
¿Se trata de una broma o es para llorar? 
Mientras que toda Europa se pregunta cómo debemos comenzar a comportarnos de forma unitaria en el ámbito de la defensa, por ejemplo, tras la guerra de Kosovo, usted plantea la respuesta que hemos oído. Comienzo realmente a preguntarme cuál es la utilidad del Consejo. 
Usted estuvo ausente durante el debate sobre la fiebre aftosa. 
Usted estuvo ausente durante el debate sobre el finiquito. 
El finiquito, tal y como fue concebido por el Consejo, constituyó una chapuza. 
No comprendo cómo se presenta aquí y nos plantea una respuesta así. 
En el artículo 296 del Tratado de la Unión Europea se establece efectivamente que usted tiene algunas limitaciones en este aspecto. 
Sin embargo, también podría modificar el artículo 296, apartado 2, y solicitar al menos a la Comisión que se encargue de que usted pueda actuar en este campo. 
En el momento en que un Estado Miembro renuncia finalmente a las compensaciones económicas, renuncia finalmente a oscuras maquinaciones, considero inaceptable que el Consejo nos desprecie aquí de este modo. 
. 
(SV) En realidad no tengo nada que agregar a lo que dije en mi primera respuesta. 
Rechazo algunas afirmaciones tendenciosas hechas por el estimado diputado y puedo comprobar que el Consejo carece de competencia para ocuparse o intervenir en decisiones nacionales relacionadas con la compra de material bélico. 
La tarea del Consejo es cumplir el Tratado. 
Eso es lo que hacemos. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0257/01): 
Asunto: El problema de las vacas locas y la financiación de las medidas urgentes para resolverlo ¿No cree el Consejo que la solución de este grave problema no debería verse obstaculizada a corto plazo por las limitaciones impuestas al presupuesto de la PAC por las perspectivas financieras de la AGENDA 2000, a la espera de la necesaria reforma de la PAC? 
. 
(SV) El 12 de marzo de este año el Consejo aprobó las directrices para el presupuesto del año 2002. 
En las conclusiones de éstas, el Consejo confirma que va a aplicar plenamente el acuerdo interinstitucional del 6 de mayo de 1999. 
Sin embargo, el Consejo hace hincapié en la importancia de que, cuando ese presupuesto se apruebe, se deje un margen suficientemente grande bajo los distintos techos del plan presupuestario. 
En relación con las consecuencias financieras de la crisis de la EEB, el Consejo recuerda, en concordancia con las conclusiones del Consejo Europeo de Niza, que hay que respetar tanto el plan presupuestario como el reglamento sobre disciplina presupuestaria del Consejo en el caso de que se necesiten nuevas medidas o medias complementarias. 
El Consejo opina que el marco presupuestario aprobado por el Consejo Europeo en Berlín y que se confirmó en Niza no es obstáculo para la adopción de medidas eficaces para enfrentar los problemas que están afectando al mercado de la carne de bovino. 
Este marco no ha impedido al Consejo resolver sobre importantes medidas concernientes a la salud pública, con el fin de recuperar la confianza de los consumidores. 
En especial, el Consejo aprobó en febrero una postura común sobre un reglamento para prevenir y controlar cierta forma de encefalopatía espongiforme transmisible. 
Cuando ésta haya sido aprobada por el Consejo y por el Parlamento Europeo, constituirá un marco para una producción sostenible. 
El Consejo está discutiendo el paquete de medidas presentadas por la Comisión en febrero cuyo objetivo es, tanto a largo como a corto plazo, encarar el desequilibrio existente en el mercado de la carne de bovino en la Unión y, además, mejorar su calidad. 
En el resumen financiero anexo a la propuesta, la Comisión muestra cómo las consecuencias financieras de estas medidas pueden ser afrontadas dentro del plan presupuestario. 
En la reunión del Consejo de Ecofin del 12 de febrero, donde el Consejo aprobó la propuesta de presupuesto complementario y modificatorio 1/2001 sobre las medidas en torno a la EEB, la Comisaria Michaele Schreyer dijo que la Comisión, independientemente de lo que suceda en el mercado, sopesará iniciativas legislativas para cubrir el riesgo de que aumenten los costes presupuestarios, con el objeto de respetar el marco financiero de la Agenda 2000. 
Por ese motivo, el Consejo opina que la Comisión debe llevar a cabo reformas en la política agrícola común sin que las afecte la EEB. 
Señor Presidente, creo que no podemos permitir que, siempre que la Unión Europea debe adoptar una decisión transcendental, como ocurrió en Niza y sucede hoy con las vacas locas o la fiebre aftosa, quedemos paralizados por las carencias del proyecto político, social y económico que Europa necesita y los ciudadanos europeos están exigiendo. 
A ese respecto, la Unión Europea y, en particular, el Consejo no deben apartar la cara para no ver la realidad de que un problema tan notable como la reforma de la PAC no puede esperar al año 2006 y que esa reforma requiere cambios en la estructura del presupuesto europeo y profundas modificaciones en las estrictas perspectivas financieras de la Agenda 2000. 
¿Está el Consejo dispuesto en verdad a modificar la Agenda 2000, si lo impusieran graves problemas concretos como, por ejemplo, el de las vacas locas, que padecen determinados países como el mío, Galicia, evitando de ese modo que, ante la incomprensión y la perplejidad de los ciudadanos europeos, la Unión se niegue a sí misma el recurso inevitable a las armas políticas. 
. 
(SV) Sólo quisiera recordarle a su Señoría que en la resolución sobre la Agenda 2000 de marzo de 1999, se incluye también la llamada midterm review de la política agrícola común, que deberá realizarse durante 2002 y 2003. 
Doy por sentado que el Consejo discutirá estos temas de manera adecuada cuando llegue el momento oportuno. 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0264/01): 
Asunto: Impuesto sobre las transacciones financieras versus artículo 56 El artículo 56 del Tratado CE establece que: 
" 1. 
En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. 
2. 
En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. " 
En su respuesta (H-0024/01) , la Comisión opinaba que, si un Estado miembro aplicase de manera general un impuesto como el ideado originariamente por el economista J. Tobin (el llamado impuesto Tobin) , ello sería contrario al artículo 56 y a los artículos 12, 39, 43 y 49, así como a los artículos equivalentes del Tratado EEE. 
Asimismo, en la respuesta se afirmaba que un impuesto de este tipo, aplicado a nivel comunitario, difícilmente sería compatible con el apartado 2 del artículo 57 del Tratado CE, que limita la posibilidad de adoptar medidas restrictivas a un número reducido de ámbitos. 
¿Considera el Consejo que un impuesto sobre las transacciones financieras, el llamado impuesto Tobin, es compatible con el artículo 56 del Tratado CE? 
¿Ha propuesto algún Estado miembro que se modifique el Tratado para hacer posible la aplicación de un impuesto Tobin? 
. 
(SV) Hasta este momento, el Consejo no ha discutido la posibilidad de instaurar un impuesto de la naturaleza que una vez propuso el profesor Tobin. 
La Comisión no ha presentado propuesta ni iniciativa alguna sobre esta materia para ser tratada por el Consejo. 
En relación con la segunda pregunta del Sr. Sjöstedt, no recordamos que se haya presentado en la última Conferencia Intergubernamental ninguna propuesta para modificar el artículo 56 del Tratado. 
Quiero formular dos preguntas complementarias al Consejo de Ministros. 
La primera es si el Consejo comparte la opinión de la Comisión de que el Tratado de la Unión Europea imposibilita la instauración de un impuesto a las transacciones modelo Tobin, es decir, que un impuesto Tobin estaría prohibido por el artículo 56 de este Tratado. 
¿Es ésta también la opinión del Consejo de Ministros? 
Mi segunda pregunta es que muchos representantes del gobierno sueco dicen que están de acuerdo con un impuesto Tobin. 
¿Tiene Suecia, como país miembro, planes para llevar este asunto al Consejo de Ministros de la UE o la postura comprensiva hacia este impuesto es más de principios que de índole práctica? 
Quisiera formular una pregunta al Consejo acerca de un pequeño impuesto Tobin que hubo en Suecia entre 1986 y 1991, es decir, un impuesto sobre las ventas en las transacciones con acciones. 
¿Cuál fue el resultado de este tipo de impuesto a las transacciones? 
. 
(SV) No estoy seguro de que corresponda al Presidente en ejercicio del Consejo tratar de sopesar, en nombre del Consejo, un impuesto que el estimado diputado denomina intento de impuesto Tobin. 
En primer lugar, no creo que me corresponda emitir un juicio. En segundo lugar, no estoy de acuerdo en la descripción de este impuesto como un intento de impuesto Tobin. 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0265/01): 
Asunto: Excepción para Dinamarca en materia de Justicia y Asuntos Interiores El Título IV del Tratado CE no se aplica a Dinamarca, pero sí una serie de decisiones adoptadas en relación con el Título IV en virtud de acuerdos interestatales. 
De este modo, el Gobierno de Dinamarca ha manifestado su deseo de participar en el Reglamento EURODAC, el reglamento relativo a la quiebra, los Reglamentos Bruselas I y II y el reglamento relativo a la publicación de documentos relativos a asuntos civiles y comerciales. 
La posición danesa se basa en un presupuesto de libertad de elección, en función del cual Dinamarca decide su participación en cada caso. 
¿Puede el Consejo confirmar que Dinamarca tiene libertad de elegir en lo que respecta a la participación en las decisiones que se adoptan en virtud del Título IV del TCE, de tal forma que, en el futuro, Dinamarca se pueda adherir, por ejemplo, a determinadas partes de las decisiones que se adopten en el ámbito del derecho de asilo e inmigración, a la vez que conserva sus reglamentaciones nacionales para otras partes de la política de asilo e inmigración? 
. 
(SV) El Consejo hace presente que las partes firmantes del Tratado de Amsterdam redactaron un protocolo sobre la postura de Dinamarca que se anexó al Tratado de la Unión Europea y al Tratado CE. 
Según este protocolo, Dinamarca no participará en las decisiones del Consejo sobre medidas adoptadas en concordancia con la sección IV del Tratado CE. 
Ninguna norma, ninguna medida, ningún acuerdo internacional que celebre la comunidad de acuerdo a la sección IV y ninguna resolución judicial que implique una interpretación de una norma o medida de este tipo será obligatoria para Dinamarca. 
En los artículos 4 y 5 se mencionan, sin embargo, excepciones a esa regla general, según las condiciones que en ellos se señalan. 
Cuando, por ejemplo, se trata de extender las normas de Schengen, Dinamarca tiene un plazo de seis meses contados desde la decisión del Consejo para determinar si incorpora las nuevas normas a su legislación nacional. 
Se ha preguntado si sería posible que el contenido de determinadas medidas adoptadas por la comunidad en el marco de la sección IV del Tratado CE podría ser aplicable a Dinamarca. 
Al Consejo no se le ha presentado ninguna propuesta en este sentido y éste tampoco ha sido instado a adoptar una postura en la materia. 
Me gustaría dar las gracias al señor Presidente del Consejo por la lectura selectiva del Protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
Conozco perfectamente este Protocolo y no necesito esta instrucción jurídica. 
La cuestión gira en torno a un punto importantísimo. 
En el debate danés se afirma que Dinamarca puede adherirse mediante acuerdos internacionales a partes del llamado tercer pilar, es decir, a partes de este Título del Tratado sobre la Comunidad Europea y entiendo por el señor Presidente del Consejo que no se ha adoptado ninguna decisión. 
El Consejo no ha celebrado ningún acuerdo semejante hasta ahora, pero tengo entendido- y es de esperar que el señor Presidente del Consejo pueda corroborarlo- que en cualquier caso en lo que respecta a un tema concreto importantísimo, me refiero al sistema Eurodac, existen negociaciones entre las instituciones comunitarias y Dinamarca. 
¿Debo entender por su respuesta que el Consejo no está al corriente de estas negociaciones? 
. 
(SV) No es mucho lo que puedo añadir a mi anterior respuesta. 
El Presidente del Consejo no puede opinar sobre el contenido de un debate nacional, como al que ha hecho referencia el estimado diputado. 
He intentado explicar los fundamentos jurídicos de la actuación del Consejo. 
Es una lástima que su Señoría lo considere como una forma negativa de leer el Tratado, pero es la única lectura que puede hacer el Consejo para dar respuesta a esta pregunta. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0271/01): 
Asunto: Remuneración de las personas que elaboraron el informe sobre Austria Cuando en el Consejo se preparó el levantamiento de las sanciones a Austria, se designó para tal fin a un grupo de trabajo especial compuesto por tres sabios. 
Cuando se preguntó por escrito a la Comisión acerca de quién pagó a estas personas y cuál fue la cuantía, la Comisión pidió que se realizara la pregunta al Consejo. 
Cuando se preguntó por escrito al Consejo al respecto, la respuesta fue que el Consejo no lo sabía. 
¿Cómo es posible que el Consejo no lo sepa? 
¿Sabe la Presidencia en ejercicio del Consejo qué órgano pagó esa remuneración y cuál fue la cuantía? 
¿Existe alguna cuenta secreta para uso de los Estados miembros del Consejo, con cargo a la cual se puedan pagar este tipo de gastos sin que lo sepa el Consejo? 
. 
(SV) En relación con una pregunta formulada el año pasado, la nº 3304, por el mismo diputado, el Consejo tuvo ocasión de comunicarle que éste no ha estado involucrado en el funcionamiento de este grupo y que no se ha utilizado el presupuesto comunitario. 
Los 14 socios de Austria en la Unión han financiado con sus presupuestos nacionales todos los costes derivados de la misión de estudiar la situación en ese país. 
Señor Presidente, en el Consejo de la Unión Europea se han tratado las cuestiones relacionadas con el boicot a Austria. 
Causa extrañeza que el país que ostenta la Presidencia en ejercicio del Consejo, que ya era miembro del mismo cuando se abordaron estas cuestiones, no tenga conocimiento de los honorarios que cobran los delegados mediadores que fueron designados para levantar las sanciones. 
Les preguntaría a los representantes nacionales de la Presidencia sueca que han participado en esta acción conjunta de catorce Estados miembros si es posible que no supieran los honorarios que se han pagado a estos mediadores. 
Si usted no lo sabe en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, ¿no lo sabrá acaso como representante de Suecia? 
. 
(SV) Una vez más debo contestar que estoy aquí en mi calidad de Presidente del Consejo y puesto que éste no ha discutido este tema, no puedo contestar la pregunta del estimado diputado. 
Por el contrario, gustosamente y al margen de este turno de preguntas, le contaré con qué parte de sus presupuestos nacionales han contribuido a esto Suecia y los demás países. 
Pero, como ya le he dicho, el Consejo no tiene ningún papel en este asunto y éste es un turno de preguntas al Consejo. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0273/01): 
Asunto: El fundamentalismo anti-mujeres de Arabia Saudí Teniendo en cuenta que actualmente las leyes de Arabia Saudí discriminan a las mujeres: son lapidadas por adulterio o condenadas a muerte por apostasía; ejecutadas más de 28 mujeres desde 1990; discriminadas y menospreciadas por el Estado; reducidas en "apartheits"; detenidas y encarceladas arbitrariamente; vigiladas por el Comité para la Difusión de la Virtud y la Prevención del Vicio o Al Mutawa ' een, etc., 
¿Cuándo y cómo invitará el Consejo al Gobierno saudí a entablar un diálogo sobre los Derechos Humanos de las mujeres? 
. 
(SV) El Consejo coincide con la estimada diputada en que la situación de los derechos humanos de las mujeres en la Arabia Saudita deja mucho que desear. 
La Unión trata los asuntos de derechos humanos, incluida la situación de las mujeres, con la Arabia Saudita y con otros estados miembros del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo, Gulf States Corporation Council, en el marco de las reuniones entre la UE y el GCC. 
Cuando la Arabia Saudita asumió la Presidencia del GCC en 2000, se realizaron dos reuniones en el ámbito ministerial: una en el consejo común UE-GCC y otra en relación con la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre. 
También se discutieron los derechos humanos en una reunión entre la UE y los jefes regionales del GCC en Bruselas el 23 de marzo. 
La UE continuará sosteniendo con energía frente a los miembros del GCC la necesidad de que mejoren la situación de los derechos humanos en sus países y de que colaboren con la ONU y con las organizaciones internacionales de derechos humanos. 
La Unión hará también un seguimiento del diálogo sobre derechos humanos. 
Sin embargo, el Consejo quiere hacer presente que no hay acuerdos ni diálogo político separado entre la Unión Europea y la Arabia Saudita. 
La UE y el GCC están negociando un tratado de libre comercio. 
En consonancia con la política de la Unión de incorporar los derechos humanos en acuerdos con terceros países, el respeto a estos derechos será un componente importante de estos acuerdos. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Presidente del Consejo por la precisión con que ha contestado a mi pregunta. 
Quisiera formularle la pregunta complementaria de si usted considera que es reprobable esta violación de los derechos humanos de las mujeres que realiza sistemáticamente el Gobierno saudí. 
. 
(SV) La respuesta a la pregunta de la estimada diputada es en principio: sí. 
Permítanme citar un párrafo del discurso de la Presidencia en la Comisión de derechos Humanos de la ONU el 29 de marzo. 
La Unión afirma allí que celebra que la Arabia Saudita haya ratificado la convención sobre discriminación de las mujeres, pero dice también que "the EU continues to be deeply concerned about reports of torture and other inhuman treatments and punishment, the increasing use of the death penalty and amputations, discriminatory laws and prohibitions of, or restrictions on, fundamental freedoms including freedom of expression, assembly association and religion". 
Por tanto, la Unión ha señalado de forma y clara y contundente su opinión sobre la situación en la Arabia Saudita. 
Señor Presidente, los conflictos con implicaciones religiosas parecen ser fuente de violaciones de los derechos humanos en el mundo. 
¿Considera el Consejo necesario que la UE cuente con un Defensor específico de los derechos humanos que se encargue de la inclusión efectiva de los derechos humanos en las demás políticas de la UE? 
. 
(SV) El Consejo no ha podido discutir formas especiales de funcionamiento para los derechos humanos. 
Me gustaría mencionar el Observatorio de Viena, que es uno de los instrumentos de la Unión para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. 
El tema que ha señalado la diputada es especialmente interesante, esto es, el riesgo que implica una creciente intolerancia religiosa que estamos viendo en muchos sitios. 
En opinión del Consejo, creo que la mejor manera de trabajar es dando apoyo a las organizaciones mundiales que se ocupan de estos asuntos. 
Estas organizaciones se encuentran sobre todo en el marco de las Naciones Unidas. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0278/01): 
Asunto: Derechos humanos en los Países Bajos El apartado 1 del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho a la vida) y los artículos 1 (Dignidad humana) y 2 (Derecho a la vida) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada solemnemente en Niza el 18 de diciembre de 2000 así como la posición adoptada por la Unión Europea en 2000 como una Unión de valores con respecto al caso de Austria constituyen documentos básicos sobre derechos humanos y posiciones políticas adoptadas en defensa de la dignidad y la vida humanas. 
Teniendo en cuenta estos documentos y acciones políticas de la Unión Europea, ¿puede el Consejo indicar si ha seguido, ha sido informado y ha examinado las consecuencias futuras del proyecto de ley presentado en los Países Bajos relativo al suicidio asistido por un médico que se someterá a votación en el Senado neerlandés el 10 de abril de 2001? 
. 
(SV) La responsabilidad de la comunidad en materia de salud pública está contemplada en el artículo 152 del Tratado. 
En el punto 5 de este artículo se señala especialmente que: "la acción comunitaria en el campo de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica." 
El Consejo carece, por tanto, de competencia en relación con el denominado suicidio con asistencia médica. 
Agradezco al Sr. Danielsson su respuesta. 
No me sorprende en absoluto esta clara distinción respecto a las competencias en la UE que, en sí misma, me parece correcta. 
No obstante, quisiera recordar que la propuesta de una nueva ley en los Países Bajos sobre suicidios asistidos por médicos despierta gran inquietud en muchos países. 
La historia demuestra el peligro de este tipo de cosas. 
Esta propuesta da lugar a que los niños desde los doce años, con anuencia de sus padres, puedan participar en suicidios asistidos por médicos y, además, desde los dieciséis años puedan decidir libremente, sin el consentimiento de sus padres. 
Éste es un asunto que, en una Europa en la que el debate sobre Austria ha hecho pensar sobre valores humanos, no podemos ignorar. 
De todas maneras quisiera preguntar si esta ley de los Países Bajos de alguna manera atañe a la discusión sobre valores humanos que tiene lugar en la Unión Europea. 
. 
(SV) Es obvio que el tema que interesa al Sr. Sacrédeus es importante y que atañe, además, a nuestros valores. 
Sin embargo, el método de trabajo del Consejo respecto a este tipo de asuntos tiene que fundamentarse en el Tratado. 
A nuestro juicio, el Tratado es indiscutible en este punto. 
En este asunto los padres del Tratado han expresado claramente que hay que aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, que se trata de un asunto de carácter nacional. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0280/01): 
Asunto: Pesca de la merluza del norte: discriminación al compartimentar los TAC por áreas de mar La merluza del norte se distribuye desde las costas del País Vasco hasta las costas de Noruega estando su pesquería compartimentada en áreas de mar (Div. IIIa, Subáreas IV, VI y VII, y Divisiones VIIIa, b del CIEM). 
¿Cómo se entiende que la propuesta del Consejo de gestión para la población de merluza del Norte y su resolución final sea la de compartimentar esta pesquería por áreas de mar cuando esta población de merluza es considerada por el CIEM como una unidad e gestión para la que el ACFM del CIEM da un consejo científico de gestión única y sin recomendaciones por áreas de mar? 
¿No es esto discriminatorio para las flotas según su distribución geográfica y área habitual de pesca? 
¿No es más justo que los pescadores realicen sus capturas de acuerdo con sus respectivas cuotas de pesca en una sola zona única? 
. 
El Consejo supone que el estimado diputado alude al reglamento sobre Total Allowable Catch y cuotas aprobado por el Consejo en diciembre de 2000. 
Habida cuenta de que el Consejo Internacional de Investigaciones Marinas ha recomendado mantener las capturas en el nivel más bajo posible durante 2001 y redactar un plan de recuperación para estos peces, el Consejo ha fijado la cuota total admisible de captura de merluza del norte, la denominada población nórdica, en 22 623 toneladas "y cuatro kilos". 
Fundamentándose en el artículo 15 del reglamento n. 3760/92 del Consejo, la Comisión está estudiando una serie de medidas para la recuperación de esta especie. 
El Consejo hace presente que la expresión población nórdica es un concepto biológico. 
El reparto de las cuotas de captura se hace de acuerdo con los sectores que administra el Consejo Internacional de Investigaciones Marinas con el objeto de seguir el principio de estabilidad relativa establecido en el reglamento antedicho y en el tratado de adhesión de 1985. 
Según este principio, sólo Dinamarca y Suecia pueden pescar en Skagerrak y Kattegatt y sólo Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido en las regiones comprendidas por el Mar del Norte. 
En el artículo 161 y en el tratado de adhesión de 1985 se establece la cuota de española de merluza del norte en las áreas Vb, VI, VII y VIIIab, es decir, en las aguas occidentales, incluido el Golfo de Vizcaya, hasta un 30 por ciento. 
España carece de derechos en Skagerrak, Kattegatt y en el Mar del Norte. 
En el artículo 349 del tratado de adhesión se limita el acceso de Portugal a las merluzas del área sur. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, desde sus comienzos la evaluación científica del recurso de la merluza del norte se hace sobre todo su conjunto y no hay una base suficiente, por el momento, para distinguir componentes diferenciados dentro del mismo. 
Sin embargo, como usted ha citado, los totales admisibles de capturas y cuotas para 2001, que fueron fijados por el Consejo de Ministros de Pesca en diciembre del pasado año, han introducido una novedad: han experimentado una mayor reducción porcentual las capturas permitidas en el Golfo de Vizcaya con respecto a todas las demás áreas de pesca de la merluza del norte. 
Le quiero preguntar qué razón ha habido para justificar esta discriminación al Golfo de Vizcaya. 
. 
(SV) Todas las cuotas se fijan basándose en informes científicos y biológicos. 
Se reúne permanente información entregada por barcos de investigación oceanográfica. 
Los datos de los pescadores profesionales también constituyen una valiosa ayuda para fijar esas cuotas. 
El Consejo Internacional de Investigaciones Marinas contempla todos estos factores en sus recomendaciones, que más tarde se transforman en consejos de carácter biológico para nuestros Ministros de Pesca. 
Por tanto, las medidas propuestas tienen fundamentos biológicos. 
No existe la intención de discriminar a ninguna categoría de pescadores, pero cuando se llega a una situación en la que la especie se acerca al denominado colapso comercial, no se puede tomar en cuenta el reparto de la pesca durante la etapa de recuperación. 
Pregunta nº 16del, sustituido por el Sr. Evans (H-0286/01): 
Asunto: Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 sobre la igualdad de trato en el empleo De conformidad con el artículo 13 del Tratado de Amsterdam por el que se define el principio de no discriminación por motivos de discapacidad, el Consejo consultó en febrero de 2000 al Parlamento Europeo sobre la propuesta de dicha directiva. 
En lo que respecta al artículo 2 de la misma, el Consejo y el Parlamento coinciden en la definición de discriminación directa o indirecta, definición que, sin embargo, parece haberse olvidado en el concurso general COM/A/12/98 cuyos resultados inciden en el ámbito de la nueva directiva. 
En efecto, entre los 645 inscritos en las listas de reserva, no hay ningún candidato con discapacidad. 
En el citado concurso, sí participaron invidentes, pero habida cuenta del sistema de puntuación de la Comisión, que asignó un doble coeficiente para las pruebas escritas y los gráficos con respecto a la parte lógica u oral, los resultados de estos bajaron considerablemente. 
¿Acaso no se trata, en este caso, de una discriminación indirecta contra este grupo de personas? 
. 
(SV) El Consejo recuerda al estimado diputado que la directiva 2000/78/CE se dirige a los Estados miembros y que se ha fijado el 2 de diciembre de 2003 como fecha para que incorporen la directiva a sus legislaciones nacionales. 
Además, la prueba especial de admisión a que alude la pregunta fue organizada por la Comisión sin participación del Consejo, y por eso no puedo contestar su pregunta. 
Señor Presidente, el Presidente en ejercicio dice que no es competencia del Consejo, sino de los Estados miembros. 
Pero, ¿qué es el Consejo sino los Estados miembros? 
No estoy seguro de que sea una respuesta en verdad satisfactoria. 
También ha dicho que no entrará en vigor hasta 2003. 
Puede ser, pero, si estamos laborando en pro de la igualdad de trato para las personas con discapacidades, las personas con deficiencias visuales, no cabe duda de que debemos comenzar a avanzar ahora y no puede haber una fecha arbitraria para comenzar. 
Reconozco que aquí nos referimos a la Comisión, pero también el Consejo tiene sin lugar a dudas alguna jurisdicción sobre lo que hace la Comisión. 
La Comisión debe tener alguna relación con el Consejo, por lo que espero que se me dé una respuesta más satisfactoria. 
. 
(SV) La respuesta formal es la que he dado hace un momento. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con el Sr. Evans en que es muy importante que el Consejo, la Comisión y el Parlamento hagan cuanto puedan para evitar la discriminación de los discapacitados en la vida laboral. 
En el Consejo Europeo de Estocolmo se incluyó, por iniciativa de la Presidencia, un punto especial en las conclusiones, que hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión respeten las oportunidades de los discapacitados para participar plenamente en la vida laboral. 
Este es un reto político que no tiene fuerza obligatoria, pero que constituye una señal más de que el Consejo asume con seriedad la postura a la que alude el diputado en su pregunta. 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0288/01): 
Asunto: La Presidencia sueca y la pesca Ahora que la Presidencia sueca ha llegado ya a su ecuador, ¿puede el Consejo explicar de qué manera ha promovido los intereses de los pescadores y de la industria pesquera, tanto en tierra como en mar, durante su actual mandato? 
. 
(SV) Permítanme hacer presente que tuve ocasión de informar sobre las prioridades de la Presidencia sueca en materia pesquera en mi respuesta a una pregunta en la sesión de enero del Parlamento Europeo. 
La Presidencia ha tenido también el privilegio de visitar la Comisión de Pesca el 6 de febrero de 2001, ocasión en la que presentamos nuestras prioridades en el sector. 
Esta pregunta sobre qué ha hecho la Presidencia para fomentar los intereses de los pescadores y de la industria pesquera es, por una parte, muy amplia y general, ya que no se centra en medidas ni en áreas políticas. 
Por otra parte es también limitada, ya que la política común de pesca debería comprender criterios más amplios que los intereses actuales de los pescadores y de la industria pesquera. 
La prioridad principal de la Presidencia sueca es y será que el sector pesquero tenga un desarrollo sostenible y vital a través del equilibrio entre la capacidad de la flota y la actividad pesquera, por una parte, y la existencia de recursos pesqueros por otra. 
La Ministra de Agricultura de Suecia y el Ministro de Pesca explicaron minuciosamente en febrero la importancia de revisar la política pesquera común, de contar con una política más eficaz para la flota pesquera después de que el actual programa de desarrollo ya no está vigente, de diseñar de una estrategia para integrar los aspectos medioambientales en la política pesquera común, de aplicar el principio de la cautela y de contar con estrategias a largo plazo para fijar las cuotas totales admisibles de captura. 
La Comisión presentó el 20 de marzo su Libro Verde sobre el futuro de los programas de desarrollo de largo tiempo. y el 16 de marzo su comunicación sobre integración de los aspectos de protección medioambiental en los programas de desarrollo a largo plazo. 
Se espera que el 28 de marzo se publique un plan de medidas para la diversidad biológica en la industria pesquera, es decir, la semana pasada. 
Además, en su reunión de diciembre de 2000 el Consejo inició el debate de la comunicación de la Comisión sobre aplicación del principio de la cautela y de acuerdos de largo tiempo para el establecimiento de cuota anuales de captura. 
La intención de la Presidencia es avanzar cuanto pueda en estos trabajos en las reuniones del Consejo del 25 de abril y del 18 de junio de 2001. 
Esperamos estar en condiciones de presentar partes de la estrategia de integración en la reunión del Consejo Europeo de Goteburgo. 
Después de la reunión de diciembre de 2000, han avanzado los trabajos para fijar planes de recuperación del bacalao y la merluza en las aguas comunitarias. 
Las normas de la Comisión sobre el bacalao en el Mar del Norte ya existen, se están redactando otras sobre la merluza y pronto entraremos en la segunda fase, que contemplará el establecimiento de mejores medidas técnicas para esas especies. 
El Consejo ha aprobado un reglamento sobre el establecimiento de medidas que se aplicarán durante 2001 para la recuperación del bacalao en el Mar de Irlanda y, dentro de poco, aprobará otra modificación del reglamento sobre ciertas medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros, en el que se asegura mayor selectividad en la pesca y protección a los individuos jóvenes. 
El Consejo también ha aprobado recientemente un mandato a la Comisión para negociar un acuerdo de cooperación pesquero con la Federación de Rusia. 
Señor Presidente, gracias a las limitaciones temporales impuestas por usted, que brindan a mis colegas la posibilidad de que se respondan sus preguntas, permítaseme agradecer muy rápidamente al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Tal vez el momento no fuera el más oportuno, tal vez debería presentar esta pregunta de nuevo en junio, para que pueda exponernos con más detalle lo que el Consejo haya hecho y rinda cuentas sobre su desempeño en el período de seis meses. 
Naturalmente, quisiera aprovechar la oportunidad de acoger con beneplácito el Libro Verde sobre el examen de la Política Pesquera Común, que reviste la mayor importancia, en particular para mí país. 
Usted, señor Presidente, lo comprenderá, por haber sido en el pasado un activo miembro de la Comisión de Pesca. 
Es importante corregir los desequilibrios del pasado. 
La cuota y los TAC que los irlandeses, que comparten sus prolíficos caladeros con países mayores, reciben representa un mal trato. 
Espero que en los próximos meses tengamos una oportunidad de hacer ver a nuestros colegas en el Parlamento y a los ministros de los diferentes Estados miembros la importancia que reviste para nosotros. 
Dada la limitación del tiempo, voy a dejarlo aquí y no voy a pedir al Ministro que me dé una respuesta, en vista del interés del Sr. Fitzsimons. 
Pregunta nº 19 formulada por (H-0294/01): 
Asunto: Cambio climático inducido por actividades humanas Un grupo de trabajo de científicos de las Naciones Unidas aprobó en Shanghai el pasado mes de enero un informe en el que se llegaba a la conclusión de que la mayor parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años es atribuible a la actividad de los seres humanos. 
En una segunda reunión del grupo celebrada en Ginebra se llegó a la conclusión de que el cambio climático actual que provocan las actividades humanas tendrá repercusiones irreversibles; los casquetes polares se fundirán, aumentarán las inundaciones fluviales en Europa y se incrementará la erosión y el riesgo de inundaciones en las zonas costeras. 
El impacto será mayor en los países que menos puedan defenderse contra el aumento del nivel del mar, el incremento de las enfermedades y la disminución de la producción agrícola, en los países en desarrollo de Asia y África. 
¿Cuál es la reacción del Consejo ante dichas conclusiones? 
. 
(SV) Es evidente que el Consejo es plenamente consciente de las terribles y muy inquietantes consecuencias del cambio climático, tal como se describen en el tercer informe de evaluación del Foro interestatal del cambio climático a que alude el diputado. 
La postura de la Unión en este asunto está bien documentada, especialmente a través del interés de los medios de comunicación por el cambio climático, y el Consejo casi no necesita recordar que la comunidad y sus Estados miembros han desempeñado y desempeñarán un papel muy activo en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. 
Algunos de nuestros principales y reiterados objetivos en las actuales negociaciones son preparar el terreno para la rápida ratificación del Protocolo de Kioto, para que pueda entrar en vigor a más tardar en 2002 y que nos permita disminuir realmente las emisiones de gas de efecto invernadero. 
En el seno de la comunidad también se toman medidas concretas. 
Los trabajos que se realizan en la Comisión como, por ejemplo, el programa europeo para el cambio climático y los trabajos que se asientan en el Libro Verde sobre comercio con derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, revisten especial importancia. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Presidente en ejercicio por mencionar en su respuesta el Protocolo de Kyoto. 
¿Cuál es la respuesta del Consejo a la declaración del Presidente Bush de que los EE.UU. han decidido no aplicar el Protocolo de Kyoto? 
¿Qué significa esa decisión para la comunidad mundial? 
¿Qué medidas se pueden adoptar para velar por que el Protocolo de Kyoto siga siendo la base firme de las negociaciones y las acciones futuras para reducir las emisiones? 
. 
(SV) El Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, el Primer Ministro sueco, y el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, escribieron conjuntamente una carta, fechada el 22 de marzo de 2001, al Presidente de EE.UU. en la que le expresan su gran preocupación por lo que ha manifestado el gobierno americano acerca del Protocolo de Kioto. 
Esto fue seguido por una declaración especial del Consejo Europeo de Estocolmo en la que éste manifestó también su honda preocupación. 
Además, el Presidente del Consejo (medio ambiente) , el Ministro de Medio Ambiente sueco, junto con la Comisaria de Medio Ambiente, la Sra. Wallström, visitaron hace poco Washington para expresar directamente al gobierno americano la preocupación de la Unión y para convencerle de que vuelva a las discusiones del Protocolo de Kioto. 
Me consta que el Ministro de Medio Ambiente sueco está aterrizando en este momento en Estocolmo. 
Por ese motivo no me ha sido posible obtener directamente de él una evaluación de los resultados de la visita, pero puedo asegurar que el Consejo hará todo lo posible para que el Protocolo de Kioto, que es uno de los documentos más importantes para lograr un desarrollo sostenible en Europa, sea ratificado y se haga realidad. 
El turno de preguntas dirigidas al Consejo queda cerrado. 
Por falta de tiempo, las preguntas núms. 20 a 28 recibirán respuesta por escrito. 
(La sesión, suspendida a las 19.17 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0093/2001) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (COM (2000) 340- C5-0294/2000- 2000/0145 (COD) ). 
. (NL) Presidente, las normas de responsabilidad relativas al transporte aéreo internacional se recogían hasta la fecha principalmente en el sistema adoptado en Varsovia en 1929. 
Estos límites resultan insuficientes en la actualidad. 
La mayoría de las compañías aéreas internacionales lo reconocen y firmaron en 1995 un contrato voluntario mediante el cual renunciaban a límites de responsabilidad arbitrarios. 
Este acuerdo constituyó la inspiración del reglamento inicial (CE) 2027/97. 
De este modo, se incrementó la presión sobre la comunidad internacional para que firmara el Convenio de Montreal en 1999 con el que se hizo realidad el nuevo sistema mundial integral de responsabilidades. 
Gracias al Convenio de Montreal, que se incorporará a la legislación europea a través del reglamento que nos ocupa, se crea un marco jurídico moderno y uniforme. Constituye un avance considerable con respecto al actual sistema internacional. 
Quisiera destacar esta tarde otros seis puntos. 
En primer lugar, respaldo el objetivo de la Comisión de proteger los derechos de los pasajeros aéreos mediante una carta de derechos y de informarles al respecto. 
Las actuales condiciones de transporte vigentes en el sector aéreo son limitativas y pasan por alto los derechos legales de los pasajeros. 
La competencia dentro de este sector es intensa, pero el éxito y la rentabilidad deben basarse en una mejora y no en un empeoramiento de la atención al cliente. 
Algunas compañías aéreas se han quejado ante mí de que el hecho de informar a los pasajeros supone un exceso de papeleo burocrático. 
Como comprenderán, no comparto esta opinión. 
Los gastos y el esfuerzo necesario para informar a los pasajeros son muy inferiores a los esfuerzos que realizan las compañías aéreas a la hora de informar a los posibles clientes de los nuevos servicios que ofrecen. 
En segundo lugar, los Estados Miembros han acordado que la propia Comunidad suscriba el Convenio de Montreal. Considero que constituye un paso importante a la hora de cerrar la laguna existente en la política común de transporte de la Unión, teniendo en cuenta que de este modo se reconoce la existencia de una competencia comunitaria en el ámbito de los asuntos que afectan a la aviación internacional. 
En tercer lugar, existía cierta preocupación acerca de las consecuencias de la causa iniciada por IATA contra el gobierno británica ante el Tribunal Supremo del Reino Unido en relación con el modo en que éste ejecutó el reglamento nº 2027/97. 
El juez resolvió que el reglamento mantenía su vigencia aunque contenía algunos puntos que resultaban irreconciliables con las obligaciones asumidas por los Estados Miembros en virtud de concesiones anteriores relativas a los convenios internacionales. 
En mi opinión, esta demanda carece en este momento de base debido a que el reglamento ha sido modificado y se ha adaptado íntegramente al nuevo sistema internacional en materia de responsabilidades. 
En cuarto lugar, durante la redacción de este informe y de las dieciocho enmiendas que he presentado a la Comisión, he solicitado asesoramiento jurídico a varios juristas y expertos para evitar que en el futuro se produjeran dudas de carácter jurídico. 
Simultáneamente, he tratado de afianzar con solidez el derecho de los pasajeros a la información. 
La Comisión de Transporte aprobó las enmiendas por unanimidad. Estas enmiendas pueden clasificarse a grosso modo en tres categorías. 
En primer lugar, la mejora del texto de la Comisión; en segundo lugar, una simplificación de la propuesta y la garantía de coherencia íntegra con lo establecido en el Convenio de Montreal, y en tercer lugar, un reforzamiento de las disposiciones relativas a la información que se debe ofrecer a los pasajeros. 
Nuestra comisión recomienda sobre todo al Parlamento añadir un anexo al reglamento en el que se indique el texto el formulario informativo cuya obligación se establece en virtud del artículo 6, apartado 2. 
Es una novedad. 
De este modo, las compañías aéreas podrán facilitar esta información con carácter uniforme. 
El texto resume en lenguaje claro y sin recurrir a la jerga jurídica las disposiciones del reglamento. 
Una vez que este reglamento entre en vigor- lo que espero que ocurra a finales del próximo año, coincidiendo con la entrada en vigor del Convenio de Montreal prevista para entonces- todas las compañías aéreas de la Unión Europea estarán obligadas a poner esta nota informativa a disposición de los pasajeros. 
El texto estará redactado en un lenguaje inequívoco y comprensible. 
De este modo se incrementará la transparencia de cara al usuario. 
Las compañías aéreas de países extracomunitarios deberán, asimismo, redactar un documento similar referido al sistema de responsabilidades que apliquen. 
Tras observar la cuestión de nuevo, considero que la Unión tiene derecho a obligar a todos los transportistas que vendan billetes en la UE a proporcionar a sus pasajeros información acerca de sus derechos en materia de indemnizaciones, no sólo con el objeto de que el pasajero conozca sus derechos, sino también para que éste pueda contratar un seguro adicional en los casos en que resulte necesario. 
En lo que respecta a la enmienda 9, referida al artículo 3, quisiera trasladar la siguiente observación a la Comisión. 
En la propuesta de la Comisión se hace referencia a una serie de artículos del Convenio de Montreal. 
Sin embargo, he echado de menos varios artículos importantes. 
Artículos destinados a ser tratados en un tribunal. 
La Comisión de Transporte y yo somos partidarios de una simplificación del texto que evite cualquier riesgo de omisión. 
Asimismo, al ratificar expresamente el Convenio de Montreal, la Comisión reconoce la competencia de la Unión en esta materia. 
Por último, quisiera recomendar la aprobación de las 18 enmiendas. 
No puedo recomendar las enmiendas 19 y 20 debido a que implican que terceros países no estén obligados a cumplir la obligación de informar a los pasajeros, incluso aunque éstos adquieran sus billetes en la Unión Europea. 
Les ruego que esta noche mantengan la disciplina, pues si cada orador rebasa en un minuto su tiempo de uso de la palabra, Señoría, tendremos que trabajar 40 minutos más y permanecer aquí hasta la una en vez de acabar a medianoche. 
Su intervención ha sido, sin embargo, muy interesante. 
Señor Presidente, quisiera comenzar rindiendo homenaje a la labor de la ponente, Sra. Sanders-ten Holte, por un informe que ha resultado extraordinariamente complejo y por su paciencia y cooperación al aceptar varias observaciones que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior formuló en su detallado examen de las propuestas presentadas esta noche. 
En mis observaciones quisiera elogiar el informe ante la Asamblea. 
Creo que el resultado será un aumento de la protección para los pasajeros aéreos. 
Sin embargo, desde un punto de vista personal, hay una o dos cuestiones que siguen, a mi juicio, sin resolverse satisfactoriamente. 
A eso se debe que haya presentado con mi colega la Sra. Foster dos enmiendas que reflejan la necesidad de resolver esos problemas. 
Se centra básicamente en la diferencia a la que ha aludido la Sra. Sanders-ten Holte y que se originó en mi país, el Reino Unido, respecto de la validez del reglamento original al que se refieren las nuevas propuestas. 
Hasta que no se zanje satisfactoriamente esa diferencia jurídica, estoy convencido de que se debe dejar en suspenso el informe. 
Esta posición resulta complicada por dos factores. 
El primero es el de que el Convenio de Montreal, que rige esos asuntos a escala mundial, no ha sido ratificado aún por un número suficiente de países para que sea vinculante. Ni tampoco es probable que llegue a serlo durante unos años. 
En segundo lugar, como ha dicho la ponente, está la cuestión de la extraterritorialidad. 
Si bien, hasta cierto punto, varias de las enmiendas que se han presentado al informe mejoran la situación, sigue habiendo una o dos que, en mi opinión, se deben corregir. 
Debemos evitar cualquier imposición reguladora a las compañías aéreas que, aunque protejan adecuadamente los intereses de los pasajeros, dan como resultado, en realidad, lo opuesto exactamente, al imponer normas que vuelven las compañías europeas menos competitivas que el resto de la industria. 
Por desgracia, algunas de las cláusulas que figuran en el reglamento tendrían ese resultado precisamente. 
Espero que la Asamblea acepte las enmiendas en pro de los pasajeros. 
Recomiendo el informe a la Asamblea en su totalidad. 
Señor Presidente, yo también felicito fervientemente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a la Sra. Sanders-ten Holte por su informe, que ha adoptado sin duda alguna el espíritu de las enmiendas que presentamos. 
Dichas enmiendas iban encaminadas a mejorar el Reglamento 2027/97 y los derechos de los consumidores que se deben reafirmar. 
Así, pues, quiero apoyar en particular las enmiendas núms. 1, 4, 8, 13 y 18, que tienen ese efecto. 
El orador anterior, de mi país- al menos tenemos el mismo pasaporte, aunque profesamos opiniones diferentes- se ha referido a la situación en el Reino Unido. 
Es cierto que la IATA llevó al Gobierno del Reino Unido ante los tribunales, en vista de la posible ampliación ilegal de competencias. 
El juez Jowitt falló que existía, en efecto, un conflicto entre el Reglamento y el Convenio de Varsovia. 
Pero quisiera señalar a mi colega británico que aquél convino con el Gobierno del Reino Unido en que el artículo 234 del Tratado invalidaba, en realidad, ese conflicto. 
Así, pues, se consideró válido el Reglamento. 
La IATA perdió la partida y no se ha hecho ninguna otra remisión al Tribunal Europeo de Justicia sobre este asunto. 
Así, pues, lo considero un subterfugio jurídico y prefiero centrarme en los méritos de las propuestas de la Sra. Sanders-ten Holte, porque brindarán al consumidor que viaje por avión derechos que ha perdido desde hace mucho. 
El Convenio de Varsovia tiene 70 años. 
Si ahora nos vemos inmovilizados en un aeropuerto, con las maletas en camino y el vuelo retrasado o tal vez canibalizado, se nos entrega ese papel en el que se nos dicen los derechos que tenemos conforme al Convenio de Varsovia. 
Son unos derechos insignificantes. 
Lo que estamos haciendo aquí es ampliar un corpus de prácticas que nos permitirá proteger a los consumidores. 
Eso es lo que deberíamos hacer esta noche. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame agradecer a la ponente su excelente trabajo. 
Como ponente invisible es siempre agradable tener un buen diálogo con un ponente que sea receptivo a las opiniones y propuestas que se le hacen. 
Es obviamente importante velar por los intereses de los pasajeros. 
Por eso, creo que el resultado final de este informe es, sin duda, provechoso. 
La mayoría de las enmiendas aprobadas por la comisión ha sido presentada por el Grupo PPE-DE, fortaleciendo así la posición de los pasajeros. 
Ya existían normas que fijaban los límites para las indemnizaciones de las líneas aéreas en caso de lesión o muerte. 
Éste ha sido un paso muy importante, habida cuenta del bajo nivel que establece la Convención de Varsovia de 1929. 
El objetivo de la propuesta actual es adaptar las normas comunitarias a la nueva Convención de Montreal, que seguramente entrará en vigor a fines de 2002. 
Cuando adquieran vigencia las normas comunitarias modificadas, los pasajeros comunitarios tendrán una protección mucho mejor. 
Cuando vuelen con compañías extranjeras podrán, sin embargo, enfrentarse a indemnizaciones limitadas, de acuerdo a la Convención de Varsovia, ya que ésta seguirá aplicándose a los países que no hayan ratificado la Convención de Montreal. 
Esto hace que estemos ante una continua dificultad, que siempre existe en las convenciones internacionales, es decir, que habrá dos sistemas yuxtapuestos. 
Significa que es extraordinariamente importante que los Estados miembros ratifiquen la Convención de Montreal tan pronto como sea posible. 
Señor Presidente, intervengo para apoyar el informe de la Sra. Sanders-ten Holte. 
Hemos tenido una colaboración muy fructífera en el seno de nuestra comisión parlamentaria. 
Las enmiendas que se presentan al Pleno han sido aprobadas por unanimidad y han recogido sugerencias de otros Grupos y, desde el primer momento, pude constatar que la Sra. Sanders-ten Holte, ante las dudas jurídicas que esgrimía algún parlamentario, tuvo claro que debíamos seguir adelante evitando tácticas retardatarias porque debemos considerar ante todo los intereses de los pasajeros. 
El Parlamento ha ido adelante, sin retrasos, y estamos precisamente intentando materializar nuestra participación en el Convenio de Montreal, que genera una serie de características positivas para los pasajeros y que, por tanto, la Unión Europea debe apoyar. 
Debemos destacar el mayor número de países participantes y las nuevas posibilidades que se ofrecen, el aumento de las cuantías de las indemnizaciones en los distintos aspectos que son contemplados en el mismo, la introducción de una manera importante de las cuestiones relativas a equipajes y retrasos y la información a los pasajeros. 
A nosotros nos parece que la información a los pasajeros es fundamental. 
Es fundamental, y posiblemente no esté contemplada en el informe de la Sra. Sanders-ten Holte con toda la profundidad que nos gustaría, porque quisiéramos que las compañías respondieran de una manera taxativa ante las reclamaciones de los consumidores, de forma inmediata, pero indudablemente es un paso adelante y va a tener nuestro apoyo. 
La recomendación que nos ha hecho sobre las enmiendas también la vamos a aceptar en todos sus términos, con lo cual esta colaboración va a llegar hasta el final. 
Vamos a apoyar todas las enmiendas que nos ha propuesto la Sra. Sanders-ten Holte y nos vamos a oponer a las enmiendas 19 y 20. 
Consideramos, por tanto, que este trabajo es un buen trabajo parlamentario que va a redundar en beneficio de los ciudadanos. 
Si un día los ciudadanos ven compensados por las compañías aéreas sus retrasos es que habremos aumentado mucho en credibilidad. 
señor Presidente, señora comisaria, existen varios medios de transporte que atraviesan las fronteras nacionales en numerosas ocasiones. 
El cruce de las fronteras no debe implicar una modificación constante de los requisitos y condiciones. 
Por este motivo, conviene establecer una normativa internacional relativa a dichos medios de transporte. 
Las normas referidas a la posición de los pasajeros aéreos deberían revestir preferentemente un carácter mundial. 
El Convenio de Varsovia que aún se mantiene en vigor tiene un carácter mundial y su sucesor, el Convenio de Montreal, también lo tendrá. 
Esto significa que el enfoque de la ponente me parece muy adecuado. 
Su esfuerzo centrado en vincular la legislación de la UE directamente al Convenio de Montreal me parece sin duda la mejor solución. 
Por otra parte, la consolidación y la aclaración de los derechos de los pasajeros no constituye en absoluto una medida superflua vista la situación actual. 
Resumiendo, consideramos que la señora Sanders-ten Holte a presentado un informe excelente por el cual deseo expresarle mi agradecimiento y mi más sincera enhorabuena. 
Señor Presidente, estimados colegas, los pilotos de competición finlandeses son conocidos con el nombre de Flying Finns- Finlandeses Voladores -, que no tiene nada que ver con el barco fantasma, también llamado el holandés volador, pero todos nosotros, acostumbrados como estamos a volar con frecuencia, podemos hablar del transporte aéreo también por propia experiencia. 
Aunque todo pasajero pueda suscribir un seguro privado, entra dentro de lo razonable que se garantice a todo el mundo un determinado nivel de indemnización en caso de accidente. 
Las disposiciones del Convenio de Montreal relativas a los perjuicios causados por la pérdida, desperfectos, retrasos o destrucción del equipaje serán incorporadas a la normativa de la UE. 
Esto es positivo. 
No obstante, por regla general, no soy partidario de una reglamentación de gran alcance, puesto que las compañías aéreas deben tener el suficiente margen de maniobra. 
Si todas las compañías aéreas son metidas en el mismo molde, será más difícil adaptar la prestación de los servicios a las necesidades de los diferentes grupos de clientes. 
Tanto las compañías más económicas como las que ofrecen una gama más amplia de servicios deben ver garantizadas las condiciones para desarrollar sus actividades mediante el establecimiento de una legislación lo suficientemente flexible. 
Esto redundará en beneficio de empresas y usuarios, ya que la prestación de servicios especiales marcará la diferencia en los precios de los pasajes. 
Las asociaciones de consumidores suelen olvidar esta evidencia en su exceso de celo. 
Una cuestión importante para las compañías aéreas es la obligación de presentar una notificación específica en los mostradores de facturación. 
Esta información garantiza a los pasajeros un nivel de indemnización más alto del normal. 
En este punto, debemos evitar la burocratización excesiva. 
En mi opinión, el requisito de que las compañías aéreas faciliten esta información antes de la salida es razonable. 
La claridad del Reglamento se ve empañada por el hecho de que los puntos del Convenio de Montreal a los que se remite el Reglamento no se encuentran registrados en el mismo. 
La claridad debería ser el punto de partida en la expresión de la legislación, y esto no se consigue muy bien aquí. 
Sin embargo, en lo que respecta a su contenido, el Reglamento significa un gran paso hacia adelante, y debemos sentirnos satisfechos ante la progresiva sustitución del anticuado Convenio de Varsovia. 
En todo caso, ni siquiera la más moderna de las leyes puede garantizar que le salga redondo el día al ajetreado pasajero. 
Ya saben ustedes lo que quiero decir: el desayuno en Roma, el almuerzo en París, la cena en Helsinki y el equipaje en Moscú. 
. Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Sanders-ten Holte por su excelente informe, que destaca la importancia de aplicar rápidamente el Convenio de Montreal y de informar detenidamente a los pasajeros sobre los derechos que éste le proporciona. 
Coincidimos plenamente, desde la Comisión, con el tenor del informe, puesto que apoya nuestra intención de proporcionar a los pasajeros aéreos un elevado nivel de protección en caso de accidente, pretende modernizar las normas relativas a la responsabilidad por retrasos y por desperfectos del equipaje y, sobre todo, pretende una mejor información de los usuarios sobre sus derechos, ya que muchas veces el mayor problema es que los propios usuarios ignoran cuáles son. 
Me alegra decirles que el Consejo de Transportes debe adoptar, en su reunión de mañana, una decisión para ratificar el Convenio y para que la Comunidad ratifique el Convenio al mismo tiempo que los Estados miembros. 
Además, la Comunidad debe ajustar las normas comunitarias sobre la responsabilidad de las compañías aéreas a las del Convenio de Montreal, que constituye el objetivo de la presente propuesta. 
En relación a las enmiendas que se han presentado, quizás las más importantes son las que se refieren a la información que debe darse a los pasajeros sobre las disposiciones relativas a la responsabilidad de las compañías aéreas. 
En su propuesta, la Comisión exige a las compañías que informen con todo detalle a los pasajeros. 
El informe pretende reforzar el articulado de la norma al obligar a las compañías comunitarias a presentar una nota informativa, conforme al Anexo que se propone. 
Esto garantizaría que las compañías aéreas proporcionen a los pasajeros la información necesaria de una manera precisa, cosa que, como demuestra la experiencia, no siempre ocurre. 
Por consiguiente, Señorías, la Comisión acepta las enmiendas 13 y 18. 
Las otras dos enmiendas- 19 y 20- tendrían como consecuencia, en caso de aprobarse, que las compañías de países terceros estarían exentas de la obligación de informar a sus pasajeros sobre las reglas relativas a su responsabilidad y, por lo tanto, no podemos aceptar esta discriminación y rechazamos las dos enmiendas. 
No obstante, tenemos algunas dudas en cuanto a las enmiendas 9 y 10 ya que, según ellas, las responsabilidades de las compañías aéreas se regirán por las disposiciones pertinentes del Convenio de Montreal sin especificar los artículos correspondientes. 
La propuesta de la Comisión, sin embargo, prevé que la responsabilidad se rija por lo dispuesto en siete artículos del Convenio de Montreal, numerándolos de una manera explícita. 
Señorías, cambiar esta cuestión podría provocar una reacción hostil por parte de algún Estado miembro, y el subsiguiente debate ralentizaría la adopción del reglamento en detrimento de los pasajeros. 
Es por ello que no podemos aceptar las enmiendas 9 y 10. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 11, ya que no puede suprimirse el artículo si el texto sigue refiriéndose a artículos concretos del Convenio de Montreal, en coherencia, por tanto, con el rechazo anterior. 
La Comisión, sin embargo, puede aceptar todas las demás enmiendas, que refuerzan o clarifican el texto. 
Señor Presidente, Señorías, señora ponente, acabo de resumir la posición de la Comisión sobre el presente informe. 
Quiero agradecerle a la Sra. Sanders-ten Holte una vez más su magnífico trabajo y el apoyo a la pronta introducción del Convenio de Montreal en la normativa comunitaria, y tiene toda la razón, pues esta nueva incorporación supondrá pasar del régimen internacional, acordado hace 72 años- que lo que pretendía en última instancia era restringir la responsabilidad de las compañías aéreas -, a otro sistema moderno que precisamente tiene por objeto lo contrario: dar un elevado nivel de cobertura a la protección de los derechos de los pasajeros. 
Muchas gracias, señora Comisaria de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Ayudas concedidas para la coordinación del transporte por ferrocarril, por carretera y por vías navegables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0096/2001) del Sr. Camisón Asensio, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las ayudas concedidas para la coordinación del transporte por ferrocarril, por carretera y por vías navegables (COM (2000) 5- C5-0402/2000- 2000/0023 (COD) ). 
. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, es sabido que, a pesar de las sucesivas reformas, el artículo 73 de los Tratados sigue vigente, lo que significa que la coordinación entre los diferentes modos de transporte continúa siendo una obligación comunitaria. 
No podía ser de otra manera, pues, en caso contrario, lo probable, dadas las tendencias actuales a las que nos enfrentamos todos los días, es que las carreteras acaben llenándose de camiones hasta reventar. 
Tal coordinación entre los diferentes modos de transporte venía ejerciéndose a través de un Reglamento con treinta años de vigencia, que se estaba quedando anquilosado. 
Ahí radica la excelente oportunidad de la Comisión para lanzar esta propuesta que, en su momento justo, va a sustituir al viejo reglamento. 
Ésta ha sido su intención, que aplaudimos. 
Sin embargo, nosotros creemos que la Comisión ha desplegado en su propuesta un cierto sentido de la prudencia. 
Ha avanzado, pero con demasiado tiento. 
Es más, todo indica que la mayoría de los grupos políticos de esta Asamblea así lo estiman también, pues tal se desprende del contenido y gran número de enmiendas- 116- presentadas y debatidas en la Comisión de Transportes de este Parlamento, casi todas en la misma dirección: aprovechar esta oportunidad para fortalecer la necesaria y conveniente transferencia del tráfico hacia modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, objetivo deseable que, estimo, se ha conseguido en gran medida, visto el resultado de la exhaustiva votación que tuvo lugar en dicha comisión. 
Por ello, como ponente, debo felicitar a los diputados que han presentado tales enmiendas ya que el fruto conseguido- y que hoy se presenta a este Pleno como esfuerzo conjunto de todos- es resultado de un amplio consenso. 
Aprovecho para llamar la atención de la Comisión sobre este fenómeno a la hora de admitir o desestimar nuestras enmiendas. 
A nosotros nos gustaría un razonable grado de identificación entre Parlamento y Comisión. 
En nuestros debates han estado presentes hechos como los siguientes: un compromiso trascendente de Kyoto consiste en reducir un 8% de nuestras emisiones de gases contaminantes en el año 2010, mientras que, si no se produce una inflexión en el reparto entre los diferentes modos de transporte, se ha predicho que en el sector de transportes, en ese período y para esas emisiones, se produciría un incremento del 40%. También se ha calculado que mover mercancías por ferrocarril necesita cuatro veces menos energía que por carretera. 
¿Quiere decir todo esto que hay que tender poco a poco a prescindir de la carretera? 
Puede que haya un choque de intereses contrapuestos entre los diferentes modos de transporte, no podía ser de otra forma, pero ante este hecho, la consecuencia meridianamente clara es que la coordinación entre los diversos modos de transporte continúa siendo imprescindible. 
Ése es precisamente el objetivo de la propuesta que hoy debatimos, a través de la cual se puede tender a una redistribución de las respectivas cuotas de cada modo de transporte en unas proporciones más racionales. 
Ante esta situación de conflicto intermodal, hay que reconocerle a la Comisión una actuación bastante equilibrada en su propuesta. 
Por nuestra parte, sin perder de vista nunca tal equilibrio deseable, hemos avanzado, pero, en todo caso, apretando sólo el acelerador en lo que yo denominaría urgencias, o sea, en aquellos objetivos que no deben esperar más tiempo. Por ejemplo, aceptar que prácticamente el transbordo entre transporte terrestre y marítimo, así como el cabotaje, tienen un componente terrestre trascendental y, por lo tanto, no deben obviarse en esta directiva. 
Y para terminar, ¿qué decir de los costes externos? 
Nos consta que existen muy competentes consultores que han aventurado, por ejemplo, que los costes externos, incluida la congestión en el tráfico, se disparan hasta un 10% del producto interior bruto europeo, cifras que se podrán discutir, pero que en todo caso impresionan. 
Ante este hecho, nosotros estimamos que debe ser la Comisión quien aborde ya este problema. 
Nosotros instamos a la Comisión a que prepare una propuesta referida a la valoración de tales costes externos para que, seguidamente, puedan ser internalizados, y entonces habremos dado un paso de gigante en esta cuestión. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, en primer lugar, yo quiero agradecer muy sinceramente, en nombre de mi Grupo, el informe de mi colega Felipe Camisón Asensio, que lo ha redactado en términos muy prudentes. 
No se ha dejado llevar por la tentación de abrir aún más la puerta de las subvenciones, sino que la ha mantenido tal como proponía la Vicepresidenta. 
Ambos se adelantaron mucho a las posiciones del Consejo Europeo. Sin embargo, también éste merece una mención. 
El Consejo Europeo de Estocolmo declaró que es necesario reducir el alcance de las ayudas estatales en la Unión Europea y mejorar la transparencia del sistema de ayudas. 
Este es justamente también el objetivo en el caso que nos ocupa. 
Yo creo que la sustitución del antiguo Reglamento nº 1107/70 por un nuevo reglamento permite mejorar la transparencia del sistema. 
Por lo que respecta a la utilización de las infraestructuras, a mi modo de ver, tanto en el caso de la ampliación como en el de la utilización de las infraestructuras de transporte, las ayudas sólo compensan los llamados costes no cubiertos. 
En este contexto se plantea, además, otro problema, pues no está nada claro cuáles son en realidad los costes externos. 
Voy a citarles un ejemplo. La teoría según la cual siempre es preferible, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, trasladar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril no es automáticamente cierta. 
Ahora mismo estamos debatiendo sobre el ruido en las proximidades de los aeropuertos y nos disponemos a prohibir los vuelos nocturnos. 
Recuerden que cuando oyen pasar un bonito tren de mercancías por la noche, éste es ruidoso, apesta y los frenos chirrían. 
Lo que quiero decir es que todavía nos queda mucho por hacer para responder a las preguntas sobre "¿ cuáles son los costes externos, cómo se definen científicamente y a quién se deben repercutir ?" 
Es una tarea que todavía tiene pendiente la Comisión y yo hago votos por que la Comisaria consiga resolverla pronto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar, yo quiero expresar, en nombre de mi Grupo, nuestro agradecimiento al ponente, que ha mantenido una actitud muy cooperativa durante la elaboración del informe. 
En principio, podemos afirmar que las ayudas distorsionan la competencia en el mercado interior y son, por lo tanto, inadmisibles. 
El orador que me ha precedido ha señalado que las excepciones a esta regla requieren una justificación especial. 
En el caso del presente reglamento, dicha justificación se denomina "coordinación de los sectores del transporte terrestre". 
Las ayudas en este ámbito tienen como finalidad primordial hacer posible la competencia equitativa entre el transporte por carretera, por ferrocarril y por vías navegables. 
Sólo así se conseguirá optimizar a largo plazo la utilización del conjunto del sistema de transporte europeo, particularmente en el sector del transporte de mercancías. 
Sólo así será posible hacer realidad las cadenas de transporte intermodales tan ensalzadas. 
Queremos ampliar el campo de aplicación de la directiva al transporte de corta distancia, con el fin de dotar a dichas cadenas de transporte de la mayor flexibilidad posible. 
Los fondos estatales destinados a la construcción, mantenimiento y gestión de las vías de transporte no están incluidos dentro de la prohibición de las ayudas si se ponen a disposición de todas las diferentes modalidades, sin discriminaciones. 
Esto se debe cumplir con independencia de la forma jurídica del administrador de la infraestructura. Sólo así será posible equiparar los ferrocarriles y los puertos con las carreteras. 
En cuanto a las ayudas relacionadas con la utilización de la infraestructura, éstas deben reflejar las cargas diferenciadas que genera en cada caso para la sociedad la elección del medio de transporte en cuestión. 
Es decir que en el cálculo de la ayuda se deben incluir los costes de la infraestructura y los costes externos. 
La igualdad competitiva entre los modos de transporte se conseguirá cubriendo la diferencia entre los costes no sufragados por los usuarios de dos modos de transporte por medio de una ayuda al modo de transporte más favorable socialmente y más respetuoso del medio ambiente, con el fin de abaratar su utilización y hacerla más atractiva. 
Lamentablemente- como también se ha señalado ya- no disponemos de ningún modelo políticamente legitimado para el cálculo de estos costes a escala comunitaria. 
En consecuencia, tras largos tira y afloja y profundas reflexiones me decidí a aceptar el modelo complementario, que prevé la transferencia del transporte de la carretera al ferrocarril y a las vías navegables mediante un contrato. 
Así se expone en la enmienda 48 y yo pido a los colegas que la apoyen. 
Sin embargo, este modelo sólo puede ser aplicable durante un período transitorio, pues aunque su intención sea buena contradice la finalidad fundamental del reglamento, que es promover la igualdad competitiva. 
Por lo que respecta a la notificación de las ayudas, ésta es necesaria, pero se debería reducir al máximo la burocracia. 
Por esto proponemos que se establezcan excepciones para las terminales previstas en el marco de un plan de desarrollo nacional o europeo o que formen parte de la red transeuropea de transporte de mercancías. 
También abogamos por una norma de minimis aplicable cuando no se superen los 100.000 euros en tres años. 
En el caso de las ayudas relacionadas con la utilización de las vías de transporte, solicitamos un plazo de cinco años y que éstas sean renovables. 
En conjunto, el reglamento contribuirá a estructurar de manera más clara la concesión de las ayudas para la coordinación de los sectores del transporte terrestre y a eliminar las distorsiones de la competencia, también entre Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, tras dar las gracias al ponente Sr. Camisón Asensio por haber sabido desenvolverse en una materia tan complicada, quiero expresar, también en nombre de mi Grupo, mi conformidad con el planteamiento de fondo del Reglamento. 
Dado que estimamos que se han de impulsar y fomentar los procesos de liberalización de los mercados y de los servicios de transporte, consideramos que cabe la posibilidad de que los Estados mantengan en casos limitados el derecho-deber de intervenir para garantizar el logro de los objetivos de programación territorial urbana o la satisfacción de necesidades sociales y medioambientales. 
Entre éstas no hay duda de que el incentivo a la movilidad sostenible es un objetivo histórico que hay que perseguir en este momento. Por lo tanto, desde este punto de vista, se deben aceptar también las ayudas a la utilización de las infraestructuras por parte de las empresas, tendentes a compensar los diferenciales entre los costes internos y externos no recuperados de los modos concurrentes. 
Estamos obligados a llegar a esto porque la previsión contemplada en el artículo 4 del Reglamento, está dictada únicamente por la falta de una normativa comunitaria de carácter general sobre la determinación, medida e imputación de los costes de utilización de las infraestructuras tanto internos como externos. 
Se trata de un tema respecto al cual este Parlamento ya se ha expresado con un informe que tuve el honor de presentar en nombre de mismo. 
Es por esto que sólo a la espera de la propuesta de la Comisión- y aquí soy menos escéptico que el Sr. Jarzembowski porque espero, mejor dicho, estoy seguro que la Comisión conseguirá arbitrar medidas y formas técnicas que resolverán muchos de los problemas teóricos que continúan planteándose- creo que hay que respaldar la hipótesis, presentada en la enmienda 26, en la nº 40 o en la nº 48, de una explícita relación entre las ayudas de Estado y el objetivo de una efectiva transferencia de cantidades de mercancías hacia modos de transportes más sostenibles. 
En definitiva, considero que el "contrato" que se piensa establecer temporalmente de cara a aquellos que se empeñan efectivamente en sostener la movilidad sostenible, es un punto que puede ser utilizado a la espera de las normas de carácter más general. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el reglamento que propone la Comisión representa una notable simplificación con respecto a la normativa anterior. 
Las excepciones en el caso de las ayudas son importantes y absolutamente imprescindibles. En efecto, por un lado, la ampliación, gestión, mantenimiento y/o suministro de infraestructuras de transporte requieren ayudas adicionales. 
Por el otro lado, es necesario compensar a las empresas de transporte de mercancías por ferrocarril, por vías navegables o combinado por los costes no cubiertos del transporte por carretera con el que compiten, con el fin de incorporar a la política de transporte consideraciones específicas, como el respeto del medio ambiente y el potencial regional. 
Un enfoque cuya exclusiva finalidad sea evitar las distorsiones de la competencia, sin contemplar otros aspectos medioambientales, sociales y regionales, resulta inaceptable. 
El ponente- que merece nuestro agradecimiento por el excelente trabajo que ha realizado- y la comisión han incorporado otras exigencias importantes más amplias que mi Grupo también apoya, como por ejemplo la inclusión de las ayudas para el transporte de corta distancia, incluidas las operaciones de transporte combinado en los puertos marítimos, la supresión de las distinciones entre empresas de gestión pública y privada a efectos de la concesión de ayudas, la minimización de la burocracia mediante la introducción de unos límites de ayuda por debajo de los cuales no se requerirá el control de la Comisión ni la notificación previa, la prolongación del período de las ayudas y la posibilidad de ampliar el plazo de aplicación del régimen de ayudas. 
Con la transposición del presente reglamento se abrirá una nueva oportunidad de conseguir la transferencia a medios de transporte más respetuosos del medio ambiente. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, yo también quiero manifestar mi agradecimiento al ponente por su informe. 
Las numerosas enmiendas propuestas constituyen una prueba del interés que ha despertado. 
Era importante regular las ayudas destinadas a la infraestructura de transporte y su utilización, pues esto contribuirá a una mayor transparencia, a la vez que cabe esperar que también permita mejorar su eficacia y contar con un transporte más respetuoso del medio ambiente y más seguro, aunque esto sólo se conseguirá paso a paso. 
A pesar de que la directiva no privilegia ninguna modalidad particular de transporte, sin embargo esperamos que permita descongestionar las carreteras. Esto sólo se conseguirá, no obstante, si no se genera una falsa competencia entre los diferentes medios de transporte. 
A mi parecer, el reglamento establece nuevas prioridades y la comisión ha propuesto, por su parte, diversas enmiendas que apuntan en dos direcciones. 
En primer lugar- como ya ha señalado el colega Jarzembowski -, nos parece importante que se defina con mayor precisión el concepto de los costes externos. 
No puede ser que éste se interprete de manera distinta según los países y las regiones, pues esto sí que acabaría generando una verdadera distorsión. 
En segundo lugar, también partimos de la base de que se debe conceder el mismo trato a todos los modos de transporte, a fin de evitar distorsiones de la competencia. 
Cuando un Estado invierta en la infraestructura de transporte, que debería ser accesible en igualdad de condiciones para todos los usuarios, no deberá establecer diferencias entre los distintos modos de transporte. 
Tanto si las ayudas están destinadas al ferrocarril, a la carretera o a un puerto interior, siempre se deberán evaluar según el criterio de la accesibilidad de la infraestructura para los usuarios, con objeto de garantizar una competencia equitativa. 
De conformidad con este planteamiento, tampoco nos parece admisible- y algunas enmiendas también se refieren a esta cuestión- que en la práctica se imponga a las plataformas multimodales o a los puertos interiores la traba de una notificación. 
Esperamos que la burocracia se simplifique y que todos los modos de transporte reciban, en consecuencia, el mismo trato. 
Señor Presidente, en un contexto marcado por los accidentes ferroviarios en Gran Bretaña que han ilustrado el precio que paga la sociedad para satisfacer la sed de lucro de las empresas ferroviarias, las instituciones europeas prevén autorizar a los Estados a acordar ayudas para mejorar las infraestructuras. 
La Unión Europea, que pretende oponerse a las ayudas estatales nacionales susceptibles de falsear la competencia intereuropea, se prepara en el informe presentado a pasar por encima de sus propias propuestas con el fin de poder continuar la política de privatización de los servicios públicos. 
Así, pues, las empresas ferroviarias, que han cobrado los ingresos de las líneas que se les concedieron sin preocuparse por hacer el mínimo de gastos para mantener y renovar el material ferroviario, no solamente quedan absueltas, sino que tendrán derecho a cobrar subvenciones adicionales para hacer frente a las obligaciones de inversión que deberían ser las suyas. 
Nosotros reafirmamos nuestra oposición a la privatización de los servicios públicos así como a la introducción de toda idea de rentabilidad para los servicios indispensables al conjunto de la población. 
La gestión en función del derecho a las ganancias de la iniciativa privada es tan catastrófica para el conjunto de la economía como lo es para el sector ferroviario. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, el reglamento relativo a las ayudas concedidas para la coordinación del transporte por ferrocarril, por carretera y por vías navegables responde al buen propósito de intentar contribuir mediante un nuevo régimen de ayudas a la puesta en práctica de la fórmula ya consagrada que propugnan todos los bellos discursos sobre el tema del transporte, o sea, la transferencia del transporte, especialmente el de mercancías, hacia medios más respetuosos del medio ambiente, en particular de la carretera al ferrocarril, las vías navegables, etc. Un propósito muy bueno y loable, como ya he dicho. 
Como también son muy buenas las aportaciones a esta propuesta que ha elaborado nuestro ponente, con una esmerada atención a los detalles, incluidas las que ha hecho suyas la comisión en una larga serie de enmiendas, como la inclusión del transporte de corta distancia y de los modos de transporte combinado o que no se tome en consideración la naturaleza jurídica, de carácter público o privado, de los modos de transporte, sin olvidar tampoco una regla "de minimis", destinada a limitar los gastos administrativos innecesarios. 
También es preciso señalar con pesar lo que no se podía conseguir con el presente reglamento, tal como ya ha comentado el propio Sr. Camisón Asensio. 
La política de transporte continúa inscrita en un marco que data del siglo pasado, en parte de mediados del siglo XX y de su segunda mitad, pero que no cuenta con modelos verdaderamente orientados hacia el futuro y pensados para el siglo XXI. 
Si de verdad queremos atajar de ahora en adelante la avalancha de tráfico en las carreteras, tenemos que hacer algo más que modificar un par de regímenes de ayudas de manera que favorezcan al ferrocarril y las vías navegables. 
La Comisión acaba de proponer estos días, en el marco del acuerdo sobre el transporte en tránsito a través de Austria, la supresión del límite cuantitativo del 108% sin ninguna contrapartida. 
Yo dudo que esto concuerde con el espíritu del informe Camisón Asensio. 
Tendremos ocasión de aclararlo en el próximo debate sobre este nuevo proyecto. 
Quiero felicitar a los intérpretes, que han conseguido traducir la intervención prácticamente a la par. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Puertos marítimos, puertos interiores y terminales intermodales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0111/2001) del Sr. Piecyk, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos marítimos y puertos interiores, así como al proyecto nº 8 del Anexo III (C5-0050/2001- 1997/0358 (COD) ). 
Señor Presidente, tengo que reconocer que es una experiencia magnífica poder hablar ante un público tan masivo a estas horas y seguramente todavía será más estimulante que mañana se apruebe por fin, al cabo de tanto tiempo, un informe. 
El camino, en efecto, ha sido largo. 
En 1996, cuando ya había finalizado el procedimiento de conciliación, la Comisión comunicó que se iba a mejorar la posición de los puertos en el marco de las redes transeuropeas. 
Luego siguió, con mucho retraso, una propuesta y en marzo de 1999 realizamos la primera lectura. 
Entonces ya se debería haber discutido, de hecho, la revisión de las redes transeuropeas. 
A continuación, el Consejo se tomó su tiempo. 
En octubre de 2000 realizamos la segunda lectura y sólo bajo la presión del procedimiento de conciliación pudimos iniciar un auténtico debate y una aproximación de posiciones con los representantes del Consejo. 
Todo se podría haber hecho más rápido y de manera más sencilla. 
En efecto, entre tanto ya estamos en el año 2001. 
Aun así, yo creo que el resultado es muy digno. 
Ahora disponemos de una clasificación razonable de los puertos marítimos, con su división en puertos internacionales- los puertos comunitarios- y puertos regionales, con categorías aceptables según el volumen de tráfico medido en tonelaje o en número de pasajeros. 
Otro tanto se puede decir del volumen de tráfico mínimo de 500.000 toneladas- una magnitud razonable a mi parecer- que se establece para los puertos de navegación interior. 
Hemos enraizado la consideración por principio de los puertos marítimos y de navegación interior como nudos de las redes transeuropeas, es decir, la necesidad de que éstos actúen como nudos de enlace de las restantes rutas transeuropeas. 
Hemos enraizado las terminales intermodales en el texto, que ahora apoya el transporte combinado por ferrocarril y por las vías navegables y resalta su especial importancia. 
Tras largas discusiones también hemos conseguido una definición muy correcta y aceptable de lo que se entiende por infraestructura y qué instalaciones se pueden exigir o no a los puertos marítimos y de navegación interior. 
Paralelamente, como un aspecto totalmente aparte, se ha modificado el proyecto nº 8, uno de los 14 grandes proyectos aprobados en el Consejo de Essen y ratificados posteriormente en el Consejo de Dublín, y esta modificación se ha llevado a cabo con apacible armonía y también en el marco del procedimiento de conciliación, que en su momento fue muy difícil. 
Yo me congratulo especialmente de que la Comisión haya aceptado volver a incluir en la revisión la propuesta del canal Elba-Lübeck, entre otras. 
También quiero agradecer a la señora Comisaria la intervención de sus compañeros de lucha en el seno de la Comisión, que colaboraron mucho en la fase final, con la presentación de una serie de nuevas propuestas que finalmente permitieron evitar el procedimiento de conciliación propiamente dicho y alcanzar, en cambio, un acuerdo previo. 
Si me permiten que añada una observación, a mi parecer, siempre se ha sobrestimado un poco el papel de las redes transeuropeas. 
En nuestra comisión y desde el Parlamento hemos insistido en la necesidad de un planteamiento más prudente. 
Estos errores no se deberían repetir en la revisión. 
La Comisión presentó propuestas muy buenas en la fase inicial de consultas sobre las redes transeuropeas, que deberíamos recuperar. 
Es decir, que no deben limitarse a agrupar y sumar las propuestas que les presentan los Estados miembros, sino que la Comisión también debe establecer sus propias prioridades. 
Puesto que aquí se ha hablado tanto de expedientes especiales, del ferrocarril y de las vías navegables, yo desearía, señora Comisaria, que la prioridad del ferrocarril y las vías navegables también quedase reflejada en la propuesta de la Comisión sobre las redes transeuropeas. 
Yo creo que en conjunto hemos realizado un buen trabajo, aunque también ha sido lento, y quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han colaborado en el empeño: a los colegas del Parlamento, a la Comisión y también a la Presidencia francesa, que lo llevó a buen puerto. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimadas y estimados colegas, señoras y señores, en primer lugar, yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente, que ha sacado adelante, a lo largo de dos lecturas y el procedimiento de conciliación, este difícil expediente, que implicaba un enfrentamiento sumamente complejo con el Consejo, lo cual es muy importante. 
Un ponente tiene que hacer acopio de valor para mantenerse firme. 
Él ha demostrado este valor y gracias a ello ha cosechado también varios éxitos. 
También me sumo a su agradecimiento a la Presidencia francesa, que en el último momento procuró alcanzar finalmente un compromiso y quiero expresar asimismo mi gratitud a la señora Vicepresidenta y a sus servicios que nos ayudaron en todo momento a negociar el compromiso. 
En este sentido, hago extensivo mi más sincero agradecimiento a la Comisión. 
Yo también voy a intentar ser breve en esta velada tan agradable. Por lo tanto, tan sólo voy a comentar tres aspectos. 
En primer lugar, nuestro objetivo era plantear correctamente el tema de los puertos, de los puertos de navegación interior y de los puertos marítimos, así como de las terminales intermodales, en el marco de una propuesta sobre las redes transeuropeas. 
Por esto alegamos que se debían incluir los puertos marítimos y de navegación interior que estén comunicados con una zona interior, que estén enlazados a una red, y no puertos aislados, que pueden ser muy bonitos, pero que carecen de relevancia transeuropea. 
Yo creo que la clasificación que elaboramos conjuntamente con el Consejo es muy adecuada. 
En segundo lugar, se trataba de diferenciar los conceptos de infraestructura y superestructura. 
Para los legos suena muy mal, pero es esencial en el contexto de la igualdad competitiva entre los puertos o de la necesidad de evitar distorsiones injustificadas de la competencia. 
Por un lado, era importante clarificar el concepto de infraestructura. 
Es decir, ¿qué debe hacer y pagar el Estado, sin que intervenga la Comunidad y sin la obligación de notificación? 
En este contexto también se planteaban una serie de dificultades entre los Estados miembros y la Comisión. 
Sin embargo, lo fundamental era aclarar la definición de las superestructuras, diferenciándolas de la infraestructura, con el fin de garantizar que no se concedan ayudas que puedan distorsionar la competencia. 
Yo creo que hemos conseguido de manera muy adecuada este objetivo. 
Finalmente, permítanme que recuerde un tercer aspecto. Señora Vicepresidenta, le ruego que no olvide que el Parlamento ha tenido por primera vez la oportunidad de participar en la decisión de los proyectos prioritarios en el marco del procedimiento de codecisión. 
Los doctos jefes de Estado y de Gobierno habían declarado, en efecto, en Essen y Dublín que ellos decidirían qué proyectos se consideraban prioritarios. 
¿En qué quedaba entonces el papel del Parlamento? 
En este caso, hemos conseguido, con la colaboración del ponente, que el Consejo y el Parlamento decidan conjuntamente los proyectos prioritarios. 
Deberíamos tenerlo presente en el momento de la revisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, como cada vez que un largo proceso concluye con éxito, debemos también en esta ocasión expresar nuestra satisfacción porque la conciliación ha concluido con resultados que atañen a los puertos marítimos, la navegación interior y las terminales intermodales. 
En nuestra calidad de parlamentarios, debemos estar aún más satisfechos ya que en el texto final se han adoptado la mayoría de las enmiendas fundamentales presentadas por el Parlamento en las lecturas anteriores. 
De este modo, en la dirección de crear condiciones iguales- esa es la cuestión- en todos los puertos de la Unión con respecto al acceso a la financiación de las inversiones y a la aplicación de criterios y requisitos más estrictos para la inclusión de los puertos marítimos en la red europea, y en la dirección de apoyar los puertos interiores, se ha optado, finalmente, por los siguientes límites: 
para los puertos marítimos internacionales, 1,5 millones de toneladas de carga o 2 millones de pasajeros al año, con el requisito de la conexión intermodal con el resto de la red, 
para los puertos comunitarios, 500.000 toneladas o 100-200.000 pasajeros al año, y 
para los puertos interiores, 500.000 toneladas de carga. 
Creo que es fundamental el que se haya previsto la posibilidad de que se integren también puertos que no satisfacen los requisitos mencionados, pero que se encuentran en regiones insulares periféricas o ultraperiféricas, demanda que habíamos formulado insistentemente, convencidos de su justicia, puesto que así se puede dar respuesta a particularidades objetivas. 
Señalamos también que la Comisión deberá corregir los mapas adjuntos al texto que había enviado, puesto que no incluyen ciertos casos de puertos, a pesar de cumplir las condiciones expresadas. 
Finalmente, quisiera dar las gracias y felicitar a todos los colegas que han participado en el proceso, a los responsables de la Presidencia francesa y de la Comisión, y, claro está, antes que a nadie al colega Sr. Piecyk. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, una de las infraestructuras más importantes de las regiones insulares la constituyen los puertos. 
Si, además, estas regiones son lejanas, esta importancia se hace estratégica. 
Por eso, vemos con interés la propuesta del Consejo sobre la modificación de esta decisión, aprobada en el año 1996. 
Desde entonces ha habido posiciones encontradas entre la propuesta inicial del Consejo y el Parlamento Europeo a la hora de clasificar los puertos marítimos dentro de las redes transeuropeas de transporte, en función de criterios determinados por el tráfico anual de mercancías o del número de pasajeros transportados. 
A lo largo de esta revisión, se ha llegado a soluciones de consenso que, en el caso de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, paradójicamente pueden tener consecuencias extrañas- ya lo ha señalado el Sr. Mastorakis- porque se corre el riesgo de que algunos puertos marítimos situados en las capitales insulares, al menos en el caso de Canarias, queden incluidos en una categoría distinta a la de puerto turístico, debido a la utilización de cifras desfasadas en materia de fletes o por considerar el tráfico doméstico de pasajeros. 
Por ello, deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar disfunciones en la fijación de los tipos de proyecto a los que los puertos pueden tener acceso en función de esta clasificación, que considero provisional, hasta tener los datos actualizados, sin olvidar, además, otros requisitos exigibles, como la conexión con ejes terrestres de las redes transeuropeas o el equipamiento con una serie de instalaciones. 
No obstante, creo que lo más importante es que estos puertos están incluidos en las redes transeuropeas de transporte, con las consecuencias positivas que ello conlleva. 
Termino felicitando al ponente por su trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Piecyk porque, dos años después de la primera lectura de este documento, hoy ve culminado su trabajo. 
Lamento que en el Consejo se siga examinando a nivel estatal qué terminales intermodales se incluirían en la red europea de transporte combinado y me alegro de la modificación del proyecto específico número 8 del Anexo, relativo a la antes denominada "autopista Lisboa-Valladolid", por la nueva definición como "enlace multimodal Portugal-España con el resto de Europa", para la gestión de las conexiones ferroviarias, por carretera, marítimas y aéreas en los tres corredores ibéricos entre Galicia y Portugal, entre Portugal y Sevilla/Andalucía y entre Irún (en el País Vasco) y Portugal, la cual espero incluya el tren de gran velocidad, así como que las ayudas financieras alcancen también a la denominada "Y" vasca que, como cualquier otra línea de ferrocarril, además de ventajas económicas, genera grandes beneficios medioambientales. 
Señor Presidente, muy buenas noches, a esta hora tardía estamos debatiendo un tema importante para las zonas costeras de Europa. 
Después de pasar por varias lecturas y un procedimiento de conciliación, yo afirmo que el resultado finalmente ha sido bueno. 
Ante todo, yo quiero agradecer a mi apreciado colega Willy Piecyk su convincente labor. 
Su compromiso a favor de nuestros puertos le hace acreedor de nuestro agradecimiento. 
He dicho que el resultado final ha sido bueno y a este final feliz también contribuye, naturalmente, en mi caso- como se lee en mi cara- el hecho de que mi puerto natal, Cuxhaven, haya quedado incluido en la categoría A. 
Tengo que reconocer que, como mínimo, no me entusiasmó que se fijara en 1,5 millones de toneladas el límite mínimo para la inclusión en la categoría A. Me preocupaba y sigue preocupándome que esto perjudique sobre todo a las regiones periféricas de nuestra Unión, cuya importancia internacional desearía, sin embargo, que recibiese igual reconocimiento que la de los puertos emblemáticos de Rotterdam y Hamburgo. 
Evidentemente, no me refiero a los puertos para patines acuáticos, sino a puertos con un volumen de tráfico anual superior al millón de toneladas de mercancías. 
¿Qué sentido tiene hablar de globalización si luego dividimos a nuestros puertos según un principio que autoriza a unos a participar en el contexto internacional, pero a los otros no? 
Al contrario, deberíamos alegrarnos de contar con tantos puntos de conexión con los enlaces internacionales en la UE. 
Las redes transeuropeas y las correspondientes inversiones sólo tienen sentido, en efecto, si establecemos una red de puertos que abarque realmente a toda Europa. Una red inclusiva y no excluyente. 
Los puertos europeos han llevado a cabo en los últimos años una apreciable modernización con el fin de estar preparados para responder a las modernas exigencias del transporte marítimo y de las tecnologías marítimas. 
Yo creo en el futuro de nuestros puertos europeos, con toda su diversidad. 
¡Espero que en adelante también puedan seguir contando con el apoyo de mis colegas en este sentido! 
Señor Presidente, me sumo al agradecimiento al ponente, Sr. Piecyk, por su excelente labor. 
Me complace mucho que haya velado por que se coloque en su lugar correcto la última pieza en el rompecabezas de las redes transeuropeas. 
En particular, dado que la mayor parte del comercio mundial se hace por mar, siempre ha sido una gran omisión que los puertos de las redes transeuropeas nunca formaran parte de la decisión relativa a dichas redes. 
Ahora se está corrigiendo. Resulta más agradable incluso porque el sector marítimo es probablemente la parte medioambientalmente más sostenible de las redes transeuropeas. 
Es una pena que se haya tardado tanto. 
La enseñanza que se desprende para el Parlamento, la Comisión y el Consejo en materia de transporte marítimo es la de que debemos hacer menos, pero hacerlo mejor. 
Espero que ése sea el mensaje que podamos aprobar aquí esta noche. 
Será un estímulo muy oportuno para los puertos de toda la Unión Europea. 
En mi región, por ejemplo, el puerto de Dover recibirá estímulo para pasar muchas mercancías del transporte por carretera al ferroviario. 
Puertos como Newhaven recibirán el estímulo oportuno que tanto necesitan para intentar hacerse un sitio para el futuro. 
Todos nos beneficiaremos de esa decisión, pero debemos mirar al futuro. 
Muy pronto afrontaremos la propuesta de revisar las redes transeuropeas en su totalidad. 
Espero que logremos que en esas revisiones de las redes transeuropeas se incluyan oportunamente los puertos, que haya menos estudios, más proyectos ferroviarios, más proyectos marítimos y menos carreteras. 
Concluyo una vez más dando las gracias al ponente. 
Espero que ahora podamos lograr que se ejecuten esos proyectos en toda la UE y que desempeñen su papel para velar por que el sector marítimo alcance su pleno potencial. 
Señor Presidente, señora comisaria, señor Piecyk, antes que nada deseo felicitarle por esta modificación de la disposición. 
En la situación actual cabe mirar hacia delante o hacia atrás. 
He oído cómo varias personas expresaban opiniones destacadas. 
Estamos hablando sobre redes, redes fluviales y redes intermodales. 
Los intereses medioambientales son claros, los intereses relativos a la eficiencia son claros, pero lo que echamos de menos es alguna medida dinamizadora. 
Las cantidades concretas que establezcamos y que supondrán una mejora con respecto a la propuesta del Consejo deberán contar con un enfoque diferente. 
Si hablamos acerca de la modificación de las directivas RTE, en mi opinión, se deberán analizar los flujos de mercancías, los desplazamientos de los flujos de mercancías y el modo en que podemos influir, en colaboración con los Estados Miembros, en las inversiones que deberán realizarse. 
Por este motivo, siento una gran curiosidad por saber cuáles serán las medidas que adoptemos. 
. 
Señor Presidente, Señorías, quiero, en primer lugar, felicitar al Sr. Piecyk y a todas sus Señorías que han intervenido en este debate y también al Consejo por concluir esta conciliación, que todos deseábamos que llegara a su término cuanto antes. 
Han sido tres años de esfuerzos para adoptar esta propuesta de inclusión de los nodos en las redes transeuropeas. 
La Comisión está más que satisfecha de poder afirmar que con la presente modificación la red transeuropea de transportes por fin está completa y por fin se incluye algo que es esencial en una auténtica red intermodal transeuropea: los puertos. 
La inclusión de la idea de los nodos como tales significa reconocer la nueva concepción del transporte como un sistema multimodal. 
En los puertos marítimos y en los puertos de navegación interior se decide cómo hacer llegar los productos a los ciudadanos europeos: por ferrocarril, por carretera, o por vía navegable interior. 
Los nodos, bien equipados con instalaciones de transbordo, que permitan hacer realidad la exigencia de desarrollo de la red transeuropea de transporte formulada en las orientaciones comunitarias, lograrán que cada modo de transporte se utilice según las ventajas que ofrezca y, por lo tanto, harán más fácil la realidad multimodal y, sobre todo, el aprovechamiento de modos alternativos a la simple carretera. 
La incorporación de los puertos en las redes transeuropeas es algo absolutamente esencial, en general, y especialmente relevante para las zonas ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Que en Madeira se incorpore Porto Santo, o Porto Funchal, en las Azores, Punta Delgada, en el archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife, Cristianos, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Las Palmas o Arrecife, en la Reunion Pointe des Galets, o en Guadalupe Pointe-à-Pitre, o en Martinica Fort de France y Basse-Terre, muestra claramente la importancia que reviste para estos archipiélagos que, de una vez por todas, se incorporen sus puertos como elementos esenciales dentro de las redes transeuropeas, lo que acerca esas zonas ultraperiféricas al resto de la Unión Europea. 
Además, se modifica el Anexo nº 3, y cambia su denominación de autopista Lisboa-Valladolid, que era una definición totalmente reduccionista, con un único medio de transporte, para pasar a ser enlace multimodal Portugal-España con el resto de Europa. 
Creo que esta fórmula se adapta mucho mejor a la necesidad de que la Península Ibérica se integre en el resto del continente europeo. 
El Consejo de Transportes decidirá mañana sobre este asunto y espero que quede definitivamente cerrado de manera satisfactoria. 
Además, la Comisión seguirá trabajando, tanto en el ámbito de la revisión de las redes transeuropeas como en el fomento de programas de intermodalidad y de cabotaje costero. 
Creo que también contribuirán a todos estos avances nuestras propuestas de introducir más competencia en los puertos marítimos y más seguridad en el sector marítimo- recuérdese todo el trabajo del año pasado con el paquete Erika I y Erika II -, simplificaciones en las tramitaciones administrativas y otra serie de medidas futuras orientadas a facilitar el cabotaje o el transporte marítimo en general y el transporte fluvial. 
Muchas gracias, una vez más, al ponente. 
Enhorabuena. 
Y muchas gracias a todas sus Señorías por sus aportaciones, totalmente constructivas. 
Muchas gracias, señora Comisaria de Palacio. 
Lleva usted un largo tiempo aquí. Por fin ha quedado libre y puede hacer lo que mejor le parezca. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Blanqueo de capitales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0090/2001) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (12469/1/2000- C5-0678/2000- 1999/0152 (COD) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo también quiero darles cordialmente la bienvenida a este círculo de íntimos. 
Hoy debatimos un tema importante. 
El objetivo es combatir el blanqueo de capitales, que está estrechamente vinculado con la delincuencia internacional. 
Ésta- particularmente en el caso de la delincuencia organizada- deja de ser rentable cuando ya no es posible blanquear el dinero. 
Por esto, esta Asamblea se propuso desde un primer momento combatir intensamente el blanqueo de capitales. 
Permítanme que les recuerde que en 1995- cuando actué por primera vez como ponente en relación con este tema -, en nuestro examen del informe de la Comisión sobre la aplicación de la primera Directiva contra el blanqueo de capitales, solicitamos que ésta elaborase una nueva propuesta de una segunda directiva contra el blanqueo de capitales porque la anterior era insuficiente y sólo establecía unos criterios mínimos. 
Un par de años después, volvimos a reiterar la petición en el informe del colega Newman; en aquella ocasión yo actué como ponente en la sombra en nombre de mi Grupo. 
Por lo tanto, agradecemos a la Comisión la puesta en marcha del presente procedimiento legislativo. 
Hemos procurado completar el procedimiento con la mayor rapidez posible, tal como también se pidió en la Cumbre de Tampere. 
Ello ha requirió un intenso esfuerzo por parte del Parlamento y sobre todo del ponente- o sea, yo mismo- con el fin de que la propuesta se pudiese aprobar ya tras su primera lectura, dentro del marco del procedimiento previsto en el Tratado de Amsterdam. 
Esto no fue posible debido a que el Consejo no logró llegar a un acuerdo sobre sus verdaderas aspiraciones hasta el verano del año pasado. 
Entonces dimos por cerrada, a instancias del Consejo, nuestra primera lectura y continuamos las negociaciones. 
Lamentablemente tampoco fue posible conciliar las posiciones del Parlamento y del Consejo antes de la adopción de la posición común del Consejo. 
A ello contribuyó de manera muy significativa el hecho de que los Ministros de Justicia y Asuntos Interiores no fuesen competentes para este tema en el Consejo, sino que la responsabilidad recayó lamentablemente en los Ministros de Finanzas, que no abordaron con la sensibilidad necesaria una serie de cuestiones esenciales. 
Como resultado, nos hemos visto obligados a volver a presentar en la segunda lectura 27 enmiendas de la primera. 
Esto se debe a que el Consejo prácticamente no ha tenido en cuenta los puntos de vista del Parlamento. 
En consecuencia, es un claro escarnio que el Consejo declare en su exposición de motivos que ha hecho suyos en sus aspectos esenciales los argumentos y las posiciones del Parlamento. 
¿Cuáles son los problemas centrales? 
El problema central no es la prohibición del blanqueo de capitales. 
En todos los Estados miembros existen desde hace muchos, muchísimos años leyes que prohiben el blanqueo de capitales de cualquier tipo, independientemente de que el culpable sea un abogado, un banquero o cualquier otra persona. 
Lo importante en este contexto es establecer las obligaciones de notificación. 
Es evidente que la inclusión de nuevos grupos profesionales en el campo de aplicación de las disposiciones sobre el blanqueo de capitales plantea en parte algún problema debido a que dichos colectivos profesionales están obligados a cumplir determinadas medidas. 
Así, por ejemplo, los abogados están obligados a guardar el secreto con respecto a los asuntos que les confían sus clientes. 
Este es un derecho fundamental de los clientes, consagrado también, entre otros textos, en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales que se acaba de proclamar en Niza. 
Por este motivo, yo sólo puedo decir que la decisión del Consejo de Ministros de Finanzas es exagerada y va muchísimo más allá de lo que exigen los derechos fundamentales. 
Por esto, la Comisión de Libertades Públicas estaba prácticamente obligada a proponer las correspondientes enmiendas al Pleno en la segunda lectura. 
También quiero señalar que las disposiciones del apartado 3 del artículo 6 se apoyan, en su versión actual, en una interpretación del fundamento jurídico que difiere muchísimo de las interpretaciones de las correspondientes delegaciones del Consejo, pero también de la Comisión, y requieren con urgencia una clarificación. 
Las obligaciones de identificación contenidas en la directiva, tal como se recogen actualmente en la posición común, son excesivamente burocráticas y de imposible aplicación. 
Por ejemplo, prevén complejas obligaciones de identificación incluso en el caso de conflictos jurídicos insignificantes, aunque el abogado y su cliente se encuentren a centenares de kilómetros de distancia. 
El Parlamento opina que el objetivo es impedir el blanqueo de capitales y para ello basta, naturalmente, con que la obligación de identificación se comience a aplicar a partir de un determinado valor límite y sólo cuando se desarrollen transacciones financieras. 
Un último punto es el tema de la igualdad de trato. 
Se da el caso de que la posición común trata de un modo totalmente distinto a las diferentes profesiones liberales, a pesar de que en algunos Estados miembros estos profesionales pueden trabajar asociados y resulta inconcebible que en una misma empresa, por decirlo así, se aplique la norma X a uno de los socios y al otro, la norma Y, más estricta. 
Esto no puede funcionar y, por lo tanto, es necesario introducir también alguna rectificación en este aspecto. 
El Parlamento Europeo continuará batallando para conseguir que la presente directiva se apruebe pronto. 
No obstante, esperamos que el Consejo muestre por fin una actitud cooperativa durante la conciliación y que no topemos con la obstrucción de los Ministros de Finanzas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, sabemos por las estimaciones de Europol que alrededor del 30% de todos los delitos son imputables a la delincuencia organizada. 
También sabemos que ésta ha llegado a generar entre tanto miles de millones de euros en sus diversos campos de actividad. 
Por ejemplo- siempre según datos procedentes de fuentes fidedignas -, sólo los transportistas clandestinos obtienen alrededor de 1,1 millardos de euros de su actividad, que consiste en conducir a inmigrantes ilegales a través de las fronteras, y en la Unión Europea se blanquean cada año alrededor de 51 millardos de euros procedentes del tráfico oriental de drogas. 
Todo este dinero- y esto es lo dramático- se incorpora, sin embargo, al circuito económico legal. 
Su introducción en el mismo perjudica a la economía legal y acaba minando todo nuestro sistema social. 
La delincuencia organizada utiliza para ello los instrumentos del blanqueo de capitales. 
Cuando los antiguos métodos dejaron de funcionar se adoptaron otros nuevos. 
En cada caso se aprovecharon y se utilizaron como cobertura nuevas ramas profesionales. 
Todo esto ha hecho necesario crear un nuevo instrumento, habida cuenta de las nuevas circunstancias, pues la antigua Directiva de 1991 ya no era operativa. 
Este es el origen de la propuesta de esta nueva directiva, cuyo catálogo de actividades previas ya no se limita al tráfico de drogas, sino que se amplía hasta abarcar todas las formas de delito organizado, y que naturalmente también contempla todos los sectores profesionales y económicos en los que existe el riesgo de implicación en el negocio del blanqueo de capitales. 
Sin embargo, cuando adoptemos esta nueva directiva no debemos perder de vista que el objetivo es luchar contra la delincuencia organizada y que los instrumentos que se creen se deben poder aplicar en la práctica. 
Por esto, yo apoyo decididamente el enfoque que ha adoptado el colega Lehne en el informe, pues se ajusta exactamente a este objetivo, contrariamente a lo que ha hecho en parte el Consejo, que ha descuidado algunos de estos aspectos y, en cualquier caso, parece haber perdido de vista la viabilidad práctica. 
La propuesta del colega Lehne- como él mismo ha recordado- no pone trabas al ciudadano normal cuando adquiera una vivienda en cualquier lugar, sino que se señala específicamente que sólo será necesario solicitar la identificación cuando se ejecute una transacción. 
Se concentra en las transacciones de una magnitud significativa en el ámbito del blanqueo de capitales y no afecta a los ciudadanos de a pie que acudan a un banco en cualquier lugar. 
Incluye todos los ámbitos profesionales a través de los cuales se contratan servicios bancarios y otros parecidos. 
Es decir, que presenta una propuesta viable en la práctica. 
Yo espero, por lo tanto, que reciba un amplio y pleno respaldo del Parlamento, ya que permite crear un instrumento eficaz para combatir la delincuencia organizada. 
Señor Presidente, el blanqueo de capitales encubre el origen del dinero obtenido por medios delictivos para presentarlo como un ingreso de una empresa legal. 
Quien consiga dificultar, obstaculizar o controlar el blanqueo de capitales- en esto coincido con el orador que me ha precedido- habrá dado en el meollo de la actividad lucrativa de la delincuencia organizada. 
La Comunidad Europea adoptó muy pronto una Directiva contra el blanqueo de capitales, como resultado de la cual se adoptaron leyes en los Estados miembros que hasta entonces no contaban con la correspondiente legislación. 
En su momento fue una buena norma, que ahora es preciso renovar, como sucede con todas las construcciones antiguas, pues la inteligencia criminal destaca por su inventiva. 
Si se adopta la directiva en los términos en que la han formulado el Sr. Lehne y la comisión competente, la Unión Europea contará con la ley más moderna, más adecuada y más rigurosa del mundo contra el blanqueo de capitales. 
Su aprobación sólo plantea, de hecho, dos problemas. 
El primero es una cierta indecisión de la Asamblea en cuanto al tratamiento que se debe otorgar a la relación particular que se establece entre un abogado y su cliente, por ejemplo, toda vez que se pide que la identificación sea obligatoria cuando exista la sospecha de blanqueo de capitales. 
La propuesta que han elaborado sobre esta base el Sr. Lehne y la comisión es adecuada. 
Es una propuesta sencilla y de fácil aplicación. 
Básicamente se reduce a lo siguiente: la relación de confianza entre el cliente y su abogado seguirá estando protegida cuando éste realice una labor de asesoramiento jurídico. 
Cuando participe de la manera que sea en una transferencia de dinero- sea una compra, una inversión o cualquier otra -, ya no estará amparado por dicha protección y quedará plenamente sujeto a la obligación de comunicar la información obtenida. 
La relación de confianza queda así protegida, a la vez que también se satisfacen las exigencias de la lucha contra el delito. 
El segundo problema lo plantea el Consejo y por el momento no tiene solución. 
El Consejo no ha aceptado algunas propuestas fundamentales. 
El motivo podría ser- como ha señalado el colega Lehne- que en este caso sea competente el Consejo de Ministros de Finanzas, que por un lado están poco familiarizados con el procedimiento de codecisión y, por el otro lado, carecen por completo de experiencia en la lucha contra la delincuencia. 
Por lo tanto, al Parlamento no le queda otro camino que mantener las enmiendas de la primera lectura. 
Tendremos que entrar en un procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, temo que voy a romper el consenso existente hasta ahora. 
El ponente ha laborado denodadamente, por lo que lamento particularmente tener que decir que mi Grupo Liberal no puede apoyar la mayoría de sus enmiendas. 
Ya es hora de que la retórica sobre la lucha contra el blanqueo de capitales vaya acompañada de acciones contundentes. 
Como representante de Londres, incluida la City, apoyo, naturalmente, la liberalización de los servicios financieros. 
Sin embargo, no se debe aprovechar la libre circulación de capitales para fines indeseables. 
El dinero delictivo podría dar mala fama a la liberalización. 
Eso significa que interesa a las entidades financieras hacer que las salvaguardias funcionen, pero también a otros profesionales, tales como contables y abogados, que son vulnerables y pueden ser utilizados como conductos involuntarios de dinero sucio. 
El propio Parlamento Europeo ha hecho un firme llamamiento en pro de la ampliación de una directiva vigente desde hace diez años para que recoja las actividades y profesiones no financieras. 
Como se han reforzado las defensas de los bancos contra el blanqueo de capitales, los delincuentes han buscado formas nuevas de ocultar su dinero. 
Así, pues, es razonable pedir que otros profesionales identifiquen a sus clientes adecuadamente e informen de las transacciones sospechosas sin reducir demasiado el alcance de las actividades pertinentes. 
Así, pues, no podemos seguir al Sr. Lehne en sus enmiendas sobre los contables y los auditores. 
Pasando a los abogados, reciben acertadamente un trato especial. 
Las obligaciones que impone la directiva sólo les serían aplicables en relación con ciertas actividades financieras y de derecho mercantil y mi Grupo considera que las salvaguardias para la relación abogado-cliente, absolutamente decisiva, que figuran en la posición común del Consejo son adecuadas. 
Las presiones de las organizaciones de abogados contra esta posición común han sido un poco exageradas. 
Así, pues, en el Grupo ELDR no vamos a apoyar las enmiendas Lehne, porque estamos muy interesados en no debilitar las normas. 
Algunas de las enmiendas del Sr. Lehne son totalmente acertadas y vamos a apoyarlas, pero no- me temo- la mayoría. 
Señor Presidente, Señorías, de la primera a la segunda lectura ha habido una evolución clara del Consejo, aún no suficiente. 
Si el Parlamento Europeo se mantiene firme en lo esencial, el Consejo acabará- creo yo- evolucionando en lo demás. 
Es inaceptable la violación, que persiste, de la esfera del secreto profesional de abogados y otras profesiones equiparables, sigilo que es intocable para las autoridades. 
Por otro lado, el Consejo, inmovilizado por esa obsesión por penetrar en la esfera reservada del sigilo profesional, sigue alejándose del que debe ser el eje fundamental de la revisión de la directiva, la lucha prioritaria contra la delincuencia organizada internacional, a la que no se concede todo el relieve debido. 
El sigilo profesional de los abogados y otros equiparables no es una cuestión menor, es una cuestión fundamental de cultura y civilización. 
Es absolutamente intolerable en un Estado de derecho digno de ese nombre que se transforme al abogado en delator por fuerza de ley. 
Sorprende que el Consejo, estando en juego tantos derechos fundamentales, tergiverse en esta cuestión y se permita menoscabar una garantía básica de los ciudadanos. 
La nueva propuesta no es tan mala como antes, pero no basta. 
El secreto profesional es intocable no sólo con vistas a los procesos sub judice, sino también en la consulta jurídica. 
No hay en ello privilegio alguno de los abogados, que pueden y deben ser perseguidos cuando lleven a cabo- ellos, directamente- actividades criminales o sospechosas. 
Lo que no puede ser es que se persiga a los abogados porque determinados clientes recurran a ellos y mucho menos se los transforme en perseguidores de sus clientes. 
Por lo demás, en la propuesta figuran otras pequeñas trampas, como la de dejar la puerta abierta para que los Estados miembros amplíen a otras esferas la delación de los abogados, lo que vuelve el texto del Consejo particularmente peligroso y perverso. 
Lo que la directiva tiene que hacer es garantizar la defensa del sigilo profesional, que no es una garantía de los abogados, sino de la sociedad, del Estado de derecho y de los ciudadanos. 
Y tiene que separar lo que es la abogacía en sentido propio, incluida la consulta jurídica, de otros actos en los que el abogado puede actuar, pero no se trata de una intervención de abogacía en sentido propio. 
En aquello el sigilo es intocable, en esto el abogado puede ser perseguido, como cualquier otro ciudadano, cuando prevarique. 
Señor Presidente, Señorías, los representantes de las profesiones liberales- asesores fiscales, abogados y notarios- son conscientes de la amenaza que representa el blanqueo de capitales para la estabilidad social, financiera y económica de los Estados y condenan a cualquier colega de profesión que participe a sabiendas en las actividades criminales de sus clientes. 
Sin embargo, todos se manifiestan en contra de la propuesta del Consejo y acogen con satisfacción la del Parlamento. 
Nuestra tarea- me refiere ahora a los asesores fiscales, entre los que también me incluyo- no es, en efecto, espiar a nuestros clientes y denunciarles llegado el caso, sino por el contrario ofrecerles un asesoramiento jurídico imparcial y evitar de este modo, a través de la información preventiva, que emprendan actividades criminales. 
Si se adopta la propuesta del Consejo, se nos impedirá ejercer, sin embargo, esta función informativa y los clientes temerán en el futuro que podamos denunciarles a resultas de una entrevista confidencial. 
El derecho de los ciudadanos a recibir asesoramiento confidencial forma parte de los principios básicos de los Estados de Derecho y se debe seguir manteniendo intacto. 
Señor Presidente, señor Comisario, la propuesta de directiva del Sr. Lehne es realmente notable y bien articulada, sin embargo, quisiera llamar la atención sobre tres puntos del mismo: la extensión de los delitos relacionados con el blanqueo, la identificación a distancia de los clientes, la confidencialidad de las informaciones recibidas. 
En cuanto al primer punto, el documento común propone un texto que define la delincuencia organizada extendiendo a los delitos relacionados con la misma la definición de los delitos subyacentes al blanqueo de capitales. 
Dicha extensión es, sin duda, aceptable. 
Por el contrario, no se puede aceptar la sucesiva extensión a otros delitos- fraude y corrupción, por lo menos en los casos más graves- puesto que la existencia de la gravedad queda aclarada en tanto que dichos delitos afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, cuando, por lo tanto, estén contemplados en la letra e) del artículo 1 y en el segundo Protocolo del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea. 
La determinación de la gravedad se hace acudiendo a una referencia no especialmente clara. 
Segundo punto: en el texto se vuelve a proponer un procedimiento de identificación a distancia de los clientes, después de que la previsión de un procedimiento específico complejo y difícilmente aplicable había sido oportunamente suprimida en el texto de la anterior posición común. 
La nueva formulación parece excesiva, mientras que debería corresponder a cada uno de los Estados la emanación de normas pertinentes a las diferentes prácticas habituales. 
Con respecto a este punto, lo que despierta preocupación es la posible emanación de normas europeas específicas y obligatorias, relacionadas con la aplicación de procedimientos rígidos y de difícil aplicación. 
Tercer punto: confidencialidad de las informaciones recibidas. 
Con demasiada frecuencia las informaciones sobre operaciones sospechosas no son objeto de la confidencialidad suficiente, con un evidente peligro para quien las facilita. 
Por lo tanto, sería necesaria la emanación de normas estrictas sobre la confidencialidad de las informaciones sobre operaciones sospechosas. 
A este propósito, se debe limitar la excesiva transmisión de informaciones con fines cognoscitivos, por ejemplo, en los bancos, a los órganos intermedios, en las categorías profesionales, a los representantes de los Colegios profesionales. 
Señor Presidente, éste es un informe muy importante y aborda un asunto difícil. 
Pese a los excelentes esfuerzos del ponente, habrá quienes intenten sortearlo y procuren continuar de todas las formas posibles sus sucias transacciones. 
La baronesa Ludford se ha referido con toda razón a los efectos de ello en la City de Londres y en la profesión de la abogacía. 
Es abogada de profesión y tal vez debería haber declarado un interés. 
Ha de saber que todas esas profesiones y las conexas con ellas- contables y auditores- buscarán cualquier posibilidad de ayudar a sus clientes. Dichos clientes pueden estar participando en toda clase de transacciones dudosas. 
Deben quedar comprendidos. 
Sólo mediante medidas concertadas de todas esas partes interesadas internacionalmente podremos afrontar la industria del blanqueo de capitales. 
Me gustaría abordar también la cuestión de los préstamos, pero ésa es otra cuestión. 
Los bancos británicos han ejercido intensas presiones sobre mí en relación con la enmienda nº 17, que no les gusta, porque intenta impedir que personas a las que no conozcan paguen con grandes cantidades de dinero en efectivo. 
Ése es el tipo de cosas que debemos abordar para poner coto adecuadamente al blanqueo de capitales. 
Si afecta a la banca en la red Internet, como dicen, ha de haber otras formas como pueden verificar las credenciales de las personas que soliciten la apertura de cuentas. 
El blanqueo de capitales está vinculado con la delincuencia organizada. 
Lo sabemos. 
Está vinculado con el tráfico de drogas, el terrorismo y la falsificación de billetes de banco. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Sörensen. 
Quienes están formulando el europlan para que haya un billete de 500 euros: aproximadamente, 300 libras esterlinas, más de diez veces el valor nominal del billete más importante de uso común en Gran Bretaña. 
Tenemos un billete de 50 libras esterlinas, que equivale a unos 80 euros, pero es muy poco común. 
De modo que, si yo fuera un falsificador, comenzaría falsificando billetes de 500 euros y haría mi agosto durante los próximos meses hasta que la gente sepa a qué atenerse. 
Hay lagunas en el sistema. 
Debemos hacer todo lo posible para colmarlas. 
Señor Presidente, en las normas corporativas de los abogados de la Comunidad Europea figura: " Pertenece a la esencia de la profesión de abogado que su mandante le confíe secretos y que obtenga otras informaciones confidenciales. 
Si no se garantiza la confidencialidad, no puede surgir confianza. 
Por este motivo, el secreto profesional es al mismo tiempo un derecho y una obligación fundamental del abogado ". 
Esta obligación fundamental, que es y tiene que ser aplicable de modo análogo a todos los pertenecientes a las profesiones jurídicas, es al mismo tiempo un derecho fundamental de cada persona que necesita un asesoramiento, es decir, potencialmente, cualquier persona. 
No vamos a apoyar otro desmontaje de los derechos fundamentales aunque se justifique con la aparente necesidad de actuar contra el crimen organizado. 
Por ello, coincidimos con la colega Lehne y vamos a votar a favor de la enmienda. 
Señor Presidente, este asunto reclama- y con razón- mucha atención tanto en este Parlamento como en otros sitios. 
Quisiera asegurar a los diputados a este Parlamento que estas sesiones despiertan mucho interés en instituciones de fuera del Parlamento dedicadas a la lucha contra el blanqueo de dinero. 
Tal vez los propios blanqueadores de capitales estén siguiendo también estas sesiones con mucho interés, pues sería un feliz resultado de nuestra actuación para hacerles la vida más difícil. 
Aparte de eso, quisiera ante todo agradecer al ponente, Sr. Lehne, y también a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior sus continuas gestiones para lograr una rápida aprobación de esta importante, pero muy delicada, propuesta. 
La lucha contra el blanqueo de capitales, como han subrayado varios diputados al Parlamento, es una de las principales prioridades políticas y ahora forma parte íntegra de la campaña contra la delincuencia grave y organizada. 
Está aumentando la presión internacional a terceros países y a los centros financieros extraterritoriales considerados insuficientemente cooperativos a ese respecto. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea, que siempre ha estado en primera fila de la lucha internacional contra el dinero delictivo, debe seguir indicando el camino y desarrollando y perfeccionando sus defensas internas contra el blanqueo de capitales. 
Ésa era la lógica en que se basaban los claros llamamientos de este Parlamento y los Estados miembros en pro de una propuesta encaminada a actualizar y ampliar la directiva contra el blanqueo de capitales de 1991. 
La Comisión considera que la posición común aprobada unánimemente el pasado noviembre representa una transacción razonable sobre la cuestión de la actividad delictiva abarcada- el asunto de los denominados delitos subyacentes- y también sobre las salvaguardias para incluir la profesión, en particular la de la abogacía, en el ámbito de aplicación de la directiva. 
En respuesta a las preocupaciones del Parlamento sobre los casos en que el abogado defienda o represente a un cliente en un proceso o ayudando al cliente a determinar su situación legal, quisiera subrayar que en modo alguno existe obligación alguna de informar sobre sospechas de blanqueo de capitales. 
Me parece que los derechos humanos fundamentales mencionados están protegidos. No entrarán en juego cuando se haga realidad esta propuesta. 
Convengo con la baronesa Ludford en que la propuesta es a ese respecto una buena transacción entre la protección de los derechos fundamentales cuando los abogados defienden a sus clientes en los tribunales o ayudan a los clientes a determinar su situación legal, por una parte, pero no cuando participan en preparativos encaminados a facilitar una actividad comprendida en esta directiva. 
También quisiera recordar que nuestra labor es objeto de considerable atención internacional: por ejemplo, en el G7 o en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
La comunidad internacional está pendiente de la Unión Europea con vistas a encontrar soluciones para esas difíciles cuestiones. 
Ahora quisiera pasar a ocuparme de las enmiendas particulares que figuran en el proyecto de recomendación para la segunda lectura. 
Las enmiendas núms. 1 y 10 versan sobre los delitos subyacentes y constituirían un importante retroceso respecto de la posición común. 
Se ha adoptado la decisión de pasar gradualmente a incluir todos los delitos graves. 
Tras haberlo acordado, la Comisión no puede aceptar estas enmiendas. Las núms. 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 y 22 versan esencialmente sobre la posición relativa a las profesiones. 
Lamentablemente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas en su redacción actual. 
En su opinión, la abogacía constituye un caso especial y requiere un trato especial. 
Así, pues, la Comisión no acepta el principio de conceder a todas las profesiones el mismo trato que el previsto para los abogados y los notarios, lo que tiene relación, por ejemplo, con las actividades que hacen que las profesiones entren dentro del ámbito de aplicación de esta directiva. 
La Comisión es reacia también a considerar la opción de un Estado miembro de permitir a todas las profesiones la posibilidad de comunicar sus sospechas a un órgano profesional, pero respalda firmemente esa posibilidad en el caso de las profesiones jurídicas. 
Sobre la difícil cuestión del asesoramiento, la Comisión sigue creyendo que el asesoramiento empresarial y en materia de inversiones financieras debe quedar incluido en el ámbito de aplicación de la directiva, siempre y cuando no esté relacionado con procesos judiciales en curso o potenciales o con el deseo del cliente de determinar su posición con arreglo a la ley. 
Naturalmente, la Comisión reconoce que no siempre será fácil hacer esa distinción. 
No obstante, insiste también en este aspecto. 
Pregunto a sus Señorías qué pensarían si un abogado sospechara que su cliente estaba preparando una actividad de blanqueo de capitales. 
¿Qué pensarían sus Señorías si dicho abogado decidiera no comunicar sus sospechas, por ejemplo, al Consejo General de la Abogacía de su país? 
Eso nada tiene que ver con los derechos humanos; tiene todo que ver con una campaña eficiente de lucha contra las actividades de blanqueo de capitales, que es un asunto grave. 
Quisiera que sus Señorías lo tuvieran presente. 
Las enmiendas núms. 7 y 11 versan sobre el papel de las autoridades competentes. 
La Comisión cree que el texto de la posición común es claro y satisfactorio, por lo que no puedo aceptar esas dos enmiendas. 
La enmienda nº 9 ampliaría la definición de las entidades financieras para que incluyese ciertas autoridades de control del mercado. 
La Comisión no cree que esa inclusión sea apropiada. 
La enmienda nº 14 cambiaría la inclusión de las actividades no financieras de un modo que resulta inaceptable para la Comisión. 
Las enmiendas núms. 15 y 16 versan sobre la identificación de los clientes. 
Esta tarde se han hecho algunas observaciones en el sentido de que la identificación de los clientes podría ser demasiado complicada y burocrática. 
Quisiera leer en voz alta el artículo 3 de la propuesta, en el que se dice lo siguiente: "Los Estados miembros velarán por que las entidades, las instituciones y las personas sujetas a lo dispuesto en esta directiva exijan la identificación de sus clientes, mediante un documento acreditativo, en el momento de entablar relaciones de negocios". 
No se refiere a un cliente que llame para solicitar un prospecto o algo similar: se refiere a que se entablen relaciones de negocios. 
¿Puede imaginar alguno de sus Señorías que un banco o alguna otra entidad financiera entable relaciones de negocios sin verificar la identidad de su cliente? 
Yo, no. 
Si yo entablara relaciones de negocios, desearía asegurarme totalmente de con quién estaba tratando, dónde vivía, su nacionalidad y demás. 
No veo por qué ha de ser eso demasiado burocrático o complicado. 
Así, pues, la Comisión cree que la posición común a ese respecto ofrece el necesario margen de flexibilidad. 
Las enmiendas núms. 17 y 28- la última de las cuales nos ha llegado hoy- versan sobre la identificación en los casos en que no haya contacto personal. 
La Comisión teme que la enmienda nº 17 volviera el texto demasiado inflexible con posibles repercusiones negativas para el comercio electrónico. 
La enmienda nº 28 conserva la flexibilidad deseada por la Comisión, pero la redacción precisa sigue planteando algunos problemas. 
Así, pues, la enmienda, tal como se ha presentado ahora, es, lamentablemente, inaceptable. 
La enmienda nº 18 pretende modificar las exenciones a la identificación de los clientes en el caso de ciertos contratos de seguros. 
En opinión de la Comisión, antes de que se pudieran revisar esas cantidades, sería necesario un examen técnico detallado de esa cuestión. 
Las enmiendas núms. 19 y 20 versan sobre los requisitos para la identificación de los clientes de casinos. 
La Comisión considera que esas enmiendas no mejoran la posición común. 
En opinión de la Comisión, las enmiendas núms. 21 y 24 violan la norma básica contra el blanqueo de capitales de que no se debe avisar al cliente sobre el que se haga un informe. 
La Comisión no podría aceptar esa violación. 
Las enmiendas núms. 23 y 25 modifican las disposiciones de la Directiva de 1991 relativa a la información sobre transacciones sospechosas, que no han planteado problema alguno en el pasado y, en opinión de la Comisión, no es necesario cambiar. 
Por último, las enmiendas núms. 26 y 27 se refieren a la OLAF. 
Al suprimir toda referencia a la OLAF en la posición común el Consejo pidió a la Comisión que hiciera una propuesta conforme al artículo 280. 
La Comisión está preparándola actualmente. Así, pues, dichas enmiendas son, en opinión de la Comisión, innecesarias. 
-Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Programas comunitarios/Red judicial 
Señor Presidente, me voy a esforzar. 
Se trata de la propuesta de decisión del Consejo para cuatro programas que se ocupan de la cooperación y el intercambio en el campo de la justicia y en asuntos penales. 
Voy a citar de nuevo muy brevemente los programas: GROTIUS- aquí se trata de la cooperación de pertenecientes a profesiones judiciales. Se dispone de 8,8 millones de euros. 
En el caso de OISIN se trata de la cooperación de las autoridades encargadas de perseguir los delitos. Aquí se dispone de 8 millones de euros. 
En el caso de STOP se trata de la coordinación de las medidas contra la trata de personas y la explotación sexual de niños. Se dispone de 6,5 millones de euros. 
HIPOCRATES es un nuevo programa que se ocupa sobre todo de la formación inicial y continuada en la prevención de los delitos y se le quiere dotar con 2 millones de euros. 
Es oportuna la inclusión de HIPOCRATES ya que aspectos esenciales del programa, como el período de vigencia, el acceso y la regulación de la financiación, coinciden con las propuestas de los otros programas. 
La Comisión ha propuesto una prórroga de los programas plurianuales GROTIUS, OISIN y STOP en otros dos años. 
Se debe apoyar la prosecución de los programas ya que han demostrado ser adecuados- aunque no participen todos los Estados miembros- para una cooperación efectiva en el marco de la lucha contra la delincuencia y su prevención, contribuyendo de este modo también a la realización de las conclusiones de Tampere. 
Los informes de ejecución de la Comisión confirman que se han alcanzado los objetivos de los programas. 
Sin embargo, un estudio externo ha revelado aún algunos puntos flacos en la ejecución de los tres programas, por ejemplo, en lo que se refiere a la gestión y difusión de los resultados de los proyectos. 
También es cuestionable si la reducción del límite de cofinanciación del 80 al 70% moviliza realmente mejor a los titulares de los proyectos. 
Estoy a favor de una inclusión lo más temprana posible de los países candidatos en estos programas pues sencillamente la reestructuración de la policía y de la justicia en estos Estados deja mucho que desear. Deseo que dicha inclusión tenga lugar lo antes posible. 
La única diferencia auténtica que ha existido por mi parte respecto a la propuesta de la Comisión es el marco temporal. 
Habría deseado que ya en este momento se hubiese presentado un único programa marco. 
Estoy convencida de que habría sido posible si la Comisión se hubiese comprometido algo más. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores habría deseado un programa más amplio y ambicioso por parte de la Comisión. 
Los siguientes motivos se oponen a que se traten por separado diversos programas de financiación. La asignación de un proyecto a un programa de financiación concreto se dificulta cuando un proyecto se refiere a un tema general, por ejemplo, a la Carta de los Derechos Fundamentales, o afecta al mismo tiempo a varios temas o bien cuando incluye también al mismo tiempo a países miembros y países candidatos a la adhesión. 
La multiplicación de programas individuales aumenta la probabilidad de que se produzcan conflictos en los objetivos, dificulta la evaluación financiera así como la comprobación de la coherencia de los diversos programas con los objetivos generales de la Unión. 
El Parlamento tiene mayores dificultades para seguirlos. 
El hecho de que se financien preferentemente proyectos de terceros plantea la pregunta de si las instituciones no tienen prioridades propias que precisen de una financiación. 
Por ejemplo, pienso en los solicitantes de asilo, en las víctimas de actos delictivos o en proyectos para la mejora de las infraestructuras. 
Además, se propone un presupuesto aparte para proyectos piloto. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores propone en consecuencia al Pleno que apoye las propuestas de la Comisión pero al mismo tiempo exigimos a ésta que presente a tiempo, antes que finalice el año 2001, una propuesta para la consolidación de todas las iniciativas que persigan la creación de un espacio de libertad, seguridad y del derecho y que afecten al Título VI del Tratado de la Unión Europea y al Título IV del Tratado sobre la fundación de la Comunidad Europea, para fortalecer así los derechos generales y fundamentales de los ciudadanos. 
Esto es lo que quería decir sobre este tema. 
Me voy a referir ahora a la red judicial europea para asuntos civiles y mercantiles. 
Ya en 1998 se acordó la creación de una red judicial para asuntos penales. 
Esta opera mediante centros de contacto nacionales que asesoran a las autoridades locales. 
Tras unas dificultades iniciales, que eran sobre todo de naturaleza técnica y lingüística, la red contribuye actualmente de modo decisivo a la simplificación de las diligencias penales en las zonas transfronterizas. 
La propuesta de la Comisión prevé ampliar el método de la cooperación de los centros de contacto nacionales al derecho civil y mercantil. 
Creo que se trata de una medida que ya era necesaria hace mucho tiempo. 
Saludo el proyecto como una posibilidad de simplificar la cooperación de la justicia entre los Estados miembros y, en especial, de facilitar la tramitación de procedimientos judiciales transfronterizos. 
Las actividades de la red repercutirán a la postre en beneficio de los ciudadanos y la mejora de la cooperación judicial es solamente un objetivo intermedio para crear al final para el ciudadano un espacio del derecho. 
Por ello, en las enmiendas de la comisión se especifica que los ciudadanos deben poderse dirigir en cualquier Estado miembro a los tribunales y autoridades con la misma facilidad que en su propio Estado. 
De este modo, se recoge en la propuesta el objetivo marcado por el Consejo Europeo en Tampere. 
El objetivo básico es garantizar un acceso eficaz al derecho así como una tramitación rápida y fiable de los procedimientos. 
Me puedo imaginar que esta red puede ser también un instrumento auxiliar para la aplicación del Convenio Bruselas II. 
Para aprender de las experiencias de la red judicial ya existente en asuntos penales, la nueva red debe trabajar estrechamente con los centros de contacto de la red judicial en dichos asuntos. 
Parece también evidente que el sistema electrónico de intercambio seguro de informaciones que se debe crear se base en el programa ya existente de intercambio electrónico de datos para la administración. 
Aquí subrayo también la inclusión lo más temprana posible de los países candidatos. 
La creación de un fichero electrónico central de asuntos jurídicos de la Unión Europea y de un banco de datos con un registro de sentencias sería de un valor inapreciable para los tribunales y las personas interesadas. 
Ya se ha presentado una propuesta al respecto elaborada hasta los últimos detalles. 
Expreso mi agradecimiento por las enmiendas de la Sra. Wallis que han contribuido a la precisión del texto así como por el apoyo a mis enmiendas en la comisión. 
No puedo apoyar la enmienda nº 8 relativa a la limitación del número de participantes, en lo que coincido con la Comisión. 
Nadie me ha podido convencer de la enmienda nº 13 relativa a un proyecto piloto dentro de esta red. 
Señor Presidente, hablo en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior concretamente sobre la propuesta de red judicial europea. 
Hoy en esta Asamblea celebramos el debate anual sobre el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. 
Curiosamente, no se ha mencionado esta cuestión del acceso de nuestros ciudadanos a la justicia en asuntos civiles y comerciales. 
Es muy extraño en un mercado interno en el que animamos activamente a nuestros ciudadanos y empresas a que viajen y hagan transacciones comerciales transfronterizas. 
Así, pues, tenemos el gran deber de facilitar el acceso a la justicia cuando haya problemas. 
En la propuesta se declara que su objetivo es el de crear un espacio judicial europeo que rinda beneficios tangibles a todos los ciudadanos. 
Espero que no desilusione. 
Es una propuesta en dos niveles. 
En primer lugar, una red de autoridades y personal judiciales para acelerar los procedimientos transfronterizos en asuntos civiles y comerciales. 
Pero el segundo nivel es el que me interesa: facilitar información a nuestros ciudadanos sobre litigios transfronterizos. 
Son difíciles y no se deben emprender sin asesoramiento jurídico especializado y competente. 
Nuestros ciudadanos se están encontrando cada vez más con complejos problemas transfronterizos: accidentes de tráfico, adquisición de propiedad inmobiliaria o multipropiedad, problemas reales que afrontan nuestros ciudadanos. 
Mientras preparamos vías de recurso extrajudiciales, debemos velar también por que las vías de recurso judiciales estén accesibles. 
Ésa es la razón por la que mi Grupo va a apoyar la enmienda apoyada por la Comisión de Asuntos Jurídicos para lograr un programa experimental de acceso al asesoramiento jurídico especializado. 
Debe ser fundamental para esta red: una cosa es una red de personal judicial, pero una red que facilite el acceso transfronterizo a la justicia sería la forma mejor de reconocer los avances hacia un espacio real de justicia en Europa para nuestros ciudadanos y sobre todo en este día del debate anual sobre este asunto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ya se ha dicho, con esta iniciativa estamos ampliando a las esferas civil y comercial la experiencia que hemos venido acumulando mediante la red judicial en materia penal. 
Hemos insistido sobre todo en la importancia de la cooperación y del intercambio de información entre las autoridades judiciales de los Estados miembros en el ámbito del objetivo de la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
El informe de la Sra. Kessler, a la que aprovecho para felicitar por la calidad de su trabajo, merece nuestro apoyo, tanto más cuanto que figuran en él propuestas acertadas, en particular en la cooperación entre esta nueva red y la ya existente en materia penal, en la participación de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, en la deseable y necesaria transparencia en el funcionamiento de la red, pero sobre todo en la mejora de la información a los ciudadanos. 
Conviene tener presente que el objetivo final es el de velar por que los ciudadanos europeos puedan recurrir a los tribunales y a las autoridades de cualquier Estado miembro tan fácilmente como lo harían en su propio país. 
Y para ese objetivo es importante también que exista un sistema de información destinada al público, a informar a los ciudadanos sobre sus derechos. 
Creemos que a este respecto hay un déficit de información, de aclaración. 
Y también por eso acogemos con satisfacción las nuevas competencias del Comisario António Vitorino como encargado de la concepción de mejores estrategias de comunicación e información en la Comisión. 
Espero que las cualidades de que siempre ha dado muestras permita en este espinoso y delicado asunto aportar mejoras cuya urgencia y necesidad son evidentes para todos nosotros. 
Por último, una palabra sobre los programas que también están en debate: respecto de su importancia, estamos todos de acuerdo y concordamos también con la propuesta de la ponente, quien sostiene que tendría sentido fundir los diversos programas en un único programa-marco; la dispersión no brinda ventajas y creo que así podríamos ganar en sinergias y en claridad. 
Y sobre este asunto nos gustaría también oír la opinión del Comisario António Vitorino. 
Presidente, colegas, en primer lugar, deseo felicitar a la señora Kessler por sus dos informes. 
Quisiera citar algunos fragmentos de una entrevista aparecida recientemente en una revista de los Países Bajos. 
La delincuencia internacional organizada tiene más éxito, es más potente y resulta más peligrosa que nunca. 
Entre tanto, la justicia está perdiendo en todo el mundo el control sobre las grandes redes delictivas transnacionales. 
Mientras que los traficantes de drogas, de personas y de armas aprovechan todas las ventajas de la globalización, la justicia permanece atrapada sin esperanza tras sus propias fronteras nacionales. 
Este siglo se va a convertir en el siglo de oro de la delincuencia internacional. 
Los actuales sindicatos internacionales del crimen constituyen auténticas corporaciones empresariales globales. Hacen lo que han aprendido en la Escuela de Empresariales de Harvard y lo que se supone que deben hacer las empresas que operan en todo el mundo. 
Adoptar planteamientos internacionales, constituir empresas de riesgo compartido y establecer alianzas estratégicas. 
La Unión Europea, Europa, se convertirá en un gigantesco Disneyland para la delincuencia organizada. Por este motivo, resulta tan importante elaborar rápidamente una red judicial europea. 
No sólo para cuestiones criminales, sino también para cuestiones civiles y mercantiles. Es tan urgente como necesario que Europa se organice profesionalmente sobre todo en lo que respecta a cuestiones judiciales. 
Quizás debiéramos seguir el ejemplo que nos brinda la delincuencia organizada. 
Nuestro Grupo respalda los dos informes presentados por la Sra. Kessler. 
Señor Presidente, ante todo deseo agradecer al presidente y a los miembros de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores así como a su ponente, la Sra. Kessler, por el apoyo a las propuestas de la Comisión así como por sus indicaciones en lo relativo a la estrategia de reorganización de los programas, que por otra parte se manifestó en la exposición de motivos de las propuestas que presentó la propia Comisión. 
En efecto, la intención de la Comisión es continuar durante dos años la acción de los programas existentes y lanzar al mismo tiempo HIPPOKRATES por el mismo período, esencialmente con la finalidad de no interrumpir las fuentes de financiación y evitar la discontinuidad en su acción, lo que sólo podría debilitar los proyectos y los objetivos fijados. 
La situación de hecho es que estos programas se han terminado en 2000. 
Es imperativo renovarlos a la mayor brevedad posible. 
En lo relativo al nuevo programa HIPPOKRATES sobre la prevención de la criminalidad, que es uno de los aspectos más importantes en la lucha contra el crimen, toma su nombre del famoso médico griego, para el que más valía prevenir que remediar, y se basa en las experiencias adquiridas por la Comisión en otros programas del título VI. 
Alinear los fundamentos jurídicos y los modos de gestión del nuevo programa HIPPOKRATES a los demás permitirá, estoy seguro de ello, una simplificación de la gestión y la utilización de fórmulas de financiación bien probadas por cinco años de experiencia sobre el terreno. 
En el proyecto de informe de la Sra. Kessler, la vía de la fusión de los diferentes programas está claramente indicada en el marco de un largo plazo que, de hecho, coincide con el deseado por la Comisión. 
Por otra parte, este método le permitirá proceder de aquí hasta entonces a una racionalización de la gestión e integrar los programas en un marco de conjunto correspondiente al espacio de libertad, seguridad y justicia deseado por los Tratados, por el plan de acción de Viena y por las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. 
Por tanto, el objetivo de la Comisión está dirigido a la integración en bloques coherentes de todos los programas y eventualmente podrá dar lugar a la presentación de los programas marco bajo el título VI del Tratado sobre la Unión Europea y bajo el título IV del Tratado que instituye la Comunidad Europea, y otro más en el marco del asilo y la inmigración que, a mi juicio, merece sin duda alguna un trato diferenciado en relación con los demás objetivos. 
Esta estrategia de fusión de los programas reforzará, estoy seguro de ello, la eficacia de la gestión y la transparencia y también permitirá mejorar la información del Parlamento Europeo sobre la evolución posterior. 
Por tanto, la Comisión se encuentra totalmente en sintonía con el Parlamento Europeo y no puedo sino alegrarme de ello, pero nuestra preocupación es, evidentemente, preparar correctamente esta coordinación. 
Por ello, la Comisión va a continuar la reflexión ya iniciada y aprovechará este tiempo para poner de relieve los elementos esenciales. 
Presentaremos las propuestas de consolidación de los programas según las líneas indicadas por el informe de la Sra. Kessler de aquí hasta finales del año 2001. 
Contamos con el diálogo constructivo y el apoyo del Parlamento Europeo para sacar adelante esta operación. 
Me refiero ahora a la propuesta de la Comisión de una decisión del Consejo relativa a la creación de una red judicial europea en materia civil y comercial. 
Como ustedes saben, en el artículo 2 del Tratado sobre la Unión Europea, ésta se da como objetivo mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
El plan de acción de Viena y las conclusiones del Consejo de Tampere reconocieron que el ciudadano sólo podía gozar de la libertad en un verdadero espacio de justicia en donde cada uno pueda dirigirse a los tribunales y a las autoridades de todos los Estados miembros con la misma facilidad con que lo haría en su propio país. 
Por lo demás, en una enmienda ustedes proponen, con toda razón, precisarlo en el texto de la decisión que hoy nos ocupa. 
Viena y Tampere han sido muy precisos en lo relativo al ámbito que nos ocupa pidiéndonos estudiar la posibilidad de ampliar al ámbito civil el principio de una red judicial y crear un sistema de información de fácil acceso para los ciudadanos y mantenido por una red integrada por las autoridades nacionales. 
Por tanto, la propuesta de la decisión que hoy nos ocupa se inscribe en este contexto diseñado por el Tratado y por Viena y Tampere. 
Nosotros buscamos sobre todo un beneficio tangible para los ciudadanos, queremos que puedan dirigirse a los tribunales de cualquier Estado miembro con la misma facilidad que a los tribunales de su Estado miembro de origen, con el fin de permitir a los particulares y a las empresas ejercer sus derechos. 
Y queremos lograrlo mediante el establecimiento de un mecanismo doble: dos partes que quiero destacar porque tienen para nosotros la misma importancia. 
Primera parte: se trata de construir una estructura flexible, no burocrática, que dé agilidad a la cooperación judicial entre los Estados miembros, como ya es el caso en el ámbito penal con una experiencia de la que hemos aprendido mucho. 
En la segunda parte, igualmente importante, se trata de ir más allá de lo que se hace actualmente en el ámbito penal, establecer un sistema que proporcione a todo ciudadano informaciones fácilmente comprensibles y accesibles que lo ayuden por lo menos a superar su reticencia a defender sus derechos en un Estado miembro distinto al suyo y que, por tanto, facilite su acceso a la justicia en ese otro Estado miembro. 
Por tanto, debo agradecer a la Sra. Kessler, ponente, así como a las ponentes para opinión, Sra. Wallis y la Sra. Wenzel-Perillo, por el apoyo que han aportado a nuestra iniciativa. 
En lo relativo a las propuestas de enmienda contenidas en la propuesta legislativa, puedo aceptar ante todo las enmiendas 1, 2, 3, 5 y 9. 
No obstante, con respecto a la enmienda 3, preciso que no vemos cuál es el obstáculo a que los futuros instrumentos puedan prever mecanismos de cooperación específicos. 
Por otra parte, en relación con la enmienda 9, es oportuno dejar un cierto margen de flexibilidad en su aplicación. 
En lo relativo a la enmienda 4, la Comisión tiene dudas. 
Sin embargo, ello no quiere decir que rechaza la idea de desarrollar bases de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y comercial. 
Al contrario, nos gustaría poder desarrollar tales bases en este ámbito en la medida en que podrían, por ejemplo, aportar una ayuda importante para el seguimiento de la aplicación de instrumentos ya aprobados o futuros. 
Por otro lado, consideramos la red como un protagonista que puede ser de una ayuda sumamente útil para este fin. 
Por ello, si no podemos aceptar la enmienda como tal, quisiera, para responder a los deseos del Parlamento, indicar claramente en los considerandos que la red puede colaborar en el desarrollo de proyectos específicos en este ámbito. Proyectos que estén bien orientados hacia un objetivo y para los que se hayan establecido debidamente las prioridades, a la luz de las acciones inmediatas de la red judicial civil. 
Otra enmienda que la Comisión no puede tomar textualmente pero cuyo espíritu va a encontrarse en el texto de decisión, es la enmienda 7. 
Efectivamente, la Comisión quisiera que la red tenga la posibilidad de utilizar en la medida de lo posible los servicios que ofrece el programa IDA. 
La Comisión puede, además, incorporar las enmiendas 10 y 11 en parte, subrayando que el plazo de 3 años previsto comienza a contar a partir de la aplicación efectiva de la red. 
Sin embargo, la presentación de informes estadísticos anuales nos parece, debo confesárselos, una carga excesiva para la propia red. 
En cambio, la Comisión no es favorable a la enmienda 8 y tiene dudas respecto a la enmienda 6 en lo que se refiere a la colaboración con la red penal. 
Efectivamente, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta colaboración exista en la práctica. 
Sin embargo, vista la diferencia en materia de fundamentos jurídicos y de pilar entre la cooperación judicial civil y la cooperación judicial penal, nos parece poco apropiado incorporar en el texto lo que, de todas maneras, no me cabe duda alguna, se hará en la práctica. 
Para terminar, señor Presidente, Señorías, a través de esta propuesta, queremos establecer un instrumento eficaz para alcanzar nuestro objetivo último: la realización del espacio europeo de justicia en el ámbito civil y comercial, ámbito que afecta muy especialmente no sólo a la voluntad y a la vida cotidiana de nuestros conciudadanos, sino también al buen funcionamiento del mercado único. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el informe (A5-0117/2001) dela Sra. Auroi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el proyecto de reglamento del Consejo para la modificación del Reglamento (CE) Nº. 1251/1999 sobre la introducción de una regulación de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos. 
Señor Presidente, con procedimiento de urgencia, para que pueda ser posible una cosecha después del 15 de agosto de 2001 y en las condiciones difíciles de la crisis de la EEB, usted, señor Comisario, propuso una modificación del Reglamento del Consejo que instituye un régimen de apoyo a los productores de algunos cultivos herbáceos. 
Esta medida, que es uno de sus siete puntos del procedimiento de urgencia, permitiría volver a cultivar- para plantas tales como el trébol- ciertas tierras que se encuentran actualmente en barbecho. 
Europa no los abandona y no quiere que paguen las consecuencias de una situación de la que muy a menudo son las víctimas. 
Urgencia o no, esta decisión se sitúa, por lo demás, en coincidencia perfecta con las pautas del Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria, que incluye en sus propuestas la integración de problemas relacionados con la producción de la alimentación animal. 
Además, esta propuesta permite abordar el problema de la producción de proteínas vegetales, necesarias a la buena alimentación de los bovinos. 
Esta producción es deficitaria en Europa, debido, entre otras razones a los acuerdos de Blair House. 
La retirada de tierras de la producción así programada condujo a la puesta en barbecho de tierras de cultivos herbáceos, al mismo tiempo que se alimentaba el ganado con proteínas animales, algunas de ellas procedentes de harinas de cadáveres. 
Con el fin de volver a una alimentación más sana para toda la cabaña, así como para encontrar una salida a la crisis de las vacas locas, parecería efectivamente indispensable modificar este régimen de retirada de la producción de tierras susceptibles de utilizarse para la producción de cultivos herbáceos. 
Su propuesta, señor Comisario, va en el buen sentido, pero se limita a proponer una modificación marginal del conjunto del Reglamento. 
Tiene un mero valor simbólico, pero nosotros, diputados, podemos ir más lejos dándole el valor de aliciente para una reflexión que lleve a una revisión a largo plazo de la Agenda 2000. 
El espíritu de las medidas propuestas apunta, inicialmente, a pasar de la retirada de tierras de la producción a una medida dirigida a ampliar la rotación únicamente para cultivos ecológicos. 
El efecto de tal medida sería revalorizar determinadas tierras retiradas de la producción a través de cultivos como habas, haboncillos, lentejas, garbanzo, altramuz, guisantes, alfalfa, alholva, meliloto, trébol, trébol blanco y paso otras por alto. 
Ello contribuiría de manera más positiva a relanzar una ganadería más natural debido a que está vinculada a la producción de forraje, beneficiando además al medio ambiente pues, como se sabe actualmente, las retiradas de tierras de la producción son a menudo perniciosas.. 
En vez de fomentar el cultivo de plantas proteicas y oleaginosas en plantación masiva y favorecer la rotación a través de primas a la superficie o a las cantidades, este arreglo permitirá levantar parcialmente la retirada de tierras de la producción fomentando la plantación de leguminosas forrajeras no consumibles por el hombre. 
Ello redunda en la idea de una reorientación de la PAC, deseada por todos, hacia la ganadería de calidad y la extensividad. 
La cuestión consiste en saber si hay que limitar esta reorientación a prestar ayuda sólo a la agricultura ecológica, conforme al Reglamento (CEE) nº 2092/91, o si sería posible llegar más lejos. 
En este segundo supuesto, habría que permitir que la agricultura convencional se beneficie de las mismas posibilidades si acepta limitarse a plantar en sus tierras retiradas de la producción únicamente las plantas forrajeras. 
De esta forma, la complementariedad obligatoria entre leguminosas y plantas forrajeras para la obtención de subvenciones en el cultivo de cereales podrá formar parte del establecimiento de ciclos ecológicos y contribuir al saneamiento de los suelos. 
Este compromiso, vinculado a una lógica de buenas prácticas agrícolas, permitiría restablecer una adecuada rotación de cultivos, como la que se da en la agricultura ecológica. 
Sin embargo, si nos limitamos a levantar la retirada de tierras de la producción para la agricultura ecológica únicamente, no haremos más que una acción de "maquillaje". 
La Comisión hizo esta propuesta demasiado restrictiva proponiendo volver a cultivar las tierras dejadas en barbecho para la agricultura ecológica. 
No lo hizo por admiración hacia los agricultores ecológicos, sino porque no quiere infringir los acuerdos de la OMC tomando una medida que resulte favorable a todos los productores de la Unión Europea. 
Ahora bien, en función de la situación de crisis de la seguridad alimentaria, de conformidad con los términos de los acuerdos de la OMC, una modificación de las reglas del juego por parte de los Estados no constituye una violación a estos acuerdos como, por lo demás, lo destaca el Comité Económico y Social. 
Además, si se trata de la salud de los consumidores y de la supervivencia de los agricultores, será preciso, sin embargo, tener el valor de revisar estos famosos acuerdos. 
¡El Sr. George Bush hijo, por su parte, no pone tantos reparos cuando se trata del Protocolo de Kioto sobre los cambios climáticos! 
Lo esencial, actualmente, es tomar una primera decisión rápida, con miras a permitir a los agricultores sembrar desde esta campaña. 
Lo mejor habría sido que toda la agricultura convencional pudiera sembrar las tierras en barbecho con cultivos ricos en proteínas antes del 15 de agosto del 2001, pero la Comisión no lo acepta. 
Asimismo, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en su conjunto le propuso un compromiso, señor Comisario, para el año 2001: más allá de la agricultura ecológica únicamente, concierne a toda explotación agrícola que aplica un programa agromedioambiental. 
Luego, a partir de 2002, esta medida podría ampliarse al sector tradicional. 
Esta propuesta puntual no debería ser sino un primer paso hacia una reforma más completa de la política agrícola común. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en la presente propuesta para la modificación del reglamento sobre el apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos, la Comisión persigue el objetivo de promover la agricultura ecológica mediante el cultivo de leguminosas forrajeras en superficies retiradas de la producción. 
Sin embargo, esto sólo se prevé para las explotaciones contempladas en el Reglamento (CEE) Nº 2092/91, es decir, que las explotaciones biológicas. 
Es aquí donde apunta nuestra crítica y el Consejo lo ve también así en su mayor parte. 
Quiero destacarlo aquí. 
Exigimos no sólo que se permita a las explotaciones biológicas el cultivo de leguminosas en superficies retiradas de la producción sino, ante el trasfondo de la EEB y de la fiebre aftosa, a todas las explotaciones ganaderas. 
De este modo, las numerosas explotaciones ganaderas podrían obtener una pequeña compensación por los daños financieros, en parte realmente dramáticos, causados por la EEB y la fiebre aftosa. 
Pero al menos, junto a las explotaciones biológicas, se debería tener en cuenta a las explotaciones que participan en programas medioambientales agrícolas, es decir, explotaciones que participan en programas medioambientales nacionales en el marco del Reglamento 1257/99 que han sido autorizados por la Comisión. 
El argumento esgrimido por la Comisión en este contexto de que con nuestras propuestas renunciaríamos al instrumento de la retirada de tierras de la producción no es de recibo. 
Cualquier agricultor agobiado por la EEB y la fiebre aftosa que participe en estas medidas de ayuda tiene claro que la UE no abre con ello un nuevo cuerno de la abundancia. 
Por el contrario, agradecerá y valorará esta medida como una interpretación muy inteligente del reducido margen de actuación que nos queda para las explotaciones ganaderas en esta desolada situación actual. 
En segundo lugar, la misma Comisión contribuye a que mediante el cultivo de leguminosas forrajeras se logre restablecer la deseada fertilidad del suelo. 
No se puede comprender porqué solamente deben beneficiarse de esta remodelación las explotaciones que trabajan biológicamente. 
Tras la prohibición de los forrajes de harinas animales tiene sentido promover el cultivo de leguminosas que contengan muchas proteínas. 
Vamos a necesitar muchas más de las que producimos actualmente. 
Puede que merezca la pena la importación de soja pero si nos tomamos en serio la agricultura sostenible tenemos que dar aquí un paso hacia delante. 
Señor Presidente, en relación con un proyecto de reglamento sumamente minimalista, el mérito del informe de la Sra. Auroi es abrir concretamente una vía que permita empezar, incluso si es de manera muy modesta, a reducir nuestro enorme déficit en plantas ricas en proteínas. 
Cuando la mayor parte de las explotaciones son mixtas, la Comisión propone limitar únicamente a las explotaciones 100% ecológicas, es decir apenas el 2% de la superficie cultivada en la Unión, la posibilidad de cultivar leguminosas forrajeras en las tierras dejadas en barbecho, por tanto, en menos del 10% de su SCOP. 
La Sra. Auroi propone ampliar esta posibilidad a las explotaciones convencionales, especialmente de ganadería, y tiene razón. 
Pero incluso así revisada, la propuesta no está evidentemente a la altura del problema que tenemos que solucionar. 
Nuestro déficit en cultivos ricos en proteínas, que ha aumentado considerablemente debido a las limitaciones de Blair House, superaba los 35 millones de toneladas incluso antes de la prohibición de las harinas animales para los monogástricos. 
Hay que añadir desde entonces 300.000 toneladas de importaciones adicionales mensuales. 
Por tanto, sólo un plan ambicioso en materia de "proteínas" permitirá corregir el rumbo y responder a la demanda de rastreabilidad en nuestros consumidores. 
A este respecto, me agobia el espíritu de renuncia que demuestra la Comisión en su comunicación del 16 de marzo, con un librecambismo de cortas miras a guisa de política. 
Hablaré de nuevo sobre este tema en el debate de mañana. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresarle a usted, señora Auroi, mis encarecidas felicitaciones. 
Del mismo modo, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por el rápido y profundo examen de la propuesta que presenté en el Pleno en el marco del paquete de los siete puntos sobre el empleo de superficies retiradas de la producción para las explotaciones biológicas. 
Sin embargo, quiero decir claramente que la medida propuesta no apunta a sustituir las harinas animales actualmente prohibidas en la alimentación. 
Mañana por la mañana tendremos ocasión de debatir este aspecto. 
Nuestro objetivo- el objetivo de la Comisión- es otro muy diferente, a saber, proporcionar una ayuda adicional a los cultivos ecológicos, pues los agricultores biológicos dependen en mayor medida del cultivo de leguminosas forrajeras, como trébol y alfalfa, que la agricultura tradicional. 
Por ello, soy de la opinión de que la posibilidad propuesta por la Comisión para los agricultores biológicos va a ser de gran utilidad. 
Pero tampoco debemos olvidar que existen buenos motivos para la limitación a las explotaciones biológicas. 
Por un lado, se quiere garantizar que la retirada de superficies de la producción siga siendo un instrumento eficaz para el control de la producción para mantener nuestras ayudas a los cultivos hidropónicos en el Blue Box. 
Por otro, aquí es adecuada una cierta preferencia de las explotaciones biológicas pues por lo general dichas explotaciones pueden cumplir mucho más difícilmente sus obligaciones de producción. 
Sería aconsejable tener presente este argumento cuando mañana se debata la relación entre oferta y demanda en los cultivos proteínicos. 
Por ello, tengo que rechazar las enmiendas que pretenden un uso de superficies retiradas de la producción para el cultivo de todo tipo de leguminosas forrajeras y de plantas ricas en proteínas ampliándolo a otro tipo de explotaciones agrícolas diferentes a las biológicas. Las enmiendas nº 1, 2, 3, 4 y 5 apuntan a la relación entre oferta y demanda en los cultivos proteínicos. 
Mis servicios han examinado esta cuestión y han llegado a una conclusión desde que el Consejo encargó a la Comisión que se ocupase de la misma en diciembre y en el marco de la cumbre de Niza. 
Mañana por la mañana realizaré aquí en el Pleno una declaración sobre el tema por lo que no lo voy a hacer ahora. 
Para finalizar, una última observación sobre la propuesta sobre la que hemos debatido hoy: sólo si el Consejo puede decidir rápidamente podrán los agricultores biológicos beneficiarse aún este año de la posibilidad que se les ofrece, pues nuestra propuesta tiene en cuenta el período de retirada de tierras de la producción a partir del 15 de enero del 2001 y se aplicaría desde entonces. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha solicitado intervenir brevemente. 
Señor Presidente, quería referirme al artículo 122. Allí se trata de las observaciones personales. 
Allí se indica que se pueden realizar dichas observaciones personales si en el debate se han realizado declaraciones personales. 
Lo que echo en falta es que no se ha realizado ninguna observación sobre mi persona. 
A pesar de ello, quizás pueda realizar una observación personal. 
Me habría gustado escuchar que alguien hubiese dicho que lo que ha propuesto aquí la Comisión y lo que hemos examinado y propuesto a continuación llena de gran satisfacción al presidente de la Comisión de Agricultura. 
Nadie ha dicho que nos ocupamos desde hace años- y yo muy en especial- de este trabajo y que estamos muy satisfechos de que el Comisario Fischler haya realizado ahora esta propuesta y que, aunque no se hayan recogido todas nuestras propuestas, sin embargo entremos en este uso de las superficies retiradas de la producción y en la revalorización ecológica de la sucesión de cultivos. 
Quería decir esto como observación personal. 
Muchas gracias, señor Presidente, por haberme concedido la ocasión. 
En su nueva calidad de presidente, el colega tampoco ha olvidado qué trucos se pueden emplear para lograr intervenir. 
Pero ha sido interesante lo que usted ha dicho, señor presidente de comisión Graefe zu Baringdorf. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Muchas gracias a todos los que han aguantado tanto tiempo, en especial a los miembros de la Comisión y a sus funcionarios. 
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
El Presidente les comunica que hay una por parte de la Mesa y es que constatamos que no se ha procedido a la corrección de la versión castellana de la Resolución Folias sobre la aprobación de la gestión de las otras instituciones, como se pidió durante el turno de votaciones. 
Por lo tanto, los servicios procederán a adecuar el texto del apartado 19 de la resolución al texto original en lengua griega. 
(El Acta queda aprobada) 
Piensos / Proteínas vegetales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de: 
la recomendación para la segunda lectura (A5-0079/2001) , en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la circulación de los piensos compuestos y por la que se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión (13292/1/2000- C5-0002/2001- 2000/0015 (COD) ) (Ponente: Sr. Graefe zu Baringdorf) y 
de la Declaración de la Comisión sobre el fomento de la producción de proteínas vegetales. 
Tiene la palabra el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Señor Presidente, estimados señores Comisarios, queridos colegas, esto constituye toda una lección de evolución política. 
"Declaración pública" -no necesito entrar más en los detalles- significa, en la concepción del Parlamento, que, por así decirlo, debe tener contener todo lo que importa, y además de forma clara e inequívoca. 
Dicha declaración se modificó en 1979 para pasar a convertirse en una declaración oculta, y desde entonces sigue el debate. Sigue en los Estados miembros, sigue desde hace aún mas tiempo en este Parlamento y en la Comisión. 
Los departamentos competentes de la Comisión han intentado convencernos, hasta el momento de su presentación, de que se trata de una declaración pública, hasta que, en un último momento, han modificado esta apreciación con la presentación de su propia propuesta. 
Después, en el Parlamento votamos a favor de esta buena propuesta con algunas mejoras- por ejemplo, queríamos que hubiera una lista positiva-. 
Posteriormente, pasó al Consejo, en el que el trapicheo dio como resultado que la declaración vuelve a mostrar un carácter semipúblico. 
No se podía esperar otra cosa del Consejo. 
Lo que nos ha decepcionado es que la Comisión haya adaptado su propuesta, que era una propuesta razonable y establecía obligatoriamente el carácter abierto de la declaración, a las exigencias del Consejo. 
Entretanto, el ponente se reunió con todos las asociaciones que actúan en este sector: las cooperativas, sobre todo la asociación de la industria de los piensos compuestos y la asociación alemana Raiffeisen. 
Todos se esforzaron en poner de manifiesto que esta declaración pública inadmisible e inaplicable en este sector. Ello ha encontrado su continuación en el Consejo, dado que las asociaciones no cosecharon éxito alguno en el Parlamento. 
El Consejo y, como ya he señalado, la Comisión han reaccionado. 
Ahora estamos ante una situación en que tenemos una declaración oculta, semipública. 
Es interesante señalar a este respecto que el entonces Ministro de Agricultura de la República Federal de Alemania también colaboró en este sentido. 
Hizo constar en las actas de entonces que él realmente optaba por la declaración pública. 
Cuando en Alemania se desató la inquietud entorno a la EEB, recibí una carta de este Ministro en la que me decía que yo, en mi condición de ponente y Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, debía velar por la inmediata imposición de la declaración pública. 
¡Justamente el Ministro que había votado a favor de la declaración semipública ¡¡Toda una lección de cultura política! 
Ahora asistimos a una nueva situación en los Estados miembros, sobre todo en Alemania, y a una nueva ola de preocupación por la EEB. 
Ahora vienen todos los que antes pisaban el freno y dicen: "¡ Imponed ahora la declaración pública !" 
Esta es ahora nuestra tarea. 
Nosotros, el Parlamento, sacaremos adelante la declaración pública. 
Negociaremos con el Consejo y, si es necesario, haremos que esto también fracase en el Parlamento y atribuiremos al Consejo la responsabilidad del fracaso de lo que entretanto se ha convertido en la voluntad común de todos los Grupos políticos. 
Por ello, queridos Comisarios que se ocupan de este tema, tendrán que hacerse a la idea de que- así lo creo yo- este Parlamento aprobará mi propuesta. 
Espero que tengamos a la Comisión de nuestro lado, y que ustedes apoyen nuestras posiciones en las negociaciones que deben iniciar con el Consejo- pues estamos en un procedimiento de codecisión- en el papel de intermediarios que deben asumir. 
Vamos por buen camino. 
Queremos la declaración pública a toda costa, y también queremos la lista positiva. 
Señor Byrne, en nuestra enmienda presentamos un objetivo a la Comisión. 
Queremos que, no inmediatamente- también sabemos que ello no es posible -, pero sí al menos antes de fin de año, la Comisión presente una propuesta que nos indique en qué dirección podría avanzar. 
Como ve, también a este respecto estamos dispuestos a llegar a compromisos. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señoras y señores, no quiero pasar a comentar lo dicho aquí por el Sr. Graefe zu Baringdorf, pues David Byrne definirá su postura al respecto al final del debate. 
Pero sí quiero explicar la cuestión relativa al llamado déficit en proteínas vegetales. 
El 4 de diciembre del año pasado, la Comisión fue invitada por el Consejo de Ministros de Agricultura a analizar la situación de los cultivos ricos en proteínas vegetales y a extraer las conclusiones correspondientes de dicho análisis. 
Además, en esta invitación se puso de relieve que todas las propuestas de la Comisión deben moverse en el marco de las previsiones financieras acordadas en Berlín 
En su reunión en Niza pocos días después, el Consejo Europeo precisó esta obligación de la Comisión y la instó a realizar una análisis detallado de la oferta y de la demanda de plantas oleáceas y proteaginosas, y además observando estrictamente las directrices de carácter financiero de Berlín. 
La Comisión ha aceptado gustosamente esta invitación, estudiado a fondo las cuestiones suscitadas y ha llevado sus conclusiones a un documento de trabajo y a una comunicación dirigida al Consejo y al Parlamento. 
¿De qué trata esta comunicación? 
En el año 2000, en Europa se produjeron aproximadamente 3 millones de toneladas de harinas cárnicas, de las que cerca de medio millón se exportó a terceros países y otro medio millón se destinó a la producción de alimentos para animales de compañía. 
El resto de los aproximadamente dos millones de toneladas fueron utilizados como pienso para ganado porcino y aves. 
En virtud de la decisión del Consejo de 4 de diciembre del año pasado se prohibió la utilización de estos piensos, de estas proteínas animales, para la alimentación de todos los animales de explotaciones agrícolas. 
Hasta entonces, como se sabe, sólo estaban prohibidas para los rumiantes. 
La cuestión básica en este asunto es la siguiente: ¿Constituye un problema sustituir el déficit de estas cantidades de harinas cárnicas por proteínas vegetales? ¿Cuál es el mejor modo de llevar a cabo esta sustitución? 
Para poder calcular con exactitud la cambiante demandan de piensos, en primer lugar tenemos que dirigir nuestra atención a la evolución del consumo y de la producción de carne. 
El análisis cuyos resultados se plasman en el documento de trabajo se basa en la suposición de que el consumo por persona de carne de vacuno, habida cuenta de los acontecimientos durante la crisis de la EEB en 1996, no se recuperará aproximadamente hasta dentro de tres o cuatro años. 
Ello podría significar un aumento del consumo y de la producción de carne de porcino y de ave. 
Son, por tanto, dos factores los que determinan la demanda de pienso en la producción de carne porcina y de ave: por un lado, la falta de harinas cárnicas; por otro, las previsiones de incremento de la producción. 
Para sustituir las harinas cárnicas en los piensos para ganado porcino y aves, se piensa en primer lugar en la soja triturada; a continuación, en la colza y en el girasol triturados, en los guisantes, las habas y haboncillos y los altramuces dulces, pero también en los cereales, si bien el contenido en proteínas de los cereales es relativamente bajo. 
En la práctica, la composición de los piensos viene determinada por los precios de las materias básicas, de su disponibilidad y de las exigencias técnicas. 
Es difícil de predecir el efecto combinado de todas estas variables, y es aún más difícil aislar los cambios de los ajustes normales de mercado o de las consecuencias de otras medidas políticas provocadas por la prohibición. 
A la vista de la actual relación de precios entre los cereales y la soja, se producirán tres reacciones fundamentales en la industria de los piensos y en el de la actividad agrícola. 
Primera: dado que los precios de las semillas oleaginosas trituradas son ligeramente superiores en comparación con los de los cereales, se reducirá el porcentaje de ingredientes ricos en proteínas vegetales de los piensos hasta la medida fisiológicamente necesaria. 
En consecuencia, con respecto a los últimos años, sobre todo con respecto a 1998 y 1999, en los que los precios de la soja eran muy bajos, la cantidad total de proteína bruta en los piensos podría descender en una cierta medida. 
Segunda: el porcentaje de cereales en los piensos podría aumentar. 
Es cierto que los cereales, en principio, proporcionan más energía y menos proteínas, pero en un contenido medio de proteínas de entre el 10% al 12%, los 5 millones de toneladas de cereales más con respecto al año pasado que se han empleado como pienso en el actual proporcionan cerca de medio millón de toneladas de proteína bruta. 
Tercera: los déficit restantes se cubrirán fundamentalmente con nuevas importaciones de soja triturada. 
A la vista del ligero descenso de las cantidades totales utilizadas y de los componentes procedentes de cereales, cabe prever que se necesitará aproximadamente entre un millón y un millón y medio de toneladas de soja. 
¿Qué opciones hemos examinado para compensar el previsible déficit? 
En primer lugar, hemos analizado la posibilidad de aumentar la ayuda a las semillas oleaginosas hasta 74 euros por tonelada, en lugar de- como se había acordado en la Agenda 2000- mantenerla al mismo nivel de los cereales, es decir, a un nivel de 63 euros por tonelada. 
La desventaja de esta opción consiste en que, de este modo, se introduciría de nuevo la ayuda específicamente estimada al cultivo de semillas oleaginosas y su producción se situaría de nuevo por debajo del nivel máximo fijado en el acuerdo de Blair House. 
Además, en virtud de dicha opción deberían gastarse cerca de 1.270 euros por tonelada de equivalente de la soja triturada en ayudas adicionales, es decir, 6 veces más la ayuda adicional de lo que actualmente cuesta la soja triturada. 
De aceptarse esta opción, los costes presupuestarios ascenderían aproximadamente a 475 millones de euros anuales. 
En segundo lugar hemos estudiado la posibilidad de aumentar la ayuda a los guisantes, habas y altramuces dulces en 6 euros. 
Hemos optado por los 6 euros porque tal aumento quedaría cubierto por la cláusula de paz de la OMC. 
Las simulaciones muestran que, en la actual relación de precios entre las plantas proteínicas y los cereales, este aumento entrañaría un aumento muy limitado de las superficies de cultivo; además, lógicamente, ya que todos los cultivos deben ser pagados con estas ayudas mayores, se generan gastos mayores que los que suponen el precio de la soja adicionalmente importada. 
En cuarto lugar, hemos valorado las consecuencias que tendría el cultivo de vegetales ricos en proteínas en las tierras retiradas de la producción. 
Si en las tierras retiradas de la producción se cultivasen productos que luego fueran a competir en el mercado con los cereales y las semillas oleaginosas, ello tendría como consecuencia que se pondría en cuestión la asignación a la Bluebox de las primas por superficie en el cultivo de cereales, aparte de que una medida de este tipo recibiría fuertes críticas a nivel internacional. 
Por último, hemos examinado la posibilidad de aumentar las cantidades máximas garantizadas para las harinas de hierba y los forrajes desecados en relación con una reducción de la ayuda concedida por tonelada. 
Pero, como saben, los forrajes desecados se destinan primordialmente a la alimentación de rumiantes, y no a la de ganado porcino y aves, y nuestro problema es fundamentalmente un problema de alimentación de ganado porcino y aves. 
Además, es dudoso que un aumento del 10% de las cantidades máximas garantizadas propicie efectivamente un aumento de la producción, cuando en el ejercicio 2000/2001 ya hemos registrado un superávit de forrajes desecados de aproximadamente el 12%. 
El incremento de las cantidades máximas garantizadas se destinarían con gran probabilidad a cubrir los superávit existentes. 
En consecuencia, en este contexto no existe, desde una perspectiva económica, ninguna razón de peso por la que debamos aplicar nuevas medidas de ayuda a la producción de proteínas vegetales o ampliar el ámbito de aplicación de las medidas de ayuda ya existentes. 
La disponibilidad de soja triturada en el mercado mundial no supone problema alguno, al contrario: las cantidades necesarias adicionales sólo incrementarán las actuales importaciones entre el 3% y el 5%. 
Como consecuencia del crecimiento de la producción de soja en Sudamérica y EE.UU., entrará en el mercado una cantidad de soja triturada mucho mayor que lo que la Unión Europea puede necesitar con carácter adicional. 
Además, el actual plan presupuestario no deja margen alguno para poder llevar la práctica las opciones estudiadas. 
Señor Presidente, señores Comisarios, señoras y señores, en la cuestión relativa al déficit en proteínas vegetales, el Comisario Fischler ha abordado algunos puntos y opciones que se dan en la UE. 
No obstante, señor Comisario, a mi juicio, como usted sabe, la Comisión de Agricultura quería mandar un claro mensaje a través del informe Auroi, en el sentido de que el fomento del cultivo de proteaginosas en superficies retiradas de la producción debería recibir un respaldo mayor. 
Estoy convencido de que el Parlamento seguirá esta misma línea. 
Pero volvamos al primer tema: el Presidente de la Comisión de Agricultura, Sr. Graefe zu Baringdorf, ha dicho que es toda una lección el modo en que se ha procedido durante años con respecto a la producción de piensos compuestos, y tiene razón. 
Es toda una lección de cómo se han mantenido distintas posiciones en distintos momentos. 
Se ha ido de un lado a otro por caminos que no han sido siempre rectos, pues también tenían sus esquinas y sus cruces. 
Pero creo que ahora estamos en el buen camino para mostrar una mayor transparencia y para no sólo exigir transparencia, sino también para llevarla a la práctica. 
Aquí se han creado enemistades, se han planteado exigencias de los sectores económicos ante las que el Parlamento y sus diputados se han mantenido firmes de forma claramente mayoritaria. 
El Parlamento ha mantenido desde un principio una posición clara a este respecto, en el sentido de exigir una mayor transparencia. 
En la producción de piensos compuestos se efectúan, claro está, mezclas. 
En donde se realicen tales mezclas debe prestarse especial atención, ya sea en los juegos de cartas o, con carácter general, en la producción de alimentos. 
Hay que poner mucho cuidado. 
Hemos puesto cuidado, y es bueno y adecuado que llevemos a la práctica esta transparencia- señor Comisario Fischler, está esbozando una sonrisa- con más determinación que en el pasado. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf ha hecho referencia a la declaración semipública, que en los últimos años ha sido un tema muy recurrente. 
En mi opinión, sería más correcto hablar no de una declaración semipública, sino de una declaración semioculta. 
Ello quizá habría provocado un mayor movimiento en el sentido que deseamos. 
Son necesarias la transparencia y la exigencia de la lista positiva- y esta es una nueva mejora con respecto a la propuesta de la Comisión-. 
Voy a tomar un ejemplo de otro sector de la alimentación, el del deber de pureza de la cerveza, señoras y señores. 
Ya en 1516 se aprobó en Baviera la Ley de la Pureza, y esta propuesta de Baviera fue correcta y conveniente. 
¡Fue una lista positiva lo que entonces se presentó, y es una lista positiva lo que hoy se debe presentar! 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, queridos colegas, el Consejo no ha aprobado en su posición común ninguna declaración pública y completa, sino simplemente un pobre compromiso que sólo prevé franjas porcentuales de peso. Esto no puede entenderse como una amplia transparencia, en el sentido en que tan a menudo la hemos exigido. 
Los agricultores tampoco saben cuántas ni qué materias primas contienen las respectivas partidas de piensos. 
Por ello, el Grupo Socialista apoya la recomendación del ponente, que integra de forma sistemática la declaración pública de los ingredientes de los piensos en el texto del proyecto de directiva. 
Además, incide de nuevo en la exigencia de la llamada lista positiva, en la que se fijen con carácter vinculante las materias primas autorizadas en los piensos. 
A este respecto, se invita a la Comisión a presentar una propuesta legislativa antes de finales de 2001. 
También prestamos todo nuestro apoyo en este punto. No puede ser tan difícil elaborar una lista con las materias primas autorizadas; al fin y al cabo, ya se sabe lo que, por regla general, deben contener los diversos piensos. 
O quizá no lo sepamos hoy en día, habida cuenta de lo que se ha dicho aquí. 
Ocho meses, tal como propone el ponente, me parece un espacio de tiempo adecuado y suficiente para elaborar la mencionada lista. 
Necesitamos esta lista con urgencia, puesto que en el futuro no se va a poder renunciar a los piensos de origen industrial. 
Los animales necesitan, al igual que los hombres, una alimentación equilibrada. 
Una alimentación a base únicamente de agua, heno y cereales, como algunos desean en recuerdo de tiempos antiguos, ya no se ajusta a las actuales condiciones de producción agrícola y está, a mi juicio, muy lejos de realidad. 
Dado que los piensos constituyen la parte más importante de la producción de carne, debemos velar por que estos piensos sean también seguros. 
¿Cómo si no queremos hacer frente eficazmente a la permanente falta de confianza de los consumidores en la carne como alimento? 
Así y todo, haría bien el Consejo en aceptar las propuestas del Parlamento sin modificarlas y, de este modo, mostrar que ha aprendido de los errores del pasado. 
No podemos estar esperando siempre hasta que sea demasiado tarde y pretendamos entonces curar los síntomas. 
Debemos abordar los problemas con mayor decisión. 
En mi opinión, nuestra propuesta nos sitúa sin duda alguna en el buen camino. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados diputados, en el debate general escucho a menudo que fueron los agricultores los que dieron a sus animales cadáveres de vacas como pienso. 
Desgraciadamente lo hicieron, pero los agricultores no podían saber, con las prisas y los sistemas imperantes, qué estaban dando exactamente a sus animales. 
Cuando discutimos la cadena alimentaria y de piensos, tenemos que intentar que toda la cadena, de la A a la Z, esté impregnada de ciertos conceptos, tales como apertura, transparencia e información. 
La cadena tiene muchos eslabones y con gran distancia entre ellos. 
Lo mismo ocurre con los piensos. 
Un agricultor normal, pequeño o grande, que hoy compra piensos no tiene ni una sola posibilidad razonable de saber qué contienen. 
Carece de laboratorio y, con la consistencia actual de los piensos, la apariencia y el olor y el sabor, no le proporcionan ninguna información sobre el contenido. 
Por eso se necesita una apertura mucho mayor y mucha más precisión en la información a los agricultores. 
Opino que esta propuesta es demasiado complicada y que, más adelante, habría que encontrar principios comunes para los alimentos y los piensos, que fuesen más sencillos y fáciles de comprender, tanto para los agricultores como para los consumidores, por ejemplo, una declaración de contenidos en escala descendente e información exacta cuando se solicite. 
En la situación actual, y al comienzo de este proceso de food safety, el Grupo ELDR votará, no obstante, a favor de este informe. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Graefe zu Baringdorf y manifestarle además el apoyo de todo mi Grupo a sus propuestas. 
Señor Comisario, pensamos que, aunque últimamente se están haciendo tímidas propuestas sobre la posibilidad de desarrollo de las proteínas vegetales, la Comisión suele argumentar la dificultad de éste basándose en dos argumentos: el coste y los acuerdos con Estados Unidos. 
Conviene recordar los lazos estrechos existentes entre los cereales y las proteaginosas. 
La incidencia presupuestaria de las proteaginosas es irrisoria en comparación con la de los cereales y, si Estados Unidos planteó exigencias en cuanto a las proteaginosas, fue a cambio de aceptar el elevado nivel de apoyo a las restituciones a la exportación de los cereales comunitarios. 
Es decir, las proteaginosas sufren también las consecuencias de los equilibrios de la PAC y su cultivo podría desarrollarse más si se reequilibrara el apoyo a las respectivas producciones. 
Por otro lado, deberían valorarse debidamente los beneficios de las leguminosas para la diversidad biológica, la reducción del consumo de fertilizantes nitrogenados y los efectos positivos sobre la conservación de los suelos. 
Por último, Señorías, hay razones de peso que debemos tener en cuenta: hoy somos dependientes del exterior en un 75% de nuestras necesidades en proteínas vegetales. 
Esto representa una debilidad estratégica inaceptable y supone la aceptación de los organismos genéticamente modificados en nuestra alimentación. 
Señorías, pensamos que la Comisión debería iniciar los trabajos de revisión de los acuerdos de Blair House. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que la posición de la Comisión no es aceptable ni desde el punto de vista de la defensa de la renta de los agricultores ni desde el de la protección de la salud de los consumidores. 
Está claro que no se quieren poner en tela de juicio los acuerdos de Blair House que limitan las superficies comunitarias. 
Nos encontramos ante una situación paradójica: por un lado, la prohibición de utilizar harinas animales también para los animales de granja ha aumentado las necesidades de proteínas vegetales; por otro, a partir de la próxima campaña agraria, se prevé una fuerte reducción de las proteaginosas. 
Consideramos que dichas producciones se han de garantizar para proteger a los ganaderos y a los productores de semillas oleaginosas. 
Estimamos que la Comisión debe presentar un exhaustivo informe sobre el efecto de las decisiones de la Agenda 2000 en la situación de los cultivos de semillas oleaginosas en las distintas zonas productivas de la Comunidad, así como una propuesta de regulación del etiquetado de piensos para animales que contienen organismos modificados genéticamente. 
Consideramos que la producción de proteínas vegetales se debe fomentar de manera adecuada en defensa del medio ambiente y del consumidor de carne que se ha de poder fiar del sector productivo comunitario, del sector de producción de semillas oleaginosas que ha realizado inversiones especializadas y que corre el riesgo de una fuerte disminución del empleo. 
Es preocupante que la Comisión afirme que considera más económico aumentar las importaciones de paneles de soja. 
En este caso, la economía contrasta de manera patente con los intereses del sector agrícola comunitario y, en especial, con la protección de la salud y de la confianza del ciudadano que no es económicamente cuantificable. 
Ayer, este Parlamento aprobó una enmienda que reza: "La salud no puede ser considerada un bien comercial y, en consecuencia, objeto de compromisos a nivel político-financiero". 
Hoy, nos enteramos por la Comisión que no es así. 
Señor Presidente, señores Comisarios, esta semana el Parlamento Europeo recuerda en cierta manera el gabinete del Faraón Ramsés, el Faraón de la Edad Antigua que se opuso a que el pueblo judío abandonara Egipto. 
Me imagino al gabinete de dicho Faraón tratando día tras día las plagas que afectaban al país, del mismo modo en que esta semana hemos debatido aquí en Estrasburgo el brote de fiebre aftosa y proseguiremos nuestro debate esta mañana deteniéndonos en las consecuencias de la EEB. 
Obviamente, Europa no retiene a un pueblo contra su voluntad, pero ello no significa que podamos hacer caso omiso de las plagas que azotan nuestra agricultura. 
La actual situación nos obliga a poner en entredicho nuestra política agrícola y los criterios que le sirven de base. 
En el debate sobre la fiebre aftosa he afirmado que los animales, como criaturas divinas, son más que unidades de producción. 
Repito estas palabras pensando en el hecho de que nosotros hemos concedido que los herbívoros, que en principio solamente comían plantas, acabaran devorando a sus congéneres. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf señala con razón en su informe que los agricultores tienen derecho a recibir información correcta sobre los ingredientes de los piensos. 
El Consejo pretende dejar el etiquetado en manos de la industria alimentaria, al tiempo que establece que los agricultores tienen derecho a que la industria les informe detalladamente previa petición. 
Se trata de una postura altamente ambigua: si el agricultor tiene derecho a una información completa en materia alimentaria es absolutamente lógico que no se le ponga ninguna pega a la hora de facilitársela. 
La expresión from stable to table se traduce libremente como del agricultor al consumidor. 
En esta traducción la responsabilidad sobre el proceso alimentario recae plenamente en el agricultor. 
Ahora bien, para que éste pueda asumir dicha responsabilidad es imprescindible que pueda disponer sin problemas de la información necesaria acerca de los piensos que da de comer a sus animales. 
A consecuencia de la prohibición vigente desde diciembre de 2000 de incorporar harinas cárnicas a los piensos éstos carecen de proteínas. 
Las proteínas animales pueden ser sustituidas por ejemplo por la soja y otros cultivos oleaginosos y ricos en proteínas. 
En las conclusiones del estudio sobre posibles alternativas que nos ha esbozado el Sr. Fischler esta mañana se recomienda importar soja del mercado mundial. 
Se considera que las demás alternativas son demasiado costosas o pueden llegar a distorsionar el mercado. 
Sin embargo, la importación de soja plantea un problema fundamental: desconocemos los entresijos del método de producción. 
Dudo mucho que salgamos ganando si alimentamos nuestros animales cambiando las harinas cárnicas por soja modificada genéticamente. 
La crisis de la EEB abre nuevos dilemas. 
La excusa de que la Unión Europea no puede ampliar la superficie de cultivos oleaginosos por causa de los compromisos adquiridos en el marco de la OMC resulta insostenible. 
Ello es una razón más para poner en entredicho las normas de la OMC. 
Lamento la holgura con que la Comisión se opone al cultivo de plantas oleaginosas y ricas en proteínas en tierras sin sembrar. 
Está claro que el barbecho sirve para reducir la producción de cereales. 
No está, sin embargo, tan claro por qué es necesario reducir la producción de proteínas si la demanda de este producto en el mercado europeo va en aumento. 
Señor Presidente, en el transcurso de los años el déficit de cultivos proteicos en la Unión aumentó para alcanzar 35 millones de toneladas en 2000. 
La crisis de la EEB y la prohibición de las harinas cárnicas incrementan, estos últimos meses, dicha cifra a 300.000 toneladas mensuales. 
¿Ante esto qué propone la Comisión? 
Y bien, propone no tomar ninguna iniciativa específica y comprar las proteínas que nos faltan al mejor postor, en el gran supermercado mundial de los excedentes agrícolas. 
Ahora bien, yo veo, al menos, tres razones para rechazar esta actitud de resignación, esta mentalidad de abandono. 
La primera consiste en que se trata de un desafío de seguridad alimentaria. 
Con respecto a un producto tan importante, es vital tender a la autosuficiencia. 
La segunda reside en las ventajas medioambientales de los oleaginosos y proteaginosos: biodiversidad, rotación de cultivos, balance nitrogenado. 
La tercera es la necesidad de responder a la demanda de los consumidores con una mayor rastreabilidad y visibilidad. 
Ahora bien, los medios existen: el apoyo a los biocombustibles, la red de seguridad para los oleaginosos, una ayuda complementaria a los proteaginosos, la intensificación del esfuerzo público de investigación o las ayudas agroambientales para las explotaciones que incluyan las leguminosas forrajeras en la rotación. 
Desearía que la Comisión siguiera estas direcciones voluntaristas y responsables, señor Presidente, en lugar de aducir únicamente consideraciones comerciales a muy corto plazo para limitarse a recomendar la importación de soja partida norteamericana o argentina. 
Señor Presidente, señoras y señores, la agricultura europea se encuentra en una situación de crisis como consecuencia de la EEB y de la fiebre aftosa. 
No es ninguna novedad afirmar que necesitamos adoptar medidas para superar esta crisis lo más rápidamente posible. 
Sólo hay división de opiniones en la cuestión de qué medidas deben adoptarse. 
El punto de partida es la prohibición de alimentar a los animales con harinas cárnicas. 
Esta prohibición es necesaria, dado que estamos inmersos en una crisis de confianza. 
Bien entendido, no estamos en presencia únicamente de una crisis del sistema del sector, sino que también debemos tomar medidas que devuelvan la confianza al consumidor. 
La prohibición de emplear las harinas cárnicas como alimento es una medida dirigida a restablecer la confianza. 
Pero también debe desarrollarse un plan europeo de proteínas vegetales. 
Este plan de proteínas debe tener como objetivo la no dependencia de Europa de las exportaciones de terceros Estados, porque estas importaciones comprenden la soja genéticamente modificada. 
Debemos hallar un modelo que permita a los agricultores europeos reaccionar ante estos nuevos retos. 
Veo también esta compleja problemática en conexión con la OMC. 
La propuesta de la Comisión, que prevé el cultivo de leguminosas únicamente por agricultores biológicos, no tiene a mi juicio suficiente alcance. 
Por ello, apoyo el criterio defendido por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, en el sentido de que se permita este cultivo en tierras retiradas de la producción a todos los agricultores que participan de las medidas en materia medioambiental en el marco del Reglamento 1257/99. 
Si hablamos de medidas que restablezcan la confianza, tenemos que estar a favor de una declaración pública y de una lista positiva de las materias primas de los piensos. 
Creo que una actitud honrada ante los consumidores puede sacarnos de esta profunda crisis y tiene en cuenta la dramática situación de los ganaderos y la amenaza que se cierne sobre muchas vidas. 
Por ello, espero que la industria preste su apoyo y que haga públicas sin más las materias primas, pues si los piensos contienen lo que dicen contener, ¡ello no puede suponer problema alguno para la industria! 
Gracias, señora Schierhuber. 
Voy a dar la palabra a la Sra. Rodríguez Ramos, felicitándome por volverla a ver entre nosotros y felicitándola en nombre del Parlamento por su reciente maternidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, en relación a la comunicación sobre la producción de proteínas vegetales, me uno a lo que ya han dicho mis colegas en esta Asamblea. 
El estudio de la Comisión es decepcionante, por su carácter poco ambicioso y exclusivamente economicista. 
La situación de la Unión Europea en relación a su déficit en proteínas vegetales, debido a nuestros acuerdos de Blair House, en los que nos hemos comprometido a una reducción de nuestra producción de proteínas vegetales, mientras alimentábamos a nuestro ganado con harinas cárnicas procedentes de cadáveres de animales, exigía de la Comisión, en este estudio, un planteamiento más ambicioso y más amplio. 
No tiene en cuenta, como ya se ha dicho, la importancia estratégica que para la ganadería europea significa la dependencia, respecto de la alimentación de proteínas vegetales, de importaciones de países terceros, y que estas importaciones consistan casi exclusivamente en alimentos genéticamente modificados. 
Tampoco tiene en cuenta lo que significaría el incremento de estos cultivos ricos en proteínas vegetales para restablecer el equilibrio y la capacidad de abastecimiento en todo el territorio de la Unión Europea, que, indudablemente, sería muy beneficioso para conseguir una ganadería más extensiva y de calidad. 
En definitiva, el estudio no tiene en cuenta ninguno de los elementos en los que se debe basar nuestra política agrícola: calidad alimentaria, protección y desarrollo del medio ambiente y desarrollo sostenible, porque tampoco hay ningún elemento en el estudio que nos diga lo que supondría un incremento de estos cultivos respecto de la creación de una actividad económica más en la agricultura, y respecto de su utilización y transformación en alimento para ganado por parte del propio agricultor, lo que también supondría un incremento importante de la renta en la economía rural. 
En todo caso, lo que nos dice la Comisión de que es mejor seguir importando y seguir dependiendo de países terceros porque es más barato, no es cierto. 
Tenemos la experiencia de que lo más económico no es lo mejor. 
Señor Presidente, señores Comisarios, el Parlamento Europeo vuelve a presentar en la segunda lectura su enmienda relativa a la declaración en tantos por ciento del peso de las materias primas utilizadas en los piensos compuestos, en tanto que la posición común del Consejo propone la declaración de las franjas porcentuales de las sustancias. 
El objetivo del Parlamento es digno de apoyo desde el punto de vista de los ganaderos. 
Cuanto más exacta sea la información sobre el contenido de los piensos, tanto mejor. 
Cabe recordar que la forma de declaración de estos datos no afecta en sí a la seguridad de los piensos. 
Lo que comporta más relevancia es que las sustancias contenidas en los piensos compuestos figuren debidamente en el etiquetado del producto y que estas sustancias cumplan las exigencias establecidas por la legislación en materia de piensos. 
En mi opinión, deberíamos lograr rápidamente un resultado razonable en este asunto, puesto que hace falta una nueva legislación al respecto. 
De ahí que debamos avanzar con flexibilidad en la conciliación, teniendo presente que la otra cara del asunto es el seguimiento de la aplicación de la legislación. 
Resultaría caro, y en parte sería imposible, empezar a exigir a los fabricantes de piensos que cada saco contenga porcentualmente la cantidad exacta anunciada en el etiquetado, o pedir que las autoridades se encarguen de controlar estos aspectos. 
Lo más importante de esta legislación es que habrá que centrarse más que antes en la práctica del seguimiento. 
Se garantizará la seguridad si se acatan las normas. 
En cuanto a la idea expresada en la enmienda 4 sobre una lista de las materias primas autorizadas, cabe también recordar que se trataría de una medida muy difícil de gestionar, dado que habría que inventariar en una sola relación las sustancias usadas en los piensos en todos los países de la UE. 
Actualmente, ya existe en la legislación de la CE una lista de las sustancias prohibidas y, a su vez, se han establecido los requisitos generales de calidad para los piensos. 
Creo que es conveniente hablar de este asunto, pero debemos considerar con detenimiento las ventajas y los inconvenientes. 
Señor Presidente y señor Comisario, acojo favorablemente el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf aunque personalmente me resulta bastante difícil apoyarlo en su totalidad. 
Mi opinión es que la posición común de la Comisión es excelente. 
Permítanme volver a lo que el Sr. Pesälä acaba de decir. ¿Cuál es el verdadero problema al que se enfrenta hoy el sector de la alimentación? 
Suele ser el fraude. 
Si volvemos la vista a las recientes alarmas alimentarias, si observamos el problema de la fiebre aftosa, encontramos un mal uso de la alimentación animal; si nos fijamos a los problemas de las dioxinas, vemos que existen medidas suficientes para impedirlo. Ha habido un uso ilegal de un aceite en una mezcla. 
Luego ha habido fangos de aguas residuales en otro Estado miembro y la EEB que tenía que ver totalmente con cambios de temperatura. 
Pero la legislación existe. 
La primera y principal postura de esta Asamblea es garantizar que la Comisión hace todo lo posible por que la actual legislación y la posición común se pongan en práctica y se hagan cumplir. 
Por consiguiente, hago un llamamiento a la Comisión, en primer lugar, para que nos prometa que la legislación existente se aplica. 
Pasando ahora a la situación de las proteínas, al Sr. Comisario Fischler no le sorprenderá que yo discrepe ligeramente con su postura sobre si hemos de cultivar nosotros mimos las proteínas o importarlas. 
Pero, me gustaría que me ofreciera una garantía porque entiendo que la Unión Europea dispone de normas actualmente acerca del volumen de cultivos genéticamente modificados permitido y el porcentaje es en la actualidad, corríjanme, de un máximo aproximadamente del 1% de cultivos genéticamente modificados. 
¿Podría la Comisión garantizar que ninguna soja que entre en la Unión en las importaciones actuales y futuras va a superar ese máximo del 1%? 
Estados Unidos cuenta con medidas y normas estrictas sobre importaciones. 
Nosotros en la Unión Europea debemos seguir estas normas y asegurarnos de que seguimos las mismas pautas. 
. (EN) Señor Presidente, señores diputados, tenemos hoy la oportunidad de debatir otra importante cuestión en materia de seguridad alimentaria, la relativa al etiquetado de piensos compuestos. 
Agradezco el trabajo realizado por el Sr. Graefe zu Baringdorf, que tan comprometido está con este tema. 
La propuesta en cuestión tiene su origen en las expectativas y demandas legítimas tanto del sector agrícola como de los consumidores. 
Entre las mismas se incluye la total transparencia a la hora de facilitar a los ganaderos datos sobre la composición de los piensos compuestos que compran para sus animales. 
Una de las lecciones de la crisis de la dioxina fue que existía con frecuencia falta de información. 
Esto evidentemente no es adecuado. 
Esta información debería estar disponible no sólo para garantizar la transparencia, sino para ayudar a la localización de los productos. 
El etiquetado de los piensos compuestos debe ser suficientemente preciso para que el ganadero pueda hacer una elección informada sobre el pienso que va a utilizar, como muchos de ustedes han indicado en sus aportaciones. 
Me satisface que este objetivo se recoja en la posición común del Consejo. 
A pesar de que se queda corto comparado con la propuesta original de la Comisión a favor de un listado completo y preciso de las cantidades de cada uno de los ingredientes, consigue, no obstante, un equilibrio aceptable. 
En mi opinión, se trata de un excelente instrumento para mejorar las actuales normas de etiquetado de los alimentos para animales. 
La posición común prevé que todos los ingredientes estén indicados con precisión y que las cantidades estén expresadas en cinco bandas de porcentaje. 
También exige a los operadores que notifiquen la composición exacta de los piensos compuestos cuando así lo solicite el ganadero o cualquier operador. 
Así mismo, me gustaría recordarles que, desde el principio, hubo dificultades en el Consejo para alcanzar un acuerdo. 
Una mayoría de los Estados miembros se oponía a la obligación de indicar en la etiqueta la composición precisa de un pienso compuesto dado. 
Por este motivo, la Comisión aceptó la solución de la presidencia francesa que contaba con el apoyo unánime de los Estados miembros. 
Creo, también, que la posición común nos ofrece un nivel de seguridad equivalente al que recogía la propuesta inicial de la Comisión. 
El dato más importante es la presencia de un ingrediente en el pienso compuesto y no necesariamente su cantidad exacta. 
Estas cantidades exactas tienen un valor desde el punto de vista comercial, pero no están ligadas a la protección de la salud, que es lo que importa en este caso. 
Pediría al Sr. Graefe zu Baringdorf que reconsiderara seriamente lo que ha dicho en su intervención de que si no hubiera un cambio en la posición del Consejo en relación con esto, preferiría ver caer toda su propuesta antes que ceder en esta cuestión concreta. 
Creo que estoy en lo cierto cuando digo que la cuestión de la salud pública y de la seguridad alimentaria está ligada a la presencia más que a la cantidad del contenido de los piensos compuestos. 
Nos deberíamos centrar en eso y no desaprovechar las ventajas de este importante elemento legislativo. 
Corremos el riesgo un grado de precisión innecesario de buscar en determinado aspecto un y tirar piedras contra nuestro propio tejado. 
Me temo que si se adoptan las enmiendas que la Comisión no puede aceptar, nos embarcaremos en un largo y difícil procedimiento de conciliación que retrasará la mejora. 
Yo quisiera destacar también que las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura han sido aceptadas en la posición común salvo la propuesta de que la Comisión presente una lista positiva de materiales que pueden usarse en la alimentación animal. 
Esto no es apropiado en el marco de la directiva sobre etiquetado. 
Si se desea una lista positiva, la primera cuestión que hay que debatir es cómo establecer los criterios por los que se regirá esa lista positiva. 
Por tanto, tengo la intención de iniciar un estudio de viabilidad acerca de los criterios que se emplearían para gestionar la lista positiva y los recursos que ello supondría. 
A continuación, podríamos presentarnos de nuevo ante sus señorías, posiblemente con la propuesta de legislación. 
No creo que esto sea posible dentro del calendario mencionado en la enmienda. 
Por desgracia, sus recursos y el resto de prioridades no permiten a la Comisión establecer un calendario más ambicioso. 
Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad para enmendar ligeramente una respuesta que di al Sr. Graefe zu Baringdorf sobre la cuestión de la fiebre aftosa el otro día y corregir el acta. 
Él señalaba que la Comisión había tardado mucho en dar respuesta a los problemas planteados por la fiebre aftosa. 
Le respondí diciendo que a la Comisión se le había informado el 20 de febrero del brote en el Reino Unido y que habíamos presentado propuestas a la Comisión al día siguiente y que eso, a mi juicio, suponía rapidez y no tardanza en la respuesta. 
Hay otro dato que yo debería haber añadido haciendo justicia al funcionario que trabaja en mi Dirección General y que, implícitamente, fue criticado por el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Al Sr. van Goethem se le informó a las 21.30 horas, y a las 22.30 horas de esa noche ya había enviado un fax a cada uno de los ministros correspondientes de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Quiero añadir este dato concreto a mi respuesta del otro día en la que señalaba que el asunto se planteó inmediatamente a la Comisión al día siguiente. 
Puede ser una oportunidad para que el Sr. Graefe zu Baringdorf corrija la insinuación que hizo acerca del retraso, no por mí sino por los funcionarios que tanto trabajan en mi Dirección General y que hicieron un trabajo excelente en este caso. 
Gracias, señor Comisario. 
Consta en acta su precisión. 
¿Quiere intervenir de nuevo, señor Fischler? 
Señor Presidente, señoras y señores, voy a ser breve, pues ya me he manifestado al principio del debate. 
Agradezco sinceramente las aportaciones cargadas de compromiso a este debate, pero también quiero recordar que la tarea que asumió la Comisión consistía en analizar qué consecuencias tendría sobre la oferta y la demanda la prohibición de alimentar con harinas cárnicas y óseas. 
No consistía en analizar la política de cultivo de las oleaginosas en su conjunto en la Comunidad. 
Son dos cosas distintas. 
Por ello debemos distinguir el actual déficit en proteínas vegetales de la situación que siempre hemos tenido en la Comunidad. 
Es un hecho que anualmente importamos cerca de 30 millones de toneladas de soja y equivalentes de la soja. 
Probablemente, no va a ser posible compensar este déficit- por lo menos, con las posibilidades de actuación de que disponemos-. 
No podemos olvidar una cosa: las habas de soja no pueden cultivarse por toda la Comunidad, sino en las regiones con el clima más apropiado. 
Y esta realidad no podemos compensarla con una política de ayudas. 
En segundo lugar, debemos recordar que una aplicación de esta política a cada caso presupone que no se establezcan diferencias entre las ayudas a las proteaginosas, a los cereales o a otros cultivos herbáceos. 
Esto es simplemente imposible, a menos que ofrezcamos las compensaciones adecuadas. 
Pero, ¿con qué argumento vamos a convencer a los estadounidenses de que tienen que renunciar- sin ninguna contraprestación- al acuerdo de Blair House? 
Por favor, que alguien me diga qué contraprestación ha de ofrecerse para que EE.UU. acepten que fijemos una ayuda específica para las proteaginosas y, por tanto, podamos cultivar más proteínas vegetales. 
Con ello vuelvo al actual déficit en proteínas vegetales. 
A este respecto se ha criticado que la Comisión sólo ha planteado consideraciones de orden económico. 
Tengo que preguntar al Parlamento si puede justificarse que por un kilo de exceso de producción de soja gastemos en ayudas adicionales seis veces más que lo que cuesta la soja en el mercado. 
Por ahí no vamos a pasar, tenemos una responsabilidad ante el contribuyente. 
Por último, quiero señalar que los puntos que he formulado aquí no tienen nada que ver con el informe que debatimos ayer por la tarde. 
Como es natural, la Comisión insiste en que en un futuro debe permitirse el cultivo en explotaciones biológicas del trébol y pastos de trébol y de otras proteaginosas en tierras retiradas de la producción, tal como hemos propuesto. 
No he mencionado este punto esta mañana porque, como se sabe, el trébol y el pasto de trébol se emplean de una forma muy limitada en la alimentación del ganado porcino y de las aves, y fundamentalmente en la alimentación de los rumiantes. 
Señor Presidente, podría referirme ahora al artículo 122. 
¡Pero vamos a dejarlo! 
Así ahorramos tiempo. 
Señor Byrne, le doy las gracias por su indicación y por su respuesta. 
Voy a aclararlo una vez más: no era mi intención criticarle a usted personalmente- o al Sr. van Goethem, a quien presento mis respetos, en la medida que lo conozco, dado que hace un buen trabajo- sino plantear la siguiente pregunta: ¿Ha elaborado la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, un plan contra la epidemia, para establecer con claridad qué hacer cuando la epidemia brotase? 
A mi juicio, los trabajos de preparación han sido insuficientes. 
Y este reproche no iba dirigido a personas, sino a la Comisión y al Consejo en cuanto Instituciones, que no habían efectuado trabajo preliminar alguno. ¡La confusión de la opinión pública a que hemos asistido es escandalosa! 
También se trataba de criticar la estrategia de sacrificio de animales, de criticar que no se incluyeron la vacuna y la vacuna más aprovechamiento, que ahora aprueba la Comisión, si bien ya se avanza poco a poco en esta dirección, y de criticar también que no se estudió debidamente esta cuestión. 
Señor Comisario Fischler, tengo que hacerle una pregunta más: si, hipotéticamente, no tuviéramos este acuerdo con los estadounidenses, y usted hiciera un cálculo de nuestra propuesta de cultivar habas, guisantes, altramuces, etc., sobre las tierras retiradas de la producción, ¿no sería la rentabilidad otra muy distinta? ¿Tengo razón en este punto? 
Señor Presidente, no quiero prolongar el debate. 
Simplemente deseo aclarar lo siguiente: si la cuestión versa exclusivamente sobre cultivar proteaginosas en tierras retiradas de la producción, debo entonces llamar la atención sobre el hecho de que no constituye parte del acuerdo de Blair House, sino que forma parte de las disposiciones de la OMC, en las que se establece como requisito para que una medida quede comprendida en la Blue Box la entrada en vigor de medidas que reduzcan la oferta. 
Nuestra medida de reducción de la oferta es la siguiente: retirada de tierras de la producción. 
Y esta medida no tiene nada que ver con el acuerdo de Blair House. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas del día de hoy. 
Bloqueo de las negociaciones sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión relativa al bloqueo de las negociaciones sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. 
Tiene la palabra el señor Fischler. 
Señor Presidente, señoras y señores, en la cuestión del acuerdo de pesca con Marruecos me he comprometido personalmente a fondo desde un principio, desde el momento en que asumí la responsabilidad del sector pesquero. 
Ya antes de la expiración del acuerdo anterior tomé contacto con las autoridades marroquíes con el objeto de iniciar las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de pesca. 
Esta propuesta fue rechazada firmemente por Marruecos durante meses y no fue posible mantener conversaciones sobre un nuevo acuerdo hasta después de una entrevista con el Rey Mohammed VI en Casablanca, en octubre del año pasado. 
Desde entonces se han celebrado siete rondas de conversaciones a nivel político y trece a nivel técnico. 
La Comunidad se ha esforzado desde un principio por mostrar la mayor flexibilidad posible para satisfacer los deseos e intereses marroquíes. 
Sin embargo, tras mi visita a Rabat en febrero de este año, pude comprobar que la diferencia entre ambas posiciones era insalvable, en particular como consecuencia de las exigencias económicas de Marruecos en compensación por las posibilidades de pesca ofrecidas. 
Asimismo, surgieron en ocasiones grandes divergencias en lo relativo a las posibilidades de explotación de los caladeros y a las condiciones marco de orden técnico de la actividad pesquera, es decir, en qué zonas, en que períodos y con qué barcos puede pescarse en Marruecos. 
Tras mi regreso en febrero, informé inmediatamente al Consejo sobre la situación para estudiar alternativas con los Ministros de Pesca. 
El Consejo me pidió que realizase un último intento de llegar a un acuerdo en el marco del presente mandato de negociación. 
Posteriormente, el 26 de marzo, me reuní en Bruselas con el Ministro Chbaatou, pero, desafortunadamente, esta reunión no tuvo éxito alguno 
En la Comisión, por nuestra parte, hemos elaborado varias propuestas durante el transcurso de las negociaciones dirigidas a fomentar el desarrollo del sector pesquero marroquí, por ejemplo destinando recursos financieros a la construcción de infraestructuras portuarias y a la organización del sector de servicios en Marruecos, fomentando y desarrollando la pesca de bajura y mediante medidas de formación e investigación, así como mediante el desarrollo de la acuicultura. 
Asimismo, aceptamos una amplia obligación de descarga en puertos marroquíes, lo que, por un lado, habría significado para muchos pescadores españoles y portugueses un cambio radical en sus actividades pesqueras tradicionales y, por otro, habría contribuido igualmente al desarrollo del sector marroquí. 
Además, aceptamos un incremento del porcentaje de nacionales marroquíes en las tripulaciones de los barcos, con el objeto de mejorar el grado de ocupación y de formación en el sector pesquero marroquí. 
De igual modo, habríamos aceptado nuevas y mayores restricciones a las posibilidades de captura, con el fin de garantizar la preservación de los recursos de las aguas marroquíes. 
A título de ejemplo: con respecto al acuerdo anterior, habríamos aceptado una drástica reducción de la presencia de barcos comunitarios en aguas marroquíes; en los dos años restantes, se habría llegado prácticamente a un phasing out de la pesca de cefalópodos y langostinos y gambas. 
También aceptamos nuevas condiciones de carácter técnico, que habrían sido poco ventajosas para la flota comunitaria y que, a su vez, habrían reducido el gasto en pesca. 
A pesar de todas estas concesiones y de la evolución de la postura marroquí en el curso de las negociaciones, se mantuvieron diferencias fundamentales de opinión en los siguientes asuntos: 
Primero: las condiciones de pesca propuestas por Marruecos significarían que la actividad pesquera dejaría de reportar utilidad económica a nuestros pescadores, pues habríamos tenido que pescar en muchos caladeros con muchos menos barcos y aceptar una parada biológica más larga. 
Segundo: a juicio de la Comunidad, la compensación financiera debe mantener una proporción razonable con las posibilidades de pesca ofrecidas. 
Ésta no es sólo nuestra directriz política general, también consta así en el mandato de negociación de octubre de 1999. 
Además, no sólo valoramos el apartado financiero desde un punto de vista puramente económico, sino que también tuvimos en cuenta consideraciones de orden político, como por ejemplo la necesidad de mantener buenas relaciones políticas con Marruecos. 
En nuestra propuesta de acuerdo de pesca con Marruecos hemos ofrecido una contraprestación económica de 70 millones de euros en el primer año, 60 millones en el segundo y 40 millones por el tercero. 
Esta propuesta era muy, muy ventajosa para Marruecos por diversas razones, puesto que, primero: calculamos nuestra contraprestación económica sobre la base de las capacidades de pesca previstas en el anterior acuerdo para el último año, y no sobre la base de la media del último acuerdo. 
Segundo: en nuestros cálculos no establecimos diferencias por tipos de pesca, si bien habríamos aceptado mayores reducciones en los tipos de pesca más caros y más interesantes para la Comunidad, como los cefalópodos y las gambas. De ello también se desprende una ventaja en los precios para Marruecos. 
Tercero: no incluimos en nuestros cálculos las obligaciones de descarga en Marruecos. 
Cuarto: por último, aumenté en un 20% la contraprestación financiera resultante de este cálculo, con el objeto de poner de manifiesto que comprendemos las preocupaciones de Marruecos por el desarrollo de su propio sector. 
A ello se le añade que, en nuestra última entrevista, intenté hacer entender una vez más al Ministro Chbaatou que la oferta que acabo de describir no sólo representa un precio justo por las capacidades de pesca, sino que también le puse de manifiesto que estaríamos dispuestos a poner otros 5 millones de euros anuales con el fin de demostrar una vez más nuestra resuelta voluntad de llegar a un acuerdo. 
El Ministro de Pesca marroquí, por su parte, señaló que Marruecos no dispone de margen de actuación a este respecto. 
Habida cuenta de la postura marroquí, no veo ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la base de nuestro mandato. Así se lo comunicaré al Consejo de Pesca el 25 de abril. 
Por ello, tanto más importante es la cuestión del futuro de los armadores y pescadores afectados, condenados a la ociosidad desde hace más de un año. 
Como ustedes saben, desde el 1 de diciembre de 1999 hemos pagado compensaciones a los armadores y pescadores con cargo a los Fondos de Pesca. 
Hemos adoptado todas las medidas preparatorias de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Niza. 
Así, el Parlamento y el Consejo tienen ante sí una propuesta de la Comisión para prorrogar hasta el 30 de junio de este año el pago de estas compensaciones. 
Al mismo tiempo, hemos propuesto no tomar en consideración para los pagos de las compensaciones el límite del 4%. 
Según nuestros cálculos, hasta ahora se han abonado cerca de 80 millones de euros a los armadores y pescadores afectados, de los que 20 millones han sido aportados por los propios Estados miembros; es decir, la cuota de la Comunidad asciende a 60 millones de euros de los que 51 millones han ido a España y 9 millones a Portugal. 
Pero una cosa sí está clara: el futuro del sector pesquero español y portugués exige nuevas medidas y más recursos. 
Desde mi punto de vista, debemos actuar fundamentalmente en tres ámbitos. 
Primero: hemos de intentar buscar en la medida de lo posible otros caladeros alternativos en terceros Estados. 
Segundo: debemos colaborar para encontrar puestos de trabajo alternativos para la población afectada, como en la acuicultura y el turismo o en el sector servicios, o donde se presente cualquier oportunidad. 
Tercero: al igual que hacemos en otros casos, debemos fomentar el desguace de barcos para los que no existe un uso alternativo. 
Para ello, agotaremos en cualquier caso el margen de actuación de que dispone la Comisión. 
A este respecto, hemos de hacer un llamamiento a la autoridad presupuestaria con vistas al presupuesto para el año 2002. 
El próximo paso será informar al Consejo de Ministros de Pesca. 
Permítanme resaltar, por último, que lamento profundamente la inflexible posición de Marruecos, que no ha hecho posible un acuerdo beneficioso para ambas partes. 
. Señor Presidente, Señorías, señor Fischler, nos consta que ha hecho usted todo cuanto ha podido. 
Otros le dejaron a usted una auténtica bomba de relojería para no lograr otro acuerdo: la promesa y el compromiso, en el anterior, de su no renovación. 
Todos sabíamos que lo tenía difícil. 
Aun así, tras dieciséis meses, trece reuniones técnicas y su implicación personal en siete ocasiones y la del propio Presidente de la Comisión en una- algo sin precedentes -, se consiguió que Marruecos se sentara a negociar. 
Pero poco más. 
Marruecos nunca quiso el acuerdo y lo demostró imponiendo su intransigencia, sus condiciones leoninas, inaceptables, que el propio sector rechazó por antieconómicas e inasumibles. 
Dijimos siempre que preferíamos un no acuerdo a un mal acuerdo. 
Y eso es lo que propone Marruecos, a pesar de las ofertas de la Unión Europea, generosas, razonables y beneficiosas para ambas partes. 
Marruecos está en su derecho pero, llegados a esta situación, ¿hay que seguir? 
Creo que si Marruecos quiere un acuerdo con la Unión Europea, sabe perfectamente lo que tiene que ofrecer. 
Sin embargo, si no se consiguió en dieciséis meses, creo improbable que se consiga ahora. 
Por eso, señor Fischler, debe usted tomar nota e informar al Colegio de Comisarios de la intransigencia de Marruecos a cooperar con la Unión Europea. 
Estaremos muy atentos a la evolución de las relaciones bilaterales entre ésta y Marruecos, tanto políticas- a las que usted se ha referido -, como económicas, financieras y comerciales. 
¿Por qué Marruecos renuncia a más de 200 millones de euros en tres años, a la aportación de los armadores europeos, a la posible creación de empresas conjuntas para desarrollar su sector, a la riqueza que podrían generar en sus puertos las descargas? 
¿Por qué rechaza una progresiva reducción de la flota europea en tres años, mientras autoriza privadamente la explotación de sus caladeros a empresas privadas asiáticas? 
Eso es legítimo, pero, ¿acaso la Unión Europea no puede garantizar mejor que nadie la preservación racional y la pesca responsable de sus recursos? 
¿Quién se va a beneficiar realmente en Marruecos del no acuerdo? 
Estas son las claves. 
Insisto, señor Fischler, en que tome usted buena nota de todo ello pero, tras este desplante de Marruecos, creo que tenemos la obligación de mirar al futuro. 
La situación es, desde luego, difícil, grave y sin precedentes. 
Pero no es una situación imposible de resolver. 
Por eso, desde aquí pido a todos generosidad y solidaridad, a empresarios y a pescadores, a sindicatos y a partidos políticos. 
Y a la Unión Europea hay que pedirle un esfuerzo especial. 
El Consejo Europeo de Niza, a petición- por cierto- del Gobierno de España y de José María Aznar, aprobó- otra cosa también sin precedentes- apoyar las reclamaciones y, si fracasaban, las negociaciones y, si tampoco éstas triunfaban, pidió a la Comisión un programa de acción específico, como se recoge en la conclusión 59 de Niza. 
Le pido, señor Fischler, su entrega y su comprensión. 
La pesca de la Unión Europea se lo pide ahora más que nunca. 
Pido su compromiso político personal para involucrarse en las negociaciones pesqueras pendientes con terceros Estados, Senegal y Mauritania en primer término, así como para abrir nuevas negociaciones y explorar nuevas pesquerías. 
Ése es el futuro para reubicar la flota, objetivo prioritario. 
Y, paralelamente, con los fondos que no se destinen a Marruecos, le pido que apoye un programa social amplio para los pescadores y para las comarcas más afectadas, con proyectos económicos alternativos para reactivar su economía. 
Su experiencia en la PAC nos debe ser útil para que, por vez primera, en la pesca se adopten programas de esta naturaleza. 
Concluyo diciendo que Marruecos asestó un duro golpe al sector pesquero europeo y, por lo tanto, a la Unión Europea. 
Pero ahora tenemos que adoptar una actitud realista, constructiva y responsable. 
Cuenta con el apoyo del Parlamento, que defenderá activamente este sector. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo pienso que la bomba de relojería es la que tenemos aquí, ahora, ya que estamos hablando de un fracaso negociador sin precedentes, y no suyo, Sr. Fischler, sino de mucha gente, que deja en el paro a 4.400 pescadores y a 415 barcos comunitarios. 
Los afectados en mi país se consideran engañados por sus responsables políticos, que siempre han negado las dificultades de la negociación, así como la existencia de plazos para concluirla. 
No así usted, señor Fischler. 
¿Cómo van a creer en la reubicación en otros caladeros si todos sabemos que incrementar el esfuerzo pesquero pondría en riesgo los recursos o convertiría en no rentable la actividad? 
¿Por qué ha fracasado la negociación? 
A pesar de sus esfuerzos como Comisario, que yo le reconozco, ha faltado una estrategia de conjunto, no suya, sino de la Comisión y, sobre todo, del Consejo. 
Usted me recordó la responsabilidad de los ministros, de quienes dijo que habían estado informados en todo momento y que habían participado en las últimas rondas negociadoras. 
Aunque la responsabilidad formal de negociar corresponde a la Comisión, los Gobiernos pueden y deben preparar el camino para el acuerdo. 
Usted ha dicho que la oferta de la Unión Europea no era mala; la actitud del Gobierno marroquí no ha sido la de un socio leal. 
Pero creemos que el marco de negociación era el acuerdo de asociación con Marruecos. 
Tal vez, hace once meses, no convenía mezclar la pesca y la agricultura, pero hay que recordar que Marruecos se sigue beneficiando aún de concesiones agrícolas obtenidas en paralelo a las negociaciones pesqueras de 1992 y de 1995, y que la Unión Europea es la principal importadora de productos marroquíes pesqueros, agrícolas e industriales. 
Usted me dijo, en su día, que esta mezcla no aportaría nada bueno, que era mejor fiarnos de nuestros socios. 
Nos hemos fiado y hemos visto que el mismo día que se rompían las negociaciones, Marruecos firmaba con Japón un acuerdo de cooperación pesquera y, mientras aducía para nosotros razones de mantenimiento de los recursos, concedía licencias a buques y a flotas comunitarios y extracomunitarios. 
El sector y la opinión pública quieren saber qué medidas va a tomar la Comisión tras el fracaso de estas negociaciones. 
Usted ha vuelto a hablar en su intervención de otro mandato. 
¿Es posible otro mandato? 
¿Cree usted que con otro mandato cambiaríamos algo? 
¿Considera usted que las negociaciones han terminado definitivamente, o es posible retomar esas negociaciones con un nuevo mandato? 
Señor Presidente, hoy más que nunca quisiera hablar en nombre de los pescadores y armadores de Andalucía, de las islas Canarias, de Galicia, de Barbanza, de Morrazo, de La Guardia, de las poblaciones del Estado español y de Portugal que necesitan y siguen reclamando la firma de un acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. 
Reclaman acuerdos justos, para beneficio mutuo, inscritos en el conjunto de relaciones económicas, sociales, políticas y humanas, como se hizo en 1995, que aborden la vecindad entre nuestros países y el Estado del Magreb. 
Reclama un acuerdo en los términos apropiados, aprobados reiteradamente por este Parlamento Europeo, y no aceptan como válida y propia la negociación llevada a cabo sin fe ni convicción por la Comisión durante los 16 últimos meses ni aceptan el fracaso anunciado. 
Así, no podemos aceptar el desmantelamiento de la flota europea en las aguas canario-saharianas ni es posible su traslado a otros bancos de pesca, en los que, por otra parte, competiría con otros barcos europeos, no podemos dejar en el desempleo a 4.400 pescadores ni las poblaciones costeras que viven principalmente de la pesca están en condiciones de dedicarse, de un día para otro, a otras actividades. 
No se debe admitir que su futuro esté en la jubilación anticipada para los más viejos y en la emigración para los más jóvenes. 
Las poblaciones a las que representamos exigen el regreso de la Comisión a la renegociación del acuerdo de pesca con Marruecos. 
Exigen que los Estados miembros, en particular el Gobierno del Estado español, abandone su actitud pasiva o cómplice y ponga en juego los recursos políticos y económicos necesarios para que se celebren nuevas negociaciones. 
Estamos, señor Presidente en ejercicio del Consejo y de la Comisión, Señorías, ante un problema europeo que afecta a ciudadanos europeos y pone en entredicho el propio crédito de las instituciones de la Unión y de su capacidad para gestionar un aspecto decisivo de las relaciones internacionales de su competencia como es el de la pesca. 
No hay razones para considerar el acuerdo en contradicción con la conservación de los recursos pesqueros de Marruecos. Es favorable- no me cabe la menor duda- a los intereses colectivos del pueblo marroquí. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, mi Grupo le quiere agradecer los esfuerzos y desvelos que usted ha desplegado en esta negociación, y más cuando nosotros pensamos que lo que ha faltado no es una estrategia de negociación de pesca, sino una estrategia global. 
En 1995 mi Grupo mantenía que el acuerdo pesquero con Marruecos debía incluirse en el contexto del acuerdo de asociación europea con Marruecos. 
La razón era obvia: entre socios deben establecerse facilidades en doble dirección; 
Marruecos necesita del acceso al mercado comunitario, y el sector pesquero comunitario requiere el acceso a unos caladeros en los que tradicionalmente ha estado presente. 
Las razones marroquíes no se pueden encontrar en la conservación de los recursos. 
Por falta de tiempo, no voy a poner ejemplos. 
El acuerdo de asociación tomó un tinte unívoco de concesiones comunitarias a Marruecos y hoy nos encontramos sin acuerdo pesquero. 
Las consecuencias de la ausencia de acuerdo son la pérdida de 4.000 empleos directos y 20.000 en tierra. 
Puede haber una solución buscando otros caladeros para un cierto segmento de la flota, pero es muy difícil para la flota artesanal y de bajura. 
Si Marruecos pretende comportarse como un socio, debería abrir sus aguas a la flota artesanal comunitaria con carácter inmediato. 
Señor Comisario, entre sus medidas, usted mismo habló de incrementar el margen de maniobra de la Unión Europea. 
Dentro de poco deberá revisarse el acuerdo de asociación y Marruecos, con toda seguridad, volverá a plantear exigencias de concesiones comerciales que afectarán incluso a las mismas regiones comunitarias que hoy se encuentran gravemente afectadas por la falta de acuerdo pesquero. 
Señor Comisario, espero que la Unión Europea encuentre este margen de maniobra cuando se trate de revisar este acuerdo de asociación. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, como sabe, éste es también un asunto que preocupa en particular a Portugal y a los pescadores portugueses, en particular en la zona de Sesimbra y del Algarve. 
Y, después del último debate que aquí celebramos y en el que recibimos informaciones en el sentido de que sería posible un acuerdo, nos sorprendió la noticia de que todo había fracasado. 
Comprendemos la dificultad del problema y nos choca la intransigencia de la posición de Marruecos. 
Y, por tanto, las cuestiones que planteamos son las siguientes: por lo que se refiere a la diferencia en las compensaciones financieras entre la propuesta de la Unión y la de Marruecos, y según las informaciones de que disponemos, queda más que compensada con el importe de ayudas comunitarias concedidas a Marruecos por diversos conceptos y también por las compensaciones o contrapartidas comerciales al amparo de otros acuerdos. 
La cuestión es si está la Comisión en condiciones de orientar una estrategia global con Marruecos. 
Comprendemos que un país decida vender más caros sus recursos, está en su libertad política, pero también, en la medida en que lo haga, tendrá menos necesidad de recurrir a la ayuda de la cooperación internacional. 
Y quisiéramos recordar, a ese respecto, lo que constó en la resolución aprobada en 1999 por este Parlamento Europeo: una cooperación cada vez más estrecha entre la Unión Europea y Marruecos no puede excluir las relaciones existentes en materia de pesca. 
Después nos gustaría también saber cuáles son las medidas de apoyo a la reconversión de la flota pesquera. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay tres observaciones que formular sobre esta fracasada negociación: la primera es sobre la extrema inflexibilidad negociadora de Marruecos. 
Se comprende que este país quiera valorizar sus recursos haliéuticos, pero la vida de los pueblos y de sus relaciones económicas está hecha de transacciones. 
La Unión Europea ha asumido transacciones con Marruecos, al abrir sus mercados a muchos de sus productos, incluidos los agrícolas, y al abrir sus puertas a muchos millones de ciudadanos marroquíes que han hecho de la Unión Europea su patria. 
Por eso, no se comprende la falta de reciprocidad de las actitudes por parte de Marruecos. 
Espero que la Unión Europea saque de esta historia algunas conclusiones, respecto de la cooperación futura con Marruecos y de su propia Política Pesquera Común; la segunda es la de que las gestiones llevadas a cabo con empeño por la Comisión y en particular por el Comisario Franz Fischler han contrastado con la postura pasiva del Consejo y de las diversas Presidencias de la Unión Europea, entre ellas la de mi propio país. 
¿Será porque el acuerdo servía sólo directamente a los intereses de dos países? 
¿O será que los Gobiernos de esos dos países no han sido suficientemente contundentes para defender sus intereses? 
Son preguntas que exigen una respuesta; la tercera es la de que conviene preparar el futuro, pero el futuro no se prepara sólo con compensaciones financieras, con los pescadores inactivos o con el pago de barcos para el desguace. 
Este fracaso negociador debería constituir materia de reflexión para la Unión Europea en cuanto al futuro de la Política Pesquera Común. 
Y a ese respecto se me ocurren tres cuestiones principales: la primera es la necesidad de creación de nuevos instrumentos políticos y financieros que faciliten nuevas modalidades de cooperación y asociación empresarial con países ricos en recursos de pesca; la segunda es que haya un empeño político en serio en los próximos acuerdos con terceros países; la tercera es la necesidad de que se haga una auténtica revolución en materia de gestión de los recursos haliéuticos. 
Por último, este rechazo de Marruecos es un misterio para mí. 
¿No sería posible saber cuáles son las razones profundas a que se debe? 
Y, si fuera posible esclarecerlo, ¿por qué no podríamos pensar entonces en un posible nuevo mandato de negociaciones? 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, no estamos exactamente en un bazar del Magreb ni en un mercado europeo. 
Estamos en una asamblea pública. 
Y no somos comerciantes, ¡somos políticos! 
Y en esa perspectiva se debe analizar esta frustración del acuerdo con Marruecos. 
Al parecer, Marruecos ha adoptado una actitud arrogante y Europa, la Unión, ¡no puede olvidarlo! 
¡No puede olvidarlo! 
Por mi parte, yo, modestamente, no olvidaré. 
Pero nos preguntamos también, como ya se ha preguntado, si no habrá tenido el Consejo una actitud de alejamiento, una actitud de pasividad. 
Ahí queda esa pregunta. 
¿Y- se preguntará complementariamente- habrá influido el hecho de que estos problemas interesen sólo a dos de los países de la Unión? 
Seguro, seguro, es el desprestigio de la Unión ante la opinión pública portuguesa- y supongo que también ante la española- y ésta sí que es la preocupación política principal que quisiera subrayar. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes lamenta que no se haya podido llegar a un acuerdo. 
Nosotros siempre hemos tenido la esperanza de que se alcanzara un acuerdo, pero con una condición muy importante: el acuerdo tenía que ser mutuamente aceptable y beneficioso para las dos partes. 
Resulta finalmente que un acuerdo tal no es posible. 
Esto es lamentable, pero debemos respetar el derecho de Marruecos a decidir cómo explota sus recursos en sus propias aguas. 
Tiene el derecho de libre determinación y tiene el derecho a buscar el mejor acuerdo posible para sí mismo. 
Otro asunto en el Libro Verde es el compromiso de la Comunidad Europea con el principio de cautela y la conservación de las reservas de peces. 
El informe de abril de 2000 del Comité Científico, Técnico y Económico para la Pesca analiza la situación de los bancos de peces en Marruecos, así como en otros países de África occidental. 
No presentan una imagen muy optimista en el caso de la anchoa, la sepia, el pescado demersal, la merluza negra y la sardina. 
El informe dice que no existe información acerca de la situación de estos bancos. 
El informe indica también que los caladeros de pulpo y merluza están sobreexplotados y que es necesaria una reducción en las faenas. 
Se señalaba, así mismo, que existía una gran ignorancia acerca del nivel de actividad pesquera que en realidad desarrollan los barcos de la UE y éste es un punto verdaderamente importante y muy preocupante. 
Se hablaba igualmente de la falta de garantía para la protección de la pesca costera a pequeña escala. 
Por último, nos satisface que se ofrezca compensación y fondos para las flotas en proceso de reestructuración, pero también tenemos que examinar la política global en materia de pesca de la Unión Europea. 
No podemos seguir buscando por todo el mundo más y más lugares a los que transferir nuestro exceso de capacidad. 
Tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que debemos resolver el problema desde dentro. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta las declaraciones del Comisario Franz Fischler parece haber concluido un proceso que se arrastraba desde noviembre de 1999, con consecuencias socioeconómicas negativas para la flota comunitaria que allí faenaba y para las comunidades pesqueras que dependían tradicionalmente de esos pesqueros. 
Y la pregunta que se plantea es ésta: ¿será aún posible la negociación de un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, en condiciones aceptables? 
Las propuestas marroquíes de reformulación del acuerdo anterior eran inaceptables y en el sector había incluso quien se preguntaba si valía la pena tener un mal acuerdo. 
En cualquier caso, con esta situación casi 30 embarcaciones y más de 600 pescadores se quedan ahora sin futuro a la vista en Portugal. 
A pesar de que haya alguna prórroga de las ayudas, resulta imperativo que la Unión Europea garantice un apoyo compensatorio a la flota, a los pescadores afectados y a las zonas afectadas, apoyando un programa de conversión de la flota que faenaba en los pesqueros marroquíes, garantizando su reorientación a otros pesqueros comprendidos en el ámbito de los acuerdos comunitarios de pesca y, naturalmente, pensando en una modificación de la política europea de pesca. 
Señor Presidente, señoras y señores, quiero comentar brevemente el intenso debate al que hemos asistido. 
En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el comienzo de un nuevo acuerdo o de las negociaciones fue muy difícil porque en los anteriores acuerdos no se recogió ninguna estipulación acerca de la celebración de un acuerdo ulterior. Ello propició, lógicamente, que los negociadores marroquíes alegasen durante meses argumentos según los cuales se había convenido, por así decirlo, que no se celebraría ningún acuerdo más, y que a ello se había comprometido la Comisión y los negociadores del anterior acuerdo. 
En segundo lugar, debemos tener claro lo siguiente: no creo que estemos mandando la señal correcta cuando decimos que debe llegarse en todo caso a un acuerdo. 
Ya les he puesto de relieve que los negociadores marroquíes manifestaron que ni estaban dispuestos a asignarnos más o mejores posibilidades de pesca que las asignadas hasta entonces ni a rebajar sus exigencias económicas. 
Pero si aceptamos las exigencias económicas impuestas a cambio de las posibilidades de pesca ofrecidas, estamos creando un precedente para los demás acuerdos con terceros Estados que mantenemos. 
De este modo encareceremos todos los demás acuerdos en una medida que es simplemente irresponsable. 
Por supuesto, los negociadores marroquíes son libres de hacernos llegar una propuesta mejorada. 
Y así se lo dije al Ministro. 
Sería bueno que esto ocurriera antes de que se celebre el Consejo de Ministros de Pesca, pero, en las actuales circunstancias, creo que no tiene ningún sentido, pues deben tener en cuenta lo siguiente: si cerramos el acuerdo en su estado actual, los pescadores españoles y portugueses no obtendrán utilidad económica alguna. 
Ello tendrá como consecuencia que, al mismo tiempo, deberemos acometer en todo caso y desde el principio la reestructuración de la flota. Pero ello tendría que realizarse en circunstancias de gran escasez de recursos financieros, porque la mayor parte de los recursos de los próximos tres años estarían comprometidos en un mal acuerdo. 
Por otro lado, quiero resaltar una vez más cuán importante es que ahora ayudemos al sector afectado del mejor modo posible. 
A ello estamos llamados todos. 
Está llamada la Comisión, pero también la autoridad en materia presupuestaria, es decir, el Parlamento y el Consejo. 
Muchas gracias, señor Comisario Franz Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Control, inspección y vigilancia aplicables a la política pesquera común 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0098/2001) del Sr. Jové Peres, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2000) 684- C5-0583/2000- 2000/0273 (CNS) ) relativa a una participación financiera de la Comunidad en determinados gastos realizados por los Estados miembros para la aplicación de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a la política pesquera común. 
, ponente. Señor Presidente, la propuesta de Decisión del Consejo supone la continuación de una política de apoyo financiero a los Estados miembros para financiar sus infraestructuras destinadas a este pilar fundamental de la política pesquera común. 
La propuesta establece como prioridad la implantación de nuevas tecnologías, la utilización de las redes informáticas, la posible generalización de los sistemas de vigilancia por satélite, la formación del personal encargado del control y los sistemas de intervención, que es necesario implantar para satisfacer las obligaciones que tiene la Unión Europea con las organizaciones regionales de pesca. 
Aunque, en general, la propuesta de la Comisión es aceptable, hay dos aspectos que entran en colisión con la línea adoptada por la Comisión de Pesca y el Parlamento Europeo en otros temas relacionados estrechamente con el que nos ocupa. 
El Parlamento ha puesto de manifiesto en los recientes informes que afectan a las organizaciones regionales de pesca que la competencia de control y vigilancia en ellas debería ser exclusivamente comunitaria, y que debería corresponder a las instituciones de la Unión Europea, particularmente a la Comisión, la adopción de las medidas necesarias para hacer frente a estas obligaciones. 
Por consiguiente, coherentemente, la financiación de estas actuaciones debería correr a cargo del presupuesto comunitario. 
Dado que las organizaciones regionales de pesca están destinadas a incrementar su importancia en el futuro de la política pesquera común, es conveniente seguir la línea definida por anteriores informes adoptados por este Parlamento. 
Según la propuesta de la Comisión, se puede entender que, en el futuro, la contribución a los trabajos de las organizaciones regionales de pesca también quedaría confiada, al menos parcialmente, a los Estados miembros, así como las misiones de inspección y control. 
Mientras exista una política pesquera común y la Comunidad ostente competencias en materia de pesca, debe actuar como tal y dotarse de los medios humanos y materiales para hacer frente a sus obligaciones, tal y como exige el principio de suficiencia de medios de la política pesquera común. 
La aplicación de este principio tiene implicaciones financieras y requiere desarrollos jurídicos y, quizá, cesiones de soberanía, pero, si se acepta un determinado modelo de construcción política, es necesario poner los medios para que dicho modelo se pueda poner en práctica. 
La situación actual no corresponde exactamente a este modelo, pues el núcleo de la competencia de control descansa en los Estados miembros, y es necesario un período razonable de adaptación de las estructuras al modelo anteriormente anunciado. 
Corresponde a los Estados miembros, con carácter transitorio- quizá los tres años a los que está enfocada la duración del programa contenido en esta Decisión -, continuar ejercitando la representación de la Unión en estas competencias. 
Ahora bien, esto no es óbice para que se reembolse a los Estados miembros, en su totalidad y con carácter inmediato, los gastos originados por estas obligaciones de carácter comunitario, por lo que, en lugar de una cofinanciación, debería reembolsarse el 100% de los mismos. 
Éste es el sentido de la enmienda 1 del proyecto de informe. 
Sorprende la mención, contenida en la exposición de motivos de la decisión, de que se prevé una reducción de 41 a 35 millones de euros anuales en los gastos destinados a las operaciones de control, puesto que es muy probable que la adecuada infraestructura para cubrir los programas de control y vigilancia exija en el futuro, no una reducción, sino un incremento de la carga financiera actual. 
La enmienda 2 eleva el porcentaje de financiación comunitaria para las acciones de adquisición o modernización de equipos de inspección y control de un 30 a un 35%. 
Ya se ha realizado la mayor parte de las inversiones en este sentido y la mayor parte de las futuras acciones se referirá al ámbito de la modernización. 
En cualquier caso, como las inversiones son costosas y- no hay que olvidarlo- estamos hablando de un control de la política común, procede incrementar ligeramente el porcentaje de financiación comunitaria. 
Confieso, para terminar, que me he sentido tentado de iniciar una discusión más profunda acerca del futuro del sistema de control tras la reforma. 
No obstante, las experiencias de recientes informes que, por hacer prospectiva, han perdido parte de su eficacia, me han llevado a planteamientos más modestos e inmediatos. 
Señor Presidente, de nuevo lo que más me llama la atención de la propuesta de la Comisión es el desequilibrio entre la importancia que ella dice otorgar a ciertos temas y los medios que luego pone para resolverlos. 
Si nos fiáramos sólo de las declaraciones de intenciones, podría parecer que de verdad la Comisión otorga a la política de control de las pesquerías una prioridad máxima. 
La exposición de motivos de esta propuesta es una loa a la importancia de esta política, dentro de la política pesquera común, a la que califica de crucial, calificación que todos compartimos. 
El Libro Verde, recientemente presentado, va incluso más lejos, llegando a afirmar que, o se mejora el sistema, o se asestará un golpe fatal a la credibilidad de la PCP. 
Sin embargo, a la hora de la verdad, vemos otra vez que, tras las grandes declaraciones, faltan las dos patas del banco y que ni se aportan los suficientes medios para llevar a cabo las medidas, ni se sigue la imprescindible política de transparencia que las haga creíbles. 
Así, no es posible entender cómo siendo tan prioritaria esta política, y tan imprescindible su reforzamiento, el presupuesto que se le dedica en esta ocasión no sólo no aumenta sino que disminuye de 41 a 35 millones de euros anuales. 
Por otra parte, siendo ésta la tercera decisión de la Comisión en el mismo sentido, esta vez la Comisión no ha hecho público el informe sobre los resultados de las acciones anteriores, con lo que nos quedamos sin saber si, al margen de que la elección de las medidas financiables haya sido más o menos acertada, éstas han logrado resultados prácticos y, entre ellos, los tan deseables de vincular el sector a esta política a la que hasta ahora calificaban de discriminatoria y confusa en las aguas comunitarias y de débil y huérfana de credibilidad en el exterior. 
Apoyamos, por tanto, los más que pertinentes comentarios del ponente en este sentido, así como la totalidad de sus enmiendas y, muy particularmente, las que insisten en recordar a la Comisión que este Parlamento opina que, si la Comisión es la que ostenta la competencia en el marco de las organizaciones regionales de pesca, también es suya la responsabilidad política y financiera de poner en marcha las medidas pertinentes, incluidas, naturalmente, las medidas de control, donde la Unión Europea se juega ante los ojos del mundo la credibilidad de su presunto compromiso con la sostenibilidad de los recursos. 
Señor Presidente, Marruecos, como hemos escuchado esta mañana, está ocupando por el momento todo lo que concierne a la política de pesca de la UE. 
Puedo entenderlo muy bien, porque los efectos de no haber llegado a un acuerdo de pesca de la Península Ibérica son enormes para todos nosotros. 
Hace poco pude convencerme de ello. 
Pero no por ello debemos permanecer en la inmovilidad, sino considerar otros aspectos importantes de la política pesquera común, como hace en su informe nuestro colega el Sr. Jové Peres. 
Permítanme ir al grano. La vigilancia pesquera no lo es todo, pero sin ella no hay nada. 
Sabemos por la experiencia de todos los días que la política europea de pesca no sería nada sin un control auténtico y efectivo. 
Necesitamos avances y necesitamos adaptarnos mejor al desarrollo moderno. 
En una conferencia que organizó la Comisión en Octubre pasado en Bruselas, se trataron, entre otros temas, los aspectos internacionales de los controles. 
Necesitamos un planteamiento global. 
Las presentes propuestas de la Comisión son tan correctas como el nuevo Libro Verde para la reforma de la Política Común de Pesca. 
La responsabilidad por la ejecución de los controles está claramente regulada. 
Pertenece a los Estados miembros. 
Es indispensable el apoyo financiero por parte de la Comunidad para que, en un futuro, haya controles modernos y eficientes. 
Digo "moderno" con toda consciencia, pues necesitamos, y aquí la Comisión ha fijado las prioridades adecuadas, introducir tecnologías modernas, utilizar redes informáticas, poner en marcha sistemas de vigilancia por satélite y una formación mejor del personal de control. 
Sin embargo, hay que considerar si un recorte de los recursos es el camino correcto para la puesta en marcha de las medidas de control. 
Creo que deberíamos dar otras señales en el tema de los controles, más en la línea de las prioridades de la PCP. 
Por tanto, es completamente necesario un presupuesto a la altura de esas prioridades. 
Señor Presidente, Señorías, me alegra que usted, señor Jové Peres, haya acogido tan favorablemente la propuesta de la Comisión, y también yo quiero felicitarle por su trabajo. 
Su informe pone de manifiesto que en una gran medida estamos de acuerdo en lo sustancial. 
La participación de la Comunidad en los gastos de control de los Estados miembros ha dado hasta ahora resultados positivos. 
Como precisamente ahí, en el ámbito de los controles, debemos hacer aún muchas mejoras, continuará la participación financiera de la Comunidad, aunque la nueva medida ha de adaptarse a las circunstancias actuales, tal como ustedes piden en su informe. 
Y vayamos ahora a las enmiendas. La Comisión apoya sin condiciones las enmiendas 1, 2, 5 y 6. 
En la enmienda 3 quieren añadir un nuevo considerando 12 sobre el mecanismo técnico presupuestario. 
Estoy de acuerdo con ustedes, ahí no hay problema. 
Pero no nos parece necesario exponer todo el mecanismo técnico presupuestario como considerando. 
Además es innecesario porque no hay ninguna analogía en la parte dispositiva de la Decisión. 
No puedo aprobar la enmienda 4 en la que se pide que la Comisión asuma el 100% de los gastos de los Estados miembros. 
Con ello no sólo asumiríamos el 100% de la responsabilidad financiera, sino también de la responsabilidad política. 
Por lo que respecta a la enmienda 7, la Comisión no puede cumplir este año con la fecha del 30 de junio para decidir la selección de aquellos gastos de control que serán cofinanciados por la Comunidad. 
La razón de ello es que los Estados miembros han de tener tiempo hasta esa fecha para enviarnos sus informes sobre los gastos de control. 
Por eso, nosotros decidiremos después. 
Pero para los próximos años se respetará esa fecha por nuestra parte. 
Una modificación del procedimiento de comitología, como ustedes proponen, no es posible. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Acabo de enterarme de que han robado a uno de los asistentes de mi oficina en Bruselas a punta de navaja al borde del bosque que se encuentra apenas a unos metros del edificio del Parlamento. 
Aparte de este incidente, mi personal me ha informado también de que han sido amenazados en anteriores ocasiones cerca del edificio, tanto en esa zona como en la parte entre el edificio y la estación de ferrocarril, sobre todo a primera hora de la noche. 
Quisiera que se realizaran investigaciones para que mejorara la seguridad de los diputados al Parlamento Europeo y de su personal en la zona que rodea nuestro edificio en Bruselas. 
Señoría, transmitiré su solicitud al servicio de seguridad. 
Pienso que los Cuestores deberán, asimismo, examinar la cuestión. 
Señor, ignoro si el Sr. Wim van Velzen se encuentra en el Pleno. 
Me gustaría llevar a cabo esta intervención estando él presente, de todas formas considero que debo informar tanto a usted como a todos los colegas que los comentarios que el Sr. van Velzen hizo refiriéndose a mí fueron injustos. 
He sido criticado por el Sr. van Velzen en dos ocasiones en este Pleno, sin estar yo presente. 
Según sus palabras, no fui coherente ni correcto con respecto a la defensa de los derechos humanos durante mi estancia en Cuba, donde estuve con los Sres. Wiebenga y Eriksson para participar en una reunión de la Unión interparlamentaria. 
Quisiera manifestar que en el mismo momento en que el Sr. van Velzen planteaba esta cuestión en este Pleno- aquí eran aproximadamente las 17.00 horas del lunes- a las 11.00, hora local de Cuba, esto es, a la misma hora, yo me reunía con el Sr. Elisardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional, el cual me estaba enseñando, en el vestíbulo de su domicilio, las fotos que había hecho junto con Aznar, junto con Felipe González, junto con nuestro colega Mário Soares. 
Junto con este señor estaban también todos los representantes de la oposición cubana. 
Pues bien, éste es un hecho y no meras palabras. 
La delegación del Parlamento Europeo representó correctamente a esta Institución reuniéndose, aunque no era nuestra obligación en esa sede, con todas las organizaciones de la oposición democrática cubana. 
No quiero decir que el Sr. van Velzen tenga que pedirme disculpas, porque no es necesario. 
Quiero dar las gracias a sus Señorías, al presidente de mi Grupo y al Sr. Seguro por las palabras que han pronunciado, pero estoy seguro que la próxima vez no serán necesarias. 
Si alguien me criticará en lo concerniente a los derechos humanos, no será preciso que se levanten el Sr. Barón Crespo o el Sr. Seguro, porque el primero que se levantará en este Pleno será el Wim van Velzen que, repito, sin necesidad de disculparse hoy, la próxima vez será quien me defenderá de posibles acusaciones y críticas totalmente injustas. 
Señor Imbeni, la Asamblea toma nota de su declaración, efectuada en el marco del artículo 122, por alusiones personales. 
Señor Presidente, no tiene que haber un debate. 
El Sr. Wim van Velzen, que me representa y que es una persona valorada, no puede estar hoy aquí porque debe representar a nuestro Grupo en Sofía. 
Quisiera decirle al Sr. Imbeni, Vicepresidente del Parlamento Europeo, que a pesar de todas las diferencias políticas que tengamos, es un valioso colega y Vicepresidente. 
Recomiendo que los Sres. Wim van Velzen e Imbeni, si quieren acompañados por mí, tengan una conversación para discutir la razones últimas, que yo no conozco y que la mayoría tampoco. 
Deberíamos estar de acuerdo, señor Imbeni, cuando se trata de la defensa de los Derechos Humanos, esta Asamblea debería ser unánime. 
Le doy las gracias, señor Poettering, por esta acertada propuesta. 
Bienvenida 
VOTACIONES 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Informe (A5-0111/2001) del Sr. Piecyk, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto común, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 1692/96/CE en lo que se refiere a puertos marítimos y puertos interiores, así como al proyecto nº 8 del Anexo III (C5-0050/2001- 1997/0358 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0090/2001) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (12469/1/2000- C5-0678/2000- 1999/0152 (COD)) 
Fischler, Comisión. 
(EN) Señor Presidente, como ya declarara ayer por la tarde la Comisión, lamentablemente no puede aceptar las enmiendas propuestas. 
Las razones, en resumen, son las siguientes: 
En cuanto a las enmiendas 1 y 10 acerca de los delitos principales, la Comisión no puede aceptar un ámbito de aplicación esencialmente limitado a la criminalidad organizada. 
Sobre el tratamiento de las profesiones contemplado en las enmiendas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 y 22, la Comisión considera que las profesiones jurídicas constituyen un caso especial que merece un tratamiento especial. 
No está dispuesta, en cambio, a hacer extensivo ese mismo tratamiento a todas las profesiones. 
Cree también que determinados tipos de asesoramiento, no amparados por la inmunidad del letrado, deberían contemplarse dentro del ámbito de aplicación de la directiva. 
En cuanto a las enmiendas 7 y 11 relativas a las autoridades competentes y la enmienda 9 relativa a la definición de las instituciones financieras, la Comisión prefiere el texto de la posición común. 
La enmienda 14 constituye, en opinión de la Comisión, una ampliación excesiva de la cobertura de actividades no financieras. 
Respecto de las enmiendas 15 y 16 sobre identificación de clientes, la Comisión está convencida de que la posición común ofrece la flexibilidad necesaria. 
Las enmiendas 17 y 28 se refieren al caso especial de la identificación del cliente cuando no existe contacto cara a cara. 
Aunque comparte el objetivo de la enmienda 28, la Comisión no puede aceptar estas enmiendas en su forma actual. 
La enmienda 18 pide una revisión de las exenciones de identificación de clientes para determinados contratos de seguro. 
La Comisión cree que es necesario un estudio detallado antes de tal revisión. 
Las enmiendas 19 y 20 tratan de la identificación en casinos. 
La Comisión prefiere el texto de la posición común que trata este asunto. 
La Comisión cree que las enmiendas 21 y 24 se saltan la regla básica de no delatar. 
Las enmiendas 23 y 25 modifican disposiciones de la directiva de 1991 que, a juicio de la Comisión, no necesitan ser modificadas. 
Por último, las enmiendas 26 y 27 tratan del papel de la OLAF. 
A solicitud del Consejo, la Comisión presentará una propuesta aparte sobre esta cuestión. 
Las enmiendas son, por tanto, innecesarias. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0079/2001) , en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la circulación de los piensos compuestos y por la que se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión (13292/1/2000- C5-0002/2001- 2000/0015 (COD) ) (ponente: Sr. Graefe zu Baringdorf) 
Antes de proceder a la votación y de conformidad con el apartado 5 del artículo 80 del Reglamento, concedo la palabra al Sr. Comisario para que nos dé a conocer la posición de la Comisión sobre las enmiendas. 
. 
(EN) Quisiera confirmar que la Comisión no puede aceptar ninguna de las siete enmiendas propuestas. 
La posición actual incluye las enmiendas aceptadas por la Comisión en primera lectura. 
La Comisión considera que esta posición común ofrece un nivel de seguridad equivalente al que recogía la propuesta inicial de la Comisión. 
Tampoco puede la Comisión aceptar en este momento la petición de crear una lista positiva de materiales de alimentación. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0093/2001) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (COM (2000) 340- C5-0294/2000- 2000/0145 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0096/2001) del Sr. Camisón Asensio, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las ayudas concedidas para la coordinación del transporte por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (COM (2000) 5- C5-0402/2000- 2000/0023 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0094/2001) de la Sra. Keßler, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, sobre las siguientes propuestas: 
decisión del Consejo por la que se establece una segunda fase del programa de fomento, de intercambios, formación y cooperación destinados a los profesionales de la Justicia (GROTIUS general y penal II) (COM (2000) 828- C5-0754/2000- 2000/0339 (CNS)) 
decisión del Consejo por la que se establece una segunda fase del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación de las autoridades policiales y aduaneras de los Estados miembros de la Unión Europea (OISIN II) (COM (2000) 828- C5-0755/2000- 2000/0340 (CNS)) 
decisión del Consejo por la que se establece una segunda fase del programa de fomento, intercambios, formación y cooperación destinado a los responsables de la acción contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños (STOP II) (COM (2000) 828- C5-0756/2000- 2000/0341 (CNS)) 
decisión del Consejo por la que se establece un programa de fomento y de intercambios, formación y cooperación en el ámbito de la prevención de la delincuencia (HIPPOKRATES) (COM (2000) 786- C5-0753/2000- 2000/0304 (CNS)) 
(Por votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las cuatro resoluciones legislativas) 
Informe (A5-0091/2001) de la Sra. Keßler, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la creación de una Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil (COM (2000) 592- C5-0561/2000- 2000/0240 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0098/2001) del Sr. Jové Peres, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a una participación financiera de la Comunidad en determinados gastos realizados por los Estados miembros para la aplicación de los regímenes de control, de inspección y de vigilancia aplicables a la política pesquera común (COM (2000) 684- C5-0583/2000- 2000/0273 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0117/2001) de la Sra. Auroi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1251/1999 por el que se establece un régimen de apoyo a los productos de determinados cultivos herbáceos (COM (2001) 0087- C5-0083/2001- 2001/0043 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común sobre la actualización de determinados aspectos jurídicos que afectan a las inversiones intracomunitarias 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0303/2001) , del Sr. Martinez, entre otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la epizotía de fiebre aftosa en Europa 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común sobre la declaración de la Comisión Europea relativa a la fiebre aftosa en el seno de la Unión Europea 
Antes de la votación de la enmienda 3 
Señor Presidente, voy a solicitar a quienes han presentado la enmienda 9 que la retiren. 
Puedo explicarlo. 
Muchos en este Pleno, probablemente todos, desean que por lo que respecta al nombre FYROM/Macedonia se llegue pronto a un acuerdo, concretamente entre los dos países vecinos Macedonia y Grecia. 
Si hoy se celebrase una votación al respecto, temo que no saldría positiva o, al menos, sería muy ajustada, lo que iría contra las intenciones de los que han presentado la enmienda. 
Por ello les pido que la retiren. 
Su voluntad se ha expresado, y se corresponde con la voluntad de muchos en este Parlamento, pero la enmienda en cuanto tal no debería ser presentada hoy, y menos cuando ambos países, Macedonia/FYROM y Grecia están próximos a un acuerdo. 
Señor Presidente, durante las semanas pasadas hemos podido observar cuán importante es que Macedonia sea un Estado estable capaz de solucionar sus conflictos internos. 
Además, Macedonia lleva afirmando desde hace diez años que no necesita ninguna modificación de fronteras. 
Por todo ello no encuentro razón alguna por la que Macedonia no pudiera elegir su propio nombre. 
A decir verdad, veo con malos ojos que los miembros griegos de los grandes Grupos políticos hayan conseguido una vez más secuestrar a sus correligionarios. 
Dicho esto, sería aún más deplorable que el Parlamento decidiera con mayoría que este derecho ha de ser denegado a Macedonia. 
Por eso estoy dispuesto a retirar la enmienda ahora mismo, pero quisiera instar a los miembros griegos a que de una vez afronten la realidad y se dispongan a conceder a Macedonia el derecho de elegir su propio nombre. 
Si he entendido bien su intervención, señor Lagendijk, retira esta enmienda y apela a la prudencia de la Asamblea. 
Señor Presidente, lo único que quiero decir es que ese estado llamado Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) existe sólo gracias al apoyo griego en este momento. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0246/2001) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos desarrollados, que se celebrará en Bruselas del 14 al 20 de mayo de 2001 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, ¿podría averiguar si al final se ha votado la enmienda 2 del Grupo Liberal a la resolución sobre la fiebre aftosa? 
Tengo mis dudas al respecto. 
¿Podría explicarme asimismo qué sucedería si éste no fuera el caso? 
Puedo asegurarle que dicha enmienda continúa representando el punto de vista del Grupo Liberal. Tal vez pueda incluirla como tal en la explicación de voto. 
No obstante, tengo la sospecha de que sencillamente no se ha votado. 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Piecyk (A5-0111/2001) 
- (FR) El informe Piecyk, de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, aprueba el acuerdo adoptado en conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre los criterios que deben aplicarse a los puertos marítimos, a los puertos interiores y a las terminales intermodales para que puedan beneficiarse de financiaciones en concepto de las redes de transporte transeuropeas (RTE). 
Podemos estar de acuerdo con el ponente en su voluntad de continuar a escala europea el desarrollo de las infraestructuras necesarias para las instalaciones portuarias. 
Destinar las financiaciones públicas europeas al desarrollo de instalaciones públicas a fin de mejorar la ordenación del territorio, de reequilibrar los modos de transporte, de luchar contra la contaminación constituye, sin ninguna duda, una prioridad. 
Pero las financiaciones públicas deben favorecer las instalaciones públicas y los servicios públicos. 
Ahora bien, la ambigüedad en la que se encuentra la Unión Europea, y que está presente en este informe, se refiere, justamente, al futuro de la condición, pública o privada, de las instalaciones portuarias. 
Por un lado, el Consejo promueve la red transeuropea, por otro, prepara las privatizaciones en estos sectores, como, por ejemplo, a través de la directiva presentada el 14 de febrero tendente a abrir a la competencia los servicios portuarios. 
En ningún momento Europa reflexiona sobre las necesidades de las poblaciones y de las sociedades, sino únicamente sobre apertura y competencia. 
Señor Presidente, como seguramente sabe por prestar mucha atención a mi explicaciones de voto, nací en Génova, puerto de mar, y fui marino. 
Por lo tanto, para mí no hay nada más importante que este texto mediante el cual se trata de beneficiar y potenciar los puertos marítimos y los puertos interiores en Europa, tal como se explica cumplidamente en el informe del Sr. Piecyk. 
Por esto, he votado a favor de este texto confiando en que Europa interesándose por la vida marítima, por el mar y por los puertos. 
Señor Presidente, en el informe del Sr. Lehne, muy competente en esta materia, se incluye una enmienda de nuestro Parlamento, la enmienda 18, que activa los controles antiblanqueo sobre pagos de más de 10.000 euros, mientras que la Comisión proponía controlar estos movimientos de capitales incluso cuando estos fueran de poco más de 2.500 euros. 
Creo que esta enmienda del Parlamento Europeo ha sido oportuna y esto me ha convencido de votar a favor. 
De hecho, considero que no debemos exagerar con los controles de los movimientos financieros, aunque sean justos, gravando estos movimientos de dinero con regulaciones demasiado estrictas que no hacen más que poner trabas. 
. (EL) Al contrario de lo que suele ocurrir- el Parlamento Europeo pide medidas más estrictas que el Consejo- en el caso de la Directiva 91/308/CEE relativa a la legalización de ingresos procedentes de actividades ilegales, "blanqueo de dinero", el Parlamento Europeo sustancialmente invalida y revoca las medidas propuestas. 
Y en los casos en que afectan a los abogados jóvenes y la discreción que debe presidir su actividad, el Parlamento Europeo tiene derecho a pedir su exclusión. 
No ocurre lo mismo, sin embargo, con profesionales como los contables, los asesores fiscales, los corredores, los notarios, los organizadores de subastas, etcétera, los cuales están obligados a denunciar ante la justicia cualquier indicio de blanqueo de dinero. 
Por ello estas categorías no deben contemplarse y he votado en contra de las enmiendas correspondientes del ponente. 
- (FR) La batalla de enmiendas entre el Parlamento y el Consejo ilustra sobre los vínculos contradictorios que los atan, tanto a uno como a otro, en su pretensión de luchar contra el blanqueo de dinero sucio sin atreverse a tocar la información reservada comercial. 
Luchar eficazmente contra el blanqueo del dinero procedente de la droga o de los tráficos ilegales requeriría la supresión del secreto bancario, de la información reservada comercial, y no sólo de manera limitada y confidencial, ni sólo ante la justicia. 
Pero eso significaría revelar a la opinión pública que existe una gran cantidad de maneras de acumular capitales y de utilizarlos, que, aunque sean legales, no son menos criminales con respecto a los intereses elementales de la sociedad. 
Sería inaceptable para los defensores de la obtención de beneficios y del derecho de aquellos que sacan provecho de ello de utilizar dichos beneficios según sus deseos. 
Que no se sorprendan de su propia impotencia frente a aquellos que llevan hasta la criminalidad la lógica de la obtención de beneficios. 
No deseamos avalar con nuestro voto la ineficacia de las medidas impuestas, así como tampoco el blanqueo de capitales, ciertamente legales, pero conseguidos a costa de la explotación y utilizados en detrimento de la sociedad. 
- (FR) La directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales está bien orientada y responde, al menos en parte, a las aspiraciones de los movimientos de ciudadanos y a las propuestas elaboradas por los jueces más afectados por esta cuestión. 
Desgraciadamente, aparte de una enmienda (2) , que extiende a los contables las obligaciones de la directiva, y de otra (27) , que menciona a la OLAF y a un posible fiscal europeo, el informe Lehne se esfuerza por reducir el alcance de esta directiva. 
El propio informe lo dice: "El derecho a la reserva en cuanto a los clientes no se ha de menoscabar ni siquiera para luchar contra el blanqueo de capitales". 
A este argumento se añaden pretextos absurdos ("complejas obligaciones") o escapatorias que dejan librado a los colegios profesionales la autorregulación de las normas necesarias. 
Nosotros somos favorables a la transparencia total de las operaciones financieras. 
Reconocemos la necesidad absoluta de proteger el derecho a la defensa, pero en ningún caso ello debe permitir la impunidad para todo aquel que participe en actos delictivos. 
Por eso votamos en contra de algunas enmiendas absolutamente escandalosas, que obstaculizan una lucha enérgica contra el blanqueo de capitales. 
. (EN) Estoy seguro de que hablo en nombre de todos los parlamentarios de esta Cámara si digo que apoyo una mayor coordinación y cooperación para combatir la criminalidad y la delincuencia transfronteriza. 
En concreto, yo reconozco la importancia de normas y reglas comunes que contribuyan a superar los obstáculos legales que puedan oponerse a una acusación con éxito. 
En Irlanda, para luchar contra los tipos de delitos mencionados en el debate, establecimos el "Criminal Assets Bureau" (CAB) , que es una organización formada por una diversidad de organismos y dirigida por un funcionario jurídico y un superintendente jefe de la policía. 
Han tenido mucho éxito en la confiscación de bienes de traficantes de drogas y de otros delincuentes, así como en la obtención de pruebas para otros procesamientos. 
Esto ha permitido llevar ante la justicia a muchos delincuentes y seguir la ruta del dinero para confiscar los ingresos de esas actividades delictivas. 
Por muy grande que sea nuestro deseo de procesar a los delincuentes, debemos garantizar que la justicia y las reglas normales de procedimiento no se deben olvidar. 
En el presente informe, la pretensión de poner a los contables y auditores al mismo nivel que los abogados es importante para mantener este derecho de defensa. 
La medida recogida en la posición común de permitir que la información recabada en un "caso de lavado de dinero" se pueda destinar a otros usos a efectos de procesamiento va demasiado lejos, en mi opinión. 
Por último, yo estoy en contra de la creación de una Oficina Europea del Fiscal puesto que ya disponemos de OLAF, el Tribunal de Cuentas y los organismos nacionales con competencias en materia de procesamiento. 
- (FR) La cuestión que hoy nos preocupa reviste una importancia capital para el futuro de nuestras democracias. 
La lucha contra el blanqueo de capitales ya no puede ser el asunto de un Estado aislado. 
Para ser eficaz es necesario, pues, que se organice una cooperación entre Estados miembros. 
La ampliación de la definición del blanqueo de dinero es indispensable, ya que la restricción al tráfico de estupefacientes hoy ya no corresponde a la realidad. 
Hay que tomar en consideración cualquier forma de criminalidad que genera flujos financieros importantes, el fraude a los intereses financieros de las comunidades, así como toda forma de corrupción. 
La asociación de las profesiones jurídicas al dispositivo de lucha contra el blanqueo se ha convertido en una necesidad absoluta si se desea que el sistema europeo de prevención y de lucha contra el dinero sucio sea eficaz. 
Sin embargo, en particular, los abogados no pueden aceptar que se ponga en tela de juicio el secreto profesional, o sea, la relación de confianza con sus clientes. 
Las enmiendas que les afectan son, pues, inadmisibles. 
En efecto, el secreto profesional sigue siendo la norma fundamental del ejercicio de la profesión de abogado. 
El mismo es incompatible con la notificación de sospecha; peor aún, la notificación de posibles sospechas. 
Además, limitar el secreto profesional significa limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
El abogado es un auxiliar de justicia, no un auxiliar de policía. 
Esta posición adoptada en el informe representa un retroceso respecto de la posición anterior. 
Es que el ataque a la delincuencia organizada es sólo una parte de la cuestión. 
Igualmente importante es adoptar medidas concretas respecto de la criminalización de la economía, resultante, en particular, del blanqueo de capitales. 
Igualmente significativo resulta que no haya medidas concretas sobre la cuestión de los off-shore, la violación del secreto bancario durante la investigación judicial o, incluso, la situación de los bienes resultantes del blanqueo, que es un acto delictivo, a fin de prevenir la utilización de los fondos financieros resultantes de dicho acto, durante la fase de investigación. 
Por último, conviene tomar nota de que hay una mistificación en torno a los conceptos de consultoría y asesoría, con lo que se crean trampas y posibilidades de eludir la obligación de facilitar información. 
. (DE) Desgraciadamente, el Consejo de Ministros nos ha presentado un documento que conduce a un nuevo aplazamiento de la nueva redacción de la directiva de 1991. 
Confiábamos en llevarla a cabo en primera lectura. 
Ahora tendremos, previsiblemente, un procedimiento de conciliación porque, sencillamente, no podemos aceptar la postura de los Ministros de Economía tan alejada del mundo y de la práctica, con la cual incluso Ministros de Justicia y de Interior tampoco están de acuerdo. 
En materia de blanqueo de capitales, no se puede tomar la regulación actual para empresas de servicios financieros y aplicarla de manera global y vinculante a todos los demás grupos profesionales, como abogados o asesores fiscales, e insinuar, además, que al defender esto no queremos sino proteger al gremio de abogados. 
Éste no es el caso. De ningún modo. 
No tiene sentido que, por ejemplo, los abogados, en casos de liquidación de daños asegurados, o los agentes inmobiliarios cuando hagan su proyecto de contrato, tengan que tomar personalmente los antecedentes del cliente. 
Tampoco tiene sentido exigir que la circulación de dinero en metálico sólo pueda ocurrir de persona a persona. 
Una exigencia semejante acabaría con las cajas fuertes nocturnas inmediatamente. 
Esto daría problemas a los hombres de negocios, especialmente de pequeñas y medianas empresas, que tras el cierre de las oficinas bancarias, por razones evidentes de seguridad, depositan los ingresos del día en las cajas fuertes de sus bancos. 
Esto no tiene nada que ver con el blanqueo de capitales de origen delictivo. 
He votado a favor de la sensata postura de nuestro ponente, con la cual los Ministros de Economía también habrían de poder vivir. 
Justamente ellos deberían saber que toda postergación de una nueva redacción de la Directiva sobre blanqueo de capitales es irresponsable, especialmente porque la mafia del blanqueo se vuelve cada vez más sutil. 
La eficiencia de la lucha contra el blanqueo de capitales de origen delictivo me resulta a mí, como diputado luxemburgués de Europa, muy importante, porque el Gran Ducado tiene una de las legislaciones más estrictas en materia de lucha contra el blanqueo. 
Esta legislación y su aplicación así como el trabajo conjunto que se desprende de la Directiva de 1991 no deben ser minadas por una definición demasiado amplia de "actividad criminal", tal y como prevé la posición común del Consejo. 
Por razones de eficiencia, la Directiva, tal y como era su cometido inicial, debería limitarse fundamentalmente a la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del crimen organizado. 
- (NL) Los flujos de capital que escapan al control de Hacienda y no figuran en las estadísticas públicas continúan siendo la máxima aspiración de muchos representantes del mundo de los negocios. 
Aducen como argumento que las autoridades no han de entrometerse en sus beneficios y propiedades. 
Está, por tanto, plenamente justificado que se estén realizando nuevos intentos para poner coto al blanqueo de dinero negro. 
Ello requiere por una parte que las medidas previstas sean lo más herméticas posible y no presenten ninguna vía de escape para los contraventores que se nieguen a cumplir los requisitos legales. 
En mi opinión, las propuestas correspondientes del Consejo siguen siendo demasiado débiles; también se quedan cortas las adaptaciones formuladas por el ponente en segunda lectura. 
Por otro lado, existe el temor de que los abogados sean obligados a actuar como investigadores criminales en detrimento de sus clientes. 
Si bien es cierto que ello me puede parecer justificable en este caso concreto también es verdad que sentaría un precedente indeseable. 
A los abogados no se les puede imponer la obligación de actuar en detrimento de aquellas personas a las que han de defender. 
Sin embargo, la distinción entre el papel real de los abogados y las demás actividades ejercidas por este sector profesional introducida en el considerando 16 bis tal vez pueda atajar este problema. 
Es por esto por lo que opino que la propuesta merece el beneficio de la duda. 
. (EN) Respaldo las medidas destinadas a endurecer los controles en la lucha contra el lavado de dinero que obliguen a los bancos y a los profesionales a informar a las autoridades acerca de clientes sospechosos. 
Todos los años se pierden miles de millones de libras en la Unión Europea a causa del lavado de dinero y del fraude. 
Cuando pensamos en delitos nos suele venir a la mente una imagen de robos, atracos violentos y ataques a punta de navaja por bandas de jóvenes en nuestras calles. 
El lavado de dinero es un delito que no está a la vista, pero que le cuesta mucho al contribuyente y aquéllos a los que se declare culpables deberían pagar el precio. 
Los que utilizan ilegalmente el sistema financiero deberían ser detenidos y castigados. 
Además, el lavado de dinero es responsable de la financiación del tráfico ilícito de drogas, de la trata de seres humanos y de otros horribles delitos. 
No deberíamos hacer la vista gorda con delitos de este tipo. 
Debemos tomar medidas enérgicas con los bancos y los profesionales, animándoles a denunciar a las autoridades a los clientes sospechosos. 
Deberíamos, incluso, ampliar el alcance de esta propuesta de tal forma que incluya a los jugadores con un alto nivel de gasto y a los subasteros en la parte más alta del mercado. 
Señora Presidenta, esta es una cuestión importante a escala europea. 
El lavado de dinero no se limita únicamente a Manchester o a Madrid. 
No conoce fronteras y el dinero sucio cambia de manos de una región a otra y de un país a otro. 
No basta con hacer cumplir sólo la legislación británica, deben adoptarse medidas en toda la UE. 
Debemos trabajar conjuntamente para hacer frente a este desafío. 
Por tanto, aplaudo los esfuerzos de esta Asamblea por frenar el uso del sistema financiero para el lavado de dinero. 
Informe Graefe zu Baringdorf (A5-0079/2001) 
- (FR) Hemos votado positivamente la recomendación sólo porque preconiza algunas medidas de sentido común, como, por ejemplo, "la determinación vinculante de las materias primas autorizadas". 
Pero aun cuando el Consejo y la Comisión aceptaran finalmente las enmiendas presentadas- por el momento las rechazan y tergiversan -, ello no eximiría a los organismos dirigentes de las instituciones europeas de la responsabilidad capital que han asumido en la propagación de la EEB al negarse a tomar las medidas de precaución tan pronto como la amenaza representada por esta endemia se volvió tangible. 
No se trata ni siquiera de negligencia o de indiferencia, sino de opciones deliberadas, sometidas a la presión de los lobbies de la industria agroalimentaria. 
Es otra demostración trágica de que no se pueden proteger los intereses de los grupos capitalistas y al mismo tiempo defender eficazmente los intereses de la mayoría de la población. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe espléndidamente presentado por el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
¿Por qué? , se preguntará usted, señor Presidente. 
He escuchado con atención tanto las palabras del Comisario Fischler como el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf. 
En este texto consta que se aumenta la cantidad máxima garantizada de piensos secos y se aumenta en 6 euros el tipo de rendimiento de los guisantes. 
La introducción de estas modificaciones hace que me sienta muy feliz de haber votado a favor, puesto que considero que son muy útiles para el desarrollo de la agricultura común europea. 
Es importante, como dice el ponente, que el fabricante de alimentos compuestos para animales o el encargado de la rotulación, faciliten la lista detallada de todas las materias primas utilizadas, como también es indispensable la formulación obligatoria de las materias primas admisibles en los alimentos compuestos para animales, teniendo en cuenta la crisis de la EEB y de las dioxinas. 
También es necesario garantizar la prohibición de todos los materiales que pongan en peligro la salud humana y animal. 
Con todo, este informe se ha encuadrado en un debate conjunto sobre alimentación animal, respecto de la cual la Comisión hace una declaración sobre las opciones en la esfera del fomento de los cultivos forrajeros en la UE, teniendo en cuenta el Consejo de Agricultura de diciembre de 2000, que prohibió la utilización de harinas animales en la alimentación de los animales de cría e insistió en la necesidad de substituir las proteínas animales por las vegetales. 
La propuesta de la Comisión se basa sobre todo en las consecuencias presupuestarias y olvida el principio básico de la soberanía alimentaria, cuando afirma que la solución mejor y más barata es aumentar las importaciones comunitarias de soja en un 5%, con lo que se agrava la dependencia de la UE en materia de proteínas vegetales, en particular de la harina de soja, lo que puede poner en peligro la seguridad alimentaria, con importaciones de soja genéticamente modificada de los EE.UU.. 
En nombre de los costos y las normas de la OMC, la Comisión se niega a aumentar las ayudas al fomento de las oleaginosas, por ir en contra del acuerdo de Blair House, como también se niega a apoyar el uso de las tierras retiradas en el ámbito del régimen de barbecho, porque choca con la "caja azul" de la Organización Mundial del Comercio, que exige que los apoyos agrarios estén condicionados a medidas de limitación productiva. 
De esa forma, la Comisión se niega a fomentar la producción interna, posición inaceptable que merece nuestro rechazo, aunque apoyemos el informe, a favor del cual hemos votado. 
- (DE) La política es el intento de moldear una realidad terca, y muy a menudo sólo avanzamos poco a poco. 
En tiempos como estos, es políticamente necesario ofrecer seguridad a las personas. 
El ciudadano quiere- y debe- decidir por sí solo con qué se va a alimentar. 
Está claro que esta exigencia no puede referirse sólo al producto final. 
Tenemos, pues, un interés fundamental por conocer el camino que recorren nuestros productos alimenticios y hacerlo visible. 
El ganadero tiene la responsabilidad del cuidado del ganado y de la seguridad de los productos alimenticios. 
Debe responsabilizarse de lo que utiliza para alimentar al ganado no sólo para garantizarse buenos resultados económicos (un factor éste que no debemos perder de vista) , sino también para cumplir con lo que los consumidores le demandan. 
Considerando acciones aisladas, tengo a veces la impresión de que con nuestras exigencias vamos por detrás de los acontecimientos. 
Mi estado federado, Renania Palatinado, de Alemania, ha creado un certificado de pruebas para carne de bovino, que pretende garantizar no sólo el origen del animal, sino también la trazabilidad y la alimentación. 
Las empresas de piensos se han subido voluntariamente al carro. Ofrecen una declaración pública de las materias primas de los piensos compuestos y aceptan mayores controles. 
Los ganaderos, si no, podrán comprar los piensos en otro sitio, pues sólo dando esos datos pueden conseguir el certificado. 
Deseo que en un futuro haya más acreditaciones voluntarias como ésta. 
Así se pondría en marcha todo el mecanismo y por la propia necesidad económica los productores de piensos se verían obligados a dar datos de las materias primas de sus piensos. 
Pero aquí y ahora se trata de la decisión política, del marco legal, y éste debe ser igual para todos. 
Por eso necesitamos la declaración pública, necesitamos la trazabilidad de la cadena alimenticia y, además, necesitamos controles. 
Espero que el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf dé un nuevo impulso de cambio a todo el sector. 
No comprendo la postura de la Comisión contra la lista positiva. 
Informe Sanders-ten Holte (A5-0093/2001) 
Señor Presidente, como muchas de sus Señorías y seguramente como usted, dentro de dos horas estaré volando en un avión. 
He leído este informe de la Sra. Sanders-Ten Holte que justamente se preocupa de que consigamos una indemnización en el lamentable caso de que, permítame tocar madera, se produzca un accidente aéreo. 
Sin embargo, desearía que en el futuro la Sra. Sanders-Ten Holte se interesase también de que se apliquen medidas de control más eficaces para evitar dichos accidentes, de modo que, cada vez que yo suba a un avión, pueda pensar en la Sra. Sanders-Ten Holte- cuya fotografía pondré delante de mi asiento en el avión a partir de ahora- no solo como ponente de un informe gracias al cual se nos indemnizará en caso de accidente, sino ante todo como ponente de un texto cuyo objetivo es reducir el número de accidentes aéreos. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera llamar su atención sobre la importancia que reviste la aplicación del Reglamento en el sentido del Acuerdo de Montreal. 
Una regulación unitaria de las medidas de resarcimiento en el tráfico aéreo crea transparencia. 
Protege no sólo los intereses de los pasajeros, sino también los de la empresa, que puede, así, afianzarse en el tráfico aéreo internacional haciendo uso de los estándares generales reconocidos. 
La competitividad de las líneas aéreas europeas no puede verse perjudicada por directrices de resarcimiento que vayan más allá del Acuerdo de Montreal. 
Para poder hacer una regulación general y unitaria en el sentido del Acuerdo de Montreal, pido a los Estados miembros que lo ratifiquen lo antes posible. 
Informe Camisón Asensio (A5-0096/2001) 
Señor Presidente, con este texto coordinamos los transportes por ferrocarril, por carretera y por vías navegables. 
Señor Presidente, en mi calidad de responsable de los pensionistas del Partido de los Pensionistas en Italia, es para mí una satisfacción votar a favor de este texto. 
Usted pensará que no tiene nada que ver con las pensiones y los pensionistas. 
No es verdad, sí que tiene que ver con los pensionistas. 
En efecto, de aplicarse estas medidas, el transporte por ferrocarril, por vías navegables y por carretera será más intenso, se efectuará más rápidamente y, en consecuencia, contribuirá a reducir la emisión de venenos debida a autopistas embotelladas y a comunicaciones mal organizadas, unos venenos que, respirados por nosotros, los ciudadanos, provocan graves enfermedades. En efecto, hay muchos pensionistas inválidos debido a esta mala circulación viaria, hecho que convierte en más costosa la seguridad social en nuestros Estados y que es negativo para los pensionistas. 
Es por esto, señor Presidente, que sí que tiene que ver. 
Señor Presidente, Señorías, el informe pretende, mediante una política de ayudas, llevar parte del transporte de mercancías de las carreteras a las vías ferroviarias, a las vías navegables y al transporte combinado. 
Me parece cuestionable en sus fundamentos, porque, por una parte, el art. 87 del Tratado CE dice claramente que las ayudas en esa forma no están autorizadas. 
Por otro lado, estamos ante una situación garantizada de que las ayudas van a cumplir una función de trasvase. 
Esto me parece grave. 
Me pregunto, por lo demás, por qué ahora, diez años después de haber liberalizado los mercados de transportes, empezamos a dirigirlos y desviar su curso mediante impuestos y ayudas. 
En principio, esto no va a resultar positivo para el futuro del mercado del transporte. 
Informe Kessler (A5-0094/2001) 
En líneas generales estoy de acuerdo con el Sr. Costa. 
Ello no obstante, hay un punto que me inspira serias dudas. 
En el considerando 14 y el artículo 4 se prevé la posibilidad de conceder ayudas públicas con miras a la utilización de la infraestructura. 
Las enmiendas se inscriben en la misma línea. 
Esta excepción a la prohibición de conceder ayudas estatales me parece inoportuna. 
Para empezar, esta propuesta se fundamenta en un punto de partida equivocado puesto que el transporte por carretera paga ya gran parte de los costes externos. 
En segundo lugar, no es correcto conceder más ayuda para la utilización de la infraestructura. 
Pongamos por ejemplo el transporte por ferrocarril: la principal razón por la que los transportistas no optan por el tren no son los costes. 
Hace falta un salto de calidad y fiabilidad, y para ello el mejor incentivo es la disciplina del mercado. 
Me temo que el estímulo propuesto para fomentar el cambio modal- del que, en principio, nosotros también somos partidarios- sea contraproducente y acabe distorsionando la competencia. 
Pone en peligro los avances logrados en el marco del paquete de medidas destinadas a la liberalización del ferrocarril. 
Por todo lo anterior votaré en contra del considerando 14 y del artículo 4 porque, en mi opinión, no tienen cabida en el presente reglamento. 
La primera parte del informe Keßler- un nombre que a los italianos nos recuerda dos guapísimas, espléndidas bailarinas alemanas muy famosas y que, por lo tanto, me recrea el espíritu, a pesar de que el objeto del informe sea más bien complejo, dice que, por lo que se refiere al programa GROTIUS II, hay dinero para formación, intercambios de prácticas, estudios, investigaciones y seminarios en materia de cooperación judicial, un dinero que está destinado a jueces, magistrados, abogados, funcionarios, peritos e intérpretes. 
Espero que en el próximo texto se establezca que estos recursos financieros se destinarán también a las personas jubiladas de estas profesiones que seguramente serán expertas en emitir su opinión sobre la cooperación judicial. 
. (EN) Dada la gravedad de los problemas relacionados con la criminalidad, nadie puede dudar de la necesidad de una mayor cooperación transfronteriza, de un mayor trabajo en red y un mayor reconocimiento mutuo en asuntos penales. 
Sin embargo, yo albergaba una cierta reserva a la hora de respaldar el informe porque nuestro enfoque presenta hoy una característica alarmantemente sesgada. 
Se presta demasiado poca atención en nuestros debates o en los instrumentos sobre los que votamos a cuestiones vitales de derechos civiles. 
Cuestiones que tienen que ver con las personas acusadas de delitos que tienen derecho, en todos nuestros sistemas, a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. 
Estos derechos están garantizados en los Artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
La experiencia demuestra, sin embargo, que la interpretación de los derechos en cuestión es variable en la Unión. 
A veces las autoridades encargadas de la acusación los desdeñan con aparente impunidad. 
Pido una mayor y mejor atención para estos temas. 
Por ejemplo, ¿cuándo vamos a ver propuestas acerca de un sistema de fianzas europeo? 
El reconocimiento mutuo debería facilitar una disposición común sobre libertad provisional mientras esté pendiente el juicio. 
Es un escándalo que numerosas personas que esperan juicio en los Estados miembros puedan pasarse muchos meses innecesariamente detenidos antes del juicio. 
Esto requiere la más urgente atención de todos en este Parlamento. 
Informe Kessler (A5-0091/2001) 
Señor Presidente, he aprobado este texto relativo a la creación de una red judicial europea en materia civil y comercial, ante todo porque en el mismo se establece que se elaborará un compendio, un vademécum para que las personas que se toman interés por esta red judicial europea sepan cómo aplicarla concretamente. 
Espero, pues, que en dicho vademécum, en este libro de instrucciones figuren también los trámites que los ciudadanos de Europa que tienen problemas de pensiones puedan cumplir para dirigirse a las autoridades judiciales europeas, constituidas en una red en materia civil y comercial, puesto que lo civil abarca también toda la materia que afecta a las pensiones. 
. (EN) Quisiera expresar brevemente las razones por las que doy mi apoyo al informe Kessler. 
Gracias a la expansión del mercado único y a la introducción del euro como moneda, existen ahora mayores oportunidades de comercio transfronterizo en Europa. 
También, en virtud de la mayor globalización del mercado, se hace necesaria una mayor cooperación y entendimiento de los distintos sistemas jurídicos. 
En cualquier sistema democrático, el brazo de la justicia debe no sólo funcionar eficazmente sino también parecer que lo hace e inspirar el respeto de la gente. 
Cuanto más fácil y más rápida sea la resolución de conflictos jurídicos, mayor es la protección de los derechos legales y también la garantía de las condiciones relativas a la seguridad del comercio. 
Por consiguiente, la creación de programa EUROJUST con la cooperación de los poderes judiciales de varios Estados miembros de la UE es un avance muy importante hacia una mayor comprensión de la justicia. 
Pero esto no debería verse como un intento de subvertir o subyugar los sistemas que funcionan en los distintos Estados miembros de la UE, sino como una mejora que permita una resolución rápida de los litigios gracias a la introducción de una mayor claridad en las decisiones judiciales. 
Yo recomiendo particularmente el punto relacionado con la creación de un registro electrónico centralizado de sentencias en la Unión Europea, cuya iniciativa ha correspondido a un abogado irlandés, Twinkle Egan. 
Esto hará que sean más fáciles de comprender decisiones judiciales diferentes y contribuirá a una mayor homogeneidad en el modo de aplicar los precedentes. 
. (EN) Quisiera felicitar a mi colega socialista Margot Kessler por su informe que extiende la actual red judicial europea para cuestiones penales al derecho civil y al mercantil. 
Apoyo plenamente esta estrategia basada en el sentido común que amplía el sistema de cooperación entre autoridades nacionales. 
Esto no sólo simplificará la cooperación judicial entre los Estados miembros, sino que facilitará también los procedimientos jurídicos transfronterizos. 
Una mayor cooperación judicial es un importante paso adelante para mis electores del Noroeste que buscan a veces ayuda desesperadamente cuando tienen un caso en otro país de la UE. 
Por ejemplo, un joven progenitor cuyos hijos hayan sido sustraídos por el otro progenitor y llevados desde el R.U. a Francia se beneficiará, sin duda, de un mayor entendimiento entre los servicios judiciales británico y francés. 
Lo mismo ocurrirá con esa pareja de personas mayores que ha comprado una casa de vacaciones en el sur de España con el dinero que tanto les ha costado ganar y que se enfrentan a batallas jurídicas relacionadas con la compra. 
Es importante que esta red forme parte de la actual red transeuropea de intercambio electrónico de datos. 
Con vistas a la ampliación, debería permitirse también a los países candidatos participar en las reuniones de contacto. 
De este modo, en la red judicial europea se intercambiarán datos desde Inglaterra a Estonia, facilitando considerablemente las cosas a las autoridades. 
Señora Presidenta, acojo muy favorablemente el aumento de la cooperación judicial que será tremendamente ventajosa para todos nuestros ciudadanos que deseen asesoramiento jurídico o que entablen acciones en la Unión Europea. 
Informe Jové Peres (A5-0098/2001) 
Informe Auroi (A5-0117/2001) 
Consideramos positivas las propuestas presentadas por el ponente que modifican la propuesta de decisión del Consejo relativa a una participación financiera de la UE en ciertos gastos de los Estados miembros, en particular en la ejecución de los regímenes de control, inspección y vigilancia aplicables en el ámbito de la Política Pesquera Común. 
El control es importante para garantizar una pesca responsable, sostenible y equitativa, por lo que la Comunidad debe financiar sus costos e inversiones necesarias, teniendo en cuenta que corresponde a cada uno de los Estados miembros la aplicación del régimen en su zona económica exclusiva. 
La propuesta del Consejo mantiene la continuidad del régimen de cofinanciación, pero limita el marco temporal, la participación financiera y el tipo de acciones financiadas. 
El ponente propone aumentar la cofinanciación comunitaria de 30% a 35% en las acciones de formación e inversión, con la financiación al 100% de los gastos elegibles de los Estados miembros para las acciones de control y vigilancia en el ámbito de la participación de la UE en organizaciones regionales de pesca. 
Por otro lado, consideramos inaceptable que también a este respecto la propuesta de decisión pretenda hacer economías presupuestarias, con una reducción del presupuesto para estas acciones de 41 millones de euros/año a 35 millones de euros/año, lo que se opone a la necesidad de creación de una infraestructura adecuada para encuadrar los programas de control y vigilancia que pueden entrañar un aumento de las actuales cargas financieras. 
- (FR) Señor Presidente, deseo simplemente dar las gracias, en nombre de nuestro Grupo de los Verdes, al conjunto de la Comisión de Agricultura, que, efectivamente, ha votado por unanimidad seis enmiendas, esas seis enmiendas que permiten que este informe vaya más allá de la propuesta de la Comisión, que quería "descongelar" las tierras únicamente para los agricultores ecológicos y sobre todo, de hecho, para continuar dentro del marco de los acuerdos de la OMC. 
El conjunto del Parlamento ha deseado ir más lejos, es decir, dar una señal positiva a los ganaderos, en general, y, en todo caso, en una primera etapa, a aquellos que desarrollan una actividad agroambiental. 
Me atrevo a esperar, en nombre de mi Grupo, y, sin duda, en nombre de muchos otros, que el Consejo nos escuche y nos siga en la materia. 
La ponente mejora la propuesta inicial de la Comisión en la medida de lo posible y teniendo en cuenta el procedimiento de urgencia, encuadrado en el plan de siete medidas para luchar contra la crisis en el mercado de la carne de bovino. 
La propuesta de la Comisión era concreta y limitada e iba encaminada a brindar la posibilidad, sólo para las explotaciones biológicas, de producir leguminosas en las tierras retiradas para barbecho en el ámbito de la OCM de los cereales. 
Teniendo en cuenta el déficit comunitario en materia de proteínas vegetales, las limitaciones del acuerdo de Blair House y la prohibición de la utilización de harinas animales en la alimentación de animales de cría, resultaba necesaria la creación de un verdadero sistema interno de apoyo a la producción de leguminosas forrajeras. 
La propuesta de la ponente, que apoyamos, va encaminada a brindar la misma posibilidad a las explotaciones pecuarias tradicionales y las encuadradas en el ámbito de un programa agroambiental con la perspectiva de un concepto amplio de leguminosas forrajeras, recordando la importancia, como propusimos para el caso portugués, de las habichuelas y los altramuces. 
Con todo, falta en la propuesta un verdadero sistema de incentivos a la producción de leguminosas forrajeras, que se podría hacer mediante la utilización de las ayudas en el ámbito de la retirada de tierras o su vinculación parcial con la producción de leguminosas forrajeras o mediante una modulación de la ayuda a la retirada de tierras cuando en ellas se produzcan leguminosas forrajeras. 
Sería importante que la Comisión presentara propuestas concretas a ese respecto, sin quedar presa de limitaciones presupuestarias y de la Organización Mundial del Comercio. 
. (EL) Los peligros alimentarios revelados estos últimos años, especialmente en los países económicamente más desarrollados de la Unión Europea, y más especialmente la EEB, que se debe al uso de proteínas animales para la alimentación del ganado, deberían haber conducido a la eliminación de las harinas de carne y huesos de la alimentación del ganado, y a su sustitución por proteínas vegetales de producción comunitaria, de suerte que no dependa la agricultura comunitaria de la soja de los Estados Unidos. 
Se debería, pues, reexaminar la PAC en su conjunto, tanto en lo relativo al sector de la ganadería, como en lo que toca a la agricultura, sector que produce los alimentos destinados al ganado. 
En nuestra opinión debería reconsiderarse el régimen de cuotas, especialmente el de los países mediterráneos, y concretamente el de mi país, donde las cuotas están muy por debajo del nivel de autosuficiencia y de las posibilidades de producción, y donde el modo de producción de los productos animales es sin comparación más saludable que el de los países económicamente más desarrollados de la Unión Europea, países, sin embargo, cuyas cuotas están muy por encima de sus necesidades; el resultado es que exportan sus peligros alimentarios a todos los países deficitarios como el mío. 
Se debería reconsiderar también el sistema de precios y subvenciones de los cultivos herbáceos destinados a la alimentación del ganado, en la dirección de estimular el cultivo de las leguminosas forrajeras, al objeto de garantizar proteínas vegetales baratas y de primera calidad, así como de proteger el medio ambiente, habida cuenta de la acción benéfica para el suelo de las leguminosas, que constituyen el cultivo ideal en los programas de rotación de cultivos, especialmente para las condiciones edáficas y climáticas mediterráneas. 
La Comisión de Agricultura, por el contrario, mediante el recurso a diversos ardides, y considerando que con el paso del tiempo se olvidará el problema de la EEB, intenta incluir de nuevo, dentro de seis meses, las proteínas animales en la dieta del ganado. 
Intenta, al servicio de los intereses de las industrias comunitarias de piensos, volver a las harinas de carne y huesos, responsables- hoy está ya más que demostrado- de la EEB, con total indiferencia por la salud pública. 
Estos intentos son constatables, a juzgar tanto por las decisiones relativas a este asunto adoptadas hasta ahora, como por los debates que tienen lugar en órganos oficiales. 
La coartada que esgrime la Comisión para justificar estos intentos es la propuesta de cultivar con leguminosas forrajeras determinados campos de cereales dejados en barbecho, al objeto, supuestamente, de aumentar la producción de proteínas vegetales; al mismo tiempo, sin embargo, prohibe la producción de fruto, de legumbres, en esas superficies y limita la producción a mero forraje, sin prever, claro está, subvención alguna. 
Con esta propuesta, la producción de proteínas vegetales será mínima, por no decir nula, incluso en los países con extensas superficies de barbecho. 
Para nuestro país, sin embargo, y, tal vez, también para otros países mediterráneos, la propuesta carece de contenido, desde el momento en que las superficies de barbecho son insignificantes o inexistentes. 
Con la propuesta de la Comisión, el problema de las proteínas vegetales en la dieta de la ganadería comunitaria sigue sin resolverse. El resultado conscientemente perseguido será encontrar la "solución" en las harinas de carne y huesos comunitarias, responsables de la EEB, o en la soja transgénica procedente de los Estados Unidos, no menos peligrosa, probablemente, para la salud pública y que, además, hace depender la ganadería comunitaria de las multinacionales que comercian con la soja y sus derivados. 
Dado que la propuesta de la Comisión no potencia las posibilidades productivas existentes en los países comunitarios para resolver definitivamente el problema de las proteínas y, más en general, de la alimentación del ganado, de un modo que garantice la salud pública; dado que el objetivo de la propuesta es desorientar a los agricultores y a los consumidores, al objeto de mantener el peligroso modo de producción de derivados animales; y dado que no tengo ninguna intención de contribuir, aun indirectamente, a perpetuar un problema tan grave para la salud pública y burlar a los agricultores y los ganaderos, no daré mi voto a la propuesta de la Comisión, convencido de que esta actitud será un estímulo más para que la producción de alimentos apropiados y saludables se convierta en un objeto de lucha de los pueblos de la Unión. 
. Señor Presidente, señoras y señores diputados, dentro del paquete de las siete medidas propuestas por la Comisión para hacer frente a la crisis de la EEB se encuentra la modificación del reglamento base de cultivos herbáceos para permitir, en el ámbito de los cultivos ecológicos, la utilización de tierras en set-aside para el cultivo de algunas leguminosas forrajeras destinadas a la alimentación del ganado. 
Como telón de fondo tenemos la prohibición del uso de las harinas de carne y huesos- prohibición temporal que muchos confiamos en que sea definitiva -, y el déficit ya histórico de la UE en proteínas vegetales. 
La propuesta de la Comisión va en el buen sentido pero se limita a proponer una modificación simbólica cuya incidencia, limitada exclusivamente a la agricultura ecológica, no va a dar resultados visibles. 
El informe de la Sra. Auroi con las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural corrigen esta tímida propuesta ampliando su campo de aplicación a explotaciones que operan de conformidad con el Reglamento 1257/99 sobre desarrollo rural; e incluyendo, a partir de 2002, el cultivo de leguminosas forrajeras en las tierras dejadas en barbecho de las explotaciones ganaderas convencionales. 
De esta forma se puede llegar a contrarrestar, de manera efectiva, la dependencia de la UE en el abastecimiento de proteínas que son en muchos casos producciones genéticamente modificadas que, yendo destinadas a la alimentación del ganado, son introducidas en la cadena alimentaria sin ninguna posibilidad de control por parte del consumidor. 
Por ello el grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha apoyado las enmiendas aprobadas en la comisión competente y no nos queda más que esperar que la Comisión tenga en cuenta las mismas y las sucesivas peticiones de los miembros de esta Cámara para que se avance de manera efectiva hacia una corrección visible del déficit europeo en proteínas vegetales. 
Fiebre aftosa (RC B5-0303/2001) 
Señor Presidente, quisiera verificar nuestro voto, lamentablemente, con toda esa confusión, usted no lo ha visto. 
El Pleno sabe que desde el principio del debate abogué por la seriedad. 
Como diputados del Partido Popular de Austria en el Parlamento Europeo nos hemos pronunciado contra esa Resolución porque pensamos, y estamos convencidos de ello, que no se corresponde con lo que nosotros entendíamos por una política agraria europea. 
Hay que considerar que con tales resoluciones no se le está ofreciendo nada al ganadero europeo para que pueda calmar su miedo real por la subsistencia ni aliviar la situación dramática en que vive. Piensen que hay 80 tipos de virus distintos y 300 millones de animales en Europa. 
Quisiera referirme también a que en Austria, el 60% de la superficie son montañas o terrenos baldíos. 
Dependemos de las exportaciones, y hemos de hacer todo lo posible para que esas zonas permanezcan habitadas. 
No me parece serio hacer política a costa de los ganaderos. 
No puedo imaginarme cómo se puede etiquetar a los animales que hayan sido vacunados. 
La protección al consumidor es un valor compartido por todos en este Pleno, señor Presidente, pero no creo que el consumidor acogiese bien esa medida. 
Más bien significaría otro nuevo descenso de su confianza hacia los productos cárnicos. 
- (FR) La resolución del Parlamento Europeo sobre la fiebre aftosa merece ser aprobada sobre todo porque, en cierto modo, se distancia de la política de sacrificio de animales, que, si bien puede ser útil circunstancialmente, parece ser apenas eficaz en un caso como el del Reino Unido. 
La opinión pública se formula interrogantes, y tiene razón. 
La resolución que acabamos de aprobar se orienta, pues, con razón, a la autorización de vacunaciones de emergencia bien en una región determinada, bien en una región "tapón", o bien en caso de determinadas especies animales. 
Más allá de estas medidas de emergencia, debemos preguntarnos por qué la fiebre aftosa, que antes era de sobra conocida en nuestros campos y que, en la mayoría de los casos, no mata a los animales (y menos aún a los seres humanos) , produce hoy este drama nacional. 
La respuesta es doble. 
Primero, la enfermedad se propaga más rápido que antes, ya que la agricultura se ha vuelto ultraproductivista, o sea, parcelada, especializada, diversificada. 
Cada animal puede pasar diferentes períodos de su vida en varios lugares del territorio nacional, o incluso de Europa. 
Los transportes se han multiplicado, el vínculo con el criador responsable se ha roto, la rastreabilidad se convierte en aleatoria. 
Es importante, pues, en nuestra opinión, reconstituir una crianza más estable, en la que se conozcan a los responsables y en la que no se trate a los animales como mercancías inertes. 
Esta es una parte de la reforma agrícola que proponemos en los próximos años. 
En segundo lugar, el sacrificio masivo parece motivado por razones económicas no siempre transparentes. 
Entre ellas figura la voluntad de mantener las exportaciones a toda costa, cuando algunos países compradores consideran que la carne de animales vacunados no se distingue de la carne de animales enfermos: en estas condiciones, la vacunación, desde el punto de vista económico, no serviría de nada, ya que en ambos casos la carne valdría menos cara. 
¿Por qué no se podría exportar proporcionando certificados de vacunación? 
¿Por qué, pues, hay que subordinar absolutamente todo a la exportación, lo que contribuye al productivismo agrícola y supone la necesidad de subvenciones que cuestan caro al contribuyente, para desestabilizar, finalmente, con todo ello, la agricultura de países menos desarrollados. 
Este sistema se está convirtiendo en exagerado, y será conveniente, también en este caso, corregir el rumbo en los próximos años. 
- (FR) Con la "vaca loca" la agroindustria ha creado una nueva enfermedad humana, mortal, y que aún no se sabe curar. 
La fiebre aftosa, por su parte, es una enfermedad antigua que no afecta a los seres humanos y de la que pueden recuperarse la mayoría de los animales. 
Pero la agroindustria- con la evolución del mercado mundial del ganado y de la carne- le ha dado una dimensión epidémica internacional que antes no tenía. 
El mercado impone sus exigencias también en materia de salud, a costa de dramáticas consecuencias. 
La utilización de la vacuna ha sido prohibida sobre la base de argumentos puramente económicos; en este caso, en efecto, el aspecto económico se reduce a la reglamentación comercial y a una estimación- por lo demás, discutible- de los costes financieros. 
Centenares de miles de animales sanos (o que podrían ser curados) se sacrifican en nombre de un simple cálculo contable de rentabilidad. 
Frente a desesperación de los productores cuyos rebaños se destruye, los responsables sólo esgrimen normas mercantilistas que ellos mismos elaboran. 
El más elemental respeto a la vida, la protección de las economías locales y el mantenimiento de un tejido social fuerte en el medio rural, las condiciones de existencia y de trabajo de los productores, no han sido tenidos en cuenta en la definición de las políticas sanitarias ante la epizootia de fiebre aftosa. 
Persisten el orden mercantilista y sus leyes implacables. 
Un orden del que ya es hora de liberarse definitivamente. 
. (DE) En vista del hecho de que al menos en cuatro Estados miembros se ha declarado la fiebre aftosa, la vacuna acordada en 1991, vigente en toda Europa, debe ser revisada urgentemente o incluso retirada. 
Políticos como la Ministra alemana de Agricultura, la Sra. Renate Künast, con una postura de rechazo hacia las vacunas contra la fiebre aftosa, deben reflexionar más sus opiniones. 
Las razones de entonces para prohibir las vacunas no valen para hoy, porque entre tanto han salido mejores vacunas contra la fiebre aftosa. 
No obstante, hay que seguir impulsando la investigación para el desarrollo y la producción de vacunas contra esta infección. 
Especialmente, las siguientes vacunaciones deberían ser autorizadas por la Comisión Europea y el Consejo de Ministros: vacunación de emergencia de efectos protectores (vacunación en anillos) en regiones afectadas por la fiebre aftosa, así como en zonas no afectadas colindantes para hacer de barrera a la propagación; por último, vacunar a los animales de los zoológicos. 
La aparición de la fiebre aftosa, después de la crisis de las "vacas locas", viene a aumentar la crisis del sector de producción animal y a castigar a los agricultores y hacer aumentar el grado de desconfianza de la población sobre la seguridad de los productos agropecuarios. 
La liberalización de los intercambios agropecuarios y la libre circulación de mercancías ha contribuido a aumentar el riesgo y la propagación de enfermedades animales con una PAC que, en nombre de la competitividad y la constante bajada de precios, ha promovido la concentración, intensificación y centralización de la producción. 
En el marco actual los más castigados han sido los productores, sin que haya las ayudas necesarias de compensación o contención adecuadas en relación esta vez con la fiebre aftosa. 
Por eso, propusimos la creación de una línea presupuestaria específica en el presupuesto de la UE para apoyar a los agricultores y medidas de erradicación de enfermedades animales, dada la crisis alimentaria, sanitaria y veterinaria. 
Con la prolongación de la enfermedad, tiene sentido la suspensión temporal de la circulación animal entre Estados miembros y un aumento de los controles de la carne comercializada y es de lamentar que el último Consejo de Agricultura no adoptara una opción al respecto. 
Pero, además de medidas a corto plazo, necesitamos otra política agropecuaria, que proteja la producción y apoye la modificación de los métodos de producción. 
Una política que fomente la calidad y la seguridad alimentaria conforme al principio cautelar. 
Una agricultura sostenible que promueva las especificidades regionales y la diversificación de los apoyos a los productos agropecuarios teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo agrario. 
Una agricultura que contribuya a la cohesión económica y social y esté basada en gran medida en la agricultura familiar y en los pequeños y medianos agricultores. 
. (EN) Aunque no me satisfacen todos los aspectos de la resolución pactada, es cierto que refleja la firme decisión del Parlamento Europeo de abordar urgentemente la grave amenaza de la fiebre aftosa. 
Yo he votado en contra de algunas partes de la resolución referidas a la vacunación generalizada y he respaldado enmiendas que permitan una vacunación preventiva de emergencia, a solicitud de los Estados miembros. 
Dado que la fuente del primer brote en Gran Bretaña tuvo su origen fuera de la UE, he pedido una revisión urgente de los controles transfronterizos para impedir que se produzca en el futuro una situación similar. 
Desde la perspectiva irlandesa, estamos totalmente a favor de una política de no-vacunación, y hemos hecho todo lo posible por contener el único brote que ha habido en el país; hasta ahora con éxito. 
Siendo como somos una isla que exporta el 90% de la producción de vacuno del país, nuestra situación en materia de salud animal constituye una prioridad. 
. (EN) Esta resolución deja claro que el hecho de recurrir a la vacunación preventiva durante el actual brote de fiebre aftosa sería a solicitud de un Estado miembro. 
A la vista de que la fiebre aftosa está limitada a una esquina de Escocia, en Dumfries y Galloway y alrededores, el Scottish National Party ha adoptado y seguirá adoptando una firme postura a favor de mantener la política de la matanza selectiva y de la eliminación para restaurar la situación de libre de la enfermedad en Escocia, con arreglo a las normas internacionales vigentes. 
Esto es vital para que Escocia pueda mantener su reputación en todo el mundo de carne de alta calidad. 
Nosotros hemos condenado las maniobras del gobierno del Sr. Blair que parecen pensadas más atendiendo a criterios electorales que para servir al interés público y repito esta condena aquí. 
Mi disposición a apoyar la resolución estaba totalmente condicionada a la incorporación de una enmienda oral que recogía un compromiso de ayuda económica al comercio y al turismo cuando éstos se hayan visto afectados negativamente. 
Me complace que mi enmienda haya sido aceptada unánimemente y que la resolución con esta enmienda saliera adelante. 
- (NL) La actual política de la Unión Europea gira en torno al comercio y al centralismo. 
Convencida de que ello permite fortalecer la posición de Europa en el mercado mundial, la Unión Europea impone medidas obligatorias absurdas a todos los Estados miembros. 
El procedimiento seguido en el caso de la fiebre aftosa constituye el ejemplo más reciente de este fracaso. 
Entre 1956 y 1992 se logró atajar considerablemente esta enfermedad animal gracias a una campaña masiva de vacunación preventiva. 
Sin embargo, al velar únicamente por los intereses de la exportación hemos retrocedido medio siglo. 
En lugar de realizar una vacunación preventiva y prohibir el transporte de animales vivos se opta por el inútil sacrificio de animales sanos. 
A falta de la posibilidad de vacunación este planteamiento primitivo aparece como la única vía susceptible de detener la propagación de la enfermedad. 
Tanto es así que en nombre de esta demencial prohibición se están sacrificando animales poco comunes en reservas naturales y parques zoológicos. 
Los agricultores no salen de su asombro y están al borde de la desesperación. 
La vacunación de emergencia a escala reducida y la decisión de concederse más tiempo para llevar a cabo estudios más detenidos no solucionan el problema. 
En mi opinión, los Estados miembros no pueden seguir respetando la prohibición de vacunación. Han de iniciar inmediatamente una campaña de vacunación, aun cuando ello redunde todavía más en detrimento de la exportación. 
. (EN) Me resulta un poco difícil apoyar esta propuesta tal y como está planteada. 
Aunque he cambiado de punto de vista acerca de la vacunación en caso de emergencia, no veo clara la opinión de que pueda realizarse sin el sacrificio en última instancia de los animales vacunados. 
Para mí es evidente que adoptar esta medida no beneficiaría a largo plazo a los intereses del sector exportador europeo. 
El Comité Veterinario Permanente deja claro que no se ha desarrollado aún ninguna vacuna que diferencie entre animales vacunados y no vacunados. 
Estoy de acuerdo en que deberíamos fomentar el desarrollo de nuevas vacunas que nos ofrezcan mayor flexibilidad y mejores posibilidades de localización y nos permitan seguir exportando a otros países y en que deberíamos desarrollar mejores controles sobre las importaciones que lleguen a cualquier lugar de la UE, porque está claro que en la fiebre aftosa entró en el R.U. mediante una importación ilegal. 
Consejo Europeo de Estocolmo- Aspectos económicos y sociales (RC B5-0237/2001) 
Señor Presidente, antes de explicar por qué he votado en contra de este documento sobre el Consejo Europeo de Estocolmo, debo explicar por qué estoy hablando en inglés. 
Es para hacer un regalo a los intérpretes italianos, esos trabajadores italianos que tienen, todos los días, que trabajar mucho más que los demás para traducir y poner por escrito mis explicaciones de voto. 
Lo hago, pues, en reconocimiento de su duro trabajo. 
Yo voté en contra de las resoluciones de Estocolmo porque no se menciona el hecho de que los trabajadores europeos desean trabajar menos y disponer de más tiempo como pensionistas. 
- (FR) No podemos aceptar las conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo ya que, como lo he expresado durante el debate, presentan un amasijo de temas, desprovistos de jerarquización, dando la impresión de una Europa tentacular que se ocupa de todo, sin distinguir entre cuestiones importantes y menos importantes, y sin distinguir el nivel nacional del europeo. 
Esta situación perjudica a toda la Unión, ya que el Consejo Europeo, que adquiere cada vez mayor importancia en el equilibrio institucional, debería presentar unas conclusiones particularmente legibles. 
Las correcciones necesarias suponen una reforma de la preparación de los Consejos, pero también, con mayor profundidad, una clarificación y una reducción de las competencias europeas, que deberían constituir desafíos de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
En nuestra opinión, unas conclusiones del Consejo racionales y ordenadas deberían comprender tres partes: 
Una primera parte estaría consagrada a algunas cuestiones estratégicas de interés primordial, que el Consejo habría discutido realmente, y respecto de las cuales habría tomado realmente decisiones. 
Una segunda parte daría instrucciones a los diferentes Consejos de Ministros para su ejecución. 
Una tercera parte, finalmente, que debería ser la más sustancial, podría exponer algunas orientaciones que los jefes de Estado y de gobierno procuran seguir en sus respectivos países, particularmente para la gestión económica y social- la que figuraba en el orden del día de Estocolmo-. 
Estas orientaciones no tendrían carácter obligatorio y admitirían la expresión de opiniones contrarias. 
Las mismas manifestarían, pues, la voluntad de desarrollar una coordinación informal, libre y abierta, respetuosa de las opciones democráticas nacionales. 
Cuando se leen las conclusiones de Estocolmo, vemos que estamos lejos de ello. 
Nuestra propuesta supone, de hecho, una reforma profunda del Tratado, lo que implica la restitución a los países miembros de numerosas competencias. 
. (EL) En cada nueva cumbre se dan pasos adelante en detrimento de los intereses de los trabajadores, y el Consejo Europeo celebrado en Estocolmo no ha constituido una excepción. 
En el punto de mira estaban una vez más los derechos sociales y las pensiones. 
Los trabajadores son invitados a trabajar más y recibir menos. 
En la declaración común de los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea es evidente su inquietud por el crecimiento del número de pensionistas; consideran que ese crecimiento "causará una importante presión en los sistemas de prestaciones sociales, especialmente en las pensiones, en los sistemas de salud, y en la asistencia a las personas mayores". 
¡De modo que la «prosperidad» está en peligro por el aumento de la esperanza de vida! 
Y la solución es que antes de 2010 aumente el empleo de las personas de entre 55 y 64 años; justamente cuando el paro y el subempleo azotan a los trabajadores, especialmente a los jóvenes y a las mujeres. 
En la cuestión de los Balcanes, mantienen la política de la desestabilización controlada, y su supuesta actitud amistosa para con la ARYM se complementa con el intento de promover al UÇK a la condición de interlocutor- en pie de igualdad- del gobierno de ese país. 
Es más que evidente que los planes imperialistas para la región no se han consumado, y que la partida de la OTAN es un requisito indispensable para la convivencia pacífica de los pueblos. 
En cuanto a Palestina, mantienen la política de equidistancia frente al terrorismo de estado aplicado por Israel y la justa lucha del pueblo palestino por una patria. 
En el terreno económico, restringen los apoyos estatales y las subvenciones, avanzan aún más en la liberalización de las telecomunicaciones, de los servicios postales, del transporte ferroviario y de la energía, y abren el camino a la liquidación definitiva de la riqueza pública a las multinacionales. 
Las propuestas comunes de resolución no sólo consideran positivos los resultados de la Cumbre, sino que se congratulan por la detención del ex presidente de Yugoslavia, S. Milosevic y piden su entrega al llamado «Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia» de La Haya. 
Por las razones expuestas, los eurodiputados del Partido Comunista de Grecia votamos en contra de dichas propuestas. 
- (FR) El Consejo Europeo de Estocolmo se ha felicitado por los resultados obtenidos por la Unión Europea y ha anunciado que su "objetivo estratégico" sigue siendo "convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo". 
Las clases trabajadoras no tienen, ciertamente, por qué felicitarse. 
Decir que "el desempleo ha conocido su nivel más bajo desde 1991" es al mismo tiempo una manera involuntaria de reconocer que sigue siendo tan elevado como hace diez años, en que ya era catastrófico. 
Por otro lado, en el balance de estos diez años, existe también la generalización, en toda Europa, del trabajo precario mal pagado y un retroceso de la parte salarial en las rentas globales. 
Sólo las grandes empresas, sus propietarios y accionistas, pueden felicitarse del importe excepcional de los beneficios, pero este resultado ha sido obtenido en detrimento del mundo laboral y también de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. 
En cuanto al futuro, la política prometida consiste en la continuación de la que hoy se lleva a cabo. 
Algunas manifestaciones anuncian incluso una agravamiento sobre todo desde el punto de vista de la prolongación de la duración del trabajo y del ataque a las pensiones. 
Nos negamos a otorgar un descargo con miras al futuro a las instituciones europeas, enteramente al servicio de los grupos industriales y financieros. 
- (FR) La cumbre de Estocolmo tenía todas las características de una "cumbre rutinaria" para la opinión pública y los medios de comunicación. 
Si no hubiera existido, en efecto, el anuncio de la decisión conjunta franco-alemana de no decidir una fecha tope de liberalización completa del mercado de la energía para controlar mejor todas sus consecuencias y todos sus efectos, seguramente no se habría hablado de ella en los periódicos y las televisiones. 
Se trataba, no obstante, de una cumbre importante en materia económica y social que se inscribía en la línea de la cumbre de Lisboa, con la reafirmación de la necesidad de actuar en favor de una sociedad europea de pleno empleo, con empleos de calidad. 
Al día siguiente, estas orientaciones chocaron, por lo demás, con el anuncio brutal de planes de despidos en Danone y Marks& Spencer. 
Ninguna concertación, ni siquiera verdaderas razones económicas. 
Esta verdadera "dictadura" de la Bolsa y "esta caza desenfrenada de beneficios" organizadas en detrimento de los asalariados, que son, no obstante, los primeros creadores de riquezas, han demostrado a aquellos que aún lo ignoraban la profunda distancia que existe entre los discursos, a veces tranquilizadores, de los políticos y las realidades vividas in situ por los asalariados. 
A reserva de constatar hoy la muerte del "modelo social europeo", no podemos dejar de reaccionar, y a partir del 31 de marzo me he dirigido personalmente a las más máximas autoridades europeas y francesas ¡a fin de que se propongan medidas para detener esta espiral infernal! 
Ahora, como muchos en este hemiciclo, espero respuestas precisas y pertinentes. 
Si ello no ocurre, sería inútil organizar en el futuro cumbres sobre el empleo y el aspecto social. 
Mientras tanto, apruebo la propuesta de Francis Wurtz de crear en el seno de nuestro Parlamento Europeo una estructura ad hoc, una subcomisión o un observatorio para vigilar y analizar estas estrategias de ajuste de los grandes grupos económicos basadas únicamente en reducciones de plantilla. 
Una próxima cumbre europea debería trabajar sobre esta cuestión vital para el equilibrio y el futuro de Europa, durante el año 2001. 
Dentro de este espíritu hoy he votado a favor de la resolución común presentada por la izquierda. 
- (FR) una cumbre adicional al servicio de los intereses privados. 
La suerte de Macedonia se habrá tratado en Estocolmo en unos pocos minutos. 
Los ganaderos deberán contentarse con "la solidaridad" europea para hacer frente a la fiebre aftosa y despedirse de una nueva aplicación del programa de vacunación, suprimido hace varios años por razones de ahorro. 
Esta vez son los servicios financieros los grandes vencedores. 
De aquí a 2003 un mercado único de valores inmobiliarios permitirá a algunos aprovechados especular con las acciones y las obligaciones. 
En la más absoluta opacidad, se fomentan de esta forma las transacciones financieras y volverán, aún con mayor rapidez, a las manos de algunos industriales, jugando, de paso, con la suerte de millones de asalariados. 
Pedimos, en el plano europeo, la abolición del secreto bancario, la apertura de los libros de cuentas y la transparencia de todas las operaciones. 
Sería un medio eficaz para luchar contra el blanqueo de capitales y para controlar los recursos financieros de estas empresas que, como Danone y Marks& Spencer, persisten en despedir cuando obtienen beneficios cada vez mayores. 
Finalmente, los operadores privados han obtenido la confirmación de las liberalizaciones de servicios públicos jugosos, de los servicios postales, de la electricidad o del gas. 
Las movilizaciones sociales actuales reclaman otro tipo de cumbre: la de la convergencia de la lucha para imponer un servicio público europeo de calidad capaz de responder a las necesidades fundamentales de las poblaciones. 
Consejo Europeo de Estocolmo- Asuntos exteriores (B5-0248/2001) 
A pesar de la desvalorización de los resultados de la Cumbre de Estocolmo por gran parte de la comunicación social, hubo avances, en pro de los objetivos de los grupos económicos y financieros que dominan la economía europea, como tan bien lo reflejaba la propuesta de la Comisión. 
Desde ahora mismo queda trazada la vía. 
Como en la historia del vaso de agua medio vacío, hay quien lo ve "medio lleno" o "medio vacío". 
A pesar de todo, en el Consejo de Estocolmo se consolidó la estrategia de Lisboa de acelerar la liberalización, en particular mediante privatizaciones de los transportes, servicios postales, electricidad y gas y telecomunicaciones. 
Por otro lado, se aceleró el proceso de integración de los mercados financieros. 
Respecto de la recuperación del "pleno empleo", no significa necesariamente el aumento del número de empleos de calidad, en particular si se produce el aumento a costa de una mayor precarización del trabajo. 
En cuanto a la llamada "modernización del modelo social europeo", se reafirmó el ataque al sistema de pensiones y la adaptación de la seguridad social, al abrirse paso el método de coordinación abierta en ese sector e incluirse ese objetivo en las orientaciones económicas anuales de la UE. 
Es de destacar, con todo, que los diminutos ecos de la estrategia de Lisboa en la parte social se deben a la lucha de los trabajadores y de todos los progresistas que quieren una economía más atenta a los problemas de las personas y un desarrollo sostenido, como nosotros. 
. (EN) Aunque muchos de los elementos que se recogen aquí suponen, de hecho, que la agenda vaya hacia nuestra visión de Europa, sencillamente no podemos aceptar ampliación alguna del papel de las instituciones de la UE, en especial de la Comisión, ni el desarrollo de lo que se denomina "el método comunitario". 
3ª Conferencia ONU (B5-0246/2001) 
El EPLP ha votado a favor de la moción de resolución sobre el Consejo Europeo de Estocolmo. 
Sin embargo, nosotros seguimos teniendo reservas acerca del párrafo 13. 
El EPLP sigue teniendo reservas, tal y como expresamos en la primera lectura de la directiva marco sobre información y consulta a los empleados. 
El EPLP apoya la postura del ministro británico de comercio e industria, Stephen Byers, de que puede no ser apropiado contar con una legislación a escala europea en materia de información y consulta. 
El Sr. Byers afirmaba refiriéndose al R.U. que " todo nuestro sistema de estructuras empresariales difiere bastante del que existe en el continente. 
Sin embargo, en muchos aspectos, la directiva refleja el sistema continental de regulación de las empresas, no el del Reino Unido. 
La directiva no es apropiada por diversos motivos, pero la cuestión es importante y deberíamos abordarla en el ámbito nacional. " 
(Commons Hansard Debates, 18 de enero de 2001) 
. (EL) El Consejo Europeo de Estocolmo no se ha distinguido por sus éxitos, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia sueca. 
No ha sido posible el establecimiento de una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, a pesar de las dimensiones alcanzadas por la fiebre aftosa y por la encefalopatía espongiforme No ha sido posible un acuerdo en torno a un sistema europeo de patentes. 
Se mantiene, con el bloqueo del programa Galileo, la dependencia con respecto a los Estados Unidos en el asunto del sistema de localización de posición. 
Los asuntos relacionados con el mercado de energía eléctrica se han mantenido en el mismo punto en que se encontraban en el Consejo de Lisboa. 
El problema principal, sin embargo, estriba en las orientaciones emanadas del Consejo Europeo relativas al desmantelamiento de los mecanismos de protección social. 
La insistencia en nociones como "envejecimiento de la población" o "modernización del modelo social europeo", y la priorización de la "viabilidad de las finanzas públicas" frente a los sistemas de seguridad social son elementos que brindan cobertura, refuerzan y legitiman los intentos de muchos gobiernos de la Unión Europea- entre ellos, el de Grecia- de desmantelar los sistemas sociales de protección y poner a los trabajadores, sin garantía alguna, en manos de las compañías aseguradoras privadas. 
Creo que el movimiento obrero debe reaccionar de manera efectiva ante estas orientaciones negativas del Consejo Europeo de Estocolmo. 
. (DA) El Movimiento de Junio no votará a favor de normas que supongan permitir legislar a los funcionarios en lugar de a los cargos electos de asambleas transparentes y controlables. 
Respecto de la resolución hoy aprobada sobre las "relaciones exteriores" de la Cumbre de Estocolmo, contra la cual he votado, no puedo dejar de mencionar algunos aspectos en una declaración de voto forzosamente corta. 
En primer lugar, y respecto de los Balcanes, no puedo dejar de criticar una inaceptable y flagrante injerencia y chantaje a la República Federal de Yugoslavia por parte de los EE.UU., mientras que se procura blanquear y silenciar las responsabilidades de la OTAN y de todos cuantos hicieron una guerra contra Yugoslavia en violación patente de la Carta de las Naciones Unidas y al margen del propio Consejo de Seguridad, en la que utilizaron armamento con uranio empobrecido cuyos efectos químicos y radiológicos en las poblaciones y en el medio ambiente aún son difíciles de evaluar. 
La situación actual en los Balcanes tiene causas complejas y profundas, pero no podemos dejar de destacar el papel de la injerencia de los EE.UU. y de la UE, que, de forma importante y a veces determinante, contribuyeron a la degradación de un proceso cuyas consecuencias para la situación en toda esa región distan de haber concluido, por lo que no es aceptable una estrategia de criminalización, selectiva y arbitraria, de algunos dirigentes políticos. 
En segundo lugar, y teniendo en cuenta la gravísima situación de Palestina, consideramos muy insuficiente lo dispuesto en la resolución. 
Ésta no condena de forma clara y explícita la escalada de la agresión de Israel, los bombardeos y la represión del ejército israelí contra las poblaciones palestinas, así como la intensificación del bloqueo impuesto a los territorios palestinos. 
En tercer lugar, no podemos dejar de afrontar con mucha preocupación la falta de crítica a la actual militarización de la UE, de la que es instrumento la política de defensa común, como pilar europeo de la OTAN, así como la falta de crítica al proyecto norteamericano de escudo antimisiles (NMD) , cuya materialización contribuiría a reactivar la carrera de armamentos y al aumento de la inseguridad en el nivel mundial. 
La decisión, recientemente anunciada por los Estados Unidos, de rechazar el Protocolo de Kyoto, si bien no es sorprendente, es extraordinariamente grave. 
No es sorprendente porque desde 1998 los Estados Unidos, a pesar de haber firmado, en 1997, el Protocolo de Kyoto han presentado varios pretextos para bloquear las negociaciones en las sucesivas Conferencias de las Naciones destinadas a ultimar las normas de aplicación del Protocolo. 
Es grave porque ha prevalecido el egoísmo nacional. 
Es inaceptable que, ante las previsiones cada vez más dramáticas sobre el efecto del calentamiento global, el principal responsable de las emisiones de gases con efecto de invernadero se haya situado fuera del único instrumento internacional destinado a limitar esos efectos. 
Pero, por grave que sea esa decisión, no podemos vacilar en cuanto a la necesidad de aplicar el Protocolo de Kyoto, con o sin los Estados Unidos. 
Es urgente poner coto a los cambios climáticos y el Protocolo de Kyoto (y no otro tipo de acuerdo) es el instrumento político más correcto para cumplir ese objetivo. 
La falta de participación de los Estados Unidos priva de cierto alcance al Protocolo, pero no le quita su razón de ser. 
La falta de participación de los Estados Unidos vuelve más difícil la aplicación, pero no imposible. 
La toma de posición de los Estados Unidos y la circunstancia de que se aproxime la celebración de la COP6bis, Conferencia destinada a aprobar las normas de aplicación del Protocolo de Kyoto, obliga a la Unión Europea a un trabajo más intenso y a una dirección eficaz de ese expediente político, tanto en el plano interno, contrarrestando la evolución muy negativa de la emisión de gases con el efecto de invernadero, en la generalidad de los Estados miembros, como en el plano externo, negociando las normas de aplicación del Protocolo con el mayor número de países a fin de que se lo ratifique y aplique de aquí a 2002. 
Pero a la Unión Europea compete asimismo luchar por la aplicación de las normas del comercio justo a fin de que los Estados Unidos no obtengan ventajas económicas ilegítimas resultantes de su decisión de no ratificar el Protocolo. 
Por eso, en este momento, más que la insistencia en un diálogo de sordos con los Estados Unidos, la Unión Europea debe materializar la aplicación de un plan de acción que permita aplicar el Protocolo de Kyoto de forma global- es decir, con el mayor número de países- y de forma urgente de aquí al final de 2002. 
Un plan de acción que requiera el cumplimiento del siguiente conjunto de metas con su correspondiente calendario: 
I) Negociación, aun antes de la COP6bis, de las normas de aplicación del Protocolo de Kyoto con Rusia, el Japón, Australia, el Canadá y los países de la Europa central y oriental a fin de alcanzar un acuerdo que puedan ratificar más de 55 Partes, correspondientes a más de 55% de emisiones (límite mínimo para la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto). 
II) Ratificación del Protocolo de Kyoto, por parte de la UE, de aquí al final de 2001; 
III) Aprobación de planes nacionales de reducción de los gases con efecto de invernadero al final de 2001; 
IV) Presentación de la Directiva relativa a la aplicación del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones de aquí al final de 2001; 
V) Presentación, en el ámbito del Programa Europeo para los Cambios Climáticos, de un conjunto de directivas, blindadas, sobre políticas y medidas de reducción de los gases con efecto de invernadero en los sectores de la industria, la energía, los servicios, la agricultura y, principalmente, en el sector de los transportes: aquel en el que las emisiones están aumentando más rápidamente; 
VI) Elaboración, por parte de la Comisión Europea, de un estudio económico sobre las ventajas competitivas que los productos americanos, en particular los energéticos, obtendrán, ilegítimamente, respecto de los europeos, resultante de la inaplicación del Protocolo de Kyoto por parte de la Unión Europea; 
VII) Elaboración por parte de la Comisión Europea de un estudio jurídico que determine la forma de reducir al mínimo esas ventajas ilegítimas, citadas en el punto anterior, en el ámbito de las instituciones supranacionales y en particular de la Organización Mundial del Comercio y de la Cooperación Económica Transatlántica. 
Señorías, hemos agotado el orden del día de esta mañana. 
(La sesión, interrumpida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas y República Popular China 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0268/2001 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI; 
B5-0269/2001 de la Sra. Frassoni y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0277/2001 de la Sra. Frahm y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0285/2001 del Sr. McMillan-Scott, en nombre del Grupo PPE-DE; 
B5-0294/2001 del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR, 
sobre la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas y la República Popular de China. 
Señor Presidente, me siento algo decepcionado: saludo a la Comisión; no saludo al Consejo, cuya ausencia deploro, cuando esta resolución sobre los derechos humanos en China se dirige en primer lugar al Consejo. 
Desearía decirle al Consejo- o a quien informará al Consejo, ausente- hasta qué punto la línea política seguida por la Unión Europea con respecto a China es un fracaso, incluso un desastre. 
Todos sabemos que las contradicciones sociales y políticas aumentan en este país. 
Éstas podrían estallar pronto; todos podemos imaginar los desastres que este estallido de contradicciones provocaría en un país de la dimensión de China, no sólo desde el punto de vista regional, sino desde el punto de vista internacional. 
Nuestro deber de diputados y de ciudadanos es hacer entender a los dirigentes chinos- legales, sin duda, pero no por ello legítimos- que sólo la democracia y el Estado de Derecho permitirán garantizar la estabilidad no solamente en la propia China, sino también en el conjunto del continente asiático. 
Pienso que es nuestro deber recordar al Consejo- y a la Comisión en lo que la afecta- que la vía adecuada para volver a orientar a las autoridades chinas hacia el principio básico de la democracia y del Estado de Derecho es esta resolución presentada por los Estados Unidos, y que debería ser votada en los próximos días por la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. 
Es nuestro deber recordar al Consejo que la Unión Europea no puede continuar adoptando una posición hipócrita, que ésta debe apoyar dicha resolución, apadrinarla y trabajar activamente en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra para que se apruebe. 
Repito, sin pretender estar en favor o en contra de los chinos, que China es un país fundamental, que se sitúa en un contexto regional y continental en el cual Indonesia, Filipinas, Malasia y muchos otros países conocen enormes problemas y en el cual Viet Nam y Laos siguen siendo gobernados por un régimen de partido único. 
China puede desempeñar un papel fundamental, con la condición de que adopte finalmente un sistema democrático basado en el Estado de Derecho. 
Esto es lo que debemos explicar a la clase dirigente china. 
El objetivo es doble: por una parte, garantizar la democracia para los chinos, los tibetanos, los uigures y los mongoles, y, por otra parte, garantizar también la estabilidad del conjunto del continente asiático. 
Señor Presidente, se suele decir a menudo que Europa es incapaz de llevar a cabo una política exterior, así como de fijar una posición unitaria en el contexto internacional. 
Pienso que si se tuviese que mantener la decisión de que los Estados de la Unión Europea no se ratifiquen en la resolución sobre los derechos humanos en China, lo único que se confirmaría sería esta incapacidad. 
No existe ninguna razón más, salvo la de adoptar una actitud hipócrita y destinada al fracaso, porque no consigue absolutamente nada que pueda justificar esta toma de posición respecto a un tema tan ampliamente aceptado y compartido por nuestra opinión pública. 
Por lo tanto, el objetivo de nuestra resolución, que no es la primera ni, creo y me temo, tampoco la última, es que el Consejo reconsidere su decisión y que esta vez China tenga, al menos en lo que respecta a la condena del mundo civilizado, lo que se merece. 
Señor Presidente, China está muy presente en nuestro pensamiento tras el incidente del avión de reconocimiento estadounidense EP-3. 
Es un asunto que las autoridades chinas deberían resolver con mucha urgencia antes de que sus consecuencias entren en una espiral imposible de controlar. 
La Administración de los EE.UU. ha expresado su pesar, un pesar que nosotros compartimos, en especial por la pérdida del piloto de caza chino, pero ha llegado el momento de acabar con este asunto liberando a la tripulación estadounidense y permitiendo la recuperación del avión. 
De otro modo, este problema se convertirá en una herida abierta que emponzoña las relaciones internacionales en un momento muy delicado. 
El Gobierno chino parece deseoso de desempeñar un papel más importante en la comunidad internacional, especialmente en cuanto a desarrollo económico y a su entrada finalmente en la OMC. 
Pero no se ha dado cuenta aún de la necesidad de ajustar sus actitudes en otras áreas o de reconocer que la confrontación política ha de ser sustituida por una postura más conciliadora. 
Esto no sólo sirve para el campo de las relaciones internacionales, sino también para la política nacional. 
El día en que no tengamos que presentar resoluciones acerca de la violación de los derechos humanos en China se habrá dado un enorme salto hacia delante; sin embargo, observamos escasos avances y el catálogo de violaciones sigue aumentando. 
El movimiento Falung Gong está siendo violentamente reprimido y se ha informado de que alrededor de 80 de sus miembros han muerto detenidos en China durante los últimos 18 meses. 
La violencia e intimidación continuas contra los tibetanos y los budistas no dista mucho de un plan de limpieza étnica. 
Un gran país como China es, sin duda, lo bastante robusto y tiene la suficiente amplitud de miras como para ofrecer una libertad real a todos los pueblos bajo su autoridad. 
Debe demostrar que reconoce la condición humana individual de sus ciudadanos y ejercer las responsabilidades de un gobierno justo ofreciendo protección a todos con arreglo al estado de derecho. 
Instamos al Consejo y a los Estados miembros a que tomen buena nota de la probable resolución de este Parlamento y a que respalden la resolución de los Estados Unidos en la Comisión de NN.UU. en Ginebra deplorando la situación de los derechos humanos en China. 
Señor Presidente, miramos hacia China con la esperanza de que el incidente con el avión americano se resuelva sin demasiada retórica y juego político. 
Sin embargo, independientemente de este hecho, llegan continuamente informes sobre China. 
Casi siempre se trata de atropellos cometidos contra los propios ciudadanos. 
Los observadores internacionales están de acuerdo en que la situación de los derechos humanos en China se empeora cada vez más. 
Hablan de la situación en Tibet y en Sinkiang, del considerable aumento de la tortura y de persecuciones a luchadores por la democracia, a miembros de sindicatos y a los que piensan de manera diferente. 
La pena de muerte se aplica con frecuencia y se combate la libertad de expresión por Internet. 
Se mencionan especialmente los arrestos, las torturas y los atropellos a los seguidores de Falun Gong. 
Debe fracasar el objetivo del gobierno chino de eliminar este movimiento. 
Por todo esto, deben terminar inmediatamente las persecuciones y se debe iniciar un diálogo. 
En el Parlamento hay unanimidad sobre la situación china. 
Me consta que la Comisión comparte esta opinión y que el Comisario Chris Patten ha defendido en reiteradas ocasiones en esta Asamblea los derechos humanos en China. 
El país más poblado del planeta viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos. 
Europa no puede permitir que esto suceda. 
No obstante, las señales del Consejo son contradictorias, hipócritas, y contribuyen a debilitar la lucha internacional para conseguir que el gobierno chino cambie su política. 
Esta dispersión no beneficia sino al gobierno chino, a costa del pueblo. 
Por eso, el Consejo debe recapacitar y demostrar que sus palabras sobre unidad no son solamente palabras, sino también acciones, y en Ginebra, dentro de unas semanas, debe apoyar la resolución contra China. 
Señor Presidente, habría sido del agrado del Grupo Socialista que el Consejo, es decir, los Estados miembros en conjunto, hubiera presentado una moción durante el 57º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Nosotros no somos muy partidarios de un patrocinio compartido con Estados Unidos. Hubiéramos preferido que Europa actuara por cuenta propia. 
Sin embargo, votaremos a favor de la resolución porque en última instancia todos estamos de acuerdo sobre la situación de los derechos humanos en China. 
Desde este punto de vista, nos felicitamos de que los Estados miembros de la Unión Europea al final hayan decidido en el marco del Consejo votar en bloque a favor de una posible resolución si ésta llega a presentarse. 
Aparentemente, ellos no entregarán ningún documento, pero si los Estados Unidos se disponen a presentar una resolución la respaldarán. 
Ello supone un avance con respecto al año pasado, cuando las opiniones aún estaban divididas. 
El Sr. Lamy tal vez nos pueda informar al respecto, aunque no puede hablar en nombre del Consejo. 
Tanto para Europa como para China lo emocionante es que tenemos un mercado económico muy potente. 
Desde esta perspectiva necesitamos una política adecuada en materia de derechos humanos. 
La política exterior y la economía han de ser coherentes. 
De una manera muy distinta, éste también ha de ser el caso en China. 
China concede mucho espacio a los procesos económicos, pero al mismo tiempo adopta una actitud poco abierta y dictatorial en el ámbito político. 
No es de extrañar que esta situación cree enormes tensiones que tienen serias consecuencias para los derechos humanos. 
El país firma acuerdos internacionales, pero le resulta difícil aplicarlos y acaba violándolos. 
Sería positivo que en China se reforzaran aquellas fuerzas que fomentan la cohesión. 
Desde esta óptica, toda forma de asociación entre Europa y China será bienvenida. 
Al mismo tiempo hemos de seguir hablando claro sobre los derechos humanos, expresando nuestro rechazo cuando ello sea necesario. 
Por todo lo anterior la presente resolución resulta muy oportuna. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Respecto de los objetivos de la Conferencia de Kyoto 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0267/2001 de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0270/2001 de la Sra. Hautala y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0278/2001 del Sr. Wurtz y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0287/2001 del Sr. Moreira Da Silva y otros, en nombre del Grupo PPE-DE; 
B5-0291/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN; 
B5-0295/2001 del Sr. Davies y otros, en nombre del Grupo ELDR, 
sobre respeto de los objetivos de la Conferencia de Kyoto. 
Señor Presidente, mediante su negación a aplicar el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático, el Presidente de los Estados Unidos atenta directamente no sólo contra los ciudadanos extranjeros, sino también contra los propios ciudadanos de Estados Unidos. 
La decisión del Sr. Bush de abandonar el Protocolo de Kyoto es una muestra de gran irresponsabilidad ante el futuro de la Humanidad. 
Los socialistas también queremos hacer hincapié claramente en que su actitud es irresponsable, ante todo, con respecto a los países en desarrollo. 
Las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos representan alrededor de la cuarta parte del total de las emisiones actuales a nivel mundial. 
Estados Unidos produce por habitante una cantidad de emisiones de dióxido de carbono diez veces mayor a la que correspondería a la media mundial en términos de desarrollo sostenible. 
Las decisiones unilaterales del Presidente de los Estados Unidos no contribuirán en absoluto a impulsar el diálogo transatlántico. 
Con el fin de evitar que se produzcan confrontaciones más graves, el Sr. Bush tendrá que revocar sus decisiones y entablar un diálogo activo con la UE y con las demás partes contrayentes del Protocolo que permita emprender conjuntamente la adopción de las medidas necesarias para combatir el cambio climático. 
En cualquier caso, la Unión Europea debe cumplir sus obligaciones en todas las circunstancias. 
Europa, y presumiblemente Estados Unidos también, tiene actualmente todas las dotaciones tecnológicas necesarias para que las emisiones de la industria sean reducidas para el año 2010 en una tercera parte con respecto a 1990. 
Ahora todos los esfuerzos deben dirigirse a los sectores de la producción energética y del transporte. 
Los argumentos de índole económica tampoco justifican la renuncia a los objetivos y obligaciones de Kyoto. 
El desarrollo sostenible no amenaza el bienestar económico, sino que, por el contrario, fomenta la sensatez en la explotación de los recursos naturales y garantiza también el bienestar y los puestos de trabajo para las generaciones venideras. 
Señor Presidente, los socialistas queremos hacer un llamamiento insistente en el Parlamento Europeo para que se refuercen las medidas en la lucha contra el avance del cambio climático, sin que sean descuidadas en lo más mínimo, y para que la Cumbre de Goteburgo emita un claro mensaje sobre la voluntad de los europeos. 
Señor Presidente, la Sra. Myller es ponente, en la Comisión de Medio Ambiente, para el 6º Programa de acción medioambiental de la Unión Europea, que es la estrategia medioambiental de los próximos diez años. 
Y uno de los objetivos de ese debate es el cumplimiento de las decisiones de Kyoto, que nosotros consideramos un objetivo irrenunciable para la Unión Europea. 
La Unión Europea dio ejemplo cuando, en Kyoto, solicitó una reducción mayor. 
Es verdad que después, en la discusión y el debate, esa reducción se quedó en menos de lo que todos pensábamos, dado que la Agencia Europea de Medio Ambiente planteó que, en lugar del 8% con respecto a 1990, la reducción debía ser el 30%, si queríamos ir por el camino adecuado. 
Por eso, comparto con los compañeros Verdes las dos enmiendas que presentan, es decir, nosotros tenemos que decirle a Estados Unidos que es inmoral no sólo que no cumpla con el protocolo de Kyoto, sino que se apoye en los países en desarrollo para decirles que sólo ellos tienen que reducir la contaminación. 
Es inmoral, y hay que decirlo aquí bien alto, porque si la media anual de emisiones de CO2 de un europeo está en 10 toneladas, la media de un estadounidense está en 24 toneladas y los países en desarrollo están muy por debajo de la media. 
En las relaciones transatlánticas que tenemos con Estados Unidos debemos utilizar ese argumento. 
Tenemos que actuar de forma unilateral, no apoyándonos sólo en que hay que cuidar la competitividad de las empresas, sino en que, desde el punto de vista económico, lo más razonable es apoyar el Protocolo de Kyoto y tomar medidas concretas y claras que vayan en la dirección de implantar y ratificar el Protocolo de Kyoto. 
Creo que en Europa podemos volver a dar ejemplo si todos los países europeos ratifican el Protocolo, si empiezan a tomar medidas unilaterales y si obligan a Estados Unidos, en las relaciones transatlánticas, a no seguir actuando de forma tan inmoral. 
Señor Presidente, ha causado evidente conmoción y decepción el reciente anuncio del Presidente Bush de que los EE.UU. no cooperarán con las medidas de reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera dirigidas a conjurar la amenaza real del calentamiento global. 
EE.UU., con el 5% de la población mundial, produce el 25% de los gases de efecto invernadero en el mundo. 
Que el Presidente Bush le diga a la delegación de la UE que está en Washington esta semana que reconoce tanto el problema como la necesidad de encontrar una solución no es más que retórica vacía cuando EE.UU. se aleja él mismo de la única solución sobre la mesa, una solución parcial en el mejor de los casos. 
Kyoto es sólo el principio del camino. 
¿De qué tiene miedo el Presidente Bush? 
Muchos de los signatarios de Kyoto, entre ellos mi propio país, no están logrando los objetivos acordados; pero debemos seguir intentándolo, debemos seguir hablando- en Bonn la próxima vez, en junio o julio- y esforzarnos por alcanzar los objetivos establecidos frente a todas las dificultades que se plantean a corto plazo. 
Las consecuencias a largo plazo serán mucho más difíciles de resolver. 
No se trata de elegir entre medio ambiente o empleo. 
La promoción y protección de la competitividad económica están inextricablemente ligadas a la protección del medio ambiente. 
Un medio ambiente bien gestionado constituye en sí mismo una fuente de riqueza a través de la agricultura, el turismo y el mantenimiento de la capacidad de asimilación. 
La protección medioambiental es, por tanto, un asunto de interés propio e inteligente para el futuro del bienestar económico y la competitividad en Europa, EE.UU. y todo el mundo. 
Vista de este modo, la protección medioambiental forma parte de un círculo virtuoso en el cual un medio ambiente de alta calidad está sostenido por la riqueza, que, a su vez, está sostenida por la competencia, que, a su vez, requiere un medio ambiente de alta calidad. 
Sí, las ortodoxias medioambientales deben ser constantemente examinadas y evaluadas para garantizar que la protección requerida es equilibrada y eficaz. 
Lo que Kyoto exige de todos nosotros es sólo eso: respuestas equilibradas y eficaces a la amenaza global del cambio climático. 
Y los países y comunidades desarrollados tienen una responsabilidad particular. 
Debe emplearse una gran sensibilidad, tolerancia y compasión cuando se propone aplicar las normas medioambientales del mundo desarrollado a la economía y el medio ambiente de las economías emergentes. 
Hemos de reconocer la resistencia de los sistemas naturales y su posterior capacidad de recuperación una vez que se haya alcanzando un nivel de estabilidad económica. 
Ésta ha sido la pauta en la mayoría del mundo desarrollado. 
La productividad y la rentabilidad son importantes condiciones previas de la protección y la mejora del medio ambiente. 
Reconozco la necesidad de una competitividad económica sostenida que ofrezca los propios recursos necesarios para una medio ambiente de calidad. 
Presidente Bush: no tiene por qué existir contradicción entre estos dos objetivos. 
No se trata de empleos o medio ambiente. 
Por favor, vuelva a bordo de Kyoto y no hipoteque la herencia de todos nuestros hijos. 
La contaminación medioambiental y el cambio climático no respetan fronteras. 
Señor Presidente, he pedido la palabra ante todo para expresar mi pleno apoyo a la resolución que ha sido presentada por los distintos Grupos, así como a la batalla que espero que el Parlamento Europeo y toda la Unión Europea presentarán decidida y firmemente a este problema. 
Para los europeos y para todos aquellos que son auténticos amigos de los Estados Unidos, es muy inquietante comprobar que un gran país que tendría que ser el faro no solo del progreso económico, sino también de la civilización en todos los ámbitos, abandona uno de los principios fundamentales: la protección del medio ambiente y de la salud del mundo que transmitiremos a nuestros hijos y a nuestros herederos. 
Hoy, sin embargo, el problema no radica en decidir una posición que se me antoja ampliamente compartida por estos órganos, sino en cómo llevarla adelante. 
De hecho, debemos preguntarnos si, en lo que a esto se refiere, será suficiente una posición política como la que estamos adoptando, una posición de presión sobre la opinión pública, o si no serán necesarias acciones más concretas. 
He aquí la cuestión que ya desde ahora planteamos a la Comisión, a los órganos competentes. 
Cierto que ya se ha dado una primera indicación: ratificar Kyoto sea como sea, asumir todos sus respectivas responsabilidades frente al mundo. 
¿Acaso bastará todo esto para alcanzar a comprender que sin la colaboración de los Estados Unidos la batalla mundial es difícil? 
Por esto, ya desde ahora planteo una cuestión, un problema. 
En relación a este tema, ¿está la Unión Europea real y totalmente decidida o, como, en cambio, lamentablemente, ha hecho otras veces, por ejemplo, en lo relativo a determinadas cuestiones como la pena de muerte, luchará noblemente sin luego, en el momento decisivo, alcanzar los objetivos claves? 
Ésta es la cuestión que hoy, señor Presidente, queremos plantear a los responsables de la Comisión. 
Señor Presidente, estimados colegas, aunque no se diga lo peor que podría suceder en relación con el cambio climático, la población de los países más pobres es la más afectada. 
Por eso resulta extraordinariamente extraño que el país que emite una cuarta parte del dióxido de carbono mundial no quiera participar en las disminuciones. 
Es terrible y una gran desilusión, pero no una sorpresa. 
No fue una casualidad que el Presidente Clinton no intentase discutir el Protocolo de Kioto en el Senado norteamericano. 
EE.UU. ha demostrado reiteradamente, la última vez en la Conferencia del Clima en La Haya, su desinterés por negociar sobre el estilo de vida americano. 
Ahora el Presidente Bush ha hablado y ha manifestado públicamente que no piensa participar en el Protocolo de Kioto, ya que éste "deja fuera al 80 por ciento del mundo y lesionaría gravemente la economía americana". 
Causa mucha ira que la mayor democracia del mundo sacrifique conscientemente los intereses de largo plazo de la mayoría de la población mundial en el altar de su propia codicia. 
Señor Presidente, quisiera apoyar las posiciones de nuestro colega Jorge Moreira da Silva, que encabezó nuestra delegación a la Conferencia de La Haya sobre cambios climáticos y se ha empeñado mucho para conseguir, por fortuna, la transacción en torno a esta resolución. 
Cuatro puntos breves. 
Primero: la denuncia firme de la desafortunada y criticable decisión unilateral anunciada por el Presidente Bush de rechazo del Protocolo de Kyoto. 
Segundo: aun siendo grave, no es sorprendente; hace mucho que la Unión Europea debería haber adoptado una actitud preventiva con estrategias substitutivas. 
Tercero: no podemos vacilar en cuanto a la necesidad de aplicar el Protocolo de Kyoto, con o sin los Estados Unidos. 
Cuarto y último: corresponde a la Unión Europea intensificar su labor y dirección eficaz en el plano interno luchando contra el descontrol de las emisiones que hoy se dan en la mayor parte de nuestros quince Estados miembros, y en el plano externo, velando por que el Protocolo de Kyoto sea ratificado por el mayor número de países a fin de que entre en vigor antes de 2002. 
Señor Presidente, desde el ascenso al poder del Gobierno de Bush la política ultraconservadora del Presidente sobresalta a todo el mundo. 
Comenzó por suprimir la ayuda a los países del Tercer Mundo en materia de planificación familiar y poco después se dispuso a transferir la seguridad social estadounidense a las iglesias. 
En ese país no te dan de comer si no rezas. 
Además, hemos podido observar cómo los Estados Unidos se retiran del proceso de paz en Oriente Medio. 
Ésta puede ser una evolución mortal. 
Y ahora, para colmo, Kioto. 
Bush piensa que se puede permitir el lujo de no atenerse a los acuerdos mundialmente aceptados sobre la reducción de las emisiones de CO2. 
Parece ser que los intereses de la industria petrolera estadounidense prevalecen sobre la importancia del medio ambiente. 
Todos estos movimientos de repliegue asombran profundamente a las mentes progresistas de Europa y el resto del mundo. 
Por todo ello, nuestro Grupo considera imprescindible que no solamente todas las instituciones europeas sino también todos los Estados miembros continúen expresando su más enérgica condena. 
Señor Presidente, señor Comisario; si, por un lado, fue desolador constatar en la Haya el fracaso de la aplicación del Protocolo de Kyoto por los Estados signatarios del Convenio sobre el Cambio Climático, podemos felicitarnos, por otro, por las reacciones políticas sanas que condenan la provocación vergonzosa del Presidente Bush, quien, tratando de hacer saltar los compromisos de esta lucha contra las emisiones de gas de efecto invernadero, no hace más que recompensar al lobby petrolero norteamericano, que financió su campaña electoral. 
Señor Comisario, debemos salvar el Protocolo de Kyoto. 
Está en juego la supervivencia del planeta. Por eso nosotros debemos dar ejemplo. 
Con o sin los Estados Unidos, la Unión Europea debe firmar el Protocolo de Kyoto. 
Debemos mostrar y probar al mundo entero, en calidad de corresponsables de la contaminación actual del planeta, que nos comprometemos real y concretamente en la lucha contra las emisiones de gas de efecto invernadero. 
Nuestra opinión pública nos apoya en este sentido. 
Debemos convencer a la opinión norteamericana de que su presidente comete un error histórico. 
Señor Presidente, frente a la decisión unilateral de los Estados Unidos, deseo recordar las conclusiones de los expertos del grupo intergubernamental sobre la evolución del clima, el cual nos dice que si no se hace algo para frenar la actual evolución, las temperaturas podrían aumentar de 1,4 a 5,8 grados de aquí a 2100, con las consecuencias desastrosas para el planeta- aumento del nivel de los mares, sequías más intensas, inundaciones aún más brutales, desaparición de islas, de regiones costeras y de deltas, hambruna y epidemias, desaparición de especies -, que afectarían ante todo a las poblaciones más pobres. 
No se trata en absoluto de una previsión catastrófica... 
Por eso es indispensable una toma de posición de nuestro Parlamento para expresar con determinación nuestra profunda indignación ante la decisión del presidente norteamericano Bush de rechazar el Protocolo de Kyoto. 
En el momento en que las poblaciones se preocupan, con razón, ante estas perspectivas de evolución climática, cuyas consecuencias resultan desastrosas, los Estados Unidos, principales consumidores de energía del mundo, adoptan una decisión totalmente irresponsable y peligrosa. 
Más aún, esta posición- pienso que los colegas lo saben- llega incluso a autorizar una explotación petrolera en una reserva natural de Alaska. 
Esta actitud de fidelidad respecto a los intereses de las multinacionales desprecia, de hecho, a las personas y la naturaleza. 
La responsabilidad de todos los Estados está comprometida. 
Me felicito de la protesta de la Unión Europea, de otros grandes países y Estados miembros. 
Los Estados Unidos, que habían firmado el protocolo de Kyoto en 1998, deben ser seriamente advertidos. 
Es preciso rechazar toda discusión de los compromisos de Kyoto, ratificar, aplicar el protocolo, incluso sin los Estados Unidos. 
Como la protesta verbal no será suficiente- lo sabemos por experiencia -, sería prudente, para presionar eficazmente, señor Comisario, incluir cláusulas medioambientales en las negociaciones comerciales internacionales. 
Es el futuro de nuestro planeta, de nuestros hijos, lo que está en juego. 
Pienso que no es el empleo lo que se opone al medio ambiente. 
Una vez más, es el reino de la supremacía del dinero, que se opone al desarrollo humano y sostenible, el cual, no obstante, constituye la ambición indispensable afirmada por la Unión Europea. 
Señor Presidente, no cabe duda de que el glope que nos ha dado el presidente norteamericano ha sido duro. 
Lo peor sería si nosotros ahora dudásemos de nuestros objetivos para Europa. 
¡Debemos hacer lo contrario! 
Debo recordar que tenemos muchos documentos, como el Libro Blanco sobre Energías Renovables y muchas otras directivas, que no estamos aplicando completamente. 
Cuanto más creíbles seamos nosotros mismos, tanto más fuertes serán nuestros argumentos frente a los de los EEUU. 
Además debemos intentar, dejando a un lado al gobierno norteamericano, convencer a la inteligencia americana de las ventajas de la reducción de la emisión de sustancias contaminantes. 
En lo esencial son ventajas ecológicas, que son evidentes. 
Pero también hay muchas ventajas económicas, incluso sociales. 
Si conseguimos entablar esta comunicación tendremos una oportunidad para demostrar que el futuro económico también radica en la implementación de objetivos ecológicos. 
Señor Presidente, la decisión del Presidente Bush es muy trágica. 
Durante más de diez años se ha negociado para proteger el clima. 
EE.UU. ha participado todo el tiempo y, especialmente los europeos, le hemos obligado paulatinamente a pactar. 
El abandono que hace ahora es como tirar diez años de negociaciones por la ventana. 
Hace peligrar todo el sistema de negociaciones internacionales en el campo medioambiental. 
El Sr. Bush dice que la economía americana se lesionaría. 
Al mismo tiempo, nos consta que EE.UU. consume más del doble de energía por unidad producida que el promedio en la UE. 
El potencial de ahorro energético en EE.UU. es enorme. 
Lo que ha ocurrido es muy trágico. 
La actuación de EE.UU. hace que los europeos tengamos que asumir una responsabilidad mucho mayor a la hora de liderar el trabajo climático, ya que los trabajos deben continuar, con o sin EE.UU. Esperamos que más adelante la dirección política de ese país recupere su cordura. 
Es absolutamente necesario que EE.UU. colabore para poder estabilizar el clima a corto plazo. 
Por eso, señor Presidente, no podemos quedarnos solamente en las críticas y condenas a EE.UU., sino que, simultáneamente, necesitamos un diálogo para conseguir que el Sr. Bush cambie su decisión. 
Señor Presidente, ante nosotros el líder mundial que tiene una actitud tan irresponsable para el medio ambiente y para el futuro: es totalmente inaceptable. 
Yo apoyaría plenamente cualquier llamamiento a favor del boicot a las empresas petroleras de EE.UU. en toda Europa. 
La única forma que tenemos de producir algún efecto en Estados Unidos es utilizar tácticas de intimidación. 
Es evidente que el Presidente Bush sólo representa los intereses de la industria estadounidense. 
No le importa el planeta, ni nuestro futuro y el de nuestros hijos. 
Teniendo en cuenta que EE.UU. es el mayor consumidor de energía del mundo, es por completo inaceptable que adopte esta postura absolutamente irresponsable. 
El Presidente Bush no es un líder mundial, en realidad, es un monstruo prehistórico porque no puede entender lo que está ocurriendo en el mundo. 
Si no lo entiende, estamos en apuros porque Estados Unidos es la mayor potencia mundial y, si tiene esta actitud tan irresponsable ¿qué va a ocurrir con el resto del mundo? 
Es completamente inaceptable. 
El Presidente es una vergüenza absoluta y me apiado del pueblo estadounidense. 
Es evidente que la decisión del Presidente de los Estados Unidos de rechazar incluso los tímidos compromisos del Protocolo de Kyoto en materia de emisión a la atmósfera de seis gases de efecto invernadero es totalmente irresponsable desde el punto de vista del medio ambiente y de los intereses de la humanidad. 
Pero el conflicto verbal a este respecto entre los Estados Unidos y las demás potencias industriales es hipócrita. 
El comportamiento de los dirigentes norteamericanos no es más que el espejo en el que se refleja el comportamiento de toda una clase social que monopoliza los medios de producción del planeta, en los Estados Unidos, en Europa o en cualquier otra parte. 
El Sr. Bush actúa como ejecutor de las mezquinas obras de los monopolios norteamericanos de la industria del petróleo y del carbón. 
Aplica la lógica de un orden económico basado en la obtención de beneficios. 
Pero los gobiernos europeos que se erigen, en este caso, en defensores del medio ambiente, ¿fueron capaces de impedir la catástrofe del Erika? 
¿Fueron capaces de impedir la transformación de muchos ríos del continente en cloacas? 
¿Fueron capaces de prohibir a sus monopolios nacionales que vertieran sus residuos en los países pobres? 
¿Fueron capaces de impedir Seveso? 
¿Son capaces tan siquiera de obligar a las empresas industriales a que respeten el entorno laboral y la salud de sus propios trabajadores? 
Al igual que el Gobierno norteamericano, su principal preocupación es crear las condiciones políticas que permitan a las grandes empresas maximizar sus beneficios y no la de contenerlas, aunque fuese en provecho de la colectividad. 
Por nuestra parte, al mismo tiempo que condenamos al Gobierno de los Estados Unidos, condenamos a los de todas las potencias industriales y, por encima de ello, el orden económico actual, donde el beneficio lo es todo, y el ser humano, nada. 
- (FR) Señor Presidente, es evidente que, al igual que el Parlamento, la Comisión está extremadamente decepcionada por el rechazo del Protocolo de Kyoto que los Estados Unidos acaban de anunciar. 
Como ustedes saben, nosotros hemos tomado la iniciativa de condenar esta decisión. 
El Sr. Prodi y el Sr. Persson han dirigido una nota al Presidente Bush, el 14 de marzo pasado, para expresar nuestra indignación. 
La Sra. Wallström y nuestros colegas del Consejo han pasado parte de esta semana en los Estados Unidos para reunirse con la Sra. Wittman y el Sr. Armitage, que son los responsables administrativos norteamericanos competentes. 
Nosotros no nos contentamos con estos contactos, puesto que nosotros también hemos decidido que esta troika iba a reunirse con las autoridades del Canadá e iniciar, en las próximas semanas, consultas con Rusia, Irán, China y el Japón. 
Hemos decidido hacer todo lo que esté en nuestro poder para mantener encarrilado el proceso de Kyoto. 
Dicho esto, la administración norteamericana ha confirmado este abandono- y, por tanto, su negativa de ratificación- y no ha dado ninguna indicación sobre el contenido de la revisión de las políticas realizadas en el ámbito del cambio climático- revisión que se ha anunciado recientemente- ni tampoco sobre la fecha en que esta información se haría pública. 
El problema es, pues, profundo en su país. 
La única buena noticia- si puede decirse- es que en esta etapa nadie ha puesto en entredicho el estado actual de los conocimientos científicos relativos al cambio climático- lo cual es un logro -, y los Estados Unidos han indicado que continuarían participando en las próximas negociaciones internacionales. 
La Sra. Wallström ha manifestado claramente a nuestros homólogos norteamericanos que el abandono del protocolo sería un error y que el hecho de volver a iniciar todo el proceso no sólo representaría una pérdida de tiempo, sino también un peligro de romper el frágil equilibrio que el protocolo había logrado establecer entre el mundo industrializado, que ha contribuido sobremanera al problema, y los países en vías de desarrollo, cuyas emisiones por habitante se sitúan muy por detrás de las de los países industrializados. 
Al mismo tiempo, la Unión ha declarado su intención de continuar las negociaciones en el marco de Kyoto, incluso si los Estados Unidos se detienen aquí. 
El protocolo puede entrar en vigor si la Unión, los países candidatos a la adhesión, Rusia y el Japón lo ratifican. 
Al igual que el Sr. de Roo, consideramos, evidentemente, que el alcance del protocolo se verá reducido por la ausencia del más importante contaminador del planeta, pero no podemos- no debemos- esperar a los norteamericanos. 
Hemos reafirmado claramente, pues, nuestro compromiso de ratificar el protocolo de Kyoto en 2002 a más tardar, y, a este efecto, empezamos a prepararnos. 
Eso implica nuestra coherencia, que consiste en continuar nuestros esfuerzos para combatir, en nuestros países, el cambio climático. 
El programa europeo relativo al cambio climático que ha mencionado la Sra. González ahora ha salido a luz. 
Está desarrollándose. 
Por consiguiente, vamos a hacer todo lo posible para hacer progresar el protocolo. 
Lo ratificaremos y procuraremos que, en nuestros países, seamos coherentes con ello. 
Pueden contar con la Comisión para continuar garantizando, con respecto al cambio climático, como lo ha pedido la Sra. Isler Béguin, nuestro papel de motor y el papel de motor de la Unión en el plano internacional, a la vez en la proyección de lo que hacemos en los demás países, pero también en nuestra propia estrategia de aplicación. 
A semejanza de la Sra. Myller, no dudo que los dos temas figurarán en el orden del día de la cumbre entre los Estados Unidos y Europa, que tendrá lugar en Goteburgo con ocasión del próximo Consejo Europeo, que, como saben, estará destinado principalmente al medio ambiente. 
Se trata, pues, de un próximo plazo importante para todos nosotros. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes propuestas de resolución: 
Detención ilegal del Sr. Tsiakourmas en Chipre- B5-0266/2001 del Sr. Katiforis, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0271/2001 de la Sra. Frassoni y del Sr. Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0279/2001 del Sr. Wurtz y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0286/2001 del Sr. Zacharakis y otros, en nombre del Grupo PPE-DE; 
B5-0296/2001 del Sr. Davies, en nombre del Grupo ELDR, 
sobre la detención ilegal del Sr. Tsiakourmas en Chipre. 
Violencia contra monjas católicas- B5-0261/2001 de la Sra. Karamanou y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0272/2001 de la Sra. Sörensen, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0280/2001 de la Sra. Morgantini y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0298/2001 de la Sra. Plooij-van Gorsel y otros, en nombre del Grupo ELDR, 
sobre la violencia contra monjas católicas. 
Pakistán- B5-0265/2001 del Sr. Fruteau y de la Sra. Erika Mann, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0273/2001 del Sr. Rod y de la Sra. Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0281/2001 del Sr. Cossutta y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0288/2001 del Sr. Martens, en nombre del Grupo PPE-DE; 
B5-0299/2001 del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR; 
B5-0302/2001 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, 
sobre la situación en Pakistán. 
Derechos de los homosexuales en Namibia- B5-0264/2001 de la Sra. Swiebel y otros, en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0274/2001 del Sr. Lagendijk y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE; 
B5-0282/2001 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL; 
B5-0300/2001 de la Sra. Van der Laan y de la Sra. Dybkjær, en nombre del Grupo ELDR, 
sobre los derechos de los homosexuales en Namibia. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, la afirmación de que Tsiakourmas era traficante de drogas es pura difamación. 
Con respecto a esta acusación, quisiera leerles, en inglés si me lo permiten, el informe de la policía de las bases inglesas, que constituyen territorio de soberanía británica. 
La policía inglesa, tras llevar a cabo la investigación pertinente, escribe lo siguiente: 
A pesar de las declaraciones de la policía turco-chipriota en sentido contrario, todas las demás pruebas disponibles indican que el Sr. Tsiakourmas fue sacado de su vehículo. 
El vehículo fue abandonado bastante dentro de las zonas de la base soberanas del este. 
No existe absolutamente ninguna prueba, ni pericial ni por antecedentes, que indique que el Sr. Tsiakourmas tenía o haya tenido alguna vez drogas en su vehículo o en su posesión. 
(EL) Pienso que si esto lo dijera el gobierno griego, yo lo creería, pero otra persona podría no creerlo. 
Si lo dijera el gobierno chipriota, yo lo creería, pero otra persona podría no creerlo. 
Pero lo dice la policía inglesa. 
Considero que esto pone punto final a las especulaciones sobre lo ocurrido. 
Con respecto ahora a la importancia política de lo ocurrido. 
Tsiakourmas era un contratista de obras que entraba en una base inglesa que se encuentra muy cerca de un pueblo turcochipriota, y contrataba en ese pueblo a obreros turcos para su trabajo. 
Era, pues, una persona que posibilitaba el contacto entre dos comunidades que los dirigentes turcos y turcochipriotas quieren mantener separadas y enemistadas. 
Por el hecho de encontrarse en esa delicada posición y relacionarse con sus conciudadanos turcos se convirtió en blanco de un criminal secuestro. 
Permítanme una observación: es lamentable el espectáculo de un poder arbitrario que durante 25 años pretende aparentar una entidad estatal, que durante 25 años carece de reconocimiento por la comunidad internacional, y que quiere ahora imponer de facto su presencia con un secuestro gangsteril. 
Señor Comisario, me dirijo a usted. 
El interés por la suerte de cualquier persona es una de las tradiciones más nobles de Francia, su país y su patria. 
Recordemos el caso Dreyfus. 
Recordemos el proceso de Flaubert, recordemos el "Yo acuso" de Zola. 
Tsiakourmas, claro está, no es ni Dreyfus ni Flaubert ni Zola. 
Pero, en sus limitadas dimensiones, representa un problema semejante. 
Por ello, invito a usted y a la Comisión a mostrar interés por su caso. 
Estén seguros de que con esta causa, con la reivindicación de la libertad de Tsiakourmas reivindican la libertad, la paz y la reconciliación de las dos comunidades en Chipre. 
Señor Presidente, me gustaría manifestar mi acuerdo con el Sr. Katiforis. 
Estamos ante un caso realmente negativo de captura injustificable de una persona fuera del territorio al que después fue conducido y en el cual ha estado detenido ilegalmente desde el 13 de diciembre del año pasado. 
Hemos de tener presente, verdad, el hecho de que Turquía ha propuesto su candidatura a la Unión y que en tanto en cuanto existan heridas de este tipo abiertas en un rincón del Mediterráneo y problemas de esta clase, Turquía se sitúa a sí misma fuera de toda consideración razonable. 
Éste es un ataque grave a los derechos humanos, es un insulto totalmente inaceptable a un ser humano y pedimos al Sr. Presidente que nos permita sacar adelante esta resolución con el apoyo de la totalidad del Parlamento. 
Señor Presidente, las acusaciones contra el Sr. Tsiakourmas son tan burdas, que no pueden sostenerse ni siquiera en el pseudotribunal que lo juzga. 
La cuestión, sin duda, es de dónde se nutre la insolencia del ilegal régimen de ocupación del norte de Chipre para que éste se atreva a emprender semejantes acciones, en una zona, además, de soberanía británica. 
Es evidente que si la llamada comunidad internacional quisiera poner fin al régimen de ocupación, contaría con los medios para hacerlo. 
Esta observación es particularmente válida para la Unión Europea, puesto que Turquía es un país candidato a la adhesión, y Chipre, por su parte, se encuentra en negociaciones para la adhesión. 
La Unión Europea dispone de mecanismos de presión que podría activar. 
Al mismo tiempo, sin embargo, la Unión Europea tiene enormes intereses en Turquía, intereses económicos, políticos, militares, y a nadie se le oculta que son esos intereses los que determinan su conducta. 
Constatamos, por otra parte, que el propio proceso de adhesión de Chipre a la Unión Europea- más que ayudar a resolverlo- parece complicar el problema chipriota. 
En cualquier caso, exigimos a la Unión Europea, e, igualmente, al Gobierno del Reino Unido, que hablen a Turquía, aunque sólo sea una vez, con términos suficientemente duros para que el Sr. Tsiakourmas sea liberado sin condiciones. 
Señor Presidente, quisiera que apoyáramos todos resueltamente el proyecto de resolución por la liberación del Sr. Tsiakourmas. 
Ya es hora de que no limitarnos simplemente a hacerle corteses recomendaciones a Turquía, cuyo ejercito lo secuestró ilegalmente en el interior de la base británica de Dekelia en Chipre, y lo mantiene desde entonces encarcelado, a pesar de que se encuentra gravemente enfermo y su vida corre peligro. 
Sinceramente, no acierto a comprender cómo Gran Bretaña permite que su soberanía sea violada, sin reaccionar resuelta y eficazmente; podría hacerlo perfectamente si quisiera. 
Señorías, el secuestro del Sr. Tsiakourmas, la irrupción de las fuerzas turcas de ocupación en la franja de tierra de nadie de Strovilia, la reclamación de islas griegas y las continuas amenazas de Turquía- reiteradas recientemente en declaraciones del ministro turco de exteriores, Sr. Cem- de que si la República de Chipre se convierte en miembro de la Unión Europea, reaccionará violentamente, ponen de manifiesto que ese país interpretó la resolución de la Cumbre de Helsinki como expresión de la debilidad de los europeos. 
Eso explica el hecho de que últimamente, en lugar de avenirse a los términos que allí se fijaron para su aceptación como miembro de la UE, se haya insolentado aún más. 
Es hora de que la Unión Europea demuestre que Turquía no puede burlarse sin castigo de nuestra cortesía y tolerancia, de nuestros esfuerzos por ayudarla a convertirse en un estado de derecho, en una verdadera democracia, antes de recibirla en la familia europea. 
Señor Presidente, estamos ante un caso evidente de acción ilegal. 
El Sr. Tsiakourmas debe ser liberado y tratado de modo apropiado y su caso no debería ser un arma en una guerra de propaganda entre greco y turco-chipriotas, cuya última manifestación es ver qué parte ha destruido más de la cultura de la otra. 
Me complace representar a ambas comunidades como residentes de Londres y ambas merecen igual respeto para sí y para sus culturas. 
Me niego a elegir entre uno y otro lado. 
Deseamos una Chipre unida y europea. 
La UE debe involucrarse más en la búsqueda de una solución política y debería presionar a favor del respeto mutuo. 
Podríamos, tal vez, proporcionar algunos fondos para la conservación de los monumentos culturales de ambos lados. 
Pero, mientras tanto, el Sr. Tsiakourmas no debe seguir cautivo. 
Un acto ilegal es ilegal ocurra donde ocurra y este caso debe resolverse sin que se convierta en un arma de una guerra de propaganda. 
Señor Presidente, el caso Tsiakourmas nunca debería haber surgido y debe acabarse rápidamente. 
Supone una violación de la soberanía territorial británica y una detención ilegal de un individuo vulnerable que no tiene antecedentes de conductas ilícitas. 
Parece haber sido una represalia mal concebida. 
Lamentándolo, tengo que decir, por tanto, que apoyaremos la resolución e insto a las autoridades turcas a que liberen al Sr. Tsiakourmas ya. 
También tengo que decir que es una pena que la resolución incluya algunas expresiones desafortunadas. 
Cuando hablé, la semana pasada, con el Ministro de Asuntos Exteriores greco-chipriota, el Sr. Kasoulides, le dije que era el momento de tender puentes hacia los turco-chipriotas, de buscar formas de reducir el aislamiento económico del norte de Chipre y de usar un lenguaje que pudiera fomentar el apoyo de los turcos a un Chipre auténticamente bi-comunal y bi-zonal según piden las resoluciones de Naciones Unidas. 
Yo les digo a los turco-chipriotas: eviten incidentes estúpidos e inicien un diálogo constructivo. 
Yo les digo a los greco-chipriotas: dejen de aprovechar oportunidades de confrontación y tiendan una mano amistosa. 
Violencia contra monjas católicas 
Señor Presidente, señorías, se trata, desgraciadamente, de una verdad muy dolorosa. 
La conspiración del silencio se ha roto, y se ha sabido que sacerdotes y obispos católicos están implicados en actos criminales perpetrados contra monjas en al menos 23 países. 
El informe publicado en la revista norteamericana National catholic reporter habla de violaciones, malos tratos sexuales, mujeres infectadas de SIDA, abortos obligados, chantajes y represalias contra las personas que tuvieron el valor de denunciar los actos de violencia ante los dignatarios responsables. 
Por mucho que el portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Vals, haya intentado quitarle importancia al asunto, o restringirlo a África, los abusos sexuales y las violaciones de derechos fundamentales de las mujeres son una realidad, y, naturalmente, ni los sacerdotes ni los obispos están por encima de las leyes. 
Por ello, mi Grupo pide que los autores de los hechos sean remitidos a la justicia, y que las autoridades judiciales de los 23 países donde perpetraron los actos delictivos aclaren completamente todos los casos de violencia contra las mujeres. 
Por su parte, la Santa Sede deberá hacer públicos los cinco informes existentes sobre este asunto, despojar a los autores de toda dignidad, cooperar con las autoridades judiciales, rehabilitar a las monjas represaliadas, prestar a las víctimas la protección y la indemnización adecuadas, y, sobre todo, adoptar medidas preventivas para el futuro y educar a los sacerdotes en los derechos humanos fundamentales de las mujeres. 
Señor Presidente, en lugar de emitir un juicio político, citaré dos párrafos de uno de los informes, que hablan por sí mismos. 
Diversos generales de alto rango expresaron su máxima preocupación por la intimidación sexual que sufrían las religiosas en determinadas zonas. 
En una diócesis determinada, donde varias religiosas habían quedado embarazadas de los sacerdotes, el prior de la comunidad no logró encontrar una solución adecuada. 
En otra congregación 20 monjas fueron despedidas porque estaban embarazadas, muchas de ellas de sacerdotes. 
En segundo lugar, hay varios países en los que las religiosas son martirizadas. 
Cuando una religiosa queda embarazada de un sacerdote, está obligada a abandonar la congregación, en tanto que el sacerdote puede seguir su vocación. 
¿Es esto lo que se entiende por justicia social? 
Las religiosas están condenadas a educar a sus hijos como madres solteras. En la mayoría de los casos cargan con un enorme estigma y viven en unas circunstancias sociales deplorables. 
Se citan ejemplos de países dónde las religiosas fueron obligadas a convertirse en la segunda o tercera mujer de una familia tras haber perdido su posición social en la cultura local. 
La única alternativa que les quedaba para sobrevivir consistía en echarse a la calle como prostitutas con el riesgo de contraer el sida, si es que no habían sido contagiadas ya por los sacerdotes. 
Señor Presidente, creo que todos nos escandalizamos cuando tanto en los Balcanes como en África se utilizó la violación como un arma más en la guerra. Sin embargo, confieso mi sorpresa ante el hecho de que una organización respetada en todo el mundo haya ocultado durante tantos años lo que ocurría con las mujeres que trabajan en ella. 
Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con la resolución que vamos a presentar hoy aquí y con que los culpables sean procesados y castigados como cualquier otro ciudadano que atenta contra la dignidad de las personas. 
Creo que todos, hombres y mujeres, sentimos lo ocurrido, pero también creo que las mujeres conocemos la cuota de dolor, de humillación, de impotencia y de indignidad que supone tener que callar ante semejante ataque a la dignidad humana. 
Por eso, señor Presidente, creo que esta resolución es necesaria y que debemos enviarla a todos los organismos que citamos al final de ella. 
Señor Presidente, el Vaticano no es conocido precisamente por su concepto liberal de la sexualidad. 
Los métodos anticonceptivos no sólo proporcionan a las mujeres de todo el mundo la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, los condones también podrían salvar decenas de miles de vidas en los países azotados por el SIDA en África. 
El Vaticano los combate. También intenta eliminar la posibilidad de abortar a las mujeres violadas, por ejemplo, en Bosnia. 
Por eso, es terrible leer este informe que demuestra los atropellos cometidos por sacerdotes católicos; han violado a mujeres y a monjas. 
Esto lo ha sabido el Vaticano desde 1994, pero ha intentado minimizar lo ocurrido y acallar a las mujeres que han querido hablar, o las ha obligado a abortar. 
Se informa de que algunas han sido contagiadas de SIDA. 
Esto no es un hecho aislado, ha ocurrido al menos en 23 países, y hay sólo una palabra para resumir lo acontecido: ¡vergüenza, vergüenza y vergüenza! 
El Vaticano debe castigar de inmediato a los culpables, debe pedir perdón a las mujeres, debe investigar lo que ha sucedido y debe publicar el informe en su totalidad. 
Señor Presidente, nuestro Grupo ha decidido no respaldar la presente resolución. 
A nuestro modo de ver, el abuso sexual de la mujer es un tema demasiado serio como para que sea utilizado con fines políticos o para desacreditar a las comunidades religiosas, en este caso, a la Iglesia católica. 
Consideramos que la violación y el abuso sexual atentan contra los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las personas. 
Condenamos cualquier forma de agresión contra mujeres y opinamos que los culpables han de ser castigados, independientemente de cuál sea su profesión. 
Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas. 
Nuestro Grupo se siente muy preocupado por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, médicos, políticos y otras personas que gozan de una posición de confianza y autoridad ética. 
La comunidad católica y la Santa Sede han condenado siempre la violencia y el abuso sexual, tanto desde el punto de vista de los valores cristianos como sobre la base de los acuerdos y compromisos internacionales. 
A través de sus representantes oficiales la Santa Sede ha reconocido y rechazado los hechos y, en colaboración con los obispos competentes, los priores de las órdenes religiosas y congregaciones y las demás autoridades responsables, ha adoptado las medidas oportunas contra los sacerdotes implicados a fin de amparar a las víctimas y evitar que estos actos violentos vuelvan a producirse. 
Consideramos absolutamente necesario que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes sean condenados y castigados sin demora. 
Por otra parte, no se puede generalizar. 
En todo el mundo hay más de 404.000 sacerdotes y unas 820.000 religiosas. 
El hecho de que algunos miembros irresponsables del clero hayan cometido abusos sexuales, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde la mujer suele desempeñar un papel secundario con respecto al hombre, no obsta para que la gran mayoría de las religiosas y sacerdotes del mundo den muestras de una incondicional fidelidad: en numerosas ocasiones son ellos los primeros en sacrificarlo todo en nombre de la lucha por la paz y la justicia y contra la pobreza. 
Nuestro Grupo considera muy positivo que se abra un debate diáfano sobre este asunto y lamenta que hasta la fecha no se haya dado una respuesta adecuada al problema del abuso sexual. 
Deseamos que se encuentre una solución decisiva para todos los casos y esperamos que las iglesias y las demás organizaciones competentes intensifiquen sus esfuerzos y hagan todo cuanto esté a su alcance para evitar que esta situación se repita. 
Señor Presidente, Señorías, esta propuesta es gravemente injusta y desproporcionada y va mal orientada. 
Revela total desconsideración para con las víctimas, puro enredo a destiempo. 
En los casos de violación, que son muy reprobables, las hermanas católicas sufrieron un doble suplicio: como personas, mujeres, y como religiosas, ofendidas también en la vocación del servicio a los demás y en el Dios de su fe. 
Y también la Iglesia católica fue ofendida por los actos condenables de algunos de sus miembros. 
Cuando se exagera la realidad, se distorsionan hechos y se pretende atacar no a los violadores, sino a la Iglesia, que son las hermanas, muchas religiosas se sienten de nuevo violadas, ahora por esa grotesca instrumentalización política. 
A ese respecto, sería necesario conocer la religión y respetarla. 
No es así, manifiestamente, en el caso de los autores de la propuesta. 
La propuesta ataca a quien abordó el problema, revela completa ignorancia o desprecio de la organización propia de la Iglesia católica, que no es el super-Estado europeo centralizado con el que muchos sueñan, sino que está profundamente descentralizada, tanto en el Colegio Diocesano como en los numerosos institutos y congregaciones religiosas, entre otras. 
La resolución podría atacar a quien violó y traicionó también al servicio de Dios. 
Pero no; pasa por esos pocos malos ejemplos en un instante y apunta una batería contra la Iglesia en conjunto. 
Fue la Iglesia la que descubrió los casos, la que los debatió y atacó después de conocerlos. 
Merece, por ello, nuestro aprecio, además de todo lo que ha hecho por los pueblos a los que asiste. 
Más aún: fue la Iglesia la que nos dio a conocer esos casos, no los furiosos autores del texto paradójico que se lanza contra la solución en vez de contra el problema. 
Hemos votado en contra de la propuesta. 
No entraña humanidad, sólo un monumento al cinismo y a la hipocresía. 
Hablo en nombre del Grupo UEN y, en particular, de la delegación irlandesa, que me lo ha pedido expresamente. 
Señor Presidente, los medios católicos hacen mención de unos hechos extremadamente dolorosos. 
Durante la lectura de los textos el dolor sufrido por las mujeres de la Iglesia católica que han sido víctima de abusos sexuales me ha conmocionado profundamente. 
Espero de todo corazón que el presente debate contribuya a la erradicación de dichos abusos. 
Doy por sentado que ésta es la intención de los autores de la resolución, que no se dejan guiar por sentimientos antirreligiosos. 
En lo que a mí respecta la resolución no se dirige únicamente al Vaticano, sino que al mismo tiempo hace un llamamiento a todas las autoridades eclesiásticas para que actúen conforme a la ética cristiana. 
La responsabilidad del individuo no puede desaparecer en el anonimato de las grandes instituciones. 
No se puede aducir ninguna circunstancia atenuante para defender el comportamiento de los sacerdotes africanos implicados. 
Ni su corta edad, ni su diferente concepción del celibato justifican estos actos de violencia. 
Toda comunidad religiosa que se inspira en la Biblia es consciente de que el abuso de la mujer no puede cubrirse con el manto del amor. 
Deshonramos el nombre de Cristo si afrontamos el problema de esta manera. 
La resolución común insiste con razón en la necesidad de incoar un procedimiento judicial a fin de aclarar el asunto. 
Desde mi visión cristiana del mundo me sumo con mucho gusto a este llamamiento. 
De momento sólo podemos hacer conjeturas sobre el verdadero alcance de esta problemática. 
La revista estadounidense "National Catholic Reporter" menciona 23 países en los que se han registrado casos de abuso sexual. Por tanto, no puede considerarse como un fenómeno marginal. 
Las primeras referencias datan ya de 1994, pero hasta la fecha no está claro qué acciones han sido emprendidas para poner coto a la violencia contra las mujeres. 
El Vaticano debe reconocer el problema y explicar cuáles son las medidas adoptadas para erradicar estas prácticas en el futuro. 
Por último, quisiera expresar mi reconocimiento por el hecho de que se haya borrado el considerando H de la resolución original. De lo contrario, me hubiera visto obligado a votar en contra de la misma. 
Por enérgica que sea mi condena de estos lamentables casos de abuso sexual no puedo consentir que se establezca una relación directa con la política del Vaticano respecto a los derechos a la reproducción de la mujer. 
Tal difamación de quienes optan por un enfoque pro vida resulta inaceptable. 
Señor Presidente, por supuesto que condenamos esos hechos vergonzosos, sea quien sea quien los cometa. 
Pero la Resolución presente contiene errores, tergiversaciones, mentiras y verdades a medias, y por eso mismo no puede ser aceptada. 
Creo que el tema es demasiado serio para usarlo con fines partidistas e ideológicos. Y esto es lo que está pasando aquí. 
El Vaticano no tiene ni una policía mundial ni un tribunal mundial para perseguir esos sucesos, sino que eso es cosa de las autoridades estatales, y a ellas debemos dirigirnos. 
Por supuesto, apoyamos al Vaticano en su empeño de eliminar esas prácticas. 
Pero debemos tener claro que esta Resolución pretende inequívocamente, la Sra. Malmström lo ha dicho claramente, debilitar el papel del Vaticano en las organizaciones internacionales donde ha adoptado posturas distintas a las de muchos gobiernos en materia de familia, defensa de la vida y abusos sexuales. 
Por ello me parece que esta Resolución es hipócrita e inaceptable. 
La considero peligrosa, porque este tema ha sido muy a menudo en el siglo XX objeto de abusos por parte de fuerzas totalitarias para desacreditar a la iglesia. 
No debemos ir por este camino. 
Quienes se ordenan para servir a sus semejantes no se merecen este tipo de difamación. 
Señor Presidente, yo al igual que todos en esta Cámara condenamos el abuso sexual de mujeres, o de cualquier persona, y debe condenarse con razón todo retraso a la hora de poner a disposición de la justicia a aquéllos que lo cometen, sea cual sea su credo, nacionalidad o profesión. 
No puedo, sin embargo, apoyar esta resolución que tiene como blanco una iglesia específica; una iglesia que ha reconocido y condenado los casos en cuestión y que ha dejado claro que está adoptando medidas, en cooperación con los representantes de la iglesia y con las autoridades públicas competentes, contra los autores implicados. 
También está prestando su apoyo a las víctimas, como lo hace con las víctimas de abusos sexuales, a través de sus programas de acción social en todo el mundo y está tomando medidas para impedir que se repitan estos terribles incidentes. 
Lamentablemente, hay que decir que resoluciones de esta naturaleza hacen pensar en un motivo subyacente de índole política, que parece ser el descrédito deliberado de la Iglesia Católica y de la Santa Sede a escala internacional y posiblemente el forzar su retirada de los foros internacionales, donde está promoviendo activamente la dignidad de las mujeres y de las madres. 
Señor Presidente, hago mía la declaración de la Sra. Martens. Solamente quisiera añadir lo siguiente. 
Este delicado y deplorable asunto ha salido a la luz gracias a la apertura de los medios de comunicación católicos y la labor de los investigadores católicos, que han elaborado un informe. 
También ha habido reacciones de la jerarquía eclesiástica católica y se han pronunciado enérgicas condenas. 
Recuerdo que varios obispos se han pronunciado al respecto, por ejemplo en los Países Bajos. 
Así las cosas, ¿por qué nos empeñamos en propinar este nuevo puntapié a la Iglesia católica? 
Yo, como protestante, debo admitir que no salgo de mi asombro. 
He leído en la prensa holandesa una entrevista con una de los promotores de la iniciativa en la que se abordan los motivos más profundos de esta actitud. 
Ella dice: " Estamos en contra de la visita del Papa al Parlamento Europeo. De este modo resulta más difícil que venga. 
En segundo lugar, queremos ofrecer una respuesta a todas las amonestaciones que lanza el Papa en el ámbito de la ética. " 
Si éste es el trasfondo, sólo puedo concluir que se trata de una iniciativa falsa que no puedo respaldar de ninguna manera, entre otras razones porque creo que con ella las religiosas que ya han sufrido abusos sexuales se convertirán además en víctimas de un abuso político, y esta constatación me llena de vergüenza. 
Señor Presidente, un tema tan delicado como el de la urgencia en cuestión nos produce perplejidad. 
Si consideramos el hecho en sí, no merece más palabras: se trata de un hecho condenable y execrable. 
Pero de ahí a construir un teorema que acaba en un ataque político- porque así consta en los hechos- a la Iglesia católica y a la Santa Sede se me antoja una perfecta descortesía con la autoridad moral que ejerce la Santa Sede en todo el mundo. 
Lo que nos preocupa todavía más, si cabe, es el criterio con el cual nos servimos del concepto de responsabilidad, en cuya virtud lo que le ocurre a un hombre debe achacarse a la responsabilidad moral de la Santa Sede. 
Estamos realmente perplejos, puesto que si se instrumentalizar temas tan delicados se acaba por perder de vista la que es una tarea que la Iglesia está llevando a cabo con mucha dificultad en el mundo, esto es, la defensa de la dignidad del ser humano. 
Señor Presidente, quiero decir muy claramente que es absolutamente inaceptable la instrumentalización que se está haciendo de este tema y especialmente el intento de menoscabar el papel que desempeñan la Iglesia católica y la Santa Sede en esos organismos internacionales de los que se trata de expulsarlas favoreciendo de este modo acciones lobbistas como las que están detrás de esta moción. 
En primer lugar quiero recalcar que una cosa es la Santa Sede y otra los distintos individuos de la Iglesia católica. 
La Santa Sede no es un Estado del cual cada católico es ciudadano. La Santa Sede sirve a la comunidad universal a través de su autoridad pero no puede responsabilizarse de todas y cada una de las acciones de los católicos del mundo, sean sacerdotes o laicos. 
Esto ha de quedar en claro y nos debe servir para juzgar un tema tan espinoso como éste. 
En consecuencia, cuando la moción hace repetidas referencias a responsabilidades de la Santa Sede se cae en una instrumentalización política que debe rechazarse de plano. 
Pakistán 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hace unos veinte años, con la fundación de la SAARC, los países del Asia Meridional y la Unión Europea habían sentado las bases de una cooperación ambiciosa: el desarrollo y la libertad de expresión. 
Las recientes detenciones de los responsables políticos en Pakistán causan el efecto, desgraciadamente, de una cruel constatación de fracaso. 
Estas detenciones en masa, que, al parecer, afectan a más de un millar de personas, ilustran claramente la determinación del régimen del General Moncharraf de reprimir las aspiraciones democráticas de los pakistaníes y de impedir que los partidos políticos practiquen sus actividades legítimas. 
En 1999, algunos meses después del golpe de Estado yo me había reunido, a petición suya, en mi calidad de vicepresidente de la delegación "Sudeste Asiático", con el embajador del Pakistán, quien me había asegurado que la junta militar que acababa de separar del poder al Primer Ministro Nawaz Sharif sentaría rápidamente las bases de un Pakistán democrático. 
Hoy asistimos, por el contrario, a una radicalización intolerable de este régimen, y las palabras "democracia", "derechos humanos" y "pluralismo político" se inscriben ahora con letras de sangre en Pakistán. 
El soplo de la democratización- que habíamos deseado- desapareció pronto para dar paso a la intolerancia y a las detenciones arbitrarias. 
El Parlamento Europeo no puede permanecer silencioso frente a la situación que domina en este país con el que la Unión Europea mantiene desde hace tiempo relaciones de cooperación. 
Debemos recordar enérgicamente al General Moncharraf que el respeto de los derechos humanos y de la democracia es lo que hace cobrar sentido a la política de cooperación. 
Debemos pedirle que organice lo antes posible- como, además, lo ha pedido el Tribunal Supremo del Pakistán- unas elecciones libres, pluralistas y transparentes. 
Señor Presidente, señor Comisario, ya lo han dicho nuestros colegas. A pesar del tiempo que ha pasado desde el golpe militar, Pakistán está más alejado que nunca de la verdadera democracia y el Estado de derecho. 
Además, vemos cómo la junta militar de este país respalda activamente el régimen inhumano de los talibán en Afganistán. 
Con motivo de la visita del comandante Masud al Parlamento Europeo la embajada de Pakistán se dirigió a la Presidenta de nuestro Parlamento rogándole que se buscara una solución consensuada para la situación en Afganistán. 
Nosotros también somos partidarios de que se encuentre una solución política para el conflicto afgano. 
Nosotros también somos conscientes de que la población puede acabar pagando las sanciones impuestas al régimen de los talibán y que éstas pueden tener como consecuencia grandes flujos de refugiados. 
Apreciamos que Pakistán haya condenado la destrucción del patrimonio cultural por parte de los talibán, pero esperamos más. 
Es absolutamente necesario que el Gobierno pakistaní deje de apoyar al régimen de los talibán y los movimientos fundamentalistas. 
Debe encaminar a Pakistán hacia el Estado de derecho y ha de realizar los esfuerzos necesarios para implantar una paz duradera en la zona. 
Señor Presidente, bajo el régimen del General Musharaf la situación del pueblo pakistaní va de mal en peor. 
De la democracia no queda rastro alguno y las perspectivas no son nada halagüeñas. 
La proclamación de las elecciones no parece ser más que una maniobra para engañar a la comunidad internacional. 
Los miembros activos de la oposición son detenidos. 
Resulta imposible iniciar una campaña electoral y la independencia de la justicia no está garantizada. 
Mientras que el Banco Mundial se rompe la cabeza con las reformas económicas en Pakistán el régimen militar está cercenando la democracia. 
Sin democracia no hay estabilidad y sin estabilidad no hay reactivación económica. 
El aislamiento internacional de Pakistán adquiere unas dimensiones cada vez mayores. 
Es repugnante que el régimen militar preste ayuda financiera y militar a los bárbaros talibán de Afganistán. 
Según el líder de la oposición afgana, que se encuentra hoy entre nosotros, hace falta un cambio político en Pakistán para acabar con los extremistas musulmanes del país vecino. 
La Unión Europea ha interrumpido con razón las negociaciones con Pakistán. 
No se puede firmar un acuerdo de cooperación con este país mientras su Gobierno no restablezca plenamente la democracia. 
El diálogo político ya sólo puede llevarse a cabo sobre una base ad hoc. Es fundamental que en este marco se ejerza una fuerte presión sobre el régimen para que en breve puedan celebrarse unas elecciones limpias. 
No podemos abandonar a su suerte al pueblo pakistaní. 
Europa debe seguir prestando ayuda al desarrollo en el ámbito de la enseñanza y los demás programas sociales. 
La ayuda a las elecciones debe supeditarse a la condición de que se desarrollen correctamente. 
Por el momento no es muy probable que esto ocurra. 
Pakistán desempeña un papel importante en la zona, pero, por desgracia, es gobernado alternativamente por regímenes corruptos y juntas militares. 
Es necesario que la población sea liberada de este lastre. 
Merece un porvenir más radiante. 
Derechos de las personas homosexuales en Namibia 
Señor Presidente, estimados señores, doy lectura a un artículo de periódico: hoy el Presidente X del país Y ha instado a las autoridades regionales del país a que denuncien a los judíos y los negros residentes en la zona para que se pueda proceder a su detención. 
El Presidente considera que los judíos y los negros han de ser detenidos, encarcelados y desterrados. 
Fin de la cita. 
Ustedes se preguntarán a qué país y a qué época se refiere este texto porque los ejemplos históricos nos suenan a todos. 
Pues bien, sustituyan a los judíos y los negros por hombres y mujeres homosexuales y se darán cuenta de que acabo de citar las muy recientes declaraciones del Presidente de Namibia, donde parece haberse iniciado- no por primera vez- una caza de homosexuales. 
El llamamiento del Presidente de Namibia que, como él mismo dice, tiene por objeto depurar el país de homosexuales, data del 19 de marzo. 
A pesar de las numerosas protestas nacionales e internacionales ha reiterado su llamamiento a comienzos de esta semana. 
Por tanto, no se trata de un desliz, sino de una campaña premeditada. 
En ocasiones anteriores aún se podía quitar importancia a la retórica antihomosexual del Presidente namibio. 
Parecía ser el caballo de batalla personal de un hombre asustado que se aferraba con todas sus fuerzas a la sociedad rural tradicional. 
Las declaraciones del Presidente evocan la imagen de una sociedad que está a punto de hundirse por causa de la promiscuidad sexual. 
Sin embargo, la criminalización de los homosexuales, mezclada con una buena dosis de xenofobia, y el llamamiento a las mujeres namibias para que se comporten debidamente no contribuyen para nada a la solución de este problema. 
Todo lo contrario, esta explotación del miedo al sida resulta sumamente peligrosa. 
Son mucho más aconsejables las campañas de información y la distribución de preservativos. 
La caza de los homosexuales en Namibia constituye una amenaza, no sólo para el bienestar físico de las víctimas potenciales sino también para la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. 
Amnistía Internacional ha declarado que considera prisioneros de conciencia a las personas encarceladas por razón de sus preferencias sexuales o el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y reunión. 
Hemos de obligar a Namibia a que cumpla sus compromisos internacionales. Debe respetar el principio de que los derechos humanos son universales e indivisibles y se aplican a todo el mundo. 
Por eso es necesario que la Unión Europea y sus Estados miembros insten enérgicamente a Namibia a que detenga esta caza de brujas. 
Que tome por ejemplo a la vecina Sudáfrica, donde los derechos de los homosexuales quedan garantizados explícitamente en la Constitución. 
¿Cómo es posible que un país que ha luchado por la libertad y que ha combatido la discriminación racial y el apartheid acabe enarbolando la discriminación y el apartheid sexuales? 
Señor Presidente, como ya ha dicho el Sr. Swiebel, las declaraciones del Presidente namibio Sam Nujoma sobre los homosexuales en Namibia han de ser tachadas de caza de brujas. 
La atracción sexual por personas del mismo sexo es algo de todos los tiempos y de todas las culturas. 
La discriminación y la persecución de las personas que sienten tal atracción y lo reconocen abiertamente ya no es, sin embargo, de todos los tiempos ni de todas las culturas. 
Afortunadamente, se registra una continua disminución de la discriminación en un gran número de países. 
La incitación a la encarcelación y a la violencia contra estas personas resulta cada vez menos aceptable. 
A este respecto Sudáfrica es un buen ejemplo. 
Una vez abolido el régimen del apartheid se modificó la Constitución de este país, quedando prohibida la discriminación por razón de orientación sexual. 
El argumento del Presidente namibio de que la homosexualidad procede de Occidente, de que es una anomalía de Occidente, es un argumento absurdo. 
Sólo tiene que mirar a sus vecinos sudafricanos, algo que también deberían hacer sus colegas Mugabe y Museveni. 
Señor Presidente, Europa no es sólo una unión económica; también es una unión de normas y valores. 
En opinión de mi Grupo, la protección de los derechos humanos dentro y fuera de Europa forma parte integrante de este concepto. 
Los derechos de los homosexuales son derechos humanos. 
Por eso es importante que Europa se oponga enérgicamente a toda evolución- dondequiera que se produzca- que fomente la difamación, la exclusión y la persecución de las personas por razón de sus inclinación sexual. 
Me llena de orgullo que mi Grupo sea uno de los promotores de la presente resolución. Esta vez va dirigida contra Namibia y en ella se dice claramente que no podemos tolerar estas prácticas. 
Señor Presidente, en los Países Bajos los homosexuales pueden contraer matrimonio, en Namibia son objeto del más absoluto desprecio. 
Corre el año 2001. 
El Sr. Langendijk ha señalado con razón que, por desgracia, Namibia no es el único país africano que cae en estos extremos. 
El Presidente Mugabe de Zimbabwe se refiere a los homosexuales y lesbianas en los términos siguientes: "animales que han de ser exterminados". 
De ello se encargan sus matones. 
Obviamente, resulta inaceptable que las personas sean discriminadas por razón de sus preferencias sexuales. 
Sin embargo, soy consciente de que se trata de un debate sumamente delicado y complejo. 
En África he aprendido que mucha gente considera la homofilia como algo que atenta contra su cultura. 
Ahora bien, el respeto de la cultura llega a su límite a partir del momento en que se ponen en peligro los derechos humanos fundamentales. 
Las actuaciones homófobas orquestadas a gran escala por las autoridades han de ser condenadas enérgicamente, pero ello no es suficiente. 
En mi opinión, la persecución de los homosexuales es un factor que debe tenerse en cuenta en el marco de la evaluación de nuestra cooperación con los países del Tercer Mundo, a tenor del nuevo Acuerdo de Cotonou. 
En muchos casos la persecución de los homosexuales no es la única violación de los derechos humanos que se registra en estos países. 
Últimamente, algunos países de la SADEC tienden a mostrar su lado menos bueno, a pesar de sus sublimes ideales. 
Es hora de que soplen vientos nuevos en Windhoek y que algunos de los denominados Estados de primera línea se dispongan a derribar el muro con el que acorralan a los homosexuales. 
- (FR) Sobre el primer asunto, el secuestro del Sr. Tsiakourmas, la Comisión tiene conocimiento de las circunstancias que rodearon la detención de este ciudadano grecochipriota en el mes de diciembre pasado. 
Resulta, efectivamente, que el Sr. Tsiakourmas fue secuestrado en el territorio de la base militar británica de Dhekelia. 
El Gobierno británico, por consiguiente, ha mencionado este incidente en varias ocasiones tanto frente al jefe de la comunidad turcochipriota como frente a las autoridades de Ankara. 
El Consejo "Asuntos Generales" estudiará este caso en su reunión del próximo lunes. 
Por parte de la Comisión, continuamos efectuando un atento seguimiento de la evolución de la situación desde nuestra delegación de Nicosia. 
Según nuestras informaciones, el proceso que se inició en contra del Sr. Tsiakourmas se ha reanudado esta semana en Famagusta, y se espera pronto un veredicto. 
Al igual que el Sr. Katiforis, creo que este caso, como muchos otros, debe ser analizado en el contexto de la situación política en Chipre. 
Nosotros aprovechamos todas las posibilidades de contacto con las partes implicadas para, como ustedes saben, tratar de promover una solución política a la división de la isla. 
Con respecto a la parte turca, que el Sr. MacCormick y el Sr. Alyssandrakis han mencionado, estén seguros de que esta cuestión figura en los asuntos que tratamos en el marco del diálogo político entre la Unión y Turquía, que se ha entablado, de forma reforzada, por el Consejo Europeo de Helsinki. 
Para pasar al segundo punto de la rúbrica sobre derechos humanos, que es la propuesta de ustedes sobre la violencia contra religiosas, consideramos que el caso de las religiosas católicas constituye una violación grave de los derechos fundamentales de la mujer y un ejemplo espantoso de violencia contra las mujeres. 
Como lo saben quienes han intervenido, la Unión está firmemente comprometida en la lucha en contra de la violencia contra las mujeres. 
En todas las instituciones trabajamos por el respeto de los principios contenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y sobre todo por el respeto de los compromisos asumidos en Pekín, no hace mucho tiempo, con ocasión de la Cuarta conferencia sobre la mujer. 
En relación con los derechos humanos en el Pakistán, la Comisión comparte la opinión de los diputados que han presentado resoluciones sobre esta cuestión cuando afirman que las recientes detenciones "de activistas políticos" pertenecientes a la Alianza para la Restauración de la Democracia constituyen una preocupación de capital importancia. 
Durante las discusiones con el Gobierno pakistaní, en noviembre último, la troika de la Unión Europea pidió a la administración que levantara las restricciones que afectan a las actividades de los partidos políticos y sobre todo la prohibición de las manifestaciones públicas. 
Los partidos políticos no pueden ni deben ser excluidos de la vida política en el Pakistán, como en ninguna otra parte, puesto que están destinados a desempeñar un papel importante en el futuro del país. 
Contamos con progresos tangibles en materia de restauración de la democracia representativa a todos los niveles, empezando por la celebración de elecciones en las asambleas provinciales y nacionales sobre la base de un calendario claro y creíble. 
Las autoridades paquistaníes se han comprometido firmemente frente a la troika de la Unión a respetar el plazo de tres años- fijado, por otra parte, por el Tribunal Supremo -, a contar del golpe de Estado militar, para la organización de dichas elecciones. 
Aunque el gobierno haya confirmado que los partidos políticos serían autorizados a participar en las elecciones provinciales y nacionales, como muchos de ustedes lo han recordado, es evidente que sólo el levantamiento inmediato de la prohibición de las manifestaciones públicas permitirá fortalecer la confianza en el proceso de restauración de la democracia en el Pakistán. 
Con respecto al último punto, la situación de las personas homosexuales en Namibia, al igual que los autores de esta resolución, nosotros hemos tenido conocimiento con asombro y preocupación de esta reciente declaración sobre la homosexualidad, pronunciada por el presidente namibio Sam Nujoma, haciendo un llamamiento a la persecución de los individuos identificados como homosexuales. 
Nosotros hemos sostenido siempre la posición según la cual todos los individuos deben gozar de los derechos de la persona humana y de las libertades fundamentales. 
Nosotros consideramos que todo Estado debe proteger y favorecer dichos derechos, así como contribuir activamente a abolir toda forma de discriminación por razones de raza, sexo, opiniones políticas, creencias religiosas, etcétera. 
Nuestra posición refleja igualmente la que ha adoptado públicamente el Gobierno de la República de Namibia hasta ahora, como lo demuestran, por otra parte, su Constitución y el conjunto de los convenios internacionales sobre los derechos humanos que este Estado ha ratificado. 
Por consiguiente, somos favorables a toda iniciativa frente a las autoridades namibias para obtener explicaciones sobre dicho asunto y expresar el deseo de que estas recientes declaraciones no presagien una negación de las disposiciones constitucionales namibias existentes, que prohiben las discriminaciones. 
Muchas gracias, señor Comisario Lamy. 
Quizás debo aprovechar la oportunidad de comunicar a nuestros visitantes que todos los jueves, el Parlamento dedica dos horas y media para debatir problemas agudos, violaciones graves de los derechos humanos en todo el mundo. 
Otros días se discuten muchos temas europeos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede ahora al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0262/2001 de los diputados Seguro y Naïr en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0275/2001 de los diputados Knörr Borrás y Lipietz en nombre del Grupo de los Verts/ALE; 
B5-0283/2001 de los diputados Marset Campos y otros en nombre del Grupo del GUE/NGL; 
B5-0289/2001 de los diputados Salafranca Sánchez-Neyra y otros en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0297/2001 de los diputados Gasòliba i Böhm y otros en nombre del Grupo del ELDR 
sobre la situación en México. 
Señor Presidente, quiero subrayar también las palabras del Sr. Seguro, en el sentido de que hay que felicitar al Presidente Fox y a los zapatistas por el diálogo que han emprendido. 
Estuve el otro día en la sesión del Congreso de México, una sesión histórica- debo recordar que propiciada también con los votos de un grupo hermano nuestro, los Verdes Ecologistas de México -, y en una votación que dio origen a un diálogo sereno y respetuoso- yo diría histórico -, que demostró la madurez del pueblo y de los legisladores mexicanos y también la madurez del movimiento zapatista, que ofreció paz por paz. 
Este acuerdo propicia la vía del diálogo y del entendimiento. 
Fue un gran día para México, para los indígenas de dentro y de fuera de México, y para la instauración de la cultura del diálogo, del entendimiento y de la colaboración entre todas las fuerzas políticas y sociales como vía de solución de conflictos. 
Nuestro Grupo desea dejar bien claro también, en la línea de lo manifestado ayer en la delegación, que nosotros no somos reticentes a la presencia del movimiento zapatista indígena en esta Asamblea. 
Y es posible que algunos colegas de este Parlamento se rasguen las vestiduras, e incluso estén diciendo que hay que guardar determinadas formas, y que se opongan a que en este Parlamento comparezcan hombres y mujeres encapuchados. 
Pero vamos a ver si acabamos con la gran hipocresía que preside la política internacional porque los mismos que van a ver al Sr. Putin, o que le cantan las canciones a los chinos después de invadir el Tíbet, no pueden rasgarse las vestiduras. 
No se trata de discutir sobre formas o sobre si llevan o no llevan capucha. 
No hay mayor capucha que la que se ha impuesto a un pueblo, a los indígenas de México y de fuera de México. 
A ellos se les ha impuesto algo más que una capucha. Se ha impuesto a millones de personas y de seres humanos una gran losa que hoy, afortunadamente, empezamos a ver cómo se levanta. 
Por fin se les dan sus derechos y se los reconoce en la constitución. 
Señor Presidente, un acontecimiento de tanta trascendencia para México y América Latina, como es la presencia en el Congreso de los Diputados de México de los comandantes zapatistas y de los miembros del Congreso Nacional Indígena, con la finalidad de exponer las razones para la aprobación de la "Ley Cocopa" y la reforma constitucional pertinente, debe ser apoyado, sin ninguna duda, por el Parlamento Europeo. 
Ésa fue la razón por la que la semana pasada tres eurodiputados, el Sr. Sami Naïr, el Sr. Gorka Knörr y yo mismo estuvimos presentes en México para respaldar, con nuestra presencia, esta actuación. 
Esta resolución conjunta que presentamos es positiva, importante, esperanzadora y también supone un respaldo a la actuación del Presidente Fox y del EZLN. 
También pensamos que va en el sentido del acuerdo entre la Unión Europea y México para favorecer un conjunto de mayores libertades democráticas y el respaldo a la cultura política que hay en México y que está siendo muy importante. 
Por ello, pensamos que se mejoraría esta resolución si se aceptasen dos enmiendas que nosotros proponemos: por una parte, reconocer que es importante la comparecencia en el Congreso de los Diputados del EZLN y, por otra, invitar, a través de la delegación para las relaciones con Centroamérica, o también a través de otras comisiones, como la de Exteriores o la de Desarrollo, para que vengan aquí, según nuestros usos y costumbres, representantes del movimiento zapatista y expongan sus puntos de vista. 
Así podremos respaldar una gran esperanza para México y América Latina. 
Señor Presidente, me uno a mis compañeros que se han congratulado por encontrarnos en un momento que reconoce a un pueblo indígena que ha estado muchísimo tiempo apartado y además en una situación compleja, porque había quienes se consideraban sus representantes y, en realidad, no lo eran. 
Creo que hay felicitar al Presidente Fox, a su Grupo político y a todas las fuerzas políticas mexicanas que han sido capaces de entender que, con las minorías, hay que entenderse directamente porque la democracia exige representantes y portavoces directos y, al mismo tiempo, la aceptación de una cultura de la diversidad, algo que Europa está defendiendo y que forma parte de nuestro signo de identidad. 
Quiero decir, también en esta línea, que creo que la atmósfera de diálogo que se ha creado es una atmósfera a la que también se debe unir espléndidamente Europa y, en ese sentido, me parece bien y digno que se reciba a quien sea necesario, que se reciba a los zapatistas y que sean acogidos en Europa y que les tendamos la mano. 
Ahora bien, lo que yo no quisiera en absoluto es que entendiéramos que creamos una relación paralela. 
Creo que la apertura democrática que ha manifestado el propio Gobierno mexicano y la Asamblea al recibir a los zapatistas en su edificio simbólico, que es el Parlamento, es un triunfo institucional y, por tanto, debemos entender que la presencia zapatista debe ser también incluida junto con la invitación que ya se ha hecho al Presidente Fox, por entender que nosotros somos partidarios del fortalecimiento institucional- porque sin instituciones fuertes no hay democracia- y, al mismo tiempo, de la presencia de todas las minorías, de todos los grupos y de todas las asociaciones que quieran llamar a nuestra puerta para pedir nuestra ayuda, para contarnos su peculiaridad y su hecho diferencial. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la propuesta de resolución que hoy presentamos me parece positiva desde el punto de vista político, porque fomenta el proceso de integración de más de 10 millones de ciudadanos mexicanos pertenecientes a la comunidad indígena y que representan el 10 % de la población, en el escenario social del México actual, por lo que confiamos en una convivencia pacífica a partir de ahora como norma habitual de conducta social, y también en la normalización de la vida política mexicana. 
Habrá que convenir que el encuentro reciente entre las comunidades indígenas y los políticos mexicanos constituye un buen ejemplo a seguir en esta etapa política nacida después de julio de 2000, en la que se están consiguiendo avances, superando viejas contradicciones. 
Desde esta orilla, desde la vieja Europa, muchos de nosotros vemos con simpatía este cambio político que se está produciendo en México en relación al reconocimiento de esta minoría marginada históricamente. 
Esta actitud debe suponer nuestro agradecimiento al Presidente Fox y a su Gobierno, así como a los zapatistas y, obviamente, a las comunidades indígenas. 
- (FR) Señor Presidente, la Comisión comparte plenamente la opinión de los diputados del Parlamento firmantes de las resoluciones, que ustedes estudian, sobre los acontecimientos ocurridos recientemente en México. 
El nuevo gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han confirmado que se comprometían a buscar una solución política y han abierto- nosotros pensamos como ustedes- la vía a una solución pacífica de dicho conflicto. 
En este contexto, nos felicitamos, evidentemente, por la reciente entrada en vigor del nuevo acuerdo global que ha sido firmado entre la Unión y México. 
Dicho acuerdo, como lo ha recordado el Sr. Seguro, nos permitirá continuar apoyando este proceso que acaba de comenzar en México. 
Como ustedes saben, dicho acuerdo va mucho más allá de objetivos puramente comerciales y de cooperación. 
Éste incluye, en efecto, una cláusula denominada "de derechos humanos", que ahora está en el centro de las relaciones entre la Unión y México. 
Además, incluye una cláusula de respeto de las obligaciones, que nos permite tomar en consideración la evolución de la situación de los derechos humanos en este país y en sus Estados. 
Asimismo, este acuerdo establece un mecanismo que permite que las partes reaccionen en caso de incumplimiento de los objetivos fijados en el mismo. 
Además de la cooperación en materia de derechos humanos, de democracia y de buena gestión de los asuntos públicos, dicho acuerdo también nos proporciona un marco jurídico para la cooperación en el ámbito cultural, educativo, formativo, prestando una particular atención- como ocurre, habida cuenta de las necesidades de este país- a las categorías sociales más desfavorecidas. 
Se trata, asimismo, de un marco de cooperación regional y, finalmente y sobre todo, de una concentración en los asuntos sociales y la pobreza, que incluye a grupos vulnerables tales como la población indígena, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la necesidad de respetar los derechos fundamentales de dichas poblaciones indígenas mexicanas como grupos. 
Para la aplicación concreta de todo ello, y de conformidad con el documento de estrategia nacional para México, que ahora está aprobado, trabajamos in situ sobre un proyecto importante para el desarrollo de la selva de la Lacandonia, en Chiapas. El objeto concreto de este proyecto no sólo consiste en trabajar con las poblaciones afectadas, sino también en formarlas respecto a la idea del desarrollo sostenible, combinando a la vez una acción de sostenibilidad medioambiental y una acción social. 
Esto es lo que, por el momento, hacemos concretamente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
Situación en Somalia y asalto contra " Médicos sin fronteras 
De conformidad con el orden del día, se procede ahora al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0263/2001 del diputado van den Berg en nombre del Grupo del PSE; 
B5-0276/2001 de los diputados Maes y otros en nombre del Grupo de los Verts/ALS; 
B5-0284/2001 del diputado Morgantini en nombre del Grupo del GUE/NGL; 
B5-0290/2001 del diputado Van Hecke en nombre del Grupo del PPE-DE; 
B5-0292/2001 del diputado Muscardini en nombre del Grupo de la UEN; 
B5-0301/2001 del diputado van den Bos en nombre del Grupo del ELDR 
sobre la situación de Somalia y sobre el secuestro de colaboradores de una organización humanitaria. 
Señor Presidente, afortunadamente, ayer fueron liberados los últimos dos rehenes, dos agentes humanitarios, de nacionalidad británica, que el pasado 27 de marzo fueron capturados junto con otros siete occidentales y un somalí por el señor de la guerra Musse Sudi Yalahow. 
Cierto que la liberación nos tranquiliza, pero no reduce nuestra preocupación por la violación de los derechos humanos y por la existencia de actos de violencia y de bandolerismo de las milicias armadas en Somalia. 
Es preciso que el Gobierno somalí de transición haga todo lo posible para entablar un diálogo constructivo con vistas a la paz, la estabilidad, la reconciliación nacional con todas las partes implicadas, los representantes de la realidad somalí, las autoridades de Somaliland y de Puntland. 
Es preciso que todos renuncien al uso de las armas para poder hacer frente a los graves problemas políticos, sociales y económicos del país, al objeto de que todas las partes afronten los problemas de la gestión de las ayudas, de la educación, de la salud y de la economía. 
Todos los países donantes deben intensificar la ayuda humanitaria y las actividades de cooperación, vigilar para que el embargo de armas se respete totalmente y pretender que todas las partes implicadas cooperen para restablecer la paz. 
La Unión Europea, en particular, debe prestar toda la ayuda económica y la asistencia técnica necesarias para garantizar el éxito de la iniciativa de paz de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo y de Gibuti, pero ante todo debe desplegar, como ocurrió en el conflicto entre Etiopía y Eritrea, una iniciativa política coherente y hablar con una sola voz a fin de promover el diálogo y las negociaciones, así como para resolver los problemas más urgentes del país. 
La sociedad civil, las comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales que luchan por la reconciliación nacional y la paz tienen que apoyarse. 
Es necesario disolver los grupos armados que en las últimas semanas han causado la muerte de al menos veinte civiles, e intensificar las operaciones de limpieza de minas, así como expresar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la organización "Médicos sin fronteras" que el pasado 27 de marzo sufrió el asalto. 
- (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el secuestro en Somalia, el 26 de marzo pasado, de diez trabajadores de la ONU y de "Médicos sin Fronteras" por un jefe de milicia debe ilustrar ante la comunidad internacional el fondo del abismo en el que este país ha caído. 
Cuando el bandolerismo o los actos bélicos- es difícil separar en este caso uno de otros- se dirigen a las propias personas que cumplen misiones de paz y de socorro que representan estos occidentales y cuando éstos se convierten en objetos de negociaciones para los beligerantes, es, a través de este género de concusiones, el más desesperado de los SOS que la comunidad internacional pueda escuchar por parte de las poblaciones civiles. 
¿Cuál será la situación de esas masas anónimas si incluso quienes las asisten son perseguidos? 
¿Cuáles son sus denuncias? 
¿Cómo habrían podido llegar hasta nosotros sin el secuestro de estos diez agentes de la ONU y de MSF, meritorios por su compromiso, pero mediatizados simplemente por ser occidentales? 
Todos los rehenes están ahora liberados, pero este llamamiento debe permanecer y recibir en compensación, de nuestra parte, la más efectiva y comprometida de las respuestas, a saber: medidas inmediatas que garanticen una verdadera seguridad del personal de ayuda humanitaria en este país mártir y una política a largo plazo de apoyo a la democracia y a los derechos humanos, con la reconciliación nacional como fondo. 
Esta Somalia desesperada debe ser situada en el centro del sello europeo de la democracia y de la solidaridad. 
Señor Presidente, Señorías, creo que lo que debemos examinar, aunque- como lo decía antes mi colega- los rehenes hayan sido liberados, es el hecho de que de ninguna manera podemos considerar un secuestro como un acto político. 
Creo que ante todo se trata de cobardía, de un acto de barbarie que no podemos aceptar. 
El mensaje que era necesario dirigir cuando los rehenes permanecían retenidos debe ser hoy exactamente el mismo. 
Así pues, con la misma convicción, señor Presidente, debemos seguir aportando nuestra solidaridad a todos esos trabajadores anónimos, a todas esas ONG que son blanco fácil por una simple razón, y es que a menudo trabajan de una manera no partidista. 
Sus miembros curan a todos aquellos que lo necesitan cualquiera sea su color político, y creo que eso los convierte en blanco muy fácil, vulnerable. 
Debemos continuar, pues, prestándoles todo nuestro apoyo. 
En segundo término creo que es necesario, como lo hicimos cuando el conflicto entre Etiopía y Eritrea, nombrar un representante permanente con respecto a esta cuestión, para que pueda efectuar un seguimiento de la situación en Somalia. 
Se ha dado un primer paso con el establecimiento del gobierno de transición democrática, gobierno reconocido por los foros internacionales, y que ha permitido frenar la escalada de disturbios en toda esta región. 
Creo que ahora es necesario ir mucho más lejos y obligar también a este gobierno a sentarse con todas las partes en conflicto, con todos los partidos políticos, alrededor de la mesa de negociaciones. 
Debemos sobre todo- ya sea la Unión Europea, la ONU, la OUA- procurar que se efectúe un embargo sobre las armas y que dicho embargo sea escrupulosamente respetado. 
Debemos condenar enérgicamente todo abastecimiento ilegal de armas. 
Creo que Somalia conoce desgraciadamente un período de gran inestabilidad a causa de todas estas luchas fratricidas en las que los muertos se cuentan por centenares de miles. 
La población es la víctima. 
A los actos de violencia suceden los períodos de hambruna, a los períodos de hambruna las guerras, y a las guerras las enfermedades, en la indiferencia general. 
Nuestro mensaje debe seguir siendo contundente. 
Señor Presidente, durante años la comunidad internacional ha abandonado a su suerte a Somalia porque de allí no se sacaba ni honra ni provecho. 
Hoy día Somalia es un país desintegrado gobernado por unas autoridades desintegradas. 
Los caudillos militares se han convertido en los nuevos señores feudales. 
Después de las negociaciones de paz de Arta volvimos a albergar cierta esperanza. 
Se creó un Gobierno de transición nacional, pero le resultó harto difícil imponer su autoridad. 
A la Unión Europea- me parece que el Sr. Sylla tiene razón- no le queda más remedio que respaldar incondicionalmente a este Gobierno, sin perder de vista la realidad somalí. 
La única vía realista consiste en entablar un diálogo constructivo entre el Gobierno y los demás protagonistas. 
Hay que implicar asimismo a las autoridades de Somaliland y Puntland y debemos exhortar a terceros países como Etiopía a que se comprometan a no estorbar el proceso de paz. 
Si la Unión Europea pretende desempeñar un papel destacado en la zona debemos designar urgentemente un enviado especial para Somalia, tal y como hemos hecho en el caso de Etiopía y Eritrea. 
Por mí puede ser la misma persona. 
Ahora que por fin parece estar al alcance de la mano la paz duradera en Eritrea y Etiopía, hemos de evitar a toda costa que Somalia se suma en la inestabilidad. 
Es importante que se haga todo lo posible para poner fin a la balcanización de Somalia, y la Unión puede contribuir a ello. 
- (FR) Señor Presidente, desearía comenzar esta breve intervención precisando que la Comisión condena firme y enérgicamente todo ataque contra los miembros del personal humanitario, en términos similares a los que acaba de utilizar el Sr. Sylla. 
Dicho esto, nos tranquiliza saber, al igual que a la Sra. Ghilardotti, que los dos últimos rehenes han sido liberados. 
No obstante, pensamos que el secuestro pone de relieve la necesidad de frenar las tensiones violentas en la Somalia Central y Meridional, contexto en el que cada uno de los que acaban de intervenir han situado sus palabras. 
Pueden contar con la prontitud de la Comisión para ofrecer una ayuda al esfuerzo de reconstrucción del país en todos los planos, y sabe Dios que es necesario. 
Lo hacemos y continuaremos haciéndolo en estrecha colaboración con todos los demás oradores y sacando todo el provecho posible de la coordinación de la ayuda que se lleva a cabo en el marco del Somalia aid coordination body, que también incluye las agencias de las Naciones Unidas. 
Las ayudas humanitarias de rehabilitación asignadas a Somalia por la Comisión son considerables. 
El conjunto de las autoridades políticas de la Unión las apoyan plenamente y la misión de la troika que la Unión Europea ha emprendido recientemente en Somalia nos ha permitido comprobar hasta qué punto la intervención de la Comisión es a la vez indispensable y apreciada en las regiones que han sido visitadas. 
Estamos decididos a continuar apoyando estos esfuerzos de rehabilitación en todas las regiones relativamente pacíficas del país, y concretamente en el Somaliland y el Puntland, en aplicación del enfoque que ha sido adoptado y que se denomina "dividendos de paz". 
Al mismo tiempo, apoyamos al gobierno de transición en sus esfuerzos por establecer un entorno de paz y de seguridad en la zona del país que aún se halla afectada por el conflicto y por la ausencia de una estructura administrativa. 
Existen regiones de Somalia en las cuales no es posible realizar acciones de rehabilitación en las actuales circunstancias, y en dichas regiones vamos a seguir proporcionando una ayuda humanitaria a través de ECHO, que trabaja con las ONG y las agencias de las Naciones Unidas. 
La Unión ha adoptado una política, en particular en la declaración del 8 de septiembre, y esta política- lo recuerdo- pide al gobierno transitorio que inicie de inmediato un diálogo con los organismos administrativos existentes- he citado hace un momento el Somaliland y el Puntland -, para evitar perder el impulso que el proceso de Arta había creado, de conformidad con las resoluciones de la cumbre de jefes de Estado del África del Este. 
Asimismo, hacemos hincapié en la importancia de incluir en este proceso de reconciliación nacional a todos aquellos que no han participado en la conferencia de Arta, con miras a intentar restablecer la unidad nacional. 
En todo caso, y lo recuerdo por lo que a nosotros respecta, excluimos todo tipo de asistencia a cualquier empresa, proceda de donde proceda, que tuviera como objetivo establecer por la fuerza la autoridad de un gobierno en este país y que pusiera en peligro los logros de paz y de estabilidad, frágiles pero, sin embargo, reales, en algunas regiones del país. 
Para nosotros no es aceptable que un proceso de paz conduzca a nuevos conflictos en regiones donde se ha instaurado la paz con el apoyo activo de la comunidad internacional, y compartimos en este punto el sentido de las intervenciones que han defendido dicha resolución. 
Muchas gracias, señor Comisario Lamy. 
Hoy ha estado la Comisión muy disciplinada. 
Ha hablado menos de los normal, señor Comisario Lamy, y esta es la razón por la que podemos hacer ahora una pausa de veinte minutos, pues según el orden del día, los siguientes dos puntos serán tratados a partir de las 17.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 17.10 y se reanudará a las 17.30 horas.) 
Accidentes en las actividades de pesca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0087/2001) del Sr. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la pesca: seguridad y causas de accidentes (2000/2028 (INI)) 
. Señor Presidente, en este informe que hoy presento ante esta Asamblea sobre la seguridad en la pesca y las causas de los accidentes en dicha actividad se analizan, Señorías, los motivos de la alta siniestralidad que padece este sector, y se examinan aspectos como el marco legislativo europeo, los problemas que afectan al trabajo de los pescadores o la prevención de los riesgos. 
Aunque la iniciativa de tratar esta cuestión en el Parlamento partió del grupo socialista, el trabajo que hoy se presenta ante ustedes es fruto de muchas aportaciones, entre ellas las de mis colegas, miembros de la Comisión de Pesca en el Parlamento Europeo, que trabajaron mucho y bien conmigo, y que finalmente aprobaron este informe por unanimidad; también la audiencia con expertos, que celebramos en el mes de septiembre, o las inestimables contribuciones que funcionarios de la Dirección General de Empleo o de la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo me hicieron llegar; o, también, las aportaciones hechas por el Comité consultivo de la Pesca. 
Todos coincidieron en definir el oficio de pescador (270.000 en la Unión Europea) como una profesión muy peligrosa, así como en buena parte del diagnóstico sobre los motivos que provocan que la pesca sufra una tasa de accidentes hasta 25 veces más alta que el resto de los sectores económicos, y que uno de cada siete pescadores de la Unión Europea sufra un accidente laboral cada año. 
Esta altísima tasa es debida a la conjunción de causas muy diversas: mala meteorología, largas jornadas laborales con ritmos muy intensos, sistemas de retribución, como el denominado "a la parte", poco homologables, inexistencia de negociación colectiva, difíciles condiciones de trabajo, malas condiciones de habitabilidad del buque, aislamiento, separación familiar y del entorno social, lejanía de los caladeros, vetustez de la flota, etc. 
Rechazo la postura escéptica y la visión fatalista de aquéllos que piensan que los accidentes de pesca son irremediables y que las víctimas de estos accidentes son un tributo que tenemos que pagar al mar. 
Creo que hay que buscar las causas de estos accidentes y combatirlas. 
Hay que dar prioridad a la seguridad. 
Padecemos unos índices de siniestralidad intolerables y hay que extremar los controles, sensibilizar a armadores y pescadores y, si fuera necesario, promover cambios legislativos para reducirlos. 
Hay que contemplar las condiciones sociolaborales de los marineros, y mejorar sus condiciones de trabajo, pues soportan un tiempo de reposo y una organización irregular basada en jornadas de más de 14 horas diarias de duración. 
Hay que reconocer a este sector su derecho a un descanso semanal y diario continuado y, si es necesario, los poderes públicos deben intervenir para imponer este derecho elemental de cualquier trabajador. 
Estas duras condiciones de trabajo llevan, por ejemplo, a que los jóvenes no quieran embarcarse, lo que impide el relevo generacional. 
Es necesario establecer un diálogo social en el sector, a nivel europeo, para alcanzar convenios colectivos que incorporen estas cuestiones de la seguridad en el trabajo, consultar más al sector, extender a los trabajadores de la pesca una cobertura social similar a la de otros trabajadores y desarrollar en los empleadores y en los trabajadores una cultura de la seguridad. 
La Unión Europea no dispone ni siquiera de datos estadísticos; únicamente cinco países facilitan cifras y éstas no son homologables. 
Sería necesario tener en cuenta esa cuestión cuando se ponga en marcha la tercera fase del proyecto "Estadísticas europeas de accidentes de trabajo" para que pueda la Comunidad contar con datos fiables y completos, armonizados a nivel europeo. 
Mi Grupo siempre ha pensado que es necesario que en este Parlamento se hable, no sólo de las cuestiones relacionadas con los recursos pesqueros, sino también de los problemas humanos que afectan a los trabajadores del mar. 
Por ello, en mi informe se solicita la inclusión, en el reglamento para la reforma de la PCP, de las conclusiones obtenidas de manera que se pueda incluir el triángulo formado por la legislación, la formación y el diálogo social; también insto a los Estados miembros que aún no lo han hecho a ratificar los convenios internacionales y a mejorar las directivas comunitarias que, hoy por hoy, dejan fuera de su cobertura a más del 90 % de la flota. 
Asimismo, en mi informe señalo que las banderas de conveniencia no ofrecen garantías laborales ni de seguridad a sus tripulantes, lo que conlleva graves riesgos para los pescadores embarcados en estos buques. 
En síntesis, Señorías, éste es un informe que trata de una cuestión no abordada hasta hoy. 
Es el primero de estos informes; posiblemente vengan detrás un segundo y un tercer informes sobre la siniestralidad en la pesca. 
Espero que, por ser el primero, miren ustedes sus defectos con tolerancia y que lo apoyen. 
Señor Presidente, nuestro colega holandés Jan Albert Maat ha sido el ponente suplente de mi Grupo en lo referente al informe de nuestra estimada compañera Rosa Miguélez Ramos. 
Se disculpa y me ha pedido que lo representase. 
Lo voy a hacer así, citando las siguientes palabras suyas en inglés: 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la ponente por el informe. 
Se trata de una iniciativa muy importante puesto que la seguridad es una materia de gran trascendencia para el sector pesquero en su conjunto. 
La Sra. Miguélez Ramos señala que cada año tiene lugar en todo el mundo un gran número de accidentes y que muchos de ellos son mortales. 
Solamente en la Unión Europea se producen más de 2.000 accidentes al año. 
Será imposible reducir esta cifra a cero debido a las especiales características del sector, pero deberíamos, al menos, intentar disminuir el número de accidentes tanto como sea posible. 
Esto podría lograrse mejorando algunas condiciones previas: en primer lugar, un mayor control sobre las condiciones de trabajo y de seguridad en los barcos de pesca que faenan en aguas de la Unión Europea. 
Así mismo, es importante mejorar la armonización y la coordinación entre los Estados miembros en su conjunto. 
Debería haber controles periódicos de seguridad y de condiciones de trabajo en todos los barcos de pesca de la UE con independencia de que sean pequeños, grandes, viejos o nuevos. 
Además de esto, es necesaria una mayor sensibilización en materia de seguridad en el sector de la pesca. 
Las campañas de información y la educación son herramientas importantes para conseguirla. 
Teniendo en cuenta las crecientes dificultades que experimenta toda la UE para atraer jóvenes a los empleos en el mar, los aspectos de la seguridad y las condiciones de trabajo deberían recibir toda la atención que merecen. 
Es muy necesario crear una cultura de seguridad en este sector, de tal forma que todas las partes interesadas conozcan la situación, que es muy especial, y respeten sus responsabilidades. 
Yo, Albert Jan Maat, espero que la iniciativa de este informe se integre en el debate del Libro Verde y en las propuestas para la nueva política de pesca a partir de 2002. 
Yo mismo acabo de estar en Groenlandia a bordo de un shrimp trawlers. 
El gélido viento polar soplaba y en el puerto se veían incrustados en el hielo gran cantidad de pequeños botes. 
Tengo un enorme respeto por el oficio de pescador y admiro al hombre de mar que lucha por ganarse el pan en las más difíciles circunstancias. 
Los pescadores necesitan de nuestro apoyo más enérgico- tanto moral como legislativo -, también y sobre todo, en materia de seguridad en el trabajo. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora ponente, la profesión o la vocación, como se quiera, del pescador siempre ha sido una de las más duras y peligrosas del mundo. 
La historia, la crónica, las literaturas de todos los países marítimos y pesqueros están repletas de referencias a heroísmos, a sufrimientos, a dramas y naufragios ocurridos en el mar en pequeñas o grandes embarcaciones de pesca. 
Las comunidades pesqueras mantienen el recuerdo de tragedias que transmiten de generación en generación. 
Ahora bien, hoy, por fortuna, las tecnologías modernas pueden reducir substancialmente los peligros, la incomodidad, los accidentes y los naufragios. 
Los medios están a nuestro alcance, siempre que haya voluntad de actuar en ese sentido. 
El de la Sra. Rosa Miguélez Ramos es uno de los informes de iniciativa más útiles, oportunos, inteligentes y bien elaborados que he tenido oportunidad de leer y analizar entre los muchos que pululan por este Parlamento. 
No es un ejercicio de retórica en el vacío, es un texto ejemplar y la ponente merece todos los elogios y agradecimientos. 
De modo que apoyo no sólo el diagnóstico, sino también todas las propuestas, recomendaciones, incitaciones, medidas y advertencias que figuran en el informe y subscribo enteramente su fundamentación. 
Si la Comisión y el Consejo acogen y ponen en práctica el contenido del informe, dentro de algunos años habrá menos accidentes, menos muertes, menos naufragios y menores riesgos en el mar. 
No habrá, desde luego, riesgos cero, pero la tasa de siniestralidad quedará reducida en gran medida, la pesca será más humanizada y sus trabajadores más dignificados. 
¡Enhorabuena, señora ponente! 
Señor Presidente, desearía que este informe contribuyera a que la Comisión abandone de una vez su obsesión de que una flota moderna está reñida con la protección de los recursos. 
La protección de los recursos es un objetivo prioritario de la PCP que, en ningún caso, puede anteponerse a cuanta medida favorezca la seguridad de los pescadores, porque es además un planteamiento falso desde su base. 
Existen multitud de medidas para mantener e incluso reducir el esfuerzo pesquero, permitiendo al mismo tiempo una mejora en las condiciones de vida y de seguridad de los tripulantes. 
El informe que hoy debatimos, como todos los que se han elaborado en relación con la seguridad, demuestra que la vetustez de la flota es la causa principal tanto de los accidentes a bordo como de los naufragios, y de que los naufragios se salden a menudo con tan graves consecuencias. 
Por lo tanto, resulta descabellada la pretensión de la Comisión de reservar las medidas estructurales destinadas a la flota casi exclusivamente a destruirla, mientras se condena, de hecho, a la flota superviviente a navegar en condiciones cada vez más precarias. 
Con esta política lo único que desgraciadamente se consigue es que la flota comunitaria tenga más presencia en la página de sucesos que en las de economía. 
Por otra parte, de nada sirve una batería de normas de seguridad si no se exige su cumplimiento. 
Ello es doblemente preocupante porque el hecho de que haya que vigilar y exigir dicho cumplimiento nos hace preguntarnos qué percepción tiene el sector sobre su propia seguridad. 
El último informe de la FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura afirma que un entorno de trabajo seguro no es algo que pueda imponerse fácilmente y que las medidas para mejorar la seguridad sólo pueden ser eficaces si existe la voluntad de ponerlas en práctica. 
Es necesario recordar, pues, la responsabilidad que nos incumbe a todos, políticos, administraciones y pescadores, de acabar con el fatalismo que parece envolver a este sector, responsabilidad de la que, naturalmente, no puede escapar la Comisión ni su estrecha visión sobre la modernización de la flota. 
Señor Presidente, debemos este informe a la voluntad de la Comisión de Pesca de nuestro Parlamento, ciertamente, pero también a la tenacidad de la Sra. Miguélez Ramos, que ha sabido convencer a todos en este asunto, porque nuestra Comisión de Pesca está a menudo, e incluso siempre, obsesionada por la protección de los recursos haliéuticos: no tendríamos que olvidarnos de la vida de nuestros pescadores. 
Debo hacer recordar que en el mundo- naturalmente, no tenemos a nuestro cargo el mundo entero- existen cada año, según la Oficina Internacional del Trabajo, 24.000 muertes de pescadores a causa de accidentes marítimos. 
Gracias a dicho informe, y también porque se perfila el calendario de la nueva política pesquera, tenemos desde ahora la ocasión de integrar esta dimensión en el Libro Verde, y, mañana, en la política pesquera común. 
Esto acaba de decirse desde varios escaños y creo, espero, que la Comisión la integre. 
Ya que, evidentemente, no tenemos la obligación de obtener resultados, no podemos, pero, en cambio, tenemos en este caso la obligación de dotarnos de medios, y podemos procurarnos algunos de ellos: pienso, por ejemplo, en una legislación directa en el ámbito de la seguridad de los pescadores o del trabajo, en la concepción de buques y de equipos o en la incorporación de normas de gestión de recursos que podrían y pueden tener consecuencias en la seguridad de las personas. 
Asimismo, debemos incitar a los armadores a incorporar las evoluciones tecnológicas. 
Debemos en todo momento ayudar a los Estados y al sector de la pesca a incorporar estas exigencias no sólo en la formación profesional inicial, sino también en la formación profesional continua. 
Finalmente, haré hincapié, para concluir, en este simple término de cultura de la seguridad, que nos propone la Sra. Miguélez Ramos: es preciso que la incorporemos en el mayor grado posible. 
Existe en este mundo una tradición de fatalidad relacionada con los elementos. 
Hay que luchar contra esta tradición, en nombre de la cultura de la seguridad, puesto que no hay ninguna razón para que a principios del siglo XXI no podamos reducir el número de accidentes marítimos y el número de fallecimientos de mis pescadores. 
Señor Presidente, la pesca es una actividad que se desarrolla en un medio naturalmente hostil y que lleva evidentemente aparejado un riesgo. 
Los riesgos son inherentes a casi cada una de las decisiones que toma un patrón o un pescador: cuándo y dónde ir a pescar, qué aparejos utilizar, cuándo y dónde descargar las capturas, etc. El nivel de accidentes en la mar es inaceptablemente elevado. 
En el R.U., por ejemplo, la tasa de siniestralidad entre los pescadores es veinte veces superior a la de los trabajadores de la industria manufacturera. 
Los pescadores trabajan en un medio impredecible y se enfrentan a retos diarios como la mala meteorología, los incendios a bordo, la pérdida de potencia, la deficiente construcción de los busques, las malas comunicaciones y, a veces, la vetustez de los equipos de navegación. 
Las víctimas en el mar se han convertido, desgraciadamente, en elemento consustancial a la profesión pesquera. 
Sin embargo, la tasa de accidentes podría, sin duda, reducirse si el sector pesquero y los pescadores individuales, las autoridades nacionales, la UE y las organizaciones internacionales abordaran este asunto vital con suficiente reflexión, consideración, voluntad política y medios económicos. 
Acojo favorablemente esta iniciativa, felicito a la ponente y espero que la Comisión siga las recomendaciones de este informe mediante una acción positiva para mejorar la seguridad y reducir el número de accidentes. 
Es también importante que la seguridad constituya una de las prioridades fundamentales de la próxima revisión de la PPC. 
Es esencial que no creemos un régimen de gestión que obligue a los pescadores a salir a la mar cuando las condiciones meteorológicas sean malas, por ejemplo, para cumplir con las restricciones de días en la mar o que intenten descargar el pescado en un puerto designado que esté aislado por el mal tiempo. 
Los precios elevados en períodos de malas condiciones atmosféricas pueden también hacer que los pescadores que trabajen con arreglo a sistemas de cuota se arriesguen a salir a pescar, como único modo de obtener los mejores precios para sus capturas con arreglo a sus cuotas. Estos riesgos pueden prevenirse si la seguridad pasa a ser parte integral de la gestión pesquera. 
Acojo favorablemente los recientes acontecimientos en Escocia, donde cambios en la formación en materia de seguridad de los pescadores han supuesto que la exención de edad para los pescadores mayores sea cosa del pasado y que la formación en supervivencia básica en el mar, primeros auxilios y supervivencia vaya a ser pronto obligatoria para todos los pescadores. 
Por último, aunque puede apoyarse una prohibición gradual para los barcos de más de 20 años de antigüedad, la última parte del párrafo 4 del informe dice, y cito literalmente: "... salvo para aquéllos que demuestren estar en perfectas condiciones ". 
Sería mejor si ese apartado dijera: "... salvo para aquéllos que hayan pasado inspecciones de seguridad anuales ". 
Es más práctico utilizar esa expresión que dar cabida a una definición variable de perfectas condiciones. 
Por tanto, insto a sus señorías a que respalden la enmienda 6. 
Señor Presidente, quisiera también felicitar a la Sra. Miguélez Ramos por este informe a iniciativa propia. 
Cuando se leen las alarmantes estadísticas al principio de su informe, que indican que alrededor de 24.000 pescadores mueren todos los años en el mundo, se hacen patentes los grandes riesgos que implica trabajar en este sector. 
Este informe recoge propuestas radicales como el establecimiento de una prohibición gradual para los barcos a partir de los 20 años de antigüedad, que mi colega el Sr. Hudghton acaba de mencionar, salvo cuando hayan pasado rigurosas inspecciones de seguridad anuales. 
Yo apoyo esta propuesta. 
De hecho, una norma de este tipo podría fomentar la participación en programas de renovación de la flota en los Estados miembros que tradicionalmente se han negado a aprovechar la cofinanciación para estos planes, y el R.U. es uno de ellos. 
La flota del R.U. se aproxima ahora a una edad media de 30 años y nuestros pescadores se ven obligados a salir a la mar en barcos que presentan cada vez más riesgos y mayor propensión a los accidentes. 
También me gustaría plantear una serie de factores externos adicionales que no están contemplados en el informe pero que la Comisión podría considerar. 
Con demasiada frecuencia en los últimos tiempos hemos asistido a la pérdida de vidas porque los aparejos de los barcos de pesca que estaban faenando se han enganchado con cables bajo el mar y con otros objetos extraños en el fondo marino. 
Debe existir una regulación mucho más rigurosa sobre colocación de cables de telecomunicaciones y energía bajo las aguas marinas o de cualquier objeto extraño en el fondo del mar cuando las vidas de nuestros pescadores puedan verse en peligro. 
También ha habido muchos casos de barcos de pesca que han sido arrastrados hacia abajo por submarinos o han chocado contra ellos. 
Muy recientemente se ha producido el trágico accidente entre un submarino de EE.UU. y un buque escuela japonés en el que siete estudiantes han perdido la vida. 
En los últimos años se han producido casos similares en aguas escocesas. 
Debe existir una mejor coordinación entre pescadores y personal naval para evitar estos accidentes. 
Por último, muchos pescadores piensan que aprender a nadar es de mal agüero. 
Quisiera sugerir que la natación fuera necesaria como parte de la rigurosa formación que pide en este informe la Sra. Miguélez Ramos, así se salvarían las vidas de muchos pescadores todos los años. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Tarificación de las profesiones liberales 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la Pregunta Oral dirigida a la Comisión (B5-0164/2001) por la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre tarifas obligatorias para determinadas profesiones liberales, en particular los abogados. 
Señor presidente, Señorías, fomentar la libre competencia en el ámbito de las profesiones liberales en beneficio de los consumidores es una de las prioridades declaradas por mi colega el Comisario Mario Monti. 
Me alegro de tener la oportunidad de poder exponer y aclarar brevemente hoy aquí, en este Parlamento y en su nombre, nuestra política. 
La Comisión opina que garantizar la calidad de los servicios reviste la más alta importancia, porque el cliente, es decir, el consumidor, suele estar en una situación de debilidad respecto de quien le presta el servicio. 
Una regulación que sólo pretende garantizar la prestación de servicios de primera calidad sin desvirtuar la competitividad va claramente en beneficio de los consumidores. 
Esto es así independientemente de que sea el Estado o una organización profesional el origen de esa regulación. 
Pero las disposiciones de la Comunidad sobre competitividad no van dirigidas a los códigos profesionales. 
Si una regulación es un puro código profesional o no, debe verse caso por caso. 
Para ello hay que tener en cuenta los efectos de la regulación sobre la libertad de acción de los profesionales afectados, sobre el colegio profesional al que pertenecen y sobre los consumidores. 
Por lo que respecta al establecimiento de honorarios obligatorios o de tarifas, la cosa depende, primero, de quién los fija, y, segundo, de qué intereses son contemplados al hacerlo. 
El establecimiento de tarifas unitarias por los miembros de un colegio profesional va en contra del principio de competencia. 
No se reconocen justificaciones que apelen a la ética profesional. 
Al mismo tiempo se les concede a los Estados miembros el derecho de fijar tarifas, pero sólo si están justificadas por razones de interés general. 
Según la opinión de la Comisión, esta condición se da cuando en la propia regulación quedan clara y suficientemente explicitados el cometido y la competencia de la instancia en cuestión para decretar la regulación, de modo que no haya espacio para acuerdos contra derecho entre los propios profesionales. 
La Comisión tiene, ciertamente, algunas reservas por lo que respecta a la interpretación de la jurisprudencia mencionada en la pregunta oral, pues se está presuponiendo que sólo los honorarios fijados por los colegios o asociaciones profesionales pueden estar sometidos a la competencia. 
Pero es más decisivo considerar los criterios justificados, objetivos, claros y vigentes respecto del interés general fijados por el Estado. 
A esos criterios debe añadirse también la consideración de los intereses de los consumidores y no sólo los de los profesionales. 
La calidad del servicio debe ser garantizada por medios menos restrictivos que las tarifas. 
Por tanto, no basta que las autoridades acepten o respalden un acuerdo sobre honorarios para haber aplicado ya las reglas de la competencia. 
El acuerdo sobre precios entre miembros de un mismo ámbito profesional, esto es, entre competidores, se considerará una infracción contra las reglas de la competencia. 
Además, un Estado miembro puede infringir sus obligaciones respecto del Tratado de la CE si su regulación anula la efectividad de las reglas de la competencia. 
Éste será el caso si un Estado fija tarifas unitarias en un ámbito profesional sin especificar los motivos relativos al interés general a que está obligado. 
También habrá infracción contra el Tratado si un Estado miembro delega su competencia para fijar tarifas a los propios ámbitos profesionales sin reservarse el derecho de vigilancia. 
Y para ser completo quisiera puntualizar que la Comisión no va a promover el establecimiento de honorarios fijos, sino que lo tolerará, a lo sumo, bajo determinadas circunstancias. 
En los ámbitos en que estén vigentes tarifas unitarias, la competencia debe repercutir sobre la calidad. 
Para los miembros de esos ámbitos profesionales, será importante que den a conocer su especialidad y que se hagan publicidad. 
El Tribunal de Justicia se ha referido hace poco a que la publicidad es un importante factor de competitividad en cualquier mercado, porque de este modo, las ventajas de cualquier competidor en ese mercado, la calidad de sus servicios y sus tarifas son dadas a conocer con mayor claridad. 
El Tribunal de Justicia respaldó la opinión de la Comisión de que la prohibición de la publicidad comparada perjudica a los profesionales más capaces para extender sus servicios, y repercute también negativamente en la medida en que su mercado de clientes se reduce al ámbito nacional. 
Sobre la cuestión del principio del país de origen hay que decir, finalmente, que tal principio contribuye a la construcción del mercado interior. 
Conforme a ello está asentado en la Directiva 5/98 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a facilitar el desempeño profesional de la abogacía y garantiza, entre otras cosas, que un abogado con el título correspondiente del Estado miembro donde se haya licenciado, pueda establecerse en otro país sin otro requerimiento que acudir al registro. 
El objetivo de la Directiva es que los abogados que están en ejercicio en función del título obtenido en sus países de origen, tengan más fácil la apertura de segundos despachos en otros países o que se establezcan en ellos. 
En general, la Comisión apoya que las ventajas de la libre movilidad que se logran con el principio del país de origen se ponderen sin dejar de tener en cuenta el interés general que cada país, con el reconocimiento jurídico de la Comunidad, protege, pues hay ciertas excepciones que pueden estar justificadas. 
La Comisión está examinando ahora cómo puede conseguir progresos en el ámbito de determinados servicios transfronterizos. 
Señor Presidente, quisiera decir en primer lugar que intervengo en nombre de mi colega, Lord Inglewood, que es experto en este tema y que ha tenido que volver a Londres de forma imprevista. 
Como profesional liberal que soy, en este caso médico, en lugar de abogado, tengo que decir que mi experiencia en Gran Bretaña en cuanto a tarifas profesionales fijas- establecidas en este caso por el gobierno- como las tarifas de incineración y las de comparecencia ante los jueces que establecen la causa de defunción- es que son artificialmente bajas y que tienen tendencia a beneficiar al estado en lugar de al profesional en cuestión. 
Políticamente recientemente he pedido a la Comisión que examine las restricciones aplicadas por las aseguradoras sanitarias británicas consistentes en pagar únicamente las tarifas médicas de los tratamientos prestados en el R.U. y de rechazar tales prestaciones a los residentes británicos que desean someterse a tratamiento, por ejemplo, en Francia. 
El año pasado hice campaña a favor de un abogado británico que quería registrarse en Francia como notaire, dado que la legislación francesa prohibe actualmente a los notaires que no sean franceses, y ésta es una actividad regulada en muchos Estados miembros por tarifas fijas. Actualmente soy el ponente en la sombra de mi Grupo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la propuesta de directiva de mercado único y libre circulación de los mediadores de seguros, cuyas comisiones son a veces fijas. 
Por consiguiente, estos conceptos son de aplicación a diversos profesionales además de a los abogados, como ya he indicado. 
El mercado único es uno de los principales logros de la Comunidad Europea y para que ese mercado esté completo debe incluir tanto servicios como mercancías. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Comisario Bolkestein en que el sector servicios en Europa ofrece un gran potencial de crecimiento de la competencia y el empleo que debe beneficiar a todos los ciudadanos europeos. 
La iniciativa de la Comisión en esta materia es, por tanto, algo que yo apoyo firmemente y, según los denominados principios del mercado único, debería ser posible incorporar a las empresas de un Estado miembro modelos de prestación de servicios que se hubieran experimentado con éxito en otro y, por supuesto, deberían ser objeto de examen conforme a las reglas sobre competencia del Tratado. 
Soy consciente de la necesidad de una protección adecuada del consumidor en un mercado único, pero también sospecho que muchas prácticas que se han ido desarrollando a lo largo de los años, a través de la tradición y los usos, pueden haber perdido ya su utilidad original. 
Es muy importante, por consiguiente, que se lleve a cabo un estudio detallado que dé lugar a un debate global de tal modo que los privilegios y prácticas y las exenciones que pueden acompañar al ejercicio de las profesiones liberales- y no sólo a los abogados- se examinen cuidadosamente. 
Es necesario que supongan un beneficio real para el ciudadano, y que no sean meramente privilegios que respaldan los intereses creados de todas las profesiones en cuestión. 
Señor Presidente, al oír la contestación del Comisario Fischler me da la impresión de que la Comisión, en este momento y en este tema, se encuentra en una situación totalmente inmadura. Yo creo que está empezando nada más que a ver la capa superior de los problemas. 
Porque estaba yo pensando ahora que en el último Pleno, desde donde está sentado el Comisario Fischler, la Comisaria Reding nos daba una explicación detallada del acuerdo que se había alcanzado entre la Comisión, la FIFA y la UEFA. 
Se trata de un negocio de muchos miles de millones de euros y ahí parece que la competencia cede ante la calidad. 
En un momento determinado parece que es muy importante la calidad, y estoy de acuerdo con esa interpretación. 
Estamos tratando de una profesión, la profesión de abogado, que dicen que es una de las profesiones más antiguas del mundo- dicen que hay otra profesión más antigua, pero no la voy a mencionar para no ser acusado de sexismo-. 
La profesión de abogado es muy antigua y el peligro de esta profesión es que el abogado maneja cantidades. 
Utilizando la frase de Karl Marx, aquí la calidad se convierte en cantidad, o a la inversa, si ustedes quieren, porque el abogado está defendiendo intereses que se pueden cuantificar. 
En los diferentes países comunitarios, por lo menos en varios países comunitarios, hay un sistema de protección a través de organizaciones profesionales, que no es perfecto y que podría ser mejorable pero que, por lo menos, establece algunas garantías, ya que hay demasiados abogados no escrupulosos que, dejados al libre juego de la oferta y la demanda, podrían sentirse tentados de actuar y abusar de su capacidad. 
A mí me da la impresión de que, en este momento, la Comisión está en un momento muy inmaduro y que, por tanto, deberíamos ver este tema con una cierta tranquilidad. 
Yo creo que hay que empezar a ver qué es lo que ocurre- el Sr. Tannock, creo que hacía referencia a esto- en los diferentes Estados, qué es lo que dificulta que una persona pueda acudir a un abogado y, sobre todo, por qué hay miedo a acudir a un abogado. 
Es decir, creo que hay problemas reales, pero que estos problemas reales no se pueden solucionar con la aplicación matemática de las reglas de competencia comunitaria y mucho menos fijándonos nada más que en el criterio de los precios. 
Yo creo que el ideal sería que tuviéramos una organización profesional de abogados que abarcara el conjunto de la Comunidad, no tanto para proteger a los abogados como para proteger a los consumidores. 
Tenemos que pensar en movernos en una zona en la que haya una protección de las personas que acuden al abogado, una protección de los consumidores, una protección de los clientes, y creo que, por tanto, la conclusión que podríamos sacar de aquí es invitar a la Comisión a que siga estudiando el tema y para, quizás con la colaboración del Parlamento, poder ver qué es lo que dicen los sectores interesados, incluyendo, desde luego, los clientes, las personas a las que les gustaría ir a un abogado, pero que normalmente no van por miedo. 
Supongo que debería empezar declarando mi interés personal en el asunto como perteneciente, en tanto que abogado o solicitor, a una profesión liberal a la que se refiere esta cuestión. 
Me parece que durante esta semana en el Parlamento hemos recibido fuertes presiones de las asociaciones de abogados en apoyo de su posición profesional. 
Por contraste, la pasada semana en el R.U. asistimos a la publicación de un informe de la Office of Fair Trading que examinaba la competencia en las profesiones, la misma cuestión que estamos tratando hoy. 
Ese informe se basaba en dos premisas: primera, que a estas profesiones se les confía la prestación de unos servicios de considerable importancia pública; y segunda, que cualquier restricción en la prestación de servicios profesionales tenderá a hacer aumentar los costes y los precios y limitará la elección y el acceso de los consumidores. 
Por este motivo el Grupo Liberal de este Parlamento ha presentado diversas enmiendas. 
Es cierto que las profesiones liberales cuentan con una posición especial en la sociedad, pero esa posición y los servicios que ofrecen deberían ampliarse con una mayor competencia y un control independiente. 
Eso es lo que queremos que estudie la Comisión. 
Permítanme que les dé dos ejemplos del R.U. El primero sobre el precio: ¿debería estar regulado? 
Los solicitors, mi propia profesión, tenían antes el monopolio de la transmisión de la propiedad, de la compraventa de terrenos. 
Se introdujo la competencia, se permitieron agentes de la propiedad autorizados, y esto redujo los precios, pero no los niveles de calidad. 
Tenía que renovar el contrato de arrendamiento de mi despacho. 
Estaba obligado a utilizar al solicitor de mi arrendador. 
Para poner en regla el contrato original me cobraban 300 libras esterlinas; eso ya me parecía bastante. 
Pero para variar un par de palabras en ese mismo documento pretendían cobrarme 500 libras. 
A mí eso me parece un robo autorizado de nuestra profesión. 
Hay que luchar contra eso. 
El segundo ejemplo: uno de mis electores me expuso recientemente la historia de un litigio que se había prolongado durante los últimos 15 años. 
Ese litigio le había llevado a cinco bufetes de abogados, había arruinado su negocio y la vida de su familia; todo por una deuda que, de hecho, había sido reconocida por escrito. 
No había recibido ayuda alguna del órgano de reclamaciones de mi profesión. 
Éste es el tipo de ejemplos que dañan a las profesiones liberales; y, desgraciadamente, no son casos limitados ni aislados. 
Es verdad que los colegios profesionales pueden imponer niveles de calidad profesional, pero éstos sólo pueden mejorarse mediante la competencia y el control externo. 
Por eso pido a sus señorías que apoyen las enmiendas presentadas por mi Grupo. 
Señor Presidente, quisiera hacer sólo un par de puntualizaciones. 
En primer lugar, querría referirme a que la Comisión no se ha estado ocupando de esas cuestiones y que no acaba de descubrirlo ahora. 
La primera regulación data ya del año 1993. 
La Comisión ha promulgado hasta ahora tres Decisiones sobre competitividad en el ámbito de las profesiones liberales. 
Los principios esenciales de esas Decisiones fueron ratificados por el Tribunal de Justicia. 
Dos Decisiones se dirigen contra las tarifas unitarias que no pueden ser justificadas por razones de interés general. 
En un caso, que afectaba al procedimiento de fijación de las tarifas de los abogados en Italia, la Comisión está esperando a que el Tribunal de Justicia se pronuncie. 
Éste caso preparará el terreno para sucesivas medidas. 
Quisiera, además, referirme a que la Comisión es de la opinión de que cada una de las profesiones liberales debe ser tratada particularmente, y no todas englobadas bajo el mismo esquema. 
El ejemplo que usted, Señoría, ha puesto en relación a los médicos de Gran Bretaña, es una prueba realmente de la necesidad de ese tratamiento particular. 
Que la protección de los consumidores es lo que está por delante de todo, creo haberlo dicho ya detalladamente en mi intervención introductoria. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, he recibido una moción de resolución () 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
(La sesión interrumpida a las 18.25 horas, se reanuda a las 18.30 horas) () 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 18.45 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el jueves 5 de abril. 
Orden del día 
El orden de los trabajos se fijó el 2 de abril, pero me han presentado algunas modificaciones, 
Miércoles 2 de mayo: La comunicación de la Comisión se referirá a la colaboración con las Naciones Unidas en los ámbitos del desarrollo y de los asuntos humanos. 
Esta declaración la hará el señor Comisario Nielson. 
Segunda información: la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior adoptó el 11 de abril el informe del Sr. MacCormick sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de la Sra. Jeggle. 
De conformidad con el párrafo 6º del artículo 6 del Reglamento, este informe figura de oficio en el orden del día. 
Seguirá inmediatamente el informe del Sr. Zimeray relativo al suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Voggenhuber. 
Señora Presidenta, de acuerdo con el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento, los informes de la comisión relativos a la inmunidad de los diputados deben aparecer en el primer punto del orden del día. 
Acontecimientos recientes nos han recordado que las cuestiones de inmunidad no son meros asuntos de forma, sino que llegan a la esencia de grandes temas de democracia en Europa y usted misma ha hecho referencia a ello. 
¿Está segura de que es conforme al apartado 6 del artículo 6 abordar estas cuestiones de inmunidad después de la comunicación de la Comisión, que al parecer ha sido fijada en el primer punto del orden del día, antes de los temas de inmunidad? 
¿Es ésta una interpretación correcta del artículo 6? 
Señor MacCormick, tiene toda la razón y se verá recompensado porque los tres informes sobre la suspensión de la inmunidad están a la cabeza en el orden del día, después de la comunicación de la Comisión, y antes del informe del Sr. Cashman relativo al acceso del público a los documentos. 
Señora Presidenta, si he comprendido bien, la cuestión relativa a la situación de las personas en huelga de hambre en las prisiones turcas no está incluida en el orden del día de hoy. 
Sí, señor Wurtz, así es. 
El Consejo ha considerado que no estaba en condiciones de garantizar esta comunicación. 
Sin el Consejo, evidentemente, eso no tendría mucho interés. 
Por el contrario, está disponible para el periodo de sesiones del 14 de mayo. 
Gracias, señor Wurtz. 
Para completar su información, se encontrará presente la Sra. Lejon, Ministra para la Democracia y la Administración. 
El ministro Danielsson se encuentra en estos momentos de visita en Corea y por tanto el único ministro disponible es la Sra. Lejon, que no considera que pueda abordar este debate. 
Quiero llamar su atención y la de esta Asamblea en el sentido de que el Sr. Daniel Cohn-Bendit y en parte yo mismo hemos estado en los últimos días en Turquía en el marco de una acción muy espontánea. 
El Sr. Cohn-Bendit es el presidente de la delegación que en junio visitará Turquía y las prisiones que allí hay. 
Hoy hemos celebrado también una reunión sobre este tema. 
El Sr. Cohn-Bendit y- en lo que yo también he estado presente- yo mismo hemos expuesto con absoluta claridad la posición de este Parlamento frente al Gobierno, al Ministro de Justicia y al Ministro para Asuntos Europeos, así como también frente a las organizaciones que organizan esta huelga de hambre, las organizaciones de derechos humanos y los diputados. 
No quería dejar de mencionar este aspecto. 
Ante la urgencia del asunto, en una acción muy espontánea hemos intentado exponer de modo muy claro la opinión de este Parlamento también ante el Gobierno, el Parlamento y las organizaciones de derechos humanos. 
Señor Poettering, estoy totalmente de acuerdo con su intervención y, como sabe usted, ya he tenido ocasión de intervenir ante el Consejo, tras un debate que mantuvimos con la Conferencia de Presidentes en la que todos hicimos esta constatación y deseamos enormemente que el Consejo estuviera disponible, como ha dicho usted. 
Señora Presidenta, no sé si nuestra intervención de estos dos últimos días tendrá éxito o no. 
Algunos miembros del Gobierno nos han dicho que iban a adoptar iniciativas y de hecho resulta evidente que hoy, entre la posición de los presos en huelga de hambre y la del Gobierno, resulta fácil un acuerdo. 
Por ello hemos solicitado al Gobierno turco que actúe. 
Si hoy no se puede debatir sobre ello, quisiera que se dijera públicamente que discutiremos sobre este problema con el Consejo en el Pleno de mayo, y que deseamos tener resultados en mayo. 
Resulta evidente que hoy en Turquía las posiciones son claras. 
En dos días se puede encontrar una solución. 
Vamos a ver qué pasa en los próximos dos o tres días y en mayo asumiremos todos, aquí en este Parlamento, nuestras responsabilidades. 
Señora Presidenta, como usted sabe, a muchos de nosotros nos preocupa el prestigio y la reputación de este Parlamento y por esta razón intervengo en relación con los procedimientos relativos a la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Berlusconi. 
En la última reunión de la Conferencia de Presidentes de 5 de abril, este asunto fue remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se invitó a la Sra. Garaud a representar al Parlamento ante las autoridades españolas. 
Tengo entendido que la Sra. Garaud no puede por el momento emprender dicha misión por asuntos personales, lo cual es completamente comprensible y manifiesto mi profunda solidaridad. 
No obstante, la cuestión se ha hecho tanto más urgente a raíz de tres nuevos acontecimientos: primero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, haciendo uso de los mismos procedimientos que nosotros para suspender la inmunidad parlamentaria, parece estar avanzando con mucha más rapidez dentro del plazo de sólo dos meses, y el Parlamento Europeo podría encontrarse en la lamentable situación de verse relegado a un segundo plano. 
En segundo lugar, el Gobierno español ha presentado un nuevo suplicatorio a las autoridades italianas sin esperar a la opinión del Consejo de Estado de España, que aparentemente es el motivo por el que aún no ha respondido al Parlamento Europeo. 
En tercer lugar, una vez más según la prensa, el fiscal anticorrupción español, Carlos Castresana, le ha dirigido a usted un escrito rogándole que investigue el retraso. 
En estas circunstancias, ¿está dispuesta a reconocer que es tanto más urgente proceder con rapidez? 
¿Tiene intención de garantizar que la misión a España tiene lugar lo antes posible, en caso necesario con un enviado distinto? 
¿Podría facilitarnos un plazo para dicha misión; será cuestión de semanas, de meses o de años? 
Señor Corbett, le agradezco que plantee este asunto en forma de cuestión de orden, ya que ello me da ocasión para dar a esta Asamblea una serie de informaciones enormemente importantes. 
Efectivamente, tengo como norma no responder a los comunicados de prensa polémicos mediante nuevas polémicas. 
Soy profundamente respetuosa con la dignidad de esta institución y por tanto me alegra poder dar estas explicaciones a sus Señorías. 
¿Dónde nos encontramos? 
Como han mencionado ustedes, se ha reunido la Conferencia de Presidentes. 
Adoptamos tres decisiones, tras una primera que habíamos adoptado a petición del Sr. Barón Crespo. 
Éste había solicitado que elaboráramos un documento que recogiera todos los suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria desde el principio, es decir, antes de que este Parlamento se eligiese mediante sufragio universal. 
Este documento, muy exhaustivo, me pareció de gran utilidad. 
Resulta enormemente interesante, confirma que todas las solicitudes, a excepción de las portuguesas y de una española dudosa, han pasado siempre por las autoridades gubernamentales de los Estados miembros concernidos. 
Este documento está, por tanto, a su disposición. 
Creo que lo habrán recibido sin duda a través de los cauces adecuados. 
Posteriormente, en la Conferencia de Presidentes adoptamos tres decisiones. 
La primera, solicitar a la Comisión de Asuntos Constitucionales que redacte un texto de fondo sobre la forma como estos suplicatorios de suspensión de inmunidad deberían ser tratados de manera general. 
Convendría preguntarse ante todo si no sería conveniente completar nuestro Reglamento. 
En efecto, en esta circunstancia, como en otras por cierto- y pienso en procedimientos de solicitudes de privación de fuero de diputados, u otras cosas- se puede observar que, finalmente, el artículo 6 podría parecer bastante incompleto. 
El Sr. Napolitano, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha aceptado esta tarea para su comisión, y se lo agradezco. 
Creo que, en el día de mañana, los coordinadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirán para designar un ponente. 
Una vez más, se trata de un asunto extremadamente importante y serio que afecta al mismo tiempo a nuestra institución pero que también afecta a la garantía de la que cada uno de sus miembros ha de poder prevalecerse legítimamente. 
También se decidió que yo remitiría de nuevo una carta al Ministro de Asuntos Exteriores español para transmitirle mi deseo de ver cómo la cuestión se examinaba con rapidez. 
Esa carta creo que se escribió en las horas posteriores a la reunión de la Conferencia de Presidentes. 
Imagino que ya debe estar a su disposición, también en este caso, de acuerdo con los cauces adecuados. 
Si no es así, por supuesto, lo rectificaremos. 
También la Conferencia de Presidentes me pidió que designase un diputado para encargarle de alguna manera hacer un seguimiento de este asunto. 
Designé a la Sra. Garaud, miembro del Consejo de Estado francés, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, miembro de la Conferencia de Presidentes que no pertenece a ningún Grupo político, que tiene por tanto un perfil excelente y a quien todo el mundo reconoce como una excelente jurista. 
La Sra. Garaud ha pasado por un trance extremadamente doloroso; creo, Sr. Corbett, que usted lo sabe. 
No sé si ella se encuentra aquí, pero quiero manifestarle mi más profundo pésame. 
Considero que no podríamos reprocharle que no se haya podido trasladar a España en los días siguientes a la misión que le había confiado. 
Una información muy importante: gracias, señor Corbett por haber mencionado al Consejo de Europa. 
Efectivamente, el Tribunal Supremo español ha remitido al Consejo de Europa un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los mismos colegas italianos afectados, pero lo que parece que usted no sabe es que esta solicitud se remitió al Consejo de Europa por conducto de las autoridades gubernamentales españolas. 
Le digo sinceramente que mis dudas han aumentado. 
¿De quién se ríen? 
Se envía una solicitud directamente a la Presidenta del Parlamento Europeo, el Tribunal Supremo lleva eso en mano a la Oficina de información del Parlamento Europeo de Madrid y, unos meses más tarde, el mismo Tribunal Supremo recurre a la autoridad gubernamental, a la misión del Gobierno español ante el Consejo de Europa. 
Si yo no hubiese actuado como lo he hecho, lo lamentaría profundamente, señor Corbett. 
Verdaderamente hubiera actuado muy mal y si hubiese adoptado una decisión intempestiva de someter el asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de anuncio en el Pleno, con toda evidencia esta decisión hubiese sido susceptible de recurso, absolutamente legítimo, por parte de los interesados. 
Una vez más, en una preocupación por la dignidad de nuestra institución, creo que hemos de tratar todo esto de la forma más seria. 
Someter el asunto al Consejo de Europa refuerza por tanto de forma absoluta todo el comportamiento que he mantenido desde el inicio de este asunto. 
Desearía realmente que el Tribunal Supremo me dijese por qué se producen dos tratamientos diferentes, uno ante este Parlamento y otro ante el Consejo de Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, desde hace más de un mes el valle del Somme se encuentra inundado, alcanzando a la región de Amiens y muy especialmente a mi ciudad, Abbeville, y a sus alrededores. 
Nunca se había visto algo parecido en la historia de nuestro departamento. 
Debo comunicarles con gran emoción la amplitud de la catástrofe. 
En total, 125 municipios se encuentran bajo las aguas, es decir en torno a 1.500 viviendas inundadas y más de 2.000 personas evacuadas. 
Los daños son considerables, la miseria y la desesperación de las poblaciones, inmensas. 
La situación es particularmente preocupante, ya que además de la catástrofe natural los expertos prevén un descenso de las aguas muy lento que podría durar varios meses. 
Sobrepasamos el estadio de una catástrofe puntual y buscamos soluciones para evacuar esas enormes masas de agua. 
Cuando la solidaridad a nivel local y regional está en su punto más alto, se pone en funcionamiento el nivel nacional. 
Señora Presidenta, Señorías, Europa debe participar también de esta solidaridad, principalmente mediante una ayuda financiera consecuente, sabiendo que los daños van a evaluarse en varios millardos de francos. 
Esta región de Francia, ya duramente afectada por los problemas económicos y sociales, se encuentra en una situación límite. 
Ciertamente, los medios de comunicación informan de una bajada del nivel de las aguas desde ayer, pero en primer lugar, eso no es cierto en todas partes y en segundo lugar queda por hacer lo más difícil, ya que habremos de enfrentarnos a un problema de recuperación por los hundimientos de tierra y los problemas de contaminación ya presentes. 
Por todas estas razones, señora Presidenta, Señorías, permítanme que renueve mi llamamiento a la solidaridad europea. 
Gracias, Sr. Butel, no dudo ni por un momento de que, en el próximo periodo parcial de sesiones, se presentará una solicitud de urgencia sobre esta situación tan catastrófica que ha descrito. 
Señora Presidenta, aquí hemos adoptado posiciones dentro de los Grupos políticos ante la cuestión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Berlusconi, y quiero declarar, en nombre de mi propio Grupo, que yo he consultado personalmente los documentos que estaban en poder de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior relativos a casos anteriores de suplicatorio de inmunidad parlamentaria de diputados españoles y de otras nacionalidades. 
Yo creo que es muy importante que el Parlamento observe con toda justicia y coherencia las disposiciones relativas a la suspensión de la inmunidad parlamentaria. 
Tras estudiar los casos precedentes, no he podido sino llegar a la conclusión de que dos de estos casos nos dan motivos fundados para suponer que el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Berlusconi debería haberse formulado en el primer Pleno celebrado tras las vacaciones de verano y haberse entregado inmediatamente para su tramitación a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Me ha dado la impresión de que el último argumento esgrimido por usted, señora Presidenta, ha sido que los suplicatorios de los casos en cuestión provenían del Ministerio de Justicia de España a través de la Oficina de Información del Parlamento. 
Yo creo que no se trata de un argumento muy convincente para justificar la dilación de este asunto y la tardanza en su tramitación. 
Por consiguiente, debo declarar que, en opinión de mi Grupo, existen todos los fundamentos necesarios para requerir que este suplicatorio de suspensión de inmunidad parlamentaria debería haber sido formulado entonces en el Pleno y entregado después para su estudio a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual, a su vez, hubiera podido proceder a realizar las aclaraciones pertinentes, en caso de que hubiera surgido algún problema relacionado con la autoridad competente en cuestión. 
Pienso que la comisión parlamentaria hubiera estado encantada de encargarse de este asunto. 
Gracias, señora Hautala. 
Naturalmente, puede usted hacer una declaración en nombre de su Grupo. 
En cualquier caso, debo señalar dos inexactitudes. 
Se han producido tres casos de suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de diputados españoles. 
Dos de ellos han llegado claramente a través de las autoridades gubernamentales españolas. 
Sólo uno presenta una duda. 
En el Diario Oficial figura como remitido por el Gobierno español. 
En el informe de nuestro colega de entonces, informe sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad, se dice: "a la vista de la solicitud realizada por el Ministerio de Justicia español", pero cuando se busca en los expedientes, no se encuentra el sobre procedente del Ministerio. 
Por consiguiente, hay claramente dos casos del Ministerio de Justicia, remitidos por las autoridades gubernamentales españolas, y un caso algo dudoso, a pesar del Diario Oficial que, sin embargo, en principio, da fe. 
En cuanto a la última información que acabo de dar, tengo la impresión de que no la ha entendido bien- posiblemente se haya producido un problema de traducción -, no se trata del Consejo de Estado, sino del suplicatorio de suspensión remitido por el Tribunal Supremo al Consejo de Europa, recientemente, y le he aclarado que este suplicatorio ha pasado por la misión del Gobierno español, y es más reciente. 
Esta información, que yo le he dado, es nueva y muy importante. 
Ésta es la razón por la cual mi homólogo del Consejo de Europa ha podido remitirla a la comisión competente, ya que sin ninguna duda procedía de las autoridades gubernamentales españolas. 
Comprendo bien que todos estos hechos puedan contrariar a algunos, pero por desgracia para ellos los hechos están ahí, no se los puede cambiar y se trata realmente de hechos incuestionables y objetivos. 
Señora Presidenta, tan sólo quisiera recordar al Sr. Poettering que el problema de este Parlamento es garantizar la igualdad entre los diputados. 
Lo sucedido en el caso del Sr. Berlusconi no garantiza la igualdad. En efecto, si este asunto se hubiese planteado respecto a la Sra. Frassoni- o sea, yo- seguramente la Presidenta habría actuado de otra forma, estoy segura de ello. 
Por lo tanto, señor Poettering, de lo que se trata es de la igualdad entre los diputados- éste es el problema que debemos afrontar- y es por esto que la cuestión planteada por el Sr. Corbett se ha de resolver precisamente en aras de la igualdad entre todos nosotros, los 626 diputados, sometiendo sin demora a la Comisión de Asuntos Jurídicos el asunto de la suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Berlusconi. 
No se puede tergiversar más. 
Señora Presidenta, le agradezco la explicación que ha dado. 
En relación con la misma, quiero señalar, en primer lugar, que usted encargó un estudio, a solicitud mía, en el que quedaban claras dos cosas: una, que había diferentes tratamientos, y otra, y quiero subrayar esta segunda, es que en ningún caso suplicatorio alguno había permanecido nueve meses en los cajones de la Mesa del Parlamento. 
Esto es importante. 
Y yo, con el máximo respeto, le manifiesto que entiendo que la Presidencia del Parlamento tiene que someterse al Reglamento y ello supone atribuir la competencia a la comisión correspondiente. 
Eso se lo he dicho en público y en privado. 
Por respeto hacia su persona y al cargo que ocupa he tratado de mantener una actitud constructiva en todo este procedimiento y le señalo que las tres propuestas que usted ha mencionado como acuerdos de la Conferencia de Presidentes partieron de mi persona. 
Concretamente, el nombramiento de la Sra. Garaud, y me añado a las condolencias por la situación en que se encuentra, fue una propuesta suya; pero la propuesta de enviar un emisario fue mía. 
Por lo tanto, eso justifica la carta que yo le he enviado con el acuerdo de mi Grupo. 
Mi Grupo sigue considerando que esta cuestión debe de anunciarse en público. 
La verdad es que estamos ante una situación muy paradójica porque un asunto no anunciado está ocupando gran parte de nuestros Plenos pero, en fin, así son las cosas. 
Además pensamos que debe ser la Comisión de Asuntos Jurídicos la que estudie la cuestión. 
Ahora, si me permite, señora Presidenta, voy a contestar a los alegatos formulados por mi colega el Sr. Poettering que, con su elegancia habitual, ha lanzado una andanada al Grupo socialista. 
En primer lugar, se podía haber evitado el problema. 
Esto viene desde agosto del año pasado, cuando aún no estaban convocadas las elecciones italianas. 
Si se hubiera tramitado en su momento, no habríamos tenido nada que decir al respecto. 
Pero, además, señora Presidenta, aunque el secretario general del PPE se empeña en que la Internacional Socialista está detrás de todo, no me van a decir que nosotros controlamos medios tales como The Economist, El Mundo, Le Monde, Handesblat e incluso Los Angeles Times. 
Desgraciadamente, Señorías, no tenemos esos poderes y, además, aunque los tuviéramos, no los ejerceríamos. 
Por lo tanto, el tema que se está examinando tiene una contestación muy fácil. 
Usted pertenece al mismo Grupo político que el Sr. Berlusconi, que fue entronizado como la estrella ascendente del PPE en el Congreso de Berlín y que es correligionario del Presidente del Gobierno de mi país. 
Y son ustedes correligionarios de la Presidenta del Parlamento y de la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Yo no he querido emplear estos argumentos. 
Ahora bien, tenga usted cuidado con lo que dice porque todo tiene contestación. 
Señora Presidenta, yo le querría formular al Sr. Poettering una pregunta para que ratifique las declaraciones que hizo el viernes. 
¿Usted piensa que, en su país, una persona con el conflicto de intereses que tiene el Sr. Berlusconi puede presentarse a las elecciones en Alemania? 
Porque su colega el Sr. Brok dice que no. 
Haga el favor de contestar a la Cámara. 
(Aplausos de la izquierda) 
Acaba usted de confirmar de forma magistral que la cuestión es principalmente política. 
Pero me permitirá volver al derecho. 
Ha dicho que el respeto por el reglamento significaba someter el asunto a la comisión competente. 
Señor Barón Crespo, hace varios años, en este hemiciclo, tuvimos a una colega por la que sentíamos una gran estima en todos los escaños. 
Se trataba de la Sra. Marie-Claude Vayssade, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En una carta fechada el 8 de marzo de 1985, la Sra. Vayssade escribía: " quisiera señalar ahora que el rechazo de un suplicatorio de suspensión de la inmunidad no puede producirse, de conformidad con el primer párrafo del artículo 5 del Reglamento, más que cuando quede establecido que el suplicatorio emana de la autoridad competente. 
También me parece que esta condición ha de cumplirse antes de que se haya efectuado y la comunicación en el Pleno y el envío a la comisión, también previsto en el primer párrafo del artículo 5 del Reglamento ". 
Realmente, señor Barón Crespo, de nuevo los hechos son tozudos y lo siento por usted, pero todo va en ese sentido. 
Estoy un poco cansada de este mal proceso, del que todos conocemos el origen. 
-El comienzo de mi intervención es por alusiones. 
Con todo el respeto que le tengo al Sr. Barón, ha dicho algo que ha dejado, como tantas cosas hoy en este hemiciclo, en la nebulosa, somos correligionarios, pues sí, somos correligionarios- eso lo sabemos todos- y a mucha honra, puedo añadir. 
Estoy sorprendida por el tono que está tomando este debate. 
Porque usted ha recordado que estamos debatiendo una cuestión que es eminentemente jurídica y debemos mantenerla en el marco que usted señora Presidenta- y eso tengo que destacarlo -, lo ha mantenido contra viento y marea, haciendo un alarde de convicción y de seguridad jurídica. 
La Sra. Frassoni empieza haciendo un juicio de intenciones que creo que se descalifica por sí mismo. 
Pero es que no es sólo eso, los diputados Corbett, Hautala y Barón parecen decirnos que la importancia de una institución es quién llega antes, y nos hablan de que hay que ir más deprisa, de que estamos yendo muy despacio. 
El punto de la cuestión no está ahí, como usted muy bien ha destacado, aquí hay grandes dudas, hay dudas fundadas de que el procedimiento haya sido formalmente correcto y por lo tanto no hay tiempo que valga, hay que esperar a que se den los pasos jurídicamente necesarios para despejar esta duda. 
Es lamentable que no se haya obtenido una contestación antes, efectivamente, pero lo que es lamentable en primer lugar es que este envío no se haya hecho por la vía reglamentaria habitual. 
Y quiero dar dos apuntes a la Sra. Hautala, con toda la admiración que, como bien sabe, le tengo. 
Señora. Hautala, en el asunto que usted ha mencionado y que usted ha consultado, hay un dato, además de los dos que le ha dado la Sra. Presidenta, es decir que en el Diario Oficial aparece que el suplicatorio viene a través del Ministerio de Justicia, como también aparece en el informe, pero es que hay una carta del Presidente Kleps, por la que el Presidente del Parlamento notifica a la Comisión de Asuntos Jurídicos, en donde también se hace mención del Ministerio. 
¿Hemos acaso de pensar que en este Parlamento, quien haya preparado esa carta, el funcionario que ha preparado esa carta, no sabe distinguir si una cosa viene o no viene del Ministerio de Justicia? 
Por lo tanto, si alguna presunción hay, pese a que efectivamente no queda ninguna constancia documental, pero hay presunciones y presunciones muy fuertes, de que de una manera o de otra el envío se hizo a través del Ministerio de Justicia, porque no me puedo creer que la persona encargada de redactar para el Presidente del momento esa carta, no sepa distinguir y diga explícitamente en la carta que viene del Ministerio de Justicia si no fuera el caso. 
Señora Presidenta, creo que debemos, como muy sabiamente decidió la Conferencia de Presidentes, esperar a que la Sra. Garaud se ocupe de este tema y dé los pasos que como mandataria de la Conferencia de Presidentes estime oportunos. 
Debemos dar ese tiempo. 
En cuanto a la tardanza, quiero decir que efectivamente en este caso se está tardando mucho, pero que se consulte en los archivos de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En estos momento tenemos, por ejemplo, encima de la mesa una petición al Gobierno alemán que lleva nueve meses sin contestar, y ahí está, y está a disposición de todos ustedes para que la consulten. 
Al final, señora Presidenta ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? 
Es un problema, si me permite, relacionado con el gozoso crecimiento de Europa en el ámbito de una Europa de la justicia, del espacio de justicia, porque aquí el Tribunal Supremo argumenta que se puede dirigir al Parlamento Europeo como se dirige al parlamento nacional. 
Efectivamente, con la ley en la mano, en mi opinión, todavía eso no es posible; esperemos que en el futuro lo sea. 
Personalmente así lo deseo, pero por el momento seamos conscientes de que hay que respetar la legalidad vigente. 
No deseo voluntarismos, que sólo nos podrían conducir, como usted muy bien ha dicho, señora Presidenta, al Tribunal de Justicia. 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Presidenta, parece evidente que en todos estos temas nos enfrentamos a dos imperativos críticos: por un lado, es de vital importancia que las deliberaciones democráticas en una asamblea como ésta avancen sin trabas ni abusos injustos de los procedimientos legales para impedir que los diputados ejerzan debidamente su mandato democrático. 
Esto es muy importante. 
Por otro lado, siempre que surgen asuntos de inmunidad, la falta de popularidad actual de los políticos se convierte en tema de polémica y la gente dice "los políticos se escudan tras su pertenencia a las cámaras legislativas para librarse de asuntos por los que se castiga al ciudadano de a pie". 
Es igualmente importante y necesario evitar causar esa impresión. 
Por ello es tan importante en estos casos que la Asamblea determine cuanto antes si la cuestión que nos ocupa es un abuso del procedimiento legal in terrorem democratiae o si, por el contrario, éste es un caso en el que se está haciendo algo que en el caso de un ciudadano corriente sería sometido a los tribunales ordinarios, porque todos somos ciudadanos corrientes además de legisladores. 
Es muy lamentable que este asunto se haya convertido en una deliberación tan dilatada en el ámbito ejecutivo de un Estado miembro, porque ése es precisamente el lugar en el que no deben debatirse estos asuntos tan importantes. 
Debemos devolverlos al Parlamento lo antes posible. 
(Aplausos del Grupo Verts/ALE) 
Señora Presidenta, como posiblemente habrá observado, los diputados italianos al Parlamento Europeo de esta parte de la Asamblea han evitado hasta ahora intervenir sobre los temas relacionados con la inmunidad parlamentaria del Sr. Berlusconi y del Sr. Dell ' Utri. 
El motivo es evidente. 
La situación en mi país es muy delicada. La cuestión es muy compleja. 
Estamos a pocas semanas, incluso a días, de las elecciones generales italianas. 
Pero con el debido respeto a las altas funciones y cargos que ustedes desempeñan y tras haber escuchado a todos mis distinguidos colegas, en particular a Richard Corbett, y a usted, permítame decir que fuera de esta Asamblea se percibe la situación como más insoportable, más inaceptable cada día. 
Por ello, elevo mi voz no como político italiano, sino como diputado europeo a este Parlamento, para instarle a que ponga fin a todas las ambigüedades y retrasos y formalidades protocolarias engañosas y a que nos comunique a todos, como ha sugerido el Sr. Corbett, una fecha precisa, un plazo inmediatamente posterior al 13 de mayo, el día en que se celebran las elecciones nacionales en mi país, en el que nos proponemos encontrar una solución legal y de procedimiento definitiva a este asunto. 
Es una cuestión que va mucho más allá del partidismo político y afecta o debería afectar a todos los diputados de esta Asamblea, porque afecta a la dignidad y al funcionamiento de nuestra institución. 
Señor Manisco, comprendo que algunos diputados piensen que esto se prolonga. 
Dicho esto, comprenderá que, para la Presidenta, que ha sido acusada muy injustamente, es muy importante en nombre de la transparencia que podamos poner todos los elementos, jurídicos, incuestionables, sobre la mesa, incluyendo los documentos procedentes de archivos, como por ejemplo el correo de la presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de entonces. 
En lo que respecta al plazo, es muy simple, ya lo he dicho, ahora estoy esperando a que se pronuncie el Consejo de Estado. 
Comprenderá que a partir del momento en que el Gobierno de un Estado miembro me contesta que ha sometido la cuestión al Consejo de Estado, yo actúe una vez que el Consejo de Estado se haya pronunciado, cuando el Gobierno español me haya hecho saber a quién se considera realmente autoridad competente en España para expedir esas solicitudes de inmunidad. 
Inmediatamente después, y puede estar seguro, lo anunciaré al Pleno tal como preveía la Sra. Vayssade en su carta, y someteré la cuestión a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Las cosas estarán entonces muy claras. 
Señora Presidenta, en respuesta a lo que el Sr. Poettering ha dicho, quisiera subrayar que yo no formulé ninguna pregunta relativa a sus anteriores actividades. 
Sencillamente pedí que se fijara un plazo para la misión que nuestro Parlamento ha acordado enviar ante las autoridades españolas. 
Tampoco he puesto en entredicho a la Sra. Garaud por no haber podido ir hasta ahora. 
Por el contrario, dije que comprendo completamente dichas razones y que cuenta con toda nuestra solidaridad. 
Insto al Sr. Poettering a que en el futuro escuche lo que dicen otros diputados antes de decidir atacarles y a que distinga entre una preocupación genuina por la reputación y los procedimientos del Parlamento y los argumentos de los partidos políticos. 
Yo no defendía un argumento político partidista. 
Defendía un argumento en nombre de este Parlamento. 
Señora Presidenta, no tenía ninguna intención de intervenir sobre este tema, pero ya que el debate se ha reanudado... 
(Interrupciones) , sea un poco más tolerante. 
Después me dirá lo que piensa sobre lo que voy a decirle. 
Quizás le moleste un poco. 
Señora Presidenta, en mi Grupo consideramos desde el inicio que se trata de un encadenamiento de hechos confusos y perjudiciales que, efectivamente, afectan con toda evidencia a una cuestión política cuyo alcance no escapa a nadie. 
Una cosa cuando menos me parece clara desde el punto de vista de las responsabilidades políticas asumidas conscientemente en este asunto. 
Ha sido el silencio prolongado y después las maniobras dilatorias del Gobierno español desde hace más de ocho meses, a quien se ha sometido la cuestión a través de usted, señora Presidenta. 
Creo que esta actitud puede llevarnos a equipararlo a la complicidad política con el Sr. Berlusconi. 
Eso sería lo inaceptable y no debemos aceptarlo por lo demás, cuantas más cartas haya sobre la mesa, mejor responderá nuestra institución y, por mi parte, deseo afirmarlo a título personal, pero con mucha claridad, no cuestiono la probidad de la Presidenta de este Parlamento, aunque no apruebe el procedimiento que ha elegido en este caso. 
Tengo en mucha estima su actitud valiente, señora Presidenta, en otras circunstancias, para permitirme en el día de hoy un proceso de intenciones contra usted. 
Por el contrario, hemos pedido desde el principio una transparencia total y usted ha contribuido a ello hasta el momento en cuanto a los pormenores y cuestiones anexas a este expediente explosivo. 
Precisamente para que la verdad sea conocida por todos, para que los posibles malentendidos se vean disipados, y sobre todo para que se pueda por fin recuperar el tiempo perdido para el examen de este suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria y espero que el precedente del Consejo de Europa que usted ha mencionado- el Consejo de Europa al que el Gobierno español ha aceptado dirigirse -, espero que eso le permita conseguir la misma gestión por parte del Gobierno español lo más rápidamente posible con respecto al Parlamento Europeo, con el fin de que podamos examinar la cuestión y concluir este capítulo. 
Señora Presidenta, yo tampoco tenía intención de hacer uso de la palabra, pero este asunto ya ha acaparado nuestra atención durante tres cuartos de hora. 
En la reunión de la Conferencia de Presidentes, todos los dirigentes de grupo presentes realizaron un gran esfuerzo para intentar comprender los precedentes, para intentar comprender la complejidad y para intentar llegar a una decisión razonada y justa. 
Creo que la decisión a la que se llegó en la Conferencia de Presidentes reflejaba un punto de vista de consenso acertado; un punto de vista que usted ha enunciado aquí hoy. 
Todo aquel que ha estudiado detenidamente este dossier y que lo ha discutido sin ánimo de polémica, aunque no sin olvidar sus preferencias políticas, tiene una opinión sobre estos asuntos; nadie ha hecho ninguna acusación personal ni ninguna imputación contra usted. 
Quiero decir, en nombre de mi Grupo, que a pesar de que usted se encuentra en una posición personal sumamente difícil, personalmente se ha comportado con honor en su calidad de Presidenta de este Parlamento desde el primer momento en que este asunto fue sometido a su atención. 
El pasado 28 de agosto, usted solicitó a las autoridades españolas que le informaran de cuál era la autoridad competente a la que debía presentar este documento. 
Creo que el retraso, que ahora se le reprocha a usted en debates como éste, es del todo indecoroso e injustificado, y que usted y este Parlamento están siendo víctima, como espectadores, del procedimiento de un Ejecutivo ajeno a esta Asamblea. 
Tengo intención, en nombre de mi Grupo y a pesar de la misión que le ha confiado a la Sra. Garaud, a la que, una vez más, en nombre de mi Grupo, deseo expresar nuestra profunda solidaridad, de ponerme directa y personalmente en contacto con las autoridades españolas, porque tengo derecho a obtener una respuesta pronta y urgente. 
El retraso es injustificado e indecoroso y le ha puesto a usted en una situación y en un papel que no le corresponden. 
Defiendo lo que usted ha hecho. 
Espero y creo que usted también defendería del mismo modo a cualquier diputado. 
Si la Sra. Garaud no está en condiciones, por motivos perfectamente comprensibles, de emprender la misión que usted le ha confiado, sería aconsejable estudiar si, en semejantes circunstancias, podría encontrarse una alternativa, aunque sólo fuera porque es importante que la Presidencia de este Parlamento pueda garantizar a los diputados, como creo que nos garantizaron en el largo debate de la Conferencia de Presidentes, que usted ha actuado en el respeto del procedimiento correspondiente y con corrección en todo momento. 
Hemos debatido en profundidad el asunto de los precedentes y los dos precedentes eran bastante interesantes. 
Uno es un caso italiano que surgió como referencia directa de un tribunal. 
No es un buen precedente en este caso porque la Constitución italiana ha cambiado respecto del formato de presentación anterior y, en consecuencia, la propia ley ha cambiado. 
Por lo tanto, puesto que la Constitución era diferente, no es un precedente en cuanto a la cuestión de la autoridad competente a la que presentar dicho suplicatorio. 
El segundo es uno de tres casos de suspensión de la inmunidad de un diputado, que creo que era de España. 
Dos de ellos superaron claramente el mecanismo de presentación en los que no hubo polémica respecto de la autoridad competente. 
Pero el tercero llegó con la huella digital del Gobierno, a diferencia de este suplicatorio, por lo que es un precedente inadecuado, a pesar de que es un modesto avance en dicha dirección. 
Todo esto le ha dejado a usted en una situación muy difícil y delicada, señora Presidenta. 
Creo que el retraso impresentable es la principal causa de toda esta preocupación y, por consiguiente, si sentimos enojo político, aunque tenemos derecho a sentir y a expresar dicho enojo, deberíamos dirigirlo a los responsables del retraso: responsables que rotundamente no son ni usted ni el cargo de la Presidencia del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, creo que nadie puede poner en duda la honradez de su actuación. 
Sólo quiero informar al presidente Sr. Barón Crespo que en 1994, cuando el gobierno estaba en manos del Sr. Silvio Berlusconi como Presidente del Consejo, apoyado por una coalición de centro derecha, se presentó un proyecto de ley en el Parlamento para solucionar el problema del conflicto de intereses- esto conviene que se sepa también en este Pleno- proyecto que fue aprobado por un sector del Parlamento. 
Más tarde, cuando se produjo un cambio de situación política, esa ley no fue aprobada por el otro sector del Parlamento. 
En más de una ocasión pública, Silvio Berlusconi y los partidos que respaldan su candidatura a primer ministro han anunciado que con la nueva legislatura se volverá a presentar un proyecto de ley por el gobierno para solucionar el conflicto de intereses y que el ciudadano Sr. Berlusconi se ajustará escrupulosamente a esta nueva ley. 
Para terminar, quisiera recordar al Sr. Manisco que el Derecho no es una formalidad protocolaria. 
Quizás lo sea en algún país que él sigue con especial atención, pero en Europa y en los países civilizados el Derecho no es una formalidad protocolaria. 
Gracias, señor Tajani. 
Quisiera abordar sólo una pequeña reflexión, una pequeña observación, a la Sra. Frassoni. 
Quisiera decirle simplemente que doy fe de que si la solicitud hubiese afectado a la Sra. Frassoni yo hubiera actuado exactamente de la misma forma. 
Pero es precisamente ahí donde hubiera estado la diferencia, y creo que no le molestará mi comportamiento en ese momento, no hubiera merecido ningún comentario ni contestación. 
Creo que es ahí, efectivamente, donde aprieta el zapato, señora Frassoni. 
Deseo pedirle su consejo respecto a si debo plantear este asunto en particular a la Comisión de Peticiones: me pregunto si sería aceptable. 
Se trata de Mark Forrester, originario de mi circunscripción que fue detenido por su supuesta participación en actos de violencia durante el campeonato de fútbol EURO 2000. 
El año pasado fue sometido, y utilizo bien el término sometido, al procedimiento acelerado y fue condenado: más tarde se consideró que el fallo era injusto y volvió a ser juzgado el mes pasado. La condena fue confirmada la semana pasada. 
Creo que este juicio acelerado y el mantenimiento de la condena son contrarios al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Es contrario a los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales que usted, señora Presidenta, ha firmado. 
Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a un juicio justo y deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre que son culpables. 
El vídeo que sirvió de prueba que vimos en el juicio demostró que Mark Forrester, elector de mi circunscripción, no participó de ninguna manera ni forma en ningún acto de violencia. 
La policía del Reino Unido presentó a las autoridades belgas un nuevo vídeo. La policía belga se negó a aceptar esa nueva prueba. 
Creo que con este fallo, el Tribunal estaba más interesado en apoyar el procedimiento de juicio acelerado que en impartir justicia. 
Mark Forrester es inocente y seguiremos luchando para demostrar su inocencia y limpiar su nombre. 
Gracias, señora Lynne. 
Creo, según su descripción de la situación, que la Comisión de Peticiones podría perfectamente ser competente, pero le propongo que se ponga en contacto con el Sr. Gemelli, presidente de esta comisión, que podría aconsejarle de forma muy útil. 
Señora Presidenta, muy pronto el Parlamento Europeo votará sobre el acceso del público a los documentos. 
En Irlanda, el único país de la Unión Europea en el que se votará sobre el Tratado de Niza, mis electores me han informado de que el Gobierno irlandés no está facilitando ejemplares del Tratado de Niza, sino sólo su Libro Blanco sobre el Tratado. 
Nuestro Gobierno ha dejado claro que apoyará el sí al Tratado de Niza, un derecho que democráticamente le corresponde, pero a mis electores les gustaría poder decidir por sí mismos y desearían recibir ejemplares del Tratado propiamente dicho. 
¿Puede ofrecer algún consejo en esta situación? 
Gracias, señora Scallon, vamos a ver qué podemos hacer para satisfacerla. 
Asociación con las Naciones Unidas en los ámbitos del desarrollo y de los asuntos humanitarios 
Señor Comisario, le pido mil excusas, pero es un ardiente defensor de la transparencia. 
Sabemos hasta qué punto defiende este valor, completamente necesario, de nuestra democracia y de nuestra institución, y por ello, aunque desafortunadamente con una hora de retraso, le cedo la palabra para que nos dé esta comunicación sobre la Asociación con las Naciones Unidas en los ámbitos del desarrollo y de los asuntos humanitarios. 
. (EN) La Comisión mantuvo durante el pasado año numerosos contactos a nivel político con las Naciones Unidas. 
El Presidente Prodi se reunió con el Secretario General Annan en octubre de 2000 y ha visitado Ginebra en enero del presente año. 
Yo me he reunido con el Secretario General y con la mayoría de los Jefes de las agencias de las Naciones Unidas durante los últimos 18 meses. 
En enero del presente año realicé una visita con mucho éxito a Nueva York, donde por primera vez la Comisión aceptó una invitación para intervenir en los Comités Ejecutivos conjuntos de PNUD, UNICEF, UNFPA (Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia de población) y PMA. 
Las relaciones, por lo tanto, son estrechas y ambas partes tienen la firme voluntad política de reforzarlas. 
Durante los últimos años ha existido consenso respecto de los objetivos y estrategias fundamentales de la cooperación al desarrollo en el panorama mundial. 
Dicho consenso debe propiciar una mejor coordinación y más coherencia. 
Las actividades financieras de la CE desarrolladas por las agencias de la ONU se elevan a una media de 354 millones de euros al año. 
Es una suma bastante modesta comparada con la totalidad de lo que hacemos. No obstante, es una contribución importante. 
Muchas agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas disponen de reservas de conocimientos profesionales y experiencia, así como de información y sistemas de datos sobre una base muy amplia. 
Una de las razones que nos han llevado a presentar esta comunicación es hacer un mejor uso de estos valores. 
Ninguna de las partes ha podido sacar los máximos beneficios de la cooperación actual. 
Las culturas administrativas diferentes y los obstáculos de reglamentación son algunas de las causas de esta situación, que he descrito como una guerra de contables: guerra que aún no ha terminado, aunque ya se divisan soluciones en el horizonte. 
La Comunicación establece varios principios fundamentales para reforzar las relaciones de trabajo: 
Selectividad: la CE será un socio multilateral positivo, pero exigente. 
La Comisión intentará centrar sus esfuerzos en el fortalecimiento de la cooperación con aquellas entidades de las Naciones Unidas que trabajan en ámbitos identificados por la UE y en los que el trabajo a escala comunitaria proporcione valor añadido. 
Previsión: mediante el establecimiento claro de ámbitos prioritarios para la cooperación a largo plazo, la CE así como la ONU podrán disfrutar de un flujo más predecible de contribuciones financieras de la CE. 
Debemos pasar de los proyectos a los programas. 
Presencia activa: la CE continuará explotando las ya amplias oportunidades de participación activa de la CE en la labor de los comités directivos de las principales entidades de las Naciones Unidas. 
La Comunicación se centra en el entorno administrativo necesario para alcanzar estos objetivos. 
Necesitamos: 
Que concluyan con éxito las negociaciones en curso sobre una Cláusula de verificación que garantice a los controladores de la CE un acceso satisfactorio a la información sobre la utilización de los fondos comunitarios. 
Una renegociación del Acuerdo marco CE/Naciones Unidas de 1999 que gire en torno a la cofinanciación de las operaciones, un presupuesto basado en los resultados y la financiación previa de los programas. 
Una rápida aprobación del Consejo de la propuesta de la Comisión relativa a la refundición del Reglamento Financiero (COM (2000) 461 de 17 de diciembre de 2000). 
Quisiera llamar la atención del Parlamento sobre este punto en particular. 
Por último, la Comunicación aprobada hoy envía un importante mensaje a nuestros socios de la ONU: 
La CE propone intensificar la cooperación en los ámbitos prioritarios de la CE que coinciden con las principales aptitudes de las agencias de la ONU. 
Es necesaria una coordinación sólida entre las agencias de la ONU para garantizar una buena cooperación en este ámbito. 
La CE sugiere modificar las disposiciones legales y administrativas por las que se rige la cooperación financiera entre la CE y las Naciones Unidas. 
La Comisión confía y espera que esta sugerencia sea recibida con flexibilidad por parte de los negociadores de la ONU en reconocimiento del papel y de la situación especiales de la Comunidad Europea en la labor de las instituciones de la ONU. 
La CE propone contribuir a la financiación de los programas de determinadas agencias de la ONU, a condición de que las agencias de la ONU mantengan sus esfuerzos para seguir adelante con la reforma de la ONU y mejorar su calidad de realización. 
Esto, a su vez, debería propiciar una mejora de nuestra eficiencia y eficacia, tanto en las políticas como en el ámbito operativo, así como una considerable mejora de la calidad y las repercusiones de las políticas y las actividades comunitarias en materia de desarrollo y ayuda humanitaria. 
Pero permítanme para concluir decir algo con toda claridad: no se trata de entregar al sistema de las Naciones Unidas un cheque en blanco. 
Este nuevo enfoque de la Comisión sólo podrá prosperar con la colaboración activa de las Naciones Unidas. 
La mejora de la cooperación política y operativa CE/ONU en los ámbitos del desarrollo y de la ayuda humanitaria está supeditada al fortalecimiento de la coordinación interna de la ONU, que deberá centrar sus fuerzas temáticas conforme a las líneas de su actual programa de reforma y continuar las negociaciones sobre el marco de cooperación jurídica y financiera. 
Estamos firmemente decididos a mantener los principios fundamentales de una gestión buena y transparente de los recursos del contribuyente europeo. 
Expondremos claramente a las Naciones Unidas que la Comisión está dispuesta a reducir o incluso suspender su apoyo a los distintos socios de la ONU que no actúen conforme a unas normas aceptables. 
Pero relacionarnos de una manera más abierta y cooperativa dentro del sistema de la ONU es también un elemento para dotar de mayor eficacia nuestra propia cooperación al desarrollo y nuestras actividades humanitarias. 
Existe un límite al tipo de relaciones que podemos establecer. 
Su nombre es Naciones Unidas y no Comisión Unida. 
Seguiremos siendo diferentes, pero lo que proponemos hacer mejorará y normalizará el modo en que trabajamos juntos con estos socios, incluso a nivel de países, y eso es lo que nos proponemos. 
Señor Presidente, acojo favorablemente la declaración. 
Lamento que el debate sobre un diputado haya durado tanto que, una vez más, el debate sobre los países más pobres del mundo y cómo podemos ayudarles con más eficacia ha sido relegado y reducido. 
He participado personalmente en el apoyo de Europa al ACNUR para las ayudas de la ONU. 
Es el mejor apoyo de calidad. 
Apoyo todo lo que ha dicho el Sr. Nielson sobre el Reglamento Financiero, y habida cuenta de que se encuentran presentes miembros de otras comisiones además de la Comisión de Desarrollo y de que éstos forman parte del procedimiento de aprobación de dicha legislación, quizá podría profundizar algo más en este tema. 
Las preguntas que deseo dirigirle, señor Comisario, son las siguientes: primero, ¿qué cambios reales sobre el terreno traerá consigo en los países la comunicación, de manera que en situaciones de emergencia exista una mejor coordinación? 
En segundo lugar, ¿cómo logrará la comunicación que juntos alcancemos mejor los objetivos de la ONU en materia de desarrollo, por ejemplo, reduciendo a la mitad la pobreza antes de 2015? 
Por último, reflexionando sobre su observación acerca de Comisiones Unidas o Naciones Unidas, hasta qué punto llegará el respaldo de los Estados miembros en este ámbito. 
Con demasiada frecuencia en el pasado, los Estados miembros han querido mantener a la Unión Europea y a sus instituciones alejadas de la ONU, en vez de garantizar una colaboración eficaz. 
¿Puede contar, señor Comisario, con el apoyo de los Estados miembros para hacer realidad esta comunicación? 
Señor Presidente, estoy encantado tras oír lo que ha dicho el Sr. Comisario sobre la estrecha colaboración con las Naciones Unidas. 
Algunos programas de las Naciones Unidas que operan sobre el terreno son muy eficaces y, a veces, más eficaces que lo que la Unión Europea ha hecho hasta ahora. 
Quiero realizar dos preguntas: primera, ¿qué nivel de complementariedad está contemplando la Comisión en sus intentos de establecer una disposición para trabajar con las Naciones Unidas, o nos limitaremos a proporcionar los fondos necesarios a las Naciones Unidas para que esta organización se encargue del suministro sobre el terreno? 
Es una cuestión que ha despertado una atención considerable en Indonesia y en la zona de Jaffna de Sri Lanka, donde el ACNUR viene realizando una excelente labor en su intento de rehabilitar y ayudar a la población. 
La segunda pregunta va dirigida más ampliamente al Parlamento: ¿vamos a crear un comité de enlace permanente formado por diputados al PE que participe en el desarrollo y la cooperación e informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas todos los años sobre nuestra cooperación conjunta? 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar quisiera decir que esta materia me interesa especialmente. 
Soy presidenta del Comité Nacional de UNICEF de Finlandia. 
En segundo lugar, compruebo con satisfacción que la cooperación temática es particularmente importante. 
Desgraciadamente, en UNICEF se piensa que sus tareas han sido posibles gracias a la inexistencia de una organización europea especial. 
La cooperación temática debe comprender, tal como lo señaló Richard Howitt, la educación y la lucha contra la pobreza. 
Espero que podamos conseguir un considerable aumento de las subvenciones de la Unión para dar una educación de buena calidad a las mujeres y a las niñas. 
Es sabido que éste ha sido un tema de Naciones Unidas y que lo será en la sesión especial de ese organismo sobre la infancia en septiembre de 2001. 
Hemos recibido una comunicación de la Comisión sobre las ayudas de la Unión a la conferencia sobre naciones más pobres, pero me pregunto: ¿Habrá también una comunicación de la Comisión sobre cómo se realizan los preparativos para la sesión especial de septiembre de 2001? 
En esta materia se necesitará la colaboración de la UE. 
. (EN) Primero al Sr. Howitt, es realista esperar mejores resultados sobre el terreno si buscamos el modo de financiar, por ejemplo, las acciones del ACNUR de una manera que esté más basada en los programas. 
Si contemplamos Kosovo, las Naciones Unidas recibieron el mandato de coordinar toda la ayuda humanitaria, pero la Comisión no estaba autorizada, y seguiría sin estarlo, a proporcionar financiación básica, por lo que las Naciones Unidas se encontraron con grandes dificultades a la hora de definir proyectos específicos que la Unión Europea pudiera financiar legalmente. 
Pero si conseguimos una definición más amplia en función de los objetivos que podemos financiar, permitiremos a las Naciones Unidas realizar mejor su trabajo fundamental de coordinación sobre el terreno. 
También lo necesitamos para proporcionar seguridad a todas las ONG que trabajan en estos entornos humanitarios, por lo que podemos esperar de estas modificaciones previsión y una mejor planificación. 
Respecto de los objetivos más amplios, ciertamente nuestra influencia sobre la formulación de las políticas en los organismos de la ONU se verá aumentada cuando mantengamos conversaciones continuadas más normales en vez de la operación relámpago de financiar un proyecto aquí y otro proyecto allí. 
Señor Deva, no nos limitaremos a proporcionar fondos. 
No contemplamos la posibilidad de la financiación básica. 
Eso es algo que deben hacer los propietarios de la Organización de las Naciones Unidas, sus Estados miembros, pero la situación en que nos encontramos ahora es inadecuada, está demasiado apartada de los proyectos individuales sin capacidad de previsión para el Programa Mundial de Alimentación y para UNICEF, como se ha mencionado. 
Las Naciones Unidas necesitan una asociación de calidad con un donante principal como la Comisión y si realizamos lo que aquí estamos presentando, podremos asumir dicho papel. 
Por último, respecto de la reunión especial en septiembre, la Comisión prevé asistir con una fuerte presencia y realizar una fuerte contribución. 
Señor Presidente, señor Comisario, cuando el año pasado escuchamos en la Comisión de Cooperación al Desarrollo al responsable del PNUD, interpreté su exposición como sigue: somos muy expertos, dennos el dinero y haremos el trabajo. 
Me alegra que haya mostrado otro tono y que abogue por el respeto de nuestras propias prioridades. 
No obstante, mi gran pregunta sigue siendo cuándo van a colaborar los grandes. 
Por supuesto, eso suena muy prestigioso y debe esperarse mucho al respecto, pero en la práctica, muy poca ayuda de los órganos de la ONU llega a los pequeños, en los que esta ayuda debería poder cambiar las cosas. 
De ahí que pida que no se examine solamente en general la colaboración con los grandes, sino que se vea también cómo ese trabajo puede llegar a la base. 
Nos habría gustado intervenir y debatir con ella este asunto antes de que adoptara la decisión. 
No pudimos hacerlo, pero, en cualquier caso, quisiera decir que nada tenemos que oponer, en principio, a la idea de una mayor cooperación que permita una actuación más eficaz y adecuada de la Unión Europea. 
Pero hay una cuestión concreta que quisiera plantear y que es simultáneamente una pregunta y un temor: ¿quedarán en alguna medida en condición subalterna la identidad y el relieve público de la Unión Europea, sobre todo en cuanto a la formulación de orientaciones y, en particular, en relación con los organismos que fundamentalmente adoptan las decisiones en esa esfera, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? 
¿En qué medida mantenemos nuestra autonomía en relación con esas instituciones que, como sabemos, están bastante desacreditadas? 
El departamento del Comisario Nielson ha elaborado una excelente comunicación y un programa de acción sobre las enfermedades infecciosas transmisibles sida/VIH, tuberculosis y malaria. 
La UE no puede financiar por sí sola dicho programa y por ello quisiera preguntar si el Sr. Comisario piensa tomar la iniciativa e iniciar y establecer un fondo mundial en cooperación con las Naciones Unidas y otras agencias para poder llevar a cabo el programa. 
Soy el ponente de dicho informe y espero que este Parlamento lo tramite por la vía rápida de manera que pueda ser debatido antes de la Conferencia internacional de la ONU sobre este tema en la tercera semana de junio. 
He visto cómo esta tarde perdíamos mucho tiempo. 
Éste es un tema importante y los responsables de esta Asamblea deberían incluir dicho informe en el orden del día por la vía rápida para que los diputados a este Parlamento puedan debatirlo y poder presentar la opinión del Parlamento Europeo en dicha conferencia para que sea tenida en consideración. 
Primero a la Sra. Maes, el modo en que queremos avanzar es participando plenamente en nuestra calidad de donante en la financiación de la realización de programas sectoriales que están mejor organizados que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora a nivel de países. 
Asimismo repercute sobre la demanda que deben atender las organizaciones de la ONU, cuando todos los donantes sean más disciplinados. 
Por otra parte, estamos elevando las expectativas de que los miembros de la familia de las Naciones Unidas realicen más consultas a los demás donantes cuando desempeñen su papel: el sistema ha funcionado bastante bien con el Banco Mundial durante estos últimos años y ésta es la misma disciplina. 
En lo que se refiere al aspecto humanitario, es bastante diferente. 
En este sentido, la principal razón por la que deberíamos apoyar las instancias de la ONU es que con mucha frecuencia éstas reciben el mandato especial de hacer cosas allí donde tienen acceso y donde otros pueden encontrar grandes dificultades. 
Estamos intentando establecer un equilibrio haciendo uso de dichas instancias y de las ONG. 
Sólo se trata de coordinación, pero por ejemplo el ACNUR tiene un mandato especial y debemos cuidarnos de que no quede marginado. 
Señor Miranda, francamente, la Comisión no está proponiendo nada hoy, lo que sorprenderá a aquellos que han tratado conmigo sobre estos temas durante estos últimos años. 
Esta comunicación está en consonancia con lo que he anunciado como el siguiente paso lógico y necesario. 
Trataremos sobre el tema y es importante que intentemos alcanzar el mismo tipo de consenso bien informado sobre este paso como supimos hacer sobre el documento de orientación general. 
Forma parte de la aplicación de dichas ideas y no sólo conseguiremos hacer las cosas con mayor eficacia, sino que además tendremos más influencia. 
Esta capacidad está muy bien, pero no basta y si es una maniobra visible para obtener representación proporcional, prefiero el tipo de visibilidad que deriva del respeto profesional y obtener influencia real en el panorama mundial. 
Eso es lo que perseguimos. 
Señor Khanbhai, este debate sobre el fondo mundial es, en cierto modo, fácil de entender y de una manera muy solidaria podemos incrementar los esfuerzos contra las enfermedades transmisibles hasta el punto de que la creación de este fondo movilice realmente fondos nuevos y adicionales procedentes de nuevas fuentes privadas. 
Lo acogemos favorablemente y es posible que también tomemos parte, pero el auténtico problema es la ejecución sobre el terreno. 
Es aquí donde las organizaciones de la ONU deben responder a nuestras preguntas más directamente y donde debemos mejorar la realización de nuestra labor. 
Éste es el cuello de botella de la lucha contra dichas enfermedades, y no el hecho de si añadimos o no 100 millones de euros con cargo a unos fondos que ya han sido destinados para este fin. 
La realidad sobre el terreno es el cuello de botella y no deberíamos olvidarlo nunca en el presente debate. 
Existen muchas modas pasajeras respecto a estos temas, pero seré muy terco, con el apoyo de esta Asamblea, y me mantendré firme en lo que he definido. 
Permítanme expresar mi agradecimiento a la Comisión por la excelente iniciativa sobre nuestras relaciones con las Naciones Unidas. 
Tres breves preguntas muy sencillas: ¿en qué se diferencian, en el análisis del Sr. Comisario, las prioridades de las Naciones Unidas de aquéllas de la Unión Europea en términos de cómo debería, en nuestra opinión, suministrarse dicha ayuda humanitaria? 
¿Cómo se superarán las tensiones que he podido observar personalmente- tensiones que siempre existen sobre el terreno entre la ONU y la Unión Europea, y cómo facilitará el nuevo enfoque que usted se propone adoptar una mejor asociación y una disminución de dichas tensiones sobre el terreno? 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por la declaración que acaba de hacer. 
De algo no hay duda: a menos que mejoremos la cooperación entre los donantes, nunca nos libraremos de la duplicación ni de los vacíos que vemos en la ayuda. 
¿Cree, señor Comisario, que ya estamos consiguiendo mejorar la coordinación con las Naciones Unidas gracias a lo que usted está haciendo? 
He observado en el 9º FED que el 90% de los fondos irán destinados a los países menos desarrollados. 
¿Cree usted que dichos países tienen la capacidad de gestionar sumas tan importantes de dinero? 
Y de no ser así, ¿están ayudando las organizaciones de las Naciones Unidas a crear dicha capacidad? 
La política de la UE consiste en avanzar hacia la cooperación e integración regional. 
¿Es ésa también la política que siguen y apoyarán las organizaciones de las Naciones Unidas? 
Señor Presidente, señor Comisario, me ha parecido interesante su comunicación y querría hacerle dos preguntas. 
Esta iniciativa de asociación de la Comisión con organismos de Naciones Unidas es importante, desde mi punto de vista, siempre y cuando no vaya en perjuicio de las políticas europeas de desarrollo y ayuda humanitaria cuyo diseño y ejecución están sometidos al control democrático de este Parlamento. 
Por ello, le insistiría en que no se limite a dar o suministrar fondos o delegar responsabilidades en un socio más grande, sino que controle también esta responsabilidad. 
Mi segunda pregunta haría referencia a la identidad de la ayuda comunitaria, que es uno de nuestros pilares fundamentales y que está centrada en el sector no gubernamental. 
Quiero que dicha ayuda se siga manteniendo y, en este sentido, me preocupa la relación que en muchas ocasiones tienen las ONG con los organismos de Naciones Unidas. 
¿De qué forma se va a seguir organizando o coordinando? 
. (EN) Primero, señora Kinnock, como he dicho antes, en el ámbito de la ayuda humanitaria, los problemas de organización y los retos de cómo hacer las cosas no son tan complejos como cuando estudiamos la fase de transición y la fase general. 
Las tensiones sobre el terreno- y con esto quisiera responder también a la pregunta de la Sra. Sauquillo sobre las relaciones entre las ONG y los organismos de las Naciones Unidas- han supuesto con mucha frecuencia un gran problema. 
La situación ahora es mejor de lo que era. 
Existe un mayor reconocimiento, incluso entre las ONG humanitarias, de la necesidad de trabajar de una manera más profesional y de la necesidad y la obligación de aceptar la coordinación como parte de nuestros contratos con todos aquellos que aportan fondos. 
Por lo tanto, según los casos, la situación parece haber mejorado algo. 
Ya he mencionado la protección y la seguridad. 
En Chechenia se ha negociado con el Gobierno ruso desde el inicio del conflicto la posibilidad de utilizar aparatos de radio, pero hasta ahora no era posible disponer de este pequeño elemento de seguridad adicional, y de no haber sido por la presencia de las Naciones Unidas en la zona como la parte que realmente puede desempeñar este aspecto del trabajo global, nadie habría conseguido jamás autorización para utilizar la radio. 
Es algo bueno y evidente que cada vez se discute más a nivel internacional. 
Es uno de los aspectos a los que me he referido en relación con el mandato especial de algunas de estas organizaciones mundiales de la ONU, por lo que debemos dividir el trabajo entre las ONG especializadas y el paraguas, en algunos casos, que representan las organizaciones de las Naciones Unidas. 
En nuestra calidad de donante de primer orden de ayuda humanitaria, debemos poder hacer uso de todos los instrumentos disponibles y con el establecimiento de unas relaciones más estructuradas, como las que ahora prevemos, tendremos además una voz más fuerte en las negociaciones sobre estos asuntos con las organizaciones de las Naciones Unidas que la que tiene un donante ocasional. 
Señor Corrie, la cifra del 90% que asignamos al Noveno Fondo Europeo de Desarrollo abarca a los países menos desarrollados y al grupo de países con bajos ingresos. 
Juntos alcanzan el 90%. 
Respecto a la creación de capacidad, necesitamos a todo aquel que pueda contribuir a ello, el PNUD, el Banco Mundial y nosotros: es una tarea tan colosal que ni siquiera deberíamos pensar en hacerlo todo nosotros. 
Permítanme recordar al Parlamento que en el documento de orientación sobre el desarrollo en general, hemos especificado ámbitos de especial atención, lo que significa también que francamente dependeremos de que otros hagan más en aquellos ámbitos en los que nosotros haremos menos, y tenemos Estados miembros que quieren y pueden hacerlo. 
Pero también tenemos el sistema global y lo que ahora estamos haciendo, lo hacemos para no excluir ese tipo de asociación. 
Cooperación regional: estamos haciendo uso de manera evidente de la Comisión Económica para África y de los otros agentes relevantes de las Naciones Unidas y éstos están muy interesados en la línea audaz y ambiciosa que sigue la Comisión en su intento de organizar las geoeconomías, especialmente de África. 
Contamos para ello con una buena asociación y un buen apoyo. 
Por último, la parte de la pregunta de la Sra. Sauquillo que trata más o menos sobre la visibilidad y la claridad de nuestra política. 
Podríamos enfocarlo también desde otra perspectiva: ahora hemos llegado al punto en que tenemos cierta seguridad y claridad y un firme apoyo a la línea que hemos definido. 
Creemos que ahora tenemos la fuerza y la madurez necesarias para tratar a un nivel más global con el sistema de las Naciones Unidas. 
Antes no estábamos tan organizados en este ámbito, por lo tanto estamos incrementando la ambición de poder influenciar sobre lo que sucede a nivel mundial, y ésta es la idea subyacente. 
Señor Presidente, la Sra. Sauquillo ha formulado, con razón, una pregunta sobre el control en cuanto a cómo se emplea el dinero de la Unión. 
El primer control tiene lugar mediante la sesión general que se celebra de septiembre a diciembre. 
Mi pregunta a la Comisión es cómo está funcionando eso en este momento ¿Tiene la Comisión una función de coordinación en esa sesión? 
¿Se ha designado especialmente a alguien para ello, y se realiza de forma satisfactoria ese control en la sesión general juntamente con los 15 Estados miembros? 
Me intereso en ello en particular porque trabajé durante los años 70 como representante de los Países Bajos en esa sesión general. 
Mi segunda pregunta guarda relación con el trabajo en materia de refugiados de las Naciones Unidas. 
Sé que los medios destinados a esta cuestión han disminuido de forma importante. 
El actual Alto Comisario para los Refugiados ya ha presentado sus respetos al Comisario para ver si eso se puede mejorar ¿Significa también esta nueva relación que usted ha iniciado con las Naciones Unidas una mejora financiera para el trabajo de la organización de los refugiados de las Naciones Unidas? 
Ésas serían buenas noticias para el nuevo Alto Comisario. 
Señor Presidente, al tiempo que expreso mi satisfacción, señor Comisario, por su compromiso de trabajar con las agencias de las Naciones Unidas, permítame preguntarle si está de acuerdo con Kofi Annan en que la salud económica no es posible sin la salud física y mental, y si piensa colaborar con las agencias, en particular OMS y UNICEF, para lograrlo. 
Hoy hemos tenido ocasión de oír muchas cosas, y acertadamente oiremos muchas más, sobre uno de los mayores retos, el sida: hace dos días, Kofi Annan hacía un llamamiento al mundo para que se involucre más en este reto. 
Pero existen otras enfermedades: tuberculosis, malaria, oncocercosis, así como el ámbito de la salud mental y neurológica que este año ha sido declarado por la OMS como su principal objetivo. 
¿Presentará, señor Comisario, a este Parlamento planes sobre una mayor intervención en dicho ámbito? 
La salud mental es la causa de discapacidad que crece más rápidamente. 
Por ejemplo, el número de personas que padecen de epilepsia es mayor que el de enfermos del sida- 40 millones de personas viven con esta enfermedad, pero sólo 8 millones de ellas reciben tratamiento. 
Es una vergüenza para el mundo. 
Podemos hacer más. 
¿Puede prometer a este Parlamento que esta Unión y esta Comisión también incrementarán sus esfuerzos? 
. (EN) Primero, señora Maij-Weggen, la coordinación de los Estados miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas no es competencia de la Comisión, eso es cosa de los Estados miembros. 
En general, lo que los Estados miembros de la UE hacen en los procedimientos de negociación política en la Asamblea General está muy bien coordinado. 
No obstante, cuando pasamos a los comités ejecutivos de las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas, el nivel de coordinación es menor, y es aquí donde nosotros, como Comisión, tenemos una auténtica presencia en términos de convertirnos en un socio más práctico, muy parecido a lo que son los propios Estados miembros, pero donde no tenemos voz excepto en casos muy excepcionales, como en la FAO. 
No pedimos un nuevo fundamento jurídico. 
Pedimos una asociación más estrecha. 
Aunque no lo necesitamos, sería bueno que con el paso del tiempo creciera hasta convertirse en un papel en el que nuestra participación política sea más visual. 
Ganaremos influencia política con los cambios que proponemos, pero es cuestión de procedimiento y de logros. 
En cuanto a los fondos que he mencionado, la cuestión del control: habida cuenta del actual marco jurídico sobre la utilización de los fondos, éste es uno de los pocos temas pendientes en fase de negociación con las organizaciones de las Naciones Unidas para que podamos renovar y mejorar el acuerdo marco sobre cuál será nuestra actuación en la práctica. 
Es la última ronda de la guerra de los contables, aunque lo cierto es que aún continúa. 
Necesitamos un grado de reacción algo mayor por parte de las organizaciones de las Naciones Unidas que permita a nuestros auditores e interventores hacer un seguimiento de nuestros fondos, que haga posible una apertura comparable a la que hemos obtenido con el Banco Mundial. 
Lo importante es que para trabajar bien en una asociación normal no debemos insistir en que todo se haga según nuestras reglas. 
Si es válido que un Estado miembro llegue a este tipo de entendimiento con una organización de las Naciones Unidas y que éste acepte sus informes, también debería serlo que la Unión Europea haga básicamente lo mismo. 
Pero sólo podremos hacerlo cuando hayamos modificado el Reglamento Financiero. 
Hasta entonces, nos encontramos en el terreno que hemos descrito en la presente comunicación, y existe un amplio espacio para la mejora de nuestra actuación. 
Espero que de esta manera podamos incrementar la confianza y con ello estimular la eficacia. 
Señor Bowis, estoy de acuerdo en que el problema de la salud mental es de gran magnitud. 
Añadiría otras enfermedades que, en un entorno muy pobre, a menudo son ignoradas por completo. 
Desde el punto de vista humano, este capítulo necesita más atención. 
En la fase humanitaria estamos prestando ahora mucha más atención a los aspectos fisiológicos de las víctimas, no sólo de niños y mujeres, sino en general: es evidente que la desmovilización de soldados es imposible sin solucionar antes los aspectos psicológicos. 
Me alegra mucho que haya mencionado la tuberculosis y la malaria como enfermedades a las que debemos prestar la misma atención que al sida. 
Éste es otro aspecto que hemos intentado incluir en nuestra comunicación y el programa de acción sobre enfermedades transmisibles. 
Es tan importante como mantenerse en la línea de conceder prioridad absoluta a la prevención. 
Estamos intentando mantener el cuadro general de todas estas enfermedades entre las prioridades de nuestra agenda. 
Muchas gracias, señor Comisario Nielson. 
El debate queda cerrado. 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Sichrovsky 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0124/2001) del Sr. Zimeray, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Sichrovsky. 
Señor Presidente, el caso del Sr. Sichrovsky es probablemente el más delicado de los que hemos tenido que tratar en este mandato, por razones que no solamente tienen que ver con el procedimiento sino también y sobre todo que tienen que ver con el fondo del asunto. 
Quisiera recordar los principios que nos han guiado en la redacción de este informe y que son- se ha visto en el debate que hemos mantenido hace unos instantes- esenciales en este Parlamento. 
El primer principio que debemos considerar es el de hacer, en la medida que sea posible, abstracción de cualquier opinión política cuando tengamos que tratar un informe de suplicatorio de suspensión de la inmunidad, y también abstenernos en la medida que sea posible, y esto no siempre es fácil, de juzgar o de prejuzgar al diputado en cuestión. 
El segundo principio es que es necesario actuar en derecho, respetando no sólo el derecho del Estado miembro sino también el derecho parlamentario, tanto en lo que respecta a las normas de fondo como a las de forma, lo que nos impone un deber absoluto de coherencia con nuestras antiguas decisiones. 
Es preciso también, y se trata de un principio intangible, atenernos a la calificación por la cual el diputado se ve perseguido. 
Es éste un punto particularmente importante en el caso del señor Sichrovsky, y volveré sobre él en unos instantes. 
Finalmente, cuando hay una duda, ésta debe beneficiar a la persona acusada, al diputado para el que se pide el suplicatorio de suspensión de la inmunidad. 
Por consiguiente, en el caso del Sr. Sichrovsky, al igual que en todos, creo que es importante recordar el principio de la inmunidad y su razón de ser. 
La inmunidad no es un privilegio que se concede a tal o cual diputado. 
Es una protección. 
No una protección del individuo sino una protección de la institución a través del individuo en cuestión. 
Debo decir que el caso del Sr. Sichrovsky, al igual que los que vamos a ver en un instante, se inscribe en un contexto marcado por una gran fluidez de la información, lo que explica que tengamos cada vez más casos de difamación y de delitos relacionados con la prensa, pero también por una democracia de opinión en la que hemos entrado, por la penalización de la vida y en particular de la vida pública, y aprovecho esta ocasión para recordar que existen también leyes civiles para obtener reparación de daños cuando uno se considere atacado, y en especial cuando se trate de daños causados por vía de prensa o de difamación, y creo que debemos aprovechar esta ocasión para recordar que inmunidad no es igual a impunidad, se trata de una prórroga en un procedimiento penal, que no impide en ningún caso la prosecución de procedimientos civiles durante el mandato del diputado. 
En el caso del Sr. Sichrovsky, debo recordar que éste ha sido perseguido por haber dicho al presidente de la comunidad judía de Viena que era un personaje idiota, agresivo, colérico, increíblemente avaro, rencoroso, un judío profesional que utilizaría a sus padres muertos para aparecer en televisión. 
Por supuesto, leyendo esto se piensa en un delito de incitación al odio racial, de incitación al antisemitismo. 
Personalmente, me niego a considerar esta hipótesis por la razón simple de que no se le persigue por este delito, y en estas condiciones creo que no debemos sustituir una acusación por otra por la cuál fue perseguido. 
El análisis detallado del expediente, la instrucción detallada del expediente que hemos podido hacer en la Comisión de Asuntos Jurídicos en el transcurso de varias reuniones- ya que se trata de un expediente que hemos tenido en tres o en cuatro ocasiones ante la Comisión de Asuntos Jurídicos- ha señalado que estas palabras, por vivas que hayan sido, por excesivas, por odiosas que pudieran parecer, estas palabras se han producido en un contexto político y en una réplica a unas críticas de las cuáles el señor Sichrovsky era también objeto y unas críticas a su pertenencia política por razón de su religión. 
Su posicionamiento político por razón de su religión. 
Por ello, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha considerado, tal como habíamos hecho en otros casos análogos, especialmente en el caso de diputados portugueses, que había un vínculo, por muy leve que fuera, entre su expresión y su posicionamiento político y su opinión política. 
Por tanto este vínculo, claro está, no concierne a la totalidad de sus palabras sino que hemos de considerar que sus palabras forman un todo, y que por consiguiente debe concederse al señor Sichrovsky el beneficio de la inmunidad. 
Señor Presidente, los resultados alcanzados en la Comisión de Asuntos Jurídicos son los que ha expuesto el Sr. Zimeray y se aceptan y son aceptables, puesto que la inmunidad que gozamos debe ser tal que se puedan emplear expresiones, obviamente lo más contenidas posible, en clave política en cada intervención que debe realizar quien hace política en las distintas circunstancias, ya sea que se publiquen directamente o bien a través de los medios de comunicación en general. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta ocasión para recordar algunos aspectos de la inmunidad que, aunque ya han sido mencionados por el Sr. Zimeray, quisiera profundizar del todo o, en cualquier caso, en parte. 
Como acostumbramos a decir en nuestros informes de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, la inmunidad que gozamos es una inmunidad europea y, por lo tanto, prescinde de las que son las realidades nacionales. 
Y esto porque esta Institución, la única de carácter europeo elegida por sufragio universal, debe ser independiente de cualquier otra institución europea, tal como se reitera en los informes. 
Luego, en realidad, nosotros nos atenemos a los que son los Tratados, el Reglamento y el estatuto de este Parlamento, con el resultado de que no es así. 
Abundaré en este punto en mis próximas intervenciones. 
Así y todo, confirmo lo que se dijo en la Comisión de Asuntos Jurídicos: la recomendación es que al diputado en cuestión no se le suspenda la inmunidad. 
Señor Presidente, al igual que los oradores anteriores yo también creo que deberíamos tomar el caso Sichrovsky, sobre el que hoy debatimos, como motivo para recapacitar sobre el sentido y sin sentido de la inmunidad parlamentaria más allá de un tratamiento meramente rutinario. 
Sus raíces históricas, a saber, el mandato libre de los diputados frente a los ataques de unas autoridades públicas que con frecuencia eran tuteladas por la monarquía, hoy día sólo puede constituir en parte la legitimación para esta institución de la inmunidad. 
No puede existir duda de que por declaraciones realizadas en el ejercicio directo del mandato y por votaciones realizadas en esta Asamblea se tiene que garantizar hoy día totalmente la inmunidad objetiva, también llamada indemnidad. 
Pero allí donde se trata de actuaciones y declaraciones en las que el contexto político es muy leve y, sobre todo, donde no se trata de la protección frente a la persecución del Estado sino de los derechos de conciudadanos frente a los diputados, una inmunidad global choca actualmente sin duda con los límites de su legitimación. Existe el peligro de que la inmunidad se convierta en un privilegio. 
Si en el Parlamento Europeo, al contrario que en muchos Parlamentos nacionales, seguimos concediendo una protección muy amplia, entonces cada diputado debería mostrar un comportamiento que nos permita preservar esta práctica. 
La generosidad resultante también en este caso de las consideraciones básicas de nuestro Parlamento- y así debe ser- beneficia de este modo también a diputados que pertenecen a partidos que no se toman muy en serio la protección de la libertad de opinión y de información. 
Como información para las y los colegas me permito solamente decir que en el artículo 6 de nuestro reglamento se dice sobre este punto: "Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 122, un diputado cuya inmunidad sea objeto de un suplicatorio de suspensión no podrá tomar la palabra en el debate". 
Lo digo para que todos estemos en el mismo nivel de información. 
Muchas gracias por su comprensión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Voggenhuber 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0124/2001) del Sr. Zimeray, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Voggenhuber. 
Señor Presidente, dos austríacos, dos delitos de prensa. 
En esta ocasión, el Sr. Voggenhuber se ve perseguido por haber dicho al hablar del Sr. Haider: " es un fascista y el FPÖ es un partido neofascista, el FPÖ y Jörg Haider representan todos los ingredientes esenciales del fascismo, el estilo autoritario, el mito del hombre fuerte, la campaña contra las minorías, el racismo, la designación de los extranjeros como parásitos, los beneficiarios de la ayuda social como gorrones, la designación de su propia nación como un nacimiento frustrado, la designación de su propia república como una república de gángsters. 
Todo esto produce una mentalidad que entre nosotros ha sido trivializada durante muchos años. 
El partido comete un error histórico aupando al poder en Austria al neofascismo ". 
Éstas son las palabras que han motivado que el Sr. Voggenhuber se vea perseguido ante las jurisdicciones represivas austríacas. 
Por las razones que se han mencionado precisamente hace unos instantes, con respecto al caso del Sr. Sichrovsky, debo decir que la Comisión de Asuntos Jurídicos no ha dudado en concluir con el mantenimiento de la inmunidad parlamentaria. 
Efectivamente, la inmunidad parlamentaria se concede en cada ocasión que subsiste un vínculo, por mínimo que sea, entre las manifestaciones del diputado y la manifestación de una opinión política, y en el caso del Sr. Voggenhuber es indudable que estamos en presencia de la manifestación de una opinión política, aunque esta expresión política se produce en unos términos poco matizados sin duda, que pueden hacer reaccionar y que, evidentemente, provocan la reacción de aquéllos a quienes van dirigidos. 
Creo que debemos, y en ello va a la independencia de nuestra institución, proteger la capacidad de cada uno de nosotros para expresarse libremente y, sobre todo cuando se trata, y éste es el caso de manera inequívoca, de opiniones netamente políticas. 
Pero aprovecho esta ocasión para decir que, en este caso, como y quizás sobre todo, en el caso precedente del Sr. Sichrovsky, que la inmunidad parlamentaria que sirve para proteger la institución, cada uno de los diputados debe considerarse investido de la misión de proteger a la institución. 
Es también moderando su expresión, y esto es válido para todos, porque se puede decir todo cuando se dice de forma mesurada y con educación, es moderando también las propias manifestaciones como se contribuye a la protección de la institución a la que se representa, a la dignidad de su representación y de su manifestación en el exterior. 
Esto es válido en especial para el Sr. Sichrovsky. 
Pero, en el caso del Sr. Voggenhuber, señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha decidido, sin dudarlo, proponerle que se mantenga la inmunidad parlamentaria por las razones que acabo de exponer. 
Señor Presidente, volviendo a lo que he manifestado hace unos momentos, como hemos comprobado en este Pleno, en realidad, estamos hablando con frecuencia de inmunidad o de posibles suplicatorios de suspensión de la inmunidad con arreglo a procedimientos, métodos de aplicación y características diferentes según sea el origen o la pertenencia tanto política como nacional- más nacional que político en verdad- de cada uno de nosotros. 
Hoy alguien ha planteado esta cuestión que, en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, me pareció que no se había examinado nunca hasta la fecha. 
Pues bien, creo que en este tema- y lo estamos haciendo- el Parlamento y la Presidencia deben emplearse a fondo y agilizar el resultado, puesto que las dificultades que derivan de las distintas legislaciones de las naciones a las que cada uno de nosotros pertenece, de hecho, no consideran a todos los por igual. 
En el caso en cuestión- como muy bien decía el Sr. Zimeray- la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado un voto unánime en relación con esta materia. 
Lo cierto es que a veces en política se exagera, que a veces en política se entra en la esfera de lo personal, y hoy en este Pleno se ha demostrado precisamente esto. 
Sin embargo, seguimos manteniendo democráticamente la opinión de que las expresiones que cada diputado, cada representante político utiliza, por fuertes que puedan ser- pero esto no ha de representar una defensa de cada uno- se deben considerar, en todo caso, un acto político y, por lo tanto, en beneficio del Parlamento, no ha de suspenderse la inmunidad. 
En consecuencia, en nombre del Grupo del Partido Popular- Demócratas Europeos, suscribo la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a pesar de que si no se entrara en la esfera de lo personal, de los hechos individuales, personales de cada uno de nosotros- como hoy, lamentable y frecuentemente ocurre y tal como la prensa internacional se hace eco- sería mucho mejor y, sin duda, denotaría una actitud más democrática y más política. 
Señor Presidente, desde hace mucho tiempo en la escena política interna austríaca uno puede estar seguro de que el FPÖ y Jörg Haider abrumen con demandas judiciales a todos sus críticos- ya se trate de medios enteros de difusión, de periodistas particulares, de otros políticos o de personas privadas. 
Por cierto, en estas demandas el actual Ministro de Justicia ha intervenido como abogado. 
Algunas de las sentencias judiciales pronunciadas son realmente interesantes ya que los jueces austríacos pueden demostrar la suficiente independencia, al menos ahora. 
Por ejemplo, hace muy poco tiempo, en el caso que despertó el interés internacional de Jörg Haider contra el catedrático de universidad Anton Pleinka, se constató en el recurso de apelación que la afirmación de que el FPÖ minimiza los crímenes del nacional socialismo es lícita. 
Habríamos esperado una aclaración de fondo similar de la demanda de Jörg Haider contra nuestro colega Johannes Voggenhuber, a saber, la aclaración del carácter del FPÖ, de si se trata de un partido fascista, neofascista, postfascista o no. 
Para poder demostrar la verdad de la declaración, Johannes Voggenhuber, al contrario que su colega Sichrovsky, solicitó él mismo la suspensión de su inmunidad. 
Por consideraciones básicas- que yo comparto -, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior no siguió sin embargo esta solicitud. 
Sin embargo, espero que sea posible aclarar jurídicamente el carácter del FPÖ por otras vías. 
Quiero aprovechar el tiempo de intervención que aún me queda para indicar lo mucho que me sorprende que el informe que se aprobó en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior sobre el caso Sichrovsky haya sido modificado en su camino hasta llegar aquí al Pleno, de modo que en algunas partes ya no es tan claro a como se votó en la mencionada comisión. 
Señor Presidente, el Sr. Voggenhuber ha sacado a relucir un grave asunto al decir que el Sr. Jörg Heider es un fascista y que su partido es neofascista. 
El propio Sr. Voggenhuber desearía que se le suspendiera la inmunidad parlamentaria, dejando bien demostrado, a ojos de nuestro Grupo, que se trata de una cuestión de protección de la libertad de expresión que él está dispuesto a defender. 
Así pues, su intención es luchar con las armas de la palabra contra un partido fascista de estas características y contra su dirigente, sin que la inmunidad parlamentaria represente ningún obstáculo para ello. 
Por consiguiente, tengo que anunciarle, señor Presidente, que, discrepando de lo propuesto por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, mi Grupo se hará eco del deseo del propio Sr. Voggenhubber, porque lo considera bien fundado, y vamos a recomendar que se suspenda la inmunidad parlamentaria del Sr. Voggenhuber. 
Esto no quiere decir en modo alguno que estemos poniendo en tela de juicio los principios de la Comisión de Asuntos Jurídicos, principios que ésta debe mantener, pero consideramos que en este caso concreto existen razones para pensar que la mejor forma que el Parlamento tiene de defender su propia independencia es aceptar la demanda presentada por el Sr. Heider contra el Sr. Voggenhuber. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de la Sra. Elisabeth Jeggle 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0216/2001) del Sr. MacCormick, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria de la Sra. Elisabeth Jeggle (2001/2031 (IMM) ). 
Señor Presidente, los dos casos sobre los que hemos tratado anteriormente eran relativos a la libertad de expresión y a las condiciones necesarias para mantener un debate político sólido. 
Este caso no plantea la misma cuestión. 
Es un caso relativo a una infracción de circulación, como se recoge en el segundo hasta el último apartado en la página 10 de mi informe, "la acusación formulada contra la Sra. Jeggle se refiere a un acto de conducción peligrosa, dado que, cuando conducía su vehículo el 4 de mayo de 1999, adelantó a otro vehículo, infringiendo gravemente el Código de la circulación y sin prestar atención, pese a que no disponía de suficiente visibilidad para efectuar la maniobra de adelantamiento." 
Lo que se solicita al Parlamento no es en absoluto que emitamos un dictamen sobre la procedencia o improcedencia de las acusaciones ni sobre la conducta de la Sra. Jeggle. 
Lo único que se pide al Parlamento es que decida si la acusación y el juicio por esta cuestión son motivos suficientes para suspender la inmunidad parlamentaria. 
Las autoridades alemanas interrumpieron acertadamente los procedimientos que ya se encontraban en una fase bastante avanzada al saber que la Sra. Jeggle había sido elegida a este Parlamento y presentaron en su momento un suplicatorio al Parlamento para que suspendiera la inmunidad de la Sra. Jeggle. 
Nos encontramos aquí con lo que considero un principio de la máxima importancia: que nosotros, políticos elegidos, no deberíamos gozar de ningún privilegio especial sobre nuestros conciudadanos. 
Los miembros de una asamblea democrática como ésta no deben ser sometidos al acoso ni a la persecución en lo que respecta únicamente al desempeño de sus funciones. 
Estamos firme y plenamente de acuerdo en que el caso de la Sra. Jeggle, como en el de cualquier otra persona, las infracciones de tráfico no están cubiertas por dicho principio y que el Parlamento nunca debería defender la inmunidad de ninguno de sus miembros en un caso semejante. 
La Sra. Jeggle me ha hecho saber a través de otro colega que esta tarde no puede encontrarse en la Asamblea y que quería asegurarme a mí y a la Asamblea de que no se trata de una descortesía intencionada por su parte, sino de un conflicto inevitable de obligaciones. 
Me alegra mucho transmitirles estas palabras, porque lo cierto es que la diputada en ningún momento del debate sobre esta cuestión se ha distanciado del punto de vista que hoy presento a la Asamblea. 
Éste no es un caso en el que el Parlamento deba insistir en la inmunidad de un diputado y no titubeo en absoluto al informar a la Asamblea de la opinión unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a saber, que en este caso debe suspenderse la inmunidad a petición de las autoridades alemanas. 
Señor Presidente, también en lo que respecta a este suplicatorio de suspensión de la inmunidad, la opinión coincide con la ya expresada en la Comisión de Asuntos Jurídicos y, en consecuencia, es favorable a la propuesta del ponente y la comparte. 
Sin embargo, quisiera aprovechar la ocasión para recordar a quien me ha precedido- no al ponente sino a la diputada que ha intervenido antes que yo- que la inmunidad es del Parlamento Europeo, no de cada uno de los diputados, que el Parlamento Europeo expresa su autoprotección a través de sus miembros y que, en consecuencia, es irrelevante la voluntad de los colegas que son objeto del suplicatorio de suspensión de la inmunidad, porque cada uno de nosotros representa a todo el Parlamento y ya no se representa a sí mismo. 
La autosuspensión, por lo tanto, es irrelevante: ésta es la práctica y la regla escrita, y las expresiones políticas o, en todo caso, la actividad política- repito, es la práctica- no se pueden someter a ningún tipo de juicio. 
Por esto, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado una opinión concreta en estos tres casos: lo hizo en el pasado y creo que la expresará también en el futuro, precisamente porque ya es una práctica consolidada. 
No cabe duda de que fuera de este Pleno nadie puede pensar o considerar que sea posible enjuiciar al Parlamento por actividades clara y expresamente políticas. 
Precisamente la no defensa de la inmunidad en este caso y, por lo tanto, la propuesta de la comisión de suspender la inmunidad por un hecho que de político no tiene nada, demuestra la coherencia de los comportamientos. 
Seré más breve, señor Presidente, para decirle que nada, en el caso de la Sra. Jeggle, justifica el mantenimiento de la inmunidad parlamentaria, porque los hechos por los cuáles hoy es objeto de este suplicatorio son anteriores a su elección al Parlamento Europeo y no tiene ningún vínculo con su actividad, ni directo ni indirecto. 
Añadiré sin embargo un pequeño comentario a lo que se ha dicho por parte de los dos oradores anteriores: si la Comisión de Asuntos Jurídicos ha llegado, creo que unánimemente, a esta conclusión, es también porque habida cuenta de la infracción de la que se le acusa, sin duda grave, pero creo que sin víctimas, habida cuenta de esta infracción, la diputada no corre ningún riesgo serio de encarcelamiento o de impedimento, en el ejercicio de su mandato. 
Es igualmente en consideración a esta circunstancia como la comisión, creo que con buen criterio, ha concluido con la suspensión de la inmunidad parlamentaria de la Sra. Jeggle. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Acceso del público a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0318/2001) del Sr. Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (COM (2000) 30- C5-0057/2000- 2000/0032 (COD)) 
, ponente. (EN) En noviembre del pasado año presenté mi informe sobre el acceso del público a los documentos de las instituciones de la UE, un tema que, como dije entonces, considero decisivo para las vidas de las personas a las que representamos y para el futuro de la Unión. 
Me complace afirmar que hoy intervengo ante ustedes para pedir el respaldo del Parlamento a un texto de compromiso, según me solicitó esta Asamblea en noviembre de 2000. 
Hanja Maij-Weggen, mi ex coponente, todos los ponentes de opinión, algunos ponentes alternativos de las otras comisiones y yo nos hemos embarcado en una serie de reuniones con el Consejo y la Comisión, que últimamente han dado en denominarse diálogo a tres bandas, con vistas a alcanzar el presente compromiso. 
Todas las diferentes versiones del texto de compromiso durante el procedimiento de diálogo a tres bandas se debatieron en reuniones públicas. 
De hecho, cabe afirmar que el procedimiento de diálogo a tres bandas ha sido más transparente que el procedimiento de conciliación, en el que sólo se publican los textos definitivos de las negociaciones. 
Las negociaciones no siempre resultaron fáciles y, en contra de lo que algunos creen, la distancia entre nuestras instituciones en enero era enorme, pero no escatimamos esfuerzos por mantener lo que considerábamos elementos fundamentales para garantizar los derechos de los ciudadanos. 
Naturalmente, el texto no llega tan lejos como nos hubiera gustado. 
Soy el primero en reconocerlo, pero para mi coponente Hanja Maij-Weggen y para mí era prioritario completar el dossier dentro del plazo que establece el Tratado, de manera que no se pudiera acusar a las instituciones de no cumplir con el ciudadano de conformidad con el artículo 232 del Tratado. 
Resultaba difícil conciliar las posiciones de las tres instituciones en tan poco tiempo, e incluso el Consejo, bajo la maravillosa Presidencia sueca, tuvo problemas para alcanzar un consenso político, o al menos una mayoría cualificada, dentro del Consejo. 
No obstante, tenemos un documento que mejora y consolida la situación actual y garantiza al ciudadano, dentro del plazo establecido por el Tratado de Amsterdam, un marco amplio y práctico para acceder a los documentos de las instituciones. 
Hemos establecido un texto que puede evolucionar y que estoy seguro de que será mejorado con el paso del tiempo. 
El texto de compromiso revoluciona los derechos y los procedimientos para acceder a los documentos de las instituciones y pone en marcha la consagración de la libertad de información en la UE y en la legislación nacional de los Estados miembros. 
Es el primer marco común de las tres instituciones que reconoce los derechos de los ciudadanos de manera que éstos ya no dependerán de la buena voluntad de cada institución. 
El acceso a los documentos relativos a las actividades de las instituciones permite a los ciudadanos pedir cuentas a los organismos directivos de la UE, estimula una mayor eficiencia y refuerza la democracia. 
El texto no habría sido posible sin los grandes esfuerzos y el compromiso de la Presidencia sueca. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir tributo a la extraordinaria labor con que la Presidencia ha contribuido a este dossier, así como a aquélla de mi coponente, la Sra. Maij-Weggen, y de Graham Watson, presidente de la Comisión LIBE. 
Naturalmente existen casos en que los documentos de las instituciones no deben ser del dominio público. 
De hecho, una de nuestras responsabilidades como diputados a este Parlamento es proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y de las instituciones. 
Los diputados al PE tenemos el deber de garantizar la protección de los intereses fundamentales de la Unión mejorando su seguridad interna, al tiempo que equilibramos los derechos de acceso de los ciudadanos. 
Este nuevo régimen significa que cada documento será estudiado caso por caso sin excepciones globales y que los documentos relativos a la seguridad y la defensa no estarán en absoluto excluidos de este Reglamento. 
Según este texto de compromiso, el Consejo está obligado a revocar o enmendar la Decisión Solana de agosto de 2000 de manera que ésta sea conforme a los principios de dicho Reglamento. 
Existe una hipótesis a favor del acceso del público a todos los documentos de todos los ámbitos de las actividades de la Unión y de que el acceso pueda denegarse únicamente en aquellos ámbitos que guarden relación directa con una de las excepciones enumeradas. 
Deberá demostrarse la necesidad de dicha excepción y que su revelación sería perjudicial. 
Las excepciones son, por consiguiente, discrecionales, no obligatorias. 
Si a un ciudadano se le niega el acceso, se le deberá ofrecer la razón de la negativa y éste podrá presentar recurso ante el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Justicia. 
La práctica totalidad de los documentos serán recogidos en un registro público. 
Los documentos de terceros estarán accesibles por primera vez y las agencias u organismos creados por las instituciones también estarán sujetos al Reglamento. 
Si se exceptúa un documento o partes del mismo, se harán públicas las partes del documento que no estén exentas, y las excepciones sólo serán aplicables durante un plazo máximo de treinta años, salvo en algunos casos. 
Por último, cada institución elaborará un informe anual en el que se recojan los casos en que la institución negó el acceso y el número de documentos sensibles que no figuran en el registro, garantizando así una revisión continua por parte del Parlamento Europeo, y la Comisión también informará antes de enero de 2004 sobre el cumplimiento de los principios del Reglamento, ofreciendo de este modo otra oportunidad de depurar y desarrollar el acceso. 
Por último, éste no es el fin del comienzo. 
Es un pequeño paso por la vía del acceso a los documentos y para garantizar que el Proyecto Europeo rinde debida cuenta a sus ciudadanos. 
Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, hoy es un buen día para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Tras años de oposición y obstruccionismo, tenemos ante nosotros un reglamento que supone el inicio de la transparencia administrativa de las instituciones europeas. El Parlamento Europeo ha insistido en ello durante años. 
Precisamente, yo he sido una de esos diputados que desde 1979 ha introducido la necesidad de transparencia una y otra vez en la agenda, también durante el período en que ocupé un asiento en el Consejo de Ministros. 
Al fin y al cabo, la transparencia de la Administración guarda relación directa con el grado democrático de una institución y protege a un órgano administrativo del secretismo, el amiguismo y las irregularidades financieras. 
Cuando la Comisión presentó esta propuesta el año pasado, quedaba todavía mucho por decir. 
La propuesta francesa del Consejo, que se presentó más tarde, tampoco era aceptable. 
En noviembre, nuestro Parlamento puso su propuesta sobre el tapete con una gran mayoría. 
Desde ese momento se han desarrollado importantes negociaciones entre las tres instituciones, en las que el Parlamento ha supuesto un considerable apoyo para la Presidencia sueca. 
Esta coalición, que ha acercado poco a poco la posición del Consejo y de la Comisión a la del Parlamento, ha sido evidentemente muy fructífera. 
El resultado es una mejora considerable del texto, en el que se han recogido algunos puntos cruciales del Parlamento. Menciono siete, ya que resultaron decisivos de cara a nuestra actitud positiva ante ese compromiso. 
En primer lugar: el artículo 4, el artículo más importante, en el que se recogen los límites de la transparencia, se ha reducido considerablemente y los límites se han sometido a condiciones. 
Siempre hay que aducir un motivo para mantener el secreto y existe la posibilidad de recurso ante el Defensor del Pueblo o el juez europeo. 
Cuando un documento tenga un gran interés general, debe hacerse público. 
Ése fue un elemento muy importante para nuestro Parlamento. 
En segundo lugar: el concepto "documento" debe entenderse de forma amplia. 
El correo electrónico también se incluye en ese concepto. 
Un tercer punto: sí se elaborará un registro en el que figurarán todos los documentos con nombre completo, y debe publicarse en Internet. 
En cuarto lugar: también las agencias de la Unión Europea, tales como la Agencia Europea del Medio Ambiente, la oficina europea de marcas y la Europol caerán en el ámbito de aplicación del reglamento. 
Eso se hará en el futuro cercano mediante una nueva ley que se ha prometido entretanto. 
En quinto lugar: la legislación nacional que vaya más allá de lo establecido en el reglamento- y éste es un punto sensible para el país del que procedo- no puede verse bloqueada por este reglamento. 
Eso se recoge muy claramente en el considerando 16. También quiero que eso se interprete así. 
En sexto lugar: las reglas que el Sr. Solana impuso sin consultar en agosto del año pasado, caen ahora en el ámbito de aplicación de este reglamento y serán examinadas conforme al mismo. 
Los Países Bajos ya han comunicado que pueden retirar el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia y creo que el Parlamento Europeo también podría hacerlo. 
Por último, se elaborará un informe anual y la Comisión debe proceder a una evaluación antes del 2004 y presentar pospuestas para mejorar el reglamento. 
¿Es ahora perfecto? 
No, todavía podrían profundizarse algunas partes, tales como el trato de los documentos de terceros, el registro de los documentos secretos y algunas otras cuestiones. 
Sin embargo, es mejor, en nuestra opinión, aceptarlo ahora y fortalecer las reglas dentro de dos años si resultara útil y necesario. 
Si lo hiciéramos ahora, nos veríamos inmersos en un largo procedimiento de codecisión. 
Además, conocemos el procedimiento: el Consejo podría bloquearnos si la Comisión Europea no nos respaldara. 
No espero algo así de la Comisión, pero nunca se sabe. 
Todavía me resta agradecer a sus Señorías que nos hayan ayudado durante los pasados años a lograr este resultado. 
En primer lugar, mi colega Michael Cashman: ha realizado un trabajo fantástico, algo que también se aplica a Graham Watson, a la Sra. Hautala a Charlotte Cederschiöld y a los otros ponentes para opinión. 
También quiero dar las gracias a Maggie Dean, quien como funcionaria del Parlamento nos ha ahorrado mucho trabajo. 
Por supuesto, también quiero dar las gracias a la Presidencia sueca: estoy convencida de que sin la colaboración de la Presidencia sueca no hubiéramos llegado a este resultado, que puede resistir un examen crítico. 
Por último, tenemos que ser muy conscientes de que se trata de democracia, transparencia y derechos de los ciudadanos. 
Eso es lo más importante, de ello se trataba, y este reglamento supone un avance al respecto. 
, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
(FI) Señor Presidente, en el debate sobre la transparencia conviene señalar, de entrada, que no partimos de cero, puesto que los órganos de la Unión Europea cuentan con una reglamentación en vigor relativa a la publicidad de documentos que data ya del año 1993. 
Por ello, el único punto de comparación que nos sirve es el siguiente: si logramos mejorar verdaderamente la situación actual con la adopción de estas nuevas normas. 
También hay que tener en cuenta que el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Justicia han precisado y mejorado sensiblemente a lo largo de los años las normas vigentes sobre el acceso del público a los documentos. 
El mérito de ello recae sobre las activas Organizaciones no-gubernamentales y sobre aquellas personas que se han negado a creer que las instituciones puedan reservarse el derecho de no facilitarles determinados documentos y que han interpuesto recursos para la modificación de las decisiones que denegaban sus solicitudes. 
Si añadimos aún a esto que el Tratado de Amsterdam garantiza el derecho más amplio posible de acceso del público a los documentos de los órganos de la Unión, podemos afirmar que el punto de partida es ya bastante exigente. 
Yo creo que, en este sentido, la aprobación de este compromiso suscita algunas cuestiones. 
El Parlamento Europeo debería haber acudido a defender la posibilidad de subsanar las carencias del mismo. 
Señor Presidente, seguro que seré acusada de ser una activista exaltada de la transparencia, pero no aceptaré llevar esta carga y este distintivo, sino que voy a explicarles en qué aspectos creo que hubiera sido conveniente haber mostrado calma en el Parlamento para proseguir con el debate. 
En primer lugar, conviene señalar que, durante la Presidencia sueca, estas negociaciones se han llevado a cabo a puerta cerrada. 
El Parlamento Europeo debería ser muy riguroso a la hora de decidir participar en la aplicación del procedimiento de codecisión de urgencia, ya que así se renuncia en gran medida a la transparencia. 
El Parlamento ha conseguido a menudo presionar al Consejo de Ministros para que mejore las propuestas, adaptándolas a sus propios objetivos, a través de las diferentes fases del procedimiento de codecisión. 
Hablando de los límites de tiempo, es un hecho que todos los órganos- incluido el Parlamento- han perdido un precioso tiempo que se hubiera podido aprovechar positivamente en las sucesivas fases del procedimiento de codecisión, proceso en el que el Parlamento va consiguiendo muchas cosas a medida que se acerca el final. 
En este sentido, también he indicado anteriormente que, durante la Presidencia sueca, tal vez haya nacido una especie de síndrome de Estocolmo y que los representantes del Parlamento en estas negociaciones quizás hayan interpretado demasiado literalmente la presuposición de que sólo Suecia podría ser capaz de tramitar con honor esta cuestión. 
Yo, personalmente, no tengo ninguna razón para dudar de que Bélgica, por ejemplo, no esté por encima de la media en lo que se refiere a la transparencia, o de que lo más seguro es que este país hubiera podido aprender a respetar cada vez más la transparencia, así que creo que hubiéramos podido perfectamente continuar con este asunto. 
Quisiera ilustrar ciertos problemas de este Reglamento mostrándoles un pequeño objeto. 
Esto es una muñeca de madera rusa. 
Puede ser que ésta no tenga unos rasgos demasiado atractivos, cosa que, en este contexto, tal vez venga más al caso que si fuera más guapa, dado que estamos hablando de transparencia. 
Imaginemos que esta muñeca es el Reglamento en cuestión relativo a la transparencia. 
Al abrir la muñeca, nos damos cuenta de que contiene nuevas muñecas. 
Precisamente así funcionan estas nuevas normas: dentro del Reglamento relativo a la transparencia existe un reglamento solapado que el Consejo ha logrado introducir clandestinamente, declarando que existe todo un grupo de documentos llamados "sensibles", o sea, delicados, los cuales son regidos por normas completamente diferentes a las que nosotros hemos registrado en los apartados del artículo sobre la transparencia. 
En cuanto a lo que aquí se dice sobre que este Reglamento relativo a la transparencia abole la denominada decisión Solana, puedo afirmar que ello no es así en absoluto, sino que aquí se encuentran nuevas normas adicionales de facto, a través de las cuales la decisión Solana es incorporada en este Reglamento con una forma nueva. 
¡Y, por último, acabamos encontrándonos con el propio Sr. Solana! 
Así pues, de lo que se trata es, precisamente, de que estos documentos de carácter delicado ofrecen al Consejo de Ministros la posibilidad de mantener en secreto un grupo muy amplio de documentos. 
Creo que es una lástima que el Parlamento Europeo no haya luchado algo más enérgicamente contra el Consejo de Ministros en el marco de este asunto. 
Para ello hubiésemos necesitado un poco más de tiempo, así como un poco más de transparencia y de debate público. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señoras y señores diputados, el establecimiento de normas claras para el acceso del público a los documentos es absolutamente esencial, no solamente para el buen funcionamiento de las instituciones comunitarias, sino también, como se acaba de decir, para reforzar su legitimidad democrática frente a los ciudadanos de la Unión. 
También la Comisión considera que el proyecto de reglamento que estamos debatiendo en el día de hoy es especialmente importante y significativo. 
Me alegra constatar que tras largos meses de trabajo intensivo, efectivamente, señora Ministra, los representantes de las tres instituciones han conseguido poner a punto un texto que a mi juicio es al mismo tiempo claro y equilibrado, y que ha obtenido la aquiescencia de la Comisión de Libertades de esta Asamblea, del Comité de representantes permanentes de los Estados miembros y de la propia Comisión. 
Corresponde ahora a esta Asamblea pronunciarse con plena libertad sobre el resultado de dichos trabajos. 
En este sentido, señor Presidente, quisiera dar las gracias muy sinceramente a los ponentes, al Sr. Cashman y a la Sra. Maij-Weggen, así como a la Sra. Hautala, coponentes, a los miembros y al presidente Watson, de la Comisión de Libertades, por el trabajo que han realizado durante estos quince o dieciséis meses, con mucha disponibilidad y tenacidad. 
Deseo también saludar los esfuerzos realizados por la Presidencia sueca en ejercicio del Consejo, señora Ministra- a usted misma y a la totalidad de sus colaboradores- que se ha esforzado con éxito en conciliar los puntos de vista, y sabemos bien que esto a priori no era fácil, y hacer compatible el proyecto de reglamento con las diferentes tradiciones administrativas de los Estados miembros. 
Como han señalado hace unos instantes los ponentes, el proyecto de reglamento constituye un progreso considerable con respecto a las prácticas actuales y aproxima por tanto el sistema comunitario al de los Estados miembros más avanzados en materia de transparencia. 
Por supuesto, señoras y señores diputados, el texto no es perfecto, sin duda. 
Es probable que no pueda satisfacer enteramente a todo el mundo y en todos los puntos. 
Hace unos momentos he oído a la Sra. Hautala utilizar una expresión simbólica sobre las muñecas rusas. 
No creo, señora ponente, que al abrir todas las cajas se encuentre al Sr. Solana. 
Creo que el Sr. Solana tiene una dimensión y una personalidad muy superiores, mucho más importantes, que la que usted ha señalado hace unos instantes. 
Pero lo que es cierto es que cuando se han comenzado a abrir las cajas o las muñecas rusas, y uno se da cuenta de que hay algo dentro, es muy difícil de detener. 
En esto probablemente su imagen es justa y simbólica, en este punto en todo caso. 
A juicio de la Comisión, señoras y señores diputados, este texto representa en realidad el punto de equilibrio entre las características específicas de cada institución y las prácticas de los Estados miembros. 
Desde este punto de vista, muy sinceramente, constituye el mejor compromiso posible. 
Por consiguiente, la Comisión acepta formalmente todas las enmiendas presentadas hoy por los ponentes y aprobadas el pasado 25 de abril por la Comisión de Libertades, presidida por el Sr. Watson. 
Deseo que el Parlamento Europeo siga también las opiniones y recomendaciones de sus ponentes, de tal manera que podamos adoptar este reglamento y hacerlo realmente operativo en el plazo más breve posible. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la naturaleza de los documentos elaborados y de los que dispone cada una de las instituciones, así como el volumen de los documentos que tratan, son realmente el reflejo de sus cualidades específicas, de sus funciones que son al mismo tiempo diferentes y complementarias. 
Y entre las tres instituciones, la Comisión es con mucho la que trata el volumen más importante de documentos, de naturaleza muy diversa por razón misma de su función de iniciadora de legislación, de guardián de los Tratados y de garante del derecho comunitario, también del respeto por el derecho comunitario. 
La Comisión es perfectamente consciente de que sobre ella recaerá la responsabilidad principal de la aplicación del reglamento sobre el acceso del público a los documentos. 
Y es precisamente en virtud del doble objetivo, por una parte, de asegurar el mayor acceso del público a los documentos y, por otra, de garantizar el respeto por el derecho comunitario, por lo que la Comisión ha deliberado sobre el régimen a aprobar en lo que respecta al caso sensible de los procedimientos de infracción. 
La Comisión desea declarar aquí, y lo hará también en el Consejo, que en un espíritu de compromiso y tal como han propuesto los ponentes, el Sr. Cashman y la Sra. Maij-Wegge en especial, no puede aceptar que los procedimientos de infracción no figuren entre las excepciones previstas por el reglamento, ya que ésta considera que este planteamiento no atenta contra el ejercicio de sus responsabilidades en materia de control del respeto por el derecho comunitario. 
Señoras y señores diputados, considero que, con la puesta en marcha de este reglamento, hacemos un servicio a las instituciones y a los ciudadanos de la Unión. 
Siendo perfectamente consciente de la importancia de este texto, deseo asegurarles que la Comisión está decidida a aplicarlo y a aplicar este reglamento de manera diligente y eficaz, no sólo porque es su deber, sino porque, y estoy plenamente convencido, es en este espíritu como he trabajado personalmente a su lado y al lado de la Presidencia del Consejo desde el momento en el que el presidente Prodi me confió este expediente, estoy profundamente convencido de que este texto está destinado a reforzar considerablemente la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión. 
Señor Presidente, estimados diputados y todos los que han participado en este proceso, el Parlamento Europeo votará dentro de poco la propuesta de reglamento relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones, que ha sido preparado conjuntamente por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en el marco de la llamada colaboración tripartita. 
Este nuevo reglamento es un paso hacia una UE más abierta y democrática, donde el público podrá saber cómo trabaja la burocracia. 
La idea central es que todos los documentos deberán ser accesibles para el público. 
Obviamente hay excepciones a esta regla general, como también las hay respeto al principio sueco de publicidad, pero estas excepciones han disminuido considerablemente si las comparamos con las de la propuesta original, y se limitan a lo más necesario para proteger intereses específicamente militares y de política de seguridad, secretos de empresa e información sobre la vida privada de los individuos. 
Todas las peticiones deberán tramitarse por separado y cada nueva petición de acceso por parte de los ciudadanos deberá ser estudiada en forma particular. 
Podrá negarse la entrega de documentos sólo si ella probadamente puede lesionar los intereses de los ciudadanos. 
En propuestas anteriores bastaba que la entrega eventualmente hubiese podido dañar esos intereses. 
Para facilitar el acceso de los ciudadanos a los documentos se crearán registros con referencias a todos los documentos y, en la medida de lo posible, tanto los registros como los documentos deberán ser accesibles por medio de Internet. 
Éstos son algunos de los avances que se han conseguido en las duras negociaciones de los últimos meses. 
Aún hay criterios en contra de los pactos. 
Deberían pensar que en la mayoría de los países comunitarios no hay nada que se acerque a nuestro principio sueco de publicidad y que hay quienes opinan que este tema es incomprensible y que se le ha dado demasiada importancia. 
Votar en contra de la propuesta porque no se ha alcanzado el 100 por ciento de lo deseado sería poco serio. 
¿Sería razonable pasar hambre sólo porque no se puede conseguir un menú con tres platos? 
La revisión antes de la elección europea de 2002 es una condición para el apoyo de los conservadores. 
La revisión permitirá mejorar el texto en el futuro en caso de que haya resistencia política, de manera que los electores puedan intervenir en la materia mediante su voto. 
Los resultados alcanzados han sido presentados como un triunfo para la Presidencia sueca y, puesto que el gobierno sueco se ha perfilado con el tema de la apertura, habría sido un evidente fracaso dejarlo walkover a la próxima Presidencia. 
Sin embargo, me gustaría completar esta imagen; no pretendo quitarle la victoria a la Presidencia sueca, pero sí completar la imagen. 
El Primer Ministro Göran Persson se ha hecho conocido por ser partidario del modelo interestatal, un modelo con poca transparencia. 
Una pregunta teórica, pero relevante en relación con el debate sobre apertura, es saber cómo habría sido el resultado en un modelo interestatal como el del Sr. Persson. 
¿Cuánta transparencia se habría conseguido? 
La propuesta originaria del Consejo y de la Comisión era totalmente inaceptable desde el punto de vista de la apertura y de los ciudadanos. 
La respuesta es obvia: el Parlamento es la institución que ha defendido la apertura y ha podido servir de palanca para las negociaciones en el Consejo. 
Sin la enérgica lucha del Parlamento en favor de la apertura y sin el proceso de codecisión no se habrían logrado tan buenos resultados. 
Finalmente, quiero dar las gracias muy sinceramente a Michael Cashman, a Hanja Maij-Weggen, a Graham Watson, a Heidi Hautala a Cecilia Malmström, al Comisario Sr. Barnier- que ha hecho un gran trabajo en la Comisión- y, por último, a la secretaría de la comisión. 
Señor Presidente, como ponente ficticio, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, quiero en primer lugar, agradecer a todos los ponentes la gran disposición que han mostrado para alcanzar un compromiso con el Consejo y la Comisión respecto del reglamento que en los pasillos neerlandeses se conoce con el nombre de "Euro-WOB". 
Vista la gran resistencia por parte de algunos Estados miembros, estaba claro desde el principio que las negociaciones resultarían extraordinariamente difíciles. 
Por supuesto, al igual que a otros colegas, entre otros, Michael Cashman y Hanja Maij-Weggen, me hubiera gustado que la propuesta permitiera más transparencia en algunas partes, pero eso iba demasiado lejos para muchos Estados miembros. 
El compromiso cuenta con nuestro total apoyo, ya que en nuestra opinión, representa el mejor resultado posible. 
El acuerdo supone una mejora considerable de la propuesta de la Comisión y de las normas existentes. 
Precisamente, no pude estar de acuerdo con la lista no exhaustiva y demasiado larga de motivos, muchas veces poco claros, conforme a la cual se podía denegar el acceso a los documentos. 
No obstante, la fuerte presión política de tanto el Parlamento como algunos Estados miembros ha conducido a que esta lista se haya reducido considerablemente y, al mismo tiempo, se haya hecho exhaustiva. 
Así mismo, me produce una gran satisfacción que las reglas de Solana del verano pasado, mediante las que categorías completas de documentos quedaron por definición excluidas de la transparencia, se hayan anulado con el nuevo régimen de transparencia. 
Además, hubiera resultado inaceptable para mí que el régimen europeo de transparencia menoscabara las normas nacionales ya existentes. 
Afortunadamente, no es ése el caso. 
Otro avance es que los documentos que se redactan durante la fase de preparación de la legislación y la política sí son ahora explícitamente transparentes. 
Al mismo tiempo, lamento que como consecuencia de la fuerte oposición, entre otros, de algunos Estados miembros, no se hayan recogido determinados puntos en el compromiso. 
Así, me hubiera gustado que también los documentos confidenciales, que pertenezcan a un tercero, tal como la OTAN o un Estado miembro, se incluyeran totalmente en el régimen de transparencia europeo; ahora, sin embargo, hay que pedir permiso a los terceros implicados. 
Además, todos los documentos deberían figurar, en mi opinión, en el registro público, si bien ahora se ha hecho una excepción para los documentos confidenciales. 
En tanto Parlamento Europeo, deberemos seguir atentamente cómo desarrollan la transparencia las instituciones implicadas en la práctica diaria. 
Por ello, atribuyo mucho valor al informe anual sobre el funcionamiento del régimen de transparencia. 
Si cuando tenga lugar la evaluación en enero de 2004, resulta que el reglamento no garantiza una transparencia suficiente y que el porcentaje de documentos sensibles es demasiado elevado, nuestra tarea como parlamentarios será hacer algo al respecto. 
Por último, quiero decir a las Señorías que van a votar en contra de este compromiso que no pueden practicar con ello una política de manos limpias. 
El rechazo del compromiso ahora alcanzado daría lugar a que los ciudadanos europeos carecieran en el futuro próximo de un régimen europeo único de transparencia. 
La Presidencia sueca, algunos Estados miembros y el Parlamento Europeo se han esforzado muchísimo para lograr un acuerdo antes del 1 de mayo. 
Es dudoso que las próximas Presidencias continúen dedicando la misma energía a este expediente y, además, existe el riesgo de que más negociaciones no conduzcan a una mejora sino, precisamente, a un empeoramiento del reglamento. 
De ahí que, en mi opinión, sea el momento adecuado de estar de acuerdo con este compromiso. 
Señor Presidente, el grupo liberal votará a favor del reglamento sobre transparencia, quiero ser claro al respecto. 
Si comparamos la situación actual con la de hace un año, damos ciertamente, un paso adelante. 
El año pasado, contábamos con una propuesta floja de la Comisión Europea, que partía de la práctica existente. 
No era aceptable para nosotros. 
El verano pasado también tuvo lugar el golpe de Estado de Solana, quien de un plumazo decretó que todos los documentos de su competencia eran secretos. 
Es cierto que gracias a la continua presión de este Parlamento, ahora tenemos una propuesta mejor y quiero felicitar sinceramente por ello a ambos ponentes. 
Lo digo con satisfacción, ya que el grupo liberal ha participado activamente en el proceso de negociación: en primer lugar, al presentar algunas enmiendas, también en una fase ulterior, a fin de continuar presionando; en segundo lugar, ha colaborado con no menos de tres ponentes para opinión; y en tercer lugar, como ya se ha dicho, ha contribuido con la dedicación del presidente liberal de la comisión, mi compañero de grupo Graham Watson, en la última y decisiva fase. 
Señor Presidente, votaremos por tanto, a favor del reglamento, pero no voy a cantar victoria. 
Todavía hay partes importantes de la propuesta de compromiso que son débiles, tales como las motivaciones de las excepciones y los documentos de terceros del artículo 4, los documentos secretos del artículo 9 y todavía pueden mencionarse algunos otros puntos, pero priman las mejoras. 
La propuesta parte de la transparencia como principio general salvo las excepciones, y ése es un paso importante en la burocracia de Bruselas. 
Además, podemos encontrar algunos matices liberales en el compromiso: las agencias en el considerando 8, las excepciones que no son aplicables frente a un interés público predominante del artículo 4, el registro del artículo 9 y el informe anual de cada institución con la mención del funcionamiento en el artículo 17. 
Con todo y con ello, no canto victoria, porque no es una historia de "bien está lo que bien acaba", pero aceptamos el compromiso, ya que menos da una piedra. 
Quien vote ahora en contra del compromiso que se ha alcanzado con la Presidencia sueca, pierde una oportunidad, puesto que como el Sr. Van den Berg ya ha dicho, otras Presidencias no querrán ir tan lejos. 
Señor Presidente, la votación de mañana no es el final de la historia, no es más que el comienzo. 
La evaluación de la Comisión Europea en enero de 2004 deberá conducir con seguridad a una modificación. 
El Grupo de ELDR hará todo, entre tanto, por poner al descubierto las debilidades del reglamento y contribuir a su mejora. 
Nuestro lema es "El secretismo muestra la debilidad de un mal Gobierno, la transparencia evidencia la fortaleza de un buen Gobierno". 
Señora Presidenta, en este ambiente de euforia, se ha comparado el hecho de votar en contra con una política de manos limpias o con sueños inalcanzables, pero mi Grupo tiene reparos fundamentales contra algunas cuestiones que figuran en esta propuesta, y no los pienso esconder. 
Mi Grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, acepta que existan excepciones a la transparencia. 
Así, por ejemplo, una política europea de defensa genera información operacional que no debe circular por la calle. 
No obstante, todos los documentos deben figurar en el registro y las excepciones deben ser examinadas a la luz de criterios estrictos, en última instancia, por el Tribunal de Justicia. 
Éste es el procedimiento para los documentos normales, pero desgraciadamente, se ha llegado al acuerdo de otorgar un trato especial a un grupo potencialmente demasiado grande de documentos sensibles, y aquí he oído muy poco al respecto. 
Un grupo selecto de funcionarios dentro de la propia institución decide a qué documentos se impone el sello de "sensible". 
Los documentos sensibles no tienen que figurar en el registro y el Tribunal de Justicia no puede examinar si esa decisión está justificada. 
Si pese a ello, un ciudadano avispado se entera de que el documento existe, los mismos funcionarios deciden sobre la petición. 
Y como apoteosis: el autor tiene un derecho de veto, tanto en cuanto a su mención en el registro como en cuanto a su transparencia, sobre documentos que sí contribuyen a la toma de decisiones de la política europea, pero que vienen de fuera. 
También el Tribunal se ve condicionado por semejante veto. 
Los documentos sensibles constituyen un agujero negro en este acuerdo sobre la transparencia de la información, y el derecho a la información se convierte aquí en un favor. 
Señor Presidente, hay mucha distancia entre la euforia que hoy alguno manifiesta y lo que otros han manifestado, es decir, que éste es un compromiso que descansa sobre el filo de la navaja. 
Ésta es, en mi opinión, quizá la expresión más cercana a la verdad, de ser necesaria alguna, que puede describir este resultado. 
El proceso en materia de transparencia y acceso del público a los documentos durante mucho tiempo se ha desarrollado detrás de puertas cerradas herméticamente. 
Esto es de por sí un gran problema porque cuando trabajamos en un ámbito tan esencial como el acceso del público, el acceso de los ciudadanos a los documentos, que es la base para poder contar con ciudadanos demócratas y participativos que influyan en el proceso de decisión, ha de ser preciso involucrar a los ciudadanos también en el debate sobre cómo quedarán plasmadas las normas, llegando quizá incluso hasta a escuchar algunas de las objeciones de los ciudadanos. 
Creo que tenemos un resultado que en algunos puntos resulta tolerable, en otros puntos es bueno, pero que desgraciadamente supone un paso atrás en una serie de puntos con respecto a la situación actual, resultado en parte de algunas normas, en parte de la jurisprudencia al respecto y en parte de la intervención del Defensor del Pueblo. 
Uno de los ámbitos en los que en mi opinión existe un grave problema es el de los documentos internos, que no quedan definidos claramente en esta propuesta, y que pueden mantenerse ocultos si se considera que su publicación influirá decisivamente en el proceso de decisión. 
De acuerdo, pero ¿no es precisamente esto lo que pretende la transparencia- que alguien pueda influir decisivamente en el proceso de decisión? 
Me parece un problema que los Estados miembros puedan exigir la clasificación de documentos, mantenerlos encima sin registrar sin que existan normas claras sobre cuándo y por qué los llamados "documentos Solana" no están excluidos de manera global y que haya normas tan laxas sobre qué puede quedar excluido que en general da lo mismo. 
No cabe ninguna duda de que estas normas tendrán una influencia decisiva sobre las normas de todos los Estados miembros, sin embargo, esto no ha quedado claramente reflejado en la presentación de los señores ponentes, y ha sido muy complicado obtener una respuesta clara a las preguntas de cómo y cuándo. 
Dudo que haya un solo documento que no se pueda sacarse a la luz con las normas actuales y que sí vaya a poder sacarse a la luz con las normas que debatimos. 
Dudo que pueda salir a la luz un solo documento más del sistema comunitario de los que salen hoy. 
Me parece que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel penoso en este asunto y creo que salta a la vista que desgraciadamente esta vez los propios intereses del Parlamento Europeo han acabado eclipsando los intereses de la opinión pública. 
Lo mejor con mucho de esta propuesta es la posibilidad que nos brinda de revisar las normas nuevamente en el año 2004 y pienso que debemos llevar a cabo un buen y sólido trabajo hasta entonces. 
El acceso del público a los documentos constituye la esencia misma de la democracia. 
El control, el acceso y la democracia son diferentes caras de la misma moneda y en este sentido estoy completamente de acuerdo con las críticas que cinco importantes organizaciones han remitido a mis compañeros. 
La conclusión es que esta propuesta realmente es peor que nada. 
Las normas en materia de documentos sensibles resultan absurdas en muchos puntos y la labor de administrar estas excepciones se corresponde a grandes rasgos con la de vender goma elástica por metros, como dijo una vez un humorista danés, y requiere en cualquier caso un carácter firme y una mentalidad y postura bastante más democráticas de las que la Comisión y las demás instituciones comunitarias acostumbran a dar cuenta. 
El artículo 5 supone indudablemente una rebaja de las normas vigentes en materia de publicidad y acceso del público a los documentos que se utilizan, por ejemplo, en los países escandinavos. 
Y a ello añádase otra cosa que realmente me sorprende, aparte de la extrañeza que me provocan también la falta de contacto con la realidad de mis compañeros y las alabanzas de los grandes grupos. 
Sorprende que ni uno de ellos haya preguntado sobre si lo acontecido se ajusta al Tratado. 
Estas negociaciones han tenido lugar bajo la máxima confidencialidad y con la exclusión de todos los grupos pequeños. 
Las negociaciones han sido llevadas a cabo por nuestros compañeros, los Sres. Cashman y Maij-Weggen, y el brillante señor Presidente de la Comisión de Justicia, Sr. Watson, del Grupo Liberal. 
Los grandes grupos han ido a lo suyo sin que a los demás se nos haya involucrado en estas negociaciones. 
Lo único que podemos hacer es decir sí o no. 
Esto, si se me permite decirlo, choca con las normas básicas del Tratado que presuponen la existencia de tres instituciones independientes que actúan así como de normas sobre el proceso de conciliación, etc. que garantizan que los grupos pequeños sean escuchados y más tratándose de un asunto de publicidad. 
Estamos sencillamente ante una farsa democrática. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, felicito a la Presidencia sueca y al ponente por su iniciativa. 
La transparencia tiene en el círculo jurídico nórdico un valor especial, acertadamente, en mi opinión. 
La transparencia debe tener también un valor especial en las instituciones de la Unión Europea. 
Espero que no se quede en estas intenciones y en esta declaración sino que en el futuro se garantice realmente un derecho ilimitado de acceso a los documentos. 
La democracia y la proximidad al ciudadano tienen siempre algo que ver con la transparencia de las decisiones políticas. 
No sólo los ciudadanos de Europa se han quejado en el pasado- tal como opino, con razón- de una política de puertas cerradas. 
Personalmente, habría preferido un compromiso de mayor alcance. 
Sin embargo, creo que hay que estar contento también con lo logrado. 
El Parlamento, como representante de la opinión pública europea tiene la tarea de supervisar que se cumpla estrictamente este reglamento. 
En uno o dos años podremos extraer balance sobre si el Reglamento es realmente un éxito. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, al comienzo de las negociaciones sobre la propuesta de reglamento "Acceso del público a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión", la Comisión de Control Presupuestario se ocupó de una opinión que yo misma he redactado. 
Quiero repetir los principios que hoy son aún válidos. 
Habíamos destacado tres puntos principales, a saber, en primer lugar la transparencia y publicidad, que son condición básica elemental para cualquier control democrático. 
Estos principios exigen legitimidad, eficiencia, responsabilidad y proximidad de la administración al ciudadano. 
Ofrecen además protección frente a la arbitrariedad y al abuso del poder. 
Además, contribuyen al descubrimiento, castigo y prevención de las irregularidades y fraudes, fenómenos estos que han lastrado gravemente en especial a la Comisión en el pasado. 
El segundo punto principal es la constatación de que los documentos de los órganos se deben hacer públicos. 
Las excepciones que sean necesarias se deben justificar. 
Esto está ahora establecido así. 
Independientemente de ello, en mi opinión no estaba justificado elaborar un amplio catálogo en el que se reflejasen las regulaciones jurídicas ya existentes pues de ello solamente podría derivarse inseguridad y conflictos. 
El tercer punto central es el relativo al público, garantizar la aplicación práctica de sus derechos mediante un registro claro, tal como se exige ahora, y con la ayuda de Internet. Además, la respuesta rápida a las solicitudes de documentos y la justificación de una eventual denegación y, finalmente, el empleo del idioma del solicitante. 
Personalmente, me habría podido imaginar un centro de coordinación que facilitase todo esto. 
Vamos a ver cómo se lleva a cabo todo esto en la práctica. 
Puedo constatar con satisfacción que se han establecido las condiciones básicas aunque no sea del todo. 
La revisión servirá para lograrlo. 
Pienso que hay que revisar el acuerdo marco para que se encuentre en consonancia con las exigencias que planteamos de publicidad y de relaciones entre las instituciones. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo este productivo trabajo a ambos ponentes, a la Comisión, a la Presidencia y al Consejo. 
La primera pregunta que podemos formularnos es si a juicio del Parlamento ésta es la mejor propuesta que se puede lograr. 
¡La respuesta es no! 
Hay detalles en este documento que creemos que podrían mejorarse. 
Entre otras cosas, se pueden mencionar los documentos sensibles. 
También es posible criticar la forma cómo se ha desarrollado el proceso, que a veces se ha hecho a puerta cerrada, cosa que vale especialmente para el procedimiento de conciliación. 
Aunque ha habido diferentes formas, el procedimiento no ha sido especialmente abierto. 
El otro asunto sobre el que debemos reflexionar es si esta propuesta es un avance, incluso un avance considerable, en relación con la situación actual. 
Mi respuesta es indudablemente ¡sí! 
Constituye un considerable avance en relación con la situación de hoy. 
No puedo entender a los que dicen que es un retroceso. 
El hecho de que los documentos que ingresen a las instituciones vayan a ser públicos- no lo son hoy- ¿no constituye un avance? 
El hecho de que todos los documentos tengan que registrarse- no se hace hoy- ¿no es un avance? 
El hecho de que las actuales normas de confidencialidad- que reconocemos que deben existir y que existen en todos los países más avanzados en esta materia- sean relativamente escasas y, además, bastante claras, ¿no es un avance? 
La respuesta es, sin duda, ¡sí! 
Además, las personas que soliciten el acceso a un documento tendrán que esperar poco tiempo. 
Se podrá usar más Internet y la tramitación no podrá tardar más de quince días, es decir, será un proceso relativamente rápido. 
Si no se está de acuerdo con la resolución, será posible apelar. 
¡Éste sí que es un avance! 
Además, regirán las normas nacionales en los países que ya tienen una legislación mejor que la propuesta. 
Por tanto, no implicará un retroceso para los países que tienen una legislación más abierta. 
Todo esto constituye un considerable avance. 
Por eso sería muy extraño que el Parlamento votara en contra de esta propuesta, que no llega hasta la misma meta. 
Sin embargo, llegamos casi hasta el final. 
Además, existe la posibilidad de hacer un seguimiento de esto mediante estudios anuales y una revisión dentro de algunos años. 
¡Es obvio que el Parlamento aprobará esta propuesta! 
Los ciudadanos quieren que exista más apertura en las instituciones. 
Esta propuesta implica claras ventajas en relación con la apertura y, consecuentemente, con los procedimientos democráticos en la Unión. 
Señor Presidente, éste debería ser un día feliz, ya que el Parlamento Europeo votará sobre las normas comunitarias que regularán la apertura y el acceso a los documentos, pero hay demasiadas cosas que nos impiden tener la fiesta en paz. 
Tenemos los documentos sensibles, cuya redacción no sólo permite que en el futuro sean calificados como confidenciales los documentos de carácter militar, sino también otros más amplios sobre seguridad y, quizás, sobre otros campos de la política. 
La redacción del párrafo sobre documentos sensibles es demasiado amplia y difusa. 
Después, en relación con los documentos que serán confidenciales en un país miembro, por ejemplo, en Suecia, ¿no será la Comisión la que decida sobre esto en el futuro? 
En ese caso estaríamos frente a una grave violación de la constitución sueca. 
Coincido con lo que se ha dicho sobre el procedimiento, esto es, que es muy difícil entender que las negociaciones sobre un asunto tan delicado y trascendente hayan tenido lugar en la comisión, en el Consejo y en la Comisión, sin injerencia de los diputados ni de la ciudadanía, en un proceso informal que ofrece muchas dudas. 
Señor Presidente, la apertura y el derecho a acceder a los documentos son elementos esenciales de una democracia, pero la propuesta sobre este tema que tenemos sobre la mesa nos ha decepcionado. 
En algunos campos es incluso peor que la situación existente. 
Además, las negociaciones en torno a la propuesta han sido un ejemplo de falta de apertura. 
Se ha dejado de lado la práctica parlamentaria normal y partes considerables del Parlamento, entre ellas nuestro Grupo, no han podido participar. 
La propuesta no garantiza el respeto a las normas nacionales sobre apertura. 
Un reglamento de la UE tiene mayor jerarquía que las normas nacionales. 
Además, en el punto 14 de este reglamento se establece que en casos dudosos los países miembros deberán pedir asesoría a las instituciones comunitarias para decidir sobre la publicidad de un documento. 
Así, no es verdad que el principio sueco de publicidad quede garantizado en esta propuesta. 
Por el contrario, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tendrá la última palabra si se producen conflictos en esta materia. 
Las excepciones a las reglas sobre acceso a los documentos son muchas y, en algunos casos, poco claras. 
En la práctica se exceptúan todos los documentos relacionados con el sector de la política de seguridad. 
Los denominados "documentos sensibles" no necesitan siquiera ser registrados. 
Esas excepciones vacían de contenido las mejoras que se introducen en la propuesta, tales como la exigencia de llevar registros, el acceso a los documentos por vía electrónica y la fijación de plazos. 
Además, se han negociado conjuntamente el acceso del Parlamento Europeo a los documentos confidenciales y el derecho de los ciudadanos a los documentos. 
Se ha hecho una desafortunada mezcla de temas que debió haberse evitado. 
No puedo ver que las ventajas de esta propuesta sean mayores que sus desventajas. 
Este trabajo no ha llegado a su fin. 
No está terminado. 
La conciliación debe continuar de manera habitual. 
Señor Presidente, no puedo respaldar las nuevas normas en materia de transparencia porque fijan un techo común a la transparencia y abren el camino a retrocesos directos. 
Documentos que hoy en día son públicos pueden estar cerrados mañana. 
Documentos que hoy pueden ser entregados en Copenhague o Estocolmo mañana pueden estar cerrados en toda la UE. 
Hoy día operamos en la práctica con normas comunitarias de mínimos en materia de transparencia. 
Es posible seguir adelante en los países que así lo desean. 
El Reglamento comunitario unifica las normas en todos los países. 
Es buena para la homogeneidad, pero mala para la transparencia. 
Los países miembros se verán ahora obligados a atenerse a las normas comunes y consultar a las autoridades de la Unión antes de proceder a la entrega de documentos. 
Ahora adquirimos normas comunitarias de máximos en materia de transparencia. 
Ved sólo los considerandos 9a y 12 que excluyen normas nacionales mejores y el artículo 4a del Reglamento en el que se obliga a los países miembros a consultar a la UE. 
Ved asimismo el considerando 5a relativo al proceso de decisión efectivo, el considerando 7 sobre el derecho de los países a cerrar documentos, el considerando 9 sobre informaciones personales, que impide, por ejemplo, conocer quién participa en los 1500 comités y el tercer apartado del artículo 6a que mantiene las informaciones sensibles fuera de los registros. 
Consultad el texto en euobserver.com si no lo tenéis en vuestras carteras. 
El nuevo techo y la transparencia van acompañados de un nuevo procedimiento en el que tres luchadores contra la transparencia como Francia, España y Alemania pueden bloquear avances en materia de transparencia aunque todo el Parlamento Europeo y doce parlamentos nacionales pudieran estar de acuerdo en disfrutar de un poco más de transparencia. 
Hoy estos avances puede alcanzarse mediante la presión del Defensor del Pueblo, sentencias judiciales o una mayoría simple en el Consejo de Ministros, es decir, ocho de los quince países que forman éste. 
Mañana deberemos contar con 62 de los 87 votos en el Consejo para cualquier avance y los países partidarios de la transparencia y el Tribunal de Justicia no podrán ayudarnos a combatir las claras normas recogidas en el Reglamento. 
La transparencia mejorará si postergamos la decisión de hoy y vemos cómo el Consejo y la Comisión quieren interpretar las nuevas normas. Los avances ya están decididos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, muchos de nosotros han experimentado en los últimos tiempos y hasta ahora en sus propias carnes lo difícil que es acceder a ciertos documentos. 
Debemos constatar este hecho aquí. 
Sin embargo, me alegra que con este reglamento se abra no sólo a los diputados sino a todos los habitantes de la Unión Europea la posibilidad de tener un acceso real a todos los documentos. 
Los diputados nos vamos a beneficiar también, al menos así lo espero. 
Si se logra que la transparencia que se introduce con este reglamento se convierta también realmente en un principio de las instituciones de nuestra Unión Europea, se habrá logrado un gran avance. 
Si hay algunas excepciones lo considero como positivo. 
Es positivo que haya sólo unas pocas pero es bueno que existan. 
Pues las pocas excepciones existen por motivos de seguridad así como por la protección de la esfera privada. 
Lo considero importante en este contexto pues de este modo se logra una cosa: mantener el equilibrio entre una publicidad total y la transparencia por un lado y los intereses de seguridad de la Unión, de los ciudadanos y de la esfera privada, por el otro. 
Quien se pronuncie aquí en contra del mantenimiento del secreto en estos pocos casos excepcionales, actúa en realidad en contra de los intereses de la seguridad en nuestra Unión Europea y también en contra de la protección de la esfera privada. 
Debemos mantener aquí este equilibrio y no abandonarlo en ningún caso. 
Para mí es algo que aún queda abierto saber cómo se va a configurar el registro y cómo se va a llevar a cabo en la práctica la posibilidad de acceso. 
Un avispado colega ha opinado aquí hoy en un debate que hay dos métodos de considerar tonta a la gente. Uno es no proporcionándole información- lo que, gracias a Dios, se ha superado- o inundándola de información no estructurada. 
Ambas cosas son malas y no queremos ninguna de ambas. 
Por ello, nuestra exigencia es elaborar un registro que esté estructurado, que sea comprensible y que tenga también en cuenta las intenciones de una transparencia real. 
Para finalizar, espero que con este reglamento penetre realmente un nuevo modo de pensar en la instituciones de nuestra Unión Europea, que no se quede sólo en que aunque se escriba sobre el papel sin embargo se estanque debido a las dificultades ya conocidas. 
Se tiene que garantizar realmente que al cabo de un tiempo relativamente corto realicemos una evaluación. 
Es necesario realizar una revisión en el año 2004 para poder mostrar los puntos débiles de este sistema que ahora parece extraordinariamente positivo y, si es necesario, dar un paso más para que el principio que apoyamos sea una realidad en la práctica: la transparencia de las instituciones de la Unión Europea. 
Felicito a todos los que han contribuido a este informe con este resultado. 
Señor Presidente, estimada Presidencia sueca del Consejo, por favor, ¿qué pasa? 
Utiliza calificativos como punto álgido, resolución histórica o hito. 
Uno se acuerda entonces de Fausto: A Gretchen le gustaría retener este día. 
State Watch a los que afecta, la Federación Europea de Periodistas, etc., dicen, cito: "Rather than enshrining the rights of citizens it undermines... " -aquello sobre lo que hoy hablamos y tenemos que votar- "The current code enshrines the rights of Member States, albeit in different form". 
De nuevo Goethe, de nuevo Fausto: el mensaje me suena bien, pero me falta la fe en la interpretación. 
Quizás se intenta una posición intermedia, quizás lo que hoy aquí está pasando no es ningún día histórico. 
Pero, al menos podemos ver lo que la Unión Europea tanto desea, como si se tratase de un coche nuevo. Usted dice: ahora podéis mirarlo. 
¡Lo vamos a hacer! 
Desde hace poco tiempo existe la Iniciativa Europea por la Transparencia que se creó para proporcionar a ser posible a todos los ciudadanos europeos el acceso a ser posible a todos los documentos, inclusive aquellos de las reuniones del Consejo. 
Ahora vamos a ver qué documentos existen realmente y cuáles son sensibles. 
¿Qué significa aquí sensibilidad? 
Todos somos muy sensibles. 
¿Cómo va a interpretar la sensibilidad? 
¿Vamos a decir que podéis mirar el coche pero que el motor es sensible, que los asientos son sensible y que el volante es sensible? 
Creo que se puede estar esperanzado si se mira el ejemplo de los Estados Unidos. 
"Freedom of Information Act" -se han necesitado decenios hasta que se aprobó, también ellos comenzaron con un primer vistazo sobre el vehículo. 
Pero, por favor, estimados Presidentes del Consejo, inclusive los del futuro, no nos vengan luego con el dinero, no nos digan que va a ser muy caro si indagamos con mayor exactitud. 
Hay dinero para ello. 
En los Estados Unidos son 40 millones de dólares lo que cuesta anualmente la Freedom of Information Act. 
Las relaciones públicas del Gobierno norteamericano cuestan 1.500 millones de dólares USA: 
Lo considero como nuestro ponente Cashman, a quien hay que felicitar y quien ha dicho que este es un asunto que se desenvuelve por si mismo. 
Apostamos por este autodesenvolvimiento hasta el 2004. 
Creo que no debemos ser fariseos sino que también en lo que se refiere a la transparencia debemos comenzar aquí en el Parlamento. 
Señor Presidente, cuando los zares ostentaban el poder en Rusia, el país contaba con una ley general vigente. 
Sin embargo, el soberano no gobernaba el país con las leyes, sino con excepciones hechas a las leyes. 
El principio de la época de los zares de Rusia tiene validez para el acceso público a los documentos de la Unión Europea. 
Los documentos son públicos en general, pero pueden mantenerse en secreto mediante normas excepcionales. 
Los documentos relativos a la Política Exterior y de Seguridad Común se mantienen en secreto con más eficacia que la masonería oculta sus propios rituales, y el Gran Maestro de la Logia de la UE es la OTAN. 
Ésta tiene un derecho exclusivo sobre los documentos de la UE, si bien es una organización que no tiene nada que ver con la democracia. 
En la UE se ha instalado una cultura del secreto, que también es mantenida por el Parlamento. 
La mayoría del Parlamento aprobó el verano pasado junto con la Comisión un acuerdo marco sobre la publicidad de los documentos, el cual sitúa a los diputados al Parlamento Europeo en una posición de desigualdad. 
A consecuencia de ello, más de veinte diputados al Parlamento han presentado una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia sito en Luxemburgo por infracción de las reglas fundamentales. 
Lo siento mucho, estimados señores suecos, pero hay que rechazar este pésimo compromiso. 
Señor Presidente, justo dentro del límite de tiempo, tenemos un texto de compromiso sobre el que se han puesto de acuerdo el Consejo, la Comisión y los negociadores del Parlamento. 
Es positivo que el Parlamento esté cada vez más presente en este tipo de procedimiento de negociaciones, que pueda imprimir su sello claramente. 
No obstante, no celebro el resultado final. 
Los procedimientos no constituyen un modelo que deba seguirse. 
Considero negativas las negociaciones secretas, que casi han impedido que los grupos pequeños y los grupos de interés puedan desempeñar un papel. 
Ahora nos enfrentamos a un texto del que realmente puede decirse "lo tomas o lo dejas". 
En cuanto al contenido, hemos tenido que aceptarlo; el Parlamento ha dado un importante paso atrás, sobre todo, en lo que a la clasificación de los documentos confidenciales se refiere. 
Muchas formulaciones son tan vagas que, en la práctica, puede suceder todo. 
Estoy pensando, por ejemplo, en la afirmación de los ponentes en cuanto a que las normativas nacionales relativas a la transparencia están a salvo. 
Si eso es así, ¿por qué se ha eliminado, entonces, un pasaje explícito al respecto del texto del reglamento? 
En cambio, había puestas demasiadas esperanzas en aplicar de forma completa en toda la Unión una norma relativa a la transparencia de los documentos que solamente conocen algunos Estados miembros. 
Los Estados miembros del sur no cuentan con semejantes reglamentos, por tanto, algún temor injustificado no puede ser tomado a mal por nadie. 
Es una utopía pensar que siempre vamos a lograr una política ideal a nivel europeo. 
La variedad de las ideas en cuanto a la transparencia deseada es, desgraciadamente, demasiado grande para lograrlo. 
Al igual que aquí, durante los últimos tiempos vemos cada vez con mayor frecuencia que los Estados miembros no aceptan traspasar determinadas fronteras. 
El mejor resultado posible es un compromiso que realmente no contenta a nadie. 
Debemos aceptarlo como realidad. 
En la Unión Europea tenemos que respetar el propio trasfondo y cultura de los Estados miembros, también cuando desearíamos otra cosa. 
En primer lugar, doy mi enhorabuena al ponente Michael Cashman, sus coponentes, a toda la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y a la Presidencia sueca, que han sido de vital importancia para llevarnos hasta donde hoy nos encontramos. 
Permitan que sea claro. 
Este informe no llega tan lejos como yo hubiera deseado. 
En realidad, no llega tan lejos como desearían algunos de los pioneros en este ámbito de algunas ONG, como Tony Bunyan de Statewatch. 
No llega tan lejos como yo deseaba, pero llega más lejos de lo que yo esperaba, porque el Parlamento y la Presidencia sueca han arrastrado a la Comisión y al Consejo hasta una posición que se aproxima mucho más a la nuestra de lo que ellos jamás hubieran sospechado. 
Aceptar lo que aquí se ofrece es aprovechar una ventana de oportunidad que nadie garantiza que permanezca abierta indefinidamente. 
Reconocemos que algunos documentos deberían y deben seguir siendo confidenciales y clasificados, pero lo que no se debe permitir es que alegando a razones legítimas de seguridad, seguridad pública y protección pública se oculte lo que no es más que embarazoso y un error de cálculo. 
Acogemos con especial satisfacción el informe anual que recogerá el número de documentos que no están en la lista de cada institución, que esperemos frene el servilismo institucional para que año tras año no añadan más y más categorías de documentos que permanecerán secretos. 
Saludamos la hipótesis del acceso y esperamos que resulte ser precisamente eso. 
Estos procedimientos incrementarán la transparencia, mejorarán la rendición de cuentas y otorgarán a los ciudadanos derechos para acceder a los documentos. 
No nos da libertad de información, sino tan sólo información más libre. 
Éste último, sin embargo, es un objetivo que bien vale la pena alcanzar. 
Los informes anuales y el prometido informe de seguimiento en enero de 2004 quizá demuestren que el presente informe, este acuerdo, no es el comienzo del fin, sino el fin del comienzo. 
Como decía mi amigo Hans-Peter Martin, la Ley de libertad de información ha tardado décadas en convertirse en legislación, es un placer político haber llegado hasta aquí. 
Señor Presidente, señora Ministra, al fin y al cabo se trata del significado de las palabras, que realmente queremos decir lo que se estipula en el artículo 4 del reglamento, es decir, que sólo se niega el acceso a los documentos durante su tramitación si lesiona gravemente ciertos intereses. 
La intención es alcanzar apertura y pretendemos que ésta tenga el mayor efecto posible. 
Queridos amigos, tenemos que creer en las palabras que escribimos. Insto a todos los que han participado en este proceso para que den a las palabras el significado debido. 
En caso contrario, los ciudadanos tendrán aún más sospechas. 
Hemos alcanzado un acuerdo, hemos ganado algo. 
Me satisface que hayamos conseguido introducir más hábitos administrativos en el manejo de los documentos que los esperados. 
También es importante que las excepciones propuestas sean menos que las que deseaba la Comisión. Es interesante ver lo que no se ha incluido. 
También es trascendente la declaración del Comisario Barnier sobre publicidad de los procedimientos por transgresión a estas normas, con lo que comienza una nueva era en la Unión. 
Los ciudadanos pueden empezar a controlar las actividades de la Comisión de manera totalmente nueva. 
Queridos amigos, hoy se han utilizado muchas imágenes. 
Concuerdo con Graham Watson, sin él no habríamos llegado tan lejos, en que hemos conseguido un soplete en lugar de la linterna que teníamos antes. 
Ahora contamos con una herramienta poderosa. 
El Grupo ELDR va a usar esta herramienta de la manera que han señalado mis colegas y para eso contamos con la ayuda del Defensor del Pueblo. 
Hay deficiencias, pero no son tan grandes como afirman los opositores. 
Vamos a respetar el significado de las palabras. 
También hay que cuidar que la Comisión termine de abusar de la protección de datos personales, cosa que ha vuelto a ocurrir hace poco tiempo. 
Ahora hay que seguir avanzando, más allá de lo que se señala en los informes y de lo sucedido, para dar a los funcionarios libertad de expresión y para que la discusión sobre el futuro de la UE se ocupe de la apertura y la transparencia en una perspectiva más amplia. La apertura debe comprender a todas las instituciones y debe extenderse más allá de la publicidad de los documentos. 
Señor Presidente, el Parlamento da hoy un importante paso en el camino hacia la mayor transparencia de la que hemos hablado durante tantos años. 
Las nuevas normas forman parte de la revolución cultural que es necesaria llevar a cabo si queremos que la UE se transforme en una cooperación moderna, eficaz y democrática en la que los ciudadanos realmente confíen. 
Y hablamos de cambios significativos. 
Todos los documentos, incluidos los internos, están incluidos en un principio y deben registrarse. 
Las excepciones por ello son pocas, pero justificadas y se han endurecido las normas en materia de reclamaciones. 
Muchos de los presentes hoy aquí han criticado el compromiso presentado y en un compromiso siempre habrá algo que criticar, pero esto no puede ocultar el hecho de que se trata de un buen compromiso, en el que la UE fija un estándar en materia de transparencia desconocido en muchos de los países miembros de la UE. 
Sin embargo, la transparencia no la dan sólo las normas. 
La transparencia es fruto también de la cultura. 
La transparencia no debe ser percibida como un inconveniente para la administración. 
La transparencia es una ventaja, no sólo para la democracia sino también para las autoridades a las que ésta se aplica. 
Hoy quiero exhortar a la Comisión a que tome en serio el espíritu de esta propuesta, no sólo el texto legislativo, sino también las reflexiones en ella contenidas. 
La Comisión debe olvidar la admisión cerrada que caracterizaba a su primera propuesta y adoptar sinceramente la nueva propuesta y el nuevo espíritu. 
La Comisión carga con la gran responsabilidad de que estén equivocados los que hoy afirman que las nuevas normas no son mejores que las normas actuales. 
Dentro de tres años las experiencias acumuladas serán argumento suficiente y en ello debemos emplear los próximos tres años. 
Debemos ver cómo funcionan las nuevas normas. 
Debemos ocuparnos de que los países que se muestran escépticos pueden constatar por sí mismos que la transparencia es beneficiosa para la democracia. 
Señor Presidente. En primer lugar, quiero felicitar al Sr. Cashman, a la Sra. Maij-Weggen y al Sr. Watson. 
Cuando se alcanza un compromiso, no se consigue todo lo que se desea, así es la vida. Uno sopesa la propuesta de compromiso, valora si a pesar de sus carencias ésta es mejor que nada y finalmente decide si está a favor o en contra. 
Pues no hay otras posibilidades cuando no se puede llegar más lejos en la mesa de negociaciones. 
El compromiso alcanzado en las negociaciones sobre el acceso del público a los documentos comunitarios no responde de ninguna forma a lo que yo deseaba al comienzo de las negociaciones y presenta puntos débiles que ya han sido señalados. 
Por ejemplo, la existencia de demasiadas excepciones y de demasiadas incertidumbres sobre las excepciones que se aplicarán. 
No obstante, es el primer paso en la dirección correcta, lo que significa que dentro de pocos años podremos dar el siguiente paso, y refleja ante todo la voluntad de la UE de dotar a su trabajo de una mayor transparencia. 
Comprendo que se haya tildado al compromiso de triunfo de la voluntad de diálogo. 
La propuesta de la Comisión quedó lejos de las expectativas del Grupo Liberal y de los deseos de los diputados escandinavos. 
En los países escandinavos conservamos buenas tradiciones en materia de transparencia en la administración y naturalmente tomamos esto como punto de partida. 
Por otro lado, teníamos enfrente a una larga serie de países que no tienen las mismas tradiciones, países en los que el acceso público a los documentos de las autoridades es mal conocido, donde no existe legislación al respecto. 
En otras palabras, mediaba un gran abismo entre las dos posiciones. 
Nosotros, los daneses, mantenemos una especial relación de amor-odio con nuestros vecinos suecos. 
A menudo nos parecen algo finolis y un poco autosuficientes, pero generalmente sólo es envidia. 
Cuando se trata de transparencia en la administración, todos los países tenemos mucho que aprender de los suecos, también Dinamarca, y por ello nuestros reparos a la hora de votar a favor del compromiso serán menores al ver que los compañeros suecos de nuestro Grupo y la Presidencia sueca recomiendan el voto a favor. 
Seguiremos muy de cerca la implantación del resultado ahora alcanzado. 
Señor Presidente, todavía me sobra medio minuto de mi tiempo de intervención, ya que la mayor parte de las veces no lo agoto. Quisiera utilizar ese tiempo para efectuar un par de observaciones. 
Quizá también quiera hacerlo Margot Kessler al final. 
Me ha molestado mucho la intervención de la Sra. Frahm, ya que ha señalado que hay un retroceso importante en las propuestas y eso no es en absoluto verdad. 
Tal vez debamos volver a discutirlo entre nosotros, pero no creo que aquí se pueda hacer una afirmación que no coincide en absoluto con la realidad. 
Todos los ponentes proceden de delegaciones grandes y, tal vez, debamos volver a examinar cómo implicamos también a las delegaciones más pequeñas en las actividades de cara al futuro. 
Por último, debo decir que no considero tan bueno el ejemplo de las muñequitas rusas de la Sra. Hautala. 
Si hay un país que muestra cómo puede terminarse con la transparencia, es Rusia; basta examinar las acciones actuales respecto de los medios de comunicación. 
Señor Presidente, mi última observación se refiere al hecho de que aquí, en el debate, se haya hablado de una diferencia cultural. 
Usted es europeo del sur y el Sr. Barnier es francés, pero son los únicos. 
Esperemos que este debate llegue hasta nuestros colegas del sur de Europa, ya que allí la transparencia de la Administración tal vez sea la necesidad más acuciante. 
El Presidente no está autorizado a replicar sobre la alusión sobre la presencia de diputados del sur o no. 
Intervengo porque se ha hecho una acusación perjudicial en el sentido de que, en cierto modo, hemos violado los Tratados al excluir a los grupos pequeños de los debates y las negociaciones y es de la máxima importancia corregir esto. 
El debate y la votación sobre el primer proyecto de informe se celebraron el 16 de noviembre de 2000. 
Los ponentes recibieron el mandato inequívoco del Parlamento de negociar con el Consejo. 
La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo también dio su claro apoyo político. 
El mandato otorgado en virtud del artículo 69 del Reglamento era, y cito textualmente, "presentar enmiendas encaminadas a alcanzar un compromiso", con vistas a aprobar el Reglamento en una sola lectura y dentro del plazo establecido en el Tratado para la aplicación del artículo 255. 
La serie de reuniones a tres bandas, negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, tuvo lugar desde enero hasta marzo de 2001. 
Todas, y repito todas, las distintas versiones de las enmiendas de compromiso fueron sometidas a debate en la Comisión LIBE y tras la reuniones a tres bandas. 
El procedimiento ha sido bastante más transparente que el procedimiento de conciliación y dichas enmiendas de compromiso fueron aprobadas el 25 de abril en la Comisión LIBE. 
En ningún momento se ha impedido a ningún grupo ni a ningún individuo presentar enmiendas para hacer valer su influencia en el procedimiento. 
Las cosas avanzan. 
Esta Unión ha avanzado. 
Después de Niza tenemos una política de seguridad. 
Es acertado que operemos de una manera adecuada y responsable. 
Muchas gracias Sr. Cashman. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Bienvenida 
Me cabe el honor de saludar, con ocasión del debate que se celebrará a continuación, la presencia en la tribuna diplomática de una importante delegación de la Asamblea Nacional de la ARYM, compuesta por el Sr. Tomislav Stojanovski y el Sr. Iljaz Halimi, Vicepresidentes de la Asamblea Nacional, y por el Sr. Slobodan Kosev, presidente de la delegación interparlamentaria con nuestro Parlamento, así como por el Sr. Nano Ruzin, miembro de la Asamblea Nacional. 
Me permito recordarles que el Sr. Stojan Andov, Presidente de la Asamblea Nacional, viajó a Estrasburgo en nuestro período parcial de sesiones del mes de marzo, con objeto de informar a la Conferencia de Presidentes sobre la situación en Macedonia, y que vamos a recibir en Estrasburgo al Sr. Boris Trajkovski, Presidente de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, en nuestro Parlamento, el próximo miércoles 13 de junio de 2001. 
Acuerdo UE/ARYM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación (A5-0132/2001) del Sr. Swoboda- en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa- sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión sobre la conclusión del acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en realidad podría decir que Johannes ya lo ha dicho todo. 
Podría repetirlo. 
Sin embargo, voy a destacar algunos aspectos diferentes. 
Las prisas que tenemos están justificadas porque sencillamente queremos mostrar que este Parlamento está detrás de este país, detrás de Macedonia, y que queremos ayudarle a superar rápidamente la actual crisis. 
Naturalmente, nos alegramos de que el Parlamento haya aplicado en Macedonia toda su influencia y haya aprobado este acuerdo. 
Esto nos muestra a favor de quién se ha decidido. 
Pero en Macedonia también hay que mostrar claramente que esta Unión es una Unión de valores. 
No siempre se respetan todos ellos entre nosotros, pero estos valores representan un elevado grado de tolerancia y de respeto ante los demás y de protección de las minorías. 
Por ello, en mi opinión creo que es necesario trabajar conjuntamente en Macedonia para ampliar este umbral de tolerancia por encima de las diferencias partidistas. 
Se tiene que producir una lucha conjunta contra los criminales. 
Lamento profundamente la muerte de los cuatro soldados macedonios que acaba de producirse estos días. 
Por ello hay que luchar conjuntamente contra los criminales e incitadores. 
Todos deben distanciarse, condenar estos hechos e intentar crear un clima de tolerancia, trabajar por ello todos los días, en todos los medios, inclusive en el Parlamento macedonio y en la sociedad macedonia. 
Se debe condenar el terrorismo albanés pero no puede responderse con un nacionalismo eslavo macedonio. 
Creo que Johannes también lo ha dicho, lo único que no de un modo tan insistente como yo. 
Debe imperar el sentido común en la sociedad macedonia, por lo que creo que todos los políticos deben eliminar del camino los motivos de tales acciones- ya sean supuestos o auténticos. 
Es cierto que la sociedad albanesa no participa aún ni mucho menos en los cargos públicos, que no ha alcanzado un peso público que le permita rechazar cualquier ataque al delicado equilibrio interétnico. 
Esto es en parte herencia del pasado comunista y, en parte, es también un hecho que en los últimos años no se han realizado suficientes esfuerzos para restablecer mejor este equilibrio interétnico. 
En mis conversaciones con el antiguo Presidente Kligorov siempre he escuchado de él que reconoce este tema y que se opone a ciertas acciones. 
Pero también tengo que decir que el antiguo Gobierno no siempre ha seguido suficientemente estas apelaciones. 
Por ello, es aún menos comprensible que después del positivo comportamiento en la crisis de Kosovo, cuando todo el pueblo macedonio, los macedonios eslavos y los albaneses acogieron realmente a estos refugiados, que justo en este momento en el que los albaneses detentan Ministerios clave, en que se ha aprobado la Ley sobre Formación Superior, en que se soluciona el destino de la Universidad de Tetovo con fondos financieros adicionales nuestros y de otros Estados, en que el año académico puede comenzar, que precisamente ahora se azuce el fuego. 
En mi opinión, esto ocurre menos por motivos realmente políticos razonables sino más bien para mantener vivo un foco permanente de crisis en el que los terroristas puedan actuar. 
Deseo en gran medida que todos los políticos razonables en Macedonia pongan en marcha conjuntamente más iniciativas para lograr una sociedad macedonia que funcione ante el trasfondo de la nueva ventana europea que se abre con este tratado. 
Pero también quiero apelar a la comunidad internacional, a UNMIK y a la KFOR para que hagan todo lo que esté en su mano para ayudar a Macedonia practicando en Kosovo una política mejor y más consecuente, pues debido a la insatisfacción que allí existe cada vez se libera un potencial terrorista mayor. 
Muchos sectores políticos en Macedonia necesitan aún ayuda. 
Debemos ayudar en el sector de la justicia, en los problemas de la corrupción y de la trata de personas, que representa un gran problema en toda la región. 
Saludo muy en especial que el tratado fronterizo con Yugoslavia haya sido el primero que se ha concluido en la región. 
Desearía entre otras cosas que existiese también una formación de representantes de los medios que sean dignos de tal calificación para que no se eche innecesariamente leña al fuego. 
Deseo encarecidamente que los políticos que hoy están aquí y sus amigos hagan todo lo posible para que su juventud pueda quedarse en el país, pues es su futuro. 
Pero necesitan puestos de trabajo y una perspectiva. 
Por ello, saludo mucho que se hayan creado los cinco Enterprise Promotion Center. 
Espero que tengan éxito. 
Pero lo más importante es la estabilidad política pues sólo entonces se establecen las empresas. 
Nosotros, como UE, podemos proporcionar la necesaria ayuda en el marco de nuestro nuevo acuerdo con ellos. 
Estoy segura que vamos a hacer todo lo posible junto con la Comisión. 
Señor Presidente, hoy expresamos nuestra opinión favorable a la recomendación, como siempre excelente, del Sr. Swoboda. 
Hay una cierta ironía, en el sentido de que hoy es 2 de mayo mientras que el acuerdo de la Comisión se firmó el 24 de noviembre: a lo mejor si la hubiésemos aprobado antes, habríamos podido evitar también determinadas consecuencias. 
Me limito a hacerles notar que esta tarde los guerrilleros han tomado la embajada de Albania a punta de pistola y que en Bitolj han sido destruidas tiendas y viviendas de albaneses, en Bitolj donde nunca se habían registrado desordenes hasta la fecha, y que ayer fue desactivada una bomba en el aeropuerto de Skopje. 
Pues bien, me dirijo a ustedes, señores diputados: hagan todo lo que esté en su mano, detengan esta espiral de violencia mientras sea posible, mientras se pueda y hasta donde alcancen sus fuerzas. 
Macedonia es desde hace años una pesadilla para Occidente. 
Las resoluciones del Consejo y de la Comisión hablan de Macedonia sobre todo en lo que respecta a Albania, sin embargo, existe Kosovo. 
Y evidentemente hay más: se me antoja que Macedonia está en el centro del embrollo balcánico, una nación con alguna vena irracional, con algunos filobúlgaros, con algunos filoserbios, con una buena parte que se reconoce en la República de Macedonia creada por Tito, con una fuerte minoría albanesa. 
Pues bien, no puede sino dialogar, de lo contrario, el país no se tiene en pie. 
Hoy Europa da otro paso para ayudarles: más Europa en Macedonia, más estabilidad en Europa. 
Pero ustedes tienen que cumplir con su parte. 
Señor Presidente, he tenido el placer de dirigir una delegación de mi Grupo, primero a la antigua República yugoslava de Macedonia y posteriormente a Bosnia Herzegovina, en Serbia, a Kosovo la pasada semana. 
Regresamos más convencidos que nunca, al menos la gran mayoría de mi Grupo, de que no existe Europa en el sudeste de nuestro continente. 
A nuestro juicio, la Unión Europea debe dotarse de todos los medios económicos, políticos e institucionales necesarios para la puesta en práctica de una estrategia que permita acoger a estos pueblos y a estas naciones, si ése es su deseo. 
Consideramos que el acuerdo de estabilización y asociación entre la Unión Europea y la República de Macedonia se incluye, aunque sea modestamente, en esta perspectiva. 
Su firma, el pasado 9 de abril y su ratificación por este Parlamento apenas tres semanas más tarde, constituyen a mi juicio un triunfo para Macedonia, para la región y para la Unión. 
Para Macedonia, además de la aportación económica nada desdeñable que representa una ayuda financiera de 62 millones de euros a partir de este año y la posibilidad de exportar sus productos a los Quince sin aranceles, es la significación política del acuerdo lo decisivo. 
Simboliza efectivamente un compromiso de las principales fuerzas políticas macedonias, eslavoparlantes y albanoparlantes, en promover el diálogo político con la exclusión de cualquier acción armada entre las diferentes comunidades étnicas. 
Favorece los avances hacia el establecimiento de una igualdad de derechos y de una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Abre una perspectiva unificadora en una sociedad amenazada de desestabilización, y lo vemos todos los días. 
Para la región, no digamos ya los Balcanes, ya que la expresión es ampliamente rechazada en la medida en que transmite dolorosos recuerdos; para la región, el hecho de que Macedonia sea el primer país en poder concluir un acuerdo así es un estímulo para inspirarse en este modelo, muy imperfecto pero sin embargo inédito, de cooperación interétnica. 
Recordemos que el viceprimer ministro, los ministros de economía, de justicia, de trabajo, de descentralización y muchos viceministros de Macedonia son albaneses. 
Finalmente, para la propia Unión Europea, que tiene tantas dificultades en sacar adelante su política exterior común, el hecho de poder desempeñar, en este país clave, un papel real y constructivo, constituye un estímulo. 
No debemos detenernos por tanto en el camino. 
Otros acuerdos de este tipo acaban de concluirse en el mismo espíritu con Croacia, Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina, Albania, la próxima gran etapa deberá ser el reconocimiento de su candidatura a la Unión Europea. 
Incluso aunque alguno comprenda que la vía que lleva de la candidatura a la adhesión propiamente dicha se incluye en un proceso, las condiciones para una cooperación activa existen ya. 
Mi Grupo en cualquier caso está decidido a trabajar por ello con determinación. 
Señor Presidente, establecer relaciones entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia con una base innovadora y abrir a ese país, aunque con el tiempo, la perspectiva de la integración en las estructuras de la Unión Europea mediante el dispositivo previsto en el proceso de estabilización y asociación constituye- pensamos nosotros- una importante contribución a la estabilidad en la región balcánica. 
El acuerdo sobre el que nos pronunciamos hoy, subscrito por las partes hace ya seis meses, abarca la inclusión de protocolos que establecen un diálogo político con la ARYM, comprende disposiciones para una cooperación regional fortalecida, plantea la hipótesis de la constitución de una zona de libre comercio con la Unión Europea, establece disposiciones sobre la circulación de trabajadores, libertad de establecimiento, prestación de servicios y movimientos de capital, establece un compromiso de aproximación de la legislación de ese país a la de la Comunidad Europea, sobre todo en algunas esferas fundamentales del Mercado Interior, y, por último, anticipa también disposiciones sobre la cooperación en un amplio abanico de sectores, en particular el de la justicia y los asuntos de interior. 
Ése es, señor Presidente, el acuerdo logrado. 
Concluido dicho acuerdo, esperamos que sus cláusulas resulten un gran paso hacia la paz y la estabilidad en esa región, cuyos pueblos han demostrado ya legítimamente que pueden abrigar la ambición de pertenecer a nuestro espacio de libertad y desarrollo. 
También por eso el acuerdo podría y debería cobrar un carácter ejemplar respecto de otros países de la región balcánica. 
Es que, con los recientes actos de agresión desencadenados en la frontera y perpetrados contra la población civil de ese país y sus fuerzas armadas, lo que importa ahora es apoyar los esfuerzos del Gobierno y de la población macedonios para mantener la estabilidad del país y estimular al Gobierno y a los partidos albaneses moderados para evitar posiciones destructivas y de confrontación. 
Su acción debe ir encaminada, al contrario, al mantenimiento de la paz y la democracia en una sociedad multiétnica, factor fundamental, por lo demás, para la aplicación de dicho acuerdo, por lo que debemos alentar al Gobierno macedonio a que prosiga su política con vistas a garantizar los derechos fundamentales y la tolerancia entre todos los grupos étnicos con el objetivo de que sea posible fomentar el desarrollo económico del país. 
En una palabra, consideramos que el acuerdo debe entrar en vigor lo más rápidamente posible y esperamos que, con la votación de este Parlamento, se comprenda la señal a favor de la Antigua República Yugoslava de Macedonia para que se luche eficazmente contra la violencia y los pueblos y los países vecinos sigan ese ejemplo. 
Señor Presidente, señor representante de la Comisión (que no está) , señor representante del Consejo, quisiera ante todo establecer una premisa acerca de la democracia, para subrayar- y aquí me dirijo a ustedes, señores diputados de la República de Macedonia- que la cuestión de la democracia, los problemas de la democracia no afectan sólo a su país. 
En este momento, en Italia, país en que fui elegido, una colega nuestra, Emma Bonino, lleva 113 horas de huelga de hambre y sed y esto por una cuestión de democracia, porque en Italia, Estado de la Unión Europea, las condiciones democráticas, de participación democrática en las elecciones no están garantizadas. 
En Italia se asiste a una disputa entre el Polo y el Olivo sobre cuestiones irrelevantes, sobre cuestiones de pleitesía de uno y de otro al Vaticano, a disputas incluso sobre cuestiones serias, como la del conflicto de intereses que afecta al candidato del centro derecha, una cuestión tan seria que, sin embargo, no ha sido afrontada por el centro izquierda en los cinco años de la legislatura que está a punto de acabar. 
Esto para decirles que la cuestión de la democracia es una cuestión seria, una cuestión que nos afecta y algo tan grave como lo que sucede hoy en Italia y que afecta al debate y a la capacidad... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Dupuis, quisiera hacerle una indicación: que se atenga al tema en debate y deje las cuestiones de orden político interno de Italia para otra intervención. 
Quisiera indicarle que cumpla el Reglamento y haga una intervención en el ámbito del tema que estamos debatiendo y no en el de la política interior italiana, que en este momento no está aquí en debate. 
Señor Presidente, estaba a punto de decir que la cuestión de la información es también una cuestión fundamental. 
Paso ahora a la cuestión que atañe más directamente a nuestro debate, la cuestión... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Su Señoría ha hablado durante dos minutos y treinta y un segundos y hasta ahora no ha entrado en materia. 
¡Debe reconocer que es una exageración! 
Señor Presidente, hasta que no se demuestre lo contrario, aún somos libres de decir lo que queremos, somos todavía una democracia. 
A lo mejor usted tiene otra idea de la democracia, sin embargo, cada uno dice lo que considera más justo. 
Estaba llegando al grano, señor Presidente. 
Gracias al Sr. Swoboda y a su iniciativa y a la ayuda de algunos diputados, hemos recuperado el tiempo perdido, cosa que agradezco mucho al Sr. Swoboda. 
Por fin tenemos un acuerdo. 
Todos sabemos- de tanto en tanto coincido con el Sr. Wurtz- que el problema radica en comenzar a reflexionar sobre la verdadera cuestión que no es otra que la adhesión, porque no se puede continuar con distintas clases de Estados candidatos y de Estados que no pueden ser candidatos. 
Por lo que respecta a la cuestión de Macedonia, hace algunas semanas, al regreso del Alto Representante Solana, todos nosotros, creo, habíamos abrigado alguna esperanza de asistir a una evolución positiva de la situación. 
Los últimos acontecimientos, recordados por el Sr. Volcic, nos demuestran, en cambio, que la situación no se encuentra en absoluto bajo control. En efecto, lo ocurrido- el hecho de que ocho soldados hayan sido muertos hace unos días y las manifestaciones antialbanesas- demuestra que no es así. 
En mi opinión, el problema es muy grave. Eramos pocos los que lo dijimos hace unos meses; sin embargo, considero que el problema es muy grave y seguramente nuestro Parlamento no puede pensar que este acuerdo es la solución a la crisis de Macedonia. 
Hará falta mucho más, y lo digo a nuestros colegas de Macedonia: el problema radica en restablecer las condiciones de un verdadero diálogo, en examinar seriamente, sin tacticismos, las cuestiones concretas que afectan en particular a la minoría albanesa, a las frustraciones acumuladas por esta minoría, así como por otras poblaciones albanesas. 
Recuerdo que hasta que no se resuelva la cuestión de Kosovo, esto no favorecerá, sin duda, la solución de la cuestión de Macedonia. 
Por lo tanto, debemos pedir a la Comisión y al Consejo que afronten por fin estas cuestiones en su conjunto, lleven a cabo por fin un debate sobre la cuestión del estatuto final de Kosovo y resuelvan por fin la cuestión de los prisioneros kosovares, y que después ayuden a nuestros amigos de Macedonia a afrontar los verdaderos problemas. 
Es verdad que la actual situación económica de Macedonia no favorece la solución de estas cuestiones, pero no lo es menos que, hoy por hoy, existe un trato desigual, incluso desde el punto de vista económico, entre la minoría albanesa y la mayoría macedonia. 
Cuando la minoría albanesa de una ciudad como Tetovo ve llegar autocares con trabajadores procedentes de Skopje y que son trabajadores "de origen macedonio", todo esto demuestra, sin duda, que su tratamiento es distinto. 
Para la solución, ¿acaso no se puede hablar de federalismo? 
Yo creo, Doris, que sí que hay que hablar de federalismo. 
El federalismo no supone necesariamente una división. 
Existen soluciones federalistas- pienso, por ejemplo, en la realidad de Bélgica que ha inventado el concepto de federalismo comunitario- donde, para las materias que afectan más directamente a la relación entre el ciudadanos y su institución, que pueden afectar a la cultura, a la educación y también a la salud, sería posible imaginar un federalismo que no implicaría una división territorial de Macedonia, sino que permitiría también a la numerosa minoría albanesa tener unas instituciones representativas y, por lo tanto, gestionar de manera más autónoma al menos las materias que le atañen más directamente. 
Creo que nuestros colegas macedonios deberían considerar sin tabúes, sin miedos estas propuestas de solución, porque por estos cauces pasa la posibilidad de establecer un clima apto para permitir la convivencia entre las dos grandes poblaciones que hoy componen Macedonia. 
Señor Presidente, el sangriento incidente fronterizo del sábado supone un serio retroceso para las fuerzas sociales de Macedonia que defienden una coexistencia étnica pacífica dentro del Estado macedonio. 
Los disturbios étnicos ocurridos en la ciudad de Bitola constituye una prueba más de ello. 
Al mismo tiempo, este enfrentamiento violento entre la guerrilla albanesa y una patrulla macedonia de elite vuelve a cuestionar la eficacia de la presencia militar internacional a ambos lados de la frontera de Kosovo y Macedonia. 
Para empezar, ¿dónde estaban las unidades de la KFOR en el momento del enfrentamiento del sábado? 
Fue un enfrentamiento grave. 
Me gustaría una aclaración de esta cuestión por parte del Consejo y de la Comisión. 
A fin de cuentas, el ponente Swoboda hace hincapié, no por nada, en la contribución esencial de la KFOR a la pacificación de la franja fronteriza entre Kosovo y Macedonia. 
Una segunda cuestión formulada al Consejo y a la Comisión: según dicen, en la KFOR no se da el intercambio de información necesario entre los contingentes situados en la zona fronteriza kosovar y macedonia. 
No espero una respuesta directa, sí que ambas instituciones estudien seriamente estas importantes condiciones para la pacificación. 
Por último, la recomendación merece que la KFOR, consultando y colaborando estrechamente con las autoridades macedonias y serbias, pueda efectuar controles fronterizos sumamente estrictos en la vecina Kosovo. 
Precisamente, esta asistencia, como muy bien señala el ponente Swoboda, no beneficia solamente a Macedonia, sino al proceso de estabilización y asociación de toda la región de los Balcanes Occidentales. 
Señor Presidente, hace ahora alrededor de un año que el Sr. Swoboda señaló en un informe sobre este mismo tema que Macedonia constituía realmente un factor de estabilidad para los Balcanes. 
Se pronunció, entonces, con el apoyo de todo el Parlamento. 
Eso se debió, por supuesto, a que nos acordamos del momento anterior a las guerras yugoslavas, en el que Macedonia, principalmente, desempeñó un papel extraordinariamente conciliador y constructivo, ideando compromisos a fin de incitar a las partes en conflicto a reflexionar. 
Es algo que no olvidaremos fácilmente. 
En segundo lugar, tampoco olvidaremos la acogida a los refugiados de Kosovo por parte de Macedonia: también se realizo un esfuerzo enorme en este punto que, además, causó tensiones en Macedonia. 
No fue sencillo y tampoco lo olvidaremos. 
En cambio, el mundo occidental y la Unión Europea no siempre se han comportado correctamente con Macedonia. 
Se inició un boicot y sus consecuencias afectaron especialmente a este país. 
Macedonia contó con una ayuda humanitaria simbólica, y sus empresas privadas no tuvieron oportunidades reales. 
Es enormemente importante que ahora se dé un paso muy positivo desde la Unión Europea con este acuerdo de estabilización y asociación, con el que se ofrecen nuevas posibilidades a las empresas privadas macedonias. 
Por supuesto, también hemos criticado a este país y seguimos haciéndolo, porque ha sido lento a la hora de regular las relaciones interétnicas. 
No obstante, precisamente ahora, cuando la Universidad de Tetovo ha iniciado el buen camino al ofrecer oportunidades a los grupos de habla albanesa de Macedonia, por lo que el aparato funcionarial contará probablemente con un carácter menos uniforme, justamente ahora, estallan en cierto sentido los problemas. 
Es muy lamentable que en este preciso momento estén allí en peligro los criterios de Copenhague aplicables a cada estado candidato. 
De ahí que quiera efectuar un llamamiento a los políticos macedonios para que tengan en cuenta que si se comportan como defensores del Estado de Derecho y de sus métodos, son bienvenido en la unión de Estados de Derecho que conformamos. 
Señor Presidente, mi Grupo respalda las conclusiones del ponente y puedo felicitar, por tanto, a Macedonia por el hecho de ser la primera ex república yugoslava que firma un acuerdo de estabilización y asociación con la UE. 
Un acuerdo ofrece la posibilidad de poner en marcha implicaciones muy correctas e intensas. 
Un acuerdo constituye un instrumento importante para una mayor estabilización de la región y supone, por tanto, un complemento importante y esencial del Pacto de Estabilidad. 
Pero hay más. 
Un acuerdo de estabilización y asociación constituye el primer paso en el camino de la pertenencia a la UE. 
Es la materialización de la promesa que la Unión Europea había realizado en cuanto a que una ejecución con éxito de todos los elementos del Pacto de Estabilidad abriría el camino hacia la UE. 
Refuerza la orientación hacia Europa y los valores europeos. 
Esperamos que el ejemplo macedonio sea rápidamente seguido por otros. 
Ya se está negociando con Croacia. 
En cuanto a Albania, se están realizando los preparativos. 
Ojalá Belgrado también pueda iniciar las primeras conversaciones, siempre que la cuestión de Montenegro no agüe la fiesta. 
Por supuesto, no podemos olvidarnos de Bosnia. 
La fuerza de este acuerdo reside no sólo en sus disposiciones, que permiten la colaboración en muchos ámbitos, las estrechas relaciones con la Unión Europea basadas en este acuerdo y las perspectivas vinculadas al mismo de cara a la adhesión pueden influir de forma moderada en las relaciones internas de estos países. 
Es una forma de prevención de conflictos. 
Hemos visto efectos semejantes en los estados candidatos. 
El papel activo que el Alto Representante Solana y el Comisario Patten han podido desempeñar ante los problemas actuales en la Antigua República Yugoslava de Macedonia constituye un buen ejemplo de ese efecto positivo. 
La conclusión, por ello, no puede ser otra que la necesidad de firmar rápidamente más acuerdos como éste en la región. 
Señor Presidente, con este acuerdo abrimos un camino que deberíamos haber abierto hace muchos años en una región a la que, con la estúpida política que hemos venido aplicando, habíamos convertido en un agujero negro de Europa. 
No obstante, señor Presidente, es muy frágil. 
Ocho policías y militares resultaron muertos anteayer. 
Una provocación. 
Respuesta de algunos irresponsables en Bitola, bomba en el aeropuerto. 
El Sr. Swoboda no ha oído hablar nunca de la Gran Albania, yo lo oigo a diario, señor Presidente, y yo vivo en la región, y viajo a la zona. 
Un acuerdo frágil, y una situación frágil; y hay una razón más para que sea así: no está nada claro, no hay ninguna certeza sobre la política que, como Unión Europea, nos proponemos seguir allí. 
Y sin una política que garantice la integridad territorial y la soberanía, no puede haber confianza, no puede haber perspectiva, ni diálogo, ni reformas democráticas. 
Sólo con una política que garantice la integridad territorial y la soberanía puede haber estabilidad política. 
De lo contrario, dentro de algunos años nos lamentaremos por los muchos errores cometidos. 
Señor Presidente, a raíz de la caída del régimen de Milosevic el 1 de octubre de 2000 y de los incipientes cambios democráticos que se han producido en Belgrado, la Unión Europea ha cambiado radicalmente su política con respecto a Serbia. 
En el mensaje de la Unión a la población serbia del pasado septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores dijo que la Unión prometía que un voto a favor de la democracia en Serbia sería un voto a favor de la entrada de Serbia en Europa. 
Después de la transición democrática en Serbia, la Unión ha levantado sus sanciones para revocar el embargo de petróleo contra Serbia y ha levantado las prohibiciones de vuelo. 
La Unión ha ampliado asimismo a Montenegro la financiación a través de la Agencia Europea para la Reconstrucción en Serbia y ha propuesto además una ampliación de las preferencias comerciales para los Balcanes y toda Yugoslavia, anunciadas recientemente. 
Es importante que la Unión Europea y Yugoslavia normalicen sus relaciones diplomáticas. 
Es acertado que la Unión Europea contribuya activamente a la reconstrucción institucional y económica que está teniendo lugar en estos momentos en la antigua República de Yugoslavia. 
Debemos aunar los esfuerzos de todos para dejar atrás los trágicos acontecimientos que se han sucedido en los Balcanes desde los años noventa. 
La detención del Sr. Milosevic es el primer paso importante para llevarle ante la justicia y debemos felicitar a las autoridades de Belgrado por su determinación en este sentido. 
No es más que justo y adecuado que el Sr. Milosevic responda ante la población serbia de los crímenes que ha cometido contra ella y en su nombre. 
Ahora tenemos ante nosotros las mejores perspectivas para una generación que construya la paz duradera y la prosperidad en toda la Europa Sudoriental, y la Unión Europea está dispuesta a desempeñar un papel activo en este sentido. 
La asistencia financiera global de la Unión a los Estados que constituyen la antigua República de Yugoslavia se eleva actualmente a 475 millones de euros. 
Esta asistencia incluye la ayuda a los programas de educación, los planes para la reconciliación, la provisión de alojamiento para los refugiados, la construcción de pasos fronterizos, así como la ayuda a proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y la limpieza de contaminantes del río Danubio. 
Creo que también es importante que los dirigentes de Kosovo condenen claramente la violencia que está teniendo lugar en la antigua República de Yugoslavia. 
Dichos dirigentes deberían recordar que es muy difícil justificar ante los contribuyentes europeos los niveles tan elevados de la asistencia financiera que Kosovo recibe de la Unión si sus dirigentes no condenan la violencia que actualmente está teniendo lugar en la región. 
Ha llegado la hora de dejar atrás la violencia, el asesinato, el sufrimiento humano y la inestabilidad en la región de los Balcanes, que se han sucedido durante los últimos 10 años. 
Señor Presidente, permítame saludar con particular calor, afecto y amistad a los colegas del país vecino, de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de esta democracia que hoy mira hacia la Unión Europea y espera su abrazo. 
Creo que, de un diputado griego, los colegas desearan escuchar algo sobre la disputa a propósito del nombre. 
Tal vez esa disputa no debería haberse producido nunca, tal vez debería haberse resuelto hace ya tiempo, pero, en cualquier caso, se mantienen negociaciones, negociaciones amistosas, y espero que muy pronto también esté problema encuentre su solución. 
Por lo demás, señor Presidente, Grecia presta, con entusiasmo, todo su apoyo al país vecino. 
Todo lo que aquí se ha dicho que tiene que hacer la Unión Europea, Grecia ya lo está haciendo; de manera discreta, pero sustantiva. 
Grecia, con sus inversiones, le presta apoyo económico; de hecho, es uno de los principales inversores, si no el primero, en la vecina república, y le presta igualmente apoyo a través de las relaciones comerciales. 
Le brinda apoyo político, puesto que es permanente el apoyo a la política de reconciliación que sigue el gobierno con respecto a los muy difíciles, los terriblemente difíciles problemas internos a los que se enfrenta, y le presta apoyo internacional hasta el punto de pedir oficialmente a la OTAN que impida la introducción del caos- se pretende desde otras zonas de la región- en la república. 
No debemos, en la tranquilidad de nuestro Parlamento, señor Presidente, minusvalorar la magnitud de los terribles problemas que se están creando. 
Con una vieja táctica bien conocida por nosotros en la región, los extremistas matan, saquean, provocan incidentes, al objeto de incitar a dos grupos de población del mismo país- y, al fin y al cabo del mismo pueblo, puesto que son todos ellos, con nosotros, europeos- a destrozarse entre sí. 
Es una táctica muy conocida. 
Desgraciadamente, ha sido eficaz, y debemos oponernos a ella. 
Desgraciadamente, también nosotros, la Unión Europea, con nuestros errores, hemos llevado mucha agua al molino del desgarramiento civil. 
Debemos oponernos con firmeza y demostrar que podemos imponer la reconciliación y facilitar la cooperación entre los pueblos, la única forma de forjar un eslabón de paz, en lugar de alimentar un foco incendiario. 
Señor Presidente, los diputados del Partido Comunista de Grecia no votaremos a favor del acuerdo con la ARYM que se debate; un acuerdo que constituye una muestra más de los intentos de la Unión Europea por atar corto a ese país. 
Las concesiones económicas y la promesa de su adhesión a la Unión Europea- tras plegarse plenamente, como es natural, a las exigencias sociales- no son sino el medio para una mayor penetración del capital europeo. 
El informe, invoca la declaración adoptada en Estocolmo, para, en esencia, aceptar el mantenimiento de una posición equidistante de los extremistas albaneses disfrazados de negociadores, que, como hemos visto, persisten en su actividad criminal, y del gobierno de la ARYM. 
Todo el mundo sabe, de hecho, que el famoso Ejercito de Liberación Nacional, que reivindica el papel de negociador oficial de la minoría albanesa, es un retoño de la UÇK. 
Y se le encarga al Alto Representante que supervise el cumplimiento del acuerdo; o sea, que se pone al lobo a guardar las ovejas. 
He aquí por qué esta política, tal y como queda también expresada en el informe que se debate, echa más leña al fuego en el que arden los Balcanes, y alienta las miras irredentistas de los nacionalistas albaneses. 
Es, en definitiva, necesario garantizar a los pueblos de la región el derecho a organizar por sí solos su futuro, y, si queremos ayudar, deberemos, precisamente, no apoyar semejantes intervenciones y actividades. 
Antes de pasar a la cuestión del Acuerdo de estabilización y asociación, permítanme dejar constancia de nuestra condena del ataque que se produjo el fin de semana en la frontera de Kosovo en el que perdieron la vida ocho soldados de la ARYM. 
Como dijo el Comisario Patten el fin de semana, ha sido un ataque a la democracia, un ataque concebido para desbaratar el diálogo entre los partidos políticos iniciado recientemente en la ARYM sobre las relaciones interétnicas, un diálogo que ha obtenido el firme apoyo de la Unión Europea. 
Mantenemos nuestra posición firme en favor de los valores de la tolerancia y la moderación y de apoyo a los que intentan salvar las diferencias a través del diálogo, en vez de la bomba o la bala. 
Es el motivo de que la firma del Acuerdo de estabilización y asociación entre la Unión Europea y la ARYM, que tuvo lugar el 9 de abril en Luxemburgo, fuera un acontecimiento tan importante. 
Este tipo de acuerdo es el primero que firmamos con un país de la región y simboliza los fuertes nexos que existen entre la Unión y la ARYM. 
A la firma del acuerdo asistieron los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y representantes de la práctica totalidad de los partidos, del Gobierno y de la oposición, albaneses, macedonios y eslavos con representación en la Asamblea Nacional de Skopie. 
El mensaje fue de unidad, unidad ante las amenazas a la democracia a las que la ARYM se ha enfrentado recientemente y sigue enfrentándose en la actualidad. 
Unidad en la creencia compartida en el futuro de la ARYM como miembro clave de la familia europea. 
La Comisión lanzó las negociaciones el 5 de marzo de 2000. 
Gracias a la excelente cooperación con las autoridades macedonias, las negociaciones concluyeron al cabo de nueve meses y el acuerdo fue aprobado en el marco de la Cumbre de Zagreb de 24 de noviembre. 
Los principales elementos del acuerdo son el establecimiento de una zona de libre comercio entre la Comunidad y la ARYM en el plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, el establecimiento de un diálogo político, disposiciones sobre la cooperación regional, disposiciones sobre la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, el suministro de servicios, el compromiso por parte de las autoridades de la ARYM de acercar la legislación a la de la Comunidad Europea, especialmente en el mercado interior, la cooperación en ámbitos como Justicia y Asuntos Interiores, el establecimiento de un consejo de estabilización y asociación que supervise la aplicación del acuerdo. 
El acuerdo reconoce que la ARYM es un posible candidato a la adhesión a la Unión Europea una vez que haya aplicado el acuerdo y supere los criterios de Copenhague. 
El acuerdo interino, suscrito también el 9 de abril, prevé la entrada en vigor de las disposiciones del acuerdo en materia de comercio el 1 de junio de 2001, sin necesidad de esperar a la ratificación formal del acuerdo por parte de los parlamentos nacionales. 
La Comisión invita al Parlamento Europeo a que emita su dictamen conforme sobre el acuerdo, y esperamos que los parlamentos nacionales ratifiquen el acuerdo cuanto antes. 
Como sus Señorías sabrán, éste es un período crítico en la historia de la ARYM. 
El presente acuerdo y el apoyo del Parlamento al mismo ponen de relieve el compromiso de la Unión Europea con el bienestar de la ARYM y la confianza de nuestra población. 
Es el contexto en el que la Presidencia, el Comisario Patten y el Alto Representante no han escatimado esfuerzos durante las últimas semanas para facilitar el diálogo entre los partidos políticos elegidos democráticamente en la ARYM iniciado por el Presidente Trajkovski y que está abocado a corregir los legítimos agravios. 
Los grandes esfuerzos proseguirán, pero con respecto al acuerdo, aunque la Unión Europea deseará prestar todo el apoyo posible, el último gran esfuerzo deberán realizarlo la población de la ARYM y sus dirigentes políticos. 
Son ellos los responsables del futuro de su país, motivo por el que es tan importante seguir presionando ahora para que siga avanzando el diálogo político. 
Gracias por sus intervenciones y gracias también al Sr. Swoboda. 
Muchas gracias, señora Comisaria Margot Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Problema de la seguridad nuclear quince años después del accidente de Chernóbil 
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a formular una declaración sobre los problemas de seguridad nuclear quince años después del accidente de Chernóbil y las consecuencias para la salud. 
Señor Presidente, Señorías, el accidente de Chernóbil de 1986 fue una tragedia de escala mundial y seguimos compadeciendo a las víctimas que causó esta tragedia, tanto entre el personal encargado de la limpieza y los trabajadores de la central, como entre la población que no estaba involucrada directamente y entre la que se encontraban niños inocentes. 
Asimismo reconocemos la enorme carga económica que este accidente ha supuesto para Belarús, Rusia y Ucrania, entre otros países, y los problemas a que se enfrenta la población de las regiones contaminadas para restablecer las condiciones normales de vida. 
Las consecuencias del accidente en territorio de la UE fueron comparativamente de escasa importancia, aunque prosiguen los esfuerzos importantes para medir los niveles de radiactividad en el medio ambiente y en los productos alimenticios: recientemente se han reforzado incluso los controles sobre la importación de alimentos. 
La conmemoración de este suceso nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la seguridad nuclear en la zona. 
El 15 de diciembre de 2000, Ucrania cerró definitivamente la central nuclear de Chernóbil. 
La Comisión acogió con satisfacción dicha decisión porque es una contribución importante a la mejora de la seguridad nuclear en Europa. 
También agradecemos que con la decisión de cerrar la central de Chernóbil antes de finales de 2000, Ucrania hiciera honor al compromiso que asumió en el acuerdo internacional firmado con los gobiernos de los países del G7 y con la Comisión Europea. 
La Unión Europea ha proporcionado a Ucrania una ayuda considerable durante los últimos años para paliar y superar las consecuencias del accidente de Chernóbil, cuyas repercusiones fueron tan devastadoras para la población y el medio ambiente. 
Hoy se han concedido más de 340 millones de euros en concepto de asistencia, sin contar la asistencia técnica proporcionada a otras instalaciones nucleares de Ucrania. 
En cuanto a Chernóbil, la importante ayuda de la UE está destinada a la reconversión del sarcófago en un sistema aceptable para el medio ambiente y para atender a las necesidades sociales. 
La Comisión adoptará en breve la propuesta formal de decisión del Consejo sobre una segunda contribución al fondo de protección en el BERD que posteriormente será presentada al Consejo y al Parlamento para decisión. 
La seguridad nuclear es una prioridad de la Unión Europea. 
Desde que se iniciaron las reformas políticas y económicas en la antigua Unión Soviética, la Unión Europea ha prestado asistencia activa a los países de la región con vistas a mejorar la seguridad de sus instalaciones nucleares. 
La estrategia que ha seguido la UE ha estado en consonancia con el programa multilateral de acción del G7. 
Esta estrategia incluye la ayuda a medidas a corto plazo para mejorar la seguridad nuclear, así como medidas a más largo plazo para sustituir los reactores poco seguros por fuentes de energía alternativas. 
En el caso concreto de los países candidatos de la Europa Central y Oriental, el Programa PHARE ha contribuido y sigue contribuyendo a mejorar la seguridad nuclear en dichos países, así como al desarrollo económico y medioambiental de estrategias eficaces para la generación de energía en sustitución de los reactores nucleares menos seguros. 
Conforme a la solicitud del Consejo, la Comisión ha dado prioridad a la seguridad nuclear en las asociaciones de cara a la adhesión y en la utilización de los fondos de preadhesión para perseguir estas prioridades. 
Algunos hitos importantes son: el acuerdo sobre el cierre de centrales que no pueden ser mejoradas en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria; el apoyo del programa a las autoridades normativas en materia nuclear; las mejoras a corto plazo de la seguridad realizadas con carácter de urgencia en algunos reactores; el diseño y las mejoras operativas en los reactores susceptibles de mejora, así como una asistencia considerable para atajar los problemas relacionados con los residuos radiactivos y el combustible nuclear agotado. 
El caso de la Federación Rusa reviste una importancia especial. 
Rusia es el único Estado de la antigua Unión Soviética que participa en todos los aspectos de la energía nuclear, desde la minería de uranio hasta el diseño de centrales, la generación de energía y el tratamiento del combustible nuclear agotado. 
Aproximadamente el 15% de la electricidad de Rusia se genera en centrales nucleares. 
La industria nuclear civil de Rusia es también una importante fuente de empleo que proporciona puestos de trabajo directos a aproximadamente 300.000 personas. 
Habida cuenta de las limitaciones del presupuesto comunitario disponible, del elevado número de reactores en funcionamiento y de las condiciones económicas de Rusia, la Unión Europea no puede ofrecer a Rusia una asistencia financiera equivalente a la que destina a los países candidatos y a Ucrania. 
No obstante, la política de orientación básica es la misma: hacer uso de los recursos técnicos y financieros de que dispone la Unión Europea para ayudar a la Federación Rusa a mejorar los niveles de seguridad. 
Con respecto a Rusia, también perseguimos una cooperación activa en la gestión del combustible nuclear agotado y de los residuos radiactivos en el noroeste de Rusia. 
Una enorme cantidad de combustible nuclear agotado procedente de submarinos está almacenada en condiciones muy deficientes. 
Esto representa una amenaza de grandes proporciones para el mar de Barents y el entorno ártico. 
La Comunidad no participa en el programa de vigilancia y evaluación del Ártico, aunque colabora estrechamente en las labores relacionadas con la radiactividad medioambiental en el Ártico. 
En estos momentos estamos participando en negociaciones activas sobre un acuerdo multilateral específico, el MNEPR, que debería permitirnos crear y aplicar un gran esfuerzo internacional. 
Para terminar, la Comisión ha emprendido una política activa para ayudar a nuestros Estados asociados en sus esfuerzos por incrementar la seguridad nuclear. 
Estamos decididos a continuar con esta política y tenemos grandes esperanzas de que juntos podamos garantizar un suministro de energía garantizada y segura que sea coherente con el desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente. 
Señor Presidente, Señorías, cuando hoy recordamos en el Parlamento el accidente de Chernóbil, recordamos también el modo especialmente cínico de proceder de una dictadura con la seguridad y el medio ambiente. 
Doy importancia a este punto pues en el debate muchos se comportan como si Chernóbil estuviese en todas partes. 
Y esto no es así. 
Hace doce años se derrumbó una dictadura que de antemano en lo referente a la seguridad técnica no tenía los estándares que tenemos en el mundo o en Europa. 
Por lo demás, hay que dejar claro que en una democracia tiene lugar un debate público y esto es una aportación a la seguridad. 
Hay autoridades supervisoras independientes- esto es una aportación a la seguridad- y hay tribunales que actúan independientemente, lo que también es una aportación a la seguridad. 
En otras palabras: un sistema democrático en el que impera el derecho es ya una aportación tan importante a la seguridad que hay que plantear en este lugar con claridad todas las diferencias y paralelismos. 
El modo de actuar cínico de una dictadura con una central nuclear de antemano insegura y cuatro bloques que se han desconectado desde septiembre por presión internacional, ha acarreado unas consecuencias que tiene soportar fundamentalmente la población de los Estados afectados. 
Tengo que constatar que después de doce años del hundimiento de la Unión Soviética, muchos de los políticos que allí mandan no se han despedido aún del cinismo en el modo de tratar a la población, tal como demostró el trato realmente inicuo dado a la población en el hundimiento del Kursk. 
Allí aún no es algo evidente discutir con el público. 
Hay que advertir al respecto. 
Cuando en nuestra resolución se dice que nuestra preocupación es muy profunda es porque es así. 
Pero también me doy cuenta de que hay algunas personas que alimentan falsamente la preocupación para perseguir un objetivo muy diferente, consistente en echar en el mismo saco las centrales nucleares seguras e inseguras que se están construyendo actualmente en el mundo- por cierto, también próximamente en la Unión y en los Estados Unidos -, lo que no es legítimo. 
En otros campos no ocurre así: si se produce un accidente de automóvil, no se prohiben todos los coches y si un avión se estrella, es algo terrible pero esto no trae como consecuencia la prohibición de todos los aviones. 
Queremos proporcionar ayuda a Ucrania: pero tenemos que decir a Ucrania y a nosotros mismos que dar dinero no nos puede tranquilizar sino que allí se tienen que crear las condiciones previas para que el dinero pueda cumplir en un sistema económico que funcione el sentido que debe cumplir en una democracia. 
Por ello, esperamos- lo que muestra con claridad la resolución- muchos cambios y modificaciones en el sistema energético de Ucrania. 
Señora Comisaria Wallström, cuando se habla de extraer enseñanzas, esto es en especial aplicable a los Estados candidatos a la adhesión. 
Sabemos que tres centrales con ocho bloques deben desconectarse. 
Pero también sabemos que otra parte de las centrales nucleares se puede reequipar, con lo que llego a la siguiente pregunta, señora Comisaria: La Comisión lleva a cabo por mandato de la Unión Europea negociaciones de adhesión también sobre el capítulo "seguridad estándar de la energía". 
El Parlamento sigue esperando que usted nos aclare a nosotros y al público con qué estándares de seguridad en las centrales nucleares está llevando usted las negociaciones. 
Se lo ha prometido en varias ocasiones al Parlamento pero aún no lo ha hecho. 
La Comisión está aquí en deuda. 
Espero que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y la de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía reciban pronto de usted una clara respuesta sobre qué estándares de seguridad se van a aplicar en sus negociaciones con los Estados candidatos. 
Esta es una cuestión que nos interesa mucho a todos nosotros y también a la población. 
Señor Presidente, el cierre de la central nuclear de Chernóbil ha recibido el fuerte aplauso de los miembros de los Grupos políticos de esta Asamblea, pero podría haberse producido antes y las razones por las que no fue así son instructivas. 
Ucrania no desea incrementar su dependencia de Rusia para el suministro energético y, por consiguiente, quería completar la construcción de los reactores de Khmelnitski y Rovno, y en su opinión hemos sido bastante lentos en la aplicación del Memorando de acuerdo celebrado en 1995. 
No obstante, la decisión de liberalizar el préstamo de Euratom para completar dichos reactores marca un paso muy importante en la mejora de las relaciones entre la UE y Ucrania, porque el acuerdo sobre el préstamo marca la voluntad de Ucrania de operar su central nuclear conforme a unas normas de seguridad equivalentes a las de la Unión Europea. 
Una cosa es hablar sobre los niveles de seguridad del funcionamiento y otra el importante aspecto de la reglamentación del sector. 
Me alegra que la Sra. Comisaria haya hecho referencia al apoyo que prestamos a las autoridades normativas de toda la Europa Oriental, porque es el ámbito que más nos preocupa. 
No se trata en absoluto de desafiar la competencia de las autoridades normativas ni de su personal en Ucrania. 
Es una cuestión de la competencia del organismo regulador para autorizar los procedimientos de arranque y parada que garanticen las labores de mantenimiento y de que sea el árbitro final de la carga y puesta en marcha. 
Sigue pendiente la necesidad de convencer a Occidente de que la situación de las autoridades normativas de Ucrania y otros países de la Europa Oriental es equivalente a la práctica occidental: este principio debería ciertamente quedar establecido antes de encargar el K2. 
En el apartado 12 de la resolución común se pide una cooperación más estrecha y el diálogo entre Ucrania y el Parlamento Europeo en asuntos relacionados con la energía. 
Es un requisito crucial para mejorar la economía de Ucrania, porque también son necesarias mejoras estructurales y técnicas en los sectores del gas, el petróleo y el carbón, y aunque el compromiso de Ucrania de mejorar la eficiencia energética y desarrollar fuentes de energía renovables merece ser acogido con satisfacción, los factores dominantes del futuro previsible serán los combustibles fósiles y la energía nuclear. 
Es fundamental que este Parlamento, sus comisiones y su delegación para las relaciones con Ucrania participen en los trabajos de la subcomisión del acuerdo de cooperación política que se encarga de temas relacionados con la energía y el medio ambiente. 
Asimismo debería mantenerse puntualmente informado al Parlamento sobre el avance de la construcción de la cubierta, el desmantelamiento de las instalaciones y la terminación de los dos reactores. 
Éstas son las cuestiones urgentes de carácter práctico que derivarán de la aprobación de la presente resolución. 
Señor Presidente, el Grupo Verts/ALE se complace de que se haya alcanzado acuerdo en torno a esta resolución, aunque nos hubiese gustado que hubiese sido más enérgica en algunos puntos. 
Quince años después de Chernóbil: la seguridad nuclear y sus consecuencias para la salud son el tema de esta resolución. 
Chernóbil nos recuerda constantemente que no podemos continuar ignorando los riesgos de la energía nuclear y es la señal de alarma más evidente de que ésta amenaza nuestra existencia. 
Quisiera decir al orador que me precedió que los accidentes no han sido inventados por el comunismo, también han ocurrido en EE.UU. y en Japón. 
¿Podríamos ponernos de acuerdo en este punto? 
El Departamento de Asuntos Humanitarios de la ONU calcula que nueve millones de personas han sido afectadas, directa o indirectamente, por el accidente de Chernóbil. 
En Belarús, el 18 por ciento de la población vive en un ambiente fuertemente contaminado. 
Esas cifras son muy altas si se piensa en lo que significan para el ciudadano común. 
Tal como señaló la Comisaria Wallström, los niños son los más vulnerables. 
La Organización Mundial de la Salud informa que la cantidad anual de niños afectados por cáncer a la tiroides en la región belarusa de Gomel y en las regiones más afectadas de Ucrania, supera en casi cien veces los valores normales. 
Queda por saber si hemos aprendido algo desde ese día. 
¿Se aplica actualmente el principio de la cautela? 
La UE sigue ayudando a terminar el reactor nuclear en Ucrania y todavía Euratom difunde sus teorías sobre las bondades y beneficios de la energía nuclear. 
Obviamente es provechoso que la UE contribuya a la seguridad nuclear, pero también deberíamos hacer algo para cerrar las centrales de energía nuclear. 
Quisiera preguntar a la Comisaria Wallström si existen planes en la Comisión para pedir a los países candidatos que desmantelen sus centrales nucleares antes de la adhesión a la Unión Europea y quisiera también sumarme a la pregunta anterior sobre el estándar de seguridad de la UE, ¿qué decimos a los países candidatos cuando nos hacen esta pregunta? 
Señor Presidente, el desastre de Chernóbil no constituye una excepción, por tanto, no era algo solamente propio de un tipo de centrales nucleares como las edificadas y utilizadas en la antigua Unión Soviética. 
Ya antes de 1986, se produjo una catástrofe en la central americana de Harrisburg, en la que un recalentamiento del reactor nuclear de fusión amenazó con desaparecer de la superficie de la Tierra. 
La cuestión central es que desde los años 50 ha existido en todo el mundo un optimismo excesivo en cuanto a las características de la energía nuclear. 
Se esperaba contar con una fuente inagotable de energía barata y limpia, pero en cambio, se obtuvo una instalación de riesgo que, incluso tras dejar de producir energía, continúa contaminando seriamente el medio ambiente durante mucho tiempo. 
Transcurridos quince años desde el desastre, gran parte de Belarús y Ucrania es todavía inhabitable para la gente que no quiere padecer cáncer. 
Los que se quedaron allí, dependen de las ayudas de la Administración y los que más deberían poder ayudar a la gente afectada, evitan la zona o la abandonan. 
Los alimentos de la región contaminada siguen siendo no aptos para el consumo. 
La solución no es un nuevo tipo de centrales nucleares, sino una recuperación sistemática de la zona afectada, la producción de energía alternativa y el ahorro energético. 
Solamente la colaboración financiera interesa a todos los europeos, en caso contrario, contribuimos al derroche y a las catástrofes en el futuro. 
Señor Presidente, según informaciones de la Agencia Internacional para la Energía Nuclear, el número de casos de cáncer de tiroides ha aumentado drásticamente. 
Esto lo ha comprobado un informe del Instituto Otto-Hug de la Universidad de Munich. 
Según pronósticos de la OMS, solamente en el distrito de Gomel, en Belarús, la parte fundamentalmente afectada, una tercera parte de los niños que en el momento de la desgracia tenían menos de cuatro años, enfermarán en el curso de sus vidas de cáncer de tiroides. 
En el caso de siete millones de personas, las secuelas se podrán mostrar en los próximos 50 a 70 años. 
Solamente en Belarús faltan cada año 800 millones de euros para tratar a las víctimas de las radiaciones. 
Las personas de más de 45 años no son tratadas por falta de dinero. 
Esto significa su muerte segura. 
Si se compara este importe con los 1.200 millones de euros que la Comisión se gasta en el marco del VI Programa de la UE para investigación nuclear, el resultado es realmente triste. 
La Unión Europea debe aprobar unos estándares de seguridad nuclear unitarios y estrictos. 
Hay que impedir un segundo Chernóbil. 
Por ello, no deben realizarse pseudo controles de compatibilidad medioambiental como en Temelin. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la catástrofe de Chernóbil no se había considerado como posible antes, tampoco en una dictadura. 
Naturalmente, pienso que algo así no puede pasar en ninguna central nuclear británica, francesa o alemana. 
Pero alrededor de nosotros hay muchas centrales nucleares con tecnología rusa anticuada. 
Pienso por ejemplo en Bohunice, Koslodui e Ignalina. 
Son consideradas como no reequipables, ni siquiera con la mejor tecnología occidental. 
En Austria no hay nadie, ningún partido que esté a favor del uso de la energía nuclear. 
Hemos aprendido a aceptar que no podemos obligar a nadie a hacerlo como nosotros. 
Pero una cosa sí podemos: podemos advertir frente a centrales peligrosas, frente a centrales que en ningún Estado de la Unión Europea obtendrían la autorización de explotación. 
Cuando alguien construye hoy una casa, se pregunta a los vecinos si el árbol en el jardín es demasiado alto y si proyecta demasiada sombra. 
Cuando alguien explota una central nuclear que en ningún país candidato a la adhesión obtendría una autorización, entonces se habla de soberanía nacional, se muestra ofendido si se le pregunta por los estándares de seguridad y se le piden informaciones. 
Los austríacos- creo que puedo decirlo en nombre de todos nosotros- nos esforzamos desde hace mucho tiempo por que se apliquen los estándares unitarios que tienen validez en todos los Estados europeos. 
Señora Comisaria, se le ha rogado esto hoy ya dos veces. 
Ya sé que, por ejemplo, quizás no se puede comparar la tecnología francesa con la británica pues la industria francesa no quiere quizás revelar sus secretos a los demás. 
Pero debería existir un consenso mínimo. 
Se debería poder decir si una antigua o nueva central nuclear que se construye en un país candidato- y estoy pensando con toda claridad en Temelin- es segura. 
Puedo decir perfectamente que una central nuclear no obtendría ninguna autorización de explotación en ningún Estado de la Unión Europea, que estoy en contra y que no quiero una central nuclear en un país candidato a la adhesión que no corresponda a nuestros estándares, sea el país que sea. 
Creo que armonizamos muchas cosas en la Unión Europea, nuestros valores comunes, gracias a Dios. 
Pronto vamos a tener una moneda común. ¡Excelente! 
También hablamos de la curvatura común de los pepinos. 
¿Porqué entonces no es posible lograr aquí un consenso mínimo? 
He intentado lograr ese consenso mínimo en mi Grupo político. 
Mañana vamos a presentar una enmienda oral, creo que lo hará el Sr. Mombaur o el Sr. Chichester. 
Les ruego encarecidamente, mientras aún estén presentes y puedan escuchar, que den su apoyo a esta enmienda oral. 
Estimada Sra. Comisaria, precisamente también en lo tocante a las centrales nucleares peligrosas que nos rodean quiero decir que no existen fronteras en el las que finalice el peligro. Estoy pensando en los candidatos a la adhesión, en las centrales nucleares no reequipables y también en las que quizás se construyan nuevas. 
Tiene que ser posible decir que exigimos estándares británicos, franceses o alemanes. 
Si esto no es posible entonces me pregunto porqué nos ocupamos de la curvatura del pepino. 
Señor Presidente, cada 25 de abril se conmemora la catástrofe de Chernóbil en Belarús, y decenas de miles de personas participan. 
En Occidente realmente casi no se sabe por qué, ya que la central nuclear estaba en Ucrania. 
No obstante, quien analice las consecuencias de la catástrofe, tiene que constatar que las consecuencias en Belarús, adonde llegó directamente más del 70% del fall out nuclear, fueron al menos tan serias como en Ucrania. 
En este último país, dos millones y medio de personas se vieron expuestas a la radiactividad. 
El Gobierno de Ucrania ha empleado 6.000 millones de dólares en los últimos diez años para luchar contra las consecuencias. 
No se ve un fin cercano para estos gastos. 
Por poner algunos ejemplos: se necesita dinero para reparar la cápsula construida para el reactor averiado. No es segura. 
Todavía hay que recoger y reciclar mucho material que se contaminó debido a la explosión. 
Todavía existe el riesgo de que el río más importante de Ucrania, el Dnjepr, se vea afectado. 
La Unión Europea ha afrontado algunos de estos problemas a tiempo y apoya sustancialmente a Ucrania- el Comisario ya lo ha señalado -, aunque con frecuencia se cuestiona la efectividad de este apoyo. 
Es posible que la situación en Belarús sea peor. 
Allí viven todavía casi dos millones y medio de personas en zonas contaminadas, en las que utilizan a menudo alimentos contaminados. 
El control sanitario es muy preocupante, sobre todo, en los niños. 
La situación socioeconómica del país es mala en cualquier caso, lo que hace a las personas más sensibles de lo normal a las enfermedades y calamidades. 
El Gobierno de Minsk emplea una considerable parte del presupuesto de la Administración en mitigar las consecuencias, pero se niega a tratar abiertamente el problema. 
Su política es a menudo contraproducente y esconde el problema frente al mundo exterior. 
La comunidad internacional sí está implicada, pero a pequeña escala. 
Las ONGs hacen su trabajo en circunstancias difíciles su trabajo. 
Siento especial admiración hacia las organizaciones europeas que acogen anualmente a miles de niños para que pasen las vacaciones en Europa Occidental a fin de lograr que se recuperen de algún modo de las consecuencias de las radiaciones. 
Por supuesto, eso es ni mucho menos suficiente. 
La Unión Europea tiene una relación compleja con el movimiento no democrático de Belarús. 
Lo comprendemos. 
Al mismo tiempo, resulta difícil aceptar que no se intente algo más, precisamente en interés de las personas afectadas, que no tienen nada que ver con la política del Gobierno. 
Ya se ha tratado antes, pero quisiera hacer de nuevo un llamamiento urgente a la Comisión a fin de que posibilite más ayuda concreta Belarús. 
El argumento de que ni el programa TACIS ni ECHO lo permiten no me parece convincente. 
Hablamos aquí de cientos de miles de personas que sufren necesidades y siguen necesitando una ayuda directa. 
Superemos en este caso excepcional nuestras propias barreras políticas y burocráticas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como nos ha explicado, Chernóbil está lejos de ser un asunto concluido. 
Después de catorce años, es sin embargo responsabilidad de la Unión Europea actuar de forma diferente, ya que frente a este drama humano, las intervenciones giran aún ampliamente en el nivel técnico energético. 
La Comisión ha cedido efectivamente al chantaje de las autoridades ucranianas al aceptar la construcción de dos nuevas unidades nucleares a cambio del cierre de Chernóbil. 
Esta colusión interesada entre élites políticas y grupos de presión nucleares ignora la desaprobación total de los ciudadanos ucranianos y el potencial en energías renovables y el ahorro de energía de Ucrania. 
Con respecto a Belarús, el 23% del territorio está irradiado y necesitaría una evacuación inmediata. 
Un segundo apartado del programa TACIS en Belarús debe ser necesariamente así puesto en práctica para apoyar desde el punto de vista médico y sanitario, en el propio terreno y en el seno de nuestros Estados miembros, a las poblaciones civiles que continúan en las zonas contaminadas, principalmente a los niños. 
Este deber moral y humanitario debe realizarse con unos medios y un presupuesto a la altura del desastre ecológico. 
El régimen autocrático y represivo de Belarús, que pretende minimizar esta crisis sanitaria e imponer el silencio a los científicos, tales como los Sres. Nesterenko y Bandazhevsky, ya no puede servir de coartada a la Unión Europea y a los grupos de presión pro nucleares para ocultar la realidad de Chernóbil y abandonar a su suerte a las poblaciones mártires de estas regiones contaminadas. 
También es responsabilidad de la OMS, cómplice directa de este drama, por ese acuerdo incestuoso ratificado en 1957 con la Agencia internacional para la energía atómica, pro nuclear por supuesto, convertida desde entonces en su censor legal en materia nuclear. 
En ese caso también, es responsabilidad de la Unión Europea liberar a la OMS del yugo de la agencia de Viena. 
Señor Presidente, señora Comisaria, han transcurrido quince años desde el desastre bíblico que tuvo lugar en Chernóbil y cuyas consecuencias aún evaluamos. 
Víctimas, vidas humanas que se pierden a causa del cáncer. 
Y el desastre no afectó tan sólo a los países vecinos, a Ucrania y Belarús, sino que afectó también a países que se encuentran a miles de kilómetros, a mi propio país, Grecia, incluso. 
La cuestión es- y estoy de acuerdo con cuanto se ha dicho aquí- si hemos aprendido la lección de este accidente, si hemos comprendido que el error humano está siempre presente, que el error humano acecha y puede ocurrir en cualquier momento. 
Y si, además, el error humano se combina, como en el caso que nos ocupa, con un reactor nuclear en precarias condiciones y que no cumple las normas de seguridad correspondientes, entonces nos encontramos ante un gravísimo peligro. 
Planteo esto, señora Comisaria, porque actualmente funcionan todavía en Europa reactores semejantes. 
Funcionan en Rusia, funcionan en Lituania, funcionan en Eslovaquia y funcionan en nuestra vecindad, cerca de Grecia, cuatro reactores en Kozloduj. 
Y tengo que decir que personalmente no estoy muy de acuerdo con el calendario elaborado por la Comisión para el cierre de estos reactores, los cuales, tal y como afirma la propia Comisión, nos es posible mejorarlos con unos gastos razonables para que cumplan las normas de seguridad que debe cumplir un reactor nuclear. 
¿Qué decimos, por ejemplo, sobre Kozloduj? 
Que dos reactores deben cerrar en 2002. Sobre los otros dos, no estamos todavía de acuerdo para que cierren en 2006. 
¿No creen que dejamos que funcionen reactores muy peligrosos durante un espacio de tiempo excesivo? 
Y todo esto, ¿por qué? 
Porque hay ciertas implicaciones económicas. 
Pues, ¡hagamos frente a las implicaciones económicas! 
No puede ser que las implicaciones económicas estén por encima del medio ambiente y de la salud de las personas, en general, y de los ciudadanos europeos, en particular. 
Por consiguiente, yo le diría, ya que se encuentra aquí, que sea usted decidida, porque no sólo hay algunos países candidatos que no quieren cumplir este calendario, sino que ya tenemos diversos argumentos sobre la conveniencia de prorrogar el funcionamiento de las centrales. 
Por ejemplo, hace un par de días leí en los periódicos que el responsable de prensa de Kozloduj había declarado que podía seguir funcionando hasta 2010. 
Puede que incluso vendamos los reactores a particulares. 
¡Pero, por Dios, cómo pueden decirse semejantes cosas! 
Por todo ello, sería bueno, en mi opinión, con motivo de los quince años transcurridos desde lo de Chernóbil, y con lo que debemos hacer con Chernóbil para que mantenerlo seguro bajo el sarcófago, que, más allá, en todo caso, de estos esfuerzos, estuviéramos seguros de que vamos a poner fin a esos peligrosos reactores que funcionan en Bulgaria, en Eslovaquia, en Lituania y en Rusia. 
Yo diría que si tenemos que gastarnos dinero, señora Comisaria, nos gastemos dinero. 
Las consideraciones económicas están en segundo lugar. 
En primer lugar están el medio ambiente y la salud, la salud pública de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, probablemente nunca conoceremos la magnitud ecológica, biológica, psicológica y económica real de la catástrofe de Chernóbil. 
Además de las muertes y de las terribles enfermedades en la región, cuando han transcurrido 15 años sigue existiendo un temible legado de contaminación radiactiva. 
Una zona aproximadamente del tamaño de Gran Bretaña permanece contaminada y es inhabitable. 
Mucho menos trágico, aunque grave a pesar de todo, a raíz de la contaminación procedente de Chernóbil 359 granjas de mi circunscripción de Gales permanecen aún bajo restricciones y miles de ovejas están inmovilizadas para garantizar que ningún animal contaminado con radiactividad entra en la cadena alimentaria. 
La vigilancia ha sido constante durante 15 años y las restricciones durarán entre 10 y 15 años más. 
Necesitamos políticas de energía sostenible. 
La energía nuclear no es ninguna solución. 
No es limpia ni tampoco barata. 
En los más de 40 años de operación de la industria nuclear ni siquiera se ha resuelto el problema de los residuos radiactivos y, lo que es más importante, representa amenazas masivas para la salud humana y el medio ambiente. 
Nada ilustra mejor este hecho que Chernóbil y debemos aprender de esta lección. 
Es posible que nunca conozcamos todas las repercusiones del desastre, pero no debemos escatimar esfuerzos, como se manifiesta en la presente resolución, para descubrir todo lo posible y proporcionar asistencia eficaz para ayudar a las zonas más afectadas. 
. 
Creo que es importante que recordemos los acontecimientos ocurridos en Chernóbil hace quince años y ustedes han testimoniado cómo todavía nos afectan, incluso en nuestros países. 
Quisiera poder debatir la política energética, pero creo que evitaré hacerlo hoy para concentrarme en cambio en la forma de mejorar la seguridad nuclear en los países candidatos y, obviamente, cómo continuar la colaboración con Ucrania y Rusia. 
Estos asuntos ilustran también la naturaleza y el carácter de los problemas medioambientales. 
No reconocen las fronteras entre las naciones, siguen los cursos de las aguas o de los vientos, circunstancia por la que aún hoy tenemos que pagar un alto precio. 
Se me han formulado algunas preguntas que intentaré responder, pero antes que nada diré que espero que el Parlamento dedique tiempo a estudiar la comunicación que la Comisión envió en septiembre del año pasado sobre el apoyo de esta institución a las mejoras en la seguridad nuclear en los países miembros. 
En ella, la Comisión da cuenta de sus criterios para los trabajos relacionados con estas materias, esto es, que deben ser a largo y a corto plazo. 
A corto plazo, hay que conseguir que algunos países candidatos cierren sus reactores del antiguo tipo Chernóbil. 
Hemos intentado convencerlos para que presenten calendarios concretos para su desmantelamiento. 
Habrá que hacer un seguimiento para comprobar su cumplimiento. 
Obviamente, sus Señorías saben tan bien como nosotros que en esta materia no tenemos competencia para obligar a los países miembros ni a los países candidatos. 
Hay que intentar trabajar por medio de acuerdos, colaboración y ayudas que pueden adoptar distintas formas. 
Comprenden desde la formación hasta las ayudas económicas para aumentar la seguridad. 
Se me ha preguntado sobre los estándares. 
Como es sabido, no existen estándares europeos especiales, pero decimos que nuestra intención es cumplir con las normas de la European Union Practices y ¿qué significa esto? 
En los países comunitarios se ha venido desarrollando durante años un estándar de seguridad que quisiéramos que los países candidatos también cumplieran. 
Hay un grupo de trabajo en el Consejo que compara los estándares de los países candidatos con los de la UE e identifica las deficiencias y las diferencias existentes con el objeto de buscar soluciones y actualizar la seguridad en los países candidatos. 
El fundamento está obviamente en los estándares de la OIEA, pero éstos son tan generales que requieren una "aplicación práctica". 
Hemos alcanzado acuerdos, Inger Schörling, para desmantelar las centrales de energía nuclear más peligrosas- Kozloduj, Ignalina y Bohunice- y para que la seguridad en las otras centrales se mejore hasta alcanzar niveles aceptables. 
Creo que en la comunicación de la comisión hemos dado cuenta de nuestros criterios en estas materias, pero también podemos dedicar este día y esta oportunidad para observar la vulnerabilidad de las técnicas nucleares más modernas y de las centrales de energía nuclear en uso. 
Todavía somos vulnerables, todavía hay problemas con los deshechos atómicos. 
Ustedes conocen mi posición en relación con el uso de la energía nuclear, pero aunque soy crítica, pienso que la investigación y la seguridad deben continuar desarrollándose, creo que esto es de suma importancia. 
En estas materias no podemos decidir sin el consentimiento o contra la voluntad de los países miembros. 
Tenemos que colaborar y hay que hacer cuanto sea posible, ya que compartimos el mismo ambiente, estamos expuestos a riesgos y vivimos con niveles de seguridad que son inaceptables. 
Como señalo un diputado, antes que nada hay que pensar en los niños y hay que hacer todo lo posible para ayudar a los niños que todavía están pagando el precio de la terrible tragedia de Chernóbil. 
Muchas gracias, señora Comisaria Margot Wallström. 
He recibido cinco propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 20.28 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Protección del euro contra la falsificación 
. 
(SV) Señor Presidente, es sabido que los billetes y monedas de euros se empezarán a usar el 1 de enero del próximo año. 
Doce de las monedas nacionales en los Estados miembros van a desaparecer para ser cambiadas sucesivamente por la nueva moneda común. 
Los apellidos Kohl y Delors deben ser mencionados en este contexto. 
Es extraño que no todos los Estados miembros hayan entendido todavía que el mercado interno a largo plazo no llegará a ser eficaz si está disperso en una cantidad de monedas nacionales. 
Todos conocemos las ventajas de la moneda común, esto es, de la cooperación económica y monetaria. 
El uso del euro en el continente europeo ya ha creado estabilidad económica y ventajas y ha fomentado el desarrollo económico, ha aumentado el consumo y las inversiones y ha dado origen a nuevos puestos de trabajo. 
Creo que la moneda única estimulará el aumento de la movilidad en una medida tal que dentro de diez años estaremos ante una Europa totalmente nueva. 
Con el euro, la integración europea avanza a pasos de gigante. 
El euro va a ser una de las monedas más duras e importantes en el comercio internacional. 
Dentro de algunos años, 300 millones de personas utilizarán esta nueva moneda nacional, que será tan útil fuera de la UE como lo es hoy el dólar y que se podrá usar para pagos directos sin cambio. 
El euro ya es hoy una moneda de reserva y de transacción y lo seguirá siendo en grado aún mayor en el futuro. 
La importancia del euro como moneda internacional la hace, desgraciadamente, atractiva para los falsificadores organizados. 
Cada vez hay maquinas más modernas para realizar estos trabajos, lo que facilita también la falsificación de monedas. 
En este contexto, es importante contar con una protección amplia y eficaz contra las falsificaciones, antes de que el euro empiece a circular. 
El euro tiene un enorme campo potencial de difusión, tanto dentro como fuera de los límites de la UE. 
Las condiciones para la protección del euro contra las falsificaciones tienen que adaptarse, por tanto, a esta nueva dimensión y habrá que contar con un marco jurídico que permita la participación de todos los Estados miembros, de las instituciones y organismos y de las organizaciones internacionales competentes. 
Las tres propuestas de normativa jurídica para la protección del euro que se tratan en el informe son complementarias. 
El fundamento jurídico está, desgraciadamente, en dos pilares diferentes: el primero y el tercero. 
A largo plazo sería deseable que las disposiciones que se fundamentan en el artículo 29 del Tratado pudieran incluirse en la sección IV del Tratado de la UE, para poder así adoptar decisiones adecuadas para la solución de los problemas que no puedan solucionarse con otras medidas. 
La primera propuesta de normativa jurídica es una iniciativa del gobierno de la República Francesa, cuyo fundamento está en la sección VI del Tratado de la UE. 
Se trata, por tanto, de protección penal y de que las unidades de Europol deben obtener la información y los datos que necesiten para poder realizar su trabajo. 
Las enmiendas tienen por objeto en gran medida incorporar textos que se han dejado de lado y corregir algunas deficiencias terminológicas. 
La segunda propuesta de normativa jurídica, que de alguna manera es más interesante, comprende las directrices del Consejo para la protección del euro contra las falsificaciones y se fundamenta en el artículo 123.4 del tratado CE. 
Este fundamento jurídico sólo posibilita aplicar el reglamento en los Estados miembros que hayan incorporado el euro como moneda común. 
La propuesta es para establecer un sistema de intercambio de información, de colaboración y de ayudas mutuas. 
Mis enmiendas más importantes se ocupan de la necesidad de contar con un centro para el análisis de las falsificaciones de monedas en el ámbito europeo y con un centro nacional en cada Estado miembro. 
Además, se menciona la conveniencia de establecer permanentemente un centro científico y técnico para analizar y clasificar las monedas falsas y, especialmente, la necesidad de que las casas de cambio, que cada día manejan billetes y monedas para sus clientes, controlen la autenticidad de las monedas de una manera adecuada. 
De otro modo, los ciudadanos serán los afectados, ya que quedan completamente indefensos cuando reciben monedas y billetes falsos. 
Las pérdidas así producidas no las pueden compensar de manera alguna. 
¿Cómo podría un ciudadano llevar en el bolsillo un aparato de control del tamaño de un ordenador personal? 
Aunque alguien estuviese dispuesto a pagar por un aparato de este tipo- no son tan caros, cuestan aproximadamente lo mismo que un ordenador personal- no sería posible en la práctica. 
Por eso creo que es mucho más adecuado que las casas de cambio controlen las monedas y billetes. 
El Parlamento debe adoptar una decisión al respecto para proteger a los ciudadanos. 
La tercera propuesta de normativa jurídica se fundamenta en el artículo 308 del tratado CE y su objetivo es ocuparse de los países miembros que no hayan adoptado la nueva moneda común, es decir, el Reino Unido, Dinamarca y Suecia. 
Estos países también tendrán que estar comprendidos por las normas de seguridad que estamos discutiendo, en caso contrario éstas no funcionarán. 
Estoy convencida de que los ciudadanos en esos países entienden que ellos también deben participar en estas decisiones. 
Pero también tienen que entender que si no son miembros del club no pueden tomar decisiones de la misma manera que los socios. 
En cambio, los que se incorporen al euro podrán decidir de la misma manera que los otros miembros. 
Desgraciadamente, los que no se incorporan no tienen las mismas posibilidades de influir. 
La incorporación es una decisión que requiere fuerza y en este punto quiero instar a mi país, Suecia, para que tan pronto como sea posible aúne fuerzas para tomar esta decisión. 
No se trata de nada más que de liderazgo político. 
Nos podemos comparar por ejemplo con Francia, que en el momento de la aprobación del Tratado de Maastricht dio su aprobación al tratado con menor apoyo que Suecia. 
A pesar de esto, Francia ha sido capaz de tomar su decisión, cosa que no ha hecho Suecia. 
Esto es algo que lamento profundamente. 
Para finalizar, compruebo que las propuestas contenidas en las directrices del Consejo están orientadas a garantizar una eficaz protección del euro y, por eso motivo, celebro la propuesta en su totalidad. 
El motivo de mi intervención no es otro que el de apoyar y enfatizar, si cabe, elementos esenciales expresados por la ponente de este informe, nuestra colega Charlotte Cederschiöld, a quien felicito por su riguroso y magnífico trabajo. 
Quisiera empezar recordando la revolución que va a suponer la materialización del euro el día 1 de enero del próximo año. 
El euro va a encarnar el símbolo por excelencia de la identidad europea, junto al yen y al dólar será una de las monedas guía que se utilizará no sólo en Europa sino también, como ha dicho nuestra colega, a escala mundial. 
Será la piedra angular hacia la construcción de una unión política. 
Por todo ello, como el euro se materializa en un billete o en una moneda, existe evidentemente el riesgo absolutamente fundado de que se intentará su falsificación y, en consecuencia, las políticas de prevención son esenciales. 
Con este objetivo en mente, debemos emplearnos a fondo en la necesidad de formar, a través de cursillos y otros procedimientos, a aquellos que trabajarán diariamente con el dinero, especialmente los bancos, las entidades de cambio, para que se familiaricen con el euro. 
Ellos van a ser los protagonistas clave en la detección de la moneda falsa. 
Asimismo, y dado que las propuestas legislativas que analizamos hoy pretenden regular esta cuestión, es esencial tanto un sistema eficaz de cooperación policial y aduanera como el establecimiento de un sistema global de información que incluya la identificación del billete falso, su recogida y envío a centros que estudien el método de falsificación, el papel empleado, la tintada, la cantidad falsificada, etc. 
Por último, subrayo también la importancia de una protección penal eficaz para erradicar toda muestra de falsificación. 
Dado que no quiero insistir en temas fundamentales, ya expuestos por la Sra. Cederschiöld, como el de la inconveniencia y confusión que provoca el tener instrumentos jurídicos dependientes de distintos pilares para la defensa de un mismo objetivo- la lucha contra la falsificación del euro -, me voy a centrar en dos o tres asuntos que considero importantes. 
Uno es la referencia que hace la enmienda 23, a diferencia del Reglamento, que omite toda alusión, a una base de datos sobre falsificaciones monetarias. 
Considero que es un elemento que añadirá eficacia y exactitud a la lucha contra la falsificación. 
En cuanto al status del Centro Técnico y Científico Europeo, que como establece el artículo 5 de la propuesta de reglamento, canalizará la lucha contra la falsificación de monedas, quiero insistir en la necesidad de defender, desde un primer momento, su independencia de la Casa de la Moneda de París, como recogen las enmiendas 20 y 26. 
El vínculo funcional de este organismo debería ir referido exclusivamente a las instituciones europeas y, en ningún caso, a una institución nacional. 
Por último, la enmienda 27 añade al texto original del Reglamento la idea que he expresado al iniciar mi intervención. 
El papel clave que los profesionales del dinero deberían jugar en la lucha contra la falsificación del euro. 
Es importante que tengan no sólo la obligación de retirar de la circulación aquellos billetes y monedas de autenticidad cuestionable sino también de ejercer ellos mismos el control de la autenticidad. 
Somos conscientes, evidentemente, de los recelos que esta exigencia puede suscitar ya que exigirá grandes inversiones en instrumentos, máquinas y elementos que aseguren la legalidad del dinero, pero es algo esencial desde el punto de vista de la defensa del ciudadano. Y es también una garantía de que el dinero distribuido por dichas entidades será efectivamente auténtico. 
Quisiera comenzar felicitando a la Sra. Cederschiöld por su excelente informe y por las recomendaciones contenidas en el mismo. 
Está claro que la circulación del euro tendrá consecuencias positivas y negativas. 
Una consecuencia positiva es que será un reconocimiento físico de cómo la Unión avanza estrechamente unida cuando en realidad beneficia a cada Estado miembro. 
El aspecto negativo es que una nueva moneda está expuesta al abuso y a su debilitamiento por parte de los falsificadores expertos de los que ya hemos oído hablar. 
El euro tiene una enorme importancia en los mercados mundiales y, por consiguiente, es fundamental que adoptemos medidas de protección para impedir la falsificación. 
Me alegra que la Sra. Cederschiöld haga estas recomendaciones en su informe y personalmente yo y mi Grupo apoyamos dichas medidas. 
Cabe observar, respecto a la obligación de efectuar controles en los bancos y las agencias de cambio, que la ponente anima a la estrecha cooperación entre los Estados miembros, el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales, Europol y, tras su establecimiento, Eurojust. 
Asimismo, la ponente hace una referencia importante a anteriores decisiones relativas a incrementar la protección penal y pide la armonización de los cargos y sanciones penales. 
Es absolutamente fundamental que no dejemos ningún resquicio a los delincuentes, que pueden desplazarse con gran rapidez con su información y su experiencia de un Estado miembro a otro. 
También es fundamental aunar y centralizar la información y los análisis periciales cuando se descubra dicha falsificación. 
La asistencia técnica para facilitar la coordinación de las investigaciones también es necesaria si queremos localizar a dichos delincuentes en cualquier Estado miembro. 
Asimismo, aplaudo las recomendaciones de la ponente con vistas a mejorar y facilitar la cooperación entre los organismos responsables de la investigación y de la acción judicial de los Estados miembros y que cada Estado miembro reconozca el principio de anteriores condenas. 
Mantengo que, tanto dentro como fuera de la zona euro, todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen mucho que ganar de una moneda estable y de una moneda que resista a las amenazas de los falsificadores. 
Por consiguiente, es para mí un gran placer felicitar a la Sra. Cederschiöld por su informe y por las recomendaciones contenidas en el mismo. 
Señor Presidente, para proteger al euro contra la falsificación examinamos esta tarde una serie de medidas técnicas que, aunque son muy interesantes, no agotan el tema. 
De hecho evacuan incluso un problema esencial, que es político, y que el Parlamento Europeo no parece dispuesto a plantear. 
Por tanto voy a ocuparme de ello. 
El riesgo de falsificación, en el momento de la introducción material del euro, será muy elevado, principalmente por la decisión que se ha tomado de lanzar a partir de la nada una moneda completamente nueva que hará que los ciudadanos pierdan todas sus referencias. 
Por otra parte, estaba quizá hecho para eso. 
Al haber perdido las referencias, se corre el riesgo importante de aceptar los falsos euros creyendo que son verdaderos. 
Las consecuencias de esta confusión se agravarán por el valor elevado de algunos valores nominales de 100, 200 y 500 euros. 
Ahora bien, ese enorme riesgo, ¿sobre quien pesará? 
Sobre los más débiles, los más frágiles, los menos informados, los pequeños comerciantes, las micro-empresas que pueden encontrarse con falsos billetes sin valor, a su cargo, y que habrán aceptado por error. 
Esta situación es intolerable. Y es más intolerable en la medida en que son los mismos a quienes se va a pedir, sin ninguna compensación financiera, que asuman costes de adaptación con frecuencia muy importantes para el paso al euro. 
Por consiguiente, resulta inadmisible que se continúe como ahora haciendo como si esas cargas no existieran y aceptando implícitamente que se repartan entre los más débiles. 
Pedimos que los poderes públicos europeos y nacionales asuman sus responsabilidades. 
Pedimos que den a los ciudadanos una garantía de reembolso de los billetes falsos que se les hayan remitido por error, al menos durante un periodo transitorio. 
O bien, que se distribuyan de forma gratuita detectores de billetes falsos a los pequeños comerciantes. 
Algunos me dirán que no tenemos dinero para eso. 
Les contestaré que había que pensar en ello antes. 
Ahora, es preciso o bien asumir la responsabilidad, o bien- después de todo por qué no- aplazar el cambio material de monedas y billetes al 1 de enero próximo, lo que sería de todas formas deseable por otras muchas razones. 
Señor Presidente, Señorías, hace más de un año, el día 16 de febrero, el Parlamento Europeo se ocupó del problema de la falsificación del euro, desde el punto de vista de la tipificación penal común. 
Ya entonces nuestra colega Cederschiöld fue quien elaboró, con su competencia y su rigor, el informe e introdujo nuestro debate. 
Decía Charlotte Cederschiöld: "No podemos permitir que las falsificaciones menoscaben nuestra moneda común". 
Esa afirmación sigue siendo válida un año después y ésta es la cuestión esencial: la seguridad de nuestra moneda. 
Todos nosotros nos referimos ya aquí a la importancia del euro para nuestra Unión, a la importancia económica como complemento de la materialización de un verdadero espacio económico y sin fronteras interiores, a su importancia como mecanismo que contribuyó a la disciplina presupuestaria y a la transparencia de las cuentas públicas de los Estados miembros y también al valor político como emanación de la construcción europea que vamos haciendo evolucionar, progresar y consolidar día tras día. 
Por eso, todas estas dimensiones, la seguridad de nuestra moneda común es muy importante. 
Sabemos también que la seguridad de la moneda tiene que ver también con su estabilidad y su valor de cambio, pero lo que hoy estamos examinando es la vertiente de la protección contra la falsificación. 
Pero, si no va todo bien en esa otra vertiente, mayor razón tenemos ahora para no descuidar esa lucha y para reforzar nuestras cautelas. 
En su informe, Charlotte Cederschiöld subraya, y con razón, la importancia mundial de la nueva moneda y el hecho incontrovertible de que suscita apetitos criminales, y afirma que "el euro se encuentra en franca competencia con el dólar como moneda más falsificable". 
Tengo la certeza de que Charlotte Cederschiöld convendrá conmigo en que no es ésa la carrera que queremos ganar con el dólar. 
Somos conscientes de la especial fragilidad del período de transición, en el que van a coexistir la nueva moneda europea y las antiguas monedas nacionales. 
El desconocimiento, la poca habituación y la obligación de que los bancos fomenten el cambio de moneda va a favorecer la falsificación de los euros o de las monedas nacionales. 
Y también hay que luchar contra las burlas y las mentiras, hay que informar más y mejor, sobre todo en mi país, Portugal, donde los sondeos revelan porcentajes preocupantes de desconocimiento. 
Ha habido ejemplos públicos de la contribución pedagógica de padres católicos, sobre todo en el interior del país: se debe estimular y apoyar la contribución de la iglesia y de la prensa local y regional. 
Por lo demás, concuerdo con el planteamiento hecho por la Comisión en su comunicación y con los cuatro elementos identificados: formación, sistema de información, cooperación- en particular, con EUROPOL, la OLAF y el Banco Central Europeo- y protección penal. 
Para concluir, he de decir también que no soy partidario de las reservas en cuanto a la faz nacional de las monedas: considero que el mayor riesgo queda compensado por la intensificación de la sensación de pertenencia e identificación y que permite también responder políticamente a quienes siempre se apresuran a criticar el exceso de uniformización. 
Charlotte Cederschiöld, ¡enhorabuena! 
Pido disculpas a la Sra. Cederschiöld por haber calculado mal el tiempo y haber llegado cuando ya ha transcurrido buena parte del debate. 
En la comisión tuve la oportunidad de intercambiar puntos de vista con la Sra. Cederschiöld sobre su informe. 
Quisiera felicitarle por el impulso general que éste representa. 
No obstante, hay dos aspectos que me preocupan. 
Primero, me preocupa el valor de los billetes de mayor denominación, en particular, el de quinientos euros que se emitirá, que es mucho mayor que el valor de los billetes de uso corriente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. 
A los falsificadores que piensen falsificar billetes de banco evidentemente les resulta atractivo falsificar aquéllos de denominación elevada, en vez de los de denominaciones más pequeñas, y me preocupa que este billete de un valor tan elevado, por así decirlo, convierta el euro en la moneda elegida por los falsificadores. 
En segundo lugar, permitirá asimismo a las personas que se dedican al blanqueo de dinero- sé que éste no es un informe sobre el blanqueo de dinero, pero es un tema relacionado- convertir sus beneficios obtenidos por métodos fraudulentos de una manera bastante sencilla y bastante simple. 
La cantidad de dinero que cabe en un maletín será aproximadamente diez veces mayor de lo que sería si hubiéramos limitado la emisión a billetes más pequeños. 
La introducción del euro entraña una amenaza y una oportunidad. 
En primer lugar, la amenaza es la falsificación y, evidentemente, si ésta se produce, alejará a las personas del euro, tendrá caras consecuencias para su utilización en el mundo si las personas se sienten amenazadas por esta posibilidad, pero, en segundo lugar, tenemos la oportunidad en esos momentos de descubrir a aquellos que se dedican al blanqueo de dinero, cuando hagan el cambio. 
No disponemos, o así lo parece, de ningún mecanismo en toda la Unión Europea para intentar aprovechar esta oportunidad o para intentar disuadir en el momento de la introducción del euro a los que representan una amenaza de falsificación. 
Está muy bien que más tarde pensemos y adoptemos medidas, pero si yo perteneciera a la delincuencia organizada, el momento en que intentaría falsificar a gran escala sería durante el período de introducción del euro, cuando habrá cuatrocientos millones de personas en la Unión Europea y miles de millones de personas en todo el mundo que no estarán familiarizadas con los nuevos billetes de banco. 
Por lo tanto, creo que esto representa una amenaza y espero que la Comisión y el Banco Central Europeo, aunque probablemente es demasiado tarde para plantearse si se emite o no el billete de 500 euros, estudien si deben emitirlo desde el inicio del proceso que entraña tantos peligros. 
Señor Presidente, Señorías, señora ponente, el 1-1-2002 va a ser realmente una fecha histórica que representa la introducción física del euro para 300 millones de ciudadanas y ciudadanos en la Unión Europea. 
Naturalmente, está claro que hay que hacer aún muchos preparativos y no es la primera vez que se indica que el Parlamento Europeo se está ocupando de ello. 
El Parlamento Europeo se ocupa de los preparativos, inclusive los pasos necesarios, ya desde el principio. 
El presente informe se ocupa de la iniciativa de la Comisión y de la iniciativa francesa para proteger al euro frente a falsificaciones. 
En nombre de la Comisión, me permito felicitar a la ponente por su excelente trabajo y decirle también que los complementos que propone el Parlamento Europeo van a ser recogidos gustosamente por la Comisión. 
También quiero subrayar que el reglamento es el punto central de unas amplias medidas destinadas a proteger al euro frente a falsificaciones. 
Quiero recordar que la Comisión, desde su comunicación de julio de 1998 ha presentado diversas propuestas. 
En el presente reglamento se regula en especial- no voy a repetirlo todo sino sólo a mencionar algunos puntos- que se va a regular y centralizar el intercambio de informaciones sobre billetes y monedas falsificadas que se encuentren. 
Se va a regular con claridad la cooperación y ayuda recíproca entre los diversos actores afectados a nivel de los Estados miembros así como de las instituciones y de los órganos al nivel europeo e internacional así como la cooperación con terceros países y los compromisos de los institutos de crédito. 
Quiero subrayar en este lugar de nuevo la importancia del artículo 6 del reglamento, relativo a la obligación de retirar del tráfico los billetes de banco que hayan sido reconocidos como falsos o que tengan que ser examinados y de entregarlos a las instancias competentes. 
En vista del marco temporal del que hablamos, especialmente importante es que se apruebe el reglamento lo antes posible y espero que esto se haga aún durante la Presidencia sueca del Consejo, pues cualquier preparativo debe llevarse con la mayor rapidez. 
Este es el credo que la Comisión transmite a las pequeñas y medianas empresas o a los consumidores. 
Cualquier preparativo que se pueda llevar hoy a cabo ahorrará enfados y preocupaciones y hará que el proyecto sea más seguro. 
La Comisión tiene la intención de comprometerse activamente en la aplicación del reglamento. 
Esto afecta en especial al artículo 7, que trata de la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y el Banco Central Europeo y, por otro lado, con Europol. 
Con este objetivo, la Comisión tiene a disposición el comité asesor. 
Quiero recordar además que el reglamento no es la única medida importante para la protección del euro frente a falsificaciones. 
Se han aprobado ya diversos instrumentos complementarios o están en preparación. 
Por ejemplo, se ha aprobado el acuerdo marco del 29 de mayo que se refiere al derecho penal. 
Quiero mencionar que se está preparando otra medida adicional que será aprobada por la Comisión en pocas semanas, un programa plurianual para la formación, la ayuda técnica y el intercambio de funcionarios para proteger al euro frente a falsificaciones. También el programa que lleva el bonito nombre de PERIKLES va a ser de considerable importancia. 
El euro es de hecho un hito histórico en la integración y ofrece un gran potencial para el posterior desarrollo económico. 
Naturalmente, destacamos las oportunidades pero tampoco infravaloramos los riesgos que van unidos a la fecha de la introducción física del euro. 
No infravaloramos los problemas sino que nos enfrentamos a ellos. 
Expreso mi agradecimiento por el apoyo recibido del Parlamento Europeo, lo que demuestra que todos trabajamos para que este proyecto sea un gran éxito. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Estupefacientes ilegales- Drogas de síntesis 
. 
(SV) Señor Presidente, nos ocuparemos de las drogas de síntesis. 
Europa es uno de los mayores fabricantes de drogas sintéticas. 
Esto no es algo de lo que podamos enorgullecernos. 
Cada día se producen grandes cantidades de LSD, de anfetamina, de éxtasis y de otras drogas sintéticas en nuestro continente, ya sea para el consumo interno o para la exportación a terceros países. 
Esta producción, a gran escala y a menudo organizada, es una mancha para Europa y socava la credibilidad en la lucha internacional contra la delincuencia organizada. 
Por este motivo, esta iniciativa contra las drogas de síntesis debe ser acogida con beneplácito. 
La propuesta se fundamenta en un método altamente desarrollado que se aplica en algunos laboratorios. 
El proceso y los métodos de producción de estas drogas proporciona algunas características que permiten identificar las relaciones entre las drogas de síntesis incautadas en distintas oportunidades y en diferentes lugares. 
Mediante una información de esta naturaleza, la policía puede identificar más fácilmente los centros ilegales o las redes que las producen. 
Este método da a la policía y a la justicia un magnífico instrumento para identificar las fábricas de drogas. 
La primera decisión trata de la creación de un sistema para análisis técnico-legales. 
Los Estados miembros se obligan a enviar determinadas pruebas incautadas en determinados laboratorios. 
Desgraciadamente, en la actualidad estos laboratorios sólo existen en Suecia, en Alemania y en los Países Bajos. 
La idea es que los laboratorios de otros Estados miembros se incorporen al sistema en cuanto alcancen la idoneidad deseada. 
De esta manera se ampliarán los conocimientos en toda la Unión. 
La segunda decisión trata del envío de pruebas con las sustancias controladas. 
Los Estados miembros se obligan a permitir el paso de estas pruebas por sus territorios. 
Los envíos tendrán que hacerse de manera tal que garanticen la mayor seguridad posible, asegurándose de que las pruebas transportadas no caigan en manos inapropiadas. 
También cabe subrayar que se trata de miligramos, por tanto, de cantidades muy pequeñas, de las que casi no puede abusarse por ser tan pequeñas. 
Hay que puntualizar que la iniciativa solamente comprende la producción masiva y organizada de drogas de síntesis, algo que está prohibido en toda la UE. 
Por tanto, no se trata del delicado debate acerca de lo que se permite en la calle, para consumo personal, etc. Este tema prácticamente no es abordado, sino que aquí se trata de la producción organizada de drogas de síntesis. 
Hay que destacar también que el sistema propuesto no es definitivo. 
No es perfecto en todas sus partes, lo sé. 
Sería mejor que todos los países tuviesen laboratorios propios para los análisis técnico-legales, pero puesto que esta técnica sólo se ha desarrollado en algunos países, no parece posible. 
Asimismo, sería un gran error que no se utilizase la posibilidad de descubrir los centros de producción que existen en la Unión. 
En cuanto al sistema de transporte, opino que sería provechoso que esas pruebas se pudiesen transferir electrónicamente, cosa que algunos países, por ejemplo Francia y especialmente España, han mencionado. 
Estoy completamente de acuerdo con esta idea. 
En el informe se señala también que el sistema de transporte tendrá que ser revisado continuamente. 
En mi opinión, sería totalmente contraproducente impedir con esos argumentos la introducción del sistema en este momento. 
Este Parlamento seguramente va a tener mucha importancia a la hora de impulsar un sistema de transferencia electrónica, pero espero sinceramente que España no use esto como argumento para impedir los transportes. 
Lamento que en el Consejo haya países que no han entendido que lo mejor es empezar ahora mismo. 
Están frenando la lucha contra la delincuencia. 
A mi juicio, es una irresponsabilidad poner trabas a la lucha contra la delincuencia organizada sólo porque no tenemos el sistema perfecto para hacerlo. 
Es el mismo argumento que escuchamos hace un momento cuando discutíamos la apertura y la transparencia y Suecia ofreció un pacto. 
Ahora conviene que hagamos la misma cosa. 
Espero que tanto el Parlamento como el Consejo apoyen esta iniciativa y me gustaría agradecer al joven Nils Hänninger, del Ministerio de Justicia sueco, que ha impulsado esta idea. 
Quisiera felicitar también a la Presidencia sueca por esta resolución, que posiblemente es la primera con carácter obligatorio en materia de drogas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas que aún están presentes. Si se mira la sala uno puede llegar a pensar que las drogas no son ningún problema para Europa ni para la juventud. 
Pero, lamentablemente, son un problema y no sólo un problema sino en realidad el problema por excelencia. 
Pues el creciente consumo de drogas amenaza realmente con destruir a una parte de nuestra juventud y de nuestra sociedad y a socavarla además como consecuencia del crimen organizado. 
Las drogas ayudan solamente a algunos pocos en el ámbito del crimen organizado a ganar grandes sumas de dinero pero, por otro lado, destruyen muchas vidas humanas y existencias. 
Quiero apoyar lo que acabo de decir con algunas cifras que la Europol y el Centro de Observación de las Drogas en Lisboa han puesto a nuestra disposición. 
Se calcula que anualmente unas 8.000 toneladas de canabis y de derivados, 350 toneladas de cocaína, 60 toneladas de heroína y al menos 50 millones de tabletas de éxtasis llegan al mercado europeo. 
Estas son la cifras más actuales de que se dispone. 
Todo esto se consume, además de modo creciente, por los jóvenes. 
Si se sabe que los estudios demuestran que aproximadamente el 20% de los jóvenes ha consumido ya al menos una vez canabis y que unos 5 millones de jóvenes toman drogas sintéticas, entonces deberían sonar las alarmas. 
Los productores, los traficantes que negocian con estas drogas son parte del crimen organizado. 
Hacen su negocio a costa de los jóvenes. 
Por ello, hay que hacer todo lo posible para combatir esta delincuencia- que como he dicho es parte del crimen organizado- en la Unión e internacionalmente con representantes de los demás Estados del mundo que se ven igualmente afectados. 
Saludo por ello esta iniciativa sueca que nos hace avanzar de nuevo un paso. 
Es un elemento en el rompecabezas de la totalidad de los instrumentos que necesitamos para poder tener un cierto éxito en este campo. 
La primera iniciativa, destinada a la averiguación de drogas para su análisis y examen, está redactada de tal modo que no puede llevar a abusos debido al transporte de grandes cantidades pero sí que es adecuada para ser un instrumento en la lucha contra las drogas. 
En segundo lugar, considero como especialmente importante que se empleen análisis para la comprobación del origen de drogas sintéticas. 
Ambos instrumentos son esenciales en la lucha contra las drogas y el crimen organizado. 
Pero lo que tiene que hacerse es ampliar la red de estos laboratorios que disponen de los correspondientes estándares y calidad. 
Pero esto sólo sería aún muy poco pues tiene que garantizarse la cooperación con la Europol que trabaja en la misma Agenda y que elabora también una lista de drogas sintéticas y productos correspondientes en el sector del éxtasis y de otras anfetaminas que están aquí en el mercado. 
Es decir, no debe realizarse un trabajo aislado o paralelo sino que debería realizarse conjuntamente en cooperación con la Europol. 
El tercer punto de gran importancia me parece que es el siguiente: aunque la Unión Europea se ha convertido entretanto en un mercado de exportación para las drogas sintéticas y países candidatos a la adhesión son países compradores- se han convertido en países de tránsito y de destino- tenemos que vincular intensamente a dichos países con todos los instrumentos de que disponemos para que se establezca un espacio de seguridad mayor, lo que es nuestro objetivo. 
El objetivo final, sé que aún muy lejano, es la sociedad sin drogas. 
Será difícil de lograr pero con estos pasos nos acercamos sin duda un trecho. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar es un hecho que las drogas solamente perjudican a las personas en caso de abuso de ellas y que hay drogas, como se puede ver en el caso del alcohol y del tabaco, que se pueden entender en cierto modo como productos estimulantes. 
Las drogas se convierten en algo malo cuando se abusa de ellas. 
Pero esto lo considero más bien como un problema de la sociedad. 
Las drogas desempeñan más un papel de catalizador. 
Por ello, pienso que si se combate contra ellas no se hace a las personas realmente un favor. 
La mejor solución es que las personas puedan decidir ellas mismas cuántas drogas desean consumir o no. 
En consecuencia, creo que con esta iniciativa no avanzamos mucho. 
A la postre, de lo que se trata es de más represión, más competencias para Europol y esto no nos es de ayuda en absoluto para la autodeterminación de la propia vida. 
Hay una alternativa a esta propuesta que consiste en la prueba de las pastillas, también llamada drug checking. 
Se han llevado a cabo unos proyectos de gran éxito en los Países Bajos, Suiza, en Viena y en Alemania. 
El Observatorio Europeo de las Drogas en Portugal ha emitido un juicio muy positivo sobre el drug checking y sigue trabajando activamente en este campo. 
Por ello, creo que no debemos apoyar esta medida represiva. 
En cualquier caso no vamos a hacerlo nosotros como Verdes sino que en lugar de ello vamos a apostar en favor de la autodeterminación de las personas que deseen consumir estos productos. 
Señor Presidente, Señorías, la existencia de un sistema eficaz en la Unión Europea para poder analizar de forma coordinada el tráfico de los productos y examinar la situación de las redes no es algo superfluo en la lucha contra los estupefacientes ilegales y, sobre todo, contra el tráfico de drogas. 
No obstante, ahí está el problema. 
La creación de laboratorios presupone que los criterios son suficientemente claros y los procedimientos, transparentes. 
Sin embargo, hay muchas preguntas no contestadas respecto del método, según el cual, los resultados darían lugar a diferentes validaciones en distintos Estados miembros. 
Las propuestas suecas parecen querer esconder que la propia Suecia necesita todavía algunos años para desarrollar plenamente su propia capacidad, pero sin embargo, ya quería empezar. 
Estamos a la espera en este momento de las opiniones de los expertos de los laboratorios más centrales, pero llegarán después de que finalice la Presidencia sueca. 
No todos en mi Grupo estarán de acuerdo con que ésta sea potencialmente una buena propuesta y que, dentro de un tiempo, semejante instrumental pueda ser realmente operativo, se aborde como se aborde el problema de la droga. 
Sin embargo, resulta muy lamentable que el empeño mostrado por los suecos se anticipe a la realidad. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión acoge favorablemente la propuesta de resolución del Parlamento y apoya los objetivos de estas dos iniciativas suecas por las que se establece un sistema de análisis para la descripción científico policial de las drogas de síntesis y sobre la transmisión de muestras de estupefacientes ilegales. 
La Comisión lleva algún tiempo trabajando en este ámbito. 
En particular, ha apoyado la investigación sobre el desarrollo de un método armonizado para el análisis de las anfetaminas. 
Esperamos que este proyecto de investigación termine en febrero de 2002 y que sus resultados sean tenidos en cuenta en futuros trabajos en este ámbito. 
El objetivo de las iniciativas suecas se ajusta al punto 4.1.144DOTQUANT774 del Plan de acción de la Unión Europea sobre drogas 2000-2004, que recibió el respaldo del Consejo Europeo de Feira de junio de 2000 y, por tanto, representa una prioridad de la Unión Europea en la lucha contra las drogas. 
La Comisión también participa activamente en la aplicación del Plan de acción de la UE sobre drogas. 
En las próximas semanas nos proponemos publicar dos documentos importantes: primero, la Comisión presentará una comunicación al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del plan de acción, y, en segundo lugar, la Comisión presentará propuestas sobre una decisión marco sobre el establecimiento de normas mínimas en materia de narcotráfico. 
El tema de las drogas de síntesis, como han mencionado varios diputados, tiene especial importancia en estos momentos, tanto para la Unión Europea como a escala internacional. 
La Comisión tiene intención de emprender este año una revisión de la acción común de junio de 1997 sobre nuevas drogas de síntesis que permita el control de nuevas drogas de síntesis en toda la Unión Europea y para que éstas sean sometidas a la acción penal. 
La Comisión ha presentado recientemente propuestas para vigilar con carácter informal las sustancias químicas precursoras no controladas que entran en la composición de las drogas de síntesis, propuestas que en estos momentos están siendo estudiadas por el Consejo y el Parlamento. 
También hemos presentado a la Comisión, en marzo de 2001, una resolución sobre estupefacientes en la que se aborda el problema de la desviación de precursores de drogas de síntesis y esta propuesta ha obtenido un amplio apoyo. 
Asimismo tomamos parte, en diciembre de 2000, en una reunión sobre drogas de síntesis organizada por Japón en el marco del G8. 
Todos estos elementos reflejan la importancia de este debate a escala mundial. 
Por consiguiente, quisiera felicitar a la Sra. Cederschiöld por su excelente informe y me uno a su llamamiento para que se superen lo que considero dificultades de menor importancia para que el Consejo apruebe cuanto antes estas dos iniciativas suecas. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Encefalopatías espongiformes transmisibles 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0118/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (14780/1/2000- C5-0048/2001- 1998/0323 (COD) ) con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (Ponente: Sra. Roth-Behrendt). 
Tenemos dos informes relativos al tratamiento y el transporte de animales: este tema le resultará muy familiar al Sr. Comisario. 
Quisiera decir, para comenzar- y estoy seguro de que el presidente de la comisión dirá lo mismo- lo mucho que lamentamos la ausencia esta noche de Dagmar Roth-Behrendt. 
Ella es uno de los miembros más llenos de energía, emprendedores e inteligentes de la comisión. 
Es la coordinadora de nuestro Grupo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y, en su entusiasmo general, es como un Congreso de Berlín en una mujer. 
Esta noche está en Berlín y será sometida a una operación por la mañana. 
Estoy seguro de que toda la Asamblea, incluso a esta hora avanzada de la noche, querrá unirse a mí para desear lo mejor a Dagmar, confiando en que se recuperará con su acostumbrado vigor en un futuro muy próximo. 
Dagmar Roth-Behrendt tenía intención de suprimir una de las dos enmiendas esta noche. 
Quisiera decir brevemente por qué mi Grupo y yo creemos ahora que sería mejor que la presente directiva se aprobara sin ninguna enmienda, lo que significa, por consiguiente, que deseamos que se rechacen las enmiendas 1 y 2: la enmienda 1 por la sencilla razón de que huele a un deseo de escabullirse de vuelta a una forma de nuevo proteccionismo y, en cualquier caso, a una regulación excesiva de las importaciones de animales, que es una consecuencia deseable, aunque innecesaria de los numerosos sustos que nos hemos llevado en estos últimos años. 
En mi país somos especialmente conscientes de esto, pero creemos que el código de la OIE cubre el comercio de animales vivos y protegerá a los países que no tienen EEB contra la entrada de la enfermedad. 
Las medidas adicionales contra las importaciones no están justificadas por motivos de salud y espero que la Comisión así lo reconozca. 
Aún más brevemente, sobre la enmienda 2, que en realidad fue presentada en mi nombre: en aquel momento, la presentamos porque creíamos que si este Parlamento aprobaba la realización de pruebas a los animales de veinticuatro meses en todos los Estados miembros casi por imposición de la Comisión, esta medida debía ser modificada mediante una disposición en el sentido de que aquellos Estados miembros que ya hubieran realizado pruebas de otro tipo- o en el caso del Reino Unido, la vaca de más de treinta meses- no tuvieran que pasar por este procedimiento. 
Habida cuenta de que la enmienda principal no prosperó, ahora me parece que la segunda enmienda también debería ser desestimada. 
Por ello, desde el punto de vista de mi Grupo, no apoyamos ninguna enmienda. 
Mis disculpas por la incapacidad del ponente alternativo, Sr. Trakatellis, de encontrarse con nosotros esta noche. 
Tras haber sido avisado a última hora, he aceptado intentar decir unas palabras en su nombre sobre este importante tema. 
En primer lugar, quisiera elogiar a todos los que han participado hasta ahora, desde la Comisión hasta el Consejo e incluso también a nosotros, pero especialmente a la Sra. Roth-Behrendt, por su dedicación personal a este tema de la máxima importancia. 
Hace un año intervine ante el Parlamento en relación con este mismo asunto y expuse claramente mis puntos de vista. 
Creo que fue el 16 de mayo del pasado año, durante la primera lectura. 
En cierto modo no ha sucedido mucho desde entonces. 
En otro, sí se han producido grandes cambios desde una perspectiva científica y política en toda la zona afectada de EEB, en particular, en lo que se refiere a la EEB. 
Hace un año eran el Reino Unido, Irlanda y uno o dos otros brotes aislados de EEB lo que nos preocupaba, en particular, la epidemia que se desató en el Reino Unido durante un cierto tiempo. 
Desde entonces, como saben, se han sumado a la lista Portugal, Bélgica, Holanda, España, Dinamarca, Alemania, Italia y Austria. 
Pero debemos contemplar el número de casos en relación con la cabaña que existe en cada país para que el análisis tenga sentido, en vez de sembrar el pánico entre los consumidores. 
Ha sido muy difícil celebrar un debate racional y razonable sobre las repercusiones del brote de EEB, ya se tratara de 3, 4 o de varios cientos de casos cada vez. 
Este número debe ser considerado en relación con la cabaña de cada país. 
Esta misma semana hemos sabido que han aparecido brotes entre los alces que viven en regiones de Colorado en los Estados Unidos y una nueva variante de la ECJ entre hombres jóvenes, cazadores jóvenes- que no pertenecen al grupo de edad habitual con el que durante años hemos asociado la aparición de la ECJ. 
Asimismo se ha incrementado el rigor en la notificación de la EEB, así como la vigilancia en general con nuevos regímenes de pruebas. 
El hecho de que se haya incrementado el número de casos conocidos no es indicio de la propagación de la enfermedad. 
Significa que estamos siendo más eficaces y más eficientes en términos de detectar la enfermedad en los distintos países. 
Debemos explicar este fenómeno con todo detalle para no infundir el pánico entre los consumidores y para que no piensen que la enfermedad sigue extendiéndose. 
No se está extendiendo. 
La EEB es una enfermedad que afecta a las vacas de más edad, principalmente a las vacas lecheras. 
Su incidencia es mucho más alta entre los rebaños lecheros que entre los de cría, probablemente porque los ganaderos de vacas lecheras podían permitirse más concentrados en general durante estos años. 
En la mayoría de los países, la leche proporciona mayores beneficios económicos que, por ejemplo, la vaca de cría- desde luego ésa ha sido la experiencia en Irlanda y el Reino Unido. 
En cualquier caso, el riesgo en estos momentos está en el ganado lechero, en las vacas de seis y siete años, y éste es el motivo por el que después de mi intervención del año pasado se haya introducido el plan de destrucción anunciado el 13 de diciembre de 2000, si no recuerdo mal, que permanecerá en vigor hasta finales del presente año. 
Mi única crítica importante al plan de destrucción es que no se hiciera especial hincapié en que los Estados miembros con problemas debían centrar su atención en las vacas de más edad, entre las que sigue existiendo el cohorte de riesgo real. 
De hecho, este plan fue utilizado para sostener el mercado y el precio del vacuno, y no principalmente para erradicar la enfermedad entre las vacas de más edad. 
No tengo nada en contra de sostener el mercado. 
Pero debería ser secundario a la erradicación de la enfermedad y no fue así y por ello critico ese plan en particular. 
También hemos aprendido mucho en el pasado año en lo que respecta a la nueva variante de la ECJ y que pacientes con una estructura genética determinada son propensos a la enfermedad, y no toda la población. 
Debemos informar mejor sobre este punto para que la sociedad comprenda las repercusiones relativas que podría o no tener. 
La enfermedad es genética, es infecciosa, es degenerativa, pero existen muy, muy pocos casos si tenemos en cuenta, por ejemplo, el número de casos de EEB en la cabaña del Reino Unido. 
Hemos comido ovejas infectadas de tembladera durante más de doscientos años sin sufrir daños, y ello se debe a que la estructura de la forma del prión, la proteína no infecciosa, en la oveja no es compatible con la del cerebro humano, a diferencia de la versión del prión del ganado o de las reses, que sustituye la proteína necesaria en nuestro cerebro. 
Una vez más, no hemos contado las cosas tal y como son. 
Sí, reconozco que se ha hecho muchísimo y necesitamos lo que hoy se nos propone aquí, pero preferiría que utilizáramos la norma de la OIE o de la OMC, de manera que todos los países puedan ponerse de acuerdo sobre la clasificación para que lo que hagamos en Europa no sea considerado una barrera comercial por el resto del mundo con el que estamos obligados a comerciar nuestros productos cárnicos y animales vivos. 
Ésta sigue siendo mi crítica que, en este sentido, queramos seguir nuestro propio camino en Europa en vez de operar sobre una base mundial con respecto a este problema. 
Felicidades a todos los interesados. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, la Sra. Roth-Behrendt ha realizado durante largo tiempo un excelente trabajo en la lucha contra la EEB y las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
Por fin hemos llegado al punto en que quizá consigamos poner orden y acabar con la cadena de contagios que existe en esta materia. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para pedirles que pensemos a futuro. 
Desgraciadamente, la humanidad no sabe todavía por qué, cuándo y dónde el prión "enloquece", cuándo se produce esta enfermedad y por qué causas. 
La situación exige que seamos humildes. 
En este momento se están discutiendo también los productos secundarios de origen animal y parece que va a empezar una nueva serie de debates. 
Intentamos hacer de la vaca, un animal vegetariano, un omnívoro, y el resultado es la EEB. 
Ahora estamos en un punto en el que sospecho que por miedo, terror o lo que sea- demagogia política quizás- vamos a intentar hacer del cerdo un animal herbívoro, un vegetariano. 
Sería conveniente que nos fijásemos en nuestra propia historia. 
Nuestros antepasados sabían muy bien que no había que comerse a los animales que se morían. 
En los tiempos modernos nos hemos alejado tanto de la biología que hemos empezado a hacer experimentos. 
Me gustaría que con calma y tranquilidad fuésemos más humildes frente a las catástrofes alimentarias que nos han afectado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo que hay que hacer, sobre todo esta tarde, es permitir que se aplique el magnífico informe de la Sra. Roth-Behrendt lo más rápidamente posible, es decir que las medidas puedan iniciarse a partir de julio. 
Sobre la base de los conocimientos científicos, que evolucionan de día en día, creo efectivamente que las dos enmiendas que se nos han presentado son ambiguas y presentan más bien la tendencia a retrasar la puesta en marcha de la totalidad de medidas que a tener consecuencias positivas. 
Mi Grupo podría aceptar la primera enmienda, en última instancia, porque la clasificación de los países en función del número de casos sospechosos es algo bueno y lo más importante, es ante todo un seguimiento de la enfermedad infecciosa. 
Que los países que se sienten más frágiles deseen protegerse no es forzosamente proteccionismo. 
Por el contrario, la enmienda 2 podría aparecer como una especie de deriva que, con el pretexto de que los animales de veinticuatro meses no plantean en absoluto los mismos problemas que los demás, tendería a eliminar el test rápido sistemático y permitiría a algunos países, especialmente a Gran Bretaña que ha sido el país iniciador y el más afectado, que no realizaran estos tests de detección sistemática. 
Si esto es lo que está detrás de la enmienda, nosotros, los Verdes, nos oponemos formalmente. 
Añadiré, porque efectivamente este debate evoluciona sin parar, que, la Sra. Doyle acaba de decirlo, se plantean preguntas con respecto a Canadá o Estados Unidos. 
Ningún país puede decir hoy que es ajeno a la EEB o a la EET y sería necesario ante todo tener un test de detección para los ovinos, ya que se está viendo que la enfermedad se ha transmitido a partir de ellos y que sería más útil vigilar esta cabaña ganadera que puede plantearnos los mismos problemas que conocemos en el vacuno. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han llevado a cabo una estupenda colaboración en la prevención de las encefalopatías animales y en el reforzamiento de las medidas de control. 
Mediante la propuesta de reglamento que nos ocupa lograremos homogeneizar la base jurídica. 
El Reglamento presta atención al desarrollo científico. 
Se adoptarán los tests de EEB para ovejas y cabras en cuanto que existan los métodos de análisis. 
La ponente presenta dos enmiendas. 
La primera es muy digna de apoyo, ya que a través de la misma se crean garantías complementarias de seguridad, especialmente para aquellos países donde no se ha detectado aún la EEB. 
El transporte de animales representa la causa más importante de la propagación de las enfermedades animales, por lo que la inspección ha de ser eficaz. 
Nuestro Grupo considera que la segunda enmienda no es muy clara y, por lo tanto, nuestro Grupo no la apoya, sobre todo si su objetivo es reducir a 24 meses la edad límite de los animales que deben ser objeto de los tests de EEB. 
Ello no tiene ningún sentido desde el punto de vista de todos los Estados miembros. 
Al decir esto, no estoy queriendo oponerme en absoluto a que se proceda así en cualquier Estado miembro que desee hacerlo. 
Sin embargo, las medidas a nivel de la UE deben adecuarse a la situación de EEB imperante en los Estados miembros, observando las líneas generales de este Reglamento. 
Señor Presidente, aunque no soy del mismo grupo que el Sr. Whitehead, comparto su opinión sobre la Sra. Roth-Behrendt y si es que tiene que operarse mañana también nosotros queremos que se recupere porque es un poco el alma de la Comisión de Medio Ambiente. 
En todo caso, ella propone dos enmiendas solamente, porque la Comisión aceptó la mayoría de las enmiendas presentadas en la primera lectura. 
Esas dos enmiendas, ya lo dijeron otros compañeros, tienen que ver con las garantías complementarias que algunos Estados pueden demandar para la entrada de animales y tienen que ver, también, con la posibilidad de llevar a cabo algunos análisis de animales de menos de 30 meses. 
Sin embargo, yo, que procedo de una pequeña región, con pequeñas explotaciones con enormes problemas y que tuvo algún caso, muy pocos, de EEB, querría hacer hincapié en tres cuestiones que me parecen fundamentales. 
Una de ellas es la que figura en el artículo 6 y que se refiere a la necesaria formación y educación del personal que trabaja para las autoridades competentes, el personal que trabaja en los laboratorios, las personas que crían a los animales y las que los comercializan. 
Yo, en la práctica, observo que todas estas personas se enfrentan a un problema que desconocen y que no saben cómo abordar. 
Por lo tanto, ese programa de formación, en mi opinión, es fundamental y debería ponerse en práctica tan pronto como sea posible, porque sería una fórmula de prevención. 
Por lo que respecta a la prohibición de los piensos que contengan proteínas de origen animal, como establece el artículo 9, mi opinión es que esa prohibición debería ser ya definitiva. 
Las vacas deben comer hierba y ésta es la mejor forma de evitar que ocurra lo que está ocurriendo. 
Y también debe ser inmediata la indemnización al 100% de los animales sacrificados de estas explotaciones. 
He visto cómo a algunos de estos ganaderos de la región en donde vivo, que tenían 25 ó 30 vacas, les quedan muy pocos beneficios para poder vivir. 
Si sacrifican a todos los animales se quedan sin su modo de vida. 
Por lo tanto, es imprescindible que esas indemnizaciones de las que hoy todavía no disponen se hicieran efectivas de forma inmediata. 
Creo, señor Presidente, y termino porque ya agoto mi tiempo, que si queremos recuperar la credibilidad de los consumidores medidas como éstas y otras deben de hacerse efectivas de forma inmediata y clara. 
Es necesario que la gente vea que en Europa se están tomando medidas, si no esa credibilidad será irrecuperable. 
Señor Presidente, aunque la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor no ha tratado esta vez con benevolencia a la ponente, Sra. Roth-Behrendt, quiero, en todo caso, darle a ella las gracias por el excelente trabajo que ha realizado en las diferentes fases de la elaboración de este informe. 
La comisión parlamentaria ha aceptado dos enmiendas, de las cuales la primera fue presentada conjuntamente, en un principio, por el profesor Trakatellis y por mí. 
Su contenido es, en toda su brevedad, que los Estados miembros mejor clasificados mantendrán el derecho de exigir garantías complementarias sobre los animales que son importados a sus territorios. 
El objetivo no es impedir la importación de animales o el comercio entre los Estados miembros, sino que sólo se aspira a evitar la propagación de las enfermedades a los países en los que éstas no han aparecido todavía. 
Naturalmente, está en el interés de toda la Unión que todas las enfermedades, incluidas las EET, queden confinadas a zonas lo más reducidas posible y que se impida su propagación a nuevos territorios. 
A medida que vamos revisando las normas específicas relativas a la prevención y al control de las EET, se hace cada vez más obvio que toda la Política Agrícola Común está necesitada de una reforma, o sea, de ciertas rectificaciones graduales. 
Merecería la pena detenerse a considerar seriamente la adopción de un procedimiento que permita el establecimiento de objetivos comunes y de requisitos mínimos para la Política Agrícola en lo que se refiere, entre otras cosas, a la protección del medio ambiente y al bienestar de los animales, pero que implique también un nuevo planteamiento sobre la idoneidad de las subvenciones agrícolas comunes. 
Este modelo debería permitir la concesión de subvenciones nacionales destinadas, ante todo, al fomento de la seguridad alimentaria, al mantenimiento de la pureza del medio ambiente y a la promoción de los objetivos de las políticas regionales. 
En mi opinión, ésta sería una vía posible y digna de crédito para avanzar a partir del sistema actual, el cual es desfavorable para los contribuyentes, para los consumidores y para el medio ambiente, y particularmente pésimo para los agricultores. 
Cuando se constituyó la UE, el objetivo de su Política Agrícola era, en toda su simplicidad, garantizar el suministro de alimentos en una economía de racionamiento que se recuperaba tras el conflicto bélico. 
El artículo 33 del Tratado constitutivo sigue partiendo de esta misma idea, a pesar de que la autosuficiencia de la UE ya fue lograda en la década de 1960 y de que se han dado excedentes de producción a partir de la década de 1970. 
Ahora debemos pasar de la cantidad a la calidad. 
Esta noche podría marcar el final de dos años de arduas negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre el marco jurídico para luchar contra las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
Ésta es la primera normativa importante que se adopta en el ámbito veterinario que afecta a la salud pública tras la introducción del procedimiento de codecisión establecido en el Tratado de Amsterdam. 
Es a la vez irónico y oportuno que se trate de la EEB, porque fue la crisis de la EEB la que propició la introducción del procedimiento de codecisión en este ámbito de la actividad comunitaria. 
Quisiera expresar mi especial agradecimiento a la Sra. Roth-Behrendt, la ponente, por su infatigable labor durante años en la búsqueda de un enfoque comunitario coherente sobre el control de las EET. 
Muchas de las disposiciones clave del Reglamento que nos ocupa son consecuencia directa o indirecta de su compromiso personal de crear un marco muy sólido que proteja a nuestros ciudadanos de la amenaza que representan las EET, objetivo que comparto plenamente, y quiero unirme al Sr. Phillip Whitehead en sus mejores deseos para la Sra. Roth-Behrendt que permanecerá en el hospital durante los próximos días. 
Cuando a finales de 1998 iniciamos nuestro trabajo sobre esta propuesta, la mayoría de los Estados miembros se consideraban libres de la EEB. 
Ésta seguía siendo la situación en mayo de 2000, cuando se aprobó la opinión inicial del Parlamento, con el amplio respaldo de la Comisión: las subsiguientes negociaciones con el Consejo permanecieron bloqueadas porque el Consejo no podía dar su aprobación a la propuesta sobre el papel central de una evaluación científica para la clasificación de la EEB por países. 
No obstante, tras la adopción de nuevas medidas de emergencia para la retirada en toda la Comunidad de los materiales especificados de riesgo y la introducción de pruebas rápidas de EEB, se alcanzó un compromiso sobre el marco jurídico. 
Las previsiones de un examen a tan gran escala hicieron posible que el Consejo accediera a la clasificación de la Comisión sobre la base de la opinión del Comité científico pertinente a condición de que ésta fuera verificada por dicho examen. 
En su primera lectura, el Parlamento propuso una verificación de la evaluación científica del riesgo a través de un examen estadísticamente válido a gran escala. 
En su propuesta enmendada, la Comisión propuso un examen a gran escala como medida transitoria para la transición de las normas uniformes en vigor sobre los MER a las normas del Reglamento basadas en la clasificación. 
Estos dos elementos permitieron al Consejo llegar a un acuerdo político respecto a su posición común en diciembre de 2000. 
Aparte de conducir al Consejo hasta una posición común, el inicio del examen a gran escala a finales de 2000 tuvo una nueva consecuencia: en cuestión de días, Alemania detectó casos de EEB entre animales sanos que iban a ser sacrificados. 
Por aquellos mismos días, España e Italia detectaron sus primeros casos y el escaso número de casos de EEB detectados en Francia también experimentó un crecimiento continuo. 
La confianza de los consumidores experimentó un descenso récord. 
Ante esta crisis, el Consejo, el Parlamento y la Comisión acercaron sus posiciones. 
Conscientes de la urgencia de la situación y de la necesidad de un marco jurídico adecuado, en particular, en relación con la erradicación de la EEB y las importaciones procedentes de terceros países, se celebró un diálogo tripartito informal antes de que el Consejo adoptara su posición común. 
Durante dicho diálogo tripartito surgió una base muy sólida para el acuerdo entre las tres instituciones. 
Fueron negociaciones arduas pero muy constructivas que demostraron que las tres instituciones pueden trabajar unidas de manera muy constructiva en temas clave relacionados con la salud pública. 
El Consejo accedió a las solicitudes adicionales del Parlamento de incrementar el número de animales que debían ser examinados. 
La Comisión se comprometió a incluir en el Reglamento todas las nuevas medidas adoptadas bajo procedimientos de salvaguarda después de la posición común. 
La Comisión se comprometió asimismo a adoptar sin demora todas las iniciativas necesarias por el procedimiento de comitología tras la entrada en vigor del Reglamento. 
En consecuencia, la posición común del Consejo fue aprobada por unanimidad y respaldada por la Comisión. Este caso contrasta con las fuertes diferencias de planteamiento que existieron en el pasado respecto a temas relacionados con la EEB. 
Por último, me gustaría recordar al Parlamento su resolución de 16 de noviembre de 2000 sobre la EEB y la prohibición de incluir proteínas animales en los piensos para animales. 
En esta resolución, el Parlamento pidió varias medidas de protección. 
Estas medidas incluían la suspensión temporal de la utilización de carne y harinas cárnicas, un incremento de las pruebas en todos los Estados miembros y normas para el control de la tembladera. 
El Reglamento sobre EET, en su forma actual, prevé el marco y, en muchos casos, normas detalladas sobre la aplicación de estas medidas. 
Nuevas enmiendas en segunda lectura, sin embargo, retrasarían la acción formal sobre esta resolución. 
Confío en que esta Asamblea esté de acuerdo conmigo sobre la necesidad de que el fundamento jurídico adecuado entre en vigor sin demora y por lo que han dicho algunos oradores, parece existir cierto acuerdo sobre este tema. 
Los debates celebrados en el Parlamento sobre este asunto desde el pasado noviembre así lo demuestran con total claridad. 
Es fundamental, por consiguiente, que este Reglamento entre en vigor lo antes posible. 
La Comisión está dispuesta a estudiar únicamente enmiendas que mejoren sustancialmente el texto o corrijan carencias importantes. 
Ninguna de las dos enmiendas presentadas entra, en mi opinión, en estas categorías. 
No puedo aceptar la enmienda 1 además por motivos de contenido. 
Esta enmienda que ya había sido rechazada en comisión durante la primera lectura, propone el derecho de que los Estados miembros libres de EEB adopten medidas unilaterales, según sus propios criterios, contra la importación de cualquier animal vivo. 
Eso va en contra de los principios del establecimiento de legislación comunitaria. 
Además es superfluo, porque uno de los principales objetivos del Reglamento es la creación de normativas armonizadas para la comercialización de animales con vistas a la situación de la EEB. 
Tampoco puedo aceptar la enmienda 2 porque ésta dificulta el establecimiento del cuadro epidemiológico de todos los Estados miembros. 
Esto no prejuzga sin embargo futuras iniciativas de la Comisión sobre la base de este Reglamento a la luz de la experiencia obtenida, en particular, sobre el plan de ayudas para los casos detectados por el examen actual, y esto podrá hacerse por comitología. 
Durante los primeros tres meses de este año se han realizado más de 1,3 millones de pruebas en animales sanos de más de 30 meses. 
Éstas se suman a las pruebas en animales muertos y animales de riesgo. 
Estamos adquiriendo con rapidez una imagen muy mejorada de la incidencia real de la EEB en la Comunidad. 
Si a la luz de esta evidencia encuentro algún motivo para reducir la edad de prueba actual, no dudaré en adoptar las propuestas necesarias. 
Quisiera añadir también en este sentido que prosigue la investigación sobre pruebas más sensibles que las que existen actualmente. 
Para terminar, estamos ya muy cerca de establecer el marco legislativo adecuado para el control de las EET. 
Han sido necesarios mucho tiempo y esfuerzos, pero el texto de la posición común, tras las considerables aportaciones de las tres instituciones, ofrece un conjunto coherente de normas y procedimientos para el futuro. 
Permítanme comentar brevemente algunas de las intervenciones que han hecho algunos diputados hace un momento. 
Esta propuesta en particular es compatible con las normas internacionales de la OIE. 
Asimismo, permítanme decir que acojo muy favorablemente las opiniones expresadas por la Sra. Paulsen cuando hacía referencia a las propuestas sobre piensos para animales y, en particular, la legislación sobre subproductos. 
Permítanme comentar sobre las observaciones de la Sra. Auroi en lo que respecta a las pruebas en ovejas: quisiera señalar que en breve presentaré una propuesta sobre pruebas aleatorias en ovejas. 
En el proyecto de decisión, hemos previsto en una primera etapa 170.000 pruebas en ovejas a partir de octubre de 2000 para el primer año. 
Muchas gracias, señor Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial 
Señor Presidente, el objetivo del presente Reglamento es garantizar, antes de 2002, la coherencia de las normas por las que se rigen los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, lo que comúnmente ha dado en llamarse el plan sobre pasaportes para mascotas. 
El hecho de que esta propuesta haya sido presentada por la Comisión representa un logro notable de las medidas adoptadas para controlar la rabia. 
El éxito de las campañas de vacunación contra la rabia ha propiciado la caída del número de casos entre gatos y perros que han pasado de casi 500 en 1991 a sólo 5 en 1998, y a la luz de este éxito nos ha parecido adecuada la abolición parcial del sistema de cuarentena de seis meses en el Reino Unido y Suecia. 
El problema de la rabia nos ha impedido hasta ahora adoptar normas coherentes por lo que los Estados miembros han controlado el desplazamiento de los animales de compañía de formas muy diferentes, por ello estoy segura de que un conjunto de normas uniformes tendrá muy buena acogida. 
Las medidas de la Comisión están basadas ampliamente en el plan británico y facilitan los desplazamientos de gatos y perros en el interior de la UE y determinados terceros países, con la condición de que estén identificados por un transpondedor electrónico o un tatuaje, que hayan sido vacunados y que se haya verificado la inmunidad como mínimo seis meses antes del viaje. 
La propuesta también permite la libre circulación de insectos, peces y otros animales. 
Es muy importante que exista la posibilidad de que determinados Estados miembros cambien estas disposiciones si circunstancias especiales lo justifican. 
La Comisión propuso el artículo 37 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado CE como doble fundamento jurídico. 
No obstante, puesto que el Reglamento sólo hace referencia a los animales de compañía y a la adopción de medidas zoosanitarias para proteger la salud, la Comisión de Medio Ambiente acordó que el Reglamento debería estar basado únicamente en la letra b) del apartado 4 del artículo 152 que es relativo a la salud pública y cubre la rabia. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos se mostró conforme con este punto de vista porque, una vez más, la propuesta era relativa únicamente al desplazamiento de animales de compañía y su objetivo es la protección de la salud pública. 
Espero que alcancemos un acuerdo sobre el fundamento jurídico. 
Los puntos clave del debate en comisión fueron, primero, la utilización de tatuajes y de sistemas de identificación electrónicos. 
Los tatuajes pueden ocasionar problemas, pueden ser difíciles de leer o pueden cambiar. 
En cambio, la utilización de un microchip electrónico es más eficaz no sólo en términos de identificación, sino que además es un método mucho más humano porque no es necesario suministrar al animal analgésicos ni tranquilizantes. 
Por consiguiente, creemos que a largo plazo son preferibles los microchips, aunque debemos tener en cuenta el hecho de que en estos momentos la legislación nacional de varios Estados miembros acepta los tatuajes, por lo que la comisión propone un período de transición de ocho años para eliminar el tatuaje. 
De forma similar, se propone que durante este período transitorio, los países que en la actualidad no aceptan los tatuajes como medio válido de identificación puedan exigir los microchips. 
La enmienda 8 hace referencia a la necesidad de que la presente propuesta recoja claramente que las crías de perros y gatos no podrán desplazarse antes de cumplir la edad exigida para la vacunación y otros requisitos porque la creencia generalizada al respecto carece de fundamento. 
Para que este plan tenga éxito, es fundamental que se aplique eficazmente. 
La utilización de transpondedores que cumplan la norma ISO contribuirán a este fin. 
De forma similar, la posibilidad de registrar el nombre y la dirección del propietario del animal contribuirá a combatir el tráfico de animales de compañía y en el informe se incluye una aclaración sobre la vacuna antirrábica, así como el Código Zoosanitario internacional de la OIE, una vez más, con el fin de reforzar la eficacia de la propuesta. 
Otro tema que hemos debatido en comisión es el de la cuarentena, y la enmienda 9 tiene como objetivo aclarar que los animales procedentes de terceros países en los que existe el riesgo de rabia que entran en Suecia, Irlanda o el Reino Unido, los denominados países sensibles, a través de otro Estado miembro deberán permanecer en este último durante seis meses como mínimo antes de poder entrar en estos tres países. 
Esta medida elimina naturalmente la necesidad de cuarentena y además garantiza las medidas adicionales de salvaguarda que exigen dichos países. 
Un tema que despertó controversia fue si los hurones debían ser incluidos o no en este Reglamento. 
La propuesta de la Comisión incluye a los hurones en la categoría de animales de compañía que no estarían sujetos a ningún requisito específico en materia zoosanitaria. 
Los puntos de vista al respecto han sido muy variados, pero la opinión de la Comisión de Medio Ambiente es que esto representaría un riesgo inaceptable y, por consiguiente, deberían suprimirse los hurones de la parte B del Anexo I. 
Por último, es muy importante que los consumidores y el personal responsable en los puestos fronterizos de la UE tengan acceso a información detallada para garantizar que conocen los requisitos. 
En la elaboración de mi informe he intentado mantener los elementos positivos y fundamentales de la propuesta de la Comisión, al tiempo que he tenido en cuenta los requisitos de determinados países. 
Hemos oído mucho en anteriores debates sobre la confianza, y la confianza en este plan es fundamental para su buen funcionamiento, y las enmiendas están encaminadas a mejorar el texto de la Comisión con este fin. 
Señor Presidente, el reglamento que nos ocupa tiene por objeto coordinar y facilitar los desplazamientos de animales de compañía en Europa. 
A primera vista puede parecer banal, pero los suecos recordamos al antiguo embajador de Suecia en Portugal, jubilado hace más de veinte años, que se negaba a dejar su vivienda en Lisboa porque su compañero, un viejo gato angora, tendría que quedar en cuarentena al regresar a Suecia. 
En primer lugar, el objetivo de esas normas es proteger contra la rabia, una enfermedad que la gente ha asociado con la mística y el miedo. 
Por algo es conocida en Suecia como la "enfermedad del miedo al agua". 
Irlanda, el Reino Unido y Suecia han estado libres de rabia durante muchos años y la propuesta tiene, por eso, en primer lugar, importancia para estos países, aunque esta enfermedad ha disminuido en toda Europa. 
Sin embargo, tenemos que cuidar que las normas protejan eficazmente contra la difusión de la rabia, en primer lugar en los territorios donde está erradicada. 
Después de la enfermedad de las vacas locas y de la fiebre aftosa, la aparición de casos de rabia en el Reino Unido, por ejemplo, a causa de las nuevas normas comunitarias crearía gran desconfianza en la UE. 
Durante la tramitación de este asunto se ha modificado el fundamento jurídico. 
Las causas de estos cambios son que el reglamento tiene por objeto proteger la salud pública. 
No obstante, las enfermedades animales, incluidas las que afectan a los animales de compañía, pueden ser muy agresivas y causar grandes sufrimientos. 
Un ejemplo son las formas agresivas del moquillo. 
Quisiera preguntar al Comisario Byrne: ¿opina usted que las medidas de protección contenidas en otras directivas comunitarias son suficientes para que los países miembros adopten medidas contra las enfermedades contagiosas que puedan causar grandes sufrimientos a los animales de compañía? 
A muchos les resulta incomprensible que las reglas para el transporte de animales con ánimo comercial sean menos rigurosas que para las mismas especies en calidad de animales de compañía. 
Por eso he presentado a la comisión una propuesta para que la Comisión revise el actual reglamento de comercio con animales para intentar armonizarlo con las normas de esta propuesta de reglamento. 
La comisión hizo suya esta propuesta, pero quiero informar a la Mesa y a la Secretaría que la redacción de la actual propuesta ha sido modificada en este punto. 
Muchos creen que los cachorros no pueden contraer la rabia y que, por esa razón, pueden viajar a través de las fronteras europeas. 
Es importante que la propuesta de reglamento sea clara en este punto. 
Sería especialmente interesante para frenar el mercado ilegal con cachorros no protegidos contra la rabia, comercio que es manifiesto. 
Además de los cachorros de perros y gatos, sólo el hurón domesticado, en inglés ferret, puede trasmitir la rabia. 
Actualmente hay pruebas científicas de que la vacunación contra la rabia de los hurones domesticados da buenos resultados. 
Según el Organismo Estatal Sueco de Medicina Veterinaria, en el futuro habrá que vacunar a los hurones domesticados, tal como se hace con los gatos y los perros. 
Sin embargo, en la tramitación en la comisión se eliminó al hurón domesticado de la lista de medidas. 
Con todo, hay que incluir a este animal en el anexo 1, parte A, junto con los perros y gatos y, si esto no es posible, debe quedar en la parte B, de acuerdo con la propuesta de la Comisión. 
Es una irresponsabilidad dejar totalmente fuera al hurón domesticado. 
Hay que recordar que los niños y jóvenes son los que más frecuentemente tiene estos animales de compañía. 
Finalmente, señor Presidente, agradezco a la ponente Sra. Evans su excelente trabajo en esta materia. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Evans no sólo por el esfuerzo que ha dedicado a este informe, sino también por haber hecho un resumen tan justo y lúcido de la propuesta antes de que saliera de comisión. 
Lo que tenemos aquí es ese equilibrio crítico entre unos requisitos en materia de salud pública y un sentimiento humanitario. 
El sentimiento humanitario nos obliga a tener en cuenta el sufrimiento de las personas que deben dejar atrás a sus preciados animales de compañía cuando viajan por la Unión Europea. 
En Gran Bretaña la llamamos la reforma de "Whisky y Soda", no porque fuera concebida durante una noche de copas en la SANCO, sino porque ésos son los nombres de los dos perros del Comisario Patten, quien durante muchos años ha debido dejarlos en Francia cuando él regresaba a Inglaterra y era el más afectado- ciertamente en términos de publicidad- lo que quizá haya hecho posible un cambio de mentalidad en nuestra parte del mundo. 
Sólo quiero mencionar tres ámbitos decisivos: primero, el plazo; la Sra. Evans ha aceptado ahora que exista un período transitorio de 8 años, que considero suficiente habida cuenta de los años que vive la mayoría de los animales de compañía, para la transición de los tatuajes, con todas sus carencias, al sistema más adecuado de los microchips. 
Personalmente no creo que respecto a la enmienda 7, en la que se propone que debemos tener un sistema absolutamente universal de microchips que cumplan la norma ISO, quepa esperar que a todos los animales se les implante un chip que sea de dicha variedad universal en las fases iniciales. 
Debemos ser un poco más indulgentes al respecto. 
En segundo lugar, estoy encantado de que ahora tengamos propuestas eficaces, que estoy seguro de que el Comisario aceptará, sobre la imposición de cuarentena a los animales procedentes de terceros países en los que la rabia es endémica- el subcontinente indio sería un caso a señalar. 
Las personas viajan, sus animales viajan y sabemos de otros estudios, que ahora forman parte de otro debate en curso sobre la vacunación, cuántas cosas entran y salen de la Comunidad Europea con la importación y exportación de piensos, lo que representa un riesgo para nosotros. 
No queremos que eso suceda en este caso y por ello es muy importante que se mantengan las disposiciones sobre la cuarentena. 
Por último, los hurones. 
La "Ferret Trust" (fundación para la protección de hurones) me ha estado siguiendo por todas partes últimamente en un estado de gran ansiedad debido a las disposiciones sobre los hurones. 
En el Reino Unido, sin ninguna duda, prevalecen las dudas sobre si es posible garantizar que la vacunación de un hurón basta para estar seguros de que puede ser vacunado y luego viajar sin peligro como animal de compañía de un país a otro. 
La "Ferret Trust" me ha dicho, en términos muy comedidos, que en su opinión, la decisión sobre si los hurones deben ser incluidos en el plan de pasaportes para animales de compañía debería ser aplazada hasta que se lleven a cabo nuevas investigaciones y ha hecho referencia a dos autoridades estadounidenses, el Dr. Bruce Williams y el Dr. Zack Miller, que son expertos en este campo. 
Yo aceptaría encantado esa propuesta. 
No tengo nada en contra de los hurones, pero creo que incluso el más mínimo riesgo de que la rabia pueda propagarse por un medio tan exótico como éste debe ser motivo para que lo estudiemos y consideremos detenidamente, en vez de precipitarnos con una propuesta respecto a la que al menos un Estado miembro tiene serias reservas. 
Señor Presidente, debemos reconocer que el presente informe es una celebración del hecho de que Europa está ganando la guerra contra la rabia. 
Es una enfermedad que ha infundido temor y horror en las personas durante muchos años y es un placer asistir a la realidad de su descenso en las estadísticas, lo que demuestra que la enfermedad está siendo erradicada. 
También me alegra, como ha indicado el Sr. Whitehead, que el sufrimiento y la pena que sienten tanto los animales de compañía como sus propietarios, cuando los animales deben ser puestos en cuarentena durante largos períodos, ahora estén dando paso a pasaportes y tatuajes, o sea que ésta es una buena noticia. 
Sobre un aspecto técnico, espero con impaciencia oír la respuesta de la Comisión a las enmiendas presentadas sobre el fundamento jurídico de esta directiva. 
También estoy encantado de que las propuestas europeas tengan como fundamento aquél que ya se aplica en Gran Bretaña. 
Como ha dicho el Sr. Whitehead, al igual que él, ahora sé mucho más sobre hurones que hace un mes. 
Estoy seguro de que también es éste el caso de la Comisión. 
De hecho estoy seguro de que el Comisario es un gran criador de hurones: si ya no tiene una casa llena de hurones, estoy seguro de que los numerosos artículos de prensa sobre las virtudes de los hurones le han animado a llenar su casa de ellos, no tengo ninguna duda de que se convertirán en animales de compañía encantadores y cariñosos y espero que aprovechen la primera oportunidad que se les presente para ocupar el lugar que les corresponde junto con gatos y perros. 
La decisión que tomamos en comisión, hace sólo un par de semanas, sobre si debería incluirse a los hurones en la lista y obtener o no un pasaporte, fue una de las más difíciles que he tomado jamás. 
Lo cierto es que los hurones parecen no haber causado ningún problema en particular. 
Al parecer, un hurón francés ha sido la causa de toda la preocupación sobre si los hurones pueden transmitir la rabia. 
Lo lamento mucho, pero espero que lleguemos a una situación en la que el Comité Veterinario Permanente verifique y apruebe el análisis de sangre para detectar anticuerpos de la rabia y que el ámbito del Reglamento pueda ampliarse cuanto antes para incluir a los hurones. 
Mientras tanto, debemos aceptar que si queremos dar prioridad absoluta a nuestra lucha contra la rabia, por el momento los hurones no deberían ser incluidos en la lista. 
Pero espero que llegue el día en que los hurones estén autorizados a deambular por toda Europa, aunque todavía no. 
Señor Presidente, comenzaré donde ha terminado mi colega. 
Debo confesar que no siento especial interés por los hurones ni en un sentido ni en otro, pero me ha gustado bastante la línea que ha seguido el Sr. Whitehead: deberíamos volver a intentarlo y quizá preguntar a algunos expertos. 
Somos muchos los que no estamos al día en términos de lo que puede o no puede hacerse respecto a los hurones en relación con la prueba de inmunidad. 
Personalmente no me gustaría tener que hacerlo. 
Debo confesar un conflicto de intereses para empezar. 
Cuando regreso de Bruselas o de cualquier otro lugar, ya sea el jueves por la noche o el viernes por la mañana, la bienvenida más calurosa es la de mi colección de perros- al menos en lo que se refiere al ruido que hacen y a la duración en el tiempo. 
Sí, el resto de la familia está encantada- un rápido "Hola mamá" -una cabeza que se alza y es posible incluso que alguien me dé un beso antes de volver ante el televisor o a lo que estuviera haciendo- pero 20 minutos más tarde, los perros siguen corriendo a mi alrededor muy excitados. 
Por eso puedo realmente identificarme con los que defienden apasionadamente la necesidad de poder llevar consigo libremente a sus animales por toda Europa según las condiciones que hoy se establecen y acojo con satisfacción el informe que esta noche nos ocupa. 
Las medidas de la Comisión proponen que se facilite el desplazamiento en el interior de la UE de gatos y perros y de varios otros animales que también entran en la categoría de animales de compañía. 
No obstante, la Comisión de Medio Ambiente asestó un golpe a los hurones y ahora se encuentran en esa situación, sujetos tal vez a la investigación a la que se ha referido mi colega el Sr. Whitehead. 
Acojo con gran satisfacción, como han dicho otros, que podamos celebrar el éxito de la campaña de vacunación antirrábica que nos ha permitido llegar a la situación en que hoy nos encontramos y que, en un inicio, ha hecho posible que el Reino Unido, Irlanda y Suecia modifiquen su sistema de cuarentena, ofreciéndonos así el modelo que ahora la Comisión propone que se haga extensivo a toda la UE. 
No obstante, debemos mantenernos vigilantes en lo que respecta a importar animales de compañía de terceros países porque los casos de rabia que actualmente se detectan en la UE proceden de terceros países en los que la rabia sigue siendo endémica. 
Debemos ser muy cuidadosos respecto a los controles fronterizos en lo que se refiere a la importunación, una vez más, de esta horrible enfermedad, en particular a países en los que actualmente la rabia está erradicada. 
Como parte de las medidas propuestas por la Comisión, los animales deberán ser identificados mediante un transpondedor electrónico o tatuaje y deberá demostrarse que han sido vacunados y que su inmunidad ha sido comprobada como mínimo seis meses antes del viaje. 
No estoy de acuerdo con que se mantenga la utilización de tatuajes y la Comisión de Medio Ambiente es de la misma opinión. 
Tampoco estoy de acuerdo con la utilización aleatoria de transpondedores en vez de su normalización, opinión que también respalda la Federación de Veterinarios de Europa. 
Dicha federación cree firmemente que sólo deberían utilizarse microchips normalizados. 
Recuerden que eso será dentro de 8 años. 
Tenemos mucho tiempo para resolver esto y poner las cosas en orden. 
El informe que tenemos ante nosotros está basado en aquél del Comité Científico Veterinario elaborado en septiembre de 1977. 
Eso fue antes de que aparecieran las normas ISO 11784 y 11785 ahora aprobadas y, por consiguiente, antes de que existiera auténtica compatibilidad entre los productos de diferentes fabricantes. 
Desde la introducción de normas que pueden especificarse en la legislación, como se ha hecho con el estatuto sobre animales de compañía en el Reino Unido, todos los lectores de normas ISO pueden leer todos los microchips estándar ISO. 
En un comienzo también creíamos que era posible cambiar los números de los microchips. 
Nunca se ha demostrado que eso sea posible y la opinión técnica de los ingenieros que han participado en el diseño del microchip y del fabricante es que eso nunca será fácil o ni siquiera posible. 
No debemos olvidar que se están diseñando microchips modernos más avanzados con programas de autenticación que serán aún más difíciles de modificar fraudulentamente. 
No obstante, es poco probable que las ventajas de modificar el número de identificación de un microchip en un animal de compañía jamás lleguen a compensar el esfuerzo y el coste que supone dicho cambio. 
No obstante, los tatuajes son mucho menos satisfactorios. 
Son difíciles de leer en las especies pequeñas como el gato, son difíciles de leer en las crías, que tienen las orejas muy cortas, resultan difíciles de leer para los agentes responsables en el caso de animales agresivos o asustadizos y son relativamente fáciles de borrar y de modificar fraudulentamente. 
Por consiguiente, apoyaré muy firmemente las enmiendas 6 y 7, aunque la necesidad de volver a sacar del microchip el nombre y la dirección del propietario arroja ciertas dudas, pero estoy a favor de la normalización del chip y sólo el chip y en contra del tatuaje. 
. (EN) Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a la ponente, Sra. Evans, y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por su informe sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial. 
Esta Asamblea conoce perfectamente la importancia de este tema, que afecta a todos los ciudadanos europeos que viajan con sus animales de compañía en vacaciones o para estancias más largas y no quieren dejarlos en casa. 
No quiero decir que los ciudadanos no puedan viajar en la actualidad con sus animales de compañía, pero las diferentes normativas que aplican los Estados miembros a los desplazamientos en el interior de la Comunidad, así como a los desplazamientos desde terceros países, resultan sin duda difíciles de entender y algo desalentadores. 
Por ello es hora de establecer un conjunto de normas comunes aplicables en todo el territorio de la Comunidad Europea, porque este asunto está directamente relacionado con la libre circulación de los ciudadanos europeos que tienen un animal de compañía. 
El centro de gravedad de la presente propuesta está naturalmente en el riesgo de propagación de la rabia que representan los desplazamientos de gatos y perros, las dos principales especies de carnívoros domésticos que intervienen en la transmisión de esta enfermedad mortal. 
Respecto a esta cuestión fundamental, la propuesta está basada en las recomendaciones del Código Zoosanitario internacional, en informes del Comité Científico Veterinario y en las conclusiones de los grupos de expertos internacionales consultados sobre la evaluación del riesgo de propagación de la rabia que representan los desplazamientos de carnívoros domésticos. 
Es para mí una enorme satisfacción que el informe apoye el enfoque general de la Comisión respecto a esta cuestión fundamental de salud pública. 
Existe acuerdo unánime sobre la seguridad de las disposiciones técnicas relativas a la gestión del riesgo de propagación de la rabia, aunque permanecen algunos puntos de desacuerdo y puede que sea necesaria alguna aclaración adicional. 
Permítanme, a continuación, entrar en los pormenores de las enmiendas presentadas en el informe. 
Comenzaré por las enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 5, 12 y 13 relativas al fundamento jurídico de la propuesta. 
El informe concluye que la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del Tratado es suficiente porque el objetivo fundamental de la propuesta es proteger la salud pública. 
No hay duda de que esto es cierto en esta fase, pero la Comisión considera que en el futuro podrían ser necesarias medidas relativas exclusivamente a enfermedades de animales que no repercuten sobre la salud pública y por ello es necesario un fundamento jurídico doble con el artículo 37. 
Una de sus Señorías me ha preguntado antes si el fundamento jurídico es suficiente y si disponemos de información suficiente para prevenir otras enfermedades en animales. 
Ésta es una de las razones por las que se incluye el artículo 37 como fundamento jurídico. 
Me consta, por otras propuestas presentadas al Parlamento, que el Parlamento y la Comisión de Medio Ambiente son en general reacios a apoyar el artículo 37 como fundamento jurídico de disposiciones en conjunción con el artículo 152, probablemente porque el artículo 37 no es un artículo de codecisión. 
Pero quisiera pedir al Parlamento que reconsidere su parecer respecto a esta enmienda en particular y estudie la cuestión a la luz de la necesidad de que las consideraciones zoosanitarias sean relevantes, como ha mencionado una de sus Señorías. 
De aquí la necesidad del artículo 37 en vez del artículo 152. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 7 porque sobrepasa ampliamente el ámbito de la propuesta que es el desplazamiento entre los Estados miembros y desde terceros países. 
Esta enmienda prevé una obligación para todos los Estados miembros en relación con la generalización de la identificación electrónica de todos los gatos y perros y el establecimiento de una base de datos para localizar a los animales extraviados o perdidos. 
Respecto a la clasificación de terceros países, la propuesta de la Comisión adopta las mismas condiciones para las importaciones procedentes de determinados terceros países, cuya situación respecto a la rabia es equivalente a la de los Estados miembros, que las que se aplican a los desplazamientos internos. 
La enmienda 10 sugiere imponer a esta categoría de terceros países los criterios previstos en el Código Zoosanitario internacional para el reconocimiento de países en los que la rabia está erradicada. 
Esto no es coherente con las condiciones aplicables a los desplazamientos internacionales. 
En varios Estados miembros la rabia no está erradicada según esta definición, aunque en animales domésticos sí está controlada en su territorio. 
Esto sería una discriminación que carece de fundamento jurídico suficiente y, por consiguiente, la enmienda 10 no es aceptable. 
Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda 14. 
Esta enmienda suprimiría "hurón" de la lista de especies que pueden desplazarse en el interior de la Comunidad sin condiciones zoosanitarias. 
La propuesta de la Comisión está basada en un análisis de los elementos de riesgo en el que se concluye que esta especie no tiene ninguna relevancia en la epidemiología de la rabia en Europa. 
Comprendo la preocupación especial con respecto a esta especie porque es un carnívoro y muerde, pero su eliminación de la lista de la parte B del Anexo I es injusta para esta especia, porque la única razón es que pertenece al género carnívoro. 
Quisiera decir al Sr. Davies que he descubierto mucho más sobre hurones de lo que sabía ayer y algunas de mis reuniones durante el día de hoy, incluidos algunos actos exóticos organizados por algunos Estados miembros, podrían ser los responsables de parte del interés que apoya el Sr. Davies. 
Me hubiera gustado poder ser más abierto a la creación de una nueva categoría para los hurones con la condición de la vacunación, lo cual es posible, pero no puede preverse ningún análisis posterior a la vacunación. 
Las enmiendas presentadas por la ponente y la comisión, y que fueron rechazadas, apuntaban en esa dirección y, en mi opinión, habrían permitido alcanzar una solución aceptable para todos. 
La Comisión puede aceptar seis enmiendas: la enmienda 4 relativa al compromiso, de cara al futuro, sobre una revisión del Reglamento para incluir a las especies con fines comerciales; las enmiendas 8, 9 y 15 que aclaran la propuesta y la enmienda 11 relativa a necesidad de que las autoridades de los Estados miembros informen al público sobre esta cuestión. 
En la enmienda 6 he descubierto con gran interés una posición positiva en favor de la generalización a corto plazo de la identificación electrónica, que sea conforme a la norma ISO, de los animales que se desplazan entre los Estados miembros o desde terceros países. 
Por consiguiente, puedo aceptar esta enmienda. 
En resumen, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 y 14. 
Por otro lado, la Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 8, 9, 11, 15 y 6. 
Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a la Sra. Evans por su excelente informe y su apoyo a esta importante propuesta. 
Muchas gracias, señor Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Medicamentos veterinarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0119/2001) de la Sra. Doyle, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (2000) 806- C5-0105/2001- 2001/2054 (COS) ): disponibilidad de medicamentos veterinarios. 
Señor Presidente, doy la bienvenida al Parlamento al Sr. Comisario. 
Por motivos de bienestar, terapéuticos y económicos es fundamental que los veterinarios europeos tengan acceso a la mayor gama posible de medicamentos veterinarios para el tratamiento de todos los animales destinados a la producción de alimentos, al tiempo que mantenemos la protección de la salud de los consumidores como la primera prioridad de todos nuestros programas. 
Los requisitos para la comercialización de medicamentos veterinarios se han armonizado desde que a principios de los años ochenta se aprobó la Directiva 81/851 del Consejo. 
Teniendo en cuenta que ha surgido una serie de problemas de disponibilidad que han puesto en peligro la salud y el bienestar animal de la mayor parte de las especies, existe una necesidad urgente de soluciones a corto plazo, así como de una revisión de toda la legislación pertinente. 
Esto es lo que propone la Comisión y yo lo respaldo plenamente. 
En los animales destinados a la producción de alimentos no pueden utilizarse medicamentos veterinarios, a no ser que se hayan establecido para los mismos límites máximos de residuos, los LMR, de sus sustancias activas. 
Una reciente evaluación de los procedimientos comunitarios de autorización de productos observa, y cito textualmente, "una gran preocupación en el sector veterinario por la menor disponibilidad de medicamentos utilizados desde hace mucho tiempo para los animales destinados a la producción de alimentos como resultado de la introducción de las exigencias en materia de LMR". 
La cuestión provocó una crisis a finales de 1999 con la expiración del período transitorio para la fijación de LMR de medicamentos establecidos. 
En muchos casos, la falta de beneficios económicos ha sido un factor importante en la negativa de las empresas patrocinadoras a destinar recursos suficientes a la generación de los datos necesarios para satisfacer los requisitos reglamentarios de la UE sobre la fijación de LMR. 
Muchas empresas farmacéuticas han destinado hasta un 25% de su presupuesto de investigación a la defensa de sus productos. 
En su comunicación, la Comisión anuncia una serie de medidas a corto plazo, la extrapolación de los LMR, y medidas a medio plazo, como incentivos para la industria, normas más flexibles para la utilización de los productos y la revisión de los instrumentos jurídicos actuales. 
El anuncio de estas medidas persigue un aumento de la disponibilidad de medicamentos. 
Estas medidas deben ser acogidas favorablemente, en particular, la extrapolación de los LMR entre especies, que podría contribuir a mantener en el mercado muchos productos destinados a especies menos importantes. 
El problema de los LMR es motivo de máxima preocupación en el caso de estas especies menos importantes destinadas a la producción de alimentos, como los caballos, las cabras, los conejos, los peces, las abejas; de menor importancia en términos económicos para las empresas farmacéuticas, de ahí su falta de defensa de los distintos medicamentos veterinarios necesarios. 
Aunque también se han visto afectadas las especies más importantes. 
En mi país, Irlanda, no existe en estos momentos ningún anestésico local legal para el ganado. 
Cada país puede señalar a una especie de mayor importancia para la que ha desaparecido del mercado un medicamento, no porque éste no esté disponible en otras partes de Europa, sino porque dicho Estado en particular no ha autorizado su comercialización. 
Por ello sostengo- y la Comisión también comparte este punto de vista- que necesitamos un sistema paneuropeo que permita que un producto debidamente autorizado en un Estado miembro pueda utilizarse en todo el territorio de la UE. 
Quisiera también animar a los Estados miembros a desarrollar este sistema cuanto antes, porque formará parte de la solución a corto plazo, y utilizo el término intencionalmente, de la crisis que existe actualmente respecto a la disponibilidad de medicamentos veterinarios sobre el terreno. 
Muchos de los Estados miembros nuevos han venido presionando a la Comisión desde hace algún tiempo para que se ocupe del problema de la disponibilidad y para que tenga especialmente en cuenta la situación excepcional de los caballos. 
Ninguna de las otras especies de menor importancia destinadas a la producción de alimentos que he mencionado presenta características similares respecto a la duración de sus vidas, los sectores de la industria no orientados hacia la producción de alimentos, el elevado valor monetario de algunos ejemplares y su valor recreativo y sentimental. 
Una complicación adicional es el hecho de que en todo esto intervienen tres Direcciones Generales: ENTR, SANCO y AGRI. 
En diciembre de 1999, la DG SANCO propuso que se autorizara el uso veterinario de sustancias sin LRM en caballos, a condición de llevar registros de los tratamiento y de que los caballos no entren en la cadena alimentaria en un plazo de seis meses después de dicho uso. 
Las disposiciones relativas al pasaporte equino fueron modificadas mediante la Decisión 2000/68, aunque posteriormente surgieron problemas jurídicos. 
Ahora los pasaportes son obligatorios para todos los caballos e incluyen un nuevo anexo para el registro de los tratamientos veterinarios. 
No obstante, todavía deben modificarse la Directiva 81/851 y el Reglamento nº 2377/90 del Consejo para hacer posible dicho uso. 
Soy perfectamente consciente de las preocupaciones del sector equino, en particular el sector de los pura sangre, y no necesito recordar al Sr. Comisario que sin una serie completa y actualizada de terapias, existe el riesgo real de que la inversión extranjera en criaderos de caballo y establecimientos de adiestramiento de toda Europa pase a manos de terceros países. 
Dicho esto, no se puede descartar que ningún caballo entre en la cadena alimentaria al final de su vida útil y, por consiguiente, las medidas de salvaguarda son necesarias para cubrir este aspecto, como ya he mencionado 
En definitiva, quisiera instar a la Comisión a que garantice cuanto antes una solución a corto plazo de la crisis para las especies de menor importancia destinadas a la producción de alimentos en relación con la disponibilidad de medicamentos veterinarios de vanguardia. 
Es una cuestión de bienestar, es una cuestión terapéutica, es una cuestión económica y es común a todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Instamos a la Comisión a que modifique con la mayor rapidez posible la normativa necesaria que permita la extrapolación, la utilización de pasaportes para caballos y que resuelva el problema. 
Al igual que la ponente, provengo de un país en el que no comemos caballos- las personas los cabalgan, pero no se los comen, al igual que en el Reino Unido- y por ello me resulta difícil de comprender. 
Pero supongo que existen otras tradiciones en Europa, como la de comer foie gras, que es desagradable si tenemos en cuenta cómo se ceba al animal, con métodos humanos o no, cómo se transporta al animal, etc. En el caso del foie gras es un ejercicio mucho más cruel y mucho más desagradable que consumir carne de caballo porque, al menos en la mayoría de los casos, los caballos tienen una vida mejor que las desafortunadas ocas. 
Pero no hay duda de que en algunos países europeos los caballos son producidos para el consumo humano- en los países del Benelux, Francia e Italia existe un consumo bastante grande de carne de caballo- y debemos tener esto en cuenta. 
Por lo que puedo ver no se ha hecho ninguna distinción, ni por parte de los Estados miembros ni de las autoridades legisladores de la UE, entre los caballos que se crían para la producción de carne y aquellos que se crían con fines recreativos. 
En lo que respecta al acceso a productos médicos y veterinarios para caballos, también debemos tener en cuenta toda la cuestión de los problemas del bienestar animal. 
Cuando contemplamos caballos que han sido utilizados con fines recreativos que terminan en la cadena alimentaria humana, es fundamental adoptar un enfoque preventivo para garantizar que se da prioridad a la salud pública y a la protección del consumidor. 
Aunque originalmente los caballos no se crían para el consumo humano, al final terminan en la cadena alimentaria. 
Es de la máxima importancia que dispongamos de medios viables y de identificación para garantizar que los ganaderos respetan los períodos de espera antes del sacrificio, en particular, en lo que respecta a los caballos recreativos que entran en la cadena para el consumo humano. 
Es una cuestión de la máxima importancia porque aunque no afectará a la población de Irlanda y del Reino Unido- porque no comemos caballos- sí lo hará en otros países. 
Es importante que exista un equilibrio entre el bienestar animal y la necesidad de proteger al consumidor. 
En nombre de la Comisión, quisiera dar las gracias a la Sra. Doyle y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por el presente informe. 
Son muchas las diferentes perspectivas que hay que reconciliar. 
Lamentablemente aún no se ha encontrado una solución satisfactoria. 
La comunicación tenía por objeto presentar la opinión de la Comisión sobre el problema de la disponibilidad de medicamentos veterinarios y observa con satisfacción que la comisión y la ponente comparten las preocupaciones generales de la Comisión sobre esta cuestión. 
Esta comunicación evidentemente no aporta ninguna solución directa; no obstante, expone las opciones sobre nuevas medidas tanto a corto como a largo plazo. 
Es importante señalar que la legislación veterinaria y farmacéutica en vigor prevé un marco destinado a garantizar, entre otras cosas, la protección óptima de la salud de los consumidores. 
Esta legislación está siendo revisada en la actualidad. 
Dicha revisión proporcionará un marco oportuno para seguir buscando soluciones al problema de la disponibilidad para todas las especies animales afectadas de una manera global. 
Toda propuesta de modificación para acceder al mercado de productos veterinarios y farmacéuticos o para facilitar el uso de determinados medicamentos por los veterinarios beneficiará la salud y el bienestar animal. 
No obstante, no es necesario decir que cualquiera de estas propuestas deberá ser compatible con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. 
Con este fin en mente, estoy cooperando con colegas, en particular con el Sr. Byrne, y espero que la propuesta legislativa esté terminada dentro de unos meses. 
Ésta permitirá un debate en profundidad con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre todas las cuestiones pertinentes. 
Evidentemente, estas modificaciones legislativas llevarán cierto tiempo. 
La Comisión ha anunciado, por consiguiente, su aprobación del principio de extrapolar los límites máximos de residuos establecidos para algunas especies a otras especies. 
Dicha exploración sólo será posible bajo condiciones específicas. 
Aunque reconocemos que la extrapolación de los límites máximos de residuos no puede ser una solución global, creemos que puede representar una mejora de la situación en la práctica, especialmente a corto plazo. 
No obstante, también plantea complejos problemas de carácter técnico, en particular, su relación con el posible uso ilegal de determinadas sustancias. 
Por lo tanto, deberemos estudiar métodos analíticos adecuados de control. 
Espero que nuevos esfuerzos en estrecha cooperación entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión nos permitan llegar a una solución equilibrada que ofrezca un marco que beneficie realmente la salud animal, al tiempo que mantenemos un alto nivel de protección de los consumidores. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.10 horas) 
Señor Presidente, como usted sabe, hoy se celebra el 11º Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
Ciertamente, muchos de nuestros colegas se proponen, en esta ocasión, reafirmar su solidaridad con este combate, un combate útil, por otra parte, ya que según la asociación Reporteros sin Fronteras hoy hay menos periodistas encarcelados y menos medios de comunicación censurados que hace un año. 
Sin embargo, la lista de las fuentes de presión y de opresión contra los periodistas es larga. 
A los Estados que la asociación Reporteros sin Fronteras señala con el dedo, como Birmania, Siria, China, Etiopía, Túnez y muchos otros, se añaden cada vez más las mafias, los grupos terroristas, los movimientos integristas. 
Y estos últimos días hemos tenido la triste noticia de que Brice Fleutiaux, ese reportero francés secuestrado durante largos meses en Chechenia, y en favor del cual, por otra parte, habíamos intervenido, no ha podido superar la depresión tras su encarcelamiento y se ha suicidado. 
Pienso, pues, que este día debe ser la ocasión para dar un nuevo impulso a nuestro compromiso colectivo en favor de esta dimensión indispensable de la democracia. 
Así es sin duda, señor Wurtz. 
Tomamos muy buena nota de esta declaración que usted acaba de hacer. 
Señor Presidente, mi intervención tiene por objeto solicitar que la Presidencia envíe una carta o adopte las medidas que considere oportunas con respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos, en la costa pacífica de Colombia, con las comunidades afrocolombianas. 
En diciembre, un grupo de diputados enviamos allí una carta porque había amenazas para estas comunidades afrocolombianas; anteayer fueron asesinados siete miembros de estas comunidades ­yo tengo aquí los nombres y la edad de estas personas-. 
Pero lo más grave es que se sigue amenazando a otros cientos de miembros de estas comunidades afrocolombianas. 
No tenemos tiempo ya de enviar otra carta al Sr. Pastrana. 
Por eso, creo que la Presidencia del Parlamento puede ayudar, con su buena gestión, a que se conozca este problema y se frene esta matanza. 
Por ello le ruego, señor Presidente, que, desde la Presidencia, se envíe una carta al Sr. Pastrana y a las instituciones europeas para advertir de lo que está pasando e intentar evitar que ocurran daños mayores. 
Muchas gracias, señora González Álvarez. 
Sabe usted perfectamente, porque suele ser protagonista en la defensa de los derechos humanos en América y en otros países, que el Parlamento sigue siempre con mucha atención estos problemas. 
Trasladaré el tema a la Presidenta del Parlamento, para que pueda dirigirse al Gobierno de Colombia y se pueda encauzar y solventar este gravísimo tipo de problemas. 
Programas de estabilidad y de convergencia 
De conformidad con el orden del día, ser procede al debate del informe (A5-0127/2001) del Sr. Katiforis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la evaluación anual de la aplicación de los programas de estabilidad y de convergencia. 
Tiene la palabra el ponente, Sr. Katiforis, por el tiempo de 7 minutos. 
. (EL) Señor Presidente, los programas de estabilidad y convergencia que son hoy evaluados por el Pleno constituyen la segunda actualización sucesiva de los programas originarios presentados en 1999 por primera vez por todos los países miembros, con excepción de Grecia, que ha presentado su programa por primera vez este año. 
Permítame comenzar por este último programa, el cual se refiere a situaciones muy características y muy bien conocidas, lógicamente, por mí. 
Los programas forman parte del procedimiento de supervisión de la disciplina del Pacto de Estabilidad, un pacto de disciplina presupuestaria cuyos dos objetivos principales consisten en conseguir un déficit presupuestario no superior al 3% anual y, al mismo tiempo, equilibrio presupuestario o superávit durante el período correspondiente a un ciclo económico completo. 
Si alguien hubiera dicho en la Grecia de 1993 que estos objetivos los alcanzaría su economía tan sólo siete años más tarde, no habría sido tomado en serio. 
Grecia era el conocido país de la inflación- 13% en 1993- y del déficit- más del 14% del PIB en 1993-. 
Era el modelo negativo en la Unión Europea. 
Muy pocos creían que pudiera superar esas situaciones. 
Y sin embargo, para finales de 2001, Grecia, según las previsiones del Consejo, en lugar de déficit, presentará un superávit del 0,5 % del PIB, que aumentará al 1,5 % en 2002 y al 3% en 2003. 
En lugar de una inflación del 13%, presentará una inflación de apenas el 2,3 %. 
Me he detenido, con su aquiescencia, señor Presidente, en estos datos, porque la inclusión de Grecia en la cultura de la estabilidad de los precios y del equilibrio presupuestario constituye, tal vez, el último capítulo que corona el éxito de esta política en toda Europa. 
Esta espectacular transformación del último país capaz de cumplir los requisitos de Maastricht caracteriza en general el clima de estabilidad monetaria y presupuestaria reinante en Europa con el esfuerzo de todos en apoyo de la moneda única. 
La Comisión de Asuntos Económicos en su resolución reconoce y celebra la consecución de la estabilidad presupuestaria y de la estabilidad de precios. 
Señala que la ligera desviación con respecto al objetivo de inflación fijado por el BCE no se debe a debilidades económicas internas, sino a factores exteriores (precio del petróleo, depreciación del euro frente al dólar). 
Señala igualmente que el mantenimiento del equilibrio presupuestario, y la consiguiente estabilidad monetaria, pueden conseguirse a medio plazo solamente sobre la base de una robusta economía europea caracterizada por un elevado crecimiento de la producción. 
El ritmo medio de crecimiento ha alcanzado el 3,3 % en 2000. Austria se encuentra en el 3,5 %, Finlandia, en el 5,2 %, Grecia, en el 4,1 %, Irlanda, en el sorprendente 10,7 %, Luxemburgo, en el 8,3 %, Holanda, en el 4,5 %, Portugal, en el 3,3 % -la media europea, exactamente -, España, en el 4%, Suecia, en el 3,9 %. 
Desgraciadamente, estos ritmos de crecimiento no van a continuar. 
El incremento de los precios del petróleo, los tipos de interés más elevados y la ralentización de la economía de los Estados Unidos han conducido a una revisión de las previsiones iniciales y las sitúan entre el 2,4 % y el 2,8 %. 
De modo que no podemos esperar para el año en curso los mismos resultados, los mismos superávits en los presupuestos que en el año 2000, sin que esto signifique que vayamos a cosechar déficits necesariamente. 
Adquiere, pues, singular importancia la buena organización y empleo del gasto público para apoyar el crecimiento, especialmente si tomamos en consideración los objetivos estratégicos proclamados en Lisboa: consecución del pleno empleo a lo largo de la década, incremento del porcentaje de participación de la población en la fuerza de trabajo al 70%, consecución de una tasa media de crecimiento de la economía del 3%, reforma estructural del estado social e impulso de la economía europea a la primera línea de la economía del conocimiento. 
Los programas de estabilidad presentados permiten comprobar que los países miembros son conscientes de estas necesidades. 
Han destinado los superávits registrados a la amortización de la deuda pública, a la reducción de impuestos, al aumento de la inversión pública y, más a largo plazo, a la estabilidad del sistema público de pensiones, que es objeto también de especial consideración, por lo que algunos recursos se canalizan hacia un fondo de reserva. 
Todas estas fórmulas de aprovechamiento de la sólida situación de las finanzas públicas son aceptables, y todas cuentan con el apoyo de la Comisión de Asuntos Económicos, pero no en el mismo grado. 
El Consejo considera la reducción de la deuda pública como la principal prioridad, no plantea objeciones a la inversión pública mientras no interfiera en la reducción de la deuda y parece oponerse a la reducción de impuestos. 
Desde nuestro punto de vista, por el contrario, el logro y la forma de utilización de los superávits primarios no constituyen una cuestión de principios, sino de conveniencia política, que debe juzgarse con arreglo a las condiciones de cada momento y a las necesidades de gestión económica. 
En la situación actual, caracterizada por la amenaza de una seria recesión de la economía de los Estados Unidos así como por la persistente necesidad de incrementar la tasa potencial de crecimiento en Europa, la amortización de la deuda y la reducción de impuestos revisten, en nuestra opinión, menos importancia que la financiación de la inversión pública, tanto para apoyar un crecimiento que da señales de estancamiento como para impulsar los cambios estructurales necesarios para la transición en Europa hacia una economía contemporánea, tecnológicamente pionera y de pleno empleo. 
No debería olvidarse que para reducir las elevadas tasas de desempleo es condición necesaria contar con una tasa de crecimiento del 3%, objetivo que no puede considerarse logrado de manera permanente en nuestra economía. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera hacer un ruego al Comisario; y es que la Comisión de Asuntos Económicos considera inquietante la negativa continuada de la Comisión a poner a disposición de la comisión pertinente del Parlamento las evaluaciones técnicas detalladas correspondientes a cada uno de los programas y reitera su petición de un calendario más armonizado de presentación de los programas por parte de los estados miembros, al objeto de facilitar las comparaciones. La Comisión de Asuntos Económicos pide además a este respecto una participación plena y a su debido tiempo del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, ante todo quisiera dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Katiforis, por su informe. 
En mayo de 1998 se adoptaron los acuerdos decisivos para la realización de la Unión Económica y Monetaria. 
Entonces tomaron carácter irreversible la Unión Económica y Monetaria y la introducción de una moneda europea. 
¿Cuáles eran entonces los fundamentos? 
En primer lugar, la independencia del Banco Central Europeo, para asegurar por esta vía la estabilidad monetaria y, en segundo lugar, el pacto de estabilidad y crecimiento que debería garantizar que la moneda europea no debería verse amenazada a través de los presupuestos. 
Efectivamente, el primer objetivo que perseguíamos con la introducción de la moneda europea- esto es especialmente cierto de mi Grupo- era la estabilidad monetaria para Europa. 
Ahora tenemos ante nosotros el informe del Sr. Katiforis sobre la realización del pacto de estabilidad y crecimiento. 
Debemos recordar qué es lo que demanda este pacto de estabilidad y crecimiento. 
Demanda presupuestos equilibrados o el logro de excedentes en aquellos países que se encuentran aún excesivamente endeudados. 
Entonces, cuando discutíamos sobre el pacto de estabilidad y crecimiento en el ambiente del Tratado de Maastricht, se trataba aún de un endeudamiento neto del 3%, que constituía en aquel momento la condición para el ingreso. 
Pero hoy se trata de si logramos presupuestos equilibrados o excedentes. 
La cuestión es la de cuáles son las noticias en este punto. 
La primera noticia es positiva: en Eurolandia- en los doce países que han introducido la moneda, a los que se puede denominar también como mercado patrio europeo o como eurozona- en estos doce países tenemos por término medio- lo digo muy conscientemente, por término medio- presupuestos equilibrados. 
Esto debe ser valorado de forma absolutamente positiva. 
Pero, por otra parte, hay que considerar también los riesgos. 
Por un lado, hemos logrado este objetivo en una fase de crecimiento que no vamos a poder alcanzar en el próximo año o que no volveremos a alcanzar, en concreto en un crecimiento del 3,4 %, es decir, en un año de vacas gordas desde el punto de vista de la política económica. 
La Biblia recomienda que en los años de vacas gordas se ahorre para los años de vacas flacas. 
En segundo lugar, estaban las licencias UMTS, que proporcionaron algún dinero a las cajas de nuestros ministros de Hacienda. 
En tercer lugar, hemos de reflexionar acerca de que la pirámide de población se aproxima y que hemos de prever los gastos que nos aguardan en este ámbito. 
Estoy convencido de que esta oportunidad no se aprovechó suficientemente, este ambiente positivo no se aprovechó de manera suficiente. 
En especial, en el caso de algunos países estoy preocupado porque siguen manteniendo un elevado endeudamiento y, en parte, una estructura a corto plazo de estas deudas. 
Hemos de tener en cuenta estos riesgos. 
Por esta razón tenemos que exigir también que se prosigan los esfuerzos de consolidación que han comenzado y que en algunos países son impresionantes y en otros, en cambio, son insuficientes. 
Debo decirles también que estoy preocupado por mi patria, Alemania, pues nuestro crecimiento está por debajo de la media de Eurolandia. 
No hemos logrado un presupuesto equilibrado aunque las licencias UMTS han aportado, justamente en Alemania, una considerable abundancia de dinero. 
Paso ahora a la actitud de mi Grupo respecto del informe Katiforis. 
Lo podemos votar tal como figura ahora. 
Sin embargo, nos preocupan dos enmiendas que tienen el mismo contenido, en concreto, que hay que dejar fuera las inversiones a la hora de calcular el margen del pacto de estabilidad y crecimiento. 
Nosotros pensamos también que las inversiones son necesarias, que los presupuestos deben ser reestructurados con vistas a mayores inversiones, pero en el marco del pacto de estabilidad y crecimiento. 
Por esta razón, lamentablemente, tenemos que votar en contra del informe de nuestro colega, el Sr. Katiforis, si se produce en esta Asamblea una mayoría a favor de estas enmiendas. 
Señor Presidente, mi Grupo apoya al ponente, el cual ha hecho patente que los programas de convergencia y de estabilidad poseen una alta relevancia a la hora acometer realmente en la Unión Europea y, en especial, en la eurozona, a políticas económicas, las cuales constituyen un asunto de interés común. 
Vemos, por un lado, los fundamentos de la política económica y, por otro, los programas de estabilidad y de convergencia. 
En este contexto quisiera también traer a la memoria que hasta ahora el pacto de estabilidad y de crecimiento estaba orientado de manera preponderante a lograr estabilidad. Sin embargo, también tuvo siempre los componentes del crecimiento. 
Por esta razón, es muy correcto el planteamiento del ponente, cuando afirma que es muy acertado aprovechar las inversiones- privadas y, también, públicas- para llegar realmente en la Unión Europea a una sociedad del futuro basada en el conocimiento. 
Si se realizan estas inversiones públicas a favor de las tecnologías de la información, si se implantan otras nuevas tecnologías y si se implanta un infraestructura mejor y más moderna en la eurozona, en la Unión Europea, se estará en el camino correcto. 
Por esta razón es tan importante que abordemos nuevamente el debate sobre la calidad de las finanzas públicas. 
En este punto la Comisión ha presentado felizmente un documento que debe jugar también un papel importante en los futuros debates en relación con los programas de estabilidad y de convergencia. 
Efectivamente, a la hora de evaluar el estado de las finanzas públicas- de eso se trata ahora- a la hora de analizar los contenidos de los programas de convergencia y de estabilidad, es preciso asegurar que se tiene presente la tendencia correcta, de que se ve el desarrollo correcto, pero que tampoco se pierde de vista la posibilidad de un cambio de rumbo, cuando se aborda todo esto. 
Señor von Wogau, usted ha hecho alusión a posibles peligros. 
Usted ha afirmado que las antiguas sentencias bíblicas sobre los años de vacas gordas y de vacas flacas poseen relevancia aún hoy para los políticos hacendistas de la Unión Europea. 
Pero precisamente a la hora de hacer un análisis de las finanzas públicas debemos tener también en cuenta qué efectos pueden tener los gastos en la política monetaria. 
Efectivamente, también por esta razón habría que trabajar en la eurozona con finanzas públicas sanas pues una mala situación financiera podría perjudicar a la estabilidad monetaria. 
Los ingresos únicos no se han gastado precisamente en gastos consuntivos, como en las décadas pasadas, sino que se han utilizado también para la reducción del endeudamiento o para inversiones. 
También hemos de reflexionar acerca de hasta qué punto se puede utilizar esta forma de coordinación de las políticas económicas para garantizar también, además de la estabilidad monetaria, la estabilidad social y de la política de empleo. 
En este punto tienen un compromiso y un reto tanto los países de la eurozona, como lo que no han entrado aún en la misma, así como también los países candidatos a la adhesión en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, este debate nos da pie para considerar la situación actual de la economía europea que, aunque presenta un balance positivo para el año 2000 ­con un crecimiento elevado, creación de empleo y estabilidad monetaria -, plantea ahora interrogantes mucho más acusados sobre la evolución de estas magnitudes. 
Esto quiere decir que habrá una presión clara en algunos países, como ya existe sobre el conjunto de la Unión Europea, para actuar provocando unas políticas más expansionistas. 
Esta situación, evidentemente, podría entrar en contradicción con los compromisos establecidos en los pactos de estabilidad respecto a los diversos Estados miembros. 
Por ello, nosotros consideramos especialmente acertadas las partes del informe que aquí debatimos, en donde se vuelve a insistir en una serie de cuestiones: la necesidad de mantener el rigor presupuestario; el evitar promesas de rebaja de impuestos ­debidas a veces a la proximidad de elecciones- si no existe la correspondiente contrapartida; y un aspecto en el cual el Sr. Katiforis siempre pone el acento, a saber, que haya siempre una contrapartida en inversiones productivas que nos lleven a mejorar la estructura productiva de la Unión Europea, permitiéndole así ser mucho más competitiva. 
Querría acabar llamando la atención sobre la necesidad de mantener esta coordinación, así como los compromisos establecidos en los programas de estabilidad. 
Querría también señalar la necesidad de acentuar el nivel de dirección en la política económica y monetaria, que a nuestro juicio aún está excesivamente fraccionada, y cuya capacidad y coherencia se pondrá, evidentemente, de manifiesto en una época con mayores dificultades como la actual. 
Señor Presidente, como ha dicho el Sr. Katiforis, al presentar su encomiable informe, los hechos que tenemos ante nosotros revelan una situación que hace diez años nadie hubiese predicho. 
Es motivo de satisfacción para toda Europa y para esta Asamblea que así sea, aunque me atrevo a decir que es acertado ser solo moderadamente optimistas, como lo son él mismo y el Sr. von Wogau. 
A menudo el orgullo aparece antes de la caída y convendría que no nos sintamos orgullos demasiado pronto. 
Coincido plenamente con lo que ha dicho el Sr. Katiforis en relación con la cuestión de la inversión pública. 
Parece que el Reino Unido ha adoptado una actitud de excesiva aversión hacia la inversión pública, y ayer comprobé que en el diario Guardian el Sr. Bob Kiley, que habla con conocimiento de causa, predecía que el Metro de Londres, del que es responsable, a causa de la insistencia del Gobierno en "la asociación del sector público y privado para la inversión", en la que sólo invierten las financieras privadas, va a provocar que el metro sea peor y más caro de lo que sería si existiese un sensato programa de inversión pública. 
Desearía que las palabras del Sr. Katiforis fueran escuchadas en mi propio país. 
Como se ha dicho en el transcurso de este debate, existe una seria preocupación sobre las futuras obligaciones de todos los Estados miembros en materia de pensiones. 
Hablo con cierto interés propio ya que mi próximo cumpleaños será el sexagésimo y, por tanto, me satisfaría mucho que adoptásemos la enmienda 4 que recomienda la creación de unos fondos especiales para gestionar la futura excesiva carga de las obligaciones en materia de pensiones, ya que este es uno de los problemas que puede acuciarnos. 
No obstante, saludo el informe en nombre de mi Grupo y le doy las gracias y nuestro apoyo al Sr. Katiforis. 
Muchas gracias, Sr. MacCormick, le felicitamos anticipadamente por su cumpleaños y esperamos que tenga resueltos estos problemas para entonces. 
Señor Presidente, he apoyado los esfuerzos del Sr. Katiforis encaminados a dar vigor a nuestra resolución en materia de política económica. 
Pero, finalmente, el informe aprobado no logra presentar opciones sustanciales, y por eso mi Grupo no lo apoya. 
La política económica de la Unión se distingue por su pasividad y su dogmatismo. 
Consejo, Comisión, Banco Central, están satisfechos y no se mueven, y el Parlamento Europeo no consigue aceptar el reto. 
Pasividad frente a una coyuntura que se degrada, y pasividad frente a las condiciones que habrá que reunir con vistas al desarrollo sostenible de la Unión Europea. 
El Banco Central nos dice: no debemos intervenir a corto plazo, sólo debemos ocuparnos del medio plazo. 
Pero respecto al medio plazo los remito a las reformas estructurales. 
Claramente, la política monetaria y la política presupuestaria no deben servir para el ajuste coyuntural ni para el desarrollo sostenible. 
Esto es absurdo, evidentemente. 
¿Pero qué decimos nosotros? 
No logramos decir algo significativamente diferente a pesar de los esfuerzos del Sr. Katiforis en favor de las inversiones públicas y privadas, al denunciar una situación de inversión insuficiente. 
En la exposición de motivos, y lo ha dicho nuevamente esta mañana, hace hincapié en el hecho de que la inversión pública debe estar por encima de la preocupación por la reducción de la deuda pública. 
Pero, por el contrario, nos mantenemos, finalmente, en una postura dogmática en materia de finanzas públicas y con respecto al Pacto de Estabilidad. 
La Sra. Randzio-Plath se ha manifestado esta mañana- y no es la primera vez- en favor de la calidad de las finanzas públicas y de los impuestos. 
Pienso que esa es la dirección correcta. 
Pero, en realidad, observen ustedes las resoluciones, el conjunto de los textos: se trata de reducir los impuestos, de disminuir el gasto público y social. 
No conseguimos establecer esa línea de reforma tendente a mejorar la calidad. 
Observen ustedes nuestras resoluciones en materia de reducción de las cargas sociales asociada a la moderación salarial. Tenemos un gasto social y público que contribuye a crear trabajadores pobres. 
Subvencionamos los empleos con salarios bajos, y, en materia de gastos, sabemos que existen masas de inversiones públicas necesarias y que el dinero público es indispensable para realizar dichas inversiones, pero no queremos sacar las consecuencias de ello. 
Predominan las reformas estructurales concebidas únicamente como desreglamentación, como una especie de panacea, cuando, en realidad, el nuevo problema- y esa es la nueva economía- consiste en una organización del mercado concebida con miras al desarrollo sostenible y a la cohesión social, y ello supone unos elementos sólidos de economía pública. 
Hablamos de formación a lo largo de toda la vida. 
Carecemos de política en este ámbito: ayuda política, energética, todo está por hacer, lo mismo ocurre con la política de transportes, la política industrial no existe. 
Todo ello supone, efectivamente, una dinámica de inversiones. 
Eso es todo, Señorías; espero que más allá de los primeros esfuerzos que mencionaba hace un momento, pero que no han podido llegar a un resultado, y puesto que deseamos dar preponderancia a la política económica en Europa, podamos, pues, demostrar que estamos en condiciones de darle un rostro. 
Señor Presidente, en el año pasado se ha visto una ligera mejora en la consolidación presupuestaria. Esta mejora, sin embargo, no ha sido fruto de la política seguida sino de una serie de coincidencias y de mejores resultados de los previstos, como el mayor crecimiento económico y la subasta de licencias UMTS. 
Se debería haber utilizado esta coyuntura económica favorable para realizar reformas. 
No se trata tanto de una falta de nuevas iniciativas, sino que hay una dejadez a la hora de poner en marcha los objetivos políticos establecidos. 
Las áreas de atención están bien marcadas: reformas del mercado laboral, reformas fiscales, liberalización del sector energético y fomento de las iniciativas empresariales. 
La inflación sigue siendo demasiado alta con un 2,6 % en marzo. 
Por lo tanto, no hay margen para bajar los tipos de interés. 
El objetivo del BCE es al fin y al cabo la estabilidad de precios. 
Por otra parte, el tipo de interés real es lo suficientemente bajo como para fomentar el crecimiento. 
El peligro de las subidas de precios cuando se introduzca el euro es una razón más para el Banco Central Europeo para mantener los tipos de interés al nivel actual. 
No debemos olvidar que los Estados miembros mismos son los responsables tanto del crecimiento, que algunos creen injustificadamente que debe proporcionar el BCE, como de que el mercado interior funcione mejor. 
Por lo tanto, hacer un llamamiento para que haya una mayor coordinación de la política económica no es lo más efectivo. 
Me parece que es acertado que los programas de estabilidad y de convergencia se limiten a la política monetaria. 
Resumiendo, me gustaría sumarme al llamamiento del ponente de acelerar las reformas estructurales. 
Señor Presidente, todos nosotros conocemos los datos claves europeos. 
El crecimiento económico en Europa se está frenando. 
Las razones de esto son, entre otras, el aumento de los precios del crudo, pero también los elevados tipos de interés, que ya están lastrando ahora los beneficios de nuestras empresas. 
Tenemos ahora diversas posibilidades de introducir medidas que conduzcan, sobre todo, a un aumento del crecimiento económico en Europa. 
Sin embargo, en ningún caso debemos aumentar solamente las inversiones públicas. 
Necesitamos más delanteros en nuestra economía europea. 
Tenemos demasiados defensas en nuestro campo de juego y, también, gente en la reserva que no está jugando. 
En consecuencia, pienso que, sobre todo, hay que mejorar las condiciones marco para nuestra población activa. 
Por consiguiente, es preciso reducir absolutamente los tipos de interés, demasiado elevados, para que en Europa vuelva a merecer la pena trabajar. 
Es preciso sanear el presupuesto de los estados nacionales mediante una reducción de la burocracia y no lastrando una vez más a nuestra población. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, permítanme comenzar afirmando una vez más que, naturalmente, existe una interrelación entre el euro que el día 1 de enero de 2002 cobrará vida para todos los ciudadanos en monedas y billetes, los criterios de Maastricht y el pacto de estabilidad y crecimiento. 
El hecho de que hoy tengamos un euro estable para toda la eurozona es no sólo un mérito de la mano tranquila del Banco Central Europeo, sino también un mérito del carácter acertado del pacto de estabilidad y crecimiento. 
Para mí, la reducción de la deuda significa responsabilidad para el futuro. 
Para mí, la reducción de la deuda y la reducción anual del déficit significa una modificación radical de la política, pues en las últimas décadas hemos practicado una venta de liquidación del futuro en la política económica y financiero-presupuestaria, convirtiendo así a las nuevas generaciones en los burros de carga de su respectiva nación, en vez de haber quitado el peso de sus espaldas y abrirles perspectivas de futuro mediante un presupuesto equilibrado y excedentes. 
Por esta razón, el pacto de estabilidad y crecimiento es una cuestión de responsabilidad para el futuro. 
Por otro lado- seamos sinceros- constituye un marco vinculante realmente exitoso contra la codicia de la vida política cotidiana y contra el oportunismo de la vida política cotidiana. 
Por consiguiente, es un marco importante contra la mala conducta política en el quehacer político cotidiano, pero también es un marco importante para una cosa, en concreto, para dinamizar el debate financiero, presupuestario y de política económica en nuestros Estados miembros. 
Desde el euro, desde el pacto de estabilidad y crecimiento se habla de una manera mucho más abierta de política presupuestaria, se habla de manera mucho más abierta sobre la producción del déficit, se habla de una manera mucho más abierta sobre la interrelación entre política presupuestaria, política financiera, política económica y política estructural, se llega a una dinamización de los pasos de reforma necesarios para lograr otro objetivo. 
No se engañan los grupos entre sí. 
Por esta razón me alegro tanto- y no me malentiendan- de que discutamos de nuevo por el momento sobre algunas cifras de crecimiento porque están sometidas a revisión, y de que hablemos también en esta Asamblea, precisamente en este momento, sobre el pacto de estabilidad y crecimiento y sobre los criterios de convergencia, porque haciéndolo así ponemos en claro ante la población y ante la opinión pública- también ante la opinión política- que la modificación de las cifras de crecimiento no puede conducir a una modificación de los criterios de estabilidad y de convergencia. 
El pacto de estabilidad y crecimiento no es ninguna pelota y tampoco debe modificarse enseguida a corto plazo en la política cotidiana, sólo cuando se haga más difícil ponerlo en práctica y llevar a cabo el paso siguiente. 
Por consiguiente, hoy tampoco hay lugar para cansarse en la adaptación. 
Quisiera instar a todos a que pongan fin a este cansancio incipiente. 
Hay más reformas estructurales urgentemente necesarias pues hemos de pasar de los efectos aislados a la sostenibilidad. 
Hemos de llevar a cabo una reducción de impuestos, pero no a costa del pacto de estabilidad y crecimiento. 
Debemos procurar también- y digo esto al Consejo- que a nuestras declaraciones verbales sobre una reforma más fuerte de las pensiones y sobre el desarrollo del modelo de los tres pilares a nivel europeo sigan, por fin, los hechos para que podamos proseguir este camino exitoso. 
Señor Presidente, señor Comisario, las actuaciones de la Comisión y de Ecofin contra Irlanda fueron precipitadas y exageradas. 
Como ya se ha señalado, han dañado a la UE y a la UEM, no sólo a Irlanda. 
Esto ha llevado agua al molino de los opositores a la UEM en los países que están fuera del sector del euro. " 
Esto era todo lo que valía la libertad nacional para decidir sobre la política financiera y fiscal " cacarean alegremente los opositores a la UEM en mi país. 
Seguramente van a poder escuchar dentro de poco a Herman Schmid decir algo parecido. 
La relativa debilidad del euro frente al dólar parece que ha desencadenado numerosas reacciones desmesuradas. 
Obviamente la política monetaria es común, pero las políticas financiera, presupuestaria y fiscal no deben dictarse desde Bruselas. 
La UEM es un instrumento para aumentar el poder económico europeo y requiere una cierta aceptación del hecho de que todos los países del euro no caminan al mismo ritmo. 
Espero, señor Comisario, que la próxima vez que ocurra algo parecido a lo de Irlanda, la Comisión piense antes de actuar. 
La UEM no debe convertirse en un corsé de hierro para Europa. 
Señor Presidente, Olle Schmidt tiene toda la razón. 
Pienso decir que cuando la coyuntura económica cambie- porque evidentemente las tendencias americanas van a llegar a Europa- se necesitará un cambio proporcional de la política económica. 
Estoy de acuerdo, por tanto, con muchos oradores que me han precedido, con el ponente Giorgos Katiforis a la cabeza, y que han destacado la necesidad de que se hagan inversiones públicas, por ejemplo, en educación, en investigación y en mejoramientos medioambientales. 
Como señaló Philippe Herzog, parece que hay una resistencia dogmática contra esos cambios. 
A pesar de que la realidad económica cambia, la política está donde mismo. 
En esta situación, es importante para los países poder actuar más libremente y en esto entiendo las inquietudes de Olle Schmidt. 
Celebro sinceramente que mi país esté fuera de la UEM, con libertad para actuar y para realizar una política económica más realista, que tome en consideración los cambios económicos coyunturales. 
Señor Presidente, el ritmo de la coyuntura en la UE está decreciendo de manera patente. 
Los pronósticos de crecimiento han sido corregidos desde más del 3% al 2,8 % por la Comisión y por el FMI. 
La tasa de inflación ha sobrepasado en más de un 0,3 el límite permitido del 2%. 
Las causas de esto son conocidas. La explosión de los precios del crudo, los problemas agrícolas, el descenso en la paridad del euro. 
En especial, nuestros Estados miembros que están orientados a la exportación están afectados por la drástica caída de la coyuntura en los EE.UU. En el informe de iniciativa de nuestro colega, el Sr. Katiforis, que gracias a las numerosas enmiendas del Grupo del PPE ha ganado en precisión, se pone de manifiesto la importancia del control de los programas de estabilidad y convergencia para la cooperación económica en Europa. 
No existe, en absoluto ningún motivo para la pasividad, como ha dicho ya el Sr. Herzog. 
La reducción del endeudamiento estatal sigue teniendo suma prioridad. 
Sin embargo, es preciso invertir también de manera directa en redes de información, en tecnología, en investigación y desarrollo. 
Por este camino nos acercamos al ambicioso objetivo de Lisboa de convertirnos en el sistema económico más competitivo, más dinámico de Europa, basado en el conocimiento. 
Sobre todo, debemos cambiar de rumbo de manera consecuente hacia la educación y la formación profesional. 
El life long learning me suena con demasiada frecuencia a retórica y muy poco a necesidad, falta lo esencial en los planes de enseñanza. 
Mis colegas, los Sres. von Wogau y Karas, han hablado ya sobre la estabilidad del euro y han subrayado cuán importante ha sido la mano mesurada del BCE y también la de Wim Duisenberg; el euro sigue estable a pesar de todas las exigencias políticas de las diversas situaciones. 
A mí me importa la estabilidad de la estructura. 
En la política económica y social nuestros Estados miembros deben sacar provecho del procedimiento de bench marking y del intercambio de las buenas prácticas. 
Sin embargo, actualmente lo que se sirve en mi país es lo contrario, es decir, las malas prácticas. 
Alemania es el farol de cola del crecimiento en Eurolandia con apenas el 2,2 %. 
El tiempo del color de rosa, de reírse de los problemas por parte del Canciller Schröder se ha acabado, por fin. 
Frente a la ausencia de éxitos en el empleo, entre otras cosas, pues los programas no son suficientemente eficaces, intenta desviar la atención respecto de sus propios errores tachando, en general, de holgazanes a los desempleados. 
Quien intente introducir en el mismo saco a los parásitos sociales y a los vagos junto con los cientos de miles que desde hace años se están esforzando desesperadamente por poder trabajar, convierte a las víctimas en delincuentes y esto es absolutamente irresponsable. 
El ejemplo muestra que mediante una interconexión mayor de los datos y de las informaciones sabemos qué deficiencias existen en cada Estado miembro. 
No se esconden ya bajo la alfombra, sino que permanecen bajo la luz de la opinión pública europea. 
En ningún país de la UE se puede funcionar sin disciplina presupuestaria, sin una reducción tenaz del endeudamiento, sin reformas estructurales sustanciales, pues los objetivos merecen la pena: la competitividad y la estabilidad. 
Señor Presidente, para las instituciones europeas el equilibrio presupuestario constituye una prioridad, pero esta manifestación, como todas las exhortaciones a la prudencia presupuestaria, sirve para ocultar el hecho de que, en realidad, se reducen los gastos presupuestarios destinados a los servicios públicos y a la protección social. Mientras que los gastos para ayudar de diferentes maneras a los grandes empresarios no se tocan. 
Si los Estados nacionales, al igual que las instituciones europeas, eliminaran los múltiples gastos en favor de los grandes empresarios, el ahorro resultante permitiría garantizar el desarrollo de los servicios públicos, reduciendo al mismo tiempo el desempleo a través de un número importante de contrataciones en los hospitales públicos, en los transportes colectivos, en la educación nacional, y ello manteniendo un presupuesto favorable. 
Pero es evidente que no se trata de esto, ya que tanto las instituciones europeas como los Estados nacionales están para servir a los grandes empresarios y no a la mayoría de la población. 
Muchas expresiones del informe lo demuestran. 
Cuando, por ejemplo, se atreve a felicitarse del hecho de que el desempleo haya pasado del 9,6 % al 8%, mientras que el 8% de desempleados representa cerca de 15 millones de mujeres y de hombres empujados a la pobreza en una de las regiones, no obstante, más ricas del planeta. 
Del mismo modo, el informe aprueba todo aquello que aumenta la flexibilidad y la competitividad, concretamente del trabajo. 
Es evidente que se erige en portavoz únicamente de los medios empresariales contra el conjunto de la población trabajadora. 
Los Conservadores británicos, al igual que otros partidos de centro derecha de toda la Unión Europea se comprometen a proveer unos servicios públicos de alta calidad y adecuadamente financiados y, si son elegidos en junio, a realizar un masivo incremento en el gasto público de alrededor de 62.000 millones de libras esterlinas para servicios esenciales, tales como colegios y hospitales. 
Por ello, saludamos el parágrafo 6 aunque tenemos reservas respecto del resto del informe, en especial el parágrafo 4, ya que no podemos coincidir en que la "regla de oro" sea un buen ejemplo a seguir para Europa. 
No es más que una de las muchas formas con las que Gordon Brown consigue deformar las cifras. 
Este informe y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento son una clara prueba de la conexión existente entre las políticas impositivas y de gasto y la política monetaria. 
El Pacto es aplicable a todos los Estados miembros de la UE pero las sanciones legales solo son aplicables a aquellos estados de la zona euro: este es el núcleo de nuestra reservas sobre este informe. 
Una de las razones por las que nos oponemos a que el Reino Unido se una a la zona euro es que deseamos que la capacidad de establecer impuestos, presupuestos y decisiones de gasto permanezca en manos de los políticos nacionales elegidos democráticamente. 
No es una sorpresa que en la zona euro se hayan impuesto restricciones a las decisiones de gasto público ya que si se tiene, a todos los efectos, una cuenta bancaria conjunta, uno se ve afectado por las decisiones de gasto de los demás y es de esperar que se quiera tener cierto control sobre esas decisiones de gasto. 
El reciente ejemplo de Irlanda constituye un útil recordatorio de que uniéndose al euro un país adopta algo más que un tipo de interés único: sus decisiones fiscales y de gasto ya no se van adoptar exclusivamente en las capitales nacionales. 
Se trata de una perspectiva que la mayoría de la gente en el Reino Unido contempla con inquietud, la perspectiva de seguir un presupuesto del Ministro de Economía, el Ecofin, la Comisión o el BCE informando a ese ministro de que no se le permite aumentar el gasto en colegios y hospitales y esos servicios en los que el pueblo del Reino Unido depositan tanto valor. 
Esto ya ha ocurrido en el Irlanda y bien pudiese ocurrir en el Reino Unido. 
No obstante quisiera destacar que la verdadera ruta hacia la prosperidad en Europa, como ha expresado elocuentemente el Sr. Karas, transcurre por la reforma estructural y económica que conducirá a la prosperidad sostenible, a un aumento del empleo y a una reducción del desempleo. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
El debate queda cerrado. 
Internet II 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0116/2001) del Sr. Harbour, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la segunda generación de Internet: necesidad de una iniciativa de investigación de la UE 
Tiene la palabra, por tiempo de 7 minutos, el Sr. Harbour, ponente. 
- (EN) Tengo el placer de presentar este informe a la Asamblea en nombre de la Comisión de Industria. 
Este es un informe elaborado a iniciativa propia de la Comisión de Industria y por lo tanto es un privilegio trabajar en estos informes, cuyo número es relativamente selecto, y ser el responsable en nombre de mi comisión. 
Quisiera aprovechar la ocasión para dar las gracias a todos los colegas que han contribuido a la elaboración del informe y a aquellos pertenecientes a la industria y a la Comisión que me han ayudado a asegurar la cobertura completa de este ámbito. 
Me complace que el informe final haya reflejado todas estas contribuciones y que haya sido aprobado unánimemente por la comisión. 
Espero que hoy reciba de la Asamblea el mismo grado de apoyo. 
Este informe emite una intensa señal política a la Comisión y al Consejo en el sentido de que el Parlamento desea que esta cuestión esencial- la evolución de la nueva generación de Internet y las comunicaciones electrónicas- quede reflejada en las cruciales decisiones relativas al apoyo a la investigación que próximamente habrán de tomarse en el contexto del Sexto Programa Marco. 
Me consta que algunos de los colegas que intervendrán hoy aquí están activamente involucrados en este programa. 
Quisiera tratar las tres cuestiones fundamentales a las que he intentado dar respuesta en mi informe: ¿por qué es tan importante? 
¿Por qué empleamos la palabra iniciativa al presentársela a ustedes? 
¿Qué es lo que queremos tratar y cómo lo vamos a conseguir? 
En primer lugar, creo que la importancia estratégica de las comunicaciones electrónicas y de Internet es cada vez mejor comprendida por todos los integrantes de esta Asamblea. 
Pero, ¿cuál es la aportación a la investigación de la Comisión y a la investigación financiada con fondos públicos? 
Este informe sostiene que el apoyo al trabajo precompetitivo en los próximos pasos de la evolución de esta tecnología está plenamente justificado y que el trabajo precompetitivo fundamentará la futura competitividad de todas las empresas y proveedores de servicios que participan en esta actividad esencial, así como también los gobiernos. 
Con la adopción del estándar GSM en las telecomunicaciones móviles hemos comprobado cuán importante es el trabajo precompetitivo para el establecimiento de normas, protocolos y la arquitectura de la siguiente etapa y evolución de las comunicaciones. 
Queda claro por qué debemos hacerlo, pero ¿qué debemos hacer en ese contexto? 
Necesitamos anticipar las tecnologías que serán necesarias en un mundo en el que la capacidad de todo el sistema de distribución de las comunicaciones electrónicas va a ser mucho mayor de lo que es actualmente. 
Esa inversión ya se está realizando ahora y se continuará haciendo, por lo que hemos de diseñar una planificación para un mundo con una capacidad amplísima de ancho de banda: esta es la jerga con la que daríamos a entender la capacidad de transmisión de los cables o de las ondas aéreas que comunican a los usuarios con otros usuarios y a los usuarios con los proveedores de servicios. 
La arquitectura que deberíamos desarrollar debería ser muy diferente de la arquitectura que tenemos hoy, en la que la capacidad de transmisión es limitada. 
Una de las cuestiones fundamentales propuestas en este informe es asegurar el uso de la red de investigación que la Comisión ya está financiando- la red Géant- con el fin de utilizarla eficientemente, apoyando aquellos proyectos que puedan explotar esa red de investigación sobre la gran capacidad de transmisión y que puedan anticipar toda la evolución de la infraestructura que en el futuro será impulsada por el mercado. 
Ese es el núcleo de la arquitectura del sistema, pero junto a esto hay otras áreas de política pública que queremos investigar. 
Las cuestiones de seguridad y de protección de datos son, claramente, de gran importancia. 
Están ganando cada vez mayor relevancia por la forma tan rápida y fácil con la que se hacen circular nuestros datos personales. 
También están ganando relevancia porque, en un mundo interconectado sin cables, cada vez dispondremos de más aparatos que suministren información al sistema sobre nosotros mismos, nuestras casas y coches. 
Habrá un nuevo tipo de datos personales que será empleado de forma benigna para realizar un seguimiento del funcionamiento de nuestro coche o de los sistemas de seguridad de nuestra casa, pero si alguien pudiese acumular y recopilar esa información estaríamos muy lejos de ese uso benigno la misma. 
Por lo tanto la protección de datos debe ser concebida de otra forma, encapsulando la información de suerte que no pueda ser acumulada ilegítimamente. 
Hemos de reflexionar sobre las nuevas oportunidades proporcionadas por las tecnologías sin cables, sobre el modo en el que la información transportada en nuestros terminales personales o teléfonos móviles puede ser empleada en transacciones comerciales, aunque también en la posibilidad de transportar con nosotros nuestro historial médico para casos de emergencia y, de igual forma, sobre ciertos ámbitos en los que se distribuirán datos altamente confidenciales. 
También hemos de reflexionar sobre los nuevos productos que permitirán que la tecnología sin cables transmita emisiones de vídeo, que proporcione acceso a las transmisiones que nos rodean: por ejemplo, ¿cómo podremos acceder a nuestra emisora de televisión local desde cualquier punto del mundo y cómo vamos a pagar por ello? 
Esa tecnología es la que nos dará una verdadera ventaja competitiva. 
Acabo de esbozar aquello que se refiere al "qué" de mis tres cuestiones, de modo que permítanme concluir refiriéndome al "cómo" querríamos hacer avanzar esto. 
Esta es una contribución al debate sobre la política de investigación en el Sexto Programa Marco y la votación de hoy permitirá que avancemos en el momento justo hacia el proceso de discusión estratégica que actualmente se está desarrollando. 
Debemos pedir a la Comisión, impulsando esto hacia delante, que procure construir una red de excelencia alrededor de estas tecnologías. 
A pesar de que esta es una de las áreas incluidas en el plan de la Comisión, queda claro que esto es prioritario para este campo tecnológico específico. 
También deseamos el tipo de proyectos integrados que involucran al sector público y al privado, del mismo modo en que son contemplados por la Comisión en su propuesta. 
En resumen, recomiendo hoy este informe a la Asamblea y sólo quisiera volver a resaltar la importancia que el Parlamento concede a asegurar que la Comisión impulse esto en sus futuras estrategias. 
Señor Presidente, ante todo quisiera dar las gracias a mi colega, el Sr. Harbour, por su excelente informe. 
Esto no es lisonjas, sino que lo pienso realmente así. 
Le felicito por su informe que, por un lado, expone de manera completa las iniciativas de la Comisión y, por otro, ofrece también muchas sugerencias propias. 
También quiero darle las gracias por el tratamiento tan abierto que ha prodigado a nuestras propias posiciones, propuestas y enmiendas. 
Quisiera manifestar el mismo agradecimiento a la Comisión, pues creo que en los pasados años la Comisión ha demostrado realmente que es capaz de impulsar iniciativas europeas propias en un sector absolutamente importante y de darles también una realización en el plano internacional. 
En este ámbito nos topamos con adversarios- no quisiera decir adversarios, sino más bien socios en el plano internacional- que son muy fuertes en este sector, sobre todo, naturalmente, los Estados Unidos. 
Cada vez es más importante que desarrollemos nuestras propias ideas acerca de qué perspectivas de futuro otorgamos al ámbito de Internet. 
En este sentido quiero dar las gracias aquí a la Comisión- y quisiera incluir también al Consejo- por haber abordado con un ánimo tan innovador este sector. 
Quisiera acometer algunos puntos que ha mencionado mi colega, el Sr. Malcolm Harbour. 
Ciertamente, esta iniciativa se ocupa preponderantemente de lo que ha de suceder en el futuro en el ámbito de la investigación en Internet. 
En este sentido me parece que es muy importante que anticipemos de hecho el futuro yendo un poco más allá de las iniciativas que hasta ahora ha puesto en marcha la Comisión. 
Mi colega, el Sr. Harbour, ha hablado de esto. 
¿Qué hay que hacer para anticipar el futuro en el ámbito de Internet? 
El suelo sobre el que nos movemos es extremadamente difícil pues los pronósticos de futuro son difíciles, no sólo en este sector sino también en muchos otros sectores. 
Sin embargo, aquí nos hallamos ante un sector que cambia con gran celeridad que, por un lado, está dirigido mediante regulación, pero que también hace cada vez más necesario que preveamos qué estandarizaciones van a ser necesarias en el futuro. 
También se plantea cada vez más la cuestión de cómo va a ser aprovechado y entendido este sector por la población, por los consumidores. 
A este respecto es cada vez más importante que, de hecho, generemos confianza de manera que, por un lado, no sólo tengamos una tecnología que es fantástica, que no sólo tengamos regulaciones que sean inteligentes, que no sólo tengamos estandarizaciones que anticipen realmente el futuro, sino que tengamos también una población y unos consumidores que deseen y que estén dispuestos a invertir en este sector y, por cierto, no sólo en el sentido de que hablen por teléfono sino que en el futuro desarrollen también negocios sobre el sector. 
En este sector debemos invertir muchísimo más que en el pasado. 
Para generar realmente confianza, quiero instar a la Comisión, a que actúe aún más en este ámbito. 
Para terminar quiero dirigir mi ruego, mi llamada, a la Comisión: le pido que agrupe realmente en una iniciativa única, por encima de todos los sectores, todas las iniciativas que ha puesto en marcha en el ámbito de Internet y formule realmente una concepción general definitiva. 
Señor Presidente, Señorías, Señor Comisario, las últimas palabras de nuestra colega Erika Mann me han llegado al alma. 
Quiero dar las gracias al ponente por su gran colaboración con la Comisión de Industria a la hora de elaborar este informe. 
Presidente, en toda la Unión Europea tanto la industria como las administraciones invierten poco en las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Si nos fijamos por ejemplo en el Sexto programa marco vemos que para TIC hay un presupuesto de 3,6 millardos de euros pero esa dotación es demasiado escasa. 
Porque como se acordó en Lisboa ¿qué hace falta para que Europa se convierta en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo? 
En primer lugar, por supuesto, que haya una buena infraestructura, y entonces me estoy refiriendo a la banda ancha. 
Desde mi punto de vista liberal, me parece que esa tarea no le corresponde, naturalmente, a la administración. 
Pero es obvio que se necesita a nivel europeo una red transeuropea ultrarrápida de investigación, y eso sí que le corresponde a la Unión Europea ponerla en marcha, como acaba de decir mi colega. 
Le insisto al Comisario que muestre ambición en este campo. 
Por otra parte, hay una necesidad de un contenido de alta calidad. 
La falta de capital es también aquí un gran impedimento, sobre todo por lo que a la innovación se refiere. 
El sector privado está constituido por empresas de reciente creación y empresas medianas que quieren exportar, pero dadas las turbulencias en el mercado hay poca disponibilidad a facilitar capital de riesgo. 
Además, en Europa hay muchas diferencias regionales a la hora de facilitar capital de riesgo. Esta situación abre una brecha entre Europa y los Estados Unidos, donde se invierte tres o cuatro veces más capital de riesgo en contenidos digitales y en actividades relacionadas con Internet. 
Esas inversiones producen innovación y mayor crecimiento económico y, naturalmente, crean puestos de trabajo. 
El sector público debería desempeñar un papel más destacado en mejorar esta situación facilitando la convergencia entre oferta y demanda en la Unión Europea. 
Como último punto, Señor Presidente, quiero decir que por primera vez en la historia la tecnología está influyendo en el derecho. 
Por eso pregunto al Comisario porqué el apartado "ciudadanos y gobernabilidad en la sociedad europea de tecnologías de información", para el cual se han destinado 225 millones de euros en el Sexto programa marco, no se engloba en "las tecnologías de la sociedad de información". 
Señor Presidente, está claro que la administración debe adaptarse a las nuevas tecnologías de comunicación e información que se están implantando en nuestra sociedad. 
Señor Presidente, celebro este informe en la medida que considero importante seguir desarrollando las nuevas tecnologías. 
Creo que es importante, sobre todo, para poner en manos de las personas los medios de comunicarse libremente con la gente que deseen y de poder hacerlo también con autonomía. 
El término clave es aquí la autonomía informativa. 
En este punto nos topamos con el mayor obstáculo para esta red libre, para la comunicación libre. 
Aquí se ha hablado ya mucho de la confianza de los consumidores. 
Sin embargo, pienso que esta palabra, por sí sola, es ya suficientemente significativa. 
En efecto, confianza de los consumidores significa que se quiere generar solamente la confianza, para que los consumidores crean que la comunicación es segura. 
Privacy es otro concepto diferente que significa que la comunicación es realmente segura. 
Por esta razón me gustaría insistir una vez más en que creo que la privacy debería ser el auténtico objetivo: garantizar en la comunicación que ésta es segura. 
Existe un obstáculo: se sigue impulsando el control, incluso en el ámbito europeo. 
Con frecuencia se argumenta que existen ahora nuevos delitos a través de Internet o que hay delitos conocidos que desde hace poco se están perpetrando a través de Internet. 
Sin embargo, las medidas que se están utilizando contra esto se basan, por un lado, en la creencia de que se puede poner freno a estos delitos con los métodos de vigilancia estatal. 
No lo creo. Por otro lado, en su mayor parte las medidas sólo sirven para asustar a los delincuentes verdaderamente tontos. 
Esto no va a conducir más allá. En efecto, mucha gente que actúa ilegalmente en el ámbito digital, sabe también, naturalmente, como puede defenderse del control. 
En los artículos 10 y 13 del informe se menciona la protección de datos. 
No obstante, se restringe una vez más una parte y se pide sólo protección de datos para datos relevantes del ámbito de la economía y de la sanidad. 
Creo que la privacy es importante para todos los datos. 
Todas las personas deben tener la posibilidad de una autonomía informativa. 
Por esta razón creo que hay que trasladar el acento desde el control a la privacy. 
Señor Presidente, apoyo completamente una legislación que aumente la calidad y los estándares de las infraestructuras de telecomunicación en la Unión Europea. 
La cambiante naturaleza del trabajo actual implica un conocimiento y un acceso a los modernos medios de telecomunicación. 
No obstante, cualquier cambio en nuestras infraestructuras de telecomunicación debe ser justo y equilibrado. 
Es imperativo que a los nuevos entrantes en el mercado no se les permita seleccionar las zonas urbanas, más grandes y más lucrativas, para el uso de estas prominentes nuevas tecnologías. 
Debe existir un sólido compromiso por parte de los gobiernos de que van a garantizar una equivalente provisión de servicios de telecomunicaciones tanto en las zonas urbanas como, especialmente, en las zonas rurales. 
Las nuevas tecnologías pueden contribuir enormemente a una eficiente ejecución de la política de desarrollo rural, y serán un factor esencial para la creación de nuevos y vitales empleos en las zonas rurales así como para el tratamiento del problema del desequilibrio entre las zonas rurales y urbanas, que constituye una cuestión prioritaria para este Parlamento. 
Saludo en especial el trabajo del Comisario Europeo para la protección de los consumidores, David Byrne, a la hora de concebir nuevos mecanismos que rijan los derechos protectores de los consumidores para aquellas personas que concluyen contratos a través de Internet. 
Actualmente el comercio electrónico es uno de los motores más importantes tanto del exitoso desarrollo de una empresa como del desarrollo económico nacional. 
Proporciona un nuevo medio fundamental para realizar transacciones comerciales y posee implicaciones económicas y sociales de profundo alcance. 
Señor Presidente, la siguiente generación de Internet nos facilita nuevas aplicaciones interactivas. Lo que debería primar son las necesidades del usuario, no la tecnología en si. 
Sin embargo, el informe Harbour tiene un enfoque más tecnológico. 
El sector público no abarca sólo la creación de la infraestructura necesaria. 
El ponente no especifica que la administración también debe investigar en qué medida Internet puede beneficiar al público en general. 
En primer lugar, la tecnología puede contribuir a que haya una mayor cohesión social, por ejemplo porque la sustitución de operaciones estandarizadas nos deja más tiempo para el contacto humano. 
Como esto no se va a producir así como así, habrá que investigar qué aplicaciones pueden reforzar la cohesión social. 
En segundo lugar, la regulación en cuanto a la seguridad y al contenido se queda en un segundo plano. 
Una infraestructura segura es importante, pero la tecnología no descarta del todo el abuso. 
El ponente, a mi juicio, debería haber dedicado más atención a las implicaciones internacionales de las nuevas tecnologías, a la regulación existente y a la regulación futura. 
Por último, hace falta que todos los grupos de la población aprendan a manejar las nuevas tecnologías para cerrar la brecha digital que se está abriendo. 
Las necesidades, las condiciones y la infraestructura necesaria para los grupos más débiles deben ser estudiadas. A partir de ahí se puede llevar a cabo la integración en la fase del desarrollo de las nuevas aplicaciones y entonces algunos grupos específicos pueden recibir ayuda complementaria. 
Para resumir, quiero decir que las aplicaciones merecen mayor atención de la que queda reflejada en este informe. 
Sería conveniente que se diera más énfasis a los aspectos políticos mencionados para crear una sociedad de información y comunicación para toda la población. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a Malcolm Harbour, el ponente, por este informe, surgido de su propia iniciativa, sobre la segunda generación de Internet: necesidad de una iniciativa de investigación de la UE. 
El grado de apoyo al informe queda reflejado tanto en el hecho de que fue aprobado unánimemente en comisión como en el hecho de que no se han presentado enmiendas. 
Ciertamente, parece que esta Asamblea lo apoya completamente. 
En el Grupo socialista apoyamos especialmente la prioridad que se concede al aseguramiento de que se incluyan trabajos sobre la segunda generación de Internet en el Sexto Programa Marco, y que desarrollemos una infraestructura de banda ancha y una nueva red de investigación transeuropea superrápida. 
Queremos garantizar que las iniciativas de investigación de la UE complementen la investigación impulsada por el mercado, de modo que se evite el conflicto o la duplicación. 
No obstante, existen por lo menos cuatro áreas que deben ser aclaradas: en primer lugar, en el parágrafo 2, hablamos de la necesidad de una investigación precompetitiva. 
Coincidimos en que debe ser precompetitiva y no incompetitiva, que es un término diferente. 
El modelo que estamos contemplando es el modelo japonés, basado en cárteles de investigación en los que se colabora durante el desarrollo de una nueva tecnología, antes de empezar a competir en la hora previa de presentación al mercado. 
Esto esta bien siempre y cuando no se trate de una excusa para la inacción mientras esperamos a la determinación de esa tecnología. 
Debemos alimentarnos de ese proceso y ser flexibles, pero también debemos mantener una posición activa. 
En tercer lugar, sobre la seguridad del sistema, está claro que tenemos que ser capaces de proteger esta generación de Internet, y la siguiente, en términos de facilitar que la gente pueda efectuar transacciones pecuniarias y pueda transmitir datos confidenciales. 
Confío en que la Comisión tenga en cuenta tanto la tecnología como la legislación que se requieren para establecer los niveles necesarios de encriptación que protejan al público sin coadyuvar a los criminales. 
Por último, las cuestiones relacionadas con el acceso universal. 
La Comisión deberá garantizar que consigamos esto y que esté a disposición de todo el mundo y no solamente para aquellos que residen en áreas urbanas. 
Estimado Presidente, estimado Comisario, queridos amigos, felicito a Malcolm Harbour por este informe extraordinariamente completo, que destaca muchas cosas importantes. 
Este informe señala que la sociedad del futuro va a ser una sociedad con Internet móvil y creo que los diputados somos una especie de conejillos de Indias para saber si esta clase de movilidad funciona. 
El informe demuestra el rápido ritmo de crecimiento en este campo, entre otras cosas han cambiado los fundamentos del mercado de capitales desde que Malcolm Harbour terminó su trabajo. 
Lo único que quiero decir al Comisario es que espero que la organización de la Comisión sea suficientemente flexible como para responder a las necesidades de cooperación entre las distintas ramas de servicios, permitiendo así que se realicen rápidamente los cambios que sean necesarios. 
Opino que este tema debe ser incluido en el Libro Blanco European Governance. 
Como señalo Erika Mann, se necesita mayor coordinación en las actividades de la Comisión. 
También es obvio que Internet va a significar retos para las administraciones, puesto que la apertura será la postura más afamada en las administraciones y la Comisión tiene que poder afrontar esta competencia. 
El admirable informe de Malcolm Harbour nos invita a contemplar nuestras iniciativas de investigación, aspecto este que saludamos y apoyamos de forma especial. 
Siempre hay una cuestión que debe ser subrayada. 
El tipo de investigación que se necesita en este caso deberá incluir la investigación científica- investigación en el campo de la física y de la tecnología de la información- pero también incluirá la investigación socioeconómica y legal, por razón de las cuestiones que cubre, especialmente en el parágrafo 13, en el que se tratan esos aspectos tan esenciales de la privacidad y la protección de datos. 
Habremos de asegurarnos que disponemos de los apropiados mecanismos legales y que gestionamos adecuadamente los riesgos y amenazas, y también de que realizamos correctamente las adaptaciones tecnológicas. 
Quisiera también destacar una cuestión que surge de la Cláusula 9 y que ya ha mencionado el Sr. Hyland: acabo de volver de una visita a las Hébridas que he realizado durante la semana de la circunscripción. 
Con estas tecnologías podemos eliminar las desventajas de la periferia y de este modo invertir la antigua tendencia de despoblación de nuestras áreas remotas, siempre y cuando proporcionemos, por ejemplo, amplias infraestructuras de hiperancho de banda, a bajo coste y con una accesibilidad equitativa. 
Hemos de garantizar que los lugares aislados sean incorporados a este proceso. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Cuentas de determinadas formas de sociedades 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0130/2001) del Sr. Inglewood, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad (COM (2000) 80- C5-0106/2000- 2000/0043 (COD) ). 
En el Financial Times de ayer, Arthur Levitt, un antiguo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU., escribió: " los inversores, las empresas públicas, las consultoras contables, los mercados de valores y los legisladores de todo el mundo se enfrentan hoy a uno de los grandes desafíos del futuro del sistema financiero global: cómo configurar un sistema contable de alta calidad, duradero, comparable e uniforme que tenga aceptación tanto en Europa como en los Estados Unidos, tanto en los países desarrollados como en los emergentes. 
Se trata de un desafío que nace más bien de un proceso evolutivo que de una crisis ". 
Y continúa: " el crecimiento explosivo de los mercados y las economías hace imperativo el desarrollo de tal sistema. 
Todo el mundo coincide en que no hay otro modo de asegurar la eficiente asignación de capitales a largo plazo y sobre una base global ". 
Esta propuesta forma parte de la más amplia respuesta de la Unión Europea a los desafíos descritos por el Sr. Levitt y, en especial, se enfrenta al problema de los relativamente nuevos tipos de instrumentos financieros, por ejemplo, los derivados y los fondos de cobertura. 
Esta directiva exige a los Estados miembros que permitan o exijan a todas o a algunas empresas a adoptar el valor razonable, en oposición a la contabilidad del coste histórico, en los casos en que sea adecuado y en la forma prevista en la directiva. 
Se establece un régimen flexible y se otorga a los Estados miembros una considerable discrecionalidad conforme con el principio de subsidiariedad, dependiendo de las circunstancias que prevean. 
Su intención es constituir un primer paso hacia el establecimiento de un sistema contable para toda Europa que esté a la altura de las exigencias de un mercado global moderno y que, en especial, dé a todos aquellos que leen balances contables de empresas, la información que desean y que legítimamente deben poder conocer. 
La propuesta que está hoy ante la Asamblea, junto con las enmiendas- las cuales han sido todas acordadas en comisión por unanimidad- constituyen el resultado de la estrecha colaboración entre mi persona, en nombre de la Comisión de Asuntos Legales, el Consejo y la Comisión, en un esfuerzo por alcanzar una redacción comúnmente acordada que permitiese tratar esta directiva en una única lectura. 
Creo que este trabajo ha sido concluido de forma mutuamente satisfactoria y por esa razón lo recomiendo. 
Señor Presidente, indudablemente no nos encontramos ante el informe más apasionante de los que vamos a discutir en esta sesión, y no me refiero por supuesto al excelente trabajo de Lord Inglewood, por el que debemos felicitarle, no solamente a él, sino a todos nosotros. 
Cuando en un procedimiento de codecisión la labor del Parlamento Europeo mejora, como en este caso, la propuesta de la Comisión y lo hace en términos de gran nivel técnico, se produce no solamente una aportación positiva al proceso de producción normativa, sino que al tiempo estamos incrementando el prestigio del Parlamento Europeo y dando argumentos en favor de la generalización del procedimiento de codecisión. 
El hecho de que- como acabo de decir- se trate de un informe que no despierta pasiones no significa que no sea un informe importante desde el punto de vista técnico. 
Y en ese orden de cosas, la propuesta de modernización de las directivas contables no sólo tiene gran importancia, sino que se puede calificar como de una propuesta totalmente necesaria para mejorar la transparencia de las cuentas de las sociedades. 
Tradicionalmente, las normas de valoración contable de las sociedades establecían que los activos deberían valorarse al precio de coste, en definitiva, lo que se denominaba el valor histórico. 
Consecuentemente, ese era el criterio que se recogía en las directivas contables; y es lógico, si se quieren evitar manipulaciones contables que impidan que las cuentas reflejen la imagen fiel de la sociedad. 
Se trataba en definitiva de evitar que los gestores de una sociedad revalorizaran artificiosamente partidas del activo para distorsionar la imagen de dicha sociedad. 
Por cierto, que ciertas irregularidades contables que no se permitían a las sociedades, sí que se les ha permitido, cuando se trata de cuentas públicas, a algunos Estados miembros para acceder al euro. 
Eso sí, denominándolas eufemísticamente, en lugar de irregularidades, "contabilidad creativa". 
Pero en definitiva, esos criterios contables referidos al valor histórico no eran inmutables, y la complejidad de los mercados financieros actuales y el uso creciente de productos financieros sofisticados hacen que sea necesario cambiar el valor histórico por el valor razonable. 
Este valor razonable, que es el que se incluye en la propuesta de directiva que aprobamos, al tener unos límites mucho más etéreos, no es obviamente tan fijo como el valor histórico y exige instrumentos más precisos para su incorporación, criterios que se recogen en las enmiendas propuestas, a las que vamos a dar nuestro voto favorable. 
Tiene la palabra el Comisario Bolkestein. Le quiero indicar al Comisario que tiene hasta las 11.00 horas. 
Señor Comisario, me atrevería a decir: aproveche esta oportunidad. 
Señor Presidente, supongo que quiere que me limite hasta las 11.00 horas al tema que está en el orden del día y que no me da la palabra para hablar de cualquier otro tema, por ejemplo del documento más reciente del canciller alemán Schröder sobre la construcción del futuro europeo. 
Usted querrá que me limite al tema de hoy. 
Estoy con un estado de ánimo generoso, Señor Comisario, adelante. 
Señor Presidente, soy consciente del lugar que me corresponde y podemos empezar a abordar este tema. 
Quisiera responder a las dos intervenciones realizadas de la siguiente manera, y en especial al ponente. Como ustedes saben la contabilidad es un invento europeo. 
Hace quinientos años, el Sr. Lucia Patcholi, un monje italiano, desarrollo los fundamentos de la contabilidad que aun se utilizan hoy. Por importante que sea la conciencia histórica, tomar una posición historicista es algo que no suele generar, por regla general, conceptos positivos. 
Y eso es en lo que no debe convertirse la contabilidad en la Unión Europea. 
La directiva fundamental que se ocupa de la contabilidad, la cuarta directiva sobre derecho de sociedades, tiene ahora más de veinte años- data de 1978- y a pesar de que la directiva constituye una sólida base para la contabilidad en la UE, es difícil ignorar los cambios sustanciales habidos en la práctica empresarial: mercados de capitales, stock options, el leasing, Internet y el euro son fenómenos que en su mayoría no existían en 1978. 
Ciertamente, la contabilidad ha evolucionado para reflejar esos cambios en la práctica empresarial. 
En 1995, la Comisión comenzó a involucrarse activamente en los trabajos del Comité Internacional de las Normas Contables. 
Esta participación concluyó con el reglamento recientemente propuesto sobre Normas Contables Internacionales (NCI) , que espero debatir en breve con este Parlamento. 
Actualmente la Comisión también está preparando la puesta al día de las directivas contables: presentaremos una propuesta antes del final de este año, como se ha destacado en la comunicación de la Comisión sobre la información financiera en la Unión Europea. 
Al oírme hablar del reglamento propuesto y de la modernización de las directivas contables quizás se pregunten por qué necesitamos esta propuesta que enmienda las directivas contables y sobre cuentas bancarias, y que permite, de ese modo, el uso del valor razonable para determinados instrumentos financieros. 
¿Por qué necesitamos entonces esa propuesta? 
En los últimos años varios Estados miembros han introducido una legislación que permite a sus empresas emplear Normas Contables Internacionales. 
No obstante, los Estados miembros no pueden promulgar normas nacionales que no sean compatibles con la legislación de la UE, por cuanto sólo se pueden emplear NCI hasta el punto en que no entren en conflicto con las directivas contables. 
El concepto del valor razonable, introducido por las NCI, causa tales conflictos y la propuesta deshace ese conflicto incorporando el valor razonable a las directivas contables. 
A contrario, sin esta propuesta, las empresas que actualmente utilizan las NCI no podrían seguir haciéndolo en el momento en que, a partir del ejercicio 2001, el valor razonable se convierte en obligatorio bajo las NCI. 
Quisiera destacar que la introducción del valor razonable en las directivas contables se alinea perfectamente con las Normas Contables Internacionales y no permite un uso del valor contable más allá de lo contemplado por las mismas. 
La contabilidad es un asunto técnico y quizá hasta esotérico. 
En cualquier caso, es importante destacar los elementos más importantes de esta propuesta. 
La propuesta define el valor razonable y aquellos instrumentos financieros que pueden someterse a ese principio conforme a las NCI. 
En segundo lugar, la propuesta también establece ciertas normas para los Estado miembros para que definan el perfil de las empresas a las que se les puede permitir o exigir el uso del valor razonable. 
Un Estado miembro puede, por ejemplo, permitir o exigir el valor razonable únicamente a las empresas que cotizan en bolsa. 
En tercer lugar, la propuesta también exige que todas las empresas revelen la información relativa a los instrumentos financieros derivados- opciones, permutas financieras, futuros- en los apuntes contables que puedan tener un impacto considerable sobre la posición financiera. 
No obstante, las empresas pequeñas pueden ser eximidas de esta revelación. 
Una de las enmiendas del Parlamento persigue la inclusión de los bancos en el ámbito de la propuesta. 
La Comisión apoya esta enmienda desde el punto de vista de un mercado único de la UE. 
Los bancos y otras empresas compiten por capitales en el mismo mercado. 
Los balances financieros comparables son un elemento esencial que permite a las empresas realizar una eficiente asignación de capitales y que garantiza una protección suficiente al inversor. 
La Comisión está estudiando con detenimiento las enmiendas a esta propuesta y, en este momento, apoya todas las enmienda presentadas, de la nº1 a la 32. 
En resumen, espero en que el Parlamento y el ponente impidan que la contabilidad en la UE se convierta en algo histórico. 
Deseamos estar al día y mirar hacia el futuro. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en Estrasburgo. 
(La sesión se interrumpe a las 10.50 horas y se reanuda a las 11.00 horas) 
Señor Presidente, planteo rápidamente una cuestión de procedimiento. 
Tenía previsto viajar el martes por la tarde a Washington con la delegación de coordinadores de la Comisión temporal de investigación sobre ECHELON, que debía realizar un viaje oficial a los Estados Unidos, del día 9 al 11. 
Ahora bien, la Embajada de los Estados Unidos en Bruselas acaba de advertirme que mi visado está bloqueado por razones políticas y que el expediente se había enviado a Washington, y la Embajada de los Estados Unidos me ha aconsejado que anulara el viaje en el seno de la delegación. 
Señor Presidente, desearía, si fuese posible, que la Mesa del Parlamento interviniera ante las autoridades estadounidenses, como ya lo ha hecho el Sr. Wurtz, presidente de grupo, porque creo que sería escandaloso que el Gobierno de los Estados Unidos fuera el que decidiera quién debe formar parte de una delegación del Parlamento Europeo. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Krivine, tomo nota de su importante declaración. 
Espero que se transmita a la Mesa lo antes posible, para que se aclare totalmente este asunto que, efectivamente, es muy grave. 
Intervengo por una cuestión de orden. 
Sin duda ustedes conocen los serios problemas existentes en mi región, Northamptonshire, relativos a la impartición de educación secundaria. 
Hoy conmigo se encuentra en la tribuna la madre de dos hijos de Earls Barton, cerca de Wellingborough, cuyo hijo mayor debería acceder a la educación secundaria en septiembre. 
Éste ha apelado recientemente al Parlamento porque las autoridades educativas locales que le corresponden no han podido asignarle una plaza en alguno de los colegios que había elegido en su área, incluso con posterioridad a lo que podríamos denominar un defectuoso procedimiento de apelación. 
Se trata de las mismas autoridades educativas que, hasta la semana pasada, no habían sido capaces de asignar ninguna plaza a 20 niños de la misma zona. 
Solicito al Presidente que tenga a bien escribir al Gobierno británico para aclarar cómo se pliega esta circunstancia a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente al artículo 14 (3) , el derecho a la educación, que creo cubre específicamente el caso de Lucy Paine y las preocupaciones de muchos otros padres de Northamptonshire. 
Señor Heaton-Harris, el Pleno toma nota de los problemas que usted expone y se hará llegar lo antes posible esta solicitud a las autoridades competentes. 
Señor Presidente, nos hemos enterado de que esta mañana se ha celebrado una conferencia de prensa organizada por el Sr. Vattimo para presentar un libro italiano con claras intenciones difamatorias. Un libro que en Italia ya fue objeto de denuncia, un libro difamatorio para un miembro del Parlamento italiano. 
Considero que una vez más la izquierda muestra aquí su tendencia a utilizar las Instituciones con claras intenciones de campaña electoral italiana. 
Señor Presidente, quisiera preguntarle quién ha autorizado la utilización de la sala para estos objetivos. 
Sé que para utilizarla se ha cambiado el título de la conferencia de prensa, en el sentido de que se ha eliminado del título este elemento de campaña electoral; sin embargo, el contenido de la conferencia era claramente de campaña electoral italiana. 
Señor Gawronski, nos informaremos, efectivamente, sobre el contenido de esta reunión. 
Señora McKenna, creo que el Pleno ha tomado nota de la gravedad del anuncio que nos ha efectuado nuestro colega Krivine, y al que se le dará curso. 
Señor Presidente, ante todo quisiera pedir a la Mesa que preste una mayor atención cuando los diputados solicitan intervenir, porque es la cuarta que quedo a la espera de que se me conceda la palabra. 
Dicho esto, quisiera llamar la atención de usted y del Parlamento sobre lo que está pasando en Italia, donde la Sra. Emma Bonino y otros diputados europeos están llevando a cabo una huelga de hambre y sed para garantizar la libertad de información durante la campaña electoral. 
Junto con Emma Bonino hay también algunas personas discapacitadas como Luca Coscioni que ha renunciado a tomar medicamentos para llamar la atención del Presidente de la República. 
Sería conveniente que el Parlamento Europeo crease un observatorio respecto a las elecciones italianas para comprobar si todos tienen garantizada una verdadera y real libertad de información en una campaña tan difícil como la italiana. 
Tomamos nota de su declaración. 
Señor Presidente, me han informado que el Sr. Gawronski ha intervenido hace unos minutos para estigmatizar el hecho de que se haya organizado una conferencia de prensa- la he organizado yo- sobre la libertad de información, en la que se hablaba de un libro que el Sr. Gawronski define como difamatorio. 
Este libro no hace más que llamar la atención de todo el mundo sobre unos documentos en los que se basa un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los Sres. Dell ' Utri y Berlusconi, un suplicatorio que se encuentra pendiente de tramitación en este Parlamento. 
No se trata en absoluto de un libro difamatorio, se trata de un libro que somete a la atención europea unos documentos que son de interés también y precisamente para este Parlamento, para debatir- no sé cuando- sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los Sres. Dell ' Utri y Berlusconi (nuestros colegas) , los cuales por fin deberían ser juzgados en relación con estos hechos. 
Quisiera plantear una pregunta sobre el uso de las instalaciones del Parlamento por parte del PPE-DE en relación con las elecciones en el País Vasco. 
¿Podría hacer llegar esta petición a la Presidencia? 
Quisiera obtener una respuesta directa sobre el uso de las instalaciones de este Parlamento. 
Votaciones 
En relación con la enmienda 4, la versión final ha sido modificada respecto a la propuesta que aprobó la comisión. 
Esta redacción es más contundente. 
En la última parte de la versión final se decía "con el objeto de intentar alcanzar una armonización" y la nueva versión pone "para armonizar". 
Sobre la enmienda 14 
Quisiera hacer una enmienda oral de manera que el "hurón domesticado", ferret en inglés, se traslade de la parte B del anexo 1 a la parte A. 
(Más de doce diputados se oponen a tener en cuenta esta enmienda oral, por lo que no se ha mantenido) 
Señor Presidente, nuestro colega, el Sr. Ardvidsson, ha intentado dos veces indicar una diferencia en la enmienda 4. 
Usted no ha dicho nada sobre el particular, pero ha afirmado que la enmienda 4, tal como se va a aprobar hoy, es diferente a cómo figuraba en comisión. 
Esto ha sido al menos una alusión. 
Supongo que vale lo que hoy se ha presentado así, sólo para aclarar esto. 
Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con la Coordinadora Campesina Europea y creo que el meollo del problema de las vacas locas ha radicado en el modo intensivo de producción animal y en la política errónea de la Unión en materia de piensos desde la creación de la PAC en 1962. 
La mejor manera de prevenir la transmisión de la encefalopatía es favorecer la producción controlada de leche y carne bovina, que esté vinculada con el pasto y los forrajes locales y que dé prioridad a la calidad frente a la carrera por el rendimiento. 
Si no se cuestionan las importaciones masivas de pienso, la Unión Europea seguirá siendo una fábrica de procesamiento industrial de productos vegetales importados para producir productos animales. 
Una fábrica con sus problemas, muchas veces descritos, de excedentes, calidad, salud, medio ambiente y con un enorme lío financiero. 
Afortunadamente, la mayor parte del ganado bovino europeo no está contaminada; en particular, los animales alimentados con hierbas y forrajes naturales de la propia finca, criados sin piensos industriales. 
Animales a los que la PAC, precisamente, ha desfavorecido desde hace 40 años y que ahora debemos promocionar para proteger la salud de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, no es culpa mía si- probablemente porque durante el mes pasado se ha hablado mucho de mi sueño con la Sra. Roth-Behrendt- esta noche he vuelto a soñar con ella. 
Ha sido un sueño más tranquilo que el anterior. 
La Sra. Roth-Behrendt se encontraba perfectamente y encabezaba un ejército de pensionistas que exhibían unas pancartas que llevaban la inscripción "Viva Roth-Behrendt". 
Me acerqué y pregunté: "¿ Por qué no lleváis una pancarta con la inscripción" Viva Fatuzzo "en lugar de" Viva Roth-Bherendt "?" 
Me contestaron: " Somos unos pensionistas a los que les gusta comer bien, comer chuletones con vino Brunello di Montalcino. 
La Sra. Roth-Behrendt nos garantiza carne bovina sana y, por lo tanto, la admiramos y vitoreamos. " 
Por esto, no podía dejar de votar a favor. 
- (EN) Los debates de los últimos meses han destacado y han dado prioridad al componente de salud pública de las políticas alimentarias europeas y nacionales, entre las cuales, la relativa a la EEB, es la más importante. 
Por tanto, la futura política agrícola y medioambiental debe reflejar las experiencias adquiridas en este ámbito esencial de la producción alimentaria. 
El hecho de que los Estados miembros no se plieguen completamente a las nuevas directrices y normas no puede ser tolerado. 
Los alimentos son un producto susceptible de ser comercializado internacionalmente y con los consumidores cruzando fronteras todos los días, nada va restablecer mejor la confianza de los consumidores en toda la cadena alimentaria que una estrategia común y coordinada para la seguridad de los alimentos como la que ha liderado la UE, y si bien existe un factor de coste, especialmente para los agricultores, creo firmemente que es en interés de la agricultura y de cada una de las familias agricultoras que se restablezca completamente y cuanto antes la confianza en todos los productos agrícolas. 
Los Estados miembros han dado pasos positivos y costosos para hacer frente a la EEB. 
El brote de la fiebre aftosa, que no representa un riesgo para la salud, ha oscurecido en cierta medida las acciones emprendidas para eliminar la EEB de la cabaña europea. 
Las acciones emprendidas se han basado en hechos científicos, y creo que estamos cerca de conducir este drama de salud pública, mediante un estricto acatamiento de los controles de producción, a una exitosa y permanente conclusión. 
Al reconocer el peso de las pruebas científicas acerca de la conexión de la EEB y de la ECJ con el uso de piensos cárnicos, hay que tener en cuenta que, en proporción, el nivel de infección de EEB de las cabañas individuales de los Estados miembros es considerablemente reducido y que, desde luego, se limita a un ciclo productivo relativamente corto. 
Las cifras de los animales infectados o en riesgo son ahora considerablemente pequeñas. 
No debemos volver a experimentar los traumáticos sucesos de los últimos meses ni la comprensible preocupación del consumidor en relación con la seguridad alimentaria. 
Informe Cashman (A5-0318/2001) 
Señor Presidente, para decidir cómo votar sobre el importantísimo informe del Sr. Cashman sobre el acceso a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, antes de salir de Roma hablé de este informe con mi madre que tiene mucho interés en lo que sucede en el Parlamento Europeo. 
Le expliqué este informe y que podemos examinar todos los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
Ella me dijo: " Interesante, pero ¿qué es el Consejo? 
En la televisión italiana no se habla nunca del Consejo. 
¿Qué es la Comisión? 
En la televisión italiana no se habla nunca de ella. 
Sé qué es el Parlamento porque te has convertido en diputado. " 
Entonces saqué la conclusión de que, además del acceso a los documentos, sería oportuno que los ciudadanos europeos supieran qué es el Parlamento Europeo, qué es el Consejo Europeo y qué es la Comisión Europea. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Cashman relativo a la propuesta de Reglamento sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, porque pensamos que nos hallamos ante un compromiso aceptable y porque pensamos que las fuerzas que desean mucha mayor transparencia y acceso del público a los documentos durante las negociaciones han logrado más que los países y fuerzas que han tratado de mantener sistemas cerrados. 
Asimismo, nuestra valoración es que no habríamos obtenido un mejor resultado permitiendo que este tema fuera sometido a segunda lectura. 
En nuestra valoración del compromiso hemos hecho especial hincapié en que en un principio todos los documentos estén incluidos, entre ellos, también los documentos internos, que el número de excepciones sea recortado y que éstas estén justificadas, que las solicitudes se tramiten más rápidamente de lo propuesto inicialmente y que se haga constar que las autoridades danesas seguirán tramitando las solicitudes de acceso del público a documentos según las normas danesas. 
Para lograr la confianza de los ciudadanos en un sistema no basta con que éste, según las normas, sea transparente, también debe percibirse como tal. 
Y aquí se enfrentan a una enorme tarea los ciudadanos y la prensa, quienes deben emplear las nuevas normas activamente y probar asimismo los límites de estas nuevas normas. 
Esperamos que los próximos años demuestren a todas las fuerzas que se muestran escépticas en materia de transparencia que el hecho de que la opinión pública tenga acceso a los documentos con los que se trabaja no sólo redunda en favor de la democracia sino también del propio trabajo interno de las instituciones. 
. (FR) Hemos votado en contra del informe "Acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión" puesto que, detrás de este título engañoso, se trata sobre todo de reglamentar las posibilidades de acceso y no de ampliarlas, y, de este modo, otorgar incluso a las instituciones el derecho de restringir el acceso del público. 
Las instituciones afectadas mantienen, en efecto, el derecho de decidir el carácter confidencial de los documentos en ámbitos tan diversos como "la defensa y los asuntos militares, las relaciones internacionales, la política económica, financiera o monetaria, así como la seguridad pública", al igual que de "los documentos referentes a procedimientos judiciales, inspecciones, investigaciones o auditorías financieras". 
Es decir: prácticamente, puede decidirse el carácter secreto respecto de cualquier documento. 
El acceso del público a los documentos de las instituciones europeas parece ser incluso un retroceso en relación con algunas prácticas nacionales. 
En este ámbito, como en muchos otros, se deberían seguir, como mínimo, las prácticas menos antidemocráticas y más transparentes. 
Pero, en realidad, no existe razón alguna para que un documento de las instituciones europeas sea ocultado al público. 
Nosotros somos favorables a la publicidad total del conjunto de los documentos, acuerdos, tratados, así como de los elementos de todas las intervenciones que hoy se ocultan, de todas las negociaciones mantenidas en secreto, de todos los cabildeos, que han llevado al Parlamento, al Consejo o a la Comisión Europea a tomar una decisión o a elaborar una directiva. 
Hoy 3 de mayo y Día Internacional de la Prensa, el Parlamento Europeo aprueba normas que cerrarán una larga serie de documentos de la UE. 
El Grupo GUE/NGL rechaza el resultado de las negociaciones cerradas y hoy hemos votado en contra del compromiso alcanzado entre los dos mayores Grupos políticos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Las normas en materia de transparencia en la UE han sido negociadas detrás de puertas cerradas herméticamente y el resultado demuestra lamentablemente que las instituciones comunitarias tienen a los ciudadanos por adversarios y no por compañeros de juego. 
Las normas por las cuales algunos documentos pueden quedar excluidos del acceso público son tan vagas que no será difícil mantener oculto casi cualquier documento. 
Los documentos internos no han sido definidos y serán mantenidos ocultos en el caso de que su publicación fuera a influir decisivamente en un proceso de decisión. 
Los Estados miembros pueden exigir la clasificación de documentos y exigir además que no queden registrados, sin que se haya dejado claro qué normas regirán en tal caso. 
Los documentos relativos a las políticas comunitarias de seguridad, defensa y política exterior pueden mantenerse fuera del dominio público como asimismo los documentos relativos a la seguridad interior. 
Estas normas afectarán a todos los Estados miembros, y la posibilidad nacional de alcanzar mayor transparencia en el proceso político de los Estados miembros ha quedado ahora sometida al conjunto normativo común de la UE. 
El debate público sobre este tema ha sido casi inexistente y el proceso cerrado bajo el cual han nacido las normas no ha contribuido precisamente al proyecto de acercar la Unión más a los ciudadanos. 
El resultado da la impresión de que los ponentes se han ocultado bajo la sombra de la Presidencia sueca en la esperanza de que la transparencia y los intereses de la opinión pública quedaran ocultos bajo la larga tradición de los suecos en materia de transparencia y administración. 
No obstante, es obvio que los suecos han adoptado una postura conciliadora que ha asegurado el consenso en el Consejo antes que protegido los intereses de los ciudadanos. 
Los suecos, en otras palabras, han contribuido a legitimar el reglamento antes que a defender los intereses de los ciudadanos y hoy el Parlamento Europeo ha seguido este camino. 
La Comisión y el Consejo pueden sentirse satisfechos y el Parlamento Europeo ha negociado según sus propios intereses por lograr acceso a una serie de documentos confidenciales sin garantías de que un solo documento le sea entregado. 
Esto no puede decirse que vaya en interés de la opinión pública, y ahora queda claro que la opinión pública ha sido el rehén de una lucha en torno a los propios intereses del Parlamento Europeo en la que finalmente éste ha elegido sacrificar al rehén. 
. (SV) Hemos votado a favor del informe Cashman sobre reglas nuevas y más claras para el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos de las instituciones comunitarias. 
El acuerdo que ha sido aprobado por el Parlamento es un importante paso hacia una mayor apertura y eficacia en las instituciones. 
Además, las nuevas reglas son mucho mejores que la situación de anarquía en la que nos encontramos actualmente en materia de publicidad de documentos. 
Asimismo, vemos que las nuevas normas producen una serie de problemas. 
Documentos delicados que son clasificados como confidenciales, por ejemplo por motivos de seguridad, son exceptuados del principio de la publicidad y no es necesario registrarlos. 
El autor de un documento delicado es, por tanto, quien decide si el receptor lo puede hacer público o no. 
Esas normas están en abierta contradicción con el principio sueco de publicidad que ha caracterizado a la administración sueca por más de 250 años. 
La Presidencia sueca ha asegurado que las normas especiales sobre documentos delicados solamente comprenderán los documentos concernientes a la política de exterior y de seguridad. 
Sin embargo, creemos que existe un gran riesgo de que los documentos delicados puedan llegar a comprender también otros campos, por ejemplo, la colaboración de Schengen y la política común de refugiados. 
Además, nos preocupa que las difusas normas comunitarias puedan amenazar la constitución sueca, cuyas raíces se remontan a 1766. 
En la introducción del reglamento se explica que el objetivo no es modificar las normas vigentes en los países miembros. 
Al mismo tiempo, una remisión a las legislaciones nacionales fue eliminada en el último minuto. 
A pesar de esto, confiamos en que la Comisión cumplirá sus promesas y respetará el derecho de los Estados miembros a decidir acerca de la publicidad de los documentos. 
Durante todo el proceso de decisión, la Comisión ha puesto obstáculos a que se aumente la apertura y la transparencia, favoreciendo, en cambio, la confidencialidad. 
Esto significa que la anticuada Comisión aún se caracteriza por ser burocrática y contraria a los cambios. 
Con toda seguridad el nuevo reglamento sobre acceso de los ciudadanos a los documentos es un importante paso para la consecución de reglas aún más claras al respecto, que permitan sentar las bases de una administración moderna en la que la apertura y la transparencia sean obvias. 
En el reglamento se estipula que habrá que revisar las normas a más tardar en 2004. 
Hoy votamos a favor del informe, convencidos de que es sólo un primer paso hacia una UE más abierta. 
El Partido del Pueblo sueco seguirá impulsando esta materia. 
. 
(EN) Mi colega, Michael Cashman, ha realizado un trabajo de primera clase en la elaboración de este informe sobre el acceso público a los documentos en poder de las instituciones de la UE. 
Deja muy claro que, en principio, todos los documentos en poder del Consejo, de la Comisión y del Parlamento deben estar a disposición de los ciudadanos de la UE. 
Reconoce acertadamente que es necesario que existan ciertas excepciones al libre acceso, por ejemplo, para proteger los intereses públicos y privados. 
No obstante, tiene razón en que hay que limitar los fundamentos para la excepción al más estricto mínimo. 
También opino que acierta al decir que las instituciones necesitan un "espacio para pensar" y por consiguiente ciertos documentos informales deberían ser excluidos de su propuesta con el fin de permitir el libre intercambio de ideas. 
La medida en que el público tiene acceso a la información no queda determinada por la cantidad de información sin importancia o documentos sin transcendencia que estén disponibles en Internet. 
Se trata justamente de que los que han redactado o encargado los documentos pueden decidir sin más si se mantiene en secreto su contenido o incluso su publicación. 
Habiendo adoptado esta propuesta estamos todavía a años luz de lo que es el acceso a los documentos públicos como se conoce en los Países Bajos y en Escandinavia. 
La forma en que se ha propuesto ahora la apertura limitada puede ser incluso un medio sistemático de proteger en el futuro los documentos contra intrusos cuando ahora, con grandes dificultades, sí son accesibles para la sociedad. 
Los partidarios del acuerdo tampoco se muestran muy entusiasmados, aunque sí hacen un llamamiento para votar a favor. 
Sus principales argumentos son que sin este acuerdo estaríamos en una situación aún peor y que esperan que para después de la evaluación de 2004 haya algo mejor. 
Los detractores del acceso del público a los documentos no los hemos oído ni siquiera en este debate, pero sin estos detractores no hubieran hecho falta unas negociaciones tan dificultosas entre bastidores y podríamos haber llegado a un resultado bastante mejor sobre el que votar. 
Debido a una preparación equivocada y apresurada nos vemos ahora abocados a una situación en la que los partidarios moderados de la apertura votarán a favor y los partidarios radicales en contra. 
. (FR) A pesar de compartir el objetivo de transparencia y de reconocer las buenas intenciones de nuestro ponente, no hemos votado a favor de las enmiendas al texto propuesto por la Comisión. 
Lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Las enmiendas abren un campo de aplicación demasiado amplio e eliminan todos los elementos de flexibilidad contenidos en las propuestas de la Comisión. 
Además, dan fuerza retroactiva al nuevo reglamento, lo que consideramos contrario a los principios elementales del Derecho. 
En resumidas cuentas, la aplicación estricta del texto enmendado se traduciría por un aumento de la burocracia (clasificación de documentos, registros, procedimientos de recurso) y por la necesidad de contratar nuevos funcionarios. 
El carácter democrático de las instituciones no estará mejor garantizado que con las propuestas originales de la Comisión, que consideramos razonables y ampliamente satisfactorias. 
El artículo 225 del Tratado no pide más. 
. (SV) Me he abstenido en la votación sobre el acceso de la ciudadanía a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
El acuerdo, alcanzado durante la Presidencia sueca, implica que la UE, por vez primera, cuenta con un principio de publicidad, esto es, que la regla general es que los documentos sean públicos en lugar de secretos. 
Desde una perspectiva sueca, me temo que este acuerdo entre las tres instituciones comunitarias debilite nuestro principio de publicidad y nuestras leyes del siglo XVIII. 
Me refiero especialmente al artículo 5, que estipula la exigencia de consultar con la autoridad comunitaria correspondiente cuando una autoridad sueca estime que no está claro si un documento debe ser declarado confidencial. 
Me temo que en una situación de esta naturaleza, la autoridad sueca va a autocensurarse y que no se opondrá a la respuesta que le dé la autoridad comunitaria, ya que no querrá entrar en un conflicto en el ámbito europeo. 
En ese caso, la legislación comunitaria sobre publicidad habría significado un empeoramiento del acceso a los documentos en mi país, Suecia. 
- (SV) Después de un corto e intenso proceso en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Interiores, el Parlamento Europeo ha aprobado un acuerdo que negociaron algunos parlamentarios, el Consejo, por medio de la Presidencia sueca, y la Comisión. 
Somos conscientes de que esta materia es complicada y delicada, entre otras cosas, debido a que ciertos documentos tienen que ser declarados confidenciales y exceptuados de la transparencia y que las reglas de apertura y publicidad son muy diferentes en los países miembros. 
Sin embargo, lamentamos la forma en que se ha tramitado este asunto en la comisión, es decir, ha habido un proceso que no está estipulado en el reglamento del Parlamento ni se ha usado con anterioridad. 
El resultado ha sido una negociación de conciliación entre el parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión desde el comienzo, sin que los parlamentarios ni la ciudadanía haya podido seguir el proceso. 
Esto es extraño tratándose justamente de un asunto sobre apertura y transparencia. 
El Grupo Verts/ALE opina que esta materia debió haberse tratado de manera más exhaustiva, en un proceso que los ciudadanos de la Unión hubiesen podido seguir. 
Informe J. Evans (A5-0125/2001) 
Señor Presidente, usted que tanta atención presta a mis explicaciones de voto, sabe que en mi casa tengo un conejillo de Indias que también es objeto de este reglamento. 
Traté de preguntarle qué pensaba al respecto. 
Él se mueve muy rápido- por esto se llama "Schumi", como Schumacher- pero no me contestó. 
Con todo, pensé que estaba de acuerdo con esta directiva porque me dijo que, siendo un animal de compañía, él también quería ir al Parlamento Europeo para hacerme compañía. 
No cabe duda de que está algo preocupado porque, si tuviera que tener cachorros, estos no podrían venir, pero al final me dijo: "¡ No puedo pretender que el Parlamento Europeo se ocupe de todo !" 
La única preocupación que tengo votando a favor es la siguiente: ¿Acaso en el futuro no se hará realidad lo que se ve en la película "El planeta de los simios" y los simios harán a los seres humanos lo mismo que hoy nosotros hacemos a los animales domésticos? 
¿No sería mejor utilizar el principio de precaución y tratar los animales sencillamente algo mejor, sin tantas inyecciones ni tantos chips electrónicos? 
En primer lugar, el del fundamento jurídico con la combinación de los artículos 37 (sobre la organización de los mercados agrícolas) y 152 (sobre las medidas fitosanitarias y veterinarias). 
Ahora bien, el apartado 2 del párrafo 1 del artículo 152 solo dice que "la acción de la Comunidad, que completa las políticas nacionales, se refiere a la mejora de la salud pública... ". 
Aquí se excluye la armonización. 
En segundo lugar, el del valor añadido de la Unión: a falta de normas de armonización zoosanitarias, la lucha contra la rabia ha dado muy buenos resultados en Europa, permitiendo, por ejemplo, el levantamiento de las medidas de cuarentena en Suecia y en el Reino Unido. 
Finalmente, el interrogante de las implicaciones financieras de la propuesta de reglamento para los propietarios de animales de compañía: un tatuaje realizado por un veterinario cuesta alrededor de 150 francos, mientras que la introducción del microchip costará entre 400 y 500 francos. 
El tatuaje, técnica que ha demostrado ser eficaz en los planos sanitario y veterinario en Francia, tiene la ventaja de la lisibilidad inmediata, lo que facilita y agiliza la búsqueda del propietario del animal, y no requiere ningún dispositivo de lectura. 
Ahora bien, la propuesta implica la normalización de los transpondedores (norma ISO 11784) y la de los dispositivos de lectura de estos mismos microchips (norma ISO 11785). 
En cualquier caso, la persona responsable del animal no debe ser responsable, durante los controles, de los medios necesarios para la lectura del microchip. 
Al cabo del período transitorio de ocho años, los dos métodos de identificación (tatuaje y transpondedor) deben coexistir. 
La libre elección por el propietario de uno u otro método de identificación debe seguir siendo la regla. 
En cuanto a quienes defienden la generalización del transpondedor por razones relativas al bienestar animal, se trata, en nuestra opinión, de un debate distinto. 
Por todas estas razones, nosotros nos oponemos al texto. 
Informe Swoboda (A5-0132/2001) 
Señor Presidente, usted sabe también que soy secretario nacional del Partido de los Pensionistas que me ha enviado de Italia a este Parlamento. 
El 1 de mayo estaba yo de vacaciones en Macedonia, donde me encontré con un viejo pastor macedonio con el que me entretuve hablando de pensiones. 
Le hablé de este documento y de esta asociación que acabamos de aprobar y sobre la que he votado a favor. 
Hablamos de esto y él, que se llama Alejandro, como Alejandro rey de Macedonia, me preguntó: "Pero ¿en este acuerdo de asociación se habla también de los pensionistas de Macedonia ?" 
"No ," le contesté, "no se habla de ellos." 
"Entonces ," añadió, "si formulas una explicación de voto tienes que decir que en estos acuerdos de asociación hay que ocuparse también de cómo se administran las pensiones del Estado de Macedonia." 
. (FR) El informe Swoboda relativo a la celebración del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia dista mucho de ser satisfactorio. 
Europa debería, en la situación actual, ejercer toda su influencia económica y política para iniciar realmente un ciclo de negociación entre los diferentes protagonistas. 
La Unión Europea podría trabajar para modificar la constitución, a fin de que los albaneses sean reconocidos como pueblo constitutivo de la República y de que se les facilite la adquisición de la nacionalidad macedonia. 
La lengua albanesa debería reconocerse como lengua oficial de Macedonia, desde la escuela primaria hasta la universidad, así como en la administración. 
Se podría otorgar una mayor autonomía interna a las regiones mayoritariamente albanesas. 
Asimismo, debería permitirse a los albaneses un mayor acceso a los empleos públicos, donde hasta ahora no tienen representación suficiente. 
Si no se trabaja en este sentido, las tensiones entre las comunidades pueden agravarse a corto plazo. 
Además, el hecho de incriminar a una de las comunidades frente a la otra con el término de "terroristas" sólo ayuda a enconar la situación. 
Más que seguir esta política, como lo sugiere el informe, el Parlamento debería animar al Gobierno albanés para encontrar soluciones constitucionales que permitan pacificar duraderamente Macedonia. 
Por estas razones, no votaremos a favor de este informe. 
. (FR) La Unión Europea se erige en factor de estabilización en la Ex Yugoslavia. 
Dicha pretensión es a la vez engañosa e inútil. 
Engañosa, porque la rivalidad entre las grandes potencias europeas ha contribuido ampliamente a la fragmentación de Yugoslavia y a los conflictos que la han precedido o que han derivado de la misma. 
En cuanto a la intervención aérea de las grandes potencias, sobre todo europeas, en Serbia y Kosovo, ésta no ha disminuido, sino que, al contrario, ha agravado el clima de hostilidad interétnico desarrollado y mantenido por las organizaciones nacionalistas. 
Inútil, porque a pesar de la "mayor presencia y la decidida participación de la KFOR", de la que se felicita la recomendación, prosigue y se agrava la actividad de los grupos armados que buscan dirigir y dominar a la población de su propia nacionalidad y aterrorizar a la de la nacionalidad que se proclama adversa. 
Nosotros no tenemos la intención de respaldar las operaciones diplomáticas y militares de las grandes potencias en los Balcanes, ya que en lugar de contribuir a la paz en la región, agravan los sufrimientos de los pueblos. 
Si los pueblos de los Balcanes pagan con su sangre, desde hace más de un siglo, el chovinismo de los dirigentes políticos de sus propias clases dominantes, pagan infinitamente más caro las intervenciones de las grandes potencias europeas. 
Por consiguiente, hemos votado en contra de la recomendación. 
Hay cuatro países pequeños en Europa que son multilingües: Bélgica, Suiza, Moldavia y Macedonia. 
En una parte de esos países los habitantes hablan en su gran mayoría una lengua que es idéntica o muy parecida a la del país vecino. 
Para la otra parte la situación es parecida, pero allí se trata de un idioma completamente distinto. 
Casi siempre los habitantes están en cierta medida molestos cuando la frontera nacional les separa de sus vecinos lingüísticos y se preguntan porqué están unidos políticamente con otra región cuyo idioma entienden apenas o en absoluto. 
Si se quiere mantener unidos a esos países, entonces habrá que procurar que no haya ciudadanos de segundo orden, que no exista una bolsa de vencidos o subordinados. 
Esto sólo se consigue si se gobierna y se educa a los ciudadanos en la lengua mayoritaria de su región del país. 
Como el gobierno macedonio no ha entendido eso todavía, está llevando a una parte de sus ciudadanos a la desesperación. 
Sí, hace alardes de la presencia de ministros albaneses, pero no ha creado todavía una equiparación colectiva como existe ya en Bélgica y Suiza. 
Si se concede ahora ayuda financiera a este país y si, se promete ahora el ingreso en la UE, el gobierno puede estar tentado de pensar que no tiene porqué solucionar este problema y que puede hacer caso omiso del enfado de una gran parte de la población. 
Con esta ayuda prematura estamos provocando una violencia estatal indeseable. 
Informe Cederschiöld (A5-0120/2001) 
Señor Presidente, me acordaré de usted por su simpatía durante mucho tiempo. 
Debo decir que tiene razón. En efecto, no he hablado todavía de mi hija Elisabetta. 
Antes de viajar a Bruselas, hablé con ella de este texto sobre la falsificación del euro, y ella me dijo: "Verás que ya no necesitarás cambiar las liras italianas por francos belgas, francos franceses, etcétera." 
"Tienes razón ," le contesté, "esta iniciativa respecto al euro será muy beneficiosa para nosotros, los diputados." 
Enseguida reflexioné y le dije: "Verás que ahora, cuando llege a Bruselas, me pedirán euros con la cara de Bélgica y no cogerán los euros con la cara italiana o con la griega, etcétera ?" 
Termino: ¿No sería mejor que la cara y la cruz del euro fueran iguales? 
. (FR) Una de las lecciones que saco del debate de ayer sobre la protección del euro contra la falsificación consiste en que la Unión Europea y los diferentes gobiernos afectados están cometiendo un grave error de apreciación en la aplicación de la moneda única. 
Por el momento, no dan a los ciudadanos ni garantía financiera contra el riesgo de falsificación ni ayuda financiera para las medidas de adaptación, como si se tratase de una operación corriente de sustitución de una serie de billetes por otra. 
Ese no es el caso. 
Nos encontramos frente a una operación totalmente excepcional y bastante arriesgada de sustitución del conjunto de las monedas y de los billetes a la vez, así como de modificación simultánea de todos los puntos de referencia. 
Para hacer frente a esta operación excepcional, para tranquilizar a los ciudadanos y para proporcionarles una ayuda indispensable, es necesario emplear medios excepcionales, a través- evidentemente- de los presupuestos correspondientes. 
Es cierto que dichos presupuestos resultarían, sin duda, muy elevados. 
Éstos no cumplirían los criterios de Maastricht relativos a los déficits públicos. 
Se trata de una paradoja de dicha operación que es necesario asumir. 
Para remediarlo, se podría pensar, primero, en excluir los presupuestos del paso al euro del cálculo del 3% de déficit. 
Se trataría, evidentemente, de una operación formal. 
Quedaría por encontrar el dinero, en un momento en que el crecimiento económico se ralentiza en Europa y en que forzosamente los ingresos fiscales bajarán. 
Se podrían adelantar, en este sentido, muchas ideas, incluyendo la de recaudar un impuesto especial "introducción del euro" establecido sobre los beneficios de las grandes sociedades, ya que éstas son las que más se beneficiarán con la moneda única. 
En cualquier caso, mantengo mi conclusión: es deshonesto e irresponsable actuar como se hace actualmente, buscando endosar el coste del paso al euro a cientos de miles de "economías modestas" que nada pueden hacer al respecto. 
. (FR) Este debate "técnico" nos recuerda a todos que el euro... ¡está al llegar! (faltan menos de ocho meses) y que hoy no se tiene la impresión de que se esté realizando una preparación óptima de los ciudadanos europeos, y hasta incluso de las empresas... con miras a esta importante transición. 
Sin embargo, no me preocupa el resultado final... Una moneda es sólo un instrumento que, ciertamente, repercutirá en una necesaria armonización fiscal, pero que, sobre todo, no tendrá sentido positivo sino en una Europa con instituciones políticas democráticas y eficaces... para que la moneda sea una herramienta de aplicación de las decisiones políticas. 
Por eso los próximos meses serán vitales para Europa, con el euro, primero, el 1 de enero de 2002, y luego con las primeras nuevas adhesiones a la Unión a partir del 1 de enero de 2003, las elecciones europeas en junio de 2004 y la reforma "definitiva" de nuestras instituciones antes de finales de 2004. 
. (FR) El informe de la Sra. Cederschiöld subraya, con razón, las proporciones del riesgo de falsificación del euro "cuando comience a circular en forma de billetes y monedas" y, además, entre en la carrera "como la moneda más falsificada del orbe", y ello en el momento en "que se han abolido las fronteras internas para el libre movimiento de delincuentes por todo el territorio de la Unión Europea". 
Ahora es necesario hacer frente a las consecuencias, voluntariamente minimizadas cuando se trataba de ponerlas de relieve, de las tomas de decisión políticas favorables a la puesta en circulación del euro, que hoy resultan temibles para la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. 
Todos sabemos que no era preciso que el euro se convirtiera en una moneda circulante. 
Ninguna lógica financiera lo imponía. 
Esta decisión es una decisión puramente política, resultante de una voluntad de eliminación total de las monedas nacionales. 
Si se hubiese llevado a cabo la elección del euro, como nosotros lo preconizábamos, no como moneda única, sino como moneda común superpuesta a las monedas nacionales con respecto a cierto número de utilizaciones capaces de evolucionar en función de las necesidades reales de la sociedad, como moneda complementaria y no como moneda de sustitución, este enorme problema de falsificación hoy no se plantearía. 
Nuestra ponente se preocupa legítimamente por los análisis de autenticidad a los que, evidentemente, deberán proceder las entidades bancarias. 
Pero me sorprende y disgusta que no se proponga nada para acudir en ayuda, concretamente, de las futuras víctimas de los falsificadores del euro. 
Ahora bien, corresponde a aquellos que efectuaron la opción política de la puesta en circulación del euro, es decir, la opción del traumatismo máximo que se podía infligir a nuestras poblaciones con la pérdida brutal y radical del patrón que les sirve para fijar, en su vida diaria, las diferentes magnitudes, asumir la entera responsabilidad de las consecuencias de su decisión. 
(Intervención abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(EN) El riesgo de que se intente falsificar el euro cuando empiece a circular en monedas y billetes es muy alto. 
El euro ya es una divisa internacional de reserva y una divisa de transacción. 
El euro competirá abiertamente con el dólar por el título de la divisa más falsificada del mundo a no ser que nos aseguremos que vamos a derrotar a los falsificadores. 
La divisa del euro no corre un riesgo especial de ser falsificada el momento de ser puesta en circulación y durante el periodo de tiempo en el que circulará junto a las monedas y billetes nacionales. 
Me estoy refiriendo fundamentalmente a los meses de enero y febrero del próximo año cuando mucha gente aun no estará familiarizada con el diseño de las monedas y billetes de euro. 
Las medidas para proteger el euro contra la falsificación deben involucrar a todos los Estados miembros de la UE, a las instituciones de la Unión Europea y a todas las organizaciones internacionales pertinentes. 
Hay que establecer un completo marco normativo que opere de manera uniforme en todo el territorio de la Unión Europea. 
El hecho es que el único instrumento internacional diseñado para prevenir y castigar la falsificación de moneda es la Convención de Ginebra de 1929. 
La Convención bastante ineficaz en su objetivo. 
Esa es una de las razones por las que los Estados miembros de la Unión Europea han promulgado diferentes leyes para garantizar que los criminales que efectúen falsificaciones sean severamente castigados. 
Los líderes de la UE acertaron el pasado diciembre en Niza al declarar que se debe adoptar cuanto antes durante el presente año un sistema eficaz para proteger el euro contra las falsificaciones. 
Las medidas para proteger el euro contra las falsificaciones deberán basarse en primer lugar en la información, que debe dividirse en dos categorías. 
La primera de ellas concierne a la información técnica, como la recogida de datos, los métodos de producción y las características técnicas de las falsificaciones. 
La coordinación de esta información será responsabilidad del centro de análisis de falsificaciones auspiciado por el Banco Central Europeo. 
La segunda concierne a la información de policía que debe ayudar a la recopilación de datos relativos a la falsificación tanto en el ámbito estratégico como en el operativo. 
La introducción del euro y la desaparición de las monedas nacionales garantiza un desplazamiento de la protección de ciertos intereses nacionales hacia la protección de un interés comunitario. 
Esto implica el desarrollo de formas de cooperación y coordinación entre los actores principales y los Estados miembros que portarán la responsabilidad de combatir cualquier falsificación del euro. 
Esto involucrará claramente a los bancos, la policía, las autoridades judiciales así como a todos los pertinentes órganos e instituciones de la UE tales como el Banco Central Europeo, OLAF y Europol. 
. 
Los diputados conservadores han apoyado este informe incluso a pesar de que no creemos que el euro sea apropiado para el Reino Unido. 
No obstante, deseamos que sea un éxito en manos de aquellos que lo han aceptado y reconocemos que, desde su llegada, la City de Londres ha realizado la mayor parte de las transacciones de divisas en euros. 
Por consiguiente, muchos empleos dependen de la segura negociación de esa divisa y, por tanto, apoyamos esta iniciativa de protegerla contra la falsificación. 
Informe Cederschiöld (A5-0121/2001) 
El negocio de las drogas sintéticas está muchas veces en manos del crimen organizado. 
Razón de más para luchar contra él y coordinar e intensificar la investigación a nivel europeo. 
Por eso, el Grupo Parlamentario socialista ha votado a favor del informe de la Sra. Cederschiöld. 
Sin embargo, algunos miembros de mi Grupo Parlamentario no estaban del todo felices con la propuesta sueca que estaba basada en ese mismo informe. 
Debido al contenido sumamente técnico no se entiende fácilmente; tampoco queda lo suficiente claro cómo se encaja esta propuesta tan detallada en la estrategia global de la UE en el ámbito de la lucha contra la droga. 
¿Qué sentido tiene que se manden las muestras confiscadas sin ton ni son por Europa en vez de intercambiar los protocolos de análisis? 
Aparte de esto, apenas nos hemos enterado de cómo se va a enfocar la coordinación de la propuesta con las acciones de la Comisión. 
Asimismo, es una pena que no haya sido viable utilizar los laboratorios para el control de calidad con vistas a la prevención de los riesgos de salud pública de los consumidores. 
Estos miembros de mi Grupo Parlamentario hubieran preferido que se hubiera solucionado todo esto de otra forma. 
No obstante, no han querido dar la impresión en esta propuesta política altamente técnica de fomentar aún más los problemas que existen en materia de las drogas sintéticas. 
Seguridad nuclear 
. (FR) La resolución presentada al Parlamento Europeo sobre seguridad nuclear quince años después de Chernóbil subraya la gravedad de este importante accidente, así como sus consecuencias sanitarias y medioambientales. 
La misma evita avalar la sustitución en Ucrania de la energía nuclear ("rusa y antigua") por la energía nuclear ("occidental y moderna") y preconiza una política durable que integre, concretamente, el ahorro energético y la utilización de las fuentes de energía renovables. 
La resolución se interroga sobre la fiabilidad del "modelo de riesgo" utilizado por los entes oficiales. 
No obstante, aún hoy, las autoridades europeas no han sacado realmente las lecciones de la catástrofe. 
La propia resolución se limita a fomentar el cierre de las centrales nucleares "de riesgo". 
Ahora bien, las causas del accidente no son esencialmente de orden tecnológico. 
Chernóbil revela ante todo lo que ocurre cuando una potencia nuclear entra en crisis- una crisis social, no técnica-. 
Así, el accidente no es específicamente "ruso": posee un alcance universal y descubre una de las grandes mentiras de los defensores de la energía nuclear. 
Los nucléocratas se comportan "como si" nuestras sociedades pudieran gestionar durante siglos una energía que presenta un riesgo enorme y nunca atravesaran ninguna crisis. 
Las lecciones del siglo pasado y el desorden mundial presente bastan para demostrar hasta qué punto este postulado resulta irresponsable. 
Informe Doyle (A5-0119/2001) 
Señor Presidente, la Sra. Doyle que al igual que yo es miembro del Partido Popular Europeo me invitó a cenar: de verdad y no en sueños. 
Charlamos sobre esta comunicación tan importante y ambos pedimos dos bistecs de carne de caballo. 
"¡ Pero este bistec huele a medicamento !" le dije. 
"Mejor dicho, huele a anestesia: en efecto ya no siento su sabor." 
"Muy bien, Fatuzzo ," me dijo la Sra. Doyle, "por esto pido que sea posible curar a los animales que ahora no se pueden curar porque no se pueden tratar con medicamentos." 
"Sí, pero el gusto de este bistec es malo" le comenté. 
"¿ No podríamos establecer que los animales que enferman se deben curar y no comer ?" 
. (EL) En una época caracterizada por grandes escándalos alimentarios, con peligrosas consecuencias para la salud de los consumidores, puesto que han llegado a provocar incluso muertes, sería de esperar un poco más de sensibilidad en los asuntos relacionados con la seguridad de los alimentos. 
Por el contrario, sin embargo, el informe viene a pedir la modificación de las normas que prohiben el uso de medicamentos veterinarios sin fijación de los límites máximos de residuos en la alimentación y crianza de los animales destinados a la producción de alimentos. 
No estamos de acuerdo con esta modificación ni aceptamos tampoco los argumentos basados en una supuesta falta de interés de las multinacionales farmacéuticas en desarrollar medicamentos veterinarios adecuados. 
Por el contrario, insistimos en la necesidad de establecer y cumplir procedimientos de control cada vez más rigurosos en todo el ciclo de alimentación de los animales (piensos, medicamentos, elaboración de alimentos de origen animal, etcétera) , de suerte que se someta al control más completo posible el sistema de producción de alimentos de origen animal. 
Sin albergar, claro, demasiadas ilusiones respecto a las posibilidades de que en un sistema capitalista pueda haber un control que garantice plenamente la seguridad de los alimentos que se producen. 
Tampoco estamos de acuerdo con la exhortación de la ponente a desarrollar un sistema paneuropeo de autorización para la libre circulación de los medicamentos. 
De este modo se suprimiría de hecho el mecanismo y los servicios de control de los estados miembros, que tienen actualmente competencias de control de los datos de los medicamentos cuya autorización se solicita, puesto que estarían obligados a aceptar la autorización otorgada por otro estado miembro. 
Por las razones mencionadas, los diputados del Partido Comunista de Grecia votarán en contra del informe Doyle. 
Informe Katiforis (A5-0127/2001) 
Como todos sabemos, este informe del Sr. Katiforis sobre la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia tiene que ver con las pensiones. 
Por eso, en mi condición de representante del Partido de los Pensionistas, quiero destacar la importancia de que se administren bien los fondos de pensiones en los Estados de la Unión Europea. 
Muchos Estados de la Unión Europea tienen organizado el pago de las pensiones a los pensionistas a través de una parte del sueldo que se les retiene y luego se les vuelve a entregar cuando se jubilan. 
En consecuencia, llamo la atención de todos los quince Gobiernos de la Unión Europea a fin de que guarden bien, administren bien y consigan que este dinero sea rentable, con el objetivo de que todos tengan derecho a una pensión alta, consistente, útil y suficiente para vivir. 
Señor Presidente, la CSU ha dado su aprobación en la votación final al informe Katiforis. 
Sin embargo, quisiera indicar que en el punto 4 hemos votado en contra. 
Estamos de acuerdo con el objetivo del informe, como tal, de eliminar los déficits presupuestarios, e incluso llegar, si es posible, a un excedente. 
A esto se opone el punto 4 en el que se recomiendan nuevos endeudamientos, aunque se producen en el marco del pacto de estabilidad y desarrollo. 
Por último, deberíamos dar la señal de que este 3% no debería ser agotado- lo cual, naturalmente, es posible- sino que deberíamos perseguir el objetivo de lograr excedentes. 
Precisamente antes de la introducción del euro el Parlamento debería contribuir plenamente a que el euro continúe estable y debería emitir las señales oportunas. 
. (EL) El informe Katiforis constituye una nueva agresión a la renta y a los derechos de los trabajadores al servicio de los intereses del capital. 
La receta que se describe para alcanzar bajas tasas de inflación es la moderación salarial y la prudencia presupuestaria y no el recorte de los beneficios de los monopolios. 
Sugiere que las «reformas estructurales» y la liberalización contribuyen al desarrollo (¡del capital, claro está, y no de los trabajadores! ). 
El informe propone la aplicación de medidas armonizadas entre los socios en el sentido de impulsar aún más el desarrollo de formas flexibles de trabajo y propugna igualmente que «continúe sin demora la reforma estructural con los cambios estructurales encaminados a incrementar la flexibilidad y la competitividad en todos los mercados de factores, productos y trabajo». 
Propone una mayor flexibilidad de los mercados, empezando por el mercado de trabajo, y llama a los sindicatos a la «armonía» en las negociaciones colectivas, es decir, a aceptar sin condiciones la generalización de las formas flexibles de trabajo, el desmantelamiento de sus conquistas, el incremento de su pobreza; todo ello para que los monopolios europeos aumenten sus beneficios y sean así más competitivos. 
Rehuye explicar por qué, a pesar del incremento de los ritmos de crecimiento y del importante descenso de los costes laborales, no se ha dado al mismo tiempo un descenso del paro, que se encuentra, cosa que se reconoce, en niveles muy altos. 
Considera muy importante la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia, y saluda, claro, el primer programa de estabilidad presentado por Grecia, el cual ha requerido y requiere programas permanentes de austeridad cada vez más dura, unilateral, bárbara e inhumana. 
Esta es la política de la inseguridad de los trabajadores, del aumento del paro y de la pobreza, la política del empobrecimiento de la población campesina y del aumento de los beneficios de la clase dominante en nuestro país. 
Tanto las obligaciones que impone el Pacto de Estabilidad, cuanto las estrictas recomendaciones que acompañaban los informes de la Comisión, del Banco Central Europeo y del Banco de Grecia, exigen intensificar la política de austeridad, generalizar la desarticulación de las relaciones laborales y del sistema público de protección social, continuar e ir aún más lejos en las privatizaciones. 
Con el informe Katiforis se confirma el apoyo del Parlamento Europeo a la aplicación de los programas de estabilidad y convergencia, la coordinación por parte de los estados miembros de la aplicación de todas las medidas contrarias a los intereses de los pueblos, y la dirección y supervisión comunitaria. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia rechazamos este informe, que proclama más pobreza para los trabajadores y nuevos superbeneficios para el gran capital, y que pretende erradicar las conquistas de los trabajadores. 
La mejor respuesta, sin embargo, la dan las grandes, masivas, manifestaciones y huelgas unitarias de los trabajadores en los diferentes países europeos y en la propia Grecia, contra estas bárbaras medidas, contra estos bárbaros programas. 
Mediante este informe el Parlamento Europeo presenta su dictamen sobre la segunda actualización de los programas relativos a la estabilidad y la convergencia originales entregados por los Estados miembros en 1999. 
Con todo, las revisiones a la baja de la tasa de crecimiento económico y desaceleración de la economía mundial, en vez de incentivar un cambio de ritmo en las orientaciones económicas seguidas, recurren a más de lo mismo: proseguir y acelerar la consolidación fiscal, sobre todo la reducción del gasto público, y la moderación salarial como forma de garantizar el objetivo de la estabilidad de precios, al que, inadmisiblemente, la Unión Europea sigue subordinando todas sus orientaciones económicas y políticas sociales. 
El informe sigue de cerca ese principio, conforme a la estrategia de Lisboa, en particular el objetivo de conseguir, en el plazo de un decenio, la economía más dinámica y competitiva del mundo, por lo que no es de extrañar que recurra a la moderación salarial y vincule el establecimiento de "políticas salariales apropiadas" con las reducciones fiscales, que concuerde "con los cambios estructurales tendentes a aumentar la flexibilidad y la competitividad en todos los mercados factuales de producción y de trabajo" y que considere que "las reformas estructurales y la liberalización" pueden hacer una "contribución decisiva" al objetivo trazado en Lisboa. 
Por eso, votamos contra este informe. 
Con todo, es digna de mención, como aspecto positivo, la tónica del informe en relación con la inversión, en particular la importancia de la inversión pública, cosa que olvidó completamente la Comisión, en relación con una variable determinante para la sostenibilidad del crecimiento económico y para la creación de empleo. 
. (FR) Votaremos en contra del informe Katiforis, que desaprobamos punto por punto. 
Rechazamos sobre todo su empeño en promover políticas salariales "adecuadas para mantener la moderación salarial". 
Nosotros pensamos, por el contrario, que el crecimiento recuperado es frágil y que su impulso corre el peligro de debilitarse por la aplicación de tales recomendaciones. 
Habría más bien que procurar, en toda Europa, que los salarios progresen al mismo ritmo que el PIB por habitante. 
Nos oponemos igualmente a la política socioliberal de reducción de impuestos: valdría mucho más destinar los recursos obtenidos por el aumento de crecimiento a aumentar los presupuestos sociales y a luchar contra la pobreza generada por largos años de liberalismo económico triunfante. 
Nosotros recomendamos combatir estos "cambios estructurales encaminados a incrementar la flexibilidad" que el informe dice aprobar. 
Perseverar en esta vía es el mejor medio para asfixiar el crecimiento y para que se produzca un nuevo aumento el desempleo. 
Nosotros consideramos, por el contrario, que sería preciso aplicar una política social a escala europea basada sobre todo en la instauración de un sistema de salarios mínimos y de convenios laborales colectivos. 
Informe Harbour (A5-0116/2001) 
Ayer por la tarde el Sr. Mario Mauro, diputado italiano y miembro del Grupo del Partido Popular Europeo, organizó una reunión sobre el futuro de Internet. 
A pesar de tener preparada mi explicación de voto favorable, la he modificado, tras haber participado en dicha reunión, por otra parte, muy interesante tal como el Sr. Mauro nos tiene acostumbrados. 
Hacia la mitad de la reunión, sin embargo, señor Presidente, escuché al Sr. Mario Mauro poner un ejemplo. 
Dijo: " Fíjense, Internet es un instrumento y no un fin. 
Por ejemplo, aquí hay un vaso. 
¿Ven este vaso? 
Pues, este vaso sirve para beber. 
En cambio, si yo lo cojo y se lo parto en la cabeza del Sr. Fatuzzo, "- textualmente dijo esto -" Fatuzzo se rompe la cabeza y el vaso no se ha utilizado para beber. " 
Puso este ejemplo para explicar que Internet se ha de utilizar bien y no mal. 
Estoy de acuerdo con él, también porque, sin necesidad de pensarlo mucho, tuve la impresión de que si no hubiera votado a favor, me habrían caído 636 vasos en la cabeza. 
. (FR) Nuestro voto en contra de este informe no es la manifestación de una oposición al desarrollo de Internet ni a ningún progreso técnico. 
Pero detrás de estas consideraciones generales, varios apartados dejan entrever el anuncio de subvenciones a empresas privadas de este sector. 
Es lo que sugiere sobre todo la expresión del apoyo a los "proyectos de investigación en régimen de cooperación con el sector privado". 
Puesto que nos oponemos a todo tipo de subvención directa o indirecta con el objeto de utilizar el dinero público para generar beneficios privados, hemos votado en contra de este informe. 
. (FR) Este informe de iniciativa que hemos discutido hoy pretende incitar a la Comisión Europea a que conceda "a la iniciativa de investigación de la UE sobre la siguiente generación de Internet (y las comunicaciones electrónicas asociadas) una prioridad elevada dentro de la estrategia de investigación del Sexto programa marco". 
Como ponente sobre el tema, debía, pues, intervenir. 
Y deseaba hacer hincapié en que la propuesta de la Comisión Europea relativa al nuevo PMID ha tomado en cuenta dicha exigencia, puesto que la segunda prioridad de las 7+1 prioridades está destinada a las tecnologías para la sociedad de la información. 
Era evidente que un sector tan prometedor de progreso debe figurar en un lugar destacado de este programa plurianual. 
Apruebo, en general, las reivindicaciones de dicho informe, aun cuando deploro su tono demasiado liberal. 
El ponente olvida a menudo que estas nuevas tecnologías deben ante todo estar al servicio del ciudadano. 
Se dice, con razón, que los recursos de la UE y de los Estados miembros deben afectarse a proyectos precompetitivos, con el fin de garantizar una presencia reforzada de la UE en el desarrollo de las futuras generaciones de Internet, así como de nuevas infraestructuras de comunicación a escala mundial, y de fortalecer el papel de la Unión en la gestión de Internet. 
Señalo a este efecto que nuestro Parlamento ha tenido la ocasión de aprobar en el período parcial de sesiones de marzo de 2001 el informe Carraro, que hizo hincapié en el lugar que deben ocupar los Estados miembros y la Unión Europea en el sistema ICANN (sociedad privada con fines no lucrativos que gestiona varios sistemas clave de Internet) y que preconiza abrir este sistema a los países en vías de desarrollo. 
Me felicito de que el informe Harbour recoja estos dos puntos. 
Al igual que el Sr. Harbour, apoyo la estrategia tendente a fomentar los "centros de excelencia" mencionados en las propuestas de la Comisión tendentes a crear un espacio europeo de investigación, aun cuando, lo repito, esta noción debe ser precisada. 
La idea de que uno de estos centros gestione comunicaciones electrónicas me parece buena; sin embargo, ¡aún no estamos en ese punto! 
En cuanto a la creación rápida de una red de investigación transeuropea de un elevado nivel de rapidez (capacidad de 100 gigabits por segundo) constituye, naturalmente, una condición esencial para la realización de una economía competitiva, dinámica y basada en el conocimiento, como se definió en Lisboa. 
Aprovecho la ocasión para insistir en el hecho de que Internet de alta velocidad debe beneficiar a todas las capas de la población. 
Esto es lo que, por otra parte, habría deseado que figurase en mi informe de opinión sobre el servicio universal y las nuevas redes de telecomunicaciones. 
¡Desgraciadamente, mis enmiendas en tal sentido fueron rechazadas sobre todo a instancia del Sr. Harbour! 
Es oportuno que nuestro Parlamento exija la necesidad de una investigación sobre la segunda generación de Internet conociendo las grandes potencialidades que este medio puede ofrecer a los ciudadanos y a las empresas, especialmente en una Europa que debe afirmar más aún, si cabe, su presencia en la Red. 
La propuesta de resolución es aceptable, aunque se ha de completar subrayando algunos aspectos útiles para definir mejor un futuro escenario que, habida cuenta de la extraordinaria rapidez con que evoluciona el sector, cambia muy rápidamente e implica ciertos descubrimientos que obligan a cambios y virajes bruscos. 
Sin embargo, debido a la amplitud de la banda, conviene destacar ya desde ahora y con vistas al futuro de Internet el papel del uso bidireccional de satélites de comunicación y el empleo de terminales para la televisión digital terrestre (DTT). 
Quien se ocupa, por ejemplo, de los territorios de montaña sabe que determinadas tecnologías se prestan más que otras al uso en zonas aisladas, donde tecnologías como el cableado son difíciles, y las nuevas tecnologías resultan, sin duda, decisivas para evitar la marginación allí donde este fenómeno sería mucho más grave que en otros lugares. 
Los posibles temas a tratar son muchos: del uso local predominante de los sistemas de microondas a los servicios interactivos de "banda ancha", de la necesidad de convertir en más fácil el uso de Internet separándolo del ordenador a los temas de la seguridad en la red que ya han sido objeto de profundización en distintas ocasiones. 
Es evidente la gran cautela que hay que tener. 
Lo demuestra, por ejemplo, la fuerte reevaluación registrada tanto en los Estados Unidos como en algunos Estados europeos del mito del comercio electrónico como mercado en infinita progresión. 
Existe asimismo el tema que continúa siendo delicado pero capital de las normas de regulación de la Red, no para comprimir los espacios de libertad, sino para evitar abusos y usos impropios e incluso delictivos. 
Por último, hay que recordar que Internet debe unir al proceso de mundialización, ínsito en su desarrollo, la necesidad de contar con servicios multimedia a escala regional y local, garantizando esa proximidad y cercanía con el ciudadano que es una auténtica riqueza que hay que valorizar. 
El Parlamento Europeo ha agotado su orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.50 horas) 
Se reanuda el período de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el jueves 3 de mayo de 2001. 
Comunicación de la Presidenta 
Señorías, como ustedes saben, incluso durante la campaña electoral en el País Vasco, el terrorismo de ETA ha sacudido España con el asesinato, el 6 de mayo, en Zaragoza, de Manuel Giménez Abad, Presidente del Partido Popular de Aragón, y con la explosión, el 11 de mayo, de un coche bomba en Madrid, con el triste balance de 13 heridos. 
Inmediatamente, en mi propio nombre y en el del Parlamento Europeo, expresé nuestra profunda simpatía y nuestras sinceras condolencias a la familia de Manuel Giménez Abad. 
Así mismo, transmití a las autoridades españoles nuestro apoyo. 
Al menos una cosa destaca claramente de los resultados de las elecciones que se han celebrado en el País Vasco español: el pueblo vasco, que se ha movilizado para darse cita en las urnas, rechaza la violencia. 
Ahora, sólo puedo esperar que este mensaje sea entendido por todas las fuerzas políticas. 
Les invito a guardar un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, tal y como votamos como grupo en el asunto referido a Camerún, hemos partido del supuesto de que otros grupos nos ayudarían a plantear el mes próximo la cuestión de Guatemala, la postura de Rios Mont y las graves violaciones de los derechos humanos; asimismo, quisiéramos proponer también que esta cuestión, los informes tan destacados y la situación en el Congo se tratasen el mes próximo debido a que, como UE, estamos directamente implicados y, al parecer, el mes próximo aún resulta posible. 
Y ahora pasamos a la grave situación provocada por las inundaciones en Francia. 
De modo que votamos a favor de la propuesta de sustitución. 
Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de orden relativa a la pena de muerte en los Estados Unido. 
Quisiera pedirle, si no lo ha hecho ya, que escriba al Presidente de los Estados Unidos, el Sr. Bush, pidiéndole que la sentencia de muerte impuesta a Tim McVeigh, el terrorista de extrema derecha que puso la bomba en Oklahoma, sea conmutada a cadena perpetua. 
Esto es coherente con nuestra larga oposición a la pena de muerte en los Estados Unidos, pero en este caso en particular tiene mayor justificación por cuanto cada vez es más evidente que la colocación de la bomba no la perpetró un loco y solitario terrorista sino que ello forma parte de una conspiración del Ejército Ario Republicano de extrema derecha. 
Ejecutarle en este momento frustraría la búsqueda de la verdad y serviría a los intereses y la ideología de las propias personas implicadas en este crimen. 
Gracias, señor Ford. 
Como usted sin duda sabe, hemos decidido aceptar el ser coorganizadores de un congreso sumamente importante que va a celebrarse en el mes de junio sobre la abolición universal de la pena de muerte. 
Hemos tomado esta decisión en la Mesa y en la Conferencia de Presidentes para ir totalmente en el sentido de sus propósitos. 
La sesión solemne tendrá incluso lugar, con carácter totalmente extraordinario, en el hemiciclo del Parlamento Europeo, con el fin de demostrar nuestro compromiso. 
Señora Presidenta, usted ha mencionado las elecciones celebradas en la Comunidad Autónoma Vasca. 
La Reconquista española de la Comunidad Autónoma Vasca no ha tenido éxito. 
Nosotros, Euskal Herritarrok, hemos pagado por ello. 
Las elecciones de ayer han constituido una dura competición por ver quién era mejor para combatir nuestra opción política. 
En consecuencia no es de extrañar que aparezcamos como los perdedores. 
No obstante, el verdadero fracaso ha sido el de los nacionalistas españoles, el PP y el Partido socialista y el propio gobierno del Sr. Aznar. 
No han conseguido su objetivo de desbancar a los nacionalistas vascos del gobierno autonómico. 
Las elecciones nos dan un claro mensaje. 
La gran mayoría del pueblo vasco insta a los partidos políticos a volver al acuerdo de Lizarra de 1998 para desbloquear la situación actual. 
La Unión Europea no puede seguir considerando este asunto como una cuestión interna del Reino de España. 
Señora Presidenta, cada vez que hay un asesinato en el País Vasco o en España, cuando se cumple el ritual de dignidad de esta Cámara de condenar estos actos criminales y de guardar un minuto de silencio, tenemos que escuchar cómo un diputado europeo, especialista en oraciones fúnebres, aprovecha la ocasión para hacer su propaganda sobre un programa que tendría nuestros respetos si no fuera trágicamente acompañado por el contrapunto de los crímenes y de la muerte. 
Es un ejercicio poco digno y, sobre todo, absolutamente inútil, que no va a convencer a nadie en esta Cámara. 
Yo le pido que dedique su energía y sus habilidades retóricas, si es que las tiene, a convencer a sus amigos para que dejen de matar. 
Le doy las gracias, señor Obiols. 
Como puede usted imaginar, las palabras de este colega también me duelen mucho y prefiero no contestarlas para no entrar en el juego de una polémica verdaderamente indecente. 
Señora Presidenta, quisiera plantear un tema concreto en base al artículo 44, apartado 5 del Reglamento que se refiere a las preguntas prioritarias por escrito, a las cuales la Comisión debe contestar en tres semanas. 
El día 15 de febrero formulé una pregunta prioritaria a la Comisión, que se refiere a la labor del catastro nacional en Grecia. 
Es el único tema sobre el que hay una diferencia política seria entre la Comisión y el Gobierno griego. 
La Comisión debía haberme contestado hasta el 10 de marzo aproximadamente. No me ha contestado. 
Ha habido cuatro intentos por parte del servicio del Parlamento. 
El 19 de marzo, el 2 de abril, el 18 de abril y el 2 de mayo. 
La Comisión sigue sin contestar. 
En este sentido, quisiera que planteara el tema, tanto sobre esta pregunta en concreto, como en general sobre la necesidad de que la Comisión respete los calendarios en cuanto a las preguntas que formulamos. 
Gracias, señor Alavanos. 
Como supongo que la Comisión, por el momento, no puede darle una respuesta- me hacen señas de que lamentablemente esto es así -, vamos a insistir de nuevo. 
Cuente conmigo. 
Señora Presidenta, ahora que han tenido lugar ya las elecciones en Italia y que no se nos puede acusar de electoralismo, quisiera saber si ha recibido usted un nuevo suplicatorio del Tribunal Supremo español en relación con la suspensión de la inmunidad del Sr. Berlusconi y si lo va a tramitar sin mayores tardanzas, dado que este documento está confirmado por ocho autos judiciales, incluido uno del Tribunal Constitucional que, como usted sabe, es el máximo órgano judicial, superior al Consejo de Estado. 
El Tribunal Supremo sí es competente para dirigirse directamente a esta Cámara en demanda de la tramitación de un suplicatorio. 
Quisiera saber si lo ha recibido, en los términos que digo, y cómo va a proceder. 
Señora Sauquillo, le quedo infinitamente agradecida por haber planteado esta cuestión y darme así la oportunidad de facilitar una información capital a nuestros colegas. 
Debo decir que me moría de ganas de hacerlo, pero yo no habría podido tomar la iniciativa. 
Hay un punto esencial. 
El Ministro de Asuntos Exteriores español me ha escrito hace unos días para comunicarme el dictamen del Consejo de Estado. 
El Gobierno español apeló al Consejo de Estado y este último ha emitido su dictamen. Este dictamen, tengo que decírselo a ustedes, confirma la prudencia jurídica que yo creía debía tener; en otras palabras, el Consejo de Estado considera que el suplicatorio de suspensión de la inmunidad nos lo debe presentar el Ministerio de Justicia español, y no directamente el Tribunal Supremo. 
Así es. 
No me corresponde a mí, lógicamente, comentar las posiciones de los tribunales de los Estados miembros. 
Creo que esto nos llevaría muy lejos. 
Es evidente, señora Sauquillo, que por lo que a mí respecta espero recibir este suplicatorio quizás algún día, por vía oficial, de conformidad con nuestro Reglamento. Si la autoridad competente que, para el Consejo de Estado español es el Ministerio de Justicia, si el Ministerio de Justicia me presenta una solicitud de suspensión de la inmunidad parlamentaria a estos colegas, así como también a otros, yo la transmitiría inmediatamente a la Comisión Jurídica, después de su comunicación al Pleno. 
Creo que las cosas están ahora claras. 
Siempre lo han estado para muchos de nosotros. 
Han sido objeto de una cierta polémica, que personalmente lamento. 
Ahora bien, sepa usted que por lo que a mí respecta, no tengo ningún resentimiento contra ninguno de ustedes. 
Señora Presidenta, si la he entendido bien, el Tribunal Constitucional español ha confirmado la posición de usted y ha decidido que los suplicatorios de levantamiento de inmunidad, incluso los del Tribunal Supremo español, han de ser dirigidos a usted a través del Gobierno español. 
Se ha producido una discusión acerca de si ello debe ser así necesariamente y usted se ha manifestado a favor. 
Permítame en este estado de cosas una pregunta complementaria de la pregunta de nuestra colega, la Sra. Sauquillo: ¿Sabe usted si los expedientes se encuentran ya en camino hacia acá? 
¿Se le ha notificado que el expediente se le va a remitir una vez más? 
¿Sí o no? 
En segundo lugar: ¿Le he entendido, además, que una vez recibida la documentación encargará inmediatamente su elaboración a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores? 
¿Quiere hacerlo usted de manera inmediata o quiere informar primero al Pleno? 
A tenor de sus propias palabras todo tendría que hacerse de tal manera que usted, una vez recibida la documentación, debería informar al Pleno y sólo después podría usted poner a trabajar a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Esto significaría, en efecto, que no podremos contar con que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ocupe de esto sino después de la próxima sesión plenaria. 
Por consiguiente, le quiero preguntar ahora de manera muy concreta: ¿Una vez llegado el expediente, entregará usted la documentación de forma inmediata, y con independencia respecto del Pleno, a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y, en concreto, la documentación relativa al presuntamente sospechoso, Sr. Berlusconi, y la documentación relativa al presuntamente sospechoso, Sr. Dell ' Utri? 
Aquí se trata, en efecto, de dos casos. 
Gracias, señor Schulz. 
En primer lugar, le agradezco que haya querido tomar nota de la decisión del Consejo de Estado y de dar constancia de que esta decisión, este dictamen del Consejo de Estado español confirmaba la prudencia que yo había observado. 
Cuando decía que no tenía ningún resentimiento, hablaba de algunos colegas; pensaba un poco en usted porque es verdad que usted ha tenido palabras muy duras, pero todo esto ya está olvidado. 
Voy ahora a responder muy francamente, muy claramente a sus preguntas, y en primer lugar a la primera: ¿He recibido un nuevo suplicatorio, por vía oficial, del Gobierno español? 
La respuesta es no. 
Por el momento, no he recibido nada. 
En segundo lugar, cuando reciba este suplicatorio, simplemente aplicaré el artículo 6 del Reglamento, que dice lo siguiente: todo suplicatorio dirigido al Presidente por la autoridad competente- deberá estar claro, por tanto, que la autoridad sea competente- de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad de un diputado se comunicará al Pleno- así lo exige el Reglamento- y se remitirá a la comisión competente. 
Así las cosas, puedo decirles que la Comisión de Asuntos Institucionales está justamente viendo ahora si todo esto no debería arreglarse, modificarse. 
Se puede pensar que quizás éste no es el mejor procedimiento pero, por el momento, señor Schulz, comprenderá que aplico el Reglamento, tal como lo votó nuestra Asamblea. 
Creo que he sido muy clara. 
Señora Presidenta, quisiera simplemente preguntarle si le sería posible facilitarnos rápidamente el escrito que ha recibido y al que se ha referido para que podamos tener el texto exacto. 
¿Se refiere usted a los de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores? 
Por supuesto que sí. Pensaba que ya los habían recibido. 
Así que vamos a proceder a ello ahora mismo. 
Señora Presidenta, me encuentro en la grata situación de comunicar al Parlamento, que aprobó en 5 de abril en nuestra reunión anterior en Estrasburgo, una resolución solicitando la liberación del Sr. Tsiakourmas, a quien habían raptado en Chipre, que sus raptores lo han liberado. 
Estoy seguro de que la firme y casi unánime decisión de nuestro Parlamento ha contribuido en esta liberación. 
Quisiera dar las gracias a sus Señorías, a todos cuantos ayudaron a que esta resolución fuera aprobada. 
También desearía que esta liberación fuese el principio de un comportamiento diferente por parte de los raptores y que permitieran a los turcochipriotas entablar contacto con sus compatriotas griegos, y así cesarían las irregularidades en Chipre. 
Gracias, señor Katiforis 
Fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0162/2001) del Sr. Maaten, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativa de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (C5-0086/2001- 1999/0244 (COD) ). 
. (NL) Señora Presidenta, ya es la tercera vez que tratamos esta cuestión y tanto el Consejo como el Parlamento han pasado una noche tensa tratando de cerrar el asunto. 
A nadie le sorprenderá que el debate en el seno de nuestro comité de conciliación estuvo dominado por la resolución del Tribunal acerca de la Directiva relativa a la publicidad del tabaco. 
La cuestión plantea numerosos aspectos jurídicos y lo que se debe analizar es si tenemos suficientes garantías en torno a todos los aspectos jurídicos que se han tratado. 
No, seguramente no. 
Además, la resolución del Tribunal se refería a otra cuestión con otras disposiciones, aunque tenemos la seguridad de que creemos haber actuado de acuerdo con el espíritu de la resolución del Tribunal y de que no se podía esperar más de nosotros. 
Se ha llegado a un consenso en torno a la disposición de exportación, de modo que a partir de 2007 se mantendrán vigentes los mismos criterios relativos al alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono que los que se aplican a los productos que se comercializan dentro de la Unión Europea. 
En este sentido, la cuestión se ajusta a la sentencia del Tribunal. 
Asimismo, me complace ver que esta cuestión también se trata en este momento en la Organización Mundial de la Salud. 
Hemos llegado a un consenso acerca de la publicación de los ingredientes y de la lista común de ingredientes. 
Una disposición de excepcional importancia y trascendencia. 
Al fin y al cabo, el mercado interior será el máximo beneficiario de una política común en el ámbito de los ingredientes y de las pruebas, al igual que la salud pública. 
En cuanto, por ejemplo, a la normativa referida al snus; no es ningún secreto que yo personalmente pertenecía a la minoría aquí presente que opinaba que no había problema en comercializarlo en la Unión Europea pero volveremos a esta cuestión en el informe de la Comisión al inicio del siguiente período parlamentario y seguramente también cuando se traten otros productos del tabaco menos perjudiciales que se desarrollen. 
Hemos alcanzado un acuerdo en torno a las advertencias. 
En nuestra opinión no se puede plantear una prohibición de los productos de tabaco y el hecho de fumar o no fumar es una decisión individual y adulta siempre y cuando no se perjudique a otras personas, aunque partiendo de una información suficiente. 
Las consecuencias del tabaco son tan graves que se debe advertir a los consumidores de forma adecuada y nos estamos aproximando cada vez más, aunque aún de forma insuficiente, a la legislación canadiense que resulta más inteligente que la que hemos sido capaces de aplicar hasta el momento en la Unión Europea. 
Me complace en gran medida que los Estados Miembros hayan aprobado la posibilidad de imprimir imágenes si lo desean y hago un llamamiento a la Comisión para que en, el transcurso de la reglamentación detallada que se establecerá antes de finales de 2002, se observen los avances en el exterior, como, por ejemplo, en Canadá. 
Por otra parte, nos encontramos con la cuestión de las descripciones engañosas. 
Los grandes fabricantes de cigarrillos, como Philip Morris, se muestran de acuerdo con lo que el Parlamento y el Consejo desean lograr en este aspecto. 
Obviamente, una descripción engañosa no puede comercializarse, con independencia de que se trate de una marca comercial, aunque constituye una cuestión compleja desde el punto de vista jurídico, sobre todo cuando se trata de palabras como "suave". 
Finalmente, en el comité de conciliación, hemos optado por la formulación propuesta por el Consejo y que se basa en la Directiva relativa a cosméticos, por lo que creo que hemos elegido el camino más razonable y más seguro desde el punto de vista jurídico. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para manifestar mi agradecimiento al Consejo. 
A pesar de que la próxima presidencia portuguesa y la presidencia sueca han colaborado en esta última fase, mi agradecimiento va dirigido a la presidencia francesa que desempeñó un papel fundamental en este aspecto, y al comisario. 
Quizás pueda, asimismo, saltarme el protocolo por una vez y mencionar a John Ryan que trabaja de forma muy activa en la Comisión desde hace muchos años y que desempeña un papel clave en este sentido. 
Asimismo, le agradezco a la delegación parlamentaria su paciencia en esta extraordinaria noche de conciliación y a Sabine Magnano y Klaus Beyer su apoyo institucional, aunque quiero destacar a Renzo Imbeni, nuestro presidente de delegación durante esta noche y la persona que ha sabido llevar nuestros puntos más importantes ante las puertas del infierno o, en este caso, ante las puertas del Consejo. 
Asimismo, opino que la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la industria ha sido positiva. Su aportación ha resultado muy valiosa. 
Ha sido una conciliación extraordinaria. 
En primer lugar, el Parlamento, la Comisión y el Consejo han ofrecido una rueda de prensa, lo que ha supuesto una experiencia nueva y positiva. 
Quisiera citar la rapidez en la toma de decisiones. 
En apenas un año, hemos logrado tramitar este complejo elemento legislativo de forma adecuada. 
¿Dónde se han quedado los lentos molinos de Bruselas y Estrasburgo de los que siempre se habla? 
Por último, creo que el resultado final es mejor que la postura común y el texto definitivo del Parlamento. 
Esto demuestra que el procedimiento de codecisión con una participación proporcionada por parte del Parlamento constituye sin duda la mejor forma de adoptar decisiones en esta Unión. 
Señora Presidenta, tal y como ha indicado el ponente, no es la primera ocasión en que se incluye el tabaco en el orden del día. 
Hemos tratado esta cuestión en numerosas ocasiones. 
Se trata de un informe complejo debido a los diversos intereses contrapuestos que coinciden, especialmente los referidos a la salud y a la industria tabaquera, donde nos encontramos con la participación de las pequeñas y medianas empresas que no dejan de ser el alma de la economía. 
El empleo también es un factor de importancia. 
Es positivo que la Comisión haya presentado una nueva directiva y haya tomado la iniciativa de hacer el máximo esfuerzo en el ámbito de la salud para combatir las consecuencias malignas del tabaco, reduciendo por ejemplo los niveles de sustancias, prohibiendo las sustancias nocivas, introduciendo advertencias y mejorando el etiquetado, avisando del riesgo que corren los fumadores pasivos y ofreciendo información sobre el producto. 
En lo que respecta a la armonización del mercado interior, se ha propuesto hacer el máximo esfuerzo posible para impedir que se produzcan puntos de partida desiguales y para eliminar posibles obstáculos comerciales, dando a conocer, por ejemplo, los niveles de sustancias y continuando con la armonización de las advertencias y de la información del producto. 
Espero que podamos llegar realmente a un reconocimiento mutuo de los métodos de comprobación. 
Un tercer aspecto es el de las exportaciones a terceros países. 
Personalmente respaldo el punto de vista de que no podemos exportar a otros países aquello que consideramos inadmisible por su insalubridad para los ciudadanos de la UE, incluso aunque estos países no dispongan de legislación en este ámbito. 
Lamento que esto tenga efectos negativos para el empleo en determinados países. 
Sin embargo, quisiera poner de manifiesto que, en mi opinión, hasta el momento se han perdido más puestos de trabajo como consecuencia de la reconversión o del cierre de empresas desde la propia industria que a raíz de las normativas impuesta desde la política. 
Por este motivo, me muestro por el momento optimista en relación con este aspecto. 
Asimismo, considero que hemos alcanzado un compromiso razonable en lo que respecta a los períodos de transición. 
En cuanto a los fundamentos jurídicos, deseo indicar que la presente directiva se desarrolla a partir de tres directivas existentes. 
Por consiguiente, considero que disponemos de unos fundamentos jurídicos adecuados, también en parte tras haber oído la opinión de los servicios jurídicos del Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Por último, quisiera hacer dos observaciones de carácter general. 
La primera se refiere a la juventud y al tabaco. 
En mi opinión, sería digno de elogio que los Estados Miembros redoblaran sus esfuerzos para disuadir a los jóvenes de comenzar a fumar mediante, por ejemplo, una política de precios, dificultando el acceso de los jóvenes a los puntos de venta restándole atractivo, o bien prohibiendo la distribución gratuita de cigarrillos en terrazas o en las inmediaciones de escuelas. 
Esto no es así en todas partes. 
La segunda observación se refiere a las subvenciones para el tabaco. 
Por una parte, contamos con esta directiva cuyo objetivo consiste en desincentivar el consumo de tabaco y que subraya el riesgo para la salud aunque Europa sigue concediendo simultáneamente enormes ayudas al cultivo de tabaco. 
Soy partidaria de que se reduzcan dichas ayudas de forma gradual. 
Por último, quisiera felicitar al ponente por el resultado y agradecerle su colaboración. 
El acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación reconoce el excelente trabajo del ponente y el clima de colaboración existente en nuestro Pleno respecto a este tema tan sensible para los ciudadanos europeos. 
El texto que estamos a punto de votar representa una notable mejora respecto al texto propuesto por la Comisión y más aún respecto a la situación preexistente. 
Por una vez las normas de armonización del mercado interior han tenido más en cuenta la salud de los ciudadanos europeos que los intereses de las grandes empresas productoras. 
El presente texto es, en definitiva, un significativo ejemplo de cómo la Unión Europea pretende responder a la demanda cada vez más insistente de los ciudadanos de que se defienda su salud. 
Esperamos realmente que este ejemplo pueda ser seguido en otros sectores como el de la seguridad alimentaria. 
Sin volver al contenido del acuerdo, quiero destacar dos puntos importantes. 
El primero es la extensión de la obligación de aplicar los límites máximos de contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono también a los cigarrillos destinados a los mercados de los terceros países. 
Esta medida ha sido el centro del debate en la Comisión de Medio Ambiente antes, y en sesión plenaria, después. 
Había quien, al sostener que con este acto la Unión no contribuía a mejorar las salud mundial, protegía los intereses de las empresas exportadoras, y había quien prefería afirmar el principio de que lo que es dañino para el ciudadano comunitario también lo es para el ciudadano de los terceros países apoyando, sin embargo, la necesidad de un período transitorio suficientemente largo para ofrecer a los operadores del sector la posibilidad de reconvertirse. 
Nosotros creímos en esta segunda posibilidad y el texto aprobado en conciliación nos ha dado la razón. 
El segundo punto a destacar se refiere a la regulación definitiva de las sustancias añadidas a los productos del tabaco. 
En efecto, dichas sustancias, además de utilizarse para caracterizar el gusto y el aroma de un determinado producto, se emplean para aumentar la dependencia de los fumadores. 
Con nuestra directiva los productores e importadores de productos del tabaco no solo deberán comunicar la composición exacta del producto comercializado, sino también justificar la presencia de cada uno de los ingredientes. 
Asimismo, en el año 2004, a más tardar, la Comisión deberá presentar una propuesta con vistas a definir una lista positiva común de ingredientes autorizados. 
No se trata de medidas de carácter secundario. 
Junto con la prohibición de los calificativos y el aumento de la superficie destinada a advertencias médicas, estas medidas pueden contribuir muy significativamente a la lucha contra el tabaquismo. 
Señora Presidenta, en esta Cámara se acostumbra a felicitar en gran medida a los ponentes y creo que esto supone a menudo una pérdida de tiempo, especialmente cuando se cuenta con tan pocos segundos. 
Resulta obvio que los ponentes hacen bien su trabajo. 
Sin embargo, quiero hacer una excepción con el Sr. Maaten. 
Con este informe se ha demostrado que si el ponente desempeña un papel activo y se toma en serio las consultas con el Consejo y con la Comisión, esforzándose por reunir a las personas en torno a una mesa, se puede lograr el objetivo. 
Claro que esto también depende de la Comisión y del Consejo. 
Por este motivo, resulta tan grato poder plantear este ejemplo al término de la presidencia sueca. 
En realidad, se podría ir con este informe a las escuelas y decir: mirad, he aquí un ejemplo de cómo se puede consensuar una directiva europea con la participación de la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Desearía que este caso se repitiera en más ocasiones. 
Y ahora, centrémonos en la cuestión. 
Llevo ya algún tiempo dedicada a la política y cuando participé por primera vez en cuestiones legislativas relativas a la limitación de la publicidad y a las advertencias en las cajetillas de tabaco, muchos de mis colegas lo consideraron algo inútil. 
Desde entonces, la lucha contra la adicción al tabaco y contra el consumo ilegal de tabaco se ha institucionalizado en todas partes. 
Sin embargo, existen diferencias. 
Aún recuerdo la primera reunión que mantuve en Suecia- entonces todavía fumaba- y se metía a todos los fumadores en una sala independiente donde, como es obvio, apestaba. 
Ahí es donde se podía fumar pero no sabía a nada. 
En la propia sala de reuniones no estaba permitido fumar. 
Allí había un cartel que nunca había visto porque yo procedía de una cultura en la que se asociaba automáticamente a las reuniones con el tabaco. 
Ahora considero que la presión social sobre los fumadores ha aumentado en la mayoría de los países y que se han cosechado avances gracias a las campañas, a pesar de la incredulidad existente hace años al respecto. 
Se debe aumentar el número de vagones de tren para no fumadores en todas partes. 
Se debe ampliar la posibilidad de celebrar reuniones en salas donde esté prohibido fumar. 
Sin embargo, la presión social debe incrementarse de tal modo que concretamente los jóvenes y las mujeres no empiecen a fumar. 
Me entristece comprobar que, a pesar de las campañas, existen tantas personas que empiezan a fumar. 
Yo mismo he experimentado cómo dejar de fumar resulta mucho más difícil que empezar a fumar. 
Dicho esto, espero que las estrictas normas que se oponen a la voluntad de los grupos de presión y a sus intereses se apliquen y opino que las medidas propuestas por la señora Martens para paralizar las ayudas al cultivo del tabaco podrían constituir un buen estímulo. 
Señor Presidente, como es sabido, fumar tabaco tiene consecuencias muy perjudiciales para la salud pública. 
Es importante comprobar que esos efectos dañinos no afectan sólo a los fumadores, sino también a los que se encuentran en lugares con humo, a los alérgicos y a otras personas. 
En muchos países, el hábito de fumar conlleva un aumento de costes para la sanidad. 
Como políticos, tenemos la misión de advertir a la población de los riesgos del tabaco, de disminuir la nocividad de los productos del tabaco y de intentar mejorar su errónea mercadotecnia. 
En mi opinión, la conciliación alcanzada con el Consejo de Ministros es evidentemente un paso en la dirección correcta. 
El Grupo GUE/NGL está especialmente satisfecho con las exigencias de rebajar la proporción de alquitrán, con los valores límites para la nicotina y el monóxido de carbono, con la mayor claridad de los textos de advertencia y con la obligación de los productores de informar sobre los productos aditivos. 
Hay dos materias en las que nos habría gustado mayor celeridad, pero, en todo caso, comprobamos que son medidas bien encaminadas. 
Una es la prohibición de marcas que puedan inducir a confusión; no se ha fijado un plazo para su puesta en marcha y nos hubiese gustado que se hubiese hecho. 
Queda como una tarea para el futuro. 
Por lo menos habrá un compromiso en ese sentido para el futuro. 
También nos habría gustado que se hubiera avanzado con mayor velocidad en torno a la prohibición de exportación de productos del tabaco que no se ajusten a la normativa comunitaria. 
Resulta un tanto embarazoso que se pueda exportar lo que consideramos nocivo en nuestros países. 
Más nos hubiese gustado una prohibición simultánea de esos productos, tanto en la UE como su exportación, pero al menos se ha impuesto una prohibición hasta el año 2007. 
Al comienzo de esta conciliación se discutió el rapé sueco y nuestra opinión es que en esta materia también se ha encontrado una buena solución. 
Significa que se mantiene la excepción de Suecia para que pueda conservar su rapé tradicional, sin que se abra el mercado a otros países comunitarios. 
A nuestro juicio, los otros países comunitarios tienen derecho a rechazar este producto, como seguramente lo hará la mayoría de ellos. 
Estamos muy satisfechos con el resultado de la conciliación en su conjunto y opinamos que el ponente ha hecho un buen trabajo. 
Si se quiere ser algo crítico, podemos decir que la UE tiene problemas con la credibilidad de su política de tabaco en general. Todavía se gastan unos mil millones de euros al año en subvenciones a los cultivos de tabaco. 
Para ganar credibilidad en la lucha contra los efectos nocivos del tabaco, quizá sea hora de empezar a eliminar esas subvenciones. 
Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de intervenir acerca de este importante asunto. 
Felicito al ponente por la gestión de este informe a través de tres lecturas y unas largas negociaciones con el Consejo en el procedimiento de conciliación. 
El texto final que hemos de votar mañana debe ser bien recibido como el fruto de una exitosa negociación. 
La Asamblea ha dejado claro desde el principio que esperamos la aplicación de normas estrictas a todo el sector de la producción, empaquetado y comercialización de cigarrillos y otros productos del tabaco. 
Hay que reseñar que el 80% de los fumadores noveles en la UE tienen menos de 18 años. 
Las estadísticas muestran claramente que fumar mata a medio millón de personas al año. 
El consumo de cigarrillos provoca enfermedades graves en un cuarto de todos los fumadores. 
Fumar provoca el 85% de todos los casos de cáncer de pulmón y la mitad de todas las muertes prematuras de los fumadores que lo han hecho toda la vida son provocadas por el tabaco. 
Los nuevos normas propuestas constituyen un importante paso adelante. 
Los Estados miembros han estado atentos a las preocupaciones expresadas por el Parlamento y han adoptado los más importantes aspectos de nuestras recomendaciones. 
En Irlanda fumar causa seis veces más muertes que los accidentes de tráfico, los accidentes laborales, los asesinatos, las drogas, el suicidio y el SIDA juntos. 
En Irlanda mueren siete mil personas a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco y un tercio de ellas se producen antes de los 65 años. el veinticinco por ciento de todas las afecciones de corazón tienen su origen en el tabaco. 
En resumen, éstas son unas estadísticas impresionantes respecto de las cuales confío que el Parlamento siga trabajando con el fin de reducirlas. 
Señor Presidente, en el transcurso de mi discurso morirán aproximadamente cuatro personas en la Unión Europea como consecuencia del tabaco. 
Los fumadores viven menos y presentan un estado de salud peor. 
El tabaco constituye, por lo tanto, una seria amenaza para la salud. Motivo más que suficiente para desincentivar el consumo de tabaco. 
Sin embargo, ya existen muchas personas que fuman. En Europa septentrional parece que se trata mayoritariamente de personas con una formación e ingresos inferiores. 
Los efectos de la adicción parecen dificultar en gran medida el hecho de dejar de fumar. 
Lamentablemente, aún hay numerosos jóvenes que se inician en el tabaco. 
Los fabricantes de tabaco aplican de forma manifiesta una política en este sentido, tratando de crear una imagen deportiva y chulesca del fumador. 
Cada vez que la industria del tabaco convence a un joven, suele contar con otro cliente seguro. 
Esta captación de clientes se refuerza incrementado los efectos adictivos mediante la adición de sustancias a los cigarrillos, de modo que la nicotina se absorbe mejor. 
Asimismo, la industria del tabaco trata de crear la impresión de que determinados productos del tabaco son menos dañinos con mensajes engañosos como "suave" o "light". 
La directiva que se plantea en este momento hace frente a los citados problemas de forma adecuada. 
Desde aquí, quisiera expresar mi agradecimiento al señor Maaten por su gran esfuerzo y por el resultado obtenido. 
Asimismo, deseo elogiar a la presidencia sueca por haber logrado que este informe se tramite con tanta rapidez. 
Cuando el Parlamento admitió 32 enmiendas durante la segunda lectura el pasado mes de diciembre, el panorama era bien distinto. 
Desde el Consejo llegaron mensajes de desaliento. 
Aparentemente, nadie esperaba que el Parlamento quisiera introducir tantas modificaciones en la Postura Común. 
El Ministro de Sanidad de los Países Bajos llegó a opinar que el Parlamento Europeo suavizaba la directiva. 
Sin embargo, creo que la mayoría de las enmiendas supusieron una mejora de la Postura Común. 
Lo más lamentable fue que este ministro tachó el papel del Parlamento Europeo de "sospechoso" alegando que se estaba plegando excesivamente a los intereses de la industria tabaquera. 
En efecto, el lobby de la industria tabaquera puso toda la carne en el asador aunque, afortunadamente, con escaso éxito. 
El Parlamento Europeo pretendía incluso modificar el texto de advertencia que aparece en las cajetillas sustituyendo la advertencia general "fumar es mortal" o "fumar puede resultar mortal" por textos más contundentes como: En la UE mueren todos los años medio millón de personas como consecuencia del tabaco, el tabaco provoca cáncer o enfermedades cardiacas o el tabaquismo pasivo es perjudicial para las personas que le rodean, especialmente para los niños. 
De hecho, estos textos resultan más correctos ya que nadie se muere directamente por encender un cigarrillo. 
Lamentablemente, no se han modificado estos textos del Consejo. 
Otras consecuencias perjudiciales del tabaco son los pulmones alquitranados del fumador y los dientes picados. 
Por este motivo, no me opongo a que se confronte a los fumadores con las consecuencias que el tabaco tiene para ellos y para su entorno a través de imágenes en las cajetillas. El objetivo es, sin duda, que dicha confrontación tenga efectos preventivos. 
Por este motivo, me complace que el Consejo haya adoptado esta idea del Parlamento. 
Asimismo, la prohibición de emplear mensajes engañosos como "suave" o "light" cuenta con mi aprobación. 
Otro aspecto positivo consiste en que en el preámbulo se llama la atención sobre los aditivos que refuerzan los efectos adictivos. No obstante, una prohibición expresa referida a la adición de amoniaco o de enlaces amónicos hubiera sido mejor. 
Por último, señor Presidente, me siento de nuevo obligado a subrayar el hecho de que la política europea en materia de tabaco no es coherente. 
Por una parte, se desalienta el consumo de tabaco y, por otra parte, se destinan al año más de mil millones de euros a las ayudas al cultivo de tabaco. 
Me temo que se liarán muchos cigarrillos antes de que estas ayudas, que en este momento se convierten en humo, se reduzcan hasta desaparecer. 
Señor Presidente, me gustaría decir que me parece un tema muy importante el que hoy debatimos y mañana debemos aprobar. 
Creo que puede decirse que no existe mayor homicida debido al estilo de vida que precisamente los cigarrillos. 
Es positivo que la industria no lograra que al Parlamento y a otras instancias les temblara la mano en relación con la base jurídica. 
Ahora hemos logrado una reducción de hecho del contenido de nicotina y alquitrán en los cigarrillos y también hemos conseguido normas para los aditivos que la industria ha venido utilizando hasta ahora. 
Son sustancias que han contribuido a hacer los cigarrillos aún más aditivos de los que serían sin estas sustancias. 
En realidad, resulta sumamente increíble que hasta ahora se haya aceptado este método de producción. 
Es bueno que hayamos tomado cartas en este asunto. 
Quiero transmitir señalar las nuevas normas sobre etiquetado, las nuevas normas sobre advertencia en las cajetillas. 
Con estas nuevas normas, pienso que será difícil que los consumidores de cigarrillos- y los nuevos consumidores potenciales de cigarrillos- no adviertan que los cigarrillos son de hecho muy perjudiciales para la salud. 
También es bueno que contemos con normas sobre las denominaciones positivas especiales que han podido utilizarse en los cigarrillos como "suave" o "light". 
Esto debería haber ocurrido antes, pero es bueno que ahora contemos con normas al respecto. 
Me parece que este tipo de denominaciones son muy engañosas y dan una impresión errónea. 
Producen una falsa seguridad entre los consumidores. 
Y finalmente, me gustaría tocar el tema de la exportación. 
Hemos mantenido un debate sobre lo que voy a llamar la hipocresía de la exportación en esta Asamblea. 
No puede estar bien que desde la UE exportemos fuera de nuestro territorio cigarrillos que pensamos que son tan perjudiciales para la salud que no deben ser consumidos por nuestros propios ciudadanos. 
Contaremos con un régimen transitorio para la exportación. 
Me parece que éste no era necesario, sin embargo, ha sido un compromiso político. 
En cualquier caso podemos alegrarnos de que será una hipocresía limitada a un máximo de tres años. 
De todos modos considero que éste es un buen día para la política sanitaria comunitaria con la que podemos estar muy satisfechos. 
Señor Presidente, concluir esta directiva del tabaco ha llevado más de un año y medio y quisiera dar las gracias al ponente por el duro trabajo realizado. 
Esta norma va a tener una influencia enorme. Transformará el modo en que se venden los cigarrillos en Escocia, en el Reino Unido y en toda la Unión Europea. 
La directiva reducirá las sustancias más adictivas y peligrosas de los cigarrillos, prohibirá el uso de descripciones engañosas tales como "ultras", "lights", "suaves" e introducirá advertencias sanitarias gigantes. 
Mediante el trabajo de los diputados también hemos conseguido la garantía de que la Comisión va a elaborar nuevas normas sobre el uso de advertencias sanitarias en forma de imágenes en los paquetes de cigarrillos para el 2002. 
Después de décadas de engaño y desinformación por parte de la industria tabaquera, el mensaje sobre el verdadero coste de fumar va a llegar finalmente a los hogares. 
Como todos sabemos, en la Unión Europea, fumar es la primera causa de afecciones y enfermedades prevenibles. 
Cada año más de medio millón de personas mueren innecesariamente en la UE a causa del tabaco. 
De hecho, cada persona diagnosticada con cáncer de pulmón le resta un promedio de tres a cuatro meses de vida. 
A finales de este mes se celebra el Día mundial sin tabaco. 
No hay mejor manera de celebrarlo que con la entrada en vigor el próximo año de esta directiva. 
Ahora quisiera animar a los colegas a que firmen la declaración escrita por un día sin tabaco de la UE. 
No obstante, la batalla contra el gran tabaco continúa. 
Aguardo las propuestas para una prohibición de la publicidad del tabaco que la Comisión va a presentar en breve. 
Una vida perdida a causa del tabaco es demasiado. 
. (EN) Señor Presidente, distinguidas Señorías, me complace mucho poder responder a este debate sobre el informe de la Comisión de Conciliación para la directiva de productos del tabaco. 
Esta directiva constituye la culminación de varios años de duro trabajo de la Comisión, basado en el mejor asesoramiento científico. 
Hemos desarrollado y hemos propuesto un avance cualitativo en la protección de la salud pública, actuando dentro de los límites que marca el fundamento jurídico para la consecución del mercado interior. 
La directiva que está ante ustedes representará una considerable mejora de nuestra actual situación legislativa y cubrirá muchos de los vacíos que convertían en ineficaces a nuestras actuales normas. 
La presente directiva situará a la Comunidad en la vanguardia de los esfuerzos por controlar las muertes y las enfermedades causadas por el consumo de tabaco. 
De esta forma se ha tomado en serio la adicción de las futuras generaciones de jóvenes y se ha creado un marco para reducir el ingente daño causado por este producto. 
No es necesario que le recuerde la Parlamento el daño que el tabaco inflige a nuestra población, que excede al de otras causas mucho más profusamente debatidas. 
La Organización Mundial de la Salud estima que en la Comunidad se producen más de medio millón de muertes relacionadas con el tabaco. 
Esto no incluye a aquellos fumadores que padecen serias y debilitantes afecciones, tales como enfermedades respiratorias o coronarias. Esto convierte a las medidas de control sobre el tabaco en las herramientas más importantes para reducir las muertes y las enfermedades entre nosotros. 
Ahora debo felicitar al Parlamento y en especial al ponente, el Sr. Maaten, cuyas enmiendas han mejorado y completado sensiblemente esta medida. 
La Comisión ha aceptado complacida muchas de estas enmiendas. 
La Sra. Maes, en su intervención en el Parlamento, ha dicho al respecto que este ha sido un ejemplo de libro sobre la cooperación entre las tres grandes instituciones legisladoras de la Unión Europea; me hago eco de estas palabras, pero también quisiera referirme al papel del Tribunal de Justicia en su sentencia sobre el caso relativo a la directiva de publicidad. 
Yo iría más allá, haciéndome eco de lo dicho por la Sra. Maes acerca de que esto constituía un ejemplo de libro, diciendo que este asunto- la historia del tabaco y la legislación sobre el tabaco- tanto en la primera directiva sobre publicidad, que voy a presentar pronto, como en esta directiva en particular, merece el detallado estudio de cualquier estudiante serio de derecho o de la Unión Europea. 
Proporciona un claro ejemplo de cómo todas las instituciones pueden cooperar en la formulación de una política y en la presentación de esa política bajo la forma de una legislación valiosa, insertada dentro de los márgenes de las competencias establecidas por los tratados que modifican el Tratado de Roma, y apacigua los temores de cualquiera al que le preocupe que las instituciones europeas acaparen demasiado poder, por cuanto los límites de esta legislación han sido claramente marcados por el Tribunal y respetados por las instituciones. 
En resumen, como ha dicho la Sra. Maes este es un ejemplo de libro que vale la pena sea investigado por los jóvenes estudiantes. 
Esta directiva recopila varias directivas anteriores de los años ochenta. 
Hemos recurrido a esta propuesta para actualizar y completar los instrumentos existentes sobre la base de la evolución científica incluyendo, por primera vez, varias importantes medidas de armonización. 
Quiero mencionar el establecimiento de un techo reducido para el alquitrán en los cigarrillos y la creación, por primera vez, de un techo para la nicotina y el monóxido de carbono. 
Estos techos atacarán directamente a los agentes contenidos en los cigarrillos que son los responsables del cáncer, la adicción y las enfermedades cardiovasculares. 
No obstante, nuestro objetivo no es producir un cigarrillo seguro, por cuanto este producto no puede existir, sino simplemente reducir los ingredientes más peligrosos del producto. 
Es de reseñar que ahora estas normas son de aplicación a todos los productos importados y a todos los productos elaborados en la Comunidad. 
Por consiguiente no vamos a exportar productos que no consideramos apropiados para nuestros ciudadanos. 
Del mismo modo, teniendo en cuenta el importante nivel de contrabando, no corremos el riesgo de que la exportación insegura regrese al mercado comunitario. 
Me he sentido especialmente molesto por los cínicos esfuerzos de la industria tabaquera por utilizar la perspectiva de la pérdida de empleos para amenazar esta medida. 
Las mismas amenazas fueron expresadas cuando se adoptaron las primeras directivas sobre el tabaco en los últimos años ochenta. 
No fueron ciertas entonces y tampoco lo son ahora. 
No hay cabida para dobles raseros para nuestros propios ciudadanos y para otros al hablar de un producto adictivo y mortal. 
Otra innovación de este texto la constituye la exigencia de especificar los aditivos de los productos del tabaco- que potencialmente es la medida individual más importante de esta norma. 
A escala comunitaria, en la actualidad desconocemos cuáles son estos aditivos y, lo que es más importante, por qué se añaden a esos productos. 
En el futuro los fabricantes y los importadores estarán obligados a declarar estos ingredientes. 
Posteriormente, una vez que se haya proporcionado esta información, procederemos a preparar una propuesta legislativa. Esto se hará antes del 31 de diciembre de 2002. 
Me complace anunciar que los preparativos para esta legislación ulterior, que surgirá del suministro de estos datos, se iniciarán durante mi mandato como Comisario. 
Entretanto, los Estados miembros disponen de libertad para proteger a sus consumidores. 
Otro elemento importante de esta directiva lo constituye el considerable aumento del tamaño de las advertencias sanitarias sobre los paquetes. 
Se aumentarán con el fin de garantizar que los consumidores estén completamente informados sobre los riesgos que corre su salud y, por primera vez, se dará información sobre la manera de obtener ayuda para dejar de fumar. 
Las normas anteriores fueron redactadas de forma demasiado flexible y la nueva directiva se asegura que las advertencias estén impresas en colores que puedan ser leídos con claridad y no puedan ser disimuladas como ocurre en la actualidad. 
Como resultado de una enmienda de esta Asamblea, por primera vez se introducirán fotos en color es las advertencias. Esto aumentará enormemente el impacto de estas advertencias. 
En los últimos años la investigación ha evidenciado la importancia de evitar las denominaciones de los productos del tabaco que puedan conducir a error y que pueden hacer creer al consumidor que un producto determinado es más seguro que otro. 
Consecuentemente, su intención es proteger a los fumadores al igual que a los no fumadores, de la errónea imagen que tales productos emiten acerca de los peligros que conllevan. 
Con el fin de establecer un mecanismo que mantenga estas normas actualizadas también hemos incluido una disposición que contempla informes periódicos de la Comisión y un procedimiento en comité. 
En una declaración previa, al tiempo de la primera lectura, me comprometí a consultar a expertos en tabaco para la elaboración de este informe y cualquier subsiguiente propuesta. 
Hoy puedo informarles de que ya se está trabajando en la recomposición del Comité Consultivo de la Comisión para la Prevención del Cáncer y en la creación de un grupo de trabajo para el tabaco. 
No obstante, quisiera llamar su atención sobre la dificultad que la Comisión prevé para respetar la fecha límite impuesta por el Artículo 5 (3) de este texto, lo que deja muy poco tiempo para consultar a estos comités y, consiguientemente, para adoptar normas para el uso de fotografías en color en las advertencias. 
En las próximas semanas también confío en poder cumplir mi compromiso de presentar una nueva propuesta sobre la publicidad y el patrocinio del tabaco. Esta sustituirá la directiva anulada por el Tribunal de Justicia el octubre pasado. 
Asimismo, contemplo la actividad legislativa comunitaria como complementaria de la que se desarrolla en la Convención Marco sobre el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. 
Saludo la presencia de un observador del Parlamento Europeo, que apropiadamente fue el Sr. Maaten, en la delegación de la Comunidad, que se reunió a principios de mes en Ginebra al tiempo que se celebraba la segunda ronda de negociaciones de esta convención. 
Por último, permítanme volver a expresar mi agradecimiento por su apoyo y confianza al garantizar la rápida aprobación de esta importante directiva y por las palabras proferidas acerca de la participación de la Comisión. 
En especial quisiera rendir homenaje al Sr. John Ryan y su importante contribución a este asunto a lo largo de los años. 
Confío en que en los próximos años se compruebe que esta directiva constituye una piedra de toque de nuestros esfuerzos por reducir el daño que fumar causa a nuestra salud. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana martes a las 12.00 horas. 
Alimentación animal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0136/2001) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/53/CE del Consejo, por la que se establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal, así como las Directivas 70/524/CEE, 96/25/CE y 1999/29/CEE del Consejo, sobre la alimentación animal (13724/1/2000- C5-0047/2001- 2000/0068 (COD) ) (Ponente: Sra. Paulsen) 
. (SV) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el Consejo ha aprobado la mayoría de las propuestas que aprobó el Parlamento en la primera lectura. 
Conseguimos así los más importantes principios como, por ejemplo, que los consumidores, es decir, los que alimentan a los animales, queden comprendidos por los controles. 
Esto es un éxito en una situación en la que aproximadamente dos terceras partes de los piensos animales de la Unión se producen en las explotaciones. 
El Consejo, por el contrario, y eventualmente la Comisión, no ha considerado que cambiamos la palabra "contaminado" por la expresión "contiene sustancias extrañas". 
No se trata solamente de un juego de palabras. 
La expresión "contaminado" tiene que ser definida científicamente como sustancias o bacterias que han llegado desde el exterior, mientras que "contiene sustancias extrañas" incluye las sustancias que se producen naturalmente en relación con el almacenaje, cuando las sustancias grasas se oxidan y se forman micotoxinas. 
Hay numerosas sustancias que son claramente inapropiadas como piensos, pero que no provienen del exterior, sino que se han formado en procesos naturales que no deberían tener lugar. 
No hay que dejar que la paja se enmohezca ya que se transforma en un producto peligroso. 
He devuelto todas las enmiendas en que aparece la palabra "contaminado" debiendo decir "contiene sustancias peligrosas". 
También en la primera lectura hemos devuelto la enmienda 24, que trata de los controles comunitarios. 
En este caso, el Consejo se remitió a la conciliación que había tenido lugar con Bart Staes, después de que habíamos empezado a trabajar con el informe en la primera lectura. 
He modificado la enmienda para incluir las normas del reglamento TSE, aprobado en la pasada sesión plenaria de Bruselas. 
Tenemos que intentar crear una legislación clara, uniforme y de fácil comprensión. 
Por eso he optado por copiar textualmente la redacción del reglamento TSE sobre controles comunitarios. 
Si al menos las disposiciones que aparecen en todas las directivas se formulan de la misma manera, se facilitará el cumplimiento de las leyes. 
En mi opinión, es muy importante. 
Bart Staes presentará una enmienda oral que aprobaré y que implica una cierta ampliación en esta materia. 
Es esencial que exista un sistema de control para toda la Unión. 
Conseguir una buena legislación para toda esta cadena de seguridad alimentaria que nos ocupa no es especialmente difícil, pero sí requiere mucho trabajo. 
El gran problema es el control y el cumplimiento. 
Estimados colegas, ¡las buenas leyes son sólo papel si no se cumplen y no funcionan los controles! 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, tenemos ante nosotros la posición común del Consejo sobre la modificación de las directivas sobre los principios relativos a la organización de los controles oficiales de los alimentos animales, así como los relativos a la alimentación animal. 
La Sra. Paulsen ha explicado una vez más al final cuál es la razón que subyace a todo esto. 
Las crisis y los escándalos de los últimos años han hecho urgentemente necesaria una reelaboración de las normas relativas al ámbito de la alimentación animal. 
La modificación de la directiva pretende armonizar y establecer la organización de los controles oficiales de los alimentos animales en Europa. 
Los Estados miembros están obligados ahora a introducir medidas de urgencia apropiadas para poder luchar contra los peligros graves relacionados con los alimentos animales. 
Se autoriza a la Comisión a adoptar medidas provisionales cuando haya productos de alimentación animal elaborados en la UE que representen un peligro grave para las personas, para los animales y para el medio ambiente. 
Los Estados miembros son obligados a informar de manera inmediata y exhaustiva a la Comisión en caso de contaminación. 
De esta forma se garantiza una intervención inmediata de la Comisión. 
Los Estados miembros han de redactar un informe anual sobre todas las incidencias e irregularidades producidas en el ámbito de la alimentación animal y han de enviarlo a la Comisión. 
El Consejo ha aceptado las exigencias centrales del Parlamento Europeo en pro de un control exhaustivo de los productos de alimentación animal, en concreto, el uso de un concepto genérico que incluya los productos previstos para ser utilizados en la cadena de productos alimentarios y de piensos hasta el consumidor final. 
Estos han sido integrados en la posición común. De esta manera se ha tomado en cuenta la intensa discusión que ha tenido lugar en el seno del Parlamento Europeo. 
En este punto quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Paulsen, por el desempeño de su difícil tarea. 
Sin embargo, el Consejo no ha podido decidirse a aceptar la exigencia del Parlamento de extender la directiva a las transformaciones que se hayan producido por fallos o defectos en el proceso de fabricación. 
La Sra. Paulsen acaba de referirse a esto. 
Por esta razón la ponente presenta de nuevo en la forma necesaria y ligeramente adaptada, descrita por ella, las enmiendas correspondientes, procedentes de la primera lectura. 
En la Comisión de Medio Ambiente el informe ha sido aprobado por unanimidad. 
Las adaptaciones que se han realizado en las enmiendas han sido necesarias para una mejor coincidencia con los artículos correspondientes de la Directiva 1999/29/CE sobre sustancia y productos indeseables en la alimentación animal. 
Por lo demás, se ha realizado una adaptación a los artículos pertinentes del Reglamento sobre la EET relativos a los correspondientes controles. 
Con la aceptación de todo se habrá creado ahora un sistema de control único, comprensible y transparente, que está adaptado a las nuevas exigencias de nuestro tiempo. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Paulsen por su diligencia en la preparación del informe y por haber sabido ver a través del mismo, y hacerme eco de un orador anterior que ha dicho del informe del Sr. Maaten- y que es igualmente cierto de este otro- que constituye un modelo de procedimiento de segunda lectura. 
Estamos aquí reunidos con una razonable unanimidad en la comisión, con un número muy modesto de enmiendas, pero con la absoluta certeza de que queremos llevar adelante nuestra posición. 
Si la codecisión ha de tener algún sentido, esta es una posición que mantendremos hasta el final. 
Expongo la posición de mi Grupo en ausencia de la Sra. Roth-Behrendt quien, como algunos de ustedes sabrán, está en un hospital en Berlín. 
La semana pasada la vi en Berlín y estoy seguro de que se está recuperando rápidamente y que querría que todos supieran que su corazón está con nosotros en los procedimientos relativos a estos asuntos de higiene y seguridad alimentaria. 
La Asamblea sólo ha de considerar esta noche seis enmiendas: un conjunto de cinco de la comisión y una sexta presentada por el Grupo de Los Verdes. 
Mi Grupo apoya todas ellas por una sencilla razón: a estas alturas hemos tenido que aprender la lección de que la precisión y la determinación de los posibles peligros del pienso para animales constituye la esencia de la precauciones que hemos de tomar. 
Durante los últimos dos o tres años hemos contemplado suficientes muestras de las terribles prácticas de parte de la industria de los piensos animales, en algunas ocasiones unas prácticas que ya estaban prohibidas por las normas de entonces. 
Es preciso que estas sean endurecidas rápidamente. 
La precisión está en el núcleo de lo que la Sra. Paulsen nos ha dicho hoy. 
Sobre todo la precisión en el lenguaje: la palabra "contaminación" no resulta satisfactoria cuando es empleada en la fraseología de las propuestas de la autoridad alimentaria, que pasaremos a discutir en breve. 
No es suficiente cuando necesitamos un proceso más profundo de escrutinio e inspección de los materiales dañinos que pueden ser añadidos muy pronto en la producción de piensos animales. 
En el momento que pasa a la siguiente fase, me complace mucho que se haya insertado en este informe un principio muy importante: los piensos animales deberían ser considerados por todos nosotros, en nuestro propio interés, tan seriamente como los alimentos para el consumo humano. 
Ambos son prácticamente indistinguibles respecto de sus efectos tanto sobre el hombre como sobre los animales con los que compartimos este planeta. 
En el Reino Unido se están celebrando unas elecciones y ayer estuve haciendo mi parte en una población rural. 
La gente preguntaba si las inspecciones veterinarias eran seguras y si podrían autogestionarse. 
Conozco y he representado ese lugar desde hace 30 años. 
Hace diez años no hubiera sido posible escuchar esas reflexiones. 
El hecho de que ahora sean de la máxima importancia fundamenta la oportunidad de este informe. 
Muchas gracias, señor Whitehead. 
Le ruego que transmita a la Sra. Roth-Behrendt nuestros deseos de recuperación. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero dar las gracias, en nombre de mi Grupo, a nuestra colega por el valioso trabajo realizado. 
Hago uso de mi intervención principalmente para anunciar que nosotros apoyamos las enmiendas que ha presentado la ponente. 
Son enmiendas muy dignas de apoyo desde el punto de vista de los usuarios de los piensos, o sea, de los ganaderos. 
Ya es bastante expresivo el término que aparece en el título de este informe, "controles oficiales", porque como no ha existido un control oficial de gran alcance, las consecuencias han sido horripilantes. 
También la definición y caracterización del control oficial en que se incluyen 'todos los productos destinados a la alimentación animal' es, a mi juicio, excelente. 
En las enmiendas también se destaca, además, que hay que tomar en cuenta todos los errores ocurridos en el proceso de producción. Esto también es acertado. 
Asimismo, hay dos enmiendas en que se hace hincapié muy acertadamente en el control. 
Por ejemplo, se han definido los conceptos de 'Estado miembro de expedición' y 'Estado miembro de destino' y se han determinado las acciones concertadas con carácter obligatorio. 
La cooperación y el control han de llevarse a cabo con toda transparencia, al igual que la inspección a realizar en cada Estado miembro mencionada en la enmienda 5. 
En esta enmienda también se indica que "se facilitará a los expertos toda la ayuda necesaria". 
Tales definiciones y especificaciones son muy apropiadas tanto para la Directiva en sí, como desde el punto de vista de su aplicación y de su seguimiento. 
Quisiera finalizar, señor Presidente, exponiendo un planteamiento. 
La historia reciente nos recuerda la utilización en los piensos de dioxinas y disolventes, entre otras sustancias. 
Avanzamos hacia la ampliación de la UE. 
Los futuros Estados miembros son países preponderantemente agrícolas. 
Las cuestiones esenciales para nosotros- como es el control oficial- deben estar en orden antes de la ampliación. 
Señor Presidente, me adhiero a las felicitaciones a la ponente por su dedicación. 
El pienso para animales, o mejor dicho, los ingredientes empleados en su producción son evidentemente de gran importancia para las normas que regulan la seguridad alimentaria y la protección del consumidor. 
Este Parlamento y la Comisión ciertamente se han quemado las pestañas al introducir los controles que han de eliminar para siempre el rebrote de la EEB y la plaga de las dioxinas, que han supuesto un coste enorme para los ganaderos y para el sector de la alimentación y han causado una tremenda preocupación en los consumidores. 
Hemos aprendido una lección muy costosa, si bien ha marcado un punto de inflexión en la producción alimentaria de la UE y puede ser beneficiosa a largo plazo. 
En este nuevo sistema no hay cabida para los disidentes y aquellos que lo infrinjan deben ser severamente castigados. 
Si bien no es el momento de echarle la culpa a nadie, creo que los ganaderos han sido las grandes víctimas de algunos elementos del sector de los piensos para animales que carecen de escrúpulos, algunos de los cuales emplearon aguas residuales como ingrediente de los piensos, a la vez que otros empleaban harinas ilegales de carne y huesos. 
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Paulsen y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por el amplio apoyo concedido a esta propuesta de la Comisión relativa a los controles sobre la alimentación animal. 
También quisiera dar las gracias a esta Asamblea por cuanto la aprobación de esta propuesta significará el cumplimiento de uno de mis primeros compromisos por mejorar la calidad y seguridad de los alimentos. 
Como ustedes saben, la propuesta se articuló sobre tres cuestiones fundamentales. 
La primera es la obligación de los Estados miembros de disponer de planes de urgencia para gestionar emergencias alimentarias. 
En segundo lugar, proporcionará un fundamento jurídico para la aprobación de medidas de salvaguardia para productos originarios de la Comunidad. 
En tercer lugar, establecerá un sistema de intercambio de información en el campo de la alimentación animal, con especial referencia a un sistema de alerta rápida. 
La posición común aprobada por el Consejo el pasado febrero, que también fue apoyada por la Comisión, mejoró la propuesta de la Comisión. 
Las tres cuestiones fundamentales de la propuesta fueron apropiadamente tratadas en la posición común, que también incluye muchas de las sugerencias realizadas por el Parlamento en la primera lectura. 
Me complace que esto coincida con los elementos más esenciales de la posición común. 
En relación con las enmiendas presentadas para este Pleno, la Comisión puede aceptar las enmiendas números 1, 2, 3 y 4, que contribuirán a mejorar la claridad del texto. 
La Comisión también puede aceptar la enmienda nº 5, porque toma en consideración la evolución de otras normas importantes tales como el reglamento TSE aprobado por el Parlamento Europeo en el último periodo parcial de sesiones. 
En principio la Comisión acepta la legítima expectativa de que el Parlamento Europeo sea informado del resultado de las inspecciones. 
No obstante, no puede aceptarse la forma en que está redactada la enmienda nº6 porque no contempla que se informe al resto de Estados miembros con el fin de mantener la coherencia. 
Según tengo entendido estaba previsto que se presentase una enmienda oral para incluir tal referencia, y si así se hace, también estoy en disposición de aceptar esa enmienda. 
Si se presenta esa enmienda oral ocupará el lugar de la enmienda nº5. 
Si es así la Comisión podrá aceptarla. 
En resumen, me complace decir que la Comisión acepta las enmiendas 1, 2, 3 y 4. 
Se acepta la enmienda nº5 mientras que la nº6 es rechazada a menos que se presente en la forma que he sugerido, que según tengo entendido es posible que el Parlamento así lo haga. 
Las cinco enmiendas al informe Paulsen son correctas en cuanto a los principios y confío en que el Consejo también considere que merecen ser incorporadas a la directiva definitiva. 
En este asunto todas las instituciones han mostrado buena voluntad y espero que la directiva final pueda ser rápidamente aprobada. 
Doy las gracias por la postura constructiva que ha adoptado el Parlamento Europeo en este asunto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana martes a las 12.00 horas. 
Movilidad en la enseñanza y la formación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0115/2001) , en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilidad, en la Comunidad, de los estudiantes, las personas en formación, los jóvenes voluntarios, los profesores y los formadores (13258/1/2000- C5-0029/2001- 2000/0021 (COD) ) (Ponente: Sr. Evans) 
. (EN) Señor Presidente, este informe surge de una propuesta de la Comisión presentada en enero de 2000, una propuesta redactada siguiendo los artículos 149 y 150, que instaba a los Estados miembros a estimular la movilidad de las personas que realizan un curso académico, un periodo de formación, trabajos voluntarios o que trabajan como profesores o formadores en otro Estado miembro, ya sea en un programa comunitario o no. 
Cuando esta propuesta de la Comisión fue presentada al Parlamento, inmediatamente quedó claro que se trataba de un documento defectuoso e incluso la propia Comisión así lo admitió. 
Mirando atrás quizá hubiese sido más fácil que la hubiésemos rechazado hace 18 meses y hubiésemos empezado de nuevo, pero no lo hicimos y mis colegas y yo hemos trabajado duramente para presentar algo al Parlamento y poder salvar algo de la misma. 
El pasado octubre en nuestra primera lectura, el Parlamento votó las enmiendas que yo consideraba mejorarían la calidad del texto, y mencioné algunas de las irregularidades y defectos a los que acabo de hacer alusión. 
También perseguimos ampliar el ámbito de la propuesta original, por ejemplo, incluyendo a los investigadores tal y como solicitó la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
En tercer lugar, instamos a la Comisión y a los Estados miembros a establecer metas y objetivos precisos con el fin de medir el progreso realizado para alcanzar los mismos, por ejemplo, estableciendo indicadores respecto de los cuales hacer un seguimiento. 
Sus Señorías quizá recuerden que este informe se presentó ante el Parlamento en un momento especialmente delicado para la Comisión. 
En mi opinión, estaba ansiosa por cuadrar las acciones con los recursos disponibles y por esa razón rechazó todas aquellas enmiendas que implicaban una acción de seguimiento. 
No rechazó todas las enmiendas, sólo aquellas que demandaban la realización de acciones de seguimiento, algo que es especialmente relevante. 
También rechazó cualquier cosa que tuviera que ver con los investigadores, lo cual comprendí. 
Desde entonces he mantenido largas deliberaciones y negociaciones con el personal de la Comisión, a quien le agradezco su tiempo, con la Presidencia francesa, que dio prioridad a este informe, y posteriormente con la Presidencia sueca que igualmente se ha mostrado generosa con su tiempo y su energía. 
Reflexionamos sobre la forma de cubrir las siguientes áreas relevantes: la naturaleza del trabajo voluntario y los obstáculos administrativos, financieros, lingüísticos y culturales a la movilidad. 
La posición común que acaba de ser alcanzada contribuye a aclarar el texto, especialmente en lo tocante a los nacionales de terceros países. 
No obstante, rechaza la mayoría de las enmiendas del Parlamento relacionadas con los derechos de seguridad y protección social, campos que considerábamos esenciales para ciertos grupos implicados, para los estudiantes, para los profesores y para otros. 
Esa es la razón por la que hemos tenido que elaborar algunas enmiendas a la posición común. 
En segunda lectura he presentado seis enmiendas que se refieren especialmente al plan de acción surgido en la Cumbre de Niza, al que es importante mencionar puesto que aclara muchas de las cuestiones que queríamos tratar. 
He pedido una cierta acción de seguimiento por parte de los Estados miembros. 
He considerado las formas en las que podríamos reducir el coste administrativo que se deriva de la ejecución de esta recomendación. 
He aclarado, eso espero, el tipo de acción de seguimiento que se espera de la Comisión y he eliminado de la posición común una innecesaria y potencialmente dañina cualificación. 
Todas estas enmiendas son admisibles y he vuelto a debatir con la Presidencia sueca con el fin de cerciorarme de que se encuentran dentro de los límites. 
Hay un par de pequeñas cuestiones técnicas que quisiera plantear mañana en forma de enmiendas orales, únicamente con el fin de aclarar el texto y en aras de la coherencia lingüística. 
Deseo que el informe quede meridianamente claro para que sea aprobado y para que los Estados miembros tengan absolutamente claro lo que se espera de ellos. 
Como resultado de este informe podremos dar algunos pasos, si bien tentativos, hacia la creación de movilidad para los involucrados en la educación, profesores, estudiantes, académicos y otros, de suerte que verdaderamente puedan desplazarse dentro de la Unión Europea de un país a otro, convertir esto en una realidad y dar el primer paso hacia delante. 
Señor Presidente, acabamos de debatir la Directiva relativa al tabaco; un tema muy controvertido con numerosos intereses contrapuestos. 
Ahora, estamos tratando un informe que, en mi opinión, apenas suscita diferencias de opinión. En la Comisión de Cultura se ha adoptado el informe por unanimidad, por lo que felicito al ponente, el señor Evans. 
Este informe me llena de satisfacción. 
Supone una profundización de la postura común y ha tenido en cuenta las conclusiones de la Cumbre de Niza. 
El programa de movilidad proporciona a estudiantes, profesores, voluntarios, becarios y a otras personas la posibilidad de adquirir experiencia en el extranjero. 
La continua mejora del funcionamiento de un mercado interior en el que cada vez más personas acuden a trabajar en otros países y una sociedad cada vez más multicultural, este hecho resulta clave. Dicha experiencia puede contribuir a un mejor conocimiento de diversos idiomas y culturas, también en los países europeos. 
Y quizás lo más importante, señor Presidente, es que parece ser que los participantes adquieren una mayor sensibilidad en lo que respecta a Europa, el patrimonio intelectual europeo y la importancia de la cooperación europea. 
Por este motivo, se trata de un programa positivo y de extraordinaria importancia. 
Por ello, también es lamentable que, tal y como todo el mundo sabe, existan numerosos obstáculos que impidan la movilidad de quienes desean acogerse al programa de movilidad. 
Obstáculos que se refieren, por ejemplo, al ámbito de la seguridad social, de los seguros de asistencia médica, de los permisos de residencia, de la homologación de los créditos académicos, de los problemas lingüísticos y otras cuestiones. 
En la primera lectura se dio un primer paso en la adopción de medidas que eliminasen estos obstáculos. 
La postura común constituye en mi opinión un compromiso positivo y es, en cualquier caso, un paso más en la dirección adecuada. 
De alguna forma se ha podido mejorar de este modo el texto de la recomendación. Existen mayores garantías de que los Estados Miembros no harán uso de las opciones de libertad que ofrece el convenio de modo que se obstaculice el libre tránsito de personas de forma innecesaria. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para plantear otro problema, existente y conocido desde hace años, sobre el que se reciben quejas en la práctica totalidad de las visitas que se realizan a los distritos electorales y que se refiere a la gran cantidad de papeleo burocrático al que se deben enfrentar todas las personas que desean acogerse a este programa. 
Se trata de un gigantesco molino burocrático. Por este motivo me complace que el informe que se somete a votación esta semana se prevea una evaluación, un informe referido a la implementación del programa y a las medidas adoptadas por los Estados Miembros en este ámbito. 
Espero, señor Presidente, que en dicho informe se incluyan los complejos métodos de trabajo y el procedimiento. 
Por último quisiera elogiar la intención de la Comisión de plantear una recomendación similar para investigadores. 
El ponente ya lo ha dicho: padecen los mismos obstáculos y me complace que la Comisión tenga intención de presentar en breve una recomendación al respecto. 
Señor Presidente, el que tome la palabra se debe a mi alegría ante el resultado alcanzado. 
Hoy es un gran día para la política educativa en toda Europa. 
La aprobación de esta recomendación ha de llevar indefectiblemente a una mayor movilidad de los estudiantes y de las personas en formación, siendo la movilidad de los estudiantes primordial para el desarrollo mantenido de la Unión Europea. 
Cuantas más personas se trasladen a otro lugar durante un período de tiempo- sea por motivos de estudios o de trabajo -, mayor será el entendimiento entre nuestros pueblos en el ámbito humano, cultural y profesional. 
El entendimiento es el "pegamento" que debe ayudar a unir la Unión Europea. 
Cuanta mayor movilidad de estudiantes y de personas en formación haya, más fuerza tendrá este pegamento para mantener unido el proyecto europeo. 
El segundo beneficio es que la mano de obra estará mejor adaptada a las necesidades del mercado laboral internacional y del mercado laboral del futuro, caracterizados por la flexibilidad y la capacidad de reconversión. 
Es imprescindible que Europa responda a estas exigencias si queremos abrigar esperanzas de seguir el paso de los otros grandes actores económicos en la escena global. 
Los americanos disfrutan de un altísimo grado de movilidad entre los estudiantes y la masa trabajadora. 
Éste sí es seguramente un ámbito en el que podemos aprender de los EE.UU.. 
Debo dar por ello las gracias- muchas gracias- y felicitar al Sr. Evans, quien ha trabajado muchísimo, incansable y excelentemente en este informe. 
Asimismo también me permito manifestar mi alegría por que esta recomendación se dirija a individuos de los países solicitantes de Europa Central y Oriental. 
Es importantísimo que los jóvenes de los países solicitantes también participen en los programas educativos comunitarios. 
A este respecto puede ponerse en duda si los programas educativos comunitarios son suficientes. 
Debemos contemplar si pueden mejorarse y, llegado el caso, ampliarse, para que más jóvenes puedan estudiar en el extranjero. 
Todos los jóvenes deben, antes o después en su ciclo formativo, tratar de estudiar en otro país, asimismo también es importante para los profesores y voluntarios que éstos obtengan inspiración de otros lugares. 
Estamos en el buen camino con esta propuesta del Sr. Evans. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, la unanimidad en la comisión ha mostrado que estamos bastante satisfechos de los progresos realizados desde nuestro último debate del día 4 de octubre del pasado año. 
Mediante las enmiendas el documento resulta más afinado y logra una calidad más actual y más desprovista de burocratismo. 
Sin embargo, en la práctica cotidiana nos encontramos aún lejos del objetivo. 
Hemos de hacer todo lo posible para que los acuerdos se hagan realidad también y para que en Europa las libertades que mantenemos como principio fundamental de la Unión Europea determinen también de manera fáctica la vida cotidiana de todas las personas, no sólo de los jóvenes. 
Mis queridos colegas, aunque desde la implantación del mercado interior se ha incrementado ya la movilidad de los ciudadanos, ésta puede verse aún más acrecentada en muchos aspectos. 
Hemos de seguir eliminando todos los obstáculos que existen en el camino hacia la libertad de circulación. 
La igualdad de derechos y de remuneraciones, el reconocimiento de los estudios realizados en el extranjero, el fomento de la diversidad lingüística, el fomento del intercambio de información y la supresión de los obstáculos técnico-administrativos y financieros deben llevarse a la práctica y no quedarse simplemente consignados en la letra del plan de acción. 
Una de las oradoras que me han precedido se ha referido a que en la cuestión de la fiscalidad, en la cuestión del reconocimiento de los seguros de enfermedad, en la legislación laboral y social, en los seguros sociales y en el reconocimiento mutuo de los títulos educativos no hemos alcanzado aún el objetivo. 
Por consiguiente, reclamo que en todas estas cuestiones apliquemos también con más fuerza el principio fundamental de la UE de la prohibición de la discriminación, pues la movilidad requiere también el apoyo social y determinados criterios mínimos a fin de que quien se mueva no resulte desfavorecido por otras causas. 
. (FR) Señor Presidente, la movilidad es uno de los temas por los que la Comisión tiene gran interés. 
Le concedemos una importancia fundamental- como lo han dicho los parlamentarios- tanto para el enriquecimiento personal del individuo como para la construcción de la gran familia europea. 
Tener movilidad es conocer a otras personas, es trabajar mejor juntos, también después de los estudios. 
Señor Evans, quisiera agradecerle infinitamente el trabajo que ha realizado, su compromiso y sus esfuerzos para encontrar soluciones a problemas que no son siempre fáciles debido a barreras institucionales que, lamentablemente, nos impiden avanzar tan rápidamente como cada uno de nosotros quisiera hacerlo. 
El Parlamento Europeo ha dado muestra de una excelente cooperación. 
Además de al Sr. Evans, quisiera dar las gracias a todos los miembros de la Comisión que han contribuido a que Parlamento, Consejo y Comisión encuentren juntos soluciones al final de un largo procedimiento. 
El texto de la posición común del Consejo sobre el que el Parlamento debe pronunciarse es el resultado de un largo debate entre las tres instituciones. Creo que el texto final responde a las expectativas de todos los actores de la movilidad en Europa, aunque yo esté de acuerdo con los parlamentarios en decir que un texto no es suficiente, que debe estar seguido de acciones concretas. 
Pero continuando con el debate sobre la recomendación, pienso que sin embargo avanzamos por la vía propuesta por las cumbres de Lisboa y de Niza, que han proclamado que las políticas en materia de educación y de formación juegan un papel protagonista en el crecimiento económico y la renovación social europea y que, por tanto, han hecho de la movilidad una de las apuestas de estas políticas. 
Es también desde esta perspectiva, señor Presidente, desde la que se debe entender el plan de acción para la movilidad ratificado por el Consejo de Niza, pues aporta un complemento operativo a las medidas previstas por la recomendación y constituye la expresión de un nuevo compromiso de los Estados miembros a favor de la movilidad. 
Tratándose de compromiso, quisiera insistir sobre el de mi colega, el Sr. Busquin, que trabaja activamente para que la movilidad de los investigadores siga la misma lógica. 
Antes de exponerles la posición que la Comisión piensa adoptar en esta segunda lectura, me permitirán volver sobre las enmiendas aprobadas por el Parlamento en primera lectura porque su ponente ha hablado de ellas. 
Me agrada poder comprobar que tanto la Comisión, en su propuesta modificada del 9 de noviembre pasado, como el Consejo, en su propuesta del pasado 19 de enero, han admitido, bien íntegramente, bien en parte, la gran mayoría de estas enmiendas, sobre todo las que aportaban puntualizaciones al texto para reforzar la acción comunitaria. 
El texto de la posición común recoge así 40 enmiendas de las 56 votadas por el Parlamento en primera lectura. 
Ahora, en segunda lectura, el Sr. Evans propone 6 enmiendas a la posición común sobre las que voy a pronunciarme. 
Algunas de estas enmiendas añaden una referencia explícita al plan de acción para la movilidad como acto jurídico nuevo referido al ámbito de la movilidad; son las enmiendas 1 y 3. 
Tratan, por tanto, de crear una sinergia entre estas dos iniciativas; y quien dice sinergia dice también acuerdo de la Comisión, porque estamos de acuerdo con los dos textos. 
Sin embargo, en el considerando modificado por la enmienda nº 1, quisiera añadir la referencia al Consejo de Niza que inicialmente estaba prevista en la enmienda nº 3. 
Se trata, en realidad, de una corrección mínima que no altera el contenido. 
Estoy de acuerdo con las enmiendas 2 y 4 que aportan precisiones sobre el seguimiento de la recomendación, principalmente sobre el calendario y el contenido de los informes de los Estados miembros y de la Comisión en relación con la aplicación de la recomendación. 
Considero también que las puntualizaciones aportadas por el Parlamento en su enmienda 3 en relación con el perfil de los miembros del grupo de expertos, son totalmente pertinentes; finalmente, me adhiero al punto de vista de la Comisión de Cultura del Parlamento que propone eliminar el carácter temporal- y cito- hasta un año, en principio, en la definición de movilidad y de actividades de voluntariado, en las enmiendas 5 y 6. 
Esto lleva a una formulación más sencilla, según la cual la movilidad contemplada por la recomendación es la movilidad de duración limitada tal como figuraba en la propuesta inicial de la Comisión. 
Así, pues, como ve, apreciado ponente, la Comisión puede aceptar las 6 enmiendas propuestas en segunda lectura mediante una ligera reformulación de la enmienda 3. 
En nuestra opinión, esta convergencia de puntos de vista del Parlamento, de la Comisión y- estoy segura de ello- también del Consejo, demuestra que todos seguimos la misma dirección. 
Quisiera además, señor Presidente, agradecer al Parlamento el que siempre haya comprendido la importancia de la movilidad y que siempre haya expresado su voluntad de cooperar a lo largo del procedimiento- incluso en momentos difíciles -, ¿verdad, señor ponente? 
Hemos alcanzado no un acuerdo político, sino un acuerdo que atañe a las profundas necesidades de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. 
Quisiera también recordar el importante papel asignado al Parlamento en las iniciativas comunitarias relacionadas con la movilidad, tales como la comunicación sobre los nuevos mercados europeos de trabajo que prevé principalmente la creación de una task force de alto nivel sobre las competencias y la movilidad, o incluso en la Agenda social, que recomienda la modernización de las normas para tratar de asegurar el mantenimiento de los derechos sociales de los trabajadores en materia de movilidad. 
Quisiera recordar este texto a los parlamentarios que muy acertadamente han puesto de manifiesto que uno de los grandes problemas no solucionado todavía se refiere al aspecto social. 
Por último, quisiera decir lo comprometida que estoy, en nombre de la Comisión, en establecer rápidamente el dispositivo previsto por la recomendación. 
Este mecanismo nos permitirá garantizar un seguimiento en el marco de una acción conjunta de los Estados miembros; por este lado, creo responder a las legítimas preocupaciones que el Parlamento ha expresado a lo largo del procedimiento sobre un seguimiento verdaderamente eficaz. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Las nuevas tecnologías en la educación de mañana 
Señor Presidente, el informe del que me he encargado como ponente de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, está basado en un texto de la Comisión que se publicó en enero del año 2000 titulado "Concebir la educación del futuro- Promover la innovación con las nuevas tecnologías". 
Por supuesto, a partir de ahí el Consejo Europeo se movió con mucha más rapidez y así en Lisboa, en marzo, tuvimos en las conclusiones las posiciones sobre una transición hacia una economía competitiva, dinámica y basada en el conocimiento, y el mismo año en el Consejo Europeo de Santa María de Feira vimos las iniciativas sobre el e-Europe y el e-learning. 
Es decir, por un lado los propios acontecimientos han superado este texto de la Comisión; pero por otro, ha dado a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento Europeo la posibilidad de determinar algunas direcciones generales en relación con las políticas de la Unión Europea, que ya no es sólo un espacio económico y financiero, sino que es también un espacio de educación y la Unión Europea tiene un papel que desempeñar en la evolución de la sociedad del aprendizaje. 
Estas posturas y principios que se podrían llamar generales, están incluidos en el informe cuya elaboración he asumido, e intentaré explicarles brevemente el decálogo de los puntos que me parecen principales. 
Primero, la Unión Europea no es la potencia vanguardista a nivel mundial; está muy retrasada, especialmente en relación con los Estados Unidos; los centros educativos sufren el infraequipamiento existente en las tecnologías de la información y de aprendizaje y, desde este punto de vista, es necesario dar la alarma para que pase a la velocidad rápida. 
Una alarma que no lleve a imitar a los Estados Unidos, sino a la formación de un modelo de incorporación de estas tecnologías, que se apoye en los principios culturales de la Unión Europea. 
Segundo, las cuestiones de la tecnología, de la información y de la comunicación forman múltiples peligros de discriminaciones, de desigualdades, de exclusiones, de reproducción de Europa, de la conocida Europa del norte y del sur en el ámbito tecnológico. 
Hay riesgo de desigualdad entre los países, entre las regiones, entre las clases sociales, entre los menores y los mayores de edad, entre hombres y mujeres, entre alumnos y padres, entre escuelas públicas y privadas. 
Debemos tener en mente todos estos peligros para formar una sociedad del conocimiento que se inspire en los principios de la justicia, de la cohesión, de la igualdad. 
Tercero, a pesar de que estamos de acuerdo en la presencia dinámica de la Unión Europea en este espacio, en paralelo a los esfuerzos y a la coordinación de los esfuerzos de los países, debemos tener siempre en cuenta las particularidades de cada país, las particularidades culturales y la diversidad cultural existente en la Unión Europea y especialmente el multilingüismo. 
Hay una diferencia entre las lenguas grandes y pequeñas; no debe haber lengua o lenguas de hegemonía y tenemos que poner especial atención en las dificultades especiales de las lenguas pequeñas, de aquellas que no se escriben con letras latinas. 
Cuarto, es importante ayudar a los medios para difundir fácilmente estas tecnologías, lo cual significa precios de acceso más bajos, medidas especiales, tal como tarifas preferentes, medidas fiscales para su incorporación a los centros educativos, intervenir para reducir los precios de las telecomunicaciones, especialmente para reducir el precio de acceso a Internet. 
Quinto, no encerrar estas tecnologías en tres etapas y en la estructuración clásica de la educación, sino ver el tema de los mayores, de la formación permanente, de todas estas personas que están fuera del círculo y del proceso de la educación típica, teniendo en cuenta además el gran papel de estas tecnologías para afrontar el paro. 
Sexto, ver un modelo humano que no se apoye en el exceso de información, sino que se asocie a la necesidad de los alumnos de disponer de tiempo libre y de cultivar la imaginación y la creatividad también con otros medios y con el desarrollo del comportamiento social en la escuela. 
No tecnologías que individualicen, aíslen, enajenen al alumno. 
Séptimo, especial importancia para la formación del personal docente, con el fin de que no se conviertan en ordenadores- museos en la escuela, que significa también atención a sus competencias y a su punto de vista pedagógico y crítico en cuanto a estas tecnologías. 
Octavo, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación no debe consistir sólo en un procedimiento que venga de arriba, sino que debe ser interactiva con la sociedad, dada la gran diversidad de situaciones y la complejidad de los problemas. 
En este procedimiento no basta simplemente con dotar de ordenadores a los centros, sino que deben participar las asociaciones de padres, de profesores, psicólogos. 
Noveno, a causa de la velocidad de la evolución y obsolescencia de estas tecnologías, debemos examinar cuestiones presupuestarias, de la infraestructura tecnológica, de la continuidad de la educación. 
Y décimo, la Comisión, que ha emprendido iniciativas importantes- concretamente la Sra. Reding- quizá deba poner más atención en el estudio de los resultados de estas tecnologías en las escuelas, en el papel de los Fondos estructurales, en el intercambio de experiencias entre los países, etc. 
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que es posible que sus Señorías tengan ciertas reservas en uno u otro punto; yo también tengo reservas en el punto 23, sobre la aceptación general de la declaración de Bolonia; con todo, este informe ha contado con el apoyo y ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión y espero que tenga la misma suerte en la Sesión Plenaria. 
. (EN) Señor Presidente, estoy seguro de que en todo el Hemiciclo, y entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, existe la opinión unánime de que la educación es importante. 
El Presidente Kennedy dijo de Estados Unidos: "nuestro progreso como unión no puede ser más rápido que nuestro progreso educativo". 
Si entonces eso era válido para los Estados Unidos, ahora no lo es menos para Europa. 
Estoy seguro de que también coincidiremos todos en que la responsabilidad educativa primordial reside en los Estado miembros. 
No deberíamos olvidar que la principal responsabilidad educativa corresponde a los propios estudiantes y maestros. 
Asimismo deberíamos hacer todo lo posible por otorgar la máxima autonomía que podamos a las escuelas y universidades. 
La cuestión que hemos de tratar es: ¿qué puede hacer Europa? 
¿Qué podemos aportar a la actividad educativa? 
La propia existencia de este debate demuestra que en el Parlamento Europeo, y ciertamente en la Comisión y en el Consejo, hemos presionado por que se prestara más atención al papel de Europa en el ámbito de la educación. 
La prosperidad de nuestro continente depende del nivel educativo que se ofrezca a nuestros ciudadanos. 
El resto de informes que estamos debatiendo esta tarde tienen que ver con el presente y con el futuro. 
Mi informe se ocupa principalmente del pasado. 
Es parcialmente crítico, pero más bien critica lo sucedido en el pasado y no lo que está ocurriendo actualmente. 
Mi informe se titula: Libro Blanco, "Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento". 
Se trata de un título que impresiona, pero no estoy seguro de que el informe sea tan positivo. 
Después de Lisboa y de Estocolmo no nos queda ninguna duda de la importancia que Europa otorga al desarrollo de la economía del conocimiento. 
Estoy seguro de que con la Comisaria Reding y su equipo la futura actividad de la Comisión, como respuesta a la creciente prioridad otorgada a la educación que se acordó en las cumbres de Lisboa y Estocolmo, será mejor que la descrita en mi informe. 
Me temo que después de haber leído la comunicación de la Comisión no he podido hacerme una idea sobre cuánto realmente se había acercado Europa a la sociedad del conocimiento y sobre qué dirección deseamos tomar. 
Lamentablemente, el documento me pareció vago, indicativo de la ausencia de acciones concretas en los últimos años, si bien contiene algunas notables excepciones. 
Los principales objetivos que la Comisión intentó alcanzar con la puesta en práctica de este Libro Blanco parecían encomiables: desarrollar la empleabilidad e impulsar el potencial de conocimientos. 
No estoy muy seguro de qué es lo que se pretendía al contribuir a la creación de una Europa de los pueblos- esa es una frase que parece ser estuvo de moda hace algunos años. 
Lamentablemente, el informe de la Comisión no detalló realmente ningún progreso de la Comisión respecto de los cinco objetivos establecidos. 
Era más bien entusiasta, aunque vago en términos del impacto de determinadas acciones. 
Lo que nosotros- por supuesto que en nuestra calidad de autoridad presupuestaria- y el público quiere saber es cuánto se gastó. 
¿Qué cantidad eran recursos nuevos? (en oposición a los fondos de programas existentes). 
¿En qué consistió el valor añadido europeo? 
¿Qué lecciones se aprendieron para el futuro? 
Le pido a la Comisión que se asegure de que recibamos esa información para que, en tanto autoridad presupuestaria, podamos ejercer más presión para obtener más fondos para esta labor tan importante. 
Seguro que hay muchos proyectos que son dignos de un ulterior desarrollo: por ejemplo el sistema europeo de transferencia de créditos. 
Pero como nos muestra el debate que hemos mantenido al comienzo de esta noche, 40 años después del comienzo de la UE, 15 años después del Acta Única Europea, aun no podemos decir que en Europa exista el mutuo reconocimiento de calificaciones académicas. 
Hay ciertas cosas que pueden y deben realizarse a escala Europea. 
Europa, con su riqueza en diversidad lingüística presenta tanto problemas como virtudes. 
Quisiera decir: seamos realistas en lugar de idealistas en exceso. 
¿Podemos pedirles a los Estados miembros que insistan en que nadie acceda a la enseñanza superior a menos que esté cualificado en una lengua moderna distinta de la propia? 
Porque, en la actualidad, en algunos Estados miembros no existe esta exigencia. 
Con seguridad hemos de trabajar en el campo de la informática, pero de eso se están ocupando otros informes. Yo no voy a tratar eso. 
El mercado único necesita una fuerza laboral mucho más móvil que la que tenemos actualmente. 
La movilidad en Europa es menos de la mitad que la existente en los Estados Unidos. 
Hemos de procurar que nuestra fuerza laboral sea más móvil, y eso implica más recursos a escala europea para el asesoramiento sobre el desarrollo profesional y sobre la experiencia laboral. 
Estoy seguro de que los servicios de orientación profesional de toda Europa carecen de los recursos para advertir a los estudiantes sobre las oportunidades que ofrece el mercado único europeo. 
No obstante, quisiera decir que no sólo la Comisión puede hacer cosas. 
Permítanme sugerir una forma en la que el Parlamento Europeo podría ayudar. 
Desde luego, apoyamos los intercambios educativos de Erasmus, Sócrates etc. en el Instituto Europeo de Florencia, pero el número de estudiantes que tienen la oportunidad de experimentar Europa no es suficiente. 
Considero que los 100 millones de euros que gastamos cada año por utilizar este edificio durante una semana al mes constituye un enorme despilfarro de recursos. 
Sugiero que reflexionemos sobre la posibilidad de convertir este edificio en una Universidad Europea. 
Eso sería positivo para los estudiantes europeos, para la ciudad de Estrasburgo, para Francia, para este Parlamento y para Europa. 
. (IT) Señor Presidente, aunque retomaré algunos de los temas ya mencionados por el Sr. Alavanos, quisiera contribuir al debate planteando mi intervención describiendo algunos aspectos del contexto en el que nos encontramos y en el que e-Learning incidirá, en mi opinión, destacando dos aspectos fundamentales que, por otra parte, creo que son los méritos principales que hay que atribuir a los dos documentos de la Comisión: la comunicación antes y el plan de acción, después. 
Una correcta interpretación del principio de subsidiariedad: el plan de acción e-Learning ha sido capaz de insertarse en el delicado debate sobre el uso que hacen los Estados de sus sistemas educativos poniendo en evidencia que la expresión "espacio europeo de educación" es una expresión sensata, positiva, a la que debemos dar crédito sin temor a minar las identidades culturales de nuestros Estados. 
Y el tema de las nuevas tecnologías es, sin duda, un tema en los que más se puede trabajar para valorizar estos aspectos comunes. 
El segundo aspecto positivo radica, a mi modo de ver, en que el plan de acción e-Learning favorece una lectura positiva y, yo añadiría, social de algunos fenómenos típicos de la globalización. 
En este sentido, debo decir que en cierto modo el plan de acción coincide con algunos temores del Sr. Alavanos porque, indudablemente, plantea las posibilidades de acceso a la sociedad del conocimiento para evitar desequilibrios y, yo añadiría, da un nuevo sentido a la colaboración entre las instituciones públicas y privadas En efecto, en cierto modo, se valoriza y plantea el carácter peculiar, es decir, que los sistemas de instrucción y de educación de una nación prevalecen, en todo caso, sobre cualquier otro sistema, incluso sobre los sistemas de Gobierno y, por lo tanto, deben beneficiarse del máximo esfuerzo de todos los actores de la creación de un bienestar comunitario. 
Así y todo, antes de detenerme en algunos aspectos específicos, quiero agradecer a la Comisión y en particular a la Comisaria Reding y a su equipo la disponibilidad mostrada para conmigo, así como dar las gracias a los colegas de la Comisión de Cultura, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Igualdad de Oportunidades por haberme ofrecido a lo largo de estos meses una contribución ciertamente valiosa. 
Debo decir que en los aspectos más específicos abarcados en mi informe, me he detenido muy en especial en la cuestión de la formación de los profesores. 
Quisiera tratar de que se entendiera el significado de la relevancia, de la importancia de este tema a través de un ejemplo. 
Cuando Dante recorre el camino a través del infierno y del purgatorio, está acompañado de un guía: éste guía es Virgilio. 
Virgilio es una persona con unas dotes morales elevadísimas pero que en ese momento también tiene a su disposición lo mejor que la tecnología de la cultura clásica le puede ofrecer. 
Virgilio usa, por ejemplo, la tecnología y la técnica de la metáfora, y lo hace para que Dante llegue a un mayor conocimiento, para que pueda comprender más y mejor el sentido del mundo en el que vive. 
Por eso, en este momento si no permitimos a los profesores europeos emplear conveniente y realmente las nuevas tecnologías, les convertimos en Virgilios incompletos, o sea, en Virgilios que no podrán permitir a Dante- el Dante que es cada uno de sus alumnos- recorrer el camino que le lleva a la purificación y al conocimiento, porque no disponen de las nuevas metáforas, de las nuevas estructuras, de las nuevas tecnologías digitales que por fin permiten gozar de un sistema educativo libre de las trabas de una cultura con frecuencia fragmentaria y enfarragosa. 
Es en este sentido que el tema de la formación de los profesores es absolutamente prioritario y los esfuerzos que se entrevén en algunas páginas del plan de acción se han de incrementar y premiar. 
Hay que incrementarlos y premiarlos porque todos tenemos el deber de comprender que la acción e-Learning no solo tiene como consecuencia una simple reforma de ciertos aspectos de nuestros sistemas educativos, sino una verdadera reforma mentis. 
Deberíamos conseguir aclarar cómo y hasta qué punto es necesario este cambio en los sistemas educativos de la Unión. 
Para hacerlo creo que los esfuerzos que haremos, incluso en el ámbito del presupuesto y a la hora de aclarar las orientaciones presupuestarias, serán sin duda notables. 
En conclusión, volviendo a dar las gracias a nuestros colegas, quisiera transmitirles sobre todo el corazón de nuestro mensaje, es decir, que, como he querido subrayar, las nuevas tecnologías son un instrumento, un medio y no un fin; sin embargo, este medio es indispensable en este momento. 
Señor Presidente, estimados colegas, hoy estoy representando al Sr. Gargani, el cual por razones comprensibles se encuentra en Italia. 
En este gran debate sobre política educativa hemos dirigido un pregunta a la Comisión y al Consejo- lamentablemente, el Consejo no puede estar hoy presente aquí- porque creemos que ahora, cuando todo el mundo habla de repente de un espacio educativo europeo, el Parlamento Europeo, que ha hablado siempre de esto y ha luchado por esto, pero que siempre ha sido bloqueado por el Consejo de Ministros, no puede entender cómo a él, en cuanto representante elegido de las ciudadanas y de los ciudadanos, se le excluye de cosas que aunque son muy importantes, han sido sugeridas por nosotros ya hace mucho tiempo. 
Creo que no ha sido decente- quizá esta formulación es un tanto excesiva- creo que no ha sido serio solicitar del Parlamento el día 8 de febrero una opinión acerca de los futuros objetivos de los sistemas de formación profesional general, que fue presentada al Consejo exactamente cuatro semanas más tarde. 
Esto no puede seguir siendo así. 
Para esto hemos sugerido este debate y pedimos que en el futuro se nos introduzca seriamente en la discusión. 
Todos nosotros somos de la opinión de que este informe sobre la formación profesional general en la Unión Europea representa un gran paso adelante después del Consejo de Lisboa, pues en el mismo se consignan objetivos concretos y se define el papel futuro de la formación profesional general. Éste es un conjunto de problemas que afecta a la totalidad de los ciudadanos europeos. 
Repito una vez más que aquí se trata de algo que ya hemos dicho siempre. 
En mi calidad de ponente de SOCRATES he luchado por esto- al final, sin éxito- con mis colegas. 
Si ahora se produce el éxito con retraso, estaré agradecida. 
Pero debemos tener en cuenta siempre que aquí no se trata de un ámbito político que se pueda imponer sin el apoyo de los Estados miembros. 
Aquí se trata de cosas que sólo se pueden abordar en el marco de la subsidiariedad. 
Podemos aducir ejemplos, podemos hacer una sinopsis, de cómo están las cosas en un país o en otro. 
Quizá los países podamos aprender los unos de los otros. 
No es preciso reinventar constantemente la rueda. 
Pero en estos ámbitos no podemos hacer mucho más. 
Quisiéramos insistir en que el método abierto de coordinación, traído a la vida por el Consejo Europeo en su reunión de Lisboa, en cuyo marco se ha elaborado este informe no debe llevar a que a que no se respete el papel de los órganos previstos en los Tratados. 
Somos de la opinión de que los argumentos generales sobre el futuro papel de la formación profesional general en el marco del método abierto de coordinación deben tener en cuenta no sólo la contribución de los Estados miembros sino, sobre todo, la contribución del Parlamento Europeo y de la Comisión respetando el principios de subsidiariedad. 
Insistimos en que las conclusiones finales que ha sacado el Consejo Europeo de Estocolmo y los objetivos estratégicos que se han formulado podrían constituir el fundamento de un programa de trabajo para la próxima década. 
Pero todo esto cuesta dinero. 
Quisiera recordar a sus Señorías que no sólo se pueden decir siempre bellas frases, hacer grandes declaraciones finales e instar a la Comisión a que trabaje. 
Al final estaremos todos y diremos: yo comprendo las palabras, sólo que me falta la fe, porque no hay dinero para todas las cosas que queremos poner en marcha. 
Ojalá que la convicción de los Jefes de gobierno de que la formación es enormemente importante en Europa, mucha más importante de lo que algunos creen todavía, tenga como resultado que se gaste más dinero en ella. 
Quisiera llamar la atención de la Comisión y del Consejo acerca de nuestra insistencia en que el Parlamento Europeo, en el sentido de la cooperación interinstitucional entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, participe en la elaboración del informe posterior así como de todas las medidas derivadas del mismo que se adopten en el marco del programa de trabajo a largo plazo. 
Estoy segura de que la Sra. Comisaria lo hará. 
Espero solamente que se de traslado de esto al Consejo y que éste tropiece igualmente en las zancadillas de la Sra. Reding. 
Por lo demás, espero que trabajemos conjuntamente en lo que está formulado en este programa de trabajo. 
. 
(NL) Señor Presidente, estimado Presidente, estimada señora comisaria, estimados colegas, estoy seguro de no descubrir nada nuevo si digo que la educación y la formación cobran cada vez más importancia en un moderna economía del conocimiento si pretendemos competir desde Europa con otras zonas industrializadas del mundo. 
Me limito a las sugerencias que recogía en mi recomendación. 
Primero: se debe prestar sin duda una mayor atención a la formación informática tanto de alumnos como profesores en la educación. 
Los estudiantes que no cuenten con formación en este campo correrán el riesgo de quedar excluidos de la nueva economía. 
Mantenemos una gran desventaja con respecto a Estados Unidos en el uso de la informática en la educación y en las empresas. 
Considerando que una cuarta parte de los nuevos puestos de trabajo creados a lo largo de la última década guardan relación con la sociedad de la información, debemos ser conscientes de que se debe preparar a los estudiantes para ello. 
Por lo tanto, debemos tratar de aprovechar de forma óptima las inversiones públicas destinadas al uso de la tecnología. 
Segundo: No es la primera vez que se destaca la necesidad de que los estudiantes se acerquen al mundo de la empresa con el objeto de formar a los empresarios de mañana. 
En tercer lugar, se puede mencionar el hecho de que se ha vuelto imprescindible la instalación de un mayor número de escuelas de segundas oportunidades, considerando que el número actual es insuficiente. 
Se han previsto dos proyectos piloto en España, Francia y Alemania- los países grandes- pero la Comisión no ha mencionado para nada a los demás países. 
Si se tiene en cuenta el tamaño de los grandes países, lo ideal sería llevar a cabo cinco proyectos en cada uno, mientras que en los países pequeños se deberían realizar dos proyectos. 
Incrementando el número de proyectos piloto se podría convertir a las escuelas de segundas oportunidades en un instrumento efectivo a la hora de reforzar la cohesión social y combatir la exclusión con mayor eficacia. 
Por último, deseo destacar los conocimientos lingüísticos; uno de los principales objetivos europeos. 
Nuestro ponente, a quien agradezco su informe, opina que el conocimiento de dos idiomas ya constituiría un éxito. 
En mi recomendación, voy un paso más allá. 
Considero que se debe plantear el conocimiento de un mínimo de tres idiomas para fomentar la integración social y las oportunidades de los estudiantes en el mercado laboral. 
¿Por qué? 
Porque existen numerosos Estados Miembros con más de un idioma oficial. 
Bélgica cuenta con tres. 
El aprendizaje de los idiomas oficiales del país de procedencia de los estudiantes resulta obviamente imprescindible para la integración en el proceso laboral aunque un idioma adicional al margen de los idiomas oficiales no es ningún lujo. 
Si nos fijamos en el último informe relativo al conocimiento de idiomas realizado por Eurostat, nos damos cuenta de que menos de la mitad, tan solo un 45%, de los ciudadanos de la Unión Europea puede participar en una conversación que se mantenga en un idioma distinto a su lengua materna. 
Queda, por lo tanto, mucho por hacer, lo que también se puede aplicar al resto de los aspectos tratados en este enriquecedor debate. 
Señor Presidente, la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida en la construcción de una sociedad del conocimiento es fundamental para superar los desafíos del cambio económico y social y del desarrollo sostenible a los que nos enfrentamos en la actualidad. 
A la luz de las recientes pérdidas de empleos ocurridas en toda Europa, la reeducación y la formación serán aun más importantes a la hora de contribuir a la readaptación de la cualificación de los trabajadores, con el fin de ayudarles a encontrar un nuevo empleo. 
Para que esto sea efectivo es necesario que se liberen los recursos suficientes. 
La educación a lo largo de toda la vida tiene un significado mucho más amplio: también es importante para la realización personal y como un medio para desarrollar una ciudadanía responsable, estimulando a la gente a participar plenamente en su comunidad. 
De modo que puede contribuir a romper el ciclo de pobreza y de desempleo. 
A través de la educación informal y no académica también se puede involucrar efectivamente tanto a adultos como a jóvenes de las zonas más desfavorecidas, que son los más amenazados por la exclusión social y la pobreza y muy a menudo tienen actitudes muy negativas hacia la educación formal y, por consiguiente, es probable que sean los últimos en beneficiarse de la misma. 
Lamentablemente, el Libro Blanco de la Comisión "Enseñando y Aprendiendo- Hacia la sociedad del conocimiento" ha perdido la oportunidad de elaborar un informe completo, que incluyese ejemplos de buenas prácticas, lo que hubiese sido de gran valor para todos los que trabajan en el sector. 
No contiene suficiente información sobre la efectividad y la eficiencia de costes de ciertas acciones y hay muy poca información sobre lo que se ha hecho para incidir en grupos específicos tales como las mujeres, los trabajadores mayores, los inmigrantes, las familias de zonas desfavorecidas, los desempleados de larga duración y los discapacitados. 
Y mientras hay universidades, colegios y grupos comunitarios así como gobiernos regionales y locales en toda la UE que llevan a cabo un trabajo excelente y pionero en este sector, el informe no acaba de reflejarlo. 
Por tanto, coincido con el ponente en que incluso como un informe provisional de lo que, después de todo, era un Libro Blanco ambicioso, esto es un resumen decepcionante de los progresos realizados en esta cuestión tan importante. 
Espero que los informes futuros sean más positivos y puedan ser en sí mismos herramientas útiles para aquellos que trabajan en la educación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión de Presupuestos ha atribuido la mayor importancia a este asunto, en particular a la iniciativa "e-Learning" por la contribución que puede hacer para que los ciudadanos, mediante la formación adecuada, tengan mejores condiciones para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la información. 
Recuerdo que en el marco de las líneas generales de orientación para 2002, aprobadas a 3 de abril pasado, y que son un importante instrumento político en materia presupuestaria, se considera expresamente la iniciativa "e-Learning" una etapa importante con vistas a la consecución del objetivo establecido por el Consejo Europeo de Lisboa de garantizar, partiendo del conocimiento, un crecimiento económico sostenible con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social. 
En este marco, solicitamos a la Comisión que estudie la posibilidad de formular un marco jurídico más adecuado que permita complementar de hecho la acción de los Estados miembros en esa esfera. 
En ese sentido se orienta también la opinión de la Comisión de Presupuestos aneja al informe Mauro. 
Reafirmamos que una iniciativa de esa importancia justifica la creación de un programa específico dotado de fundamento jurídico propio. 
Así, pues, consideramos poco adecuado el recurso a programas existentes, tales como Leonardo, Sócrates, Cultura 2000, Programas de Investigación y Fondos estructurales, como fuentes de financiación de la nueva iniciativa que debe valer por sí misma también en la esfera de la financiación. 
Simultáneamente, seguimos con el mayor interés la ejecución de la acción preparatoria existente en esta esfera en el presupuesto de este año, es decir, del año 2001. 
Termino felicitando al Sr. Mauro por la excelente labor que ha llevado a cabo. 
_ (DE) Señor Presidente, en el caso del e-Learning hemos de tener en cuenta, ante todo, que estamos pisando un mundo nuevo, que estamos investigando algo nuevo y que no podemos permanecer en vías ya abandonadas. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha constatado una vez más que las mujeres siguen estando excluidas todavía en gran medida de la Web. 
Las actividades de Internet y todo lo que está relacionado con la New Economy, no constituyen aún para las mujeres el hermoso nuevo mundo, algo que, por lo demás, se ha constatado hace poco en una gran conferencia internacional en Hamburgo. Dieciocho países aportaron sus experiencias. 
Existe una discrepancia digital. 
En comparación con los hombres, las mujeres participan en Internet en una proporción de uno a cuatro. 
Aunque el acceso es mejor, entre los principiantes de los estudios se sigue encontrando todavía sólo un 20% de mujeres frente a un 80% de varones. 
A la hora de fundar empresas en el ámbito de Internet la participación de mujeres sigue siendo muy reducida. 
Por esta razón, exigimos que se cree de manera muy concreta un nuevo acceso para mujeres, que se desarrolle un software muy específico para mujeres porque la utilización se presenta muy diferente y porque en el caso de las mujeres sigue habiendo aún grandes déficits de cualificación. 
Si seguimos las conclusiones de la cumbre de Lisboa y queremos configurar la sociedad basada en el conocimiento tenemos que poner una especial atención en las mujeres. 
En cuestiones muy puntuales, por ejemplo, hay que abandonar también la coeducación. 
Aquí hay que recorrer nuevos caminos. 
Creo que es especialmente importante que recuperemos el retraso en el desarrollo respecto de los norteamericanos. 
También aquí se pone de manifiesto que las mujeres americanas tienen acceso en un grado mucho mayor a Internet. Incluso en algunos puntos han superado a los varones. 
Estimo que aún tenemos buenas oportunidades de intervenir aquí con nuestro plan de acción. 
Por esta razón pido que a la hora de configurar el plan de acción se ponga una especial atención en desarrollar una participación mayor y más específica de las mujeres. 
. (FR) Señor Presidente, si he entendido bien, usted me concede la palabra para responder a la pregunta oral. 
Responderé más tarde a la discusión de los informes. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Gargani, que hoy ha estado representado por la Sra. Doris Pack, por su pregunta oral sobre los futuros objetivos concretos de los sistemas de educación y de formación. 
Por encima de la cuestión de saber quién lo ha recibido y cuándo, y qué informe se ha elaborado, la Sra. Pack ha dicho algo primordial. 
Ha dicho que el Parlamento Europeo estaba desde el inicio en todos los frentes para que la educación fuera algo más que un elemento regional y nacional y para que la dimensión europea de la educación no sólo figure en el orden del día sino que sea reconocida por sus beneficiosos efectos. 
Casi lo hemos conseguido, señora Pack, porque, desde Lisboa ha habido una especie de revolución silenciosa, un enorme paso adelante. 
Ahora bien, aunque hayamos dado este enorme paso adelante, no hay que olvidar que muchas estructuras, sobre todo estructuras nacionales, están todavía ancladas en tiempos antiguos, que no son tan antiguos, pues sólo tienen uno o dos años, y que, por tanto, todavía tenemos dificultades para llegar a este equilibrio entre la concepción de la subsidiariedad de otro tiempo y la concepción de una subsidiaria que muy bien puede colaborar con los intereses europeos. 
Este es un poco el trabajo de equilibrista que estoy haciendo ahora, con la ayuda de ustedes, tratando de ir muy lejos pero velando por no destruir la confianza de algunos que ven con malos ojos, con ojo crítico, posibles intromisiones de la subsidiaria. 
Dicho esto, quisiera responder claramente a la petición presentada por el Sr. Gargani. 
Es verdad que el Consejo Europeo de Lisboa solicitó al Consejo de Educación, y no a la Comisión, que iniciara una reflexión general sobre los futuros objetivos concretos de los sistemas de enseñanza y presentara un informe al Consejo Europeo en la primavera de 2001. 
A la Comisión, que hiciera avanzar el Consejo, aunque no se había solicitado nada específicamente a la Comisión. 
Pero, en resumidas cuentas, es sin embargo la Comisión la que ha preparado los trabajos del Consejo. 
Y es quizás a causa de estas dificultades por lo que el Parlamento no ha recibido los documentos en cuestión a su debido tiempo para reaccionar. 
Ha recibido los documentos después, inmediatamente después. 
Por eso, hemos aprendido la lección de esta situación que no es culpa de nadie pero que es inherente a ciertas formas de proceder. 
Esta es la razón por la que pienso que en el futuro deberíamos trabajar de forma un poco diferente. 
Y conocemos, señoras y señores Diputados, los plazos. 
Los Jefes de Estado y Gobierno han tomado decisiones en la Cumbre Europea de Estocolmo, los días 23 y 24 de marzo de 2001, sobre la base del texto adoptado por el Consejo de Educación el 12 de febrero de 2001. 
Se tratará de una continuación de los trabajos, es decir que no se incluirá nada nuevo en la estructura. 
Habrá algo nuevo en los textos, así lo espero, pero no en la estructura, porque ahora habrá una continuación. 
El Consejo de Educación preparará, cada vez, las cumbres. 
El próximo Consejo de Educación del 29 de noviembre de 2001 preparará ya la cumbre de Barcelona. 
Bajo la presidencia española, habrá por tanto en un corto plazo, antes de la cumbre de Barcelona, una nueva reunión del Consejo de Educación. 
Así las cosas, señor Presidente, deseo verdaderamente y de todo corazón que el Parlamento se comprometa a preparar estos plazos. 
Como usted muy bien sabe, he tratado de informar y de implicar al Parlamento en las reflexiones en curso sobre el seguimiento de este informe y puedo decir claramente que estaré atenta a cualquier reflexión en la que el Parlamento Europeo quiera hacerme participar durante este año, de ahí mi insistencia en solicitar iniciativas del Parlamento en esta materia y, créame, en cada Consejo repito a los ministros la importancia que tienen los elegidos por el pueblo en este campo. 
Espero que la colaboración basada en la continuidad de los contactos que van a producirse ahora, se haga de tal forma que la aportación del Parlamento Europeo pueda ser tomada plenamente en consideración. 
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera referirme a cuatro puntos. 
En primer lugar, quisiera decir que el ambicionado objetivo que está en el programa SOCRATES desde hace años, es decir, la creación de un espacio europeo de la formación, casi se ha hecho realidad ahora y espero que también, más tarde, en los textos. 
El Consejo y los Consejos de Feira, de Lisboa y de Estocolmo, e incluso también el de Niza, han puesto de relieve la importancia y el papel de la educación y de la formación en la sociedad y para la sociedad del conocimiento. 
Me gustaría subrayar que la educación y la formación son, en primer lugar, las prioridades políticas más importantes de la Unión Europea; constituyen, en segundo lugar, un desafío político y un desafío económico pues todos sabemos que sin formación y sin educación tampoco podremos ofrecer a los jóvenes plazas formativas. 
En tercer lugar, significan una oportunidad de seguir desarrollando el patrimonio lingüístico y cultural de Europa y de conferirle un valor añadido europeo. 
El segundo punto que yo quisiera comentar es el siguiente: la Comisión y el Consejo parecen realmente que son maximalistas, por un lado, y minimalistas, por otro. 
Maximalistas en las estrategias y en las ambiciones que desarrollan y que trasladan al papel. 
Por otro lado, la Unión Europea y, sobre todo, el Consejo son grandes minimalistas, cuando se trata de dotar de recursos financieros estos grandes proyectos. 
Después se reprende siempre a la Comisión o incluso al Parlamento, o a quien sea, pero no a los señores que proclaman con todo brillo y gloria en los grandes Consejos cuán importante es la formación, cuán importante es la educación. 
Si al día siguiente dieran el dinero para esto, se lo agradeceríamos todos, pero, sobre todo, nuestros ciudadanos. 
En realidad, la Unión Europea ha sido siempre tacaña en los presupuestos que se referían a la educación. 
Quiero recordar a todos los colegas el horrible maratón en el comité de conciliación cuando se trató del pequeño aumento que pedimos para el programa SOCRATES. 
Espero que en la revisión de este programa SOCRATES, que probablemente tenga lugar en el curso de los dos próximos años, fluya un poco más de dinero también para el SOCRATES. 
Me alegro, o el Parlamento puede alegrarse, de que haya ahora una iniciativa sobre el e-Learning. 
El Parlamento, representado a través de la Comisión de Presupuestos, exige- hemos oído que el Sr. Costa Neves también lo ha dicho- que ello no debe ir en detrimento de ningún otro programa existente. Estos programas tienen su objetivo. 
Y se hallan dotados para ese objetivo y no para otra cosa. Por esta razón, considero acertado que si decimos que el e-Learning es importante, y resaltamos esto, entonces debe haber también un programa que esté dotado por la vía ordinaria de recursos financieros. 
No necesitamos ninguna duplicación del trabajo en ese ámbito. 
El tercer punto es que lamento que no hayamos participado suficientemente en los asuntos generales, ya lo he dicho antes representando al Sr. Gargani. 
Debemos tener competencia sobre los objetivos concretos del sistema, debemos ayudar a realizarlos y es preciso que esté garantizada la cooperación interinstitucional. 
Supongo, señora Comisaria, que reflejo lo que usted ha dicho. Usted ha entendido esto así, y lo va a aplicar en el futuro. 
Y mi cuarto punto es el siguiente: de cara al debate sobre la ampliación y de la próxima conferencia intergubernamental necesitamos una real visibilidad de nuestras tareas en esta Unión Europea, necesitamos un espacio europeo de la formación, que se haga visible al ciudadano. 
Por esta razón el propio ciudadano debe tener también un acceso real al mismo, por esta razón el ciudadano necesita también la coutilización permanente de estos programas a través de la representación de sus diputados. 
Necesitamos las directivas, necesitamos objetivos ambiciosos, necesitamos medidas, necesitamos programas de acción que, naturalmente, estén dotados con recursos, y si hacemos todo esto en el ámbito de la formación no necesitaremos más tantas campañas de información de la Comisión y del Parlamento, habremos llegado al ciudadano allí donde está. 
Espero que recorramos juntos este camino. 
Señor Presidente, en primer lugar recomiendo todos los informes que tenemos ante nosotros y que suponen un avance en la definición de nuestras aspiraciones comunes para los futuros sistemas educativos de la Unión. 
También aclaran algunas de las cuestiones a las que nos enfrentamos actualmente en el desarrollo de tales sistemas. 
La primera cuestión es la relativa al área educativa europea que más bien gravita sobre todos los informes como un signo de interrogación e, indudablemente, tenemos diferentes opiniones sobre la misma: en cualquier caso no hay duda, y esto sin perjuicio del concepto de subsidiariedad, que en la Unión debemos coordinar nuestras políticas educativas en pos de las metas de Lisboa. 
Si no lo hacemos no podremos alcanzarlas: es tan simple como eso. 
Debemos tener un acuerdo coherente de lo que son buenas y malas prácticas. 
Debemos tener un acuerdo sobre modelos de enseñanza y estudio, como queremos emplearlos, y qué valores queremos transmitir a través de los mismos. 
Hemos de tener presente que esto implicará un cambio considerable a causa de los nuevos tipos de sistemas educativos que necesitamos actualmente. 
Debemos aprender de las mejores prácticas. 
Por lo tanto, necesitamos unas estadísticas actualizadas para garantizar que podemos hacer unas comparaciones provechosas, de suerte que nuestros sistemas alcancen el mejor rendimiento. 
Estos informes también apuntan al desarrollo del contenido educativo. 
A riesgo de generar controversia quisiera recordarles que Cisco Systems y Microsoft ya ofrecen contenidos en nuestras escuelas. 
Hemos de asegurarnos que están proporcionando los contenidos que deseamos tener en nuestras escuelas. 
Necesitamos movilidad. 
No es sólo la llave para el éxito del mercado único europeo, es la llave para una Unión exitosa en su componente social y político así como en su componente económico. 
El informe sobre movilidad ha hecho grandes progresos al respecto, pero ¿desde cuando está presente Bolonia y, a pesar de ello, ha fracasado en la consecución de una amplia aplicación? 
¿Cómo garantizamos una movilidad equitativa para todo el mundo cuando los Estados miembros no tienen las mismas capacidades lingüísticas? 
En mi opinión, para que exista una movilidad universal debe haber un acceso universal a la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 
En este caso, como en otros, las nuevas tecnologías constituyen una de las llaves para acceder a todas esas soluciones. 
Podemos instalar en toda Europa todo el hardware y todas las infraestructuras que queramos, pero a menos que tengamos unos sistemas educativos que formen a la gente en los colegios y durante toda la vida, no seremos capaces de alcanzar la mayor parte de ellas. 
Presidente, señora Reding, colegas, Europa debe convertirse en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva según se desprende de las declaraciones de Lisboa y de Estocolmo. 
El hecho de que celebremos aquí y ahora un debate conjunto acerca de las nuevas tecnologías y la movilidad en la educación demuestra que la Unión Europea desea progresar de forma seria en este campo y, de este modo, ponemos de manifiesto su importancia. 
Los tres informes sobre e-learning de los señores Mauro, Perry y Alavanos son excelentes. Por consiguiente, deseo expresarles mi agradecimiento por el trabajo realizado. 
Mi Grupo, el ELDR, concede gran importancia al proyecto de e-learning y una mejor formación, tanto para alumnos como para profesores. 
Un mejor equipamiento en todas las instituciones educativas y de formación, y contenidos de calidad constituyen elementos que contribuyen a un mayor grado de participación en el mercado labora. 
Queda claro que, en este sentido, el intercambio de las mejores prácticas puede desempeñar un papel importante y cuya efectividad podemos fomentar desde Europa. 
Lógicamente, no nos debemos limitar en esta tarea a las instituciones educativas ordinarias. 
Se debe fomentar la educación de por vida, incluso una vez que las personas se retiren de la vida laboral activa, y las opciones formativas en las nuevas tecnologías al margen de las instituciones ordinarias. 
Es algo que ya he puesto de manifiesto en varias ocasiones. 
Se debe integrar en este sentido a los desfavorecidos desde el punto de vista social y a los minusválidos físicos y todos deben tener garantías de que sus esfuerzos se verán recompensados con titulaciones homologadas en toda Europa. Se trata de un aspecto importante para el mercado interior. 
Seguiré con atención el plan de actuaciones e insto a que dispongamos regularmente de informes y análisis concienzudos. 
Un último punto que deseo plantear es el siguiente: en el informe referido a los objetivos futuros de la educación y de los sistemas formativos se hace referencia al uso de ECT. 
El hecho de que la Comisión y el Consejo hayan evitado presentarlo al Parlamento denota cierta chapucería. 
A pesar de que en Estocolmo se acordó que se aplicaría el método de coordinación abierta, entre otros aspectos, a la educación, el hecho de que el Consejo haga llegar a los Estados Miembros los informes sin la participación del Parlamento demuestra una falta de democracia y de transparencia. 
El Parlamento Europeo, con sus miembros elegidos de forma directa, es sin duda la institución más adecuada para actuar en la coordinación abierta. 
Sin embargo, señora comisaria, soy consciente de que ha asumido la culpa. 
No obstante, quiero dejar constancia de que mi fracción opina que el Parlamento Europeo debe participar en el informe de seguimiento y nuestra implicación debe ser muy intensa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar y expresar mi agradecimiento a nuestros ponentes por las numerosas ideas que han recopilado y que someteremos a votación en los informes específicos. 
Vivimos en una época de cambios rápidos y no puede ser que solo la mitad o una minoría de la humanidad pueda mantenerse al día mientras que otros se quedan descolgados. 
La democratización nos plantea grandes problemas en relación con la tecnología que estamos debatiendo. 
La anterior ponente acaba de mencionar el aprendizaje de por vida. 
Yo quisiera abogar por otro nombre: vivir aprendiendo. 
En realidad me gusta más. 
Porque aprender de por vida me parece una condena, mientras que vivir aprendiendo despierta nuestra curiosidad todos los días. 
Para los niños debería ser: poder aprender jugando. 
También significa poder aprender jugando con los materiales disponibles para garantizar su desarrollo, el acceso a la información, el aprender a aprender. 
En este sentido, hubo una queja que me llegó al corazón de un extraordinario profesor de una escuela de Flandes que se queja de haber equipado su colegio con 200 ordenadores y de haber logrado que todas las clases se encuentren accesibles sin que exista un estatuto para estas personas. 
No existe algo así como un estatuto para coordinadores de informática y comunicaciones. 
Me pareció una magnífica idea planteárselo a todos ustedes. 
Y es que si sólo nos centramos en la infraestructura y no en su uso adecuado, si no garantizamos un manejo sencillo del material didáctico en el ambiente pedagógico con una disponibilidad permanente y actualizaciones regulares, todo el esfuerzo no habrá servido de nada. 
Aún recuerdo la época en que se introdujeron los laboratorios de idiomas en las escuelas; se trataba de algo magnífico que se puso de moda y toda escuela que se preciara debía contar con uno de estos laboratorios de idiomas. 
Deberían ver el montón de chatarra en que se han convertido estos laboratorios y preguntarse cuánto tiempo estuvieron en funcionamiento. 
Por lo tanto, considero que debemos disponer de los siguientes datos: ¿cuál es nuestra posición actual? 
Se dice que en Flandes se dispone de un ordenador por cada diez alumnos. 
Ojalá fuera cierto o, mejor dicho, espero que sea cierto pero, ¿a dónde queremos llegar? 
¿Dónde queremos estar dentro de cinco o diez años? 
Espero que no se abra una brecha entre las personas que se puedan subir al tren y los que se queden en tierra. 
Señor Presidente, enseñanza y aprendizaje, hacia la sociedad del conocimiento, sociedad civil, valor europeo añadido y otras expresiones semejantes pomposas pero de sentido dudoso, corren por los informes que debatimos. 
De esta forma se intenta paliar la esencia de las reformas reactivas antieducativas de los sistemas educativos, reformas que también se fomentan en el Libro Blanco. 
Afortunadamente se ha organizado toda una oleada de protestas contra esta política en muchos países de la Unión Europea. 
En Grecia, las tremendas movilizaciones de los estudiantes de las escuelas, de enseñanzas medias, de las universidades y del personal docente contra esta política reactiva que degrada la educación, han creado una bomba a punto de explotar, dimisiones de autoridades del Rectorado, ocupaciones o cierre de las universidades. 
A la tendencia a la masificación de la educación de los años 60 a 80 la ha sustituido ahora un nuevo modelo conforme a las exigencias actuales del capital, que quiere una masa de trabajadores baratos y medio formados permanentemente y una pequeña élite de verdaderos científicos. 
Se fomenta una nueva formación profesional sometida a las necesidades inmediatas del mercado capitalista y el desplazamiento del conocimiento científico y de especialización en los estudios de postgraduado con unas matrículas tan caras que sólo unos pocos pueden pagar. 
El saber cede su lugar a las cualificaciones, es decir, escritura, lectura, aritmética, uso simple del ordenador y, como complemento, cualificaciones que permitan a los jóvenes adaptarse fácilmente a las reestructuraciones capitalistas mientras aprenden a ser ciudadanos y trabajadores disciplinados. 
Los centros educativos deben ser más flexibles para adaptarse más rápidamente al mercado de trabajo. 
Abandonar objetos de conocimiento más amplios y, más generalmente, de formación más amplia en beneficio de cualificaciones conectadas con la empleabilidad, sobre todo priva a los chicos de las capas sociales populares de la adquisición de recursos elementales, imprescindibles para que puedan funcionar como ciudadanos pensantes y activos, como factores del progreso social. 
El gran capital aspira a penetrar en el espacio de la educación, con objeto de crear nuevas actividades empresariales lucrativas. 
Esto es lo que esencialmente muestra la referencia a la famosa conexión escuela-empresa. 
Los informes que estamos debatiendo, y especialmente el informe Perry, no sólo no se oponen a las direcciones del Libro Blanco, sino que por el contrario centran toda su crítica en el retraso en su materialización. 
Señor Presidente, los pueblos de Europa deben combatir y anular esta política antieducativa, deben salvaguardar su derecho básico, que es la mejora de la enseñanza pública gratuita para todos, adaptada a las necesidades productivas de cada país, y también a las vocaciones y a los talentos. 
Nosotros, como Partido Comunista de Grecia, vamos a hacer lo que podamos en esta dirección. 
Señor Presidente, en primer lugar, felicito a la Comisión, al Colegio de Comisarios y, en especial, a la Sra. Reding, por el trabajo que están haciendo para romper las fronteras de la limitación y del principio de subsidiariedad, con el fin de crear programas conjuntos que superen este mundo tan concreto en el que está evolucionando el sistema educativo. 
Yo creo que uno de los aspectos más complejos de la historia de Europa, -donde se está repitiendo el mismo fenómeno- es la tendencia a la convergencia y a la fragmentación, la tendencia a unirse y a distanciarse, a dividirse en mil trozos. 
Estamos en una época donde de nuevo hay un proceso de involución nacionalista en contra de la globalización, mal entendida evidentemente, que tiende a fraccionar los Estados y las regiones. 
Y la cultura y la educación son las grandes víctimas, pues se ven sujetas y limitadas a su propia frontera. 
Sin embargo, determinados programas sólo pueden llevarse a cabo desde arriba. 
El principio de subsidiariedad, además, está siendo mal interpretado y, a mi juicio, en gran medida pervertido por los Estados y por muchas regiones, que lo utilizan para el engrandecimiento de su propio poder y- por qué no decirlo- para ejercer un control del pensamiento y del sistema educativo por parte del aparato del Estado. 
Ahora bien, el Estado debe proporcionar una educación gratuita y para todos, pero no debe ejercer un control absoluto. 
Imaginémonos aviones que sólo volaran hasta el límite de una provincia, hasta el límite de una región o hasta la frontera del país. 
Pues bien, en el ámbito educativo estamos pretendiendo que nuestros conocimientos culturales sólo vuelen hasta el límite de la frontera y, evidentemente, el resultado es un proyecto roto y fraccionado. 
Por tanto, alabo, aplaudo y creo que hay que apoyar con ideas, con artículos y con medios, la idea de la Comisión que es el único organismo supranacional capaz de actuar en este ámbito. 
Creo que uno de nuestros primeros debates debería ser el de la subsidiariedad, porque hay mucha literatura jurídica sobre la subsidiariedad y no sólo esta interpretación pueblerina que de ella se está haciendo. 
Y por otra parte, entiendo que no hay una Europa sino un pensamiento común o, por lo menos, la capacidad de comunicarse. 
En este sentido creo- y alabo desde aquí también el foro que recientemente se ha iniciado con las empresas- que no podremos realizar este proyecto sin la iniciativa privada. 
Los Estados, por el propio límite de sus competencias, no pueden llegar más allá de sus fronteras. 
Y estamos asistiendo a un fenómeno exactamente igual en las regiones: cada región hace su intranet (¡todos orgullosos! ), o su egonet. 
De este modo, el resultado es un producto que es la suma de muchas cosas, pero el todo nunca es la suma de las partes. 
Por ello, pido que se abra un debate sobre el principio de subsidiariedad, para analizar hasta qué punto se nos está quitando muchas veces la libertad a los ciudadanos. 
Y las empresas son las únicas capaces, con ayuda de la Comisión, de realizar proyectos que vuelen como las águilas por encima de los montes y tengan una visión global. 
Creo que sólo con el espíritu de la Europa que converge y no de la Europa que fragmenta es como podremos lograr que este programa se cumpla y no sea fuente de numerosas frustraciones. 
Debemos evitar que dentro de dos años estemos hablando de lo que quisimos hacer y no nos dejaron. 
Presidente, estimados colegas, estimado comisario, no es casualidad que mantengamos aquí y ahora un debate conjunto en torno a una serie de informes importantes. 
No es casualidad debido a que todos guardan relación con la siguiente cuestión: la cuestión de si adoptamos una nueva iniciativa o no. 
En Lisboa, tomamos una serie de decisiones importantes y fijamos varios objetivos concretos. 
Lo que se plantea en este momento es si podemos alcanzar dichos objetivos. 
El debate de hoy gira en torno a esta pregunta. 
Antes que nada, quisiera hacer dos observaciones; dos aspectos que me parecen lamentables. 
En primer lugar, echo de menos un debate en torno al aprendizaje de por vida, lo cual me parece comprensible. 
Ya llegará más adelante y el Parlamento también participará en el mismo, pero lo echo de menos porque, en realidad, el concepto de aprendizaje de por vida es muy importante y debería abarcar todo lo que estamos debatiendo esta tarde. 
Echo de menos ese debate. 
Asimismo, a menudo echo de menos los vínculos con el concepto de aprendizaje de por vida en varios de los informes. 
Resulta comprensible debido a la programación. 
El segundo aspecto resulta menos comprensible y volveré sobre él más adelante. 
Resulta paradójico que mantengamos un debate en torno a la enseñanza y que no mencionemos en ningún momento ni dediquemos ninguna palabra a la declaración de Bolonia en vísperas de la cumbre de Praga. 
Lo cierto es que no tenemos nada que decir, ¿verdad? 
Permítanme volver brevemente sobre una serie de informes que tenemos ante nosotros. 
El señor Perry dijo, con razón, que su informe se refería más bien al pasado y menos al presente y al futuro. 
Cierto, pero podemos aprender mucho del pasado. Aprender mucho del pasado, precisamente para ese futuro. 
El señor Perry da en el clavo cuando afirma que la Comisión no ha alcanzado sus objetivos. 
Los objetivos no eran concretos, no eran cuantificables, no existían indicadores, y, a todo esto, ¿dónde está el valor añadido que Europa otorga al Libro Blanco? 
Meditemos la cuestión. 
Nos encontramos de nuevo en vísperas de un debate acerca del futuro de Europa. 
Efectivamente, se habla acerca del debate en torno al concepto de Kompetenzabgrenzung- delimitación de competencias. 
En Bélgica se habla mucho acerca de esta cuestión, sobre todo en vísperas del Congreso de Laeken. 
Pero, ¿qué es Kompetenzabgrenzung? 
¿Cuál es el debate cuando hablamos de educación? El debate refiere a la subsidiariedad. 
En el informe del Consejo acerca del futuro de la educación y de los sistemas formativos se indican varias cuestiones interesantes y aparece una serie de objetivos que puedo suscribir, aunque de nuevo se trata de objetivos vagos, sin indicadores y sin métodos de cuantificación, por lo que a veces corremos el riesgo de quedar atrapados en la palabrería sin límite, algo que no nos podemos permitir en este momento con este debate que estamos manteniendo y que es continuación del de Lisboa. 
Si no logramos avanzar hacia una coordinación europea abierta con la directiva europea relativa al empleo como ejemplo claro, creo que no podremos dar ningún paso hacia adelante. 
Durante mi anterior etapa, trabajé en el ministerio flamenco de empleo. 
Ese gabinete se esforzó al máximo en la aplicación de las directivas europeas en materia de empleo. 
Me gustaría que los departamentos de educación de todos los Estados Miembros se esforzaran al máximo para convertir una serie de objetivos concretos en políticas de modo que creemos un auténtico espacio educativo europeo. 
Volviendo a Bolonia. 
Es muy doloroso. 
Nadie se dirige a mí como miembro del Parlamento Europeo en relación con la política educativa europea, salvo en lo que respecta a Bolonia. 
He recibido montones de cartas y de mensajes de correo electrónico. 
¿He de decir que lo siento, que se trataba de una metodología intergubernamental y que el Parlamento Europeo no tenía nada que decir al respecto? 
Señora comisaria, le pido encarecidamente que se implique usted y que nos implique a nosotros, ya que la declaración de Bolonia no sólo se refiere a una serie de objetivos concretos, sino también a la democratización de la educación y al aprendizaje de por vida. 
Si no podemos establecer este vínculo, creo que perderemos una oportunidad. 
Señor Presidente, saludo el informe sobre la iniciativa e-Learning y felicito al ponente por su contenido. 
El e-learnig está siendo cada vez más importante. 
Hasta el momento quizá se haya hecho poco hincapié en el mismo en comparación con la educación. 
Sin embargo, cada vez es más evidente que el futuro de nuestros hijos es ciertamente un futuro digital. 
Por consiguiente, la preparación para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación está siendo cada vez más importante. 
La formación de profesores en este campo es una prioridad absoluta. 
Apoyo completamente esto. 
Pero mi preocupación es que una vez que los profesores regresen a sus respectivos colegios encuentren que las instalaciones informáticas y de telecomunicación son muy escasas. 
Con frecuencia se encuentran conque no pueden transmitir a los niños los conocimientos adquiridos con los cursos de formación y no pueden emplear las tecnologías informáticas y de comunicación en sus clases debido a la falta de recursos. 
Sin las herramientas necesarias para cumplir los objetivos de la agenda del e-learning no se alcanzarán las metas de la Cumbre de Lisboa. 
Sin tener competencia directa sobre la educación en los Estados miembros ¿cómo va a asegurarse la Comisión de que se están alcanzando esos objetivos y de que los gobiernos de los Estados miembros proporcionarán a los colegios los equipos necesarios para cumplir esas metas? 
Otro problema es que la tecnología evoluciona a tal paso que es necesario actualizar los ordenadores cada pocos años. 
Este ha sido, y será, un problema añadido para los colegios que operan con presupuestos muy ajustados. 
Es igualmente importante que la formación y la educación en la sociedad de la información se ponga a disposición de todos los individuos a lo largo de toda su vida para que puedan aprovechar oportunidades laborales y, de igual modo, para su desarrollo personal. 
Esto es importante y refleja la tendencia y la disminución de la industria pesada en favor de los servicios, que se basan intensamente en personal con formación digital. 
Reduzcamos la diferencia entre Europa y los Estados Unidos. 
Construyamos una e-Europa accesible para todo el mundo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, celebro que estemos discutiendo tantos informes conjuntamente, pues esto pone de manifiesto tan claramente la interconexión de todos los asuntos abordados para la política educativa y para nuestra vida. 
No hay que separar entre sí los diferentes compartimentos de la política educativa, ni se debe distribuir meramente las materias en diferentes planes de enseñanza y que cada cual defienda más su propio terreno. 
Creo que este debate muestra esto muy bien. 
Hoy me encuentro en una situación agradable pues en mi país, en Austria, goza de suma prioridad la interconexión de las escuelas en relación con el e-learning y con los nuevos medios a lo largo de toda Europa. 
El 61% de las escuelas- esto representa 3.860 escuelas- está conectado a Internet, y todas las escuelas de grado superior, cerca de 1000. 
1090 escuelas tienen ya su presentación propia en Internet. 
Todas las universidades están interconectadas a través de la red informática académica y, a través de ésta, en la red de investigación de alto rendimiento TEN 155. 
Me alegro de esto, pero digo inmediatamente que con esto no se ha hecho nada. 
Es un desarrollo acertado, importante, el que hemos iniciado, pero se necesitan otros pasos y, en consecuencia, me alegro de que la Comisión y la Presidencia sueca hayan lanzado la European School Net, la iniciativa e-scola. 
Apenas en la semana pasada se ha mostrado cómo se utilizan realmente los ordenadores e Internet en la enseñanza para mejorar la calidad de la misma y para crear nuevas posibilidades de aprendizaje, todo esto con el objetivo de aprovechar en el futuro los materiales de enseñanza y de aprendizaje que se han acumulado y hacerlos más accesibles. 
Señora Comisaria, quiero agradecerle su empuje en este asunto. 
Nos hallamos juntos en el camino correcto. 
El objetivo es conocido pero tenemos que dar todavía muchos pasos. 
Quiero entrar aquí en algunos puntos del debate. 
En primer lugar, sobre el concepto de subsidiariedad. 
Soy un defensor acérrimo del principio de subsidiariedad y procedo de un país que tiene un federalismo muy marcado. 
No obstante, quiero instar también a todos los Estados miembros a que no utilicen el principio de subsidiariedad como excusa- como sucede con frecuencia- para no tener que dar los necesarios pasos de europeización. 
En este contexto subsidiariedad significa para mí una realización cercana al ciudadano, atender las aspiraciones necesarias a nivel individual y regional, realizar las tareas europeas comunes necesarias para poder estar a la altura del desafío mundial y de nuestra responsabilidad frente a los jóvenes. 
En segundo lugar: la formación- se ve también en este ejemplo- no es un fin en sí mismo, sino que la formación, desde la escuela hasta el aprendizaje a lo largo de la vida y hasta el cuidado en la nueva etapa existencial de la vejez, es el prerrequisito para que podamos realizar nuestro objetivo de tener una economía, la nº 1 del mundo, basada en el conocimiento. 
Por consiguiente, la política educativa es la clave del éxito de la política económica. 
La política educativa es el prerrequisito para que la juventud de hoy pueda estar en el mercado de trabajo de mañana y para que podamos desempeñar nuestro papel, como Europa, en el ámbito de la competencia mundial. 
Por consiguiente, al Sr. Korakas, que opina que ya están comenzando las protestas contra este objetivo, quisiera decirle lo siguiente: como políticos hemos de hacer todo lo posible para decir a las personas que esta tendencia se está produciendo y que tenemos que prepararnos para ella. 
En consecuencia, termino señalando tres puntos: en primer lugar, no se trata solamente de equipar con ordenadores. Ya lo ha dicho la Sra. Martens. 
Se trata también de la cuestión moral siguiente: ¿Cómo se ha de usar lo que está a disponible a través de los ordenadores? 
Por consiguiente, la cuestión ética del uso, junto con el manejo, constituye una importante tarea de la política educativa. 
También hemos de procurar que no surja un nuevo elemento de conflicto social entre los que conocen la utilización de los ordenadores y los que no saben utilizarlos. 
Ésta puede ser la nueva lucha de clases, si la formación no avanza con arreglo a criterios sociales. 
Por esta razón, pido también un padrinazgo de la industria con las escuelas para que cada cual pueda satisfacer también para sí esta necesidad del ordenador. 
El siguiente punto es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Pido que se haga todo lo posible para no olvidar a los adultos en el ámbito de la formación, pues sólo así podremos satisfacer los objetivos europeos, podremos hacer frente a la competencia mundial, podremos convertir la ampliación en un éxito y evitaremos que se encienda un nuevo explosivo social. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queremos convertir a la UE en la economía más competitiva del mundo durante los próximos diez años sin que nadie quede excluido. 
Queremos desarrollar a Europa de tal modo que todo el mundo se sienta que involucrado. 
Por ello, es natural que la formación adquiera mucha importancia en la estrategia de la Unión. 
Ni siquiera la existencia de una buena política social puede prevenir la exclusión si dejamos sin atender la igualdad ante la educación y la calidad de la misma. 
El fomento de la educación y del acceso a la educación implica la utilización eficaz de todos los recursos humanos existentes. 
En tal caso, no se trataría sólo de la localización e incentivación de talentos individuales, cosa en sí necesaria, sino que también es imprescindible garantizar a todo el mundo la enseñanza de las capacidades y de los conocimientos básicos. 
Al mismo tiempo, la educación debería contribuir a que jóvenes y adultos descubran sus propias aptitudes y tendría que aportar también incentivos gratificantes. 
Los Ministros de Educación de la Unión Europea aprobaron en febrero un informe sobre los objetivos concretos de los sistemas educativos de los Estados miembros. 
Se piensa seguir trabajando en ello. 
Está previsto presentar un informe evaluativo en el Consejo Europeo que se celebrará en la primavera de 2002. 
La comisión parlamentaria lleva tiempo destacando la importancia del debate acerca de la educación. 
Sin embargo, nos sentimos decepcionados ante la negligencia del Parlamento en los preparativos efectuados hasta la fecha. 
Apenas se trata de una cuestión de prestigio, sino más bien de una gestión deficiente de los recursos existentes. 
Estoy convencida de que implicar al Parlamento en el diseño de los objetivos aportará un importante punto de vista europeo. 
Aunque la educación pertenece al ámbito del principio de subsidiariedad, las políticas educativas de los diferentes países deben tener cada vez más en cuenta el incremento de la competitividad y orientarse hacia las necesidades individuales. 
Debemos desarrollar la política educativa europea para favorecer la movilidad de los ciudadanos de la Unión y facilitar la toma de contacto entre ciudadanos. 
Señor Presidente, en mi opinión hay una infracción de lo evidente sobre los procedimientos seguidos en el tema de los objetivos futuros de los sistemas educativos, y también en un tema anterior, el de la calidad de la educación escolar, que se basa en índices. 
Lo evidente es el interés tremendo de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte en estas cuestiones, que son básicas para la próxima década, que son básicas para el futuro de Europa. 
Como saben, el Parlamento Europeo sigue de cerca y apoya todas y cada una de las iniciativas y acciones de la Comisión, ya se llame e-learning, movilidad de estudiantes, aprendizaje de lenguas extranjeras, o bien calidad de los sistemas de educación. 
Consideramos que el método abierto de coordinación propuesto en Lisboa ayudará a fomentar con más flexibilidad muchas ideas nuevas, indispensables en el ámbito europeo para mejorar la educación y para fomentar también prácticas mejores. 
Sin embargo, dicho método debe pasar necesariamente por trámites del Parlamento Europeo, para que haya mayor entendimiento y transparencia y para que no puedan confirmar sus opiniones cuantos tienen serias objeciones y consideran que el método de la coordinación abierta es una transgresión de las normas 
Señor Presidente, actualmente, en Europa, la educación ha aumentado su importancia más allá de cualquier duda. 
En especial, la formación a lo largo de toda la vida está ganando una importancia creciente para la vida cotidiana de la gente, tanto si es para conseguir oportunidades de empleo, como para utilizar un cajero para obtener dinero o para hacer gestiones bancarias en línea o usar otros servicios porque los servicios públicos locales están cerrados, en una era de competencia y liberalización. 
Esta es la razón por la cual, en esta coyuntura, en el Parlamento Europeo es importante que, al hablar sobre educación, nos aseguremos que ésta sea inclusiva. 
Por supuesto, hemos de prestar la debida atención a aquellas personas que actualmente están dentro del sistema educativo formal, y es muy importante que mejoremos los programas Erasmus y Escola y otros programas similares. 
Sin embargo, no debemos olvidar que corremos el riesgo de crear una nueva clase tecnológicamente analfabeta, a la que se le denegará el acceso a esta nueva, maravillosa autopista y sociedad de la información que estamos construyendo. 
De modo que, en los próximos diez años- como ha dicho mi colega- en lo que nos deberíamos centrar es en garantizar que la gente que actualmente es de mediana edad disponga de las herramientas de conocimiento, información y educación para que puedan vivir en ese mundo diferente que está por llegar. 
Doy mi apoyo a los informes que han sido presentados. 
Me consta que la Comisión será innovadora a la hora de presentar nuevas ideas para el e-learning y para la educación. 
. (FR) Señor Presidente, mucho se ha dicho y mucho está bien dicho. 
Hubiera querido que numerosos ministros estuvieran aquí para oír lo que el Parlamento tenía que decir sobre asuntos como el valor añadido europeo, el respeto a la subsidiaria haciendo al mismo tiempo una política europea. 
Creo que hubiera sido muy importante que los ministros oyeran por sí mismos lo que los elegidos por el pueblo tienen que decir. 
Quisiera, en primer, lugar agradecer al Sr. Pery su informe sobre el Libro Blanco. 
El Libro Blanco data de 1995. 
¡Qué lejos! 
Porque la revolución, si es que la ha habido, apreciado ponente, ha tenido lugar el año pasado, durante los doce o quince últimos meses, de hecho desde Lisboa. 
Y desde 1995, las ideas que fueron adelantadas, principalmente por el Parlamento Europeo- doy la razón a Doris Pack: el iniciador de toda esta política era aunque parezca imposible el Parlamento Europeo- estas ideas, por tanto, al menos parcialmente, se han puesto en práctica. 
Reconocimiento de competencias: sé muy bien que queda mucho por hacer, pero las unidades de valor en la universidad comienzan a funcionar. 
La movilidad: sé muy bien que, en la práctica, no estamos todavía muy lejos, pero está la decisión de Niza sobre la movilidad. 
Tenemos algo concreto ahora entre manos, lo cual es mucho mejor que sólo las grandes ideas que hayamos podido exponer hace cinco, seis, incluso siete años. 
El conocimiento de idiomas: las cosas se mueven en nuestros Estados miembros, gracias al Año Europeo de las Lenguas entre otras cosas, en cuyo marco todo el mundo discute: los ayuntamientos, los padres de los alumnos, los propios profesores. 
Hay un mar de fondo en esta materia. 
Se puede esperar, por tanto, que este mar de fondo se haga también sentir en la práctica diaria de nuestra enseñanza. 
La inversión en educación: la dejo a la subsidiaria y comparto el disgusto de los parlamentarios que dicen que a las buenas palabras deben seguir medios presupuestarios. 
Pero no cabe ninguna duda de que la mayor parte de estas ideas de 1995 están hoy en vías de realización, es decir que disponemos de una caja de herramientas para hacerlas progresar. 
Por lo tanto, no soy tan pesimista como muchos parlamentarios en este campo, porque he visto, he sentido que la situación evolucionaba desde la cumbre de Lisboa. 
Hay un cambio fundamental que, desde luego, es demasiado lento, pero al menos las cosas se mueven y esto ya es un gran paso hacia adelante. 
El aprendizaje a lo largo de toda la vida: sí, 1996 fue el año de los primeros pasos en este campo. 
He presentado mi memorándum sobre lo que la Sra. Maes llama "vivir aprendiendo". Sería maravilloso poder aplicarlo, pero no es la Comisión la que va a aplicar el aprendizaje a lo largo de toda la vida en nuestros Estados miembros, en nuestras regiones. 
Puede fomentar, puede impulsar, puede dar ideas, pero la aplicación sobre el terreno está reservada a nuestros Ministros de Educación, así como a los sindicatos y a los agentes sociales. 
Hay un nuevo sistema de aprendizaje no formal por inventar en la mayoría de nuestros Estados miembros. 
Pues bien, les digo que durante diez años todavía, Señorías, hablaremos del aprendizaje a lo largo de la vida y probablemente daremos pequeños pasos hacia adelante, pero no llegaremos a encontrar una solución definitiva al problema. 
Las tecnologías de la información: volveré sobre ello con más detalle después, pero aquí también han pasado gran cantidad de cosas desde que se puso de relieve una problemática y hasta que se tomó conciencia de que hacía falta algo concreto. 
Miren los Netdays Europe, miren las E-scolas. 
Desde luego, las E-scolas, por el momento, sólo son mil. 
Harían falta cinco mil, diez mil, cien mil, lo sé perfectamente. 
Pero estas mil escuelas representan la experiencia sobre el terreno. 
Quisiera dar las gracias no solamente al Parlamento Europeo que hace que las cosas avancen, sino también a todas esas personas que trabajan in situ, con mucho idealismo, a menudo solas, con muy pocos medios, poniendo en ello todo su corazón porque creen en el progreso. 
Son extraordinarias, y pienso que conviene decir gracias a todos lo que, in situ, nos ayudan a poner en práctica nuestras ideas. 
El plan de acción e-Learning contribuye también a que esta situación evolucione. 
Por último estamos en pleno Año Europeo de las Lenguas. 
Ya lo he dicho, y lo repito, hay que aprender la lengua de nuestros vecinos además de la lengua materna. 
Los que no hacen nada empiezan a tener mala conciencia. 
Esto ya es un comienzo. 
No dejemos de alimentar esta mala conciencia. 
Algunas Señorías han hablado de la subsidiaria. 
Para mí, la lectura de la subsidiaria está muy clara. 
La respeto, pero quiero crear un valor añadido europeo, la interconexión en redes, el intercambio de información, la difusión de buenas prácticas. 
Quisiera llamar su atención, Señorías, sobre los análisis de calidad de la enseñanza primaria y secundaria. 
¡Es una revolución! 
¿Habrían imaginado ustedes en 1995 que los ministros estarían de acuerdo en que un extranjero fuera a su país a ver lo que hacen en materia de calidad de la enseñanza? 
¡No! 
Hoy, es cosa hecha. 
El sistema no es todavía perfecto, pero las comparaciones permiten a los ministros ver dónde están sus ventajas y dónde están sus déficits, y se esfuerzan por paliar estos déficits. 
Disposiciones financieras: el Libro Blanco no las preveía. 
A pesar de ello, hemos elaborado un número impresionante de proyectos piloto, que hemos financiado y que a menudo han servido de base a reformas sobre el terreno. 
La Comisión ha querido desempeñar y ha desempeñado a lo largo de estos últimos años un papel de incubador de ideas, un papel motor. 
Citaré a este respecto los proyectos piloto relativos a la escuela de segunda oportunidad o al servicio voluntario europeo. 
Por lo que respecta a las escuelas de segunda oportunidad, estaba dubitativa. 
He visitado una y he quedado encantada. 
No pretenden sustituir a la educación nacional, sino resolver problemas sociales y los resultados son excelentes. 
El personal está muy comprometido, los educadores creen en su misión y salvan a los jóvenes. 
Esto es verdaderamente extraordinario. 
El proyecto ha sido recientemente objeto de una evaluación, señor Pery, que va a remitirse al Parlamento. 
Esta evaluación corrobora el gran éxito del proyecto piloto y de las trece escuelas. 
Así, el indicador que mide el porcentaje de fracaso sólo es del 6%, mientras que el porcentaje de fracasos en instituciones o en iniciativas similares se sitúa normalmente entre el 30 y el 50%. 
Como pueden ver, realmente se hacen progresos y me gustaría, en cualquier caso, que este sistema, que ha dado pruebas de su aptitud, se implante en el mayor número de Estados miembros. 
Los objetivos fijados en el Libro Blanco han sido recogidos en el proceso de Luxemburgo, en el proceso de Cardiff, así como en la Agenda social. 
Ya saben ustedes que desde entonces los Ministros de Educación participan en los debates sobre cuestiones sociales, al igual que los Ministros de Asuntos Sociales y que ECOFIN. 
Se trata de un inmenso progreso, que no ha tenido repercusiones muy recientes, pero el hecho de estar presentes y aportar su contribución es esencial. 
El punto de vista de los Ministros de Educación se materializa en las reivindicaciones presentadas al Consejo Europeo. 
Ahora bien, nos corresponde a nosotros, Señorías, definir las nuevas prioridades, lanzar programas plurianuales, abrir nuevos debates, lanzar nuevos retos. 
Pienso que estamos en el buen camino y que tenemos motivos para ser positivos y ser optimistas. 
Esto no debe inducirnos a pensar que ya lo hemos conseguido todo. 
Lo cual no quiere decir que la máquina no esté en marcha y que no se hayan realizado progresos. 
En 1995, sólo había grandes ideas y ninguna acción concreta sobre el terreno. 
Ahora, progresamos. 
Quisiera decir algo sobre Bolonia. 
En el primer Consejo de Educación, al que asistí, observé que Bolonia era únicamente objeto de un procedimiento intergubernamental. 
Conseguí que se integrara en el marco comunitario, implicando a la Comisión en el proceso, junto con la troica ministerial. 
Con la presidencia sueca, reconozco que ha llegado el momento de realizar nuevos progresos, y estoy convencida de que la Conferencia Ministerial de Praga nos permitirá hacerlo. 
Ya me he puesto en contacto con la presidencia belga- pues, aquí también, hay un seguimiento- para continuar en esta vía. 
Esperamos ahora la Conferencia Ministerial de Praga, después la presidencia belga recogerá la antorcha. 
Señorías, me imagino que el Parlamento Europeo preparará un informe de iniciativa, después de Praga por ejemplo. 
No hay que esperar siempre a que la Comisión elabore un informe para reaccionar. 
El Parlamento tiene un derecho de iniciativa propio. 
Utilícenlo para que se oiga su voz. 
En relación con los informes "e-Learning" de los Sres. Alavanos y Mauro, quisiera dar las gracias al Parlamento, a sus ponentes y a sus comisiones- que han sido numerosos en colaborar- por el apoyo que me han prestado desde el inicio. 
Los Sres. Alavanos y Mauro han realizado un trabajo excelente: el Sr. Alavanos, antes, y el Sr. Mauro, durante. 
Esto es primordial pues, aquí también, este proceso nos ha ayudado mucho en momentos decisivos en la formulación del concepto "e-Learning", inmediatamente después de Lisboa, así como del programa de acción "e-Learning", inmediatamente después del último Consejo Europeo. 
Quisiera recoger los tres mensajes fundamentales que no sólo han sido presentados por los ponentes, sino que también han sido discutidos por los parlamentarios. 
El primer principio se refiere al acceso para todos. 
Como bien saben, el plan "e-Learning", inmediatamente después de la Cumbre de Lisboa, suscitó diversas iniciativas en algunos Estados miembros a favor de la instalación de ordenadores en las aulas. 
Ahora bien, un ordenador en un aula no es un fin en sí mismo. 
Un ordenador no es más que una máquina, una herramienta. 
Un ordenador debe poder utilizarse; su existencia no demuestra su utilización. 
En mi opinión, no hay que separar nunca la herramienta de la persona que la utiliza. 
En resumen, sí al equipamiento de las escuelas, pero se necesita algo más, sí al equipamiento de las escuelas, pero sí también a centros telemáticos en nuestros municipios, porque no sólo los que van a la escuela deben participar en nuestra sociedad de la informática. 
También están los que han dejado la escuela. 
El intercambio de información científica, el fortalecimiento de los servicios prestados por las bibliotecas, la creación de una red europea de enseñanza accesible, servicios específicos, son tantas las acciones esenciales para luchar contra la exclusión social. 
Y habrá también exclusión social si para dar un mayor peso a las estadísticas nos contentamos con instalar ordenadores sin dar una formación apropiada al profesorado. 
Estoy muy atenta al informe sobre las mujeres y la formación específica que necesitarían considerando que su acercamiento a las nuevas tecnologías es totalmente diferente. 
Creo que esto hay que tenerlo en cuenta. 
También hay que formar a nuestros profesores. 
Los profesores son la clave del éxito del e-Learning. 
Ahora bien, la mayor parte de ellos no están preparados para utilizar los ordenadores, para hacer que estos ordenadores, estos programas, este contenido sea una ayuda pedagógica. 
Es esencial inculcar a las personas que se puede enseñar de otra forma con las nuevas tecnologías. 
A este respecto, quisiera citar una frase del Sr. Rocard, ponente de la Comisión de Empleo, que ha dado amplio eco a la tesis según la cual conviene proceder a una reorganización radical de la enseñanza, de los locales, de los horarios, de los contenidos. 
Estamos ante un nuevo mundo y no somos muchos en darnos cuenta de lo que esto implica. 
Pues quisiera decir aquí que este nuevo mundo pasa no solamente por una participación de los servicios públicos sino también por una asunción de responsabilidad del mundo de la industria. 
Esta es la razón por la que, la semana pasada, organicé la primera cumbre e-Learning en Bruselas, en colaboración con el sector privado y el público. 
Esta cumbre ha sido formidable, pues ha sido el escenario de extraordinarios intercambios y ha dejado constancia al mismo tiempo de la asunción de responsabilidad del sector privado, de los conocimientos que existen en esta materia. 
Lo ideal sería, desde luego, tener una simbiosis entre los dos. 
Si las decisiones políticas deben adoptarlas los responsables políticos, su aplicación puede muy bien ser obra de una simbiosis entre el saber del sector privado y el saber pedagógico del sector público. 
Estos dos saberes reunidos pueden ser muy eficaces. 
La idea está encarrilada, y espero que se vea seguida de acciones concretas in situ. 
Al hablar así, me uno a ustedes en otro asunto. 
Sí, Europa muestra la vía, pero no es en una torre de marfil de Bruselas donde estas teorías se pondrán en práctica. 
Lo serán en nuestras regiones, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. 
El método a seguir debería ser el del bottom up: en otras palabras, las decisiones políticas deben adoptarse en alguna parte, pero deben ponerse en práctica no sólo desde arriba sino sobre el terreno. 
Cualquier contribución para la puesta en marcha de proyectos concretos sobre el terreno será bienvenida. 
Como ven, Señorías, estamos en los albores de una gran aventura. Esto se mueve por todos los lados, es verdad que no siempre en la dirección idónea. 
Pero siempre se saca alguna enseñanza. 
A veces me han solicitado algo más concreto, pero ya hay mucha concreción sobre el terreno y no sólo desde hace un año. 
Las acciones concretas establecidas en nuestros programas Sócrates y Leonardo ¿no son las que han generado muchos de los elementos que hoy se encuentran en los sistemas educativos? 
Originariamente, estaban estos programas que ustedes han querido, para los cuales ustedes han reclamado- con la Comisión- y han obtenido una financiación seria y que, a pesar de todos los problemas administrativos de los que ustedes me informan regularmente, son positivos. 
Así, pues, Señorías, hemos estado acertados desde hace ya muchos años. 
Vamos juntos por el buen camino; avanzamos con paso de gigante y mucho más rápidamente de lo que nunca nos hubiéramos podido imaginar hace dos o tres años. 
Hay algunos pequeños problemas aquí y allá. 
Combatámoslos juntos, pero con optimismo, porque las cosas están mejorando realmente. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
La Presidencia ha advertido con satisfacción, señora Comisaria, que usted se dirige reiteradamente a los diputados como "queridos colegas", lo cual es un signo de la nostalgia que usted siente de sus tiempos recientes de parlamentaria. 
Aunque yo no estaba aquí en la legislatura anterior, me consta que esta nostalgia es recíproca y que los diputados también echan de menos sus magníficas contribuciones cuando se sentaba usted en el hemiciclo. 
Señorías, el debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana martes a las 12.00 horas. 
También me complace informar que, como conclusión de este debate, la Presidencia ha recibido la propuesta de resolución B5-341/2001, en nombre de la Comisión de Cultura, cuya votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.43 horas) 
Señor Presidente sobre una cuestión de orden. 
Todas las tarjetas de votación de estas filas han desaparecido. 
Quizá sea una conspiración del Grupo PPE-DE para ganar la próxima votación, pero algo ha ido mal. 
Ayer se celebró en el hemiciclo una reunión de la Comisión de Medio Ambiente y las tarjetas de votación de devolverán rápidamente. 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Intervine en la sesión plenaria, pero mi nombre no figura en la lista de presencias. 
Tomamos nota de ello. 
(El Acta queda aprobada) 
Orientaciones generales económicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0165/2001) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la recomendación de la Comisión (COM (2001) 224- C5-0169/2001- 2001/2081 (COS) ) relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad para el año 2001. 
Señor Presidente, el 1 de enero del 2002 comienza una nueva etapa histórica en la historia de la integración europea. 
Doce Estados soberanos van a cambiar sus monedas nacionales por una moneda común europea. 
Las ciudadanas y ciudadanos de estos doce Estados miembros van a emplear desde ese momento los mismos billetes y monedas. 
Parece adecuado encontrar para esta nueva fase de integración de economías nacionales, que se caracteriza por un mercado común y una moneda asimismo común y que es única en la historia de la economía, una denominación propia. 
Proponemos para ello el concepto de "mercado nacional europeo" como sinónimo de Europaís o Eurozona. 
En este mercado nacional europeo existe ya una política monetaria unitaria. 
Desde el comienzo de la Unión Económica y Monetaria el 1 de enero de 1999, ésta se encuentra en manos del Banco Central Europeo. 
No obstante, hoy nos encontramos ante el desafío de formular para el mercado nacional europeo unas políticas económicas comunes adecuadas. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha propuesto con una amplia mayoría que estas políticas económicas deben basarse en los principios de la economía social de mercado. 
El instrumento esencial para la coordinación de las políticas económicas a nivel europeo es el procedimiento previsto en el Tratado para la determinación de las líneas básicas de la política económica. 
El Parlamento Europeo desempeña en este procedimiento hasta ahora sólo un papel subordinado. 
Considero por ello urgentemente necesario que en el futuro se prevea una participación más intensa del Parlamento Europeo. 
Otro punto flaco del procedimiento es su defectuosa flexibilidad. 
Las recomendaciones se han formulado basándose en pronósticos sobre la evolución económica. 
Pero si los datos económicos difieren de los pronósticos en el período de aplicación, las recomendaciones pierden valor. 
Por ello, debe establecerse un margen de actuación que permita reaccionar con rapidez en los Estados miembros ante los cambios a corto plazo de los datos económicos. 
Falta un efecto jurídico vinculante de las líneas básicas. 
Sin embargo, se puede hablar perfectamente de una vinculación política a las líneas básicas de la política económica. 
Queda fuera de toda discusión que hay que corregir en interés de todos las evoluciones erróneas. 
Sin embargo, aquí debería existir también un cierto margen de actuación. 
Por ejemplo, creo que es necesario tener en cuenta a la hora de valorar la política económica de un Estado miembro hasta qué punto la evolución en este país tiene repercusiones sobre la totalidad del espacio europeo. 
El crecimiento económico en la Unión Europea va a ser este año claramente menor que en el año 2000. 
La Comisión ha reducido entretanto el pronóstico del 3% al 2,8 %. 
Sin embargo, se esperan unas tasas de crecimiento aún menores. 
Debido a estos nuevos pronósticos, nos parece que una cifra entre el 2 y el 2,5 % es realista para este año. 
Ante la coyuntura mundial que se va debilitando, creo que es decisivo que la Unión Europea se apoye en sus propios puntos fuertes. 
Hasta qué punto podemos ser arrastrados por este incierto clima de la economía mundial depende en gran parte de nosotros mismos. 
Precisamente ante el trasfondo de la evolución en los EE.UU y en el Japón, la Unión Europea va adquiriendo de modo creciente una responsabilidad por la coyuntura mundial a la que tenemos que hacer justicia. 
¿Cuál es la situación de la Unión Europea? 
Respecto al tema de la inflación hay que decir que la tasa de aumento de los precios según los análisis realizados se encuentra dos años consecutivos por encima del 2% y, de este modo, del valor que el Banco Central Europeo definió él mismo como de estabilidad para los precios. 
En esta evolución desempeñan en cualquier caso un importante papel factores externos, como la subida de los precios del petróleo. 
En este difícil entorno, el Banco Central Europeo está desarrollando un trabajo excelente. 
Sin embargo, debe hacer todo lo posible para no perder la confianza depositada en él. 
Saludamos por ello su política de tranquilidad y le animamos a proseguirla. 
Sin embargo, me permito dudar aquí si la reducción de los intereses de la semana pasada encaja en este marco. 
En el sector de la política presupuestaria, los Estados miembros han podido alcanzar el año pasado por término medio los presupuestos equilibrados que se indicaban en el pacto de estabilidad y crecimiento. 
Sin embargo, esto ha ocurrido ante el trasfondo de los rendimientos UMTS, de los bajos intereses y de los superiores ingresos fiscales derivados del superior crecimiento económico. 
Estas favorables condiciones marco no han sido utilizadas suficientemente por algunos Estados miembros para reducir el déficit presupuestario y el nivel de deudas. 
Ante la evolución de la edad de la población europea y de las cargas que caben esperar para los sistemas de pensiones es, sin embargo, decisivo crear un margen de actuación financiero suficiente. 
Así pues, hay que aprovechar totalmente también el potencial para los recortes de los gastos en todos los campos. 
No se debe cuestionar por ello el papel de las inversiones públicas. 
Sin embargo, deben realizarse de un modo dirigido y sobre la base de objetivos estratégicos y no deben desplazar inversiones privadas preferentes. 
El apoyarse en sus propios puntos fuertes incluye también proseguir las reformas estructurales de los productos de capital y de los mercados laborales de los Estados miembros. 
En la cumbre de Estocolmo no se logró llegar a un acuerdo sobre datos concretos para la liberalización de los mercados europeos de la electricidad y del gas. 
Lo lamento mucho. 
Sin embargo, debemos hacer todo lo posible para lograr la liberalización en los sectores que aún quedan. 
Esta es una condición previa esencial para que podemos alcanzar el objetivo marcado por nosotros mismos, consistente en hacer de la Unión Europea hasta el año 2010 el espacio económico más competitivo y dinámico del mundo. 
Al mismo tiempo, hay que seguir impulsando la culminación del mercado interior. 
Voy a mencionar aquí sólo dos ejemplos importantes: en primer lugar, debe existir por fin un acuerdo sobre la patente comunitaria. 
En segundo lugar, en el campo de la defensa se deben aplicar las normas comunitarias para la concesión pública de contratas, siempre que estas sean oportunas. 
Precisamente en tiempos en los que la Unión Europea está dando pasos hacia la construcción de una política de defensa común, la estanqueización de los mercados nacionales de defensa es ineficaz, anacrónica y sencillamente demasiado cara. 
La introducción del euro el 1 de enero va a afectar a todos los ciudadanos que viven en el mercado nacional europeo. 
Si queremos que repercuta en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, necesitamos una política económica que se base en los principios de la economía social de mercado. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor von Wogau, solamente puedo subrayar su última frase tal como la ha expuesto aquí. 
En primer lugar, en nombre de mi comisión quiero criticar las deficientes posibilidades de cooperación que hemos tenido para mantener un debate parlamentario adecuado y formular una opinión. 
Señor von Wogau, la aceptación del euro y de la política económica europea entre la población no depende solamente de un nuevo concepto como "mercado nacional europeo" o similar. 
Hace falta algo más. 
En la opinión de la Comisión de Empleo, que ha sido aprobada con gran mayoría, se llama también la atención al respecto. 
Voy a mencionar algunos ejemplos de las necesarias repercusiones recíprocas y los imprescindibles procesos generadores de confianza. 
Naturalmente, necesitamos estabilidad pero usted sabe que también necesitamos amplias inversiones en la formación y en la ciencia. 
Exigimos que la cuota de personas trabajadoras en la población, en especial, de las mujeres, aumente. 
Pero no ponemos a disposición en todos los lugares suficientes puestos de guarderías. 
Naturalmente, vemos con gran objetividad el desarrollo demográfico en los 15 Estados miembros y, entretanto, también en los países candidatos. 
Pero la ampliación de las prestaciones sanitarias y para la tercera edad deja aún mucho que desear. 
Sólo crecimiento, esto lo ha constatado nuestra comisión con toda claridad, no es aún ninguna garantía de calidad en los puestos de trabajo. 
Todo ello se incluye para garantizar la aceptación en la población y entre las trabajadoras y trabajadores. 
Me alegra que al menos algunos Estados miembros- creo que esto también ha sido infravalorado en la Comisión y en su Comité Económico- estén en camino de mejorar e intensificar la necesaria participación de las trabajadoras y trabajadores en la vida económica como, por ejemplo, en Francia y en Alemania con los proyectos de ley presentados. 
También es interesante que una serie de Estados miembros haya reaccionado a las propuestas del Parlamento y de la Comisión que venimos realizando ya desde hace algún tiempo y no sólo hoy. Por ejemplo, que se lleven a cabo por fin ya las posibilidades de cualificación para las trabajadoras y trabajadores de edad en lugar de desplazarles relativamente del mercado laboral con medidas legales, tal como se ha hecho en los años pasados. 
Para finalizar, quiero además indicar que la tímida aplicación de la estrategia de Lisboa en el Consejo es criticada masivamente por nuestra comisión. 
Naturalmente, necesitamos una coordinación entre la política económica y las directrices políticas de empleo y la Agenda social. 
Expreso mi agradecimiento a las y los colegas de mi comisión por haber configurado de modo tan flexible y constructivo este inusual procedimiento de coparticipación. 
Señor Presidente, el Sr. von Wogau ha elaborado un equilibrado informe sobre las grandes orientaciones de la política económica comunitaria con el rigor científico que le caracteriza. 
Su coherente firmeza en mantener los principios de la economía de mercado con dimensión social como mejor modelo socio-económico comunitario merece todo mi agradecimiento y coincido con los planteamientos que él ha expuesto. 
Sin embargo, la defensa de la economía social de mercado no significa conservar estructuras anticuadas, ni tampoco crear un frente de resistencia ante los cambios con el pretexto de proteger la cohesión social y los puestos de trabajo. 
Tampoco se afirma esto en el informe del Sr. von Wogau. 
Al contrario, si queremos cumplir la solemne promesa de Lisboa de convertir a Europa en la sociedad de la información más competitiva del mundo, debemos poner continuamente en tela de juicio las estructuras europeas e ir modernizándolas. 
Sin embargo, los signos son negativos y, en parte, están empeorando. 
Para mí no es admisible que no se informe lo antes posible al personal sobre las reconversiones y las reducciones de plantilla, pero estaré también en contra si lo que se pretende es desarrollar una directiva a partir del caso Marks& Spencer que retrase notablemente la adaptación de las empresas. 
Me ha sorprendido la posición negativa adoptada oficialmente por Alemania, si bien sólo sé lo que he leído en la prensa, ante la Directiva relativa a la fusión y absorción de empresas, así como la aspiración a entregar a las empresas instrumentos que impidan de forma artificial aquellas fusiones cuyo objetivo sea lograr una mayor eficacia. 
Al igual que el Sr. von Wogau, he hablado hasta la saciedad de la excesiva lentitud de la apertura y liberalización del sector energético, de los transportes y de los servicios postales. 
Tampoco parece probable el esclarecimiento del transporte aéreo en los próximos años, y además existen trabas internas que impiden la apertura a una competencia real de las adquisiciones públicas a nivel europeo y que obstaculizan la plena eficacia de una competencia leal. 
Por su parte, las subastas del espectro UMTS son un lamentable ejemplo de cómo los gobiernos consiguen perjudicar a Europa y perjudicarse a sí mismos en la construcción del proyecto e-Europa. 
Señor Presidente, la existencia de unas finanzas públicas equilibradas, el control de la inflación y el seguimiento de los indicadores de las tasas de empleo son cosas realmente importantes, incluso imprescindibles, pero no es menos indispensable corregir muchos defectos nacionales y dejar de hacer el guiño a las respectivas comunidades de electores. 
Señor Comisario, estimados colegas, el informe del Sr. von Wogau contiene un examen especialmente positivo de las perspectivas de la economía europea, dada la incierta perspectiva del momento actual sobre la economía mundial en su conjunto. 
El ponente y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han trabajado con su conocida aplicación para elaborar este informe y quisiera dar las gracias al Sr. von Wogau por el esfuerzo que ha realizado. 
La recomendación de la Comisión para el año 2001 se ha formado en una época de cambios especialmente difíciles en el resto del mundo. 
Hemos visto cómo han vuelto a aparecer las crisis monetarias en los países en vías de desarrollo, como Argentina y Turquía. 
Hemos visto cómo la burbuja tecnológica de la nueva economía ha reventado en los Estados Unidos. 
Estos acontecimientos no han dejado a Europa intacta, porque muchas empresas de los Estados Unidos han reducido o han cerrado por completo sus empresas europeas, en un intento de recortar sus gastos generales. 
En general, los problemas para la economía mundial han reducido bastante las perspectivas para la economía europea, según los últimos datos de la Comisión, en un 2,8 % para el año 2001 y en un 2,9 % para el 2002. 
A pesar de que el ambiente internacional haya cambiado, las cuestiones fundamentales para la economía europea, para las instituciones europeas y para los Estados miembros siguen siendo las mismas. 
Estas cuestiones son si las innovaciones y la metodología de la política económica están suficientemente planeadas para proteger a la economía de Europa de trastornos externos y de dar a la economía europea una posibilidad de pasar a un camino permanente y firmemente superior de evolución económica a medio y largo plazo. 
Sin duda, los ritmos siempre más elevados de crecimiento son la condición indispensable, la condición sine qua non, para reducir el aún inadmisible paro y para reforzar la competitividad europea. 
La situación del paro no es independiente de la competitividad; estos dos temas están conectados, porque una economía que no tiene empleo a jornada completa no puede caracterizarse como economía competitiva, ya que derrocha una gran parte de su potencial humano. 
Señor Presidente, ¿Cómo vamos a conseguir un ritmo de crecimiento superior? 
El informe nos dice que podemos basarnos sólo en la estabilidad monetaria, en la disciplina presupuestaria, en reivindicaciones salariales lógicas, que no tengan en cuenta la estabilidad de los precios. 
La mayoría de la Comisión cree que movilizar el mercado puede causar un aumento de las inversiones sólo con herramientas exclusivas del mercado. 
Por esta razón el informe pide a los Estados miembros que aceleren sus reformas estructurales en el mercado de capitales y productos, así como del mercado de trabajo y expresa su pesar por el hecho de que no haya un calendario para la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas en Europa. 
En este punto quisiera añadir que, si tiene lugar, y cuando tenga lugar, los Estados miembros deberán atender a las lecciones recibidas de las trastornos en Estados Unidos. 
No es un asunto tan simple la privatización de grandes sectores. 
El informe recomienda también que se realicen mayores esfuerzos en el mercado interior. 
Por supuesto, se deben llevar a cabo mayores esfuerzos en el mercado interior; pero sobre todo debe completarse el mercado interior en los servicios financieros, porque nos hace muchísima falta una bolsa mucho más dinámica en Europa. 
De todas formas, nada de esto es bastante para que la economía de Europa rote a un ritmo superior de crecimiento. 
Las reformas estructurales son necesarias, pero no deben descuidarse las inversiones públicas, que se han dejado de lado, y para conseguir esto debemos fortalecer el sector de las inversiones públicas, porque llevamos un gran retraso. 
Era mi deber presentar a la Sesión Plenaria el informe sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para el año 2001. 
Les avisé de que una crisis en la economía americana puede ponernos en peligro, ahora afrontamos esta crisis como una realidad y para no tener que soportar los trastornos de la economía mundial, no es lógico descuidar ningún arma y, menos aún, el arma de los inversiones públicas. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, como ha señalado el Sr. von Wogau en la presentación de su informe- que nuestro Grupo apoya plenamente -, estamos en un momento histórico cercano a la culminación del proceso de introducción del euro, pero, también, como se ha señalado, en un momento delicado para la economía europea, donde las perspectivas, que se preveían más brillantes hace unos meses, han tenido que ser revisadas a la baja; donde hay una enorme resistencia para situar el nivel de inflación en el objetivo del 2%; y donde, en definitiva, hay una inquietud manifiesta sobre la situación económica actual. 
Ello nos lleva obviamente a reflexionar sobre cuál es la dirección adecuada para intentar superar esta situación y asegurar un crecimiento sólido y sostenido. 
En este aspecto hay muchos elementos en el informe de nuestro colega von Wogau a tener en cuenta, pero querría subrayar algunos en los cuales ya hemos ido insistiendo porque de hecho hay unas cuestiones que en diversos debates hemos comentado. 
El primero de ellos es la necesidad de que los Estados miembros mantengan el rigor y muestren la solidez de los compromisos establecidos en los respectivos programas de estabilidad: nos preocupa que pueda haber una flexibilidad- en materia de déficit y deuda pública- en aquellos temas que aseguran el acercamiento a los objetivos y el cumplimiento de los mismos. 
Hacemos mención también de la necesidad de una mejor y mayor coordinación de las políticas económicas (saben que nosotros no estamos satisfechos con el nivel actual, y este Parlamento lo ha destacado en numerosas ocasiones) y también ponemos el acento en el tema de las reformas estructurales y en la necesidad de flexibilidad en algunos mercados que afectan a la estructura productiva de la Unión Europea, como es el mercado laboral, y, obviamente, en el proceso de liberalización en algunos sectores también considerados claves. 
Señor Presidente, las recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros están impregnadas de los dogmas habituales de la Unión, con la prioridad en la reducción de la deuda pública. 
Se trata ante todo de reducir el gasto público y social. 
El informe del Sr. von Wogau asume el mismo planteamiento. 
Existe una autosatisfacción, que encuentro bastante desconcertante, frente a la degradación de la coyuntura y un rechazo a reflexionar sobre las condiciones necesarias para un desarrollo duradero. 
La ambición manifestada es la de ponerse de acuerdo en el programa de estabilidad. 
Objetivo número uno para el Banco Central Europeo: la inestabilidad de los precios. 
El Banco Central Europeo se niega siempre a bajar los tipos de interés, porque está obsesionado con los peligros de la inflación, siempre posible, y el patrón del Bundesbank ha recordado recientemente que el Banco Central Europeo no es responsable ni del crecimiento ni del empleo. 
Se recuerda la ambición de una Unión Europea más competitiva y más dinámica, objetivo loable, pero las propuestas relativas a los medios a poner en práctica para este objetivo siguen perteneciendo al terreno del dogma: adaptar los regímenes de jubilación teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias, utilizar las posibilidades de reducción de los gastos en todos los ámbitos, lo que significa de forma pudorosa, para la opinión pública crear las condiciones más propicias para la inversión relativa al mercado del empleo. 
Y por supuesto, la eterna guinda de la tarta, liberalizar los sectores que aún no lo están. 
Nada sobre la obligación de servicio de interés general a nivel comunitario. 
Ahora bien, se siguen poniendo en práctica las mismas recetas de las que ya se conocen las consecuencias, el credo antiinflacionista es la prioridad de las prioridades. 
El informe no duda en especificar los progresos realizados en el ámbito de la reducción del desempleo en algunos Estados miembros señalando la necesidad de proseguir con la reforma del mercado del empleo. 
Sería útil apreciar la naturaleza de los nuevos empleos creados, precarios en su mayor parte. 
¿Cómo buscar resultados en el empleo ignorando descaradamente la estrategia de esos grandes grupos europeos, ampliamente beneficiarios pero que, atendiendo sólo a criterios financieros, despiden a muchos de sus trabajadores en nombre de la competencia? 
En un momento en que está en juego la credibilidad del modelo social europeo no se ven más que dudas a la hora de adoptar las medidas indispensables para la protección de los trabajadores. 
No hay nada sobre la política social indispensable para la consolidación del crecimiento. 
Nada sobre la responsabilidad social de las empresas. 
Una vez más, la política económica presentada de esta forma no muestra una ambición de desarrollo sostenible, que supondría una dinámica de inversión pública, una organización del mercado con ambiciones industriales fuertes. 
Existen capitales. 
Existe una urgencia en regular la realidad del mercado financiero. 
Por ello, con este informe, mi Grupo vuelve a las políticas económicas de la Unión con la propuesta de la instauración de un impuesto a los movimientos especulativos para controlarlos, para reducir su volatilidad y sobre todo para conseguir recursos para invertir en el terreno social y medioambiental. 
Este informe, y la situación de la Unión en general, indican una vez más que las decisiones políticas, económicas y sociales de la Unión ganarían si se preparasen en el marco de un verdadero procedimiento democrático, que se fijaría en cada país, tras una amplia concertación de la sociedad civil Europea. 
Señor Presidente, el informe von Wogau señala que la introducción del euro supone un hito de cara a una nueva fase de la integración. Una fase que ha supuesto costes, mientras que todavía deben constatarse los beneficios. 
La nueva fase tiene dos caras, al igual que el euro. 
Por una parte, las economías que se adelantan a la evolución de la coyuntura necesitan un aumento de los tipos de interés para mantener la inflación. 
Eso no puede ocurrir ahora. 
Por otra parte, los países que se quedan rezagados necesitan un empujoncito consistente en unos tipos de interés más bajos. 
Tampoco es eso posible. 
Por más vueltas que se le dé, supone la pérdida de uno de los instrumentos que permite mantener una economía sólida. 
El remedio no es introducir una coordinación más estrecha. 
Se necesita otra cosa para compensar la pérdida de los instrumentos monetarios nacionales, es decir, las famosas reformas estructurales, que se realizan en raras ocasiones, consistentes en la flexibilización del mercado de trabajo y en una mayor desintegración de los monopolios estatales. Esto podría ayudar más a la recuperación del valor del euro que una sorprendente modificación de los tipos de interés. 
La última reducción de los tipos de interés introducida por el Banco Central Europeo se produjo un día antes de que se diera a conocer que la inflación de los Países Bajos había alcanzado el 5,3 %, el nivel más elevado en casi veinte años. 
Eso muestra la gravedad del problema. 
Estas reformas deben lograr que exista un mejor clima en Europa para la innovación. 
Por el contrario, las subvenciones numerosas y otros incentivos solamente consiguen alterar el mercado y, a menudo, son perjudiciales para el medio ambiente. 
Si queremos que este sea nuestro distintivo, me temo lo peor para la competitividad europea. 
Mi último punto se refiere al medio ambiente. 
A pesar de la coyuntura favorable, se ha hecho poco en cuanto a una estrategia duradera. 
El crecimiento económico, la reducción del desempleo y la integración del medio ambiente deben relacionarse mucho mejor. 
La economía ha crecido más de lo esperado, de manera que debe ser obvia una mayor ambición en este ámbito. 
Por tanto, convirtámoslo en una prioridad. 
El Parlamento Europeo tiene esa posibilidad a finales de mayo y el Consejo Europeo, en junio en Goteburgo. 
Una nueva fase de integración sólo hará honor a su nombre si la integración del medio ambiente y de la economía tiene realmente lugar. 
Señorías, este informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no pasará a los anales de esta Asamblea como un símbolo de claridad y de pertinencia, tanto en la forma como en el fondo. 
Pasemos a la forma. Hablan ustedes, en el artículo 5, "de la prioridad política para mejorar la calidad y la durabilidad de las finanzas públicas". 
¿Habría entonces finanzas públicas insostenibles por efímeras? 
En el artículo 10 de su resolución, insisten en "la importancia de las inversiones públicas que deberían determinarse con relación a objetivos estratégicos" -algo que es exacto- "pero que no podrían sustituir a inversiones privadas y prioritarias". 
Qué jerga tan contradictoria para no molestar a nadie ni priorizar nada. 
En cuanto al fondo, señalan una adhesión a la economía social de mercado, importante para la CDU. 
No es la concepción francesa. 
Si juzgamos los resultados bastante mediocres de la economía alemana desde hace 40 años, ¿por qué habría que adoptarla? 
¿Por qué, por ejemplo, Francia debería renunciar a una política industrial que ha hecho de ella, en sus sectores estratégicos, la primera potencia en Europa, y ello sin artificio monetario como el marco, sobrevalorado en un 15% en el momento de la creación del euro, o de la Alemania del Este valorada en 350 millardos de dólares cuando no valía más de 100 millones en el momento de la reunificación, y ello sin hundirse en el "todo europeo" a la manera de lo que ocurrió finalmente con la sociedad Aeroespacial- uno de los antiguos líderes mundiales de la aeronáutica y del espacio- absorbida por la empresa Matra, dos veces más pequeña que ella, habiendo desaparecido las dos sociedades en el grupo EADS. 
Hermoso triunfo para Francia que, partiendo de una posición claramente mayoritaria se encuentra en minoría. 
¿Es preciso felicitar por este resultado al frenético Sr. Chirac, o al pacifista Sr. Jospin, o al ministro Gayssot que ha intentado sin embargo reparar los platos rotos por los anteriores? 
¿Para qué sirve pues este informe que no contiene ninguna crítica específica sobre ningún país de la zona euro, que no dice nada sobre la devaluación de hecho de la moneda europea cuyo hundimiento no deja de ser preocupante? 
Señor Presidente, con ocasión de su informe sobre las grandes orientaciones de la política económica para 2001, el Sr. von Wogau defiende la idea según la cuál el año próximo, una vez estén en circulación monedas y billetes en euros, los doce países que participan de la moneda única formarían una zona de integración superior que llamarían el "mercado doméstico". 
Este mercado doméstico debería gestionarse según los principios de la economía social de mercado que, aclara la exposición de motivos, fueron aplicados con éxito por Alemania después de la guerra. 
Creo que efectivamente es una preocupación común de los países de Europa intentar conciliar justicia social y mercado. 
Aunque es bueno que cada uno sea libre para seguir la vía más acorde con su carácter mediante una coordinación mutua, pero sin que se utilice el instrumento de Bruselas para imponer una u otra fórmula única. 
Creo, además, que existe un importante malentendido en lo que respecta a la noción de mercado doméstico. 
Esta expresión corre el riesgo de dar pie a la idea de que las economías europeas las gestiona una autoridad política única. 
Ahora bien, no es ése el caso en este momento y, para el futuro, el Tratado de Maastricht tampoco lo prevé. 
En el modelo de Maastricht la moneda única gestionada por el Banco Central Europeo coexiste con una pluralidad de autoridades políticas nacionales. 
Si algunos ven las cosas de otra manera, harían mejor diciéndolo claramente al pueblo antes de fin de año y organizar aquellos referenda que fueran necesarios. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, Señorías, en mi intervención voy a realizar algunas aclaraciones que creo son necesarias. 
Primera: el informe de Karl von Wogau no es ninguna calificación escolar sobre el estado de las políticas económicas de los Estados miembros. 
El informe de Karl von Wogau es un informe sobre las directrices de política económica para el futuro y un análisis del estado de cosas existente. 
Por ello, estoy muy satisfecho de que Karl von Wogau haya escogido el concepto de mercado nacional europeo en relación con la introducción de las monedas y billetes del euro pues la moneda común es el mayor proyecto de integración de la actualidad de la Unión Europea. 
Con la introducción del euro también en forma de monedas y billetes vamos a ver con claridad la patria Europa, que cualquier persona en la Eurozona tiene en las manos de modo visible en forma de una moneda común. 
Y es bonito que con este concepto de mercado nacional europeo se muestre de un modo tan claro a la población el proyecto político de integración del euro ya que de él pueden derivarse enormes impulsos para la política económica, la de empleo y la de integración. 
Un segundo punto: no entiendo a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales cuando aún hoy sigue intentando enfrentar el capital y el crecimiento con el empleo, pues así ha sonado en cierta manera en la intervención de la Sra. Weiler. 
Era necesario colocar de nuevo en el punto central de este informe el concepto de economía social de mercado. 
Yo lo ampliaría al de economía ecosocial de mercado. 
Por ello, estamos a favor del pacto de estabilidad, el crecimiento y el empleo. 
La economía social de mercado fomenta la responsabilidad social, la sostenibilidad ecológica y una política de formación que se entiende como aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Para finalizar, quiero apelar al Consejo: las directrices de política económica precisan la cooperación de todos nosotros. 
Cuando en el informe se exige que el mercado de la UE para los servicios de prestaciones financieras tiene que integrarse y hacerse eficiente y cuando nosotros hablamos siempre de que las rentas y la aceleración del procedimiento desempeñan un importante papel, tengo que decir al Consejo que el último Consejo Ecofin aunque ha realizado declaraciones de cara a la galería sin embargo en las rentas, en lo referente a la reforma a las jubilaciones empresariales y al informe Lamfalussy, está en contradicción con tales declaraciones. 
Las directrices de política económica se podrán aplicar con la participación activa del Consejo. 
Y ya es hora de ello. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, algunas observaciones sobre el informe de nuestro colega Karl von Wogau. 
Creo que cuando se habla de coordinación de las políticas económicas, el debate que mantenemos hoy y la votación que vamos a emitir sobre el informe siguen siendo hasta ahora el punto de anclaje principal para cualquier observación. 
Desde este punto de vista, no me resisto a repetir una llamada de atención. 
Estas grandes orientaciones de políticas económicas siguen siendo hasta ahora nuestro principal instrumento de análisis y de trabajo para organizar esta coordinación de las políticas económicas. 
No podemos más que lamentar que, una vez aprobadas estas grandes orientaciones, no estén más presentes en los debates nacionales. 
Invito a todos nuestros colegas de los Estados miembros a tomar en consideración estas grandes orientaciones cuando elaboren las orientaciones nacionales en materia presupuestaria y fiscal, ya que si no, no se producirá una verdadera coordinación de las políticas económicas. 
En poco tiempo, durante el debate sobre la comunicación del Comisario, tendremos ocasión de volver sobre ello. 
Tres observaciones en cuanto al fondo de la propuesta que nos hace en el día de hoy nuestro colega Karl von Wogau. 
Primera, para alegrarme de lo que se ha dicho a propósito del refuerzo de este instrumento de la perspectiva de una convergencia de las políticas fiscales y presupuestarias de los Estados miembros, principalmente y en primer lugar entre aquéllos que pertenecen a la zona euro. 
Señalo la reflexión que se ha producido sobre la importancia del peso económico que debería tomarse en consideración a propósito de las sanciones con respecto a cualquier Estado miembro. 
Imagino que se trata de volver al debate que tuvimos el año pasado a propósito de la situación irlandesa. 
Considero que la decisión que se ha adoptado con respecto a Irlanda no es excepcional. 
Sin embargo, si es necesario considerar la importancia del peso económico de las diferentes situaciones, será necesario mirar en qué condiciones aplicará el señor Berlusconi su política económica y su contabilidad con las grandes orientaciones que nosotros decidimos ahora. 
Una observación, señor Presidente, con su autorización, a propósito de la reforma del mercado del empleo. 
Si se trata de proceder a reformas estructurales pasando por una adaptación de la directiva sobre los comités de empresa, sobre la información y la consulta a los trabajadores, no podemos más que estar a favor. 
Finalmente, a propósito de la liberalización, me parece que la experiencia en Europa y fuera de Europa nos invita a ser más vigilantes en lo que respecta al mantenimiento al acceso de los servicios públicos, paralelamente a estos movimientos. 
Señor Presidente, no basta con añadir la palabra "social" a la palabra "mercado" como hace usted, para que la economía vaya mejor. 
Los trabajadores, la mayoría trabajadora de la población, no juzgan sus palabras sino las dificultades que viven diariamente y ven perfectamente que lo que usted llama "la economía social de mercado" está condenando al desempleo a 15 millones de mujeres y de hombres en una Unión Europea que es sin embargo una de las regiones más ricas del mundo. 
Su economía social de mercado supone la generalización de la precariedad, el incremento del número de trabajadores a los que se paga con 4.000 o 5.000 francos al mes, aquí mismo en Francia, y mucho menos en otros países europeos, mientras que unos cuantos accionistas que no hacen nada se reparten los dividendos de los enormes beneficios de las empresas. 
Es decir, que esta economía de mercado que usted glorifica en su informe es una economía estúpida, injusta e inhumana. 
Funciona acumulando la riqueza en las manos de una pequeña minoría y agravando las condiciones de vida de la mayoría. 
Se atreve usted a afirmar que la competencia constituye una protección importante contra el abuso de poder. 
Pero es precisamente invocando la competitividad como los consejos de administración de las grandes empresas como Danone, Michelín, Alsthom, Péchiney, Marks& Spencer y muchos otros pueden cometer este abuso de poder especialmente abyecto que consiste en echar a la calle a una parte de sus trabajadores, en cerrar fábricas enteras condenando a veces a toda una ciudad a la desertificación, simplemente para garantizar dividendos suplementarios a sus accionistas. 
Pretende usted colmar "el déficit democrático de la política económica Europea", pero el primer paso para colmar este déficit sería privar a la gran patronal de su derecho divino a disponer de la existencia de todos aquellos por cuyo trabajo se enriquece, comenzando por prohibirle despidos colectivos y obligándole a deducir de los beneficios, de los dividendos acumulados por los accionistas, con que salvaguardar todos los empleos amenazados. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, quisiera en primer lugar contestar a la diputada que me ha precedido diciendo que yo tampoco estoy muy satisfecho por la definición "economía social de mercado", pues considero que no es necesario añadir el término "social". 
Estimo que la economía de mercado, con sus reglas, no es solo la condición con la que se garantiza la libertad económica fundamental de las personas- libertad de contratación y de intercambio- sino también el ámbito económico que mejor permite la creación de riqueza y de empleo. 
Pasando al informe del Sr. von Wogau, quisiera hacer algunas consideraciones muy concretas: una consideración positiva respecto al apartado 12, por ejemplo, en el que de alguna manera se considera positivamente la labor del Banco Central Europeo. 
Con relación a esto último, quisiera añadir una cosa. 
Sin entrar en el ámbito del examen específico de las decisiones en materia de tipos de interés o de política monetaria, creo que ésta es una de las instancias en la que se debe reiterar que hay que rechazar el intento de los Gobiernos, así como de muchas fuerzas políticas presentes en este Parlamento de someter la labor del Banco Central Europeo y del Presidente Duisenberg a imprecisas finalidades de ayuda al crecimiento económico. 
Opino que existen márgenes muy amplios de recuperación de la productividad y de eficacia en las economías europeas y que es en estos márgenes que hay que trabajar si se quiere garantizar a la economía de los principales Estados un futuro de competitividad sin invocar el ilusorio atajo de la reducción de los tipos de interés. 
El segundo aspecto que quisiera abordar es el inherente al apartado 8 que se refiere a la necesidad de adaptar los sistemas de previsión social a las cambiantes condiciones demográficas. 
Creo que con respecto a esto el Parlamento Europeo debe pedir con fuerza una mayor responsabilidad no solo a la Comisión, por lo que puede hacer, sino sobre todo a los Estados miembros. 
La responsabilidad radica en llegar cuanto antes y por medio de reformas radicales a un sistema de previsión social financieramente sostenible y justo para las futuras generaciones. 
Actualmente, en muchos Estados- pienso, por ejemplo, en Italia- se están gastando irresponsablemente el ahorro forzoso de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes trabajadores, para financiar las pensiones de personas de 54 o 55 años que a lo mejor realizan dos trabajos, un trabajo discontinuo o un trabajo no declarado. 
Considero que ésta es una prioridad para Europa, una prioridad de eficacia económica pero, ante todo, una prioridad de equidad entre generaciones. 
Hay Estados, como Italia, en que las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social superan el 30% con la perspectiva, para quien las aporta, de pensiones muy bajas. 
Creo que en cuanto a otro tema, el del mercado de trabajo, se debe hacer un llamamiento más fuerte a los Estados Europeos. 
En este Pleno se ha dicho que existe el riesgo de precarizar los puestos de trabajo. 
Creo que, por el contrario, la flexibilidad y la utilización más amplia de los instrumentos de flexibilidad del mercado laboral junto con una reconsideración de las normas que regulan los puestos de trabajo por tiempo indefinido, restablecen el equilibrio entre trabajo atípico, trabajo en precario y trabajo por tiempo indefinido que es necesario por ser la única forma de alcanzar un mayor equilibrio desde el punto de vista del empleo. 
Por último quiero hacer un apunte cuando menos problemático- no quisiera decir crítico pero, sin duda, problemático- respecto al auspicio de dispositivos políticos de coordinación de las políticas económicas tendentes a la convergencia de las políticas fiscales y financieras. 
Creo que hay que reflexionar mucho sobre el hecho de que la convergencia de las políticas fiscales y financieras debe ser un objetivo de la Unión Europea. 
Considero que tener distintos modelos comparables, soluciones distintas a las que mirar, hacer, por así decirlo, algo de benchmarking- y el caso de Irlanda es, a mi juicio, un precedente negativo- es una riqueza y no un problema para la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el crecimiento económico de la Unión amenaza adormecerse. 
Aunque continuamente se realizan declaraciones de cara a la galería sobre el fomento de las pequeñas y medianas empresas, el hecho es que las apoyamos muy poco aunque son el motor de nuestra economía y garantizan los puestos de trabajo. 
Si realmente las queremos ayudar, deberemos trabajar para que se modifiquen las condiciones marco económicas. 
Esto significa que nuestros sistemas y leyes administrativas deben modernizarse y simplificarse. 
Se debe reducir sensiblemente la demasiado elevada cuota de gastos. 
Estas medidas deben garantizarse complementando los criterios de Maastricht sobre los déficits presupuestarios y el estado de deudas limitando los gastos administrativos. 
Los gastos administrativos de los Estados miembros no deben suponer en ningún caso más del 8% del producto interior bruto. 
Con el potencial de ahorro utilizado se podrían financiar las absolutamente necesarias reformas fiscales e impulsar de modo continuado el motor de nuestra economía, las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, el informe von Wogau, comprensiblemente, no hace ninguna referencia a la crítica que la Comisión dirige al Gobierno Laborista del Reino Unido. 
El Ministro de Economía Brown, sin duda con las elecciones generales del 7 de junio en mente, decidió prometer aumentos considerables del gasto público, en particular, en los ámbitos de sanidad y educación, amenazando, sin una subida de los impuestos, con romper el pacto de los acuerdos de estabilidad y crecimiento e incrementando las partidas destinadas al sector público por encima del nivel deseable actual del 38% del PIB. 
El nuevo Gobierno del Sr. Berlusconi y el prometido paquete económico pueden también resultar problemáticos para la Comisión, pero resulta especialmente gracioso que el Ministro de Economía británico rechace esta crítica de la Comisión como una injerencia en la soberanía británica en materia fiscal, al tiempo que prepara activamente un referéndum sobre la incorporación al euro, sujeto a sus cinco pruebas económicas arbitrarias que no hacen ninguna mención de los temas constitucionales que se esconden detrás de la UEM, que para los Conservadores Británicos revisten gran importancia. 
Una vez que el Reino Unido entre en la zona euro, tendremos aún menos autonomía fiscal y no sé lo que realmente significa en la práctica que las orientaciones sean políticamente- en contraposición de jurídicamente- vinculantes, porque nos obligan a armonizar al alza nuestros impuestos para evitar la denominada competencia fiscal desleal y evitar también la distorsión en el mercado doméstico europeo que propone el Sr. von Wogau. 
Éste es un nombre al que yo, en mi calidad de diputado británico, me opongo, porque da la impresión de que los tres Estados que permanecen fuera del euro, uno de los cuales es mi país, no pertenecen al mercado único de Europa; por ello quisiera proponer con toda firmeza "eurolandia" o "zona euro" como denominación mucho más idónea y le deseo a la zona mucho éxito para el futuro. 
A pesar de que personalmente tengo un problema con el término "economía social de mercado", porque en Gran Bretaña lo asociamos con social democracia, la descripción en el informe compendia acertadamente la visión de una economía dinámica, desregularizada, competitiva y de libre mercado que sea sensible a las necesidades del medio ambiente y los mercados laborales, y que sin duda acojo con satisfacción. 
No obstante, no estoy tan seguro de si los comentarios relativos a los dos primeros años del Banco Central Europeo son exactamente ciertos. 
Su éxito no ha sido tan grande, aún intenta arreglárselas como puede y sigue siendo relativamente opaco en su proceso de toma de decisiones. 
Esto quedó patente con su reducción en un cuarto de punto del tipo de interés la semana pasada, que dio la impresión de ser una reacción precipitada y visceral ante el empeoramiento de la economía estadounidense y que parecía hacer caso omiso de sus propios objetivos monetarios y en materia de inflación, al igual que muchas intervenciones del Sr. Duisenberg. 
Una cuestión más, yo también hago un llamamiento a la UE para que lleve a cabo rápidamente la propuesta de liberalización de los sectores de la energía, correos, aeropuertos y ferrocarriles. 
Personalmente apoyo también la iniciativa del cielo único. 
El Sr. von Wogau tenía razón: Europa no se convertirá en una fortaleza y sobre todo, a pesar de todos los problemas que existen en el mundo, sus perspectivas son relativamente buenas en estos tiempos de incertidumbre. 
Señor Presidente, yo también soy de la opinión de que la economía social de mercado ecológicamente compatible es un buen concepto para la política económica en la Unión Europea si hace lo que se puso en marcha con el proceso de Lisboa, a saber, unificar la política económica, de empleo, social y financiera para que se pueda aplicar realmente en la Unión Europea un concepto factible y un policy mix que sea por fin equilibrado y adecuado. 
Lamentablemente, en las líneas básicas de la política económica existen aún muy pocos objetivos cualitativos y cuantitativos que permitan no sólo pensar unidireccionalmente en descensos de impuestos y recortes de gastos. 
Creo que un nuevo debate sobre la calidad de las finanzas públicas en todos los Estados miembros, tal como ha propuesto afortunadamente la Comisión, puede lograr que podamos avanzar mejor hacia un crecimiento basado en las inversiones y que sea eficaz para el empleo. 
Esto es además necesario. 
Creo que las líneas básicas de la política económica deben orientarse más intensamente que hasta ahora hacia un crecimiento apoyado en las inversiones que movilicen los recursos humanos para aumentar la capacidad de generación de empleo. 
En estos momentos estamos viendo en la Unión Europea un cierto pesimismo. 
No creo que exista peligro de un debilitamiento sostenido de la coyuntura; sin embargo, hay que hacer todo para que la evolución en los EE.UU no se convierta en un riesgo para la coyuntura en Europa, lo que ya no sería controlable por la Unión Europea. 
Quiero subrayar que las líneas básicas de la política económica, nuestras orientaciones de política económica, no sólo son válidas para la zona del euro sino para la totalidad del mercado interior europeo, el mercado nacional europeo para la Unión Europea. Y así debe ser pues no nos debemos dejar dividir sino que queremos seguir creciendo conjuntamente. 
Pero Europa no debe caer de nuevo por una carencia de iniciativa en una crisis coyuntural que destruya lo que hemos logrado, es decir, la tasa de paro más pequeña desde hace diez años. 
Por ello, subrayo de nuevo que en comparación con otras regiones del mundo invertimos demasiado poco en desarrollo e investigación, en la formación inicial y continuada y también tenemos que recuperar terreno en las inversiones de infraestructuras, sobre las que este Parlamento ha hablado y ha exigido ya con mucha frecuencia. 
Junto a la estabilidad monetaria y la solidez presupuestaria, necesitamos también vías innovadoras hacia la estabilidad social y de empleo. 
Esto lo exige el proceso de Lisboa. 
Lamento que en esta Presidencia sueca del Consejo no se hayan realizado más esfuerzos. 
Lamento también extraordinariamente que no tengamos más transparencia y democracia. 
Es absolutamente necesaria la participación del Parlamento Europeo en el diálogo macroeconómico, en la elaboración y aprobación de las líneas básicas de la política económica así como en los preparativos de los demás procesos relacionados con Lisboa y Estocolmo. 
En su caso deberemos utilizar la nueva Conferencia Intergubernamental en el año 2004 para que nuestras exigencias tengan más peso. 
Señor Presidente, cuando debatimos sobre las grandes orientaciones de la política económica soy especialmente consciente de los roces que se han producido entre mi país y la Comisión durante estos últimos meses, una situación mal llevada, en mi opinión, tanto por la Comisión como por nuestro Ministro de Economía. 
Cuando nos acercamos a un referéndum sobre Niza, que se celebrará el próximo 7 de junio, la opinión popular en Irlanda está sorprendida por la respuesta al milagro económico que se ha producido. 
Este milagro ha permitido a una de las regiones más pobres, subdesarrolladas y periféricas de la UE alcanzar y sobrepasar a muchas de las economías fuertes y, como decía nuestro Taoiseach con ocasión del referéndum sobre nuestra adhesión a la CEE en 1972, 'realizar nuestro potencial económico y social y garantizar el bienestar de nuestra población'. 
Lo que cuestiono no es lo que ha hecho la Comisión, sino cómo lo ha hecho: decisiones a puerta cerrada, mal comunicadas y sin ninguna intervención parlamentaria. 
Quisiera pedir que saquemos una lección de esto. 
Conozco y agradezco el motivo por el que el Comisario Solbes sentía preocupación por lo que se consideraba un presupuesto inflacionista y al 5,6 % ésta sigue siendo una grave preocupación. 
Pero la sola opción era entre mantener nuestra asociación social y algún asomo de estabilidad salarial a través de los recortes fiscales en unos momentos de abundancia del tesoro público; y la estabilidad salarial es lo más importante del programa de estabilidad irlandés. 
En una palabra, en un país que se encuentra en una situación de recuperación, el modelo económico clásico, un modelo económico único para todos, es una mala solución. 
La previsión económica no es una ciencia exacta. 
Tampoco depende únicamente de la UE. 
Formamos parte de una economía global. 
Está sujeta también a las fuerzas de la naturaleza, a las enfermedades de animales y plantas. 
Contemplemos la gran confusión que han ocasionado la EEB y la fiebre aftosa, incluso en Irlanda, donde sólo hemos tenido un único caso de fiebre aftosa. 
Los esfuerzos, realizados con éxito, para aislar la enfermedad nos costarán según las previsiones más del 2% de nuestro crecimiento este año. 
Respecto a la previsión económica, siento una creciente preocupación por el comportamiento del BCE que parece abocado a leer los posos de café en el fondo de la taza. 
¿Es el BCE parte del problema o de la solución? 
Apoyo plenamente la reciente reducción de los tipos de interés para apoyar el crecimiento, pero debemos preguntarnos cómo decide el BCE sus políticas y cómo las comunica a los mercados financieros. 
En el contexto de las declaraciones de altos funcionarios durante las últimas semanas, el BCE ha quedado expuesto a acusaciones de que ha cedido a la presión de los Estados Unidos o, lo que es peor, que se ha dejado llevar por el pánico ante modelos económicos contradictorios. 
El tratamiento que ha recibido la reciente reducción, sólo la segunda desde el establecimiento del BCE en 1998, ha dañado seriamente su credibilidad. 
No es la primera vez que me encuentro cuestionándome la competencia de los altos funcionarios del BCE, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que hacen. 
Demasiada diplomacia de megáfono, demasiada poca consideración o entendimiento de las repercusiones de lo que ellos dicen sobre los mercados. 
Demasiada justificación post hoc de la realidad y de los cambios de rumbo de su política. 
Esperamos y exigimos más. 
Quizá el procedimiento de recomendación debería ir dirigido a ellos, señor Comisario, o ¿están sujetos a controles y balances? 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al ponente señor von Wogau y a todos los oradores sus comentarios y sus aportaciones. 
La Comisión ha apreciado siempre- desde 1993, cuando se pusieron en marcha las grandes orientaciones de política económica- el interés que el Parlamento ha prestado en todo momento a este debate. 
El Parlamento ha sido siempre un elemento fundamental en cuanto al mantenimiento de la coherencia de las recomendaciones de la Comisión, evitando que se diluyeran posteriormente en el debate en el Consejo. 
Agradezco la contribución sobre las grandes orientaciones en el presente año, de forma especial. 
La resolución es muy clara, es concreta, afecta a aspectos específicos y tengo la sensación de que existe una gran sintonía entre lo que se recoge en la recomendación del Parlamento y la propuesta de la Comisión, aunque- como posteriormente observaré- también existen diferencias en algunos puntos concretos. 
Es cierto, como destaca el señor von Wogau, que las grandes orientaciones de este año son las últimas antes de la introducción de monedas y billetes; sin embargo, es cierto también, como decía la señora Randzio-Plath, que en las grandes orientaciones de política económica no estamos hablando única y exclusivamente de la zona euro: estamos hablando de toda la Unión Europea y por lo tanto, aunque haya algunos elementos consecuencia de este cambio, se preste mayor atención a los países que tienen implicación especial con el euro- y evidentemente el juego del eurogrupo en este tema es fundamental- sin embargo, las orientaciones siguen teniendo aplicación global para toda la Unión. 
En la presentación de las recomendaciones de la Comisión sobre las grandes orientaciones del año 2001, yo expuse en el Comité Económico y Monetario cuáles eran las líneas generales a las que iban a responder las grandes orientaciones de política económica de este año. Sin embargo, como algunos de estos temas han vuelto a ser planteados a lo largo del debate de hoy, querría volver a hacer referencia a los mismos. 
En primer lugar, las nuevas grandes orientaciones de política económica se diferencian, en mi opinión, de las anteriores en un elemento fundamental, a saber, que responden a lo que definimos en la Cumbre de Lisboa. 
Es cierto que en algunos de los aspectos definidos en la Cumbre de Lisboa se puede plantear algún debate sobre si deben estar más equilibrados o no. 
La señora Weiler, por ejemplo, se refería a los aspectos sociales, planteando la cuestión de si están o no suficientemente contemplados. 
En mi opinión, recogemos los aspectos sociales en la medida en que deben ser considerados en unas grandes orientaciones de política económica. 
Por supuesto, hay otros documentos de la Unión Europea que recogen los aspectos sociales con mayor detalle, pero no corresponde, a mi entender, a las grandes orientaciones de política económica desempeñar el papel que corresponde, por ejemplo, a las grandes orientaciones sobre el empleo. 
Es cierto también que en el año actual el nuevo modelo establecido en la Cumbre de Lisboa y el debate en el Consejo Europeo de dos cuestiones clave para la elaboración de las grandes orientaciones de política económica, han significado una reducción de los plazos para la elaboración de este documento, lo que también ha afectado al Parlamento Europeo. 
El señor von Wogau, y también el responsable de la Comisión de Empleo, se quejaban de la falta de tiempo para un debate más profundo sobre los diferentes temas. 
Es cierto, intentaremos superar, en la medida de lo posible, estas dificultades de calendario, pero no es menos cierto que va a resultar difícil, dados los compromisos que hemos asumido, en la medida en que todos ellos limitan los márgenes de tiempo para el debate posterior. 
Entremos ahora en los temas de fondo. 
Pero antes me gustaría hacer un pequeño comentario, sobre la coordinación de las políticas económicas. 
El señor Gasòliba i Böhm se ha referido a ella, también la señora Berès, de forma muy especial la señora Doyle, y algunos oradores más. 
Para nosotros la coordinación de las políticas económicas debe hacerse fundamentalmente a través de las grandes orientaciones de política económica, desde el documento clave para la coordinación. 
Es cierto que este documento debe tomar en cuenta el pacto de estabilidad, pero en ningún caso éste puede ser considerado como el único elemento suficiente para que la coordinación de la política económica pueda avanzar de forma correcta. 
Ésta es la importancia que tiene el documento que hoy discutimos. 
En las grandes orientaciones tenemos que incluir todos los elementos. 
Es verdad que las grandes orientaciones de política económica y la coordinación se discutirán- la coordinación se discutirá posteriormente en mayor profundidad- y ello nos va a ofrecer posibilidades nuevas para futuras correcciones. 
Sin embargo, me gustaría insistir en un punto que ha dado pie a algunos comentarios por parte de las señoras Berès y Doyle sobre el problema específico irlandés. 
En primer lugar, hablar de sanciones en el caso irlandés, -aunque comprendo que es un lenguaje periodísticamente atractivo- no responde a la realidad. 
Lo que el Consejo ha adoptado (no la Comisión) ha sido una decisión sobre una recomendación específica, por incoherencia con la política presupuestaria aceptada, respecto a la política presupuestaria practicada por un Estado miembro. 
En el informe von Wogau se hace referencia a la consideración de la mayor o menor incidencia de un país que forma parte de la Unión Monetaria respecto a las medidas que adopte. 
En mi opinión, una opción de ese tipo plantea riesgos evidentes. 
Por supuesto, si sólo los países grandes están obligados a cumplir las grandes orientaciones de política económica, creo que al final estaríamos introduciendo grandes contradicciones en nuestro modelo. 
El modelo europeo se caracteriza precisamente porque todos los países, grandes y pequeños, tienen los mismos derechos y obligaciones, y yo creo que hay que ser coherente con ese principio general. 
Respecto a los grandes retos, nuestro desafío y nuestro planteamiento en este caso ha quedado claro. 
Nos referimos a tres tipos de opciones: en primer lugar, a corto plazo, mantener la expansión económica; a medio plazo, aumentar el potencial de crecimiento, y, a largo plazo, hacer frente al envejecimiento. 
Me referiré brevemente a estos temas. 
En cuanto a la expansión económica, nuestras previsiones son más optimistas que posiblemente las de otros. 
Conocemos bastante bien la realidad europea y pensamos que la solidez de la evolución de la demanda interna nos permite ser relativamente optimistas, y eso no quiere decir que no sigamos con preocupación las incertidumbres que se plantean en otras economías y algunos datos recientes- a los que usted ha hecho referencia- de la economía estadounidense. 
Evidentemente, son datos que deben tenerse presentes. 
En todo caso, nuestro punto de partida fue una recuperación en "V" de la economía estadounidense y esperamos llegar a esa situación. 
El gran tema es si la situación económica europea, afectada por la situación externa, puede justificar un cambio de políticas económicas respecto a lo que hemos aplicado hasta ahora. 
En opinión de la Comisión, no. 
Creemos que el crecimiento todavía alto que se va a producir en Europa debe seguir permitiéndonos apostar por la idea fundamental de seguir adelante con las consolidaciones de los déficit presupuestarios y la reducción de la deuda pública. 
Y no estoy de acuerdo con quienes plantean que estos elementos no tienen impactos positivos en términos de empleo: basta ver cuál ha sido la evolución en términos de empleo de la Unión Europea durante los últimos años para constatar que esta política ha dado buenos resultados; como también ha dado buenos resultados una política salarial que ha sido coherente con el crecimiento y la inflación de estos años. 
Creo que hemos avanzado mucho en la reducción del desempleo en los dos últimos años y tenemos que seguir en la misma dirección. 
En cuanto a nuestro objetivo a medio plazo, aumentar el potencial de crecimiento, sin duda alguna lo que pretendemos todos, al fin y al cabo, es conseguir los mejores resultados de crecimiento económico en términos de empleo y en términos de crecimiento. 
Y creemos que ahí es fundamental, por supuesto, mejorar la capacidad de trabajo y la tasa de actividad de nuestras poblaciones; pero, para ello, es absolutamente importante seguir adelante con los procesos de reformas estructurales, tanto de los mercados como también del sistema laboral. 
Por supuesto no olvidamos- y algunos de ustedes han hecho referencia a ello- la transición a la economía del conocimiento y la necesidad fundamental de llevar a cabo inversiones en I+D, en nuevas tecnologías, pero también inversiones en el sector público. 
La posición de la Comisión ha sido siempre muy clara en este punto. 
Consideramos que la inversión en el sector público es adecuada, es coherente, pero tiene que ser compatible con nuestras obligaciones presupuestarias generales. 
Por último, querría hacer una referencia específica a la necesidad de prestar mayor atención al desarrollo sostenible y, específicamente, al medio ambiente. 
En las grandes orientaciones de este año hay una referencia concreta a este punto y, sin duda alguna, el próximo año, después de la Cumbre de Goteburgo, incluiremos elementos adicionales sobre este punto. 
Sobre las grandes orientaciones, en la parte final, la referida a los compromisos a largo plazo, la Comisión sigue pensando que el problema del envejecimiento de la población es un tema clave y fundamental que acaba afectando a las envolventes, en términos de deuda, de los diferentes Estados miembros y, por lo tanto, es algo que debemos considerar. 
Somos conscientes de que no se resuelve el problema única y exclusivamente con una reducción de la deuda pública, y esto es un paso positivo. 
Creemos que hay que hacer más cosas, tanto en lo que se refiere a los sistemas de pensiones como en lo que se refiere al incremento de la tasa de actividad en los diferentes países. 
En nuestra opción, por supuesto, no se trata de un problema de grandes orientaciones año a año, sino de un problema a medio y largo plazo; pero no es menos cierto que deberemos incluirlo también en las referencias específicas en las distintas presentaciones anuales. 
Éstos son los elementos que quería comentar hoy, agradeciendo al Parlamento y al Sr. von Wogau su aportación y esperando que el resultado final que las grandes orientaciones nos aporten sea el que todos pretendemos: un mayor crecimiento en Europa, un mayor crecimiento sostenido, un crecimiento que se produzca, además, mediante un esquema de coordinación de las políticas económicas que, evidentemente, respete la capacidad de responsabilidad nacional que cada uno tenemos, de acuerdo con lo establecido en el Tratado. 
Muchas gracias, Comisario Solbes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Equipos eléctricos y electrónicos 
De conformidad con el orden del día. se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0146/2001 del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 347- C5-0415/2000- 2000/0159 (COD) ) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; 
A5-0148/2001 del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 347- C5-0414/2000- 2000/0158 (COD) ) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en los últimos meses se me ha preguntado muy frecuentemente porqué necesitamos una directiva. 
¿Es el resultado de un funcionario de la UE obsesionado por el trabajo o de un diputado aislado que quiere disponer de una directiva o no es más bien el resultado de la actividad de compra de la población en Europa, quien en los últimos años ha demostrado una extraordinaria disposición de compra de aparatos electrónicos? 
Precisamente este es el motivo. 
En Europa producimos cada año seis millones de toneladas de residuos electrónicos. 
Esta tasa de crecimiento se encuentra entre el 3 y el 4% y creo que entretanto ha alcanzado ya el 5%. 
En unos diez años es de esperar que los residuos electrónicos se multipliquen por dos. 
La basura electrónica se pasea por Europa, se encuentra en los campos, prados, bosques, zanjas y en todos los sitios. 
No sólo constituye un factor medioambiental sino que se trata también de un factor de materias primas pues todos sabemos que en los ordenadores hay valiosos materiales que deberían recogerse y a la larga meterse en un sistema regular de reutilización y reciclado. 
Por ello, creo que es oportuno que esta directiva vea la luz del mundo. 
En especial esto es importante porque ya hemos dado los primeros pasos con el reglamento sobre coches viejos que se diferencia del reglamento sobre residuos electrónicos en que aquí nos encontramos con cientos de miles de empresas afectadas. 
En el caso del reglamento de coches viejos se trata solamente de 50 ó 60 empresas. 
Por ello, es muy importante que en el caso de esta directiva encontremos un consenso común en esta Asamblea y también con la Comisión pues esta directiva tiene repercusiones. 
Y si las tiene, entonces debe tener también un efecto de guía. 
La política medioambiental no puede ser una finalidad en si misma sino que tiene que tener un objetivo. 
Un objetivo para el medio ambiente pero también para las empresas, pues éstas son parte de esta sociedad, aspecto que algunas veces se olvida en mi comisión. 
Trabajamos en varias categorías ya que tenemos diez diferentes flujos de materiales que en las cuotas de reciclado tienen diferentes magnitudes que hay que alcanzar. 
Pero permítanme decir primero algo sobre los puntos en los que la comisión me ha seguido. Por ejemplo, en la cuestión de la entrada en vigor de esta directiva, que no debe hacerlo sólo en el año 2005 ó 2006. 
Mis hijos me preguntarían porqué voy a Bruselas si mis resultados solamente se van a presentar el 2006 o quién sabe cuándo. 
Hemos dicho que cuando el proceso parlamentario termine, los países miembros tienen que hacer seguir a sus palabras también los hechos al cabo de 30 meses y esta directiva tiene que entrar en vigor. 
Las empresas deben trabajar 30 meses después según esta directiva. 
Creo que esta es una observación adecuada que va a seguir la Comisión tal como me imagino. 
La Comisión ha mostrado una actitud algo blanda en la cuestión de los objetivos: ¿cuántos kilos queremos recoger cada año? 
Nosotros exigimos una prohibición de arrojarlos. 
Algunos participantes en este debate, en especial la industria, afirman que esta es una propuesta absurda. 
Yo opino exactamente lo contrario. 
Tenemos que llegara a que se prohiba arrojar una maquinilla de afeitar al cubo de la basura pues no es allí a donde debe ir a parar. 
Aunque esto es algo totalmente evidente, muchos no lo han comprendido aún. 
También la ley de los costes descendentes por unidad prohibe que en el futuro tengamos cantidades dispersas. 
Tenemos que concentrarlas para reducir los costes de reciclado. 
Por ello, hemos propuesto una prohibición de arrojar los residuos y una cuota vinculante de seis kilos per cápita y año y no como la Comisión, una cuota no vinculante. 
Creo que este es un paso en la dirección correcta. 
También hemos elaborado una preferencia para el comercio. 
Todos estamos de acuerdo en que el comercio cuando vende un aparato debe también recogerlo. 
Pero también sabemos- al menos aquellos que han trabajado en alguna ocasión en un concejo municipal- que nuestro comercio se encuentra muy estrechamente limitado en las ciudades y que no dispone de las capacidades para construir quizás una nave protegida frente a explosiones para almacenar allí aparatos viejos de televisión. 
Nosotros proponemos que el consumidor final pueda entregar su aparato sin costes. 
Pero el aparato no debe ir a parar automáticamente al comercio. 
Aunque el comercio es responsable, el consumidor puede dirigirse inmediatamente al lugar general de recogida. 
Creo que esta es una buena alternativa para proteger el comercio pues si lo gravamos con unas cargas elevadas irá a parar muy rápidamente al prado. 
Y es precisamente allí donde no queremos tenerlo pues queremos que nuestras ciudades sigan siendo atractivas. 
Este es un punto importante que, lamentablemente, se ignora con demasiada frecuencia. 
Creemos que la responsabilidad del fabricante, al igual que la entrada en vigor de la directiva, no debe aplicarse sólo al cabo de cinco años sino ya treinta meses después de la entrada en vigor de la directiva, en combinación con una exposición voluntaria de costes para los llamados aparatos históricos. 
Los especialistas saben lo que son los aparatos históricos: se trata de aparatos que están actualmente en circulación, en parte aparatos huérfanos de los que no sabemos en absoluto de dónde proceden, si las empresas han quebrado o si los sacaron al mercado algunos grandes consorcios poco antes de las Navidades para hacer de este modo más difícil la vida a las pequeñas y medianas empresas. 
Señorías, estos aparatos históricos deben financiarse colectivamente. 
No puede funcionar de otro modo. 
Quien crea que se pueden financiar aparatos históricos también individualmente, está en la luna. 
Sin embargo, creo que en el caso de los aparatos nuevos tiene sentido prever una financiación individual. 
Naturalmente, en algunos sectores donde esto no es posible puede haber excepciones. 
Pero quiero premiar a aquellos que se esfuerzan y desarrollan un producto que se puede reciclar luego ecológicamente. 
Estos son los instrumentos de control de que disponemos. 
No se trata pues de castigar sino de premiar. 
Y en este contexto quiero expresar un deseo dirigido al Consejo que se encuentra presente aquí delante de mí. 
Por favor, recojan esta idea y defiendan en el Consejo la preferencia de la financiación individual. 
Naturalmente, también hay algunos puntos que no han sido aprobados por mis amigos en la comisión o contra los que estoy yo. 
Creo que en lo que se refiere a la cuota de reciclado, la Comisión se ha pasado algo. 
Estimada colega, es una cosa muy fácil elevar en el Parlamento una cuota del 40 al 50%. 
Esto es quizás lo más fácil que hay. 
Sólo que el organizar los flujos reales de residuos, introducirlos en el mercado de dichos flujos y proporcionar a las empresas un acceso a los mismos, es la cuestión realmente decisiva. 
Por ello, las propuestas de la Comisión como cuota inicial son muy razonables. 
Creo que deberíamos mantener la cuota de la Comisión y no aplicar las cuotas exageradas que hemos adoptado con mayoría en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
En lo referente a los elementos luminosos hay un disenso. 
El principal afectado habla precisamente al respecto con otros afectados. 
Creo que los elementos luminosos deben ser parte de esta directiva pero no se les debe aplicar una cuota. 
Pues no existe ni un solo documento sobre cómo se pueden reciclar las lámparas trituradas y machacadas y sobre todo cómo se pueden reutilizar. 
No quiero poner en marcha una directiva cuyas repercusiones no conozco. 
Cuando tengamos experiencias al cabo de tres años deberemos asignar a los elementos luminosos una cuota. 
Creo que aquí la Comisión ha realizado una buena propuesta. 
Vamos a seguirla gustosamente. 
Un punto de debate en esta Asamblea es la cuestión de a partir de dónde debe hacerse cargo de los costes el productor. 
La Comisión ha realizado la propuesta- y el Consejo lo ve de modo similar- de que el fabricante tiene que recoger sus productos en el lugar de entrega colectiva haciéndose cargo de los costes derivado de ello Apoyo esta iniciativa. 
La apoyo también porque hay algunos colegas que son de la opinión de que las empresas deberán ir a buscar los cepillos de dientes al cuarto de baño. 
Tengo tres hijos y tienen también una responsabilidad moral de llevar un aparato, un ordenador, una radio o lo que sea a un lugar determinado al cabo de su vida útil para que allí sea eliminado adecuadamente. 
No creo que debamos practicar una política en la que siempre un tercero sea el responsable pero nunca uno mismo. 
Es decir, el consumidor final debe poder llevar el aparato gratuitamente a su comerciante y, en el caso de una compra nueva, que se lo vengan a recoger. 
Pero también tiene una responsabilidad cuando solamente se trata de su eliminación. 
Lo tiene que llevar al centro de la ciudad. 
Insisto en ello. 
Puede que lo califiquen como de conservador. 
Creo que aquí desempeña un papel un cierto aspecto educativo. 
Recuerdo que en esta Asamblea hemos debatido apasionadamente sobre la mentalidad de coger y tirar. 
Aquellos que a la sazón levantaron más la voz, no están ya aquí o ya no intervienen. 
La mentalidad del coger y tirar es un importante factor que tiene que desempeñar también aquí un papel en la financiación. 
Hemos escuchado un montón de interesantes propuestas en este campo. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor es una comisión heterogénea pero realiza una importante aportación para que este Parlamento, que no es un Parlamento "normal", desempeñe cada vez un papel más importante como un Parlamento "normal". 
Quiero felicitar por ello a todos los colegas y afectados. 
- (EN) Señor Presidente, los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos son en la actualidad uno de los flujos de residuos con mayor crecimiento en la Unión Europea. 
Se estima que este flujo de residuos, que representa actualmente el 4% de los residuos urbanos, aumentará como mínimo a razón de un 3% a un 5% anual. 
Los aparatos eléctricos y electrónicos constituyen una de las mayores fuentes conocidas de metales pesados y contaminantes orgánicos del flujo de residuos. 
Si no se someten a tratamientos previos adecuados, los componentes altamente tóxicos pueden contaminar el suelo, las aguas subterráneas además del aire. 
La presente directiva puede considerarse como uno de los instrumentos básicos de una política de productos integrada, en la que se tendrá en cuenta el ciclo de vida completo de un producto y se fomentará el diseño ecológico. 
Está ampliamente reconocida la necesidad de que las empresas se adapten a una agenda flexible que tenga más en cuenta el medio ambiente. Igualmente, se reconoce que los países y las industrias más rápidos a la hora de innovar acabarán por ser más competitivos que los que sean más lentos. 
El principio básico de las directivas es la responsabilidad ampliada del fabricante. 
El objetivo de ésta es conseguir que los fabricantes sean responsables de sus productos cuando estos se transforman en residuos. De esta manera, se crea un efecto repercutido que hace que se diseñe de una manera compatible con el medio ambiente y se tome en consideración la duración de la vida útil del producto, la posibilidad de que el mismo sea reparado o mejorado, su desmontaje y su reciclado. 
Además, mediante el diseño ecológico, la reutilización de los recursos y la recogida selectiva, se impide que las sustancias peligrosas contenidas en los RAEE pasen al medio ambiente de una forma incontrolada. 
La directiva aplica asimismo el principio de la asumir a nivel interno los costes externos. 
Los costes de eliminación- que hasta ahora eran sufragados por las autoridades locales, normalmente como parte de la eliminación de residuos- deben ser asumidos a nivel interno y deben adoptarse medidas con vista a la reutilización, el reciclado y el desmontaje de estos aparatos. 
El principal objetivo es evitar la producción de residuos. 
No se pone en duda el principio de la responsabilidad del fabricante para los productos eléctricos al final de su vida útil. 
Los fabricantes deben ser responsables de los productos que comercializan, pero sólo pueden ser responsables de sus propios productos. 
Hemos debatido sobre los sistemas colectivos e individuales, aspectos sobre los que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha estudiado a fondo. 
En la Comisión de Industria hemos presentado algunas enmiendas respecto a la disponibilidad de piezas de recambio y también sobre la venta a distancia y el etiquetado, y nos gustaría pedir a la Comisión que las tome en consideración. 
Asimismo sentimos gran preocupación por la salud y la seguridad de los trabajadores que se encargan de la recuperación de los RAEE, aspecto que debe estudiarse con más detenimiento de lo que se ha hecho anteriormente con la transposición de la directiva. 
Respecto a la restricción de sustancias peligrosas, algunos miembros de la industria afirman que deberíamos centrarnos en los grandes aparatos y no en los pequeños, pero la concentración de sustancias peligrosas en los aparatos pequeños es hasta cuatro veces superior que en los aparatos grandes. 
Asimismo, son precisamente los aparatos pequeños los que deben recogerse de una manera selectiva para evitar que terminen entre los residuos urbanos sin que puedan controlarse adecuadamente los productos químicos peligrosos. 
En principio, se acoge con satisfacción la propuesta de sustituir el plomo, el mercurio, el cadmio, etcétera. 
No obstante, la Comisión de Industria ha solicitado un proceso de revisión estructurada, y creo que la Comisión debería estudiar esta posibilidad muy detenidamente. 
Todos los interesados deberían tener la oportunidad de presentar sus criterios para que sirvan de base para una pronta revisión, incluidos los grupos de defensa del medio ambiente y las asociaciones de consumidores, porque a todos nos interesa que la presente directiva funcione eficazmente. 
Quisiera pedir a la Comisión que tenga esto muy en cuenta. 
La Comisión de Industria ha solicitado asimismo que se exceptúe el plomo en las pastas de soldadura de alta temperatura de fusión y el plomo en el vidrio de componentes electrónicos. 
El motivo son las dificultades técnicas de encontrar alternativas. 
He tratado sobre este punto en comisión con la Comisión y, una vez más, deberemos estudiar detenidamente las posibilidades técnicas que existen. 
Señor Presidente, en la construcción de una Europa respetuosa con el medio ambiente es una prioridad política y legislativa conseguir que la comunidad empresarial se integre plenamente en la tarea de la protección ambiental. 
En este contexto, las directivas que nos ocupan hoy son instrumentos legislativos esenciales que contribuyen a preservar nuestro medio ambiente impulsando a las empresas del sector a internalizar los costes de ciertos impactos medioambientales y a asumir una posición comprometida sin abandonar por ello sus objetivos de mercado. 
El trabajo del Sr. Florenz es encomiable y no puedo dejar de felicitarle por ello, pues ha conseguido elaborar unas propuestas de directivas que encuentran el equilibrio entre los intereses de los consumidores, del medio ambiente y de las empresas del sector, intereses muy difíciles de conjugar. 
Quisiera referirme a la obligación de los Estados miembros de alcanzar una tasa de recogida de seis kilos por habitante, ya que, en mi opinión, se deberían tomar en consideración las diferencias existentes entre los Estados miembros. 
Está claro que Alemania, por ejemplo, no produce el mismo número de residuos que otros países, como Grecia, Portugal o España. 
Por otro lado, el ciclo de vida de cada aparato es sensiblemente diferente en los Estados miembros, lo que agudiza el problema anterior. 
Me gustaría reiterar la conveniencia de aplicar un coeficiente de desarrollo a la obligación de recogida para poder así equilibrar y armonizar la obligación, según el Estado miembro de que se trate. 
También quisiera resaltar la importancia del artículo 7, que se ocupa de la responsabilidad financiera. 
En aras de una mayor justicia, parece lógica la responsabilidad financiera individual, pero considero muy acertada la solución recogida por el informe, de decantarse por una responsabilidad individual sin cerrar la puerta a que en ciertos casos se aplique la responsabilidad colectiva. 
Respecto a las excepciones a las soldaduras de plomo, creo que se deben mantener, porque me parece que la utilización de sustitutivos podría generar un problema ambiental superior o riesgos para la seguridad del consumidor. 
Señor Presidente, Señorías, ponente, algunas personas han subrayado- y otras volverán a hacerlo- la importancia de esta directiva. 
La gente me pregunta por qué votamos esta directiva, mucha gente me pide que lo hagamos cuanto antes y lo mejor posible. 
Yo misma procedo de un país en el que existen ya algunas reglas en esta materia. 
Quiero agradecer explícitamente al ponente el buen trabajo que ha efectuado y las mejoras que ha introducido en la propuesta de la Comisión. 
Lo más importante de todo- él ya lo ha señalado- es la obligación de recuperar todos los equipos eléctricos y electrónicos, y fijar objetivos más elevados y estrictos al respecto de cara a 2006. 
El objetivo esencial de la directiva se recoge en el artículo 1. 
Primero, prevención; después, reutilización; después, reciclaje; y por último, producción de energía. 
Éste es el orden que no respeta la propuesta de la Comisión, ya que la prevención se traslada a otra directiva y la reutilización de equipos enteros no se recoge en esta primera. 
El ponente también ha incluido algunos asuntos dentro de la producción de energía en lugar de hacerlo en el apartado del reciclaje. 
La mejor prevención en materia de residuos, Señorías, reside en un cambio del diseño ecológico de esos productos. 
De ahí que el instrumento de la responsabilidad individual de los fabricantes, la responsabilidad financiera, resulte tan esencial. 
La reutilización de todos los equipos también es importante no sólo para el medio ambiente, sino también desde el punto de vista social. 
Social, porque las persona con menos estudios logran con ello más oportunidades de empleo y porque los productos son más accesibles al tener precios más bajos. 
Es obvio que esta directiva debe garantizar que los residuos no sean exportados a terceros países, a menos que vayan a ser reutilizados, y solamente cuando se pueda garantizar que en esos terceros países se respetan los mismos objetivos y normas. 
La prohibición de sustancias peligrosas es la mejor medida que podemos adoptar en cuanto a la prevención. 
Además, esto también es importante para la salud de los trabajadores. 
Realmente, la directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos forma parte del objetivo de prevención que se recoge en el artículo 1 de la directiva relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
De ahí que yo fuera una defensora acérrima de la unión de las dos directivas. 
Conocemos desde hace ya mucho tiempo el problema de los metales pesados. 
Hay alternativas disponibles para la mayoría y la Comisión establece excepciones para algunos de ellos. 
No creo que corresponda al Parlamento fijar esas excepciones rápidamente, en algunos días. 
Además, tiene la desventaja de que los grupos de presión a veces influyen demasiado. 
Dejemos que la Comisión efectúe su trabajo y presente dentro de dos años una versión adecuada de las excepciones en cuanto a metales pesados. 
Por último, quiero entrar decididamente en la discusión sobre materiales ignífugos bromados que contienen plástico. Se ha convertido en una discusión entre los que, como yo, están convencidos de los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud, y los que no lo están. 
Considero importante que esta discusión haya dado lugar a una mayor concienciación sobre los daños que causan estos productos. 
No es posible su prohibición en 2006. 
En la enmienda presentada por mi Grupo, se pide que los fabricantes demuestren hacia 2003 que estos productos no son perjudiciales, y espero que eso sí sea factible. 
Señor Presidente, hace más de treinta años nació en mi país una organización llamada "Friends of the Earth" (Amigos de la Tierra). 
Creo recordar un ardid publicitario en el que aparecía un enorme montón de botellas que ya no iban a ser devueltas para ser rellenadas, sino que sencillamente iban a ser arrojadas a un vertedero. 
Yo tenía entonces doce o trece años y aquel anuncio y las imágenes de la televisión despertaron en muchos de nosotros la preocupación que seguimos sintiendo por el medio ambiente, y atrapó nuestra atención sobre los residuos de unos recursos estrechamente relacionados con nuestra forma de vida y nuestros procesos de fabricación. 
Lamento que después de tantos años, mi país sea uno de los que se arrastran a la zaga de otros países, como los del ponente y de la Sra. Comisaria, en la mejora de sus índices de reciclaje. 
Por ello me alegra que tengamos esta legislación europea e incluso toda la estrategia de la Comisión en materia de residuos, que obliga a países, como el mío, que son recalcitrantes y ceden con demasiada facilidad a las presiones de la industria en sus propias puertas a la hora de reconocer y de poner en práctica los principios de sostenibilidad. 
Estos países están muy dispuestos a hablar sobre estos principios en un escenario más amplio, pero son reacios a ponerlos en práctica en casa. 
El principio de que el productor asuma la responsabilidad del producto durante toda su vida útil y garantice que los problemas ocasionados por la producción no pasen a generaciones futuras merece nuestra más firme aceptación. 
Por tanto, acojo con satisfacción la presente legislación y considero importante que la industria de mi país y quizá de otros países reconozcan que si no aprovechan la oportunidad de modernizar sus procesos y poder respetar los estrictos niveles medioambientales, saldrán perdiendo en lo que respecta a sus oportunidades en los mercados de toda Europa. 
Se ha hecho referencia a dos dilemas relativos a los niveles de plomo y materiales ignífugos bromados. 
Quiero dirigir a la Sra. Comisaria esta pregunta en particular sobre la utilización de lámparas de bajo coste y bajo consumo: ¿qué es mejor, que sean recicladas y suba su precio, o mantener sus bajos precios, fomentar su utilización y, de esta manera, poder atajar quizá algo más rápidamente el otro grave problema medioambiental del calentamiento del planeta? 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes de nada mi sincera felicitación al ponente Florenz. 
Lo ha comprendido: introduce la responsabilidad individual y financiera de los fabricantes de las televisores y frigoríficos nuevos. 
No se trata de trasladar los gastos a los consumidores. 
Solamente cuando el propio fabricante cargue con los costes adicionales de la reutilización y el reciclaje, tendrá un incentivo financiero para fabricar sus equipos eléctricos y electrónicos de forma que resulte más fácil y más ecológico reutilizarlos. 
Todo el Parlamento respalda este principio de la responsabilidad financiera individual. 
Logramos así una ecologización de la economía de mercado. 
De ahí que la Presidencia sueca deba recoger este principio en la posición común, en caso contrario, el procedimiento de codecisión es inevitable. 
De nuevo, felicidades al ponente Florenz. 
Si hubiera más personas como él en el grupo de los democristianos, veríamos coaliciones verdi-negras en Europa. 
Solamente un punto de crítica: los materiales ignífugos bromados que contienen plástico. 
La Comisión y la mayoría del Parlamento solamente quieren prohibir 2 de los 70 materiales ignífugos bromados que contienen plástico. 
Estos dos, en cualquier caso, van a desaparecer del mercado; pero todos ellos, los 70, deben desaparecer. 
Cada cinco años se duplica el porcentaje de estas sustancias que aparece en la leche materna, y eso ya viene sucediendo desde hace más de 25 años. 
Los trabajadores de la industria del reciclaje tienen en su cuerpo un 70% más de estas sustancias. 
Existen alternativas seguras: hidróxidos de aluminio y los ésteres de fosfato. 
Empresas japonesas como Sony ya han decidido dejar de utilizar materiales ignífugos bromados que contienen plástico. 
Ahora debe decidirlo la política. 
Señor Presidente, mediante las dos propuestas que estamos discutiendo se da un paso importante hacia la disminución de residuos de los aparatos electrónicos. 
En lugar de tirar los electrodomésticos y los ordenadores a la basura, como se hace actualmente, sentamos las bases para que en todos los países miembros se les trate separadamente y se les recicle. 
La idea principal contenida en la propuesta sobre reciclado es que el que ensucia paga. 
No basta con que los costes de recolección y reciclado no sean una carga para los consumidores. 
Estos costes deben ser parte del coste total de los productos y de su precio. 
Por eso es importante que los costes de recolección y reciclado se integren en los precios y no constituyan un recargo separado y visible. 
Sólo cuando los costes se integran se puede hablar de costes medioambientales en los precios. 
También es importante que las empresas paguen los costes de sus productos. 
Esto no implica que no se colabore en la práctica para la recolección y el reciclado. 
La responsabilidad de las empresas es, no obstante, más eficaz y más justa que la responsabilidad colectiva. 
Con un sistema individual para los nuevos residuos se favorece a los productores que usan los mejores materiales y cuyas construcciones son de más fácil reciclado. 
Esto beneficiará a los productos menos nocivos para el medio ambiente y constituirá un gran impulso para el desarrollo de los productos. 
El ponente ha apostado desde el comienzo por reunir a los Grupos políticos en torno a acuerdos comunes en numerosos puntos importantes. 
Esto es algo que apreciamos verdaderamente y, a nuestro juicio, fortalece al Parlamento en la futura tramitación ante el Consejo de Ministros. 
Obviamente respaldamos los objetivos tendentes al aumento de la recolección y reciclado de productos. 
En cuanto a la otra propuesta de directiva, la que contiene restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos, opinamos que se pudo haber ido más lejos que lo que propone la comisión. 
Me refiero especialmente a la posibilidad de prohibir diversos productos ignífugos. 
En los últimos tiempos hemos conocido alarmantes informes sobre la acumulación de esas sustancias y sobre sus peligrosos efectos para la salud. 
También creemos que los países podrían desde ahora mismo imponer exigencias más severas en relación con este tipo de productos. 
Hace poco, la Comisión puso objeciones a las normas más severas del estado sueco en relación con la compra de 400.000 ordenadores. 
Nos parece completamente inaceptable que la Comisión y las normas comunitarias sobre ofertas públicas de compra obstaculicen a los países para que impongan normas medioambientales más rigurosas y promover así el desarrollo de nuevos productos. 
Señor Presidente, en este momento, el 90% de los residuos electrónicos de la Unión Europea se almacena o quema sin tratamiento previo. Eso significa que 36 toneladas de mercurio, 16 de cadmio, muchas dioxinas y furanos se vierten en el medio ambiente de forma incontrolada. 
Además, los aparatos con mucho cristal, como los televisores, tienen un rendimiento energético negativo en la incineración. 
Así mismo, las sustancias peligrosas se evaporan o filtran cuando se almacenan los residuos electrónicos. 
De ahí que resulte positivo que los problemas mencionados sean abordados por dos directivas europeas. 
Igualmente, es positivo que se fijen porcentajes de reciclado ambiciosos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el reciclado solamente es respetuoso con el medio ambiente cuando los residuos reciben un tratamiento previo. 
Además, el éxito de la directiva reside o depende de la recogida de los residuos electrónicos. 
Así mismo, como la cantidad de residuos electrónicos aumenta sin cesar, aquí también tenemos que fijar cuanto antes un porcentaje. 
La entrega sin costes de los residuos electrónicos constituirá un buen incentivo. 
El punto de partida de las responsabilidad de los fabricantes resulta esencial. Con él también se asegura que la reutilización y el reciclado al final de la vida de un producto se tengan en cuenta en la producción de aparatos electrónicos. 
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el ponente en que la reutilización plena debe continuar siendo posible. 
El peligro de que los residuos electrónicos sean vendidos a bajo precio en países fuera de la Unión Europea con el pretexto de ser reutilizados no es, sin embargo, inconcebible. 
Por eso, los Estados miembros tienen que ocuparse de que solamente los equipos eléctricos y electrónicos utilizables se exporten a países fuera de la Unión Europea en los que sean realmente reutilizados, tal como he propuesto en una de mis enmiendas. 
Otra enmienda se refiere a las excepciones que el ponente ha eliminado del anexo 1 de la directiva relativa a las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas. 
Las excepciones mencionadas deben mantenerse dado que no afectan solamente al sector médico, sino que también resultan indispensables e irremplazables para la investigación en los sectores químico y físico. 
Señor Presidente, permítame sumarme a las felicitaciones que muchos colegas han dirigido al Sr. Florenz. 
La directiva que analizamos hoy es una directiva importante ¿Por qué? 
Porque en Europa cada vez hay más deshechos que proceden de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Eso significa, por tanto, que es muy necesario que se encuentre una solución concienzuda y respetuosa con el medio ambiente para el reciclado y procesamiento de estos materiales. 
La manera en que el Sr. Florenz ha reagrupado todos estos intereses y todos estos sectores en su informe, merece mi aprobación. 
Permítanme entrar en la directiva. 
Antes de nada, al usuario le interesa poder entregar los residuos electrónicos y eléctricos sin coste alguno. 
Los productores tienen que financiar, por tanto, la recogida a partir del punto de entrega, el tratamiento, valorización y eliminación de los materiales. Por ello, respaldo la idea de que los fabricantes puedan encargarse de ello tan individualmente como sea posible. 
La responsabilidad individual también constituye un incentivo a fin de que los fabricantes desarrollen productos más adecuados para el reciclado, y también estoy de acuerdo con la idea de que los residuos históricos no pueden depender de cada fabricante. 
También lo hemos visto así en los Países Bajos. 
Apoyo la recogida, el tratamiento y la eliminación desde una base voluntaria por la que se respete el medio ambiente, de manera que los fabricantes demuestren al usuario que realmente asumen su responsabilidad con la venta de nuevos productos. 
Respaldo la recogida de 4 a 6 kilos, ya que si no lo hiciéramos, significaría que mucho material eléctrico se convertiría en chatarra. 
Por último, espero que las enmiendas relativas a los aparatos de iluminación también sean adoptadas. 
Señor Presidente, quisiera unirme al coro de congratulaciones, haciéndolo extensivo a nuestra propia informante, la Sra. van Brempt, que ha realizado un excelente y duro trabajo. 
Creo que hemos llegado a una buena conclusión, aunque obviamente hay algunos puntos en los que se podrían endurecer las exigencias. 
No obstante, lo primordial es que establecemos la responsabilidad de los productores que, a mi juicio, es la principal ventaja medioambiental de este trabajo. 
También lo entiendo como un éxito para todas las empresas preocupadas del medio ambiente que ya están trabajando de esta manera. 
Ahora pueden continuar desarrollando sus diseños ecológicos produciendo de una manera más respetuosa con el medio ambiente que otras empresas. 
Los Sres. De Roo y Sjöstedt se han referido a las sustancias peligrosas, pero me gustaría, de todos modos, referirme a los productos ignífugos con bromo. 
Es lamentable que no hayamos podido llegar más lejos en relación con esto. 
Está científicamente demostrado que esas sustancias son peligrosas para la salud. 
Los productos ignífugos y sus residuos pueden encontrarse en la leche materna de las mujeres en lugares alejados como Groenlandia, donde los esquimales, cuyos niveles son a menudo más altos que los recomendados por la OMS. 
Es extraño que seamos tan indecisos y miedosos para intentar resolver estos problemas y nos limitemos a dos productos ignífugos. 
Es sabido que estas sustancias son peligrosas. 
También son conocidos otros tipos de consecuencias como, por ejemplo, la disminución de peso. 
La directiva sobre sustancias peligrosas se fundamenta en el artículo 95 y la directiva sobre residuos que contienen productos eléctricos o electrónicos se basa en el artículo 175. 
No lo entiendo. 
Cuando nos ocupamos de una directiva similar sobre vehículos para desguace, la mayoría entendió que sería como un modelo para los trabajos futuros, pero la memoria tiene un alcance muy corto. 
A mi juicio, esto no se compadece con lo que discutiremos en la tarde, esto es, el desarrollo sostenible. 
Aquí es una vez más el mercado interior el que fija el marco de lo que se puede alcanzar en el campo medioambiental y se castiga a los países que quieren ir a la vanguardia. 
Opino que esto es erróneo. 
Señor Presidente, tenemos ante nosotros una directiva importante y un buen informe. 
Si todos los Estados miembros configuran un sistema como el que describimos aquí, creo que avanzaremos mucho. 
Los Estados miembros que han introducido un sistema que ya funciona, en mi opinión, deben poder conservarlo. Creo que es positivo que eso resulte posible. 
Considero que es importante, entre otros casos, en la región de donde procedo. 
Opino, por tanto, que la Comisión de Medio Ambiente presenta un buen compromiso, gracias a la tenacidad de nuestro ponente y de algunos otros. 
Creo que es lamentable- nadie puede estar satisfecho al 100% con un compromiso- que la contribución visible para la eliminación deba descartarse. 
Pedimos a los consumidores que se comporten de forma responsable, y de ahí que deban poder recibir apoyo. 
He presentado una enmienda en relación con la reutilización, que considero un asunto magnífico, a menos que haya nuevos productos que resulten más positivos en lo que al equilibrio ecológico se refiere. 
Espero, por tanto, lograr por de pronto el respaldo de esta Casa. 
Los centros de ciclo cerrado, que también considero algo excelente y que reciben justificadamente subvenciones por su trabajo, no sólo deben quedarse con la mejor parte, sino que tienen que encargarse de que los que reciclan no obtengan solamente material carente de valor. 
Supongo que también lograré el respaldo de la Casa al respecto. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a todas las muestras de agradecimiento que ha recibido aquí el ponente. 
Podríamos nominarle con el distintivo de Señor de la Responsabilidad del Fabricante, porque ésta es ya la segunda Directiva histórica, un segundo logro histórico, que integra la responsabilidad del fabricante en la legislación de la Unión Europea en materia de medio ambiente y productos. 
De este modo, estamos pasando a una nueva fase en el ámbito de la política medioambiental. 
Se trata de permitir que se tomen en cuenta las exigencias medioambientales ya en la fase de diseño del producto. 
He observado que en las grandes empresas se ha empezado hablar, por ejemplo, de cómo conseguir que los teléfonos móviles GSM sean más ligeros- a pesar de que ya sí lo son -, de cómo simplificar su desmontaje y poder separar todas esas sustancias perniciosas para tratar los residuos de forma responsable. 
Quisiera hablar aún de estas nocivas y peligrosas sustancias. 
Nuestro Grupo hubiera deseado ver medidas más firmes para intentar eliminar completamente las sustancias químicas de alta peligrosidad. 
Voy a poner un ejemplo. 
Se ha hablado mucho de la seguridad de los productos, cosa muy importante, especialmente de la prevención de incendios. 
Se ha hablado también de si sería conveniente prohibir de aquí en adelante los extintores halógenos. 
Nosotros pensamos que está muy claro que se trata de sustancias venenosas, puesto que han provocado, entre otras cosas, que cada cinco años se multiplique por dos el contenido de combinados halógenos de cromo en la leche materna. 
Existen alternativas, y nosotros quisiéramos que estas sustancias fueran prohibidas con mayor celeridad, con el fin de que las empresas cuenten con incentivos para adoptar alternativas menos contaminantes, sin ceder un ápice en lo que se refiere a la seguridad de los productos. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar cordialmente al ponente de este informe, el Sr. Florenz. 
Estamos ante un excelente y equilibrado informe que, junto a la Directiva precedente confeccionada por el propio Sr. Florenz relativa al desguace de automóviles, debe ser el modelo de la futura legislación en materias similares. 
Por ello, las decisiones que ahora adoptemos tendrán una relevancia especial. 
Me siento especialmente satisfecha de que la comisión aprobase mis enmiendas, que esclarecen la responsabilidad de los fabricantes. 
Esto tendrá una amplia repercusión en la cantidad y calidad de los desechos eléctricos y electrónicos, más aún que cualquier decisión que el Parlamento pudiera adoptar en relación con estos residuos. 
Se crearán incentivos para efectuar planificaciones e innovaciones más ecológicas antes de que los productos se lancen al mercado, reduciéndose el impacto medioambiental del producto durante toda su vida útil. 
Esto supone un gran cambio con respecto al planteamiento anterior, el cual se centraba en corregir y prevenir los daños medioambientales sólo cuando ya se trataba de los propios residuos de los productos. 
Del mismo modo, habría que revisar los requisitos sobre el procesamiento de residuos que se abordan en el Anexo II. 
Si la Directiva siempre exigiera, por ejemplo, la eliminación de los circuitos impresos, no se crearían incentivos para desarrollar los materiales usados en estos circuitos, puesto que deberían ser eliminados en virtud de la Directiva en todos los casos. 
En cambio, si mencionamos la sustancia que debe ser eliminada dentro del componente, crearemos incentivos para desarrollar componentes que no contengan tales sustancias peligrosas. 
Solamente un planteamiento como éste puede fomentar la planificación ecológica. 
Éste es el objetivo de la enmienda 77. 
Los tratamientos alternativos de los residuos deben ser impulsados de un modo similar, con objeto de que el impacto ecológico de los mismos sea el menor posible. 
La enmienda que yo presenté en este sentido fue ya aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor en lo que concierne al Anexo, pero existe una modificación semejante del artículo en cuestión en la enmienda 76, la cual debe ser debatida en el Pleno. 
Señor Presidente, la Unión Europea está creando una legislación que le mostrará al resto del mundo que la contradicción entre preservación medioambiental y economía no es infalible, sino que puede resolverse estableciendo una legislación muy elaborada. 
Precisamente de ahí surge la posibilidad de un desarrollo sostenible real, en cuyo marco la UE puede ser la pionera a nivel mundial. 
Señor Presidente, también me gustaría unirme a las voces de aquellos que han dado las gracias al Sr. Florenz y al resto de ponentes. 
Creo que han realizado un trabajo realmente estupendo. 
En cuanto a la prohibición de las sustancias peligrosas, celebro que ahora se proponga avanzar la entrada en vigor de la prohibición. 
Personalmente, hubiera preferido que todos los materiales ignífugos hubieran quedado incluidos desde el principio, sin embargo, creo que ésta es una cuestión en la que debemos intentar seguir trabajando. 
Con respecto a la gestión de residuos, creo que hay tres puntos decisivos. 
El primero es conseguir que los residuos producidos en estos contextos se separen lo antes posible de otros tipos de residuos no clasificados. 
Tal cosa precisa la existencia de un plan estratégico en cada país y asimismo un etiquetado eficaz de modo que podamos identificar los productos en cuestión. 
El segundo punto decisivo es naturalmente la responsabilidad del fabricante y sólo puedo mostrarme de acuerdo con lo manifestado por muchos de mis compañeros sobre este punto. 
Es importante que dejemos resuelta esta cuestión con respecto al ciclo de vida de todo el producto y que asimismo aprobemos las disposiciones relativas a la financiación de la responsabilidad del fabricante. 
La financiación debe hacerse efectiva en la medida de la posible sobre una base individual de modo que pueda emplearse ésta en el desarrollo de tecnologías más limpias como un parámetro de competencia. 
Pienso que esto puede ser importantísimo. 
Concluiré planteando una pregunta al señor Comisario. 
Vengo de un país en el que ya hay puestas en marcha normas más restrictivas sobre las sustancias peligrosas. 
Puesto que se trata de una directiva de mercado interior sobre sustancias peligrosas, me gustaría preguntar si un país como Dinamarca se verá obligado a revocar sus normas más restrictivas hasta que las normas restrictivas entren también en vigor en el año 2008 o 2006, dependiendo de en qué año se concluya la aprobación de esta eliminación de las sustancias peligrosas. 
Sería naturalmente una absoluta catástrofe para nosotros vernos obligados a volver durante un tiempo a normas peores para volver a implantar las prohibiciones posteriormente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones a Karl-Heinz Florenz. 
Ha elaborado, evaluado y discutido sobre 334 páginas densamente escritas, 70 sobre sustancias peligrosas y 264 sobre aparatos antiguos. 
Se puede ver que se trata de un tema muy complejo e importante pues afecta a todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Lo que queremos nosotros es impulsar la separación de los residuos y eliminar los aparatos electrónicos y eléctricos separados de las basuras domésticas. 
Este es un objetivo muy importante. 
Sabemos que actualmente tenemos en la Unión Europea unos dos mil millones de aparatos y que cada año se eliminan aproximadamente 210 millones. 
Son nada menos que 6 millones de toneladas que ocasionan unos costes de aproximadamente 40 mil millones de euros. 
Ante una suma de esta magnitud, hay que recapacitar sobre quién debe hacerse cargo de los mismos y sobre todo cómo se puede controlar de un modo eficiente y óptimo según unos principios de economía de mercado y elegir para el ciudadano el concepto más económico y mejor ecológicamente hablando. 
Sabemos que las basuras históricas han alcanzado cantidades enormes. 
El 66% de estos aparatos tienen más de 10 años y aproximadamente el 50% provienen de las familias. 
Por ello, son muy importantes unos objetivos vinculantes de recogida y por ello nos hemos pronunciado también a favor de los 6 kg. Queremos que el reciclado se lleve a cabo de un modo realmente ordenado y en una magnitud que para la economía y las familias sea razonable. 
En la prohibición de sustancias, para mí es importante que las sustituyamos sólo por otras alternativas que se demuestre que son mejores, sostenibles y, sobre todo, comprobadas científicamente. 
Aquí tiene que intervenir la Comisión para evitar daños, por un lado, y para elegir la variante ecológicamente más óptima, por el otro. 
Señor Presidente, antes de nada mi felicitación al Sr. Florenz y a nuestra ponente ficticia, la Sra. Van Brempt. 
Quiero exponer tres cuestiones que considero especialmente importantes en este debate, a saber: prevención, el papel de los Estados miembros y la seguridad contra incendios. 
El objetivo de la directiva es la prevención de los problemas medioambientales. Contempla el fomento de un diseño ecológico. 
La responsabilidad individual de los fabricantes es la palabra clave en ello. 
Los fabricantes pueden hacer mucho: fabricar productos duraderos y ocuparse de que los aparatos puedan ser reparados fácilmente, por ejemplo, en media hora. Pueden introducir colores especiales en el caso de las partes peligrosas, de manera que éstas siempre sean reconocibles a la hora de la eliminación. 
Abogo por la introducción de un diagrama de barras que muestre las posibilidades de reciclaje del producto a fin de concienciar a los usuarios de la problemática de los residuos. 
Se ha discutido mucho el papel de los Estados miembros. 
Con esta propuesta se definen las líneas principales para la recogida de aparatos desechados y la financiación del reciclado. 
Teniendo en cuenta la subsidiariedad, Europa no debe querer fijar con todo detalle cómo tienen que desarrollarse los principios básicos. 
Otra cosa sucede en el caso de las normas de los productos y la utilización de sustancias peligrosas. 
Aquí, es importante mantener el mercado interior. 
En mi opinión, resultaría inaceptable que alentáramos a todos los Estados miembros a establecer sus propias normas. 
El mercado interior constituye una base importante de la colaboración europea. 
Es nuestro deber ocuparnos de que todos los productos que se comercializan en el mercado interior cumplan los criterios más elevados en cuanto al medio ambiente y la seguridad. 
Por último, quiero detenerme en un punto importante: la seguridad contra incendios. 
Tenemos el deber de encargarnos de que la seguridad de las personas esté garantizada. 
También cuando, lamentablemente, se necesite utilizar sustancias perjudiciales. 
Sin embargo, debemos limitar al máximo los efectos medioambientales negativos de los materiales ignífugos bromados que contienen plástico. 
Si existen buenas alternativas, debemos utilizarlas. 
Abogo desde la perspectiva medioambiental por la prohibición de todo material ignífugo bromado que contenga plástico. 
Debemos esforzarnos al máximo, de manera que desarrollemos y utilicemos alternativas más respetuosas con el medio ambiente cuando sea posible. 
Señor Presidente, yo también deseo adherirme a las felicitaciones a Karl-Heinz Florenz por su muy buen informe. 
El objetivo de nuestros esfuerzos es la eliminación ecológica de antiguos aparatos eléctricos y- si es posible- el reciclaje de sus componentes. 
Para el Parlamento es muy importante el principio del causante, lo que se expresa también muy claramente en este informe. 
Pero creo- y también aquí el informe Florenz señala en la dirección correcta- que siempre hay que analizar muy exactamente cómo se puede aplicar este principio en los diversos campos. 
También la recogida de aparatos o de piezas pequeñas cuesta energía y puede provocar en consecuencia daños medioambientales. 
Por ello, es importante que para las piezas pequeñas que no contienen sustancias peligrosas como, por ejemplo, las bombillas incandescentes, preveamos una excepción, que veamos siempre el balance ecológico general y que luego veamos si es razonable llevar a cabo una recogida y reciclado por separado o si quizás esto no es defendible desde una perspectiva de política medioambiental. 
Por ello, creo que la enmienda nº 65 apunta en la dirección correcta. 
Tenemos que aplicar correctamente el principio del causante. 
Aquí veo un problema en algunos puntos pues precisamente en el caso de los residuos históricos no lo aplicamos si decimos que todos los que actúan en estos momentos en el mercado tienen que cubrir los costes de aquellos que quizás hace veinte años produjeron algo. 
Hay que tener cuidado pues no en todos los sectores existe una transparencia de mercado. 
En la comisión se ha tomado nota de ello. 
Como ejemplo de este problema, me he ocupado en especial de las lámparas para viviendas pues en mi distrito electoral se fabrican en gran número. 
Los fabricantes dicen con una cierta razón que no se trata del principio del causante si una araña de cristal que cuelga de la sala y que fue fabricada hace 20 años por no se sabe qué empresa que hoy ya no está en el mercado, tiene que ser pagada por aquellos que ahora están en el mercado. 
Esto no es ningún principio del causante sino exactamente lo contrario. 
Si además se tienen en cuenta que muchas importaciones dudosas provienen de empresas que no aplican los elevados estándares de medio ambiente que tenemos en Europa, como por ejemplo, en China, entonces el principio del causante se coloca patas arriba si penalizamos por ello a empresas que trabajan aquí adecuadamente. 
Por ello, ruego apoyen las enmiendas nº 65 y 88. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que junto a los muy debatidos campos de temas, deberíamos examinar más detalladamente dos o tres aspectos a los que Karl-Heinz Florenz ya se ha referido. 
En primer lugar, creo que en esta directiva no se trata solamente de hacer que los productos sean más reciclables o de introducir cuotas de reutilización. 
Creo que se debe tener más en cuenta el aspecto del consumidor y de la responsabilidad del consumidor pues en el caso de la electrónica y de los residuos electrónicos el comportamiento de los consumidores no es aún tal que se dirija a los lugares autorizados para entregar allí las piezas para su reutilización. 
En el caso de los automóviles es algo diferente. 
Se llevan a los lugares adecuados. 
Pero esto no ocurre necesariamente con el cepillo de dientes eléctrico o con la maquinilla de afeitar. 
Creo que aquí debemos actuar más intensamente. 
Me parece también correcto que los Estados miembros muestren claramente la responsabilidad del consumidor por la separación de estos residuos hasta llegar incluso a la posibilidad de sanciones. 
Un segundo aspecto a tener en cuenta es que aquí hacemos algo totalmente nuevo. 
Esta legislación va a conducir a flujos de residuos y de materiales que hasta ahora no han existido. 
Por ello, no sabemos cómo se van a procesar, qué flujos de materiales se van a producir y qué va a ocurrir con ellos. 
La enmienda nº 56 es una enmienda muy pequeña pero con ella se exige un monitoreo para poder constatar no sólo qué cuotas se asignan, qué es lo que se debe alcanzar sino para que también se sepa exactamente qué es lo que ocurre y qué consecuencias va a tener en la auténtica vida de los materiales lo que hemos propuesto aquí como legislación. 
Por ello, debemos observar exactamente la evolución y al cabo de un cierto tiempo extraer balance y decidir si los flujos de materiales que se han producido realmente corresponden a los objetivos que nos hemos marcado. 
Señor Presidente, la directiva sobre los RAEE incrementa la responsabilidad de los fabricantes respecto a los residuos urbanos actuales e históricos, los aparatos eléctricos y electrónicos, desde teléfonos móviles, tostadoras y ordenadores hasta lavadoras. 
Estos residuos aumentan en una proporción de hasta el 5% anual como consecuencia de la innovación tecnológica y la expansión del mercado, y contienen un porcentaje de sustancias peligrosas que actualmente van a parar a los vertederos municipales, lo que evidentemente representa claros peligros medioambientales. 
De aquí la necesidad de la segunda propuesta de directiva para reducir el riesgo sobre la salud humana y el medio ambiente de las repercusiones de la producción, utilización, tratamiento y eliminación de los RAEE. 
Las directivas tratan sobre la responsabilidad de los fabricantes, recogida selectiva, mejor tratamiento, reutilización, reciclado, costes, objetivos, etiquetado, alternativas a las sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio, los PBB, etc., aunque contemplan algunas excepciones. 
Pero debemos asegurarnos, con la debida aplicación del tan traído principio cautelar, de que las alternativas son realmente más seguras desde el punto de vista de la toxicidad y del peligro, en todos los sentidos, incluida su capacidad como agentes ignífugos. 
¿Disponemos de un sustituto aceptable para el plomo en las pastas de soldadura, por ejemplo? 
Aunque apoyo ambas directivas, he presentado una enmienda al apartado 4 del artículo 15 de la directiva sobre los RAEE sobre la inserción de un nuevo subapartado basado en una cláusula similar a la del artículo 52 de la relativamente reciente Directiva 99/31 CE sobre el vertido de residuos. 
Considero que ésta es una base tan buena como cualquiera para tener en cuenta las dificultades reales y prácticas de algunos Estados miembros para cumplir los ambiciosos objetivos de recogida y recuperación propuestos en los artículos 44 y 62 respectivamente de la directiva sobre RAEE. 
Propuestas importantes como éstas deben tener en cuenta de manera equilibrada las considerables variaciones que existen entre las infraestructuras de reciclaje, las economías de escala, las circunstancias demográficas y geográficas de algunos Estados miembros. 
No es realista ni justo exigir a Estados miembros con deficiencias reconocidas de infraestructura de reciclaje y de capacidad de reprocesamiento- por la razón que sea- y que carecen de datos fiables sobre los RAEE que se producen, alcanzar los mismos objetivos ambiciosos dentro de unos plazos específicos cortos, que a otros Estados miembros que ya cuentan con toda o la mayor parte de la infraestructura necesaria. 
No debemos olvidar que los objetivos propuestos están basados en el estudio piloto sobre las últimas tecnologías en materia de reciclaje realizado en Eindhoven, en los Países Bajos, que cuenta con la infraestructura y la densidad demográfica necesarias. 
Irlanda, Grecia, Portugal, por no mencionar los países de adhesión, tendrán claros problemas con las actuales propuestas a menos que éstas sean modificadas. 
. (EN) Señor Presidente, para comenzar, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Florenz por su trabajo en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y por la excelente colaboración que ha establecido entre todos los grupos y con la Comisión. 
Nos disponemos a atajar el problema específico de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por los siguientes motivos. 
Ya lo hemos oído antes, pero repito que ésta es la parte del flujo de residuos que crece con mayor rapidez- de hecho, crece tres veces más deprisa que otros flujos de residuos. 
Cada uno de nosotros produce una media de 14 kilos de este tipo de residuos al año. 
En el año 2010, cuando esta directiva entre plenamente en vigor, los residuos eléctricos y electrónicos representarán más del 8% del flujo total de residuos urbanos. 
El noventa por ciento de estos residuos eléctricos y electrónicos va a parar actualmente a vertederos o es incinerado sin ningún tratamiento previo. 
Esto supone un despilfarro de recursos, tanto en términos de los costes de eliminación, como de la utilización insuficiente de los recursos naturales. 
Los aparatos eléctricos y electrónicos son una de las principales fuentes de determinadas sustancias peligrosas del flujo de residuos. 
Un simple ejemplo ilustra esta situación: el 40% del plomo que acaba en los vertederos y el 50% del plomo que se incinera proviene de este tipo de aparatos. 
Habida cuenta de que últimamente los Estados miembros han comenzado a adoptar medidas en este ámbito, existe la clara necesidad de coordinación a escala comunitaria. 
El principal objetivo de las propuestas de directiva es impedir la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos en vertederos o mediante la incineración. 
Para alcanzar este objetivo, la directiva establece una serie de requisitos. 
Los Estados miembros estarán obligados a prever planes de recogida selectiva de los hogares; los consumidores tienen derecho a deshacerse de sus residuos sin soportar gastos, y los productores son responsables de recoger los residuos de centros de recogida y de garantizar que éstos reciben el tratamiento adecuado mediante la recuperación y la reutilización. 
Asimismo, la directiva exige la sustitución de determinadas sustancias peligrosas, como el plomo y el mercurio, antes de 2008. 
Permítanme que responda a algunas preguntas. 
Comenzaré por la pregunta del Sr. Davies. Según he podido entender, quiere decir que si se excluyen las bombillas, éstas resultarán algo más baratas. 
No obstante, realmente no existe ninguna contradicción en la recogida de dichas bombillas. 
Es muy importante incluirlas en un sistema de este tipo. 
Seguirá siendo más barato producir bombillas ecológicas. 
No hemos establecido objetivos específicos de reciclaje para las bombillas, sólo para las lámparas fluorescentes. 
Creo que los fabricantes de estas lámparas querrán que se les incluya en este plan. 
A todos nos preocupan los materiales ignífugos bromados. 
La Comisión considera que existen pruebas suficientes para prohibir la utilización de dos categorías de materiales ignífugos bromados, los PBB y PBDE- esta afirmación está basada en las evaluaciones de los factores de riesgo a que han sido sometidos estos materiales. 
Las pruebas de que disponemos son suficientes para prohibirlos. 
Estamos de acuerdo en que debería crearse un mecanismo para prohibir nuevas sustancias. 
Naturalmente es importante y es conforme a la estrategia sobre productos químicos que permitamos este avance y añadamos nuevas sustancias. 
Reconocemos que hoy no disponemos de suficientes evaluaciones sobre los factores de riesgo que nos permita elaborar una lista completa de todos los materiales ignífugos existentes, incluidos los riesgos de extraerlos de determinadas sustancias con las que se previenen incendios, etc. La revisión debería abarcar a todas las sustancias potencialmente peligrosas. 
Paso a la pregunta del Sr. Lund sobre Dinamarca. Recuerde que el objetivo de estas directivas es el establecimiento de un elevado nivel común de protección. 
Estos productos son comercializados en toda la Unión Europea, y éste es el motivo por el que es necesario disponer de un elevado nivel de protección en toda la UE. 
Al mismo tiempo, sabemos que Suecia, Dinamarca y otros países que cuentan con legislación efectiva no han sido obligados a abandonar su legislación. 
Esto es lo que temían Suecia y Dinamarca, pero no ha ocurrido. 
Debemos analizarlo sobre una base de caso por caso. 
Lo mismo deberá hacerse en el caso de estas sustancias. 
Queremos establecer un alto nivel de protección en toda la Unión Europea. 
Varios diputados han hecho referencia a la 'tasa visible'. 
La Comisión cree que esta enmienda es innecesaria. 
Una 'tasa visible' es posible siempre que no cree distorsiones del comercio. 
En ningún sitio se dice que los fabricantes no puedan informar a los consumidores de los costes de la gestión de residuos. 
Creo que éstas han sido las preguntas más importantes que se han formulado. 
Ahora tenemos delante un total de 136 enmiendas: 100 son relativas a la propuesta sobre residuos electrónicos y 36 a la propuesta sobre sustancias peligrosas. 
Respecto a la primera propuesta, en general, la Comisión puede aceptar 36 enmiendas en su totalidad, 11 en parte y 22 en principio. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 3, 4, 10, 15, 16, 18 a 25, 27 a 29, 36, 39, 42, 43, 45, 47 a 50, 51, 52, 54, 56, 59 a 61, 64 y 66 a 68. 
Veintidós enmiendas pueden ser aceptadas en principio: 2, 8, 9, 30, 32, 38, 41, 44, 53, 55, 57, 58, 62, 63, 75, 77, 83 a 86, 95 y 100. 
En particular, respecto a las enmiendas 9 y 35, la Comisión puede aceptar que los Estados miembros adopten medidas con vistas a alcanzar una tasa de recogida selectiva de 6 kg. por persona y año. 
Respecto a la enmienda 44, es importante dejar libertad a los Estados miembros sobre cómo organizan la recogida, de conformidad con el principio de subsidiariedad. 
La enmienda 52 puede dar lugar a dificultades de orden práctico, pero también puede ser aceptada en principio. 
Once enmiendas pueden ser aceptadas en parte: la 6 (segunda parte, en principio) , la 11 (segunda parte, excepto los términos entre paréntesis) la 13 (será necesario acortar y simplificar el texto) , la 17 (segunda y tercera partes, en principio) , la 26 (excepto el término "consumibles") , la 35 (primer apartado, segundo apartado, en principio, cuarto apartado, séptimo apartado, en principio, octavo apartado, noveno apartado, en principio) la 37 (excepto apartado 5) , la 46 (segunda y tercera partes, en principio) la 70 (excepto la parte relativa a las placas de circuito impreso; la entrada sobre condensadores puede ser aceptada en principio) , las 71 y 80 (la referencia al Reglamento 2037/2000 puede aceptarse). 
En cuanto a la segunda propuesta, en general, la Comisión puede aceptar cinco enmiendas en su totalidad, dos en parte y doce en principio. 
Las enmiendas aceptables en su totalidad son 1, 9, 12, 13 y 17. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 4, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 35 en principio. 
Respecto a las enmiendas 4 y 10, la Comisión está de acuerdo con que se puede ampliar el ámbito de la directiva sobre las restricciones de sustancias sobre la base de una propuesta de la Comisión. 
No obstante, esto debería hacerse de conformidad con determinados principios, sobre todo, aquéllos recogidos en la Estrategia sobre productos químicos. 
La Comisión puede aceptar que se adelante la fecha de 2008 a 2006 para las sustituciones de materiales. 
La enmienda 11 puede ser aceptada en la parte que hace referencia a la seguridad de los consumidores, así como la enmienda 23 (sobre la inclusión de la categoría 19 en el ámbito). 
Muchas gracias, señora Comisaria Margot Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Sustancias prioritarias en el ámbito del agua 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0135/2001) de la Sra. Breyer, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 17- C5-0021/2000-2000/035 (COD) ) por la que se establece la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la propuesta de la Comisión se basa en la posición común del Consejo para una directiva sobre el agua. 
La posición común no preveía ni una identificación de las priority hazardous substances ni la supresión paulatina de las aguas de las sustancias peligrosas. 
Tenemos que subrayar de nuevo que ha sido mérito del Parlamento haber logrado la integración de la estrategia OSPAR. 
El Parlamento ha insistido en que esto se convirtiese en un aspecto central del procedimiento de conciliación. 
El objetivo es la eliminación paulatina de la contaminación de las aguas mediante la reducción permanente de las descargas de aguas residuales, emisiones y liberaciones de hazardous substances prioritarias con el objetivo de su total suspensión en el plazo de 20 años. 
Según la directiva sobre el agua, la identificación debe cumplir dos criterios. 
En primer lugar, hay que contemplar sus características inherentes y, en segundo lugar, las listas existentes como, por ejemplo, internacional, UN, OSPAR, etc. 
De las 32 sustancias que se han clasificado como prioritarias, la propuesta prevé que 11 sean calificadas como hazardous substances prioritarias, otras 11 como substances under review prioritarias y las 10 restantes como substantes prioritarias regulares. 
La Comisión de Medio Ambiente propone que la Comisión ya el próximo año lleve a cabo las clasificaciones de estas 11 sustancias en la under review list. 
De este modo, la Comisión de Medio Ambiente quiere evitar que la Comisión aplace hasta el año 2004 la decisión sobre si estas 11 sustancias son hazardous prioritarias o solamente prioritarias, si de conformidad con el artículo 16 de la directiva sobre el agua se debe realizar la revisión de la lista de las sustancias prioritarias. 
De este modo, la Comisión de Medio Ambiente quiere garantizar que el artículo 16 se aplique y que esta decisión no se aplace sine die debido a intereses de la industria u otros intereses para la clasificación de las sustancias en la under review list. 
Creo que va a ser esencial que como Parlamento Europeo ejerzamos la correspondiente presión sobre la Comisión. 
Hay una cosa que debemos tener siempre en cuenta: este informe sólo sirve para preparar las medidas que están previstas en la directiva sobre el agua para 20 años y que se puedan alcanzar los objetivos medioambientales en la protección de las aguas. 
La Comisión de Medio Ambiente quiere que se modifique también el procedimiento COMMPS. 
Se debe desarrollar y mejorar continuamente. 
En el futuro no se debe limitar solamente a determinadas sustancias. 
Por ejemplo, hasta ahora solamente se han tenido en cuenta sustancias para las que a nivel comunitario no se disponía de datos de programas comunitarios de monitoreo. 
Esto afecta, por ejemplo, al 60% de los pesticidas de los que existen hoy. 
El Parlamento quiere cerrar estas graves lagunas y otras que existen en el procedimiento COMMPS para que en el futuro se puedan recoger todas las sustancias. 
Muchas de las lagunas se justifican actualmente alegando que los datos que faltan no están aún a disposición de la política química. 
Si queremos proteger el agua con éxito frente a los productos químicos peligrosos, necesitamos entonces una modificación de la política química. 
Esto ha sido puesto en marcha entretanto también por la Comisión. 
Pueden ver que nos esforzamos por lograr junto con el Consejo y la Comisión una solución pactada. 
El punto central de este debate va a ser cómo se va a realizar la clasificación de las sustancias previstas en la under review list. 
Ya he dicho que la comisión quiere lograr lo antes posible esta clasificación. 
La Comisión y el Consejo ven un problema de factibilidad. 
Por ello, como ponente he intentado de nuevo prever una vía de solución con la enmienda nº 27. 
La propuesta es que las medidas no se pongan en peligro con esta under review list que la Comisión introduzca. 
Este es, creo, nuestro objetivo común. 
No se puede admitir que esta propuesta se vea cada vez más relegada hacia atrás en el catálogo de medidas y que no podamos alcanzar los objetivos medioambientales en la protección de las aguas. 
En vista de las conversaciones que han tenido lugar entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, espero que hayamos encontrado un buen compromiso que haga posible una conclusión en la primera lectura. 
Depende ahora del Consejo y de la Comisión decidir si aceptan el voto del Parlamento para que comencemos lo antes posible y podamos poner en marcha medidas auténticas para la protección de las aguas. 
Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Agricultura reconocen la gran importancia que atribuimos al control de las sustancias que se utilizan en la agricultura para proteger las plantas y fomentar su crecimiento, en particular, los efectos de dichas sustancias sobre nuestras fuentes de suministro de agua. 
No obstante, nos sentimos decepcionados de que la Comisión de Medio Ambiente no aceptara nuestras enmiendas encaminadas a que las sustancias de nutrientes naturales que se utilizan en la agricultura no sean clasificadas como sustancias prioritarias ni sustancias prioritarias peligrosas. 
La Comisión de Medio Ambiente tampoco aceptó nuestra enmienda 3, que proponía revisar el procedimiento para detectar sustancias prioritarias peligrosas. 
La Directiva 91/414 sobre productos fitosanitarios cuenta ya con un procedimiento establecido para evaluar dichas sustancias y decidir si deben ser utilizadas o no en la Comunidad. 
Me gustaría defender que las decisiones en virtud de dicha Directiva deben completarse dentro de su calendario acordado antes de poder tomar una decisión con conocimiento de causa según estas nuevas propuestas. 
No existe ninguna razón válida para intentar acortar el calendario, habida cuenta de que tenemos ante nosotros un período de transición que podría durar veinte años, y ésta era la esencia de la propuesta de la Comisión de Agricultura. 
Queríamos que hubiera tiempo suficiente para llevar a cabo una investigación a fondo y asegurarnos de que se evitan los errores. 
La propuesta original de la Comisión apenas bastaba. 
La enmienda 20 de la comisión y la enmienda 27 de la Sra. Breyer iban en contra de la investigación necesaria y deberían ser rechazadas. 
La Sra. Breyer debería haber mencionado cuando hablaba sobre la enmienda 27 que hablaba sobre una enmienda presentada por ella misma en nombre de su Grupo y no en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. 
. (FR) Señor Presidente, quisiera insistir en cuatro enmiendas a la propuesta inicial sometida por el Parlamento Europeo, tanto con el apoyo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, unánime por cierto, como con el de la Comisión de Medio Ambiente. 
La primera de estas enmiendas, la número 3, se refiere a una de las máximas innovaciones contenidas en la propuesta de la Comisión, la gestión del patrimonio hídrico europeo sobre la base de las cuencas hidrográficas de los ríos que irrigan el territorio de la Unión. 
En este sentido, el Parlamento insiste para que la Comisión tenga en cuenta el hecho de que muchos ríos y cursos de agua, tanto en el sur de Europa, el Tajo, como el centro, el Rin, o en el norte, el Oder, son ríos fronterizos que tienen relación con varios Estados miembros, pero también con Estados fronterizos diferentes de los Estados miembros, y especialmente Estados candidatos a la adhesión. 
El Parlamento considera esencial que estos Estados ribereños, pero no miembros, estén asociados al procedimiento de gestión a partir de ahora y sin esperar a una posible adhesión, inevitablemente futura. 
Una segunda enmienda, la número 8, solicita a la Comisión que promueva la sincronización de las investigaciones realizadas y de las conclusiones formuladas en el marco de los dos grandes mecanismos de descontaminación ya aplicados. 
El primero, OSPAR, está centrado en el agua de mar pero afecta a una parte no desdeñable de las aguas interiores. 
El segundo, llamado procedimiento COMMPS, parte al contrario de las aguas interiores pero afecta igualmente a una parte no desdeñable de las aguas marítimas. 
En estas condiciones, se comprenderá fácilmente que se corre el riesgo de un cierto desorden si la Comisión no garantiza la sincronización solicitada. 
Finalmente, la tercera enmienda, la enmienda 11, manifiesta la voluntad de que la Comisión, refiriéndose de forma prioritaria al procedimiento COMMPS, no excluye recurrir a técnicas de evaluación de la nocividad de algunas sustancias ya puestas a punto, incluso empleadas en otras acciones anticontaminación. 
Por ejemplo, mecanismos que han dado fruto en los sistemas puestos a punto para la descontaminación del aire han de poder ser utilizados o trasladados para la descontaminación del agua. 
Mi última observación pretende señalar la importancia global excepcional de los textos sometidos a votación en el Parlamento. 
Una de las razones del desarrollo globalmente ejemplar de Europa, el carácter equilibrado de este desarrollo, así como de la calidad de los cultivos que han acompañado desde siempre al desarrollo económico de nuestro continente, reside precisamente en el hecho de que Europa ha dispuesto siempre de recursos inagotables, por ser renovables hasta el infinito, del preciado líquido al que debemos la vida. 
Tanto la calidad como la cantidad del agua están hoy cuestionadas por una contaminación insensata y galopante prácticamente incontrolada en el curso de los últimos siglos. 
Ninguno de nuestros Estados, ninguna de nuestras regiones puede evitar actuar en este ámbito. 
Señor Presidente, con nuestro trabajo de hoy se concretiza la directiva marco sobre el agua que entró en vigor en diciembre del 2000 en su anexo X con 32 sustancias. 
El Grupo del PPE está de acuerdo con la propuesta de la Comisión. 
Todas las enmiendas que nuestro Grupo político apoya ayudan a poner en consonancia el texto con la directiva marco sobre el agua. 
Una rápida aprobación de esta lista es preferencial para nuestro Grupo político pues sólo entonces la Comisión podrá comenzar con su trabajo en si y elaborar propuestas para el modo de proceder con cada una de estas 32 sustancias. 
Esto puede significar entonces prohibición, el llamado phasing-out, o el posterior empleo bajo determinadas condiciones. 
Pero en todo esto se persigue la finalidad de que estas sustancia no vayan a parar en absoluto al agua en el futuro o sólo en una concentración muy baja. 
El concepto agua incluye todo, las aguas superficiales y subterráneas, los ríos y lagos hasta el arroyo más pequeño, incluso el charco más mínimo y naturalmente el mar. 
Es evidente que esto va a exigir las regulaciones más diversas. 
En Europa no comenzamos desde cero pues algunas de estas 32 sustancias están ya controladas en el marco de la directiva sobre protección de las plantas, la directiva sobre los biocidas y la directiva sobre las sustancias químicas antiguas. 
Tampoco vamos a poder evitar tener que revisar de nuevo todo exactamente con motivo de la nueva orientación de la totalidad del derecho sobre productos químicos en la Unión Europea. 
Por ello, debemos prestar la máxima atención a que no se realice una duplicación del trabajo y surjan, en consecuencia, costes innecesarios. 
El dinero lo podemos invertir más razonablemente en algún otro sitio para el medio ambiente. 
Aquí se trata de aclarar las repercusiones de estas sustancias sobre las aguas. 
Hemos sabido que la Presidencia sueca está interesada en una rápida tramitación. 
La apoyamos en ello. 
No va a fracasar en nuestro Grupo político. 
Quien se tome en serio la protección de las aguas en Europa debería tenerlo en cuenta. 
La Sra. Breyer ha subrayado ya antes que el Parlamento ha logrado un gran éxito con la elaboración de la directiva marco sobre el agua, cuyos frutos recogemos ya hoy. 
Al fin y al cabo, de 32 sustancias 11han sido calificadas como de especialmente peligrosas, lo que hará que en un tiempo previsible se detenga su vertido a las aguas. 
Quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión por su cuidadoso trabajo y amplia información que me ha sido de gran ayuda a mí como ponente en la sombra. 
Muchas gracias también a nuestra ponente Breyer por sus esfuerzos. 
Ha tardado bastante tiempo en llegar hasta la sesión plenaria. 
No obstante, la Sra. Breyer ha sido perseverante y ha dedicado muchos esfuerzos a su elaboración. 
Por ello creo que ahora podemos darle nuestro apoyo general y respaldar totalmente los principios de lo que aquí se propone hoy. 
Esta lista de treinta y dos sustancias prioritarias propuestas, clasificadas en función de sus propiedades peligrosas conocidas, es el modo adecuado de comenzar a intentar solucionar el problema de la contaminación del agua. 
No obstante, también debemos estudiar la posibilidad de agrandar esta lista o sencillamente modificarla utilizando el procedimiento del Convenio COMMPS u otra información adicional que obtengamos en los próximos años. 
Debemos estudiar esta lista con sumo cuidado antes de pasar a la acción, pero ello no es excusa para no hacer nada o hacerlo muy lentamente. 
Me sigue pareciendo extraño que el níquel esté incluido en esta lista y que nuestro enfoque de familias de productos químicos haya apuntado injustamente al fluoranteno junto con otros HAP. 
Por tanto, es evidente que hay que seguir trabajando en esta lista inicial. 
El calendario para la acción no es realmente ambicioso ¿2020? 
Realmente creo que podríamos ir un poco más deprisa. 
La idea de acercarnos a unos niveles de cero emisiones de estas sustancias es un objetivo bastante vago y creo que algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo de hoy contribuyen a aclarar esta cuestión. 
Pero no dudo ni un minuto de que éste es el camino a seguir, que éstas son las medidas que debemos adoptar para proteger una fuente cada vez más importante, cuya magnitud es de vital importancia para futuras generaciones. 
Es una bendición que no tienen en otras partes del mundo. 
En Europa deberíamos dar gracias por lo que tenemos y cuidar lo que tenemos; nuestros recursos hídricos son una de esas cosas importantes por las que deberíamos dar gracias. 
Señor Presidente, cuando contemplamos los problemas medioambientales del mundo, algunos de ellos, como la desaparición de hábitats y de la biodiversidad, parecen dejarnos impotentes para alcanzar una solución. 
Pero no todo es pesimismo, porque en Europa estamos en condiciones de prohibir la utilización de sustancias químicas tóxicas, persistentes y bioacumulativas, y recurrir a la ciencia para desarrollar alternativas seguras, y la presente directiva es una buena noticia por esta razón. 
La Directiva marco sobre el agua fue mi primer contacto con la dinámica del procedimiento de conciliación entre el Parlamento y el Consejo con la asistencia de la Comisión, y creo que el Parlamento puede atribuirse el mérito de haber introducido la categoría de sustancias prioritarias peligrosas que ahora lleva a la práctica la presente directiva, pero en realidad es un primer paso en un largo camino. 
Sé que la Comisaria se ha referido muchas veces al gran número de productos químicos que se siguen desarrollando y comercializando, y son muchas las sustancias que despiertan sospecha, aunque aún sin identificar, y el proceso de identificación y de eliminación debe avanzar rápidamente. 
Permítanme hacer referencia, para terminar, a las relaciones entre las instituciones. 
La Presidencia ha indicado a los portavoces de los grupos que desearía tratar este proceso por la vía rápida y llegar a una resolución rápida, y creo que ese deseo ha sido acogido favorablemente por todos las partes. 
Evidentemente nos gustaría que las medidas se adoptaran cuanto antes mejor, pero la preparación precipitada de reuniones, sin tiempo suficiente para celebrar los debates y la coordinación necesarios entre las partes no es el mejor modo de legislar ni de garantizar el acuerdo, por lo que espero que salgamos airosos y logremos una votación hoy que el Consejo pueda respaldar en cuestión de semanas en vez de años; pero si lo hacemos, sospecho que será más una cuestión de suerte que porque lo hayamos planeado, y espero que si podemos trabajar juntos con otras instituciones de la Unión Europea y alcanzar el progreso con mayor eficacia y rapidez lo tengamos presente en los años venideros. 
Señor Presidente, la eliminación absoluta de las emisiones no se contempla como jurídicamente vinculante en un dictamen del servicio jurídico del Consejo sobre la directiva marco relativa al agua. 
Esto será imposible, en efecto, teniendo en cuenta las emisiones de fondo. 
Además, en la extracción de gas natural siempre se libera una pequeña cantidad de mercurio en el agua. 
Por tanto, si el mercurio se cataloga como sustancia peligrosa prioritaria, no podrá extraerse más gas natural. 
Me parece mejor que elaboremos una lista de sustancias peligrosas prioritarias en la que reduzcamos las emisiones en un 95 a 99 por ciento, en lugar de reducir la emisión de una sola sustancia en un 100%. 
Si la reducción del 100% se establece como obligación de resultado, resultará imposible, de hecho, declarar una sustancia como sustancia peligrosa prioritaria. 
Ya expresé mis críticas en la Comisión de Medio Ambiente en relación con el método utilizado para la adopción de la lista de sustancias prioritarias en el ámbito del agua. 
La ventaja del método es la rapidez; la desventaja es, sin embargo, que todavía faltan muchos datos en la evaluación. 
El resultado del método aplicado es especialmente discutible en el caso de los metales. 
El níquel figura en la lista porque en enero de 1990 ese metal fue clasificado como cancerígeno cuando se inhala como polvo. 
En el caso del níquel que se encuentra en el agua, esto no ha sido nunca probado. 
Sería mejor que esperáramos los resultados de un amplio estudio que se está realizando en Dinamarca sobre el níquel que se encuentra en el agua. 
Además, existen más indicaciones en cuanto a la peligrosidad de otros metales para colocarlos en la lista de sustancias prioritarias, tal como el cobre y el arsénico. 
Me doy cuenta de que es muy difícil evaluar bien los metales dada la importante influencia de algunas circunstancias en los mismos, tales como la dureza y el grado de acidez, que pueden variar mucho en la Unión Europea. 
Tal vez debamos decantarnos por un planteamiento regional, en lugar de europeo, en el caso de los metales. 
Señor Presidente, la directiva marco sobre política de aguas constituye, con todo mi convencimiento, y ya lo han dicho algunos colegas, una de las piezas de legislación más importantes que el Parlamento ha adoptado en los últimos años en el ámbito del medio ambiente. 
Sin embargo, la directiva marco no basta para cumplir la obligación en cuanto al resultado a fin de lograr una buena calidad del agua y, por tanto, ahora contamos con una propuesta de la Comisión para establecer una lista de sustancias prioritarias. 
Permítanme empezar diciendo que estoy muy satisfecha con la propuesta de la Comisión y con el informe de la Sra. Breyer. 
La lista será un buen primer paso en el camino hacia una buena calidad de nuestra agua. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Breyer en que, si queremos cumplir la obligación de la directiva, no podemos efectuar concesiones por motivos socioeconómicos. Tampoco debemos dejarnos influir por el hecho de que algunos materiales peligrosos se encuentren en las aguas europeas por naturaleza. 
Quiero hacer una observación respecto de tres sustancias. 
Lo haré en tanto neerlandesa, una neerlandesa que también quiere tener en cuenta que, al mismo tiempo, parte de nuestras aguas de superficie, por ejemplo del Mosa, se destina a la captación de agua potable. 
Se trata de tres sustancias para las que les pido una atención especial y que quiero sean clasificadas como sustancias prioritarias: diurón, isoproturón y simazina. 
Una investigación reciente de las empresas europeas de agua potable y de depuradoras de aguas residuales ha demostrado que en Europa existen concentraciones demasiado altas de estas sustancias debidas a la contaminación mediante pesticidas de las fuentes de agua potable, y eso amenaza mucho el abastecimiento de agua potable. 
Por ello, en nuestro país hay que cerrar muchas veces los pozos, las fuentes o el depósito de Biesbosch. 
Espero que la Comisión también adopte las enmiendas que hemos presentado en este sentido y, al mismo tiempo, hago un llamamiento serio al Consejo para que actúe de igual forma. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando su propuesta se puso sobre la mesa pensé que se trataba de la aplicación de la directiva marco sobre el agua, del artículo 16, la definición de "sustancias prioritariamente peligrosas". 
Pensé en que debíamos tramitarlo lo más rápidamente posible para que se pudiese aplicar también lo antes posible. 
Pero cuando examiné con mayor detenimiento la propuesta, comprobé que existía una tercera categoría, no sólo "sustancias prioritariamente peligrosas" y "sustancias peligrosas" sino también la categoría "tres estrellitas". 
Por lo visto, la Comisión tiene indicios de que quizás son prioritariamente peligrosas pero que no está segura de si se debe incluirlas ya. 
Señora Comisaria, no corresponde a la directiva marco sobre el agua que introduzcamos una categoría de "tres estrellitas". 
Creo que debemos insistir en que esta categoría "tres estrellitas" desaparezca lo antes posible. 
O se trata de sustancias prioritarias peligrosas y entonces pertenecen a un phasing out o no. 
No podemos aceptar una categoría "tres estrellitas". 
Se trata de sustancias de las que existen realmente indicios, por ejemplo, el plomo y los compuestos de plomo o algunos herbicidas y pesticidas. 
Señora Comisaria, por lo visto la Comisión tiene algunos indicios de que quizás pertenezcan a las sustancias prioritariamente peligrosas. 
Entonces, la Comisión debe eliminar lo antes posible esta categoría "tres estrellitas" y creo que debería hacerlo antes de la fecha normal de rewiew. 
Queda abierto si esto se deberá hacer, tal como se determinó en la resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, hasta el 1 de julio del 2002 o si la Comisión tiene que presentar lo más rápidamente posible una propuesta complementaria. 
Pero para esta categoría de "tres estrellitas" tiene que pasar algo rápidamente. 
Por ello, señora Comisaria, le pregunto muy concretamente: ¿puede garantizar que para esta categoría "tres estrellitas" la Comisión va a presentar lo antes posible- aún dentro de su mandato- una decisión definitiva para que el Consejo y el Parlamento puedan confirmarla legislativamente? 
Señor Presidente, la propuesta de decisión del Consejo y del Parlamento Europeo que estamos debatiendo debe entenderse en el marco más amplio de la Directiva sobre el agua, siendo su objetivo inmediato limitar y reducir la contaminación del ecosistema acuático europeo, clasificando 32 sustancias en el grupo de sustancias prioritarias, de las que sólo 11 son sustancias englobadas en la categoría jurídica de sustancias prioritarias peligrosas. 
En mi opinión, la lista de sustancias prioritarias peligrosas recogida en el Anexo de la propuesta de la Comisión no debe alterarse, y es necesario mantenerla tal y como la redactó la Comisión. 
Para alcanzar un consenso en cuanto a la clasificación, la colaboración entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo es, desde luego, imprescindible. 
En mi opinión, solamente sobre la base de los trabajos realizados por la Comisión en este campo podremos articular un sistema de clasificación que aplique criterios claros y comprensibles para la identificación de las sustancias. 
Coincidimos todos en el deseo de erradicar lo antes posible la contaminación acuática y para ello hay que acometer una doble estrategia: en el ámbito internacional, ratificación de los compromisos internacionales, especialmente los convenios OSPAR y COMMPS, aunque no por ello consideramos adecuado hacer mención expresa a estos acuerdos en el texto de la propuesta; en el ámbito de los Estados miembros, garantizar que se provea a la Comisión de los medios necesarios para conocer con exactitud la situación de nuestras masas de agua, de forma que se pueda llevar a cabo un seguimiento detallado y constante comparable entre Estados de la evolución de la calidad de nuestras aguas. 
Asimismo, es importante impulsar a los futuros Estados miembros de la Unión a que combatan la contaminación acercándose a los objetivos europeos, especialmente en aquellos países que comparten cuencas fluviales con la Unión Europea. 
Finalmente deseo destacar las circunstancias excepcionales de ciertas sustancias, como el cadmio y el mercurio, cuya plena eliminación no es posible al día de hoy, como apunta la enmienda 2 del informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Señor Presidente, los recursos de que disponemos para destinar a la mejora del medio ambiente son finitos, incluso en Occidente. Los fondos deben destinarse a aquellos ámbitos en los que sus repercusiones sean las más beneficiosas. 
Las técnicas de prueba son cada vez más sensibles. Es posible detectar niveles minúsculos de contaminación. 
Por ello es poco realista hablar de la eliminación o de la desaparición o incluso de niveles 'próximos a cero'. 
¿Qué significa 'próximo a cero', uno, dos, quién sabe? 
Deben establecerse niveles límite con respecto a la salud humana, y no utilizar conceptos abstractos. 
En segundo lugar, el Reino Unido tiene un problema específico en lo que respecta a la clasificación del fluoranteno, que pertenece a la familia de los hidrocarbonos poliaromáticos en su categoría más alta. 
Tenemos cien mil kilómetros de canalizaciones de hierro fundido revestidas de alquitrán de hulla, que contiene algo de fluoranteno. 
Nadie sostiene que los niveles presentes constituyan un riesgo para la salud, pero estas tuberías deberán ser revestidas de nuevo a menos que el fluoranteno pueda ser trasladado a la parte de la lista 'en estudio', junto con los otros HAP como naftalina y antraceno que, a propósito, según el procedimiento COMMS, se ha demostrado que todos ellos so menos tóxicos que el fluoranteno. 
Sería un despilfarro de los recursos tener que sustituir o volver a revestir todas las canalizaciones de agua en base a esta lista de prioridades, cuando los recursos podrían ser mejor utilizados en ámbitos realmente preocupantes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en el ámbito de la política de aguas, el acuerdo definitivo de junio del 2000 prevé que la Comisión identifique, dentro de las sustancias peligrosas, las sustancias peligrosas prioritarias, cuyas emisiones, vertidos o pérdidas deben cesar o reducirse progresivamente en un plazo de 20 años. 
La Comisión Europea ha modificado su propuesta para que, mediante grupos de expertos, en primer lugar, se identifiquen las sustancias peligrosas prioritarias; en segundo lugar, se introduzca una cláusula de revisión que se aplicaría a alguna de ellas y, en tercer lugar, se adapten la terminología y el texto final. 
De las 32 sustancias prioritarias identificadas se proponen 11 como sustancias peligrosas prioritarias, 11 más como sustancias prioritarias en estudio- esto en un plazo de 4 años tras la entrada en vigor de la directiva marco. 
No hay datos sobre la toxicidad, persistencia o bioacumulación de las 10 restantes. 
La Comisión de Agricultura, cuyas tres enmiendas deberían apoyarse, señala que los nutrientes naturales no deberían ser sustancias prioritarias peligrosas y sobre el tema fitosanitario ya hay un procedimiento establecido: la Directiva 91/414, que debería respetarse, así como la decisión que debe adaptarse al mismo tiempo, no antes ni después. 
Por último, deberían reordenarse las distintas definiciones, como distrito hidrográfico, o la gestión de estos distritos, pues así evitaríamos que distintas normas incidan de manera diferente sobre los mismos territorios y problemas, como podría ocurrir al aplicar la DMA el COMMPS y los convenios OSPAR. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Comisión ha reaccionado aquí con rapidez. 
También quiero felicitar al Sr. Adams pues ha realizado un trabajo muy bueno en la Comisión de Agricultura. 
Hago extensivas mis felicitaciones a la Comisión de Medio Ambiente. 
En la ley sobre productos químicos, en la directiva marco sobre el agua y en la directiva sobre la protección de las plantas se trata ya sobre sustancias que esconden peligros determinados, se describen y se clasifican. 
Esta propuesta de resolución y también la lista derivada de ella tienen que estar en consonancia al final con estas directivas indicadas. 
Debido a las amplias consecuencias económicas y jurídicas para la agricultura así como también para todos los demás ramos económicos, la Comisión debería realizar este proceso necesario de selección de sustancias prioritariamente peligrosas de tal modo que se base en datos científicos. 
Es absolutamente necesario que aquí no se actúe por sospechas sino sobre una clara base científica. 
Con la directiva marco sobre el agua tenemos ahora un marco temporal hasta el 2004. 
Existe una amplia coincidencia de criterios en toda la UE. 
Lo que no necesitamos ahora son alteraciones del ánimo. 
El objetivo de emisiones cero no puede ser un objetivo. 
Necesitamos claridad sobre una base científica segura para poder actuar del modo adecuado. 
Señorías, el agua es uno de nuestros bienes más importantes y sensibles. 
No lo olvidemos. 
. (EN) Señorías, en primer lugar, doy las gracias a la Sra. Breyer por su trabajo en esta importante propuesta. 
Hace menos de un año que alcanzamos un acuerdo sobre una nueva política de aguas europea, y la decisión sobre la que hoy debatimos es un importante primer paso en la confirmación de la Directiva marco sobre el agua. 
Estoy segura de que estamos de acuerdo en que uno de los principales logros de esta directiva durante el procedimiento de conciliación ha sido conseguir que los principales compromisos políticos del Convenio OSPAR sean legalmente vinculantes y operativos. 
Este importante éxito del Parlamento Europeo ha introducido en nuestra política comunitaria, en un brevísimo plazo de tiempo, este objetivo visionario de protección a largo plazo de ecosistemas marinos sensibles. 
Siempre he sostenido que la Comisión tiene el deber de presentar propuestas específicas sobre medidas relativas a sustancias prioritarias y sustancias prioritarias peligrosas, y he hecho todo lo posible para permitir su introducción cuanto antes. 
El 16 de enero del presente año, la Comisión presentó su propuesta sobre la lista de sustancias prioritarias, incluidas las sustancias prioritarias peligrosas, apenas tres semanas después de la entrada en vigor de la Directiva marco sobre el agua. 
A pesar de la brevedad del plazo, creo que la Comisión consiguió presentar una propuesta modificada que es ambiciosa y equilibrada. 
Esto me lleva directamente al tema central que es objeto de debate en la Comisión de Medio Ambiente. 
La identificación de las sustancias prioritarias peligrosas y la introducción de una cláusula de revisión han sido objeto de intensos debates. 
Permítanme tratar sobre esta lista en términos más generales, sin hacer referencia a las sustancias una por una. 
La lista propuesta no ha sido concebida para siempre. 
De hecho, la Directiva marco sobre el agua habla de un proceso dinámico que prevé la revisión de la lista, incluida la identificación de sustancias prioritarias peligrosas, a más tardar cada cuatro años. Esto significa que el procedimiento de selección continuará siendo mejorado y que se tendrá en cuenta la evidencia científica así como nuevos avances. 
De hecho, las orientaciones que sus Señorías han sugerido en varias enmiendas nos ayudarán a avanzar en la dirección acertada. 
Naturalmente tendremos en cuenta las evaluaciones científicas que, en estos momentos, se encuentran en fase de preparación bajo diferentes instrumentos comunitarios. 
Por tanto, debemos garantizar que las sustancias que identificamos como prioritarias peligrosas tengan como base los mismos criterios y niveles límite en la política de aguas que en la política de sustancias químicas. 
He observado que las enmiendas 20 y 27 proponen acortar el plazo de la revisión específica al 1 de julio de 2002 o un año después de la aprobación de la lista. 
Es un plazo muy corto y será sumamente difícil cumplirlo, en particular, porque algunas de las evaluaciones científicas pueden no haber terminado para entonces, y no quiero comprometerme con plazos poco realistas. 
El Sr. Lange me ha preguntado si puedo garantizar una revisión de la lista durante mi mandato. 
Sí, reitero mi compromiso en este sentido, pero los doce meses pueden resultar demasiado justos, lo que provocaría que la calidad de esta primera revisión fuera insuficiente y no me interesa que eso ocurra. 
En una palabra, me comprometo a mejorar el instrumento dinámico para el establecimiento de prioridades e identificar las sustancias prioritarias peligrosas, en particular, aquéllas que sean motivo de preocupación y puedan surgir de otras iniciativas comunitarias relevantes y de acuerdos internacionales en el futuro. 
No obstante, la Comisión es reacia a aceptar las enmiendas 17, 18 y 19 porque estas tres sustancias no cumplirían todos los criterios. 
Al mismo tiempo, la selección propuesta de estos productos fitosanitarios como sustancias prioritarias garantizará la protección sostenible de los recursos de agua potable. 
Respecto al plazo para la revisión de determinadas sustancias prioritarias, reitero mi compromiso de revisar la lista lo antes posible. 
No obstante, las enmiendas 20 y 27 imponen, en su formulación actual, un marco demasiado estrecho para alcanzar la calidad del trabajo que considero indispensable. 
Me han preguntado acerca de la participación de los países candidatos, y éste es un tema crucial para mí. 
A raíz de una iniciativa mía, los Estados miembros y la Comisión llegaron a un acuerdo hace dos semanas sobre una estrategia común para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua. 
En los trabajos sobre la aplicación no sólo participarán todos los interesados, sino también los países candidatos, del mismo modo que a la reunión de hace dos semanas no sólo asistieron los directores de aguas de los Estados miembros y la Comisión, sino también aquéllos de los países candidatos. 
Permítanme pasar a las otras enmiendas presentadas sobre considerandos y artículos. 
Puedo aceptar las siguientes enmiendas a condición de que sean conformes a la Directiva marco sobre el agua. 
Puedo aceptar las enmiendas 2 a 6, 8 a 11, 13, 15, 21 a 23 y 26. 
Asimismo, puedo aceptar en parte las enmiendas 12, 16 y 25, y en principio las enmiendas 1, 7, 24, 28 y 29. 
No acepto la enmienda 14 porque está cubierta completamente y con más precisión por la enmienda 13. 
Para terminar, quisiera decir que la Comisión está interesada en que las medidas sobre estas sustancias se adopten rápidamente. 
Tras la aprobación de esta lista, me ocuparé de que los trabajos sucesivos sobre las medidas para la reducción gradual de emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias peligrosas se lleva a cabo conforme a los objetivos en materia de medio ambiente y dentro del calendario fijado en la directiva. 
Mis servicios ya han comenzado los trabajos preliminares en este sentido. 
Busco el apoyo del Parlamento para estos trabajos y sinceramente espero que ambos demostremos la misma rapidez y la misma determinación en la aplicación de la nueva Directiva marco sobre el agua por el bien del ecosistema hídrico de Europa. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señora Comisaria Margot Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
VOTACIONES 
. (SV) Señor Presidente, hay un error en la versión sueca de la enmienda 5. 
En la frase "prestarán a los expertos toda la ayuda necesaria", la palabra "prestarán" ha desaparecido. 
El texto está correcto en la versión inglesa. 
Por eso sería valioso que la versión inglesa sirviese de base para esta votación. 
Nos aseguraremos de que se adaptan todas las versiones lingüísticas a la versión inglesa. 
. (EN) Señor Presidente, puedo confirmar, como el Sr. Byrne indicaba anoche, que la Comisión puede aceptar las enmiendas 1 a 5. 
Tomamos nota de que hay una enmienda oral a la enmienda 6. 
La Comisión no podía aceptar el texto original de dicha enmienda. No obstante, la Comisión puede aceptar esta enmienda según la enmienda oral, que preferimos a la enmienda 5. 
Señor Presidente, Señorías, realmente es muy simple y la Comisaria acaba de referirse precisamente a ello. 
Había presentado una enmienda, en nombre de mi Grupo, conforme a la cual también quería remitir al Parlamento Europeo la información relativa a los controles oficiales. 
Quisiera ampliar esto mediante una enmienda oral y no quisiera que la información se remitiera solamente a las autoridades competentes y al Parlamento Europeo, algo que recoge mi enmienda, sino también a los Estados miembros. 
Si adoptamos esta enmienda oral, la Comisión está dispuesta a aceptar toda la enmienda, y creo que les puedo dar un dictamen de voto positivo. 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0115/2001) del Sr. Robert Evans, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a adoptar una recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la movilidad dentro de la Comunidad de estudiantes, personas que siguen un curso de formación, jóvenes voluntarios, profesores y entrenadores (13258/1/2000- C5-0029/2001- 2000/0021 (COD)) 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión acepta las seis enmiendas, a condición de un pequeño cambio de formulación, relativo a la referencia al Consejo de Niza que aparece en la enmienda 3, letra a) del considerando 4, y pase a la enmienda 1. 
Señor Presidente, con su permiso quisiera presentar una enmienda oral de carácter técnico, a la que la Sra. Comisaria acaba de referirse, de manera que la enmienda 1 queda como sigue: "El plan de acción sobre la movilidad adoptado por el Consejo el 14 de diciembre de 2000, que fue igualmente aprobado en el Consejo Europeo de Niza", y en la enmienda 3 se suprime "aprobada en la Cumbre de Niza", porque acabo de hacer referencia a la misma en la enmienda 1. 
(El Parlamento aprueba las enmiendas orales) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0146/2001) del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (COM (2000) 347- C5-0415/2000- 2000/0159 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0148/2001) del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (COM (2000) 347- C5-0414/2000- 2000/0158 (COD)) 
Enmienda 44: 
Señor Presidente, en lo referente a la enmienda nº 44 quiero solicitar una votación por separado pues la primera parte de dicha enmienda consiste en un compromiso y la segunda en una decisión individual. 
Por ello, quiero solicitar un split entre la primera y segunda parte. 
Me pone en una situación difícil, señor Florenz. 
El Reglamento es muy claro sobre los plazos para la solicitar una votación por partes. 
Hemos rechazado otras solicitudes de votación por partes. 
El hecho de que sea usted el ponente dificulta las cosas, pero no puedo aceptar la solicitud. 
Debería haberla presentado antes de las 9.00 horas de hoy. 
Por lo tanto, debemos votar sobre el informe tal y como está. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0135/2001) de la Sra. Breyer, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (COM (2001) 17- C5-0021/2001- 2000/0035 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0299/2000) del Sr. Alavanos, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de la Comisión presentado al Consejo y al Parlamento Europeo "Concebir la educación del futuro: promover la innovación con las nuevas tecnologías" (COM (2000) 23- C5-0147/2000- 2000/2090 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0302/2000) del Sr. Perry, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación Medios de Comunicación y Deporte, sobre la aplicación del Libro blanco de la Comisión "Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento" (COM (1999) 750- C5-0145/2000- 2000/2088 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0152/2001) del Sr. Mauro, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación Medios de Comunicación y Deporte, sobre las comunicaciones de la Comisión sobre la iniciativa y el plan de acción para 2001-2004 'e-Learning: concebir la educación del futuro' (COM (2000) 318- C5-0741/2000 y COM (2001) 172- C5-0151/2001- 2000/2337 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0165/2001) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la recomendación de la Comisión relativa a las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad para 2001 (COM (2001) 224- C5-0169/2001- 2001/2081 (COS)) 
Enmienda 7: 
Nuestra enmienda pretende saber si aprobamos o reprobamos la política del Banco Central. 
Ésta cambió la semana pasada entre el momento en que se escribieron el informe Wogau y nuestras enmiendas. 
Para nosotros está claro que se trataba de desaprobar la política del Banco Central de la semana anterior y no la de la semana pasada. 
Quisiera que el Sr. Von Wogau aclarase si aprueba la de esta semana o la de la semana precedente. 
Señor Presidente, quiero decir al Sr. Liepitz que sigo siendo de la opinión de que se ha votado en estas dos partes. 
Ahora bien, no sé exactamente si la reducción de intereses de la última semana encaja exactamente en esta política. 
Quiero exponer mis dudas personales. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Explicaciones de voto 
Informe Kessler y Perry (A5-0088/2001) 
. 
(IT) Quisiera dar las gracias al Sr. Perry y a la Sra. Kessler y a los demás miembros de la Comisión de Peticiones, así como a los servicios jurídicos y a todo el equipo de Secretaría por haber contribuido, a través de su trabajo, a la elaboración de este excelente texto sobre el futuro de la figura de la petición. 
La figura de la petición sigue siendo el único instrumento jurídico que pone a los ciudadanos de Europa en contacto directo con las Instituciones europeas y, por lo tanto, es el único medio para realizar la Europa de los ciudadanos que quieren reconocer la bondad de una realidad cambiante que sirve para mejorar más aún, si cabe, su calidad de vida. 
Las relaciones entre los ciudadanos se fundan en el derecho y, por tanto, la definición de un espacio institucional que defienda el derecho de los ciudadanos europeos reviste una importancia capital de cara a valorizar las diversidades que son la riqueza de la Unión Europea. 
La Comisión de Peticiones no solo tiene el privilegio de recibir las denuncias de los ciudadanos y de escucharles directamente si están presentes, sino también de representar el momento más emblemático de la relación de la representatividad parlamentaria que materializa el concepto de democracia. 
Considero que durante esta legislatura tendremos que garantizar a los ciudadanos europeos que trasladan al Parlamento sus problemas, una iniciativa parlamentaria que no solo tenga un valor moral, sino que sea eficaz para una correcta interpretación del Derecho comunitario por parte de todas las instancias institucionales, centrales y periféricas. 
Sin perjuicio de la competencia específica y esencial de la jurisdicción de los Tribunales y del Tribunal de Justicia, en el futuro el Parlamento Europeo deberá cumplir plenamente su papel de legislador político creando instrumentos legislativos eficaces, incluso a través de propuestas que se tendrán que incorporar a los Tratados. 
La implicación de las Comisiones de Asuntos Jurídicos, de Asuntos Constitucionales y de Libertades y Derechos de los Ciudadanos podría constituir un avance más, al objeto de llegar a convertir en real este nuevo instrumento, más eficaz en la tutela de los ciudadanos y de sus derechos. 
. (EN) El derecho de petición del ciudadano medio al Parlamento Europeo se ha considerado lo suficientemente importante como para formar parte de los Tratados y creo que merece dicha categoría. 
Es un medio sumamente eficaz que permite a cualquier persona ponerse en contacto directo con el corazón de las instituciones europeas sobre asuntos que pueden no ser de importancia política, pero que sí tienen consecuencias para los ciudadanos y residentes europeos. 
Puede que alguien se pregunte de qué sirve presentar una petición al Parlamento, pero el reciente éxito obtenido por David Petrie, cuya petición fue apoyada por la Comisión de Peticiones y el Parlamento Europeo en su conjunto, que ha conseguido que los tribunales italianos reconozcan los mismos derechos a profesores universitarios no italianos, ilustra los resultados que puede tener una petición. 
Mi coponente y yo hemos tenido esto muy presente en nuestro informe. 
Hemos luchado porque se facilite el acceso y el ejercicio de este derecho, no sólo recurriendo a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación, sino mediante la reforma de los procedimientos por los que se rigen las peticiones una vez que éstas son recibidas en el Parlamento y transmitidas a otras instituciones. 
El sistema de peticiones en vigor permite la presentación de peticiones por medios electrónicos, pero únicamente como un primer paso. 
El seguimiento se hace por correos, lo que evidentemente puede ocasionar retrasos en la fase preliminar de los procedimientos, mucho antes de llegar a la comisión. 
Es necesario investigar medios como la firma electrónica y la correspondencia electrónica si el Parlamento quiere mantenerse al día con el creciente número de peticiones que recibe. 
Asimismo son necesarias con carácter de urgencia normas más claras sobre la tramitación de peticiones una vez que éstas han sido admitidas. 
La Comisión de Peticiones puede actualmente solicitar a la Comisión información sobre un asunto en particular, pero nada puede hacer respecto al tiempo que la Comisión o cualquier otra institución se toma para responder a las preguntas de la comisión o incluso sobre si los diputados al PE pueden tener acceso a dichas respuestas una vez recibidas. 
Por ejemplo, en la Comisión de Peticiones estamos estudiando en estos momentos peticiones sobre la organización Lloyd's, pero se nos niega la oportunidad de conocer la respuesta dada por el Gobierno del Reino Unido al cuestionario de la Comisión sobre este asunto. 
Si las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros se toman en serio la transparencia en sus métodos de trabajo, deberán revisar su tramitación de las peticiones. 
En nada contribuye contemplar el presunto comportamiento en una petición repetida en su tramitación. 
Los Estados miembros, en particular, deben tomarse más en serio a los ciudadanos que reclaman sus derechos europeos. 
El derecho de petición debería tener por objeto fortalecer el concepto de ciudadanía europea, proteger las cuatro libertades de las personas que viven en la Unión y garantizar que la legislación europea se aplica fiel y eficientemente. 
Cuando avanzamos hacia el siglo XXI, con una Unión de 28 posibles miembros y un cuerpo legislativo cada vez mayor a nivel europeo, el papel y el proceso de la petición deben cambiar para conservar su importancia y su utilidad. 
Informe Maaten (A5-0162/2001) 
Señor Presidente, la conciliación ha dado lugar a que se efectúen algunos cambios en el informe que pueden considerarse positivos, tales como la disminución del contenido de alquitrán permitido y la fijación de límites máximos para la nicotina y el monóxido de carbono. 
En cambio, no hay una base jurídica para esta directiva, algo que debe denunciarse. 
Además, hay que señalar la incoherencia de que se limite la comercialización de un producto legalmente autorizado mientras que el cultivo del tabaco se continúa subvencionando cuantiosamente. 
El objetivo de esta directiva, es decir, la protección de la salud de las personas, no puede lograrse mediante medidas de protección desmesuradas cuyo efecto sobre el consumo no se ha probado de ningún modo. 
Uno, en tanto responsable político, no puede contentarse con un pretexto. 
Señor Presidente, aunque he dormido muy poco durante estas noches debido a las elecciones en Italia y por seguir sus resultados, he soñado con una escena de una película del oeste. 
Los dos pistoleros que se enfrentaban entre sí eran el Sr. Maaten y el Sr. Blokland que, como los héroes encarnados por John Wayne o Pecos Bill, se habían retado a duelo. 
Hacia mediodía, desenfundan sus pistolas pero, justo antes del tiroteo, se corta la escena y alguien le dice al Sr. Maaten: "Antes de disparar, sácate el cigarrillo de la boca." 
El Sr. Maaten se lo saca y dice: "Tenéis razón, puesto que presento un informe con el cual trato de que los ciudadanos europeos fumen menos". 
De ahí mi decisión de votar a favor del informe Maaten. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, considero las disposiciones con las que se eliminan las confusiones en el etiquetado de los productos manufacturados del tabaco como extraordinariamente importantes. 
El consumidor debe tener claro que con el consumo de tabaco se expone conscientemente a un riesgo para la salud. 
Añadidos como "suave" o "light" tranquilizan solamente la conciencia y ocultan que estos productos no son en nada más sanos que todos los demás. 
Lamentablemente, la política de la unión es contradictoria. 
Por un lado se defiende- entre otros modos con la presente directiva- la protección de la salud y, por otro, la Unión subvenciona el cultivo del tabaco en la Comunidad con mil millones de euros anuales. 
La Unión tiene que plantearse como objetivo realizar una política comprensible. 
Los ciudadanos no pueden comprender una contradicción de este tipo. 
Se muestran reservas ante la base jurídica de este informe. 
No obstante, votaré a favor del informe puesto que su contenido es razonable. 
Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Dover, Elles, Evans, Jonathan, Goodwill, Harbour, Helmer, Jackson, Parish, Perry, Provan, Sturdy y Tannock (PPE-DE) , por escrito. 
(EN) Apoyamos el propósito de la posición común de garantizar gradualmente niveles más bajos de tabaquismo en toda la UE, y acogemos favorablemente la prohibición de recurrir a etiquetados engañosos. 
Acogemos con especial satisfacción el compromiso de revisar las subvenciones que se conceden a los cultivadores de tabaco de la UE: pedimos que dicha revisión, impulsada por los diputados Conservadores al PE, propicie muy rápidamente la desaparición de las subvenciones. 
No obstante, estamos en contra de la decisión de prohibir la fabricación de cigarrillos de alto contenido en alquitrán para su exportación fuera de la UE. 
No corresponde a la UE intentar dictar políticas de salud en todo el planeta; la única consecuencia de dicha prohibición será la exportación de los puestos de trabajos de aquellos involucrados, en particular, 1000 puestos de trabajo en Southampton, 500 puestos de trabajo en Darlington y 200 en Nottingham, sin que ello aporte nada al tema de la salud. 
Como comentario al margen, nos gustaría que las instituciones de la UE dieran ejemplo imponiendo la prohibición de fumar en todos sus edificios. 
. (EN) Respecto al tabaquismo en general, creo que es muy importante que la UE presente legislación que prohiba la comercialización de cualquier producto del tabaco dirigido a los menores. 
No hay ninguna duda de que si una persona decide fumar cuando es joven, le resultará más difícil dejar el hábito del tabaquismo más adelante. 
Todos conocemos el peligro que representa el tabaquismo para la salud de las personas cada año en la Unión Europea. 
Por ello es tan importante que aparezcan advertencias en las cajetillas de cigarrillos explicando las consecuencias del tabaquismo para la salud pública y la salud de las personas. 
Por este motivo, hoy apoyo las disposiciones principales de esta directiva relativas a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco, entre las que se incluyen las siguientes: 
En el futuro, las advertencias sanitarias cubrirán el treinta por ciento de la cara anterior y el 40% de la cara posterior de cada cajetilla de cigarrillos. 
Asimismo, se prohibirán términos engañosos como "light" o "suave", que de un modo u otro intentan dar la impresión de que un cigarrillo es menos perjudicial que otro. 
La Unión Europea también impondrá a los fabricantes la obligación legal de hacer pública la lista de ingredientes que contienen los cigarrillos. 
No obstante, esto es sólo parte de un paquete legislativo más amplio que la Unión Europea presentará en el ámbito del tabaquismo. 
Una vez más, la Unión Europea deberá mostrarse decidida en la legislación que presente con vistas a fomentar entre los adultos campañas contra el tabaquismo. 
Apoyo firmemente la realización de programas educativos más amplios concebidos para prevenir que los jóvenes comiencen a fumar. 
En virtud del Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión en el ámbito de la protección de los consumidores y asuntos de salud pública. 
Tengo plena confianza de que el Parlamento Europeo invocará nuestras competencias en virtud de este Tratado para garantizar el cumplimiento estricto de las propuestas de reglamentación para reducir el tabaquismo en Europa a corto y medio plazo. 
. (DE) No puedo dar mi voto favorable al presente proyecto común de directiva. 
En el artículo 3 se determinan los contenidos máximos de los cigarrillos. 
Debido al hecho de que estos valores máximos deben tener validez para todos los cigarrillos elaborados en la UE, la mercancía destinada a la exportación no deberá sobrepasar estos valores máximos a más tardar a partir del 1 de enero del 2007. 
Esta directiva va más allá del objetivo. 
La fabricación destinada a la exportación a terceros Estados no debería ser regulada por la UE en tal manera. 
Solamente en Renania Palatinado el ramo del tabaco obtiene un volumen de ventas anuales de aproximadamente 1.500 millones de marcos. 
En la ciudad más grande de mi región 1250 personas trabajan directamente en una empresa tabaquera. 
Las empresas proveedoras de la región, como imprentas y empresas envasadoras son todas ellas pequeñas y medianas empresas. 
Si la directiva entra en vigor y las disposiciones sobre valores máximos se aplican también a los cigarrillos destinados a la exportación, miles de puestos de trabajo se perderán solamente en esta región de débiles estructuras. 
La industria de los cigarrillos debe informar pero los productos que están destinados a la exportación y tienen unos valores límite superiores para cumplir de este modo los requerimientos del país de destino, deben poder seguir exportándose. 
Los graves obstáculos a la exportación que surgen como consecuencia de la nueva directiva, van a perjudicar seriamente a la economía europea. 
. (DE) Los fumadores se exponen sin duda a un mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón que los no fumadores. 
Este hecho es perfectamente conocido y todos los fumadores están exactamente informados. 
La lucha contra el cáncer es también una de las importantes tareas de la sociedad actual. 
Yo misma trabajo activamente entre otras cosas en este Parlamento en la lucha contra el cáncer de mama. 
Tal como ya he destacado en mi opinión sobre el informe en primera y en segunda lectura, los métodos de prohibición contenidos en el proyecto común contienen unas imposiciones inadmisibles para la industria europea del tabaco sin tener en cuenta la pérdida de puestos de trabajo y sin que, en contrapartida, muchos más ciudadanos de la UE se conviertan en no fumadores. 
Especialmente perversa es la propuesta de imponer a los fabricantes en la UE en lo tocante al alquitrán, nicotina y monóxido de carbono la observancia de las mismas disposiciones para los cigarrillos destinados a la exportación a terceros países. 
Es sin duda una buena intención sentirse responsable también por la salud de los fumadores en terceros países. 
Pero si esta consciencia hace que la industria del tabaco traslade al extranjero su producción destinada a la exportación a terceros países, lo que habremos logrado es destruir puestos de trabajo. 
Solamente en el Ducado de Luxemburgo una medida de este tipo supondría la reubicación en el extranjero del 12% de la producción de cigarrillos. 
Y esto no puede ser. 
Para combatir el cáncer de pulmón estoy a favor de realizar una campaña informativa dotada con los fondos presupuestarios necesarios, en especial, dirigida a la juventud, para llamarles la atención sobre los peligros del fumar para su salud. 
Pero estoy en contra de todas las exageraciones que se contienen en este proyecto común por lo que no puedo dar mi voto favorable al informe en la forma presente. 
. (EN) Apoyo decididamente el acuerdo de compromiso sobre la propuesta de directiva relativa a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco. 
Esta nueva y estricta legislación antitabaco abarca a todos los derivados del tabaco y establece niveles máximos de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina. 
Respaldo firmemente estas nuevas leyes que transformarán el modo de venta de cigarrillos en toda Europa y alterarán la percepción del tabaquismo entre la sociedad. 
Acojo con sincera satisfacción la utilización de imágenes en las advertencias sanitarias que aparecen en las cajetillas e ilustran gráficamente los perniciosos efectos a largo plazo del tabaquismo para la salud, como se hace en Canadá. 
Una imagen vale más que mil palabras. 
Si tácticas de choque como éstas contribuyen a difundir el mensaje y a salvar vidas, entonces estoy completamente a favor. 
En general, esta legislación innovadora incrementará el conocimiento del público sobre los riesgos del tabaquismo para la salud y, por último, echará por tierra el mito de que un tipo de cigarrillo es menos nocivo para la salud que otro. 
Los gigantes del tabaco han contratado a los mejores grupos de interés que el dinero puede comprar para luchar contra esta legislación a cada paso de su andadura, pero el Parlamento Europeo estaba decidido a seguir adelante. 
Después de que el sector consiguiera anular la prohibición de la publicidad del tabaco en Europa a causa de un tecnicismo jurídico, nos mostramos más decididos que nunca a garantizar que esta última legislación llegaba por fin al código con vistas a explicar claramente los peligros del tabaquismo y salvar miles de vidas. 
. (DE) He votado en contra del resultado de la conciliación sobre la directiva del tabaco por las siguientes razones: 
Según el resultado de la conciliación se quiere prohibir la exportación a terceros Estados de cigarrillos con más de 10 miligramos de alquitrán, 1 miligramo de nicotina y 10 miligramos de monóxido de carbono. 
La consecuencia sería quiebras masivas en la exportación de cigarrillos de la UE y la pérdida de varias decenas de miles de puestos de trabajo en la UE. 
Una prohibición de este tipo no beneficia a nadie. Pues los cigarrillos se producirán entonces fuera de la UE. 
Pero los puestos de trabajo los perderemos nosotros. 
La UE no está en absoluto autorizada para una prohibición de este tipo. 
Los acérrimos partidarios del antitabaquismo no deben actuar como si la exportación de tabaco fuese equiparable a la distribución de ciankali. 
La UE actúa contradictoriamente cuando al mismo tiempo subvenciona el cultivo y la exportación del tabaco con mil millones de euros. 
La UE actúa como un apóstol de la salud para todo el mundo con la prohibición de la exportación. 
Esto es arrogante frente a las costumbres y usos de otros países. 
Lo correcto sería impulsar los trabajos ya iniciados en la OMS sobre los estándares unitarios para los productos derivados del tabaco. 
Una medida unilateral de la UE no va tener efectos. 
Informe Paulsen (A5-0136/2001) 
Señor Presidente, para decidir qué votar sobre esta recomendación relativa a la alimentación animal, no podía dejar de pedir consejo a dos de los animales que tengo en casa, o sea, a mis gatos. 
Usted sabe que en mi casa tengo dos gatos- uno se llama Lulú y el otro Frifrí- a los que les doy regularmente de comer. 
No sabía cómo hablarles y si me contestarían; sin embargo debo decir que la casualidad me ayudó. 
En efecto, para mejorar su comida, compré unas latas distintas de las de siempre y se las puse para que las comieran. 
Pues bien, le juro, señor Presidente, que, a pesar de que tenían hambre, ninguno de los dos mininos del Sr. Fatuzzo comió las latas: ni Lulú ni Frifrí. 
Fue una manera de decirme: " Mira que es importante lo que comemos. 
Tenéis que controlar los alimentos para los animales y, por lo tanto, vota a favor ". 
Y así lo he hecho. 
Informe Evans (A5-0115/2001) 
Señor Presidente, hace un momento, durante la votación, he echado una cabezadita y he soñado con el Sr. Fatuzzo científico. 
Sí, el Sr. Fatuzzo, en lugar de meterse en política para defender a los pensionistas, se había convertido en un científico nuclear, porque usted ha de saber que a mí me gustaban mucho las matemáticas y la física. 
Y le pregunté: "¿ Qué tal te ha ido como científico ?" 
"Ah ," me dijo, "fui a Estados Unidos: me pagan muchísimo, he inventado muchas cosas y he recibido el premio Nobel." 
"Te envidio, premio Nobel Fatuzzo" le contesté. 
" Yo, en cambio, soy un simple diputado del Parlamento Europeo. 
Pero, ¿dime cómo has hecho para llegar a ser premio Nobel? " 
Y él: " Porque me marché de Italia, donde no podía estudiar como yo quería y me fui a Estados Unidos. 
Si hubiera podido moverme y circular por Europa, en lugar de emigrar a Estados Unidos, me habría quedado en Europa. 
Por lo tanto, tú vota a favor de la movilidad, en la Comunidad, de los investigadores. 
El texto que hemos discutido y votado invita a los Estados miembros a estimular la movilidad de las personas en formación, en periodos de prácticas, en empleo voluntario así como a los enseñantes y formadores que se encuentren, en el ámbito de un programa europeo o no, en otro Estado miembro. 
El Parlamento Europeo ha acogido con satisfacción, por supuesto, esta propuesta. 
Ha considerado sin embargo indispensables algunas modificaciones para mejorar la calidad del texto y sobre todo, punto enormemente importante a mi juicio, ampliar el campo de aplicación de la propuesta para incluir a los investigadores. 
En este sentido se han presentado enmiendas y han sido aprobadas en primera lectura. 
Desafortunadamente, la Comisión ha rechazado las relativas a los investigadores por razones de orden jurídico. 
Como ponente del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo, no puedo más que lamentarlo. 
Espero que la Conferencia sobre la movilidad de los investigadores y científicos organizada en el marco de la Presidencia belga permita avances en este ámbito. 
La construcción de un espacio europeo de investigación implica que investigadores y científicos de todos los horizontes geográficos puedan colaborar para hacer que progrese la investigación, y ello en el interés de todos los ciudadanos. 
Por ello, resulta esencial superar los diferentes obstáculos que frenan su movilidad. 
Ya que esto no ha podido hacerse en el marco de esta propuesta, será necesario encontrar otra solución. 
Me comprometo a trabajar en este sentido. 
Por otra parte, al igual que el ponente, deseo saludar los esfuerzos realizados por la Presidencia francesa para llegar a la propuesta conjunta más ambiciosa posible a la que todos podrían adherirse. 
Así, las enmiendas aceptadas abarcan aspectos esenciales de la movilidad y pretenden mejorar o suprimir las dificultades administrativas, financieras o sociales. 
En lo que respecta a las medidas prácticas que adoptarán los Estados miembros, se han propuesto por ejemplo iniciativas lingüísticas y culturales con el fin de preparar a los futuros viajeros para su futuro modo de vida, una mejora del acceso a la información sobre la movilidad y sus dificultades prácticas, ayudas financieras en forma de becas, de asignaciones o de préstamos. 
Los nacionales de países candidatos así como los de países terceros legalmente instalados en la Unión Europea podrán también beneficiarse de las disposiciones de la recomendación. 
Me siento satisfecho de que se insista en el necesario reconocimiento de la cualificación de cualquier tipo adquirida en otro Estado miembro. 
Con demasiada frecuencia los Estados miembros dan muestras de mala voluntad y crean dificultades intolerables en un espacio de libre circulación de personas impidiendo así a las personas móviles que puedan hacer valer su experiencia. 
Como señala también el Sr. Evans, desde la primera lectura en el Parlamento el Consejo adoptó un plan de acción a favor de la movilidad- "una caja de herramientas" de 40 medidas- que completa la recomendación. 
Se han presentado por tanto enmiendas en segunda lectura para tomar en consideración este avance. 
Espero sinceramente que estas medidas se traduzcan rápidamente en hechos. 
(EN) Señora Presidenta, apoyo firmemente este excelente informe de mi colega Laborista, Robert Evans. Aporta una prueba más del compromiso del Laborismo con la creación de una Europa de los ciudadanos. 
El objetivo del programa es permitir que las personas se beneficien de sus desplazamientos por toda Europa ampliando la movilidad dentro de la UE de estudiantes, jóvenes voluntarios y profesores. 
Ello ofrece oportunidades educativas y anima a las personas a asumir un papel activo en la sociedad de toda Europa. 
Es un desarrollo fundamental tras el plan de acción del pasado año sobre medidas concretas para identificar las trabas a la movilidad. 
Asimismo, es una medida importante para el buen funcionamiento del mercado único europeo. 
El Gobierno Laborista está decidido a garantizar que el mercado único funciona para la población británica, y no sólo para las empresas. 
Con la introducción de nuevas medidas para la movilidad de estudiantes y voluntarios, las personas se sentirán más seguras para trabajar y viajar no sólo en toda Gran Bretaña, sino también en toda Europa. 
Este plan puede inspirar valores cívicos, es altamente educativo y un excelente reclamo para la Unión Europea entre sus ciudadanos más importantes, los jóvenes. 
Su importancia es vital si recordamos que, al menos en Gran Bretaña, la participación entre los jóvenes en las pasadas elecciones europeas fue una de las más bajas de la UE. 
La experiencia práctica de Europa, y no las chácharas de los medios de comunicación sobre Europa, es una fuente mucho más fiable e inspiradora para que los jóvenes conozcan Europa. 
Informe Florenz (A5-0146/2001) 
Señor Presidente, este informe pretende limitar la utilización de sustancias peligrosas como, por ejemplo el plomo, en los aparatos eléctricos y electrónicos. 
No obstante, quisiera decirle al Sr. Florenz que, en lo que se refiere al plomo, como se suele decir en un refrán italiano, hay que ir con pies de plomo, o sea, despacio. 
Y lo digo porque en Europa muchos políticos y ministros tienen los bolsillos llenos de plomo. En efecto, no consiguen levantarse de sus sillones. 
Pues bien, y dejando a un lado las metáforas, considero oportuno que no hay que tener prisa por eliminar enseguida todas las sustancias peligrosas de los aparatos eléctricos y electrónicos si no existen medios más saludables que las sustituyan. 
Por lo tanto, estoy a favor de este informe, siempre que la eliminación de dichas sustancias se lleve a cabo gradualmente. 
Informe Florenz (A5-0148/2001) 
Señor Presidente, al imponer las normas de reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el Parlamento Europeo contribuye ampliamente a "ecologizar" esta industria. 
In fine, es el medio ambiente el que ha ganado el pulso, en el que se oponían los partidarios de una industria innovadora en materia de productos eléctricos y electrónicos a los industriales tradicionales que intentaban a toda costa frenar el proceso con la pretensión de retrasar el momento de la asunción del reciclaje de esos residuos. 
Si bien podemos felicitar al ponente por haber elegido la vía de los productos limpios, también podemos lamentar que la Comisión no haya tratado al mismo tiempo los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y las sustancias químicas que van a la par. 
Para este segundo informe, los Verdes lamentan enormemente que, de 70 sustancias, sólo dos se hayan prohibido mientras que algunas leches maternizadas estén contaminadas por encima de las normas de la OMS mediante sustancias químicas procedentes de estos productos, por ejemplo los productos bromados. 
A pesar de esta nota discordante, la gran innovación de este informe será la responsabilidad individual de los productores, en la que cada uno se convierte en financieramente responsable de su producto, y ello tanto para los productos ya en el mercado como para los futuros productos. 
Con este informe, las consideraciones ambientales ganan terreno y muestran una conciencia política creciente frente al peligro de proliferación de residuos de aparatos industriales, principalmente eléctricos y electrónicos. 
Al fin y al cabo, con este paso forzoso, todo el mundo saldrá ganando: los industriales, los consumidores y el medio ambiente. 
El informe Florenz sobre los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos ha gozado de pruebas ambientales significativas que demuestran que la industria europea debe concebirse, para los ciudadanos y las políticas, en una preocupación por una eco-cultura. 
Señor Presidente, durante la noche en la que se iban conociendo los resultados de las elecciones en Italia, no conseguí permanecer despierto entre un resultado y otro y, por tanto, me dormí y me desperté muchas veces. 
Tras haber soñado con el Sr. Maaten, como recordaba hace unos momentos, y después de haber leído el informe Florenz, porque quería prepararme el tema, me dormí y volví a soñar con el Sr. Florenz que, todo sudado y cansado, estaba encima de una plataforma eliminando esos residuos eléctricos y electrónicos de los que trata su informe. 
"Hace tres días y tres noches que estoy separando residuos para volverlos a utilizar", me decía. 
"No te preocupes ," le dije, " votaré a favor de tu informe porque estoy convencido de que es justo utilizar los residuos eléctricos y electrónicos. 
Acompáñame al Partido de los Pensionistas, porque allí bailamos, viajamos y tenemos muchas viudas con las que se pueden pasar unos días más bonitos que los que estas pasando aquí ". 
El Parlamento Europeo discutió en Estrasburgo un informe de la Comisión de Medio Ambiente relativo a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
La directiva propuesta prevé que el responsable de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son del orden de 16 Kg. por habitante en los quince Estados miembros de la Unión Europea, cantidad que según las previsiones se duplicará en el curso de los próximos doce años, es o bien el productor, o bien el primer importador. 
Por su situación particular, Luxemburgo no dispone apenas de productores propiamente dichos, sino esencialmente importadores. 
La distribución de los productos está organizada con frecuencia de forma que un importador general sea responsable para la región Bélgica-Luxemburgo. 
Este importador se encuentra generalmente en Bélgica y no en Luxemburgo. 
Si Bélgica debe responsabilizar a un solo importador general, Luxemburgo tendrá que responsabilizar a un gran número de comercios a los cuáles este importador general proporciona sus productos. 
Por otra parte, la importación paralela de productos fuera de las vías de distribución establecidas alcanza en Luxemburgo un nivel claramente más elevado que en los demás países. 
Se deduce de ello que en Luxemburgo las empresas de comercio responsabilizadas son en general pequeñas empresas y en cualquier caso empresas de menores dimensiones que en el extranjero. 
Esta especificidad luxemburguesa implica que debe concederse una atención particular a la simplificación administrativa de la gestión de los sistemas de financiación de reciclaje y de valorización a aplicar. 
En algunos ámbitos es preferible por tanto que la directiva dé suficiente libertad a los Estados miembros para aplicar soluciones adaptadas. 
El comercio, sobre todo en el medio urbano, no dispone con frecuencia de lugares de almacenaje para depositar cantidades importantes de residuos. 
La recogida por el sector del comercio no debe por tanto ser obligatoria sino seguir siendo voluntaria. 
Si el comercio no puede recoger los residuos, deben ponerse a disposición de los consumidores otros sistemas, como por ejemplo parques de reciclaje. 
Los gastos de recogida obligatoria serían desmesurados para muchos comercios. 
La directiva afecta también a la financiación de los productos eléctricos y electrónicos que ya están en el mercado en el momento de la entrada en vigor de la propia directiva, y para una parte de los cuáles los productores ya no existen. 
Efectivamente, algunos aparatos como por ejemplo frigoríficos o televisores tienen una duración media de vida de veinte años. 
La directiva debe dejar a los Estados miembros la posibilidad de elegir los medios a poner en marcha para financiar el reciclaje de estos aparatos. 
De ese modo sería posible acordar con el Estado acciones para estimular a los consumidores por ejemplo a entregar gratuitamente los residuos que hoy tienen almacenados en su casa. 
Este tipo de acción se ha realizado en aquellos países que ya disponen de un sistema de recogida gratuito. 
(Intervención recortada en aplicación del párrafo 1º del artículo 137 del Reglamento) 
. (SV) Los conservadores pensamos que esta directiva es importante para la protección del medio ambiente. 
Además, nos parecen provechosos sus principios esenciales sobre la responsabilidad de los productores en el futuro y las posibilidades de los consumidores de elegir buenos productos desde el punto de vista medioambiental. 
En el artículo 7, la redacción no es del todo clara. 
Nuestra interpretación es la siguiente: la financiación a que se refiere el punto 2 rige para los desguaces en general. Los Estados miembros pueden así, durante un período de diez años, elegir como alternativa una financiación colectiva, es decir, impuestos. 
Esto también debería comprender el denominado desguace histórico. Después de este período sólo podrá haber diferencias si éstas han sido aprobadas por la Comisión. 
Con la antedicha interpretación, hemos votado a favor del informe. 
. (EN) Apoyo estas medidas que introducen nuevas normas más estrictas en materia de reciclaje y que permitirán a los consumidores y al sector minorista recoger aparatos eléctricos y electrónicos de desecho libre de gastos y animan a los fabricantes a asumir su responsabilidad. 
El objetivo de esta directiva es alentar a los consumidores que quieren deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos a que devuelvan estos artículos a través de nuevos centros locales públicos de recogida o haciendo uso de los planes de recogida del sector minorista, en vez de limitarse a arrojar a la basura sus viejos secadores de pelo, frigoríficos y televisores. 
Vivimos en una sociedad del despilfarro, en la que viejos ordenadores, calderas, frigoríficos y congeladores incrementan el flujo de residuos a un ritmo sin precedentes. 
Los consumidores de toda Europa deben contribuir a detener la oleada de residuos que constituyen los artículos electrónicos. 
Lo único que esto significa es un pequeño cambio en los hábitos diarios de las personas. Llevar viejos aparatos de radio y aspiradoras para su reciclaje será como acudir a los contenedores de vidrios y de papel usado, en vez de arrojarlos al cubo de la basura. 
Para los fabricantes, significa financiar planes de reciclaje que incluirán puntos de recogida públicos, planes de recogida por parte del sector minorista y sistemas de tratamiento, recuperación y eliminación. 
La responsabilidad no comienza y termina en la producción de aparatos electrónicos, sino que los fabricantes de estos aparatos deberán hacerse responsables de sus productos al final de su vida útil. 
Estos planes representan un importante paso hacia una Unión Europea más ecológica. 
Una vez más, es prueba del compromiso de Europa respecto a la creación de un medio ambiente más sano y seguro para nuestros ciudadanos. 
­- Informe Breyer (A5-0135/2001) 
Señor Presidente, además de las consideraciones jurídicas que he manifestado en el transcurso del debate general del informe de la Sra. Breyer, quisiera manifestar que mi voto favorable y el de mi Grupo se deben sobre todo a la importancia global excepcional de los textos que se han sometido a votación del Parlamento. 
Una de las razones del desarrollo global ejemplar de Europa, del carácter equilibrado de este desarrollo, así como de la calidad de los cultivos que han acompañado permanentemente al desarrollo económico de nuestro continente, reside precisamente en el hecho de que Europa ha dispuesto siempre de recursos inagotables, porque son renovables hasta el infinito, del preciado líquido al que debemos la vida. 
Tanto la calidad como la cantidad del agua están cuestionadas en la actualidad por una contaminación insensata, galopante y prácticamente incontrolada en el transcurso de los últimos siglos. 
Ahora bien, este peligroso derroche está produciéndose en el momento mismo en el que el crecimiento demográfico de la población del planeta convierte en problemático disponer de agua suficiente para los seis mil millones de seres humanos que pueblan en la actualidad el mundo y, por fuerza, para los ocho mil millones que podrían coexistir, mal que bien, en treinta años, es decir, en el espacio de sólo una generación más. 
Ninguno de nuestros Estados, ninguna de nuestras regiones, puede esperar escapar a esta doble presión; es decir, hasta qué punto la iniciativa de la Comisión, el voto del Parlamento y el acuerdo del Consejo son indispensables para preparar el futuro en general y el futuro de Europa en particular. 
Superior stabat lupus longeque inferior agnus. 
Estoy seguro que usted, señor Presidente, conoce esta locución latina. 
"Bebiendo en un arroyo arriba estaba el lobo y mucho más abajo el cordero". 
¿Por qué he citado esta locución latina? 
Porque considero muy justo que se evite echar sustancias peligrosas a los ríos y dado que, como el agua que corría desde el lobo hacia el cordero, también las aguas europeas fluyen desde zonas lejanas hasta el Mar Mediterráneo y otros mares de la Unión, es necesario implicar, como se pide en este informe, a los países candidatos a la adhesión para que no contaminen los manantiales y la parte superior de los ríos que atraviesan Europa. 
Informe Alavanos (A5-0299/2000) 
Señor Presidente, este informe se refiere a la innovación con las nuevas tecnologías. 
Como ya he dicho en otras ocasiones, estoy muy a favor de los ordenadores, de Internet y de todos esos inventos modernos que tanto gustan a los jóvenes. 
Lástima que he tenido que pasar muchas Semanas Santas y Navidades volviendo a copiar todos los archivos electrónicos que, por haber apretado una tecla equivocada, se habían borrado ipso facto. 
Esto ha hecho que sienta algo de antipatía hacia las nuevas tecnologías; sin embargo, mi hija Elisabetta me ha convencido de que son muy útiles, ya que las ha utilizado también en la vida política. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con este informe, aunque espero que los hijos se eduquen para que sean buenos chicos y no sólo para que sepan utilizar perfectamente los ordenadores. 
, por escrito. (FR) Si no se hubieran producido más que las declaraciones de buenas intenciones que aseguraban la necesidad de propagar ampliamente las nuevas tecnologías, en especial en el sistema educativo, hubiéramos podido votar este informe aunque las buenas intenciones no garanticen aún los medios para una buena política. 
Pero tras estas declaraciones apunta, en muchos párrafos, la intención de "proporcionar a las empresas un soporte técnico y financiero". 
Al no desear avalar subvenciones a empresas privadas, incluso enmascaradas, nos hemos abstenido en este informe. 
Las nuevas técnicas no pueden permitir que surja una nueva división entre la lengua común y una lengua de comunicación privilegiada. 
Europa está integrada por un conjunto de zonas relativamente pequeñas y principalmente monolingües. 
No es América, donde los inmigrantes vivían mezclados y tenían una lengua materna diferente, por lo que debían adoptar la lengua oficial de la Administración para poder hablar entre sí. 
Aquí, las diferencias lingüísticas dentro de una región representan muchas veces las diferencias entre ricos y pobres, poderosos y carentes de poder, vencedores y vencidos. 
Durante siglos, los grandes estados integrados por varios pueblos intentaban imponer otra lengua a sus habitantes. Era la lengua de la capital del imperio, que también era utilizada fuera por comerciantes, funcionarios y militares. 
Mientras que los privilegiados conservaron la lengua protegida por la Administración, los trabajadores y los campesinos continuaron hablando su propia lengua popular. 
Los enfrentamientos lingüísticos se producen principalmente por eso y han provocado la desintegración de grandes estados. 
Todavía persiste la exigencia de recibir una educación y comunicarse con la Administración en la propia lengua en todas aquellas zonas en que las fronteras lingüísticas no coinciden con las fronteras estatales o con las fronteras interiores de las regiones autónomas. 
Si no queremos que una nueva generación se vea dividida artificialmente entre aquéllos que tienen muchas oportunidades y aquéllos que no las tienen, debemos defender la igualdad de las lenguas. 
Informe Perry (A5-0302/2000) 
Señor Presidente, en la página 21 del informe Perry sobre el Libro Blanco referente al empleo de la electrónica, se puede leer en las conclusiones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que "se... valorará que los empleadores se muestren más dispuestos a contratar a trabajadores mayores" que a lo largo de toda su vida han ido adquiriendo los nuevos conocimientos que el mundo moderno nos ofrece todos los días. 
Evidentemente, estoy de acuerdo con esta conclusión y espero que, gracias a este informe, las personas mayores que han estudiado, que han mejorado sus conocimientos, puedan encontrar trabajo más fácilmente. 
Informe Mauro (A5-0152/2001) 
Señor Presidente, come usted sabe, el Sr. Mauro es italiano como yo y pertenece al Grupo del Partido Popular Europeo como yo. 
Por lo tanto, fui a escuchar encantado su conferencia sobre este informe. 
De repente dijo: "¿ Ven este vaso que tengo aquí delante ?" 
Todos nosotros pensamos: "Sí, lo vemos." 
"Este vaso" añadió el Sr. Mauro, " sirve para beber agua. 
Sin embargo, podría partirlo en la cabeza del Sr. Fatuzzo, y éste sería un uso impropio. " 
Dijo exactamente esto- tanto es así que aún me duele la cabeza- y explico por qué. 
Porque también las técnicas innovadoras, los ordenadores, Internet, se podrían utilizar incorrectamente, al igual que- y puso un ejemplo- se podría utilizar mal el vaso. 
Sin embargo, le ruego encarecidamente que no me parta un ordenador en la cabeza, porque en dicho caso ya no podría formular explicaciones de voto. 
En lo que respecta a la educación, las competencias dependen de los Estados. 
Rechazamos cualquier intento de sortear este estado de cosas. 
Efectivamente, el cuestionamiento de este compartir competencias va paralelo a una progresión suplementaria de las opciones liberal-mercantilistas en cuanto a las cuestiones educativas. 
Así, los informes comprometen claramente la reflexión en este sentido, especialmente con el paso de los "contenidos" a las "competencias". 
Lo que se juega en este caso es el cuestionamiento de las cualificaciones vinculadas a los diplomas en beneficio de balances de competencias "flexibles", bajo la responsabilidad sólo de las empresas. 
Todo esto se incluye en la lógica de las contrarreformas liberales, iniciadas en diversos países. 
De la misma forma, la "formación a lo largo de la vida" se combina, en esta óptica, con la reducción drástica de la formación inicial, y de la función de las instituciones públicas de formación (en beneficio de la enseñanza "virtual", a distancia y cada vez más comercial). 
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) deben reforzar, al contrario, el derecho a la educación común y pública para todos, de alto nivel y de buena calidad. 
La inversión financiera en este ámbito no tiene este sentido si se acompaña de una reducción relativa muy sensible de todos los presupuestos dedicados a la educación desde hace 15 años. 
En consecuencia, no podemos darles nuestro voto. 
El tema de las nuevas tecnologías y su planteamiento en la educación suscita, naturalmente, el mayor interés y tiene gran importancia. 
Sólo, que, como es sabido, no basta con dotar cada una de las escuelas con una computadora para resolver ese problema. 
Es fundamental no sólo viabilizar en las escuelas la utilización de infraestructuras tecnológicas adecuadas tanto en lo relativo a los programas como en cuanto al equipo, sino también prestar la mayor atención a la formación de los profesores y crear las condiciones para que todos y cada uno de los alumnos tengan acceso a esas tecnologías y puedan utilizarlas. 
Ahora bien, conviene subrayar que esta comunicación de la Comisión es muy difusa y, en la práctica, depende de otros programas que ya existen y que tienen objetivos propios, por lo que esta iniciativa se limita a proponer que se sigan los avances que se deben lograr en cada uno de los Estados miembros, sin prever acciones que puedan modificar, efectivamente, la situación actual e influir en el rumbo futuro de la utilización generalizada de la red Internet. 
Ahora bien, para un país como Portugal, si no hay una modificación substancial del costo de acceso a las nuevas tecnologías y una mejora considerable del nivel de vida de las familias más necesitadas, un porcentaje elevado de niños y jóvenes difícilmente tendrán igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías. 
Informe von Wogau (A5-0165/2001) 
El debate que acaba de producirse sobre las orientaciones de las políticas económicas en 2001 se ha situado bajo el signo de la mayor incertidumbre, lo que no sorprende después de todo, ya que el objetivo del ejercicio es casi imposible de alcanzar: se trata de determinar a nivel europeo orientaciones económicas conjuntas, cuando los países tienen necesidades diferentes. 
Esta incertidumbre se ve amplificada por la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo en un cuarto de punto, el pasado 10 de mayo. 
Mientras que el 2 de mayo, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento, el vicepresidente del BCE, Christian Noyer, se había mostrado optimista sobre la estabilidad de los precios en la zona euro, mientras que el presidente del BCE, Wim Duisemberg, acaba de presentar un informe en el que confía en las perspectivas de crecimiento, mientras que todos estos elementos reunidos dejaban entrever una estabilidad de los tipos, el BCE, al bajarlos acaba de desmentir de alguna manera los razonamientos que mantenía en los momentos anteriores. 
Los primeros efectos de esta operación habrán sido una bajada del euro- una más- y un resalto mecánico de los mercados bursátiles, sin que se pueda predecir de ello una ventaja sensible para el crecimiento. 
El BCE vive en una serie de paradojas permanentes de las que está lejos de salir. 
Es imposible adoptar una medida cualquiera que no esté inadaptada a la situación de una parte al menos de los países miembros. 
Por ejemplo, nuestro colega Blokland acaba de exponernos que la última bajada de los tipos de interés se ha vivido con perplejidad en los Países Bajos, en los que la inflación acaba de alcanzar un nivel desconocido desde hace veinte años, y donde todo el mundo piensa que hubiera sido necesario, al contrario, una subida de los tipos. 
Lo mismo que ocurre en otros países de la zona. 
En estas condiciones, cualquier acción del BCE pone a la luz divergencias que los operadores internacionales traducen como hipotecas a la viabilidad de una política monetaria unificada, sin unificación general de todas las demás variables. 
Gracias al euro nos sentimos así permanentemente en el límite de la crisis de confianza. 
Señor Presidente, en el apartado 8 de las conclusiones del informe del Sr. von Wogau se pide que los Estados europeos adapten sus sistemas de pensiones a la economía de Europa. 
En relación con este punto, que es el objetivo de mi vida política, quisiera subrayar que es necesario hallar un equilibrio entre ahorrar en el presupuesto del Estado y hacer vivir con dignidad a todos los ciudadanos, no solo a las personas mayores y los pensionistas, sino también a los jóvenes. 
Estoy en contra de todas las medidas que otorgan una asignación mínima mensual a la gente mayor- por otra parte, es justo y bueno- porque también hay que dársela a los jóvenes, en el caso de que no tengan medios para alimentarse y para vivir, y hay que darla asimismo a aquellos que han pagado unas cotizaciones. 
En definitiva, debe haber un equilibrio entre el dinero y la vida social a los que todos tenemos derecho. 
Hemos votado en contra de este informe relativo a las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad, ya que estas orientaciones están totalmente subordinadas a los intereses y a los deseos de la gran patronal en detrimento de los trabajadores. 
Incluso provisto de enmiendas como las que expresan las preocupaciones ecologistas o la que propone "la instauración de un impuesto del tipo Tobin a los movimientos de capitales", el texto sigue siendo una glorificación de las políticas a favor de la patronal y en contra de los obreros, emprendidas por los Estados, y una aprobación del funcionamiento actual de la economía. 
Nos hemos abstenido en esta última enmienda para no mezclar nuestros votos con los de los partidarios más encarnizados del orden capitalista, que han votado en contra porque no aceptan ni siquiera una imposición tan irrisoria al capital como es el impuesto Tobin. 
Pretender "controlar" los movimientos especulativos de capital mediante este impuesto o "reducir la volatilidad de los mercados financieros" es engañar con falsas apariencias. 
La ola de supresión de empleos en algunas de las mayores empresas de la Unión Europea demuestra que no es sólo el uso especulativo del gran capital lo nefasto para las clases trabajadoras y para la sociedad, sino simplemente el capital y el sistema económico, cuyo motor es el beneficio y el enriquecimiento capitalista. 
Lo que necesitan los trabajadores son medidas que los protejan de la avidez de la patronal y no gestos simbólicos que además justifican el funcionamiento capitalista de la economía. 
Votaremos en contra de este nuevo himno liberal. 
La "reforma estructural" del mercado del empleo que preconiza significa una precarización creciente de los contratos de trabajo. 
Es ésta efectivamente la política que se aplica en toda Europa, y lejos de pretender "proseguir con ella y acelerarla", nosotros pretendemos pararla. 
No estaríamos en contra de la creación de unas "condiciones generales propicias a la inversión" si no significaran aún más beneficios, cuando es el consumo de los trabajadores el que permite apoyar de forma duradera la inversión. 
En cuanto a las jubilaciones, nos encontrarán siempre en primera línea para rechazar esas pretendidas "reformas", que en realidad significan la apertura a las aseguradoras privadas. 
Nos oponemos igualmente de forma decidida a la liberalización de la electricidad y del gas y, por el contrario, a favor de la creación de un gran servicio público europeo. 
Votamos también en contra de este informe porque está redactado en una lengua hueca, hipócrita y antidemocrática y que se sitúa bajo el signo de una "economía de la ignorancia". 
Después de los trenes británicos y la electricidad californiana, ¿cómo olvidar que privatización no combina con eficacia? 
Ni con perspectivas de aminoración de la economía europea y mundial, confirmadas por las previsiones macroeconómicas de la primavera, modifica la Comisión sus recomendaciones para las orientaciones económicas relativas a 2001. 
La receta que presenta sigue inmutable a lo largo de los años: reducción del gasto público, moderación salarial y aceleración del proceso de reformas estructurales formulado en la Estrategia de Lisboa, en particular en el nivel de las liberalizaciones y de la flexibilización del mercado laboral. 
A la Comisión sólo le interesa la estabilidad de los precios y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. 
Ni siquiera en el caso de Portugal, cuyas perspectivas indican mayores divergencias respecto del crecimiento europeo y de la agravación del desempleo, sobre todo para las mujeres y los jóvenes, y donde los trabajadores están resultando castigados por el aumento de la inflación y la correspondiente pérdida de poder adquisitivo, a pesar de mantenerse con los salarios más bajos de la Unión Europea, la receta sigue igual: moderación salarial, facilitación de los despidos y anticipación de los objetivos del Pacto de Estabilidad, con una mayor reducción del gasto público en el presupuesto para 2002. 
Ahora bien, el informe von Wogau confirma las orientaciones trazadas por la Comisión y conviene destacar la propuesta sui generis de pasar a llamar "mercado interior europeo" la "zona del euro". 
El ponente confirma el objetivo ciego de la estabilidad de precios en detrimento del crecimiento económico. 
Pasa por alto la importancia de la inversión pública y recurre a que "se aprovechen plenamente las posibilidades de reducción del gasto (público )". 
Lamenta que la Cumbre de Estocolmo no haya avanzado en la liberalización del sector del gas y de la electricidad y "subraya que es indispensable liberalizar los demás sectores". 
Afirma la necesidad de "proseguir en la reforma de los mercados laborales". 
Aborda la necesidad de reforma de los sistemas de pensiones y salud y se olvidan completamente las cuestiones relativas al empleo. 
Así, no podíamos por menos de votar contra este informe. 
- (DE) El presente informe sobre la recomendación de la Comisión para las líneas básicas de la política económica de los Estados miembros y de la Comunidad en el año 2001 se plantea como máximo objetivo hacer de la Unión Europea hasta el año 2010 el espacio económico más competitivo y dinámico del mundo. 
En principio no se puede alegar nada en contra pero el autor silencia, sin duda no inconscientemente, que en la cumbre de Lisboa se prosiguió esta frase del siguiente modo: un espacio económico con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social. 
Precisamente aquí se encuentra el punto clave. 
Lo que es más correcto es que estamos constatando un debilitamiento coyuntural de la economía y como método para superarla se aplican principios neoliberales de siempre: una política económica orientada a la oferta, liberalización, reducción de la deuda del Estado y exigencia de contención salarial a los trabajadores en los convenios colectivos. 
Aunque algunos puntos importantes que no se encontraban en el informe sobre la situación económica europea del mismo autor, se han incluido ahora, como por ejemplo la necesidad de determinadas armonizaciones en el derecho fiscal, de subrayar especialmente la importancia del fortalecimiento de las PYMES y detener en cuenta aspectos medioambientales, siguen faltando elementos esenciales. 
Sin fortalecimiento de la demanda interior, es decir, sin elevar la capacidad de compra, no se va a lograr un auténtico relanzamiento. 
Por ello, el mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo debe gozar de la máxima prioridad. 
Es urgentemente necesaria una redistribución del trabajo mediante reducciones de las jornadas laborales en todas las formas, inclusión justa de todos los que obtienen unos ingresos de una actividad laboral en la Cajas sociales y de pensiones, una mayor dedicación a la formación general y profesional así como un cambio de rumbo en la política de inversiones del sector público. 
Mientras no se incluyan estas necesidades en la estrategia de la política económica europea, no podremos dar nuestro voto favorable. 
El informe del Parlamento Europeo adopta las propuestas de la Comisión sobre la aplicación del pacto de estabilidad, con orientaciones de las políticas económicas hacia un paquete aún más antilaboral y estricto. 
Considera elementos positivos el "continuo autocontrol en los salarios" y la "mayor flexibilización del mercado de trabajo" y a la vez introduce medidas más severas para los trabajadores, por culpa del debilitamiento, del bajo tono de la economía europea y de la revalorización del ritmo de crecimiento de la Unión Europea de un 3% que habían calculado, al 2% por término medio en el 2001. 
La Comisión considera que debe animar el procedimiento para fomentar una organización más flexible del trabajo y para que "continúen los esfuerzos por relajar más aún el marco legislativo actual sobre la protección del trabajo", es decir, que se permitan más aún los incontrolables, y más "económicos" despidos masivos. 
Ya hay grandes empresas que han aplicado dicha medida y han efectuado despidos masivos con la excusa de la dilación de los ritmos de crecimiento de la economía, para proceder a reestructuraciones de producción y de personal, consecuencia de lo cual es que se hayan comunicado más de 250.000 despidos en las últimas semanas. 
Según sean intensas las señales de la caída de la economía en los Estados Unidos, la ola de despidos aumentará, puesto que las empresas intentarán aumentar los elevados porcentajes de sus beneficios reduciendo personal. 
Esta es la política de la Unión Europea, que para proteger los beneficios de la plutocracia, da luz verde a los despidos masivos. 
Por eso, cualquier mención de la Unión Europea a un supuesto interés por los trabajadores y por la lucha contra el desempleo, es pura hipocresía. 
El informe apoya igualmente la aceleración de la supresión radical del régimen de seguridad social y de pensiones y de su revisión en el año 2001, para poder hacer frente a "los problemas derivados del envejecimiento de la población". 
También propone la aceleración del ritmo con el que se llevan a cabo las privatizaciones, refiriéndose concretamente a que el buen ejemplo con que contamos en el ámbito de las telecomunicaciones debe continuarse en los demás sectores de la energía, de correos, aeropuertos, ferrocarriles y de los transportes marítimos, tal como ha sido acordado. 
Es evidente que los trabajadores deben afrontar días más difíciles y negros. 
La seguridad social va a depender de la altura de los salarios, de las prestaciones y de la capacidad adquisitiva de las rentas. 
La generalización del empleo a media jornada, junto con la pensión parcial y con la costosa atención social privada, así como la comercialización el sistema de pensiones, sanitario y de bienestar llevan a las capas sociales más amplias al paro, a la pobreza, a la inseguridad y a la exclusión social. 
Las medidas destinadas a los trabajadores constituyen un nivel de pobreza garantizado. 
El bienestar está destinado al gran capital, por supuesto, que dichas medidas lo hacen cada vez más poderoso. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia votamos en contra de este informe, que anuncia una pobreza aún mayor para los trabajadores, y nuevos superbeneficios para el gran capital, y que aspira a destruir las conquistas de los trabajadores. 
Ellos, condenando y luchando contra estas políticas bárbaras e inhumanas con grandes manifestaciones y huelgas masivas y unitarias en los diversos países europeos, y también en Grecia, van a intentar anular el huracán que nos viene, y nosotros estaremos a su lado en la lucha. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.39 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0150/2001) de la Sra. Stihler, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de recomendación del Consejo (COM (2000) 736- C5-0020/2001- 2001/0801 (CNS) ) relativa al consumo de alcohol entre los niños y los adolescentes. 
. (EN) Señor Presidente, el presente informe trata sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa al consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes. 
El Parlamento ha recibido la solicitud de emitir su opinión sobre este asunto. 
Nuestro informe no se convertirá en una parte vinculante de la legislación europea, sino que servirá literalmente de recomendación a los Estados miembros. 
Quisiera expresar aquí mi agradecimiento a la Presidencia sueca por su interés en esta cuestión y por la organización de la Conferencia de Estocolmo que fue todo un éxito. 
La modalidad de permitir a los jóvenes dar a conocer sus opiniones en igualdad de condiciones que los ministros de Salud hizo que el diálogo resultara tanto más interesante. 
Sabemos que cada vez hay más pruebas que demuestran que niños y adolescentes comienzan a beber a una edad temprana y a consumir cantidades preocupantes a una edad cada vez más joven. 
El problema va en aumento no sólo en los Estados del Norte, sino también en los Estados del Sur. 
Francia y España informan sobre el aumento de los problemas de embriaguez de adolescentes, embriaguez que suele ir acompañada de peleas, violencia, absentismo escolar, robo y consumo de drogas ilegales. 
Recientes estudios demuestran que el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia presentan los índices más altos de chicos y chicas que se han embriagado a la edad de 13 años o menos. 
Escocia, país a que represento en este Parlamento, tiene el índice más alto de borracheras entre jóvenes de 15 años. 
La diferencia entre ambos sexos también está desapareciendo; los informes indican que en Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, Escocia y Gales cada vez es mayor el número de chicas de 15 años que se ha emborrachado alguna vez. 
Y sin embargo, la cruda realidad es que los niños y adolescentes son más vulnerables que los adultos a los efectos del alcohol. 
El aumento del consumo abusivo de alcohol por parte de niños y adolescentes tiene graves repercusiones sobre la salud de cara al futuro. 
El hábito de consumir alcohol que se adquiere durante la juventud puede inducir a modelos de comportamiento similares en la edad adulta. 
Sin duda muchos colegas de los aquí presentes conocerán las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. 
Pero en términos de abuso del alcohol por parte de adolescentes, nadie puede negar que existe un nexo entre la borrachera, el embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual, la delincuencia y los accidentes de tráfico. 
No hay más que ir a la comisaria de policía del barrio o a un hospital para comprobarlo. 
¿Cuál es la solución? 
Información, educación y fomento de la salud son factores decisivos en la lucha contra el consumo abusivo de alcohol por parte de los jóvenes, al igual que las políticas de fomento de la salud destinadas a niños, padres, profesores y cuidadores, un mejor etiquetado de las bebidas alcohólicas y su inclusión en las políticas para los adolescentes. 
Durante la elaboración del presente informe me he puesto en contacto con más de un centenar de colegios y cincuenta organizaciones juveniles de Escocia. 
El colegio de enseñanza primaria Townhill de Dunfermline, donde resido, llegó a la conclusión de que era necesaria más educación cuando se descubrió que la mayoría de los alumnos ignoraban los problemas sanitarios y sociales relacionados con el consumo excesivo de alcohol. 
Esto me lleva a mi segundo argumento, que es importante. 
Es necesaria más investigación sobre la naturaleza, la magnitud y las causas del aumento de esta tendencia a emborracharse entre niños y adolescentes. 
Debemos mejorar la recogida de datos y compartir la información. 
El colegio de enseñanza primaria Kinghorn de Fife consideró que el tema de la investigación es importante y que una red de alumnos conectados entre sí a través del correo electrónico, que les permita hablar y explorar acerca de los problemas, tiene una importancia decisiva. 
En tercer lugar, el tema de la venta a los menores es también importante. 
No obstante, como todos sabemos, esta práctica continúa. 
Otro factor es el aumento del contrabando de alcohol en muchos Estados miembros. 
El estricto cumplimiento de las leyes en vigor en los Estados miembros podría contribuir en la prevención de la venta a niños y adolescentes. 
Respecto a códigos de conducta: buena parte de la industria del alcohol ha suscrito códigos de conducta voluntarios y cuenta con autorregulación. 
Buena parte del sector ha intentado adoptar una actitud responsable respecto a este problema. 
No obstante, existe una auténtica preocupación entre padres, profesores y entre los propios jóvenes de que no se está haciendo lo suficiente en materia de publicidad. 
Cuando vemos imágenes de bebés que llevan peleles con el logotipo de una marca de cerveza, no es sorprendente que las personas sientan preocupación. 
El colegio de enseñanza primaria Powrie de Dundee pidió que se restara atractivo al alcohol; los anuncios en televisión deberían enseñar vomitonas y resacas. 
Muchos miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor apoyaron la iniciativa de introducir normas más vinculantes, y el debate continúa. 
Para terminar, la necesidad de acción conjunta en materia de educación e investigación tiene una importancia decisiva en la lucha contra las borracheras de niños y adolescentes. 
En el colegio de enseñanza primaria St Elizabeth de Hamilton enseñan que la vida es mucho más que la aspiración a emborracharse todo lo posible, en el menor tiempo posible y ante una audiencia lo mayor posible. 
Por último, en palabras de la Carta Europea sobre el Alcohol de la Organización Mundial de la Salud, todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno protegido de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y lo más apartado posible de la publicidad de bebidas alcohólicas. 
Espero que mis colegas apoyen el presente informe. 
, ponente de opinión de la Comisión de Cultura, Formación, Medios de Comunicación y Deporte. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en la relación existente entre jóvenes y alcohol no se trata de una problemática que exista desde ayer. 
El alcohol pertenece a la vida social de los adultos. 
En consecuencia, es lógico que los jóvenes entren en contacto con el alcohol al irse haciendo adultos. 
En la mayoría de los casos, los niños y jóvenes no son conscientes del peligro de un consumo excesivo de alcohol. 
De una curiosidad por lo novedoso puede derivarse rápidamente una costumbre. 
La edad del inicio entre los niños y jóvenes no ha descendido. 
Los jóvenes europeos siguen entrando aproximadamente a la misma edad en contacto con el alcohol como lo hacían antes, es decir, en la temprana edad de los "teenager". 
Pero el consumo regular de alcohol es cada vez más temprano. 
El tema consumo de alcohol de niños y jóvenes es extraordinariamente agudo pues se trata de las próximas generaciones de adultos ciudadanos europeos. 
De los vivos debates mantenidos en nuestra comisión he podido extraer la conclusión de lo importante que es para todos nosotros este tema. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todas y todos los colegas por sus aportaciones. 
Hemos sido mayoritariamente de la opinión de que en este campo la responsabilidad no se puede dejar exclusivamente en manos de los padres sino que se tienen que crear condiciones marco que ayuden a los jóvenes a aprender todo lo necesario en el trato a dar al alcohol. 
Por ello, quiero destacar de nuevo que mi posición se ocupa especialmente del sector de los niños y de los jóvenes y al trato que dan al alcohol y no de las consecuencias para la salud del abuso del alcohol en general. 
En febrero de este año- la ponente ya se ha referido a ello- tuvo lugar una conferencia sobre el tema de la juventud y el alcohol. 
En la declaración que se aprobó hubo un punto, en mi opinión uno de los más importantes, que he tenido en cuenta también en mi opinión. Me refiero a que hay que ocuparse de que los jóvenes sean incluidos más intensamente en estos programas y medidas. 
Muy en especial hay que apoyar y promover las medidas de jóvenes dirigidas a jóvenes. 
En una problemática que afecta a los niños y a los jóvenes, hay que incluir a estos en la solución del problema. 
Sólo así podremos lograr que los jóvenes se comprometan. 
Con prohibiciones y normas exclusivamente no contribuiremos a que los jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables. 
Esto lo lograremos solamente si les enseñamos a aprender a ser responsables. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar me permito expresar mi agradecimiento a la Comisión por ocuparse de modo creciente del agudo tema del abuso del alcohol entre los niños y jóvenes. 
También me permito decir que la Comisión ha elaborado un buen documento para una recomendación al Consejo. 
El crecimiento normal y la salud de nuestros niños y jóvenes es algo que nos afecta a todos muy profundamente. 
La Sra. Stihler y también Sabine Zissener han indicado cuáles son los rasgos de la problemática en Europa. 
Para los adultos en la Unión Europea el consumo de alcohol es un elemento componente de la vida social, con frecuencia usual pero en absoluto igualmente expandido. 
Pero la juventud se ve influida por las costumbres de beber de la sociedad, costumbres que recoge. 
El consumo de alcohol es considerado por ello muchas veces como parte del hacerse adulto. 
En las costumbres de beber de los jóvenes se reflejan en gran medida los valores y conductas del mudo de los adultos. 
Se buscan ejemplos. 
De lo que se trata es de aprender a convivir de un modo positivo y razonable con el alcohol que se encuentra en la familia y en toda la sociedad. 
Hay que combatir a tiempo las tendencias al abuso. 
Aquí hay que realizar campañas informativas bien dirigidas. 
Las consecuencias del abuso nos afectan a todos. 
Afectan a las familias y a la sociedad. 
Sólo voy a exponer algunos ejemplos: los muertos en el tráfico por el alcohol, la pérdida del puesto de trabajo y, finalmente, también la destrucción de las familias. 
A nivel nacional, existen ya numerosas leyes adecuadas para proteger a la infancia y a la juventud como, por ejemplo, la prohibición de vender alcohol a menores. 
Hay que garantizar una mejor aplicación de las normas existentes a nivel nacional. 
El etiquetado con observaciones de advertencia- llegando incluso a realizarse la comparación, p. ej., una copa de brandy igual a tres cañas de cerveza, así lo he entendido en la enmienda de la Sra. Stihler- es en mi opinión de poca ayuda. 
Estas comparaciones confunden o transmiten incluso la sensación de que una determinada clase de bebida alcohólica se puede beber en grandes cantidades. 
Esta comparación no puede decir nada sobre los efectos reales y la tolerancia en las personas individuales. 
Más bien incluso se podría llegar a una apreciación propia errónea. 
Esto sería menos información y generaría más inseguridad o incluso confundiría al consumidor. 
Los productores y distribuidores de bebidas alcohólicas se comprometen intensamente en el apoyo a asociaciones deportivas y culturales y sus actividades. 
Una prohibición de patrocinio en las actividades de jóvenes tendría como consecuencia que a los clubes les faltaría dinero. 
¿Porqué una cervecera que patrocina los actos deportivos del equipo de adultos no va a poner también su carpa a disposición para una actividad de los jóvenes? 
Es cuestionable si una prohibición de patronazgo tendría realmente un efecto pedagógico. 
Más bien, los clubes se retirarían de las costosas actividades juveniles y serían los jóvenes los que a la postre sufrirían los daños. 
Alcohol, tabaco y drogas son cosas diferentes. 
Tienen que ser tratadas también de modo diferente. 
Espero- lo hacemos a diario- que nos ocupemos de los diferentes temas. 
Les ruego que no echen en el mismo saco en este informe estos tres temas tan importantes. 
Señor Presidente, desgraciadamente todos sabemos que el alcohol, unido a la conducción, es la primera causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 25 años; y no olvidemos que a este número hay que sumar el de los inválidos que lo son por accidentes de tráfico debidos a la ingestión de alcohol. 
El consumo del alcohol, especialmente en los jóvenes ocupa cada vez más a la opinión pública y a los especialistas. 
Parece que el problema es más agudo en Europa del norte, en donde está unido al aumento del porcentaje de suicidios. 
Otra dimensión igualmente alarmante es que el consumo sistemático afecta cada vez más a los más jóvenes, independientemente del sexo y de la clase social. 
Puesto que los términos utilizados, como consumo, dependencia, abuso, consumo exagerado, son muchos y poco claros, creo que sería conveniente utilizar el término de la OMS de consumo nocivo, que refleja la cantidad, la frecuencia, la forma y las consecuencias y las condiciones en que los jóvenes consumen alcohol. 
La recomendación del Consejo debería ser más concreta y nos satisfaría una legislación europea única sobre este tema. 
Para empezar, se debe señalar la necesidad de intervenciones preventivas para limitar el consumo, y considero muy importante toda referencia a medidas destinadas a limitar la demanda, que debe constituir el epicentro de nuestra política. 
El acceso de los jóvenes a entornos donde consumen fácilmente bebidas alcohólicas debe contar con una regulación especial así como cualquier medida que aspire a controlar la oferta. 
Es evidente que se debe realizar una movilización dinámica para informar correctamente a los jóvenes sobre los efectos secundarios de la adicción al alcohol, tal como ocurre con otras sustancias psicoactivas, legales o ilegales. 
Debemos hacer una mención especial al papel de la publicidad. 
Son horribles las campañas publicitarias que llevan a cabo compañías que dedicadas a las bebidas alcohólicas y que tienen como punto de mira a los jóvenes, que es un grupo de consumidores que no se puede resistir a los mensajes que recibe. 
Así pues, debemos organizar, en el ámbito de la Unión Europea, campañas de información correcta y seminarios de formación especial para las personas relacionadas con los consumidores jóvenes. 
El Observatorio Europeo para el Control de las Drogas y de la Drogodependencia, habiendo ampliado su ámbito, puede desempeñar un papel definitivo en esta dirección y en la recogida de informaciones epidemiológicas fiables y comparables. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera creer que la Comisión Europea, comprendiendo la gravedad de este tema, va a proceder a regulaciones claras y concretas con vistas a solucionar un problema tan grave, que afecta a la salud y la seguridad de nuestros jóvenes. 
Señor Presidente, debo decirle que esta materia plantea algunas dudas al grupo liberal y la propuesta de la Comisión, problemas. 
La pregunta es cuán maternal debe ser la Unión Europa a la hora de proteger a sus súbditos de sí mismos. 
Encontramos importantes diferencias al compararlo, por ejemplo, con el control del tabaco. 
El tabaco siempre es perjudicial, el alcohol no lo es la mayoría de las veces. 
Algunos aspectos de la dependencia son completamente distintos. 
El tabaco causa dependencia de forma inmediata; el alcohol, no. 
Además, la gravedad de la problemática del tabaco es de una naturaleza totalmente diferente a la del alcohol. 
Hay problemas y, a menudo, dolorosos. 
Uno piensa que el abuso del alcohol ocasiona muertos en los accidentes de tráfico, tal como acaba de señalar la Sra. Malliori, o en el papel del alcohol en la violencia doméstica. 
Sin embargo, se trata antes que nada de problemas penales y corresponden por excelencia al legislador nacional, no al europeo. 
Eso es mejor, también por motivos relativos al contenido. 
Las diferencias culturales son enormes en ese punto, y el legislador nacional, que está más cerca del ciudadano puede, por ello, actuar de forma más eficaz y, al fin y al cabo, de eso se trata. 
Además, las diferencias entre el consumo responsable de alcohol y el abuso del mismo que figuran en la propuesta están diluidas, si me permiten utilizar un lenguaje figurado. 
En lo que a eso respecta, consideramos que las propuestas actuales yerran un poco el tiro. 
El tono exacerbado de, sobre todo, muchas enmiendas no nos dice nada. 
Teníamos mucha más afinidad con el informe originario del ponente, a quien también queremos felicitar por ello. 
A los Estados miembros les diría que sean tan estrictos como deseen en la lucha contra el abuso del alcohol, especialmente entre los jóvenes, pero que no se escuden en la Unión Europea y en lo que después van a decidir en el Consejo de Salud a puerta cerrada. 
Se trata en primer lugar de los ingredientes de los productos alcohólicos. 
En cualquier caso, consideramos que hay que reflexionar o estudiar la adopción de una norma europea en el ámbito del etiquetado. 
Se puede incluir también la posibilidad de introducir advertencias, tal como sucede por ejemplo en Estados Unidos, siempre que se demuestre que tales advertencias tienen sentido. La problemática relativa a la publicidad también podría, entonces, ser considerada. 
En segundo lugar, se trata de impuestos, accisas, tarifas y cuestiones semejantes. 
Las diferencias son enormes en la Unión Europea en lo que a ello respecta. 
Nos preguntamos qué consecuencias tiene esto para el mercado interior y qué consecuencias conlleva desde la perspectiva de la salud pública. De ahí que mi Grupo haya presentado una enmienda sobre estas dos cuestiones. 
Señor Presidente, todas las estadísticas demuestran que el número de niños y adolescentes que consumen alcohol ha alcanzado niveles alarmantes durante la pasada década. 
Por ello felicito a la Comisión por esta grata iniciativa y a la ponente, Sra. Stihler, por reforzar y mejorar la recomendación de la Comisión. 
Niños y jóvenes consumen alcohol con más frecuencia y no sólo comienzan a beber, sino a emborracharse, a una edad cada vez más temprana. 
En Gales, mi circunscripción, la mitad de todos los jóvenes de quince años beben cerveza cada semana. 
A pesar de que yo sería la primera persona en mostrar mi satisfacción por la igualdad entre ambos sexos, en este caso no podemos por menos que lamentar que, durante la pasada década, el número de chicas que beben en exceso casi ha igualado aquél de los chicos en la práctica totalidad de los Estados miembros. 
Los jóvenes, como se ha dicho antes, deben poder tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa en lo que se refiere al alcohol. 
El informe hace referencia a la importancia de involucrar a los propios jóvenes en la campaña para prevenir el consumo abusivo de alcohol, de manera que se utilicen las imágenes adecuadas, positivas y correctas que lleguen hasta la gente joven y ejerzan una influencia en ellos. 
Debemos poner fin a las campañas de productos alcohólicos que deliberadamente van destinadas a los jóvenes. 
Debemos exigir un etiquetado efectivo y que se dé publicidad de los peligros del alcohol, así como información a la que puedan acceder fácilmente gente joven, padres y todos los que trabajan en favor de los jóvenes para fomentar estilos de vida sanos. 
De este modo puede que consigamos frenar la creciente incidencia del alcohol, cuyos efectos pueden ser tan destructivos para las vidas de los jóvenes. 
Señor Presidente, Señorías, en los últimos años se ha prestado mucha atención a la problemática de las toxicodependencias en lo relativo al consumo de drogas. 
Pero, paradójicamente, en lo relativo al consumo abusivo de alcohol y a la dependencia alcohólica, ¡poco o nada se ha hecho! 
La paradoja es también que la realidad está mucho más lejos de lo que habitualmente se cree. 
La dependencia alcohólica es un problema mucho más vasto y profundo en términos sociales y de salud pública, pues resulta que las estadísticas de muchos países revelan que se puede considerar enfermos alcohólicos a casi el 10% de la población. 
El alcoholismo es uno de los dramas silenciosos de nuestros días: parece que la sociedad repitiera aquella negación que es uno de los rasgos más característicos del alcoholismo y otras toxicodependencias y, como es sabido, el más importante obstáculo para la recuperación de los enfermos. 
El informe y esta recomendación contrarían ese pasado de indiferencia, razón por la cual merecen nuestra felicitación y nuestro apoyo. 
Es justa esta atención particular a los niños y a los adolescentes. 
Por un lado, es sabido que el consumo de alcohol ha aumentado marcadamente entre la población más joven, por lo que aun hoy surgen casos frecuentes de alcoholismo juvenil, cosa prácticamente desconocida o muy rara hace unos decenios. 
Por otro lado, porque el esfuerzo de información y educación para la salud dirigido a la juventud tendrá también a largo plazo efectos benéficos en la prevención general del alcoholismo. 
Muchos de los enfermos alcohólicos de hoy, más viejos, proceden de generaciones que no sabían, que consideraban que no hacía daño, porque siempre había sido así. 
Ahora bien, es preciso informar sobre todo a los más jóvenes. 
Informar, prevenir, controlar, anticipar y evitar el desastre humano y social. 
Hoy afrontamos, por lo demás, nuevos imperativos ante una situación en la que inundan el mercado productos propuestos como inofensivos, como refrigerantes alcohólicos o bebidas sintéticas, dirigidas predominantemente a los más jóvenes y que pueden ser la iniciación en el abuso y, por tanto, la puerta del abismo y cuya peligrosidad debe ser expuesta. 
Hacemos votos por el éxito de esa recomendación y por su seguimiento exigente en todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, el informe que analizamos hoy ha sido aprobado por unanimidad, como sabemos, en la comisión competente, lo que demuestra que existe un consenso bastante grande sobre esta cuestión, por encima de todas las diferencias ideológicas. 
Si me piden que haga una crítica, ésta no se referirá a las grandes líneas del informe, sino que sólo quisiera hacerles la reflexión de que al leer este documento parece a veces que se presentan bastantes opiniones sobre las que todo el mundo está de acuerdo, en un tono bastante paternalista, que no aporta nada nuevo. 
Uno también puede formularse la pregunta de si es realmente necesario abordar un problema del que todos los Estados miembros son bien conscientes a nivel europeo y ante el cual todos los Estados miembros adoptan medidas. 
Permítanme, sin embargo, manifestarles mi sorpresa ante el hecho de haber descubierto que entre los defensores entusiastas de este informe, principalmente en la comisión parlamentaria, figura el nombre de diferentes eurodiputados de partidos que gobiernan en Bélgica y que defienden en su propio país una política de legalización de hecho de las drogas blandas. Llevan a cabo semejante política, por una parte, mediante una política extremadamente permisiva, y por otra, mediante, literalmente, diferentes acciones de propaganda a favor del consumo de drogas blandas: hasta los actuales Ministros de los partidos en el poder que reconocen consumir drogas blandas públicamente ante los medios de comunicación, encienden, incluso, un porro ante las cámaras de televisión. 
Con toda franqueza, me exaspera enormemente esta forma de hipocresía por la que se lucha, con razón, contra el alcohol y, por otra parte, se fomenta el uso de marihuana y de otras drogas peligrosas en tanto drogas políticamente correctas de un determinado tipo de intelectualidad progresista. 
Quería decirlo, señor Presidente. 
Señor Presidente, Señorías, como representante de una región vitícola, daré mi apoyo sin dificultades al texto que se nos ha presentado. 
Sí, el alcoholismo entre los jóvenes es una lacra contra la que es necesario luchar, y el texto señala bien el papel que han de jugar en este ámbito las familias, los educadores, los productores y los distribuidores. 
Este documento constituirá verdaderamente una recomendación de prudencia para los Estados miembros y valoro que no sea vinculante sino que pretenda responsabilizar. 
Hemos de señalar no obstante que el vino, consumido con moderación en las comidas, forma parte integrante, desde los inicios de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, de nuestra convivencia. 
El aprendizaje de su consumo, así como su uso moderado, se hace en familia. 
Y este producto natural, tan diverso y variado como las regiones vitícolas tiene una influencia beneficiosa sobre la salud y la alegría de los pueblos de cultura mediterránea, tal como recuerda la enmienda que hemos presentado. 
Señor Presidente, estaba ocupando el cargo de Ministro de Salud cuando nos enteramos de que la nueva orientación preconizaba que era mejor beber algo de alcohol que no beber alcohol en absoluto, y en cierto sentido es lo que necesitamos conseguir gracias a este informe: ayudar a los jóvenes a darse cuenta de que hay que encontrar el equilibrio entre el placer y la ventaja de beber alcohol moderadamente y los peligros que presenta el abuso del alcohol. 
Una de las cosas que había que aprender era que el volumen diario que uno bebe no se puede dejar para el fin de semana y entonces bebérselo todo de un golpe, pues en semejante caso la concentración de alcohol en la corriente sanguínea alcanzaría el día siguiente un nivel catastrófico. 
Los jóvenes tienen que hacerse cargo del peligro que plantea el abuso del alcohol, y también tienen que hacerse cargo de que, si beben cuando estudian, se pierde capacidad de concentración para todo tipo de trabajo, particularmente si trabajan con máquinas, así como para los pasatiempos y los deportes, y por eso hemos insertado una advertencia acerca del riesgo de perder la vida si uno se tira al agua y nada después de haber bebido demasiado. 
Lo más grave de todo es el papel que desempeña el abuso del alcohol en el comienzo de enfermedades mentales o en su agravación, y especialmente en el caso de los jóvenes, como precursor de las tentativas de suicidio. 
Éste es un informe útil. 
En algunos lugares necesita más estudio, y me parece que el etiquetado unitario es uno de ellos, pues en Gran Bretaña la unidad sería ocho gramos de alcohol, en España y en Dinamarca sería 10, en Francia sería 12 y en Portugal sería 14. 
Es preciso también que examinemos cuidadosamente las restricciones que se sugieren respecto de los terrenos deportivos, pues hay una diferencia entre un partido de fútbol de 90 minutos- contando o sin contar el descanso- en los numerosos clubes que, evidentemente, prohiben el consumo de alcohol en su terreno, y un partido de cricket que dura todo el día, con sus intervalos para el almuerzo y el té. 
Hemos de cuidarnos mucho de no prohibir los locales de acogida, porque el deporte perdería una fuente de ingresos, ni el consumo en los consejos de administración so pretexto de la posible pérdida de sentido común entre los directores deportivos. 
Ahora bien, en términos generales considero que se trata de una medida que la Comisión debería considerar. 
Señor Presidente, el abuso de alcohol por parte de niños y adolescentes es un grave problema, y un problema creciente, sin embargo, creo que no es un problema comunitario. 
El Sr. Romano Prodi dijo el año pasado, ante esta Asamblea, que el Parlamento y la UE no deberían inmiscuirse en todos los casos irrisorios que pudieran surgir en atención a la legitimidad de la UE ante los ciudadanos. 
El abuso de alcohol por parte de niños y adolescentes no es ningún caso irrisorio, al contrario, sin embargo, atañe a las familias, a las sociedades locales y a los países miembros. 
Hablamos del principio de subsidiariedad. 
La propuesta contiene aspectos razonables. 
Tratamos la información de los adolescentes y sobre los riesgos del alcohol, sin embargo, en la propuesta también encontramos mucho paternalismo y muchos dedos acusadores y no puedo contribuir a ello. 
La UE no debe dictar los marcos para las diferencias culturales en los países miembros. 
La UE debe asegurar precisamente que se respeten estas diferencias y debe permitirse por tanto la emisión de un anuncio de cerveza en la televisión aunque tal cosa pudiera resultar inaceptable en la televisión española. 
Debemos respetar la diversidad y reforzar el principio de subsidiariedad, también con vistas a la legitimidad de la UE. 
Señor Presidente, hace unos momentos hemos votado el informe Maaten sobre el tabaco, que contiene excelentes medidas. 
Ahora bien, con el alcohol nos encontramos exactamente en la misma problemática, es decir, enfrentados a un número al menos igual de muertos, y no solamente por accidentes de carretera, en los cuáles se focaliza generalmente, sino también por cirrosis, cáncer de estómago o de esófago, eso sin contar los diferentes problemas sociales. 
Al igual que para el tabaco, sabemos que fumar un cigarrillo no es más peligroso que beber un vaso de vino. 
Pero como para el tabaco, sabemos también que el consumo de alcohol y el hábito comienzan en la juventud, sobre todo por el ejemplo que dan los adultos y la imagen positiva que transmite la publicidad. 
Deberíamos adoptar de hecho el mismo tipo de medidas para el alcohol que para el tabaco, y desde ese punto de vista el informe de la Comisión, si es bueno, va mucho más lejos, quizá porque los grupos de presión del sector del alcohol son aún más poderosos que los del tabaco, o quizá a causa de nuestros hábitos culturales. 
De hecho, deberíamos imponer el etiquetado de todas las bebidas alcohólicas, que ocupan el 30 % de la superficie, que indicara que el alcohol mata, que es peligroso para la salud. 
Deberíamos prohibir la publicidad, incluida la enmascarada, del alcohol. 
Deberíamos prohibir el patrocinio de cualquier actividad, en especial de carácter deportivo, por fabricantes de bebidas alcohólicas. 
Sin moraleja, pero al igual que para el tabaco no será la represión contra los consumidores la que dará fruto sino la prevención. 
Por ello, es necesario a partir de ahora combatir todo lo que pueda incitar a los jóvenes a consumir alcohol. 
Señor Presidente, me parece que es prometedor que haya en la actualidad un consenso considerable acerca del problema del uso indebido de alcohol entre los jóvenes, y estoy seguro de que las opiniones expresadas aquí esta tarde reforzarán la autoridad del Comisario Byrne cuando se ocupe del problema. 
Es lamentable que en nuestra preocupación comprensible por luchar contra el uso indebido de drogas y contra el tráfico de drogas hayamos ignorado en principio y en general lo que, para muchos jóvenes y para muchas otras personas menos jóvenes, es una forma grave de adicción que tiene consecuencias inmensas para la sociedad y en particular para las personas y sus familias. 
El costo para el país en términos de gastos de atención médica, pérdida de días de trabajo y producción, es, en mi opinión, mayor que los ingresos generados con la venta de alcohol. 
La encuesta que ha mencionado la ponente en su informe es sorprendente, y no hace falta decir que no me alegra en absoluto ver que Irlanda figura al principio de la lista. 
Las encuestas efectuadas en Irlanda indican una tendencia análoga e inquietante, con consecuencias para el bienestar de una generación de jóvenes que tenían un enorme potencial y muchas oportunidades. 
Cada uno tiene que responsabilizarse en un momento dado por su actitud respecto del alcohol, pero en mi opinión es necesario que los Gobiernos de los Estados miembros adopten medidas mucho más rigurosas, y lo mismo cabe decir de la Comisión y de este Parlamento. 
Una cuestión de gran importancia es el hecho de que algunos fabricantes de las denominadas bebidas sintéticas piensan sobre todo en los jóvenes como clientes. 
Hay que poner término a esta situación y este Parlamento, con el Consejo, deberían adoptar medidas rigurosas para resolver esa cuestión. 
Señor Presidente, como cualquiera, estoy preocupada por el abuso del alcohol entre los jóvenes y por el cambio de cultura que hace que los jóvenes, sobre todo de algunos países, crean que deben emborracharse hasta la muerte durante el fin de semana para estar "cool". 
Reconozco por tanto la legitimidad de la iniciativa de la Comisión. 
Desafortunadamente, nuestras comisiones competentes, que han elaborado en conjunto unas cincuenta enmiendas, han pecado de nuevo de exceso de celo. 
En lugar de combatir un alcoholismo de mala calidad, conseguiría, si sus ideas avanzaran, dañar entre otros a todo un sector, el vitivinícola. 
Conviene establecer una distinción entre el consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas- sobre todo el vino, que forma parte de nuestra cultura- y el abuso del alcohol y el consumo de drogas. 
No se combate el alcoholismo pidiendo que se limite la oferta. 
¿Quieren ustedes por ejemplo que se prohiba la producción de vino, de cerveza, de espirituosos, y en qué medida? 
La mayoría de nuestros países prohibe la venta de alcohol a los menores y deberían aplicar rigurosamente esta legislación. 
Pero, ¿por qué prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante las competiciones y otros eventos? 
La ley Evin en Francia, incompatible por otra parte con el mercado único, prohibe cualquier publicidad de las bebidas alcohólicas en acontecimientos deportivos, pero no la venta. 
Ya hemos mantenido debates de gran calado sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
Hasta el momento, no hemos conseguido ponernos de acuerdo en una directiva. 
No será sin duda mediante una recomendación sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes como se nos cortocircuitará proponiendo advertencias sobre los peligros para la salud en cada botella de vino, por ejemplo, a pesar de que la experiencia ha demostrado la total ineficacia de tales advertencias en Estados Unidos. 
Existe por otra parte una legislación sobre el etiquetado de los vinos, que prohibe principalmente sensibilizar sobre los beneficios del consumo moderado de vino, cuando se ha probado de forma científica que el consumo de unos vasos por día constituye un excelente medio de prevención del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares y de la enfermedad de Alzheimer principalmente. 
Votaré en contra de las enmiendas que proponen medidas que no tienen relación ninguna con la lucha contra el alcoholismo entre los jóvenes y que ignoran claramente el principio de subsidiariedad. 
En toda la UE tenemos un problema debido a que los jóvenes beben demasiado. 
Dejemos bien sentado que no estamos hablando ahora de lo que beben los adultos. 
Algunos de mis colegas han planteado la cuestión de la subsidiariedad. 
No estamos tratando ahora de un reglamento o de una directiva: estamos hablando sencillamente de una recomendación. 
Estamos hablando de los jóvenes que beben demasiado y que acaban completamente borrachos. Estamos tratando de que un país aprenda de los demás. 
Por ejemplo, es importante que se capacite a los médicos y a las enfermeras en las escuelas para que sepan detectar los problemas del exceso de bebida entre los jóvenes. 
Tenemos que darnos cuenta de que la presión ejercida por los semejantes es un problema, y de que la falta de estima en uno mismo y el hecho de que los padres beban también son problemas que tenemos que tomar en consideración. 
Deberíamos cerciorarnos también de que se consulta a organizaciones no gubernamentales, que poseen una gran experiencia en esta esfera, y tenemos que asegurarnos también de que a los fabricantes y vendedores se les hace responsables de sus acciones. 
Personalmente me gustaría que se prohibiera la publicidad de bebidas alcohólicas en los encuentros deportivos para jóvenes, no en actos deportivos para adultos sino en actos deportivos para jóvenes, y estoy convencido de que deberíamos apoyar esa recomendación. 
La OMS está prestando apoyo a la adopción de medidas sobre el terreno, lo mismo está haciendo la SNPCC, y espero sinceramente que mis colegas voten a favor. 
Señor Presidente, yo también quisiera sumarme a mis colegas y dar gracias a la Comisión y a la ponente en particular por lo muchísimo que han trabajado en relación con este informe. 
Es importante que cuando hablemos de jóvenes reconozcamos que quizá no seamos las personas más apropiadas para comprender lo que los jóvenes desean. 
Muchos de nosotros hemos pasado ya la primera primavera de la vida y, por lo tanto, quizá no estemos tan al corriente de las costumbres de los jóvenes de hoy como algunos de nosotros pueden creer. 
Quizá una de las cuestiones o recomendaciones fundamentales que deberían figurar en este informe es que se debe preguntar a los jóvenes lo que quieren, de qué presiones son víctimas y qué les lleva a emborracharse y a abusar del alcohol. 
Quizá descubramos que algunos de los problemas que consideramos graves no son problemas en absoluto, y que muchas de las dificultades con que tropezamos se deben en primer lugar al ejemplo que dan sus padres y la generación de mayor edad; en segundo lugar, la aceptabilidad de que los jóvenes beban, y, en tercer lugar, la forma en que los actos sociales giran en torno al alcohol. 
También es importante que no confundamos el mensaje acerca de lo que es beber moderadamente y lo que es beber inmoderadamente. 
En particular, tenemos que conseguir que las campañas de información sean reactivas y proactivas respecto de los jóvenes. 
El número de problemas de salud, psicológicos y físicos, que afectan a los jóvenes debido al uso indebido de alcohol es enorme, como lo es el número de embarazos involuntarios, embarazos declarados durante la minoría de edad, asaltos violentos y suicidios. 
El Magistrado público ("Coroner") de County Mayo en la costa occidental de Irlanda ha dicho que el 60% de los suicidios o de las tentativas de suicidio cometidos en su zona están directamente relacionados con el alcohol. 
Por lo tanto deberíamos poseer un sistema de clara imposición de la ley, un sistema de tarjetas de identidad en el plano nacional para impedir que los jóvenes tengan acceso al alcohol y para prever una rigurosa imposición de la ley y de penas para las personas que facilitan bebidas alcohólicas a los jóvenes. 
. (EN) Señor Presidente, la lucha contra los daños relacionados con el alcohol es una prioridad de salud pública en muchos Estados miembros y también en el plano de la Unión Europea. 
Esto se refleja claramente en el proyecto del futuro Programa de acción en materia de salud pública en el que se menciona el uso inadecuado del alcohol como uno de los determinantes fundamentales de la salud que hay que abordar. 
A lo largo de los últimos años han aumentado las pruebas de que el consumo de alcohol entre los jóvenes y los correspondientes problemas de salud y sociales se han incrementado de forma alarmante. 
Por eso la Comisión tomó la iniciativa de enfrentarse con los problemas originados por el consumo del alcohol entre jóvenes, en forma de una recomendación del Consejo, lo que brindaría un instrumento válido y previsto en el artículo sobre salud pública del Tratado, o sea el artículo 152. 
Los extensos debates que hemos sostenido durante los tres últimos años con Estados miembros, expertos e interesados principales muestra claramente que la conducta de los jóvenes en materia de bebidas alcohólicas es cada vez más parecida en toda la Unión Europea y que, por lo tanto, está justificado y es apropiado que la Comunidad pase a la acción. 
Estoy muy satisfecho de haber oído que en el grupo de trabajo del Consejo y en COREPER, los Estados miembros han acogido muy positivamente esta iniciativa. 
Por eso estimo que se trata de una cuestión a la medida de la Unión Europea y de nuestro continente, y no sencillamente una cuestión que quepa resolver a nivel de cada Estado miembro. 
Estoy totalmente de acuerdo con los que dicen que esta cuestión es diferente de la cuestión del tabaco. Hay que distinguir entre la cuestión del alcohol y la cuestión del tabaco y también la de las drogas. 
Se ha mencionado en las intervenciones de esta tarde que ayer tratamos de esta cuestión en la directiva que estudiamos, y que la directiva se ocupa de ella en el plano general europeo, pero hay muchas cuestiones relativas al consumo de alcohol que hay que abordar también sobre la base de la UE. 
Por ejemplo, uno piensa sin querer en la publicidad. 
Los códigos de conducta que figuran en la legislación de la televisión sin fronteras, ¿se están respetando debida y apropiadamente? 
Esos códigos de conducta operan sobre la base de la UE en general y como ha dicho ya uno de los oradores esto es una recomendación, no es una directiva ni un reglamento. 
También me alegra que la discusión en el seno del Parlamento Europeo confirme nuestras inquietudes y la forma de abordarlas. 
Me place que el Parlamento tenga la intención de respaldar el enfoque de la Comisión y que refuerce la propuesta con gran número de enmiendas muy positivas. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar gracias a la ponente, Sra. Stihler, así como a la Comisión de Medio Ambiente por su labor constructiva. 
Sobre esa base la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 8, 10, 11, 18, 27, 30, 31 y 34. 
También hay otras enmiendas que contienen ideas muy interesantes pero que la Comisión sólo puede aceptar si se vuelven a redactar de forma que encajen en la estructura de la propuesta y no resten ilación al texto. 
Me estoy refiriendo a las enmiendas 7, 13, 15, 17, 21, 22, 24, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 49, 50, 51 y 52. 
Un grupo de las enmiendas del Parlamento sugiere que se amplíe el alcance de la recomendación proponiendo aspectos más amplios de la política en materia de alcohol o medidas reglamentarias concretas. 
Me parece que deberíamos atenernos al enfoque propuesto que, en la fase actual, consiste en intensificar las actividades de educación y promoción de la salud y lograr que los productores y vendedores obren de forma responsable. 
Durante el período de aplicación de la recomendación y en el marco de los debates futuros sobre un enfoque estratégico de la Comunidad respecto de la reducción de los daños relacionados con el alcohol tendremos tiempo suficiente para examinar todos los aspectos que pueden ser pertinentes para una política eficaz en materia de bebidas alcohólicas. 
En consecuencia, las siguientes enmiendas no son aceptables a los efectos de la recomendación pero la Comisión quiere tener en cuenta su contenido en el futuro enfoque estratégico: se trata de las enmiendas 5, 6, 14, 26, 29, 41, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 55 y 56. 
En relación con la enmienda 53 quisiera señalar a la atención del Parlamento la Directiva 79/112 sobre el etiquetado de alimentos, porque se trata de un texto legislativo que se halla dentro de mi competencia y que, evidentemente, se mantendrá en examen y se estudiará en el contexto de las observaciones que han hecho algunos colegas y de otros ecos que he oído en relación con el etiquetado de las bebidas alcohólicas. 
Algunas de las enmiendas no son aceptables porque proponen que se modifique una cita de un texto jurídico; me refiero a las enmiendas 2, 3 y 4. 
Otras son innecesarias porque el tema propuesto está ya previsto en la propuesta, y me estoy refiriendo a las enmiendas 19, 25, 32 y 46. 
El tema de las enmiendas 20 y 37 se refiere a cuestiones que son demasiado específicas para ocuparnos explícitamente de ellas, aunque en principio corresponden al enfoque temático de la propuesta. 
En cuanto a la enmienda 23, toda la recomendación trata del consumo del alcohol entre jóvenes. 
La Comisión estima que es importantísimo mencionar concretamente la conducción de vehículos después de haber bebido, y por esa razón la enmienda no es aceptable. 
La enmienda 36 no se puede aceptar por problemas de definición a los efectos de la recomendación. 
La prohibición relativa a la edad no ha quedado definida mediante la utilización de la expresión "menor de edad", y no hay que olvidar que en los diferentes Estados miembros se aplican leyes distintas. 
La enmienda 28 está en contradicción con el asesoramiento médico que ha recibido la Comisión. 
La enmienda 43 suprimiría un aspecto importante de futuros códigos de conducta y, por lo tanto, tampoco se puede aceptar. 
La Comisión puede aceptar parcialmente algunas enmiendas. 
En la enmienda 9 las dos primeras frases no se pueden aceptar porque la evaluación tiene que abarcar todos los aspectos y no solamente una corta relación de medidas. 
Sin embargo, hay motivos para aceptar la referencia a los planos regional y local. 
Los cambios que se proponen en la enmienda 12, que sólo hacen hincapié en algunos aspectos de la normativa en materia de bebidas alcohólicas pero no en otros, serían causa de confusión y por lo tanto no se pueden aceptar, excepción hecha de una referencia al amor propio o autoestima de los jóvenes que la Comisión, naturalmente, puede aceptar. 
En la enmienda 16 la Comisión no puede aceptar que se mencionen solamente algunos aspectos concretos para su evaluación, pues eso sería contraproducente. 
Ahora bien, las referencias a las prácticas óptimas y a la función de los profesionales médicos son aceptables. 
Espero sinceramente que se lleve a la práctica la recomendación porque no hay duda de que eso brindaría una base excelente para trabajar juntos hacia una finalidad común: proteger mejor a nuestros jóvenes, especialmente a los niños y a los adolescentes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Seguridad general de los productos 
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A5-0133/2001) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo (14614/01/2000- C5-0045/2001- 2000/0073 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la seguridad general de los productos (Ponente: Sra. González Álvarez). 
. Señor Presidente, estamos debatiendo la revisión de la Directiva 92/59/CEE que se refiere a la seguridad general de los productos y hay una prioridad que compartimos la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, que es mejorar la salud y la seguridad de los consumidores. 
Es un deseo que siempre hubo pero que ahora, dada la situación, es más firme. 
La propuesta está destinada a garantizar la seguridad de los productos que se comercialicen y a fomentar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los productores y los distribuidores. 
Los productores deben comercializar únicamente productos seguros, proporcionar información fiable a los consumidores, prevenir riesgos y, si fuera necesario, al final, retirar productos peligrosos que ya estén en el mercado. 
Y los distribuidores no deben suministrar ningún producto del que sepan que no es seguro, y deben colaborar con la red de vigilancia de los mercados, en la que están también las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los productos. 
Para esta revisión se ha seguido un método que creemos adecuado, que incluye la consulta que se hizo antes de hacer la propuesta a organizaciones no gubernamentales y agentes sociales, empresas y demás. 
Más de quince de estas organizaciones fueron consultadas antes de hacer la propuesta y se pretendía corregir las lagunas, las insuficiencias de la puesta en práctica de la Directiva en los años pasados. 
Algunas de estas sugerencias están recogidas sobre todo en la primera propuesta del Consejo presentada por la Comisión. 
Nosotros estábamos de acuerdo con la mayor parte de la propuesta que se nos hacía. 
Sin embargo, presentamos treinta enmiendas que, a nuestro juicio, podían mejorar esa propuesta. 
De ellas se aprobaron, en la primera lectura, total o parcialmente, más de veintiuna. 
En ellas se definían mejor los conceptos de "producto seguro" y de "recuperación", se recogía la necesidad de informes periódicos al Parlamento Europeo sobre el éxito o fracaso de la implantación de la Directiva, así como de un etiquetado en la lengua del país donde se comercializaban los productos, y se proponía, entre otras cosas, la inclusión de los países candidatos en el sistema RAPEX. 
Sin embargo, algunas cuestiones seguían preocupando a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a los ponentes alternativos y a la propia Comisión. 
Y en esta segunda lectura presentamos sólo once enmiendas, que se discutieron en la Comisión de Medio Ambiente, y se aprobaron en la última sesión por una mayoría bastante importante, y que en los diferentes encuentros informales- que hubo muchos, y tengo que agradecer el interés por este informe a la Comisión y al Consejo- tratamos de reducir. 
Acerca de cinco de dichas enmiendas, creo que podemos llegar fácilmente a un acuerdo. 
Son enmiendas que se refieren a la posibilidad de una certificación externa de los productos seguros, a la posibilidad de una armonización en los programas de vigilancia de los diferentes Estados miembros, a la inclusión del principio de precaución en un tema tan importante como éste y al establecimiento y potenciación de una red de autoridades competentes en lo que se refiere a la seguridad de los productos. 
Hay más dificultades en otras enmiendas, como las que se refieren a la exportación de productos que no son seguros al Tercer Mundo y a la seguridad de los servicios. 
Nos parece muy importante que haya una legislación específica. 
Hoy mismo- no sé si es el caso en el resto de Europa, pero en mi país sí lo es- servicios como el turismo, los cursos en las academias o las telecomunicaciones están siendo muy debatidos, porque en muchos de ellos hay flagrantes abusos. 
Por eso, nosotros queremos garantizar que haya próximamente una legislación sobre ese tema y, también, respecto al carácter de los comités. 
Señor Presidente, creo que no será difícil llegar a un acuerdo sobre las once enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Y haré hincapié en una que creemos que debería ser seña de identidad de Europa. 
Se trata de una actitud ética que supone no exportar a países terceros aquellos productos que los europeos consideramos que no son seguros. 
Ésa nos parece una enmienda importantísima porque, si no son seguros para los europeos, no lo son para nadie en el mundo, aunque en otros países haya unas normas más flexibles. 
Por eso, creemos que defendiendo la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, también defendemos principios sumamente importantes de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la directiva que analizamos, relativa a la seguridad general de los productos, ofrece una oportunidad excelente para proteger al consumidor de los productos inseguros. 
Además, es por excelencia una buena directiva para que el mercado interior, la libre circulación y la armonización necesaria para ella, se realice bien. 
El Consejo ha aceptado un gran número de las enmiendas adoptadas por el Parlamento en la primera lectura, hecho que estimo. 
La directiva, tal como resulta ahora, se preocupa de que exista más transparencia, un seguimiento más activo de los mercados, una definición mejor de las responsabilidades de los fabricantes y de los consumidores, ya que eso constituyó un problema durante la primera lectura, criterios más estrictos en cuanto a la seguridad de los productos y criterios más estrictos para probar esa seguridad. Eso permite una intervención mejor y más efectiva cuando los productos deben retirarse del mercado. 
También es nuevo el intercambio rápido, es muy positivo que tengamos algo así en Europa. 
Sin embargo, ahora me refiero a un problema. 
Éste es, tal como se ha planteado en la Comisión de Medio Ambiente, la prohibición de exportación que figura en el artículo 13. En él se recoge una prohibición de exportación automática para los productos de la Comunidad en el momento en que alguien solicite a la Comisión que examine su seguridad. 
Pensamos que esto no es positivo. 
La propuesta, es decir, que tan sólo el hecho de solicitar un control de seguridad dé lugar a una prohibición de exportación automática y absoluta, apenas puede justificarse. 
Por supuesto, la Unión Europea está a favor de mantener un nivel alto de protección y criterios de seguridad muy estrictos, pero debe distinguirse entre un producto seguro y un producto peligroso. 
Mi colega, Marialiese Flemming, a quien represento aquí, ha presentado una enmienda en ese punto a fin de que el automatismo, la prohibición de exportación automática, solamente sea aplicable cuando el producto para el que se ha decretado la prohibición también deba ser prohibido por cuestiones relativas a la seguridad. 
Este punto es crucial para el Grupo del PPE, y espero que sus Señorías nos apoyen aceptando la enmienda que ha presentado la Sra. Flemming, en nombre de nuestro Grupo. 
Señor Presidente, esta directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la seguridad general de los productos es importante para la seguridad del consumidor. 
Su objetivo es englobar dentro de ella productos que todavía no se incluyen en la legislación sectorial y productos en los que los aspectos relativos a la seguridad no se tienen en cuenta de forma adecuada en esa legislación. 
Es importante para el mercado interior y también es importante que el consumidor pueda confiar en que los productos del mercado europeo cuentan con un elevado grado de seguridad. 
Por supuesto, esos consumidores también deben, a continuación, actuar responsablemente con esos productos. 
Así, con esta directiva se crea más transparencia al aclarar definiciones y, además, se simplifican los procedimientos por los que los Estados miembros pueden disponer más rápidamente de información. 
Todavía fallecen personas por el uso de productos inseguros. 
Por otra parte, opino que es irresponsable que uno sí examine las normas de los productos relativas a la seguridad en relación con los ciudadanos de la UE, pero que los ciudadanos de fuera de la UE se tengan que conformar con productos menos seguros. 
Si se prohibe su venta aquí, tampoco deberían exportarse. 
Por otra parte, se trata de una materia que, por supuesto, va más allá de este informe y que creo volverá a figurar en el orden del día con frecuencia. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi apoyo personal y el apoyo de mi Grupo a la ponente y a las enmiendas que ha vuelto a presentar la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La posición común del Consejo mejora los métodos para seguir el rastro a los productos de consumo, la cooperación entre autoridades, fabricantes y distribuidores en la adopción de medidas para retirar y reclamar la devolución de productos peligrosos, y la extensión del sistema de alerta temprana a los países que han solicitado el ingreso. 
Me alegra mucho que haya quedado bien claro que no perjudicará a las ventas de caridad, a los mercadillos de aparcamiento y a los puestos de baratijas y cosas usadas, que, por su propia naturaleza, no pueden facilitar información alguna acerca de los riesgos que ofrecen los productos ni acerca del origen de los productos en el caso de los artículos de segunda mano. 
Apoyo las enmiendas que ha vuelto a presentar la Comisión de Medio Ambiente, en particular la referencia concreta al principio cautelar, a la supervisión de mercados y a la red europea de seguridad de los productos. 
Me opongo firmemente a que los productos prohibidos a título provisional queden al margen de la prohibición de exportaciones. 
Semejante cosa equivaldría a utilizar un doble rasero y estaría en contra de la auténtica finalidad de la directiva. 
Si la seguridad de un producto nos inquieta, ¿cómo podemos justificar su exportación a un tercer país? 
Como ya ha dicho la ponente: debe haber seguridad para todos los consumidores, y no solamente para los de la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo en que es necesario que haya un buen equilibrio entre los esfuerzos encaminados a que los productos que vayan al mercado sean seguros y la necesidad de que las medidas propuestas puedan aplicarse prácticamente. Esta directiva puede conseguirlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la directiva sobre la seguridad de los productos es para nosotros tan importante porque se ocupa de un asunto central, el sector de aquellos productos que no se registran mediante el etiquetado CE. 
Me estoy refiriendo a un punto muy delicado de esta directiva sobre la seguridad en los productos. 
El consumidor no puede ver ya cuándo un producto es realmente seguro. 
Por ello, nuestra enmienda nº 3 es muy importante ya que prevé una certificación externa por parte de instancias de control autorizadas. 
Sería urgentemente necesario que la Comisión recapacitase sobre la introducción de marcas de control. 
Marcas de control que certifiquen al consumidor que se trata de un producto seguro y que, bajo determinadas circunstancias, se trata de un producto por encima de la media. 
Un producto es considerado como seguro si su seguridad es atestiguada por una instancia de control acreditada. 
Si pensamos en el principio de prevención, hay que crear estímulos para que las empresas se declaren dispuestas a dejar comprobar los productos. 
Creo que precisamente la comprobación por parte de una tercera instancia neutral sería un instrumento importante para aliviar la supervisión del mercado. 
Mediante este alivio del mercado y mediante la previsión en la comprobación y certificación, el consumidor podría comprobar con toda claridad donde existe la posibilidad de comprobar productos cuya seguridad esté garantizada. 
Respecto a la prohibición de la exportación, quiero decir que naturalmente hay muchos países en los que los estándares son totalmente diferentes a los que existen en Europa. 
Creo que no deberíamos ser tan arrogantes como para considerar los estándares de otros países como malos y sólo los propios como buenos y válidos. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera dar gracias a la ponente, Sra. González Álvarez, y al Sr. Whitehead y al Sr. Lange por su amplísima contribución a la propuesta en favor de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad general de los productos. 
En la directiva original hay una disposición formal de revisión. 
La revisión coincidió con un compromiso más firme de la Comisión en favor de proteger la salud y la seguridad de los consumidores. 
La directiva revisada se traducirá gradualmente en una mejora considerable de las posibilidades de ocuparse de los problemas de seguridad de los productos no alimentarios. 
La posición común del Consejo tiene en cuenta los puntos fundamentales de la propuesta de enmienda aprobada por la Comisión sobre la base de la opinión en primera lectura. 
De las 30 enmiendas de la primera lectura, 21 han sido incorporadas parcial o totalmente en la posición común. 
Muchas de las enmiendas propuestas en la recomendación de González Álvarez representan una mejora del texto y, por lo tanto, la Comisión las puede aceptar. 
Permítanme que trate de las enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
En primer lugar, las enmiendas 2 y 9 vuelven a proponer el texto de la propuesta original de la Comisión en favor de la prohibición de las exportaciones de productos peligrosos retirados del mercado de la UE tras una decisión de emergencia. 
La enmienda 13 lo justifica basándose en el riesgo de que esos productos que han sido exportados vuelvan a reingresar en los mercados de la Comunidad. 
El texto de compromiso de la posición común permitiría que la Comisión pudiera prever excepciones a una prohibición completa de la exportación de esos productos. 
Esto fue aceptado por la Comisión porque muchos Estados miembros lo consideraban como una protección necesaria para que pudieran aceptar el principio mismo de una prohibición; además, el compromiso deja en manos de la Comisión la posibilidad de decidir si está justificado levantar la prohibición. 
El riesgo de que los productos exportados vuelvan a importarse en la UE se puede controlar gracias al mecanismo normal de aduanas y de vigilancia de los mercados. 
En general estimo que esa exención tendría consecuencias limitadísimas, estaría subordinada a una supervisión y un control muy rigurosos de la propia Comisión, y evidentemente sólo se efectuaría en circunstancias en que estuviera justificada, perfectamente racionalizada y fuera claramente aceptable, no solamente para mí, sino para toda la Comisión. 
En segundo lugar, la enmienda 3 introduce en una cláusula la necesidad de que la certificación externa sea considerada como prueba de conformidad con la directiva. 
Lo más que puede aceptar la Comisión es una referencia en un considerando según la cual dicha certificación puede facilitar la prueba de dicho cumplimiento. 
En tercer lugar, la enmienda 11 invita a la Comisión a presentar propuestas relacionadas con la seguridad de los servicios antes de una fecha especificada. 
La Comisión, en realidad, está analizando y considerando ya esta cuestión, y así lo ha anunciado en una declaración. 
El párrafo 1 incluiría una referencia a esas iniciativas, según sugiere la enmienda 1. 
Por último, la enmienda 12 procura limitar la prohibición sobre las exportaciones a fin de que no se aplique cuando un producto ha quedado prohibido temporalmente en el mercado comunitario durante el período que se requiera para llevar a cabo nuevas investigaciones en materia de seguridad. 
No cabe justificar que se permitan efectuar exportaciones de productos prohibidos en el mercado de la Comunidad sobre la base de un posible riesgo grave. 
En mi opinión, esta medida tiene que proteger a los consumidores de fuera de la Unión Europea de la misma manera que protege a los consumidores de dentro de la Unión Europea; a mí me parece que si se adopta una medida de emergencia en ese sentido, es sumamente probable que sea una medida de emergencia debido a la naturaleza del peligro de que se trate y muy a menudo las medidas de emergencia más rigurosas se deben a que el peligro reviste proporciones máximas. 
Si eso es lo que sucede y si mi apreciación es correcta, eso significa que aún es mayor la necesidad de que la propuesta de emergencia se aplique no solamente a los consumidores de dentro de la Unión Europea sino también a los consumidores de fuera de la Unión Europea. 
Además, de esta norma se desprende con claridad que la evaluación en cuanto a si se debe aplicar de esta forma o no, correrá por cuenta de la comisión apropiada a la que se confíe este tipo de trabajo, comisión que debe contar con experiencia en este tipo de labor y que no debe obrar de forma precipitada o de forma que no proteja plenamente los intereses de los consumidores. 
La comisión sólo entrará en funciones cuando exista un peligro grave y claro para los consumidores. 
Habiendo explicado por qué la Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 3, 9, 11, 12 y 13, puedo comunicarles que la Comisión, en principio o en versiones de nueva redacción, puede aceptar las enmiendas 1, 4 a 8 y 10, pues esas enmiendas constituyen una mejora y una aclaración de la propuesta. 
Para acabar, me gustaría dar las gracias una vez más a la Sra. González Álvarez por el excelente informe que ha presentado, que en términos generales tiene el respaldo de la Comisión; en cuanto a las enmiendas que la Comisión no puede aceptar, estoy convencido de que se puede llegar a una conclusión satisfactoria, como ha indicado el Sr. Whitehead. 
Espero que así se haga lo antes posible en la próxima fase del proceso reglamentario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
OCM en el sector de la carne de vacuno 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0142/2001) de Robert William Sturdy, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) Nº 1254/1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (COM (2001) 87- C5-0082/2001- 2001/0042 (CNS) ). 
. (EN) Señor Presidente, es un placer ver aquí al Comisario. 
Es posible que no esté de acuerdo con sus propuestas pero, para empezar, quisiera decir que estimamos que el Comisario Fischler es un excelente Comisario de agricultura, aunque es posible que su informe haya seguido un curso ligeramente equivocado. 
Esto no es crítica alguna del Sr. Fischler. 
Todos sabemos que es preciso abordar el grave problema de la industria de la carne de vacuno y no hay duda de que ésa es la razón de que la Comisión haya hecho esta propuesta. 
Permítame el Comisario que le diga que hay un proverbio bizantino que dice que los que se pueden procurar alimentos, tienen muchos problemas, y los que no se pueden procurar alimentos, no tienen más que un problema, y ese problema es, naturalmente, un problema grave cuando hay demasiada carne de vacuno en el mercado. 
Esto es exactamente lo que el Comisario está tratando de resolver. 
Ahora bien, en mi opinión, en tanto que ponente, no ha seguido el buen camino. 
Evidentemente es fácil para mí tomar la palabra para criticar, pero lo que he procurado hacer con mi informe es ser constructivo y hacer que la situación progrese; me doy cuenta de que el Comisario no está de acuerdo con algunas de las medidas y espero que cuando tome la palabra conteste a una pregunta: ¿van a aceptar los 15 miembros del Consejo las propuestas de la Comisión? 
Me parece que es posible que no lo hagan. 
Quisiera saber si, en opinión de la Comisión, los miembros del Consejo aceptarán o no las propuestas de la Comisión. 
En primer lugar, una de las cosas que no se aceptó en la Comisión de Agricultura y que en mi opinión fue un error fué el límite de las 90 cabezas de ganado. 
Uno de los principales problemas con que tropezamos- y el Comisario tiene mucha razón cuando dice que la superproducción nos plantea un problema y que hemos de apoyar las propuestas para que puedan aumentarse los límites de intervención- es que si cambiamos el límite de las 90 cabezas corremos realmente el riesgo de que perjudiquemos a algunos de los productores donde más les duele. 
A los diputados que no entienden de agricultura les diré que criar un buey desde el momento en que nace hasta el momento en que llega al mercado es algo que dura unos tres años. 
Es un proceso prolongadísimo. 
Uno no puede cambiar la situación de la noche a la mañana y decir: bueno, espere un momento, ese ganado no puede contar con nuestro apoyo porque de repente hemos cambiado de opinión. 
Si el Comisario no puede por lo menos cambiar el límite de las 90 cabezas- y esperamos que una de las enmiendas sea útil; de ella nos estamos ocupando en este momento- entonces lo menos que podría hacer es ayudar a los campesinos a quienes afectará el límite de las 90 cabezas para que puedan ajustarse a él, ya que la agricultura es un proceso a largo plazo, no un proceso a corto plazo. 
Hemos visto los efectos de la EEB. 
Ésta es otra de las razones de que esté algo preocupado por el informe. 
Como el Comisario sabe muy bien, la EEB ha sido un importante problema en el Reino Unido. 
En realidad ha sido el arquetipo de la crisis de la EEB. 
Hemos conseguido superar el problema y mediante la adopción de medidas sumamente cuidadosas hemos podido restablecer nuestro mercado. 
Ha sido una lástima que la fiebre aftosa haya contribuido a destruir todo lo que habíamos hecho para conseguir restablecer el mercado, teniendo en cuenta que la fiebre aftosa no tiene nada que ver con los alimentos, ya que no presenta ningún peligro para la población. 
Pido al Comisario que no se deje llevar por reacciones instintivas, pues me parece que la suya ha sido una reacción instintiva. 
Por el momento no puedo aceptar las nuevas enmiendas presentadas. 
Me preocupa mucho que, al parecer, estemos procurando desligarnos de las verdaderas cuestiones con que tropezamos. 
Como ya he dicho, es fácil ponerse de pie y criticar, y espero que el Comisario tenga en cuenta las enmiendas. 
Lo que preguntamos es si las enmiendas satisfacen o no satisfacen los requisitos; me parece que algunas propuestas de la Comisión los satisfacen pero que la mayoría no los satisface. 
Una última sugerencia para el Comisario: si le parece que es imposible aceptar las propuestas del Parlamento, quizá lo mejor que puede hacer es devolver el informe a la Comisión de Agricultura. 
Entonces podríamos volver a discutirlo, porque hemos presentado algunas propuestas buenas y si el deseo de este augusto Parlamento es que se devuelva el informe, entonces devolvámoslo y se acabó. 
Señor Presidente, se han sometido a la Comisión de Presupuestos las consecuencias financieras del plan de urgencia propuesto por la Comisión para hacer frente a las perturbaciones del mercado de la carne de vacuno como resultado de la crisis de la EEB. 
Este plan se hizo público el 13 de febrero y por tanto no ha podido tomar en consideración la crisis provocada por la aparición de la fiebre aftosa de la que se descubrieron dos focos en el Reino Unido en el mes de febrero. 
En este contexto, me parece útil señalar a esta Asamblea que los focos actuales representan ya un coste potencial de más de 170 millones de euros y que el 8 de mayo la Comisión propuso con toda razón incluir una reserva de un millardo de euros. 
Esta nueva crisis que azota a los ganaderos europeos tiene por tanto tres repercusiones importantes: un coste directo para el presupuesto comunitario que aún no se ha definido pero que aumenta con regularidad, un impacto negativo en las exportaciones al consumo de carne de vacuno y finalmente un impacto en los programas de destrucción de los animales y por tanto en el coste de los sacrificios. 
Por encima de las propuestas de la Comisión es necesario tener totalmente conciencia de que nos enfrentamos a un problema muy importante. 
Todas las estimaciones financieras, de consumo y exportación de venta de carne de vacuno son inciertas ya que no toman en consideración las consecuencias recientes de la epizootia de fiebre aftosa. 
Me parece por tanto que, desafortunadamente, el consumo debería registrar una disminución más importante en 2001 que el 10,8 % previsto por la Comisión. 
Igualmente, es poco probable que las exportaciones alcancen en 2001 el 60% del límite fijado por el GATT. 
En consecuencia, no es imposible que las necesidades financieras sobrepasen las previsiones de la Comisión. 
Todo el mundo ha entendido que las imprecisiones financieras hubieran bastado en condiciones normales para justificar este rechazo pero, ante la urgencia de la situación, la Comisión de presupuestos ha decidido dar su apoyo a la propuesta de la Comisión y ha querido que el Parlamento adopte enmiendas, como lo han hecho la Comisión de Presupuestos y la de Agricultura, gracias al excelente trabajo de Robert Sturdy, pidiendo una consulta previa a la autoridad presupuestaria en el caso en que los gastos ocasionados debieran ser revisados. 
Señor Presidente, señor Comisario, limitar los bovinos macho con derecho a primas a noventa animales por explotación, un punto en su programa de siete puntos, no es una solución adecuada para adaptar la producción de carne de vacuno de la Unión Europea a la demanda. 
Queda fuera de toda duda que debido al retroceso del consumo de carne de vacuno no se puede proseguir la ganadería de estos animales en la cantidad acostumbrada. 
Pero esto, señor Comisario, no debe realizarse unilateralmente a costa de determinadas regiones. 
Pues si queremos hablar de nuevo sobre los derechos de primas, esto no se puede hacer mediante una limitación absoluta- tal como propone la Comisión- sino que se tiene que encontrar una solución aceptable para las explotaciones ganaderas. 
El Sr. Study acaba de llamar la atención al respecto. 
La solución solamente se puede contemplar en relación con prados y pastizales existentes o, lo que posiblemente aún sería mejor, en función del tiempo de trabajo empleado, es decir, el número de empleados fijos, subrayo lo de empleados fijos. 
Por lo demás, si recuerdan, mantuvimos este debate ya al tratar sobre la Agenda 2000 al hablar sobre el reglamento de mercado para la carne de vacuno. 
Pero, estimado Sr. Comisario Fischler, cuando usted escribió en una carta de respuesta al Presidente de la Comisión de Agricultura, cito literalmente: "Solamente ha habido una excepción a los noventa sobre la regulación del ganado macho en los nuevos Estados miembros de la República Federal de Alemania y la supresión debería ocasionar también allí una transformación de las estructuras". Así pues, usted desconoce el hecho de que solamente en estas regiones el número de empleados en la agricultura en los últimos diez años se ha reducido de 800.000 a 115.000 actualmente. 
Querida Comisión, esta es una transformación de estructuras realmente suficiente. 
O dicho de un modo sarcástico, ¿quiere solucionar la problemática de la carne de vacuno en la UE a costa exclusivamente de estos nuevos Estados federados de la Alemania oriental, con lo que estas explotaciones tendrían que cerrar inevitablemente sus puertas? 
¿Porqué no se considera limitar más las primas en función de la densidad de pastoreo por superficie forrajera? 
Usted ha previsto un descenso del 2,0 al 1,8. 
Pero yo deseo otra cosa con la que también sería superflua la limitación de las primas a los noventa. 
Imagínese que se deje a la libre opción del agricultor cuánto quiere reducir su población de ganado en función de un valor umbral máximo con derecho a percibir primas por hectárea de superficie forrajera. 
Se debería conceder en cualquier caso a este agricultor un pago compensatorio adicional proporcional a la reducción. 
Esto se podría calificar como una retirada de carne de vacuno de la producción de modo análogo a como ocurre en el sector de las frutas y hortalizas. 
Pues también aquí damos primas por no producir, por la retirada de tierras, además en cantidades considerables. Si llegásemos por esta vía a una reducción en el sector de la carne de vacuno, deberíamos premiar también a aquellas explotaciones que reducen su cabaña de este modo natural en lugar de producir excedentes que no encontrarían ningún mercado y probablemente incluso tendrían que destruirse. 
Señor Comisario, quizás pudiese empezar a considerar estas ideas. 
No tiene que ser en seguida. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la reforma que nos presenta la Comisión el 13 de febrero de 2001, como un paquete de siete medidas para poder superar los problemas generados en el mercado de la carne de vacuno por la crisis de la EEB, merece indudablemente una reflexión crítica por parte de nuestro Grupo. 
En primer lugar porque, mientras el sector ganadero de la Comunidad espera medidas para solucionar la crisis generada en su sector, sólo hay dos en este paquete que parecen adecuadas para solucionar una crisis, a saber, la crisis presupuestaria que tiene la Comisión en relación a la misma. 
Solamente la supresión del tope de intervención pública de 350 000 toneladas para la carne, con el fin de evitar que entre en funcionamiento el denominado sistema de intervención de red de seguridad, parece realmente una medida de crisis, así como la medida- ya aprobada por el comité de gestión de la carne el pasado 16 de marzo- de un nuevo método de intervención para la compra y almacenamiento de animales de más de 30 meses. 
Permítame decirle también, señor Comisario, que esta medida poco puede servir para mejorar la confianza de los consumidores y solucionar los problemas del mercado, puesto que estamos almacenando carne que deberá salir con posterioridad al mercado, introduciendo desde luego importantes elementos de desequilibrio en el mismo. 
Las otras cinco medidas van realmente dirigidas al sector, pero no son urgentes y pueden entrar en vigor y surtir sus efectos a corto y medio plazo. 
Realmente, estas medidas deberían haberse propuesto con la tranquilidad que exige cualquier reforma en un sector afectado por una crisis tan profunda. 
No obstante, tengo que ser absolutamente crítica con dos de ellas. 
Una es la supresión del límite nacional de primas al ganado macho por derechos individuales; creo que esta medida no es acertada, nos llevaría a un mercado de cuotas, cerrado, estrecho, que en nada ayudaría a la transparencia y simplificación de la PAC ni tampoco a una futura reforma de este sector. 
La otra es la limitación de la producción, como se pretende, a través de la reducción de la prima por vaca nodriza. 
Pemítame que le diga, señor Comisario, que esta propuesta, en la que se impone como obligatorio que, para poder cobrar la prima por vaca nodriza, entre el 20 y el 40% de los animales para los que se solicita la prima sean novillas, lo que se propone es reducir la cantidad de carne disponible en el mercado; pero lo que suprime es una carne de calidad que procede de rebaños de vacas nodrizas que se crían en regímenes extensivos. 
Por lo tanto, esta medida, por fuerza, se equivoca de objetivo y es claramente contraria al objetivo tantas veces repetido de potenciar, desde la política agraria comunitaria, una agricultura extensiva. 
Señor Presidente. Me gustaría dar las gracias al señor Comisario, sin embargo, quiero dar las gracias sobre todo al señor ponente, Robert Sturdy, por su excelente informe, que respaldo en muchos puntos. 
Resulta naturalmente necesario intervenir para aliviar los problemas que sin duda existen en el sector de la carne de vacuno, no obstante, me gustaría subrayar que la desconfianza de los consumidores no tiene nada que ver con si se trata de vacuno procedente de la producción intensiva o de la producción extensiva. 
Me gustaría subrayar que la restauración del límite de 90 cabezas tendrá consecuencias muy graves para algunos países en particular. 
Aumentará la burocracia y no supondrá mayores facilidades para el consumo de carne de vacuno del que tan necesitados estamos actualmente. 
Con respecto al régimen de compra me gustaría señalar que por supuesto no es un objetivo en sí mismo comprar cabezas ya sea para su congelación ya para su posterior destrucción. 
De ahí que hayamos propuesto donar la carne de vacuno sana una vez analizada a aquellas zonas que necesitan ayuda de crisis. 
Tal cosa puede aligerar mucho los costes ligados a la compra en régimen de intervención pública. 
También me gustaría llamar la atención sobre el hecho de la propuesta por la que se endurece el requisito relativo a la superficie forrajera, es decir bajar de 2 unidades de ganado mayor a 1,8 por hectárea, tampoco provocará el efecto deseado. 
No obstante, estamos de acuerdo en que se suprima el tope de intervención pública para los años 2001 y 2002. 
A pesar de estos pocos pero claros- o al menos eso espero, señor Comisario- comentarios, nos gustaría respaldar su propuesta, sin embargo, también nos gustaría señalar al mismo tiempo que con las nuevas resoluciones que adoptemos no debemos contribuir a mantener la distorsión de la competencia que hoy día se produce entre algunos Estados miembros. 
Señor Presidente, señor Comisario, de su plan de crisis para fomentar la demanda en el sector de la carne de vacuno algunos puntos ya se han ejecutado. 
El programa de sacrificios se ha impuesto por la vía administrativa. 
En el procedimiento de urgencia hemos tratado sobre el pastoreo a base de trébol y hierba. 
Así pues, ahora nos concentramos en lo que queda por tratar. 
Me voy a referir en lo esencial al límite de los 90 animales. 
Se debería indicar claramente que este valor límite sigue siendo válido en Europa sólo que no obligatorio. 
Este fue el caso tan criticado de Berlín. 
Habría sido mejor si se nos hubiese hecho caso entonces en el Parlamento cuando propusimos que en la graduación de las primas debería existir una posibilidad adicional para calcular el trabajo. 
Esto se ha recogido ahora de nuevo. 
Los demás portavoces de los Grupos políticos lo han indicado también claramente. 
Espero que la Comisión recoja esta propuesta para que las explotaciones que trabajan con un número superior de animales tengan la posibilidad de al menos modificar este valor límite de 90 animales. 
De este modo, las explotaciones que trabajan con un tipo de ganadería concorde con la especie en unas explotaciones mayores y que emplean un trabajo adicional tendrían la posibilidad de aportar sus costes en la valoración. 
Creo que entonces habríamos logrado quitar la rigidez a este límite y encontrado un factor social razonable. 
Señor Presidente, en la Agenda 2000 se han marcado para el período 2000-2006 los datos clave para los sectores de la política agraria, estructural y financiera de la UE. 
El objetivo era lograr desvincular la política de ingresos del mercado en los sectores de productos para mantener la pérdida de ingresos y puestos de trabajo en los límites necesarios bajo el signo de una transformación estructural que transcurre más o menos sin complicaciones. 
Tras la irrupción de la fiebre aftosa y de la EEB, los mercados de la carne de vacuno se han hundido, además sin perspectivas de que se llegue a una rápida estabilidad. 
Los agricultores cuentan ahora con que se pongan a disposición fondos adicionales especiales que no desaparezcan en el largo camino de la burocracia. 
Primero hay que cumplir las promesas de las primeras semanas sobre las compras especiales. 
Mezclar esto con un reglamento de mercado para carne de vacuno a largo plazo conduce a agudizar la situación de crisis financiera de los productores de carne de vacuno. 
En el presente proyecto para modificar el reglamento de mercado para la carne de vacuno se han cumplido en lo esencial los deseos de la Comisión de reducir el exceso de oferta. 
Pero algunas propuestas no tienen nada que ver con las consecuencias de la EEB y la fiebre aftosa. 
La calidad de los productos no se encuentra en ninguna relación obligatoria con el tamaño de la explotación o con la forma de la misma. 
Actualmente, la evolución del mercado no habla a favor de que se invierta en la producción de carne de vacuno. 
Por ello, cualquier forma de determinación de límites superiores para una condición de ayuda es al mismo tiempo un aumento injustificado de los costes de inversiones ya realizadas. 
Los agricultores cuentan con estos ingresos, el límite superior de 90 animales no a va a ser sin duda factible. 
Señor Presidente, hemos afirmado muchas veces que la mejor manera de cambiar el destino del sector zootécnico en Europa es restableciendo la confianza entre los consumidores y los operadores del sector. 
Para alcanzar este objetivo, considero que ante todo es indispensable que las Instituciones faciliten una correcta información y que se utilicen términos apropiados a la hora de difundir noticias sobre la EEB. 
Hablar de contagio, de enfermedad de la vacas locas o de carnes infectadas no contribuye a que el consumidor gaste carne de vacuno. 
La causa de la EEB no es ni un virus ni una bacteria, motivo por el cual hay que impedir que el uso de términos inapropiados fomente fobias o psicosis entre los consumidores. 
Mis afirmaciones enlazan con el discurso dirigido a garantizar una información completa y correcta a los consumidores, sin crear alarmas inútiles. 
Garantizar una correcta información es la manera más eficaz para que el consumidor gaste carne de vacuno y esto es mucho más importante que cualquier ayuda económica de la Unión Europea y que cualquier subsidio en favor de los ganaderos. 
Señor Presidente, señor Comisario, los propietarios de ganado vacuno se encuentran en una situación difícil. 
El gran descenso del consumo de carne de vacuno como consecuencia de la crisis de la EEB ha hecho bajar drásticamente el precio de la carne, y el consumo y las exportaciones han disminuido todavía más debido a la fiebre aftosa. 
Está claro que el sector debe recibir ayuda. 
Sin embargo, lo que presenta la Comisión como plan de urgencia parece ser un plan que se encarga de limitar la producción de carne de vacuno a largo plazo. 
Cambiar la organización común de mercado a largo plazo recibe el nombre de reforma y no de plan de urgencia, señor Comisario. 
Menos mal que el ponente Sturdy ha recogido algunas enmiendas en su informe que pueden servir para un plan de urgencia, es decir, incentivar a los ganaderos a que sacrifiquen sus toros como terneros. 
La medida que tiene por objeto limitar la prima por animal por explotación ganadera de carne de vacuno a un máximo de 90 animales, siempre que la unidad de ganado mayor pase de 2 a 1,8 por hectárea, disminuirá finalmente la producción. 
El hecho es que, de esta manera, los ganaderos no sólo se ven afectados financieramente por las crisis existentes, sino también por la Comisión. 
También respaldo, por ello, las enmiendas que proponen un aumento proporcional de la prima por animal a la reducción de la unidad de ganado mayor, de manera que los ganaderos ya no tengan un incentivo financiero para producir más. 
La supresión del máximo de intervención, el régimen de compra que los Estados miembros cofinancian, ofrece a la Comisión la posibilidad de influir tanto como desee en el precio del mercado. Por ahora se excluye el caro régimen de "red de seguridad" basado en un 100% en el presupuesto de la UE. 
Contrariamente al colega Sturdy, abogo por que la carne comprada no sea destruida, sino almacenada. 
Recuerdo a este Parlamento que la resolución sobre la fiebre aftosa que adoptamos en abril en la que se abogaba por no sacrificar a los animales sanos. 
La agricultura tiene que ver con lo que hemos recibido de Dios en la creación. 
Supera los intereses comerciales y tiene que ver con la ética y con una administración responsable. 
La presente propuesta de la Comisión Europea va encaminada a compensar a los productores de carne de bovino por los grandes desequilibrios sufridos por el mercado en los últimos meses a consecuencia de sucesivas crisis que han afectado al sector. 
Comprendo las razones que motivaron esta propuesta y, en particular, su coyuntura, pero la considero muy insuficiente y destaco los siguientes aspectos: en primer lugar, considero inaceptable que se reduzca, aun temporalmente, el premio especial a los bovinos machos, y se castigue, con objeto de reducir la producción, a los Estados miembros que siguen siendo importadores netos de carne, como sucede en mi propio país; en segundo lugar, la creación del sistema especial de compra para la intervención de la carne de los animales rastreados con más de treinta meses no se entiende ni desde el punto de vista de la confianza de los consumidores ni de su costo, ya que seguramente de aquí a unos meses seguirá sin haber posibilidades de dar salida a la carne ahora amenazada. 
Sería más sabio comprar esos animales para destruir la carne. 
En tercer lugar, el fomento de la producción extensiva tiene sentido, pero debería ir acompañado de un suplemento especial de prima para las pequeñas explotaciones que, por disponer de poca tierra, no pueden beneficiarse de esos incentivos. 
Una vez más se insiste en aplicar la misma receta para todos, como si todas las explotaciones tuvieran la misma capacidad de adaptación y supervivencia. 
Por último, la autorización de la utilización de tierras retiradas para la producción de forraje en el caso de los productores biológicos- objeto del informe de nuestra colega la Sra. Auroi- sólo puede considerarse simbólica y en un momento en que los productores afrontan el encarecimiento de los alimentos para sus animales. 
¿Por qué razón no se permite a los agricultores la utilización de las tierras retiradas para la producción de proteínas? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera en primer lugar saludar yo también el trabajo de nuestro colega Sr. Sturdy sobre esta cuestión de las modificaciones a aportar a la OCM de la carne de vacuno, como resultado de la crisis de la EEB. 
Se trata al mismo tiempo de equilibrar el mercado, de apoyar la renta de los agricultores y de restablecer la confianza de los consumidores. 
En lo que respecta al reequilibrio oferta-demanda, quisiera en primer lugar señalar con interés que nadie- ni la Comisión, ni el ponente, ni la Comisión de Agricultura- propone aquí remitirse solamente a los efectos del libre mercado. 
Espero que esta necesidad, que se nos impone ahora mismo, de recurrir a la regulación de la oferta no estará ausente de nuestro ánimo cuando iniciemos una nueva y más global reforma de la política agrícola común. 
Volviendo a la cuestión que nos ocupa ahora mismo y frente a la necesaria reducción de la producción que hemos de esperar, quisiera señalar hasta qué punto resulta esencial buscar un equilibrio en el reparto de esfuerzos exigidos entre, por una parte, las razas de carne y las vacas lecheras, y por otra entre la ganadería de tipo industrial y la que utiliza los pastos. 
Resultaría paradójico, en el momento en el que se afirma la necesidad de producir calidad primando la utilización de hierba, que fueran los ganados de leche tradicionales los que causaran los gastos de los nuevos ajustes de esta OCM. 
En consecuencia, y uniéndome en esto al punto de vista de la Comisión, defiendo el regreso al límite de las 90 cabezas relativas a la atribución de la PSBN. 
No ignoro que los Estados que han derogado esta limitación en el marco de la Agenda 2000 podrán encontrar problemas. 
Pero, como la enmienda 12 del artículo 1 introduce la posibilidad de hacer valer el factor empleo, considero que la medida es equitativa. 
Del mismo modo, creo que los ganaderos ya penalizados por las bajadas de precios de mercado no deben serlo más por una bajada de las ayudas públicas vinculada a la reducción de la densidad de vacuno/hectárea. 
Y, sobre este punto, quisiera también llamar la atención de la Comisión y del Consejo para que el nivel de las primas siga siendo el mismo por hectárea de superficie forrajera. 
Por lo demás, deseo también señalar mi apoyo a la no aplicación en 2001-2002 del límite de la intervención en 350.000 toneladas por año y mi apoyo también a las acciones propuestas por el ponente para la promoción de la carne de vacuno. 
Señor Presidente, el plan de siete puntos se propuso, como todos sabemos, en respuesta a las graves inquietudes producidas por la pérdida de confianza de los consumidores en el ganado vacuno y la subsiguiente presión sobre el umbral de intervención. 
Es verdad que esas preocupaciones han cedido algo en las últimas semanas, y que las previsiones del consumo han mejorado considerablemente. 
Si la Comisión sigue pensando que hay que introducir medidas de emergencia para prevenir un exceso de suministro en el sector de la carne de vacuno, entonces esos cambios no deberían perjudicar al futuro a largo plazo del sector de carne de vacuno de calidad, alimentado con hierba. 
Por esa razón rechazaríamos cualquier cambio de las normas actuales referentes a los bueyes y vacas de cría de categoría especial. 
En nuestra opinión, deberíamos concentrar nuestra atención en la supresión del exceso de terneras en el sistema. 
Respetamos los objetivos del Programa 2000 pero quisiéramos que la Comisión esgrimiera nuevas justificaciones de la necesidad de llevar a cabo esas propuestas tan radicales, y quisiéramos que esas medidas se sometieran de nuevo a una evaluación. 
Señor Presidente, el proyecto de Reglamento del Consejo y el informe del Parlamento se limitan claramente al lado administrativo del problema de la encefalopatía espongiforme bovina y no prevén ningún procedimiento básico para descubrir y afrontar las causas que lo han creado. 
También se descubre plenamente el papel de las multinacionales que, con vistas a aumentar sus beneficios, son indiferentes ante las consecuencias de sus inaceptables métodos de cría de ganado, y que lo único que les preocupa es absorber la conmoción y la crisis en el mercado de la carne de vacuno. 
Además, con las medidas propuestas de generalización y de reducción del ritmo de crecimiento de la ganadería se iguala inaceptablemente el comportamiento de la Unión Europea con el de otros Estados miembros. 
Es decir, se afronta de la misma forma la producción de los países desarrollados en la ganadería y la de países, como Grecia, en los que hay un reducido autoabastecimiento y es más improbable que los sistemas de producción hayan favorecido la aparición de esta enfermedad. 
Si la Unión Europea quisiera realmente solucionar el problema, situaría en una base diferente la producción de países como Grecia, anulando todas las cuotas sobre los gastos que sobrevengan, para cubrirlos reduciendo el apoyo a la producción ganadera de los países responsables de la aparición de los problemas sanitarios. 
Debería completarse la prohibición del uso de las harinas cárnicas y tomar medidas para cambiar el sistema de precios y de financiaciones para promover los cultivos de plantas forrajeras que pueden sustituir a las harinas cárnicas. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Sturdy por su trabajo. 
La reforma del régimen europeo de carne de vacuno es indispensable para el equilibrio de los mercados y para restablecer la confianza de los consumidores. 
Ahora bien, hay que llevarla a cabo de forma que se protejan los intereses de las explotaciones agrícolas familiares, que poco tienen que ver con la producción intensiva. 
La existencia de márgenes razonables para los ganaderos tiene que ocupar un lugar central en toda propuesta de reestructuración. 
Si no hay ganaderos, no tendremos un sector vacuno. 
Muchos ganaderos están abandonando ya ese sector. 
Esta bien que se planifique el futuro del sector vacuno europeo sobre la base de su extensión y de la posibilidad de seguir el paradero de las reses. 
Por lo que se refiere a la liberalización comercial, me preguntó qué medidas se puedan adoptar para proteger a los productores europeos de la competencia desleal de las importaciones de terceros países en los que no se observan las mismas normas. 
Tengo graves reservas acerca de la individualización en el caso de los bueyes de primera calidad. 
Es algo complicado y difícil desde el punto de vista administrativo. 
De igual forma, por lo que se refiere a la fiscalización del suministro, es absurdo ocuparse del ganado de cría que es el cimiento de la producción de ganado vacuno de calidad. 
La propuesta de establecer un plan nacional de adquisiciones, en mi opinión, se debería examinar de nuevo. 
En el contexto actual el almacenamiento de la carne de vacuno para venderla más tarde no ayudará a reducir el problema del volumen, y apenas coadyuvará a restablecer la confianza de los consumidores. 
Por último, sería un error llegar a conclusiones de miedo exagerado- como ha dicho ya el Sr. Sturdy- acerca de la sostenibilidad a largo plazo del sector vacuno europeo durante este período sumamente negativo que sigue a las crisis de la EEB y de la fiebre aftosa. 
Señor Presidente, señor Comisario, a lo largo de estos últimos meses hemos debatido muchas veces sobre la carne de vacuno y la situación de crisis del sector. 
Es importante que nuestra Instituciones trabajen en la construcción de un modelo productivo europeo, un modelo que, obviamente, debe atemperar muchas situaciones nacionales que, en algunas partes de Europa, tienen diferentes características productivas. 
Paso ahora a algunas reflexiones muy rápidas sobre el informe Sturdy. 
En primer lugar, consideramos indispensable redimensionar el efecto que generaría la posibilidad, concedida a algunos Estados miembros, de modificar o suprimir el límite de 90 reses por empresa. 
En realidad, este incremento productivo es poco significativo, mientras que la supresión resulta esencial en algunos contextos productivos y no representa de por sí un factor de intensificación de la producción. 
Análogamente, la hipotética introducción de derechos individuales en el régimen de primas especiales no parece que tenga en cuenta las costumbres productivas existentes en algunas zonas significativas del territorio comunitario, las cuales se caracterizan por la presencia de empresas especializadas que no gestionan todo el ciclo ganadero, sino sólo sus fases finales. 
En segundo lugar, habida cuenta también de la definitiva prohibición de las harinas animales y del uso exclusivo de proteínas vegetales, se deberá debatir en profundidad el acuerdo de Blair House y revisarlo sobre la base de las necesidades de la producción europea. 
Por último, consideramos extremadamente importantes el apoyo y las acciones de valorización y promoción llevados a cabo de forma interprofesional. 
Sería importante asimismo tratar de construir estas formas no solo a escala nacional, sino sobre todo a escala comunitaria, ya que solamente en Europa podemos dar una respuesta a las necesidades y a las demandas del consumidor. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de nuestro colega Sturdy se incluye, ya lo hemos dicho, en el contexto dramático, tanto para los agricultores como para los consumidores, de la crisis de la EEB y de los medios puestos en práctica para erradicarla. 
Señor Comisario, una de las siete medidas que propuso hace algunos meses se propone hoy para aplicarla. 
Eso va, junto con la entrega para cultivo de los barbechos para proteaginosas, en la buena dirección, aunque a nuestro juicio, a juicio de los Verdes, sea algo tímida. 
El Sr. Sturdy ha intentado llevar más lejos la posición de la Comisión a favor de los agricultores tratando otros aspectos de la producción de vacuno. 
Por el contrario, no ha pensado en un grave problema, el del fraude en el caso de la crisis de la EEB. 
Ahora bien, señor Comisario, supongo que lo ha visto como yo, el último informe, muy documentado, de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Alimentaria es catastrófico en este punto. 
Demuestra que los casos de animales llamados naifs, y sobre todo super naifs, afectados por la EEB se deben a esos fraudes relativos a la utilización de harinas procedentes de cadáveres en la alimentación del ganado. 
Serían por tanto medidas necesarias y urgentes que permitieran reforzar los instrumentos de control y las sanciones. 
La salud de los consumidores depende de ello, su confianza también. 
El segundo punto sobre el que quisiera llamar la atención de todos es que las medidas propuestas por la Comisión van hacia algo más de extensividad desatascando un mercado pletórico, pero la prima especial por la disminución de cabezas de grandes bovinos por hectárea corre el riesgo de ser ineficaz si no está acompañada de un tope de las superficies. 
Porque los productivistas podrán intentar recuperar esta prima, que no está hecha para ellos, aumentando las superficies, que son sin embargo grandes en su caso. 
Sería por tanto necesario en este asunto favorecer realmente las pequeñas explotaciones, frágiles, amenazadas por las últimas crisis alimentarias y eso es lo que espero que usted haga pronto. 
Señor Presidente, tengo una pregunta para el Sr. Comisario Fischler. 
Cuando el Sr. Comisario pase a la otra orilla- y espero que esto ocurra dentro de mucho tiempo- y se encuentre con San Francisco de Asís y le pregunte: " Señor Comisario, ¿por qué tanta matanza en vano? 
¿Por qué tanta acumulación de animales sin que lleguen nunca al mercado? " ¿qué le va a contestar? 
Esto lo digo para decir que hemos llegado al punto que hemos llegado. 
Estamos en una época de crisis. Ciertamente se deben dar indemnizaciones incluso a empresas responsables de la crisis para que no se arruinen por completo. 
Pero en paralelo, debemos librarnos de este dinosaurio de la ganadería intensiva e industrial. 
En este sentido, creo que las medidas de la Comisión, en paralelo a la solución de la crisis, deben ver cómo huir de este modelo. 
Y deben distinguir entre los países responsables de la crisis, que han desarrollado la encefalopatía espongiforme, y los países que se protegieron y que protegieron a la Unión Europea, entre los países que importan y los que, por excelencia, exportan y han echado abajo el presupuesto, así como entre las empresas grandes y pequeñas, para que lleguemos a un modelo de explotación ganadera pequeña y ecológica. 
Señor Presidente, señor Comisario, pienso que la EEB y la fiebre aftosa han desaparecido algo actualmente gracias a Dios de los titulares de la prensa por motivos justificados. 
Creo que esta es sencillamente la mejor aportación para recuperar de nuevo la confianza de los consumidores. 
Señor Comisario Fischler, quiero apelar a usted para que recoja las enmiendas del informe Sturdy pues una devolución después de la votación creo que sólo ocasionará retrasos. 
No podría explicárselo a mis agricultores, ni a los consumidores ni a los electores. 
¿Qué es lo que realmente exigimos? 
Primero pedimos que no se modifiquen las reglas del juego a la mitad del mismo. 
En Berlín se determinaron las reglas del juego. 
Exigimos la reintroducción de un valor límite de noventa animales. 
Creo que en el momento actual debemos insistir en ello por las más diversas razones. 
Sinceramente, tampoco puedo explicar en mi región a los agricultores el proyecto de reducir el factor de densidad de pastoreo a partir del 1-1-2002 a 1,9 unidades de cabeza de ganado mayor por hectárea. 
Otra lección que tenemos que aprender: siempre se llama la atención sobre la producción alternativa. 
Las explotaciones biológicas son una cosa buena pero no son la panacea pues podemos constatar ya ahora que existe una capacidad de compra limitada, unos mercados limitados. 
Soy de la opinión de que las enmiendas- no voy a repetirlas todas ellas pues falta el tiempo para hacerlo- se podrían recoger literalmente desde mi punto de vista y quizás también desde el suyo. 
Y last but not least: en todo este asunto deberíamos decir sencillamente que tenemos que producir seguridad, la seguridad no se puede controlar. 
Sólo así podremos recobrar la estabilidad de mercado de la carne de vacuno. 
Quisiera felicitar a Robert Sturdy por habernos presentado un informe sensato. 
Quisiera instar también a la Comisión a que aceptase las recomendaciones. 
De lo contrario el informe se debería devolver a la comisión parlamentaria, porque el fundamento de la producción de ganado vacuno europeo es la calidad, y eso es lo que podemos vender al consumidor. 
Me parece que tenemos que suprimir las terneras de escasa calidad que han nacido ya, para que, a la larga, podamos producir vacuno de calidad. 
Un ataque contra las vacas nodrizas y su número es precisamente lo que no hay que hacer, pues se trata de vacuno alimentado con hierba, de alta calidad, en el que el consumidor tiene mucha confianza. 
Necesitamos adoptar un enfoque mucho más positivo para poder vender de nuevo carne de vacuno. 
Me parece que el ejemplo del Reino Unido lo demuestra. 
Hemos alcanzado ahora un nivel de consumo superior al de 1996, y lo que necesitamos es seguir adelante. 
El límite de 90 cabezas de ganado es un error y el aceptar demandas individuales provocaría una verdadera pesadilla burocrática. 
Realmente, tenemos que seguir adelante. 
La destrucción es un concepto fundamental. 
Si queremos instituir un plan de adquisiciones para el ganado que tiene más de 30 meses de edad, entonces lo que tenemos que hacer es desembarazarnos de ese ganado, y no llevarlo de nuevo al mercado en una fecha posterior, porque se tratará de ganado vacuno de calidad inferior y si no somos sumamente cuidadosos lo único que conseguiremos es destruir las posibilidades de recuperación futura del mercado. 
El Sr. Busk tiene razón. 
Si ese ganado de más de 30 meses de edad se somete a prueba y se descubre que no tiene la EEB, ¿por qué no servirse de él como ayuda en el futuro? 
En tal caso, ¿por qué tenemos que liquidarlo? 
Lo que no podemos hacer es llevarlo al mercado de la Unión Europea. 
Por eso me parece que la solución a largo plazo consiste en tener en cuenta el informe de Robert Sturdy. 
Sigamos adelante y vendamos carne de vacuno europeo de buena calidad a los consumidores. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, un punto que algunos colegas han criticado ha despertado mi interés especial. Me refiero a la introducción de la regulación de las 90 cabezas de ganado mayor. 
La introducción de esta regulación me parece muy positiva por dos motivos: primero: porque de este modo liberamos créditos que pueden llegar a las pequeñas explotaciones y empresas familiares. Segundo: sobre todo porque corresponde a un determinado principio de igualdad. 
En la economía tenemos una regulación para el fomento de empresas de hasta 50 empleados, de hasta 250 empleados y para las empresas cuya cifra de empleados es superior. 
No comprendo porqué en la agricultura las grandes explotaciones constituyen aquí una excepción. 
Creo que sólo podremos practicar una política de futuro si ayudamos a las explotaciones pequeñas y familiares, a la actividad de protección del paisaje, el trabajo del suelo también en forma de una prestación medioambiental- sobre todo en las zonas ecológicamente sensible- pero no si damos una parte considerable de nuestra financiación a las grandes explotaciones. 
Soy de la opinión de que a la larga no se puede defender ni encontrará la aceptación de la población que tengamos explotaciones con miles de animales que reciben una gran parte de estas sumas. 
En este sentido, espero que se apruebe la propuesta de la Comisión. 
Sé que no coincido con la opinión de mi Grupo político ni de la Comisión de Agricultura pero espero que podamos conservar la regulación de los 90 animales tal como figura en la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, para comenzar una buena noticia: los mercados de carne de vacuno han comenzado a recuperarse. 
Según las apreciaciones que nos han comunicado los Estados miembros, el retroceso del consumo es aún de aproximadamente el 10%. 
Algunos terceros Estados han levantado en parte sus prohibiciones de importación. 
Sin embargo, estas señales positivas no nos deben engañar pues también un 10% de retroceso en el consumo es un enorme desafío y además aún sigue existiendo una considerable retención de animales de sacrificio como consecuencia del menor número de sacrificios. 
Además, hay que superar las cantidades de carne almacenadas y aún por almacenar por no hablar de los daños que se han originado a los ingresos de los agricultores. 
Por ello, debemos seguir esforzándonos y hacer todo lo posible para que se restablezca el equilibrio del mercado en el sector del ganado vacuno. 
Tampoco podemos renunciar a medidas incisivas, tal como las que ha propuesto la Comisión. 
Pero hay que decir de nuevo que las presentes propuestas son para superar una crisis y no se trata de una reforma agraria adelantada. 
Con las medidas inmediatas adoptadas por la Comisión se han retirado del mercado en los cuatro primeros meses de este año más de 400.000 toneladas de carne de vacuno. 
Algo más de la mitad se ha almacenado. 
Ahora se trata de otras medidas adicionales para los próximos años. 
Quiero felicitar aquí sobre todo al ponente, el Sr. Sturdy por su excelente trabajo, que además ha tenido que realizar sometido a una gran presión de tiempo. 
Usted ha dicho: "I tried to be constructive". 
I would say, you were constructive! 
Las enmiendas propuestas contienen varios aspectos que apoyo plenamente. 
Aquí se incluye la constatación realizada en la enmienda nº 5 en el sentido de que nuestras compras se pueden añadir a la ayuda alimentaria y la exigencia de la enmienda nº 9 de que el límite financiero superior establecido en Berlín no se debe sobrepasar. 
Pero como ya hemos tenido en cuenta la opción de la ayuda alimentaria y el límite superior de Berlín representa una conditio sine qua non, no es necesario recoger estos puntos en los considerandos del proyecto de reglamento. 
Lamento que usted, tal como muestran las enmiendas nº 1, 2 y 10, no apoye mi propuesta de introducir unos límites superiores individuales para la prima especial como tampoco el descenso del importe total de estas primas. 
Sin embargo, tomo nota con gran interés de la enmienda nº 12 consistente en permitir a las explotaciones con más de 90 animales unos pagos de primas por un importe de hasta el 50% de los costes salariales. 
La aplicación técnica de esta propuesta sería muy complicada pero la voy a tener presente y a pronunciarme ante el Consejo por una desviación del número máximo de noventa animales, si bien bajo la condición de que se tengan en cuenta de este modo los aspectos medioambientales y de empleo. 
También puedo apoyar la idea de la enmienda nº 11. 
Allí se sugiere que se conceda la segunda prima especial para bovinos macho provisionalmente también a animales para los que ya se ha pagado una prima, con la condición previa de que el importe total de las primas pagadas por estos animales no sobrepase el importe que se paga normalmente en total por un macho. 
No puedo aceptar las enmiendas nº 3, 13 y 17 que apuntan a elevar las primas como compensación por la reducción del factor de la densidad de pastoreo. 
Una medida de este tipo se opondría al objetivo perseguido de un retroceso de la producción pues los agricultores recibirían unas primas por hectárea del mismo importe que hasta ahora. 
Los aumentos de primas que se exigen en las enmiendas nº 14, 15 y 18 están de facto cubiertas por la prima actual de extensificación. 
La propuesta de la enmienda nº 14 de elevar la prima por bovino macho para favorecer esta forma de producción más lenta me parece interesante. 
Sin embargo, una medida así modificaría básicamente el equilibrio logrado con la Agenda 2000. 
Esto es aplicable asimismo a la enmienda nº 27 que apunta a aplicar el factor de densidad de pastoreo a la prima por sacrificio. 
Por ello, prefiero no incluir estas enmiendas en el actual paquete de superación de crisis sino que volveré a ellas en el marco de la mid term-review. 
La fijación del número mínimo de novillas en el rebaño de vacas madre tiene como finalidad que se puedan conceder también primas por los animales no reproductores. 
Se trata de una especie de prima por retirada de la producción. 
En otras palabras, para conceder un pago con independencia total de la producción. 
Pero este pago sólo tiene sentido si el tipo mínimo sobrepasa la cifra normal de reproducción para las vacas. 
Por ello, prefiero permanecer en la proporción de al menos el 20% de novillas que he propuesto yo. 
En consecuencia, lamentablemente, tengo que rechazar la enmienda nº 16. 
La supresión de la edad mínima para la prima por sacrificio de terneros que se propone en la enmienda nº 19, puede ser atractiva para algunos que en el pasado defendieron la prima Herodes. 
Sin embargo, no considero defendible este punto por consideración a los consumidores conscientes de la protección de los animales. 
La idea que se expone en la enmienda nº 21 de aumentar la prima por sacrificio para los terneros parece a primera vista lógica pues se pretende aumentar la producción de este tipo de carne y producir menos carne roja. 
Sin embargo, dudo sobre la eficacia de una medida así ya que la producción de carne de ternera normalmente corresponde al consumo de esta carne y no es de esperar, en mi opinión, un aumento del consumo de carne de ternera como consecuencia de un aumento de prima. 
A ello viene a sumarse que esta propuesta iría unida a considerables cargas para el presupuesto de la UE. 
La enmienda nº 28, que pretende un aumento de la prima por sacrificio de terneros que han sido alimentados con leche entera y en el prado es en mi opinión inaplicable técnicamente. 
Finalmente, saludo la propuesta de las enmiendas nº 6, 7, 8 y 22 de intentar recuperar la confianza de los consumidores con ayuda de un programa de información y aumentar de este modo el consumo. 
En este contexto, me parece importante poner en marcha lo antes posible un programa adecuado. 
Por ello, no creo que la creación de un nuevo fundamento jurídico a partir del 1-1-2002 haga justicia al objetivo de actuar rápidamente. 
Mis colaboradores han trabajado ya muy duramente para elaborar sobre la base de las normas jurídicas actualmente un programa de este tipo y llevarlo a la práctica lo antes posible. 
Como podrán deducir de mis reacciones, este informe y el intercambio de ideas han demostrado ser extremadamente fructíferos. 
Incluso aunque no pueda aceptar muchas de sus enmiendas en su redacción actual, la Comisión coincide plenamente con su opinión en muchos puntos. 
La próxima semana transmitiré estas sugerencias al Consejo quien, como espero, adoptará una decisión política sobre este paquete. 
Voy a contestar totalmente al final a la pregunta del Sr. Alavanos, quien me ha preguntado qué es lo que le diré al santo que lleva mi nombre cuando, si Dios lo quiere, vaya en alguna ocasión al cielo. 
Le diré que es cierto que en esta fase de crisis se hubo de sacrificar a muchos animales pero que también es cierto que en el marco de la Comisión y con ayuda del Parlamento Europeo he trabajado para que los animales en este mundo sean tratados lo mejor posible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Señorías, antes de pasar a la comunicación de la Comisión, y antes de recibir al Presidente Prodi, tengo una información penosa que comunicarles: Gorka Landaburu, periodista muy conocido en el País Vasco, ha sido víctima esta mañana de un atentado execrable mediante un paquete bomba que le ha herido gravemente. 
Su vida no corre peligro, pero quiero comunicarle, en mi nombre y en el de todos ustedes, nuestros deseos de una pronta curación. 
Quería decir simplemente que al día siguiente de las elecciones en el País Vasco, en las cuáles la inmensa mayoría del pueblo vasco dijo no a la violencia, este nuevo atentado contra la libertad de expresión no puede más que interpelarnos y rebelarnos profundamente. 
Estrategia para el desarrollo sostenible 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la estrategia para el desarrollo sostenible. 
Doy ahora la palabra al Sr. Prodi. 
. (IT) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, el desarrollo es sostenible si satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias necesidades. 
Este concepto lo formuló la Comisión Bruntland en 1987 y sentó las bases de las declaraciones de Río. 
La Unión Europea se comprometió a traducir este concepto en estrategias concretas con vistas a la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible del año 2002. 
Salimos, por lo tanto, de una larga historia y me es grato anunciarles que hoy la Comisión ha votado, mejor dicho, ha aprobado su propuesta relativa a una estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible en el marco de nuestros preparativos para esta Cumbre mundial. 
En efecto, desde que se incorporó al nuevo artículo 2 del Tratado de Amsterdam, el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la Unión y figura entre las finalidades principales de la integración europea. 
Por lo tanto, la decisión de dar importancia al desarrollo sostenible ha sido especialmente afortunada. 
Si en el pasado éste era considerado un lujo, hoy aumenta la conciencia de toda una serie de tendencias preocupantes e importantes, unas tendencias de las que tenemos que ocuparnos ahora y antes de que sea demasiado tarde. 
Algunas de estas tendencias, como el calentamiento del planeta o la pérdida de la biodiversidad, afectan a aspectos muy prioritarios del funcionamiento ecológico de la Tierra, de la que depende el destino de la humanidad. 
Sin embargo, sería un error vincular el concepto de desarrollo sostenible a perspectivas de miseria y desolación. 
De hecho, el verdadero reto de una política de desarrollo sostenible consiste en hacer compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente. 
Para hacerlo son indispensables mayores progresos tecnológicos y el compromiso de instrumentos económicamente eficaces y tolerables. 
Si sabemos plantear nuestras políticas de manera inteligente y si anunciamos a tiempo nuestros objetivos a largo plazo, nuestras economías no encontrarán dificultades en su camino hacia el desarrollo sostenible. 
El documento estratégico aprobado hoy por la Comisión pretende sentar las bases de la estrategia de la Unión Europea que se debería y deberá aprobar los días 15 y 16 de junio en el Consejo Europeo de Goteburgo. 
Este documento es nuestra respuesta a la invitación, formulada en diciembre de 1999 en Helsinki, a elaborar una propuesta de estrategia a largo plazo para coordinar las políticas con miras a un desarrollo sostenible desde el perfil económico, social y ecológico. 
Imagino que este tema no solo figurará en la Cumbre de Goteburgo, sino también en los puntos a debatir con el Presidente Bush en la reunión bilateral que se celebrará antes de dicha Cumbre. 
¿Cuál es la estrategia que proponemos y que hoy hemos decidido? 
Ante todo esta estrategia constituye la primera fase de un planteamiento en dos tiempos. 
En primer lugar, nos hemos comprometido a asumir todas nuestras responsabilidades a nivel internacional, es decir, a mostrar la máxima solidaridad en este campo. 
Queremos lograr que todas nuestras políticas contribuyan a promover un desarrollo sostenible global. 
Una vez puesta en orden nuestra casa, insistiremos para que también los demás países asuman su responsabilidad. 
Quisiéramos asimismo convertir el desarrollo sostenible en un tema de debate en todas las instituciones internacionales. 
En segundo lugar, promover el desarrollo sostenible significa unir e integrar entre sí los objetivos económicos, sociales y medioambientales de la sociedad en la que vivimos. 
Si no convertimos nuestras políticas en más coherentes, los avances hacia un desarrollo sostenible serán muy limitados. 
Para que esta estrategia funciones, debemos ir más allá de las discusiones abstractas sobre los conceptos y las definiciones de sostenibilidad: debemos traducir en acciones el concepto formulado por la Comisión Bruntland. 
Para superar la resistencia sectorial y fijar los objetivos correspondientes a los intereses a largo plazo, proponemos políticas fuertes y decisiones ambiciosas y por esto, pedimos el compromiso de los ciudadanos a nivel individual y colectivo. 
Los Gobiernos pueden fijar el marco de referencia pero, al final, no puede existir un desarrollo sostenible si las personas y las empresas no toman decisiones acertadas en materia de consumo y de inversiones. 
La Comisión tiene la intención de aceptar este reto proponiendo medidas horizontales para mejorar la eficacia global de nuestras políticas. 
Dichas medidas están dirigidas a garantizar cuatro resultados. 
En primer lugar, al formular una política en este ámbito, se deben determinar los probables efectos colaterales, positivos y negativos, en todos los demás sectores. 
En segundo lugar, todas las políticas deben convertir el desarrollo sostenible en su principio inspirador. 
En particular, los criterios concretos relativos al desarrollo sostenible deben llegar a ser principios guía de las futuras revisiones de las políticas comunes, incluso en los sectores de la agricultura, de la pesca y de los transportes, así como en los demás sectores. 
En tercer lugar, hay que eliminar las subvenciones que fomentan la utilización desconsiderada de los recursos naturales. 
En cuarto lugar, el desarrollo sostenible depende de las decisiones cotidianas de inversión, de consumo y de movilidad de millones de empresas y de consumidores. 
En consecuencia, es fundamental una actitud generalizada de explicación y de apoyo activo en favor del desarrollo sostenible. 
Es decir, queremos animar a las empresas a que adopten un enfoque activo en este ámbito invitando, por ejemplo, a todas las empresas que cotizan en Bolsa, con al menos 500 trabajadores, a publicar en sus informes anuales a los accionistas, un balance de los estándares económicos, medioambientales y sociales conseguidos. 
La tercera característica focaliza claramente los riesgos a los que hay que enfrentarse en nuestra operación en favor del desarrollo sostenible. 
Además de las medidas más horizontales, proponemos una serie de objetivos claros y medidas en el ámbito de la Unión Europea para hacer frente a los que consideramos los riesgos para afirmar el principio de desarrollo sostenible. 
Como quizás recuerden, en marzo descubrimos algunas preocupantes tendencias de deterioro irreversible en seis ámbitos: cambio climático, pobreza y exclusión social, envejecimiento de la población, tráfico, reducción de los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad y, por último, riesgos para la salud pública. 
Estas tendencias nos afectan a todos. 
Para detenerlas debemos adoptar iniciativas específicas y fuertes y debemos hacerlo enseguida, dado que en muchos casos hemos llegado a situaciones límites. 
Los recientes Consejos Europeos de Lisboa, Niza y Estocolmo han arbitrado ambiciosas medidas objetivas para luchar contra la pobreza y la exclusión social y para hacer frente a las consecuencias sociales del envejecimiento. 
En consecuencia, no proponemos nuevas iniciativas en estos dos ámbitos. 
Sin embargo, quisiera subrayar que estos, es decir, los ámbitos sociales forman parte integrante de la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible, al igual que el medio ambiente y la salud pública. 
En los otros cuatro ámbitos proponemos, en cambio, objetivos nuevos y, diría también, ambiciosos. 
Es obvio que los objetivos más ambiciosos son también los más controvertidos. 
Para luchar contra el cambio climático, por ejemplo, además de los compromisos de Kyoto, proponemos reducir más aún, si cabe, las emisiones de gases con efecto invernadero bajándolas cada año un 1% respecto a 1990 y esto hasta el año 2020. 
Proponemos objetivos más ambiciosos en cuanto al impuesto sobre la energía, así como una progresiva eliminación de todas las subvenciones a la producción y al consumo de combustibles fósiles para el año 2010. 
Se trata de propuestas que implican cambios políticos y económicos bastante fuertes. 
Obviamente, deberemos tomar medidas para desarrollar fuentes alternativas de empleo de los trabajadores de las minas abandonadas o de los campos afectados, y tendremos que examinar, en el contexto de las negociaciones de adhesión, la situación específica del sector del carbón en algunos países candidatos. 
Por último, entre las medidas que proponemos está la de aumentar a, como mínimo, el 7% para el año 2010 el porcentaje de combustibles alternativos, incluidos los biocombustibles, respecto del total de los combustibles consumidos por automóviles y camiones. 
Para hacer frente a los riesgos para la salud, proponemos hacer lo posible para que en el año 2020, a más tardar, las sustancias químicas se fabriquen y utilicen sólo en formas que no comporten riesgos significativos para la vida humana y para el medio ambiente, así como reorientar las subvenciones de la política agrícola común para garantizar productos sanos y promover la calidad y no la cantidad. 
Esto comportará, por ejemplo, -parece un discurso general- la progresiva eliminación de las ayudas a los productores de tabaco. 
También en este caso tendremos que desarrollar fuentes alternativas de renta y de actividad, porque en algunos casos estas producciones se encuentran en regiones realmente pobres. 
Por lo tanto, se trata de toda una política que está por coordinar. 
Para mejorar los sistemas de transporte, proponemos, entre otras cosas, desvincular el crecimiento de los transportes del crecimiento del producto interior bruto y actuar a fin de que el porcentaje de transportes por carretera correspondiente a 2010 no supere el de 1998, último año sobre el que tenemos datos concretos. 
Es un objetivo que parece mínimo pero que implica cambios e inversiones muy fuertes. 
Estos son algunos ejemplos- aunque no agotan todas las decisiones tomadas- de nuestras propuestas de cara a Goteburgo que demuestran claramente que, para traducir estas medidas en auténticos actos legislativos, será necesario asumir un fuerte liderazgo político. 
Por ultimo, el cuarto y último elemento, la credibilidad de toda estrategia depende del control y seguimiento eficaz de su ejecución y de la existencia de sistemas de revisión. 
El Consejo Europeo de Estocolmo tomó la decisión de que todas los aspectos del desarrollo sostenible han de ser reexaminados con ocasión del Consejo Europeo anual de primavera. 
Por lo tanto, medir estos progresos en primavera significará añadir una serie de indicadores a los acordados en Lisboa. 
Dichos indicadores arrancan, obviamente, de los objetivos y de las metas a largo plazo propuestos por la Comisión en su documento estratégico para Goteburgo. 
Para que esta estrategia funcione, la Comisión estima que también hay que cambiar los métodos de trabajo de todas las Instituciones de la Unión Europea, empezando por nosotros mismos. 
En efecto, en todas las fases del proceso legislativo comunitario existe una lamentable tendencia a formular y debatir propuestas políticas sin prestar la suficiente atención a la relación que hay entre los distintos sectores. 
La actual organización de la Comisión y, creo, del Consejo y del Parlamento acentúa este enfoque reducido y sectorial. 
Por lo tanto, debemos preguntarnos qué medidas hay que tomar para eliminar estas barreras sectoriales que nos impiden formular políticas globalmente basadas en el desarrollo sostenible. 
Por lo que se refiere a la Comisión, crearemos una mesa redonda para un desarrollo sostenible, o sea, un órgano integrado por asesores independientes que informarán directamente al Presidente de la Comisión. 
A la hora de preparar cada mes de diciembre el informe de síntesis, tendremos en cuenta su trabajo. 
Estos asesores deberán formular asimismo recomendaciones con respecto a cómo convertir en más coherentes todas las políticas comunitarias. 
En nuestra opinión, aunque se trata tan sólo una propuesta, sería útil que el Consejo y el Parlamento adoptaran estos instrumentos para que nos ayuden a mantener un diálogo continuo y constructivo. 
Señora Presidenta, Señorías, estoy convencido de que si logramos traducir en actos legislativos las propuestas concretas hoy esbozadas, la Unión Europea tendrá unas buenas perspectivas de llegar a ser, a largo plazo, una sociedad más justa y mucho más respetuosa con el medio ambiente y el ser humano. 
Para garantizar una mejor calidad de vida a nosotros mismos y a nuestros hijos, debemos convertir el desarrollo sostenible en una realidad interesante y apasionante para todos los europeos y no sólo para los expertos. 
No cabe duda de que esto comportará sacrificios a corto plazo pero, a largo plazo, ofrecerá grandes ventajas. 
Lo que no podemos hacer es dejar que continúen las actuales tendencias sin reaccionar. 
No nos hacemos ilusiones de cambiar el mundo en Goteburgo, sin embargo, lo cierto es que emitimos una señal para empezar a cambiar costumbres y comportamientos. 
Europa debe dar ejemplo en este terreno y nosotros tratamos de hacer todo lo posible para empezar con buen pie este nuevo camino. 
Señora Presidenta, me alegro enormemente de que el señor Prodi y la Comisión den prioridad al desarrollo sostenible. 
Sin embargo, yo quisiera decir que, dentro del desarrollo sostenible, hay un tema del que nunca se habla y que entra, según creo, dentro de la tradición europea, un tema que debiéramos tener en cuenta: el hombre. 
Siempre estamos hablando de la biodiversidad de la naturaleza, pero no tenemos en cuenta que en nuestros programas, en general, se carece de proyectos y líneas de trabajo sobre el entorno del hombre: tanto el entorno natural como, sobre todo, el urbano, donde el hombre vive. 
La sostenibilidad tiene que tener en cuenta que, en el mundo actual, no se puede distinguir entre escenario artificial y escenario natural. 
Las ciudades son un escenario artificial tan importante como el natural, y tenemos que tener en cuenta que no podemos permitir que se destruya nuestro patrimonio, que se destruyan las ciudades, que se destruya el medio, sin calcular las consecuencias que eso tiene para el hombre. 
La ciudad es el escenario de las mayores injusticias, es el escenario que tenemos que cuidar para que no se produzca la marginación. 
Por tanto, si no introducimos el medio ambiente urbano y el medio ambiente histórico, que han constituido la identidad europea, nos quedaremos sin una gran parte de nuestra personalidad. 
Decía Salvador de Madariaga que el hombre es el único árbol que coge sus raíces y echa a andar. 
Pues bien, creo que este es un tema importante que debemos tener en cuenta; que hay un desarraigo de nuestra sociedad; que es preciso tener en cuenta los escenarios en que el hombre vive, porque ahí se producen los mayores problemas de medio ambiente, ahí se generan los mayores problemas de tipo cultural. 
Por tanto, cuidemos ese ambiente y tengamos en cuenta que, aunque la biodiversidad de modelos de vida y de escenarios es importante, creo que la Unión Europea, en este momento, se está apartando en gran medida de la sostenibilidad, en el sentido de que sólo se financian masivamente proyectos gigantescos, como ha ocurrido con el proyecto URBAN. 
Uno de los principios de la sostenibilidad es atender a lo pequeño, atender a lo mínimo. 
Eso, Señorías, es lo que pido para la sostenibilidad. 
Señor Gutiérrez, no cabe duda de que con sus críticas, con las que no puedo decir que estoy totalmente de acuerdo, usted ha tocado un punto muy concreto. 
Evidentemente, no estoy de acuerdo con que no se empieza a sentir una respuesta por parte de las Instituciones europeas. 
Hemos modificado notable y precisamente la estrategia en la promoción de un desarrollo regional que reduzca las disparidades económicas entre las distintas regiones y que mantenga un equilibrio entre comunidades rurales y comunidades urbanas y, a este respecto, hemos cumplido las recomendaciones de la perspectiva de desarrollo espacial europeo que se formularon en su día. 
Ciertamente el punto de partida es el que usted ha descrito, sin embargo, creo que lo que se está haciendo es una corrección en la dirección correcta, aunque, probablemente, no en la medida en que deberíamos. 
Con todo, la Cumbre de Goteburgo debería darnos más energía para caminar en la dirección que usted ha apuntado. 
Señora Presidenta, Comisario Prodi, usted se ha referido al desarrollo sostenible, que debe imponerse en todo el mundo. Usted ha mencionado algunas iniciativas que son aplicables a Europa. 
Está muy bien. 
También hay una discusión en torno a la cuestión de si las empresas europeas no sólo tendrían que informar sobre las normas sociales y medioambientales que cumplen en Europa, sino también sobre las que cumplen cuando invierten fuera de ésta ¿Qué sucede cuando invierten en Asia, África o América Latina? 
¿No sería una buena idea discutir con las grandes empresas la cuestión de si no tienen que respetar las normas medioambientales europeas cuando invierten en Taiwan, Namibia o Brasil? 
Una gran empresa como Volkswagen ya está considerando esta estrategia. 
De esta manera, podemos hacer algo por el medio ambiente tanto en Europa como fuera de la misma, y ésa es una iniciativa concreta. 
Tal vez debamos hacer obligatoria esta estrategia dentro de un par de años, pero en primer lugar debemos entablar un diálogo con las grandes empresas. 
Señoría, estoy de acuerdo con lo que dice, no obstante, debemos ser realistas y llevar a cabo lo que usted pide primero en nuestra casa, con mucha diligencia y mucha fuerza, y sólo después pedirlo cuando se hacen inversiones fuera de Europa. 
Usted tiene razón: si hay una consecuencia inmediata de la globalización ésta es que, con respecto a estos temas, hay que tener las mismas reglas en todo el mundo. 
Sin embargo, creo que por ahora debemos actuar con diligencia a la hora de hacer respetar estas cosas, al menos, en el ámbito europeo. En todo caso, estamos aún muy lejos de esta situación. 
Señora Presidenta, he oído con interés lo que ha dicho el Sr. Prodi. 
Algunas de sus ideas son muy buenas. 
Y la lista, más bien ecléctica, de cuestiones que ha enumerado- cuyo resultado no se ve aún con claridad- van en una dirección. 
Ahora bien, una cuestión que no requiere la adopción de nuevas normas legislativas, que ha propuesto y que nos ayudará a dar unos cuantos pasos importantes hacia la sostenibilidad, es, clara y sencillamente, la puesta en práctica y el cumplimiento de la vigente legislación ambiental en la Unión. 
Si lo hacemos dentro de los cinco próximos años, no necesitaremos efectuar nuevos estudios ni adoptar nuevas leyes y daremos a los países candidatos un ejemplo clarísimo de lo que tienen que hacer para ser miembros de la Unión. 
¿Puede decirme el Comisario lo que va a hacer a ese respecto? 
La respuesta que acabo de dar coincide con lo que usted ha dicho: antes de todo debemos aplicar la legislación en Europa y después fuera de ella. 
Sin embargo, usted me ha preguntado algo más con referencia a los países candidatos. 
Le puedo garantizar que el capítulo medioambiental es uno de los cuatro capítulos más difíciles. 
Cuando me preguntan cuáles son los capítulos más complejos de la ampliación, contesto: la agricultura, el medio ambiente, los Fondos estructurales y los problemas de la movilidad laboral. 
Por lo tanto, se trata de temas respecto a los cuales, debemos debatir, caso por caso, hechos muy complicados. 
En relación con los temas medioambientales, hemos llegado incluso a votar excepciones para algunas acciones del BERD, para algunas acciones de ayuda ante situaciones dramáticas también fuera de la Unión, autorizando inversiones del BEI en San Petersburgo y en Kaliningrado, y esto porque tratamos de dar prioridad a los problemas medioambientales. 
Debo decir que en muchos casos estaremos obligados a que haya períodos, no digo de moratoria, sino transitorios en estos temas, dada la complejidad de las inversiones y habida cuenta de que el terrible retraso de estos países impide alcanzar una ecualización de la situación en breve plazo. 
Señora Presidenta, usted mencionó San Petersburgo y la Cumbre de junio, pero esta semana tiene usted otra Cumbre, con Rusia. 
¿Cómo va usted a discutir el desarrollo sostenible en la Cumbre con el Sr. Putin? 
¿Va a referirse usted al tema del ahorro energético? 
¿Tratará usted el asunto de la delicada producción energética en las regiones árticas? 
¿Va a informar usted posteriormente del cumplimiento de los anteriores compromisos, contraídos en la anterior Cumbre entre Rusia y EE.UU., en los que Rusia se obligaba a proteger el entorno del Golfo de Finlandia en relación con la construcción del puerto de Primorsk? 
¿Exigirá usted que Rusia ratifique la Convención ESBO sobre descripción de las consecuencias medioambientales en contextos transfronterizos? 
Sólo menciono algunos de los asuntos que ustedes trataron en la última Cumbre. 
La situación en el Golfo de Finlandia es muy delicada por la construcción del puerto de Primorsk. 
Estoy a punto de viajar a Moscú, donde mañana por la tarde comenzará la Cumbre. 
He de admitir que por la seria y constructiva insistencia de Finlandia y de los Países nórdicos, uno de los puntos fundamentales atañe sobre todo a los problemas ecológicos del golfo de Finlandia. 
Es en este contexto que, como acabo de decir, se ha autorizado al BEI a conceder préstamos, aunque única y exclusivamente en el ámbito ecológico. 
Por lo tanto, se ha hecho una excepción, pues consideramos la situación realmente dramática. 
Mañana vamos a afrontar también el problema más global de la energía, habida cuenta de las dispersiones, el vertido, el derroche y todos estos aspectos en la política de cooperación energética, en cuyo ámbito hemos celebrado a lo largo de estos meses muchos encuentros técnicos que han supuesto un gran avance. 
Por último, existe- y éste es el capítulo que más me preocupa- el gran problema de los residuos nucleares que fueron objeto de debate en la última reunión: residuos que son submarinos, así como de instalaciones industriales y de centrales. 
Estamos trabajando en esto muy activamente, sin embargo, la magnitud económica del problema es enorme y lo cierto es que no puede ser afrontada única y exclusivamente por las finanzas de la Unión Europea. 
Espero que con respecto a este tema se pueda construir una relación común para afrontar un problema que, desde el punto de vista económico, está adquiriendo unas dimensiones realmente considerables, pero que, al mismo tiempo, exige una intervención fuerte. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecerle a usted el compromiso y la reacción inmediata que acaba de tener frente al último atentado terrorista en nuestro país, porque es terrible que de nuevo se haya atentado contra la integridad de una de las personas probablemente más respetadas en el País Vasco. 
En segundo lugar, señor Prodi, ayer estuvimos votando en comisión hasta las doce de la noche el Sexto programa de acción medioambiental, que constituye la estrategia de la Unión Europea con respecto al medio ambiente para los próximos diez años. 
Es algo que me concierne como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y como ponente de opinión de la Comisión de Peticiones. 
El problema grave con el que nos encontramos no es la falta de legislación medioambiental: hay una extraordinaria legislación medioambiental. 
El problema es que no se cumple, y sé que la Comisión Europea ya ha enviado a un grupo de países a los tribunales. 
Sin embargo, el proceso es muy largo. 
La pregunta es clara: ¿qué medidas claras y concretas se pueden tomar para obligar a los Estados miembros a cumplir el Derecho comunitario, y cómo se pueden agilizar los procesos judiciales para que se cumpla, precisamente, ese Derecho comunitario? 
En muchos casos, esto nos lleva a sobrepasar los límites de nuestra competencia. 
En la mayoría de los casos que usted, Señoría, ha apuntado, no tenemos más armas que la insistencia, la persuasión frente a la opinión pública; sin embargo, son los Estados miembros los que siguen siendo los responsables de su aplicación. 
En algunos casos, cuando se podía, hemos llegado a condicionar algunas de nuestras acciones al cumplimiento de las normas medioambientales, pero usted entiende que esto sólo puede ser una excepción concreta, al igual que puede serlo acudir al Tribunal de Justicia, cosa que se ha hecho en un gran número de ámbitos. 
Pero aquí estamos en lo patológico: el aspecto fisiológico es el de la responsabilidad de los Gobiernos nacionales. 
Señora Presidenta, señor Presidente Prodi, a mí me interesaría lo siguiente: ¿cree usted que sería adecuado analizar sistemáticamente las líneas presupuestarias de la Unión Europea para ver con qué líneas logramos realmente un desarrollo sostenible? 
¿Podríamos comprobar con un método de best practice con qué líneas presupuestarias promovemos en realidad un desarrollo sostenible sustancial? 
Quizás pudiésemos llevar a cabo también un benchmarking para que se vea cómo se desarrollan las líneas presupuestarias. 
¿Cree usted que el método de best practice podría conducirnos a un éxito óptimo? 
Es lo que tratamos de hacer en todos los ámbitos. 
Hoy, por ejemplo, este tema ha salido a relucir a lo largo del debate de la Comisión. Piense, señor Rübig, en el debate sobre las subvenciones al tabaco. 
Lo cierto es que, desde el punto de vista de la lógica de la renta de la agricultura, al cultivarse en muchos casos el tabaco en las zonas más desfavorecidas, en particular en las regiones fronterizas de Grecia, tuvimos que someter este tipo de subvención a un discurso de sostenibilidad, es decir, que va en contra de otros principios, de otros problemas como los problemas de la salud. Sin embargo, también nos hemos planteado la cuestión de poner a punto una política de ayuda a las rentas de aquellos que ahora viven de este producto. 
He aquí un típico ejemplo de la necesidad de establecer una comparación entre la política agrícola y su sostenibilidad en otros ámbitos, en este caso en el de la salud. 
Espero que este principio se aplique siempre. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, éste es un día que he esperado desde hace mucho tiempo como ponente del informe del Parlamento sobre desarrollo sostenible. 
Me satisface que el Presidente de la Comisión mencione tanto el liderazgo político, que considero uno de los elementos más importantes, como el ámbito local. 
Si podemos contemplar ambos niveles, habremos avanzado mucho. 
También se mencionó el ámbito global, cosa que me parece adecuada. 
Sin embargo, quisiera que se hiciese una puntualización. 
¿Qué implica esto para las actividades de la Unión, es decir, cuando actuamos, cuando invertimos, etcétera? 
Finalmente, ¿es posible entender esto como un instrumento de gestión de carácter general, válido para todas las actividades de la Unión? ¿Cómo hay que entender una estrategia de sostenibilidad? 
Si he entendido bien su pregunta, señora Hulthén, usted exige una doble respuesta. 
Por una parte, hemos dicho que, dentro de la Unión Europea, debemos adoptar una serie de medidas horizontales, de modo que la sostenibilidad sea una especie de punto de referencia común al que hay que someter todas nuestras decisiones: en el sector agrícola, en el sector industrial, en los transportes. 
Es una cuestión complicada porque implica volverse atrás de muchas decisiones ya tomadas o incluso del examen de la sostenibilidad. 
Por otra parte, sin embargo, usted también me plantea la pregunta: ¿Y éstas mismas normas en lo relativo a la globalización y a los países no europeos? 
Pues bien, aquí debemos reiterar nuestro compromiso de actuar en todas las situaciones y en todos los foros internacionales pero, en muchos casos, no nos queda más que servir de ejemplo, ya que no tenemos ninguna fuerza para imponer nuestras decisiones. 
El caso de Kyoto es muy significativo. 
No se trata de que podamos imponer nuestra actitud a otros países; sin embargo, con la fuerza que tenemos ahora, si actuamos conjuntamente nuestro ejemplo acabará por tener un peso enorme también en las decisiones que se toman fuera de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente, cuando se trata de la sostenibilidad y de sus ambiciosos objetivos nos encontramos en un círculo vicioso. 
Las fuerzas del mercado con su espontaneidad y la deregulación con sus repercusiones se oponen en gran medida a sus muy ambiciosos objetivos. 
Tengo dos preguntas. 
Primera: ¿qué palanca va a utilizar usted bajo estas condiciones? 
Uno de sus predecesores, el Sr. Delors, resumió la cuestión del traslado del transporte de la carretera al ferrocarril en conceptos completos. 
Si hoy analiza la situación verá que apenas ha cambiado nada. 
La situación más bien ha empeorado. 
Hablamos sobre energías alternativas y la energía solar o la energía eólica apenas se promueven. 
Los grandes consorcios no quieren que tales cosas se conecten a la red. 
Segunda: ¿cómo debe mantenerse un debate con los ciudadanos? 
¿Sobre qué vamos a hablar? 
¿Sobre hechos y realidades o también sobre cómo se puede incluir a las ciudadanas y ciudadanos de un modo más democrático y activo para que participen? 
¿Qué informaciones nos va a proporcionar a nosotros los diputados? 
Para contestar a su pregunta, hace un momento decía que debemos fijarnos como objetivo un impuesto sobre la energía que regule su consumo no solo incrementando el transporte por ferrocarril a un porcentaje no inferior al de 1998 y, por lo tanto, llegando a alcanzar con decisiones concretas esos objetivos que usted, señor Modrow, ha dicho que no se han cumplido, sino también marcándonos el objetivo de utilizar un porcentaje de combustibles alternativos, incluidos los biocombustibles, de, como mínimo, el 7% del total para el año 2010. 
También es posible que este 7% le parezca insignificante; sin embargo, según nuestras cuentas, se trata de algo serio. 
Las dos cosas que nos hemos comprometido a hacer son, sin duda, un objetivo alcanzable con algún sacrificio, incluso con instrumentos fiscales, pero alcanzable sin perjudicar a la economía. 
En lo que concierne a la movilización de los ciudadanos, es necesaria una sensibilización muy fuerte. 
Para conseguir resultados más concretos, hemos pensado en comenzar por las empresas: de ahí la propuesta de contar con una especie de balance de sostenibilidad de todas las empresas que superen los 500 trabajadores y que coticen en Bolsa, para luego pasar a una sensibilización progresiva de la opinión pública. 
No hay duda de que ambas cosas van ligadas. 
Le puedo asegurar que hace algunos años no hubiéramos podido mantener la posición que hemos mantenido con respecto a Kyoto- acorde, todos los países juntos, con fuerza- si no hubiese cambiado, por suerte, la opinión pública. 
En consecuencia, sabemos que son dos cosas que hay que considerar conjuntamente. 
Si no existe una sensibilidad de la opinión pública, no cabe duda de que, políticamente, no lograremos realizar los cambios que nos hemos propuesto. 
En lo que respecta al control- como decía al final de mi intervención- proponemos que en el informe que vamos a presentar cada primavera ante el Parlamento figure el seguimiento y control de la sostenibilidad de las decisiones tomadas. 
Esto es algo indispensable porque, de lo contrario, las decisiones pueden llegar a ser contradictorias. 
Para la Comisión, he propuesto asimismo la que he llamado una mesa redonda: una especie de control y seguimiento por parte de expertos que constantemente nos insten a alcanzar estos objetivos. 
Con respecto a la globalización, me remito a la respuesta anterior. 
Los instrumentos de que disponemos consisten única y exclusivamente en hacer oír nuestra voz en los foros internacionales adecuados a este fin. 
No podemos hacer más, pero, repito, la Unión Europea tiene una gran responsabilidad en esta materia, ya que en este momento es el mayor protagonista económico mundial por las dimensiones físicas de su aparato productivo. 
Por lo tanto, no podemos negar que, aun careciendo por desgracia de una autoridad formal, tenemos una gran responsabilidad y una gran influencia en los países y en las estructuras de fuera de nuestro entorno. 
Señor Presidente, soy de los primeros que han solicitado formular una pregunta al Sr. Prodi. 
Su colaborador de la chaqueta marrón me ha hecho un gesto de asentimiento; pero no se me ha llamado para que formule mi pregunta. 
No entiendo por qué hay discriminaciones de este tipo. 
Han hablado más de diez de mis señores colegas, sin embargo a mi no se me ha tenido en consideración. 
¿Qué significa esto? 
¿Hay dos tipos de diputados en el Parlamento? 
Y, además, considero inadmisible la forma en la que se apunta a cuantos solicitan hacer uso de la palabra. 
Debería hacerse electrónicamente, para que pueda haber prioridad y seguridad en el registro de quienes lo solicitan. 
Turno de preguntas (Comisión) 
Ya sabe usted, señor Marinos, cómo es este debate que ha terminado: hay una discrecionalidad, pero también se pretende el equilibrio entre las diferentes nacionalidades y grupos. 
Yo no he participado en él y estoy seguro de que no ha habido ninguna discriminación y de que, el próximo día, usted tendrá la oportunidad de formular sus preguntas. 
No le puedo dar otra contestación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0169/2001). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 45, nº 94 y nº 95 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 94 formulada por (H-0393/01): 
Asunto: Esclavitud y trabajo infantiles A la luz del reciente caso de esclavitud infantil en África occidental, especialmente en la industria del cacao, ¿puede asegurar la Comisión que está adoptando todas las medidas necesarias para acabar con esta crueldad? 
¿En qué fase se encuentran los programas de introducción de un etiquetado voluntario para los productos no elaborado por mano de obra infantil? 
¿Qué medidas adicionales adoptará la Comisión en caso de que dichos acuerdos voluntarios no sean suficientes en la lucha para la erradicación del trabajo infantil? 
Pregunta nº 95 formulada por (H-0424/01): 
Asunto: Trata y explotación de menores en las plantaciones de cacao y la industria chocolatera El último informe de la UNICEF sobre la situación de los niños en el mundo presenta datos escalofriantes relativos a la trata y explotación de menores de 5 a 14 años de edad. 
El número de niños que se venden y se convierten en objeto de explotación a escala mundial se eleva a ¡250 millones! 
Quisiera poner de relieve un dato concreto relativo a las industrias europeas. 
En África, aparte de los circuitos de prostitución, la abrumadora mayoría de los niños acaba trabajando en plantaciones de cacao que producen la materia prima para la industria chocolatera europea y mundial. 
¿Qué piensa hacer la Comisión, en el marco de los acuerdos internacionales y de los intercambios comerciales con los países pobres del Tercer Mundo, para poner fin al inadmisible fenómeno de la explotación infantil y la trata de menores, fenómeno que se abolió oficialmente en 1880, pero que sigue existiendo en el tercer milenio con la connivencia de los países desarrollados de Occidente? 
. 
(EN) La Comisión Europea, evidentemente, es firme partidaria de que la comunidad internacional ejerza presión para evitar la trata de niños y el trabajo forzado de la infancia, particularmente en los países de África central y occidental en los que, lamentablemente, esas prácticas están bien establecidas desde hace mucho tiempo e incluso son toleradas por las autoridades nacionales. 
La Unión Europea ha condenado repetidamente esas políticas y vela por que la promoción de los derechos del niño sea una prioridad en nuestras relaciones con los países de que se trata. 
El Acuerdo de Cotonou reafirma el compromiso de las partes a respetar las normas de trabajo reconocidas internacionalmente, según las define la Organización Internacional del Trabajo, incluido el trabajo infantil. 
Por lo que se refiere a los acuerdos comerciales, la Unión Europea procura encontrar el apoyo de los interlocutores comerciales respecto de normas laborales fundamentales, incluido el caso del trabajo infantil. 
La Comisión estima que en el caso de los países que siguen realmente esas normas podría estudiarse la posibilidad de conceder tarifas preferentes adicionales en el plano de las preferencias generalizadas. 
La Comisión financia también acciones que están directamente orientadas a ocuparse de esa cuestión. 
Se han asignado más de 1,2 millones de euros para promover los derechos del niño y para proteger a los niños de la violencia y la explotación en Gabón, Benin, Togo y Nigeria. 
La Comisión está financiando también un proyecto en Benin que tiende a asignar más medios a una brigada de protección de menores, a fin de fomentar un mejor cumplimiento de la legislación y para mejorar la mentalización pública acerca de esta cuestión. 
Las organizaciones internacionales pertinentes, en particular el UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, están llevando a cabo otras muchas actividades. 
Una reciente señal positiva es la posible ratificación del Convenio de la OIT sobre la prohibición de la trata de niños. 
En principio varios países de África occidental, entre ellos Costa de Marfil, deberían ratificar dicho Convenio para el final de este mes. 
La Comisión apoya firmemente esas iniciativas. 
Señor Comisario, le agradezco su respuesta. 
Sabemos que la Comisión Europea emprende programas de acción con ideas y con financiaciones para proteger los derechos de los niños en los países del tercer mundo. 
Quisiera preguntarle. Primero, ¿Cómo evalúan, en calidad de Comisión Europea, esta política? 
¿Han procedido a alguna evaluación básica? 
¿Tienen intención de realizar controles más esenciales y no superficiales, que es como parece que vienen realizándose hasta este momento? 
Segundo, ¿Van a seguir al Parlamento Europeo, que ha pedido repetidamente llegar a compromisos políticos que se reflejen en el presupuesto de la Unión Europea sobre una política constituida y en profundidad, que proteja los derechos de los niños tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo? 
¿Va a contar la Unión Europea con una propuesta propia independiente con vistas a la Cumbre sobre los Derechos de los Niños que se celebrará en septiembre? 
El intergrupo del Parlamento está preparando una actividad para el 29 de mayo con este objeto, y será una oportunidad para formular una propuesta vinculante sobre la protección de los niños. 
. 
(EN) Es evidente que queremos tener en cuenta sus opiniones y las opiniones del Parlamento en la preparación de la conferencia, que como su Señoría ha mencionado muy acertadamente representa un acontecimiento importante en la movilización, no solamente de la conciencia internacional, sino de actividades internacionales encaminadas a luchar contra abusos que todos condenamos. 
En cuanto a la posibilidad de supervisar las prácticas seguidas en determinados países, es evidente que tenemos la posibilidad de aplicar las cláusulas y disposiciones esenciales de nuestros acuerdos en el marco del Acuerdo de Cotonou, a fin de procurar vigilar lo que está sucediendo. 
Es importante reconocer las múltiples razones de este problema, y reconocer la complejidad de algunas de las soluciones que se requieren, que en mi opinión apuntan directamente al corazón de lo que mencionamos a menudo cuando hablamos de la mitigación de la pobreza como parte central de nuestros programas de asistencia para el desarrollo. 
Por ejemplo, me gustaría destacar la estrategia de UNICEF basada en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en mi opinión constituye el centro de este debate. 
La estrategia de UNICEF se centra en cuatro esferas principales: antes que nada, mejorar la mentalización acerca del problema, que es lo que estamos intentando hacer. 
En segundo lugar, prestar apoyo económico a las familias que se hallan en una situación arriesgada, así como medidas apropiadas de bienestar social. 
De nuevo diré que esto forma parte de nuestra estrategia general de mitigación de la pobreza. 
Además, la mejora del acceso a la educación, su calidad, y por último el planteo de los derechos del niño y la capacitación de autoridades judiciales y oficiales encargadas de hacer cumplir la ley. 
El UNICEF brinda un análisis sumamente convincente y un camino muy sensato hacia la solución, y espero que, junto con las contribuciones al debate hechas por los diputados de este Parlamento, nos proporcionen un marco intelectual para nuestros preparativos de la conferencia que va a tener lugar este año. 
Quería plantear una cuestión parecida, pero me parece que la respuesta que se ha dado es adecuada. 
Señor Presidente, quisiera subrayar el problema que afecta a la industria europea del chocolate. 
La respuesta del Sr. Comisario hablaba de la ayuda que se presta a los países de Africa. 
Sin embargo, los propios representantes de la industria del chocolate europea, intranquilos ante el problema, se han reunido el día 2 de mayo, tal como he leído en "Le Monde", para debatir sobre el tema de la trata de niños esclavos. 
Creo que deberíamos ver el problema de la ética y las condiciones de funcionamiento de la industria en territorio europeo cuya producción se basa en este tipo horrible de trabajo. 
¿Ha seguido usted, señor Comisario, este debate organizado por la Unión Internacional del Cacao, la Unión Europea del Cacao, los sindicatos británicos de la industria del chocolate y la organización belga Caobisco? 
¿Qué opinión le merece esto? 
¿Qué medidas concretas han de tomarse? 
. 
(EN) Si, he visto el artículo que menciona. 
Hay que reconocer que si uno enfoca el problema en términos generales, también hay otras industrias como la del cacao y el chocolate que habría que tener en cuenta. 
Estoy seguro de que su Señoría está de acuerdo en que no sería adecuado que procurásemos boicotear algunos productos. 
Boicoteando determinados productos o materias no haríamos más que agravar los problemas de algunos países en desarrollo, que dependen muchísimo de la exportación de materias primas, y perjudicar a muchas personas que se hallan actualmente en un estado de pobreza inenarrable. 
Ahora bien, estoy muy de acuerdo en que haya iniciativas privadas y voluntarias de etiquetado, que puedan ayudar a crear oportunidades de acceso a mercados de primera clase para los productores de países en desarrollo, sobre la base del respeto de las obligaciones internacionales de la UE y con miras a la promoción concreta de normas laborales fundamentales. 
Los planes de etiquetado que sean objetivos, que sean transparentes y que no sean discriminatorios pueden promover exactamente el tipo de normas laborales más estrictas que su Señoría defiende y que yo también defiendo. 
Ese tipo de planes de etiquetado, reforzados por la asistencia técnica de la Unión Europea, son una forma sumamente eficaz de ocuparse de la cuestión de las normas laborales, no solamente en relación con los productos de que estamos hablando hoy, sino en relación también con otros productos. 
Como de costumbre, no hay nada que objetar en la respuesta del Comisario Patten. 
Quisiéramos hacer hincapié en que el bloqueo no es adecuado, especialmente cuando sabemos que la mayor parte de la esclavitud infantil tiene lugar, de hecho, en los hogares privados y en las pequeñas explotaciones. 
Agradezco también el respaldo que otorga a los trabajos de UNICEF. 
En el cielo de UNICEF hay, no obstante, muchas nubes debido a la decisión de no elegir a EE.UU. en la Comisión de Derechos Humanos. 
¿Podría el Comisario decirnos algo sobre las posibilidades de apoyar los trabajos de UNICEF en ese campo? 
Es sabido también que tienen gran actualidad las sanciones contra determinados países en esta región, por ejemplo, contra Liberia. 
¿Podría el Comisario asegurarnos que esto no va a significar una disminución en las ayudas a UNICEF y a los trabajos en pro de los niños? 
Las sanciones deben ser inteligentes. 
Hay que apoyar precisamente la educación y la actitud fundamentada en el derecho, como usted dijo. 
. 
(EN) El UNICEF es una organización importantísima de ámbito mundial, para la cual he tenido el placer de trabajar en el pasado. 
Naturalmente, no es más que una de las organizaciones que trabajan en esa esfera. 
La labor que el UNICEF ha realizado con la OIT para promover una plataforma común de acción sobre el particular es verdaderamente importante. 
Sin embargo, si lo que su Señoría está preconizando es que, a fin de podernos ocupar de esos problemas mundiales, necesitamos una mayor voluntad de promover el multilateralismo y las instituciones multinacionales; si lo que está preconizando es que este Parlamento debería enviar un mensaje al Gobierno de los Estados Unidos y a otros gobiernos de todo el mundo, entonces yo seré el primero en levantarme y aplaudirla, pues tiene toda la razón del mundo. 
¿Qué estamos tratando de hacer? 
Estamos tratando de luchar contra la pobreza, contra la capacitación y la enseñanza insuficientes, contra la capacidad institucional insuficiente para aplicar las leyes nacionales incluso en los casos en que ya existen. 
Estamos hablando de cooperación para luchar contra la delincuencia transnacional, porque ésa es una actividad verdaderamente criminal, obligar a los jóvenes a aceptar un empleo y obligar a las jóvenes a prostituirse. 
Para luchar contra todos esos problemas necesitamos instituciones multilaterales eficaces, y espero que la Unión Europea siga estando al frente de los que en el plano internacional son partidarios de buscar soluciones multilaterales para esos problemas. 
Pregunta nº 46 formulada por (H-0360/01): 
Asunto: Acuerdo de Asociación con Argelia y situación de las mujeres En relación con las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, ¿defenderá la Comisión la mejora en la situación de las mujeres? 
¿Se preverán medidas que posibiliten la educación y formación de las jóvenes que viven en zonas rurales? 
¿Qué avances se programarán para mejorar el estatus familiar de las mujeres? 
Preguntas dirigidas al Sr. Solbes 
. 
(EN) El Acuerdo de Asociación que estamos negociando con Argelia fija, entre las prioridades en el campo social y cultural, la promoción del papel de la mujer en el desarrollo económico y social y el mejoramiento del acceso de la mujer a la enseñanza y a la capacitación. 
Las cuestiones relativas a la equiparación de hombres y mujeres figuran también entre las prioridades generales del programa indicativo nacional MEDA para Argelia. 
Antes de adoptar una decisión sobre la financiación de cada programa se examinan sus posibles repercusiones en la situación de la mujer. 
La mujer figura entre los principales grupos a que apunta el proyecto de asistencia para el desarrollo de organizaciones no gubernamentales. 
Al final de 1999 habían recibido unos cinco millones de euros en el marco del programa MEDA. 
Un importante programa y fondo social se halla en las últimas fases de preparación. Con él se financiarán actividades para las mujeres pobres de las zonas rurales, mediante planes de capacitación y concesión de microcréditos. 
Para el año 2001 estamos preparando un proyecto de rehabilitación de infraestructuras en el campo de la educación y la salud, y un programa de reforma de la capacitación profesional. 
Esos proyectos tendrán efectos directos y positivos para las condiciones de vida de la mujer y para su situación desde el punto de vista del empleo. 
El programa titulado Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos ha financiado varios seminarios y proyectos en materia de derechos humanos y económicos de la mujer en Argelia desde 1996. 
En el año 2000, por ejemplo, se lanzó en los tres países magrebinos un programa regional cuya financiación ascendía a 1,4 millones. 
La finalidad de este programa es promover actividades que hagan hincapié en la participación de la mujer en la vida política y económica. 
Señor Comisario, su respuesta es insuficiente y muy corta. 
Sea usted más concreto y más preciso y dígame cómo califica usted la matanza de argelinos bereberes, a consecuencia de la carga policial de finales de abril en Argelia ¿qué efectos tendrá esa matanza de argelinos bereberes en las relaciones entre la Unión Europea y Argelia, en las relaciones entre la Comisión y Argelia? 
. 
(EN) Su Señoría me acusa de que soy demasiado breve. 
Procuro no extenderme demasiado en mis respuestas a las preguntas, para que los asistentes tengan mayor oportunidad de hacerme más preguntas, pero es evidente que no puedo leer página tras página de prosa bien intencionada y amable, si es eso lo que desea. 
No hace falta decir que condenamos todas las violencias, y ha habido demasiados actos de violencia en Argelia; también somos firmes partidarios de la promoción de los derechos de la mujer y de los derechos del individuo en general en Argelia. 
Hemos seguido con mucha atención la evolución de esta esfera muy sensible. 
Por ejemplo, he observado que el Presidente Bouteflika ha criticado recientemente la legislación vigente de Argelia en materia de familia. 
La Unión Europea, dentro de ciertos límites, puede sin duda alguna esforzarse por hacer de agente catalizador del cambio mediante la financiación de proyectos y acciones positivas, así como mediante su diálogo político sistemático con las autoridades. 
La concertación de un acuerdo de asociación facilitará este proceso mediante la institucionalización de nuestro diálogo político bilateral. 
Quizá no esté de más que reitere algo que ya he dicho. 
Acabamos de poner término a las deliberaciones anuales en el seno de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 
Hasta cierto punto es una lástima que tan a menudo nos encontremos en contradicción con Argelia cuando hacemos nuestra la validez universal de los derechos humanos. 
Espero que el acuerdo de asociación y el diálogo que promoverá den por resultado que tengamos menos desacuerdos de ese tipo en el futuro, porque somos partidarios de desarrollar los derechos humanos de la persona y de proteger sus libertades civiles en todas partes del mundo. 
Muchas gracias, señor Patten. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 47 decae. 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0322/01): 
Asunto: Lucha contra la pobreza en Grecia Según la comunicación de la Comisión (COM (2000) 0594 final) , Grecia presenta una gran divergencia entre ricos y pobres y la segunda mayor persistencia en la pobreza, lo que se confirma también en el reciente informe de la Comisión sobre la cohesión social. 
En la sección 2.2, titulada "Pobreza", se señala que el 21-22% de la población de Portugal y Grecia tiene unos ingresos inferiores al límite de la pobreza, mientras que en Grecia el 10% de la población se ve afectada por una pobreza persistente. 
¿Podría indicar la Comisión si el Gobierno griego le ha comunicado, y en qué fecha, programas y planes de acción concretos de lucha contra el fenómeno de la pobreza, dado que el índice de utilización de fondos del anterior programa operativo griego pertinente se movía en niveles muy bajos? 
Teniendo en cuenta que Grecia registra asimismo un nivel muy elevado de desempleo, una formación casi inexistente y los menores gastos de educación, factores que están directamente relacionados con la pobreza, ¿considera la Comisión que pueden combatirse de forma sustancial las causas fundamentales de la pobreza mediante la mera concesión de subvenciones sociales a los pobres? 
La comunicación de la Comisión sobre los indicadores estructurales, en la cual se presentan los datos más recientes sobre exclusión social y pobreza, pone de relieve que en 1995 en Grecia los indicadores referidos a tasa de pobreza, incluidas las transferencias sociales, la tasa de pobreza persistente y la relación entre ingresos de la población que supone el 20% más alto de la renta y aquella que supone el 20% más bajo de la misma, eran superiores a la media comunitaria. Evidentemente, ello nos pone de relieve un hecho claro, y es que la situación griega es peor que la del resto de los países de la Unión Europea. 
Sin embargo, habría que matizar un hecho muy importante, y es que estamos refiriéndonos únicamente a datos de 1995. 
Cuando podamos disponer de datos de otras características o de otros periodos, posiblemente esta situación sea distinta. 
Intentar vincular los problemas de empleo y pobreza a un solo factor es posiblemente incorrecto. 
En nuestra opinión, para hacer frente al problema de la pobreza deben considerarse varias dimensiones: la económica general, las reformas estructurales necesarias para mejorar el nivel de crecimiento y mejorar el nivel de vida, y también la utilización correcta de los fondos estructurales y la puesta en marcha de políticas específicas que permitan una mejora del empleo. 
En ese sentido, las estrategias de empleo pueden ayudar a luchar contra la pobreza. 
Lo mismo que también las políticas de asistencia social o acciones específicas dedicadas al problema concreto de la pobreza, tal como se pusieron de relieve en el Consejo Europeo de Niza. 
En este contexto, el Gobierno griego se ha comprometido a presentar su plan nacional de acción contra la pobreza y la exclusión social antes del primero de julio de 2001, y ese plan estará en vigor por un periodo de dos años. 
Dicho plan debería incluir la información sobre las medidas concretas de política de lucha contra la pobreza, incluyendo aquellas anunciadas recientemente por el Gobierno griego. 
Hay que recordar también que en el ámbito de la utilización de los fondos estructurales y en especial por lo que se refiere al Fondo Social Europeo, también hay algunas medidas específicas que permiten luchar contra la pobreza y la exclusión social, y en este sentido algunos de los programas operativos para el caso griego y también algunos de los programas regionales incluyen medidas sobre empleo, educación, salud y bienestar. 
Todo esto debería tener un efecto positivo y modificar esa situación a la que he hecho referencia y que, lógicamente, es la que incluyen los indicadores referidos al año 1995. 
Señor Comisario, gracias por su respuesta. 
Podría decir que, en general, estaría de acuerdo con lo que ha dicho, si exceptúa la observación de que cuando se acelera el crecimiento económico puede reducirse la pobreza. 
Creo que en Grecia, como en otros países, lo que observamos es justamente que con dicho crecimiento se amplía la distancia entre los ingresos del 20% y del otro 20%; y ahí está el problema. 
Y quizá sea bueno que responda usted y no el Comisario responsable de los temas sociales, porque se plantea realmente una cuestión de crecimiento económico. 
Creo que la Comisión debería tener una postura más estudiada. 
Por supuesto, como el Gobierno griego no les ha enviado aún su plan, no podemos comentarlo. 
Pero me permito recordarle, señor Comisario, que el plan anterior de Grecia sobre la lucha contra la pobreza tuvo una absortividad muy pequeña y una rentabilidad mínima. 
Por consiguiente, espero que volvamos a hablar sobre este plan porque usted tiene un gran papel que desempeñar. 
Imagino que más allá de lo que ha dicho, los temas fiscales y los temas de seguridad social tienen un papel importante en la reducción de la distancia entre la pobreza y la riqueza, digámoslo así. 
Y mucho me temo- no sé si he entendido bien- que la opinión de la Comisión no está muy definida. 
. Creo que mi posición inicial y sus comentarios no difieren mucho. 
He señalado que el crecimiento económico ayuda a mejorar el contexto y usted saca la conclusión de que no necesariamente reduce las diferencias. 
Es correcta su afirmación y no creo que este debate pudiera llevarnos muy lejos. 
Es cierto que en el caso griego las diferencias entre el 20% más rico y el 20% menos rico de la población son muy altas respecto a la media. 
¿Cual es la posición de la Comisión? 
Yo creo que la Comisión ha sido muy clara. 
En primer lugar, considero que crecer es importante. 
Dentro del crecimiento es fundamental incrementar el empleo. 
Para incrementar el empleo no basta con poner en marcha medidas de tipo estructural, como son la reducción de la imposición fiscal y de los costes sociales. 
También pensamos que adaptar los mercados laborales de tal forma que permitan crear más empleo es fundamental para luchar contra la pobreza, pero creemos que esto no incluye las acciones específicas de lucha contra la pobreza a las que se refiere el Consejo de Niza y que usted evidentemente conoce perfectamente. 
Las acciones necesarias se refieren a una serie de áreas que están bien recogidas. 
Creo que esa es la posición tanto de la Unión Europea como de la Comisión. 
Pregunta nº 49 formulada por (H-0361/01): 
Asunto: Consecuencias de la advertencia de ECOFIN a Irlanda El Consejo ECOFIN ha criticado durante este año el presupuesto nacional irlandés y en su opinión la política económica de este país conduce a una inflación demasiado elevada. 
¿Cómo piensa la Comisión reaccionar al respecto? 
¿Prevé la Comisión tomar medidas para con Irlanda, habida cuenta de que este país hace caso omiso de la advertencia de ECOFIN? 
. Señor Presidente, en mi primera intervención seré muy breve. 
Lo que dice la recomendación en su párrafo segundo, e intento explicarlo, es que se invita a la Comisión a informar a lo largo del año 2001 sobre el desarrollo económico y presupuestario en Irlanda y que el Consejo seguirá estos desarrollos y en particular evaluará la consistencia de los mismos con respecto a las grandes orientaciones de política económica. 
Estamos en el mes de mayo, de momento tenemos ya una serie de datos económicos y presupuestarios, pero sin embargo, yo no me atrevería todavía a sacar conclusiones excesivamente definitivas. 
La Comisión espera conocer estos datos con, no diría mayor precisión, sino con mayor valor desde el punto de vista del cumplimiento de las recomendaciones, para, posteriormente, presentar al Consejo su evaluación. 
Creemos que trabajar con datos que corresponden única y exclusivamente a los primeros meses de ejecución presupuestaria, que suponen arrastres del presupuesto anterior, no es el mejor método. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta. 
En mi opinión, el calentamiento de la economía irlandesa pone en evidencia el problema de tener una moneda y una política económica en países con condiciones económicas muy diferentes. 
Tengo una pregunta complementaria para el Comisario. 
¿Piensa usted que la economía irlandesa se vería beneficiada por unos tipos de interés más altos y por una moneda más fuerte, más apreciada? 
¿Cree usted que esto sería una ventaja para la economía irlandesa en la actual situación? 
. En primer lugar le contestaré de forma indirecta a su primera pregunta que es evidente que los tipos de cambio aplicados a la Unión como media no son los que corresponden a los países específicos que forman parte de la misma. 
Y si aplicamos la teoría monetaria clásica, es evidente que aquellos países con mayor tasa de inflación, con mayores crecimientos, necesitan políticas monetarias más restrictivas para evitar procesos de recalentamiento. 
Evidentemente, la conclusión se deduce claramente de los comentarios que acabo de hacer. 
El problema del tipo de cambio es un problema que ha dado lugar a bastante debate y a mucha discusión, dado que no se puede modificar el tipo de cambio, porque es un tipo de cambio irrevocable, dado que la solución en Irlanda se resolvería con una modificación del tipo de cambio. 
No es a través de una mayor inflación y, en cierta medida, con una reevaluación del tipo de cambio, como se pueden resolver en parte sus problemas, consiguiendo un mayor equilibrio en términos de balanza por cuenta corriente. 
Este es un debate que, sin duda alguna, tiene una cierta incidencia respecto al debate fundamental de política presupuestaria expansiva o no expansiva, pero no cabe duda de que, siendo cierta la argumentación utilizada por algunos teóricos de la economía, no es menos cierto también que una política presupuestaria expansiva forzaría a que ese ajuste por reevaluación real del tipo de cambio tuviera que ser todavía más violento de lo que sería en otras circunstancias. 
Dicho esto, únicamente le diré que, de acuerdo con nuestra información, el crecimiento en estos momentos va a ser claramente menor. 
La inflación sigue siendo alta, aunque menor que la de noviembre pasado, y las medidas presupuestarias que más nos van a interesar para evaluar qué es lo que está sucediendo en Irlanda en el futuro va a ser, sin duda alguna, el plan de ahorro decretado por el Gobierno irlandés, el impacto de la fiebre aftosa en Irlanda, que es muy significativo, y, por supuesto, la evolución de ingresos y gastos que hasta ahora no se corresponde con lo presupuestado. 
Pero, como he dicho antes, sacar conclusiones en el mes de abril sobre las cifras de final de año me parece excesivamente arriesgado. 
Señor Comisario, parece ser que las elecciones generales celebradas en Italia el domingo pasado están dando la victoria al partido centro-derechista Forza Italia y que el Sr. Silvio Berlusconi se convertirá en el próximo Primer Ministro de Italia. 
En su campaña electoral, el Sr. Berlusconi prometía a sus electores importantes bajadas en los impuestos y también esfuerzos de inversión en la construcción pública. 
¿Qué piensa usted sobre estas promesas electorales? 
¿Considera usted posible que la Comisión se plantee formular una recomendación específica también a Italia, en el caso de que Italia asuma o practique una política económica expansionista en una situación en que la zona euro acusa una verdadera tendencia inflacionista, o es que este tipo de advertencias afectan solamente a los países pequeños de la zona euro, como es el caso de Irlanda? 
Como Presidente de la Sesión, declaro que la pregunta no es pertinente porque no es complementaria. 
Tiene otros vuelos, otros alcances. 
Ya habrá momentos, sin duda, para realizar esta pregunta y tener contestación. 
Tiene la palabra para una pregunta complementaria la Sra. McKenna. 
¿Le preocupa a la Comisión que la presión que ejerce sobre Irlanda y sobre el Ministro de Hacienda de Irlanda pueda influir en el próximo referéndum sobre el Tratado de Niza? 
Tengo la impresión de que la Comisión no quiere seguir ejerciendo presión para evitar que se le pueda hacer objeto de mala publicidad. 
¿Para qué sirve que los ciudadanos de Irlanda elijan un gobierno si su Ministro de Hacienda no puede elegir a quien quiera? 
¿De qué nos sirve tener un gobierno? 
¿Hasta dónde llegará la UE en sus esfuerzos por apremiar a Irlanda en relación con los gastos públicos, porque en Irlanda los servicios se hallan en una situación desastrosa? 
Si sucede lo que suele suceder en la UE, la situación empeorará aún más. 
Hemos de tener en cuenta también la política económica de la UE y sus repercusiones para Irlanda en relación con los tipos de interés, respecto de los cuales no tenemos ya ninguna clase de control. 
No es democrático esforzarse por decidir cuál va a ser la política económica de un Estado miembro determinado, si consideramos que son los ciudadanos de ese Estado miembro los que han elegido al gobierno precisamente para que haga eso. 
. Dice su Señoría si se inquieta la Comisión porque el Tribunal de Justicia adopta una determinada sentencia en un sentido u otro por incumplimiento de normas comunitarias. 
Creo que hemos establecido entre todos unas reglas del juego. 
Yo creo que la regla fundamental es que debemos cumplir lo pactado. 
A la Comisión le corresponde la tarea, no siempre grata, de poner de relieve los incumplimientos de lo pactado. 
La Comisión, en este caso concreto, ha puesto de relieve ese hecho que, por otra parte, ha sido respaldado por unanimidad por el Consejo ECOFIN. 
Por lo tanto, entiendo que existan interferencias de este tipo, pero creo que no podemos ser rehenes de ese tipo de situaciones. 
En segundo lugar, ¿plantea la Comisión tomar como rehenes a los irlandeses respecto a sus decisiones? 
No, las reglas del juego están muy claramente definidas en el Tratado. 
Hay unas orientaciones generales que hay que respetar y esas orientaciones generales incluyen una serie de elementos de coherencia respecto a la política general. 
Irlanda, como otros países, forma parte de la Unión Monetaria y la evolución de los tipos de interés y de los tipos de cambio es un problema de interés para todos los Estados miembros. 
En consecuencia, todos tenemos que ser coherentes con esa política económica nacional que debemos adoptar de acuerdo con el Tratado, pero coordinada también de acuerdo con el Tratado. 
El debate sobre el peso relativo de Irlanda ya ha tenido lugar en este hemiciclo en otras ocasiones. 
Ya destaqué en su momento que, desde el punto de vista de la Comisión, los derechos y los deberes de todos los Estados miembros son iguales y, por lo tanto, el concepto económico- económicamente relevante- del diferente peso de uno u otro Estado miembro no tiene tanta importancia desde el punto de vista jurídico o normativo. 
Dicho esto, el margen de maniobra del Gobierno irlandés para incrementar lo que estime pertinente en términos de inversión pública y de mejorar sus servicios es total. 
El problema es que eso debe ser compatible con el respeto de las grandes orientaciones de política económica y con el Pacto de Estabilidad. 
Corresponde al Gobierno irlandés evidentemente definir cuáles son sus prioridades de gasto. 
Seré muy breve. 
Mi pregunta es si el caso de Irlanda hubiese sido más grave si se hubiese tratado de un país de la UEM, dentro de la moneda única, con más peso económico ¿Opina usted que el caso de Irlanda es menos grave porque es un país económicamente menos importante? 
. Sin duda alguna, desde el punto de vista económico, como acabo de decir, su afirmación es correcta. 
Pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de nuestros compromisos legales, la situación es la misma para todos los países, sean grandes o pequeños. 
El Tratado no prevé un tratamiento diferente a los países en una situación u otra. 
¿Qué decisión deberíamos adoptar si un pequeño país actúa como free-rider absoluto, obteniendo las ventajas de la Unión, pero sin ninguna de sus desventajas? 
¿Qué sucedería si en vez de un país fueran dos, tres o cuatro países pequeños? 
¿Qué dimensión debe tener un país para ser relevante? 
Me parece que ese argumento, aunque atractivo desde el punto de vista económico, desgraciadamente no es aceptable desde el punto de vista político y jurídico. 
Pregunta nº 50 formulada por (H-0385/01): 
Asunto: Coordinación de las opiniones de la UE en el FMI y el Banco Mundial En varios encuentros informales con europeos que trabajan en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional se ha mencionado que la actuación de la UE en estos organismos no está coordinada. 
¿Ha adoptado la Comisión alguna medida para solventar este problema, que implica que la UE no utiliza de manera óptima su influencia? 
Preguntas dirigidas al Sr. Fischler 
. La Comisión ha realizado varios intentos de mejorar la coordinación de la Unión Europea y de la Unión Monetaria para resolver el problema de la representación externa en el Fondo Monetario Internacional. 
En Viena se llegó a un acuerdo, a finales de 1998, sobre la base de una propuesta de la Comisión que, sin embargo, los Estados miembros no asumieron. 
La propuesta de la Comisión era que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 111 del Tratado CE, se tomase la decisión de que la Comunidad estaría en principio representada por la Presidencia de la zona euro, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. 
Sin embargo, los Estados miembros llegaron a un acuerdo de naturaleza distinta reduciendo la validez de esta propuesta, en especial en lo que se refiere al papel de la Comisión, que fue reducida a convertirse en una especie de apoyo a la Presidencia de la zona euro. 
Pero estas propuestas, ya limitadas, no se están aplicando en la práctica. 
En la práctica, lo que de momento se ha conseguido es que se mejore algo en el esquema de coordinación de políticas económicas y que, a través del Comité Económico y Financiero, se intercambien puntos de vista respecto de las posiciones adoptadas en el Fondo Monetario Internacional. 
Esta coordinación está teniendo lugar tanto en Bruselas como en Washington y creo que ha permitido avanzar algo en el proceso de coordinación. 
Ahora bien, si me pregunta si la Comisión está satisfecha de este proceso, debo responderle que no estamos satisfechos de este proceso ni del nivel de coordinación alcanzado, aunque somos conscientes de dos limitaciones: en primer lugar, el Fondo Monetario Internacional está formado por Estados. 
La Unión no es miembro como tal del Fondo- elemento que nos plantea algunas dificultades interesantes. 
En segundo lugar, en estos momentos el propio Fondo está sometido a una revisión de sus estatutos, elemento que hay que tomar también en consideración para avanzar en el proceso de representación externa. 
Gracias, señor Comisario, por su sincera respuesta. 
Creo que nos permite mejorar los futuros trabajos. 
A mi juicio, es obvio que los países pequeños, que normalmente defienden las posturas de la Comisión, no lo hicieron en las reuniones de Viena. 
Es obvio que en las futuras discusiones tendremos que tener en cuenta esto, habida cuenta de la necesidad de desarrollar el debate en torno a European governance. 
Espero que el Comisario destaque este punto cuando se revise el papel global de la Unión. 
Además, espero que la Comisión mantenga contactos informales con las personas que representan a los Estados miembros, por ejemplo, en la dirección del FMI. 
Creo que sería muy valioso para estas personas poder reunirse, estudiar en conjunto la agenda del FMI y determinar si se necesita coordinación para la mejor defensa de nuestros intereses en ese organismo. 
Creo que en el Banco Mundial hay otros sistemas, pero precisamente los miembros de la dirección del FMI deberían reunirse y coordinar sus trabajos. 
. Es cierto que esos canales existen y, en este momento, tenemos por lo menos tres instrumentos que son útiles. 
En las reuniones del Comité Económico y Financiero, donde se debaten las posiciones a adoptar, las reglas reales que tomamos en consideración para las posiciones de las distintas constituencies en Washington- y no olvidemos que estamos formados por países que no son miembros de la Unión- evidentemente está presente la Comisión. 
Como está también presente un representante de la Comisión en Washington en las reuniones de los directores ejecutivos de las zonas de la Unión Europea o de las constituencies que afectan a Unión Europea en el Fondo. 
En segundo lugar, el Comisario, cada vez que acude a reuniones del Fondo Monetario Internacional, que suele ser cada semestre, tiene un contacto bilateral con el Director ejecutivo del Fondo, con quien, además, tenemos una cooperación enormemente desarrollada, no solamente para la zona euro, sino, también, para otras zonas distintas de la Unión Europea. 
En la zona euro, en el momento actual, hemos aceptado la aplicación del análisis llamado artículo 4 del Fondo que se produce cada año con el Fondo Monetario Internacional. 
Para fuera de la zona euro, tenemos una gran cooperación con el Fondo, no sólo en los países candidatos, sino en todos aquellos donde estamos aplicando sistemas de ayuda macrofinanciera, pues lo hacemos siempre en cooperación con el Fondo. 
Por último, es verdad que el Presidente del eurogrupo actúa en el Comité Monetario y Financiero del Fondo, en el antiguo comité interino, en representación de la zona euro. 
Es cierto que los discursos del Presidente del eurogrupo son discursos pactados, que incluyen los elementos de común acuerdo entre todos los países de la zona euro y son el germen de algo que nos gustaría que en el futuro tuviera mayor contenido y mayor precisión. 
Pensamos que es un buen paso para seguir avanzando. 
Pregunta nº 51 formulada por (H-0326/01): 
Asunto: Pesca de "arrastre" dirigida a la merluza La normativa sobre pesca de arrastre de merluza en el Golfo de Bizkaia autoriza una malla mínima de 70 milímetros. 
Ante la situación del "stock" y para mejorar el patrón de explotación, se propone elevar la malla a 100 milímetros. 
Esto disminuiría al 50% los desembarcos de esta flota para un mismo grado de esfuerzo e incrementaría los gastos de explotación del barco debido al esfuerzo mayor para llegar al mismo nivel de capturas y al coste de las nuevas redes. 
¿Ha cuantificado la Comisión las hipotéticas ganancias en rendimiento a largo plazo? 
¿Ha considerado el fenómeno de mortalidad post-escape común en otras especies de gádidos y también en la merluza? 
¿Ha considerado que el aumento de malla supone un mayor grado de esfuerzo para conseguir igual nivel de capturas, dando lugar a una elevación paralela de mortalidad post-escape y de los gastos operativos de la flota? 
¿Ha pensado cuál sería el coste de las nuevas redes y qué medidas podrían establecerse para facilitar a la flota la transición a las nuevas mallas? 
¿No sería más apropiado antes de hacer ningún cambio de las normativas sobre medidas técnicas, asegurar primeramente el estricto cumplimiento de la normativa actual? 
Señor Presidente, la Comisión aprobará a finales de mayo la medida de urgencia a la que se ha referido el Sr. Ortuondo Larrea en su pregunta oral. 
Hay una serie de peritajes científicos, en especial del Consejo Internacional para la Investigación Marina del pasado noviembre, que han sido confirmados a comienzos de este año por el comité científico-técnico y económico de la Comisión de Pesca de la Comisión. 
Todos estos peritajes indican que las existencias de merluza en el Golfo de Vizcaya y en el sudeste de la costa irlandesa se encuentra ante la quiebra inmediata. 
El problema principal de este hecho es el elevado número de juveniles capturados. 
La cifra de peces adultos desciende continuamente y es de temer que las existencias no generen ya los suficientes juveniles para mantener siquiera la población actual. 
Con una amplitud de malla de 70 mm se capturan merluzas a partir de una longitud aproximada de 25 cm. Una malla de 100 mm recoge peces a partir de 40 cm. El reglamento proyectado no exige que todas las merluzas tengan que ser pescadas con redes con mallas de 100 mm o superiores. 
Hemos previsto conscientemente en zonas claramente delimitadas unas disposiciones de excepción para los barcos de menos de 12 metros de eslora que se hacen a la mar para un día y también para barcos que capturan langostas. 
Esta excepción afecta a unos 1500 buques o en total a aproximadamente dos terceras partes de todos los buques destinados a la captura de merluza o que lo hacen parcialmente. 
Tengo claro que un aumento de la abertura de las mallas acarrea a corto plazo unas pérdidas en el peso de las capturas. 
Pero sin una medida de este tipo, las existencias no alcanzarán de nuevo una magnitud que permita una pesca permanente. 
Los estudios científicos han indicado además que aumentando la malla a 10 mm y manteniendo el esfuerzo actual de pesca, a largo plazo las capturas aumentarán al menos en un 70%. 
Naturalmente, los pescadores necesitan un cierto tiempo para adaptar sus redes y les vamos a dar este tiempo hasta el 1 de agosto de este año. 
Para aquellos pescadores que quieran seguir faenando con unas mallas inferiores a 100 mm- lo que también es posible- la proporción de merluza no debe superar el 20% en sus capturas. 
Con esto queremos estimular que se practique la pesca con unas redes mayores, más selectivas. 
Respecto a su pregunta de si es posible obtener una ayuda para la nueva adquisición de redes, este año vamos a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un plan de reconstrucción a largo plazo. 
Tan pronto como esta propuesta haya sido aprobada por el Consejo, los Estados miembros podrán pagar a posteriori a sus armadores ayudas por la adquisición de redes nuevas de conformidad con el apartado 2 del artículo 16 del reglamento estructural. 
Una posibilidad de este tipo no existe, lamentablemente, en el marco del reglamento de urgencia. 
Yo también lo considero como un gran defecto y he ordenado que se realice lo antes posible una adaptación del reglamento estructural en este sentido. 
Respecto al argumento de que la merluza es muy sensible y que una parte de los juveniles que se escapan de las redes a la postre mueren, quiero ser muy sincero con usted. 
Nuestras experiencias muestran que el empleo de unas mallas mayores durante un largo período conduce a un mayor stock de peces adultos. 
De esto es de lo que se trata en primera línea, es decir, que el stock existente se pueda reproducir de nuevo aumentando la población. 
Esta es la prueba definitiva de que esta medida es adecuada. 
Señor Comisario, le agradezco la amplitud de la respuesta que ha dado en relación con este problema de la pesca de la merluza, pero, si no le he entendido mal, ha dicho usted que se está pensando en una excepción para las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, entre las cuales están las de captura de la langosta y las llamadas cigaleras. 
Ahora bien, las informaciones que me llegan de los pescadores me confirman que estas embarcaciones, aunque pequeñas, faenan con redes de gran longitud, y que, además, en las capturas de la cigala también hay una incidencia grande en los juveniles de la merluza, porque las áreas de distribución de la cigala y de la merluza juvenil, que son las áreas de explotación, están muy solapadas. 
Quisiera preguntarle si ustedes, al hacer estas consideraciones, han examinado la grave incidencia que tienen los cigaleros en los juveniles de la merluza. 
Señor diputado, quizás haya existido un cierto problema en la traducción. 
Permítame que lo aclare: lo que yo he dicho es que, en primer lugar, para barcos de menos de 12 m de eslora- y no para los que tienen más de 12 m de eslora- se quiere aplicar una norma de excepción a las redes de 100 mm. Como condición viene a añadirse que se trate de barcos pequeños que se hacen a la mar para un día. 
En segundo lugar, se quiere realizar también una excepción para barcos que pescan langostas. 
Respecto a su pregunta relativa a las redes demasiado largas, quiero decirle que no soy de la opinión de que precisamente estos barcos más pequeños empleen redes muy largas. 
Somos de la opinión de que, por un lado, hay que prestar atención con absoluta prioridad a que los stocks de merluza se recuperen. 
Sin embargo, no podemos dejar de contemplar todas las implicaciones sociales que acarrea esta medida propuesta por nosotros, sin duda muy estricta. 
Por ello, creemos que debemos prever una excepción, en especial para los propietarios de barcos muy pequeños que dependen directamente de estas actividades económicas y que tampoco tienen alternativas. 
Pero no podemos ir más lejos pues, de lo contrario, esta medida no tendría de facto ninguna eficacia. 
Pregunta nº 52 formulada por (H-0331/01): 
Asunto: Reforma de las estructuras de dirección de la Dirección General de Pesca ¿Qué razones existen para que la Comisión haya modificado las estructuras de la Dirección General de Pesca, relegando la política de acuerdos internacionales con países terceros del sur y favoreciendo en aguas europeas las posiciones de los países del norte de Europa como si fueran los propietarios de éstas, siempre en contra de las posiciones y los intereses de los Estados miembros del sur, pareciendo que estos se consideran intrusos en las aguas comunitarias y en la política internacional de pesca de la Unión Europea? 
Señor diputado, en primer lugar quiero aclarar sobre el texto de su pregunta que su afirmación de que prestamos poca atención al sur de la Comunidad es sencillamente incierta y la rechazo así como su falsa imputación de que la Comisión considera a los Estados miembros del sur como intrusos, tal como usted lo ha mencionado. 
Cuando se trata de garantizar una gestión óptima de la Dirección General de Pesca, la Comisión no se deja guiar por motivos de tal clase sino exclusivamente lo que desea es optimizar el trabajo. 
No se trata aquí de sur o de norte sino de la unificación en un departamento de aquellos acuerdos bilaterales que descansan en una contraprestación financiera para el acceso a los bancos de pesca. 
De este modo garantizamos que sean tratados de un modo unitario y coherente. 
De este modo, seguimos las conclusiones del Consejo del año 1997, la posición del Tribunal de Cuentas expuesta en un informe especial y también las exigencias del Libro Verde sobre el futuro de la política común de pesca. 
Por el contrario, destinar al departamento que se ocupa también de las TUCs y de las cuotas los acuerdos con terceros Estados donde se trata fundamentalmente del intercambio de derechos de capturas es adecuado porque los derechos de capturas de estos acuerdos son ya hasta ahora parte de las TUCs y de las cuotas. 
Precisamente en el caso de Noruega se ve claramente la ventaja de esta nueva estructura cuando negociamos actualmente sobre las medidas técnicas a largo plazo para la recuperación de los stocks de bacalao en el Mar del Norte. 
Puede ver que no existe una desigualdad de trato por parte de la Comisión sino que lo que pretende es encontrar la solución más adecuada objetiva. 
Señor Comisario Fischler, según mis datos, Dinamarca tiene el 44% de las cuotas de pesca en las aguas comunitarias, el Reino Unido tiene el 16% y el Estado español sólo el 6%. 
Exactamente lo contrario de lo que ocurre en cuanto a las capacidades extractivas, en las que la dimensión española, principalmente, gallega, llega al 35%. 
Estos datos sirven para probar las profundas discriminaciones y los egoísmos estatales en que se basa el principio de estabilidad relativa que ustedes no quieren poner en entredicho. 
Ahora se aplica esta misma discriminación en la estructura de la Dirección General de Pesca, favoreciendo a Dinamarca y al Reino Unido. 
¿No cree, señor Comisario, que ya es hora de aplicar los principios constitutivos de igualdad de la Unión Europea al sector de la pesca, que usted, señor Comisario, administra? 
¿No cree que se debe reconocer a los Estados del sur, como el español, el lugar que les corresponde en el sector de la pesca de la Unión? 
Señor Presidente, tengo que decir que afirmar que la estructura de la Dirección de Pesca actúa a este nivel tan bajo diciendo que nosotros favorecemos tendencialmente siempre a Dinamarca y otros Estados del norte, en primer lugar no está justificado con nada y, en segundo lugar, es una imputación falsa que sencillamente no quiero aceptar, señor diputado. 
Si se informase un poco, verá entonces que desde que tengo la responsabilidad por la pesca, precisamente el número de colaboradores españoles en la Dirección General de Pesca ha aumentado por encima de la media. 
En relación con la proporción de la población de España en la Comunidad, España se encuentra sobrerepresentada en la Dirección General de Pesca. 
Así pues, si desea que se apliquen sus criterios entonces tendremos que reducir el número de empleados españoles en la Dirección General de Pesca. 
Y creo que esto no es lo que desea. 
Señor Comisario, intervengo porque se está hablando de acuerdos internacionales con países terceros del sur y yo tengo noticias de armadores vascos y de otros gallegos que también están faenando junto con andaluces, o lo hicieron en el marco del anterior acuerdo pesquero con Marruecos. 
Me han comentado que se mantuvieron unas conversaciones con la Comisión con objeto de estudiar medidas para favorecer la reestructuración de la flota pesquera del Estado español en los caladeros marroquíes. 
¿Podría usted decirnos si esos acuerdos verbales van a llegar a buen término, van a ser aceptados por el Consejo y van a ser puestos en marcha por la Comisión? 
Señor Presidente, quiero indicar que precisamente esta pregunta se ha planteado bajo el número 57 de las preguntas orales. Se refiere a las medidas de reestructuración respecto a Marruecos y esto no tiene nada que ver con la estructura interior de la Dirección General de Pesca. 
Tiene usted toda la razón, señor Comisario, pero comprenda que los diputados aprovechen la ocasión para hacer sus preguntas. 
Pero tiene usted toda la razón. 
Pregunta nº 53 formulada por (H-0336/01): 
Asunto: Incendios y reforestaciones en Grecia Grecia es un país que se ve afectado de forma grave y continua por grandes incendios que esquilman su riqueza forestal. 
Las reforestaciones son limitadas, con el resultado de la alteración permanente del entorno natural, la desertización y la pérdida de "pulmones verdes" de importancia vital, principalmente alrededor de los núcleos urbanos del país. 
Conviene señalar que las apropiaciones indebidas de extensiones forestales incendiadas constituyen un fenómeno endémico en Grecia, situación propiciada por la inexistencia de registro catastral, proyecto que financia la Unión Europea y del que el Gobierno griego no ha concluido ni siquiera un 25%, pese a los fondos comunitarios que percibe desde hace años. 
¿Qué países comunitarios registran el mayor número de incendios y de superficies forestales afectadas por el fuego? ¿Cuál es la valoración de la Comisión acerca del ritmo de recuperación de las extensiones forestales incendiadas en Grecia? 
Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión es muy consciente de qué grandes daños provocan los incendios forestales que se originan todos los años en los bosques de la Unión Europea y, en especial, también en Grecia. 
En este contexto, quiero comunicar a su Señoría que la Comisión va a aprobar las próximas semanas en el marco del Reglamento Nº 2158/92 un programa de protección frente a incendios forestales en Grecia que prevé para el año 2001 un volumen de 1,7 millones de euros. 
Respecto a sus otras preguntas. 
Primera: la superficie media anual de reforestación en Grecia es para el período comprendido entre 1994 y 1999 de 2750 hectáreas. 
Esto representa el 15% de la superficie forestal quemada en este Estado miembro. 
Según las informaciones de que dispone la Comisión, solamente se puede establecer una comparación con Portugal, donde en el mismo período de tiempo se han reforestado anualmente unas 5000 hectáreas; esto corresponde al 14% de la superficie forestal quemada. 
Segunda: las superficies de bosques que se destruyen todos los años en los diversos Estados miembros debido a los incendios ascienden a 73.500 hectáreas en España, unas 50.000 hectáreas en Italia, 36.500 en Portugal y 19.000 en Grecia. 
Tercera: para la Comisión es muy difícil realizar una valoración de los esfuerzos en Grecia para restablecer el estado anterior de las superficies de bosques incendiadas ya que aquí naturalmente muchos factores desempeñan un papel. 
Como sabe, la reforestación de las superficies afectadas es una parte integrante de la política forestal nacional y el éxito de los esfuerzos depende en especial de diversos factores fundamentales, a saber: del potencial anual de Grecia para llevar a cabo reforestaciones, de la posibilidad de que se produzca una regeneración natural en las superficies dañadas por los incendios y, finalmente, de la reforestación de nuevas superficies, por ejemplo, de superficies explotadas agrícolamente. 
De este modo, en ciertos casos se sustituyen superficies destruidas por los incendios por otras nuevas. 
Finalmente, el éxito depende naturalmente muy en especial de la calidad de las medidas preventivas contra los incendios forestales así como de la capacidad de los sistemas de lucha contra los incendios. 
De este modo, en los años futuros se podrán reducir las dimensiones de las superficies forestales destruidas por los incendios. 
Señor Comisario, por el momento voy a intentar darme por satisfecho con sus respuestas, hasta que retome el tema, cundo haya recogido nuevos datos que creo que son completamente indispensables para tener un debate más pleno, detallado y constructivo. 
Las preguntas 54 a 58 se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 59 formulada por (H-0349/01): 
Asunto: Discriminación religiosa ¿Puede confirmar la Comisión que el artículo 13 del Tratado de Amsterdam prohibe la discriminación por motivos de religión? 
De acuerdo con el artículo 13 del Tratado, es evidente la lucha contra las discriminaciones, la base para las políticas contra las discriminaciones. 
Pero basándonos en el artículo 13 no podemos tener unos resultados inmediatos y no crea derechos individuales. 
La posibilidad de cada uno de recurrir al Tribunal, y de aplicar plenamente las políticas contra las discriminaciones significa la aplicación a nivel nacional de la Directiva 2000/78, es decir, la aplicación de la directiva contra las discriminaciones que el Consejo aprobó. 
Esta directiva aprueba un marco general sobre cualquier discriminación indirecta, entre otras causas, también por la religión o las opiniones. 
En particular, tenemos el artículo 4, apartado 2, que se ocupa especialmente de las iglesias, y también de otro tipo de asociaciones públicas y privadas que se apoyan en la religión y en las opiniones. 
Esta disposición da la posibilidad a los empleadores religiosos de que justifiquen el distinto tratamiento a causa de la religión o de las opiniones, pero siempre analizando esta prohibición en el marco de la naturaleza del trabajo y de las condiciones más generales. 
El caso de estas excepciones, por regla general, afecta a la elección de trabajadores cuya naturaleza de empleo está en relación con la ética o a la moral de la organización en concreto. 
Pero en ningún caso puede ser la regla. 
Me alegro de que la Comisaria haya confirmado el principio de la no discriminación por motivos de religión. 
Me preocupan las prácticas de algunos Estados miembros. 
Como la Comisaria sabe seguramente, en el Reino Unido hay un clérigo- el Reverendo Raymond Owen- a quien se le ha negado el permiso para ir ante un tribunal industrial a fin de resolver cuestiones pendientes relacionadas con su destitución por las autoridades eclesiásticas. 
Eso no hubiera sucedido así en otros Estados miembros, ni tampoco si hubiera sido un ministro religioso de una organización no cristiana. 
Este caso es un buen ejemplo de la discriminación que existe contra los ministros de religión cristianos en algunos Estados miembros de la Unión, en los que se hallan en plena controversia con sus autoridades eclesiásticas. 
La legislación del Reino Unido no incorporó debidamente la Directiva del Consejo del 14 de octubre de 1991, y muy particularmente su artículo 8, que indica que los Estados miembros pueden excluir algunos casos limitados de empleo. 
Sin embargo, la Ley de derecho al empleo del Reino Unido de 1996, especifica en el capítulo 1, parte 13, determinados tipos de empleo que quedan excluidos de la Ley pero no hace referencia alguna a los clérigos, lo que parece significar que a los clérigos se les aplica la legislación, lo que no sucede en la realidad. 
Espero que la Comisaria se preste a ocuparse detalladamente de este caso y a recibir al Reverendo Owen y a representantes de su sindicato, para que podamos preparar una reclamación oficial. 
Con mucho gusto veré a las organizaciones correspondientes y discutiré el tema; pero quisiera dejar bien claro que los Estados miembros deben trasladar a nivel nacional esta directiva hasta diciembre del año 2003; y el caso concreto al que usted se está refiriendo es de la década de los 90 y no cubre un vigor retroactivo de esta directiva. 
Pero en cualquier caso, voy a examinar más en profundidad el tema y veremos el caso de discriminación del reverendo. 
Pregunta nº 60 formulada por (H-0350/01): 
Asunto: Cajas de la seguridad social en Grecia Las instituciones de la Unión Europea se preocupan últimamente de la viabilidad de las cajas de la seguridad social. Análogos debates se están llevando a cabo en los Estados miembros. 
En Grecia, se ha podido averiguar que las cifras facilitadas para análisis con el fin de examinar la viabilidad de las cajas de la seguridad social no corresponden a la realidad, puesto que las cajas no han actualizado sus registros y, en consecuencia, no se puede determinar el número exacto de afiliados. 
¿Cuáles son los comentarios de la Comisión al respecto? 
¿Puede decir la Comisión si las cifras que Grecia le facilita para su tratamiento son objeto de corrección estadística? 
¿Por qué el programa "Klisthenis", del segundo marco comunitario de apoyo, no ha permitido completar la informatización de los datos relativos a las cajas de la seguridad social en Grecia? 
¿Qué se ha previsto al respecto en el tercer marco comunitario de apoyo? 
La cuestión que ha planteado el Sr. Alavanos, en particular sobre el tema de los datos, supongo que afecta al estudio actuarial que el Gobierno griego ha encargado y no a algunos datos que los órganos de la Comisión Europea ponen a disposición del usuario. 
Según la información facilitada por la Comisión, el objetivo de este estudio era la ampliación de las perspectivas financieras de las cajas de seguridad social y, posiblemente, los cambios necesarios para garantizar su viabilidad financiera. 
Hubo grandes problemas en la realización de este estudio a causa del gran número de entidades aseguradoras con que cuenta el país y también problemas a causa de las cajas del seguro complementario, pero sobre todo por la falta de un sistema de informatización. 
Naturalmente, los responsables de la redacción de este estudio son los Estados miembros. 
Así, la Comisión no está en situación de controlar la exactitud de los datos que ha utilizado esta Casa, o la metodología que se ha seguido en este estudio. 
En cuanto a la segunda cuestión, que son los datos estadísticos relacionados con las cajas de seguridad social: Grecia está obligada a proporcionar a la Comisión dichos datos estadísticos desde 1994 y, por supuesto, en el marco del procedimiento que afecta a la Unión Europea. 
Hay dificultades en el suministro de estos datos por parte de las autoridades griegas en cuanto a su recogida y actualización. 
Desde 1996 hay un avance en este sector a causa de la legalización y de la racionalización y del mejor control de los gastos primarios en el sector público más amplio, pero debemos decir que hay problemas en las informaciones que llegan a la Unión Europea, y que en gran medida se deben a la falta de información detallada, principalmente de determinadas cajas de seguridad social. 
Su tercera pregunta se refiere a la modernización de la administración pública, especialmente de las cajas de la seguridad social mediante el programa Klisthenis. 
De acuerdo al programa Klisthenis, había un compromiso sobre la informatización de datos del IKA, que es el organismo principal de seguridad social, y también de la informatización de la política concerniente al número único de seguridad social para todos los asegurados en Grecia. 
Según el segundo marco comunitario de apoyo y los marcos del programa Klisthenis, ya debían haber finalizado ciertas labores que afectan a estos dos sectores. 
En el IKA comenzaron la reestructuración y la modernización pero hay retrasos, para desgracia del mayor plan de acción que es el sistema integrado de información, debidos principalmente a diferencias jurídicas sobre el resultado de la licitación. 
Este programa debía haberse completado en el año 2001 y se ha concedido una prórroga para el año 2002. 
También debemos decir que la integración de la modernización tanto de este organismo como de otras cajas de seguridad social, deberá hacerse con su reorganización en el marco del tercer marco comunitario y dentro del programa de la sociedad de la información. 
Le agradezco a la Sra. Comisaria lo extenso y analítico de su respuesta. 
Pero yo sólo quisiera, si puede, que fuera más concreta en las perspectivas y en las cajas concretas de la seguridad social a las que afecta el tercer marco comunitario de apoyo. 
Es evidente, tanto por la respuesta del la Sra. Comisaria como por la realidad que conocemos, que hay una gran falta de claridad en cuanto al número y la situación de los jubilados en Grecia; y ahí no se pueden basar ni las políticas nacionales ni las comunitarias en cuestiones como es el régimen de seguridad social, el de pensiones, etc. 
Sobre lo que sí que puedo ser clara, de conformidad con los compromisos del marco comunitario de apoyo, es que la reorganización y modernización, es decir la informatización de IKA deberá financiarse y completarse mediante el programa de la sociedad de la información. 
Sobre el resto de las cajas complementarias, no me puedo referir a compromisos que afectan al Programa Europeo Operativo. 
Pregunta nº 61 formulada por (H-0363/01): 
Asunto: Próximo Libro Verde de la Comisión sobre Responsabilidad Social de las Empresas ¿Sigue la Comisión respaldando las opiniones expresadas por Anna Diamantopoulou en su discurso ante la Comisión para la UE de la Cámara Estadounidense de Comercio, pronunciado el 30 de octubre de 2000, en el sentido de que "cuando las acciones voluntarias fracasan, aumenta la necesidad de legislar", y de que "hay violaciones de derechos fundamentales ante las que no cabe limitarse a esperar acciones voluntarias"? 
¿De qué manera piensa la Comisión sostener este punto de vista en el Libro Verde sobre Responsabilidad Social de las Empresas que actualmente está elaborando la Dirección General de Empleo? 
¿Qué tipo de sistema de control prevé la Comisión para posibilitar tanto las acciones voluntarias como las medidas legislativas? 
La Comisión está preparando una comunicación sobre la Responsabilidad Social, que básicamente es un Libro Verde; y el diálogo va a comenzar en junio. 
Pero debo dejar claro que el principio en el que se basa el Libro Verde es que toda acción que afecte a la responsabilidad social de las empresas, a la acción social de las empresas, no afecta a su respeto a la actual legislación, que se da por supuesta. 
Cuando hablamos de responsabilidad social de las empresas y de nuevas acciones, estamos hablando de una inversión mayor en los trabajadores, en el medio ambiente, en el ambiente social y en el ámbito en el que se encuentran y, naturalmente, más allá de las obligaciones que les vienen por ley. 
Quisiera dejar claro que, en cuanto a la legislación, esta impone los estándares mínimos que las empresas deben respetar. 
En cuanto a la lógica de la responsabilidad social de las empresas, afecta a límites más altos que constituyen una base para el desarrollo del funcionamiento de las empresas. 
Ojalá tuviera tanta confianza como la Comisaria en que el cumplimiento de la legislación actual por las empresas es algo que se puede dar por sentado. 
Lo triste es que todos hemos visto demasiado a menudo en los últimos años que algunas empresas- no la mayoría- son responsables de abusos cometidos en terceros países, incluido el problema del trabajo infantil respecto del cual tan elocuente fue la Comisaria cuando hablamos de la cuestión en la Comisión para la UE de la Cámara Estadounidense de Comercio, que menciono en la pregunta. 
Pido a la Comisaria que nos dé la seguridad de que el llamamiento del Parlamento en favor de una base jurídica para supervisar las acciones de empresas europeas en terceros países sea una de las opciones que se exponen en el Libro Verde. 
Comparto su opinión de que la acción voluntaria es importante, pero también le digo que tiene que incluir la opción de la reglamentación. 
Cuando nos fijamos en las acciones contra el soborno y el turismo sexual, y cuando nos fijamos en el reciente e interesantísimo proyecto de informe del Consejo internacional sobre derechos humanos acerca de la responsabilidad jurídica de las empresas, vemos que las instituciones mundiales están considerando la posibilidad de efectuar acciones jurídicas y de reclamar responsabilidades jurídicas. 
Quiero tener la seguridad de que esa cuestión es objeto de debate y por eso forma la base de consulta en su Libro Verde. 
Quisiera subrayar dos dimensiones básicas del Libro Verde. 
Una afecta a la política europea y la otra a la dimensión internacional del problema de la responsabilidad de las empresas. 
A nivel europeo, la infracción de las leyes afecta claramente a los Estados miembros, y tenemos la posibilidad, no sólo mediante el Parlamento Europeo, sino también mediante la Comisión, de imponer sanciones a los Estados miembros que descuidan la aplicación de la legislación. 
En cuanto a la dimensión internacional y en cuanto a temas como el trabajo de los niños al que se ha referido, hay propuestas que conciernen a la etiqueta social o a los códigos de conducta de las empresas, que sin embargo, queremos conectarlos con una evaluación independiente del funcionamiento de estas empresas a nivel mundial. 
El debate público, que va a comenzar en junio con el Libro Verde, entre otras cuestiones, plantea la cuestión de cómo podemos activar evaluadores internacionales, corporaciones internacionales e independientes, en colaboración también con las organizaciones gubernamentales, y con qué estándares, para poder referirnos a una evaluación objetiva a nivel internacional. 
Sólo entonces, la etiqueta social, los códigos de conducta, las listas de las empresas con acción positiva a nivel mundial tendrán un valor real. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero preguntarle si en el Libro Verde también se tiene en cuenta que dieciocho millones de empresas en la Unión Europea tienen menos de 250 empleados. 
Esto representa dos terceras partes de los empleados y afecta a más de 60 millones de trabajadores. 
La mayoría de esas empresas son familiares. 
Muchas de ellas tienen también un ciclo vital. 
Siempre hablamos de start-ups pero también deberíamos pensar en aquellas empresas que cierran por motivos de edad o por otras razones. 
En mi opinión, se debería prestar atención a que no se ponga en peligro la existencia de estas empresas pues esto supone una enorme carga naturalmente para los trabajadores de estas empresas pero también para aquellos empresarios que quieren terminar. 
¿Cómo se va a ocupar el Libro Verde de estas cuestiones? 
Por supuesto, las mejores prácticas de acción de las empresas en el ámbito social conciernen, en gran medida, a las grandes empresas. 
Y la red actual sobre la responsabilidad social de las empresas está constituida por grandes empresas. 
Con todo, debemos ver que un gran capítulo del Libro Verde se refiere a la cooperación entre empresas grandes y pequeñas y a mejores prácticas, ejemplos que ya tenemos en bastantes países de Europa, en donde las grandes empresas forman redes con las pequeñas y medianas empresas para apoyarlas, para la formación de sus empleados y para su información sobre nuevas prácticas. 
Creo, y estaré de acuerdo con usted, que el Libro Verde y el nuevo papel de las empresas puede ser muy positivo para apoyar especialmente a las pequeñas empresas. 
Pregunta nº 62 formulada por (H-0365/01): 
Asunto: Igualdad de trato en cuanto a retribución He sido informada de que el año próximo la Comisión iniciará una campaña sobre la igualdad de trato en cuanto a la retribución, lo cual es una buena noticia, teniendo en cuenta que la Comisión tiene el deber de velar por el cumplimiento de la directiva relativa a la igualdad de retribución. 
A pesar de que la directiva entró en vigor en 1975, los resultados se hacen aún esperar. 
La diferencia en cuanto a retribución se mantiene en los niveles de los años 80. Los hombres que trabajan a jornada completa ganan un 27% más en promedio que las mujeres. 
En algunos países la diferencia es del 30%. 
Es importante explicar las dificultades que encuentran los Estados miembros para luchar contra la discriminación en materia de retribución y para determinar la conveniencia de revisar la directiva. 
¿Se propone la Comisión examinar la manera en que se aplican la directiva y la jurisprudencia del tribunal de Justicia en los Estados miembros y la necesidad de actualizar la directiva? 
Como la Sra. Theorin refiere en su pregunta, el tema de la falta de igualdad en la retribución entre los dos sexos en la Unión Europea sigue siendo uno de los grandes problemas, a pesar de la larga vida de la legislación y jurisprudencia nacional y comunitaria. 
Es uno de los primeros principios con que nos encontramos en el Tratado de Roma, es una de las primeras legislaciones que se redactaron en 1975; en el Tratado de Amsterdam se repite y se confirma. 
Pero a pesar de todo esto, la situación es la misma que la de principios de los 80. 
Lo que la Comisión ha hecho hasta el momento, aparte de la legislación para cuya aplicación hay serios problemas- debo subrayar que los gobiernos no han conseguido aplicar correctamente mecanismos de la legislación actual- aparte pues de este tema capital de la aplicación, la Comisión ha hecho propuestas, y en las líneas directrices del 2001 este tema se está analizando con gran seriedad; es una de las líneas directrices, y en la evaluación de los planes de acción nacionales tendremos una imagen más completa no sólo de la situación en los Estados miembros, sino también de las acciones y de las iniciativas emprendidas para solucionar este problema. 
Y debemos decir que en el Consejo de Estocolmo, este año la Comisión se ha responsabilizado de desarrollar índices para asegurar la no existencia de dichas diferencias entre los hombres y las mujeres por un trato desigual. 
Igualmente, en el quinto programa para las mujeres, hay una acción que pide propuestas, iniciativas, ideas innovadoras de colaboraciones interestatales, para ayudar a comprender mejor el fenómeno, así como propuestas a los gobiernos y a las empresas para tener resultados más rápidos y más eficaces de los que tuvimos en la década anterior. 
Basándonos en estos resultados y estas iniciativas que he mencionado, la Comisión y el Parlamento Europeo juzgarán la necesidad de poner más al día la directiva sobre la igualdad en la retribución entre hombres y mujeres. 
El factor decisivo para el cambio es que se hagan visibles las diferencias salariales, no sólo en el ámbito nacional, sino que en cada centro de trabajo y en todas las ramas de la producción, es decir, en los niveles donde se realizan las negociaciones salariales. 
En ese ámbito se necesita analizar las diferencias entre las remuneraciones de los hombres y de las mujeres, para poder terminar con los sueldos discriminatorios. 
En Suecia y en Finlandia ya hay una legislación que obliga a los empleadores a diseñar planes anuales de igualdad de oportunidades, incluso planes para alcanzar las mismas remuneraciones por la realización de trabajos equivalentes. 
La Comisión de Igualdad de Oportunidades aprobó ayer en la tarde una propuesta para implantar esto en toda la Unión. 
Mi pregunta a la Comisaria es si está dispuesto a respaldar esta propuesta. 
Creo que la política que se está aplicando en Suecia sobre el tema de la igualdad de retribución es vanguardista, y también es especialmente efectiva porque es el único país que ha conseguido reducir al mínimo la diferencia de la retribución. 
Podría decir que, como modelo, es ideal; y estoy completamente de acuerdo en que sería especialmente positivo que todos los países la materializaran, y por eso creo que en una primera fase podría utilizarse como una práctica mejor entre los gobiernos, que podrían adoptarla voluntariamente al principio, y también de forma piloto. 
Una dimensión europea así del modelo sueco podría conducir a decisiones vinculantes posteriormente. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou, por su colaboración esta tarde con el Parlamento. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 63 a 93 y 96 a 112 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Acuerdo de pesca CEE-Dinamarca, Groenlandia 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0129/2001) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la celebración del Cuarto Protocolo por el que se establecen las condiciones de pesca previstas en el Acuerdo de pesca entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de Groenlandia, por otra (COM (2000) 865- C5-0028/2001- 2000/0348 (CNS) ). 
El Comisario no está entre nosotros, pero se me ha asegurado que está en camino y creo que, para ganar tiempo, deberíamos comenzar el debate. 
Señor Presidente, el Sr. Fischler se encuentra precisamente en la Comisión de Pesca cuyo trabajo debería haber finalizado a las 21.00 horas. 
Pero era muy importante que nos hablase allí sobre la reforma proyectada. 
Por ello, entiendo que no esté presente aún aquí y él nos conoce entretanto también muy bien. 
Es un asunto algo enrevesado: Groenlandia se encuentra a unos pocos kilómetros al Este de Canadá pero a más de 4 horas de vuelo de Copenhague y, a pesar de ello, forma parte de Dinamarca. 
A su vez, Dinamarca es miembro de la Unión Europea pero Groenlandia se separó de la UE mediante referéndum hace más de 15 años. 
No se preocupen, no voy a mantener un encendido alegato a favor del retorno de Groenlandia a la UE a pesar de que este sería un interesante debate. 
Sólo quiero mostrar claramente la dificultad de las circunstancias existentes. 
Desde la salida de Groenlandia de la UE en 1985 existen acuerdos de pesca con la Comunidad. 
Estos han sido necesarios para regular la pesca en las aguas groenlandesas y determinar las cuotas de capturas para los barcos europeos. 
El tercer protocolo sobre la pesca expiró el 31-12-2000 y fue sustituido por otro nuevo que entró en vigor el 1-1-2001. 
Desde enero del 2001 está en vigor entretanto el cuarto protocolo. 
Si se mira la fecha de hoy, hay que constatar que el Parlamento va a la zaga de los acontecimientos en unos cuantos meses. 
Pero hay que subrayar que la causa de este retraso no radica en el Parlamento. 
La firma del protocolo se realizó ya en septiembre del 2000 pero la Comisión transmitió el protocolo al Parlamento para su aprobación en diciembre del 2000, es decir, apenas un mes antes de la entrada oficial en vigor. 
Si nos tomamos en serio nuestro papel como instancia presupuestaria y si queremos también ser tomados en serio, no se puede aceptar un modo de proceder de tal clase por parte de la Comisión. 
En interés de una buena relación entre la Comisión y el PE, existe el acuerdo de conceder al Parlamento un plazo de seis meses entre la transmisión y la entrada en vigor, para poder emitir una opinión. 
Dicho al margen, la parte groenlandesa, que esperó en vano durante cuatro meses los pagos, estaba- dicho de un modo muy suave- poco satisfecha con el comportamiento de la Comisión. 
Los pagos iniciados por la Comisión por su propia cuenta a mediados de abril no cambiaron nada esta situación. 
En los futuros acuerdos, la Comisión debe tener más en cuenta las fechas y pactos alcanzados para evitar irritaciones de este tipo que provocan disonancias interinstitucionales y dañan la reputación internacional de la UE. 
¿Porqué necesitamos un protocolo de este tipo que le cuesta al fin y al cabo a la UE la suma de 42,8 millones de euros? 
Por un lado beneficia directamente a los pescadores de la UE que lanzan sus redes en aguas groenlandesas. 
Estas posibilidades de capturas son insustituibles. 
Por otro lado, el acuerdo con Groenlandia es de inmensa importancia para los acuerdos de pesca con otras naciones, como Noruega o Islandia. 
Pues estos acuerdos con Noruega o Islandia solamente son posibles mediante el intercambio de cuotas de capturas. 
Las cuotas de capturas se han reducido en el cuarto protocolo finalmente a un nivel realista. 
La conservación de las reservas y una explotación sostenible representan los factores decisivos en la determinación de las cuotas. 
Y esto es bueno que sea así pues no queremos acabar con los peces sino posibilitar a nuestros hijos y nietos una existencia mediante la pesca. 
Una cuestión importante en el caso de Groenlandia, quizás la decisiva, va a ser la siguiente: ¿vuelve el bacalao? 
A pesar de algunos indicios, sigue faltando aún el último diagnóstico de los pescadores y la ciencia. 
A ello va unida naturalmente la problemática que calificamos muy acertadamente con el concepto de "pescado de papel". 
Pues, ¿de qué sirve a nuestros pescadores que según el papel puedan pescar tantas o cuantas toneladas de pescado pero éste no está allí?