También consideramos inadmisible la injerencia directa en la campaña electoral. 
Israel es la única democracia en la región y se debería respetar la estrategia política del gobierno elegido democráticamente. 
A la postre, el proceso de paz ha llegado a un punto muerto no porque en Israel hayan llegado al poder los políticos erróneos sino porque el terror árabe no quiere finalizar. 
A los críticos de Israel tampoco se les ha ocurrido hasta ahora mucho cuando se trata de apoyar a Israel en la lucha contra el terror que cada año cuesta cientos de vidas humanas inocentes. 
Para finalizar, una observación dirigida al orador anterior, quien ha calificado la franja de Gaza como un campo de concentración. 
Esta comparación con los campos de la muerte de los nacional-socialistas es absolutamente perversa. 
Señor Presidente, yo creo que, ante la próxima Conferencia Euromediterránea, el Consejo- porque nosotros ya lo hemos hecho en el foro euromediterráneo- debería tener en cuenta y atender la voluntad de Mauritania de participar plenamente en el proceso euromediterráneo. 
Mauritania es uno de los cinco países que conforman el gran Magreb árabe. 
La articulación del Magreb interesa para su desarrollo económico y social, y creo que en la historia de Europa hay ejemplos horribles de lo que se ha hecho cuando se ha dividido un conjunto geopolítico árabe. 
Además, en el diálogo mediterráneo de la OTAN, Mauritania forma parte de este diálogo. 
No es ni mucho menos prematuro porque Mauritania ya ha participado en todo este proceso desde sus comienzos. 
Desde hace diez años- lo sabe el Comisario Marín -, Mauritania participa como observador. 
Creo que son demasiados años para seguir observando y es hora de darle perspectivas de participación. 
Además, el proceso euromediterráneo se concibe con un carácter global, incluyendo a Suecia, a Finlandia, a Portugal e Irlanda. 
Y yo me pregunto ¿por qué no incluir a este viejo país del Magreb árabe? 
Creo que sería un momento magnífico para recordarle al Consejo que el Parlamento es partidario de la plena participación de Mauritania en este proceso euromediterráneo y así lo aprobó y lo recogió el Parlamento en la Declaración final del foro euromediterráneo. 
El Consejo no está presente porque ha preferido asistir a una reunión informal. 
Por tanto, ruego que le transmita esta intervención porque, si no, no se va a enterar y la Conferencia de Stuttgart va a ser a primeros de abril. 
Ruego, por tanto, que se lo comunique usted personalmente porque el Consejo tenía que estar presente. 
Señor Presidente, señor Comisario, sólo puedo saludar que discutamos ahora conjuntamente sobre estos dos informes, pues los problemas que surgen en esta región solamente se pueden solucionar con la participación de todos. 
No obstante, cuando se trata del proceso de paz en Oriente Próximo siempre se tiene la sensación de que a Israel se le supone un mayor nivel de responsabilidad. 
Cuando leo los textos, me llama la atención el hecho de que se muestra comprensión por los fallos de los palestinos mientras que cuando se constatan en la otra parte se realizan advertencias o críticas. 
Algunas formulaciones recuerdan en parte a las resoluciones que se refieren a países africanos que oscilan entre dictaduras militares y regímenes monopartidistas y que tienen que ser amonestados regularmente para que respeten los principios democráticos. 
Pero Israel es la única democracia que funciona en toda la región y, por otro lado, es un país que se ve especialmente amenazado. 
Precisamente cuando algunos colegas de esta Asamblea exigen en repetidas ocasiones concesiones iguales a partes en conflicto, uno se pregunta porqué no se aplica la misma tolerancia frente a Israel. 
¿Porqué se exige a Israel que esté de acuerdo con un Estado palestino y no se pide también a los palestinos algo de comprensión porque en Israel existe en estos momentos una situación especial que quizás se debe tener en cuenta, sobre todo tras los atentados terroristas que se repiten continuamente? 
Precisamente ahora se debe mostrar algo de paciencia como siempre esperamos cuando en un país se van a celebrar elecciones importantes. 
Esta paciencia se debe mostrar también cuando en Oslo transcurra el plazo acordado el 4 de mayo. 
No puede ser que una parte cree hechos consumados. 
En mi opinión, podríamos mostrar una actitud algo más pro israelí cuando damos nuestros buenos consejos. 
El país lo merece. 
Señor Presidente, es archisabido que la política mediterránea de la Unión Europea debe fortalecerse y reformarse. 
En el proceso de paz de Oriente Próximo, los Estados Unidos son los corresponsables de la aplicación de los acuerdos, mientras que la Unión Europea se mantiene al margen de los debates acerca del futuro político de la región. 
Espero que la Conferencia de Stuttgart nos brinde la oportunidad de emprender la reforma de una política basada en el principio de la atención basada en la diferenciación, lo que implica desempeñar un papel activo en el mundo árabe mediterráneo, sin olvidar las irreducibles diferencias histórico-culturales que nos separan. 
La mejor garantía de estabilidad, especialmente en política internacional, es un sano e inteligente realismo. 
Por eso pienso en que hace falta una política común en materia de inmigración: una política restrictiva que aplique rígidamente el principio de preferencia comunitaria. 
Creo en la eficacia de una cooperación bien organizada, pero desconfío de los proyectos de integración de los países de la región mediterránea en nuestra Unión que, les recuerdo, es una comunidad de Estados europeos. 
Señor Presidente, voy a centrarme en el informe del Sr. Colajanni, al que felicito por su magnífico trabajo y por realizar un informe tan estructurado y completo. 
Me basaré en el papel de la Unión Europea en el proceso de paz en Oriente Medio. 
Respecto al proceso de paz he de manifestar nuevamente la preocupación por los pocos avances que se están produciendo en los últimos tiempos para una consecución definitiva de la paz aceptada por ambas partes. 
En este aspecto, quiero resaltar que la Unión Europea debe ser clara y hacer prevalecer su posición ya que, como máximo contribuyente económico en la zona, no puede aceptar permanecer en segundo plano en las cuestiones políticas porque- insisto, señor Comisario- la Unión Europea dispensa a los palestinos la ayuda per cápita más elevada del mundo. 
Con respecto a la cooperación de la Unión Europea con Oriente Próximo en el ámbito político, la Unión debe seguir haciendo esfuerzos para ayudar a construir instituciones autónomas e independientes del pueblo palestino. 
Nuestro objetivo debe ser el fomento y la estructuración de una sociedad civil en Palestina- como se ha dicho anteriormente- y además nuestra ayuda debe ir destinada a la formación de funcionarios públicos que vertebren una nueva administración civil. 
Sobre la ayuda económica, la Unión debe ser capaz de transformar esta ayuda en resultados tangibles y duraderos sobre el terreno con objeto de mejorar el bienestar de los palestinos y de generar un tejido económico en la zona que permita una cierta independencia de Palestina con respecto a los demás países, en especial, en aspectos tan importantes como una verdadera capacidad de exportación de sus productos. 
Coincido con el ponente en la importancia de la exigencia de un control a las autoridades palestinas a través de mecanismos de auditoría sobre estas ayudas que proporcionen una transparencia absoluta de los gastos y de las medidas que se adopten. 
Para todo esto no sólo es necesario el compromiso de la Unión, sino que debemos pedir la participación del Estado de Israel para que permita el desarrollo económico de la zona y así poder lograr una convivencia y un respeto mutuo entre ambos pueblos tan necesaria para la paz en esta zona. 
Señor Presidente, solamente quiero decir que este debate ha sido muy bueno. 
Constato que una gran mayoría del Parlamento se ha manifestado a favor de una determinada posición y las líneas aparecen claras. 
Siguiendo las directrices indicadas en los informes Sakellariou y Tomlinson, vamos a presentar la programación paralelamente al Consejo y al Parlamento Europeo, porque es conveniente tener la decisión del Consejo y el dictamen conforme del Parlamento al mismo, tiempo al objeto de que podamos hacer un arbitraje general y resolver muchas cosas que reconozco que hay mejorar. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Redes transeuropeas de energía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0087/99) del Sr. Adam, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 1254/96/CE por la que se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía (COM (98) 0542- C4-0556/98-98/0284 (COD) ). 
Señor Presidente, como los diputados saben muy bien, las redes transeuropeas de gas y electricidad constituyen una importante parte de nuestra estrategia energética y en el presupuesto comunitario se cuenta con fondos para llevar a cabo estudios que indiquen la mejor forma de mejorar esas redes. 
Mis colegas observarán también que ha habido un pequeño cambio en el enfoque seguido: algunos de los fondos se pueden utilizar ahora para la construcción de esas redes. 
La Comisión nos ha presentado ahora una lista de proyectos adicionales que se estima redundan en interés de la Comunidad y que, por lo tanto, quedan subordinados al procedimiento de codecisión. 
Esos proyectos se resumen en las páginas 8 y 9 de mi informe. 
Se trata de los siguientes proyectos: conexión de redes de electricidad aisladas; desarrollo de conexiones eléctricas interiores, y diversas propuestas relacionadas con el gas. 
La mayor parte de las propuestas se refieren en general al gas, a las interconexiones de gas, y a instalaciones subterráneas de almacenamiento. 
Un aspecto interesante de las propuestas es que tienen cada vez más en cuenta a las islas y zonas remotas de la Comunidad para su conexión con esas redes. 
Permítanme que les indique de paso que ese aspecto da una indicación de las dificultades con que tropezamos para explotar las energías renovables, que a menudo nos son presentadas como las salvadoras de las zonas remotas: nuestras redes principales se están acercando cada vez más a los límites del territorio comunitario. 
El examen de las propuestas de la Comisión me indica que ninguno de los proyectos plantea problemas determinados. 
Algunos de ellos se vienen discutiendo desde hace bastante tiempo. 
Muchos de ellos llevan gas a zonas de la Comunidad que hasta ahora no lo reciben en la cantidad deseada. 
Revisten particular importancia los proyectos que aprovechan las reservas de gas de Europa oriental. 
Es importante tener esto en cuenta, en vista de que nuestra demanda de combustible procedente de esa fuente está en pleno aumento. 
Hemos presentado tres enmiendas en la comisión. 
Las presentamos con miras a reforzar los vínculos con las islas situadas frente a la costa en el caso de Grecia y de España. 
A juzgar por el desarrollo de las discusiones en comisión tenemos la impresión de que esas enmiendas no plantearán problema alguno para la Comisión o para el Consejo, y que, por lo tanto, no van a ser causa de que se retrase el procedimiento. 
Ahora bien, hay un aspecto del problema general que quisiera mencionar y que la comisión estima que es importante. 
Como se trata de un texto legislativo, no puedo hacer referencia en la resolución más que a las formalidades que ha establecido el Parlamento, pero la comisión parlamentaria estima que deberíamos disponer de un vínculo mejor con las esferas más amplias de política, por lo que se refiere a las redes. 
Está muy bien que instalemos redes, pero lo cierto es que influyen en la política de competencia. 
Se deja sentir cierta intranquilidad en el sector eléctrico y en el sector del gas, debido a que, aunque proporcionamos redes que en teoría pueden trabajar en dos direcciones, demasiado a menudo no operan más que en una sola. 
También suscita preocupación el hecho de que la propiedad de las centrales eléctricas parece ser más fácil de obtener en algunos países que en otros. 
La forma en que opera el mercado liberalizado es, sin duda alguna, más liberal en algunos países que en otros, y nos parece a la comisión y a mí mismo que, al aprobar proyectos de este tipo, deberíamos tener una mayor seguridad de que están en consonancia con la política comunitaria de competencia general. 
También nos parece que deberíamos fijarnos en la forma de ampliar las redes eléctricas a Europa oriental e incluso a la antigua Unión Soviética. 
Eso es lo que deberíamos hacer. 
En esta cuestión no sólo se plantean problemas técnicos, sino también problemas de competencia y problemas relacionados con el impacto medioambiental. 
Esperamos que la Comisión estudie toda esta gama de cuestiones, incluidos los oleoductos- aunque técnicamente no formen parte del acuerdo sobre las redes -, y que presente pronto una comunicación sobre este tema. 
Teníamos la impresión de que podríamos obtener muy fácilmente gas de la zona del Caspio y sabemos que hay demandas provenientes de Asia en ese sentido. 
La comisión acoge con satisfacción los progresos que se están efectuando. 
Esperamos con interés que tenga lugar la expansión e integración de esas redes con los países de Europa oriental. 
Señor Presidente, gracias, porque debo inmiscuirme en el debate de la Comisión de Energía. 
Hay dos puntos sobre los que me gustaría llamar la atención de todos ustedes. 
El primero es la existencia de un conflicto inherente a la apertura de las redes transeuropeas de energía a los antiguos Estados de la Unión Soviética. 
Estos estados tienen un claro deseo de operar en un mercado liberal y ganar dinero. 
Sin embargo, cuando discuto esto como representante del Parlamento con mis compañeros en el parlamento lituano, el desacuerdo es innegable. 
Desean ganar dinero y quieren tener acceso a un mercado liberal en otras condiciones distintas a las que nosotros queremos. 
Aquí hay un conflicto. 
¿Debe una central nuclear como Ignalina hundir los precios del mercado europeo? 
Ésta es la pregunta que mis compañeros plantean a sus compañeros en el Parlamento lituano, el Sejmas. 
Y el conflicto se agravará cuando dentro de un rato debamos debatir el segundo informe del Sr. Adam. 
Se trata de una cuestión de comprensión, cuando desde Lituania se insiste en que los criterios de Copenhague no incluyen ningún punto sobre la energía. 
Luego será un debate en el que la energía se mantenga al margen de la verdadera negociación. 
Sin embargo, hemos de insistir en exigir su cierre, aunque mis compañeros en el Parlamento lituano no lo acepten. 
Al mismo tiempo, hemos de ser realistas pues los recursos de los que disponemos, la financiación que podemos ofrecer, no son más que una ayuda mínima para lo que costará una operación semejante. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Adam- a quien, además, quiero expresarle mi agradecimiento por haber participado en reuniones con mis compañeros lituanos -, sin embargo, quiero insistir en que son necesarias soluciones que tengan en cuenta la economía de los países solicitantes. 
O de lo contrario, no funcionará. 
Me gustaría volver a insistir una vez más en el problema de dar entrada a un mercado liberal a algunas centrales nucleares que deberían estar cerradas desde hace mucho tiempo. 
Y esto origina un conflicto en la situación política, en las negociaciones políticas anejas a la adhesión. 
Señor Presidente, yo no creo que se puedan mezclar los informes. 
Por eso, le he dicho que una cosa es hablar de las redes transeuropeas de energía, de gas y electricidad, y otra cosa es la seguridad de las centrales nucleares del Este. 
No mezclemos las cosas porque, al final, por mucha prisa que tengamos, no nos enteraremos de nada. 
Yo quería decirle al Sr. Comisario que me parecen muy importantes las continuas actuaciones de la Comisión, de los Estados miembros, en materia de energía. 
En particular, el desarrollo de las redes de gas y de las redes de electricidad es fundamental para la liberalización de los mercados, para el establecimiento de relaciones más estrechas y para la mejora de la calidad de vida de todos los países involucrados. 
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el Sr. Adam. 
No lo voy a repetir. 
Pero sí quiero decirle que todo lo que sea disponer de recursos para ampliar las redes será interesante y contará con nuestro apoyo. 
En la decisión de 1996, que se revisó en 1997, se incluían 74 proyectos. 
Ahora, en esta revisión de 1999, hay 17 más. 
Quiero referirme a uno, que ya aprobó el Consejo y que se ha basado en una enmienda de la Comisión de Energía referida a España: el refuerzo de las conexiones interiores para, a su vez, poder mejorar también los intercambios internacionales. 
Por lo tanto, se están haciendo muchas cosas, como he dicho al principio, y quizá algunas van demasiado deprisa. 
Pero todo lo que sea invertir en redes de electricidad y redes de gas será importante. 
Quizá más en electricidad, señor Comisario. 
Porque no se tiene en cuenta- en esta Asamblea, al menos, se tiene poco en cuenta- que la electricidad no se puede almacenar y, por lo tanto, hay que prestar un servicio inmediato, con producción inmediata cuando se demanda el suministro. 
Eso requiere forzosamente tener una gran interconexión, ampliar las redes y, naturalmente, también para los países del Este. 
Se está diciendo que no cooperamos bastante con los países del Este. 
Ampliemos sus posibilidades de obtener energía eléctrica. 
Nosotros de ellos y ellos de nosotros. 
Por lo tanto, gracias por todo su esfuerzo, continúe en él y tendrá siempre nuestro apoyo. 
Señor Presidente, en el escaso tiempo de que dispongo quiero hacer referencia a uno de los proyectos prioritarios de la red transeuropea de energía. 
Me refiero al proyecto de conexión de las redes eléctricas francesa y española con una línea de alta tensión. 
La línea está prácticamente concluida y solamente falta la selección del punto de conexión para atravesar los Pirineos. 
Y aquí es precisamente donde surge el problema. 
Se pretende hacer pasar esta autopista eléctrica de 400.000 voltios a través de un parque natural, una reserva de aves y uno de los pocos valles vírgenes del Pirineo. 
Como es lógico, todos los partidos políticos de Aragón, el Parlamento, el Gobierno, los sindicatos, las cámaras de comercio, todos, se han opuesto frontalmente a semejante disparate. 
Y como resultado, este proyecto de la red transeuropea lleva años paralizado. 
Yo pediría sentido común para compaginar, en este como en otros casos, los necesarios e imprescindibles proyectos energéticos con el respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible y, sobre todo, con el respeto a la voluntad unánime de quienes se pueden ver afectados cuando, en realidad, existen soluciones menos traumáticas. 
Señor Presidente, cuando se trató de la energía nuclear destinada a la producción de corriente eléctrica, en los últimos años existían dos campos: el de las personas decididamente a favor y el de las decididamente en contra. 
Desde el claro rechazo del gobierno alemán a la energía nuclear y el anuncio realizado por Bélgica y Suiza en las últimas semanas de renunciar asimismo a esta tecnología, nos encontramos ante una situación totalmente nueva. 
Ante el hecho de que existen enormes dudas sobre la racionalidad económica de las centrales nucleares- la comisión Pemelin lo ha constatado los últimos días- los préstamos EURATOM para la construcción de nuevos reactores ya no se pueden justificar. 
Por nuestra propia seguridad tenemos que hacer todo lo posible para marcar nuevos parámetros en el suministro de energía. 
La Sra. Bloch von Blottnitz lo ha reconocido claramente. 
Sus enmiendas son un paso correcto en la dirección correcta. 
. (EL) Señor Presidente, permítame, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Adam, por el magnífico informe que nos ha presentado. 
El catálogo de proyectos de interés general ya se ha actualizado una vez en 1997, cuando se hizo necesario añadir proyectos al catálogo, habida cuenta principalmente de la ampliación de la Comunidad. 
La mayor parte de las modificaciones e incorporaciones que en la fase actual propone la Comisión tienen que ver con la rápida evolución de la situación en Europa, principalmente en el sector del gas natural. 
Todas y cada una de las obras incluidas en la propuesta de la Comisión han sido seleccionadas siguiendo el criterio de su contribución a los objetivos generales y siguiendo también criterios especiales que constituyen el fundamento del rumbo trazado tras las conversaciones que hemos mantenido con la industria, y que se encuentran también en consonancia absoluta con las intenciones de los Estados miembros, al menos tal y como estas han sido expresadas por los expertos en temas de energía con los que hemos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista. 
La Comisión acepta todas las enmiendas del Parlamento Europeo. 
Muy especialmente aceptamos, claro está, las dos enmiendas para la inclusión de proyectos que afectan las redes de electricidad de Grecia y de España. 
Estamos totalmente de acuerdo en que se trata de incorporaciones adecuadas a este catálogo de los proyectos y obras de interés general. 
Permítanme, Señorías, detenerme especialmente en el caso de Grecia. 
Damos la posibilidad de que se financien estudios y obras para la conexión de las islas, tanto entre ellas como con la parte continental del país. 
Se hacen ustedes cargo, creo, de las posibilidades que se abren, no sólo para el balance energético, sino también para el uso de fuentes renovables de energía, principalmente la energía solar y la energía eólica, que se dan en Grecia en abundancia. 
Quiero señalar también el cuidado con el que se tratan en el magnífico informe del Sr, Adam la seguridad y la dimensión exterior de las redes de energía. 
En los próximos meses, la Comisión Europea presentará un documento sobre la seguridad del abastecimiento energético de la Comunidad. 
Y quiero subrayar también algo que constituye preocupación permanente de la Comisión, la cuestión de la dimensión exterior y más especialmente la cuestión de las conexiones con los países de la Europa central y oriental, así como con los países de la antigua Unión Soviética. 
El Sr. Sindal y el Sr. Adam han tenido ocasión anteriormente de referirse a este asunto. 
Permanece, pues, constante nuestra voluntad de mantener al Parlamento Europeo completamente informado sobre todos estos temas y de mantenerlo igualmente informado sobre las transformaciones que han de obrarse los próximos años. 
Finalmente, es el deseo de la Comisión Europea aprobar lo antes posible la propuesta de resolución que tenemos ante nosotros, de tal suerte que se haga posible la realización de los estudios de oportunidad; estudios, por otra parte, necesarios a fin de poder estimar a continuación en qué medida todas estas obras son viables y pueden incluirse en el plan energético de la Unión. 
En todo caso, Señorías, permítanme felicitar una vez más al Sr. Adam por el magnífico informe que nos ha presentado. 
Gracias, señor Comisario, por su clara y sucinta intervención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Acciones en el sector nuclear en favor de países terceros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Adam (A4-0088/99) , en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión sobre las actividades realizadas en favor de los países candidatos de Europa central y oriental y de los nuevos Estados independientes (COM (98) 0134- C4-0314/98). 
Señor Presidente, desde 1990 la energía nuclear ha sido un tema importante en las relaciones de la Unión Europea con los países de Europa central y oriental y con los nuevos Estados independientes. 
Esta cuestión cobra aún más importancia como consecuencia de las negociaciones para la ampliación. 
El Parlamento Europeo ha reconocido el derecho soberano de los Estados a determinar sus propias políticas energéticas, incluida la opción nuclear. 
La Unión Europea tiene una importante presencia en las actividades nucleares de los países de Europa central y oriental y de los nuevos Estados independientes. 
Nadie puede negar que se han conseguido progresos en la mejora de la seguridad del funcionamiento de las centrales nucleares, incluidos los reactores de la primera generación de los tipos RBMK1000 y VVER230. 
Esta mejora de la seguridad se ha conseguido principalmente mediante la utilización de equipos de asistencia in situ, con el apoyo de los programas PHARE y TACIS. 
Todo esto ha provocado un cambio radical en la cultura de la seguridad. 
Permítanme que les recuerde que este cambio en materia de cultura de la seguridad y el aumento de la seguridad operacional no se pueden medir directamente en términos monetarios. 
Ahora bien, el hecho de que esos beneficios no se puedan medir fácilmente no significa que no existan. 
Cada vez es más evidente que, a pesar de las inversiones masivas de la Unión Europea en las actividades nucleares de los países de Europa oriental, la Unión Europea no puede dictar a otros Estados la política que han de seguir. 
Esto se refiere a países como los nuevos Estados independientes y también a los países candidatos de la primera y la segunda tandas. 
En el caso de la Federación de Rusia, no deja de suscitar mal humor la constante referencia a sus reactores poco seguros y la presión en favor de cerrar dichos reactores. 
Para los rusos no hay reactores que no sean seguros: no hay más que reactores de la primera y la segunda generación. 
La presión ejercida para clausurarlos está considerada como una injerencia injustificada en los asuntos nacionales. 
No podemos olvidar que todos los reactores de la Unión Europea, de Europa central y oriental, de Rusia y de los nuevos Estados independientes respetan las normas fijadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica y las convenciones nucleares que están actualmente en vigor. 
Es evidente que en esos países de Europa oriental seguirá utilizándose la energía nuclear. 
Muchos de ellos han establecido políticas encaminadas a obtener la máxima independencia energética y la máxima seguridad de suministro. 
Muchos de ellos no quieren depender de Rusia para su abastecimiento de petróleo y de gas. 
No podemos olvidar tampoco que hay claras ventajas económicas si se siguen utilizando las centrales nucleares existentes, en vez de recurrir a nuevas alternativas. 
Para complicar aún más la situación, algunos de esos países suministran electricidad a sus vecinos. 
Así sucede con Lituania y con Bulgaria. 
Bulgaria exporta cada año a Turquía electricidad por valor de unos 600 millones de dólares de los Estados Unidos, dinero que necesita realmente. 
En esa situación, insistir en la clausura suscita un resentimiento considerable. 
Aunque la Unión Europea ha sido muy activa en el sector nuclear, hasta ahora la política de la Unión Europea y del Grupo de los Siete ha sido un verdadero fracaso. 
Como resultado de la política actual no se ha clausurado un solo reactor poco seguro o de la primera generación. 
Es evidente que los países nucleares de Europa oriental seguirán utilizando la opción nuclear. 
Dos factores principales son responsables del fracaso de esa política: en primer lugar, la ambigüedad de los acuerdos y, en segundo lugar, la falta de medidas para utilizar la capacidad eléctrica alternativa. 
Permítanme que añada que también hay una falta de consideración de las necesidades económicas y de la idea que tienen de la seguridad nacional muchos de esos países. 
La actividad futura tiene que incluir una verdadera cooperación y verdaderas negociaciones con los que reciben ayuda. 
La Unión Europea no puede adoptar una posición dictatorial, de mano dura. 
No podemos imponer nuestra voluntad a esos países. 
No podemos decirles lo que tienen que hacer. 
Ya lo hemos intentado y he podido observar que ese sistema no funciona. 
Tengo la profunda convicción de que sólo podremos progresar a base de cooperación y de negociación. 
Esta negociación tiene que incluir una estrategia energética convenida para cada país, de la cual debe ser un componente fundamental la previsión del uso de electricidad de fuentes alternativas. 
Otro componente esencial será la revisión de las normas reglamentarias por las autoridades reguladoras de Europa occidental, con la participación del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión Europea. 
La finalidad última de esta cooperación más profunda será el desarrollo de un acquis communautaire para la utilización de la energía nuclear. 
El objetivo debe ser la consecución de normas de seguridad nuclear aplicables en toda la Unión Europea, los países de Europa central y oriental y los nuevos Estados independientes. 
Instamos a la Comisión a que coordine sus propios servicios con mayor efectividad que hasta ahora. 
Supongo que la Comisión aceptará que es la cooperación y no la confrontación lo que debe caracterizar a nuestras relaciones con los países candidatos y con los nuevos Estados independientes, por lo que se refiere a las actividades en el sector nuclear. 
En primer lugar quiero agradecer al ponente, el Sr. Adam, su excelente y, sobre todo, constructivo informe. 
También quiero expresar mi aprecio por los intensos debates y positivos intercambios de ideas que se han producido en el Parlamento Europeo sobre la complicada cuestión de la seguridad nuclear. 
El informe que debatimos hoy esboza una idea realista de la magnitud de los problemas y también de la difícil tarea a la que nos enfrentamos todos los que trabajamos en la mejora de la seguridad nuclear de Europa central y Oriental. 
Desgraciadamente, y así lo afirma el informe, el cambio y la mejora de la situación no es cosa que pueda realizarse a muy corto plazo. 
Y esto tiene sus razones. 
En primer lugar, ya se lo escuché decir también al Sr. Adam, los países asociados con los que estamos hablando de estos asuntos son estados soberanos que fijan sus propias políticas sobre la energía y, con ello, también sobre la energía nuclear. 
Algunos de esos países dependen todavía en gran medida de sus centrales nucleares para la producción de su electricidad y para sus ingresos de la exportación. 
Esta tarde, el Sr. Adams ha vuelto a explicar esta situación. 
Un tercer obstáculo radica, por supuesto, en los costes extremadamente altos implicados en la modernización, y no digamos ya en el cierre total, de las centrales nucleares o reactores individuales. 
La estrategia ampliamente comentada ya, también en el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y de la Comisión Europea, remonta a la decisión del G-7 de 1992, que a su vez formaba parte de la cola de las consecuencias de la catástrofe de Chernobil. 
En aquel entonces se determinó una estrategia para la energía nuclear que había de servir de base, incluso para las actividades de la Comisión en este ámbito. 
Los puntos de partida a corto plazo fueron encontrar unas soluciones concretas para los problemas de seguridad más apremiantes- que habíamos identificado con la ayuda de la OIEA -, como por ejemplo la constitución de unas autoridades independientes y competentes para la seguridad, o el aumento de la seguridad de las centrales nucleares tanto en los países de Europa del Este como en los nuevos estados independientes. 
Para más largo plazo, se puso especial énfasis en una mejora de la seguridad, fomentando, por un lado, el cierre de los reactores menos seguros y su sustitución por fuentes de energía alternativas, así como la mejora de la eficacia energética y, por otro lado, ayudando en la reforma de aquellos reactores que mediante una adecuada modernización sí podrían convertirse en seguros. 
Como ya se sabe, esto último no podía hacerse en todas las centrales nucleares. 
Algunas de ellas simplemente tendrían que cerrarse. 
En cuanto a los problemas de seguridad más urgentes, a pesar de todas las críticas que podrían recibirse y de hecho se han recibido, estoy absolutamente convencido de que los esfuerzos de la Unión Europea sí que han surtido efecto y que el dinero, y estamos hablando de un importe de unos 800 millones, ha sido gastado con sentido. 
Así, a través de los programas de seguridad nuclear se han realizado toda una serie de cosas. 
Pasaré a enumerar algunas: se han constituido o potenciado unas autoridades reguladoras independientes. 
Se ha establecido el marco jurídico necesario para llevar a cabo una política de seguridad nuclear, tanto en Europa central como en los nuevos estados independientes, si bien hay diferencias en la calidad de las autoridades reguladoras de cada país. 
Se han buscado soluciones técnicas para los principales y más peligrosos fallos de diseño de las centrales nucleares. 
Se han logrado avances en la potenciación de una cultura de seguridad nuclear en la región, mediante el intercambio y la transmisión de conocimientos. 
Esto último ha llevado a un diálogo más formal y más frecuente entre las empresas de explotación de las centrales y las autoridades reguladoras, y también a la aceptación de la necesidad de establecer unos altos niveles de seguridad en la construcción de reactores nuevos. 
Además, cabe mencionar la aportación sustancial a la mejora de la práctica operativa y la modernización de las centrales nucleares, en parte mediante el suministro de equipamiento y el fomento de una mayor concienciación del problema de la gestión de los residuos. 
Por último hemos realizado una aportación, y aún estamos en ello, a la solución de los problemas surgidos a causa de la central nuclear de Chernobil, donde, al margen del llamado shelter implementation plan, la Comisión ha efectuado una ayuda importante a la ejecución de la política del grupo G-7, enfocada al cierre de la central de Chernobil para el año 2000. 
Para dar una somera impresión de los gastos implicados en el fomento de la seguridad nuclear, sirvan los siguientes datos: para el periodo de nuestras actividades estamos hablando de un importe de unos 750 a 850 millones de euros. 
Sólo los costes de la construcción del llamado sarcófago alrededor del reactor IV de Chernobil, que es el que explotó, se han estimado en un importe de entre 600 y 800 millones de euros. 
Estos datos son demostrativos de la magnitud de los gastos a los que nos enfrentamos; asimismo se ha calculado que para la ejecución de todos los trabajos de modernización y cierre sólo de las centrales más vulnerables de Europa central y oriental se requerirá un importe de entre cuatro y cinco mil millones de euros. 
Se trata pues de unas sumas muy importantes, en comparación a las cuales los cien millones anuales gastados en las actividades de la Comisión constituyen una cantidad relativamente pequeña. 
En consonancia con la estrategia del grupo G-7, la Comisión continuará con su política de ayudar a los países asociados en la modernización de aquellos reactores que pueden ser adaptados, mientras seguirá persiguiendo también el cierre de aquellos reactores que son imposibles de modernizar a causa de fallos técnicos o de diseño básicos, propios de sus conceptos de funcionamiento. 
Debo subrayar que hay una diferencia entre la ejecución de la política para los países candidatos y la política para los nuevos estados independientes de la antigua Unión Soviética. 
Es evidente que la perspectiva de la integración en la Unión representa un instrumento de más peso para influir en la política nuclear de los países candidatos. 
En cuanto al cierre de los reactores, hemos de ser conscientes de que sólo es realista si simultáneamente se desarrollan unas estrategias energéticas más amplias. También lo indica así el informe del Sr. Adam. 
Por lo tanto, en consonancia con la recomendación del informe, la Comisión se esforzará, dentro del marco de la estrategia de preadhesión que afecta a los países candidatos, así como dentro del marco de los acuerdos de asociación con los países de la antigua Unión Soviética, para que se desarrollen dichas estrategias. 
Esto no es nuevo. Llevamos trabajando en ello con esos países desde hace tiempo. 
También estamos en conversaciones con Lituania, Bulgaria y, dentro de poco, con Armenia, ya que estos tres son países donde no sólo queremos llegar a desarrollar esas estrategias energéticas integrales, sino donde además existen unas centrales nucleares que según los acuerdos existentes, sobre todo con the nuclear safety account, deberían cerrarse. 
Sabemos cual es la aportación de esas centrales a la producción de electricidad de los países en cuestión y somos conscientes de los considerables intereses económicos que están en juego a la hora de cerrar esas centrales, con la desaparición de unas importantes posibilidades de exportación de energía, y conocemos los sacrificios que habrán de realizar esos países. 
En parte ha sido por eso que hayamos buscado, y seguimos buscando, la colaboración con entidades financieras internacionales, para elaborar unos planes de financiación que puedan servir de base para unas ayudas financieras internacionales y para la financiación de fuentes de energía alternativas. 
Quiero reiterar expresamente, una vez más, que estoy de acuerdo con el Sr. Adams en el sentido de que no debemos de buscar la solución a esta problemática en la confrontación con los países afectados. 
Pero esto no quita- y ese es el mensaje que intentamos transmitir también, y sobre todo, a Lituania y Bulgaria- que estamos ante unos compromisos, contraídos ya en el pasado por esos países, que afectan al cierre de esas centrales, que son unos compromisos contraídos ante the nuclear safety account, y que estaremos muy dispuestos a ayudar no sólo para que puedan enfrentarse a las consecuencias del cierre, sino además a soportar parte de la carga. 
La Comisión ha aprendido mucho, no sólo de la práctica y de las auditorías internas, sino también de las críticas contenidas en los diferentes informes del Parlamento Europeo y del Tribunal de Cuentas. 
Ya hemos dejado atrás los problemas de la primera fase del programa. 
A partir de sus experiencias, pero también de los comentarios de sus Señorías, la Comisión ha introducido una serie de modificaciones, especialmente en lo que afecta a la gestión del programa. 
En ese contexto quisiera ofrecerles los siguientes ejemplos: gran parte de la lentitud de la ejecución de los programas fue debida a que los instrumentos disponibles habían sido adaptados insuficientemente a las necesidades específicas de este sector. 
El nuevo reglamento TACIS deberá ayudar a cambiar esa situación; afecta al periodo del 2000 al 2006, y en cuanto a la seguridad nuclear contiene tres claras prioridades: seguir fomentando la transmisión de una cultura de seguridad en el ámbito de la energía nuclear; mejorar la gestión de combustible agotado y residuos radiactivos, especialmente en el noroeste de Rusia; y realizar nuestra aportación a las medidas internacionales para la mejora de la seguridad nuclear, lo que tal vez parezca una descripción algo amplia pero que lógicamente está relacionado con el objetivo de cerrar una serie de centrales nucleares consideradas peligrosas. 
Esperamos que el Parlamento se pronuncie a tiempo sobre el nuevo reglamento para que pueda entrar en vigor realmente el 1 de enero del próximo año. 
Prometo con mucho gusto al Parlamento que informaremos periódicamente sobre el estado de las cosas dentro del marco de los programas de seguridad nuclear PHARE y TACIS. 
Por último, es nuestra firme intención mejorar la gestión interna de los programas de ayuda. 
Actualmente, la Comisión está debatiendo una propuesta para la constitución de un task force dentro de la Comisión para la Seguridad Nuclear, en relación con la potenciación de la coordinación entre unas diez Direcciones Generales implicadas de alguna manera en esta problemática dentro de la Comisión. 
En atención a los debates celebrados en este último periodo, para dar un resumen general más claro y más detallado de las actividades desarrolladas por la Comisión hasta el momento en el ámbito de la seguridad nuclear, hemos enviado recientemente a la Comisión para la Energía así como a algunas comisiones parlamentarias un así llamado aide-mémoire, en el que hemos vuelto a explicar extensamente las actividades emprendidas, así como los planes para el próximo futuro. 
Espero que con ello en todo caso hayamos realizado una aportación válida para constituir una base sólida para un fructífero intercambio sobre este asunto con el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, la seguridad nuclear afecta a millones de ciudadanos en la Unión Europea y en los países del Este. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa que el 27 de octubre de 1998 aprobó por unanimidad la opinión que presenté sobre este informe, considera que el aspecto de la seguridad es un elemento fundamental de la estrategia de preadhesión. 
Ya en la Agenda 2000, la Comisión consideró prioritario el objetivo de la seguridad nuclear con vistas a la adhesión de los países de Europa central y oriental subdividiendo las instalaciones en tres categorías: de tipo soviético u obsoletas que deben desmantelarse; a mejorar, al objeto de alcanzar niveles de seguridad aceptables; por último, el reducido número de tipo occidental que pueden seguir funcionando siempre que el nivel de seguridad siga siendo elevado a largo plazo. 
A raíz del informe especial del Tribunal de Cuentas ha quedado patente que sólo 300 de los 850 millones de ecus puestos a disposición para el período 1990-1997 han sido empleados por los países de Europa central y oriental para la seguridad nuclear. 
En consecuencia, es necesario que a través de los programas PHARE y TACIS se realicen esas obras de adaptación y restructuración indispensables para la seguridad europea. 
Es fundamental que un organismo independiente, reconocido por el OIEA y la Unión Europea, supervise las normas de seguridad de estas centrales. 
Tras la reapertura de un reactor en la central nuclear de Chernóbil, pedimos que los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y los países nacidos a raíz del derrumbe de la Unión Soviética, ofrezcan garantías de seguridad a toda Europa, conscientes de la implicación de carácter económico y social que conllevan tales decisiones. 
Reiteramos, por tanto, que la seguridad nuclear debe ser un elemento fundamental de la estrategia de preadhesión. 
Sin garantías, la adhesión podría suponer un riesgo para la seguridad común. 
A dicho fin la Comisión de Asuntos Exteriores expresa su deseo de que los recursos financieros disponibles sirvan para poner en marcha los programas destinados a solucionar definitivamente la cuestión de la seguridad nuclear en Europa. 
Señor Presidente, hablaré también directamente en nombre del grupo liberal y no sólo en nombre de la Comisión de REX, puesto que de otro modo no dispondría de tres minutos y medio. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, deseo felicitar al ponente, el Sr. Adam, por su informe. 
Creo que es un poco como el canto del cisne. 
No es fácil obtener cierta unanimidad cuando se trata de la energía nuclear, pero creo que en este caso se ha conseguido bastante bien. 
La política nuclear de la Unión para los países de Europa central y oriental y para los nuevos estados independientes gira en torno a la utilización segura de las centrales nucleares actuales. 
Según los objetivos de la Agenda 2000, los reactores de diseño soviético que no puedan ser modernizados a un precio de costo razonable deberán ser cerrados. Porque estos reactores son inseguros. 
Sin embargo, señor Presidente, en la realidad no se ha cerrado ningún reactor de Europa central y oriental desde 1992. 
Incluso los reactores I y II de Chernobil, aunque lleven años fuera de servicio, no son considerados por la administración de Ucrania como definitivamente cerrados, a pesar de todas las resoluciones al respecto del Parlamento Europeo. 
El ponente plantea que los Estados soberanos tienen el derecho de decidir sobre las líneas principales de su política energética. 
Sin embargo, señor Presidente, esto no significa que la Unión haya de limitarse a quedarse pasiva mientras no se cumplan nuestras resoluciones. 
Si la Unión invierte en Europa del Este mediante programas de ayuda y préstamos, ciertamente podremos influir en su estrategia y favorecer determinadas formas de energía con respecto a otras. 
Porque éste es uno de los pocos instrumentos a disposición de la Unión para forzar el cierre de las centrales nucleares inseguras y debemos utilizarlo. 
Además, la seguridad de las centrales nucleares existentes debe ser un criterio crucial para la entrada a la Unión. 
Mi segundo punto, señor Presidente, Señorías, afecta al informe del Tribunal de Cuentas sobre las acciones emprendidas por la Unión Europea en el ámbito de la seguridad nuclear en Europa del Este. 
El Comisario nos ha informado detalladamente. 
Los miembros de la Comisión REX se encuentran escandalizados por las conclusiones del informe. 
Ya lo hemos planteado antes. Somos muy conscientes de que no es fácil para la Comisión operar en el antiguo bloque de los países del Este, debido a la burocracia local y la complejidad del sector nuclear. 
Pero, señor Presidente, precisamente por ello, la Comisión debería haber tenido más cuidado y haber prestado mayor atención a la ejecución de los programas. 
Se deben utilizar mucho más los conocimientos especializados disponibles en Europa del Este. 
Y con esto llego a mi último punto, con una pregunta para el Comisario Van den Broek. 
Hace unas semanas, sus colaboradores en la Comisión REX, y también en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, han dicho, en contestación a mi pregunta, que están trabajando en el inventario del problema informático del efecto 2000, la resistencia al efecto 2000 de los ordenadores de las centrales del Este y Centro de Europa. 
Por ello se lo pregunto a usted, señor Comisario: ¿Cuándo piensa ofrecernos aquí en este Parlamento su informe sobre la resistencia al efecto 2000 de las centrales nucleares en el Centro y Este de Europa? 
Se lo pregunto porque estamos casi al final del primer trimestre de 1999, y el 1 de enero es una fecha crucial. 
Me gustaría obtener una contestación. 
Puedo decir a la honorable diputada Sra. Plooij que hemos puesto dinero a disposición de la OIEA, que por supuesto es mucho más competente para efectuar ese inventario que nosotros. 
De hecho está usted pidiendo a la Comisión exactamente algo que no hemos sido capaces de hacer en el pasado, ni tampoco lo seremos en el futuro. 
Simplemente no tenemos los conocimientos ni el personal para elaborar ese inventario. 
Por eso hemos dicho: apoyaremos a la OIEA en todos sus trabajos para ese fin. 
Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. 
Creo que la OIEA está organizando un foro para junio en el que se debatirán estos asuntos. 
A partir de ahí, le prometo que volveremos gustosamente aquí con un informe. 
Llegado este punto, debo suspender el debate que será reanudado esta noche a las 21.00 horas para pasar al turno de preguntas. 
La Sra. Bloch von Blottnitz tiene la palabra para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, ¿sería tan amable de pedir a la Comisión que esté presente esta noche en el debate sobre este tema tan importante? 
Esta tarde la Comisión ha hablado durante más tiempo que todos los diputados juntos, por lo que no tenemos ninguna posibilidad de proseguir ahora el debate. 
Le ruego que exija a la Comisión que esté aquí para que esta noche podamos terminar de discutirlo. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0144/99). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 1, 2 y 3 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 1 formulada por Richard Graham Corbett (H-0115/99): 
Asunto: Coste para el contribuyente de la supresión de las ventas libres de impuestos Al reexaminar la decisión de eliminar progresivamente las ventas libres de impuestos antes de julio de 1999, ¿tendrá en cuenta el Consejo que las haciendas nacionales no percibeningresos por las ventas libres de impuestos y la correspondiente ventaja de poner fin a tal modalidad de ventas? 
¿Es consciente el Consejo de que, tan sólo en el Reino Unido, las ventas libres de impuestos ascienden a 1.000 millones de libras esterlinas por año, lo que representa un volumen igual de pérdidas en materia de impuestos sobre el consumo e IVA? 
¿Es consciente el Consejo de que eso supone una pérdida de unas 40£ por contribuyente? 
Pregunta nº 2 formulada por Mark Francis Watts (H-0135/99): 
Asunto: Ventas libres de impuestosLa Comisión presentará el 15 de marzo de 1999 al Consejo ECOFIN su informe sobre cómo tratar los problemas de empleo derivados de la abolición de las ventas libres de impuestos dentro de la UE. Esto responde a una parte de las instrucciones dadas por los Jefes de Gobierno en la Cumbre de Viena. 
En caso de que la Comisión no contemple en su informe la posibilidad de ampliar el régimen transitorio, ¿le solicitará la Presidencia del Consejo que presente propuestas para una prórroga, para satisfacer la mención de esta posibilidad que figura en las conclusiones de la Cumbre de Viena? 
Pregunta nº 3 formulada por John Walls Cushnahan (H-0179/99): 
Asunto: Comercio libre de impuestosEl 17 de febrero, la Comisión presentó su Comunicación como respuesta a la solicitud de los Jefes de Estado de la UE reunidos en la Cumbre de Viena. 
En este documento, la Comisión menciona una pérdida agregada de puestos de trabajo que se eleva a 56.000 basándose en pérdidas directas de puestos de trabajo en diez Estados miembros y en pérdidas indirectas en únicamente siete Estados miembros. 
A continuación, el documento sugiere que las pérdidas de puestos de trabajo derivadas de la eliminación de las ventas libres de impuestos no son importantes y que no se producen en un nivel macroeconómico. 
¿Comparte el Consejo esta opinión? 
Señor Verheugen, le damos la bienvenida y le invito a que responda conjuntamente a las preguntas de los Sres. diputados. 
Señor Presidente, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Viena, el Consejo examinará en el curso del mes de marzo de 1999 qué problemas pueden derivarse para el empleo como consecuencia de la supresión de la venta libre de impuestos de mercancías para los viajeros en el transporte aéreo y marítimo intracomunitario. 
El Consejo se esforzará en encontrar medios y vías adecuadas para superar esta situación en base a propuestas de la Comisión. 
Puedo informar a los Sres. diputados que el 19 de febrero de 1999 la Comisión presentó al Consejo una comunicación sobre este tema. 
No obstante, el Consejo quiere subrayar que va a examinar esta comunicación teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes de las conclusiones del Consejo Europeo de Viena. 
Quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
Cuando el Consejo vuelva a examinar la decisión sobre las tiendas libres de impuestos estoy seguro de que se ocupará del problema que han planteado, con razón, algunos gobiernos acerca de la necesidad de contar con un régimen sucesor que esté preparado para empezar a trabajar. 
¿No le parece que el examen debería tener en cuenta también el costo para las finanzas públicas de la continuación del régimen de ventas libres de impuestos? 
La franquicia aduanera es una exoneración de impuestos, y una exoneración muy costosa, que principalmente beneficia a las industrias del tabaco y de las bebidas alcohólicas. 
Me parece que el Presidente en ejercicio puede encontrar una causa mejor- si los ministros de finanzas tienen dinero de sobra a su disposición- que una exoneración fiscal para la industria del tabaco y la industria del alcohol. 
Señor diputado, como he dicho, le puedo confirmar que el Consejo va examinar todos los aspectos relevantes del tema en su valoración. 
Aquí no solamente se incluyen las repercusiones de la supresión de la venta libre de impuestos sobre el mercado laboral y la situación económica en general sino también las repercusiones que se producen cuando se adopta, suspende o modifica una decisión en la Unión Europea. 
Así pues, le puedo tranquilizar diciéndole que se van a tener en cuenta todos los aspectos y también la cuestión de si es correcto y defendible desde una perspectiva social suprimir una ventaja existente hasta ahora para personas muy normales- estoy pensando en especial en aquellas que no tienen unos ingresos muy elevados y que normalmente no tienen acceso a ventajas de otro tipo, ya sean de carácter fiscal u otras -, y que representa la única ventaja para ese grupo de personas. 
Esto va a ser también objeto del análisis que el Consejo va a realizar aún este mes. 
Quisiera dar gracias también al Presidente en ejercicio por su completa respuesta, y a la presidencia alemana por tratar de reanimar la triste saga de las tiendas libres de impuestos. 
¿Podría explicarnos la presidencia alemana los detalles del compromiso sugerido por Alemania, que me parece se está discutiendo en grupos de trabajo del Consejo? 
Para el Parlamento sería muy útil tener esta noche los detalles de la propuesta alemana de compromiso, antes de que el ECOFIN se reúna la semana próxima. 
En segundo lugar, ¿podría indicarnos qué base jurídica ofrecería la posibilidad de prorrogar los arreglos de transición? 
Por último, en vista del breve plazo que queda hasta el final de junio de este año ya que durante ese período tenemos las elecciones para el Parlamento Europeo, ¿podría explicarnos de qué forma el Consejo y la Comisión podrán consultar a este Parlamento sobre sus propuestas- que esperamos provengan del ECOFIN o de Berlín- acerca de la prórroga del régimen de ventas libres de impuestos? 
Señor diputado, el tema al que usted se ha referido ha sido tratado dos veces en el círculo de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Puede ver pues la gran relevancia que tiene este asunto. 
Tanto en Viena como en el encuentro de Bonn en Petersberg se le dedicó un tiempo considerable. 
Se trata pues de una cuestión central de la política europea. 
El Canciller Federal ha presentado una propuesta de compromiso alemana en el sentido de examinar si es posible una prórroga única de la venta libre de impuestos durante tres años. Esta fue la propuesta inicial. 
Actualmente se está examinando si se puede encontrar un fundamento jurídico para ello. 
No descubro ningún secreto si digo que una reacción inmediata a esa propuesta fue que habría que recapacitar también sobre dos años y medio o tres años y medio. 
Esto está relacionado con fechas de vacaciones en Europa y depende de cuándo se adopte una decisión de este tipo. 
Así pues, actualmente se está examinando si existe una posibilidad de este tipo o no y no le puedo comunicar el resultado de ese examen pues aún no ha concluido. 
Señor Presidente, es increíble que la Comisión rechazase nuestros argumentos acerca de la pérdida de puestos de trabajo y que en su comunicación al Consejo, después de que siete Estados miembros presentaran datos concretos sobre pérdida directa e indirecta de puestos de trabajo, llegara a la conclusión de que la supresión entrañaría la pérdida de unos 50.000 puestos de trabajo. 
Quisiera recordar a la Presidencia que en la Cumbre de Bonn los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea rechazaron con toda razón la afirmación de la Comisión de que las pérdidas de puestos de trabajo se podría proteger mediante la aplicación de la financiación comunitaria y de sus subsidios estatales, y que sería preciso prorrogar el régimen durante 30 meses para determinar exactamente los problemas relacionados con el régimen siguiente a la supresión de las tiendas libres de impuestos y para instituir una solución viable que protegiera a los empleados de ese sector. 
Quisiera pedir al Consejo que comentase el hecho de que un número cada vez mayor de Estados miembros hayan expresado graves inquietudes acerca del éxito del régimen, y de que la reciente declaración de la Comisión según la cual hay acuerdo unánime en que la legislación vigente «brinda una solución clara, sencilla y de fácil aplicación» es totalmente tendenciosa. 
El Consejo o, mejor dicho, en este caso la Presidencia, naturalmente conoce el estado de los debates en los gremios del Consejo y conoce las opiniones que defiende cada uno de los países miembros. 
Sólo puedo darle la razón, tenemos un amplio abanico de opiniones diferentes tanto en lo que se refiere a lo que sería correcto hacer como a la valoración de las repercusiones de una u otra decisión. 
Así pues, hay países miembros que temen unas consecuencias muy negativas si se produjese una suspensión de las ventas libres de impuestos y hay otros que dicen que no se van a producir tales consecuencias. 
Hay otros que dicen que sí se van a producir consecuencias y que, por tanto, hay que encontrar un modo de amortiguarlas. 
Existe pues un amplio abanico. 
Creo que sería inteligente reunir primero todos los hechos y analizar, hacer el intento de entenderse- esto es siempre muy importante- y mirar si las cifras y los hechos descansan sobre al misma base y llegar luego a una solución sobre esta base común. 
Ustedes saben cuál es la situación jurídica; existe una resolución válida. 
Así pues, si se quisiera hacer ahora otra cosa, se debería levantar o sustituir esta resolución válida por otra. 
Esto sólo se puede hacer unánimemente. 
La exigencia de la unanimidad debe tomarse especialmente en serio en este contexto. 
Esto es un factor que desempeña un papel en la valoración de lo que va a venir. 
Este es también el motivo por el que el Canciller Federal, como Presidente del Consejo, ha realizado la propuesta de compromiso que acabo de exponer, ya que pudo reconocer o creyó haber reconocido que no se puede lograr probablemente una unanimidad para una resolución modificada. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio por su contestación a las preguntas hechas hasta ahora. 
Le agradezco que nos haya recordado que cualquier prórroga del régimen de tiendas libres de impuestos requiere la unanimidad y tengo la sensación de que esa unanimidad no es probable que exista. 
También quisiera recordarle que las pérdidas de puestos de trabajo mencionadas están muy exageradas. 
La cifra de 56.000 puestos perdidos se mencionó en el pregunta del Sr. Cushnahan. 
Esa cifra no se cita en ningún lugar del estudio de la Comisión y difiere de la cifra de 120.000 puestos de trabajo perdidos que ha mencionado el grupo de presión en favor de las tiendas libres de impuestos. 
¿Podría darnos el Presidente en ejercicio la seguridad de que el Canciller y el Ministro de Finanzas de Alemania, y él mismo, no se dejarán convencer por ese poderoso grupo de presión que el Sr. Corbett ha denominado el grupo de presión «de cigarrillos y alcohol»? 
Señor diputado, si su pregunta era la de si yo creo que puedo convencer de algo al ministro alemán de Hacienda, tengo que responder a dicha pregunta con «no lo sé». 
Risas 
Señor Presidente, mi pregunta es la siguiente: se nota perfectamente que en el lado de aquellos que se oponen a un levantamiento se encuentra un poderoso «lobby» mientras que en el otro lado no hay nadie pues se trata de grupos y comerciantes pequeños. 
Me pregunto si se ha tenido en cuenta qué repercusiones se van a producir si se siguen autorizando las duty free. 
¿No destruye esto muchos más puestos de trabajo en las pequeñas empresas que no se encuentran en los buenos emplazamientos y que no tienen las grandes posibilidades de que disponen todas las demás con los grandes intereses? 
Señor diputado, apenas se puede oponer algo a lo que acaba de decir. 
Este es uno de los aspectos en una controversia que entretanto está casi cargada ideológicamente. 
Usted lo ha indicado muy claramente en su pregunta. 
Aquí existen unos convencimientos realmente muy diferentes, también de naturaleza política. 
No quiero ocultarlo. 
Creo que no puedo decirle otra cosa que, antes de decidir ahora definitivamente sobre si debe existir o no otra regulación transitoria- pues este es momentáneamente el tema- parece necesario obtener claridad sobre las consecuencias sociales y económicas de estas decisiones, además de un modo muy profundo y preciso, para que la decisión se adopte responsablemente. 
Creo que esto debe examinarse en ambas direcciones y, en mi opinión, también tiene que ser objeto del análisis lo que usted ha dicho, es decir, la cuestión de qué repercusiones va a tener sobre el comercio minorista estructurado en determinados países miembros y en las regiones de las que aquí se trata, la prosecución de estas posibilidades de ventas. 
Queda fuera de toda duda que esto es necesario. 
Señor von Habsburg, la cuestión es muy difícil de responder pues también hay gente que dice que estas ventas son ventas espontáneas, es decir, ventas que sólo se realizan porque existe precisamente esta oferta y que no son sustituidas por ventas en otros lugares. 
No sé si es cierto que los jubilados compran la mantequilla y el café porque se les ofrece en los barcos algo más barato. 
Pero todo esto son tesis, hay investigación de mercado y muchas cosas más. Todo esto debe ser objeto de los estudios. 
Espero que se disponga pronto de ellos para que se pueda concluir este tema antes de que crezca convirtiéndose en un serio elemento distorsionador de la política europea. 
Señor Presidente, quisiera asegurar al Sr. Cassidy que habrá muchos miles de puestos de trabajo perdidos, desgraciadamente no sólo en mi circunscripción de Essex septentrional y Suffolk meridional en la que están el aeropuerto de Stansted y el puerto marítimo de Harwich. 
Lo que quisiera preguntar al Presidente es lo siguiente: ¿se percata de lo complicado que va a ser el funcionamiento del plan si se pone en vigor la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos a partir del 1 de julio? 
Esto significará, en realidad, que por el mismo producto se cargarán precios diferentes según en qué espacio aéreo o sobre qué aguas territoriales viaje el avión o la nave. 
¿Qué va a hacer? 
No puedo creer que tenga la intención de instituir ese régimen de la forma prevista. 
Seguramente está pensando en un plazo temporal hasta el momento en que se han elaborado normas adecuadas; de lo contrario la aplicación de la decisión será un absurdo completo. 
Señor Presidente, señora diputada, reconozco gustosamente que cualquier regulación futura probablemente va a ser complicada. 
En cualquier caso, la complicación que acaba de describir no la veo, especialmente en el tráfico aéreo. 
Se sube en A y se sale en B y si A y B se encuentran ambos dentro de la Comunidad Europea, no surge el problema pues no puede realizar tal compra libre de impuestos. 
Si B se encuentra fuera de la Comunidad Europea, entonces existe, es relativamente sencillo. 
Si un barco va de un país de la Unión Europea a otro pasando por las aguas jurisdiccionales un tercer Estado, puede ser algo más complicado y a la pregunta de cómo se debe actuar ante este problema no puedo responder ahora. 
En el caso de aviones no veo en cualquier caso ningún problema. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 4 y 5 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 4 formulada por Paul Rübig (H-0116/99): 
Asunto: Ampliación de las competencias de control parlamentario por la próxima revisión del Tratado Los debates de las últimas semanas han demostrado que tanto el ordenamiento institucional de la UE como las políticas reales requieren un moderno sistema de controles y equilibrios. 
El Parlamento Europeo ha demostrado que, como único órgano directamente legitimado de la Comunidad, es capaz y tiene la voluntad de llevar a cabo las tareas de control que le exigen sus ciudadanos. 
En este contexto, la obligación de la Comisión de dimitir de forma colegiada en caso de que se apruebe una moción de censura, así como la falta de legitimación del Parlamento para destituir a un miembro de la Comisión resultan desfasadas. 
La necesidad de que exista una responsabilidad política individual requiere adaptar las disposiciones correspondientes. 
¿Cómo valora el representante del Consejo la posibilidad de subsanar estos déficit institucionales en el marco de la próxima Conferencia Intergubernamental sobre la modificación de los Tratados? 
Pregunta nº 5 formulada por Karl Habsburg-Lothringen (H-0194/99): 
Asunto: Responsabilidad de los miembros de la Comisión Europea ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para fijar la responsabilidad individual de cada uno de los miembros de la Comisión Europea? 
¿Cuándo cree el Consejo que el Parlamento Europeo podrá confirmar a los miembros de la Comisión individualmente y, si fuere necesario, exigirles responsabilidades también a título individual? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le invito a que responda conjuntamente a las preguntas de los Sres. Rübig y Habsburg-Lothringen. 
Las preguntas planteadas por los dos diputados al Parlamento Europeo contienen propuestas que harían necesaria una modificación del Tratado. 
Tales posibles modificaciones del Tratado no son de la competencia del Consejo. 
De conformidad con el artículo N del Tratado de la Unión Europea, el artículo 48 del Tratado de la UE tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Gobierno de cada Estado miembro o la Comisión pueden presentar al Consejo proyectos para la modificación de los Tratados. 
Tras escuchar al Parlamento Europeo y, en su caso, a la Comisión, el papel del Consejo se limita a la emisión de una opinión en favor de la celebración de una Conferencia Intergubernamental que será a continuación convocada por el Presidente del Consejo. 
Las modificaciones del Tratado acordadas de mutuo acuerdo por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, solamente entrarán en vigor una vez que hayan sido ratificadas por todos los Estados miembros de conformidad con sus disposiciones constitucionales. 
Señor Presidente, una vez que se presente el informe del Consejo de los cinco sabios que, por lo visto, se puede encontrar en los periódicos belgas, ¿se va a producir un procedimiento de destitución por parte del Consejo para Comisarios aislados según el artículo 160 o debe emitir el Parlamento Europeo la desconfianza a la totalidad de la Comisión con los Comisarios que en su mayor parte trabajan excelentemente? 
Señor Presidente, señor diputado, lamento no poderle responder a esta pregunta hipotética. 
La pregunta es hipotética pues la Presidencia del Consejo no conoce aún el contenido de un informe que está anunciado para la próxima semana y sin conocer el contenido, la estructura y las recomendaciones es totalmente imposible decir hoy algo sobre si y cómo se va a ocupar el Consejo y qué consecuencias tiene que extraer. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, no voy a intentar plantearle ninguna pregunta hipotética sino una pregunta sobre su apreciación personal. 
Nos ha citado los artículos que hay que modificar. 
Ahora le tendría que preguntar lo siguiente: ¿debido a los acontecimientos de los últimos tiempos, no ve usted la necesidad de una modificación del Tratado en este sentido? 
Señor Presidente, no creo que esté autorizado a responder a esta pregunta. 
Se me ha preguntado por mi apreciación personal. 
Pero ésta es totalmente irrelevante para el Parlamento Europeo. 
Relevante es sólo lo que puedo exponerle en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo como posición del Consejo. 
Lamento no poderle decir mis apreciaciones personales. Lo que puedo darle son respuestas que tengo que coordinar con todos los Estados miembros, por lo que debo responder a esta pregunta con un no. 
Así pues, no puedo exponer mi apreciación personal. 
Señor Presidente, espero que el Presidente en ejercicio del Consejo tenga la amabilidad de presentar diversas posibilidades a la próxima CIG aunque no esté todavía en condiciones de reaccionar oficialmente a ninguna de ellas. 
No hay duda de que una de las cuestiones que se plantean a raíz de los recientes acontecimientos es la de determinar si el Presidente de la Comisión tiene derecho a destituir a uno o más Comisarios de la Comisión. 
En un gobierno nacional, si un ministro es culpable de falta grave o de mala administración pero se niega a dimitir, entonces el jefe de gobierno le puede destituir. 
En la Comisión Europea, si surgiera semejante situación, el Presidente de la Comisión no tendría la posibilidad de pedir al Comisario que dimitiera o que dejara su puesto en la Comisión. 
Eso sería seguramente la enmienda apropiada del Tratado que se debería presentar a la próxima CIG. 
Si las mencionadas circunstancias se plantean pero el Presidente de la Comisión no puede recurrir a ese poder, entonces podríamos censurar a toda la Comisión. 
Señor diputado, lo voy a formular ahora con gran precisión. 
Hasta ahora, en su propuesta para el Consejo Europeo a celebrar a comienzos de junio en Colonia, la Presidencia no tiene la intención de ir más allá de los left overs de Amsterdam. 
Hasta ahora, la posición de la Presidencia es que se debe realizar una propuesta de procedimiento para tratar estos left overs sobre cómo, cuándo y con qué objetos vamos a ir a la siguiente Conferencia Intergubernamental. 
Los objetos que se nos han planteado hasta ahora son la cuestión de la composición de la Comisión, la cuestión de las decisiones con mayoría cualificada en el Consejo y la cuestión de la ponderación de los votos en el Consejo. 
Hasta el día de hoy, la Presidencia no tiene la intención de realizar más propuesta en Colonia. 
En primer lugar, me gustaría decirle al Sr. Rübig que pienso que el Parlamento no asumió la responsabilidad que le correspondía, pues debíamos haber despedido a toda la Comisión en enero; sin embargo, no entremos en ello ahora. 
Al Sr. Presidente del Consejo me gustaría decirle que creo que el Sr. Rübig no planteó una pregunta hipotética. 
Es fácil responder a la pregunta el próximo mes sea cual sea el resultado de la investigación de la Comisión que está ahora en marcha. 
Conocemos la respuesta. 
No podemos despedir a la Comisión entera. 
Usted ha de poder dar esta respuesta. 
Creo recordar que el Sr. Fischler mencionó en su discurso que la Presidencia alemana abogaba por dar al Parlamento mayores competencias, lo cual equivaldría realmente a que éste se convirtiera en un verdadero parlamento y la Comisión en un auténtico gobierno. 
¿No fue esto lo que dijo el Sr. Fischler en su discurso ante este Parlamento? 
Señora diputada, lo puedo aclarar muy fácilmente. 
Tiene que diferenciar entre dos cosas: por un lado, está un proceso a largo plazo para modificar las instituciones europeas y la relación de las mismas entre si, de la mejora de la legitimación democrática, del control democrático y de la transparencia. 
Este es el proceso constitucional- así lo voy a nombrar- que está en marcha en Europa y del que nos tendremos que ocupar durante muchos años. 
Independientemente de ello, debe tener en cuenta las decisiones que hay que adoptar en determinados momentos. 
Este es el caso de los famosos left overs, sobre los que ya he hablado. 
Se encuentran en relación directa con el proceso de ampliación. 
Existía un consenso general en la Unión sobre que estos left overs tenían que regularse antes de que un nuevo país candidato se adhiera a la Unión. 
La cuestión de cuándo debe ocurrir tiene una gran importancia política. 
Se trata de una señal a los Estados que buscan la adhesión sobre la rapidez con que lo hacemos o si lo dejamos de hacer. 
Si ahora decimos que tratamos estos left overs también en relación con las grandes cuestiones constitucionales de amplio alcance a las que usted se ha referido y que acabo de describir ligeramente, esto significa que también estas cuestiones se decidirán tras un tiempo relativamente largo, para los países candidatos demasiado tarde. 
Este es el motivo por el que en Colonia nos tenemos que limitar a decir cómo, cuándo y con qué alcance vamos a decidir lo que tenemos que decidir en relación con la ampliación, pero al mismo tiempo poner en marcha el debate más amplio sobre los temas a los que usted se ha referido. 
Por supuesto, la cuestión de la posterior parlamentarización de la Unión Europea desempeña un papel central. 
También quiero indicar que vamos a intensificar claramente los derechos del Parlamento con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam que esperamos para el 1 de junio. 
Pero esto lo vemos como un proceso que debe proseguir. 
La pregunta complementaria del Sr. Rübig me ha preocupado profundamente. 
El Sr. Rübig ha hecho referencia a los periódicos belgas de hoy. Y le ha preguntado al Presidente en ejercicio del Consejo si, en relación a lo que dicen los periódicos belgas de hoy, el Consejo tenía alguna reacción. 
Mi preocupación es que yo no he leído los periódicos belgas de hoy y no sé lo que dicen- normalmente no los compro aquí, por lo menos-. 
La pregunta que yo le hago al Presidente en ejercicio del Consejo es si los periódicos belgas forman parte del Derecho comunitario o si, en la próxima Conferencia Intergubernamental, la Presidencia del Consejo se propone incorporar los periódicos belgas al Derecho comunitario, porque reconozco que ya me cuesta trabajo seguir el Derecho comunitario a través del Diario Oficial. 
Si, además, tengo que leer los periódicos belgas, me va a costar mucho trabajo seguirlos. 
Señor diputado, la Presidencia no va a hacer depender sus decisiones de publicaciones en periódicos belgas o en otros periódicos sino de documentos. 
Para nosotros, un documento no es lo que escribe un periódico sino lo que recib imos oficialmente de un órgano europeo, el Parlamento o la Comisión. 
Los periódicos desempeñan un gran papel en Europa. 
Son irrenunci ables para una Europa libre y democrática pero no son un órgano de nuestra Unión. 
Es también mejor para ambas partes que no se conviertan en eso. 
La intención temida por usted no existe. 
Muchas gracias, señor Verheugen, por su aclaración. 
Pregunta nº 6 formulada por Michael J. Hindley, a quien sustituye el Sr. Newens (H-0124/99): 
Asunto: Acceso sin visado para los poseedores de pasaportes de Hong Kong En el contexto de su informe sobre Hong Kong, el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando a los Estados miembros a conceder el acceso sin visado a los poseedores de pasaportes de Hong Kong. 
En respuesta, la Comisión señaló que, a la espera de la introducción de una lista de visados común, la Comisión no tenía responsabilidad directa sobre la política de visados de la Unión Europea, pero que apoyaba firmemente los esfuerzos de Hong Kong por asegurar el acceso sin visado a los poseedores de pasaportes de la RAEHK. 
¿Puede comunicar el Consejo qué medidas se han tomado en respuesta a la resolución del Parlamento? 
¿Cuando examinarán los Estados miembros la cuestión del acceso sin visado para los poseedores de un pasaporte de la RAEHK? 
¿Cuales son las actitudes de los Estados miembros en lo concerniente a este tema? 
¿Se ha mostrado algún estado miembro reacio a conceder el acceso sin visado a los poseedores de un pasaporte de la RAEHK? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta inicialmente formulada por el Sr. Hindley, que va a ser representado hoy aquí por el Sr. Newens. 
Señor diputado, en primer lugar quiero indicar que para el régimen de visados para los habitantes de Hong-Kong sigue siendo determinante el Reglamento CE 2317/95. 
El reglamento ha sido declarado nulo por el Tribunal Europeo d e Justicia pero sus repercusiones jurídicas se han mantenido expresamente. 
Como los habitantes de Hong-Kong no figuran en la lista común de nacionales que deben presentar obligatoriamente visado en la Unión Europea, de conformidad con el artículo 2 del mencionado reglamento de la CE, deciden exclusivamente los Estados miembros sobre las condiciones de entrada. 
La Comisión ha realizado una recapitulación en base a las comunicaciones de los Estados miembros sobre su práctica actual de visados para nacionales que no figuran en la lista común. 
Esta recapitulación se ha publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 3-4-1998, página 4ff. 
Actualmente, sólo Irlanda y el Reino Unido no exigen a titulares de un pasaporte de la zona de administración especial de Hong-Kong ningún visado para la entrada. 
Los restantes Estados miembros han comunicado que aplican a los habitantes de Hong-Kong la misma obligación de visado que existe para China. 
El Consejo tiene la intención de aprobar un reglamento modificado sobre la lista común de visados tras la participación del Parlamento Europeo. 
Según el mismo, los habitantes de Hong-Kong no deben quedar sometidos a una obligación común de visado en los Estados miembros de la UE. 
Estos pueden seguir decidiendo cómo regulan la entrada de habitantes de Hong-Kong. 
Ruego comprensión porque no pueda comentar la política nacional de visados de los Estados miembros de la UE frente a los habitantes de Hong-Kong y, en especial, tampoco su futura configuración. 
Mi colega, el Sr. Hindley, se disculpa por no poder estar presente. 
Por lo que he oído, no se quiere dar curso a una decisión sobre Hong Kong. 
¿Es lógico dejarla pendiente, cuando no hay amenaza alguna de que haya una entrada masiva de inmigrantes ilegales, sencillamente porque se tiene miedo a que la haya en el caso de otros países? 
En vista de que las autoridades de Hong Kong se han esforzado denodadamente por conseguir que su documento de viaje sea difícil de falsificar y teniendo en cuenta la cuestión de la reciprocidad, de la que se benefician los viajeros europeos que van a Hong Kong, ¿no les parece que hay razones especiales para progresar en relación con esta cuestión, con lo cual se fortalecerían las relaciones entre la Unión Europea y Hong Kong y, por ende, entre Europa y China? 
Señor diputado, se puede discutir durante mucho tiempo si la decisión adoptada es realista o no y si las preocupaciones o consideraciones que han conducido a esta decisión son correctas o no. 
El hecho es que se ha decidido así. 
Con la regulación actual, la cuestión de una entrada con o sin visado de habitantes de Hong-Kong en Estados de la Unión Europea sigue siendo una decisión nacional de los Estados miembros. 
Bajo qué aspectos deciden los Estados miembros es asunto suyo y sin duda harán uso de todas las informaciones existentes, también las que usted ha mencionado relativas al problema de las falsificaciones o de la seguridad frente a las mismas. 
Señor Presidente en ejercicio, voy a apoyar la iniciativa de mi colega, el Sr. Hindley, y las observaciones de mi colega, el Sr. Newens. 
Como ponente del Parlamento para las cuestiones relacionadas con Hong Kong, estoy totalmente de acuerdo con lo que están pidiendo hoy en esta sala. 
Teniendo en cuenta los comentarios del Presidente en ejercicio acerca de los derechos exclusivos de los Estados miembros, ¿no le parece también que la política de la Unión Europea es partidaria del concepto de «un país, dos sistemas»? 
Respetando el derecho de cada uno de los Estados miembros, ¿no va a coordinar el Consejo una política que concede acceso sin visado, lo que, en mi opinión, representa la aplicación total del concepto de «un país, dos sistemas»? 
Sí, sólo puedo responder afirmativamente a esta pregunta. 
En total es correcto que dentro de la Unión Europea debemos perseguir una práctica común en la política de migraciones. 
Lo tenemos para el área de Schengen. 
Espero que se amplíe. 
Pero esto no cambia nada en la situación que existe respecto a Hong-Kong. 
La situación jurídica dentro de la Unión Europea es tal que la cuestión de si los habitantes de Hong-Kong necesitan o no un visado para la entrada en un Estado miembro europeo es una cuestión nacional. 
Esto no se puede decidir a nivel europeo ya que por el momento no existe la disposición de los Estados miembros a desplazar una posibilidad de este tipo al nivel europeo. 
Los motivos de ello sólo se pueden sospechar. 
Pregunta nº 7 formulada por Arthur Stanley Newens (H-0126/99): 
Asunto: Régimen comunitario de las bananas ¿Podría el Consejo hacer una declaración sobre los últimos acontecimientos en el conflicto con los Estados Unidos y otros países relativo al régimen comunitario de las bananas? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Newens. 
Señor Presidente, Señorías, el 4 de marzo el Comité de los Representantes Permanentes ha apoyado la condena realizada por Sir Leon Brittan, el Comisario competente, de las unilaterales medidas norteamericanas del 3 de marzo. 
El Consejo apoya a la Comisión para que adopte todas las medidas posibles en el mantenimiento de los intereses de la UE en el marco de la OMC y seguirá ocupándose de los acontecimientos. 
El Consejo se ha ocupado regularmente de los acontecimientos en el litigio de los plátanos. 
Entre las reuniones del Consejo ha existido una coordinación permanente y estrecha con la Comisión en la comisión 113 y en especial con los embajadores en Bruselas. 
Quisiera dar gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta, que apoya la posición de la Comisión. 
Ahora bien, ¿no le parece al Consejo que se considerará como la prueba de fuego el dilema de la Unión Europea: está dispuesta a alinearse con los productores pobres de los países en desarrollo, en particular del Caribe en donde no tienen otros medios alternativos eficaces de vida, o cederá a la presión de los Estados Unidos en nombre de las grandes compañías multinacionales que ya controlan la mayor parte del mercado y que han utilizado sus riquezas para ejercer presión sobre los principales partidos americanos? 
Su actitud sobre esta cuestión podría sentar un precedente para otros casos. 
Por lo tanto, ¿puede asegurarnos el Presidente en ejercicio que no se dará marcha atrás en absoluto acerca de esta cuestión absolutamente esencial? 
Señor diputado, le quiero informar que el Consejo siempre ha defendido la opinión, que sigue defendiendo hoy, de que una solución al problema sólo es posible en el marco de las normas de la OMC. 
Por ello, la Unión Europea permite que un panel de la OMC compruebe la conformidad de su reglamento de mercado sobre los plátanos con las normas de la OMC y la Unión Europea está también dispuesta a someterse al resultado de ese panel. 
Sólo cuando se adopte tal decisión, según la opinión de los árbitros de la OMC se podrá adoptar una decisión sobre la solicitud norteamericana, por ejemplo, de aranceles punitivos. 
Señor Presidente, si el panel de la OMC nos da la razón ¿qué va a pasar con las empresas que han tenido que pagar ya aranceles punitivos? 
¿Se va a ocupar de que estas empresas cobren indemnización por daños frente al Gobierno norteamericano? 
Señor Rübig, no dispongo de unas posiciones ya firmes al respecto. 
Según mis informaciones, hasta ahora no se ha adoptado ninguna decisión. 
Le responderé por escrito. 
Pregunta nº 8 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0131/99): 
Asunto: «Euro-impuesto» , vertiente social de la UE y protección del medio ambiente Como es sabido, se están registrando reacciones en el seno de la UE sobre la cuota de participación de los Estados en las cargas del presupuesto comunitario. 
¿Se plantea el Consejo la posibilidad de introducir un «Euro-impuesto» sobre el movimiento de capitales especulativos así como sobre una lista de bienes de lujo consumidos por las clases de ingresos altos de la Unión? 
¿Podría un impuesto tal constituir una alternativa a la hora de revisar los recursos propios de la UE, de manera que los ingresos procedentes de este impuesto representaran una fuente de financiación de la vertiente social de la UE y de la protección del medio ambiente? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Kaklamanis. 
Señor diputado, como usted sabe, el Consejo sólo puede considerar la aprobación de nuevas normas jurídicas en base a una propuesta de la Comisión. 
Actualmente, la Comisión no ha presentado ninguna decisión en la dirección deseada por usted. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha contestado usted al aspecto formal- que yo ya conozco- de la cuestión. Sin embargo, yo le pregunto por la dimensión política. 
Forma usted parte de un órgano en el que participan otros 14 gobiernos, de los que 13 se declaran socialistas. 
Se declaran socialistas; en la práctica, sin embargo, son neoliberales. 
Hace unos días leí el manifiesto electoral del Partido Socialista Europeo, en el que se habla de la Europa social. 
¿Sabe usted que este año el presupuesto reduce los gastos para la Europa social? 
¿Puede usted decirme cuál es la estrategia política del Consejo para encontrar las fuentes de financiación de la dimensión social de Europa y de la protección del medio ambiente? 
¿Puede usted decirme si tienen intención de abordar con la Comisión la introducción de este impuesto sobre los capitales especulativos, de manera que con esos fondos podamos ayudar a la Europa social y a la protección del medio ambiente? 
No me conteste sobre la cuestión de procedimiento, porque la conozco. 
Señor diputado, sólo puedo darle la razón. 
En base a la constelación política que tenemos actualmente en Europa que usted acaba de describir y que por lo tanto no tengo que seguir haciéndolo, afortunadamente ha sido posible desarrollar una nueva dinámica en temas de justicia social, política de empleo o una economía de mercado ecológica. 
En todos estos campos se está trabajando intensamente y en todos estos campos está actuando también intensamente la Presidencia alemana. 
Un ejemplo va a ser la aprobación del pacto europeo por el empleo en la Cumbre de Colonia. 
Otro ejemplo es el desarrollo de una Carta europea sobre derechos fundamentales en la que también los derechos sociales se van a reflejar de modo especial. 
Podría prolongar esta lista demasiado, por lo que respondo a su pregunta con un claro sí, que en Europa vemos actualmente con toda claridad una tendencia política que trabaja con gran energía en los temas sociales y ecológicos. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 9 decae. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 10, 11 y 12 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 10 formulada por Mihail Papayannakis, a quien sustituye la Sra. González Álvarez (H-0141/99): 
Asunto: Secuestro de Ocalan Tras sus infructuosos intentos por obtener asilo político en algún Estado miembro de la Unión Europea o lograr ser juzgado por un tribunal internacional (lo que constituía un objetivo deseable, según declaraciones de los Ministros de Asuntos Exteriores de Italia y Alemania recogidas en el boletín nº 73530 de la Agence Europe) , el líder del PKK, A. Ocalan, se refugió en Kenia, donde fue secuestrado y desde allí trasladado a Turquía. 
¿Considera el Consejo que hasta el momento se han respetado los derechos humanos del Sr. Ocalan, independientemente de la valoración que le merezcan su representatividad y sus ideas políticas? 
Su secuestro en Kenia sin el consentimiento de dicho país (según declaraciones realizadas el 16.2.1999 por el Ministro de Asuntos Exteriores keniano) , ¿constituye acaso una violación del Derecho internacional, quizás incluso terrorismo de Estado? 
¿Cómo valora el Consejo una actuación semejante por parte de un país candidato a la adhesión a la UE? 
¿Puede responder, en vista de todo lo anterior, de la vida del Sr. Ocalan y de la celebración de un juicio digno de un Estado de derecho? 
Pregunta nº 11 formulada por Alexandros Alavanos, a quien sustituye la Sra. Pailler (H-0163/99): 
Asunto: El caso Ocalan y el problema kurdoVistos los últimos acontecimientos en relación con el caso Ocalan, ¿puede indicar el Consejo, sobre la base de sus resoluciones y decisiones en materia de solicitud de concesión de asilo (resolución del Consejo de 20 de junio de 1995, Convenio 97/C254/01) , cuál es su posición sobre la política obstruccionista de algunos Estados miembros y su negativa a conceder asilo político al dirigente kurdo Abdalá Ocalan? 
¿No hubiera debido adoptar el Consejo una posición clara al respecto antes de que Ocalan cayera en manos de la «justicia» turca? 
¿Qué presiones tiene intención de ejercer el Consejo sobre Turquía para garantizar un juicio justo y público del dirigente kurdo y salvar su vida? 
¿Tiene intención de presentar iniciativas para la convocatoria de una conferencia internacional para la solución del problema kurdo? 
Pregunta nº 12 formulada por Ioannis Theonas (H-0184/99): 
Asunto: Condiciones de detención y riesgo para la integridad física y síquica y la vida de A. OcalanExiste seria preocupación por las condiciones de detención, la integridad física, síquica y mental y la propia vida del dirigente kurdo A. Ocalan dado que, como muestran todos los indicios y pone de manifiesto la grabación que difunden constantemente los medios de comunicación turcos, el dirigente kurdo se encuentra detenido desde el principio bajo la constante influencia de drogas con miras a inhibir su capacidad motriz y a mantenerlo en un estado de debilidad mental y «facilitar» de este modo la instrucción del caso. 
Recientemente, las propias autoridades turcas han comunicado que A. Ocalan presenta graves problemas cardiológicos, algo que quizás se debe a las condiciones de su detención. 
Dado que el dirigente kurdo se encuentra aislado en la cárcel más dura, visto que las condiciones de detención han sido denunciadas reiteradamente por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, dada la pasión que despierta la «captura» y encarcelación del dirigente kurdo, y teniendo en cuenta que la realización de la instrucción o del procedimiento judicial bajo la influencia de drogas, que impiden al detenido actuar o hablar libremente y le convierten en una especie de farsante, constituye una clara violación de toda noción de Derecho, ¿puede indicar el Consejo qué medidas va a adoptar ante esta clara violación de los derechos y de la sagrada dignidad del detenido y qué medidas va a adoptar para que A. Ocalan sea examinado por médicos especialistas independientes con objeto de examinar y garantizar su integridad física y síquica durante su cautiverio y proceso, protegiendo de este modo el derecho del detenido a que se respete su dignidad y su vida? 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le sugiero que responda a las preguntas 10, 11 y 12 conjuntamente. 
Señor Presidente, si me permite voy a responder a las preguntas por separado pero en una exposición conjunta. 
Primero, me voy a referir a las diversas preguntas del colega Papayannakis. 
El Consejo se remite a la declaración de la Unión Europea del 22 de febrero de 1999 en la que ésta toma nota de la aseveración del Gobierno turco de que Abdulah Ocalan va a tener un proceso justo. 
La Unión Europea espera además que esto signifique un trato justo y correcto así como un proceso público y según las normas de un Estado de derecho ante un Tribunal independiente, acceso a asistencia jurídica de su elección y autorización de observadores internacionales en el proceso. 
En estos momentos, el Consejo no puede valorar si el secuestro en Kenia representa una violación del derecho internacional, tal como ha formulado en su pregunta o si, tal como usted también ha indicado, se trata de un acto de terrorismo de Estado. 
El Consejo no dispone de unas informaciones claras y seguras sobre el modo en que Abdulah Ocalan fue llevado a Turquía. 
Por ello, tampoco es posible realizar una valoración. 
A su pregunta de si está garantizada la vida de Ocalan así como un proceso conforme a las exigencias de un Estado de derecho, respondo con la observación que he realizado en la primera parte de mi respuesta e indico además expresamente que la Unión Europea ha subrayado de nuevo en la declaración mencionada su estricto rechazo a la pena de muerte. 
Voy a responder ahora a la pregunta del Sr. diputado Alavanos. La primera parte de su pregunta se refiere a la problemática del asilo. 
A este respecto, tengo que decir que la ejecución de procedimientos de asilo cae dentro de las competencias de los diversos Estados miembros, por lo que el Consejo no puede expresarse al respecto. 
En lo tocante a su segunda pregunta, me remito a la declaración de la Unión Europea del 22 de febrero de 1999, en la que toma nota de la aseveración del Gobierno turco de que Abdulah Ocalan va a tener un juicio justo. 
Repito lo que ya he dicho en la respuesta a la primera pregunta sobre qué exigencias se plantean a Turquía y repito también lo que se debe decir en lo referente a la pena de muerte y añado que la Unión Europea espera de Turquía que solucione sus problemas con medios políticos, respetando totalmente los derechos humanos y los principios del Estado de derecho en una sociedad democrática. 
En este contexto, la Unión Europea saluda todos los esfuerzos auténticos por configurar la lucha contra el terrorismo y la cuestión de las soluciones políticas de tal modo que sea posible la reconciliación de las personas afectadas y se pueda solucionar el conflicto. 
Respecto a la pregunta del Sr. Theonas quiero responder lo siguiente: el Consejo no dispone de informaciones sobre que se estén violando los derechos de Abdulah Ocalan en el marco de la instrucción del sumario y del procedimiento judicial. 
Según un comunicado de prensa del Consejo de Europa del 4 de marzo de 1999, una delegación del Comité Antitortura ha visitado al preso sin testigos. 
El resultado no se ha presentando aún al Consejo. 
En su declaración del 22 de febrero de 1999, la Unión Europea ha expresado la esperanza de que la aseveración del Gobierno turco sobre un proceso justo signifique también un trato justo y correcto. 
Pido disculpas por mi retraso, pero es que en esta Casa tenemos a veces dos reuniones a la vez. 
Quiero, en primer lugar, agradecer las informaciones que el Presidente en ejercicio del Consejo nos ha dado, pero nos queda por saber una cuestión. 
En primer lugar, nosotros también estamos contra el terrorismo. 
En nuestro país, en España, uno de los problemas más graves- que afortunadamente parece que puede ir resolviéndose- es el del terrorismo y, por lo tanto, estamos en contra del terrorismo. 
Pero un grupo de diputados visitó, esta semana pasada, en Turquía a los abogados que defienden a Ocalan- que por cierto están amenazados de muerte- y han sabido que esta persona no está en las debidas condiciones físicas y que, desde luego, no está garantizada su integridad física. 
Pero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿cómo piensa afrontar el Consejo las condiciones generales para una solución política del problema del pueblo kurdo, que es un problema que no se va a terminar con el problema del Sr. Ocalan? 
Muchas gracias, señora Laura González. 
Pero le llamo la atención sobre que, hace unos años, un conocido cantante cubano hizo famosa una canción que se podría aplicar casi en su caso, al decir cómo se pueden tener dos reuniones a la vez y no estar loco. 
Entonces, sea usted prudente y tenga sólo una reunión cada vez. 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta complementaria de la Sra. González. 
Señora diputada, voy a articular mi respuesta en dos partes. La primera, sobre el caso Ocalan y la segunda sobre los demás aspectos de su pregunta. 
En lo que se refiere al caso Ocalan, puede estar segura de que el Consejo lo va a seguir regularmente y que también se va a expresar o adoptar medidas cuando los acontecimientos así lo requieran. 
El Consejo va a tomar también buena nota de todas las informaciones sobre el trascurso del proceso y el trato dado a Ocalan y se va a ocupar de la cuestión de si estas informaciones obligan o no a reaccionar. 
Puedo pues prometerle que el Consejo se va a ocupar regular y continuamente del problema. 
En lo que se refiere a los demás aspectos de su pregunta, tengo que indicar que- como usted sabe- Turquía hasta ahora siempre ha rechazado lo que ella califica como una internacionalización del problema kurdo. 
Turquía considera las declaraciones que se realizan sobre este tema como una injerencia ilícita en sus asuntos internos y hasta ahora no ha estado dispuesta a hablar con la Unión Europea ni con nadie sobre la cuestión kurda. 
Probablemente, sabrá mejor que yo que según la posición oficial turca, no existe en absoluto ninguna cuestión kurda. 
Por ello, tengo que decirle que veo muy, pero que muy pocas posibilidades de influir positivamente sobre Turquía. 
En cualquier caso, puedo decir muy claramente como posición de la Presidencia alemana- quien ha destacado más claramente que anteriores Gobiernos alemanes el status de candidata de Turquía en lo referente a los Estados miembros de la Unión Europea -, que las condiciones para convertirse en miembro de la Unión Europea son exactamente igual de válidas que para otros, es decir, que no existe una prima para Turquía debido a su posición estratégica especialmente importante ni tampoco una multa por ser un país islámico. 
Turquía tiene que cumplir las condiciones exactamente igual que los demás, lo que significa que tiene que ser una democracia plenamente desarrollada. 
Debe existir seguridad de que se respetan los derechos humanos y que todas las personas del país gozan de los mismos derechos. 
En relación con los kurdos, no quiero emplear la palabra minoría pues creo que es aquí totalmente errónea. 
Aquí se trata de la plena igualdad de derechos de todas las personas que viven en un país determinado. 
Esto es lo que podemos y tenemos que decir a Turquía en relación a la orientación europea de este país. 
Si la situación evolucionase de tal modo que en una conversación directa con Turquía fuese posible hablar sobre la solución del problema kurdo, estoy plenamente convencido de que estaremos dispuestos a hacerlo, pero hasta ahora lamentablemente no ha sido posible una conversación de este tipo. 
Señor Presidente, el tiempo que se me ha concedido es realmente corto. 
A pesar de todo, voy a intentar preguntar a la Presidencia del Consejo cómo puede estar segura de las garantías que da Turquía. 
Yo estaba personalmente en el proceso de Leila Zana y de los otros dieciséis diputados que han sido condenados. 
Dieciséis años de prisión para Leila Zana. 
Ante los observadores internacionales, entre los cuales nos encontrábamos nosotros mismos y los medios de comunicación internacionales, vi como Leila Zana, una mujer menuda y frágil pero gran demócrata y gran política era aporreada- no hay otra palabra- con las culatas de los fusiles, por los militares que estaban allí para el proceso. 
¡Ante nuestros ojos! 
Por tanto no creo en absoluto en esas garantías verbales. 
Como tampoco creo que ayudemos a una solución pacífica del problema kurdo siguiendo con la venta de armas a Turquía. 
Quisiera saber de dónde sacan ustedes esas garantías y si no se puede pensar en sanciones económicas, especialmente después de haber visto que era vano, votando la unión aduanera, pensar que esto podía ayudar a este país a entrar en la democracia. 
Tendría otras muchas cosas que preguntarle, pero por desgracia debo terminar. 
Señora diputada, lamentablemente, tengo que decirle que no podemos estar en absoluto seguros de que en tales casos se respeten realmente las promesas. 
No existe ninguna garantía. 
Podría ofrecerle docenas de ejemplos de la historia más reciente no sólo de Europa sino de otras partes del mundo. 
Este es precisamente el problema cuando se trata de Estados en los que existen déficits de Estado de derecho y estamos convencidos de que este es el caso de Turquía. 
No existe pues ninguna garantía. 
Lo que naturalmente podemos enjuiciar es qué significa si, por ejemplo, Ocalan no tiene un acceso sin obstáculos a abogados de su elección o qué significaría si no existiese un acceso total y sin obstáculos de observadores internacionales al proceso. 
Entonces se podría formar un juicio. 
Sin embargo, tengo que añadir expresamente que incluso aunque se logre esto, no existe ninguna garantía absoluta de que un proceso transcurra realmente justa y correctamente en todos los sentidos. 
Lamentablemente, tengo que decirle que esta garantía no existe siquiera en Estados de derecho plenamente desarrollados. 
Desgraciadamente no puedo dar las gracias también al Presidente en ejercicio, y ello porque me pregunto: las espeluznantes imágenes de las atroces torturas, de la represión que ha sufrido el líder de todo un pueblo y que con no poco orgullo ha transmitido la televisión turca y todos los medios de información a lo largo y ancho del mundo, ¿las ha visto el Sr. Presidente en ejercicio? 
El Consejo dice, carece de información. 
¿No les preocupa? 
¿Creen que el Tribunal de Seguridad del Estado de Turquía puede garantizar un juicio justo? 
El Sr. Presidente en ejercicio nos ha dicho que no hay problema kurdo, que no hay pueblo kurdo, que no hay minoría kurda. 
¡Porque Turquía no lo admite! 
Por cierto, ¿se ha convencido el Sr. Milosevic de que el problema de Kosovo es un problema internacional y de que la OTAN amenaza con bombardeos y tenemos tropas de la OTAN dispuestas a entrar en Kosovo? 
Y bien, ¿nos contestará el Consejo estas preguntas de un modo cuanto menos convincente? 
Precisamente porque el Consejo conoce naturalmente estas emociones que usted acaba de describir, en especial las grabaciones en vídeo y las imágenes de televisión, ha realizado las declaraciones y planteado las exigencias que acabo de exponer. 
Estuve en Estambul el jueves y viernes pasado hablando con los abogados del Sr. Ocalan, y me dijeron que no tienen ninguna documentación concreta sobre la acusación, que sólo les han permitido una visita muy corta a Ocalan, que lo encontraron inexpresivo y totalmente drogado. 
No les han vuelto a permitir ninguna otra visita a Ocalan y todo ello hace temer por la vida de Ocalan, como hoy se nos ha dicho. 
La visita fue muy difícil para nosotros, como diputados europeos que fuimos allí espontáneamente. 
Yo le pregunto en concreto: ¿piensa el Consejo enviar abogados de la Unión Europea para estar presentes en el juicio y poder ayudar a que efectivamente haya un juicio justo, como usted con toda corrección ha dicho? 
Como acabo de exponer, el Consejo ha planteado la exigencia y apoyado también exigencias de la opinión pública europea en el sentido de que se deben permitir observadores internacionales en el proceso. 
La cuestión es si la Unión Europea debe participar como institución en la observación del proceso si ésta fuese posible. Esta cuestión no se ha tratado aún y deberá decidirse en el momento oportuno. 
Señor Presidente, quisiera preguntar al representante del Consejo, ya que no ha contestado al Sr. Theonas, lo que tiene que responder a los que consideran que hay una política de dos pesos, dos varas de medir, según si se trata de los kurdos o de los kosovares. 
En los dos casos se trata de detener la represión y conceder derechos fundamentales. 
¿Qué responde usted a aquellos que consideran que hay dos pesos, dos varas de medir por parte de la Unión Europea frente a los dos casos? 
Si usted me pregunta, el Consejo no ha realizado hasta ahora ninguna declaración al respecto; hasta ahora no ha unido nunca la problemática de Kosovo con la de los kurdos. 
Tampoco tengo la intención de hacerlo. 
Pregunta nº 13 formulada por Astrid Thors (H-0142/99): 
Asunto: Coordinación entre la UE y el Consejo de Europa con respecto a las políticas de asistencia mutua en materia de delincuencia Los Estados miembros están negociando un Convenio de la UE relativo a la asistencia mutua en materia de delincuencia. 
El Consejo de Europa está negociando un Segundo protocolo adicional al Convenio de Asistencia Mutua de 1959. 
Los dos proyectos se refieren en gran medida a los mismos temas, si bien no existe entre ellos ninguna coordinación. 
¿Han tomado medidas los Estados miembros de la UE para garantizar que las mismas soluciones judiciales se aplican en ambos foros? 
Si no es así, ¿por qué se aplican políticas diferentes en la UE y en el Consejo de Europa? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Thors. 
La coordinación de las negociaciones sobre un Convenio de la Unión Europea relativo a la asistencia judicial en asuntos penales y el proyecto del Consejo de Europa sobre el segundo protocolo adicional al Convenio de Asistencia Mutua en asuntos penales de 1959, se ha explicado extensamente en el ámbito de la Unión. 
El grupo «Asistencia judicial en asuntos penales» que está elaborando el nuevo Convenio de la UE ha examinado últimamente la cuestión de la coordinación en la reunión del 17 y 18 de febrero de 1999. 
La necesidad de coordinación entre la Unión Europea y el Consejo de Europa se ha tratado en varias ocasiones en los encuentros regulares entre la «troica» , el comité K4 y representantes del Consejo de Europa. 
Se ha concedido especial importancia a la compatibilidad de los resultados en el campo de la asistencia judicial y a evitar al máximo sobrelapamientos entre los actos jurídicos. 
Uno de los resultados concretos de este proceso de coordinación fue la elaboración de una comparación técnica del proyecto de la UE con el texto del Consejo de Europa por parte del Secretariado del Consejo. 
Este documento ha demostrado ser un útil instrumento auxiliar para los actuales debates. 
Actualmente está siendo revisado. 
Son inevitables ciertos sobrelapamientos entre el proyecto del Convenio de la UE y el proyecto de protocolo del Consejo de Europa ya que los dos nuevos actos jurídicos persiguen el objetivo de mejorar las regulaciones de asistencia judicial en asuntos penales. 
El Convenio de la UE impone a los 15 Estados miembros unas obligaciones de asistencia judicial más estrictas que el protocolo del Consejo de Europa, que puede llegar a aplicarse en mas de 40 países con sistemas jurídicos muy diferentes. 
Esto es en especial aplicable a regulaciones relativas a la escucha de las comunicaciones. 
A comienzos de febrero escuché decir a uno de los representantes del Consejo que tal coordinación no se había producido. 
Además, creo que hay motivos para que meditemos sobre los principios que se aplican en el nuevo Convenio de Asistencia Judicial. 
Presumiblemente el asunto del control de Internet y del correo electrónico es uno de los que no se ha coordinado en esos dos convenios. 
Parece que de conformidad con uno de los convenios, según la Comisión, se obligaría a las autoridades a informar inmediatamente sobre toda la correspondencia electrónica. 
¿Es esto así y está esto de acuerdo con los principios europeos, sin que se hayan definido los delitos que se pretende controlar y sin que exista una exigencia jurídica? 
Con todo, me alegro si esta coordinación se ha producido a causa de esta iniciativa. 
Señor Presidente, lamentablemente no puedo hacerlo. 
En la pregunta originaria de la Sra. diputada no se contenía una observación sobre esta problemática especial, de modo que la Secretaría del Consejo no me ha podido poner a disposición documentos al respecto. 
Quisiera darle una respuesta pero sencillamente no puedo hacerlo. Le ruego por ello que muestre su conformidad en que se le responda por escrito. 
El apartado 1 del artículo 11 del Protocolo sobre los estatutos del SEBC y del BCE prevé que un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central no puede ejercer otra actividad remunerada o no remunerada a no ser que el Consejo del BCE otorgue excepcionalmente su autorización al respecto. 
De este modo, el protocolo impide en interés de la independencia de los miembros del Comité Ejecutivo que estos puedan percibir remuneraciones por otra actividad diferente. 
Esta disposición no se opone, sin embargo, al nombramiento de una personalidad experimentada que perciba, por ejemplo, una pensión por una relación de empleo anterior. 
Además, no es tarea del Consejo determinar las condiciones de empleo de los miembros del Comité Ejecutivo que, según el apartado 3 del artículo 11 del mencionado protocolo, son objeto de contratos con el BCE y que se determinan por el Consejo del BCE a propuesta de una comisión formada por seis miembros, de los cuales tres son nombrados por el Consejo. 
Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo no ha respondido en absoluto a mi pregunta. 
He preguntado si sabía el Consejo antes de que se fijara el importe de los salarios de los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo que éstos perciben también pensiones de otras fuentes. He preguntado si, aparte de Sirkka Hämäläinen, alguien más entre los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo percibe un sueldo complementario. 
El Consejo ha de responder a estas preguntas puesto que esta cuestión recae dentro de su ámbito de responsabilidades. 
Tanto el Banco Central Europeo como los bancos centrales de cada país pertenecen al sistema de la UE. 
En estos bancos son de aplicación los mismos estatutos de personal que en el resto de las instituciones de la Unión Europea. 
De conformidad con el artículo 232 del Tratado constitutivo, el Consejo ha de velar por la aplicación de estos acuerdos y de estos reglamentos de personal, por lo que el Consejo ha de ser responsable también de que las normas del Banco Central Europeo se correspondan con las normas del resto de las instituciones de la UE. 
Solicito al representante del país que ocupa la Presidencia del Consejo que responda a mi pregunta. 
Señor diputado, ya he respondido a la pregunta cuya respuesta exige usted. Quiero dirigir su atención de nuevo a la parte de mi respuesta que así lo hace. 
Es del siguiente tenor: la disposición de que un miembro del Comité ejecutivo del BCE no puede percibir otra remuneración no se opone al nombramiento de una personalidad experimentada que perciba, por ejemplo, una pensión por una relación de empleo anterior, es decir, que según la opinión jurídica que defiende aquí el Consejo, existe aquí una diferencia entre una remuneración y una pensión por jubilación que alguien percibe por prestaciones realizadas. 
Señor Presidente, al igual que mi colega Seppänen, también yo me he quedado muy sorprendida de que el representante del Consejo no haya respondido a las preguntas que se han formulado. 
Creo que es importante que el Banco Central Europeo sea transparente en sus actividades. A pesar de que es relativamente independiente en su política monetaria, ello no ha de ser óbice para que cuente con algún tipo de reglas en materia de transparencia, por ejemplo, en lo relativo a la recusabilidad y a los vínculos económicos de sus altos funcionarios, como es el caso de los miembros de su Comité Ejecutivo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no ha respondido usted a estas preguntas. 
En su lugar, ha afirmado que no hay ninguna contradicción en el hecho de que una persona experimentada perciba un salario del Banco Central Europeo y una pensión por el desempeño de sus actividades anteriores. 
¿No es cierto que tanto el Banco Central Europeo como la institución anterior, el Banco Central de Finlandia, pertenecen en la práctica al mismo sistema del Banco Central Europeo? 
El representante de la Comisión tampoco ha querido pronunciarse a este respecto. 
¿Quién puede entonces pronunciarse sobre esta cuestión? 
Señor diputada, tengo que decirle que he respondido con precisión a la pregunta, además muy precisamente. 
Repito de nuevo. 
Hay una diferencia entre una remuneración adicional que podría percibir un miembro del Comité ejecutivo del BCE y una pensión por jubilación que perciba un miembro de dicho Comité por una actividad anterior. 
Tiene que definirse jurídicamente de modo totalmente diferente. 
Desde el punto de vista del Consejo, las disposiciones están totalmente claras. 
Un miembro del Comité ejecutivo del BCE que perciba por ello una remuneración puede percibir sin problemas una pensión por jubilación de una actividad anterior ya concluida. 
Quisiera saber el motivo por el que se hace una excepción en relación con el Banco Central Europeo, ya que, según entiendo, no es posible obtener pensión de otros cargos simultáneamente con una remuneración completa de la Comisión o del Consejo. 
Por tanto, quisiera saber por qué se ha hecho esta excepción con el Banco Central Europeo. 
Tengo que decir abiertamente que no he comprendido la pregunta. 
¿Cómo debo responderla? 
La Sra. diputada dice que no comprende algo. Esto no es una pregunta que vaya dirigida a mí. 
Sólo puedo repetir de nuevo cuál es la opinión jurídica del Consejo. 
Está totalmente clara. 
El caso de que se trata aquí, de si es posible percibir una remuneración como miembro del Comité ejecutivo del BCE y al mismo tiempo cobrar una pensión por jubilación por una actividad anterior ya concluida, lo he respondido tres veces con un claro «sí». 
Esta es la opinión jurídica que defiende aquí el Consejo. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Señora Hautala, me pide la palabra pero no se la puedo conceder. 
Usted sabe muy bien que durante el turno de preguntas sólo se concede la palabra una única vez. 
Pregunta nº 16 formulada por Maj Britt Theorin (H-0146/99): 
Asunto: Solidaridad global 1.300 millones de personas en el mundo viven en situación grave de pobreza y el número de pobres sigue aumentando. 
La ayuda de los países de la OCDE a los países en vías de desarrollo descendió en 1997 a un 0, 22 % del PNB. 
Según las estimaciones, la ayuda ha seguido disminuyendo durante 1998. 
Además de la ayuda, también el flujo de capital privado de los países industriales a los países en vías de desarrollo ha disminuido fuertemente entre 1997 y 1998. 
El objetivo de las Naciones Unidas es que los países ricos reserven el 0, 7 % de su PNB para la ayuda. 
¿Cómo piensa el Consejo contribuir para que se cumpla el objetivo de las Naciones Unidas? 
Señor Verheugen, le invito que responda a la pregunta de la Sra. Theorin. 
Señor Presidente, con razón indica la Sra. diputada que la ayuda al desarrollo de los países miembros representados en la comisión de desarrollo CAD de la OCDE ha retrocedido en relación con su producto social bruto. 
Sin embargo, una comparación muestra que las cifras correspondientes de los países miembros de la UE, que ascienden por término medio al 0, 33 % del producto social bruto, se encuentran muy por encima del valor medio de la totalidad de los países donantes representados en el CAD. 
Aquí la cifra es del 0, 22 % del producto social bruto y la aportación de un país donante tan importante como los EE.UU no sobrepasa el valor del 0, 09 % del producto social bruto. 
En algunos Estados se está señalizando una inversión de esta tendencia negativa. 
En lo que se refiere a los flujos de capitales en los países en vías de desarrollo, la Unión Europea es plenamente consciente de la importancia que tienen las inversiones privadas y de modo muy general el proceso de desarrollo al nivel de la economía privada. 
El mejor modo de fomentar las inversiones privadas en los países en vías de desarrollo es fortaleciendo la economía privada y creando unas condiciones marco favorables a las inversiones, debiéndose pensar sobre todo en los campos de la economía, el derecho, la administración y la creación de normas. 
Por lo demás, la Unión Europea ha defendido esta opinión hace poco en el encuentro de ministros ACP-UE del 8 y 9 de febrero en Dakar, donde nuestros interlocutores de la ACP compartieron plenamente esta opinión. 
El Consejo se dirige una atención creciente a la problemática de la pobreza expuesta por la Sra. diputada. 
En este contexto, hay que indicar que uno de los puntos esenciales en los que hubo acuerdo en Dakar consistía precisamente en que la reducción de la pobreza y posiblemente su desaparición definitiva tienen que ser los objetivos centrales de la nueva cooperación junto con el desarrollo sostenible y la integración paulatina de los países ACP en la economía mundial. 
En lo que se refiere a la pregunta planteada por la Sra. diputada sobre las medidas concretas a adoptar a nivel de la OCDE, hay que indicar que el Consejo de la UE, al contrario que los diversos Estados miembros y la Comisión Europea, no está representado en la CAD, por lo que no puede tampoco realizar propuestas concretas sobre el modo de proceder. 
Gracias por la respuesta a la pregunta. 
Quedé un poco sorprendida cuando escuché que se parapetan tras el argumento de que EE.UU. da insuficiente ayuda a los países del tercer mundo; es un hecho conocido desde hace tiempo. 
No obstante, hay también países de la UE que destinan bastante más del 0, 33 por ciento para las ayudas al desarrollo. 
Sin embargo, el objetivo puesto por la ONU es el 0, 7 por ciento, importante objetivo que hay que tener con uno mismo, independientemente de si se está en el Consejo o en la OCDE. 
Puesto que he escuchado que se ha prestado seriamente atención a los problemas de la pobreza- no basta con prestarles atención solamente- me pregunto: ¿De qué manera está preparado el Consejo para actuar concretamente en relación con los problemas derivados de la pobreza? 
El flujo de capitales privados es de vital importancia. 
También es importante que se firmen convenios de libre comercio. 
Solamente quiero decir al Consejo que un convenio importante de este tipo es el celebrado con Sudáfrica, que espero que se firme el 22 de marzo, haciendo de este modo posible las ayudas para el desarrollo. 
Señora Theorin, coincido plenamente con usted en que un objetivo central de la política de la Unión Europea tiene que ser el de realizar una aportación a la lucha contra la pobreza en el mundo. 
La pobreza es realmente uno de los azotes más terribles de la Humanidad. 
Radica también en nuestro propio interés como europeos, quienes estamos mucho mejor que la mayoría de las personas en el mundo, no permitir que una gran parte del mundo caiga en una pobreza cada vez más profunda. 
Esta discrepancia social cada vez mayor conducirá necesariamente un día a conflictos sociales y políticos que, posiblemente, se expresen con violencia. 
Coincidimos plenamente en el análisis. 
Esto es también lo que tenemos que decir a las personas en nuestros países, que aunque la cooperación para el desarrollo cueste dinero a la postre es una importante inversión en nuestra propia seguridad, una inversión que al menos es tan importante como la que realizamos en nuestra seguridad militar. 
Constato aquí una plena coincidencia con su opinión básica. 
Señora diputada, usted conoce las posibilidades y los medios que dedicamos. 
La cooperación para el desarrollo que la Unión Europea realiza se orienta a estos objetivos, lo que es también aplicable a la cooperación para el desarrollo de la mayoría de los Estados miembros. 
Esto es aplicable a su país, al mío y a una serie de otros países. 
Estamos en esta vía. 
Pero coincido plenamente con usted en que aún puede hacerse mucho más y que, en especial, tenemos que abandonar la idea de que la cooperación para el desarrollo consiste en enviar dinero a algún lugar con la idea de que ya se arreglarán de algún modo los problemas. 
Realmente, es necesario elegir un enfoque integrado. Parte integrante de este enfoque integrado es la inclusión de las economías nacionales de los países en vías en desarrollo en la totalidad de la economía mundial. 
También lo es la dirección de los flujos de capitales, las inversiones en estos países con las medidas disponibles para ello y es asimismo la ayuda en la creación de estructuras que sean necesarias y atractivas para las inversiones. 
Por ello, expreso mi agradecimiento por cualquier ayuda que encontremos cuando se trata de mejorar los objetivos de esta política y las posibilidades disponibles. 
Pregunta nº 17 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0148/99): 
Asunto: Participación de Libia en la próxima Conferencia Euromediterránea de Stuttgart ¿Hará posible la Unión Europea la participación de Libia en la próxima Conferencia Euromediterránea de Stuttgart? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Izquierdo. 
Esto ha desempeñado ya un papel en el debate de hoy y la respuesta es la siguiente: el Consejo ha tomado nota de las declaraciones finales del Foro parlamentario euromediterráneo del 27 y 28 de octubre de 1998 celebrado en Bruselas y de la recomendación allí realizada de que los participantes de la Tercera Conferencia Euromediterránea hagan todo lo posible para permitir una participación de Libia como miembro de pleno derecho en el proceso de Barcelona. 
El Consejo subraya en esta cuestión la posición que adoptó ya desde el comienzo de la cooperación euromediterránea, consistente en dejar abierta la puerta a Libia para que pueda participar en la cooperación tan pronto como se comporte en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El Consejo sigue la evolución muy atentamente. 
Ha tomado nota de los positivos acontecimientos ocurridos hace poco y alienta la prosecución de las positivas aportaciones de otros en esta cuestión. 
Deduzco de la respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo que estamos en un momento en el que podemos dar ya la bienvenida a Libia porque, como él sabe muy bien, ya existe un acuerdo entre las partes y el Secretario General de las Naciones Unidas lo ha hecho público hace unos días. 
Por tanto, si él me dice que la puerta está abierta en cuanto haya acuerdo y sabe como yo que ya hay acuerdo, podemos dar por hecho el que, por fin- y creo que es un acierto -, Libia participará en la próxima Conferencia Euromediterránea de Stuttgart como miembro de pleno derecho, como lo pedía el foro euromediterráneo celebrado en el Parlamento Europeo en noviembre. 
Si ello es así, ¿puedo deducir también, por tanto, que igual lo será Mauritania? 
También en esta declaración final se aprobó, en el Parlamento Europeo, el que fuera invitada como miembro de pleno derecho. 
Señor Presidente, el Comisario Marín ya ha dicho lo necesario sobre el tema de Mauritania en el debate de esta tarde. 
En estos momentos, Mauritania no representa ningún problema para nosotros en este contexto. 
En lo que se refiere a Libia, señora diputada, estaría contento si pudiese realizar la misma constatación que hace usted, que se cumplen ya todas las condiciones previas que hemos mencionado para que Libia pueda participar en el proceso de Barcelona. 
Sin embargo, no puedo compartir esta apreciación tan optimista. 
La exigencia consiste en que la resolución del Consejo de Seguridad debe cumplirse por completo y este no es aún ni mucho menos el caso mientras los presuntos terroristas no sean entregados. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Señorías, exactamente a la hora y media de haber empezado las preguntas al Consejo, doy por cerrado el turno de preguntas al Consejo. 
Las preguntas 18 a 40 se contestarán por escrito. 
La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Acciones en el sector nuclear en favor de países terceros (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe sobre las actividades realizadas en el sector nuclear en favor de determinados terceros países. 
Señora Presidenta, cuanto menor es el número de diputados presentes tanto mayor es el rigor con el que se nos obliga a atenernos a la distribución del tiempo de uso de la palabra. 
Haré lo que pueda al respecto. En primer lugar quisiera felicitar al Sr. Adam por su informe. 
A medida que profundizo en la lectura del mismo, mi estima va en aumento. Recomendaría al Parlamento que se tome muy en serio este tema y que estudie el Informe Adam con mucho detenimiento. 
Preconiza que los antiguos reactores, en concreto los de primera generación, sean desconectados lo antes posible de la red, siendo luego equipados con instalaciones modernas. Lo más importante es que colaboremos con los países de la Europa central y oriental y la antigua Unión Soviética en aras a desarrollar un concepto energético global. 
Esta cuestión adquiere una mayor relevancia a medida que la red del este se va conectando a la red occidental. Pues es de esperar que aquellos países aprovechen las posibilidades ofrecidas por sus centrales nucleares para ganar dinero vendiendo electricidad al oeste. 
Así las cosas, no está de más que nos preguntemos cómo se produce dicha electricidad. 
Evidentemente, los países de la adhesión- y es algo que ya quería haber dicho antes- han de respetar asimismo las demás disposiciones medioambientales. 
No solamente las centrales nucleares, sino también los grandes hornos, los automóviles y todas las fábricas deben cumplir la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. 
Y no se hará una excepción para las centrales nucleares. 
Quisiera destacar otro punto más, y aquí me dirijo principalmente a la Comisión. 
No se trata de decirnos mutuamente lo importante que son estas medidas, sino que también hemos de detectar los defectos. 
Es lo que hace poco se me ha dado a entender desde una central nuclear alemana, la de Neckar-Westheim, que coopera desde hace 10 años con Zaporazhye para mejorar las válvulas. 
Como es sabido- y si aún no lo sabían, lo saben ahora- el 20 de abril de 1995 se produjo un accidente, al igual que en otras dos centrales nucleares rusas, cuyo desarrollo recuerda el de Harrisburg. 
Era necesario reaccionar con relativa rapidez. 
Pero como solamente se trata de válvulas, de cuestiones técnicas, ya han pasado cuatro años y aún no se ha tomado medida alguna, a pesar de que se haya presentado la solicitud correspondiente. 
Ahora se entra en la fase de las licitaciones. 
Imagínense la situación siguiente. En su casa se produce un incendio, abren un concurso para averiguar cuáles son los bomberos más baratos y cuando lleguen a su casa, ¡ésta ha ardido completamente! 
Necesitamos otros procedimientos y Gordon Adam acierta al llamar nuestra atención sobre el punto 20. Ahí se detalla lo que debemos hacer. 
Por todo ello, insisto en que hemos de actuar con mayor celeridad antes de que sea demasiado tarde. 
Señor Presidente, hace unas semanas nuestro grupo liberal presentó una resolución de urgencia sobre las centrales nucleares K2 y R4 en Ucrania, firmada también por la Sra. Plooij y el Sr. Frischenlager. 
Ya que hemos retirado dicha resolución de urgencia, con motivo del debate del Informe Adam, queremos decir algo sobre ese asunto. 
Estoy absolutamente de acuerdo con el ponente en que debe aprovecharse de la forma más óptima la capacidad de las centrales seguras acabadas o en construcción, siempre que sea la opción menos costosa. 
Pues resulta que he leído algunas cosas sobre las centrales K2 y R4 de Ucrania que habrían de ser terminadas con dinero del BERD y de Euratom. 
Tenemos grandes dudas. 
Originalmente habíamos pedido al Tribunal de Cuentas que emitiera un dictamen sobre semejante empleo de los fondos de las instituciones Europeas, sobre todo de Euratom. 
Sin embargo, la Sra. Aelvoet ha presentado dos enmiendas que van algo más lejos. 
Nuestro grupo ha decidido apoyarlas. 
Opinamos que los fondos destinados por Euratom y BERD para K2 y R4 no deben ser ofrecidos para terminar las dos centrales nucleares de Ucrania. 
Tenemos, además, el convenio de Espoo que dice que Ucrania debe informar a sus países vecinos sobre las centrales nucleares. 
Y eso, Ucrania omitió hacerlo. 
Aunque Ucrania no se cuenta entre los firmantes del convenio de Espoo, nosotros, como instituciones europeas, sí que podemos exigir de Ucrania que cumpla con las normas de dicho convenio de Espoo para garantizar la participación de los países vecinos en las decisiones sobre el futuro de esas centrales nucleares. 
Señora Presidenta, señorías, en el marco de la construcción europea, pero también en la perspectiva de la ampliación, es importante comprometer una política energética adaptada a la evolución de los mercados y a la realidad de las necesidades de los consumidores. 
Ésa es la función de Europa y se acrecienta con regularidad. 
En este marco se sitúan los dos informes que nuestro colega Gordon Adam ha preparado con todo el rigor y la buena percepción que conocemos de él. 
Se trata de asegurar, en todo el territorio de la gran Europa, una distribución óptima de la electricidad, tomando en consideración el desarrollo inevitable del mercado del gas, cuyas reservas son aún considerables. 
El objetivo es llegar a una interconexión entre las redes de electricidad de la Europa Central y de la Unión Europea, pero también facilitar la importación de gas natural procedente de países terceros. 
Es preciso en estos momentos diversificar las fuentes de abastecimiento de energía, manteniendo el recurso a las energías fósiles, pero cuidando de evitar al máximo las emisiones de CO2. 
Habida cuenta del aumento rápido de la demanda energética, se trata de desarrollar un porcentaje realista de energías renovables y apoyarse en los conocimientos europeos en materia nuclear. 
El segundo informe de Gordon Adam busca la mejora de la seguridad nuclear en el Este. 
En este marco, la reelaboración del combustible es tan importante como la seguridad de las instalaciones. 
Una mayor seguridad de las centrales nucleares tradicionales es el objetivo de los programas PHARE y TACIS, mejorados gracias a sus nuevos reglamentos para el 2000-2006. 
No se trata de sustituir la estrategia de los Gobiernos de países terceros sino de mejorar, por medio del diálogo y la cooperación, la seguridad indispensable y la eficacia energética de sus reactores. 
Es importante en especial asegurar una mejor gestión de los residuos de las centrales de uso civil, así como la eliminación de las 50 toneladas de plutonio militar de Rusia. 
La Unión Europea no puede permitir que se acumule, sin reaccionar, el plutonio militar ruso posterior a la aplicación de los acuerdos de no proliferación nuclear. 
Es indispensable una política energética integrada entre los Gobiernos nacionales y Europa. Ésta ha de orientar a los industriales hacia la utilización racional de la energía mediante la utilización creciente de las energías renovables, pero también gracias a la mejora del sector nuclear: nueva generación de reactores, gestión del ciclo del combustible y principalmente del final del ciclo, es decir, de los residuos nucleares. 
Un programa ambicioso, pero pragmático y responsable, ha de conducir a la Unión Europea a utilizar sus competencias para el corto y para el largo plazo. 
A corto plazo, es preciso realizar muy rápidamente el EPR, el reactor europeo de agua presurizada, un reactor más seguro y rentable, ya que va a permitir una reducción de más de un 10 % en kwh. 
Al permitir una eliminación parcial de los residuos nucleares mediante un combustible Mox, es preciso preparar el largo plazo desde ahora mismo y, paralelamente, estudiar la validación de las tecnologías implicadas en los reactores híbridos, como el reactor propuesto recientemente por Carlo Rubia. 
Pero es preciso también trabajar en los reactores de alta temperatura, notables por su eficacia energética y por su capacidad de destrucción del 90 % del plutonio militar. 
El programa marco de la Unión Europea, así como los Estados miembros y los países terceros deben comprometerse en la puesta a punto de las tecnologías necesarias. 
La mejora de la seguridad nuclear y la eliminación de los residuos permitirán, al mismo nivel que la diversificación de los recursos energéticos, responder al aumento del consumo en la gran Europa y reducir las emisiones de gas de invernadero. 
En este sentido, la política europea adquiere un carácter ejemplar. 
Señora Presidenta, al ver la comunicación de la Comisión sobre las actividades realizadas en el sector nuclear en favor de los países candidatos de la Europa central y oriental y los nuevos Estados independientes y el informe del Tribunal de Cuentas uno da por supuesto que solamente se detienen en dos temas. 
Habida cuenta de que la Comisión pretende ofrecer en su comunicación una visión de conjunto de los recursos empleados y los resultados obtenidos, así como de las nuevas orientaciones relativas a la puesta en práctica del programa, el documento por ella presentado- 13 páginas de texto y 17 páginas de anexo- es una auténtica vergüenza. 
En lo que supuestamente debería ser una evaluación no se pueden incluir frases tan vagas como- cito- «Desde 1990 la UE ha llevado a cabo numerosas acciones en el sector nuclear» , o «Se elaboraron programas especiales provistos de recursos financieros considerables». 
Este vacío informativo toca fondo en el fragmento dedicado al almacenamiento definitivo. 
Cito: «Hemos brindado a los países receptores la oportunidad de familiarizarse con la técnica y la cultura de seguridad de occidente y de esta manera, no sólo hemos podido subsanar diversos problemas de esta región, sino que también hemos podido elaborar proyectos concretos.» 
¡Me temo que estos señores realmente han perdido el norte! 
¿De qué problemas se trata, a qué proyectos se refieren? 
¿En qué consiste el programa de ayuda previsto por la UE? 
Teniendo en cuenta que el día de hoy la UE aún no dispone de un concepto de almacenamiento definitivo y se limita a transportar los residuos de un país a otro para dejarlos finalmente en cualquier lugar transitorio este comportamiento es realmente impertinente. 
La participación de los países del Este en los programas de investigación de la UE se califica como sumamente positiva, pero no se aducen argumentos que justifiquen esta interpretación. 
¿O es que se puede considerar un éxito el que todos los reactores de alto riesgo sigan en funcionamiento a pesar de los acuerdos alcanzados sobre el cierre de los mismos en el marco de la cuenta de seguridad nuclear? 
Tanto la Comisión como el Consejo han subrayado que el acuerdo sobre el cierre es absolutamente prioritario. 
Es por lo que me asombra sobremanera que el ponente haya ignorado este punto, en lugar de aumentar la presión sobre los Estados implicados. 
¡No podemos aceptar bajo ningún concepto que los impuestos de los ciudadanos europeos sean utilizados para incrementar los riesgos en vez de reducirlos! 
Tampoco es correcta la tesis del ponente según la cual la construcción de nuevos reactores nucleares contribuirá a que los viejos dejen de funcionar. 
Al contrario, la historia nos enseña que todos los reactores viejos continúan en activo, puesto que se seguirá exportando electricidad hasta que nos invada la chatarra. Aparte de todo ello, estos países tampoco han solucionado el problema de los residuos, al tiempo que los riesgos de proliferación no hacen más que aumentar. 
No es admisible que creemos nuevos mercados para las centrales nucleares con los impuestos recaudados por la UE. 
Tanto menos cuanto que ya ha quedado demostrado que la construcción de centrales de producción de energía de gas y vapor y la ejecución de medidas que favorezcan la eficacia energética resultan más baratas. 
No se puede negar que los medios financieros que han sido invertidos hasta la fecha no han surtido en absoluto el efecto deseado. Ya va siendo hora de que la Comisión tome nota de esta evidencia y actúe en consecuencia modificando su política. 
Aprovecho la oportunidad para formular la siguiente pregunta, aunque el Sr. Van den Broek ya se ha marchado. ¿Cuándo se nos entregará una nueva comunicación que se corresponda con la realidad? 
¡Apreciaría que la respuesta a mi pregunta me llegara esta misma noche! 
Señora Presidenta, el problema de la seguridad nuclear en la Europa central y oriental y los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética nos preocupa desde hace más de 10 años y el camino hacia la solución aún parece ser largo. 
Hasta la fecha ninguno de los reactores a los que hoy día se los conoce con el nombre eufemístico de reactores de primera generación han dejado de funcionar, a pesar de las importantes sumas de dinero que la Unión Europea ha invertido a lo largo de los últimos diez años en los PECO y los NEI y la retahíla de acuerdos encaminados a obtener aquello que, si no me equivoco, todos los miembros de esta Casa desean conseguir, a saber, el cierre de esos viejos e inseguros reactores. 
Y si puede hacer para ayer mejor que para mañana. 
El Sr. Adam destaca en su informe- y aprovecho esta ocasión para darle las gracias por haber afrontado este problema tan complejo- la necesidad de elaborar junto con los candidatos a la adhesión, los demás países de la Europa central y oriental y los NEI, proyectos y estrategias en el sector de la energía que, por una parte, garanticen el cierre de los viejos reactores nucleares e impidan que se terminen los reactores inseguros aún en fase de construcción y que, por otra parte, cubran las necesidades energéticas de dichos países, que hoy día se suplen principalmente con energía nuclear. 
Considero fundamental que en el marco de una estrategia de estas características, para cuya elaboración debemos tener en cuenta, por respeto a los países implicados, la decisión soberana nacional de cada uno de ellos sobre si desean o no seguir utilizando energía nuclear, se implique en la medida de lo posible a las autoridades regionales y locales y se allane el camino hacia el uso de las energías renovables brindando una nueva oportunidad a los países afectados. 
Si bien es cierto que tendremos que prever para los candidatos a la adhesión toda una serie de disposiciones transitorias en el ámbito ecológico, ¡no puede haber normativa transitoria alguna en el terreno de la seguridad nuclear! 
Señora Presidenta, los compromisos con el medio ambiente comienzan a influir en la capacidad competitiva a partir del momento en que una empresa determinada entre en competencia directa con otras empresas ubicadas en regiones donde no es obligatorio cumplir dichos requisitos. 
Si transferimos esta idea al sector de la energía nuclear, se llega a la conclusión de que el nivel de seguridad nuclear de los países de la adhesión ha de adaptarse necesariamente al de la UE. 
En caso de que sea necesario complementar el cierre de las centrales nucleares con inversiones destinadas a la renovación de las centrales que van a seguir en funcionamiento, éstas deberán ser proporcionadas por los explotadores de la misma de conformidad con la liberalización del mercado eléctrico y el principio de que quien contamina paga, es decir, deberán ser financiadas a través de los beneficios obtenidos con la venta de la electricidad, no a través de subvenciones y recursos facilitados por la UE. 
De lo contrario, el mercado de los países candidatos a la adhesión acabaría distorsionándose en favor de la energía nuclear, cosa que debemos evitar como sea. 
En consecuencia, es nuestro deber exigir que la ayuda comunitaria concedida en el marco de programas como PHARE y TACIS, que tienen por objeto incrementar la seguridad nuclear en los países del este, no se destine a la financiación de instalaciones nuevas, sino que se emplee únicamente para apoyar a las autoridades encargadas de supervisar el funcionamiento de las centrales nucleares, mejorar el control de la seguridad y elaborar normativas que se ajusten a la tecnología de última generación. 
Por todo lo anterior, les ruego respalden con su voto la enmienda que he presentado a este respecto y que ya ha sido aprobada en comisión. 
Señora Presidenta, como han señalado los demás oradores, la seguridad de las centrales nucleares es el tema más importante cuando la UE se ocupa de la energía atómica en los países solicitantes y los nuevos estados independientes y es inaceptable otorgar a estos países disposiciones transitorias. 
Las exigencias de seguridad implican el cierre de algunas centrales, y como respuesta a este cierre se habla de la necesidad de construir nuevas centrales que las sustituyan. 
Y esta respuesta es inaceptable. 
No podemos exportar los criterios que ya no son nuestros a los demás países y la verdad es que la población europea no quiere nuevas centrales nucleares. 
Por ello, en realidad lo más importante en la Comunicación de la Comisión es subrayar la necesidad de elaborar planes energéticos para todo el sector energético y no sólo para el sector eléctrico, haciendo hincapié en el ahorro energético y el desarrollo de fuentes de energía alternativas y el aprovechamiento de la efectividad energética. 
Con demasiada frecuencia vemos que cuando aumentan las necesidades energéticas la respuesta es simplemente aumentar el número de centrales. 
Hay que actuar de otra forma, también en los países de Europa central y oriental. 
Señor Presidente, debido al proceso de adhesión de los países candidatos de Europa central y oriental y a las relaciones comerciales con los nuevos Estados independientes, la Unión Europea se ve obligada a emprender iniciativas con miras a la seguridad nuclear. 
En dichas regiones se encuentran cincuenta instalaciones con reactores obsoletos de fabricación soviética que deben ser cerradas por ser altamente peligrosas. 
Los reactores soviéticos de la primera generación RBMK y VVER 440/230 no pueden hacer frente a ningún tipo de accidente y resultan especialmente peligrosos. 
Hay reactores de ese tipo que funcionan todavía en Bulgaria, en Lituania, en Eslovaquia, en Armenia y en Rusia, y los que se encontraban en la antigua Alemania oriental han sido clausurados de forma definitiva. 
En especial se pide a la Comisión Europea, primero, el cumplimiento de los acuerdos que prevén la clausura de los reactores de primera generación, como son los casos de Kozloduy en Bulgaria, el de Ignalina en Lituania y los de Eslovaquia, en segundo lugar, no conceder ningún tipo de financiación a los reactores de primera generación y, en tercer lugar, no conceder créditos a través de EURATOM para la modernización de los reactores de generaciones más recientes, si a cambio no se garantiza como condición previa el cumplimiento de lo acordado para el desmantelamiento definitivo de los reactores de primera generación que son los que constituyen una amenaza para los ciudadanos de Europa. 
Señorías, mi colega, el Sr. van der Broek, ha tenido esta tarde la oportunidad de referirse a todos esos asuntos. 
Creo que se ha ocupado de forma exhaustiva de los problemas planteados y reflejados en el informe del Sr. Adam. 
Yo también quisiera hacer constar que la Comisión Europea continúa y va a continuar con sus esfuerzos para lograr un mayor nivel de seguridad en relación con los reactores nucleares. 
Por descontado que vamos a incluir el tema de la seguridad nuclear en el marco de los acuerdos bilaterales con los países candidatos de Europa central y oriental y, sobre todo, en el marco del esfuerzo para la preparación de dichos países para el acquis communautaire y su posterior adhesión a la Unión Europea. 
Es decir, que constituye un importante elemento en la estrategia de preadhesión de los países de Europa central y oriental. 
Finalmente, en relación con los esfuerzos de la Comisión Europea con vistas a la clausura de los reactores nucleares en aquellos casos y países donde se han constatado problemas de peligrosidad, quisiera asegurarles que la Comisión Europea, independientemente de las estrategias de dichos países, sigue insistiendo en los acuerdos ya firmados con esos países. 
Por tal razón estamos haciendo todo lo posible para coordinar los esfuerzos emprendidos por parte del BERD y, por supuesto, de EURATOM, con el fin de conceder los créditos necesarios para los reactores nucleares. 
En relación con todo esto, quisiera decirles que esta mañana, en Ucrania, se ha puesto en marcha una task force que tiene exactamente ese objetivo, es decir, ayudar al Gobierno ucraniano a proceder inmediatamente a la reestructuración del sector energético y, por supuesto, a cumplir todas las condiciones necesarias para la concesión de los créditos. 
En los demás países, como Bulgaria y otros con los que coopera la Comisión Europea, intentamos hacer todo lo posible para ayudarlos a reestructurar totalmente el sector energético y a que puedan utilizar también otras fuentes de energía. 
Por tal razón, estamos intentando orientar al sector bancario a que pueda prestar apoyo a dichos planes. 
En cualquier caso, quisiera una vez más garantizar a la Asamblea que, de acuerdo con los principios que respalda el Parlamento y a los que se vuelve a referir el informe del Sr. Adam, la Comisión Europea continúa con sus esfuerzos para conseguir la mayor protección posible en relación con el funcionamiento de los reactores nucleares. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Señor Eisma, andamos tan mal de tiempo que realmente no puedo admitir más preguntas complementarias. 
Me temo que, de lo contrario, nos resultará imposible tratar todos los asuntos pendientes, porque, de todas formas, ya vamos atrasados. 
Señor Presidente, lamento profundamente que el Sr. Van den Broek no esté presente en esta parte del debate. 
No es cierto, tal como afirma este Comisario, que el Sr. Van den Broek ya hubiese comentado todas nuestras observaciones antes, esta tarde; algo imposible además. 
Estamos hablando ahora, y nos habría gustado tener una respuesta del primer Comisario responsable. 
Tal vez pueda hacerse llegar este comentario mío a nuestro colega el Sr. Van den Broek. 
Queda cerrado este punto del orden del día. 
Programas plurianuales en el sector de la energía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0085/99 del Sr. Robles Piquer, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de las fuentes de energía renovables en la Comunidad- ALTENER II (COM (97) 0550- C4-0071/98-97/0370 (SYN) ), -A4-0084/99 de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de la eficacia energética (1998-2002) (COM (97) 0550- C4-0072/98-97/0371 (SYN) ), -A4-0086/99 del Sr. Stockmann, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la comunicación de la Comisión sobre la eficacia energética en la Comunidad Europea: hacia una estrategia de racionalización del uso de la energía (COM (98) 0246- C4-0316/98) ). 
. Señora Presidenta, Thomas Edison- que algo sabría de electricidad- escribió en 1916 lo que voy a leer: «Deberíamos usar las fuerzas de la naturaleza para obtener nuestra energía. 
La luz solar, el viento, las corrientes marinas, son formas de esa energía. 
Pero no, quemamos los bosques y el carbón como si quemáramos la puerta de nuestra casa para calentarnos. 
Vivimos como ocupantes salvajes de la tierra y no como si esos recursos nos pertenecieran para siempre.» 
Estas terribles palabras escritas hace más de 80 años, en plena Primera Guerra Mundial, abren, sin duda, adecuadamente- a mi modo de ver- este debate sobre tres informes con los que la Comisión Europea nos ayuda a llenar ese vacío de la inexistencia de la política energética comunitaria que los Estados no desean, aunque la deseemos los diputados y los miembros de la Comisión. 
Me refiero, en primer lugar, al informe de la Sra. Bloch von Blottnitz y al informe del Sr. Stockmann- el primero dedicado a la eficacia y el segundo al uso racional y al ahorro de la energía-. 
De ellos hablaremos después. 
En cuanto al mío, señora Presidenta, se trata de un informe sobre la parte del nuevo programa marco energético que trata de establecer un plan plurianual de fomento de las fuentes de energía renovables y que constituye la parte principal, si atendemos a su cuantía, de ese conjunto global. 
Se trata en resumen de reforzar, extender y mejorar los efectos- yo diría que benéficos- del programa ALTENER, que ahora es ALTENER II. Son actividades que buscan naturalmente mantener el equilibrio ecológico, respetar el medio ambiente, asegurar el suministro reduciendo las importaciones cuyo porcentaje crece tanto en la Unión Europea, y, también, lograr un cierto equilibrio con los avances tecnológicos, en la explotación de estas energías renovables, así como crear puestos de trabajo. 
Hay antecedentes para estos informes y para esta situación. 
ALTENER I, en primer lugar, de los años 1993 a 1997, la fórmula provisional de ALTENER II y este definitivo ALTENER II que debe conducirnos hasta el año 2002. 
Permítanme recordar también documentos tan importantes como los Libros Verde y Blanco de la Comisión y, si se me permite una referencia más bien personal en este caso, la Conferencia de Madrid de 1994 de la que dentro de una semana estaremos cumpliendo el primer lustro desde que se celebró. 
Quiero recordar la presencia y la actividad en aquella conferencia no sólo de las autoridades competentes de España y de muchos países sino también de mi amigo y su predecesor, señor Comisario, el Comisario Matutes, y de su compatriota, el hoy Ministro Mandelis, que era entonces el que ejercía la presidencia, porque estábamos en el semestre griego de la Presidencia europea, y ambos nos ayudaron muy eficazmente. 
Aquí hablamos de la energía eólica, de la solar térmica y fotovoltaica, de la biomasa, de la minihidráulica, por debajo de 10 megavatios, de la energía geotérmica y, quizá en el futuro, también de la explotación de las mareas. En todo esto, lo que cabe decir en estos años, es que ha crecido el interés. 
No ha disminuido. Hace unos días un gran diario francés decía con un juego de palabras que la energía eólica tiene el viento en popa. 
Yo creo que, afortunadamente, no es sólo la eólica, aunque sea ésta la que está creciendo más. 
Y creo que en esta materia hay que optar entre una de tres actitudes. 
O la creencia en la inutilidad de estos esfuerzos, o pensar que estas energías pueden en un próximo futuro sustituir a las convencionales, o- en mi opinión, la posición razonable- incrementar paulatinamente el porcentaje de consumo energético procedente de fuentes renovables en los términos que han sido señalados en todos esos documentos y que nosotros, naturalmente, no podemos todavía considerar como satisfactorios ni definitivos pero que constituyen un primer paso importante. 
Hay muchos países- sería difícil citarlos todos aquí por falta de tiempo- que están siendo ya conscientes de que esta situación cambia. 
Daré un sólo dato: en este momento podemos saber que en el año 1998 la energía eólica producida y consumida en la Unión Europea ha aumentado nada menos que en un tercio respecto al año 1997. 
Termino para decir que entendemos que hay que seguir en esta misma línea y que, por mi parte, como ponente recomiendo a mis colegas la votación favorable tanto de mi informe, como de los otros dos. 
En el caso del mío y en el de la Sra. Bloch von Blottnitz con las enmiendas aceptadas ya por la propia Comisión de Energía. 
Me parece que las demás no sería necesario incorporarlas. 
Para acabar, me permito felicitar, con su permiso, a los dos colegas cuyos informes vamos a examinar enseguida. 
Señora Presidenta, el programa SAVE es, junto con el programa ALTENER, nuestra única arma para cumplir el nivel de reducción que nos hemos marcado en Kioto, a saber, el 8 %. 
Precisamente por esta razón, resulta asombroso e incomprensible que SAVE II, por ejemplo, solamente esté dotado con 68, 45 millones de ecus, distribuidos a lo largo de cinco años, y que ALTENER tan sólo cuente con 281, 1 millones de ecus, asimismo para cinco años, en tanto que al mismo tiempo estamos dispuestos a gastar 170 millones de ecu en un año en cuestiones de fusión nuclear. 
Hay otra cosa que no llego a captar muy bien. Si en la evaluación de SAVE I la Comisión concluye, constata y afirma que la única forma de aproximarnos a nuestros objetivos consiste en la adopción de medidas legislativas ¿por qué éstas brillan por su ausencia en SAVE II? 
De la misma manera echo en falta una presentación detallada de aquello que se pretende hacer. 
Está demostrado- a raíz de un estudio realizado por el servicio alemán de medio ambiente- que, por ejemplo, en Alemania la electricidad que consumimos por tener el hábito de dejar en modalidad stand-by los aparatos domésticos y los equipos de oficina equivale a la que producen dos centrales eléctricas pertenecientes a la clase de las centrales de 1.000 megavatios. 
También es indiscutible que el día que optemos por una utilización racional de la energía- que se manifiesta principalmente en el consumo básico, puesto que la electricidad puede ahorrarse por la mañana, a mediodía y por la noche, esto lo sabemos todos y, además, se dice en todas partes- se producirían cambios importantes, se crearían más puestos de trabajo, se mejoraría nuestra posición en el mercado y se reduciría considerablemente la contaminación de la naturaleza. 
No pasa ni un día en que no hablemos del tema, pero, en realidad, no hacemos nada para cambiar la situación. 
¡Por eso mismo, comienzo a sospechar que detrás de esta pasividad hay una poderosa industria que prefiere dejarlo todo tal como está y que se niega a cualquier modificación! 
Si logramos reducir sustancialmente el consumo básico- sólo con fomentar una utilización racional podríamos ahorrar entre un 30 y un 40 % y las energías renovables nos permitirían compensar las pérdidas -, muchas de las centrales nucleares que satisfacen las necesidades básicas estarían obligadas a cerrar sus puertas. 
Se trata de un claro ejemplo de indecisión política en el que no se va al grano, en el que abundan las palabras y escasea la acción. 
Con una política de estas características no podremos cumplir con nuestras obligaciones relativas a los objetivos de reducción ni dispondremos de una tecnología adecuada para el próximo milenio que nos permita incrementar nuestra exportación, imponer nuestra presencia en el mercado mundial, crear puestos de trabajo y conservar nuestro medio ambiente. 
Debido a sus limitadas dimensiones, el presente programa nos impedirá alcanzar todos estos objetivos. 
Si no tenemos dinero, lo mínimo que podemos hacer es adoptar medidas legislativas, aún sin tener en cuenta la posibilidad de introducir un impuesto sobre la energía a escala europea, una solución que sin duda surtiría el efecto deseado. 
¡Cuanto más barata sea la energía, tanto mayor será su consumo! 
Me veo obligada a preguntar a la Comisión cuándo piensa por fin poner manos a la obra. 
En esta Casa se han celebrado debates interminables al respecto y siempre hemos dejado claro que necesitamos de una vez por todas programas racionales encaminados a fomentar una racionalización del uso. 
¡No pretenderán seguir utilizando siempre los mismos métodos, como era habitual en la edad de piedra! 
¡Creo que son lo suficientemente inteligentes y listos para darse cuenta de ello! 
Es necesario que actuemos, lo sabemos, tenemos las posibilidades y, sin embargo, no pasa absolutamente nada. 
¿Qué es lo que piensan hacer con 68, 1 millones de ecus en cinco años? Sobre todo si parten de la idea de que estos recursos han de cubrir igualmente las necesidades de los países de la AELC. 
¡Cómo es posible que el informe ALTENER II incluya la incineración de residuos urbanos entre las fuentes de energía renovable! 
¿Qué estamos haciendo? 
Hemos de fomentar el uso de la energía solar, el biogás, el agua, la energía eólica y, evidentemente, la utilización racional de todas estas fuentes de energía. Ambos elementos van unidos, el programa ALTENER y el programa SAVE son como hermanos. 
Para lograr este propósito solamente necesitamos dos cosas: voluntad política y celeridad. 
La Comisión cuenta con nuestro más absoluto apoyo. ¿Por qué no toma la iniciativa? 
¿Por qué cede año tras año ante las presiones del Consejo? El Consejo no quiere lo que queremos nosotros y todos somos conscientes de ello. 
Ya les he explicado el porqué de esa inercia. 
¡Serían muchos los que verían perjudicados sus intereses en caso de que los ahorros en el ámbito de las necesidades básicas llegaran a hacerse realidad! 
En virtud de este argumento, señor Papoutsis, quisiera rogarle que se diera un poquito de prisa. 
Aunque los programas SAVE y ALTENER II se hayan elaborado con buenas intenciones, no son más que un pretexto y ambos sabemos que con los medios previstos ni usted ni nosotros podemos hacer nada. 
Tenemos un compromiso, no sólo en el marco de Kioto, sino también con respecto a las futuras generaciones. 
Por todo ello, espero que el Parlamento apruebe mis enmiendas legislativas, incluida mi propuesta de que ahorremos anualmente un 1, 5 % en lugar del insignificante 1 % fijado por la Comisión. 
Sólo han pasado tres minutos y ya le he retirado la palabra, pero pensaba que su misión consistía en exponernos el informe y tenía más bien la impresión de que en lugar de hablar en su calidad de ponente, estaba defendiendo su propio punto de vista. Supongo que ésta es la razón por la que me he confundido. 
Es lo que se ha aprobado en comisión. Solamente he expuesto lo que se dice en el informe. 
Es lo que ahí figura, incluso el 1, 5 %, todo lo que he comentado se recoge en la motivación general. 
¡No he introducido ningún dato nuevo! 
Señora Presidenta, señoras y señores, quisiera dar las gracias a mis colegas y comparto su opinión de que en este tema todos estamos de acuerdo. 
En los últimos años, la cuestión del ahorro energético ha perdido actualidad entre la opinión pública. 
Es algo que también comprueba la Agencia Internacional de la Energía. 
Parece ser una cuestión irrelevante, pero solamente porque por ahora las anticuadas fuentes de energía cuentan con suficientes reservas a pesar del crecimiento demográfico y el incremento del consumo energético. 
Y en mi opinión, esta indiferencia también se debe a la pasividad del mercado. 
Los precios de mercado no emiten señales de ninguna clase. 
Al contrario, el crudo es más barato que antes de las crisis del petróleo. 
Así las cosas, ¿quién tiene interés en que haya una mayor eficacia? 
Los productores de energía no se verían en absoluto beneficiados, los consumidores apenas notarían el cambio y la industria consumidora tan sólo tendría algunas ventajas muy limitadas. 
Los principales interesados somos nosotros, los políticos, puesto que nos preocupa la relación entre consumo energético y emisión de CO2. 
Es por lo que nos hemos propuesto- tal y como ha quedado de manifiesto en Kioto y Buenos Aires en el Convenio sobre el Clima y el acuerdo marco- reducir las emisiones de CO2 en Europa al nivel de 1990. 
Quisiera aducir otro argumento político. En caso de que mantengamos la situación actual, el volumen de las importaciones y, por tanto, nuestra dependencia, habrá aumentado del 50 al 70 % en el año 2020. 
Si analizamos las opciones que están a nuestro alcance, vemos que son muchas. 
Aunque los pareceres divergen con respecto a nuestra capacidad de ahorro técnico y económico para los próximos cinco años, está claro que se abren múltiples posibilidades, independientemente de que la meta inicial oscile entre el 18 y el 20 % o sea superior a estos porcentajes. 
Si queremos salvar nuestra credibilidad política, debemos garantizar como mínimo una mejora anual de la eficacia energética del 2, 5 %, bastante superior al 0, 6 % actual. 
Esta subida es imprescindible si pretendemos ser consecuentes y además, es perfectamente viable. 
La Comisión opta por un 1, 6 %, pero podemos ir más allá. 
A este fin, es fundamental que se elabore una gran estrategia común a escala europea, nacional y regional, tal y como propone la Comisión. 
Dicha estrategia ha de prever una normativa vinculante para los Estados miembros en lo que a la consecución de los objetivos comunes nacionales se refiere y debe establecer objetivos orientativos para cada uno de los sectores energéticos y económicos. Y a partir del año 2001 nosotros debemos encargarnos de elaborar cada tres años un informe al respecto. 
Ahora quisiera detenerme en algunas medidas concretas que revisten una especial importancia. 
Necesitamos una directiva sobre las normas que han de aplicarse en el ámbito de las contrataciones públicas. 
Necesitamos directrices para la rehabilitación de edificios existentes. 
Comencemos por los propios órganos comunitarios. 
No estaría de más que pudiéramos disponer de una normativa para la adjudicación de obras y servicios en el ámbito del mantenimiento y la construcción de edificios. 
Dicho sea de paso- ya se ha señalado antes -, la sistemática rehabilitación de edificios antiguos redundaría en beneficio del empleo. 
En segundo término, deben lanzarse campañas específicas destinadas a sectores profesionales muy concretos al tiempo que ha de llevarse a cabo un etiquetado a gran escala de todos los bienes de consumo y de inversión. 
Aunque ya se han tomado iniciativas al respecto, éstas siguen siendo insuficientes. 
En tercer lugar es preciso fomentar el uso de la producción combinada de calor y electricidad. Debemos evitar que la liberalización del mercado de la energía acabe con esta posibilidad. 
Consideramos oportuno que se establezca una cuota del 18 % tal y como exige la Comisión. 
De la misma manera nos vendría bien un programa orientado a la financiación de las empresas de servicios energéticos, las llamadas ESCO. Les espera un gran futuro y desempeñan un papel clave en la reducción del consumo energético. 
Mi cuarta observación atañe al ámbito del transporte- por ahora dejo de lado la agricultura -, donde se presentan múltiples posibilidades. 
Los conceptos de logística y transporte intermodal permiten hacernos una idea de cuánto se puede hacer en este campo. 
Los primeros pasos en esta dirección ya se han dado en el Quinto Programa Marco para acciones de investigación, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. 
El quinto aspecto es el de la reducción de las pérdidas de stand-by, que ya ha sido mencionado por mi colega. 
Instamos a la Comisión a que elabore lo antes posible una comunicación sobre este problema. 
En sexto lugar, somos partidarios de que se recaude un impuesto sobre la energía a escala comunitaria. 
Debemos retomar el hilo de esta historia interminable. He puesto mis esperanzas en el nuevo Parlamento y en la convicción de que llegará el día en que se imponga el sentido común. 
Sé lo que ha sucedido con el informe Cox. 
Aunque la lucha por el ahorro energético no aporte beneficios políticos, el incremento de la eficacia energética sigue siendo la fuente de energía más limpia y más segura que tenemos a nuestra disposición y, por tanto, merece toda nuestra atención. 
Señora Presidenta, la Comisión de Medio Ambiente ha elaborado opiniones en dos ámbitos que forman parte de los programas marco plurianuales sobre acciones en el sector de la energía. 
Estos ámbitos son las energías renovables y la optimización, y visto desde el punto de vista medioambiental hablamos de dos caras de la misma moneda. 
Pues de mantenerse el modelo actual, la demanda global de energía se doblará antes del año 2020 por lo que necesitamos buenos programas y planes para poder cumplir nuestros objetivos de Kioto. 
En general, puede decirse que la iniciativa de la Comisión no es lo suficientemente innovadora. 
Se centra demasiado en las soluciones energéticas convencionales antes que en las soluciones energéticas renovables. 
En los sistemas centralizados antes que en los descentralizados, en los medios económicos tradicionales antes que en la innovación. 
En las acciones puramente técnicas antes que en los esfuerzos de carácter integral. 
Y esto no basta por lo que es estupendo ver los informes presentados que siguen la misma dirección que he descrito. 
La administración de los programas. 
Con estos programas hay un problema al igual que ocurre con muchos otros programas comunitarios y es su opacidad ante los solicitantes, lo que dificulta la participación de una serie de personas en estos programas. 
Cuando lo menciono es porque el segundo punto- la participación del consumidor medio- resulta fundamental para alcanzar los objetivos deseados. 
Sólo a través de los consumidores podemos lograr las suficientes iniciativas locales. 
Con relación a las iniciativas locales me gustaría mencionar la organización de sistemas de tarifas que se adapten a la estructura descentralizada y ya no estén supeditados a un mar de ámbitos e ideas. 
Es absolutamente fundamental y necesario que la gestión de los programas se lleve a cabo nacionalmente, pues es en el ámbito nacional donde mejor se conoce la situación. 
Es evidente que cada zona presenta características especiales. 
La energía solar debe utilizarse donde brilla el sol y los molinos de viento deben instalarse donde sopla el viento y quienes mejor saben estas cosas son los propios países miembros. 
Señora Presidenta, a decir verdad, lo único que uno puede opinar con respecto a estos tres informes es que están bien, que merecen nuestra aprobación. 
En otras palabras, ahí no está el problema. 
En esta Casa ya se han profesado numerosas declaraciones. 
Siempre estamos de acuerdo. 
Hay pocas cuestiones en las que la unanimidad de este Parlamento y también de la Comisión es tan manifiesta como en el caso del apoyo a las energías renovables. 
A este respecto no existe problema alguno. 
Pero a pesar de todo, me encuentro desamparado, porque una mera ojeada a las cifras basta parallevarse las manos a la cabeza. 
Fijémonos por ejemplo en el informe del Sr. Seppänen. El ponente destaca con razón que dejando de lado la energía hidroeléctrica las energías renovables tan sólo representan un 1, 3 %, mientras que, al incluir dicha fuente de energía, ascienden al 6 %. 
Queremos que la cuota de las energías renovables alcance el 12 %. 
Sin embargo, hemos de tener presente que la ampliación de la energía hidroeléctrica tiene sus límites, en la medida en que debemos ser respetuosos con la naturaleza. 
La biotecnología es el otro componente de las energías renovables. 
La energía hidroeléctrica y la biotecnología representan juntas el 95 % de todas las fuentes de energía renovable. 
Tanto la energía hidroeléctrica como la biomasa son más bien características de los países nórdicos, los países alpinos, Austria, Francia, etcétera. 
El tema de la biomasa está estrechamente relacionado con la política agrícola. 
Ahora bien, en el apartado agrícola de la Agenda 2000 se echa en falta un capítulo fundamental dedicado a las energías renovables. Es ahí donde debería hacerse referencia al fomento de la biomasa. 
Sé que la Comisión ha estado trabajando en un texto que, al final, no ha sido incorporado porque los ministros de Hacienda se negaron a financiar los gastos que supondría tal iniciativa. 
Así que ya hemos dado con el quid de la cuestión. 
Somos partidarios de las energías renovables- hasta aquí todo va bien -, pero debemos introducirlas oponiéndonos a las leyes del mercado, puesto que suelen ser más caras que la energía barata de la que disponemos en este momento. 
Es por esto por lo que la Sra. von Blottznitz tiene toda la razón cuando dice que sin medidas legislativas no vamos a ninguna parte. 
Aunque no cabe duda de que esta inversión resulta rentable a largo plazo, no deja de ser un desembolso considerable. 
Por todo ello, creo que nuestro mayor problema no es la técnica- todos estamos de acuerdo en que es conveniente seguir mejorando nuestras instalaciones- sino la financiación. 
¿Cómo podemos movilizar el capital privado y los dineros públicos y exhortar a los bancos a que refuercen sus acciones en este ámbito? 
En mi opinión, es éste el problema clave de las energías renovables. 
Hace algún tiempo celebramos aquí un debate sobre la alimentación de corriente. 
Me acuerdo de que la propuesta que presenté en aquel entonces fue rechazada por la mayoría de esta Casa. 
Puede decirse que ello no es ninguna catástrofe y que tal vez haya soluciones mejores, pero lo malo es que hasta la fecha no tenemos propuesta alguna. 
Quisiera preguntar al Comisario Papoutsis cuándo piensa presentar dicha propuesta, dado que en aquel momento se nos prometió que la tendríamos sobre la mesa antes de final de año. 
Ya estamos en marzo y aún no hay propuesta. 
Admito que es un tema complejo. 
No es una tarea envidiable. 
Lo he sufrido en mi propia carne cuando caí derrotada ante este Parlamento. 
Espero que su iniciativa corra mejor suerte, pero está claro que algo tenemos que hacer. 
Procure que su propuesta reciba una mejor acogida que la mía. 
Yo la suscribo como sea, porque algo tiene que cambiar. 
No podemos esperar a que el mercado regule la situación. 
Se trata de un problema que depende en gran medida de los precios de los productos energéticos. 
La Comisión ha podido comprobar- como hacen ver los documentos- que en la última década el incremento anual de la eficacia energética tan sólo ha sido de un 0, 6 % debido a la bajada de los precios energéticos. 
En los años setenta y ochenta se registró un aumento del 2 % porque la energía era más cara. 
Éstos son datos económicos que nos incitan a buscar una solución. 
Nosotros somos partidarios de introducir un impuesto sobre la energía, aunque sabemos que es una medida muy impopular, pero es importante que discutamos los problemas. 
La era de las grandes declaraciones ha quedado atrás. 
Señora Presidenta, el programa marco que ahora se somete a debate aúna los distintos componentes de la política energética de la UE y, así lo esperamos, servirá de ayuda para coordinar y potenciar el funcionamiento de la UE. 
Es importante que los distintos sectores, también en el seno de la Comisión, actúen en la misma dirección a la hora de propugnar el ahorro energético y la energía renovable. 
Para alcanzar los objetivos del Libro Blanco, por no hablar del objetivo aún más ambicioso que propone la comisión parlamentaria, es necesario lograr un aumento del uso en el sector de la biomasa. 
En numerosos países de la UE, y principalmente en las regiones más septentrionales, tiene lugar en la actualidad un desaprovechamiento considerable de la biomasa, por ejemplo, de los residuos derivados de la tala de árboles. 
Sin embargo, los progresos que se están registrando en los métodos de recolección llevan trazas de convertirse en conocimientos punteros a escala mundial, y se prevén avances aún mayores en este ámbito. 
Desearía resaltar dos cuestiones. 
En primer lugar, creo que es esencial poder seguir destinando en el futuro recursos de los Fondos estructurales en favor de proyectos relacionados con la energía renovable, habida cuenta de la escasez de los recursos correspondientes a otras actividades de la UE. 
En segundo lugar, quisiera destacar, como ya han hecho numerosos diputados, la importancia fundamental de los impuestos energéticos. 
Señora Presidenta, la forma de energía más limpia es la energía ahorrada, muchos lo han mencionado hoy. 
Por este motivo, también tiene que haber impuestos a la energía en el ámbito de la UE. 
Lo veo como algo obvio, y espero pacientemente la propuesta de la Comisión y que el Consejo de Ministros la apruebe después. 
Se necesitan medios de gestión para fomentar las fuentes energéticas renovables, para contribuir así a un uso más eficaz de la energía e incluso para relegar a la historia a la antigua, convencional, antiecológica y reaccionaria sociedad derrochadora de energía. 
Se han dicho muchas palabras hermosas esta tarde acerca del fomento de las fuentes energéticas renovables, pero no se hace nada. 
Por eso hay que tener medios económicos de gestión para que avancemos por el camino correcto. 
Tanto la Comisión como el Consejo de Ministros y una impía alianza aquí en el Parlamento, favorecen simultáneamente a la industria de la energía atómica y se niegan a ver que las nuevas fuentes energéticas son renovables- uso racional de la energía- lo que se traduce en más empleo, mejor medio ambiente y progreso económico en el futuro. 
¿Por qué dicen tantos que no a esto? 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo decir para comenzar que doy mi apoyo al informe del Sr. Robles Piquer sobre la promoción de las fuentes de energía renovables, al de la Sra. von Blottnitz sobre la eficacia energética y al del Sr. Stockmann sobre la utilización racional de la energía. 
Los tres demuestran que este Parlamento quiere llegar más lejos en una política energética diversificada, que favorezca la protección de nuestro entorno. 
Ésta es la vía del progreso, a mi juicio, en la actualidad. 
Es preciso favorecer el desarrollo de las fuentes de energía que, sin duda, responden aún parcialmente, pero sin embargo de forma real, a varios grandes desafíos a los que la Unión Europea ha de hacer frente. 
El primero de ellos es, claro está, el medio ambiente. 
Ahora bien, las nuevas fuentes de energía, y más en concreto la energía eólica, la hidráulica o la solar, son energías no contaminantes. 
Recordemos, en este sentido, que hemos de cumplir los compromisos que asumimos en Kioto en 1997. 
Además, estas energías nuevas deberían permitirnos también reducir nuestra dependencia con respecto a nuestros socios extranjeros que nos abastecen de petróleo, de gas o de otras energías. 
El cincuenta por ciento de nuestra energía procede del exterior de la Unión. 
Este porcentaje debería elevarse a un 70 % en el 2020, algo que no se hará sin riesgos. 
Por otra parte, es preciso señalar que la evolución tecnológica sin duda ha hecho bajar los precios de las energías nuevas pero de forma aún demasiado insuficiente, y es preciso financiar programas de investigación tecnológica en este ámbito. 
El Quinto Programa Marco de Investigación que acaba de iniciarse ha de permitírnoslo. 
Para concluir, señora Presidenta, recordaré, en un momento en que el desempleo ha sido señalado como el principal adversario de Europa, que esas energías son creadoras de empleos nuevos y numerosos. 
Creo que, esta noche, también valía la pena decirlo. 
Señora Presidenta, el Sr. Stockmann ha señalado con cierta resignación que el problema de la eficacia energética ha dejado de ocupar un lugar central en el debate político. 
Yo pienso, no obstante, que quienes se preocupan por ahorrar dinero tienen muy presente este problema. 
A raíz de mis contactos y conversaciones con responsables de la industria, sé que, según dicen ellos, la eficacia energética tiene una especial repercusión en el sector de las materias primas, puesto que, por una parte, permite consumir menos energía y, por otra, permite utilizar la energía en cascada, es decir dos o tres veces. Gracias a ello no sólo se puede ahorrar mucho dinero, sino que además se puede dar un gran salto tecnológico que, en última instancia, nos llevará a desarrollar nuevos métodos, a mejorar nuestra competitividad en el mercado mundial- tal y como ha destacado la Sra. von Blottnitz- y a crear nuevos puestos de trabajos. 
En esta Asamblea hemos discutido con frecuencia y mucho detenimiento el problema del fomento de las energías renovables y no creo que pueda decir nada nuevo al respecto. 
Si queremos cumplir el objetivo de Kioto al que se ha comprometido la Unión Europea, tenemos que apostar por las energías renovables. 
Asimismo espero, señor Comisario, que aplique la estrategia de incrementar la utilización de dichas fuentes de energía en las negociaciones con los candidatos a la adhesión, porque si los demás Estados miembros se han obligado a conseguir el objetivo de Kioto también deberán alcanzar esta meta los seis primeros países candidatos que para aquel entonces ya formarán parte de la Unión. 
Por otra parte, considero imprescindible que estos informes, cuyos ponentes merecen mis más sinceras felicitaciones, sean completados con otras iniciativas. 
El Sr. Linkohr ya ha indicado que estamos a la espera de una propuesta de la Comisión en la que se detallen las diferentes formas en las que se puede fomentar la utilización de las energías renovables, teniendo en cuenta que la directiva relativa a la alimentación de corriente- una propuesta presentada por el Sr. Linkohr- no obtuvo mayoría en este Parlamento. 
Necesitamos una propuesta de estas características porque a la hora de introducir las energías renovables en el mercado debemos tender una red de protección y adoptar medidas de apoyo hasta que sean competitivas. 
Asimismo tenemos que reabrir el debate sobre el impuesto energético porque la situación actual, en la que los gastos derivados de la producción de energía- especialmente la energía generada por centrales que presentan un elevado índice de emisiones- corren a cuenta de todos nosotros y no de aquellos que los ocasionan, debe rectificarse de acuerdo con el principio de que el que contamina paga. 
Espero que podamos crear un futuro en el que el sol gane en importancia en lo que a la procedencia de la energía se refiere. 
Señora Presidenta, observo con alegría que existe un gran acuerdo sobre la importancia de desarrollar nuevas formas de energía entre los que estamos en el Parlamento y la Comisión. 
De ahí la enorme importancia de los proyectos piloto. 
Pues los resultados positivos que alcanzamos en estos proyectos piloto, no sólo se los facilitamos a los países miembros de la UE, sino también a los países solicitantes y al tercer mundo, donde se localiza el mayor aumento de consumo energético. 
Por ello resulta increíble que se destine tan poco dinero a la realización de buenos y sólidos proyectos piloto que realmente pueden mostrar a otros cuál es la mejor forma de actuar. 
Son los países más competentes, los institutos más competentes, las industrias más competentes las que deben mostrar la dirección a seguir. 
Todos sabemos que hoy ya emitimos el doble de CO2 que las plantas descomponen. 
Y sabemos que el uso de combustibles fósiles se doblará de aquí al año 2020. 
Nos encaminamos a un período muy, muy difícil y hemos de preocuparnos seriamente por el modo en que va a cambiar nuestro clima y cómo afectará a nuestros ecosistemas. 
En mi opinión, la única salida pasa por aumentar la investigación y desarrollar nuevas tecnologías. 
Las tasas reguladoras de la conducta- los llamados impuestos verdes- se han convertido a día de hoy en muchos lugares en nuevos impuestos, por lo que existe hacia ellas una postura de rechazo entre la población. 
Sólo un mayor reconocimiento de estos problemas mediante la información y la educación nos llevará a largo plazo a mantener una relación responsable con nuestros limitados recursos energéticos. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, quiero decir que quizá no sea estrictamente necesario ser tan pesimista como alguno de los colegas que han hablado. 
Acabo de volver del norte de Austria, que es un lugar donde hay más techos solares que en toda España, a pesar de que tienen menos sol, y donde el 30 % de la energía es ya energía renovable. 
Simultáneamente a esta reunión en Wels sobre energía solar, que continuaba las reuniones de Madrid y Milán, se celebraba en Niza un gran congreso de la European Wind Energy Association con centenares de personas presentes. 
Y sabemos que existe- lo cuentan precisamente las revistas alemanas- lo que ahora se llama el «modelo germano-hispano-danés» , que quiere decir sencillamente que algunos Gobiernos empiezan a ser sensibles y empiezan a dar ayudas importantes a las energías renovables. 
Quien lea, por ejemplo, el último Real Decreto español de finales de diciembre sabrá lo que estoy diciendo, porque hay un sistema llamado de «feed in» , en la jerga que habitualmente usamos, que retribuye, según distintas escalas, las distintas fuentes de energía renovables. 
Y hay muchos países Holanda, Suecia, Finlandia, Grecia- que está cubierta también de paneles solares- que han tomado en serio las energías eólicas. 
He estado hace unos días, en mi propio país, en la jornada eólica que, por segunda vez, se ha celebrado en Santiago de Compostela. 
Está creciendo enormemente esa energía, como, por ejemplo, en Navarra, que tiene ya más del 20 % de sus necesidades así cubiertas. 
Yo creo que el experimento que quiere iniciar ahora la Comisión- el llamado take off, el despegue -, con los 100 municipios que aspiran a estar enteramente servidos y suministrados por energía renovable de todo tipo, son una prueba de que algunos Gobiernos, a pesar de todo, empiezan a ser sensibles, de que empieza a haber disposiciones legales vinculantes. 
Y en eso, naturalmente, ha jugado un papel- y creo que debemos decirlo con orgullo- la acción conjunta de la Comisión y del Parlamento a favor de estas nuevas energías. 
Señora Presidenta, señorías, en primer lugar permítanme felicitar a los tres ponentes, la Sra. Bloch von Blottnitz, el Sr. Robles Piquer y el Sr. Stockmann, por sus informes y por la excelente labor que han realizado. 
Los tres informes forman parte de una iniciativa comunitaria más amplia para un futuro energético más limpio y más viable. 
La promoción de fuentes de energía renovables y la mejora de la eficiencia energética constituyen los ejes principales de nuestra política encaminada a la lucha contra la contaminación del medio ambiente y a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. 
Como ya saben, los programas ALTENER y SAVE van a ocupar la mayor parte del programa marco de energía que ya ha sido aprobado y que ha sido puesto en funcionamiento con sus restantes programas. 
Claro que, tras la aprobación de los programas ALTENER y SAVE en los próximos meses, el programa marco sobre energía podrá ya funcionar como un conjunto unitario y como un plan global para la energía. 
Ahora permítanme hacer referencia a cada uno de los informes por separado, empezando por el del Sr. Robles Piquer sobre el programa ALTENER que atañe a las fuentes de energía renovables. 
El programa ALTENER constituye un medio fundamental para la aplicación de la estrategia comunitaria y el plan de acción sobre fuentes de energía renovables, mediante el cual aspiramos a conseguir nuestro objetivo. 
Tal objetivo es duplicar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en el consumo interno bruto de energía en la Unión Europea de aquí al año 2010. 
Dentro del marco del programa ALTENER continuarán el desarrollo de modelos para el equipamiento de fuentes renovables así como el desarrollo de estrategias y el reforzamiento de aquellos medios que favorecen la introducción de las fuentes de energía renovables en el mercado. 
Nuevos procedimientos de producción vendrán a reforzar la contribución del programa ALTENER a la campaña, anunciada en el Libro Blanco, del llamado despegue de las fuentes de energía renovables. 
También, gracias al programa ALTENER, se van a materializar a gran escala obras que incluyen tecnologías de fuentes de energía renovables que ya están hoy preparadas para ser aplicadas. 
En dicho programa podrán participar también los países del Espacio Económico Europeo y los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
Antes de continuar y hacer referencia a las enmiendas, quisiera agradecer al Sr. Robles Piquer no sólo su informe sino su apoyo continuado a la estrategia comunitaria sobre las fuentes de energía renovables en estos últimos años. 
En lo relativo a las enmiendas, la Comisión puede aceptar catorce enmiendas tal y como están. 
Me estoy refiriendo a las enmiendas números 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23 y 24. 
La Comisión podría aceptar también otras siete enmiendas pero tras una reformulación más concreta y más acorde con el Libro Blanco. 
Me refiero a las enmiendas números 2, 6, 11, 14, 16, 21 y 22. 
La enmienda número 3 se refiere a la adopción de un plan de acción comunitario que ya ha sido adoptado. 
Preferiríamos la referencia a la aplicación del plan de acción, tal y como está formulado en la propuesta de la Comisión. 
La enmienda número 15 prevé un nuevo objetivo para el programa que ya está contenido en el objetivo 1, 1a, y además hace referencia a acciones que deberán emprenderse de acuerdo con el punto 2e. 
En cuanto a la enmienda número 26, creo que el Parlamento Europeo tiene en cuenta la postura de la Comisión de no modificar el procedimiento de las comisiones. 
La enmienda número 12 no puede ser aceptada porque se refiere al coste indirecto y a la competitividad mientras que la interiorización del beneficio de las fuentes de energía renovables y los diversos procesos y medios para la mejora de la competitividad de las fuentes de energía renovables ya están desarrolladas en el Libro Blanco. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas números 27 y 28 porque sobrepasan el rango de este programa. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 29 porque consideramos que la parte orgánica de los residuos urbanos constituye una fuente de energía renovable. 
Por último, aceptamos, de entrada, la enmienda número 30 pero consideramos que ya está incluida en el seguimiento del progreso de las fuentes de energía renovables previstas en el artículo 2. 
Señora Presidenta, ahora permítame continuar con el informe de igual importancia de la Sra. Bloch von Blottnitz acerca del programa SAVE que concierne al uso racional de la energía. 
Quisiera dar las gracias de manera afectuosa a la ponente por la calidad de su informe. 
Todos estamos de acuerdo en que el programa SAVE constituye un elemento importante dentro de la estrategia para el uso racional de la energía y para la limitación de las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea. 
El programa SAVE no persigue solamente ese objetivo. 
También tiene como objetivo contribuir a mejorar la seguridad del abastecimiento energético de la Comunidad. 
La Unión Europea va a continuar importando grandes cantidades de energía de fuentes primarias. 
Está claro que las acciones que tienen como fin mejorar la utilización de nuestras fuentes de energía van a tener consecuencias importantes en la duración de la vida de las fuentes limitadas de combustibles minerales y vendrá a reducir nuestras necesidades de energía importada. 
El programa SAVE seguirá respaldando las indicaciones sobre energía y el desarrollo de modelos de eficacia energética de los aparatos que consumen energía. 
También vamos a seguir apoyando los esfuerzos de los Estados miembros que aspiran a la mejora de la eficacia energética a través del intercambio de información, por una parte, y del seguimiento intensivo de los progresos de la eficacia energética, por otra. 
Una parte importante del presupuesto seguirá siendo destinada a la fundación de las oficinas locales y regionales del programa SAVE y su actuación se va a ver multiplicada en combinación con las inversiones de los Fondos estructurales comunitarios. 
En dicho programa podrán participar también los países del Espacio Económico Europeo y los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea pero con medios financieros propios. 
Naturalmente que estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Bloch von Blottnitz, en cuanto al volumen del presupuesto. 
Estoy de acuerdo con usted en que para las fuentes de energía renovables y para la obtención de energía, la eficacia energética, necesitamos más partidas. 
Pero está claro que nos movemos dentro del marco de la disciplina financiera y del principio del presupuesto y tanto el Parlamento Europeo como el Consejo no han permitido, por desgracia, un mayor incremento en los créditos que tienen que ver con dichos objetivos. 
En cuanto a las enmiendas quisiera señalar que la Comisión estaría dispuesta a aceptar cinco enmiendas tal y como están, las enmiendas números 2, 3, 7, 10 y 16, y también podríamos aceptar, tras su reformulación, la enmienda número 8. 
La Comisión propondrá nuevas medidas legislativas sí están completamente justificadas a escala comunitaria en aquellos casos en que otros medios, como los acuerdos autovinculantes con la industria, todavía no se hubiesen demostrado eficaces. 
Además, las iniciativas de la Comisión para la adopción de nuevas medidas legislativas no dependen de la aprobación del programa SAVE. 
Las enmiendas números 1, 6, 9, y una parte de la enmienda 11, que prevén el incremento de las iniciativas legislativas de la Comisión no son adecuadas para este marco concreto y por ello no podrán ser aceptadas. 
La enmienda número 13, una parte de la enmienda número 15 y también las enmiendas 9 y 20, en las que se proponen más campos de estudio y acciones piloto para experimentar, limitan de forma esencial el rango del programa y la flexibilidad de las iniciativas y por ello no podrán ser aceptadas. 
Parte de la enmienda número 15, que se refiere a la mejora de la eficacia energética con el cambio de una fuente de energía a otra, tampoco puede ser aceptada porque sobrepasa el propio ámbito de aplicación del programa. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda número 4, porque la evaluación del programa SAVE por parte de expertos independientes ha demostrado que el programa ha contribuido en gran medida a la mejora de la eficacia energética dentro de la Comunidad. 
La enmienda número 5 y parte de la enmienda número 11 tampoco pueden ser aceptadas porque el objetivo del 1, 5 %, aunque era deseable y con el que en principio podríamos estar de acuerdo, en la práctica ha sido considerado exageradamente optimista. 
La enmienda número 18 no puede ser aceptada porque crea una confusión entre los programas SAVE y ALTENER; la enmienda número 12 tampoco, porque crea confusión, por las mismas razones, entre el programa SAVE y el quinto programa sobre la investigación y la tecnología. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 21 porque consideramos que la búsqueda de complementariedad con los programas que se están desarrollando en los Estados miembros hace más eficaz nuestra actuación. 
No aceptamos la enmienda número 22 porque no la consideramos necesaria. 
Deseamos la participación de los países de Europa central y oriental y también deseamos la participación de Chipre y de Malta en el programa, pero queda claro que la financiación de su participación no podrá ser cubierta con el presupuesto del programa SAVE porque debilitaría la materialización del propio programa. 
En cuanto a la propuesta del Sr. Linkohr sobre la directiva relativa a la utilización y explotación de las fuentes de energía renovables en el marco del mercado interior de la energía eléctrica, quisiera asegurarles que seguimos con nuestros esfuerzos, que seguimos nuestras deliberaciones tanto con la Presidencia alemana como con el Parlamento Europeo, con el fin de lograr el mejor resultado posible que pueda ser aceptado de forma inmediata por los Estados miembros y pueda ser aprobado por el Consejo. 
Debo decirles que la Comisión Europea estaba dispuesta a presentar una directiva. 
A pesar de ello, tras las deliberaciones con la Presidencia, con algunos de los Estados miembros y también con el Parlamento, hemos comprobado que nuestra propuesta era más ambiciosa de lo que los Estados miembros podrían aceptar en estos momentos. 
Por tal razón, seguimos con nuestros intensos esfuerzos con el fin de llegar hasta donde sea posible y presentar una propuesta que pueda ser aceptada en el próximo Consejo de los Ministros de Energía. 
Por último, quisiera referirme al breve e importante informe del Sr. Stockmann, relativo a la comunicación de la Comisión sobre la eficacia energética. 
La importancia de la toma de medidas en el ámbito de la eficacia energética está expuesta con argumentos bien fundados y convincentes y también las diversas posibilidades de acción están determinadas con claridad. 
Quisiera señalar que la Comisión está de acuerdo en buena medida con los principios y los fundamentos del informe del Sr. Stockmann y con las medidas que en él se proponen. 
También, hay una identificación completa con sus opiniones en lo que concierne a la importancia que concede a acciones para una difusión más eficaz de la información, la mejora y la conformidad de los modelos con las directivas existentes y las líneas directrices para el abastecimiento público, así como el fomento de energía de producción combinada de calor y electricidad. 
Eso mismo puede decirse en cuanto a la prioridad que concede a las directrices sobre eficacia energética relativas a la restauración de edificios y a la firma de contratos para el mantenimiento de los mismos. 
La medida propuesta para el fomento de empresas de suministros de energía será examinada con especial atención por los servicios de la Comisión, sobre todo ahora que nos encontramos ante un nuevo campo pues avanzamos hacia la liberalización del mercado energético. 
En este marco, su propuesta podría examinarse bajo la luz de estas nuevas evoluciones. 
La Comisión Europea está de acuerdo con el Sr. Stockmann en lo que concierne al análisis de la evaluación periódica de los planes de los Estados miembros sobre eficacia energética. 
Debemos animar y animaremos a los Estados miembros a fomentar proyectos nacionales de energía encaminados en esa dirección. 
Quisiera también señalar que las posibilidades de mejora de la eficacia energética presentadas en el informe del Sr. Stockmann son algo mayores y sus objetivos más ambiciosos que los correspondientes que están contenidos en la comunicación de la Comisión Europea. 
El aumento de las posibilidades y los ambiciosos objetivos son meritorios pero según el punto de vista de la Comisión se alcanzarán difícilmente con los recursos comunitarios existentes. 
Sin duda son un reflejo de la alta prioridad que el informe concede al apoyo de la acción para la eficacia energética. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias una vez más a los tres ponentes por sus excelentes informes que tanto han contribuido al desarrollo de los debates y nos han acercado más a nuestro objetivo común que no es otro que un futuro energético viable. 
Señora Presidenta, si he entendido bien el Comisario se niega a aprobar las enmiendas nº 6 y nº 11. 
Ello significa que nos podemos olvidar de todo. 
Con 68 millones de ecus para cinco años y sin medidas legislativas- porque parece que no está dispuesto a aceptar las medidas legislativas propuestas- no llegaremos a ningún lado. 
¡Ya lo sabemos de sobra! 
¿Me puede decir cuándo piensan presentar medidas legislativas para que de una vez por todas podamos poner fin a este teatro de guiñol? 
Señora Presidenta, no admito esas enmiendas porque las iniciativas legislativas que deberá emprender la Comunidad y las iniciativas legislativas que deberá continuar la Comisión Europea no dependen del programa SAVE. 
En cualquier caso debemos continuar en esa dirección. 
Éstas son las razones por las que no las acepto, no porque tenga contra ellas una objeción significativa. 
No es necesario incluir las iniciativas legislativas en el programa SAVE. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Gastos bancarios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión. 
B4-0146/99 del Sr. Hendrick y de la Sra. Randzio-Plath, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los gastos bancarios, -B4-0149/99 del Sr. Gasòliba I Böhm, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre los gastos bancarios en la zona euro, -B4-0150/99 del Sr. de Lassus Saint Geniès, en nombre de los Grupos de Coalición Radical Europea, sobre los costos inherentes a los tipos de cambio en la zona euro, -B4-0151/99 del Sr. Wolf, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los gastos bancarios tras el establecimiento del euro, -B4-0152/99 del Sr. Gallagher, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre los gastos bancarios en la Unión Europea tras el establecimiento del euro, -B4-0153/99 del Sr. Herman, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los costes bancarios como consecuencia de la introducción del euro, -B4-0154/99 del Sr. González Álvarez, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre los costes bancarios. 
Señora Presidenta, estimados colegas, la Unión Monetaria ya lleva funcionando más de diez semanas y hasta la fecha los consumidores todavía no han tenido la oportunidad de saborear las ventajas que aporta la Unión Monetaria en la vida cotidiana europea. 
Los viajantes o turistas que se vean obligados a convertir su divisa nacional en otra divisa nacional- ambas son expresión del euro que aún no existe en forma de monedas o billetes- se darán cuenta de que los costos inherentes a los tipos de cambio son elevados o, mejor dicho, que son demasiado elevados, como también han podido comprobar ustedes y nosotros, los miembros de la Subcomisión de Asuntos Monetarios, tras oír el dictamen de los bancos, cajas de ahorros y las organizaciones de consumidores. 
Ésta es la razón por la que quisiera formular la siguiente pregunta a la Comisión. ¿No fue un grave error el no haber tenido en cuenta en las primeras deliberaciones las propuestas del Parlamento Europeo sobre los componentes del reglamento relativo al euro en el sentido de que no solamente se incluyeran referencias a la situación jurídica del euro, a las disposiciones relativas a las normas y el valor internacional del euro, sino que también se tratara el asunto de la conversión de las cuentas bancarias, aparte del problema de los costos inherentes a esta conversión también los problemas relacionados con la indicación de los precios en la moneda nacional y el euro, y más en concreto los costos inherentes a los tipos de cambio, todo ello con objeto de crear puntos de referencia concretos que en última instancia deban permitir que la ausencia de costos inherentes a los tipos de cambio y demás gastos cobrados anteriormente por realizar transacciones en el seno de la Unión Europea repercuta positivamente en los consumidores, los clientes y los viajeros? 
La configuración de los gastos es muy similar en los diferentes Estados miembros. 
En este momento en algunos Estados miembros los costos inherentes a los tipos de cambio son del 6 %. 
Son muchos los que cuentan e informan de que los costos difieren según la moneda, por ejemplo en el caso del franco francés, y que el cambio de marcos alemanes en liras italianas, por ejemplo, sale más caro que la conversión en francos franceses. 
Además, algunos colegas y ciudadanos me han comentado que, según parece, ya hay bancos y cajas de ahorros que se niegan a prestar servicios de cambio, sobre todo con respecto a determinadas monedas. 
Me he enterado asimismo de que hay bancos centrales que han comenzado a cobrar comisiones por realizar operaciones de cambio. 
Todos estos problemas y dudas requieren un estudio pormenorizado por parte de la Comisión, un estudio interno, no sólo un análisis de los consorcios de bancos europeos, para que podamos poner fin a la situación actual. 
No podemos aceptar que la introducción del euro, en lugar de inspirar confianza, lleve a los consumidores a desconfiar de la Unión Monetaria. 
Por tanto, debemos garantizar que por fin se instaure la transparencia. 
Debemos saber cuáles eran los gastos y costos bancarios antes de la introducción del euro y cuáles son los que se cobran después del establecimiento del euro. 
A este respecto le corresponde a la Comisión tomar una iniciativa apropiada. 
Por cierto, ¿cómo es que en el cambio de divisas no se hace sentir la competencia y la consiguiente bajada de costos y gastos bancarios? 
¡Qué escándalo el de los bancos italianos a los que se les había advertido de que iban a ser investigados! 
También me pregunto si la muestra de ocho bancos en la que se basó la Comisión Europea para averiguar si existía acuerdo o no es lo suficientemente representativa. 
Por todo ello, estimo fundamental que la Comisión emprenda acciones y adopte las medidas necesarias, por ejemplo mediante la elaboración de normativas legales, para establecer gastos bancarios máximos. 
Quisiera añadir que las iniciativas desplegadas por la Comisión en el ámbito de las transacciones transfronterizas dejan mucho que desear, a pesar de su promesa política de hacer más que reducir los gastos inherentes a las transacciones transfronterizas a partir de agosto e incrementar la seguridad de este tipo de operaciones. 
Todos estos problemas preocupan seriamente al Parlamento Europeo y los ciudadanos confían en que la Comisión Europea ponga manos a la obra sin más tardar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, los bancos aducen que para cambiar monedas y billetes de la zona del euro, tienen unos gastos, entre otras cosas para el almacenamiento, transporte, seguro, personal, etc. Me resulta poco creíble. 
¿Por qué? 
Porque si cambio dinero de una misma moneda la operación se hace gratis. 
Por ejemplo, si cambio un billete de 10.000 francos belgas en billetes más pequeños, 10 billetes de 1.000 francos, se hace de forma gratuita. 
Pues bien, desde el comienzo de este año los tipos de cambio de las monedas de la zona del euro, tanto con respecto al euro como entre ellas, son fijos. 
Esto significa que forman parte del euro y, por tanto, de una misma moneda. 
¿Cuál es entonces la diferencia? 
Esta Asamblea defendió que el cambio de las monedas nacionales por euros fuera gratuito, puesto que se trata de un cambio obligatorio. 
Esto mismo no se defendió para el cambio entre las otras monedas y billetes de la zona del euro, porque se trata de un cambio voluntario. 
En todo caso, tendremos que obtener una total transparencia y ésta ha de llevar a una reducción de los gastos, tanto en cuanto al cambio de monedas como a los pagos transfronterizos. 
Y esto debe ocurrir para el próximo 31 de marzo. 
De no ser así, mi grupo opina que deberá considerarse una legislación vinculante, para no minar la credibilidad del euro y para que el consumidor pueda recoger al máximo los frutos de la unión monetaria. 
Señora Presidenta, el gran número de preguntas orales, aunque no todos los que las han formulado están presentes en el debate sobre la cuestión de las comisiones bancarias, demuestra la gran importancia y, permítanme decirlo, la gravedad de la misma. 
Quisiera ante todo hacer una síntesis completa de la situación y, a continuación, abordar algunas cuestiones específicas. 
Se pide una iniciativa a la Comisión y, por eso, quiero mencionar las diversas iniciativas que la Comisión ya ha emprendido y que son complementarias entre sí. 
Ante todo la Comisión está perfectamente de acuerdo en que uno de los principales argumentos que se emplearon para convencer a los ciudadanos de la Unión de la utilidad de la moneda única fue que con la introducción del euro sería posible reducir los costes para los turistas y para las empresas que operan a escala transfronteriza. 
Seguimos estando totalmente convencidos de la validez de esta argumentación. 
Antes de la introducción del euro, como sus Señorías saben muy bien, la Comisión adoptó la recomendación 98/286 relativa a los gastos bancarios asociados a la conversión en euros. 
La misma prevé que los bancos no carguen gastos por la conversión de las cuentas de la unidad monetaria nacional del Estado miembro participante en la unidad del euro, por ejemplo del franco francés al euro en Francia, ni tampoco por la conversión de los pagos de la unidad monetaria nacional a la unidad europea y viceversa. 
Asimismo prevé que para los servicios denominados en la unidad euro, los bancos no pueden cargar gastos adicionales, en particular no pueden cargar gastos más elevados respecto a los aplicados para los servicios idénticos denominados en la unidad monetaria nacional. 
Por último, en lo que respecta a los servicios como el de cambio de billetes, la recomendación prevé reglas de transparencia para el adeudo de los gastos. 
El 8 de diciembre de 1998, la Comisión hizo pública una valoración inicial de la que resultaba que los bancos de toda la zona euro iban a aplicar la recomendación. 
Cierto que la recomendación no especifica cuál es el nivel aceptable de las comisiones, sin embargo, es innegable que la entidad de los gastos actualmente cargados por los servicios en cuestión dan lugar a serias preocupaciones. 
Como saben, es necesario distinguir entre dos tipos de operaciones: el cambio de billetes de la zona euro y los pagos transfronterizos. 
Pasemos en primer lugar al cambio. 
Antes de la introducción del euro, como han subrayado los Sres. Hendrick y Randzio-Plath en sus preguntas, los gastos de cambio, al cubrir el riesgo de cambio y los costes de manipulación de los billetes extranjeros, se disimulaban parcialmente en el diferencial; los clientes, por tanto, tenían la impresión que pagaban menos de lo que sucedía en realidad. 
Después de la fijación oficial de los tipos de conversión, los bancos deben indicar, separadamente del tipo de conversión, cualesquiera gastos adeudados. 
La desaparición del riesgo de cambio que es entre el 15 y el 20 % de los gastos adeudados, y la mayor competencia debida a la transparencia deberían dar lugar a una reducción de las comisiones de cambio que en parte ya se ha registrado. 
La Comisión está siguiendo muy atentamente los recientes avances en este ámbito y ha puesto en marcha una serie de acciones para asegurar el correcto funcionamiento de la competencia en los precios de cambio de los billetes en la zona euro. 
El 12 de enero de 1999 me dirigí por carta a las asociaciones bancarias europeas para pedirles que me facilitaran la información necesaria para hacer una comparación entre el nivel de las comisiones antes y después de la introducción del euro. 
El 5 de febrero la Comisión a través mío y junto con los Comisarios Sres. de Silguy y Bonino, emitió un comunicado de prensa para invitar a todos los bancos a hacer pública toda la información sobre los cambios producidos, antes y después de la introducción del euro, en el nivel total de las comisiones de cambio de moneda de la zona euro y por lo pagos transfronterizos a través de cheque, transferencia y tarjeta. 
Pedimos asimismo a los bancos de la zona euro que enviaran dicha información a la Comisión, como muy tarde, el 31 de marzo, a través de sus asociaciones europeas. 
Además en el comunicado de prensa del 5 de febrero los usuarios de los servicios financieros fueron invitados a comunicar a la Comisión, a través de un servicio especial de correo electrónico y de fax, los casos en que los bancos no respetan el marco jurídico del euro o la recomendación de la Comisión relativa a la transparencia de los gastos bancarios. 
Hasta la fecha mis servicios han recibido unos 200 mensajes. 
Dichos mensajes se refieren al nivel de las comisiones o a la subsistencia de comisiones más que al incumplimiento del marco jurídico o de la recomendación. 
Más recientemente, el señor Comisario Van Miert ha realizado investigaciones sobre posibles incumplimientos de las normas de competencia para garantizar que entre los prestadores de servicios financieros haya competencia en términos de comisión de cambio y demás gastos bancarios, tema tocado en particular por el Sr. de Lassus Saint Geniès. 
No obstante, quiero aclarar, en particular a los Sres. Gallagher y González Álvarez, que, por el momento, no se piensa en intervenir con instrumentos legislativos en este ámbito; además, una intervención directa en el sistema de fijación de los precios de conversión de los billetes en la zona euro no sería compatible con los principios de mercado y con la libertad contractual. 
Por ahora, ésta es la situación. 
Señora Presidenta, si me lo permite, quisiera abordar algunas cuestiones específicas planteadas por sus Señorías que ponen de manifiesto que los actuales niveles de las comisiones, cargadas por servicios transfronterizos, indican que la recomendación no se aplica. 
Como he explicado, la recomendación prevé que dichos gastos sean transparentes, sin especificar cuál es el nivel aceptable. 
La preocupación por el nivel de las comisiones, en cambio, parece indicar lo contrario, esto es, que los bancos aplican la recomendación relativa a la transparencia, hecho que ha supuesto una mayor conciencia de la cuantía de las comisiones que antes permanecían total o parcialmente ocultas. 
Sus Señorías se preguntan asimismo si la desaparición del riesgo de cambio ha influido o no en el nivel de las comisiones cobradas por dichos servicios. 
Hemos recibido algunos datos parciales en contestación a la solicitud de 12 de enero; los hicimos públicos el 29 de enero, pero contamos con tener un marco completo de la situación sobre la base de la información que solicitamos para el 31 de marzo, y vamos a informar al Parlamento sobre las valoraciones que aflorarán de dicho marco. 
Por último, en lo que respecta a los pagos transfronterizos- cuestión en que ha hecho hincapié el Sr. Gasòliba i Böhm- se trata de un tema de enorme importancia que no va a desaparecer automáticamente con la puesta en circulación de billetes en euros en el año 2002. 
En la zona de la moneda única será, digámoslo así, cada vez más difícil para los ciudadanos entender por qué los pagos transfronterizos en euros deben ser más costosos que los pagos nacionales. 
Por esta razón es necesario afrontar la cuestión con urgencia. 
Es por la propia importancia comercial de los bancos, así como por la importancia política que es urgente tratar este tema, incluso con inversiones adecuadas en las conexiones transfronterizas entre los sistemas nacionales de pago al detalle, como ha subrayado el Sr. Herman. 
La Comisión tiene la firme intención de servir de catalizador- y respondiendo al Sr. Wolf que preguntaba qué otras iniciativas se han previsto, puedo decirle que ésta es una de ellas- en todos estos desarrollos. 
Actualmente, estamos elaborando una comunicación relativa a los sistemas de pago en la Unión Económica y Monetaria que se hará pública, a más tardar, en el mes de mayo de 1999. 
Para terminar, en lo que respecta a las transferencias transfronterizas, recuerdo que la directiva que se adoptó gracias también a este Parlamento, se remonta al mes de enero de 1997 y que fue necesario, en el comité de conciliación, llegar a un plazo de entrada en vigor muy largo, es decir, hacia la mitad del mes de agosto de 1999. 
Y esto sobre todo porque un Estado miembro planteó esta exigencia, aunque los Estados miembros en general asumieron el compromiso político de transponer la directiva coincidiendo con la fecha de introducción del euro. 
Esto, sin embargo, no ha ocurrido en la mayoría de los Estados miembros y el 8 de febrero, en el Consejo ECOFIN, subrayé a los ministros de Finanzas la necesidad de que aplicaran, lo antes posible, esta directiva y estoy dirigiendo cartas al efecto. 
Por tanto, también la responsabilidad de los Estados miembros en esta materia es muy importante. 
Al respecto, quisiera añadir que las notas de prensa de los últimos días dicen que el ministro francés de Economía y Finanzas tiene la intención de entablar un diálogo con todas las partes afectadas sobre las comisiones bancarias asociadas al euro. 
Es una señal alentadora y, en este contexto global que acabo de describir y que, como sus Señorías pueden comprobar, ve a la Comisión especialmente activa con un conjunto coherente de iniciativas, les aseguro que les agradecemos el respaldo que el Parlamento está prestando a esta materia mediante iniciativas, como la organizada recientemente por la Sra. Randzio-Plath, de una audiencia especial sobre esta cuestión. 
Muchas gracias, señor Monti. 
En el turno de preguntas a la Comisión se respeta el orden siguiente. En primer lugar, los autores justifican sus preguntas, luego sigue la respuesta de la Comisión y a continuación intervienen los oradores de los diferentes grupos para exponer su punto de vista al respecto. 
Señora Presidenta, he escuchado con atención las explicaciones que nos ha dado el Comisario Sr. Monti y debemos decir que no son satisfactorias. 
Y no lo son por diversas razones. 
La primera de ellas es que no estamos ante una situación inesperada; no es la primera vez que discutimos en esta Asamblea sobre esta cuestión. 
Nos hemos enfrentado ya con esta cuestión, incluso con una antelación suficiente. 
Más de un año antes del comienzo de la tercera fase, este Parlamento trató, en diversas ocasiones, de la cuestión que hoy nos preocupa, es decir, la cuestión de las comisiones de los gastos bancarios durante la fase transitoria, y en dos ocasiones llegó a una conclusión que manifestó a la Comisión: la de que sería necesario que la Comisión usara de su capacidad de iniciativa para preparar un instrumento normativo, un reglamento en definitiva, que pusiera límites concretos, que estableciera una disciplina, para evitar abusos en un campo como éste. 
La Comisión entendió que no era necesario esto, que bastaba con un instrumento más débil, como era una simple recomendación, y confiar en los efectos de la competencia. 
La realidad, sin embargo, es que estamos asistiendo a un panorama que es más negativo incluso que el de las previsiones menos optimistas. 
La regla general, en cuanto a las comisiones por cambio de moneda de los países dentro de la zona euro, es que esta comisión no baja del 3 % y, en bastantes casos, supera el 3 %; cifra que, francamente, es difícil entender como un coste real. 
Es difícil creer la afirmación que hacen algunos bancos de que la componente del riesgo de tipo de cambio dentro de la antigua comisión representaba únicamente el 10 % de esta comisión. 
Hoy, el Comisario nos dice que es entre el 15 % y el 20 %. 
Esto no es creíble. 
La mayor parte de las razones que se aducen por parte de los bancos para seguir cobrando comisiones por gastos de manipulación, como son el hecho de los costes de personal, de seguros, de almacenamiento, etc., son razones que igualmente serían válidas para justificar que se cobrara una comisión por cambiar un billete de 100.000 liras en diez billetes de 10.000 liras. 
También hay gastos en este caso, y también un activo que no da un interés, etc. 
En definitiva, para mucha gente, gente sencilla, el resultado de las prácticas de las entidades bancarias les llevará a la conclusión de que el euro no es la moneda única que ha sustituido a las de los once países miembros de la unión monetaria, sino que es una moneda más, una moneda adicional a la de estos países, que continúan existiendo prácticamente en las mismas condiciones de antes de la introducción del euro. 
La moneda única es una realidad para el mundo de la Bolsa, para los mercados financieros, pero no para la gente sencilla, no para los turistas que necesitan cambiar su moneda para gastos en otro país, o para el emigrante que envía fondos a su país de origen y que ve cómo los costes de las transferencias se mantienen o incluso son superiores en algunos casos, como si la moneda única, el euro, no existiera. 
Lo que está en juego, señor Comisario, es algo tan importante como la credibilidad de la moneda única, como la credibilidad de la operación más importante que ha lanzado la Unión en muchísimo tiempo. 
Y eso es lo que nos estamos jugando y por eso nos permitimos llamarle la atención una vez más sobre la oportunidad de revisar el planteamiento inicial de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Comisario, al igual que mi colega no estoy satisfecho. 
Evidentemente, valoro el esfuerzo del Sr. Comisario, sin embargo, quiero subrayar que dirigí al Consejo una pregunta urgente sobre esta cuestión en el mes de enero y todavía no he recibido una respuesta. 
Durante más de cuatro años, la Comisión, el Parlamento y los ministerios de Economía de los distintos Estados miembros decían a los ciudadanos y a las empresas que, a partir del fatídico 1 de enero de 1999, se produciría algún cambio en el escenario comunitario y que desaparecerían los costes de transacción del instrumento de relación por excelencia: la moneda. 
Hoy, cambiar una moneda en la zona euro cuesta más caro que en 1998. 
Podría hacer muchos circunloquios, pero no es el momento. 
Tengo en el bolsillo un pequeño ejemplo de lo que estoy diciendo: como todo buen diputado europeo- además desempeño el cargo de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- mantengo una cuenta en euros en Italia, mi país, y una cuenta en euros aquí, en mi lugar de trabajo. 
Ingresé un cheque en euros en otra cuenta en euros y, además de los costes propios de la operación bancaria, me fue solicitado el pago de los costes de conversión como cheque extranjero. 
Pedí hablar con el director de la sucursal bancaria y le pregunté si sabía, en ese caso específico, qué era la lira. 
Me contestó que la lira es nuestra unidad nacional, por lo que repliqué que, en realidad, desde ahora la lira, o el franco, el marco, la peseta son las unidades nacionales de la moneda única desde el 1 de enero de 1999. 
Ahora bien, si los bancos no empiezan a trabajar por una moneda que ya no es nacional sino comunitaria, muy difícilmente conseguiremos convencer a los ciudadanos, los empresarios, los pequeños empresarios de que trabajen en un mercado que- como usted, señor Comisario, afirma justamente- debe ser un mercado interior, más que un mercado único. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hemos escuchado con interés lo que se ha dicho hoy. 
También he escrito cartas a la Comisión sobre esto en relación con la tramitación de los medios electrónicos de pago. 
Hemos hablado mucho de las comisiones de cambio y de los costes de las transferencias. 
Ha sido interesante comprobar que la Comisión repitiese que en mayo llegará una comunicación, tal vez especial, para este sistema de pagos. 
Creo que ha sido una gran sorpresa para los ciudadanos que no tengamos sistemas de tarjetas bancarias interoperativas, que no tengamos un sistema de pagos hecho para los clientes. 
Espero que la Comisión, mediante un eficiente control de la competencia, logre que nadie quede fuera de los diferentes sistemas de pago o sistemas interoperativos que se van a lanzar dentro de poco y que use las posibilidades existentes. 
Además, quiero señalar que cuando estudiamos lo que es necesario hacer, también debemos ocuparnos de las comisiones por el cambio de moneda cuando se usa una tarjeta de crédito en otro país. 
Digamos que éste es el único sistema interoperativo que se puede usar en otro país. 
Es increíble que los costes sean tan altos cuando se usa la tarjeta fuera del país de origen, pero en otro país del euro. 
También éste es un problema al que espero que la Comisión dedique atención. 
También, respecto a esto, se ha hablado de comisiones de hasta un 4 por ciento efectivo o más. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera decir que uno de los principales argumentos empleados para convencer a los ciudadanos de la UE sobre los beneficios de la moneda única era el hecho de que el euro reduciría los costes de los viajeros y empresas que participan en el comercio transfronterizo. 
Se anticipó profusamente que la eliminación del riesgo de los tipos de cambio entre las monedas de los Estados miembros dentro de la zona euro conduciría a una reducción de los costes aparejados a la conversión de transacciones entre esas monedas. 
No obstante estos argumentos, las cargas por cambiar monedas de la zona euro han permanecido relativamente altas, al igual que las comisiones bancarias por transferencias transfronterizas, a pesar de que todas las monedas están actualmente inevitablemente unidas. 
El Parlamento ha insistido coherentemente en que las conversiones obligatorias entre las monedas nacionales y el euro deben ser eliminadas cualquiera que sea su forma. 
Es importante que las instituciones europeas permanezcan vigilantes respecto de esta cuestión. 
La Comisión debe controlar, calcular y publicar las tarifas bancarias aplicadas por los sectores bancario y financiero para asegurar que no se cobra demasiado. 
Esta información debe tener en cuenta la estructura de las comisiones bancarias y debe permitir comparaciones directas entre los costes de conversión antes y después de la introducción del euro de modo que se maximice la transparencia en este importante asunto. 
El sector bancario y financiero debería asumir la confección de un código de conducta para garantizar que la legislación financiera de la UE que rige estas monedas es aplicada de forma estricta. 
En conclusión, saludo el hecho de que la dirección europea de la competencia está investigando ahora a bancos sospechosos de haber cobrado de más a sus clientes por transacciones posteriores a enero de 1999. 
Señora Presidenta, me alegro de que me conceda la palabra en nombre de quienes no pertenecemos a ningún Grupo. Pero como no puede haber Grupo de los que nos pertenecemos a ningún Grupo, me puedo permitir el lujo de hablar en mi propio nombre, como es lógico. 
Evidentemente, comenzar una intervención de esta manera es muy arriesgado puesto que cuando uno solamente dispone de un minuto, perderse en una introducción tan larga sólo está justificado si existe la posibilidad de adherirse a las palabras de otra persona. Pues bien, en este caso concreto tengo el placer de poder comunicarles que suscribo plenamente las pretensiones de la Sra. Randzio-Plath y que no deseo sino reiterarlas. 
No solamente se plantea el problema de que los ciudadanos tengan que pagar costos bancarios exorbitantes sino que además, este hecho los coja desprevenidos. 
No se esperaban estos gastos y ahí está el fallo, porque los mismos ciudadanos que se vieron obligados a apretarse el cinturón para cumplir los criterios de convergencia aceptaron dichos criterios de convergencia en la convicción de que después, en Eurolandia, podrían viajar como en su propio país, tal y como se lo habían vendido. 
Y ahora se encuentran con que la realidad es bien distinta. 
Sigue habiendo costos bancarios y en algunos casos incluso se han disparado. 
Aquí es donde el ciudadano se siente, si no engañado- por una vez no quiero exagerar -, al menos desplazado. 
Obviamente, este tipo de situaciones no redunda en beneficio del prestigio de que goza la Unión Europea ante los ciudadanos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, leo en Le Monde del miércoles 10 de marzo el título siguiente: «El euro sigue siendo una moneda virtual para los consumidores» , y en subtítulo: «Dos meses después de su creación, la divisa europea constituye, en el día a día, una forma de pago marginal». 
No se podría decir mejor. 
Así pues, dos meses después de su introducción con gran estruendo, y tras un aporreamiento publicitario sin precedentes, antes del 1 de enero de 1999, en el que participamos también como diputados, el euro no sólo no se impone ante los consumidores sino que despierta inquietudes e interrogantes. 
Creo que es grave para la credibilidad y la aceptación de la nueva moneda por el común de los mortales. 
Sin duda era previsible que en el interior de los Estados miembros, las monedas nacionales no fueran suplantadas con rapidez por el euro en las operaciones diarias. 
Pero hubiera podido preverse que, al menos en los intercambios transfronterizos, la estabilidad debida al euro provocara rápidamente, mediante una bajada del coste de las transferencias, una multiplicación de éstas. 
Sin embargo, nada de esto ha sucedido. 
En su lugar, creo que los gastos se han incrementado. 
Los banqueros, y el Comisario les ha seguido en cierto modo, explican con candidez que al haber desaparecido los beneficios del cambio, han de recuperarse los gastos de otro modo. 
Les doy dos ejemplos de mi país. 
Desde el 1 de enero de 1999, el servicio de correos luxemburgués ha gravado cada transferencia transfronteriza, digo bien, cada transferencia transfronteriza, con una tasa de 80 francos luxemburgueses, cuando hasta ahora era gratuito. 
Segundo ejemplo, un ciudadano me escribe para señalarme que por 268 francos luxemburgueses enviados a Alemania, ha pagado 200 francos luxemburgueses de gastos bancarios. 
Todo esto no está hecho para desarrollar el mercado único de los servicios financieros al consumidor. 
En su comunicación sobre los servicios financieros, la Comisión explica que, en todos los ámbitos que tienen relación con el simple consumidor, las diferencias son enormes de un país a otro. 
Creo que, en el caso de los gastos bancarios para la conversión del euro, lo mínimo hubiera sido ser transparentes, explicar en qué consisten esos gastos que ahora es preciso incrementar, por qué es preciso incrementarlos y cuál es la estrategia del sector. 
La cuestión es finalmente saber, señor Comisario, si es preciso dejar actuar al mercado o al reglamento. 
Ha dicho usted con claridad que no es preciso intervenir, y que es el mercado el que ha de actuar para que los gastos se reduzcan. 
Sin embargo, le someteré la reflexión siguiente. 
En una época en la que todo pasa por el sistema bancario, en la que el simple ciudadano es cada vez más dependiente de este sistema, es preciso garantizar un servicio universal, incluso en el ámbito bancario: un verdadero derecho al servicio bancario a un precio aceptable. 
Señor Presidente, los consumidores se sienten engañados y los políticos han quedado en ridículo, ahora que la introducción del euro no ha llevado a unas importantes reducciones de los tipos de cambio de moneda, sino- en el caso de importes de menor cuantía- incluso a unos altos gastos de cambio. 
Lo mismo puede decirse en cuanto a las transferencias transfronterizas. 
Ya que nosotros fuimos menos inocentes que la Comisión a la hora de imaginarnos qué es lo que harían los bancos, pedimos una legislación que regulara los gastos de cambio. 
Pero no la obtuvimos. 
Ahora, la Comisión intenta salvar el tipo con unos registros espectaculares de los bancos, pero me temo que ya es tarde. 
Los bancos tienen razón si alegan que todavía están teniendo gastos. 
Pero ya lo podrían haber manifestado antes, cuando aún compensaban esos gastos mediante unos tipos diferentes para compra y para venta. 
Ya podrían ser algo más claros sobre esos gastos. 
En último caso, se les deberá obligar mediante legislación. 
Por último, es inaceptable que los bancos todavía no hayan desarrollado un sistema barato y eficaz para los pagos transfronterizos de los consumidores. 
Cómo es posible en un sector donde se predica que el cliente es el rey, no lo puedo comprender. 
El desarrollo de un sistema barato de pagos transfronterizos para los consumidores, me parece a mí que debería tener la más alta prioridad. 
Sería una forma para la banca de ofrecer al menos alguna forma de compensación. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a todos los oradores. 
Me dan la oportunidad de identificar un punto sobre el que creo todos estamos de acuerdo, en concreto, que la situación actual es profundamente insatisfactoria; y otro punto en el que hay divergencias parciales, en concreto, cómo remediar esta situación. 
La situación actual es ciertamente insatisfactoria. 
Las cifras que se desprenden de las primeras declaraciones parciales de las asociaciones bancarias indican que las comisiones por el cambio de billetes de banco han descendido en muchos casos entre un 15 % y un 40 % dependiendo de la cantidad y la moneda que se estuviera cambiando. 
También indican, no obstante- y esta es la parte más insatisfactoria- que las reducciones han sido menores cuando han sido cantidades pequeñas- por ejemplo, aquellas equivalentes a menos de 100 euros- las que se han cambiado, y en algunos casos las comisiones por cambiar pequeñas cantidades bien han podido aumentar. 
Esto es totalmente inaceptable. 
Las diferencias aparecen cuando aparentemente algunos de ustedes parecen pensar que simplemente estipular el nivel de las comisiones a través de una directiva o un reglamento sería tanto necesario como suficiente. 
La Comisión tiene en este punto una opinión diferente. 
Ciertamente no somos tan inocentes como para pensar que el libre juego del mercado vaya a arreglar la cuestión. 
Evidentemente, no. 
¿Qué es lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta que nuestra meta no es simplemente protestar públicamente sino intentar cambiar la situación? 
Lo que estamos intentando es, por una parte, imponer competencia. 
De ahí las acciones del Comisario para la competencia para averiguar si han establecido acuerdos o cárteles. 
La Comisión tiene el poder de eliminarlos si ese es el caso. 
También estamos intentando imponer transparencia. 
Como todos sabemos, la transparencia es un prerrequisito para la competencia y estamos empleando todas las armas posibles para imponer transparencia, tales como pedir a los bancos y las federaciones de banca que nos transmitan sus datos; y también, más inmediatamente, poniendo a disposición de los consumidores y ciudadanos buzones de e-mail y faxes. 
Asimismo deberíamos evitar que se cree confusión. 
Por ejemplo, cuando se cita la cuestión de las transferencias de trabajadores emigrantes, es obvio que esto no tiene que ver con las comisiones de cambio, pero sí con el buen o mal funcionamiento de las transferencias internacionales de crédito. 
Aquí el instrumento apropiado es uno cuya legislación ya ha sido promulgada- la directiva sobre transferencias internacionales de crédito de principios de 1997. 
Tal y como indiqué en mi anterior intervención, ahí el problema reside en la tardía transposición por parte de los Estados miembros- de ahí las acciones frente a los ministros de Finanzas. 
Sería de gran ayuda, añadiría, que los diputados del Parlamento Europeo también ejerciesen presión sobre sus respectivas autoridades nacionales para acelerar la transposición. 
Finalmente, para indicar la complejidad del asunto y la panoplia de instrumentos a través de los cuales la Comisión- qué es particularmente activa en este área- está acometiendo este problema, he de mencionar que hemos propuesto el proyecto de dos directivas sobre la operatividad del dinero electrónico. 
Resulta que el dinero electrónico puede ser el primer medio por el que los ciudadanos puedan hacer pagos en metálico en euros antes del 2002. 
Había grandes intereses que nos demandaban que limitásemos la capacidad de los bancos para emitir dinero electrónico. 
Dijimos que no, porque también aquí deseamos crear competencia para beneficio del consumidor. 
Así en nuestro proyecto de directiva se previó la posibilidad de que otras instituciones crearan dinero electrónico- por supuesto, siempre que se sometan a un marco apropiado. 
Por tanto, todos compartimos el punto de vista de que se trata de un asunto extremadamente serio, de gran importancia, como todos ustedes destacan, para la credibilidad del euro y, además, para el sistema financiero. 
Me temo que no es un problema que tenga que ver con algunas soluciones simplistas tales como la mera legislación y que tengan los efectos deseados. 
Muchas gracias, Sr. Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Primas y umbrales de garantía del tabaco en hoja 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0067/99) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2075/92 y se fijan, por grupos de variedades y por Estados miembros, las primas y los umbrales de garantía del tabaco en hoja para las cosechas de 1999, 2000 y 2001 (COM (98) 0633- C4-0682/98-98/0306 (CNS) ). 
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión responde sólo en parte a la reorganización del mercado común del tabaco. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural presenta modificaciones sobre cuatro puntos y pensamos que van a ser aceptadas. 
El primer punto es que desde 1995 no se ha producido ninguna readaptación de las primas, ocasionándose con ello una reducción importante en la renta de los productores. 
Nuestra comisión propone un incremento del 5 % del importe de las primas que venga a compensar la inflación que ha habido desde 1995 hasta hoy en la Unión Europea. 
El segundo punto concierne a la transferencia de determinadas variedades de tabaco de una categoría a otra mejor. 
Consideramos que esto sí es correcto, sin embargo, dichas transferencias han de poder realizarse. 
Para ponerles un ejemplo concreto: en el caso de Italia se propone la transferencia de 3.0- 3.500 toneladas de una categoría inferior a otras, sobre un umbral de garantía total de 15.000 toneladas, que se puede llevar a cabo. 
En el caso de Grecia se propone la transferencia de 14.800 toneladas, sobre un umbral de garantía total de aproximadamente 15.000 toneladas. 
No es posible realizarlo dentro del plazo de tiempo propuesto. 
No es posible por diversas razones y en primer lugar puedo señalar que si un productor quiere cambiar su variedad, ¿porqué no lo va a hacer? 
Recibiría la misma cantidad de dinero por una producción inferior. 
Por lo tanto, lo que propone nuestra comisión, tras los estudios y los debates celebrados, es que podría hacerse una transferencia de como máximo el 25 %, al menos en el caso de Grecia. 
El tercer punto trata del plazo de aplicación. 
Ya nos encontramos inmersos en la campaña de 1999 y dichas transferencias exigen, necesariamente, un estudio y un programa. 
Proponemos la aplicación en el período 2000-2002 que sí resulta razonable y aplicable. 
El cuarto punto atañe a la introducción de una variedad nacional cultivada en la región de Pieria y que corresponde al nombre de una ciudad: Katerini. 
Se propone la introducción de dicha variedad en regiones de la Unión Europea distintas a las previstas en los reglamentos de la OCM. 
Creemos que eso va a tener consecuencias negativas en relación con los resultados deseados. 
Estos son los cuatro puntos sobre los que nuestra comisión ha presentado modificaciones y que creemos que la Comisión aceptará. 
También hay enmiendas que aluden a la influencia perjudicial del tabaco en la salud y sostienen que, con el fin de reducir la producción, no se debe conceder ninguna subvención. 
Pero si se reduce la producción, incrementará la importación de tabaco desde fuera de la Unión Europea, y de eso no habla nadie. 
Por lo tanto, creo que se trata de una propuesta irrazonable. 
Estimados colegas, hay que ser realistas, la lucha antitabaco debería comenzar desde el consumo y no desde la producción. 
Yo, personalmente, soy médico y no fumo, pero me parece ilógico el querer reducir la producción ahora que estamos importando y ello supondría importar más y, en consecuencia, se producirían repercusiones económicas negativas para la Unión Europea que incluso podrían provocar alguna revuelta social ya que supone dejar sin trabajo a muchos productores de tabaco no sólo en Grecia sino también en Italia, en España, en Portugal, en Alemania y en otros lugares. 
Por ello, lo que propone nuestra comisión es rechazar dichas enmiendas- y se han rechazado enmiendas similares en la Comisión- porque, como hemos dicho, creemos que hay que apoyar económica y socialmente al sector del cultivo de tabaco. 
Ésa es la verdad y ésa es la realidad. 
Yo propondría emprender una lucha para la reducción del consumo del tabaco y con ella reducir la producción a escala mundial, cualquier otra cosa es no querer ver la realidad. 
Estamos castigando a nuestros productores de tabaco y dando un premio a los productores de tabaco de otros países que no pertenecen a la Comunidad y creando, además, un enorme problema social en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, la presente propuesta de la Comisión que estamos debatiendo esta tarde trata de regular asuntos relativos a las primas y a los umbrales de garantía del tabaco en hoja. 
La suma suplementaria concedida a los tabacos cultivados en Austria, Bélgica, Francia y Alemania va a verse incrementada entre un 50 % y un 65 % respecto a la de la cosecha de 1992, de acuerdo con la Decisión del Consejo del 22 de junio de 1998. 
De forma paralela y para mantener el equilibrio financiero, el nivel total de los umbrales de garantía descenderá en un 0, 95 % entre 1999 y el año 2001. 
Las primas se incrementan un 10 % y la ayuda específica que se pagaba a través de las organizaciones de productores disminuye de forma correspondiente. 
Dichas propuestas mantienen el equilibrio financiero y por consiguiente la Comisión de Presupuestos no tiene ninguna objeción. 
En este punto quisiera señalar que el valor de las primas ha descendido en términos reales un 5 % en relación con el de 1995. 
Por ello, un incremento del 5 % constituiría una adaptación razonable y, por dicha razón, apoyo las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Apoyo las observaciones del colega, el Sr. Trakatellis, relativas a la dificultad y la incapacidad sustancial de realizar las transferencias de grupos de tabaco por parte de los productores de tabaco griegos; dado que se trata de productores pequeños y medianos tienen muy difícil sustituir las variedades que cultivan y no es posible, en un período de tiempo tan breve, poder pasar a variedades superiores en aquellas regiones tan poco fértiles donde ellos cultivan. 
Por eso, señora Presidenta, creo que las propuestas de la Comisión, en el caso de Grecia, sobrepasan el espíritu de la organización común del mercado para el tabaco en bruto. 
Señora Presidenta, intervengo en nombre del Presidente de mi comisión, el Sr. Collins, y de la mayoría- en realidad creo que todos los miembros- de esa comisión que votó las enmiendas que hemos presentado. 
Me temo que no puedo hablar con el apacible buen humor y las serenas palabras de mi presidente. 
Ciertamente me invade un sentimiento de indignación cuando oigo decir a mi buen amigo, el Sr. Trakatellis, que desde luego que tenemos que hacer una campaña contra el tabaco, pero que si vamos a matar a 28 millones de personas en Europa al año, también lo podemos hacer con nuestras propias cosechas subvencionadas. 
Con seguridad, esta no debe ser la respuesta. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor cree que siendo el tabaco responsable de tantas muertes como lo es, la hipocresía reside aquí en que la Comisión Europea gasta grandes sumas de dinero en subvencionar la investigación del cáncer pero tira una cantidad semejante en el subsidio- y ahora en el nuevo subsidio- de esta cosecha. 
La cuestión es que hemos estado durante 28 años apoyando el crecimiento del tabaco dentro de la Comunidad y la dependencia económica que lleva consigo. 
La Comisión de Medio Ambiente ha solicitado una reducción gradual de estas cuotas y primas para el tabaco en crudo. 
Pretendíamos que, en los países donde la dependencia es mayor, tuviera efecto en el 2008- en diez años- y en los países del norte, en los que, como hemos oído, existe una propuesta para aumentar las sumas disponibles de un 50 a un 65 % en relación con la cosecha de 1992, queremos que se abolan en cinco años. 
No lo estamos consiguiendo. 
Nos movemos en la dirección equivocada y estamos creando un problema de salud. 
A mi buen amigo el Sr. Trakatellis, quien es a su vez médico, le preguntaría si puede honestamente negar este hecho. 
Cada vez que hay un caso contra las multinacionales tabaqueras, cada vez que los daños son probados en uno de esos casos, vemos la evidencia médica al desnudo. 
Todos comprendemos este hecho. 
Cuando escucho al Sr. Trakatellis recuerdo lo que dijo el mártir Jan Huss cuando vio a la gente recoger los leños para quemarle hasta la muerte. 
A una anciana campesina que se le acercaba con los leños le dijo: «O sancta simplicitas». 
Aquellos que abogan por mayores subsidios para el tabaco están diciendo hoy lo mismo. 
Yo les digo: sancta simplicitas. 
Ese no es el camino correcto. 
Señora Presidenta, es siempre un sufrimiento hablar del tabaco, no tanto por el horario al que estamos constriñidos, sino por la dificultad que tenemos para ponernos de acuerdo, en particular entre nosotros, los diputados. 
Las consideraciones van especialmente en esta dirección. 
Hay un malentendido de fondo, expresado por nuestro colega, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. 
Si bien es cierto que fumar hace daño, no es menos cierto que no conseguiremos resolver el problema reduciendo o eliminando la producción de tabaco en Europa. 
Hay que tener el valor de decir que se prohíbe el tabaco, hay que adoptar una postura radical, de lo contrario, hay que tratar de evitar la demagogia. 
Los argumentos son siempre los mismos: me vi obligado a apoyar a los productores de tabaco defendiendo el patrocinio de los grandes acontecimientos deportivos, empezando por los Grandes Premios de Fórmula 1, cuando, por el contrario, también se ha prohibido esta publicidad del tabaco, con una duda sobre la legitimidad de las medidas que estábamos adoptando, puestas en tela de juicio por algunos Gobiernos de los Estados de la Unión. 
No obstante, se decidió seguir adelante, sin aplicar, en este caso, el principio de subsidiariedad, habida cuenta de que en el sector textil, de la confección o en otros sectores existían problemas objetivos de marcas que debían afrontarse gradualmente. 
Se dice que debemos reconvertir las producciones y, al mismo tiempo, que las cuotas lácteas no pueden aumentarse, que no podemos renovar los viñedos en la OCM del vino, ni aumentar las superficies de viñedo, y así en todos los demás sectores agrícolas. 
También en este caso, tenemos que decir cómo están realmente las cosas y no presentar propuestas inviables, debemos proponer hipótesis de trabajo concretas, con las subvenciones necesarias y entonces encontraremos también a los productores de tabaco dispuestos a aceptar nuestras iniciativas, a condición de que sean viables. 
Evitemos la demagogia de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente y apoyemos la propuesta de la Comisión con las enmiendas del Sr. Trakatellis dando coherencia a una línea que ya fijamos, es decir, la línea del realismo, de la concesión de ayudas para mejorar la calidad con objeto de promover un tabaco menos perjudicial que el de antes y de estudiar modalidades concretas y no demagógicas para poner en marcha un proceso de sustitución de los cultivos mediante propuestas concretas. 
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión relativa a la determinación de las primas y a las cuotas del tabaco para los próximos tres años está centrada principalmente en dos temas. 
En primer lugar, tiene como objetivo suprimir en su totalidad y en un plazo breve las variedades del grupo 5 y, en segundo lugar, da la posibilidad de transferir e introducir la variedad Katerini en Italia. 
En lo que concierne al primer asunto, la Comisión, muestra su ignorancia acerca de las condiciones objetivas de producción en aquellas regiones concretas donde se cultivan dichas variedades, proponiendo la sustitución de algunas, como la mavra y la tsebelia, en suelos donde ello no es posible. 
Además, el breve plazo que propone la Comisión para llevar a cabo dicha sustitución llevará a los productores a un callejón sin salida al cambiar todo el programa de cultivo. 
En lo que concierne al segundo asunto, la introducción de la variedad Katerini en Italia va a alterar el funcionamiento del mercado del tabaco tanto en los precios como en las reservas y tendrá una repercusión negativa en el equilibrio de la oferta y de la demanda y en la calidad del tabaco de esa variedad puesto que las condiciones edáficas y climáticas de las nuevas regiones de cultivo son completamente distintas a las de aquellas regiones donde se viene cultivando desde hace 30 años. 
Por desgracia, está hoy ausente el Sr. Comisario de Agricultura a quien había pedido que me trajera el estudio realizado por alguien, supuestamente griego, donde se demuestra que dicha variedad puede cultivarse y dar un rendimiento positivo en Italia. 
Todavía sigo esperando que me faciliten el nombre del ciudadano griego que ha elaborado tal informe, ya que es la primera vez que la Comisión tiene en cuenta un estudio y presenta una propuesta basándose en dicho estudio. 
Esto no había ocurrido nunca. 
Pero todavía sigo esperando que el Sr. Fischler me facilite el nombre y los demás datos. 
Quisiera dar las gracias a nuestro ponente por las enmiendas, tanto por las propias como por las que han sido aceptadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Creo que vienen a mejorar sustancialmente la propuesta de la Comisión. 
El objetivo de dichas enmiendas es la mejora de las condiciones de producción del tabaco, el inicio de una adaptación razonable y dentro de un plazo factible para la mejora de la calidad de tabaco y supone el apoyo a la renta de un gran número de familias del ámbito rural europeo que viven en las regiones más pobres de la Unión Europea, algo que no ha tenido en cuenta el redactor del informe. 
Termino con una palabra. 
Sería bueno que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que lleva unos 5 años presentando enmiendas y haciendo alusiones a la salud, presentase alguna enmienda para que se suprima el uso de la mantequilla, que realmente es perjudicial para el corazón y favorece las enfermedades cardiovasculares, y para que se suprima la circulación de los automóviles porque no creo que haya ningún científico que diga que fumar contamina más que los coches o la industria automovilística. 
En algún punto habrá que parar la hipocresía en esta Asamblea. 
Señora Presidenta, Señorías, el Informe Trakatellis es un informe moderado. 
Es un informe moderado porque presenta algunas propuestas que me parecen encaminadas a adaptar el mercado del tabaco a las necesidades de mejora de la calidad, de dar el tiempo necesario a los productores de tabaco para que cambien de variedades y, al mismo tiempo, también da muestras de cautela por lo que se refiere a la transferencia de una determinada variedad, la Katerini, para Italia. 
Estoy de acuerdo con las propuestas del Sr. Trakatellis y también con el aumento de 5 % que, en el fondo, es simplemente una compensación por la desvalorización sucesiva que se ha producido desde 1995. 
Un 5 % no supone mucho. 
Ahora bien, quisiera recordar dos aspectos. 
En primer lugar, la poca preocupación que ha habido por parte del Parlamento- considero yo- en lo relativo a la lucha contra el fraude en el sector del tabaco. 
No me cabe la menor duda de que, si el fraude en el sector del tabaco, que es uno de los mayores existentes en territorio europeo, fuera, de hecho, considerado en serio, sin lágrimas de cocodrilo y sin hipocresías, es evidente que el dinero que se recuperaría sería, evidentemente, más que suficiente para pagar muchos de los males que la Comisión de Medio Ambiente dice que afectan a quien fuma, quien está avisado, quien es mayor y está vacunado, quien sabe perfectamente que el tabaco perjudica. 
Personalmente, la única cosa que pido a quien fuma es que no me incomode y que no fume encima de mí. 
Quisiera también decir que el tabaco es uno de los productos que más impuestos paga, uno de los más afectados por el fisco. 
En mi país llega a pagar un 82 %. 
Creo que quien se arriesga a fumar y quien contrae una enfermedad, cuando llega a la cama del hospital, ya ha pagado su plaza. 
Tal vez sea humor negro decirlo así, pero es la verdad de lo que sucede. 
Por mi parte, admito que debe haber libertad para que cada cual elija lo que quiera hacer, siempre que no incomode a los demás. 
Señora Presidenta, no podía dejar pasar por incomparecencia la que sea posiblemente mi última oportunidad de resaltar en este Parlamento el sin sentido de subsidiar con más de 1 millón de Ecus el crecimiento de un producto que mata y lisia a sus consumidores. 
Ayer, sólo al final del debate sobre el informe del Sr. Needle sobre la política de salud pública europea, el Comisario Bangemann destacó la contradicción de gastar mucho más dinero en el fomento de un producto que mina la salud que en programas de salud pública. 
Ahora estamos discutiendo una propuesta de la Comisión para aumentar los pagos a los productores de tabaco de cuatro de los países más ricos de la Unión Europea, teóricamente porque producen tabaco de mejor calidad. 
Francia, Alemania, Bélgica y Austria no son países tan pobres o con un suelo tan pobre que no puedan crecer allí otros cultivos. 
No hay en absoluto ningún motivo social, tal y como, por ejemplo, pudiera ser el caso de Grecia o España, para que se emplee dinero público en ese sentido. 
Fui una voz solitaria en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el día de la votación, al apoyar las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y algunas mías muy semejantes, que pedían la retirada gradual de las subvenciones para todo tipo de tabaco. 
Lamentablemente, otros que compartían mi punto de vista no pudieron estar presentes en aquella ocasión. 
Apoyo completamente a mi colega el Sr. Whitehead. 
Las propuestas que tenemos ante nosotros van absolutamente en la dirección contraria. 
Si los agricultores europeos quieren sembrar tabaco deberían hacerlo sin ayuda pública y las subvenciones existentes deberían ser reducidas gradualmente en unos años con apoyo suplementario a las zonas Objetivo 1 y 5a durante la transición. 
Aumentar las subvenciones durante tres años a los países ricos es indefendible. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, el tabaco es una planta, como bien se puede desprender del debate que estamos celebrando ahora, en el que las opiniones divergen considerablemente. Ello queda de manifiesto asimismo en las interminables discusiones de quienes no tienen vínculos con el mundo de la agricultura y convierten el debate en un asunto socio-político. 
Por todo ello, quisiera dar las gracias al ponente por haber tenido el valor y haberse tomado la molestia de abordar este tema. 
El cultivo de tabaco desempeña un papel fundamental en la agricultura europea, en general, y en la de algunos Estados miembros, en particular. 
El denominado abandono sin compromiso de la producción de tabaco por parte de la UE, que tiene numerosos adeptos, no me parece viable por varias razones. 
En muchas regiones europeas, los agricultores no tienen otra opción, no sólo en algunas zonas contempladas en el objetivo 5b sino también en los llamados países ricos, como Austria. 
Muchas empresas familiares viven momentos difíciles y dependen de este cultivo, que es su única fuente de ingresos. 
En numerosos casos el clima impide pasar a otro producto agrícola. 
Creo poder afirmar que todos somos conscientes de la enorme presión social y económica a la que están expuestos los habitantes de estas regiones. 
En segundo término, considero poco realista sugerir que el abandono total de la producción de tabaco en Europa tendría como consecuencia que los ciudadanos fumarían menos o incluso dejarían de fumar. 
Al contrario, esta medida fomentaría la importación de cigarrillos y artículos de tabaco procedentes de terceros países. 
No me entiendan mal, soy partidaria de llevar un estilo de vida sano y no fumo. 
Pero ello no obstante, opino que debemos dejar en manos de los propios ciudadanos la decisión sobre la actitud que piensan adoptar ante su salud. 
Considero que es un tema que pertenece a la responsabilidad de cada cual. 
A este respecto quisiera insistir asimismo en la necesidad de mejorar la calidad del tabaco. 
Por lo demás, sólo me queda decir que la UE debería facilitar y subvencionar el abandono voluntario del cultivo de tabaco. 
Señora Presidenta, señor Comisario, parece que estemos en un estadio: cuando se habla de tabaco, es el derbi de siempre entre latinos o mediterráneos y anglosajones, como si estos no fumaran. 
Es realmente desconcertante que una vez más, un año después desde que nos reunimos aquí para hablar de la OCM, estemos defendiendo las mismas posturas y diciendo las mismas cosas. 
Para comprobar la reacción del Pleno, tuve la tentación de volver a repetir mi intervención de hace un año. 
Así y todo, no me voy a apartar mucho de ella. 
En cualquier caso, mientras el derbi continúa, hay unos tantos que se atribuyen a los que querrían que se prohibiese este cultivo en Europa. 
Los precios y las primas no se mueven desde 1995 y, por tanto, han perdido el 5 % de su valor real; la reforma de la OCM va despacio, mejor dicho, podemos decir que por ahora sólo genera costes añadidos; los efectos negativos de la transición del ecu al euro se sienten especialmente allí donde se cultiva el tabaco, es decir, -no hay que olvidarlo- en las zonas más periféricas, las del objetivo 1. 
Además de esto, la propuesta de la OCM, así como la de la Comisión no tienen en cuenta ninguna de las novedades que el año pasado tratamos de introducir en este tema: unas novedades en el ámbito social, en las propuestas sociales aquellas- repetidas aquí una y otra vez- que querrían suprimir el cultivo del tabaco para luchar contra el cáncer, como si realmente quien fuma dejara de fumar porque ya no encuentra cigarrillos europeos en el mercado. 
Está claro que sería una fiesta para las grandes multinacionales americanas. 
Pues bien, también esta noche se advierte un enfoque equivocado en muchos pasajes. 
Quien fuma no deja de hacerlo, esto es algo que debemos recordar, pero sería peligroso que quien cultiva el tabaco dejara de hacerlo: en Europa tendríamos, más o menos, 1.380.000 parados más. 
Muy posiblemente, esto tendría un impacto muy negativo. 
Hay algunas enmiendas, presentadas por el Sr. Collins y otros, que proponen esto. 
Pues bien, al Sr. Collins que dice: «Dejad de cultivar el tabaco y producid otras cosas, siempre en el sector agrícola» , le contesto que esto no es posible en todas partes y, sin duda, no es legítimo pedirlo a otros ciudadanos europeos. 
Y yo me pregunto: ¿Por qué ustedes los ingleses, ya que el alcohol mata más que el tabaco, no dejan, por ejemplo, de producir whisky y cultivan fresas? 
Señora Presidenta, señoras y señores, tanto la propuesta de la Comisión como el informe que tenemos delante se ajustan a la perfección a la siguiente fórmula: política estructural a costa de la salud. 
Como no fumadora y agricultora, me siento llamada a reprobar la doble moral del actual sistema de subvenciones del tabaco. 
Difícilmente puedo creer que ahí donde crezca el tabaco no puedan prosperar otros cultivos. 
Necesitamos las subvenciones en la medida en que un eventual abandono del cultivo de determinadas variedades de tabaco nos lleve a efectuar compras fuera de la Comunidad. 
De cara a las regiones más débiles- en este contexto Grecia e Italia- debemos modificar y mejorar la actual política estructural. 
Es evidente que estos países no pueden pasar de un cultivo a otro de la noche a la mañana, pero a mi modo de ver este tema ya se ha discutido de sobra. 
Desde mi punto de vista, las propuestas de la Comisión son aceptables, porque la reducción de los umbrales de garantía se compensa con el incremento de las primas para los países del norte. 
Hablando en términos generales, opino que las subvenciones, tal y como se contemplan actualmente, han de ser rechazadas en su conjunto. 
¿Por qué? 
Porque el incremento de las subvenciones no incita a los cultivadores de tabaco a reconvertirse sino que los anima a seguir como están, tanto más cuanto que curiosamente los cigarrillos más perjudiciales son las que más se venden. 
Las propuestas de la Comisión se han elaborado en función del mercado. 
Las cuotas de las variedades con altas posibilidades de venta y elevados precios de mercado experimentan un incremento en tanto que las cuotas para las variedades con menor posibilidad de venta y precios de mercado más bajos sufren un recorte. 
Llevamos subvencionando el cultivo de tabaco desde hace 28 años y por ahora no parece haber el menor indicio de que ello vaya a cambiar. 
Las variedades cultivadas en la Comunidad son de baja calidad. 
En este sentido los productores deberían mostrar un mayor interés en cultivar variedades de una calidad más alta. 
Permítanme que finalice mi intervención con una serie de propuestas. 
En primer lugar, las subvenciones del tabaco hasta el año 2008 han de suprimirse. 
En segundo término, dichas subvenciones deben reducirse hasta un nivel socialmente aceptable durante el periodo transitorio. 
En tercer lugar, es imprescindible que en el marco de este recorte se promueva la producción de las variedades menos dañinas y se deje de fomentar el cultivo de las variedades más perjudiciales para la salud. 
En cuarto lugar, considero que durante el período de reconversión debemos adoptar medidas financieras para apoyar el paso a nuevos cultivos agrícolas. 
Estas propuestas no van en contra de los fumadores, sino que pretenden garantizar una mejor calidad y una mejor salud, aparte de que ofrecen una respuesta a los problemas de los agricultores. 
Señora Presidenta, ante todo quisiera felicitar a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y en particular al ponente, Sr. Trakatellis, por la calidad y la eficacia del trabajo realizado en torno a la propuesta de ultimación de la reforma de la OCM del tabaco en hoja. 
A tenor de la verdad, ya debatimos ampliamente el informe presentado por la comisión y la propuesta relativa a la reforma de la OCM. 
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han podido así llegar a un acuerdo sobre la necesidad de mantener la ayuda en favor de los cultivadores de tabaco previendo al mismo tiempo los oportunos incentivos para mejorar la calidad del producto. 
En línea con el contenido del informe, la Comisión propone que se mantenga inalterado el nivel de las primas y el volumen de las cuotas, aun contemplando una consistente reducción del volumen de la cuota para el grupo V. 
Dicho esto, quisiera abordar muy brevemente las principales cuestiones que plantean las enmiendas propuestas. 
En lo que respecta a las enmiendas orientadas a excluir la cosecha de 1999, es decir, las enmiendas 1 y 3, la Comisión no puede aceptarlas, ya que la reforma de la OMC debe entrar en vigor a partir de la cosecha de 1999. 
Además el impacto de la propuesta en los productores es reducido, ya que los umbrales de garantía son los mismos para todos los grupos de variedades, a excepción del grupo V; para este grupo el nivel de los umbrales actuales es inferior en un 30 % para Grecia y en un 22 % para Italia. 
Este déficit pasa a otros grupos por la escasa calidad y porque los precios de mercado son bajos. 
Tampoco podemos admitir las enmiendas 2 y 6, puesto que es preciso respetar la estabilidad presupuestaria anual. 
Las enmiendas 4 y 5 que se refieren al impacto negativo de la conversión monetaria, no pueden aceptarse porque, según la Comisión, en la organización común del mercado del tabaco deben regir las mismas reglas que rigen en las demás OCM. 
En lo que se refiere a las enmiendas sobre los umbrales de garantía, o sea, la 7, 8 y 9, la Comisión quiere evitar crisis de mercado para todas las variedades del grupo V que superan los precios reducidos de mercado y que deben hacer frente a la competencia de los cigarrillos orientales producidos en Europa oriental y en la antigua Unión Soviética. 
Por tanto, si estamos dispuestos a evaluar el impacto que tendrá en el sector el propuesto traspaso de cantidades a otros grupos, confirmamos nuestras reservas ante una posible reducción del grupo V. 
No podemos admitir las enmiendas 10 y 13, pues el importe suplementario para los Estados miembros del Norte productores de tabaco corresponde a la situación de sus productores y, en consecuencia, no debería sufrir cambios. 
Las enmiendas 11, 12, 14 y 15 se refieren al desinterés obligatorio de la Comunidad. 
Puedo afirmar lo que propone la Comisión y el Parlamento ha acordado cuando el señor Comisario Fischler ha debatido esta cuestión la última vez. 
En efecto, el tabaco producido en la Unión Europea sólo cubre un tercio aproximadamente del consumo comunitario y, en consecuencia, las importaciones que, hoy por hoy, representan dos tercios del consumo interno, podrían fácilmente abastecerlo en su totalidad. 
Por otra parte, el apoyo a los cultivadores de tabaco es vital, ya que, como se ha mencionado, estos se concentran en las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, sin alternativas agrícolas o económicas evidentes. 
La reforma del tabaco, por otra parte, ya prevé el abandono voluntario del sector, sin embargo, no deberíamos obligar a los agricultores a irse. 
La Comisión, por consiguiente, no puede aceptar estas enmiendas. 
Señor Comisario, ha hecho muchos elogios al informe, pero yo no he entendido al final cuáles de las enmiendas votadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son las que va a aceptar. 
¿A santo de qué hace tantos elogios si no acepta ninguna enmienda? 
Lo que quiero escuchar es cuáles acepta. 
Señor Trakatellis, obviamente, el informe tiene un valor que va más allá de cada una de las enmiendas y es al planteamiento de conjunto que hemos dirigido palabras de valoración. 
Sin embargo, como he dicho, las enmiendas 7, 8 y 9 son enmiendas que la Comisión puede admitir. 
En cuanto a las enmiendas sobre los umbrales de garantía, la Comisión quiere evitar crisis de mercado para todas las variedades del grupo V que superan precios de mercado reducidos y que deben hacer frente a la competencia de los cigarrillos orientales producidos en Europa oriental y en la antigua Unión Soviética. 
Por lo tanto, si estamos dispuestos a examinar el impacto que tendrá en el sector el traspaso de cantidades propuesto a otros grupos, confirmamos nuestras reservas con respecto a una posible reducción del grupo V. 
Señora Presidenta, perdóneme, posiblemente se trate de un error en la interpretación, pero yo no he entendido la respuesta del Sr. Monti. 
No he captado la gentileza del Sr. Monti. 
Queremos sólo una respuesta. 
¿Cuáles son las enmiendas que acepta el Sr. Monti? 
Ésa ha sido la pregunta del Sr. Trakatellis. 
Díganos algo. 
¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o ninguna? 
Tengo la impresión que no ha aceptado ninguna, pero al menos que lo diga claro para que no nos vayamos de aquí sin enterarnos. 
Señora Presidenta, estoy tratando de interpretar de la mejor manera posible la posición de la Comisión en una materia que, como saben, no es de mi competencia, sino del señor Comisario Fischler. 
Por tanto, se aceptan las enmiendas 7, 8 y 9 con el traspaso y, en consecuencia, la modificación del Anexo II para traspasar cantidades del grupo III al grupo I y al grupo II en Francia. 
La Comisión se reserva la posibilidad de examinar las demás transferencias que también están cubiertas por las enmiendas 7, 8 y 9, es decir, las que figuran en el Anexo II, al objeto de reducir la disminución del grupo V en Grecia y las que figuran en el Anexo II contra la introducción de la Katerini y de variedades similares en Italia. 
Confió en haber sido más claro. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Estatuto del personal de la CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0098/99) del Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (COM (98) 0312- C4-0332/98-98/0176 (CNS) ). 
Señora Presidenta, señoras y señores, este informe reviste una especial relevancia. 
Creo poder afirmar que en los años pasados este Parlamento ha tomado toda una serie de decisiones, sobre todo en el ámbito de las resoluciones que acompañan al procedimiento presupuestario, en las que se subrayaba la necesidad de crear un estatuto de asistente para los colaboradores parlamentarios de los diputados. 
Todos nos acordamos del informe del Tribunal de Cuentas de hace unos meses en el que las circunstancias de la retribución de dichos asistentes fue objeto- y quiero utilizar un término prudente- de duras críticas. 
Por todo ello, considero fundamental que se regule urgentemente el problema de la remuneración así como la cuestión del régimen aplicable a los colaboradores parlamentarios. Independientemente de cuál sea la solución concreta- y ahí está el punto clave- ha de dar muestras de seriedad y de inteligencia. 
Aun cuando la propuesta que estamos tratando hoy fue presentada por la Comisión, no fue esta institución quien la elaboró, sino que emanó de la administración de esta Asamblea, del Parlamento, cuyo Presidente la encomendó al presidente de la Comisión rogándole encarecidamente que la adoptara. Ahora bien, la propuesta, tal y como la tenemos delante, resulta inaceptable. 
Prevé que en el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades se incorpore un nuevo artículo 78 en el que se establezca que los asistentes parlamentarios pertenecen al colectivo de los otros agentes de la Unión Europea y que el régimen aplicable a dichos asistentes debe detallarse en unas disposiciones generales de ejecución cuya elaboración incumbe al propio Parlamento. 
Ahí está el problema. 
El fundamento jurídico para el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes- recogido en el tratado de fusión- no contempla una delegación de poderes al Parlamento. 
A este respecto siempre he criticado que ni la propuesta de la Comisión ni la propuesta elaborada por la administración del Parlamento permiten regular la cuestión de las llamadas disposiciones de ejecución. 
Y no soy el único en opinar así, puesto que el Tribunal de Justicia Europeo llegó a la misma conclusión en su sentencia de 7 de mayo de 1992. 
Cito: «Las disposiciones generales de ejecución elaboradas en el marco del Estatuto pueden establecer criterios en los que se pueda amparar la administración a la hora de emitir juicios o que permitan aclarar el significado de disposiciones confusas relacionadas con el Estatuto. 
Sin embargo, no pueden restringir el ámbito de aplicación de dicho Estatuto con la excusa de la necesidad de precisión en el caso de que las disposiciones relativas al Estatuto sean lo suficientemente unívocas en sí.» 
Hablando claro, las disposiciones de ejecución no pueden contradecir la esencia del Estatuto. 
De lo contrario, carecen de eficacia y de relevancia. 
No gozan del mismo carácter jurídico que el Estatuto mismo. 
Sobre esta base el Tribunal de Cuentas Europeo adoptó la siguiente postura con respecto a la propuesta de la Comisión en un informe elaborado por encargo del Consejo de Ministros: «En este caso, las disposiciones generales de ejecución que impidan la aplicación de disposiciones de Estatuto regulares y unívocas para una categoría determinada de auxiliares, sobre todo en lo que al tiempo de contratación se refiere, pueden ser consideradas ilegales y su aplicación puede ser puesta en tela de juicio con motivo de una demanda contra una decisión particular.» 
Dicho de otro modo, el Tribunal de Cuentas dice, al igual que el ponente Lehne y el Tribunal de Justicia Europeo, que si aprobamos la propuesta de la Comisión, las disposiciones de ejecución no nos causarán sino problemas y al final acabarán aplicándose únicamente las disposiciones del Estatuto de los funcionarios y otros agentes. 
Y en aquel momento ya no se podrán tomar en consideración las peculiaridades propias de la contratación de los asistentes parlamentarios. 
Como consecuencia de ello, el Parlamento Europeo contará con 2.000 funcionarios adicionales- y no es más que una estimación-. 
Me parece una enorme irresponsabilidad y no creo que se ajuste a nuestro verdadero objetivo. 
Por todo ello, presenté en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos una propuesta que pretendía modificar el fundamento jurídico sustituyéndolo por un Estatuto del asistente. La idea era que dicho Estatuto se adjuntara como anexo al Estatuto de los diputados y se amparase en el fundamento jurídico de las disposiciones del artículo 190 del Tratado de Amsterdam. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó dicha propuesta por razones tácticas, más en concreto para evitar que las decisiones del Consejo de Ministros acerca del Estatuto de los diputados dependieran de las decisiones sobre el Estatuto de los asistentes y viceversa. 
El resultado es que las disposiciones, que en principio habrían de ser objeto de contrato entre los asistentes, los diputados y, obviamente, la administración de Parlamento, han de incorporarse necesariamente en el propio Estatuto, es decir, en la propia propuesta de la Comisión. 
Es lo que he propuesto en la Comisión de Asuntos Jurídicos en un segundo informe. 
La única alternativa legal que se me ocurre consiste en abandonar la idea de crear un estatuto de asistentes y dejar en manos de los cuestores o de la Mesa de esta Casa la decisión sobre las condiciones en las que se pueden seguir cobrando dietas de secretariado y cuestiones adicionales como la remuneración y las obligaciones en materia de seguridad social. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos estaba dividida entre mi punto de vista, adoptado en la fase inicial de la votación, y la postura reflejada por la propuesta de la Comisión, recogida en la fase final de la misma. Por lo tanto, no debe extrañar que el informe aprobado en comisión sea contradictorio en sí y que yo, como ponente, no pueda respaldar su contenido. 
Así las cosas, aprovecho la ocasión para volver a presentar hoy en esta sesión plenaria, también en nombre de mi Grupo, las enmiendas contenidas en el primer informe que presenté en la Comisión de Asuntos Jurídicos en la esperanza de que sean aprobadas. 
Habida cuenta de las objeciones formuladas por el Consejo, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que he citado antes y el segundo informe del Tribunal de Cuentas, temo que el Consejo no emitirá un juicio positivo en caso de que apliquemos la propuesta de la Comisión tal cual. 
Dicho de otro modo, acabaríamos tomando una decisión hipócrita bajo el lema: el Parlamento quiere un estatuto de asistentes, pero aprueba un documento inviable a sabiendas de que el Consejo no lo adoptará. 
Esta opción no serviría a nadie, ni a los asistentes ni a los diputados de esta Casa. 
Por todo lo anterior, les ruego encarecidamente que se adhieran al informe original de la Comisión de Asuntos Jurídicos y que no respalden la propuesta de la Comisión. 
De lo contrario, es decir, si mañana mi informe no cuenta con la mayoría de los votos, me veré obligado, para ser consecuente, a solicitar la remisión del informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos o a rechazarlo sin más si realmente no me queda otra alternativa, porque no puedo ni quiero asumir la responsabilidad de algo que considero falso e incorrecto y que, en última instancia, no es sino una solución hipócrita que no soluciona nuestros problemas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, debo decir que el ponente no puede recriminar a la Comisión de la forma en la que la ha recriminado en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Es algo que quería puntualizar antes de entrar en materia. 
La elaboración del estatuto de los colaboradores de los miembros del Parlamento Europeo ha sido una tarea ardua que, por si eso fuera poco, se ha desarrollado en un clima de tensiones. 
Pero a pesar de ello, hemos logrado encontrar un camino que crea condiciones laborales equitativas y respetuosas con las obligaciones en materia de seguridad social y que, al mismo tiempo, preserva las prerrogativas de autonomía del Parlamento Europeo. 
Es éste el camino que abren las propuestas presentadas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Confiamos en que sean aprobadas por amplia mayoría en beneficio de nuestros más estrechos colaboradores. 
Las enmiendas de mi Grupo giran en torno a dos elementos complementarios. La propuesta de la Comisión sienta las bases para la relación laboral entre los diputados y los colaboradores. 
Así nos aseguramos el consentimiento del Consejo. 
El Consejo no puede tener reparos en que las condiciones laborales generales, incluyendo la contratación y el despido, así como la remuneración y la seguridad social, se regulen por vía contractual. 
Tampoco puede objetar que se adopten disposiciones contractuales relativas a la obligación de observar discreción y la prohibición de desempeñar actividades paralelas, representaciones de interés incluidas. 
La prohibición de discriminar a ciudadanos procedentes de Estados que no pertenecen a la Unión Europea se impone por sí misma de cara a las inminentes ampliaciones de la Unión. 
Estoy convencida de que son razones suficientes para que el Consejo adopte una actitud positiva con respecto al estatuto. 
El segundo componente de nuestra propuesta salvaguarda la autonomía del Parlamento a la hora de tomar decisiones relativas a asuntos internos. 
Se trata de disposiciones generales de ejecución elaboradas por el propio Parlamento. 
Dichas disposiciones recogen los detalles de los contratos laborales sobre la base de una propuesta de la comisión competente. 
Se incluyen asimismo una serie de propuestas del ponente, sin riesgo de que el Consejo desapruebe una u otra disposición y acabe rechazando el estatuto en su conjunto. 
Permítanme que me detenga en otros dos puntos más que considero de especial relevancia. 
El primero es breve y categórico. 
Un estatuto que no ofrezca una óptima protección social a nuestros colaboradores- enfermedad y jubilación incluidas- ha de ser enviado inmediatamente a la papelera. 
No se merece ni la tinta con la que se ha escrito. 
El segundo aspecto también es fundamental. 
Se trata de la remuneración de nuestros colaboradores. 
Es evidente que ha de ser equitativa y que debe dar derecho a prestaciones. 
Al fin y al cabo, no pagamos por certificados ni títulos sino por la calidad del trabajo llevado a cabo. 
Para ello no nos sirve una tabla basada en estudios, profesiones y remuneración de funcionarios. 
Lo que necesitamos es un alto grado de flexibilidad en la elaboración de los contratos que formalizamos como empleador y en la retribución. 
Además, vuelve a aparecer un elemento que ya introdujimos con respecto al Estatuto de los diputados. 
El Parlamento Europeo debe ingresar la remuneración establecida por contrato directamente en las cuentas de los colaboradores. 
Ello nos protegerá en buena medida contra la difamación, que en los últimos días ha vuelto a recrudecerse. Los miembros de este Parlamento tienen fama de ser una banda de ladrones que explota a sus colaboradores y llena sus propios bolsillos con contratos laborales ficticios. 
Les agradezco su atención y espero que el jueves voten junto conmigo y con mi Grupo a favor de la seguridad social de nuestros colaboradores y la autonomía del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, quiero sumarme a aquellos que han dicho que el trabajo en torno al Estatuto no ha sido fácil, sino, por el contrario, muy difícil. 
Tampoco ha dado celebridad al Parlamento y quiero decir que consideramos que el resultado, después de la votación en la comisión, no ha sido satisfactorio. 
Por nuestra parte, opinamos que la propuesta de la Comisión era un buen punto de partida. 
Por eso hemos presentado algunas pequeñas enmiendas, en que queremos dejar en claro cuándo deben aplicarse las normas de la Comisión. 
Comprobamos que hay que aclarar de qué asistentes se trata y que existen plazos. 
La mayoría del Grupo también está dispuesta a aceptar que se aplique el sistema de sueldos propuesto por la Comisión. 
Opino también que es especialmente importante que mañana tomemos una decisión. 
No podemos aceptar que se devuelva a la comisión. 
Considero que es profundamente antidemocrático que el ponente quiera proponerlo en el caso que sus posiciones no sean aprobadas. 
Recomiendo que la mayoría de esta Asamblea realmente apruebe esto, para que se dé una solución satisfactoria ahora que empezarán tantos nuevos diputados con el nuevo Parlamento. 
Esto es especialmente importante y doy las gracias también a la Comisión por sus esfuerzos en esta materia. 
Señor Presidente, la inseguridad jurídica existente entre los asistentes y auxiliares parlamentarios, y las desigualdades que dicha inseguridad engendra, exigen sin duda la aprobación de un reglamento mediante el cual se ponga término a esta situación. 
El informe del Sr. Lehne tiene esa pretensión y tiene aspectos positivos que merecen ser reconocidos, sobre todo los que hacen referencia al procedimiento de contratación, de regulación de litigios y al tratamiento fiscal. 
Pero en otros aspectos, pudiera ocurrir que la situación presente fuese más igualitaria que la resultante de la aplicación del reglamento, como sería el caso si se aprobasen algunas de las enmiendas que se presentan, en particular la extensa y prolija enmienda 38 en la cual se recoge todo lo concerniente a la clasificación de los colaboradores, al sistema de retribuciones que se propone en correspondencia y a las desiguales prestaciones sociales. 
El excesivo rigor detallista de dicha enmienda deja poco espacio para contemplar situaciones de transición. 
Pienso que, sin desatender los derechos de los asistentes y cumpliendo la obligación de dar a los procesos de contratación de éstos la oportuna seguridad jurídica, debería preferirse en este momento un planteamiento más abierto que el recogido en la propuesta del Sr. Lehne, cuyo esfuerzo meritorio reconocemos pero con el que parcialmente no estamos de acuerdo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, este Parlamento no se ha lucido mucho a la hora de buscar una solución a este problema tan importante para nuestros colaboradores más estrechos. 
Quizá la hora de los fantasmas consiga abrirnos los ojos. Voy a ser breve. 
En líneas generales, suscribo plenamente la postura adoptada por el ponente y, por eso mismo, me alegro de que vuelva a presentar sus enmiendas. Hago un llamamiento a todos ustedes para que las aprobemos en beneficio de nuestros colaboradores. 
Por otra parte, también estoy de acuerdo con las dos oradoras anteriores en que debemos adoptar urgentemente un texto que ponga fin a la inseguridad jurídica que sufren los asistentes en el ámbito laboral. 
No podemos permitir que los asistentes se vean obligados a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo para denunciar al Parlamento por seguir manteniéndolos en una situación de inseguridad jurídica. 
Espero que no lleguemos a este extremo. 
Según he podido constatar, también hay indicios positivos de que ello no llegará a suceder. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, me pregunto si no sería más educado que me girase hacia las cabinas de interpretación, ya que creo que hay más personas en esas cabinas que en el hemiciclo. 
Dicho esto, parece que el planteamiento del Sr. Lehne era, desafortunadamente, necesario, tanto en el plano de la remuneración como en el de la protección social de nuestros colaboradores. 
Sin embargo, un principio simple y fundamental de cualquier doctrina social es que cada persona que trabaja tiene derecho a una remuneración justa. 
Parece que éste no ha sido el caso y el Parlamento se ha visto obligado, después de la Comisión, a tratar este tema. 
Sin embargo, el proyecto del señor Lehne me parece que va mucho más lejos en el detalle de las relaciones contractuales y finalmente pretende «levantar demasiadas estatuas» -si se me permite hablar así- sobre la situación de nuestros colaboradores. 
La propuesta de la Comisión presentaba por su parte la ventaja de una cierta flexibilidad, de una cierta seguridad y de haber sido probado de algún modo en la práctica, mutatis mutandis, con el régimen de los colaboradores de los grupos parlamentarios que se aproximaría sensiblemente a lo que nos propone la Comisión. 
En cualquier caso, lo esencial me parece que la elección del asistente- perfil, competencia, etc. sea competencia del diputado, que debe poder disponer libremente de la posibilidad de elegir a sus colaboradores y del régimen de trabajo que determine con ellos. 
Señora Presidenta, consideramos que ha llegado el momento de cerrar un dossier muy difícil, aunque no ignoramos las dificultades que siguen existiendo. 
Nuestra actitud en la votación que tendrá lugar mañana estará orientada a convertir en fundamental el texto que debemos aprobar: fundamental significa establecer algunas disposiciones generales de las cuales luego deberá derivar una reglamentación específica capaz de intervenir en varios aspectos de carácter contractual; unas disposiciones generales, sin embargo, que a partir de la positiva propuesta de la Comisión, arroguen nueva luz. 
Es necesario e importante lo que afirmamos en la enmienda 31- cuya aprobación recomendamos -, es decir, que los asistentes de los diputados gocen de un tratamiento homogéneo y mantengan una relación directa con el Parlamento desde el punto de vista retributivo conservando, mejor dicho reforzando, la relación con el diputado o los diputados para los cuales trabajan y que, en consecuencia, la situación se aclare a fin de conseguir una verdadera transparencia y corrección. 
Es una página que el Parlamento debe afrontar. 
Tenía que haberlo hecho ya desde hace tiempo: ahora se trata de afrontarla con valor. 
Es una batalla de transparencia y de corrección que tiene que llevarse a cabo, que nosotros hacemos no solo en favor de los asistentes, sino de nuestro Parlamento, de su manera de trabajar, asegurando a todos dignidad y garantía de derechos. 
Señora Presidenta, permítame dar las gracias al ponente, Sr. Lehne, y a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos por el estudio exhaustivo de la situación de los asistentes de los diputados y por las soluciones propuestas para mejorar dicha situación. 
La propuesta de la Comisión fue elaborada a petición del Presidente del Parlamento y sobre la base de un informe de la Mesa del propio Parlamento. 
La Comisión se ha valido de su derecho de iniciativa para definir un marco jurídico, en el respeto, sin embargo, de la autonomía en cuya virtud los miembros del Parlamento tienen la facultad de establecer las condiciones de contratación, de duración de los contratos y de retribución. 
En el sistema actual tanto las condiciones de contratación como las retribuciones y el régimen de seguridad social dependen de un acuerdo directo entre el asistente del diputado y el diputado que lo contrata. 
Esto ha supuesto una gran variedad de tipos de contratos que no respetan la necesidad de algunos requisitos mínimos de igualdad de trato de los distintos asistentes. 
Como sugirió la Mesa del Parlamento, se constató que la solución más adecuada para obviar las dificultades actuales consistía en garantizar a los asistentes de los diputados el beneficio del estatuto de los agentes auxiliares dejando, sin embargo, que sus funciones quedaran sujetas a normas específicas, debidas a las peculiaridades del papel que desempeñan. 
En consecuencia, el diputado quedará libre de escoger a sus asistentes permitiendo, no obstante, a estos últimos beneficiarse de todas las disposiciones reglamentarias del régimen aplicable a los demás agentes, sin perjuicio de las excepciones previstas en la propuesta de reglamento relativa a sus condiciones de contratación y de retribución, así como a la duración del contrato. 
La propuesta de la Comisión ofrece el fundamento jurídico que les permite, Señorías, otorgar a sus asistentes el estatuto de agentes auxiliares. 
Una vez adoptado este fundamento jurídico, será necesario definir una normativa interna y específica del Parlamento que permita a los asistentes gozar de un régimen más coherente y más justo que actualmente no tienen. 
Por los motivos que acabo de exponer, así como para garantizar la adopción del reglamento de forma inmediata, la Comisión no tiene la intención de modificar su propuesta. 
Las enmiendas 1, 4, 5 y 11 se refieren a la normativa relativa a los gastos y dietas de los diputados. 
Habida cuenta de que de este modo se modificarían las disposiciones del estatuto de los funcionarios y de los demás agentes, la Comisión no puede aceptar este tipo de enmiendas. 
Las demás enmiendas propuestas en el informe del Sr. Lehne están dirigidas a introducir en el reglamento disposiciones que deberían ser adoptadas por el Consejo, mientras que la Comisión confía en que este tipo de disposiciones sea adoptado por el propio Parlamento en su Reglamento interno en aplicación del artículo 78 bis. 
Por eso, la Comisión no está en disposición de admitir dichas enmiendas. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 0.10 horas 
Informe económico anual 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0102/99) del Sr. Fourçans, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, acerca de la economía de la Unión Europea a la llegada del euro: estímulo del crecimiento, del empleo y la estabilidad (Informe económico anual 1999). 
Señor Presidente, el objetivo del informe que hoy les presento, basándonos en el informe de la Comisión ejecutiva, es doble: primeramente, evaluar la situación económica; en segundo lugar, y sobre todo, proponer pistas de política económica en las que deberían basarse las famosas GOPE (grandes orientaciones de política económica). 
En primer término, la situación económica. 
No es un secreto para nadie: el crecimiento disminuirá en 1999; pero se mantendrá, a pesar de todo, por encima del 2 %. 
Por lo tanto: ralentización, pero no recesión; es importante subrayarlo. 
La crisis internacional tiene- y tendrá- repercusiones en nuestras economías, pero éstas son diferentes según los países. 
Por consiguiente, las medidas que deben tomarse internamente tendrán que adaptarse a estas situaciones. 
Eso supone que es imprescindible analizar cada vez más las interdependencias entre países, sobre todo ahora que tenemos una moneda única, al menos en la zona «euro». 
Y, a este respecto, señor Comisario, si bien pensamos que su informe es muy bueno, creemos que tendría que haber sido más y mejor elaborado respecto a las interdependencias entre países. 
Habremos de esperar al próximo año, señor Comisario. 
¿Cuáles son las implicaciones que pueden deducirse de esta situación en materia de política económica? 
¿Es necesario distender la consolidación presupuestaria, o incluso modificar el Pacto de Estabilidad? 
¿Y es necesario reducir los tipos de interés para reactivar la demanda, como se tiene tendencia a proponer sobre todo a su izquierda, al menos en esta sala, señor Presidente? 
¿O hay que seguir con la estrategia elegida desde hace varios meses y años, como se piensa más bien a su derecha, señor Presidente? 
Nosotros pensamos, Señorías, que la segunda estrategia es la buena, como, por otro lado, lo ha expresado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, en su votación del pasado 24 de febrero. 
Eso no significa- y debemos ser claros- que no necesitamos una buena policy mix, que la política macroeconómica no es importante. 
Naturalmente que lo es, pero nosotros consideramos que sería un grave error volver a las viejas recetas keynesianas, que ya han demostrado todas sus limitaciones. 
Es imprescindible continuar con la reducción de los déficit presupuestarios; estamos de acuerdo con usted, señor Comisario, sobre todo en los tres países- Alemania, Francia e Italia- que, por sí solos, representan- no hay que olvidarlo- el 75 % del PIB de la zona «euro». 
Es preciso realizar esta política sin aumentar los impuestos y las cargas- e incluso mejor, reduciéndolos-. 
Y si, además, se desean aumentar las inversiones públicas, como queremos- al menos en materia de capital humano y de investigación -, es evidente que no se podrá aplicar esta política, sin una reorganización de los gastos públicos. 
Esta consolidación presupuestaria es también esencial. Primeramente, para mantener unos tipos de interés bajos, que estimulan la demanda global, Señorías; y, en segundo lugar, para mantener la confianza de los consumidores y de los inversores, que también estimula la demanda global, Señorías que están a mi derecha en esta sala. 
Me referiré ahora a la política monetaria. 
¿El BCE debería bajar sus tipos de interés? 
Acabo de decir: en 1999, ralentización: sí; recesión: no. 
Esto es importante para pronunciarse sobre esta cuestión. 
Además, ¿hay deflación, como algunos pretenden? 
Creo que las cifras demuestran que no es así. 
La tasa de inflación parece haberse estabilizado aproximadamente en el 1 %; han bajado los precios de las materias primas y de la energía. 
¿Quién puede decir que estos descensos se mantendrán? 
Dicho esto, es de recibo una gran vigilancia, y si ocurriese que nos encontráramos en una situación de deflación, entonces el BCE debería reducir sus tipos de interés. 
Pero hoy no estamos en ese punto. 
Para concluir con este capítulo de la policy mix, debo precisar que las negociaciones salariales deben ser razonables y que el poder adquisitivo de los salarios debería evolucionar, grosso modo, conforme evolucionen los ingresos productivos. 
Y, desde esta óptica, aumentaría el poder adquisitivo de los salarios, lo que también contribuiría, Señorías, a estimular la demanda global. 
Como puede observarse, se necesita, pues, una buena política macroeconómica para garantizar el crecimiento y el empleo, pero sólo las reformas estructurales de fondo podrán reducir de manera duradera el desempleo. 
No abordaré este punto, que será tratado más detalladamente en el próximo informe sobre las grandes orientaciones de política económica. 
En pocas palabras, es imprescindible realizar reformas en el mercado de trabajo: reducción del coste del trabajo, sobre todo para los más desfavorecidos; mayor flexibilidad en dicho mercado. 
Es imprescindible una mejor inserción para los más desfavorecidos, es imprescindible realizar reformas en los mercados de bienes y servicios, realizar reformas en los mercados financieros, y estas reformas deben inscribirse en un todo coherente; y coherente, además, con la política macroeconómica, para que todas las medidas puedan reforzarse entre sí. 
Esta es la óptica, Señorías, en la que se sitúa el informe que les propongo. 
Una buena política macroeconómica, una buena policy mix acompañado de reformas estructurales de fondo coherentes, y todo ello basado en un período de tiempo ilimitado y no en una visión a corto plazo, en una especie de fine tuning que se intenta resucitar, como si la economía pudiese ajustarse como un reloj atómico, con una precisión de casi una millonésima de segundo. 
Sabemos muy bien que la economía no funciona de ese modo, y si no lo recordamos, ello podría acarrearnos muchas desilusiones. 
Espero, Señorías, que no tengamos una desilusión de este tipo. 
Aplausos 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Fourçans en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo por su excelente informe. 
Nos congratulamos de que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial haya adoptado varios puntos importantes de nuestra propuesta. 
Si pretendemos llevar a cabo una política monetaria común y garantizar la independencia del Banco Central es imprescindible que se proceda a una mayor armonización de las políticas económicas de los Estados miembros. 
Nuestra comisión no suscribe, sin embargo, la enmienda 19 que reclama la supresión del Pacto de Estabilidad. 
Nosotros, al contrario, defendemos una política equilibrada que no sólo conduzca a una moneda estable y una consolidación presupuestaria eficaz, sino que asimismo se ajuste a la necesidad de preservar el poder adquisitivo. 
Al igual que la Comisión de Asuntos Económicos somos partidarios de una política salarial orientada hacia la productividad. 
Cuando las retenciones sobre los salarios brutos producen un aumento de los beneficios y fomentan la inversión a raíz de una subida de los mismos no basta con dar las gracias a los empleados. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Sociales deben preverse modelos de carácter voluntario que permitan a los trabajadores participar en las ganancias y en el capital de la empresa. 
En vista de la lucha contra el desempleo recomendamos que se adopten medidas encaminadas a fomentar la creación de nuevas empresas y la puesta a disposición de capital riesgo, en particular para pequeñas y medianas empresas, así como el desarrollo de nuevos servicios y la capacidad de adaptación de las empresas. 
A este fin es fundamental que las empresas de toda Europa soliciten la colaboración de sus empleados, los mantengan debidamente informados y los llamen a consulta, brindándoles así la oportunidad de anticiparse a los cambios estructurales. 
Por último, quisiera subrayar que necesitamos una política activa y preventiva en el ámbito del mercado laboral, una formación profesional que permita a los jóvenes europeos hacer frente a las necesidades modernas, mayores posibilidades en el campo de la reconversión profesional, la educación permanente, la investigación y el desarrollo, así como inversiones en capital humano por parte de las empresas y los Estados miembros y a través de los programas europeos. 
Todo ello contribuye al mismo tiempo al fortalecimiento de la dimensión social y la competitividad de Europa en el mercado mundial. 
Señor Presidente, quisiera comenzar por felicitar al Sr. Fourçans por lo que considero un intento mejorado de presentar el informe económico anual de la Comisión. 
Digo «un intento mejorado» por que considero que el informe en sí mismo carece de imaginación- carece de imaginación en cuanto a cómo podemos mejorar las cifras de crecimiento estimadas; carece de imaginación en cuanto que hay que reconocer que constantemente hemos de revisar las cifras de crecimiento y no sabemos realmente qué hacer para intentar hacer crecer el empleo, el crecimiento y la inversión; carece de imaginación porque mientras acepta que en Europa tenemos un desempleo relativamente alto, hace poca cosa más que aceptar el hecho de que se están creando empleos pero que también se están perdiendo otros. 
El nivel de desempleo en Europa en este momento es el mismo que había cuando fui elegido para este Parlamento hace cuatro años y medio, y eso lo dice todo. 
No podemos imputar todo lo que funciona mal en la economía europea a la situación mundial. 
Pero los beneficios de la Unión Europea y del mercado único deberían significar que todavía podemos crear empleos de forma satisfactoria a pesar de lo que está ocurriendo fuera de las fronteras de la Unión Europea. 
El propio informe dice que la UEM es en sí misma una protección. 
La UEM no ha sido una protección. 
Desde mi punto de vista el mercado único por sí solo ha sido una protección. 
El hecho de que la mayor parte de nuestro comercio es interno ha supuesto una protección. 
Los criterios de convergencia han ayudado, desde luego, y hemos conseguido mantener cierta inversión gracias a políticas fiscales y presupuestarias consolidadas. 
Pero el euro no está aquí, está de prueba y no es necesariamente la solución de los problemas económicos de Europa. 
Esa es la razón por la que creo que este es un fallo del informe económico anual, porque lo que necesitamos es ver cómo podemos establecer políticas que generen empleo. 
El propio informe dice que la economía europea está actualmente acostumbrada a funcionar con un inadecuado nivel de empleo. 
Intenten decir esto a las miles de personas, que ciertamente hay en mi circunscripción, y a los millones de personas en toda la Unión Europea que están desempleadas. 
«Inadecuado» no es un término satisfactorio. 
Tenemos una mala situación internacional y de nuevo el informe menciona las previsiones de la Unión con una adecuada combinación de políticas. 
Adecuado e inadecuado, en mi opinión, no son unos términos especialmente apropiados. 
Mi preocupación, en términos políticos y de responsabilidad, es que la Comisión no ha sido capaz de utilizar el informe económico anual como un estímulo para la acción y como un insumo a las grandes directrices económicas. 
Los pactos de estabilidad y crecimiento son importantes, pero la inversión pública no debería ser incluida en esas cifras. 
Necesitamos más inversión privada, más empleos, más productividad y más crecimiento sostenido. 
El BCE tiene un importante papel, pero no sólo el BCE, sino también el Consejo, la Comisión y el Parlamento trabajando juntos. 
Necesitamos una respuesta coordinada. 
El informe económico anual no apela a tal respuesta. 
Señor Presidente, se ha dicho con frecuencia que la aparición del euro constituye el acontecimiento más importante desde la toma del Palacio de Invierno y eso, que es verdad en muchos aspectos, lo es mucho más en el tema que aquí estamos considerando. 
Las grandes orientaciones macroeconómicas, las orientaciones sobre empleo, de acuerdo con el procedimiento de Luxemburgo, y los informes sobre política estructural aprobados en Cardiff I y Cardiff II. Pero estos tres conjuntos de orientaciones están a su vez condicionados, predeterminados, limitados por los principios básicos que han inspirado el proceso de construcción europea: el principio del mercado interior, el principio mismo de la existencia de una moneda única que cierra para siempre el camino de la posibilidad de ajustar las economías acudiendo a la devaluación, el principio de una política monetaria única centralizada y cuya gestión se encomienda a un Banco Central independiente, y, finalmente, el principio de la política presupuestaria restrictiva, la consagración en términos bíblicos de la austeridad como virtud. 
Por eso, estas orientaciones tienen una enorme importancia para Europa en su conjunto y para cada uno de los Estados que la integran y mucho más cuando la política nacional es cuestionada en alguno de los grandes países. 
En estos últimos días hemos asistido a declaraciones por parte de los representantes del Gobierno alemán en que llegan a la conclusión de que la crisis en que actualmente nos encontramos es una crisis de demanda y una crisis en un contexto de estabilidad de precios, dos novedades importantes que, a su juicio, excluyen la posibilidad de que la terapia adecuada sean las reformas estructurales como hasta aquí se había sostenido siempre. 
La terapia, a juicio del nuevo Gobierno alemán, recuerda a las viejas recetas keynesianas que creíamos arrumbadas para siempre en el baúl de los recuerdos a partir de la crisis de 1973. 
Se postula desde el otro lado del Rhin una bajada de los tipos de interés, intentando influir sobre el Banco Central Europeo y se cuestiona el propio Pacto de Estabilidad. 
En nuestra opinión, la política que hay que hacer es justamente la contraria y éste, probablemente, será el gran debate de las elecciones europeas. 
Porque lo que el Gobierno alemán no dice, es que muchas de sus dificultades internas se deben a una subida en Alemania de los salarios muy por encima de la productividad y a una cierta alegría, una cierta vuelta a los días de vino y rosas, en materias presupuestarias. 
Una vez que hemos conseguido la estabilidad, los frutos son evidentes, al menos en mi país. 
Es necesario abordar las reformas estructurales para resolver el único problema que de verdad a todos nos interesa, el problema del desempleo. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a algo que ya ha dicho el Sr. Hendrick y es que llevamos cuatro años en el Parlamento y el desempleo es realmente tan elevado como cuando llegamos. 
Hemos analizado muchas veces el Libro Blanco sobre Crecimiento y Competitividad y hemos dicho siempre que debía llevarse a la práctica y, sin embargo, no hemos avanzado nada. De hecho, incluso estamos retrocediendo. 
Quiero señalar un aspecto al que ya se han referido otros oradores y es el comportamiento conservador de algunos países. 
Si analizamos, por ejemplo, la movilidad laboral y las posibilidades de las empresas para trabajar transfronterizamente, se observa que han surgido más barreras en lugar de desaparecer. 
Me he enterado hace poco de que el Gobierno alemán grava con impuestos extraordinarios a los trabajadores de las empresas que obtienen contratos en ese país. 
Lo encuentro escandaloso, señor Presidente, y creo que la Comisión Europea debe poner fin a este tipo de prácticas. 
Aparte de eso, los Estados miembros habitualmente organizan la seguridad social y el sistema impositivo de forma que incitan poco a los ciudadanos a trabajar en otros países. 
Si analizamos un país como América, donde la situación del empleo es mejor que aquí, precisamente la movilidad laboral influye mucho en el grado de prosperidad. 
Otro aspecto que todavía quiero mencionar es el capital riesgo. Lo he dicho aquí ya muchas veces. 
Esta semana hemos votado un informe sin debate, pero justamente el refuerzo del capital riesgo puede dar un firme impulso a las pequeñas empresas que empiezan. 
Las aseguradoras y los fondos de pensiones, por ejemplo, cuentan con grandes reservas y, en mi opinión, éstas no se han utilizado todavía de forma adecuada y ello porque aún no contamos con las reglas a ese respecto que deberíamos tener. 
Quisiera pedir que especialmente prestemos una amplia atención a estos asuntos en el marco de las directrices sobre empleo. 
Señor Presidente, el enfoque adoptado por el ponente respecto del informe económico anual de la Comisión de 1999 es completo y también razonable. 
El informe cubre un amplio espectro de cuestiones y hace algunas consideraciones muy importantes. 
En particular quisiera saludar el reconocimiento hecho a la política del gobierno irlandés respecto del desarrollo salarial. 
La Comisión dice, y cito: «los países miembros podrían aprender de la positiva experiencia de ciertos Estados miembros, en especial Irlanda y Holanda, donde continuos y moderados aumentos salariales durante más de una década han contribuido considerablemente a indices de desempleo mejorados. 
Ambos países también tienen en común que el oportuno comportamiento salarial estaba sustentado por acuerdos salariales tripartitos cerrados sobre una base de consenso y estaba acompañado por una reducción de la carga fiscal sobre el trabajo.» 
Mi temor es que los gobiernos europeos dominados por socialistas están empeñados en armonizar impuestos, en aumentar los niveles impositivos y encontrar nuevas formas de penalizar la industria y el empresariado. Queremos impuestos más bajos, no más altos, y queremos una atmósfera que favorezca la inversión económica y la creación de empleo. 
Aun hay un enorme y carísimo desequilibrio infraestructural en mi país. 
En ningún lugar de mi circunscripción en la periferia europea hay algo que se asemeje a las autopistas de clase M1 que una las diferentes regiones. 
Esto reprime las oportunidades y el crecimiento económico y empresarial. 
Tampoco tenemos ninguna autopista que nos una directamente con la Europa continental. 
No queremos penalizar a esta gente por usar los fondos estructurales sabia y abiertamente. 
Nuestro trabajo en cuanto a las infraestructuras se encuentra lejos de estar acabado. 
La regionalización es esencial para mi país; cualquier otra cosa nos retrasaría décadas e iría en contra de los objetivos del Tratado. 
Saludo el apoyo del Presidente Santer al Fondo de Cohesión. 
Las propuestas de la Agenda 2000 van en contra del Artículo 104c del Tratado lo que resalta el propio informe anual de la Comisión. 
Bajo este artículo los Estados miembros del área del euro deben evitar un déficit público excesivo, lo que apoyo. 
Bajo el pacto de estabilidad y crecimiento los déficits presupuestarios deben limitarse en circunstancias normales al 3 % del PIB, contemplándose sanciones, incluso multas para aquellos Estados miembros que rebasen este límite. 
Me satisface que la cofinanciación de los pagos agrícolas no se discuta. 
Esto hubiera conducido a la renacionalización y el desmantelamiento de la PAC. 
Cortando las contribuciones de los fondos estructurales a Irlanda, que hemos utilizado bien y por lo que no deberíamos ser penalizados, se produciría inmediatamente una gran presión sobre los presupuestos nacionales y se crearían déficits que provocarían multas que, evidentemente, exacerbarían las dificultades económicas. 
Insto a que se vuelva a reflexionar y a que se considere a mi país un caso especial. 
Señor Presidente, señor Comisario, la toma de posición del Parlamento sobre el informe económico que la Comisión presenta anualmente debería ser un momento privilegiado de reflexión sobre las grandes orientaciones económicas, evaluando las adoptadas y formulando opciones para el futuro a partir de nuestra evaluación. 
Y más aún debería serlo cuando la coyuntura exige que se revise de forma seria el camino que se ha seguido y el informe Fourçans incluso presenta diagnósticos lúcidos. 
Nuestro colega ha presentado un informe que, pese a la calificación técnica que reconocemos en su fondo, no puede satisfacer porque ni siquiera sigue ese camino ni las orientaciones que se han seguido. 
No vamos a insistir en algunos puntos conocidos de nuestra discrepancia por lo que se refiere al neoliberalismo y a los excesos de limitaciones presupuestarias, pero destacamos el aspecto que resulta de un funcionamiento del mercado laboral que va continuamente contra los trabajadores, como si fueran la causa de todas las dificultades. 
Adelgazamiento de las empresas- lo que quiere decir más desempleo- y moderación salarial, y, sobre esa perspectiva, el informe Fourçans refleja la opción de que la economía olvide lo social o lo recuerde por malas razones, es decir, agravando las situaciones. 
Por nuestra parte, además de la participación en la Comisión de Asuntos Económicos, en la que el informe resultó muy controvertido y fue aprobado por escaso margen, presentamos enmiendas que quisiéramos ver aprobadas, no por cambiar el informe o tener veleidades de que modificarían el rumbo macroeconómico, sino porque reducirían algunos de sus perjuicios. 
Así, subrayamos la necesidad de 
concretar vías tendentes a la reducción del horario laboral sin pérdida salarial, sino como forma de responder al aumento del desempleo, -formular una política presupuestaria que estimule el crecimiento y el empleo, garantizando sobre todo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, -tener en cuenta la importancia de los Fondos estructurales y de las redes transeuropeas en el marco de un esfuerzo e inversión pública en infraestructuras y formación de los recursos humanos, -crear un impuesto sobre movimientos de capitales especulativos, con lo que se contribuiría eficazmente a la estabilidad, a lo que se asociarían mecanismos o fondos de estabilización monetaria, -y, por último, acabar con el dogma del Pacto de Estabilidad, que debería ser substituido por una actitud o un pacto de crecimiento y de empleo. 
Señor Presidente, ¿cómo vamos a poder proseguir nuestro camino si nuestra política económica actual, que se centra exclusivamente en la oferta, no da más de sí? 
Debemos fomentar la demanda, el poder adquisitivo, la demanda interna. 
Ello significa que es necesario dar prioridad a la política regional. El fortalecimiento de las regiones es sinónimo de estabilidad real. 
Resulta imposible crear estabilidad a través de una economía orientada hacia la exportación. 
Ya lo hemos intentado y no ha surtido efecto. 
No aprovechamos, al contrario, las posibilidades que se nos abren para hacer frente a la recesión económica. 
Disponemos de un enorme potencial. Las nuevas tecnologías, el medio ambiente, la racionalización del uso de la energía son campos que ofrecen grandes oportunidades de crecimiento y de empleo. 
Y simplemente no los consideramos por ser algo nuevo y, por tanto, desconocido. 
En segundo término, no tenemos el valor de admitir que se han cometido errores, de reconocer que las crisis financieras internacionales pueden gestionarse, que se pueden prevenir y que pueden ser evitadas, siempre y cuando la política económica exterior coordine la política económica con la política social. 
Y no me refiero únicamente a la UE, sino también a la política llevada a cabo por el FMI. 
Pensemos por ejemplo en la crisis de Albania o en lo que ha sucedido en Bulgaria. 
Todo ello es debido a que el FMI, en el momento de evaluar los países que se hallan en fase de transformación, deja de lado importantes criterios de la política social. 
A este respecto quiero añadir que, evidentemente, existe la posibilidad de influir de forma decisiva en las especulaciones de divisas, otro factor de inestabilidad. 
Para ello solamente hemos de introducir el impuesto Tobin. 
Es un impuesto estabilizador que no sólo aportará estabilidad a los países de otras partes del mundo, sino que, debido a su efecto retroactivo, también creará estabilidad en Europa. 
Lo único que les puedo decir es que debemos cambiar de rumbo. 
Mi alternativa consiste en pedirles que nuestras enmiendas sean incorporadas en el informe para que así al menos presente algunos impulsos nuevos y respire otro aire, de tal forma que, de cara al exterior, no deje lugar a dudas sobre nuestro compromiso con la lucha contra el desempleo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el euro crea entre once de nuestros países una solidaridad económica de hecho. 
Sin embargo, esto no borra con un toque de barita mágica las graves disparidades estructurales que coexisten en el seno de la Unión, y la hacen particularmente sensible a los choques asimétricos, que en cualquier momento pueden hacer resurgir los egoísmos nacionales y las tentaciones nacionalistas. 
Esto es sobre todo evidente cuando el contexto internacional se muestra indeciso y conoce, además, constantes crisis financieras en la mayoría de las regiones del mundo. 
Las respuestas individuales de nuestros gobiernos se han esforzado en contrarrestar estas sensibilidades económicas locales, y han coordinado ampliamente, durante los últimos años, sólo sus objetivos económicos y presupuestarios generales. 
Evidentemente, esto no es suficiente. 
Es imprescindible abordar ahora, con claridad, la coordinación global de los objetivos sociales y de los objetivos fiscales, ya que estos dos componentes de la organización de la sociedad europea representan las dos grandes variables de reajuste recíproco de nuestras actividades. 
Estos componentes crean entre nuestras economías factores de tensión capaces de agravar sobremanera los choques asimétricos, que destruyen nuestra cohesión. 
No obstante, en el marco de estos objetivos sociales y fiscales comunes, no se puede limitar la autonomía de respuesta de nuestros gobiernos; del mismo modo que las grandes empresas saben hoy perfectamente que una mayor autonomía de sus componentes les garantizan diariamente una mejor capacidad de respuesta. 
Más allá de esta coordinación general a largo plazo de nuestros objetivos sociales y fiscales, que de por sí son extraordinariamente difíciles de alcanzar- pero que debemos llevarlos a cabo sin ceder, en provecho de la vitalidad de la democracia europea -, hay que añadir, como lo sugiere el ponente, un programa de inversiones públicas. 
Desde las antiguas propuestas del Presidente Delors, pensamos que ello es imprescindible, sobre todo respecto a las grandes infraestructuras de transporte de bienes, de personas y de información, que en el futuro ayudarán mucho a estructurar, ordenar y delimitar el espacio europeo. 
Pero hoy el refuerzo de los fondos de capitales de riesgo sigue siendo una necesidad primordial. 
Con estas reservas, aprobaremos en sus líneas maestras el informe Fourçans, aunque criticamos cierta falta de inspiración al informe económico de la Comisión. 
Señora Presidenta, el informe económico anual afirma que la entrada del euro se ha producido en un momento en el que las economías de los países miembros son demasiado diferentes entre sí. 
Para remediar este problema se propone que la UE establezca una nueva cultura- o con palabras más sencillas- una homogeneización de políticas fiscales, monetarias y salariales y una reforma del mercado laboral. 
Los déficits públicos deben reducirse sin aumentar impuestos ni tasas. 
De hecho, también éstos deben reducirse. 
Lo que en el caso de Dinamarca significaría que habríamos de recortar las prestaciones sociales financiadas a través de los impuestos. 
Esta nueva cultura así llamada enlaza muy bien con las palabras de la Presidencia alemana sobre que el euro no es ante todo una herramienta económica sino más bien una herramienta política que transfiere uno de los ámbitos más importantes del derecho de autodeterminación del estado nacional a la Unión. 
Las recomendaciones hechas para que se reduzca el déficit presupuestario y se aumenten las inversiones públicas chocan claramente entre sí. 
El Consejo Profesional del Movimiento Obrero danés ha llamado la atención sobre el hecho de que ha sido la reducción del déficit la que reducido a la mitad las inversiones realizadas en Dinamarca. 
Ésta es también la causa de unas tasas récord de desempleo en la UE. 
El Movimiento de Junio no puede abolir el euro; sin embargo, votamos en contra del informe. 
Señora Presidenta, nuestro ponente ha tenido el mérito de poner de relieve varios puntos que habitualmente censura el pensamiento único europeo. 
Los considerandos C y F, por ejemplo, sobre los choques asimétricos que amenazan la zona «euro» , evidencian un verdadero problema para los próximos años. 
En el considerando I, el ponente indica, con razón, la persistente y elevada tasa de paro. 
En los apartados 21 y 23, denuncia los déficit públicos y el elevado peso de los impuestos y de las cargas en Europa. 
En los apartados 28 y 41 insiste en la necesidad de disminuir el coste del trabajo, actuando sobre las cargas, si se quiere reducir la tasa de paro. 
En los apartados 44 y 49, menciona las posibles perspectivas de deflación y de ralentización del crecimiento y señala que las previsiones de crecimiento en Europa se han revisado a la baja. 
En el apartado 48 exige, con razón, el estudio de supuestos de política económica variados, para comprender mejor la evolución de la situación económica. 
De hecho, nosotros compartimos todos estos análisis, pero lamentamos que el ponente no haya sido capaz- seguramente por razones políticas- de decir que la mayoría de los errores indicados en el marco del análisis económico proceden, de hecho, de una ideología, la ideología socialista, que hoy predomina en Europa occidental. 
Esta ideología es responsable sobre todo del elevado nivel de los impuestos y de las cargas, de los déficit públicos y del paro. 
Todo ello está ligado, en gran parte, al clima de desánimo que afecta al espíritu empresarial en Europa, a la inversa de lo que ocurre, por ejemplo, con nuestro gran competidor norteamericano. 
Por eso es por lo que el Informe Fourçans aporta una crítica desde el punto de vista del análisis económico, a la que hay que añadir una crítica política, sin la cual no se podrá encontrar una vía mejor para luchar contra la persistencia del paro. 
Señora Presidenta, desde 1994, el debate sobre el informe económico anual, que está estrechamente relacionado con las orientaciones básicas de la política económica, siempre nos lleva a la pregunta de si realmente estamos haciendo todo lo posible a escala europea para combatir el desempleo y para fomentar las inversiones y el crecimiento. 
En los últimos años nos hemos contentado con aplicar viejas recetas y, de hecho, va siendo hora de que emprendamos nuevos caminos. 
Debemos buscar nuevas vías a fin de agotar todas las posibilidades en materia de empleo y lograr un crecimiento que permita afianzar los logros obtenidos al respecto. 
Es un error atribuir el desempleo exclusivamente a factores estructurales porque en la Unión Europea el desempleo coyuntural se ha convertido en desempleo estructural consolidado en muy poco tiempo. 
Por eso, es fundamental que nos empeñemos en poner en marcha el motor del crecimiento, siendo ésa la única manera de evitar que el nivel de desempleo siga aumentando. 
El espacio económico europeo tiene problemas. 
Para solucionarlos debemos elaborar un plan de acción. 
El informe económico anual sienta las bases para ello. 
Sería positivo que la Comisión se decidiera por fin a invitar a expertos independientes a que expusieran su punto de vista sobre la situación económica de la Unión Europea, tal como se hace en muchos Estados miembros. 
Gracias a estas consultas, dispondríamos de una información más completa que nos permitiría formular propuestas más apropiadas. 
Porque si algo hay que hacer es elaborar propuestas. 
Y, por fin, la Comisión admite que Europa no es ajena a las crisis que afectan a otras regiones del mundo, que no es una isla de tranquilidad, paz y estabilidad en medio del huracán, algo que el Parlamento ya lleva afirmando desde hace dos años. La realidad es otra. 
Y en este contexto debemos actuar como Unión Europea y estaremos en condiciones de hacerlo a partir del momento en que sentemos en una misma mesa a todas las partes involucradas con objeto de que armonicen sus respectivas políticas y creen en la Unión Europea unas condiciones macroeconómicas favorables. 
No podemos olvidar que la coordinación política es una de las fórmulas mágicas en las que se fundamenta el éxito norteamericano en materia de crecimiento, inversiones y empleo. 
Debemos averiguar por qué nos hallamos de nuevo en una fase de recesión a pesar de que la inflación alcanza mínimos históricos e incluso podría decirse que prácticamente ha desaparecido. 
Hemos de preguntarnos cómo es posible que el mayor desarrollo económico y las buenas condiciones generales orientadas al fomento de la oferta no haya estimulado la economía privada y la inversión. 
Ahí está el problema clave. 
Es en este ámbito donde los diferentes actores económicos han de ponerse de acuerdo. 
A este respecto creo que los esfuerzos de los sindicatos que se tomen en serio su trabajo han de ser reforzados por la política monetaria que, de una vez por todas, ha de asumir la función que le corresponde y que le atribuye el artículo 105 del Tratado de Maastricht. 
Es la condición previa para que podamos emprender nuevos caminos y poner en práctica proyectos en materia de infraestructura a escala europea. 
Necesitamos la colaboración de todas las personas involucradas, no solamente de los ministros de Hacienda. 
Necesitamos de la política monetaria, necesitamos a los interlocutores sociales y también es imprescindible que la Comisión y el Consejo se arriesguen a llevar a cabo una modernización de la política en materia de infraestructura a fin de fomentar las inversiones y estimular la creación de empleo con la ayuda de los actores económicos públicos y privados. 
Señora Presidenta, el informe anual de la Comisión es un documento digno de mención, que abarca toda la actividad económica de la Unión en un marco internacional; y lo que hace el Sr. Fourçans en su informe, muy logradamente, es dar un carácter dinámico y tomar determinadas posturas políticas, algo muy útil y beneficioso. 
Para empezar, quiero hacer una observación en cuanto a los comentarios sobre la introducción del euro a principios de año. 
Yo esperaba un análisis algo más detallado, pero claro, como el informe se presentó el 20 de enero, no podía, entonces, tomar posturas. 
De todas formas, señora Presidenta, creo que nos debemos ocupar mucho más de este tema y que, aunque nadie puede ignorar su importancia, no podemos utilizar la estabilidad monetaria como un fin en si mismo. 
La estabilidad monetaria es parte de una política más general, y la experiencia ha demostrado que, cada vez que utilizamos una política económica, y aún más, una política financiera que tiene un fin único y que ignora las consecuencias en otros sectores de la economía, los resultados no son muy positivos. 
El elemento dinámico, pues, es imprescindible y tenemos que olvidarnos de esta fijación estéril en soluciones mecánicas de los problemas económicos, y ver de qué manera podemos llevar a cabo la combinación de políticas, la policy mix, para que refleje los fenómenos dinámicos. 
Si no hacemos esto, señora Presidenta, mucho me temo que nos vamos a quedar al descubierto ante las encantadoras sirenas políticas, que, a pesar de toda su experiencia, insisten en solucionar problemas estructurales clásicos de las economías con medidas anticíclicas. 
Yo no creo que una reducción de los intereses en un 0, 25 % sea tan básica como para cambiar el flujo de la economía en Europa. 
Tampoco creo que sea muy constructivo intentar solucionar problemas económicos, que son exclusivamente internos de una economía, intentando establecer situaciones equivalentes a nivel europeo. 
Por eso, señora Presidenta, diría que debemos buscar la manera de utilizar el euro como un instrumento de desarrollo económico, que no debemos dejar que pierda su fuerza y, principalmente, que utilizándolo, no intentemos solucionar otros problemas provisionalmente, sin pensar a largo plazo, que es lo que todos debemos intentar; porque todos sabemos que la solución del paro, que es el problema principal de la economía europea, no lo podemos solucionar casual, anticíclica y provisionalmente; sino que hace falta una solución estructural radical. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Comisión muchas gracias por el claro informe y también al Sr. Fourçans por los comentarios que ha incluido. 
Creo que ahora que operamos por primera vez en el marco del euro, es comprensible que discutamos aquí ampliamente en una circunstancia algo particular. 
El Sr. Hendrick ha señalado que nuestro problema más grave, el paro, realmente no ha disminuido en los últimos años en la Unión Europea. 
Esto tampoco es verdaderamente asombroso, especialmente si repasamos el último año y medio en el que las tres Presidencias han sido Presidencias socialistas de un Primer Ministro y dos Cancilleres Federales. 
Las recetas que hasta ahora se han presentado, entre otras, también por la actual Presidencia conforme a las premisas del Sr. Lafontaine: más inversión por parte de las autoridades, más enfoque keynesiano, menos atención, entre otras cosas, a lo acordado respecto del pacto de estabilidad, no son en absoluto compartidas por los liberales. 
Debemos constatar que del análisis de la Comisión y también de las observaciones que el Sr. Fourçans ha realizado, se desprende que principalmente los países que en los últimos años han hecho el mejor uso posible del crecimiento, que han adoptado disposiciones estructurales, que han logrado disminuir el déficit presupuestario han tenido éxito tanto en el plano del empleo como en cuanto a la reducción de la deuda pública y se han colocado en una situación que también les permite poder tener éxito en el futuro. 
De todos modos, nos parece insuficiente, y me dirijo al Comisario, lo que ahora aparece en los programas de convergencia de los tres países más grandes. 
Son demasiado optimistas. 
Si vamos a hablar ahora de las directrices económicas generales es necesario- quizá pueda la Comisión señalar de nuevo cómo puede fomentarlo- que las Administraciones nacionales se ocupen de que se adopten planes estructurales en los que empresarios, trabajadores y Administración acepten su responsabilidad y logren un plan que no esté limitado a una parte, es decir, a la propia Administración. 
Señora Presidenta, existe la ingenua creencia de que el euro nos va a librar de todos los problemas económicos, y va siendo hora de que despertemos de este sueño. 
Sabemos que el euro está cayendo, que su curso es demasiado elevado; el euro se está depreciando frente al dólar, pero también lo está haciendo respecto a la modesta corona sueca, lo cual no deja de ser un dato bastante llamativo. 
En las actividades financieras se está dejando el euro a un lado, en beneficio del dólar. 
Así pues, es necesario lograr la estabilización del euro a unos niveles más reducidos. 
¿Por qué está ocurriendo todo esto? 
En primer lugar, porque las restricciones a las que se ven sometidos los países impiden una política coyuntural activa y una política ofensiva por parte de estos Estados miembros en materia de crecimiento y empleo. 
En segundo lugar, existe una escisión de poder en el ámbito de la política económica entre, por un lado, un banco central que no asume ninguna responsabilidad y no está sometido a ningún control desde un punto de vista democrático y, por el otro, los respectivos Gobiernos. 
Esta escisión dificulta la adopción de una política consecuente y solidaria. 
En tercer lugar, las exigencias de armonización de la política económica entre los distintos países son equivocadas. 
Habida cuenta de las diferencias existentes entre las economías y las estructuras de los distintos países, éstos deberían poder variar su política si se quiere alcanzar un mismo objetivo de carácter común. 
Si por el contrario, se obliga a estos países a practicar la misma política a pesar de sus diferencias, ello dará lugar a que se agraven aún más estas diferencias, lo cual, en la practica, será una causa de inestabilidad. 
La convergencia en el plano político es motivo de incoherencia en el plano económico. 
Por el contrario, la variedad en la política económica sí podría conseguir en un futuro la convergencia real de las economías. 
La experiencia nos demuestra que todos los sistemas con tipos fijos de cambio o que los grandes sistemas con una moneda única se ven abocados, antes o después, a la crisis. 
Así ocurrió en 1931, y así fue también en 1992. 
Lo que necesitamos es una cooperación en el ámbito monetario con tipos de cambios variables que puedan hacer frente a las transformaciones económicas con arreglo a un orden y a unos acuerdos. 
Y junto a esto necesitamos también una política coyuntural activa por parte de los Estados miembros y un control efectivo del movimiento de los capitales financieros. 
Señora Presidenta, nada nuevo bajo el sol. 
También ahora con el euro, los objetivos principales de la política económica son el crecimiento, el empleo y la estabilidad. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
No obstante, sí me sorprende una observación importante e incompatible, es decir, que la estructura y el funcionamiento de la economía europea se han modificado profundamente por el proceso de convergencia. 
Si esto es así, sobran todas las palabras relativas al problema del elevado desempleo. 
El fomento del empleo fue también el objetivo de la creación del mercado interior en 1992. 
Nada nuevo, por tanto. 
Tampoco podemos esperar que la UEM resuelva la situación. 
El medio genérico de coordinación de las políticas, un medio que la Comisión recomienda como panacea, no funcionará. 
Las causas del desempleo son estructurales y las soluciones deben proponerse en el nivel regional específico. 
La actual crisis financiera internacional muestra las debilidades de la UEM. 
Resulta curioso que precisamente los tres países más grandes de la UEM tengan dificultades y no puedan respirar dentro de su encorsetamiento. 
Quien se sorprenda de esto, debe leer las Actas de mayo de 1998. 
Entonces ya estaba claro que Francia e Italia no cumplían de forma estructural los requisitos de la UEM. 
Que la Comisión insista en la continuidad de las reformas estructurales y en la moderación salarial es correcto, pero demasiado tarde. 
Esto tampoco es nuevo. 
Por otra parte, estoy de acuerdo en grandes líneas con la resolución tal como está formulada en este momento. 
No obstante, las 22 enmiendas presentadas son inaceptables para nosotros. 
Espero que el Parlamento rechace todas. 
Señora Presidenta, el informe que se discute hoy tiene una gran importancia pues, en efecto, se trata de establecer por anticipado lo que en adelante será la postura de la Comunidad, la postura de la unión de nuestros pueblos, del desarrollo futuro. 
No hay ninguna duda de que la llegada del euro, tras un momento de euforia, propició una etapa de profunda reflexión, debida incluso a ese desarrollo que habíamos anticipado y que, en cambio, no se produjo: un desarrollo que en nuestros pueblos, consideradas las tradiciones de trabajo que los definen, estaría dentro del orden natural de las cosas. 
Pero, para llegar a este punto, tuvimos que desarrollar políticas restrictivas que han proyectado un impacto negativo sobre el empleo. 
Por consiguiente, de aquí en adelante el gran esfuerzo de los gobiernos, el gran esfuerzo de las economías, y por tanto de los empresarios y los trabajadores, debe encaminarse a poner otra vez en marcha un proceso que permita un desarrollo económico y, en consecuencia, un desarrollo del empleo. 
Nosotros, los europeos, estamos extremadamente orgullosos de nuestras tradiciones, creemos en el mercado libre, pero consideramos que es un deber salvaguardar las características de nuestro sistema económico, que no son las de un sistema absolutamente despiadado y de una libertad que llegara a veces a lindar con actitudes extremadamente irresponsables respecto de quienes son más vulnerables dentro del sistema social. 
Tenemos una tradición de desarrollo respetuosa de las condiciones de la sociedad y, por tanto, respetuosa de las necesidades de todos: un desarrollo equilibrado que, quizá, en un principio podrá parecer más lento pero que, al fin, dará los debidos resultados. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es evidente que el informe económico anual reviste mayor importancia desde que participamos en la zona «euro». 
El mismo constituye el medio para definir planes de acción en el ámbito europeo, ya que todos sabemos que no resolveremos el problema del paro, sin un crecimiento fuerte. 
Ahora bien, ¿de qué modo puede aplicarse una política de crecimiento en el plano europeo? 
Desde este punto de vista, creo que el informe del Sr. Fourçans es un buen informe, que merecería se le completara con algunas de las enmiendas que hemos presentado oportunamente. 
Primeramente, es imprescindible desarrollar la inversión mediante la cooperación entre el sector público y el privado; es imprescindible realizar, por fin, esas grandes obras de las que hablamos desde hace largo tiempo. 
Quizá deberemos revisar la lista que inicialmente habíamos considerado, quizá deberemos hacer mayor hincapié en nuevos sectores, como las nuevas tecnologías de comunicación, las viviendas sociales o los transportes urbanos, factores a la vez de crecimiento y de creación de empleos. 
Quizá también deberemos pensar que se requieren reformas estructurales. 
Éstas sólo serán posibles con el crecimiento. 
Por lo tanto, no es suficiente hablar simplemente de reformas estructurales para resolver los problemas de empleo, sin hablar de crecimiento. 
Para desarrollar este crecimiento deberemos también, indudablemente, aplicar una nueva política fiscal, y el informe del Sr. Fourçans ha integrado, con razón, algunas de nuestras enmiendas sobre el tipo reducido de IVA. 
Creo que es una buena pista. 
Ello supone, por encima de la actual situación en la Unión Europea, una mayor armonización fiscal, respetando cierto código; puesto que si sólo realizamos una armonización fiscal para reducir el margen de maniobra de los presupuestos nacionales, no ganaremos la batalla contra el paro. 
Necesitamos reajustar la fiscalidad en favor del trabajo. 
También necesitamos, como nos lo proponen algunas de las enmiendas presentadas por mi Grupo, un reajuste de la política monetaria. 
Entendemos perfectamente el período que atravesamos, en que se está llevando a cabo la estabilización de la autoridad y de la legitimidad del Banco Central: se trata de una nueva institución, y debe encontrar su sitio. 
Sin embargo, debemos atenernos estrictamente al Tratado. 
Ahora bien, el Tratado dice claramente que, una vez que se logre la estabilidad de los precios, la política monetaria debe contribuir a la realización de los demás objetivos principales de la Unión, entre los que evidentemente se encuentra el empleo. 
Y, luego, en cuanto a los instrumentos, señora Presidenta, dos palabras para insistir, simplemente, en la necesidad de un enfoque coordinado de las grandes orientaciones políticas y económicas, así como de las líneas directrices en materia de empleo. 
Para ello necesitamos ampliar nuestra reflexión sobre el funcionamiento del diálogo social, a menos que la coordinación entre los Consejos y las diferentes políticas de la Unión se convierta en papel mojado. 
Finalmente- último elemento -, considero que habríamos preferido que, este año, en el informe económico anual se hubiera llevado a cabo una mayor reflexión sobre los diferentes supuestos económicos posibles. 
Espero, para que mi Grupo pueda aceptar el informe del Sr. Fourçans, que esta Asamblea acepte algunas de las enmiendas que hemos presentado. 
Señor Presidente, frente a un paro cuyo componente estructural se estima aproximadamente en el 80 % -a pesar de lo que diga la Sra. Randzio-Plath -, la lógica exigiría que nos dedicáramos sobre todo a las reformas estructurales. 
Ahora bien, no seamos ingenuos, se trata de un problema político. 
Hoy para llegar al poder no hay que hacer una política estructural. 
Quienes lo hicieron, fueron todos eliminados. 
Quienes han llegado al poder, han prometido remedios fáciles. 
Es lo que vemos actualmente. 
Es mucho más fácil reducir el tipo de interés, aumentar el gasto público, no tocar las cuestiones complejas, como son la formación de la mano de obra, la reducción del coste del trabajo, etcétera. 
Así pues, el desacuerdo que existe entre nosotros no se sitúa en el plano científico o económico- a pesar de lo que diga el Sr. Katiforis-. 
Todos los grandes expertos están de acuerdo en ello. 
No se trata de una lucha entre economistas, sino de una lucha en el plano político. 
Por lo tanto, políticamente es mucho más fácil aplicar una política macroeconómica, en lugar de realizar una política estructural. 
¡Y eso es lo que nos divide! 
La Sra. Randzio-Plath, que siempre menciona el éxito de la economía norteamericana, hace exactamente lo contrario de lo que hacen los norteamericanos, ¡exactamente lo contrario! 
Ella alaba la prudencia del Federal Bank. 
El Federal Bank tiene un presupuesto federal que arroja un superávit, el mercado de trabajo está dotado de una fluidez total. 
Los costes de trabajo son inferiores en un 25 ó 30 % a los nuestros. 
¡Y la Sra. Randzio-Plath se sorprende de que en los Estados Unidos las cosas vayan bien y de que aquí no! 
Seamos, pues, realistas, seamos honestos con nosotros mismos. 
Las políticas que tienen éxito contra el paro no son populares, son políticas a largo plazo, y por eso en Europa no las practicamos. 
¡Es muy simple! 
Aplausos 
Señora Presidenta, debo empezar diciendo que no compartimos las propuestas de la comunicación de la Comisión con que presenta el Informe Económico Anual 1999. 
La comunicación de la Comisión, que es el punto de partida para el establecimiento de las grandes líneas de orientación económica, parte de un análisis que, a nuestro juicio, no puede ser compartido. 
El título de la comunicación es «La economía de la Unión Europea con la llegada del euro: fomentar el crecimiento, el empleo y la estabilidad». 
He buscado en la comunicación dónde está ese estímulo al crecimiento, al empleo y a la estabilidad. 
Existe ciertamente una satisfacción por la estabilidad, pero no encontrarán ustedes en ninguna parte el estímulo al crecimiento ni el estímulo al empleo. 
La economía europea, después de dos años de crecimiento, por otra parte no excesivamente alto, se encuentra actualmente en una situación de pausa. 
Podemos discutir si es el prólogo de una recesión o si es simplemente una ralentización, pero los datos son ciertamente preocupantes. 
Las tres principales economías de la Unión Europea, que ocupan el 75 % del Producto Interior Bruto de la zona euro, están en la siguiente condición: la economía alemana ha tenido un crecimiento negativo en el último trimestre del año pasado; la economía italiana tiene un crecimiento muy débil durante los dos últimos años, por debajo del 1, 5 %; y la economía francesa está en trance de revisar las perspectivas de crecimiento para este año, aunque es la que está creciendo mejor de las tres. 
Existe pues un riesgo real para la economía europea, incluso, si me lo permiten, para la economía mundial. 
Con prácticamente la totalidad del mundo, excepto Estados Unidos y la Unión Europea, en recesión, un eventual parón en el motor europeo- y no digamos nada de un parón, que es posible también, en el caso americano -, tendría consecuencias de catástrofe para la economía y para la situación mundial. 
En esta situación, podemos discutir sobre si el desempleo es estructural o es coyuntural. 
Lo que está claro es que al menos a corto plazo, incluso a medio plazo, sin una política que estimule fuertemente el crecimiento, el desempleo seguirá en cotas que son inadmisibles para nuestras sociedades. 
¿Qué es lo que nos dice en relación a esto la Comisión? 
Pues después de hacer un análisis muy satisfactorio sobre la situación de estabilidad, nos dice que existe una situación favorable desde el punto de vista de la estabilidad monetaria y que estos efectos positivos podrían estimularse mediante un mayor perfeccionamiento de la policy mix- así se dice en la página 39. 
Pero vamos más adelante, a la página 67 y se nos dice: «La brecha de producción en la zona del euro sigue siendo incontestablemente negativa, debido a la existencia de capacidad de producción inutilizada y a la gran atonía del mercado de trabajo». 
Sin embargo, se continúa: «En cuanto a la política presupuestaria, en 1999 se espera una reanudación de la gradual reducción estructural de los déficit presupuestarios». 
No estamos de acuerdo, aun a riesgo de ser acusados de keynesianos, con este planteamiento. 
Compartimos, más bien, el de otro informe que acaba de aparecer «Rapport sur l 'état de l' Union Europeénne» , dirigido por Jean-Paul Fitoussi, en el cual leemos lo siguiente: «Nada indica que nos encontremos ante una situación de relajamiento excesivo de las políticas presupuestarias. 
Parece, más bien, que el carácter excesivamente restrictivo de la política monetaria ha sido ampliamente responsable del aumento de los déficit públicos en la zona del euro en el curso de los años ochenta e incluso en el principio de los años noventa». 
Los Gobiernos tienen interés en cooperar manifiestamente, de manera más sistemática, en el seno del Consejo del euro, con la finalidad de elaborar la mejor armonía posible entre la política monetaria y las políticas presupuestarias. 
Esto es lo que estamos esperando, una acción decidida en el seno del Consejo del euro para relanzar, incluso a través de la política presupuestaria, el crecimiento que actualmente nos falta en Europa. 
Señora Presidenta, hay que contrarrestar esta tendencia al flip-flop psicológico de los análisis y las perspectivas económicas. 
Se pasa demasiado fácilmente de la eurofobia al euroescepticismo y viceversa. 
Se oscila entre el optimismo de los consumidores y las dudas de los industriales. 
Sí, debemos estar atentos a los peligros de deslizamiento económico que procede tanto del exterior como del interior de la propia Unión Europea. 
Pero el mensaje que este Parlamento debe transmitir a los pueblos y a los gobiernos no debe ser de pesimismo, sino de rigor y de exigencia con ellos mismos. 
A pesar de todo, 1999 va a ser un año de crecimiento económico en el espacio comunitario. 
Puede ser un 2 %, puede ser un 2, 5 %, pero será un crecimiento. 
Y el verdadero éxito será influir en dicho crecimiento para que cree empleos. 
Debe haber lucidez para fortalecer la coordinación de las políticas presupuestarias, salariales y monetarias. 
Debe haber valor para evitar toda y cualquier tentación desviacionista que ponga en entredicho el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La credibilidad de este pacto es el mayor garante de los tipos de interés bajos a largo plazo y de una inflación controlada. 
Hay un esfuerzo colectivo por lograr la participación de los interlocutores sociales en la coordinación de las políticas salariales y de los Gobiernos de los Estados miembros en la aceleración de las reformas estructurales necesarias y en la superación de sus propios programas de estabilidad, en los que los objetivos de control presupuestario son minimalistas, pero, a pesar de todo, van encaminados al equilibrio, tal vez al superávit en el año 2002, a más tardar. 
Los gastos públicos de inversión en los quince países de la Unión representaban el 3 % del PIB en 1991. 
Desde entonces ese ratio no ha cesado de bajar y en 1998 se situó en tan sólo el 2, 1 %. 
Relanzar las redes transeuropeas, apostar por la educación, la formación y la sociedad de la información puede contribuir a invertir esta situación. 
Al mismo tiempo, hay que reducir la carga fiscal que recae sobre el trabajo y reducir los déficit presupuestarios. 
Ese tipo de noticias, recomendaciones y previsiones es el que se espera de las grandes orientaciones económicas prometidas para el próximo 30 de mayo. 
Crecimiento, empleo y estabilidad son las palabras mágicas en el discurso político contemporáneo. 
Y esa estabilidad comienza dentro de Europa, aun teniendo como fondo las crisis financieras de Rusia, del Asia sudoccidental, de América Latina o el recalentamiento de la economía americana. 
Es hora de mantener la serenidad en medio de la tormenta. 
Señora Presidenta, en su interesante informe el Sr. Fourçans pone de manifiesto los principales temas de la política económica europea. 
Se pronuncia a favor de una política monetaria orientada hacia la estabilidad y una sólida política presupuestaria. 
Su punto de vista merece nuestro más sincero apoyo. 
Compartimos su preocupación por los niveles actuales y previstos para 1999 de los déficit públicos de Alemania, Francia e Italia, superiores o equivalentes al 2 % del PIB. 
En caso de crisis, este hecho podría acarrear graves consecuencias para los socios más pequeños habida cuenta de la importancia económica de los países anteriormente mencionados. 
Por falta de tiempo solamente puedo resaltar tres de las numerosas propuestas con las que me identifico. Se trata del deseo de fomentar las inversiones en los ámbitos de la investigación, la formación en general y la formación profesional inicial y permanente en particular, el deseo de reducir el consumo de las fuentes de energía no renovables al tiempo de desarrollar las nuevas tecnologías, así como la necesidad de disminuir los costes laborales sin que peligre la financiación de la seguridad social. 
Señora Presidenta, ante todo quisiera hacer una puntualización en cuanto a la economía americana; señor Herman, en 1992 América estaba en crisis, y no salió de la crisis relajando los reglamentos, porque los reglamentos en América ya eran relajados, y tampoco existía la regulación del mercado que usted dice que es un obstáculo para la economía europea. 
América salió de la crisis del 92 y adquirió este impulso con los déficit de Reagan. 
Estos son algunos hechos que, si quiere usted ser tan realista, no puede ignorar. 
En cuanto a todo lo demás, por supuesto que nuestras diferencias son políticas. 
Nosotros queremos desarrollar una política en favor de los trabajadores, ¡Usted quiere desarrollarla en favor de los agentes de bolsa! 
¿Y qué es más difícil: enfrentarse a los trabajadores o a los agentes del bolsa? 
El tiempo lo dirá. 
Nuestra labor no es nada fácil, al contario de lo que usted insinúa, ni tampoco pedimos la facilidad. 
Nuestra postura política y social es radicalmente distinta. 
En cuanto al informe, quisiera felicitar al Sr. Fourçans por la calidad intelectual de su labor; pero, desgraciadamente, no puedo compartir su postura general, que responde a su postura política. 
Desde hace cinco años el informe de la Comisión sigue la siguiente técnica: se aprovecha de cualquier mejora de la economía, por pequeña y casual que sea, para decirnos «Vean ustedes, la política que estamos aplicando, tiene buen resultado, Europa va hacia adelante». 
Si alguna vez hay una bajada, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa la tienen los demás. 
Tiene la culpa la crisis en el Tercer Mundo, de la que, por supuesto, el culpable es el propio Tercer Mundo, y nuestros especuladores no tienen relación alguna; ni el informe de la Comisión, ni el Sr. Fourçans se ocupan de las responsabilidades de nuestra especulación en los desastres de Asia, desastres que vamos a pagar también nosotros y que ya hemos empezado a pagar. 
La tasa media del desarrollo de la economía europea se ha estacionado en el 1, 9 %, es decir un 1 % menos de lo que nos hace falta para reducir el desempleo. 
Esto está sucediendo, aproximadamente, desde hace diez años. 
Las inversiones siguen estancadas, a pesar de que la rentabilidad del capital ha llegado a los niveles de 1960; ni el Sr. Fourçans, ni la Comisión se molestan en preguntarse por qué. 
Hace dos años, en el informe correspondiente al que estamos debatiendo hoy, se nos decía que el desarrollo en Europa había dejado de basarse en las exportaciones, y empezaba a apoyarse en la demanda interna y en las inversiones. 
¿Qué vemos ahora? 
Que en cuanto la crisis económica internacional reduzca las exportaciones europeas, la recesión empezará otra vez. 
¿Dónde está el dinamismo interno, que según ustedes, hemos empezado a tener? 
Aquí lo que estamos haciendo es marcar el paso, y no queremos admitir que la política de la Comisión ha fracasado y que debemos rechazarla en su totalidad. 
Nos hemos vuelto como los Borbones, señor Fourçans y señor Comisario, que no aprendieron nada y no olvidaron nada. 
Y saben ustedes muy bien cuál fue la suerte de los Borbones a causa de la postura que habían adoptado. 
Señora Presidenta, ahora que el Banco Central Europeo ha emprendido sus actividades, todo el engranaje de la UE en el campo de la política económica se encuentra listo para hacer frente a los desafíos que planteará el futuro desarrollo de la economía. 
La cooperación entre el Banco Central Europeo, la Comisión y los diversos Consejos será crucial para garantizar un avance favorable, tanto en el conjunto de la UE como en los Estados miembros. 
Cabe destacar que la estabilidad del valor del dinero, aspecto éste en el que el BCE hace un firme hincapié, no puede convertirse en el único objetivo de la política económica. 
Es preciso otorgar la misma importancia también a otros objetivos, como lograr un crecimiento suficiente y evitar los trastornos de orden coyuntural. 
Solamente de esta manera será posible garantizar unos niveles elevados de empleo, lo cual constituye una cuestión primordial desde el punto de vista de los ciudadanos. 
La política del BCE se basa principalmente en la regulación del dinero. 
Así pues, confía en los planteamientos de la teoría cuantitativa. 
Esta posición se ajusta a las doctrinas de principios de siglo, no a las ideas propias de un nuevo milenio. 
Tampoco es acertado que la Comisión haga constantemente hincapié en el cumplimiento excesivo de los criterios de convergencia. 
De esta manera se pasa por alto la visión keynesiana de la política económica y presupuestaria. 
El superávit ha de frenar el calentamiento de la economía y, ante la amenaza de recesión, es necesario estar preparado para lograr una recuperación económica por medio del déficit. 
Sería preciso examinar el déficit presupuestario en el marco de todo el período coyuntural. 
Esta circunstancia se pone de manifiesto especialmente en estos momentos, cuando las previsiones de déficit público para el presente año de los tres países más grandes del euro se sitúan, cuando menos, en un dos por ciento, lo cual no deja prácticamente ningún margen de movimiento o de recuperación. 
Por todo ello, el Parlamento ha de realizar un seguimiento de esta situación y, en caso de que fuera necesario, alzar su voz en defensa de una política estructural y de recuperación realista, también en materia de crecimiento y empleo. 
Señora Presidenta, señoras y señores, aunque no desaprovechamos ninguna oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de coordinar las políticas económicas, en la práctica queda un buen trecho entre el análisis y la evaluación de los principales aspectos de la situación económica y la adopción de las medidas correspondientes. 
Por eso va siendo hora de que elaboremos un plan de acción que nos permita tomar las decisiones apropiadas. 
Pese a que respaldo los principios básicos del informe del Sr. Fourçans, las propuestas en él contenidas, para ser consecuentes, deberían perseguir una mayor y mejor coordinación de la política económica y monetaria. 
Un marco económico que se ve afectado por una bajada sustancial del nivel de las inversiones ciertamente no puede contribuir a relanzar el crecimiento y la creación de empleo. 
En este contexto quisiera señalar que sólo ahorramos por miedo y que cumplir a rajatabla la disciplina presupuestaria- por importante que sea- no basta. 
Y no tiene nada que ver con el Keynesianismo, a menudo mal interpretado. 
Mientras no logremos una polémica fructífera que nos lleve a implantar dentro y fuera de la Unión Europea una política económica coordinada de la que también entre a formar parte la política monetaria resultará harto difícil fomentar el empleo, el crecimiento y la estabilidad. 
Aprecio especialmente el gran sentido de responsabilidad con el que el Sr. Fourçans aborda el problema de los ingresos y de la competitividad. 
Creo poder afirmar que, de este modo, queda garantizado que la situación económica actual, ya suficientemente compleja en sí, no sufrirá efectos negativos adicionales derivados del poder adquisitivo. 
Ello impediría todo crecimiento suplementario y tendría consecuencias altamente perjudiciales. 
Lo que necesitamos ahora son impulsos, impulsos y más valentía para estimular el empleo y el crecimiento. 
Señora Presidenta, el Informe Económico Anual de 1999, primer año de funcionamiento del euro, realza debidamente el progreso que se ha conseguido en la medida en que «una cultura de estabilidad y un marco orientado a la estabilidad están ahora firmemente establecidos en la Unión». 
De ese modo se ha conseguido lo que, también en palabras del propio informe- por el que felicito al Comisario -, se considera una «revolución de las mentalidades en todos los países miembros». 
Así ha sido, porque la convergencia nominal exigida por el Tratado de Maastricht para la entrada en el euro (en la que se ha llegado a «un nivel históricamente bajo de inflación y tipos de interés» y al «saneamiento de la situación presupuestaria» ) no ha menoscabado las tasas de crecimiento de las economías, de 2, 7 % en 1997 y 2, 9 % en 1998, y, además, ha habido, en relación con el quinquenio anterior, una mejora en la creación de empleo, con 5, 1 millones de puestos de trabajo creados entre 1996 y 2000, después de la disminución de 4, 6 millones entre 1991 y 1995. 
El éxito habido se ha dado, por lo demás, en un período de notable inestabilidad en el nivel mundial, en particular en Asia, en Rusia y más recientemente en América Latina (con el 20 % de la economía mundial en recesión y el 10 % próximo a ella). 
Se trata de una circunstancia que ha contribuido a la revisión a la baja que se está haciendo ahora en relación con el año 1999. 
Pero, al no poder ponerse en duda, con los resultados generales ya conseguidos, el acierto del avance hacia la Unión Económica y Monetaria, lo que se exige es que se lleven a cabo políticas rigurosas y realistas, como se propone en el informe del Sr. Fourçans, por lo que lo felicito. 
Entre otros aspectos, voy a hablar sólo de éste: el papel de la inversión pública debería merecer sin duda una atención especial, cuando, por exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no se puede aumentar el déficit presupuestario. 
Subraya el ponente, en los puntos 25 y 26, que «sería del mayor interés hacer un análisis encaminado a una determinación armonizada y coherente de la inversión pública para toda la Unión Europea» , con lo que su aumento puede «entrañar una reorganización de los gastos públicos». 
Junto a otras intervenciones también importantes, pero tal vez menos delicadas- por ejemplo, en los sectores de la flexibilización de los mercados y la formación de las personas -, la inversión pública es un objetivo de difícil materialización, por lo que se está justificando que la Unión, en particular la Comisión y los países, hagan esfuerzos de reflexión sobre las medidas concretas que se deben llevar a cabo para su racionalización. 
Señora Presidenta, el informe económico anual es la oportunidad por excelencia de que el Parlamento contribuya al input de las directrices generales de política económica. 
En éstas, resulta especialmente importante la combinación de políticas que se recomienda a la Unión y a los Estados miembros. 
Normalmente se trata de la política presupuestaria, la política monetaria y la evolución salarial. Estos son los factores macroeconómicos más importantes de la Unión sobre los que podemos influir. 
Los factores externos desempeñan, por lo demás, un papel limitado, ya que el comercio exterior solamente representa el 10 % del PNB de la Unión. 
¿Qué combinación de políticas conviene a la situación actual? El crecimiento económico disminuye y la Comisión ha anunciado ya un ajuste a la baja. 
La inflación oficial se sitúa por debajo del 1 %, por lo que la inflación real, teniendo en cuenta los errores, es casi nula. 
Si la estabilidad de los precios se ve amenazada es por la deflación. 
El crecimiento sitúa el aumento del empleo entre el 2 y el 2, 5 % y el desempleo parece no descender más. 
Debe hacerse algo para modificar totalmente esa reducción del crecimiento, ¿pero qué? 
Los presupuestos de los Estados miembros no dejan todavía mucho margen de maniobra, sobre todo los de los grandes, que son los que verdaderamente importan. 
En la evolución salarial sí hay alguna posibilidad, aunque limitada. 
Después de todo, los salarios están todavía por debajo de la evolución de la productividad, algo que no es necesario para las empresas europeas, que nadan en la abundancia. 
El fomento del consumo privado puede proceder, por tanto, de los salarios. 
Es necesario, puesto que los gastos efectuados por los consumidores mantienen todavía en movimiento la economía europea. 
Es crucial a este respecto que el BCE rebaje más los intereses, de manera que la inversión resulte más barata y los consumidores gasten más y ahorren menos. 
Esto ahora es posible por la casi deflación existente y es necesario debido a la ralentización de la economía europea. 
A causa de la baja inflación, los intereses reales son demasiado altos y el BCE debe tratar de respaldar la política económica de la Unión desde su obligatoriedad. 
Señora Presidenta, la presentación del informe económico anual siempre equivale a la presentación de un cahier de doléances, de todo lo que no funciona en la Unión Europea. 
Sin embargo, este año el escenario es completamente nuevo. 
Existe un instrumento obligatorio, coercitivo, el euro, que impone una cohesión distinta a la de años anteriores. 
Sabemos que las previsiones de crecimiento del otoño de 1998 fueron revisadas a la baja por todos los Estados miembros, y sabemos también que Francia, Alemania e Italia, por sí solas, representan hoy tres cuartas partes del PIB de la zona euro. 
Una crisis de uno solo de estos Estados repercutiría en todo el escenario. 
Por lo tanto, nos encontramos con tres nuevas dimensiones a las que, al menos, hay que dar tres respuestas. 
Las nuevas dimensiones son las siguientes: en primer lugar, una nueva homogeneización propiciada por el euro, es decir, un armonización fiscal, tributaria y bancaria- precisamente ayer, a medianoche, discutíamos y criticábamos a la banca, que aún no ha aceptado al euro -, para continuar con el saneamiento del presupuesto de cada uno de los Estados miembros. 
En segundo lugar, una nueva sectorialidad del mercado, o sea un paso al sector terciario: hay que observar con mayor interés el comercio, el turismo, los servicios, la empresa familiar. 
Por último, una nueva dimensión del mercado: las grandes empresas tienen su propia función, pero debemos mirar al futuro en especial en el campo de la pequeña y mediana empresa. 
Las tres respuestas son: una valoración económica paralela de una valoración social del mercado; una política salarial realista, sobre todo para los jóvenes que buscan su primer empleo, y, por fin, inversiones públicas selectivas, en buena sintonía con las privadas. 
Con este fin, creo que las directrices de política económica tendrán que coordinarse con la estrategia del empleo, y por consiguiente el euro es y seguirá siendo, en este momento histórico de la construcción europea, la principal respuesta y a la vez la mayor oportunidad. 
Sin duda no se trata del fin sino del instrumento para alcanzar este fin, y siempre ha de considerarse como un punto de partida fuerte, pues así nació en nuestras intenciones, pero sólo un punto de partida. 
Señora Presidenta, señoras y señores, el pacto para el empleo del que estamos hablando se fundamenta en la convicción de que para preservar el empleo basta con que las organizaciones patronales y los sindicatos establezcan de común acuerdo los objetivos de la política de empleo. 
Sin embargo, no podemos perder de vista que en última instancia quien determina la política de empleo y la creación de puestos de trabajo es el consumidor. 
El consumidor, nosotros, los ciudadanos, decidimos cuáles son los productos que se compran, de qué empresas y de qué regiones. 
Afortunadamente, el consumidor es muy objetivo. 
Evalúa el valor del producto que se pone a su disposición. 
El consumidor es extremamente crítico. 
Al entrar en una tienda ciertamente no estudiará el embalaje de cada artículo para enterarse de dónde procede, sino que se guiará por el precio, la calidad y la atención al cliente. 
En mi opinión, debemos conceder una mayor importancia a la necesidad de preparar a nuestros empleados y a nuestras empresas para que puedan responder a las necesidades del cliente y, además de ello, puedan anticiparse a las necesidades futuras del consumidor. 
Una buena empresa se encargará de averiguar cuáles serán las necesidades del futuro. 
A este fin necesitamos un Estado eficiente. 
Es imprescindible que se reduzcan los gastos públicos, es imprescindible que los aparatos administrativos estatales den muestras de una mayor eficiencia, que aquellos ámbitos que han dejado de ser rentables sean sustituidos por otros nuevos, es decir, es fundamental que los sectores improductivos de la administración pública se conviertan en centros de servicios dignos de este nombre. 
Ésta es una de las tareas prioritarias de la Unión Europea. 
Debemos dar ejemplo. 
Creo que es un objetivo que merece el esfuerzo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, antes de ir más lejos en mi intervención, deseo expresar a nuestro ponente, el Sr. Fourçans, que he apreciado la calidad y seriedad de su trabajo. 
Aunque tengamos divergencias importantes en cuanto a las políticas que deben realizarse tanto en el plano nacional como en el ámbito europeo, deseo rendir homenaje a su honestidad intelectual y al interés que revisten algunas de sus propuestas. 
Con respecto a las serias reservas que formularía acerca de su texto, éstas se refieren sobre todo, naturalmente, a lo que yo calificaría de obsesión por los déficit presupuestarios. 
Otra divergencia- otra obsesión, diría yo -, guarda relación con los asalariados y su supuesta rigidez y falta de flexibilidad. 
No hay nada nuevo en estos ámbitos. 
En efecto, no coincidimos en el enfoque del paro ni en la concepción del lugar que ocupan los asalariados en la economía. 
Pero, al mismo tiempo, existen también convergencias de puntos de vista sobre muchos elementos; en particular, por lo que a mí respecta, sobre el reconocimiento de la necesidad de realizar ciertas inversiones públicas, así como respecto al hecho de denunciar los costes bancarios sufragados por quienes utilizan el euro como medio de pago. 
En cuanto al primer punto, comparto totalmente sus ideas sobre el hecho de que Europa debería ocuparse más de todo aquello que se refiere a la comunicación y a sus infraestructuras. 
Suscribo el hecho de que la sociedad debe asumir plenamente sus deberes en el ámbito de la formación y la educación, ya sean iniciales o permanentes. 
Sobre el segundo punto, ya he planteado varias veces a nuestros comisarios de Silguy y Monti la cuestión de las imposiciones. 
Pienso que la Comisión debería actuar de inmediato, ya que está en juego la credibilidad del euro en esta fase intermediaria. 
En conclusión, el Informe Fourçans es, en mi opinión, un informe serio. 
No oculta las divergencias derecha/izquierda; es incluso muy discreto sobre el hecho de poner en tela de juicio ciertos derechos de los asalariados. 
Sus propuestas, no obstante, son muy interesantes y dignas de ser discutidas. 
Señora Presidenta, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente André Fourçans y felicitarle por su informe. 
Del informe que tenemos delante se desprende que la economía europea sigue beneficiándose de sólidos elementos económicos de base: buena rentabilidad de la inversión y debilidad histórica de la inflación y de los tipos de interés. 
A pesar de ello, se llega a la conclusión de que las previsiones de crecimiento deben ser corregidas a la baja. 
Hemos de ir en busca de las causas de esta realidad. 
Es indiscutible que la ralentización del crecimiento económico se debe en parte a factores no económicos, aunque también es cierto que dichos factores no pueden ser los únicos culpables de la situación actual. 
Así lo demuestra el hecho de que el comercio exterior con las regiones en crisis, como es el caso de Rusia, Brasil y el sudeste de Asia, representan una mínima parte del producto nacional bruto de la Unión Europea. 
La principal causa de la disminución del desarrollo económico- y creo poder afirmar que todos estamos de acuerdo en eso- estriba en la caída de las inversiones. 
Hay quien echa la culpa de ello al Banco Central Europeo con el argumento de que los tipos de interés son demasiado altos. 
Es, sin embargo, un razonamiento asombroso y poco convincente si se tiene en cuenta que tanto los tipos de interés a corto como a largo plazo han alcanzado un mínimo histórico. 
Una de las causas del actual descenso del crecimiento es la falta de compromiso de la política económica de algunos de los grandes Estados miembros. 
El resultado es que las empresas se sienten inseguras y, por tanto, prefieren no invertir. 
Las empresas no invierten porque no saben a ciencia qué impuestos y qué cargas sociales habrán de pagar a final de año. 
Aquí tiene que intervenir la política económica de la Unión Europea. 
No ha lugar a dudas. La principal causa de la ralentización del crecimiento y la posible pérdida de puestos de trabajo está en la política económica, no en el Banco Central Europeo. 
Habida cuenta de la relación de diálogo que mantenemos con el Banco Central Europeo no podemos permitir que se convierta en chivo expiatorio de errores que no son de su responsabilidad. 
Otro tema recurrente en la discusión sobre la política económica es el de la fuerza de la moneda europea. 
El factor decisivo para la fuerza del euro y para nuestros ciudadanos no es la caída del euro frente a las divisas extranjeras sino la estabilidad interna del mismo. 
La actual tasa media de inflación, que asciende al 0, 8 %, garantiza la estabilidad de los precios en la zona euro. 
Comparando nuestra situación con la de los Estados Unidos, se comprueba que la inflación en este país duplica a la que se registra en la Unión Europea. 
Ahora bien, la devaluación del euro frente al dólar americano tiene sobre todo su origen en la falta de confianza de los mercados financieros internacionales en la política económica de los grandes países de la Unión Europea. 
La mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se han pronunciado a favor de una política económica que se ajuste a los principios de la economía social de mercado y en contra de un debilitamiento del Pacto de Estabilidad. 
Consideramos que es la única manera de restablecer el clima de confianza y fomentar el crecimiento y el empleo. 
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, permítanme ante todo felicitar a su ponente, el Sr. Fourçans, por el carácter completo y preciso de su informe, que analiza los principales aspectos- e incluso el conjunto-del proceso de supervisión multilateral, cuya primera etapa, como ustedes saben, es el informe económico anual. 
Por lo que a mí respecta, estoy plenamente de acuerdo con su exposición en el Pleno, y he escuchado con mucho interés el debate, cuyo contenido me ha parecido- debido probablemente a que se aproximan las elecciones- quizá más político que en otras ocasiones, y en el que las diferencias de opinión son más acentuadas que en estos últimos meses. 
Desearía decir: ¡miremos los resultados, seamos pragmáticos! 
Cuando la presente Asamblea fue elegida, en 1994, dejaba atrás un año 1993 en el que Europa había conocido una recesión del 0, 5 %. 
En el año 1998 se registró un crecimiento del 2, 9 %. 
En 1994, los déficit se elevaban al 5, 4 %; en 1998, al 1, 5 %. 
En 1994, el paro alcanzaba el 11, 1 %, en 1998 se sitúa en el 10 %; por lo tanto, en la Unión Europea éste ha descendido durante la presente legislatura. 
Tal como nos lo pide el ponente- y, si me lo permiten, dejando, en parte, de lado las notas que me han preparado -, desearía realizar algunas observaciones a la luz del debate, que ha sido sumamente útil e interesante. 
En primer término, sobre el estado de la economía europea, antes de comentar los diferentes aspectos de la política económica en Europa. 
Con respecto al primer punto, el estado de la economía europea, pienso como usted, señor Ponente, que la economía europea se encuentra afectada por la crisis mundial; pero he notado en varias intervenciones, concretamente en las del Sr. von Wogau o del Sr. Pérez Royo, un tono que, personalmente, considero bastante pesimista, porque creo que la situación es menos preocupante que hace un tiempo, aunque siga siendo incierta. 
En efecto, en el plano externo, asistimos más bien a una estabilización del frente asiático, pienso en Corea y en Tailandia, ya que la incertidumbre procede esencialmente del Japón. 
En el Japón se han anunciado las reformas decididas en los sectores financieros y bancarios; ahora deben aplicarse. 
En cuanto a Brasil, creo que se está haciendo un atento seguimiento de la situación, y sobre todo, el crecimiento norteamericano es mucho más importante del que se preveía en el último trimestre de 1998. 
Esto contribuye a mantener la actividad mundial. 
Y, finalmente- pero no por ello menos importante -, la aplicación del euro nos proporciona una estabilidad monetaria y cierta protección a escala europea. 
En este sentido, me distanciaré de lo que han expresado el Sr. de Lassus Saint Geniès y el Sr. Blot; sólo la llegada del euro reduce el riesgo de choques asimétricos en Europa, porque fortalece la integración económica y comercial. 
Observemos rápidamente los diferentes indicadores más recientes de que disponemos. 
Existe un nuevo deterioro por lo que respecta a la confianza en el ámbito de la industria, pero es menor que en el pasado, y en algunos países asistimos incluso a una estabilización. 
Pienso concretamente en Bélgica, en Irlanda, en Holanda y en Finlandia. 
Segundo indicador: el mantenimiento a un nivel elevado de la confianza de los consumidores, tras la importante mejora registrada estos últimos meses. 
Mejora, igualmente, del clima de confianza en el sector de la construcción. 
Contrariamente a lo que han expresado el Sr. Hendrick y la Sra. Boogerd-Quaak, el paro no ha aumentado. 
Tengo en mis manos las últimas cifras: en 1994, como les decía, rebasó el 11 %; en enero de 1998, alcanzó el 10, 3 %; en enero de 1999, el 9, 6 %. 
En 1998, se crearon 1.700.000 empleos en Europa. 
La situación del empleo dista mucho de ser perfecta- estoy de acuerdo -, pero ha mejorado. 
Por lo tanto, para 1999, el crecimiento será más moderado de lo que habíamos previsto hace algunos meses, pero durante el segundo trimestre debería registrarse una recuperación gradual, apoyada principalmente por el consumo privado. 
Es cierto que hoy las mayores incertidumbres proceden de Alemania y de Italia, sobre todo en cuanto a la inversión. 
Y coincido en este sentido con lo que ha dicho el Sr. von Wogau: la inversión significa ante todo confianza. 
Esta situación confirma, pues, el análisis de la Comisión. 
El hecho de mantener una coordinación eficaz entre los diferentes actores de la policy mix permitirá a su vez mantener la confianza de los operadores y, por tanto, la prosecución y el desarrollo de un crecimiento capaz de crear empleos. 
Esto me remite a mi segunda serie de observaciones, es decir, las principales orientaciones, el contenido de las diferentes políticas. 
La evolución del contexto internacional en los últimos meses crea cierta incertidumbre por lo que respecta a la prosecución del objetivo principal, es decir, la reducción patente y duradera del paro. 
¿Qué debemos hacer para apoyar el crecimiento? 
Muchos de ustedes han formulado la pregunta. 
Me refiero concretamente al Sr. Pérez Royo y al Sr. Metten. 
Para la Comisión, lo importante es que se produzca una reacción mejor coordinada de las políticas económicas de los Estados miembros con respecto a la situación actual. 
Y esto corresponde al conjunto de los segmentos de la policy mix. 
Comienzo por las finanzas públicas. 
Muchos de ustedes han mencionado esta cuestión. 
Hay que señalar que en 1998 se registró una pausa en el saneamiento de las finanzas públicas, puesto que el déficit nominal: -2, 1 % en 1998, en relación con el- 2, 5 % en 1997, oculta el hecho de que no se ha producido ninguna reducción del déficit estructural, ya que la mayor parte se debe, naturalmente, a la mejora del crecimiento, que en 1998 fue del 2, 9 %. 
Esto es lamentable, en cierto modo, porque el camino que falta por recorrer para lograr unas situaciones de equilibrio es corto. 
Queda por cubrir un déficit del orden de un punto para obtener unas situaciones próximas al equilibrio. 
Les recuerdo que en 1993, en Europa, el déficit superaba los seis puntos. 
Señor Caudron, quizás me dirá usted que yo también estoy obsesionado por la reducción de los déficit públicos, pero mi obsesión es el crecimiento y el paro. 
Y los déficit públicos jamás, jamás, han creado empleos, de lo contrario se sabría y se notaría. 
No nos equivoquemos, pues, de objetivo. 
Podemos servirnos de los estabilizadores automáticos, sí, pero en la medida en que los esfuerzos de saneamiento presupuestario generen el margen de maniobra necesario y en que la reducción de los déficit estructurales no se vea comprometida, de lo contrario se producirían efectos perversos. 
Señor Ribeiro, no se puede abandonar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
¿Por qué? 
Primeramente, porque nadie, ningún ministro, desea ponerlo en entredicho, y creo que tienen razón. 
Precisamente porque no hay crecimiento sin estabilidad. 
Es imprescindible completar este pacto, de ahí las ideas que al respecto lanzó la Comisión en enero de 1996, y que ahora parecen adquirir más contenido. 
La Comisión, por su parte, piensa y lamenta que, a la vez que se respetan los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los programas de estabilidad de los Estados miembros carezcan, en parte, de ambición- y con esto respondo al Sr. Goedbloed -, porque el objetivo de reducción es realmente un mínimo exigido por el Pacto de Estabilidad. 
Por lo tanto, no existe un margen de maniobra suplementario, y sin margen de maniobra suplementario podemos tener dificultades en caso de que se produzca un cambio radical de la coyuntura. 
La Comisión, por su parte, estará muy vigilante en cuanto a la aplicación de los programas de estabilidad y de convergencia y al respeto de los compromisos asumidos por los Estados miembros en materia presupuestaria. 
En definitiva, ¿qué significa la relajación presupuestaria? 
Significa una política monetaria más difícil, tipos de interés más elevados y, de hecho, un aumento del paro. 
Creo responder con esto a la Sra. Randzio-Plath; por eso puedo asegurarles que la Comisión hará un seguimiento de la situación y que no dejará que se extienda el laxismo. 
Segunda cuestión, a la que hoy se ha aludido mucho en esta Asamblea: la inversión pública; concretamente, por el Sr. Porto. 
Primeramente, la inversión privada debe ser prioritaria, porque la inversión privada es ocho veces mayor que la inversión pública. 
Por consiguiente, es imprescindible facilitar, intensificar, la inversión privada, porque puede apoyar el crecimiento. 
Con respecto a la inversión pública, les remito a la comunicación de la Comisión del pasado 2 de diciembre, que señalaba que la inversión pública ha retrocedido en relación con el PIB. 
A principios de la década, era del orden del 3 % del PIB; actualmente es del 2, 1 % del PIB, y esto es de lamentar, aun cuando las cifras revelen situaciones diferentes según los países. 
Por lo tanto, la reestructuración del gasto público, el desarrollo de la inversión pública, son favorables al crecimiento, y deben fomentarse. 
He observado unas sendas interesantes, que tanto la Sra. Berès como el Sr. Caudron han desarrollado en sus intervenciones, con respecto sobre todo a la inversión en el ámbito que yo denominaría «capital humano». 
Por supuesto que este desarrollo de la inversión pública no debe efectuarse en detrimento de la competitividad, ni traducirse por un desequilibrio excesivo de las finanzas públicas ni por un aumento de las exacciones obligatorias. 
Ello penalizaría la inversión privada, que es ocho veces superior a la inversión pública. 
En cualquier caso, y deseo tranquilizar al Sr. Hendrick sobre este punto, la Comisión tiene y tendrá en cuenta, conforme al apartado 3 del artículo 104 C del Tratado- como el Sr. Fourçans lo recomienda -, el nivel de la inversión pública en su estimación del déficit público de cada Estado miembro. 
Tercera cuestión de política económica: la evolución salarial. La misma ha contribuido ampliamente, estos últimos años, a una buena dosificación de las políticas económicas. 
Esto es favorable al empleo. 
Los interlocutores sociales han demostrado una gran responsabilidad; hoy la evolución salarial se adecua globalmente al objetivo de estabilidad en todos los países de la zona «euro». 
Sé que en Alemania se han firmado acuerdos que han provocado algunos comentarios. 
Hay que estar vigilantes, efectivamente, y hacer todo lo posible por que los convenios sociales se inscriban en el marco que usted denomina, señor Ponente, un crecimiento razonable del poder adquisitivo, es decir, que también tome en consideración la productividad por sector y por región; o sea, que a la larga no penalice el empleo. 
El debate ha sido rico, en esta Asamblea, sobre las reformas estructurales, nuestra cuarta cuestión. 
Es cierto que estas reformas estructurales son indispensables para superar las dificultades tradicionales que impiden que Europa ponga fin a la plaga del paro. 
Señor Herman, usted mencionó la cifra del 90 %, en cuanto al paro de origen estructural. 
Quizás sea excesivo. 
En mi opinión, ya es enorme si alcanza las dos terceras partes. 
Los Estados miembros han hecho progresos en la materia. 
No hay que subestimarlos, aun cuando los esfuerzos me parezcan algo dispersos, en conjunto. 
En mi opinión, el objetivo de estas reformas, señora Berès, es garantizar el mantenimiento de un alto nivel de protección social, y deben incrementar los empleos generados por el crecimiento. 
En este sentido, considero necesario mejorar el mercado de trabajo, así como crear un marco reglamentario más apropiado para las empresas. 
Y me felicito de que algunos de ustedes hayan mencionado, con respecto a la mejora de los mercados de capital- pienso en la Sra. Boogerd-Quaak o en el Sr. de Lassus -, el problema del capital riesgo y de su desarrollo. 
Creo que se trata de un elemento absolutamente positivo para sacar pleno provecho de los efectos del euro en el ámbito de la innovación y de la creación de empleos; y también en este caso les remito a la reciente comunicación de la Comisión, que el Consejo, lamentablemente, no le ha dado, por el momento, un contenido concreto. 
Finalmente, dos palabras sobre la política monetaria. 
La misma es competencia del Banco Central Europeo. 
Lamento que la Sra. Berès no esté presente, porque no me atrevo a interferir- y tampoco lo deseo- en la determinación de esta política. 
Querría solamente constatar que hoy la estabilidad de los precios en la zona «euro» está bien afianzada y que, de momento, no hay inflación, ya que ésta es del orden del 1 %. 
Así pues, me contentaré con hacer una observación sobre la política monetaria. 
EL BCE podrá aplicar fácilmente una política favorable al crecimiento en la medida en que la policy mix no se verá desequilibrada por una relajación de la política presupuestaria. 
Y creo que también se facilita la tarea del Banco Central Europeo absteniéndonos de hacer declaraciones demasiado públicas y a veces intempestivas. 
Para concluir, deseo subrayar que la entrada en vigor del euro incita a la Comisión a reforzar el carácter operacional de las grandes orientaciones de política económica. 
Le felicito por su informe, señor Ponente, y felicito a la Asamblea por el debate de hoy. 
Es una primera etapa que está bien encaminada. 
El funcionamiento de la Unión y de la zona «euro» , así como la voluntad de definir políticas económicas sanas y orientadas al crecimiento y al empleo, requieren un debate permanente. 
Por eso la Comisión siempre ha deseado- y desea- una participación estrecha de esta Asamblea en la reflexión en curso sobre la política económica. 
Por consiguiente, puedo asegurarles que la Comisión examinará con la mayor atención posible las observaciones de Sus Señorías sobre el informe económico anual y que las tendrá en cuenta en la redacción de su recomendación sobre las grandes orientaciones de política económica. 
Este documento contendrá recomendaciones específicas para cada Estado miembro, y deseo que los Estados acepten que la Comisión trabaje serenamente en la materia y que no critiquen sistemáticamente las recomendaciones ni traten de vaciarlas de su contenido. 
En efecto, si queremos realmente coordinar la política económica, creo que corresponde a la Comisión expresar clara y públicamente la línea que ésta considera que se debe seguir. 
Luego, el Consejo decide, naturalmente, como cree conveniente. 
Así pues, por todas estas razones, tras expresarles mi agradecimiento y mis felicitaciones, sólo me resta darles una cita, el 30 de marzo, para la presentación de dichas recomendaciones sobre las grandes orientaciones. 
Señora Presidenta, quisiera que el Comisario rectificara lo dicho porque sus palabras contradicen el informe económico anual. 
En dicho informe se señala que en los Estados Unidos se crearon 10 millones de puestos de trabajo gracias al crecimiento. 
Es por esto por lo que creo que debería poner en claro que tanto en los EE.UU. como en Europa el crecimiento es condición necesaria para combatir el desempleo. 
Señora Presidenta, el Comisario de Silguy se ha manifestado en contra de mi afirmación de que el desempleo no había cambiado durante el mandato de este Parlamento al decir que había variado del 11 % al 10 %. 
Si el Comisario de Silguy considera que un 1 % en un periodo cercano a los cinco años es un éxito, si esto fuera un parlamento nacional, quizá muchos diputados pedirían su dimisión. 
Tal y como es, las circunstancias atenuantes son que ha habido una recesión global, a pesar de que el Comisario de Silguy afirme a menudo que hemos resistido esta recesión global casi al 100 %. 
Señora Presidenta, opino lo mismo que el Sr. Hendrick. 
Me han reprochado que dijera que en mi opinión el desempleo ha aumentado. 
Naturalmente he visto que el desempleo ha disminuido ligeramente. 
Sin embargo, es tan increíblemente poco que pienso que no podemos dirigirnos a los Estados miembros y decir a nuestros ciudadanos que hemos hecho tanto. 
De ahí mi apremiante llamamiento para que lo que la Comisión y el Parlamento han propuesto hace años, se recoja ahora finalmente en las directrices sobre empleo. 
Señora Presidenta, permítame decir brevemente que, por una parte, no he entendido muy bien la pregunta de la Sra. Randzio-Plath: en efecto, jamás he dicho que el crecimiento no era necesario para luchar contra el paro. 
El crecimiento, evidentemente, es necesario para luchar contra el paro. 
Jamás he dicho lo contrario. 
Sólo he dicho- y esto ha sido corroborado, constatado, por todos los análisis económicos- que el crecimiento solo no será suficiente- y no es suficiente- en Europa para poner fin a la plaga del paro y que las medidas estructurales son igualmente necesarias. 
Por otra parte, señor Hendrick, sólo he querido corregir lo que creía haber entendido como un error puramente técnico, es decir, que usted había dicho que el paro había aumentado. 
Por lo tanto, he dicho: no, el paro no ha aumentado, ha descendido. 
Efectivamente, el 1 % es una cifra muy pequeña y no es suficiente. 
Dicho esto, grosso modo, sobre el período 1995-2000, Europa debería crear más empleos de los que destruyó en el período 1990-1994. 
Por consiguiente, lo que digo, es que la curva se ha invertido, pero que, efectivamente, queda aún mucho por hacer para poner fin a esa plaga del paro y que sólo se conseguirá mediante la combinación de una política macroeconómica sana, estable, orientada hacia la estabilidad y el crecimiento y de una política dinámica de empleo, que debe realizarse en el marco de medidas estructurales generales y coherentes. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0069/99 del Sr. Truscott, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión titulada: «Las relaciones de la Unión Europea con los Nuevos Estados Independientes de Asia central» (COM (95) 0206- C4-0256/96) , -A4-0071/99 de la Sra. André-Léonard, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo de Asociación y Cooperación entre las comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Uzbekistán, por otra (7652/96- COM (96) 0254- C4-0418/96-96/0151 (AVC) ). 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer a los distinguidos diputados su cooperación, sugerencias y enmiendas, que han sido gratamente acogidas. 
Desde que las cinco repúblicas centroasiáticas- Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán alcanzaran la independencia con el desmoronamiento de la Unión Soviética, la Unión Europea se ha ocupado del proceso de establecer unas relaciones bilaterales con cada una de ellas. 
Los cinco estados son muy diferentes en cuanto a población, superficie, recursos y desarrollo democrático. 
La Comunicación de la Comisión sobre las relaciones entre la UE y los estados de reciente independencia de Asia central publicada en octubre de 1995 afirmaba que el principal objetivo de la Unión era mantener la estabilidad de la región, lo que podía realizarse a través del desarrollo de instituciones democráticas bien cimentadas, la reducción de las fuentes de conflictos y la reforma económica. 
Dado el tiempo transcurrido desde esa comunicación quizá ahora fuese un buen momento para que la Comisión la pusiera al día. 
El Consejo pidió el consentimiento del Parlamento al acuerdo de asociación y cooperación con Kazajstán en julio de 1995. 
En el caso de Kirguizistán dio su consentimiento en noviembre de 1995. 
En cualquier caso, dada la preocupación por la situación interna de Kazajstán el Parlamento aplazó su consentimiento hasta el 13 de marzo de 1997. 
En el caso de Uzbekistán la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y la ponente, la Sra. André-Léonard decidieron que la situación era tal que era evidente que el país no cumplía los principios generales incluidos en el artículo 2 del AAC, por ejemplo, respeto de la democracia, los principios del derechos internacional y los derechos humanos. 
Treinta meses más y los derechos humanos y las instituciones democráticas han sido más socavadas en Asia central. 
Las recientes elecciones presidenciales en Kazajstán han sido generalmente consideradas como amañadas e irregulares. 
En Uzbekistán, después de una serie de explosiones en Tashkent el 16 de febrero, el gobierno las ha utilizado como excusa para suprimir grupos de la oposición. 
Hay una especial preocupación por la seguridad y el tratamiento que se le haya dado a Mamadali Mukhmurdov y a Munira Nasriddinova. 
Desde que se cerraron los principales partidos de la oposición no violenta, el Erk (Libertad) y el Birlik (Unidad) , el Consejo de Seguridad Nacional (KNB) también se mantiene ocupado arrestando y acosando a los disidentes. 
En Turkmenistán y Tayikistán, a pesar del acuerdo de paz firmado en este último el año pasado, ha habido poca o ninguna mejora de la situación de los derechos humanos, e incluso en Kirguizistán, donde en muchos lugares se respetan los derechos humanos, sigue habiendo problemas con la limitada capacidad de los ciudadanos para cambiar el gobierno, con la libertad de expresión y prensa, con el juicio justo para los acusados, con la libertad religiosa y con la discriminación étnica. 
En la parte positiva hay que saludar que tanto Kirguizistán como Turkmenistán hayan introducido moratorias a la pena capital. 
Espero que esto se extienda a todos los países de Asia central. 
La Comisión ha garantizado que los asuntos de derechos humanos serán regularmente tratados como un problema serio con las autoridades de Asia central y que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa sería completamente informada de las evoluciones en este sector. 
Confío en que el Comisario van den Broek mantenga esta promesa en sus próximas visitas a Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán e informe de sus impresiones a la Comisión. 
Es una pena que el Comisario van den Broek no este aquí hoy, pero confío en que vaya a tener a la Comisión y al Parlamento completamente informados. 
Asia central es un área de extraordinaria importancia geoestratégica y económica para la Unión Europea. 
Su importancia se ha reconocido desde los días de la «ruta de la seda» y durante la era del «Gran Juego». 
Los recursos naturales de Asia central, especialmente el gas y el petróleo, son considerables. 
Estimaciones del Departamento de Estado de los EE.UU. sugieren que el mar caspio contiene hasta 200.000 millones de barriles de petróleo, suficiente como para proveer al mundo durante 8 años, y 7 billones de metros cúbicos de gas natural, suficiente para proveer a Europa durante 16 años. 
Evidentemente la UE debe comprometerse con estos países de Asia oriental y estimularles para que se despojen de antigua mentalidad de la era soviética. 
El papel de TACIS, en especial su programa para la democracia, TRACEGA, INOGATE y WARMAP debe ser saludado. 
Pero programas transfronterizos y programas para la democracia, llevados a cabo por ONGs deben recibir más apoyo. 
El legado de degradación medioambiental, especialmente alrededor del mar de Aral y el sector de ensayos nucleares de Semipalatinsk también debe ser eliminado con una oportuna respuesta por parte de la UE. 
La región ha sufrido tanto la crisis asiática como la crisis del rublo. 
La Comisión, el Consejo y las instituciones financieras internacionales, deben considerar ciertas medidas para proteger a la población de la región contra los grandes apuros económicos. 
A la vez que la UE debe estimular la inversión extranjera en Asia central, parte de la solución reside en la propia región en cuanto a la introducción de derechos legales garantizados para los inversores. 
Actualmente la UE es el mercado más importante de la región fuera de la CEI. 
Si Asia central quiere desarrollar su independencia económica necesitará ayuda extranjera para desarrollar trazados alternativos para los conductos de gas y petróleo así como nuevos mercados. 
En conclusión la UE debe desempeñar su papel ayudando a desarrollar un Asia central democrática, prospera y segura en una región de frágil estabilidad. 
Puede que Asia central esté muy lejos, pero su futuro nos afectará a todos. 
Cuando la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa me ha designado ponente sobre el Acuerdo de asociación con Uzbekistán, quise informarme de la situación in situ y me trasladé a Tashkent para reunirme con los responsables políticos, así como con los representantes de la sociedad civil y de las asociaciones de derechos humanos. 
Pude comprobar que este país, perteneciente a la ex Unión Soviética, y que obtuvo su independencia en 1991, aún no se ha liberado realmente de las prácticas del antiguo régimen comunista. 
Naturalmente, se han realizado esfuerzos. 
En diciembre de 1992 se aprobó una nueva Constitución, según la cual Uzbekistán es una democracia plural. 
Actualmente existe un Tribunal Constitucional, el Parlamento funciona relativamente bien y un Defensor del Pueblo se responsabiliza del respeto de los derechos humanos. 
El problema consiste en que éste depende directamente del Parlamento y que, por lo tanto, se encuentra tutelado. 
Islam Karimov fue elegido en 1991 con más del 80 % de los votos, frente a otro candidato. 
En las elecciones parlamentarias de diciembre de 1994, el partido del Presidente, el Partido Democrático del Pueblo, obtuvo una mayoría aplastante, ya que varios partidos de oposición fueron prohibidos. 
En marzo de 1995, el Presidente Karimov fue reelegido por un período de cinco años. 
El balance que pude hacer no me ha tranquilizado demasiado. 
En efecto, la libertad de expresión es inexistente, la censura está vigente, la prensa no es independiente, sólo hay cuatro diarios, que dependen del gobierno. 
La libertad de reunión, de asociación o de manifestación no está autorizada. 
Los encarcelamientos y las detenciones arbitrarias se suceden a diario. 
La tortura es una práctica corriente y sigue aplicándose la pena de muerte. 
La conclusión que he sacado es que la democracia se aprende muy lentamente- incluso aquí- y que 70 años de comunismo y de totalitarismo no se borran de un plumazo. 
Por todas estas razones, propuse a la Comisión de Asuntos Exteriores que pospusiera nuestro acuerdo y que diera un plazo de dos años a Uzbekistán para avanzar por la vía del respeto de los derechos humanos. 
El tiempo no ha cambiado la situación y hoy debemos constatar que las organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, nos presentan informes alarmantes. 
Los últimos disturbios del 16 de febrero han demostrado toda la violencia de que podía hacer uso el poder. 
Tres personas siguen detenidas y han sufrido graves ataques a su integridad, a pesar de que no se ha probado su responsabilidad. 
Entre ellas se encuentra la responsable de una asociación de derechos humanos, de 60 años de edad, la Sra. Akedova. 
Sin embargo, deseo dar una oportunidad a Uzbekistán, ya que este país, esta región del mundo, necesita nuestra ayuda, ya sea en el plano democrático, económico o medioambiental. 
Uzbekistán posee recursos de minerales y gas muy importantes, pero muy mal explotados. 
Es el cuarto productor mundial de algodón. 
No obstante, según la opinión de los dirigentes, la pobreza extrema se eleva al 15 % y los salarios se acercan a los del tercer mundo. 
Se están llevando a cabo numerosos proyectos TACIS, ya se trate de proyectos con miras a la democracia o de proyectos relativos a los transportes, a la energía, a las telecomunicaciones, a la educación, a la lucha contra la droga o al medio ambiente. 
No hay que ignorar que el tráfico de droga procedente de Afganistán es colosal y que el 40 % de la droga que llega a Europa procede de esta región. 
No dispongo de tiempo para extenderme sobre los aspectos medioambientales, pero puedo decirles que sobrevolé durante más de dos horas el mar de Aral, o lo que queda de él, y se trata de una verdadera catástrofe ecológica, cuya importancia Europa no valora lo suficiente. 
Los pesticidas vertidos durante años lo han destruido todo y han desecado el mar. 
En esta región, la mortalidad infantil es un 10 % superior a la del resto del país y lo mismo ocurre con la mortalidad derivada de la maternidad. 
Las dificultades son numerosas, los abortos naturales son incontables, así como las enfermedades, entre ellas el cáncer. 
Tendremos que implicarnos rápidamente en esta zona de Uzbekistán si no queremos afrontar una grave responsabilidad ante este pueblo en peligro. 
Así pues, estos datos han influido en mi decisión, y el compromiso del Comisario Van den Broek de suspender el acuerdo de asociación si las violaciones de los derechos humanos persisten- como establece, por otra parte, el artículo 2 de los acuerdos de asociación y cooperación- me han alentado en dicha decisión. 
Por otro lado, el Sr. Van den Broek se trasladará a Uzbekistán, a Kirguistán y a Turkmenistán, y espero que pueda ser nuestro portavoz e informar, posteriormente, a la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Otros elementos han jugado en favor de la propuesta de conclusión de este acuerdo de asociación. 
Se trata del contexto regional particularmente preocupante de Asia central; el Sr. Truscott se ha referido a ello y no insistiré en esta cuestión. 
La situación estratégica de Uzbekistán, que tiene frontera con Afganistán, y el temor de propagación del integrismo islámico de los talibán han acabado por convencerme. 
Señorías, debemos estar vigilantes, ciertamente; pero es de capital importancia que en el comienzo del tercer milenio continuemos con nuestro deber histórico de hacer respetar los derechos humanos en todo el mundo, así como que compartamos nuestros conocimientos y nuestra experiencia para hacer prosperar las regiones que, al carecer durante largo tiempo de las libertades fundamentales, deben recuperar un retraso democrático y económico importante. 
Tengamos confianza, por tanto, en Uzbekistán y esperemos que ésta no sea traicionada. 
De todos modos, la Comisión de Asuntos Exteriores prevé un informe anual al Parlamento Europeo sobre la evolución de la situación en el ámbito democrático. 
Aplausos 
Los aplausos le demuestran, señora André-Léonard, que la atención de la audiencia era mejor de lo que podría parecer. 
Señorías, vamos a interrumpir el debate, que se reanudará después de los problemas de urgencia. 
Señora Presidenta, pido disculpas por tener que volver a mencionar este tema. 
Se trata de uno del cual ya he hablado antes. 
Cuando los diputados hacían su entrada esta mañana en esta Asamblea algún tipo de manifestación tenía lugar fuera, con gente que portaba pegatinas en sus ropas aconsejándonos votar en un determinado sentido. 
No creo que esta ocasión alguno de ellos fuera diputado. 
No quiero comentar la cuestión que plantean, pero creo que los diputados de este Parlamento deberían poder entrar en la Cámara sin encontrarse ninguna forma de manifestación en el exterior. 
Aplausos 
Señor Perry, comparto plenamente su opinión y pienso que una parte de la Asamblea también la comparte. 
En esta Asamblea, ninguno de nosotros ha votado jamás bajo ningún tipo de presión. 
Señora Presidenta, plantearé una cuestión reglamentaria en virtud del artículo 109 sobre llamada al orden. 
Puedo preguntarle, señora Presidenta, si en su opinión el apartado 1 del artículo 109 implica que yo no pueda enarbolar la pancarta «Basta de abusos, queremos un estatuto» , porque usted considera que perturba la sesión, o, por el contrario, que este artículo no implica que no pueda hacerlo, ya que usted considera que un estatuto de los asistentes es una necesidad para la Europa social y para los derechos de todos. 
No daré mi opinión sobre el fondo, señor Duhamel. 
No corresponde hacerlo a la Presidencia. 
En cambio, podría pronunciarme sobre si su actitud perturba el orden. 
No es éste el caso. 
Señor Presidente, al contrario que el Sr. Perry no tengo ningún tipo de problema con la gente que se manifiesta por sus derechos. 
Lo único que les diría a los asistentes es que quizá merezca la pena descubrir a ciertos diputados que pagan un sueldo adecuado a sus asistentes cuando estos están legitimados para recibirlo. 
Debemos descubrir a la gente cuando provocan la mala fama de este Parlamento. 
También quisiera descubrir una institución que causa la mala fama de este Parlamento. 
Esa institución es el propio Parlamento. 
Entiendo que gente que trabaja para nosotros, como los traductores independientes, no ha sido pagada desde octubre. 
¡Creo que esto es lamentable! 
Y confío en que cada diputado de esta Asamblea lo encuentre lamentable. 
Si yo fuera el enlace sindical, como lo fui en los astilleros de Rosyth, hoy no habría ningún intérprete tras esas cabinas hasta que esta cuestión no fuera subsanada. 
Solicito a la Mesa que nos informe clara y categóricamente por qué gente que trabaja para nosotros no esta siendo pagada adecuadamente. 
Solicito a la mesa que nos transmita esa información antes del periodo parcial de sesiones de abril. 
Aplausos 
Señor Falconer, la Mesa ha abordado este problema y se le mantendrá informado. 
Votaciones 
Señora Presidenta, acaba de indicar que iba a someter a votación por partes la enmienda 90. 
Al igual que todos los colegas, tengo en mis manos la lista definitiva de votación, y no existe ninguna solicitud de votación por partes. 
Por lo tanto, desearía preguntarle en qué momento se ha presentado, la fecha exacta en que se ha solicitado, y si no ha sido presentada dentro de plazo por qué se presenta ahora. 
Como nos encontramos al principio de la solicitud de votación nominal, no quisiera que por el hecho de que la solicitud de votación por partes se añada a la solicitud de votación nominal se pueda decir que hemos solicitado un número excesivo de votaciones nominales. 
Desearía una respuesta precisa. 
Le daré una respuesta muy precisa, señor Fabre-Aubrespy. 
Con respecto a la solicitud de votación por partes, ésta se ha presentado dentro de plazo, puesto que he preparado las votaciones por la noche- esta mañana no podía hacerlo, porque presidía la discusión sobre los Fondos estructurales- y dicha solicitud de votación por partes ya figuraba en los folios preparados por los servicios competentes. 
En cambio, en relación con la solicitud de votación nominal, acabo de tomar conocimiento de ésta. 
Pero voy a mirar a otro lado, y efectuaremos de todos modos dicha votación nominal. 
Señora Presidenta, quiero pedir a los ponentes que revisen su indicación de voto, no vaya a ser que acabemos en la incoherente situación de no tener justificación en las enmiendas y tampoco exposiciones de motivos. 
Señora Palacio Vallelersundi, usted conoce muy bien el funcionamiento de este Parlamento: jamás sometemos a revisión una votación. 
Me estoy refiriendo a la votación actual en relación a una votación que está por venir, esto es, a la votación sobre la enmienda 98. 
Y aviso a la Asamblea de que debemos poner cuidado al votar sobre la enmienda 98 para no ser incoherentes. 
Señora Presidenta, me sorprende que puedan votarse enmiendas de transacción en esta fase de la discusión. 
El informe ha sido objeto de numerosas reuniones de comisión. 
Ha sido objeto incluso de reuniones de grupos políticos, antes de que el Pleno lo examinara. 
El plazo de presentación de enmiendas ha expirado. 
Por lo tanto, me opongo a la votación de esta enmienda 182, que llega tarde. 
Volviendo a mi pregunta anterior sobre la solicitud de votación por partes, recordaré que el plazo de presentación de las solicitudes de votación por partes vencía el martes por la noche, y no ayer por la noche. 
Pienso, en efecto, que el plazo vencía antes de la noche de ayer. 
Yo he dicho, simplemente, que había comprobado la presentación ayer por la noche. 
Voy a consultar a la Asamblea sobre la toma en consideración de esta enmienda de transacción. 
La Asamblea se pronuncia a favor de la toma en consideración de la enmienda de transacción 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Señora Presidenta, señoras y señores, acabamos de tomar una decisión que resulta incompatible con mi punto de vista como ponente, puesto que hemos decidido que las cuestiones relativas a las relaciones laborales entre los asistentes parlamentarios y los diputados han de regularse en unas disposiciones generales de ejecución elaboradas por el Parlamento Europeo. 
Los Tratados Europeos no prevén fundamento jurídico alguno para esta decisión. 
No soy el único en defender esta postura sino que la respalda el Tribunal de Cuentas Europeo, así como las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que cité ayer en el debate sobre este tema. 
A ello se añade que la votación y la consiguiente decisión refleja las mismas contradicciones que el informe aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Por todo ello, considero fundamental que la Comisión de Asuntos Jurídicos vuelva a ocuparse del presente informe a fin de buscar una solución razonable que merezca el apoyo del Consejo, algo que permita ofrecer de una vez por todas una respuesta eficaz al problema de las confusas relaciones jurídicas entre nosotros y nuestros asistentes. 
Por consiguiente, solicito en nombre de mi Grupo y de conformidad con el artículo 129 la devolución del informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos, advirtiéndoles que de no proceder esta solicitud, mi Grupo se verá en la obligación de votar en contra del mismo. 
Señorías, ¿hay algún orador para apoyar la solicitud de devolución a comisión? 
Señora Presidenta, el Sr. Lehne tiene toda la razón al afirmar que el presente informe plantea problemas desde el punto de vista del fundamento jurídico. 
Ello no obstante, los argumentos aducidos por el Sr. Cox en defensa de la urgencia de este informe y el problema que aborda nos obligan a votarlo ahora. 
Las complicaciones jurídicas han de tratarse en el marco del diálogo interinstitucional. 
Señora Presidenta, le ruego encarecidamente que llame al orden al Sr. Ullmann por haber pedido la palabra a pesar de que su intervención no se ajustase a la pregunta de si alguien deseaba intervenir a favor de la solicitud. 
¡O cumplimos las normas de esta Asamblea o no las cumplimos! 
El Parlamento rechaza la devolución del informe a comisión 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, he esperado pacientemente la final de esta votación antes de interrumpir el procedimiento de la Asamblea. 
Pero ha habido una entrevista en los pasillos con cámaras y gente que ha sido entrevistada. 
Creo que eso va en contra del Reglamento de esta asamblea. 
No creo que debamos permitir que el Parlamento se devalúe al no aplicar sus reglas. 
Por ello le solicito a usted y a la Mesa que investigue con profundidad qué es lo que se supone que los ujieres deben hacer en los pasillos. 
Si hay reglas, estas deben ser aplicadas adecuadamente; y si hay gente con un permiso especial para llevar a cabo entrevistas, la Asamblea debería estar, por lo menos, informada. 
Me comprometo a someter la cuestión a la Mesa, señor Provan. 
Señora Presidenta, Señorías, al igual que el conjunto de los miembros de mi Grupo, he votado en contra del informe de la Sra. Haug sobre los recursos propios de la Unión Europea. 
Es lamentable que con respecto a esta importante cuestión de la financiación del futuro presupuesto comunitario, nuestro Parlamento, como lo hace a menudo, haya hecho prevalecer los criterios ideológicos y políticos sobre la necesaria equidad y la necesidad de transparencia que deberían caracterizar la financiación de la Unión Europea. 
En efecto, la solución que había preconizado la Comisión y el Tribunal de Cuentas en su informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios era proseguir la evolución que conocemos desde hace varios años y generalizar los recursos basados en el PNB, que son los que mejor revelan la riqueza de los Estados miembros. 
Por lo contrario, la mayoría del Parlamento Europeo ha optado por una autonomía financiera, por razones que sólo guardan relación con la voluntad de incrementar los poderes del Parlamento Europeo. 
Esto no nos parece compatible con la necesaria racionalización del presupuesto comunitario, cuyo importe global puede- como lo ha afirmado la propia Comisión- y debe continuar estrictamente limitado. 
Me felicito, naturalmente, del hecho de que los diferentes apartados sobre la cofinanciación hayan sido rechazados. 
Se trataba de la única categoría de gastos que era objeto de enmiendas. 
Como nosotros lo habíamos dicho, esta toma de posición era contraria al Tratado, ya que los gastos agrícolas son gastos obligatorios. 
Además, no existía ninguna disposición referente a la reducción necesaria de otros gastos del presupuesto porque éstos no eran obligatorios. 
Por lo tanto, si bien nos felicitamos por el rechazo de la propuesta de la Comisión de Presupuestos sobre dicho punto, no podemos sino lamentar el tono general de este informe. 
Por eso no hemos podido aprobarlo. 
Señora Presidenta, sólo dos palabras para explicar que después de haber publicado una opinión minoritaria sobre el Informe Haug, he votado a favor de éste. 
Deseaba decir, simplemente, que lo esencial de mi argumentación respondía al hecho de que ponía en duda la conformidad con el Tratado de la cofinanciación agrícola que proponía el Informe Haug. 
Como este elemento ha sido eliminado en nuestras votaciones, he podido votar positivamente este informe, y permítanme decirles que me congratulo de que mi opinión minoritaria en comisión haya sido la opinión mayoritaria del Pleno. 
Señora Presidenta, rechazamos tanto el principio de la cofinanciación como la disminución progresiva de la ayuda concedida. 
No estamos de acuerdo con que la revisión del presupuesto europeo se haga a expensas de los agricultores. 
Además, nos oponemos a la creación de nuevos recursos propios porque no queremos cargar a los ciudadanos con nuevos impuestos adicionales. 
Por lo demás, consideramos un error que no se establezca una relación entre Fondo de Cohesión y zona euro. 
Es decir, quien está preparado para acceder al euro no necesita estas ayudas. 
La solidaridad unilateral no existe o no debería existir. 
Hablando en términos generales, la financiación del presupuesto comunitario ha de perseguir mayor transparencia y justicia en lo que al reparto de los gastos se refiere. 
Habida cuenta de que el principio de la cofinanciación fue rechazado por el Pleno- y nos congratulamos de ello- y que algunas de las propuestas del informe que merecen nuestro apoyo fueron aprobadas en tanto que otros elementos fueron rechazados, nos hemos abstenido en la votación final. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra de la propuesta del informe sobre la cofinanciación de la política agraria común a cargo de los presupuestos nacionales. 
Frente a esta propuesta, mantenemos la postura de que debe reducirse la ayuda a la agricultura comunitaria. 
No es deseable ni necesario introducir ninguna modificación del presupuesto de la UE de cara al futuro. 
El presupuesto de la UE tiene unas dimensiones cada vez mayores, lo cual- evidentemente- da lugar a graves problemas. 
Éstos tienen mucho que ver con los informes sobre los fraudes y las irregularidades que cuestan cada año alrededor de cuarenta mil millones de coronas suecas al contribuyente comunitario, es decir, una suma equivalente al doble de la cuota de participación sueca en la UE. 
Es necesario que esto cambie. 
Ante todo, esta circunstancia se debe a la falta de un sentimiento de afinidad en el seno de la UE, al hecho de que numerosos ciudadanos sólo ven la Unión Europea y su presupuesto como una fuente de ayudas. 
Creemos que la propuesta para cofinanciar con cargo a los presupuestos nacionales la política agrícola, que supone el mayor gasto de la UE, es una medida importante y un paso adecuado hacia la reducción del presupuesto global de la UE. 
Pensamos firmemente que esta medida contribuirá a lograr un mayor compromiso de los Estados miembros por lo que respecta a la política agrícola de la UE, a la vez que les llevará a mostrar una mayor cautela en la gestión de las ayudas de esta política agrícola. 
Rechazamos todas las exigencias que se recogen en este informe para que la UE emprenda una política fiscal y lleve a cabo una coordinación de la política económica, principalmente por lo que respecta al argumento de que la UE ha de ser «un agente político y económico global de una importancia cada vez mayor». 
Es innecesaria cualquier superpotencia, ya sea económica, política o militar, ya que no beneficia ni a los Estados miembros, ni a Europa, ni al mundo en general. 
Rechazamos enérgicamente los apartados 9 y 11, puesto que propugnan que la UE asuma una responsabilidad clara en materia de legislación fiscal, con competencias además en la recaudación y la utilización de los impuestos. 
La política fiscal y la política económica han de enmarcarse en un ámbito de decisión nacional, aun si esta políticas exigen en cierta medida una cooperación internacional por medio de acuerdos fiscales de carácter claramente específico. 
Pero está claro que estos acuerdos no equivalen a una política fiscal en el ámbito de decisión de la UE que permita a la propia Unión hacerse cargo de la recaudación de impuestos. 
resulta muy oportuno que debatamos este informe cuando los líderes de la Unión Europea están inmersos en duras y enfrentadas negociaciones sobre la futura financiación de la propia Unión Europea. 
Mientras hoy debatimos la cuestión del reembolso que la Unión Europea da al Gobierno británico anualmente, ahora deberíamos insertar la cuestión en su contexto general. 
Está claro que algunos Estados miembros de la UE, en especial Holanda, Austria y Alemania, creen que contribuyen en exceso al presupuesto anual de la Unión Europea. 
Se discute que el gobierno británico se aseguró un acuerdo demasiado favorable en Fontainebleau en 1984 en relación con el reembolso que la Unión Europea le devuelve anualmente. 
Este ahora es motivo de negociación entre los líderes de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
Se debe diseñar un marco para la futura financiación de la Unión Europea para el período 2000-2006. 
Una ecuación financiera está, con seguridad, muy clara. 
El presupuesto anual de la Unión Europea aun se verá aumentado a través de una recaudación individual sobre los Estados miembros hasta un máximo del 1, 27 % del PIB. 
Ya se han tomado decisiones en el sentido de que la futura financiación de la ampliación de la Unión Europea debe provenir de los parámetros de esa asignación presupuestaria del 1, 27 %. 
Es evidente que se debe llegar a un compromiso entre aquellos países que manifiestan que contribuyen en exceso a la UE, como igualmente, los países que han recibido en los últimos años un trato favorable del presupuesto anual de la Unión Europea. 
El Gobierno británico entra con seguridad en esta última categoría y mientras las negociaciones avanzan hasta la cumbre de Berlín del 25 de marzo está claro que seguro que habrá una relajación de las normas que rigen la cantidad que el Gobierno británico recibe cada año por la vía de los reembolsos de la UE. 
En cuanto a la futura financiación de la Unión Europea, una opción que no puede ser considerada es la posible renacionalización de la propia Política Agrícola Común. 
Una decisión de ese tipo tendría graves repercusiones para Irlanda por nuestra particular dependencia de la agricultura y la importancia de la explotación agrícola familiar como factor esencial de la infraestructura social y económica de las zonas rurales. 
Es la tercera vez que se plantea el problema de la financiación de la construcción europea, tras el Tratado de Luxemburgo de 1970 y la Cumbre de Fontainebleau de 1984. 
Los Estados están de acuerdo con el balance, pero existe una gran división con respecto a las soluciones a este problema. 
El balance se apoya en la ilusión, la complicidad y la injusticia que caracteriza a la financiación actual de Europa, que como sabemos se apoya en cuatro bases, con cuatro recursos. 
La injusticia reside en el reparto de la carga. 
Alemania paga más de lo que recibe; Francia también. 
Se habla entonces de contribuyentes netos. 
Por el contrario, España, Irlanda, Grecia y Portugal salen ganando gracias al Fondo de cohesión. 
Pero, en realidad, el balance financiero de los Estados es más complejo. 
Por ejemplo, Bélgica y Holanda aparentemente pagan mucho, debido a los derechos de aduana sobre las importaciones a través de Anvers y Rotterdam. 
Por lo tanto, Bélgica y Holanda pagan aparentemente mucho, pero no sufragan realmente estos derechos de aduana. 
Además, el balance financiero de cada uno de los Estados depende del criterio elegido para efectuar los cálculos. 
En efecto, si se compara lo que debe desembolsar cada habitante con los ingresos de que dispone, desde el punto de vista del PIB individual, el diagnóstico se invierte. 
Los habitantes de Holanda que contribuyen al Fondo de cohesión realizan un sacrificio individual mayor que los habitantes de los países de Europa del Norte. 
Esto ya demuestra la complejidad del sistema. 
El examen del modelo de cálculo de los recursos basados en el IVA o en el PNB, y sobre todo del dispositivo técnico de los umbrales de nivelación de la contribución británica, revelaría una complejidad aún más inverosímil. 
Esta opacidad técnica esconde muchas entelequias, sobre todo la de creer que la Unión Europea se financia con recursos propios- que, además, son fiscales, mediante el IVA -, cuando la financiación sigue revistiendo la forma de contribuciones estatales. 
Es también una entelequia hacer creer, como hace la Comisión, que la apertura al Este y la ampliación de las competencias europeas se realizarán con una dotación presupuestaria invariable: 1, 27 del PNB. 
La Europa del futuro exigirá unas finanzas cada vez más elevadas y acabará por plantearse el problema de la fiscalidad. 
Es ahí donde existen divergencias sobre las soluciones. 
Una vez descartada la falsa idea de la cofinanciación, que sería, de hecho, un nuevo recurso creado «solapadamente» , sin la ratificación de los Parlamentos nacionales, quedan las divergencias esenciales sobre los principios y las técnicas. 
En cuanto a los principios, ¿es o no necesario confirmar la idea británica del «justo retorno»? 
¿Es necesario limitar, por razones de simple sentido común, el sacrificio impuesto para evitar la expoliación de algunos, concretamente Francia? 
¿Es realmente necesario implantar el «impuesto único» con un desembolso cada vez mayor basado en el PNB, cuando sabemos que el impuesto único es un impuesto injusto? 
Más allá del, o de los recursos adoptados, ¿éstos deben ser progresivos, como desea España, o proporcionales? 
Y sobre todo, ¿es necesario mantener en las decisiones la regla de la unanimidad, que es la única que aporta seguridad, o se debe implantar la toma de decisiones por mayoría, que acaba por provocar todo tipo de derivas? 
A estas divergencias sobre los principios, corresponden divergencias sobre las técnicas. 
¿Europa va a financiarse mediante el pago del impuesto sobre las emisiones de C02? 
Sólo los Verdes así lo creen. 
¿El impuesto europeo gravará la renta? 
Es de temer que así sea, salvo que se mantenga el sistema actual: una financiación a través de la contribución de los Estados, ya que siempre hemos sabido que los antiguos impuestos son los mejores y los que acaban por hacerse respetar. 
Al igual que el conjunto de los miembros franceses de nuestro Grupo, hemos votado en contra del informe tal cual lo ha aprobado el Pleno. 
Lamento una vez más que muchos colegas no hayan sido coherentes con su lógica hasta el final. 
Si bien es cierto que, por una escasa mayoría, hemos logrado rechazar el apartado 13, que proponía la cofinanciación de la PAC, otros elementos de la resolución no podían ser, desde nuestro punto de vista, ni aceptables ni aceptados. 
En diferentes apartados de la resolución, se precisa que el Parlamento Europeo quería tener el control del conjunto del presupuesto comunitario. 
Por consiguiente, considero que quienes han votado a favor de esta resolución son favorables a la desaparición del principio de gastos obligatorios. 
En efecto, desde el Tratado de Roma, el conjunto de los gastos agrícolas cubierto en el marco del FEOGA-Garantía son gastos obligatorios, es decir: el Parlamento sólo emite un dictamen sobre este tipo de gastos y el Consejo es la única institución con poder de decisión respecto a éstos. 
Desde el comienzo de la legislatura, oigo decir que no es normal que el 48 % del presupuesto comunitario esté afectado a una categoría socioprofesional que representa menos del 5 % de la población europea. 
Por lo tanto, sé por experiencia que el día en que el Parlamento Europeo tenga poder efectivo sobre el presupuesto agrícola, no parará hasta reducirlo para transferirlo a otros gastos, hacia otras políticas, olvidando que la PAC es la única política integrada a escala comunitaria. 
Con respecto al PNB de la Unión Europea, deseo recordar que el presupuesto agrícola sólo representa el 5 % del PNB de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Hay un segundo elemento por el que he rechazado la aprobación de este informe. 
En efecto, en diferentes partes del texto votado en el Pleno, se establece un aumento del presupuesto de las instituciones europeas mediante la creación de otros recursos diferentes a los que conocemos, sin por ello aumentar la presión fiscal global sobre los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La primera pregunta que me formulo, es la de saber por qué medios es posible aumentar los recursos comunitarios sin que por ello aumente la presión fiscal. 
La única respuesta que puedo encontrar es, simplemente, a través de una transferencia del presupuesto de los Estados miembros al presupuesto europeo. 
Hoy tenemos enormes problemas para equilibrar nuestro presupuesto respecto a las dificultades que se desprenden de los criterios de convergencia resultantes de la aplicación del euro; pienso, por tanto, que esta propuesta es completamente irrealista. 
La misión primordial de la Unión Europea es privilegiar las políticas comunes. 
Si existen problemas presupuestarios, no podrá solucionarlos a través de la cofinanciación ni del carácter decreciente de las compensaciones agrícolas, sino destinando la masa presupuestaria necesaria a estas políticas. 
Hasta no hace mucho tiempo, antes de 1992, la PAC representaba el 70 % del presupuesto comunitario, y al principio representaba incluso la práctica totalidad del presupuesto europeo. 
Los agricultores europeos han participado financieramente en la aplicación del euro, mediante la supresión de la diferencia de tipos que existía entre el ecu y el ecu «verde». 
Hoy les pedimos, simplemente, que financien la ampliación de la Unión Europea a los PECO, a pesar de que saben que su futuro se encuentra más que amenazado, puesto que la Unión Europea sólo piensa en celebrar acuerdos de librecambio y en desmantelar lo que queda de la preferencia comunitaria. 
El informe de la Sra. Haug hace contribuciones muy positivas, con la condena del principio del «justo retorno» y de la «corrección británica» y con la propuesta de que se substituya el recurso correspondiente al IVA por el correspondiente al PNB. 
De ese modo se hará una contribución decisiva para evitar la regresividad actual, por lo demás ya disminuida en 1997, como se ve en un interesante cuadro del informe del Sr. Valdivieso, a consecuencia del relieve relativamente mayor que el recurso correspondiente al PNB ha pasado a tener entre los recursos actuales. 
Se trata de una preocupación que tener en cuenta en relación con un «nuevo» recurso propuesto, un impuesto sobre las emisiones de CO2. 
Otras dos propuestas hechas, de que sean ingresos de la Unión los beneficios de la emisión de moneda (diferencia entre el valor real y el valor nominal) por el Banco Central Europeo y un impuesto sobre las inversiones especulativas a corto plazo (Tobin tax) , son sin duda interesantes, pero requieren también una mayor ponderación y pueden hacer tan sólo contribuciones menores. 
Por representar ya un relieve rediticio mayor y constituir un ingreso distribuido equitativamente y reconocido por los ciudadanos (con lo que se fortalece una deseable accountability) , no comprendemos por qué no se procura avanzar prioritariamente con un impuesto vinculado a sus rendimientos personales (a los IRS). 
Por último, en relación con la PAC, más importante que su renacionalización sería que se avanzara hacia su reforma, con reducción de precios a los consumidores y medidas de reestructuración y apoyo a las rentas de los agricultores menos favorecidos. 
Existe una necesidad de modificar y reformar el sistema de recursos propios de la Unión Europea. 
Sin embargo, me opongo a la propuesta que se recoge en el apartado 8 del informe, ya que ésta conllevaría un aumento del carácter supraestatal de la Unión. 
En mi opinión, el Consejo ha de seguir siendo en principio la única institución con poder de decisión en lo relativo a los recursos propios. 
Por lo que respecta a la cofinanciación del gasto agrícola, creo que no es la solución correcta. 
Es necesario reformar profundamente la política agrícola actualmente en vigor y recortar el gasto en este ámbito, pero rechazo el principio de la cofinanciación puesto que debemos aspirar a un régimen general. 
El sistema actual de recursos propios muestra algunas carencias importantes. 
Así, la recaudación de los recursos propios tradicionales entraña muchas complicaciones administrativas, irregularidades y fraude. 
Un análisis profundo de la relación coste-eficacia de estos recursos propios, tal como la ponente propone, es con seguridad adecuado. 
Otro punto importante es el desequilibrio entre el reparto de los gastos e ingresos del presupuesto de la UE respecto de los Estados miembros. 
Estoy de acuerdo con las propuestas que la ponente hace al respecto. 
Por ello, recuerdo la introducción de la cofinanciación por los Estados miembros en la contención del gasto agrícola. 
Así mismo, estoy de acuerdo con la crítica efectuada sobre el mecanismo corrector del Reino Unido. 
Ahora que otros cinco Estados miembros se encuentran en una situación de contribuyentes netos casi comparable a la del UK, el mantenimiento de este mecanismo corrector, solamente en vigor para un Estado miembro, ya no es legítimo. 
Sin embargo, en mi opinión, resulta excesivo rechazar por definición un mecanismo corrector que afecte a la recaudación del presupuesto de la UE. 
Creo que un mecanismo de compensación aplicable a todos los Estados miembros puede ser un instrumento útil para hacer algo en cuanto al injusto reparto de los gastos financieros entre los Estados miembros. 
No obstante, a pesar de valorar las propuestas anteriores, no puedo dar mi respaldo al informe Haug. 
El motivo más importante para ello es la propuesta relativa a una reforma fundamental del sistema de recursos propios. 
Se propone reemplazar a largo plazo las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE por impuestos europeos. 
Se desea crear una Unión que sea totalmente independiente de las Administraciones nacionales. 
Encaja con el modelo supranacional de Europa que todavía muchos persiguen en este Parlamento, pero que se opone diametralmente a la Europa que nosotros defendemos. 
La Unión Europea debe permanecer como una agrupación de Estados miembros nacionales. 
Eso significa que las Administraciones nacionales también deben influir en su financiación. 
Un sistema integral de contribuciones nacionales basadas en la riqueza (PNB) de cada Estado miembro, como el defendido por el Sr. Fabre-Aubrespy en su planteamiento minoritario, constituye la mejor garantía para lograr un sistema financiero equilibrado y transparente. 
Así mismo, la relación entre coste y eficacia de semejante sistema es buena. 
He votado en contra de este informe principalmente porque incluye unas exigencias muy claras en el sentido de que la Unión ha de procurarse sus «propios recursos». 
Esta circunstancia constituye de manera concreta un primer paso para otorgar a la Unión un derecho en materia fiscal, lo cual es, a su vez, un gran paso también hacia una Europa federal. 
La propuesta de la Sra. Haug se desvía del principio de que cada pueblo ha de tener derecho a «decidir por sí mismo» en un marco democrático. 
Éste es el motivo por el que votado en contra del presente informe. 
Informe Monfils (A4-0106/99) 
La creación de una acción comunitaria de apoyo a la organización de la «Capital Europea de la Cultura» debería comprender no sólo el articulado de delimitación de las candidaturas, sino también la asignación de medios que permitieran que ciudades de menor dimensión económica, pero de innegable consistencia cultural, nacional y europea, tuviera mejores facilidades para llegar a ser capitales europeas de la cultura. 
Nos congratulamos de que se haya aprobado la necesidad de que las candidaturas «garanticen la movilización y participación en el proyecto de grandes estratos de la población» , así como la recomendación de que las ciudades designadas puedan (deban) incluir en sus proyectos las regiones limítrofes. 
Son orientaciones que siempre hemos defendido, aunque no siempre hayan sido bien comprendidas y aceptadas. 
Por eso, consideramos y nos gustaría que Oporto, Capital Europea de la Cultura en el año 2001, fuera desde ahora precursora y aplicara esas orientaciones antes incluso de que entraran en vigor. 
Está plenamente justificada la posibilidad de que varias ciudades de un mismo país presenten una candidatura común. 
Eso podría permitir que ciudades como Tomar y Santarem, si así lo consideraran, reformulasen sus candidaturas para que, justificándose en sí mismas, pudieran por esa vía imponerse de forma aún más evidente. 
Informe Lehne (A4-0098/99) 
Señora Presidenta, el Informe Lehne persigue un objetivo muy loable: hacer más transparente y equitativo el trato de los colaboradores y asistentes de diputados europeos. 
Desgraciadamente, el mismo se vale de esta buena idea, con miras a una armonización estatutaria en el plano europeo, o de un comienzo de armonización estatutaria, en la que, en particular el Parlamento Europeo sería el empleador, aun cuando, evidentemente, el propio diputado quedaría liberado de la contratación o del despido. 
Esta evolución se apoyaría, según el ponente, en una interpretación extensiva del nuevo apartado 5 del artículo 190, TCE, resultante del Tratado de Amsterdam, que establece la creación de un estatuto europeo unificado de los miembros de esta Asamblea. 
El Grupo Europa de las Naciones se opone a esta unificación del estatuto de los diputados, quienes deben seguir rigiéndose, en nuestra opinión, por las disposiciones de cada país. 
Por lo tanto, mi Grupo se opone también, y sobre todo, a la interpretación amplia del apartado 5 del artículo 190, que extendería esta unificación a los colaboradores de diputados. 
Nosotros consideramos que el diputado europeo representa a su país y que debe ser remunerado o reembolsado por éste, y es importante que a sus colaboradores se les aplique el mismo régimen. 
De lo contrario, en un futuro próximo los asistentes se integrarán completamente al régimen y al modo de pensar europeos, propondrán espontáneamente a su diputado posiciones orientadas siempre hacia una mayor integración, porque serán funcionalmente incapaces de imaginar algo distinto. 
Desconfío mucho de la influencia que puede ejercer en el comportamiento de los individuos el hecho de estar en posesión de uno u otro estatuto. 
Por eso pienso que la necesaria equidad en la gestión de los colaboradores debe estar establecida en el plano nacional. 
La situación de los asistentes de diputados europeos debe gestionarse en el plano nacional, según las mismas leyes, las mismas modalidades y por los mismos servicios que los asistentes parlamentarios nacionales. 
En la actualidad, los diputados pueden contratar a sus asistentes con arreglo a la legislación laboral belga o a la de su país de origen, todo ello de acuerdo con unas condiciones normales de contratación por lo que respecta a las cotizaciones de la seguridad social. 
El actual sistema ha dado lugar a enormes diferencias en las condiciones laborales de los asistentes de los distintos grupos políticos y Estados miembros. 
Muchos de estos asistentes, entre los que figuran los contratados por los socialdemócratas suecos, se han acogido a unas condiciones laborales de acuerdo con el país de origen, mientras que otros asistentes carecen de contrato de trabajo y de representación sindical. 
La inexistencia de una política de personal aceptable y el mantenimiento de las disposiciones laborales que se recogen en el informe de la asociación de asistentes son motivo de una gran preocupación. 
Tampoco consideramos que se deba aplicar a los asistentes la imposición fiscal comunitaria. 
Todavía no se dan las condiciones necesarias para permitir alcanzar un acuerdo de carácter colectivo. 
A pesar de que tiene como objetivo la regulación de las condiciones laborales de los asistentes de los diputados al Parlamento Europeo, el informe Lehne no es lo suficientemente detallado. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de la introducción de condiciones reguladas para los ayudantes parlamentarios. 
Tal y como están hoy las cosas, el 23 % de los ayudantes no dispone de ningún contrato. 
Desgraciadamente hay ejemplos de ayudantes que han sido contratados sin sueldo o seguridad social. 
Por ello hemos votado a favor de la implantación de normas vinculantes para, por ejemplo, la contratación y el despido, el salario, la seguridad social y la jubilación. 
Hemos votado a favor de que estas disposiciones vinculantes entren en vigor antes del fin de esta legislatura. 
Es de esperar que el Consejo asuma su responsabilidad y así dispongamos lo antes posible de condiciones reguladas para todos los ayudantes. 
Apoyamos plenamente los esfuerzos de los asistentes por disponer de condiciones reguladas de contratación, de remuneración y de trabajo. 
La intención no puede ser que los ayudantes puedan ser despedidos con un día de aviso o si son llamados a filas. 
Tienen derecho a plazos de aviso como el resto del mundo. 
Estamos en contra de la burocracia innecesaria y pensamos unívocamente que los regímenes de seguridad social nacionales pueden y deben respetarse. 
Aunque la propuesta presentada no sea perfecta, hemos elegido de todas formas votar a favor del informe para acabar con este mercado negro de trabajo. 
Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos por los ciudadanos de los Estados miembros, a quienes representan en la Unión Europea. 
No son representantes de la UE en los Estados miembros, Por consiguiente, sus salarios y condiciones fiscales han de ajustarse a las mismas reglas que los de los diputados nacionales. 
Los asistentes de los diputados europeos están vinculados a los diputados, por lo que no deben ser equiparados a los trabajadores contratados por los grupos parlamentarios, los cuales se subordinan directamente a la estructura federalista del Parlamento Europeo. 
Nuestros asistentes, tanto los que desempeñan sus funciones en su país de origen como los destacados en Bruselas, se rigen por los convenios colectivos y los sistemas tributarios nacionales. 
Creemos que el funcionamiento de esta normativa ha sido excelente. 
Nos resulta completamente extraña esta iniciativa del Parlamento Europeo para regular con detalle las condiciones de contratación, restringir el derecho de expresión e información de los asistentes e introducir una enorme diversidad salarial. 
Por lo tanto, no vamos a permanecer impasibles ante la explotación laboral que propugnan algunos diputados al Parlamento Europeo. 
No obstante, es preciso lograr una solución a este problema prescindiendo de los inconvenientes que presentan la propuesta del Consejo para modificar el Reglamento, el informe Lehne y muchas de las enmiendas que se han presentado durante este período parcial de sesiones. 
Es necesario disponer de directrices de empleo y de convenios de contratación para regular, entre otros, los derechos sociales de los asistentes. 
La contratación ha de vincularse, exactamente igual que ocurre en el caso de los diputados, a la legislación del país de origen o del país de residencia permanente. 
Lo importante de esta cuestión no es darle un carácter comunitario, sino lograr que las reglas sean claras y precisas, y que las condiciones resulten aceptables tanto para los asistentes como para los diputados. 
Al igual que debería ocurrir con los diputados, tampoco los asistentes deberían pagar sus impuestos a la UE, sino a las autoridades fiscales de su país de origen. 
He votado en contra de esta propuesta para introducir un Estatuto común de los asistentes, principalmente porque, de acuerdo con dicha propuesta, los asistentes pagarían en el futuro el denominado impuesto comunitario, que supone una retención fiscal en torno al 20 %. 
Me opongo enérgicamente a este tipo de propuestas encaminadas a dotar a los trabajadores de la UE de exenciones fiscales. 
Los trabajadores de los diputados suecos, por ejemplo, han de pagar sus impuestos como todo el mundo, bien al fisco belga, bien al sueco. 
Además, con una exención fiscal para los asistentes se allanaría el camino político para aplicar el denominado impuesto de la UE también a los diputados del Parlamento Europeo. 
Informe sobre el Consejo Europeo de Berlín 
Señora Presidenta, mi grupo se ha opuesto plenamente a la presentación de una resolución con antelación a la cumbre de Berlín. 
Esta Asamblea, durante los últimos meses, ha dedicado horas y horas a un trabajo detallado, aprobado por este Pleno, sobre el paquete de la Agenda 2000. 
Es completamente inadecuado, en nuestra opinión, que adoptemos una resolución literalmente dentro de pocos minutos, por comparar, en la que en algunos lugares se repite y en otros se contradice el trabajo realizado para el paquete de la Agenda 2000. 
Ha sido sobre esta base sobre la que hemos decidido votar en contra de todas las resoluciones que se han presentado en esta Asamblea a parte de la nuestra, que estipulaba que debíamos adoptar y atenernos al paquete de la Agenda 2000 como en la primera lectura. 
Esta es la base de nuestra oposición. 
No puedo más que repetir nuestra satisfacción por que el Pleno haya rechazado las resoluciones. 
Señora Presidenta, como ponente del reglamento marco sobre la reforma de los fondos estructurales he votado en contra de la resolución del PPE y de la resolución de compromiso. 
Esta resolución no refleja completamente las prioridades de negociación acordadas por el PPE y el PSE en la resolución McCarthy/Hatzidakis y, en cuanto tal, solo puede ofrecer una visión parcial y partidista de las prioridades del Parlamento. 
En mi opinión es deplorable que el PPE busque socavar nuestra ponencia conjunta y nuestras negociaciones con la Presidencia alemana. 
El parlamento tiene un compromiso con la inversión continua en áreas del Objetivo II y ha solicitado dos iniciativas comunitarias adicionales para las áreas urbanas e industriales. 
El PPE parece haber menguado su apoyo a estas áreas las abandonan excluyéndolas de las prioridades del texto. 
Han enviado una señal a Berlín de que estas áreas y comunidades no son una prioridad política para ellos. 
No podría apoyar este texto. 
Espero que las comunidades de estas zonas mostrarán su descontento en las urnas en junio de 1999. 
No obstante, el PPE a vuelto a demostrar su incapacidad para dar ningún apoyo al falso enfoque de la resolución del Consejo y, en particular, la Agenda 2000. 
Resulta apropiado que el Parlamento haya votado en contra de este compromiso ya que solo persigue socavar acuerdos en Berlín. 
Es muy importante que en la próxima reunión del Consejo Europeo en Berlín se zanje la cuestión de la Agenda 2000. 
La reforma de la política agrícola y de la política estructural y un nuevo acuerdo sobre la financiación de la Unión Europea son necesarios urgentemente para que los países de Europa central y oriental puedan ingresar en la Unión. 
En líneas generales, estamos de acuerdo con la resolución conjunta sobre esta cuestión. Por tanto, hemos votado a favor de esta resolución. 
No obstante, queremos hacer los siguiente comentarios. 
Podemos aceptar la propuesta de la Comisión para el período 2000 a 2006 que establece que en principio se destine anualmente el 0, 46 % del PNB a las medidas estructurales, siempre y cuando se cumplan dos requisitos. 
En primer lugar, debe tratarse, al igual que en los otros capítulos de gastos, de un techo para los gastos y no de un objetivo. 
El actual carácter privilegiado de los fondos estructurales da lugar a que el presupuesto tenga que utilizarse sea como sea. 
En segundo lugar, los créditos destinados a las ayudas estructurales que sirven a los países candidatos para preparar su ingreso deben integrarse en los programas de la UE sin que superen el techo de los gastos, establecido en el 0, 46 % del PNB. 
Eso significa que hay que establecer prioridades claras. 
En las propuestas de la Agenda 2000 se han mantenido demasiado los derechos adquiridos por los Estados miembros del Sur. 
Se debe ser consciente de que en el futuro las regiones pobres deben buscarse en el Este. 
No compartimos, además, las objeciones de los Grupos del PPE y ARE en cuanto a las propuestas del Consejo encaminadas a proponer un Presidente de la Comisión antes de las próximas elecciones europeas de junio. 
No hemos apoyado, por tanto, las enmiendas en cuestión. 
El Presidente de la Comisión es de hecho el funcionario más alto del aparato funcionarial europeo. 
Los funcionarios no son elegidos, sino nombrados. 
El nombramiento del Presidente de la Comisión es, ante todo, un asunto en el que los Estados miembros deben estar de acuerdo. 
Con ello, deben establecerse las cualificaciones personales de un candidato y no las preferencias políticas. 
Si la propuesta depende del resultado de las elecciones europeas, se concede, entonces, demasiado valor a la trayectoria política de un candidato. 
El Consejo Europeo de Berlín, que tratará la apertura de Europa al Este, podría ser la ocasión para adoptar por fin una actitud amistosa para con Bielorrusia. 
En efecto, las acusaciones contra Bielorrusia carecen de fundamento. 
No es exacto decir que no existe ninguna libertad de expresión en este país. 
Bielorrusia evoluciona, por etapas, hacia un régimen consagrado cada vez más al progreso y a la libertad, basado en la Constitución actual. 
Las acusaciones contra Bielorrusia recuerdan aquellas acusaciones que algunos medios anglosajones habían lanzado contra el general De Gaulle, en la IV República. 
Con el pretexto de que quería instaurar una nueva Constitución a través de un referéndum, se le había acusado de fascismo antirrepublicano. 
Este género de acusación es absurdo. 
Los derechos humanos en Bielorrusia son mucho más respetados que en países pro norteamericanos, como Turquía, que se beneficia de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. 
Es conveniente poner fin a acusaciones contrarias al principio de amistad entre los pueblos, particularmente necesaria en la gran Europa actual. 
Esta Cumbre de Berlín, que tratará como única cuestión la Agenda 2000, es particularmente importante para el futuro de la Unión Europea. 
Además del aspecto financiero de esta reforma, lo que está en juego es el principio de la subsidiariedad. 
Al igual que nuestro Presidente, José María Gil-Robles, pienso que esta reforma debe considerarse de manera global, para dirigir un mensaje político claro a los ciudadanos de la Unión Europea y de los países candidatos. 
Efectuaré varias observaciones con respecto a los aspectos más sectoriales de las propuestas realizadas por la Comisión. 
En primer término, en cuanto a la PAC, creo que es imprescindible, por una parte, garantizar una renta estable al conjunto del medio agrícola y, por otra parte, promover una agricultura desconectada de los mercados mundiales basada en un desarrollo rural concertado y aceptado por todos. 
A propósito de las políticas estructurales, sigo abogando por que las zonas del Objetivo 1 puedan beneficiarse de un período de transición. 
Otro reto al que debe hacer frente la Unión Europea radica en los barrios que poseen una gran densidad de población. 
No es necesario recordar el número de europeos que viven en estos sectores urbanos, para reafirmar la legitimidad del programa URBAN y su mantenimiento, como ya lo ha manifestado el Parlamento Europeo. 
De igual modo, no puedo menos que suscribir el hecho de que los Fondos estructurales deben consolidarse como un instrumento al servicio del empleo y de la lucha contra el paro. 
En este sentido, suscribo el hecho de que la Unión Europea debe ocuparse de crear un sistema de recursos propios que permitan prever una ampliación que no ponga en tela de juicio los principios de solidaridad y de cohesión, arquetipo de la construcción europea. 
Finalmente, comparto los deseos relativos a los derechos humanos y al desarrollo equilibrado, que deben considerarse como objetivos de pleno derecho de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
Sí, la Cumbre de Berlín reviste una importancia particular que obliga a nuestros dirigentes a enviar un mensaje enérgico a pocas semanas de un plazo, ocasión que nuestros conciudadanos no desaprovecharán para expresar sus puntos de vista sobre la Europa que se les propondrá. 
El Consejo Europeo se reunirá en Berlín. 
Se trata, cuando menos, de un símbolo importante del nuevo orden internacional, puesto que Alemania aprovecha su Presidencia para afirmar la defensa de sus intereses respecto a la financiación del presupuesto europeo, a la apertura al Este y respecto a la PAC. 
En los tres casos, los intereses de Francia no son concordantes. 
La Alemania industrial y atlantista sacrificaría fácilmente la Europa agrícola, dejando a Washington el monopolio del arma alimentaria; Francia, no. 
Alemania, que paga- y que es incluso el primer contribuyente neto al presupuesto europeo, ya que ingresa mucho menos de lo que recibe -, desearía, si no un «justo retorno» en la línea de las exigencias de la Sra. Thatcher en 1984, al menos un retorno financiero que no sea exageradamente injusto. 
En este punto presupuestario, Francia, que ha llegado a perder hasta más de 20 millardos de francos en un solo año de financiación del presupuesto europeo, es sensible a las excesivas desigualdades en la participación financiera de cada uno. 
Sin embargo, no podemos olvidar que, si bien la contribución de Alemania al presupuesto europeo es muy elevada, la contribución de los demás Estados de la Unión también se ha incrementado mucho desde su reunificación, puesto que, finalmente, los altos tipos de interés impuestos por el Bundesbank para financiar los cinco Länder de la Alemania del Este constituyen una de las principales causas de la recesión económica de los últimos años y de la existencia de seis millones de parados franceses. 
Francia ha pagado una parte importante del «ajuar matrimonial» de las dos Alemanias. 
Con respecto, finalmente, a la ampliación al Este, ésta desplaza aún más el centro de gravedad de la Unión Europea hacia la antigua zona del Comecon, donde la moneda de cambio era el rublo transferible, lo que confirma que nos encontramos en la esfera de influencia de Alemania. 
Para Francia, el hecho de admitir a países del Este, en los cuales el 25 % de la población activa es agrícola, significa agudizar los problemas que están exigiendo la reforma de la PAC en un sentido contrario a nuestros intereses nacionales. 
Eso es tanto como decir que en la «pareja» francoalemana los intereses no son necesariamente convergentes, ni en cuanto a la independencia energética nuclear, ni en cuanto a la reforma de la PAC- respecto de la cual no queremos una cofinanciación que nos convertiría en pagadores sin autoridad decisoria -, ni en cuanto a la financiación de la PAC, cuyos principios aún no han sido claramente decididos. 
En efecto, en lugar de hablar de técnica de nivelación, de límites o de corrección, lo esencial sería decidir sobre los principios, es decir: ¿Europa debe financiarse a través de la fiscalidad, o de contribuciones de los Estados miembros? 
Si es a través de una financiación fiscal, ¿cuál debe ser el modelo de impuesto? 
¿Debe ser progresivo como desea España, o proporcional a la riqueza, o incluso por habitante? 
De hecho, en Berlín, Europa se halla en una encrucijada formada por los caminos del Este, los caminos presupuestarios, los caminos estratégicos. 
Ha llegado el momento en que la construcción europea deberá despejar sus ambigüedades, y la primera de ellas es la siguiente: ¿construimos la Europa europea o la Europa mundializada? 
El Frente Nacional ha elegido desde el principio: está a favor de la Europa de las realidades, de las verdades, de la Europa de lo concreto, de la Europa de los Estados, de las naciones. 
En el período de falta de ambición y de sentido de las responsabilidades por el que atravesamos, debemos felicitarnos de algunos aspectos de la resolución del Parlamento Europeo que acabamos de votar. 
Así ocurre con la afirmación, que figura en el considerando A, de que «los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión son los instrumentos principales de la cohesión económica y social» , mientras que en el párrafo 5 se subraya la importancia de la cohesión económica. 
Conviene subrayar también la afirmación, en el párrafo 4, de que se debe conciliar el rigor presupuestario con la garantía de «fondos suficientes para las tareas esenciales de la Unión». 
Por último, conviene subrayar también la aprobación, en el párrafo 6, de la «propuesta de asignación anual del 0, 46 % del PNB de la Unión Europea a acciones estructurales durante el período 2000-2006». 
No obstante, esperemos que no quede en buenas intenciones, cuando los responsables más poderosos, con arreglo a la Agenda 2000, en lugar de estar preocupados por reducir la insuficiencia de medios en relación con las ambiciones europeas, están básicamente preocupados con la fijación de un límite «sacrosanto» de 1, 27 % del PIB para el presupuesto de la Unión, o también cuando en la Agenda 2000 la Comisión se propone desviar 45.000 millones de euros de las asignaciones correspondientes a los Fondos estructurales para las acciones preparatorias de adhesión de los nuevos miembros, con lo que los actuales 15 miembros quedan con menos de 10, 2 millones de euros, es decir, a fin de cuentas, el 0, 39 del PNB... 
Se trata de aspectos de la mayor importancia que convenía que hubieran quedado resueltos o aclarados. 
La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0272/99 del Sr. Imbeni y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; -B4-0295/99 de los Sres. Vinci y Ripa di Meana, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica; -B4-0317/99 del Sr. Santini y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; en relación con el desastre del Monte Cermis, Italia, y la sentencia del tribunal militar de los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, el 3 de febrero de 1998, un avión militar estadounidense, en flagrante violación de las normas de vuelo, provocó la tragedia del funicular del Cermis, causando la muerte de veinte ciudadanos europeos. 
A poco más de un año de ese desastre, con una sentencia de absoluto escándalo, el tribunal militar estadounidense de Camp Lejeune ha absuelto al piloto del avión y renunciado a la búsqueda de cualquier otra responsabilidad, aun cuando las autoridades judiciales italianas había probado sin lugar a ninguna duda la manifiesta violación de las normas de vuelo. 
Nosotros, los integrantes del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, nos declaramos indignados por una sentencia que renuncia a establecer responsabilidades, renuncia a perseguir y a castigar a los culpables y ofende los sentimientos de los familiares de las víctimas y de todos los que fueron afectados por la tragedia de Cermis. 
Pedimos que las autoridades estadounidenses recurran a todos los procedimientos que tienen a su disposición para determinar con claridad las responsabilidades de la tragedia, para sancionar seriamente a los culpables y para garantizar, tanto en lo moral como en lo material, una cumplida indemnización a los deudos de las víctimas. 
Es decir que apoyamos la posición asumida por el gobierno italiano, que se ha convertido en intérprete directo de estos sentimientos y de esas peticiones ante el Presidente de Estados Unidos. 
Sin embargo, lo ocurrido nos indica que también es necesario reflexionar y obrar para modificar, si fuera necesario, las normas establecidas en la Convención de Londres en 1951, para permitir que, en el futuro, se evite la repetición de tragedias de este tipo- que, por cierto, podrían aumentar si se difundiera la idea de la impunidad- y para garantizar que, en cualquier caso, no se obstaculizarán las investigaciones ni la acción judicial cuando estén involucrados miembros de las fuerzas armadas de la OTAN que hayan violado las leyes de los países en que estén establecidas. 
Por último, pidamos que se inicie una acción común, para garantizar que todo tipo de ejercicio militar se desarrolle, dentro del territorio de la Unión, en condiciones de plena seguridad para la población civil. 
Una vez más hacemos llegar nuestras condolencias a todos los que perdieron a seres queridos en la tragedia de Cermis. 
Señora Presidenta, vertebraré las pocas palabras que voy a dedicar a este tema tan delicado sobre dos hipótesis y tres propuestas concretas. 
La primera hipótesis es que, en el accidente de Cermis, que causó la muerte de veinte personas, habría una responsabilidad conjunta del comando de la OTAN en Aviano pues, al hacer una interpretación en exceso permisiva del Tratado de Londres de 1951, siempre autorizó vuelos de adiestramiento incluso sobre zonas densamente pobladas. 
La segunda hipótesis es la demanda contra el piloto, el capitán Ashby, que ha violado todas las normas de prudencia al interpretar un plan de vuelo, peligroso en sí mismo, de una manera rocambolesca. 
En su disculpa, se ha dicho que los mapas militares no señalaban el cable del funicular: algo increíble, porque ese funicular tiene más de 25 años y fue reconstruido inmediatamente después de otro accidente, ocurrido el 9 de marzo de 1976, que costó la vida de 43 personas. 
Si el piloto tuviera razón, en cualquier caso habría que determinar las responsabilidades de quienes no actualizan unos mapas tan delicados. 
Sin embargo, incluso los que no son pilotos tienen dificultades para imaginar que cuando se vuela por una garganta montañosa a 800 kilómetros por hora, a una altura de sólo 80 metros, al mismo tiempo se consiga mirar un mapa. 
De esto saben algo los habitantes de los pueblos que están alrededor del recorrido del funicular, personas que declararon que los vuelos rasantes estaban a la orden del día. 
Según estos testimonios, parece ser que el cable de Cermis, con sus 80 metros de altura era un reto para los jóvenes pilotos de Aviano, casi como una prueba de su valor, una prueba de fuego sobre las cabezas de las gentes. 
Algunos, poquísimos, conseguían pasar por debajo, en tanto que otros, a último momento, elevaban el avión y lo sobrevolaban. 
Infortunadamente, el capitán Ashby lo hizo a medias. 
Así fue como cortó el cable y causó la muerte de veinte personas. 
En mi opinión, son tres las propuestas para remediar semejante situación: primero, revisar y actualizar el Tratado de Londres, en especial en lo relativo a sobrevolar zonas habitadas; segundo, reconocer la prioridad de los tribunales ordinarios respecto de los militares en casos semejantes; tercero, presionar al Gobierno de Estados Unidos para que acelere el trámite de hacer efectivos los pagos por daños a las familias de las víctimas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, tal como el Sr. Vecchi acaba de señalar en tanto peticionario de la resolución, un tribunal militar americano ha dictado sentencia y el piloto del avión en cuestión ha salido libre. 
No es nuestra intención llegar a un acuerdo sobre semejante sentencia, pero tenemos serias dudas sobre el sistema previsto en el Tratado de Londres. 
Constatamos hoy aquí que el sistema judicial italiano garantiza perfecta y correctamente el desarrollo de un proceso ¿Por qué no se pueden fallar casos como éste en Italia, en tribunales ordinarios en lugar de en tribunales especiales como aquí, en un tribunal militar? 
Comprendemos muy bien que éste no sea un alegato a favor de un tribunal popular. Éste no es un alegato a favor de una justicia emotiva o incluso de una justicia revanchista, pero sí un alegato a favor de nuevos procedimientos internacionales en los que las responsabilidades de los accidentes o las violaciones de la ley puedan ser efectivamente constatadas en el lugar de los hechos. 
Así mismo, la absolución de los miembros de la tripulación implicada deja, en efecto, sin respuesta algunas preguntas. 
Por ello, esperamos al menos que la investigación continúe ¿Por qué no disponían los pilotos de un mapa correcto? 
¿Por qué no se indicaba el telesquí? 
¿Por qué no disponían las autoridades del comando de la OTAN, por así decirlo, de la altitud de vuelo permitida en esa región? 
Algo o alguien es responsable de este desagradable asunto. 
Por último, queremos que las promesas y obligaciones realizadas acerca de las indemnizaciones a las víctimas se lleven a cabo, ya que también en ese ámbito debe hacerse justicia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la absolución del piloto americano, que por su conducta temeraria ocasionó hace un año la muerte de 20 ciudadanos europeos, entre ellos, cinco jóvenes vecinos míos, clama venganza. 
Evidentemente, no se ha hecho justicia, ya que, a pesar de las pruebas irrefutables, el autor no ha sido absuelto únicamente de homicidio involuntario, sino que incluso las demandas por incumplimiento de deber e imprudencia temeraria no han sido admitidas. 
Cuando el Parlamento expresó sus condolencias el año pasado a las víctimas de este terrible accidente se abogó por una reforma del Tratado de Londres, que establece que la competencia judicial relativa a los delitos militares recae sobre el país de origen de las fuerzas armadas. 
El fallo inaceptable del tribunal militar pone de manifiesto una vez más la necesidad de esta reforma. 
Más aún, suscita la pregunta de si el recurso a un sistema específico de derechos militares en tiempo de paz es todavía justo ¿Es justo que un militar, que comete un delito con ocasión de una operación que carece de interés militar y en el que las víctimas son ciudadanos, sea juzgado en un sistema jurídico específico casi enteramente integrado por militares o, dicho de otra forma, por colegas? 
Las circunstancias especiales que concurren en caso de conflicto y justifican la existencia de tribunales militares no se daban de ningún modo en este asunto. 
Señorías, todos estamos completamente de acuerdo en que debe determinarse la verdadera responsabilidad y debe acordarse sin más demora una indemnización justa para los familiares de las víctimas. 
Señora Presidenta, me asocio a Sus Señorías en la expresión del rechazo del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ante una sentencia que no sólo ofende a las personas muertas, sino que además pone en evidencia una situación absolutamente inaceptable. 
Al mismo tiempo, rechazo las expresiones exculpatorias ante la reacción mostrada por los habitantes de la región de Cermis y lo manifestado por los familiares de las víctimas. 
Considero que era un deber mostrar un rechazo, tal como lo es que los deudos sean resarcidos, aunque nada devolverá la vida a quienes han muerto. 
Una vez bien establecido todo esto, creo que es justo preguntarse cómo puede ser que, a casi cincuenta años del memorándum de Londres, aún se produzcan episodios semejantes al que acabamos de vivir. 
Traigo a la memoria de todos que ya el año pasado, el 19 de febrero, cuando analizamos en esta Asamblea la tragedia de Cermis, presenté una resolución en la que pedía que se revisara la situación del memorándum de Londres. 
Por tanto, considero que no sólo debemos pedir que se reabra la investigación y se determine si hay responsabilidades en un nivel superior, sino que también hemos de preguntarnos si es necesario mantener las bases de la OTAN, como si fuéramos colonias, o si por el contrario no deberíamos reaccionar, pedir el cambio de la actual normativa y, por fin, atribuir a la justicia nacional la posibilidad de enjuiciar estos delitos. 
Señora Presidenta, el suceso de Cermis es, sin duda, un episodio trágico y la impresión, registrada en Italia y en el resto de Europa, ante lo ocurrido en los tribunales estadounidenses ha dejado en todos un amargo sabor de boca; como es obvio, en primer lugar a los familiares de las víctimas, pero también a todos los que ven en la OTAN lo que siempre hemos visto: una alianza que durante cincuenta años garantizó la seguridad de nuestros países. 
Me parece justo que nosotros, como Parlamento Europeo, después de lo que ayer se dijo en el Parlamento italiano, hablemos y nos preocupemos de que se haga verdadera justicia en este asunto que todavía presenta tantos- demasiados- puntos oscuros, que incluso se escudan en el Tratado de 1951. 
No obstante, no creo que para nosotros, los europeos, sea justo ni útil discutir sólo cuando se producen estos episodios lo que se habría podido discutir en otro lugar. 
En cualquier caso, esta mezcla me parece peligrosa. 
Señora Presidenta, creo que todos en este Parlamento podemos imaginarnos el dolor de los familiares de las víctimas de Cavalese y hoy, cuando, un año después de la catástrofe, el piloto responsable es absuelto sin más por un tribunal militar americano, nos sumamos por encima de todas las diferencias políticas a la indignación de estas personas. 
Creo, sin embargo, que nosotros, los políticos, no podemos limitarnos a pronunciar palabras más bien sin compromiso de apoyo moral o de crítica al Tratado de Londres. 
Debemos, en tanto Parlamento Europeo, atrevernos a admitir nuestra responsabilidad política. Debemos decir, por tanto, que se trata de algo más que la culpabilidad o inocencia de algunas personas, de algún piloto. 
En efecto, en las pasadas semanas nos hemos enfrentado a los hechos, hechos que a veces intentamos negar. 
Los acontecimientos ponen efectivamente de manifiesto que las tropas americanas en Europa están de hecho por encima de la ley de los Estados miembros, impunes, tal como ahora resulta; pueden transgredir leyes y reglamentos y nunca deberán asumir su responsabilidad por ello ante los tribunales europeos o los tribunales de los Estados miembros. 
No obstante, sobre todo debemos preguntarnos si esta sentencia, bastante lamentable, no podría describir un determinado tipo de mentalidad americana contemporánea que obviamente considera que las tropas americanas destacadas en Europa constituyen una especie de tropas de ocupación. Tropas de ocupación que, como todas las tropas, están por encima de la ley de y de las normas de los países en los que se encuentran estacionadas. 
Hoy, no sólo debemos reclamar una indemnización para los familiares de las víctimas, cuyo profundo dolor es, por descontado, irreparable, sino pedir también una condena seria de esta actitud americana que solamente se puede calificar de neocolonial e inaceptable. 
Los países de Europa no son estados satélites americanos ni ningún poblado de negros y tampoco se dejan manejar de semejante forma. 
Señora Presidenta, Señorías, es sorprendente la manera en que se pierde la dimensión de lo justo cuando se confía al país de pertenencia de los militares de la OTAN, culpables de accidentes o violación de las leyes, la determinación de las responsabilidades y el ejercicio de una justicia que, tanto en el sentido material como en el moral, está a miles de kilómetros de distancia. 
Es incalificable la actitud de los pilotos estadounidenses sobre el Cermis, pues cuando debían realizar ejercicios militares, hicieron en cambio estragos entre ciudadanos inermes; pero es especialmente injustificable la negligencia de una judicatura militar incapaz de garantizar el ejercicio de la justicia ocultándose tras convenios internacionales, en este caso el Tratado de Londres del lejano 1951, que hoy debe adaptarse, con urgencia, al cambio de los tiempos y de la realidad política internacional. 
Sin embargo, es igualmente injustificable la ola de antiamericanismo instrumental que llega al punto de poner en peligro los fundamentos de los acuerdos internacionales con Estados Unidos, los mismos acuerdos que protegieron a Italia de las estrategias y de la subversión comunista internacional. 
Alianza Nacional, por lo tanto, se distancia de las protestas de los nostálgicos del Pacto de Varsovia, sin dejar de afirmar la dignidad de la asociación entre Estados Unidos y Europa, entre Estados Unidos y la República Italiana, y sin dejar de sostener, una vez más, la realización de una política de defensa y de seguridad europea que coopere y colabore con las estructuras de la OTAN y que, en caso de necesidad, obre con autonomía en defensa de los intereses de toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, considero oportuno y obligado que este Parlamento se pronuncie respecto del desastroso episodio de Cermis. 
Y no sólo sobre el episodio, sino en especial acerca de la sentencia que, al otro lado del océano, ha sancionado ese episodio. 
Pensamos que el término «desconcierto» usado aquí en la resolución que se someterá luego a la aprobación es absolutamente inadecuado. 
Desconozco el compromiso a que se debe este término, pero lo rechazo. 
Aquí hay que hablar de dos cosas: de condena- condena por lo que hicieron esos militares que jugaban a cowboys en el cielo con la vida ajena- y sobre todo de reprobación a esta sentencia del tribunal militar estadounidense que no hace justicia a nuestras gentes, que no hace justicia a nuestros pueblos. 
En nombre del Bloque de Padania, que represento en esta Asamblea, y con la certeza de interpretar la voluntad de los ciudadanos, pido que este Parlamento adopte una posición sumamente firme. 
Ya estamos en el final de nuestro mandato, pero creo que nosotros debemos empezar a dar un ejemplo que sea útil a los que vendrán detrás nuestro, porque o esta Europa se hace respetar o se verá una y otra vez bajo el pie de personas o de Estados de los que queremos ser amigos, a sabiendas de que el fundamento primigenio de la amistad, tanto en las relaciones personales como en las oficiales, es el del respeto recíproco. 
Por consiguiente, solicito que los términos de la resolución se sustituyan por otros mucho más duros que los actuales. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las primeras palabras de la Comisión van dirigidas a las familias de las víctimas del drama de Cavalese, a quienes da su más sentido pésame y con quienes comparte su pena y su dolor. 
La Comisión comparte también su desconcierto por las condiciones en las que se produjo este accidente y, como muchos de ustedes, por las preguntas que han quedado sin respuesta. 
Al igual que la Asamblea, la Comisión desea que se indemnice rápida y equitablemente a las familias afectadas. 
Por otro lado, señalo que el propio Presidente Clinton ha reconocido que la responsabilidad del Estado norteamericano podía verse comprometida. 
El Tribunal militar norteamericano acaba de pronunciar una sentencia absolutoria. 
Dicho Tribunal es competente en la materia, en virtud de las disposiciones del Tratado de Londres de 1951, que determina la jurisdicción habilitada para resolver las infracciones cometidas por las fuerzas de la OTAN en el extranjero. 
La eventual decisión de modificar este Tratado es responsabilidad exclusiva de los miembros de la OTAN. 
El problema planteado debe ser tratado, por lo tanto, en los organismos y por los organismos correspondientes. 
La Comunidad no posee competencias para pronunciarse sobre las cuestiones de seguridad de los vuelos militares. 
Existe una directiva, la Directiva 56 de 24 de noviembre de 1994. La misma establece los principios fundamentales aplicables a las investigaciones sobre los accidentes e incidentes en el ámbito de la aviación civil. 
Esta directiva no es aplicable a la aviación militar. 
Por consiguiente, corresponde a los Estados miembros adoptar, en su caso, las decisiones pertinentes en la materia. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0234/99 del Sr. Moorhouse y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas; -B4-0275/99 de los Sres. Berès y Jöns, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; -B4-0279/99 de los Sres. 
Señora Presidenta, realmente podemos darnos por satisfechos con que el alto el fuego de 1994 en el Caúcaso se haya mantenido bastante tranquilo, al menos en lo que al ruido de armas se refiere. No obstante, no ha habido tranquilidad en el ámbito de las violaciones de los derechos humanos. 
Hemos visto como en Armenia, Azerbayán y en el Caúcaso, los derechos humanos, los derechos democráticos no tienen todavía posibilidades. 
Hemos visto como las negociaciones para lograr una solución pacífica en el conflicto en torno a Nagorno Karabaj todavía no han logrado resultados positivos. 
Ya lo he dicho: debemos dar gracias a Dios por que todavía no se haya producido un verdadero estallido. 
En este momento el llamado Grupo de Minsk, Estados Unidos y Francia, intenta hacer algo a través de la OSCE. 
Esperemos que esta resolución contribuya a dar de nuevo publicidad al problema de Nagorno Karabaj. 
Señora Presidenta, tras el colapso de la Unión Soviética, esta región del Alto Karabaj y Azerbayán ha conocido serios tumultos. 
Felizmente, el alto el fuego de 1994 abre la puerta a la negociación que lleva a cabo el Grupo de Minsk. 
Hoy tenemos sobre la mesa una propuesta de este Grupo, al que la OSCE ha encomendado encontrar una solución a este conflicto que se mantiene desde hace tantos años. 
Creo que podemos congratularnos, ya que dicho Grupo respeta dos principios por los que trabajamos en común: el derecho a la autodeterminación de los habitantes a la vez que el respeto de las fronteras, tal como están actualmente definidas. 
Por consiguiente, no podemos aceptar cambios a través de las armas. 
Es una de las razones por las que creemos nuevamente que esta propuesta del Grupo de Minsk va por el buen camino, en la medida en que propone una amplia autonomía en el marco de las fronteras existentes, lo que para nosotros constituye un punto esencial. 
Se trata, pues, de una oportunidad para iniciar un proceso que podría conducir a una solución de este conflicto. 
Tenemos la esperanza de que todas las partes sepan aprovechar esta oportunidad para poner fin al mismo y lograr una coexistencia pacífica, dentro de las actuales fronteras. 
Señora Presidenta, el conflicto de Nagorno Karabaj- lo he visto con mis propios ojos- es una verdadera tragedia. 
Desde 1992, el número de refugiados no ha dejado de aumentar, los niños crecen bajo el estado de excepción, en tiendas de campaña y en vagones de ferrocarril. 
No se debe únicamente al creciente odio y a la intransigencia de dos pueblos que antes eran vecinos y habitualmente concertaban matrimonios entre sus miembros, sino que también entran en juego los variados intereses de los diferentes potencias europeas que una y otra vez impiden que se encuentre una solución pacífica, como se ha vuelto a poner de manifiesto recientemente. 
A ello se añade que la UE no ha obtenido ningún resultado con su acuerdo de asociación y cooperación. No ha hecho ningún esfuerzo por sacarle provecho ni ha puesto su empeño en convertirlo en medio para conseguir una solución pacífica. 
Nuestra primera tarea consiste en acabar con el odio porque de lo contrario nunca jamás volverá a reinar la paz en esta región. A este fin no sólo debemos servirnos de los instrumentos públicos, sino que además y sobre todo debemos apoyar a los actores sociales a través de acciones de conciliación bien delimitadas. 
Señora Presidenta, estimados colegas, ya se ha dicho. Tras cinco años de armisticio aún no está a la vista una solución definitiva para el conflicto de Nagorno Karabaj. 
Hoy día sigue habiendo más de un millón de refugiados que viven en condiciones inhumanas. 
Expulsados de su lugar de origen no tienen perspectiva alguna y como todavía no se ha encontrado una solución definitiva para esta parte del Caúcaso, también se ha visto alterada la tan necesaria cooperación regional entre Azerbayán, Armenia y Georgia, lo cual perjudica seriamente el desarrollo económico de toda la región. 
El Parlamento Europeo respalda los incansables esfuerzos del Grupo de Minsk por alcanzar una paz estable en Transcaucasia a través de un acuerdo político. 
Instamos a la OSCE a que prosiga sus negociaciones y envíe a la zona a una comisión de observadores que vele continuamente por el respeto de los derechos humanos y el desarrollo democrático de estos países. 
Podría decirse que esta comisión actuaría como sistema político de alerta rápida. 
A pesar de los avances realizados en el ámbito de la democracia y los derechos humanos aún queda mucho camino por recorrer. 
Para darnos cuenta de ello basta con recordar las elecciones presidenciales del año pasado. 
Del mismo modo queremos expresar nuestra profunda preocupación por las recientes detenciones en Azerbayán. 
La Unión Europea debe seguir apoyando el desarrollo democrático de estos nuevos Estados en el futuro. 
En este contexto urgimos al Consejo a que refuerce la ayuda económica para Transcaucasia, supeditándola al proceso democrático. 
Mientras no se creen las oportunas condiciones políticas, es decir, mientras Azerbayán y Armenia no realicen serios esfuerzos por lograr un compromiso político en Nagorno Karabaj, no podrá haber estabilidad económica. 
Señora Presidenta, me expreso en nombre del Sr. Francis Decourrière, que ha sido redactor de una de las propuestas de resolución. 
Hemos tenido la oportunidad de expresarnos en varias ocasiones en cuanto al conflicto del Alto Karabaj, tanto sobre los problemas humanos provocados por la guerra como para tratar de contribuir a buscar una solución al conflicto. 
Desde 1993, la OSCE intenta encontrar esta solución, negociar y elaborar un plan de paz; pero estas negociaciones, como todos saben, tropiezan con muchos obstáculos, y en el mes de noviembre pasado, el plan propuesto por el Grupo de Minsk fue rechazado. 
En este contexto, deseamos recordar nuestro firme apoyo al proceso de paz iniciado en la región del Caúcaso, así como al plan presentado por el Grupo de Minsk. 
En efecto, estas propuestas constituyen una buena base de negociación para encontrar una solución pacífica a este conflicto y es indispensable reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo, lo más rápidamente posible. 
Señalo que, hace poco tiempo, tras el rechazo por el Gobierno de Azerbayán del plan propuesto por el mencionado Grupo de Minsk, en el propio Azerbayán se alzan voces entre los responsables políticos para advertir al gobierno de este rechazo y pedirle que entable negociaciones directas con los armenios de Karabaj y proponga una solución política para reconocer a esta zona una autodeterminación y una zona franca. 
Se trata de un punto nuevo y positivo. 
Paralelamente, es necesario que la Unión Europea siga subordinando su ayuda en esta región a progresos tangibles en el ámbito de los derechos humanos. 
La OSCE debe asimismo, en todas las misiones de información o de observación, prestar particular atención al respeto de los derechos humanos en esta zona, para evitar, en caso de que se produzcan incidentes, que se reinicie la escalada de violencia. 
Para finalizar, debo decir que la Unión Europea debe incrementar su ayuda y su asistencia en favor de las ONG que se encuentran in situ y que, a través de la discusión y de la educación política, tratan de promover un conocimiento recíproco de la historia de las comunidades presentes en esta región. 
Señora Presidenta, Señorías, la región del Caúcaso- y en particular las tres repúblicas transcaucasianas- reviste una importancia considerable para los países de la Unión Europea, y es nuestro deber considerar atentamente lo que ocurre en estas tres repúblicas y hacer todo lo posible por restablecer la paz en esta región, cuya importancia es mayor que el número que representa su población. 
A este respecto, el conflicto del Alto Karabaj preocupa, con razón, a los pueblos de los Estados de la Unión Europea. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner fin a este conflicto, por razones que, naturalmente, guardan relación con la paz en esta región, pero también con su desarrollo económico. 
Este último sólo podrá verse favorecido mediante la solución de dicho conflicto. 
La delegación para las relaciones con Transcaucasia ha tenido la ocasión, en varias oportunidades, de trasladarse a este país: la misma ha apreciado que tanto el pueblo armenio como el pueblo azerí confían ardientemente en una solución. 
Esta gran confianza se extiende a Europa y al Parlamento Europeo, que- lo hemos oído decir- podrían contribuir a encontrar una solución. 
Al Grupo de Minsk, por su lado, se le ha encomendado la elaboración de un plan de paz duradero. 
Los dirigentes de los países afectados- Azerbayán y Armenia- han hecho propuestas. 
Armenia, en particular, ha hecho propuestas encaminadas a recobrar la paz en la región. 
Este es precisamente el objeto de la resolución, que he firmado personalmente en nombre de mi Grupo, sobre el apoyo al proceso de paz en la región del Caúcaso: aportar nuestra modesta contribución a la solución de un problema que persiste desde hace varios años y cuya solución es urgente. 
Desearía añadir que, evidentemente, al confirmar esta resolución, que se refiere igualmente a los dos países, Azerbayán y Armenia, no olvidamos los problemas que se plantean a cada uno de estos dos países. 
Por consiguiente, no podemos olvidar los dramas que vive Armenia ni sus insistentes peticiones, en particular para que se reconozca la tragedia del genocidio armenio, así como tampoco podemos olvidar que la situación de los derechos humanos en Azerbayán deja mucho que desear y que hay que hacer todo lo posible para que ésta mejore. 
Señora Presidenta, señoras y señores Diputados, la Unión se esfuerza por desarrollar la cooperación regional en esta zona del Caúcaso y apoya los esfuerzos del Grupo de Minsk, de la OSCE, que es el organismo más adecuado para buscar una solución pacífica al conflicto de Nagorno Karabaj. 
El plan de paz presentado por los tres copresidentes del Grupo es una buena base de negociación, a fin de lograr una solución a este conflicto. 
Para contribuir al acercamiento de los actores regionales, la Unión ha aplicado programas de asistencia técnica a través de TACIS, con el fin de desarrollar la cooperación entre Armenia y Azerbayán. 
Los presidentes de estos dos países del Caúcaso han manifestado su apoyo a estas iniciativas. 
Las mismas contribuyen eficazmente a mejorar el diálogo entre las partes, lo que facilita la búsqueda de soluciones comunes a los problemas regionales. 
Así, el Primer Ministro armenio, el Sr. Darbinian, participó, en este marco, en la Cumbre presidencial sobre los transportes, que fue organizada el año pasado, con el apoyo de la Comunidad, en Azerbayán. 
Los Primeros Ministros armenio y azerí asistieron asimismo a la conferencia organizada en Bruselas, en el pasado mes de febrero, sobre las cuestiones de tránsito del petróleo y del gas. 
Los Presidentes azerí, armenio y georgiano han aceptado participar en una Cumbre organizada por la Presidencia alemana, en Luxemburgo, el próximo 22 de junio, para decidir la entrada en vigor de los acuerdos de asociación y cooperación entre la Unión Europea y los países del Caúcaso. 
La prioridad de los mismos, como lo desea esta Asamblea, es apoyar la democracia y los derechos humanos. 
Finalmente, la Comisión toma nota del deseo del Parlamento de reforzar la acción del capítulo «democracia» del programa TACIS en la región. 
Pero hasta ahora sólo ha recibido un número muy limitado de proyectos por las organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión considera, por lo tanto, que la escasa implantación de las ONG en Armenia y en Azerbayán no permite, en todo caso en este momento, un aumento de los recursos asignados a este programa. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Cuba 
Linkohr y Cabezón Alonso, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; -B4-0298/99 del Sr. Burenstam Linder y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; -B-40308/99 de los Sres. Sjöstedt y Pailler, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea /Izquierda Verde Nórdica; en relación con la situación de los derechos humanos en Cuba. 
Colombia 
B4-0237/99 de los Sres. Bertens y Larive, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas; -B4-0251/99 de la Sra. van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa; -B4-0273/99 de la Sra. Miranda de Lage, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; -B4-0287/99 del Sr. Kreissl-Dörfler y otros diputados, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo; -B4-0292/99 de la Sra. Sornosa y otros diputados, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica; -B4-0296/99 de la Sra. Lenz y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; en relación con las violaciones de los derechos humanos en Colombia. 
Indonesia / Timor Oriental 
B4-0252/99 del Sr. Janssen van Raay, en nombre del Grupo Unión por Europa; -B4-0264/99 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas; -B4-0268/99 del Sr. Titley, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; -B4-0306/99 de los Sres. Mc Kenna y Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo; -B4-0307/99 del Sr. Ribeiro y otros diputados, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica; en relación con la situación de los derechos humanos en Indonesia y en particular en las islas Molucas y en Timor Oriental. 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
B4-0238/99 del Sr. Cars y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas; -B4-0248/99 de la Sra. van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa; -B4-0266/99 del Sr. Barros Moura, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; -B4-0281/99 del Sr. Dupuis y otros diputados, en nombre de los Grupos de Coalición Radical Europea; -B4-0291/99 del Sr. Carnero y otros diputados, en nombre de los Grupos Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica; -B4-0300/99 de la Sra. Lenz y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; -B4-0303/99 de la Sra. Aglietta y otros diputados, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo; en relación con las prioridades de la UE para el 55. período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 
Bielorrusia 
B4-0239/99 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas; -B4-0289/99 de los Sres. Schroedter y Gahrton, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo; en relación con la situación en Bielorrusia. 
Rusia 
B4-0280/99 de los Sres. Dupuis y Dell ' Alba, en nombre de los Grupos de Coalición Radical Europea; -B4-0299/99 del Sr. Lehne y otros diputados, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; en relación con el respeto de los derechos humanos en Rusia. 
Cuba 
Señora Presidenta, los logros conseguidos por la visita del Papa han conducido a Castro, no obstante, a insistir en prácticas erróneas, a decretar nuevas leyes penales y a restablecer la pena de muerte. 
Me recuerda cuando yo era un jovencito católico y la procesión recorría el pueblo, se subía el telón, la imagen de Cristo, dos velas devotas y en tanto la imagen de Cristo estaba presente, no sucedía nada. 
Todo estaba en paz. 
En cuanto la imagen había pasado, se corrían las cortinas de nuevo: otra vez se pegaba a las mujeres, se sacaba la botella del armario, se pecaba y se esperaba al año siguiente. 
Castro, y he vivido allí cuatro años, señora Presidenta, señor Comisario, no es una buena persona. 
Quizá se comporte bien para la imagen concebida del llamado último revolucionario. 
Estamos hasta las narices de esto. 
Considero lamentable y casi patético que intentemos entablar relaciones con este caudillo, sinónimo de dictador. Fortalece sin razón la línea americana del boicot. 
Europa no debe, por tanto, modificar su política. 
Debemos aferrarnos a nuestra política de respaldo a la democratización y a la renovación. 
Nuestros programas deben, así mismo, estar orientados a ello y no a la imagen, al panfleto del Che Guevara, puesto que es un verdadero revolucionario. Lamentablemente no vivió mucho y Castro, como saben, tuvo algo que ver. 
Nuestros programas, el diálogo político con Cuba, deben promocionarse activamente y debe dejarse claro a este caudillo que, a diferencia del Papa, no dejamos que se juegue con nosotros. 
Los cubanos, e incluso los creyentes, merecen la democracia y la renovación de Cuba. 
Señora Presidenta, esta no es una resolución contra el pueblo cubano. 
El texto que hoy debatimos y que deseo que se apruebe es una crítica a la interpretación abusiva y cerrada por el Gobierno cubano de las libertades- la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación. 
No hay libertad si no hay un derecho reconocido a la discrepancia, a la disidencia política. 
Por ello, es condenable la detención, arresto y encarcelamiento de disidentes y opositores políticos cubanos detenidos por el hecho de pensar de modo diferente al régimen. 
La disidencia política es un derecho, nunca puede ser interpretada y juzgada como un delito de sedición o como un delito contra la seguridad del Estado. 
En un régimen de libertades, esas detenciones no se hubieran producido. 
La disculpa del embargo norteamericano es una disculpa demasiado simplista. 
Hemos condenado- yo lo he hecho- esa actitud de la administración norteamericana entre otras cosas por ser un error, pero no puede ser utilizada esa actitud para detener, encarcelar y condenar a todo aquel que no se someta a los dictados del partido único, que en Cuba es el partido comunista. 
Nuestra total solidaridad sin reserva alguna para Vladimiro Roca, Félix Bonne, Marta Beatriz Roque y René Gómez Manzano, detenidos el 16 de julio de 1997 por firmar y difundir un texto «La patria es de todos» contrario a las posiciones oficiales gubernamentales. 
Nuestra total solidaridad con los presos políticos cubanos encarcelados por sus opiniones políticas. 
Espero y deseo que esta condena al régimen cubano no rompa los débiles esquemas de diálogo que aún permanecen vivos entre Cuba y la Unión Europea. 
Los errores del Gobierno cubano no son los errores de su pueblo, son los errores de un grupo dirigente. 
Sus posiciones políticas, su enrocamiento, su negativa a todo lo que suponga una apertura cultural, política, económica o social no puede romper todos los puentes de diálogo posibles entre Cuba y la Unión Europea y no puede resultar condenado el pueblo cubano, que es el que sufre sus consecuencias. 
Señora Presidenta, la delegación que presido, responsable de las relaciones con Cuba, se ha esforzado extraordinariamente por mantener y preservar nuestra capacidad de diálogo con las autoridades y con el conjunto de la sociedad cubana. 
Este Parlamento, incluso sin acuerdo de cooperación, ha venido prestando su concurso solidario, siendo la Unión Europea el primer donante mundial de ayuda humanitaria a la población cubana, mostrando así su sensibilidad por los problemas y carencias que Cuba sufre en este momento de su historia. 
En ese mismo espíritu- y lo decía hace un momento el Sr. Cabezón -, hemos levantado nuestra voz cuantas veces ha sido necesario para condenar los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton. 
Y ahora, señora Presidenta, tenemos que levantar también nuestra voz en defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas en Cuba, porque la moderación, señora Presidenta, se convierte en vicio cuando rechaza comprometerse. 
Y este Parlamento tiene un compromiso irrenunciable con la causa de la libertad, que es y debe ser nuestra brújula ética y estética. 
Yo he tenido la oportunidad ya de decir en este Parlamento, citando a un ilustre colega mío, que ni a las personas ni a los pueblos se les puede imponer el porvenir sin contar con ellos, que no hay dignidad individual sin la capacidad de cada hombre y de cada mujer de participar en la determinación de su futuro colectivo. 
Por todo ello, señora Presidenta, este Parlamento tiene que expresar su solidaridad con los que sufren y ser muy firme en la exigencia ineludible de la libertad. 
Por ello, mi Grupo solicita, una vez más, la liberación de Vladimiro Roca, de Félix Bonne, de Marta Beatriz Roque, de René Gómez Manzano, de Jorge Luis García Pérez y de todos aquellos que, privados de su libertad, luchan precisamente en Cuba por su libertad y por su dignidad. 
Señora Presidenta, en Cuba hay cientos de presos políticos. 
El Derecho penal cubano permite condenar a los opositores al régimen por delitos tales como la falta al respeto o la difusión de propaganda enemiga. 
Estos opositores son condenados al exilio interior, y existen numerosos casos de brutalidad policial. 
Igualmente, en Cuba se registra una grave restricción de las libertades y los derechos democráticos. 
Es necesario condenar esta circunstancia de manera inequívoca, tal como se hace en la presente resolución del Parlamento. 
Cuba se ve sometida a grandes presiones por parte de los Estados Unidos a través de un pertinaz bloqueo económico y otras formas de agresión. 
Es preciso levantar el bloqueo contra Cuba para permitir una evolución positiva de este país. 
Sin embargo, la agresión estadounidense no puede ser una excusa para explicar las deficiencias democráticas y la violación de los derechos humanos en Cuba. 
La sociedad cubana presenta también numerosos logros- por ejemplo, en materia de justicia social o de servicios educativos y sanitarios- destacables en el contexto regional. 
Pero resulta evidente que estos aspectos tampoco pueden compensar de ningún modo las restricciones de los derechos humanos que sufre el pueblo cubano. 
La población de Cuba está en su pleno derecho de elegir un modelo de sociedad socialista. 
El problema es que los cubanos no pueden elegir, ya que no existe ni pluralismo político ni unos derechos democráticos fundamentales. 
Señora Presidenta, nuestro Grupo- como ya se ha expresado- está a favor, lógicamente, del respeto y fomento de los derechos humanos y de las libertades, así como también del derecho de los pueblos para escoger sus destinos. 
Por ello, cuando un pueblo como el cubano ha estado sufriendo tantos años un bloqueo ilegal internacionalmente y un acoso por parte de Estados Unidos- con el añadido ahora de la ley Helms-Burton, también ilegal internacionalmente- uno entiende la situación de asfixia y la actitud defensiva que el Gobierno cubano tiene que adoptar para poder defenderse de esas dificultades y carencias. 
Sin embargo, nos parece que es importante ayudar para que se pueda recuperar un proceso de derechos humanos, de democracia y de libertad, que sea compatible, como es lógico, con el socialismo. 
La Unión Europea puede romper ese cerco de Norteamérica y favorecer esa vía, adecuada en nuestra opinión. 
La integración de su economía y de sus relaciones culturales puede suponer la normalización de la vida cultural y política en Cuba, y eso depende en buena parte de nosotros porque Norteamérica no está dispuesta a ayudar en esa dirección. 
Por ello, creo que es conveniente que se haga un esfuerzo extraordinario para incorporar a Cuba en el marco de las relaciones económicas, culturales y políticas. 
Señora Presidenta, la situación en Colombia resulta, por supuesto, preocupante, a pesar de los buenos mensajes que en los meses pasados nos llegaron acerca de que el Presidente Pastrana había iniciado una nueva ofensiva de paz. 
No obstante, en este momento parece que los grupos paramilitares y, en consecuencia, las guerrillas continúan con sus atentados. 
Precisamente ayer nos hemos enterado de que tres americanos han fallecido de una forma terrible ¿Cuándo comprenderán los grupos combatientes que, a fin de cuentas, no tienen nada que ganar con esta constante destrucción? 
Creo que la Unión debe mantenerse firme en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere, pero colaborando con el Presidente Pastrana. 
La forma sistemática en que en este momento se está anulando el Estado de Derecho en Colombia no nos puede resultar indiferente. 
Creo que debemos intentar convencer a las Naciones Unidas y a la propia Unión para, así, persuadir a otras personas de que la paz y los derechos humanos están unidos. 
Señora Presidenta, voy a dirigirme a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y a la insurgencia porque no es revolucionario ni heroico asesinar a cooperantes inermes, porque no es revolucionario ni heroico secuestrar a civiles, porque no es revolucionario ni heroico pedir rescate por la vida de nadie. 
No se puede reconocer heroicidad a ninguna acción contra gentes desarmadas. 
No se cambia el curso de la historia con el recurso a la violencia contra los débiles. 
La insurgencia tiene todavía la oportunidad de pasar a la historia de Colombia como un factor de paz. 
Han recibido el reconocimiento político- incluso internacional- pero tenemos que pedirles que respeten el Derecho internacional humanitario, que pongan en libertad a los secuestrados civiles, algunos de ellos enfermos. 
¡No oscurezcan más su horizonte con acciones absolutamente reprobables! 
¡No reclamen justicia cometiendo injusticia! 
Hay que hablar, además, de la otra violencia, del terror que practican los paramilitares. 
Es fácil lanzar plomo contra los defensores de los derechos humanos, contra los sindicalistas o periodistas comprometidos con la libertad, contra mujeres, contra campesinos desarmados. 
En definitiva, contra todo aquel que resulta ser sospechoso por ser demócrata. 
El paramilitarismo representa la maldad, el fascismo, todo lo peor de una sociología intolerante y excluyente, que dice proteger asesinando, eliminando a los mejores ciudadanos. 
Con el paramilitarismo no caben contemplaciones de ninguna clase, sino su persecución, su desmantelamiento y la condena. 
No es tarea fácil la paz en Colombia pero hay que conseguirla. 
Los años de violencia han marcado a varias generaciones. 
La oferta del presidente Pastrana debe tener todo nuestro respaldo y el apoyo económico internacional suficiente para que se pueda dar respuesta a las demandas sociales que en el fondo están en el origen de esta violencia. 
La guerra, señora Presidenta, es mucho más cara que la paz. 
Señora Presidenta, a propósito de la investidura del nuevo presidente Pastrana, desearía recordar que numerosos diputados expresaron el año pasado su esperanza de que se produjeran mejoras en Colombia en lo relativo a la protección de los derechos humanos. 
Desgraciadamente, todo parece indicar que no está siendo así y que el presidente colombiano no ha adoptado hasta el momento ningún plan de acción con el fin de lograr un mayor respeto de los derechos humanos en su país. 
En Colombia se siguen cometiendo crímenes, tanto por parte de las fuerzas paramilitares como de la guerrilla. 
Se está llevando a cabo una eliminación sistemática de personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en este país sudamericano, por ejemplo, mediante el asesinato de activistas sociales y sindicales. 
Naturalmente, exigimos que se lleve a cabo, con supervisión internacional, una revisión de los archivos de la administración estatal de justicia. 
Estos archivos contienen una gran cantidad de información sobre ciudadanos defensores de los derechos humanos y de la democracia en este país. 
Resulta evidente que la situación no puede seguir así. 
Es preciso defender los derechos humanos, y hemos de hacer todo lo posible para proteger y respaldar a las personas que luchan en Colombia en defensa de estos derechos. 
Doy por sentado que el Consejo elaborará una declaración muy enérgica sobre Colombia con motivo de la próxima sesión de las Naciones Unidas que se celebrará en Ginebra. 
Señora Presidenta, los secuestros y los asesinatos continúan siendo moneda corriente en Colombia. 
¡Cuántas veces nos hemos visto obligados a sacar a relucir el tema de la violencia en este país! 
En esta ocasión, debemos mencionar el caso de tres americanos que han aparecido asesinados y el de un geólogo francés secuestrado que falleció poco antes de su liberación. 
De la misma manera hemos condenado sistemáticamente las acciones de los paramilitares, de las cuales no se sabe muy bien si se sitúan al margen de estos atentados o si están relacionados con ellos. 
A veces incluso nos resulta difícil entender cómo es posible que el presidente Pastrana prosiga las negociaciones de paz con las organizaciones de la guerrilla, no sólo con las FARC, sino también con el otro grupo importante, el ELN. 
Aunque esta postura pueda parecer contradictoria, creo que es la única posible y eso es por lo que animamos enérgicamente al presidente colombiano a que siga adelante con las negociaciones de paz y logre finalmente un acuerdo. 
Pese a ello, nos vemos en la obligación de repetir una y otra vez que sin Estado de derecho resulta imposible garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos a largo plazo. 
Además de ello, el Parlamento Europeo ha defendido reiteradamente la legitimidad de la petición formulada por la representación en Colombia del Alto Comisionado para los Refugiados de garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos. 
Es una reclamación muy importante y, por tanto, esperamos que el Consejo y la Comisión nos ayuden a defenderla en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. 
Emplazamos al Gobierno colombiano a que no abandone la lucha contra la violencia sino que continúe haciendo todo lo posible por erradicarla, expresando nuestro deseo de que, por fin, el pueblo colombiano pueda vivir en paz, lejos de la corrupción, la muerte y la violencia, y su país deje de identificarse con estas horrendas palabras. 
Señora Presidenta, esta es la tercera vez en cuatro meses en la que el Parlamento ha mantenido un debate especial sobre Colombia y lo seguiremos haciendo hasta que las enormes violaciones de los derechos humanos no lleguen a su fin. 
Apelamos a la Comisión de la ONU para los derechos humanos para que, cuando se reúnan en Ginebra, condenen el fracaso del Gobierno colombiano tanto en disolver los grupos paramilitares como en la protección de los defensores de los derechos humanos, teniendo en cuenta el último año. Han fracasado; el UNHCR tiene ahora que actuar consecuentemente. 
No olvidemos el coste humano que representa este fracaso. 
Terry Freitas ha pasado dos años defendiendo al pueblo indígena Uwa de la exploración petrolífera de Occidental Petroleum. 
Ha sido secundado por gente que pensaba eran paramilitares y ha recibido un mensaje en su contestador: «¡retirate o muere! ». 
Una prueba de la complicidad de las fuerzas armadas es que los militares le forzaron a firmar una declaración que les eximía de responsabilidad por su seguridad. 
Al comienzo de este mes, Terry y dos colegas fueron secuestrados por dos encapuchados con metralletas y más tarde sus cuerpos acribillados fueron encontrados abandonados en al frontera venezolana- el asesinato de un joven de 24 años que creía en la defensa de los derechos humanos. 
¡Frenen a los paramilitares, pongan fin a los asesinatos, respeten los derechos humanos! 
Indonesia/Timor Oriental 
Señora Presidenta, Indonesia es un país complejo. 
Tiene una diferencia horaria de dos horas, 13.000 islas, muchísimos pueblos y muchísimas lenguas. 
Un país complejo que durante 350 años estuvo gobernado de forma muy colonial por mi país. 
También en esa época había revueltas en Atjeh, en las Molucas, en Irian Jaya. Igual que ahora. 
La constitución, la Pancasila ha permitido que, tras la independencia, los pueblos y las creencias coexistan con libertad y seguridad. 
Con la caída de Suharto y la crisis económica surgen las diferencias que, desgraciadamente, en este momento se manifiestan en las Molucas entre musulmanes y cristianos. 
Me da pena lo que sucede en estas islas, ya que hemos abusado y oprimido a ese pueblo y una parte del mismo reside en los Países Bajos. 
No obstante, Indonesia ha puesto rumbo a nuevos tiempos y a una nueva organización. 
Ahora ya se han presentado 48 partidos políticos a las elecciones de junio. 
Eso merece nuestro respaldo. 
La resolución hace un llamamiento para que se celebre un referéndum sobre Timor Oriental bajo la supervisión de la ONU, a fin de que este pueblo ejerza su derecho a la autodeterminación. 
Esperemos que tenga lugar y que se haga bien. 
Sí señalo aquí que un Timor Oriental independiente puede abrir la caja de Pandora y otros pueblos indonesios exigirán lo mismo. 
Eso supone un grave peligro para la estabilidad de toda la región asiática. 
Esto tampoco nos puede dejar indiferentes. 
El Parlamento ha adoptado muchas resoluciones duras respecto de Indonesia. 
Noto que últimamente es más fácil respaldar constructivamente los pasos que se han dado a favor de la democracia. Aplaudo esta postura. 
Señora Presidenta, la Sra. Van Bladel se ha referido de pasada a algo que yo también podía haber mencionado. 
La complejidad de Indonesia, las revueltas, las explosiones, literal y figuradamente, especialmente en las Molucas y en la isla de Ambón, permiten ver a qué situación tan compleja se llegaría si dejáramos caer el último pilar con que contamos en este momento: el Presidente Habibie. 
La causa subyacente de este estallido en las Molucas es la grave crisis política y económica que sufre el país. 
Es muy importante que procuremos que las elecciones democráticas se celebren cuanto antes, pero en cualquier caso debemos prestar apoyo. 
Este país maravilloso, grande y precioso, llamado Insulindia en nuestros libros de geografía, no puede permanecer aislado y, de todos modos, debemos advertirle que no lo rechazamos sino que tenemos los brazos abiertos. 
Europa, especialmente los Países Bajos, tiene una gran responsabilidad que deriva del pasado. 
Señor Presidente, esta Asamblea ha condenado repetidamente los abusos de los derechos humanos en muchas zonas de Indonesia a lo largo de años y algunos crímenes abominables se han cometido en este bello país. 
Esta resolución trata, en primer lugar, los atentados que se han cometido recientemente en las islas Molucas. 
Más de 200 personas han sido asesinadas allí y sus casas y las de otros han sido destruidas. 
Nueve mil soldados están desplegados allí y la gente está siendo reprimida severamente. 
Esto está ocurriendo en el preciso momento en el que hubiéramos esperado, por los cambios acaecidos en Indonesia, un movimiento en una dirección diferente. 
La resolución vuelve a recordar la situación en Timor Oriental, donde se han cometido crímenes abominables. 
La próxima elección da la oportunidad de un cambio, y es muy importante que demos todo el apoyo a la gente de Indonesia que está intentando alcanzar un nuevo punto de partida. 
También debemos presionar intensamente a favor del referéndum del que se está hablando para avanzar hacia la concesión al pueblo de Timor Oriental del derecho de autodeterminación. 
Resulta horrible que se le haya negado este derecho a esta gente. 
A lo largo de los años un tercio de la población ha sido asesinada. 
El Parlamento Europeo ha presionado insistentemente a lo largo de estos años para que se produzcan cambios, y esa posibilidad existe actualmente. 
Por ello es extremadamente importante que mantengamos nuestra presión por el cambio en esta especial coyuntura y espero que de nuevo daremos un apoyo unánime a esta propuesta. 
Señor Presidente, estamos dispuestos a respaldar las aspiraciones democráticas de Indonesia. 
Creo que tanto esta Asamblea como las demás instituciones están dispuestas a prestar apoyo, incluido apoyo material, a un proceso pacífico. 
Sin embargo, Indonesia ha de demostrar primero que realmente está decidida a desarrollar este proceso pacífico y a impulsar la democracia. 
Y ha de hacerlo en dos ámbitos muy concretos. 
El primero se llama Timor Oriental. 
Es fundamental que el referéndum previsto se organice lo antes posible puesto que la independencia de Timor Oriental viene por así decirlo impuesta por la historia. 
Es preciso poner fin a la opresión, como bien sabe el Sr. Habibie. 
A modo de ejemplo, la Unión Europea y los Estados miembros podrían encargarse de la formación del personal de la administración y contribuir de esta forma a la creación de la infraestructura necesaria para que Timor Oriental pueda subsistir por sí solo. 
El segundo aspecto atañe a los conflictos que últimamente se están produciendo en las islas Molucas y que, por lo que parece, son sustentados por determinados sectores de la policía. 
No puede haber más provocaciones en este sentido. 
Debemos evitar que se desate una guerra entre religiones. 
A este respecto, el Gobierno de Yakarta tiene una gran responsabilidad en el sentido de que debe desarmar a la población, llamar al orden a la policía y utilizarla como fuerza de seguridad, no como instigadora de conflictos. 
En cuanto se cumplan estas condiciones, podremos instar a la Comisión a que preste ayuda humanitaria en estas situaciones conflictivas y respalde sin tardar las aspiraciones democráticas y el proceso electoral para que en esta región vuelva a reinar la paz. 
Aplausos 
Comisión de la O.N.U. para los derechos humanos 
Señor Presidente, hace algún tiempo discutimos aquí el Informe Bernard-Reymond sobre China. 
En aquel momento mi Grupo, el Grupo Liberal, sacó a relucir la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
La mayoría del Parlamento no lo estimó oportuno y tampoco lo consideró urgente. 
Aprendamos a adoptar resoluciones a tiempo o a discutirlas cuando realmente se puede presionar algo. 
Dentro de once días comienza en Ginebra el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
¿Cómo podemos influir ahora algo en las prioridades del Consejo? 
En China, todo el mundo lo sabe, ha comenzado un nuevo período de rigidez política. 
Con regularidad, los disidentes son detenidos, los internautas arrestados y la creación de nuevos partidos políticos, como el partido democrático, combatidos con mano dura. 
La Unión debe ser sincera. 
El diálogo sobre los derechos humanos debe desarrollarse de forma continua y un diálogo efectivo exige que estemos preparados para presionar pública e internacionalmente: the carrot and the stick. 
Para que este proceso sea efectivo, señor Presidente, el propio Consejo debe presentar una resolución sobre China, presionando activamente a los países para que no adopten la llamada moción no action on China. 
Si vemos de qué manera ejerce China su influencia respecto de Macedonia, poniendo en peligro, por tanto, la política balcánica diseñada por el Grupo de Contacto, creo que también es justo que se utilice la presión pública con este país. 
Los chinos no consideran tan molesto que se les tome en serio. 
Les puedo decir que mi Grupo encuentra lamentable que siempre debamos luchar tanto por decir algo sobre China. 
Claro, donde hay dinero, tienen suerte. 
Eso es al menos lo que pensamos. 
Señor Presidente, creo que esta vez la resolución que se ha elaborado respecto de las sesiones de las Naciones Unidas es equilibrada y buena. 
Considero que es muy importante que hagamos un llamamiento para que se conceda amnistía a los presos políticos con motivo del milenio y que también aboguemos por que se renuncie a involucrar a los niños en los conflictos bélicos. 
Acertadamente, este año no figura una enumeración de los países que no cumplen los derechos humanos sino que nos concentramos exclusivamente en China. 
Esta mañana aparece en el Herald Tribune una foto del Dalai Lama, quien reside en el norte de la India cincuenta años después de la ocupación del Tibet. 
Debe decirse que el día después de la adopción del informe sobre China por este Parlamento, algunos disidentes fueron detenidos y los misiles ubicados en el sur del país dirigidos contra Taiwán. 
Debemos advertir a China. No por nosotros mismos o por importunar a este país sino para garantizar la estabilidad en la región, ya que la paz siempre es importante. 
Señor Presidente, a lo largo de los últimos años el Parlamento Europeo ha establecido un registro sobre derechos humanos por todo el mundo del que podemos estar muy orgullosos. 
Por lo tanto resulta muy conveniente que expongamos nuestras prioridades para la próxima 55ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
Nuestra propuesta reconoce que la pobreza es un obstáculo para la realización de los derechos humanos. 
Libertad de pensamiento, expresión, religión y todas las demás libertades políticas, religiosas y civiles son absolutamente vitales. 
Los derechos económicos y sus vínculos con otros derechos no deben ser, en cualquier caso, pasados por alto, sobre todo en un momento en el que más de mil millones de personas de nuestro mundo se ven desprovistos de comida suficiente, agua potable, vestido, cobijo, educación y cuidados médicos. 
La propuesta ante esta Asamblea apela a una acción coordinada para combatir el azote del racismo y la discriminación, que ha conducido, incluso en los últimos años, a genocidios o masacres como la de Ruanda. 
La propuesta también apela a una acción positiva para terminar con la terrible discriminación y explotación de mujeres y niños. 
En todas partes debemos trabajar por la liberación de los presos de conciencia, la prohibición de la tortura y el maltrato de presos y el fin de la bárbara institución de la pena capital, que debería ser contemplada como absolutamente inaceptable en el mundo y la sociedad de hoy. 
Por tanto, apelamos de forma especial al Consejo y la Comisión para que persiga los asuntos expuestos por las resoluciones de derechos humanos de este Parlamento y esperamos que se reflejen en el trabajo de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
La consecución del completo reconocimiento de los derechos humanos en todos los países del mundo es un desafío de nuestro tiempo. 
Creo que aprobando esta resolución estamos reafirmando nuestra intención de proseguir con el esfuerzo para alcanzar eso. 
Señor Presidente, creo que se trata de una buena resolución por dos motivos: por una parte, porque hemos logrado, en una reunión de compromiso, eliminar todas las peticiones relativas a derechos no exigibles, tales como el derecho a la vivienda, al trabajo, etcétera- es decir, todos esos derechos que, como sabemos, no son exigibles -, y concentrarnos, precisamente, en derechos exigibles, proponiendo al Consejo tres iniciativas en tres vías diferentes. 
El primer punto consiste en la moratoria universal de las ejecuciones de penas capitales: a este respecto, pedimos que la sesión de Ginebra sea la última en la que se apruebe una resolución sobre la moratoria y que la Asamblea General de este año vote la abolición universal de la pena de muerte. 
El segundo punto se refiere a la toma de una iniciativa en favor de la ratificación del Tribunal Internacional para juzgar crímenes de guerra y crímenes de genocidio y contra la humanidad. 
Finalmente, el tercer punto- el Sr. Bertens y la Sra. van Bladel se han referido al mismo- atañe a China. 
No abrigamos demasiadas esperanzas. 
Sabemos que la política relativa a la República Popular China fue la política desastrosa del Sr. Brittan, y no sólo del Sr. Brittan: también lo fue la del Sr. Jospin, del Sr. Dalema, del Sr. Schröder y de muchos otros. 
Es una política que conduce lentamente a la desesperación. 
La Sra. van Bladel ha hablado del Tibet: en este sentido, me temo que debemos constatar que también en este caso, como en Kosovo, la capacidad de sufrimiento y de resignación de la población tibetana, como del conjunto del pueblo chino, tiene límites, y llegaremos nuevamente demasiado tarde. 
Pedimos enérgicamente al Consejo que invierta esta política y que incluya, por fin, en el centro de sus preocupaciones la democracia y los derechos humanos. 
Señor Presidente, estamos debatiendo, y votaremos más tarde, una resolución extraordinariamente completa- creo que, quizás, uno de los mejores textos que sobre derechos humanos hemos tenido en nuestras manos en este Parlamento. 
Pero yo creo que, más allá de los asuntos puntuales que en ella se contienen- por ejemplo, la amnistía del milenio, el promover una defensa, valga la redundancia, de los defensores de los derechos humanos, el poner como prioridad los derechos de los niños y de las mujeres, la abolición de la pena de muerte o que finalmente sea una realidad efectiva el Tribunal Penal Internacional -, desde aquí tenemos que pedirle al Consejo algo más importante todavía: que nuestra participación como Unión Europea, como países miembros en la 55ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sirva esencialmente para defender dos principios: el de la universalidad y el de la indivisibilidad de los derechos humanos. 
Acabamos de discutir algunas cuestiones. 
Por ejemplo, no podemos admitir que un Gobierno como el cubano quiera condicionar el respeto a las libertades fundamentales al cese del embargo existente desde los Estados Unidos, como no le admitimos, por ejemplo, al dictador de Guinea Ecuatorial que nos diga que la tradición de derechos humanos es distinta en su país a la de Europa. De manera que yo creo que lo fundamental es defender esos principios. 
E indivisibilidad significa también relacionar derechos políticos con derechos sociales y económicos en esta era de la globalización. 
Señor Presidente, no puedo sino suscribir las palabras de mi colega. 
Respecto a este tema no tengo nada que objetar. 
Solamente quisiera subrayar que hoy debemos hacer un llamamiento a la Comisión y al Consejo, sobre todo de cara al período de sesiones de Ginebra, porque cada año numerosas personas esperan con gran expectación esta conferencia para comprobar que nuestros Estados miembros condenan sin ambages las violaciones de los derechos humanos. 
Por tanto, instamos a la Comisión y al Consejo- especialmente a la Comisión, porque es al mismo tiempo la que coordina la intervención de los Estados miembros- a que se pronuncien claramente en este sentido. 
En la lista de resoluciones del Parlamento Europeo de los últimos meses figura un gran número de países. 
Muchos de ellos aparecen reiteradamente. 
Éste es el caso de Colombia. 
Pero hay otros que corren la misma suerte, como por ejemplo Afganistán, Argelia, Birmania, Burundi, la República Democrática del Congo, Irán, Irak, Kosovo, Ruanda, Sudán y Turquía, con la añadidura de que Kosovo no es un país sino un enorme problema. 
Si no incorporamos esta lista a la resolución de hoy es porque se nos han ocurrido otros muchos países más y no podemos mencionarlos todos. 
Sí se incluye a China y es una opción que suscribo plenamente. 
Me hubiera gustado que este país figurase en el orden del día de Ginebra porque sabemos que los chinos son sensibles a este tipo de cosas y que reaccionan ante ellas. 
Ha quedado demostrado que estas llamadas al orden surten efecto. 
Si los chinos se toman en serio el diálogo con la Unión Europea, no pueden hacer oídos sordos y seguir ordenando nuevas detenciones, por no decir nada del problema del Tíbet. 
Otros términos clave que en nuestra opinión no pueden faltar son opresión y tráfico de mujeres, niños soldados, intolerancia religiosa, pena de muerte y otras cuestiones fundamentales. 
Les rogamos encarecidamente- insisto- que se ocupen de dichos temas y que procuren que nuestros Estados miembros no defrauden por consideraciones meramente diplomáticas la expectación de todas estas personas que en ellos han depositado su confianza. 
Tenemos una gran responsabilidad y deseamos que la Comisión aplique sin vacilaciones las cláusulas de la democracia y los derechos humanos. 
Así es como la Unión Europea puede convertirse en un verdadero ejemplo. 
Aplausos 
Señor Presidente, todos los indicios apuntan a que la historia de los derechos humanos ha entrado en una nueva era. 
Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial constituían poco más que un programa político. 
Hoy día se han convertido en una realidad jurídica. 
Estamos descubriendo nuevas dimensiones de los derechos humanos, entre ellas, la dimensión social, y hemos podido comprobar que las mujeres y los niños corren mayores riesgos de sufrir atentados contra su dignidad humana y sus derechos humanos. 
La pena de muerte debe desaparecer en todo el mundo y la realidad jurídica de los derechos humanos ha de ampararse en el Tribunal Internacional de Justicia. 
Por todo ello, instamos al Consejo y a la Comisión a que recurran a todos los medios posibles para llevar adelante la ratificación del estatuto de este Tribunal de Justicia de los Derechos Humanos. 
Existe, sin embargo, el gran peligro de que los derechos humanos, precisamente porque se han convertido en una realidad jurídica, pasen a ser el punto de mira de intereses ajenos a la política. 
¿Cómo podemos evitar que así suceda? 
Señor Presidente, señoras y señores, considero que a este respecto la Unión Europea desempeña un papel fundamental en el sentido de que está en sus manos transformar la tradicional Política Exterior y de Seguridad Común en una política de la paz. 
Cuantas veces no habremos insistido en que para ello es necesario que la Unión Europea hable con una sola voz. 
El presente debate demuestra que este Parlamento ya habla con una sola voz. 
Pues bien, es preciso que nos sirvamos de ella para imponer la realidad jurídica de los derechos humanos. 
En este sentido quisiera sumarme a la solicitud formulada por los oradores que me han precedido, haciendo un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que nos ayuden a lograr este propósito. 
Belarus 
Señor Presidente, la situación en Bielorrusia continúa siendo preocupante. 
El Presidente Loekatsjenko es un dictador, sigue igual y, además, bloquea toda forma de desarrollo político y económico. 
La Unión debe apoyar a los partidos de la oposición e intentar poner en marcha un diálogo. 
Esto es pedir peras al olmo. 
No obstante, hemos visto, en todo caso, que la reciente solución del llamado «conflicto de las embajadas» puede indicar que el Presidente Loekatsjenko empieza a darse cuenta de que el aislamiento internacional no le interesa. 
Ojalá que esto le lleve a realizar algunas concesiones. 
Cuando éstas se produzcan, la Unión debe estar preparada para respaldar ese proceso con su asistencia. 
No nos conviene el dogmatismo. 
Debemos hacer todo lo posible para solucionar los problemas y mejorar la suerte de la población. 
Esta tarde hemos pasado revista a bastante dictadores. 
No obstante, Loekatsjenko es el dictador que tenemos más cerca y quizá tengamos una oportunidad para convencerle de ello y de que simplemente debe dejar de serlo. 
Señor Presidente, en un futuro próximo Bielorrusia se convertirá en uno de nuestros países vecinos sin que haya el menor indicio- estimado Sr. Bertens- de que la situación haya variado. ¡La democracia está muy lejos aún! 
Tal vez no sea así para la Embajada, pero sí para el pueblo y para la oposición. 
Todas las tentativas de la oposición de restablecer las reglas de juego de las fuerzas democráticas por vía pacífica y democrática han fracasado por culpa de la dictadura de Lukachenko, que en sus decretos tacha sistemáticamente de criminales a los diputados de la oposición. 
Sin embargo, está claro que ellos no son criminales. 
¡Ahí está el problema! 
Mediante esta actitud obstaculiza toda iniciativa democrática, incluso de cara a las próximas elecciones locales. 
Es la razón por la que la oposición se ha negado a participar en dichas elecciones. 
No porque esté en contra de la democracia, sino porque exige que al menos se cumplan algunas condiciones básicas. Entre ellas la de una prensa libre. 
Es realmente trágico que la población bielorrusa ni siquiera pueda informarse de la existencia de alternativas al Gobierno de Lukachenko porque éste haya convertido la prensa en un instrumento de su poder. 
Por eso mismo, debemos hacer todo lo posible para que las cosas cambien en este país y, sobre todo, para que se restablezca la libertad de prensa, condición previa para unas elecciones libres y el desarrollo del proceso democrático. 
Con todo, la población bielorrusa mantiene viva la esperanza de que acabarán imponiéndose la democracia y la libertad de las personas. 
Por eso mismo, estamos obligados a garantizar la pervivencia del acuerdo alcanzado entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento desarrollándolo de tal forma que respalde las aspiraciones democráticas de la población en lugar de dar prioridad a intereses económicos. 
Señor Presidente, mis antecesores ya han destacado los puntos críticos. 
Permítanme que añada algunos aspectos más. 
Hemos presentado una resolución común en la que expresamos de nuevo nuestro deseo de que en Bielorrusia se instaure la democracia y se convierta en un Estado democrático. 
Ello no obstante, las actuales detenciones plantean nuevas dificultades y problemas. 
Como viene siendo habitual en Bielorrusia, por cada paso hacia adelante, en dirección a la democracia, se dan dos pasos hacia atrás. 
Mientras tanto, su Presidente sueña con una unión paneslava. Sólo espero que Rusia no haga suyo este sueño y que Ucrania se abstenga y no decida sumarse a este anhelo común. 
De todos modos, me veo obligada a subrayar que la lucha que se librará con motivo de las próximas elecciones de 16 de mayo de 1999- anunciadas por la oposición- será una lucha feroz. Por tanto, la Unión Europea- ya lo ha señalado la Sra. Schroedter- haría bien en vigilar este proceso con la debida atención, prestando todo el apoyo que esté a su alcance. 
Muy en especial debe respaldar a la OSCE. Señor Comisario, la asistencia financiera también entra a formar parte de este apoyo. 
Sé que el Embajador Wiek se ha dirigido a la Comisión para solicitar ayuda destinada a garantizar el correcto desarrollo de las elecciones. Así las cosas, le invitaría a que revisara una vez más estos documentos e hiciera todo cuanto razonablemente pueda hacer la Unión Europea para respaldar dicho proceso, sin aducir objeciones burocráticas que pudieran tener como consecuencia que no facilitemos los medios necesarios. 
Este año, el país se halla en una situación especialmente crítica. La situación económica es inestable, la situación política lo es aún más, y nosotros, como futuros vecinos- lo ha dicho mi colega -, debemos ayudar por todos los medios a Bielorrusia a que encuentre el verdadero camino a la democracia. 
Señor Presidente, me alegro de poder sumarme a las exquisitas palabras de la Sra. Mann, que se corresponden a la perfección con mi propio punto de vista. 
Por una parte, quisiera destacar que la población bielorrusa es una población encantadora con la que hasta cierto punto tenemos vínculos a través de nuestra civilización. 
Por otra parte, Bielorrusia es un claro ejemplo del régimen devastador que durante cuarenta años ha dominado este país. 
Al criticar al presidente Lukachenko no podemos olvidarnos de la formación y de la educación que ha recibido. 
De alguna manera incluso deberíamos mostrar cierta comprensión ante este hombre que hace lo que hace porque así se lo enseñaron. 
Hasta la fecha, prácticamente todos los excesos que ha cometido iban dirigidos a los extranjeros. 
Creo que la Sra. Mann acierta cuando dice que debemos hacer todo lo posible por apoyar a los bielorrusos, ayudándoles a avanzar despacio, paso a paso, por el camino de la libertad y la democracia, dos valores cuyos cimientos sin duda llevan dentro de sí. 
Quienes los conocen saben que es necesario ayudarles a progresar en esa dirección. 
Aquí las ofensas y los puntapiés no sirven de nada. 
Al contrario, debemos esforzarnos por encontrar una solución pacífica al problema de Bielorrusia, tanto más cuanto que este país adquirirá una especial relevancia en el futuro, a partir del momento en que comparta con nosotros fronteras comunes. 
Una ojeada al mapa basta para darse cuenta de que para todos nosotros, y especialmente para nuestros amigos de los países bálticos, es fundamental que aunemos nuestras fuerzas a fin de reconducir a Bielorrusia al territorio de los pueblos civilizados y de la democracia. 
Rusia 
Señor Presidente, Rusia continúa ocupando los grandes titulares. 
En la mayoría de los casos se trata de problemas económicos cuyas consecuencias también nos afectan a nosotros. 
De forma menos virulenta pero no por ello menos persistente salen a la luz otros problemas que no son en absoluto compatibles con la Convención de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, del que Rusia se empeñó en formar parte. 
Tampoco se ajustan a las cláusulas del acuerdo de asociación entre este país y la Unión Europea. 
Algunos de los hechos enumerados en la lista han sido confirmados esta semana- podríamos decir en vivo- por una delegación del congreso judaico-europeo. 
Entre ellos figura el creciente antisemitismo, que recibe apoyo político, sobre todo por parte de los comunistas, y que está ganando terreno. 
Nuestra resolución aborda muchos temas que podrían resumirse bajo este mismo denominador común, porque también nos preocupan sobremanera. 
Pensemos por ejemplo en el recrudecimiento de la intolerancia religiosa, el trato que reciben los objetores de conciencia, el tiempo que se está tardando en adoptar una legislación al respecto, las pésimas condiciones en las que se hallan las fuerzas armadas y que en 1998 produjeron más de mil suicidios y fallecimientos sin esclarecer. 
Y las valientes madres rusas no son las únicas en denunciar estos hechos. 
Todo ello- desafortunadamente, hay que decirlo- es herencia de la Unión Soviética y hasta la fecha estos problemas no han sido subsanados. 
Nuestra resolución ha de interpretarse como una señal o un mensaje de preocupación. Y nos gustaría que los compañeros que tienen previsto viajar a Rusia la próxima semana para entrevistarse con representantes de la Duma y de las autoridades lo transmitieran. 
Como Unión Europea nos interesa mucho tener en el Este un socio fuerte que cumpla las reglas de juego de la democracia y del Estado de derecho. 
Es algo fundamental para Europa puesto que, en tal caso, la paz y la libertad de esta parte del mundo podrían erigirse a partir del próximo siglo sobre unos sólidos cimientos comunes. 
Es éste el sentido de nuestro mensaje y esperamos que así se comprenda. 
Es sin duda un mensaje crítico, pero al mismo tiempo pretende ser constructivo en el sentido de que expresa nuestro deseo de contribuir a la solución de los problemas. 
Señor Presidente, la Sra. Lenz lo ha dicho, esta resolución habla de antisemitismo, y lo que denuncia no son las declaraciones de determinadas personas, sino las posiciones del Sr. Ziuganov, que no es nada menos que el presidente del Partido comunista ruso, el presidente del principal partido representado en la Duma. 
Pienso que nuestra delegación, que próximamente debe trasladarse a Moscú, deberá recordarlo y procurar que allí se sepa que el Parlamento Europeo está al corriente de estas declaraciones y que tiene plena conciencia de su gravedad. 
Otro punto: la objeción de conciencia. 
El Parlamento Europeo se preocupa, en parte, por los retrasos de la Duma, una vez más bajo el control del partido del Sr. Ziuganov, del Partido comunista, que bloquea sistemáticamente, desde hace cuatro años, la adopción de una ley sobre la objeción de conciencia, a pesar de estar establecida por la Constitución rusa. 
Con los amigos de mi partido, el Partido Radical transnacional en Rusia, tratamos de superar esta situación de bloqueo, lanzando una batalla, que considero que el Parlamento debería apoyar, en favor de la abolición del reclutamiento y en favor de un ejército profesional en este país, lo que sería un paso importante en la buena dirección. 
Señor Presidente, creo poder afirmar que con respecto a Rusia todos coincidimos en criticar la situación de los derechos humanos y el creciente antisemitismo. 
Señora Lenz, yo no me conformaría con echar toda la culpa a la Unión Soviética puesto que esta zona tampoco fue un ejemplo de democracia y respeto de los derechos humanos antes de que se instaurara dicho régimen. 
Desafortunadamente, no fue sino la culminación de una larga tradición que llegó a su extremo más violento y brutal bajo Stalin. 
No puedo sino sumarme a la críticas vertidas contra todas las fuerzas políticas, incluido el partido comunista que, desgraciadamente, está impidiendo que se consigan avances en el terreno de los derechos humanos y que es corresponsable de la reaparición del antisemitismo. 
Habida cuenta de las temibles consecuencias que ha tenido el antisemitismo en diversos regímenes, no procede la condescendencia. 
En este sentido, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos es partidario de que durante su próxima visita a Rusia la delegación hable en términos claros. 
Señor Presidente, cuando con motivo de la ratificación del acuerdo de asociación y cooperación con Rusia señalamos que la situación de los derechos humanos en este país no se correspondía con los criterios de la cláusula de los derechos humanos contemplados en el acuerdo, el Comisario van den Broek nos contestó que ello cambiaría gracias a dicho acuerdo. 
Desde entonces han pasado tres años y todo sigue exactamente igual. 
Las condiciones de las cárceles no se ajustan a las normas internacionales y no se registran mejoras. 
No se consideran alternativas al servicio militar. 
Los maltratos y las humillaciones practicados en el ejército ruso empujan a muchos jóvenes a la muerte. 
Por todo ello, quisiera formular algunas preguntas a la Comisión. 
¿Cuáles son las medidas que ha tomado en virtud del acuerdo? 
¿En qué momento ha echado los frenos en virtud del acuerdo? 
¿No ha dicho en las negociaciones de la OMC que los derechos humanos son prioritarios? 
¡Espero una respuesta ahora mismo! 
Señor Presidente, señor de Silguy, comprendo que le resulta difícil responder a preguntas concretas que no son directamente de su incumbencia. 
Es por lo que quisiera pedirle que transmitiera dichas preguntas al Sr. van den Broek, rogándole que me hiciera llegar una respuesta escrita. 
Le doy mi palabra, lo haré esta misma noche. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, el veto de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha bloqueado la prórroga del mandato de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la antigua República Yugoslava de Macedonia, porque esta última entabló relaciones diplomáticas con Taiwán. 
Es un hecho de gravedad extrema, en particular si se consideran las instituciones, una de las cuales es el Parlamento Europeo, y la naturaleza de las Naciones Unidas. 
En ambos casos, en efecto, se trata de organizaciones destinadas a superar los individualismos nacionalistas que, sin duda, son el fundamento del veto de la República Popular de China. 
Sin embargo, la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas ha cumplido un papel importante para el mantenimiento de la paz, e incluso ha impedido que el riesgo del conflicto de Kosovo se extendiera a Macedonia. 
Por lo tanto, es absolutamente imprescindible una acción enérgica por parte de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros para que se levante este veto. 
Al mismo tiempo, también es absolutamente necesario que, desde ahora mismo, seamos capaces de hacer de vicio virtud: una eventual falta de decisión positiva por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin duda, obligaría a la Unión Europea y a sus Estados miembros a hacerse cargo junto a las otras instituciones- en particular la OTAN y Europa occidental- de las tareas que hasta ahora ha asumido la Fuerza de Protección de Naciones Unidas. 
Esto podría implicar un impulso significativo, aun cuando sea en una situación bastante trágica, para aplicar esa política exterior y de seguridad común en la que todos decimos creer pero que en demasiadas oportunidades practicamos muy poco. 
Señor Presidente, lamento que esta resolución se limite a demostrar lo que ya sabemos desde hace tiempo, porque es evidente que ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, pueden someterse al veto, a las maniobras de chantaje de la República Popular China en relación con la presencia de tropas para garantizar la paz y la seguridad en Macedonia. 
Por lo tanto, es indudable que habrá que encontrar soluciones. 
Por otra parte, éstas ya están siendo estudiadas para sustituir, en su caso, la fórmula actual por otra fórmula que no tropiece, precisamente, con el veto chino. 
Lamento, también, ya que todos hablan de estabilidad con respecto a Macedonia, que no se haya encarado la verdadera cuestión de su estabilidad; es decir, el desarrollo económico, el desarrollo democrático y, sobre todo, la rápida integración de Macedonia en la Unión Europea. 
En este sentido, constatamos- y me parece literalmente escandaloso- una ausencia de la Unión Europea, una política incomprensible de la Comisión. 
Espero, por otra parte, que el Sr. de Silguy pueda informar también esta noche a su colega Van den Broek. 
Se ha producido una disminución de 3 millones de ecus de los créditos asignados por la Unión a Macedonia. 
Desde el momento en que conocemos las dificultades de Macedonia, esto nos parece realmente desconcertante. 
Y se ha hecho todo lo posible, y se sigue haciéndolo, para que las autoridades macedonias se convenzan de que no podrán solicitar la adhesión a la Unión Europea sino después de haber ratificado el acuerdo de cooperación, el acuerdo de asociación. 
Por lo tanto, deberán esperar a las próximas décadas para poder quizá presentar una solicitud de adhesión, lo cual es jurídica y políticamente falso. 
Por eso hemos lanzado una campaña dirigida al Sr. Georgievski para que presente de inmediato una solicitud de adhesión a la Unión Europea. 
He aquí una tarjeta postal con una hermosa bandera de la Unión y, en medio de ésta, la bandera macedonia, de tal modo que a partir de los próximos meses, Macedonia sea oficialmente candidata a la adhesión a la Unión Europea. 
Señor Presidente, supongo que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que Macedonia o FYROM también podía haber dado muestras de mayor habilidad y tacto en el momento de expresar su consentimiento, aunque ello evidentemente no obsta para que el veto de China en la ONU no se justifique de ninguna manera. 
Por cierto, pensándolo bien no recuerdo ningún caso reciente en que el veto interpuesto por un Estado grande en el marco de la ONU- ya se trate de Rusia o de los EE.UU.- estuviera realmente justificado, pero obviamente ésta es una cuestión que, aunque podamos tratarla aquí, no nos servirá de mucho. 
Apoyo el objetivo de la resolución que propone mantener UNPROFOR mientras ello sea posible y garantizar protección militar en las fronteras, lo cual no solamente redunda en beneficio de la misma Macedonia, sino también de los observadores que actualmente se encuentran en Kosovo. 
Por otra parte, espero- como hemos concluido ayer- que la presencia militar en Kosovo sea lo suficientemente amplia. 
Con respecto a nuestra asistencia a Macedonia, está claro que toda ayuda es limitada, pero lo importante es que los recursos se empleen de forma eficaz y que el propio país pueda gestionar dicha ayuda a través de su gobierno. 
En el pasado, este mecanismo ha fallado más de una vez. 
El nuevo Gobierno hace serios esfuerzos al respecto, tanto en cuanto al problema de Albania, donde afortunadamente se han logrado avances, como en lo que a la situación económica y social se refiere. 
Sin embargo, es mejor no hacerse ilusiones puesto que en política los resultados se miden a largo plazo. 
En última instancia depende de los esfuerzos realizados por Macedonia si este país encuentra el camino hacia Europa. 
Y no cabe duda de que independientemente del momento en que se presente la solicitud de adhesión, el camino hacia Europa, si por Europa entendemos Unión Europea, será largo. 
Señor Presidente, también el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo considera verdaderamente inaceptable el veto de China a la ampliación del mandato de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la antigua República Yugoslava de Macedonia, inaceptable en gran medida porque se debe a una especie de retorsión. 
Pero también es verdad que este veto pone en evidencia todas las limitaciones del actual Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por tanto, la necesidad de que Europa, en su conjunto, procure modificar la situación que hoy existe en ese organismo. 
No obstante, en vista de que los problemas de Macedonia son reales- y bastaría recordar lo que está sucediendo junto a esta región, en Kosovo, para comprender la importancia de ampliar el mandato de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas -, es obvio que también el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo cree que, si fuera necesario, la Unión Europea deberá asumir sus propias responsabilidades. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo piensa, además, que sería oportuno extender el debate sobre Macedonia a la República de Bosnia y Herzegovina, para afrontar el problema del corredor de Brcko, y por lo tanto ha presentado algunas enmiendas en este sentido. 
Señor Presidente, estimados colegas, la única República de la antigua Yugoslavia que ha sabido sobrevivir sin derramamiento de sangre a la desintegración de dicho país y que se ha convertido en Estado sin pasar por una guerra es Macedonia. 
Ello se debe en parte a nuestra prevención. 
Y por una vez que adoptamos medidas preventivas en el territorio de la antigua Yugoslavia instalando tropas de la ONU en las fronteras entre Serbia y Macedonia, acaban con ellas. 
No me entra en la cabeza que un veto de China en el Consejo de Seguridad pueda hacer peligrar la seguridad de Macedonia. 
Desde el momento en que resulta posible impedir toda acción preventiva cuando por fin hemos logrado implantar medidas de este tipo algo no cuadra. Tanto más cuanto que las razones aducidas por China son fáciles de desmontar. 
En el fondo no se trata sino de una represalia porque la pobre pequeña Macedonia se ha atrevido a reconocer a Taiwán. 
Todos podemos imaginarnos por qué ha hecho eso. 
Seguramente esperaba recibir muchas inversiones y asistencia financiera, cosa que China no le puede proporcionar. 
En el marco del Consejo de Seguridad, China y Rusia ya han impedido en numerosas ocasiones que prestemos ayuda militar a personas y pueblos perseguidos y agredidos, tal y como sucede desde año y medio en Kosovo y como antes ocurrió durante años en Bosnia. 
Algo falla en la Carta de la ONU. 
Debería redactarse de tal forma que los vetos no afecten a las medidas preventivas y que podamos cortar las alas a los dictadores y a los criminales mediante operaciones que nos permitan proteger a las personas y a los pueblos contra dichos tiranos, como es el caso de Bosnia y Kosovo. 
A la vista del candente problema del país vecino, Kosovo, es preciso evitar que Macedonia se desestabilice. 
Las tropas de la ONU, las llamadas UNPROFOR, han contribuido a ello. 
No sólo por su presencia, sino también porque, según he podido comprobar en diversas conversaciones, han contribuido al acercamiento entre la minoría albanesa y los macedonios a través de la organización de foros de diálogo destinados a fomentar la convivencia. 
Hasta que el Consejo de Seguridad se decida a renovar el mandato de la ONU, en relación a lo cual hacemos un llamamiento explícito a China en nuestra resolución, las tropas de la OTAN desplegadas en esta frontera para garantizar la protección de los verificadores de la OSCE que se encuentran en Kosovo habrán de encargarse de esta tarea a fin de evitar que la situación de inseguridad traspase a Macedonia, ahora que los habitantes de este país conviven felizmente bajo el nuevo Gobierno. 
Coincido plenamente con el Sr. Dupuis en que la Unión Europea debe respaldar estos primeros pasos hacia una colaboración fructífera estrechando aún más los vínculos con Macedonia y concediéndole más recursos financieros. 
Los macedonios se lo merecen. 
Señor Presidente, hace algunos días las fuerzas UNPROFOR se han retirado como consecuencia del veto interpuesto por la República Popular de China. 
Así pasamos, de un momento a otro, de una situación relativamente estable a una situación extremadamente peligrosa. 
He estado varias veces en Macedonia y sé que las fuerzas UNPROFOR han realizado un excelente trabajo en la frontera. 
Gracias a sus esfuerzos, el Gobierno de Macedonia, que es un buen Gobierno, se ha visto en la posibilidad de iniciar un proceso de reconstrucción digno de elogios. 
Los Macedonios han sido criticados porque han reconocido a Taiwán. 
Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar. 
Macedonia está hundida en la más profunda miseria, una miseria que en gran parte tiene su origen en los conflictos fronterizos. 
No podemos perder de vista que el bloqueo griego en el sur y el bloqueo serbio en el norte han impedido que se desarrollara la economía puesto que los principales flujos comerciales se desplazan en dirección norte sur. 
Además de ello, también hemos de reconocer que Taiwán ha incrementado su asistencia financiera, en tanto que de la otra parte no se podía esperar nada. 
No es lícito criticar a un Gobierno por haber actuado de esta manera. 
Por tanto, debemos preguntarnos cómo podemos garantizar la seguridad de Macedonia con fuerzas europeas y a este respecto solamente puedo concluir que las soluciones del pasado no sirven. 
Va siendo hora de que sigamos el ejemplo de la Organización para la Unidad Africana que, por regla general, consigue salir del paso por sus propios medios. 
Nosotros siempre consultamos a la ONU en lugar de decir: ¡Europa para los Europeos! 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, las fuerzas de la ONU han desempeñado en el pasado, desde 1992, un papel importante en la estabilización de la región de los Balcanes. 
En estas condiciones, al igual que todas Sus Señorías que acaban de expresarse, la Comisión no puede sino lamentar vivamente que no se haya renovado el mandato de las tropas de la ONU en la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Tras el reconocimiento de Taiwán por la FYROM, China decidió, como ustedes saben, emitir su veto en el Consejo de Seguridad para prologar el mandato de la UNPREDEP. 
La Presidencia de la Unión Europea ha iniciado, sin éxito, una gestión de conciliación entre las autoridades de Pekín y las de Skopje. 
Es de lamentar que un contencioso bilateral provoque esta decisión del Consejo de Seguridad. 
La Comisión considera que, hoy más que nunca, es necesaria una presencia internacional en esta zona de los Balcanes, tras la retirada de la UNPREDEP. 
La Comisión desea la participación de la UEO en una misión de tipo Petersberg en dicha zona. 
Le ruego al Sr. Dupuis que me disculpe por no poder responderle ni sobre el nivel de la ayuda, ni sobre la solicitud de adhesión. 
Yo tenía previsto responder sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas, pero también en este caso me comprometo a transmitir, esta misma noche, su solicitud a mi colega, el Comisario Van den Broek. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes seis propuestas de resolución: 
Böge y Habsburg-Lothringen, en nombre del Grupo del PPE, sobre los desastrosos aludes en Austria, Francia e Italia; -B4-0255/99 de la Sra. Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE, sobre los aludes alpinos; -B4-0267/99 de los Sres. Swoboda y Bösch, en nombre del Grupo del PSE, sobre los desastrosos aludes en los Alpes; -B4-0277/99 del Sr. Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre los aludes en los Alpes; -B4-0304/99 del Sr. Voggenhuber, en nombre del Grupo V, sobre los desastrosos aludes. 
Señor Presidente, Señorías, en pocas ocasiones esta Asamblea se ocupa de desastres naturales, pero el tema de nuestra discusión de hoy se reclama, sin duda, la atención de todos por su extensión, su carácter imprevisible y su amplitud. 
Se reclama, asimismo, nuestra atención porque se ha producido en la zona alpina, una zona que debería ser especialmente valorizada dentro del proceso de integración comunitaria. 
En efecto, la zona alpina contiene una cultura unitaria, amplia, clara, precisa, concordante, habituada desde hace siglos a representar no una barrera sino, por el contrario, un punto de articulación entre el norte y el sur, el este y el oeste de nuestro continente. 
Las fronteras nacionales que se hicieron más y más rígidas en el curso del siglo XIX y de la primera mitad del XX, después trataron de dividir, en parte, la zona alpina, tal como hicieron las legislaciones nacionales que no tomaron en cuenta la especificidad de la región ni la especificidad de la que podríamos llamar cultura de montaña. 
Por esta causa, los aludes que se produjeron en distintos puntos de esta región europea tan importante deben servirnos, por una parte, para volver nuestra atención hacia estos problemas, que van mucho más allá de un desastre natural, y por otra, para programar una serie de intervenciones, no sólo de breve duración, no sólo de represión, sino destinados a responder de modo integral a este problema y a esta situación. 
Señor Presidente, señoras y señores, la resolución sobre las consecuencias de la catástrofe ocasionada por las avalanchas en los Alpes refleja un deseo especial de la delegación austríaca y la presidenta de nuestra delegación, la Sra. Stenzel. 
Agradecemos al Parlamento Europeo el haber respetado la petición de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Galtür. 
Sin embargo, esta resolución no sólo pretende ser una muestra de solidaridad. 
¡Tiene otros objetivos! 
En ella solicitamos recursos financieros concretos para las regiones afectadas del valle de Paznaun en Tirol, así como para todas las demás regiones, italianas o francesas, arrasadas por las avalanchas. 
Todos los Grupos nos han prestado su apoyo. 
Es una señal de solidaridad que traspasa las paredes de esta Asamblea. 
Sobre todo aquellas regiones que han sufrido daños económicos duraderos podrán beneficiarse de ella. 
Insto a la Comisión a que se sume a este gesto y haga todo lo posible para que las regiones afectadas reciban ayuda lo antes posible. 
En este tema, Europa puede dar una verdadera muestra de solidaridad. 
¡No se echen atrás! 
Señor Presidente, con respecto a estos aludes, más allá del apoyo que debemos ofrecer a las víctimas y a sus familias y del homenaje que debemos rendir a los equipos de salvamento y a las colectividades locales, el problema que hoy se nos plantea es evitar que se reproduzca este tipo de catástrofes. 
Ciertamente, no hay que subestimar la acción de la Unión Europea, que, gracias al programa Interreg, financia actualmente en las regiones transfronterizas acciones relativas a la seguridad en la montaña. 
Pienso, en particular, en las experiencias que se realizan en el macizo del Mont Blanc. 
Sin embargo, sería de desear que la Unión Europea, teniendo en cuenta la especificidad de la montaña, intensifique su ayuda a las regiones afectadas, así como su participación en las acciones de prevención. 
En efecto, si bien es difícil definir con precisión el sitio en que se producirán aludes, es evidente que los equipos antialudes resultan muy eficaces y que conviene, por lo tanto, perfeccionar la cartografía de las zonas de riesgo. 
Por otro lado, desearía hacer hincapié en otros aspectos de esta prevención. 
En primer lugar, frente a la degradación del ecosistema de las zonas de montaña, convendría pedir a los Estados miembros una mayor vigilancia en la atribución de los permisos de construcción. 
Igualmente, el desarrollo de los deportes de montaña- de invierno o de verano- debe implicar la organización de verdaderas campañas de información plurilingües para que quienes los practican lo hagan responsablemente. 
Mi Grupo ha presentado enmiendas con respecto a estos dos puntos. 
Espero que obtengan su apoyo, puesto que, Señorías, se trata de la condición sine qua non para que la montaña siga siendo ese espacio de libertad que tanto apreciamos y por el que, desgraciadamente, la Unión Europea no se interesa lo suficiente. 
Señor Presidente, en mi opinión no se trata de una postura política, de Grupo o personal. 
Lo que pretendemos es expresar nuestra solidaridad con las víctimas en tanto que institución. 
De lo contrario, señor Rübig, deberíamos preguntarnos por qué la Sra. Stenzel, a la que tanto le afecta este asunto, no está presente en este momento. 
Pero no es ése el tema del debate. 
Nuestra discusión debe centrarse en las medidas que podemos adoptar para prestar ayuda haciendo uso de los recursos que la Unión Europea tiene previstos para cada una de las regiones afectadas. 
En este sentido pedimos a la Comisión y a sus colaboradores que pongan todo su empeño en que dichos recursos puedan llegar a su destino con celeridad y eficacia, sin demasiados impedimentos burocráticos. 
Las regiones afectadas seguramente no son las más pobres del continente, pero en esta situación difícil necesitan nuestra ayuda. 
En segundo lugar, cabría preguntarse si estos accidentes podían haberse evitado. 
¿Qué información tenemos sobre la estructura urbanística y la política en materia de ordenación del territorio de dichas zonas, que son especialmente propensas a sufrir aludes? 
Me temo que no todas las localidades de nuestras regiones alpinas se construyan y se urbanicen de tal forma que se tengan en cuenta los posibles peligros. 
Por razones turísticas y económicas se hacen cosas que carecen de sentido común y que, llegado el caso, pueden entrañar consecuencias nefastas y dar lugar a auténticas catástrofes. 
No obstante, que yo sepa, en la mayoría de las regiones de que se trata no existen pruebas de que las recientes catástrofes sean debidas a fallos humanos o políticos. 
Por ello, sólo me queda emplazar a la Comisión que preste ayuda ahí donde sea necesario, cuanto antes y sin retrasos de origen burocrático. 
Señor Presidente; ante todo, con respecto a esta penosa cuestión de los aludes, la Comisión desea expresar su dolor y dar su más sentido pésame a las familias de las víctimas de estos acontecimientos. 
Para responder a las preguntas formuladas hace un momento, debo decirles que la Unión dispone de algunos instrumentos para ayudar a prevenir las catástrofes y actuar sobre sus efectos. 
En primer lugar, en cuanto a la prevención, la Unión Europea puede ayudar a las regiones de montaña, concretamente en el marco de los programas de repoblación de las tierras agrícolas. 
El Objetivo 5 b del FEDER, de los Fondos estructurales, permite asimismo aplicar medidas forestales. 
Las propuestas de la Comisión sobre el capítulo «desarrollo rural» de la Agenda 2000, reforzarán aún más las posibilidades existentes en materia de ayudas a la repoblación y de mejora silvícola, si el Consejo apoya las propuestas de la Comisión. 
En efecto, en el marco de estas propuestas, podrán efectuarse pagos compensatorios para proteger, mejorar, la estabilidad ecológica de los bosques de las zonas donde desempeñan un papel protector y ecológico de interés público. 
En el marco de los programas 5 b del Tirol/Vorarlberg, la Unión Europea cofinancia concentraciones parcelarias agrícolas, medidas de ordenación del territorio, de planificación y de recomendación en el momento de la utilización agrícola de las superficies sensibles en el plano ecológico. 
La Comisión apoya, igualmente, planes de cartografía de bosques y planes de desarrollo forestal- hago alusión a lo que expresaba hace un momento la Sra. Leperre-Verrier. 
Finalmente, siempre en relación con la cartografía, el FEDER puede apoyar estudios cartográficos de las zonas de riesgo en el marco de los programas de cooperación transnacionales. 
Por otro lado, se podrían cofinanciar iniciativas, a este efecto, a través de Interreg, concretamente en el próximo período de programación de sus acciones. 
Por lo tanto, los instrumentos existen, y puedo asegurarles que en aquello que la afecta y en aquello que entra dentro del campo de sus competencias, la Comisión hará lo que le sea posible y no escatimará sus esfuerzos para utilizar dichos instrumentos, sobre todo en las zonas de riesgo. 
En segundo lugar, en cuanto no ya a la prevención, sino a la actuación sobre los efectos de los aludes, les recuerdo que esta Asamblea suprimió, en 1997, la línea B4-3400, que permitía precisamente asignar ayudas de urgencia a las víctimas de catástrofes. 
La línea B4-3300, denominada «protección civil y urgencia medioambiental» no permite intervenir para la reconstrucción de zonas damnificadas mediante la concesión de ayudas económicas o de ayudas de urgencia. 
Sin embargo, es posible reorientar las disposiciones actuales, dentro de las dotaciones financieras existentes, con miras a la adopción de medidas de reconstrucción del potencial de producción agrícola y silvícola dañado. 
También es posible efectuar transferencias de créditos entre los Länder. 
Finalmente, la Comisión está dispuesta, en el marco del programa de acción comunitaria en favor de la protección civil, a examinar, dentro de los límites de sus capacidades de financiación, todas las propuestas que las autoridades nacionales o locales le podrían someter con miras a aumentar su capacidad de intervención en caso de catástrofes. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
El debate sobre los problemas de actualidad y urgencia queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 17.20 horas, se reanuda a las 17.30 horas 
Votaciones 
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden relativa a los artículos 119 y 120 y en relación con las votaciones nominales, en las que sé usted tiene un especial interés. 
En la sesión de esta mañana hemos tenido innumerables votaciones nominales. 
Estamos destinados a tener aun más esta tarde y los diputados pueden esperar recibir mañana temprano un volumen considerable de resultados de las votaciones nominales en sus casilleros. 
Los artículos 119 y 120 relativos a las votaciones nominales dictan que deben ser recogidas en el Acta. 
El artículo 33 dice que el Acta debe ser distribuida entre los diputados. 
Me pregunto si en interés de la economía, la eficiencia y, ciertamente la modernización, usted pudiera bien decretarlo en tanto Presidente o bien encargar un estudio para averiguar si la palabra «distribución» puede ser interpretada en el sentido de «distribuido electrónicamente» , de modo que aquellos diputados que quieran acceder a la lista completa de los votos registrados lo puedan hacer a través del ordenador o puedan ponerse a disposición de esos diputados algunas copias, en lugar de llevar a cabo el caro y pródigo procedimiento de distribuir cientos de páginas a todo el mundo. 
Señor Evans, le doy las gracias por la reflexión que acaba de expresar. 
Envié una carta al Presidente del Parlamento y, hoy por la tarde, la Conferencia de Presidentes ha discutido este tema. 
En mi opinión, y sin comprometer a nadie más, una de las cuestiones que toco en esta carta, que por supuesto, se publicará, es precisamente el exagerado número de votaciones nominales, que a veces llegan a 100 o incluso más. 
Por supuesto, aparte de la pérdida de tiempo, al contribuyente europeo le suponen 300 euros cada una, porque los resultados de las votaciones deben publicarse al día siguiente, como ya saben, y después deben publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y esto cuesta bastante dinero. 
Hubo un primer debate en la Conferencia de Presidentes; no creo que deba extenderme ahora, no es propio del momento ni del lugar desarrollar un debate más general. 
Hay un problema y, por supuesto, tomamos nota de su recomendación. 
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, aunque la idea del Sr. Evans de ahorrar papel dejando de distribuir todo aquello que decidimos, de forma inflacionista, por votación nominal a primera vista pueda parecer atractiva, yo formulo otra propuesta. 
Por qué no iniciamos en las comisiones competentes un debate sobre la propiedad de atribuir a la votación nominal su cometido original de votación especial para cuestiones especiales que, en tal caso, realmente han de ser relevantes. 
En mi opinión, carece de sentido que votemos cada media frase. 
No perdemos nada por probar este procedimiento que, de pasada, nos soluciona el problema del papel. 
Señor Konrad, le agradezco su observación. 
No quisiera que se generalizara el debate. 
No es el momento, y no estamos preparados para celebrar un debate sin ponente. 
Le rogaría que lo dejáramos aquí y que avanzásemos en las votaciones. 
Señor Presidente, quisiera prestar mi apoyo a la excelente propuesta del Sr. Konrad y ruego al Grupo del Partido Popular Europeo que la apruebe ahora mismo y que retire el sinfín de votaciones nominales solicitadas a posteriori con respecto al informe que tenemos delante. 
De este modo, la propuesta del Sr. Konrad puede llevarse a la práctica sin más tardar. 
Señor Rehder, no quisiera que este debate continuara, ya que debería tener lugar en los grupos políticos para ver si podemos hacer algo más. 
Señor Presidente, debo transmitir una triste noticia a la Asamblea. 
El ministro alemán de Hacienda, Oskar Lafontaine, acaba de presentar su dimisión como Ministro de Hacienda y Presidente de su partido. 
Aplausos 
Señor Presidente, quería haber votado a favor, pero mi aparato no ha funcionado. 
Risas 
Señor Presidente, solamente quería señalar que acoger con aplausos una decisión de política interna no redunda precisamente en beneficio de la dignidad de este Parlamento. 
Debe estar claro que las decisiones en este ámbito incumben a los alemanes, al Gobierno federal alemán, pero no a este Parlamento. 
No quisiera continuar con este asunto ahora, señor Swoboda, pero la información que se ha dado al Parlamento Europeo, aunque este no la haya pedido, es normal que le interese, ya que en este momento el Sr. Lafontaine es el Presidente del Consejo de Ministros de Economía de la Comunidad. 
Hemos elegido abstenernos en la votación del informe del Sr. Adam sobre las redes transeuropeas. 
Las redes transeuropeas son a primera vista una medida racional que aumenta tanto la seguridad del suministro como la competencia en el mercado energético. 
Sin embargo, también tienen un reverso que hay que tener en cuenta- el suministro de energía que realizan los diversos proveedores energéticos no se produce en igualdad de condiciones. 
No se puede esperar que las pequeñas, respetuosas con el medio ambiente y descentralizadas centrales térmicas que son propiedad de intereses locales que también las controlan, suministren electricidad al mismo precio que las centrales nucleares o las grandes centrales térmicas de carbón. 
Las fuentes de energía renovables tampoco son capaces de competir inmediatamente puesto que los costes externos de las grandes instalaciones no se incluyen en el precio de venta. 
En la situación actual existe por ello un riesgo de que este desarrollo saludable y respetuoso con el medio ambiente que está teniendo lugar en el suministro energético se vea destruido por las redes transeuropeas. 
El Movimiento de Junio apoya activamente el desarrollo de formas energéticas respetuosas con el medio ambiente y piensa que debe permitírseles a los países miembros fomentar las energías renovables con todos los medios a su alcance. 
La nueva y muy extensa prelación y la ampliación de los proyectos energéticos transeuropeos que la Comisión propone son necesarias para garantizar su adaptación al desarrollo tecnológico y energético que ha tenido lugar desde la aprobación de las directrices. 
Hoy la UE precisa especialmente más proyectos de gas natural y proliferación de fuentes de abastecimiento, necesidades éstas a las que hay atender. 
Por ello supone un motivo de alegría esta iniciativa de la Comisión. 
sobre el Informe Robles Piquer (A4-0085/99) 
Si no se actúa, las necesidades energéticas se habrán duplicado en veinte años. 
Todos pueden imaginar las consecuencias nefastas para el medio ambiente de un crecimiento de estas proporciones de la demanda energética, si no se toman medidas para intensificar de manera significativa el recurso a energías eficaces, que al mismo tiempo sean renovables y menos nocivas para la biosfera. 
Por consiguiente, debemos alcanzar los objetivos definidos en la Conferencia de Kyoto, en diciembre de 1997. 
Para ello, es indispensable sacar las consecuencias prácticas de los progresos realizados en el ámbito de las energías renovables y perfeccionar aquellas que aún no han alcanzado hasta ahora la fase de la comercialización. 
Desde un punto de vista estrictamente económico, a largo plazo, un consumo desenfrenado de energías no renovables puede perjudicar la seguridad del abastecimiento y la estabilidad de los precios. 
Por lo tanto, cuando nos referimos a las energías renovables está también en juego el desarrollo económico sostenible. 
De igual modo, una utilización intensiva de las energías renovables es para muchos de nuestros países capaz de reajustar nuestra balanza comercial, que las importaciones masivas de energías tradicionales desequilibran. 
Finalmente, en estos tiempos de penuria de empleos, no podemos dejar de lado el hecho de que las energías renovables presentan en este sentido un potencial de dos a cinco veces superior que el de las energías tradicionales. 
Por lo tanto, apoyo claramente la propuesta de decisión del Consejo así modificada. 
sobre el Informe Bloch von Blottnitz (A4-84/99) 
En Kyoto, la Unión Europea se ha comprometido a reducir, en el 2012, el 8 % de sus emisiones de gas de efecto invernadero, en relación con su nivel de 1990. 
Habida cuenta del hecho de que el consumo energético de los Estados miembros debería aumentar un 50 % en los próximos veinte años, es necesario llevar a cabo un esfuerzo particular en materia de eficacia energética. 
Así pues, deberían afectarse medios suficientes para lograr este objetivo. 
Ahora bien, nuestro ponente se preocupa por «la reducida dotación del programa» y considera que, en consecuencia, «las expectativas con relación con éste son excesivas». 
En su informe de opinión, la Comisión de Presupuestos se orienta en el mismo sentido. 
Ésta subraya que la dependencia de la Unión con respecto a las importaciones de energía sigue aumentando, poniendo en evidencia la utilidad del programa SAVE, puesto que su objetivo de ahorro energético «disminuye la dependencia (de la Unión) frente a las importaciones de energía». 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor opina lo mismo. 
Ésta señala que la lectura de la propuesta de la Comisión sobre el fomento de la eficacia energética es relativamente decepcionante. 
Los esfuerzos previstos son claramente insuficientes, si los objetivos definidos en Kyoto deben ser algo más que meras palabras. 
Por lo tanto, apoyaré una propuesta cuyo mérito es sobre todo el hecho de haber sido elaborada, lamentando la inadecuación entre los objetivos y los medios de que se dota la Unión Europea. 
Es necesario, en efecto, contar con los medios para su política. 
Dentro de este espíritu, me congratulo de señalar otra de las conclusiones de la Comisión de Presupuestos: «La política fiscal puede igualmente influir en la realización de los objetivos fijados: por esta razón un impuesto común sobre la energía y el CO2 debería ser objeto de un acuerdo lo antes posible». 
Hoy votaré a favor de este informe. 
La Unión Europea es uno de los mayores productores de gases que provocan el efecto invernadero. 
Por ello tenemos una responsabilidad, no sólo ante nosotros, sino respecto de todo el planeta, para estimular una mayor eficiencia energética y cortar las emisiones que producen el efecto invernadero. 
No debemos perder el tiempo mientras la tierra se asfixia a causa de nuestros humos. 
El Gobierno laborista británico está abriendo el camino. 
Gran Bretaña fue clave a la hora de asegurar el acuerdo mundial para cortar las emisiones que producen el efecto invernadero en al Conferencia Medioambiental de Kioto en 1997. 
Ciertamente, sin la capacidad de dirección del Viceprimer Ministro, John Prescott, la conferencia hubiera producido más aire caliente que el que evitó. 
Por otra parte, ayer, el Ministro de Economía, Gordon Brown, anunció nuevos impuestos verdes sobre la energía para las empresas e impuestos más bajos para los automóviles más pequeños, más respetuosos con el medio ambiente. 
Esto contrasta bastante con los conservadores, quienes siempre han promovido la economía del gran coche en lugar de un mayor control de las emisiones. 
Gran Bretaña está en camino de alcanzar los compromisos que adquirió en la Conferencia de Kioto. 
Sin embargo, Gran Bretaña por sí sola no puede acabar con un problema global. 
Otros Estados miembros de la UE, los EE.UU. y el resto del mundo industrializado también deben mostrar un compromiso semejante. 
Solo entonces podremos entrar en el siglo XXI con la confianza de que las generaciones futuras verán el XXII. 
sobre el Informe Trakatellis (A4-0067/99) 
Me opongo a cualquier forma de subvención para la industria del tabaco. 
Creo que subvenciones de este tipo son injustificables y deben ser detenidas inmediatamente. 
Por ello he emitido mi voto conforme a este principio. 
Yo y otros diputados laboristas británicos hemos votado en contra de este informe porque recomienda el aumento de las subvenciones al tabaco, no en los países pobres completamente dependientes de las plantaciones de tabaco, pero sí en cuatro de los países más ricos de la Unión Europea. 
Las subvenciones a la producción del tabaco deberían ser gradualmente eliminadas, no aumentadas, apoyando a los agricultores de los zonas Objetivo 1 y 5b para que cambien a otros productos. 
Muchos miles de ciudadanos de la Unión Europea mueren cada año y millones padecen mala salud a causa de enfermedades relacionadas con el fumar, descubriendo demasiado tarde que los peligros de los que fueron advertidos en su adolescencia se convierten en realidad cuando sufren ataques al corazón o cáncer cuando alcanzan los 40, 50 y 60 años. 
No existe ninguna justificación para continuar utilizando el dinero de los contribuyentes para apoyar el cultivo del tabaco. 
Aumentar las subvenciones es totalmente inaceptable. 
El dinero ahorrado debería dedicarse a programas de desarrollo rural y programas de promoción de la salud. 
Me opongo por completo al informe del Sr. Trakatellis y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que establece el mantenimiento de las subvenciones al cultivo de tabaco en la UE. 
No puedo apoyar este punto porque considero que la Unión Europea no debería conceder ayudas al cultivo de tabaco. 
Por una parte, las ayudas son desproporcionadamente elevadas y, por la otra, el tabaco es perjudicial para la salud pública: cada año mueren decenas de miles de ciudadanos de la UE como consecuencia del consumo de tabaco. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea dispone de programas encaminados a lograr que los fumadores abandonen el tabaco. 
No se puede ofrecer a los agricultores del tabaco ayudas por valor de diez mil millones a la vez que se destinan doscientos o trescientos millones para animar a la población a dejar de fumar. 
En su lugar, he optado por apoyar las enmiendas presentadas por el Sr. Collins para lograr un desmantelamiento progresivo de las ayudas al tabaco en la UE con el fin de lograr su desaparición por completo en el plazo de algunos años. 
Creo que se trata de una perspectiva razonable y viable. 
Es preciso suprimir las ayudas al tabaco. 
Sin embargo, esta abolición deberá ajustarse a un período transitorio para impedir que los agricultores se enfrenten con problemas económicos y evitar, de esta manera, que aumente aún más el desempleo. 
Mi voto es favorable a las modificaciones propuestas por el Informe Trakatellis, relativo al reglamento sobre el tabaco en hoja. 
Éstas reafirman la necesidad de apoyar la producción europea de tabaco, que- debo recordar- sólo representa el 23 % del volumen de tabaco en hoja que consume la industria europea de la transformación. 
La lucha contra el tabaquismo, que considero necesaria, no supone la reducción o la supresión de esta producción, como piden algunos colegas. 
Dicha producción sería inmediatamente sustituida por la producción procedente de países exteriores a la Unión Europea, que cubre actualmente el 95 % de la producción mundial. 
Además, este informe propone un aumento mayor de las primas. Su justificación es doble. 
En primer término, debido a la pérdida resultante de la supresión del ecu «verde» , que no está compensada al ser inferior al 1, 8 % -lo que representa una pérdida de un millón de ecus para los productores franceses -, y en segundo término, debido a las pérdidas resultantes, a lo largo de los años, de la no renovación de las primas en función de la inflación. 
Los diputados del Grupo Europa de las Naciones son conscientes de la importancia que representa la producción de tabaco para la actividad económica de muchas regiones rurales. 
Esta producción requiere una mano de obra importante y permite mantener muchos empleos en el seno de explotaciones de dimensiones relativamente modestas. 
Nosotros nos oponemos, por tanto, a la adopción de las enmiendas presentadas por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que desea suprimir, a la larga, el conjunto de las ayudas en el sector de la producción de tabaco. 
Todos conocemos la poca solidez de la tasa de autosuficiencia de la Unión Europea: 20 %, lo que significa que cualquier reducción de las ayudas provocará una disminución de la producción europea, en beneficio de las importaciones de tabaco procedentes de terceros países y sobre todo de los Estados Unidos. 
Los diputados del Grupo Europa de las Naciones han votado a favor de la enmienda 5, que establece una compensación global integral, para los productores, de los efectos negativos de las conversiones monetarias durante el paso del euro al ecu. 
En Francia, por ejemplo, sabemos que todos los agricultores han conocido, con el paso al euro, una reducción de sus ayudas compensatorias, así como de los precios institucionales, del 1, 9 %. 
Esta disposición que, naturalmente, supone un coste presupuestario suplementario, mantiene el principio de la equidad. 
No podemos menos que lamentar que los agricultores, a pesar de la evolución negativa de su salario durante la campaña 1997-1998, no hayan podido obtener dicha equidad: ¡el desafío de la moneda única revestía para algunos una importancia diferente! 
En cuanto a las enmiendas 7, 8 y 9, están encaminadas a efectuar una transferencia de umbrales de garantía del grupo III (tabacos negros) hacia los grupos II (Burley) y el grupo I (Virginia). 
Esta transferencia, aunque presupuestariamente sea neutra, favorece la evolución de la producción hacia tabacos de calidad. 
El porcentaje de nicotina de los tabacos negros, en particular, es más alta que la de los demás tabacos a los que beneficia la transferencia que se solicita. 
En conclusión, desearía asimismo oponerme al principio del carácter decreciente de las ayudas agrícolas, tal como propone la Comisión a partir de una iniciativa francesa. 
Este carácter decreciente sería del 3 % anual a partir del año 2002. 
Eso quiere decir, teniendo en cuenta la erosión monetaria, que el nivel de los precios institucionales y el nivel de las ayudas compensatorias descenderían anualmente cerca del 5 %. 
En una primera etapa, los productores que obtienen bajos rendimientos desaparecerán, y de este modo, reduciremos el nivel de producción europeo. 
Una disminución uniforme del 3 % penalizará prioritariamente a las producciones que reciben mayores ayudas, como el cultivo del tabaco. 
Es ilusorio pensar que los beneficios de productividad de nuestros productores podrán equilibrar esta reducción de las ayudas compensatorias. 
La propuesta de la Comisión no respeta las condiciones y las exigencias reales de la OMC en el sector del tabaco, en particular en lo que concierne al mantenimiento del apoyo a la producción comunitaria de tabaco sin elaborar por razones sociales y económicas, a la promoción de un tabaco de mejor calidad por razones de salud y ambientales y a la aplicación de un régimen de cuotas flexible. 
Además, la propuesta de la Comisión, sustancialmente, no prevé que se vuelvan a definir los subsidios para las variedades de tabaco, con lo que se confirma la disminución progresiva de las ganancias reales de los productores, derivada de la falta de una actualización acorde con la inflación registrada en la Comunidad. 
Por lo tanto, solicito el aumento de los subsidios para el tabaco en hoja de las cosechas 1999, 2000 y 2001, en todas las variedades. 
Por último, considero necesario que se revisen las normas de la OMC en el sector del tabaco, para proteger y mejorar las producciones de calidad, a través de su adecuación a las exigencias del mercado; estos ajustes deben producirse de acuerdo con las modificaciones impuestas por la reforma de la PAC (Agenda 2000) y tomando en cuenta las perspectivas de ampliación del ámbito europeo. 
Por las razones aquí expuestas, Alianza Nacional se abstiene en la votación del informe, pues considera que sus contenidos son insuficientes para garantizar la protección de los intereses de los productores de tabaco italianos. 
sobre la resolución relativa a los plátanos 
La Unión Europea debe reaccionar enérgicamente contra la prepotente y unilateral actitud de los Estados Unidos de América, que han anunciado que aplicarán, con efecto a partir de comienzos de marzo, sanciones (derechos arancelarios de 100 %) a una lista de productos europeos, sin que se sepa aún la opinión definitiva del grupo especial del plátano de la OMC. 
Al retener ya una fianza de 100 % de los derechos arancelarios sobre los productos importados, los Estados Unidos de América limitan activamente las importaciones de productos, con lo que amenazan con perturbar las frágiles economías de los países y las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea. 
Europa no puede arrodillarse constantemente ante los Estados Unidos de América. 
Hemos de tener una política comercial acorde con el peso que en este momento tiene la Unión Europea en el mundo. 
Por eso, hacemos un llamamiento a la Comisión para que, por todos los medios a su alcance, obligue a los Estados Unidos de América a respetar las normas de la OMC. 
Voto a favor de la propuesta conjunta de resolución sobre la imposición de sanciones de los EE.UU. contra las empresas de la UE como consecuencia del conflicto del plátano. 
Condeno absolutamente la acción unilateral de los EE.UU. y el hecho de que no esperaran a la decisión del panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 12 de abril de 1999. 
La acción de los EE.UU. le costará a la UE 450 millones de euros. 
Los empleos se perderán a miles, arrasando y frustrando el futuro de esas familias y comunidades en el interés de las multinacionales estadounidenses, quienes parece que compran su influencia a través de las donaciones a los políticos estadounidenses, que han declarado la guerra a algunas de las comunidades más pobres del Caribe. 
Le solicito al Presidente Clinton y a la administración americana que vuelva a reflexionar y aguarde a la decisión de la OMC. 
El Grupo Europa de las Naciones se ha adherido a la resolución común que pide explícitamente a la Comisión Europea que utilice, en el marco de la OMC, todos los medios de que dispone para responder a las sanciones aplicadas por los Estados Unidos de América, violando las normas de la organización multilateral, en el marco del conflicto en el sector del plátano. 
Mientras que la Organización Mundial del Comercio acaba de confirmar la ilegalidad de estas sanciones, la Unión Europea tiene el apremiante deber de responder enérgicamente a los ataques norteamericanos. 
Hoy es esencial que los responsables norteamericanos entiendan que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen la voluntad y la capacidad de responder con firmeza a un ataque tan directo contra sus intereses y sus derechos. 
La ausencia de reacción firme y creíble de la Unión Europea en otros expedientes ha pesado mucho, ciertamente, en la elección de Washington en favor de la pugna de intereses. 
El Grupo Europa de las Naciones no puede sino lamentar el carácter ambiguo y poco enérgico del Comisario Brittan en un contexto en el que, puesto que los Estados Unidos han iniciado la pugna de intereses, la Unión Europea debe ahora convencer de que dispone frente a ellos de una capacidad real capaz de causar perjuicios. 
Ayer, ante esta Asamblea, al mismo tiempo que demostraba una postura de firmeza, el comisario ha mantenido abierta, sobre el fondo, una negociación sobre un nuevo reajuste de nuestra OCM del plátano. 
Esta anticipación carece hoy de fundamento y es particularmente inoportuna. 
Si nuestra nueva OCM ha sido definida para responder a las exigencias de la OMC, no existe razón alguna para prever anticipadamente una adaptación suplementaria. 
¿La Comisión Europea acordaría sólo una confianza limitada a los órganos de solución de los conflictos de la OMC? 
A la par que apoya la resolución común, nuestro Grupo habría deseado una redacción más enérgica, pidiendo concretamente a la Comisión que estudiara la posibilidad de aplicar un «super 301» europeo- ya que los norteamericanos mantienen su instrumento, a pesar de su adhesión a la OMC- y sobre todo de congelar el conjunto de los programas y de las acciones relacionadas con la asociación atlántica, ya que es evidente que esta última se halla hoy vilipendiada por la actitud agresiva e ilegal de los Estados Unidos con respecto a este expediente de los plátanos. 
En vísperas de la apertura de las «negociaciones de la ronda del milenio» , es muy importante que la Unión Europea y sus Estados miembros saquen enseñanzas de esta crisis y sepan reorientar su estrategia comercial internacional hacia una mayor coherencia y firmeza, rechazando, frente a los Estados Unidos, cualquier tipo de disimetría. 
sobre la resolución relativa a Kosovo 
Señor Presidente, creo que es una buena resolución común, aun cuando el Consejo y la Comisión han pasado por alto un aspecto fundamental que debería haberse resaltado más, a saber, el hecho de que actualmente la población de Kosovo está siendo desplazada sistemáticamente, en particular en dirección a las zonas fronterizas con Macedonia. 
No se trata de una huida ante operaciones militares, sino de una expulsión sistemática, pueblo por pueblo, de acuerdo con el principio de la tierra quemada. 
El objetivo de todo ello es modificar por así decirlo la composición étnica de Kosovo, donde los albaneses representan el 90 % de la población, transformando el país con la ayuda de las fuerzas de ocupación serbias. 
¡Debemos protestar enérgicamente contra este procedimiento e incluso hemos de adoptar medidas militares! 
Va siendo hora de que pongamos en marcha las operaciones aéreas en lugar de seguir lanzando falsas amenazas, a fin de demostrar que el asunto va en serio. 
Milosevic se burla del mundo occidental y la llamada limpieza étnica avanza sistemáticamente, día tras día, en un clima de absoluta brutalidad. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta los equilibrios políticos de nuestra Asamblea, el informe del Sr. Colajanni, en su versión original, era sin duda el mal menor por el que podía optar el Parlamento sobre la cuestión. 
De todas maneras, no por ello deja de ser interesante, ya que muestra muy bien las contradicciones de la política europea. 
Por un lado, apoyamos de una manera demasiado incondicional la pretensión de un nuevo Estado palestino, que se añade a Jordania, y por otro, constatamos que la proclamación de este Estado provocaría un estallido y que, en cualquier caso, en primer lugar, cuesta demasiado caro y, en segundo lugar, las estructuras administrativas no son viables para ello. 
No cabe duda que es lo aberrante del informe lo que hace que éste sea interesante. 
No es una razón para aprobarlo, a partir del momento en que expresa una posición que explica el hecho de que, aún por mucho tiempo, Europa seguirá pagando sin estar realmente en la mesa de los responsables de las decisiones. 
Señor Presidente, la finalidad de apoyar una mejora de la seguridad de las centrales nucleares de los países solicitantes ha sido siempre garantizar su cierre total a largo plazo. 
El caso es que éste no se ha producido y nada indica que vaya a producirse. 
Después de haber prolongado el período de vida útil de las centrales nucleares gracias a las ayudas comunitarias, los países solicitantes sostienen que la seguridad de sus centrales nucleares es ahora tan buena que no existe ningún motivo para su cierre. 
Esto no lo tiene en cuenta el informe del Sr. Adam. 
No vincula la ayuda a la exigencia del cierre a largo plazo ni tampoco expone una política clara de financiación de la forma energética que sustituirá a las centrales nucleares. 
La industria atómica oriental además logra prolongar su período de vida útil. 
Su cartera de pedidos estaba prácticamente vacía, pero ahora con el dinero de la UE ha surgido un nuevo mercado virgen. 
El Movimiento de Junio reconoce el derecho de los países a administrar y elegir ellos mismos las formas energéticas que habrán de abastecerlos, incluida la energía atómica. 
Sin embargo, bajo ninguna circunstancia contribuiremos a que reciban ayuda económica para mantener la energía atómica como fuente energética a costa del desarrollo de fuentes energéticas más respetuosas con el medio ambiente. 
El Movimiento de Junio votará a favor de una mejora a corto plazo de la seguridad del reactor si ésta va encaminada a la supresión de la energía nuclear. 
Así lo proponían las enmiendas de los Verdes; sin embargo, puesto que todas han sido rechazadas, hemos votado en contra del informe del Sr. Adam. 
A pesar del declive de la energía nuclear en Europa, la UE sigue gastando enormes recursos en la promoción, investigación y desarrollo de la misma a través del Tratado de Euratom. 
Fue uno de los tres tratados originales de la Unión Europea, y sigue conservando la falacia de «átomos para al paz» en forma legal, de modo que se «permita el progreso de la causa por la paz» (preámbulo) «para contribuir, mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la creación y crecimiento rápidos de industrias nucleares» (artículo 1). A la vez que el Parlamento Europeo tiene mucho que decir respecto del presupuesto de la UE, carece, excepcionalmente, de control real sobre las actividades que tienen lugar bajo el anacrónico y opaco Tratado Euratom. 
La industria nuclear europea, gravemente afectada por Chernobil, ha convertido la situación en una oportunidad de negocio. 
Han hecho millones de ecus al trabajar en proyectos de seguridad nuclear en el Este de Europa y en la antigua Unión Soviética, financiados en gran parte por la Unión Europea. 
En cualquier caso, el Informe Especial num. 25/98 del Tribunal de Cuentas de la UE sobre los programas de seguridad nuclear PHARE-TACIS ha mostrado recientemente que no ha habido una mejora real de la seguridad, tal y como habíamos manifestado durante años (y se demostró en un estudio STOA del Parlamento encargado por iniciativa de los Verdes) , de modo que más de 800 millones de ecus han sido gastados en la redacción de informes. 
Y ahora, la Comisión Europea está considerando tres créditos Euratom relacionados con la seguridad para la terminación de Khmelnitski 2 y Rovno 4 (k2/r4) en Ucrania, como parte del acuerdo de cierre de Chernobil, para la unidad 3 de Kallinin en Rusia y para las unidades 5 y 6 de Kozloduy en Bulgaria, todos reactores de diseño soviético. 
Estos proyectos ilustran claramente el tipo de problemas asociados a las negociaciones de ampliación de la UE en lo que concierne a la seguridad de las centrales de energía nuclear. 
El Presidente ucraniano Kuchma ha escrito que su país originalmente quiso centrales de gas como parte del acuerdo del cierre de Chernobil, pero que el G-7, mirando por los intereses de su industria nuclear, forzó a Ucrania a aceptar la terminación de esos dos reactores VVER 1000 MW, cuya construcción ha sido abandonada después del colapso de la URSS y que no han sido perfectamente conservadas en su estado incompleto. 
El estudio del mínimo coste de este proyecto, llevado a cabo por un grupo liderado por el Profesor John Surrey del SPRU de la Universidad de Sussex, ha mostrado que estaba lejos del mínimo coste y, sin embargo, la Comisión y el G-7 siguen presionando al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para financiar estos reactores (190 millones de ecus) , además de los 400 millones de ecus de Euratom, rompiendo todos los procedimientos racionales y las preocupaciones técnicas y financieras. 
El ahorro de energía es claramente la inversión de menor coste en Ucrania, donde la intensidad energética, en un orden de magnitud, es mayor que en el UE, una situación que es común a los países del antiguo bloque Este. 
Kozloduy muestra otro aspecto crucial de este problema. 
Las unidades 1-4 son del tipo más peligroso VVER 440-230 y debería ser cerrada inmediatamente. 
Bulgaria concluyó un acuerdo de cierre con la cuenta de seguridad nuclear gestionada po el BERD para los países del G24 a cambio de financiación, pero las condiciones anejas debían ser llevadas a cabo por Bulgaria, permitiéndoles prorrogar legítimamente las fechas de cierre al no alcanzar esas condiciones, cosa que han hecho ahora. 
En ambos casos los intereses de la industria nuclear occidental tienen preferencia sobre todo lo demás, algo que debe cambiar durante el resto de las negociaciones de ampliación- fechas firmes sin clausulas de escape para los reactores son esenciales como precondición para ingresar en la UE. 
Desde luego no es en absoluto valioso que haya instalaciones nucleares igualmente peligrosas en la UE, tales como los reactores británicos de Magnox, que carecen de una segunda cobertura, por no hablar todos los desechos altamente inestables y otros materiales peligrosos relacionados con las plantas de reprocesado de GB y Francia (algo que no se encuentra en Europa del este). 
La energía nuclear va a dejar una herencia de desechos nucleares durante decenas de miles de generaciones. 
Pero una herencia más sutil se puede encontrar en el permanentemente alterado genoma de cada ser viviente de este planeta. 
Las pruebas atmosféricas de armas nucleares fue la primera de muchas actividades temerarias que diseminaron isótopos radiactivos por todo el planeta, que es la razón por la que los científicos militares se aseguraron que los niveles de radiación se situaran en un nivel irracionalmente alto, de modo que se pudieran evitar las reclamaciones contra los estados con estas armas y que habían comprometido la salud de la raza humana. 
El problema aun sigue hoy entre nosotros, mientras la ciencia se manipula, se esquiva, o simplemente se abandona, lo que evidencia que a pesar de las reducciones de los niveles estos siguen estando muy altos, tal y como se demostró en el taller del Parlamento, impulsado por los verdes, la base de un estudio del STOA publicado sobre esta materia. 
Pero aun, la Directiva de Niveles de Radiación (Euratom/96/29) , que debería proteger al público y a los trabajadores desde el año 2000, tiene mecanismos que facilitan la dilución y el reciclaje de desechos radiactivos, de modo que productos de consumo pueden llegar a contener estos materiales y nadie lo sabría. 
Es necesaria una urgente revisión radical antes de que estos materiales se distribuyan. 
Y las nuevas áreas de investigación de protección de la radiación deben ser seguidas por la UE, tales como la inestabilidad del genoma y la investigación del ADN con minisatélites, de modo que averigüemos los efectos a largo plazo de la exposición de baja intensidad. 
Desde 1999 la energía nuclear ha sido una cuestión importante para las relaciones de la Unión Europea con los países de Europa central y oriental y los nuevos estados independientes. 
Es esencial que en el nuevo proceso de ampliación la seguridad nuclear sea situada en el corazón de las negociaciones. 
La Agenda 2000, el marco de la Comisión Europea para el desarrollo de la Unión Europea, señala que la mayoría de las centrales que operan en los países candidatos siguen utilizando tecnología soviética y no cumplen con las normas de seguridad internacionales. 
Desde una perspectiva de la UE, los reactores se incluyen en tres categorías: reactores de diseño occidental, reactores de diseño soviético y reactores inseguros. 
La Comisión Europea debe adoptar una estrategia energética para cada uno de estos países con acuerdos de asociación y cooperación en los que se prevé el cierre de reactores nucleares inseguros en una determinada fecha. 
Mientras que el análisis inicial de la Comisión Europea y del programa de la Agenda 2000 no es lo suficientemente detallado, la planta de Mochovce en Eslovaquia, que sigue operando debe ser destacada con especial atención. 
Si esta planta ha de alcanzar los estándares internacionales de seguridad, junto con otras instalaciones nucleares de la República Checa, Hungría y Bulgaria, los programas de modernización exigirán por lo menos de siete a diez años para que los más altos niveles medioambientales y de salud pública sean alcanzados. 
Bulgaria, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia también deben encontrar soluciones para el almacenaje de los residuos nucleares que producen. 
Todos estos problemas tienen grandes implicaciones para la Unión Europea y debemos asegurarnos que no se produzca ninguna ampliación hasta que estemos seguros de que las centrales nucleares que operan en los países candidatos alcanzan los más altos niveles de seguridad internacional. 
Esta no va a ser una tarea fácil. 
Por ejemplo, ahora se cumplen catorce años del desastre nuclear de Chernobil. 
Es difícil de creer que esta central nuclear siga siendo un proveedor esencial de las necesidades energéticas del pueblo de Ucrania. 
Está claro que la financiación de occidente va a seguir siendo necesaria para cerrar estas centrales de una vez y para siempre. 
El coste total de asegurar que no surja ningún daño medioambiental o de salud pública de la central se estima es de 17 mil millones de libras esterlinas. 
Esto esta diseñado para asegurar que los dos reactores que siguen funcionando en Chernobil se cierren y desactiven adecuadamente. 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo tendrá su papel en este proceso y celebro el hecho de que hayan contribuido con cerca de 200 millones de dólares el año pasado para ayudar al gobierno ucraniano a cerrar la central de Chernobil en un futuro próximo. 
No hay duda de que cada vez es mayor el número de ciudadanos preocupados a causa de la energía nuclear, tanto en los países de la UE, como en los países de la Europa central y oriental y en los nuevos Estados independientes. 
Cada vez se tiende más a renunciar a políticas retrógradas en el ámbito de la energía nuclear, lo cual ha llevado a países como Suecia y Alemania a emprender el desmantelamiento de este sector energético. 
Sería más que deseable que los países de la Europa central y oriental y los nuevos Estados independientes actuaran también en este sentido. 
El informe del Sr. Adam y la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía incluye diversas formulaciones que, en mi opinión, van encaminadas en la dirección opuesta, como cuando se promueve el uso de la energía nuclear, en lugar del desmantelamiento de dicho sector. 
Por ejemplo, se anima a la industria nuclear de los Estados miembros de la UE a contraer un mayor compromiso en los respectivos países. 
Por el contrario, considero que la tarea de la UE es apoyar con medios económicos a los distintos países para lograr su renuncia a la energía nuclear. 
En este contexto, los países más potentes económicamente han de mostrarse dispuestos a apoyar este proceso. 
He de admitir mi escepticismo ante los programas de apoyo que se plantean en el informe, habida cuenta de los problemas que se han registrado hasta el momento en los programas de ayudas de la UE, y que fueron objeto de un informe del Tribunal de Cuentas el pasado año. 
Todo parece indicar que se trata de un problema de gran envergadura, y los fondos que ha destinado la UE no han dado lugar a ninguna mejora digna de mención. 
Se trata de una seria cuestión, por lo que la UE debe reflexionar sobre cómo lograr que las ayudas al desmantelamiento y en favor de las energías renovables y de un aprovechamiento energético eficaz permitan alcanzar unos buenos resultados. 
Finalmente, he apoyado en la votación final la totalidad de las enmiendas que ha presentado el Grupo de los Verdes, todas las cuales revisten una gran importancia de cara al futuro. 
La seguridad y el posible cierre de reactores de las centrales nucleares situadas en los países candidatos de la Europa central y oriental y los nuevos Estados independientes son un elemento clave de la estrategia de ampliación al tocar la seguridad y la salud pública de toda Europa. 
Hacen mucha falta iniciativas en una serie de ámbitos tanto en lo que respecta a la seguridad de los reactores ya existentes como en lo que respecta a la construcción de nuevas centrales, la introducción de estándares de seguridad y la vigilancia del cumplimiento de tales estándares llevada a cabo por autoridades de vigilancia que funcionen eficazmente. 
Pienso que nuestra comisión y el señor ponente han conseguido elaborar un informe muy concienzudo sobre la seguridad nuclear en la Europa central y oriental. 
Estoy convencido de que sus conclusiones serán una aportación fundamental cuando en los próximos años haya que adoptar decisiones sobre este campo. 
sobre el Informe Stockmann (A4-0086/99) 
Ahora todos están de acuerdo en decir que la realización de los objetivos fijados en Kyoto en materia de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero será beneficiosa desde el triple punto de vista del ahorro, de la protección del medio ambiente y de la protección de la salud. 
Por otro lado, es evidente que los objetivos de Kyoto sólo podrán lograrse en la medida en que la Unión Europea y los Estados miembros utilicen todos los incentivos disponibles, en el marco de una estrategia global cuya eficacia podrá precisamente ser evaluada con respecto a parámetros cuantificables. 
En esta doble perspectiva, podemos congratularnos de la publicación del Libro Blanco de la Comisión sobre «Una política energética para la Unión Europea». 
Este documento parece, en efecto, ofrecer una buena base sobre la cual la Comisión podrá apoyarse para redactar rápidamente el instrumento jurídico necesario para la aplicación efectiva de la estrategia global. 
Por lo tanto, es en el marco general así definido donde los Estados miembros deben precisar sus objetivos, por tipo de energía y sector económico, bajo control regular de la Comisión, y ello, con un interés muy particular por los sectores de la construcción y de los transportes, en los cuales es posible realizar ahorros sustanciales de energía. 
Desde este punto de vista, me parece prudente prestar una atención prioritaria a los nuevos modos de transferencia de la información, cuyo desarrollo es una pista posible para solucionar los embotellamientos que atascan nuestras ciudades y cuestan tan caro en el ámbito financiero y económico, así como en el ámbito medioambiental y de la salud pública. 
sobre el Informe Fourçans (A4-0102/99) 
Como consecuencia natural de la introducción del euro los países de la zona Euro estarán obligados a llevar a cabo políticas económicas idénticas. 
No hay nada sorprendente en ello, sin embargo, justifica, por ejemplo que pensemos que el euro es una herramienta política para alcanzar una integración más estrecha. 
Cada Estado miembro debe insistir en llevar a cabo su propia política económica, que incluya también una política fiscal, un IVA y una política para el empleo propios. 
La base de la soberanía nacional radica en disponer de herramientas independientes para dirigir la economía. 
Con el euro los Estados han de renunciar a este derecho supeditándose así a los intereses de la Unión y destruyendo lo qué es mejor para cada Estado. 
La UE no debe inmiscuirse en los instrumentos económicos que emplean los Estados miembros. 
La Unión Monetaria y el Banco Central no podrán existir a la larga si no son dirigidos por un gobierno y un parlamento comunes. 
Por ello, la Unión Monetaria debe ser seguida de un nuevo salto en la integración política o bien irse a pique. 
Partimos de la creencia en que la coordinación voluntaria de la política económica y la cooperación monetaria entre los países miembros pueden ser una idea estupenda; sin embargo, este informe de ninguna forma plantea una coordinación voluntaria. 
Sostiene en cambio que debe obligarse a los Estados miembros a que coordinen sus políticas fiscales (párrafo 43). 
El informe exige una coordinación sistemática de las imposiciones a las empresas, al capital y a la energía. 
Pensamos que la UE no debe decidir objetivos y medios macroeconómicos que son la espina dorsal de la democracia en los países miembros. 
Sin embargo, compartimos la preocupación que aparece en el informe sobre la crisis económica global. 
Apoyamos la crítica que hace de la falta de capacidad de la UE para combatir el desempleo en Europa, que aunque ha caído, sigue estando en unos niveles muy elevados. 
En líneas generales, la Comisión considera positiva la evolución de la economía europea del año pasado; aunque se muestra algo preocupada por las consecuencias de la crisis financiera internacional, admite que dichas consecuencias ya son visibles en la economía de la Unión Europea, y prevé una ralentización de la «evolución» para 1999. 
Y la conclusión que saca sobre lo que debe hacerse está dentro de su conocida lógica del rigor unilateral y estricto, de la mayor reducción de los déficit financieros y de la deuda pública, y de la intensificación de la política de deflación. 
La Comisión silencia el hecho de que las asfixiantes limitaciones en los presupuestos nacionales limitan, especialmente, los márgenes de reacción, en caso de que la crisis se extienda. 
Evita explicar por qué no se ha señalado una reactivación de las inversiones privadas, a pesar del continuo aumento de la rentabilidad de las inversiones, del aumento de los beneficios, de la reducción del coste laboral y de los bajos intereses. 
La Comisión y el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial piden medidas sobre la inversión de la reducción de las inversiones públicas. 
¿Cómo puede hacerse esto, cuando el margen de movimiento es particularmente limitado como consecuencia de las obligaciones que derivan del Tratado sobre la Unión Europea y el pacto de estabilidad? 
Mucho nos tememos que esto signifique la reorganización de la estructura del presupuesto con más recortes en el gasto público. 
Nos preocupa, en especial, el esfuerzo por conectar más estrechamente el proceso de adopción de las grandes orientaciones de las políticas económicas con la política de empleo. 
Por un lado, se reconoce el fracaso de la Unión Europea y de los Estados miembros en la lucha contra el desempleo y, por otro, se fomenta una mayor sumisión a los criterios de Maastricht y al pacto de estabilidad, de las líneas directrices sobre la política salarial y sobre el resto de los parámetros de la política de empleo. 
Una característica de su hipocresía es que, al principio nos decían que al añadir un capítulo sobre el empleo en el Tratado, se solucionaría el problema. 
A continuación, nos dijeron que debía empezar el proceso de aplicación de las disposiciones pertinentes. 
Después, nos hablaban sobre unas medidas especiales que se decidirían en el Consejo Europeo de Viena, y ahora, nos dicen que esperemos el pacto europeo para el empleo, el cual, aunque aún está en la fase de elaboración, no hace más que repetir el plan de acción alemán sobre el empleo. 
Es evidente que la palabrería sobre una mayor convergencia de las opciones políticas en cuanto a las grandes orientaciones de las políticas económicas y de empleo, tal como solicita la Comisión Europea y la mayoría del Parlamento Europeo, implica la intensificación de la empleabilidad, la del empleo atípico y a tiempo parcial y la reestructuración negativa del sistema de pensiones. 
Además, los dos documentos publicados por la Comisión sobre las políticas estructurales, conocidos como CARDIFF I y II, animan hacia una mayor flexibilidad, a unos cambios mayores en las relaciones laborales y en el mercado laboral como un complemento-clave en los «esfuerzos» macroeconómicos. 
Por otra parte, vemos que casi el total de los nuevos puestos de trabajo son a tiempo parcial, mientras que, paralelamente, se reduce el número de puestos de trabajo a jornada completa. 
La Comisión evita hacer declaraciones sobre iniciativas futuras decisivas, a nivel internacional, a fin de limitar el traslado lucrativo de capitales, y para fomentar las inversiones productivas. 
Pedimos a la Comisión que, en el próximo periodo de negociaciones multilaterales, se incluyan los problemas que crean los movimientos incontrolados del capital por conseguir una estabilidad financiera internacional, y que fomente la adopción de medidas como el impuesto Tobin. 
La paralización que provoca la política que se está siguiendo es, lamentablemente, tangible para los pueblos de Europa. 
Está claro que engañar al pueblo con debates aburridos sobre la empleabilidad y empresariedad, es algo que no tiene futuro. 
Los pueblos de Europa exigen, cada vez con más dinamismo y con más coordinación, medidas concretas a favor del empleo estable y a jornada completa, presupuestos de redistribución de la renta a favor de los trabajadores, limitación del escandaloso libertinaje del gran capital; una política totalmente diferente en Europa y en los Estados miembros, que abra el camino a cambios más amplios que fomenten la paz y el progreso social. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede a la continuación del debate conjunto de los informes de los Sres Truscott y André Léonard. 
Señor Presidente, desearía simplemente señalar a la Asamblea que esta mañana he dicho que algunas personas habían sido detenidas durante las revueltas del 16 de febrero, entre las que se encuentra la Sra. Akedova, que es una de las responsables de una asociación de derechos humanos. 
Acabo de recibir un telegrama, bastante alarmante, por el que se me comunica que se ha producido un millar de detenciones desde esta fecha. 
Puesto que el embajador de Uzbekistán nos hace el honor de estar presente en la tribuna, desearía que se hiciera intérprete ante el Sr. Karimov, a fin de pedir clemencia para este millar de personas detenidas arbitrariamente. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los dos ponentes en este debate conjunto. 
He sido miembro de la delegación para Asia central durante los dos últimos años y he tenido el privilegio de visitar Kirguizistán y Uzbekistán con la delegación del Parlamento Europeo en mayo de 1997. 
Este es un destino exótico para los europeos por la imagen de la «ruta de la seda». 
Me impresionó especialmente el calor y la amistad hacia los europeos que mostraba la gente que allí encontramos. 
Visitamos el Mar de Aral y vimos de primera mano los problemas medioambientales que existen. 
También constatamos los problemas económicos de esos países sin salida al mar y las dificultades de la transición de la dominación soviética hacia la independencia y el cambio a una economía de mercado. 
Recientemente, en la última reunión, he sabido de los embajadores que los problemas han aumentado con el colapso del rublo ruso. 
En cualquier caso, debo destacar que hay problemas considerables en relación con los derechos humanos en Asia central, tal y como lo ha expresado vivamente esta mañana el Sr. Truscott, aunque la profundidad de los problemas varía de un país al otro. 
En consecuencia, a pesar de que saludo con cautela los acuerdos provisionales debo solicitar a la Comisión que permanezca vigilante respecto de los derechos humanos y, cuando sea posible, continúe indicando a los correspondientes países la necesidad de respetar adecuadamente los derechos humanos. 
Quisiera felicitar al Sr. Truscott por haber realizado su labor de manera sobresaliente y haber tenido en cuenta las opiniones emitidas. He tenido el honor de exponer mi parecer a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
El Sr. Truscott ha tenido totalmente en cuenta las opiniones que he manifestado en tanto ponente de opinión y realmente podría resumir todo en una propuesta. 
Lo que la Comisión está preparando es muy bueno, pero en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores hacemos hincapié en que las propuestas formen parte de una política global, de modo que, las obras de infraestructuras, las comunicaciones, los pipelines, las carreteras, en resumen, todo lo que se ha planificado y programado para lograr la apertura de los países de Asia central y hacerlos participar en una economía moderna, no suceda de manera fragmentaria, sino que se contemple de forma global, para, así, sentar las bases del desarrollo de estos países. 
Esto ha sido adoptado sin ninguna modificación. 
El ponente se ha declarado satisfecho por ello y el texto que, por tanto, se ha presentado al Parlamento lo tiene bien en cuenta. 
Creo que es un buen ejemplo de colaboración entre diferentes comisiones y distintos ponentes. Doy de nuevo las gracias al Sr. Truscott por ello. 
En mi calidad de presidente de la delegación de este Parlamento para estos Estados de Asia central, quiero felicitar sinceramente a los dos ponentes, la Sra. André-Léonard y el Sr. Truscott, pues soy testigo de excepción de sus magníficos trabajos, sobre todo, rigurosos. 
Por mi parte, yo también he comprobado que en algunos de estos Estados miembros o, prácticamente, en todos es evidente un déficit tanto de profundización democrática como de respeto a los derechos humanos o incluso, si me apuran, se puede apreciar una dificultosa entrada tanto en el régimen de libertades como en una economía de mercado. 
Pero en todo momento, siempre, he estado defendiendo la tesis de que realmente lo transcendente es que en la evolución hacia esas libertades no hubiera estancamiento sino que, a un ritmo mayor o menor, se fluyera en la dirección correcta. 
Hubiera sido injusto exigir un comportamiento a estos países semejante al de nuestras democracias occidentales consolidadas. 
Hacía falta una cierta dosis de comprensión y es obvio que tal evolución deseable se está produciendo. 
Tal vez lenta, pero se está produciendo. 
Por ello celebro contrastar que en la recomendación sobre Uzbekistán la Sra. ponente explicita textualmente que se congratula de los esfuerzos de las autoridades de ese Estado para reforzar la democratización y el respeto de los derechos humanos, o que en el informe del Sr. Truscott se acogen favorablemente los avances realizados hacia una democracia operativa en los términos establecidos en los documentos de la CSCE. 
Por otra parte, no olvidemos que la garantía hacia la democracia queda garantizada también desde el momento en que los correspondientes acuerdos de partenariado y cooperación incluyen una cláusula condicional por la que se vincula dicha cooperación al respeto a los principios democráticos, de los derechos humanos y de las reglas de la economía de mercado. 
Respecto a la evolución de estos principios, el Gobierno de Uzbekistán viene insistiendo en su voluntad de avanzar en ese terreno y como garantía de ello aporta la circunstancia de que ya se ha procedido a la apertura de las oficinas de la OSCE, de Human Rights Watch y del Centro Nacional Uzbeko de Derechos Humanos, así como la creación de la institución del Defensor del Pueblo. 
Por otra parte, cabría pensar que un excesivo retraso en la ratificación de dicho acuerdo podría conllevar una cierta dificultad en el proceso de transición democrática que está ocurriendo en aquel país, cuyo valor energético para Europa, desde el ángulo socioeconómico, es bien patente. 
Por todo ello, señor Presidente, apoyamos la recomendación y el informe. 
Señor Presidente, los acuerdos de asociación como el que discutimos ahora, contienen una cláusula de condicionalidad. 
Los países que participan en ellos tienen que ser conscientes de que deben transitar correctamente por el camino de la democracia y los derechos humanos. 
Hace diez años, nadie sabía dónde estaban Uzbekistán, Turkmenistán o Kazajistán; quien hubiera leído el libro «El correo del zar» tal vez supiera dónde empezaba Asia central, pero no dónde terminaba. 
Por ello, creo que es positivo que, diez años después de la caída del Muro y de la desaparición de lo que denominábamos «el oso del Este» , podamos decir con la facilidad de un político: los países tienen que hacer eso y eso. 
Estoy, por tanto, totalmente de acuerdo con el informe de la Sra. André relativo a los acuerdos de asociación. 
Por otra parte, apoyamos la comunicación de la Comisión relativa a toda Asia central. 
El acuerdo sobre el establecimiento de un diálogo intenso en materia de derechos humanos supondrá un estímulo y un control de los países en cuestión. 
Se realizarán un seguimiento y un asesoramiento activos. 
En caso de que se dé marcha atrás, siempre podemos dejar en suspenso el acuerdo, algo que no aconsejo. 
Debemos ser pacientes con la historia y el retraso social que, por algún motivo, existe. 
Puede ser que algunos de nosotros supiéramos dónde estaba Uzbekistán, pero creo que es un alivio que de esta manera podamos describir esa parte gigante del globo terráqueo. 
Quisiera dar las gracias a los dos ponentes. 
Señor Presidente, señor Bertens, no siempre conviene juzgar a los demás por las normas propias de cada uno. 
A raíz de la caída del Muro tenemos una gran responsabilidad ante los países del este y es nuestro deber contribuir a que el complejo proceso de transformación cristalice en una evolución democrática y estable. 
Por todo ello, me pregunto cuáles son los verdaderos intereses que llevan a la Unión Europea a mantener relaciones tan estrechas con estos Estados. 
Después de haber examinado los documentos de la Comisión, la declaración del Consejo y el Informe Truscott, ya no estoy tan segura de que nuestro principal objetivo sea la evolución estable de los países del este. 
¡Tengo más bien la impresión de que lo único que nos interesa son los recursos naturales de estos países, no sus habitantes! 
Todo esto me conduce a la siguiente pregunta clave. ¿Cuál es el impacto real del acuerdo de asociación y cooperación con Uzbekistán y los acuerdos similares con otros países sobre la estabilidad y el equilibrio de la evolución social y económica? 
¿Qué ventajas tienen para la población? 
Dudo que contribuyan a estos fines si lo que se pretende es explotar los recursos naturales. 
Es ésta la razón por la que considero fundamental la cláusula de los derechos humanos y de la democracia. 
La democracia es la condición previa para poder paliar las dificultades que surjan a lo largo del proceso de transformación. 
Es imprescindible que se implique a la población y que a los trabajadores se les reconozca el derecho de participación. 
Por otra parte, me pregunto hoy por segunda vez para qué sirve la cláusula de los derechos humanos si no nos ayuda a poner fin a las violaciones de estos derechos, si permite que el incumplimiento de los mismos prolifere como antes y si no contribuye a la creación de unas estructuras verdaderamente democráticas y estables en los respectivos países. 
Porque los datos que tenemos a nuestra disposición hablan por sí solos. 
No hay una clara división de poderes, no conseguimos garantizar elecciones equitativas y libres, tenemos enormes problemas con la libertad de prensa, la pena de muerte no se ha derogado, se incoan procesos criminales contra miembros de la oposición, contra periódicos de la oposición, contra periodistas, contra grupos de interés y contra manifestantes. 
¡Ahí está el problema! 
Por tanto, me veo una vez más en la obligación de preguntar a la Comisión si realmente piensa que el acuerdo surte el efecto deseado o si, al contrario, opina que deberíamos hacer mucho más por estos países. 
Así las cosas, estimo oportuno que antes de ratificar el presente acuerdo verificamos cuáles son las medidas que realmente redundan en beneficio de la estabilidad de la región. 
Quisiera añadir que tampoco podemos perder de vista nuestro compromiso con la Convención de Ginebra relativa al Estatuto de los Refugiados. 
No podemos considerar a estos países como terceros Estados seguros hasta que no se cumpla la cláusula contemplada en dicha Convención. 
Además, esta misma cláusula figura en el acuerdo de asociación y cooperación. 
¡Es absolutamente inaceptable! 
No podemos ratificar el acuerdo mientras no se cumplan todos los requisitos. 
Señor Presidente, los nuevos Estados de Asia central son particularmente frágiles. 
Sus poblaciones no son homogéneas. 
No pueden apoyarse en tradiciones estatales, se trata de Estados recientes que hasta ahora sólo habían dependido de imperios. 
Por estos países pasan circuitos de drogas. 
Deben reafirmar su existencia en un entorno internacional extremadamente peligroso. 
Están oprimidos entre una Rusia, que es la antigua potencia dominante y que conserva por esta zona un interés primordial, una Turquía que ambiciona siempre convertirse en guía de una gran Asia central de habla turca, y un Pakistán que apoya un proyecto de gran Afghanistán fundamentalista, apoyándose en el instrumento particularmente peligroso del islamismo militante, como lo hace por su lado Irán. 
Debemos, naturalmente, estar vigilantes en todas partes en cuanto al respeto de los derechos humanos; pero si juzgamos a estos países exclusivamente por el rasero de una tabla estándar en materia de derechos humanos, corremos el riesgo de caer nosotros mismos en la impotencia y en la ineficacia, lo que otros, como los Estados Unidos, saben evitar. 
Debemos saber mirar más allá de los potentados de la era soviética que aún se mantienen, de las poderosas mafias y de las personas pertenecientes a la Nomenclatura, y que desean perpetuarse. 
Demos tener en cuenta asimismo el hecho incitante de que, aparte del drama de Tadjikistán, estos países no están desgarrados por guerras civiles, así como la existencia de una tradición de laicismo que puede constituir una barrera frente al contagio del islamismo. 
Más vale, por lo tanto, evitar subordinar la aplicación de los acuerdos de asociación con estos países a unas condiciones que nos privarían de todo medio de influencia. 
Los aplazamientos- como lo hemos visto- son inoperantes. 
Es preferible dotarse de instrumentos de acción concretos, que deben estar estrechamente coordinados, bajo la égida del Consejo, con los demás instrumentos de acción exterior de la Unión, así como con las políticas bilaterales de los Estados miembros. 
Ese es el precio de la eficacia, señor Presidente. 
Señor Presidente, señoras y señores, con la aprobación del acuerdo de asociación y cooperación entre la UE y Uzbekistán, el Parlamento Europeo emite una señal positiva hacia la República de Uzbekistán, que logró su independencia en 1991. 
Es un país que sufre las consecuencias de la crisis rusa y que ha sido afectado de lleno por la caída de los precios en el sector de las materias primas, tal y como se destaca en este informe. 
Debemos reconocer que al consentir la presencia de un observador de la OSCE y un delegado para los ciudadanos, el Gobierno de Uzbekistán ha contribuido a que se instaure una cierta mejora en la situación de los derechos humanos. 
No obstante, la persistencia de la pena de muerte y las condiciones catastróficas de las cárceles muestran que en la práctica aún quedan muchas cuestiones pendientes. 
Con esta aprobación, el Parlamento Europeo reconoce la voluntad expresada por este Gobierno, al menos de cara al exterior, de mejorar la situación de los derechos humanos en esta zona de Asia central. 
Por otra parte, el hecho de que el informe emplace a la Comisión a que presente todos los años un informe sobre la democracia y los derechos humanos al Parlamento y que mantenga informada a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa es un claro indicio de que el proceso de democratización y estabilización en Uzbekistán va para largo. 
Nuestra preocupación no se centra únicamente en las continuas tensiones étnicas entre Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán, sino que también concierne al valle de Ferghana, que ha de considerarse como una posible fuente de conflictos. 
La división de este valle en tres Estados a raíz del desmoronamiento de la Unión Soviética ha puesto en marcha la espiral de la violencia étnica. 
La región tardará aún mucho tiempo en superar esta inestabilidad. 
La división de este valle, que es uno de los más fértiles y más poblados de la región, en tres Estados ha dado lugar a una enorme inestabilidad y un hundimiento generalizado de la economía. 
Nos preocupa igualmente que dicho valle sea un centro de tráfico de drogas, crimen organizado internacional y turismo, así como un caldo de cultivo para el fundamentalismo islámico. 
Los graves atentados con bomba del pasado 16 de enero muestran que la situación es muy tensa. 
Fueron los atentados más sangrientos de Asia central desde la independencia de Uzbekistán. 
La forma en la que se llevaron a cabo apunta a una buena organización, aunque el Gobierno de Karemov está empeñado en quitar hierro al asunto. 
En nuestra opinión, el restablecimiento de la estabilidad pasa necesariamente por la eficaz aplicación del programa TACIS y la erradicación de los conflictos étnicos. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hoy la discusión conjunta subraya la atención particular que esta Asamblea concede a la cuestión de los derechos humanos en el conjunto de los países de Asia central y concretamente en Uzbekistán. 
La Comisión se felicita de la decisión de la ponente, la Sra. André-Léonard, de proceder a la ratificación del acuerdo de asociación y cooperación con Uzbekistán. 
El mantenimiento de un veto sobre dicho acuerdo habría penalizado a este país, cuyo efecto, involuntario aunque negativo, habría sido el de debilitar la protección de los derechos humanos. 
De igual modo, ello hubiera repercutido negativamente en el proceso de transición democrática, como lo ha señalado antes el Sr. Camisón Asensio. 
En efecto, el acuerdo de asociación y cooperación- a diferencia del acuerdo comercial y de cooperación y del acuerdo provisional que se han aplicado hasta ahora en las relaciones bilaterales entre la Unión y Uzbekistán- permitirá, gracias al diálogo político, abordar directamente la cuestión de los derechos humanos. 
Este acuerdo de asociación proporcionará un marco estructural para el diálogo político y cubrirá asimismo los ámbitos económico, comercial y cultural. 
Respondiendo a la ponente, es decir, a la Sra. André-Léonard, puedo confirmarles el compromiso del Sr. Van den Broek de plantear esta cuestión de los derechos humanos en las diferentes reuniones bilaterales y, en particular, en su próxima visita a Tashkent, a finales del mes de marzo. 
Él les informará, como usted lo ha solicitado esta mañana, señora André-Léonard. 
El Uzbekistán vive hoy tiempos difíciles, y hace un instante el Sr. Rübig nos lo volvía a recordar. 
En efecto, desde el punto de vista económico, el descenso del precio del algodón- que constituye su principal materia prima de exportación- contribuye ampliamente a deteriorar su balanza comercial. 
En el plano político, la ola de atentados con explosivos que ha golpeado a Tashkent demuestra la fragilidad y lo delicado de la situación sobre el terreno. 
El Sr. Van den Broek se ha dirigido inmediatamente por escrito al Presidente de Uzbekistán para dar su pésame a las familias de las víctimas, pero también para recordarle que la legítima búsqueda de los autores de los atentados debía efectuarse respetando los derechos de las personas. 
Señora André-Léonard, hace un instante usted ha mencionado la presencia del embajador de Uzbekistán, quien asiste a los debates y a quien saludo esta noche. 
Permítame transmitir igualmente, en nombre de la Comisión, su llamamiento ante él. 
A pesar de estas dificultades, el Gobierno uzbeko se esfuerza por profundizar las reformas en el ámbito económico y por mejorar la situación de la protección de los derechos humanos. 
Los recientes contactos que se han efectuado con las autoridades han demostrado su determinación de continuar por esta vía. 
En segundo lugar, el informe del Sr. Truscott. 
Se refiere a la comunicación de 1995 de la Comisión y se ocupa igualmente de la cuestión de los derechos humanos. 
Éste establece una comparación entre todas las repúblicas de Asia central. 
La Comisión comparte las preocupaciones del ponente. 
Pero desearía recordar que, como en el caso de Uzbekistán, todos los acuerdos de asociación y cooperación proporcionan el marco legal, y yo diría un fundamento, una estructura adecuada, para abordar la cuestión de los derechos humanos con los países de que se trate. 
Esta es la razón de ser del diálogo político que, por primera vez, en las relaciones bilaterales de la Unión con estos países se inscribe oficialmente en cada acuerdo. 
El Sr. Van den Broek les mantendrá rigurosamente informados sobre la evolución de la situación en esta zona, tal como el Sr. Truscott también lo ha pedido esta mañana. 
Además, en el caso de Uzbekistán, pero también en el de Kazajstán y en el de Kirguistán, los programas nacionales TACIS para 1998-1999 establecen proyectos que facilitan la aplicación de los acuerdos de asociación y cooperación. 
En este contexto, la Comisión ha manifestado claramente una prioridad respecto al proyecto de democratización de la sociedad, incluso en materia de preparación de las elecciones. 
Por otra parte, en el marco de los acuerdos de asociación y cooperación, se creará un comité parlamentario de cooperación para cada país. 
Éste permitirá realizar un debate directo entre los representantes de los Parlamentos de cada una de las repúblicas de Asia central y del Parlamento Europeo. 
De este modo, esta Asamblea podrá plantear la cuestión de la protección de los derechos humanos en un marco adecuado y reforzar su supervisión respecto a las relaciones bilaterales entre la Unión y los países de Asia central. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Código aduanero comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0080/99) del Sr. Paasilinna, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (COM (98) 0226- C4-0370/98-98/0134 / (COD) ). 
Tiene la palabra, como ponente, el Sr. Paasilinna. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, por medio de la propuesta de la Comisión que ahora se somete a debate se prevé modificar el reglamento básico del código aduanero comunitario. 
El objetivo de la Comisión es simplificar y racionalizar la regulación aduanera. 
Se trata de un objetivo justificado si tenemos en cuenta que este código incluye un total de 253 artículos y un número incalculable de subapartados. 
De este modo, se derogan al menos 28 instrumentos legislativos que existían antes de su entrada en vigor. 
Esta jungla legislativa ha crecido hasta convertirse en un enmarañado sinfín de cláusulas, de tal manera que, según las estimaciones, en la Unión apenas existen unas pocas personas que conozcan todas ellas a fondo. 
No obstante, la propuesta actual no permite aún alcanzar verdaderamente los objetivos de la Comisión, encaminados a aliviar este corpus de disposiciones. 
Se trata de una circunstancia lamentable. 
El hecho de que persistan estas dificultades, de que resulte tan complicado comprender la legislación, tiene unas repercusiones muy importantes de cara al uso del poder: como los ciudadanos no son capaces de entender la legislación que han de respetar, el poder se traspasa a los juristas capacitados para interpretar las leyes. 
El Parlamento no acepta todas estas propuestas, por lo que parece claro que esta cuestión terminará más tarde en un comité de conciliación, y esta conciliación tendrá lugar con toda probabilidad durante la Presidencia finlandesa. 
El código aduanero tiene unas repercusiones significativas para la política comercial de la Unión, especialmente por lo que respecta a su política agrícola. 
Así pues, las imposiciones agrícolas tradicionales se han convertido ahora en derechos aduaneros. 
El código influye igualmente en la fiscalidad indirecta, dado que la imposición del IVA sobre importaciones procedentes de terceros países todavía se basa en los procedimientos del Código aduanero. 
Además, tiene una repercusión en la política antifraude en el tránsito comunitario, porque los elementos de seguridad del procedimiento se han introducido en las disposiciones de aplicación. 
He presentado una enmienda a la propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento automático de datos en las declaraciones de aduanas. 
Dicha enmienda ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, y espero que cuente también con la aprobación en este hemiciclo. 
Al igual que en otros muchos países miembros, también en Finlandia es muy importante arraigar el uso de las declaraciones de aduanas de soporte electrónico. 
Los documentos de acompañamiento tampoco deberán presentarse en papel. 
El procesamiento electrónico logra una mayor eficacia y agilidad de las actividades aduaneras. 
Un problema muy grave de la actividad aduanera de la Unión Europea estriba en el hecho de que las aduanas de los Estados miembros no están aún perfectamente conectadas entre sí en tiempo real. 
Por el contrario, todo parece indicar que los contactos del contrincante, de los delincuentes, sí que funcionan bastante bien. 
Por este motivo, a fin de evitar que nuestro sistema presente tantas deficiencias como hasta el momento, me gustaría preguntar a la Comisión en qué fase se encuentra el proceso de informatización del sistema aduanero de la Unión Europea. 
En el ámbito aduanero, como ocurre por ejemplo con el comercio electrónico, este incesante papeleo da al traste con el procesamiento electrónico e impide su desarrollo racional, eficaz y permanente. 
Tampoco he aceptado la propuesta de la Comisión en lo relativo a los denominados procedimientos aduaneros directos e indirectos de conformidad con el artículo 5. 
De acuerdo con las estimaciones, ello ocasionaría la pérdida de veinte mil puestos de trabajo entre los funcionarios de aduanas, a la vez que reduciría la fiabilidad y aumentaría el riesgo de fraude, especialmente en los países meridionales. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial comparte también esta posición. 
Les pido que presten especial atención a la enmienda 13. 
Apoyado por mi propio grupo, sigo sugiriendo que se modifique el primer párrafo del apartado 21 del artículo 1, tal como se recogía ya en mi propuesta original. 
Este texto está relacionado con una cuestión fundamental para el trato preferencia de las mercancías como es el origen de las mismas y con una actuación de buena fe. 
Propongo que en caso de que se compruebe la falsedad de los certificados expedidos por las autoridades de un tercer país, la sanción fiscal no se centre exclusivamente en el importador que ha actuado de manera fraudulenta. 
Esta modificación alivia en especial la situación de las PYME con predominio de mano de obra, a la vez que reparte los riesgos. 
En una apretada votación en comisión venció una posición que defiende una amplísima protección para los importadores, lo cual significa que la Comunidad, es decir, el recaudador de los impuestos, asumiría todo los peligros sin que se produjera un reparto razonable de los riesgos. 
Me he enterado ahora de que la Sra. Peijs tiene previsto retirar su enmienda 9, que ya ha sido aprobada en comisión, con lo que podemos apoyar conjuntamente mi propuesta de formulación, que parece ser una solución de compromiso lo suficientemente favorable entre la propuesta de la Comisión y la enmienda de la Sra. Peijs. 
Si la Comunidad pierde recursos como consecuencia de actividades delictivas, corresponderá naturalmente a los contribuyentes de los Estados miembros correr en todo momento con los costes suplementarios. 
Por esta razón, la Comunidad ha de disponer de medios para intervenir ante las actuaciones erróneas y delictivas de los exportadores y de las autoridades de los terceros países. 
Señor Presidente, el código de aduanas comunitario constituye un soporte imprescindible de la política comercial de la Unión y es un instrumento esencial en la perspectiva de la realización del mercado interior y de cara a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. 
Ahora bien, es evidente que las reglamentaciones y procedimientos aduaneros deben ir revisándose para adaptarlos a las nuevas situaciones que van surgiendo y eliminar, así, posibles vacíos jurídicos o procedimentales. 
Si alguna situación nueva había que hiciera necesaria una modificación del actual código, esta es, sin duda, el crecimiento paulatino de los intercambios comerciales de la Comunidad, resultado de la apertura progresiva de los mercados y los avances de la sociedad de la información que exigen una puesta al día de dicho código, con el fin de proceder a una simplificación y racionalización más acorde con las nuevas realidades. 
De ahí, por tanto, que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se felicite de la propuesta de modificación presentada por la Comisión cuya filosofía comparte. 
Sin embargo, en cuanto a su contenido concreto dista mucho de estar de acuerdo con las medidas que propone ya que entiende que no basta con querer mejorar la eficacia, sino que debe también garantizarse un mayor equilibrio entre la necesaria simplificación y modernización de los procedimientos que propone y la lucha contra el fraude. 
En efecto, en el contexto de la liberalización progresiva de los mercados y teniendo en cuenta el sistema de preferencias que la Unión ha establecido con muchos países terceros, en especial con los países ACP, resulta del todo imprescindible disponer de instrumentos jurídicos para poder luchar contra las falsificaciones y el fraude, y con la aplicación de las normas de origen que puedan producirse, tanto si se trata de normas de origen preferenciales como no preferenciales. 
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la supresión de fronteras aduaneras entre los Estados miembros, a consecuencia de la realización del mercado interior, es del todo necesario que se establezcan medidas efectivas de control que sirvan para garantizar la aplicación uniforme de los procedimientos aduaneros en todo el territorio de la Comunidad y evitar así que se abran brechas que puedan favorecer el fraude y la criminalidad. 
Sin embargo, el texto que nos propone la Comisión no contiene ninguna propuesta que contemple estos aspectos, que pueden ser de una importancia vital. 
Para suplir estas lagunas, he presentado dos enmiendas- la 14 y la 15- que recogen las conclusiones de la opinión que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores aprobó por unanimidad y sobre las cuales quiero llamar la atención de esta Asamblea y de la Comisión, pidiéndoles su voto favorable. 
Se trata, en efecto, de permitir la presentación de las declaraciones por vía informática, pero manteniendo la obligación- y digo bien la obligación- en cualquier caso de acompañar las declaraciones de mercancías presentadas por vía informática de los documentos de acreditación respectivos, que deben también poder presentarse, esto sí, por vía informática. 
Y, por otro lado, se trata también de que las autoridades aduaneras adopten medidas de control para garantizar una aplicación correcta y uniforme de la normativa comunitaria en todo el territorio de la Unión. 
Sólo así se podrá llevar a cabo una acción de control realmente eficaz para combatir cualquier forma de fraude y luchar contra las falsificaciones. 
Además de aceptar estas enmiendas, no sólo daremos una señal inequívoca de la Unión de luchar contra el fraude, sino que contribuiremos a mejorar la competitividad de las empresas y, en consecuencia, a promover el crecimiento económico y la creación de empleo en la Comunidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Paasilinna por su informe. 
Al mismo tiempo le agradezco que haya adoptado gran parte de las enmiendas presentadas por la Comisión de Control Presupuestario. 
A este respecto consideramos que la Comisión nos ha traspasado demasiadas competencias legislativas. 
Es muy positivo que todos estemos dispuestos a modificar esta situación. 
Por lo demás, quisiera centrar mis observaciones en un solo punto que en mi opinión, y también en opinión de la Comisión de Control Presupuestario, constituye un grave problema. 
Más del 50 % de las mercancías importadas por la Unión Europea están sujetas al llamado régimen preferencial. 
Para todas estas mercancías han de presentarse certificados de origen. 
Por todo ello, es fácil caer en la tentación de presentar certificados falsos. 
Además, todos los implicados procuran pagar la menor cantidad posible de derechos aduaneros. 
Estas manipulaciones no sólo afectan negativamente al presupuesto de la Unión Europea, sino que perjudican asimismo a los productores y a los importadores honestos. 
En caso de manipulación, el Código aduanero comunitario prevé la exención de los derechos aduaneros pagaderos siempre y cuando se haya actuado de buena fe de cara al exportador. 
En este contexto me veo obligado a referirme a las enmiendas nº 9 y nº 13 del ponente. 
Aunque la Comisión de Control Presupuestario se congratule de que muchas de sus enmiendas hayan sido incorporadas en el informe, estas dos enmiendas en concreto se oponen a los intereses de nuestra comisión. 
No tienen suficiente fuerza y son demasiado generales. 
En caso de que aprobemos dichas enmiendas tal y como se formulan en el informe, no hay impedimento alguno para que en el futuro todos los importadores y exportadores- la enmienda nº 9 se refiere únicamente a los exportadores, en tanto que la enmienda nº 13 se limita a los importadores- puedan aducir que han actuado de buena fe. 
Es demasiado fácil, es demasiado peligroso, tanto más cuanto que en la unidad de coordinación de la lucha contra el fraude a escala europea, en la llamada UCLAF, disponemos de pocos funcionarios que se encargan de estudiar este tipo de casos sospechosos. 
El riesgo de ser inculpado por prestar una declaración falsa es demasiado pequeño. 
Por tanto, pido al ponente que reconsidere las enmiendas nº 9 y nº 13 y que, de ser posible, las retire. De lo contrario, dará aún más pie al engaño. 
Por lo demás, tenemos noticia de que el Consejo y la Comisión están elaborando definiciones más precisas de lo que debe entenderse por buena fe y lo que no debe entenderse por este término. 
Del mismo modo, las futuras listas negras podrán utilizarse en combinación con los certificados de origen. 
Para finalizar quisiera insistir una vez más en que las enmiendas nº 9 y nº 13 han de ser reconsideradas y retiradas si cabe. 
No podemos respaldarlas. 
Señor Presidente, señoras y señores, sólo en el año 1997 se recaudaron 13, 6 millones de euros en concepto de derechos aduaneros. 
Esta cantidad representa el 86, 4 % de los recursos propios tradicionales. 
Como bien sabemos, los derechos aduaneros son los únicos ingresos fiscales del presupuesto comunitario. 
Por eso mismo, es importante que a la vista del actual debate sobre los contribuyentes netos apliquemos el régimen aduanero comunitario de forma eficaz y correcta. 
Es la razón por la que acogemos con satisfacción el informe que tenemos delante. 
Por otra parte, debo decir que las obligaciones legales han de cumplirse de la misma manera en los controles de importación que en los controles de exportación. 
No parece razonable llevar a cabo una diferenciación a este respecto. 
Sin embargo, la pregunta clave es quién ha de asumir la responsabilidad por la expedición de certificados de origen falsos. 
Cabe preguntarse si incumbe al importador europeo o al exportador del tercer Estado responsabilizarse de las falsas informaciones contenidas en los certificados de origen, habida cuenta de que éstas, en última instancia, se deben a un error de las autoridades extranjeras. 
En nuestra opinión, lo importante es que los procedimientos electrónicos propuestos lleguen a funcionar cuanto antes de forma eficaz. 
Del mismo modo convendría distinguir entre productos delicados, mercancías normales y carga suelta, ya que no es posible proceder a un control detallado en todos los casos. 
Evidentemente, este tipo de errores puede tener su origen en equivocaciones por parte de las empresas exportadoras o las autoridades de los terceros países. 
Pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que se trate de engaños intencionados en el marco de los intercambios comerciales. 
Por eso, es fundamental que se fabrique papel a prueba de falsificaciones, que se utilicen sellos con diferentes colores poco habituales, que se introduzcan firmas digitales y sobre todo que se haga constar el momento en que los productos hayan salido, así como el lugar de destino, para que desde el mismo puesto de control aduanero se pueda averiguar cuándo ha salido la mercancía y adónde ha ido. 
De este modo, es fácil realizar las indagaciones apropiadas en caso de que se produzcan diferencias horarias. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial propone que sólo se responsabilice al importador en caso de que las causas de la falsificación de los certificados de origen de hecho correspondan al importador. 
Si la falsificación, al contrario, tiene su origen en un error cometido por el exportador o las autoridades extranjeras, no se responsabilizará al importador, siempre y cuando haya actuado de acuerdo con las normas. 
Si logramos implantar un régimen eficaz, no nos veremos obligados a cargar el tráfico comercial con imposiciones adicionales. 
El importador debe poder fiarse de la autenticidad de los certificados. 
Y corresponde a la política ofrecerle esta garantía. 
No se puede pretender que el propio importador realice las pesquisas apropiadas, y menos cuando el certificado no es motivo de duda. 
Señor Presidente, con una propuesta completamente incomprensible y carente de toda base, la Comisión pretende modificar el artículo 5 del Código aduanero comunitario de tal forma, que creemos que va a ser un golpe certero y definitivo para el sector de los agentes de aduanas, un sector que sufre a causa del paro y del subempleo. 
Debemos señalar que desde 1993, año en que desaparecieron las fronteras interiores, en este sector se ha observado una pérdida de puestos de trabajo que sobrepasa el 80-85 %. 
La Comisión propone anular la posibilidad de que cada Estado miembro, de acuerdo con sus necesidades presupuestarias, elija entre las dos formas de representación en las aduanas, la directa o la indirecta. 
Esta posibilidad se instituyó hace ya muchas décadas, se ha probado en la práctica, y además se ha demostrado que funciona de la manera más normal, ya que da a cada Estado miembro la facilidad de tener en cuenta las particularidades del sector aduanero y de fomentar, con garantías, el cumplimiento correcto, responsable, rápido y económico del trabajo en las aduanas. 
El trabajo del agente de aduanas está caracterizado por requisitos técnicos, presupone un conocimiento profundo de la legislación aduanera, con vistas a la clasificación arancelaria de las mercancías y a fin de determinar el volumen de los impuestos y de los derechos. 
Gracias a los criterios de entrada en la profesión- aptitud profesional, credibilidad, disponibilidad- y al ejercicio de la actividad, los agentes de aduanas ascienden a colaboradores de la autoridad aduanera, contribuyen en la represión del fraude y facilitan el flujo de intercambios mediante la liberalización oportuna de las mercancías. 
Por tanto, reducen el coste de almacenamiento y de distribución de los bienes en beneficio de la competitividad y del flujo normal del comercio exterior. 
La Comisión recurre al argumento de la limitación de la competencia y del principio de la libre prestación de servicios. 
Con todo, es un argumento que no se puede apoyar, porque, por un lado, los agentes de aduanas son profesionales liberales, no disponen de una tarifa colectiva y hay competencia entre ellos y, por otro, los usuarios de las aduanas pueden proceder personalmente ante la autoridad aduanera o ser representados por la modalidad de representación que, de acuerdo con la legislación nacional, no sea prerrogativa de los agentes de aduanas. 
Los argumentos de la Comisión no tienen base ni apoyo, y además, son arbitrarios. 
No hay ni un solo estudio cuantitativo que pueda dar apoyo a sus afirmaciones. 
El informe de nuestro colega Pasilinna, a quien felicitamos por la labor que ha realizado, rechaza, con convicción, las pretensiones de la Comisión. 
Nosotros apoyamos la aprobación de su informe. 
Señor Presidente, doy la enhorabuena a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y en especial al ponente, Sr. Paasilinna. 
El informe demuestra que la Unión Aduanera se mantiene en el centro del debate político: esto no es sorprendente, porque objetivos como la simplificación de las normas, la seguridad jurídica de los operadores, la salvaguardia de los intereses financieros de la Comunidad, que en un plano abstracto nadie discute, en el plano de la aplicación concreta, en cambio, pueden dar lugar a valoraciones conflictivas. 
Además, tengo que señalar que el debate está animado también por una importante problemática de carácter institucional, capaz de privar a la Comunidad, al menos en lo inmediato, de ese impulso reformador necesario en el campo de las políticas concretas y, en particular, en el campo de la Unión Aduanera. 
El Código aduanero comunitario es uno de los pilares- el más importante de todos- para asegurar una acción administrativa homogénea en los límites impuestos por el principio de la subsidiariedad. 
Las opiniones al respecto no siempre son concordantes. 
Para la Comisión, concretar la uniformidad de la acción administrativa en el campo aduanero, como garantía de aduanas eficientes y eficaces, a menudo resulta difícil, no sólo a causa de los medios limitados de que dispone, sino también, y en especial, por el hecho de que los Estados miembros siguen siendo soberanos en la aplicación de la reglamentación comunitaria; esto, a raíz de una interpretación excesivamente rígida y formalista del principio de subsidiariedad, como ya el Parlamento ha tenido ocasión de comprobar en las discusiones sobre el Programa Aduana 2000. 
Debo añadir que, a causa de esta situación, la Comisión a menudo es objeto de críticas, comprensibles pero a veces algo injustas, en la medida en que no está en condiciones de garantizar unos controles aduaneros satisfactorios. 
Si se acepta que las expectativas con frecuencia van más allá de las posibilidades de la Comisión, al menos habría que reconocer la necesidad de dotar a la propia Comisión de los instrumentos que le permitan hacer del Código aduanero un marco eficaz, en especial mediante la adopción de normas de aplicación claras y operativas, aunque en un contexto bien delimitado. 
Sólo dentro de este marco, señor Presidente, se pueden comprender algunas diferencias de opinión que surgen en la valoración de lo que tendría que ser el resultado del trabajo de modificación del Código aduanero. 
Me centraré ahora en nuestra posición acerca de las enmiendas. 
En lo que respecta a la enmienda nº 1, en cuanto a los límites, fijados en algunos Estados miembros a través del ejercicio de la representación directa en materia de cumplimiento de las normas aduaneras, la Comisión no puede aceptar que sean compatibles con los objetivos de un mercado único. 
A cambio, la Comisión reconoce que puede ser necesario un período de transición; no obstante, lo que acabo de decir nos impide aceptar la enmienda nº 11. 
La enmienda nº 2 no plantea ningún problema, como tampoco la primera parte de la enmienda nº 3. 
Sin embargo, la Comisión teme algo: si se deja a discreción de los Estados miembros la facultad de determinar si los documentos que acompañan a la declaración aduanera deben ser presentados o sólo se han de tener a disposición de las autoridades aduaneras, puede haber prácticas administrativas desiguales entre un Estado miembro y otro. 
Por consiguiente, esa parte de la enmienda nº 3 no es aceptable; a la vez, la enmienda nº 14, que tiene el mismo objeto, no se puede aceptar pues no tiene ninguna utilidad. 
En la práctica, su primera parte dice lo mismo que se lee en el texto actual del Código, mientras que su segunda parte es idéntica a la propuesta de modificación presentada por la Comisión. 
En lo relativo a las enmiendas de los núms. 4 al 8 y a la enmienda 12, que se refieren a la reforma de los regímenes aduaneros económicos, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 
Las enmiendas núms. 5 y 7 son inaceptables, pues impedirían que la Comisión eliminara un obstáculo burocrático en el marco del examen de las condiciones económicas. 
La enmienda nº 8 no toma en cuenta que la Comisión propuso, a su vez, que se suprimiera otra disposición, por la que se había abierto un vacío jurídico, como resultado de la suma de ambas supresiones; por este motivo no es aceptable la enmienda. 
La enmienda nº 9 y la enmienda nº 13 se refieren al tema de la buena fe de los operadores económicos. 
La Comisión ha seguido con atención los trabajos del Parlamento en este asunto y comparte, en general, el objetivo perseguido, o sea una solución de buena fe en favor del importador que representa una repartición más equitativa del riesgo de la no validez del certificado. 
La enmienda nº 9 se ha retirado: la Comisión, en cualquier caso, no habría podido aceptarla. 
En cambio, la enmienda nº 13 nos parece más representativa de la marcha hacia una solución más correcta y equilibrada del problema de la responsabilidad de los operadores económicos. 
En este sentido, se puede considerar que la enmienda nº 13 es una contribución positiva y, por tanto, la Comisión podría aceptarla como punto de partida para una revisión más completa del artículo 220. 
Por ello, en la propuesta revisada tras la votación del Parlamento, pensamos presentar una nueva formulación del artículo 220 para establecer un mejor equilibrio, en el plano de las responsabilidades, entre importadores, exportadores, autoridades de los países terceros y autoridades aduaneras comunitarias competentes, a la hora de valorar la buena fe. 
También en cuanto a las responsabilidades del operador económico, la Comisión considera que la reducción del plazo de prescripción de tres a dos años sería un paso importante hacia el mejoramiento de la seguridad jurídica del importador honesto. 
Lamentablemente, a esto se opone la enmienda nº 10. 
La eliminación de esta parte de la propuesta de la Comisión también puede eliminar la posibilidad de introducir medidas conservadoras. 
Por tanto, la Comisión no considera aceptable esta enmienda. 
Por último, en lo relativo a la enmienda nº 15, la Comisión considera que su objeto, es decir, los controles adecuados, no se puede definir en abstracto en el Código aduanero, sino más bien con referencia a aspectos precisos, por ejemplo la buena fe o el porcentaje de riesgo. 
Por esta causa, la Comisión no considera aceptable esta enmienda, que estaría mejor situada en el contexto de la legislación antifraude. 
Al dar las gracias, una vez más, al ponente, Sr. Paasilinna, quiero responder con brevedad, señor Presidente, a la pregunta que me ha planteado respecto a los sistemas de informatización nacionales. 
La Comisión, como es sabido, ha creado la plataforma Common Communication Network- Common Systems Interface, conocida por las siglas CCN-CSI, para que los sistemas nacionales puedan dialogar entre sí y con los sistemas creados por la propia Comisión. 
Esta plataforma se usará también en el marco del nuevo sistema de tránsito informatizado, que estará operativo a fines de este año entre sus cinco asociados: Alemania, Italia, España, Países Bajos y Suiza. 
Termino diciendo que los diputados que tengan interés, serán invitados a participar en una demostración concreta de este sistema, que se hará el 31 de marzo. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Bienvenida 
Protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0096/99) del Sr. Añoveros Trias de Bes, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad (COM (97) 0691- C4-0676/97-97/0356 (COD) ). 
Tiene la palabra, como ponente, el Sr. Añoveros Trias de Bes. 
-Señor Presidente, en la Unión Europea se han adoptado normas en todas las esferas de la propiedad industrial excepto en el caso de los modelos de utilidad. 
La existencia del modelo de utilidad permite que los pequeños progresos técnicos que benefician a la humanidad favorezcan también a su creador, aunque el mérito inventivo no merezca tanta protección como merece la patente. 
El modelo de utilidad es especialmente útil tanto para los inventores individuales como para las pequeñas empresas. 
Además, la existencia de un instrumento alternativo a la patente para la invención menor permite una interpretación más estricta del nivel inventivo exigido a la misma. 
La Comisión ha optado por la armonización y ha presentado una propuesta de directiva que afronta de manera valiente la delicada tarea de aproximar doce legislaciones con muchos puntos distintos e introducirla en tres ordenamientos que carecen de la misma. 
Esta propuesta recoge tres de las exigencias clásicas de protección de invenciones: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. 
Sin embargo, se olvida de requerir al modelo de utilidad una ventaja práctica o técnica que es un carácter fundamental e ineludible del mismo. 
Con este requisito es más evidente la distinción entre el modelo de utilidad y el dibujo o modelo industrial, con el objetivo de impedir que los infractores del modelo de utilidad eviten la protección mediante unas alteraciones superficiales del diseño y puedan de este modo copiar las innovaciones técnicas de su interior. 
Proponemos definir el modelo de utilidad utilizando como referencia una estructura, un mecanismo o una configuración. 
Ello permite que el inventor se limite a exponer una forma determinada de la que se deriva una utilidad industrial articulando un procedimiento más rápido y sencillo con una seguridad jurídica mínima. 
Ello implica excluir de su objeto- como también propone el Comité Económico y Social- los procedimientos y sustancias. 
La menor seguridad jurídica del modelo de utilidad respecto de la patente es el precio a pagar por la rapidez y el bajo coste del modelo de utilidad. 
En nuestro informe se sugieren una serie de medidas a la propuesta de la Comisión para mejorar esencialmente la seguridad jurídica del modelo sin perjudicar la rapidez y el bajo coste en la obtención de este instrumento. 
Las medidas que propone el ponente están esencialmente en las enmiendas y, naturalmente, se pueden resumir en el sentido de que, aunque la intensidad inventiva, el esfuerzo creador, no sea equivalente al de la patente, no puede bastar, sin embargo, una mera declaración de actividad inventiva del solicitante. 
Por eso, como primera medida, proponemos recoger la definición inspirada en el Convenio de patente europea pero de una forma menos estricta que la exigida por ésta. 
Otra medida consiste en la introducción de un procedimiento de oposición, resolver las discrepancias de una forma más rápida. 
Otra, fomentar el informe de búsqueda, estableciendo la obligatoriedad del mismo cuando se interponga una acción judicial. 
Otra, mejorar y hacer referencia a las condiciones de protección, y como última medida, consideramos que debería ser incorporada como otra causa de nulidad la situación de que el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo. 
Esta nueva causa establece la nulidad del registro, no de la intención, que es válida y protegible cuando sea presentada por su inventor o su causahabiente. 
Por lo tanto, señor Comisario, a pesar de estas intenciones del ponente de añadir estas medidas, entendemos que la Comisión y el ponente coinciden en muchos puntos fundamentales. 
Creemos que debe requerirse un menor nivel de actividad inventiva en comparación con las patentes y que no debe exigirse un examen sustancial. 
Hemos admitido, de buen grado, las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y también he de decir- porque veo que está presente mi colega, la Sra. Oddy- que sus enmiendas las rechacé en comisión pero ahora que han sido reproducidas por otra colega, la Sra. Thors- la 34 y la 35- tengo, después de haberlo estudiado profundamente, la intención de aceptarlas. 
Quiero señalar, por último, que el período del modelo de utilidad es un período inferior al de la patente. 
Aceptamos el máximo de diez años, que coincide con la mayoría de los países y, por ello, proponemos que no se admita una prórroga- si la solicita el informe de búsqueda obligatorio- como medio de disuasión contra una duración excesiva y, al mismo tiempo, como medio de potenciar la seguridad jurídica y la mayor información. 
Señor Presidente, a estas horas de la noche no estamos para discutir cosas muy sesudas, pero yo quisiera empezar por el final. 
Y digo empezar por el final porque el señor ponente ahora generosamente ha aceptado las enmiendas que presentó la Sra. Oddy, mi colega de Grupo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, y que ahora presentan las diputadas liberales, Sras. 
Thors y Riis-Jørgensen, porque son dos enmiendas que se refieren a una actividad que- es una pena que se haya ido el público que teníamos porque le afecta directamente- es la actividad del juego, son las enmiendas sobre los juguetes. 
Lo digo porque creo que, quizás, una de las innovaciones que puede introducir este Parlamento, es que los juguetes también pueden ser modelos de utilidad y pueden ser protegidos. 
Y siento que se haya ido el público porque creo que el Presidente los espantó un poco porque probablemente estaría en condiciones de ayudarnos y depositar algún modelo de utilidad y, quizás, al hacerlo, podría utilizar esa modalidad que sugiere ahora el ponente, que por cierto tendremos que saber qué es lo que va a hacer la Comisión al respecto, que es la ventanilla única- la ventanilla única es un término al que nos hemos acostumbrado en España por otras razones-. 
Aquí estamos hablando de un tipo distinto de ventanilla única, pero la idea es que si uno deposita en un país comunitario un modelo de utilidad, ese modelo pueda ser reconocido en el conjunto de la Comunidad. 
Es algo en lo que el ponente trata de adelantarse a lo que es el trabajo legislativo ordinario, porque en el Libro Verde la Comisión se hablaba de tres etapas: primero, la armonización; segundo, el reconocimiento mutuo por parte de los Estados; y, por último, la reglamentación. 
Todavía no estamos en la etapa de reglamentación comunitaria uniforme, pero sí podríamos avanzar un pequeño paso. 
Creo que sería muy interesante saber qué es lo que opina la Comisión a este respecto. 
Le preguntaría al Comisario Monti si cree que en efecto la Comisión, sobre la base de estas propuestas que hace el Parlamento ahora, podría en breve plazo establecer esa ventanilla única de forma que si algún joven ingenioso descubre un juego interesante, pueda ir a un solo país comunitario y conseguir con eso, con el procedimiento de la ventanilla única, que se reconozca en el conjunto de la Comunidad. 
Mi colega, el Sr. Añoveros Trias de Bes, es colega en un doble sentido: colega, como diputado, y colega, como profesor de Derecho internacional. 
Y, evidentemente, reconozco que ha hecho una labor extraordinaria, es una labor de análisis y de estudio. 
Probablemente, en un simposio académico podría estar discrepando con él en algunos puntos, porque siempre tendría motivos de discrepancia, pero creo que ha hecho una magnífica labor de análisis. 
Está, por ejemplo, el concepto de la invención, lo que supone la invención. Este es un tema que daría lugar a una amplia discusión, como también la concepción del modelo de utilidad sobre la base de lo que es la estructura o montaje, pero que no sea una sustancia o un procedimiento determinado. 
Pero estos son ya cuestiones que a estas horas de la noche probablemente no le interesarán mucho a los diputados y sólo quiero decir que el Grupo Socialista apoya las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y las dos enmiendas presentadas por el Grupo Liberal. 
Muchas gracias, señor Medina Ortega. 
No creo que con mis palabras, que eran muy cariñosas, haya asustado yo a los jóvenes ciudadanos europeos. Tal vez no le falte a usted razón porque los muchachos y las muchachas son muy intuitivos y quizá hayan adivinado mi condición de médico pediatra y sea esto lo que les haya asustado. 
En todo caso, no era mi intención; bien al contrario, era darles muy cariñosamente la bienvenida a nuestros trabajos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el modelo de utilidad constituye un título de protección que se utiliza en una u otra forma por la mayoría de los países europeos, con la excepción notable de Alemania y Francia. 
En la medida en que existe esta diversidad de títulos, era efectivamente deseable poder armonizarlos. 
Nosotros somos, pues, totalmente favorables a la aproximación de los regímenes jurídicos. 
La propuesta del ponente es excelente, como ocurre siempre, por otra parte, con el Sr. Añoveros. 
Por ejemplo, la enmienda 10, que propone una definición de la invención, la cual nos parece demasiado amplia o imprecisa. 
De igual modo, las modalidades de procedimiento de la ventanilla única deberían quizá precisarse. 
¿Se trata de un procedimiento únicamente declarativo? 
¿En qué elemento se basa el reconocimiento recíproco? 
¿Qué régimen lingüístico se aplicará? 
El ponente establece una reducción del 50 % de las tasas respecto a las PME, los inventores particulares y las universidades. 
Se trata de una excelente medida, ya que este modelo de utilidad debe, efectivamente, ser económico, sobre todo para las PME. 
Sería deseable sobre todo que las tasas, en conjunto, fueran tan bajas que no hubiera necesidad de reducirlas. 
Señor Presidente, saludo este informe y felicito al ponente por su trabajo. 
Esta directiva propuesta introduce el derecho a registrar un modelo de utilidad. 
Este es un derecho menos desarrollado que el que pasaría por una patente. 
Este derecho no existe actualmente en todos los Estados miembros. 
Por ejemplo, en el Reino Unido- mi propio país-no existe este concepto y en consecuencia los inventores solo pueden registrar patentes. 
Para registrar una patente se necesita más investigación y mayores niveles de desarrollo. 
La ventaja de registrar un modelo de utilidad, en comparación con una patente, es que es un procedimiento más rápido, más barato y más sencillo. 
Por ello hemos de saludarlo. 
Le doy las gracias al ponente por aceptar mi enmienda, presentada en comisión, y ahora aceptada por el Sr. Thors, ya que ayudará a la industria europea del juguete y será de gran interés para los ciudadanos más jóvenes de Europa. 
He recibido algunas cartas de preocupación de partes interesadas porque la propuesta de la Comisión, como se ha presentado, es un poco laxa. 
El ponente ha recogido estas dudas al introducir requisitos para el registro antes de los litigios y antes de que la vida del modelo de utilidad rebase los seis años. 
Apoyo estas propuestas y vuelvo a felicitar al ponente por su diligente trabajo. 
Le doy la enhorabuena, señor Añoveros Trias de Bes, por la calidad de su informe. 
Veo con gusto que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos no ha cuestionado el enfoque de la Comisión en este dossier y que se han mantenido las características del modelo de utilidad previstas en la propuesta de directiva, que son: nivel inventivo inferior al requerido en las patentes, ausencia de un examen previo de las condiciones de mérito y protección limitada a un lapso de diez años. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha votado 33 enmiendas. 
La Comisión puede aceptar 24, pero 5 de éstas sólo parcialmente. 
Consideramos, al respecto, que esas enmiendas aportan claridad y mayor precisión a algunos aspectos de la propuesta. 
En particular me refiero a la enmienda nº 4 y a la nº 33, que prevén un control de la directiva por parte de la Comisión. 
De este modo, al cabo de tres años tras la aceptación de la directiva por parte de los Estados miembros, será posible valorar el funcionamiento práctico de la directiva y corregir eventuales vacíos. 
Inversamente, la Comisión no puede aceptar 9 enmiendas, entre las que están la nº 1, la nº 6 en parte y la nº 17, relativas a la introducción de un procedimiento de ventanilla única. 
Comprendo muy bien las razones que fundamentan estas enmiendas, pero la introducción de este tipo de procedimiento va más allá del objetivo de esta propuesta de directiva, que es el de acercar las disposiciones nacionales en cuanto a los modelos de utilidad que tienen un impacto más directo en el funcionamiento del mercado único. 
Además, este tipo procedimiento, que suscitaría muchas dificultades en el plano jurídico y en el práctico, sin llegar a resolver el problema de las traducciones, no parece responder a una exigencia que se haya expresado en los círculos económicos interesados. 
La enmienda nº 8, que prevé se establezca un procedimiento de oposición, también va más allá de los límites de la aproximación que se persigue con esta directiva. 
Se trata de una cuestión de procedimiento que se debe dejar librada a la valoración de los Estados miembros de conformidad con el principio de proporcionalidad. 
Por otra parte, una proposición de esta clase nunca ha sido presentada al Consejo dentro de los informes de las discusiones del Grupo de Expertos. 
Sin embargo, señor Medina Ortega, como en el caso de las enmiendas anteriores, la posibilidad de aplicar un procedimiento de oposición podría examinarse en el marco del control previsto por la propia directiva. 
Otras enmiendas también presentan dificultades: se trata de parte de la enmienda nº 2, de parte de la nº 6, de parte de la nº 8 y de la totalidad de la nº 23 y la nº 24, que se refieren directa o indirectamente al campo de aplicación de la directiva. 
Estas enmiendas pretenden excluir del campo de la directiva las sustancias y los procedimientos. 
Quiero llamar la atención de Sus Señorías sobre el hecho de que la exclusión de sustancias y procedimientos de la protección a través del modelo de utilidad es el fruto de una concepción ya superada. 
La consulta del Libro Verde de 1995 demostró que la mayor parte de los círculos interesados era favorable a un campo de aplicación que incluía las sustancias y los procedimientos. 
La exigencia de la forma tridimensional que excluye la protección de las sustancias y de los procedimientos es un paso atrás en las legislaciones de los Estados miembros. 
Actualmente sólo cuatro Estados miembros consideran la forma tridimensional como una condición para obtener la protección a través del modelo de utilidad. 
Por estas razones, la Comisión no puede aprobar estas enmiendas. 
Tampoco se puede aceptar la enmienda nº 12, que prevé una reducción de los impuestos de las PYME. 
Comprendo perfectamente las preocupaciones reflejadas en estas enmiendas, pero una disposición de esta índole no se puede incluir en una directiva de aproximación, pues para los Estados miembros tendría implicaciones financieras que irían más allá del objetivo de la directiva. 
En cualquier caso, podría estar previsto un considerando donde se refleje la idea que está en la base de esta enmienda. 
Hay otras enmiendas que tampoco aprueba la Comisión: la nº 15, que prevé, además del control posterior, un control previo de las excepciones, y esto no se puede aceptar porque pone en cuestión la falta del examen formal de las condiciones de la protección; igualmente, no se pueden aceptar la nº 6, en parte, la nº 10 en parte y la nº 16, que presentan la ventaja práctica o técnica como una condición complementaria para obtener la protección. 
Así se introduciría un nuevo requisito para obtener la protección, cuando la ventaja técnica o práctica se ha de considerar como una simple justificación de la actividad inventiva. 
La enmienda nº 30, que prevé la nulidad de la demanda de modelo de utilidad si el titular no tenía derecho al modelo de utilidad, tampoco se puede aprobar. 
En un caso así, el verdadero inventor perdería su derecho al modelo de utilidad, pues la invención no podría ya ser considerada como nueva; en lugar de la nulidad, sería oportuno establecer que, en tal caso, el derecho pueda ser transferido al verdadero inventor. 
Para terminar, me referiré a las enmiendas presentadas para esta sesión. En principio, la Comisión puede aceptar la enmiendas nº 34 y la nº 35, que procuran, ambas, se otorgue una protección jurídica plena y equivalente para juegos y juguetes mediante el modelo de utilidad: en particular la enmienda nº 34, mediante la eliminación de la palabra «juegos» del artículo 3.2 C equipara los juegos y los juguetes en cuanto a la posibilidad de protección mediante el modelo de utilidad; la enmienda nº 35 refleja la misma exigencia en el artículo 6, que se refiere a los criterios de definición de la actividad inventiva. 
Además, si bien en principio es aceptable, como se ha dicho antes, la enmienda nº 35 requiere, no obstante, según el criterio de la Comisión, una formulación distinta. 
Creo, señor Presidente, que si los jóvenes europeos, como todos hubiésemos querido, se hubieran quedado hasta este momento, habrían comprendido que se trata de juegos y juguetes pero, ¡ay! , en un contexto bastante complicado desde el punto de vista técnico. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Protección social en Europa en 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0099/99) del Sr. Pronk, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social «La protección social en Europa 1997- Resumen» (COM (98) 0243- C4-0375/98). 
Tiene la palabra, como ponente, el Sr. Pronk. 
Señor Presidente, sé que el Sr. Flynn no ha podido estar hoy presente por todas las actividades urgentes que debe realizar, aunque el informe tiene que ver en primer lugar, naturalmente, con su ámbito de actuación. 
No obstante, me alegra que sea precisamente el Comisario Monti quien esté hoy con nosotros, ya que debo decir que su trabajo en materia fiscal ha inspirado un poco el informe que hemos elaborado. Ciertamente existen semejanzas entre el ámbito de la seguridad social y el ámbito fiscal. 
En primer lugar, porque una parte importante de la seguridad social se financia mediante impuestos. En segundo lugar, porque las cuotas que se exigen a los ciudadanos para la seguridad social a menudo se consideran impuestos. 
Y en tercer lugar, por supuesto lo más importante, porque en ambos casos, conforme a Amsterdam, solamente pueden realizarse modificaciones mediante la unanimidad. 
Por tanto, en lo que a esto respecta, es muy positivo examinar los avances que el Comisario ha realizado con dificultad, pero con constancia, en el ámbito fiscal. 
Celebramos el informe de la Comisión sobre seguridad social. 
El sistema de seguridad social constituye una respuesta al problema social que comienza a aparecer a finales del siglo pasado. 
Estamos a finales del este siglo y podemos ver que esos problemas todavía no se han solucionado. 
No obstante, sí es cierto que la seguridad social ha supuesto una importante respuesta para adaptar la economía de mercado del siglo XIX a la justicia social. 
Si se analizan las cifras, puede constatarse que la seguridad social y la protección social constituyen una parte importante del PIB europeo. La participación asciende al 28, 5 por ciento del PIB comunitario. 
Millones de personas en la Unión Europea dependen de las prestaciones por desempleo, subsidios por invalidez, pensiones y medidas de asistencia sanitaria. 
La prosperidad de la Unión Europea también ha progresado gracias a un amplio sistema que ofrece protección en momentos de dificultad, necesidad y crisis. 
Señor Presidente, el Consejo de Ministros adoptó en 1992 una recomendación para lograr la convergencia de los objetivos y de la política en materia de protección social. 
De ahí que haya introducido en mi informe una serie de recomendaciones para lograr una mayor convergencia. 
En él, señalo que también es necesario solicitar a la Comisión que presente un plan de acción. 
En ese plan de acción deben adoptarse, en cualquier caso, los criterios para un proceso de benchmarking en el ámbito de la seguridad social. 
En segundo lugar, un código de conducta a fin de evitar la competencia desleal por los sistemas de seguridad social. 
En tercer lugar, calcular la deuda económica originada por el impago de las cuotas sociales. 
En cuarto lugar, proponer normas mínimas basadas en el Tratado de Amsterdam en determinados ámbitos de la protección social. 
En quinto lugar, determinar el umbral de pobreza para fijar un mínimo decente. 
Quisiera hacer hincapié en dos cuestiones. 
En primer lugar, el proceso de benchmarking. 
Siguiendo el ejemplo de la estrategia europea para el empleo, otra parte exitosa de la política social y económica de la Unión Europea, y los criterios relativos a la Unión Económica y Monetaria, deben establecerse comparaciones entre los Estados miembros. 
El benchmarking puede ayudarles efectuar elecciones que les permitan establecer un sistema de protección social sólido y digno, justamente ahora que algunos factores pueden ejercer una presión creciente sobre el sistema. 
Recuerdo por ello, el aumento de la cantidad de personas que cobran una pensión de jubilación y el aumento de los hogares unifamiliares. 
La dependencia de estos grupos es muy elevada en el ámbito de la protección social. 
El segundo punto que quiero subrayar es el cálculo de la deuda económica por el impago de cuotas a la seguridad social. 
En mi opinión, esta cuestión a menudo se ha considerado carente de importancia y, por tanto, inapreciable. 
Se ha pensado con demasiada ligereza que no se trata de grandes cantidades. 
Sin embargo, nunca he visto cifras que demuestren que esto se ha investigado y probado de manera científica. 
El fraude en el pago de cuotas pone en peligro otro componente que realmente constituye la base del modelo social europeo: la solidaridad. 
Señor Presidente, no tengo mucho más tiempo. 
Sobre la seguridad social se puede hablar largo y tendido. 
Afortunadamente, sé que otros oradores tratarán esta cuestión. 
Agradezco a todos el consenso que hemos logrado y espero que este informe sea adoptado por el Pleno. No obstante, espero sobre todo que la Comisión Europea se las arregle para lograr una política de convergencia. 
Señor Presidente, estimados colegas, con su permiso quisiera aprovechar el comienzo de este debate para comunicarles que lamento profundamente que el ministro alemán de Hacienda acabe de retirarse. 
Se lo digo con motivo de esta discusión porque en Oskar Lafontaine hemos encontrado un verdadero compañero de lucha. Es uno de los pocos políticos previsores que siempre ha reconocido y defendido la importancia de la dimensión europea. 
Señor Monti, estoy segura de que usted sabe a lo que me refiero porque ha sido el ministro de Hacienda Lafontaine quien ha comenzado a poner en práctica la propuesta hace tiempo elaborada por usted de aligerar las cargas fiscales sobre el factor trabajo. 
La protección social en Europa es precisamente uno de estos ámbitos que muchos Estados miembros no llegan a concebir de lleno como tema europeo. 
Prefieren discutir esta cuestión en un marco provinciano nacional y no se dan cuenta de que los ciudadanos y los trabajadores llevan esperando mucho tiempo que se adopten medidas al respecto a escala europea. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos respalda el informe del Sr. Pronk, entre otras razones porque se enmarca en la línea de los primeros dos informes que hemos aprobado en este Pleno y con respecto a los cuales he tenido el placer de elaborar las propuestas y las conclusiones. 
Coincido con el Sr. Pronk en no suscribir todas las propuestas de la Comisión, tanto más cuanto que contenían algunos puntos que en comisión han sido objeto de duras críticas. 
A modo de ejemplo quiero mencionar un aspecto que a mi juicio difícilmente podíamos mantener. 
En el marco de la necesaria reducción de gastos en el sector sanitario proponían incrementar las contribuciones directas que sufraga el paciente para tener derecho a prestaciones. 
A mi modo de ver se trata de un punto de vista muy limitado y, evidentemente, no lo adoptaremos tal cual. 
El Sr. Pronk nos ha facilitado una descripción minuciosa. 
Yo me quiero limitar a algunas cuestiones que considero especialmente relevantes, entre ellos las propuestas de garantizar la transición flexible hacia la jubilación y la consulta de los interlocutores sociales en este contexto. 
En el pasado, se ha procedido en muchos Estados miembros a la exclusión sistemática e irreflexiva de los trabajadores de más edad mediante la implantación de la jubilación anticipada. 
En el futuro, este sistema habrá de ser más flexible. 
De la misma manera- y también lo subrayamos en el informe- debemos garantizar la igualdad de la mujer en el marco de los sistemas de seguridad social, a diferencia de lo que viene sucediendo hasta ahora. 
Respaldo asimismo las propuestas formuladas por el Sr. Pronk, puesto que en el documento de consenso, redactado en neerlandés- debo decirlo -, recoge algunos ámbitos para los cuales nosotros, los miembros del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, esperamos que la Comisión elabore objetivos concretos, medidas concretas y sobre todo directivas y programas de acción. 
No basta con que la Comisión, después de esta tercera comunicación, por buena y positiva e importante que sea, siga emitiendo nuevas comunicaciones. 
Ahora necesitamos propuestas legislativas concretas, por ejemplo en el sentido de los artículos 13 y 137 del Tratado de Amsterdam. 
Cuenta con nuestro apoyo, también en las negociaciones, en el intercambio de opiniones con el Consejo de Ministros. 
Sabe que el Parlamento no sólo espera comunicaciones. 
Esperamos asimismo resultados cualitativos. 
Consideramos insuficientes las propuestas presentadas en el marco del diálogo social. No responden en absoluto a las expectativas del Parlamento Europeo. 
Aún quisiera comentar otro punto mencionado por el Sr. Pronk. 
Al final de su intervención se ha referido a la solidaridad y a la defraudación en cotizaciones a la seguridad social. 
No podemos olvidar que muchos empleadores- sólo hay que abrir los ojos para darse cuenta de ello- se sustraen a su obligación de pagar las cotizaciones sociales. 
Todos estamos al tanto de las ventajas que aporta el mercado interior. 
Se hacen cada vez más patentes. 
Sin embargo, aún carecemos de la debida protección social a escala europea. 
No es una reliquia del pasado, sino el modelo para el futuro gracias al cual los ciudadanos podrán recuperar su confianza en las instituciones europeas que, a su vez, recuperarán su credibilidad. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Comisario, el Informe Pronk contiene un montón de cosas que de hecho deberíamos hacer; especialmente la convergencia de la seguridad social y los impuestos van a constituir un punto importante, también como consecuencia de la introducción del euro. 
No obstante, la cruda realidad es otra. 
Los Estados miembros todavía levantan barreras para trabajar en otro país. 
Como ejemplos actuales tenemos las barreras fiscales alemanas que dificultan mucho el acceso de las empresas extranjeras a contratos en Alemania. 
Sencillamente, se grava al personal de estas empresas. 
Encuentro esto extraordinariamente extraño y el Sr. Lafontaine no lo ha abordado. 
No obstante, en los Países Bajos, mi propio país, la situación no es distinta. 
La reforma del tratado impositivo entre Bélgica y los Países Bajos causa grandes pérdidas a los trabajadores transfronterizos neerlandeses. 
En tanto mantengamos esta enorme diferencia entre los impuestos y la seguridad social, y nosotros mismos utilicemos todo tipo de trucos en cuanto al reconocimiento de diplomas y certificados, perdemos muchas oportunidades de crear empleo, especialmente en las zonas fronterizas. 
Esto va a ser muy importante en el futuro. 
Otro ejemplo es la falta de coordinación en materia de pensiones complementarias tanto respecto de la deducción como en cuanto a la imposición por la prestación final. 
Esto constituye un importante obstáculo a la libre circulación de trabajadores. 
Me alegra que el Comisario Monti haya anunciado esta semana que va a presentarse una propuesta dentro de muy poco para solucionar este problema. 
Siempre me han agradado sus propuestas sobre estas cuestiones y espero que el Consejo también realice un buen trabajo en este asunto. 
Esta mañana, con motivo de la presentación del Informe Económico Anual de 1999, he hablado en defensa de una mayor movilidad internacional del factor trabajo. 
En los próximos años esto resultará todavía más importante, ya que la UEM impide que sea posible combatir el desempleo solamente con medidas monetarias. 
La movilidad laboral es necesaria en tanto mecanismo de adecuación del desempleo regional en los Estados miembros. 
Sin embargo no puede suceder que por ello la seguridad social no funcione. 
De ahí que todos debamos trabajar para lograr una convergencia en ese terreno, tanto en el ámbito de la seguridad social como en materia impositiva. 
Señor Presidente, esta mañana, un periódico francés contenía el titular «la Europa social tartamudea» , y es cierto que queda mucho por hacer en un contexto de mercado único y de moneda única para que la protección social no sea la variable de reajuste en detrimento de los trabajadores y para que las empresas de la Unión no estén sometidas a una competencia desleal a través de una generalización del dumping social. 
Pero si la Europa social tartamudea, es porque no tenemos los suficientes fundamentos jurídicos. 
Por esta razón, hoy la voluntad de políticos como Bartho Pronk, asume la parte que le corresponde para hacer avanzar la Europa social, y su informe es la prueba esencial. 
En Francia, el Presidente de la República, en el mensaje que dirigía al Parlamento nacional, recordaba que, del mismo modo que existe una civilización europea, existe un modelo social europeo, indisociable de la ciudadanía europea. 
Por esta razón, debemos constantemente defender este modelo social europeo. 
Dentro de este espíritu, apoyo totalmente el objetivo del ponente en el sentido de crear cierta convergencia social en Europa, no a través de una uniformización adecuada, sino mediante una mayor cooperación entre los Estados miembros en el ámbito social. 
Me asocio igualmente al enfoque de Bartho Pronk, consistente en pedir unas normas mínimas europeas para ciertas disposiciones sociales, así como un proceso organizado de concertación voluntaria en el plano europeo sobre el modelo de la estrategia europea para el empleo, tal como se decidió en la Cumbre de Luxemburgo. 
Estoy convencida de que la adopción de líneas directrices en materia social incitaría verdaderamente a nuestros gobiernos a buscar un equilibrio fructífero e indispensable entre solidaridad y competitividad. 
Cuando acabamos de celebrar el Día de la Mujer, desearía, no obstante, insistir en un elemento importante para las numerosas mujeres que trabajan, es decir: conciliar vida familiar y vida profesional. 
Es evidente que esto concierne no sólo a las mujeres, sino también a los niños. 
En este sentido, el informe pide al Consejo que integre en las líneas directrices de la política social objetivos concretos para desarrollar estructuras de acogida y dedicadas al cuidado de los niños, así como centros de acogida de familiares que necesitan cuidados. 
Desearía que en la política social tal como debe concebirla nuestro Parlamento podamos integrar esta dimensión de la protección social. 
Ahora bien, constato que algunos políticos no lo desean. 
Les citaré las palabras de un ministro socialista alemán, en el contexto del Tratado de Amsterdam: «Ha habido tantos compromisos difíciles que no resulta demasiado prestigioso para un Primer Ministro volver a su país para anunciar a los ciudadanos que ha logrado negociar un proyecto sobre la política en pro de la infancia». 
Estas palabras son escandalosas, y yo considero que la política sobre la infancia también forma parte de la protección social que debemos proporcionar a los ciudadanos. 
Señor Presidente, Señorías, desearía felicitar al Sr. Pronk por su informe, y a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo por haber introducido grandes mejoras en el mismo gracias a sus enmiendas. 
Este informe establece ya desde un primer momento dos aspectos de decisiva importancia para la seguridad social y de cara a un sistema social solidario: todos debemos asumir nuestras responsabilidades y todos hemos de contribuir solidariamente para lograr una seguridad social básica. 
A pesar de que los regímenes complementarios de carácter privado pueden constituir un elemento adecuado e importante en la adaptación de los regímenes de seguridad social, cada vez más sobrecargados a causa del envejecimiento de la población, esta circunstancia no debe desvirtuar nuestras responsabilidades para evitar la aparición de distintos niveles en el ámbito de la sanidad pública, como en el conocido caso- negativo- de los Estados Unidos. 
En su lugar, hemos de salir en defensa de la responsabilidad común y de un sistema social solidario. 
Asimismo, el desempleo tiene un coste muy elevado que ejerce grandes presiones al gasto social. 
Por este motivo, la creación de más puestos de trabajo es un componente muy importante de la seguridad social. 
Como ya se ha señalado, un modo de lograr este objetivo es reducir los impuestos sobre el trabajo, algo a lo que también hace referencia el Sr. Pronk. 
Naturalmente, el mercado interior ha hecho aumentar también la necesidad de la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros en el ámbito de la seguridad social. 
Asimismo, es necesario un código de conducta acerca de la competencia ilegal por medio de la adopción de una normativa social menos estricta, lo que se ha dado en llamar el «dumping» social. 
Necesitamos niveles mínimos de seguridad en materia de Derecho laboral, por ejemplo ante la actual avalancha de modalidades atípicas de empleo. 
Sin embargo, hemos de recordar también que, cuando hablamos de convergencia social, estamos hablando de una adaptación voluntaria, de una coordinación de los objetivos y las estrategias necesarias a tal efecto. 
Se trata en gran medida del reconocimiento mutuo de los regímenes de seguridad social, del Derecho laboral, de los sistemas de pensiones, etcétera, todo lo cual reviste una gran importancia también de cara a la libre circulación. 
En esta nueva propuesta que ha presentado la Comisión se introducen mejoras en la protección de los ciudadanos de terceros países, los trabajadores transfronterizos, los estudiantes, etcétera, Se trata, indudablemente, de un paso en la dirección adecuada. 
Finalmente, el informe aborda también la discriminación y la marginación social. 
El Grupo de los Verdes apoya fervientemente la adopción de un plan comunitario para afrontar lo antes posible estos problemas y reducir así el número de marginados y pobres en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, aquí se han dicho muchas cosas que merecen ser defendidas en relación con el informe del Sr. Pronk y quiero sumarme tanto a la defensa de la solidaridad general como a la defensa del realismo y de la asistencia en una nueva sociedad en la que las tareas sociales tengan otra dimensión; todo esto debe incorporarse al programa en cuestión. 
Hoy en día, todos los Estados miembros realizan mayores esfuerzos en materia de protección social, pero debido al cambio de la sociedad, al envejecimiento de la población, a que casi todas las mujeres trabajan fuera de casa, a la aparición de las familias monoparentales, etc., surgen nuevos aspectos que no tienen cabida dentro de la protección social. 
Abogo entre otras cosas por que el planteamiento de las tareas sociales no sea tan dogmático, sino que, al menos, los derechos sociales se otorguen también al trabajo no remunerado. 
Señor Comisario, es necesaria una firme base social europea. 
La colaboración entre los Estados miembros debe aumentar con motivo de la UEM, de la estrategia europea para el empleo. 
Debe establecerse una red de protección para todos. 
Realmente, no tenemos mucho más tiempo, puesto que la convergencia en materia de protección social es urgente. 
Solicito medidas concretas, al igual que el Sr. Pronk en su informe y la Comisión de Asuntos Sociales. 
Las diferencias actuales en el coste de la protección social constituyen una alteración de la competencia entre los Estados miembros y, por ello, una amenaza para el empleo. 
Quiero mencionar un ejemplo, aunque hay muchos. El ejemplo del cierre de Renault en Flandes ha ocasionado muchos sinsabores. 
Deben adoptarse normas mínimas en cuanto a la seguridad social y en cuanto a los salarios para lograr una verdadera Europa social. 
No obstante, en sí misma no es una solución para los países con un mayor desarrollo y un sistema de seguridad social caro, basado en la solidaridad general que influye de forma importante el coste del trabajo. 
No queremos que se desintegre la seguridad social de nuestros países. 
Sin embargo, una política de empleo efectiva debe constituir la base del sistema en toda Europa. 
No al empleo en algunos países con baja protección social y al paro en países con una alta protección social. 
Rechazamos una Europa así ¡La convergencia es urgentemente necesaria! 
Señor Presidente, es posible que mi postura disienta en cierta medida de la del resto de los diputados, si no acerca del contenido, sí, quizá, acerca de dónde se han de tratar estas cuestiones. 
El bienestar, la proximidad entre padres e hijos, las cuestiones generacionales, los colegios, la seguridad social, los servicios odontológicos o la sanidad son aspectos que han de recaer primordialmente en el ámbito de decisión nacional. 
No hay ningún motivo para armonizar o regular en detalle estas cuestiones en el ámbito de la UE. 
Por el contrario, sí existen importantes motivos para lograr el reconocimiento mutuo de los distintos regímenes, a fin de permitir que las personas que se trasladan de un país a otro puedan beneficiarse de sus derechos sociales en el nuevo país. 
Se trata de un área donde se registran muchas deficiencias, y en la que aún queda muchísimo por hacer. 
En mi opinión, la cuestión más importante en la UE es la referente al empleo. 
¡Pero la Unión ha fracasado en este ámbito! 
Cuando Suecia solicitó su adhesión hace diez años, en 1990, este país registraba una tasa de desempleo del 2, 3 %. 
En la actualidad, este porcentaje se sitúa en la media comunitaria, entre el 10 y el 12 %. 
Hay barrios de emigrantes en Suecia donde hace diez años, la tasa de desempleo era del 50 %, mientras que hoy esta misma tasa se eleva al 75 % o, incluso, al 90 %. 
No estoy diciendo que la culpa sea ni de la UE ni de nadie más; lo que estoy diciendo es que hemos fracasado a la hora de resolver la cuestión social más grave, que afecta especialmente a unos colectivos, como son los niños o los desempleados, que no pueden hacer gran cosa ante esta situación, que no tienen de qué vivir. 
La UE ha consagrado principalmente sus esfuerzos en favor de la economía, el mercado, el comercio y la competencia. 
Si bien se trata de aspectos importantes, no hemos podido ver en todo momento los resultados positivos de estos esfuerzos. 
El coste de un proyecto cada vez más sombrío como es la UEM se ha reflejado enormemente en los planes de ahorro, los recortes y el aumento del desempleo. 
Tenemos en la actualidad 18 millones de desempleados y 50 millones de pobres, ¡y esta cifra es más que suficiente! 
Además del desempleo, la UE debería otorgar prioridad a otras graves cuestiones sociales para la opinión pública como son, por ejemplo, la discriminación de los emigrantes, las mujeres y los desempleados, el tráfico de seres humanos o la lucha contra las drogas. 
En este ámbito queda muchísimo por hacer. 
También aquí se podría hacer uso de las directrices comunitarias para ofrecer consejos, orientaciones, ayudas y objetivos a los Estados miembros de la UE, pero la toma de decisiones debería recaer en un ámbito nacional. 
Es necesario centrar la cooperación de la UE en materia social en los siguientes ámbitos: promover el empleo y luchar contra el desempleo, reducir la marginación y la pobreza, poner fin a la discriminación y el «dumping» social y, finalmente, potenciar la igualdad entre los sexos. 
Señor Presidente, estimados colegas, en toda la Unión Europea los sistemas de seguridad social y su reforma ocupan un lugar primordial en el orden del día político. 
Esta omnipresente necesidad de acción de la política no es gratuita. 
La introducción del euro repercute en la política salarial y, por tanto, en los sistemas de protección social de los diferentes Estados miembros. 
Al mismo tiempo, Europa sigue teniendo el mismo número de desempleados a pesar de que se han creado más puestos de trabajo. 
Ello significa que el número de personas que se benefician de los sistemas de seguridad social va en aumento, en tanto que los recursos disponibles son cada vez más escasos. 
Todos sabemos que en las arcas de los ministros de Hacienda hay poco dinero y la continua subida de los impuestos perjudica a las empresas establecidas en Europa desde el punto de vista de la competencia internacional. 
Así las cosas, debemos centrar nuestros esfuerzos en llevar a cabo una reforma de los sistemas sociales con un objetivo común, en el sentido de que debemos garantizar la eficacia del sistema a largo plazo, al tiempo que hemos de elaborar un sistema- insisto en ello- que fomente el crecimiento económico y la creación de empleo en lugar de convertirse en un obstáculo. 
Permítanme empezar por dar las gracias al Sr. Pronk por su excelente informe y sus generosas palabras que yo, personalmente, celebro por dos razones. 
El objetivo, en concreto la coordinación fiscal a la que ha hecho referencia, no solo persigue mejorar el mercado único, sino que también tiene un objetivo social al hacer los sistemas fiscales más benévolos con el trabajo. 
En los instrumentos hay una asombrosa similitud entre lo que se ha previsto para combatir la competencia fiscal perjudicial y lo que el ponente propone en cuanto al código de conducta para evitar la competencia nociva por la vía de los sistemas de seguridad social. 
El Sr. Pronk ha aprovechado la oportunidad sobrevenida por la publicación del informe sobre la protección social en 1997, presentado por la Comisión a instancias y bajo la tutela del Comisario Flynn, para abrir un debate en el Parlamento sobre los futuros desafíos de los sistemas de protección social europeos. 
Esto es muy valioso y oportuno por razones a las que más tarde llegaré. 
Puedo afirmar que la Comisión saluda la resolución que están debatiendo hoy. 
Están emitiendo el mensaje adecuado en el momento justo. 
Europa está viviendo tiempos de cambio: cambios en el mundo del trabajo, cambios en las estructuras sociales y familiares, cambios tecnológicos y grandes cambios demográficos. 
Todos los Estados miembros se enfrentan a estos cambios en mayor o menor medida. 
Necesitamos nuevos, innovadores enfoques si nuestros sistemas de protección social han de seguir desempeñando sus tradicionales y muy importantes funciones: redistribución de la renta, construcción de la cohesión social, provisión de seguridad frente a los riesgos sociales, tal y como lo han hecho en los últimos cincuenta años. 
En 1995 la Comisión impulsó un debate sobre el futuro de la protección social. 
El objetivo era desencadenar un proceso de reflexión conjunta para buscar soluciones juntos y aprender los unos de los otros. 
Sin haber sido uno de los promotores de esto- lo fue el Comisario Flynn- puedo decir retrospectivamente que, personalmente, fue quizá uno de los primeros ejemplos de intentar progresar a través de la comparación, a través de una revisión concienzuda, y procedimientos semejantes que yo considero muy constructivos. 
En 1997 la Comisión evaluó el debate en su comunicación: Modernizar y Mejorar la Protección Social. 
El principal mensaje de la Comisión a lo largo de este proceso ha sido que hay una urgente necesidad de modernizar la protección social en la Unión Europea. 
Modernizar significa adaptar los sistemas a las nuevas condiciones sociales y económicas en las que operan. 
No significa abandonar elevados ideales e importantes objetivos que se esconden tras esos sistemas. 
Significa cambiar los métodos y los enfoques donde sea necesario para asegurar que podemos seguir proporcionando a nuestros ciudadanos los altos niveles de protección que desean. 
Al mismo tiempo debemos cerciorarnos de que nuestros sistemas son sostenibles. 
La importancia de un alto nivel de protección social fue subrayada en las reacciones a la comunicación de 1997, en particular por la resolución del Parlamento Europeo, elaborado por la Sra. Weiler, y en los debates del Forum Europeo de Política Social. 
El proceso de rápido cambio social, político y económico prosigue. 
Solo en el plano europeo, desde que lanzamos nuestro debate sobre la modernización y la mejora de la protección social podemos tomar nota de lo siguiente: se ha adoptado el Tratado de Amsterdam y pronto entrará en vigor, incorporando un nuevo capítulo sobre el empleo y otros importantes desarrollos que tienen que ver con exclusión social, la no discriminación y la salud pública. 
La estrategia europea para el empleo ha sido puesta en práctica con éxito y los Estados miembros están teniendo un buen comienzo en su implementación. 
La moneda única se introdujo en enero. 
Las negociaciones para la ampliación han comenzado con cinco países de Europa central y oriental. 
Es importante que reconozcamos que estos procesos van a impactar tanto en los sistemas de protección social de los Estados miembros como en nuestro modo de cooperar en el plano europeo. 
Es el momento oportuno de dar un paso más en el proceso de reflexión conjunta sobre el futuro de nuestros sistemas de protección social. 
Las propuestas contenidas en la resolución del Parlamento van en la dirección correcta. 
Ustedes apoyan claramente lo que es el tema central de este proceso- la necesidad de colaborar estrechamente y los beneficios que de ello pueden derivarse. 
La política de protección social es un asunto del que son responsables los Estados miembros. 
Hay considerables diferencias entre los sistemas de los 15 Estados miembros. 
No obstante nos enfrentamos a problemas y desafíos comunes. 
Tenemos objetivos comunes. 
Todos tenemos mucho que ganar de una reflexión común. 
Ustedes también emiten un claro mensaje a la Comisión y a los Estados miembros para que sean ambiciosos en este proceso. 
La Comisión tendrá muy en cuenta estas perspectivas cuando volvamos con nuestras propuestas sobre como hacer avanzar estas ideas sobre la protección social. 
En los próximos meses publicaremos una nueva y ambiciosa comunicación. 
Su resolución es una aportación muy oportuna en ese sentido que valoramos altamente. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Tiene la palabra el Sr. Schiedermeier para una cuestión de orden. 
Muchos de nuestros colegas aprovechan cualquier oportunidad para criticar el comportamiento de la Comisión. 
Es por eso por lo que lamento profundamente que estos compañeros pronuncien su intervención e inmediatamente después abandonen el Pleno sin esperar la respuesta del Comisario que, sin embargo, ha tenido el detalle de permanecer con nosotros hasta las 21.00 horas. 
¡Pido disculpas por el comportamiento de mis colegas! 
Muchas gracias, señor Schiedermeier. 
Sus consideraciones quedan incluidas en el acta. 
Con esto, Señorías, llegamos al final de nuestros trabajos. Una jornada extensa que ha representado un trabajo suplementario para todos los servicios de la Asamblea, a los que doy especialmente las gracias. 
Se levanta la sesión a las 21.00 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, desearía intervenir acerca de la observación que realizó ayer mi colega, el Sr. Evans, acerca de la cantidad de documentación que se nos hace llegar. 
Creo que se refirió a un punto muy oportuno. 
Dada la cantidad de papel que hemos recibido esta mañana, y si van a seguir teniendo lugar estas votaciones, pediría al Presidente que tomara las medidas necesarias para conseguirnos más baúles a los diputados, de manera que podamos transportar toda la documentación a nuestros despachos de Bruselas. 
Solicitaré a nuestros servicios que estudien esta situación. 
El Parlamento aprueba el Acta 
Votaciones 
El Grupo Europa de las Naciones apoya este informe en conjunto y todas las enmiendas que se aprobaron en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
La propuesta de la Comisión pone en entredicho el Código Aduanero Comunitario, tal como se formuló en el reglamento inicial nº 2913/92/CEE. 
He de recordar la importancia del Código Aduanero Comunitario para terceros países y, en particular, para los antiguos PECO. 
Constituye una referencia y un modelo para muchos Estados obligados a dotarse rápidamente de una legislación aduanera de carácter operativo a fin de integrarse en el comercio internacional. 
En materia de política comercial, el arancel aduanero desempeña cada vez menos un papel de protección de ciertos sectores de la industria, pero sigue siendo el apoyo de una política de competencia. 
Los derechos antidumping y los derechos compensatorios se aplican según las normas y los procedimientos del Código Aduanero Comunitario. 
En materia de política agraria, el régimen de las restituciones a la exportación se basa en los procedimientos aduaneros que forman parte del Código. 
Las nuevas normas de la OMC siguen centradas en el Código Aduanero. 
Por último, en materia de estadísticas del comercio exterior, el documento único establecido en las disposiciones de aplicación del Código sigue siendo el instrumento fundamental en el que se basa la recogida de datos estadísticos. 
Dado ese papel esencial del Código Aduanero Comunitario, nuestro Grupo no comprende la propuesta de la Comisión encaminada a suprimir o a reducir al mínimo el papel de los Estados miembros en los procedimientos de aplicación del Código Aduanero Comunitario. 
A título de ejemplo, en la reglamentación actual los Estados miembros pueden reservarse el derecho a hacer en su territorio declaraciones de aduana según la modalidad de representación directa o de representación indirecta a fin de preservar el papel de los funcionarios de aduanas. 
En esta nueva propuesta, la Comisión limita dicho derecho exclusivamente al procedimiento de representación indirecta. 
Si se aprobara esa medida, el papel de los funcionarios de aduanas resultaría limitado en gran medida y un número importante de ellos deberían desaparecer. 
Así, pues, las nuevas disposiciones parecen propiciar evoluciones muy negativas: una disminución del control de las aduanas por los Estados miembros, una desaparición de puestos de trabajo entre los funcionarios de aduanas y, por tanto, un aumento de las posibilidades de fraude y una reducción de la preferencia comunitaria. 
Por lo que se refiere a los regímenes aduaneros y a la colocación de las mercancías bajo un régimen aduanero, la Comisión nos propone un sistema de excepción para todas las empresas que hagan declaraciones por vía informática. 
El principio mismo de la protección por los Estados miembros quedaría reducido, pues esos documentos informáticos serán transmitidos, en su momento, directamente a las instituciones comunitarias. 
En conclusión, señor Presidente, a partir de los dos ejemplos que acabo de ofrecer, no ha de extrañar que nuestro Grupo se oponga con su voto a toda modificación del Código Aduanero Comunitario, que provocaría una disminución de la preferencia comunitaria y del papel de las empresas y las autoridades nacionales en el proceso aduanero. 
Me parece sorprendente que, con el pretexto de la simplificación administrativa, la Comisión nos proponga, en vísperas de nuevas negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, una reducción del principio de la preferencia comunitaria asociada a una disminución de hecho de los controles que podría provocar un aumento de los fraudes. 
El informe Paasilinna hace por lo menos una corrección necesaria de la propuesta de la Comisión en lo relativo al Código Aduanero Comunitario. 
En mayo de 1998 el Consejo manifestó que había que limitar el riesgo comercial que corren los importadores de Europa. 
El Consejo encargó a la Comisión que hiciera algo al respecto. 
Nos extraña que la Comisión no haya hecho nada al respecto, al menos según lo que se desprende ahora de la propuesta que ha presentado al Consejo y al Parlamento. 
Hemos apoyado la enmienda 13, que modifica el artículo 220, apartado 2, en un sentido que es de nuestro agrado. 
Nos hubiera gustado que se hubiera incluido la frase que un importador que ha actuado «de buena fe» no puede ser responsabilizado de las consecuencias del fraude o de los errores administrativos por parte del exportador o de las autoridades aduaneras. 
Abogamos porque se considere esto en una fase posterior de la toma de decisiones. 
El temor de que una modificación del Código Aduanero Comunitario conduzca a que se produzca una inundación de productos baratos en el mercado europeo, no nos parece realista. 
Por último, somos de la opinión de que el Mercado Europeo Interior no debe convertirse en una «fortaleza cerrada» , y sobre todo no para los países menos desarrollados. 
La protección de los propios intereses es una línea directriz moralmente condenable para la política comercial exterior. 
También hemos de considerar en nuestro juicio los problemas a los que se ven enfrentados los países en desarrollo. 
Informe Añoveros Trías de Bes (A4-0096/99) 
Hemos votado en contra del informe porque nos oponemos al modelo legislativo que se ha utilizado. 
Consideramos que, por el contrario, el Parlamento debería sumarse al principio que ha propuesto la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Además de contemplar el mutuo reconocimiento de la legislación nacional, en este principio se propone recurrir a la armonización únicamente cuando las disposiciones perjudiquen de modo directo la función del mercado interior. 
Recomendación André-Léonard (A4-0071/99) 
Señor Presidente, quisiera explicar por qué nos hemos abstenido en la votación del Informe de la Sra. André-Leonard que fue tratado ayer con el informe del Sr. Truscott en debate conjunto. 
La razón es, sencillamente, que tenemos un problema en relación con la violación de los derechos humanos en Uzbekistán y, en nuestra opinión, ésta no es conciliable con el preámbulo del acuerdo, según la cual la protección de los derechos humanos y los fundamentos de la democracia constituyen la condición previa del acuerdo. 
Esta es la razón por la que nos abstenemos. 
Deseamos unas relaciones estrechas pero creemos que este acuerdo de asociación y cooperación sólo podrá ser eficaz cuando se consiga realmente una democracia estable en Uzbekistán. 
La Comisión no pudo convencernos ayer de que esto sólo puede conseguirse por medio del presente acuerdo económico. 
Las preguntas han causado también desconcierto en la Comisión y, por consiguiente, creemos que ahora no es el momento adecuado para una ratificación de este acuerdo. 
Para nosotros constituye también un problema que en la cuestión del reconocimiento de Uzbekistán como un estado tercero en el que reine la seguridad no se tome en cuenta que en Uzbekistán no existe un acceso libre a los tribunales, con lo cual falta una condición previa esencial para este reconocimiento. 
Ésta figura, sin más, en el acuerdo, pero no se dan las condiciones previas. 
Por esta razón no hemos podido dar nuestra aprobación a este procedimiento de ratificación. 
Informe Truscott (A4-0069/99) 
Los debates que acabamos de celebrar sobre los acuerdos de cooperación con los nuevos países del Asia central ilustran los importantes inconvenientes que presenta una segmentación artificial de los diferentes elementos que componen una política exterior. 
No se pueden aislar las relaciones comerciales y los derechos humanos, por un lado, y, por otro, los demás aspectos. 
Será necesario que un día- y cuanto antes, mejor- se atribuya claramente al Consejo el cometido exclusivo de garantizar la coherencia de todas las intervenciones de política exterior de la Unión Europea, ya se refieran a la PESC, a la política comercial exterior, a los derechos humanos o a las acciones de ayuda. 
Por otra parte, veo que seguimos sin disponer de elemento alguno de apreciación sobre la eficacia de las acciones llevadas a cabo en el marco del programa TACIS. 
No se puede considerar eficaz un programa porque el nivel de consumo de sus créditos sea importante. 
Sólo se puede calibrar la eficacia a partir de un análisis de resultados, que seguimos esperando. 
Informe Pronk (A4-0099/99) 
En este informe se aborda una serie de cuestiones que no caen dentro del ámbito de decisiones de la UE. 
Consideramos que la legislación de la UE en materia social ha de centrarse plenamente en proveer disposiciones mínimas para hacer frente al «dumping» social. 
Los demás componentes de la política social deberán decidirse a escala nacional y local. 
Este informe va claramente aún más lejos por lo que respecta a los esfuerzos de armonización y a las propuestas en ámbitos como el cuidado infantil y las pensiones. 
Cada vez se ve más clara la política establecida por la UE y los Estados miembros para desmantelar no sólo la seguridad social sino también, en general, el sistema de protección social que se instauró en Europa después de la guerra como resultado de la lucha efectiva del movimiento obrero. 
El informe de la Comisión Europea relativo a la protección social en Europa pide a los Estados miembros que redoblen los esfuerzos para promover la empleabilidad, mientras, trata a las prestaciones de la atención sanitaria como simple artículo comercial y a los asegurados como «consumidores» que deben «limitar su uso» y propone medidas para la «modernización de la protección social» y la «adaptación» de los sistemas a los nuevos cambios mediante la privatización de los servicios sanitarios y de las pensiones. 
El informe de la Comisión de Asuntos Sociales, aunque incluye algunos puntos positivos y propone algunas medidas, acepta en su totalidad el nuevo marco de «protección social» que se está preparando y se enfrenta a los problemas existentes de financiación de los sistemas de la seguridad social contemplando su influencia en la competitividad de la economía europea, apoyando de esta manera a los que abogan por la reducción de los costes y la privatización de una parte de las prestaciones. 
Con relación a la valoración incluida en el informe acerca de que «el fortalecimiento de los mecanismos de mercado en el sector de la atención médica y hospitalaria no debe producir un servicio de atención sanitaria de dos velocidades en el sector de la sanidad» , procede señalar que la privatización de parte de las prestaciones médicas y hospitalarias y el fortalecimiento de los mecanismos de mercado en el sector suponen de facto la producción de un sistema sanitario de dos velocidades. 
Está claro que los que dispongan de una renta elevada podrán pagar desahogadamente altas cuotas a las entidades privadas y especulativas, mientras, la inmensa mayoría de los trabajadores se verá limitada a disfrutar de las prestaciones mínimas y de bajo nivel. 
Es de destacar la situación que se vive en Grecia donde puede apreciarse la degradación y el desmantelamiento consciente del Sistema Nacional Sanitario y el escandaloso fortalecimiento del sector privado. 
Estamos completamente en contra del intento- en nombre de la reducción de los costes- de disminuir el nivel de las prestaciones de jubilación en los sistemas públicos de seguridad social y de reducir las pensiones que proporcionan una mínima renta de supervivencia y de favorecer a las especulativas entidades privadas de pensiones, a las que tendrán que recurrir aquéllos que deseen una mejora para sus pensiones públicas de hambre. 
Ha causado una intensa preocupación el reciente anuncio del nuevo Presidente del Instituto de Seguridad Social acerca de que se está estudiando la creación de una nueva mutualidad que va a funcionar con criterios económicos privados y que se basará en el principio de relación directa entre el nivel de las cotizaciones y el de las prestaciones y con la posible participación directa del capital de las entidades aseguradoras privadas. 
Rechazamos el «nuevo» modelo de «protección social» que nos están preparando. 
Sabemos también que tales opciones son consecuencia directa de las políticas antipopulares de austeridad que establecen los criterios de convergencia y el Pacto de Estabilidad y que vienen a multiplicar los problemas de financiación del sistema público de seguridad social y lo llevan a su empequeñecimiento. 
Creemos que a corto plazo el medio principal para afrontar los problemas del sistema público de protección social es el reforzamiento decisivo del pleno empleo y del empleo estable, mediante la ayuda a las inversiones en el sector productivo, especialmente en los ramos de trabajo intensivo, mediante el apoyo con los incentivos financieros y fiscales de las PYME, que son las que absorben la mayor parte de la totalidad del empleo, y mediante la reducción de la jornada laboral sin disminuir las retribuciones. 
Consideramos que hay más soluciones- distintas a las propuestas- para los problemas financieros inmediatos de los organismos de la seguridad social, como son la aplicación estricta de las disposiciones existentes en la legislación de seguros en relación con las cotizaciones, la lucha contra el fraude a la seguridad social y contra el trabajo en la economía sumergida, la fiscalización de los movimientos especulativos de capital y la supresión de las excepciones en los impuestos de las rentas obtenidas en los bienes muebles y sus derivados. 
Lucharemos, junto con los trabajadores, para mantener y reforzar el sistema público de protección social, para ampliar y mejorar la calidad de las prestaciones y para que sean las que corresponden a un único sistema público de protección social de alto nivel. 
Este informe pone acertadamente de manifiesto que el euro quita a los Estados miembros la posibilidad de combatir las tensiones económicas, de modo que la competencia se va centrar todavía más que ahora, también dentro de la Unión Europea, en el ámbito de los costes salariales, el dinero de los impuestos y el precio de costo de la protección social. 
Es sólo uno de los enormes problemas que conlleva la introducción del euro, problemas que por razones puramente ideológicas se han escondido debajo de la mesa sin un debate real. 
Sea como fuere, rechazo enérgicamente una seguridad social uniforme a nivel europeo. 
En Bélgica estamos sufriendo lo que significa que dos pueblos tengan obligatoriamente el mismo sistema de seguridad social. 
Eso nos lleva por los mecanismos automáticos de financiación a lo opuesto de la solidaridad, al robo organizado. 
Esto puede sonar duro, pero es verdad. 
A escala europea se va por el mismo camino, incluso se irá a peor, porque la experiencia con los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión nos enseña que las administraciones locales o nacionales manejan el dinero «europeo» por definición con poco cuidado. 
Ahórresenos por lo tanto ese afán de igualarnos a nivel europeo. 
Hay que darse cuenta de que el mayor progreso y las mejores formas de seguridad social se pueden realizar dentro de unas fronteras bien definidas. 
Además, se puede disponer de otras formas de solidaridad comunitaria o extracomunitaria, pero esa es una historia muy distinta. 
Cabotaje marítimo, dotación de los buques 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0075/99) de la Sra. McIntosh, en nombre de la Comisión de Transporte y Turismo, sobre: 
I.la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3577/92 por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (COM (98) 0251- C4-0423/98-98/0158 (SYN) ); 
II. la propuesta de directiva del Consejo sobre las condiciones aplicables a la dotación de los buques que presten servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros (COM (98) 0251- C4-0424/98-98/0159 (SYN) ) (COM (98) 0251- C4-0423/98-98/0158 (SYN) 
Señor Presidente, desgraciadamente, la Sra. McIntosh, quien ha llevado a cabo una importantísima labor con motivo de este informe, no puede estar presente hoy aquí, por lo que me ha solicitado que sea yo quien presente esta cuestión. 
Creo que el punto de partida esencial, lo que tenemos que dejar bien claro hoy con ocasión de este debate, es la situación extremadamente difícil por la que atraviesa en la actualidad el sector marítimo de la UE. 
Por lo que respecta a las compañías de transbordadores, es inminente por ejemplo la supresión de las ventas libres de impuestos- antes del próximo verano o en el plazo de unos años- lo cual supondrá para estas compañías la pérdida de una parte considerable de sus ingresos. 
En su propuesta, la Comisión hace hincapié en la importancia que reviste en todo el mundo el libre acceso al mercado del transporte marítimo, así como en la necesidad de elevar las normas de calidad y, al mismo tiempo, de mantener o incrementar los niveles de competencia. 
La Comisión puede demostrar también que se han registrado considerables avances en este ámbito. 
Sin embargo, las condiciones laborales del personal de las embarcaciones han empeorado al mismo tiempo que la contratación registra una constante tendencia a la baja. 
Todo esto es el resultado de los registros de conveniencia, las medidas de recorte de personal y la contratación de mano de obra más barata procedente de terceros países. 
A pesar de que, hasta el momento, esta tendencia ha afectado sobre todo al transporte marítimo de mercancías, bien podría, sin embargo, propagarse también al transporte de pasajeros. 
Por parte de la Comisión, se trata tanto de eliminar los incentivos al registro de conveniencia como de armonizar las condiciones de mercado por lo que respecta a las dotaciones de los buques. 
Así pues, la Comisión presenta en su primera propuesta una modificación del reglamento sobre cabotaje, con el fin de que los trabajadores de este sector procedentes de terceros países se encuentren en igualdad de condiciones con el personal marítimo comunitario. 
La segunda propuesta se refiere a la dotación de los buques que presten servicios regulares de pasajeros y transbordadores. 
La Comisión propugna también en este caso la igualdad de trato en lo relativo a las condiciones laborales, independientemente de que el trabajador resida o no en un Estado miembro. 
Existen dudas, justificadas, en torno a una parte de las propuestas que presenta la Comisión. 
Ante todo, es posible que haya motivos para plantearse si éste es el momento más oportuno para presentarlas, habida cuenta de los problemas con los que se enfrenta el sector de la navegación en la UE. 
Las propuestas de directiva sobre el cabotaje han suscitado preocupación en el seno de la industria, ya que suponen una intervención directa en el mercado laboral, algo que, para muchos, es contradictorio con el libre mercado de mercancías y servicios. 
Uno de los objetivos de la Comisión es el establecimiento de la igualdad de condiciones para los competidores en el seno de la UE. 
De hecho, las condiciones laborales varían enormemente entre un país y otro, por lo que resulta también muy difícil comprobar los efectos de las medidas que se proponen. 
La conclusión que cabe extraer de todo esto es que, por el momento, no es fácil encontrar un motivo aceptable para justificar la modificación del reglamento sobre el tráfico de pasajeros. 
La versión actualmente vigente expira en 2001. 
A esto cabe todavía añadir que la propia Comisión ya ha propuesto anteriormente modificaciones de carácter voluntario, como, por ejemplo, en el informe que elaboró en 1995. 
Por consiguiente, la ponente propone que no llevemos a cabo ninguna modificación a este respecto antes de que la Comisión haya elaborado un mayor estudio sobre las repercusiones que tendrá la liberalización en el tráfico de pasajeros y transbordadores. 
En la enmienda 4 se propone una investigación de las consecuencias económicas y sociales de la liberalización del cabotaje y que este informe se presente ante el Consejo y el Parlamento, a más tardar, antes del 1 de enero de 2001. 
Posteriormente- y basándose en este informe- la Comisión deberá elaborar sus propuestas en torno a un sistema definitivo. 
Por lo que respecta a la directiva sobre las dotaciones de los buques, es necesario centrar parte de los esfuerzos en otros ámbitos distintos a los que ha señalado la Comisión. 
Si lo que se desea es una mayor competitividad de todo el transporte marítimo, entonces habrá que fomentar principalmente la formación y el «know-how» en el seno de este sector, algo que la Comisión de Transporte y Turismo ya ha puesto de manifiesto en otras ocasiones. 
La ponente ha abordado esta cuestión en la enmienda 8. 
A modo de conclusión, permítanme señalar que la ponente es favorable a todas las enmiendas con excepción de la nº 7. 
Señor Presidente, a principios de esta semana hemos asistido en este Parlamento a un debate muy profundo acerca del futuro de los ferrocarriles en Europa, así que este debate nos ofrece la oportunidad de hacer hoy otro tanto en relación con el sector del transporte marítimo entre los Estados miembros de la Unión. 
Quiero agradecer a la ponente, la Sra. McIntosh, la labor que ha llevado a cabo. 
Lamento que no pueda acompañarnos aquí en el día de hoy, lo cual se debe sin duda alguna a sus compromisos en otro Parlamento. 
Me gustaría señalar también que en un principio sus planteamientos originales, basados en el dogma del Partido Conservador, no eran ni relevantes ni particularmente útiles. 
Sin embargo, la Sra. McIntosh ha sabido cambiar de opinión a este respecto, y el resultado es este informe más equilibrado y proeuropeo que ahora tenemos ante nosotros. 
El presente informe aborda la dotación de los servicios marítimos entre los Estados miembros y los servicios de cabotaje, Me voy a circunscribir en mis comentarios a las propuestas relativas a la dotación de los buques, ya que, lamentablemente, parece ser que la cuestión del cabotaje está más que cerrada por parte del Consejo. 
En primer lugar, cabe señalar que estas propuestas se refieren a los servicios entre los Estados miembros de la Unión Europea, no a los servicios en alta mar. 
En segundo lugar, mi grupo parlamentario considera que estas medidas se deberían haber adoptado hace ya mucho tiempo a causa del reciente incremento de la contratación de marinos no comunitarios en la tripulación de estas embarcaciones, con condiciones salariales y de servicio muy por debajo de los niveles aceptados en la UE. 
En pocas palabras, los armadores de la UE han comenzado a recurrir a pabellones de conveniencia en este sector, de la misma manera que lo han venido haciendo hasta ahora en sus actividades de alta mar. 
Es preciso felicitar a la Comisión por haber emprendido rápidamente medidas en este ámbito para garantizar que, en caso de que se contraten nacionales de terceros países en servicios entre los Estados miembros de la UE, dicha contratación se ajuste a las mismas condiciones en las que se encuentran los marineros comunitarios. 
Voy a ser completamente sincero ante el Parlamento: me gustaría que contáramos con una directiva que estipulara la obligatoriedad de contratar solamente marineros comunitarios en estos servicios entre los Estados miembros de la UE. 
No obstante, reconozco que esto no es posible, por lo que nuestro grupo respalda el principio de la igualdad de condiciones de servicio para todos estos marineros de países no comunitarios. 
No podemos permitir que, en especial, nuestras compañías de transbordadores se conviertan en contratistas de una mano de obra barata que no cumple los requisitos establecidos. 
Si permitimos esto, estaremos firmando la sentencia de muerte de los marineros de la UE. 
Éste es el motivo por el que el actual informe resulta tan importante. Éste es también el motivo por el que la Unión Europea y el Parlamento Europeo están mandando un mensaje muy claro y ostentoso a los operadores europeos del sector de los transbordadores: no vamos a tolerar la contratación de marineros no comunitarios en condiciones salariales y laborales peores que las de nuestros propios ciudadanos. 
Señor Presidente, la Comisión señala de forma correcta que hay un problema en el sector del transporte marítimo comunitario en relación con la infravaloración de la profesión y el desempleo que se aprecia en ese sector. 
Esta situación se debe, principalmente, a los cambios de pabellón, a las medidas de austeridad y al empleo de mano de obra más barata procedente de países terceros. 
Parece que tales cambios han influido más en el sector del transporte de mercancías pero la misma tendencia puede influir también al sector del transporte de pasajeros y transbordadores. 
Por tal razón, en las dos directivas que estamos debatiendo, se proponen una serie de medidas que intentan afrontar el problema. 
Las intenciones de la Comisión en un principio son buenas, pero es preciso presentar dos objeciones: primero, dado que las directivas afectan incluso a cualquier buque que, perteneciendo a la Unión Europea, esté registrado fuera de la Comunidad y, puesto que hay zonas marítimas entre los Estados miembros que se consideran aguas internacionales, se plantean muchas cuestiones acerca de la compatibilidad de la directiva tanto con los compromisos internacionales de la Unión Europea y de los Estados miembros como con la legislación internacional y los convenios internacionales. 
En relación con este tema hay que estar muy atentos. 
Segundo, aunque el objetivo de la directiva sea la protección del empleo, no está nada claro que finalmente vayamos a servir a dicho objetivo porque las dificultades que van a tener los servicios regulares de los transbordadores por la supresión de la venta de artículos libres de impuestos no va a ser posible equilibrarlo con el establecimiento de condiciones únicas de empleo. 
La propuesta puede de alguna manera obstaculizar el camino del empleo de mano de obra barata pero puede que no proteja la viabilidad de los servicios o del empleo. 
Finalmente, puede que no ayude a nuestros marineros aunque ése debería ser nuestro objetivo principal. 
No nos olvidemos que muchas de las empresas navieras son empresas con una amplia base popular; por consiguiente, el punto de partida de nuestro razonamiento debe ser cómo vamos a reforzar la competitividad de las empresas porque de esa manera también servimos a los intereses de los marineros. 
Presidente, permítame comenzar diciendo que, aunque el Sr. Stenmarck ha sustituido a la Sra. McIntosh de forma brillante, siento sin embargo que este último informe suyo en esta Asamblea al que hemos llegado lentamente, no pueda ser presentado por ella misma. 
Permítame que diga a continuación, de acuerdo con la ponente, que el sector marítimo efectivamente va mal, y no solamente va mal por la gran competencia, sino también porque se trata de un sector empresarial que se ha puesto la soga al cuello a si mismo por haber seguido demasiado tiempo el rumbo de siempre. 
La desaparición del «taxfree» no tiene absolutamente nada que ver con eso, Señor Stenmarck. 
Dejemos eso bien claro. 
Habrá que poner fin a esas historias sobre el «taxfree». 
Se tienen que comportar como cualquier otro. 
En cuanto se está fuera de la Comunidad, se mantiene el «taxfree». 
Eso ya es suficientemente grave. 
De que tenemos un problema serio en el ámbito social. 
En contra de lo que todo el mundo opina, no se paga demasiado bien a los capitanes y oficiales de barcos y hoy en día simplemente no hay nadie dispuesto a estar fuera de casa un largo tiempo sin interrupción. 
Por eso ya no encontramos tripulaciones europeas. 
Eso significa que la infraestructura desaparece. 
Las escuelas de náutica están desapareciendo. 
Eso significa que la seguridad en el mar queda mermada. 
Hemos sufrido muchos ejemplos de esto, en su propio país, Señor Presidente, cuando el único remolcador disponible fue uno chino y hubo que buscar a un propietario de un restaurante chino para poder comunicarnos con ese barco. 
Esto quiere decir simplemente que no hay suficientes tripulaciones europeas y que debemos hacer algo al respecto. 
Eso significa que hay que mejorar las condiciones sociales de toda la tripulación, pero sobre todo de los oficiales. 
Señor Presidente, con ocasión del debate para la modificación del Reglamento 3577/92 consideramos necesario destacar las especiales consecuencias negativas que ha tenido la liberalización del cabotaje para el empleo de los trabajadores del mar en la Comunidad. 
Especialmente para países como el mío, Grecia, la liberalización del cabotaje en los servicios marítimos interiores de pasajeros y trasbordadores está estrechamente relacionada con el derecho de soberanía y con la capacidad de defensa del país, tratándose de una región tan sensible como es la del Egeo, y viene a agravar de forma intensa problemas sociales como el abastecimiento, el desarrollo de regiones insulares remotas y pequeñas, el mantenimiento de la población de las islas, y además, despierta serias preocupaciones por el grave e inmediato riesgo de pérdida de miles de puestos de trabajo. 
Pero la Comisión no sólo se niega a sacar las conclusiones necesarias que ha tenido, hasta este momento, la aplicación del Reglamento sobre la liberalización del cabotaje, al contrario, procede a su modificación sin realizar un estudio necesario y riguroso de las consecuencias que vendrán a empeorar aún más la situación. 
Con esta propuesta, la Comisión, pretende restringir la competencia del estado de acogida sólo a la determinación de la proporción de ciudadanos comunitarios necesario para la dotación de los buques, mientras, en otros temas, serán aplicables las normas del Estado del pabellón. 
En esta propuesta los asuntos importantes, como son el de la tripulación, el de las condiciones de trabajo y el de las retribuciones, serán establecidos basándose en la legislación del Estado de pabellón. 
Esto vendrá a significar la división del personal entre los que están incluidos en la tripulación y los que no, permitirá la práctica del dumping y acarreará consecuencias catastróficas para el empleo. 
Les cito un ejemplo: en algunos países europeos, el personal empleado en la hostelería, los mozos de habitación, los cocineros, etc. no está incluido en la tripulación y, en nombre de la igualdad de condiciones de competencia, los armadores de Grecia piden que se establezca también en los buques con bandera griega. 
Todos los asuntos relacionados con la dotación deberían ser establecidos por el estado de acogida. 
En ese marco, apoyamos el informe de la Comisión de Transportes que pide el rechazo de tales propuestas. 
También, apoyamos la petición para realizar un estudio de las consecuencias sociales y económicas que va a provocar la liberalización del cabotaje. 
En lo que respecta a la propuesta de directiva sobre las condiciones aplicables a la dotación, está claro que es necesaria la igualdad de trato para todos los marineros, independientemente de su nacionalidad. 
Pero estamos totalmente en contra de las desviaciones que se proponen y que, básicamente, dejan el camino abierto para que se vulneren dichas disposiciones gracias a las previsiones acerca de posibles excepciones y desviaciones que están previstas en el artículo 3 y que, por desgracia, acepta el informe. 
Además, consideramos que la igualdad de trato debe incluir no sólo los términos y las condiciones de empleo sino todo tipo de condiciones, tanto laborales como de seguros, las retribuciones y la aplicación de los convenios colectivos a la totalidad de la dotación del buque. 
En ese marco, se debe poner fin a todas esas desviaciones que se establecen a través de los convenios bilaterales que a menudo se firman con países terceros. 
El informe de la Comisión de Transportes, aunque acepta la propuesta, no pide la modificación de aquellos artículos que favorecen su incumplimiento y su crítica está basada en el argumento de que no es necesaria la intervención en el mercado laboral, lo que supone una grave preocupación dada la generalización del empleo de mano de obra barata procedente de países terceros. 
La determinación de las condiciones de empleo de ciudadanos de países terceros, que deben ser iguales, según se afirma, a las vigentes para los residentes en el Estado miembro que sea el Estado del pabellón, no contempla el problema del trabajo ilegal sin seguridad social. 
En general, el esfuerzo de la ponente es digno de mérito, pero en este punto no podemos estar de acuerdo con ella. 
El deterioro de las condiciones empuja hacia el trabajo ilegal y lleva hacia el desempleo a los trabajadores del mar comunitarios. 
Señor Presidente, el informe McIntosh ha levantado una polvareda en la Comisión de Transportes de este Parlamento. 
Los intereses que están en juego en las propuestas, resultan ser considerables. 
En la primera parte relativa al cabotaje dentro de un Estado miembro, se propone que cada miembro de la tripulación perciba lo mismo independientemente de su origen. 
Esto tiene por objeto evitar el dumping social, la navegación con personal barato en lugar de empleados europeos. 
Sin embargo, no creo que esto afectara en gran medida al empleo de los ciudadanos de la UE. 
Después de todo, un 95 % del personal de estos servicios marítimos ya es ciudadano de la UE. 
Estos empleados están sobre todo colocados en las funciones marítimas. 
Los ciudadanos que no son de la UE que trabajan en los mismos barcos, están sobre todo destinados en las funciones no marítimas. 
Por eso no se da apenas competencia entre sendos grupos. 
Esto significa también que el aumento de costes para los armadores afecta sólo a un grupo reducido. 
Cuando se compara el aumento de los costes del personal como consecuencia de esta medida con los ingresos procedentes de las ventas «taxfree» , resulta que aquel es desdeñable. 
No puedo entender por qué personas que desempeñan las mismas funciones pueden ser retribuidas de modo diferente por tener otra nacionalidad. 
Por lo tanto, hay motivo suficiente como para adoptar la propuesta de la Comisión. 
La segunda propuesta relativa a las condiciones laborales del personal de los servicios de transbordadores entre los Estados miembros, extiende su aplicación a los armadores establecidos fuera de la Unión Europea. 
Según los tratados internacionales, el estado portuario sólo está autorizado a tomar medidas para el mantenimiento de la seguridad en el barco, pero sobre todo alrededor de él. 
En mi opinión, la propuesta de la Comisión va más allá de lo que es posible en este momento. 
Por último, Señor Presidente, sí estoy de acuerdo con el contenido de la enmienda 4 presentada por nuestra estimada ponente, pero no considero que esta directiva sea el lugar adecuado para tratar este tema. 
Señor Presidente, hay que agradecer a la Comisión que haya presentado esta propuesta y a la ponente del informe que haya comprendido la trascendencia y la significación de esta cuestión, tanto para la situación del empleo como para la seguridad del transporte marítimo. 
Cada día, un enorme número de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea se sirve del tráfico marítimo en sus desplazamientos, por lo que, desde la perspectiva de su seguridad, es de suma importancia que las distintas tareas de las embarcaciones sean desempeñadas por trabajadores conocedores de su profesión que puedan asumir una gran responsabilidad. 
Todo ello implica que se deben actualizar los niveles salariales y el resto de las condiciones laborales en el sector del transporte marítimo. 
Éste es precisamente el objetivo que se pretende lograr con las propuestas de la Comisión, y el Parlamento Europeo tiene ahora la oportunidad de decidir cuál será su importante contribución a este respecto. 
El uso de mano de obra incompetente y mal retribuida como un medio para incrementar la competitividad del transporte marítimo representa una amenaza tanto para la política de empleo de la Unión Europea como para la seguridad del tráfico marítimo. 
Sin embargo, son numerosos los llamamientos que se hacen para evitar precisamente el uso de estos medios en aras de la competitividad. 
La cuestión que estamos sometiendo a debate muestra la determinación de la Unión Europea para luchar contra una evolución desfavorable de estas características. 
Garantizar y mejorar la situación del empleo es uno de los cometidos más importantes- para muchos el más importante- que se ha establecido a sí misma la Unión Europea. 
Todas las instituciones han manifestado su firme voluntad en este sentido. 
El problema ha estribado a menudo en las dificultades a la hora de encontrar medios prácticos para hacer realidad este objetivo en el ámbito de la UE. 
Así pues, resulta contradictorio que, por una parte, se haga hincapié en la importancia de la creación de empleo mientras que, por la otra, la responsabilidad sobre la situación del empleo recaiga en última instancia en los Estados miembros. 
El asunto que estamos tratando ahora es un ejemplo práctico de política de empleo a escala de la UE, sin olvidar su importante aspecto en el ámbito de la seguridad. 
Hemos de velar por que la Unión Europea se desarrolle y se amplíe como una comunidad en la que el cometido de las fuerzas del mercado sea el de servir a los ciudadanos, y no el de tomar todas las decisiones. 
Con la mundialización de los mercados, es posible que la Unión Europea se haya convertido quizá en el agente más importante a la hora de influir en el establecimiento de condiciones a las fuerzas del mercado, en el marco de un proceso decisorio democrático. 
En nuestros trabajos hemos de velar por el cumplimiento de este cometido de la Unión. 
Es necesaria la economía de mercado, no la dictadura del mercado. 
Cabe esperar que tanto la Comisión como, a iniciativa suya, toda la maquinaria legislativa comunitaria continúe elaborando normas que nos permitan vivir y desplazarnos con seguridad en una Europa donde sus ciudadanos puedan ganarse la vida al abrigo de un sistema moderno de convenios laborales. 
A este respecto, desearía resaltar la importancia de las organizaciones sindicales, cuya tarea para incrementar la seguridad de los ciudadanos se pone de manifiesto particularmente en el sector del transporte marítimo. 
Señor Presidente, según reza un dicho finlandés, en el pasado los barcos eran de madera y los marineros de hierro, mientras que ahora es al contrario. 
Esto es lo que ocurriría si en la Unión Europea se permitiera emplear libremente mano de obra barata en el sector del transporte marítimo. 
Como ya ha afirmado el anterior orador, se trata también de una cuestión de seguridad. 
Podemos citar una amplia lista de problemas en este sentido: unos barcos se van a pique, como lo hizo el Estonia en el mar Báltico, mientras que otros son pasto de las llamas. 
En estas situaciones se necesita personal con dominio de idiomas, que conozca las condiciones locales y que pueda evitar tragedias humanas. 
Por todo ello, no podemos aceptar que se ponga en peligro la seguridad del tráfico marítimo a causa de la contratación de mano de obra barata. 
Todas estas disposiciones son positivas, y permitir que continuaran las ventas libres de impuestos contribuiría a lograr este objetivo en los países nórdicos. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe de la Sra. McIntosh que apoya la adopción de la propuesta de directiva del Consejo sobre las condiciones aplicables a la dotación de los buques que prestan servicios regulares de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros. 
Aprovecho la ocasión para felicitarme con la señora ponente, aun en su ausencia, del magnífico trabajo realizado acerca de un asunto tan importante y complejo. 
Entre las enmiendas propuestas, la Comisión puede admitir dos de ellas. 
La Comisión puede aceptar sustancialmente la enmienda 1, siempre que quede inserta en un artículo específico referente a las definiciones, ya que está a favor de la eliminación del ámbito de aplicación de la directiva de los servicios de transporte de mercancías. 
En este sentido, aprovecho la ocasión para comunicar que la Comisión, a petición de varias delegaciones ante el Consejo, está realizando un estudio sobre las consecuencias económicas de la directiva. 
El ámbito de aplicación de la directiva, por tanto, podrá ser objeto de ulteriores precisiones a la luz de los resultados del estudio que se presentarán al Consejo en el próximo mes de abril. 
En lo que se refiere a la enmienda 5, la Comisión puede admitirla, a condición de que se indique el plazo dentro del cual deberá presentarse el informe. 
Pasemos ahora a las enmiendas que, por contra, la Comisión no puede admitir. 
La enmienda 2 no se puede aceptar, ya que los contratos de trabajo por cuenta ajena son por definición contratos individuales y, en consecuencia, no pueden incluirse en el artículo citado, en el cual figurarían junto con instrumentos que, por el contrario, son de aplicación general. 
La enmienda 3 no puede admitirse, pues el derecho de conceder o no conceder a la gente de mar la posibilidad de residir permanentemente en los buques no está regulada a escala internacional. 
El simple hecho de prestar un servicio regular no atribuye a la gente de mar el derecho a residir en un Estado miembro y la Comisión no tiene la intención de intervenir en un asunto que plantearía problemas relacionados con el derecho de residencia en la Unión Europea, sin perjuicio, como es obvio, de las posibles decisiones adoptadas en el ámbito del segundo y tercer pilar. 
La enmienda 4 tampoco puede admitirse, ya que la directiva atañe exclusivamente el trato reservado a la gente de mar de terceros países que trabajan en buques que prestan servicios regulares de transporte de pasajeros y transbordadores entre los Estados miembros y, por lo tanto, no es el instrumento adecuado para proponer una propuesta de este tipo. 
Actualmente, la Comisión está elaborando una comunicación al Consejo y al Parlamento sobre la situación en materia de contratación y formación de gente de mar en la Unión Europea. 
En dicho texto, la Comisión evaluará qué acciones podrían emprenderse para animar a los jóvenes a dedicarse a las profesiones marítimas y para fomentar una formación cualificada. 
El texto también contemplará las cuestiones relacionadas con la financiación de los sistemas de educación y de formación de la gente de mar en los Estados miembros. 
En lo que respecta a la propuesta de reglamento del Consejo, lamento que la señora ponente no esté de acuerdo con la propuesta de la Comisión y que, por el contrario, haya optado por un texto alternativo, según el cual la Comisión debería, como muy tarde, el 1 de enero de 2003, presentar una propuesta sobre un sistema definitivo de normas relativas a las tripulaciones. 
Dicha propuesta debería basarse en el informe sobre el impacto socioeconómico de la liberalización del cabotaje insular que se presentará al Consejo y al Parlamento, como muy tarde, el 1 de enero de 2001. 
La Comisión no puede admitir dichas enmiendas. 
El 17 de junio de 1997, la Comisión adoptó un informe que atañe, entre otras, a las consecuencias sociales y económicas de la liberalización del cabotaje insular. 
El informe llega a la conclusión que, en un sector muy intensivo en mano de obra como el de los servicios regulares de transporte de pasajeros y transbordadores, una propuesta que permita a los Estados miembros imponer una proporción obligatoria de ciudadanos comunitarios en la dotación sería suficiente para proteger adecuadamente los puestos de trabajo de la gente de mar de la Unión Europea. 
Asimismo una propuesta de similares características permitiría al mercado interior operar sobre la base de normas sociales comunitarias. 
En las conclusiones del informe se dice además que, en lo que se refiere al sector de cabotaje de mercancías, vinculado al tráfico internacional y caracterizado por una menor intensidad laboral, no existen motivos suficientes para justificar el mantenimiento de las condiciones del Estado de acogida, actualmente aplicadas. 
En la propuesta de reglamento se ha incluido una cláusula adicional que obliga al Estado de acogida a aplicar sus propias disposiciones en materia de condiciones de trabajo a la gente de mar de terceros países que prestan tales servicios y están empleados a bordo de buques que enarbolan su pabellón. 
El Parlamento Europeo pide que no se modifique el reglamento antes de que se lleve a término la evaluación del impacto del cabotaje insular. 
Hay que recordar que en materia de tripulaciones, a la empresa de transporte por lo general se aplican las disposiciones del Estado del pabellón; en virtud del reglamento actual, los Estados miembros de acogida pueden aplicar todas sus condiciones en materia de tripulación, incluidas las referentes a las retribuciones mínimas, las cualificaciones solicitadas y la seguridad social de la gente de mar, así como las normas relativas a los períodos de trabajo y de descanso, vacaciones, etcétera. 
Esto supone una grave e injustificada restricción de la libre prestación de servicios, habida cuenta de que las empresas de transporte de los demás Estados miembros están obligadas a cumplir las diferentes condiciones, incluso para una sola operación de cabotaje. 
Varias empresas de transporte ya han escrito a la Comisión expresando sus preocupaciones al respecto. 
En virtud de las normas actualmente en vigor, por tanto, es probable que el impacto de la liberalización sea mínimo. 
La Comisión considera que su propuesta representa una solución equilibrada, apta para garantizar de forma efectiva la libre prestación de servicios y de proteger los puestos de trabajo de la gente de mar de la Comunidad en el ámbito de los servicios de transporte de pasajeros entre los Estados miembros de Europa meridional, unos servicios que se caracterizan por ser muy intensivos en mano de obra. 
Y al mismo tiempo, permite evitar las restricciones motivadas por la aplicación de todas las condiciones el Estado de acogida. 
Por último, agradezco al Parlamento que haya contribuido a la rápida adopción de la posición común relativa a estas importantes medidas que permitirán eliminar el dumping social, gracias a la aplicación de las normas comunitarias en materia de empleo también a los ciudadanos de terceros países que trabajan en servicios regulares, servicios que, como se ha dicho, se caracterizan por su elevada intensidad de mano de obra. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba dos resoluciones legislativas en sendas votaciones 
Asociación reforzada UE/India 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0066/99) de la Sra. André-Léonard, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión relativa al aumento de la asociación UE-la India (COM (96) 0275- C4-0407/96) 
Señor Presidente, «Aquí termina el período de mala suerte y la India se encuentra de nuevo a sí misma. 
El acontecimiento que celebramos hoy es, en realidad, una simple etapa y brinda oportunidades que debemos aprovechar». 
Así se expresaba Nehru ante la Asamblea constituyente de la Unión India, unas horas antes de la proclamación de la independencia de la India, el 14 de agosto de 1947. 
Proseguía en estos términos, tan actuales: «Servir a la India quiere decir servir a los millones de personas que sufren; significa el fin de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la falta de igualdad de oportunidades». 
En cincuenta años, la India ha perseguido esos objetivos con determinación. 
Si bien es cierto que, desde la proclamación de la independencia, no se ha podido erradicar aún el analfabetismo, la pobreza y la enfermedad, el camino recorrido es enorme. 
En 1947, las tres cuartas partes de la población vivían por debajo del umbral de la pobreza. 
La esperanza de vida al nacer era de 32 años; hoy casi se ha duplicado, al pasar a ser de 62 años. 
El analfabetismo afectaba al 84 % de la población; hoy más de la mitad de la población está alfabetizada. 
El país dependía de la ayuda exterior en cuanto a la producción agrícola; gracias a la revolución verde del decenio de 1960, la India es autosuficiente en el plano alimentario. 
Las grandes hambrunas son ya tan sólo un mal recuerdo, aunque falte mucho por hacer para librar a muchos niños de la malnutrición. 
En materia de demografía, la realidad ha desmentido la opinión de los expertos más pesimistas de que la India no podría domeñarla. 
No obstante, las cifras demográficas revelan una población de 970 millones de personas, frente a 350 en 1947, y el Banco Mundial calcula que el número de indios llegará a ser de 1.300 millones de personas en el año 2025, con lo que superará a la población de China. 
Así, pues, el criterio demográfico es un imperativo social y económico ineludible. 
Desde el comienzo de este decenio, la India ha entrado plenamente en la liberalización, por lo que ofrece mercados enormes y espera inversiones extranjeras, que no han seguido por culpa de una política comercial proteccionista que impone derechos de aduana elevados y restricciones cuantitativas. 
Las reformas económicas y comerciales han permitido aumentar la participación de la India en la economía mundial. 
En el plano político, la India puede jactarse de ser la mayor democracia parlamentaria del mundo. 
Un nuevo gobierno, dirigido por el Bharatiya Jabata Party, ha salido de las últimas elecciones del mes de marzo de 1998. 
Desde su entrada en funciones, su Primer Ministro, el Sr. Attal Vajpayee, anunció su voluntad declarada de convertir a la India en una potencia nuclear. 
Al llevar a cabo varios ensayos en mayo del año pasado, los nacionalistas hindúes del BJP han pretendido aplicar una política nuclear autónoma y han roto con una política de reserva que se remontaba a 24 años atrás. 
Tal vez haya sorprendido a la opinión pública, pero no a los observadores internacionales. 
La consecuencia de esos acontecimientos ha sido la congelación durante varios meses de la evolución de mi informe. 
Su texto final pide que la India firme y ratifique el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP). 
Insistimos también en la necesidad que se reactive el diálogo entre la India y el Pakistán a fin de encontrar una solución pacífica para la cuestión de Cachemira; también pedimos la continuación del diálogo sobre el desarme en esos dos Estados. 
El acuerdo de cooperación propuesto emana de una nueva generación, que intenta reformular la acción exterior de la Unión Europea. 
La India fue uno de los primeros países que establecieron relaciones con la Unión. 
Desde 1973, se han firmado tres acuerdos, en los que se determinan en primer lugar las relaciones comerciales y, además, se establece un marco institucional para la cooperación económica y el desarrollo. 
La presente cooperación va mucho más lejos: propone una intensificación del diálogo político entre las dos partes, la abolición de las barreras a las inversiones y al comercio, así como medidas que favorecen los contactos culturales y el diálogo permanente con la sociedad civil. 
Otros elementos entran en dicha cooperación: la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la droga y el blanqueo de capitales. 
Yo también he centrado mi informe en la ayuda para el desarrollo, que representa el 95 % de la ayuda europea concedida a la India. 
La abolición del trabajo de los niños forma parte también de las prioridades y, cuando no se puede evitar, se recomienda un código de conducta voluntario de las empresas. 
Las mujeres, víctimas de prejuicios seculares, soportan todas las formas de explotación. 
Por lo demás, la India es uno de los pocos países del mundo que cuenta con más hombres que mujeres. 
Por eso, se ha reforzado el presupuesto destinado a la atención primaria de salud. 
La escolarización de las niñas reviste una importancia decisiva, pues los hechos demuestran que las mujeres instruidas corren menos riego de mortalidad materna e infantil. 
Persisten demasiados tópicos: asociar a la India con las chabolas, la pobreza extrema y nada más es una actitud totalmente reduccionista. 
El diálogo Europa-India permitirá- así lo deseamos- que ese país ocupe el lugar que merece en la escena mundial y la revisión de nuestra estrategia asiática para que no esté orientada únicamente hacia China. 
Aplausos 
Señor Presidente, India es, junto con China, uno de los grandes e importantes estados del continente asiático. 
Por eso celebro que la ponente haya cumplido tan bien con su tarea de fomentar la asociación reforzada con India. 
India es un poder económico emergente que atrae la inversión privada y un país adonde por ejemplo mi país, los Países Bajos, ya ha trasladado una gran parte de las actividades administrativas de las grandes empresas, por el conocimiento técnico de los indios y por el hecho de que el nivel salarial no sea tan alto todavía. 
A pesar de todo, India con su gran población sigue necesitando mucha ayuda para el desarrollo. 
Lo interesante de la India es que es un subcontinente con una cultura impresionante y es justo esa cultura la que fomenta que, en el campo de la cooperación para el desarrollo con India, el país no se haya entregado a los donantes como por ejemplo ha pasado con Bangladesh y Sri Lanka. 
India misma mantiene la dirección de esta política. Eso es bueno. 
Lamentablemente, esta mentalidad constituye también un impedimento para el país, sobre todo con vistas a una progresiva liberalización del sistema comercial indio. 
Crear un vínculo reforzado con India mediante un diálogo a alto nivel como propone la Comisión Europea, puede significar un movimiento en la buena dirección, de modo que este país, con una democracia consolidada, pueda desempeñar también dentro de la OMC un papel importante. 
A pesar de todo, India ha sufrido menos la crisis económica de Asia de lo que se preveía. 
El «Financial Times» ha publicado esta semana que la compañía india de telefonía ha reducido un diez por ciento el coste de las llamadas e incluso más las conferencias. 
Eso me parece singular. 
Por otra parte, hay muchos procesos preocupantes como ya dijo también la ponente. 
El trabajo infantil, los progresivos enfrentamientos religiosos, en parte inspirados por un cierto nacionalismo hindú, el conflicto en Kashmir y naturalmente, Presidente, el progreso nuclear. 
También son preocupantes las evoluciones en la China colindante contra las que India puede ser un contrapeso en el futuro. 
Un contrapeso entre los países de la ASEAN, China y Japón. 
Eso estaría bien. 
Es positivo que haya habido recientemente un encuentro entre India y Pakistán. 
Se pueden abordar todos estos temas en una asociación reforzada entre la UE e India. 
Presidente, como antiguo periodista y vicepresidente de la Subcomisión de derechos humanos y miembro de la asociación de amistad con India, aprovecho la ocasión para llamar la atención sobre un periodista indio desaparecido: Ram Singh. 
India prometió ya en 1997 dar información sobre este hombre desaparecido. 
No hemos oído nada todavía. 
Espero que estén presentes los diplomáticos indios, entonces tal vez puedan hacerlo ahora. 
Mi grupo parlamentario respalda la asociación y felicitamos a la ponente. 
Señor Presidente, creo que la India es un país con posibilidades de futuro. 
Me complace la voluntad que demuestra la UE para proseguir y potenciar esta asociación, que viene desarrollándose ya desde hace mucho tiempo y que, así lo esperamos, podrá seguir haciéndolo durante muchos años más. 
Muchos piensan que la India es un país extraño y difícil de comprender. 
Esto es cierto, especialmente cuando se ve con ojos occidentales. 
Sin embargo, no es éste el planteamiento correcto: es necesario ver este país desde dentro, con otros ojos. 
Sólo de esta manera es posible descubrir el carácter único de la India. 
En todo caso, yo he podido comprobar gracias a mis numerosos viajes una aceptación y una generosidad increíbles que no parecen tener límites. 
A pesar de ello, no todo lo relacionado con este país es positivo, ya que el desarrollo de India plantea también diversos problemas. 
Naturalmente, debemos intentar ayudar a India por todos los medios posibles a encontrar el camino adecuado, no con el fin de dirigir nosotros este país, sino para evitar que caiga en los mismos errores que han cometido numerosos países europeos. 
Desearía comentar aquí algunos puntos, no todos, puesto que la Sra. André-Léonard ya ha señalado numerosos aspectos de gran importancia con los que me muestro, naturalmente, completamente de acuerdo. 
Entre otras cosas, me gustaría referirme a la cooperación regional tanto dentro de este país, como entre la India y sus países vecinos. 
Efectivamente, la cooperación regional reviste una gran importancia para toda esta región y, al ser el país de mayores dimensiones, la India tiene un papel que desempeñar a este respecto. 
Así pues, la cooperación regional es de fundamental importancia si se desea resolver muchos de los problemas que actualmente se registran en esta región, como- por ejemplo- el conflicto con Pakistán y la cuestión de Cachemira. 
Además, creo que la India muestra un entendimiento y una comprensión cada vez mayores en este sentido. 
Por todo ello, el aumento de la cooperación interestatal constituye una condición previa para el desarrollo favorable de la región, tanto para la paz y el medio ambiente, como para lograr reducir las diferencias económicas y sociales que existen en esta región. 
Y, ahora, hablemos de las pruebas nucleares: a todos nos produjo una gran conmoción enterarnos de que la India, e inmediatamente después también el Pakistán, estaban llevando a cabo pruebas nucleares. 
No he oído nada tan necio de la India en mucho tiempo. 
Éste no es el camino de la cooperación y la confianza. 
Tampoco se ajusta a la imagen que me había hecho de la India, ni al país que he tenido el placer de conocer durante tantos años. 
Naturalmente, tanto mi Grupo parlamentario como yo mismo condenamos estas pruebas con armamento nuclear. 
Sin lugar a dudas, exhortamos a la India a firmar y ratificar lo antes posible los acuerdos para detener las pruebas con armamento de este tipo y el Tratado de no proliferación nuclear, así como- por supuesto- la prohibición de las minas antipersonales. 
La cuestión de Cachemira también es importante. 
En este punto volvemos de nuevo a la cooperación regional, que creo que es muy significativa. 
No cabe la menor duda de que esperamos que se llegue a un acuerdo pacífico. 
En los últimos tiempos también se han registrado avances a este respecto. 
Los primeros ministros indio y paquistaní se reunieron recientemente en el Pakistán para discutir sobre esta cuestión. 
Era la primera vez en muchísimos años que un primer ministro indio ponía el pie en el Pakistán. 
Hemos presentado también una enmienda al informe André-Léonard acerca de esta cuestión, y esperamos que cuente con el respaldo de sus Señorías. 
En este Parlamento se han abordado las libertades religiosas en numerosas ocasiones, la última de las cuales durante el período parcial de sesiones de febrero. 
Desgraciadamente, la lista de los ataques y los actos violentos que tienen lugar en la India en contra de las minorías religiosas es muy extensa. 
Y, lamentablemente, estos actos siguen sucediéndose a pesar de que la Constitución india garantiza precisamente estas libertades religiosas. 
Además, este país dispone naturalmente de otras muchas leyes encaminadas a proteger los derechos humanos. 
Cuando nos referimos a los derechos humanos, no debemos olvidar que en la India sigue vigente la pena de muerte, lo cual es indigno en una democracia. 
Por consiguiente, espero fervientemente que la India decida cuanto antes abolir la pena de muerte. 
Además, la India continúa sin firmar el Convenio sobre la tortura. 
Naturalmente, es muy importante que el país actúe con la mayor brevedad también en este sentido. 
Nos siguen llegando informes, entre otros de Amnistía internacional, acerca de casos de torturas en la India, también por parte de la policía. 
Espero que la India suscriba este convenio y que el país pueda solucionar con la mayor brevedad estos problemas. 
El Grupo de los Verdes ha presentado una enmienda que trata precisamente sobre la cuestión de los derechos humanos, habida cuenta de los numerosos casos aún pendientes de aclaración que han tenido lugar principalmente en Cachemira. De acuerdo con un cálculo estimado, existen más de ochocientos casos desde 1990. 
Resulta evidente que la India deberá realizar esfuerzos a fin de aclarar estas circunstancias. 
Por lo que respecta al medio ambiente, hay que tener en cuenta precisamente que la India dispone de energía nuclear. 
Estas instalaciones nucleares son de origen soviético, lo cual no es ninguna garantía de seguridad de cara al futuro. 
Por lo tanto, espero que sea posible entablar una mayor cooperación en el ámbito de las fuentes de energía renovables, con el fin de lograr el desmantelamiento de la energía nuclear en la India, al igual que vamos a hacer en los países de la UE. 
Las fuentes de energía renovables tienen grandes posibilidades en la India, principalmente por lo que respecta a las energías eólica y solar. 
Para finalizar, desearía señalar que el Grupo de los Verdes tiene previsto, naturalmente, apoyar esta asociación y votar a favor del excelente informe de la Sra. André-Léonard. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías. Sir Leon Brittan nos dice siempre que no hay opción substitutiva de su política de reverencias y zalemas sobre las alfombras rojas de Pekín, que no hay opción substitutiva de su política, basada en el sacrificio de la democracia, del Estado de derecho, de la libertad para los tibetanos, para los mongoles, para los habitantes del Turkestán, que no hay opción substitutiva de la negación de los derechos humanos, que no hay opción substitutiva del lao gai. 
Sí que tenemos una opción substitutiva. 
Tenemos este informe de la Sra. André-Léonard, que da ciertos pasos en la dirección correcta. 
Pero ahí está nuestra opción substitutiva. 
La India es la opción substitutiva para la Unión Europea, para su política en Asia. 
Conviene establecer una auténtica cooperación estratégica con ese gran país, de mil millones de habitantes, frente a los 1.200 millones de China. 
Es la mayor democracia del mundo, un país que, desde el gobierno del Sr. Rao, no ha tenido cambios notables con el gobierno del Sr. Vajpayee, que ha emprendido reformas económicas substanciales, ha logrado avances económicos igualmente substanciales y, aunque demasiado lentamente aún, se interna por una vía abierta al mercado mundial, hacia un fortalecimiento de sus relaciones con todos los países del mundo. 
Entonces, ¿debemos continuar siguiendo al Sr. Brittan, cuando nos dice que no hay una opción substitutiva? 
¿O debemos- la Comisión, el Consejo y nuestro Parlamento- hacer el esfuerzo de reflexionar para establecer un programa que nos permita instaurar rápidamente una relación estratégica con ese país? 
Aún falta mucho para eso. 
En Delhi tenemos una delegación de la Comisión que es totalmente insuficiente. 
Nuestro propio Parlamento no tiene una delegación especial con la India, mientras que la tiene con el imperio comunista chino y no celebra una cumbre anual Europa-India. 
Nuestro Parlamento, pero sobre todo el Consejo y la Comisión, carece en verdad de una auténtica estrategia, de medidas que nos permitan afrontar con las armas necesarias ese gran imperativo, el de contribuir a que la India avance más hacia la profundización de la democracia. 
Creo- y algunos colegas han afrontado el problema- que no hay que buscar coartadas, no hay que contar historias relativas al problema de las pruebas nucleares en la India. 
La India se dota, con razón, como hicimos nosotros ante el imperio soviético, de los medios que le permitan resistir. 
¿Por qué debemos ser tan tolerantes con la fuerza de disuasión nuclear del imperio comunista chino y chillar como lechuzas porque la India, que no tiene un problema de verdad con el Pakistán, pero sí que tiene un problema real con el imperio comunista vecino, se dote de los medios de disuasión, como lo hicimos nosotros ante el imperio soviético? 
Y, cuando la situación cambió para nosotros, cuando el imperio soviético se hundió y se alejó la amenaza, pudimos empezar a desarmarnos. 
Creo que, mientras se encuentre frente a semejante país, la India tiene el derecho legítimo a dotarse de medios que le permitan resistir ante él. 
Señorías, felicito a la Sra. André-Léonard por su informe, que integra ciertos elementos, pero ahora la pelota está en el tejado de la Comisión, en el del Consejo, para aplicar un calendario estratégico junto con el parlamento indio, junto con el gobierno indio, para que pase a ser de verdad nuestro socio preferente en Asia. 
Permítame, señor Presidente, a propósito del interesante informe de nuestra colega la Sra. André-Léonard, que me asombre el trato inferior que nuestro Parlamento suele reservar a la cuestión de nuestras relaciones con la India, si lo comparamos, por ejemplo, con el relieve de que disfrutan nuestras relaciones con China, cuando resulta que se trata de la democracia más poblada del mundo. 
¿Acaso no constituye la fijación del debate del presente informe para el final del período parcial de sesiones una manifestación de cierta desenvoltura respecto de un tema tan esencial? 
El informe que se nos presenta traza un panorama general bastante completo de la situación actual de la India, joven Estado democrático que desde hace unos años está experimentando un ritmo de crecimiento sostenido, pero donde la práctica democrática parece plantada sobre estructuras sociales extraordinariamente inigualitarias. 
La persistencia de un sistema de castas, que las autoridades políticas no han conseguido poner en entredicho, es la causa de un reparto desigual de los beneficios del crecimiento. 
Los recientes ataques contra los derechos humanos y, en particular, contra la libertad religiosa en detrimento de las comunidades cristianas, como en el vecino Pakistán, son igualmente preocupantes y tal vez nuestra ponente no los haya subrayado suficientemente. 
Por otra parte, el desarrollo económico de la India se basa aún, en demasiado grado, en una industria de mano de obra mal pagada, explotada, y que sigue recurriendo en gran medida al trabajo de los niños. 
La política comercial exterior de la Unión Europea debe contribuir a la corrección de esas derivas dotándose de los instrumentos necesarios para el fomento de un comercio equitativo. 
Debe favorecer la elevación del nivel global de los niveles de producción en la India y procurar limitar al máximo el ámbito del comercio poco escrupuloso de productos cuya competitividad se obtiene tan sólo en condiciones sociales y sanitarias inaceptables. 
Una política que se limitara a la elaboración de códigos de conducta estaría condenada a la ineficacia. 
La acción de Europa en la OMC debe ir encaminada a la consecución de los mismos objetivos. 
Las recomendaciones de la ponente relativas a la necesaria diversificación de nuestros programas de ayuda, a su descentralización, a una mayor capilaridad y a la extensión de los microcréditos nos parecen pertinentes, pues son idóneas para las estructuras sociales y geográficas de la India. 
Así, pues, si se aprueban, deberían contribuir a mejorar la eficacia de dichas estructuras. 
Señor Presidente, la India posee en casi todos los aspectos una magnitud que la convierte en un socio importante, cargado de futuro, pero también problemático, de la Unión Europea. 
El presente informe indica con claridad las prioridades y los problemas agudos así como también los problemas de más profundo arraigo. 
Acerca de las pruebas atómicas se han dicho ya muchas y acertadas cosas. 
Sin embargo, creo que la ampliación de la relación de asociación debe estar en conexión con las decisiones que se adopten en esta cuestión. 
Igualmente, es importante que la India suscriba la Convención de Otawa sobre la prohibición de minas antipersonas. 
Considero especialmente importante que en el marco de su política de asociación, en general, pero también en lo que respecta particularmente a la India, la UE debe desempeñar un papel relevante en la lucha contra la explotación de los niños. 
Las contradicciones entre la situación legal y su cumplimiento práctico en este ámbito son demasiado grandes en la India. 
También resulta estremecedor el hecho de que un pueblo con unas habilidades tecnológicas por encima de la media- pienso, por ejemplo, en el sector del software- permita que los niños sean explotados social y, también, sexualmente en proporciones aterradoras. 
Las campañas que hasta ahora ha llevado a cabo el gobierno central han fracasado ante la resistencia de la delincuencia profesional, de la corrupción y ante la ausencia de medidas de acompañamiento. 
No debe tolerarse, sin más, el extremo sufrimiento que se inflige a los niños que son prostituidos a la fuerza, especialmente en Nepal. 
En consecuencia, considero que la propuesta del apartado 44, que se aproxima a una iniciativa del Presidente Clinton, constituye un planteamiento constructivo que debería dotar de un contenido sustantivo al objetivo europeo en la cuestión de la lucha contra la explotación de los niños. 
Las empresas se deberían declarar voluntariamente dispuestas a mantener unos criterios mínimos a cambio de una indemnización, de una prima. 
La ejecución y el control demandarían algo de voluntad política y de gasto administrativo pero esto sería una señal concreta de la intención de lograr avances en esto. 
Señor Presidente, querría comenzar mi intervención refiriéndome a la India desde un punto de vista específicamente británico. 
Entre los argumentos que se han esgrimido en todo momento en contra de la participación del Reino Unido en la Unión Europea destacan el de que nuestra pertenencia en la Unión equivaldría a dar la espalda a la Commonwealth y que Europa no es más que un pequeño club de países ricos, encerrado en sí mismo y que no muestra ninguna preocupación por lo que ocurre en el resto del mundo. 
Siempre he luchado enérgicamente en contra de esta opinión, en los años sesenta y setenta, aduciendo que una de las gran ventajas de la presencia británica en la Unión Europea era precisamente que, gracias a ella, sería posible establecer una relación entre los países de la Commonwealth y el resto de Europa, con todas las ventajas que ello conllevaría. 
El informe que tenemos hoy ante nosotros es un ejemplo muy ilustrativo de lo que ha ocurrido. 
No solamente se ha beneficiado la Commonwealth de su incorporación en el Convenio de Lomé, sino que también se han instituido acuerdos de asociación específicos como el que sometemos a debate en el día de hoy. 
Desearía agradecer vivamente a la Sra. André-Léonard este excelente informe en el que se señalan de manera muy exhaustiva las numerosas cuestiones sociales y políticas con las que se enfrenta la India. 
Somos conscientes de los problemas que existen. 
El subcontinente de la India tiene un enorme potencial, si bien, como ya se ha señalado, es necesario lograr una solución a los numerosos problemas y tensiones que registra este país en sus relaciones con los países vecinos. 
Como ha quedado demostrado precisamente con esta resolución, la Unión Europea puede entablar un diálogo muy constructivo con la India, que es el mayor país democrático del mundo y que, a pesar de todos sus problemas, sigue siendo- transcurridos ya cincuenta años desde su independencia- una democracia muy estable y vibrante. 
Quisiera igualmente expresar mi agradecimiento a todos los diputados que han participado en el presente debate. 
Señor Presidente. señor Comisario, señora ponente, quiero manifestarle también, por mi parte, mi agradecimiento por el trabajo, tan completo, que usted nos ha presentado. 
La ponente indica acertadamente en su informe que en el caso de la India se trata, ciertamente, de una democracia asentada y no cabe imaginar qué sucedería en toda la región si faltase este factor estabilizador. 
No obstante, en el informe se me dan buenos consejos con demasiada frecuencia. 
Seguramente hemos de condenar, por ejemplo, los ataques de los fanáticos religiosos, pero esto lo hace también el Gobierno indio, y no debe olvidarse que políticos relevantes indios han sido ya víctimas de semejantes fanáticos. 
Por consiguiente, habría que ver como algo absolutamente positivo el apoyo a la India. 
A este respecto, me gustaría destacar dos puntos. 
En primer lugar: en una de las enmiendas se pide acertadamente que reforcemos también la delegación en la India. 
Pero ésta es solamente una cara de la medalla. 
En efecto, entonces habría que mejorar también la cooperación entre la Comisión y la delegación, pues no puede ser que los cooperantes que se encuentran in situ tengan que aguardar durante tres trimestres la primera financiación de sus proyectos y hayan de conseguir el dinero de otros proyectos o de otras organizaciones de cooperación, hasta que lleguen, por fin, los recursos de la Unión Europea. 
Pero, sobre todo, cuando se trata de cofinanciación, existen también dificultades para explicar al socio que debe efectuar su aportación aunque la parte europea sea lenta en ese punto. 
En segundo lugar: quisiera celebrar expresamente el hecho de que algunos oradores que me han precedido hayan demandado una mejor cooperación en el sector de las altas tecnologías, pues, de hecho, éstas son también para la India las tecnologías del futuro, pero en este caso deberíamos renunciar quizá a instar a la Comisión a desarrollar un código de conducta pues, en mi opinión, ésta no es su función, ya que para ello existen otras organizaciones. 
Señor Presidente, India, la democracia más grande del mundo, muestra día tras día que el fortalecimiento de las estructuras políticas, económicas y sociales realiza progresos notables. 
Nosotros, los europeos, como lo documenta nuestra nueva estrategia exterior del año 1995, tenemos un interés vital en mantener una relaciones estrechas que se basen en valores comunes, en una asociación leal, en una cooperación económica que tenga efectos directos sobre los puestos de trabajo y en la defensa de los derechos humanos. 
En mis estancias in situ, entre otras cosas en mi calidad de vicepresidente de la delegación para las relaciones con los países del Asia Meridional y la Asociación para la Cooperación Regional del Asia Meridional (SAARC) del Parlamento Europeo, he tenido ocasión de constatar la calidad de las reformas. 
Es admirable la estabilidad con que la India ha podido mantenerse en la crisis económica de Asia gracias a su potencial económico y a su capacidad de innovación. 
La reestructuración de los sistemas bancarios y de los servicios financieros y el desarrollo de la zona de libre comercio en el sudeste asiático constituirán otras tantas importantes piezas constructivas. 
Pero, como ha indicado ya la Sra. André-Leonard en su ponderado informe, nuestro diálogo no debe reducirse a los aspectos económicos. 
Es ineludible el tema del respeto de los derechos humanos como base de todos los acuerdos de la Unión Europea. 
Así, por ejemplo, la lucha contra el trabajo infantil sólo tendrá éxito, si los servicios estatales se disponen a actuar, si se garantizan unas rentas mínimas, si los padres participan en que sus niños no sean degradados a baratas y serviles máquinas de trabajo. 
Los niños han de poder acudir a la escuela para adquirir un derecho al futuro a través de la educación y de la formación profesional. 
Las cooperaciones entre las aldeas, los minicréditos para las mujeres y las iniciativas de las ONG, como por ejemplo, el mercado justo, necesitan nuestro apoyo. 
Incluso las empresas deben hacer aportaciones a través de su autocompromiso de asegurar criterios sociales. 
Una buena democracia implica también el respeto de otras actitudes religiosas. 
Es preciso eliminar la mentalidad excluyente. 
Las instalaciones, en las que las personas práctica su religión, deben ser protegidas igual que lo han de estar las minorías étnicas respecto de la violencia física y vital. 
Las palabras del Presidente del Consejo de Ministros, Vajpayee, deben verse acompañadas por los hechos. 
La asociación entre el mayor estado de la Comunidad de los SAARC y la Unión Europea debe desarrollarse a un alto nivel cualitativo a través del intercambio de jóvenes, de informaciones, incluida naturalmente la alta tecnología, a través del intercambio de redes y de un buen número de experiencias, incluso a nivel de los partidos y de los Parlamentos. 
Aplausos 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión y, en especial, en el del vicepresidente Marín, desearía agradecer calurosamente al Parlamento que haya mostrado tanta perseverancia en sus trabajos acerca de esta comunicación de la Comisión, de junio de 1996, relativa al aumento de la asociación entre la UE y la India, y todo ello a pesar de las dificultades que nos hemos ido encontrando por el camino. 
Me gustaría asimismo felicitar de manera especial a la Sra. André-Léonard, quien no ha cejado en ningún momento en su empeño por lograr un resultado positivo para este proyecto. 
Querría agradecer también a sus colegas, los Sres. Rocard y Malerba, así como a tantos otros diputados que han contribuido con sus preguntas, intervenciones, observaciones y enmiendas a lograr un resultado final de gran calidad y amplio alcance. 
Todos somos conscientes de los desgraciados acontecimientos que tuvieron lugar en mayo del pasado año, cuando la India sorprendió al mundo entero con su decisión de llevar a cabo pruebas nucleares después de casi un cuarto de siglo. 
La Unión Europea, y especialmente el Parlamento Europeo, se vieron en la necesidad de realizar un estrecho seguimiento de la situación, que, a medida que evolucionaba, iba incorporándose plenamente en el análisis de nuestras relaciones con la India. 
Esta circunstancia es la que ha motivado el retraso en la presentación final de este informe. 
En nuestra opinión, todas las instituciones de la Unión Europea reaccionaron de una manera equilibrada ante dichos acontecimientos. 
El mensaje que se envió tanto a la India como al Pakistán fue claro y simple: para la Unión Europea, el principio de no proliferación nuclear no es negociable. 
Esta posición ha quedado recogida muy claramente también en la resolución que tenemos ante nosotros. 
A la vez que hacemos hincapié en una cuestión de principios, creemos que no hay más alternativas de cara a lograr los objetivos inmediatamente prioritarios: mitigar la escalada de tensión y evitar una carrera armamentística en el subcontinente. 
A largo plazo, debemos realizar todos los esfuerzos posibles para lograr la reincorporación de la India y el Pakistán en el ámbito de la no proliferación. 
En el caso particular de la India no existe más alternativa que el diálogo. 
La India es el segundo país más poblado del mundo y hace gala de una tradición democrática orgullosa y contrastada. 
La democracia ha permitido a la India mantener su unidad, a pesar de una diversidad étnica, lingüística y religiosa mayor aún que la de la Unión Europea. 
Las sanciones habrían ocasionado un clima de frustración, potenciado los sectores radicales de la sociedad india e, incluso, cerrado aún más el paso a los esfuerzos internacionales encaminados a instaurar un sistema de seguridad mundial. 
El informe hace adecuadamente hincapié en la legitimidad de las aspiraciones que alberga India para que se reconozca este país como uno de los actores de la escena mundial. 
Pocos países en vías de desarrollo, o incluso pocos países desarrollados, podrían hacer frente a la tarea de mantener una rutina democrática sometidos a desafíos tan enormes como los que encara la India. 
Las pruebas nucleares han provocado indudablemente que el mundo entero vuelva la cabeza hacia la India, pero por motivos erróneos. 
De hecho, es muy posible que las pruebas hayan supuesto un revés para las aspiraciones mundiales de la India. 
Por el otro lado, existen aspectos de interés mundial que no pueden ser abordados con éxito sin la contribución del gigante indio. 
No voy a enumerarlos hoy aquí, puesto que han quedado recogidos de una manera muy clara en el informe. 
El nivel y la profundidad de nuestras relaciones políticas actuales con la India no reflejan aún el hecho de que la Unión Europea constituye para la India su mercado exportador más importante y, de hecho, el único que registra crecimiento, su primera fuente de inversiones y tecnología, así como su principal donante en materia de ayudas. 
Sin embargo, nos enfrentamos en las reuniones de alto nivel y en los contactos diarios con nuestros socios con el hecho de que en la India se comprende muy poco a la Unión Europea y se reconoce a duras penas el papel que ésta desempeña. 
Esta circunstancia se da a todos los niveles de la sociedad india, también en círculos gubernamentales. 
A fin de poder asentar nuestras relaciones políticas con la India sobre una base que refleje no sólo la importancia de nuestros lazos económicos, sino también la situación de la UE y de la India como actores de esta escena mundial, es imprescindible que nos esforcemos por lograr un papel más visible en este país. 
Por este motivo, me complace que el Parlamento apoye el proyecto de crear una unidad de prensa e información en la delegación de la Comisión en Nueva Delhi, tal como existe ya en otras capitales importantes. 
De hecho, parece ya que estamos ganando terreno en este aspecto. 
Nuestra decisión de mantener el diálogo tras las pruebas nucleares y de ampliar este diálogo a nuevos ámbitos está contribuyendo a destacar nuestra posición. 
El euro ha sido objeto, y aún hoy sigue siéndolo, de una gran cobertura en los medios de comunicación indios. 
Por lo tanto, acojo con gran satisfacción la propuesta recogida en la presente resolución para que el Parlamento Europeo adopte un papel más activo a la hora de mantener un diálogo constante con el Parlamento indio, así como para que disponga de los recursos necesarios con el fin de llevar a cabo eficazmente esta tarea. 
La India no es solamente una democracia desde un punto de vista nominal, sino que constituye también un elemento político vivo y vibrante, con una prensa libre y extremadamente competitiva que, en términos totales, registra las mayores tiradas de todo el mundo. 
Los indios están orgullosos de sus tradiciones y muestran una especial sensibilidad por lo que respecta a sus credenciales democráticas. 
Hemos de tener presente esta sensibilidad cuando adoptemos nuestras declaraciones, especialmente por lo que respecta a las cuestiones de los derechos de las minorías y de los derechos humanos en general. 
Este hecho no significa que no sea posible mantener un diálogo con la India sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
No solamente es posible, sino que incluso es muy deseable. 
La Comisión no deja a un lado, nunca lo ha hecho, sus responsabilidades en este ámbito. 
La Comisión está convencida de que la única manera de avanzar a este respecto pasa por un diálogo a todos los niveles, como, por ejemplo, una intensificación del diálogo entre la sociedad civil india y la UE, así como entre sus respectivas instituciones, en el que se debe incluir también al Parlamento. 
Sin embargo, no estamos seguros de que las declaraciones públicas no tengan un efecto contrario, es decir, que planteen unas mayores dificultades a este diálogo, al menos a corto plazo. 
En enero de ese año se celebró en Bruselas la 10ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE/India. 
Aprovechamos aquella ocasión para emprender de manera formal un diálogo económico de alto nivel entre la India y la UE. 
Estamos convencidos de que éste es el modo de potenciar la mutua confianza. 
La votación del informe del Parlamento sobre el aumento de la asociación entre la India y la UE tiene lugar en un momento muy adecuado. 
Desearía agradecer al Parlamento el tremendo esfuerzo que ha realizado. 
Resulta reconfortante saber que contamos con el pleno apoyo del Parlamento en esta extraordinaria aventura de construir nuestras relaciones con un gran país como es la India. 
Finalmente, he mostrado un gran interés durante las intervenciones de quienes, como el Sr. Dupuis, han destacado firmemente la necesidad de instituir una cumbre anual entre la UE y la India. 
Creo que esta propuesta merece que se le preste una gran atención, todo ello en un espíritu constructivo. 
En mi opinión, esta idea ha de basarse especialmente en dos elementos: por una parte, los mecanismos ya existentes, entre los que destaca una reunión anual de carácter ministerial a escala de la Troika, una reunión de funcionarios de alto rango, una reunión de planificadores de estrategias, consultas en el seno de los foros multilaterales y una serie de grupos de trabajo. 
A pesar del paréntesis provocado por las pruebas nucleares, hemos venido trabajando a fondo para lograr el pleno funcionamiento de estos mecanismos. 
En segundo lugar, se debe considerar la idea de mantener cumbres anuales entre la UE y la India teniendo también presente la evolución de las estructuras relativas a la política exterior y de seguridad común que entrarán en vigor en breve por medio del Tratado de Amsterdam. 
Aplausos 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Antes de proceder a la votación, me pide la palabra el Sr. Wibe. 
Señor Presidente, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 112 del Reglamento, hay quórum cuando se encuentra reunida en el salón de sesiones la tercera parte de los miembros del Parlamento Europeo, es decir, 209 diputados. 
Si miro a mi alrededor, calculo que en estos momentos estaremos presentes, más o menos, unos sesenta o setenta diputados, y que el total de miembros que se encuentran aún en la Cámara apenas pasa de los cien. 
El resto se ha ido a casa. 
En los cuatro años que llevo de diputado de este Parlamento, no hemos podido cumplir nunca las condiciones de quórum un viernes. 
Nos encontramos ahora ante un acuerdo de gran importancia. 
Creo que si lo que queremos es mostrar nuestro respeto a la mayor democracia del mundo, la india, deberíamos, por lo menos, lograr el quórum a la hora de adoptar decisiones en torno a este acuerdo. 
Éste es el motivo por el que querría que calculáramos de nuevo si contamos o no con la presencia de 209 diputados en esta sala. 
Señor Wibe, de acuerdo con el mismo artículo del Reglamento que usted ha invocado, el 112, del que sólo ha invocado una parte, para que la Presidencia compruebe si existe quórum, al menos 29 miembros de la Asamblea deben darle apoyo a usted. 
El Presidente constata que la solicitud de comprobación de quórum no cuenta con el apoyo reglamentario 
Señora Oomen-Ruijten, sobre esta cuestión no hay discusión. 
Este punto está cerrado ya. 
Si es para otra cuestión, tiene usted la palabra. 
Presidente, me gustaría hacer una observación. 
Quisiera indicarle al Sr. Wibe que incluso ayer, cuando hubo unas votaciones muy importantes, tampoco había 29 personas de su grupo parlamentario presentes. 
Por lo tanto, si se hace este tipo de observaciones, hay que procurar contar con unos partidarios, en todo caso de tu propia familia política. 
Señora Oomen-Ruijten, usted ha sorprendido mi buena fe porque ya le había dicho que, sobre esta cuestión, no se abría ningún debate. 
La presidencia tiene la última palabra y usted, señora Oomen-Ruijten, no me lo ha permitido. 
En todo caso, no vamos a continuar con esta cuestión. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Permítanme, Señorías, que me sume a su felicitación y exprese la felicitación y el agradecimiento por su trabajo a la Sra. André-Léonard. 
La UE ha de desarrollar la cooperación con la India de todas las maneras posibles con el fin de evitar que se haga uso del armamento nuclear que posee este país y para que no se disperse el frágil material necesario para la energía y las armas nucleares. 
La UE ha de exigir firmemente a la India que investigue y de curso a los casos, aún por resolver, de desapariciones en Cachemira, y que cesen las violaciones de los derechos humanos. 
Ayuda macrofinanciera a Bosnia y Herzegovina 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0097/99) del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se concede ayuda macrofinanciera a Bosnia y Herzegovina (COM (98) 0652- C4-0704/98-98/0311 (CNS)) 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el pasado miércoles tuvimos por vez primera ocasión de entablar diálogo aquí, en Estrasburgo, con representantes de los diferentes partidos del Parlamento elegido de Bosnia-Herzegovina en el marco de nuestra Delegación para la Europa meridional y sudoriental, y ello bajo la dirección de nuestra dinámica presidenta, Doris Pack. 
Este diálogo político nos ha mostrado que podemos partir de una voluntad firme de cooperación entre los parlamentarios de Bosnia-Herzegovina y nosotros y que se deposita una gran confianza en nosotros como representantes del Parlamento Europeo y, en general, de la Unión Europea. 
Hemos de estar a la altura de esta confianza y deberíamos encaminar hacia ese objetivo nuestras acciones concretas en el Parlamento Europeo, deberíamos configurar y proseguir de manera consecuente nuestra política hacia el objetivo de la paz, de la reconciliación y de la reconstrucción. 
Bosnia-Herzegovina ha ocupado en los últimos días los titulares de la prensa internacional, no sólo porque se ha pronunciado, por fin, el fallo sobre el estatus de la ciudad de Brcko. 
A partir de ahora todos los grupos de población han de ser incluidos en una administración común de la ciudad y de su circunscripción para que cesen el enfrentamiento y el bloqueo mutuo. 
La autoridad del Alto Representante ha asumido aquí una importante tarea para organizar el entendimiento, para garantizar la vuelta de los refugiados y, finalmente, para llegar a una convivencia pacífica también en esta región de Brcko. 
Por lo demás, y ésta ha sido una medida importante, el Alto Representante ha depuesto al Presidente de la República Srpska, el Sr. Poplasen, impidiendo de esta manera a las fuerzas destructivas que se agrupan en torno a Milosevic seguir bloqueando en la República Srpska la iniciada obra de constitución. 
Por consiguiente, la comunidad internacional está firmemente decidida a proseguir de manera consecuente la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina y de sus partes integrantes, es decir, de sus estados parciales, y a poner fin a las actividades de aquellos que se oponen al proceso de paz de Dayton. 
La ayuda macroeconómica para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina que hoy hemos de discutir constituye una importante pieza de mosaico en el esfuerzo de la Unión Europea por asumir la parte que le corresponde en la reconstrucción de Bosnia y de Herzegovina y por proporcionar la ayuda necesaria encaminada a la autoayuda. 
El objetivo de la ayuda financiera es el de apoyar mediante sólidas promesas de financiación el programa de reforma económica y de reconstrucción de Bosnia-Herzegovina acordado con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. 
En marzo de 1998 el FMI y el Banco Mundial establecieron ya las líneas fundamentales de un programa macroeconómico para Bosnia-Herzegovina. 
Una vez que nuestro Consejo ECOFIN dio en abril de 1998 su aprobación a esta ayuda financiera de la UE, la Comisión en la cuarta Conferencia de Donantes de Fondos- y yo la apoyé entonces como representante del Parlamento Europeo- declaró su disposición básica a otorgar a Bosnia-Herzegovina una ayuda macroeconómica que constituye aproximadamente el 50 % de la ayuda de toda la comunidad internacional. 
De ésta se concederán 30 millones de euros en concepto de préstamo y 30 millones de euros en concepto de subvenciones. 
Con la ayuda financiera que se ha propuesto, la Unión Europea quiere apoyar la puesta en práctica del programa de reforma económica, el cual contiene una serie de compromisos de tipo macroeconómico e institucional, que afectan tanto a las instituciones comunes de Bosnia-Herzegovina como también a las instituciones de ambas unidades territoriales. 
Aunque en Bosnia-Herzegovina va afianzándose una paz duradera, las estructuras del país son todavía frágiles y siguen dependiendo de la ayuda internacional. 
Ahora las medidas estructurales que han de llevarse a cabo con mayor urgencia son la reforma bancaria, la privatización y reconversión de las empresas, la reforma del sistema de pensiones y del sistema sanitario, la introducción de un sistema simplificado de aranceles aduaneros y la liberalización de la circulación de divisas y del comercio. 
Lo más importante: Bosnia-Herzegovina debe obtener ingresos propios, sobre todo, ingresos aduaneros. 
Sin embargo, el funcionamiento perfecto de los órganos del Estado, del Gobierno, del Parlamento, de la Justicia y el control de los gastos no está todavía plenamente garantizado a causa de la corrupción en la administración fiscal, del crecimiento de la delincuencia organizada y de muchos casos de fraude. 
La enmiendas de la Comisión de Política Exterior, que presento aquí, apoyan a la Comisión en esta acción y pido la aprobación de este informe. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos al Sr. Schwaiger por un informe excelente y de gran claridad. 
Resume muy bien la situación extremadamente delicada en la que se encuentra aún inmersa Bosnia y Herzegovina, a la vez que aborda los medios con que cuenta la Unión Europea para ayudar a mantener una paz aún muy frágil y para contribuir a avanzar en este anhelado proceso de cooperación democrática y pacífica entre sus distintos grupos étnicos. 
Si bien los sesenta millones de euros de esta ayuda que ahora sometemos a debate representan una suma modesta, Bosnia y Herzegovina ha venido percibiendo, como señala el ponente, grandes sumas de dinero a raíz de la devastadora guerra civil que tuvo lugar en este país, y parece improbable que continúe destinándose en el futuro una asistencia financiera de esta envergadura. 
Por lo tanto, es fundamental que se destinen estos fondos de manera muy meticulosa y que se haga un seguimiento de los mismos con el fin de garantizar que sirven para introducir las reformas necesarias de cara a alcanzar la autosuficiencia de este país. 
Con el fin de lograr este objetivo, son cruciales unas mejores infraestructuras y el funcionamiento más eficiente de una administración pública que apoye las estructuras democráticas y la continuidad de la transición hacia la economía de mercado. 
El PSE respalda todas las enmiendas a las propuestas de la Comisión que sirvan para reforzar el seguimiento del uso que se hace de los fondos en un país donde el fraude, la corrupción y la delincuencia organizada siguen desgraciadamente formando parte del legado que dejó la guerra civil. 
Las mejoras en la seguridad, el empleo y las condiciones de vida, y el reasentamiento de los refugiados y las personas desplazadas en esta parte de nuestro continente redundan en beneficio de todos los europeos. 
Así pues, se trata de un imperativo tanto moral como económico poder garantizar que la asistencia macrofinanciera se destina de la manera más eficaz posible con el fin de alcanzar estos objetivos, en colaboración con el FMI y el Banco Mundial. 
El PSE acoge con satisfacción, por lo tanto, el pleno compromiso del Parlamento Europeo en este proceso. 
Muchas gracias, señora Hardstaff. 
Señorías, ahora, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, y por el tiempo de cinco minutos.... perdón... ruego a los servicios de la Asamblea que rectifiquen lo que acabo de decir porque, efectivamente, estoy seguro de que el Sr. von Habsburg podría hablar en nombre de cualquiera de nosotros pero, en este caso, lo hace en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y tiene la palabra por el tiempo de cinco minutos, señor von Habsburg. 
Muchas gracias, señor Presidente, por el honor que me ha hecho de anunciarme como miembro de su partido. 
Nuestra amistad es tan grande que no hay barreras de partido entre nosotros. 
Señor Presidente, el Sr. Schwaiger ha realizado una vez más un excelente trabajo. 
Por esta razón, me voy a permitir decir algo sobre la dimensión política de este problema. 
En efecto, ustedes pueden ver que éste es uno de los problemas más difíciles. 
Por lo demás, aquí tenemos la mejor prueba de que tiene sentido acudir a las sesiones de los viernes. 
Cuando oigo las banalidades que se han dicho en los últimos días, debo decir que aquí hay un tema mucho más importante que la mayoría de las cosas que se han discutido. 
Hay que tener clara una cosa, que quizá el problema de Bosnia sea para nosotros uno de los más difíciles pues, en primer lugar, la crisis de Bosnia no se podía predecir. 
Ha sido un acontecimiento repentino que se abatió sobre el país de tal suerte que éste se encontró desprevenido y enfrentado a un ataque exterior directo que procedía de Serbia. 
Por lo demás, hubo otras dificultades, como lo han puesto de manifiesto los acontecimientos de Brcko, en donde, ciertamente, se ha vuelto a aplazar otro problema. 
Es muy bonito decir que se convierte a Brcko en una zona neutral cuando se había prometido claramente otra cosa, en concreto, que se seguiría la voluntad de la población. 
Está perfectamente claro que Brcko habría entrado con toda seguridad en la Federación de Bosnia y no se habría convertido en un territorio neutral, si bien esto sería mejor que si se la hubiera adjudicado directamente a los serbios, pues en Brcko apenas hay serbios. 
La mayoría estaba integrada por mahometanos y croatas que, sin duda, no querrían vivir bajo la dominación serbia. 
Hay que tener en cuenta, además, que la destitución del Sr. Poplasen como Presidente de la República Srpska ha mostrado una vez más que en la República Srpska no se ha llevada a cabo aún la limpieza que sería absolutamente necesaria para poder lograr la cooperación. 
Efectivamente, el hecho de que allí sigan gobernando en cierto sentido los viejos amigos del Sr. Karadjic es algo que envenena completamente la situación. 
Por consiguiente, nuestra tarea es, en primer lugar, ayudar realmente al actual gobierno legitimado. 
Esto significa también, naturalmente, que deberíamos dar ejemplo ayudando a este gobierno legítimo. 
Ha sido muy lamentable que justamente algunos de los casos más graves de corrupción en nuestra Comisión hayan afectado precisamente a este ámbito y quizá no se haya hecho aún lo suficiente para erradicar estos casos. 
Efectivamente, todavía no hemos puesto orden en la Comisión. 
Ya va siendo hora, precisamente de cara a esta situación. 
Finalmente y, en definitiva, es preciso reconocer algo, en concreto, que muchos de los problemas que se muestran aquí, como la corrupción, el fraude y la delincuencia, son contaminados una y otra vez de la República Srpska al territorio de la Federación. 
En la Federación, que yo he visitado con más frecuencia, reina realmente mucha tranquilidad y orden. 
Es la República Srpska la que una y otra vez introduce los desórdenes y la que sigue bajo una modalidad totalitaria de gobierno, mientras que el actual gobierno de Bosnia y también los mahometanos, los croatas e incluso los serbios creen realmente en la democracia. 
Ésta se da, en efecto, sólo que no la hemos apoyado jamás suficientemente. 
Podríamos haber colaborado muy bien con estos serbios, si nos hubiéramos decidido a no jugar continuamente con Karadjic, Vladic o como se llamen todos. 
Éste es un problema político esencial. 
Va a ser necesario exigir a nuestra Unión que no sólo practique aquí una política clara y definida de cara a la República Srpska dentro de Bosnia, sino también en Serbia. 
Tenemos que entender aquí una cosa: mientras Milosevic gobierne allí, no habrá paz, de la misma forma que en Alemania no habría habido paz jamás si a Hitler se le hubiera permitido seguir gobernando. 
Efectivamente, son aproximadamente los mismos tipos de personas. 
Hemos de decidirnos de una vez a apoyar eficazmente las fuerzas que hay en Serbia, pues a veces las hemos visto también aquí. 
Sólo entonces tendremos paz. 
Señor Presidente, desearía elogiar en primer lugar al ponente por su buen informe. 
No tengo la costumbre de felicitar por norma, únicamente cuando- como es ahora el caso- está justificado. 
Quisiera mostrarme verdaderamente de acuerdo con la descripción que ha hecho el Sr. von Habsburg de la situación política de estos países, que él conoce mucho mejor que yo. 
Así pues, se trata de instaurar la democracia en un país que se enfrenta hora a su reconstrucción tras tantos años de guerra y terror, que han destrozado a la población tanto físicamente como desde un punto de vista social. 
Se trata de introducir reformas políticas en favor de la democracia, la estabilidad, la economía de mercado y el crecimiento sostenible. 
Se trata de ofrecer unas condiciones de vida a las poblaciones de estas regiones, las cuales deben hacer frente al día a día y ocuparse, a la vez, de los refugiados y de las personas que regresan. 
Después de todas las crisis de la Comisión- fraudes, desfalcos, irregularidades financieras- a las que hemos asistido, y que han sido abordadas en esta Cámara en numerosas ocasiones, especialmente por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los programas de reconstrucción, es muy importante o, mejor dicho, ha de ser una condición previa que los recursos de estos programas se destinen verdaderamente para los fines previstos y que los esfuerzos se ajusten a las propuestas del programa. 
Para lograrlo, es necesario llevar a cabo un control adecuado del uso que se hace de los fondos. 
Habida cuenta de que, tras la guerra, en los países receptores de las ayudas se ha asentado la delincuencia y el crimen, que el fraude y la corrupción han pasado a formar parte de su vida cotidiana, creo que es aún más importante que los recursos que destinemos a estos países no se vean gravados por irregularidades de gestión ya por parte del donante. 
Es extremadamente importante para nuestra credibilidad como políticos y parlamentarios que todo esto tenga lugar con arreglo a normas aceptables. 
También es importante que cooperemos con los demás donantes de créditos y ayudas, como el FMI y el Banco Europeo de Inversiones, y que esto se haga conjuntamente con las nuevas instituciones, el sector bancario, el banco central, etcétera, de Bosnia y Herzegovina. 
Las revaluaciones y los controles revisten también una enorme importancia para que, ahora que pedimos créditos a este efecto, podamos estar informados acerca de lo que ocurre y seamos capaces de corregir las posibles irregularidades. 
También sería positivo disponer de fechas claras, por ejemplo, para la presentación de los informes. 
Estamos ante una buena propuesta, que puede llegar a convertirse en una buena reforma; todo depende de cómo se ponga en marcha, se aplique y se controle. 
Señor Presidente, estamos viendo también en los estados de la Europa central y oriental que gozan de paz que las ayudas económicas y financieras no tienen efecto si la administración y el estado de Derecho no funcionan. 
Esto es cierto, naturalmente, ante todo en un país que fue destruido por la guerra y en el que ya no hay más guerra pero en el que no reina aún la paz. 
Corrupción y delincuencia hay por doquier, incluso entre nosotros, pero mucho más, naturalmente, en un país en cuyo futuro no creen muchas personas, razón por la cual creen que deben poner sus cosas a buen recaudo antes de que todo se hunda. 
Apoyamos la corrupción y el desgobierno con manifestaciones como la de Lord Owen que ha afirmado que habría que añadir la República Srpska a Serbia. 
Así se destruye la confianza en que en el futuro exista también un país como Serbia-Herzegovina, y esto es peligroso pues puede aniquilar nuestros esfuerzos económicos y financieros. 
Por esta razón estimo que necesitamos estabilidad política, la cual implica también, ante todo, el regreso de los refugiados y desplazados. 
Lamento que hasta ahora la Comisión no me haya presentado aún estadística alguna sobre cuántos desplazados y refugiados han vuelto a su respectiva entidad territorial, a fin de que se pueda comparar con objetividad cuántos han regresado a la federación bosnio-croata y cuantos- o mejor dicho, cuán pocos- han podido regresar a la República Srpska. 
En concreto, casi nadie. 
De esa manera se podría ver claramente a tenor de las cifras cómo son las circunstancias. 
En consecuencia, solicito urgentemente que se nos presente de una vez algo semejante para valorar la situación. 
En lo que respecta a Brco la neutralización es mejor que si se la adjudicase a Serbia contra la voluntad del pueblo, pero esta neutralidad sólo puede ser una solución transitoria. 
Debe estar garantizada internacionalmente. 
Recuerda fatalmente las soluciones de corredor que existieron en el mar Báltico en la Segunda Guerra Mundial.. 
Hemos de reconocer que aún está lejano un auténtico régimen de paz para este país. 
Paso a paso hemos de intentar asegurar la estabilidad, pero hemos de reconocer que habrán de pasar años, y posiblemente decenios, hasta que haya vuelto allí una situación europea normal. 
Por esta razón, celebro el Informe Schwaiger en su actitud concreta y crítica y también por su esfuerzo por ayudar de manera concreta a las personas y por consolidar realmente allí el estado de Derecho y la administración, pues de lo contrario se producirán nuevas oleadas de refugiados, y todo el retorno de refugiados y el trabajo de reconstrucción que hemos realizado y del que estamos tan orgullosos- y en parte con razón- se verán dañados de nuevo de un golpe, si se vuelve a romper allí esta paz tan quebradiza. 
Dayton fue solamente un primer paso, fue un tratado extraordinariamente precario y en este punto debemos realizar aún mejoras considerables. 
Señor Presidente, la Comisión se congratula con el ponente, Sr. Schwaiger, de la calidad del texto que hoy el Parlamento ha de votar y le agradece su apoyo a la propuesta de la Comisión. 
La Comisión propone una ayuda macrofinanciera en favor de Bosnia y Herzegovina por un importe de hasta 60 millones de euros, consistente en un préstamo de hasta un importe de 30 millones de euros y en una contribución a fondo perdido de hasta un importe de 30 millones de euros. 
La concesión de una contribución a fondo perdido está motivada por el nivel de desarrollo de este país y requerirá una decisión específica de la Autoridad Presupuestaria. 
Para asegurar la concesión en tiempo hábil de esta ayuda y en cuanto se adopte el fundamento jurídico, la Comisión invitará a la Autoridad Presupuestaria a que examine dicha decisión con urgencia. 
Esta operación forma parte de la estrategia perseguida por la comunidad internacional de donantes y, en particular, por la Unión Europea, tras la constitución del Estado de Bosnia y Herzegovina después de la firma del acuerdo de paz de Dayton en el mes de diciembre de 1995. 
La misma está orientada a integrar, con carácter excepcional, las medidas previstas en el marco de los programas PHARE y OBNOVA. 
El objetivo específico de la operación propuesta es apoyar los esfuerzos de estabilización macroeconómica y el proceso de reforma estructural de Bosnia y Herzegovina, en el contexto del programa establecido con el Fondo Monetario Internacional. 
Asimismo, en la última reunión del Consejo sobre la aplicación de la paz que tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre de 1998 en Madrid, los Ministros reconocieron que las reformas económicas, junto con el refuerzo de las instituciones comunes, son prioridades fundamentales para garantizar el desarrollo autónomo de Bosnia y Herzegovina. 
Después de que las autoridades de Bosnia y Herzegovina concluyeran en mayo de 1998 un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, se han hecho algunos progresos en lo que a las reformas económicas fundamentales se refiere. 
Se ha adoptado una moneda común, la marka convertible, se ha aprobado un presupuesto común y los gastos presupuestarios de ambas Entidades se mantienen rigurosamente dentro de los límites de las entradas disponibles. 
En fecha 1 de enero de 1999, ha entrado en vigor un código aduanero uniforme, coherente con las normas de la Unión Europea y se han realizado avances en la armonización de los regímenes comerciales de ambas Entidades. 
Asimismo se ha ejecutado un programa del Banco Mundial para mejorar la gestión de las finanzas públicas. 
Queda, sin embargo, una agenda muy abultada de tareas a realizar. 
Se estima que los niveles del Producto Interior Bruto per cápita son claramente inferiores a los valores de antes de la guerra. 
El desempleo global se estima entre el 35 y el 40 %. 
La situación financiera exterior de Bosnia y Herzegovina sigue siendo precaria y son insuficientes los progresos realizados en ámbitos fundamentales como las privatizaciones, la reforma del sistema bancario y del sistema de pagos, la reforma fiscal. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera hacer algunos comentarios en relación con las enmiendas propuestas por el ponente. 
La Comisión apoya las enmiendas 1, 4 y 5. 
La Comisión, por otra parte, comparte las preocupaciones expresadas en muchas de las enmiendas rechazadas. 
A mismo tiempo, la Comisión considera importante proteger la eficacia en la ejecución de la ayuda, la integridad de los objetivos perseguidos y el carácter excepcional de este instrumento financiero. 
Los procedimientos de actuación han demostrado su validez en el caso de numerosas operaciones similares, administradas por los servicios de la Comisión. 
Convertir dichos procedimientos en indebidamente onerosos podría ser perjudicial de cara a la eficacia de la operación. 
Quisiera subrayar que la Comisión tiene la intención de garantizar que la ayuda macrofinanciera sea plenamente coherente y complementaria respecto a las demás formas de ayuda comunitaria a Bosnia y Herzegovina. 
En particular, la Comisión va a valerse del asesoramiento del Órgano de asistencia fiscal y aduanera (CAFAO) , financiado por la Unión Europea, y atribuirá especial importancia a la puesta en práctica de las medidas recomendadas por dicho Órgano para luchar contra el fraude y la corrupción. 
Quisiera comentar al respecto que la ayuda macrofinanciera que se presta en forma de contribución a fondo perdido y de préstamo, se ingresará en una cuenta ante el Banco Central para aumentar sus reservas en divisas y reforzar la situación de la balanza de pagos. 
La desviación y la utilización ilícita de los fondos va a resultar muy difícil en estas circunstancias, habida cuenta de que la utilización de las reservas oficiales está sometida al continuo control del Fondo Monetario. 
La Comisión toma buena nota del deseo del Parlamento de ser informado de inmediato sobre las condiciones exigidas para la concesión de esta ayuda y, en consecuencia, presentará sin demora un informe, según prevé, por otra parte, la propuesta. 
Sin embargo, para negociar las correspondientes condiciones que constituyen un elemento fundamental de la operación, es necesario cierto grado de flexibilidad y de cumplimiento de las condiciones de confidencialidad que las autoridades del país beneficiario podrían imponer respecto al alcance y el calendario de las reformas. 
La Comisión, no obstante, está en disposición de responder a cualquier pregunta que el Parlamento considere conveniente formular durante la operación y después de su ejecución. 
Según la Comisión, es asimismo fundamental proteger los objetivos de una operación dirigida a apoyar la estabilidad macroeconómica y las reformas económicas y, a dicho fin, es necesario que la ejecución de la ayuda esté bien coordinada con las instituciones financieras internacionales presentes en Bosnia y Herzegovina. 
No obstante, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que, hoy por hoy, concurren en dicha zona, la Comisión estará en estrecho contacto con la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, tal como ha venido haciendo hasta ahora. 
Por último, al igual que en cualquier otra operación comunitaria de carácter financiero, obviamente, se respetarán los principios de una gestión correcta y eficaz y de un severo control presupuestario. 
La Comisión respaldará estos principios ante el Consejo para garantizar que sean aplicados convenientemente en la decisión final. 
Señor Presidente, señor Comisario, de sus manifestaciones he deducido que ustedes aceptarán y asumirán la totalidad de las propuestas de la Comisión de Asuntos Exteriores y ahora, también, del Parlamento Europeo. 
Sólo me queda una pregunta sobre la enmienda 11 relativa al artículo 5 apartado 1 (nuevo) : ¿Se refiere esto también a la información al Parlamento Europeo del desbloqueo de la segundo tramo de la ayuda financiera? 
Creemos que sería oportuno realizar en ese ámbito un pequeño balance provisional y seguir adelante una vez que ustedes nos hayan informado, de suerte que también podamos darles luego a ustedes el apoyo subsiguiente. 
Señor Presidente, como acabo de manifestar, la Comisión apoya las enmiendas 1, 4 y 5; he subrayado asimismo que la Comisión comparte las preocupaciones expresadas en muchas de las enmiendas rechazadas, cuyo espíritu, por lo tanto, va a tener en cuenta. 
Por lo que respecta en particular a la enmienda a la que acaba de referirse el Sr. Schwaiger, es decir, la 11, la Comisión no considera oportuno admitirla como tal, no obstante, va a tenerla en cuenta en una declaración de la Comisión al Consejo de los Ministros que, como es obvio, se hará pública. 
El motivo por el cual dudamos en admitir la enmienda como tal es que el procedimiento propuesto podría implicar riesgos de cara a la eficacia de la operación. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales de carácter político y social que, hoy por hoy, se registran en Bosnia y Herzegovina, la Comisión va a mantener a los órganos competentes tanto del Consejo como del Parlamento regularmente informados acerca de la efectiva ejecución del programa de ayuda, como me parece que usted, Señoría, ha subrayado. 
Esto es lo que estoy en disposición de decirle en este momento respecto a este tema específico. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Señorías, el Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, ustedes saben hasta qué punto valoro la colaboración que todas y todos ustedes me prestan para la buena marcha y el buen trabajo, fructífero, de estas sesiones de los viernes por la mañana. 
Permítanme también, Señorías que, con sobriedad- como se dicen las cosas que se sienten -, exprese mi agradecimiento, en nombre de la Asamblea, a todos nuestros colaboradores, que han tenido una semana de trabajo muy intenso. 
Señorías, ha sido una semana en la que hemos aprobado, por un amplísimo consenso, una modificación de nuestro Reglamento. 
Es una modificación que no entrará en vigor hasta después de que todos los Estados miembros hayan aprobado las modificaciones de los Tratados en Amsterdam. 
Eso quiere decir, Señorías, que, como estamos al final de la legislatura, prácticamente hemos preparado las reglas de trabajo de nuestro Parlamento para la futura legislatura. 
Permítanme que les diga que yo he tenido la impresión de que plantábamos un árbol; de que dejábamos de mirar, por unos momentos, los trabajos cotidianos para apuntar también, con responsabilidad, hacia el futuro. 
Espero- estoy seguro, como todas y todos ustedes- que este árbol dé frutos y sombra a aquellos diputados y diputadas que, representando a la ciudadanía europea, ocuparán los escaños en la próxima legislatura. 
Antes de levantar la sesión, me ha pedido la palabra el Sr. Rübig para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, sólo quiero dar las gracias a las autoridades francesas por haber realizado un acompañamiento adecuado y ejemplar de las manifestaciones de los kurdos y de los campesinos y por haber tomado plenamente en consideración la seguridad aquí, en la Asamblea. 
Gracias a las autoridades francesas. 
Señor Presidente, no quiero dar las gracias precisamente a las autoridades francesas. 
En efecto, he tenido dos grupos de visitantes, que han sido objeto de molestias administrativas enormes. 
Han sido inspeccionados. 
Se les ha hecho pagar multas. 
La verdad es que lo que acaban de pasar mis grupos esta mañana da una idea lamentable de Europa y creo que las autoridades francesas deberían respetar el espacio Schengen y no propasarse. 
Ha sido en verdad la huelga de celo de esas autoridades. 
Protesto contra la forma como se trata a los grupos de visitantes que acuden aquí, a Estrasburgo. 
Señorías, les propongo que no abramos ahora un debate sobre esta cuestión. 
Las intervenciones del Sr. Rübig y de la Sra. Lulling quedarán incorporadas a las actas. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a las 11.35 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 12 de marzo de 1999 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el pasado 12 de marzo falleció Yehudi Menuhin en Berlín, ciudad en la que primero triunfó y a la que volvió en 1945 para defender- y fue el primer judío que lo hizo- el diálogo con el pueblo alemán. 
Era un europeo por decisión propia, que defendió a los luchadores por la libertad en la Unión Soviética, que fue el primero en proponer en la Kneset una confederación israelo-palestina, que dirigió el Concierto por la paz en Sarajevo, que luchó por el desarrollo y la inclusión de la cultura en nuestros Tratados y que trabajó con este Parlamento y con la Comisión para desarrollar un programa- el programa MUS-E- gracias al cual, en este momento, más de 3.000 niños de barrios marginales y excluidos en la Unión Europea pueden desarrollar una educación en la tolerancia a través del aprendizaje de la música, del mimo y de la expresión corporal. 
Señor Presidente, yo creo que le debemos un recuerdo a este europeo de opción y ciudadano británico, y si no pido hoy un minuto de silencio en su nombre es porque creo que él desearía que nuestros debates se desarrollaran de una manera armónica. 
Yo sé que es difícil en el día de hoy, pero creo que un recuerdo a Yehudi Menuhin es obligado en esta Asamblea. 
Vivos aplausos 
Muchas gracias, señor Barón. 
Yo creo que la Asamblea, con sus aplausos, se ha asociado a sus manifestaciones y así las trasladaremos a quien corresponde. 
Señor Presidente, yo quisiera comunicarle que hace pocos días se cometió un asalto violento seguido de asesinato en la calle Wirtz y manifestar que apoyo sus esfuerzos con vistas a la creación de una comisaría de policía, que es urgentemente necesaria y que también solicitan la población y el barrio. 
Señor Rübig, ya he enviado 2 o 3 cartas a las autoridades belgas competentes y volveré a insistir siguiendo su petición. 
Señor Presidente, hago referencia al Acta de la última sesión plenaria de Estrasburgo. 
El jueves pregunté si podrían facilitarnos información relativa al conflicto en curso sobre los intérpretes y el pago de sus honorarios. 
Tengo entendido que hoy trataremos sobre los honorarios de otro sector del personal, pero creo que deberíamos estudiar el asunto de los intérpretes. 
La Sra. Fontaine prometió que se haría circular una nota explicando la situación actual. 
¿Puede informarme si dicha nota está ya en camino? 
Señor Falconer, le agradezco que me lo recuerde. 
Este asunto ha sido tratado en la última sesión de la Mesa y hay una nota, que se va a distribuir inmediatamente para su conocimiento, que explica la situación. 
La Mesa dio instrucciones al Secretario General para que, por parte del Parlamento, se hiciese toda la presión necesaria para que este asunto quedase resuelto lo más rápidamente posible. 
El Acta queda aprobada 
Orden del día 
Se ha distribuido el proyecto de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes. 
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento, y a raíz de los acontecimientos de la última semana, propongo a sus Señorías, para nuestras sesiones de hoy y de mañana, las siguientes modificaciones del orden del día. 
Les informo que estas modificaciones son las que ya se han recogido en un corrigendum al orden del día, pero necesitamos aprobarlas formalmente. 
El Presidente da lectura a las modificaciones del orden del día 
Señor Presidente, acaba usted de mencionar como punto del orden del día, incluyendo en éste el corrigendum que se nos ha repartido, la declaración del Consejo tras la dimisión de la Comisión Europea. 
No creo que estos términos se ajusten a lo que pasó la semana pasada. 
De hecho asistimos a una dimisión- colectiva, es cierto- de los miembros de la Comisión. 
Esto es lo que costa, por otra parte, en la carta enviada por el Sr. Santer al Sr. Gerhard Schröder, carta que, preciso, está firmada individualmente por todos los comisarios. 
Creo que no conviene dar una falsa impresión a la opinión pública, dándole a entender, en particular, que se aprobó la moción de censura. 
Efectivamente se habría producido una dimisión colectiva si hubiéramos aprobado la moción de censura que yo había propuesto junto con otros sesenta y nueve diputados. 
No fue así. Por ello conviene mencionar en el orden del día la dimisión individual de los miembros de la Comisión, a fin de que no haya ningún malentendido ni concepción equivocada en la opinión pública. 
Señor Fabre-Aubrespy, creo que no hay ningún inconveniente en decir, en el orden del día, » la dimisión de todos los miembros de la Comisión Europea». 
No se trata de la dimisión de uno ni de dos miembros de la Comisión, sino de todos ellos. 
Esta dimisión es anunciada en un solo documento, aunque haya sido firmada por cada uno de ellos. 
Por lo tanto, puede hablarse de la dimisión de todos los miembros de la Comisión Europea. 
No hay ningún inconveniente en dejar el punto tal cual. 
Señor Presidente, el orden del día de mañana incluye el debate del Informe De Giovanni sobre las informaciones confidenciales con vistas al control de la Comisión. 
La Comisión de Control Presupuestario me ha encomendado que solicite en el Pleno la devolución de dicho informe a la Comisión de Asuntos Institucionales, ya que considera imprescindible volver a examinarlo a la luz del contenido del informe del Comité de Expertos Independientes, también desde el punto de vista del acceso a la información y la protección de la misma. 
Yo le ruego que someta a votación la supresión de dicho punto del orden del día y la devolución del informe a la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Ya he hablado con el presidente de dicha Comisión y ambos coincidimos en que los acontecimientos de los últimos días hacen necesario retocar el informe. 
Señora Theato, la devolución a comisión sólo puede ser solicitada por un Grupo político o por 29 diputados. 
Señor Presidente, como seguramente recordará, yo ya solicité en la sesión anterior que se concediese a los Grupos y a las Comisiones una nueva oportunidad de examinar este texto relativamente endeble y reconsiderar si es la mejor solución. 
En consecuencia, mi Grupo político respalda, obviamente, la solicitud de devolución a comisión. 
Señor Presidente, pido intervenir para respaldar esta propuesta, pues me parece totalmente fundado que, a la vista de la nueva situación, se pueda replantear un acuerdo que, a pesar de que tenía aspectos interesantes, es susceptible de ser mejorado con la nueva Comisión. 
Por lo tanto, también en nombre de mi Grupo, expreso mi plena conformidad con esta hipótesis. 
El Parlamento aprueba la solicitud de devolución del informe a comisión 
Señor Presidente, querría hacer una pregunta que pienso es compartida por muchos colegas y a la que quizá podría responder la Comisión. 
A raíz de la dimisión colectiva de la Comisión, hemos leído numerosas veces que la Comisión despachará los asuntos corrientes, es decir, no tomará iniciativas legislativas, etc., cosa que es perfectamente explicable. 
Mi pregunta es: el debate sobre la Agenda 2000, que ha sido considerado como prioritario, mediante declaraciones del Presidente Schröder y otras declaraciones, para el Consejo Europeo que va a tener lugar pasado mañana en Berlín, ¿está incluido en el concepto de asuntos corrientes? 
La Comisión es muy buena conocedora de ese expediente y me gustaría saber si lo considera, a pesar de su enorme importancia, un «asunto corriente». 
No iniciemos, en este momento, un debate sobre este tema. 
Creo que es más práctico que pidamos al Consejo, si lo cree oportuno, que nos conteste a su pregunta durante la intervención que va a tener a continuación y, en todo caso, hay un informe jurídico del Parlamento, que pongo a su disposición, sobre este mismo extremo. 
Señor Presidente, he oído que hoy y mañana van a estar presentes la Comisión, el Consejo, la Presidencia. 
Puesto que hoy o mañana, o a lo sumo pasado, se va a reconsiderar un asunto de crucial importancia como es la intervención militar en Kosovo, que puede acarrear unas consecuencias imprevisibles para la paz en general y en especial para los Balcanes, podría tomarse una iniciativa para que esas dos instituciones declarasen e informasen al Parlamento de cuál es la postura de la Unión Europea y cuál es su propia postura, para que se pueda escuchar también la opinión del Parlamento. 
Señor Presidente, se trata de una responsabilidad histórica... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Ephremidis, este no es el momento para mantener un debate sobre Kosovo. 
Para eso hay otros cauces. 
Ahora, no es posible. 
El orden del día queda así establecido 
Declaración de la Comisión 
Señor Santer, le doy la palabra para que haga su declaración. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, atravesamos actualmente uno de los períodos más difíciles de la construcción europea. 
Son momentos muy duros para mí y para los demás miembros de esta Comisión, desde el punto de vista profesional y personal. 
Ayudamos al Comité de Expertos Independientes en su trabajo y actuamos rápidamente y sin vacilación presentando nuestra dimisión colectiva en cuanto tuvimos conocimiento de sus conclusiones. 
Fue una decisión dolorosa, pero necesaria para preservar a la Comisión como institución y a la Unión Europea en su totalidad. 
Ahora hay que procurar que se saquen lecciones de esta crisis, la cual debe servir de catalizador para una reforma profunda y duradera de las instituciones europeas. 
Espero que estas circunstancias abran el camino a una Europa más transparente, más responsable y más democrática; una Europa que dé muestras de la ética pública más exigente. 
Esto es lo que los ciudadanos y contribuyentes europeos esperan de nosotros. 
He comunicado la intención de la Comisión de cesar en sus funciones lo antes posible. 
A este respecto, naturalmente dependemos de la voluntad de los Estados miembros y del Parlamento en cuanto a la designación y aprobación de nuestros sucesores. 
Hasta entonces, nos esforzaremos por garantizar una transición sin tropiezos. 
No adoptaremos nuevas iniciativas políticas, pero trataremos los asuntos en curso y urgentes. 
Respetaremos nuestras obligaciones institucionales y legales. 
Considero que va en beneficio de todas las instituciones que las relaciones interinstitucionales no se vean perturbadas. 
En cuanto al informe de los Expertos Independientes, dije desde el principio que su trabajo contaba con nuestro apoyo y que actuaríamos de acuerdo con sus conclusiones. 
Hemos mantenido nuestra palabra y reconozco de buena gana que mis colegas y yo mismo quedamos consternados al comprobar que de los casos examinados se habían sacado conclusiones tan generales y de tanto alcance. 
Señor Presidente, tal como lo han reconocido además numerosos diputados de este Parlamento, nos hemos esforzado, más que ningún otro antes que nosotros, por mejorar los métodos de trabajo de la Comisión. 
Cuando entré en funciones hace cuatro años, me puse inmediatamente a modernizar la cultura administrativa de la Comisión. 
Muchas de las reformas realizadas ya se están aplicando. 
Lamento que la agitación de estas últimas semanas no hay permitido prestar más atención a las reformas que ya hemos emprendido. 
Pero quizá sea una ley de la Historia que las crisis aparezcan no cuando empeoran las cosas, sino cuando empiezan a mejorar. 
Ahora hay que seguir avanzando y aprender la lección de los errores cometidos. 
El informe de los Expertos Independientes habla mucho de «responsabilidad». 
Es un concepto indispensable en una función pública moderna y responsable ante sus mandantes. 
Estoy convencido de que nuestras reformas están empezando a cambiar las cosas. 
La futura Comisión deberá ir aún más lejos. 
De hecho, este concepto se aplica de igual manera a todas las instituciones. 
Esto significa que es necesaria una adecuación entre las tareas que se confían a la Comisión y los recursos que se le asignan. 
Sea cual sea la presión política, la Comisión debe abstenerse de asumir nuevas tareas cuando no disponga de los recursos humanos y financieros necesarios para llevarlas a cabo. 
Señor Presidente, señoras y señores, deseo a mi sucesor, el cual espero sea designado pronto, mucho éxito en su difícil tarea. 
Y deseo que el Parlamento Europeo le dé su pleno apoyo a este respecto, por el interés supremo de nuestra Unión. 
Aplausos 
La Asamblea ha expresado claramente, con sus aplausos, lo mucho que ha valorado la dignidad con la que ha actuado a lo largo de este período. 
Gracias. 
Reacciones diversas 
Declaración del Consejo con motivo de la dimisión de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo con motivo de la dimisión de la Comisión, seguida de debate. 
Señor Presidente, Señorías, la dimisión de la Comisión en un momento en el que Europa se enfrenta a unas decisiones difíciles con vistas a su desarrollo futuro constituye una prueba difícil pero tal vez también pueda ser un choque saludable. 
El Parlamento Europeo merece, en primer lugar, nuestro agradecimiento y reconocimiento. 
Ha ejercido con firmeza sus competencias de control parlamentario y es bueno que así sea. 
Sin el comprometido esfuerzo de muchos de sus diputados de todos los Grupos políticos no habría llegado a iniciarse este proceso saludable en el que ahora nos encontramos inmersos. 
Los ciudadanos de nuestros Estados miembros esperan justificadamente que las instituciones de la Unión Europea gestionen de manera responsable el dinero de sus impuestos. 
Permítanme, no obstante, que añada también sin rodeos que la Comisión y sus colaboradores merecen asimismo nuestro respeto y agradecimiento. 
Respeto por haber asumido la responsabilidad política por los hechos expuestos en el informe del Comité de Expertos Independientes y también nuestro agradecimiento por el trabajo realizado en los últimos años por la Comisión y sus colaboradores en favor de la Unión Europea, de su profundización y su ampliación. 
Durante su mandato se han adoptado decisiones estratégicas para el proceso de unificación europea a las que la Comisión ha contribuido de manera fundamental, como en el caso de la introducción del euro o del inicio del proceso de ampliación actualmente en curso. 
Entre éstas figura no en último término la Agenda 2000. 
La Comisión todavía en funciones concluirá dentro de pocos días, así lo espero, el trabajo iniciado en este contexto. 
Europa, la Presidencia y todos nosotros tenemos que poder confiar en los próximos días en una Comisión con plena capacidad de actuar. 
La dimisión de la Comisión demuestra que en Europa comienza a configurarse, lenta pero tenazmente, una opinión pública europea y un fortalecimiento de los componentes democrático-parlamentarios. 
Yo tengo el convencimiento de que los fundamentos de la democracia han superado con ello una prueba y me congratulo de todo corazón por este hecho. 
Aplausos 
Los errores denunciables y que ahora han quedado al descubierto no deben tener, sin embargo, como resultado el descrédito global de la institución. 
La Comisión ha sido durante cuarenta años, desde que se constituyó la Comunidad Europea, la institución clave para el progreso decidido de la integración europea. 
Sobre ella recae la defensa no partidista del bien común de los quince Estados miembros y ha de seguir siendo también en el futuro el motor y la promotora del desarrollo continuado de la política europea. 
Si queremos hacer realidad los objetivos de la Unión- y esto desde luego es indudable- no debemos desacreditar a esta institución sin precedentes en la historia de nuestros Estados nacionales. 
La Unión Europea necesita- y la necesita cuanto antes- una Comisión fuerte y con capacidad de actuar. 
Lo que ahora se requiere es una reforma a fondo en todos los aspectos, ya iniciada bajo el mandato del Presidente Santer. 
También es preciso reconocer explícitamente este hecho. 
Los programas MAP 2000 para la modernización de la administración y la política de personal y SEM 2000 con vistas a un mejor control financiero constituyen pasos en la dirección adecuada. 
La autoridad de control interno de la Comisión, la UCLAF, se debe transformar en un órgano de control autónomo. 
¿Cómo debemos proceder ahora? 
Es absolutamente decisivo que la Unión Europea demuestre su capacidad de actuar en esta fase difícil. 
Con vistas al Consejo Europeo extraordinario de Berlín, esto significa que la Presidencia alemana hará cuanto esté en su mano para que sea posible alcanzar un compromiso político global sobre la Agenda 2000. 
¡Es más necesario que nunca que el resultado de Berlín sea un éxito! 
Aplausos 
Esta semana- permítanme que añada esta observación- será una de las más decisivas para Europa, pues no sólo vamos a celebrar el Consejo de Berlín, sino que lamentablemente también nos enfrentamos con un agravamiento de la situación en Kosovo. 
A lo cual se suma la dimisión de la Comisión. 
La acumulación de estas tres crisis revela también la magnitud del reto que debemos afrontar en este momento en Europa los Estados nacionales, la Comisión, el Consejo Europeo y el Parlamento, y a la vez también la magnitud de la responsabilidad que tenemos que asumir con objeto de resolver en común estas crisis. 
La ronda de visitas del Canciller federal Schröder y las deliberaciones mantenidas en el Consejo de Asuntos Generales de ayer nos han persuadido de que todos los Estados miembros desean firmemente este éxito. 
La dimisión de la Comisión no constituye un obstáculo político ni jurídico para que en Berlín alcancemos el éxito al que todos aspiramos. 
La Comisión seguirá desarrollando sus funciones, de conformidad con los Tratados, hasta que sea reemplazada por una nueva Comisión. 
Es necesario que así sea para garantizar una transición estable. 
Yo abrigo la confianza de que el Consejo de Berlín será un éxito y que la Agenda 2000 podrá quedar cerrada formalmente todavía dentro de la presente legislatura del Parlamento. 
Los contactos periódicos entre el Parlamento Europeo, la Presidencia del Consejo y la Comisión para examinar el estado de los trabajos han creado las condiciones necesarias para ello. 
Evidentemente, el Consejo Europeo de Berlín también tendrá que considerar las consecuencias de la dimisión de la Comisión. 
Sin pretender anticiparme a las deliberaciones de los Jefes de Estado y de Gobierno, que ciertamente no serán sencillas, creo que hoy es posible manifestar ya lo siguiente. Las decisiones necesarias para el nombramiento de una nueva Comisión se tendrán que adoptar en un contexto político y jurídico general difícil: transición del Tratado de Maastricht al de Amsterdam, las cuestiones constitucionales que se derivan de este hecho y, en general, el hecho mismo de que es la primera vez que nos enfrentamos con estas cuestiones. 
La Presidencia del Consejo comprende muy bien la propuesta de su Presidente, presentada con el apoyo de todos los Grupos políticos, de que el procedimiento para el nombramiento de un candidato para el cargo de Presidente de la Comisión Europea se inicie tan pronto como sea posible. 
Si se recoge esta propuesta, el Parlamento Europeo todavía tendría oportunidad de dar su conformidad al nombramiento del nuevo Presidente de la Comisión en su sesión de abril y de aprobar en el mes de mayo- lo cual no deja de ser bastante ambicioso- la designación de la nueva Comisión. 
Aplausos 
Esto plantea, por otra parte, un problema particular, a saber, el del período por el que se debería nombrar a la Comisión en un momento de tránsito del actual Parlamento Europeo al que todavía se ha de elegir, el cual según tengo entendido se constituirá el 20 de julio y a cuya decisión plenamente soberana no podemos y no debemos adelantarnos. 
Las decisiones políticas que hay que adoptar son de una enorme trascendencia política. 
Yo quiero asegurarles que la Presidencia del Consejo está interesada en alcanzar una solución rápida y constructiva en estrecho acuerdo con el Parlamento Europeo, los socios de la Unión Europea y la Comisión en funciones. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno tratarán con detenimiento este tema en Berlín después del procedimiento más amplio y también se ocuparán ya- si es posible- de la cuestión de las personas. 
La Presidencia del Consejo procurará conseguir un acuerdo político de los Jefes de Estado y de Gobierno en torno a un candidato antes de la sesión plenaria de abril del Parlamento Europeo, de manera que éste les pueda ser comunicado a tiempo para dicha sesión. 
Los acontecimientos recientes también constituyen un motivo para considerar más seriamente- más allá de la solución de los problemas inmediatamente apremiantes- cómo habrá que definir en el futuro- también con vistas a la ampliación de la Unión Europea- el modo de trabajo y la composición general de los órganos de la Unión. 
El Protocolo del Tratado de Amsterdam sobre los órganos de la Unión y las conclusiones pertinentes de los Consejos Europeos de Luxemburgo, Cardiff y Viena ofrecen el marco para ello. 
La Presidencia del Consejo presentará en breve, con vistas al Consejo Europeo de Colonia, propuestas sobre cuándo y cómo se podrían abordar las cuestiones institucionales no resueltas en el Tratado de Amsterdam y que es necesario regular antes de la ampliación. 
Sin embargo, seguramente tendremos que ir todavía más allá. 
En definitiva, es del todo esencial seguir ampliando el control democrático, que esta Cámara ha ejercido de manera tan eficaz. 
Es necesario restablecer la plena confianza en las instituciones y esta es la oportunidad que nos brinda la crisis, pues no podemos permitir que se repitan sucesos como estos. 
De lo contrario, se vería sustancialmente afectado el concepto de la unificación europea. 
En el marco de las reformas debemos considerar también el peso relativo y el papel de cada órgano en el marco de las competencias constitucionales de la Unión. 
La Comisión, con su monopolio en lo que se refiere a la presentación de propuestas legislativas, constituye un instrumento importante de la acción legislativa europea, que el Consejo suscribe finalmente junto con esta Cámara como órganos responsables. 
La Comisión también tiene asignadas tareas ejecutivas, para las cuales está legitimada por los Tratados y el Derecho derivado. 
En las reformas pendientes habrá que prestar mayor atención a la necesidad de evitar confiar continuamente nuevas tareas a la Comisión, sin poner también a su disposición los medios materiales, personales y financieros necesarios. 
Aplausos 
Yo confío en que así sabremos explicárselo conjuntamente a las poblaciones de nuestros países también durante la campaña electoral europea, pues en este aspecto yo topo- al menos en Alemania- con una cierta contradicción entre la voluntad de transferir mayores recursos al ámbito europeo- como exige una mayor ampliación de las tareas- cuando no es posible obtenerlos directamente y el debate que luego se desarrolla en mi país. 
Yo creo que si en verdad nos tomamos en serio este asunto, la consecuencia que es preciso extraer de esta crisis es que será necesario poner también a disposición de la nueva Comisión los recursos que le permitan garantizar un procedimiento como es debido. 
Aplausos 
Cualquier reforma futura deberá concentrarse en reforzar el control y la legitimación democráticos del poder ejecutivo y legislativo en el ámbito de la Unión. 
No sólo se trata de un mandato que está inscrito en las tradiciones constitucionales de todos los Estados miembros, sino que también es un requisito imprescindible para la futura viabilidad de la Unión. 
La crisis también nos brinda la oportunidad de acelerar las reformas necesarias y de darles, espero, un alcance más profundo del que se había previsto originariamente. 
¡Tenemos que aprovechar esta oportunidad en aras del interés común de Europa y podemos hacerlo! 
Aplausos 
Señor Presidente, los acontecimientos de la semana pasada han puesto de manifiesto, quizá por vez primera, la expresión de la «opinión pública paneuropea '. 
Y si en algún momento hemos necesitado una demostración del recelo con que, desgraciadamente, el público de prácticamente todos nuestros Estados miembros contempla las instituciones de la Unión Europea, esa expresión la encontramos en el suspiro colectivo de alivio e incluso, lamentablemente, en la celebración que hemos percibido en todos los Estados miembros tras la dimisión de la Comisión Europea. 
Es importante manifestar de entrada que la dimisión de la Comisión el lunes pasado no fue el resultado de que los expertos independientes hubieran declarado culpables de fraude personal a los veinte Comisarios. 
De hecho, ocurrió todo lo contrario. 
Los expertos exculparon explícitamente a los veinte de dichas acusaciones y alegaciones. 
En lo que respecta a casos de nepotismo, sólo una Comisaria fue considerada mayoritariamente culpable de favoritismo en relación con trabajos que no pertenecían al ámbito comunitario de la Comisaria. 
Se criticaba a dos Comisarios más por la falta de criterio en la contratación de amigos o familiares, a pesar de que se reconocía que se habían seguido los procedimientos correctos para la contratación, y que el trabajo que éstos habían desarrollado era de naturaleza comunitaria. 
También debemos tener claro que las acusaciones que se intercambiaron en esta Asamblea en diciembre y enero contra otros Comisarios han sido descartadas en su gran mayoría. 
Es importante que esta Asamblea sea lo suficientemente adulta para reconocer este hecho. 
No obstante, el informe fue decisivo en sus conclusiones respecto a la falta de control de la gestión por parte de esta Comisión Europea; y a la luz de las conclusiones, fue acertado y correcto que el Colegio adoptara la decisión de dimitir. 
Mi Grupo espera ahora que el grupo de Expertos Independientes complete la segunda parte de su informe sobre la estructura de la Comisión Europea. 
Hago saber que me preocupan esas voces que sostienen que el grupo de Expertos Independientes ya ha realizado su labor y que ahora debe ser disuelto. 
Quiero advertir contra esas voces. 
Dudo de sus razones y su respaldo. 
Creo que para algunos resultaría muy conveniente que se impidiera al grupo de Expertos ahondar en los pormenores de las actuaciones de las diferentes Direcciones Generales. 
Por ello pido a esta Asamblea que nos aseguremos de que se concede al grupo libertad de acción y de que se pide al Secretario General de la Comisión Europea que garantice que sus funcionarios a todos los niveles cooperan al máximo para facilitar la elaboración del informe. 
En opinión de mi Grupo, el segundo informe debe contener una revisión de mayor alcance de la cultura de la Comisión, sus prácticas y procedimientos. 
Queremos que, entre otros, analice temas como la concesión de contratos financieros y los procedimientos para los contratos del personal interino o temporal para la ejecución de programas, y que haga un seguimiento de las alegaciones de fraude, de mala gestión y de nepotismo por parte del personal. 
El grupo de Expertos Independientes no supone ningún peligro de usurpar ni tampoco de contramandar de algún modo las competencias de esta Asamblea. 
Creer eso demuestra una falta de confianza en nuestro trabajo. 
Este informe y el que siga tratan de algo muy diferente. 
Es un procedimiento y un proceso que no son desconocidos en ninguno de nuestros países y que están encaminados a analizar de vez en cuando la cultura que impregna las administraciones y a los ejecutivos de cada país. 
Ha llegado el momento de mirar al futuro. 
La Comisión Europea no tiene por costumbre dimitir. 
Después de todo, es la primera vez en nuestros cuarenta y dos años de historia que sucede algo así. 
Si queremos demostrar que la Unión Europea puede ser diferente; si queremos responder a la oportunidad que nos brinda este momento, debemos hacer un llamamiento a los Jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen en Berlín el miércoles de esta semana para que nombren inmediatamente a sus candidatos a la Presidencia de la Comisión. 
Es inconcebible que tras haber dimitido, la Comisión Europea continúe tranquilamente con sus asuntos como si nada hubiera pasado hasta el final de su mandato. 
No sólo queremos que sea sustituido el Presidente de la Comisión, queremos que se nombre a una nueva Comisión cuanto antes, que sea debidamente ratificada por este Parlamento, en función de las competencias que se nos otorga el Tratado de Amsterdam que entrará en vigor próximamente. 
Teniendo en cuenta este telón de fondo, el Consejo Europeo debería presentar un candidato con experiencia, competente, comprometido con una reforma en profundidad, con una clara visión de hacia dónde quiere ir y con un programa para llegar hasta allí, y con credenciales irreprochables. 
Lo que está claro es que el nuevo Presidente de la Comisión debe asumir no sólo la responsabilidad política de la Comisión, sino también el liderazgo político. 
Este Parlamento debe reconocer asimismo el carácter excepcional de este momento. 
No debemos entregarnos a un debate constitucional o institucional sobre procedimientos estériles y presentar obstáculos burocráticos al cambio, sino proceder al mismo sin demora. 
Si el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo lograran ponerse de acuerdo en el nombramiento de una nueva Comisión que sea capaz de demostrar su compromiso de servir a la población de Europa, ello repercutiría sobre la opinión pública europea de manera decisiva e impulsaría el rejuvenecimiento de la visión de Europa. 
Colegas, nuestra responsabilidad ahora es dirigir tres principios al Consejo. 
En primer lugar, queremos una acción inmediata que demuestre que somos conscientes del momento en que nos encontramos; y esperamos que el Consejo reconozca la oportunidad que le brinda el Parlamento Europeo a través del trabajo del grupo de Expertos Independientes. 
El primer principio es una acción inmediata. 
El segundo principio debe ser insistir en la aplicación del Tratado de Amsterdam, si va en serio o no respecto al modo en que el Parlamento ejercerá sus competencias para ratificar a la nueva Comisión; y nuestro tercer principio debe ser en favor de un candidato fuerte a la Presidencia de la Comisión Europea, a favor de un calendario para el nombramiento de la nueva Comisión y de un programa de reforma firme y claro. 
Ésos son los principios que debemos analizar en nuestras deliberaciones durante los próximos dos días. 
Estoy convencida de que ésos son los principios que la población de la Unión Europea desea como resultado de la crisis en la que actualmente nos encontramos. 
Si lo hacemos, trabajando juntos, creo que ahora tenemos la oportunidad de demostrar un futuro distinto, una Europa distinta para el próximo milenio. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me dirijo al Presidente del Consejo. Está claro, y ya lo ha visto usted, que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel excepcional en esta crisis. 
Así lo ha reconocido el Comité de Expertos Independientes. 
Desde hace más de un año, el Parlamento ha ido actuando con inmediatez sobre la base de los informes del Tribunal de Cuentas. 
No puede decirse lo mismo del Consejo. 
En el informe del Comité de Expertos se dice con tantas palabras que en todo este asunto el Consejo ha faltado a sus obligaciones. 
Interesa rememorar brevemente los hechos. 
Hace más de un año, en marzo de 1998, la Comisión de Control Presupuestario de este Parlamento, basándose en el informe del Sr. Elles, concedió una prórroga de la aprobación de la gestión de los presupuestos de 1996, solicitando a la Comisión Europea que tomara las medidas oportunas a mediados de septiembre. 
En octubre de 1998, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la independencia, el papel y el estatuto del servicio antifraude que sucedería a la UCLAF. 
A diciembre del año pasado, la Comisión aún no había sido capaz de satisfacer las exigencias del Parlamento Europeo. 
Entonces, nosotros del Grupo parlamentario del PPE, presentamos un programa de acción a ejecutar en doce meses, destinado a la modernización de la Comisión Europea para el 1 de enero del año 2000. 
Defendimos un servicio antifraude independiente, la modificación del estatuto de los funcionarios, un código de conducta para los Comisarios y funcionarios de categoría superior, la responsabilidad política individual de los miembros de la Comisión y una declaración patrimonial de los Comisarios. El Grupo socialista no mencionó ninguna de estas cuestiones de vital importancia. 
Votó a favor de la aprobación de la gestión. Posteriormente presentó una moción de censura que de hecho venía a ser una moción de confianza. 
Prolongados aplausos en el lado derecho del hemiciclo 
En enero de 1999 pedimos a la Sra. Cresson que asumiera su responsabilidad política y que dimitiera de su cargo. 
También fue rechazada dicha petición y a continuación se creó el Comité de Expertos Independientes. 
Admito que la mayoría de mi grupo no votó a favor de ello. 
Pero, y atiendan bien Señorías, el Comité de Expertos ha corroborado y ampliado los resultados de la Comisión de Control Presupuestario, confirmando los puntos de vista que ya habíamos adoptado aquí en este grupo popular. 
Afortunadamente no puede reprochárseles a los Comisarios ni actuaciones fraudulentas, ni afán de lucro personal; pero ahí está el mortífero pasaje del informe de los expertos, el párrafo 9.9.2. 
El argumento esgrimido por los Comisarios de que no estaban al tanto de los problemas que con frecuencia si eran conocidos, incluso en los más altos escalafones oficiales de sus departamentos, equivale de hecho al reconocimiento de que las autoridades políticas ya no tienen el control sobre la administración que se supone que ellas dirigen. 
De tal pérdida de control son altamente responsables en primer lugar, tanto los Comisarios individualmente como la Comisión en su conjunto. 
Gracias a este informe del Comité de Expertos Independientes se ha tomado conciencia de aquello que muchos presentían de forma inconsciente desde hacía años. 
La Comisión actual se ha topado también con la responsabilidad tomada por la Comisión anterior. 
En el informe del Comité de Expertos Independientes están los datos: 1990: el turismo; a partir del año 1992: los programas para el área mediterránea, las ayudas humanitarias, la formación a través de los programas Leonardo da Vinci, la seguridad. 
El Comité de Expertos dice que los órganos de control forman una maraña, que el procedimiento es excesivamente largo y que la política de personal es como una máquina fuera de control. 
Celebro, Señorías, públicamente en este Parlamento la integridad personal del Presidente de la Comisión Jacques Santer. 
Deseo expresar desde aquí que los resultados políticos de esta Comisión han sido impresionantes: la moneda única, el empleo, los preparativos para la ampliación y la preparación de la Agenda 2000. 
Deseo dar testimonio de que las reformas propuestas por el Sr. Santer, entre ellas los códigos de conducta, fueron reformas admirables. 
Sin embargo, la citada frase del informe de los expertos independientes ha sido decisiva y por lo tanto expresamos también nuestro aprecio por el hecho de que haya aceptado usted las consecuencias políticas que se derivan de dicho informe. 
¿Y ahora qué? 
Yo le digo a la Sra. Green: estamos dispuestos a dejar que el Comité de Expertos trabaje hasta el mes de abril, siempre que podamos evaluar su trabajo en nuestro último periodo de sesiones del mes de mayo. 
Volveremos sobre este punto más tarde en la Conferencia de Presidentes. 
En segundo lugar, y nuevamente me dirijo al Presidente del Consejo, la propia Comisión ha dicho en una declaración del 17 de marzo: Instamos a los Estados miembros a que nombren sin demora una nueva Comisión. 
Le pedimos que nombre en Berlín al nuevo Presidente de la Comisión y que en todo caso se forme una nueva Comisión antes de las elecciones europeas. 
Esa Comisión, independientemente de si se aplica el Tratado de Maastricht o el de Amsterdam, deberá permanecer en funciones hasta enero del año 2000. 
Posteriormente, y espero que sea después de las elecciones europeas, se tomará una nueva decisión en la conferencia de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros. 
Deseamos el comienzo inmediato de las reformas. 
No nos hacemos ilusiones. 
Las reformas necesitarán años, pero debe comenzarse desde ya. 
Deseamos que en esa nueva Conferencia Intergubernamental que anuncia usted se incluya también la responsabilidad política individual de los miembros de la Comisión. 
Y que las medidas que venimos pidiendo desde que comenzaron los debates bajo la Presidencia de la Sra. Theato y con el Sr. James Elles como ponente en el mes de 1998, que todo aquello se convierta ahora en realidad. 
Se necesitará tiempo pero ha llegado el momento de restaurar la confianza. 
Necesitamos una Comisión fuerte. 
Es la guardiana de los Tratados. 
Necesitamos una Comisión que rinda cuentas. Que rinda cuentas ante el Parlamento. 
Necesitamos una Comisión que, tal y como establece el Tratado, sea independiente, más que nunca, y sobre todo que persiga el interés general de la Unión. 
Muchos hablan, incluso aquí en esta Asamblea, de lo que es bueno para su país. 
¿Quién habla del interés común, del bien común de la Unión Europea? Esa Unión Europea que actualmente se ve sumergida en una profunda crisis. 
Una crisis que puede constituir un reto, que es un reto, no sólo para la nueva Comisión, sino también para todos nosotros. 
Intentemos convertir esta crisis en un auténtico reto e insuflar nueva vida a la Unión Europea. 
Aplausos del Grupo del PPE 
Señor Presidente, ésta ha sido una semana sin precedentes debido a la dimisión en masse de la Comisión Europea. 
Dicha dimisión se produce a raíz del informe condenatorio del Comité de Expertos Independientes de la Comisión como administración que en demasiados casos escapaba a todo control y como sistema en el que eran muy pocos los que estaban dispuestos a asumir la responsabilidad personal y la responsabilidad por el modo en que dirigían los asuntos públicos. 
Creo que el Sr. Jacques Santer es un hombre honrado. 
Su Comisión ha cosechado toda una serie de logros positivos y estratégicos. 
El lanzamiento del euro, la conclusión del Tratado de Amsterdam, la preparación de la Agenda 2000, el inicio de las negociaciones de ampliación. 
En parte, la Comisión Santer, irónicamente, se ha convertido en víctima de su propia voluntad de investigar el fraude y la corrupción en el seno de la Comisión. 
Y en parte, ha sido víctima del aumento caótico, mal controlado y, en ocasiones, descontrolado, de las responsabilidades durante la era Delors. 
En última instancia, sin embargo, esta Comisión es la causante de su propia desaparición. 
Con el modo en que ha llevado los asuntos con esta Asamblea durante los últimos doce meses, Jacques Santer, de modo infalible, aunque sin ser consciente de ello, ha conducido a la Comisión hasta la crisis de la semana pasada. 
En todos los momentos críticos durante dicho período motivó a la Comisión a ofrecer a esta Asamblea soluciones que, de haberlas ofrecido al inicio de cada fase, podrían haber sido válidas. 
Al final, y siempre en esa fase, resultaron ser demasiado poco y demasiado tarde. 
Jacques Santer ha pagado sus errores políticos con el más alto precio político y junto con él, han dimitido sus colegas. 
Aunque ésta ha sido una semana difícil para la Comisión Europea, ha sido una buena semana para la democracia europea. 
Para el Parlamento, todo este debate ha supuesto alcanzar la edad adulta, una nueva madurez en el entendimiento de nuestros derechos democráticos y de nuestra capacidad y nuestro deber de actuar en interés general a la hora de hacer valer dichos derechos. 
El sistema de gobierno en la Unión Europea debe estar sujeto a un mayor control democrático y a la obligación de rendir cuentas. 
Creemos que hemos dado un nuevo paso irreversible en este proceso. 
Cabría añadir que nunca habríamos dado dicho paso de haber seguido los indulgentes consejos de un falso sentido de confianza que recomendaban algunas voces en esta Asamblea el pasado diciembre. 
Por su parte, el Parlamento Europeo ya no volverá a estar dispuesto a hacerse pasar por un interlocutor inexperto en la toma de decisiones comunitarias. 
No se trata de que el Parlamento sea el primero entre iguales, sino que a partir de ahora, esté en pie de igualdad con los demás. 
Ahora nos encontramos en el proceso de crear una norma comunitaria nueva, mínima y aceptable para la gestión de los asuntos públicos y de las instituciones comunitarias que no permita hacer excepciones culturales. 
Contratar al dentista personal para que realice un trabajo, cuando menos, de dudoso valor comunitario no es admisible. 
Ahora, señor Presidente, permita que un angloparlante se exprese en francés para proponerle enriquecer la lengua de Molière con un nuevo concepto típicamente europeo: el «berthelismo» , consistente en beneficiarse de un empleo ficticio a expensas del dinero de los contribuyentes europeos. 
Los inmortales de la Academia francesa podrían inmortalizar así en el diccionario esta palabra que los puristas no podrían calificar de «franglés». 
Y yo, además, no habría osado jamás semejante provocación con respecto a los inmortales de la Academia. 
La semana pasada, se sancionó a una Comisión algunos de cuyos miembros habían emprendido la vía de la berthelización, y en el futuro estaremos siempre dispuestos a denunciar a una Comisión que se vea de nuevo afectada por el síndrome de Berthelot. 
El Berthelismo, naturalmente, señor Presidente, no es exclusivo de las altas esferas de la Comisión Europea. 
El Parlamento Europeo debe aprovechar esta ocasión para poner orden en su propia casa. 
Somos vulnerables en la cuestión de los nombramientos de cargos de alto nivel. 
Seguimos siendo vulnerables en la cuestión de las dietas por desplazamiento hasta que el sistema sea revisado radicalmente. 
Aún no somos todo lo transparente que podríamos ser o deberíamos ser respecto a los gastos de nuestros respectivos Grupos y a los gastos colectivos con cargo a los fondos públicos. 
Esta institución no puede exigir a otras instituciones algo que no nos exigimos a nosotros mismos. 
La creación de nuevas normas comunitarias de comportamiento para el desempeño de las funciones debe aplicarse con igual vigor y convicción al Parlamento Europeo que a la futura Comisión. 
El Grupo ELDR toma nota de la crítica implícita al Consejo en su papel como uno de los dos brazos de la autoridad presupuestaria por no haber concedido la debida atención a los informes críticos elaborados por el Tribunal de Cuentas sobre la política de turismo de los programas MED y ECHO. 
El hecho de que el Consejo no haya asumido su responsabilidad política debería servir de advertencia para que se adopte una cierta modestia en algunas de nuestras capitales que parecen proclives a considerar los fallos revelados estos últimos días como la creación casi exclusiva de la Comisión Europea. 
En este sentido, observamos con preocupación la relativa facilidad con que el Consejo aprobó la gestión de 1996 y observamos con profundo pesar que el mismo día de la publicación del informe del Comité de Expertos Independientes, el Consejo diera su aprobación, prematura en nuestra opinión, de 1997. 
No resulta un ejemplo muy alentador de responsabilidad en acción. 
La cuestión fundamental ahora es qué hacer a continuación. 
El Grupo ELDR cree que una Comisión provisional dirigida por Santer ha perdido su autoridad política y moral para actuar y que, por tanto, debe abandonar inmediatamente sus funciones y ser sustituida por una Comisión interina para lo que queda de su mandato. 
El nombramiento de la Comisión del nuevo milenio, previsto para el próximo mes de junio, creemos que corresponde al nuevo Parlamento con un nuevo mandato, con nuevos equilibrios políticos y con nuevos poderes en virtud del Tratado de Amsterdam. 
Los actuales Tratados ya prevén un modo de actuar; y si el Consejo desea añadir a este modo el espíritu de Amsterdam, podemos proceder a nombrar una Comisión interina por esa vía. 
Pero permítanme que deje claro que el nuevo nombramiento del Sr. Jacques Santer o de la Sra. Edith Cresson o algunos otros en la Comisión interina no sería aceptable para el Grupo ELDR a la luz de los recientes acontecimientos. 
Dichos nombramientos entrañarían el riesgo de provocar crisis aún más profundas. 
Por nuestra parte, el Grupo de los Liberales ha sostenido coherentemente las ventajas de la responsabilidad individual dentro del colegiado. 
En este sentido, hacemos una distinción entre los integrantes de la Comisión saliente. 
Estamos dispuestos a juzgar a cada uno por sus propios méritos en la medida en que creemos que no todos eran personalmente responsables de la ineptitud o incompetencia de algunos. 
Permítame decir al Presidente en ejercicio que me gustaría aprovechar esta oportunidad para, en nombre de mi Grupo, expresar mis mejores deseos para el Consejo de Berlín y afirmar que esperamos que realice los objetivos de la Agenda 2000, que son ahora más necesarios que nunca. 
Pero permítame decir también, para terminar, que en lo relativo al nombramiento de una Comisión interina y de la futura Comisión Europea, mi Grupo, que ha estado en primera fila a la hora de criticar a la actual Comisión, desea dejar perfectamente claro que deseamos una Comisión política fuerte e independiente; y cualquier posible intento de debilitarla en un futuro chocará contra la resistencia en términos parlamentarios. 
La Comisión necesita una reforma y la Unión necesita una Comisión fuerte, independiente y políticamente reformada. 
Señor Presidente, Señorías, las graves disfunciones observadas en la gestión de algunos sectores de actividad de la Comisión y puestas de manifiesto por el informe del Comité de Expertos Independientes, han llevado al Colegio de comisarios a presentar su dimisión colectiva, de conformidad con el espíritu de los Tratados. 
Es una decisión responsable y valiente. 
Esta dimisión colectiva sin precedentes, aun cuando la Comisión Santer pueda enorgullecerse de éxitos indiscutibles, como los preparativos y las medidas de apoyo para la introducción de la moneda única en la fecha prevista, crea una crisis institucional grave, que va mucho más allá de la simple inculpación en este asunto de algunas personas, comisarios o funcionarios europeos. 
La mayoría de los hechos comprobados, que han desembocado en los patinazos injustificables que ha puesto en evidencia el informe, tiene su origen en la gestión de la Comisión anterior, la cual, por su parte, no ha sido sancionada. 
Señorías, les invito a este respecto a que vuelvan a leer el capítulo del informe de los expertos independientes dedicado a la Oficina de Seguridad, creada en 1990 y directamente dependiente del Presidente de la Comisión en aquella época. 
De una manera más general, hemos de lamentar que todas- y digo bien todas- las instituciones de la Unión hayan sucumbido a una cierta forma de bulimia, que ha llevado a ampliar considerablemente varios ámbitos de intervención: ayudas estructurales regionales, intervenciones exteriores, programas MED, PHARE, TACIS, ayuda humanitaria de emergencia, programas de restructuración de la antigua Yugoslavia, adaptación de las centrales nucleares del Este a las normas- y esta lista, por desgracia, no es exhaustiva- sin que se hayan adaptado las estructuras y procedimientos administrativos para hacer frente a estas nuevas competencias y sin que se haya establecido un control financiero digno de este nombre. 
La responsabilidad de esta desviación no corresponde sólo a la Comisión, sino también al Parlamento Europeo y al Consejo, que no sólo han aceptado el aumento del radio de acción de la Comisión, sino que a menudo lo han solicitado. 
Por lo tanto, lo que hay que acometer ahora es una reforma de conjunto de todo el edificio institucional. 
¿Cómo salir de la crisis institucional? 
De forma prioritaria, es preciso acelerar el proceso de reforma de las instituciones, problema que, desgraciadamente, fue desechado al negociar el Tratado de Amsterdam. 
Esta reforma condiciona asimismo la ampliación. 
Conviene fijar ya un calendario vinculante y una fecha tope, que podría ser el 1 de enero del 2002. 
Después, hay que aprovechar la ocasión de la designación de un nuevo Presidente y una nueva Comisión para conseguir centrar otra vez las actuaciones de esta institución en sus competencias básicas, según están definidas por los Tratados, con un estricto respeto del principio de subsidiariedad. 
También parece deseable organizar la transferencia de las competencias de gestión a los Estados miembros y a los Estados asociados con los que la Unión Europea ha firmado acuerdos de asociación, aumentando las competencias de control, más que de administración directa, de los órganos comunitarios. 
Finalmente, el nuevo Presidente de la Comisión deberá comprometerse a un programa de actuación que vaya en esta dirección y defenderlo ante el Parlamento Europeo, del que debe recibir la aprobación. 
El nuevo Presidente de la Comisión, a la cabeza de un nuevo equipo, deberá hacer limpieza dentro de la institución, es decir, podar todas las ramas muertas y llevar a término los expedientes disciplinarios y procesos penales derivados de los casos de fraude o corrupción descubiertos. 
Hay actualmente 28 direcciones generales y oficinas, sin contar los organismos descentralizados. 
Es demasiado y su número debería reducirse de forma apreciable, pues cada uno constituye un feudo. 
Hoy no se trata de crear nuevos puestos de funcionarios europeos, sino simplemente de reformar, con un objetivo de eficacia, los procedimientos de gestión. 
Por último, las reformas de fondo, preconizadas por el Comité de Expertos Independientes y el Tribunal de Cuentas, deberían ponerse en marcha inmediatamente. 
Primero, instaurar un control financiero eficaz e independiente, que aplique estrictamente el reglamento financiero, con unos mecanismos de auditoría fiables. 
Segundo, debería crearse un organismo interinstitucional- Parlamento, Consejo, Comisión- que se encargara de hacer un seguimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que denuncian el mal uso de los créditos comunitarios. 
Tercero, introducir un procedimiento de adjudicación de contratos que sea totalmente transparente y recurra a verdaderos profesionales. 
Para evitar las tentaciones de corrupción a menudo frecuentes, ese personal se tendría que renovar con regularidad, lo que no ha ocurrido hasta ahora. 
Cuarto, reformar los procedimientos de contratación a fin de evitar los concursos a medida, que facilitan el nepotismo y el favoritismo. 
Todas estas medidas se han de poner en marcha lo antes posible. 
Sin embargo, el Tratado de Amsterdam, que deberá entrar en vigor el 1 de mayo, ha modificado los procedimientos de confirmación del Parlamento Europeo. 
Por ello sería deseable no anticipar el procedimiento antes de esa fecha. 
Por otro lado, también sería políticamente preferible que fuera la Asamblea elegida en junio la que ejerciera estas nuevas competencias, lo que podría llevarnos a adelantar la fecha de la sesión constitutiva de julio. 
Corresponde finalmente al Consejo y al Parlamento, es decir, a las instituciones políticas de la Unión, actuar en estrecha concertación para que, de la crisis actual, salga una Unión Europea reforzada en sus estructuras y nuevamente legitimada en su actuación. 
Esperamos que los gobiernos no se sustraigan una vez más a su responsabilidad histórica de reformar el conjunto de las instituciones europeas para hacerlas más democráticas y eficaces, con el fin de responder a los desafíos de la ampliación y la mundialización, que son hoy en día los motores principales de la construcción política de la gran Europa. 
Aplausos del Grupo UPE 
Señor Presidente, estamos, sin duda, ante la crisis institucional más grave que haya conocido la Unión Europea. 
La responsabilidad de lo ocurrido recae, en primera instancia, sobre la propia Comisión Europea, pero también recae sobre los gobiernos de los Estados miembros que, desde finales de 1994, no han dado los medios suficientes a la Comisión. 
Y también recae sobre el Consejo que, en esta crisis, ha estado totalmente ausente. 
La Comisión ha fracasado precisamente en el objetivo trazado por su Presidente al inicio de su mandato: actuar menos para actuar mejor. 
Si esta crisis contribuye al nacimiento de una opinión pública europea y sirve para reforzar la transparencia, se habrá dado un paso en el buen sentido: que la Unión Europea sea más democrática. 
El Parlamento Europeo sale de esta crisis con una autoridad reforzada como institución representativa de los ciudadanos. 
Sus competencias legislativas han progresado con los sucesivos Tratados y, en esta ocasión, su poder de control se ha afirmado de forma notable pero, al mismo tiempo, el Parlamento ha adquirido una nueva responsabilidad que tendrá que usar con mucha sabiduría. 
El Comité de Expertos Independientes ha detectado irregularidades de las que ha responsabilizado a algunos Comisarios y, políticamente, al conjunto de la Comisión y, aunque se reconoce la discordancia entre los objetivos y los medios asignados para su realización, no se justifican la falta de dirección política y la mala administración, ya reveladas por la crisis de las «vacas locas». 
Agradecemos la coherencia de que ha hecho gala la Comisión Europea presentando su dimisión. 
Los que hemos sido muy críticos con su gestión, hoy, lejos de cualquier demagogia, debemos ser respetuosos con las personas y con la decisión que han tomado. 
Pero hay que mirar al futuro. 
La opinión pública no aceptará que las cosas sigan como antes, los ciudadanos no apoyarán el proyecto europeo si no hay confianza en las instituciones que lo representan. 
No se puede reducir el problema a la búsqueda de un hombre providencial o de un superpolítico; tan importantes como las personas- que lo son -, son también los métodos, el programa y los objetivos. 
La Comisión debe seguir desempeñando su papel crucial en el equilibrio institucional europeo como defensora del interés común. 
Necesitamos una Comisión plenamente capaz y responsable. 
La futura Comisión tendrá que mejorar sus procesos de toma de decisiones, porque una buena ejecución de las políticas no es sólo una tarea administrativa, es una tarea esencialmente política. 
La Comisión debe potenciar valores de transparencia y de responsabilidad ante los ciudadanos. 
Y debe facilitar al Parlamento toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones de control, base necesaria para una confianza recíproca y una colaboración eficaz. 
Quiero dirigirme al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Deseamos, desde el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que la nueva Comisión sea nombrada en el plazo más breve posible, con el fin de responder a las aspiraciones de los ciudadanos europeos y de hacer frente a los retos de los próximos meses, impulsando la creación de empleo y defendiendo el principio de solidaridad interna en el marco de la Agenda 2000. 
Nuestro Grupo ha reclamado el nombramiento inmediato de una nueva Comisión. 
Por eso, coincidimos con el Sr. Fischer en que el Consejo Europeo de Berlín proponga un procedimiento y un calendario precisos para el nombramiento de la nueva Comisión. 
También les pedimos que aprueben rápidamente un estatuto del diputado europeo, logrando transparencia para todos, empezando por nosotros mismos, los miembros del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, les deseamos que acierten en su propuesta. 
No daremos el voto de investidura a un Presidente sin programa ni a una Comisión sin objetivos. 
Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente del Consejo, Señorías, hace ya más de un año que este Parlamento pide transparencia, sobre todo transparencia financiera. 
Desde hace más de un año, el Parlamento ha tenido que luchar para obtener de la Comisión la información a la que tiene derecho a tenor del Tratado. 
La experiencia ha sido que obtuvimos la información a cuentagotas, tarde y muchas veces incompleta. 
Si volvemos la mirada hacia atrás sobre esta última legislatura, está claro que de todas las instituciones europeas ha sido el Parlamento Europeo el que más esfuerzos ha realizado para hacer salir a la luz los problemas reales y fundamentales de mala gestión, fraude y nepotismo. 
Con acierto, el Parlamento se ha mostrado dispuesto a aceptar la confrontación. 
Si en este último mes de diciembre hubiésemos cedido ante la amenaza de la Comisión, o si hubiésemos seguido al grupo socialista con la aprobación de las cuentas de 1996, hoy no estaríamos en el punto donde nos encontramos y donde de forma absoluta teníamos que llegar. 
El informe de los expertos independientes confirma básicamente lo que la Comisión de Control Presupuestario ya había sacado a la superficie en varios de sus informes. 
Confirma algunos informes críticos del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Asimismo da la razón al funcionario Paul van Buitenen quien fue suspendido en sus funciones inmediatamente por la Comisión y quien ha sido tratado con extremada dureza. 
Aplausos del Grupo de los Verdes 
Sin embargo, el problema básico que ha sido puesto sobre el tapete en el informe es la falta de una responsabilidad colegial real- y no ficiticia- por el funcionamiento del colegio en su conjunto. 
Ese problema es el que debe ser tratado ahora. 
En ese sentido lamento que las primeras reacciones de la Comisión, que se conocieron la semana pasada, fueron muy a la defensiva y de fuerte rechazo. 
En cuanto a eso, como Parlamento ya habíamos tenido alguna experiencia parecida a lo largo de estos últimos años. 
Así pues, efectivamente nos encontramos en una situación difícil, un momento de crisis, pero una crisis de la que las instituciones europeas pueden salir refortalecidas. 
En este sentido, opino que ya puede verse un primer resultado. 
Ha sido la primera vez que se ha podido observar como en los quince países de la Unión Europea surge un debate con la participación ciudadana sobre cómo se ve a la Comisión, cómo se ve al Parlamento, y qué es lo que se espera del Consejo. Y esto es algo nuevo y muy importante para el futuro. 
Por tanto, opinamos que en efecto es fundamental que el Consejo elija cuanto antes un nuevo Presidente de la Comisión y que éste, aún antes de las elecciones, pueda presentarse con un nuevo equipo ante el Parlamento. 
En nuestra opinión, el nuevo Presidente ha de ser una figura europea fuerte, con visión y con capacidad de gestión, para que pueda introducirse una reforma aún en el tiempo que nos queda de 1999. 
Para nosotros, esa reforma debe incluir ante todo los siguientes elementos: un conjunto claro de instrumentos de control, un puente sobre la profunda fisura que existe entre el control político y la ejecución real de los programas, un correcto estatuto del funcionario europeo que le otorgue el derecho de hablar, y el desarrollo de una cultura de debate abierto entre las instituciones y el público europeo. 
Por último, opinamos que es crucial que se produzca la rehabilitación del Sr. Van Buitenen. Él desempeñó su papel como funcionario europeo. 
Naturalmente, el Sr. Cox tiene razón cuando dice que también el mismo Parlamento debe poner orden en sus propios asuntos. 
Pero quiero decir que aquí hemos de hablar desde nuestro cometido institucional de control y que en ese sentido es nuestra responsabilidad llevar a cabo el pleno control sobre el poder ejecutivo, es decir sobre la Comisión. 
Aplausos del Grupo de los Verdes 
Señor Presidente, mi intervención va dirigida esencialmente al Presidente en ejercicio del Consejo, porque él es ahora el único patrón a bordo, bueno, casi el único, tras la dimisión de los miembros de la Comisión y la marcha del Sr. Jacques Santer, a quien doy mi saludo. 
Por desgracia, el Sr. Joschka Fischer nos ha dejado, sin duda por falta de tiempo. 
Hay que decir que su tarea es pesada, muy pesada, porque debe a la vez hacer progresar la Agenda 2000 consiguiendo que la cumbre de Berlín sea un éxito y poner en marcha una nueva Comisión. 
Acerca de este último punto, nos hallamos en una absoluta contradicción. 
Contradicción entre el deseo del Parlamento de reducir todo lo posible el cuasi-vacío de poder al que asistimos desde hace una semana, y nuestra voluntad de respetar, para elegir a la nueva Comisión, los procedimientos más minuciosos y más respetuosos de las prerrogativas del Parlamento, es decir, los procedimientos resultantes del Tratado de Amsterdam, que son necesariamente largos. 
Contradicción entre el deseo de cambiar a toda la Comisión saliente, para pasar la página, y el deseo de garantizar la continuidad de los principales asuntos en un período especialmente denso y delicado, lo que, evidentemente, se vería facilitado si algunos comisarios pudieran seguir ocupándose de las mismas cuestiones. 
A estas contradicciones se añaden los sentimientos contrapuestos que experimentamos unos y otros. 
Para nuestro grupo es muy importante que el Parlamento haya desempeñado el papel político que le corresponde. 
Lo ha hecho a veces con vacilaciones, pero lo ha hecho. 
Sale fortalecido de ello. 
Supone un avance en la democracia. 
Pero al mismo tiempo, necesitamos unas instituciones europeas fuertes y, sobre todo, una Comisión fuerte. 
Por ello tenemos que encontrar el camino, evitando por un lado la excesiva tolerancia, la negligencia y el derroche y, por otro, la denigración sistemática y malsana. 
Es principalmente el Consejo el que ha incrementado de forma considerable las tareas de la Comisión sin darle los medios para hacerles frente. 
Ha descuidado gravemente la intendencia. 
Aquí una vez más, como acaba de decir el propio Presidente del Consejo, tendremos que salir de la contradicción que consiste en querer hacer más cosas manteniendo los gastos de funcionamiento dentro de un corsé presupuestario. 
Deseo buena suerte a la Presidencia en ejercicio del Consejo, porque sobre sus espaldas recae ahora lo esencial del trabajo, para hacer salir a nuestras instituciones de esta primera crisis política de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la Europa de las naciones les agradece a los expertos independientes que no hayan buscado cabezas de turco, sino que hayan juzgado el sistema. 
El problema reside en la cultura de la opacidad. 
Los expertos independientes son muy explícitos en sus conclusiones: No han encontrado a nadie que haya mostrado el más mínimo sentido de la responsabilidad. 
Es un duro juicio sobre todos los miembros de la Comisión. 
De ahí que ahora ninguno de ellos pueda ser reelegido. 
Proponemos una Comisión provisional, compuesta por independientes que no tengan nada que esconder. 
Queremos que se investiguen las imputaciones contra la actual Comisión y contra el aparato funcionarial. 
Han de depurarse responsabilidades, especialmente entre aquellos que han ayudado a mantener ocultos estos datos. 
Si resulta ahora que ha habido miembros de la Comisión cuya rotunda oposición a la aprobación de las cuentas y a otras decisiones funestas ha quedado reflejada en acta, podría entonces considerarse su reelección hasta enero. 
Ahora, sin embargo, una vez que la Comisión ha decidido permanecer unida asumiendo su responsabilidad en bloque, ya no pueden decirnos: Ya no formo parte de la responsabilidad común que asumí anteriormente. 
Debe marcharse toda la Comisión- y permanecer lejos. 
Los expertos independientes deben proseguir su trabajo y pasar al resto de instituciones, incluido el Parlamento. 
Ahora hay 1000 comités, 10.000 leyes- y aún más modificaciones -, y 100.000 proyectos. 
La comisión de limpieza provisional debe examinar comités, normas y proyectos y ver qué tareas puede ser remitidas de vuelta a los países miembros. 
Una nueva Comisión tampoco podrá gestionar lo que la antigua no pudo. 
El informe del Comité de Expertos Independientes nos enjuicia a todos nosotros y especialmente a aquellos que han votado a favor de las nuevas y numerosas tareas. 
La solución no son nuevas cabezas, sino una limpieza general. 
A los que han cometido y ocultado fraudes debe exigírseles responsabilidades y el Sr. Van Buitenen volver a su puesto y recibir su salario. 
La solución es una cooperación más delgada y totalmente transparente, una Europa delgada y abierta. 
Señora Presidenta, si los Comisarios que abusaron de la confianza que se les otorgó hubieran dimitido, ahora no asistiríamos a estas aviesas maniobras de poder. Sin embargo, esos Comisarios no dimitieron debido a las sugerencias de sus partidos de referencia. 
Parece evidente que el Consejo de Ministros trabajaba para desautorizar a toda la Comisión y no para aclarar las faltas personales. 
Los conflictos internos se han mitigado para alcanzar un objetivo común: nombrar a una nueva Comisión que ejerza su mandato durante cerca de seis años, designar al Presidente de la Comisión despojando al futuro Parlamento Europeo de los poderes conferidos por el Tratado de Amsterdam, en particular de ese nuevo poder que atribuye al Parlamento la facultad de designar al nuevo Presidente. 
Se está produciendo una enfrentamiento institucional. 
El Consejo de Ministros quiere una Comisión encorsetada y pretende privar al Parlamento Europeo del papel que con tantas dificultades ha conquistado a lo largo de varios años. 
En efecto, se puede volver a crear ese déficit democrático que parece ser útil para los Gobiernos, esos Gobiernos que, en realidad- lo denunciamos una vez más- trabajan en contra de la unión política y en beneficio de sus intereses partidistas. 
Y sabemos que sin la unión política la unión económica seguirá siendo una abstracción, útil sólo para los grandes intereses, pero lejana e incluso dañina para las necesidades de los ciudadanos europeos. 
Por tanto, se está produciendo una batalla institucional para impedir que la Comisión y el Parlamento trabajen juntos provechosamente y para supeditar el futuro de Europa siempre y únicamente a las decisiones del Consejo de Ministros. 
También se está produciendo una batalla política, ya que el futuro Parlamento que debería nombrar al Presidente de la Comisión, podría alcanzar una mayoría diferente de la que muestra el Consejo de Ministros que representa a trece Gobiernos de quince de izquierdas. 
Alianza Nacional denuncia que la crisis podía haberse prevenido y, por tanto, evitado; recuerda a todos que puede haber repercusiones negativas en la participación de los ciudadanos en las elecciones si no habrá transparencia y corrección en el nombramiento de los nuevos Comisarios; pide firmemente que si la decisión será la de nombrar a una nueva Comisión y no la de mantener en funciones a la actual sustituyendo a los Comisarios que han traicionado su mandato, esta nueva Comisión tendrá que permanecer en el cargo durante un plazo concreto, esto es, hasta el 31 de diciembre, ya que le corresponde al Parlamento el papel político de designar al nuevo Presidente. 
Cualesquiera otras opciones serán una bofetada para la democracia y una burla para los ciudadanos europeos. 
Recordamos, no obstante, que si hace algunos meses se hablaba de la voluntad del Consejo de Ministros de nombrar a la nueva Comisión antes de las elecciones, esto ya significaba que, ya desde entonces, había una voluntad política de despojar al Parlamento de sus poderes y de orientar las elecciones hacia una dirección política concreta. 
Esto es un escándalo y va en contra de la democracia. 
Señora Presidenta, Señorías, cuando coinciden simultáneamente varias crisis como ocurre hoy, el Presidente del Consejo tendría que poseer de hecho el don de estar presente en dos lugares a la vez. 
Quizá debiéramos incluir también este punto entre las futuras reformas. 
El Sr. Fischer ya no se encuentra aquí porque ha tenido que regresar a Bonn para asistir a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros federal con motivo de la crisis de Kosovo. 
La Presidencia considera que la solución de la crisis a la que hemos llegado en lo que se refiere a las personas es una tarea común del Parlamento, del Consejo y de los Estados miembros. 
Yo me congratulo, por lo tanto, de que en el presente debate haya quedado de manifiesto un gran consenso en esta Asamblea, pero también una gran coincidencia entre las opiniones expresadas aquí en el Parlamento y el parecer del Consejo. 
Deseamos encontrar una solución rápida y convincente, que permita restablecer y reforzar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones europeas. 
Por esto no deseamos una solución provisional, sino que queremos que en los próximos años la situación sea clara. 
Tenemos que saber desde ahora cuál es el destino del viaje y quién llevará el timón de nuestra nave europea. 
Yo estoy de acuerdo con cuantos han manifestado que ahora necesitamos contar con una Comisión que aborde con gran energía y decisión la tarea de las reformas internas, de nuestro trabajo y de nuestra institución. 
Esta Comisión deberá responder a unas exigencias muy elevadas. 
Por esto tenemos que velar también atentamente por que las propuestas de los Estados miembros y del Consejo respondan a estas altas exigencias. 
Nuestro deseo es que en Berlín se adopten las primeras decisiones. 
En cualquier caso, a mi modo de ver, seguro que podremos alcanzar un acuerdo sobre el procedimiento. 
Dicho esto, ¿qué nos proponemos decidir en realidad y cuándo prevemos hacerlo? 
El proyecto de la Presidencia es que después de la Cumbre de Berlín se celebre muy pronto una Cumbre extraordinaria de carácter informal en la que se adopte la decisión más importante en relación con las personas. 
Si en Berlín se puede adelantar ya algo más, tanto mejor. 
Sin embargo, no es posible garantizar que así sea, ya que es necesario conseguir que quince Estados miembros alcancen una posición común. 
Y ya saben ustedes cuán difícil resulta lograrlo. 
Yo quisiera hacer especial hincapié en dejar constancia de que en las decisiones que habrá que adoptar se respetarán plenamente los derechos del Parlamento. 
Es decir, que independientemente del momento en que se presente un nuevo Presidente de la Comisión y una nueva Comisión, se deberán respetar las competencias del Parlamento de conformidad con el Tratado de Amsterdam. 
No se puede imponer al Parlamento ni tampoco al nuevo Presidente de la Comisión ninguna otra solución si queremos encontrar ahora una solución que sea válida hasta el año 2005. 
Yo considero muy importante y un valioso apoyo que en el punto 9 de su resolución común se señale explícitamente que los problemas con los que nos enfrentamos en estos momentos no deben servir como excusa para posponer o no adoptar decisiones importantes en relación con este asunto. 
Las prioridades están muy claras: pasado mañana, jueves, tenemos que dejar cerrada la Agenda 2000 en Berlín y debemos procurar superar rápidamente la crisis relativa a las personas. 
También estamos de acuerdo en que el proceso de reforma en el seno de la Unión Europea deberá abarcar a todas las instituciones. 
Yo no quisiera descartar que también el Consejo tenga que plantearse un día la posibilidad de mejorar la organización de su trabajo y los errores que pueda haber cometido. 
Yo creo que es necesario que así se haga. 
Finalmente, quisiera referirme a otro aspecto que se ha mencionado aquí. 
Entre las reformas que debemos abordar figura también el estatuto de los diputados europeos. 
Éste no guarda relación directa con la Comisión, pero también es un punto muy importante incluido bajo la rúbrica «Reforma de las instituciones». 
Yo quiero asegurarles que la Presidencia respalda con toda firmeza el objetivo de que dicho estatuto de los diputados europeos se apruebe todavía bajo el mandato del Parlamento aquí reunido. 
¡Es el único camino razonable! 
Señorías, yo quisiera instarles a que ejerzan su influencia sobre los responsables políticos en sus respectivos países a fin de que podamos obtener en el Consejo el amplio apoyo necesario para llevarlo adelante, apoyo que lamentablemente todavía no tenemos en estos momentos. Sin embargo, el procedimiento está avanzando. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, es una satisfacción poder escuchar lo que acaba de decirnos el Sr. Presidente del Consejo. 
Sin embargo, señor Ministro Verheugen, no podemos dejar de constatar que las declaraciones de buena voluntad por parte del Consejo ya cuentan con una tradición en esta Asamblea. 
Como usted puede comprender, en el futuro vamos a prestar especial atención a controlar que éstas también se cumplan. 
Yo creo, no obstante, que lo que usted ha expuesto más o menos entre líneas es cierto y coincido con ello, a saber, que en realidad no deberíamos hablar de una crisis de la Unión Europea. 
Cuando en nuestros Estados miembros un Gobierno pierde la mayoría y la confianza del Parlamento, ello genera en un primer momento una crisis de gobierno, pero no una crisis de Estado. 
Evidentemente, las crisis de gobierno pueden convertirse en crisis de Estado y la crisis entre las instituciones- en este caso sobre todo dentro de la Comisión- también puede dar lugar a una crisis de la UE. 
¡Pero entre todos estamos dispuestos a evitar que esto suceda! 
Lo que hoy hemos escuchado de la Presidencia del Consejo es hasta el momento esperanzadoramente adecuado, en la medida en que va quedando claro que en el futuro las relaciones institucionales entre el Parlamento y la Comisión, y entre el Parlamento y el Consejo, ya no desarrollarán como antes. 
Se procederá a un reajuste de dichas relaciones. 
Nosotros- las otras dos instituciones sabrán comprenderlo- desearíamos formularlo en favor del Parlamento, pero no como una mera usurpación de la fuerza y el poder de todos los demás, sino porque la nueva fuerza del Parlamento es el fruto de su propia actividad. 
Es preciso reconocer que no ha sido sencillo. 
Recordando la situación de unas semanas y unos meses atrás, en el mes de enero, por ejemplo, todos los grupos políticos- sobre todo los grandes- estaban divididos por fracturas irregulares en relación con uno u otro tema. 
El hecho de que esto ya no suceda se debe al consenso mínimo alcanzado en el mes de enero por el que el Parlamento se pronunció en favor de una Comisión neutral. 
Yo tengo la esperanza de que para nuestros futuros trabajos, cuando el Comité de cinco expertos haya presentado su segundo informe, ya no necesitemos pasar por esta fase intermedia. 
¡El Parlamento tiene que ser capaz de cumplir esta tarea por sí solo en el futuro, si se toma en serio su cometido! 
Si así sucede, a mi parecer también es evidente que la reforma del conjunto de las instituciones, que ahora es necesaria- pues mientras ésta no se realice no será posible proceder a la ampliación -, será una tarea realmente común, igual como también tenemos que designar conjuntamente a la nueva Comisión. 
La próxima Conferencia de revisión de los Tratados con vistas a la ampliación ya no podrá ser una Conferencia Intergubernamental corriente, sobre todo en lo que se refiere a la revisión de las instituciones. 
Tendrá que ser una Conferencia de las Instituciones Europeas, sobre todo del Parlamento y del Consejo. 
Señora Presidenta, nos encontramos, de hecho, en una situación que se da en la Unión Europea por vez primera y, ojalá, única. 
Tras la dureza del informe de la Comisión de Expertos Independientes la dimisión de la Comisión era una necesidad, pero podríamos haber tenido antes esta dimisión, en concreto, si la Comisión hubiera hecho uso del plazo de gracia que le concedimos con ocasión del aplazamiento de la aprobación de la gestión. 
No nos veríamos hoy en esta situación. 
También habríamos llegado antes a esto si el Parlamento hubiera utilizado plenamente sus facultades de poder y si con la moción de censura hubiera provocado dos meses antes esta situación que ha sido calificada aquí como de crisis pero también como una oportunidad. 
En segundo lugar, del Informe del Comité de Expertos Independientes se desprende claramente lo siguiente: El Parlamento Europeo y su Comisión de Control Presupuestario han obrado correctamente. 
Han ejercido el control. han sacado las cosas a la luz. 
Ahora la consecuencia de esto es que hemos de introducir lo que se encontraba implícito en el Informe Elles: mirar hacia delante e introducir y llevar a cabo las reformas pertinentes. 
En tercer lugar, del informe se sigue para mí lo siguiente: la información de la Comisión al Parlamento ha sido defectuosa, incluso ha sido equívoca, ha sido engañosa. 
Esto ha de terminar. 
Tenemos derecho a ser informados. 
Somos el órgano de control y determinamos aquí qué control ejercemos y qué informaciones orales y escritas necesitamos para ello. 
¿Qué hay que hacer ahora? 
Hemos de mirar hacia delante pues como Parlamento Europeo tenemos las elecciones en puertas. 
Pero Europa se halla también en juego en la consideración de los ciudadanos. 
Por consiguiente, una excesiva circunspección y una excesiva cautela no tienen sentido, aunque hemos de terminar con esto. 
En primer lugar necesitamos la rápida implantación de una nueva Comisión. 
Creo que debe ser una Comisión provisional que termine lo que necesitamos para que luego dispongamos de una Comisión operativa, eficaz y que goce de toda confianza, que entre en funciones en el año 2000. 
En cuarto lugar: es preciso llenar cuanto antes la laguna institucional que existe entre la Administración y la responsabilidad de los comisarios. 
Esta ha sido una de las más graves acusaciones a la Comisión. 
No quiero echar mano de más informes del Comite de Expertos Independientes, sino que el programa de trabajo que hemos desarrollado debería ser llevado a la práctica con la mayor rapidez posible de suerte que en el año 2000 evitemos realmente las malas situaciones que se han producido aquí. 
Mirar hacia delante, esto es importante, y hacer avanzar la democracia. 
Creo que los ciudadanos han comprendido que aquí, en el Parlamento Europeo, hemos avanzado como abogados de sus impuestos, como abogados de los ciudadanos. 
Deberíamos proseguir por este camino. 
Señora Presidenta, es sorprendente lo mucho que ha progresado la Unión Europea en un par de meses. 
Lo que era impensable hace apenas unos meses, ahora se ha hecho realidad. 
La responsabilidad individual de los Comisarios será una realidad en el futuro y el Presidente en ejercicio merece ser felicitado por haber reconocido este hecho. 
Naturalmente, debe mantenerse la responsabilidad colectiva en el sentido de que la Comisión, como legislatura, no debe estar bajo la presión de los distintos gobiernos. 
Pero necesitamos responsabilidad individual, como han dicho muchos oradores. 
Nos encontramos no sólo al final del camino, sino también en el nuevo punto de partida. Ello exige auténtica visión por parte del Consejo, del Parlamento y de la Comisión. 
Necesitamos un nuevo equilibrio. 
Me gustaría dirigir al Presidente en ejercicio una pregunta al respecto. 
He escuchado con atención cuando decía que no necesitamos una Comisión interina. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que en el apartado 7 de nuestra resolución se habla de una Comisión hasta el año 2000 y de una nueva Comisión. 
Existe una cierta ambigüedad en el lenguaje del Consejo. 
El Presidente en ejercicio afirma que debemos actuar con el Tratado de Amsterdam en la mano- espero que hable en nombre de los 15 Estados miembros -, lo que significa que este Parlamento intervendrá en la decisión sobre quién será el nuevo Presidente. 
Espero que comprenda que no podrá haber un solo candidato. 
En segundo lugar, queremos que se actúe con rapidez. 
Todos los oradores han hecho hincapié en este punto. 
¿Podemos nombrar una nueva Comisión durante la primera semana de mayo, cuando este Parlamento finalice sus funciones? 
Espero que así se haga. 
En caso contrario, vulneraríamos los derechos del nuevo Parlamento que es soberano y debe dar legitimidad a la Comisión durante los próximos cinco años. 
¿Cómo puede garantizarse eso? 
El Presidente en ejercicio debe responder a esta observación. 
Si no tenemos una nueva Comisión con el pleno consentimiento del Parlamento, eso significa que la nueva Comisión sólo funcionará hasta septiembre o quizá octubre del presente año. 
Si es así, estará en total contradicción con lo que estamos diciendo, a saber, que necesitamos una nueva Comisión cuanto antes, y eso incluye la observación que ha hecho el Presidente Santer. 
Debe hacerse hincapié en dicha observación fundamental, porque la ambigüedad puede dar lugar a malentendidos. 
Mi última observación es que no debemos analizar la forma, sino la esencia. 
La esencia del cambio, a saber, es fundamental poner en práctica el programa de reformas del Comisario Santer. 
El Sr. Santer estaba en lo cierto al destacar que muchas de estas cosas ya están en marcha. 
Ahora debemos ocuparnos de la aplicación y para ello harán falta varios Comisarios expertos que ya están ahí. 
Necesitamos una Comisión limpia hasta finales de año y espero que el Presidente en ejercicio lea atentamente la resolución conjunta presentada por varios grupos, que dice que necesitamos primero acción y luego una verdadera reforma. 
Esta ambigüedad debe ser aclarada. De lo contrario, este debate sólo dará resultados a media. 
Gracias, señor Brinkhorst. 
No dudo ni por un momento de que el Consejo le ha escuchado y va a reflexionar sobre la pregunta que le ha dirigido. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, procedo de un país, Portugal, que siempre ha creído en los hombres fuertes. 
Personalmente, yo creo más en las instituciones fuertes. 
Instituciones fuertes provistas de hombres fuertes, evidentemente. 
La verdad es que el problema de los países débiles, como de las Europas débiles, es el de que las instituciones no son fuertes. 
Y no son fuertes por el Zeitgeist, que es lo que ahora existe: un centro extremado en el que todos son iguales, en el que todos los partidos se roban los papeles unos a otros, en el que todos hablamos el mismo lenguaje, en el que prácticamente no hay ideología. 
Lo vimos, por ejemplo, en una propuesta de censura un poco andrógina hecha por el Grupo Socialista, que, naturalmente, propició que la confusión se instalara aquí, entre los diputados. 
Al final, apareció otra propuesta, que ya se había hecho también en la época de la EEB y que precedió al desenlace inevitable. 
Fue el desenlace de una obra mal compuesta, según la teoría de Aristóteles, porque no debía haber Deux ex machina, debía ser la trama la que condujera a la catástrofe y al fin que presenciamos. 
Es evidente que estoy contento porque en medio de la crisis haya otra crisis. 
Es la única manera de que aparezcan hombres fuertes que decidan lo que Europa debe hacer. 
Señora Presidenta, la Comisión está pagando el precio de una gestión basada en la opacidad y el secreto. 
Su dimisión es a la vez un signo de crisis y del fracaso de una construcción europea desligada de los ciudadanos, ignorante de lo social y despreciativa de la democracia. 
Tanto la Comisión como el Consejo deben aprender todas las lecciones que se puedan sacar modificando radicalmente algunas prácticas. 
Por ejemplo, el hecho de que la Comisión se haya considerado durante mucho tiempo por encima de todo control, negándose a dar las aclaraciones solicitadas por el Parlamento Europeo ante irregularidades graves observadas desde hace años. 
El comportamiento de la Comisión ha estado marcado con frecuencia por la obstinación y la arrogancia. 
Obstinación a favor de unas orientaciones ultraliberales cada vez más rechazadas por los pueblos, y también a favor de temas muy discutidos por el Parlamento Europeo y el Consejo, tales como la liberalización de los servicios postales o, una vez más, las relaciones comerciales con Estados Unidos. 
Arrogancia para justificar tales orientaciones y un funcionamiento no democrático, lo que, naturalmente, no pone en duda en modo alguno el trabajo de los funcionarios europeos y el respeto que merece la función pública europea. 
Las desviaciones observadas no se deben volver a producir. 
Para ello es necesario cambiar de métodos y de orientación. 
La Comisión, de la misma manera que el Consejo, debe dejar de considerar la lucha contra el desempleo como un tema de discurso y no de actuación. 
Las prioridades actuales en favor de la rentabilidad financiera y de la estabilidad de precios deben dejar paso a unas políticas que favorezcan el empleo y el crecimiento, que incluyan unos objetivos vinculantes. 
La misión del BCE se tiene que revisar en este sentido. 
Europa necesita un nuevo impulso basado en la transparencia y la democracia. 
Se deben aclarar las relaciones y responsabilidades respectivas de las instituciones europeas. 
El Consejo debe asumir sus responsabilidades, algo que no siempre ha hecho. 
Pienso, por mi parte, que un refuerzo de la Comisión no resolverá ningún problema; más bien al contrario. 
Lo que hay que reforzar es el control del Parlamento sobre la Comisión, y el papel de iniciativa y evaluación del Parlamento Europeo, en conexión con los Parlamentos nacionales. 
Reforzar también los grandes debates democráticos que se deberían desarrollar sobre las cuestiones europeas en toda la Unión. 
Ya es hora, en efecto, de que los ciudadanos de la Unión Europea se impliquen en la construcción europea para imponer la transparencia, la democracia, el espíritu de responsabilidad, la ética, es decir, en definitiva, el respeto hacia ellos. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, creo que no ha sido toda Europa, sino la Comisión, la que se ha hallado en una crisis profunda, sin duda, y ésta ha durado ya demasiado. 
En este sentido, la dimisión de la Comisión es, siquiera desde el punto de vista lógico, un schock saludable que deja el camino expedito para un renacimiento de la credibilidad. 
El alma de Europa la constituyen las ciudadanas y los ciudadanos que confían en que sus representantes proseguirán la obra de unificación de acuerdo con su mejor saber y entender de manera democrática y eficiente, en una palabra, con toda responsabilidad. 
Sin embargo, esta Comisión dimisionaria ha perdido la confianza del Parlamento y de la opinión pública. 
Por consiguiente, la primera y principal exigencia es la siguiente: ahora necesitamos con la mayor presteza posible una nueva Comisión con un personaje europeo fuerte como presidente o como presidenta, que esté dispuesto a ejercer su cargo hasta el año 2004. 
El Consejo está en ello y debe presentar rápidamente sus propuestas. 
En mi opinión, esto ha de suceder antes de las elecciones para demostrar a la opinión pública que somos operativos. 
A este respecto está totalmente claro, desde mi punto de vista, que la aprobación del Parlamento antes de las elecciones se producirá de conformidad con las reglas de juego de Maastricht, pero aquélla nos vincula y nos obliga ya bajo el espíritu de Amsterdam. 
Por consiguiente, en la nueva Comisión el Presidente debe tener también el derecho de solicitar la dimisión a aquellos comisarios particulares sobre los que pesen cargos. 
Pero la necesidad de reforma abarca a todas las instituciones. 
La estructura constitucional de Europa, el equilibrio mutuo entre las instituciones y una mayor definición jurídica de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión figuran en el orden del día y, en concreto, como muy tarde desde la última conferencia intergubernamental de Amsterdam. 
Por esta razón, señor Ministro de Estado Verheugen, quisiera proponer que el despegue hacia la próxima conferencia intergubernamental bajo su dirección haga una cosa: implique usted desde el principio al Parlamento Europeo y no permita que luego, cuando las cosas se vuelvan tensas, nosotros volvamos a quedarnos ante portas. 
Precisamente esta crisis demanda a gritos también una nueva relación entre el Consejo y el Parlamento. 
Aproveche usted ahora esta oportunidad. 
Señora Presidenta, usted sabe que soy diputada desde hace poco tiempo. 
Al llegar admiraba muchísimo a los diputados del Parlamento Europeo y más en especial a la Comisión de Control Presupuestario que había llevado a cabo unos análisis muy severos y muy claros de aquello que funcionaba mal en este Parlamento. 
Admiraba yo a este Parlamento y me sentía muy orgullosa porque pudiera participar en él, ya que insistía en que se tomaran medidas reales. 
Podíamos, pues, haber emitido un juicio con conocimiento de causa ya en el otoño. 
A finales del año habíamos terminado y pensábamos que era necesario presentar una moción de censura. 
Así hicimos y resultó que casi la mitad de los diputados de este Parlamento terminó votando a su favor a principios del presente año. 
Una parte de nuestros colegas, formando mayoría, opinaba que aún debíamos reunir más argumentos a través de un Comité de Expertos Independientes y así se hizo. 
La Comisión ha extraído sus conclusiones y opinamos que es como debe ser. 
Sin embargo, con todo esto el Consejo de Ministros ha hecho oídos sordos y ha permanecido ciego. 
Incluso después de que la Comisión hubiera presentado su dimisión, apenas se ha esforzado en consultar con los distintos Estados miembros cuáles fueron los reproches y cuál habría de ser el cometido de la nueva Comisión. Porque naturalmente no era cuestión de que la Comisión actual, que acababa de presentar su dimisión, permaneciera en funciones. 
Eso sí que no. 
En cualquier caso, queremos que la próxima Comisión asuma enteramente su responsabilidad de limpiar estos establos de Augias. 
Deberá ser una Comisión fuerte. 
El que permanezca en el poder durante mucho o poco tiempo para mi no tiene una importancia transcendental. 
Lo que importa es que se respeten enteramente los derechos del Parlamento Europeo, es decir, de los ciudadanos, primero al amparo del Tratado de Maastricht y dentro de poco, e incluso quizás anticipadamente, al del Tratado de Amsterdam. 
Lo principal es que el Consejo comprenda que una Comisión fuerte necesariamente tiene que tener a su lado un fuerte Parlamento elegido democráticamente, y que el respeto al Parlamento debe llevar a unos puntos de partida que permitan que el Consejo nos presente una Comisión que podamos aprobar sin reservas y con el que podamos colaborar para que nunca más ocurra lo que nos ha ocurrido en estos últimos meses. 
Señora Presidenta, siempre es tentador reescribir la historia, pero los hechos son y se mantienen obstinados. 
El Parlamento Europeo no siempre ha desempeñado, ni mucho menos, el papel que le corresponde en los acontecimientos que, desde el pasado mes de agosto, han llevado a dimitir a los miembros de la Comisión. 
Querría recordar que en diciembre y enero pasados, fue la Sra. Green, en nombre del grupo socialista, la que dijo: «los que piensan que pueden decir a la cara de la opinión pública, de la Comisión y de este Parlamento que no tienen ninguna confianza en las competencias financieras de la Comisión Europea, sencillamente no tienen lugar en esta Asamblea». 
Fue el Sr. Martens, presidente del Grupo PPE, el que dijo: «nuestro Grupo mantiene toda su confianza hacia el Presidente de la Comisión Europea. 
Si una mayoría del Parlamento se pronunciara contra la Comisión, constituiría una verdadera catástrofe». 
Fue el Sr. Cox, Sra. Lalumière, el que dijo: «personalmente, yo votaría a favor de aprobar la gestión». 
El informe de la Comisión de Expertos Independientes, que es un buen informe, no ha hecho más que repetir lo que la Sra. Wemheuer y el Sr. De Luca escribían en su informe sobre el turismo; lo que el Sr. Fabra Vallés escribía en su informe sobre los programas MED; lo que el Sr. Fabra Vallés, otra vez, había dicho en sus trabajos sobre el asunto ECHO; lo que el propio Sr. Elles había dicho en su informe sobre la aprobación de la gestión. 
Sí, el Comité de Expertos Independientes tiene aún cosas que decir. 
Él mismo lo ha dicho, y todos los días hay declaraciones de sus miembros que nos inducen a confiarles una misión complementaria que ha de ser suya. 
Este es el motivo de que el comité tenga que hacer un segundo informe. 
Y de que el Comité de Expertos Independientes tenga que pronunciarse también sobre nuestro Parlamento y su funcionamiento, a fin de que todo esté claro y de que no se pueda decir que también el Parlamento tiene miedo de su propio funcionamiento. 
Sí, hace falta una comisión temporal que se encargue sencillamente de hacer, en el campo del remedio, lo que el Comité de Expertos Independientes ha hecho en el del diagnóstico. 
Señora Presidenta, señoras y señores, nuestro colega Jean-Claude Martinez fue el primero en denunciar, en 1990, las disfunciones, errores graves y mentiras de la Comisión Europea en el escándalo de las vacas locas. 
Ha habido que esperar nueve años para que la Comisión se vea obligada a dimitir. 
Es cierto que el informe del Comité de Expertos Independientes del 15 de marzo, reprochándole entre otras cosas el haber perdido el control sobre la administración que se supone debe gestionar, fue abrumador. 
Esta desviación político-mafiosa de la Comisión, que se remonta a Jacques Delors, se explica en parte por la gestión directa de cuantiosos fondos comunitarios y por la delegación de trabajos de servicio público a consultores externos o subcontratistas elegidos según criterios discutibles, sin ninguna publicidad ni transparencia. 
Claude Perry, director de Perry-Lux, ha reconocido que, de 5.000 ó 6.000 expertos externos que trabajan en la Comisión, varios cientos se benefician de empleos ficticios, con retribuciones diarias de 2.860 francos, como en el caso de Euro-Conseil. 
Los Tratados de Maastricht y Amsterdam han llevado a la Comisión a multiplicar sus actividades y programas comunitarios, con el riesgo de asfixiar un poco más cada día la vida de los ciudadanos y las empresas. 
En este mundo orwelliano, de carácter supranacional y de vocación totalitaria, se hacía difícil, en opinión del propio Comité de Expertos Independientes, que cito: «encontrar a alguien que tuviera el más mínimo sentido de la responsabilidad». 
Es esta falta de responsabilidad la que ha permitido a los comisarios europeos, con la socialista Cresson a la cabeza, tolerar o encubrir fraudes, malversaciones o actos de nepotismo. 
En lugar de las sanciones ejemplares que el contribuyente europeo, cuyo dinero se ha dilapidado, tiene derecho a esperar, la Comisión se propone entregar a los veinte comisarios que han incurrido en falta el 60 % de su sueldo durante tres años, lo que supone como mínimo 60.000 francos al mes. 
Los electores y contribuyentes lo juzgarán. 
Por eso, frente a estos funcionarios anónimos, que quieren privarnos de nuestra soberanía, de nuestra identidad y de nuestras libertades, soplan justos aires de revuelta. 
El 13 de junio en Francia, en todo caso, votando por la lista que dirijo, el pueblo francés dará muestras de madurez política y de espíritu de resistencia nacional. 
Señora Presidenta, creo que deberíamos tener un poco de serenidad ante la situación en que nos encontramos. 
La Comisión Europea ha dimitido y lo ha hecho sobre la base de un informe de un Comité de Expertos Independientes que tanto el Parlamento como la Comisión decidieron aceptar previamente. 
El Comité de Expertos, evidentemente, no tiene un poder divino, pero ha hecho un informe, y a los hechos indicados por ese informe tenemos que atenernos. 
Ese informe no dice que tal o cual Comisario haya cometido fraudes o delitos; el informe establece el principio general de que la Comisión ha funcionado mal, que hay unos procedimientos que no son correctos y que, en consecuencia, hay una responsabilidad colectiva de la Comisión. 
Y, sobre la base de la responsabilidad colectiva de la Comisión, la Comisión ha dimitido. 
Lo que no debe ocurrir es lo que se ha hecho esta tarde aquí: que algunos dirigentes de partidos políticos o de Grupos políticos del Parlamento han aprovechado la ocasión para «buitrear» , con fines absolutamente electoralistas, a otros Grupos políticos. 
No hay base para ello. 
Yo, utilizando una referencia bíblica, diría que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. 
En el momento actual, los hechos son que la Comisión tenía un mal funcionamiento y que, sobre la base de ese mal funcionamiento, nos vemos obligados a renovar la Comisión. 
A partir de ahora, evidentemente, se abre un procedimiento constitucional. 
La sustitución de la Comisión está prevista en los Tratados aunque este Parlamento tiene una gran dificultad puesto que termina su mandato en junio de este año, con lo cual, en el caso de que las propuestas del Consejo no lleguen en tiempo oportuno, este Parlamento no podría aprobar la nueva Comisión. 
Tendríamos que remitirnos al nuevo Parlamento, al Parlamento que nos va a suceder. 
Al mismo tiempo, hay que hacer también una advertencia: el afán por controlar y seguir las cuentas públicas de la Comunidad no nos puede llevar a destruir la acción ejecutiva de la Comunidad. 
Es decir, la continuación del trabajo del Comité de Expertos Independientes, de una manera indefinida, investigando todos los aspectos de la Comisión, puede ser que nos convierta en una institución efectivamente poderosa y eficaz en materia de control, pero puede ser también que con ello impidamos el funcionamiento normal de la Comisión. 
Creo que tendríamos que tener un poco de prudencia en nuestro seguimiento de la actividad del Comité de Expertos Independientes. 
A mí me da la impresión de que, más que controles, lo que nos hace falta son nuevas ideas al objeto de que la nueva Comisión se estructure debidamente. 
Y en todo caso, como han repetido los oradores anteriores, nosotros esperamos del Consejo que nos dé el mapa de actividad, que nos diga hacia dónde nos va a llevar, qué es lo que nosotros podemos hacer en los escasos meses que nos quedan de mandato para ver si realmente estamos en condiciones de cumplir la función constitucional que los Tratados nos atribuyen. 
En todo caso, creo que debemos expresar aquí el reconocimiento a la anterior Comisión, a la Comisión todavía en funciones, por la dignidad de sus miembros y por la forma digna en que la Comisión ha asumido la dimisión, la renuncia a continuar en el uso de sus competencias. 
Señora Presidenta, al hilo de las últimas palabras, yo creo que muy pronto tendremos la ocasión de medir nuestras responsabilidades sobre esta crisis ante el veredicto implacable de las urnas. 
Y yo estoy muy tranquilo respecto al papel activo- y, en algún caso, decisivo- que ha desempeñado mi delegación; de la misma forma que tengo una idea clara de las consecuencias que tuvo en todo el proceso presentar una moción de censura con el propósito contradictorio de reforzar la confianza en la Comisión para, después, minutos antes de su decisiva reunión al conocer el famoso informe, amenazar con una moción de censura efectiva si no se producía una dimisión colectiva de la Comisión Europea. 
Pero en fin, ante esta crisis, en primer lugar, yo creo que convendría alcanzar una solución razonablemente rápida. 
En segundo término, nos parece imprescindible que el Consejo Europeo de Berlín nos fije un calendario y un método claros. 
Estoy convencido de que debemos depositar nuestra confianza en la razonabilidad del Consejo Europeo de Berlín. 
Y por último, me parece que debiéramos hacer posible la aplicación del Tratado de Amsterdam que, a este respecto, pretende dotar de mayor legitimidad a la Comisión Europea. 
Pero no perdamos la perspectiva de las cosas. 
Lo que es prioritario para nuestros conciudadanos es saber cómo vamos a ser más eficaces en la lucha contra el paro, cómo se va a seguir protegiendo a nuestros agricultores, cómo vamos a ayudar al saneamiento de nuestras economías, cómo vamos a impulsar el desarrollo de nuestras infraestructuras, cómo vamos, en fin, a asegurar que la solidaridad se mantenga como pilar de nuestra Unión. 
Y esas deben ser igualmente nuestras prioridades. 
Eso significa que no debemos desviar esfuerzos de lo que debe seguir siendo el objetivo esencial del Consejo Europeo de Berlín. 
Señora Presidenta, permítame observar en primer lugar que lamento que ya no esté aquí nadie de la Comisión. 
Sea como sea, después del informe, la dimisión de la Comisión ha sido inevitable. 
Sin embargo, en mi opinión habría sido mucho mejor para el desarrollo democrático y político de Europa si este Parlamento hubiese tenido la valentía de despedir a la Comisión en enero de este año. 
Finalmente, el Parlamento se ha escondido detrás de las espaldas de los expertos independientes y con ello ha permitido que se le privara de una oportunidad política. 
En cuanto al informe del Comité de Expertos Independientes, opino que la conclusión de que la Comisión hubiese faltado completamente a su responsabilidad es excesivamente simple y falta de matices. 
La Comisión ha llevado a cabo una preparación admirable de la llegada del euro y de la Agenda 2000. 
Asimismo, en el fondo me parece inadmisible la facilidad con la que se formulan acusaciones contra individuos y sus familias sin ninguna prueba. 
Para el ciudadano no es fácil distinguir entre las irregularidades del Parlamento y las de la Comisión. 
Por ello se necesitan unas medidas claras, entre otras cosas en lo que afecta al funcionamiento real del aparato burocrático, justamente porque el ciudadano siente repulsa ante los funcionarios, los tecnócratas y toda la burocracia. 
Por lo tanto, existe la necesidad de un control financiero independiente. 
Estoy de acuerdo con el colega Brinkhorst cuando dice que necesitamos actuar. 
Pero no debemos dejarnos arrastrar por las emociones de la crisis, tomando unas rápidas decisiones que más tarde lamentaremos. 
Se trata de una política estratégica para la democracia europea. 
En mi opinión, sólo un nuevo Parlamento puede implantar una nueva Comisión. 
Señora Presidenta, la dimisión de la Comisión constituyó, a nuestro entender, la única salida posible y previsible, en particular después del informe de los políticos independientes, que en lo fundamental ha aclarado y confirmado las razones que movieron a muchos de nosotros a votar a favor de la moción de censura- que algunos pretendían que fuera cuestión de confianza- el pasado mes de enero. 
Así, hoy podemos decir que en cierto modo hemos perdido casi tres meses. 
Pero hoy lo que está en el orden del día es la substitución de este Colegio de Comisarios. 
En cuanto a eso, consideramos imprescindible que cuanto antes se concrete esa misma substitución para que se saquen todas las consecuencias políticas y jurídicas de la dimisión de la Comisión. 
Rapidez que, sin embargo, no debería impedir una ponderación seria sobre las razones inmediatas y profundas que fueron el origen de esa misma dimisión. 
No basta con que cambiemos de personas: es indispensable cambiar de métodos, pero también es fundamental cambiar de políticas. 
A nuestro entender, la dimisión de la Comisión encuentra en esas dos vertientes su principal razón de ser. 
Por un lado, la falta de transparencia, la absurda gestión privada de instrumentos y medios públicos y, consiguiente e inevitablemente, la irregularidad, el favoritismo y el fraude. 
Pero también, por otro lado, el evidente aislamiento y el alejamiento de esta Comisión de sus ciudadanos por los errores políticos que se vienen cometiendo y, en particular, por sus efectos en nuestras sociedades. 
Así, pues, resulta necesario, además del cambio de las personas, encontrar las vías adecuadas y suficientes para un cambio en los métodos y en las políticas. 
Como también nos parece esencial garantizar en el futuro un control mayor y más eficaz de esa institución, entre otras cosas por la concentración de poderes legislativos y ejecutivos que reúne en su seno. 
En efecto, la cuestión que se nos plantea hoy no es la del fortalecimiento o no de la Comisión, sino en primer lugar la del control de su acción. 
El próximo Consejo Europeo no puede dejar de tener en cuenta todas esas vertientes y- a ser posible, en colaboración con el Parlamento- debería establecer un calendario preciso y realista que permita un análisis de ellas y la rápida designación de la nueva Comisión. 
Quiero decir también que el Consejo de Berlín tiene también en su orden del día las cuestiones financieras. 
Pero el éxito del Consejo no radica sólo en conseguir respuestas, sean cuales fueren, para esas cuestiones relevantes: conviene, por encima de todo, que, en el caso de la Comisión, como en el de la Agenda 2000, el Consejo encuentre respuestas satisfactorias. 
Ésa debería ser su preocupación primordial. 
Señora Presidenta, se nos ha dado la razón a quienes durante dos meses hemos actuado para que no se aprobase la gestión de la Comisión. 
Hemos demostrado que los diputados no aceptamos engaños ni mentiras y, por fin, la Comisión se ha visto forzada a dimitir. 
Está claro que hay que designar una nueva Comisión tan pronto como sea posible, para que empiece a trabajar. 
La meta de este trabajo tiene que ser «limpiar» la Comisión y echar las bases para que la palabra transparencia valga más que la tinta con la que se escribe en el papel. 
Éste es el objetivo. 
El Comité de Expertos Independientes señala en su informe la ausencia de control por parte de la Comisión en relación con muchos proyectos políticos. 
El asunto es saber si la Comisión realmente debe tener este poder en tantas materias. 
¿No es hora de aplicar el principio de la subsidiariedad y permitir que los Estados miembros también tengan una parte del poder como, por ejemplo, en materia de cofinanciación de la política agrícola? 
La UE no puede ocuparse de todo, la Comisión no es capaz siquiera de ocuparse de aquellos asuntos que los Estados miembros le han encargado, cosa que esta Comisión ha demostrado fehacientemente. 
Yo no deseo una Comisión fortalecida sino un parlamentarismo más fuerte, que signifique más poder para el Parlamento Europeo y menos para la Comisión. 
Señora Presidenta, el informe del comité especial ha demostrado sin género de duda que existe la necesidad urgente de una reforma en el seno de la Comisión. 
Ha sacado a la luz una cultura de complacencia con prácticas irregulares al más alto nivel. 
Esta prueba no habría salido a la luz si este Parlamento no hubiera exigido en enero medidas urgentes. 
El informe y sus repercusiones nos brindan una oportunidad histórica de provocar un cambio sísmico en las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, que supla el déficit democrático en la Unión Europea y ponga a punto el sistema de escrutinio. 
No sólo es necesario que la Comisión sea sometida a la transparencia democrática, sino que además deseo que se otorguen nuevos poderes a los diputados al Parlamento Europeo para atajar los casos de mala gestión, de fraude y de nepotismo. 
Ahora que han dimitido, debería descartarse la posibilidad de que algunos Comisarios vuelvan a ocupar sus cargos. 
Tras haber asumido voluntariamente su responsabilidad colectiva y haber dimitido, los ciudadanos de Europa no comprenderían que las mismas personas vuelvan a incorporarse. 
Las instituciones de esta Unión, en la que el Parlamento desempeña un papel principal, deben encargarse del nombramiento de una nueva Comisión sin pérdida de tiempo, que asuma la responsabilidad de garantizar que se inicia una evaluación totalmente nueva de la gestión y estructura de la Comisión, y que el nuevo Parlamento, a partir de junio, tenga la oportunidad de emitir su dictamen sobre los nominados para la Comisión que entrará en funciones a partir del año 2000. 
Señora Presidenta, pera empezar quiero confrontar a la Presidencia del Consejo con el párrafo 9.4.12 del informe del Comité de Expertos Independientes. Cito: «El controlador externo (el Tribunal de Cuentas) ha publicado unos informes claros y relevantes sobre los más diversos asuntos... , pero sólo uno de los exponentes de la autoridad presupuestaria (el Parlamento) ha tratado esos informes de manera eficaz.» 
Por lo que se ve el segundo exponente de la autoridad presupuestaria (el Consejo) ha faltado gravemente a su deber. 
El hecho de que precisamente en el día de la publicación del informe del Comité de Expertos Independientes, el consejo ECOFIN recomiende al Parlamento a que éste apruebe la gestión de 1997, en mi opinión es ilustrativo de la actitud de dejadez del Consejo. 
El Consejo correría grandes riesgos si decidiera renombrar en sus cargos a algunos de los comisarios actualmente en el poder. 
Opinamos que en la Comisión interina no deben participar los miembros de la Comisión actual, ya que aún no se han terminado los trabajos del Comité. Aún pueden aparecer nuevos casos de fraude u otras irregularidades. 
La nueva Comisión interina ha de asumir sus funciones a la mayor brevedad posible. 
Sobre el Consejo pesa una gran responsabilidad. 
Si el Consejo no halla una solución a tiempo, esta Comisión seguirá en funciones hasta finales del año 1999. Eso sería totalmente inaceptable. 
Antes de las elecciones debemos tener una Comisión interina. Los ciudadanos deben poder comprobar que se está haciendo algo. 
La Sra. Cresson debe dimitir de inmediato. 
El Consejo ha de asumir sus responsabilidades también en cuanto a esto. Véase el artículo 159 del Tratado, donde dice que el Consejo o el Presidente de la Comisión puede presentar a los miembros de la Comisión ante el Tribunal para su cese. 
También el Sr. Santer, como Presidente de la Comisión ha perdido demasiado credibilidad a lo largo de los últimos meses y semanas como para permanecer en su cargo. 
Su función debe ser asumida inmediatamente por el Vicepresidente. En este sentido estamos de acuerdo con lo dicho al respecto por el Sr. Cox. 
El Sr. Van Buitenen debe volver cuanto antes a su puesto. 
Señora Presidenta, con independencia de lo que pueda hacer creer la dimisión a lo grande de la Comisión de Bruselas, lo que se cuestiona no es la debilidad de los hombres y mujeres que la componen, sino el carácter nocivo de la institución. 
Sí, la Comisión de Bruselas es nociva porque es un organismo bastardo, medio ejecutivo gubernamental, medio comisión administrativa; porque su actuación consiste en construir una jaula dorada para las personas, una jaula hecha de reglamentos y directivas cada vez más puntillosos, una jaula dorada por las subvenciones y las relaciones de clientela. 
La corrupción no es una desviación que tenga su origen en las debilidades humanas, sino que está en el mismo núcleo del sistema europeo, ya que la actividad principal de la Comisión, como la del Parlamento Europeo por otra parte, es la de convertir en normas jurídicas los deseos de innumerables lobbies y grupos de presión. 
La Comisión sirve de pantalla destinada a proteger la irresponsabilidad del Consejo Europeo y de los gobiernos nacionales. 
Por ello, junto con Bruno Mégret, los electos del Frente Nacional-movimiento nacional, no esperan que se ponga un simple parche, sino que piden la supresión pura y simple de la Comisión Europea y su sustitución por una simple secretaría situada junto al Consejo de Ministros europeos. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, antes que nada debo dar una respuesta al señor Presidente Martens que en general merece mi aprecio. 
He de decir que su reconstrucción de esta crisis no es convincente. 
Quisiera que se observase que la vez anterior la crisis abierta se centraba en los fraudes. 
Consideramos que esto no era un buen punto de partida y que tampoco estaba fundado suficientemente. 
Debo decir que el trabajo de los expertos independientes nos ha dado la razón: hoy la crisis y su solución apuntan a un problema de crisis política de la estructura. 
Es en esto en que se basa la crisis de la Comisión y para nosotros los europeístas ésta puede convertirse en una crisis beneficiosa y puede dar lugar a una verdadera reforma de la Institución. 
Pienso en que hemos dado algunos pasos adelante respecto a la otra vez, cuando la cuestión eran los fraudes. 
Dicho esto, creo que el interés del Parlamento, así como de todos los europeístas- repito esta palabra- es el de ir a las elecciones con una nueva Comisión demostrando así que las Instituciones europeas son capaces de actuar rápidamente. 
En consecuencia, para nosotros es muy importante, después de que el Parlamento y la Comisión hayan cumplido su papel, que el Consejo haga lo mismo con el suyo. 
Nuestro papel se basa en la solicitud de actuar con rapidez empezando por Berlín y al respecto aprecio lo que ha manifestado aquí con mucha claridad el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Fischer, es decir, -cito sus palabras de hoy por la tarde- «en abril el Parlamento podría aprobar una propuesta con respecto al Presidente y en mayo la nueva Comisión». 
Esto significa que es necesario un acuerdo de los jefes de Estado antes del período parcial de sesiones del mes de abril del Parlamento Europeo. 
Para nosotros, este calendario es perfecto. 
Esperamos que pueda cumplirse porque responde a la exigencia de no fomentar una crítica contra las Instituciones europeas y de poner rápidamente a la Comisión en condiciones de abordar los asuntos políticos que están sobre la mesa. 
Queremos que se actúe con rapidez y queremos una solución política firme. Esto supone una solución no para pocos meses y, si es posible- y creemos que lo es porque es un hecho de voluntad política- queremos que desde el principio se siga el camino de Amsterdam porque, si la Comisión ha de ser fuerte, en primer lugar, debe durar lo suficiente y, por tanto, no sólo hasta final de año y, en segundo lugar, su Presidente debe tener mayores poderes, es decir, los que el Tratado de Amsterdam le confieren. 
Para hacer esto basta la voluntad política y es muy importante que sea así. 
Por último, debe ser una Presidencia que desempeñe varias tareas: tareas de gestión de esta compleja estructura que es la Comisión de la Unión Europea, pero también la tarea de autoreformarse. 
Y en este sentido muchas son las sugerencias del Parlamento. 
Personalmente, sugiero al Consejo que encuentre la manera de profundizar las propuestas que el Parlamento, en varias sedes, ha ido concretando en lo que a la reforma de la Comisión se refiere. 
Estamos convencidos de que, con vistas a la ampliación, todas las Instituciones europeas precisan una reforma y estamos convencidos de que la de la Comisión es una crisis que nace allí donde hay la estructura más operativa y, en consecuencia, la más sometida al contragolpe de la ampliación hecha realidad y del aumento de los cometidos de la Unión Europea. 
Sin embargo, también las demás Instituciones, el Consejo y el Parlamento, necesitan reformas. 
Creo, por tanto, que este primer paso que estamos dando, el de reformar la Comisión y de dirigirnos hacia una Unión Europea más democrática, representa el principio de un camino importante para la Unión. 
Señora Presidenta, hay un proverbio muy conocido que dice: «La victoria tiene mil padres, pero la derrota es huérfana». 
Hoy todo el mundo se declara a favor de las reformas, cada cual pujando más alto. 
Éste no era el caso hace unos meses. 
La mayoría de los Socialistas- salvo algunas notables excepciones- votó en contra de las alegaciones de mala gestión y de la necesidad de reformas urgentes de la Comisión el pasado mes de diciembre. 
No queramos rescribir la historia. 
Qué la historia sepa que la auténtica vanguardia del cambio- como observaba hace un momento el Sr. Martens- la formaron aquellos que votaron a favor de rechazar la aprobación de la gestión del presupuesto de 1996. 
Sin este desafío, no habría sucedido nada y habríamos seguido adelante como hasta ahora. 
En segundo lugar, el informe del Grupo de Expertos Independientes ha confirmado plenamente los resultados de la Comisión de Control Presupuestario. 
El Sr. Van Buitenen debería ahora ser readmitido. 
Asimismo, el entusiasmo de algunos colegas, en particular de la Sra. Green, al aceptar las conclusiones de expertos exteriores en un informe elaborado probablemente por las misma personas que redactaron nuestros propios informes en la Comisión de Control Presupuestario parecería indicar que se toma más en serio las opiniones de los expertos de fuera que aquéllas de los colegas. 
En tercer lugar, cuando nos dispongamos a nombrar una nueva Comisión, cualquiera que sea su composición, deberá hacerse especial hincapié en la reforma de la Comisión, en la continuación del programa de códigos de conducta, la reforma de los estatutos y el informe de evaluación de los recursos humanos y financieros necesarios. 
Por último, estamos abocados a una negociación entre el Parlamento y el Consejo. 
Lo que realmente importa es: ¿Queremos el gobierno de la minoría o el gobierno de la mayoría? 
Como decía Pericles en su oración fúnebre en la versión de Tucídides de La Guerra del Peloponeso: «Si consultamos las leyes, éstas imparten la misma justicia para todos dentro de sus particulares diferencias; aunque no la posición social, el progreso en la vida pública se corresponde con la capacidad, ya que no se permite que las consideraciones de clases interfieran en el mérito.» 
Al mismo tiempo dijo: «Nuestra Constitución no copia las leyes de nuestros Estados vecinos. 
Más que imitadores, somos modelo para otros. 
Su Administración favorece a la mayoría en vez de a la minoría. 
Por ello se llama democracia.» 
Señora Presidenta, creo que todos somos conscientes de estar viviendo una situación sin precedentes en la historia de la Unión. 
Momentos como el actual son una prueba para comprobar la fortaleza de la Unión Europea, para saber si cimentamos su construcción sobre bases sólidas o simplemente sobre un castillo de naipes. 
Por ello es nuestra obligación no cerrar en falso esta crisis. 
El problema no es simplemente sustituir la Comisión actual por otra. 
Lo que en estos momentos tenemos sobre la mesa debe ser no sólo la reforma de los métodos de funcionamiento de una institución sino la reforma de las instituciones mismas, Parlamento, Comisión y Consejo. 
De lo contrario, perderemos una ocasión única. 
El Parlamento ha asumido su responsabilidad y ha demostrado su madurez y puede estar, por ello, orgulloso. 
La renuncia de la Comisión debe servir de catalizador para la necesaria reforma institucional. 
Ahora, el Consejo debe estar a la altura de las circunstancias, pensar en Europa como un todo, aparcar intereses estatales y encontrar una salida positiva a esta crisis; de forma que podamos decir, como conclusión, que hemos logrado una Europa más sólida, más transparente y más democrática. 
Señora Presidenta, antes de nada muestro mi contrariedad por el hecho de que este Parlamento se reúna hoy y mañana, en lugar que en la fecha que había establecido. 
La actitud es fundamentalmente de sumisión a las exigencias de los Gobiernos, a las exigencias de los Estados. 
En ninguna de nuestras democracias, no tanto quizás en los parlamentos nacionales, pero seguramente en aquellos parlamentos regionales en los cuales es más fuerte el sentimiento democrático, ocurre esto. 
Se trata de una actitud que, a mi entender, no deja lugar a confiar en las verdaderas funciones de control que este Parlamento debería ejercer. 
En realidad, reconocemos que, gracias a una iniciativa tomada por algunos de nosotros que luego torpemente la mayoría ha tratado de gestionar de otra forma, hemos logrado que saliera a la luz un caso que demuestra que las burocracias, las tecnocracias, pese a estar preparadas, en realidad y con frecuencia no están libres de defectos que luego causan esas distorsiones que hoy han desembocado en la dimisión de los diferentes Comisarios. 
Pienso que en el futuro habrá que estar mucho más atentos y, sobre todo, estoy en contra de que ya se invoque el Tratado de Amsterdam, o sea, que se pretenda gestionar algo nuevo, antes de tiempo, a través de algo viejo, tardíamente. 
No quisiera quitar ningún poder al nuevo Parlamento y, por tanto, pido firmemente que sea el nuevo Parlamento quien se declare en favor o en contra de la Comisión, al objeto de no tener que sufrir una Comisión respecto a la que no habrá podido pronunciarse. 
Señora Presidenta del Parlamento Europeo, «Shakespeare enamorado» ha ganado, Europa se alegra. 
Usted conoce Hamlet: though this is madness, yet there is method in it- aunque esto sea una locura, en ello hay un método. 
Pero no es una locura. 
Es una revolución del presente y una revolución para el futuro. 
Es una revolución para el presente por tres elementos que lo han formado. 
En primer lugar, el acontecimiento: el 16 de marzo de 1999 quedará registrado en los libros de historia con la dimisión de la Comisión. 
Es una censura de hecho, impuesta por el Parlamento Europeo. 
En 1979 tuvimos el sufragio universal. 
En 1999, la responsabilidad. 
Se ha rizado el rizo en la construcción de la democracia. 
Es una revolución para el presente por la causa que lo ha provocado. 
El Parlamento Europeo ha sancionado la falta general de control. 
Ningún fraude individual, insistimos. 
Nosotros lo sabemos, otros mienten. 
En Bruselas, en el centro del ciclón, se comprende, pero hay ciudadanos que se preocupan, engañados por los mentirosos de la prensa Murdoch, los populistas franceses, los nacionalistas de todos los partidos, y por los populistas de todos los medios de comunicación. 
Hemos escuchado aquí a algunos en el día de hoy. 
Se engaña a la gente para captar lectores o votos y para perjudicar a Europa. 
Es cosa nuestra decirles la verdad. 
Es una revolución para el presente por la lección que nos aporta, porque Europa ha dado una lección de democracia. 
En los Estados miembros, muchos Parlamentos deberían usarlo de inspiración para emanciparse, muchos gobiernos, para tener más responsabilidad. 
Pero es también, señora Presidenta, una lección para el futuro y, por tres elementos, una revolución para el día de mañana. 
Una Comisión fuerte, para empezar; todos lo piden y todos están de acuerdo, incluso el UPE. 
Jacques Chirac y Lionel Jospin están de acuerdo. 
Está bien. 
Jospin y Schröder están de acuerdo. 
Es esencial. 
Schröder, Jospin y Blair están de acuerdo. 
Es inesperado. 
Hoy Blair, junto a Francia, Alemania y los demás Estados de la Unión, llama a Prodi. 
Para Gran Bretaña, para Europa, ¡es una tremenda revolución! 
Segundo elemento de la revolución para el futuro: nuevos controles, una nueva norma y nuevas culturas. 
Hemos creado la moneda única. 
Vamos a construir una ética común del poder en Europa. 
Nosotros la controlamos. 
La democracia europea acaba de nacer, es cosa nuestra hacerla crecer. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, desde hace meses hemos formulado advertencias a la Comisión en reuniones y en conversaciones privadas. 
No se nos ha prestado oído y el resultado es el que es. 
Hemos de entender que los tiempos han cambiado, pues la Unión Europea posee hoy la fuerza de la autolimpieza democrática. 
Creo que es una buen mensaje para los ciudadanos que esto es sólo posible en un sistema democrático como éste y que un aparato no sale indemne de lo que haya perpetrado. 
Sin embargo, hemos de ver también que este problema no es tanto una cuestión de unas personas determinadas. 
En la última Comisión existen muchas personas honorables, no debemos olvidar esto. 
No obstante, hemos de ver que ésta es, en especial, un problema de la estructura, de la falta de eficacia de las instituciones europeas. 
Sólo si modificamos las estructuras de la Comisión no volveremos a estar dentro de dos años en la misma situación en que nos encontramos, pues la sustitución de las personas en la cumbre es solamente una parte de la verdad. 
Por esta razón, a la hora de una reinstalación de la Comisión necesitamos procedimientos concretos. 
Por un lado, es acertado, sin duda, que debemos dar una señal a los ciudadanos antes de las elecciones. 
Pero, por otro lado, debe haber suficiente tiempo para que el procedimiento de designación de la Comisión implique la posibilidad de una dramática reorganización de esta institución, y un nuevo y buen Presidente de la Comisión utilizará este procedimiento y al Parlamento para imponerse frente al aparato. 
Puesto que ésta va a ser la Comisión que estará en funcionamiento en los próximos cinco años, este Parlamento debe tomar en cuenta al nuevo Parlamento que tiene que vivir con esta Comisión, que tiene que aceptarla y que en el futuro deberá otorgar también la legitimación a esta Comisión. 
Creo que de todo esto se sigue un compromiso y pienso que ustedes, los de la Presidencia del Consejo, serán capaces de proponernos un marco temporal que haga posible conectar ambas cosas para que logremos la reorganización y con ella una Europa mejor. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, ha sido el Informe del Comité de Expertos Independientes el que ha logrado lo que no había conseguido el Parlamento: la exigencia de la responsabilidad política de la Comisión. 
Este es un hecho vergonzoso. 
Todos los que no votaron a favor del voto de censura han recibido una buena lección del informe del Comité de Expertos Independientes. 
De hecho no se encuentra nada nuevo en las 140 páginas. 
No osbtante, el Comité de Expertos ha puesto de manifiesto una sabia verdad: con la afirmación de que la Comisión en su totalidad ha perdido el control de las finanzas y de los funcionarios se ha dado relevancia al auténtico problema. 
Se han señalado los límites de la administrabilidad. 
La dimisión de la Comisión no ha sido un acto de heroísmo, sino el recurso a la cuerda de salvación, pues las alternativas estaban claras. 
La pérdida de confianza que ha sufrido esta Comisión es tan grave que para nosotros sólo es planteable una sustitución, lo más rápida posible, de todo el equipo, pero quiero destacar que la mera sustitución de las cabezas no es suficiente. 
No se necesitan reformitas, sino auténticas reformas. 
Por un lado, debe haber un análisis a fondo de las estructuras de la Comisión y, por otro lado, se necesita urgentemente una ampliación de los derechos de control, incluso de los de esta Asamblea. 
El auténtico mérito del Comité de Expertos Independientes es la celebración de este debate, pues, en defiitiva, se trata de que el ciudadano no se vea burlado en sus demandas de democracia y de control. 
Señor Presidente, a pesar de que los Democristianos se han apuntado a última hora a la idea de crear un Comité de Expertos Independientes, a la que se oponían en enero, en el Grupo de los Socialista acogemos con satisfacción que ahora apoyen la creación del Comité de Expertos Independientes y esperamos con interés el segundo informe que se hará público en los próximos meses. 
Quiero centrar mi intervención de esta tarde en dicho informe. 
No obstante, a modo de comentario, quisiera decir que las reformas que deseamos de las instituciones de la Unión Europea, como decía el orador anterior, no terminan con el examen de los 20 comisarios. 
Ha sido el centro de atención durante los últimos meses, pero ahora debemos descubrir las causas de los problemas generalizados en la Comisión y, lo que es más importante, queremos que el Comité de Expertos Independientes recomiende soluciones. 
Por consiguiente, espero que el Comité de Expertos, cuando se reúna en el transcurso de las próximas semanas e investigue exhaustivamente el funcionamiento de la Comisión, analice detenidamente los problemas estructurales que existen en el seno de la Comisión. 
No se trata sólo de una cuestión de liderazgo político. Se trata de los procesos de gestión del personal y financiera. 
Se trata de la estructura orgánica de la Comisión en su conjunto; de las relaciones entre el personal y sus directores; las relaciones ente los directores y los directores generales; las relaciones entre los directores generales y los Comisarios y sus gabinetes. 
Por ello es muy importante que este segundo informe, sobre el que ahora debemos centrarnos, estudie la reforma radical que hace falta. 
Espero que cuando finalice la votación de mañana, la resolución que aprobemos exponga con toda claridad que queremos que el Comité de Expertos Independientes presente dichas recomendaciones. 
Del Comité de Expertos no queremos una polémica generalizada; queremos recomendaciones específicas sobre lo que ha descubierto, no sólo respecto a los últimos cuatro años, sino sobre los procedimientos que, según hemos podido saber, se han sucedido en el funcionariado de la Unión Europea durante muchos años. 
El reto es cómo reaccionar ante eso. 
Lo fundamental para el Grupo de los Socialistas es que queremos un nuevo Presidente de la Comisión que tome posesión de su cargo cuanto antes, y queremos que el Presidente tome el informe del Comité de Expertos Independientes y se asegure de que se cumple cada una de las medidas, no sólo en lo relativo a los 20 Comisarios, no sólo en lo relativo a la cultura del Colegio de Comisarios, sino también en lo relativo a los directores generales, los directores y a todos los niveles de responsabilidad y de gestión en el seno de la Comisión. 
Si no lo hacemos, todo el ejercicio de los últimos meses habrá sido en vano y no habremos hecho ningún progreso en lo que, después de todo, es un acontecimiento importante para la población de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Donnelly, el Presidente del Consejo ha dicho que hemos hecho uso de nuestros derechos democráticos y que hemos cumplido nuestra tarea. 
Si la Comisión hubiera estado dispuesta en su día a facilitarnos el acceso a todas las informaciones, no habríamos necesitado el consejo de los expertos, y estamos dispuestos a elaborar el segundo informe de la misma manera que el Comité de Expertos Independientes, si obtenemos de la Comisión las informaciones necesarias. 
Quisiera hacer una pequeña puntualización dirigida a la Comisión y al Presidente de la Comisión: no es cierto que la crisis empezara cuando se iniciaron las reformas; al contrario, LEONARDO surgió en el año 1998 y de los problemas en torno a la Sra. Cresson no hemos sabido sino en los últimos meses. 
Por esta razón esto es catastrófico, igual que el hecho de que los asuntos financieros que emprendió la Comisión y que ahora son criticados en el informe del Comité de Expertos Independientes, recibieran luz verde del control financiero. 
Pero quisiera decir aún unas palabras sobre el informe del Comité de Expertos Independientes y sobre la actividad del Parlamento. 
¿A quién va a extrañar que el Grupo Socialista haya prohibido hablar a los colegas suyos que estaban en contra de la aprobación de la gestión del ejercicio presupuestario de 1996? 
¿A quién va a extrañar que el Grupo Socialista haya votado en contra del ponente para OLAF, su propio colega el Sr. Bösch, y a quién va a extrañar que la coordinadora del Grupo Socialista en la Comisión de Control Presupuestario haya renunciado a su trabajo a causa de la política de su presidenta de grupo? 
Por esta razón, quizá sea lógico que la presidenta de grupo presente primero el voto de censura y lo retire a continuación. 
Si el Grupo Socialista se hubiera comportado en enero de manera tan consecuente como ahora muestra, tendríamos quizá ahora ya una Comisión que funcionase y nos podríamos haber evitado esta crisis de la que todos estamos hablando hoy. 
Señor Presidente, parafraseando a Shakespeare, me temo que en el fondo estamos aquí ante much a do about nothing y de hecho no creo que ahora se haya constituido ninguna base para un nuevo comienzo o un borrón y cuenta nueva. 
Y es que el problema de la Comisión Europea es igual al problema de todas las instituciones comunitarias, sin excepción: fraude, nepotismo, despilfarro, una opaca política de subvenciones, soberanas compensaciones. 
¿Quién de este Parlamento se atrevería a decir que la Comisión es, o era, el único enfermo aquí? 
Es cierto que todas las instituciones europeas, sin excepción, incluido este Parlamento, se encuentran demasiado lejos del ciudadano para facilitar un control democrático normal. 
Por tanto, el escándalo de la Comisión debería llevarnos sobre todo a un mayor respecto para el principio de la subsidiariedad, a un drástico desmantelamiento de la política de Santa Claus de las subvenciones europeas y, sobre todo, a un mayor control por parte de los Estados miembros y de sus gobiernos. 
Mientras esto no ocurra, me temo que nada cambiará realmente. 
Señor Presidente, con sorpresa compruebo que algunos colegas intentan aprovecharse, con un estilo de política mezquina, de una grave situación y eso es algo muy triste. 
Nos encontramos ante una crisis de las instituciones de la Unión a la que debemos hacer frente de manera inmediata. 
Debemos manifestar que la dimisión de la Comisión Europea ha demostrado la sensibilidad política y personal del conjunto de los miembros de la Comisión. 
Por otra parte, ha demostrado también que las instituciones que habíamos creado funcionan y que es necesario que las desarrollemos. 
Ante esa crisis el Parlamento Europeo ha dado muestras de una serenidad y una madurez dignas de mención. 
Pero ha llegado la hora de que nuestros dirigentes tomen decisiones audaces, decisiones que actúen de forma positiva para reforzar las instituciones de la Unión. 
Algunos enemigos de la idea europea, probablemente, quieran utilizar esta crisis institucional para atacar a esa misma idea que es por la que todos nosotros nos encontramos hoy aquí. 
Las decisiones son difíciles. 
Pero los vacíos y los callejones sin salida son peligrosos. 
Los dirigentes de nuestros estados están obligados a tomar decisiones inmediatas y a proporcionar una solución clara. 
Es positivo que el Presidente en funciones del Consejo haya declarado que en abril se va a proponer el nombre del nuevo Presidente de la Comisión. 
Creo que eso no es suficiente. 
Es necesario que se tomen decisiones inmediatas también para los restantes miembros de la Comisión Europea. 
Los temas constitucionales que pueda haber podrían solucionarse y, basándose en el Tratado de Amsterdam, el Consejo y el Parlamento Europeo podrían actuar para llevar a cabo cualquier reforma pertinente. 
Tenemos la oportunidad de restablecer de forma inmediata la confianza necesaria en las instituciones de la Unión Europea. 
Creo que ésa es nuestra obligación ante los ciudadanos europeos y ante la propia idea de la Unión Europea. 
Señor Presidente, la crisis que se ha abierto en Europa es una crisis grave y al mismo tiempo saludable: grave porque seguramente describe un momento de dificultad sin precedentes y, sin embargo, saludable porque, desde ahora en adelante, como se ha dicho, el tema de las reformas institucionales no podrá eludirse, el tema de las reformas institucionales que deberán adoptarse y decidirse antes de la ampliación, el tema de las reformas institucionales que deberán configurar una posibilidad de gobierno económico en Europa, la Europa del después del euro. 
La Europa que se ha dotado de unas instituciones como el Banco Central Europeo para gestionar la política monetaria es una Europa que exige un gobierno político cualificado, unas instituciones políticas cualificadas. 
Defendemos la autonomía del Banco Central, pero la defendemos en cuanto autonomía respecto a otro poder político que debe existir. 
Hoy el tema ya no puede eludirse. 
Lo que ha ocurrido, sin embargo, es saludable porque al fin se ha planteado la cuestión de la transparencia. 
Cada uno de nosotros tiene experiencia en cuanto a lo prioritaria que era esta cuestión de la transparencia en las actividades de la Comisión Europea. 
Quien ha estado en contacto con la Institución, quien ha presentado solicitudes para participar en algún programa tiene la experiencia de la falta de información y de la falta de motivación de las decisiones. 
También es saludable porque, gracias a los expertos independientes, ha surgido una especie de nueva jurisprudencia moral, en base a la que a los políticos se les dice que no solo no deben hacer lo que no está permitido, sino también lo que no es oportuno, y esta jurisprudencia moral deberá emplearse como una valiosa lección y las clases dirigentes de los diferentes Estados, a escala nacional, deberán ajustarse a ella, si queremos reconciliar a los ciudadanos con la política y las Instituciones. 
No hay que hacer lo que no es oportuno. 
Yo también confío en una rápida solución a la crisis y en una Presidencia cualificada y subrayo que si ha de ser una Presidencia fuerte y autorizada, no puede ser una Presidencia a corto plazo, sino que debe tener una proyección temporal adecuada. 
Señor Presidente, esta crisis que nadie ha deseado y que nadie ha evitado, por ser regeneradora y creativa, debe iniciar una nueva época en la vida de nuestras instituciones y adecuarlas al servicio de una Europa más ambiciosa, más transparente y democrática y, naturalmente, más política. 
Pero también más responsable en su funcionamiento y en su control, sin laxismos, sin demagogias, pero también sin chivos expiatorios. 
Vivimos una crisis de auténtico crecimiento en la que las instituciones menguan a medida que aumentan las tareas. 
Y, por eso, no sorprende la indeleble frontera que separa responsabilidad individual de responsabilidad colectiva o responsabilidad comunitaria de responsabilidad gubernamental. 
Ni siquiera tenemos hoy la certeza y la seguridad de los textos legales, que deberían fortificarnos, ni respecto del pasado ni respecto del futuro. 
Por eso, señor Presidente, sólo políticamente encontrarán las instituciones una salida, un norte, una orientación. 
Lo que quiere decir que compete a los responsables políticos, ahora en particular al Consejo y al Parlamento, actuar rápidamente para la solución de la crisis. 
Pero, señor Presidente, «con rapidez» no quiere decir «con precipitación» , quiere decir que en un plazo razonable el Consejo presente un candidato a Presidente de la Comisión, presidente que debe recoger la mayor legitimidad democrática de este Parlamento, condición necesaria e indispensable para una Comisión que sea fuerte. 
Y quien dice fuerte, señor Presidente, dice duradera, dice con futuro político. 
No hay comisiones aptas para llevarse por delante las exigencias de reforma y de nuevo arranque de las instituciones con estatutos ad interim. 
El Parlamento estará dispuesto a resolver deprisa una crisis que, de prolongarse, sólo alimenta a los enemigos de Europa y va debilitándola económicamente. 
Para eso tendrá que ser oído en sus exigencias, pero está dispuesto a acordar políticamente con el Consejo una solución. 
Esta crisis, señor Presidente, no tiene como epicentro Bruselas, tiene su origen en todas las capitales de los Quince. 
Corresponde en este momento al Consejo, en particular a la Presidencia alemana, poner las cartas sobre la mesa y asumir también sus responsabilidades. 
Nosotros estaremos aquí en nuestro lugar en espera de sus propuestas. 
Por fortuna, según nos ha dicho hoy el Presidente en ejercicio del Consejo, parece que el Consejo va por buen camino, el camino del sentido común. 
¡Así sea! 
Señora Presidenta, en este debate sobre la salida de la Comisión y la próxima cumbre en Berlín, quiero empezar por dar las gracias a todos los Comisarios intachables por la gran cantidad de trabajo realizada por ellos a lo largo de estos últimos años. 
Es lamentable que hayamos tenido que llegar a estos extremos y que en enero no se reaccionara positivamente a la llamada de este Parlamento, también de buena parte de mi Grupo parlamentario, para que se obligara a dimitir a los Comisarios criticados. 
Si esto se hubiese hecho en enero, la Comisión y el Parlamento habrían salido refortalecidos del campo de batalla. 
Ahora, los Comisarios buenos se han visto arrastrados por los malos. 
Y eso es una pena. 
Dirijo una mirada crítica también a nuestros amigos socialistas, porque si ellos nos hubiesen apoyado en enero con aquella resolución, no habría ocurrido lo que finalmente tuvo que ocurrir. 
Apoyamos la salida de la Comisión como un hecho inevitable. 
Esperamos la llegada cuanto antes de una Comisión nueva, empezando por su Presidente. 
Sin embargo, en nuestra opinión deberá ser una Comisión interina. Porque una Comisión realmente definitiva podrá ser nombrada sólo después de las elecciones. 
Esa, a mi parecer, es la regla democrática normal. 
De la misma manera que en los Estados miembros tampoco se forman primero los gobiernos para luego celebrar las elecciones, sino que se hace al revés. 
En cuanto a la elección del Presidente, estaría muy bien si este Parlamento pudiera hacer una propuesta. 
Tengo entendido que existen tres candidatos: el Sr. Prodi, el Sr. Solana y el Sr. Kok. 
Por mi podría valer cualquiera de los tres, pero si me pregunta por mi preferencia personal, me agradaría la llegada de un correligionario, que sería el Sr. Prodi. 
Por lo que a mi me atañe, contará con mi apoyo. 
Alguien que es capaz de llevar por la senda recta la burocracia y economía italiana podrá también con Bruselas. 
Así que, por mí, el Sr. Prodi será muy bienvenido. 
Queda por hacer alguna observación sobre la Agenda 2000, ya que esta también se debatirá en Bruselas. 
Espero de todo corazón que se corrija la política agraria, porque tal y como se desarrolla actualmente no va bien. 
Espero que se corrijan los fondos estructurales. 
Espero, sobre todo, que Países Bajos obtenga unos resultados mejores de la Agenda 2000 de lo que se vislumbra en estos momentos. Porque el gobierno holandés bien podría hacer sus deberes un poco mejor de lo que ha hecho hasta ahora. 
Esperaremos con gran expectación que los resultados sean mejores de lo que parecen en este momento. Por estos motivos esperamos con el mismo interés los resultados de la Agenda 2000 que la llegada de la nueva Comisión. 
Señor Presidente, los diputados holandeses del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos opinamos que con su decisión de presentar la dimisión la Comisión ha tomado la única decisión correcta posible a consecuencia de las conclusiones del informe del Comité de Expertos Independientes. 
Se trata, por tanto, de algo diferente de lo que acaba de decir la Sra. Maij-Weggen, quien habló de echar a dos Comisarios por acusaciones de fraude, y de que la dimisión debe verse como un resultado provisional de un proceso. 
Por ello, lo más importante es que el Parlamento siga trabajando ahora de forma unánime para ocupar su nueva posición con respecto al Consejo, antes que discutir sobre cuál fue el grupo parlamentario que instigó este proceso. 
Ese nuevo posicionamiento, esa nueva cultura, deberá expresarse en la realización del código de conducta. El desarrollo de una responsabilidad individual de los Comisarios, la revisión del estatuto de los funcionarios y del estatuto de los diputados. 
Esa postura diferente de la Comisión en su procedimiento de trabajo y en su relación con el Parlamento podríamos resumirla como el final de la arrogancia. 
Sin duda, eso significa una ganancia para el Parlamento, siempre y cuando no sea sustituido por la arrogancia del Consejo. 
Posiblemente sea difícil para el Consejo trabajar bajo la presión del tiempo. 
Pero es absolutamente fundamental que tengamos una nueva Comisión con la mayor celeridad posible, aún antes de la celebración de las elecciones para el Parlamento Europeo. 
Y es que habrá de elaborarse un ambicioso programa de trabajo que deberá ser examinado por el Parlamento Europeo; el Parlamento actual está especialmente capacitado para indicar a la nueva Comisión cuáles son las reformas que deben llevarse a cabo. 
La nueva comisión deberá comprometerse a hacerlo. 
A continuación, al comenzar la nueva legislatura de la Comisión en el año 2000, el Parlamento puede volver a examinar a la Comisión sobre la base de dicho programa de trabajo. 
Es decir, queremos una nueva Comisión para cinco años y medio, con un periodo de prueba de medio año. 
Si una Comisión funciona bien no tiene porqué tener ningún temor ante tal reexaminación por el Parlamento. 
Al fin y al cabo, cualquier Parlamento democrático normal somete a examen a sus Ministros continuamente. 
Señor Presidente, si alguien analizase los hechos ocurridos en este último año podría ver muchas cosas que han sido objeto de debate aquí. 
Sin duda, ha habido también casos de injusticias personales, porque muchos de los se han visto obligados a dimitir no deberían haberlo hecho. 
Sin duda, esa serie de hechos ha sido explotada políticamente de forma mezquina por parte de algunos. 
El hecho es que todo eso ha terminado ya y donde debemos poner nuestra atención es en ver qué lecciones hemos aprendido y cómo podremos aprovecharlas para el bien de la Unión Europea y de la gente en general. 
Creo que reconocer que el Parlamento Europeo juega un papel mucho más importante que el que las otras instituciones estarían dispuestas a aceptar es fundamental y muy importante. 
Además, a partir de ahora, el Parlamento Europeo debería responder a las expectativas de los pueblos de Europa acerca del modo con el que se debe hacer frente a esos asuntos y son otros los que deberían aprender lecciones. 
El Consejo, por ejemplo, se apresuró a hacer excepciones sin haber examinado los hechos reales. 
Si la Comisión hubiese actuado de otra forma en determinados casos no habríamos llegado hasta este punto. 
No obstante, la lección fundamental que hemos de aprender es que tenemos una responsabilidad ante aquéllos que nos van a votar dentro de poco. 
Señor Presidente, también los miembros del Consejo tienen una responsabilidad. 
Porque si no adoptan una decisión correcta que permita a las instituciones de la Unión Europea actuar y colaborar de forma adecuada durante los momentos críticos que estamos atravesando y permanecemos en una situación de vacío parcial de gobierno por un largo período, me temo que no habremos aprendido las lecciones de esta crisis y todo caerá en saco roto. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate, ya se ha dicho casi todo. 
La mayoría ha comprobado que lo que ha sucedido en las últimas semanas no es algo a lo que demos la bienvenida, pero, tal vez, ha sido una descarga necesaria para limpiar la atmósfera, tanto en las relaciones entre el Parlamento y la Comisión como para posibilitar, a largo plazo, que los ciudadanos recuperen la confianza en la Unión. 
Opino que hoy está claro que la conclusión es que se necesitaba el período de enero a marzo para obtener este informe. 
Éste nos da una base totalmente diferente a la que teníamos en enero para mejorar constructivamente el porvenir. 
Estoy impresionada por la celeridad y eficiencia del trabajo del Comité de Expertos Independientes. 
Se ha criticado que se haya permitido a los Expertos Independientes hacer este trabajo y se ha dicho que el propio Parlamento debió haberlo hecho. 
No obstante, creo que en la politizada situación en la que nos encontrábamos no habría sido posible para el Parlamento hacer esta investigación. 
En general, también creo que a veces hay que valerse de juicios independientes. 
Es necesario, aunque pueda parecer duro, puesto que es difícil ver las soluciones cuando se está en medio del trabajo y de los procesos. 
Esperamos que este informe realmente sea un hito en la verdadera reforma del trabajo de la Comisión y, quizás lo más importante, en lo que se ha repetido muchas veces esta semana: tiene que haber más transparencia, cosa que el Parlamento también ha exigido muchas veces. 
En enero tomamos decisiones sobre propuestas muy constructivas en este campo. 
Señor Presidente, a partir de este día, desde este lugar, comienza una nueva era. 
Me siento tentado de parafrasear las célebres palabras que pronunció Goethe en la velada de Valmy: para las instituciones europeas comienza una nueva era, se impone una cultura diferente. 
Dicha cultura es la de la democracia. 
¿Seremos dignos de esa cultura? 
El reto se le presenta en primer lugar a la Comisión. 
Ésta ha sido durante mucho tiempo una institución sacerdotal sustentada por un núcleo de fieles. 
Hoy en día se está convirtiendo en un organismo gubernamental, prosaicamente sometido al control de los representantes de los pueblos. 
Es irritante, pero es así. 
El reto se le presenta también al Parlamento. 
Éste se ha convertido en uno de los protagonistas del juego institucional. 
Pero, como se dice en mi país, «nobleza obliga». 
Esta nueva responsabilidad genera deberes. 
¿Sabremos comportarnos como interlocutores exigentes, capaces de servir de apoyo a la institución Comisión, sin la que no somos nada ni unos ni otros? ¿o nos comportaremos como usurpadores puntillosos y caprichosos de un poder que no sería el nuestro? 
Debemos ser responsables. 
Pero este nuevo reto se le presenta también al Consejo. 
De entrada, como rama de la autoridad presupuestaria junto a nosotros, tiene que procurar dar a la Comisión los medios administrativos para actuar. 
Así lo esperamos en las perspectivas financieras- categoría 5 -, señor Presidente. 
Y también tiene que aplicar plenamente el juego de la democracia. 
Por último, el reto se les impone a los Estados. 
La gran olvidada de Amsterdam ha sido la reforma de la Comisión. 
Ahora hay que elegir a una verdadera Comisión que funcione con el modelo colegial o con un modelo más presidencial. 
Se respetarán los plazos. 
Entre todos debemos responder a los retos pues, de lo contrario, entre todos lo perderemos todo. 
Señor Presidente, señoras y señores, la dimisión de la Comisión fue, teniendo en cuenta el informe del Comité de Expertos Independientes, justificada y necesaria, y celebro que hoy tantos colegas voten a favor del informe y su resultado, a pesar de que hayan rechazado el nombramiento de este Comité. 
Pero se puede ser más listo. 
Segundo: el informe del Comité de Expertos Independientes fue duro, pero no injusto, porque pienso que cuenta mayor distancia exista respecto de los ciudadanos cuyo dinero se gasta, más severos deben ser los criterios de la administración y la responsabilidad financiera. 
Tercero: la Comisión de la Unión Europea tuvo que dimitir porque era demasiado débil frente al Consejo. 
Por otro lado, frente al Parlamento ha jugado a menudo el papel del fuerte. 
Cuarto: necesitamos una Comisión fuerte con un Presidente fuerte. 
Solo una Comisión de esta naturaleza es un socio equilibrado y apropiado para el Parlamento. 
Pero fuerte también significa abierto, transparente y sin secretismos. 
Quinto: necesitamos un nuevo equilibrio entre la colegialidad de la Comisión y la responsabilidad individual. 
El ciudadano debe percibir la responsabilidad de toda la Comisión, pero también la de los comisarios individualmente considerados. 
Sexto: algunos explican equivocadamente la crisis de la Comisión achacándola a la crisis de la Unión Europea, pero la UE debe y se protegerá, sobre todo si reacciona rápidamente, y espero que la Presidencia pueda imponerse en el Consejo de Berlín. 
Séptimo: necesitamos un nuevo equipo y no solo un nuevo Presidente. 
La Comisión debe renovarse visiblemente con nuevos rostros. 
Octavo: algunos piensan que deberían aprovechar los errores y la incapacidad de la Comisión para debilitar a esta e incluso a la UE. 
No considero que este camino sea el correcto y rechazo esta posición. 
Noveno: hemos conseguido mucho con esta UE, también con esta Comisión, que acaba de dimitir, pero pienso que el mercado común y una moneda común no son suficientes. 
Décimo: debemos prolongar el camino hacia la unión social y medioambiental. 
Debemos prolongar el camino hacia la unión política y necesitamos una Comisión y un Presidente de la Comisión que asuman esa responsabilidad. 
Señor Presidente, como se ha señalado en este debate, es importante reconocer que se trata de una crisis de la Comisión. No es una crisis de la Unión Europea. 
Por tanto, en estos momentos hay que tranquilizar a nuestros ciudadanos, algo que sólo es posible si el Consejo de Ministros y el Parlamento y el personal administrativo siguen atendiendo a las importantes tareas que deben ser atendidas, como terminar la Agenda 2000, la disposición sobre el euro y garantizar a los ciudadanos de Europa que en la actual crisis no hay nada que no haya sido previsto en los Tratados y que no pueda ser solucionado. 
Son muchos en el Parlamento los que se jactan y muestran su satisfacción por el papel que el Parlamento ha desempeñado en todo este asunto. 
No obstante, a mi entender, el Parlamento ha avanzado dando tropiezos en vez de elaborar con mucho cuidado una estrategia en todo lo que ha sucedido. 
En primer lugar, la Comisión de Control Presupuestario aprobó por escasa mayoría conceder la aprobación de la gestión. 
El Parlamento rechazó dicha aprobación, pero más tarde aprobó una moción de confianza en la Comisión y su Presidente. 
La líder del Grupo de los Socialistas votó a favor de conceder la aprobación de la gestión y también votó a favor de la confianza en la Comisión. 
El Sr. Cox, líder del Grupo de los Liberales, votó a favor de conceder la aprobación de la gestión. 
Por tanto, debemos recordar que en un inicio no estaba del todo claro hacía dónde nos dirigíamos. 
La Comisión de Investigación presentó sus resultados y al parecer han sido dichos resultados, que no contenían nada nuevo, los que han llevado a la Comisión ha presentar su dimisión. 
La Comisión de Investigación expuso la cuestión con mayor claridad de lo que el Parlamento ha sabido hacer jamás, y el público pudo leer con total claridad qué era lo que iba mal. 
Creo que las consecuencias del fracaso de la Comisión como colegio han sido desproporcionadas. 
Los fracasos de la Comisión llevaban ahí mucho tiempo. 
Eran el resultado de haber encomendado demasiadas funciones a la Comisión, pero sin proporcionarle los recursos necesarios para su realización. 
Lamento que un Comisario o dos no hicieran honor a sus responsabilidades, pero lamento asimismo que tantas personas valiosas, incluido el Presidente Santer, que han realizado tanto trabajo importante y han cosechado tantos logros, hayan sido desacreditadas ante los ojos de Europa, cuando en realidad son personas honorables que han realizado una excelente labor. 
Señor Presidente, Señorías, se ha hablado mucho, a propósito de la dimisión de la Comisión, de una crisis institucional y de una crisis política. 
En vez de esto, yo hablaré de una crisis de crecimiento. 
En efecto, cuando la Comisión estaba presidida por Jacques Delors, irrumpió con fuerza en el terreno político, en el ámbito de las políticas europeas, consagradas además en lo esencial por el Tratado de Maastricht, el Mercado Único, la Unión Económica y Monetaria y la ciudadanía europea. 
Abandonamos el esquema clásico de la Comisión y verdaderamente no hemos sabido aprender nada de ello. 
Ni los Estados miembros, que han fracasado en el Tratado de Amsterdam, porque no supieron plantear los problemas de la transformación de las instituciones de la Unión. 
Tampoco el Parlamento, que ha sido a veces demasiado tímido en su enfoque de este Tratado de Amsterdam y que tampoco ha sabido guardar la distancia requerida en la materia. 
Por último y, sobre todo, la Comisión que, más que ninguna otra, era la mejor situada para medir hasta qué punto su organización y su funcionamiento se habían quedado completamente obsoletos frente a las tareas que se le exigían y que aceptaba y solicitaba. 
Así pues, ahora la orientación está clara para el nuevo Presidente y la nueva Comisión. 
Será la de comportarse, de hecho, antes que sea de derecho, como un verdadero gobierno europeo, con lo que ello supone de transparencia, con lo que supone también de eficacia en la organización y en la gestión. 
La cultura tecnocrática debe ser reemplazada, como decía el Sr. Bourlanges, por la cultura democrática. 
Creo que éste el gran mérito del Grupo Socialista, el cual, con su estrategia paciente, ha llevado precisamente a cercenar el mal que gangrenaba a nuestras instituciones. 
En lugar de dedicarnos al politiqueo, a las disputas pueblerinas y a los ajustes de cuentas, hemos impulsado al Parlamento a hacer un gesto político y, si el día de mañana la Unión Europea recoge los frutos, se lo deberá a nuestro grupo. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame hacer una observación en nombre de muchos diputados sobre la grave descortesía de la Comisión de no asistir a este debate. 
El Consejo, al menos, está representado por el COREPER. 
Probablemente soy el menos sorprendido por los resultados del Comité de Expertos Independientes, porque, como saben muchos colegas, desde 1990 he venido persiguiendo un fraude en la DG XXIII. 
Éste se ha visto ampliado por el informe, aunque no hay nada nuevo. 
Mi opinión es que el informe de nuestra colega la Sra. Wemheuer, de las filas socialistas, que no ha intervenido esta noche y que dimitió de la Comisión de Control Presupuestario en protesta por la posición del Grupo Socialista antes de Navidad, examinaba las cuestiones institucionales que debía examinar el Comité de Expertos Independientes. 
En el apartado 1 de la resolución aprobada por el Parlamento en enero se exigía que el Comité de Expertos Independientes examinara el modo en que la Comisión Europea encubre sistemáticamente el fraude, la mala gestión y la corrupción; y eso no aparece en el informe, especialmente, si me lo permiten, en la saga del turismo. 
Lo único que ha sucedido ha sido un aplazamiento de tres meses del informe del Sr. Elles, que fue devuelto a comisión en diciembre en contra del deseo de los Socialistas. 
Dicho informe contenía una serie de reformas que ya entonces podrían haber sido introducidas y el testimonio del Sr. Van Buitenen de 9 de diciembre, que se hizo circular ampliamente en el Parlamento, que contenía toda la información que el Parlamento necesitaba para presentar una moción de censura, posiblemente, a Comisarios individuales en aquel momento. 
Por tanto, la crisis que se ha desarrollado durante los últimos tres meses hay que ponerla decididamente a los pies de la Sra. Green, a quien describí como la mujer más confundida de Europa, y sigo creyendo que es la mejor descripción de ella. 
Por tanto, el informe sobre el que hemos debatido esta noche es Van Buitenen II. Hay muy poco de nuevo, y me limitaré a decir al Consejo que el informe de los Expertos Independientes, si recomienda un cambio fundamental del Reglamento del Personal y del funcionamiento interno de la Comisión, habremos conseguido algo. 
Permítanme señalar a la Asamblea que en ningún momento durante los pasados dieciocho meses ningún Estado miembro ha presentado ninguna solicitud a través de COREPER o de otro modo para una reforma de las instituciones. 
Ya es hora de que lo hagan. 
Señor Presidente, las conclusiones del informe de los Expertos Independientes no dejan lugar a dudas. 
A la Comisión se le ha ido de las manos el control político sobre su administración. 
De hecho ésta es la conclusión más aterradora del informe. 
Y esto se traduce en que los funcionarios de la Comisión funcionan estupendamente sin dirección y sin directrices políticas generales. 
En un clima semejante florecen la corrupción, el nepotismo y las irregularidades. 
Por suerte, el próximo informe de los Expertos Independientes dará un vuelco radical a la mentalidad funcionarial que existe en la Comisión y es en este punto donde deberá centrarse la batalla más importante. 
Debemos llevar a cabo una amplia reforma del personal que en mi opinión debe incluir el fin de los contratos vitalicios y su sustitución con contratos por un número de años determinado. 
Ahora bien, tampoco debe iniciarse una campaña de descrédito contra los funcionarios de la Comisión como tal. 
Hay muchos que trabajan bien y eficazmente; sin embargo, debería ser posible echar fuera del cesto las manzanas podridas. 
Será una ardua batalla. 
Las organizaciones de personal lucharán con uñas y dientes cuando vean desaparecer estos privilegios excepcionales. 
El informe de los Expertos Independientes atribuye una responsabilidad colectiva a los comisarios que finalmente han aceptado su responsabilidad colectiva y se han marchado en bloque. 
Lo vemos perfectamente- no están presentes esta tarde. 
En el Parlamento habríamos destituido a toda la Comisión de no haberse marchado ellos antes. 
En la delegación de los socialdemócratas daneses estamos por ello de acuerdo en no votar a favor de la restitución de una Comisión que es prácticamente igual a la que acabamos de destituir. 
No es una cuestión personal, aunque una persona tratara de convencernos de lo contrario. 
Es una cuestión de principios y queremos pedir a nuestros compañeros que dejen a un lado consideraciones de carácter nacional y de grupos políticos. 
Por último, me gustaría darle un consejo al Consejo. 
¡Se acabó la política de los quince sellos de caucho! 
Los gobiernos nacionales no han demostrado ninguna responsabilidad en este asunto. 
Año tras año han aprobado las cuentas sin pestañear, luego quizá debiéramos considerar la posibilidad de cesar al Consejo la próxima vez. 
Quiero decirle a mi amigo, el Sr. McMillan-Scott, que me parece de mal gusto criticar a la Sra. Green cuando no está presente, lo cual es revelador de lo que representan los conservadores en Inglaterra. 
¡Son aves carroñeras! 
Señor Presidente, la crisis de la Comisión que desde hacía meses era acuciante ha emitido, con la dimisión de la misma, una señal clara y muy precisa. 
Bruselas tiene su Watergate y ahora hay que sacar consecuencias para superar completamente la crisis de confianza entre el Parlamento Europeo y la Comisión, entre la opinión pública y la Unión Europea. 
La crisis de la Comisión Europea no sólo afecta a ésta. 
Se trata más bien de una crisis de la Unión Europea. 
Respecto de su disolución se requieren medidas a corto plazo y reformas permanentes. 
Entre las medidas a corto plazo estaría que los Estados miembros nombrasen, a ser posible en Berlín, un nuevo Presidente de la Comisión y que los Comisarios claramente criticados en el informe del grupo de Expertos Independientes no pertenezcan a una futura Comisión. 
Entre las reformas permanentes habría que incluir que, lo antes posible, el Consejo estableciese un procedimiento para pedir responsabilidades de forma individual a los comisarios que se vean involucrados en casos de fraude, mala gestión y comportamiento inadecuado. 
Las necesidades a las que se enfrenta actualmente la Unión Europea no se corresponden desde hace mucho tiempo con las exigencias de la realidad política. 
El Tratado de Amsterdam ya prevé en este ámbito algunas mejoras. 
Pero no bastan por sí solas. 
A más tardar en una próxima conferencia intergubernamental se debe establecer un procedimiento que haga posible pedir responsabilidades a comisarios individualmente. 
También la lucha contra el fraude debe ser constantemente mejorada. 
El 80 % de los casos de fraude tienen lugar en los Estados miembros. 
Para eliminar esta penosa situación se necesita no sólo una autoridad independiente de lucha contra el fraude OLAF, sino también una ampliación de las competencias del Tribunal Europeo de Cuentas. Debe estar en condiciones de investigar casos de fraude in situ en colaboración con las autoridades y con los tribunales superiores regionales y nacionales. 
El derecho de control del Parlamento Europeo no debe ser en ningún caso menoscabado. 
El informe del Comité de Expertos Independientes ha sido muy valioso pero debe ser cerrado el 20 de abril y debería, sobre todo, investigar el funcionariado ya que hay una cosa que no puede valer para esta Comisión: los Comisarios van y vienen, pero los funcionarios permanecen. 
Señor Presidente, la Comisión Europea ha dimitido porque, tras investigar sus actividades, un Comité de Expertos Independientes ha determinado que esta institución ha estado sometida a una mala dirección. 
El Presidente Santer ha extraído unas conclusiones completamente acertadas y ha asumido las responsabilidades a este respecto. 
Este proceso ha demostrado la gran importancia que revestía la creación de este Comité de Expertos Independientes, ya que era la única manera de abordar los problemas reales. 
Sin su labor, no habríamos hecho otra cosa que ocultar la suciedad debajo de la alfombra, logrando la dimisión de dos o tres comisarios a modo de ejemplo. 
Ahora que leemos el presente informe, todo parece indicar que no hubiéramos podido lograr ni por asomo la dimisión justificada de todos ellos. 
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que, en el futuro, será necesario que establezcamos una buena cooperación con el Consejo. 
Se debe nombrar una nueva Comisión lo antes posible. 
Ha sido muy positivo escuchar al representante del país que ocupa la Presidencia del Consejo afirmar que se va a respetar el Tratado de Amsterdam por lo que respecta a esta cuestión. 
Sin embargo, cuando sometamos a examen estos modelos, deberemos recordar que la cuestión más importante de la próxima Cumbre de Berlín es la aprobación de la Agenda 2000 y que, en las condiciones actuales, es extremadamente importante lograr el éxito en dicha cumbre. 
En algunas intervenciones se ha propugnado también la idea de que en la nueva Comisión no podría estar presente ninguno de los Comisarios actuales. 
Creo que es necesario estudiar este aspecto teniendo en cuenta qué es lo que esperamos de la Comisión. 
El objetivo ha de ser mejorar las actividades y la mentalidad administrativa de la Comisión, y es necesario que los miembros de la Comisión sean personas capaces de lograr este objetivo. 
Debemos sacar provecho de la situación actual; hemos de disponer del tiempo y de las energías necesarias para acometer las reformas y para designar a unas personas que sean verdaderamente capaces de dirigirlas. 
Al dimitir junto con la toda su Comisión ha afrontado toda su responsabilidad, y yo manifiesto mi respeto por esta rectitud. 
Pero, al mismo tiempo, lamento que una Comisión que ha hecho un trabajo excelente a lo largo de todo el mandato se haya visto obligada a renunciar. 
Si en enero pasado, cuando todo el mundo conocía ya las artimañas de la Sra. Cresson, ésta hubiera dimitido de motu propio, que es lo que habría tenido que hacer, ahora no nos encontraríamos ante una crisis política de nivel europeo. 
Espero que las escapadas nacionales, como las practicadas por la Sra. Cresson, ya no sean posibles en una nueva Comisión. 
Una nueva Comisión que a mí me gustaría que fuera fuerte y que hubiera recibido el aval del Parlamento Europeo nuevamente elegido en junio de este año. 
Querría también aprovechar la ocasión, señor Presidente, para rendir homenaje al Sr. Jacques Santer y a la mayor parte de su Comisión, que ha puesto en marcha proyectos de envergadura histórica: el euro, la ampliación, la Agenda 2000. 
Ha buscado además reformas fundamentales para que la lucha contra la corrupción sea más eficaz. 
La ironía de la historia quiere que la Comisión Santer haya sido la primera víctima de sus propias reformas. 
Esperemos que las iniciativas adoptadas por la Comisión Santer permitan que su sucesora sea más transparente, más democrática y más eficaz. 
Señor Presidente, estoy realmente consternada por la observación de los Tories y de su líder esta noche, pero no me sorprende. 
Sólo viene a confirmar lo que siempre he pensado de ellos. 
Este informe nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo. 
Al decir «nos ' me refiero a todas las instituciones de la Unión Europea. 
La Reforma de la Comisión es un comienzo. 
El Consejo de Ministros y los gobiernos nacionales también deben examinarse con ojo crítico y preguntarse si siempre han actuado en el mejor interés de nuestra Unión. 
El Consejo de Ministros tomará decisiones muy importantes esta semana que, como sabemos, tendrán un efecto duradero sobre el futuro éxito y sobre la credibilidad de la Unión Europea. 
Esperemos que tomen dichas decisiones con el mismo espíritu de apertura y transparencia y respeto de la democracia que, con razón, exigen de la Comisión. 
La Comisión ha sido declarada culpable de negligencia. 
Querría sugerir que un modo de remediarlo sería, en primer lugar, que todos los nombramientos y contratos sean publicados abiertamente, decididos independientemente y examinados por el Parlamento. 
El personal de la Comisión debería abandonar sus intentos de extender su esfera de influencia y comportarse colectivamente por el bien de la Comunidad. 
Debe ponerse fin a la práctica de que exista una cuota nacional de facto para el nombramiento de altos funcionarios. 
Los Comisarios deben poder nombrar a un gabinete personal, pero debe hacerse con total transparencia. 
Cada Comisario debería estar obligado a justificar ante un asesor independiente los nombramientos mediante la publicación detallada de la calificación de cada uno para el puesto. 
Cada miembro del gabinete debería estar absolutamente obligado a abandonar su cargo con el Comisario. 
No más nombramientos a dedo para ocupar cargos importantes en la Comisión. 
Con respecto al papel de los gobiernos nacionales, hacen falta urgentemente éstas y otras reformas. 
El público debe saber que es práctica habitual de los gobiernos y del Consejo de Ministros culpar a la Comisión cuando algo va mal. 
Como se ha señalado aquí, los fondos de la UE son administrados en su mayor parte por los gobiernos nacionales y existen pruebas considerables de fraude y negligencia en este ámbito. 
Los gobiernos tienen la responsabilidad de corregir eso. 
Y para terminar, señor Presidente, quisiera decir que en lo que respecta al papel del Consejo de Ministros, sabemos que éste se reúne en privado. 
Es uno de los pocos organismos gubernamentales de Europa que sigue tomando sus decisiones a puerta cerrada, y eso tiene que acabar. 
Señor Presidente, en las conclusiones del informe lo polémico es la conclusión constante del último párrafo, según el cual, a pesar de la dilución de responsabilidades políticas observada durante la investigación, habría que achacarlas a los Comisarios como Colegio que son, como órgano colegial. 
Ante semejante conclusión, la Comisión no tenía otra solución que la de dimitir, cosa que ha hecho con toda dignidad. 
Esta crisis ha ocurrido en el peor momento, cuando la Unión se encuentra en la fase final de las negociaciones de la Agenda 2000, de cuyas soluciones depende en buena medida nuestro futuro colectivo y, en particular, el de los países de la cohesión, como el mío, y de los futuros miembros de la Europa oriental y de nuestros agricultores. 
El frenesí de ciertas fuerzas políticas, al querer derribar esta Comisión, me inspira la sospecha de que a sus intereses convendría una Comisión débil, porque con una Comisión débil sería teóricamente más fácil hacer prevalecer sus tesis minimalistas sobre el futuro de la Unión. 
Creo que sería más razonable mantener esta Comisión en funciones, porque conoce bien los expedientes en negociación y daría, por eso, garantías de una negociación más rápida, eficaz y equilibrada. 
Pero estamos dispuestos a aceptar otras soluciones que sean razonables. 
Lo importante es que el ritmo y el equilibrio de la negociación de la Agenda 2000 no se vean afectados y no se pongan en entredicho los intereses estratégicos de la Unión. 
Quiero decir también que soy contrario a un segundo informe del comité. 
Necesitamos una Comisión fuerte en la que la responsabilidad política prevalezca sobre la burocracia. 
Necesitamos un Parlamento activo en sus funciones de control presupuestario y un organismo que luche eficazmente contra el fraude. 
Si lo que ahora tenemos no basta, hay que hacer las reformas necesarias. 
Pero no podemos perpetuar soluciones excepcionales. 
Es hora de que las instituciones funcionen y asuman sus responsabilidades políticas. 
Señor Presidente, permítame de entrada rendir homenaje a mi compatriota Jacques Santer, que no es de mi partido, pero en quien respeto la importante labor política que ha hecho a la cabeza de la Comisión. 
Querría destacar aquí los éxitos políticos de Jacques Santer, pero también la sucesión de cosas que ha llevado a su caída, y querría decir también que su propio Grupo político, el PPE, tiene en ello una gran responsabilidad. 
Señor Presidente, todo el mundo ha dicho aquí que haría falta enseguida una nueva Comisión fuerte, capaz de hacer profundas reformas. 
Evidentemente, me adhiero a este principio. 
Querría subrayar, no obstante, el nuevo lance en el que nos vamos a encontrar. 
La nueva Comisión será aprobada por el Parlamento. 
El Presidente, el nuevo Presidente de la Comisión, será elegido por el Parlamento sobre la base de un programa. 
Entre el Parlamento y la Comisión se va a instaurar una nueva relación. 
Será una Comisión y su programa lo que el Parlamento apruebe para la legislatura. 
De este modo, el Parlamento que aprobará a la Comisión estará ligado por un contrato de legislatura. 
Va a tener que disciplinarse y mostrar madurez política. 
Habrá que encontrar una mayoría estable para realizar lo que la Comisión proponga. 
El Parlamento ya no podrá contentarse con mayorías variables, a riesgo de exponerse a todo tipo de chantajes, sobre todo de grupos euroescépticos o antieuropeos. 
Esta democracia parlamentaria, señor Presidente, que se está instaurando así en Europa exige además que el Parlamento sea legitimado por los electores. 
Por ello, personalmente, no apruebo que sea el antiguo Parlamento el que dé su legitimación a la nueva Comisión. 
Debe ser el nuevo Parlamento el que lo haga, sobre la base de las elecciones del 13 de junio. 
Señor Presidente, los socialdemócratas tienen gran responsabilidad por la crisis constitucional en la que la UE se encuentra actualmente. 
En diciembre del año pasado votaron a favor de la aprobación de la gestión de la Comisión. 
Esto, unido a la actitud que refleja, y que precedió a la votación, han significado que la Comisión no haya sentido suficiente presión para hacer reformas a tiempo a fin de impedir la situación actual. 
En enero los socialdemócratas apoyaron también a la Comisión mediante el rechazo de una propuesta de voto de censura. 
En la situación en la que nos encontramos hoy es necesario que, antes de la elección al Parlamento Europeo en junio de este año, asuma una nueva Comisión con mandato hasta el año 2000. 
Otra cosa no entenderían los electores. 
Por eso, también es necesario que la Comisión tenga un papel relevante a la hora de tomar iniciativas y de velar por que se cumplan los tratados. 
Con todos estos grandes temas en el orden del día, es necesario que el trabajo político realmente pueda continuar. 
Sin importar lo que los distintos gobiernos puedan llegar a declarar, el mandato para la nueva Comisión durará, sin embargo, sólo hasta el fin de este año. 
El Parlamento Europeo que se elija deberá decidir qué Comisión y qué Presidente tendrá la Unión durante el período 2000-2004. 
En conformidad con el Tratado, se deberá respetar el resultado de la elección. 
El proceso y los tiempos se complican porque hay que nombrar una Comisión en dos etapas, porque queda muy poco del período de mandato del actual Parlamento y porque hay que aplicar dos Tratados diferentes. 
En este proceso ha quedado claro el papel del Parlamento Europeo. 
El Consejo de Ministros no ha impulsado reformas administrativas. 
Pero, para que el Parlamento pueda hacer escuchar su voz, es importante que no se formulen críticas dirigidas al propio Parlamento. 
Es provechoso que el Parlamento haya realizado, en diferentes fases, reformas importantes a las condiciones de trabajo imperantes. 
Se ha presentado a la aprobación del Consejo de Ministros una nueva propuesta de reglamento para los diputados al Parlamento Europeo. 
El tratamiento de este asunto también tiene que concluir antes de las elecciones europeas. 
Señor Presidente, la Comisión ha adoptado la decisión adecuada al presentar su dimisión tras la publicación del informe del Comité de Expertos Independientes. 
Consecuentemente, el Grupo del PPE ha venido llamando la atención desde noviembre de 1998 acerca de las irregularidades que se han registrado en los trabajos de la Comisión. 
Con los resultados del informe que han llevado a la dimisión de la Comisión no se hace más que poner por escrito una vez más el trabajo que ha venido desempeñando la Comisión de Control Presupuestario. 
Habría resultado razonable que los Comisarios acusados de negligencias, mala administración y nepotismo hubieran tomado la decisión de dimitir a la luz de los primeros datos, sobre todo si se tiene en cuenta que el Parlamento no tiene derecho a destituir a los comisarios de manera individual. 
Ahora es necesario aclarar a fondo cuáles son los componentes del tinglado que se ha organizado y someter también a examen las actividades de los funcionarios de la Comisión. 
No obstante, no se ha llegado a una solución por lo que respecta a la continuidad de la labor del Comité de Expertos Independientes. 
El Parlamento ya tiene ahora a su disposición instrumentos para controlar las actividades de la Comisión. 
La tarea del Parlamento consiste en asegurar que se llevan verdaderamente a cabo las positivas reformas que ya se han emprendido en la Comisión y que se abordan rápidamente los problemas que pudieran surgir en el futuro. 
Para la Unión, la situación actual es una situación difícil. 
Por este motivo, se debe nombrar rápidamente una Comisión provisional con el fin de garantizar la capacidad de actuación de la Unión Europea cuando el Parlamento emprenda sus actividades tras las elecciones del mes de junio. 
Como es natural, la Comisión provisional debería desempeñar sus funciones únicamente hasta finales del presente año, cuando el Parlamento Europeo deberá elegir la nueva Comisión para los próximos cinco años. 
En esta Comisión no necesitamos políticos que hayan fracasado o hayan sido apartados de la política nacional. 
Cuando se elija a los nuevos miembros se deberá tener en cuenta su capacidad para dirigir las actividades de la Unión y para asumir responsabilidades personales y colectivas en todas sus decisiones. 
El Parlamento ha logrado una gran transformación política, por lo que ha de estar ahora dispuesto a asumir la responsabilidad de llevar hasta el final estas reformas. 
Estamos dando un nuevo curso a la Unión Europea hacia una Europa de los ciudadanos más transparente y democrática. 
Muchas gracias, señora Matikainen-Kallström. 
He recibido, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, 8 propuestas de resolución para cerrar el presente debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 15.00 horas. 
La sesión, interrumpida a las 20.35, se reanuda a las 21.00 horas 
Acuerdo de asociación CEEA/KEDO- Relaciones UE/R.P.D. de Corea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de un informe y dos preguntas orales: 
informe (A4-0104/99) del Sr. Tindemans, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Acuerdo relativo a los términos y las condiciones de la adhesión de la Comunidad Europea de la Energía Atómica a la Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana (KEDO) (C4-0483/97) ; -preguntas orales del Sr. Spencer, B4-0147/99, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, al Consejo y B4-0148/99 a la Comisión, sobre las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular Democrática de Corea.Según lo indicado por el Presidente al principio de la sesión, el Consejo recuerda que no estará presente a causa de los trabajos relacionados con la preparación de la reunión del Consejo Europeo de Berlín. 
. (NL) Señor Presidente, se trata de un asunto muy grave y los diputados de este Parlamento son conscientes de ello: la KEDO y las relaciones con Corea del Norte, un país que en este momento sufre hambruna y vive en el total aislamiento. 
Por lo tanto, este debate es algo muy serio. 
Me propuse para esta ocasión desarrollar tres puntos. 
En primer lugar, la propia KEDO. 
Ya hemos celebrado en este Parlamento un primer debate donde discutimos una primera porción de la financiación. 
La KEDO tuvo su origen en un proyecto de lucha contra la proliferación de los armas nucleares en Corea del Norte y de implicar a este país en mayor medida en la comunidad internacional. 
En 1993 surgió el temor de que Corea del Norte sacara su material nuclear de las centrales de tipo soviético, con reactores moderados de grafito, para buscarle un destino militar. Dicha sospecha se vio potenciada aún más por la amenaza coreana de abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 
Después se firmó un acuerdo con Estados Unidos que implicaba que Corea del Norte congelaría su programa nuclear y eventualmente desmantelaría dos centrales nucleares a cambio de la construcción de dos reactores moderados de agua ligera y de un suministro interino de aceite combustible pesado. 
Así, la KEDO fue una iniciativa americana con la cooperación de Corea del Sur y de Japón para su ejecución. 
Puede parecer extraño perseguir la no proliferación mediante la construcción de dos nuevas centrales nucleares. 
Pero estas centrales nucleares, centrales de agua ligera, no sólo son más seguras en su funcionamiento, sino también son más difíciles de aprovechar para fines militares. 
Luego, la Unión Europea lanzó su nueva estrategia para Asia, destinada a la mejora de las relaciones con el continente asiático. 
Hacerse miembro de la KEDO encajaba en esa línea de la política y ayudaría a fomentar la seguridad en la región del Noreste de Asia. 
Así se mostraría nuestra solidaridad con los aliados asiáticos y se obtendrían, junto con Estados Unidos, unos beneficios económicos para la industria europea, ya que ésta accedería a los contratos de la KEDO. 
Por todo ello los aspectos de política exterior de la decisión de integrarse en la KEDO son importantes. 
La Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento necesitó dieciocho meses y muchos debates para presentarles un informe lo más correcto y completo posible. Buscó la colaboración de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Investigación. 
Esas otras Comisiones, que también tienen intereses directos en este informe, proponen la integración en la KEDO y que el Parlamento cumpla con su cometido para hacer posible esa integración, también en sus aspectos financieros. 
Quiero aprovechar la ocasión para decir que la colaboración con las Comisiones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y de Presupuestos, con mis colegas, los Srs. Ford y Brinkhorst, ha sido ejemplar. 
Ha sido un placer y podremos aducir en las ocasiones en que tengamos que hablar que los tres estuvimos de acuerdo en las conclusiones. 
Ahora bien, se produjo un problema. 
El Consejo decidió que el acuerdo de adhesión sería firmado por Euratom. 
El Tratado constituyente de Euratom no impone la obligación de informar o consultar al Parlamento Europeo. 
El Consejo y la Comisión lo respaldaron voluntariamente. 
Pero ya que la adhesión europea a la KEDO implica unos pagos con dinero procedente de los presupuestos, y de ello fueron conscientes la Comisión de Asuntos Exteriores, la de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y la de Presupuestos, al igual que el Parlamento en pleno, se correría el riesgo de la no aprobación del pago como resultado de la falta de acuerdo sobre la implicación de este Parlamento en los acuerdos internacionales que se celebren en el futuro en ejecución del Tratado de Euratom. 
Pues bien, señor Presidente, gracias a una serie de contactos y de intercambios epistolares ya hemos podido alcanzar un acuerdo para esa primera porción a la que aludí anteriormente. 
Sin embargo ¿qué es lo que hemos podido comprobar? 
Los tres ponentes, junto con un funcionario, estuvimos en Corea del Norte entre el 5 y 14 de diciembre. 
Pues que el día 15 de diciembre se firmó un nuevo acuerdo por parte de Euratom, es decir con la colaboración de entidades europeas, con Canadá. No soy ningún quisquilloso. 
No quiero levantar problemas donde nos los hay, pero para un Parlamento constituido por elección directa que soporta su responsabilidad y debe responder ante el electorado esto es del todo inaceptable. 
No podemos aceptar que se firme así ese acuerdo para el que luego se nos pedirá que lo paguemos, que demos nuestra aprobación al pago. 
Esto no lo podemos aceptar si no se nos informa y consulta debidamente. 
Mucho se ha dicho sobre esto a lo largo de estos últimos días, pero no me voy a explayar. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, el Comisario Sir Leon Brittan ha hecho una declaración que daba la impresión de que nos acercábamos a un acuerdo. 
Ahora, esta tarde, hemos podido leer una carta firmada por el Sr. Leon Brittan y dirigida al Presidente del Parlamento en la que explica cómo piensa comportarse la Comisión en el futuro en este tipo de asuntos. 
Me place aprovechar esta ocasión para poder decir que dicha carta nos resulta satisfactoria. 
También nos resultaron satisfactorias las declaraciones, hechas por Sir Leon en la Comisión, sobre la interpretación de algunos de los párrafos, de modo que hoy podemos proponer a este Parlamento que apruebe todo el conjunto del expediente KEDO. 
Pero tengo otro punto más. 
Cuando estuvimos en Corea del Norte, los tres ponentes más un colaborador, mantuvimos unos contactos muy interesantes. 
Necesariamente tuvimos que solicitar unos encuentros con las más altas autoridades, y los obtuvimos. 
Tuvimos unas conversaciones con el Presidente de la Cámara del Pueblo, con el Ministro de Asuntos Exteriores, con el Ministro de Asuntos Exteriores Adjunto, con el Ministro de Energía, con el General-portavoz del Ejercito, etc., que a veces fueron muy largas. 
Nos ha impresionado la situación. 
Ya lo he dicho antes, el país se ve asolado por la hambruna. 
Está completamente aislado. 
Nos hemos convencido de que debe preservarse la ayuda humanitaria y que debe mejorarse la colaboración con las entidades locales para mejorar la prestación de las ayudas. 
Nos hemos convencido de que, naturalmente, hemos de hacer todo lo posible para evitar la proliferación y sacar a ese país de su aislamiento e integrarlo en los circuitos internacionales; para ello la KEDO puede ser una ayuda. 
Creemos que estarían dispuestos a aceptar una invitación de este Parlamento para celebrar unos encuentros con sus Diputados, con los miembros de las Comisiones especializadas. Así lo defendemos en el proyecto de resolución que se ha presentado. 
También creemos que una mejora de los contactos diplomáticos podrá tener resultados positivos. 
De los quince Estados miembros de la Unión Europea, sólo Suecia tiene allí una embajada. 
Sólo Suecia, ninguno más. 
Que puedan abrir ellos una oficina de enlace aquí. 
Que podamos reafirmar nuestra presencia diplomática allí, y que la Unión Europea pueda tomar la iniciativa. 
Eso es lo que defendemos. 
No tengo más que decir sobre esto. 
El tercer punto afecta a dos preguntas del Sr. Spencer. 
No sé si todavía se me permite leerlas. 
Son estas: Con motivo de la reciente apertura del diálogo político con la República Popular Democrática de Corea, ¿puede dar a conocer el Consejo su punto de vista sobre la posibilidad y conveniencia de dar un mayor desarrollo a las relaciones entre la Unión Europea con sus Estados Miembros y la República Popular Democrática de Corea? 
¿Qué es lo que opina de la situación actual de seguridad en el Noreste de Asia? 
¿Cuáles son o serán probablemente las consultas que se celebren sobre esta situación con la República Popular Democrática de Corea, Japón y Estados Unidos? 
Su segunda pregunta fue la siguiente: Con motivo de la reciente apertura del diálogo político con la República Popular Democrática de Corea y de su reciente comunicación sobre la política de la Unión Europea para la República de Corea ¿puede dar a conocer la Comisión su punto de vista sobre la posibilidad y conveniencia de dar un mayor desarrollo a las relaciones entre la Unión Europea con sus Estados Miembros y la República Popular Democrática de Corea? 
¿Qué es lo que opina de la situación de seguridad actual en el Noreste de Asia? 
¿Cuáles son o serán probablemente las consultas que se celebren sobre esta situación con la República de Corea, Japón y Estados Unidos? 
Señor Presidente, intervengo desde una doble condición- en nombre del Grupo de los Liberales y también en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
Resulta muy irónico que el mismo día en que hemos debatido sobre las consecuencias de la dimisión de la Comisión, tratemos también sobre la cuestión de la KEDO. 
En cierto modo, la Comisión de Presupuestos ha sido la comisión auxiliar. 
Cuando a finales de febrero de 1996, el Consejo decidió unilateralmente que la KEDO recibiría ayuda mediante la inclusión en el presupuesto de recursos financieros, teníamos muy claro que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que no había sido consultada, debía dar su opinión. 
Esta historia ha tardado bastante tiempo y en la actualidad aún existe una reserva en el presupuesto de la Unión Europea. 
El motivo fundamental tiene que ver con el debate que hemos celebrado antes. 
Tiene que ver con democracia y transparencia. 
Por consiguiente, tiene que ver con la cuestión de si en el futuro tendremos la posibilidad de debatir en este Parlamento sobre la cuestión fundamental- como hacen todos los parlamentos nacionales normales. 
El Tratado Euratom tiene 40 años. 
Dicho Tratado estipula amplios poderes de la Comisión y del Consejo, pero no prevé ninguna competencia del Parlamento. 
Por tanto, cuando la Comisión decide celebrar un acuerdo, elige el artículo 101 del Tratado Euratom, y dicho Tratado no prevé ni siquiera que el Parlamento sea consultado o informado. 
Por dicho motivo- y lo digo sin sentirme avergonzado -, la Comisión de Presupuestos decidió colocar los recursos en reserva hasta que la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía fueran involucradas debidamente. 
Hemos actuado en nombre de estas dos comisiones. 
Básicamente está muy claro que la Comisión de Presupuestos no será la que decida si debemos o no celebrar un acuerdo sobre cooperación en materia de energía con Corea del Norte. 
Ante este telón de fondo, nos complace escuchar que la Comisión reconoce que los tiempos han cambiado. 
Esperamos con interés poder escuchar la lectura que, en nombre de la Comisión, hará Sir Leon Brittan de los resultados de las negociaciones que hemos celebrado, y que espero que en el futuro conduzcan a una situación en la que exista mayor transparencia sobre los asuntos de Euratom. 
Es irónico, una vez más, que en un día como éste, el Consejo ni siquiera esté representado a nivel político, lo que demuestra que quizá la siguiente batalla por la democracia no se librará con la Comisión, sino con el Consejo. 
En nombre del Grupo de los Liberales, acogemos con satisfacción el hecho de que la Unión Europea tenga una participación estratégica en materia de energía y de política exterior en el Nordeste asiático. 
También acogemos con satisfacción la participación tan activa de Sir Leon Brittan en nombre de la Comisión. 
En este orden de cosas nos sentíamos profundamente decepcionados que no fuera posible encontrar antes un acuerdo institucional adecuado sobre este tema concreto. 
El Grupo de los Liberales apoya plenamente la opinión del Sr. Tindemans de que deben desarrollarse nuevas relaciones no sólo con Corea del Sur, sino también con Corea del Norte. 
Quisiera dirigir una pregunta a Sir Leon. 
Esta mañana en International Herald Tribune se abogaba abiertamente en favor de adoptar un nuevo enfoque con Corea del Norte. 
Al parecer, los japoneses tienen más reservas que los surcoreanos. 
Debemos apoyar firmemente la política «sunshine» del Presidente Kim Dae Jung, que ha sufrido más que nadie en Corea del Sur las consecuencias de las tensiones que han existido durante más de 40 años entre Corea del Sur y Corea del Norte. 
Ante este telón de fondo nos gustaría brindar nuestro apoyo a un acuerdo con la KEDO y también al establecimiento de nuevas relaciones entre Europa occidental y Corea del Norte. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Brinkhorst, yo también intervengo desde una doble condición, en primer lugar, en nombre de la comisión, y en segundo lugar, en nombre del Grupo Socialista. 
Ante todo, quiero felicitar a mis dos compañeros en este largo esfuerzo: el Sr. Brinkhorst y el Sr. Tindemans. 
Iniciamos este proceso el 21 de noviembre de 1997. 
De haber sabido que pasaría tanto tiempo con ellos, habría controlado más detenidamente a quién debía elegir. 
No obstante, no podría haber elegido a dos compañeros mejores. 
Pasamos toda una semana juntos en Corea del Norte y diez horas y media en reuniones con el Secretario de Asuntos Exteriores. 
La situación habría dado lugar a choques de caracteres de haber existido algún conflicto entre nosotros. 
Asimismo quisiera agradecer a Sir Leon Brittan todos sus esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Ha sido un largo y arduo camino. 
No entraré en detalles, porque los puntos ya han sido planteados por los dos oradores anteriores. 
Ahora tenemos un acuerdo que creo que el Parlamento puede aceptar sobre la base de la carta que ha sido enviada hoy. 
Estoy profundamente decepcionado de que el Consejo de Ministros, que aparentemente aceptó una pregunta oral con debate sobre las relaciones con la RPDC, no haya enviado a nadie para participar en el debate. 
Puede que se retrase, y me gustaría que nos dijera, señor Presidente, si ése es el caso. 
Supongo que se espera de nosotros que dilucidamos la opinión del Consejo sobre estos asuntos a través de algún tipo de telepatía. 
La KEDO, como se ha dicho, es un proyecto para la construcción de dos reactores de agua ligera que sustituyan a los reactores de estilo Chernobil de diseño ruso que están en fase de construcción en la RPDC y pueden producir plutonio para armamento. 
Para intentar resolver este problema, tenemos el Acuerdo marco entre los Estados Unidos y la RPDC de 1995. 
La Unión Europea recibió la solicitud de contribuir a dicho acuerdo y ése es el origen de este informe. 
La opinión de la Comisión de Investigación fue de apoyo crítico. Hay una serie de cosas que nos preocupan. 
En primer lugar, el agujero financiero que sigue existiendo. 
La contribución de Japón de 1.000 millones de dólares USA y la de la República de Corea del 60 % y de la Unión Europea de 85 millones de dólares USA no cubren el coste total del proyecto. 
No está claro cómo se piensa financiar el resto. 
En segundo lugar, nos preocupa cómo los Estados Unidos están suministrando el aceite pesado prometido, que debía servir de puente hasta que estos reactores nucleares entren en funcionamiento. 
El aceite está siendo suministrado de manera irregular. 
Corea del Norte es un país muy dado a las sospechas. 
En la Unión Europea comprenderíamos si los controles y los balances de la Constitución estadounidense impidieran en ocasiones al Presidente Clinton suministrar todo lo prometido, pero no nos sorprendería que los norcoreanos adoptaran una opinión diferente cuando en el mes más frío del año y cuando más falta hace la energía, se dejará de suministrar aceite pesado a la planta eléctrica Son Bong. 
En tercer lugar, nos preocupa el hecho de que la KEDO sea una raqueta sin pelota. 
No se están aportando fondos para conectar las dos centrales nucleares a la red norcoreana de suministro eléctrico. 
Esta conexión sólo costará 100 o 200 millones de dólares, una suma relativamente pequeña en relación con lo que se está gastando en el proyecto de la KEDO en su conjunto, pero, evidentemente, si no tenemos la raqueta y la pelota no es posible jugar. 
En cuarto lugar, nos preocupa la falta de claridad sobre la asignación de estos inmensos contratos y si el sector europeo obtendrá una oportunidad justa de ofertar. 
A pesar de estas reservas, la Comisión de Investigación votó a favor del programa. 
Creemos que, en general, favorece nuestros mejores intereses como Parlamento y como Unión Europea demostrar nuestro papel en el Este asiático. 
Este debate no gira únicamente en torno al informe del Sr. Tindemans sobre la KEDO. 
Es también relativo a dos preguntas orales dirigidas al Consejo y a la Comisión sobre las futuras relaciones con la RPDC. 
Venimos proporcionando ayuda humanitaria desde hace varios años a raíz de una serie de catástrofes naturales- inundaciones, sequía y maremotos- que inclinó a lo que era una apenas autosuficiente Corea del Norte decisivamente hacia los números rojos en lo que a la producción de productos alimentarios se refiere. 
En Corea del Norte existe un problema grave de desnutrición. 
Un reciente informe del Programa Mundial de Alimentos indica que el 16 % de los niños de edades comprendidas entre 1 y 6 años están tan desnutridos que sufren daños cerebrales irreversibles; el 45 % de los niños están tan mal alimentados que serán raquíticos de por vida. 
Por tanto, entre 300.000 y 400.000 niños menores de 6 años sufren daños cerebrales irreversibles y 1.000.000 de niños menores de 6 años serán raquíticos de por vida. 
Por consiguiente, acojo con satisfacción el nuevo acuerdo para suministrar más ayuda alimentaria por un valor superior a los 30 millones de ecus y que se concentre la ayuda en niños menores de 12 años y madres que están criando. 
Acojo con satisfacción la aprobación por parte de los norcoreanos del seguimiento. 
Tras los acontecimientos de la semana pasada, es fundamental que en el Parlamento queramos estar seguros de que la Comisión utiliza los fondos debidamente. 
Acojo con satisfacción asimismo la ayuda a la agricultura; nuevas técnicas y quizá, incluso, nuevas cosechas. 
Me decepciona, sin embargo, que no se esté haciendo nada en el sector de la energía no nuclear. 
Mientras estuve allí en delegación, visité una mina de carbón y una central eléctrica térmica. 
En primer lugar, no había electricidad, por lo que fue necesario evacuar a los mineros. 
Por consiguiente, no se podía producir carbón durante el turno de ocho horas y la central eléctrica sólo tenía reservas para tres días. 
Ambas instalaciones eran sumamente primitivas y hablo como alguien que tenía familiares que eran mineros en el Reino Unido en los años cincuenta. 
En comparación con el coste de KEDO, una décima parte del 1 % del proyecto de la KEDO permitiría incrementar la productividad del sector minero- según se estima- en algo así como el 25 %, y modernizar los elementos para la producción de energía mediante combustión de carbón. 
En el aspecto político, acojo con satisfacción el resultado del diálogo político a bajo nivel del Consejo con la RPDC, y apoyo la idea de que se celebre una segunda reunión cuando llegue el momento. 
Acojo con satisfacción la comunicación de la Comisión sobre Corea pidiendo un compromiso crítico. 
Lo único que pido es que actuemos con rapidez. 
La situación es crítica. 
No debemos dejar pasar la oportunidad. 
Sé que los norcoreanos han solicitado establecer una oficina de enlace en Bruselas. 
Espero que podamos aprobar eso, a condición de reciprocidad en Pyongyang, y ello sujeto a los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar hacia unas relaciones más desarrolladas. 
Por último, acojo con satisfacción el apartado del informe en el que se pide que nos visite una delegación del Parlamento de la RPDC. 
Serán unas negociaciones arduas y difíciles, pero en algún momento hay que iniciar el diálogo. 
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme decir en primer lugar que me complace que el tema general relativo al papel del Parlamento en los acuerdos de Euratom haya quedado resuelto y les aseguro que los servicios de la Comisión aplicarán las disposiciones prácticas que hemos concertado. 
Antes de pasar a presentarlas, quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Tindemanns sobre el papel de la KEDO dentro de nuestra estrategia asiática y que ha sido una contribución importante a la misma. 
Pasaremos a Corea del Norte enseguida, pero debemos analizar nuestra política con respecto a la región como una política que debe ser integrada, integral y positiva. 
En lo que respecta a los problemas relativos a los acuerdos de Euratom, agradezco lo que se ha dicho sobre mi participación en su resolución. 
Puedo asegurarles que estoy absolutamente de acuerdo con el Sr. Brinkhorst en que los tiempos han cambiado y ello debe reflejarse en lo que hacemos. 
Las medidas que se propone adoptar la Comisión se explican en la carta que hoy he enviado al Presidente del Parlamento Europeo. 
Dicha carta declara, en primer lugar, que a comienzos de cada año, la Comisión proporcionará una lista de todos los acuerdos relevantes de Euratom en virtud del apartado 2 del artículo 101 que se encuentren en fase de negociación o cuyas negociaciones deban iniciarse el año siguiente. 
Dicha lista será actualizada regularmente y presentada al Parlamento que deberá velar por su carácter confidencial. 
En segundo lugar, la Comisión, previa solicitud, informará verbalmente a la comisión parlamentaria pertinente sobre la marcha de las negociaciones, también respetando el carácter confidencial. 
En tercer lugar, la Comisión presentará al Parlamento las propuestas sobre la celebración de los acuerdos pertinentes de Euratom al mismo tiempo que son presentadas al Consejo para su aprobación. 
Se trata de una innovación de procedimiento importante, puesto que proporciona al Parlamento la garantía de que será informado antes de que el Consejo adopte una posición sobre la celebración de dichos acuerdos. 
Por tanto, el Parlamento tendrá la oportunidad de dar a conocer su opinión antes de que se tome la decisión de concluir el acuerdo, de conformidad con los compromisos asumidos en nuestro anterior intercambio de cartas. 
Quisiera añadir que, generalmente, el Consejo tarda bastante tiempo en adoptar una decisión sobre la celebración del acuerdo. Esto deja amplio margen al Parlamento para que exprese su opinión si así lo desea. 
En aquellos casos en que el Consejo desee tomar una decisión rápida, la Comisión informará debidamente al Parlamento sobre esta posibilidad. 
En cuarto lugar, se facilitará información, mediante carta, sobre los acuerdos pertinentes en virtud del apartado 2 del artículo 101 de Euratom que se encuentran actualmente en fase de negociación o sobre los que aún no se ha tomado una decisión o no se ha llegado a una conclusión. 
Los acuerdos a los que he hecho referencia representan todos los acuerdos cubiertos por el apartado 2 del artículo 101 de Euratom que están en fase de negociación o cuya negociación se iniciará el próximo año. 
Por último, al objeto de garantizar que no se producen más malentendidos entre la Comisión y el Parlamento, la Comisión remitirá también por separado al Parlamento todos los textos y acuerdos que, en nuestra opinión, deberían haber sido atendidos durante la segunda mitad del pasado año y comienzos de éste, como se informa en la carta. 
En lo que respecta al informe sobre el Acuerdo de Adhesión a la KEDO, es un documento bien presentado e interesante, que aborda los aspectos fundamentales de la iniciativa KEDO. 
La visita de la delegación parlamentaria a Corea del Norte tuvo una acogida muy positiva por parte de la comunidad internacional y estoy agradecido por el grado de atención que el Parlamento ha dedicado a la KEDO. 
Respaldo, en particular, la conclusión que dice que el Parlamento considera que la Unión Europea debería intervenir en la reducción del riesgo de proliferación de armas atómicas, en el incremento de la seguridad nuclear y en el fomento de unas mejores relaciones entre la RPDC y sus países vecinos, y la adhesión a la KEDO facilitará la realización de este cometido. 
Estamos desempeñando ese papel en fiel cumplimiento del Acuerdo de Adhesión. 
Asistimos a todas las reuniones del Consejo de Administración de la KEDO y a las negociaciones con Corea del Norte. 
La Unión Europea tiene personal en la KEDO, incluso a nivel de director, está siguiendo el tema de las compras- y en este sentido, puedo asegurar al Sr. Ford que estamos absolutamente decididos a garantizar que Europa obtiene la parte del pastel que le corresponde- y Europa ostenta la presidencia del importante Grupo consultivo internacional sobre seguridad nuclear. 
Estamos aportando nuestra contribución financiera que ayuda a garantizar que la RPDC respeta sus promesas de no proliferación, y nos complació observar que la RPDC se propone permitir el acceso a las denominadas instalaciones subterráneas, al objeto de disipar los temores internacionales. 
Los aspectos de la seguridad son fundamentales para la paz y la estabilidad en la península, y el proyecto de la KEDO está contribuyendo a la reconciliación entre ambos gobiernos coreanos. 
De hecho es un caso sin precedentes que las dos Coreas estén trabajando unidas. 
La KEDO es una organización especial en la que cooperamos activamente con nuestros interlocutores norteamericanos, japoneses y surcoreanos para ayudar a mejorar la seguridad en el Nordeste de Asia. 
Además, Corea del Norte es consciente de nuestra participación no sólo a través de la KEDO, sino también mediante el diálogo político al que haré referencia en respuesta a la pregunta y mediante el programa de ayuda alimentaria de la Unión Europea. 
Lo cierto es que los negociadores de la Comisión han alcanzado recientemente un acuerdo ad referéndum con sus interlocutores de la RPDC sobre las condiciones para un nuevo programa de ayuda por valor de 30 millones de euros para 1999. 
Por tanto, estamos contribuyendo a un proceso de compromiso con Corea del Norte, intentando alentar a aquel país a convertirse en un miembro más responsable de la comunidad internacional. 
Debemos ser realistas. 
Se trata de una misión importante, difícil y continuada encaminada a garantizar la seguridad en el Nordeste de Asia y reforzar el régimen global de no proliferación. 
La KEDO constituye una parte fundamental de dicha misión y nos mantendremos en estrecho contacto con el Parlamento respecto al cumplimiento de nuestra participación en la misma. 
Pronto deberemos comenzar a prepararnos para nuestra futura participación en la KEDO, porque el actual acuerdo expira a finales del año 2000, y nos mantendremos en estrecho contacto con el Parlamento durante el seguimiento de los procedimientos a los que hacía referencia hace un momento. 
Por tanto, me complace ver que la opinión del Parlamento hace constar la aprobación del Acuerdo de Adhesión que permitirá la liberación de los fondos para la contribución financiera de 1999. 
Es cierto que prevalecen problemas financieros de más amplio alcance, pero lo primero que debemos hacer es cumplir con nuestro cometido. 
Volviendo a la pregunta del Sr. Spencer sobre el problema más general de las relaciones con Corea del Norte, acojo con satisfacción la visita que realizaron los diputados al Parlamento Europeo a Corea del Norte y me alegra que fuera un éxito como ejercicio de acercamiento. 
Las negociaciones que yo he mantenido con los diputados al Parlamento para tratar sobre el problema de la KEDO han sido asimismo un ejercicio de acercamiento y doy las gracias a todos los interesados. 
No existe la menor duda, en lo que respecta a las relaciones con Corea del Norte, que una crisis en la Península Coreana tendría consecuencias de gran alcance en el Nordeste de Asia y más allá, y tenemos la responsabilidad, acorde con nuestro nuevo papel, de intentar participar políticamente en esa parte de Asia y hacer todo lo posible para evitarla. 
El Presidente Kim Dae Jung ha abogado firmemente por un mayor compromiso internacional como la vía para solucionar el problema y ciertamente puedo asegurarles que apoyamos plenamente, como nos ha instado a hacer el Sr. Brinkhorst, la política de «sunshine» del Presidente Kim. 
También los Estados Unidos están realizando una revisión de gran alcance de su política bajo la dirección del anterior Secretario de Defensa Perry. 
Hemos seguido una política de compromiso limitado, ilustrada por la ayuda alimentaria y otros programas de ayuda, así como a través de la KEDO. 
Actualmente estamos discutiendo cómo impulsar dicha política. 
Un factor importante será, naturalmente, las políticas que aplique la propia RPDC en ámbitos clave como la cuestión de la seguridad, las relaciones con sus países vecinos, los derechos humanos, etcétera. 
Asimismo debemos tener en cuenta la necesidad de respaldar a nuestros principales interlocutores en sus negociaciones con la RPDC. 
La UE intercambia opiniones regularmente con nuestros interlocutores, como los Estados Unidos, la República de Corea y Japón con respecto a la situación en la Península Coreana. 
Ciertamente queremos considerar la idea propuesta de seguir avanzando en el sector energético. 
Se están analizando las posibilidades, incluido un estudio sobre fuentes de energía alternativas y la rehabilitación del sector minero. 
En el aspecto político, evidentemente, debemos andarnos con cuidado, pero no con tanto cuidado que nos impida avanzar. 
Éste es el curso que seguiremos y agradezco al Parlamento que nos brinde su apoyo. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario usted ha presentado los problemas en su inimitable estilo aunque ha vuelto ha mostrar algunos caminos. 
Le estamos muy agradecidos de que- voy a decir en el último momento- nos haya posibilitado conocer la decisión sobre el Proyecto KEDO a través de su carta. 
Quizá pudiera haber llegado un poco antes, pero celebramos que junto con nuestros tres mosqueteros hayan podido encontrar el camino adecuado. 
Se trata de tres mosqueteros absolutamente comprometidos que se preocupan de la gente de Corea del Norte y de toda la cuestión. 
En nombre de mi grupo quisiera dar las gracias al Sr. Tindemans, al Sr. Brinkhorst y también a Glyn Ford. 
Mientras que usted discurre, como en otras relaciones diplomáticas, por el cauteloso pero claramente beneficioso camino de la aproximación y de la cooperación, me van a permitir que, en tanto diputado de un Parlamento que no tiene que ser tan diplomático, señale que el Proyecto KEDO también debe ser juzgado a posteriori según se muestre el gobierno de la República Popular de Corea en relación con sus actividades militares y su inactividad humanitaria. 
Creo que ya es hora de que el Gobierno norcoreano tenga que demostrar que sus actividades militares no suponen ni deben suponer ninguna amenaza, en especial, para sus países vecinos. 
Exigimos el acceso de inspectores independientes a las instalaciones nucleares, en especial a las instalaciones subterráneas. 
Ciertamente deberíamos esperar que el Gobierno norcoreano declare definitivamente que no va realizar más ensayos con cohetes sin aviso previo. 
Porque el sorprendente ensayo en dirección a Japón debería ser entendido por este como una amenaza. 
Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que un país que, como Corea del Norte, desea recibir el apoyo de la Comunidad Internacional, debe comportarse de tal modo que no muestre enemistad ni suponga una amenaza para otros estados. 
Esto en cuanto a la cuestión militar. 
Ahora, en relación con el aspecto humanitario: celebramos, Sir Leon, que haya progresado en el abastecimiento de alimentos para la población. 
Pero, honradamente, debo decir que desconfío de cualquier dato facilitado por el Gobierno norcoreano sobre la dimensión de la escasez de alimentos en Corea del Norte. 
Creo que aun debemos permanecer en contacto con las organizaciones humanitarias. 
Porque creo que la ayuda necesaria- Glyn Ford ha citado algunas cifras- tampoco se va cubrir, ni siquiera aproximadamente, con este proyecto. 
El hecho de que Corea del Norte tenga dinero para acciones militares y carezca de él para alimentar a su población es una contradicción que en interés de la población no podemos aceptar. 
En este sentido estimo que debemos prestar especial atención a este punto y esperar que Corea del Norte nos diga la verdad y colabore en el abastecimiento de la población, incluidas las áreas remotas del país. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, no se sorprenderán si no puedo considerar todo tan positivo como usted, sobre todo como el Sir Leon Brittan. 
Nos conocemos plenamente de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Los pocos puntos positivos que se pueden encontrar en el Programa KEDO, en concreto los relativos a la consecución de otra forma de energía y la realización de una contribución a ese país, sea para la reconciliación o la mejora de la situación de las personas, son tapados por toda una serie de cuestiones que son expuestas claramente en la argumentación del Sr. Tindemans. 
Nuestro colega el Sr. Ford también ha relatado lo que esta ocurriendo en Corea del Norte. 
Me pregunto si en el momento actual no podríamos solucionar allí otro tipo de problemas en lugar de colaborar en la construcción de dos reactores de agua ligera. 
Porque ¿cómo va a devolver Corea las deudas derivadas de este sector? 
Si eso significa que para nosotros es necesario tener también allí una presencia económica y sacar provecho de proyectos y contratos, entonces debo decir que esta es una actitud de mercaderes, por no decir que estamos yendo completamente en la dirección equivocada en esta política que debiera aspirar a cobijar a un país para que se desarrollase políticamente. 
Aquí se vuelve a levantar un elefante blanco bajo el mantel con el pretexto de prestar ayuda. 
¡Esta no es ninguna ayuda con vocación de largo plazo! 
¡Se van a instalar unos reactores en medio de un paraje desde el cual aun no se tiene siquiera claro cómo se va a transportar la energía! 
¿Qué pasa con el tratamiento de los desechos radiactivos? 
¡Esta cuestión tampoco la han solucionado aun! 
Sir Leon Brittan puede que esto le parezca divertido. 
Pero debo decirle que como cooperante para el desarrollo que ha trabajado mucho tiempo en lugares pobres de este mundo, esta no es la perspectiva que me parece adecuada. 
Para terminar aun quisiera decir que la actitud hacia el Parlamento en todo el periodo en el que se ha negociado sobre KEDO ha sido todo menos brillante. 
Si ahora usted, Sir Leon Brittan, presenta una carta cuyo contenido puedo compartir perfectamente, entonces debo decir ¡llega tarde, pero la dicha es buena! 
Sólo que la comprensión llega, de hecho, demasiado tarde. 
Me consta que por regla general a usted le gusta dirigirse al Parlamento y que, además, lo suele hacer y acude a los plenos. 
Sin embargo, desde el punto de vista del contenido- esto también lo quiero resaltar- no nos llega demasiado, ya que las preguntas suelen ser respondidas de forma muy florida. 
Esto lo vivimos muy a menudo en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
En cualquier caso puedo imaginarme otro tipo de ayuda para estos países. 
Por ello, aunque el informe contenga cosas que pueden ser apropiadas, hemos de votar en su contra. 
Señor Presidente, para empezar, una sugerencia. 
Más valdría señalar la presencia del Consejo cuando está que señalar su ausencia, porque esto se está convirtiendo en la norma. 
Además, va a poner difícil al Sr. Brinkhorst la tarea de batirse con el Consejo, en vista de que éste nunca está presente. 
Es un poco tarde para darse cuenta de que en lugar de batirse con la Comisión, habría sido mejor dedicar esas energías a intentar que el Consejo saliera de su escondrijo. 
Pero en fin, el daño está hecho. 
Otra cosa: sobre los procedimientos que nos llevan a la votación de mañana, deseo decir que lamento que no hayamos podido presentar enmiendas en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa y que nos hayamos visto obligados a presentarlas directamente en el pleno. 
Esto también hará algo más pesada nuestra jornada y tampoco respeta mucho el procedimiento. 
En lo que respecta al fondo, estoy literalmente estupefacto. 
No voy a asombrar a nadie como Sir Leon Brittan, que no es una persona realista, sino un dulce soñador. 
Cuando veo y oigo hablar esta tarde de crisis, de escasez alimentaria, francamente me pregunto si hemos tomado la medida de las cosas que suceden en Corea del Norte. 
Las cifras, sin embargo, son claras: de dos a tres millones de muertos en los últimos cuatro años. 
Me parece que esto no tiene absolutamente nada que ver con una escasez alimentaria. 
Es una verdadera hambruna, una verdadera catástrofe, y no una catástrofe natural, sino una catástrofe estructural, provocada por un régimen loco, criminal, psicópata, peor que el peor de los regímenes que han existido en la Unión Soviética, peor que la Rumanía de Ceaucescu. 
Aquí hacemos disertaciones sobre un programa nuclear, y nuestros amigos los Verdes tienen en parte razón sobre este punto: ¿es necesario dedicar cientos de millones de euros para ir a construir allí centrales nucleares, aunque sean menos susceptibles de utilizarse para fines militares, cuando se podrían concebir perfectamente otras soluciones? 
Se proporciona ayuda alimentaria. 
No se pide ninguna reforma, cuando se sabe muy bien que el sistema de producción agraria es absolutamente incapaz desde el punto de vista estructural de afrontar las necesidades de los coreanos del Norte. 
Me parece que es para dejar estupefacto a cualquiera. 
Estamos apoyando, mediante este acuerdo, un régimen absolutamente loco, absolutamente delirante. 
Evidentemente, nosotros vamos a votar contra este informe, pero no es suficiente. 
Quizá cuando Sir Leon Brittan sea un poco menos soñador y un poco más realista, pueda pensar en estudiar la posibilidad de invertir varias decenas de millones de euros en hacer propaganda, dar información, dirigida a los habitantes de Corea del Norte, en lugar de dejar que se pudran en el hambre y en la falta de información sobre lo que sucede en el resto del mundo. 
Pienso que habría que cosas evidentes que hacer, en lugar de mirar cómo Pyonyang envía misiles y dedica la poca energía que le queda a ese país a proyectos absolutamente locos. 
Es un régimen loco. 
Es preciso derribarlo. 
Señor Presidente, tengo entendido que el Consejo no está presente. 
¿Es eso cierto? 
Repito lo que el señor Presidente ha manifestado al principio de la sesión, o sea, que el Consejo recordaba que, muy a su pesar, no podía estar presente a causa de los trabajos relacionados con la preparación de la reunión del Consejo Europeo de Berlín. 
Señor Presidente, comprendo lo que dice, pero apelo al artículo 40 de nuestro Reglamento que dice que cuando se han incluido a tiempo en el orden del día preguntas al Consejo, es decir, con un plazo de tres semanas- y en lo relativo a las preguntas de política exterior ni siquiera se aplica dicho plazo -, las preguntas obtendrán una respuesta. 
Intervengo en este sentido en nombre del Sr. Wijsenbeek que, como todos sabemos, es un reconocido experto del Reglamento. 
La pregunta oral forma un paquete junto con el informe. 
El Consejo no está presente esta noche, pero mañana también nos reuniremos y propongo que interrumpamos este tema ahora, de manera que antes de que votemos mañana tengamos la respuesta del Consejo. 
Es lo más lógico. 
Por fin la Comisión está tomando en serio a este Parlamento, pero aparentemente el Consejo no lo hace. 
¿Podría comunicarme su decisión al respecto, señor Presidente? 
Señor Brinkhorst, hemos llegado al final de este debate. 
Entiendo su observación y tomo nota de ella, sin embargo, el debate ha terminado. 
Señor Presidente, no puede afirmar que el debate ha terminado si una de las dos instituciones a las que hemos dirigido nuestras preguntas ni siquiera ha respondido. 
Me parece que el Presidente debería pedir al Consejo que dé una respuesta. 
Si usted decide no interrumpir el debate hasta mañana por la mañana- y entiendo que eso está implícito en lo que usted ha dicho, aunque me atrevería a dudarlo -, podría al menos afirmar que el Consejo responderá por escrito a las preguntas específicas dirigidas por el Sr. Spencer en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, y que dispondremos de dicha respuesta mañana, antes de la votación? 
Un debate carece de sentido si al mismo no asisten las dos instituciones. 
Sir Leon ha ofrecido una respuesta exhaustiva, pero el Presidente en ejercicio del Consejo está ausente. 
¿Puede usted responder a este punto? 
La actitud de mi Grupo dependerá en buena medida de su respuesta. 
Señor Brinkhorst, pediremos al Consejo una respuesta escrita, sin embargo, no puedo decirle si la obtendremos antes de mañana por la mañana. 
Y ahora le pregunto al señor Comisario Brittan si desea volver a intervenir. 
Señor Presidente, sólo quería decir unas palabras sobre algunas de las cuestiones planteadas por los últimos tres oradores, y seré breve. 
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Jarzembowski en que es fundamental que la actividad militar de Corea del Norte no represente una amenaza. 
Su Señoría lo ha expuesto de manera muy clara. 
Estoy de acuerdo con ello y estoy dispuesto a respaldarlo, y lo que estamos haciendo va encaminado a solucionar el tema de la seguridad tanto como cualquier otra cosa. 
De hecho, así se expone de manera explícita como medio de lograr el compromiso por parte de los norcoreanos y para disuadirles de la peor forma de amenaza militar que pueda existir- a saber, la amenaza nuclear. 
El acuerdo debe ser visto en este contexto. 
El Sr. Kreissl-Dörfler sugiere que en realidad deberíamos centrarnos en otros problemas. 
Lo único que puedo decir es que debe preguntarse a sí mismo- y quisiera hacerlo extensivo al Sr. Dupuis- hasta qué punto podemos hacer eso con un país como Corea del Norte. 
La cuestión es que la amenaza más grave que representa para sus vecinos es el aspecto de la seguridad, y que previniéndolo mediante el programa de la KEDO o disminuyendo el riesgo de amenaza en el programa de la KEDO, estamos realmente haciendo una contribución sin la cual no sería posible pensar en ningún otro tipo de medidas; y quisiera decir al Sr. Dupuis que la idea de que un régimen que tiene las terribles características que él ha descrito es el que permitirá la entrada de nuestra propaganda, es realmente poco realista. 
Le diré, no obstante, que el nuevo programa de ayuda es condicional. 
Hemos puesto especial atención en asegurar compromisos adecuados por parte de la RPDC sobre los procedimientos de seguimiento y sobre la política de reforma agrícola, productos de rehabilitación con mayores incentivos para los agricultores, la devolución de la toma de decisiones, la resolución de los servicios de crédito, etcétera. 
En semejantes circunstancias, creo realmente que en el hasta ahora considerado como régimen impenetrable, hemos realizado esfuerzos considerables para comprometerles en el proceso de reformas y para rebajar la tensión en materia de seguridad que de lo contrario representaría aquel país para los países vecinos y para el resto del mundo. 
Muchas gracias, señor Comisario Brittan. 
Como he dicho, vamos a pedir una respuesta al Consejo que se halla representado en el Pleno por dos funcionarios. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 15.00 horas. 
Emigración procedente de Iraq y región colindante 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0079/99) de la Sra. Terrón i Cusí, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la afluencia de inmigrantes procedente de Iraq y región colindante: Plan de actuación de la Unión Europea adoptado por el Consejo el 26 de enero de 1998 (5573/98- C4-0124/98). 
Señor Presidente, como usted acaba de decir, vamos a debatir esta noche de un plan de actuación sobre la afluencia de inmigrantes procedentes del Iraq y de la región colindante que se adoptó el 26 de enero de 1998. 
Este Parlamento fue consultado al respecto hace sólo unos meses, cuando el plan de actuación llevaba ya en marcha prácticamente un año. 
Nos hubiese gustado hacer un informe, en tiempo real, sobre las medidas propuestas en este plan de actuación, pero, a mí y al resto de la Comisión de Libertades Públicas, nos pareció prácticamente ridículo tener que hacerlo después de un año de que éste hubiese sido implementado. 
En calidad de ponente, quise, pues, aprovechar la oportunidad de haber sido consultados- porque no fue culpa de este Parlamento el no poder emitir una opinión en tiempo real, sino a causa de haber sido consultados en un tiempo imposible -, para emitir un informe político sobre este plan de actuación y sobre su implementación. Para ello, hicimos algunas preguntas al Consejo que nos parecían esenciales. 
Le preguntamos al Consejo de qué cantidad de personas estábamos hablando, cuál era este flujo de inmigrantes. 
Le preguntamos al Consejo por el resultado de las medidas propuestas, que llevaban ya prácticamente un año sobre el terreno; por el impacto de este plan de actuación sobre la inmigración ilegal; por el impacto sobre las actividades criminales de los traficantes de personas; y por el número de personas que han pedido asilo y han sido atendidas a partir de la implementación de este plan de actuación. 
Yo sé, señor Presidente, que es una información difícil de obtener. 
Lo sé. 
A pesar de ello, confío en que, a estas alturas, alguien la tenga. 
Desde luego, la Comisión de Libertades Públicas y este Parlamento, no. 
No hemos conseguido saber nada. 
No hemos conseguido ninguna información, ninguna respuesta a las preguntas que hicimos. 
Así las cosas, he hecho, en cualquier caso, un esfuerzo por analizar la propuesta del Consejo en todos sus aspectos, que son muchos. 
Hay que decir, en favor del Consejo, que este plan de actuación es un intento de abordar en su globalidad un problema que ya fue mencionado por el Parlamento el 15 de enero de 1998 en una resolución sobre este tema. 
Pero hay algunas cosas que me preocupan. 
En primer lugar, me preocupa que en este plan de actuación se hable y se mezclen en un solo saco situaciones muy diferentes. 
Cuando hablamos eufemísticamente, de «inmigrantes procedentes del Iraq y de la región colindante» , también nos referimos a una región kurda inmersa en un conflicto político que genera una fuerte represión. 
Se trata, pues, en primer lugar, de una población desplazada en busca de protección en otras áreas exentas de conflicto. 
En el plan de actuación, esto se trata de pasada, mezclado con acciones destinadas a otros grupos humanos que coexisten en un mismo flujo- es verdad- pero de orígenes distintos. 
Y mezclado también con acciones destinadas a la lucha contra el tráfico de personas. 
Estamos a favor de la lucha contra el tráfico de personas, pero pensamos que cada cosa debe ser abordada con medidas apropiadas para ello, y hay que distinguir entre un peticionario de asilo o personas que huyen de un conflicto y las actividades de los traficantes de personas. 
Siendo cierto que este flujo es mixto, no nos parece que ello sea un motivo para no distinguir entre estos casos. 
En este sentido, nos preocupa también el papel de Turquía en relación a este plan de actuación. 
Es evidente que Turquía, por su posición, es el primer país de acogida de los desplazados. 
Y esta acogida ha de hacerse respetando la dignidad humana. 
Turquía debe permitir al ACNUR que organice esta primera acogida, sobre todo porque, en el caso de los refugiados que vienen del norte del Iraq, en especial de los refugiados que vienen del Kurdistán, Turquía es una parte del problema y Turquía no puede ser considerada un tercer país seguro para estos ciudadanos. 
Debemos anteponer el respeto de los derechos humanos y de las minorías en aquel país a la cooperación y a la ayuda en estas materias. 
Y por último, señores del Consejo- que espero que estén presentes; espero, porque, si no, realmente lo que estamos haciendo hoy aquí es bastante absurdo -, ¿nos podrían decir, por favor, qué es un plan de actuación? 
Porque nosotros no lo sabemos. 
Sabemos qué es una acción común en el marco de la PESC, sabemos de otros procedimientos, pero un plan de actuación es algo nuevo y nos gustaría saber sobre qué base se ha tomado esta decisión. 
A nosotros nos parece que no es una decisión tomada sobre bases legales. 
Nos gustaría, pues, que la Comisión presentara, en tres meses, una nueva propuesta sobre la que el Parlamento debería ser consultado antes de que el Consejo tomase una decisión, y también nos gustaría saber la dotación presupuestaria de todo esto. 
Espero que esta información exista. 
Espero que el Parlamento pueda saberla. 
Señor Presidente, una vez más el Consejo se ha dirigido al Parlamento a toro pasado. 
Solicita su opinión sobre un plan de actuación, como ha señalado la ponente, implementado ya en enero de 1998 sin haber tenido lugar la deliberación establecida por el artículo K6 del Tratado. 
¿Acaso es tan insignificante el objeto de actuación que excuse esa omisión? 
Lo que ocurre es lo contrario. 
El problema que hay que solucionar es muy difícil, de grandes dimensiones y tiene múltiples aspectos. 
Ha surgido en la región más sensible y caliente del límite de nuestro continente. 
Se trata de una herida sangrante, que se hace cada vez más profunda, que se extiende por los países donde acuden miles de fugitivos. 
Esto pone a prueba nuestra responsabilidad humanitaria y nuestra cultura; porque las multitudes de fugitivos y los sin techo, ya sean kurdos de Iraq o descastados por diversas razones de las regiones colindantes, caen en las redes de traficantes de inmigrantes ilegales, en la miseria y en la ilegalidad. 
Cada día se están descubriendo espeluznantes casos cuyas víctimas son incluso las mujeres y los menores de edad. 
En su completo y sistemático informe, la ponente exige de forma muy acertada la presentación de una nueva propuesta en un plazo de tres meses y sobre la que el Parlamento debería ser consultado. 
Sólo así podrán participar de forma legal los Estados miembros en esta actuación. 
La Comisión de Libertades Públicas y la Comisión de Asuntos Exteriores están de acuerdo con ese mismo espíritu. 
Sin embargo, la ponente no deja de señalar las debilidades, la ingenuidad y las omisiones que caracterizan el plan que fue aprobado de forma improvisada. 
No niega que hay que hacer frente a la inmigración ilegal de forma severa, pero esa severidad no puede ser implacable. 
Es una hipocresía ignorar que así se niega el concepto de asilo y que, en muchas ocasiones, esa negación o la repatriación equivalen a una condena a muerte. 
Puede considerarse un chiste de mal gusto el hecho de que se conceda una función fundamental a Turquía, que lleva tanto tiempo violando los derechos humanos, dada la situación de su sistema penitenciario y, en general, la debilidad del funcionamiento de su poder judicial. 
Sólo puede considerarse un chiste de mal gusto que el Consejo le confiera esa función de regulador de un problema, que ella misma, incluso con intervención militar, intenta hacer desaparecer. 
Señor Presidente, quien observa el plan de acción de la Unión Europea de enero del año pasado verá muchas medidas muy buenas, pero también verá las huellas del pánico. 
Naturalmente habían de tomarse medidas para la migración procedente de la región de Kurdistán y todo eso, pero esas medidas deberían haberse tomado mucho antes. 
Puede decirse que el Consejo ha estado durmiendo durante años, y cuando se despertó ya se habían producido las migraciones de los kurdos a Italia. 
Mi primera pregunta es: ¿Qué fue realmente de todas esas medidas del plan de acción? 
No tenemos ninguna información. 
Y de hecho opinamos que el Parlamento debe ser informado convenientemente sobre ello. 
Y si hablo de informar, otra señal del pánico del Consejo del año pasado fue que el Parlamento no ha sido implicado debidamente en ningún momento en la toma de decisiones. La ponente, la Sra. Terrón, lo ha dicho así con razón. 
Es una vergüenza. 
Sé que el calificativo es duro, pero lo digo así. 
Como Parlamento teníamos que haber dado nuestra opinión. 
La semana pasada hemos vivido la dimisión de la Comisión Europea, pero creo que en el tercer pilar tal vez el Consejo haya tratado al Parlamento de una forma aún mucho más incorrecta. 
Por lo tanto, que vuelvan a repetirse los deberes. 
Esto significa, en efecto, tal y como lo dice la resolución en su párrafo 1º, que dentro de tres meses debemos de tener delante de nosotros un buen resumen y un plan decente sobre el que pueda pronunciarse este Parlamento. 
Eso tiene que hacerlo la Comisión Europea. Espero que aún sea capaz de hacerlo. 
Lo mismo vale para las relaciones con Turquía. Evidentemente siempre son difíciles. 
Nuestro Grupo del ELDR opina que debe continuar el diálogo con Turquía, entre otras cosas sobre la acogida de los emigrantes kurdos en la región, y la mejora de los derechos humanos en general, y que la Comisión Europea y el Consejo deben mantener informado debidamente sobre ello a este Parlamento. 
Señor Presidente, precisamente en este momento en el que la cuestión de los kurdos goza de la máxima actualidad en toda Europa, las propuestas de la ponente, la Sra. Terrón i Cusí, constituyen unas medidas absolutamente necesarias. 
También su crítica al plan de acción está justificada. 
La Unión Europea puede contribuir con su política a que la gente de esta región tenga el punto central de su existencia en su patria y que viva allí donde se sienten originariamente en casa. 
En tanto que nosotros, la Unión Europea, no seamos capaces de evitar las razones y causas del desplazamiento de esta gente, en tanto no haya paz en esa región y en tanto la opresión de las minorías constituya una práctica generalizada, necesitamos un uso eficiente del procedimiento de asilo, tal y como propone la ponente. 
Mi grupo también apoya las propuestas relativas a la cuestión del trato de Turquía en tanto primer país de acogida. 
Para nosotros es muy importante que la organización y la ejecución de la primera acogida en Turquía sean confiadas exclusivamente al ACNUR. 
También nos adherimos a la opinión de la ponente, la Sra. Terrón i Cusí, según la cual la Comisión debe presentar una nueva propuesta, en la que se deberá escuchar al Parlamento Europeo, antes de que el Consejo adopte una resolución. 
Este sería un proceder ejemplar y se ajustaría a la seriedad de la cuestión. 
Señor Presidente, este plan de acción nuevamente demuestra que los mecanismos y procedimientos del tercer pilar no funcionan como es debido y que la política europea es una política de espera y falta de visión. 
Es importante que se desarrolle una política a largo plazo. 
El plan que se elaboró para las grandes corrientes migratorias de refugiados ya ha quedado obsoleto a raíz del descenso del número de refugiados. 
Esto puede significar que la política ha tenido sus resultados. Pero no disponemos de la información para evaluar su eficacia. 
Hay mucha necesidad de transparencia y comprensión de los criterios de evaluación. 
La consulta del Parlamento Europeo sobre el plan de acción habría sido un primer paso. 
Esta política debe considerarse, además, en su contexto de política exterior. 
En esta región de conflictos, represión y falta de respeto a los derechos humanos debemos actuar con gran cautela a la hora de devolver a los refugiados. 
La devolución de los kurdos a Turquía en este momento está, como poco, fuera de lugar. 
Tampoco Irak tiene un currículum que justifique la devolución de los refugiados. 
Debemos ser muy prudentes para no cerrar fronteras sin haber realizado un profundo análisis previo. 
Es esencial que estudiemos las causas más profundas y busquemos la solución de los problemas a nivel local. Espero que así sea. 
Señor Presidente, en el informe de la diputada Terrón y Cusí se critica el plan de acción de la UE para migraciones desde Iraq y países colindantes. 
La crítica comprende tanto el contenido del informe como el hecho de que el Parlamento haya tomado conocimiento del plan de acción después de que éste había sido aprobado. 
En lo que respecta al asunto formal, puedo entender la crítica. 
El Parlamento debe hacer escuchar su voz antes de que se apruebe un documento tan importante. 
Al mismo tiempo, la realización del plan de acción está siendo objeto de una revisión. 
Como ustedes probablemente saben, el Consejo ha designado un Grupo de Alto Nivel especial. 
Su misión también es presentar planes de acción para Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, Somalia, Marruecos y Albania con sus alrededores. 
Además, el Consejo de Ministros ha pedido al Grupo de Alto Nivel que revise el cumplimiento del plan de acción sobre Iraq. 
Por eso, el trabajo realizado por la ponente es valiosísimo. 
Por tanto, la misión del Grupo de Alto Nivel supone que éste debe preparar propuestas de medidas que saquen provecho a las posibilidades que ofrecen los tres pilares de la Unión. 
La razón es obvia: la situación en el terreno es diferente en cada país. 
Por eso las iniciativas políticas sobre migraciones también deben hacerse a la medida, para que se adapten a la situación que realmente se está viviendo. 
Conseguiremos mayor flexibilidad mientras más herramientas políticas podamos utilizar. 
En consecuencia, se trata de sacar provecho de todo el arsenal de posibilidades que ofrece la Unión; por este motivo los puntos de vista del Parlamento también son muy bienvenidos. 
En cuanto al asunto de la financiación de proyectos en Turquía, la Comisión mantiene su posición de que esto sólo es posible si se nos dan garantías de que se respetan los derechos humanos. 
Además, nuestra opinión inconmovible es que ACNUR debe participar en todos los intentos de iniciación de proyectos de asilo en Turquía. 
En el informe se exhorta a la Comisión a proponer medidas que aceleren el proceso de asilo. 
Puedo alegrar a la Asamblea diciendo que la Comisión, mediante mi propuesta del 3 de marzo, aprobó un documento de trabajo que contiene propuestas justamente en este campo. 
La comunicación tiene por objeto promover un amplio debate con el Parlamento, con los Estados miembros y con las organizaciones de voluntariado acerca de la forma que deberán tener en el futuro los procedimientos de asilo en Europa. 
El punto de partida es que se puede acelerar el proceso de asilo sin lesionar el derecho de las personas a que sus solicitudes de asilo sean calificadas de forma justa y cabal. 
Envié este documento de trabajo a la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores del Parlamento el mismo día que se aprobó. 
La intención de la Comisión es volver a presentar una propuesta formal cuando el Tratado de Amsterdam haya entrado en vigor. 
Doy por hecho que, antes de eso, la Comisión contará con las opiniones del Parlamento. 
El informe de Terrón y Cusí también se ocupa de la necesidad de realizar esfuerzos para ayudar a los solicitantes de asilo y a los refugiados a regresar a sus países de origen. 
Por este motivo, quiero hacer presente que en diciembre de 1988 presenté una propuesta de fundamento jurídico para la partida presupuestaria que trata de la recepción y retorno de asilados. 
Obviamente lamento que el debate de nuestras propuestas sobre protección temporal y repartición solidaria de responsabilidades no haya llegado más lejos en el Consejo de Ministros. 
Estoy convencida, y lo seguiré estando, de que se necesitan grandes esfuerzos para acabar con el vasto contrabando de personas que tiene lugar en Europa. 
Actualmente se están discutiendo dos protocolos relacionados con la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada. 
Uno de ellos tiene por objeto fortalecer la lucha contra el contrabando de emigrantes de cualquier tipo. 
El otro pretende prevenir y castigar el contrabando, especialmente de niños y de mujeres. 
Aquí tenemos una oportunidad única de alcanzar una posición común en el Consejo de Ministros, cuando continúen las negociaciones. 
Para que podamos defender lo que consideramos una buena estrategia en este campo, tenemos que decidir rápidamente qué directrices europeas van a regir. 
En el Consejo de Ministros se está discutiendo actualmente este asunto. 
El debate de hoy es, por esta razón, de particular interés para la futura realización de los planes de acción. 
Deduzco, señor Presidente, que el Consejo ni está presente ni va a responder a ninguna de las preguntas que se le han formulado. 
Pido a esta presidencia que les comunique que, como ponente, me parece una actitud impresentable, me parece humillante. 
Agradezco a la Sra. Gradin las explicaciones que nos ha dado. 
Estoy muy de acuerdo con ella. 
Siempre ha tenido esta actitud con el Parlamento y se lo agradezco sinceramente. 
Su actitud todavía luce más en contraposición a la de unos señores que, un año y tres meses después de iniciar un plan de actuación sobre el que hoy teníamos el derecho a opinar, aunque fuese tarde, ni siquiera están. 
Pido, por favor, al presidente que comunique al Consejo mi indignación personal y mi esperanza de que algún día responda a las preguntas formuladas. 
Seguramente vamos a formular esta solicitud. 
Hace unos momentos he recordado que al principio de la sesión el Presidente ha comunicado que el Consejo no podía estar presente. 
De hecho, también en lo que se refiere al debate anterior, el artículo 40 prevé claramente que la Institución a la que se le formulen preguntas tiene la obligación de responder. 
Se trata de una situación anómala: haremos todo lo posible para que al respecto haya una solicitud concreta del Parlamento al Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 15.00 horas. 
Aplicación del Derecho comunitario 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0092/99) de la Sra. Sierra González, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el Decimoquinto Informe Anual de la Comisión (COM (98) 0317- C4-0377/98) sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (1997). 
Señor Presidente, los informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario tienen dos funciones principales, a saber: dar a conocer el control realizado por la Comisión de la transposición de las directivas por parte de los Estados miembros, y exponer un resumen del uso que ha hecho la Comisión de su poder discrecional, como garante de los Tratados, para poner en marcha los procedimientos por incumplimiento. 
Respecto al primero de los objetivos, es preciso señalar que la Comisión ha desarrollado esfuerzos relevantes en la transposición de las directivas, particularmente las directivas relacionadas con el mercado interior. 
Como resultado de ello, el porcentaje de incorporación de directivas en los ordenamientos jurídicos nacionales aumentó en 1997 en todos los Estados miembros; en algunos de éstos con resultados muy significativos, como Finlandia, Dinamarca y Suecia. 
Pero, a pesar de lo dicho, es necesario mencionar también que no siempre las medidas nacionales de transposición realizadas han supuesto que las directivas hayan sido correctamente transpuestas en el ordenamiento jurídico nacional, como así mismo habría que decir que la mayoría de los Estados miembros no han adoptado las medidas nacionales de incorporación de las directivas hasta que no ha vencido el plazo límite. 
Por lo que respecta al segundo de los objetivos, concerniente a los incumplimientos, hay que decir que la entrada en vigor, el 1 de enero de 1997, de un nuevo instrumento- el procedimiento de información voluntario- con el que se ha pretendido permitir un tratamiento rápido y no contencioso de los conflictos, basado en la transparencia y en la confianza mutua, junto, además, con la propuesta de la Comisión al Tribunal de Justicia de que, una vez declarado un incumplimiento, se imponga también una multa diaria hasta el cese de dicho incumplimiento, ha producido progresos significativos. 
En particular, la amenaza de una multa ha tenido un efecto especialmente disuasorio. 
Sin embargo, todavía hay bastante camino por recorrer en lo que concierne a la ejecución de las sentencias dictadas. 
Las dilaciones en su acatamiento han engendrado una falta de fe en la decisión de los tribunales. 
Hay aún 87 sentencias dictadas por el Tribunal, con base en el artículo 169, no ejecutadas todavía, aunque el número de sentencias haya disminuido con relación al año anterior, puesto que, en 1996, había 98. 
Y con base en el artículo 171, también existen sentencias no ejecutadas, en total alrededor de 34. 
Estos aplazamientos en el cumplimiento de las sentencias no sólo dañan la credibilidad de las resoluciones del Tribunal de Justicia, sino, en general, la de todas las instituciones, que aparecen como ineficaces. 
En otro orden de cuestiones, como fruto de la reforma del procedimiento por el cual se ha acortado el plazo entre el registro de una queja o de una infracción detectada de oficio y la primera decisión sobre el fondo, se ha producido también una reducción general de expedientes de infracción en curso, si bien, en términos relativos, han aumentado los procedimientos de infracción abiertos por cuestiones que afectan al medio ambiente y a las discriminaciones basadas en la nacionalidad. 
A pesar de estos avances- que hay que reconocer -, falta camino por recorrer en aspectos particularmente relevantes de los procedimientos, tales como el cumplimiento estricto en los plazos de requerimiento, en el plazo de examen de una queja o de una petición; la posibilidad de acceder al conocimiento, por parte de los demandantes, de los argumentos jurídicos que pueden motivar la decisión definitiva sobre una queja con objeto de facilitar posibles recursos, etc. Son extremos que, en el futuro próximo, deberán ser tenidos en cuenta en aras de la eficacia jurídica y de la transparencia de los procedimientos, así como deberán tenerse en cuenta para garantizar la credibilidad de los procedimientos de infracción ante los ciudadanos. 
Por la misma razón, habrá que promover un conocimiento más preciso, en los miembros de las profesiones jurídicas, de los temas comunitarios, e incluso del público en general, mediante la subvención, por una parte, de programas formativos y de la simplificación normativa. 
Para terminar, sólo deseo señalar que es de lamentar que en este informe anual no se hayan atendido las recomendaciones realizadas en el informe anterior, que pedía la inclusión en el mismo de nuevos contenidos concernientes a la aplicación de los acuerdos internacionales de los que sea parte la Comunidad, las peticiones y la transposición de las directivas de política social. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Sierra González contiene nuevas propuestas que apuntan a la simplificación del Derecho comunitario, a la mejor transposición al Derecho nacional de los Estados miembros y a la mejora de las condiciones de acceso al mismo para los ciudadanos europeos. 
El hecho de que dicho texto haya sido aprobado de forma unánime en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos demuestra su aceptación general y eso es algo que hace a la ponente digna de felicitaciones. 
En el año 1994 fui ponente sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario y desde entonces no he dejado de subrayar que considero necesaria la familiarización de los profesionales del derecho con el Derecho comunitario. 
A través de una enmienda mía, incorporada en la propuesta de resolución, se vuelve a invitar a los Estados miembros y a las universidades a que establezcan de forma obligatoria la enseñanza de dicha materia. 
El programa de acción SCHUMAN para la sensibilización de los profesionales de derecho, juega un importante papel en esa dirección. 
En vísperas de una nueva ampliación de la Unión, los procesos para la incorporación satisfactoria del derecho derivado en las legislaciones nacionales de los países candidatos tienen una importancia obvia. 
Éste es el fundamento de otra de mis enmiendas que también fue incorporada en el proyecto de resolución por la que se solicita a la Comisión Europea que proporcione todo el apoyo técnico que sea posible. 
El programa PHARE está dirigido a los países de Europa Central y Oriental pero Chipre y Malta, que espero que comiencen en breve las negociaciones, no están incluidos en él. 
El informe que estamos debatiendo, señor Presidente, es el último del cuarto período legislativo relativo al control anual de la aplicación del Derecho comunitario y nos permite señalar las mejoras logradas durante los últimos años gracias a las presiones del Parlamento Europeo, quien, tras el Tratado de Maastricht, participa en las decisiones y por tanto en la legislación. 
En cuanto a la incorporación del Derecho comunitario en las legislaciones nacionales se ha producido un progreso espectacular y la aplicación de los artículos 169 y 171 del Tratado por parte de la Comisión, mediante la imposición de multas, ha obligado, como señaló la Sra. Sierra González, a los Estados miembros a respetar mucho más que antes las sentencias del Tribunal de Justicia. 
Dentro de pocas semanas entrará en vigor el Tratado de Amsterdam. 
El Parlamento Europeo va a adquirir nuevas e importantes competencias de codecisión en otros ámbitos. 
Quisiera expresar la certeza de que este cambio va a contribuir de forma importante a que el Derecho comunitario se acerque más al ciudadano europeo y va a garantizar una mayor transparencia en las decisiones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, puedo comprobar con satisfacción que la ponente se ocupa en los puntos 9 a 15 de la aplicación del derecho comunitario tal como lo hicimos en el informe del año pasado y de la misma manera como Larive lo hizo en su informe sobre comunicación comercial. 
Echamos en falta procedimientos más rápidos, entre otras cosas, para las reuniones de la Comisión en torno a estos asuntos: una cada tres meses, plazos de seis meses, etcétera. 
Espero que la nueva Comisión pueda cumplir estas obligaciones para así conseguir una aplicación más eficaz. 
También escuchamos con satisfacción cuando la ponente dijo que el acceso a los resúmenes y conclusiones de los asuntos que conocen los tribunales será más rápido. Mi colega Wijsenbeek, por ejemplo, no ha recibido las conclusiones de su asunto en el Tribunal de las Comunidades Europeas. 
Además, se dedica mucha atención al asunto de la claridad del idioma. 
Sabemos que la propuesta de Palacio Vallelersundi aprobó las directrices de este Parlamento para mejorar la legislación comunitaria. 
Desgraciadamente, tengo que decir que los comentarios de los lingüistas sobre esas directrices no son especialmente alentadores; entre otras cosas, no se ha consultado a ningún lingüista. 
Simultáneamente, sabemos que el departamento de traducciones de idioma inglés de la Comisión hace su trabajo to fight the fog. 
El Grupo Liberal ha tratado de llamar la atención acerca de esto pero, desgraciadamente, todavía no hemos logrado que todos entiendan en el Parlamento que deberían presionar para que los otros idiomas también lo hagan. 
Tenemos que adaptar el lenguaje escrito al usuario. 
No somos sólo nosotros, los que escribimos, quienes tenemos que entenderlo, sino también aquellos que tienen que aplicarlo. 
De esta manera podremos hacer grandes ahorros administrativos. 
Espero, y estoy convencido, de que la Presidencia finlandesa dará prioridad a este asunto en el otoño. 
Así podremos realmente alcanzar una mejor comprensión del derecho comunitario. 
Señor Presidente, cuando se habla de un informe como este, que ha recibido un amplísimo consenso- y quiero felicitar a la ponente y sumarme a lo que ha dicho el Sr. Anastassopoulos -, porque no sólo se ha votado por unanimidad, sino que es un informe que pasa a Pleno sin ninguna enmienda, es difícil aportar cuestiones nuevas. 
Por lo tanto, reflexionemos. 
El informe anual de la Comisión es sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario. 
En primer lugar, control; y, por lo tanto, ejercicio de las facultades de control que el Tratado confía a la Comisión como guardiana de los Tratados. 
El ejercicio de esas facultades- en especial, artículos 169 y 171 del Tratado CE- se han incrementado y potenciado. 
Pero, como han dicho otros oradores antes que yo, hay que incrementar la transparencia de ese procedimiento, sobre todo de la parte del procedimiento administrativo, el procedimiento de puertas adentro de la Comisión. 
Estamos en un momento de reflexión sobre la Comisión. 
La Comisión tiene, en ese sentido, un reto, entre otros, que es el de establecer un procedimiento más claro, más transparente y con plazos, con tiempos que todos conozcamos. 
Pero se trata de control de aplicación. 
Aplicación quiere decir conocimiento, conocimiento quiere decir entendimiento, y entendimiento quiere decir, en primer lugar, claridad. 
El Derecho comunitario no es claro. 
El Sr. Anastassopoulos ha mencionado a un interlocutor de un país del Este, y yo recuerdo que éste me decía: «Señora Palacio, ustedes nos obligan a incorporar el acervo comunitario, pero ustedes están cambiando continuamente dicho acervo comunitario». 
Recientemente, hemos tenido la prueba de ello en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Nos ha llegado un asunto de codificación. 
Entre el momento en que se lanzó la iniciativa de codificación hasta que el Parlamento empezó su informe se habían producido dos modificaciones de dos directivas que, teóricamente, tenían que ser codificadas. 
Ese es el típico ejemplo de falta de visibilidad, de maraña normativa, de que adolece en general el Derecho comunitario. 
Esta es la declaración- digamos- 19 del Tratado de Amsterdam. 
Y está también la declaración 39 del Tratado de Amsterdam sobre calidad de la redacción. 
Establecemos una legislación en 11 lenguas, que incorpora instituciones jurídicas de distintas tradiciones jurídicas. 
Eso hay que armonizarlo, y ahí hay que hacer un esfuerzo especial para que resulte un producto final que sea entendible, como dice la Sra. Thors, por todos; en primer lugar, por supuesto, por los especialistas. 
Y ahí hay que apoyar iniciativas como los programas GROTIUS y SCHUMAN, porque, si el Derecho comunitario debe ser bien aplicado, los primeros que lo tendrán que aplicar bien son los especialistas, los jueces, los abogados, en general todos los tribunales. 
Creo que, desde el año 94- y lo ha señalado mi colega Anastassopoulos- hasta hoy, este examen de Derecho comunitario, las aplicaciones de los artículos del Tratado respecto del control y, en general, el conocimiento del Derecho comunitario han mejorado. 
Tenemos que seguir esforzándonos en ello y nos queda todavía mucho camino por recorrer. 
Señor Presidente, debo felicitar a la Sra. Sierra González por su admirable informe. 
Hacer un seguimiento de la aplicación del Derecho comunitario es una parte fundamental de lo que hacemos en Europa. 
La Comisión tiene el deber de ser guardiana del Tratado. 
Debemos asegurarnos de que los ciudadanos afectados gozan de los ventajas que garantiza Europa, y agradezco el apoyo del Parlamento en esta difícil e incesante tarea. 
El Decimoquinto Informe Anual de 1997 demuestra que hemos hecho avances importantes en velar por la aplicación del Derecho comunitario; y la Sra. Sierra González, en su intervención de hoy, se ha referido a algunos de estos avances. 
Hemos mejorado considerablemente nuestros métodos de trabajo. 
Buenos ejemplos de ello son los esfuerzos para acelerar el tratamiento de casos y fomentar la transparencia de nuestras acciones y todo ello se ha hecho en estrecha cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo. 
Para aplicar eficazmente el Derecho comunitario hemos hecho uso de todos los instrumentos a nuestro alcance. 
La cooperación y la presión del grupo son a menudo herramientas eficaces para incrementar la transposición y la correcta adopción del Derecho comunitario. 
Esto queda demostrado por los éxitos del plan de acción del mercado único y las reuniones bilaterales sobre directivas con los Estados miembros. 
También estoy de acuerdo con la Sra. Sierra González en que la redacción de leyes sencillas y claras es uno de los mejores modos de evitar problemas más tarde. 
La Sra. Thors tenía razón cuando se refería a la importancia de utilizar un lenguaje llano. 
También estoy de acuerdo con el Sr. Anastassopoulos y otros que se han referido a la importancia de enseñar Derecho para que los abogados conozcan el Derecho comunitario. 
Dicho esto, existen ocasiones en que debemos hacer uso de los poderes que nos otorga el artículo 169 del Tratado para poner en marcha los procedimientos por incumplimiento; algo que, naturalmente, hacemos. 
Actualmente estamos tramitando más de 3.200 casos de este tipo. 
Nuestras reformas han mejorado el funcionamiento de los procedimientos, y eso es muy importante para los ciudadanos que están en el origen de casi el 50 % de los casos. 
Estamos tratando casos con mucha más celeridad que hace unos años, y ello se debe principalmente a que ahora decidimos sobre cartas de notificación oficial, opiniones recientes y el envío al Tribunal de Justicia con más regularidad. 
Ahora se decide sobre los casos cada dos semanas. 
En el pasado, el sistema era más rígido y no se podía tomar una decisión cuando el caso ya había sido estudiado. 
En segundo lugar, las decisiones son ejecutadas con mayor rapidez. 
En el pasado, enviar una carta 169 podía tardar varios meses. 
Hoy, la notificación formal suele llegar al Estado miembro una semana después de la decisión. 
Y, por último, cumplimos los plazos de respuesta o conformidad mucho más estrictamente, aunque, naturalmente, deben respetarse los derechos de defensa de los Estados miembros. 
Aprovechamos todas las oportunidades para resolver los casos de incumplimiento tan pronto como sea posible. 
Sólo el 10 % de los casos llegan al Tribunal, y se ha hecho referencia al sistema de sanciones que existe actualmente, y la Comisión ha presentado sanciones de entre 7.000 y 260.000 euros al día. 
Todo ello es en beneficio de nuestros ciudadanos, por lo que es perfectamente correcto y normal que les informemos de todos los pasos de un procedimiento de incumplimiento que les afecta. 
En este sentido, el Defensor del Pueblo Europeo, al igual que el Parlamento, han tenido un papel importante e instructivo. 
Asimismo debe darse mayor difusión a la información sobre la aplicación del Derecho comunitario en general, y acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento a una mayor transparencia en este ámbito. 
Para terminar, el cumplimiento del Derecho comunitario es fundamental para acercar Europa a sus ciudadanos. 
Estamos recurriendo a todos los medios a nuestro alcance para prevenir, y en caso necesario, perseguir los incumplimientos por parte de los Estados miembros. 
Eso es lo que nuestros ciudadanos tienen derecho a esperar, y eso es lo que obtendrán. 
Muchas gracias, señor Comisario Brittan. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 15.00 horas. 
Sistema común del IVA (tipo normal) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0129/99) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0693- C4-0711/98-98/0331CNS) ) por la que se modifica, en lo que respecta al nivel del tipo impositivo normal, la Directiva 77/388/CEE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Señor Presidente, usted ha enunciado el texto de esta propuesta de directiva respecto a la cual el Consejo ha solicitado la urgencia al Parlamento, ya que se trata de prorrogar el sistema actual para el presente año y al mismo tiempo de fijar una franja- en concreto entre el 15 y el 25 %- dentro de la cual deberá variar el tipo normal. 
Sus Señorías están perfectamente informados sobre los progresos que se han realizado en el ámbito tributario en los últimos tiempos: unos progresos significativos que han determinado varias propuestas en materia de coordinación de los sistemas fiscales de los Estados miembros, una coordinación dirigida a superar las formas de competencia fiscal perjudicial y a permitir, por el contrario, a la competencia fiscal beneficiosa ejercer todos sus efectos. 
Sin embargo, además de las necesarias acciones de coordinación que, como he dicho, ya están en marcha, existen otras acciones que se refieren, en cambio, a formas de verdadera armonización, desde este punto de vista, necesarias para permitir que el mercado interior funcione lo mejor posible. 
A este propósito, en el plan de acción sobre el mercado interior, presentado al Consejo Europeo de Amsterdam el año pasado, mejor dicho, hace casi dos años, la Comisión destacó la necesidad de actuar en favor de un régimen común de imposición en el ámbito del IVA que supere el actual sistema transitorio y, al mismo tiempo, de intensificar los esfuerzos para modernizar y simplificar el sistema vigente. 
Se acordó un recorrido ideal en tres etapas: la corrección de las distorsiones existentes en el sistema actual del IVA, la modernización del sistema actual en lo tocante a nuevas actividades como son los servicios avanzados y, ante todo, la definición del sistema definitivo del IVA, basado en la adopción del principio del país de origen como lugar de imposición. 
Esto permitirá simplificar los procedimientos actualmente en vigor y agilizar los trámites burocráticos para las administraciones nacionales y las empresas y, sin duda, contribuirá a resolver el grave problema de los fraudes comunitarios. 
Además, también reportará beneficios para los ciudadanos/consumidores, gracias a la mayor transparencia y las formas de competencia que se registrarán entre los sistemas de los distintos Estados miembros, obligados a converger hacia niveles de imposición más aceptables. 
Sin embargo, seguimos sufriendo un retraso y, por tanto, seguimos en espera del sistema definitivo y, en consecuencia, hace falta una directiva para este año 1999 como la que hoy nos ocupa. 
Fundamentalmente, esta propuesta de directiva prorroga por un año, como decía, el sistema en vigor y fija una franja- entre el 15 y el 25 %- donde tiene cabida el tipo normal. 
Creo que no podemos sino estar de acuerdo con esta solicitud, respecto a la cual sufrimos un retraso, ya que nos encontramos a finales del mes de marzo. 
La Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, no obstante, al aceptar la propuesta de la Comisión, es decir, al emitir su dictamen favorable, quiere aprovechar esta ocasión para reiterar la urgencia de pasar al sistema definitivo del IVA. 
En este sentido, la propia comisión presenta una enmienda con el fin de subrayar que, en cierto sentido, se trata de la última prórroga y de pedir al mismo tiempo que el sistema definitivo entre en vigor el 1 de enero del próximo año. 
La segunda enmienda que he propuesto en nombre de mi Grupo, reitera este concepto en forma de considerando añadiendo asimismo el hecho de que el sistema actual- el sistema, por así decirlo, transitorio hacia el definitivo- es un sistema que se presta a toda una serie de inconvenientes como los que he señalado brevemente en mi exposición. 
Espero que estas enmiendas sean ratificadas por el Parlamento y admitidas por la Comisión como estímulo, al objeto de que al fin se vaya hacia el sistema definitivo del que tanto se habla, pero que parece una especie de sueño cada vez más lejano. 
Señor Presidente, Señorías, comparto muchos de los puntos de vista que ha expuesto el ponente Secchi en un informe que demuestra sus conocimientos sobre esta cuestión. 
La propuesta de la Comisión que le sirve de base está relacionada con la armonización del régimen del Impuesto del Valor Añadido de los diversos Estados miembros. 
Con su propuesta, la Comisión pretende corregir los retrasos que registra esta reforma. 
Se trata de una cuestión importante que se ve perjudicada por el mal funcionamiento de la toma de decisiones a escala de la Unión. 
De manera completamente acertada, el ponente del informe se muestra firme acerca de una prórroga del periodo de vigencia. 
Es necesario llevar a cabo la reforma del régimen del IVA. 
La propuesta de la Comisión tiene casi exclusivamente un carácter técnico. 
Sin embargo, se trata de una cuestión política en sumo grado. 
La relación entre la imposición directa y la indirecta, y las mercancías y los servicios que son objeto de la imposición fiscal indirecta están relacionados con la justicia social. 
Si se traslada la presión fiscal a la imposición indirecta, se debilitará el aspecto progresivo de la tributación fiscal que nos ha permitido reducir las diferencias en materia de renta. 
A la hora de armonizar la política fiscal de la Unión Europea no podemos olvidar este importante instrumento social. 
Sin embargo, ahora estamos tratando de la imposición indirecta. 
Al menos por lo que respecta a los productos alimenticios, la armonización del IVA en la Unión aliviaría la situación que se registra, por ejemplo, en Finlandia. 
Así pues, el IVA de los productos alimenticios en nuestro país supera actualmente en un 10 % la media impositiva que se registra en la UE. 
El IVA de los productos alimenticios en Finlandia se sitúa en un 17 %. 
La reducción de este impuesto mejoraría la situación del empleo y crearía mejores condiciones para la actividad de este sector. 
Los consumidores comprarían productos sometidos a un mayor procesamiento. 
Estamos hablando también de justicia social, ya que cuanto menores son los ingresos del ciudadano, mayor es la proporción de estos ingresos que van a parar a la imposición indirecta. 
La reducción de los impuestos sobre los alimentos se haría notar de manera inmediata en el bolsillo de los ciudadanos. 
El nivel del IVA relativo a la prestación de servicios también constituye una cuestión fundamental de la política fiscal. 
Por lo que respecta a la situación del empleo, la elevada imposición fiscal sobre los servicios y el consumo ha venido impidiendo el crecimiento y, de esta manera, también la creación de empleo. 
Se trata, en cierto modo, de un fenómeno de asfixia, por lo que es preciso aliviar la imposición fiscal sobre la prestación de servicios con predominio de mano de obra. 
No obstante, continúa resultando imprescindible una determinada armonización fiscal. 
Y únicamente podremos beneficiarnos de este carácter indispensable si logramos vincular la reducción fiscal a la política de crecimiento y empleo. 
Así pues, la reducción del IVA sobre los productos alimenticios y sobre los servicios serviría para apoyar esta política. 
Señor Presidente, no estamos aquí, a esta hora tardía e impropia, para examinar una cosa tan seria, sólo para hacer compañía a nuestro colega el Sr. Secchi en la presentación de su informe sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido. 
Es que todo está retrasado: desde luego, esta enmienda de la Directiva 77/388, cuya entrada en vigor estaba supuestamente prevista para el 1 de enero del presente año y que debía mantenerse hasta su final. 
También va retrasado el Consejo en la adopción de todas las decisiones necesarias para la institución de un sistema definitivo del IVA, que debería estar en vigor a partir del comienzo del año 2000. 
Por eso estamos aquí, en esta hora tardía, para sumar nuestra voz a la del ponente e insistir en la necesidad urgente de adoptar de forma generalizada el principio del país de origen, reducir la burocracia, facilitar las operaciones comerciales, luchar contra la evasión fiscal y plasmar la tributación indirecta a la luz de una transparencia total. 
El Mercado Único funciona, pero aún está incompleto y aquí y allá revela distorsiones de la competencia. 
La introducción de la moneda única y la desaparición de la competencia cambiaria entre los diferentes Estados miembros acaba añadiendo a la competencia fiscal un factor de perturbación de los mercados. 
Ya se llame coordinación fiscal o armonización fiscal, hay un conjunto de medidas que deben adoptar en común los quince sistemas tributarios de la Unión. 
Hoy hablamos aquí sólo de la fijación de una banda de fluctuación del quince al veinticinco por ciento entre los tipos normales mínimos y máximos del IVA que deben aplicar los Estados miembros. 
Pero el ámbito de aplicación de los tipos reducidos tendrá que revisarse a corto plazo porque provoca distorsiones de la competencia entre ciertas zonas geográficas, entre ciertos productos o servicios, ya sea entre Bélgica y Austria o entre Portugal y España. 
El IVA, que es un impuesto cuya característica intrínseca es la neutralidad, acaba siendo un factor que influye en la localización de empresas o de corrientes comerciales. 
Esa armonización de tipos y ese paso del sistema transitorio al sistema definitivo exige valor y sacrificios por parte de todos los Estados miembros en el sentido de una aproximación, aunque progresiva y de acuerdo con un calendario, de los sistemas tributarios nacionales. 
Si no se acaba con los egoísmos fiscales, el propio Mercado Único y la propia Unión Económica y Monetaria quedarán cojos e incompletos. 
Señor Presidente, creo que hoy vamos a debatir una cuestión que solo es áspera y técnica en apariencia. 
De lo que se trata es de si la Unión hace el suficiente acopio de energía para discutir o regular las condiciones de competencia en el mercado interior para evitar las posibilidades, tanto de fraude fiscal como de distorsión de la competencia, que residen en el principio del país receptor en el marco del impuesto sobre el valor añadido. 
Esta es, de hecho, una exigencia fundamental. 
Y en esto me puedo adherir completamente al orador precedente. 
Esta es, ciertamente, la cuestión política de la que trata el Informe Secchi. 
Creo que no debemos hacernos demasiadas ilusiones sobre que, sencillamente, vayamos a conservar la fecha del 1 de enero del 2000. 
Pero procede que nosotros, conjuntamente, en tanto Parlamento, volvamos a poner esta petición sobre la mesa de negociación. 
Entonces existirá una posibilidad de que el principio del que se trata sea alcanzado a tiempo. 
Señor Presidente, hay en este informe objetivos totalmente justificados, en concreto el objetivo de la simplificación fiscal, destinado a evitar las distorsiones fiscales entre los Estados miembros y a simplificar los procedimientos, sobre todo mediante la adopción del principio del país de origen. 
Todo lo que vaya dirigido en ambas direcciones no puede ser sino bien recibido. 
No obstante, subyacen en este informe tendencias mucho más preocupantes. 
En primer lugar, la voluntad de querer seguir regulando y limitando cada vez más el margen de autonomía de los Estados miembros termina reduciendo la soberanía fiscal de las diferentes naciones que componen la Unión Europea. 
En nuestra opinión, esto equivale a una disminución de la democracia fiscal, en la medida en que cada vez tienen menos peso las decisiones que no se adoptan en los niveles más cercanos a los ciudadanos, en provecho de las decisiones que se adoptan en los niveles más lejanos. 
En segundo lugar, tras la introducción del euro se puede, indiscutiblemente, sentir cierta preocupación ante la hipótesis de choques asimétricos coyunturales, que hacen que los Estados miembros tengan cada vez menos medios de modificar la coyuntura. 
En caso de inflación, por ejemplo, ya no se puede, si llegamos a armonizar todas las fiscalidades, practicar una política monetaria país por país, ya no se puede practicar ninguna política fiscal. 
Queda la política de salarios e ingresos, que es especialmente dirigista. 
Por último, las elecciones que se hacen mantienen un nivel de impuestos extremadamente elevado, ya que, para el tipo normal, se contempla entre un 15 % y un 25 %. 
¿Por qué no menos del 15 %, al fin y al cabo? 
La diferencia fiscal entre Europa, Estados-Unidos y Japón sigue siendo muy importante y es sin duda una de las causas parciales del índice de desempleo europeo, que, comparativamente, es mucho más elevado que el de estos otros dos países. 
Es por lo que este informe, que es un informe de calidad en el marco de las orientaciones actuales, no puede satisfacernos y, por razones de principio, no podemos sino oponernos a lo que se recomienda. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo y las enmiendas que ha presentado reafirman su apoyo al movimiento hacia un nuevo sistema común de IVA. 
La Comisión apoya plenamente los objetivos declarados. 
No obstante, me temo que la adopción de un sistema definitivo de IVA por parte del Consejo antes de diciembre de 1999 no parece ser muy realista. 
De hecho, en su programa, la Comisión ha esbozado a grandes rasgos el sistema de IVA previsto para el futuro, así como un calendario basado en un enfoque gradual para la presentación de propuestas específicas. 
Este programa proponía tres encabezamientos principales: modernización, simplificación del sistema actual y modificación del lugar de tributación. 
La Comisión ya ha presentado varias propuestas que actualmente se encuentran sobre la mesa del Consejo, que incluyen la simplificación y la modernización de la actual disposición, específicamente, con vistas a satisfacer las expectativas inmediatas de los operadores, es decir, la transposición de las recomendaciones para el ejercicio de SLIM II. 
Estas propuestas son fundamentales para avanzar hacia el régimen de IVA definitivo. 
De hecho, el paso de la no armonización hacia la armonización total, en caso de que se produzca, sólo podrá realizarse por etapas; y la propuesta sobre el tipo estándar entra en este contexto. 
El Consejo, sin embargo, no se muestra dispuesto a seguir las propuestas de la Comisión y se inclina por el mantenimiento de la situación actual, que no va en la dirección deseada de un mayor acercamiento de los tipos de IVA. 
No obstante, en opinión de la Comisión, no será posible la simplificación general del actual sistema de IVA sin una enmienda radical de las complejas normativas actuales, especialmente aquéllas relativas al lugar de tributación. 
Por consiguiente, las mejoras del actual sistema de IVA constituyen una fase fundamental para el paso a un nuevo sistema que prevea un lugar único de tributación, el único medio de garantizar la simplificación radical del sistema de IVA que solicitan las empresas europeas. 
Mucho me temo que por el momento, las propuestas que actualmente están sobre la mesa del Consejo encaminadas a simplificar el sistema y a garantizar una aplicación más uniforme del impuesto, están en punto muerto, a pesar del apoyo incondicional del Parlamento Europeo. 
Deseo expresarles mi agradecimiento por el apoyo que el Parlamento ha dado a esta propuesta y más particularmente al objetivo perseguido por la Comisión, a saber, un sistema definitivo de IVA. 
Muchas gracias, señor Comisario Brittan. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 15.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 22.55 horas 
Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0068/99) de la Sra. Roth-Berendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre una recomendación para segunda lectura sobre la posición común del Consejo (12872/1/98-C4-0016/99-97/0244 (COD) ) relativa a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para la modificación de la Directiva 85/374/CEE del Consejo sobre la aproximación de las normas jurídicas y administrativas de los Estados miembros relativas a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, acaban de escuchar de la Presidenta que hoy nos vamos a ocupar en segunda lectura de la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
Voy a recapitular: todos en este Parlamento dijimos- creo que unánimemente- en noviembre de 1997 después de ocuparnos de la EEB, lo que constituyó uno de los grandes éxitos de este Parlamento, que había que modificar la responsabilidad por el producto para que en el futuro se pudiesen cubrir los daños originados por la EEB. 
Como resultado de ello, la Comisión presentó una propuesta que incluía e integraba los productos agrícolas primarios, lo que era de saludar. 
Pero, señor Monti, esto era también lo mínimo que podía hacer. 
En el pasado siempre le he dicho que anunciaba cosas pero que no ocurría nada. 
Es lo que critico. 
Si no fuese usted un Comisario dimisionario, sino que estuviese aún- digámoslo así-de otra forma en su cargo, le diría hoy que lo que ha hecho es algo casi fosilizado y petrificado. 
Así pues, no se lo digo. 
En la Comisión de Medio Ambiente hemos añadido en la segunda lectura ocho enmiendas a la posición común. 
Ocho enmiendas no son muchas. 
Como ponente, he intentado ser muy moderada y he presentado solamente las que obtuvieron una mayoría en primera lectura y que, en mi opinión, deberían ser aptas para un compromiso en las otras partes de esta Asamblea. 
Ahora hay voces aquí en esta Asamblea y también fuera de ella que dicen que no debemos presentar ninguna enmienda en absoluto y que pasemos la propuesta así sin modificar. 
Es decir, que aceptemos la propuesta de la Comisión, la posición común. 
A las voces y colegas que han dicho esto en primera lectura tengo que oponer que este Parlamento debería ser consecuente. 
Cuando hemos dicho que tiene que haber enmiendas en relación con la EEB, entonces tenemos que cubrir consecuentemente también los casos de las personas que padezcan la nueva forma, la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
Todos sabemos que el período de incubación puede ser de entre diez y veinte años. 
Por ello, la Comisión de Medio Ambiente ha prolongado la posibilidad de reclamar por daños ocultos- solamente hablamos de ellos- hasta veinte años y no sólo diez años. 
Alguien que padezca la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob jamás podría reclamar los daños si él o su familia tuviesen noticia de la enfermedad al cabo de diez años. 
También hemos elevado la suma por todos los daños que puedan originarse de 70 a 140 millones de ecus y lo hemos dejado en el ámbito de competencias de los países miembros. 
Esto no es tampoco demasiado extraordinario y debería poderse lograr aquí un compromiso. 
Algunos de ustedes- también el Sr. Monti- han dicho que se va a realizar una revisión de esta legislación y que va a haber un Libro Verde para el 1-1-2000. 
Incluso cuando la Comisión tenía un margen de actuación mayor que ahora, tenía dudas de que lo hiciese. 
Ahora estoy convencida de que esto no va a ser posible para el 1-1-2000. Todos lo sabemos. 
Usted mismo ha dicho como Comisión que no va a recoger ningún proyecto nuevo y, en consecuencia, tampoco ninguna legislación nueva. 
Lo primero que hará una nueva Comisión no será un Libro Verde. 
Incluso aunque lo tuviéramos en algún momento, en dos, tres, cuatro o cinco años tendríamos una legislación. 
Esto no es lo que buscamos ni tampoco podemos responder por ello. 
Me dirijo a algunas y algunos colegas y miro precisamente también en dirección al Grupo del PPE pues mi colega Grossetête, quien esta conmigo en la Comisión de Medio Ambiente, ha dicho en la primera lectura que las personas no lo quieren y que yo trastocaría muchas cosas con esta enmienda. 
Precisamente de cara al Grupo del PPE he dejado totalmente fuera, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba o cuestiones relacionadas con esto. 
Señora Grossetête, le ruego que reconsidere su actitud sobre estas dos enmiendas relativas al plazo y al importe de la indemnización y le digo que las personas quieren, no sólo antes de las elecciones al Parlamento Europeo sino de modo general, que defendamos su bienestar personal, además su bienestar personal integral. 
Esto lo hemos intentado en la Comisión de Medio Ambiente, que es competente para temas relacionados con la protección del consumidor y la política sanitaria. 
Esto lo hemos intentado con ocho enmiendas que en parte provienen del Grupo del PPE y que se refieren a la definición y la revisión de la legislación. 
Hemos prolongado el plazo y modificado el importe de la indemnización. 
Nada de ello arruinará a nadie en la Unión. 
Pero habrá daños potenciales, por lo demás no sólo en el caso de conservas de sangre contaminadas y que puedan provocar el SIDA; dejo este asunto totalmente fuera y me quedo en los productos primarios. 
En casos de Creutzfeldt-Jakob proporcionará seguridad a las personas. 
Desearía que nunca se hiciese uso de esas enmiendas porque nadie enfermase. 
Pero si ocurre, entonces las personas de esta Unión Europea tienen un derecho a que establezcamos un fundamento jurídico adecuado para la responsabilidad del producto y sus reclamaciones por daños. 
Creo que con estas enmiendas no hacemos ni más ni menos que esto. 
No creo que sea exagerado o superambicioso. 
Les ruego que apoyen estas enmiendas en la segunda lectura para que en el procedimiento de codecisión podamos pugnar con el Consejo por una solución razonable. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que podemos felicitarnos de que la Comisión haya decidido ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 85/374/CEE a los productos agrícolas. 
Era una petición hecha por el Parlamento Europeo, a raíz, por lo demás, del problema de la EEB. 
Sin embargo, me apresuro a decir a la Sra. Roth-Behrendt que resulta absolutamente imposible seguirla, porque ha aprovechado esta ocasión para modificar el contenido de la directiva. 
En efecto, no sólo cambia la definición dada por lo que se refiere a los productos agrícolas, sino que introduce los daños psíquicos y suprime la franquicia y el límite financiero máximo. 
Por último- y eso es lo que me parece particularmente grave -, amplía el plazo de prescripción a 20 años, en lugar de diez, para los daños resultantes de un defecto oculto. 
Ahora bien, cuando hay un daño, está relacionado con un defecto oculto, que en general no se descubre hasta el momento en que ha habido daño. 
Conque paso a ocuparme del problema de los agricultores, esos pobres agricultores a quienes ya cuesta mucho hacer admitir que sus productos entren en el ámbito de aplicación de esta directiva. 
Nuestros agricultores, que conocen la angustia por el futuro, que están muy preocupados por la reforma de la PAC y a los que se va a pedir que asuman responsabilidades que no pueden asumir de la forma que nos propone la Sra. Roth-Behrendt. 
De todos modos, la directiva establece la posibilidad de una responsabilidad solidaria entre las personas que intervienen en el proceso de producción. 
Así, pues, si hay un problema, y la Sra. Roth-Behrendt menciona el de la EEB, se incurre ya en una responsabilidad, de todos modos. 
Si aceptamos las propuestas de la Sra. Roth-Behrendt, imaginen Sus Señorías los contratos de seguros que se verán obligados a subscribir los agricultores y que podrían resultar exorbitantes. 
Sus Señorías me dirán: ¿y cómo repercute en los consumidores este asunto? 
Pues bien- respondo -, hay que esperar al Libro Verde y me dirijo a la Comisión. 
La Comisión se comprometió a redactar un Libro Verde para el año 2000. 
Un Libro Verde que se haría después de oír a los productores, los distribuidores, los consumidores, los agricultores, los aseguradores. 
No se puede cambiar el equilibrio de una directiva sin haber reservado tiempo para hacer un estudio previo, incluso cuando se trata de proteger a los consumidores, que, de todos modos, como ya he explicado, están protegidos por la aplicación de la responsabilidad de cualquier productor cuyo producto haya provocado un daño. 
Las buenas intenciones de la Sra. Roth-Behrendt son demagógicas, pues, al querer proteger al consumidor sin hacer previamente un estudio serio, se agobia a los agricultores y se va a provocar una congestión en los tribunales. 
Por eso, siento decirle, señora Roth-Behrendt, que no podemos seguirla. 
Señora Presidenta, la posibilidad de responsabilizar a los productores es extremamente importante para los consumidores. 
Sólo con la ayuda de derechos claros y la existencia de buena información, los consumidores pueden actuar en el mercado de forma adulta, determinando ellos mismos qué productos se deben ofertar y qué productos quieren comprar. 
La responsabilidad dará lugar a que los productores sean más precavidos durante el proceso de producción. 
Se querrá evitar cualquier riesgo que pueda afectar a la salud del consumidor como consecuencia de un producto defectuoso. 
Sin embargo, si el productor no actúa con suficiente cuidado, el consumidor puede, de todos modos, hacer valer su derecho. 
La EEB ha desempeñado un papel importante en la realización de este informe. Ha sido un catalizador para incluir, por fin, los productos agrícolas en la regulación de la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
Muchas personas han muerto por la enfermedad Creutzfeldt-Jakob como resultado de una conducta negligente, De haber contado con una regulación clara en cuanto a la responsabilidad, la posibilidad de que algo semejante hubiera ocurrido habría sido mucho más reducida. 
La Sra. Roth-Behrendt ha dejado muy clara una cuestión durante la primera lectura. Quería incluir todos los productos peligrosos en la norma. 
En principio, estoy de acuerdo con ella y creo que se ha mostrado decidida en esa primera lectura. 
Sin embargo, no la he apoyado en ese punto durante la primera lectura. Pienso que es necesario un debate profundo y una toma de decisiones equilibrada sobre un tema tan importante y difícil. 
Consideré que no debíamos decidir sobre esta cuestión de pasada, en otro informe. 
La totalidad de mi Grupo y yo apoyamos plenamente las enmiendas que la Sra. Roth-Behrendt ha presentado ahora, en la segunda lectura. 
Señora Presidenta, es increíble que la posición común no tenga en cuenta de ninguna forma lo que el Parlamento Europeo ha propuesto en la primera lectura. 
No me parece oportuna la excusa dada por la Comisión en cuanto a que la directiva en cuestión debe reconsiderarse ampliamente en el marco de la Agenda 2000. 
Tampoco el Consejo ha tomado en serio al Parlamento Europeo en este asunto, ya que no ha considerado en absoluto las enmiendas propuestas. 
Está completamente justificado que la ponente haya propuesto de nuevo las enmiendas en cuestión. 
El carácter acuciante de la crisis de la EEB ha mostrado que la ampliación de la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos debe tener lugar tan pronto como sea posible. 
Además, deben tenerse en cuenta en la modificación otras lagunas existentes. Eso evita un doble trabajo. 
Con ello, el objetivo del Parlamento supera, en efecto, el objetivo de la Comisión. 
Eso, en mi opinión, no constituye un motivo en sí mismo para rechazar estas enmiendas, sobre todo, una vez que el Presidente del Parlamento las ha declarado admisibles. 
El aumento del tope máximo de 70 a 140 millones de euros me parece especialmente importante. 
No puede ser que el consumidor compre un producto defectuoso y no pueda recibir una indemnización después, por no ser el primero, sino el enésimo, en presentar una reclamación. 
Así mismo, opino que es tan razonable como en el caso del daño causado por un producto defectuoso que se manifieste tan sólo diez años después y el plazo de prescripción se amplíe a los viente años. 
Señora Presidenta, desde 1985 una directiva regula la indemnización a personas que han padecido daños por causa de productos defectuosos. 
Con la presente propuesta, la Comisión pretende elevar la protección del consumidor en lo referente a la seguridad de los alimentos y de los productos agrícolas básicos. 
En este sector extraordinariamente sensible se quiere ampliar la directiva también a materias primas agrícolas que hasta ahora estaban excluidas. 
Es absolutamente necesario apoyar las enmiendas 1 y 2, pues de este modo se garantizará que aquellos que producen semillas modificadas genéticamente respondan por las eventuales consecuencias. 
No puede ser que los agricultores respondan por daños de los que son responsables las grandes empresas. 
Lamentablemente, la propuesta de la Comisión se tomó al mismo tiempo como motivo para introducir en parte enmiendas que interfieren fuertemente en el derecho civil nacional y que adolecen de una base objetiva. 
Por este motivo, no podemos dar nuestro asentimiento a la ampliación de la directiva a productos agrícolas. 
Señora Presidenta, quiero comenzar felicitando a la ponente por sus propuestas y por haber aprovechado la ocasión para introducir propuestas del Parlamento que van más allá de lo presentado por la Comisión. 
Creo que ya en el momento de la presentación de esta modificación legal se podría haber esperado de la Comisión que realizase unas propuestas de mayor alcance en lugar de discutir durante muchos años sobre algo que tendría que haberse hecho realidad hace mucho tiempo. 
Cuando ahora se dice que el próximo año se va a presentar un Libro Verde, no me puedo imaginar que vamos a concluir la labor legislativa antes del año 2002. 
Sólo quiero recordar que el Libro Verde sobre el futuro de la legislación de los alimentos, sobre el que votamos hace un año y en el que todos rogaron que se apoyase plenamente lo que proponía el Parlamento, hasta ahora no ha tenido ninguna consecuencia, es decir, no se ha presentado ninguna ley que ejecute lo que acordamos entonces. 
Creo que no es admisible dejar que pase el tiempo y que las cosas sigan sin más su curso en un campo que es tan importante para cualquier ciudadano y ciudadana de la Unión. 
Estoy muy sorprendido por mis colegas del otro lado de esta Asamblea quienes han olvidado de repente ahora lo que aprobamos aquí unánimemente hace año y medio en el marco de la resolución sobre la EEB. 
Creo que las consumidoras y consumidores europeos tienen derecho a que respetemos lo que acordamos. 
Quiero subrayar aquí otra cuestión: si incluimos en la directiva sobre la responsabilidad civil la responsabilidad por los productos agrícolas primarios, creo que será necesario cerrar realmente la cadena. 
En la primera lectura presenté la correspondiente enmienda, que fue aprobada. 
No creo que debamos hacer responsables solamente a los agricultores sin que estos puedan recurrir a los productores de los productos previos. 
Esto es absolutamente necesario. 
Aquí tenemos que cerrar no sólo una cadena sino un círculo, de modo que cualquier productor sea responsable de lo que lleva al mercado pero que se haga cargo de esta responsabilidad también durante un tiempo más largo precisamente en el caso de productos de los que sabemos que las enfermedades que pueden ocasionar no se pueden detectar al cabo de un año ni tampoco al cabo de diez. 
Ruego a las y a los colegas que recapaciten de nuevo que, una vez aprovechada esta ocasión, deberíamos estar contentos de ello. 
En esta ocasión hemos sido más rápidos en este campo de la legislación europea. No debemos esperar y permitir que se nos achaque que dejamos a los consumidores en la estacada. 
Señora Presidenta, respaldo firmemente todo lo que ha dicho la Sra. Graenitz, tanto a la hora de felicitar a la ponente como cuando hace alusión a ciertos aspectos de estas enmiendas que también yo creo que son de gran importancia. 
Me estoy refiriendo, en particular, a las enmiendas 5 y 6. 
Al igual que yo, también la Sra. Roth-Behrendt ha tenido que escuchar muchos testimonios acerca de la EEB, de lo extraordinario de sus características y de cómo dicha enfermedad acabó propagándose a las personas. 
Ahora que abordamos la cuestión de las responsabilidades y la cuantía de las indemnizaciones económicas necesarias, no podemos seguir afirmando que los defectos ocultos de un producto en particular, especialmente uno de origen alimentario o un medicamento, han de hacerse necesariamente patentes en un plazo de diez años. 
He venido a este debate casi directamente después de asistir a una reunión con los familiares de personas que han perdido a sus hijos como consecuencia de la enfermedad Creuzfeldt-Jakob, la nueva variante humana de la EEB. 
No todos estos niños contrajeron la enfermedad por consumo directo de alimentos infectados. 
Algunos de ellos la contrajeron a raíz del consumo de hormonas para el crecimiento. 
Cuando la gente se pone a pensar en la talidomida, cree que los peligros que entraña un determinado producto se manifiestan muy rápidamente, en defectos congénitos o algo por el estilo. 
Ahora nos damos cuenta de manera mucho más clara de que no es así, de que, en numerosas ocasiones, los defectos de un producto determinado comienzan a manifestarse durante la vida de la persona afectada. 
Si no aprovechamos la oportunidad que nos ofrecen estas enmiendas para emprender acciones durante un período de tiempo más extenso en el marco de los procesos normales, corremos el riesgo de que los fabricantes de los productos se libren de asumir sus responsabilidades sin necesidad de afrontar costosos procesos jurídicos encaminados, una vez más, a modificar la legislación. 
Las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt proponen igualmente un procedimiento de revisión a partir del año 2000, algo que considero absolutamente correcto. 
Permítanme felicitar una vez más a la ponente y disculparme por no haber podido estar presente en el momento de su alocución. 
Señora Presidenta, yo me adhiero plenamente al informe de la Sra. Roth-Behrendt porque creo que ha llevado a cabo una labor importante, tanto en el aspecto subjetivo como en el objetivo y circunstancial de la directiva. 
En lo subjetivo, se ha ampliado la noción de productor y también la de producto, que comprende ahora no sólo los productos de fabricación sino también los de los agricultores y ganaderos, y no solamente los finales sino también los intermedios, entre los cuales, como se ha dicho aquí esta mañana, los precursores son de una enorme importancia y habría que añadir, en el futuro, los materiales genéticamente modificados no debidamente verificados. 
Es también bueno que se amplíe el plazo, porque, en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina y otras enfermedades existentes, puede que no existan síntomas hasta pasados 10 años. 
Creo que es importantísimo que se incluyan no sólo las secuelas físicas sino también las psíquicas de estas enfermedades, y los españoles, con la experiencia de la enfermedad del aceite de colza o del alcohol metílico, sabemos qué terribles pueden ser estas secuelas psíquicas. 
En cuanto a la indemnización, parece que en la economía de nuestra Unión es muy poco los 70 millones de euros de que se hablaba antes, y me parece absolutamente correcto el que se pase a 140 millones de euros como mínimo. 
Y por último, me gustaría que se siga en este Parlamento la buena idea de invertir parcialmente la carga de la prueba en esta materia. 
Hay que considerar que, cuando se ha creado un ambiente o una situación por el productor de tal manera que parezca lógico y normal el consumo de un producto, no tenga la víctima que cargar con toda la prueba cuando verdaderamente hay una conciencia común de que la enfermedad es una consecuencia de ese tipo de producción peligrosa. 
Señora Presidenta, Señorías, el presente informe es de extraordinaria importancia para la economía. 
Existen objeciones muy graves, en especial contra la enmienda 4, relativa a la desaparición de la retención propia y la 5, relativa a la ampliación del plazo de prescripción hasta 20 años. 
Diferente es la cuestión en lo tocante a las enmiendas 1 y 2. Aquí se trata de la definición de productos agrícolas y forestales básicos. 
Sé que en el grupo de trabajo del Consejo se discutió sobre si al menos en los considerandos no se debería incluir una definición. 
En el debate se partió del hecho de que una empresa que introdujese modificaciones mediante ingeniería genética en las semillas debería considerarse como productor de un producto básico y no se consideró necesario realizar una aclaración. 
Considero que esto es un craso error. Creo que es absolutamente necesario que aprobemos estas dos enmiendas. 
Así se garantizaría que los agricultores, en caso de que empleen productos modificados genéticamente puedan repercutir sobre los fabricantes de la semilla modificada mediante ingeniería genética. 
Esto no es posible con la presente propuesta, tal como está redactada ahora. 
Se podría hacer responsables a agricultores, incluso cualquier pequeño agricultor, por daños ocasionados por tales productos- absolutamente inimaginable e impensable -, mientras que aquellos que han realizado las modificaciones genéticas, las grandes empresas como Monsanto y Norvatis, no serían responsables. 
Esto no puede ser lo que buscamos. Les ruego por ello que den su voto favorable a las dos enmiendas. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, llevo suficiente tiempo en este Parlamento como para creer realmente que un debate como éste pueda cambiar aún opiniones y, a pesar de ello, hago de nuevo este intento- no ante usted, señor Monti, pues ya no es nuestro interlocutor. 
Nuestro interlocutor será el Consejo en el procedimiento de codecisión, pero lo hago para el otro lado de la Asamblea. 
Me dirijo a usted, señora Grossetête, pues hemos debatido directamente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y también aquí. 
Usted ha dicho que modifico demasiado el contenido de la directiva. 
Se ha referido a la definición. 
Precisamente aquí es donde protejo a los agricultores y sus colegas se lo acaban de exponer. 
La Sra. Flemming lo acaba de decir de nuevo. 
Son enmiendas que he recogido provenientes de su grupo político y del mío y parto del hecho de que usted, si quiere apoyar a los agricultores, tendrá que estar a favor de las enmiendas nº 1 y 2. 
Le ruego también que examine de nuevo atentamente las enmiendas nº 5 y 6, relativas a la prolongación del plazo por los daños ocultos y al aumento de los límites. 
Prolongación del plazo por daños ocultos: diez personas han enfermado en las últimas semanas de la nueva variante de la enfermedad de Creuzfeldt-Jakob, ¡diez personas! 
Estas personas se han infectado en alguna ocasión en los últimos años con esta enfermedad, en los últimos 15, 8 ó 20 años, no lo sabemos. 
Se trata de un daño oculto y las personas perjudicadas tienen que demostrar que han sido dañadas. 
Puede calcular cuántas veces puede darse el caso. 
Al mismo tiempo, hay colegas que han dicho que la elevación del límite que autorizamos a los países miembros de 70 a 140 millones de euros, es algo que dejamos a la discreción de los países miembros y que como suma global sigue sin ser demasiado. 
Señora Grossetête, usted ha dicho algo que me afecta en cierta medida. 
Usted ha dicho que los agricultores tienen ya de por si miedo ante el futuro. 
Pero precisamente nosotros protegemos a los agricultores. 
Piense en un agricultor que compre hoy con la mejor voluntad piensos animales con el convencimiento de que no contienen proteínas animales pues no figuran en el etiquetado. 
Pero resulta que sí las contienen y que sus animales enferman de EEB y que se produce un daño, entonces el responsable no es él sino el proveedor de los piensos. 
Con las enmiendas sobre el daño oculto, precisamente protegemos a los agricultores. 
Por ello, les ruego que examinen de nuevo las enmiendas nº 5 y 6 y que intenten al menos dar su apoyo a estas enmiendas adicionalmente a las enmiendas nº 1 y 2 para que en el procedimiento de conciliación podamos luchar conjuntamente quizás en favor de una solución aún mejor. 
Señora Presidenta, señora ponente, Señorías, a raíz de las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre la encefalopatía espongiforme bovina, en particular las recomendaciones de ampliar, a más tardar, antes de finales de septiembre de 1997, el régimen de responsabilidad sin culpa, previsto en la Directiva 85/374/CEE, a las materias primas agrícolas y a los productos de la caza, la Comisión presentó su propuesta el 1 de octubre de 1997. 
La Directiva de 1985 establece el derecho de cualquier víctima a ser indemnizada por los daños sufridos a causa de un producto defectuoso, sin tener que demostrar la culpa del productor. 
Ampliando este derecho al sector agrícola, la Comisión retoma su propuesta originaria del año 1976. 
La primera lectura del Parlamento Europeo de noviembre de 1998 se caracterizó por el respaldo mayoritario del Parlamento a este principio. 
También el Consejo compartió este objetivo al adoptar por unanimidad la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, el objetivo perseguido por las tres Instituciones, es decir, la ampliación al sector agrícola, podría no alcanzarse si surgiera un desacuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre los plazos de una revisión sustancial de la directiva de base del año 1985 que vaya más allá de dicho objetivo específico. 
En efecto, al volver a proponer las enmiendas aprobadas en la primera lectura, su comisión competente les recomienda modificar la posición común. 
Ya hice constar que el Consejo manifestó que estaba unánimemente de acuerdo con el texto de la propuesta de la Comisión por lo que en esta ocasión queda excluida toda posibilidad de modificar la Directiva de 1985. 
La Comisión considera que nos encontramos ante una materia importante y realmente urgente. 
Es fundamental alcanzar un acuerdo sobre la base de la posición común y, de esta forma, ampliar cuanto antes las normas sobre la responsabilidad civil al sector agrícola. 
En consecuencia, la Comisión no puede admitir las enmiendas 3 a 7, relativas a las secuelas psíquicas, a la franquicia, al plazo de prescripción, al importe máximo y a la modificación de la Directiva en el año 2000. 
Las otras tres enmiendas que se refieren exclusivamente a las materias primas agrícolas, esto es, las enmiendas 1 y 2 sobre la responsabilidad por los daños causados por los productos intermedios y los medios de producción y la enmienda 8 relativa a la obligación de presentar un informe sobre el impacto en el año 2000, resultan superfluas, teniendo en cuenta la interpretación que suele darse a los artículos 2, 3 y 21 de la Directiva de 1985. 
Señora Presidenta, según declaró la Comisión en el pasado mes de noviembre, el momento y la manera más apropiados para abordar la revisión de la Directiva de 1985 están en concomitancia con el debate del informe sobre la aplicación de la directiva que la Comisión deberá presentar al Parlamento y al Consejo en el año 2000. 
Dicho informe irá precedido por una amplia consulta que se planteará a todos los sectores afectados bajo la forma de un Libro Verde que se presentará inmediatamente después de la adopción de la presente propuesta. 
Éste es el camino más rápido para llegar a una propuesta de modificación que tenga en debida cuenta la trascendencia de dicha directiva en el tejido socioeconómico y que permita tomar en consideración todos los elementos relevantes con vistas a la revisión de la Directiva de 1985. 
Espero, por tanto, que el Parlamento Europeo respalde este enfoque sin modificar la posición común del Consejo permitiendo no sólo dar curso a su recomendación de 9 de febrero de 1997, sino también acelerar el comienzo de la consulta previa al informe del año 2000. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 15.00 horas. 
Asuntos a escala mundial y reforma de la ONU 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0077/99) del Sr. De Melo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre los desafíos de una política de orden mundial (global governance) y la reforma de la ONU. 
Señor Presidente, Señorías, en los últimos años de este siglo se ha producido una acentuada tendencia a la globalización de la política, tanto en las cuestiones de seguridad como en los asuntos económicos y sociales y en la preservación del medio ambiente. 
El tratamiento en el nivel global de todas estas cuestiones obliga a la existencia de una organización mundial que pueda proponer normas de comportamiento universal que, una vez aceptadas, sean respetadas y cumplidas. 
Esa organización, aún de ámbito limitado en su actuación, pero de duración casi histórica, ya existe, con un papel, un comportamiento y una acción meritorios desde todos los puntos de vista. 
El pequeño mal de dicha organización tal vez sea el de ser ya casi histórica y no haber evolucionado en el ámbito de sus competencias y en la capacidad de su actuación. 
Me refiero, naturalmente, a las Naciones Unidas que, con gran mérito, han tenido un papel relevante en la solución de muchas cuestiones y conflictos mundiales en estos últimos 50 años. 
Por esas razones, que me parecen indiscutibles, estoy convencido de que las Naciones Unidas son el escenario adecuado para centralizar las medidas de la comunidad internacional con vistas a afrontar los imperativos que impone la mundialización. 
Pero, para eso, es necesario que las Naciones Unidas dispongan de los medios necesarios para una gestión eficaz de los asuntos políticos en el nivel mundial, comenzando por la necesaria modificación de la concepción y la lógica de las relaciones internacionales. 
Primero: en materia de paz y seguridad es necesario dotar a la organización de los medios de acción eficaces cuya intervención esté legitimada por un derecho y un deber de injerencia claros. 
La creación del Tribunal Penal Internacional fue un gran paso hacia adelante, en la medida en que instaura la responsabilidad penal internacional del individuo. 
El Consejo de Seguridad, con una composición que refleja el desenlace de la última guerra mundial, debe ser remodelado y reflejar los equilibrios geopolíticos actualmente existentes. 
Existe la necesidad de introducir una dimensión parlamentaria en el sistema de las Naciones Unidas para que, de ese modo, la organización pueda adquirir mayor relieve ante los parlamentos del todo el mundo. 
Segundo: con la mundialización de la economía y la liberalización del comercio y de los mercados financieros asistimos a la dislocación de los centros de decisión económicos de las autoridades políticas hacia el poder económico. 
De ese modo, las grandes decisiones de la economía mundial son la mayoría de las veces adoptadas por un número limitado de sociedades mundializadas fuera del alcance de cualquier control democrático, muchas veces con consecuencias nefastas en la esfera social y en la preservación del medio ambiente. 
Por eso, resulta necesario imponer una dirección más controlada a la mundialización de la economía. 
Repito: una dirección más controlada a la mundialización de la economía. Para el respeto internacional de esos principios, sería conveniente y útil la creación de un Consejo de Seguridad «global» que coordinara y controlase los problemas no sólo de seguridad propiamente dicha, sino también los problemas del desarrollo económico, la justicia social y la protección del medio ambiente. 
Tercero: por lo que se refiere a la universalidad de los derechos humanos, los deberes, las libertades, la solidaridad y la justicia, las Naciones Unidas y todas las naciones que las integran deben ser obligadas a plantear esos principios como condición indispensable a cualquier tipo de contrato entre las instituciones y los Estados. 
No queremos dejar de afirmar nuestro apoyo a la creación del Organismo Mundial del Medio Ambiente y, por mediación de él, la reafirmación y consolidación de una política de defensa del medio ambiente en las relaciones internacionales. 
Por las razones que ahora he presentado en forma resumida, pero más desarrolladas en el informe, y enriquecido éste con las enmiendas propuestas por Sus Señorías, que en general he aprobado, pido el voto favorable a este proyecto. 
Señora Presidenta, con el debate de hoy el Parlamento Europeo debe responder sustancialmente a dos preguntas. 
La primera: ¿es posible introducir fuertes elementos de gobierno de los más importantes procesos mundiales en el mundo de la globalización? 
La segunda: ¿la Organización de las Naciones Unidas es la referencia fundamental para desarrollar esta voluntad y capacidad de gobierno? 
A ambas preguntas contestamos que sí. 
En efecto, no solo es necesario, sino también posible gobernar democráticamente los grandes problemas y los grandes retos que la humanidad encuentra ante sí: los de la seguridad y de la pobreza, los del medio ambiente, etcétera. 
En efecto, la ONU es la organización mundial que debe ser la sede central en la que hay que buscar y encontrar las respuestas necesarias. 
Evidentemente, no proponemos una visión totalizadora de las Naciones Unidas. 
Sus tareas han de definirse con claridad, al igual que deben desarrollarse las sinergias necesarias con los Estados miembros, con las organizaciones regionales, empezando por la Unión Europea, y con otras instituciones internacionales. 
Al mismo tiempo, es indispensable una serie de reformas en la organización y en el funcionamiento de la ONU. 
Entre las que señalamos, quiero destacar las que se refieren a la composición y al funcionamiento del Consejo de Seguridad, a la creación de un Consejo de Seguridad Económico o de Seguridad Global, y a la racionalización de las estructuras de las agencias especializadas. 
En el marco de la ONU, han de alcanzar especial prioridad las cuestiones relacionadas con el reto del desarrollo humano y de la lucha contra la pobreza y la marginación a escala mundial. 
A dicho fin, estamos convencidos de que hace falta convertir en coherente, al contrario de lo que ha ocurrido hasta hoy, la acción de unos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con los objetivos de las Naciones Unidas. 
En el informe para opinión que he elaborado en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación figuran en detalle todas las propuestas que hemos formulado a este propósito. 
Con todo, mucho dependerá de la coherencia del enfoque que los Estados miembros de la Unión Europea plantearán a la ONU en los próximos años. 
Éste es un banco de pruebas fundamental para la construcción de una verdadera política exterior y de seguridad europea. 
Para terminar, deseo felicitar al Sr. De Melo por su excelente trabajo sobre el informe que hoy examinamos. 
Señora Presidenta, ante todo quiero felicitar al Sr. De Melo por este excelente informe que aborda un tema fundamental: el buen gobierno del mundo en un momento en el que la mundialización es la clave que se utiliza en todos los discursos y reflexiones para explicar lo que está pasando en el mundo. 
Y la mundialización no puede ser un proceso incontrolado, como estamos presenciando sobre todo en el campo financiero, sino que, si nos encontramos ante una realidad mundial que cada vez tiende a ser más única, tenemos la obligación también de establecer normas de derecho y de seguridad que puedan responder a ello. 
Por ello, tiene pleno sentido el plantear un informe como este. No se trata solamente de hacer una reflexión teórica. 
Y señalaría también que la responsabilidad de la Unión Europea en relación con el futuro de la ONU es muy cualificada. 
¿Por qué? 
Porque, en este momento, los 15 aportamos el 38 % del presupuesto de funcionamiento de las Naciones Unidas, y estamos al corriente de pago. 
¿Cuál es nuestro problema? 
Nuestro problema es que lo hacemos como 15 y no como 1 y, entonces, realmente nuestro esfuerzo no se ve suficientemente potenciado. 
E igual nos ocurre también con el esfuerzo de todas esas tropas de interposición, pacificación y mediación- lo que llamamos en el argot europeo «las misiones Petersberg» -, en las cuales también la aportación de los países de la Unión Europea es fundamental. 
Y creo también que hay que mencionar nuestro esfuerzo de ayuda al desarrollo. 
Sin embargo, todo esto no se ve suficientemente potenciado, y es más lamentable aún en la medida en que, como organización regional basada en la paz y en la cooperación, la Unión Europea tiene una vocación nata para relacionarse y para potenciar las Naciones Unidas. 
Destacaría algunos puntos en los que hemos concentrado nuestras enmiendas, las enmiendas del Grupo Socialista, y en las que creemos también que hay que proseguir esta reflexión, porque yo creo que, de cara a la próxima legislatura, tenemos que continuar con este esfuerzo, sobre todo cuando a la ONU, después del final de la guerra fría- un periodo en que la ONU estuvo muy paralizada -, ahora se le piden todo tipo de misiones y se le sobrecarga de peticiones que no responden a los medios de que dispone. 
Y esto nos puede también acercar a un problema que estamos viviendo mucho más cerca en este momento. 
Por lo tanto, yo creo que es importante que lleguemos a criterios claros no solamente sobre la creación de un Consejo de Seguridad Económica sino sobre cuál es la visión europea en relación con la composición del Consejo de Seguridad; tema sobre el que no hay en este momento, ni siquiera entre los Estados miembros, un consenso o un acuerdo básico. 
En segundo lugar, también hay que mencionar el esfuerzo de participación en lo que son las misiones de paz y seguridad, el esfuerzo en relación con el Tribunal Penal Internacional y, sobre todo, el esfuerzo que busca un diálogo con los Estados Unidos, que yo creo que es fundamental de cara a asegurar el futuro de la ONU porque, en la situación actual, nos encontramos con un auténtico bloqueo en relación con el que es nuestro principal aliado. 
También hay que destacar, y hay que trabajar en su desarrollo, la arquitectura económica nacida de Bretton Woods, es decir, cómo se puede resolver y modificar conjuntamente el futuro del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y su relación con la Organización Internacional de Trabajo, defendiendo una idea valiosa en relación con el medio ambiente, que es uno de los signos de identidad de la Unión Europea, y me refiero al desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, mi Grupo acoge con gran satisfacción este importante y excelente informe, a la vez que aprovechamos para felicitar a su ponente. 
Estuve hace dos semanas en Nueva York discutiendo acerca del presente informe y me llevé un gran disgusto al enterarme de que todo el proceso de reformas en las Naciones Unidas, que se suponía que debía verse culminado en el año 2000 durante la Asamblea del Milenio, se encuentra bloqueado. 
La Unión ha de desempeñar el papel que le corresponde para desbloquear urgentemente este proceso de reformas. 
En segundo lugar, desearía resaltar lo que ya han dicho aquí otros oradores, en el sentido de que debemos seguir la doctrina del holismo a la hora de acometer esta reorganización. 
En unos momentos de trastornos financieros y de desafíos medioambientales de alcance mundial, no solamente las instituciones de las Naciones Unidas, sino también las de Bretton Woods exigen que se lleve a cabo una política coherente que permita una mejor interacción entre todas ellas. 
Esta circunstancia quedó de manifiesto durante el Seminario a alto nivel de la OMC, iniciativa de Sir Leon Brittan, que se celebró la semana pasada en Ginebra en torno al comercio, el medio ambiente y el desarrollo. 
Las conclusiones de este seminario dejaron muy patente que las posibilidades de éxito de la Ronda del Milenio de la OMC depende de una reforma paralela y de la mejora del resto de las instituciones mundiales. 
Me gustaría llamar la atención sobre una idea en particular, recogida en el informe, de gran valor por lo que respecta a la legitimidad de estas instituciones de gobierno mundial. 
Esta legitimidad podrá emanar únicamente de los diputados. 
No creo que haya llegado todavía el momento de constituir una verdadera asamblea parlamentaria a escala mundial. 
Ya conocemos los problemas con los que nos enfrentamos a la hora de mantener un parlamento en un continente único y coherente como es el nuestro. 
Pero estoy de acuerdo con la idea de instituir comités parlamentarios de supervisión, compuestos por los presidentes de los comités específicos de los parlamentos de todo el mundo. 
La reunión de todos los presidentes de los comités de asuntos exteriores, de los presidentes de los comités de comercio relacionado con la Organización Mundial de Comercio, o de todos los presidentes de los comites de medio ambiente directamente relacionados con la Organización Mundial del Medio Ambiente o la UNEP podría ser una experiencia creativa. 
Ya para finalizar, desearía recordar que nos adentramos en una década crítica, del 2000 al 2010, por lo que respecta a la supervivencia de nuestras especies. 
No puede existir una mejor manera de conmemorar el milenio que dotando a la humanidad de las instituciones mundiales necesarias para poder transmitir esta herencia a nuestros hijos. 
Señora Presidenta, la internacionalización y la mundialización se intensifican. 
Contrariamente a lo que opinan otros, para mi Grupo esto no supone ningún problema. 
No obstante, la buena gestión del orden internacional requiere una organización dinámica y mundial. 
Las Naciones Unidas son esa organización mundial. 
La ONU, sin embargo, no cuenta con los medios, los procedimientos y tampoco el prestigio, todavía no, que necesita para operar eficazmente. 
Me alegra que el Sr. De Melo haya señalado esto claramente en su informe, por lo que le damos las gracias. 
La credibilidad perdida de las Naciones Unidas en cuanto a la paz y a la seguridad debe restablecerse pronto. 
Y, ¿qué es pronto? 
Hay que terminar con los rígidos métodos de la toma de decisiones. Eso significa concretamente, por ejemplo, que se debe crear ahora una unidad de reacción rápida. 
La ONU debe estar preparada para actuar con prontitud cuando se producen desastres humanitarios. 
Esto no puede resultar tan difícil. 
Para que sea posible, basta con modificar la toma de decisiones. 
Los derechos de veto no pueden tener cabida aquí. 
Y por último, se debe crear un espacio financiero para la ONU. 
Es un escándalo, y estarán de acuerdo conmigo, que los Estados Unidos incumplan ya durante tanto tiempo sus obligaciones financieras, así mismo, hay que aumentar la presión internacional para llamar al orden a todos los países que andan retrasados en el pago de sus contribuciones. 
Señor Presidente, la Organización de las Naciones Unidas es una institución heredada de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y que ha contribuido, dentro de la medida de sus posibilidades, a lo largo del período de la bipolaridad y de la guerra fría, con sus puntos débiles y sus fallos, a la seguridad internacional y a evitar, si así lo prefieren, conflictos y confrontamientos mayores. 
A partir de la década de los 90 se plantea una cuestión de vital importancia: ¿existe la Organización de las Naciones Unidas? 
¿Desempeña hoy algún papel en los procesos de la seguridad y la paz internacionales? 
Esta cuestión es hoy más actual que nunca. 
Dentro de pocos instantes podemos encontrarnos ante una intervención militar en Kosovo, en la República de Yugoslavia. 
¿Dónde está la ONU? 
¿Cuándo se ha reunido la Organización de las Naciones Unidas? 
¿Qué ha dicho el Sr. Kofi Annan? 
Hemos podido oír al Sr. Solana, a la Sra. Albright y al Sr. Hoolbrook; pero, ¿dónde está el Sr. Kofi Annan? 
¿Por qué no ha declarado nada? 
¿Acaso puede la ONU desempeñar un papel destacado dentro de un clima de absoluta monopolización y total sumisión de la Unión Europea? 
Desde este punto de vista quisiera subrayar que las propuestas incluidas en el informe del Sr. De Melo resultan muy positivas e interesantes y es muy importante que se promuevan. 
Pero no creo que vaya a haber una respuesta sólo con medidas de una red institucional si las actuales potencias, como la Unión Europea en primer lugar, no se deshacen de ese síndrome de infantilismo que padecen, no adquieren una sensación de autonomía y de seguridad, no desempeñan un papel importante y si no cuestionan ese asfixiante monopolio que ejercen actualmente los Estados Unidos. 
La ONU no llega a Kosovo, la ONU no llega al Kurdistán, la ONU no ve las intervenciones que tienen lugar en Yugoslavia, la ONU cierra sus ojos ante la completa indiferencia acerca del asunto de los derechos de los kurdos, la ONU mantiene esa inaceptable política de las dos varas de medir y así no puede continuar. 
Todo ello depende hoy, en gran medida, de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el Sr. De Melo ha elaborado un excelente informe por el que desearía felicitarle también en nombre del Grupo de los Verdes. 
En estos momentos, se está perfilando en cierta medida una legislación básica a escala mundial, pero cabe lamentar que este proceso se está llevando a cabo de una manera muy poco democrática. 
Se ha podido comprobar en numerosas ocasiones que si bien los parlamentos nacionales aprueban estos acuerdos, no ha sido posible abordar los detalles en esta fase ya que su negociación ha sido muy detallada, por lo que, en la práctica, las cuestiones importantes se resuelven casi siempre en negociaciones secretas entre los propios Gobiernos. 
Creo que la Unión Europea es uno de los mejores foros donde nos hemos atrevido a pronunciarnos sobre este tipo de acuerdos, como, por ejemplo, el de la Organización Mundial de Comercio. 
Tengo también la impresión de que los parlamentos nacionales no osan hacer uso en todo momento de los derechos que le corresponden frente a sus respectivos Gobiernos con motivo de las negociaciones acerca de los acuerdos. 
Puede que la situación mejorara si las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, albergaran algún tipo de reuniones parlamentarias. 
El principal cometido de estas reuniones sería garantizar una mejora en la información y en la transparencia y la apertura de estas organizaciones. 
El objetivo consistiría en lograr algún tipo de federalismo mundial que permitiera adoptar una parte de las decisiones también a escala mundial y de la manera más transparente y democrática posible. 
Señora Presidenta, quisiera poner algunos reparos a este buen informe del Sr. De Melo, en particular a propósito de la cuestión del Consejo de Seguridad. 
Creo- y otros diputados lo han dicho, como el Sr. Barón- que hemos dado un paso atrás. 
Mientras que en el informe anterior pedimos una representación de la Unión en el Consejo de Seguridad, ese punto ya no aparece en este informe. 
En mi opinión, la cuestión del Consejo de Seguridad es en verdad fundamental, pero por razones opuestas a las de mi amigo Alavanos. 
Creo que el Consejo de Seguridad hoy demuestra los límites de las Naciones Unidas. 
A propósito de Guatemala, vimos cómo China bloqueó el proceso de paz por el veto con que cuenta en el Consejo de Seguridad. 
Lo mismo se reprodujo respecto de Macedonia, donde, por culpa de China una vez más, las tropas de mantenimiento de la paz tuvieron que cambiar de mandato. 
En el caso de Kosovo, Rusia ejerce fuertes presiones, que se derivan de su derecho de voto. 
Todo eso es muy grave para la continuidad y el posible fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas. 
De hecho, hoy nos vemos cada vez más obligados a contar con la capacidad de iniciativa americana y, por desgracia, con la falta de capacidad de iniciativa europea para emprender, fuera del marco de las Naciones Unidas, acciones en pro de la paz como la que probablemente habrá que realizar en el futuro en Kosovo. 
Es muy lamentable y demuestra la necesidad de cambiar las normas de funcionamiento del Consejo de Seguridad. 
El sistema del veto es una causa de bloqueo completo y lamento que el Sr. De Melo no haya insistido en ese punto en su informe. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer al Sr. De Melo su magnífico trabajo que se enlaza con el realizado en 1993 por nuestro antiguo colega Trivelli que elaboró una resolución sumamente importante sobre la ONU. 
Durante el debate en este Pleno se ha oído el eco de una protesta que escuchamos en todo el mundo en los pasados años por la tragedia de África o la tragedia de Bosnia, etcétera. 
Con frecuencia hemos oído hablar del fracaso de la ONU y de la impotencia de la ONU, como si pudiera existir una ONU, una asamblea de socios sin valorar la trascendencia de sus socios más importantes y el papel decisivo que desempeñan sus socios más importantes que, como sabemos, son los Estados Unidos y algunos países más. 
¿Cuál es el problema? 
El problema, como señala justamente el Informe De Melo, es que hay que intervenir en pos de una reforma que vaya en paralelo con los profundos cambios que se han producido en estos tiempos. 
No podemos pensar en una ONU igual a la que funcionaba en el período de la guerra fría, cuando aún existía la Unión Soviética, cuando habían las dictaduras en Sudáfrica y en Sudamérica. 
Debemos pensar en una nueva ONU y esta nueva ONU debe desempeñar un papel en los ámbitos más relevantes que son, por así decirlo, el histórico y tradicional de la prevención de los conflictos, el cada vez más importante de la afirmación de los derechos humanos, el de la prevención de las crisis económicas y financieras y el de la coordinación de la acción contra las viejas y nuevas formas de delincuencia organizada. 
Desde este punto de vista, el tema que aquí se ha planteado de la reforma del Consejo de Seguridad es un tema de gran calado. 
Deberíamos ser algo más valientes. 
Entre los socios más importantes del futuro tendría que figurar uno que hoy está dividido entre quince, es decir, la Unión Europea. 
Señor De Melo, debemos tratar de lograr que esta reforma del Consejo de Seguridad que usted sugiere en su resolución se lleve a cabo lo más rápidamente posible. 
Señor Presidente, estamos en medio de un proceso de transición hacia un nuevo orden internacional. 
Este proceso se ha abierto después del fin de la guerra fría, y ese periodo de transición- que da pasos hacia delante y pasos hacia atrás- se caracteriza claramente- se ha puesto de manifiesto en las diferentes intervenciones que han precedido a la mía- por dos rasgos: en términos políticos, la tendencia al unipolarismo; en términos socio-económicos- pero también políticos, en el sentido amplio -, por la aceleración de la globalización. 
Efectivamente, la pregunta, como decía nuestro colega Vecchi, es si estamos en condiciones de gobernar esa globalización, de gobernar ese proceso. 
Y yo creo que no solamente estamos en condiciones sino que tenemos que conseguirlo. 
Y no solamente por una razón de justicia sino, sobre todo, por una razón de eficacia. 
Eficacia para prevenir conflictos y gestionar crisis; eficacia para impedir la repetición de crisis financieras como las que estamos viviendo; eficacia para acabar con la brecha norte-sur, que no solamente se mantiene sino que se agranda entre los países ricos y entre los países pobres del planeta. 
Yo creo que a través de vías claras. 
En primer lugar, reforzando y desarrollando el Derecho internacional, que existe en teoría, pero muchas veces no se aplica. 
Y para aplicarlo es preciso tener instrumentos que puedan hacerlo, empezando por Naciones Unidas. 
A pesar de todas las críticas, es incuestionable, como decía el Sr. De Melo, la utilidad de la ONU porque la ineficiencia de esta organización no es achacable a su existencia sino a la falta de voluntad política de los Estados que la componen, a la falta de aplicación y cumplimiento de su Carta, a la ausencia de poderes reales de decisión que se hayan otorgado, a la carencia de medios e incluso por supuesto a la inexistencia de una total democracia. 
Hay que reformar Naciones Unidas, pero no para acabar con ella sino para desarrollarla y fortalecerla. 
Y ahí la Unión Europea tiene un papel fundamental, primero, porque lo piden sus opiniones públicas y, en segundo lugar, señor Presidente, porque, si no lo hace la Unión Europea, ¿quién va a hacerlo? 
Señor Presidente, opino que este informe sobre asuntos a escala mundial y reforma de la ONU merece todo nuestro apoyo; realmente quiero felicitar al ponente. 
En mi opinión, el objetivo es fijar una manera de cambiar la orientación y conseguir algún equilibrio entre quienes ostentan el poder y la sociedad civil. 
Las decisiones globales tienen que ser representativas para que tengan alguna legitimidad. 
Por eso la sociedad civil también tiene que participar en la elaboración de los fundamentos de las decisiones que se toman a escala mundial. 
Si nos fijamos en la crisis financiera mundial, con crecientes desigualdades entre ricos y pobres y problemas medioambientales, tendremos motivos suficientes para aprender algo de ella. 
Ha llegado la hora de hacerlo y de profundizar, por ejemplo, en la comprensión de los nexos existentes entre las inversiones y el desarrollo mundial. 
Antes de que el AMI entre en vigor, habrá que confrontarlo con los juicios emitidos y las decisiones tomadas en las grandes conferencias de la ONU. 
Ciento cincuenta organizaciones nórdicas han tomado la iniciativa de decir que la discusión del AMI alcanzará legitimidad si continua en el ámbito de la OMC, por encontrarse ésta en el seno de la ONU. 
También opino que es provechoso que en el informe se señale con el dedo a EE.UU., ya que es una vergüenza que este país no haya pagado sus cuotas anuales durante tanto tiempo. 
Obviamente la principal misión de la ONU es la paz y la seguridad. 
Permítanme solamente añadir que creo que los bombardeos de la OTAN tendrían que esperar y que se deberían discutir en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Señor Presidente, a propósito del excelente informe del Sr. De Melo, desearía recomendar las enmiendas que yo mismo he presentado en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación: la enmienda 13, en apoyo a los trabajos que llevan a cabo las Naciones Unidas por lo que respecta a las poblaciones indígenas; la enmienda 23, relativa al Alto Comisionado de las NU para los refugiados y, finalmente, la enmienda 24, en la que se hace un llamamiento para reactivar el Centro de las NU para las corporaciones transnacionales. 
Sin embargo, me limitaré en mi intervención a defender la propuesta para la creación de un Consejo de Seguridad de las NU en el plano económico. 
Según nos consta, el Sr. Camdessus, Presidente del FMI, ha afirmado que las Naciones Unidas no son sino uno más de los cuatro pilares sobre los que se apoya el sistema mundial. 
De acuerdo con este planteamiento, el FMI, el Banco Mundial y la OMC se hacen cargo de las cuestiones económicas serias, mientras que las NU quedarían encargadas únicamente de la gestión de los asuntos sociales. 
No es extraño, pues, que el Banco Mundial y el FMI se hayan apartado de su objetivo original de reducir la pobreza. 
Como respuesta a la crisis de la deuda en el tercer mundo, estos organismos han impuesto unos programas de ajustes estructurales que, de hecho, han ocasionado un aumento del desempleo y una merma de las disposiciones de bienestar social en favor de los pobres. 
La única solución pasa por la integración eficaz de los organismos de Bretton Woods en el sistema de las NU, con el fin de que todas las naciones del mundo puedan asumir directamente sus responsabilidades independientemente de su capacidad de pago. De esta manera, el principio de reducción de la pobreza podría transferirse de los programas de desarrollo de las Naciones Unidas a un proceso mundial de toma de decisiones en el ámbito económico. 
Señor Presidente, la ONU ha sido, y sigue siendo, y creo que así lo deseamos todos, el único marco para solucionar de forma pacífica cualquier tipo de conflicto y para mantener la paz. 
Ése es el papel que ha desempeñado a lo largo de más de cincuenta años después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. 
También es verdad que ha tenido algunos colapsos y algunos puntos débiles y puede que aún tenga más. 
Pero indaguemos las causas. 
Ha habido potencias, como los Estados Unidos y otras de su entorno e incluso la propia OTAN en su conjunto, que han menoscabado su prestigio y la han esquivado, la han negado, han tomado iniciativas contrarias a las que debería haber tomado la ONU y ahora nos encontramos en el umbral de una situación explosiva cuyas consecuencias son una incógnita y no sólo para la región de Yugoslavia y de los Balcanes. 
Por tanto, el informe del Sr. De Melo, que de forma acertada reconoce esa singularidad de la Organización, quisiera que subrayara la necesidad de fortalecer a la Organización ante el acoso, el menoscabo de su prestigio y, por otra parte, que tenga iniciativas, que presente ideas y propuestas y que se vea reforzada y pueda desempeñar su papel. 
En cuanto a la cuestión del veto dentro del Consejo de Seguridad yo también estaría a favor de su abolición, pero de esa manera evitaríamos a Escila y toparíamos ante Caribdis, porque entonces la Organización se convertiría en una comparsa de los Estados Unidos y de un bloque de intereses sospechosos que manejarían a su antojo al Consejo de Seguridad a costa de los pueblos. 
Un último apunte: me preocupa el papel del Tribunal Penal Internacional. 
Me temo que pueda ser utilizado como medio para reprimir y aniquilar movimientos de liberación nacional con el pretexto- como siempre señalo- de que se trata de «terroristas» o de que cometen «crímenes contra la humanidad». 
¡No tienen más que observar cómo están manejando el movimiento kurdo y cómo pueden llegar a penalizarlo incluso ante los tribunales internacionales! 
Señor Presidente, al debatir el Informe De Melo quisiéramos poder distinguir dos problemáticas: la que se refiere a la reforma de las Naciones Unidas que podría circunscribirse a un acto de adaptación de las estructuras que existen desde hace tiempo a las nuevas exigencias y a los cambios de la situación geopolítica de los distintos continentes, y la que se refiere a la repetida incapacidad demostrada por Europa que una vez más no consigue expresarse con una sola voz e intervenir con la debida fuerza diplomática. 
En este momento, las Naciones Unidas pueden ser un terreno ideal para la construcción de esa política exterior común de la Unión que serviría para reforzar todo lo que se ha conseguido hasta ahora en el campo económico. 
Entrando en el tema específico de las reformas necesarias, nos parece oportuno destacar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU en sentido democrático y antielitista, un tema que, por otra parte, ya figura en el punto 59 de la agenda de los trabajos del Pleno. 
Muchos países auguran esta reforma, tanto es así que los 30 miembros originarios del Coffee Group se han convertido en 49 en los últimos tiempos, y la misma Cumbre de los 113 países no alineados celebrada en Durban rechazó por amplia mayoría la tentación de abandonar el recurso al artículo 108 de la Carta de la ONU, en virtud del cual el voto sobre los principios de la reforma debe contar con la mayoría de los dos tercios de los países miembros. 
Cierto que la problemática de las reformas es amplia y compleja y no puede resumirse en un minuto y medio. 
Hoy tenemos la moneda única: el siguiente paso no puede ser otro que la política exterior común, y las Naciones Unidas son la sede donde es posible sentar las bases para alcanzar esta meta tan importante. 
Señor Presidente, quiero manifestar mi aprecio y dar las gracias al Sr. De Melo y a todos los demás diputados que han participado en la elaboración de este informe completo y tan orientado hacia el futuro. 
Se publica en un momento en que todos analizamos los desafíos de la globalización. Un momento en que también muchos consideran los aspectos negativos, sin que exista unanimidad sobre las respuestas. 
Tenemos que ocuparnos de que se materialicen las potenciales grandes ventajas de la mundialización y también de que éstas lleguen a todos los países. 
Estoy de acuerdo con usted en que las soluciones se debe encontrar dentro de un mejor marco multilateral. 
En este contexto, se concede el liderazgo a las Naciones Unidas, pero también a las organizaciones financieras internacionales y a la Organización Mundial de Comercio. 
Los Gobiernos de los Estados miembros deben ocuparse de que realmente prosigan las reformas que ya están en marcha. 
Las numerosas cuestiones importantes que usted menciona en su informe, tales como los derechos humanos, y también los aspectos económicos, sociales, e incluso, los aspectos de seguridad, deben integrarse en la política general. 
Las innumerables organizaciones internacionales tienen que reforzarse para, así, sincronizar bien sus políticas y medidas. 
Creemos que la cumbre del milenio de las Naciones Unidas, prevista para el otoño del año 2000, ofrece una oportunidad magnífica para mostrar los desafíos de la administración mundial y también para definir más detalladamente el papel de las Naciones Unidas en el siglo XXI. 
Así mismo, confiamos en que la Unión Europea, que se encuentra en proceso de ampliación, desempeñe un papel importante en todo este debate y quiera aportar también sus experiencias; sus experiencias sobre los problemas y las posibilidades de la integración multinacional en la política general de los diversos aspectos políticos mencionados. 
No obstante, a fin de que la posición de la Unión en este debate cuente con mayor credibilidad, es necesaria, por supuesto, también este Parlamento lo ha expresado varias veces, una Política Exterior y de Seguridad Común más poderosa, consistente y reconocible. 
De ahí que haga falta dar los necesarios pasos institucionales e instrumentales. 
Confiamos en que se den pronto. 
Permítanme hacer algún comentario sobre las disposiciones institucionales que figuran al final de la resolución que tenemos ante nosotros, aunque, lo reconozco, están dirigidas principalmente a los Estados miembros. 
El memorando de la UE constituye una parte integral de la declaración que realiza anualmente el Presidente del Consejo Europeo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Es un resumen muy amplio de la política y de las medidas más recientes de la UE, y también analiza una amplia serie de cuestiones temáticas y geográficas. 
Como tal es un documento de referencia muy útil. 
Sin embargo, no puede servir, en mi opinión, como base para la estrategia común en el sentido del artículo 13 del Tratado de Amsterdam por la diversidad de las cuestiones tratadas. 
Tales estrategias comunes pueden desarrollarse en el caso de temas definidos más detalladamente y, además, deben ser menos descriptivas. 
Por otra parte, eso se observó ayer durante el Consejo de Asuntos Generales, cuando en Colonia estudiamos de nuevo las estrategias comunes que debe adoptar la UE respecto de sus relaciones con Rusia. 
Por último, en lo que respecta a la invitación dirigida a la Comisión para que emita un informe sobre la posición de la Unión en relación con algunos puntos específicos de la resolución del Parlamento en el marco de las próximas reuniones de la ONU y otros foros relevantes, la Comisión desea firmemente continuar con su costumbre de presentar comunicaciones al Consejo y al Parlamento antes de que se celebren actos internacionales importantes, en los que se requiera una posición adoptada por la Unión. 
La Comisión, por supuesto, también desea continuar informando a las comisiones implicadas del Parlamento Europeo cuando tengan lugar acontecimientos significativos para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 15 horas. 
Orientaciones del proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2000 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
(A4-0332/98) del Sr. Bourlanges, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2000- Sección III- Comisión- (A4-0329/98) de la Sra. Müller, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2000 (Sección I- Parlamento europeo- Anexo: Defensor del Pueblo, Sección II- Consejo, Sección IV- Tribunal de Justicia, Sección V- Tribunal de Cuentas, Sección VI- Comité Económico y Social, Comité de las Regiones, Estructura Organizativa Común) 
Señor Presidente, salimos ahora mismo del diálogo tripartito con la Comisión y el Consejo, o al menos lo que queda de él, y me parece que soy el ponente general, como diría el cardenal de Bernis, del limbo, ya que estamos en una situación de una incertidumbre extraordinaria. 
Por una parte, la incertidumbre institucional es máxima, ya que el Parlamento va a desaparecer el próximo 13 de junio. 
Así, pues, el procedimiento presupuestario se va a desarrollar con un Parlamento, a partir del mes de julio, bastante diferente, es de suponer, y con interlocutores que no siempre serán sistemáticamente los mismos. 
Incertidumbre también con la salida de la Comisión, que se va a ver, por tanto, obligada a redactar su APP, el anteproyecto de presupuesto, en condiciones de ingravidez política. 
Por lo demás, agradezco al Comisario Liikanen que afronte sus obligaciones. 
Como está presente, deseo que intervenga, aunque sea dimisionario, porque el cometido de preparar el APP corresponde a la Comisión, sea la que fuere. 
Así, pues, es bueno que el Sr. Liikanen intervenga. 
Asimismo es muy grande la incertidumbre por lo que se refiere a las condiciones institucionales. 
No sabemos si habrá perspectivas financieras. 
No sabemos si habrá un acuerdo sobre la Agenda 2000. 
No sabemos si habrá un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre toda la gestión de sistemas. 
En otros términos, no sabemos si el próximo presupuesto será un presupuesto anual, basado en el artículo 203, o un presupuesto que forme parte de las futuras perspectivas financieras. 
En ese marco, resulta muy difícil establecer prioridades satisfactorias y precisas para el Parlamento. 
Nosotros hemos insistido en dos palabras fundamentales: el rigor y la concentración de las prioridades. 
Queremos un presupuesto riguroso. 
Lo decimos en varios niveles. 
Queremos un presupuesto concentrado. 
En la categoría 3, que nos interesa muy en particular, hacemos hincapié en la necesidad de centrar la atención en las acciones de información descentralizadas, en materia de acogida de refugiados, en la financiación de Eurodac. 
Deseamos, en materia de ecologización del presupuesto, que se amplíe a nuevas esferas. 
Queremos también que la Comisión se prepare, mediante ese presupuesto, para la ampliación de las competencias de la Unión Europea en materia de salud y protección de los consumidores. 
Por último, a propósito del programa de investigación, queremos que se encuentre un equilibrio entre la exigencia de financiación del sistema, la exigencia de respeto de los planes financieros decididos y los márgenes suficientes que hay que dejar en materia de políticas internas, pues el programa marco de investigación y desarrollo no debe acaparar todos los gastos de la categoría 3. 
En la categoría 4, somos muy partidarios, como pide la comisión competente, de la concentración de las ayudas en los países más pobres. 
Eso es lo que deseamos hacer en materia de prioridades. 
Pero, una vez más, todo eso hay que precisarlo. 
Lo esencial de nuestro mensaje se refiere al rigor que queremos imponer. 
Consideramos que, en materia de gestión, hay que hacer esfuerzos considerables. 
En primer lugar, en la categoría 1, es necesario efectivamente que la gestión de los créditos agrícolas sea más rigurosa, sin desconocer el principio de suficiencia. 
En la categoría 2, es necesario que la reforma de la nomenclatura de cierto número de fondos permita gestionar los gastos, no en función del reparto de los servicios administrativos, sino en función de los objetivos, los de los Fondos estructurales, y pedimos una reforma de la nomenclatura al respecto. 
Por encima de todo, en la categoría 5 deben ser esenciales los esfuerzos. 
Con eso pasamos al problema de la gestión. 
Queremos un desmantelamiento progresivo de las oficinas de asistencia técnica. 
Queremos una reevaluación de las necesidades de personal relacionadas con las actividades. 
Y queremos sobre todo que la Comisión se manifieste, antes del próximo 30 de junio, y nos indique claramente sus necesidades en materia de personal para afrontar las tareas que le corresponden. 
Hay que acabar con el mutismo al respecto y tener sobre la mesa las peticiones precisas de la Comisión para que la Autoridad Presupuestaria pueda pronunciarse y arbitrar, con conocimiento de causa, entre las tareas que desempeñar y los medios que aportar. 
Ése es el gran mensaje de rigor y aclaración que queremos imponer en primer lugar. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, nuestro ponente general para el presupuesto 2000, mi amigo Jean-Louis Bourlanges, ha llamado la atención en su buena introducción sobre los problemas institucionales, en particular en el campo que me interesa especialmente como ponente de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Nuestro deseo es, por decirlo de un modo muy sencillo, que se cumplan los resultados del proceso legislativo para el Quinto programa marco de investigación y que se respeten plenamente los derechos del Parlamento. 
Hemos luchado por ello en el procedimiento de conciliación. 
Han sido negociaciones muy duras. Se trató allí de la llamada cláusula de la guillotina, la cuestión de cómo repercuten las previsiones financieras sobre el marco financiero global del Quinto programa marco de investigación. 
Hemos logrado imponer plenamente los derechos del Parlamento y, naturalmente, no vamos a permitir que en los próximos debates presupuestarios no se incluya plenamente al Parlamento. 
En el sector energético, para nosotros se trata por enésima vez de que se garantice también desde una perspectiva jurídico-presupuestaria la responsabilidad de la que se ha hecho cargo la Unión Europea, por ejemplo, en el campo de la reducción de los gases de efecto invernadero. 
Declaraciones son una parte y la exposición de las líneas presupuestarias son la otra. Esto es lo que debemos hacer nosotros. 
Con la resolución sobre un programa marco energético hemos creado las condiciones jurídicas previas y nuestro ruego es naturalmente que esto se refleje del modo adecuado en el presupuesto. 
Estos serían en pocas palabras los deseos de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía para el presupuesto 2000 y espero que las y los colegas los apoyen asimismo en el posterior procedimiento. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Bourlanges ha expuesto en su propuesta de resolución algunos grandes principios y en particular el de que el presupuesto para el año 2000 debe contribuir al mantenimiento de una política de cooperación y desarrollo sostenida. 
En efecto, es la expresión de la identidad misma de la Unión Europea, que coloca la solidaridad en el centro de su proyecto. 
Contribuye al fortalecimiento de la Unión Europea en el mundo. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación, unánime, desea decir a la Comisión que ni las perspectivas de ampliación ni las reformas de Fondos estructurales o de la PAC pueden en ningún caso propiciar el abandono, el desentendimiento por parte de la Unión Europea de su firme compromiso en esa esfera. 
La prioridad concedida por la Comisión a los países geográficamente próximos a la Unión no puede entrañar una disminución de los créditos concedidos a los países ACP. 
La Comisión de Desarrollo concede prioridad a la reducción de la pobreza. 
Por eso, se debería conceder una parte más importante en la rúbrica 4 a los países más pobres. 
El objetivo es ambicioso, ya que se trata de reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza extrema de aquí al año 2015. 
Y a ese respecto tal vez podríamos recordar a los Estados miembros que deben ajustarse a las recomendaciones de las Naciones Unidas y elevar hasta al menos el 0, 7 % de su PNB su contribución a la política de desarrollo. 
Así, pues, reafirmamos nuestra opinión favorable a la presupuestación del FED y reiteramos nuestra voluntad de que se reasignen en beneficio de los países con menores rentas los créditos no utilizados, por ejemplo, por los programas PHARE, TACIS o MEDA. 
Deseamos una ayuda humanitaria suficiente. 
Naturalmente, lucharemos por nuestras líneas temáticas, tales como el medio ambiente, los bosques tropicales, la igualdad de los sexos, las minas antipersonal, etc. 
Por lo que se refiere a la rehabilitación-reconstrucción, la falta de coherencia y el escaso rendimiento de los créditos provocado por su asignación por región geográfica deberían incitarnos en adelante a reagrupar las líneas presupuestarias. 
Por último, concedemos mucho valor al trabajo de las ONG y deseamos que la línea B7-6000 sea alimentada de forma suficiente con créditos de pago. 
Velaremos por que en las nuevas disposiciones que adopte la Comisión las pequeñas ONG no resulten perjudicadas en comparación con las grandes. 
Por último, deseo apoyar con vigor las observaciones formuladas por el ponente respecto de la categoría 5 sobre el déficit de personal de la Comisión, en particular. 
Y quiero subrayar que el problema es particularmente crucial en relación con la DGVIII y con ECHO. 
Señor Presidente, voy a intervenir acerca de estos dos informes en nombre de mi Grupo. 
En primer lugar, me gustaría felicitar a la Sra. Müller por labor que ha llevado a cabo con motivo de su informe. 
No tenemos previsto votar a favor de todo el texto o de todas sus enmiendas, a pesar de lo cual la ponente sabrá que, al igual que todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Presupuestos, también nosotros perseguimos los mismos objetivos. 
La única diferencia estriba en los métodos para llegar hasta ellos. 
Puedo decir que las impresiones de la ponente y de la comisión parlamentaria se resumen en el primer apartado de su informe, en el apartado 1, donde hace un llamamiento a las instituciones y a las comisiones- y aquí hago hincapié en las palabras «instituciones» y «comisiones» en contraposición al término «órganos» que propugna la Sra. Müller en su enmienda-para elaborar una estrategia que mejore la eficacia por medio de una mayor transparencia, motivación, movilidad y formación. 
Esto es lo que pretendemos conseguir con las orientaciones. 
Algunas de las observaciones restantes resultan innecesarias y, por esta razón, hemos votado en contra de unos cuantos apartados de este informe. 
He de criticar el hecho de que la Sra. Müller haya presentado, en su condición de ponente, ocho enmiendas. 
No se trata de una prerrogativa de los ponentes, quienes han de servir a los intereses de la comisión. 
Ella debería presentar ante el Parlamento el informe de la comisión, y no presentar enmiendas en nombre de su propio Grupo político. 
Se pueden clasificar las enmiendas que ha presentado en dos categorías: en primer lugar están las enmiendas que han sido ya rechazadas en la Comisión de Presupuestos y que, por supuesto, seguirán encontrando nuestra oposición, puesto que ya hemos votado en su contra anteriormente. 
Además, ahora se presentan algunas enmiendas completamente nuevas. Así pues, votaremos en el pleno también en contra de estas nuevas enmiendas por el hecho de que no se ha mantenido ningún debate acerca de las mismas. 
No me gustaría pensar que la presentación de estas enmiendas responde a un ardid político o está planeada pensando en un comunicado de prensa, ya que solicita que los ciudadanos del barrio Léopold puedan tener acceso a servicios del Parlamento como, por ejemplo, los comercios. 
Así pues, me espanta la idea de que se nos critique por no apoyar a los habitantes de los alrededores. 
Hecho este inciso, creo que no son orientaciones y que no deberían incluirse en el presente informe. 
Por lo que respecta al informe del Sr. Bourlanges, desearía agradecerle también el trabajo que ha realizado a este respecto. 
No es el texto que habríamos redactado nosotros pero, como bien sabe el ponente, contará con nuestro voto. 
Tal como ha señalado durante su intervención, el apartado establece las prioridades del Parlamento Europeo, en especial por lo que respecta a la creación de empleo. 
Hemos de tener muy presente esta cuestión. 
Además, se hace referencia a las OAT, un tema que se deberá también tener presente en todos nuestros debates y en la estrategia sobre los presupuestos a partir del año 2000. 
Sin embargo, si alcanzamos el objetivo que se persigue con la eliminación de las OAT, la Comisión podrá llevar a cabo su labor, y tanto el Consejo como este Parlamento deberemos reconocer la posibles consecuencias que entrañe una medida de este tipo. 
Todo esto nos conduce a la rúbrica 5. 
Si esta rúbrica no registra un crecimiento del 1, 5 %, se perderán 4000 puestos de trabajo entre los años 2000 y 2006. 
Aún tenemos el problema de los 850 puestos sin cubrir en el seno de la Comisión. 
Éste es el motivo por el que revisten tanta importancia el acuerdo interinstitucional y la labor del Sr. Colom i Naval y de los demás diputados que se han reunido esta mañana. 
Es muy importante que lleguemos a un acuerdo. 
Vamos a someter este informe a votación antes de la Cumbre de Berlín, y suponemos que existirá un consenso en el Consejo por lo que respecta a la Agenda 2000, y entre esta misma institución y el Parlamento en lo relativo al Acuerdo interinstitucional. 
Si no fuera así, deberemos naturalmente tomar nota del considerando C y del apartado 1 del Informe Bourlanges. 
He de señalar que esta situación no difiere mucho de la de 1994, de la situación del presupuesto de 1994, cuando llegamos nada menos que a diciembre sin saber cuál iba a ser el resultado final. 
Esperemos que se pueda concluir esta cuestión bastante antes de que llegue el mes de diciembre. 
Señor Presidente, Terence Wynn ha criticado en algunos puntos mi posición y mi comportamiento. Por ello, me gustaría aclararlo. 
En primer lugar, todas las enmiendas que presento son enmiendas que se han tratado en la comisión. 
La nueva relativa al acceso público a un supermercado no ha sido presentada en mi nombre sino que lo ha hecho un miembro de mi grupo político. 
Señora Müller, no se trata del procedimiento. 
Señor Presidente, los ponentes nos han ofrecido una excelente introducción en nombre de la Comisión de Presupuestos. 
El Sr. Bourlanges ha destacado correctamente la incertidumbre con que nos enfrentamos con motivo de este procedimiento presupuestario. 
Habiendo participado en la Comisión de Presupuestos desde el año 1984, he de admitir, siendo miembro de la Comisión de Presupuestos desde 1984, que nos hemos acostumbrado a la incertidumbre en lo relativo a las cuestiones presupuestarias. 
Rechazamos presupuestos y recurrimos a las doceavas partes provisionales. A la vez que hemos entablado toda una serie de negociaciones con el Consejo, hemos venido logrando durante todo este tiempo mantener de alguna manera el control. 
Estoy seguro de que el ponente hará lo mismo en estas difíciles circunstancias, especialmente si tenemos en cuenta que nunca nos hemos visto en la tarea de orientarnos sin la presencia de la Comisión Europea. 
Aprecio que, aunque ya no ejerce sus funciones, la Comisión se haya tomado la molestia de estar hoy aquí con todos nosotros y estoy convencido de que intervendrá también en el transcurso de este debate. 
Desearía hacer dos observaciones en nombre de mi Grupo parlamentario por lo que respecta a los presupuestos del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Me gustaría hacerle saber al Sr. Wynn que vamos a apoyar la mayoría de las enmiendas que ha presentado la Sra. Müller en el orden del día. 
Estas enmiendas han sido sometidas a debate en comisión, creemos que son razonables y, por lo tanto, cuentan con nuestro apoyo. 
En especial, lamento que no contemos hoy con la presencia del Consejo, ya que me hubiera gustado averiguar qué posibilidades tenemos de contar con un estatuto para los diputados y los asistentes, algo que se menciona en el informe y que requiere cuanto antes una toma de decisiones por parte del Consejo. 
Volviendo al presupuesto de la Comisión, está claro que nos encontramos una vez más ante un presupuesto riguroso. 
Durante los últimos años, tanto la Comisión como el Consejo y el propio Parlamento se han visto sometidos a un rigor presupuestario, y no se va a hacer ahora una excepción. 
De hecho, también las prioridades serán muy similares a las que se han recogido en el proyecto de presupuesto de la Comisión. 
Sin embargo, la cuestión crucial de este presupuesto para el ejercicio 2000 estriba en el gasto administrativo y en el seguimiento del informe del Comité de Expertos Independientes. 
¿Qué recursos serán necesarios? 
¿Cuáles son las necesidades reales? 
¿Cuáles son los programas que gestionará la Comisión? 
Se trata indudablemente de un debate que deberá entablarse en los próximos meses, pero me gustaría señalar ya en esta fase, y a modo de conclusión, que, por lo que respecta a nuestro Grupo, vamos a mostrarnos mucho más críticos que nadie a la hora de abordar este particular aspecto del presupuesto. 
Señor Presidente, como ha dicho Reinhold Niebur, estamos viviendo un período intermedio, entre dos eras, y así lo han dejado muy de manifiesto también otros diputados. 
Resulta muy satisfactorio contar con dos colegas tan experimentados como el Sr. Bourlanges y la Sra. Müller para guiar al actual Parlamento, y al próximo, a través del difícil trance presupuestario. 
Tengo dos puntualizaciones que hacer. 
En primer lugar, el próximo período se centrará menos en los nuevos fondos, como ha sido el caso hasta el momento, y más en la gestión de los recursos ya existentes. 
Por lo tanto, es muy importante que, en este período de incertidumbre, el propio Parlamento reconozca que es plenamente consciente de su responsabilidad fundamental por lo que respecta a este punto. 
Llevamos cinco años registrando enormes avances en este Parlamento acerca de la calidad de la aplicación y la participación de otras comisiones distintas a la Comisión de Presupuestos. 
La participación de otras comisiones será esencial en el futuro si deseamos ver cumplidas nuestras responsabilidades. 
Naturalmente, es absolutamente fundamental lograr un mejor equilibrio institucional. 
Asimismo, puede resultar irónico que el Consejo esté ausente hoy, un día antes de que se someta a debate la Agenda 2000 y el conjunto de la estructura financiera. 
Hemos de seguir adelante, y espero que el nuevo Parlamento insista sobre esta cuestión. 
Lo que necesitamos fundamentalmente es un acuerdo interinstitucional, pero no a cualquier precio. 
Por lo tanto, es necesario hacer hincapié en la situación abierta a la que ha hecho referencia el Sr. Bourlanges, en el sentido de que quizás deberíamos dotarnos de un presupuesto de conformidad con el artículo 203. 
Por lo que respecta al informe de la Sra. Müller, y tal como ella misma ha señalado, el punto fundamental lo constituye una gestión presupuestaria basada en el coste de las actividades. 
Considero satisfactorio que el Comisario Liikanen haya resaltado este aspecto con anterioridad. 
Hemos de poner de relieve la contradicción en que incurre el Consejo en el día de hoy. 
Por una parte, el Consejo quiere que se produzcan recortes, lo cual, como ya ha señalado el Sr. Wynn, puede dar lugar a enormes recortes de personal. 
Por el otro lado, el Comité de Expertos nos señala la contradicción fundamental de que, si delegáramos las cuestiones en las OAT, nos enfrentaríamos con problemas de gestión. 
El Parlamento seguirá haciendo hincapié en esta contradicción durante el próximo período. 
Confío en que la Sra. Müller será una buena guía durante este proceso. 
Señor Presidente, como es probable que éste sea mi último debate presupuestario en este hemiciclo, querría expresar mi esperanza de que el nuevo Parlamento continúe avanzando bajo la dirección de estos dos colegas, que han sido designados para el año 2000. 
Señor Presidente, Señorías, al iniciar el procedimiento presupuestario para el ejercicio 2000, no puedo ocultarles una profunda inquietud, relacionada con la incertidumbre más completa que caracteriza la situación actual. 
Seguimos sin saber si se renovará el acuerdo interinstitucional y si se establecerán nuevas perspectivas financieras para el período 2000-2006. 
Por lo demás, como hemos podido comprobar antes, el propio ponente no sabe nada. 
Y, parafraseando a Sacha Guitry, he de decir que el Consejo vacila, que la Comisión está muerta y, en cuanto al propio ponente, no me parece demasiado animoso. 
Estas inquietudes están relacionadas sobre todo con la posición más o menos anunciada de la mayoría de las delegaciones del Consejo, cuya preocupación prioritaria, si no la única, es la de pagar lo menos posible por Europa, es decir, un presupuesto de crecimiento cero o de estancamiento de las finanzas de Europa. 
A falta de acuerdo sobre las nuevas perspectivas financieras, está claro, sin embargo, como nuestro excelente colega, Jean-Louis Bourlanges, lo ha expresado con gran precisión, que el marco financiero del presupuesto para el ejercicio 2000 debe estar constituido por el ajuste de los límites máximos de las categorías, de conformidad con el artículo 25 del acuerdo interinstitucional de 29 de octubre de 1993. 
Eso significa la obligación para la Autoridad Presupuestaria de respetar los importes acordados para los proyectos experimentales y las acciones preparatorias. 
Eso significa, en otros términos, que el presupuesto para el año 2000 debe inscribirse en la continuidad de los presupuestos de rigor articulados a la vez sobre el objetivo de disciplina presupuestaria y la garantía de los medios necesarios para sacar adelante las políticas de la Unión Europea, como ha recordado el ponente, con arreglo al apartado 3 del artículo F del Tratado de la Unión. 
Dicho de otro modo, sea cual fuere la dificultad del marco actual, es lícito, e incluso recomendable, que la coautoridad presupuestaria establezca un presupuesto serio, riguroso y eficaz para el año 2000 y en consonancia con los compromisos políticos de la Unión Europea, según el espíritu y la letra del acuerdo interinstitucional. 
Por desgracia, no creo que el Consejo lo entienda así y, si bien aprobamos con entusiasmo las orientaciones formuladas por Jean-Louis Bourlanges, denunciamos con el mismo vigor la falta de responsabilidad política y de solidaridad comunitaria expresada hasta ahora por ciertas delegaciones del Consejo. 
He de decir, en particular, que me ha chocado sobre todo el tenor de «La Tribune» publicada ayer en Le Figaro por la Sra. Hewitt, Secretaria de Estado británica, que pedía pura y simplemente el desmantelamiento de la PAC mediante la renacionalización. 
Aunque en esta fase no estén concretadas las prioridades del Consejo con vistas al presupuesto para el año 2000, que dependerán en gran medida de los resultados de las negociaciones sobre la Agenda 2000, parece evidente que el leitmotiv de una mayoría de delegaciones se resume en el principio según el cual la evolución de los gastos del presupuesto comunitario no puede ser superior a la de los gastos de los presupuestos nacionales. 
Se vuelve permanentemente al síndrome de Fontainebleau. 
Esa concepción, tan poco conforme a los intereses de desarrollo de la Unión Europea, nos conduciría a un procedimiento muy difícil y de resultado incierto, si queremos evitar que se nos imponga un presupuesto de renuncia que no tenga en cuenta las necesidades objetivas de las políticas de la Unión y enteramente sometido a los humores electorales de los ministros de Hacienda. 
Somos realistas, aceptamos el rigor, pero, a diferencia del Consejo, queremos el progreso con respeto del rigor, con respeto de los compromisos políticos subscritos por los propios jefes de Estado o de Gobierno y de los acuerdos que el propio Consejo ha subscrito. 
Olvidar todo eso sería olvidar la propia Europa. 
Por último, por lo que se refiere al excelente informe de Edith Müller, menos marcado por la incertidumbre, nuestro Grupo lo apoyará en su forma enmendada en comisión. 
Como no me puedo partir por la mitad, tengo que exponer ahora mi opinión sobre el informe de mi colega Jean-Louis Bourlanges. 
Los enfoques estratégicos sobre reagrupaciones en este presupuesto tienen que referirse sobre todo a las políticas de interior y exterior debido a la elevada proporción de gastos obligatorios y programas plurianuales. 
Saludo expresamente, por ello, nuestra exigencia común de elevar la proporción de las políticas de desarrollo en el presupuesto comunitario. 
Tiene que aplicarse el principio de que los efectos de desarrollo de cada euro tienen que elevarse en el sentido de la sostenibilidad, refiriéndome aquí tanto al sentido ecológico como económico de este concepto. 
Good governance tiene que ser más que hasta ahora una condición para autorizar la ayuda siempre que vaya más allá de la ayuda de emergencia. 
Nuestra ayuda alimentaria tiene que tener aún más en cuenta sus consecuencias macroeconómicas y dejar en un segundo plano los intereses del presupuesto agrícola. 
Recuerdo nuestro debate sobre la ayuda a Rusia. 
Tal como, por lo demás, constata el Banco Mundial en su informe Assessing Aid, la ayuda al desarrollo debería centralizarse lo máximo posible, es decir, trasladarse de los Estados miembros a la Unión. 
Para seguir siendo creíble, también tenemos que decir dónde queremos realizar ahorros, en mi opinión, muy en primer lugar en el controvertido proyecto KEDO. 
Pero también los programas de exportación se tienen que poner en el banco de pruebas, no sólo en lo referente a la plusvalía europea sino también ante el trasfondo de la cuestión de si debería ser en absoluto una tarea de actuación común europea. 
¿Hasta qué punto estamos realmente dispuestos a tomar en serio lo que exigimos desde hace días, es decir, la concentración en lo esencial? 
Espero que en el diálogo sobre el informe y las prioridades de Jean-Louis Bourlanges podamos dar un importante paso en relación con la política de desarrollo. 
Señor Presidente, Señorías, este debate se inserta en un contexto difícil que está en la mente de todos. 
Desde este punto de vista, quisiera elogiar la presencia y el trabajo del señor Comisario Liikanen. 
En estos años, en lo que a la Comisión de Presupuestos se refiere, la cooperación que hemos tenido ha sido muy fructífera, aunque como Parlamento debemos hacer- no lo hemos hecho suficientemente a la vista de los resultados de las últimas semanas- un examen de conciencia. 
Desde este punto de vista, el Informe Bourlanges se expresa negativamente respecto a uno de los principios que han gobernado esta casa, la Comisión de Presupuestos y nuestra filosofía en estos años: el principio de creer que se podía seguir creciendo en las iniciativas, en las actividades manteniendo y ofreciendo a la opinión pública la carga del crecimiento cero y el hecho de que se podía hacer todo cada vez mejor disponiendo siempre de los mismos recursos estatutarios, internos y de personal. 
Por primera vez, a mi juicio, estas orientaciones no ponen el acento en este principio que, a mi entender, ha sido una de las causas y quizás la causa principal y desencadenante de muchas consecuencias negativas y, por tanto, desde este punto de vista, estoy a favor de un planteamiento que puede ser el de los próximos años y que también ayer el Sr. Fischer, Presidente en ejercicio del Consejo, subrayó con gran sentido de la responsabilidad. 
Por último, en lo que se refiere al Informe Müller, yo también me voy a limitar a decir que en la comisión votamos un informe equilibrado y coherente. 
Ésta es la orientación que seguirá nuestro Grupo apoyando el informe tal cual salió de la comisión. 
Señor Presidente, en cuanto al Informe Bourlanges. Uno de los problemas más graves del procedimiento presupuestario para el año 2000 es la enorme cantidad de dinero que todavía hay que emplear. 
El ponente propone recoger el 50 % de los créditos de pago en el presupuesto para el año 2000 y, así, resolverlo cuanto antes. 
Si se añaden los esperados «recursos frescos ', nos encontramos ante un presupuesto de 95.000 millones de euros. 
Al margen de si un presupuesto tan amplio puede contar con el respaldo del Consejo, no creo que ésta sea la solución. 
¿Cómo puede ser, señor ponente, que los pagos anden tan atrasados en relación con los compromisos? 
Usted se refiere a la política presupuestaria restrictiva de los últimos años. 
Pero ¿es realmente ésa la razón? 
En los últimos años, la autoridad presupuestaria ha endosado a la Comisión un sinfín de compromisos ¿No será más bien que los servicios de la Comisión son incapaces de gestionarlos de forma adecuada? 
Teniendo en cuenta las conclusiones del Comité de Expertos Independientes, me temo que sí. 
Un aumento forzado de los créditos de pago en el año 2000 no es, por tanto, oportuno. 
Es buscarse dificultades. 
La solución tiene que residir más bien en una sabia autolimitación. 
Los créditos de compromisos deben adecuarse a la capacidad de ejecución de la Comisión. 
La Unión debe limitarse a esos ámbitos políticos en los que la actuación europea supone una plusvalía. 
Tenemos que deshacernos rápidamente de los programas que no se pueden gestionar de forma eficaz. 
Señor Presidente, Señorías, el presupuesto 2000 es el primer presupuesto de una nueva perspectiva financiera o se basa en el artículo 203 del Tratado de la Unión Europea. 
Esto se mostrará en el curso del día de mañana y pasado mañana. 
Esta mañana hemos mantenido un diálogo tripartito y hemos debatido con la Presidencia del Consejo sobre la cuestión de los mínimos que vamos a poner como condición para un posible acuerdo interinstitucional para el desarrollo de las Categorías 3, 4, 5 y 7. 
Por ello, lo que ha presentado ahora el Sr. Bourlanges debe considerarse siempre ante el trasfondo del «no sólo sino también» o la alternativa «o esto o aquello». 
Si llegásemos a la alternativa «o» , consistente en no tener ningún acuerdo institucional, esta mañana hemos mostrado claramente en el marco del diálogo tripartito que económicamente disponemos de más fondos que los que recibimos si concluimos un acuerdo interinstitucional. 
Está muy claro. Sólo si los presupuestos nacionales se concluyen de modo continuado durante los próximos años con una reducción del 0, 9 % y el crecimiento queda por debajo del 1, 5 %, se produciría una situación en la que los gastos derivados de la mitad del tipo máximo serían inferiores a los de unas previsiones financieras aún por acordar. 
Dirijo esto más al Consejo que no está presente que a las y los colegas, pues el Consejo debería saberlo muy exactamente cuando mañana y pasado mañana se decida en Berlín sobre la cuestión de cómo va a ser la dotación financiera en las Categorías 3, 4 y 5. 
Quiero decir una segunda cosa en este contexto. 
Creo que la Sra. Müller ya se ha referido al tema. 
Si lo que debate actualmente el Consejo se convirtiese en la base para el presupuesto 2000 y los ejercicios subsiguientes en el campo de los costes de personal y administrativos, una congelación del presupuesto significaría que la Unión Europea tendría que suprimir en total 3.880 puestos de trabajo. 
Estos se distribuirían entre el Parlamento, 420 puestos menos, la Comisión, 3.000 puestos menos, el Tribunal de Justicia, 182 puestos menos, el Tribunal de Cuentas, 58 puestos menos y el Comité de las Regiones, Comité Económico y Social, con otros 220 puestos menos. 
Sólo para que quede claro: a quien hable sobre congelación administrativa le costará 3.880 puestos de trabajo. 
Así pues, por un lado, no se puede exigir un desarrollo continuado de los programas y, por otro, decir que vamos a congelar los costes o incluso reducirlos. 
Para que no se me interprete mal, esto no es una invitación a una evolución en el sentido de «ahora vamos a aprovecharnos a fondo y colocar más personal» , sino que de lo que se trata es de que se suprimirían puestos al congelarse el dinero y no se crearían puestos adicionales. 
Por ello, el Parlamento deberá crear la correspondiente dotación financiera. 
Respecto al backlog quiero decir aún algo. 
El backlog de este año tiene algo que ver con que, en relación con los desembolsos de la Comunidad, la opinión pública se percata de que se centran cada vez más en los gastos y cada vez menos en los compromisos. 
Pero nuestro presupuesto se articula en dos elementos, en los compromisos que contraemos y en los pagos escalonados derivados de ello. 
No es un problema de la Comisión, tal como ha dicho el orador anterior, que estos créditos no hayan fluido sino que se debe a los Estados miembros o no miembros, es decir, los países de la Europa Central y Oriental, pues son ellos los que corrigen o regulan el flujo de créditos a los Fondos estructurales, a la política de investigación o a los programas de política exterior como consecuencia de sus actividades. 
Voluntaria o involuntariamente se ha producido una congestión que llega a los 40 mil millones. 
El reducirla no puede consistir en decir que vamos a sumarla al presupuesto, pues entonces- tiene aquí usted toda la razón- nos encontraríamos en una situación en que tendríamos tasas de crecimiento para el presupuesto 2000 totalmente absurdas y que no tendrían nada que ver con la evolución real de los gastos sino sólo con las cargas del pasado que vamos arrastrando y que tenemos que eliminar ahora. 
Por ello, estamos a favor de que, tal como ha propuesto el Sr. Bourlanges, se divida en dos partes y no figure en un único presupuesto, para mostrar claramente qué es crecimiento y qué es carga del pasado que tenemos que solventar. 
Señor Presidente, es obvio que el debate de hoy tiene lugar en un momento crucial para la Unión Europea. 
Dentro de dos días tendremos el debate y las decisiones del Consejo de Europa sobre la Agenda 2000 y las perspectivas financieras. 
Espero que se tomen dichas decisiones porque, como ya saben, hace bastante tiempo que nos encontramos ante un difícil alumbramiento. 
Personalmente soy de aquéllos que creen que no se puede hacer política sin dinero, pero tal consideración ha llegado a tener un carácter herético en la Unión Europea. 
En cualquier caso, hablando como ponente de opinión de la Comisión de Política Regional acerca del presupuesto del 2000, quisiera recordar los tres puntos básicos que señala dicha comisión en relación con el nuevo presupuesto. 
Primero, llama la atención sobre la necesidad de conseguir suficientes créditos de pago para evitar los problemas de liquidez en los programas que están pendientes de realización en el marco de los Fondos estructurales. 
Todo ello en relación con la Agenda 2000 y los nuevos programas estructurales. 
Segundo, solicita que se permita volver a reincorporar al presupuesto 2000 los créditos de compromiso de la Rúbrica 2 correspondientes a 1998 no utilizados, respetando de este modo los acuerdos de Edimburgo. 
Tercero, la Comisión de Política Regional anima a la Comisión a que muestre alguna flexibilidad en cuanto a la prórroga de los programas que están pendientes de realizarse en el marco de los Fondos estructurales, allí donde eso sea justificable, lo que permitirá la aplicación completa y eficaz del paquete Delors II. 
En el proyecto de resolución del Parlamento hay dos apartados relativos a la categoría II, los apartados 12 y 13, que son excepcionalmente importantes, apuntan a cuestiones técnicas fundamentales, pero nosotros, en la Comisión de Política Regional, consideramos que faltan la orientación y la visión política necesarias y la dirección que queremos dar a los Fondos estructurales del 2000. 
Señor Presidente, los dos ponentes han elaborado unos informes sobre las orientaciones para el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2000 que proporcionan una buena base para un posterior examen. 
Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a la Sra. Müller y al Sr. Bourlanges por este motivo. 
Desearía únicamente llamar la atención sobre un par de aspectos. 
Hay que reformar la reglamentación relativa a los funcionarios y esclarecer sus responsabilidades. 
Es necesario prestar seriamente atención a las observaciones que ha hecho el Comité de Expertos Independientes- el denominado Comité de Sabios- para abordar las responsabilidades individuales, así como para poner fin al encubrimiento mutuo entre las distintas autoridades de la UE. 
Debemos limitar el aumento de personal. 
No estoy de acuerdo con el Comité de Sabios por lo que respecta a esta cuestión. 
El personal actual tiene capacidad para llevar a cabo más tareas siempre y cuando su estatuto ofrezca una mayor flexibilidad por lo que respecta a un aprovechamiento razonable de los recursos. 
Con la reforma de esta reglamentación será necesario también aclarar el control en la gestión de los recursos. 
Es preciso redistribuir más adecuadamente la responsabilidad administrativa en la aplicación y aprobación de la justificación de gastos. 
Hay que hacer hincapié en las responsabilidades de acuerdo con los resultados. 
Únicamente de esta manera será posible recalcar las responsabilidades individuales y agilizar el pago de los gastos. 
De por sí, respaldo una estricta política presupuestaria que se ajuste a las políticas presupuestarias de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, primero me gustaría dar las gracias al Sr. Bourlanges por su trabajo sobre las orientaciones presupuestarias para el 2000. 
El Parlamento suele aprobar esto siempre por esta fecha e inicia, en alguna forma, el procedimiento presupuestario anual. 
Estamos todos de acuerdo en esta Asamblea en que esta vez hacemos las orientaciones en una incertidumbre casi total, puesto que, paradójicamente, si lo pudiéramos discutir el viernes, quizás tendríamos más elementos en la mano para ser más concretos. 
Pero las orientaciones normalmente no se centran en cifras, sino en establecer las prioridades de esta Asamblea para el presupuesto. 
Dicho esto, me gustaría centrarme en dos puntos concretos de las orientaciones presupuestarias para el año 2000. 
El primero es expresar una grave preocupación. 
El presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, ya lo ha mencionado, pero quisiera yo también recalcar ese hecho. 
La preocupación- no es nada nuevo tampoco, porque ya se habló de ello durante el presupuesto 1999- se refiere a la relación entre compromisos y pagos; relación expresamente mencionada en el Acuerdo interinstitucional, que habla de una justa proporción entre compromisos y pagos. 
Sin embargo, en los últimos ejercicios, tal como también lo ha señalado el Sr. Samland, se ha mantenido un aumento en los pagos en un nivel considerablemente más bajo que en los compromisos, para así, en cierto modo- totalmente ficticio -, hacer un presupuesto riguroso. 
Y ahora nos enfrentamos con lo que se ha llamado «The burden of the future» , que ya es la carga de este año, con, en algunos casos, una evolución de los créditos para liquidar que, a finales de 1999, pueden llegar a superar el 200 % de los compromisos adquiridos. 
Yo también felicito al ponente por habernos hecho una propuesta en este sentido, pero también quiero decir claramente aquí a los Estados miembros que se acaba el plazo para hacer ahorros falsos y así iniciar un presupuesto 2000 que va a tener que resolver esta carga tan grave. 
Segundo punto: señor Bourlanges, yo creo que todos en esta Asamblea estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de que el presupuesto debe ser riguroso. 
Pero no estoy y nunca estaré de acuerdo en que la rigurosidad sea un objetivo en sí, sino que tiene que responder a una administración sana y eficaz y, al mismo tiempo, tiene que garantizar la disponibilidad de los medios para llevar a cabo las políticas de la Unión, tal como lo señala el Tratado. 
Y me permito repetir lo que he dicho antes: el ciudadano espera de la Unión que sepa responder a lo que ellos esperan de nosotros. 
No se trata simplemente de cuadrar ingresos y gastos, sino que los ciudadanos europeos, por medio de los Estados miembros, han transferido a la Unión competencias, incluso parte de su soberanía, para que, de este modo, atendamos mejor a sus necesidades. 
Yo, señor Bourlanges, creo firmemente que el presupuesto de la Unión se sitúa en un plano distinto al del presupuesto de los Estados miembros. 
Es complementario del presupuesto del Estado miembro, pero nunca son comparables. 
Eso no significa, en absoluto, que el Parlamento Europeo no vaya a actuar y a colaborar responsablemente en su ejercicio presupuestario para aligerar el camino del euro para los Estados miembros, pero debe significar que la Unión responde a los ciudadanos en sus políticas. 
Señor Presidente, antes de que se exprese el Comisario, quisiera simplemente aportar dos o tres precisiones muy rápidas. 
En primer lugar, para decir que estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Dührkop-Dührkop en que rigor no significa austeridad. 
Rigor es la preocupación por la adecuación entre los medios y los objetivos. 
No constituye, efectivamente, una prioridad, pero en materia de prioridades no olvidemos que actualmente estamos celebrando un debate sobre un presupuesto una tercera parte de cuyos fundamentos jurídicos es incierta. 
La segunda observación que quisiera formular muy rápidamente- pues antes me ha faltado tiempo para decirlo- es la de subrayar, a mi vez, la importancia del problema de los pagos atrasados. 
Varios oradores lo han subrayado, entre ellos el presidente de la Comisión de Presupuestos. 
También la preocupación de esta Asamblea por que se solucione ese asunto, pero no en detrimento de los compromisos para el futuro, en detrimento de los pagos auténticos, de los pagos correspondientes a compromisos verdaderos. 
La tercera observación que quisiera formular se refiere a las oficinas de asistencia técnica. 
He debido de apresurarme demasiado al decir que éramos partidarios de su desmantelamiento progresivo. 
Tengo interés en decir que no se trata de un desmantelamiento total. 
Comprendemos que algunas oficinas de asistencia técnica son necesarias, porque se encargan de acciones temporales o de carácter técnico. 
Lo que no queremos es oficinas de asistencia técnica que sirvan de paliativo para la falta de personal de la Comisión. 
Así, pues, queremos un desmantelamiento profundo, no para destruir todas las oficinas de asistencia técnica, sino para acabar con las abusivas. 
Ésas son las tres precisiones que quería hacer. 
Gracias, señor Presidente, por haberme permitido hacerlas. 
Señor Presidente, cuando presentó su dimisión, la Comisión adoptó la decisión de continuar desempeñando sus funciones y sus obligaciones jurídicas básicas. 
El presupuesto constituye una obligación jurídica de la Comisión. 
Si no se designa una nueva Comisión en un determinado plazo de tiempo, deberá ser esta Comisión la que presente un presupuesto ante el Parlamento. 
De acuerdo con este planteamiento, quiero hacer algunas observaciones a lo que han dicho el ponente y otros oradores. 
En primer lugar, a la Comisión le parece muy satisfactoria la idea expuesta por el ponente para lograr un acercamiento del resto de las comisiones parlamentarias al procedimiento presupuestario. 
Es muy importante que se incrementen el control de la calidad y las secciones de este presupuesto. 
Por lo tanto, es positivo que las comisiones responsables en un ámbito específico entablen debates directos con la Comisión de Presupuestos. 
En segundo lugar, la Comisión también considera satisfactorio que el Parlamento haya reafirmado su participación en el procedimiento interinstitucional de la carta de enmienda sobre la agricultura. 
Ésta ha sido una de las mayores novedades de este período parlamentario y es importante lograr su continuidad en el futuro. 
En tercer lugar, la Comisión comparte la inquietud del ponente por lo que respecta a los créditos por liquidar, el célebre RAL o reste à liquider. 
Es muy importante que esta cuestión se plantee directamente en el presupuesto del próximo año. 
De esta manera se verá lo que da de sí este presupuesto, cuáles son los pagos que no se han efectuado y cuáles corresponden a antiguos compromisos. 
Cuando presentemos el presupuesto respetaremos los deseos del ponente. 
En cuarto lugar, por lo que respecta a las OAT, tenía pensado decir más o menos lo mismo que ya ha señalado el Sr. Bourlanges. 
Sencillamente, no deberíamos decir que se han suprimido todas las oficinas técnicas. 
Si fuera así, se llegaría fácilmente a una situación en la que la administración europea permanente se viera obligada a realizar tareas técnicas de carácter muy provisional. Esta circunstancia sería muy costosa y muy poco práctica. 
Resulta naturalmente evidente que toda la revisión de la cuestión presupuestaria, iniciada el pasado año con la adopción de las primeras decisiones por parte del Consejo y con la preparación del vademécum para la continuidad de las OAT, reviste una suma importancia. 
Espero que una de las primeras actuaciones de la nueva Comisión pueda ser la presentación al Parlamento de este vademécum. 
Estamos llevando a cabo los preparativos técnicos a este respecto. 
Por lo que respecta a los recursos, la gran tarea en que se ha embarcado la Comisión debería verse culminada a finales de esta primavera. 
Esta tarea continúa en los servicios de la Comisión y espero que podamos ofrecer más información acerca de sus resultados con motivo del procedimiento presupuestario. 
En lo relativo a una gestión presupuestaria basada en el coste de las actividades, he de decir que una reforma profunda del procedimiento presupuestario que nos permita abordar simultáneamente los requisitos operacionales y administrativos constituye una gestión presupuestaria de este tipo. 
Fue la Comisión la que lanzó esta idea este año, y su decisión se fundamentó en el hecho de que el presupuesto del ejercicio 2001 se ajustará a una gestión basada en el coste de las actividades. 
Ello se traducirá en una mayor transparencia y permitirá un procedimiento operacional donde puedan alcanzarse todos los requisitos. 
Para finalizar, como ya saben todos ustedes, mañana dará comienzo la Cumbre de Berlín. 
A pesar de que existen grandes cuestiones pendientes de decisión, voy a referirme solamente a una de ellas, que ya se ha mencionado aquí en alguna que otra ocasión: se trata de la cuestión del gasto administrativo. 
La propuesta de la Comisión tenía como objetivo estabilizar el número de personal a los niveles de hace un año. 
La posición mayoritaria en el seno del Consejo ha perseguido una estabilización del gasto administrativo que permitiera la reducción de cuatro mil funcionarios en todas las instituciones de la Unión, de los cuales tres mil corresponderían a la Comisión. 
No podemos aceptar este punto. 
En las perspectivas financieras, la Comisión ha presentado propuestas para reforzar el personal de una manera razonable. De acuerdo con estas mismas perspectivas financieras, cada mil funcionarios representarán un coste de 100 millones de euros. 
Según escuchamos ayer, la Presidencia mostraba una posición más favorable a esta idea que como ha venido haciendo hasta el momento, pero es muy importante que la Comisión y el Parlamento trabajen juntos para obtener un acuerdo interinstitucional que garantice en el próximo período un aumento razonable de personal, pero sometido también a un control estricto. 
Señor Presidente, quisiera simplemente dar las gracias en primer lugar al Sr. Liikanen por sus manifestaciones y, además, por la calidad de la colaboración que siempre hemos tenido con él. 
Creo que es un Comisario de gran calidad, con el que siempre ha sido extraordinariamente agradable trabajar en un clima cordial y de gran confianza en el plano personal. 
Tenía interés en hacerlo constar. 
Muchas gracias, señor Jean-Louis Bourlanges. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 15.00 horas. 
Cooperación policial 
Señor Presidente, permítame en primer lugar expresar mi decepción al comprobar la ausencia del Consejo, si bien he de decir que me alegra en gran medida la presencia de la Sra. Gradin. 
El primero de estos proyectos, ENFOPOL nº 130, contempla la creación de un comité de funcionarios de policía con cargos directivos en el marco de lo dispuesto en el artículo K3 del Tratado de la Unión Europea. 
Aunque un comité de este tipo es sin duda necesario, dado que hasta el momento no ha existido un foro en el que estas personas puedan reunirse, en realidad no consigue el objetivo de una verdadera cooperación en el ámbito policial para la actuación práctica. 
Por consiguiente, mis enmiendas fundamentales al proyecto persiguen la creación de un grupo multidisciplinario que incluya jefes de policía, autoridades aduaneras y otras autoridades policiales como, por ejemplo, funcionarios de elevado rango en los ministerios de Interior. 
Además, creemos que es importante que se le dé a Europol un cometido más concreto. 
El texto implica una participación poco entusiasta de este órgano. 
Por consiguiente, mis enmiendas refuerzan el papel de Europol, requiriendo su participación en los debates, la planificación y la aplicación. 
En tercer lugar, previa consulta con- entre otros- la Presidencia alemana y el Ministerio de Interior británico, he especificado más algunos de los cometidos que este nuevo comité deberá desempeñar. Ello incluye establecer operaciones de inspección mixtas en las fronteras exteriores y el establecimiento de un intercambio de información eficaz y de un sistema de alerta temprana. 
El segundo de estos proyectos, ENFOPOL nº 129, persigue el despliegue de un gran número de agentes en unas rutas determinadas. 
En este caso, hemos incluido el elemento vital de los servicios de información y modificado el texto de la forma siguiente: «en las que participará, en caso necesario, un gran número de agentes». 
A este respecto, me gustaría únicamente señalar que es muy importante que hagamos uso de los recursos que nos ofrecen los servicios de información, en lugar de destinar sin más un gran número de agentes y establecer aduanas en las rutas más importantes. 
Las grandes organizaciones de delincuentes son lo suficientemente inteligentes para saber dónde se han destinado los recursos policiales. 
Por todo ello, hemos de contrarrestar esta circunstancia mejorando los recursos de nuestros servicios de información. 
En segundo lugar, no nos gusta la expresión «alcanzar el mayor nivel posible de éxito policial, principalmente en forma de capturas» y la hemos sustituido por la frase «localizar delincuentes y sus organizaciones y ponerlos a disposición de la justicia». 
El éxito en materia policial y aduanera no puede medirse por el número de capturas sino por el éxito en poner a disposición de la justicia a las organizaciones de delincuentes. 
Espero que podamos ser capaces en el Consejo, en la Comisión y en este mismo Parlamento de actuar de manera conjunta para poder llevar a cabo estas modificaciones en dos iniciativas en las que, sin lugar a dudas, merece la pena realizar esfuerzos. El Parlamento, por su parte, ha podido introducir mejoras en dichas iniciativas. 
Señor Presidente, las propuestas presentadas a la Asamblea para lograr una mejor cooperación de la policía en Europa son buenas. 
Esto es aplicable por un lado, a la idea de que cuando se reúne el grupo del Consejo «Cooperación policial» , participen también aquellos que realizan en realidad el trabajo, es decir, los funcionarios de policía. 
Por otro lado, también es positivo el enfoque de que se actúe operativamente a lo largo de las rutas conocidas. 
Esto se ha probado ya con éxito en el marco de la cooperación entre los Estados de Schengen. 
Los valores experimentales de que disponemos- he hablado con un funcionario de policía que organiza esto- justifican que se introduzca como instrumento de cooperación policial en la Unión Europea. 
Sir Jack ha presentado enmiendas que saludamos. Lo hacemos también porque sabemos que estas propuestas se han producido tras mantener conversaciones con personas especializadas. 
Compartimos en especial todo lo que propone en relación con la acción común «Cooperación policial» y compartimos su opinión de que no sólo debería comprender a policías sino también a gente que trabaja en aduanas u otras instituciones pertinentes. 
Señor Presidente, tenemos un problema con la traducción alemana. 
En alemán el concepto law enforcement agency, que en inglés tiene un significado claramente delimitado, se ha traducido con conceptos como equipo ejecutor o institución ejecutora. 
Esto tiene en alemán un significado totalmente diferente. 
En alemán, el concepto ejecutar se emplea en casos de penas de muerte o de conminaciones de pago. 
La idea es totalmente diferente. 
Por ello, hemos presentado una enmienda que lo corrige. 
Me temo que tenemos un problema similar con lo que Sir Jack propone con la propuesta de operación a lo largo de las rutas. 
En inglés se dice: «the best and most sophisticated intelligence». Sólo puedo decir que tiene razón. 
Esto se ha traducido al alemán con «los mejores instrumentos de servicio de información». En alemán esto se refiere a la inclusión de los servicios secretos. 
Hay países miembros- en los que se incluye el país de que yo vengo- en los que existe una estricta separación de los servicios secretos y de la policía. 
Por ello, insistimos en que se constate que la versión inglesa es la original. Si se hace así, podremos votar a favor. 
Los segundos restantes se los regalo a cualquiera de los oradores siguientes. 
Señor Presidente, corto, dirigido a las cuestiones y eficaz: así se puede describir este informe de nuestro colega Sir Jack Stewart-Clark. 
Ojalá que las autoridades encargadas de hacer respetar la ley en un marco de libertad, seguridad y justicia fueran siempre rápidas, directas y eficaces en la lucha contra la delincuencia, organizada o espontánea, que, por desgracia, no cesa de aumentar. 
La cooperación entre los servicios policiales y aduaneros resulta, por tanto, una piedra angular para el éxito de esa lucha. 
Así, pues, apoyamos al ponente, al propugnar la creación de un grupo multisdisciplinario en el nivel europeo, con poderes de decisión sobre la mejora del intercambio de informaciones y la armonización de los sistemas técnicos de comunicación entre las diferentes autoridades nacionales. 
Es necesario garantizar una operatividad en las acciones de investigación en las fronteras exteriores de la Unión e investigar los itinerarios principales de la delincuencia. 
Para eso, resulta imprescindible fortalecer la participación de EUROPOL y las enmiendas ahora propuestas van en esa dirección. 
A pesar de que EUROPOL apenas está instalada desde el pasado mes de octubre, después de un largo proceso de ratificación del Convenio Europol de 1995, el Tratado de Amsterdam le confiere operatividad específica. 
No es una policía europea, sino un instrumento que las autoridades policiales de los Estados miembros no deben dejar de utilizar en todas sus posibilidades. 
Ese proceso de cooperación policial ha demostrado dar resultados mediante el auténtico «banco de prueba» constituido por el acuerdo intergubernamental de Schengen. 
Y ese éxito se basa, evidentemente, en la posibilidad de movilización de un gran número de efectivos policiales cuando- y sólo cuando-sea necesario, como propugna el proyecto ENFOPOL nº 129, pero- como muy bien ha dicho nuestro ponente- la evaluación de los resultados de esas acciones mixtas de cooperación en la esfera de la delincuencia debe medirse cualitativamente y no sólo en función del número de detenciones hechas. 
Señor Presidente, en las corridas de toros, hay el llamado «espontáneo» , que es quien está fuera y salta a la plaza para torear. 
No he resistido la tentación de pronunciarme sobre el informe de Sir James Stewart-Clark, en la medida en que veo reflejada en el informe una mentalidad especial de alguien que quiere una policía, pero una policía de calidad. 
De hecho, la propia delincuencia ha aumentado en calidad con el paso de los años. 
Los delitos ya no corren a cargo de hombres con un diente de oro o a los que falta una mano. 
Corren a cargo de gente que se sienta en nuestra mesa, que tiene nuestra educación, que ha frecuentado las mismas universidades, que procede incluso de familias excelentes. 
El delito ha sido elegante últimamente y, por consiguiente, el esfuerzo interdisciplinario propuesto en el informe me parece extraordinariamente loable. 
En este momento, la ingeniería del delito es tan compleja, que es preciso, de hecho, contar con una ciencia del delito para dominarla. 
Esto es, no hay ya sólo el aspecto «policía-ladrón» , hay algo más en esa esfera, debido a la globalización que se ha desarrollado en el mundo en que vivimos. 
Por eso, acojo con beneplácito las propuestas de Sir James Stewart-Clark en la medida en que considero que corresponden a la necesidad de hacer una EUROPOL compleja, interdisciplinaria y con personal de alta calidad, universitaria y no sólo universitaria. 
Señor Presidente, es obviamente necesaria y bienvenida la colaboración entre las fuerzas policiales y entre las policías y las aduanas de los diferentes países en la lucha contra la delincuencia. 
Gran parte del trabajo asignado a Europol constituye también una parte de esto. 
Con todo, es importante que la colaboración policial no se transforme en una fuerza policial bajo el mando de la UE o dirigida de forma supra nacional. 
A largo plazo también, cuando se desarrolle Europol, existe el riesgo de que se haga un doble trabajo con Interpol. 
Es importante que Europol funcione como un complemento y no como un sustituto de Interpol. 
Hay un punto en este informe que quisiera comentar especialmente: la enmienda 11 que trata del traspaso de datos personales. 
Ésta es una excelente enmienda que subraya la importancia de respetar la convención del Consejo de Europa en la materia. 
Dudo que esto sea suficiente. 
Creo que hay grandes deficiencias en la actual Europol. 
Si atendemos a lo que señala la Convención de Europol en su artículo 10.1 y en el reglamento, veremos que se dan posibilidades muy grandes para el registro de personas que no han sido condenadas por delitos ni se sospecha que los hayan cometido. 
Se posibilita el registro de datos personales muy delicados. 
Por eso, creo que es importante que cuando este registro empiece a funcionar se intensifique el control y se cree un organismo fuerte de inspección, para que no nos pase lo mismo que con el registro del Tratado de Schengen, el registro SIS. 
En la práctica, se ha perdido el control sobre este registro y no se emplea el celo necesario. 
Esto es algo censurable tanto desde el punto de vista de la integridad como del de la lucha contra la delincuencia. 
Opino que una exigencia esencial es que sólo se registre a las personas condenadas por delitos o que se sospeche que los hayan cometido. 
Señor Presidente, sobre el primer texto, la enmienda 4 al artículo 2, introducida de forma, a mi juicio, desordenada, toda clase de operaciones multinacionales de inspección, que no responden a necesidad alguna de servicio, sino que responden en realidad a necesidades de propaganda política. 
Creo que esa enmienda carece de razón de ser. 
Sobre el segundo texto, que versa sobre la vigilancia de los largos itinerarios adoptados por la delincuencia, me extraña bastante la fuerza de lo políticamente correcto y del pensamiento único en las enmiendas propuestas por el ponente. 
En efecto, la enmienda 1 suprime la inmigración clandestina. 
La enmienda 4 suprime la expresión «autoridad policial». 
A mi juicio, estamos en pleno pensamiento mágico, con el que se espera así, al suprimir las palabras, suprimir las realidades. 
Así, pues, propongo que nos atengamos al pensamiento racional y rechacemos enmiendas que responden a un temor supersticioso ante aspectos de lo real que tal vez desagraden al ponente. 
La inmigración clandestina es sin duda un problema real. 
La autoridad policial es sin duda una necesidad en toda sociedad civilizada. 
Y añadiré que la franqueza en el lenguaje me parece también un progreso y no una regresión. 
Señor Presidente, el gran desafío con el que se enfrentará en el futuro la cooperación europea en materia policial no será la creación en el plano práctico de modalidades homogéneas de cooperación entre todos los países europeos. 
Nunca será posible instituir sistemas satisfactorios en la lucha contra las distintas actividades delictivas si no existe una mentalidad de actuación y unos recursos comunes. 
En el futuro será necesario ofrecer a Europol unas competencias considerables y un papel claro y específico en las labores de coordinación comunes a la hora de vigilar las fronteras exteriores de la Unión, así como en el desarrollo de los sistemas de transmisión de información y de alerta que ya existen a disposición de las autoridades. 
Es importante que Europol contribuya a crear unos vínculos de cooperación permanentes en los ámbitos policial y aduanero entre la UE y los países candidatos de la Europa Central y Oriental. 
Una de las mayores preocupaciones y esperanzas de los ciudadanos de la Unión con motivo de la ampliación reside precisamente en la seguridad de las actividades del mercado único y en la intensificación de las medidas para combatir la delincuencia internacional. 
Por este motivo, es necesario que, con motivo de las estrategias de preadhesión, nos centremos cada vez más en la formación de las autoridades y de las administraciones policiales y aduaneras de los antiguos países comunistas. 
Hay que vincular estrechamente a los países candidatos a todas las modalidades de cooperación que tengan lugar en el marco de Europol, como los grupos de trabajo entre altos funcionarios policiales y aduaneros, antes de que tenga lugar la adhesión de estos países. 
La cumbre extraordinaria que se celebrará en Tampere durante la Presidencia finlandesa de la UE se consagrará a la seguridad interior de la Unión y resaltará, entre otros aspectos, las medidas para luchar contra el floreciente tráfico de drogas que tiene lugar en el mercado interior. 
No cabe la menor duda de que en Tampere se deberían abordar en mayor medida los desafíos que planteará la cooperación policial de la Unión en el futuro, haciéndose especial hincapié en los problemas derivados del proceso de ampliación. 
Señor Presidente, Stewart-Clark ha presentado un excelente informe sobre dos medidas comunitarias. 
La presidencia tiene como objetivo fortalecer la cooperación europea y la coordinación en la lucha contra la delincuencia organizada, cosa que la Comisión, obviamente, apoya sin reservas. 
Desde hace tiempo estamos viendo la necesidad de mejorar tanto el intercambio de información como la colaboración en materia de investigaciones criminales en el ámbito de la Unión. 
La colaboración de Schengen ya ha avanzado algo y ahora la Unión tiene que sacar el máximo provecho de este trabajo. 
Además de esto, se necesitan también, en nuestra opinión, directrices más claras para la realización de operaciones conjuntas y para las tareas de formación y entrenamiento. 
Notamos también con beneplácito que en ambas medidas comunitarias se asigna un papel de importancia a Europol. 
Especialmente en cuanto al desarrollo de las estrategias actuales para descubrir las rutas del contrabando. 
Esto es algo que vemos como muy provechoso. 
La Comisión va a estudiar junto con los países miembros las mejores vías para ayudar a la realización de esas dos medidas comunitarias. 
Antes que nada, pienso en las posibilidades de otorgar ayudas mediante los Programas Oisin y Falcone. 
Para finalizar, la Comisión puede apoyar las enmiendas que han presentado Stewart-Clark y la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
En nuestra opinión, ellas contribuyen de forma meritoria a aclarar aún más el contenido de ambos instrumentos. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 15.00 horas. 
Programa «Leonardo da Vinci» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A4-0108/99) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0001/99-98/0196 (SYN) ) con vistas a la adopción de la decisión del Consejo por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional «Leonardo da Vinci» 
Señor Presidente, damas y caballeros, como ya sabrán todos ustedes, el programa Leonardo ha sido un elemento central en la crisis de la Comisión. 
Este programa ha sido motivo de atención, no por sus cometidos y objetivos de convertirse en el abanderado de la política de formación profesional de la Unión Europea, sino porque ha sudo asociado con la mala gestión, el fraude, el secretismo y el nepotismo. 
Mi tarea como ponente ha consistido en preparar un nuevo programa, Leonardo II. Mi principal preocupación ha estribado en garantizar que el nuevo programa Leonardo, cuyo inicio está previsto para el 1 de enero de 2000, redundará en un beneficio verdadero para los ciudadanos de la Unión Europea, que contribuirá a modernizar los sistemas de formación profesional mediante la promoción de la movilidad, la cooperación transnacional y la difusión de las buenas prácticas. 
El programa Leonardo ha de ser un laboratorio de innovación que aliente y permita a un amplio conjunto de socios y de participantes acceder a las nuevas oportunidades e ideas. 
Así pues, mi interés se ha centrado principalmente en los beneficiarios. Es significativo el compromiso que ha demostrado este Parlamento con los beneficiarios de este programa, ya que, a pesar de la crisis de la Comisión, ha proseguido su labor investigando, sometiendo a consultas y proponiendo mejoras en el programa Leonardo II. 
La Comisión, o algunos sectores de la misma, nos ha defraudado tanto a nosotros como a los beneficiarios del programa al no haber garantizado una gestión eficaz y adecuada del actual programa Leonardo, a pesar de lo cual creo que, como diputados al Parlamento Europeo, contamos con el apoyo necesario para lograr un mayor número de oportunidades mediante la mejora de los programas financiados por la Unión Europea. 
Por consiguiente, después de haber examinado los informes de auditoría y del Comité de Expertos Independientes, desearía recomendar al Parlamento la aprobación de dos enmiendas. 
Ni el Grupo Socialista, ni el PPE, ni la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo quieren ver cómo se perpetúa un sistema que permite al contratista hacer un mal uso de los recursos comunitarios para, a continuación, declararse insolvente. 
Por este motivo, solicitamos a los servicios de contabilidad de la Comisión que emprendan los trabajos administrativos necesarios para la aplicación de Leonardo II y, por lo tanto, hemos acordado ofrecer nuestro apoyo a la enmienda 34, la cual podría describirse como una muestra de antiguo laborismo, de nuevo conservadurismo o, incluso, de una tercera vía. 
A continuación me referiré en mayor detalle al resto de las enmiendas que han sido aceptadas en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
En primer lugar, me complace señalar que el Consejo ha aceptado numerosas de las enmiendas presentadas por el Parlamento en primera lectura. 
Además, tengo entendido que la Presidencia apoya el espíritu de diversas enmiendas que la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo ha vuelto a presentar para esta segunda lectura. 
Las enmiendas que se vuelven a presentar ahora se refieren a la complementariedad entre Leonardo II, el Fondo Social Europeo y las orientaciones de empleo. 
Estas enmiendas hacen un mayor hincapié en los sistemas de acceso para apoyar a los ciudadanos propensos a la exclusión y la discriminación- así como a las personas discapacitadas -, a la vez que incluyen a organizaciones no gubernamentales y pequeñas y medianas empresas en el conjunto de socios participantes. 
Las enmiendas que ahora se presentan nuevamente tienen también como objetivo mejorar los sistemas de evaluación y seguimiento, la gestión y los procesos de toma de decisiones. 
En breve, lo que intento es definir Leonardo II como un programa destinado a desarrollar los sistemas de formación profesional para todos, con un planteamiento integrador que contribuya a influir y desarrollar las oportunidades de formación en toda la Unión Europea, en contacto con el Fondo Social Europeo y las orientaciones de empleo. 
Con las enmiendas se persigue un nuevo programa que no esté asociado con el fraude, sino con un mayor número de oportunidades, con el rigor y con la transparencia. 
Igualmente, soy consciente de la importancia que reviste llegar hoy a un acuerdo sobre estas propuestas para comprobar que ha llegado el momento de contar con un nuevo programa, y que éste ha de dar comienzo el 1 de enero de 2000. 
No será posible cumplir este calendario si debemos esperar hasta mayo para que entre en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Así, de la misma manera que el programa Leonardo ha desempeñado un papel crucial para ilustrar las deficiencias de las estructuras de la Comisión, este nuevo programa Leonardo II, y las decisiones que adoptemos en el día de hoy, servirán para ilustrar un nuevo comienzo y una determinación por parte del Parlamento Europeo para seguir trabajando en favor de la creación de empleo y de las oportunidades de formación de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, la Sra. Waddington, que ha realizado un excelente trabajo con este informe, ha centrado su discurso en el contenido del programa Leonardo y lo ha hecho justificadamente. 
Yo, sin embargo, quiero abordar sobre todo su gestión. 
La inexistencia de una correcta gestión del programa Leonardo puede considerarse como una de las causas principales de la crisis en que nos encontramos en este momento. 
Resultaría ridículo que no le prestáramos atención durante esta sesión. 
Sería, sin embargo, ciertamente erróneo que las conclusiones que se puedan extraer del funcionamiento de las oficinas de asistencia técnica se concentren exclusivamente en lo que va a suceder con el programa Leonardo en el futuro, puesto que éstas constituyen un fenómeno común que encontramos en todas las Direcciones Generales. 
Así mismo, me parece acertado e inteligente extraer conclusiones de carácter general. 
De hecho, estas conclusiones ya figuran en el Informe del Comité de Expertos Independientes, en el que se señala que la Comisión nunca puede delegar responsabilidades políticas esenciales en particulares y que los contratos concluidos deben comprender obligaciones limitativas estrictas que, en su caso, garanticen que el interés general siempre se cumple y no el interés de las empresas privadas. 
Luego, el control de la Administración debe ser muy eficaz y ni tan siquiera se puede considerar la existencia de una fuerte dependencia de los asesores externos; cuestión que la Sra. Waddington ya ha señalado. 
Ésta es una lección que, en nuestra opinión, debe aprender la Comisión, pero sería absurdo hablar de lecciones que únicamente debe aprender la Comisión. 
Una de las lecciones claras que no puede olvidarse es que en la raíz de la crisis figura, entre otras, la política presupuestaria. 
El Parlamento Europeo ha hecho muchas preguntas, pero reiteradamente ha puesto pocos medios a disposición de la Comisión. 
Así mismo, considero que deben extraerse consecuencias claras del debate presupuestario y, sobre todo, de la segunda lectura, que tiene lugar en septiembre, y eso supone crear soluciones para problemas que derivan del pasado, lo que, a su vez, implica presentar un presupuesto más elevado para contratar peritos. 
Eso no significa, además, que yo crea que las oficinas de asistencia técnica son siempre malas. Si cumplen los criterios, pueden aliviar totalmente una necesidad temporal. 
Por último, nos encontramos en una situación completamente extraña. 
La Sra. Waddington ha tratado sobre todo con el Consejo, puesto que la Comisión no funciona en este momento. 
Eso implica que sobre el Consejo recae una obligación particular. 
Habitualmente, el Consejo solamente puede modificar mediante la unanimidad una enmienda adoptada por el Parlamento y aceptada por la Comisión. 
Esto falta en este momento. Ello supone que el Consejo podría imponer ahora el acuerdo alcanzado por la Sra. Waddington y la Presidencia alemana. 
Creo que la situación actual da lugar a que el Consejo se vea obligado a apoyar firmemente el acuerdo que ha concluido y a evitar, por ello, que se logre la unanimidad en el Consejo para rechazar el acuerdo celebrado con el Parlamento Europeo. 
Ésta es una faceta particular que creo merece una atención especial, no sólo en este tema, sino también en el siguiente. 
Señor Presidente, desde nuestro debate sobre la segunda fase del programa LEONARDO DA VINCI celebrado el 5 de noviembre del año pasado, han cambiado muchas cosas. 
Lo que sigue siendo igual es el objetivo. 
Queremos complementar y coordinar entre si las acciones que los Estados miembros realizan en la formación europea. 
Para lograr una mayor eficacia, perseguimos una vinculación con otros programas de formación, como SOCRATES y JUVENTUD, así como con iniciativas comunitarias y con los Fondos estructurales. 
La formación profesional es una aportación ideal a la innovación, a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la competitividad a largo plazo en los mercados mundiales. 
Sin embargo, se deben dar dos condiciones previas: por un lado, un sistema integrado y, por otro, unas dotaciones financieras suficientes. 
Actualmente, todos los conceptos clave como, por ejemplo, el fomento de una formación profesional de alta calidad, están vinculados a nuestra estrategia de lifelong learning, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, la reducción de cualquier tipo de discriminación, el acceso cualificado a la formación continuada y la especial consideración de las personas que realizan un reciclaje profesional, las que se reinsertan de nuevo, las excluidas, los minusválidos, los trabajadores de edad y el diálogo constructivo con organizaciones no gubernamentales. 
El aumento sustancial de fondos que exigimos para LEONARDO tiene también gran importancia. 
Nadie debería cuestionarlo seriamente en vista de los nuevos campos de tareas, de los nuevos plazos y de los nuevos campos de aplicación claramente ampliados. 
Sin embargo, ha cambiado drásticamente la aplicación, pues uno de los motivos del cese de la Comisión a comienzos de la última semana fue la deficiente gestión de LEONARDO. 
La llamada comisión de investigación ad hoc, el llamado Comité de Expertos Independientes, confirmó plenamente los resultados de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. 
Se produjeron numerosas irregularidades. 
«Se deben considerar como estímulo a la corrupción». 
Faltaron valoraciones neutrales en los procedimientos de licitación. 
En vez de ello, se dio preferencia en la adjudicación de contratos a organizaciones que estaban estrechamente vinculadas con la institución organizadora de la licitación. 
¡Con cuánta frecuencia personas interesadas se han quejado ante nosotros, los diputados al Parlamento Europeo, por decisiones sospechosas! 
La Sra. Comisaria Cresson no informó al respecto al Presidente de la Comisión ni al Parlamento Europeo. 
¿Cómo se dice en el informe de los Expertos Independientes? 
Cito: «Ya el sano sentido común dice que la Comisión tendría que haber apoyado al Parlamento en su proceso de adopción de decisiones». 
Es decir, se nos ocultaron hechos que habrían sido de gran importancia para la nueva concepción del siguiente programa. 
Apelo a Sue Waddington, quien de nuevo ha trabajado excelente y muy detalladamente, para que apoye las enmiendas del Grupo del PPE. 
Queremos que la Comisión no recurra a fuerzas del exterior para ejecutar LEONARDO sino a personal de sus propias filas mediante reestructuraciones, señor Liikanen. 
Tiene que seguir siendo responsable, no debe dejar en manos de otros la actuación y tiene que comprometerse a controlar con exactitud las acciones y el dinero. 
Las tareas de las instancias administrativas nacionales, nuestra segunda solicitud, tienen que solucionarse del mismo modo internamente y no por terceras personas. 
Con estas enmiendas, la Comisión debería lograr aportar transparencia y adoptar las medidas necesarias para que los controles de las tareas y gastos sean precisos. 
Para el futuro profesional de cientos de miles de jóvenes europeos merece la pena un reinicio de tal tipo. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, desde el punto de vista técnico, el programa es bueno. 
El anterior programa Leonardo también era bueno desde el punto de vista técnico y se presentaron diez veces más solicitudes de las que se podían admitir. El interés de los ciudadanos europeos por este programa es, por tanto, muy grande. 
La Sra. Waddington ha realizado su trabajo de forma sobresaliente y ahí no reside el quid de la cuestión. 
El punto central radica hoy, en mi opinión, en que hacemos como si no sucediera nada, como si el informe presentado por el Comité de Expertos Independientes no existiera y como si nosotros mismos no tuviéramos que extraer consecuencias. 
Creo que no es inteligente votar este programar esta tarde. 
De hecho, no sabemos todavía qué va a hacer el Consejo Europeo respecto del futuro de la Comisión Europea, cuánto tiempo va a transcurrir hasta que se solucionen de forma efectiva los problemas que han surgido para que pasen a formar parte del pasado. 
Lo proponemos de nuevo, señor Presidente, Señorías, y soy partidaria de que el presupuesto para el programa Leonardo aumente con el paso del tiempo, pero, por otra parte, en este momento no tenemos ninguna garantía de que los problemas que han surgido se resuelvan de forma adecuada. 
Solicitaré, así mismo, que la votación se aplace hasta abril. 
Esto puede hacerse sin problemas, Señorías, puesto que el COREPER se reúne el 14 de abril y la votación todavía podría celebrarse dentro del plazo estipulado. 
En todo caso, estamos seguros de que el Consejo Europeo se va tomar en serio la crisis y de que también quiere solucionarla. 
Para mi absoluta sorpresa, debo decir que sus Señorías han apoyado muy poco esta idea. 
No lo entiendo. 
Si no decidimos el aplazamiento, perdemos en este momento un medio de presión. 
Además, enfrenta a mi Grupo con el problema de votar o no votar. 
Todavía debo buscar una lista. 
No me gusta la idea de desperdiciar la posibilidad de una votación. 
Por tanto, tal vez pueda emplearse otro medio de presión para coaccionar al Consejo. 
No obstante, es preferible aplazar la votación y es el mejor mensaje político que podemos emitir. 
Señor Presidente, la gestión del programa Leonardo da Vinci ha sido objeto de una vigilancia muy importante, cosa de la que me congratulo. 
Lo que más me molesta en lo que se ha descubierto es el despilfarro de dinero que no ha servido para la formación. 
Ahora bien, sabemos que los programas son siempre objeto de conciliaciones, que, por lo demás, son más bien forcejeos, entre el Consejo y el Parlamento, para los planes financieros. 
Así, pues, comencemos por utilizar bien el dinero y ganaremos en eficacia. 
Sin embargo, es un programa que ha causado satisfacción. 
Su objetivo no está en entredicho, pero debe evolucionar, en particular hacia beneficiarios mejor seleccionados. 
Si se acusa a Europa de crear desempleo, debe aportar remedios. 
Y el programa Leonardo lo es, porque ha de mejorar la empleabilidad de las personas y la creación de empresas. 
No por ello deja de ser cierto que el Consejo y la Comisión son incorregibles, al no aceptar las enmiendas que establecían un acceso prioritario a ese programa de las personas discapacitadas ni tampoco conceder un acceso específico a las personas más desfavorecidas. 
Por lo demás, tampoco se ha aceptado el carácter complementario de ese programa con el FSE. 
¿Por qué siete años para ese programa? 
¿No son demasiados? 
¿De qué servirían las evaluaciones intermedias, si se asigna un período tan largo al programa? 
Por último, me resulta desolador que una vez más la posición común no conceda un gran espacio a los interlocutores sociales para la gestión de ese programa. 
Leonardo da Vinci es en Europa el símbolo de la creatividad y del ingenio. 
No se puede decir que sus virtudes hayan inspirado al Consejo y a la Comisión. 
Ésa es la razón por la que el ciudadano no cree en el valor añadido de Europa. 
Lo lamento. 
Hagamos que el Parlamento sea el aguijón de la Comisión y del Consejo para que tengan en cuenta al ciudadano. 
Señor Presidente, creo que aquí tenemos un ejemplo, entretanto es realmente clásico, de la problemática de los programas europeos. 
Un buen programa, un programa indispensable no es una patente de corso para una mala gestión. 
En el último debate ya dijimos que la Sra. Cresson tenía que ordenar urgentemente su casa en interés de LEONARDO II. 
Entretanto, han ocurrido cosas de mayor envergadura, pero la casa se está ordenando. En este aspecto, avanzamos. 
LEONARDO II ha hecho posible la dimensión europea de la formación profesional, el impulso de un aprendizaje a lo largo de toda la vida, no sólo como eslógan sino como oportunidad. 
Como Parlamento, tenemos una responsabilidad especial para hacerlo avanzar en diálogo con el Consejo. 
Naturalmente, tenemos que aclarar la cuestión de cómo se puede solucionar de modo eficiente la cuestión de la responsabilidad pública en el empleo de fondos públicos. 
Aquí no podremos recurrir sencillamente a antiguos modelos de administración pública. Estos ya no son eficaces. 
Necesitamos modelos modernos que utilicen también los medios de la concesión de contratas. Pero esto no puede significar que el dinero pase a ser autoadministrado por la economía o por estructuras mafiosas. 
Con toda seguridad, esto lleva al resultado que hemos visto. Hay que acabar con esto. 
Es necesario recuperar la responsabilidad pública. Esta es la tarea central que tienen que atacar ahora conjuntamente el Consejo y el Parlamento y que tiene que solucionar la nueva Comisión. 
Espero que la Comisión Caretaker actúe en este sentido. 
Señor Presidente, este programa Leonardo es importante, pero se ha gestionado mal. 
Esa mala gestión y los abusos que han salido a la luz me han impulsado a acudir a los tribunales por temor a que esto se encubra. Afortunadamente, esto no ha sucedido. 
Al contrario, ha supuesto un punto culminante en la crisis y estamos seguros de que esta podredumbre, al menos, va a desaparecer. 
Sin embargo, todavía no estamos tranquilos y quiero pedir a la Comisión que especialmente tenga cuidado de no amenazar en este momento con hacer fracasar los asuntos y que no se refugie en que los asuntos, los expedientes han sido precintados por el tribunal. 
En este momento, la continuación del programa Leonardo es inimaginable y esto no es responsable. 
El programa amenaza con interrumpirse por ello, puesto que ni siquiera se atienden las solicitudes. 
A pesar de todo, es posible que expertos del personal de la anterior OAT impulsen inmediatamente el trabajo. 
El argumento de que los expedientes han sido precintados no es válido, teniendo en cuenta que existe una copia de todos los expedientes que se puede utilizar, con tal que se alcance un acuerdo sensato e inmediato entre la Comisión, el interventor y el juez de instrucción. 
En el futuro debe evitarse tanto como sea posible e, incluso, excluir la práctica de las OAT, aunque sólo sea para impedir que bajo la mirada de la Comisión de Asuntos Sociales de nuestro propio Parlamento, se siga, mediante estas OAT, una política de personal que pueda ser diametralmente opuesta a la legislación social de los Estados miembros. 
Por consiguiente, pido que, sin más demora, la Comisión, el Consejo y el Parlamento colaboren con el objeto de exigir que los expedientes se pongan sobre la mesa y que un programa que todos consideran tan importante pueda continuar de forma efectiva en el futuro. 
Señor Presidente, quisiera subrayar la importancia del programa Leonardo. Así mismo, quisiera agradecer sinceramente a la Sra. Waddington todo el trabajo que le ha dedicado. 
Pienso que es extraordinariamente importante para el mercado europeo de trabajo que la gente obtenga experiencia en otros Estados miembros y eso se logra con este programa. Lo demuestra también el exceso de solicitudes. 
Quisiera tomar en consideración la cuestión de las OAT, porque eso es lo que nos ha preocupado más últimamente. 
Estoy completamente de acuerdo con lo que especialmente Wim van Velzen y Thomas Mann han opinado sobre este asunto. 
Sin embargo, pienso que ocurre algo más. 
El Comisario ha dicho en la Comisión de Presupuestos que todos los que se oponen a las OAT son en el fondo old labour. 
Me siento bastante afectado por ser calificado de old labour, teniendo en cuenta que mi abuelo acudía al Malieveld para evitar que estallara una revolución socialista en los Países Bajos y, no obstante, creo que sólo caben grandes dudas respecto de esas OAT. 
Estoy de acuerdo con todos los que dicen, al igual que Wim van Velzen, que en determinados casos las OAT son aceptables, pero en casos muy limitados, creo yo. 
Señor Presidente, en general, existe un problema con el core business of government. 
Eso es lo que ha sucedido aquí. 
La quiebra pone de manifiesto los problemas que realmente existen. 
Todo el asunto se para porque un juez belga tiene que decidir sobre algo que en el fondo es un asunto europeo. 
Creo que esto es un error ¿Qué se pensaría si, por ejemplo, toda la administración de la seguridad social de Finlandia se encargara a Suecia y la empresa sueca quebrara? 
Esto ocasionaría, creo yo, algunos problemas en Finlandia. 
Pienso que lo debemos tener cuenta. 
Si creamos una OAT, superamos las competencias de la Unión. 
Hay que pensar también en las situaciones de quiebra, ¿no se daña en gran medida los intereses de la Unión? 
Otro punto que, por supuesto, también cuenta mucho es la cuestión de los pagos de la seguridad social. 
Existen cientos de casos en que se ha pagado mal, o bien no se ha pagado absolutamente nada de la seguridad social. 
El control de la Comisión es insuficiente entonces. 
Ante las autoridades belgas se defiende muchas veces que ésta es una consecuencia de Europa, algo que en el fondo no es cierto, ya que resulta que simplemente se entra en el ámbito del derecho belga. 
Esto ocasiona una situación sumamente desagradable. 
Por eso, creo que justamente en este programa, que ha dado lugar a toda las OAT, no se debe autorizar ésta. 
No nos lo podemos permitir. 
El Consejo no lo puede consentir, si realmente está efectuando una limpieza a fondo. 
No podemos permitirlo y, por tanto, hay que buscar soluciones presupuestarias para arreglarlo, no hay otro remedio. No podemos aceptar explícitamente una OAT en este programa. 
Si hacemos eso, entonces, careceremos totalmente de credibilidad. 
De ahí que hayamos presentado esa enmienda, la cual soluciona, creo yo, este asunto y, por lo menos, muestra las consecuencias de esta OAT. 
En este caso, la OAT es bad y no tenemos que olvidarlo. 
Señora Presidenta, éste es un buen informe que promoverá la oferta de estudios, prácticas y empleo en Europa, combatirá la discriminación y fomentará tanto la igualdad de oportunidades para los sexos como la integración de los minusválidos en el mercado de trabajo y en la vida profesional. 
Esto es especialmente importante para las empresas pequeñas y medianas y para aquellas firmas orientadas hacia la industria y la manufactura. 
Es de vital importancia que las partes del mercado de trabajo participen en esta cooperación desde el comienzo con el fin de fortalecer las perspectivas de empleo, puesto que el objetivo de los estudios es la obtención de un puesto de trabajo. 
Tenemos que colaborar para disminuir el paro y aumentar el empleo en Europa. 
Es una de nuestras tareas más relevantes. 
Sin embargo, para que este programa tenga credibilidad, habrá que introducir controles, evaluaciones, informes periódicos al Parlamento y transparencia. 
Sinceramente, opino que es como una provocación que el mismo día que debatimos la dimisión de la Comisión tratemos el Programa Leonardo de Vinci, que ha sido una de las principales causas de la dimisión por fraudes, engaños y mala administración de dinero. 
Lo natural habría sido que se aplazase la votación del programa hasta que se hubiesen investigado los problemas de mala administración del dinero en los programas anteriores. 
Espero que otros también vean la importancia de esto, pensando en la opinión que la gente se pueda formar de nosotros y de nuestro trabajo en el Parlamento. 
De todas maneras, es algo que desde nuestro Grupo vamos a destacar frente esta decisión. 
Señora Presidenta, mi presencia aquí se produce en circunstancias excepcionales, por lo que seré muy breve. 
En primer lugar, la Comisión puede aceptar 30 de las 33 enmiendas que se han presentado al Informe Waddington. 
Las enmiendas que no podemos aceptar son la 12 y la 21. 
Por lo que respecta a la enmienda 26, la principal enmienda en lo relativo a las oficinas de asistencia técnica, tengo previsto exponer las reservas de la Comisión por escrito. 
El mencionado punto ya se ha abordado anteriormente en este hemiciclo con motivo del debate sobre las prioridades presupuestarias para el ejercicio 2000. 
Entonces, la ponente mantenía que no se debían suprimir por principio todas las oficinas de asistencia técnica, sino que había que garantizar que éstas no desempeñaran tareas correspondientes al sector público. 
Hemos examinado las normas generales en este ámbito, y he de decir que estas oficinas de asistencia general se han venido utilizando con toda claridad de una manera muy difusa, así como que han desempeñado dos tareas distintas. 
Hemos de lograr una situación que nos permita definir claramente las tareas encomendadas a las oficinas de asistencia técnica en lo relativo a la normativa frente a conductas poco profesionales, a las normas para una gestión adecuada de los recursos y, en último lugar pero no por ello menos importante, por lo que respecta al importante punto que ha señalado el Sr. Pronk, en el sentido de que debemos contar con un auditor autorizado exterior para cada oficina de asistencia técnica, con el fin de lograr el cumplimiento del conjunto de las legislaciones nacionales. 
De esta manera se podrían establecer bases distintas a las funciones que desempeñan dichas oficinas. 
No obstante, es evidente que- a corto y medio plazo- necesitamos soluciones para las tareas de carácter temporal y a corto plazo, y que éstas han de llevarse a cabo con rapidez. 
Hemos de traspasar a la administración pública europea las tareas con un componente de toma de decisiones, es decir, aquellas tareas que impliquen un poder político. 
Tengo previsto ofrecer más tarde a la Sra. Waddington un mayor número de detalles acerca de esta posición. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 15.00 horas. 
La sesión se interrumpe a las 12.10 horas para reiniciarse a las 15.05 horas 
Bienvenida 
Señorías, quisiera saludar al Premio Nobel de Literatura, José Saramago, que está aquí presente en la tribuna de invitados de este Parlamento. 
Fuertes aplausos 
Señor Presidente, intervengo sobre una cuestión de orden. 
Sé que aquí todos nos quejamos de la falta de interés que se demuestra por los trabajos de este Parlamento, pero hay que decir que, en parte, la responsabilidad es nuestra. 
Anoche, a las 20.50 horas, un miembro de la misión japonesa intentó acceder al Parlamento para escuchar el debate sobre el informe del Sr. Tindemann relativo a KEDO. 
Nuestro personal de seguridad le hizo saber que la sesión había ya finalizado. 
Habida cuenta de que yo mismo estuve presente aquí, con muchos más diputados, entre las 21.00 y las 23.00 horas, creo que podríamos hacer llegar a nuestro personal de seguridad no solamente el calendario de los períodos parciales de sesiones, sino también un horario de actividades. 
Vamos a examinar este hecho de inmediato y adoptaremos las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. 
Señor Presidente, acabo de saber, por un despacho de la Agencia Reuter, que en un automóvil del Sr. Le Pen en Bruselas se han aprehendido armas: se han encontrado en su automóvil un fusil de aire comprimido, granadas lacrimógenas y un revólver. 
Quiero saber qué puede hacer la Presidencia para que el prestigio del Parlamento no se vea afectado por actos de esa gravedad. 
Aplausos 
Creo, señor Duhamel, que el Sr. Martinez va a explicarnos la razón de la presencia de esas armas, suponiendo que se trate de un hecho real. 
Señor Presidente, tiene usted razón al decir «suponiendo que se trate de un hecho real». 
El Sr. Duhamel ya señaló a su atención la presencia de un presidente del Senado chileno pinochetista y usted le respondió que no era de Pinochet. 
Pues bien, lo mismo ocurre hoy. 
Las armas en cuestión se reducen a una bomba lacrimógena, de tipo «pssst, pssst» , que se puede comprar en cualquier supermercado. 
Eso es lo que llama «riot guns» o yo qué sé. 
Yo mismo le he enviado, hacia las 11, 30 horas, una carta. 
Nuestro colega y presidente de nuestro Grupo, el presidente Le Pen, disfruta de protección oficial por parte del Ministerio de Interior francés que cesa en la frontera franco-belga, pues aún existe, señor Presidente, una frontera franco-belga, por lo que los agentes oficiales del Ministerio socialista de Interior francés no pueden llegar hasta Bruselas. 
Para el trayecto desde la frontera hasta Bruselas, el presidente Le pen garantiza su protección con un guardaespaldas oficial y un conductor. 
El guardaespaldas oficial tiene licencia oficial de armas como todos los body-guards, señor Presidente. 
De eso se trata. 
No se trata de cohetes, de lanzamisiles, de coches cargados de qué sé yo qué traficante de armas serbio o albanés. 
Se trata simplemente de una pequeña bomba lacrimógena y de una licencia de armas de un guardaespaldas oficial. 
Ahora bien, como llega la primavera, señor Presidente, con los cambios climáticos, el encéfalo del Sr. Duhamel se ha viso afectado, si es que no ha consumido carne de bovino británico. 
De eso se trata, señor Presidente. 
Desinflemos el globo del Sr. Duhamel. 
Aplausos, señales de aprobación, algunos diputados golpean la mesa 
Mientras no haya terroristas, no hay armas, no hay cohetes, no hay delincuencia. 
Simplemente en la carta que le he enviado, le pido, señor Presidente, que haga respetar las inmunidades de los diputados a este Parlamento. 
Muy bien, creo que todo el mundo está informado. 
Quien quiera más detalles puede pedirme una copia de la carta de Su Señoría. 
Así, queda zanjado el asunto y no concederé el uso de la palabra a nadie para hablar de este asunto. 
Aquí no tenemos que debatir cuestiones que corresponden al orden público belga. 
Nada de asuntos personales. 
Señor Presidente, yo no voy a hablar de armas, sino de otro tipo de terrorismo. 
Hemos construido un magnífico edificio, la sede de este Parlamento, donde se han delimitado también las zonas para fumadores y para no fumadores. 
No digo nada en contra de los fumadores, todo el que quiera puede ahumarse tranquilamente como mejor le convenga, pero desearía que respetaran a las personas que no fumamos, que dejaran tranquilas las zonas reservadas a los no fumadores y que, de esta manera, nos permitan también disfrutar de un entorno libre de humos. 
Aplausos 
Espero que el Presidente intervenga ante esta situación que tiene lugar en los pasillos, cafeterías y restaurantes de este Parlamento. 
Esas medidas, en principio, están tomadas y, lógicamente, hay que pensar que las indicaciones de No fumadores serán respetadas, pero volveremos a recordarlo si es necesario. 
Votaciones 
No habiéndose presentado oposición alguna por escrito, se considera aprobada la resolución contenida en este informe, y se publicará en el Acta de la presente sesión. 
Señor Presidente, me pregunto por la admisibilidad de nuestra propia enmienda. 
La versión francesa comprende ya los términos que quiero añadir: «los miembros de la Comisión». 
¿Es el texto francés el que da fe o el texto inglés? 
Si es el texto inglés, mantengo la enmienda, porque no creo que abarque esa mención. 
Si no, creo que conviene retirarla. 
Es el texto inglés y vamos a votar la enmienda de Su Señoría. 
Antes de la votación sobre la enmienda nº 14 
Señor Presidente, me parece que la enmienda 3, que figura en la lista de votaciones, después del párrafo 9, tiene el mismo objeto, pero va más lejos. 
Creo que convendría someterla a votación antes de la enmienda 14. 
La enmienda de Su Señoría forma parte de la votación, pero más adelante. 
Ésta se inserta después del párrafo 2 y la otra vendrá después del párrafo 9, creo. 
Así, pues, la someteré a votación después. 
Señor Presidente, el Sr. Fabre-Aubrespy tiene razón en esta ocasión. 
La enmienda 3 va más lejos y debe ser sometida a votación en primer lugar. 
Si es así, no tengo ninguna objeción. 
Antes de la votación sobre la enmienda nº 19 
Tan sólo una palabra, señor Presidente, sobre la enmienda 19. 
Se trata de una enmienda muy importante, que consiste simplemente en pedir que el Comité de Expertos, al que se atribuyen con razón todas las calidades, se interese por el funcionamiento administrativo y financiero del Parlamento. 
En un momento en que toda la opinión pública contempla lo que ocurre... 
El Presidente retira la palabra al orador 
En relación con la enmienda nº 12 
Señor Presidente, Quiero retirar la primera parte de mi enmienda 5a pues veo que esta parte de la responsabilidad individual de los Comisarios se contiene en el artículo 5, pero sigo presentando la 5b, la exigencia al Consejo para que se determine lo más rápidamente posible un procedimiento que haga posible pedir responsabilidades a los Comisarios individualmente. 
El autor de la enmienda puede retirarla y, si nadie la hace suya, queda retirada. 
Por tanto, la parte primera de la enmienda nº 12, el apartado 5 bis, queda retirada. 
A continuación, procedemos a votar el apartado 5 ter de la enmienda nº 12. 
Tiene la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy. 
Señor Presidente, quería decir que hacía mía esta enmienda proponiendo al Parlamento una versión oral modificada. 
Esta versión es extraordinariamente simple. 
Es la siguiente: «Exige que no puedan formar parte en ningún caso de la futura Comisión los miembros dimisionarios de la Comisión». 
Sólo se puede votar sobre una enmienda oral, si los diputados no se oponen. 
Me parece que está bastante claro que hay oposición a esa votación. Así, pues, no puedo aceptarla. 
¿Hay 12 diputados que se opongan a que votemos esta enmienda oral del Sr. Fabre-Aubrespy? 
Por lo tanto, no se puede someter a votación. 
Señor Fabre-Aubrespy, ¿hace suya Su Señoría la enmienda en su forma actual? 
He visto lo que ha ocurrido delante de todo el público y de todo el Parlamento y estoy satisfecho. 
En relación con la enmienda nº 1 
Señor Presidente, por lo que respecta a la próxima enmienda, la nº 1, desearía preguntar al Sr. Cox si está dispuesto a aceptar una enmienda oral. 
No me plantea ningún problema el principio que está intentando introducir, es decir, que hemos de contar con una nueva Comisión antes de que finalice la presente legislatura. Sin embargo, creo que, en caso de que fuera necesario, de esta manera dispondríamos de un poco más de tiempo. 
Le estaría muy agradecida si estuviera dispuesto a aceptar una enmienda oral en los términos «deberá someterse a aprobación antes del 5 de mayo o, a más tardar, antes de que concluya la actual legislatura parlamentaria». 
De esta manera, dispondríamos de un poco más de flexibilidad. 
Señor Presidente, esto parece más bien un concurso televisivo, ya que me están llegando consejos por todos los lados. 
Me parece bien, siempre y cuando indiquemos unas preferencias de calendario, y seamos lo suficientemente realistas para darnos cuenta de que no tenemos bajo control todas las posibilidades. 
Nos gustaría que el Consejo nos ayudara con el calendario más próximo posible pero, si no consigue designar una Comisión antes del 5 de mayo, deberíamos tener como mínimo el recurso de aprobar la Comisión antes de que concluyera la actual legislatura. 
Me gustaría mantener la fecha prevista, y puedo aceptar este último recurso como una adición al texto, siempre que cuente con la aprobación de la Cámara. 
Más de 12 diputados se oponen a la adición oral propuesta para la enmienda nº 1 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señorías, el texto de la resolución que acabamos de aprobar estará disponible a partir de esta tarde y en todas las lenguas. 
Señor Presidente, Señorías, acabamos de adoptar una resolución en la que solicitamos a la Cumbre que presente una nueva Comisión. 
Ahora nos piden que votemos la continuación del Informe Leonardo, un informe de nuestra colega, la Sra. Waddington, que en sí no tiene nada malo. 
La Sra. Waddington ha realizado un trabajo magnífico, pero mi Grupo considera extraordinariamente erróneo votar en este momento, como si no pasara nada, un informe, mientras no sepamos si el Consejo va a aceptar su responsabilidad y realmente va a presentar las propuestas adecuadas en la próxima Cumbre. 
Técnicamente es posible aplazar esta votación hasta abril. 
Mi Grupo es partidario de esto y, por tanto, solicitamos el aplazamiento de la votación. 
Señora Boogerd-Quaak, si la he entendido bien, Su Señoría pide el aplazamiento de la votación de conformidad con el artículo 131 de nuestro Reglamento. 
Así, pues, voy a pedir la intervención de un orador a favor y otro en contra, pero en primer lugar del ponente. 
Señor Presidente, quiero que se sepa que me opongo a la propuesta de la Sra. Boogerd-Quaak para devolver esta cuestión. 
No hay ninguna cuestión que debatir en comisión, y lo que queremos es enviar hoy un enérgico mensaje al Consejo y a la Comisión acerca de este nuevo programa. 
Es vital que tanto el Consejo como la Comisión tengan tiempo para introducir el nuevo programa antes del 1 de enero de 2000. 
Es ahora cuando se deben llevar a cabo los preparativos y, dado que no estamos en desacuerdo, creo que debemos proceder a la votación esta misma tarde. 
Aplausos 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tenemos que aprender a diferenciar entre programas europeos y su mala aplicación por parte de la Comisión. 
Decir que es un buen programa por lo que puedo hacer lo que quiera, no puede ser una patente de corso, tal como ha hecho la Sra. Cresson. 
Pero, a la inversa, tampoco podemos poner en peligro un buen programa suspendiéndolo por haber constatado una gestión deficiente. 
Debemos mantenerlo realmente por separado, por lo que debemos votar hoy. 
Aplausos 
(El Parlamento rechaza la petición) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señorías, la Comisión de Asuntos Exteriores ha presentado tres enmiendas sobre su propia propuesta de resolución, a fin de tener en cuenta las declaraciones del Comisario, Sir Leon Brittan, hechas aquí anoche durante el debate relativo a la implicación del Parlamento Europeo en los acuerdos internacionales que caen en el ámbito del Tratado Euratom. 
La Comisión de Asuntos Exteriores presenta, por tanto, tres enmiendas más la decisión de renunciar a los párrafos 4 y 5 del texto propuesto que sugerían el bloqueo de la financiación para la KEDO. 
Como ponente, y de acuerdo con los ponentes para opinión de las Comisiones de Investigación y de Presupuestos, ruego al Parlamento que apruebe las enmiendas 1, 2 y 3 y que vote en contra de los párrafos 4 y 5. 
El Parlamento aprueba la resolución 
El Consejo no estuvo anoche presente durante el debate sobre la pregunta oral. 
En nombre de todos los presentes, pregunté si la Presidencia podría responder a dicha pregunta antes de la votación de hoy. 
¿Ha emitido alguna respuesta el Consejo? 
Me dicen que hemos recibido, en efecto, una respuesta, señor Brinkhorst, y, por tanto, que la intervención de Su Señoría ha sido fructífera. 
Señor Presidente, ¿podría hacer llegar esta respuesta a los diputados? 
Evidentemente, si efectivamente hemos recibido esa respuesta, la distribuiremos. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera decir algo sobre las enmiendas presentadas por los Grupos de Coalición Radical Europea en cuanto a las resoluciones propuestas relativas a las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular Democrática de Corea. 
Anoche, durante el debate sobre esta cuestión, desconocíamos las enmiendas, así que no pude opinar o comentar nada sobre éstas. 
La resolución propuesta, sobre la que dentro de poco tendremos que votar, fue presentada por la Comisión de Asuntos Exteriores como complemento de su informe sobre la KEDO, con el motivo explícito de, acertadamente, intentar terminar con la desconfianza de ese estado norcoreano tan aislado e incorporarlo más a la comunidad internacional. 
Los tres ponentes de las Comisiones de Asuntos Exteriores, de Presupuestos y de Investigación se han implicado en el asunto. Buscaron enlaces, encuentros y cómo hacerlos posibles ¿Cómo podemos encontrar elementos para crear una posible confianza mutua, que incluyan, entre otras cosas, también los contactos parlamentarios? 
Se trata de encontrar los elementos necesarios para hacer posible el diálogo. 
Como demócratas convencidos podíamos haber formulado críticas obvias y éstas, por lo visto, forman la base de las enmiendas de los Radicales Europeos. 
No obstante, permítanme señalar aquí que la intención de la resolución propuesta no era mostrar ahora una actitud principalmente crítica. 
Somos muy conscientes de que si no podemos lograr mejores contactos con Corea de Norte, si no podemos convencer a Corea de Norte para que se convierta en miembro de la comunidad internacional, tendremos que contar con una catástrofe humanitaria y, quizás también de seguridad, de grandes dimensiones. 
La Comisión de Asuntos Exteriores diseñó la resolución propuesta con mucho cuidado, incluyendo las contribuciones de los también ponentes, Sres. Ford y Brinkhorst. 
Por tanto, me atrevo a pedirles que no aprueben las enmiendas de los Radicales Europeos y que mantengan la resolución de propuesta tal como fue presentada por la Comisión de Asuntos Exteriores, completa y sin modificaciones. 
Señor Presidente, en el nivel del procedimiento, quisiera decir que sería el colmo, la verdad, que no pudiéramos votar estas enmiendas. 
No pudimos presentar enmiendas en la Comisión de Asuntos Exteriores y, si no pudiéramos presentar enmiendas en el Pleno, me parecería el colmo, la verdad. 
En el nivel del fondo, el Sr. Tindemans defiende la tesis de la confianza. 
Nosotros sostenemos la tesis opuesta, porque con un régimen psicopático no se puede tener confianza. 
Hay que poner ese régimen bajo tutela internacional, ¡y hay que hacerlo en seguida! 
Señor Presidente, solamente deseo decir que, en aras de mantener el consenso que ha reinado durante la elaboración de este informe, quisiera retirar, de las enmiendas que ha presentado mi propio Grupo, la mitad de dos de ellas. 
De la enmienda nº 1, que dice: «Recuerda las incursiones de Turquía en la zona» , quisiera retirar todo lo demás, y de la enmienda nº 4 que dice: «Pide a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión un renovado esfuerzo para formular una política exterior común, visto el reto que plantea la represión del pueblo kurdo» , suprimir todo lo demás. 
Estos son los términos en los que me gustaría que se hiciera la votación. 
Quisiera decir, además, señor Presidente, como ha hecho mi colega Brinkhorst, que también ayer me encontré con que el Consejo estaba ausente cuando se discutía este informe. 
Este es un documento del Consejo que llegó a la Comisión de Libertades Públicas para consulta un año después de su aprobación. 
Que además ahora no sepamos ni siquiera si el Consejo ha dado acuse de recibo de este informe, me parece un poco excesivo. 
Quisiera saber si la petición de expresar nuestra protesta al Consejo y de pedir su respuesta, que hice ayer, ha sido atendida. 
Gracias, Señoría. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señor Presidente, con pesar he tenido que abstenerme en esta votación y voy a indicar los motivos de ello. 
En el fondo estoy muy de acuerdo pero hay dos puntos que no puedo aceptar. 
El primero es que mediante esta resolución se abre el camino para que esta llamada comisión de expertos que, por lo demás ha realizado aquí un buen trabajo, siga trabajando eternamente. 
Es sencillamente una equivocación del Parlamento encargar a personas de fuera estas tareas en lugar de hacerlo a las instituciones propias, en el presente caso, a la Comisión de Control Presupuestario. 
Este es el primer motivo. El segundo motivo es que la resolución es demasiado débil para mí. 
Se debería haber actuado con mucha más energía y claridad, pues este era un asunto en el que el Parlamento ha mostrado por fin algo de fuerza y con esta resolución se podría haber reflejado mejor. 
Señor Presidente, como no tuve oportunidad de intervenir ayer en el debate, deseo decir en primer lugar cuánto lamento que, a consecuencia del informe del Comité de Expertos Independientes y de sus conclusiones, bastante arbitrarias, a consecuencia también de reacciones irreflexivas e irresponsables, procedentes de algunos sectores de este Parlamento, se haya hecho creer a una parte de la opinión pública que la construcción europea era tan sólo una operación sórdida de fraude, despilfarro e irresponsabilidad. 
Por fortuna, no es así y deseo también rendir homenaje a la Comisión Santer por el balance de sus cuatro años de trabajo en los que ha realizado todo el programa político que el Presidente Santer presentó a este Parlamento. 
Además, no hay que negar la evidencia de que ha sido la Comisión Santer la que ha adoptado decisiones y medidas para hacer una gran limpieza de la herencia Delors por lo que se refiere a las desviaciones administrativas y de otra índole. 
La Comisión Santer no merece que los expertos independientes la califiquen de irresponsable en lo relativo al control de su administración. 
Lamento que sea, en particular, una Comisaria la que no haya sabido actuar como buena política y sacar a tiempo las consecuencias de sus actuaciones y su evidente favoritismo dimitiendo. 
Ha dado un mal ejemplo que perjudica a toda la clase política femenina europea. 
Por último, no he votado contra la resolución. 
Me he abstenido porque salva la cara, por decirlo así, al pedir un calendario razonable sobre la designación de una nueva Comisión. 
No obstante, no he podido votar a favor de la resolución, porque el párrafo 2 está desequilibrado en lo relativo al juicio, demasiado generoso, sobre las conclusiones, demasiado arbitrarias, del Comité de Expertos, al que, por desgracia, se ha pedido que continúe. 
Señor Presidente, yo también he votado a favor de la resolución. Sin embargo, soy de la opinión de que el Parlamento no se ha cubierto precisamente de gloria. 
Habría sido mejor si en enero el Parlamento hubiese tenido el valor de exigir más consecuencias. 
Creo que en el futuro no sólo debemos exigir una nueva estructuración para la Comisión sino que debemos tener también más autoconciencia frente a ésta. Voy a exponer un ejemplo. 
Me parece sencillamente inaceptable cómo la Comisión nos despacha con nuestras preguntas por escrito. Lo que se dice en estas respuestas es en parte sencillamente ridículo. 
Desearía que por fin el Presidente de la Comisión y también la Mesa del Parlamento muestren claramente a la Comisión que esperamos respuestas auténticas, respuestas que más tarde sean justiciables frente a la Comisión. 
No necesitamos observaciones que ya conocemos. 
En segundo lugar, quisiera que se examinase sin tabúes si se ha producido realmente una financiación indirecta de partidos. 
Espero que estos informes se publiquen antes de las elecciones al Parlamento Europeo para proporcionar a los contribuyentes la posibilidad de mostrar claramente en favor de quién se deciden. 
Resumiendo: creo que el Parlamento no debería aceptar el trato que le da la Comisión, por lo que ruego expresamente a la Mesa que actúe para que en el futuro se respondan con mayor precisión y exactitud las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Señor Presidente, habrá que modificar el título de la resolución para tener en cuenta la enmienda 16, que se ha aprobado. 
Así, pues, se trata en efecto de la dimisión de los miembros de la Comisión. 
Sobre el fondo, quisiera decir que la mayoría de los miembros del Parlamento no ha obtenido la lección de los últimos acontecimientos, a la vez sobre la substitución de los miembros de la Comisión y sobre el Comité de Expertos. 
Por lo que se refiere a la substitución de los miembros de la Comisión, por error se ha rechazado nuestra enmienda 20, que propugnaba que no se prorrogara el mandato de ninguno de los Comisarios. 
En efecto, el informe del Comité de Expertos es muy claro. 
Lo que ha sancionado, lo que ha condenado, ha sido una responsabilidad colectiva, responsabilidad colectiva de los miembros, de los Comisarios mismos y también de la Comisión como institución, tanto la Comisión actual como la que la precedió. 
Al aprobar el párrafo 7 de la resolución, la mayoría de los diputados al Parlamento ha mostrado que no sacaban la lección de ese informe y sobre todo de numerosas declaraciones que han hecho los expertos desde entonces. 
Había que hacer una limpieza definitiva, había que nombrar a una Comisión interina especial, compuesta también de expertos en gestión encargados de aportar el remedio, como los expertos independientes han aportado el diagnóstico. 
Por lo que se refiere a este Comité de Expertos, no ha sido correcto concederle el poder de presentar un informe hasta el 1 de septiembre. 
Por lo demás, se ha condicionado el próximo mandato, se le ha denegado la capacidad para interesarse por el funcionamiento del Parlamento. 
Una vez más se han recortado las competencias del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en la votación sobre esta resolución me he abstenido sobre todo por un motivo: me parece negativo que en esta resolución se prolongue prácticamente el mandato del Comité de Expertos Independientes. 
Ha realizado un buen trabajo pero en la última votación he votado también en contra de dicho Comité de Expertos porque estoy convencido de que para este Consejo no existe ningún fundamento jurídico. 
Esto me lo han confirmado también diversos dictámenes, por ejemplo, del antiguo diputado del Parlamento y actual Fiscal general en el Tribunal de Justicia, Siegbert Alber. También él ha expuesto claramente su opinión y ha dicho que para este Comité de Sabios no existe ningún fundamento jurídico. 
Por ello, no he podido pronunciarme a favor. 
Sin embargo, también tengo que decir que en esta resolución figuraban algunas cosas muy positivas. No sólo se insta al Consejo a establecer una responsabilidad propia de los Comisarios sino que además en esta resolución se dice que el Parlamento tiene que achacar al Consejo un cierto olvido de sus obligaciones pues en diversas ocasiones tendría que haber adoptado postura, lo que no ha hecho y que ha sido necesario realmente sobre todo el trabajo de la Comisión de Control Presupuestario y de este Parlamento para poner aquí algo en marcha. 
Señor Presidente, ésta es la primera vez que formulo verbalmente una explicación de voto, y espero hacerlo correctamente. 
En cuanto a esta resolución, he optado por abstenerme de votar en las votaciones particulares y he votado favorablemente al final porque, por razones de tiempo, me ha sido muy difícil seguir sus numerosos cambios. 
Por tanto, he optado por abstenerme de votar durante la resolución misma pero, obviamente, opino que la protección al denunciante, la transparencia, etcétera, que están en la resolución, son importantes. Por eso voté favorablemente al final. 
Gracias, señora Palm. 
Como ve, Su Señoría se las ha arreglado muy bien. 
Siempre he creído que una Comisión fuerte es vital a la hora de proteger los intereses de los países pequeños. 
Es importante para el futuro de la Unión Europea que contemos con una Comisión fuerte en el centro de nuestra vida política. 
La historia de los últimos veinticinco años nos ha demostrado con creces cómo las sucesivas comisiones han venido apoyando con justicia y generosidad los intereses irlandeses. 
A pesar de los acontecimientos que han tenido lugar recientemente, sigo teniendo la misma opinión. 
Inevitablemente, se verá la Comisión provisional como un ente sin futuro, pero a veces este tipo de entes puede depararnos sorpresas. 
Espero que el Consejo de Berlín designe un nuevo presidente para permitir cuanto antes la creación de una nueva Comisión. 
Muchos Gobiernos decidirán designar nuevamente a sus comisarios actuales por motivos de orden práctico. 
La Comisión provisional deberá hacer de la reforma de las instituciones su prioridad absoluta. 
Asimismo, también es importante que reconozcamos que las evidencias verdaderamente graves de fraude se circunscriben a los Estados miembros, y que, como ha dejado bien claro el Tribunal del vacuno de Dublín, una gran parte de este fraude está particularmente relacionado con la administración de la Política Agrícola Común. 
Hemos de disponer en el futuro de una Comisión fuerte, renovada e independiente que sea capaz de evitar el fraude y de dar a Europa el empuje político que claramente necesita nuestro continente. 
No hemos votado a favor de la resolución del Parlamento que sigue a la dimisión de la Comisión, pues nos parece bastante hipócrita: por una parte, pide el fortalecimiento de la responsabilidad de la Comisión y de la dimensión democrática de la Unión Europea (párrafo 4) , pero, por otra, pide que el segundo grupo de expertos independientes sobre los asuntos de fraude no presente su segundo informe hasta septiembre de 1999. 
¿Se quiere así evitar que se expongan asuntos molestos ante los ciudadanos durante la campaña de las elecciones europeas? 
¿Es ése el comportamiento democrático cuya resolución se reclama? 
De todos modos, rechazamos la posición mayoritaria de esta Asamblea, según la cual habría que buscar la solución de la crisis en el fortalecimiento de los poderes del Parlamento Europeo. 
Se trata de una simple operación de recuperación política orquestada por los federalistas. 
En cuanto al fondo, ese supuesto remedio no curaría nada, muy al contrario. 
Antes de pedir a voz en grito un nuevo avance en los poderes de Bruselas, habría primero que formular, de todos modos, la siguiente pregunta: ¿por qué el fraude? 
Entonces se vería que el federalismo europeo, que se nos propone de repente como la panacea, ha constituido, desde sus balbuceos, la causa misma del mal que se denuncia. 
En realidad, el fraude se desarrolló porque se construyó en Bruselas un espacio opaco, divorciado de los ciudadanos, por el que transitan enormes sumas de dinero y sobre el cual no se aceptaba- y sigue sin aceptarse- control directo alguno de las naciones. 
Naturalmente, en los textos existe un control del Parlamento Europeo sobre el presupuesto comunitario. 
Pero, pese a derivas patentes, nunca había funcionado de verdad. 
Así, pues, se acaba de activar al menos una vez, gracias a la diligencia del Grupo Europa de las Naciones. 
Pero esa afortunada evolución no prueba ni que el Parlamento Europeo proporcione el mejor instrumento de un control presupuestario ni (menos aún) que cumpla las condiciones fundamentales para llegar a ser en el futuro la asamblea superior de una Europa federal que aspire a contar de una vez con los poderes principales de los parlamentos nacionales. 
No proporciona el mejor instrumento de un control presupuestario, pues, en realidad, está conchabado con la institución que debería controlar, la Comisión. 
El Parlamento Europeo no piensa en otra cosa que en ampliar su poder y, para realizar ese sueño, sabe perfectamente que debe trabajar con vistas a ampliar la esfera comunitaria, labor a la que la Comisión se consagra también principalmente. 
Así, pues, las dos instituciones están aliadas con vistas a ese objetivo. 
Y desde que existe el Parlamento Europeo nunca ha denunciado las irregularidades más flagrantes de la Comisión, incluido recientemente- unos meses antes del estallido del escándalo- el compromiso de gastos sin fundamento jurídico alguno. 
Ha sido necesario al final, desde el pasado mes de enero, el intenso trabajo de algunos diputados, involuntariamente valorizados por las falsas maniobras de los presidentes de los Grupos federalistas, para que se produjera el acontecimiento que en realidad la mayoría del Parlamento no deseaba en absoluto: la dimisión de la Comisión. 
Ahora lo sabemos muy bien: el Parlamento Europeo y la Comisión son estructuralmente cómplices y el control sólo puede llegar del exterior, del Consejo y de los parlamentos nacionales, cuyos poderes hay que fortalecer. 
Resulta inverosímil que Francia abone una contribución anual a la Unión y sus diputados no tengan derecho a decir «no» en la votación del presupuesto ni a verificar por sí mismos lo que ocurre con el dinero de los contribuyentes. 
Mientras no se hayan comprendido esas evidencias, lo único que se hará será establecer en Bruselas controles artificiales y se volverá a las andadas. 
A fortiori el Parlamento Europeo no cumple condición alguna para formar la asamblea superior de una Europa federal. 
No habría que perder de vista que Europa no es una nación, sino una asociación de naciones, y que ese carácter esencial ha justificado instituciones sui generis, en las que las soberanías nacionales desempeñan, y deben seguir desempeñando, el papel principal. 
En particular, el Parlamento Europeo, asamblea especializada, puede ser útil para llevar a cabo tareas especializadas, pero en modo alguno tareas generales de soberanía. 
En efecto, no representa a un pueblo europeo. 
Concretamente, en los asuntos presupuestarios, por ejemplo, no vemos hoy a los franceses dispuestos a aceptar que sus impuestos sean decididos por una mayoría de alemanes y españoles. 
Sin embargo, eso sería el «pueblo europeo» basamento necesario de la «democracia europea». 
Así, pues, si se quiere poner fin a los fraudes y disfunciones en las instituciones europeas, no hay que refugiarse en las nubes. 
No hay que sumirse en el error proponiendo transferencias suplementarias de poderes a Bruselas, cubiertas por una democracia artificial, que pronto inspiraría nuevas desilusiones. 
La escolástica federalista, que ha paralizado todas las soluciones válidas estos últimos años, no debe encontrar el medio de resucitar con otra forma después del naufragio de la Comisión. 
Al contrario, debemos proponer, durante la campaña de las futuras elecciones europeas, las únicas soluciones eficaces: restablecer el control de las naciones sobre Bruselas, subordinar la Comisión al Consejo, conceder un derecho de fiscalización a los parlamentos nacionales sobre la utilización del dinero de sus ciudadanos. 
En grandes líneas estamos de acuerdo con la resolución colectiva sobre los acontecimientos que rodean la dimisión de la Comisión. Por tanto, hemos votado a favor de esta resolución. 
Así mismo, opinamos que se debe nombrar una Comisión interina tan pronto como sea posible para el resto del mandato de la Comisión dimisionaria. 
No puede ser que esta Comisión permanezca nueve meses en su puesto. 
Eso no contribuye al dinamismo y a la credibilidad de la Unión. 
No obstante, en la resolución común faltan algunos puntos importantes. 
De ahí que hayamos presentado nuestra propia resolución a votación y no hayamos seguido la resolución colectiva. 
Un aspecto importante es que no se menciona la posibilidad o no de nombrar a los actuales Comisarios dimisionarios para la Comisión interina. 
Opinamos que en la nueva Comisión interina no pueden figurar miembros de la actual Comisión, ya que el trabajo del Comité todavía no ha terminado. Aún pueden aparecer nuevos casos de fraude. 
Cuando de las restantes investigaciones del Comité resulte que determinados Comisarios son completamente inocentes, entonces no tendremos ninguna objeción para que vuelvan en el próximo mandato (2000-2005). 
Otro aspecto que no se ha formulado claramente en la resolución colectiva es el cometido de la Comisión interina. 
Los próximos nueve meses deben centrarse en el saneamiento profundo los circuitos administrativos y financieros, y en la mejora y modernización de la gestión financiera. La Comisión interina debe limitarse a ello. 
No hay ninguna necesidad de llevar a la práctica grandes ideales sobre la restante construcción de Europa, que va acompañada de un aumento del conjunto de actividades de la Comisión. Sobre todo, no en los próximos meses. 
La resolución, en el considerando D y en el párrafo 4, reclama la creación de una Comisión fuerte, lo que resulta paradójico, habida cuenta de las disfunciones que ha advertido el Comité de Expertos independientes y que han entrañado la dimisión de la Comisión. 
Precisamente porque se sentía fuerte, demasiado fuerte, ha sido por lo que la Comisión ha caído en faltas graves de gestión hasta el extremo de substraer «documentos importantes al examen del Parlamento» , según el considerando B de la resolución. 
La Comisión, por culpa de un error que se remonta a los Tratados constitutivos de la Unión Europea, tiene un papel demasiado importante. 
Ese órgano que, por su nombramiento, es el menos democrático de la Unión, debería recuperar el papel reservado normalmente a una administración: ejecutar las órdenes de la instancia política suprema, a saber, el Consejo Europeo. 
Los Padres fundadores de Europa crearon la Comisión a partir del modelo de la Alta Autoridad de la CECA, porque no tenían confianza en la democracia. 
Conviene aprovechar la crisis actual para volver a la razón. 
En un sistema democrático, la Comisión debe ser el ejecutivo del Consejo y nada más. 
Habría que revisar los Tratados en ese sentido. 
Seguro que en el futuro la presión de las circunstancias nos moverá a hacerlo. 
La Comisión, al asumir sus responsabilidades políticas y presentar su dimisión colectiva, ha hecho un gesto que debemos agradecerle, al igual que debemos agradecerle el trabajo político que ha llevado a cabo durante su mandato. 
Corresponde ahora al Consejo asumir también sus responsabilidades, al igual que hizo el Parlamento en diciembre al no aprobar la gestión del presupuesto del año 1996 y nombrar un Comité de Expertos Independientes para investigar las irregularidades entonces detectadas. 
En efecto, el Consejo debe resolver sin dilación la crisis institucional provocada con dicha dimisión. Una crisis cuyo riesgo no está en el hecho en sí de la dimisión y ni siquiera en las causas que la han hecho estallar sino en las consecuencias que pueden derivarse de la misma por la forma, precisamente, en que el Consejo vaya a resolverla. 
Si con el pretexto de la mala gestión y de la falta de control financiero que ha evidenciado el informe del Comité de Expertos el Consejo pretendiera proponer un Presidente carente de perfil político y si aprovechara la coyuntura para debilitar a la Comisión y recortar sus competencias, entonces la crisis se cerraría en falso y sus consecuencias afectarían muy negativamente al futuro de la Unión Europea en unos momentos, además, de tanta trascendencia política como los actuales. 
De ahí mi voto positivo a la resolución sobre la dimisión de la Comisión; porque dicha resolución marca el rumbo que debe seguir el Consejo a la hora de nombrar la nueva Comisión y especifica el convencimiento de este Parlamento de que esta crisis debe servir para fortalecer la dimensión política y democrática de la Unión Europea y este fortalecimiento pasa por el fortalecimiento también de la Comisión. 
Necesitamos, en efecto, una Comisión fuerte y eficaz, nombrada según los procedimientos establecidos en el Tratado de Amsterdam; es decir que esté democráticamente legitimada. 
Porque sólo así podrá asumir el papel de garante del interés común de la Unión Europea que le atribuyen los Tratados y ser el motor impulsor de la construcción europea gracias al cual avanzar hacia la Europa global por la que luchamos. 
He votado a favor de la resolución común sobre la dimisión de la Comisión compartiendo el conjunto de sus contenidos, en particular lo previsto en el apartado 8, en el cual se piden programas y reformas ambiciosos que, obviamente, suponen una Comisión cualificada a partir de su Presidente. 
El apartado 7 ha de interpretarse y situarse en esta óptica, en la óptica de un Parlamento que, mientras recuerda la necesidad de un respeto riguroso de los Tratados, al mismo tiempo pide una decisión rápida y una solución firme. 
Confío, por tanto, en que el Consejo de Ministros de Berlín, atendiendo a esta solicitud, alcance un acuerdo sobre el nombramiento de un Presidente de la Comisión que responda a la necesidad de garantizar a la Unión un gobierno competente y representativo, al objeto de lograr una solución definitiva que asegure un período de estabilidad y de reformas. 
La Comisión debe someter ahora a profunda reflexión lo que significa en la práctica la reforma de la cultura administrativa que exige el Parlamento. 
El Tratado de Amsterdam obliga a la Comisión a preparar una nueva regulación en lo relativo al carácter público de los documentos de la Unión Europea. 
No debemos aplazar esta tarea, sino que la presentación con la mayor brevedad de una propuesta por parte de la Comisión reviste ahora una importancia aún mayor a la luz de los acontecimientos que han tenido lugar estas últimas semanas. 
El reglamento deberá, en la medida que sea posible, garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea los derechos más amplios con vistas a su acceso a los documentos de todos los órganos de la Unión. 
A propuesta del Grupo de los Verdes, el Parlamento Europeo ha decidido en el día de hoy que la nueva Comisión deberá incorporar un número considerablemente mayor de comisarias. 
En estos momentos, las mujeres representan la cuarta parte de los miembros de la Comisión, lo cual no puede considerarse satisfactorio si tenemos presentes las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam, que hacen un gran hincapié en la igualdad de oportunidades. 
Es importante que el nuevo Parlamento resultante de las elecciones europeas de junio cuente verdaderamente con la posibilidad de participar en la designación de la Comisión, así como que tenga las manos libres de ataduras a la hora de elegir la nueva Comisión que más le complazca para los próximos cinco años. 
En consideración a lo que se ha dicho en el informe de los Expertos, en las investigaciones de la Comisión de Control Presupuestario y en los informes de auditoría, la dimisión de la Comisión es incuestionable. 
El asunto ahora es saber qué conclusiones se sacarán de esto. 
Nuestra opinión es que la Comisión ha fracasado en dos planos: por una parte ha engañado y por otra ha descuidado sus funciones. 
A causa del engaño, la Comisión debe dimitir y, por el descuido de sus funciones, habrá que reestudiar su papel en el futuro. 
En el futuro no hay que darle más tareas, sino que, por el contrario, menos. 
Algunas cosas que la Comisión hace hoy podrían hacerlas más eficientemente los propios países miembros. 
La Comisión tampoco debe avocarse a regular en detalle materias en las que carece de la necesaria competencia nacional. 
En consecuencia, no estamos de acuerdo con la resolución respecto a que la UE necesita una Comisión políticamente fuerte. 
A pesar de esto, hemos votado a favor de la resolución. 
De 1989 a 1996, durante años, la Comisión de Bruselas dejó circular, con conocimiento de causa, harinas contaminadas y bovinos afectados por una patología terrible, que puede ser transmisible al hombre: la encefalopatía espongiforme bovina. 
Esa falta, que ponía en peligro la salud y la vida de millones de europeos, no fue sancionada. 
No se censuró a la Comisión Europea. 
En cambio, ahora el informe de cinco personas que sólo se representan a sí mismas, pero erigidas a la condición de «sabios» ha provocado, el 15 de marzo de 1999, la dimisión de la Comisión Europea. 
Los motivos son conocidos por todos desde hace años: nepotismo, irregularidades graves, «fraude» , «pérdida de control de la administración burocrática» y otras derivas oligárquicas que desde hace tres legislaturas los diputados del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen denuncian aquí. 
Las enseñanzas de esta dimisión son las siguientes: 
En primer lugar, el Parlamento confirma aquí, después de años de lucha en el terreno presupuestario, para afianzar su poder, que pasa a ser la institución más importante de la construcción europea. 
Además, al caer ante un informe de cinco expertos, designados por la docena de miembros de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, los veinte miembros de la Comisión han topado con otros aún más oligarcas que ellos. 
Hasta tal punto es cierto que en el gobierno de un número muy pequeño siempre hay otro más pequeño en el círculo de quienes deciden. 
Asimismo, se confirma que las misiones de soberanía, como la ayuda a la Europa oriental o al Mediterráneo meridional, no se pueden confiar a sociedades privadas, a agencias con fines lucrativos, como, por desgracia, hace la Comisión desde la época de Jacques Delors. 
Los ultraliberales, siempre dispuestos a pedir el desmantelamiento de los Estados-nación y de su administración pública, han aportado aquí la prueba de que el Estado de tradición francesa ofrece muchas más garantías de moralidad que la administración privada a la americana. 
Los dos Comisarios más comprometidos eran socialistas, con lo que se han confirmado en el nivel comunitario los extravíos de González, Mitterrand, Craxi, Roland Dumas, socialistas belgas de Augusta y otras corrupciones socialistas observadas en el nivel nacional, en los gobiernos socialdemócratas. 
Por último, la dimisión de hoy, y sobre todo sus razones, confirman que la Comisión Europea no puede ser el Gobierno de Europa. 
Es una alta secretaría administrativa a la que hay que confinar en los límites estrictos establecidos por los textos. 
El poder europeo debe permanecer en la estructura intergubernamental que es el Consejo de Ministros, con el control de nuestro Parlamento, en representación de los pueblos. 
Informe Lehne (A4-0112/99) 
Votamos en contra del Informe Lehne. 
Actualmente la UE ve a los refugiados y a los solicitantes de asilo cada vez más como un peligro. 
Se exigen visados para que los ciudadanos, cada vez de más países, puedan entrar en la UE. 
Además, se toman medidas más severas en contra de los solicitantes de asilo con documentos de identidad falsos. 
Nos oponemos a que se expulse a los refugiados sólo por este motivo. 
El hecho de «deshacerse» de la identidad no es fácil, sino que es algo a lo que se ven obligados cuando se cierran los diferentes caminos de huida. 
Los diputados liberales aprueban las dos acciones comunes para la mejora del intercambio de informaciones para la lucha contra la falsificación de documentos de viaje o para la introducción de un estándar mínimo en la dotación de aparatos de las autoridades competentes. 
Saludan ambos pasos pues reconocen su importancia en la lucha contra la inmigración ilegal. 
Pero como el ponente sólo quiere aplicar durante un plazo limitado las acciones comunes y al mismo tiempo exige a la Comisión iniciativas para la preparación de las posibilidades introducidas por el Tratado de Amsterdam, los diputados liberales han votado contra el informe en la votación final. 
Informe Evans (A4-0122/99) 
Votamos en contra del Informe Evans sobre tarjetas europeas para estudiantes. 
En Suecia existe un sistema de identificación estudiantil que se otorga gratuitamente a todos los estudiantes universitarios. 
Esta tarjeta se autofinancia y se expide en colaboración con los Centros de Alumnos locales. 
También hay tarjetas expedidas por organizaciones internacionales sin ánimo de lucro como, por ejemplo, la tarjeta de ISIC. 
El Partido de la Izquierda no ve cómo una cédula universitaria común podría tener mayor valor en el ámbito europeo e internacional que la actual tarjeta de estudiante, y quiere destacar la importancia de que la UE no intente limitar la vitalidad y la capacidad de iniciativa de los movimientos estudiantiles y de otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
El informe se ocupa de la manera de facilitar a los estudiantes el acceso a las rebajas. 
El ponente opina que la Comisión debe hacer un estudio acerca de cómo se puede conseguir mejor este objetivo, si introduciendo una tarjeta común para estudiantes o poniendo un logotipo en las tarjetas actuales. 
Damos nuestro apoyo al informe y a sus conclusiones. 
Independientemente del método que se elija, opinamos, no obstante, que es importante que el sistema también comprenda a estudiantes de países que no son miembros. 
Además, queremos señalar que no compartimos algunos de los argumentos usados en favor de la tarjeta de estudiante. 
En el informe se plantea que la tarjeta puede ser una buena manera de crear una identidad común para los estudiantes europeos. 
En general, somos escépticos respecto a que los políticos se atribuyan la misión de crear identidades a los ciudadanos. 
Voy a votar en el día de hoy a favor del presente informe. 
Las oportunidades que la cooperación europea ofrece a los jóvenes para viajar, trabajar y estudiar en cualquier punto de la UE vienen constituyendo desde los años cincuenta uno de los mayores logros de dicha cooperación. 
No hace falta más que ir un día cualquiera al aeropuerto de Manchester para comprobar cómo centenares de jóvenes aplican en la práctica la libre circulación de personas. 
La excelente Universidad de Salford, situada en mi circunscripción electoral, se ha aprovechado plenamente también de las oportunidades que ofrece Europa a la hora de desarrollar programas de intercambio con otras instituciones asociadas de la Unión Europea. 
Una tarjeta europea de estudiante facilitaría todavía más a los estudiantes del noroeste inglés el estrechamiento aún mayor de lazos con sus colegas del continente. 
El Gobierno laborista está determinado a lograr que, en el futuro, sea cada vez más el número de personas que necesiten esta tarjeta de estudiante. 
Si Gran Bretaña pretende tener una economía basada en unas aptitudes y una renta elevadas, es necesario que los estudios superiores sean accesibles a todos los estratos sociales. 
Éste es el motivo por el cual el Gobierno laborista ha creado la Universidad Industrial, que prevé ofrecer un millón de cursos de aquí al año 2004. 
Esta universidad de tecnología punta fomentará el aprendizaje durante toda la vida y hará los estudios superiores más accesibles a todos aquellos que no dispusieran de esta posibilidad en condiciones normales. 
Todo esto contrasta frontalmente con la política del partido conservador, que siempre ha preferido destinar el dinero de los contribuyentes a la educación privada de unos pocos, en lugar de beneficiar a muchos por medio de universidades. 
En atención a los consumidores, el Movimiento de Junio vota a favor de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente relativas a la protección del consumidor en el campo de la responsabilidad del fabricante. 
Sin embargo, no queremos ocultar que el modo de actuar elegido nos produce hondos reparos. 
El Movimiento de Junio no quiere que el derecho de iniciativa sea trasladado de la Comisión al Parlamento Europeo sino que, por el contrario, éste vaya a parar a los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, en primer lugar permítame decir que a veces las votaciones se realizan con demasiada rapidez para mí. 
Aunque lo he indicado durante la votación, sin embargo el Presidente no lo ha visto. 
Por ello, quiero decir que en la enmienda 19 del EDN sobre la resolución común relativa al cese o nombramiento de una nueva Comisión he votado negativamente por error cuando quería hacerlo positivamente. 
Pero me voy a referir ahora a mi explicación oral de voto. 
Ya en la primera lectura de este informe hemos votado a favor de la nueva edición del programa LEONARDO II. Lo hemos hecho porque naturalmente hay que apoyar el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida y porque debe que aplicarse mediante medidas concretas. 
En el presente informe es especialmente positivo llamar la atención sobre las enmiendas de las medidas de acompañamiento. 
Con la introducción de unos campos concretos de responsabilidad y la posibilidad de colocar empleados por un tiempo determinado se recogen las primeras sugerencias. 
Apoyamos expresamente estas enmiendas, por lo que hemos votado a favor de este informe. 
La aplicación operativa del tercer pilar, para luchar contra el bandolerismo a gran escala y la delincuencia internacional organizada, es una de las condiciones fundamentales de la adhesión de la opinión pública al proyecto europeo, uno de cuyos elementos esenciales es el Mercado Único. 
El Mercado Único es la libre circulación de personas, bienes y servicios. 
En ningún caso puede ser la libre circulación de traficantes y salteadores. 
Es evidente que nuestros conciudadanos rechazarán el proyecto europeo; con razón o sin ella, atribuyen al Mercado Único la responsabilidad de lo que sienten como una inseguridad cada vez mayor. 
Por eso, comparto totalmente la opinión de nuestro ponente, cuando afirma que no hay que limitarse a instalar un comité de oficiales superiores de policía y que es necesario crear un grupo multidisciplinario compuesto por los dirigentes de la policía, de las aduanas y de las demás autoridades encargadas de hacer respetar la ley con vistas a instaurar cuanto antes una auténtica cooperación operativa. 
Evidentemente, se debe invitar a un miembro de Europol a las reuniones de ese grupo multidisciplinario y debe desempeñar un papel activo en él. 
Por otra parte, subscribo también las afirmaciones de nuestro ponente, cuando recuerda que la eficacia de las fuerzas de policía no se mide por el número de interpelaciones, sino por la presentación de organizaciones delictivas ante la justicia. 
Así, pues, al dar mi apoyo al proyecto de acción común en su forma enmendada, insisto en que es deseable que las operaciones de inspección llevadas a cabo por equipos de composición mixta no se limiten a las fronteras exteriores (incluso puertos y aeropuertos) de la Unión, sino que se hagan también dentro del territorio con toda la frecuencia que sea necesaria. 
El informe contiene muchas buenas propuestas acerca de la introducción de un intercambio eficaz de información y de un sistema de detección temprana de actividades delictivas. 
No deben crearse fuerzas policiales bajo un mando común de la UE. 
La cooperación con Interpol debe fortalecerse para evitar que se haga la misma cosa dos veces. 
El registro sobre transmisión de datos personales sólo debe comprender a las personas condenadas por delitos, para impedir el «descalabro» y el riesgo de violaciones a la integridad que implican Schengen y el registro SIS. 
Somos extremadamente escépticos respecto a Europol, la fuerza policial europea común. 
La evolución de Europol ha tenido lugar en secreto y la organización está totalmente al margen del control democrático. 
Esto es muy inquietante, especialmente porque se le otorgarán algunas atribuciones ejecutivas. 
Por ejemplo, hay propuestas para que Europol tenga un papel importante en la investigación de delitos que traspasan las fronteras. 
Se creara un registro secreto de investigaciones en los que se registrarán los delincuentes, las víctimas, los testigos y que también podrá comprender antecedentes sobre opiniones políticas, raza, tendencias sexuales y credo religioso. 
Va a ser posible registrar comentarios sin fundamento y simple cotilleo sobre personas que no se sospecha siquiera que hayan cometido un delito, lo que amenazará la integridad personal de los ciudadanos y disminuirá la seguridad ante la ley. 
Opinamos que Interpol, con sus 177 países miembros, es una organización plenamente suficiente para coordinar internacionalmente las acciones policiales. 
Es de vital importancia que las acciones de la policía sigan estando bajo control democrático. 
Informe Bourlanges (A4-0109/99) 
Dos observaciones de procedimiento y dos observaciones de fondo, señor Presidente. 
Sobre el procedimiento, aparte de que debatimos este informe aquí, en Bruselas, y no en Estrasburgo, como correspondería a debates presupuestarios, quisiera señalar que en el considerando B) del informe aprobado por la mayoría del Parlamento, se acogen con beneplácito las conclusiones del Consejo Europeo oficioso de Berlín, es decir, el que se celebrará mañana y pasado mañana. 
Temo que represente no sólo un simple error de empleo del tiempo, sino también que con mucha frecuencia nos anticipamos a lo que ocurre entre las instituciones. 
Constituye una prueba de que a veces el funcionamiento de la Unión Europea deja que desear. 
Sobre el fondo, me asombra lo que se dice, por una parte, en el párrafo 2 del informe y, por otra, en el párrafo 3. 
En el párrafo 2, cuando pedimos que el presupuesto para el año 2000 vele por conservar las prerrogativas del Parlamento Europeo. 
Constituye, por desgracia, una ilustración de que con mucha frecuencia la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo razona en términos de conflicto de competencias y poderes mucho más que de simples razonamientos presupuestarios o de interés del contribuyente de los Estados miembros. 
Y en el párrafo 3 no se tiene en cuenta ese interés, cuando recordamos que el Parlamento Europeo ha dado pruebas de disciplina presupuestaria durante estos tres últimos ejercicios, porque aprobó un presupuesto inferior al nivel del anteproyecto de presupuesto. 
Y decir que hemos tenido en cuenta, junto con el Consejo, una voluntad de rigor es olvidar que todas las veces hemos aumentado el presupuesto del Consejo. 
Por tanto, el rigor no está igualmente repartido entre las dos instituciones. 
Convendría, por ejemplo, no prorrogar créditos que, como indica el párrafo 10, no se han consumido en un 243 %, un 142 % y un 110 %. 
Lo que conviene hacer en la Unión Europea es un auténtico esfuerzo de rigor, esfuerzo que, por lo demás, se pide a los Estados miembros. 
Es obvio que es necesario coordinar la política de asilo, especialmente en situaciones conflictivas y cuando hay que decidir sobre la distribución de los refugiados de acuerdo a la Convención de la ONU. 
Pero estimamos que es importante aclarar que, en nuestra opinión, la política de asilo y de emigración- de competencia nacional- no debe llevarse hacia el ámbito comunitario, lo que ocurriría si partes de ella se consideraran asuntos del tercer pilar. 
Somos muy escépticos respecto del punto 15 del informe, es decir, el texto sobre asignación de recursos para la implantación del sistema Eurodac. 
Informe Tindemans (A4-0104/99) 
Señor Presidente, Sintiéndolo mucho he tenido que votar en contra de algunas enmiendas de mis amigos del Partido Radical, pues su principio era acertado. 
Quiero decir como justificación que en la Comisión de Relaciones Políticas Exteriores hemos analizado esta cuestión a fondo. 
Aquí se trata de dos cosas: por un lado se encuentra la seguridad exterior, por la que debemos estar dispuestos a dar algo. 
Pues si se deja solos a los norcoreanos con su desarrollo nuclear, se producirá algo terrible. 
Nuestro único objetivo solamente puede ser el de intervenir y ejercer control. 
En lo referente al segundo punto, hay que reconocer algo. En Corea del Norte reina una miseria inimaginable. 
El Sr. Tindemans ha estado allí y nos ha informado. 
Es sencillamente terrible, casi como nunca había sido. 
Tenemos que encontrar caminos para ayudar humanamente. 
Lo considero necesario a pesar de todas las objeciones y del rechazo que despierta entre nosotros el régimen norcoreano. 
Deberíamos estar dispuestos a ayudar un poco si podemos aliviar algo la terrible miseria de un pueblo que, por lo demás, es realmente muy respetable. 
En relación con el Informe Tindeman, me gustaría, igual que el Sr. Habsburg, llamar la atención sobre la grave situación de hambruna que Corea del Norte está padeciendo. 
Me alegra que se mencione en el informe, aunque no sea ésta la cuestión que mayor importancia recibe. 
Lógicamente uno puede plantearse si nuestras prioridades son las correctas cuando unilateralmente elegimos apoyar el suministro energético y ni siquiera ayudamos al mismo tiempo al hambriento pueblo norcoreano. 
No hace mucho tiempo la Unión decidió entregar ayuda alimenticia a Rusia. 
También lo apoyamos. 
Corea del Norte pidió oficialmente lo mismo y esta petición lleva durmiendo en el cajón de la Comisión desde el verano de 1997. 
Hasta ahora la Comisión ha dicho que la producción excedentaria de carne de vacuno no había sido priorizada como ayuda alimenticia y que tampoco era la solución adecuada desde un punto de vista energético. 
Sin embargo, he de decir que observo absolutamente perplejo cómo invertimos enormes cantidades de dinero a través de la EURATOM en el suministro energético mientras que dejamos que la carne de la producción excedentaria se esté pudriendo cuando de hecho podríamos estar ayudando a parte de la hambrienta población norcoreana. 
En nuestra opinión, no hay ningún motivo para que la UE firme un acuerdo con KEDO (Organización de la Península Coreana para el Desarrollo Energético) que implicaría, entre otras cosas, la construcción de dos reactores de agua ligera y el abastecimiento de petróleo y carbón en y hacia Corea del Norte. 
Existe un evidente riesgo de que Corea del Norte continúe con su programa nuclear, entre otras cosas mediante las instalaciones subterráneas en Kumchagri, donde hay técnica y conocimientos necesarios para liberar plutonio de los nuevos reactores de agua ligera. 
También existe el riesgo de que sigan desarrollando la tecnología de cohetes, tal como ya ha sucedido con las ventas a terceros países y con el lanzamiento de misiles. 
En atención tanto a la grave situación económica como a la crisis de alimentos existentes en Corea del Norte, la ayuda tiene que ser obviamente de carácter humanitario y encaminarse a la satisfacción, entre otras cosas, de las necesidades básicas de energía. 
En este contexto, la anticuada y centralizada energía nuclear aparece como una solución extremadamente inadecuada para el futuro. 
Si se quiere dar ayuda para el futuro, ésta debe darse para las fuentes renovables de energía y basarse en soluciones descentralizadas. 
El Acuerdo KEDO amenaza con contribuir a la proliferación de las armas atómicas. 
Por eso el Parlamento Europeo debe decir que no al Acuerdo. 
Hemos votado por el rechazo del informe en la votación final. 
Informe Terrón i Cusí (A4-0079/99) 
En relación con la gran corriente migratoria desde Iraq y territorios colindantes, opinamos que hay que prestar atención a este problema y, por eso, damos la bienvenida al informe de la ponente Terrón i Cusí. 
Sin embargo, mediante esta explicación de voto queremos formular una apreciación importante. 
Opinamos que la redacción del punto 16 del informe acerca de que los «... refugiados sean acogidos, en la medida de lo posible, en un país de cultura similar» es una redacción desafortunada que puede interpretarse como que los refugiados no son bienvenidos sino en los países con cultura parecida. 
Opinamos que los refugiados deben tener la indiscutible posibilidad de solicitar asilo, independientemente de su propia cultura y de la situación cultural específica del país donde lo soliciten. 
La situación de los refugiados en Irán, Iraq y Turquía es muy compleja y grave. 
Reiteradamente los kurdos residentes en Bagdad son expulsados y tienen que huir a Irán, en su mayoría mujeres y niños. 
Muchos hombres están en las cárceles del Iraq de Sadam Hussein. 
En Turquía, el estado y el ejército impulsan una guerra ofensiva contra los kurdos en la parte sur oriental del país. 
Los arrestos, las desapariciones, las ejecuciones y las torturas son el pan de cada día en la ofensiva turca, con una consecuencia de miles de poblaciones quemadas y millones de refugiados. 
La UE tiene una especial responsabilidad en esto, por el acuerdo aduanero firmado con Turquía, por el cual el estado turco se obliga a fortalecer la democracia y a respetar la libertad de expresión y los derechos humanos. 
Esto no se ha hecho. 
Por el contrario, la situación se ha empeorado y las corrientes de refugiados han aumentado. 
La grave crisis, especialmente para los kurdos de Irán, Iraq y Turquía, tiene que solucionarse. 
El Consejo de Ministros debe tomar iniciativas para la celebración de una conferencia de paz en la que participen la ONU, la OSCE, la UE, EE.UU., los gobiernos de los países responsables y los partidos y las organizaciones kurdos. 
Un objetivo primordial de la conferencia será la consecución de una mayor autonomía regional para las regiones kurdas, garantías para los derechos democráticos del pueblo kurdo y reconocimiento de la identidad, la lengua y la cultura kurdas. 
Informe De Melo (A4-0077/99) 
La mundialización de los intercambios y la internacionalización de grandes sociedades cada más fuertes resultante, en su búsqueda infinita de una competitividad y beneficios en incesante aumento, engendran una importante transferencia de poderes hacia los encargados de las grandes decisiones económicas y más aún financieras. 
Y ello en detrimento de los gobiernos legítimos. 
Ese fenómeno, antes limitado a lo que se convenía en llamar, no sin desprecio, las repúblicas bananeras, se va extendiendo, desde hace unos veinte años, a nuestros Estados. 
Así, pues, resulta a la vez necesario y urgente establecer un contrapoder político nacional, que pueda reequilibrar la relación de fuerzas entre la economía y la política, hoy inclinada en muy gran medida a favor de la primera. 
Eso justificaría totalmente una reforma a fondo del sistema de las Naciones Unidas, sin perjuicio del primer deber del Consejo de Seguridad, que sigue siendo el del mantenimiento de la paz entre las naciones. 
Apenas exageramos al decir que, a semejanza de la Unión Europea, el Consejo de Seguridad carece también de una cabeza y de un brazo. 
En el plano económico y social, todo el mundo ha de reconocer que hay que establecer un mecanismo de coordinación de las instituciones internacionalmente existentes. 
En el mismo sentido, también es deseable que se cree un organismo mundial de medio ambiente y desarrollo duradero, que agrupe los diversos organismos de las Naciones Unidas que se ocupan hoy de esos problemas capitales para el futuro de la Humanidad. 
En todos los casos, hay que volver las actividades de las instituciones internacionales más transparentes y legítimas. 
Ésa es la razón por la que apoyo muy en particular la idea de introducir una dimensión parlamentaria en el sistema de las Naciones Unidas. 
El informe que votamos hoy es ambicioso. 
Lo es tanto como la voluntad de los Padres fundadores de la construcción europea cuando llegaron a la conclusión de que no había otra solución que unir a los pueblos europeos para que no siguieran haciendo la guerra entre sí. 
La ONU es el órgano más importante para la paz y la seguridad en el mundo. 
Es única porque es casi universal, casi todos los países del mundo son miembros. 
Opinamos que la ONU debe contar con instrumentos diplomáticos eficaces, además de capacidad para ejercer diplomacia preventiva y de detectar los conflictos con anticipación. 
En cambio, no creemos que la ONU deba contar con una fuerza de acción rápida, con facultades militares. 
Por este motivo, no podemos apoyar el punto 8 de la enmienda 3. 
También tenemos dudas respecto del punto 29 que propone que hay que dar una nueva redacción a la Carta de la ONU para posibilitar la intervención en conflictos nacionales. 
Gracias, señoría. 
El Parlamento ha concluido el examen de su orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
Se levanta la sesión a las 16.40 horas 
Declaración del Presidente 
Señorías, el 24 de marzo se produjo un terrible incendio en el túnel del Mont Blanc, que causó la muerte por lo menos a 40 personas, algunas de las cuales todavía no han podido ser identificadas. 
La magnitud de esta tragedia produjo consternación no sólo en Francia e Italia sino en toda la Unión Europea. 
A pesar de los días transcurridos, creo que me hago intérprete de sus sentimientos expresando nuestro pesar por dichas muertes y solidarizándonos con las familias de las víctimas. 
Confiamos en que las investigaciones en curso sirvan para evitar que tragedias como esta puedan volver a repetirse. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones: 
Lunes y martes: sin modificaciones 
Miércoles: 
Como consecuencia de la solicitud de la Sra. Bonino, quien deberá volver a Bruselas para preparar las acciones humanitarias relacionadas con Kosovo, les propongo incluir el informe del Sr. Böge y de la Sra. Roth-Behrendt sobre el seguimiento de la encefalopatía espongiforme bovina antes del informe del Sr. Herman sobre el funcionamiento de las instituciones. 
En el caso de que dicho debate no pudiera terminarse antes del turno de preguntas, continuará inmediatamente después del turno de preguntas y, por lo tanto, antes de la interrupción de la sesión de la tarde. 
Si no hay oposición lo consideraremos aprobado así. 
¿Hay alguna observación? 
El Parlamento da su conformidad 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se adelante al miércoles el informe de la Sra. Müller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, sobre las estrategias de adhesión en materia de medio ambiente, actualmente previsto para el viernes, e incluirlo en debate conjunto con los 7 informes de la Comisión de Asuntos Exteriores relativos a las solicitudes de adhesión. 
Señora Green, tiene la palabra para presentar la solicitud. 
Señor Presidente, parece totalmente lógico que este informe, que es relativo a la ampliación de la Unión Europea, lo debatamos junto con los informes sobre la preadhesión el miércoles. 
Quisiéramos solicitar que se adelante y que sean tratados al mismo tiempo. 
Muchas gracias, señora Green. 
¿Desea alguien intervenir a favor o en contra de esta solicitud? 
No es el caso. 
Someto a votación la solicitud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
El Parlamento aprueba la solicitud 
Jueves: 
El Grupo del Partido Popular Europeo solicita que se adelante el debate conjunto relativo a los servicios financieros- informes del Sr. Crowley sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y del Sr. Fayot sobre el marco de actuación de los servicios financieros- del viernes al jueves por la mañana. 
Les recuerdo que el primer punto del jueves por la mañana es el debate conjunto sobre los dos informes anuales de la Comisión de Peticiones, debate en el que participará el Sr. Söderman, Defensor del Pueblo europeo. 
Los informes antes mencionados de los Sres. Crowley y Fayot sólo podrían incluirse, en cualquier caso, después del debate conjunto antes mencionado. 
Señora Oomen-Ruijten, tiene la palabra para presentar la solicitud en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, acabo de hablar con el ponente y me ha parecido entender que cuando la votación sobre el Informe Crowley y el Informe Fayot se celebre en mayo, podremos darnos por satisfechos. 
De modo que no es necesario que modifiquemos el orden del día. 
En caso de que nos podamos poner de acuerdo al respecto. 
Los servicios me dicen que no hay inconveniente ninguno. 
Entonces, queda sin modificar el orden del día del jueves. 
El Grupo del Partido Popular Europeo retira su solicitud. 
Viernes: sin modificaciones. 
El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado 
Tiene la palabra el Sr. Ephremidis. 
Señor Presidente, dado que está terminando con las modificaciones en el orden del día, me impresiona y creo que produce perplejidad también a la opinión pública que sigue las discusiones de este Parlamento, lo siguiente: Los temas del orden del día son relevantes y tienen interés, pero ¡nos encontramos ante una guerra en Yugoslavia! 
Una guerra que amenaza con extenderse a toda la Península Balcánica y no sé dónde más. 
Digo, pues, si no se debería, a iniciativa suya, a iniciativa de este Parlamento, en presencia del Consejo, en presencia de La Comisión, discutir sobre este tema, que afecta al presente y al futuro, tanto de los pueblos balcánicos como de Europa. 
No sé, ¿acaso no nos hemos enterado de que se está matando a gente, de que se están produciendo destrucciones? 
No me interesan las responsabilidades. 
Las encontraremos, las discutiremos de buena fe. 
¿Qué vamos a hacer para que cese esta amenaza contra los pueblos balcánicos, los pueblos de Europa? 
Señor Presidente, tengo una especial sensibilidad porque las personas de mi edad hemos vivido incidentes de este tipo, pero yo siento una mayor preocupación debido al lugar en que se encuentra el país al que represento. 
Señor Ephremidis, nos gustan mucho sus discursos pero lo que usted está pidiendo figura ya en el orden del día. 
El miércoles por la tarde tendrá lugar un debate sobre la situación en Kosovo tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión al respecto. 
Eso está previsto, naturalmente, con las correspondientes resoluciones que se presentarán esta tarde. 
Por tanto, este Parlamento sí ha tenido en cuenta esa situación. 
Libertades públicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
el informe (A4-0133/99) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia (13844/98- C4-0692/98-98/0923 (CNS) ); -la propuesta de recomendación (A4-0064/99) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre Europol: Fortalecimiento del control parlamentario y ampliación de las competencias; -el informe (A4-0091/99) del Sr. Wiebenga, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre los procedimientos penales en la Unión Europea (Corpus Juris) ; -el informe (A4-0141/99) del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acción común- adoptada por el Consejo en virtud del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea- relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet (10850/5/98- C4-0674/98-98/0917 (CNS) ); -el informe (A4-0185/99) de la Sra. d ' Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el informe del Consejo, destinado al Consejo Europeo, que incluye los elementos clave de una estrategia de la Unión Europea en materia de droga después de 1999, sobre actividades en materia de droga y temas relacionados bajo la Presidencia del Reino Unido (7930/2/98- C4-0409/98).Daré la palabra a los ponentes por el orden en que han sido enunciados. 
Por lo tanto, tiene la palabra, en primer lugar, el Sr. Bontempi. 
Señor Presidente, la de hoy es una sesión importante no solo para nuestra comisión que ha trabajado durante meses en torno a estos temas, sino sobre todo, espero, para lo ciudadanos europeos. 
La preparación sustancial- a través de los informes que espero que sean aprobados por el Pleno- de la reunión del Consejo Europeo de Tampere que se celebrará con carácter extraordinario para fijar las líneas maestras de la futura política de la Unión en materia de seguridad y de justicia, creo que es una contribución muy valiosa. 
Todos reconocen que la novedad más profunda del Tratado de Amsterdam que entrará en vigor dentro de pocos días- el 1 de mayo- es precisamente «el espacio de libertad, seguridad y justicia» , un concepto nuevo e innovador que representa un salto cualitativo sumamente importante en la evolución de la Unión tras la creación de una moneda única y después del intento de poner a punto una política de empleo. 
En efecto, implicando a la Unión en el logro de exigencias fundamentales como la libertad, la seguridad y la justicia, por un lado, se ha reconocido la estrecha relación entre estas tres exigencias, ninguna de las cuales puede satisfacerse sin las otras dos- de hecho la libertad no tiene sentido si no existe un contexto seguro, basado en un sistema judicial en que todos pueden confiar- y, por otro, se ha considerado a la Unión como el marco apropiado para asegurar la defensa y el desarrollo de estos valores, independientemente de la tradición o de la cultura jurídica de cada uno. 
El otro punto fuerte de esta nueva e innovadora parte del Tratado es el hecho de que la norma fundamental, explícita y reconocida es la protección, la promoción y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Y recordando expresamente estos principios y previendo, además, un procedimiento de llamada al orden dirigido a los Estados que no los respetan, los Quince han sentado, por fin, las bases de un verdadero orden público europeo, del cual el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos se convierte en el texto de referencia y el espacio de libertad, seguridad y justicia en su expresión más evidente. 
Por tanto, nos encontramos realmente ante un profundo cambio de rumbo en la vida de la Unión y nuestra preocupación es que los riesgos que encontramos a lo largo y ancho del propio Tratado, en muchas cláusulas, en la habitual y complejísima arquitectura, hagan que, para conseguir los resultados previstos en este ámbito, todas las Instituciones deban emplearse a fondo en un verdadero camino de guerra o incluso en una verdadera batalla. 
Y digo esto porque el mantenimiento de la distinción entre el primer y tercer pilar, el mantenimiento en casi todos los casos de la unanimidad en el seno del Consejo y la debilidad de los medios de control parlamentario tanto a escala nacional como europea, convierten este camino en muy difícil. 
El informe que nos ocupa ya fue discutido en una conferencia con los parlamentos nacionales, con los representantes de los Gobiernos y con los representantes de la sociedad civil europea y logró, creo, un consenso bastante significativo. 
Dicho informe es fruto de la valiosa cooperación entre los Grupos políticos y al respecto, deseo señalar por su importancia y porque aportan mejoras en casi todos los casos, las enmiendas sobre las que vamos a pronunciarnos mañana, presentadas por la Sra. Palacio, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Considero justo llevar a cabo este trabajo común, ya que el reto que nos espera es grande y debemos afirmar algunos principios: el principio de solidaridad- los Estados deben trabajar conjuntamente en este ámbito, porque sólo trabajando juntos y superando inercias y egoísmos nacionales alcanzaremos el objetivo -, el compromiso de transparencia que debe aplicarse a todos los comportamientos, incluido el del Consejo, y el compromiso de garantizar una participación efectiva en el proceso decisorio innovando profundamente una tradición que, todavía hace pocas fechas, ha visto ignorar el papel del Parlamento, un papel democrático, sustitutivo del procedimiento democrático, pero también constitutivo de las condiciones de eficacia. 
Quisiera terminar diciendo que este informe es un mensaje de garantía y de eficacia. 
El Consejo debe entender que en estas cuestiones sensibles que afectan a la ciudadanía y la legalidad, sin una amplia cooperación con el Parlamento Europeo y con los parlamentos nacionales y la sociedad civil, es difícil convertir la montaña de derecho virtual que ya llevamos a cuestas en realizaciones comprensibles y utilizables por los ciudadanos. 
Señor Presidente, señoras y señores, por fin Europol va a comenzar su trabajo el 1 de julio. 
En ese día habrán transcurrido cerca de cuatro años desde que en el Tratado de Maastricht se estableciera la base jurídica para una autoridad policial europea. 
Han sido cuatro años de un camino de sufrimiento para Europol. 
Durante este periodo se frenó y se pusieron trabas a Europol, no en último término en nombre de la denominada soberanía nacional. 
Tengo algo más que el temor de que estos cuatro años de soberanía nacional no hayan sido de ninguna utilidad. 
En cambio, el hecho de que Europol no haya podido trabajar ha proporcionado, sin duda, en Europa al crimen organizado una ventaja más. 
Por esta razón, desearíamos que el día 1 de julio no sólo comience su trabajo Europol sino que también pueda trabajar efectivamente a partir de ese momento. 
El Parlamento Europeo apoyará ese trabajo que debe comenzar el 1 de julio. 
Ya en su primer informe el Parlamento Europeo ha hablado con cautela en favor de una ampliación de las atribuciones de Europol. 
Hemos propuesto que se someta a discusión otorgar a Europol facultades operativas. 
Con esto no se piensa en un FBI europeo que pueda arrogarse la competencia de la persecución penal. 
Tampoco se piensa en europolicías con uniforme que detengan pistola en mano a los delincuentes. 
Estas no son las funciones de Europol. 
Pero sí se quiere significar que Europol debería tener la posibilidad de coordinar de manera responsable acciones transfronterizas de investigación y, en este sentido, la posibilidad de dar también instrucciones a las autoridades policiales nacionales. 
Esta es la vía cautelosa que ha emprendido el Parlamento Europeo. 
Exigimos esto, no porque pidamos ciegos de ira derechos policiales para Europa, sino que estas demandas tienen como punto de referencia las necesidades policiales. 
Si la delincuencia organizada planifica, organiza y actúa de forma centralizada, tiene sentido oponer a esta delincuencia organizada una autoridad de persecución penal que planifique y actúe de manera centralizada. 
Por esta razón necesitamos a Europol. 
Toda autoridad policial que posea el derecho de intervenir en los derechos de los ciudadanos precisa de un control parlamentario. 
Actualmente Europol está organizada de manera puramente interestatal. 
En consecuencia, el Parlamento Europeo no tiene derechos propios de control. 
Según el Tratado, sólo ocasionalmente seremos informados de manera muy sumaria. 
Pero no podremos controlar. 
En consecuencia, el control de Europol constituye claramente una tarea de los parlamentos nacionales y no puedo menos que instar a los colegas de los parlamentos nacionales a que ejerzan su función en esa medida. 
Esto está también en consonancia con la situación actual: Europol tiene sólo derechos muy restringidos de intervención en el ámbito del tratamiento de datos. 
Sin embargo casi todos estamos demandando que se amplíen los derechos de Europol. 
El Tratado de Amsterdam, que entrará en vigor dentro de pocos días, apunta en esta dirección. 
Hace pocas semanas el actual Presidente del Consejo nos sorprendió aquí con la exigencia de que Europol necesita facultades operativas para su actuación. 
Si esto es así debemos volver a reflexionar acerca del control parlamentario. 
La idea de que 15 parlamentos nacionales controlarán en La Haya las actividades de Europol está absolutamente falta de sentido de la realidad. 
Tampoco pedimos que algún parlamento «vigile constantemente por encima del hombro» a Europol mientras trabaja. Esto no es procedente. 
Sin embargo, el control parlamentario significa que para esta unidad policial debe haber un responsable político que debe estar obligado a rendir cuentas a un Parlamento. 
El control parlamentario significa esto. 
Por consiguiente, si Europol recibe nuevas competencias- y nosotros estamos a favor de ello- necesitamos un Comisario que tenga competencias sobre Europol. 
En tal caso hay que transferir al Parlamento Europeo el control sobre esta organización. 
Bajo esta condición, y no bajo cualquier circunstancia, demandamos nuevos derechos para Europol, es decir, sólo si es practicable esta vía del control parlamentario. 
Esto es lo que queremos poner de relieve con este informe. 
Aplausos 
Señor Presidente, distinguidos colegas, Internet ha hecho posible a muchas personas el acceso a un enorme volumen de informaciones almacenadas. 
Desde el punto de vista sociológico se trata casi de una revolución, de una democratización de la participación en el conocimiento. 
Por esta razón Internet es algo bueno. 
No hay que echar la culpa a la red de que, al igual que otros instrumentos de comunicación, sea también mal utilizada para acciones delictivas. 
A nadie ese le ocurre la idea de decir que el teléfono es una cosa mala, sólo porque los delincuentes telefonean también. 
Una de estas actividades delictivas que cabe encontrar en la red es el comercio y el intercambio de material de pornografía infantil. 
Lo objetable en la pornografía infantil no es el hecho de que se trate de pornografía, es decir, de imágenes de personas desnudas practicando actividades sexuales. 
Si esto sucede entre adultos no es punible. 
Lo considero poco atractivo, aunque hay personas a las que les gusta. 
En el caso de la pornografía infantil, se ha declarado esto punible porque se trata de la representación del abuso sexual de niños realmente existentes. 
Esto es lo censurable. 
Por consiguiente, en interés de estos niños debe seguir siendo posible la persecución penal. 
Ahora bien, intercambio y comercio con material de pornografía infantil ha habido también en el pasado antes de la existencia de Internet. 
Esto no es una novedad. 
Pero la fuente de aprovisionamiento era difícil de encontrar para el particular, pues no puede haber una publicidad pública ya que se trata de cosas punibles. 
Lo que añade ahora Internet es la posibilidad de realizar ofertas y practicar intercambios a nivel mundial y, por cierto, bajo condiciones que dificultan enormemente la persecución penal. 
Por esta razón, es acertado que en el marco del artículo K.3 del Tratado de Maastricht los Estados miembros hayan realizado una propuesta de una medida común para poder combatir mejor la pornografía infantil en Internet. 
Sin embargo, esta propuesta se encuentra llena de formulaciones que establecen encargos de comprobación o que aluden a posibilidades. 
Apenas se acuerda algo que sea realmente concreto y vinculante. esto trae a mi memoria una frase que se atribuye al emperador austriaco Francisco José quien una vez dijo: «Señores hay que hacer algo, pero no debe cambiar nada». Lo repito en correcto alemán para los intérpretes: «Señores es preciso hacer algo, pero no debe cambiar nada». 
Con esta frase se podría describir bien la propuesta, tal como la ha presentado ahora aquí el Consejo. 
Por esta razón, con sus enmiendas la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores ha intentado hacer vinculante lo no vinculante que existe en este texto a fin de que el asunto sea de utilidad y tenga sentido. 
Una segunda cosa: en dos pasajes intentamos hacer posible en Internet la persecución penal de tales hechos. Si uno se ocupa de la persecución penal de esta pornografía infantil termina precisamente en dos problemas. 
El primero es que no existe una unanimidad respecto de la edad de protección de la infancia. Esto dificulta enormemente el asunto cuando las investigaciones traspasan el límite. 
En segundo lugar: con mucha frecuencia semejante material se coloca en la red haciendo uso de un correo electrónico anónimo. 
Esto significa que no es posible atribuir a un causante la imagen que aparece allí en un news group. 
Por consiguiente, exigimos que se supriman los e-mail anónimos o que, al menos, se les limite considerablemente. 
Señor Presidente, un par de observaciones sobre mi informe sobre el informe del Consejo de una estrategia en materia de drogas en la Unión Europea después de 1999. 
Permítame, señor Presidente, comenzar mencionando un aspecto positivo. 
Por primera vez en la Comisión de Libertades Públicas hubo casi unanimidad, en realidad hubo unanimidad y una abstención, al aprobar el informe sobre las drogas. 
Esto es indicativo del hecho de que desde hace años hemos estado escuchándonos mutuamente y, en cualquier caso, hemos iniciado un camino para desvincular de las distintas ideologías el debate sobre las drogas. 
Esto me parece positivo. 
En el caso presente también ha sido un poco más sencillo hacerlo, porque yo, en mi calidad de ponente, no debía ofrecer un panorama completo sobre una nueva política en materia de drogas, sino que podía limitarme a evaluar la estrategia escogida por la Presidencia británica. 
La Comisión a la que pertenezco también estaba de acuerdo con esta evaluación. 
Para empezar, opinamos que en virtud del artículo K 6 del Tratado de la Unión Europea y a la luz del procedimiento de codecisión, deberíamos haber sido consultados con antelación. 
Asimismo opinamos que debería haberse hecho uso de las conclusiones del Parlamento. 
En el transcurso de los años hemos ido adoptando diversos informes sobre las drogas que el Consejo debería haber consultado. 
Sin embargo, no hemos visto que se haya hecho nada de eso. 
También opinamos que debería haberse hecho uso de los resultados de una investigación de evaluación, ahora que tenemos un estupendo observatorio sobre las drogas. 
¿Cómo va a elaborarse una nueva estrategia si no se sabe nada de los efectos de la antigua estrategia que estuvo en funcionamiento entre 1995 y 1999? 
En consecuencia, hemos sido muy críticos al respecto. 
Aún más extraño resulta que la Comisión aparezca uno de estos días con su plan de acción 2000-2005, mientras que en el Parlamento no sabemos con precisión cuál es la relación entre el plan del Consejo y de la Comisión. 
Lo que he oído del plan de la Comisión, si me permiten decirlo, es que en cualquier caso es más ambicioso que el plan del Consejo. 
Espero poder confirmar que es así, pero es lo que he observado por diversos indicios. 
Sobre la base de las críticas también hemos elaborado una serie de recomendaciones. 
Consideramos que debe haber una mayor coordinación con respecto a la política de drogas y hemos aceptado una enmienda, en tanto que Comisión, en el sentido de que queremos realmente que en el futuro próximo haya un comisario encargado de la coordinación de la política de drogas en la Comisión. 
En mi opinión, el actual Comisario tendrá muchas dificultades derivadas del hecho de que las tareas están demasiado repartidas. 
Tanto para nosotros como para la Comisión hubiera sido mejor que hubiese un comisario, como la Sra. Gradin, encargado de coordinar la política en materia de drogas. 
Una segunda recomendación que quiero mencionar es que, en realidad, pensamos que debería aprovecharse mejor el observatorio europeo. 
Encuentro ridículo que el Consejo no haya aportado los resultados de la encuesta. 
Sería conveniente ahora que el Consejo y la Comisión- quizá los dos a la vez- elaborasen una nueva estrategia coordinada, si queremos establecer elementos de referencia. Elementos de referencia que nos permitan ver si finalmente la estrategia ha funcionado bien, en qué ha funcionado mal o en qué no ha funcionado. 
También abogamos por un funcionamiento mejor y más responsable del PNUFID en lo que respecta a la sustitución de cultivos, no por la destrucción de las cosechas en los países del tercer mundo, sino a través de un enfoque de desarrollo integral que pueda ofrecer a los pobres una alternativa real. 
Hay buenos ejemplos de ello. 
Por último, señor Presidente, hemos hecho lo que hemos podido, yo como ponente pero sobre todo la comisión en su conjunto, para alcanzar un equilibrio entre la prevención y la información, la reducción de los riesgos para la salud y las posibilidades de un enfoque judicial coordinado. 
Al aceptar las enmiendas quiero salvaguardar ese equilibrio. 
Por tanto no quiero decir si aprecio algunas de las enmiendas. 
Pienso que el equilibrio que hemos encontrado aquí en la sesión plenaria debe mantenerse. Un equilibrio que se alcanzará en la práctica si entre los Estados miembros se produce en la práctica el mejor intercambio posible de experiencias. 
Señor Presidente, señoras y señores, el ponente, Sr. Bontempi, ha hablado hoy de puntos débiles en la puesta en práctica del Tratado de Amsterdam que, dicho brevemente, hacen relación a la realización del Tratado de Schengen. 
La Comisión de Asuntos Institucionales, en cuyo nombre estoy hablando, ha visto en el mismo algo más que puntos débiles, en concreto, tendencias negativas para los derechos de los ciudadanos, para el estado de Derecho y para el papel del Parlamento en el ámbito de la seguridad interior. 
Creo que es importante hacer una llamada de atención al Pleno acerca de esto. 
Esta crítica comienza ya a la hora de consultar al Parlamento. 
Lamentablemente. esto no es nuevo. 
La Comisión demuestra poca voluntad de incluir seriamente al Parlamento en una materia tan esencial. 
Mediante un escrito de 9.12.1998 se nos requirió una opinión, pero el Consejo de Ministros de Justicia había adoptado ya el 3 de diciembre el plan de acción. 
En este punto la consulta al Parlamento se torna una farsa y la inclusión del Parlamento se convierte en un mero pretexto. 
La segunda critica se centra en el Tratado de Amsterdam mismo, el cual no afirma nada, o no mucho, acerca del marco institucional en el que debe cobrar realidad esta libertad de las personas. 
Sobre la puesta en práctica del Tratado de Schengen hay sólo un protocolo. 
Sigue abierta la pregunta acerca de si a tenor del artículo 4 o a tenor del artículo 6 se ha de transferir el acquis de Schengen al primer o al tercer pilar. 
Esto entraña consecuencias muy decisivas para la competencia del Tribunal Europeo de Justicia, para la codecisión del Parlamento una vez transcurran cinco años, y de esto se siguen consecuencias muy graves para el presupuesto. 
En la actualidad no se ha impuesto todavía todo el conjunto jurídico de Schengen. 
Tal como se presentan hoy los preparativos, no parece existir por parte del Consejo voluntad alguna de elegir el método democrático, del estado de Derecho, incluyendo plenamente al Tribunal de Justicia e incluyendo plenamente al Parlamento Europeo. 
Creo que éstos no son puntos débiles, sino que son realmente tendencias peligrosas para el estado de Derecho y para la democracia. 
. Señor Presidente, la ponencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos correspondía a mi colega Luigi Florio y, en su ausencia, tomo yo la palabra. 
Voy a ser algo más positiva que mi colega Voggenhuber y voy a retomar también algo que el Sr. Bontempi ha dicho, a quien, por cierto, agradezco su espíritu de colaboración desde la Comisión de Asuntos Jurídicos- luego tendré la ocasión de hacerlo en nombre del Partido Popular Europeo-. 
El Sr. Bontempi ha señalado que se trata de una complejísima arquitectura. 
Efectivamente, nos enfrentamos a esa arquitectura que supone la incorporación del Título IV: visados, asilo, libre circulación de personas, más una parte importante que queda en el tercer pilar, más la incorporación del Tratado de Schengen a través del protocolo, más los protocolos especiales. 
La arquitectura no puede ser más complicada. 
Ese es el gran reto al que nos debemos enfrentar si queremos que la Unión Europea- como también ha señalado el Sr. Bontempi- cambie cualitativamente y pase a ser una Unión Europea- como él decía- de garantía y eficacia, de ciudadanía y legalidad. 
Y nosotros aceptamos ese reto. 
Desde la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos insistido en estos puntos y el informe del Sr. Bontempi los recoge. 
Puntos que hablan del derecho a un juicio imparcial, con todas las garantías, de la garantía del acceso a la justicia, lo que implica la subvención en aquellos casos en que no se tengan recursos para litigar; de la presunción de inocencia como principio fundamental del Derecho europeo. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se ha insistido asimismo en algo que también se ha dicho aquí en otros informes: la necesidad de un control jurisdiccional. 
Un control jurisdiccional que en estos momentos puede diluirse en esa complejísima trama y que desde aquí tenemos que reclamar, exigiendo, asimismo, el control democrático de este Parlamento. 
Sin control democrático y sin control jurisdiccional no se podrá lograr que Europa deje de ser sólo un mercado y esté a la altura del reto al que ahora nos enfrentamos. 
Señor Presidente, tenemos un grupo de cinco informes y quisiera felicitar a todos los ponentes. 
Todos ellos han realizado una excelente labor en la redacción de los informes que representan una importante aportación a este asunto. 
En primer lugar, me gustaría centrarme en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores, ámbito que recogen los informes del Sr. Bontempi y del Sr. Wiebenga. 
Ambos informes hacen una valiosa aportación al insistir en la necesidad de que la Unión Europea alcance un mayor nivel de armonización y cooperación en este ámbito. 
Ámbito que, lamentablemente, ha sido desatendido en comparación con los grandes progresos que ha realizado la Unión en materia de armonización en aspectos como política económica y financiera, transportes, medio ambiente, etc. Este ámbito de la Justicia y Asuntos Interiores y de la libertades civiles se ha quedado muy rezagado. 
No es que queramos que todos los países adopten el mismo sistema jurídico y judicial; eso sería absurdo. 
De hecho, incluso en algunas regiones de los actuales Estados miembros existen antiguas diferencia en el modo de impartir la ley y en su funcionamiento. 
Necesitamos una cooperación mucho mayor. 
Nos enfrentamos a una situación en la que el crimen organizado prolifera a nivel internacional. 
A los delincuentes no les preocupan temas como la subsidiaridad y los controles fronterizos ni si se acatan las sutilezas que diferencian el Derecho nacional del Derecho comunitario- aplican cualquier medio que les aporte los mayores beneficios y les permita alcanzar sus objetivos. 
A menos que establezcamos un sistema adecuado de cooperación internacional en este ámbito, seremos incapaces de atajar eficazmente estos problemas. 
La cooperación internacional es asimismo importante para proteger los derechos de las personas. 
Existen grandes diferencias en materia de Derecho penal y también de Derecho civil. 
Hay muchas actividades que son delictivas en algunos países, pero no en otros. 
La política en materia de condenas difiere ampliamente entre los distintos países. 
Es un asunto que adquiere cada vez más relevancia a medida que crece el número de nuestros ciudadanos y residentes de la Unión Europea que trabajan, viven y realizan sus actividades en un Estado miembro que no es el propio. 
Es inadmisible que, en el caso de una acusación, alguien tenga menos derechos legales en un país que no es el suyo que en su propio país. 
Asimismo, han surgido problemas de personas que han sido detenidas durante largos períodos sin juicio, debido a los retrasos burocráticos originados por problemas de traducción y a la falta de una cooperación judicial adecuada. 
Estos asuntos deben ser atajados y resueltos, y los informes hacen algunas sugerencias muy importantes y útiles sobre cómo conseguirlo. 
El informe del Sr. Nassauer sobre Europol es equilibrado. 
Debe existir una colaboración eficaz entre los cuerpos policiales nacionales, y el Convenio Europol prevé un intercambio adecuado y eficaz de información que permita a los cuerpos de policía de nuestros Estados miembros cooperar y actuar con mayor eficacia mediante un intercambio de información, de ideas y de prácticas adecuado. 
De lo contrario, las autoridades responsables de mantener la ley y el orden trabajarán con una mano atada detrás de la espalda en comparación con las organizaciones criminales. 
Algo en lo que siempre ha insistido el Parlamento desde el inicio mismo de Europol es que toda organización policial internacional- que, quizá con el paso del tiempo, tenga poder de intervención, por muy limitado que éste sea- sólo debe existir si existe un sistema adecuado de control democrático y transparencia; al igual que esperamos transparencia democrática de nuestros propios cuerpos policiales nacionales. 
Debemos respetar el principio de que la actuación policial sólo puede tener lugar con el consentimiento de la sociedad a la que sirve. 
Los cuerpos policiales que se vean a sí mismos como una especie de autoridad exterior que viene a imponer unas normas y operaciones que no son aceptables para la mayor parte de la sociedad, fracasarán. 
Necesitamos una actuación policial que sea buena y eficaz y goce del beneplácito de las comunidades. 
Por último, el informe de la Sra. d ' Ancona sobre el complejo y controvertido ámbito de las drogas traza un equilibrio entre asuntos muy complejos: la cuestión de no aprobar el consumo de drogas peligrosas, pero, al mismo tiempo, reconocer que el enfoque meramente punitivo de este problema nunca tendrá éxito y que debe hacerse el debido hincapié en la formación, los temas de salud, etcétera. 
En un informe muy equilibrado sobre esta problemática. 
Señor Presidente, quisiera comenzar haciendo referencia al Informe Wiebenga sobre procedimientos penales, el Corpus Juris. 
Es un excelente informe sobre una materia especialmente delicada y postergada. 
Este informe tiene que entenderse como un paso hacia una mayor coordinación en la UE en materia de derecho penal, lo cual es deseable. 
Al mismo tiempo, en el trabajo de coordinación hay que respetar algunas diferencias existentes en las legislaciones de los Estados miembros. 
En el informe se hace hincapié en que hay que respetar las legislaciones nacionales, lo que constituye una base realista para la continuación del proyecto de Corpus Juris. 
Este debate se ocupa también del Informe Bontempi, es decir, del plan de acción para un espacio libre, seguro y justo, y sobre esto sólo se pueden decir cosas favorables. 
Allí están todos los puntos esenciales en materia jurídica. 
Por eso quisiera pasar al informe un poco más discutible de d ' Ancona sobre la estrategia de la UE en la lucha contra los estupefacientes. 
Opino que ha sido provechoso que consiguiésemos que los socialdemócratas acepten que el tema de la droga es suficientemente importante como para ser debatido en el Pleno, de modo que los ciudadanos puedan informarse. 
El informe está impregnado precisamente de la idea de que se trata de una lucha contra las drogas, todas las drogas. 
Este punto de vista debe ser primordial en la estrategia que está preparando la Comisión. 
El larguísimo e intenso debate sobre las drogas que ha tenido lugar durante este período ha demostrado precisamente dónde está el límite para la colaboración en esta materia. 
Ha sido un éxito en la comisión conseguir que en el informe ya no se hable más de la prescripción de heroína como medio para combatir las drogas. 
Pero tampoco la prescripción de metadona es una manera adecuada de ayudar a los drogadictos a abandonar su dependencia. 
Estamos asistiendo a un desarrollo esperanzador en el campo de los fármacos que nos proporcionará preparados que causen menos adicción, lo que podría resolver las últimas cuestiones políticas respecto a las opiniones de la mayoría en materia de drogas. 
El objetivo final es suprimir todas las drogas y la adicción a medicamentos. 
La ponente d ' Ancona ha colaborado mucho y ha estado dispuesta a escuchar los puntos de vista del Grupo PPE. 
Se merece un elogio porque ha comprendido cuáles son los caminos políticos viables en materia de drogas. 
El informe que hoy tenemos ante nosotros es mucho más equilibrado que otras propuestas anteriores. 
El debate en el Parlamento ha sido importante. 
Al comienzo nuestras posiciones estaban muy distantes entre sí, pero ahora hemos conseguido un criterio europeo común. 
Hemos logrado que se tomen en cuenta algunos de los principios esenciales en la lucha contra las drogas en los países nórdicos. 
El informe contiene nociones claras para disminuir la oferta y la demanda. 
Mi objetivo a largo plazo es una sociedad sin drogas y creo que en el futuro la lucha contra los narcóticos en Europa va a descansar en los tres pilares que durante tanto tiempo hemos tenido en Suecia, a saber, prevención, represión y rehabilitación. 
Señor Presidente, en primer lugar hemos de dar las gracias por su trabajo a todos los ponentes ya que en estos informes nos estamos moviendo en un ámbito central de los valores europeos, en concreto, en el principio del estado de Derecho. 
Considero muy importante que nos hagamos conscientes de que la movilidad social y la integración de la población europea debe ir acompañada de una armonización del Derecho. 
Por consiguiente estimo que noes perjudicial, sino, por el contrario, muy importante que acomodemos nuestro Derecho Civil y, también, en especial, nuestro Derecho Penal al hecho de que cada vez convivimos más estrechamente en Europa. 
También me parece muy importante que valoremos mucho que la cultura jurídica no desaparezca. En la práctica. 
Esto rige sobre todo respecto de nuestros futuros miembros de la Unión Europea de la Europa Central y Oriental. 
En las conversaciones y preparativos de la adhesión estamos viendo ahora que allí es muy difícil encontrar, apoyar o fomentar una cultura jurídica que posibilite una convivencia común dentro de un marco económico y jurídico común así como también dentro de un espacio de libertad y de democracia. 
Me gustaría decir lo siguiente sobre los derechos fundamentales: el Sr. Nassauer ha hecho alusión a Europol. 
Es muy importante que contemos con instrumentos policiales eficaces. Pero éstos han de ser acompañados por instrumentos de control de índole judicial y parlamentaria en el ámbito de los derechos fundamentales. 
No me basta que éstos sean solamente los parlamentos nacionales. 
El Tribunal Europeo de Justicia y, en el futuro, el Parlamento Europeo, deberían tener en este ámbito una función muy considerable de control. 
El último punto es el derecho de asilo: la Europa abierta es muy importante. Y hemos de velar por que el derecho de asilo no se vea pisoteado. 
Respecto de la distribución de las cargas hemos de procurar que ésta se lleve a cabo de manera justa en el seno de la Comunidad Europea. 
Para nosotros el derecho de asilo debe ser sagrado como valor europeo. 
En este campo no debemos tolerar que se realice recorte alguno. 
Señor Presidente, el debate de hoy es muy oportuno, si tenemos en cuenta que el 50º informe eurobarómetro, que acaba de ser publicado, demuestra claramente que las inquietudes sobre el desempleo apenas superan el deseo de los ciudadanos de que se adopten medidas contra las drogas y el crimen. 
Quiero decir de entrada que no apoyo la resolución que aboga por el nombramiento de un fiscal comunitario independiente. 
No obstante, los ciudadanos europeos deben poder sentirse seguros cuando pasean por sus barrios. 
Debe ser seguro realizar negocios en Europa sin temor a los fraudes financieros. 
Debe existir la seguridad de que los niños vayan al colegio sin el temor de ser inducidos al consumo de drogas. 
Debe existir la seguridad de que los niños utilicen la autopista de la información sin sufrir los abusos de los desviados que se sirven de Internet con fines pornográficos. 
La pedofilia en Internet debe ser perseguida por la ley. 
De acuerdo con el compromiso asumido en el Tratado de Amsterdam, la Unión Europea debe convertirse en una zona de libertad, seguridad y justicia, en la que los ciudadanos gocen de un alto nivel de seguridad. 
El próximo mes de octubre, los gobiernos celebrarán una reunión especial para estudiar la creación de una zona europea de libertad, seguridad y justicia. 
En dicha reunión se presentará una estrategia común que reconozca y responda a las exigencias claramente establecidas por nuestros ciudadanos europeos de que se tomen medidas contra las drogas y el crimen. 
El crimen organizado opera a nivel profesional. 
Dispone de grandes recursos y tiene acceso a la tecnología punta, de la que se sirve para socavar las bases de la democracia y para blanquear dinero y cometer fraudes. 
Es fundamental que la cooperación policial en conexión con Europol se amplíe a nuevos campos, como la falsificación de billetes y monedas en euros. 
Creo que los barones de la droga convictos deben recibir condenas de cuarenta años de cárcel en vista de que en la Unión Europea no existe la pena capital. 
La Unión Europea debe ser igualmente profesional y servirse de todos sus poderes combinados para luchar contra estos barones del crimen en toda la Unión Europea. 
En la medida de lo posible, los crímenes graves deben ser castigados con largas condenas de prisión. 
En mi circunscripción de Dublín he conocido este fin de semana a una familia que perdió a dos mujeres jóvenes durante el pasado año víctimas de la droga. 
Una de las prioridades de la Unión Europea debe ser la lucha contra la droga. 
No tiene sentido que acudamos a esta Asamblea y tratemos sobre propuestas liberales, mientras que vemos a nuestro alrededor cómo mueren los jóvenes víctimas de las drogas, y aquellos que importan y venden las drogas quedan sin castigo. 
Debemos facilitar toda la cooperación a Europol y hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir la drogodependencia. 
Señor Presidente, tal como ha afirmado ya el ponente, Sr. Nassauer, el control parlamentario de la acción policial de Europol es una de las tareas más importantes, precisamente para nosotros, los políticos de asuntos interiores. 
Por esta razón, para nosotros, los Verdes en el Parlamento Europeo, es muy importante que Europol, como un organismo interestatal, no reciba ninguna atribución adicional, inimaginable para nuestras autoridades policiales nacionales, que vulnere los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos de la Unión. 
Puedo mencionar como ejemplo el protocolo sobre los derechos e inmunidades de los funcionarios de Europol. 
Evidentemente, nosotros estamos a favor de Europol, en cuanto autoridad europea que es necesaria para la seguridad interna de la Unión Europea y que desempeña un papel decisivo para la cooperación de las autoridades policiales nacionales. 
Pero nosotros estamos a favor de una autoridad europea que sea controlable democráticamente. 
La acción policial necesita ser controlada allí donde intervenga en los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, sobre todo en los derechos fundamentales. 
Por esta razón, no estamos satisfechos con el presunto control actual de Europol, por parte de los parlamentos nacionales. 
El ponente, Sr. Nassauer, ha presentado ya algunas buenas propuestas que nosotros celebramos. 
Pero éstas no nos bastan. 
Para nosotros es muy importante que el control parlamentario de la acción policial de Europol sea asumido por el Parlamento Europeo. 
Lamentablemente, seguimos echando de menos las propuestas que hagan posible un auténtico control. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, la totalidad de los informes que se han presentado suscita naturalmente nuestra adhesión a la mayoría de los puntos, ya sean los informes del Sr. Wiebenga, los del Sr. Nassauer o los del Sr. Schmid. 
Me gustaría explayarme un poco más con el informe del Sr. Bontempi, porque me parece de gran importancia y abarca la práctica totalidad de los temas sobre los que debemos cimentar la construcción de Europa. 
Tratandose en primer lugar de la comunitarización de la cooperación judicial y policial, todos los puntos subrayados son elementos fundamentales: la reducción de la duración de los procedimientos en materia de asilo, la fijación de las condiciones y los procedimientos para la concesión de visados, la progresión hacia un visado uniforme, la obtención de un estatuto para los inmigrantes legales, la lucha eficaz contra la inmigración clandestina. 
Asimismo la libre circulación entre Estados miembros de los inmigrantes legales es un tema que nos interesa especialmente. 
Por fin se podrá garantizar la serenidad en la toma de las decisiones y sobre todo la tranquilidad de los más directamente afectados. 
Por lo que se refiere a la cooperación policial, el desarrollo de Europol y la utilización de las bases de datos nos parecen de interés prioritario y es indispensable integrar a tiempo en las actividades de Europol el sistema de información Schengen. 
El punto en el que muchos Estados se mostrarán aún reticentes es el que versa sobre la autorización de la intervención de las autoridades judiciales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. 
Sin embargo habrá que solventarlo y proceder en todo caso a una aproximación general de legislaciones respecto a la mayoría de los delitos y crímenes. 
En el enfoque actual relativo a la creación de un área de libertad, seguridad y justicia, la libertad ocupa una posición prevalente y habrá que integrar el acervo de Schengen en nuestra propia dinámica. 
Se deben defender dos objetivos principales. 
El primero consistirá en hacer frente al drama que vive Europa actualmente, esto es las inmigraciones masivas, ofreciendo de forma colectiva y a gran escala una protección temporal a las poblaciones perseguidas. 
De todas formas será necesario que el derecho de asilo se sustente sólidamente en la Convención de Ginebra y protocolos adicionales en su condición de textos fundamentales. 
En cuanto a la seguridad, por último, habrá que luchar contra la criminalidad organizada y erradicar las condiciones de vida que han dado lugar a la violencia urbana y al hooliganismo. 
Una palabra en relación con el informe de la Sra. Ancona sobre el consumo de substancias ilícitas. 
Se le podría reprochar, sin embargo, que no contiene la menor objeción hacia la política que actualmente se sigue en materia de consumo de estas substancias. 
Lo menos que puede decirse es que se trata de una política que hasta la fecha no ha producido resultados tangibles. 
No se han tomado en cuenta las experiencias colectivas y se ha renunciado a examinar los resultados de los experimentos en curso. 
Se ha impuesto por unanimidad una cierta pusilanimidad, un cierto conservadurismo que han conducido a un acuerdo de mínimo común denominador. 
Sin embargo ha prevalecido un realismo favorable a un enfoque multisectorial. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega el Sr. Schmid contiene comentarios y sugerencias muy buenos, especialmente el intento de impedir la existencia de correo electrónico anónimo. 
Pero me parece que ese informe adolece de un vicio fundamental. 
Hace una distinción que yo rechazo entre la pornografía que sería aceptable, y la pedopornografía que sería lo único reprehensible. 
Ha confesado en primer lugar que fijar la edad del niño es un problema muy delicado para el que no hay solución; y a continuación, queridos amigos, nos dice que la pornografía como tal debe considerarse un ataque a la dignidad, al respeto del ser humano que es uno de los fundamentos de nuestras democracias, igual que el racismo y otros males que condenamos como es de justicia. 
¿Sino, como quieren ustedes que los desequilibrados, cuyo desequilibrio se acentúa hasta provocar el paso a la acción, a causa de la contemplación constante de cintas pornográficas con actores adultos sean arrestados por prácticas con jóvenes? 
Se da aquí una clase de irrealismo que me parece verdaderamente muy, muy extraño de comprender en el plano lógico. 
En cuanto al informe de nuestra colega, la Sra. Ancona, tampoco voy a abordar esta cuestión bajo la óptica de los múltiples problemas económicos, esto es la distinción entre una represión, que debería ser implacable, de los traficantes y por supuesto la actitud de los jóvenes principalmente, para quienes la cuestión es evidentemente muy delicada. 
Me contentaré entonces con un enfoque que me parece indispensable y al que no se ha prestado la suficiente atención. 
Se dice que hay que mirar las cosas desde el lado de la oferta. 
¿Pero porqué se drogan los jóvenes? 
¿Qué crítica, qué examen de conciencia deben hacer los adultos en nuestros países, ya sean los padres, ya sean los profesores o los responsables sociales, en una palabra, todos los adultos que están en contacto con la juventud, respecto a por qué no somos capaces de transmitir a la juventud razones para vivir, el gusto por la vida, la fuerza moral para afrontar las dificultades de la existencia humana? 
La vida en la Tierra siempre ha sido muy difícil. 
Hay un déficit fundamental que debería concitar un esfuerzo conjunto, y para terminar, me permito el lujo de llamar la atención sobre un tema concreto, el hecho de que siempre hablamos de la enseñanza de los idiomas. Pero tenemos una visión cada vez más utilitaria de la enseñanza de los idiomas, mientras que la literatura, la gran literatura de los distintos países europeos, de nuevo a disposición de los jóvenes, quizá les proporcionaría esas pistas que les impedirían deslizarse hacia conductas tales como el consumo de drogas. 
Señor Presidente, mucho antes de que yo perteneciera a esta Asamblea se preveía EUROPOL como un instrumento poderoso para la lucha contra la delincuencia organizada. 
Pero todavía no se ha llegado a eso. 
Hasta hoy los trabajos de preparación no han fructificado tanto como para posibilitar en La Haya un funcionamiento pleno. 
Naturalmente, todos nosotros estamos interesados en una EUROPOL plenamente operativa como arma adecuada contra la delincuencia organizada. 
Sin embargo, un instrumento eficaz para combatir el aumento, incluso cualitativo, de la delincuencia es algo que estamos requiriendo todos. 
Pero en vez de pedir con vehemencia que se concluyan los trabajos preparatorios, estamos discutiendo hoy un desarrollo que va muy lejos y también, en nuestra opinión, en una dirección equivocada. 
En efecto, el aspecto de la seguridad no hace necesario otorgar a los funcionarios de EUROPOL un derecho a impartir instrucciones a los funcionarios nacionales ni instalar un órgano central europeo. 
Rechazamos el informe por estas razones. 
Creo que es el momento de hacer una reflexión clara. 
Atravesamos un clarísimo, importantísimo y- añadiría, sin duda- gravísimo momento de crisis de la conciencia europea. 
Los estados de opinión de nuestros Estados miembros han venido madurando y hoy han reventado las costuras de aquel proyecto que limitaba la construcción europea a un mercado. 
Hoy en día, creo que nadie puede dudar de que la ciudadanía europea quiere y dice que Europa es un proyecto de civilización y no sólo un mercado. 
No quisiera, pero es obligado hoy hacer referencia a la reciente situación en Kosovo y a la exigencia de una proyección de Europa hacia el exterior. 
Pero para que Europa se proyecte hacia el exterior tenemos que tener muy claro y muy cimentado lo que es Europa de puertas adentro: Europa, de puertas adentro, no puede ser ese mercado exclusivamente. 
En este sentido, señor Presidente, la democracia de nuestros Estados miembros es muy exigente y nosotros, que representamos aquí a los ciudadanos, tenemos que tener claro que en este ejercicio, en este Informe Bontempi y en los cuatro informes que también se discuten hoy, tenemos que llevar el Tratado de Amsterdam al límite legal. 
Evidentemente, el Tratado de Amsterdam es nuestro marco jurídico, pero tenemos que llevarlo al límite legal de sus posibilidades y, donde ello no sea suficiente, tenemos que asumir el claro compromiso de cambiar el Tratado para cumplir con lo que hoy en día es una demanda clara de la ciudadanía. 
Por eso, señor Presidente, es importantísima la Cumbre de Tampere, puesto que va a cuajar en el debate de los Estados miembros todas estas cuestiones al más alto nivel. 
El informe del Sr. Bontempi es importante porque es el que define lo que pretendemos que sea realmente ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia que el Tratado, de momento, proclama. 
La Cumbre de Tampere es la que va a traducir todo esto a la práctica y, en ese sentido, el informe del Sr. Bontempi contiene planteamientos fundamentales. 
Y digo esto agradeciendo, por supuesto, las palabras del Sr. Bontempi respecto de mí. 
He de decir que he trabajado en un ambiente de absoluta colaboración y que me siento tan responsable como él del resultado que obtengamos- espero que mañana- con un gran respaldo de toda la Asamblea. 
Hablamos de que es necesario plantear claramente qué derechos fundamentales queremos y a qué nivel jurídico los queremos establecer; que no haya discriminaciones; que se desarrolle la ciudadanía europea; que la libre circulación de personas, los visados y la inmigración- y no vuelvo sobre los asuntos que son tan de actualidad hoy- son una necesidad que exige inmediata solución, si queremos llevar adelante el objetivo que proclama el Tratado de Amsterdam. 
Necesitamos, además, mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. 
Deben tener la sensación de que tienen cobertura jurídica en toda Europa, y no como un día me decía alguien en España, que, respecto de la justicia, da igual tener un pleito contra un francés que contra un ciudadano de cualquier otro país del mundo. 
Tenemos, por último, que cambiar los métodos de trabajo y la colaboración entre instituciones. 
Esas son las grandes áreas del Informe Bontempi. 
Finamente, señor Presidente, quisiera expresar mi reconocimiento a los ponentes de los otros informes, que se desarrollan en torno a esos tres vectores de libertad, de seguridad y de justicia y subrayar la importancia de los mismos. 
Señor Presidente, esta discusión simultánea de varios informes tiene algo de extraño. 
Por la propia división de los informes, da la impresión de fragmentación de los temas cruciales, mientras que nos encontramos sin ninguna duda, ante el meollo, ante lo esencial de la construcción europea, del proyecto europeo de construcción de una comunidad de ciudadanos. 
Del informe del Sr. Bontempi, extraigo esa impresión de una ciudadanía europea que se construye de forma progresiva, en cierta manera partiendo de la nada, no sólo a base de afirmar un cierto número de libertades positivas, sino también (y ya lo habíamos visto con los avances en materia de libertad de circulación de personas) creando una categoría nueva: ese compatriota comunitario que ya no es totalmente extranjero en ninguno de nuestros países. 
La sensación de fragmentación aumenta cuando vemos que hay ciertos conceptos que se dejan de lado, especialmente la noción de laicismo, que nos lleva al nuclear de la ciudadanía europea definida en el tratado de Amsterdam como derechos fundamentales que transcienden la división en categorías, lealtades, dogmas, etnias o religiones. 
En Europa construimos un espacio de libertad y de ciudadanía que va más allá, que es fundamental. 
Pues bien, esto es exactamente lo que los padres fundadores del laicismo republicano pretendían hacer: despegar al ciudadano de los particularismos por medio de la generalización de los derechos. 
Señor Presidente, es una pena, y termino con esto, que esta dimensión fundamental del laicismo no se haya abordado en un debate tan crucial. 
¿Hacia dónde vamos? 
Según el informe que estamos discutiendo, la UE tendrá mayores facultades en materia jurídica, entre otras cosas, un Reglamento de la Unión creará una identidad europea y legitimará su actividad. 
Se va a dar más poder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Habrá mayor armonización del derecho civil y penal y de la definición de delito. 
Europol es una unidad policial europea que tendrá facultades operativas y podrá también dar instrucciones a las autoridades policiales nacionales. 
Hay quienes demandan la existencia de una fiscalía europea y mucho, mucho más. 
Quiero manifestar que estos delicados asuntos que tratan del núcleo de los Estados miembros- es decir, de la soberanía- y que están regulados en las constituciones de los distintos países, no han sido debidamente discutidos por los ciudadanos. 
Puede ser muy arriesgado si se tiene demasiada prisa y se atropella tanto a los ciudadanos como a los parlamentos nacionales. 
¿Por qué no nos atrevemos a hablar claro aquí en el Parlamento Europeo, a discutir, a mostrar que aquí hay una mayoría que quiere crear los «Estados Unidos de Europa» , aunque evidentemente yo no estoy a favor, y a discutir con los ciudadanos y los parlamentos nacionales? 
En cuanto al informe de d ' Ancona sobre drogas, es menos malo, visto con ojos suecos, que muchos otros que hemos discutido. 
No obstante, he presentado cuatro enmiendas a las que espero que el Parlamento y la Comisión den su apoyo, especialmente a la enmienda 2. 
Señor Presidente, estos informes pretenden dotar de contenido la manera en que se puede colaborar en asuntos de policía y justicia en la Unión Europea. 
El Sr. Nassauer ha puesto de relieve con todo acierto la falta de control en Europol. 
A mi modo de ver, la solución al respecto pasa fundamentalmente por los parlamentos nacionales y el Consejo. 
La ampliación de Europol con más competencias policiales no me parece en absoluto buena idea, dada la problemática actual del control. 
En lo que respecta al claro informe del Sr.Wiebenga, con la creación de un espacio abierto sin fronteras interiores se plantea indefectiblemente la necesidad de una armonización parcial del derecho penal. 
El informe señala acertadamente que no debe establecerse una legislación europea en materia de derecho penal. 
Resulta menos lógico, sin embargo, que el ponente propugne la creación de un ministerio público europeo. 
Realmente no creo necesario adoptar una solución de tamaña envergadura. 
Seré breve al referirme al Informe Schmidt. 
Lo apoyo plenamente. 
Con el informe del Sr. Bontempi, sin embargo, tengo más dificultades. 
En un batiburrillo de palabras se tratan todo tipo de temas absolutamente dispares. 
De manera demagógica señala que entre los ciudadanos hay una aversión a la falta de una legislación europea en todos los terrenos y a la denominada desaparición de los regímenes jurídicos nacionales. 
Es verdaderamente increíble que se achaque a eso el origen de la delincuencia nacional y de los problemas sociales. 
No hay una demanda urgente por parte de la opinión pública hacia la ciudadanía europea. 
Sí la hay hacia la libertad, la seguridad y la justicia. 
La manera en que se consiga importa poco a la mayoría de los ciudadanos. 
Afirmar que esto sólo puede alcanzarse a través de la política europea es una tontería. 
Otro ejemplo es el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos. 
Se me escapa totalmente su sentido, a no ser que sea elaborar una constitución europea como comienzo de un Estado europeo. 
Aún queda mucho por tratar, pero me basta decir que no apoyaré este informe poco matizado, a rachas demagógico y, en cualquier caso, incoherente. 
Señor Presidente, la frase del emperador austriaco que ha citado el Sr. Schmid caracteriza con mucha precisión el proyecto del Consejo sobre la lucha contra la pornografía infantil. 
Por consiguiente, las enmiendas que se han presentado significan una importante mejora. 
La creciente y totalmente desenfrenada proliferación de imágenes y actividades pedófilas a través de Internet invierte en parte la función de la moderna tecnología de la información de ser una bendición para la humanidad en ser una maldición para la humanidad. 
La delincuencia profesional sólo podrá ser combatida con éxito en el ámbito del abuso de menores y de la mala utilización de Internet si la UE procede de manera conjunta y si, sobre todo, los Estados miembros cooperan más intensamente entre sí y con terceros países. 
Pero a este respecto es necesario también armonizar determinados conceptos del Derecho penal como el límite de la mayoría de edad. 
De lo contrario se pueden producir situaciones absolutamente absurdas. 
Así, por ejemplo, un ciudadano alemán que fue condenado en Bélgica a cinco años de prisión por abuso de menores vive en libertad en Alemania porque el hecho cometido por él en Bélgica no es punible en Alemania debido a que el límite de la mayoría de edad es diferente en ambos países. 
Para empezar, doy las gracias a la ponente. 
En este Parlamento hemos tenido muchos debates sobre la política de drogas. 
A veces esos debates han sido muy intensos y cargados de sentimientos. 
Tengo que decir que este informe de d ' Ancona es mucho, mucho mejor que los que hemos discutido anteriormente. 
Opino que esto favorecerá la objetividad de los futuros debates sobre política de drogas. 
Esto no significa que en el futuro vamos a estar de acuerdo en todos los detalles. 
No, no lo creo, ya que venimos de diferentes países, con distintas tradiciones. 
Por ejemplo, creo que a veces prestamos demasiada atención a la llamada harm reduction, en lugar de prestársela a los esfuerzos anticipados y a las medidas de prevención. 
Sin embargo, tengo que decir que estoy de acuerdo con la ponente en casi todos sus puntos de vista como, por ejemplo, en que un Comisario asuma la responsabilidad de tratar de encontrar alternativas a las penas de cárcel, puesto que la cárcel no es una solución a los problemas de las drogas, y en hacer una evaluación de los métodos de rehabilitación existentes; sabemos, por cierto, que hay métodos de rehabilitación mejores y peores, pero hay deficiencias en la evaluación de ellos. 
Finalmente, opino que debemos estar orgullosos de una cosa que hemos podido hacer en común- el Parlamento y la Comisión- durante este período, a saber, el trabajo en contra de las drogas sintéticas. 
Algo que hemos logrado conjuntamente durante este período es comenzar este trabajo tan importante, la lucha contra las drogas de diseño. 
Señor Presidente, en realidad hoy estamos celebrando un debate sobre seguridad que consta de dos bloques. 
En el primer bloque quisiera destacar el problema de las drogas. 
Por una razón muy sencilla: actualmente más de cinco millones de jóvenes de la Unión Europea consumen drogas sintéticas. 
Hemos de constatar en todos los informes que el consumo de drogas y también el trafico de drogas están aumentando palmariamente. 
En la Unión Europea necesitamos estrategias eficaces contra las drogas. 
Cuando nos esforzamos en lograrlas, nuestro problema es que debido a la multitud de cosas que hemos de hacer en el marco de nuestras estrategias, éstas no siempre resultan tan claramente perceptibles para la población. 
Las estrategias contra la droga discurren a través de tres pilares; tenemos varios planes de acción y un buen número de informes relativos a la problemática de las drogas. 
Necesitamos con urgencia una homogeneidad en la formulación y por medio de ella más inteligibilidad en nuestras estrategias. 
Quisiera destacar algunos puntos que considero muy esenciales. 
En primer lugar, en la medida de lo posible, y como una señal, deberíamos acostumbrarnos a hablar no de estrategias sobre la droga sino de estrategias contra la droga. 
Lo mismo ha de entenderse también de todos los informes que se ocupan de ellas. 
En segundo lugar, habría que mantener de manera permanente lo que nos hemos propuesto en este punto, en concreto, que no debe haber en el futuro ninguna liberalización y ninguna legalización en materia de producción, venta o consumo de las drogas. 
El futuro de la Unión Europea no debe ser tal que haya hachís en las expendedurías de tabaco o que se pueda conseguir heroína con receta médica. 
Esta no puede ser jamás nuestra realidad. 
En tercer lugar, debemos conducir sin ideología alguna nuestro debate sobre las drogas. 
Necesitamos planteamientos eficaces de solución, que vayan desde la prevención, pasando por la represión, hasta la prestación de ayuda a los drogadictos y, a este respecto, pienso que en el ámbito de la prevención deberíamos emprender medidas, sobre todo en los colegios, pues en ellos llegamos a todos los jóvenes de la Unión Europea. 
Quiero proponer una vez más que apoyemos acciones sobre una base de voluntariedad. 
Hay que dar las gracias a la Sra.Comisaria por haber prometido también su apoyo. 
Así, por ejemplo, en Europa los colegios deberían ser declarados zonas libres de drogas sobre una base voluntaria. 
Habría que mejorar y ampliar la cooperación con la industria química, por ejemplo, en la lucha contra las sustancias precursoras. 
En el ámbito de la represión es preciso desarrollar Europol, prestar apoyo a la policía, impulsar la cooperación judicial e introducir, en suma, ayudas a los drogodependientes. 
Finalmente, Europa debe ser considerada como una comunidad de seguridad en todas las estrategias. 
En este punto no abrigo ningún temor cuando considero los informes como, por ejemplo, los informes del Sr. Nassauer y del Sr. Wiebenga. 
En ellos se demandan acciones enérgicas y yo deseo más acciones enérgicas en la cumbre extraordinaria de Tampere. 
Señor Presidente, voy a ser muy directo. La idea de instaurar un ministerio fiscal europeo común debe ser rechazada. 
No debemos tener ni un código penal europeo común ni un ministerio fiscal europeo común. 
Podemos combatir la delincuencia de una forma igual de eficaz con los instrumentos ya existentes, entre los que figuran Europol y el Convenio sobre extradición y ayuda judicial recíproca. 
Podemos fácilmente reforzar la cooperación entre los países miembros en materia de investigación y enjuiciamiento sin que por ello tengamos necesariamente que disponer de normas homogéneas y de un ministerio fiscal europeo. 
No debemos armonizar por armonizar y realmente no hay tantas diferencias entre los códigos penales de los Estados miembros que no puedan ser superadas con los instrumentos de los que ya disponen los Estados miembros. 
Podemos fácilmente garantizar una investigación eficaz sin tener que dejar ésta en manos de instancias supranacionales. 
Europol ejemplifica perfectamente esta posibilidad y Europol debe seguir conservado este carácter interestatal. 
No debe convertirse en una autoridad policial europea con competencias operativas. 
En el informe del Sr. Nassauer se propone que Europol quede bajo competencia de la Comisión al mismo tiempo que se amplían las competencias de control que sobre Europol tiene el Parlamento Europeo. 
Ésta es una idea pésima. 
Formalmente, el control parlamentario sobre Europol está perfectamente en manos de los parlamentos nacionales, aunque también es dudoso que lo sepan por lo que quizá sería buena idea que también se informara al Parlamento Europeo el cual se toma en serio sus tareas de control. 
El control sobre las informaciones personales está perfectamente en manos de los instituciones de registro nacionales. 
Europol es una cooperación interestatal y el Tratado de Amsterdam excluye afortunadamente todos los intentos de convertir la cooperación policial en supranacional. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo en que es importante el control democrático de lo que sucede en el tercer pilar, pero creo que existen demasiadas experiencias respecto a las dificultades para ejercerlo, especialmente cuando existe esta forma de gestión con derechos «blandos». 
Muchas veces me enfado muchísimo cuando veo recomendaciones que han sido tratadas en un grupo de trabajo del Consejo y que sólo podemos ver lo que ellas realmente significan cuando ya están en etapa de cumplimiento. 
Creo que otra vez vamos a enfrentarnos a este tipo de asuntos en relación con los controles telefónicos. 
En cuanto a éstos, las actitudes del Consejo son muy importantes, nuestros derechos tienen que respetarse y se nos tiene que dar el tiempo que sea necesario para poder influir. 
Una recomendación de esta naturaleza, que se está cumpliendo, es la relativa al asunto de la inversión de la carga de la prueba respecto al embargo de propiedades adquiridas mediante delitos. 
Me temo que en este asunto las normas serán bastante «blandas» y que éstas se podrán usar de manera atentatoria contra los derechos de los ciudadanos. 
Incluso mi país, Finlandia, parece que se prepara para aplicar esta recomendación. 
El ponente Bontempi también quiere que estudiemos un reglamento europeo para los derechos humanos, que la UE lo redacte. 
La Presidencia alemana también lo ha mencionado. 
En esto, mi opinión es: estudiémoslo, pero hagámoslo con calma. 
No creo que necesitemos nuevos instrumentos, pero sí necesitamos un cumplimiento más completo de los existentes. 
Vería gustosa que el reglamento social europeo llegue a formar parte de la legislación que nos rige y que también existan mecanismos más eficaces para el cumplimiento de este punto. 
Finalmente espero, igual que todos los que estamos aquí, que la Cumbre extraordinaria de Tammerfors, en Finlandia, sea un éxito y que allí se consigan decisiones concretas. 
No necesitamos largos programas de acción sino medidas concretas y equilibradas, aquellas que beneficien al buen ciudadano común. 
Señor Presidente, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el mes que viene proporciona a la Unión un margen de movimientos aún mayor para intensificar de manera activa la competitividad del mercado único. 
Si bien se trata de un hecho positivo, el problema reside en que los Estados miembros no tienen aún una visión lo suficientemente clara de cómo se podría desarrollar más eficazmente la cooperación en el marco del tercer pilar. 
Por ejemplo, las normas de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea presentan una diversidad enorme e inaceptable entre los distintos Estados miembros. 
Se debe buscar la causa principal para explicar la profusión de problemas en el mercado único- como el aumento del narcotráfico, las dificultades a la hora de luchar contra los estupefacientes, el tráfico de seres humanos y todos los demás cuestiones problemáticas- en las deficiencias que se registran en el control de las fronteras exteriores de la Unión. Estas deficiencias exigen que Europol desempeñe en el futuro un papel más importante que el que se contempla en el Tratado de Amsterdam. 
Europol no puede quedar reducida a una mera institución central de carácter burocrático. 
No es posible presagiar un futuro de rosas al mercado único si no se consigue estrechar la cooperación policial y aduanera en la UE, especialmente si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la próxima ampliación de la Unión hacia el Este supondrá en cualquier caso un mayor número de presiones y desafíos, tanto para el control de las fronteras exteriores, como para la lucha contra la delincuencia organizada. 
Europol ha de dotarse de amplias competencias en la coordinación de las investigaciones para lograr incorporar en esta cooperación a todos los Estados europeos, incluidos los países candidatos de la Europa Oriental, inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado. 
Señor Presidente, el debate de esta tarde demuestra cuánto queda por hacer en asuntos jurídicos y de interior. 
El nuevo Tratado entrará en vigor dentro de poco tiempo. 
Éste nos proporcionará una meta ambiciosa y bien formulada, a saber, la conservación y el desarrollo de Europa como un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
La combinación de los conceptos libertad, seguridad y justicia da una idea clara y simple de la orientación del trabajo futuro. 
La colaboración tiene que hacerse en torno a las condiciones de vida cotidiana de las personas. 
Simultáneamente, existe la dificultad de que esas materias abarcan actividades muy diferentes. 
Por eso, nuestros objetivos también tienen que formularse a la medida, para que convengan a cada campo de colaboración en particular. 
Éste es el delicado trabajo que espero que sea el tema principal de la Cumbre de Tammerfors en el otoño. 
El Informe Bontempi constituye una aportación importante. 
Él confirma que debemos acostumbrarnos a pensar en Europa como un territorio jurídico común. 
Me complace especialmente comprobar que el ponente Bontempi en su informe hace hincapié justamente en los derechos del individuo. 
El nuevo Tratado conlleva ventajas en muchos campos. 
Schengen, por ejemplo, pasa a ser parte de la colaboración en el ámbito de la Unión, la libre circulación de los ciudadanos de la UE por fin, posiblemente, se hará realidad. 
La libertad en Europa no puede reservarse sólo para los ciudadanos de la Unión. 
Tiene que comprender a todos los que viven y permanecen legalmente en nuestro territorio. 
Ésta es una tarea política importante, con potenciales consecuencias a largo plazo para el conjunto de la futura colaboración. 
Espero que el Parlamento comparta este criterio. 
Además, libertad significa más que libre circulación. 
Libertad significa también derecho a vivir en una sociedad que persigue eficientemente a quienes violan las leyes. 
La idea europea presupone, por eso, que todos los Estados miembros tengan confianza en la capacidad de los otros para, por ejemplo, actuar eficientemente contra la delincuencia organizada. 
Europol se trata, en gran medida, de esto. 
Su mandato está formulado con amplitud. 
Se nos ha dado la herramienta que durante largo tiempo hemos esperado en la lucha contra la delincuencia organizada. 
El ponente Nassauer destaca en su informe la necesidad de dar rápidamente a Europol mayores atribuciones operativas. 
Estoy de acuerdo en que en el futuro Europol tendrá que tener facultades que posibiliten una colaboración, tan eficiente como sea posible, entre las policías y las autoridades aduaneras de los Estados miembros. 
El Tratado de Amsterdam abre esa posibilidad. 
Entretanto, Europol tiene que cumplir plenamente el mandato que ya tiene. 
Su credibilidad se fundamenta en alto grado en que las policías y las aduanas de los Estados miembros vean la colaboración como provechosa. 
La utilidad de Europol está en proporción directa con la cantidad de investigaciones criminales realizadas y en las que se pueda decir que el apoyo de Europol ha sido relevante. 
Otro asunto diferente es saber cómo se va a controlar a esta organización en el futuro. 
En relación con esto, hay diferentes experiencias en los distintos Estados miembros. 
El día que haya que redactar un nuevo Tratado será ésta, sin duda, una materia de especial relevancia. 
Cuando hablamos del combate a la delincuencia estamos refiriéndonos también a la colaboración judicial. 
Cuando la policía y la aduana han terminado su trabajo, comienzan los fiscales, los abogados y los jueces el suyo. 
Las diferencias en las normas de derecho penal de los países miembros son enormes. 
Lo que es punible en un país miembro no lo es necesariamente en otro. 
Varían, por ejemplo, la definición de delincuencia organizada y la edad para tipificar los abusos sexuales con niños. 
A esto hay que agregar que la colaboración entre los tribunales no se ha desarrollado. 
Tenemos muchos ejemplos, incluso en el campo de los fraudes, en los que la delincuencia organizada se ha aprovechado de esto. 
Por eso estoy de acuerdo con el diputado Wiebenga en que hay que encontrar una solución. 
Simplemente tenemos que tapar los agujeros existentes. 
Mi opinión es que, en primer lugar, deberíamos intentar ponernos de acuerdo en los tipos de delitos que deben considerarse como especialmente graves en todos los países miembros. 
Corrupción, comercio con personas, contrabando de drogas, violaciones, abusos sexuales con niños y terrorismo son algunos ejemplos de delitos que deben ser castigados con penas análogas. 
El Tratado de Amsterdam nos posibilita al menos ponernos de acuerdo en normas mínimas. 
Igualmente importante es que las normas de procedimiento funcionen en un ambiente judicial internacional. 
De lo que se trata es de que nuestras autoridades judiciales trabajen juntas, de manera eficaz, a pesar de las diferencias existentes. 
Así se facilita para los ciudadanos de la UE el verdadero acceso al sistema judicial, independientemente del país en que se encuentren. 
El Informe Wiebenga sobre procedimientos penales, el Corpus Juris, presenta un modelo de colaboración de los sistemas judiciales más eficaz en el ámbito de la UE. 
El punto central es la protección de los intereses financieros de la comunidad. 
En el informe se propone, entre otras cosas, una profunda armonización del derecho penal en esta materia. 
También se propone la creación de una fiscalía europea para combatir los delitos contra los intereses financieros. 
El modelo de Corpus Juris es ambicioso; muchos dirían que utópico. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que, en todo caso, hay motivos para fortalecer la cooperación entre los fiscales y los jueces instructores de la Unión. 
Niños y niñas son explotados de la forma más detestable. 
Pensando en estos niños, tenemos que combatir esa clase delitos con la mayor energía. 
Con todo, se trata también de limpiar Internet. 
Esta formidable red de comunicaciones e información tiene que mantenerse, en la medida de lo posible, libre de pornografía infantil. 
El Informe Schmid describe las dificultades que tenemos que enfrentar. 
No basta con el aumento de recursos ni con la colaboración entre las policías. 
Hay que profundizar la cooperación entre las autoridades y la industria de Internet. 
También hay que divulgar experiencias y conocimientos técnicos que posibiliten filtrar y excluir las páginas con pornografía infantil. 
La medida común del otoño de 1998 trata justamente del perfeccionamiento de esta cooperación. 
En ella se destaca especialmente la importancia de la colaboración entre la industria y las autoridades. 
Además, los países miembros se comprometen a estudiar las condiciones especiales que se podrían exigir a quienes ofrecen servicios en Internet. 
También tenemos que colaborar para que algunos programas comunitarios, como Stop y el plan de acción contra los abusos en Internet, se apliquen en su totalidad, para respaldar así la cooperación que se produzca en torno la medida común. 
Estoy de acuerdo con el ponente Schmid en que se puede llegar todavía más lejos. 
En primer lugar, pienso hacer que cualquier contacto con pornografía infantil constituya un acto delictivo en todos los países miembros, además de establecer un límite común de edad para la definición de «niño» en el ámbito de la Unión. 
Soy consciente de que esto es más fácil decirlo que hacerlo. 
Al mismo tiempo sé también que los criterios de justicia predominantes en Europa exigen enérgicas medidas contra la explotación sexual de menores. 
Las condiciones para derribar las fronteras de lo posible deben ser, por eso, extraordinariamente buenas. 
Para terminar, permítanme decir algunas palabras sobre el informe de d ' Ancona y la lucha contra las drogas. 
El actual plan de acción contra las drogas de la Unión se termina este año. 
Por este motivo el Consejo de Europa ha pedido a la Comisión que prepare un nuevo plan de acción. 
Este trabajo se ha realizado durante el invierno y está prácticamente terminado. 
Espero, a pesar de las actuales circunstancias, que pueda presentar esta propuesta. 
La diputada d ' Ancona menciona especialmente en su informe la importancia de las medidas preventivas. 
Éste también va a ser uno de los temas principales de la propuesta de la Comisión. 
Esto concuerda totalmente con las directrices que se aprobaron el verano pasado en la Cumbre de la ONU sobre Drogas. 
También vamos a dedicar especial atención a lo que llamamos una estrategia integrada y global. 
Las medidas aisladas no son suficientes, aunque estén muy bien realizadas. 
Todo lo que hacemos en este terreno debe ser coherente y tiene que constituir una unidad. 
El trabajo preventivo, por ejemplo, tiene que ser la base de las medidas en contra de la delincuencia relacionada con las drogas y de la drogodependencia. 
Una concepción restrictiva tiene que asociarse siempre a un fuerte compromiso social. 
Es evidente que las acciones de carácter nacional tienen que tener en cuenta los efectos que puedan afectar a la comunidad internacional. 
Los asuntos sobre droga seguirán teniendo prioridad. 
La gente espera señales claras y precisas de parte de la Unión sobre la forma de afrontar los retos que se nos presentan. 
Por eso es importante que exista un compromiso verdadero de todas las instituciones de la Unión Europea. 
Sé que la ponente d ' Ancona también está satisfecha con la cooperación interinstitucional que se ha establecido estos últimos años entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo en torno al combate contra las drogas. 
En su informe destaca también la necesidad de cooperación eficaz y coordinación de las acciones. 
Estoy totalmente de acuerdo con esto y espero sinceramente que la colaboración que hemos logrado construir se desarrolle aún más en los años venideros. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Migración, derecho de asilo e integración de los refugiados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de 
el informe (A4-0133/99) de la Sra. Reding, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el documento de estrategia sobre la política de migración y de asilo (9809/2/98- C4-0051/99-99/0905 (CNS) ); -el informe (A4-0138/99) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores sobreI.el proyecto de acto del Consejo por el que establece un Protocolo al Convenio relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asiloII.el proyecto de protocolo al Convenio relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo establecido en virtud del artículo K.3 del tratado de la Unión Europea (12298/98- C4-0673/98-98/0916 (CNS) ); -el informe (A4-0115/99) del Sr. Zimmermann, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobreI.la propuesta de decisión del Consejo relativa a un programa de acción comunitaria para promover la integración de los refugiados (COM (98) 0731- C4-0049/99-98/0356 (CNS) ) II.la propuesta de decisión del Consejo relativa a una acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se establecen medidas concretas de ayuda para la acogida y repatriación voluntaria de refugiados, personas desplazadas y solicitantes de asilo (COM (98) 0733- C4-0050/99-98/0357 (CNS) ); -el informe (A4-0118) de la Sra. Terrón i Cusí, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acción común, adoptada por el Consejo con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la creación de un sistema de alerta rápida para la transmisión de información sobre inmigración ilegal y redes ilegales de inmigración (5001/99- C4-46-99/0909 (CNS) ). 
Señor Presidente, las últimas semanas seguramente habrán abierto los ojos a todos aquellos que no lo habían comprendido hasta ahora. 
El drama de esos cientos de miles de personas que han sido forzadas a huir de Kosovo ha puesto de manifiesto claramente que la política migratoria en general (y la de asilo en particular) no puede abordarse de forma individual por cada nación. 
Los europeos solo podrán enfrentarse a este grave problema todos juntos al unísono. 
Pero no basta con presentar declaraciones doctas y solemnes. 
Es preciso que a estas les sigan hechos, acciones políticas concretas. 
Pues es exactamente ahí donde duele. 
A la luz del tratado de Maastricht, apenas corregido por el tratado de Amsterdam, es a los gobiernos a quienes corresponde la iniciativa política en materia de migración y asilo. 
Ahora bien, la política intergubernamental no funciona. 
Se han firmado una nada desdeñable veintena de convenciones y de acciones comunes. 
Todas pendientes de ratificación, hasta ahora todo intento ha sido en vano. 
Son, pues, inoperantes, inútiles. 
Aún más grave, el texto que más nos habría ayudado en la crisis de Kosovo, a la sazón, «la acción común en materia de protección temporal de las personas desplazadas en caso de conflicto, todavía no ha recibido el beneplácito del Consejo. 
No es así como la política funcionará con eficacia en Europa. 
En materia de política de migración y de asilo, el obstáculo se encuentra en el déficit europeísta, en la imposibilidad de adoptar decisiones comunitarias por mayoría cualificada. 
Es positivo pues, que la presidencia austríaca haya relanzado el debate presentando un documento estratégico sobre la política de la Unión en materia de migración y de asilo. 
El Parlamento presenta sus puntos de vista vislumbrando esta política futura, que cobrará (así lo esperamos) carta de naturaleza en el Consejo extraordinario de Tampere. 
En primer lugar, no queremos que se confundan migración y asilo. 
El derecho de petición de asilo político es un derecho fundamental plasmado en la Convención de Ginebra. 
No podrá derogarse. 
Al contrario, habrá que lograr una cierta armonización de las condiciones de acogida, una racionalización y una aceleración de los procedimientos de tramitación de las peticiones, la solidaridad entre Estados miembros en relación con la distribución de los refugiados y de las cargas derivadas de una afluencia masiva de deportados. 
Pero se haga lo que se haga, el derecho a pedir asilo político es un derecho humano fundamental que no puede rechazarse en ningún caso. 
En cuanto a la emigración por razones de trabajo, hay que hacer todo el esfuerzo posible para que los inmigrantes legales se integren plenamente en aquella sociedad en la que participan positivamente. 
Cuestión diferente es la inmigración clandestina, pues debe combatirse con eficacia, sobre todo cuando hay implicaciones delictivas. 
Tanto las redes de inmigración clandestinas como la trata de seres humanos son nuevos campos de acción del crimen organizado. 
Los países europeos solamente podrán frenar estos crímenes execrables poniendo en común los medios de lucha eficaz. 
Señoras, señores, queridos colegas, la política de migración y de asilo son retos para el futuro. 
O nos unimos para controlar el problema y proponer soluciones eficaces o corremos el riesgo de fracasar. 
El Parlamento europeo no desea tal fracaso. 
Propone pues, un plan de acción eficaz y factible y espera que los gobiernos actúen y lo pongan en práctica. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en mi informe se trata de la discusión sobre el sistema «Eurodac». 
«Eurodac» es un sistema que nos debería hacer posible tomar las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y compararlas, y esto con un triple objetivo: el objetivo 1 es ponernos en condiciones de llevar a cabo con éxito la lucha contra los abusos. 
Efectivamente, estamos constatando que cada vez se producen más solicitudes de asilo. 
Lo que aquí se da es abuso social. 
Finalmente, estamos constatando que cada vez más delincuentes presentan solicitudes de asilo para eludir las consecuencias de la legislación de extranjería. 
También estamos constatando que cada vez hay más ilegales que después de cruzar ilegalmente la frontera presentan solicitudes de asilo cuando son aprehendidos. 
El segundo objetivo, además de la lucha contra el abuso, es conseguir una distribución equitativa de las cargas. 
Esto tiene que ver una vez más con Dublín y con la realización del Convenio de Dublín, en el sentido de que las personas que se encuentren huyendo presenten su solicitud de asilo allí donde encuentren por primera vez un suelo seguro, y estos países están obligados luego a dar curso al procedimiento de asilo. 
El tercer objetivo, muy esencial, es que se preste una ayuda rápida y óptima a los verdaderos refugiados, a los auténticamente perseguidos, a través de medidas por las que se reduzcan las solicitudes de asilo, se lleven a término con más celeridad los procedimientos y se ponga de manera efectiva a disposición de los que realmente sean asilados el dinero que esté destinado a ellos. 
¿Qué es lo que ha conducido hasta este informe? 
Lo primero que ha habido ha sido el Convenio Eurodac. 
Pero, como sabemos, aunque el documento se concluyó y aunque hay un acuerdo en el Consejo, no se ha producido ninguna firma del documento y en consecuencia, naturalmente, ninguna ratificación. 
Aunque no existe esta ratificación, se han producido quebraderos de cabeza por ampliar el sistema, en concreto, a la toma de huellas dactilares de los ilegales que son aprehendidos en la frontera o incluso dentro del país con el fin de compararlas y comprobar si presentaron ya en algún sitio una solicitud de asilo, dando así una realización efectiva al Convenio de Dublín. 
Este protocolo y este acuerdo han conducido a que el Parlamento se haya visto instado a emitir una opinión, por cierto, en un periodo de tiempo relativamente corto, aunque no ha habido ninguna ratificación previa y aunque se ha afirmado en el Consejo que después de Amsterdam y después de su puesta en práctica es preciso contar, de todos modos, el Parlamento con una nueva reglamentación por parte de la Comisión y del Consejo. 
El Parlamento ha discutido en comisión y ha creído claramente que, a pesar de todo, debería emitir una opinión y, en concreto, para que según Amsterdam la Comisión pueda incluir rápidamente en su propuesta la opinión del Parlamento. 
Este informe que he presentado ha sido debatido dos veces y cuando el 16 de marzo llegó a votación se produjo una modificación de la situación una vuelta atrás argumentada por parte del Partido de los Socialistas Europeos, de los Verdes y de algunos otros. 
De repente ya no se quería tener un informe y se rechazó el documento. 
Como ponente tomo nota de cuál fue el resultado en comisión, aunque no comparto la opinión sobre esto, pues mi opinión es- como también era antes la opinión clara de toda la comisión- que la medida «Eurodac» es necesaria como medio de lucha. 
Permitánme ahora- no como ponente, sin como diputado del Parlamento y del Grupo del Partido Popular Europeo- hacer algunas puntualizaciones al respecto. 
Esto que ha ocurrido aquí, al final del debate, ha sido un espectáculo lamentable, ya que el Grupo de los Socialistas Europeos y otros han doblado la rodilla ante su clientela de izquierdas, estaban dispuestos a no dar ninguna señal en el sentido de que no hay que luchar contra el abuso en el derecho de asilo y que habría que hacer uso de la facultad del Parlamento de presentar previamente a la Comisión propuestas que refuerzan nuestra posición, precisamente en los ámbitos de la solicitud de asilo, de la tramitación ordenada y de la lucha contra el abuso. 
Por último quiero hacer una llamada a todas las fuerzas de la sensatez en esta Asamblea en orden a que mañana, en la votación, apoyen la propuesta del Consejo y den una señal enérgica en favor de una distribución indirecta de las cargas y en favor de la lucha contra el abuso. 
Señor Presidente, estimados colegas, las dos propuestas de la Comisión han sido presentadas en un momento en el que la importancia de la política de asilo se hace patente de una manera aterradora para la Unión Europea. 
Esta afecta a todas las fases por las que pasa un refugiado en la Unión: la acogida, la estancia y el regreso al país de origen. 
Lamentablemente la medida común ya no va a ser aprobada por el Consejo antes de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Esto significa que la Comisión tendrá que presentar sobre la base del nuevo tratado una propuesta de reglamento o de una directiva, pues ya no existirá la medida común. Esta estaba hasta ahora muy bien preparada. 
No obstante, en el programa de acción para el fomento de la integración de los refugiados he realizado y presentado una gran modificación. 
Mis enmiendas se refieren a los grupos diana, a los objetivos y a las acciones de la Comunidad. 
También han sido acogidas con gran aceptación por los expertos. 
Debe estar claro qué entendemos por integración. 
¿Son sólo los refugiados reconocidos quienes tienen derecho a medidas integradoras o también aquellos que estén sólo un corto período de tiempo entre nosotros? 
En definitiva, las medidas integradoras pueden tener también sentido en ordena que discurra positivamente el regreso voluntario al país de origen. 
Aquí reside también la interrelación entre el programa de acción y la medida común. 
Nuestro objetivo supremo en lo que se refiere a la integración consiste en que los refugiados lleven una existencia autónoma en el país de acogida y puedan participar activamente en la vida social. 
Por consiguiente, nosotros apoyamos acciones que hagan posible la percepción de un salario que proporcione autonomía, así como acciones que aúnen en pie de igualdad a los ciudadanos y a los refugiados. 
Por esta razón, espero que esta propuesta junto con mis enmiendas, que serán votadas mañana, sean adoptadas positivamente. 
Permitanme que diga aún algunas cosas de principio. 
La crisis de Kosovo pone de manifiesto que la política de asilo y de migración común es urgentemente necesaria. 
Hay demasiadas cuestiones que no están claras e impiden una rápida reacción frente a la miseria de los refugiados. 
Nos falta, en primer lugar, una definición del refugiado. 
En este punto no hay discusión alguna acerca de los refugiados de Kosovo. 
Están sufriendo persecución por su pertenencia a un grupo étnico y, por consiguiente, son en todo caso refugiados convencionales 
En segundo lugar: la ayuda transitoria. 
Si el Consejo no hubiera desaprovechado la ocasión de aceptar la propuesta de la Comisión podríamos tratar ahora de otra manera a los refugiados de Kosovo. 
La tragedia de Kosovo muestra también que una política de asilo que se realice solamente bajo el título de «lucha contra la ilegalidad» deja de lado completamente la realidad. 
Mas bien hemos de volver a concentrarnos en la solidaridad internacional y en las necesidades de los refugiados. 
Hoy importa, sobre todo, impedir que los Balcanes, de los cuales surgió ya en este siglo una guerra, se convierta en un barril de pólvora. 
Si los refugiados son instalados en la región, ello no sólo va a originar muchos costes, sino, sobre todo- y creo que esto es importante- hará muy necesaria la coordinación y necesitará también mucha energía para poder ayudar de manera efectiva a estas personas en la región. 
En mi opinión, esto funcionará sólo si lo hacemos de manera conjunta a nivel europeo. 
Una acción semejante sólo podrá tener éxito a través del diálogo y de la cooperación con las personas afectadas. 
La crisis de Kosovo muestra que la Convención de Ginebra sobre los refugiados no está obsoleta, en modo alguno. 
Regula exactamente los puntos en los que no se pueden poner de acuerdo todavía hoy los Estados miembros. 
El trapicheo de los estados europeos ricos- y esto nos lo tenemos que tragar- por acoger ni siquiera la décima parte de las personas que pululan por los Balcanes es vergonzoso. 
. Señor Presidente, intervengo como ponente y como ponente de opinión, pero de dos informes diferentes. 
En primer lugar, quisiera referirme al proyecto de acción común del Consejo sobre la creación de un sistema de alerta rápida para la transmisión de información sobre la inmigración ilegal y redes ilegales de inmigración. 
Desde nuestro punto de vista, esto consiste básicamente en extender a los «países de la ampliación» la decisión tomada en 1992 sobre la creación del Centro de Información, Reflexión e Intercambio en materia de cruce de fronteras exteriores y de inmigración, y orientar sus trabajos a detectar rápidamente posibles casos de inmigración- suponemos- masiva. 
El Parlamento ya se mostró crítico en el año 1992 en relación con la creación de este centro de información. 
CIREFI ya debía desempeñar un papel en relación con la inmigración ilegal y el tráfico de personas. 
Con esta propuesta, si pueden, deberán cooperar los «países de la ampliación» , pero esto, igual que pasó con la creación del Centro en su día, provoca también, desde mi punto de vista, bastantes dudas. 
En primer lugar, es difícil de entender- y cada vez más difícil conforme se acerca la ratificación del Tratado de Amsterdam- por qué la Comisión no está asociada a estos trabajos. 
Es difícil de entender y esta nueva comunicación suscita dudas también en este sentido. 
Pero no es sólo esto lo que me hace dudar de su eficacia y de su necesidad. 
En primer lugar, señor Presidente, ¿qué tipo de información queremos conseguir? , ¿cómo? , ¿es que no sabemos qué está pasando en nuestro entorno? 
Me extraña. 
Yo creo que nada ha habido, señor Presidente, nada, más previsible que la crisis humanitaria que tenemos en las pantallas de nuestra televisión; nada más previsible que la crisis que se vive en Europa, en Kosovo; nada hay más previsible- y se lo digo yo, no hace falta que pongan en marcha muchas alertas- que, amparándose en el buen tiempo, en los próximos meses, el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo van a volver a engullir a una buena cantidad de gente que van a intentar cruzarlo con pateras, con barcas en pésimas condiciones. 
De todas formas, sabemos que el tema de la inmigración ilegal es un tema que preocupa y este Parlamento pretende ser responsable. 
Nos extraña- ya se lo he dicho antes- la falta de cooperación con la Comisión y pienso que la Comisión cuenta con Eurostat y contará en un futuro inmediato con el sistema de información de Schengen o el sistema de información europeo, y creo que estas actividades cabrían ahí perfectamente y no duplicaríamos misiones, funciones y estructuras. 
Por todas esas dudas (en relación a qué se hará con este proyecto de acción y en relación al propio Centro) esta ponente ha estado pensando seriamente en rechazar simplemente esta propuesta. 
Pero- se lo decía antes- somos conscientes del dramático problema que el tráfico ilegal de personas genera en Europa. 
Pedimos, pues, al Consejo que presente una nueva propuesta de reglamento, visto el Tratado de Amsterdam, en un plazo máximo de un año, y pedimos también que incluya en el ámbito de acción de esta nueva propuesta de reglamento el área del Mediterráneo, junto con los Países de la Europa central y oriental, como área geográfica de actuación. 
Y quisiera ahora referirme, señor Presidente, ahora sí, a mi informe de opinión y al informe que ha presentado también la Sra. Reding sobre la estrategia en relación a la política de migración y de asilo. 
En primer lugar, quiero agradecer a la ponente, muy sinceramente, su trabajo y su capacidad para llevar adelante, en tan poco tiempo, un informe tan controvertido. 
Creo que los diputados de esta Asamblea le agradecemos sinceramente que nos podamos pronunciar, en tiempo real y antes de que finalicen nuestros trabajos, sobre este tema. 
El documento del Consejo es para mí bienvenido, sobre todo, porque supone un impulso a un debate necesario en las instituciones europeas y entre estas instituciones y los ciudadanos de la Unión. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, quiero señalar que, efectivamente, la política de inmigración y el trato que reciban los inmigrantes «legales» en nuestra Unión Europea va a ser, cada vez más, un tema fundamental de nuestras relaciones con los países terceros. 
Podría ponerles como ejemplo las discusiones que estamos teniendo con los países mediterráneos para la firma de los acuerdos de asociación. 
Por ello me parece bien una gestión de los flujos migratorios que no esté simplemente orientada desde la política interior, sino que tenga en cuenta la acción de la Unión en otros ámbitos, como la política exterior común o las políticas de desarrollo. 
Sólo el diálogo con los terceros países, combinado con medidas de desarrollo, a las que no son ajenos los inmigrantes, que envían buena parte de sus ingresos a sus familias y eso supone para estas familias y para estos países ya una ayuda importante, sólo el diálogo- insisto- es importante, más que la coacción y más que medidas represivas o medidas de imposición de nuestros criterios a otros países. 
Este diálogo es importante y en este documento se recoge también esta necesidad. 
Hay algunas cosas que me han gustado menos, y hablo ahora más en nombre de mi Grupo que de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
En primer lugar, aun alegrándonos de este documento, nos hubiese gustado mucho más, igual que decía en relación al tema anterior, recibir un impulso fuerte del Consejo, recibir la aprobación de documentos que están ya sobre la mesa y que la Comisión ha presentado en los últimos meses, por no decir años. 
Me refiero- y se ha dicho ya- al convenio para la protección de personas desplazadas. 
Es dramática la necesidad que tenemos de él. 
Me refiero también al convenio para la admisión de ciudadanos de terceros países. 
Nos hubiera gustado más recibir una señal coherente de apoyo y de aprobación de estas medidas que una reflexión, a pesar de que ésta sea bienvenida. 
Necesitamos una política de asilo- lo estamos viendo- y necesitamos una política de inmigración. 
Quiero gastar el segundo que me queda para pedirle al Partido Popular que, coherente con lo que ya votó esta Asamblea en relación con el convenio de admisión de ciudadanos de terceros países, en relación a este debate que abre aquí el Consejo, vote, por favor, también a favor de la enmienda que pide que se regulen los derechos de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión. 
Me parece un tema importante. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se me encargó tratar el problema jurídico que plantea el protocolo adicional del Convenio Eurodac. 
La primera dificultad ha sido que no se conoce cuál es la posición del Consejo en relación con la opinión del Parlamento Europeo sobre este convenio. 
Finalmente, el Parlamento Europeo ha exigido en ésta amplias medidas jurídicas relativas a la protección de los datos que poseen, al menos, la misma relevancia para el protocolo adicional. 
El segundo problema lo sigo viendo en la cuestión de si la mera entrada ilegal o la mera estancia ilegal de una persona es suficiente para intervenir de manera tan considerable en sus derechos personales. 
En este asunto tengo una opinión muy diferente de la del Sr. Pirker, que ha hablado antes. 
En definitiva, las impresiones digitales de esta persona no sólo serán registradas y comparadas, sino también almacenadas durante años. 
¿Es proporcionado esto? 
No obstante, la Comisión de Asuntos Jurídicos no puede decidir esto, pues, en mi opinión, ésta es una cuestión moral. 
En general, es preciso afirmar que el Consejo se ha esforzado sobremanera en desarrollar un texto que asegure que las impresiones digitales se utilizarán además para la puesta en práctica del Convenio de Dublín, aunque éste, en mi opinión, no llega todavía suficientemente lejos. 
Hay que oponerse claramente a la ampliación del banco de datos Eurodac que exige el ponente. 
Por esta razón hemos votado en contra en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y nos hemos pronunciado contra la aprobación de este informe. 
No «hemos doblado la rodilla» como afirma el ponente; pero hemos dado a conocer nuestra opinión de que no estamos convencidos de que se pueda tratar, sin más, de esa manera a las personas. 
Creo que una Europa en la que cualquier persona pueda acceder en todo momento a todos los datos no es nuestra Europa. 
Esto tampoco responde a mi visión de Europa. 
Señor Presidente, dentro de este debate conjunto, adquiere, en estos momentos, especial importancia el plan de acción comunitario en favor de la integración de los refugiados, del cual es ponente la Sra. Zimmermann. 
El Parlamento Europeo, ya en 1997, tuvo el gran acierto de crear unas nuevas líneas presupuestarias que dotaron a la Unión Europea de la posibilidad de realizar medidas concretas en este ámbito. 
Es importante destacar que el plan de acción va a contribuir a coordinar las iniciativas comunitarias y las emprendidas por los Estados miembros. 
Creo que esta coordinación es fundamental para el buen desarrollo de este plan de acción y, para ello, hay que insistir en la necesidad de que esta colaboración entre las administraciones responsables sea clara y efectiva. 
La actuación de la Comisión en los proyectos piloto llevados a cabo en los dos años anteriores parece que no ha sido muy satisfactoria, ya que los Estados miembros no han sido debidamente informados sobre el desarrollo de las acciones y no se ha facilitado su participación real. 
Por ello debemos subsanar, señora Comisaria, estos fallos e intentar rentabilizar los resultados de las acciones adoptadas anteriormente. Para ello podría ser útil que se llevara a cabo una evaluación de los resultados que se han obtenido con los proyectos anteriores con el objeto de evitar los errores que se hayan podido cometer. 
Por otra parte, y considerando los objetivos del programa que se refieren al fomento de la cooperación transnacional, la sensibilización de la opinión pública, etc., es importante, para optimizar las futuras acciones, tener en cuenta otras iniciativas de la Unión Europea como las enmarcadas en el Fondo Social Europeo, el Plan de acción contra el racismo u otros programas como el de «La juventud en Europa» , que también podrían tener repercusión en el ámbito de los refugiados. 
De este modo podremos evitar así que se produzcan duplicidades cuya consecuencia sería una dispersión del esfuerzo invertido. 
En cuanto a la acción común sobre la repatriación voluntaria, creo que sería importante tener en cuenta la necesidad de que las ayudas no sólo se destinen a este objetivo sino también a mejorar los centros de acogida de los Estados miembros, y no solamente las instalaciones sino que también se puedan dedicar a la formación de las personas que trabajan en estos centros para que puedan acoger adecuadamente a los refugiados y prestarles la ayuda necesaria para su futura integración. 
En otro orden de cosas, sin entrar a valorar a fondo el fundamento jurídico para la aprobación del plan de acción, que ha sido el artículo 235, sólo quiero señalar que quizás hubiera sido mejor esperar a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y adoptar estas medidas en el marco de la acción comunitaria para promover la integración social con arreglo al nuevo artículo 137 del Tratado de Amsterdam. 
Aún así, señor Presidente, señora Comisaria, valoramos muy positivamente la adopción de estas propuestas, que esperamos puedan llevarse a cabo en un plazo de tiempo lo más breve posible. 
Señor Presidente, la guerra de Kosovo ensombrece este debate. 
En el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea llevamos dos años presionando al Consejo de Ministros para que adopte un reglamento sobre la acogida de expatriados y el reparto de las cargas financieras en las grandes catástrofes humanas como la de Kosovo. 
La experiencia con el medio millón de desplazados bosnios debería haber sido una lección para la Unión Europea. 
El Parlamento aprobó el año pasado una propuesta legislativa sobre el tema, una especie de actuación comunitaria, pero el Consejo de Ministros no ha hecho nada al respecto. 
No hay un reglamento que regule la acogida, lo que sí hay es un minúsculo fondo para los refugiados de unos 15 millones de euros. 
Pero, por otro lado, para la ayuda de emergencia tampoco hay una previsión financiera. 
Todo ello constituye una marcha de las cosas que es de lamentar. 
Señor Presidente, la decisión del Consejo de Ministros de Justicia de la semana pasada sobre la acogida de expatriados de Kosovo equivale a la adopción de expatriados, es decir, acogida en la región de los Balcanes. 
En sí misma ésta es una buena decisión. 
Me refiero, por ejemplo, al apartado 26 del excelente informe de la Sra. Reding. 
Debemos velar por que estas personas vuelvan lo antes posible a Kosovo, a sus propios hogares, porque la limpieza étnica no puede aceptarse como un hecho consumado. 
Señor Presidente, la nota estratégica de la Presidencia austríaca es un buen punto de partida para definir una nueva política europea en materia de asilo y emigración. 
Ahora bien, es preciso que sea la última nota. 
Ahora hay que adoptar medidas legales. 
La Sra. d ' Ancona ya lo ha dicho. 
La nota anterior, que no fue del Consejo sino de la Comisión Europea- del Comisario Flynn en 1994- apenas se ha aplicado. 
En los debates sobre ella, cito un ejemplo, se habló por ejemplo del observatorio de la emigración. 
Esto consistía en un observatorio, una unidad de la Unión Europea, que asumiría como tarea analizar la situación en los países de origen. 
Y ahora hablamos- lo he visto en el informe de la Sra. Terrón i Cusi- de un sistema de alerta de la inmigración ilegal que entra en el ámbito de competencia del Consejo de Ministros. Esto no es deseable, porque un observatorio de la emigración, como ya se ha dicho antes, debería ser competencia de la Comisión Europea y además debería tener un abanico de tareas más amplio. 
Señor Presidente, para el futuro es preciso adoptar con rapidez una política de asilo europea. 
La cumbre de Tampere ha llegado demasiado tarde para los kosovares. 
Pero los líderes del gobierno tienen la oportunidad de trabajar sobre el impasse de tantos años en el desarrollo de una política, de una política de asilo europea uniforme. 
Exactamente igual a lo que hicieron el año pasado con la política monetaria y a lo que han hecho recientemente en Berlín con la política financiera. 
¿Como no estar, Señor Presidente, conmocionado y conmovido ante el flujo de refugiados kosovares que huyen de las tropelías de las milicias serbias, pero al mismo tiempo, como no interrogarse sobre los titubeos y las ambigüedades de los Estados miembros respecto de la acogida de estos refugiados y de la incapacidad criminal de dichos Estados a la hora de preveer esas deportaciones anunciadas? 
Tibieza sobre el monto y el reparto de los créditos comprometidos para la acogida, mientras que el elevado coste de las armas nunca se ha puesto en entredicho. 
Ambigüedades sobre el estatuto de esos refugiados, ya que algunos Estados miembros solo les ofrecen un asilo territorial con derechos reducidos, en lugar de la estricta aplicación del Convenio de Ginebra. 
Volvemos a encontrar esas mismas ambigüedades en el documento de estrategia de la presidencia sobre la inmigración y el asilo. 
El documento inicial de la presidencia austríaca suscitó tal indignación que la presidencia alemana lo modificó. 
Ciertamente ha limado y atenuado los aspectos más provocadores, pero ha mantenido la cuestión fundamental que pone el acento en la acción represiva y en los medios para evitar los flujos migratorios hacia la Unión Europea. 
Desgraciadamente, este documento encaja bien con la política actual de numerosos Estados miembros, política cada vez más restrictiva y represiva hacia los inmigrados. 
La política de inmigración se contempla primordialmente bajo el prisma de la seguridad, con la construcción de una auténtica barrera jurídica y policial para prohibir el acceso al espacio europeo. 
La inmigración se vincula muy a menudo de forma abusiva al incremento del paro. 
Desgraciadamente este enfoque ha tenido eco en nuestra Asamblea, la cual, con motivo del reciente debate sobre un proyecto de convención de la Comisión, ha justificado la preferencia comunitaria (terrible) y nacional en materia de empleo. 
Mi grupo condena categóricamente dichas inclinaciones, del mismo modo que se opone a los cupos de inmigración. 
Estos cupos de inspiración neocolonial solo pretenden reclutar inmigrantes conforme a las necesidades de mano de obra y de talentos de la economía europea. 
No me cansaré de repetir, aquí y en todas partes, que no hay relación causal entre inmigración y evolución del paro, como han demostrado los estudios de la OCDE. 
Hay que terminar con esta estrategia de búsqueda de chivo expiatorio, con esa obsesión por la seguridad. 
El proceso de regularización de los indocumentados que se ha puesto en marcha en algunos Estados miembros contrarresta esa estrategia pero no debe pararse a mitad de camino. 
Por ello mi grupo propone, en una enmienda, que los Estados miembros procedan a la regularización de los indocumentados, respetando los derechos humanos y las convenciones internacionales. 
Exhorto a nuestros gobiernos a ratificar y a poner en marcha todos las convenciones internacionales, especialmente la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y la Convención del Consejo de Europa de 1992 sobre el derecho de voto. 
Las disposiciones de estas convenciones deberían plasmarse en la futura política comunitaria de inmigración y de asilo prevista por el Tratado de Amsterdam, en lugar de ese tremendo arsenal de controles administrativos que satura los archivos. 
El derecho de asilo se ha ido restringiendo cada vez más en los últimos tiempos. 
En el caso de Francia, en 1997, el 83 % de las demandas de asilo fueron rechazadas, tanto las de los argelinos víctimas del terrorismo como las de los kurdos víctimas de una represión muy dura y las de los kosovares. 
El documento de estrategia de la presidencia no corrige esta tendencia. 
He presentado junto con otros parlamentarios europeos el llamamiento respaldado por el Alto Comisariado para los Refugiados que considera inaceptable ver como Europa permite la entrada de los beneficios económicos y financieros mientras vuelve la espalda a la desesperanza que impera fuera de sus fronteras. 
Señor Presidente, para concluir traigo a colación el análisis del presidente del Foro de inmigrantes de la Unión Europea, que también constituye un llamamiento a todos los cargos electos y a todos los gobiernos. 
Cito textualmente: «Los demandantes de asilo, los refugiados y los inmigrantes forman parte de la sociedad europea de hoy y de la del mañana. 
Tratarles como potenciales agresores a quienes es preciso desalentar en su acercamiento a la próspera Europa significa que solamente aquellos que dispongan de medios serán admitidos en este cerrado club. 
En cuanto a los pobres, autóctonos o alógenos que ya están dentro, solo es cuestión de tiempo porque les tocará el turno. 
Se les considera más bien intrusos que no deben disfrutar derechos sino limosnas».Nuestra lucha es pues la de toda la sociedad democrática. 
No luchamos solamente por nosotros y por todos los que han tenido la desgracia de nacer con los papeles equivocados, sino para reforzar los fundamentos democráticos de nuestras sociedades. 
Señor Presidente, este informe adquiere una importancia aún mayor a raíz de los trágicos acontecimientos de Yugoslavia y Kosovo, en pleno corazón de Europa. 
Deseo hacer referencia, en particular, a las propuestas sobre tomar las huellas digitales a los inmigrantes ilegales. 
Es una teoría orwelliana y si llega a ponerse en práctica alguna vez, es algo que probablemente no se le habría ocurrido ni siquiera a George Orwell. 
En vez de tatuarlos, la Europa moderna se propone identificar a los que hacen que nos sintamos incómodos, tomándoles las huellas dactilares. 
Después de los inmigrantes, seguiremos con los gitanos, luego con los ciudadanos que tengan un aspecto que no nos guste. 
Los inmigrantes y aquellos con los que nos sentimos incómodos en la sociedad son marcados, al igual que se hace actualmente con los criminales. 
Me opongo firmemente a esa propuesta. 
Reconozco que no existe una solución fácil. 
Si la hubiera, ya la habríamos encontrado. 
Los asuntos de la alta política se ven envueltos en los temas de los derechos humanos. 
Existe una necesidad abrumadora e inmediata de proteger y cuidar a las víctimas de la guerra, poner fin al genocidio y encontrar una solución aceptable para todas las partes, incluido el respeto y el conocimiento de las necesidades de los países vecinos. 
La principal prioridad sigue siendo la necesidad de proteger y cuidar a los refugiados. 
Las familias han sido separadas y enviadas a diferentes países. 
Ha habido refugiados que han muerto en rediles de la Europa moderna, sin servicios sanitarios ni la atención necesaria. 
El ACNUR ha tardado mucho en reaccionar, por decirlo suavemente. 
Debemos actuar, como hicieron los ministros de Asuntos Interiores la semana pasada, cuando sugirieron que la admisión a largo plazo de kosovares en países apartados de la región consolidaría el desalojo de sus hogares. 
Debemos asegurarnos de no enviar las señales equivocadas al régimen serbio, que es posible que los kosovares terminen regresando a sus hogares con seguridad. 
Acogemos con satisfacción el lanzamiento del debate general el pasado año sobre un enfoque coherente de las cuestiones relativas a la migración y el asilo. 
El documento sobre la estrategia a seguir, que ha sido estudiado por el Consejo, ha hecho posible realizar un serio análisis de los numerosos aspectos de la migración y el asilo con vistas a encontrar soluciones constructivas. 
A la luz de la actual crisis, también acogemos con satisfacción el hecho de que el documento sobre la estrategia a seguir, desarrollado el pasado año, examine la posibilidad de que un solo miembro de la Comisión asuma la responsabilidad respecto a todos los asuntos relativos a la política de migración. 
Eso podría suponer un avance significativo, habida cuenta de que en la actualidad son varios los miembros de la Comisión saliente que se encargan de las diferentes áreas, que abarcan desde los aspectos jurídicos de la migración, la ayuda humanitaria y la libre circulación de las personas, hasta aquéllas de la política exterior de la migración. 
Varios puntos recogidos en los informes de hoy tratan sobre los mismos temas, por ejemplo, los servicios y la acogida que deben facilitarse a los solicitantes de asilo y a los refugiados. 
Por último, deseo rendir homenaje a la Sra. Comisaria. 
Puede que ésta sea la última vez que tengo la oportunidad de hacerlo públicamente. 
Ha sido una gran baza para la Comunidad y una gran fuente de apoyo en temas sobre los que hemos tratado con frecuencia en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Deseo rendir tributo a la Sra. Gradin y desearle mucho éxito, tanto si vuelve como si no. 
Señor Presidente, los informes de la Sra. Zimmermann y de la Sra. Reding serán apoyados por mi Grupo. 
Precisamente en los últimos días se ha puesto de manifiesto una vez más cuán urgente y necesario es contar con una política europea de refugiados y de migración. 
Las atrocidades, la deportación y el genocidio que han tenido lugar en Kosovo y el trato, en parte lamentable, de algunos estados de la Unión con los desplazados que necesitan nuestro apoyo, hacen patente que necesitamos una armonización de la política de refugiados y de migración que debe ser humana dentro del marco de la Convención de Ginebra. 
La norma mínima armonizada sobre determinadas prestaciones y condiciones de acogida debe regir para todos los países de la Unión. 
No puede ser que algunos países, como mi patria, Alemania, se vean mucho más sobrecargados que otros. 
Lo mismo cabe decir también en el ámbito de la migración de trabajadores. 
El informe de la Sra. Reding contiene demandas muy buenas acerca de un trato muy diferenciado con tres grupos: con los refugiados, con los emigrantes por motivos laborales y con las víctimas de la delincuencia de la inmigración clandestina. 
Por esta razón quisiera darle las gracias a usted, señora Reding, en nombre de mi Grupo, por haber presentado un informe tan diferenciado. 
Permitanme decir algunas cosas sobre el Sr. Pirker: no es verdad lo que el Sr. Pirker afirma: que nosotros no hemos querido o no queremos tener ningún informe sobre «Eurodac». 
Queríamos tener un informe, pero no el informe del Sr. Pirker. 
Nos gustaría tratar y aprobar conjuntamente un informe crítico. 
Este es también el encargo de nuestros electores y electoras que esperan de nosotros precisamente esto: cuando se trata de los derechos de los ciudadanos, hay que evitar argumentos de mesa de café y entonces nos incumbe una enorme responsabilidad, también en nuestra Asamblea. 
Por esta razón hemos rechazado su informe, porque no era propio de nuestra Asamblea. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Reding es un informe valiente e inteligente al mismo tiempo. 
Me complace rendir hoy homenaje a su autor. 
Hay que decir que este informe surge como réplica al documento estratégico que nos había comunicado la presidencia austríaca. 
Este fue polémico al principio pero también suscitó un debate que ha resultado bastante fecundo. 
El informe que se nos propone aborda y desarrolla cuatro problemas principales. 
El primero es el del derecho de asilo, su especificidad y el conjunto de derechos que comprende. 
El segundo se refiere a la inmigración de los trabajadores y a la movilidad de la mano de obra. 
El tercero señala con el dedo a la industria culpable de las redes de inmigración clandestina, y finalmente el cuarto hace referencia al estatuto de los inmigrantes en situación regular. 
Hasta entonces imperaba la confusión entre todas estas nociones, una confusión que con la ayuda de la ideología, de la demagogia e incluso de las pasiones, había acarreado graves dificultades. 
Como prueba de ello no hay más que citar las intenciones de nuestro colega Pirker, hace un momento cuando acusaba a la izquierda de arrodillarse delante de su propia clientela. 
Me siento en la obligación de decirle que la clientela electoral de los inmigrantes no es necesariamente la mejor que puede encontrarse. 
En segundo lugar, y en relación en todo caso con el derecho de asilo, hay que señalar que todo el mundo tiene el derecho de solicitar el asilo, y que a este respecto, las convenciones de Ginebra (los propios Convenios y los Protocolos Adicionales) que continúan siendo los textos de base, constituyen una referencia que no hay que alterar. 
En este punto conviene tener cuidado con las propuestas de estrategia tendentes a su modificación y creo que el informe es meridianamente claro en su rechazo a esto último. 
Las normas mínimas de acogida y de servicios a las que los demandantes de asilo tienen derecho constituyen otro aspecto prioritario, así como el respeto de los convenios, la aceleración de los procedimientos y, sobre todo la garantía de los derechos de los demandantes hasta que se tome una decisión judicial por la vía del recurso de apelación sobre la reconducción a la frontera. 
Finalmente es verdad que entre la dimensión jurídica y reglamentaria y la dimensión humana hay un auténtico trabajo de conciliación al que debemos rendir tributo. 
Después de la ratificación del Tratado de Amsterdam la Comisión se va a encontrar en condiciones de adoptar iniciativas legislativas. 
Si la Comisión continúa por la senda que ha seguido hasta ahora (y quizá sea el momento de mostrar nuestro reconocimiento, y esto no es muy frecuente en la actualidad, hagamoslo hoy entonces) que sepa que encontrará en el Parlamento, en el actual o en el que le suceda, un aliado seguro y fiable. 
Señor Presidente, el Parlamento manifestó en su momento su opinión favorable en relación con el Convenio Eurodac destinado, así se nos dijo entonces, a facilitar la aplicación del Convenio de Dublín brindando garantías tanto a los demandantes de asilo a quienes se les aseguraría la posibilidad de presentar la demanda en un Estado miembro, como a los propios Estados, ya que el sistema permitía evitar las demandas múltiples 
En cambio, las razones esgrimidas hoy por el Consejo, que el ponente ha recordado y defendido hace un momento, para extender Eurodac a algunas categorías de inmigrantes ilegales por medio de un protocolo, están lejos de habernos convencido y consideramos que los riesgos de desviación no son nada desdeñables, de ahí la postura de nuestro grupo que propone el rechazo del protocolo, postura por otro lado adoptada por la comisión en pleno. 
En cuanto a los otros tres informes, no tengo tiempo de intervenir a favor de los excelentes informes de las Sras. Terrón y Zimmermann, pero me centraré en el de la Sra. Reding. 
Deseo felicitarla por haber logrado, en un tema tan sensible y controvertido, el acuerdo en lo esencial que nos permita conseguir un amplia mayoría manteniendo al mismo tiempo los puntos y principios a los que mi grupo y yo mismo nos hemos aferrado, puntos que la Sra. Reding acaba de mencionar con toda claridad. 
Efectivamente el documento estratégico de la presidencia austríaca nos había inquietado en varios aspectos y nos parecía indispensable que el informe manifestara estas inquietudes sin paliativos. 
Este es el caso en primer lugar de la necesaria distinción que debe hacerse entre la problemática del asilo y la de la inmigración. 
Las implicaciones son importantes, especialmente en relación con e l acceso al territorio europeo y de ahí el acceso al procedimiento de muchos demandantes de asilo desprovistos, por razones perfectamente comprensibles, de los documentos adecuados. 
Es fundamental no encasillar a estas personas como inmigrantes ilegales, lo que equivaldría a echar por tierra el principio de non-refoulement. 
El informe es asimismo muy estricto respecto de la aplicación plena y completa (y me congratulo por ello) de la Convención de Ginebra y en el rechazo de todo intento de renegociación. 
Las lagunas que la Convención presenta deben subsanarse, fundamentalmente creando un estatuto de protección complementario, pero en ningún caso reemplazandolas y nos oponemos de manera enérgica a toda política basada en una oferta institucional, en definitiva a la discrecionalidad de los Estados. 
También consideramos muy importante nuestra llamada de atención formulada en la demanda a favor de una interpretación no restrictiva de la Convención de Ginebra que toma en cuenta especialmente las persecuciones por grupos terceros. 
Nuestro Parlamento ha reiterado en varias ocasiones su punto de vista en este tema sin que se haya constatado, sin embargo, la más mínima concesión por parte del Consejo o en la práctica de los Estados miembros. 
Finalmente, es indispensable, y los trágicos acontecimientos que vivimos en la actualidad dan fe de ello, expresar nuestro desacuerdo con el bloqueo en el Consejo de las acciones comunes presentadas por la Comisión en materia de protección temporal de las personas desplazadas. 
Muchos colegas se han referido a ello. 
La comisaria Gradin había querido con razón, aprender la lección de la tragedia bosnia. 
Desgraciadamente, los aplazamientos del Consejo no han permitido que el sistema por ella preconizado esté operativo para hacer frente al drama de Kosovo y esto no dice mucho a favor de Europa. 
Efectivamente si los deportados de Kosovo recurriesen a la evidencia de la Convención de Ginebra, no es menos evidente que dichos flujos masivos impedirían un examen individual a corto plazo y en las formas habituales de los expedientes mientras que la protección temporal, sin excluir la aplicación eventual de la Convención de Ginebra, constituiría el instrumento apropiado. 
Me congratulo pues, del informe de la Sra. Reding, pero sin embargo quisiera subrayar que, sea cual sea su mérito, estamos desgraciadamente legitimados a poner en duda su eficacia, pues el Consejo no ha prestado hasta ahora mucha atención a las numerosas y concordantes recomendaciones de nuestra institución. 
Señor Presidente, señoras y señores, cada vez se hace más patente que el documento austriaco sobre una estrategia acerca del asilo y la inmigración en Europa se ha convertido en la base de una discusión extraordinariamente fecunda y, sobre todo, muy necesaria. 
Es necesaria, porque con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el asilo y la migración se han comunitarizado. 
Aunque en los próximos cinco años dependerán aun de decisiones por unanimidad en el Consejo, han sido expulsadas del ámbito de competencia de los Estados miembros y han sido transferidas a la Comunidad. 
Esto significa que hemos de esforzarnos por conseguir convicciones comunitarias en materia de asilo y migración, y ésta es la tarea de este Parlamento. 
Quiero concentrarme en el siguiente punto: Creo que en Europa, aquí en el Parlamento Europeo, tenemos que responder con mucha claridad a una pregunta que sirve de base a todo lo que viene después: ¿Queremos acoger en Europa a emigrantes en general o no? 
Y a este respecto no estoy hablando de refugiados políticos. 
Que estos serán acogidos está completamente claro, y ninguna persona seria lo pone en cuestión. 
Tampoco hablo de refugiados de una guerra civil, de los demás grupos de refugiados o de los miembros de las familias. 
Hablo solamente de la pregunta fundamental de si queremos acoger emigrantes o no en Europa, cosa que se exige esporádicamente. 
En este punto quiero decir, señoras y señores, que Europa no es una región de inmigración, como lo eran los Estados Unidos en el siglo pasado, y posiblemente ahora todavía, o como Australia, Nueva Zelanda, Canadá o como los países que han buscado desesperadamente personas para rellenar sus espacios. 
No nos encontramos en esta situación: al contrario, tenemos 20 millones de desempleados. De esto cabe deducir solamente que tenemos que limitar la inmigración. 
Deseo insistir una vez más en que no estoy hablando de asilo y de todo lo demás, sino que hablo solamente de inmigración. 
Esto es aplicable, sobre todo, a la inmigración ilegal. 
Considero irresponsable que ustedes rechacen el Convenio Eurodac, si consideran que el 80 % de los inmigrantes ilegales son víctimas de organizaciones de tráfico de personas que se aprovechan de manera bestial de la necesidad y del sufrimiento de estas personas. 
Para poner fin a sus actividades es necesario, entre otras cosas, que se firme el Convenio Eurodac. 
Aquellos que se nieguen a ello, al votar en contra hacen directamente el juego a las organizaciones de transporte ilegal de inmigrantes. 
Ustedes tienen que reflexionar sobre esto. 
En lo que respecta al asilo no tenemos en esencia ningún problema entre nosotros. 
Todos estamos a favor de que los que sufren persecución política reciban asilo. 
Tenemos que clarificar la cuestión del procedimiento. 
¿Debe tener un procedimiento individual cada uno de los que solicitan asilo en Europa, o tenemos que acostumbrarnos a pensar sobre garantías institucionales? 
Creo que la tramitación rápida del procedimiento responde también, sobre todo, al deseo de los solicitantes de asilo. 
Por esta razón tenemos que abrir esta segunda posibilidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, escuché con satisfacción la presentación del informe del ponente Reding. 
Debo decir que no dijo nada que yo hubiera podido decir de otro modo, especialmente cuando tengo en mis manos las dos páginas de conclusiones de la reunión de Ministros de Interior y de Justicia de la semana pasada en Luxemburgo. 
Cabe preguntarse si esto es el resultado de una reunión de quince ministros, cuando se dan las gracias a Albania y se dice que se está dispuesto a proteger a los refugiados de la región de Kosovo. 
¿Es éste el grado de solidaridad que somos capaces de mostrar en Europa? 
Somos capaces de actuar cuando dos mil kurdos están en nuestras playas pero no cuando sufren cientos de miles de personas. 
Tenemos una responsabilidad colectiva por las decenas de miles de personas que han desaparecido y por aquellas que morirán de inanición. 
Estimados colegas, ha llegado la hora de que hagan algo todos los países que han hablado de la importancia de una identidad europea, de la importancia de la solidaridad. 
Hoy me avergüenzo de ser finlandesa; es algo que debo decir. 
Tenemos un Primer Ministro que quizá no vio la televisión durante la semana santa y no se enteró de la intranquilidad y el sufrimiento que había en Kosovo. 
Pido disculpas por ser finlandesa, pero también me alegro de que ahora nuestro gobierno haya hecho algo. 
Hay un interés común en que se actúe. 
La solidaridad se pone a prueba. 
Tenemos que mantener nuestras posiciones en el Parlamento Europeo, especialmente en relación con la propuesta de un fondo europeo para los refugiados y con el aumento de los recursos comunitarios para acoger a los necesitados. 
Señor Presidente, hasta hoy la política de la UE en materia de refugiados ha consistido casi exclusivamente en medidas restrictivas. 
En esta perspectiva hay que entender a la Convención de Dublin y a Eurodarc. 
Además, en la práctica, el Tratado de Schengen ha tenido un papel muy importante para dificultar a los solicitantes de asilo la llegada hasta la UE y conseguir que sean estudiadas sus solicitudes. 
La política de la UE se ha caracterizado por sus medidas represivas y policiales. 
A su vez, ésta es la explicación- o una parte importante de ella- de la corriente cada vez mayor de inmigrantes ilegales y de refugiados. 
Lo que necesitamos verdaderamente es, en cambio, una responsabilidad común en Europa, no sólo en la UE, para aquellos que necesitan protección. 
También se necesitan normas basadas en las convenciones de la ONU para la protección jurídica de los refugiados y para las garantías de una acogida digna. 
Se precisan también reglas que garanticen, por ejemplo, el derecho a poder circular dentro de la Unión a aquellos que están ilegalmente en ella. 
Eurodac es una parte esencial del sistema de la Convención de Dublin para la aplicación del principio del primer país de asilo. 
Este principio tiene muchas deficiencias, y Eurodac también. 
Hoy se aplica el principio del primer país de asilo, a pesar de que los países miembros valoran las solicitudes de manera muy dispar. 
Esto es absurdo y conduce a arbitrariedades. 
En segundo lugar, hay un riesgo evidente de que el registro de Eurodac crezca y se abuse de él. 
En tercer lugar, tomar las huellas dactilares constituye una agresión a la integridad personal que sólo debe emplearse cuando verdaderamente se justifique. 
Por todo esto, la propuesta sobre Eurodac, en su forma actual, debe rechazarse. 
También quiero decir algunas palabras sobre el Informe Reding y el documento de estrategia sobre la política en materia de migración y de asilo. 
El año pasado la Presidencia austriaca presentó una propuesta extraordinariamente cínica sobre la futura política de asilo de la UE. 
Fue casi un ataque frontal contra los fundamentos de una política de asilo humana. 
Por eso está bien que Reding contradiga esa propuesta en muchos puntos importantes. 
Se trata de la defensa de la Convención de Ginebra y del papel de ACNUR. 
Señor Presidente, señoras y señores, a la hora de las medidas cada vez más restrictivas que venimos discutiendo desde hace años y que, lamentablemente, también aprobamos, el ala derecha de esta Asamblea afirma siempre que no se trata de limitar la política de refugiados, sino que se trata solamente de luchar contra el abuso. 
En esta atmósfera se ha elaborado una regulación sobre estados terceros que, ciertamente, viola claramente la Convención de Ginebra y, no obstante, tampoco emprende nada contra el abuso. 
En esta atmósfera se ha eliminado del reconocimiento del estatus de refugiado la persecución por parte de poderes no estatales. 
En esta atmósfera ha surgido también, finalmente, el documento de la Presidencia austriaca sobre refugiados, que constituye un ataque claro contra la Convención de Ginebra. 
Pero, aunque esto fuera de tal manera que a estos colegas les interesara sólo el abuso y no, como opinaba el Sr. Nassauer, los auténticos refugiados, hoy, señor Nassauer, señor Pirker, ha llegado la hora de la verdad: hoy están huyendo 200.000 personas de Kosovo y hoy se les niega el estatus de refugiados, violando la Convención de Ginebra. 
¿Por qué no se alzan ustedes y exigen el cumplimiento de la Convención de Ginebra que prevé claramente la protección para aquellas personas que sean perseguidas por razones étnicas? 
Entonces levantense y reclamen el cumplimiento de la Convención de Ginebra y el reconocimiento del estatus de refugiado para estas personas. 
Señor Presidente, también yo quiero felicitar cordialmente a la Sra. Viviane Reding por su informe especialmente humano y realmente equilibrado, y espero que me disculpe si señalo a continuación que me parece que denota un cinismo especial que el Parlamento Europeo esté debatiendo hoy una nota estratégica de la Presidencia sobre la política de asilo y migración en un momento en que cientos de miles de personas son trasladadas y deportadas de Kosovo, se hacinan en campos de refugiados o incluso se les impide volver a Kosovo. 
Denota cinismo hablar de que en la cumbre de Tampere del próximo otoño debe adoptarse una estrategia unida que debe conducir a un enfoque común de la Unión, mientras que el Consejo de Ministros de Luxemburgo no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre la acogida solidaria de refugiados en una de las catástrofes humanas mayores que se han producido en Europa. 
A mi juicio, es vergonzoso que la Unión Europea, que es una zona rica y próspera, haya tranquilizado su buena conciencia con unos pocos millones euros como ayuda a la región. 
Debo decir sinceramente, señora Comisaria, que tampoco comprendo la postura que defiende la Comisaria Bonino en nombre de la Comisión al haberse opuesto totalmente a la acogida de refugiados en la Unión Europea. 
Naturalmente es conveniente alojar a las personas cerca de su propio territorio. 
Sólo que esto sólo puede producirse en determinadas circunstancias. 
Pero las imágenes televisivas y los informes de las organizaciones humanitarias nos han indicado claramente que no puede ser, que los países vecinos son demasiado pobres y demasiado inestables para poder acoger adecuadamente a estas personas. 
La falta de voluntad política de algunos Estados miembros de la Unión también es un escándalo. 
A pesar de todo, el documento estratégico señala claramente que las propuestas de la Comisión Europea para la acogida de refugiados, que se presentaron ya hace dos años, como ha dicho correctamente el Sr. Wiebenga, deben aprobarse con la mayor rapidez posible. 
Opino que, con motivo de este debate, debemos volver a hacer un llamamiento decidido al Consejo para que adopte urgentemente un acuerdo sobre la acogida solidaria y sobre un estatuto que respete los derechos de los refugiados y garantice su protección. 
Como la Europa de los Quince, señora Comisaria, no triunfe en este cometido, estoy convencido de que los Estados miembros que sí quieran colaborar deben celebrar un acuerdo sobre la acogida de refugiados. 
Una especie, diría yo, de Schengen humanitario. 
No estoy en absoluto a favor de Schengen, pero en este caso me parece absolutamente pertinente. 
Por último me gustaría tratar otro punto que adquiere extraordinaria importancia tanto en el informe de la Sra. Reding como en la crisis de Kosovo. 
Se trata de la reunificación de las familias. A diario en la televisión somos testigos del drama de las familias deshechas, de niños y hombres y mujeres que no pueden reencontrarse. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga a todos los seres humanos el derecho a vivir en familia. Este derecho debe regir también para los refugiados y los expatriados. 
La Unión debe garantizar este derecho a los refugiados de Kosovo, y también a todo solicitante de asilo o refugiado. 
Pienso que debemos recuperar en este punto el Tratado de Dublín. 
El abismo profundo, señorías, que existe entre unas pocas buenas propuestas de la nota estratégica y la falta de rumbo de Europa en este terreno, porque no tengo otra palabra para definirlo, demuestra que realmente sería un milagro alcanzar resultados concretos en la cumbre de Tampere. 
Deseo a la Comisión Europea mucha perseverancia y espero que el Parlamento Europeo siga involucrado en la preparación de esta política. 
Porque el Consejo, señorías, da más bien la impresión de que, en lugar de proteger a los refugiados, quiere proteger a Europa contra los refugiados. 
Señor Presidente, la Sra. Viviane Reding ha hecho un magnífico informe y ha sido- y hay que reconocerlo así- especialmente sensible con quienes hemos participado en el debate y receptiva a todas nuestras aportaciones. 
Dos ejes son para mí fundamentales al hablar de la emigración: la solidaridad y la dimensión humana del problema. 
Solidaridad porque la persona humana, independientemente de su nacionalidad, sexo o religión, tiene derecho a una vida digna y a los recursos suficientes para subsistir. 
No podemos entender la emigración si nos aferramos exclusivamente a nuestras fronteras, a nuestro bienestar o a nuestros intereses geoestratégicos. 
La dimensión humana exige también un esfuerzo, por parte de los Estados miembros, para conciliar este aspecto con la legislación que debe regular necesariamente la entrada y salida de extranjeros o la permanencia en nuestro territorio de quienes vienen en demanda de trabajo o de refugio o asilo por las persecuciones que pueden sufrir en sus países de origen. 
Es necesario arbitrar, de una vez por todas, una política común que regule los procedimientos administrativos y judiciales, que sea capaz de perseguir y condenar a quienes explotan a los seres humanos y que colabore en que la estancia de los emigrantes, sea legal o ilegal, se efectúe dentro del respeto a los derechos más fundamentales, incluso cuando la expulsión o devolución a su país de origen sea necesaria. 
Y quiero llamar también la atención, señor Presidente, sobre el hecho de que esa responsabilidad no es exclusivamente de la Unión Europea. 
Lo es también de los países productores de emigración, que deben esforzarse en aprovechar sus recursos humanos y materiales, los suyos propios y los que les proporciona la Unión Europea para ayudarles, y deben también profundizar en la democracia y en el respeto los derechos de sus ciudadanos. 
Señor Presidente, los dramáticos acontecimientos que estamos viviendo plantean dos cuestiones igual de dramáticas. 
¿Puede la Unión Europea considerarse un espacio de libertad, seguridad y justicia? 
¿Puede seguirse una política progresista sobre el asilo y los refugiados? 
Dos recientes experiencias traumáticas vienen a darnos una respuesta negativa. 
En primer lugar, los bárbaros bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, que están creando cientos de miles de refugiados y riesgo de desestabilización en toda la Península Balcánica y, en segundo lugar, los tres meses que ha pasado Ocalam errando por Europa, el cual no sólo no ha tenido oportunidad de asilo, sino que esencialmente ha sido entregado a sus perseguidores a través de sospechosos e ilegales procedimientos. 
No podemos, Señor Presidente, debatir en el Consejo Europeo como si no hubieran ocurrido estos acontecimientos. 
La política de la Unión Europea frente a la enorme crisis migratoria que estamos viviendo es una política de contención, es una política de guerra, una política que exige, como subraya el documento de estrategia de la Presidencia sobre la política migratoria y de asilo, acciones que podrían resultar altamente exitosas, pero sólo si no se realizan únicamente a nivel político, sino que comprenden un abanico de acciones lo más amplio posible, es decir, incluida la guerra, como está ocurriendo hoy. 
Esta política llega a cuestionarse el Pacto de Ginebra sobre los refugiados, considerándolo superado y pide un sistema de protección complementario que, evidentemente, se basará en mecanismos tipo Schengen y Europol. 
Predomina, pues, la lógica militarista y policial. 
Denunciamos, Señor Presidente, esta política como inhumana e hipócrita, como política que no va a proteger en última instancia a la misma Europa y su paraíso, sino que tarde o temprano la va a involucrar en aventuras que afectarán a los pueblos europeos y a la democracia, pero sobre todo, a la paz de Europa y del mundo. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar a los cuatro ponentes que han participado en este debate conjunto sobre la migración, el asilo y los refugiados: la Sra. Zimmermann, la Sra. Terrón i Cusi, la Sra. Reding y el Sr. Pirker. 
Me resulta imposible en tres minutos tratar debidamente sobre los pormenores de estos cuatro complejos informes, que abarcan desde los sistemas de alerta rápida de la inmigración ilegal, hasta la integración de los refugiados; desde la política de migración, hasta la toma de huellas dactilares a los solicitantes de asilo. 
Intentaré, en cambio, exponer una serie de principios que creo que deberían constituir la base de la política que sigamos en todos estos ámbitos. 
En primer lugar, permítame decir que la Unión Europea debe poder elegir la política de inmigración que desea seguir. 
En una Europa sin fronteras, dicha elección sólo puede hacerse conjuntamente, en vez de por separado. 
Nuestra actual política limita la inmigración a un puñado de casos de reunión familiar, además de algunos alemanes y griegos procedentes de la antigua Unión Soviética que regresan a sus respectivos países. 
Siempre que en el futuro se llegue a dichas políticas por métodos no racista, a través de un debate abierto y democrático, estaré dispuesto a apoyarlas. 
En segundo lugar, debemos dejar claro que los solicitantes de asilo y los refugiados no son inmigrantes. 
Es un asunto que a veces se presta a cierta confusión. 
Nuestra responsabilidad con respecto a sus solicitudes de asilo o de ser reconocidos como refugiados va más allá que en el caso de la inmigración. 
Es inhumano que devolvamos a personas que se enfrentan a la tortura, al abuso físico y a la muerte. 
Naturalmente no faltará quien intente abusar del sistema- ¡igual que hacen los propios diputados al Parlamento Europeo! -, no veo que los refugiados y los solicitantes de asilo sean diferentes. 
Por consiguiente, no tengo ningún problema en apoyar medidas para prevenir aplicaciones múltiples. 
Mi problema es de otra naturaleza: no repetiré los comentarios de mis colegas, en particular, aquéllos del Grupo Socialista, sobre lo que ocurre en Kosovo, pero reiteraré un argumento que expuse en un debate anterior. 
Hace algunos años, los Estados miembros de la Unión Europea rechazaron las solicitudes de asilo de serbios valientes que no querían ser reclutados para participar en la limpieza étnica. 
Aquel error puede haber contribuido perfectamente a los grandes crímenes que se están cometiendo contra los albanokosovares en estos momentos. 
El índice de rechazos no es una medida que imponga la necesidad, sino la falta de voluntad y de coraje de los Estados miembros que se niegan a reconocer que el número de solicitudes válidas puede perfectamente estar muy por encima del número de permisos de residencia permanente o temporal que se conceden realmente. 
En tercer y último lugar, en el seno de la Unión tenemos a cuatro millones de europeos negros y entre 12 y 14 millones de ciudadanos de terceros países. 
Tenemos la responsabilidad de garantizar no sólo que en la Unión Europea todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, sino también todos los residentes. 
Sólo entonces podremos construir el tipo de Europa que a mí me gustaría. 
Señor Presidente, clausurar este debate no es fácil, porque realmente las cuestiones más importantes han sido ya dichas y repetidas. 
Yo, por mi parte, señor Presidente, en el debate anterior decía que nos encontramos en un momento en que la opinión pública europea es perfectamente consciente de que no quiere que Europa sea sólo un mercado sino que Europa tiene que ser un proyecto de civilización. 
Y donde más se ve precisamente qué queremos que sea Europa es en cómo nos presentamos nosotros, cómo planteamos nuestro entorno interior frente a quienes llaman a nuestras puertas, sean emigrantes o sean personas que buscan asilo, refugio o personas desplazadas. 
De ahí la importancia de los informes de que hoy tratamos. 
Yo, señor Presidente, voy a insistir en un aspecto que ya se ha mencionado, pero que quizá no haya recibido la atención que, en mi opinión, merece: el marco jurídico. 
Este Parlamento, a veces, tiene una tendencia a hacer voluntarismo. 
Yo creo que el marco jurídico es nuestra salvaguarda, nuestra responsabilidad, y es la defensa de los más débiles; precisamente, de aquéllos que, en este caso, pueden venir a solicitar asilo. 
Y es la responsabilidad de este Parlamento defenderlo al máximo. 
Antes decía- y lo repito -: Llevemos el Tratado de Amsterdam hasta su más amplia, más audaz interpretación, pero quedémonos en el marco del Tratado de Amsterdam y, si no nos es suficiente, planteemos una conferencia intergubernamental que lo revise. 
Lo que no creo que sea conveniente para esa construcción de la Unión que todos deseamos es que, por la puerta pequeña, a través de medidas concretas, violentemos el Tratado. 
Dos cuestiones concretas respecto de los informes. 
Respecto del Informe Eurodac, creo que en estos momentos esperamos el planteamiento del reglamento de la Comisión con arreglo a los nuevos fundamentos jurídicos, y creo que este es un documento que, en este momento, tiene un valor de orientación política incompleta, hemos de reconocerlo. 
En él no está todo lo que dice y lo que quiere el Parlamento. 
Probablemente, tampoco lo que quiere la Comisión. 
Que quede claro, para que no parezca que esta es nuestra postura frente a Eurodac. 
Y en cuanto al importante, interesantísimo y muy trabajado informe de la Sra. Reding, señor Presidente, en 30 segundos que quedan sólo insistiré en el aspecto del respeto del marco jurídico al que ya he hecho referencia. 
La Sra. Reding ha llegado a un interesante compromiso entre esa vocación voluntarista de llevar la elasticidad del Tratado hasta sus máximas consecuencias sin llegar a provocar que se rompa. 
Señor Presidente, encuentro la discusión fuera de la realidad y bastante hipócrita, diría. 
Real, es el desafío de los cientos de miles de refugiados de Kosovo. 
Real, señora Comisaria, es la escandalosa reunión del Consejo de Ministros que ha decidido, recientemente, no hacerse cargo de los gastos de ayuda a los refugiados y atribuir básicamente el peso a los países vecinos que no pueden soportarlo, ni económica, ni política, ni socialmente. 
Su desestabilización va en aumento, por tanto el Consejo, e imagino que también la Comisión, no tendrá base legal para ayudar tampoco allí. 
Nos han dicho hipócritamente que quieren mantener a los refugiados en la zona, para no dar un mensaje político erróneo a Milosevic. 
¡Lo que hay que oír! 
Es decir, ¿no basta con los mensajes que envían los misiles y las bombas? 
¿Se convertirán en mensaje también los refugiados? 
¿O acaso nuestros dirigentes prevén una solución tan rápida al conflicto? 
A juzgar por la credibilidad de las previsiones hechas por ellos hasta ahora... 
¡Oscuras perspectivas se abren para los refugiados y para los países limítrofes! 
Esta discusión, señora Comisaria, podría ser menos irrealista si encontramos, tanto nosotros como usted, la forma de solicitar imperiosamente al Consejo, bajo cualquier base legal, que revise inmediatamente su inadmisible actitud más acorde, dadas las fechas, con Poncio Pilatos. 
El resto, el paso a las cuestiones administrativas e intercomunitarias y a todas las cosas razonables que se han dicho aquí, podemos verlas en el futuro. 
El presente está aquí y nos amenaza de múltiples formas. 
Señor Presidente, una de las principales iniciativas del año pasado fue la propuesta austriaca sobre política de migración y de asilo. 
Pusimos en marcha un debate imprescindible acerca de asuntos generales de política de migración, tanto en el Consejo de Ministros como en esta Asamblea. 
Reding también reconoce en su informe gran significado a esa iniciativa. 
Comparto la opinión de la ponente en cuanto a que debemos separar los asuntos de migraciones de aquellos de política de asilo. 
Por otra parte, éste fue uno de los puntos de vista que yo destaqué cuando la Presidencia austriaca presentó su primer borrador. 
También estoy de acuerdo con la ponente en cuanto a que los asuntos de migraciones no deben ser considerados como problemas. 
También es un beneficio y un componente natural de la realidad internacional. 
Es algo que tenemos que aprender a comprender, aceptar y manejar. 
Actualmente las normas sobre migraciones son diferentes en los distintos Estados miembros. 
Por eso la Comisión ha presentado propuestas para la implantación de normas similares. 
Entre otras cosas, nos hemos preocupado del asunto de los derechos fundamentales de los inmigrantes, incluso en lo que se refiere a su incorporación al mercado de trabajo de la Unión. 
Evidentemente que espero un gran apoyo tanto del Consejo de Ministros como de esta Asamblea. 
Para mí es fundamental el asunto de la situación de los inmigrantes en la sociedad. 
Tal como señalara la diputada Ford, se trata de las condiciones de vida de alrededor de diez millones de personas, que desde hace muchos años residen legalmente en nuestros países miembros. 
Por tanto, son necesarias indicaciones políticas claras. 
La lucha contra la inmigración ilegal debe intensificarse. 
En tanto la inmigración esté regulada, la gente tratará de evadir los controles. 
Esto ha creado un mercado para el contrabando a gran escala de seres humanos. 
Éste es también el antecedente de la propuesta de un sistema rápido de intercambio de información sobre inmigraciones ilegales que Terrón y Cusí trata en su informe. 
Veo esta propuesta como un componente importante en la tarea de acometer eficazmente el cínico comercio con mujeres que tiene lugar en Europa. 
Resulta de especial importancia que un sistema como éste incluya también a todos los países de Europa Central y del Este. 
En los últimos años hemos visto cómo se explota en calles y burdeles de nuestras capitales cada vez a más mujeres provenientes justamente de esos países. 
Desde que llegué a Bruselas he trabajado para que estos asuntos tengan un sitio en el orden del día de la UE. 
El problema es que los conocimientos sobre contrabando de personas son limitados, incluyendo lo que ocurre en los países de origen. 
Un intercambio de información sistemático del tipo que se menciona en la resolución significaría un considerable paso adelante. 
Por ejemplo, necesitamos saber más rápidamente sobre el descubrimiento de nuevas organizaciones de contrabandistas. 
Tienen que mejorar nuestros conocimientos sobre las formas de realizar el contrabando y sobre los procedimientos que se utilizan. 
Del informe se deduce que Terrón y Cusí preferiría que fuese la Comisión la responsable de un sistema de información de esta naturaleza. 
Aprecio su confianza. 
El papel de la Comisión en el campo de la política de migraciones se va a desarrollar en los próximos años con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Pero a corto plazo lo importante es, con todo, ponerse a trabajar tan pronto como sea posible. 
La política de refugiados en la Unión tiene un buen fundamento en la Convención de Ginebra de 1951. 
Al mismo tiempo, la convención cumplirá pronto medio siglo de vida. 
El mundo ha cambiado desde entonces y también la situación de los refugiados. 
Muchas de las personas que actualmente necesitan protección no cumplen con los criterios que se establecieron durante la guerra fría. 
Cada vez con mayor frecuencia nos enfrentamos a crisis de refugiados, que brotan rápidamente y en gran escala. 
Por eso necesitamos también otras herramientas complementarias. 
La necesidad de protección tiene que prevalecer siempre frente a las normas formales. 
La catástrofe de los refugiados que hoy se sufre en Kosovo es sólo el último ejemplo trágico. 
En reiteradas oportunidades durante los últimos cuatro años y medio he demandado, en vano, que Europa se dé nuevos instrumentos de asilo que sean capaces de complementar a la Convención de Génova, precisamente en situaciones como ésta. 
Una de ellas es la de protección temporal, otra la de repatriación solidaria de cargas, una tercera la de hacer los procesos de asilo más expeditos. 
Aprecio el apoyo que he recibido por parte de este Parlamento para estas iniciativas. 
En el Consejo de Ministros, en cambio, ha habido reacciones de rechazo cuando estas ideas han sido confrontadas con la realidad. 
No hemos llegado muy lejos en materia de protección temporal ni de distribución de cargas. 
Con todo, estoy convencida de que Europa va a asumir su responsabilidad por la crisis de Kosovo. 
Ya se están realizando esfuerzos masivos para ayudar a toda la región a hacerse cargo de los cientos de miles de refugiados que actualmente se encuentran en Albania, FYROM y Montenegro. 
Además, hay más ayuda en camino, tanto de los Estados miembros como de la Comisión. 
Los Estados miembros también han declarado de diferentes maneras su voluntad de acoger a refugiados en sus propios territorios, si no existen otras alternativas. 
Al mismo tiempo, es inquietante que no hayamos logrado aprender de nuestras propias infortunadas experiencias de la guerra de Bosnia. 
La guerra de Kosovo demuestra una vez más que Europa tiene que proporcionarse a sí misma una política coordinada de refugiados. 
Otro aspecto importante es que los refugiados tienen que integrarse en nuestras sociedades. 
En el informe que presenta Zimmermann se hace hincapié en la coordinación de criterios. 
Estoy completamente de acuerdo con esto. 
La Comisión ha presentado dos propuestas diferentes: una sobre medidas para promover la acogida y la repatriación y otra sobre integración. 
La ponente las cuestiona. 
Comparto los criterios generales de la ponente pero puesto que el Tratado de Amsterdam no ha entrado en vigor, no había otras vías posibles. 
También puedo mencionar que la Presidencia alemana en sus conclusiones de la reunión de ministros de la semana pasada ha encargado a la Comisión modificar la parte referente a la acogida y repatriación de refugiados. 
La idea es poder usar esos quince millones de euros para paliar la crisis de refugiados de Kosovo. 
Ya he ajustado la propuesta inicial y tengo el apoyo de mis colegas para la reunión de mañana de la Comisión. 
Doy por hecho también que tendré apoyo tanto del Consejo de Ministros como de esta Asamblea. 
Juntos, y en el plazo más breve, tenemos que discutir si esta subvención está en proporción con las necesidades existentes. 
Tomo nota, además, de que el criterio de la ponente Zimmermann con respecto al procedimiento del comité es que éste debe tener la forma más sencilla posible. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
Finalmente, permítanme decir algunas palabras sobre el Informe Pirker y Eurodac, el sistema europeo de impresiones dactilares. 
Es importante que se cuente con este sistema. 
Es una condición para que el principio del primer país de asilo y las normas de la Convención de Dublin se puedan aplicar de la forma prevista. 
Como ustedes saben, el Consejo de Ministros ha congelado el texto de Eurodac y ha encargado a la Comisión que modifique la propuesta para que esté en consonancia con los criterios del nuevo Tratado. 
La idea es, por tanto, esperar la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam para así poder fortalecer tanto el control democrático como el judicial. 
Todos los asuntos en materia judicial y de interior de los que nos ocupamos atañen a nuestros ciudadanos en sus vidas cotidianas. 
Hasta cierto punto es una paradoja que el sector de colaboración en el ámbito de la Unión que quizá más interesa a la gente es el que ellos menos conocen. 
Una forma de cambiar las cosas es conseguir mayor transparencia en nuestro trabajo. 
Otra forma es que obtengamos decisiones concretas sobre asuntos esenciales de la política de migración. 
Lo que hacemos en estas materias tiene que notarse y debe interesar a nuestros ciudadanos. 
Por eso se va a necesitar mucha voluntad política para conseguir las decisiones que se necesitarán en los años venideros. 
Por este motivo lamento que la exigencia de unanimidad continúe los próximos cinco años. 
Por cierto que la colaboración en estas materias es todavía un tema delicado, especialmente cuando discutimos asuntos de política de inmigración. 
Una tarea muy importante en los próximos años será la creación de una confianza tal en los esfuerzos de la UE en estas materias que se haga posible la instauración de mayoría calificada. 
Además, tenemos que dar un contenido claro y preciso a los conceptos libertad, seguridad y justicia del Tratado de Amsterdam. 
Por esta razón, la Cumbre de Tammerfors del otoño va a constituir un hito. 
Este Parlamento también tiene una misión muy importante que cumplir. 
Se necesitan señales políticas claras sobre los caminos que va a seguir la política europea de inmigración y de asilo. 
También opino que los dos debates de esta tarde han ilustrado de manera valiosa la importancia de esto. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos recomendaciones para la segunda lectura elaboradas en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial: 
A4-0131/99 de la Sra. Read sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un conjunto de orientaciones, entre las que figura la identificación de los proyectos de interés común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA) (13490/2/98- C4-0017/99-97/0340 (COD) ), y-A4-0130/99 de la Sra. Read sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Consejo por la que se adopta un conjunto de acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas transeuropeas destinadas al intercambio de datos entre administraciones (IDA) , así como el acceso a las mismas (13491/2/98- C4-0012/99-97/0341 (SYN) ). 
Señor Presidente, este trabajo tiene un título muy largo para ser un proyecto que trata sobre las ventajas del intercambio electrónico de datos entre administraciones de la Unión Europea. 
Realmente es un logro demostrar a los ciudadanos de la Unión Europea cómo las decisiones que se toman en su nombre y la aplicación de dichas decisiones pueden hacerse mucho más transparentes y fácilmente identificables. 
Siempre se hace referencia a dos o tres proyectos y vale la pena repetirlos: uno es el trabajo de la Agencia de evaluación de los medicamentos de Londres; otro es el proyecto relativo a ayudar a las personas a encontrar información sobre puestos de trabajo vacantes en toda la Unión Europea; y el tercero es un plan relativo a las contraindicaciones rápidas de sustancias tóxicas y drogas que pueden ser peligrosas para los jóvenes en particular. 
Los proyectos tuvieron sus problemas iniciales. 
Ahora deseo rendir tributo al trabajo de los agentes de la Comisión con los que he mantenido muchas conversaciones, entre todos hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de encontrar soluciones a estos problemas. 
No obstante, el trabajo que ahora les presento aquí esta noche trata sobre cómo algunas de las dificultades iniciales y la innecesaria duplicación de esfuerzos y problemas de compatibilidad están ya en vías de solución. 
También hay algunos temas relativos a la aplicación. 
Deseo hacer hincapié en que es muy importante no sólo que cada plan en particular se beneficie de las ventajas del intercambio electrónico de datos, sino también que la metodología que se aplica en cada proyecto pueda ser transferida a su vez a otros proyectos y que no sea sólo algo excepcional. 
Espero que el número relativamente pequeño de enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial obtenga su aprobación. 
No dudo en recomendarles ambos informes. 
También quisiera llamar la atención sobre las actualizaciones de los informes elaborados por el equipo IDA, que ofrecen una referencia muy valiosa basada en ejemplos de cómo el trabajo de las instituciones de la Unión Europea está proporcionando auténticas ventajas a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Esta noche tenemos un problema poco habitual, ya que vamos muy por delante del horario. 
La Sra. Peijs aún no ha llegado. 
El Comisario que debía responder era el Sr. Monti que, según tengo entendido, se encuentra aún a bordo de un avión. 
No obstante, la Sra. Gradin se dispone valientemente a intervenir. 
Señor Presidente, intentaré convertirme en el Comisario Monti por unos minutos. 
En diciembre de 1997, la Comisión presentó dos propuestas relativas a la segunda fase del programa IDA. 
Ambas propuestas tienen por objeto garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas para apoyar la comunicación interinstitucional y la implantación de políticas y actividades comunitarias. 
En esta segunda fase del programa IDA, la Comisión propone desviar el centro de atención desde la construcción de infraestructura hacia la coordinación y el apoyo, poniendo especial énfasis en una mejor relación coste-resultados. 
En este sentido, por ejemplo, los proyectos IDA gozarán ahora de redes telemáticas genéricas adquiridas en el mercado. 
Estas ideas obtuvieron el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo en la primera lectura. 
La Comisión ya ha manifestado su satisfacción por el hecho de que el Consejo haya incluido la mayor parte de las enmiendas que el Parlamento presentó en la primera lectura. 
Además, la Comisión aceptó ambas posiciones comunes y recomendó su rápida adopción. 
En esta segunda lectura, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial presenta dos enmiendas a la decisión sobre las orientaciones y otra a la decisión sobre las medidas que garanticen la interoperabilidad. 
Están basadas en las enmiendas que el Consejo rechazó en la primera lectura. 
No obstante, la Comisión cree que la formulación que ahora propone el Parlamento Europeo no sólo perfeccionaría las prioridades políticas del programa IDA e incrementaría su transparencia, sino que además cabe esperar que supere las objeciones que puso el Consejo en la primera lectura. 
Por tanto, me complace anunciar que la Comisión acepta las tres enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en la segunda lectura. 
Permítanme expresar mi agradecimiento una vez más, en particular a la ponente, Sra. Read, por la actitud constructiva con la que el Parlamento Europeo ha recibido estas propuestas de la Comisión. 
Tengo plena confianza de que, con el apoyo del Parlamento, el acuerdo político con el Consejo no tardará en alcanzarse y podremos reanudar esta importante tarea sin demora. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La sesión, interrumpida a las 20.30 horas, se reanuda a las 21.15 horas 
Determinación del deudor del IVA 
Para comenzar quisiera comunicarles que probablemente haya aterrizado ya el Sr. Monti y que estará a punto de llegar en cualquier momento. 
Hemos comenzado deliberadamente un cuarto de hora más tarde para que pueda participar en el debate. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0174/99) del Sr. Harrison en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre la directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta a la determinación del deudor del impuesto del valor añadido (COM (98) 0660- C4-0705/98-98/0312 (CNS) ). 
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión encaminada a modificar la directiva de 1997 relativa a la determinación del deudor del IVA tiene como objetivo simplificar el complicado sistema actual. 
La iniciativa se inspira en el SLIM, cuyo objetivo, a su vez, es facilitar el acceso al mercado único europeo, especialmente a las PYME. 
El principio subyacente por el que se guían las propuestas de la Comisión identifica al deudor del IVA, cuando las empresas operan en más de un Estado comunitario, como el sujeto pasivo que realiza la operación gravada, independientemente de que esté establecido o no en el país donde efectúe la operación. 
Cabe observar asimismo que la propuesta es de naturaleza transitoria. 
La Comisión mantiene su propósito de pasar a un sistema definitivo de recaudación del IVA y la determinación del deudor en base al principio de un lugar de tributación único. 
Además, adjunta a esta propuesta tenemos la idea separada, pero muy gratificante, de evitar la evasión fiscal en el marco de las producciones continuas, como el suministro de gas o electricidad. 
En estos casos se propone la exigibilidad del impuesto con una periodicidad anual cuando no existan liquidaciones sucesivas preestablecidas. 
Hasta aquí todo bien, pero es aquí donde empiezan los problemas. 
Este retraso del régimen definitivo del IVA es de por sí lamentable, pero para las PYME, que queremos que participen activamente en el mercado único, la introducción de un sistema transitorio que parece tan confuso como el anterior, resulta aún más frustrante. 
Por este motivo he solicitado a la Comisión, aunque en vano, que cuantifique el problema y, además, que elabore una estrategia y un calendario para este régimen transitorio hasta la introducción del sistema definitivo. 
¿Por qué es la Comisión tan reacia a hacerlo? 
En segundo lugar, como ponente, he sentido gran preocupación al conocer los detalles de la consulta que realizó la Comisión a la comunidad de pequeñas empresas sobre la propuesta. 
¿Por qué, por ejemplo, la Comisión sólo consultó a las PYME de siete Estados miembros? 
Además, ¿no le preocupó a la Comisión saber que una de cada tres PYME opinaba que la actual propuesta podría incrementar, y no reducir, los trámites burocráticos del IVA? 
Quizá la Comisión pueda responder a estas cuestiones esta noche, si el Comisario llega a tiempo. 
En tercer lugar, no convendría hacer un uso generalizado ni abusivo del sistema de inversión impositiva que mantiene intacto el principio de los pagos fraccionados. 
No obstante, el gran número de excepciones permitidas parece negar el principio de simplificar, de no complicar, el sistema transitorio. 
A propósito, aún no he recibido una explicación de la Comisión de los motivos por los que los abogados, las consultorías y los agentes que se dedican al transporte de mercancías pueden acogerse a las excepciones que permiten hacer uso del sistema de inversión impositiva. 
¿Por qué ellos sí y otros no? 
Creo que debemos recibir una respuesta. 
En cuarto lugar, se ha descubierto que no se recurre a los mecanismos de asistencia mutua previstos para ayudar a las PYME a saltar con pértiga por encima de las barreras reconocidas para acceder al mercado, por lo que resultan ineficaces. 
¿Qué puede decir la Comisión sobre el particular? 
En quinto lugar, quisiera que la Comisión explicara cuál es su posición respecto a las ONG que de forma persistente pierden valiosos ingresos debido a que son penalizadas por un sistema que a menudo las deja con las ganas en lo que se refiere al IVA irrecuperable. 
Para terminar, ¿está dispuesta la Comisión a ocuparse de la vergonzosa práctica según la cual, las PYME que operan en Bélgica y otros Estados miembros están obligadas a cumplir con los actuales requisitos de determinar sus responsabilidades en materia de IVA, depositar una fianza en los bancos locales, absorbiendo así valiosos recursos, lo que les origina graves problemas de liquidez y les impide que muchas de estas PYME entren en el mercado? 
Quisiera parar aquí y agradecer a mi colega Sr. Rübig sus dos enmiendas que acepto. 
Están encaminadas a ayudar al sector de las PYME, aunque reconozco que estamos aumentando las excepciones a las que ya me he referido. 
La presente propuesta de la Comisión intenta ayudar a las empresas a prosperar en el mercado único. 
Su aspiración es buena, pero su aplicación es sospechosa. 
Espero que la Comisión tranquilice al Parlamento respecto a todas las inquietudes que planteo esta noche en mi informe, y espero también que el Comisario, que no ha podido escuchar los argumentos que he expuesto- aunque parece bastante improbable que lo haga, porque no está aquí- responda a estos argumentos concretos. 
Señora Presidenta, antes que nada he de manifestar que nuestro Grupo comparte plenamente las argumentaciones del ponente, a quien agradecemos el trabajo realizado en torno a esta importante materia. 
En particular, estamos a favor de todas las medidas que facilitan la actividad de las pequeñas y medianas empresas, de conformidad con el proyecto SLIM que ha originado en parte algunos de los contenidos de la propuesta que nos ocupa. 
Estamos asimismo especialmente a favor de la presión que se ejerce para que se vuelva a abordar la cuestión de las organizaciones no gubernamentales y para que se estudien una modalidades que sean más coherentes con la actividad que éstas desarrollan y que no las conviertan en víctimas de un sistema fiscal que no encuentra justificación aparente alguna desde el punto de vista de su condición de ser sujetos del IVA sin posibilidad alguna de recuperarlo. 
Nuestro Grupo manifestó su desacuerdo con respecto a la enmienda 7 y ahora quisiera explicar los motivos de ese voto en contra. Consideramos que dicha enmienda es demasiado compleja en su formulación. 
En efecto, en la misma convergen numerosas solicitudes como, por ejemplo, la cuestión de las organizaciones no gubernamentales que hubiera tenido que merecer un tratamiento por separado. Asimismo tenemos algunas dudas respecto a la solicitud de una estrategia global para mejorar el actual sistema transitorio del IVA en espera de la introducción del sistema definitivo. 
En otras palabras, tememos que, aunque existen muchas referencias al sistema definitivo, cuya introducción pedimos que no se demore, el hecho de prever modalidades que faciliten la transición sin marcar ningún plazo concreto, en realidad, es una especie de excusa de cara a un continuo aplazamiento de la decisión que, por el contrario, quisiéramos que fuera lo más rápida posible. 
Sus Señorías y el Sr. Harrison en particular, recordarán que en mi anterior informe sobre esta materia se solicitaba un plazo muy concreto, quizás difícil de cumplir pero, con todo, un plazo concreto. 
Lamentablemente, esta solicitud no fue aceptada por nuestro Parlamento por pocos votos, en particular por los votos en contra del Sr. Harrison y de su Grupo. 
Quisiera terminar mi intervención diciendo que nuestro Grupo va a votar a favor de todas las enmiendas, pero haciendo dos recomendaciones: primera, que la Comisión tome en cuenta nuestras argumentaciones en el sentido de convertir en más sencilla y clara la enmienda 7; segunda, que nuestra solicitud de acelerar lo más posible la transición al sistema definitivo del IVA reciba algún tipo de eco y merezca una previsión de plazos y unos argumentos convincentes que expliquen la razón de este continuo aplazamiento. 
Por ejemplo, las enmiendas 8 y 9 con las cuales estamos de acuerdo, ya que pueden haber sistemas más sencillos que los previstos para facilitar unas garantías, se convertirían en innecesarias si, en efecto, estuviéramos en el sistema definitivo. 
Para terminar, todas las argumentaciones hechas por el Sr. Harrison se pueden compartir en la actual etapa transitoria; tenemos que decidirnos a superarla cuanto antes y entonces se solucionarán también muchos de estos problemas. 
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Harrison por la presentación de su informe. 
El actual sistema del IVA ha sido ideado de tal forma que la recaudación de impuestos la realizan directamente los Estados miembros en cuyos territorios se considera que ha tenido lugar el consumo de las mercancías o los servicios. 
Para garantizar esta asignación directa de los impuestos se ha establecido una serie de normas complejas. 
Los comerciantes que deseen beneficiarse de las oportunidades que trajo consigo la llegada del mercado único, el 1 de enero de 1993, suelen percibir la necesidad de cumplir con sus obligaciones fiscales en varios Estados miembros como una barrera a la libre circulación de mercancías y servicios. 
El mercado interior no podía funcionar de manera productiva a menos que se establecieran unas normas más favorables para los usuarios a nivel nacional y europeo en el ámbito de la recaudación de impuestos. 
En mayo de 1997, la Comisión propuso que la recaudación del IVA se incluyera en la segunda fase del programa SLIM. 
A raíz de dicha recomendación, la Comisión se propuso introducir legislación para simplificar la representación fiscal. 
También se contrató a un panel de expertos para que asesoraran a la Unión Europea sobre estos asuntos fiscales. 
Acojo con satisfacción los esfuerzos realizados por la Unión para simplificar el régimen fiscal en el ámbito del IVA. 
La Sexta Directiva del IVA permite a los comerciantes que realizan operaciones imponibles en un determinado país que sea el deudor el que pague los impuestos a las autoridades competentes. 
No obstante, las principales características de la legislación actual, en cuanto a determinar quién es el deudor de los impuestos, son sumamente complejas y existe una gran diferencia a la hora de aplicar las propuestas, debido a las muchas opciones fiscales diferentes que existen en los Estados miembros para tratar sobre esta cuestión. 
En definitiva, apoyo el amplio impulso de estas tres medidas, pero está claro que aún queda trabajo por hacer en lo relativo a simplificar el ámbito de los impuestos en la Unión. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, creo que el informe que ha presentado el Sr. Harrison significa un paso importante mediante el cual alcanzaremos otra simplificación de la legislación relativa al impuesto sobre el valor añadido a través de los preceptos acerca de la representación fiscal y la asistencia mutua para la recaudación. 
Creo que estos puntos son especialmente importantes para las explotaciones pequeñas y medianas. 
Efectivamente, sabemos que el sistema sobre el impuesto sobre el valor añadido tiene fundamentos jurídicos muy diferentes en la Unión Europea. 
Creo que precisamente la enmienda 6 representa un ejemplo típico de cómo, por ejemplo, en el caso de bienes que deban ser objeto de montaje se puede configurar un simplificación para llevar cabo también simplificaciones en este ámbito. 
Lamentablemente, el Sr. Comisario Monti no ha llegado todavía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Imposición de los productos energéticos 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0171) del Sr. Cox, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos (COM (97) 0030- C4-0155/97-97/0111 (CNS) ). 
Señora Presidenta, lamento que el Comisario Monti no esté presente, no porque quiera hacer una observación pedante sobre su ausencia, sino más bien, porque me hubiera gustado decirle esto personalmente y que conste en acta. 
Pero incluso en su ausencia, me complace hacerlo. 
Es uno de los Comisarios del actual colegio provisional cuya dimisión por motivos que nada tenían que ver con él lamento profundamente. 
Ha desempeñado su función pública europea de manera encomiable y quisiera dejar constancia de ello. 
No sé si tiene probabilidades de ser reelegido en el futuro, pero en cualquier caso, es una de las numerosas víctimas inocentes de las secuelas de los recientes acontecimientos y quisiera dejar constancia de ello a título personal. 
Para los colegas que están aquí tengo poco que añadir a lo que ya dije hace unas semanas. 
En lo esencial, el informe que tenemos ante nosotros está basado en la propuesta de la Comisión, que es una propuesta útil. 
En términos del enfoque adoptado por el Parlamento, espero que votemos «sí» a los nuevos impuestos, y «no» a más impuestos. 
En otras palabras, queremos que la base fiscal se amplíe mediante el impuesto energético, pero queremos declarar abierta y políticamente a la Comisión y al Consejo que nos gustaría que la compensación de esta nueva base imponible para productos energéticos se reciclara en una reducción del tipo impositivo, de la carga fiscal y de la carga social. 
Por este motivo lo apoyamos; no es el único, pero sí un motivo importante. 
A aquellos que estudian los problemas estructurales del desempleo en la Unión Europea y condenan las altas tasas de desempleo, pero que se niegan, a través de sus votos en esta Asamblea, a contemplar una ampliación de la base fiscal en ámbitos como el energético, quiero decirles que por favor nos digan públicamente dónde encontraremos las fuentes alternativas para solucionar la crisis impositiva en una serie de Estados para acabar con los problemas estructurales y el desempleo. 
Es modesta, pero útil. 
No obstante, en mi opinión y en opinión de la mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios está plagada de excepciones. 
Apoyamos la propuesta Monti, pero queremos una propuesta Monti más ecológica. 
Apoyamos algunas excepciones, pero queremos que se haga hincapié en las excepciones ecológicas. 
Con respecto a los tipos impositivos, al igual que antes, no proponemos un sistema complejo de volver sobre la cuestión cada equis años, sino un principio acelerador que esté sujeto a una posible revisión cada cinco años. 
Reconocemos que en algunas empresas y algunos sectores, el coste energético puede ser muy elevado en proporción al coste total, y para dichas empresas y dichos sectores necesitamos un mecanismo que reconozca y corrija la desventaja en materia de competitividad. 
Creemos que la desventaja en materia de competitividad puede subsanarse permitiendo a los Estados miembros un cierto grado de discreción, pero en mi opinión, debe estar sujeta a la revisión de la Comisión. 
Mañana se presentará una enmienda en este sentido, en la que se especifica cómo la Comisión podría revisar las solicitudes procedentes de los sectores y los Estados miembros que alegan un caso especial, y dicha enmienda debería ser aprobada, porque esto no debe utilizarse como carte blanche sencillamente para no cumplir con las obligaciones fiscales. 
En resumen, apoyamos un nuevo sistema de impuestos energéticos y ecológicos, pero no apoyamos más impuestos per se. 
En otras palabras, exigimos neutralidad fiscal. 
Insistimos en que el precio de la introducción de esta medida es una reducción de las cargas sociales. 
Queremos una definición de la base fiscal más sencilla y más segura. 
Queremos una fórmula de base creciente más predecible mediante un principio acelerador que determine la evolución de los tipos impositivos, dada la nueva base fiscal. 
Queremos que se reconozca y se corrija la desventaja en materia de competitividad, pero sólo cuando dicha desventaja exista realmente y no simplemente como carte blanche para evadir los impuestos. 
Si eso ocurre- y espero que así sea en la votación -, recomendaré a los colegas que apoyen este informe. 
La última vez, señora Presidenta, estuvimos muy cerca de obtener mayoría. 
No la obtuvimos, en parte, por un malentendido respecto de algunos detalles. 
Espero que no haya malentendidos mañana y que los escépticos vuelvan a leer detenidamente el informe y se den cuenta de que es la vía para avanzar hacia el futuro. 
Por ello recomiendo el informe a la Asamblea. 
El Sr. Comisario Monti acaba de llegar. 
Señor Monti, no puedo menos que decirle que el Sr. Cox ha hablado de usted con mucha amabilidad, pero quizá pueda leerlo usted más tarde en las Actas Literales de la Sesión. 
. Señora Presidenta, quiero decir en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía que, en general, nos parecen lógicos los tres objetivos que propone la Comisión con esta directiva: una armonización de impuestos, una mejora- a través del aumento de precios- de las emisiones y una aplicación de estos ingresos a la reducción de las cargas sociales. 
Pero todo eso no está muy bien planteado, señor Cox, porque ¿sabe usted lo que se conseguiría aumentando los precios- como usted propone- en la reducción de contaminantes, concretamente el CO2? 
No llega al 1 %. 
Demasiado ruido para tan pocos resultados. 
Por otra parte, estamos intentando bajar los precios de la electricidad y del gas a través de la liberalización de los mercados. 
Lo estamos consiguiendo porque la energía en Europa es cara y competir con Japón y con Estados Unidos nos plantea muchas dificultades. 
Queremos hacerlo todo al mismo tiempo y no es el momento. 
Hagamos primero una cosa y después otra. 
En cualquier caso, ustedes presentan unas enmiendas en las que suben las cargas. 
Aun así, según lo estudios económicos realizados por consultores de la Comisión, lo que se gana son unos 150.000 empleos y se reducirían en un 1 % las emisiones de CO2. 
Es verdad que los efectos macroeconómicos no serían altos- no aumentaría mucho la inflación, no aumentaría mucho el déficit -, pero todos los países están comprometidos en este momento en sus programas de estabilidad. 
Es decir, a mí su informe no me parece oportuno- no digo que no sea bueno-. 
Creo que no es el momento oportuno y tampoco es oportuna la propuesta de la Comisión. 
Siento decirle, señor Cox, que nuestro Grupo no apoyará sus enmiendas. 
Y también debo decirle que, si el informe sale adelante, será muy poco realista porque los resultados son muy escasos. 
En cualquier caso, usted y yo tenemos la seguridad de que en un futuro se avanzará en esta vía pero quizás no es este el momento oportuno, ni siquiera para introducir otros impuestos. 
Usted dice: «no más impuestos». 
Tiene razón, pero tampoco sobre la energía, que ya en Europa tiene unos impuestos altísimos. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Cox era bueno y ahora es mejor. 
Merece recibir nuestro apoyo, al igual que lo merece el Comisario Monti. 
Señora Presidenta, hay que felicitar al Sr. Cox puesto que su informe sienta una buena base para la renovación de la imposición fiscal. 
Está claro que nuestro Grupo tiene previsto apoyar el informe de su presidente. 
La imposición de los productos energéticos constituye uno de los instrumentos de orientación más favorables y eficaces con que cuenta la sociedad para reducir las emisiones y orientar el desarrollo hacia el respeto y la mejora del medio ambiente. 
El punto de partida del presente informe estriba en permitir a los Estados miembros un margen de movimientos siempre y cuando éste no obstaculice el mercado único. 
Se debe considerar este punto de partida como algo positivo, al igual que el principio de excluir a las fuentes de energía renovable del ámbito de aplicación de esta directiva. 
El fomento de la producción combinada de electricidad y calor representa una posición muy importante y satisfactoria. 
El ponente Patrick Cox ya ha simplificado y aclarado la propuesta de la Comisión. 
Personalmente, considero que hubiera sido posible simplificarla aún más. 
A este respecto, creo que incluso se podrían unificar los niveles impositivos mínimos de los artículos 7 y 8. 
Los niveles impositivos de los combustibles con fines productivos y de calefacción se encuentran ya tan próximos entre sí que podrían unificarse. 
En este orden de cosas, desearía hacer hincapié en un par de pequeños detalles: en primer lugar, en el futuro se debería incluir indiscutiblemente la turba entre las biomasas renovables. 
En una misma unidad de superficie, en los terrenos pantanosos crece en un año aproximadamente la misma cantidad de turba que la pulpa de madera que se genera en un bosque. 
Por consiguiente, la turba es sin lugar a dudas una fuente energética renovable. 
Esta afirmación es importante puesto que la turba tiene- y seguirá teniendo en el futuro- una gran importancia, especialmente en los países nórdicos, pero también en otros países como Irlanda. 
En segundo lugar, creo que la imposición fiscal sobre el combustible de los aviones debería decidirse en el plano nacional. 
Los Estados miembros presentan grandes divergencias por lo que respecta al transporte aéreo. 
El transporte aéreo nacional no reviste una gran significación en los Estados miembros de pequeña superficie. Por el contrario, en los países más grandes- como Finlandia- este tipo de transporte desempeña una función de enorme importancia. 
Por este motivo, estimo que la imposición común no afectaría a todos los Estados miembros de manera ecuánime. 
Pero, a pesar de estas observaciones, creo que se trata de un excelente informe que cuenta con mi más cordial apoyo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, celebramos este informe pues constituye un pequeño paso en la dirección acertada. 
Todos tenemos claro que todavía hay mucho que hacer para lograr de manera definitiva una ruptura en el ámbito de la tributación de la energía. 
Sin embargo, nos parece esencial que tampoco se frene con esto desde Bruselas la segunda fase de la reforma fiscal ecológica en Alemania, y que a medio plazo podamos lograr que haya países pioneros que puedan asumir en la Unión Europea un papel de vanguardia. 
Nos alegra, sobre todo, que haya excepciones que sean «verdes» y que no sólo afecten a las explotaciones de uso intensivo de la energía sino, al contrario- y esto debe estar claro para todos-que se refieran a las energías renovables compatibles con el medio ambiente, las cuales pueden ser exceptuadas de la imposición de la energía. 
Lo que también nos alegra mucho es el hecho de que se grave también la energía eléctrica de origen nuclear. 
De lo contrario tendríamos una situación de fracaso en la propuesta de imposición fiscal de la energía. 
Celebramos que nuestra enmienda haya logrado una mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos, pues nos parece esencial que pueda exceptuarse el transporte publico local de cercanías. 
En efecto, no podemos olvidar una cosa: esta tributación de la energía tiene un objetivo, en concreto, el de ayudar también al medio ambiente y contribuir a que pueda tener cumplimiento el compromiso que asumimos, relativo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
A ello se orientan estas posibilidades. 
Ahora es preciso que logremos con la mayor rapidez posible un entendimiento en el Consejo de Ministros. 
En conexión con esto tengo la satisfacción de comunicarles que en sus visitas a los Estados miembros el ministro alemán de Medio Ambiente, Trittin, se está esforzando por lograr que consigamos lo antes posible un entendimiento en este asunto. 
Señora Presidenta, realmente es de lamentar que el Informe Cox vuelva a incluirse en el orden del día después de dos meses de suspensión. 
Por otro lado, me alegra comprobar que durante todo este tiempo el informe del Sr. Cox no ha perdido vigencia en absoluto. 
Sigue proporcionando una clara alternativa a la propuesta híbrida de la Comisión. 
Se han suprimido una gran cantidad de posibilidades de exención que constituían un obstáculo. 
Apoyo plenamente el informe del Sr. Cox. 
El Consejo debe ahora tomar postura. 
O se mantiene en los acuerdos adoptados a nivel internacional sobre la limitación de las emisiones de CO2 y la reducción de los daños ambientales, o elige la falta de claridad del statu quo y el creciente deterioro de nuestro sistema climático como consecuencia. 
Estoy a favor de suprimir la exención del impuesto sobre combustibles para los vuelos civiles. 
La introducción de una tasa unilateral por parte de la Unión Europea provocaría una gran disparidad de condiciones en el tráfico de la aviación. 
Me parece que una alternativa excelente sería una tasa por sobrevolar que ya se ha propugnado, acompañada de la prestación de servicios por parte de la administración de los aeropuertos. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, en la competencia internacional tenemos necesidad de un impuesto razonable sobre la energía. 
El tema del impuesto energético representa para mí, por muchas razones, uno de los puntos de discusión con perspectivas de futuro de la Unión Europea y de fuera de la misma. 
Ante todo, se trata- hablando positivamente- de sistemas de estímulos encaminados a un empleo ahorrativo y eficaz de nuestros recursos. 
Sin embargo, en todo ello es preciso proceder con mesura y con tino, de suerte que «con el agua del baño no se arroje» también al niño, es decir, la economía. 
En definitiva, nosotros no estamos por principio en contra de que se introduzca una armonización de la tributación de la energía. 
Pero es preciso que se garanticen unas condiciones iguales de competencia. 
Mi país, por ejemplo, está adoptando una posición puntera en este ámbito. 
En consecuencia, tiene mucho sentido la introducción general de límites superiores a la carga impositiva respecto de las empresas de gran consumo de energía, tal como se prevé en el artículo 15 de la propuesta de la Comisión. No deberíamos olvidar, en efecto, que tales empresas actualizaron ya en el pasado sus instalaciones técnicas y orientaron su consumo de energía hacia un consumo mínimo. 
En este caso, un aumento del impuesto energético no podrá lograr ningún efecto más en la dimensión del ahorro. 
Podríamos evitar el aumento de costes que se seguiría de esto, apoyando así la competitividad de nuestras explotaciones y a la región Europa. 
Por esta razón deberíamos reflexionar acerca de la eliminación de la exención facultativa de los productos energéticos que no se utilizan como carburantes y de los productos energéticos utilizados para producir electricidad y calor, tal como está previsto en el artículo 13. 
En cualquier caso, al menos a los Estados miembros que se encuentran por encima del nivel mínimo con sus tipos impositivos habría que darles la posibilidad de adaptar convenientemente sus niveles impositivos. 
Una configuración flexible de los límites superiores puede contribuir a encontrar soluciones razonables. 
En primer lugar, quisiera presentar mis disculpas a usted, señora Presidenta, así como a todos los diputados al Parlamento Europeo que en estos momentos se encuentran presente en la Asamblea y, en particular, al Sr. Harrison y al Sr. Cox, los dos ponentes. 
A pesar de que había programado mi vuelo de manera que me sobrara mucho tiempo, al final resultó insuficiente. 
Pido disculpas por ello. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Cox por lo que según tengo entendido han sido unas palabras muy generosas por su parte. 
También deseo dar las gracias al Sr. Spencer. 
Señor Cox, el informe que usted ha redactado y las conclusiones a las que ha llegado son muy interesantes e importantes. 
Me complace mucho que apoye el razonamiento que está detrás de esta propuesta y el modo en que dicho razonamiento se traduce en acción. 
La Comisión ha presentado una propuesta al Consejo, cuyo principal impulso es la necesidad de modernizar el sistema fiscal comunitario del petróleo y hacerlo extensivo a todos los productos energéticos. 
Esto es necesario para mejorar el funcionamiento del mercado único mediante la reducción de las distorsiones provocadas por los impuestos que existen en la actualidad. 
La Comisión también se ha servido de la propuesta para cumplir con su obligación de revisar los tipos mínimos de imposición para el petróleo y, al mismo tiempo, responder a la solicitud del Consejo ECOFIN de presentar nuevas propuestas a raíz del estancamiento de las negociaciones sobre el impuesto energético en base al CO2. 
No es necesario añadir que, en este contexto, existe una creciente inquietud por los efectos que sobre el medio ambiente tiene la combustión de combustibles fósiles, como puso de manifiesto la reciente adopción, por parte del Consejo, de unos objetivos de emisión para la Unión en respuesta al Protocolo de Kioto. 
No será fácil alcanzar dichos objetivos, y las medidas fiscales son una de las herramientas concretas que pueden utilizarse para facilitar esta tarea. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 3, 11, 12, 13, 23, 32, 33 y partes de la enmienda 25. 
No obstante, no podemos aceptar la sugerencia de que pasemos directamente a la segunda fase de tipos mínimos a partir de enero del año 2000 e incrementar los mismos anualmente en función de la tasa de inflación más el 2 % durante cinco años. 
En lo relativo a la supresión de la fase inicial de los niveles mínimos de imposición, es cierto que la fecha operativa de 1 de enero de 1998 pertenece al pasado. 
No obstante, las conversaciones en el Consejo han demostrado que incluso los niveles mínimos propuestos están causando dificultades a varios Estados miembros. 
No es aceptable, por tanto, ningún incremento de dichos niveles. 
Lo mismo es válido para la sugerencia de que se incrementen anualmente los niveles mínimos impositivos en función de la tasa de inflación más el 2 % durante un período de cinco años. 
La propuesta de la Comisión limita el incremento a la tasa de inflación para ayudar a los Estados miembros que se verían obligados a imponer aumentos importantes de los impuestos tan sólo para alcanzar los niveles mínimos propuestos. 
Exigirles imponer además otros incrementos por encima de la inflación es inaceptable. 
Tampoco podemos aceptar la eliminación de la mayoría de las excepciones y reducciones obligatorias y opcionales propuestas relativas a productos que no son gravados actualmente. 
Dichas excepciones y reducciones han sido formuladas por una serie de motivos. 
Algunas existen en la actual legislación; otras son necesarias para reflejar las obligaciones comunitarias en virtud de acuerdos internacionales y otro grupo de ellas es considerado necesario para proteger la competitividad de las empresas comunitarias. 
Por último, quisiera añadir unas palabras sobre el informe del Sr. Harrison. 
Este contexto de simplificación que recientemente ha inducido a la Comisión a presentar una propuesta de directiva relativa al derecho de reducción, es para nosotros una prioridad absoluta. 
Esta propuesta de directiva representa una ulterior etapa en la misma dirección; está dirigida fundamentalmente a impedir que en el futuro las administraciones nacionales puedan imponer a los operadores no residentes el nombramiento de un representante fiscal. 
Me es grato comprobar que el informe del Sr. Harrison comparte este enfoque y acoge favorablemente la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, las enmiendas presentadas no me parecen aceptables. Con todo, les aseguro que la Comisión comparte la posición del ponente según la cual la adopción del régimen definitivo va a significar la simplificación final más importante para los operadores. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Calefacción de la cabina de los vehículos a motor 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0170/99) de la Sra. Billingham, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 78/548/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la calefacción de la cabina de los vehículos a motor. (COM (98) 0526- C4-0552/98-98/0277 (COD) ). 
Puesto que la ponente no se halla presente, intervendrá como primer orador el Sr. Rübig. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, todos ustedes recordarán la discusión que hemos celebrado repetidas veces a lo largo del último año en esta Asamblea. 
En el marco de las discusiones de la directiva relativa a la construcción de los autobuses en la UE- el Informe Murphy- el Parlamento Europeo ha desarrollado un planteamiento completamente nuevo para la legislación técnica. 
El legislador europeo debe desarrollar las condiciones marco de tipo político. 
Los aplicadores y los expertos, sobre todo los del ámbito de la normalización, deberán fijar luego los detalles en grupos de trabajo. 
De esta suerte lograremos un mayor acuerdo y una mayor aceptación entre los afectados. 
Estamos tomando realmente en serio el eslogan de la simplificación legal. 
Apreciados colegas, también la presente propuesta podría llevarse a la práctica con arreglo a este modelo. 
En tal caso el texto debería rezar aproximadamente así: «La calefacción interior de un vehículo debe estar configurada de tal manera que pueda funcionar con seguridad, que esté suficientemente aislada para que nadie pueda quemarse y que se emitan pocas sustancias contaminantes.» 
La configuración exacta de estos principios podría encomendarse luego a un grupo técnico de trabajo. 
En este sentido estoy esperando con gran alegría la posición común del Consejo relativa a la directiva sobre los autobuses, pues estoy seguro de que en el marco de la codecisión no sólo encontraremos una solución a este dossier sino que podremos emprender una reorientación general. 
Respecto del informe del Parlamento hay que decir todavía que apoyamos plenamente las enmiendas de nuestra colega, la Sra. Billingham. 
Por lo demás, consideramos necesaria e importante una prueba de eficacia en los aparatos de calefacción pues la calidad de una instalación fija de calefacción debe ser objetivable, incluso, por ejemplo, en la cuestión de si el agua fría del motor puede ser llevada a temperatura de funcionamiento antes de la puesta en marcha. 
La enmienda 10 trata también el aspecto de la seguridad de los pasajeros. 
Si hay que instalar la calefacción en el espacio de los pasajeros, ésta debe estar aislada con seguridad. 
A este respecto no nos queremos decidir por un único tipo de diseño y, en consecuencia, en la enmienda 12 nos pronunciamos de manera general a favor de un material que sea resistente al calor. 
En este sentido quiero dar las gracias por la buena colaboración con los expertos, así como con la ponencia, y espero con interés la votación de mañana. 
Señora Presidenta, deseo ante todo dar las gracias a la ponente, Sra. Billingham, por el profundo estudio de nuestra propuesta y el excelente informe que arranca del mismo. 
La propuesta que modifica la Directiva 78/548/CEE del Consejo para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de calefacción de la cabina de los vehículos a motor tiene como objetivo ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva extendiéndolo de los turismos a todas las categorías de vehículos. 
La misma presenta además nuevas disposiciones en materia de calefactores de combustión, al objeto de garantizar que dichos calefactores cumplan las rígidas normas de seguridad y de protección del medio ambiente compatibles con las tecnologías actuales. 
La Comisión puede admitir las enmiendas 1 a 6 y 8, 9 y 11 del informe. 
Las enmiendas 1 a 3 y 5, 6 y 8 son, en definitiva, unas aclaraciones de la propuesta originaria, mientras que las enmiendas 4, 9 y 11 se refieren a aspectos específicos de la seguridad de los calefactores de combustión. 
También la Comisión persigue el objetivo de establecer normas de seguridad adecuadas y considera, por tanto, favorablemente las enmiendas en cuestión. 
La Comisión, sin embargo, no puede aceptar las enmiendas 7, 10 y 12. 
La enmienda 7 impone a la Comisión la elaboración, a más tardar, antes del 1 de octubre de 2001, de propuestas para la verificación de la eficacia de los calefactores de combustión. 
La Comisión estima que en este ámbito serán los operadores del mercado quienes van a garantizar un alto nivel de eficacia y que, por tanto, no es necesaria ninguna iniciativa legislativa. 
Asimismo, la homologación de los calefactores de combustión por estar conformes a las disposiciones de la Directiva permitirá mantener niveles de seguridad y protección del medio ambiente elevados y compatibles con las tecnologías actuales. 
Si en el futuro los problemas específicos o las innovaciones tecnológicas modificaran esta situación, la Comisión será informada por las autoridades nacionales de homologación en el ámbito de los grupos de trabajo correspondientes y adoptará las medidas necesarias. 
Además, en lo que respecta a la fecha de aplicación, el 1 de octubre de 2001 parece un plazo difícil de cumplir para el caso de nuevas iniciativas legislativas. 
Las enmiendas 10 y 12 proponen una posibilidad alternativa para la instalación del calefactor de combustión en la cabina de los autobuses y minibuses. 
La propuesta de la Comisión permite la instalación del sistema de calefacción en la cabina siempre que se utilice una recipiente herméticamente sellado que no ofrezca peligro de incendio, incluso en el caso de sobrecalentamiento. 
Las enmiendas, tal como están formuladas, garantizan un nivel de seguridad análogo, si no inferior al contemplado en las disposiciones de la Directiva y, en particular, no garantizan de forma expresa el mismo nivel de seguridad respecto a los peligros de incendio. 
En conclusión, la Comisión puede admitir las enmiendas 1 a 6 y la 8, 9 y 11, y debe rechazar las enmiendas 7, 10 y 12. 
La Comisión tiene la intención de continuar el fructífero diálogo con el Parlamento Europeo con el convencimiento de que será posible encontrar una solución constructiva. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Se cierra la sesión a las 24.00 horas. 
Aprobación del Acta 
El resumen del acta de la sesión de ayer ha sido distribuido. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, mi asistencia no consta en la lista a pesar de que, como usted sabe, estuve aquí, porque asistí a una reunión de la Mesa con usted durante dos horas. 
Tomamos nota, Sr. Balfe. 
El Acta queda aprobada 
Señor Presidente, deseo llamar su atención sobre el hecho de que los debates sobre agricultura comenzarán dentro de unos minutos, y las enmiendas a dos de los informes aún no están disponibles en inglés. 
Solicité dichas enmiendas anoche. 
Esta mañana encontré un grupo de enmiendas- al Informe Fantuzzi -, pero aún no hay ejemplares en inglés de las enmiendas a los Informes Jové Peres y Happart. 
No se puede esperar de nosotros que debatamos si no disponemos de las enmiendas en nuestro idioma. 
Señora Hardstaff, los servicios de traducción me informan de que realmente ha habido un problema técnico. 
Las traducciones se distribuirán lo antes posible. 
Señor Presidente, simplemente me quiero referir a la accesibilidad desde los aeropuertos próximos a la ciudad de Estrasburgo. 
Muchas veces no llegamos al comienzo de la sesión porque, a pesar del servicio gratuito de recogida que nos ofrece la ciudad de Estrasburgo, nos acumulan o concentran a los viajeros que llegamos y, a veces, estamos hora y media y más de dos horas esperando a que vengan otros viajeros. 
Yo, aparte de agradecer a la ciudad de Estrasburgo el servicio que nos da, que, además, es gratuito, requeriría que volviéramos a las prestaciones que nos daba antes, con un servicio más ágil. 
Nos dicen que se ha reducido el presupuesto, y comprendo que el tema del presupuesto es importante pero, puestos a ahorrar, lo importante sería entonces tener aquí una o dos reuniones al año y estar en Bruselas que es mucho más barato. 
A todos nos encanta Estrasburgo, pero agradeceríamos que se volviese a los servicios que antes teníamos de esta ciudad. 
Muchas gracias, señora. 
Creo que todos tenemos en cuenta las observaciones que acaba de hacer. 
Continuaremos con nuestras gestiones ante las autoridades francesas y veremos si hay alguna posibilidad de mejorar algunas cosas, porque sé con qué problemas se enfrentan. 
Señor Presidente, ayer salí de casa a las 8.10 horas de la mañana. 
Tras llegar al aeropuerto y subir al avión, me informaron que mi vuelo había sido cancelado. 
Llegamos aquí a las 22.40 horas, lo que supone 14 horas de viaje. 
Sinceramente, si Air France no puede proporcionar un mejor servicio al aeropuerto de Estrasburgo, muchos diputados británicos sencillamente no podrán estar presentes en Estrasburgo. 
Señor Corrie, no me excedería si dijera que cuenta con la comprensión de todos nosotros, pero esto no cambia nada. 
Ayer oímos algo parecido en la Presidencia al Vicepresidente Sr. Collins. 
Desgraciadamente existen problemas. Pero no quisiera que continuáramos con este debate ahora. 
Señor Presidente, quisiera que el Parlamento Europeo tomase nota de que anoche un misil de la OTAN impactó un tren de pasajeros en Yugoslavia provocando decenas de muertos y muchas decenas de heridos. 
Aún no conocemos- yo al menos no lo sé- si en ese tren viajaban periodistas griegos que se trasladaban por el interior de Yugoslavia. 
Considero que esta acción, esta masacre contra el pueblo y los medios pacíficos de transporte yugoslavos, supone una clara violación de los derechos humanos, y puede ser considerada como un crimen contra la humanidad, así pues, creo que el Parlamento Europeo debe denunciar estos actos y esta consumada masacre en Europa. 
Señor Theonas, mañana tendrá lugar una discusión sobre la situación en Kosovo y sobre todos los problemas con respecto al Consejo y la Comisión. 
Señor Presidente es para una cuestión de observancia del reglamento. 
Todas las cuestiones de orden que acabamos de oír parecen inconexas, pero no lo son. 
Debo recordar, con respecto a los problemas de transporte, que somos aliados y que no se debe, en esta ocasión, poner a Air France en tela de juicio aquí, ya que es por causa de los movimientos militares en Serbia y en Kosovo por lo que se ha alterado toda la circulación. 
Los que gustan de criticar a Francia pueden divertirse haciéndolo, pero sencillamente se equivocan. 
Muchas gracias, Sr. Duhamel, por sus explicaciones, creo que ya hemos abordado bastantes problemas fuera del orden del día y que deberíamos pasar al orden del día. 
Agricultura 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, en el día de hoy presento mi último informe ante esta honorable Asamblea, ya que tras las elecciones del 13 de junio no seré diputado europeo. 
Regreso al país walón para seguir, de otra forma, mi trabajo por la construcción europea. 
Europa nos es indispensable y lo será aún más para nuestros hijos. 
Antes de la reforma de la política agrícola común de 1992, el informe sobre los precios agrícolas estaba entre los más buscados, era de los más prestigiosos. 
En la actualidad, si bien este informe ha perdido su aura, los precios de los productos agrícolas siguen representando la parte más importante de la renta de los agricultores- entre un 60 y un 80 %, según los tipos de productos. 
Con las propuestas de adaptación de los precios agrícolas he querido enviar una señal fuerte al campesinado europeo para confirmarle que este Parlamento defiende sus intereses legítimos en una época especialmente difícil en la que las dudas asaltan a los profesionales, principalmente a los jóvenes. 
Hablamos cada vez más a nuestros agricultores de la ampliación de la Unión Europea, y es necesario. 
Los agricultores europeos no están en contra. 
Además, algunos han ido a instalarse a esas nuevas zonas y principalmente a Polonia. 
Sin embargo, lo que no quieren es pagar la cuenta profesionalmente. 
Están de acuerdo en hacer los esfuerzos y sacrificios necesarios como ciudadanos, como los demás ciudadanos de Europa, ni más ni menos. 
Ésta es la razón por la que he hablado de adaptación y no de aumento. 
¿Es un crimen compensar el 1, 9 % de pérdida debida al paso del ecu verde al euro? ¿Es un crimen corregir el 1, 9 % de aumento del índice que compensa la inflación, incluyendo a los agricultores, mientras que los salarios de los demás trabajadores europeos se benefician legítimamente y que, por ejemplo, y me alegro por ellos, los trabajadores de la siderurgia alemana han conseguido un aumento salarial de un 4 %? 
El Parlamento Europeo debe liberarse del Consejo de Ministros y de esos Gobiernos que pretenden recuperar las cantidades no gastadas para facilitar su equilibrio presupuestario interno y también, para los más ricos, organizar una renacionalización parcial de su agricultura. 
Y allá se arreglen los agricultores de los Estados más pobres. 
Si al menos el Consejo hubiera tenido la valentía de refinanciar los fondos estructurales mediante las trasferencias de asignación presupuestaria, se hubiera podido salvar la apuesta. 
¿Qué se va a ofrecer como esperanza, qué empleo se ofrecerá para el futuro a los 200.000 agricultores que seguimos perdiendo cada año en Europa. 
Entre 500 y 600 agricultores abandonan su profesión cada día, es decir, más de 3.000 por semana en algunas zonas. 
La desertificación por causa del éxodo está matando verdaderamente el mundo rural. 
Si hoy no salvamos el mundo rural de las regiones pobres, ¿qué se va a hacer mañana, cuando Estados Unidos, tras habernos impuesto sus plátanos-dólares y su carne con hormonas, nos obligue al abandono social en nombre de la Organización Mundial del Comercio? 
Por mi parte, no deseo para mis hijos una sociedad made in USA, en la que el hombre esté al servicio del dólar. 
Lo que yo deseo es lo contrario. 
Negarse a la adaptación de los precios, al mismo tiempo que a la necesaria refinanciación de los Fondos Estructurales, es destruir la especificidad agrícola europea en la que diversidad rima con calidad. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión consiste en pequeñas modificaciones de la OCM que afectan a las frutas y hortalizas frescas y a la transformación de los cítricos. 
En las frutas y hortalizas frescas se propone que los gastos de selección y embalaje de los productos destinados a la distribución gratuita corran a cargo del presupuesto comunitario. 
Evidentemente, si se trata de dar una alternativa a la retirada y distribución de productos, es necesario que la distribución gratuita no se traduzca en una opción onerosa para las organizaciones de productores. 
Por otra parte, la Comisión propone la autorización a los miembros de las organizaciones de productores a que vendan una parte de su producción fuera de los circuitos comerciales de la organización de productores a la que pertenecen. 
En la reforma de 1996 la mayor parte de los instrumentos de regulación de mercado fueron sustituidos por los fondos de operaciones de las organizaciones de productores. 
Habida cuenta del papel central de las organizaciones de productores en la OCM, es necesario prevenir cualquier riesgo de debilitamiento de las mismas al efectuar modificaciones en la reglamentación. 
La Comisión propone ampliar el derecho de las organizaciones de productores reconocidas a autorizar a sus miembros para vender directamente al consumidor una parte limitada de su producción. 
Sería razonable preguntarse cómo es que una organización de productores puede considerar un derecho la renuncia a su principal finalidad, esto es, la comercialización de la producción de sus socios. 
Hasta ahora, las ventas directas, cuyo volumen era limitado, sólo podían efectuarse en la propia explotación. 
Este enfoque puede deteriorar la principal función de las organizaciones de productores, que es la comercialización de la producción de sus socios. 
Aunque la reglamentación vigente debe ser suficientemente flexible para adaptarse a las situaciones locales, no es justificable poner en peligro el sistema general para satisfacer una costumbre local, ajena a las zonas que concentran el grueso de la producción hortofrutícola comunitaria. 
A este respecto, parecería mucho más razonable recurrir a la subsidiariedad y que cada Estado miembro pudiera regular lo necesario para satisfacer las tradiciones locales. 
No obstante, para impedir el deterioro de la función principal de las organizaciones de productores, sería necesario acompañar cualquier excepción de un reforzamiento de los límites de producción de sus socios que pueda ser comercializada fuera de las organizaciones de productores para compensar la pérdida del volumen comercializable por las organizaciones de productores. 
En cuanto a los cítricos destinados a la transformación, el sistema actual produce serios problemas de retraso en la percepción de las ayudas, que pueden llegar con un retraso de doce meses para los cítricos transformados al inicio de la campaña. 
Estos retrasos sólo son compensados parcialmente por el régimen de anticipos y algunas organizaciones de productores se pueden sentir tentadas a dejar las entregas para la transformación y a adoptar el régimen de retiradas. 
La Comisión ha formulado una propuesta adecuada para resolver este problema. 
Las ayudas a la transformación de cítricos existen desde 1976 y, desde esa fecha, ha sido necesario corregir y prevenir las colisiones entre el régimen de retiradas y el de transformación. 
Es conveniente ser cuidadosos al fijar las condiciones de la ayuda a la transformación para evitar que las retiradas sean una salida más rentable que la transformación. 
La propuesta de la Comisión no resuelve la falta de ajuste entre los umbrales fijados para la transformación de cítricos y la realidad productiva. 
Esta situación puede provocar que la transformación de cítricos sea menos rentable que las retiradas. 
Un incremento de las retiradas presentaría consecuencias ambientales negativas y sería mucho peor aceptado por la opinión pública que las ayudas a la transformación. 
El desequilibrio entre los instrumentos de la organización común del mercado de frutas y hortalizas queda puesto de manifiesto por las diferencias entre lo presupuestado y los pagos ejecutados. 
Tras la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, en los fondos de operaciones y las retiradas se han registrado ahorros sobre lo presupuestado de 400 millones de ecus, mientras que en los cítricos transformados los umbrales generan problemas crónicos de insuficiencia presupuestaria. 
Por esta razón, se propone incrementar los umbrales hasta alcanzar la media transformada en las cuatro últimas campañas, lo que supondría unos gastos suplementarios de 64 millones de ecus. 
Esta cifra queda holgadamente dentro del margen financiero de los gastos no realizados en retiradas. 
Otra cuestión que desestabiliza el sistema es la falta de una limitación en las penalizaciones. 
Se debería establecer un límite a las penalizaciones al nivel del 20 %, y a este respecto conviene recordar que este sistema ya existía en el pasado y aún se aplica en otras producciones reguladas sometidas a umbrales. 
Señor Presidente, Sr. Comisario Fischler, doy mi calurosa aprobación a esta propuesta de reglamento relativo a acciones de promoción de los productos agrícolas en los países terceros. 
Es una señal de que, a pesar de todas las dificultades y las incertidumbres de la reforma de la política agrícola, después de los acuerdos de Berlín hay cosas importantes que avanzan en una dirección adecuada e innovadora. 
Creo que es la señal de que, hoy, los productos agrícolas ya no necesitan sólo de políticas de defensa y protección sino de políticas de ataque, de políticas innovadoras, es decir, de una promoción atenta y cuidadosa en los mercados de países terceros. 
Demasiadas veces- incluso en esta Asamblea- hemos oído hablar de la globalización como si se tratara simplemente de una pura pérdida para la agricultura europea. 
El camino no es el de inundar los mercados mundiales de commodities de bajo valor añadido, porque en estas commodities, en estos productos básicos, nos será cada vez más difícil competir con los países que tienen costos más bajos que los nuestros; además, y bien lo sabemos, están los techos a las restituciones a la exportación, fijados por la OMC en su volumen y en su valor; por último, sabemos que pronto se iniciarán las nuevas conversaciones de la Millenium Round, y no podemos hacernos demasiadas ilusiones. 
Por otra parte, señor Comisario, corremos el riesgo de descubrir la pólvora en estos asuntos, y también el de llegar, quizá, un poco tarde. 
He visto que en el presupuesto de Estados Unidos de América, en el trienio 1996-1999, se dedicaron al Departamento de Agricultura, en políticas de ayuda a la internacionalización de la actividad agrícola, más de 150 millones de dólares al año. 
Sabemos que ya había algunas acciones de promoción en la Unión Europea- incluso dirigidas a países no europeos -, en el marco general de todas las medidas de promoción, entre las que en estos años destacó el apoyo a la iniciativa del Consejo Oleícola Internacional para la promoción del aceite de oliva en los mercados mundiales. 
Para terminar, diré cuatro cosas. Primero: ésta debe ser la ocasión para que se vuelva a la síntesis, a la organicidad, a una visión de conjunto en todo el capítulo de las medidas de promoción, no sólo las que se dirigen a los mercados no europeos sino también las que se dirigen al mercado interior europeo. 
Son demasiadas las iniciativas fragmentarias concebidas con lógicas, tiempos y modalidades diferentes, y es necesario aprovecharse de esta ocasión para poner orden en todo ello. 
Segundo: es preciso gastar más. 
Si esta iniciativa quiere ser seria, no puede limitarse a quince millones de euros- que son migajas insignificantes -, y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto que en el período 2000-2003 la financiación se eleve de treinta a cincuenta millones de euros. 
Asimismo, la financiación de todas las medidas de promoción propuestas en la Agenda 2000, limitada a 100 millones de euros desde ahora hasta el 2006, corre el riesgo de no ser suficiente. 
Tercero: es necesario tener un horizonte temporal más amplio. 
No es casual que hayamos propuesto aumentar de dos a tres años tanto la revisión de la definición de las prioridades para los productos que deben ser objeto de las medidas de promoción, como la duración de los programas, de manera que se dé mayor precisión y mayor eficacia a esas medidas. 
Cuarto y último: se debe mantener el principio fundamental de este reglamento, el de la subsidiariedad y la complementariedad, de modo que no sean iniciativas que lleguen desde Bruselas y hagan tabla rasa de todo lo demás, sino que completen, con un efecto sinérgico, y a la vez estimulen medidas de esta índole en el plano nacional y en el de las asociaciones de los productores, para que esta lógica caracterice a todos los protagonistas de la agricultura europea y de sus retos futuros. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión REX, en la exposición de motivos de la opinión que tengo el honor de presentar, ha estimado que la propuesta de la Comisión es de un gran interés y de una gran oportunidad. 
En efecto, la revisión de la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000 debe incluir un capítulo exterior para desarrollar acciones de información y promoción de productos agrícolas en países terceros. 
Estas acciones deben contribuir a aumentar la competitividad de productos europeos en mercados mundiales y, para ello, sin duda, hay que promover su imagen. 
La información y la publicidad, sobre todo la dirigida a países con alta exigencia de calidad y, por tanto, con gran poder adquisitivo, pueden ser una buena salida para productos comunitarios de calidad y con denominación de origen controlada. 
Esta iniciativa es tanto más oportuna cuanto que contamos ya con evaluaciones de la campaña de promoción del aceite de oliva y del lino textil- a lo que se ha referido también el Sr. Fantuzzi- cuyas ventas han aumentado en el exterior gracias a la promoción a través de instrumentos ad hoc. 
En la propuesta, que ha sido enmendada por la Comisión de Agricultura, se describe toda una serie de acciones posibles, aunque, sin duda, la mejor publicidad será siempre la calidad, la seguridad, las condiciones de higiene, el etiquetado y el respeto al medio ambiente. 
Insisto en la opinión favorable de la Comisión REX en el examen de esta propuesta. 
Cabría, sin embargo, preguntarse- y también a ello se ha referido el Sr. Fantuzzi- si la financiación de tan ambicioso proyecto es posible con una dotación de sólo 15 millones de euros anuales hasta el año 2003. 
Dadas las enormes dotaciones de la PAC, bien podría preverse un aumento de fondos que permitiera, con una buena gestión, incrementar las exportaciones en un contexto internacional cada vez más globalizado. 
Concluyo, señor Presidente, insistiendo en la recomendación favorable a la propuesta por parte de la Comisión REX, que se felicita, además, por el principio que la fundamenta: reforzar la política comercial de la Unión a través de la promoción de productos agrícolas a países terceros. 
. Señor Presidente, quisiera, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, presentar la pregunta oral sobre la situación del mercado del ajo. 
No se trata de una situación nueva- es ya una situación recurrente -, pero en todo caso me parece importante llamar la atención sobre ella, sobre todo porque parece que la causa directa de este hundimiento del mercado del ajo es la presencia irregular de productos de terceros países. 
Insisto en que la situación no es nueva, y si planteamos en la actualidad esta pregunta es porque, de conformidad con el Reglamento 1137/98 de 29 de mayo, el 31 de mayo finaliza el período de expedición de certificados de importación de ajos originarios de China por la cantidad máxima de 12.000 toneladas. 
Según mis datos, el total de importaciones está cerca, en 1998, de las 50.000 toneladas, cuando la media de importaciones en la Unión Europea durante el período 1990-1997 ha sido en torno a las 40.000 toneladas. 
Lo sorprendente es que países como Malasia- que no exportaba nada a la Unión Europea en 1993 -, Jordania y la India, de pronto aparezcan con cifras de 7.300 toneladas en 1998, 6.167 o casi 1.000 toneladas respectivamente. 
Eso siempre respetando, al menos en el papel, las 12.000 toneladas de China. 
Esto sugiere inmediatamente la existencia de operaciones triangulares con ajos que son de origen chino pero que aparecen a través de operaciones con terceros países. 
De esta manera, tanto el contingente como las medidas de salvaguardia están perdiendo toda su eficacia, debido seguramente también a la falta incluso de exigencia de certificados de origen para los ajos importados y a una aplicación incorrecta de los códigos arancelarios entre ajos verdes sin desarrollo de dientes y los destinados al consumidor en seco o en semiseco. 
Parece necesario recordar de nuevo a la Comisión que estamos además en presencia de un importante cultivo social localizado, en su inmensa mayoría, en regiones con problemas estructurales, zonas del Objetivo nº 1, y tampoco hay que olvidar la necesidad de que adoptemos no solamente el capítulo de medidas aplicadas hasta la fecha sino algunas más, incluso la posibilidad de sugerir ayudas al desarrollo rural. 
Estamos hablando de una caída de cultivo que se localiza en países y regiones como Castilla-La Mancha, Castilla-León o Andalucía, todas ellas configuradas en el Objetivo nº 1, y que han hecho en torno a este cultivo su verdadera movilización, porque es la única actividad económica de ese espacio territorial. 
La Comisión conoce el problema, basta leer sus propios documentos, por ejemplo, el Reglamento 1197 donde constata que, a partir de 1993, la Comisión registró un notable aumento, respecto de los años anteriores, de las importaciones de ajos originarios de China. 
Habida cuenta del precio de dichos ajos- según mis informaciones, el coste de producción en la Unión Europea está en torno a las 220 pesetas por kilo y el ajo chino está en torno a las 135 pesetas -, esta caída del precio de los ajos podría provocar y está provocando perturbaciones graves en el mercado comunitario. 
En el Reglamento 544, la Comisión establece que, tras la introducción de una cláusula de salvaguarda aplicable a la importación de ajos originarios de China, se ha producido en los últimos años un incremento importante y súbito de las importaciones de ajo procedentes de determinados terceros países que no son exportadores tradicionales de este producto a la Comunidad. 
La propia Comisión afirma que esto hace albergar dudas fundadas sobre el origen real del ajo importado de estos países. 
Las importaciones de ajo de origen dudoso han seguido creciendo. 
Si estos son los datos que la propia Comisión ha manejado y si la realidad del mercado actual es el hundimiento, lo que tenemos que pedir es que la Comisión pueda tomar algún tipo de medidas que corrija esta situación. 
No es tolerable que la Comisión conozca esta situación, que sepa que las medidas tomadas son insuficientes- como lo demuestra la propia situación del mercado- y que no tomemos ningún tipo de medida. 
Los propios productores de ajo se refieren a la posibilidad de establecer un contingente comercial global máximo o, incluso, de establecer un arancel aduanero disuasorio para las cantidades que superen ese contingente comercial global máximo. 
Yo sé que estos temas entran dentro del mandato de futuras negociaciones. 
En todo caso, lo que pedimos es que la Comisión esté vigilante, que tome las medidas adecuadas para evitar que año tras año- insisto, desde 1993- se produzca una caída respecto de la renta de los productores. 
Quisiera aprovechar esta ocasión también para manifestar mi apoyo tanto al informe del Sr. Jové como al del Sr. Fantuzzi, en lo que se refiere a la transformación de cítricos y a las ayudas para la promoción de productos agrícolas de terceros países. 
Señor Presidente, Señorías, yo les ruego que sean indulgentes si mi intervención se alarga un poco, pero tengan presente que debo exponer nuestra posición con respecto a cuatro informes distintos. 
Voy a empezar por las propuestas de precios para el ejercicio 1999/2000. 
Las propuestas presentadas por la Comisión se guían por la misma política de estabilidad que ya seguimos en los anteriores paquetes de precios. 
El objetivo esencial es garantizar la transición jurídicamente necesaria. 
En cualquier caso, como resultado de la reforma, en el futuro sólo habrá que fijar muchos menos parámetros sobre una base anual para la gestión de los mercados. 
La Comisión propone que en dichos casos no se aumenten los importes. 
Es decir, que deberíamos limitarnos a adoptar estrictamente aquellas medidas que no vayan en contra de la estrategia general acordada en Berlín. 
Dicho esto, yo quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Happart por su informe, y también a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a los de las demás Comisiones que han participado activamente en la elaboración del informe. 
Permítanme que me detenga ahora en las enmiendas. 
Voy a empezar por las que proponen aumentar todos los precios y ayudas con objeto de tener en cuenta la tasa de inflación del 1, 9 % y los efectos de la implantación del euro. 
Se trata de los siguientes grupos de enmiendas: en primer lugar, las enmiendas 13, 16, 23, 33, 38 y 42, relativas a la tasa de inflación; en segundo lugar, las enmiendas 14, 17, 24, 34 y 39, relativas a la implantación del euro; y, finalmente, las enmiendas 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 y 31, así como las 36 y 41, sobre el incremento de los precios. 
La Comisión no puede estar de acuerdo con dichas enmiendas, puesto que serían diametralmente contrarias a la necesaria mejora de la competitividad de la producción comunitaria, tanto en el mercado interior como en el mercado mundial. 
Ello supondría, además, un gasto adicional de 463 millones de euros para el año 2000. 
Si lo trasladamos al futuro marco financiero para el período 2000-2006, el coste adicional superaría los 3.000 millones de euros. 
Por último, tampoco podríamos cumplir plenamente nuestros compromisos internacionales, concretamente en lo que respecta al apoyo interno y la reducción del mismo. 
Por lo demás, el Reglamento 2799/98 del Consejo por el que se establece el nuevo régimen agroalimentario prevé la posibilidad de otorgar pagos compensatorios en el caso de pérdidas demostradas de ingresos como resultado de la implantación del euro en el marco de las condiciones establecidas. 
Por lo que se refiere a la enmienda 1 sobre la retirada obligatoria de tierras que, en resumen, pide que se siga manteniendo en los próximos años la actual tasa de retirada, yo debo señalarles que el compromiso de Berlín incluye una tasa de retirada básica del 10 % para el conjunto del período 2000-2006. 
La enmienda 2, relativa al lino y el cáñamo, tiene como finalidad que se fomente el uso no alimenticio de estos productos agrícolas. 
Yo comprendo muy bien las razones que motivan la enmienda, pero no puedo aceptarla porque se trata de una cuestión que es preciso examinar dentro de un contexto más amplio. 
Será necesario considerarla también en el marco de la futura tasa de retirada de tierras y de las opciones con respecto a las medidas en favor del desarrollo rural. 
Las enmiendas 4 y 5 tienen por objeto la introducción de nuevas medidas de control de la producción de carne de porcino. 
Yo sólo quisiera señalar en este contexto que cualquier subvención del sector porcino sólo intensificaría el problema en estos momentos, al reducir la disposición a acumular existencias. 
La ejecución de una propuesta de ese tipo resultaría, además, muy costosa. 
Permítanme que recuerde asimismo que en el Comité de gestión hemos invitado varias veces a los Estados miembros a presentar propuestas estructurales. 
Ya hemos debatido todas las variantes que aquí se citan y los Estados miembros no se mostraron favorables a ninguna, sino que afirmaron, por el contrario, que una gestión adecuada del mercado ya es una medida suficiente. 
Voy a referirme ahora a las enmiendas relativas al sector del vino. 
Las enmiendas 2 y 32 sobre la concesión de primas por el abandono definitivo de superficies vitícolas y la ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de primas para el ejercicio 1999/2000, del 31.12.99 al 31 de marzo del 2000, no plantean ningún problema. 
La Comisión no puede aceptar, en cambio, las restantes enmiendas relativas al sector del vino por los siguientes motivos: 
En primer lugar, dichas enmiendas vacían de contenido la reforma acordada políticamente o incluso podrían actuar en sentido contrario a la misma. 
En segundo lugar, en lo que respecta a la prohibición de la plantación de nuevas superficies vitícolas, debo recordar que ésta se amplió hasta el 31 de agosto del 2000 en el marco del anterior paquete de precios y que en 1998 fue preciso ampliar en 10.000 hectáreas las plantaciones autorizadas para cada uno de los ejercicios 1998/99 y 1999/2000. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 26 y 31, relativas a los importes mensuales de los gastos de almacenamiento, por la sencilla razón de que la reducción propuesta queda indiscutiblemente justificada por la reducción de los tipos de interés. 
La enmienda 35 resulta injustificada a la vista del nuevo calendario para la reforma de la organización común de mercados en el sector lechero. 
Finalmente, por lo que respecta a las tres enmiendas- 37, 40 y 41- relativas al sector de la carne de vacuno, yo quisiera señalar que éstas no son necesarias a la vista de las propuestas para la reforma del sector. 
Por último, yo les pido que consideren la necesidad de no perder de vista en ningún momento el esfuerzo de simplificación y en favor de la estabilidad, a la espera de la transposición de la Agenda 2000, que ha inspirado las presentes propuestas de precios y que el amplio consenso que se ha manifestado en el presente debate corrobora. 
Puesto que el informe que hoy se debate es el último informe que presentará el Sr. Happart, yo quiero expresarle mi más sincero agradecimiento y ofrecerle la seguridad, con vistas a su posterior actividad política, de que mientras yo siga trabajando en este puesto ¡jamás favoreceré una americanización de la agricultura europea, sino que lucharé al igual que usted por la preservación de nuestra autonomía europea! 
A continuación, voy a referirme al informe sobre algunos ajustes en el ámbito de la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas. 
Como ustedes saben, nos encontramos en la segunda campaña desde la entrada en vigor de esta nueva ordenación común de mercados y, como también ya saben, está previsto proceder en cualquier caso a una revisión general del funcionamiento de dicha ordenación común de mercados para el año próximo. 
En estas circunstancias, me parece prematuro introducir ya ahora modificaciones de mayor calado que las propuestas. 
Aun así, la Comisión se mostró dispuesta, en el contexto de las últimas negociaciones sobre el paquete de precios, a introducir algunos ajustes limitados, a fin de agilizar la aplicación de la ordenación común de mercados. 
En consecuencia, ésta es también la única finalidad de las presentes propuestas. 
Yo quiero manifestar mi agradecimiento al Sr. Jové Peres por su informe, en el que apoya asimismo una gran parte de las propuestas de la Comisión. 
Al igual que él, también yo creo que es necesario fortalecer a las organizaciones de productores, sobre las cuales recae efectivamente la responsabilidad principal de gestión del mercado. 
El Sr. Peres señala, además, algunos problemas que será preciso abordar cuando se proceda a la futura revisión. 
La Comisión opina, por consiguiente, que muchas de las enmiendas propuestas son prematuras y tampoco parecen factibles sin un análisis detenido. 
Tal es el caso de las enmiendas 1, 3 y 4, y también de las enmiendas 6-9. 
Yo puedo ofrecer, no obstante, al Parlamento la seguridad de que la Comisión prestará meticulosa atención a estos puntos cuando proceda a la revisión de la organización común de mercados el año próximo. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2 y 5 porque las organizaciones de productores tienen que contar con la capacidad financiera y técnica suficiente para controlar debidamente su producción. 
Paso a referirme ahora al informe del Sr. Fantuzzi. 
También en este caso yo quiero manifestar mi especial agradecimiento al ponente, pero también a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de las demás Comisiones que han elaborado opiniones sobre el proyecto. 
Es una satisfacción para mí que la propuesta haya recibido un amplio apoyo. 
Su objetivo es crear un instrumento operativo que permita reforzar la competitividad internacional de nuestros productos agrícolas. 
Desde luego, no podemos permanecer cruzados de brazos- y en esto le doy la razón al Sr. Fantuzzi- mientras nuestros competidores más importantes desarrollan una política activa de promoción de las exportaciones en los nuevos mercados- como están haciendo, por ejemplo, en el Sudeste asiático o en América Latina -, frente a la cual no podemos responder con ninguna actuación ni siquiera remotamente equivalente. 
Por lo tanto, en el futuro tendremos que hacer un gran esfuerzo en este ámbito y crear un amplio abanico de acciones de promoción e información con objeto de ampliar nuestra presencia en dichos mercados, sobre todo teniendo en cuenta que los productos europeos son por regla general productos con un alto grado de transformación y esto significa, ni más ni menos, que también están en juego puestos de trabajo. 
La Comisión respetará en este contexto los principios de la subsidiariedad y la complementariedad y se limitará esencialmente a un enfoque que actúe como un elemento de conexión o como catalizador y que permita obtener un valor añadido europeo. 
Sin embargo, sólo podemos actuar en el marco del presupuesto restringido y a la vez deberíamos recurrir a los mejores conocimientos expertos externos disponibles. 
Este enfoque exige, por lo tanto, una fuerte participación de los Estados miembros tanto en el ámbito del sector privado como en el del sector público, con la aportación de fondos de cofinanciación y del apoyo necesario en lo que respecta a la gestión y el control de las medidas. 
En cuanto a las enmiendas propuestas, yo quisiera manifestar lo siguiente. En primer lugar, por lo que respecta a los criterios para la selección de los productos incluidos en la disposición- me refiero a las enmiendas 1, 5, 6 y 9 -, las modificaciones son innecesarias a nuestro parecer, puesto que la propuesta de la Comisión ya contempla esos objetivos de manera general. 
De conformidad con la propuesta de la Comisión se podrán seleccionar productos destinados al consumo directo o a la transformación. 
Se podrán seleccionar igualmente tanto productos de cultivo ecológico como los obtenidos mediante otros procedimientos de producción específicos y también productos alimenticios preparados, con la condición de que las acciones de información y promoción sean de suficiente utilidad y de interés europeo. 
Por lo que respecta a la forma y contenido de las acciones subvencionables, yo puedo aceptar la enmienda 7. 
La mayor concreción de los grupos destinatarios de las acciones que se contempla en la enmienda 8 no me parece, en cambio, necesaria. 
En cuanto a las modificaciones solicitadas en el procedimiento que se deberá seguir para establecer la lista de productos y/o su plazo de vigencia- me refiero a las enmiendas 10, 11 y 14 -, éstas podrían plantear problemas si queremos seguir manteniendo una política suficientemente flexible y que también se adecue en cada momento a las circunstancias inmediatas. 
A mi parecer, sería de hecho más adecuada una consulta previa al grupo permanente de «Fomento de los productos agrícolas» -este es su nombre -, si los plazos lo permiten, y establecer listas para un período que no supere los dos años. 
La introducción de normas tan rígidas como las que se proponen en las enmiendas podría impedir que nuestra política alcance la máxima efectividad posible. 
No puedo aceptar la propuesta de que la cooperación se limite a las organizaciones que representen exclusivamente a Estados miembros de la Unión Europea o en las que participen un mínimo de dos Estados miembros, ya que nuestro objetivo también es, sobre todo, la cooperación con organizaciones internacionales, que evidentemente deberán contar con la correspondiente dimensión europea. 
Piensen tan sólo en la actividad del comité del sector olivarero, por ejemplo. 
En lo que respecta a la obligación de consultar al correspondiente comité de gestión en cada caso, en lugar de sólo informarlo, estoy dispuesto a examinar detenidamente la propuesta. 
En cambio, tengo que rechazar los demás puntos, ya que la experiencia nos demuestra que los programas nunca deberían abarcar un período superior a tres años y habida cuenta que nuestro propósito es aplicar un enfoque de «abajo hacia arriba» en la transposición de las disposiciones. 
Las organizaciones profesionales deberán obtener, además, la aprobación previa de las autoridades nacionales antes de presentar sus propuestas a la Comisión. 
Las organizaciones que propongan acciones también pueden designar, naturalmente, los organismos a los que se proponen confiar la ejecución de las acciones previstas. 
Sin embargo, debe quedar claro que la selección de los mismos deberá tener lugar mediante una licitación de ámbito comunitario. 
No me es posible aceptar las enmiendas 3, 4, 15, 19 y 24, relativas al procedimiento de licitación, ya que la Comisión considera que la selección de los servicios de apoyo externo debe tener lugar mediante licitación, con objeto de garantizar la máxima transparencia de los intereses comunitarios. 
Consideramos asimismo que el control y la ejecución de los pagos deben ser competencia exclusiva de los Estados miembros, puesto que la prefinanciación de las acciones correrá a su cargo. 
En relación con su petición de una mayor flexibilidad en la determinación de la parte de la cofinanciación que deberán asumir los Estados miembros- tal como se expresa en las enmiendas 22 y 21 -, yo quisiera señalar que la propuesta de la Comisión me parece más equilibrada en este aspecto, en lo que se refiere a la participación financiera de las tres partes implicadas, o sea, la Comunidad, el Estado miembro y la organización responsable de la propuesta. 
En cuanto a la propuesta de incrementar el importe de los créditos, tal como se expresa en la enmienda 22, yo quisiera señalar que en este momento no parece posible aceptar un incremento masivo, puesto que la evolución de los gastos en el ámbito de las restituciones a la exportación no guarda relación alguna con la política de promoción, dado que la propuesta que estamos debatiendo tiene primordialmente por objeto los productos de calidad y productos con un elevado valor añadido. 
La decisión final en este sentido deberá adoptarla, no obstante, obviamente la autoridad presupuestaria. 
Dicho esto, paso a responder a las observaciones del Sr. Colino Salamanca sobre las importaciones de ajos de terceros Estados. 
La Comisión está examinando en estos momentos las posibilidades de abordar los problemas del sector del ajo en el marco de la OMC y también está preparando la introducción de un nuevo sistema, que prevé la imposición de un arancel de un nivel proporcionado sobre todas las importaciones de ajos, excepto las incluidas en los contingentes previstos. 
De conformidad con las disposiciones del GATT, los contingentes se deben establecer sobre la base de las importaciones medias de terceros Estados en un período histórico de tres años y deben contemplar un incremento anual proporcionado. 
En estos momentos se está elaborando un proyecto de recomendación de una decisión del Consejo por la que se autorice a la Comisión a iniciar negociaciones con los terceros Estados afectados sobre dicha modificación del arancel vinculado al volumen de importaciones. 
Entre tanto, como medida inmediata, se prolongará la aplicación de la cláusula de seguridad, que es un principio establecido que hemos venido aplicando en los últimos años. 
Ya se han presentado también propuestas en este sentido. 
Hace pocas semanas estuve debatiendo exhaustivamente sobre ambas posibilidades con los representantes de los productores de ajos y éstos también dieron en principio luz verde y manifestaron su aprobación. 
Aplausos 
Debo decir, Sr. Fischler, que le he permitido una disertación de 22 minutos, pero igualmente no puedo negar su derecho a Comisarios que tienen que responder a una serie de informes, donde se abordan muchos aspectos, cuando se han apuntado bastantes acontecimientos importantes en este sector en los últimos tiempos, y con el previo acuerdo de los Ministros y las resoluciones de la Conferencia Cumbre. 
Me gustaría rogar a la Asamblea que me permita apartame de los principios formales del ejercicio de la Presidencia de la sesión, para completar la observación del Comisario Sr. Fischler en relación con la retirada del Sr. Happart, y decir que ha sido uno de los elementos más dinámicos del Parlamento Europeo durante muchos años. 
Quienes de entre nosotros hemos seguido su actividad, realmente nos sentiremos muy apenados de no tenerle con nosotros en la siguiente sesión. 
Le deseamos una brillante carrera en sus nuevas aspiraciones políticas. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítame que me sume a sus palabras de despedida al Sr. Happart. 
Es un hecho- y este es también un mérito del colega Happart- que quien nada contra la corriente a veces contribuye a oxigenar el agua. Esto es lo que ha hecho el colega Happart en el curso de su prolongada y eficaz actividad en esta Asamblea. 
Estimadas y estimados colegas, la solidez, la estabilidad financiera y la continuidad de los gastos son un valor importante que en los últimos años- podríamos remontarnos casi hasta los inicios de la Unión Europea- no ha recibido siempre el reconocimiento que habríamos deseado desde el Parlamento Europeo, en nuestra calidad de representantes de las y los contribuyentes. 
Uno de los grandes éxitos de la Cumbre de Berlín es haber concedido por primera vez un lugar verdaderamente central a esta evidencia. 
Esto es un éxito. 
Casi todo éxito tiene, no obstante, también un reverso de la medalla o una cara oscura, de los que todavía no son conscientes, en este caso, los políticos de los Estados miembros que participan en las negociaciones. 
Para expresarlo con prudencia, voy a formularlo como sigue: además de la estabilidad, la política de los Estados miembros también debe tener, obviamente, como directrices la justicia social y la solidaridad con los más débiles, no sólo en Europa, sino incluyendo hasta la última comunidad. 
Una de las decepciones de mi Grupo político y mía propia es que en estos momentos todavía no disponemos de ningún instrumental acordado en Berlín que permita mejorar la justicia y aumentar la solidaridad con los más modestos y los más débiles. 
Resulta triste constatar que en estos momentos no disponemos de un instrumental que permita evitar que se cumpla el viejo principio según el cual los aumentos de precios benefician a los ricos y sólo dejan para los pobres las migajas que caen de la mesa. 
En realidad, más que la determinación de los precios, una de las posibilidades de ayuda efectiva puede ser, sobre todo, la ampliación del segundo pilar de la política integrada de desarrollo rural, que en efecto también ofrece la oportunidad de desarrollar una actividad en otro ámbito a quienes, en su calidad de empresarios y agricultores, tienen que asumir sin duda alguna un riesgo demostrable. 
Esta oportunidad debe estar abierta también para sus descendientes. 
Este es nuestro compromiso socialdemócrata, este es nuestro principio fundamental. 
Señor Comisario, usted ha felicitado asimismo al colega Jové Peres, pero en este caso yo debo decir que sus propuestas son un poco prematuras. 
El Parlamento es, en efecto, a menudo el pionero en la formulación de nuevos planteamientos y algunos- excluyéndole tal vez a usted- se muestran un poco renuentes a seguir esta vía. 
Yo confío, sin embargo, en que las ideas que ha planteado el colega Jové Peres también puedan traducirse efectivamente en políticas prácticas en un futuro. 
El objetivo es, de hecho- y todos los informes que estamos debatiendo deben considerarse conjuntamente en este sentido -, la progresiva flexibilización del marco rígido del mercado, de esta reglamentación que abarca hasta las cuestiones de detalle, y el retorno de la Unión Europea a una economía social de libre mercado. 
En consecuencia, es sin duda necesario redefinir según los principios de una lógica sana la promoción que vienen desarrollando con mucho éxito muchos colectivos de productores de muchos países de la Unión Europea, de manera que también estén autorizados a comercializar lo que todavía tienen la posibilidad de vender. 
También en este caso existe, no obstante, un reverso de la moneda: no es admisible que en los malos tiempos se vendan las patatas a los colectivos de productores y que en los buenos tiempos, cuando se puede obtener un buen precio, éstas se comercialicen en el mercado libre. 
Este debería ser uno de los objetivos de la ayuda, de dicha ayuda eficaz a la promoción. 
En efecto, también se trata una cuestión de promoción. 
El informe del colega Fantuzzi contiene también propuestas para reforzar el apoyo a dicha promoción en la Unión Europea. 
Desde luego, es asombroso que el gigante económico que es la Unión Europea todavía se encuentre «en pañales» en lo que se refiere a la promoción y se enfrente con la tarea de intentar seguir el ejemplo de los pioneros y los gigantes de la promoción con una dotación de fondos muy reducida. 
Necesitamos una promoción sólida. 
Lamentablemente, lo bueno cuesta dinero. 
Tenemos que completar lo que ya hemos conseguido a escala regional. 
¡El gigante económico que es la UE debe llegar a ser también en un gigante en el ámbito de la promoción! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no voy a hablar hoy sobre la reforma de la PAC negociada en Berlín, lo haré mañana en el debate sobre las conclusiones de la Cumbre. 
Tan sólo quiero decir que me asocio al sentimiento de decepción de la propia Comisión respecto de esta reforma, sentimiento expresado en la primera reunión plenaria del Colegio de Comisarios después de la Cumbre de Berlín. 
Como ya se ha dicho, la fijación de precios, con carácter anual, fue en el pasado el principal instrumento de formulación de la política agraria. 
Desde la reforma de 1992 la fijación de precios dejó de ser el instrumento de formulación de la política y cada vez lo es menos, gracias, por lo demás, al Comisario Fischler, que desde el comienzo de su mandato siempre afirmó que consideraba deseable que se formulara cada vez más la Política Agraria Común con horizontes a medio plazo. 
Y ahí estamos en este reforma de 1999, en la que una vez más se formula la política agraria para un horizonte, en este caso, de siete años. 
Por tanto, en el futuro la fijación de precios servirá esencialmente para ajustar medidas de política agraria en la mitad del trascurso del horizonte a medio plazo. 
Y, por lo que se refiere a este plan de precios 1999-2000, es evidente- todos lo sabemos- que no desempeña papel alguno con vistas a la formulación de la política agraria, pues sólo debe ser un puente entre el pasado y el futuro, es decir, una medida transitoria de status quo hasta la aplicación de la nueva PAC a comienzos del próximo año. 
Por eso, carece del menor sentido- hemos de decirlo con sentido de la responsabilidad- venir ahora a proponer medidas innovadoras y sobre todo aumentos de precios cuando, por unanimidad, el Consejo de Agricultura acaba de reducir esos mismos precios en el marco de la Agenda 2000. 
Y, si el Parlamento Europeo aprobara ahora las medidas, perdería su crédito, hemos de decirlo con franqueza. 
Por esas razones, el PPE no apoya las enmiendas que el Sr. Happart ha presentado ni las presentadas por otros colegas en este marco. 
Aun así, felicito al Sr. Happart, porque hace algunos análisis que me parecen pertinentes, sobre todo respecto del sector del ganado porcino. 
Y quiero sobre todo agradecerle el trabajo que ha hecho en estos años en que ha sido colega mío en el Parlamento y la colaboración que se estableció entre nosotros y desearle para el futuro las mayores felicidades personales y políticas. 
Señor Presidente, antes que nada quiero también dar las gracias a Happart. 
Él es un verdadero amigo del campo y de la agricultura. 
Esto es algo que yo- y muchos conmigo- apreciamos, aunque no siempre compartimos sus opiniones. 
Yo apoyo, en cambio, al Grupo Liberal en esta materia, es decir, no a las enmiendas, sino especialmente la propuesta de la Comisión. 
Para los agricultores la política agrícola de los años venideros será, después de la Cumbre de Berlín, algo más beneficiosa a corto plazo que lo que había imaginado la Comisión. 
Hay algunas cosas que quisiera comentar aquí. 
A la hora de ahorrar, no se pueden usar los ahorros en la agricultura como condición para la ampliación hacia el Este. 
Nunca se debería llegar a que el campo, la agricultura y los sectores más retrasados sean los que paguen la ampliación hacia el Este, sino que lo deben hacer los que tienen medios. 
Por la misma razón no se puede renacionalizar la política agrícola. 
Tenemos que cuidar las unidades de producción agraria en tanto el mercado mundial no funcione. 
Seguramente pasarán muchos años antes de que tengamos un mercado mundial confiable y que funcione. 
También quisiera decir que estoy de acuerdo con Fischler en que no debemos americanizar la agricultura. 
Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que a largo plazo el mercado y la competencia van a tener mayor importancia. 
Esto significa que la agricultura europea tiene que ser más eficaz. 
Significa que debe ser más eficaz en cuanto a las cantidades, pero, tal vez lo más importante, es que también debe serlo en cuanto a la calidad. 
En este contexto quiero decir que es provechoso lo que se señala en el Informe Fantuzzi en relación con los esfuerzos para vender más. 
La agricultura europea debe ser algo que dé confianza como actividad económica capaz de generar ganancias a largo plazo. 
La conclusión es que hay que dar señales adecuadas a los agricultores. 
Tenemos que iniciar pronto un debate acerca de las reformas un poco más profundas de la política agrícola y de las regiones rurales, no a causa de la ampliación, sino por méritos propios. 
Es hora de cambios que alcancen bastante más allá del año 2006. 
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, nuestro debate sobre los informes agrícolas y sobre la pregunta oral no puede estar aislado de las conclusiones del acuerdo de Berlín sobre la reforma de la PAC y de la apreciación que podemos tener de este acuerdo. 
Éste tiene un aspecto positivo, en la medida en que se constata que, gracias a la movilización de los agricultores y del mundo rural, los Jefes de Estado y de Gobierno se han negado a aplicar en toda su intensidad las medidas ultraliberales preparadas por la Comisión. 
Pero, globalmente, los dirigentes europeos no han salido de la lógica de reducción de los precios agrícolas impuesta por los grandes operadores económicos y financieros europeos e internacionales. 
Es esta lógica la que se encuentra en el reglamento de la Comisión sobre los precios agrícolas, un reglamento que no garantiza ni siquiera el mantenimiento de los precios frente a la inflación o el abandono del ecu verde y que no aporta ningún correctivo a los desequilibrios entre producciones y productores. 
Esta lógica de reducción de precios la encontramos también en la falta de determinación y de medios para defender producciones como el ajo, víctima de prácticas fraudulentas con respecto a nuestra reglamentación, una producción sin embargo vital para el empleo en las zonas de producción de la Unión. 
Frente a esto, es necesaria una política de promoción de nuestros productos agrícolas, a condición de que no esté dotada de medios financieros irrisorios, como se nos propone actualmente. 
Además, no es necesario ser adivino para predecir que la lógica de reducción de los precios agrícolas adoptada en Berlín perpetuará un productivismo destructor para el empleo, para la calidad alimentaria y para el medio ambiente. 
No olvidemos que se han aplicado muchas medidas negativas de la reforma de la PAC. Ello deja un espacio para los agricultores, el mundo rural, los pueblos europeos, para exigir de nuevo una verdadera reorientación de la PAC en el sentido definido por este Parlamento. 
Ello es tanto más posible en la medida en que entramos en un período de elecciones europeas que dota a los propios pueblos de los medios para intervenir en el debate y en las decisiones. 
Para mí, la reforma de la PAC sigue abierta y su contenido puede y debe ser reformado. 
Señor Presidente, señor Comisario, la posición de José Happart, para mí, es una posición normal: es un hombre que siempre ha defendido la producción y que, naturalmente, no siempre se ajusta a las limitaciones impuestas por la política financiera. 
Es evidente que ese punto de vista de la estabilidad general puede parecer un ultraje, puede parecer una blasfemia, pero yo lo comprendo y lo apoyo. 
No cabe la menor duda de que la propia reforma de 1992, que se basó en las productividades históricas, creó una diferencia brutal en las ayudas en toda Europa, sobre todo diferencias brutales entre la Europa rica y la Europa pobre. 
No cabe la menor duda de que las llamadas ayudas compensatorias, que ahora han pasado a llamarse ayudas directas, no compensan la reducción de los precios. 
No cabe la menor duda de que los agricultores ganan menos, obtienen menos dinero, excepto en los casos de la agricultura industrializada. 
Por tanto, la propuesta de José Happart no me parece tan ultrajante ni tan blasfema. 
Me parece una propuesta normal de alguien que defiende no sólo a los consumidores, sino también a los productores. 
Por tanto, mi Grupo apoya la propuesta. 
En cuanto al trabajo de Jové Pérez, me parece extraordinariamente importante lo que ha dicho, sobre todo parece importante mantener el equilibrio entre las organizaciones de productores y los productores, así como garantizar la posibilidad de que éstas sean fieles a sus organizaciones sin que eso constituya un dirigismo económico en que se vean forzados como esclavos a vender las organizaciones mal gestionadas. 
El gran problema que aquí se plantea es el de cómo compatibilizar la gestión idónea de las organizaciones con la satisfacción de las necesidades de los productores. 
En cuanto a la retirada, no puedo estar más de acuerdo. 
Muchas veces la retirada representa un gran lucro, porque muchas veces se hace fraudulentamente en la medida en que está pagada y después se venden los productos en los mercados exteriores. 
¡Eso yo he visto hacerlo! 
En cuanto a la promoción de los productos en el Informe Fantuzzi, me parece extraordinariamente importante. 
Es una petición que hicimos hace muchísimo tiempo y, naturalmente, me parece ridículo que Europa no haya adoptado una posición más agresiva en la medida en que durante años hemos ido perdiendo los mercados internacionales: Portugal, por ejemplo, ha perdido el mercado del aceite en Brasil en favor de productos de pésima calidad contra los cuales podemos luchar fácilmente. 
Por último, el ajo es un problema normal. 
La delincuencia organizada y el blanqueo que la Comisión ha admitido en estos años nos hacen pensar que en este caso el control riguroso resolvería el problema. 
Siempre que haya voluntad de controlar lo que importamos. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, usted le ha dicho al Sr. Happart que sus propuestas irían en contra de la estrategia de Berlín. 
¿Debemos interpretarlo como un cumplido hacia él o acaso está usted satisfecho con lo acordado en Berlín? 
Esto me crea una cierta confusión, pues en su informe el Sr. Happart depositaba algunas esperanzas en la aplicación de la Agenda 2000. 
A mí me parece que las esperanzas que el Sr. Happart expresaba en su informe no se han cumplido. 
En el presente informe sobre los precios, el Sr. Happart todavía se remite a la reforma de 1992 y como usted sabe, y así lo ha escrito personalmente en sus documentos de apoyo e informes sobre la Agenda 2000, dicha reforma del 92 dio lugar a considerables injusticias y considerables atentados contra una atención razonable a los aspectos del trabajo y el medio ambiente. 
Usted sabe que la mayoría del dinero redunda en beneficio de la producción y no de las regiones desfavorecidas. 
Usted sabe que la mayoría del dinero va a parar a las empresas más grandes y que algunas de éstas transfieren las primas directamente a la cuenta de depósito a plazo fijo porque con los precios obtenidos y su nivel de racionalización ya salen adelante. 
Usted sabe que en el sector del maíz existen primas que no están vinculadas a ningún tipo de exigencias ecológicas. 
Usted sabe que el sector de los cultivos herbáceos también forma parte de las regiones económicamente dependientes. 
Todo esto no se rectificó en Berlín. Por consiguiente, yo debo interpretar realmente como un cumplido que usted diga que va en contra de lo acordado en Berlín. 
Lo cierto es que, en realidad, deberíamos empezar a desarrollar de inmediato una estrategia para una protección razonable de la agricultura también en el mercado regional. 
El tiempo de que dispongo no me permite extenderme más, pero usted ya conoce mi punto de vista al respecto. 
Antes de acabar, quisiera añadir unas palabras sobre la promoción de las ventas. En este contexto, señor Comisario Fischler, me parece necesario que la promoción de las ventas no se transforme en una subvención encubierta a las exportaciones, sino que sea una verdadera promoción. 
A mi modo de ver, también se debería tomar en consideración el mercado interior, o sea, que se deberían liberar fondos para ambas finalidades. 
Señor Fischler, usted se ha manifestado en contra de la regulación del mercado del sector porcino. 
Yo comparto absolutamente su punto de vista en el sentido de que no deberíamos iniciar una intervención en este ámbito, pero si ésta no se considera deseable, ¿por qué la mantenemos entonces en los demás mercados? 
Si resulta tan favorable, entonces también deberíamos introducirla en el mercado del sector porcino. 
Ya veo que no está usted satisfecho y esto me alegra. 
Señor Presidente, quisiera saludar afectuosamente yo también a José Happart, que ha sabido trabajar eficazmente y con constancia desempeñando a veces la función benefactora de picapica de este Parlamento. 
Con respecto al informe del Sr. Happart, la propuesta de la Comisión de reconducir los precios agrícolas para la campaña próxima se produce en un contexto de bajada considerable de la renta agrícola en algunos Estados miembros, situación que la Comisión reconoce. 
Desde ese momento, se pueden comprender bien las enmiendas del ponente orientadas a ajustar los precios en función de los índices de inflación, principalmente para compensar los efectos negativos de la puesta en marcha de un nuevo régimen agromonetario por el paso al euro. 
He oído al señor Comisario hace unos momentos. 
Seríamos favorables no obstante a esta propuesta del ponente con dos condiciones expresas. 
En primer lugar, a condición de que el ajuste de los precios afecte a todos los productos agrícolas y no solamente a los cereales, al azúcar y a la remolacha, a la mantequilla, a la leche descremada y a los vacunos pesados. 
En segundo lugar, a condición de que el beneficio del aumento que resulta de esta propuesta llegue hasta el 80 % de agricultores menos favorecidos. 
Éste es el objeto de la enmienda a los considerandos que he presentado en nombre de mi grupo. 
Con respecto al informe del Sr. Fantuzzi, nos enfrentamos aquí a una propuesta mucho más importante de lo que parece en un primer momento. 
Habida cuenta de la evolución del contexto del comercio agrícola mundial, es urgente que la Unión Europea ponga en marcha una política común de acciones para la información y la promoción de sus productos en países terceros. 
Para vender, y sobre todo para vender bien, como ha demostrado el caso concreto del aceite de oliva, es preciso que Europa esté unida, que desarrolle su modelo europeo de agricultura, que centre sus producciones en la calidad, en la protección del medio ambiente y en el mantenimiento de las tierras y de los hombres. 
Mientras que nuestro principal competidor comercial- Estados Unidos- gasta, sin hablar de las ayudas indirectas, alrededor de 140 millones de euros por año con este fin, la propuesta de la Comisión de asignar 15 millones de euros a la promoción de los productos agrícolas parece irrisoria. 
Por ello estamos de acuerdo con el ponente en su propuesta de incrementar esa cantidad hasta 50 millones de euros de aquí al 2003. 
En la línea de las posiciones que siempre he defendido con mi grupo y con otros colegas para dar consistencia y realidad a nuestro modelo agrícola europeo, parece fundamental apoyar las enmiendas que pretenden, en primer lugar, corresponsabilizar a las organizaciones profesionales y a la Comisión en la aplicación de esta promoción, en segundo lugar, controlar la utilización de los fondos previendo auditorías de posevaluación del gasto con respecto a los objetivos para juzgar su eficacia y reorientarlos si es necesario, y en tercer y último lugar, para no olvidar en el marco de esta actuación, la ayuda a la promoción de los productos de calidad, por ejemplo los procedentes de la agricultura biológica. 
Para terminar, en lo que respecta al informe del Sr. Jové Pérez, nuestro grupo está a favor. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace algunos días, la Comisión de Agricultura no consideró útil aprobar tal como estaba el proyecto de informe de nuestro colega José Happart sobre los precios agrícolas. 
El Sr. Fischler, hace unos instantes, acaba de rechazar en bloque todas las enmiendas que pueden modificar eventualmente los acuerdos de Berlín, por cierto, adoptados sin ningún dictamen del Parlamento Europeo. 
No me queda más, señor Presidente, que felicitar a José Happart por haber tenido la voluntad y el coraje de defender con realismo la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 
Ésta es la razón por la que me sumé, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, a la presentación de las enmiendas relativas a un aumento lineal de los precios institucionales y de las ayudas hasta un 1, 9 %, con el fin de poder cubrir los efectos de la inflación así como los relativos a la toma en consideración de la supresión del ecu verde el 1 de enero pasado. 
Estas enmiendas, señor Presidente, ya las había yo presentado el año pasado, cuando era ponente para el paquete precios. 
En efecto, como José Happart, pensaba que el doble efecto de la inflación y de la supresión del ecu verde provocaría una bajada de precios inaceptable para los agricultores, cuando exigimos de ellos obligaciones en términos medioambientales, de bienestar de los animales, de rastreabilidad, etc. La reducción de los precios y de las compensaciones agrícolas no pueden provocar, señorías, más que la búsqueda de una mayor intensificación para unos agricultores que desean simplemente equilibrar su presupuesto. 
Además de estas dos series de enmiendas, he presentado, con mi colega Raymond Chesa, enmiendas relativas a la viticultura. 
Es necesario, a la espera de una futura reforma de la OCM 1, poner en marcha los mecanismos previstos en ésta con el fin de evitar cualquier ruptura. 
Estas enmiendas consisten en alargar la duración de la vida de los derechos de plantación, en permitir la plantación por anticipación y en prever derechos de plantación nuevos con el fin de poder responder a la evolución de los mercados. 
Señor Presidente, lamento vivamente esta situación que no permitirá desafortunadamente un equilibrio de la agricultura europea y de nuestros Estados tomados individualmente. 
Señor Presidente, no felicitaré a José Happart, todo el mundo lo hace, sólo sería otra persona más. 
Quisiera centrar mi intervención, antes que en los precios- y todos estamos de acuerdo con el combate de José Happart- en un expediente que me parece simbólico en debate conjunto, el expediente del ajo, no sólo porque se trata de un producto como el aceite de oliva o como el vino que esperan derechos de replantación, no sólo porque marca una era de civilización, sino también porque es revelador, como la miel y otras producciones, de lo que realmente representa la construcción europea. 
El expediente es conocido: producimos ajo en Europa, en España, en Castilla, en la región de Cuenca, en Francia, en el Gers, en la Drôme- ajos de calidad -, y este cultivo es doblemente ecológico, en primer lugar porque consume poca agua y en segundo lugar porque fija a los hombres en zonas difíciles. 
Nuestros productores deberían por tanto estar protegidos por derechos arancelarios, por controles. 
Ahora bien, se ve que al lado de las importaciones tradicionales de Egipto, de Argentina, de Estados Unidos, está el caso de China. 
Ésta tiene un contingente de doce mil toneladas pero en realidad son treinta mil las toneladas que nos llegan por medio de la placa giratoria de países que practican el fraude del ajo, por así decir: Malasia, que nos envía cientos de toneladas, además, sin ser productora, la India, Jordania y toda una serie de terceros Estados. 
Esos ajos chinos, oficiales y clandestinos, salen de China a diez céntimos el kilo. 
Llegan a Europa a 4, 5 francos el kilo, es decir, a 0, 70 euros, mientras que nuestros productores sólo pueden producirlos a 10 francos el kilo, es decir, alrededor de 1, 5 euros. 
Y se ofrecen a los consumidores a 3 euros o 20 francos el kilo. 
Dicho de otro modo, nuestros productores se enfrentan a la competencia desleal ante ajos producidos a un coste dos veces menor, evidentemente por prisioneros en campos de producción. 
Entretanto, ¿qué hace la Comisión? 
Considera la posibilidad de someterlo a la Organización Mundial del Comercio, con el éxito conocido en el expediente «plátano». 
No se ha ejercido ningún control en las fronteras cuando los italianos han señalado que este medio permite detener el ajo inmigrante o fraudulento, si se puede decir así. 
Se deja a los Países Bajos, a Gran Bretaña, importadores salvajes, continuar, y no se utilizan los derechos arancelarios, mientras que los Estados Unidos perciben el 376 % de derechos arancelarios sobre los ajos importados. 
Ocurre lo mismo que con la miel adulterada con almíbar de caña de azúcar, de remolacha o de maíz, al igual que con otras muchas importaciones, se permite que lleguen ajos adulterados, que han salido hace uno o dos años, con todos los problemas de germinación que se derivan. 
Se deja destruir a nuestros productores, como se hace con el plátano en Guadalupe, en Canarias, en Martinica o en Madeira, como se hace con nuestros viticultores. 
Se bajan los precios sin tener en cuenta la inflación. 
Esto es, señor Presidente, señor Comisario europeo, lo que supone realmente la construcción europea. 
Una vez más, detrás de la bandera estrellada, detrás del pabellón de la Unión Europea, se esconde una mercancía mundial, una mercancía de conveniencia, una mercancía fraudulenta, que es la globalización. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar expresando mi sorpresa ante el resultado alcanzado en la cumbre de Berlín. 
Resulta difícil tratar estos asuntos si los vemos fuera del contexto de lo que sucedió realmente en Berlín. 
Con respecto a las propuestas de la Comisión, las cuales apoyábamos, debemos señalar que lo sucedido en Berlín fue una catástrofe para la agricultura europea. 
No se cerró este asunto en el que llevamos trabajando varios años ni se recortaron suficientemente los precios. 
Lo lamento. 
Estoy de acuerdo con las personas que han mostrado su pesar por que el Sr. Happart nos abandone, sin embargo, también me gustaría decirle a José que desgraciadamente no estoy de acuerdo- y él lo sabe bien-con esta propuesta de precios. 
Es evidente que la idea que subyace detrás de estos informes ha sido asegurar de la mejor manera posible a los agricultores. 
Sin embargo, también creo que estamos obligados a admitir que debemos bajar nuestros precios agrícolas y situarlos en un nivel similar al de los precios mundiales y por tanto hemos de hallar otros métodos que nos permitan subsanar los perjuicios sociales que esto pudiera acarrear. 
Quiero también hacer mención al informe del Sr. Fantuzzi sobre las medidas destinadas a promover la venta de nuestros productos agrarios en terceros países. 
Hablamos de un aspecto importante dentro de la Agenda 2000 y también dentro de las próximas negociaciones de la OMC. 
Estamos a favor de la iniciativa de la Comisión, sin embargo, el trato de favor que afecta al sector olivarero resulta algo insostenible con vistas al resto de productos que también queremos vender en el mercado mundial. 
Emplear el 40 % del presupuesto en este sector resulta quizá un poco exagerado. 
Sin embargo, no podemos apoyar la propuesta de cofinanciación nacional. 
De hecho no me parece adecuada una cofinanciación nacional, pues ésta entraña riesgos de discriminación entre países y refuerza la tendencia de renacionalización de las políticas comunes. 
Por ello pienso que las medidas generales destinadas a promover la venta deben ser financiadas completamente por la Unión y que deben ser asignados para este fin muchos más recursos de los que propone la Comisión. 
También aquí apoyamos al señor ponente. 
Es un hecho, tal y como han mencionado diversas personas en el transcurso de este debate, que los EE.UU. emplean muchos más recursos en promover la exportación de los que han sido propuestos por parte de la Comisión. 
En cambio, cuando se trata de un apoyo a la exportación más específico, creo que las empresas privadas involucradas y las organizaciones de productores deben participar también en la financiación. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar al Sr. Jové porque, una vez más, nos presenta un informe no sólo riguroso desde el punto de vista técnico, sino equilibrado desde la perspectiva política. 
Las reformas del Reglamento 2200/96, por el que se establecía la OCM en el sector de frutas y hortalizas, pueden parecer, en principio, menores, pero no por ello dejan de contener elementos que deben calificarse como preocupantes. 
En 1996 establecimos una OCM basada en el papel fundamental que se asignaba a las organizaciones de productores, tanto en lo relativo a la comercialización de la producción de sus socios como a la posibilidad de regular los mercados financiando operaciones de retirada. 
La Comisión nos propone hoy autorizar a los miembros de las organizaciones de productores para que vendan parte de su producción fuera de los circuitos comerciales de las OP a las que pertenecen. 
Coincidimos con el ponente en el hecho de que estas autorizaciones, que tratan sin duda de garantizar la subsistencia de prácticas tradicionales, no deben contribuir a debilitar el funcionamiento de las OP, máxime cuando las ventas directas se pueden efectuar tanto dentro de la explotación como fuera de la misma, lo que supone el acceso directo del productor a los circuitos comerciales al margen de la OP respectiva. 
El Parlamento, por lo tanto, no se opone a la existencia de cierta flexibilidad pero tiene, a su vez, que garantizar que no se deteriore la función principal de las OP. 
Por ello, me felicito por los límites cuantitativos diferenciados establecidos por el ponente en función de que las ventas se realicen dentro o fuera de la propia explotación. 
Yo considero que con esta medida se va a garantizar que el grueso de las producciones se siga comercializando a través de las OP y que las excepciones serán ocasionales y no constituirán la regla general que deteriore el sistema. 
Respecto a las modificaciones del Reglamento 2202/96, por el que se establecían ayudas a los productores de cítricos, es cierto que la Comisión introduce medidas necesarias para paliar el retraso en la percepción de ayudas y, por lo tanto, hay que felicitar a la Comisión por corregir estas disfunciones. 
Pero se olvida la Comisión de corregir el mayor defecto que ofrecía la OCM: el desajuste entre umbrales fijados para la transformación de cítricos y la realidad productiva, que daba lugar a incrementos sustanciales de las retiradas ante las fuertes penalizaciones que el rebasamiento de los umbrales comportaba. 
Nuestro ponente nos ha propuesto incrementar los umbrales hasta alcanzar la media transformada en las últimas campañas, medida de coste financiero razonable y soportable dentro de la ficha financiera de la OCM, y, además, la imposición de un límite a las penalizaciones de un 20 %, que puede contribuir a estabilizar el futuro de la industria de transformación al impedir que los productores rompan contratos y orienten sus producciones a la retirada, con el consiguiente deterioro medioambiental y de sentido común de la OCM. 
Si las propuestas que hace el Sr. Jové, señor Comisario, son razonables y equilibradas, si no hay razones de tipo técnico que puedan aducirse como objeción a las mismas, no tiene sentido aguardar una futura reforma de la OCM, sino que se pueden poner en vigor de inmediato aprovechando que estamos reformando estos reglamentos en esta ocasión. 
Yo creo que lo importante de las ideas no es de dónde vengan, sino su bondad intrínseca y, en este caso, el Sr. Jové ha ofrecido alternativas importantes que podrían ser fácilmente asumibles por su bajo coste y su buen fundamento técnico. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la renta media de los agricultores de mi país se ha reducido de forma sistemática y continua en los últimos años, en particular entre 1996 y 1998. 
Las estadísticas oficiales revelan que hoy ganan poco más de la mitad de lo que ganaban hace tres años. 
Éste es el resultado concreto, aunque dramático, de la famosa reforma de la PAC de 1992 para la agricultura más débil de la Unión Europea. 
Era precisamente eso lo que habría sido necesario modificar en el Consejo Europeo de Berlín, pero, por desgracia, no fue así... con la increíble anuencia y aprobación, por lo demás, del Gobierno portugués. 
Con el Acuerdo de Berlín los precios van a seguir bajando, las producciones mediterráneas y los agricultores más débiles seguirán siendo discriminados, los pequeños agricultores de mi país seguirán recibiendo las migajas de las transferencias financieras atribuidas a Portugal, es decir, menos del 10 % del pastel seguirá siendo distribuido para más del 90 % de quienes de hecho trabajan la tierra. 
Con el acuerdo logrado en Berlín, se seguirá dando preferencia a la gran industrial alimentaria, a los grandes agricultores europeos y a los grandes cultivos de cereales, que seguirán recibiendo la mayor parte del presupuesto agrario comunitario. 
Con el Acuerdo de Berlín sólo se continúa la reforma de la PAC de 1992. 
Nada más ocurrió allí, al final de marzo de este año, y sería deseable que mucho hubiera ocurrido. 
En este marco, la Comisión procura anticipar las decisiones de Berlín y propone nuevas disminuciones de precios ya para la próxima campaña agraria. 
Por eso, consideramos útil apoyar al ponente- al que, por lo demás, felicitamos- en su intento de impedir semejantes propuestas de disminución, aunque consideremos que el aumento lineal e igualitario que propone, aunque sea para todos los sectores, sigue sin resolver las discriminaciones existentes. 
Unas palabras más sobre el sector de la carne de cerdo. 
Se demuestra que una de las causas de la grave crisis que ha afectado y, por lo demás, sigue afectando a este sector radica en la negativa de la Comisión a crear mecanismos de intervención y regulación del mercado que hubieran impedido a tiempo la aparición de cantidades tan elevadas de excedentes. 
Estaría bien que la Comisión sacara las consecuencias necesarias de ello y no insistiera en sus propuestas de eliminación de mecanismos de intervención en el mercado de otros sectores agropecuarios, sino que los abandonase. 
Señor Comisario, la fijación del paquete precios 1999/2000 se produce en un contexto determinante para el futuro de la agricultura europea. 
La renta de los agricultores sigue encogiéndose como la piel de zapa. 
En 1997 y 1998 bajó un 6, 5 % en total. 
La bajada de los precios del mercado, iniciada en 1998, se confirma en 1999 y las perspectivas en el mercado mundial siguen siendo inciertas en algunos sectores. 
La supresión de los tipos verdes y la puesta en marcha del euro el 1 de enero de 1999 se han traducido en una bajada de un 1 a un 2 % con respecto a los tipos de conversión agrícola en cada uno de los Estados miembros. 
Hoy, observo que la propuesta de la Comisión para el paquete precios sigue siendo bastante pequeña y deja poco margen de maniobra a los agricultores. 
Hemos de reafirmar con claridad la función económica de la agricultura, su vocación primera de producción para la independencia alimentaria y su función de ocupación del territorio. 
Hemos de mantener una agricultura próspera, puntera y, sobre todo, impedir la desaparición de algunas categorías de agricultores, provocada por la bajada de la renta. 
Hemos de rechazar la funcionarización de la agricultura provocada por un aumento de las ayudas públicas y que suprime la libertad de los agricultores para iniciar nuevas actividades. 
Hemos de atrevernos a afirmar que la agricultura europea tiene un coste y que ya no se puede comprimir más, a riesgo de poner en tela de juicio nuestro modelo agrícola. 
Pero en contrapartida, los consumidores europeos encuentran ventajas ya que tienen la seguridad de la calidad de los productos y del abastecimiento regular de los mercados. 
Hemos sabido también desarrollar los productos de nuestros terruños y los procedentes de la agricultura biológica. 
Nuestra industria agroalimentaria representa también un alto valor añadido. 
Desde hace veinte años, el precio del quintal de trigo ha bajado un 40 % mientras los costes de producción han aumentado un 20 % y más en algunos sectores. 
No es por tanto difícil comprender por qué los agricultores europeos están inquietos por su futuro. 
La función de la Unión Europea no es la de sacrificar su agricultura ante el altar de la ampliación o de la americanización, sino la de permitir a nuestros agricultores que ejerzan su profesión y tengan un nivel de vida igual a la media de los ciudadanos europeos. 
Por ello, daré mi apoyo a las enmiendas de mi colega Happart a quien deseo todo el éxito en sus nuevas funciones. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de intervenir esta mañana para hablar sobre la situación de la agricultura en la Unión Europea y sobre los efectos de la actual política, así como sobre las decisiones adoptadas recientemente en la Cumbre de Berlín. 
En cierta medida, los precios influyen muy poco sobre el futuro real del agricultor, porque mientras hablamos sobre los precios y afirmamos que no habrá aspectos inflacionistas, en el análisis final lo que importa son los ingresos reales que el agricultor percibe. 
Si analizamos las estadísticas de toda Europa de los últimos dos o tres años, vemos que los ingresos reales del agricultor han descendido de manera espectacular. 
Cada año disminuyen sus ingresos. 
La pregunta que debemos hacernos es hasta cuándo podemos seguir así. 
¿Cuánto tiempo puede la agricultura soportar esta situación? 
La otra pregunta que debemos formularnos es: ¿tiene futuro el sector si los jóvenes siguen sin incorporarse a la agricultura? 
Es el reto a largo plazo. 
Si los jóvenes no se incorporan a la agricultura- jóvenes agricultores que comienzan desde abajo y van ascendiendo gracias a sus propios esfuerzos -, la agricultura a más largo plazo no tiene futuro, ni a largo ni a corto plazo. 
En cierta medida, en Europa nos ocupamos actualmente de políticas a corto plazo sin ninguna visión a largo plazo. 
Necesitamos una visión a largo plazo de cara al futuro, para el futuro de la agricultura. 
Existen además ámbitos en la agricultura europea que no están cubiertos por ningún régimen, como la situación del sector porcino y la situación del sector de aves de corral. 
Permitimos las importaciones procedentes de terceros países no comunitarios; permitimos la importación en Europa de productos alimenticios que no se acercan a las normas europeas. 
Al mismo tiempo, imponemos normativas y les decimos a nuestros agricultores cómo deben ser sus productos alimenticios. 
Estamos atando de manos a los agricultores. 
Se están importando pollos congelados de Brasil y del Lejano Oriente. 
Reto a la Comisión aquí presente hoy a que nos diga si dichos pollos son examinados y si cumplen las mismas normas que tenemos para nosotros. 
Estamos poniendo en peligro a nuestros procesadores de alimentos. 
Es el motivo de que exista tanto desempleo. Nuestros procesadores de alimentos se ven abocados a abandonar su actividad. 
Reto a la Comisión aquí presente a que analicemos lo que estamos haciendo; no exijamos a nuestros agricultores europeos que produzcan productos alimenticios según unas normas que otros del resto del mundo no pueden igualar. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, las dificultades con las que se enfrenta la agricultura europea son sobradamente conocidas. 
Ahora mismo se están debatiendo. 
Los agricultores con explotaciones en pequeña escala tienen problemas para competir directamente con las fábricas agrícolas de ultramar. 
Yo soy favorable al propósito de reforzar la promoción de los productos de calidad de la agricultura europea en los mercados mundiales mediante las acciones que propone el Informe Fantuzzi. 
Sin embargo, como ocurre con todas las medidas de apoyo, es necesario tener presentes dos consideraciones: 
En primer lugar, es preciso asegurarse de que no se creen nuevos aparatos burocráticos. 
Ya ahora existe una profusión de organismos y comités. 
Yo mantengo, por lo tanto, una postura crítica en relación con la propuesta de crear misiones comerciales específicas. Es preciso preguntarse si los servicios ya existentes no podrían cumplir esta tarea. 
En segundo lugar, el peso de la financiación y el riesgo no deben recaer predominantemente sobre el erario público. 
Sólo cuando los empresarios asumen también una parte apreciable de los costes se desarrollan proyectos razonables sin un despilfarro de fondos públicos. 
Por lo tanto, tampoco es posible suscribir la enmienda que propone que la Comunidad financie en todos los casos un 60 % de los costes en lugar de un 50 % como máximo. 
En conjunto, yo creo que las acciones ofrecerán a nuestros agricultores nuevas oportunidades de dar salida a sus productos y, por consiguiente, apoyo la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que hace 15 minutos seguíamos sin disponer de las enmiendas en inglés a dos de los informes, a pesar de que usted nos prometió a las 9 horas que estarían disponibles en pocos minutos. 
Paso a continuación al paquete de precios. 
Me temo que no puedo apoyar las enmiendas del ponente que piden incrementos de precios en general. 
Sí, es cierto que muchos agricultores atraviesan por dificultades en estos momentos, pero los grandes y ricos agricultores, a pesar de la bajada de beneficios, están muy lejos de encontrarse en la ruina. 
El gasto adicional no está justificado en todos los casos y dichas enmiendas van en contra del impulso dado por las reformas de la PAC acordadas en Berlín. 
Sería más adecuado adoptar medidas especiales temporales para ayudar a sectores concretos a superar las dificultades a corto plazo. 
El informe del Sr. Fantuzzi sobre la comercialización de productos comunitarios en países terceros, que refleje planes similares a los existentes en la UE, es uno de esos ejemplos que pueden ayudar. 
Deseo mostrar mi satisfacción por las propuestas sobre frutas y hortalizas, en particular la propuesta para que los agricultores vendan hasta un 20 % de su producción directamente a los consumidores a las puertas de la granja o a través de los mercados de los agricultores. 
En el Reino Unido en particular, las grandes cadenas de supermercados están logrando un control cada vez mayor sobre los productores, insistiendo desde una posición de semimonopolio en que sus proveedores se ajusten exactamente a sus requisitos. 
Se ha producido una reacción contra esto. 
Estamos asistiendo a un aumento de los mercados de agricultores y a la demanda de los consumidores de unas frutas y hortalizas menos estandarizadas en términos de tamaño, dando preferencia al sabor y a la frescura, y a precios que suponen un buen negocio para el productor y para el consumidor. 
Por ello acojo con especial satisfacción la presente propuesta. 
Declaro interrumpida la sesión en este punto y seguiremos por la tarde. 
Continuaremos con la declaración del candidato a la Presidencia de la Comisión, Sr. Romano Prodi. 
Declaración del Sr. Prodi, Presidente propuesto de la Comisión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Sr. Prodi, Presidente propuesto de la Comisión Europea, seguida de debate entre los Grupos políticos, sin resolución final. 
Doy, por tanto, la palabra al Presidente propuesto de la Comisión, Sr. Prodi, y le doy también la bienvenida a este hemiciclo. 
Señor Prodi, tiene la palabra. 
Grandes aplausos 
Tiene la palabra la Sra. Green. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, deseo dar la bienvenida al Sr. Prodi aquí presente. 
Su nombramiento por el Consejo Europeo fue rápido y contundente tras la dimisión de la actual Comisión, y mi Grupo acogió con satisfacción la rapidez con que respondió el Consejo. 
Habíamos instado a los Jefes de Gobierno reunidos en Berlín a actuar con rapidez para poner fin a la incertidumbre y a la confusión que siguieron a la dimisión sin precedentes de los veinte Comisarios actuales. 
Acogimos con satisfacción que el Consejo reconociera sin titubeos la naturaleza política del momento y la oportunidad que se brindaba para el establecimiento de unas relaciones nuevas entre las instituciones de la Unión Europea y sus ciudadanos. 
El Consejo no habría podido actuar con mayor celeridad, y hay que decir que lo ha hecho con una rapidez que no le caracteriza. 
La declaración que ha hecho el Sr. Prodi aquí esta mañana marca el inicio de nuestro proceso de ratificación de la nueva Comisión. 
Mi Grupo desea que la nueva Comisión Europea tome posesión de su cargo cuanto antes. Hay que decir que el calendario que nos ha impuesto el Consejo Europeo no es fácil. 
Habida cuenta de las elecciones europeas de junio, habida cuenta de la inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y habida cuenta de la convergencia de elecciones generales en dos de nuestros Estados miembros el mismo día que las elecciones europeas, el calendario supone para nosotros un quebradero de cabeza logístico de proporciones monumentales. 
No obstante, deberemos encontrar el modo de salir airosos. 
Todos los integrantes de esta Asamblea deseamos que la actual Comisión abandone su cargo tan pronto como sea posible. 
En honor a la verdad, hay que decir que también los Comisarios han expresado el deseo de abandonar la Comisión cuanto antes. 
Se mantienen en sus cargos sólo a título interino, como les dicta el Tratado. 
Es una situación incómoda para ellos y muy insatisfactoria para nosotros. 
Para desempeñar nuestra misión ahora con respecto a la próxima Comisión, debemos someter nuestro calendario parlamentario y nuestras agendas personales a una presión considerable. Así sea. 
Las conclusiones de la Cumbre de Berlín solicitaban a este Parlamento que se ocupe de la nominación del Sr. Prodi y al nuevo Parlamento, de la ratificación de la nueva Comisión en su conjunto. 
No obstante, insistimos en que el nuevo Presidente de la Comisión debe ser ratificado por este Parlamento de una manera rigurosa, seria y adecuada. 
Acojo con gran satisfacción que el Sr. Prodi haya accedido a acudir hoy al Parlamento para iniciar dicho proceso en este espíritu. 
Este Parlamento ha tenido un papel fundamental en los recientes acontecimientos. Es importante que ahora demostremos nuestra madurez y conduzcamos este proceso hasta su conclusión. 
Mi Grupo cree que ahora, junto con el Consejo y una Comisión reformadora, podemos crear una estructura y un proceso de toma de decisiones que sea más adecuado y más acorde con un gobierno moderno. 
En primer lugar y ante todo, queremos una Comisión fuerte. 
La nueva Comisión debe tener un rumbo claro, un liderazgo político firme que sea transparente, debe practicar auténticas transparencia y asociación con el Parlamento Europeo y no limitarse a hablar de boquillas sobre dichos valores. 
Nadie de los presentes subestima los problemas y los retos que suponen crear una Comisión Europea semejante. 
No obstante, hoy quiero dejar claro al Sr. Prodi, en nombre de mi Grupo, que si la próxima Comisión realiza un auténtico esfuerzo de reforma con el coraje y el vigor que ha manifestado esta mañana, recibirá el apoyo de mi Grupo. 
Mi Grupo no se andará por las ramas en este proceso. 
No lo hicimos en enero de este año y no lo haremos ahora. 
Reacciones diversas 
En esta Asamblea hay quien ha dado la bienvenida al Sr. Prodi al Parlamento y hay quien parece estar decidido a aprovechar esta oportunidad con el solo propósito de hacer política electoralista nacional, haciendo caso omiso de la importancia del momento para Europa, para su política y para su población. 
Reacciones diversas 
Los que se preocupan por la evolución de esta Asamblea como la auténtica voz democrática de la población de Europa trabajarán juntos para potenciar su papel y sus derechos, que es lo que nuestros ciudadanos esperan y desean de nosotros. 
En las pasadas semanas de campaña en Gran Bretaña he podido darme cuenta de que, por primera vez, la gente sabe que existe el Parlamento Europeo y que es un poder con el que hay que contar- que no se ocupa de mitos como pepinos rizados y plátanos curvos -, sino que es el organismo que ha proporcionado las pruebas objetivas a través del informe del Comité de Expertos Independientes y que luego ha actuado en consecuencia. 
Mi Grupo se siente muy orgulloso de su papel durante los últimos meses. 
Reacciones diversas 
Creemos que hemos actuado de acuerdo con la mejor tradición parlamentaria: responsables, ejerciendo liderazgo y actuando con integridad. 
Reacciones diversas 
Señor Prodi, usted acude hoy a esta Asamblea como el candidato designado por el Consejo. 
Llega con excelentes credenciales de buen europeo y una trayectoria demostrada de integridad personal, con la autoridad de haber ostentado el más alto cargo del país en uno de los grandes Estados miembros de la Unión Europea, que es además uno de los Estados fundadores. 
Usted ha demostrado su capacidad para formar un gobierno reformista y para lograr el consenso con todos los sectores de la sociedad italiana, para garantizar que Italia estuviera en condiciones y preparada para entrar en la primera ronda de la moneda única. 
Al hacerlo, ha confundido a los escépticos. 
Las expectativas de este Parlamento respecto a lo que podría lograr con esas formidables aptitudes como Presidente de la Comisión Europea son altas. 
Por eso creo que, cuando acuda a este Parlamento el mes próximo, nos gustaría oír alguna idea clara del rumbo que tomará en dos frentes. 
Hay que decir que esta mañana inició su declaración ante el Parlamento con mucha claridad y firmeza, algo que acogemos con gran satisfacción. 
En primer lugar, tras el trauma que provocó la caída de la actual Comisión, esperamos oír un compromiso claro- no sólo de que aplicará el programa de reformas ya aprobado por este Parlamento y la actual Comisión en enero y el consiguiente acuerdo sobre el organismo independiente de investigación OLAF -, sino que emprenderá reformas fundamentales nuevas y de mayor calado, en particular (y me alegró que lo mencionara) con respecto a la aceptación de la responsabilidad política y personal por el trabajo realizado por los agentes de cualquier nivel de la Comisión Europea. 
También esperamos que dé debida cuenta del segundo informe del Comité de Expertos Independientes y que trabaje con nuestro Parlamento para examinar, evaluar y aplicar las reformas necesarias. 
En segundo lugar, para mi Grupo, la auténtica esencia del programa de la Comisión Europea es política. 
Sabemos que, si su nombramiento es ratificado, no podrá presentar un programa político completo hasta que no haya negociado con los gobiernos los nombramientos de los Comisarios en virtud de los nuevas responsabilidades que el Tratado de Amsterdam otorga al Presidente de la Comisión. 
A raíz de varias entrevistas que ha concedido, hemos podido saber que tiene intención de hacer pleno uso de dichos derechos. 
Nosotros no sólo le apoyaríamos si lo hace, sino que además le alentamos a que lo haga. 
La nueva Comisión debe actuar como un colegio y no como 20 feudos, y el modelado de una Comisión semejante estará en manos del nuevo Presidente de la Comisión. 
No obstante, mi Grupo considera crucial el contenido político del programa que elabore la nueva Comisión. 
La semana pasada, cuando visitó mi Grupo, le presenté nuestros objetivos para los próximos cinco años en la forma de nuestro manifiesto para las elecciones europeas. 
En él verá que nuestras prioridades son el empleo, la formación para obtener un puesto de trabajo, la protección del medio ambiente, la lucha contra la exclusión social, la necesidad de proteger la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos en un mundo en el que hay que hacer frente a cuestiones como la EEB y los alimentos genéticamente modificados, la lucha contra el crimen transfronterizo, trabajar juntos para una Europa más fuerte en el mundo y llevar a cabo las reformas necesarias que garanticen la ampliación de la Unión cuanto antes. 
Juzgaremos a la Comisión Europea que será constituida en las próximas semanas en base a su programa político y su programa de reformas. 
En lo que a mí respecta, acojo con satisfacción la exposición inteligente y humana que usted ha hecho aquí esta mañana de su pensamiento- económico, cultural, social, basado en la paz. 
Creo que todos los presentes lo acogemos con gran satisfacción. 
Por último, quiero tocar el tema al que se ha referido al final de su intervención. 
Muchos en mi Grupo sienten una fuerte afinidad democrática con las propuestas de Jacques Delors de que en el futuro avancemos hacia una posición en la que la credibilidad del Presidente de la Comisión Europea derive del proceso electoral. 
Para que eso sea posible, debe existir acuerdo entre el Consejo y el Parlamento sobre el proceso. 
No puede ponerse en peligro el delicado equilibrio entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión adoptando una acción precipitada que podría perjudicar el proceso de integración europea, en el que el respeto por culturas políticas y prácticas democráticas diferentes es primordial. 
En este sentido, usted, señor Prodi, ya ha sido nominado por unanimidad para el cargo de Presidente de la Comisión Europea por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. 
Usted no llega a este nombramiento a través de ningún proceso electoral determinante. 
No obstante, uno de sus principales puntos fuertes es que cuenta con un gran historial de éxitos en conseguir el consenso. En este sentido, mi Grupo acoge con gran satisfacción la declaración que ha hecho hoy de que, a pesar de que, naturalmente, se comprometerá con aquellos de su misma afinidad política- como hemos hecho siempre nosotros y los Comisarios -, nos congratulamos por su clara declaración de esta mañana en el sentido de que no se presentará como candidato a esta Asamblea. 
Habría cabido esperar que cuando sólo le quedan tres semanas de vida a este Parlamento, deberíamos poder deslizarnos suavemente hacia las elecciones. 
Los parlamentos acostumbran a prepararse para su salida o dispersión cuando se agota la legislatura y la vida parlamentaria toca a su fin. 
En la última semana de la anterior legislatura, en 1994, fue necesario movilizar a todos los diputados salientes para que participaran en la votación sobre la ampliación de la Unión. 
En esta ocasión, no sólo tenemos la Agenda 2000, sino que además nos enfrentamos a las consecuencias de la dimisión de la Comisión y al nombramiento de un nuevo Presidente de la Comisión Europea. 
Es un proceso serio. 
Señor Prodi, el programa que usted desarrolle después de este debate y las conversaciones que mantendrá mañana por la noche con el Consejo Europeo representan un paso importante en el desarrollo de la democracia europea. 
Aplausos 
Señor Presidente, Presidente Romano Prodi, usted fue nombrado por los Presidentes de Gobierno de la Unión Europea en el momento en que la OTAN inició sus ataques a Yugoslavia. 
A causa de una agenda tan complicada tardaremos meses en tener un nuevo poder ejecutivo en la Unión Europea. 
Por eso, el Parlamento ha insistido en que esto se produzca con celeridad y apoyaremos cualquier medida destinada a agilizarlo. 
Presidente, su designación como nuevo Presidente de la Comisión Europea nos alegra mucho. 
Después de la investidura por este Parlamento en el mes de mayo usted será, en los términos de este Parlamento, el encargado de formar, de co-formar, la nueva Comisión. 
Apoyamos firmemente y de manera inequívoca su candidatura y también, permítame añadirlo, sin poner condiciones políticas. 
Estamos convencidos de que usted dispone de las dotes políticas y profesionales para superar la profunda crisis en la que está sumida la Comisión. Esta crisis tiene que ser también un desafío para llevar a cabo reformas históricas. 
Usted debe reformar la Comisión y sus servicios. 
Habrá que impulsar, como ha dicho también la actual Comisión, una nueva cultura política y administrativa en Europa. 
Hace diez años empezaron los problemas, como se desprende del informe del Comité de Sabios que ha señalado también las fechas: desde 1990 el turismo, desde 1992 los programas para las regiones mediterráneas, la ayuda humanitaria, los servicios de seguridad. 
Los Sabios dicen que los órganos de control de la Comisión son un batiburrillo y que su procedimiento dura demasiado tiempo. 
La política de contratación de personal es una máquina que nadie domina ya. 
Hace más de un año, en marzo de 1998, nuestros colegas de la Comisión de Control Presupuestario exigieron por iniciativa de James Elles que se tomaran medidas para mediados de septiembre de 1998. 
En octubre de 1998, el Parlamento exigió que se constituyera un servicio independiente de anti-fraude en sucesión de la UCLAF. 
En diciembre del año pasado no se había satisfecho nuestra demanda. 
Nuestro grupo parlamentario ha puesto sobre la mesa un programa de acción para modernizar la Comisión con fecha del uno de enero de 2000, con códigos de conducta para los Comisarios, sobre las relaciones entre los Comisarios, sus gabinetes y sus servicios, con códigos de conducta para los funcionarios, con una reforma del estatuto del personal, con transparencia y buena fe en el nombramiento de los funcionarios, con reglas claras y limitaciones para los nombramientos externos. 
Con reglas más claras también para la gestión del presupuesto, más definidas para las oficinas de asistencia técnica y con una reforma del Reglamento Financiero. 
Todo esto le está esperando, sobre todo cuando en septiembre de este año se presente el segundo informe de los Sabios. 
Pero también le esperan muchos retos políticos expresados de forma extraordinariamente clara en los documentos de este Parlamento, los informes de nuestros colegas Fernand Herman y Elmar Brok. 
El informe de Fernand Herman se debatirá en esta semana. 
Trata de las reformas en las instituciones, incluida la Comisión, que son posibles sin una modificación del Tratado: la disminución del número de carteras y una interpretación racional del trabajo dentro de la Comisión, así como un equilibrio idóneo entre la responsabilidad colectiva e individual. 
Usted sabe que ahí está el principal problema. 
La Sra. Cresson, que no quiso asumir su responsabilidad política personal, ha arrastrado a toda la Comisión en su caída. 
Aplausos 
Hemos manifestado como el PPE y como grupo parlamentario PPE que es imposible seguir trabajando con ella. 
Le pregunto: ¿cuál es su posición con respecto a esta relación entre la responsabilidad colectiva e individual? 
Abogamos por una colaboración interinstitucional. 
Como Presidente del grupo parlamentario PPE tomé en 1994 la iniciativa de revisar el código de conducta sobre la relación entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Este código de conducta debe ser completado de nuevo. 
Han surgido nuevos acuerdos y este código tiene que ser aprobado y aceptado- en mi opinión- antes de que entre en funciones la nueva Comisión. 
Nuestro colega Elmar Brok habló en su informe con la resolución que fue aprobada el 13 de enero, sobre las consecuencias de la investidura del Presidente de la Comisión y sobre la independencia de los miembros de la Comisión. 
Al releerlo, este informe es extraordinariamente instructivo e informativo, también en cuanto al procedimiento que se ha de seguir ahora para la investidura de la nueva Comisión basándose en el Tratado de Amsterdam. 
Aboga por la independencia de los miembros de la Comisión y por el hecho que la Comisión Europea es guardiana de los Tratados y persigue el interés general. 
En este informe se aboga por una composición de la Comisión políticamente equilibrada. 
Quisiera añadir: una nueva Comisión con hombres y mujeres. 
En este informe también se aboga, y yo también abogo por eso, por que esta nueva Comisión disponga en el nuevo Parlamento de una amplia mayoría, ya que una de las lecciones aprendidas de los incidentes pasados y de la crisis pasada es que cuando no se apoya a la Comisión con una amplia mayoría en el nuevo Parlamento, estamos abocados a un periodo de guerrilla. 
Y esto es lo último que debería ocurrir en la colaboración entre la Comisión y Parlamento. 
Pero usted, Presidente Romano Prodi, después de la investidura por el Parlamento va a tener la ocasión de demostrar su liderazgo político, también en la designación de los nuevos Comisarios. 
Espero que a la hora de la aprobación, al dar su consentimiento, se tome en consideración su legitimidad como Presidente. 
Sólo después de que usted, después de la investidura por el Parlamento, haya dado su consentimiento a los nuevos Comisarios, basándose en su legitimidad, se celebrarán las sesiones en este Parlamento. 
No es posible, aún queriendo agilizar el procedimiento, que los gobiernos de los Estados miembros dispongan de tres meses para designar a sus Comisarios y que este Parlamento en tres días tenga que estar dispuesto para celebrar las sesiones. 
Aplausos 
Presidente Prodi, estamos muy impresionados por lo que acaba de decir. 
En sus declaraciones a la prensa, pero también a este Parlamento, ha dicho que quiere dar un nuevo ímpetu a la Unión Europea. Que la Unión política para usted es un objetivo importante. 
Ha manifestado también que tanto la progresiva democratización y la transparencia son importantes para usted, así como la colaboración con este Parlamento. 
Yo también creo que es una tarea nueva muy importante y una nueva misión que cuando haya terminado el periodo de la burocracia, y no s hable de fraude ni de favoritismos, se hable más sobre la presencia de los Comisarios en este Parlamento y en nuestras Comisiones. 
Junto con Michel Rocard y otros muchos colegas soy miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
¿Cuántas veces hemos podido mantener un debate político en la Comisión de Desarrollo y Cooperación? 
¿Cuántas veces hemos tenido que arreglárnoslas sólo con funcionarios? 
Allí tiene que haber un responsable político. 
Afortunadamente había también excepciones a esa regla en la actual Comisión, Comisarios que han colaborado de forma activa, pero esto ha de ser la norma para la nueva Comisión en su totalidad y entonces nosotros también podremos dar un nuevo ímpetu a las instituciones, a su nueva Comisión y al Parlamento. 
Esta es la esperanza que expreso en nombre de mi grupo parlamentario, con las perspectivas que usted ha dado para un nuevo ímpetu. 
No sólo para la Europa de los mercados, de los bancos, sino también para la Europa en su dimensión cultural y espiritual. 
Usted ha abogado por eso. 
Estamos convencidos de que va a realizar esta perspectiva y por eso hemos recibido tan positivamente su designación por los Presidentes de Gobierno de los Estados miembros. 
Yo soy uno de los que han negociado como Presidente de Gobierno el mercado único y el Tratado de Maastricht. 
Pusimos entonces las bases para una nueva relación entre las instituciones. 
Esperábamos llegar a tener un auténtico gobierno que debía rendir cuentas al Parlamento y que colaborara con el Parlamento. 
Expreso la esperanza de que usted lo realice con la nueva Comisión, con personas que sean conscientes de esto y que quieran desempeñar este papel político por excelencia. 
Aplausos 
Señor Presidente, mientras escuchaba la intervención de la Sra. Green, sentí la necesidad de contrastarla brevemente con la realidad y con los procedimientos de esta Asamblea. 
¿Es ésta la misma Pauline Green que en diciembre recomendó que diéramos un voto de confianza sin ni siquiera dudarlo? 
Aplausos 
¿Es ésta la misma Pauline Green que en enero defendía el carácter de colegio de la Comisión? 
¿Es la misma Pauline Green que hoy promueve la responsabilidad individual? 
La saludo por ser una de las pocas auténticas revolucionarias de esta Asamblea, puesto que en esta cuestión no ha dejado de dar giros. 
Aplausos prolongados 
Quisiera decir al Sr. Prodi que es muy bienvenido aquí hoy. 
Es un europeo de primer rango. El Grupo ELDR espera con interés poder profundizar nuestro compromiso y nuestro diálogo con él, y ponemos nuestra mirada en un período muy productivo para el futuro. 
Pero no corresponde a este Parlamento, en esta legislatura, nombrar al Presidente de la Comisión del milenio. Es responsabilidad moral, política y jurídica de la próxima legislatura. 
Los recientes acontecimientos exigen, a través del trabajo de esta Asamblea, que establezcamos unas reglas éticas y normativas para el desempeño de los asuntos europeos. 
Pero es además representativo de una madurez importante del proceso democrático europeo, con importantes repercusiones institucionales y constitucionales. 
Esta Asamblea ya no volverá a ser el interlocutor menor. 
No necesitamos ser los primeros entre iguales, pero defendemos el derecho a ser tratados como iguales entre iguales. 
Es por lo que acojo con satisfacción la presencia del Sr. Prodi en esta primera fase, así como el diálogo que hemos iniciado. 
Quisiera decirle, señor Prodi, directamente en nombre de mi Grupo, no como un consejo ni como una orden, sino como una sugerencia que quizá desee sopesar, que en los próximos días- y especialmente mañana, en su diálogo con el Consejo Europeo- debería intentar reivindicar su propia independencia, no sólo respecto de las necesidades de esta Asamblea, sino también de ciertos parámetros del propio Consejo. 
Creo que es un hombre independiente y así debería reafirmarlo desde el inicio. 
Creo que debería explicar al Consejo que no es adecuado que, en un procedimiento en mayo, le elijamos como el jefe legítimo de lo que sería una Comisión ilegítima. 
Creo que no debería lanzar su proyecto en semejante mar de ambigüedades políticas e institucionales. 
Me gustaría pensar que en mayo podremos confiarle el mandato político para actuar como formateur para que salga de esta Asamblea, en mayo, y comience a explorar a fondo, como formateur con un mandato político, qué podría hacer. 
Sería muy lamentable que arrancara en un procedimiento en el que sea legitimado por una Comisión como colegio- no hablo de individuos, sino de un colegio- que está desacreditada. 
En el contexto de actuar como un hombre independiente, también es correcto que se plantee conseguir un buen proyecto, en vez de precipitarse. Lo que usted tiene entre manos es de vital importancia para todos nosotros. 
Tomo nota de su discreción política al afirmar que retira su participación en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Dicha discreción es su elección y yo la respeto. 
Pero quisiera decirle: comprométase en dichas elecciones; defienda su convicción política y luche por la causa con aquellos compañeros de la lista que usted ya no encabezará. 
Al hacerlo, usted, Romano Prodi, demostrará que acude a nosotros no como un burócrata, no como un técnico, sino como alguien que se dedica a la política europea, y que como político dirigirá una Comisión fuerte, independiente y política. 
Si usted decide ser independiente, ser político, nos hará un gran favor a todos nosotros. 
Aplausos 
Señor Presidente, señorías, el procedimiento que iniciamos en el día de hoy con vistas a designar una nueva Comisión, que tendrá como tarea terminar el mandato de la Comisión anterior obligada a dimitir de forma colectiva para evitar una moción de censura, es totalmente inédito. 
Este contexto particular implica dos consecuencias. 
En primer lugar, la puesta en marcha de un nuevo colegio debería ser lo más rápida posible, ya que no es sano dejar demasiado tiempo en funciones a un organismo debilitado que no puede, en función de los Tratados, más que tramitar los asuntos ordinarios, noción ésta cuyos contornos son, por cierto, bastante vagos. 
Corresponde a los diferentes Gobiernos designar lo más rápidamente posible a sus Comisarios con el fin de que el Parlamento Europeo esté en condiciones, de conformidad con el Tratado de Amsterdam, de confirmar el nombramiento de un nuevo colegio, que podría producirse, en el mejor de los casos, en la prolongación de la sesión constitutiva que tendrá lugar tras las elecciones de junio. 
En segundo lugar, no sería bueno que el procedimiento de designación de la nueva Comisión, cuyo mandato expira a final de año, chocara contra el procedimiento iniciado para la puesta en marcha de la Comisión que deberá designarse para cubrir un mandato normal de 5 años a partir del año 2000. 
Este choque tendría el inconveniente máximo de hacer que se olviden las razones profundas que nos conducen, hoy, a poner en marcha un nuevo equipo, a saber, la necesidad de una reforma interna profunda, de gran envergadura, unas estructuras, unos procedimientos y unos modos de funcionamiento de la Comisión. 
Acaso no sea una tarea vivificante para el presidente propuesto, pero responde a una necesidad inmediata e incuestionable. 
En efecto, la acción emprendida por el Parlamento Europeo, que ha conducido a la dimisión del equipo Santer, quedaría vaciada de sentido si esta prioridad de reordenación de la institución no la comprendiera perfectamente el nuevo colegio. 
Ello supone una reflexión profunda. 
Es indispensable que la Comisión vuelva a centrarse en las únicas atribuciones que los Tratados le confieren expresamente, en el respeto por el principio de subsidiariedad consagrado de nuevo por el Tratado de Amsterdam. 
Debe volver a ser lo que era en su origen, es decir, una administración de misión, encargada de hacer propuestas a las autoridades políticas que son el Consejo y el Parlamento Europeo y dar luz a sus decisiones, y no el esbozo de un gobierno europeo investido de tareas de gestión múltiples y mal controladas. 
La gestión de las políticas comunes ha de ser ampliamente descentralizada, lo que implica simultáneamente un refuerzo sustancial de los organismos de control y la puesta en marcha de una oficina central de lucha contra el fraude, independiente y dotada de los medios indispensables para el ejercicio de su misión. 
A la luz de las conclusiones que alumbre el comité de expertos independientes, que deberían estar disponibles en septiembre, corresponde a la Comisión poner en marcha un verdadero control financiero interno, unos procedimientos de adjudicación de contratos que sean profesionales y totalmente transparentes y unos procedimientos de contratación y gestión de personal que pongan definitivamente fin al nepotismo y al favoritismo que en el pasado reciente y de forma injusta han mancillado la reputación de una administración cuyas competencias y disponibilidad están reconocidas por todos. 
Será necesario, finalmente hacer limpieza y podar las ramas secas a la luz de los procedimientos disciplinarios y judiciales actualmente iniciados. 
Su visión del futuro de la construcción europea nos interesa mucho, pero no debería dispensarle de poner en marcha de forma prioritaria la institución que tendrá la responsabilidad de dirigir cuando su designación se vea confirmada por el Parlamento Europeo. 
Aplausos 
Señor Presidente, nuestro Grupo- Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica- quiere agradecer al Sr. Romano Prodi su presencia hoy en el Parlamento. 
El significado político para nosotros es claro. 
No quiere ser simplemente el presidente designado por el Consejo, el presidente de los Gobiernos, sino el presidente de los ciudadanos a través de su relación con el Parlamento Europeo. 
Sabemos que este nombramiento de presidente se va a hacer en unas circunstancias muy difíciles de la construcción europea. 
No solamente hay crisis institucional. 
Hay una crisis en el conjunto de Europa. 
42 años después del Tratado de Roma, 10 años después del final de la guerra fría- como el mismo Sr. Prodi ha dicho- hay guerra en Yugoslavia. 
Hay una conculcación de los derechos humanos en los Balcanes y, especialmente, en Kosovo. 
Hay una intervención militar de la OTAN. 
Y hay una gran ausencia de las instituciones europeas, de la identidad europea. 
¿Sería pensable la gestión del euro sin que funcionara plenamente el Banco Central Europeo? 
¿Cómo vamos a admitir que funcione la política europea con una Comisión en funciones y, además, con un Parlamento que está terminando su andadura en esta cuarta legislatura desde el año 1979? 
Aquí podemos discutir si queremos más Europa o menos Europa. 
Yo soy de los que desean más Europa. 
Pero todos estamos de acuerdo- y se lo trasladamos al candidato- en que todos queremos más democracia en las actuales competencias europeas; todos deseamos más eficacia en la gestión de las políticas sectoriales. 
En esto podemos coincidir. 
Para nosotros hay un marco de cuatro condiciones o características que delimitan esta nueva etapa de la Comisión Europea: la legitimidad democrática, la transparencia, la responsabilidad política, tanto colegiada como desglosada, de los comisarios ante este Parlamento, y la eficacia para cumplir los objetivos. 
Una responsabilidad política ante un Parlamento adulto. 
Hay que decirlo en voz alta. 
Un Parlamento adulto que pronto comenzará su quinta legislatura y que no ha trasladado sus competencias y su responsabilidad a ningún comité de expertos. 
Solamente le ha pedido un informe para establecer unas situaciones. 
Yo no voy a hablar de la buena responsabilidad que ha tenido mi Grupo en toda esta crisis porque hay ese viejo adagio latino de excusatio non petita, accusatio manifesta. 
Simplemente, me remito a los hechos y a nuestra trayectoria. 
Al Sr. Prodi queremos finalmente decirle, en cuanto a su investidura, que no vamos a votar con ningún a priori. 
Naturalmente que vamos a conocer su perfil, que conocemos su historia como político italiano y europeo, pero vamos a votar según los objetivos y programas que plantee en la sesión de investidura, según la credibilidad que nos merezca su voluntad de cambio y las propuestas de reforma necesarias, según su estrategia política para resolver los difíciles retos de la sociedad europea. 
Nos preocupa el calendario de su nombramiento y el de la Comisión, y tenemos a la vez dos criterios. 
Nuestro Grupo desea un procedimiento rápido y una presentación clara de los comisarios según el Tratado de Amsterdam. 
Ya no tenemos preocupación por la presentación del Sr. Prodi en las elecciones italianas. 
Él ha despejado de forma digna y seria estos problemas. 
Termino ya, señor Presidente, diciendo que, ante los graves problemas de la ampliación y de las políticas sociales y económicas, nosotros nos planteamos que haya ese presidente no solamente de las instituciones sino de los ciudadanos europeos. 
Profesor Prodi, Presidente del Parlamento, sus logros en Italia le avalan sin duda como un candidato válido ya que ha realizado una labor que nadie hubiera considerado posible y en la Unión Europea se ve enfrentado a unas labores igual de difíciles, si no son aún más difíciles. 
Vaclav Havel dijo alguna vez: ¿para qué sirve la más bella arquitectura si no tiene alma? 
Usted ha hecho declaraciones en las últimas semanas diciendo que la Unión Europea necesita un alma. 
¿Pero eso qué significa concretamente? 
Nosotros pensamos que dependerá sobre todo de que usted convierta esta Unión, que está todavía tan alejada de los ciudadanos y que ha quedado tan profundamente desacreditada por la mala gestión y el fraude, en una Unión democrática y transparente que demuestre que puede cargar con su responsabilidad y que está dispuesta a rendir cuentas a los ciudadanos y al Parlamento elegido. 
Su nombramiento ha llegado rápido y eso es positivo. 
Sin embargo, otra cosa es el problema de la Comisión dimisionaria que ya no dispone de la confianza de este Parlamento, que ha quedado realmente desacreditada, que se queda en funciones hasta septiembre. 
Señorías, esto nos crea una situación políticamente imposible, indigna de este Parlamento. 
En el momento en que la Unión necesita dinamismo, en que estamos afrontando una gran catástrofe política en Yugoslavia y fuera de ella, estamos con las alas rotas. 
De ahí que le pidamos, Señor Prodi, que ponga todo de su parte para presentar lo más rápido posible una Comisión dinámica y combativa a este Parlamento. 
Por esa razón, nos parece de la mayor importancia que usted venga con buenas propuestas para la reforma de la Comisión Europea, de tal forma que sea realmente capaz de asumir la responsabilidad colectiva y en la que también esté regulada la responsabilidad individual de los Comisarios y la responsabilidad de los directores generales, porque también a ese nivel hay que cambiar algo. 
Echamos en falta en su exposición una referencia a la necesidad de corregir radicalmente la política económica de la Unión Europea puesto que la creencia en el crecimiento indiscriminado ignora la necesidad absoluta de una estructura ecológica de nuestras economías. 
Esperamos de usted que adopte la propuesta del Parlamento: designar a más mujeres en la Comisión Europea y procurar que puedan contribuir de forma competente a la progresiva ampliación de una parte de nuestro acervo comunitario correspondiente. 
Por último, nos parece estupendo que usted haya comunicado hoy aquí que no es candidato. 
Esta es una decisión política, digna de un europeísta. 
Para terminar queremos decir que esperamos una Comisión fuerte, pero una Comisión que tolere ser controlada por un Parlamento fuerte. 
Sólo entonces vamos a tener una nueva base de confianza. 
Señor Presidente, señor Presidente designado, su presencia en el día de hoy es un signo muy positivo, en el espíritu del Tratado de Amsterdam, que ha de entrar en vigor próximamente, y nuestro grupo se lo agradece. 
En el transcurso de las entrevistas que ha mantenido con los diputados europeos, ha percibido ya las expectativas, y diría incluso las grandes esperanzas en relación con la nueva Comisión, ya se trate de la Comisión interina o, más adelante, la Comisión definitiva, que entrará en funciones en enero del año 2000. 
Naturalmente, estas esperanzas se orientan en primer lugar al nuevo Presidente de la Comisión, cuyo papel será totalmente primordial. 
Desearíamos, y debería decir, queremos, una Comisión fuerte, lo que significa en primer lugar un Presidente fuerte. 
La crisis que vivimos, la dimisión de la Comisión saliente bajo la presión del Parlamento ha sido provocada en primer lugar por una pérdida de autoridad de la Comisión, a lo largo de meses y de años. 
Si bien es cierto que en los cinco últimos años se ha realizado un trabajo importante- pensemos, por ejemplo, en la moneda única- esta pérdida de autoridad es grave, ya que la Unión Europea necesita una Comisión políticamente fuerte. 
Ha de ser fuerte frente a los Gobiernos, sobre todo si su número aumenta tras las ampliaciones. 
Ha de ser fuerte frente al Parlamento, al ser precisamente su responsabilidad política uno de los elementos de esta fuerza. 
Ha de ser fuerte frente a la opinión, ya que, se quiera o no, la Comisión encarna a la propia Unión Europea. 
Pero esta fuerza política, que es nuestra principal demanda con respecto a la futura Comisión, se acompaña de otras demandas que tienen relación principalmente con el funcionamiento interno de esta Comisión. 
La crisis que ha conducido a la Comisión saliente a dimitir ha tenido como causa inmediata- aunque hayan existido, como acabo de decir hace unos instantes, otras causas profundas- fallos de funcionamiento, en primer lugar en la organización y el funcionamiento del Colegio de Comisarios, en segundo lugar en la organización y el funcionamiento de los servicios bajo autoridad de los Comisarios. 
Podemos preguntarnos también sobre las atribuciones cada vez más numerosas confiadas a la Comisión. 
Este crecimiento cuantitativo de las tareas parece, en cualquier caso y paradójicamente haber debilitado su prestigio, no parece haberle servido. 
Eso nos interpela. 
Señor Presidente designado, su trabajo, debería decir su misión, será enorme. 
Ha demostrado ya en Italia que es capaz de asumirla. 
También soy sensible a todo lo que acaba de decir ante nosotros, en su intervención preliminar, también a su preocupación por reforzar el vínculo democrático entre los miembros de la Comisión y el sufragio universal. 
En nombre de mi grupo, señor Presidente designado, le deseo mucho coraje y todo el éxito. 
Aplausos 
Señor Presidente, la Europa de las Naciones también quiere felicitar al Sr. Prodi por su designación. 
Nos pareces un centralista, un ultrafederalista partidario de los Estados Unidos de Europa y por ello votaremos en contra de tu elección. 
Para nosotros, eres un segundo Jacques Delors. La Europa de las Naciones te garantiza una oposición crítica y constructiva. 
Seremos críticos cada vez que propongas un paso encaminado a aumentar la Unión. 
Seremos constructivos siempre que exista una mínima oportunidad de aumentar la transparencia en los pasillos de la Comisión. 
Lo que ahora necesitamos no es una nueva Comisión, sino un equipo de limpieza compuesto por personalidades independientes que puedan retirar de manos de la Comisión aquellas tareas que no sobrepasan las fronteras y poner en práctica una absoluta transparencia para aquellas tareas que se mantengan en manos de la Comisión. 
Hace falta una ley administrativa moderna con responsabilidades descentralizadas y que acarree consecuencias para aquellos que no cumplan con estas responsabilidades. 
Hay que acabar con 50 años de cultura de la opacidad y de gremios de privilegiados. 
El funcionario que acudió al Parlamento con la acusación de fraude debe volver a ser contratado con su sueldo íntegro y aquellos que obstaculizan el esclarecimiento de los diversos casos deben ser despedidos. 
Es un escándalo que tras su dimisión la actual Comisión decida que el Sr. Van Buitenen no puede ayudar a la policía belga a esclarecer alguno de los casos que han motivado la caída de la Comisión. 
Los funcionarios de la Comisión deben servir a la democracia de nuestros países y no a nuevos señores feudales. 
Por una enemistad política y por una amistad personal: ¡Benvenuto, Signor Prodi! 
Señor Presidente, Alianza Nacional condiciona su aceptación a los compromisos que usted asuma formalmente en lo relativo a las reformas institucionales de la Unión- que el Tratado de Amsterdam lamentablemente no refleja de una manera adecuada- y a la puesta en marcha de la Unión política. 
La trágica situación de Kosovo, la intervención militar de la OTAN, si fuese necesario aludir a ello, demuestran la necesidad impostergable de que la Unión Europea elabore una política exterior y de defensa común, sin la cual es como si Europa no existiera. 
Los hechos de estos días han subrayado la ausencia de Europa como entidad independiente. 
Nunca como ahora los acontecimientos que estamos viviendo demuestran- se ha comprobado de un modo más que evidente- la urgencia de una identidad política europea, es decir, de un elemento que, dentro del respeto de las alianzas aceptadas, sea reconocible en el contexto internacional. 
El Consejo Europeo había dicho hace tiempo que designaría al nuevo Presidente antes de las elecciones. 
Lo que nos desagrada es que usted llegue a verse condicionado en sus opciones italianas por las izquierdas europeas que, de una manera más o menos subrepticia, quieren impedirle que se presente a las elecciones. 
Sin embargo, en lo que nos importa- aquí hablamos de Europa -, un arreglo democrático consolidado para la próxima Comisión debería permitir que las fuerzas políticas sometiesen a la Asamblea las candidaturas para la Presidencia de la Comisión, y no que tuvieran que pronunciarse tan sólo sobre las propuestas de los Gobiernos. 
Por lo tanto, Sr. Presidente, nosotros le pedimos una etapa de reformas y de cambio, como ha anunciado usted en su intervención, pero que se trate de reformas verdaderas y no sólo de propuestas ambiguas: una Unión política para dar solidez a la unión económica, para tener una política exterior, para ocuparse del Mediterráneo, como ha dicho usted, pero también de la inmigración y del delito, además de las ayudas humanitarias, incluso en lo relacionado con esos productos agrícolas que Europa sigue desechando o deja de producir y que tanto penalizan a nuestra economía; el acuerdo tarifario también se revisa porque, a pesar de nuestras buenas relaciones con Estados Unidos, no podemos aceptar ningún chantaje en la salvaguardia de nuestras manufacturas y de nuestro sistema productivo respecto a los productos de los países terceros que estamos obligados a importar sin que se paguen derechos, y que provienen de manifiestas prácticas de dumping. 
Pues bien, Sr. Presidente, también se proyecta el futuro exigiendo reglas sociales claras a los países a los que la Unión Europea presta ayuda, a los países terceros, a los cuartos, incluso a las antiguas Repúblicas de la Unión Soviética, para una ampliación que no tenga como resultado una magnificación de la pobreza y del paro, sino que se funde en el relanzamiento de la economía europea basada en la calidad de los productos: es evidente que, si no podemos ser competitivos en los precios, debemos serlo en la calidad. 
Por lo tanto, habrá que proyectar el futuro recurriendo a una Comisión y a un Parlamento que lo programen juntos, recordando al Consejo que no puede hablar sobre todas las cosas y decidirlo todo, porque de lo contrario los ciudadanos europeos tendrán la sensación de no contar ya para nada. 
¡Esto es empezar a proyectar el futuro! 
Señor Presidente designado de la Comisión, ha declarado usted que quiere una Europa fuerte. 
Temo que, con su actitud, contribuya a la desaparición definitiva de la Unión Europea. 
Comienza por aceptar que las disposiciones del Tratado no sean aplicadas correctamente. 
El artículo 159 exige la designación, en los plazos más breves posible, de nuevos comisarios. 
Exige también que el Parlamento Europeo se pronuncie a favor de una Comisión que estaría vigente seis meses, antes que un nuevo Parlamento se pronuncie a favor de una Comisión que estaría en funciones durante cinco años. 
Se dispone también a aceptar la responsabilidad de la Presidencia de la Comisión sin extraer lecciones de lo que ha pasado. 
La Comisión- y está usted rodeado de Comisarios dimisionarios- se ha puesto en tela de juicio por primera vez por la mayoría del Parlamento que se negó a aprobar la gestión del año 1996. 
Las cuentas de este año 1996 no están por consiguiente cerradas. 
En segundo lugar- aunque no agrade a la Sra. Green que hablaba de juego político, cuando es ella la que lo ha practicado a lo largo de todo el año- la Comisión ha sido censurada por 232 votos, no tal o cual Comisario sino la Comisión en su conjunto, como colegio. 
Y el Comité de expertos ha sido extremadamente severo en su informe y en sus comentarios al declarar que ningún Comisario debía ser nombrado de nuevo. 
Si quiere usted una Europa fuerte, debe actuar para que con rapidez se ponga en marcha una nueva Comisión encargada de hacer limpieza, de poner remedio al mismo nivel que se ha hecho el diagnóstico y de cambiar definitivamente su modo de funcionamiento; a falta de todo ello, va usted a asesinar a Europa. 
Señor Presidente, las palabras vuelan, pero también vuelan los ángeles de sexo indeterminado. 
También los aviones que bombardean y sus bombas que matan. 
Deseo elevar aquí la más solemne protesta contra la política de guerra en Europa, apoyada por la Unión Europea a las órdenes de los americanos. 
Exclamaciones 
Esta criminal política de agresión contra Serbia y su pequeño pueblo heroico es jurídicamente una violación de la Carta de la ONU e incluso del Tratado de la OTAN, y en lo que respecta a Francia, de su Constitución. 
El bombardeo continuo de objetivos económicos y de poblaciones civiles es uno de los actos más ruines e imperdonables desde hace 50 años. 
Dios quiera que no hayan sido ustedes los aprendices de brujos de la Tercera Guerra Mundial. 
Reacciones diversas 
Doy la palabra a la Sra. Green en virtud del artículo 108. 
Quisiera recordarle que toma la palabra para rebatir las observaciones que se han hecho sobre su persona en el transcurso del debate u opiniones que se le atribuyen, o para corregir observaciones que usted misma ha hecho. 
Señor Presidente, deseo hacer una declaración personal, porque se ha hecho alusión a mi nombre. 
Deseo decir que para un diputado británico, el toma y daca de la política partidista que hemos oído aquí esta mañana es realmente como el maná caído del cielo, y quiero decir a los que me gritan que realmente me sienta estupendamente. 
Observo que el nivel de abuso personal hacia mi persona desde la derecha de esta Asamblea ha aumentado a medida que ha ido cayendo la suerte política de la derecha en toda la Unión Europea. 
Reacciones diversas 
Puedo aceptarlo, y la sociedad europea sabe que fue el Partido Popular Europeo el que rompió de arriba abajo en marzo la moción de censura en esta Asamblea, en la que la mayoría votó a favor de la posición Socialista. 
Reacciones varias 
Sus gritos y sus abusos van encaminados a oscurecer este hecho. 
El Sr. Martens se jacta al decirnos en esta Asamblea que en marzo su partido pidió la dimisión de la Sra. Cresson. 
Pero se olvida decir a la Asamblea que él, y su partido, también pidieron la dimisión de otros Comisarios que han sido declarados no culpables por el Grupo de Expertos Independientes. 
Por último, permítame decir al Sr. Cox que su declaración se ajusta al oportunismo barato que ha hecho famosa a su familia política. 
Reacciones diversas 
Voy a dar la palabra al Sr. Martens por la misma razón, pero pediré que se dejen de citar continuamente nombres de personas, que hace esta cuestión interminable. 
Señor Martens, tiene el mismo derecho, y tiene la palabra. 
Presidente, me parece que la Sra. Green tiene la mala costumbre de interpretar una observación política como una observación personal. 
Aplausos 
Sólo quiero añadir que ella puso sobre la mesa una moción de censura en enero de este año diciendo que el grupo parlamentario socialista iba a votar en contra. 
Eso fue el comienzo de la crisis y si te critican por este error político no debes interpretarlo como una observación personal. 
Aplausos 
De acuerdo con lo que estaba establecido, el Sr. Prodi contestará a todas las intervenciones en el próximo debate de investidura. 
Tenemos, en este momento, 200 votaciones para hoy y 300 para mañana. 
Con lo cual, como llevamos un cuarto de hora de retraso, vamos a iniciar las votaciones sin interrumpir la sesión. 
Votaciones 
Acabamos de completar la votación sobre uno de los Informes Kittelmann. 
Se me comunica que los informes están disponibles en todas las lenguas, y habida cuenta de que la Asamblea ha votado a favor de conceder la urgencia a este asunto, debo pasar a la votación. 
Recomendación (A4-0126/99) de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la postura de la Comunidad Europea sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas relativo a las prescripciones uniformes de homologación de los vehículos cisterna de las categorías N y O en lo que se refiere a la estabilidad frente al vuelco (12832/98- COM (98) 0564- C4-0098/99-98/0292 (AVC) ) (Ponente: Sr. Kittelmann) 
El Parlamento aprueba la decisión 
Recomendación para la segunda lectura (A4-0152/99) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva Consejo por la que se enmienda por segunda vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo y por la que se amplía su ámbito de aplicación a los mutágenos (13835/1/98- C4-0002/99-98/0093 (SYN) ) (Ponente: Sr. Damião) 
El Parlamento declara aprobada la posición común así modificada 
Informe (A4-0134/99) del Sr. Weber, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba el Acuerdo de modificación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Canadá (COM (98) 0664- C4-0703/98-98/0316 (CNS)) 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Informe (A4-0142/99) de la Sra. Plooij-van Gorsel en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la propuesta modificada de reglamento (CE) del Consejo relativo a la ejecución por la Comisión de un programa de medidas y acciones específicas para mejorar el acceso de los bienes y de los servicios transfronterizos de la UE a Japón (COM (95) 0188- COM (98) 0722- C4-0062/99-95/0116 (CNS)) 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Informe (A4-0127/99) de la Sra. Flemming, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad, de la modificación del Anexo I y a la adopción de los nuevos Anexos VIII y IX al Convenio para el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos (Convenio de Basilea) , según lo fijado en la Decisión IV/9 de la Conferencia de las Partes 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Informe (A4-0144/99) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el III informe de la Comisión sobre las negociaciones relativas al acceso a los mercados de contratación pública de terceros países en los ámbitos contemplados por la Directiva 93/38/CEE (Directiva de servicios públicos) (COM (98) 0203- C4-0457/98) 
El Parlamento aprueba la resolución 
Informe (A4-0172/99) de la Sra. Kestelijn-Sierens, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo «Fomento del espíritu empresarial en Europa: prioridades para el futuro» (COM (98) 0222- C4-0557/98) 
El Parlamento aprueba la resolución 
Informe (A4-0147/99) del Sr. Kenneth D. Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el fundamento jurídico de la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los laboratorios de referencia para el control de las contaminaciones bacteriológicas y virales de los moluscos bivalvos (9594/97- C4-0014/99-97/0182 (CNS)) 
El Parlamento aprueba la resolución 
Informe (A4-0179/99) de la Sra. Fraga Estévez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el fundamento jurídico de la propuesta y la propuesta modificada de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión 93/383/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993, relativa a los laboratorios de referencia para el control de biotoxinas marinas (10339/96- C4-0013/99-96/0234 (CNS)) 
El Parlamento aprueba la resolución 
No obstante, antes de hacerlo, quisiera pedir disculpas a la Asamblea. 
Anoche no estaba presente cuando se procedió al debate de mi informe. 
Salí ayer a media tarde del aeropuerto de London City. Llegué aquí diecisiete horas más tarde. 
Para terminar de arreglar las cosas, extraviaron mi equipaje. 
Por eso me vi privada de la oportunidad de intervenir sobre este valioso informe que hace más segura la utilización de vehículos a motor para todos los ciudadanos de Europa. 
Estoy perfectamente informada sobre la enmienda del Sr. Rübig, que apruebo y recomiendo a la Asamblea que le dé su voto favorable. 
Es una mejora respecto de la enmienda aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Aplausos 
Debo decir que está usted muy elegante esta mañana. 
Nadie pensaría que no ha llegado su equipaje. 
Risas 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Ayer constatamos en el pleno que este informe sobre drogas por primera vez puede contar realmente con un amplio apoyo, pero que no se podía romper ese equilibrio. 
Yo misma había presentado una enmienda y en el debate resultó que eso era algo que podía causar algunos problemas. 
Le pido que se suprima en la enmienda 9 la palabra «incontrolado» en el último renglón o que se acepte una votación por separado en que se pueda votar a favor o en contra de esa palabra. 
Pero prefiero que se tache la palabra «incontrolado». 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señor Presidente, hoy hemos recibido un documento de los servicios del Parlamento en el que se nos informa sobre las medidas que debemos adoptar los diputados de cara al traslado al nuevo edificio IPE IV. La mayoría de los diputados aún no han visitado el edificio IPE IV, aunque he podido saber que muchas personas que no son diputados sí lo han hecho. 
Me pregunto si durante el próximo período parcial de sesiones podrían tomarse las medidas oportunas para que los diputados que lo deseen visiten por primera vez el edificio. 
No veo ningún impedimento para ello. 
Sugiero que se ponga en contacto con el servicio de seguridad si desea realizar una visita con guía. 
El problema hasta ahora ha sido que se han proseguido los trabajos en el edificio. 
También sugeriría la posibilidad de que se formen grupos de diputados para la visita. 
El programa IDA tiene el objetivo hacer posible y fomentar el intercambio electrónico de datos entre las administraciones de la Unión Europea. 
En el marco de la primera decisión sobre el IDA, se han aplicado o iniciado varios proyectos sectoriales. 
No obstante, prevalecen algunos problemas de compatibilidad. 
La nueva propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un conjunto de orientaciones, entre las que figura la identificación de los proyectos de interés común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (A4-0131/99) y sobre la adopción de un conjunto de acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas transeuropeas destinadas al intercambio de datos entre administraciones, así como el acceso a las mismas (A4-0130/99) , se centra en la idea de compartir conceptos, comunes, herramientas y servicios genéricos entre las diferentes redes y aplicaciones. 
La posición común del Consejo respalda plenamente o en principio la mayor parte de las enmiendas presentadas por el PE en la primera lectura. 
Los únicos puntos polémicos restantes han vuelto a ser presentados por la ponente, Sra. Read. En ellos se pide que se establezca como objetivo de la Directiva «que beneficie a las personas de la Unión Europea» (en vez de a los ciudadanos, que es lo que dice la posición común) y que la evaluación de las redes telemáticas por la Comisión sea presentada no sólo al Consejo, sino también al Parlamento. 
Felicito a la Sra. Read una vez más por la constante alta calidad del trabajo que ha venido realizando en el ámbito de definir un nuevo marco regulador para los principales aspectos de la sociedad de la información que tenemos el deber común de compartir ahora y en el futuro inmediato. 
Informe Bontempi (A4-0133/99) 
La evolución de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia es extraordinariamente importante para los ciudadanos europeos. 
Por este motivo damos la bienvenida al informe de Bontempi. 
No obstante, opinamos que lo que se propone en el informe sobre facultades operativas para Europol y sobre la creación de una fiscalía europea no se aviene con lo que rige en estas materias. 
Europol solamente debe complementar y ayudar a las policías nacionales, sin intervenir contra los ciudadanos. 
En cuanto a la creación de una fiscalía europea, estimamos que no es recomendable, ya que no existe colaboración supranacional en materia penal. 
En el futuro, la colaboración en este campo debe ser entre estados. 
Los socialdemócratas daneses nos hemos abstenido en la votación del informe del Sr. Bontempi. 
El informe analiza ampliamente los diversos instrumentos que han de garantizar la entrada en vigor de un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Los socialdemócratas daneses somos partidarios de garantizar los derechos fundamentales a todas las personas que viven en la Unión Europea. 
Con todo, el informe contiene algunas peticiones a las que somos contrarios. 
Se trata de la introducción del Corpus Juris, la armonización de las disposiciones relativas a la asistencia legal y las competencias operativas para Europol. 
Por ello nos hemos abstenido en la votación del informe en su conjunto. 
Recibo con gran satisfacción este informe. 
Hace un análisis justo del plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre el establecimiento de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
Este plan responde a la demanda del Consejo Europeo de Cardiff y se inscribe en la actuación clara y ambiciosa que consiste en comprometer a la Unión en la vía de las reformas que la acerquen a los ciudadanos europeos. 
En algunas etapas importantes se considerará el acuerdo de Schengen, el Tratado de Maastricht y, por supuesto, el Tratado de Amsterdam. 
Me felicito además por la inserción de un nuevo título en el Tratado de la Comunidad Europea titulado «visados, asilo, inmigración vinculados a la libre circulación de personas» , que permitirá mejorar la coherencia en ámbitos clave que afectan directamente a los ciudadanos europeos. 
Señalo por el contrario mi desacuerdo con el mantenimiento de la cláusula de exención de la que disfrutan el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. 
Todo el mundo conoce el coste exorbitante en términos de coherencia de una Europa a la carta. 
Los desafíos vinculados a la creación de un espacio son extremadamente importantes. 
Y con toda razón el ponente afirma que eso debe convertirse en una de las prioridades de la Unión. 
Apoyo esta idea ya que necesitamos responder a las expectativas de los ciudadanos europeos. 
Ahora bien, estos últimos aspiran a vivir con seguridad en el seno de las fronteras de la Unión Europea. 
La respuesta a esta demanda legítima pasa por mejores controles en las fronteras y por la prevención de la delincuencia. 
Tener seguridad significa también saber que se pueden hacer valer los derechos individuales teniendo la posibilidad de recurrir a la justicia. 
Sabemos, y yo de forma especial, que los litigios transfronterizos plantean a veces problemas inextricables. 
Por tanto, es preciso hacer hincapié en simplificar los recursos a los tribunales y facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de los diferentes Estados miembros. 
Finalmente, uno de los puntos fundamentales sigue siendo la redacción de una carta de los derechos fundamentales. 
Un texto así identificará con claridad los derechos que los ciudadanos pueden hacer valer en el seno de la Unión Europea. 
Por tanto, tomará cuerpo la famosa ciudadanía europea que, en gran medida, sigue siendo una concha vacía. 
El nivel de esos derechos ha de ser tan elevado como sea posible. 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha de ser garante de esos derechos. 
También, considero absolutamente inaceptable que su competencia se vea limitada por estas cuestiones. 
Deseo que el debate que tendrá lugar en octubre de 1999 en Finlandia sobre este tema sea fructífero, ya que si bien los avances son ciertos, aún persisten lagunas. 
La función del Parlamento Europeo ha de ser la de superar la de simple consulta y la regla de la unanimidad ha de desaparecer para dejar lugar a la de una mayoría cualificada. 
Votamos en contra del informe del Sr. Bontempi relativo a las disposiciones por la que se crea un espacio de libertad, seguridad y justicia, porque pensamos que el informe sitúa el estado federal europeo en lo más alto de la lista de prioridades de la UE. 
En el informe se destaca la adhesión al llamado borrador de Corpus Juris que tiene por objeto implantar «un fiscal público europeo» , el cual se ocupará de la instrucción y al mismo tiempo se señala la necesidad de que se fijen unas normas mínimas sobre lo que constituyen acciones criminales y sobre las penas a aplicar. 
De llevarse estos esfuerzos a la práctica, significaría la creación no sólo de un ámbito político, sino también de un ámbito jurídico comunitario dentro del cual los países miembros se verían forzados a armonizar sus diferentes tradiciones legales y sus diferentes criterios morales sobre lo que constituyen acciones criminales. 
Por este motivo, pensamos que la cooperación comunitaria da un paso importante hacia la creación de un verdadero estado federal. 
Nadie conoce qué implicaciones pueden traer consigo las propuestas incluidas en el informe, sin embargo, es evidente que las intervenciones propuestas en el derecho nacional chocan, por ejemplo, con las excepciones que cada país miembro mantiene de cara a los entes jurídico y policial. 
Los esfuerzos de la UE por crear un ámbito de libertad, seguridad y justicia tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica de la persona. 
Creemos que la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en los sistemas jurídico y policial no se ven fortalecidas socavando las diversas tradiciones legales de los países miembros ni transfiriendo competencias a un sistema que no goza de suficiente respaldo entre la población de los Estados miembros. 
Por ello, las disposiciones relativas al ámbito interior y judicial deben seguir en manos de los estados nacionales. 
Por muchos motivos no podemos dar nuestro apoyo a este informe. 
El ponente es de la opinión que la delincuencia debe ser combatida en el seno de la UE y que Europol debe tener facultades operativas. 
En primer lugar, creemos que es innecesario crear una nueva organización cuando ya existe Interpol, con cerca de 150 países miembros, y que funciona excelentemente. 
Además, Europol no es democrática en su estructura. 
Estamos firmemente convencidos de que Europol conllevará amenazas a la integridad personal de las personas y que la seguridad ante la ley se transformará en ausencia de derechos. 
En nuestra opinión, no es deseable que se armonicen las políticas de los países miembros en materias tales como visados, inmigración y asilo. 
En tanto de hecho se solicite asilo en una nación determinada, la armonización carecerá de sentido. 
El ponente quiere que se armonice el derecho privado internacional. 
Esto no es deseable puesto que los criterios nacionales, especialmente en derecho de familia, difieren enormemente en los países miembros. 
Además, es innecesario porque las reglas de derecho privado respecto a los contratos, que han sido el principal argumento de los comerciantes, ya están contempladas en la Convención de Roma. 
Lo mismo vale para la idea del informe en torno al reconocimiento de jueces. 
Esto ya está regulado en muchos aspectos en las Convenciones de Bruselas y de Lugano y también en otra convención que se está redactando sobre derecho de familia. 
La conclusión es que parece que el ponente se ocupa de las armonizaciones por puro gusto. 
En cuanto a la armonización del derecho procesal, la organización y funcionamiento de los tribunales son un componente importante de la cultura judicial nacional, que es muy diferente en los distintos Estados miembros. 
En materia penal, es necesario comprobar que se usa una definición muy amplia para distinguir entre los delitos que pueden ser armonizados. 
Vale la pena recordar que en Alemania y en Francia, por ejemplo, está prohibido negar las llamadas verdades históricas, lo que está en abierta contradicción con la libertad de expresión sueca. 
El derecho penal es la máxima expresión de poder compulsivo del Estado y es muy importante que las decisiones que afecten su contenido y formas de aplicación se adopten de manera realmente democrática. 
No merece la pena arriesgarse a tener que redefinir los contenidos del derecho penal sólo porque se pretende castigar ciertos delitos más severamente. 
Finalmente, también se quiere abolir el requisito de doble penalización en casos de extradición, es decir, que ella sólo puede concederse si el hecho es constitutivo de delito en ambos países. 
Esta exigencia existe para que se puedan defender ciertos criterios sobre lo que se considera delictivo. 
En consideración a las grandes diferencias existentes en los países miembros en esta materia, debe mantenerse el requisito. 
Informe Schmid (A4-0141/99) 
No obstante, disentimos en un punto. 
Consideramos que la definición de menor tiene que ser acorde con la de las convenciones internacionales existentes, es decir, deben ser personas de menos de 18 años. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una Acción Común relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet. 
La lucha contra la criminalidad en Internet traspasa fronteras por la propia naturaleza de Internet y de ahí que resulte necesario cooperar en este ámbito a escala europea e internacional. 
Así que pongamos en marcha lo más rápidamente posible esta Acción Común que incluye una cooperación práctica en la que también quedan recogidos los usuarios de Internet. 
Sin embargo, no somos partidarios de la petición para que los Estados miembros armonicen las edades mínimas para entablar relaciones sexuales. 
Fijar esta edad mínima es competencia de los Estados miembros. 
Ya no es necesario demostrar la imperiosa necesidad de iniciar una lucha encarnizada contra las redes de pornografía infantil y pedofilia que invaden Internet. 
Por esta razón doy mi apoyo al informe de nuestro colega Schmid. 
Si bien los usuarios de la «web» y los prestatarios tienen, por supuesto, una función que desempeñar en este combate por la dignidad humana, no se puede contar sólo con ellos. 
Considero necesario, también, saludar algunas iniciativas individuales o colectivas. 
Gracias a esta colaboración con las autoridades competentes se ha puesto fuera de la posibilidad de hacer daño a diversos tipos de tráficos. 
Sin embargo, creo que es necesario e indispensable coordinar medios humanos y materiales mediante Europol con el objetivo de incrementar la eficacia de la lucha contra estos crímenes. 
En este sentido, comparto la opinión del ponente sobre la denominación de esas artimañas de carácter pedopornográfico. 
Sí, se trata de crímenes y los Estados deben actuar en consecuencia. 
Sin embargo, si la Unión Europea da un paso importante en esta lucha, es imperativo que los europeos tomen una iniciativa fuerte frente a países terceros para que estas redes no puedan tener tregua en ningún país. 
Finalmente, parece indispensable asociar a los «servidores» de sitios para desmultiplicar la acción de la empresa en este ámbito, velando por el carácter prioritario de la red de redes, es decir, la libertad, libertad que no puede en ningún caso ser sinónimo de irresponsabilidad y de anonimato. 
Hay quien sostiene que Internet debe estar exenta de toda censura. 
No estoy de acuerdo. Aunque soy indulgente respecto a lo que debería estar permitido, ciertas imágenes y solicitudes son intolerables. 
La pederastia es uno de los límites; otros son, por ejemplo, la incitación al odio racial y las denominadas películas «snuff» , que muestran casos reales de torturas y asesinatos. 
Se ha argumentado que es muy difícil controlar el contenido de Internet. 
Puede que sea cierto, pero también lo es prevenir el asesinato y lo declaramos ilegal. 
Recientemente, la unidad de Asesoría de opciones científicas y tecnológicas del Parlamento (STOA) elaboró un informe sobre los aspectos técnicos del control de Internet que revelaba que puede resultar más fácil de lo que se había pensado en un comienzo. 
Por ejemplo, una característica de la pederastia y la pornografía son grandes zonas de tono color carne. 
Puede que, por consiguiente, dispongamos de los medios necesarios. Puede que lo único que aún falta es la voluntad. 
Votaré a favor del Informe Schmid, porque creo que una de las consecuencias más inquietantes del desarrollo de Internet es la aparente libertad que proporciona a los distribuidores de pornografía infantil. 
Luchar contra la pornografía infantil exige la cooperación de los usuarios de Internet, que deben ser alentados a informar a las autoridades policiales en caso de descubrir o sospechar que se está utilizando una página de Internet para la distribución de pornografía infantil. 
Habida cuenta de que Internet no respeta las fronteras nacionales, la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra esta práctica censurable es de vital importancia. 
La producción, el tratamiento, el suministro, la distribución y la posesión de pornografía infantil deben ser delito penal en todos los Estados miembros, y Europol debe ser informada inmediatamente de los casos de pornografía infantil. 
Es un paso esperanzador en la dirección acertada para mejorar la cooperación europea con vistas a erradicar este alarmante comercio. 
Apoyo sin reservas el presente informe y votaré a favor del mismo. 
A pesar de que Internet es una herramienta maravillosa que tiene un enorme potencial de beneficiar a la humanidad, no le falta su lado oscuro. 
La libertad y el fácil acceso que ofrece Internet, que resultan tan útiles en el comercio y la educación, también la convierten en una herramienta ideal para los que desean difundir material tan horrible como la pornografía infantil. 
El Gobierno Laborista está decidido a hacer todo lo que esté en sus manos para erradicar este vil comercio. Seguiremos avanzando sobre la labor de la Conferencia de Estocolmo de 1996 y la Conferencia de la UNESCO de 1999 sobre la explotación sexual de los menores. 
También apoyaremos las recomendaciones del presente informe y nos esforzaremos por estrechar la cooperación entre los cuerpos policiales nacionales, incluido el intercambio de información durante las 24 horas del día. 
Asimismo, colaboraremos con nuestros interlocutores europeos para desarrollar filtros en Internet que frenen la distribución de pornografía infantil. 
El Gobierno Laborista no descansará hasta poner coto a los autores de este vil comercio y llevarlos ante la Justicia. 
Informe Reding (A4-0143/99) 
Señor Presidente, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) se han visto obligadas a votar en contra del Informe Reding porque las enmiendas de la izquierda han hecho que resulte inaceptable. 
Nosotros lamentamos que se añadan continuamente todo tipo de exigencias ideológicas a los importantes temas de los solicitantes de asilo y los refugiados de guerras civiles; véase, por ejemplo, la enmienda 12 sobre el derecho de sufragio y tantas otras. 
Esto dificulta la posibilidad de prestar ayuda en las situaciones de verdadera emergencia. 
Es una hipocresía intolerable que quienes votan en favor de este tipo de enmiendas sean los mismos que luego no están preparados para acoger su parte alícuota de deportados en casos como el de los refugiados y deportados de Kosovo. 
Francia, por ejemplo, no ha acogido a nadie de Kosovo, señor Jospin. 
En Baviera, en cambio, ya hemos creado instalaciones capaces de acoger a siete mil personas. 
Lo que importa es ofrecer verdadera ayuda práctica y que no sigamos sobrecargando esta importante temática con idealismos ideológicos. 
Si esto continúa ocurriendo, cuando se produzcan verdaderas situaciones de emergencia, nos mantendremos inflexibles, no podremos prestar ayuda y suscitaremos estados de opinión no deseados. 
Yo insto, por tanto, a la izquierda de la Asamblea a que por fin alcancemos un consenso en relación con estos temas. 
El documento de estrategia presentado por la Presidencia austríaca sobre la política de la Unión Europea en materia de migraciones y asilo presenta un balance preocupante: «por una parte, en el transcurso de los últimos cinco años no se ha constatado, en lo que se refiere a las principales regiones de procedencia, disminución de los potenciales de las migraciones o de la emigración efectiva, antes al contrario; por otra parte, ni los controles en las fronteras exteriores de la Unión o del espacio Schengen, ni la legislación de los Estados miembros sobre los extranjeros o en materia de asilo han llegado a detener la inmigración clandestina». 
Señala también con toda justicia el cambio de naturaleza de los flujos migratorios: en las décadas precedentes, estos flujos resultaban en una gran parte de la oposición bipolar entre Occidente y el mundo comunista; en la actualidad, resultan principalmente de conflictos interétnicos seguidos de éxodos, o de la precariedad de las condiciones de subsistencia en numerosos países. 
Ante esta constatación, el documento estratégico del Consejo exige una revisión de los objetivos como una «europeización» de los instrumentos. 
Propone principalmente aligerar la presión migratoria desde el origen, interviniendo en los países de emigración; reducir la inmigración clandestina reforzando los controles y la lucha contra los grupos de personas que se dedican a pasar emigrantes; definir una concepción de conjunto de los controles oficiales para acceder a los territorios de los Estados miembros desde el país de procedencia hasta el país de destino final, pasando por el o los países de tránsito; finalmente, recurrir más a modos de gestión cuantitativa (cuotas) de los nuevos flujos migratorios, incluso mediante el reagrupamiento familiar. 
En el ámbito de los objetivos así definidos, no habrá apenas reserva más que hacia la propuesta de un nuevo régimen de protección de los refugiados, que corre el peligro, en muchos casos, de constituir un polo atractivo suplementario. 
Desafortunadamente, el Parlamento Europeo en el Informe Reding se esfuerza por atenuar, incluso desnaturalizar, el rigor de estas propuestas, lo que muestra enormemente todas las dificultades que se encontrarían si se pretendiera establecer mañana, en codecisión con él, una política de inmigración algo restrictiva. 
Es precisamente en el segundo capítulo, el de los instrumentos institucionales de las políticas a emprender, donde el documento de la Presidencia austríaca parece más flojo. 
Es evidente que el problema de las migraciones se plantea en todos los países de Europa, y que sería preferible pensar en una respuesta europea. 
Sin embargo, esta respuesta no tendría sentido más que si llegara a un resultado más riguroso que la política actual. 
Ahora bien, precisamente el sistema institucional europeo, tal como está previsto por el Tratado de Amsterdam, con el monopolio de iniciativa de la Comisión y la codecisión del Parlamento Europeo, corre el riesgo de llegar a un resultado más laxista. 
Por otra parte, la definición de una política europea no debería significar sin embargo la supresión de toda autonomía de decisión nacional. 
De otro modo, corremos el riesgo de desresponsabilizar a los países miembros, y de llegar una vez más a lo contrario de lo que buscamos. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones piensa por tanto que es necesario mantener esta política en un marco en el que las decisiones se toman por unanimidad, con una cláusula de salvaguarda de uso nacional y discrecional que permita correcciones rápidas en caso de necesidad. 
Hemos votado a favor del informe porque establece una serie de principios humanistas esenciales para la política de refugiados. 
Esto es especialmente relevante en momentos en que el Consejo, en gran medida, se caracteriza por la represión y la falta de responsabilidad. 
Hemos votado por el rechazo de algunas exigencias de armonización, propias de un superestado, contenidas también en el informe. 
Informe Pirker (A4-0138/99) 
Señor Presidente, lo que aquí se ha propuesto es una situación muy peligrosa en la que inmigrantes y solicitantes de asilo son tratados como criminales, a los que se les toman las huellas dactilares. 
En circunstancias normales, las impresiones dactilares se toman únicamente a los delincuentes o a los sospechosos de haber cometido algún delito. 
La idea de tomar las huellas dactilares incluso a personas de tan sólo 14 años es completamente inaceptable. 
Sólo va a demostrar la actitud de la UE hacia los solicitantes de asilo y los refugiados: el primer paso es clasificarlos como criminales. 
Todo este asunto se ha aprobado con la excusa de proteger a los solicitantes de asilo y a los refugiados, pero evidentemente no es así. 
Sólo los pondrá en peligro, los amenazará aún mucho más y los situará en una posición sumamente vulnerable. 
Al final, son tratados como delincuentes. 
No podemos aceptar eso. 
Debemos estudiar cómo tratar a los solicitantes de asilo y a los refugiados, especialmente en la actual situación de gran inquietud por lo que está sucediendo en la antigua Yugoslavia y el número de refugiados que allí existe. 
¿Vamos a tratar como criminales a personas que tienen la desgracia de tener que solicitar asilo o que huyen de la persecución? 
No creo que debamos hacerlo. 
Informe Zimmermann (A4-0115/99) 
Señor Presidente, Europa no puede acoger toda la miseria del mundo. 
Eso es lo que dijo en otro tiempo, a propósito de Francia nuestro colega, el antiguo Primer Ministro, señor Michel Rocard. 
No, todos los refugiados del mundo no tienen vocación de venir a Europa. 
Si tienen que ser alojados en alguna parte, ésta ha de ser en los países étnica, cultural o religiosamente más cercanos. 
Si es necesario alojar a los albaneses de Kosovo, es en Albania o en Turquía donde hay que hacerlo, no en Europa Occidental, cuyas ventajas económicas y sociales atraen a todo el mundo, creando flujos de inmigración tan nocivos en los países de acogida como en los de partida. 
Es preciso preservar el carácter europeo de la Unión Europea, europeo por asentamiento, por cultura, por religión y para ello es preciso adoptar un objetivo y atenerse a él: inmigración cero. 
El debate que celebramos hoy está, por desgracia, especialmente de actualidad. 
En el momento en que me estoy manifestando, miles de kosovares deportados, expulsados de su casa con la brutalidad que conocemos, están aparcados en los campos de refugiados construidos sin medios a la espera de un posible retorno a su país. 
Algunos de ellos, principalmente los que están en Macedonia, se ven obligados a embarcar en aviones hacia destinos desconocidos. 
Nosotros, Estados miembros de la Unión Europea, hemos de acoger a estas personas, a estos refugiados, como se debe, es decir, con un máximo de dignidad, y después hacer todo lo posible para que puedan regresar rápidamente a su país. 
En esta óptica se sitúa la propuesta de acción común que discutimos en el día de hoy. 
No puedo más que sumarme a estos objetivos que son la mejora de las condiciones de acogida de las personas desplazadas y solicitantes de asilo y la repatriación voluntaria de los refugiados. 
Hemos de mejorar las condiciones de acogida desde el punto de vista material, pero también humano, ya que estas personas están la mayor parte del tiempo en el trastorno psicológico más absoluto. 
Inútil hacer más comentarios, todos ustedes tienen en la mente las horribles imágenes difundidas por todas las televisiones del mundo, salvo en los canales serbios. 
La acogida sólo es una etapa. 
Hemos de facilitar también el retorno de esas personas a su país y su reintegración. 
Señalaré sin embargo, una laguna de la que los acontecimientos de los Balcanes muestran la gravedad. 
La Comisión ha omitido recoger un aspecto esencial que el Parlamento Europeo había puesto de relieve, la ayuda urgente en caso de afluencia repentina de refugiados procedentes de una región víctima de una crisis grave. 
Finalmente, desearía poner en evidencia el compromiso del Parlamento Europeo en favor de las personas refugiadas y su facultad de anticipar los acontecimientos. 
Para el ejercicio presupuestario de 1999 ha propuesto, en efecto, crear un Fondo Europeo para los Refugiados. 
Desde el año 2000, este fondo debería financiar toda la política de los refugiados. 
También será en esa fecha cuando estas materias dependan de la competencia comunitaria. 
Sólo podemos felicitarnos. 
Con la crisis de Kosovo bramando, las dos propuestas del Consejo para hacer frente a la situación de los refugiados adquieren un nuevo carácter de urgencia. 
Estas dos propuestas se presentan en el marco del «tercer pilar» y deberán ser revisadas cuando entre en vigor el Tratado de Amsterdam. 
La primera medida está encaminada a apoyar y a ampliar las actuales medidas a nivel local, regional, nacional y de la UE para garantizar la independencia de los refugiados y evitar que sean marginados por la sociedad. 
La segunda medida es una propuesta de acción común que apoya la acogida y la repatriación voluntaria de los refugiados, de las personas desplazadas y de los solicitantes de asilo. 
La acción está encaminada a mejorar las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y de las personas desplazadas y facilitarles su regreso voluntario y la reintegración en sus países de origen. 
Las enmiendas presentadas por la Sra. Zimmermann son gratificantes y, en general, reafirman las propuestas. 
En particular, el establecimiento de un Fondo europeo para los refugiados y el apoyo a los centros de acogida en los Estados miembros son iniciativas importantes. 
por escrito. (SV) Opinamos que, en el fondo, éste es un buen informe que contiene argumentos sobre los problemas existentes en los países miembros en torno a la política de asilo. 
Con todo, queremos aclarar que somos muy críticos de la política común de asilo, tal como se describe en el informe. 
Pensamos que mientras se siga pidiendo asilo en países determinados, cosa que parece que continuará así durante mucho tiempo, la política de asilo debe ser un asunto de carácter nacional. 
Esto también hace que cuestionemos el Fondo común que señala el informe. 
Evidentemente que la Unión tiene que apoyar a los estados que tienen pesadas cargas económicas, pero no nos gusta que se diga que «todos los aspectos de la política de refugiados» deberán financiarse a través del Fondo europeo para los refugiados. 
Informe Harrison (A4-0174/99) 
Si bien es cierto que este informe se ocupa de la interesante discusión acerca del impuesto sobre el valor añadido y a la forma cómo debe emplearse, opinamos que éste no es el sitio adecuado para debatir el asunto. 
Los impuestos, y entre ellos el del valor añadido, son de competencia nacional. 
Segundo informe Cox (A4-0171/99) 
En general somos partidarios de la utilización de tasas medioambientales como forma de alcanzar importantes mejoras medioambientales. Sin embargo, sólo apoyaremos una tasa medioambiental comunitaria común si en ella el medio ambiente ocupa un lugar predominante y si el producto de ésta vuelve a los Estados miembros. 
No apoyamos que la UE quiera regular estos instrumentos económicos nacionales con el único propósito de promover el comercio y el mercado interior. 
Por ello hemos votado a favor de cada parte del informe y sin embargo, hemos renunciado a votar el informe en su conjunto. 
Nosotros votamos afirmativamente el Informe Cox porque el «impuesto ecológico» es una medida de política reguladora razonable bajo determinadas condiciones. 
Sin embargo, es preciso que vaya precedida de algunos pasos importantes: 
una profunda reforma fiscal-una reducción general de la recaudación fiscal global-la vinculación a unos objetivos-un claro fomento de la energía renovable.El impuesto ecológico, concebido como un instrumento de orientación, no puede degenerar bajo ninguna circunstancia en un instrumento para explotar nuevas fuentes de financiación. 
Por este motivo, nosotros también votamos en contra de la enmienda 6. 
Al volver a este Pleno la propuesta de directiva sobre la tributación de los productos energéticos, además de felicitar de nuevo al Sr. Cox por el esfuerzo de simplificación y racionalización que ha pretendido hacer, no puedo dejar de recordar preocupaciones ya expresadas anteriormente, establecidas, por lo demás, en propuestas de enmienda de las que fui cofirmante, por lo que, dado su rechazo, se justifica mi voto en contra y el de mi Grupo. 
En relación con la neutralidad, independientemente de que no se puede decir que sea neutral una tributación que modifica las funciones de producción, conviene preguntar si se trata de un objetivo alcanzable o del último objetivo por alcanzar. 
Lo que conviene conseguir, de hecho, es una economía más próspera que ofrezca oportunidades de empleo, objetivo- éste, sí-prioritario que debemos saber si no resulta perjudicado con una tributación exagerada de la energía. 
Como debe ser, en cualquier caso, una preocupación fundamental la de no distorsionar la competencia entre sectores productivos y modos de transporte, hay que evitar que, sin justificación alguna, algunos de ellos resulten perjudicados en relación con los demás. 
Se deberán tener en cuenta sin duda los costos sociales de cada uno de ellos, pero no vemos que fuera sólo esa la circunstancia tenida en cuenta al desgravar sin criterio sectores y modos de transporte igualmente contaminantes y ruidosos. 
Por último, se comprenderá que vuelva a expresar preocupaciones no atendidas de justicia social y cohesión económica, pues no es aceptable que se agraven las situaciones de familias de recursos más modestos que gastan en energía porcentajes mayores de sus rentas y las de países de la periferia, obligados a soportar costos de transporte más onerosos, en particular con transportes que hacen necesariamente un gran uso de la energía (como ocurre con los transportes por carretera) , en relación con los cuales no se pueden encontrar de inmediato opciones substitutivas realistas. 
Las propuestas sometidas a nuestro examen responden en parte a la obligación de los tipos mínimos de impuesto especial sobre los aceites minerales que figuran en el artículo 10 de la directiva 92/82/CEE, así como a la invitación del Consejo, formulada con posterioridad al bloqueo de las negociaciones sobre el impuesto C02 /energía, de presentar nuevas propuestas en el ámbito de la imposición de productos energéticos. 
Ahora bien, una tasa, cualquiera que sea, ha de ser sencilla de comprender, fácil de percibir, previsible y no prestarse fácilmente al fraude. 
Ésta es la razón por la que estamos a favor del principio de que el que contamina paga. 
Sin embargo, los diputados del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones comparten las claras preocupaciones expresadas por todos los sectores económicos afectados con respecto a la creación de nuevos impuestos sobre los productos energéticos así como de la subida de los impuestos en vigor. 
Consideramos que el establecimiento de un marco comunitario en materia de imposición de productos energéticos, provisto de modalidades de aplicación nacionales flexibles con respecto a los impuestos indirectos, puede constituir un método apropiado para salir del callejón al que el fracaso del impuesto C02 /energía ha conducido a la Unión, el medio que permite proseguir la puesta en marcha del mercado interior de la energía y la respuesta adecuada a los compromisos adoptados en Kioto. 
La fiscalidad determina en gran parte los precios de los productos energéticos. 
Puede por tanto favorecer la optimización del consumo mejorando la eficacia energética y reduciendo los vertidos contaminantes en la atmósfera, así como la producción global de residuos. 
Consideramos que una verdadera reforma fiscal «ecológica» puede constituir un elemento de lucha contra el desempleo en los Estados miembros, a condición de que se introduzca una cláusula medioambiental en el seno de las reglas de la OMC, como pedimos ya expresamente en la última negociación del GATT. 
De otro modo, crearíamos unas medidas discriminatorias que penalizarían a nuestras propias empresas. 
El aumento de los ingresos fiscales procedentes del consumo de energía, si se ve correctamente compensado por una reducción de las cargas sociales de las empresas, puede tener un efecto positivo en materia de empleo, a condición, por supuesto, de no asistir a una deslocalización de los instrumentos de producción en los sectores industriales consumidores de energía, como se ha visto por ejemplo en Francia, a lo largo de los años 70, en el ámbito de la horticultura. 
Por ello, nuestro grupo ha votado a favor de las enmiendas que favorecen una aplicación sencilla de la fiscalidad, que incluya los diferentes principios de excepción, pero ha rechazado la totalidad de las enmiendas que encarecían sistemáticamente la fiscalidad de los productos energéticos. 
Estas enmiendas preveían la instauración de un coeficiente de incremento sistemático de la totalidad de los productos energéticos, sin tener en cuenta las obligaciones internacionales que conocemos en el ámbito de la OMC. 
Tras la devolución a comisión del anteproyecto del informe sobre la imposición de los productos energéticos (rechazo de la propuesta de resolución legislativa con 215 votos a favor, 239 en contra y 20 abstenciones) , decidida por una estrecha mayoría (PPE. UPE y varios diputados socialistas) en la sesión plenaria de Estrasburgo de febrero, el Parlamento Europeo ha adoptado hoy el segundo informe con 278 votos a favor, 219 en contra y 16 abstenciones. 
El presente informe (a diferencia del primero, que se ha mantenido inalterado en lo esencial) acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer unos niveles mínimos de imposición aplicables a los productos energéticos (hidrocarburos, carbón, electricidad, entre otros) , pero propone las siguientes enmiendas al proyecto de la Comisión: 
se pide la exclusión de las energías renovables del ámbito de aplicación del reglamento; -en lugar de un incremento en tres fases de los niveles mínimos, éstos se incrementarán de forma continuada durante los próximos años con un incremento (anual) del 2 % más la tasa de inflación; -los Estados miembros podrán aplicar exenciones a las empresas que sean grandes consumidoras de energía, siempre que éstas puedan demostrar unas desventajas competitivas plausibles.Los Verdes apoyan el informe, si bien habían presentado otras enmiendas adicionales. 
Una oradora valoró como un hecho especialmente positivo que la propuesta de los Verdes, en el sentido de prever la posibilidad de eximir de la tributación sobre la energía al transporte público de cercanías, recibiera ya un apoyo mayoritario en la Comisión de Asuntos Económicos. 
La mayoría del Parlamento rechazó, en cambio, las propuestas del Partido ecologista por las que se preveía una indexación más elevada del impuesto mínimo (con un incremento anual del 4 % para los productos energéticos y del 6 % para la electricidad, sumado en ambos casos a la tasa de inflación) y se suprimían los privilegios fiscales para la obtención de energía a partir de la combustión de residuos. 
Los partidos conservadores y de derechas europeos han demostrado una vez más con su voto en contra del informe que no se toman en serio la protección del medio ambiente como tarea transversal de la política europea y que incluso practican una política de bloqueo en relación con un cambio de orientación en favor del uso de energías más regeneradoras. 
De este modo no conseguiremos congraciar a los ciudadanos con Europa. 
Queremos reconocer explícitamente, en cambio, los esfuerzos del actual Presidente del Consejo de Medio Ambiente, el Ministro de Medio Ambiente alemán Jürgen Trittin que ha trabajado activamente para vencer las reticencias que existen en diversos Estados miembros en contra de una tributación sobre la energía. 
Es necesario mantener e intensificar estos esfuerzos para que no vuelva a repetirse una vez más que un buen planteamiento europeo quede anulado en el Consejo por la acción de «guardafrenos» aislados, debido al principio de unanimidad todavía vigente en materia tributaria. 
Un antiguo proverbio campesino dice que «un viaje de 10.000 millas empieza con un primer paso». 
Aunque lamentamos que haya tardado tanto y que los progresos sigan siendo todavía tan lentos, ¡hemos dado sin duda un primer paso en la dirección adecuada! 
Propuesta de recomendación Nassauer (A4-0064/99) 
Señor Presidente, la Oficina Europea de Policía Europol fue creada con un estatuto puramente intergubernamental y bajo control de los Parlamentos nacionales, con el fin de proceder a la recogida e intercambio de información sobre la criminalidad internacional entre los países miembros de la Unión Europea. 
Se trata de una misión extremadamente importante que merece que se le dedique mucha energía, con la única preocupación de la eficacia práctica. 
Pero el Parlamento Europeo no lo oye, claramente, con ese sentido. 
Como se constata en el Informe Nassauer que acabamos de examinar, desea apoderarse del expediente Europol para hacer de él un ejemplo de administración supranacional. 
En primer lugar, esta Asamblea pide la transformación de Europol en policía europea, dotada de poderes de intervención en los países miembros y de poderes de mando frente a las policías nacionales. 
Esta superpolicía federal, ¿aportaría en concreto algo más, en términos de lucha contra la criminalidad? 
El Informe Nassauer no lo demuestra y además ni siquiera aborda la cuestión. 
Al fin y a la postre, eso no tiene importancia para él. 
Su objetivo principal es otro: se trata de hacer que progrese la causa federalista. 
Se aprende pues, por deducción, que el Europol supranacional debería recibir órdenes de un ministerio público europeo, a su vez bajo responsabilidad de la Comisión, que, sobre este punto, no rendiría cuentas más que al Parlamento Europeo. 
Todo esto se mantiene, sin duda, pero en teoría solamente. 
En la práctica, por desgracia, vemos bien que, una vez más, se va a sacrificar el trabajo serio y los progresos concretamente realizables sólo en beneficio de disputas ideológicas totalmente inútiles y que no harán otra cosa que bloquearlo todo levantando a los países y a los partidos los unos contra los otros, como se ha visto durante muchos años en el transcurso de la preparación del Convenio Europol. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, por su parte, prefiere el trabajo serio. 
Queremos que progrese Europol en el marco intergubernamental, ya que será más eficaz apoyarse en las administraciones nacionales mejorando el intercambio de información. 
Queremos también democratizar realmente el sistema, situándolo bajo control de un comité interparlamentario de seguimiento, formado por representantes de los Parlamentos nacionales encargados de rendir cuentas a sus Asambleas respectivas. 
La evolución de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia es extraordinariamente importante para los ciudadanos europeos. 
Por este motivo damos la bienvenida al informe de Nassauer. 
No obstante, opinamos que lo que se propone en el informe sobre facultades operativas para Europol y sobre la creación de una fiscalía europea no se aviene con lo que rige en estas materias. 
Europol solamente debe complementar y ayudar a las policías nacionales, sin intervenir contra los ciudadanos. 
En cuanto a la creación de una fiscalía europea, estimamos que no es recomendable, ya que no existe colaboración supranacional en materia penal. 
En el futuro, la colaboración en este campo debe ser entre estados. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra de la ampliación de competencias de Europol. 
No somos partidarios de convertir Europol en una institución supranacional. 
Tampoco apoyamos seguir ampliando Europol para transformarla en un cuerpo policial europeo con competencias operativas ni abogamos por la creación de una autoridad judicial europea encargada de dar instrucciones a Europol. 
Europol no debe transformarse en una autoridad policial europea. 
Europol debe seguir siendo una colaboración interestatal. 
El informe de nuestro colega se inscribe en la continuación lógica de nuestros trabajos dedicados a la lucha contra la criminalidad. 
Como representante de una región transfronteriza, me ha interesado especialmente el trabajo de Hartmut Nassauer. 
Frente a la evolución de las redes criminales, necesitamos adaptar con rapidez nuestros medios de lucha contra éstas y es, por tanto, necesario que Europol esté en condiciones de adaptarse a esta criminalidad. 
Se trata de un problema de credibilidad para los ciudadanos. 
Deseo, al igual que el ponente, que Europol se transforme en una verdadera fuerza de policía dotada de poderes de intervención transfronterizos. 
Numerosos ejemplos nos obligan a reflexionar y a acelerar esta evolución para poder constituir un cuerpo capaz de llevar a cabo una lucha activa contra este azote. 
En este sentido, la Unión Europea deberá dotarse de un poder jurisdiccional capaz de acometer las investigaciones necesarias para la lucha contra la criminalidad. 
Esta Asamblea se ha manifestado ya en numerosas ocasiones sobre estas cuestiones. 
Corresponde ahora a la Comisión y a nuestros Gobiernos adoptar medidas para que la criminalidad se combata con eficacia. 
Ya no hay más tiempo que perder. 
Si la ambición de aproximar Europa al ciudadano parece inscribirse en una voluntad afirmada por cada vez más responsables políticos, necesitamos imponerla en la práctica. 
Yo quisiera resaltar una vez más en esta ocasión que soy muy consciente de la problemática que plantea la falta de control parlamentario de la Europol y que respaldo plenamente los pasos para superarla. 
También he votado afirmativamente estos puntos, como es obvio. 
Sin embargo, me parece equivocada la vía que escoge el informe de someter la Europol al control de un Comisario y de este modo indirectamente al control del Parlamento. 
Tampoco cuenta, desde luego, con mi apoyo la inaceptable supremacía de los funcionarios de Europol por encima de los funcionarios nacionales. 
Por estos motivos he votado en contra del informe en la votación final. 
Un control parlamentario más enérgico de Europol, con informes periódicos, y más obligaciones respecto a la información e integración del presupuesto de Europol en el presupuesto general, son factores que fortalecen el control democrático de Europol. 
Con todo, la evolución de Europol hacia una unidad policial europea con facultades operativas va demasiado lejos en la idea de una policía comunitaria especial y supranacional. 
La colaboración policial internacional debe realizarse mediante cooperación e intercambio de información entre las autoridades policiales nacionales y a través de Interpol. 
No hay motivos para crear una unidad paralela a la actual Interpol. 
Informe Wiebenga (A4-0091/99) 
Señor Presidente, todo este asunto del Corpus Juris es algo que no ha sido debatido en público. 
No se ha celebrado ningún debate público sobre el tema; no se ha celebrado ningún debate en los parlamentos nacionales. 
Todo ha tenido lugar en secreto, a puerta cerrada. 
Y lo que más sorprende es el silencio de los diputados británicos de esta Asamblea. En el caso de Gran Bretaña e Irlanda, todo el sistema jurídico se ve seriamente amenazado. 
La propuesta persigue la armonización del sistema jurídico penal en la UE según el modelo acusatorio continental. 
Los ordenamientos británico e irlandés son muy diferentes. 
No entiendo que ningún diputado británico de esta Asamblea haya preguntado qué está sucediendo aquí. 
Los sistemas británico e irlandés se basan mucho más en la presunción de inocencia, se es juzgado por sus iguales, como en la Carta Magna. 
El tema de habeas corpus también está en peligro- la garantía de seguridad mientras alguien está detenido. 
Mi principal argumento es la falta de debate sobre este asunto, el hecho de que todo se haga en secreto. 
Ha sido aprobado a puerta cerrada para que los diputados a este Parlamento ni siquiera se enteren de cuáles son las auténticas consecuencias del Corpus Juris. 
Los diputados deben examinar qué está sucediendo. 
Los diputados británicos deben analizar si desean que se ponga fin a su propio sistema y se introduzca este sistema jurídico penal de la UE que estará basado en el modelo acusatorio continental. 
No creo que las sociedades británica e irlandesa deseen este ordenamiento. 
Si lo desean, al menos deberían tener derecho a debatir el tipo de sistema que se está introduciendo. 
Volviendo a lo que dijo el último orador, hay mucha prisa por armonizar todo en Europa, por crear un cuerpo policial europeo. 
Lo siguiente será un ejército europeo. 
Estamos armonizando los sistemas jurídicos, para bien o para mal, sin el debido debate público, sin dar cuenta a la sociedad. 
Toda esta institución carece de control democrático o de transparencia democrática. 
La población de Europa no ha tenido oportunidad de opinar respecto a la dirección que está tomando Europa. 
Hay que hacer algo al respecto. 
La población de los Estados miembros debe conocer las decisiones que se toman en su nombre que, a largo plazo, pueden no favorecer sus intereses. 
La evolución de la UE como un espacio de libertad, seguridad y justicia es extraordinariamente importante para los ciudadanos europeos. 
Por este motivo damos la bienvenida al informe de Wiebenga. 
No obstante, opinamos que lo que se propone en el informe sobre facultades operativas para Europol y sobre la creación de una fiscalía europea no se aviene con lo que rige en estas materias. 
Europol solamente debe complementar y ayudar a las policías nacionales, sin intervenir contra los ciudadanos. 
En cuanto a la creación de una fiscalía europea, estimamos que no es recomendable, ya que no existe colaboración supranacional en materia penal. 
En el futuro, la colaboración en este campo debe ser entre estados. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en contra de la instauración de un ministerio fiscal europeo común. 
No necesitamos ni un derecho penal europeo común ni una autoridad europea común. 
La lucha contra la delincuencia puede ser igual de efectiva con los instrumentos ya existentes, entre los que figuran Europol y los convenios sobre extradición y ayuda judicial recíproca. 
No se debe armonizar por armonizar. 
Y realmente no hay tantas diferencias entre los derechos penales de los Estados miembros que no puedan superarse mediante los instrumentos interestatales ya existentes. 
Los esfuerzos encaminados a combatir con eficacia la delincuencia internacional son convenientes y acertados. 
Para garantizar la seguridad de los ciudadanos es preciso eliminar cualquier obstáculo contra una persecución penal eficaz por parte de un Estado miembro concreto. 
Sin embargo, esto no justifica la creación de una autoridad supranacional que usurpe masivamente las competencias de instrucción de cada Estado miembro, con flagrante menoscabo de su soberanía. 
Sólo las autoridades locales pueden garantizar una persecución penal eficaz. 
Por estos motivos, he votado a favor del informe en la votación final, pero en contra de la proyectada creación de una fiscalía europea. 
Una tarea importante de la Unión es la colaboración contra la delincuencia organizada. 
Se trata de contrabando, terrorismo, comercio con seres humanos, delitos contra menores, comercio con droga y lavado de dinero. 
También puede ser comercio con armas, delitos medioambientales y nuevos campos delictivos relacionados con Internet y con el correo electrónico. 
Sin embargo, la colaboración debe ser entre estados. 
No hay motivos para la instauración de un nuevo Corpus iuris, con integración del derecho penal y civil en el ámbito comunitario, tal como se propone en el informe. 
Por el contrario, esto puede socavar el respeto por los sistemas jurídicos nacionales desarrollados durante siglos; sistemas jurídicos que son el fruto de un diálogo con los ciudadanos, algo que falta en la UE. 
Hay propuestas para la creación de una fiscalía europea que podría iniciar investigaciones en el ámbito comunitario. 
Sin embargo, las posibilidades de terminar con la delincuencia organizada no dependen de una legislación común. 
Hay que dar prioridad, en cambio, a la información, a la coordinación y a los conocimientos sobre el trabajo mutuo. 
Por estos motivos he votado en contra del informe. 
Informe d ' Ancona (A4-0185/99) 
El informe sobre la cuenta del Consejo, destinado al Consejo de Europa, sobre actividades en materia de droga y temas relacionados bajo la Presidencia del Reino Unido es, en general, bueno. 
El contenido del informe demuestra que las fuerzas favorables a la liberalización están actualmente a la defensiva. 
Actualmente el debate sobre la droga en el Parlamento es objetivo, aunque hay diferencias en los criterios de los parlamentarios de países que tienen políticas de drogas diferentes. 
Significa que el trabajo de la UE en materia de droga puede ser más constructivo en el futuro. 
Es algo necesario, ya que los problemas de la droga todavía son muy grandes en Europa y en todo el mundo. 
Sin duda se pueden compartir algunas críticas de la Sra. D ' Ancona al documento del Consejo sobre la estrategia antidroga desde 1999. 
Sin duda se puede compartir la exigencia de la ponente de que se reúnan en un único documento los recursos de la Comisión y los del Consejo para garantizar una mayor facilidad de comprensión y, sobre todo, una acción contra la droga más eficaz y racional, precisamente porque está bien coordinada. 
Se puede compartir, también, la crítica al Consejo sobre la metodología usada respecto al Parlamento: la consulta ha sido bastante tardía. 
Por último, se pueden compartir las observaciones relativas a la necesidad de potenciar la actividad de prevención y de información, de contribuir a la sustitución de los cultivos, de una colaboración cada vez más coordinada entre policías y aduana en la lucha contra el narcotráfico. 
A pesar de esto, no se puede compartir en nada el habitual enfoque pragmático de la Sra. D ' Ancona respecto al problema de la droga. 
Este enfoque pragmático consiste en la aceptación controlada de la drogodependencia como un fenómeno social prácticamente no eliminable, que en opinión de la ponente sólo se puede contener y contrastar con la metodología de la reducción del daño: en palabras simples, legalización de las drogas blandas y suministro controlado de las duras. 
Para la ponente, este enfoque sería el único capaz de eliminar los contenidos ideológicos del debate sobre la droga. 
No creo que se pueda compartir esta valoración, pues en la lucha contra la droga, no intervienen ni las ideologías ni la política: lo que cuenta de verdad es tan sólo el valor de la vida y el respeto a ella. 
Por estas razones, convencida de que la lucha contra la droga no puede basarse en el enfoque señalado por la Sra. D ' Ancona, expreso mi voto contrario. 
Se ha convertido en una costumbre en esta institución: la votación de un informe de la Sra. d ' Ancona sobre la droga y la toxicomanía. 
Sin embargo, los textos sucesivos que nos propone, a través de una Comisión de Libertades Públicas unánime, tienen una tendencia inexorable a vaciarse de cualquier propuesta para convertirse en receptáculos de demandas generales. 
Sin embargo, estos informes, por su misma existencia y el activismo de los que los apoyan, siguen siendo un medio permanente de presión con vistas a unas medidas más libertarias. 
La Sra. d´Ancona quisiera " vaciar de carácter ideológico el debate sobre la droga en Europa». 
Pero, ¿dónde está la ideología entre, por una parte, aquellos que dicen que el respeto de la dignidad de la persona humana invita a rechazar todo lo que puede atentar contra ella y, por otra, aquellos para los que bastaría con controlar el consumo de drogas para limitar los riesgos que representa para la salud? 
Sin duda, es indispensable permitir y desarrollar la cooperación entre todos aquellos que, de una u otra forma, en los ámbitos preventivo y represivo, participan en la lucha contra esta plaga para nuestras sociedades, pero también y sobre todo para aquellos que son sus víctimas y sus familias. 
En el marco general, no es oportuno trivializar la drogadicción como una actividad insignificante y sin consecuencias. 
En un momento en que, con toda razón, se multiplican las restricciones a la posibilidad de fumar, y cuando las tasas de alcoholemia autorizadas tienen tendencia a bajar, ¿es sensato dar, en materia de drogadicción cuyos daños para las personas son mucho mayores, el ejemplo inverso de una irresponsable liberalización? 
Hemos votado contra este informe, no sólo porque, a decir de los partidarios de una despenalización, no contiene nada interesante, sino porque constituye para nosotros una etapa suplementaria de esta política de pequeños pasos, supuestamente destinada a sustituir un avance rápido, pero rechazada por un resto de sentido común de la mayoría de esta Asamblea. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 13.42 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Agricultura (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre agricultura. 
Tiene la palabra el Sr. Jové Peres. 
Señor Presidente, voy a intentar ser muy breve y me voy a referir exclusivamente a la pregunta oral a la Comisión sobre la importación de ajos. 
Señorías, en cuanto a las importaciones de ajos, es sorprendente lo declarado por la Comisión. 
El problema no reside en la disparidad de análisis. 
Por una vez, todo el mundo parece estar de acuerdo. 
Desde 1993 el problema está identificado, pero la solución no fue adecuada. 
Evidentemente, cuando se aplicó la cláusula de salvaguardia a los ajos de origen chino ya era previsible que ciertos comerciantes se dedicarían a organizar prácticas de comercio triangular nacionalizando los ajos chinos, bien en Tailandia, Taiwán, Vietnam, Irán, Malasia, Jordania, la India o cualquier otro país. 
Un sistema semejante no es difícil de imaginar y, habida cuenta de la laxitud característica de los controles aduaneros de algunos Estados miembros, dicho sistema es viable. 
En estas condiciones, el comercio triangular no ha hecho más que crecer, y la producción comunitaria de ajos se encuentra cada vez más próxima a la desaparición. 
Sólo en España la amenaza se cierne sobre 15.000 explotaciones agrarias y más de tres millones y medio de jornales directos. 
Además, la producción presenta un alto grado de concentración geográfica. Con esto, los efectos sociales y económicos de la actual situación serán muy graves. 
¿Es asumible llegar a esta situación por lentitud administrativa? 
¿Nos podemos creer que las medidas de desarrollo rural pueden corregir estos defectos? 
Por ello, es sorprendente que la Comisión manifieste que no da tiempo a aplicar en esta campaña un sistema eficaz porque no se ha iniciado el procedimiento para crear un contingente global y desconsolidar los aranceles en la Organización Mundial del Comercio. 
Ha habido tiempo más que suficiente para iniciarlo y, si no se ha hecho, hasta que se ponga en marcha será necesario aplicar medidas de emergencia que no pueden ser otras que la aplicación de medidas de retorsión a los países que participen en las operaciones triangulares y la compensación de las pérdidas de renta a los productores comunitarios. 
Señor Presidente, me limito al informe Fantuzzi. 
El fondo de promoción de productos agrícolas es visto por muchos como un sustituto de las subvenciones a la exportación. 
Ahora que se han rebajado estas restituciones, habrá que buscar la solución en las actividades de promoción, así argumentan. 
Detrás de esta argumentación se esconde un gran riesgo, porque así se corre el peligro que la Unión continúe de la misma forma con su política de exportación. 
Bien es verdad que esa política de exportación aportaba ventajas a los agricultores europeos, pero también acarreaba un gran número de desventajas. 
Era una política mediante la cual la Unión Europea vendía a bajo precio sus excedentes del mercado interior en el mercado mundial, sin considerar su calidad. 
Con todas sus consecuencias para los precios en ese mercado mundial a costa de la posición de los países en vías de desarrollo. 
Debemos dejar esa política de exportación cuantitativa. 
Las acciones de información deben tener claramente un enfoque cualitativo. 
Solamente aquellos productos que hagan de los aspectos de seguridad alimentaria, del bienestar de los animales y del respeto del medio ambiente su bandera pueden ser susceptibles de promoción y publicidad. 
Los países en vías de desarrollo tienen que tener la posibilidad de desarrollar su propio potencial agrícola. 
La promoción de productos europeos en esos países podría distorsionar gravemente este proceso y por lo tanto, la rechazo. 
También con respecto a la financiación no podemos poner el símbolo «equivalente a» entre las actividades de promoción y las subvenciones a la exportación. 
Las subvenciones a la exportación tienen por objeto el mantenimiento de los altos precios agrícolas en toda la Unión. 
Todos los agricultores de Europa sacan provecho de ello. 
Por lo tanto, es lógico que se financie a nivel europeo. 
Pero esta lógica no se puede aplicar en la promoción. 
La publicidad sólo es efectiva cuando se vincula a una especialidad o marca comercial. 
Cuando los productos implicados son los principales responsables de la financiación, hay un estrecho vínculo entre costes y beneficios. 
Las subvenciones europeas pueden tener como mucho una función complementaria. 
Señor Presidente, haré unas breves consideraciones sobre la totalidad del debate que se desarrolló esta mañana, que sigue esta tarde y que, si no el último, quizá sea uno de los últimos sobre temas agrícolas generales que podemos hacer con la presencia del Sr. Comisario. 
La política de precios se ha estabilizado en los últimos años. 
Esperemos que las contingencias futuras y los compromisos con los PECO no nos obliguen a volver a dimensionarlos posteriormente, y que no se sumen otros acontecimientos para incrementar dos tendencias negativas que han caracterizado a estos últimos años, que son la reducción de las ganancias del agricultor europeo y, sobre todo, la disminución del número de agricultores: cuando hace treinta años representaban en torno al 25 % de la fuerza laboral europea, hoy se han reducido a un 5 %. 
Además, lo que configura una preocupación mayor es que disminuye el número de los que se dedican a la agricultura a tiempo completo, a favor de una agricultura a tiempo parcial, que no garantiza el nivel profesional adecuado. 
Debo hacer una referencia a lo que dice el informe del Sr. Fantuzzi en el tema de la calidad: los agricultores no profesionales no pueden, sin duda alguna, garantizar una calidad óptima y, por lo tanto, las estrategias de promoción de los productos se resienten, tanto dentro de la Unión Europea como en la relación con los países terceros. 
Estoy de acuerdo en cuanto a la estrategia de ataque propuesta por el ponente. 
No hay que esperar una catástrofe como la de la EEB para promover el consumo de la carne bovina europea- por supuesto, la que es sana -, así como no se debía esperar la globalización, y por consiguiente la invasión del mercado de la Unión Europea por los vinos de todo el mundo, para emprender la promoción del vino europeo y explicar a todos que no es dañino, en especial para quien no abusa de él. 
Por otra parte, como en todos los placeres de la vida- desde Baco y el tabaco hasta Venus reducen al hombre a cenizas, como dice un refrán italiano -, todo es cuestión de mesura. 
Y así llegamos también a la educación del consumidor: mesura y calidad, por lo tanto, enseñar cómo se ha de beber y, sobre todo, cuánto se ha de beber. 
Por último, estoy de acuerdo en el hecho de que la financiación es excesivamente reducida, decididamente ridícula para hacer una promoción de este tipo con los precios actuales del mercado de la publicidad. 
Señor Presidente, espero realmente que ésta no sea la última vez que me dirijo aquí al Sr. Fischler, en su calidad de miembro de la Comisión, para tratar sobre la agricultura, porque la labor que ha realizado durante estos años ha sido excelente. 
Estoy muy de acuerdo con el paquete de precios presentado por la Comisión es muy similar a muchas de las propuestas que presenté hace dos años, cuando fui ponente sobre este paquete de precios en particular. 
Me preocupa que hoy cometamos un error singular si pensamos que el paquete de precios y la Cumbre de Berlín no están relacionados entre sí. 
En la agricultura no se trata de obtener beneficios ni de defender posiciones a corto plazo: se trata de planificar para cinco o diez años. 
Yo trabajo en base a una rotación de diez años; los planes deben hacerse a más largo plazo y no con vistas a corto plazo. 
Discrepo totalmente con el Sr. Rehder cuando afirma que la Cumbre de Berlín ha sido un gran éxito. 
Para la agricultura ha sido un desastre total. 
Ha sido un error, se ha actuado a toda prisa, sin pensar en el futuro de la agricultura. 
Por eso es muy importante que mantengamos abiertas las negociaciones y trabajemos por el bien de la agricultura. 
Deseo volver sobre una observación que ha hecho el Comisario durante su intervención. 
Ha dicho de manera muy conmovedora que no permitiremos que los estadounidenses dominen la agricultura europea. Me ha encantado oírle decir eso. 
No obstante, somos signatarios de la OMC. 
¿Aceptaremos el reglamento de la OMC, aunque ello signifique pagos costosos o tener que aceptar importaciones que no deseamos? 
Quizá el Comisario pueda aclarar este extremo. 
Por último, el Sr. Funk se ha referido a la cofinanciación. 
Espero que nos olvidemos de la cofinanciación para siempre. 
Señor Presidente, señor Comisario, dada la hora, yo voy a referirme únicamente al Informe Peres. 
La modificación y rectificación del Reglamento por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas es de una importancia decisiva. 
La exención de la obligación de vender los productos a las organizaciones de productores en el caso de que éstos sean comercializados directamente por el productor requería, a mi parecer, algunas precisiones desde un punto de vista crítico. 
Esta salida de la comercialización directa ha tenido tradicionalmente una importancia muy especial en Alemania, que también yo misma vengo respaldando decididamente desde hace muchos años. 
Señor Comisario, usted ha dicho esta mañana que nos encontramos en la segunda campaña del nuevo período de vigencia de la OCM para el sector de las frutas y hortalizas. 
Sin embargo, yo siento tener que decir que he podido constatar que la Comisión sólo considera incluidas en la excepción que contempla dicha organización común de mercados las ventas realizadas en la finca del productor. 
¿Qué ocurre con las ventas efectuadas en el campo, en la carretera o en el mercado semanal? 
Esta interpretación sumamente restrictiva se desprende de un escrito del Sr. Legrand, de la Comisión. 
Veo que asiente usted; o sea, que al parecer existe alguna novedad. Sería bueno si así fuese. 
La parte de la producción cuya comercialización directa está autorizada no se modifica y se pretende que se mantenga en el 20 % de la producción del correspondiente Estado miembro. 
En la Comisión de Agricultura nos preguntamos, por ejemplo, en este contexto, cómo se prevé efectuar el control. 
¿No le parece que la aplicación de esta normativa en las empresas agrícolas resulta, de hecho, sumamente difícil? 
Si consideramos la práctica habitual en la agricultura, durante la temporada de los espárragos o de las fresas, por ejemplo, podríamos plantear algunas dudas en cuanto a la posibilidad de que los deseos prevalezcan hasta cierto punto por encima de la realidad. 
Yo no creo que la regla del juego deba ser optar por la venta directa cuando la demanda es buena y por las organizaciones de productores cuando la demanda flaquea. 
El control de todo el mecanismo me parece, sin embargo, demasiado teórico. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera limitarme a mencionar el Informe Fantuzzi y recordar que fue bajo la Presidencia luxemburguesa en diciembre de 1997 cuando el Consejo reconoció la necesidad de continuar desarrollando la agricultura europea sobre el modelo actual- quizá no se debería olvidar- reforzando su competitividad, principalmente en los mercados de países terceros. 
La propuesta que estamos discutiendo ahora es resultado de esta voluntad y también de la de los Ministros de Agricultura. 
Es loable y por tanto digna de aprobarse pero, desgraciadamente, demasiado tímida, demasiado edulcorada me atrevo a decir en lo que respecta a los medios financieros, 15 millones de euros. 
Además, el instrumento de promoción propuesto merece verse simplificado y racionalizado, y es absolutamente necesario aprovechar, señor Comisario, la experiencia y los conocimientos de las estructuras profesionales existentes para el estímulo y la puesta en marcha de acciones de promoción y de publicidad de los productos agrícolas y de los productos agrícolas transformados para los cuales existen oportunidades de exportación o posibilidades de nuevas salidas en los países terceros. 
Por lo que respecta a la financiación, estoy de acuerdo con nuestro ponente que ha recordado, con toda razón, que los Estados Unidos dedican anualmente cantidades casi diez veces más elevadas que los modestos créditos previstos por la Comisión en favor de la promoción en los mercados de los países terceros. 
La Comunidad debería poder financiar también en su totalidad acciones como la participación en manifestaciones, ferias, exposiciones, etc. La participación financiera de la Comisión debería también ser un poco más sustancial, como hemos propuesto. 
Habida cuenta de los fallos de funcionamiento que pueden producirse cuando, según que el procedimiento de la licitación sea abierto o restringido, la Comisión elige el organismo encargado de la ejecución de acciones de promoción, considero que sería mucho más seguro y más transparente que la organización que propone los programas y acciones sea responsable de su ejecución y pueda decidir los prestatarios de los servicios necesarios. 
Yo he propuesto enmiendas en este sentido que han sido aprobadas en la Comisión de Agricultura, y que la Comisión aceptará, espero. 
Quisiera, finalmente, insistir en el fortalecimiento de los procedimientos de consulta de los comités de gestión y del grupo permanente «Promoción de los productos agrícolas». 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la producción de ajos en la Unión Europea- como todos ustedes saben- está concentrada en marcadas regiones en las que este cultivo desempeña un papel muy importante tanto de orden económico como social, con más de 15.000 explotaciones agrícolas y más de tres millones y medio de empleos directos. 
Las importaciones masivas de ajos provenientes de países asiáticos y de Oriente Medio- algunos de los cuales ni los producen -, superan el contingente global máximo de 33.600 toneladas, y se introducen en los mercados de la Unión Europea a través de fronteras no siempre celosas de garantizar un correcto funcionamiento en cuanto a contingentes y calidades. 
Esto supone un claro caso de desviación del tráfico comercial contemplado por el artículo 115 del Tratado. 
Es por lo que pedimos a los Estados miembros que doten los puntos de entrada aduanera de los recursos humanos y materiales necesarios para efectuar una correcta clasificación arancelaria, verificaciones fitosanitarias y origen del producto, e instamos a la Comisión a que exija este celo de los países miembros. 
Pedimos a la Comisión Europea que amplíe el ámbito de aplicación del Reglamento 544/97 sobre certificados de origen en las importaciones de ajos de terceros países, así como medidas de retorsión comercial- tendentes a evitar las distorsiones en el tráfico de productos, según el artículo 115 del Tratado, en el ámbito de la política comercial común- contra los países que participen en operaciones fraudulentas. 
Además, debe establecerse un arancel aduanero disuasorio para las importaciones que sobrepasen el tope fijado, y deben estudiarse medidas de compensación por pérdida de renta para los productores de ajos hasta que entren en funcionamiento las medidas anteriormente solicitadas. 
Señor Presidente, Señorías, ya he tenido antes la oportunidad de exponer detalladamente la posición de la Comisión. 
Por lo tanto, no será necesario que me repita. 
Sólo quisiera agradecer sinceramente las aportaciones constructivas de todos los oradores que han intervenido en el debate y responder brevemente a tres preguntas que se acaban de plantear. 
En primer lugar, en relación con el sector del ajo, antes dije que nos proponemos trabajar en dos direcciones. 
Deseamos hacer un nuevo uso de la cláusula de protección existente y ampliar su período de aplicación. 
Se me ha preguntado cómo se controlará esta cuestión. 
Está bien claro que el control es tarea de los Estados miembros. Ya hemos advertido repetidamente a los Estados miembros que deben señalar a sus servicios aduaneros, en particular, el riesgo de que se importen ajos de determinados países de manera improcedente. 
Dichos países son, además, sobradamente conocidos. 
También hemos introducido certificados específicos con objeto de facilitar el control. 
Sin embargo, somos conscientes de que estas medidas, al menos tal como se han venido aplicando hasta ahora, resultan insuficientes para obtener resultados satisfactorios. 
Precisamente por esto estamos dispuestos a dar también otro paso. 
Vamos a proponer que se nos conceda un mandato para negociar en la OMC una normativa por la que se establezcan los correspondientes contingentes. 
En cuanto a la segunda pregunta, que ha formulado el Sr. Sturdy en relación con la OMC y la actuación y posición de Europa, ahora mismo sólo puedo decirle que, aun cuando la actual Comisión sólo es en estos momentos una Comisión gestora, a mi parecer es necesario e importante- y en consecuencia también he dado las correspondientes instrucciones a los servicios competentes- que desarrollemos lo más pronto posible una estrategia negociadora sobre la base de los acuerdos adoptados en el marco de la Agenda 2000, de manera que en el segundo semestre de este año estemos en condiciones de iniciar también contactos con otros Estados sobre esta futura ronda de la OMC. 
Desde luego, debe darse por seguro que nuestra estrategia también incorporará en medidas que fortalezcan la posición de Europa. 
Puedo tranquilizar a la Sra. Keppelhoff-Wiechert: la propuesta de modificación que hemos presentado tiene precisamente por objeto que no se incluyan sólo las ventas directas cuando tienen lugar en la misma finca, sino que se contemplen igualmente como excepciones, en el marco de la normativa del 25 %, las ventas realizadas en los mercados semanales y todas las demás acciones de venta directa que usted ha citado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido, de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, 3 propuestas de resolución para cerrar el presente debate. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Información y consulta de los trabajadores 
Señor Presidente, Sr. Comisario, Señorías, el tema de la información, de la consulta y de la participación de los trabajadores se convirtió en un asunto de primera importancia en el debate europeo, ya con el primer programa de acción social, adoptado por el Consejo en 1974. 
Desde entonces, se pusieron en marcha numerosas iniciativas por parte de la Comisión que, a pesar de todo, encontraron muchas resistencias. 
En un contexto de cambios constantes, la adaptabilidad de los trabajadores asume hoy una posición preponderante y constituye un objetivo que integra la estrategia de empleo definida por el Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Casi todos los Estados miembros de la Unión disponen de un cuadro jurídico, de origen normativo o contractual, que garantiza un ejercicio de la información y de la consulta por parte de los trabajadores. 
Sin embargo, se debe decir que la situación actual, con sus limitaciones y sus defectos, ha demostrado que no puede ofrecer a los trabajadores informaciones y posibilidades suficientes de ser consultados sobre asuntos que son realmente importantes para las decisiones de la empresa. 
Por esto, la presente iniciativa se propone completar el cuadro comunitario y nacional existente, con lo que- a los fines últimos del derecho en cuestión- contribuye a preparar el cambio, a garantizar que las reestructuraciones se lleven a cabo en un contexto aceptable, y a asignar al objetivo de la ocupación la posición de privilegio que exige el contexto actual. 
En consecuencia, el cuadro propuesto pretende llenar las lagunas y equilibrar los defectos de la legislación nacional y comunitaria en vigor. 
Los objetivos son: garantizar la existencia del derecho a una información y a una consulta regular de los trabajadores sobre los desarrollos económicos y estratégicos de la empresa y sobre las decisiones relacionadas con ellos; consolidar el diálogo social y la relación de confianza dentro de la empresa, a fin de contribuir a la prevención de los riesgos, al desarrollo de la flexibilidad de la organización del trabajo en un marco de seguridad, a la promoción de la sensibilidad de los trabajadores respecto a las necesidades de adaptación y a animarlos para que participen en la adopción de medidas y en las actividades destinadas a promover su profesionalidad; incluir la situación y el desarrollo de la ocupación en la empresa entre los temas de información y de consulta; garantizar que se informe y se consulte a los trabajadores antes de que se adopten decisiones que podrían llevar a modificaciones sustanciales de la organización del trabajo y de las relaciones contractuales; garantizar la eficacia de estos procedimientos introduciendo sanciones específicas para los que violen gravemente las obligaciones de ese sector. 
Por lo tanto, doy la enhorabuena a la Comisión por su iniciativa. 
Es indudable que, con una moneda única y un único y amplio mercado, con economías más interdependientes a medida que pasa el tiempo y con políticas fiscales que, aunque sea con retraso, marchan hacia una coordinación, las políticas sociales tendrán que asumir paulatinamente una dimensión más supranacional, de modo de preservar y promover después nuestro modelo social, reconocido, entre otros, por numerosas y autorizadas fuentes como uno de los factores decisivos de nuestra competitividad. 
En el plano específico, la propuesta asegurará los límites mínimos de información y de consulta que se aplicarán en todo el territorio de la Unión, para armonizar estos derechos fundamentales de los trabajadores y contribuir al fortalecimiento de la dimensión social europea. 
Por lo tanto, es lamentable que las negociaciones entre las partes sociales del espacio europeo, con vistas a un acuerdo según los contenidos del artículo 4, párrafo 2 del protocolo, hayan fracasado, en particular por la total falta de voluntad negociadora de una de las partes. 
Ha hecho bien la Comisión en ejercer a fondo su derecho de iniciativa establecido en el Tratado. 
El Parlamento Europeo, a través de mi informe, propone algunas enmiendas. 
Al respecto, doy las gracias a quienes con sus enmiendas han hecho una aportación valiosa dentro de la Comisión. 
Las enmiendas que proponemos- sobre las que es importante conocer el parecer de la Comisión y a las que, espero, al asumir su posición, el Consejo considere como voluntad firme del Parlamento Europeo- están dirigidas en particular a especificar modalidades y definiciones de información y de consulta, sobre todo en lo relativo al momento en que la información se debe transmitir, es decir, la programación, para permitir que los trabajadores conozcan por anticipado el cambio y la extensión del contenido de los asuntos directamente relacionados con sus derechos y su futuro; asimismo, pretenden extender el campo de la aplicación de la directiva, y al respecto proponemos que se amplíe al empleo público y que los Estados miembros estudien la posibilidad de incluir a las pequeñas y medianas empresas; por último, con ellas se quiere asegurar que haya prescripciones mínimas en el ámbito comunitario, que no se puedan derogar sino en un sentido más favorable a los trabajadores. 
Terminaré expresando una profunda convicción: si queremos que la etapa de fuertes cambios que estamos atravesando tenga una evolución positiva, tanto en términos de aumento de la competitividad de las empresas como de afirmación de la convivencia civil y social, es necesaria una gran predisposición al diálogo. 
Esta propuesta, mejorada y reforzada por el informe que hoy discutimos, representa justamente un instrumento innovador que permitirá, gracias a la información y a la consulta de los trabajadores, el desarrollo del diálogo social que puede garantizar la estabilidad y el respeto de los derechos de esa Europa que todos queremos. 
Señor Presidente, la Sra. Ghilardotti ha realizado un excelente trabajo sobre un tema importante. 
Es un puntal en el plan general de la Comisión hacer realidad la información y consulta de los trabajadores, y debe ser contemplado conjuntamente con las directivas sobre consulta en los casos de despido colectivo, la consulta sobre el traslado de empresas, las directivas sobre el Estatuto de la Sociedad Europea y el Comité de Empresa Europeo. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos me ha apoyado y hemos presentado varias enmiendas. 
En determinados círculos existe la preocupación de que en esta propuesta de directiva existe un problema de subsidiaridad, pero creo que los informes a los que me he referido demuestran que es perfectamente adecuado que la Comisión actúe en este ámbito. 
Más concretamente, viene a subsanar una laguna en la legislación del empleo que quedó en evidencia con el cierre de la planta de Renault en Vilvoorde, y felicito a la Comisión- debería decir a la Comisión en funciones- por haber subsanado esta grave falta. 
Mi país tiene ciertos recelos sobre la necesidad de esta directiva, pero quisiera sugerir al Gobierno de Su Majestad que visite algunas fábricas de mi circunscripción. 
Todas las fábricas de West Midlands que he visitado estos últimos años tienen tableros de anuncios en los que se indican los niveles de productividad, los objetivos de productividad, información sobre la salud y la seguridad, etc. Todos los empleadores sensatos que conozco consideran prioritario informar y consultar a los trabajadores para incrementar la productividad. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer en primer lugar, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, el informe de Fiorella Ghirardotti, que apoyamos en todos sus puntos. 
También quiero expresar, no obstante, mi agradecimiento a la Comisión, que en este caso ha presentado un informe que nos ha facilitado mucho que podamos apoyar sus conclusiones en esta fase. 
La directiva constituye una nueva contribución a la construcción de una Europa social, tras la aprobación de la relativa a los comités de empresa europeos y cuando nos disponemos a aprobar en breve, así lo espero, la relativa a la sociedad anónima europea y la participación de los trabajadores. 
También representa, no obstante, un contrapeso frente al capital en Europa. 
Yo creo que esto es muy importante y tiene mucho sentido, precisamente en el momento actual, para que las ciudadanas y los ciudadanos adviertan que Europa no adopta leyes «en el aire». 
Yo coincido con la Sra. Oddy cuando señala que esto no significa obviamente la renuncia a la normativa nacional. 
Los Estados miembros que consideren que cuentan con derechos de participación de los trabajadores más rigurosos y más amplios conservarán evidentemente sus normas. 
Sin embargo, una observación detenida permite constatar que en muchos Estados- también en Alemania- existen ámbitos en los que los trabajadores todavía no tienen posibilidades de codecisión y de participación. 
Un punto en el que quisiera detenerme muy concretamente es el del tamaño de las empresas. 
Las pequeñas empresas- las PYME- no quedan suficientemente incluidas en dicha normativa, tampoco en Alemania. 
Nosotros habríamos deseado, por consiguiente, que al tamaño de las empresas se hubiese fijado en un mínimo de 20 trabajadores. 
Lo señalo de manera muy concreta y confío en que el PPE todavía se decida a sumarse a nuestras propuestas. 
También confío igualmente en que usted, señor Menrad, y los demás colegas del PPE voten en contra de la exclusión de los derechos de información y consulta asociados a la protección de la orientación ideológica de la empresa, es decir, en el caso de determinadas empresas en el ámbito de los medios de comunicación y de las asociaciones caritativas, y se sumen a nuestra propuesta. 
Me parece francamente absurda la opinión que nos ha comunicado por escrito una empresa del sector de los medios de comunicación en el sentido de que si no aprobamos este punto estaremos menoscabando los derechos humanos y constitucionales de la libertad de prensa. 
A mi parecer, en el momento actual es imprescindible la participación de los trabajadores también en las empresas del sector de los medios de comunicación. 
Yo no comparto las reservas de Fiorella Ghirardotti a causa de la UNICE. 
A mi parecer, quizá incluso sea positivo que la UNICE haya rechazado negociar. 
De este modo contamos con una propuesta razonable de la Comisión, que incluye muchas medidas de amplio alcance precisamente en el ámbito de las sanciones, una propuesta que todos nosotros también apoyamos y que sin duda no habríamos podido alcanzar en el marco del diálogo social. 
Finalmente, yo quisiera expresar mi ruego y mi esperanza de que la Presidencia alemana y todo el Consejo respalden cuanto antes esta importante contribución a la construcción de una Europa social. 
Señor Comisario, una exigencia central de la doctrina social cristiana y del programa de principios del PPE es la cooperación y ésta incluye la colaboración y la participación en la toma de decisiones, así como la información y consulta de los trabajadores. 
Nuestro Grupo político realizó en 1984 una importante aportación sobre esta base a la Directiva sobre los comités de empresa europeos, aprobada prácticamente por unanimidad. 
Entre tanto, se puede hablar de un éxito de los comités de empresa europeos, que se están extendiendo cada vez más, con la aceptación de los empleadores, trabajadores y sindicatos. 
Uno de los objetivos del comité de empresa europeo es hacer llegar puntualmente a los representantes de los trabajadores locales, cruzando las fronteras, la información obtenida de la dirección central de las empresas, con objeto de que aquéllos puedan cumplir su tarea. 
El sistema funciona cuando los representantes locales de los trabajadores poseen suficientes derechos de conformidad con la legislación nacional. 
La presente directiva se propone garantizar, entre otras cosas, este aspecto mediante unas normas mínimas en lo que respecta a la información y la consulta, pero no a la participación. 
La Sra. Ghilardotti ha presentado un buen informe muy minucioso y yo la felicito sinceramente. 
Ella aceptó en la Comisión de Empleo una solución de compromiso en relación con el tamaño mínimo; 50 trabajadores es un límite razonable, señora Weiler, y la propuesta responde a los planteamientos de la Comisión y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Nosotros nos oponemos a que se suprima totalmente la protección de la orientación ideológica, tal como pide el informe. 
En nuestras enmiendas proponemos, en cambio, una solución en la línea de la Directiva sobre los comités de empresa europeos, que mantiene dicha protección, pero la restringe fuertemente. 
El objetivo también es, sencillamente, obtener una aceptación más amplia. 
Sobre todo para las medianas empresas es de especial importancia que los Estados miembros prevean excepciones cuando la transmisión de determinada información cause considerables perjuicios a la empresa. 
La exención de determinadas obligaciones no puede ser, sin embargo, arbitraria; por esto es necesario prever unos criterios objetivos y eventualmente también una autorización administrativa o judicial. 
Señora Ghilardotti, nosotros estamos dispuestos a aprobar un marco subsidiario así definido para las disposiciones nacionales en materia de información y consulta. 
Se trata de un paso importante en favor de la dimensión social y de una regulación que favorezca la cooperación en la Unión Europea, y que también será- tiene usted razón- económicamente ventajoso. 
Justamente en una época de rápidas transformaciones, en una economía mundializada, la falta de información sólo suscita desconfianza y finalmente miedo, cuyo resultado es el bloqueo. 
La información significa transparencia, que a su vez genera confianza y evita pérdidas debido a los roces en las empresas europeas. 
Los beneficiados son los empleadores y los trabajadores por un igual. 
Presidente, en nombre de una holgada mayoría de mi grupo parlamentario doy la bienvenida a las propuestas de la Comisión. 
Quiero traer a la memoria los debates que hemos tenido aquí, por ejemplo con motivo del asunto Vilvoorde, la cuestión Renault, en el que tuvimos que constatar que nuestra regulación respecto a la información y codecisión se quedaba corta, sobre todo también en lo que respecta a las sanciones. 
Esta propuesta es un gran paso hacia adelante en lo referido a la información y codecisión a nivel europeo. 
Mi grupo parlamentario votará también en gran mayoría a favor del compromiso alcanzado, es decir que la regulación se aplicará a empresas con más de cincuenta empleados. 
Quiero volver a traer a la memoria cuán importante es la información y la consulta. 
Muchísimas empresas que van bien, tratan muchas veces muy cuidadosamente a sus empleados. 
Es también positivo para el «level playing field» que haya en toda Europa las mismas condiciones en relación con la participación y la codecisión. 
Además es un tema propio de nuestro tiempo. 
La ponente lo ha formulado tan adecuadamente en su informe: «En el diálogo social se trata de relaciones de confianza». 
Por consiguiente, me parece que esto puede considerarse como un ejemplo para el resto del mundo, porque sabemos que en Japón y en los Estados Unidos muchas veces no han llegado tan lejos todavía. 
Por mi experiencia en los Países Bajos sé que los comités de empresa en casos de cierre de empresas han jugado a menudo un papel mejor que las direcciones de esas empresas, que por otra parte estaban contratadas por los que ponían el capital. 
Creo que debemos ser conscientes, y sobre todo los que no quieren dejar vía libre a esto- y también me dirijo parcialmente a los miembros de mi propio partido -, de que aquí están las grandes oportunidades para la empresa moderna. 
Por lo tanto, me parece que debemos apoyar esta propuesta con entusiasmo, así como alguna de las enmiendas. 
Señor Presidente, el tema del marco relativo a la información y la consulta de los trabajadores es polémico. 
Más polémico aún resulta si a la participación y consulta se suma la participación en el proceso de adopción de decisiones, que, como, por lo demás, ya ha afirmado este Parlamento en diversas resoluciones, es un derecho de los trabajadores. 
De acuerdo con su práctica, la Comisión ha querido dar preferencia a los interlocutores sociales en el establecimiento de las normas. 
Pero la UNICE, la patronal organizada en el nivel comunitario, considera que esa cuestión corresponde al ámbito de la subsidiariedad. 
De modo que no hubo negociación porque la Comisión se vio obligada a presentar su propuesta de directiva al margen del diálogo social. 
La Comisión de Asuntos Económicos fue la encargada de elaborar la opinión y me correspondió a mí ese cometido. 
Lo hice con la intención de contribuir a un avance real en el sentido ya antes adoptado por el Parlamento Europeo. 
La mayoría de los miembros de esa comisión no consideraron que fuera ése el camino y, en la práctica, adoptó la posición de la UNICE. 
No aprobó ninguna opinión y en la página reglamentaria se afirma que «decidió no emitir una opinión». 
Lo lamentamos, porque habría sido, en mi formulación o en otra más consensual, la contribución a la resolución que el Parlamento va a adoptar. 
Por lo que también por eso acojo con beneplácito el trabajo y el informe de la Sra. Ghilardotti. 
Además, si me lo permite, señor Presidente, aduciré unas palabras sobre otro informe de este ámbito que ha llegado hoy al Pleno y que, en virtud del artículo 52, no se debatió ni votó. 
Se trata del informe sobre la organización del trabajo, considerado, así, tema menor, que pasó a toda velocidad por este Parlamento, lo que constituyó una auténtica perversión de las prioridades. 
Pero, ¡así es! 
Votamos en Pleno el control de las biotoxinas marinas y la estabilidad para no volcar, informes técnicos a los que no niego relevancia, pero vamos a pasar el informe sobre la «modernización de la organización del trabajo- una actitud positiva para el cambio» y hay quien quiere endosar a la subsidiariedad la información, consulta y participación de los trabajadores. 
¡Y después nos quejamos del escaso interés de la opinión pública por el Parlamento Europeo! 
Señor Presidente, la Directiva sobre los comités de empresa europeos tiene una laguna, que quedó bien patente con ocasión de la huelga de Vilvoorde, como ya han resaltado los oradores que me han precedido. 
Es necesario aclarar cuáles son los derechos de información efectivamente reconocidos. El excelente e importante trabajo de la Sra. Ghilardotti dilucida este asunto. 
Evidentemente fue necesario alcanzar algunos compromisos. Nosotros lamentamos en particular uno de ellos: es absurdo en cualquier caso que se considere el tamaño de la empresa cuando se trata de la obligación de informar y más aún que el mínimo sea de 50 trabajadores, que es un número exageradamente alto. 
Por esto, hemos querido ofrecer al Parlamento una nueva oportunidad de ir un poco más lejos y hemos presentado una enmienda que fija el mínimo en 20 trabajadores, a sabiendas de que esta cifra en realidad también es absurda. 
En cuanto a la protección de la orientación ideológica, es preciso repetir que ésta plantea en cualquier caso un problema, ya que la libertad de prensa, por ejemplo, no es una libertad del propietario del periódico, sino de las y los periodistas. 
También en el caso de las Iglesias existen unas libertades de sus miembros que es preciso proteger igualmente. 
Pero cuando lo que está en juego es el derecho a la información, no se puede incluir la protección de la orientación ideológica. 
En la legislación alemana ésta se contempla en el caso de la participación en la toma de decisiones. 
Esto introduce una cierta confusión. 
La UNICE lamenta ahora que se la haya dejado de lado; ¡podría haber colaborado antes de manera constructiva! 
Señor Presidente, concuerdo con la Sra. Ghilardotti en que es necesario que, dentro de las empresas, los trabajadores dispongan de una posibilidad de información cada vez mayor y que asuman un compromiso también creciente, y esto en particular en las empresas medianas y grandes, incluso para evitar que se produzcan auténticas injusticias sociales, como en el caso de la Renault. 
Sin embargo, querría puntualizar ciertas cosas. 
En particular, creo que es justa una conciliación de esta legítima expectativa de información y de consulta con las exigencias concretas de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas. 
En mi opinión, en un marco económico tan difícil e inestable como es en la actualidad el europeo, no sería bueno que las empresas se vieran sometidas a un aumento de obligaciones jurídicas y administrativas. 
Quiero recordar que, al menos en el caso italiano, sólo las grandes empresas, en los momentos de crisis internas, consiguen el apoyo estatal adecuado y justo; inversamente, las pequeñas, aun cuando constituyen una riqueza preciosa para la Unión, no disfrutan de privilegios comparables. 
Con demasiada frecuencia, los pequeños empresarios deben enfrentarse solos la incertidumbre de los mercados, y tienen que asumir todos los riesgos sin ninguna tutela ni ayuda públicas. 
Por lo tanto, quiero puntualizar que una consulta previa a los trabajadores tendría sentido exclusivamente si se inserta en una lógica, en una metodología participativa de verdad. 
Quiero decir que en una empresa en la que se ponen en práctica sistemas de participación- ya sea la participación en los beneficios o bien dentro del accionariado- sería lógica una consulta previa sobre las opciones empresariales, pues en tal caso los empresarios y los trabajadores comparten la responsabilidad de tomar decisiones, pero también la de correr riesgos; se dividen los beneficios pero también se dividen y comparten las responsabilidades. 
En conclusión, esta propuesta de directiva del Consejo, y en particular la posición de la Sra. Ghilardotti, introducen elementos de rigidez añadidos, de los que el mercado del empleo- sobre todo el que corresponde a las pequeñas y muy pequeñas empresas- no tiene ahora mismo ninguna necesidad, en mi opinión. Son elementos de rigidez que, ante todo, no favorecen el empleo. 
Señor Presidente, este informe y la propia directiva son un punto muy importante en el avance de las relaciones industriales. 
No obstante, aún no llegan a ser las medidas de participación que se propugnan desde hace mucho, en particular, por los estudios de la Fundación Europea que en 1991 hizo una importante investigación y definió los tres modelos de participación: la participación como fuerza productiva, la participación como fuerza democrática y la participación como un juego de fuerzas positivas. 
Ése es el gran objetivo en pos de cuya consecución debemos continuar y éste no es aún sino un paso que la ponente Sra. Ghilardotti ha vuelto más efectivo, más amplio, más eficaz. 
No obstante, quisiera señalar a la atención de la Comisión que, en países como Italia, Portugal, España y Grecia, sólo el 5 % de los gestores admiten la consulta y la información en materias que estén exclusivamente relacionadas con la salud y la seguridad en el local de trabajo. 
Por tanto, estamos muy lejos de la ciudadanía europea y la democracia que deseamos para todos los ciudadanos, la democracia política, queda fuera de los muros de las empresas en la actualidad. 
Ojalá consigamos llevar a buen término esta iniciativa de la Comisión y el informe con vistas a lograr de hecho ciudadanos más libres y empresas más productivas y de mayor calidad humana. 
Señor Presidente, no soy contrario a que existan unas pocas disposiciones y un marco común con respecto a la información y consulta con los trabajadores, y creo que la Sra. Ghilardotti ha realizado un buen esfuerzo en esa dirección, sólo que su buena intención la ha conducido a ciertos excesos. 
Por consiguiente, creo, que si adoptamos el informe tal y como está en este momento, posiblemente conseguiremos el resultado opuesto al que todos deseamos, que es la protección de los trabajadores. 
Porque desalentar a las empresas para que inviertan, se vuelve finalmente en contra de los trabajadores. 
Defiendo este punto de vista porque tenemos distintas formas legislativas de abordarlo en los diferentes estados miembros, y mientras que en algunos estados, como por ejemplo Alemania, Austria, etc., lo que se prevé está ya más o menos incorporado en su legislación, en otros estados miembros el cambio brusco de legislación y el cambio de modelos, puede resultar negativo para la economía y el mercado de trabajo. 
Es, claro está, positivo el que se haya abandonado la anterior idea de aplicar la directiva a empresas con 20 trabajadores, y nos hayamos quedado en el límite de 50. 
A pesar de ello, hay aún varias cosas que considero negativas en el informe, y quisiera subrayar algunas a modo orientativo. 
Primero, la propuesta de la Comisión prevé excepciones para algunas empresas concretas, p. ej. con fines eclesiásticos, filantrópicos, etc. La enmienda 15 anula el artículo 2, párrafo 2, que permite estas excepciones. 
Esto es un error, porque son concretos estos casos y por ello necesitan cláusulas especiales de manera que queden aseguradas, por un lado la información y la consulta, y por otro, el correcto funcionamiento de estas empresas. 
Segundo, en la enmienda 24 (nueva) , se prevé la suspensión de la última decisión para que continúen las consultas, de manera que se eviten algunas consecuencias negativas para los trabajadores. 
De esta forma, las empresas, eventualmente, no podrán tomar decisiones durante grandes intervalos de tiempo y así se pone en peligro su subsistencia. 
Tercero, la enmienda 26 añade la posibilidad a los trabajadores de poder solicitar la contribución de peritos. 
Los peritos no deberían tomar parte en las sesiones de información y consulta, porque pueden revelar a terceros datos importantes, y la protección del artículo 5 no es suficiente. 
Señor Presidente, estimados compañeros, personalmente voy a votar en contra de este informe. 
La propuesta es un ejemplo clarísimo de falta de respeto al principio de proximidad. 
En primer lugar, no hay ningún aspecto transfronterizo en la propuesta y en segundo lugar, esta cuestión ya ha sido regulada en la mayoría de países miembros, incluido mi propio país, Dinamarca, mediante acuerdos de cooperación. 
Esta cuestión debe ser regulada en el plano nacional y entre los interlocutores sociales. 
Con lo que se atendería en primer lugar al principio de proximidad y en segundo lugar a las diferencias nacionales y a las diversas tradiciones que existen en Europa. 
Por tanto no son precisas más normas comunitarias en este terreno. 
Debe quedar en manos de cada país bien establecer normas nacionales bien solucionar esta cuestión con convenios, tal y como hemos hecho en mi propio país. 
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a la ponente por este excelente informe. 
También quiero dar las gracias a la Comisión por sus propuestas. 
Sin duda se necesita esta directiva. 
Lo ha demostrado el desarrollo de los acontecimientos durante los últimos años. 
Opino que es obvio que se vea a los trabajadores como un recurso. 
Entonces es importante que tengan derecho a información y consulta. 
Sin embargo, creo que la propuesta no va suficientemente lejos. 
Opino que cincuenta trabajadores es una cantidad demasiado alta, incluso veinte trabajadores son demasiados. 
Opino que todos los trabajadores deben tener derecho a información y consulta. 
No obstante, votaré a favor de la propuesta, ya que contiene reglas mínimas. 
Los países que tienen mejores condiciones- por ejemplo Suecia, mi país- deberán poder conservarlas. 
Por este motivo, a pesar de todo, esta propuesta es un avance en un proceso que en el futuro dará posibilidades de información y consulta a todos los trabajadores. 
Señor Presidente, lamentablemente, en la política social europea no siempre prevalece el principio según el cual: «lo bueno se hace esperar». 
Muchas decisiones importantes tardan mucho en adoptarse, pero a pesar de todo acaban no siendo tan buenas como desearíamos los políticos sociales. 
El tema de la «información, consulta y participación de los trabajadores» viene debatiéndose a escala europea desde 1974. Todas las iniciativas de la Comisión zozobraban en el Consejo porque hasta el Tratado de Maastricht debían ser adoptadas por unanimidad. 
La Directiva marco sobre el lugar de trabajo fue la primera que incorporó el ámbito de la información y la consulta. 
Luego, en 1994, se consiguió la aprobación del comité de empresa europeo. 
A pesar de todo, las continuas transformaciones y el incremento de las actividades transfronterizas continúan exigiendo con urgencia una actuación en este ámbito. 
Debido a una serie de limitaciones y carencias, los trabajadores no reciben suficiente información ni disponen de suficientes oportunidades de consulta en los ámbitos de interés decisivo para las empresas. 
Existen en efecto- y está bien que así sea-disposiciones jurídicas de ámbito nacional. 
Lamentablemente, éstas tienen cada vez menos peso en el ámbito de las actividades transfronterizas. 
Por esto resulta imprescindible, también en este caso, una norma social mínima. Lo que se propone no es más que esto. 
La subsidiariedad queda plenamente salvaguardada. En la comisión alcanzamos, tras largos debates, el acuerdo de fijar un mínimo de 50 trabajadores. 
En las empresas de menor tamaño, la evolución de la actividad es más transparente y resulta más difícil ocultar información. 
Sigue sobre la mesa el tema de la protección de la orientación ideológica. 
El PPE defiende que se incluya esta cláusula, igual que en el caso del comité de empresa europeo, y confiamos en que el Partido Socialdemócrata alemán todavía se avenga a ello. 
En cualquier caso estamos de acuerdo en que es preciso que se cumplan las disposiciones mínimas, tal como debe ocurrir con todas las normas sociales mínimas. 
El derecho a solicitar la asistencia de expertos debe quedar plenamente garantizado en el marco de la subsidiariedad, pues de lo contrario a los trabajadores podrían darles gato por liebre. 
Yo espero que por fin se adopte, al cabo de 25 años, esta directiva en favor de los trabajadores. 
En la base de la misma subyace también la idea de que las empresas europeas se diferencian de las americanas y japonesas y funcionan mejor cuando se alcanza un consenso entre la empresa y los trabajadores a través del procedimiento de información y consulta. 
Señor Presidente, creo que podría haber prescindido de esta propuesta de directiva perfectamente. 
Desgraciadamente, este punto de vista ha gozado de poca aceptación en este Parlamento. 
En Dinamarca, tanto los empresarios como los trabajadores piensan que esta propuesta puede acabar con el especial modelo de negociación danés, en el que la información y la consulta de los trabajadores queda regulada en los acuerdos sobre comités de empresa entre los interlocutores sociales. 
Durante su tramitación en la comisión presenté varias enmiendas que permitirían a los Estados miembros evitar la implementación de la directiva de disponer ya, según los interlocutores sociales, de regímenes satisfactorios. 
Desgraciadamente, esta idea no fue aprobada. 
No quiero que los Estados miembros que no disponen de regímenes satisfactorios de información y consulta de los trabajadores tengan posibilidad de incumplir esta directiva. 
Por ello es necesaria. 
Sin embargo, abogo por una solidaridad entre los trabajadores comunitarios y quiero también al mismo tiempo que a un Estado miembro como Dinamarca, donde los interlocutores sociales han desarrollado a lo largo de más de cien años un modelo eficaz de información y consulta de los trabajadores mediante convenios colectivos imbuidos de un espíritu de diálogo y cooperación, se le permita conservar este sistema, y eso sí, a la inversa, nosotros no vamos a impedir que otros sistemas se pongan a nuestro nivel. 
Señor Presidente, quisiera que el Parlamento Europeo rechazase este informe. 
Tenemos que demostrar que respetamos el principio de la proximidad. 
La propuesta de directiva se contrapone a diferentes tradiciones existentes en los países miembros de la UE. 
Ha pasado la moda de dar mayor injerencia a los sindicatos a través de la UE. 
En cambio, hay que crear una actitud moderna- que obviamente implique participación e influencia por parte de los trabajadores- en todas las organizaciones que quieran ser competitivas y dinámicas. 
Donde mejor se puede crear el marco para esto es, obviamente, en los mismos lugares de trabajo, pero la estructura excesivamente burocrática de la política de mercado laboral lo impide, y ahora hay quienes pretenden servirse de la colaboración europea para hacerla aún más intrincada. 
Nuestro papel en una Europa con mucho desempleo y que despilfarra recursos humanos tiene que ser el de generar las condiciones necesarias para la creación de empleo. 
Con más reglas y restricciones habrá menos trabajo y menor crecimiento, desarrollo y bienestar. 
En otras palabras: muchísimos menos lugares de trabajo para consultar e informar. 
No quiero que este informe se apruebe, y me alegra ver que muchos en el Parlamento hayan expresado lo mismo. 
Señor Presidente, desde el principio de la participación activa de las Instituciones comunitarias en la construcción, sobre todo en la construcción social europea, la información a los trabajadores y su participación en el debate siempre fue un tema fundamental, incluso en los primeros documentos del Consejo, fechados en 1974. 
Hoy nos enfrentamos una vez más, quizá en una versión casi definitiva, con este fundamental aspecto de la implicación de la base de la empresa, es decir, de los que trabajan, de los que le brindan su propia actividad para verla crecer y mantener su competitividad en el mercado. 
Hay muchas consideraciones importantes en el trabajo presentado por la ponente, a quien le damos las gracias. 
En particular, es básico que esté comprometido el sector público, naturalmente con la condición de que los Estados miembros creen los mecanismos que más tarde alentarán el diálogo social. 
El mismo diálogo social, evidentemente, es deseable para las pequeñas y medianas empresas, en apariencia excluidas de este documento pero que, como sabemos, representan el 90 % de las empresas comunitarias. 
Es decir que, de acuerdo con los Estados miembros- esto es fundamental -, debemos preocuparnos por conseguir el máximo de compromiso por parte de los trabajadores de las pequeñas empresas, e incluso diría de las microempresas, y me refiero a las que llegan hasta los diez puestos de trabajo que, en algunos sectores, hoy son mayoría y, sobre todo, son las que presentan las mayores posibilidades. 
Como sabemos, el informe aportó modificaciones a la propuesta inicial, a la vez que excluía una serie de excepciones acordadas a las empresas que no tienen fines de lucro. 
Podemos aceptar este aspecto con la condición de que después los Estados miembros lo apliquen correctamente. 
En resumen, en este momento de internacionalización del mercado, no podemos pensar en que los colaboradores de las empresas comunitarias no asuman un compromiso cada vez mayor, e incluso que no se comprometan lo más posible, porque es evidente que en ellos se funda el éxito, o el fracaso, de la actividad empresarial. 
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi agradecimiento a la Sra. Ghilardotti y a todos los demás ponentes por su trabajo sobre esta propuesta concreta de la Comisión. 
También deseo agradecer a los diputados que han destinado su tiempo a realizar importantes intervenciones a este debate. Quisiera expresar mi satisfacción personal y mi gratitud por el apoyo del Parlamento a esta iniciativa tan importante de la Comisión. 
En nuestra opinión, se trata de una importante propuesta que, una vez adoptada, podría añadir un elemento indispensable que falta en la legislación laboral de la Comunidad Europea. 
Tras haber escuchado lo que aquí se ha dicho- y haber leído el proyecto de opinión -, creo que el Parlamento está preparado y dispuesto a desempeñar un papel decisivo en las negociaciones que conducirán a la adopción de esta propuesta de directiva. Una vez adoptada, completará y hará más coherente el acquis communautaire en el ámbito de la participación del empleado y contribuirá de manera decisiva a la creación de la dimensión social en el mercado interior. 
En cierto modo, la Srta. Oddy tiene razón: vendrá a llenar un vacío que debe ser subsanado en la legislación laborista europea. 
No obstante, es una propuesta controvertida, como demuestran las reservas que la patronal y algunos Estados miembros han manifestado. 
Somos conscientes de la dificultad del debate y ésta es otra de las razones por la que me complace especialmente la posición del Parlamento de claro apoyo a la iniciativa, al tiempo que debemos ser prudentes respecto a la Comisión en funciones actual y a lo que ésta puede hacer con la propuesta en estos precisos momentos. 
Por ello, a pesar de que el Consejo ni siquiera ha comenzado a debatir el texto, y teniendo en cuenta la necesidad absoluta de preservar la viabilidad política de la propuesta- sobre todo en el seno del Consejo -, en estos momentos es aconsejable, y especialmente en esta fase, actuar con cierta cautela. 
Comprendo perfectamente todas las actuales solicitudes del Parlamento. 
La mayoría, si no la totalidad, de los temas planteados han sido objeto de un intenso debate en la Comisión en el período previo a la aprobación de la propuesta. 
Al final, la Comisión alcanzó un delicado equilibrio entre los diferentes puntos de vista y los intereses divergentes sobre lo que se considera un tema muy delicado. 
Sería inadecuado alejarnos de dicho equilibrio en estos momentos, al menos en lo que respecta a las enmiendas presentadas relativas a los cuatro temas más delicados de la propuesta: los niveles mínimos, las definiciones de información y consulta, el alcance de las excepciones que los interlocutores sociales pueden hacer a las disposiciones de la directiva y la cuestión de las sanciones. 
Estoy seguro de que todas las propuestas del Parlamento sobre estos temas centrales estarán muy presentes en las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo con vistas a la adopción de la propuesta. 
La Comisión desempeñará el papel que le atribuye el Tratado en el transcurso del procedimiento de codecisión, al tiempo que intenta acercar posiciones entre ambas partes y, al final, garantizará el consenso. 
Por ello, comprenderán mi cautela a la hora de reaccionar hoy a algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento, a pesar de que algunas de ellas podría ciertamente ser contempladas por la Comisión en el futuro, a la luz de los acontecimientos que tendrán lugar en el Consejo. 
A pesar de mi cautela, hoy quisiera mostrarme lo más positivo posible. 
La Comisión puede aceptar ya desde ahora algunas de las enmiendas presentadas, porque ciertamente mejoran el texto. 
Es el caso de las enmiendas 1, 17, 8 y 10, el primer y tercer elementos de la enmienda 13, y las enmiendas 19 y 35. 
Una segunda categoría de enmiendas son relativas a temas más fundamentales. 
No obstante, creo que puedo manifestar mi apoyo a las mismas, porque son razonables y no parecen afectar el delicado equilibrio del texto. 
Me refiero a las enmiendas 4 y 15, las 6 y 32- relativas a la cláusula de no agresión -, la 16 sobre el nivel de información y consulta, la 22- sobre la lista ilustrativa de temas sujetos a información y consulta- y la primera parte de la 33, relativa a la aplicación del principio de la directiva al sector público, a lo que se hace referencia, aunque la fórmula propuesta debe ser revisada de algún modo. 
A pesar de que la enmienda 34 es perfectamente coherente con nuestro enfoque de involucrar a los interlocutores sociales, no podíamos contemplar esa modificación a la fórmula básica utilizada para la aplicación de la legislación comunitaria. 
No obstante, podría aceptar un considerando basado en dicha enmienda. 
En cuanto a las enmiendas restantes, a la luz de las circunstancias a las que me he referido, la Comisión opina que será difícil aceptarlas. 
En todo caso, como ya he mencionado, estarán muy presentes en los futuros debates institucionales sobre esta importante propuesta, por lo que el debate sobre estos temas fundamentales aún está lejos de su conclusión. 
Debo decir a la Sra. Weiler que en realidad se trata de normas mínimas. Es muy importante para el modelo social europeo. 
Como decía la Sra. Ghilardotti, en cierto modo se trata de que exista confianza mutua entre la patronal y los empleados. Considero que la presente propuesta en concreto es una pieza clave de la legislación laborista europea. 
Aunque desde lejos, seguiré con mucha atención la adopción de esta ley europea. Beneficiará mucho a la patronal y a los empleados en el desarrollo del modelo social europeo. 
Les agradezco su respaldo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Tiempo de trabajo 
A4-0814/99 del Sr. Chanterie, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la enmienda de la directiva 93/104/EK del 23 de noviembre, respecto a determinados datos sobre la distribución del tiempo de trabajo de manera que se cubran sectores y actividades que se excluyen de esta directiva (COM (98) 0662- C4-0715/98-98/0318 (SYN) y-A4-0187/99 del Sr. McMahon, relativo a: I.la propuesta de directiva del Consejo referente a la distribución del tiempo de trabajo para personal que realiza actividades de transporte por carretera y conductores por cuenta propia (COM (98) 0662- C4-0716/98-98/0319 (SYN).II.la propuesta directiva del Consejo referente a la imposición de las horas de trabajo de los marineros sobre los barcos que utilizan los puertos de la Comunidad (COM (98) 0662- C4-0717/98-98/0321 (SYN).III.la propuesta directiva del Consejo referente al acuerdo sobre distribución del tiempo de trabajo de los marineros que fue acordado por la Unión de Armadores de la Unión Europea (ECSA) y la Confederación de Uniones de Trabajadores del Transporte de la Unión Europea (FST) (COM (98) 0662- C4-0718/98). 
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados colegas, es bueno que se indique al principio que una ordenación europea del tiempo de trabajo es una cuestión de seguridad y salud en el lugar de trabajo, lo cual constituye por lo tanto un derecho de los trabajadores. 
Eso fue traducido en una directiva en 1993 confirmada en 1996 por el Tribunal de Justicia Europeo. 
Pero hay una serie de sectores y actividades que han quedado excluidos hasta ahora de la aplicación de esta directiva, en especial los diversos sectores de transporte, la pesca marítima y otras actividades marítimas así como los médicos en periodo de formación. 
Es preciso que hoy reflexionemos sobre las propuestas legislativas para que se suprima la exclusión de estos sectores no incluidos. 
La Comisión ha optado por un doble enfoque con una modificación de la actual directiva horizontal por una parte, y por otra parte, la propuesta de tres directivas verticales específicas sobre todo para el sector de transportes, los trabajadores del mar de la UE y los trabajadores a bordo de buques que utilicen puertos comunitarios. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha mantenido este doble enfoque por una parte con el Informe McMahon relativo a la ordenación sectorial y por otra con mi propio informe sobre la modificación de la actual directiva. 
En resumidas cuentas, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propone que se incluyan en el ámbito de aplicación de la directiva todos los sectores excluidos y todas las actividades excluidas. 
Para ello, habrá que revisar entre otros el artículo relativo a las excepciones, que es el artículo 17, para poder contar con las características específicas de cada uno de estos sectores y actividades. 
Por esa razón sigo defendiendo mi propuesta original de suprimir la exclusión de la gente del mar. 
Tal como los transportistas, la gente del mar puede hacer uso de las excepciones previstas en la directiva. 
Tal como el sector del transporte por carretera, los trabajadores del mar pueden recurrir a una directiva particular. 
Por otra parte, existe ya un acuerdo europeo entre los armadores y los sindicatos. 
¿Por qué seguir excluyéndoles entonces? 
Eso no es justificable ni desde el punto de vista técnico-jurídico ni político. 
Incluso cabe preguntarse también si la exclusión de otro sector profesional, en especial las fuerzas armadas en tiempos de paz, se puede justificar todavía. 
Soy de la opinión, Señor Comisario, que se debe dar también una respuesta a ello cuando se revise la directiva en un futuro próximo. 
El segundo punto de discusión ha sido el descanso en domingo. 
La directiva de 1993 había previsto el domingo como día de reposo pero la sentencia del Tribunal de Justicia de 1996 lo anuló. 
No se suprime la jornada de descanso en domingo como tal, sino el descanso en domingo como parte de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 
Por lo tanto, no se debe suprimir realmente el descanso dominical, pero se debe utilizar otro fundamento jurídico para justificar el domingo como jornada de descanso. 
El Parlamento Europeo ya adoptó una posición al respecto en su resolución del 12 de diciembre de 1996, en la que se hace un llamamiento tanto a los Estados miembros como a los interlocutores sociales para que reconozcan el carácter específico del domingo como día de descanso. 
Señor Comisario, usted mostró su conformidad con esta resolución y me lo ha confirmado también en una carta dirigida a mí con fecha del 8 de enero de 1999. 
Para encontrar una solución quiero señalar que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y en especial el artículo 151 apartado 4 junto con el artículo 128 apartado 1 del Tratado de Maastricht proporcionan un fundamento jurídico apropiado. 
Quiero decir aún dos palabras sobre los médicos en periodo de formación. 
Creo que uno de los méritos más importantes de esta legislación que vamos a introducir ahora es que se va a poner fin a las circunstancias infrahumanas de los médicos en periodo de formación, incluyendo los abusos que reinaban allí. 
Es también muy importante para los pacientes porque ya se ha visto que los médicos en formación que han trabajado o que han estado de guardia 60, 70, 80 horas ininterrumpidamente, difícilmente están en las condiciones idóneas para intervenir adecuadamente cuando se presenta una urgencia. 
La Comisión Europea propone una excepción temporal de las 48 horas a las 54 horas. 
Esto sería durante un periodo de siete años. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha llegado a un compromiso para acordar efectivamente esa prolongación de 48 a 54 horas pero no durante siete años, sino solamente para un periodo transitorio de cuatro años. 
Señor Presidente, sabemos que el Reino Unido quisiera ir más lejos. 
Una excepción durante un periodo de 15 años, pero esto nos llevaría a bien entrado el siglo XXI y creo que nos podríamos preguntar si los miembros del gobierno británico querrían recibir cuidados en tales circunstancias. 
Podría ser que se fueran a otro hospital. 
Dicho de otra forma, habrá que debatir y votar sobre estos temas hoy y mañana. 
Me parece que es una de las legislaciones sociales más importantes, junto con el Informe Ghilardotti, del final de esta legislatura. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Comisión por presentar legislación para este sector excluido. 
Hoy tenemos ante nosotros un amplio paquete de propuestas para proteger a aproximadamente cinco millones de trabajadores que realizan actividades de transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, así como a los jóvenes médicos que hacen prácticas en hospitales y a aquellos que trabajan en las plataformas petrolíferas y que no están contemplados en ninguna directiva propia relativa al tiempo de trabajo. 
El debate de hoy marca el primer paso para que, a raíz del nuevo Tratado de Amsterdam, este Parlamento garantice el establecimiento de unas normas mínimas sobre el tiempo de trabajo para todos los trabajadores de Europa. 
No es tarea fácil. 
Compaginar unas normas mínimas sobre la salud y la seguridad y, al mismo tiempo, disponer de una cierta flexibilidad operativa, que puede ser necesaria en determinadas circunstancias, dado el carácter de estos sectores, no va a ser fácil. 
Debe alentarnos el hecho de que los interlocutores sociales lograran un acuerdo en el sector de los ferrocarriles y en el transporte marítimo. 
Acojo con especial satisfacción el acuerdo de los marinos, habida cuenta de que se trataba de un modelo social europeo el que constituyó la base de nuestro propio acuerdo más amplio en el marco del Convenio 180 de la OIT. 
Lamentablemente, en lo relativo al sector del transporte por carretera, los interlocutores sociales no pudieron alcanzar un acuerdo. 
Pero han celebrado importantes negociaciones y han aprendido una lección muy valiosa. 
En la elaboración de mi informe, que trata sobre los distintos sectores del transporte, mi principal preocupación ha sido la necesidad de proteger a los trabajadores contra los efectos adversos para su salud y su seguridad de trabajar demasiadas horas. 
El informe trata también sobre cómo garantizar la seguridad y la competitividad de los medios de transporte en interés general. 
Si no regulamos el tiempo de trabajo en el sector del transporte, corremos el riesgo no sólo de poner en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, sino también, al mismo tiempo, de distorsionar la competencia en el mercado interior. 
Esto es especialmente cierto en el sector del transporte por carretera, en el que el 78 % de las empresas de transporte son pequeñas empresas que operan con menos de cinco vehículos. 
Por ello tiene sentido adoptar un reglamento de ámbito europeo sobre el tiempo de trabajo, que se aplique conjuntamente con un tacógrafo y garantice la igualdad de condiciones en el transporte por carretera. 
Por ello apoyo plenamente la propuesta de la Comisión de hacer extensivas las directivas sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo a todos los trabajadores móviles del transporte por carretera, incluidos los conductores autónomos. 
La directiva protegerá a los trabajadores del transporte por carretera que son subcontratados y que terminan siendo autónomos sin elección y que no cuentan con ninguna protección para la salud y la seguridad. 
La legislación de la Comisión no sólo protegerá a los trabajadores del sector del transporte, sino que además mejorará la seguridad en las carreteras en beneficio de los usuarios de las carreteras y de los pasajeros. 
Hasta 45.000 personas mueren cada año en las carreteras de la Unión Europea y en el 18 % de todos estos accidentes mortales se ven involucrados camiones o autocares, que a menudo tienen como causa la fatiga del conductor. 
Únicamente si se aplican intervalos de descanso adecuados, restricciones sobre el número de horas y modelos de trabajo para los trabajadores móviles podrá garantizarse la seguridad. 
En el presente informe defiendo coherentemente que demasiadas excepciones a la duración máxima de la semana laboral, a los períodos de descanso o al trabajo nocturno no garantizan una protección adecuada para la salud y la seguridad. 
Me inclino a sostener que la posibilidad de excepción de las 48 horas semanales hasta un máximo de 60 es en sí considerable y que no deben permitirse excepciones que sobrepasen a ésta. 
No obstante, a raíz de un compromiso alcanzado en comisión, he dado mi conformidad para que puedan hacerse excepciones a la semana laboral y a los períodos de descanso, a condición de que sean negociadas y acordadas por los interlocutores sociales y se ofrezca a los trabajadores un descanso compensatorio. 
Quisiera referirme brevemente a la situación de los taxistas en el marco de estas propuestas. 
Apoyo plenamente la propuesta de la Comisión de que esta legislación propuesta en interés de la salud y la seguridad y una competencia justa incluya también a los taxistas. 
La Comisión ha sido objeto de ataques injustos por esta causa. 
No creo que con la introducción de categorías especiales de trabajadores alcancemos nuestros objetivos de proporcionar un nivel básico de protección a todos los trabajadores del sector del transporte. 
Volviendo muy brevemente sobre el informe del Sr. Chanterie, quisiera felicitarle por su trabajo y darle las gracias por las conversaciones que hemos mantenido. 
Hay dos ámbitos que me preocupan en particular. 
Uno es el sector de las plataformas petrolíferas, sobre las que él ha tratado, donde el tiempo de trabajo tradicional representa un grave peligro para la salud y la seguridad- ya hemos visto lo que sucedió con Piper Alpha. 
Se han presentado argumentos en favor de que en el sector del petróleo se calcule el tiempo de trabajo sobre una base anual. 
Evidentemente, ello deberá ser como resultado de negociaciones. 
Por último, sobre la cuestión de los pescadores «a la parte». 
Acogería con satisfacción una definición más clara de lo que es un pescador «a la parte». 
Espero con interés poder oír las propuestas de la Comisión para una futura directiva sobre todo el asunto del tiempo de trabajo y los pescadores. 
Es otro ámbito en el que existen graves peligros y riesgos. 
Señor Presidente, quisiera decir, para comenzar, que es para mí un gran placer poder intervenir en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo sobre el presente informe, habida cuenta de que esta legislación tendrá grandes repercusiones sobre el sector. 
En 1993, la directiva sobre el tiempo de trabajo excluía a unos seis millones de trabajadores. 
Más del 80 % de ellos trabajan en el sector del transporte. 
Entonces dijimos que la exclusión de estos trabajadores no móviles en particular era injusta e ilógica. 
Nos alegra que la presente propuesta venga ahora a subsanar esta anomalía. 
El Parlamento Europeo siempre ha sido consciente de los problemas que existían en los distintos sectores móviles, pero para la Comisión de Transportes siempre ha sido prioritario garantizar que se encuentra el modo de avanzar hasta incluirlos por fin en el ámbito de la directiva. 
Me complace, en general, que los interlocutores sociales, en colaboración con la Comisión, hayan conseguido presentar propuestas que permitirán poner fin a unas jornadas de trabajo demasiado largas que representan un peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores y de todas las personas que viajan. 
En lo que respecta a la Comisión de Transportes, lo esencial es la seguridad. 
La seguridad ha sido siempre el principio por el que nos hemos guiado. 
En los sectores del transporte por ferrocarril y marítimo ha habido acuerdo. 
Acogemos con satisfacción dichos acuerdos. 
Lamentablemente en el sector del transporte por carretera no hubo acuerdo entre los interlocutores sociales. 
Felicitamos a la Comisión por haber tomado la iniciativa de presentar propuestas legislativas. 
También deseo mostrar mi satisfacción aquí por la disposición de los sindicatos a negociar el tiempo de trabajo del personal de cabina con la comisión paritaria sobre aviación civil. 
Espero realmente que pueda llegarse a un acuerdo en este ámbito. 
Esta cuestión es de gran relevancia para nosotros. 
Ahora lo importante es la aplicación y el control de la legislación. 
Está muy bien que sea una buena legislación, pero es fundamental garantizar su cumplimiento. 
Queremos que se realicen controles adecuados y que en ellos se incluyan y participen todos los sectores del transporte público. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Transportes quisiera agradecer al Sr. McMahon su cooperación y decir que ha sido un excelente ejemplo de colaboración entre las comisiones en la elaboración de una legislación que aportará grandes cambios para la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Presidente, mi grupo parlamentario está naturalmente muy satisfecho de que hoy podamos debatir dos informes que constituyen de hecho las piedras angulares de la política social. 
Por otra parte, es llamativo que todo esto se pueda hacer justo en los últimos meses del ejercicio de cargo tanto de Chanterie, como de McMahon, Van Velzen y Flynn. 
Me parece que en el futuro nos van a echar de menos. 
Pero lo que me alegra extraordinariamente es que ahora se haya puesto fin a la situación en que se excluía sin más a sectores enteros de unas directivas muy normales, en las que se establece que los trabajadores de esos sectores son tan especiales que pueden trabajar en horarios extremos y con unos tiempos de descanso particularmente breves o ridículos. 
Reconozco que hay sectores con unas circunstancias especiales de las que al principio decíamos que eran tan especiales que había que excluirlos, pero ahora decimos que en principio forman parte y si se acepta alguna excepción, entonces sólo se hará basándose en un acuerdo entre los interlocutores sociales implicados. 
Esto, por otra parte, está muy en la línea del informe de Fiorella Ghilardotti. 
Ahora ha habido gente que ha ejercido presión sobre nosotros, porque créanme, ha habido bastantes grupos de presión en activo. 
Ha habido gente ejerciendo presión sobre nosotros con el mensaje de que eso no podía ser, puesto que ellos carecen de un diálogo social. 
Nosotros consideramos la disposición de que un acuerdo solamente se puede aceptar cuando se haga basándose en un diálogo social también como una especie de «incentive» para esas personas en esos determinados Estados miembros para que inicien de nuevo el diálogo social. 
Por último, creo que después de este debate debemos seguir negociando, entre otros entre los socialistas y los demócratacristianos, porque hay unas enmiendas que, en mi opinión, son muy arriesgadas en ese margen oscuro entre taxistas autónomos y los de cuenta ajena por ejemplo. 
Tengo mucho miedo de que no haya paralelismo entre las condiciones de los empresarios y los empleados, por lo que se presiona a los empleados hacia una independencia ficticia. 
Quiero discutirlo con más detalle, porque me parece que algunas enmiendas del PPE abren esa peligrosa vía. 
Señor Presidente, en primer lugar, yo quiero expresar mi agradecimiento a los dos ponentes. 
Ambos han realizado un buen trabajo en relación con esta materia difícil. 
¡Reciban, pues, mi más sincero agradecimiento, colega Chanterie y colega McMahon! 
Yo no puedo dejar de subscribir las palabras del colega van Velzen. No es posible excluir determinados ámbitos de esta normativa sólo porque plantean dificultades. 
En efecto, lo que importa es, en primer lugar, la salud de los trabajadores. Cuando pienso en estos puestos de trabajo que plantean dificultades en el caso de los trabajadores móviles del transporte y de los transportistas autónomos, yo no alcanzo a ver ninguna diferencia entre los trabajadores contratados y los trabajadores por cuenta propia en lo que respecta a los riesgos para la salud. 
A mi modo de ver, se debe prever una protección para ambos. 
Lo mismo vale, obviamente, también para los marineros a bordo de los buques, para las actividades off-shore y, en particular, también para los médicos, que desde luego no ocupan un puesto de trabajo sencillo. 
Este es el primer aspecto, la salud de los trabajadores. 
El otro es, obviamente, la seguridad y ésta, por desgracia, afecta también a los que no trabajan en dichos sectores. 
En efecto, si mi coche es arrollado por un conductor de camión fatigado, aunque yo conduzca como es debido, la experiencia no será, desde luego, precisamente agradable para mí. 
Si un petrolero cargado- ya hemos vivido esta experiencia-embarranca porque el capitán se había dormido, todo el medio ambiente se ve amenazado. 
Por lo tanto, es posible ampliar sin duda alguna este aspecto de la «seguridad». 
Ya sólo por este motivo, yo creo que es sumamente importante. 
Señor van Velzen, yo creo que en realidad todavía deberíamos hacer un intento de alcanzar compromisos en relación con las enmiendas, entre los dos grandes Grupos políticos y quizá también con todos aquellos otros que estén dispuestos a colaborar. 
Precisamente en el caso de estos dos informes, me parece muy importante que lo hagamos. 
También espero que todavía sea posible conseguir una regulación razonable en el ámbito del descanso dominical, que también pueda hacer suya la Comisión, sin que el Tribunal de Justicia Europeo vuelva a plantearnos problemas. 
Presidente, se trata aquí de sectores que han estado mucho tiempo excluidos y cuyos gremios de profesionales nos han pedido muchas veces en los últimos años a nosotros, como miembros del Parlamento Europeo, que encontráramos una solución para su situación. 
Pienso por ejemplo en el personal aéreo, el personal marítimo y también en los médicos como ha mencionado el Sr. Chanterie. 
Mi grupo parlamentario dará su apoyo a la gran mayoría de las propuestas y también a algunas enmiendas. 
Para nosotros el hilo conductor será: por una parte la seguridad y la protección del personal respectivo, pero por otra parte también la seguridad que está en juego en la sociedad. 
Algunos oradores ya lo han mencionado. 
A partir de ese contexto he defendido también en mi grupo parlamentario que difícilmente se puede diferenciar entre los denominados «self employed» , la gente que trabaja para sí misma, y los otros. 
Porque no puede ser que un asalariado sea considerado menos peligroso que un autónomo cuando está agotado. 
En casi todos los sectores que son objeto de este debate, se trata el aspecto dual de este tema. 
No solamente la seguridad del personal respectivo, si no se podría decir de un empresario: bueno, que él contemple su propia seguridad, sino que se trata también de la seguridad del resto de la sociedad porque siempre estarán en juego unos sectores que pueden ocasionar daños al resto de la sociedad. 
Por lo tanto, esto es para nosotros motivo para que en este marco se aplique la misma regulación a ambas categorías de trabajadores y para apoyar ese apartado. 
Quiero hacer una breve observación sobre los médicos en el Reino Unido. 
Me parece realmente insólito que el Reino Unido siga resistiéndose aún en esta cuestión y, dado que tenemos aquí tantos socialistas del Reino Unido, me gustaría preguntar, ahora que el gobierno de allí ha cambiado de color, si no pueden cambiar entonces su punto de vista. 
Señor Presidente, comenzaré por señalar la importancia de la cuestión del tiempo de trabajo para los sectores excluidos, y más en concreto para los transportes por carretera. 
Se trata en este caso de una cuestión de justicia social, pero también de seguridad en la carretera. 
Tras el dramático accidente del túnel del Mont Blanc, que ha puesto de luto a Francia y a Italia, es más necesario que nunca desarrollar unos transportes duraderos, que ofrezcan las mayores garantías para la seguridad y que sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente; entre ellos están el ferrocarril, el transporte fluvial y el marítimo. 
Todo el mundo está de acuerdo aquí en esa necesidad. 
Falta aún traducirlo en hechos, principalmente con disposiciones orientadas a mejorar la seguridad por carretera, muy especialmente combatiendo el verdadero «dumping» social practicado por los transportes por carretera, con unas duraciones y unas condiciones de trabajo indignas de estos tiempos. 
Eso debería ser objeto esencial de los informes que se nos presentan hoy. 
La integración de los profesionales independientes y una mejor definición del tiempo de trabajo van en este sentido, al igual que la afirmación del Sr. Chanterie, de la importancia de respetar el descanso dominical. 
Pero eso no va en beneficio de lo necesario. 
Aceptar 48 horas de trabajo semanal en un momento en que se habla de las 35 horas en muchos países, es ya una excepción importante. 
No se debe ir más allá. 
Abrir la posibilidad de un horario de trabajo de 60 horas, con tal de que se respete la media de 48 horas, en un período de referencia de 4 meses, constituye un cheque en blanco a todas las derivas. 
Debo recordar que los accidentes aumentan después de 55 horas de trabajo. 
Con respecto al trabajo nocturno, el período de referencia de dos meses es también demasiado largo. 
Para permitir un control efectivo, el período de referencia no debería superar un mes para el trabajo diurno, y una semana para el nocturno. 
Eso es lo que solicitan con insistencia las organizaciones sindicales. 
Las enmiendas que he presentado van en este sentido y piden también una pausa después de 4 horas y media de trabajo. 
¿No recomienda la seguridad en carretera a los automovilistas una parada cada dos horas? 
Finalmente, voy a abordar una cuestión que no es lingüística. 
Se trata de la traducción francesa de la expresión stand by, traducido en el documento por «periodo de espera» , que propongo sustituir por «periodo de larga interrupción» , que se corresponde más con el espíritu de la propuesta. 
Como conclusión, tratamos en ese caso de un expediente de una significación especial. 
Fijémonos el objetivo de una Europa social que mejore realmente la situación de los trabajadores afectados. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a los dos ponentes por su trabajo y también a los ponentes de opinión de las distintas comisiones por su colaboración en un ámbito especialmente difícil de legislar. 
Aunque acojo con satisfacción el compromiso general para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, así como la cohesión entre los Estados miembros respecto a la existencia de una protección mínima, temo por algunos sectores. 
En particular, cuando hablamos de la imposición de este tipo de restricciones sobre los trabajadores autónomos, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado excesivamente paternalista en el que intentemos controlarlo todo y regular lo que hace cada uno. 
Debe darse libertad a los autónomos para que dirijan sus propios negocios que no deben estar sujetos a las mismas limitaciones que los demás. 
No obstante, sea como fuere, el asunto del transporte en particular tiene fuertes repercusiones sobre el público en general. 
Debido a los peligros que están presentes como consecuencia de la falta de controles adecuados y de períodos de descanso de las personas que trabajan en el sector del transporte, es fundamental que dispongamos de una directiva común para toda la Unión Europea. 
La única crítica que tengo a dicha sección de los informes es que no creo que exista suficiente flexibilidad que garantice que se tiene debidamente en cuenta el denominado tiempo de disponibilidad en el trabajo o tiempo de espera. 
Tras haber leído el informe y las enmiendas, sigo sin estar plenamente convencido de que la distinción sea lo suficientemente clara entre las obligaciones de disponibilidad en el trabajo y el tiempo de espera. 
En segundo lugar, en lo relativo a la cuestión de los médicos jóvenes en formación, cabe lamentar que cuando la Comisión presentó la directiva original sobre el tiempo de trabajo se excluyera a este sector. 
Los médicos jóvenes tienen un papel fundamental en el cuidado de los pacientes. 
Se dan casos en que los médicos en formación trabajan 120 horas semanales. 
Algunos tienen turnos ininterrumpidos de 36 y 37 horas sin descanso y sin poder dormir. 
Es imposible que un ser humano rinda debidamente en semejantes circunstancias y, lo que es más importante, es más difícil para un médico realizar dictámenes clínicos debidamente en lo que se refiere al tratamiento de los pacientes trabajando en dichas condiciones. 
Por ello acojo con satisfacción las propuestas presentadas por el Sr. Chanterie que intentan introducir algún tipo de normativa y de flexibilidad en ese sector. 
Por último, quisiera rendir homenaje al Comisario. 
Puede que ésta sea la última oportunidad de hacerlo en esta Asamblea. 
Cuando inició este trabajo hace muchos años, presentó muchas propuestas legislativas y muchas personas en este Parlamento dijeron que eran castillos en el aire y que nunca se harían realidad. 
Espero que este Parlamento, los medios de comunicación y el público reconozcan su increíble trayectoria, no sólo en lo que se refiere a completar su programa legislativo, sino además por haber conseguido el apoyo del Parlamento cuando se creía que era algo imposible. 
Señor Presidente, yo creo que deberíamos empezar por el concepto de la flexibilidad. 
Es cierto que en una situación difícil se requieren unas condiciones diferenciadas y adaptables. 
Sin embargo, al mismo tiempo es preciso establecer unos criterios mínimos claros que garanticen que no se ponga en peligro la calidad del trabajo, la seguridad de terceros ni tampoco la seguridad de los propios trabajadores. 
En este aspecto, yo creo que no es admisible ninguna flexibilidad y tampoco me parece que se pueda eximir así como así a nadie del cumplimiento de estas obligaciones mínimas, en las que está en juego la seguridad de otras personas y la propia, cualquiera que sea la relación laboral, en calidad de concesionario, de empresario autónomo o la que sea. 
Dicho esto, debo añadir que yo también acojo con satisfacción el compromiso alcanzado, ya que representa un primer paso para volver a incluir en la lógica de una normativa jurídica a estos sectores, cuya exclusión no era legítima ya de entrada en el contexto de un mercado interior y de una expansión precisamente de estas actividades. 
Se trata de sectores difíciles y que, por consiguiente, requieren unas normas diferenciadas. 
En este contexto, es necesario insistir todavía mucho más en el papel de los agentes sociales en su transposición y yo creo que la experiencia demuestra que la transposición de estas normas requiere la participación concreta de todos los que tengan una intervención práctica en su aplicación concreta, o sea, los expertos, y también the two sides of industry, «ambas partes de la industria» , como dicen los británicos. 
Este ha sido el planteamiento y yo creo que en este sentido ambos informes van bien encaminados. 
Finalmente, una última observación sobre el descanso dominical: yo no veo por qué, en nuestro moderno mundo productivo flexible, no ha de ser posible fijar un momento común de descanso. 
Esto es también un elemento importante para la cohesión y la comunicación sociales y tendría que ser posible conseguirlo. 
Señor Presidente, los principales principios subyacentes de la directiva sobre el tiempo de trabajo son importantes y merecen el apoyo de este Parlamento. 
Los objetivos declarados son unas condiciones laborales justas para todos los trabajadores, así como el reconocimiento de que cuestiones como la salud y la seguridad sean contempladas al menos en algunas propuestas de la Comisión y algunas opiniones del ponente. 
No obstante, me gustaría señalar que las medidas ideadas para alcanzar los objetivos deseados deben ser viables y capaces de reconocer el carácter especial de determinados sectores y las singulares condiciones y prácticas laborales que existen en los mismos. 
Represento, por ejemplo, a trabajadores del mar pertenecientes a dos sectores diferentes: la pesca y el petróleo. 
Por un lado, los pescadores «a la parte» , que trabajan por cuenta propia, se sienten contrariados ante la posible imposición de aún más restricciones sobre sus prácticas laborales. 
Aunque, por otro lado, las muchas cartas que he recibido de mis electores sobre este asunto me indican que cientos de trabajadores que trabajan en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte y en el sector del gas acogerían con satisfacción que se les incluyera en la directiva sobre el tiempo de trabajo. 
No obstante, me preocupa que, en la actual situación, su aplicación no tenga repercusiones directas y positivas sobre aquellos a los que va destinada. 
Por ejemplo, me preocupa que muchos trabajadores temporales que trabajan en las plataformas petrolíferas seguirán sin tener derecho a vacaciones pagadas como consecuencia de trabajar en turnos rotatorios. 
Sería una ironía que se impusiera la directiva sobre el tiempo de trabajo a los pescadores, que no la necesitan ni la desean, y que no beneficie a los trabajadores del petróleo que sí la necesitan. 
Debemos asegurarnos de que nuestra política es lo suficientemente flexible para que pueda centrarse en los auténticos problemas. 
Debemos asegurarnos de que nuestras propuestas son viables y aceptables para aquellos que se verán más afectados por las mismas. 
Me consta que los agentes de la Sra. Bonino están estudiando los posibles medios de tener en cuenta las necesidades especiales del sector pesquero. 
Espero realmente que se encuentre una solución satisfactoria con el apoyo, ojalá, del Sr. Flynn. 
Aquí en el Parlamento tenemos la oportunidad de demostrar que respondemos a las necesidades reales de sectores como aquél de los trabajadores del mar, y de demostrar que no somos una burocracia lejana e inflexible. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta presentada por la Comisión se basa en la Directiva de 1993 sobre el tiempo de trabajo y se refiere a los sectores y ámbitos de actividad excluidos de la misma. 
Sabemos por los antecedentes de la adopción de dicha Directiva, que ésta topó con una fuerte oposición en el Consejo. 
La presente modificación se propone incluir en la misma los sectores excluidos de manera injustificada. 
Al igual que a los oradores que me han precedido, también a mí me preocupan, obviamente, la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores y también de las demás personas afectadas. 
Al mismo tiempo es preciso preguntarse si una normativa ampliada y universal de ámbito europeo es compatible con el principio de subsidiariedad. 
Esta semana también vamos a debatir sobre la necesaria modernización de la organización del trabajo. El tiempo de trabajo es un componente importante de la misma. 
Las estadísticas nos muestran cuán distinto es el comportamiento en relación con el tiempo de trabajo en los diferentes países europeos y que éste depende, entre otras cosas, de factores como la tecnología productiva y las peculiaridades culturales. 
Una normativa europea para todos los sectores profesionales y para toda Europa no debe ir en contra de estas tradiciones. 
Finalmente, unas palabras sobre el descanso dominical: en nuestro agitado tiempo actual, éste es especialmente importante, a mi modo de ver, para la familia, la sociedad, el cultivo de las tradiciones y también para la actividad asociativa. 
Señor Presidente, Señorías, desearía felicitar al ponente por el buen y conocedor informe que ha elaborado. 
La regulación del tiempo de trabajo persigue distintos objetivos. 
En los últimos tiempos se ha hablado mucho de las repercusiones que una reducción de la jornada laboral tendría en la situación del empleo. 
El punto de partida de la regulación del tiempo de trabajo ha sido también la promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores, tal como ya ha quedado aquí de manifiesto. 
En numerosos Estados miembros se ha advertido que las mayores repercusiones de las distintas experiencias que se han llevado a cabo para reducir la jornada laboral se han registrado precisamente en el ámbito de la protección en el puesto de trabajo, y todo ello a pesar de que, a menudo, el objetivo que se perseguía con dichas experiencias era la mejora del empleo. 
Aún existe la necesidad de promover las aptitudes físicas y psíquicas de los trabajadores mediante una regulación de la jornada laboral. 
Desde este punto de vista, el planteamiento que ha presentado el Sr. McMahon en su informe sigue siendo esencialmente correcto cuando respalda las directivas de la Comisión. 
Está justificado lograr un mismo nivel de protección de la salud y la seguridad tanto para los transportistas autónomos como para los transportistas contratados, no sólo por ellos mismos, sino también por los conductores que les vienen de frente. Yo mismo me he dormido al volante de un camión en la Laponia finlandesa. 
Cabe recordar que Finlandia tiene una superficie similar a la de Alemania y es el país con menor densidad de población de toda la Unión. Una carretera larga, un chófer cansado y la conducción nocturna fueron los elementos de esta combinación que a punto estuvo de resultarme fatal. 
Las condiciones son distintas en cada uno de los Estados miembros de la Unión, y en esta cuestión debemos tener también en cuenta el problema que plantea el trabajo nocturno en un país como Finlandia, en un país de gran superficie donde el buen funcionamiento de los sistemas de suministro depende de los transportes de remolques largos. 
Desearía exponer mis reservas a este punto, a pesar de lo cual respaldo el presente informe. 
Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los ponentes McMahon y Chanterie por el enorme trabajo que han hecho para esta directiva. 
La directiva del tiempo de trabajo es una de las más complicadas, pero también una de las más importantes en el ámbito de la seguridad y la salud. 
No hay ningún factor que conduzca más al estress y a los malos rendimientos como precisamente un tiempo de trabajo demasiado prolongado. 
Por eso, fue una gran victoria que se estableciera en 1993 la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. 
El gobierno británico no consiguió nada entonces con su posición de que el tiempo de trabajo no tenía nada que ver con la seguridad y la salud. 
Esta posición fue rechazada tanto por el Tribunal como por el Consejo. 
Sí fue curioso que hubiera tantos sectores que se excluían de la directiva de 1993. 
Esto lo aceptamos como Parlamento, pero exigimos a cambio que entraran en vigor unas regulaciones equivalentes en los sectores excluidos. 
En algunos sectores los interlocutores sociales han llegado a un acuerdo, acuerdos que podemos aceptar y plasmar en una legislación. 
En algunos otros sectores la Comisión ha tenido que deshacer el nudo gordiano, por ejemplo en relación con los médicos en formación. 
En este sector habían surgido problemas para los que se han encontrado unas buenas soluciones en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Siguen existiendo dos problemas. 
Uno de ellos con respecto al off-shore. 
El otro es el trabajo en domingo del que se habla en la anterior directiva. 
El Tribunal ha declarado la frase sobre el descanso dominical en su redacción actual como no aplicable. 
La frase rezaba: «El tiempo de descanso al que se aludía en el primer párrafo, se trata en principio del domingo». 
Esta frase se refiere al principio de que el trabajo en domingo se tiene que poder limitar. 
Este es un valor muy importante en nuestra sociedad carente muchas veces de normas. 
La Comisión hace caso omiso de esto. 
Quiere eliminar la frase sin más, aunque la sentencia del Tribunal en si no da motivo para ello. 
La Comisión haría bien en reflexionarlo de nuevo. 
Se trata aquí de una cuestión de principios muy importante que se tiene que resolver con el trasfondo del Tratado de Amsterdam. 
No queremos destrozar el artículo sino restaurarlo. 
Por eso no estamos de acuerdo con el apartado b) del artículo 1 de la propuesta de la Comisión Europea y pediremos una votación separada para eso. 
Señor Presidente, esta directiva se ocupa del ambiente laboral, cosa que es importante. 
Este tipo de directiva debe fundamentarse en acuerdos entre las partes del mercado de trabajo sobre lo que es un ambiente laboral adecuado para los trabajadores y para la empresa. 
Para que se puedan aplicar correctamente estas directivas, es necesario que tengan un fuerte afianzamiento en las partes del mercado de trabajo. 
En mi país, Suecia, para que este tipo de reglas sirvan para algo, nos preocupamos especialmente de que exista un fuerte afianzamiento de esta naturaleza. 
Nos referimos, por tanto, a cosas importantes, esto es, a la protección de la salud y la seguridad de los individuos que trabajan en la empresa. 
Pero también estamos hablando de protección para los sectores circundantes; es importante que los transportes no sean peligrosos para los que están cerca ni para el medio ambiente. 
Por eso es importante esta directiva. 
Ahora se está ampliando para que comprenda a un mayor número de personas, entre 5 y 6 millones de ciudadanos, lo que hace aún más importante que las reglas sean prácticas y buenas. 
Quisiera mencionar y subrayar especialmente dos comentarios. 
Uno de ellos se refiere a las reglas mínimas. 
Cada país miembro debe tener derecho a servirse de reglas más rigurosas, tanto para el medio ambiente como para la seguridad; es importante. 
El otro, es que no se debe ir demasiado lejos con los detalles; hay que ser cauteloso. 
Se debe dar espacio, en cambio, para que los representantes interpreten por sí mismos los detalles de las normas y así no nos atasquemos en nimiedades. 
Con esos dos pequeños comentarios quiero, en general, dar mi apoyo a esta propuesta. 
Creo que será un paso hacia una Europa más segura y más sana. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. McMahon por la presentación de un excelente informe. 
Limitaré mis observaciones a los sectores de la pesca y marítimo. 
El sector pesquero, en mi país y en Europa en general, no se parece a ninguna otra actividad comercial y económica. 
Es un sector peculiar que tiene sus características y necesidades propias, y a la hora de trasponer la legislación europea a nivel nacional, ésta debe ajustarse a las características singulares del país en cuestión. 
He representado los intereses del sector pesquero en Irlanda a nivel local y nacional durante muchos años, y a nivel europeo durante los últimos cinco años. 
A pesar de que apoyo el impulso global que supone la directiva sobre el tiempo de trabajo para muchos sectores de la vida económica y social, creo que hace falta una legislación más específica que garantice la excepción del sector pesquero de las exigencias de la presente directiva sobre el tiempo de trabajo. 
Estoy completamente de acuerdo con el ponente cuando se refiere a la necesidad de dar una definición adecuada de la excepción específica para los pescadores «a la parte». 
Estoy de acuerdo con esta propuesta, pero la Unión Europea debe conocer en todo momento el carácter especial del sector y de los pueblos de pescadores que existen a lo largo y ancho de la Unión. 
Las propuestas sobre el sector marítimo incluyen asimismo la recomendación de la Comisión Europea sobre la ratificación del Convenio de la OIT sobre las horas de trabajo de la gente de mar y de la tripulación de los buques. 
El acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales refleja en buena medida el contenido del convenio respecto al mínimo de horas de descanso, así como a la introducción de nuevas directivas sobre evaluaciones de la salud y vacaciones anuales. 
Respecto a la verificación de las horas de trabajo, la Comisión Europea adjunta un formato tipo relativo a las horas de trabajo y de descanso de los marinos, y sugiere que los Estados miembros armonicen su legislación de esta manera. 
Cualquier modificación que se introduzca en este sentido sólo será posible con la conformidad del sector pesquero de Irlanda y de Europa. 
Para terminar, deseo felicitar al Comisario Flynn por su perseverancia para conseguir que se apruebe la directiva original, a pesar de los numerosos obstáculos que han puesto los Estados miembros. 
Me gustaría pedirle ahora que comience a considerar la opinión del Parlamento, la opinión de la Comisión de Pesca, en relación con las singulares circunstancias del sector pesquero. 
Señor Presidente, la directiva 93/104 que fija las normas generales relativas al tiempo de trabajo excluyó a varios sectores entre los cuales se encontraba el de los transportes, en el que los derechos de los asalariados se ven con frecuencia mermados. 
Ha sido bajo la presión del Parlamento y para paliar esta carencia como la Comisión ha adoptado un Libro Blanco sobre los sectores y las actividades excluidos. 
En la opinión sobre ese documento, la Comisión de Transportes se ha pronunciado por la inclusión, en la directiva, de aquellos trabajadores no móviles así como otros elementos como las vacaciones anuales y los periodos de descanso en lo que respecta a los trabajadores móviles. 
El período de referencia para estos trabajadores es naturalmente el año entero y pienso que es realmente en este marco donde necesitamos razonar ya que en el fondo, se trata de un sector totalmente específico, que comporta riesgos serios tanto en el ámbito de las condiciones de trabajo como en materia de salud y de seguridad. 
Por ello, mencionar la anualización del tiempo de trabajo no tiene nada de chocante, a mi juicio, a condición de tener una visión más concreta de la realidad de esta profesión y quizá de combatir mejor sus defectos. 
La reducción de la duración del trabajo podría abordarse a partir del tiempo de trabajo semanal medio, por año, prohibiendo cualquier superación de las 48 horas semanales. 
Sin embargo, señor Presidente, si razono más globalmente, es decir, si tomo en consideración a los trabajadores en función de la movilidad, la cuestión fundamental es la siguiente: ¿la directiva europea ha cambiado la vida y la organización del trabajo de los asalariados europeos? 
La respuesta hoy, es evidentemente no. 
Una vez más, se trata de un marco bastante vago, pero que no define límites suficientemente estrictos. 
En consecuencia, la Europa social se traduce en la elaboración de un marco mínimo y si la armonización favorece, sin duda, un número limitado de ciudadanos europeos, se expresa por el contrario mediante un retroceso para la mayoría. 
Mientras encerremos a la Europa social en este esquema, nunca llegará a ser suficientemente visible para la opinión, al mismo nivel que la Europa monetaria hoy. 
Señor Presidente, al igual que mi colega Sainjon, considero al mismo tiempo que esta directiva llega bastante tarde y que su contenido no está a la altura de las expectativas de los asalariados del sector. 
Muy tarde, porque hace ya más de un año que se desreguló completamente el mercado de los transportes por carretera en la Comunidad y que el «dumping» social, que ya estaba muy presente en el sector, no hace más que aumentar y mejorar. 
Muy insuficiente, porque esta directiva no aporta ningún progreso global significativo, ni para la seguridad de nuestros conciudadanos ni para las condiciones de trabajo de los asalariados o trabajadores independientes de este sector. 
Efectivamente, la regla de las 48 horas que se ha propuesto como duración semanal máxima está muy por encima de lo previsto en el reglamento 3820/85 que fija la organización del transporte por carretera. 
En este reglamento, si se quisiera ser coherente, habría que considerar que la duración máxima es de 46 horas. 
Ahora bien, se ve que esas 46 horas están ya muy lejos del objetivo de las 35 horas y de una reducción masiva del tiempo de trabajo, que parece uno de los grandes progresos de este siglo que hay que preparar y concretar y, en todo caso, abre brechas en cuanto a la seguridad de nuestros conciudadanos. 
Peor aún, la directiva prevé excepciones y- perdonen- la excepción es la duración semanal máxima de 60 horas. 
Imaginamos lo que eso tendrá como consecuencia para la seguridad de nuestros conciudadanos y para las condiciones de vida de los profesionales de la carretera. 
Esta excepción no es aceptable. 
Sin embargo, en una preocupación por la mejora de la directiva, si bien condenamos el principio de esta excepción, les pido que sigan las propuestas de la Sra. Moreau, que considera que es necesario, en primer lugar, que este tiempo sea inferior a 60 horas- les recuerdo que en ese caso también el tiempo de conducción autorizado es de 56 horas- pero sobre todo que el cálculo se efectúe sobre una duración limitada de 28 días que corresponde al tiempo que se puede controlar y que, por otra parte, parece más razonable que sobre un plazo de cuatro meses en que todos los abusos serán fáciles. 
En resumen y para concluir, esta directiva es insuficiente, a pesar de algunos pasos tímidos que debo saludar, como la similitud entre los trabajadores independientes y los asalariados y a pesar de un inicio de regulación, pero este principio está claramente por debajo de las esperanzas de este Parlamento y de los asalariados del sector. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no siempre se ha considerado lógico que el Parlamento y la Comisión contemplen las normas relativas al tiempo de trabajo como parte de la protección de la seguridad y la salud para todos los sectores. 
Yo creo que los dos informes que hoy se debaten lo ponen al menos de manifiesto. 
También yo quiero felicitar, por consiguiente, a la Comisión y a ambos ponentes por su trabajo y expresar a la vez el deseo de que el mismo convencimiento se imponga en el Consejo. 
Hablo en nombre de los miembros del PPE que forman parte de la Comisión de Transportes cuando afirmo que es bueno que el transporte por carretera, con más de cinco millones de trabajadores, ya no esté excluido y que esto me parece, por el contrario, lo más lógico. 
Especialmente en el transporte por carretera existe una relación directa entre el tiempo de trabajo y la frecuencia de los accidentes. 
Yo quisiera resaltar una vez más cuán importante es una rápida aplicación, pero también el control del cumplimiento de todas las medidas en todos los Estados miembros. 
A pesar de que la competencia es muy intensa en el sector económico del transporte, ésta no debe redundar en detrimento de la salud ni tampoco de la seguridad de los ciudadanos. 
Ambas directivas se debaten y se adoptarán conjuntamente. Esto demuestra una voluntad de coherencia. 
A mi parecer es importante, tal como resaltan también los ponentes, que las directivas establezcan unas exigencias mínimas y, por consiguiente, no se puedan interpretar como una justificación para reducir los criterios de seguridad en determinados países en los que éstos son tal vez más rigurosos. 
Si bien es evidente que las directivas también regulan en gran medida el problema del tiempo de trabajo, permítanme que señale, no obstante, un problema particular, a saber, el del transporte de cercanías. 
Éste incluye el traslado de personas por carretera y también en ferrocarril. 
A mi modo de ver, en un ámbito en el que en muchos países ya existe una normativa correcta, se debería mantener la excepción del artículo 7 de la Directiva 98/319 o incluir sencillamente dicho sector en la Directiva 93/104. 
Yo creo que esto respondería a los intereses de la Comisión y también a los intereses de los trabajadores y empleadores de este sector. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes y, en particular, al Sr. McMahon, a quien van dirigidas en particular mis observaciones. 
Acojo con satisfacción el intento de proporcionar una mayor regulación y lamento que no se haya podido alcanzar un acuerdo con los interlocutores sociales sobre el transporte por carretera. 
No obstante, creo que existe un problema con las propuestas de la Comisión a las que el ponente no presta la debida atención. 
Me refiero a que a los conductores de autocares y autobuses se les está situando en la misma categoría que a los transportistas por carretera, a pesar de que desempeñan tareas muy diferentes y necesitan horarios de trabajo muy diferentes. 
Esto origina problemas en dos ámbitos. 
El primero es la seguridad. 
Estas propuestas están encaminadas a garantizar un alto nivel de protección social para los trabajadores, así como un alto nivel de seguridad para los pasajeros. 
Nadie discutiría esto. 
Pero las estadísticas de la Comisión podrían inducir a error. 
Nos dicen que en el 18 % de los accidentes mortales se ven involucrados camiones o autocares, y sin embargo, los autobuses y los autocares constituyen uno de los medios de transporte por carretera más seguros. 
De hecho, en el Reino Unido, los autobuses o autocares sólo se ven involucrados en el 2, 2 % de los accidentes mortales de carretera. 
Creo que el coste adicional que estas propuestas entrañarán para las pequeñas empresas- en particular, para las pequeñas compañías de autocares -, originarán una reducción de la inversión en vehículos más nuevos y seguros, que afectará al sector y puede repercutir en la seguridad de los pasajeros. 
Mi segunda observación es relativa al servicio. 
Estoy seguro de que el Sr. McMahon, al igual que yo, lamenta la destrucción de los ferrocarriles del Reino Unido por parte de los gobiernos Conservadores y el modo en que ha crecido el transporte por carretera como consecuencia de ello. 
Pero lo cierto es que en la zonas rurales, como la que yo represento, los servicios de autobuses son cada vez más escasos. 
Las personas confían en los autobuses y los autocares, y los costes adicionales y la falta de flexibilidad en la utilización del personal disponible que traerán consigo estas propuestas repercutirán en la forma de recortes de los servicios. 
Para terminar, propongo que deberíamos intentar clasificar el transporte de pasajeros por carretera junto con el transporte por ferrocarril para los objetivos de dicha normativa. 
Ello permitiría mejorar los servicios sin ninguna repercusión sobre la seguridad de los pasajeros. 
Señor Presidente, hoy, la Sra. Green, líder del Grupo Socialista, ha dicho que el empleo es una de sus prioridades; ¿lo es realmente? 
Si eso es cierto, esperamos que los Socialistas voten en contra de estos dos informes, porque estas propuestas destruirían puestos de trabajo. 
Mi Grupo ha presentado algunas enmiendas de gran utilidad a las mismas, pero tras haber sido modificadas por nuestros ponentes, éstas reflejan el antiguo Laborismo, la ingeniería eurosocial en su peor faceta: inflexible, autoritario y poco realista. 
Todo el mundo sabe que los sectores excluidos originalmente de la directiva sobre el tiempo de trabajo se dejaron fuera debido a la dificultad que suponía incluir a los trabajadores de dichos sectores. 
A pesar de ello, la Comisión ha presentado las propuestas. 
En mi opinión, la contribución del Parlamento podría haber sido un intento de encontrar el modo de combinar la protección de los trabajadores con una flexibilidad que permita a Europa conservar su competitividad. 
La contribución de nuestros dos ponentes ha empeorado las cosas. 
El Sr. Chanterie confirma que desea incluir a los pescadores «a la parte» en la directiva sobre el tiempo de trabajo, recortando su semana laboral, su capacidad de trabajar como deseen y, a fin de cuentas, mermando su oportunidad de ganarse la vida. 
¿Qué clase de mensaje es ése para los pescadores del sudoeste de Inglaterra a los que actualmente les resulta muy difícil salir adelante? 
El Sr. McMahon golpea a los taxistas de Europa al insistir en su enmienda en que la semana de 48 horas a la que están obligados a trabajar debe incluir el tiempo de disponibilidad en el trabajo, es decir, el tiempo que no están ganando nada. 
También insiste en que todos los conductores autónomos deben tener un tacógrafo. 
El Sr. McMahon y el Sr. Chanterie deberían escuchar a una taxista- la Sra. Wendy Smith- que me ha escrito desde Sidmouth en Devon y dice lo siguiente: esta directiva destruiría por completo el servicio privado y me temo que nadie trabajará en semejantes condiciones; hay muchas cosas a tener en cuenta antes de destruir el servicio de taxi, pero quizá lo único que les interese sea la dictadura. 
Debe ser muy embarazoso para el Gobierno Laborista británico leer el Informe McMahon. 
Hemos preguntado en vano qué piensa el Gobierno británico al respecto. 
Aquí, al menos, se enfrentan a las consecuencias de que el Sr. Blair haya suscrito la política social europea, y diga lo que diga, estas leyes se aprobarán por mayoría cualificada. 
¡Deponga su actitud, señor Blair! 
Insto a los colegas a que voten en contra de estos perjudiciales informes. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a los dos ponentes por sus dos excelentes informes. 
La Comisión y el Parlamento trabajan juntos desde hace ya más de seis años para garantizar que los trabajadores excluidos actualmente de la directiva relativa al ordenamiento del tiempo de trabajo tengan la protección adecuada. 
Comenzaré con el informe del Sr. Chanterie. 
El ponente y la Comisión están completamente de acuerdo sobre los objetivos a alcanzar. 
No obstante, los ponentes y otros diputados han presentado un número considerable de enmiendas. 
La Comisión puede aceptar la mayoría de ellas. 
Se trata de las enmiendas 1 hasta 8, 10, 11, 13 y 16. 
Acojo con especial satisfacción la enmienda 11, que aporta una definición útil de pescadores «a la parte». 
Asimismo acojo con satisfacción el apoyo del ponente a la propuesta de la Comisión relativa a las vacaciones anuales en lo que respecta a los pescadores «a la parte». 
Me identifico con los argumentos que defienden la mayoría de las demás enmiendas, pero ninguna de ellas representa una oposición fundamental al enfoque de la Comisión, sino más bien una diferencia de énfasis de algún modo. 
Estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, en que ningún sector o actividad debe quedar excluido de la legislación comunitaria sobre el tiempo de trabajo. 
La única diferencia entre la Comisión y el ponente en lo relativo a la gente de mar es el modo en que debemos realizarlo. 
La Comisión, por deseo expreso de los interlocutores sociales del sector marítimo, proponía que a los trabajadores interesados sólo se aplicara la directiva por la que se ejecuta el acuerdo entre los interlocutores sociales, pero dichos trabajadores son los únicos que están excluidos de la directiva general. 
No podemos dejar lagunas en este sentido. 
En el caso del descanso dominical, la situación es bastante diferente. 
La disposición en la directiva sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo de que el período de descanso semanal incluya, en principio, el descanso dominical, fue suprimida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
La propuesta de la Comisión sólo reconoce eso, no intenta alterarla. 
Sé que al ponente le gustaría volver a incluir dicha disposición, y entiendo sus razones para ello. 
No obstante, cualesquiera que sean las ventajas del caso, sugiero que no es el momento de hacerlo. 
La única finalidad de esta propuesta es proteger a los trabajadores de sectores y actividades que actualmente están excluidos, y hemos tardado más de cinco años en llegar hasta aquí. 
No quiero iniciar un debate sobre otros asuntos, porque perderíamos de vista nuestro principal objetivo. 
Por tanto, no puedo aceptar esta parte de la enmienda 9. 
El ámbito más controvertido es la cuestión de los médicos en formación. 
En este sentido, la Comisión proponía un período transitorio de siete años para la aplicación del promedio máximo de 48 horas, bajo ciertas condiciones. 
En el Consejo, varios Estados miembros buscan límites más largos a causa del tiempo necesario para proporcionar una formación universitaria básica a un número suficiente de futuros médicos. 
A pesar de que me gustaría mucho apoyar la enmienda 15 del Parlamento sobre este punto, creo que la propuesta de la Comisión es más realista. 
A pesar de que la salud de los médicos y de los pacientes es lo más importante, debemos tener en cuenta el efecto de un cambio radical en la prestación de servicios sanitarios. 
Otro de los temas de este informe es relativo al límite anual del tiempo de trabajo. 
Una vez más, puedo entender la enmienda presentada, pero nuestra propuesta intenta establecer unas disposiciones mínimas que puedan aplicarse globalmente. 
En determinadas circunstancias, en particular en los sectores de la pesca marítima y del transporte, el período de referencia anual está justificado, y las enmiendas 17 y 20 son demasiado restrictivas, mientras que la enmienda 18 no añade realmente ningún valor a la propuesta. 
Por último, la enmienda 19, encaminada a hacer extensiva la definición de los trabajadores móviles a los trabajadores del ferrocarril, no es aceptable. 
Paso a continuación al Sr. McMahon, nuestro otro ponente. 
Quisiera referirme, en primer lugar, a las propuestas marítimas. 
Me complace que el ponente acepte las propuestas de la Comisión, a condición de que ambas directivas se apliquen simultáneamente a la ratificación del Convenio 180 de la OIT y el Protocolo del Convenio 147. 
Esto es totalmente coherente con el enfoque de la Comisión. 
Sobre el transporte por carretera, acojo con satisfacción el amplio apoyo que encontramos en el informe a la iniciativa sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo en este sector y, en particular, a la inclusión de los trabajadores autónomos. 
Es evidente que lo que está en juego no es únicamente la salud y la seguridad de los trabajadores del transporte por carretera, sino que se trata además de una cuestión de salud pública, como decía el Sr. Crowley. 
Además, es evidente la necesidad de combatir las distorsiones de la competitividad en un sector altamente competitivo, aspecto al que se ha referido el Sr. McMahon. 
Es para mí una gran satisfacción comunicar que la Comisión puede aceptar dichas enmiendas que aportan claridad al texto. 
Son las enmiendas 4 hasta 7, 11, 14 y 15, la primera mitad de las enmiendas 1 y 16 y la segunda mitad de la enmienda 8. 
La Comisión acepta, en principio, la necesidad de que se incluya una definición del conductor autónomo, como se propone en la enmienda 10, pero tiene intención de que su definición abarque un ámbito más amplio. 
Al objeto de mantener la integridad de nuestra propuesta, debemos rechazar la enmienda 25, encaminada a excluir el transporte urbano de pasajeros del alcance de la directiva. 
En lo que respecta a las excepciones, estamos dispuestos a aceptar parte de la enmienda de compromiso 12, que hace relación al apartado 2 del artículo 7 de nuestra propuesta. 
Hemos encontrado una falta de apoyo general a la excepción propuesta actualmente de un período de referencia de hasta 12 meses, no sólo en el Consejo, sino también en el propio sector. 
Por tanto, estamos dispuestos a suprimir dicha excepción. 
Existen elementos que la Comisión no puede aceptar. 
El Parlamento conoce la postura de la Comisión respecto a que la excepción es, generalmente, para preservar un equilibrio entre la flexibilidad en la organización del trabajo y un nivel mínimo de protección social. 
Fue esta misma cuestión sobre la que se basaron las negociaciones iniciales. 
Aunque aprecio el énfasis que pone el Parlamento en los acuerdos o excepciones mediante convenios colectivos en la enmienda 12, la Comisión considera, sin embargo, que los Estados miembros deben tener la oportunidad de proporcionar normativas claras a través de la legislación nacional, al igual que en la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
Por consiguiente, esta enmienda no es aceptable. 
Asimismo, la Comisión sigue estando convencida de que, para facilitar la organización del trabajo en el sector del transporte urbano en general debe mantenerse la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 7, por lo que no podemos estar de acuerdo con la enmienda 13. 
El mismo argumento nos obliga a rechazar las enmiendas 22, 24 y 27 hasta 30. 
Hay otras enmiendas que la Comisión no puede aceptar, porque quedan fuera del ámbito de la propuesta, así la enmienda 19 y la regulación de contratos entre las agencias de transporte son competencia del Derecho contractual. 
En cuanto a la enmienda 18, sobre el establecimiento de un régimen de sanciones común, es difícil que los Estados miembros, que actúan a nivel individual, puedan establecer un régimen común, al tiempo que una prescripción minuciosa por parte de la Comunidad en este ámbito tan delicado sería inadecuada. 
De forma similar, debemos rechazar la segunda mitad de la enmienda 16 por ser demasiado restrictiva. 
Hay otras enmiendas que no esclarecerían el texto. 
La enmienda 17 añade una cláusula de no regresión que ya está contemplada en el apartado 3 del artículo 11, y el texto de la Comisión refleja lo que se expone en la directiva sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo. 
Las enmiendas 21 y 23 podrían dar lugar a cierta confusión. 
Puesto que el ponente ha aceptado la posición de la Comisión sobre la fijación de la disposición sobre el promedio máximo semanal, en el artículo 3, debería suprimirse también la parte de nuestra enmienda 1, que propone modificar el considerando 16. 
Las enmiendas 2 y 20 incluyen una aclaración sobre los trabajadores móviles en servicios de urgencia, y habida cuenta de que la función principal de estos trabajadores no es el transporte por carretera, la Comisión considera que entran en la directiva general sobre la ordenación del tiempo de trabajo y, por tanto, no podemos aceptar dichas enmiendas. 
La enmienda 3 y la primera parte de la enmienda 8 incluyen la disponibilidad en el trabajo en la definición del tiempo de trabajo en el caso de los trabajadores autónomos. 
La Comisión considera que la disponibilidad en el trabajo, según se define en la propuesta, es puramente un aspecto del cometido del empleado. 
Por último, en lo relativo a la enmienda 9 sobre el trabajo nocturno, en reconocimiento de la diversidad geográfica y de los acuerdos legislativos de los Estados miembros, la Comisión considera que deben ser los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, los que determinen qué proporción del tiempo de trabajo anual da derecho a que un trabajador sea catalogado como trabajador nocturno, en vez de aplicar una norma rígida de 48 días. 
Esto quiere decir que la enmienda estaría reñida con la directiva sobre el ordenamiento del tiempo de trabajo. 
Espero haber aclarado la posición de la Comisión sobre esta difícil propuesta. 
Agradezco al Parlamento el amplio apoyo que ha dado a las propuestas de la Comisión y que las haya tratado con tanta celeridad. 
Sé que mi colega el Sr. Kinnock comparte esta opinión y gracias a ello, el Consejo, bajo la Presidencia alemana, podrá adoptar la directiva por la que entrará en vigor el acuerdo relativo a la gente de mar y alcanzar una posición común sobre los otros tres puntos. 
Por último, quisiera decir al Sr. Hudghton que los pescadores «a la parte» están incluidos, salvo en lo que respecta a las vacaciones pagadas. 
A Pat the Cope Gallagher quisiera decirle que la Comisión de Pesca dio su conformidad a todas estas cuestiones y nos complace contar con dicho apoyo. 
El tema de las 48 horas, el período de referencia de un año, las vacaciones- salvo en el caso de los pescadores «a la parte» -, la cuestión de la evaluación médica y un descanso adecuado serán definidos en otra directiva que ya ha sido prometida. 
Mi última palabra es para el Sr. Crowley. 
Le doy las gracias por sus amables palabras. 
Me gustaría sugerirle a usted y a la Asamblea que el capítulo social ha avanzado mucho durante estos últimos años. 
Ha sido posible gracias a la firme determinación de algunas personas, al apoyo de personas buenas de los servicios del gabinete y al gran apoyo que he recibido del Parlamento Europeo. 
Agradezco todos sus comentarios. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12 horas. 
Democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y libertades fundamentales 
El orden del día prevé el debate conjunto sobre: 
la recomendación de la segunda lectura (A4-0135/99) del Sr. Torres Couto, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, referente a la posición conjunta que fijó el Consejo para la edición del reglamento del Consejo sobre la determinación de los presupuestos para la aplicación de las actividades de cooperación para el desarrollo que contribuyen al objetivo general del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del estado de derecho, así como del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales (5240/1/99- C4-36-97/0191 (SYN) , y-del informe (A4-0153/99) del Sr. Galeote Quecedo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el proyecto de reglamento (EK) del Consejo, que se refiere a la determinación de las condiciones para la aplicación de las acciones comunitarias, excepto las acciones sobre el desarrollo que aspiran, en el marco de la política comunitaria de cooperación, al objetivo general del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del estado de derecho, así como del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en terceros países (9582/98- C4-0508/98-98/0813 (CNS) ). 
Señor Presidente, Señorías, hoy estamos debatiendo aquí un tema extraordinariamente importante para la cooperación, para el desarrollo en el nivel de la Unión Europea y estamos celebrando este debate mediante una recomendación para segunda lectura, que yo presento, sobre los objetivos generales del desarrollo y de la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países en vías de desarrollo y también el informe del Sr. Gerardo Galeote Quecedo sobre la misma temática para terceros países. 
Señor Presidente, Señorías, en relación con la posición común del Consejo, quisiera exponer las siguientes consideraciones. 
La posición común del Consejo recoge, es verdad, algunas de las propuestas de enmienda, a veces de forma parcial o modificada, introducidas en primera lectura por el Parlamento Europeo siguiendo el informe presentado por su Comisión de Desarrollo y Cooperación. 
No obstante, compruebo con pena que una gran parte de esas enmiendas, las más importantes- podríamos decir incluso -, deseadas por el Parlamento Europeo no han sido aprobadas en esta fase por el Consejo. 
Así ha sido, en particular, con las propuestas de enmienda relativas a los aspectos presupuestarios, a los aspectos relacionados con la comitología, a la que el Parlamento Europeo atribuye- convendría destacarlo- una importancia muy especial, con las enmiendas destinadas a reforzar los procedimientos de información del Parlamento, así como con la enmienda destinada a conferir al proyecto de reglamento una duración ilimitada. 
Además, quisiera poner de relieve la importancia de las enmiendas encaminadas a ampliar el ámbito y los objetivos del proyecto de reglamento, en el mismo nivel que la promoción de la democracia, del Estado de derecho, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las acciones de cooperación encaminadas al fomento de la gestión idónea de los asuntos públicos. 
Se trata de un aspecto esencial que tampoco ha sido aprobado por el Consejo y en relación con el cual el Parlamento debe mostrar su determinación. 
Es una pieza fundamental para el desarrollo, para una cooperación fructífera con los países en vías de desarrollo. 
Lamentablemente, hemos de reconocer, sin paternalismos, que muchas veces la ayuda de la Unión Europea se pierde en la corrupción, en el belicismo y en una gestión inapropiada de los recursos que concedemos a los países en vías de desarrollo. 
Nuestra cooperación tiene que ir orientada a la erradicación del hambre, la pobreza, la miseria, las enfermedades que aumentan espantosamente en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, pero no se puede emplear esa misma ayuda en más carros de combate, en más armas de destrucción, en más minas, en más potencial bélico que acaba diezmando las poblaciones civiles indefensas, lo que constituye un atentado permanente contra la defensa de los derechos humanos que nosotros defendemos. 
Y, por consiguiente, esta premisa deberá constituir una piedra angular de la política de la Unión en materia de cooperación y desarrollo con los países en vías de desarrollo. 
También quisiera, señor Presidente, Señorías, subrayar las motivaciones que han movido a la Comisión de Desarrollo y Cooperación, así como al Parlamento Europeo, a presentar sus propuestas de enmienda en primera lectura, que conservan la misma pertinencia y actualidad. 
En estas condiciones, considero que se deben presentar en segunda lectura todas esas propuestas de enmienda, no recogidas por el Consejo. 
Debo también señalar la importancia de una enmienda que propongo, junto con los Sres. Galeote Quecedo y van Blanden, que se refiere a la aprobación por parte de la Comisión de medidas necesarias para establecer un código de conducta de los copartícipes en las acciones regidas por el presente reglamento. 
Quisiera, además, exponer una última consideración política sobre el siguiente tema: la acción de la Comunidad en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos debe inscribirse en el principio de la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, que constituyen la piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos y la base de la construcción europea. 
A ese respecto no es posible que la Unión Europea tenga varios pesos y varias medidas según se trate de Kosovo, África o Timor Oriental. 
Hay que poner fin a la hipocresía reinante y a la lógica de la prevalencia de los intereses económicos en juego. 
Quisiera subrayar- y protestar vehementemente contra ella-la posición de la Presidencia alemana. En el día en que la opinión pública internacional se entera de que en Timor Oriental el Gobierno indonesio perpetra matanzas terribles y sigue aplicando una política de atentado contra los derechos elementales de la población de Timor, la Presidencia alemana, que está empeñadísima en la acción militar en Kosovo y está contra Milosevic en Kosovo, está a favor del Sr. Habibi en Indonesia, subrayando y apoyando lo que llama «la buena administración y el proceso de democratización que se está llevando a cabo en Indonesia». 
Esa posición doble, esa dualidad de criterios, es la que muchas veces desacredita a nuestra Unión y hace que la opinión pública internacional no siempre advierta el alcance de nuestras medidas y nuestras políticas. 
Señor Presidente, culmina hoy un procedimiento más largo y complejo de lo deseable por la necesidad de separar en dos textos la propuesta inicial de la Comisión, en función de las distintas áreas geográficas susceptibles de una actuación comunitaria de cooperación en materia de derechos humanos y promoción del Estado de Derecho y la democracia. 
Sin embargo, los ponentes de sendos informes nos hemos autoimpuesto la exigencia de tramitar ambos textos con la mayor coordinación para propiciar algo que este Parlamento ha considerado capital desde el primer momento: que ambos reglamentos, aunque divididos formalmente en dos cuerpos normativos separados, se presenten finalmente a este Pleno con igual contenido y cubran idénticas finalidades y propósitos. 
Me parece, a esos efectos, importante destacar que los textos que hoy examinamos son fruto de un amplio consenso. 
El conjunto de las acciones que estamos examinando ahora tienen ya cuantitativamente una significación evidente. 
Este propio Parlamento, desde 1991, ha querido visibilizarlo impulsando la agrupación en una misma línea presupuestaria, la B7-70, de todos los artículos del presupuesto de las Comunidades que, dispersos, hacían referencia a la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos. 
Pero más relevantes resultan todavía desde la perspectiva política en la medida en que comprometen una auténtica filosofía europea de ayuda para el desarrollo y la consolidación del Estado de Derecho, la defensa de los valores democráticos y el respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. 
Esencialmente, lo que hemos pretendido es reforzar una serie de principios y criterios que se consideran básicos para propiciar una política coherente, sistemática y eficaz en ese campo. 
Resumiendo mucho cabe decir que se ha perseguido garantizar una programación y planificación de las acciones apta para ordenar las prioridades de la Comunidad en la cooperación sobre estas materias, y para fortalecer la identidad y visibilidad de las acciones comunitarias; asegurar a todos los que intervienen en estos procesos la existencia de procedimientos homogéneos, claros y reglados; propiciar una incidencia real y sostenible de las acciones en las sociedades en las que se realizan; facilitar el mejor control y el máximo aprovechamiento de los recursos dedicados a tal fin; y procurar la máxima coordinación posible con las iniciativas y políticas de los Estados miembros en estas materias. 
No considero necesario detenerme en el detalle de los importantes componentes procedimentales incorporados al reglamento. 
Bastará con poner de relieve que se ha perseguido asegurar que los procedimientos sean máximamente transparentes, eficaces, y estén suficientemente controlados. 
Quiero llamar, en cambio, muy particularmente la atención sobre los cambios que se proponen para generalizar instrumentos de coordinación a todos los niveles y, en particular, considero de especial relevancia las propuestas incorporadas al proyecto en lo que se refiere a la cooperación con los Estados miembros de la Unión. 
Por último, debo referirme muy específicamente a las diversas propuestas contenidas en los informes, aprobados en comisión, en relación con el papel que corresponde desempeñar al Parlamento Europeo en el desarrollo de estos programas sobre derechos humanos y democracia, que resulta, a mi juicio, manifiestamente insuficiente en la redacción inicial de la propuesta. 
Es evidente que la propuesta que ahora comento incorpora diversas e importantes modificaciones para asegurar un papel relevante de la institución parlamentaria en esos procesos, a cuyo fin se han incorporado medidas tales como el establecimiento de plazos para la realización de evaluaciones por la Comisión y para su remisión al Parlamento; el envío de las comunicaciones de la Comisión no sólo a los Estados miembros, sino también al Parlamento Europeo; el informe anual que la Comisión ha de rendir al Parlamento y que ha de contener detalles sobre la ejecución de los programas del ejercicio anterior y sobre la programación y selección de los programas del ejercicio, y que deberá remitirse al Parlamento con una antelación suficiente para que éste pueda desarrollar un debate anual, en sesión plenaria, durante el primer semestre del año y antes de que pueda examinar la partida presupuestaria correspondiente dentro del debate general sobre los presupuestos anuales. 
Con su incorporación al texto estas medidas posibilitarán un incremento exponencial del control del Parlamento Europeo sin traspasar el umbral de la gestión, que debe seguir siendo responsabilidad exclusiva de la Comisión Europea. 
Confío, señoras y señores diputados, en que, con todas estas propuestas y sugerencias, consigamos cumplir los objetivos que nos habíamos trazado no sólo al analizar y debatir este reglamento concreto, sino con el planteamiento de largo aliento que viene realizándose en esta Asamblea desde hace años para potenciar y ordenar la colaboración comunitaria en beneficio de los derechos de los ciudadanos y de las libertades políticas. 
Confío también en que esta norma sirva, en los términos que aquí se proponen, para abrir nuevas y eficaces vías de cooperación con quienes trabajan cotidianamente para contribuir a ello. 
Y confío, en fin, en que todo ello redunde por último en una mejora de nuestros procedimientos comunitarios de gestión y aplicación de los recursos. 
Señor Presidente, el Sr. Galeote Quecedo ha elaborado un buen informe sobre el proyecto de reglamento del Consejo por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el estado de derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
El informe se refiere a la iniciativa de la Comisión que, en un momento dado, el Consejo separó en dos. 
Con el Sr. Torres Couto como ponente, el otro proyecto de reglamento figura también en el orden del día, en segunda lectura del procedimiento de cooperación. 
El informe del Sr. Torres Couto se refiere principalmente a los países en desarrollo, mientras que el del Sr. Galeote Quecedo abarca a los demás países. 
La Comisión de Presupuestos emitió en su momento dictámenes similares acerca de estos dos informes. 
Las observaciones giraban en torno al marco financiero, la asistencia técnica y la comitología. 
Ya con motivo del examen del presupuesto de 1998, el Parlamento aprobó la creación de un grupo de trabajo de carácter consultivo centrado en la cuestión de los derechos humanos. 
El objetivo de este comité es coordinar las acciones anuales, y en sus actividades participarían representantes del Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Este tipo de grupos de trabajo ha obtenido buenos resultados en el marco de programas como MEDA. 
El trato que recibiría este grupo de trabajo sería el mismo que se depara a los comités creados por los Estados miembros. 
Dicho grupo de trabajo quedo ya recogido en la posición del Parlamento acerca del informe del Sr. Torres Couto, que- sin embargo- no contó con la aprobación del Consejo, por lo que el ponente vuelve a presentar este punto de nuevo. 
Respaldo personalmente dicho punto, si bien cabe lamentar que el informe del Sr. Galeote Quecedo que ahora se somete a debate no recoja estas disposiciones relativas al grupo de trabajo, por lo que la Comisión de Presupuestos ha presentado por su parte las enmiendas 38 y 39. 
Doy mi apoyo a estas enmiendas y espero que cuenten también con la aprobación del Parlamento, ya que son coherentes con la posición que este Parlamento ha manifestado anteriormente en numerosas ocasiones. 
Señor Presidente, sin pretender ser redundante, en la medida en que he tenido la oportunidad, gracias a la generosidad del Presidente anterior, de defender, durante cinco minutos y medio, mi propuesta de segunda lectura en relación con este asunto, quisiera ahora reforzar algunas cuestiones que he pretendido subrayar en mi proyecto de opinión sobre este tema y que, en el fondo, el Sr. Galeote Quecedo ha tenido ya la oportunidad de subrayar muy bien en su intervención. 
Con la coordinación que ha habido entre las dos comisiones y entre los dos ponentes, con un trabajo de gran participación de todos los Grupos políticos en las dos comisiones- y puedo hablar del trabajo de los Grupos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación -, ha sido posible, de hecho, elaborar un conjunto de propuestas encaminadas a reforzar la cooperación, la eficacia, la transparencia, el rigor y el control en la aplicación de un instrumento que es fundamental para el desarrollo futuro de los países con los que la Unión Europea pretende reforzar sus relaciones: los países en vías de desarrollo y los terceros países. 
Y, por consiguiente, este trabajo ha sido un trabajo de convergencia de esfuerzos, ha sido un trabajo hecho con gran sentido de la responsabilidad e incluso podemos acoger un conjunto de propuestas muy importantes que han presentado otros Grupos políticos. 
Quisiera señalar, por ejemplo, la importancia de las propuestas presentadas por el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes, y que se refieren a la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación sexual; quisiera también subrayar las propuestas presentadas por diputados del Partido Popular Europeo que se refieren al apoyo a las iniciativas en pro de la abolición de la pena de muerte, y quisiera también subrayar el importante papel que se atribuye en los dos documentos al fortalecimiento de la participación de nuevos socios que puedan intervenir de forma constructiva en ese sector y que esa participación de nuevos socios no obedezca a ningún esquema discriminatorio, sino que, muy al contrario, sea una participación con respeto de la pluralidad total y completa en términos políticos, religiosos y sociales. 
Creo, por consiguiente, que, después de una larga tramitación padecida por este asunto, en el nivel del Consejo y en el del Parlamento Europeo, hemos logrado una formulación final que es muy estimulante para el Parlamento Europeo. 
Y, por consiguiente, quisiera en este momento aprovechar una vez más la oportunidad para felicitar al Sr. Galeote Quecedo por el notable trabajo que ha presentado, para subrayar la disponibilidad que ha demostrado al trabajar conmigo permanentemente en busca de una convergencia de esfuerzos y de un documento que pudiera merecer no sólo el más amplio apoyo de este Parlamento, sino también la aceptación por parte de la Comisión y del Consejo Europeo. 
Y quisiera agradecer a los Grupos políticos, en particular al Partido Popular Europeo, al Grupo UPE y al Grupo de los Verdes, que hayan hecho una contribución decisiva para un enriquecimiento profundo de estos documentos. 
Lo felicito, señor Galeote Quecedo. 
Señor Presidente, tengo aquí el texto de mi intervención sobre este informe del Sr. Torres Couto de diciembre del año pasado. 
No sería muy serio que volviera a leer exactamente lo que dije entonces, pero créanme que se ajustaría plenamente a lo que estamos tratando hoy. 
Porque, señor Presidente, estimo que nos encontramos ante un buen ejemplo de cómo la pesada carga de los procedimientos impide la necesaria agilidad y la flexibilidad que debería exigirse a nuestro trabajo parlamentario. 
Espero que, por esta vez, estemos ante el último debate sobre esta importante cuestión y recuerdo que, desde esa fecha- desde diciembre pasado- hasta hoy, en apenas cuatro meses, es éste el cuarto debate que mantenemos sobre el mismo asunto. 
Hemos debatido el informe del Sr. Torres Couto en primera y en segunda lectura; el informe del Sr. Galeote; hemos mantenido en enero otro debate sobre mi propio informe a propósito de la misma cuestión. 
En general- como no puede ser de otra forma- todos los oradores hemos repetido los mismos o parecidos argumentos. 
El Sr. Galeote, con toda la razón (no he comentado con él esta intervención que ya tenía preparada de antemano) acaba de lamentar la duplicidad de esfuerzos que supone aplicar un doble procedimiento de tramitación para lo que en definitiva debería ser un mismo reglamento regulador de las acciones comunitarias que financian la cooperación y las acciones en beneficio de los derechos humanos y de los valores democráticos en países terceros y en países en vías de desarrollo. 
El Sr. Torres Couto, además, nos dice hoy que lamenta tener que presentar las mismas enmiendas- las mismas literalmente-que ya la Comisión dijo entender y compartir, pero que en definitiva no aceptó para incorporarlas al reglamento, enmiendas que, por cierto, son idénticas en su mayoría a las que presenta el Sr. Galeote. 
Mientras tanto, seguimos defendiendo la necesidad de un nuevo marco de relaciones de la Unión con las países con los que cooperamos en beneficio de unas acciones más eficaces, más transparentes, que fortalezcan el Estado de Derecho y los derechos humanos, que eviten la corrupción y garanticen una mayor presencia de la sociedad civil en los países beneficiarios de los fondos europeos destinados al desarrollo y a la cooperación. 
Creo sinceramente que este no es un buen ejemplo de lo que debería ser un trabajo eficiente. 
Mi Grupo parlamentario en la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha participado activamente, y ha presentado enmiendas. 
Hemos respaldado el informe del Sr. Torres Couto y hoy yo lo hago de nuevo en nombre de mi Grupo, pero no puedo mostrarme satisfecho, señor Presidente, con las formas del procedimiento que se ha seguido. 
Y lo lamento porque creo que esto, realmente, creo que no nos prestigia. 
Señor Presidente, Señorías, sin duda el Informe Torres Couto representa, en opinión del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, un gran esfuerzo de síntesis en cuanto a las relaciones entre la Unión Europea y los países en desarrollo en lo relativo al asunto de los derechos del hombre, la consolidación de un Estado de derecho, la honda conexión que ha de existir entre la acción de cooperación para el desarrollo, de una parte, y de otra, un desarrollo que no sea sólo económico sino también- y diría yo que sobre todo- un desarrollo de carácter humano, cultural, ético y civil. 
De esto deriva la gran importancia de lo que el Sr. Torres Couto y la Comisión de Desarrollo y Cooperación han hecho hasta aquí. 
También estoy a favor de las enmiendas que se han presentado, y que proponen nuevamente la posición de los parlamentarios europeos. 
La acción de cooperación para el desarrollo debe dirigirse no sólo a la instauración de esa fórmula genérica a menudo, aunque importante, que es el Estado de derecho. 
Hay que hacer algo más y mejor: se necesita una buena administración, un ordenamiento justo y una justicia concreta- la misma de la que también habla el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establecido por el Consejo de Europa y en cuya sede nos reunimos- para que la acción genérica de ayuda a los derechos del hombre y la instauración de estos derechos no terminen siendo palabras vacías. 
El gran valor de Europa estriba en haber sabido convertir los principios en realidades. 
Esto debe valer también para los países en desarrollo. 
Señor Presidente, yo puedo devolverle la pelota al Sr. Torres Couto. 
Creo que se ha conseguido un buen informe gracias a una buena cooperación en el Parlamento. 
La colaboración que hemos mantenido ha sido en cualquier caso muy satisfactoria para nuestro Grupo. 
Este es un informe importante, que trata de la defensa o bien la instauración de las libertades fundamentales y la democracia con vistas a la preservación de los derechos humanos. 
Su importancia se puede constatar ahora mismo en Europa, donde volvemos a tener una guerra. 
Yo creo que sólo bajo la forma de un Estado democrático y con la participación de la población es posible conseguir la paz a largo plazo, tal como podemos comprobar ahora en Europa después de 50 años. 
En el Sur del planeta encontramos una multiplicidad de sistemas autoritarios, aristocracias, sistemas feudales, en los que no participa la población. 
En consecuencia, es acertado y necesario que apoyemos allí los esfuerzos en favor de la democratización y del respeto de los derechos humanos. 
Nosotros podemos apoyar, por consiguiente, la práctica totalidad del informe. 
Sólo en un punto no coincidimos con usted, concretamente en cuanto a la enmienda 1, y el motivo es que no deseábamos que se incluyese la «buena gestión de los asuntos públicos». 
No porque estemos en contra de este punto, sino porque el marco financiero para todo el programa es tan mínimo que es preciso concentrarlo. 
Tenemos que concentrarnos en el respeto de los derechos humanos y la promoción de las libertades fundamentales. 
Para nosotros eran importantes tres enmiendas, que usted ha hecho suyas, empezando por el artículo 2. 
Hasta ahora siempre se hablaba de la lucha contra el racismo. Las mujeres realizan el 50 % del trabajo en el mundo y están especialmente oprimidas en esos países. 
La inclusión del párrafo contra una política sexista es importante y el Consejo también debería adoptarlo, al igual que el conjunto del informe del Parlamento. 
Antes de acabar, sólo dos consideraciones finales: es importante apoyar a las pequeñas organizaciones no gubernamentales y a las pequeñas formaciones estatales porque tienen un efecto multiplicador. 
Y un último punto: los envíos, las prestaciones en especie de los países... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Presidente, creo que esos informes son muy importantes. 
Tenemos interés en actuar con rapidez, e incluso con mucha rapidez, para que puedan aprobarse, con el fin de que podamos disponer finalmente del reglamento que afecta a la política de los derechos humanos. 
Esta política es una de las más importantes que la Unión lleva a cabo desde hace años, sobre unas bases poco sólidas, desafortunadamente, es preciso reconocer, por causa de los retrasos acumulados, especialmente por el Consejo, sobre la reglamentación de esta materia. 
Es necesario que pueda reiniciarse sobre unas bases sólidas. 
Hoy, sabemos cuál es el desconcierto de muchas ONG, de muchas personas que militan en favor de esta causa, y que para Europa es un honor financiar. 
Pero medimos también las dificultades que produce la ejecución de esos proyectos, principalmente en función de la totalidad de los problemas que conocemos. 
Desde este punto de vista, señor Presidente, he escuchado atentamente la exposición del Sr. Virrankosky, y he evaluado desde hace ya varios meses, incluso varios años, esta idea de asociar el Parlamento a la gestión o, en todo caso, a la decisión relativa a proyectos. 
Este Parlamento tiene un deber y lo ha cumplido más que nunca estos últimos meses, justamente quejándose de todas las estructuras, todos los BAT, todas las creaciones artificiales que podían obstaculizar la acción de la Comisión, para que un órgano ejecute, un parlamento controle y un tribunal de cuentas u otra institución haga su auditoría, etc. Por tanto, no mezclemos las cosas. 
Dejémoslas como están. 
Estoy contra las dos enmiendas. 
Espero que los colegas sigan la opinión del ponente. 
Creo que lo que importa es la prudencia y el respeto por el trabajo de unos y otros. 
Señor Presidente, con estos dos informes, verdaderamente minuciosos y afortunadamente muy coordinados entre sí, de los colegas Galeote Quecedo y Torres Couto, el Parlamento se propone adoptar una posición con respecto a las medidas, tan importantes para nosotros, encaminadas a contribuir al desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
En el debate inicial, manifestamos el deseo de establecer unos fundamentos comunes para los países en desarrollo y los terceros países, en el sentido de tomar como base de un artículo común del Tratado. 
El Consejo insistió, no obstante, en seguir un procedimiento diferenciado, concretamente sobre la base del artículo 130 W en el caso de los países en desarrollo y sobre la base del artículo 135 en el caso de los terceros países. 
Esto se explica más por las relaciones de poder entre las instituciones que por la lógica de la elección de los citados fundamentos jurídicos. 
Se trata de un caso comparable al del reparto de competencias dentro de la Comisión, que no refleja la lógica de los derechos humanos, sino las competencias de los Comisarios. 
La urgente necesidad de cooperación en estos ámbitos en ambos casos exige poder contar por fin con unos fundamentos sólidos. Por esto nos avenimos a ello. 
Esta política ocupa un espacio cada vez más amplio entre las políticas comunitarias- tal como ya se ha dicho- y requiere un anclaje jurídico, como sabemos por las lamentables experiencias de los últimos meses. 
La promoción del Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales es, sin embargo, una exigencia que ya hemos incluido como condición o nos proponemos incluir en cualquier caso en el futuro en el marco de los programas de democratización en el contexto de PHARE, TACIS y MEDA, así como para la concesión de ayudas financieras a los países en desarrollo. 
La hemos incluido en muchos Acuerdos de cooperación en forma de la llamada cláusula democrática y de derechos humanos. 
Nuestra definición de los derechos humanos no es una imposición de Europa, sino que se apoya en convenios y definiciones como las que figuran en la Carta de las Naciones Unidas y en los convenios europeos. 
Por lo tanto, no la hemos inventado nosotros. Esta definición nos ha ayudado a lograr un período de estabilidad y de paz en la Unión Europea, que deseamos también para los demás países. 
También queremos contar con una base sólida para la cooperación con las ONG. 
Los numerosos ejemplos que se citan en el informe son exactamente lo que deseamos apoyar. 
En este sentido, apoyamos sin reservas la creación de un comité consultivo, que ya hemos solicitado repetidamente desde el Parlamento. 
Es evidente que se tiene que establecer una clara separación de competencias, pero ser consultado no significa necesariamente decidir. 
El Consejo rechazó una serie de enmiendas. El Parlamento Europeo debería insistir en mantener dichas enmiendas si quiere fortalecer su propio papel en el futuro. 
El Parlamento representa y seguirá representando su cometido específico y también a las personas que confían incorporar esta dimensión a la política de sus propios países. 
Yo quiero expresar una vez más mi satisfacción por nuestra amplísima coincidencia en el ámbito de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estados de Derecho. 
Señor Presidente, los principios generales que recuerdan estos dos informes están claramente admitidos por este Parlamento. 
Empujan claramente a la Unión, con toda la razón, a vincular esos acuerdos de cooperación y desarrollo a la mejora del respeto por los derechos humanos, a la consolidación de la democracia y a la buena gestión de los asuntos públicos entre nuestros asociados. 
Quisiera insistir en este último punto, y me uno a los ponentes que proponen de nuevo enmiendas que amplían los proyectos de reglamento a las acciones de promoción de la buena gestión de los asuntos públicos. 
Estas enmiendas, adoptadas ya en primera lectura por el Parlamento Europeo, no habían sido consideradas en la posición común del Consejo, algo que encuentro lamentable. 
Dicho esto, la Unión ha de dar prueba de humildad y prudencia en estos expedientes. 
Nuestros asociados podrían, de vez en cuando, pedirnos cuentas sobre esta forma de emitir juicios sobre las situaciones internas de tal o cual. 
La Unión no puede realmente dar la sensación de que reprende a todo el mundo y ella misma no ser irreprochable. 
Constatar la evolución de la situación interna de algunos países por el buen camino es a mi juicio más importante que la excelencia de una situación en un momento preciso. 
Me parece por consiguiente que debemos tener en cuenta la historia de cada país, desde el punto de partida de cada cual, para emitir juicios en lugar de constatar solamente situaciones en el momento preciso en que emitimos esos juicios. 
Después de todo, la verdadera democracia es en ocasiones reciente en algunos países europeos. 
Quisiera, señor Presidente, citar dos ejemplos en ese sentido. 
Primer ejemplo, Togo. 
Me parece que la evolución de las mentalidades y la evolución política en ese país han de verse acompañadas por la Unión, que debería, para hacerlo correcta y convenientemente, retomar toda su cooperación con ese país. 
Saben ustedes que se ha suspendido desde hace ya una serie de años. 
El segundo ejemplo que quisiera citar, ya hemos hablado hace algunas semanas con el Sr. Galeote Quecedo, es el de Cuba, que ha sido aceptado como observador en los ACP. 
La evolución actual en este país me parece problemática y debe ser tratada con gran rigor por nuestra parte. 
En primer lugar, quisiera decir que mi colega el Sr. van den Broek no puede estar hoy con nosotros. 
Acompaña a la Presidencia en una misión de la troica a Kiev y presenta sus disculpas a la Asamblea. 
Quisiera agradecer al Parlamento sus considerables esfuerzos en lo que se refiere al tiempo que ha dedicado a este asunto y a la calidad de su trabajo en el proceso de aprobación del futuro fundamento jurídico para los créditos a la iniciativa europea en favor de la democracia y los derechos humanos, una iniciativa lanzada en 1994 por el Parlamento. 
Quisiera expresar mi agradecimiento, en particular, a las dos comisiones y a los dos ponentes. 
Las enmiendas que se debatieron en diciembre lógicamente se han mantenido en los informes que hoy tenemos ante nosotros. 
Les ruego que me disculpen, por tanto, que tenga que repetir algunos de los comentarios que hice entonces, a pesar de que se ha ampliado el alcance del debate para incluir programas para países que no pertenecen al mundo en desarrollo. 
La Comisión está dispuesta a aceptar la mayoría de las enmiendas siempre que no cuestionen papeles institucionales. 
Apoya las propuestas que están en armonía con la propuesta inicial relativa a la creación de un comité consultivo, y que pone fin a las restricciones sobre la duración de la aplicación del reglamento y la abolición de la suma de referencia financiera. 
La Comisión comparte también la preocupación del ponente sobre la necesidad de adoptar medidas para mantener al Parlamento informado del trabajo del comité y sobre las acciones de emergencia. 
No obstante, la Comisión duda acerca de la idea de publicar las negociaciones del comité, porque hay que tener en cuenta el requisito de confidencialidad inherente a la selección de proyectos. 
La Comisión también tiene reservas en lo relativo a la serie de enmiendas que abogan por aclaraciones o ajustes, especialmente en el tema de reforzar los programas, las evaluaciones anuales y la importancia relativa que se concede a la experiencia de los destinatarios. 
La Comisión no puede apoyar las referencias que se han hecho al grupo de trabajo interinstitucional. 
Sería una violación flagrante de sus competencias en materia de gestión y aplicación, y podría incluso dejar sin efecto el reglamento. 
De cara al futuro, el Parlamento deberá decidir sobre la estructura del comité que se encargue del seguimiento de los asuntos de los derechos humanos. 
Sé que se ha reflexionado mucho sobre cuál es la mejor forma de abordar dichos asuntos. 
Cualquiera que sea la solución adoptada, el Parlamento puede tener la seguridad de que la Comisión continuará considerando al Parlamento un interlocutor clave, no sólo en su papel formal de institución comunitaria, sino también por su amplia experiencia en este ámbito y el firme compromiso personal del que han dado prueba muchos diputados. 
Esta cooperación proporcionará sobradas oportunidades a los representantes de la sociedad civil de ser escuchados también, ya que la Comisión estima que la política en este ámbito no puede hacerse en ausencia de un auténtico diálogo con la sociedad civil en su conjunto. 
Quisiera tocar dos otros temas relacionados específicamente con la gestión de la iniciativa europea en favor de la democracia y los derechos humanos. 
En primer lugar, en noviembre, el Comisario van den Broek debatió con este Parlamento la necesidad de asistencia técnica para ayudar a gestionar los títulos presupuestarios contemplados en la iniciativa europea en favor de la democracia y los derechos humanos. 
Desde entonces, la aprobación del presupuesto para 1999 incluye la disposición específica de que dicha asistencia se financie con cargo a dichos títulos presupuestarios, a diferencia de 1998, año en que no fue posible celebrar un contrato. 
En 1999 ya es posible. 
El trabajo preliminar para la celebración del contrato ha finalizado, aunque aún está pendiente la decisión formal de la Comisión. 
Se ha decidido que deberá existir un contrato que abarque los servicios relativos a los títulos presupuestarios gestionados por la DG IA, que incluya las necesidades de los servicios comunes de RELEX y de la propia DG IA, así como aquéllos relativos a la ejecución de un programa mejorado de microproyectos dirigidos por las delegaciones. 
Tan pronto como la Comisión adopte una decisión, se celebrará un contrato, poniendo así fin a esta laguna en apoyo a la iniciativa. 
En segundo lugar, la iniciativa en favor de la democracia y los derechos humanos funcionará este año a través de dos ventanas principales, aparte de las actividades como los programas comunes con el Consejo de Europa, que los celebra directamente la Comisión. 
La primera ventana principal es el programa de microproyectos que ha sido ampliado para que incluya a todos los países de la Europa central y oriental, la antigua Yugoslavia, la antigua Unión Soviética y Mongolia. 
Esta ventana prevé un amplio apoyo a las ONG locales y estará gestionada a nivel local, y no habrá necesidad de recurrir a Bruselas para cada decisión sobre la financiación. 
Este plan ya ha sido alabado en el pasado y su ampliación a 1999 es la piedra angular de una estrategia encaminada a mantener a las ONG estrechamente involucradas en el programa de democratización, a pesar del limitado apoyo al programa de gestión y de las voces que abogaban por proyectos mayores. 
La segunda ventana es una convocatoria de propuestas que se publicará uno de estos días y que abarcará no sólo todos los títulos presupuestarios gestionados por la DG IA, sino además todos aquéllos relativos a los países ACP, incluidos los programas especiales para Nigeria y África del Sur. 
La decisión de gestionar conjuntamente los títulos presupuestarios se inscribe en el proceso de unificar el enfoque del apoyo a los derechos humanos en todo el mundo. 
La convocatoria de propuestas ya ha suscitado el interés de las ONG que consideran estos títulos presupuestarios una fuente importante de apoyo a sus actividades. 
Quisiera hacer un comentario al ponente Sr. Torres Couto, relativo a una observación que puede que yo haya entendido mal, porque no puede aceptar una crítica que creo que usted ha hecho. 
Existen pruebas, tanto en los informes del Tribunal de Cuentas, como en la evaluación independiente de la democracia de los programas PHARE y TACIS, de que en este programa no ha habido mala gestión ni fraude. 
Los fondos disponibles con cargo a este presupuesto han sido utilizados a veces más despacio de lo que hubiera sido deseable. 
Ésa ha sido también su observación. 
Pero, en realidad, han sido bien utilizados. 
Es una cuestión importante que debo aclarar a la Asamblea en nombre de la Comisión. 
Resumiendo, nos encontramos en la fase final y pronto dispondremos del marco jurídico y financiero que pondrá fin a la incertidumbre de la que ha estado rodeada esta iniciativa en particular. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento y a los ponentes una vez más por sus esfuerzos para hacer realidad la aprobación de estos dos reglamentos tan necesarios. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Emisiones contaminantes de grandes instalaciones de combustión 
Propongo que, de forma excepcional a nuestras costumbres, comencemos por el informe para opinión de la Sra. Estevan Bolea, a quien voy a dar la palabra durante dos minutos, lo que permitirá sin duda a nuestro ponente reunirse con nosotros. 
Señor Presidente, se trata de una directiva muy importante puesto que hay muchas centrales térmicas en Europa y, sobre todo, porque, según datos de la Comisión y de las empresas eléctricas, hasta el año 2010, se van a generar cientos de miles de megavatios nuevos. 
Por lo tanto, toda esta inversión va a ser grande. 
En principio, estamos de acuerdo en que cada vez tengamos menos emisiones y mejor calidad del aire. 
Pero también tenemos en cuenta, señora Comisaria, el principio de proporcionalidad y el concepto de BATNEEC, esto es, utilizar las mejores tecnologías disponibles pero que no entrañen excesivos costes. 
Señora Comisaria, quería decirle que debemos tomar las medidas realmente necesarias, pero sólo las necesarias en este momento, quizás puedan tomarse otras más adelante. 
Se han liberalizado los mercados eléctricos y los del gas. 
Todas las empresas están haciendo grandes esfuerzos. 
Hace 10 años entró en vigor la directiva que ahora se modifica; se ha hecho una gran labor en desulfuración y desnitrificación y se están aplicando mejores tecnologías. 
La Comisión de Medio Ambiente de este Parlamento propone unos niveles extraordinariamente estrictos. 
Quizá, si se utiliza gas natural, se puedan alcanzar, pero si se utilizan carbones domésticos o un fuel residual resultará muy difícil. 
Pero, sobre todo, es inútil fijar esos niveles porque no es necesario. 
El problema de la acidificación hay que controlarlo, pero no todos los países lo tienen. 
Por lo tanto, nuestra delegación española se va a oponer a la mayoría de estas enmiendas, teniendo en cuenta que, en un futuro, iremos avanzando progresivamente. 
Sería bueno que ustedes establecieran una directiva o una recomendación sobre permisos negociables de emisión, aplicaran el concepto de «burbuja» , tal como se hace en los Estados Unidos, recurrieran a los acuerdos negociados que pueden dar resultado y no se limitaran a fijar niveles estrictos que, como usted sabe, señora Comisaria, no se cumplen, por lo que lo único que trae a Europa la legislación en materia de medio ambiente es una gran frustración. 
Señor Presidente, la modificación de la directiva que debatimos hoy, tiene por objeto reducir las emisiones de las grandes instalaciones de combustión. 
Las medidas que se proponen forman parte de la estrategia comunitaria contra la acidificación. 
No está claro todavía cuándo se abordará la cuestión de una directiva relativa a los valores límite nacionales para la emisión de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, amoniaco y los compuestos orgánicos volátiles. 
La directiva sobre las grandes instalaciones de combustión repercute directamente en las emisiones. 
Los próximos valores límite de emisión son un conjunto de medidas que deja libertad a los Estados miembros para que ellos mismos adopten la manera en que quieren alcanzar esa reducción de emisiones. 
Estoy realmente de acuerdo con todos aquellos que dicen que el orden de los trabajos debería haber sido otro. 
Primero los valores límite y después esta directiva. 
Pero sea como fuere, como hay todavía fortísimos debates sobre la otra directiva y como establecimos un plazo de diez años en la directiva 88, hemos de hacer algo al respecto. 
Por cierto, tengo una relación curiosa con esa directiva de los grandes hornos. 
A mediados de los años ochenta pedí como miembro del parlamento neerlandés a nuestro Ministro de Medio Ambiente que actuara también en los Países Bajos y Europa siguiendo el ejemplo de la disposición relativa a las grandes instalaciones de combustión. 
Presidente, tengo la sensación de que si enseño la propuesta, que ha presentado la Comisión en este momento, a la industria japonesa y americana van a reaccionar en el sentido de: ya entendemos porque no sóis capaces de crear una auténtica industria medioambiental. 
Constato que los requisitos para las instalaciones nuevas, pero sin duda también para las viejas que pueden estar funcionando hasta el año 2014, que esos requisitos en algunos Estados miembros son bastante más estrictos que los que la Comisión ha puesto ahora sobre el tapete. 
Por lo tanto, como ponente y con el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor he reajustado los requisitos. 
Cuando por ejemplo esta mañana me llamó por teléfono la industria escocesa preguntándome si esta directiva tendría también consecuencias para Escocia, les anuncié: no solamente para Escocia, sino para Gran Bretaña entera y también para España. 
Supongo que el Reino Unido por ejemplo ya no querrá vivir en la edad de piedra y que también se tiene que hacer algo allí por el medio ambiente y la naturaleza pero también por la salud de la gente. 
También supongo que los británicos querrán hacer algo y con el plazo transitorio que propongo se pueden adaptar perfectamente también las actuales instalaciones de combustión. 
Tengo la sensación, si me fijo en los requisitos y si veo lo que se hace en Alemania con, por ejemplo, el lignito, tomando en cuenta que las instalaciones de lignito son mucho más contaminantes que la instalaciones de carbón, entonces veo, y eso lo digo también a mi colega española, que se pueden conseguir unos requisitos más estrictos de los que se han propuesto ahora. 
Presidente, eso es algo que yo no entiendo. 
La Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía me ha preguntado: ¿Te has fijado bien en la base técnica de tu propuesta? 
Presidente, le puedo decir que lo he hecho. 
Estábamos ocupados en la redacción de esta directiva cuando me cayó entre manos la decisión del gobierno neerlandés del año 1997 en la que hay unos requisitos para las grandes instalaciones de combustión que son considerablemente más estrictos de los que hemos propuesto ahora. 
Presidente, yo disponía de un marco de referencia para poder medir. 
Todo esto es nuevo en los Países Bajos, como también lo es para Alemania, para algunos estados nórdicos, también para los austriacos, que además tienen unos requisitos aún más estrictos. 
Me pregunto por qué no deberíamos tenerlos nosotros. 
Añadiré un elemento más, y ese es el elemento de la liberalización. 
Apoyo sinceramente la liberalización de la electricidad. 
Siempre lo he hecho, pero si se hace, entonces en lo que se refiere al precio del kilovatio por hora habrá que partir de que las diferencias medioambientales e higiénicas no sean tan grandes que lo que se prohibe de contaminación en algún Estado miembro se permite en otro, que eso al final sea un obstáculo para esa liberalización. 
Por lo tanto, creo que también desde el punto de vista de la liberalización es necesario que intentemos establecer los mismos requisitos en la mayor medida posible. 
Les digo a mis colegas españoles que lo consideren de nuevo. 
Mis colegas del grupo parlamentario socialista han presentado enmiendas y esas enmiendas consisten en que quieren trasladar los requisitos para las instalaciones actuales del año 2005 al 2010. 
Presidente, hago de nuevo un llamamiento urgente al grupo parlamentario socialista para que no lo hagan. 
¿Por qué no? 
Porque así se queda más hueca nuestra posición en la negociación con el Consejo. 
Conozco el argumento de David Bowe que dice: ten cuidado ponente, ten cuidado Parlamento, no os pongáis demasiado estrictos porque entonces el Consejo puede atacar, puede cambiar el fundamento jurídico. 
A estos colegas les digo: si el Consejo quiere hacer algo, o sea, si quiere cambiar esta codecisión, entonces lo tendrá que hacer con unanimidad y unanimidad significa que tanto el Parlamento como el Tribunal de Justicia Europeo tendrán que pronunciarse. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera mostrar mi satisfacción por el trabajo realizado por la ponente y por su informe. 
Es sin duda un informe muy impresionante y creo que los Socialistas lo apoyarán gustosos en su mayor parte. 
Traerá consigo mejoras importantes en lo relativo a las emisiones de grandes instalaciones de combustión, que suelen utilizar carbón o petróleo, y que son responsables de buena parte de las cantidades de dióxido de azufre y óxido nitroso que se arrojan a la atmósfera, provocando la lluvia ácida que tiene repercusiones sobre la salud de los seres humanos, como el asma. 
No se trata simplemente de controlar dichas instalaciones mediante un método determinado- existen otros medios de controlar dichas centrales. 
Existe un control de la contaminación- hace unos años fui ponente de medidas de control de las emisiones que ya se están aplicando. 
También existen negociaciones sobre los límites máximos de las emisiones nacionales, que esperamos que la Comisión presente lo más rápidamente posible. 
Ambas medidas permitirán un control eficaz y adecuado. 
El informe del Parlamento y las enmiendas presentadas se proponen ampliar el alcance de la directiva y endurecer los límites que las instalaciones actuales y futuras deberán respetar. 
No creo que a las nuevas instalaciones les resulte especialmente difícil cumplir el reglamento, aunque reconozco que algunas de las instalaciones más viejas si tendrán problemas. 
Por ello sugerimos que se les conceda algo más de tiempo a estas últimas, un calendario razonable que les permita realizar las inversiones necesarias, para que también puedan cumplir las normas. 
En lo que respecta a las ampliaciones del alcance a otras partes, quisiera llamar la atención del Comisario sobre la desaparición de algunas de las excepciones respecto a las instalaciones marinas y respecto a algunas de las grandes turbinas de gas que se utilizan en la maquinaria móvil, etc., que, una vez más, producen emisiones considerables y deben tenerse en cuenta, reconociendo, naturalmente, las circunstancias particulares que existen en dichos casos. 
Soy muy consciente del problema al que se ha referido la Sra. Oomen-Ruijten, de que si nos esforzamos en imponer unos límites demasiado estrictos, muchos Estados miembros temerán que les estamos imponiendo una política energética, algo que, naturalmente, no nos compete como Parlamento. 
Por esta razón, debemos reconocer la necesidad de dotar esta propuesta de una cierta flexibilidad. 
Podemos hacerlo si acoplamos esta propuesta a los límites máximos de emisiones nacionales y a la Directiva IPPC. 
Todo este asunto debe contemplarse en este contexto. 
Por último, creo que obtendremos resultados, después de la segunda lectura, y que lograremos mejoras sustanciales en lo relativo a las emisiones de dichas instalaciones y en lo relativo al medio ambiente y la calidad del aire en las proximidades de las instalaciones. 
Recomiendo esta propuesta a la Asamblea. 
Un último comentario. 
He visitado grandes instalaciones de combustión en dos o tres Estados de la Unión, en particular, en el mío, el Reino Unido. 
No he visto nada que sea de la Edad de Piedra, y me gustaría invitar a la Sra. Oomen-Ruijten a que visite, quizá, la central eléctrica de Drax en Yorkshire. 
Se dará cuenta de que lo prehistórico son sus conocimientos del sector y no la central que está en funcionamiento. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a Oomen-Ruijten por este excelente informe. 
Hace un tiempo el Parlamento aprobó otro informe que se ocupaba de la estrategia futura contra la acidificación de la tierra y el agua. 
Éste contenía, entre otras cosas, el objetivo de que los problemas de acidificación deberían estar resueltos el año 2015 y que las emisiones tendrían que alcanzar entonces un nivel que no dañase la naturaleza. 
La Comisión dio su respaldo a la orientación del Parlamento. 
Sin embargo, para alcanzar esta meta hay que intensificar las exigencias, por ejemplo, referentes a la combustión. 
Este informe, con los mayores requerimientos del Parlamento, constituye un paso en esa dirección. 
Además, la Comisión ha hecho profundos análisis de los efectos de las emisiones provenientes de la combustión. 
Como es sabido, no sólo la influencia en el medio ambiente es importante. 
La salud de la gente también está en peligro. 
Una comparación entre la combustión de carbón hecha con adecuada filtración de humos y la energía nuclear durante un período de diez años ha demostrado que, mediante la utilización de la energía nuclear en la UE, hemos salvado la vida a veinte mil personas, gracias a las menores emisiones contaminantes. 
Por este motivo son tan graves las propuestas de desmantelamiento anticipado de la energía nuclear, tanto para el medio ambiente como para la salud pública. 
También estoy convencido de que el uso de medios económicos de gestión, por ejemplo, gravámenes para el azufre y el nitrógeno, podrán coadyuvar para llegar aún más lejos y, en la práctica, hacer más rigurosas nuestras exigencias. 
Semejantes gravámenes tienen gran éxito en Suecia. 
El método de los derechos a la emisión también merece ser estudiado y puede producir buenos efectos medioambientales a bajos costes. 
La combustión de combustibles fósiles también produce dióxido de carbono que contribuye al efecto invernadero. 
Éste es quizá el problema más grave. 
En todo caso, es una señal para limitar la combustión de combustibles fósiles, tanto como sea posible. 
En este caso, el comercio con los derechos a las emisiones también nos puede proporcionar un método para dar estabilidad a los esfuerzos para cumplir con las exigencias del protocolo de Kioto. 
Señor Presidente, la acidificación es todavía una grave amenaza contra los bosques europeos. 
En Alemania, el 67 por ciento de los bosques están expuestos a emisiones acidificantes, a dióxido de azufre y a compuestos de nitrógeno que sobrepasan el límite máximo de tolerancia. 
En Francia está afectado el 22 por ciento de la superficie boscosa. 
Hay países en que los bosques están relativamente poco perjudicados, por ejemplo España, en que la cifra correspondiente es sólo del 1 por ciento. 
Pero de igual modo contribuyen las emisiones de España a acidificar una superficie cinco veces mayor que la propia área forestal afectada. 
Otros nueve países de la UE tiene contribuciones netas a la acidificación fuera de sus propias fronteras, en tanto que cinco países- Alemania, Francia, Austria, Suecia y Finlandia- acidifican un área inferior a la de sus propias superficies forestales. 
Estas cifras demuestran que las emisiones provenientes de las grandes centrales de combustión son un problema que precisa, en gran medida, una reglamentación común de carácter supraestatal. 
Por eso es provechoso que la Comisión haya presentado esta directiva. 
Sin embargo, es demasiado débil, mientras que la propuesta del Parlamento, o sea el Informe Oomen-Ruijten, está mucho más cerca de lo que objetivamente se necesita y que el movimiento medioambiental exige. 
Por este motivo, el Grupo V da su apoyo, en general, al informe Oomen-Ruijten. 
No tengo más remedio que intervenir porque el Sr. Gahrton, en el poco tiempo de que ha dispuesto, ha dedicado unos cuantos minutos a decir cosas absolutamente inexactas. 
Este problema de las emisiones no afecta a España, porque tiene un tercio de energía hidroeléctrica y un tercio de energía nuclear. 
Por lo tanto, documéntese, señor Gahrton, y no diga las tonterías que acaba de decir. 
Presidente, las grandes instalaciones de combustión provocan juntas la emisión del 63 % de dióxido de azufre y del 21 % de óxidos de nitrógeno en la Unión Europea. 
SO2 y NOx son la causa más importante de la lluvia ácida y además constituyen una amenaza para la salud pública. 
Por lo tanto, es de gran importancia que se reduzcan mediante esta propuesta las emisiones de los agentes anteriormente mencionados. 
Estoy de acuerdo entonces con que la Comisión Europea aplique la directiva también a las turbinas de gas. 
Sin embargo, no puede haber excepciones para las plataformas marítimas. 
Dado que con las técnicas actuales se puede reducir la emisión de SO2 hasta 100 miligramos por metro cúbico, la propuesta general de unos valores límite de emisión de 200 miligramos por metro cúbico merece sin duda el apoyo del Parlamento. 
Las normas sobre la emisión de NOx se pueden hacer también más estrictas. 
Es esencial en el informe que las grandes instalaciones de combustión existentes también deban cumplir a la larga con los requisitos de emisión establecidos, dado que estas instalaciones en su conjunto producen en gran medida la emisión de los agentes contaminantes. 
De otro modo no se notará sustancialmente el efecto de las medidas, es decir un aire más limpio y más sano. 
Por último, quiero hacer la observación de que no puede ser que los combustibles altamente contaminantes tengan una ventaja a través de unos valores límite de emisión más altos. 
Para la incineración de residuos también hay unas normas estrictas, pero la emisión de combustibles sólidos puede ser asimismo una amenaza para la calidad del aire y con ella, para la salud pública. 
Con esta propuesta damos un gran paso hacia adelante. 
Agradezco a la Sra. Oomen-Ruijten sus esfuerzos. 
Señor Presidente, cuando venían aquí, probablemente la mayoría de ustedes ha pasado por un pasillo con una exposición de cuadros que representan escenas de mi tierra. 
Son imágenes de naturaleza con agua, animales y nieve. 
Todo está limpio y se ve sano. 
Desgraciadamente, todo está muerto, muerto a causa de la acidificación y de la contaminación venida desde muy lejos, desde países y regiones que no es necesario mencionar aquí, pero que seguramente saben que en sus territorios existen unas centrales térmicas que hacen que esas hermosas imágenes estén, a pesar de todo, sin vida. 
Por eso el Informe Oomen-Ruijten es uno de los más importantes para mi región, para la supervivencia de los animales y las plantas, para los ríos y para todo lo demás que se ve afectado por la acidificación. 
Por este motivo, puedo comprobar con satisfacción que la mayoría en la Comisión de Medio Ambiente ha tenido el buen criterio de respaldar las exigencias propuestas por la ponente, más severas que las de la directiva del Consejo. 
Especialmente cabe mencionar la propuesta de que la directiva también comprenda a las centrales existentes, algo que, evidentemente, el Consejo no ha sido capaz de abordar. 
Las centrales existentes son responsables de una cantidad considerable de emisiones. 
Si la propuesta de Oomen-Ruijten fuese aprobada, significaría que la disminución de las emisiones de dióxido de azufre sería de entre 1 y 1, 5 millones de toneladas al año. 
Esto corresponde a una cifra entre 10 y 15 veces mayor que las emisiones totales de azufre de Suecia. 
Se puede comparar con el Reino Unido, que cada año emite 2 millones de toneladas. 
Desde este punto de vista es casi una locura esperar otros cinco años hasta que esas centrales queden obsoletas. 
Obviamente hay argumentos en contra: la propuesta cuesta dinero, pero existe la técnica necesaria. 
Sabemos que todos tendremos que pagar, puesto que todos tenemos ese tipo de instalaciones. 
Pero los beneficios son incalculables. 
Sólo espero que más personas en esta Asamblea se sientan atraídas por la idea de salvar vidas. 
Señor Presidente, a la hora de recomendar nuevos valores límite para las emisiones de las instalaciones de combustión, hay que examinar estas emisiones en su conjunto y tener presentes también las repercusiones que los reglamentos tienen en la aparición de los gases de invernadero. 
En la enmienda 19 se proponen unos plazos más largos en situaciones donde no se dispongan de técnicas de lavado. 
Las 24 horas que propone la Comisión no son suficientes en ningún caso para refrigerar los equipos que deban sustituirse, esclarecer los fallos, corregirlos y poner en marcha de nuevo los equipos. Esto es cierto especialmente si las averías se producen a una hora en que las instalaciones cuentan con una presencia mínima de personal, por ejemplo de noche, en día festivo o en fin de semana. 
Si no se modificara este plazo de tiempo, las centrales eléctricas más eficaces y modernas se verían obligadas a interrumpir su actividad en casi todos los casos de avería, y habría que suplir esta producción por medio de instalaciones incapaces de mantener los valores mínimos de protección atmosférica al mismo nivel que las instalaciones clausuradas. 
Estas circunstancias no respetan el espíritu de las propuestas de directiva. 
Queremos fomentar e incrementar a escala comunitaria el uso de los biocombustibles y de la producción combinada de electricidad y calor con el fin reducir al mínimo los gases de invernadero. 
Para poder alcanzar estos objetivos, es necesario permitir, con arreglo a la propuesta de la Comisión, unos valores límite de emisión más elevados para los biocombustibles. Además, será preciso adaptar los requisitos en materia de protección atmosférica en las instalaciones de combustión más pequeñas a unos niveles más razonables desde el punto de vista económico y de la tecnología. 
Señor Presidente, como ya se ha señalado aquí en numerosas intervenciones, nos queda aún mucho que hacer para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado, tanto en el plano comunitario como en cada uno de los Estados miembros, en materia de protección atmosférica. 
Por consiguiente, hay que hacer todo lo que se pueda a este respecto, y una muestra de que podemos hacer más de lo que prevé la Comisión la constituye este informe acerca de las grandes instalaciones de combustión que ha elaborado la Sra. Oomen-Ruijten en nombre de la Comisión de Medio Ambiente. 
Creo que la mejor contribución del presente informe reside en el hecho de que incorpora también las instalaciones antiguas, las que hayan entrado en funcionamiento antes de 1987, a la legislación y al ámbito de aplicación de los valores límite comunitarios. 
Si no se actuara en este sentido, la directiva carecería de todo sentido, puesto que la vida útil de estas instalaciones es muy larga. Por lo tanto, si no se ampliara el ámbito de esta directiva a las instalaciones antiguas, no se lograría absolutamente ninguna repercusión por lo que respecta a las emisiones a la atmósfera. 
Así pues, apoyo fervientemente que se incluyan también las instalaciones más antiguas. 
Sin embargo, hemos de velar asimismo por que estos requisitos se exijan también a los países candidatos: en esta cuestión no se puede ir por libre. Esta circunstancia exige naturalmente la asignación de recursos para alcanzar el objetivo establecido. 
Igualmente, considero que deberíamos potenciar el uso de los biocombustibles y la producción combinada de electricidad y calor, si bien creo también que, por lo que respecta a los biocombustibles, deberían ajustarse a los mismo valores límite que se establezcan para el resto de los combustibles. 
Señor Presidente, estamos modificando una directiva técnica y son muchos los aspectos a los que se han referido los distintos oradores. 
Los problemas relativos a las instalaciones más viejas dependen, evidentemente, de las fuentes de energía que utilizan los distintos Estados miembros, y éstas difieren enormemente entre sí. 
Sabemos que las grandes instalaciones de combustión que existen en la actualidad son las causantes de aproximadamente dos terceras partes de la contaminación de dióxido de azufre y de cerca de una cuarta parte de los óxidos de nitrógeno, y éstos tienen serias repercusiones sobre la salud y el medio ambiente. 
Por tanto, necesitamos con urgencia esta revisión. 
Estoy muy a favor de que intentemos pasar hacia una mayor cogeneración, como han mencionado otros diputados. 
No obstante, como ponente sobre la calidad del aire, deseo centrarme en dos aspectos. 
El primero está contemplado en al enmienda 1, que relaciona lo que se ha hecho en esta directiva con la estrategia a largo plazo para proteger la capa de ozono, que aún estamos esperando. 
El objetivo de ésta debe ser controlar las emisiones nocivas de dichas instalaciones y reducir el índice de cantidades peligrosas. 
Si fracasamos en este intento, fracasaremos por partida doble, en lo relativo a la protección del medio ambiente y de la salud pública. 
A pesar de que aún no contamos con la estrategia sobre el ozono, debido a la parálisis de la Comisión, sabemos que tarde o temprano deberán adaptarse los valores máximos de las emisiones a dicha estrategia. 
Debemos exponer abiertamente a la nueva Comisión, cuando tome posesión de su cargo, que necesitamos urgentemente la estrategia para proteger la capa de ozono y que se establezcan los límites máximos de emisiones nacionales, al que se refería el Sr. Bowe. 
Mi segunda observación es relativa a la enmienda 15, que aboga por una mayor difusión de la información entre el público. 
Es el mismo enfoque que adoptamos en las directivas hermanas sobre la contaminación atmosférica. 
A algunos parece no gustarles demasiado que se informe al público, pero las personas que viven en las proximidades de estas grandes instalaciones de combustión deben saber si su salud corre peligro debido a un incremento de la contaminación atmosférica. 
Las recomiendo a la Asamblea y confío en que reciban el apoyo de la Comisión y, lo que es más importante, del Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quisiera expresar mi agradecimiento a la ponente, también por el tesón que ha demostrado para superar los conflictos que obviamente hemos tenido en este contexto. 
Desde luego es cierto que la liberalización del mercado interior de la electricidad hace necesaria también una armonización de las disposiciones medioambientales. 
Este es un paso importante. ¡Ojalá le sigan otros! 
Sin embargo, paradójicamente, la armonización tiene a su vez como resultado una distorsión de la competencia. 
Voy a aclararlo con el ejemplo de las emisiones de óxidos de nitrógeno. 
Supongamos que éstas son iguales a 200 mg/m3. 
Este es un nivel que sin duda es posible mejorar técnicamente en el caso de las grandes instalaciones. Esto es evidente. 
Pero en el caso del carbón y sobre todo del lignito esto encarece entre uno y dos pfennig alemanes el precio de la electricidad. 
Esto no es poco y seguramente expulsaría a dichos productores del mercado. Es decir, que se verá alterada la ventaja competitiva que poseían hasta ahora o la imparcialidad de la competencia. 
La energía nuclear estará, además, de enhorabuena, pues ello no la afectará e incluso resultará relativamente más barata. 
Quien esté a favor de la misma, sin duda se alegrará. 
Si deseamos una competencia imparcial tenemos que tener presente al menos este aspecto. 
En Alemania tenemos una normativa que establece un límite de 200 mg/m3. 
Éste exigió en su momento considerables inversiones y tuvo un coste bastante alto. Es un límite perfectamente tolerable. 
Si ahora se pretende reducirlo a 100 mg/m3, ello no planteará ningún problema técnico en el caso del gas, pero conllevará un consiguiente aumento de precio. 
En un marco de competencia esto significa la expulsión del mercado. 
¿Qué ocurrirá luego? 
A continuación, las regiones afectadas recibirán ayudas regionales de la Unión Europea o del Estado nacional. El contribuyente pagará entonces el coste a través de la ayuda regional. 
¡Este no puede ser nuestro objetivo! 
Por consiguiente, yo creo que debemos buscar un equilibrio. No lo digo a la ligera, puesto que evidentemente sé que una atmósfera más limpia siempre es preferible a otra más contaminada. 
Pero 200 mg/m3 son, a mi parecer, un nivel muy aceptable y deberíamos mantenerlo. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero agradecer muy especialmente a la ponente, la Sra. Oomen-Ruijten de mi Grupo político, la presentación del informe y el meticuloso trabajo que ha realizado. 
Muchos colegas, también dentro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, consideraban excesivos los valores límite establecidos por la ponente con vistas a la reducción de las emisiones de agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión hasta el año 2005. 
En el debate sobre los gases de escape de los automóviles se escuchan argumentos parecidos. 
Yo tengo la impresión de que disponemos de la tecnología necesaria para alcanzar esos niveles. Evidentemente, ello exigirá mayores esfuerzos financieros. 
También por este motivo es tan importante que apoyemos, en el marco del programa Life, el desarrollo y las posibilidades de aplicación de la técnica más moderna que sea adecuada para alcanzar estos objetivos y valores límite. 
¿Quién abogará por unos objetivos exigentes con vistas a la reducción de la contaminación atmosférica como no sea el Parlamento Europeo? 
Hasta ahora, sólo gracias al Parlamento Europeo se han alcanzado unos niveles y unos objetivos que a menudo se había dicho que era imposible alcanzar en el plazo previsto. 
Señor Linkohr, usted ya conoce el debate en el caso de los automóviles. 
Estimadas y estimados colegas, yo les ruego que no olviden que el 1 de mayo de 1999 entrará en vigor el Tratado de Amsterdam. 
A partir de esa fecha examinaremos la propuesta en el marco del procedimiento de codecisión y tendremos así la oportunidad de sacar adelante peticiones algo más ambiciosas en materia de valores límite y de los niveles de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno, pero también en lo que respecta a la inclusión de las instalaciones antiguas, hasta ahora excluidas, que constituyen un problema particularmente urgente. 
Yo les pido que tengan en cuenta que esta es la primera lectura. 
Ya veremos luego cuáles son las contrapropuestas del Consejo y tendremos que negociar los siguientes pasos en la segunda lectura. 
Yo soy del parecer que deberíamos presentar ya ahora propuestas en los casos en los que la técnica lo permita y calcular luego qué objetivos podemos alcanzar. 
Presidente, hay una observación que no quiero que se quede en el aire. 
Me gustaría que la caricatura que el Sr. Linkohr ha hecho de mi propuesta relativa al NOx se remitiera a la buena información que quizá pueda conseguir en el RWE en Alemania porque allí se han comprobado mis cifras del NOx y lo que he redactado, son las cifras... 
Señora, perdóneme, pero me veo obligado a interrumpirla. 
He interrumpido a la Sra. Estevan Bolea hace unos instantes por la misma razón: no son cuestiones de observancia del reglamento ni preguntas a la Comisión. 
Sólo puedo aceptar estas intervenciones por alusiones personales, a condición de que lo sean, que lo dudo. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar agradeciendo especialmente a la Comisión de Medio Ambiente y a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, el muy pormenorizado tratamiento que han hecho de la propuesta, siendo como es una propuesta muy técnica. 
Tal y como han mencionado diversos oradores a lo largo de esta tarde, las grandes instalaciones de combustión son responsables de una parte considerable de las emisiones comunitarias de dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno. 
Y precisamente por el volumen de estas emisiones y por su carácter transfronterizo resulta necesario disponer de soluciones en el ámbito comunitario, siendo absolutamente fundamental velar por actualizar la legislación comunitaria en este terreno. 
Éste es el motivo por el que esta propuesta figuraba entre los elementos de la estrategia comunitaria sobre la acidificación, algo a lo que también se han referido varios oradores. 
En muchos puntos la Comisión se suma a las constructivas enmiendas presentadas. El Parlamento Europeo tiene razón al remitirse al objetivo incluido en la estrategia comunitaria sobre la acidificación y por ello la Comisión acepta la enmienda 1. 
Comparto la opinión manifestada tanto por la Sra. Pollack como por el Sr. Bowe, es decir, faltan las dos propuestas que estaban listas para su presentación y que ahora habremos de esperar hasta que la nueva Comisión adopte una postura sobre ellas. 
La Comisión comprende perfectamente el interés del Parlamento Europeo por que se consideren los instrumentos económicos como un medio para reducir las emisiones de dióxido de azufre y monóxido de nitrógeno tal y como queda manifestado en la enmienda 3. 
Las posibilidades de utilización de estos agentes podrán ser valoradas a la luz de cómo se desarrolle la propuesta sobre tasas energéticas y no voy a decir más sobre este tema. 
Lo hemos discutido varias veces. 
La Comisión se suma al deseo del Parlamento de que el desarrollo tecnológico sirva de guía para las grandes instalaciones de combustión y en principio acepta la enmienda 5. 
Habrá que considerar cuál es la mejor forma a este respecto para satisfacer el objetivo de la comisión teniendo en cuenta el resultado de la entrada en vigor en este sector de la directiva sobre prevención integral y lucha contra la contaminación. 
La Comisión también está de acuerdo en que las informaciones de efectos medioambientales de las grandes instalaciones de combustión deben estar disponibles fácilmente. 
Por ello la Comisión acepta la enmienda 15, a la que la Sra. Pollack se refirió en particular, ya que puede cumplirse mediante el registro de emisiones contaminantes actualmente en elaboración. 
La Comisión sigue trabajando en la propuesta de directiva sobre los techos de emisiones nacionales de la que hablé anteriormente. 
Es un eslabón fundamental dentro de la estrategia de la Comisión de lucha contra la acidificación y el ozono en la troposfera y protección de la salud pública. 
En ella quedarán fijados los límites nacionales para las emisiones de una serie de sustancias contaminantes. 
Serán eficaces desde el punto de vista coste-eficacia en el plano comunitario y quedarán fijados a partir de la relación entre las emisiones y sus efectos medioambientales. 
Los Estados miembros tendrán así posibilidad de alcanzar las reducciones de sus emisiones exigidas de la manera más eficaz en función de los costes, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos medioambientales de la UE. 
Por consiguiente, la actual propuesta sólo incluye las nuevas instalaciones que reciban su licencia de funcionamiento a partir de enero del año 2000. 
Considerando lo cual, la Comisión no cree conveniente ampliar el campo de aplicación de la propuesta para que incluya también las instalaciones ya existentes, lo que tiene consecuencias para una serie de enmiendas y voy a mencionar las que no aceptamos, es decir, las enmiendas 8, 10, 12, 14, 16-18, 20 y 21. 
Los valores límites propuestos para las emisiones han sido pensados como ambiciosos requisitos mínimos que deberán ser cumplidos en toda la Comunidad, como mencionaron la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Bowe en sus intervenciones. 
Hemos elegido fijar unos ambiciosos requisitos mínimos que deberán ser cumplidos en toda la Comunidad. 
Son aproximadamente el doble de rigurosos que los requisitos incluidos en la actual legislación comunitaria. 
Aún pueden utilizarse valores límites más estrictos para las emisiones si las circunstancias locales lo justifican o si así lo exige el cumplimiento de los techos nacionales de emisiones. 
Por ello la Comisión no considera conveniente aceptar las enmiendas 7, 9, 11 y 13, aunque la Comisión ha tomado nota del deseo del Parlamento de disponer de requisitos mínimos más rigurosos en el plano comunitario. 
Estoy absolutamente segura de que ésta es una cuestión a la que volveremos más adelante. 
Las enmiendas 2, 4, 6, 19, 22 y 23 no pueden ser aceptadas por motivos técnicos y otras causas. 
Para finalizar, me gustaría manifestar mi satisfacción con este informe. 
El Parlamento Europeo ha mostrado una actitud muy constructiva y positiva que puede servir de base para las negociaciones que habrán de llevarse a cabo en el próximo procedimiento legislativo. 
Estamos convencidos de que el Parlamento Europeo contribuirá con su posición a acercarnos al objetivo que todos queremos alcanzar, es decir, luchar contra la acidificación y el ozono en la troposfera y mejorar la salud pública. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Incineración de residuos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0183/99) del Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (98) 0558- C4-0668/98-98/0289 (SYN) relativa a la incineración de residuos. 
Señor Presidente, el informe que vamos a debatir ahora se refiere a la directiva relativa a la incineración de residuos y es importante por dos razones, a saber, en primer lugar por la salud de las personas que viven en la proximidad de las incineradoras, centrales eléctricas y hornos de cemento. 
En segundo lugar por la calidad de aire en toda la Unión Europea. 
Se trata por tanto sobre todo de los agentes contaminantes dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, pequeñas partículas, dioxinas y furanos. 
La propuesta de la Comisión Europea, si se implementa en su totalidad, reduciría la emisión de dioxinas de 2400 gramos al año a 10 gramos al año. 
La nueva propuesta de la Comisión es de buena calidad, pero hay todavía algunos puntos en que se puede mejorar. 
La propuesta de la Comisión sobre la incineración de residuos urbanos concierne tanto los residuos peligrosos como los no peligrosos. 
Dado que hay otra propuesta de la Comisión sobre la modificación de la directiva relativa a la incineración de residuos peligrosos, es lógico integrar ambas directivas. 
Las ventajas evidentes son unas normas de emisión coherentes, puesto que la distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos está principalmente basada en los criterios que se aplican a la recogida, el almacenaje, el transporte, la gestión y tratamiento de residuos, que preceden al proceso de incineración. 
Durante la incineración los denominados residuos no peligrosos se pueden convertir en agentes peligrosos y contaminantes. 
A menudo se trata de los mismos compuestos que los que se crean al incinerar los residuos peligrosos, dicho de otra forma, lo que sale de la instalación es más importante de lo que entra. 
Para ese «output» se tienen que establecer unas normas claras en forma de valores límite de emisión. 
La integración de ambas directivas no conduce a un régimen distinto que el actual sobre incineración. 
No se trata de que los residuos peligrosos, que en la situación anterior sólo se incineraban en hornos especializados, ahora de repente se puedan incinerar en cualquier horno. 
Hay determinados residuos peligrosos que se tienen que incinerar a una temperatura de 1100ºC para evitar la formación de dioxinas. 
Mantener estas directivas separadas no genera ningún beneficio al medio ambiente. 
Justo lo contrario. 
Si no integráramos las directivas, esto podría conducirnos a unas normas menos estrictas para los residuos peligrosos con respecto a los residuos urbanos. 
Para poder aplicar la nueva directiva también a los residuos peligrosos son necesarias las enmiendas 7, 9, 15, 18, 19, 56 y 61. 
Estas enmiendas proceden de la directiva 94/67/CE relativa a la incineración de residuos peligrosos. 
La Comisión de Medio Ambiente pide a la Comisión Europea que se esfuerce al máximo para que el Consejo en junio pueda establecer la posición común sobre una única directiva. 
También cuando se incineran residuos, se tienen que considerar las emisiones que se producen. 
Al final se deberán aplicar las mismas normas de emisión para cada instalación que incinera residuos. 
Por lo que respecta a la Comisión de Medio Ambiente, las centrales eléctricas y hornos de cemento pueden coincinerar residuos siempre que cumplan las normas de emisión. 
La nueva propuesta de la Comisión contiene una buena regulación sobre la coincineración de residuos urbanos en hornos de cemento. 
Esta regulación se ha de aplicar también a la incineración de residuos peligrosos en hornos de cemento. 
Esto sí significa que temporalmente se aplican a los hornos de cemento unas normas menos estrictas. 
Las inversiones necesarias para la limpieza de los gases de combustión en los hornos de cemento pueden costearse con los altos ingresos que genera la aceptación de residuos peligrosos y con el ahorro en combustible. 
Como las emisiones de NOx deben mantenerse en el nivel más bajo posible, para muchas instalaciones se necesitará una instalación para reducir el NOx. 
En este tipo de instalación se emplea amoníaco para poder eliminar el NOx. 
Naturalmente, esto se debe hacer de forma controlada para que no vaya amoníaco a la atmósfera. 
Por lo tanto, la Comisión de Medio Ambiente propone una norma para el amoníaco en las enmiendas 24, 36, 38 y 41. 
Por último, me llegan noticias de que muchas instalaciones de incineración no cumplen las directivas de 1989. 
Sería el caso de las incineradoras francesas sobre todo. 
O sea, es importante que estas incineradoras inviertan para cumplir los nuevos requisitos de esta directiva. 
La ventaja es que estas instalaciones que acabo de mencionar, sólo tienen que hacer la inversión una vez, dicho de otra forma, se puede hacer de una vez por todas. 
Insto a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente a que vigilen estrictamente el respeto de las directivas actuales y futuras. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, resumiendo, para mejorar la salud de las personas que viven en la proximidad de una incineradora y para crear una mejor calidad del aire en toda la Unión Europea, es importante que se adopte una directiva sobre la incineración de residuos peligrosos y urbanos en la que se regule mejor la coincineración y que haya unas normas prudentes para la emisión de agentes contaminantes. 
Señor Presidente, los residuos no son el objetivo de la producción, aunque la cantidad de éstos bien pudiera dar esa impresión. 
Depositamos e incineramos los residuos. 
Al medio ambiente no le beneficia ni lo uno ni lo otro. 
Me gustaría agradecer al Sr. Blokalnd el gran trabajo que ha hecho con el informe y su firme postura en favor del medio ambiente. 
Es evidente que la influencia de la contaminación en la salud humana es grande. 
Un ejemplo es el caso de las dioxinas, una de las emisiones típicas que se producen en la incineración. 
Muchas mujeres europeas presentan altas concentraciones de dioxinas en su leche materna. 
Las dioxinas pueden suponer un motivo de preocupación al ser sustancias similares a las hormonas. 
Con esta propuesta sobre la incineración esperamos alcanzar un nivel más elevado de protección reduciendo las emisiones de dioxinas. 
El informe de la Comisión de Medio Ambiente une dos directivas, incineración de residuos municipales e incineración de residuos peligrosos. 
La idea que ha motivado la unión de estas dos directivas es que las emisiones procedentes de la incineración de residuos constituyen un problema de contaminación, independientemente del tipo de residuos que se incineren. 
Además, Europa podría haber corrido el riesgo de alcanzar valores límites más estrictos para la incineración de residuos municipales que para la incineración de residuos peligrosos en el caso de que hubiéramos permitido que siguiera adelante la división de estos ámbitos que la Comisión nos propuso inicialmente. 
Por no hablar tampoco del riesgo de posibles fraudes en la catalogación de los residuos. 
En la propuesta de la Comisión sobre los residuos municipales se mencionan tipos de residuos que en mi modesta opinión son claramente residuos peligrosos. 
Me refiero, por ejemplo, a los aceites residuales y a los residuos hospitalarios. 
Las emisiones procedentes de la incineración de residuos deben ser tratadas de forma homogénea, independientemente de lo que se esté quemando, por ejemplo, azufre, óxido de nitrógeno, dioxinas o cenizas. 
Ha habido mucha inquietud sobre la coincineración y la industria cementera y hemos optado por el compromiso de mantener las tres categorías: auténticas incineradoras, coincineración y fábricas de cemento. 
Sin embargo, lo fundamental es que todas cumplan normas de emisión más estrictas. 
No permitiremos ninguna triquiñuela que permita cierto tipo de turismo de residuos que puede acabar con la viabilidad económica de las verdaderas incineradoras. 
Por tanto, la coincineración, incluida la industria cementera, debe cumplir los requisitos sobre valores de emisión rigurosos. 
Permítanme recalcar que seguimos defendiendo un tratamiento diferenciado de los diferentes residuos. 
Por ello no es correcta la crítica que dice que la unión de estas dos directivas implicaría una menor protección medioambiental. 
Sólo hay que leer el texto para comprobar que en él se recogen diferentes requisitos dentro de los marcos de la directiva. 
La Comisión debe, por otra parte, hacer un seguimiento de la estrategia sobre residuos aprobada, en la que precisamente señalamos la importancia que tienen la reutilización y el reciclado. 
De exigirse la clasificación de los residuos mediante planes de gestión de residuos, podríamos ahorrar materias primas y gozar de un aire menos contaminado. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, yo agradezco al ponente el compromiso con que ha asumido su trabajo. 
Yo tuve la gran fortuna de ser ponente de la Directiva sobre incineración de residuos peligrosos en 1994. 
En aquel momento impusimos unos valores límite que yo considero todavía hoy desusadamente rigurosos. 
En la actualidad, el resultado demuestra que trece de los quince Estados miembros de la Unión Europea todavía no han procedido a la transposición los estrictos valores que se adoptaron en su momento. 
Dos países los han aplicado y como resultado esos países y esas empresas tuvieron que desembolsar una gran cantidad de dinero y seguramente tendrán que volver a hacerlo si hoy alcanzamos unas conclusiones distintas. 
En consecuencia, yo pienso que, si bien sin duda es acertado establecer unos valores rigurosos, hay que hacerlo empero con seriedad y teniendo en cuenta obviamente también las consideraciones en materia de salud, que yo comparto por completo. 
Sin embargo, no me parece demasiado bien que algunos países y, por lo tanto, algunas incineradoras cumplan la ley en Europa y hayan desembolsado una gran cantidad de dinero, en Francia, por ejemplo, pero también en mi país- le puedo mostrar gustosamente los datos, señor Blokland; en realidad, usted no vive muy lejos de allí -, mientras otros no han hecho nada y estos últimos podrán ahorrarse la primera inversión con los nuevos valores límite, parte de los cuales usted se propone reducir ahora a la mitad. 
Esta es una política de competencia que yo no puedo aceptar. Por consiguiente, yo creo que debemos proceder con prudencia, pero también con rigor. 
Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con la utilización de la mejor tecnología disponible, pero yo quisiera que el Sr. Blokland definiera también cuál es la «mejor tecnología disponible» en Europa. 
No puede ser que unos la definan de una forma y otros de otra. 
Mi crítica abarca, en consecuencia, también el tema de los métodos de medición. 
Si establecemos unas cifras, también debemos establecer cómo, cuándo y dónde se efectuarán las mediciones. 
También en este aspecto existen enormes diferencias en Europa. 
La coincineración es una buena idea si se realiza correctamente. 
Yo la apoyo. 
Pero se deben establecer valores distintos para la misma, puesto que la incineración tiene dos componentes: la incineración de petróleo o residuos, por un lado, y la incineración de productos metálicos, por el otro lado. 
Esto requiere una normativa específica. 
La presente propuesta de la Comisión es más rigurosa y yo la apoyo, si se formula de manera razonable, 
Si suscribimos las propuestas del Sr. Blokland, yo creo que a la larga se acabará prohibiendo la coincineración razonable en hornos de cemento y esto no tiene ningún sentido, precisamente desde el punto de vista de la política medioambiental, porque entonces será preciso utilizar gas o carbón, cosa que usted también quisiera prohibir. 
Una correcta coincineración según unos criterios rigurosos es, por lo tanto, el camino adecuado. 
Además, yo desearía que no sólo se establezcan unos criterios, sino también unos procedimientos de medición, que no están definidos en Europa. 
Con lo cual volvemos a caer en el sistema federalista, en el que cada uno hace lo que le da la gana. 
Esto es precisamente lo que yo quisiera pedirle que tenga en cuenta, señor Blokland, a la vez que le ruego que vuelva a considerar esta cuestión. 
Presidente, se espera que en el año 2000 incineremos cincuenta millones de toneladas de residuos. 
Eso es, naturalmente, un montón. 
Por lo tanto, habrá también muchas más incineradoras de residuos. 
No puede ser que la incineración sea el recurso definitivo. 
Todos sabemos: primero la prevención y después la reutilización de residuos, «recycling» y sólo en última instancia la incineración. 
No obstante, esos cincuenta millones de toneladas de residuos en el año 2000 no nos los quita nadie. 
Me parece que la propuesta de la Comisión es una contribución muy sensata pero sobre todo las propuestas más estrictas de nuestro colega Blokland nos agradan como liberales. 
Dos observaciones al respecto. 
Apoyo la propuesta del ponente de integrar ambas directivas sobre incineración, o sea los residuos peligrosos y no peligrosos deben juntarse. 
Pero por supuesto sólo con la condición de que se adopten las enmiendas 7, 15 y 18 y espero que la Comisión Europea responda después positivamente a estas enmiendas. 
Si se adoptan, los procedimientos jurídicos tendentes a eludir su aplicación ya no serán posibles al integrarse estas dos directivas. 
Por último, Presidente, la industria del cemento. 
Todo el mundo ha tenido que ver con la industria del cemento. 
Nos ha visitado a todos. 
Actualmente, esa industria del cemento trata muchos residuos, sobre todo residuos peligrosos. 
Si los hornos de cemento coincineran, esto genera muchos ingresos. 
Estoy también de acuerdo con el Sr. Blokland con que estos ingresos adicionales y el ahorro en combustible pueden ser utilizados para invertir en un procedimiento más limpio. 
La industria del cemento debe cumplir también las normas de emisión más estrictas. 
Las excepciones no me parecen oportunas, sobre todo dado el hecho de que, nuestro colega Florenz lo menciona también, en los Países Bajos, Austria y Alemania se respete ya esa norma de 500 miligramos de NOx por metro cúbico. 
Por lo tanto, ¿por qué no puede ser para los otros países un estímulo a seguir que estos tres países ya lo estén consiguiendo? 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, la incineración de residuos ha sido ya objeto de diferentes directivas europeas, la más reciente, la directiva 94/67 CE, que trata en concreto sobre la incineración de residuos peligrosos. 
La presente propuesta de directiva del Consejo tiene relación con la incineración de residuos que no dependen de la directiva citada, es decir, residuos no peligrosos, como los municipales, y algunos residuos peligrosos particulares excluidos de la presente directiva. 
No nos pondremos más pesados con las numerosas enmiendas presentadas, pero quisiéramos protestar enérgicamente contra las aportadas por el ponente que pretenden fusionar las dos directivas, sobre los residuos peligrosos y los no peligrosos. 
Para esta propuesta, el ponente se apoya en dos argumentos. 
El primero es llegar a una simplificación administrativa de los textos y tener así una directiva en lugar de dos. 
En realidad, como ha dicho mi colega Florenz, la directiva sobre los residuos peligrosos aún no ha sido trasladada a la legislación de todos los Estados miembros y modificándola, de alguna manera por amalgama, se crearía más confusión que simplificación. 
El segundo argumento avanzado es que los valores, las cantidades de emisión de productos residuales son muy cercanos. 
En realidad, no son sólo los valores los que cuentan. 
La manipulación, la gestión, el tratamiento de estas dos categorías de residuos, peligrosos y no peligrosos, son muy diferentes. 
Una verdadera política de tratamiento de los residuos necesita una selección y un tratamiento selectivos, y no una mezcla anacrónica y anárquica. 
Una mezcla así llevaría a hacer que se incinerasen residuos peligrosos en incineradores para basuras domésticas. 
Esto es tanto más verosímil en la medida en que algunos Estados miembros se han dotado de incineradores para basuras domésticas sobredimensionados y se verían en la tentación de utilizar esos excesos de capacidad completando el abastecimiento de los incineradores mediante residuos peligrosos. 
Una actuación así sería inaceptable, ya que provocaría un riesgo importante para la salud de poblaciones vecinas y el entorno de los incineradores. 
El texto del ponente es bastante vago sobre la obligación y la especificidad de los controles a la entrada de los residuos, sobre la especificidad de la recepción y almacenaje de esos residuos, de la formación del personal, etc. sin contar la dificultad para los industriales de asegurar el seguimiento del tratamiento de sus residuos y de precisar sus responsabilidades. 
Como conclusión, la propuesta de fusión entre las directivas sobre los productos peligrosos y no peligrosos que contiene el texto del ponente nos parece totalmente irracional y fuente de graves peligros. 
Además, hemos de señalar que al no distinguir la especificidad de las instalaciones de coincineración se prohibiría esta coincineración, lo que sería catastrófico para las industrias afectadas y las economías de energía fósil realizadas mediante la utilización de esos residuos como combustible. 
Finalmente, estamos contra algunas enmiendas que piden medidas extremas relativas a las normas de emisión. 
Estas medidas implicarían unas inversiones importantes y costosas, sin ningún beneficio real para el medio ambiente. 
Señor Presidente, en nombre de mi grupo, quisiera dar las gracias al ponente que ha hecho un excelente trabajo. 
Respetamos totalmente la línea política que propone, tanto en lo que respecta a la coincineración como al acoplamiento de las dos directivas. 
Por el contrario, tenemos algunas enmiendas que han sido rechazadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y que nos parecen esenciales. 
Quisiera decirlo en pocas palabras. 
En primer lugar, la problemática de los vertidos en el entorno acuático. 
Consideramos que no es normal exigir vertidos nulos en el entorno acuático. 
La Comisión, en su proyecto de directiva sobre la incineración de los residuos peligrosos, proponía ya una medida así en 1992. 
Desde entonces, podemos preguntarnos por las razones que han motivado un retroceso en la materia y por el hecho de que los principales grupos de este Parlamento no hayan conectado con nuestra propuesta. 
Efectivamente, todo habla en favor de una medida tan exigente. 
Recuerdo especialmente que, durante la adopción del informe del Sr. White sobre la directiva marco relativa al agua, hace algunos meses, acordamos exigir dentro de un plazo, en el 2020 como muy tarde, un nivel cero para los residuos de cualquier sustancia peligrosa en el entorno acuático. 
Un primer paso consistiría en adoptar una medida que va en ese sentido para instalaciones tan preocupantes como los incineradores. 
Segundo elemento que quisiera mencionar: el problema de la dioxina. 
Sabemos que las dioxinas constituyen la principal problemática planteada por los incineradores, ya se trate de residuos peligrosos o domésticos. 
La OMS, muy recientemente, hace menos de un año, ha publicado nuevas recomendaciones sobre el tema de los valores límite aceptables que pueden ser ingeridos diariamente por los individuos. 
Se pasaría de 10 picogramos por kilo de peso corporal a 1 picogramo mínimo, es decir, diez veces menos, y como máximo, a 4 picogramos. 
Debo señalar que en muchos países europeos, y en especial en el mío, Bélgica, se sobrepasan ya esos valores. 
Consideramos por tanto que, para las nuevas instalaciones, es necesario desde el principio plantear valores de vertidos de dioxina inferiores al límite de detección. 
Por supuesto, para las instalaciones más antiguas, ello exige algunos acondicionamientos, pero es preciso fijarse como objetivo vertidos cero de dioxina. 
Señor Presidente, está claro que las necesidades de capacidad de incineración van en aumento, pero es falso presentar sistemáticamente el enterramiento como un concepto antiecológico. 
De hecho, no existe ni la incineración positiva ni las descargas negativas. 
La incineración mal controlada es tan peligrosa, incluso más, para la salud y el medio ambiente que el vertido a granel. 
Un ejemplo es el PVC que, enterrado, es totalmente inerte, pero quemado desprende derivados clorados muy tóxicos; por otra parte, están las dioxinas y toda una lista de moléculas de las que no conocemos bien el impacto en el organismo. 
Finalmente, hay una evidencia. 
Por su propia naturaleza, por razones de rentabilidad, la incineración se opone al reciclaje. 
Para funcionar bien, tanto técnica como financieramente, el monstruo necesita cada vez más combustible. 
No es, evidentemente, así como se luchará contra el sobreembalaje, ni como se ahorrará materia prima. 
A la inversa, el enterramiento técnico es totalmente compatible con una verdadera y sincera política de reciclaje, sobre todo porque los lugares potenciales son poco numerosos y tienen por tanto una duración de explotación limitada. 
Por otra parte, no consideramos como reciclaje la recuperación de energía procedente de la incineración. 
Se trata de una valorización deseable para los residuos últimos, sin más. 
Por ejemplo, la energía economizada durante el reciclaje de una botella de plástico es diez veces superior a la energía recuperada durante la combustión de esta misma botella de plástico. 
El informe de nuestro colega Blokland es excelente, y lo votaremos, pero la incineración debe ante todo seguir siendo un modo de tratamiento de los residuos últimos, una vez se hayan efectuado todas las selecciones, todas las operaciones de reciclaje posibles. 
El debate queda interrumpido. 
Se reanudará a las 21 horas. 
La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21 horas 
Incineración de residuos (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0183/99) del Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la propuesta de directiva del Consejo sobre incineración de residuos (COM (98) 0558- C4-0668/98-98/0289 (SYN) ). 
Señora Presidenta, estoy verdaderamente de acuerdo con el ponente Blokland en que la incineración de residuos debe hacerse de tal manera que las emisiones, en general, correspondan a las aceptadas en la combustión de biocarburantes y combustibles fósiles. 
Si la combustión puede realizarse cumpliendo con alta exigencias respecto a las emisiones contaminantes y si la energía resultante se utiliza de manera adecuada, entonces la incineración de residuos es algo provechoso. 
Usamos un recurso que casi es comparable a los biocarburantes y que, por tanto, contribuye a nuestra lucha contra las amenazas climatológicas. 
Si comparamos con los vertidos de residuos, la incineración puede incluso disminuir la emisión de metano, un gas que contribuye al efecto invernadero. 
Como se señala en el informe, es evidente que en muchos casos es mejor que los residuos se separen y se reciclen. 
Sin embargo, es importante hacer cuidadosos análisis para alcanzar los mejores efectos medioambientales posibles. 
A menudo se demuestra en ese tipo de análisis que la incineración puede ser, a pesar de todo, la mejor alternativa. 
En el proceso de producción de pulpa de papel se usan tradicionalmente en Suecia restos de madera para la combustión. 
En mi opinión, este uso debe ser exceptuado de las normas de incineración de residuos. 
Es parte de un proceso industrial que prácticamente no se presta para este tipo de reglas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señorías, en primer lugar quiero felicitar cordialmente al Sr. Blokland por la seriedad del informe que nos ha presentado. 
En mi minuto de tiempo de palabra quiero concentrarme en un punto determinado, concretamente en las condiciones que deben cumplirse para instalar un nuevo horno de combustión. 
Me parece muy importante que los hornos de combustión de nueva creación tengan que construirse a una distancia mínima de la población más cercana. 
Por ello he presentado una enmienda en la que propongo una distancia mínima de 2 km. 
En mi país nos vemos enfrentamos con el problema del horno que se proyecta construir en Drogenbos, en las cercanías de Bruselas. 
Los límites de las emisiones de partículas y de cadmio ya se han superado y, no obstante, las autoridades públicas ha dado luz verde a la construcción de una nueva fuente de contaminación. 
La Comisión ya ha iniciado un expediente contra Bélgica por contravención de la directiva relativa a la evaluación del impacto ambiental. 
La política de mi país con respecto a las instalaciones de combustión es todo menos ejemplar. 
Además, hay un expediente abierto por aplicación indebida de las directivas existentes en materia de instalaciones de combustión. 
En este debate, quiero aprovechar la ocasión para preguntar a la Sra. Comisaria cómo esta la situación con respecto al tratamiento de los expedientes de infracción y, sobre todo, qué ocurre con el tratamiento de las denuncias relacionadas con Drogenbos. 
Agradecería a la Sra. Comisaria que respondiera hoy mismo, o en todo caso lo más pronto posible, a estas preguntas. 
Señora Presidenta, no apoyo que se integren las dos directivas- a saber, sobre residuos municipales, aceites residuales, disolventes y residuos clínicos, así como otros residuos no peligrosos- en una misma normativa europea. 
Aprobar la integración de ambas directivas equivaldría a permitir que se incineren residuos peligrosos en centrales destinadas a residuos domésticos, y viceversa. 
Durante más de 20 años, la política europea relativa a la gestión de residuos ha estado basada en el principio de tratar los residuos industriales peligrosos y los residuos domésticos y similares de modo diferente. 
Cada categoría de residuos debe ser objeto de un tratamiento específico. 
Desde una perspectiva irlandesa, generamos más de 42 millones de toneladas de residuos al año. 
A la luz del fuerte crecimiento económico de Irlanda, debemos garantizar que se destinan recursos a planes alternativos de gestión de residuos. 
El futuro de la eliminación de residuos no puede ni debe depender de la incesante búsqueda de nuevos vertederos a lo largo y ancho de nuestra geografía. 
La inversión en un medio ambiente limpio en mi país justifica a medio y largo plazo cualquier gasto adicional que se origine, y la Unión Europea apoyará cualquier medida innovadora en este sentido. 
El Gobierno irlandés está elaborando actualmente un plan nacional de desarrollo en el que se especifican nuestras prioridades económicas y sociales para un período de siete años a partir de 1999. 
Este plan debe incluir una propuesta integral e integrada que aborde la cuestión de dejar de recurrir a los vertederos en Irlanda a medio y largo plazo. 
Los hechos hablan por sí mismos en este sentido: en mi país sólo se recicla el 8 % de los residuos municipales. 
Esta cifra es sencillamente demasiado baja. 
El coste de la eliminación de estos residuos agotaría los recursos de nuestras autoridades locales en términos de vertederos, transporte y mano de obra, y luego está la pérdida para la economía de los valiosos materiales que desechamos. 
Por ejemplo, se estima que en Irlanda se venden más de 70 millones de botellas de poliéster al año y la eliminación inadecuada de incluso una proporción muy pequeña de las mismas supone una contribución importante a la degradación medioambiental. 
En Alemania y los Países Bajos se han alcanzado índices de reciclado de botellas de poliéster de hasta el 70 %. 
El reciclado permite ahorrar energía, materia prima, costes de eliminación de residuos, gastos de importación y reduce la necesidad de vertederos. 
Como pueblo, debemos desarrollar una mentalidad de reciclado que ya es moneda corriente en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, es muy lamentable que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor haya votado a favor de permitir unos niveles de dioxinas aún más altos que los que proponía la Comisión, teniendo en cuenta que las dioxinas son unas de las sustancias más tóxicas conocidas por el hombre. 
Existen casos de mujeres que viven en las proximidades de plantas incineradoras a las que se les aconsejó que no amamantaran a sus hijos, porque su leche contenía gran cantidad de dioxinas. 
Tenemos aquí una situación sumamente peligrosa. 
Los Verdes queremos que se introduzcan muchas mejoras a este informe antes de ser aprobado. 
El último orador es miembro de un partido político de Irlanda que está en el Gobierno. 
No han hecho nada respecto al problema de los residuos en Irlanda. 
Hasta ahora han vertido enormes cantidades de residuos; básicamente, los han llevado un poco más lejos para que no se vean. 
Ahora hablan de incineración. 
Es evidente que la incineración de residuos no es la solución. 
No están aportando soluciones para reducir la cantidad de residuos: separar, volver a utilizar, reciclar. 
Incineración significa que deberá fomentarse la producción de residuos para que sea viable. 
No significa que nos libraremos de los residuos. 
Los incineramos, pero no desaparecen en la nada sin dejar consecuencias. 
Y luego nos quedan también cenizas muy tóxicas. 
El Gobierno irlandés bebe realmente hacer las cosas como Dios manda. 
La incineración no es el modo de acabar con nuestros residuos, del mismo modo que los vertederos tampoco lo eran en el pasado. 
Debemos analizar las auténticas opciones de la gestión de residuos: reducción, volver a utilizar, reciclar. 
A menos que el Gobierno irlandés haga eso, sólo fomentará mayor producción de residuos para que las plantas incineradoras sean viables. 
Eso no es admisible para la población de Irlanda. 
Señora Presidenta, el debate previo sobre la incineración de residuos y de residuos peligrosos demostró una vez más cuán lejos está aún nuestra sociedad de reconocer el principio de la responsabilidad del causante en el ámbito de los daños ecológicos secundarios. 
Por un lado, se debate hasta el cansancio sobre las desventajas competitivas que se derivarán para la industria, sobre todo para la industria de reciclado de residuos. 
Por el otro lado, resulta increíblemente difícil rectificar a la baja los valores límite para los componentes altamente tóxicos. 
Sin embargo, algunos países- incluido el mío, Austria- han demostrado que esto es posible. 
El excelente informe del Sr. Blokland constituye sin duda un correctivo para el proyecto de la Comisión. 
En el futuro no podremos evitar, empero, el debate de principios sobre las características de los procesos de producción globales, desde los orígenes de un producto hasta su reciclado definitivo. 
En este contexto se deberá velar especialmente por impedir ya de entrada la producción y la comercialización de productos y compuestos derivados de los mismos cuya eliminación pueda provocar efectos preocupantes, sobre todo enfermedades. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, yo soy contraria a la incineración de residuos porque, de hecho, pienso que no resuelve el problema sino que sólo lo desplaza y, si bien reduce un poco el volumen de residuos, éstos no desaparecen. 
Aun así yo quisiera congratular al Sr. Blokland por su informe y también por la paciencia que ha demostrado, habida cuenta del largo tiempo que ambos informes permanecieron retenidos en la Comisión, y decir que creo que todavía necesitamos disponer de instalaciones de incineración de residuos, puesto que todavía estamos muy lejos de una economía circular en la cual lo que se produce se pueda volver a reciclar o reincorporarlo finalmente de nuevo al suelo. 
Dado que necesitamos esas instalaciones, debemos velar para que entrañen el menor riesgo posible para la salud de las personas y que respeten en la mayor medida posible el medio ambiente. 
En consecuencia, también considero que es necesario mantener unos valores límite más rigurosos para las emisiones y aproximarlos para las diferentes modalidades de incineración. 
Yo no creo que se puedan imponer diferentes criterios de calidad del aire a una persona que vive cerca de una instalación de coincineración, a la que vive cerca de una incineradora municipal o a la que no vive en la proximidad de ninguna instalación de este tipo. 
Por lo tanto, tenemos que procurar mejorar los niveles. 
Yo misma intenté avanzar en esta dirección en nuestra Comisión por medio de algunas enmiendas. 
Antes de acabar, me gustaría añadir unas palabras sobre la fusión de ambas directivas, que me parece acertada y que también me propongo apoyar. 
Yo no creo que el hecho de que se establezcan los mismos valores límite para la incineración de residuos peligrosos y no peligrosos signifique un retroceso desde el punto de vista ecológico; al contrario, pienso que con ello se endurecen los valores para las instalaciones municipales de incineración de basuras. 
También creo que esto ofrecerá una oportunidad para modificar el procedimiento de eliminación de residuos peligrosos en países pequeños, como el mío, donde es necesario transportar residuos a Viena desde Bregenz, que está más cerca de París que de Viena. 
Yo me congratularía de que así fuese. 
Señora Presidenta, la iniciativa sometida ahora a nuestra apreciación suscita particular compromiso en mi país, donde se ha producido, y con razón, una reacción muy negativa ante el intento de atribución por el Gobierno de la posibilidad de coincineración de residuos tóxicos a las dos grandes empresas cementeras nacionales. 
Nadie puede dejar de ser sensible a la necesidad de resolver el problema existente, que, sin embargo, no se puede resolver a cualquier precio, pues es indispensable que se trate de un proceso seguro y correcto en un ciento por ciento, desde los puntos de vista técnico y jurídico. 
En una línea segura, que el ponente, Sr. Blokland, procura perfeccionar, conviene que se avance desde ahora mismo hacia la prevención, la reutilización y el reciclaje de los residuos, como han dicho varios oradores. 
Si queda, sin embargo, algo que incinerar- y ése es el problema -, sólo es admisible la utilización de instalaciones ya existentes, si existen garantías absolutas de que no está en juego la salud de las personas. 
Se trata de una salvaguarda que hay que tener particularmente en cuenta en el caso de los hornos de cemento, por lo que damos todo nuestro apoyo a la propuesta de enmienda 36, con una justificable exigencia mayor que la propuesta por la Comisión en el Anexo II.1.1.. 
Además, no es aceptable, como subraya el ponente, que haya países con reglamentaciones menos exigentes, con lo que atraen la basura de los demás. 
Ésa es la situación ahora con las cementeras de Bélgica, que atraen los residuos de Dinamarca, Holanda y Alemania; como habría ocurrido en el caso de Portugal en relación con España, si hubiera salido adelante la iniciativa del Gobierno portugués de favorecer las cementeras nacionales para quemar también las basuras del país vecino. 
También son dignas de aplauso, por ejemplo, las enmiendas 25, pues no bastan las mediciones periódicas, sino que deben ser permanentes, y la 30, con una exigencia mayor para el artículo 12, en relación con la auscultación pública de los posibles perjudicados. 
Pero, además, hay que ser especialmente riguroso en el cumplimiento de las normas de la competencia, tal vez con normas específicas a ese respecto, para que no se atribuya como estaba sucediendo, un negocio muy lucrativo sin la indispensable transparencia. 
Si queda la menor duda acerca de la peligrosidad de la coincineración (con consecuencias difícilmente perceptibles, tal vez sólo a largo plazo) , hay que garantizar que se incinerarán los residuos en incineradoras propias, lejos de cualquier población, como ha dicho nuestra colega hace poco. 
Aunque sean caras, está justificado pagar su precio, de preferencia en joint ventures entre países vecinos, que se repartan los costos que sufragar. 
Así debería ser en la Península Ibérica, con la dimensión proporcionada por Portugal y España. 
Señora Presidenta, los socialistas franceses son totalmente favorables al endurecimiento de las normas y, en particular, la considerable mejora de las normas establecidas en las dos directivas para luchar contra la dioxina. 
En cambio, son totalmente hostiles a la fusión de las directivas relativas, por una parte, a los residuos peligrosos y, por otra, a las basuras domésticas. 
¿Por qué? 
Se trata de una cuestión de principio. 
La defensa del medio ambiente se basa en el principio de precaución. 
Ahora bien, mezclar las dos formas de residuos crea grandes confusiones, impide la rastreabilidad de los residuos peligrosos, dificulta mucho los controles y los seguimientos- y sabemos que hay procesos muy especializados para ciertos residuos peligrosos- e in fine someter a grandes riesgos a la calidad medioambiental y a la seguridad. 
Por lo demás, ya se han observado en Europa los catastróficos resultados de ese tipo de mezclas entre los residuos peligrosos y las basuras domésticas. 
La segunda razón por la que nos oponemos a la fusión de esas dos directivas es la de que no estamos convencidos de que haya prevalecido la defensa del medio ambiente, sino un interés económico. 
La capacidad excesiva de los hornos de basuras domésticas en algunos países suele incitar a esos países a defender la mezcla entre las basuras y los residuos peligrosos. 
Corremos, así, el peligro de llegar a una situación en la que esos residuos peligrosos reciban el tratamiento menos costoso, en condiciones mal controladas y los desplazamientos de esos residuos se multipliquen en la Unión Europea, con todos los riesgos que ello entraña. 
En resumen, me parece que se trata de un retroceso en relación con el principio de precaución y la práctica medioambiental de la Unión. 
Por eso, aun felicitando al Sr. Blokland por sus perseverantes esfuerzos para convencer a todos los colegas, no podemos aceptar la fusión de las dos directivas. 
Señora Presidenta, Señorías, el Sr. Blokland merece nuestro especial agradecimiento por el enorme trabajo que ha realizado, puesto que nuestra Comisión lleva ya un año y medio examinando exhaustivamente el tema de la incineración de residuos. 
Yo creo que todos coincidimos en que es necesario contar con unos valores límite rigurosos para la incineración de residuos. 
Una serie de enmiendas persigue, no obstante, unos objetivos tan ambiciosos que no me es posible apoyarlas, ya que también es preciso tener presente que su realización conlleva infinitos costes. 
Esto volvería a crear nuevos incentivos para eludir e incumplir las normas, puesto que la eliminación de residuos resultaría entonces particularmente cara. 
Yo quisiera añadir una observación sobre el tema de la diferenciación de los residuos. 
También en este contexto se cometieron grandes abusos en el pasado porque no disponíamos de una definición única de los residuos y las diferentes definiciones tenían como resultado continuos intentos de eludir las normas. 
En este sentido, yo debo reconocer que la fusión en una sola directiva no me parece, de hecho, tan negativa, ya que es muchísimo más sencillo trabajar con una sola norma que guiarse por dos normas distintas y porque de este modo también se eliminan las normativas diferenciadas y las diferencias en cuanto a la interpretación. 
Por lo tanto, en resumen, estoy a favor de una sola directiva, pero no apoyo todos los criterios restrictivos que se establecen porque no son factibles. 
Por otra parte, necesitamos poder contar al fin con unas directrices claras para la eliminación de residuos. 
Yo creo que con esta propuesta se establece un buen fundamento y estoy impaciente por saber cómo votaremos mañana. 
También me interesaría conocer la opinión de la señora Comisaria sobre las diferentes enmiendas. 
Señora Presidenta, respaldo fervientemente este informe del Sr. Blokland. 
Tengo solamente una observación que hacer: el Parlamento ha hecho, correctamente, su propia contribución a la propuesta de la Comisión y ha afirmado que con esta directiva se pretende influir en el objetivo general de la política europea en materia de residuos, es decir, en la cuestión de las jerarquías. El objetivo reside en impedir la aparición de residuos, fomentar el reciclaje, la reutilización y la incineración generadora de energía. 
Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente ha aprobado la propuesta de no incluir la madera no procesada en el ámbito de aplicación de esta directiva, lo cual no permite pensar otra cosa que, si bien se trata de la madera «virgen» , no podríamos tampoco incinerar ni extraer provecho de un residuo tan generalizado como el que ofrecen la viruta maderera. 
No obstante, creo que se trata de un biocombustible de muy buena calidad cuya utilización no debería limitarse bajo ningún concepto. 
Señora Presidenta, permítame que sea claro: apoyo la nueva directiva sobre las plantas incineradoras esta noche, no sólo para proteger a las personas que viven en las proximidades de las mismas contra el cáncer y los defectos de nacimiento que ocasionan dichas instalaciones según han demostrado investigaciones británica y japonesa, sino también para inclinar la balanza económica hacia el reciclado y la nueva utilización. 
Las autoridades regionales de nuestro condado de Essex proyectan actualmente abrir ocho nuevas instalaciones para la eliminación de residuos, entre las que se incluyen incineradoras, en Basildon, Braintree, Chelmsford, Colchester, Epping Forest y Rochford, cuya capacidad sobrepasa en unas seis veces el volumen de residuos generados en la zona, según afirma la organización Friends of the Earth. 
Es una locura. 
Relega a Essex a seguir siendo el basurero de Londres, subestima el potencial para el reciclado en la mitad, amenaza a zonas de belleza natural próximas a viviendas, colegios y lugares de interés histórico. 
Está basado en vertidos a plena capacidad durante diez años, mientras que las autoridades del condado proyectan para treinta. 
Al igual que todas las propuestas importantes para plantas incineradoras, convierte en humo no sólo los residuos, sino la perspectiva de pequeños centros de reciclado y los puestos de trabajo que éstos generan. 
En Francia, el Ministerio de Medio Ambiente controló las emisiones de las incineradoras el pasado año y cerró varias instalaciones. 
También Dinamarca está pasando de la incineración al reciclado. 
Los Estados Unidos estiman que para el efecto invernadero, un incremento del uno por ciento del reciclado equivale a retirar un millón de coches de la carretera. 
Europa puede y debe seguir el ejemplo. 
La resolución de esta noche, para regular la incineración, la relega a una opción como último recurso, y devuelve la esperanza a las 10.000 personas que han presentado quejas en Essex. 
Señora Presidenta, acojo con gran satisfacción el informe y agradezco al Sr. Blokland la labor que ha realizado. 
Me ha sorprendido mucho la cantidad de tiempo que este Parlamento ha dedicado a lo largo de los años al tema de la incineración de residuos. 
Me remonto a la época en que analizamos la presente directiva por primera vez. 
Pero al final hemos conseguido algo que es equitativo, sensato y justo. 
La Comisión impondrá unos límites más estrictos a los residuos municipales, porque reconocemos que cuando los residuos son incinerados, resultan tan nocivos como los residuos peligrosos. 
Continuaremos garantizando que se imponen requisitos adicionales a la eliminación de residuos peligrosos, porque encierra unos riesgos mayores que los residuos municipales en términos de gestión y en términos de otros controles. 
Debemos garantizar asimismo que, en aquellos casos en que se propone la coincineración, está se realiza correctamente y que no se abusa de este método ni se practica de manera encubierta. 
Debemos reconocer que existen formas de residuos peligrosos que pueden ser eliminados adecuadamente en hornos de cemento y es ahí donde deben ir a parar, bajo los controles más estrictos posible. 
Debemos garantizar que la coincineración no debilita la economía del sector ni frena o pone fin al funcionamiento de las plantas incineradoras de residuos peligrosos, cuya utilización es absolutamente necesaria para algunas formas de residuos. 
Quisiera agradecer una vez más al Sr. Blokland la labor que ha realizado. 
El Grupo Socialista apoyará la amplia mayoría de sus enmiendas. 
La combinación de ambos textos tiene sentido. 
Esperamos con interés la realización con éxito de la segunda lectura en el Parlamento después de las elecciones. 
Señora Presidenta, quisiera simplemente, como socialista y francés, expresar todo el interés que nos ha inspirado el estudio de la destrucción de los residuos por incineración y la necesidad de mejorar las normas en esa esfera. 
Por lo demás, pensamos que sería interesante que Europa ayudara más a los países o las colectividades locales que han hecho enormes esfuerzos desde hace algunos años para reducir la peligrosidad de la incineración. 
Aun así, no podemos estar de acuerdo con la coincineración de residuos domésticos y residuos industriales o peligrosos. 
Creemos que aún hay hoy demasiadas incertidumbres y que se deben proseguir los estudios a ese respecto; de lo contrario, corremos el peligro de que, si se mezclan residuos domésticos y residuos industriales en nuestras incineradoras de basuras domésticas, acaben ocurriendo catástrofes en algunas de nuestras colectividades. 
Señora Presidenta, la Comisión desearía aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente al Sr. Blokland el esfuerzo realizado y la minuciosidad con la que la comisión y especialmente el señor ponente han tramitado esta propuesta muy técnica. 
La Comisión ha trabajado intensamente a fin de poder presentar una propuesta equilibrada con la que alcanzar un elevado nivel de protección para el medio ambiente y la salud pública sin dejar de tener en cuenta al mismo tiempo las especiales exigencias que plantean las incineradoras y la coincineración. 
La unión de las dos directivas sobre incineración ha sido uno de los puntos claves en el debate de esta tarde y con razón uno de los puntos que más atención ha recibido en el informe. 
Desde el punto de vista de la Comisión, esta unión es positiva porque atiende la exigencia general de una legislación comunitaria más «aerodinámica». 
Sobre esto diré también que no estoy de acuerdo con lo manifestado hoy por el Sr. Cabrol y la Sra. Lienemann. 
Ni la propuesta de la Comisión ni la directiva 94/67 recogen disposición alguna que impida la incineración combinada de residuos peligrosos y no peligrosos. 
Por ello aceptamos las enmiendas que el Sr. Blokland y el Sr. Eisma en particular consideraron importantes a la hora de definir su postura ante esta propuesta y que ahora mencionaré. 
Me refiero a las enmiendas 7, 9, 15, 18, 19, 24, 50, 56, 60 y 61, que aceptamos bien parcialmente, bien en principio o bien completamente. 
Aparte de lo que aparece en el informe sobre la unión de la Directiva 94/67 y la propuesta de la Comisión, consideramos necesario introducir en virtud del artículo 14 de la Directiva 94/67 un período transitorio para las instalaciones existentes dedicadas a la incineración de residuos peligrosos. 
Las enmiendas del Parlamento núm. 8, 14, 23 y 55 que tratan de incorporar determinadas cuestiones relativas a la gestión de residuos no pueden ser aceptadas a causa de sus principios. 
El propósito de la propuesta de la Comisión es fijar valores límites de emisión y condiciones de funcionamiento para todos los residuos que se incineren o se coincineren y no inmiscuirse en disposiciones relativas a la gestión de residuos. 
Sin embargo, es importante que en los considerandos se llame la atención sobre el hecho de que la incineración sólo es una forma de tratamiento de los residuos y esto es algo que digo también a raíz de algunos comentarios que se han hecho aquí esta tarde. 
Es decir, la Comunidad tiene normas tanto específicas como generales sobre el tratamiento de residuos. 
Por ello no podemos aceptar la enmienda 1 en lo que a su principio doctrinal se refiere. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 12, 16, 17, 21 y 22 que buscan introducir disposiciones relativas a las normas de calidad del aire y del agua. 
Para este propósito disponemos ya de autos que bien se encuentran en vigor bien en proceso de elaboración, como la Directiva sobre IPPC o la propuesta de directiva marco sobre aguas. 
Las enmiendas propuestas supondrían duplicar o inmiscuirse en estos textos. 
Luego están las enmiendas 36, 37 y 43 que tratan de aumentar los valores límites para las emisiones propuestos por la Comisión para la coincineración. 
Lo cual resulta inaceptable porque los valores propuestos por la Comisión están fundados en análisis coste-beneficio y tienen en cuenta el carácter específico de los diversos procesos. 
La Comisión opina que los Estados miembros y los operadores en cuestión deben disponer de una cierta flexibilidad en lo referente a la recuperación del calor. 
Sería muy poco realista exigir que el calor desprendido en la incineración deba ser recuperado siempre. 
Por ejemplo, sería imposible en el caso de las incineradoras situadas en zonas apartadas. 
De ahí que no aceptemos las enmiendas 13 y 20. 
Aceptamos, bien parcialmente bien en principio bien en su totalidad, las enmiendas 4, 10, 19, 24, 28, 33, 35, 56, 59 y 64 que clarifican en nuestra opinión las intenciones de la Comisión y por otra parte aumentan la calidad del texto. 
Hemos de rechazar por motivos técnicos una serie de enmiendas. Me refiero a las enmiendas 3, 6, 11, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 38-41, 44-49, 51-54, 57, 58, 62, 63 y 65-71. 
La Sra. Kestelijn Sierens me hizo una pregunta muy concreta sobre Drogenbos. 
Por ahora puedo decir sobre este tema que hace tres meses enviamos un escrito de apertura relativo a la Directiva EIA, que se nos ha dado una respuesta en este sentido y que sugeriremos en el transcurso de esta semana, en la que este asunto será debatido en la Comisión, un escrito de apertura adicional porque las autoridades flamencas han emitido una licencia de obra tras haber presentado nosotros nuestro escrito de apertura. 
Permítanme por tanto concluir diciendo que la Comisión piensa que la propuesta que hoy tramitamos, reforzada con las enmiendas del Parlamento que aceptamos y de las que acabo de dar cuenta, supone una base eficaz y equilibrada desde la que controlar la incineración y la coincineración. 
Me alegra ver el papel que han desempeñado el Parlamento y el señor ponente, Sr. Blokland, tomando la iniciativa de proponer que determinadas disposiciones legales ya existentes sean recogidas en la propuesta de la Comisión, con lo que se tiene en cuenta la exigencia general de una legislación más «aerodinámica». 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Instrumento financiero para el medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0180/99) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo sobre el instrumento financiero para el medio ambiente (Life) (COM (98) 0720- C4-0074/99-98/0336 (SYN) ). 
Señora Presidenta, Señorías, el instrumento Life es el único instrumento financiero con el que cuenta la Unión Europea para intervenir directamente en el sector del medio ambiente. 
Life ha tenido un éxito enorme, ya que forma parte de los programas de la Unión que suscitan numerosos proyectos, mucho más numerosos que los créditos disponibles, y los créditos de pago se utilizan en un 98 % o incluso en un 100 %. 
La originalidad de este instrumento es la de estar al servicio de las grandes orientaciones de la política en pro del medio ambiente. 
Comprende tres grandes componentes: el primer programa, que es Life-Naturaleza; el segundo, que es Life-Medio ambiente; y el tercero, que es Life-Terceros países. 
El reparto de los créditos está previsto del modo siguiente: 47 % para Life-Naturaleza, el 47 % para Life-Medio ambiente, el 6 % para Life-Terceros países. 
Life-Naturaleza acompaña esencialmente las políticas comunitarias relacionadas con la defensa del biotopo, la preservación de las especies, la aplicación de las directivas europeas, en particular la que protege las aves migratorias, o la directiva Natura 2000 y la protección de los hábitat de las diferentes especies. 
Life-Medio ambiente está más orientada hacia lo que podríamos llamar la ecología urbana y los métodos industriales, en particular los llamados métodos y tecnologías inocuos. 
Las acciones llevadas a cabo en ese marco abarcan una gran diversidad, que va desde la política del agua a la lucha contra la contaminación atmosférica. 
Life-Terceros países ofrecía una apertura a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea a fin de que se prepararan para la aplicación de las normas europeas en materia de medio ambiente. 
El objetivo de ese nuevo programa es de varios tipos. 
No se trata de cambiar radicalmente su contenido, sino de revisar su reglamento. 
No obstante, los expertos y el análisis hecho sobre esos programas, que es muy positivo en cuanto a sus repercusiones y su interés, revelan la necesidad de llevar a cabo mejor la valorización de los resultados, utilizar más ese instrumento para acompañar la preparación de nuestros reglamentos y de nuestras políticas europeas y, más en general, aumentar la participación de los créditos destinados a las medidas de acompañamiento: dar a conocer el instrumento, dar a conocer los procedimientos idóneos, hacer intercambio, hacer una labor de síntesis. 
Por eso, de forma general, el reglamento dispone que los créditos destinados a las medidas de acompañamiento pasen de 3 % a 5 %. 
El propio reglamento procura centrar de nuevo las prioridades, dispersarlas menos, volverlas más legibles para los operadores que deban intervenir. 
Por eso, se han afianzado un poco las grandes líneas directrices de Life en cada uno de los sectores. 
No obstante, se ha introducido la idea de que haya líneas directrices que faciliten la legibilidad por los autores de los proyectos de las prioridades concretas en cada una de las esferas. 
La aplicación de Life corre a cargo de los servicios de la Comisión, con ayuda de un comité de gestión compuesto de representantes del Consejo y con la ayuda de expertos. 
A raíz de los numerosos debates que nuestra Asamblea ha celebrado sobre la ejecución presupuestaria de los programas europeos, insisto en que no se recurre a ninguna oficina de asistencia técnica en el marco de este programa. 
Son expertos técnicos que apoyan a los servicios de la Comisión y creo que todos podemos felicitarnos del método y del rigor que demuestra así la Comisión al respecto. 
En resumen, nuestro informe y las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acompañan en cierto modo las grandes orientaciones de la Comisión. 
Espero que nuestras enmiendas reciban una acogida favorable de la Comisaria. 
Insistiré tal vez en dos puntos. 
Primero, el deseo de que se formule explícitamente la referencia al desarrollo duradero y no sólo a la política medioambiental. 
Sabido es que se trata de un deslizamiento del concepto que es importante, ya que introduce una dimensión social, de desarrollo humano. 
Además, una atención particular a la cuestión de la creación de puestos de trabajo. 
Esperamos encarecidamente que los métodos y las tecnologías medioambientales nuevos favorezcan la creación de puestos de trabajo. 
Nuestro deseo es que el instrumento Life preste un poco más de atención a las repercusiones sociales, con atención particular al empleo. 
Por último, respecto de las sumas presupuestarias, debate siempre agudo y delicado, nuestra colega la Sra. Marinucci, que fue la ponente de Life-II, propuso a nuestra Asamblea, que la siguió, una suma de 800 millones de ecus para un período de cuatro años. 
Yo soy más modesto que ella, ya que propongo a Sus Señorías una suma de 850 millones de euros para cinco años, lo que representa un poquito menos de lo que ella pedía por año, pero un poco más de lo que el Consejo había concedido a ese programa. 
Así, pues, deseo que la Asamblea me siga sobre esta propuesta que a algunos parecerá un poco modesta, ya que ciertas enmiendas piden más, y otros tal vez la consideren demasiado ambiciosa en relación con las exigencias presupuestarias de nuestra Unión. 
Señora Presidenta, para empezar quiero felicitar a la Comisión por el modo en que ha llevado a cabo la evaluación externa del programa Life-II al presentar esta propuesta de Life-III. El resultado es muy claro: la propuesta es cualitativamente buena. 
Como ponente de la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores he circunscrito mi opinión a los efectos externos del programa Life. 
La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha apreciado con satisfacción un ligero cambio de orientación en beneficio de los terceros países que participan en este programa. 
La ponente, Sra. Lienemann, por desgracia no ha querido transmitir este último aspecto a la Comisión de Medio Ambiente. 
En todo caso, espero que el presupuesto se destine íntegramente a los terceros países. 
Además, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores pedía que se tuvieran debidamente en cuenta los aspectos transfronterizos. En el contenido de varias de las enmiendas del ponente a título principal creo que queda reflejado esto. 
Aunque abogo por que se respete la protección de la naturaleza, me veo confrontado con los perjuicios que causan otros proyectos transfronterizos para la naturaleza. 
En la provincia neerlandesa de Limburgo hay un proyecto de estas características. 
El elemento transfronterizo no debe constituir un criterio predominante. 
Life debe ser principal y fundamentalmente un instrumento financiero para el medio ambiente. 
Ahora quisiera realizar una precisión a una serie de enmiendas del ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Opino que los fondos no se han asignado de manera tan óptima como si se hubieran aceptado sus enmiendas. 
Me sorprende que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores haya llegado a un acuerdo con añadidos que pretenden fomentar la creación de empleo a través de este instrumento. 
También tengo mis dudas con respecto al concepto de desarrollo sostenible. 
A primera vista parece un concepto muy respetuoso del medio ambiente, pero aquí se utiliza de manera encubierta para extraer beneficios económicos del programa Life. 
Indebidamente. 
Life es y sigue siendo un instrumento para la conservación del medio ambiente y la naturaleza. 
En los casos en que la economía y el medio ambiente entran en conflicto, deberá darse prioridad a la naturaleza y el medio ambiente. 
Por tanto, insto a sus señorías a que rechacen las enmiendas «económicas» como las nº 1, 4, 8, 15 y 25. 
Señora Presidenta, Señorías, el programa medioambiental Life es el instrumento más importante de la Unión Europea para la financiación de proyectos en el ámbito del medio ambiente. 
Sólo gracias al empeño del Parlamento Europeo podemos disponer ahora de un montante digno de mención para el mismo dentro del presupuesto europeo, por lo menos, concretamente, 613 millones de ecus para los próximos cinco años. 
Aunque los objetivos propuestos por la Comisión Europea para Life-Medio ambiente son importantes, yo considero urgentemente necesario que también se mencionen los objetivos relacionados con la contaminación atmosférica y de las aguas, habida cuenta de la problemática y de las prioridades que ha reclamado en repetidas ocasiones el Parlamento Europeo. 
Si éstos no se contemplan, el resultado será, en efecto, que en los próximos cinco años resultará prácticamente imposible subvencionar proyectos con dichos objetivos. 
Lo cual es, de hecho, inadmisible a la vista de los debates celebrados en esta Cámara sobre las catástrofes climáticas y la contaminación de las aguas. 
Esto enlaza con una petición de nuestro Grupo, que ya presentamos hace cinco años, a saber, que sólo se subvencionen proyectos que sean efectivamente innovadores a la vista del estado de la tecnología. En efecto, en la base de la misma está el problema de que en estos momentos se pueden subvencionar en determinadas regiones de la Comunidad proyectos cuyo nivel tecnológico ya es habitual en otras regiones. 
Dada la escasez de los recursos, no se debería permitir que esto pueda llegar a ser la norma en el futuro. 
Mi Grupo considera, obviamente, de la máxima importancia todos los proyectos subvencionados en el marco de Life, si bien también podemos suscribir los objetivos propuestos por la Comisión, como las medidas de apoyo inicial (starter) y de cooperación (coop). 
Sin embargo, yo creo que también es importante subvencionar en este marco medidas en favor de la reconversión y el desarrollo de algunas zonas y del uso de sus suelos, que empiezan a ser necesarias para la protección de las especies y los biotopos. 
Nuestro Grupo ha presentado otras cuatro enmiendas en este sentido y yo me congratularía si éstas encuentran apoyo. 
Pronto, en el año 2000, se pondrá en marcha Life-III. 
Esto constituye una nueva posibilidad de dotar a Europa de un nuevo rostro respetuoso del medio ambiente y la naturaleza, pero para ello es preciso pagar un precio. 
La Sra. Lienemann ha mencionado una cantidad de 850 millones de euros para cinco años. 
A nuestro juicio, esto es aceptable, pero es lo mínimo que solicitaríamos. 
Es evidente que por debajo de eso no podemos estar de acuerdo, porque los actuales 450 millones de euros son claramente insuficientes. 
Sólo teniendo en cuenta la ampliación, está claro que necesitamos muchos más fondos para Life-III a fin de que puedan participar en él los nuevos Estados miembros. 
Compárese ahora esta cantidad con los miles de millones que se destinan a la política agrícola y estructural. 
Sin embargo, éste también es un instrumento financiero para el medio ambiente, y es muchísimo más exiguo. 
Lamento extraordinariamente que mi propio país, los Países Bajos, que en general es bastante progresista en lo que respecta al medio ambiente, quiera sin embargo rebajar Life-III. Seguramente si tomamos en consideración que para NATURA 2000 son necesarios entre 3 y 5 millones de euros anuales, la cantidad disponible actualmente de 50 o 60 millones de euros anuales está muy por debajo de la medida. 
Si Europa quiere en verdad respetar el medio ambiente y la naturaleza debe estar dispuesta a pagar por ello. 
Por ello, no sólo hago un llamamiento al gobierno de los Países Bajos sino también al Consejo. 
Por desgracia, el representante del Consejo no está presente, pero, no obstante, hago a través de él un llamamiento al Consejo para que autorice un aumento del presupuesto para Life-III. 
Señora Presidenta, como recuerda la ponente y otros oradores, Life es el único instrumento dedicado exclusivamente al medio ambiente. 
Debe contribuir- como reza la propuesta formulada en una enmienda de la Comisión de Medio Ambiente- al desarrollo sostenible, pero también a la incorporación de las políticas medioambientales en las otras políticas de la Unión así como a la actualización y aplicación de la legislación medioambiental. 
Life debe contar también con financiación concreta. 
La Comisión de Presupuestos se congratula de que no haya una propuesta concreta para el instrumento Life, aunque reconoce la efectividad de los programas; pero se congratula de la falta de propuesta concreta. 
Nosotros hemos presentado y apoyado algunas enmiendas que plantean una propuesta concreta de financiación, sobre todo recordando que en el segundo informe de la Agencia de Medio Ambiente, como muy bien recuerda la ponente, se ha advertido de la disminución de la biodiversidad en Europa en estos últimos tiempos. 
También estamos muy de acuerdo con el planteamiento de la Comisión de Medio Ambiente de que se dé prioridad a proyectos transfronterizos, innovadores y que creen empleo. 
Nosotros creemos que el instrumento Life puede contribuir a la creación de empleo en el ámbito del medio ambiente. 
También debe haber informes de evaluación en 2002 sobre los proyectos de Life I, Life II y Life III, porque esa será la forma de abordar un Life IV con suficiente vigor. 
La distribución de los fondos en los tres componentes temáticos, Life-Naturaleza, Life-Medio ambiente y Life-Terceros países- aunque la ponente propone algunos cambios- tiene menos importancia. 
El caso es tener una cantidad suficiente para abordarlos. 
Señora Presidenta, Señorías, el programa Life constituye el principal instrumento financiero de la Unión Europea para promover acciones en el ámbito del medio ambiente. 
Fue puesto en marcha por la Comisión en el año 1992 y ahora está a punto de finalizar su segunda etapa de aplicación, prevista para el 31 de diciembre de este año. 
El reglamento que nos ocupa deberá cubrir la gestión de la tercera etapa del programa para el próximo quinquenio 2000-2004 y la dotación financiera prevista asciende a 613 millones de euros. 
Life, como ha recordado la señora ponente, consta de tres ámbitos temáticos denominados: Life-Naturaleza para la protección de los hábitats naturales y, de la flora y fauna, así como a la realización de la red Natura 2000; 
Life-Medio ambiente para la integración del medio ambiente en las demás políticas y la aplicación y actualización de la política medioambiental en el territorio; Life-Terceros Países para la asistencia técnica a los países del Mediterráneo y del Báltico, la creación de las estructuras administrativas necesarias y el desarrollo de políticas y de programas de acción en materia de medio ambiente. 
Esta nueva propuesta de reglamento del Consejo es importante porque deberá establecer prioridades como: 1) apoyar a las autoridades locales con vistas a la integración de las consideraciones medioambientales en la ordenación del territorio; 2) promover el desarrollo sostenible e incorporar los aspectos medioambientales en las actividades industriales; 3) asignar recursos financieros para la protección de la naturaleza, acciones de otro tipo y acciones en las regiones limítrofes del Mediterráneo y del mar Báltico. 
En particular, en lo que se refiere a los terceros países, es importante considerar con mayor atención sus posibilidades y sus instrumentos y medios económicos, habida cuenta de que, como es sabido, los posibles programas que establecemos aquí en Europa no son viables si no existe la posibilidad de cofinanciación en otros Estados y en el seno de otros Gobiernos. 
Con todo, considero que sería preciso alargar la tercera etapa del programa Life de cinco a siete años, con un incremento proporcional de los recursos financieros previstos. 
Señora Presidenta, ante todo me gustaría dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y en particular a la ponente, Sra. Lienemann, por el cuidado y la atención que han puesto en esta propuesta relativa a la tercera etapa del instrumento financiero para el medio ambiente (Life). 
El informe de la señora ponente y los comentarios que se han realizado aquí esta tarde están en consonancia con el objetivo fundamental de la Comisión y muchas de las enmiendas subrayan los aspectos más esenciales de Life. 
Quiero también agradecer los comentarios relativos a la administración del sistema en el DG XI al igual que al Sr. Van Dam por sus palabras sobre la evaluación que sirve de base a la propuesta que hoy tramitamos. 
Life ha tenido entre 1992 y 1998 un considerable éxito entre organizaciones no gubernamentales, empresas, autoridades locales y terceros países. 
Se han recibido 8.500 propuestas, de las cuales casi una tercera parte cumplía los requisitos. 
Alrededor de 1.300 proyectos han recibido cofinanciación gracias a una aportación global comunitaria de 643 millones de euros. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayar que Life ha resultado ser desde el punto de vista presupuestario una herramienta sumamente efectiva. 
Todos los recursos disponibles han sido utilizados en proyectos valiosos. 
Como queda mencionado en el informe de la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 7, Life podría utilizar tantos o incluso más recursos de los que quedan recogidos en el importe de referencia para Life II. De ahí la importancia de hacer todo lo posible por que al programa Life se le aseguren fondos suficientes. 
También es importante que Life no sirva de chivo expiatorio si resultara necesario en un futuro llevar a cabo ajustes financieros, tal y como han mencionado muchos oradores hoy aquí. 
Naturalmente sería tentador analizar en detalle algunos puntos de la propuesta, sin embargo, no voy a hacerlo y me contentaré con decir que supone para mí un motivo de alegría ver que los puntos de vista de la Comisión de Medio Ambiente y las enmiendas presentadas coinciden a grandes rasgos con los objetivos fijados. 
De ahí que la Comisión pueda aceptar 31 de las 47 enmiendas, bien en principio, bien parcialmente bien en su totalidad. 
Observo con interés cómo la Comisión de Medio Ambiente aboga por un aumento del presupuesto asignado a Life, incluso por encima de la cantidad que la Comisión ha recomendado en la perspectiva financiera del régimen propuesto. 
Sin embargo, como todos ustedes saben, la Comisión no acepta recomendaciones de presupuestos de referencia en el texto de las propuestas de sistemas de programas financieros. 
Las enmiendas 33, 46 y 47 no pueden ser aceptadas por ello. 
Y la Comisión tampoco puede aceptar la enmienda 12 relativa a un presupuesto complementario para los países de Europa Central y Oriental. 
Esta cuestión atañe, por así decirlo, a todos los instrumentos comunitarios a los que los países candidatos tienen acceso y sólo puede ser tratada dentro de los marcos fijados por los acuerdos de asociación. 
Por lo que respecta a los procedimientos de comisión, la Comisión se atiene por ahora a la decisión de 1987. 
Podrán producirse modificaciones en un futuro cuando se haya adoptado una decisión definitiva sobre la nueva propuesta de comitología y por ello rechazamos la enmienda 37. 
Algunas de las enmiendas pretenden ampliar el campo de aplicación de Life-Naturaleza y Life-Medio ambiente. 
Esto chocaría con el deseo de concentrar las propuestas en los campos en los que Life resulta más provechoso. 
Por ello rechazamos las enmiendas 39, 40 y 41. 
La enmienda 42 supondría un cambio radical del propósito de los proyectos de recuperación, que es desarrollar nuevas iniciativas en el campo ambiental y en consecuencia no aceptamos esta enmienda. 
Luego están algunas enmiendas que pretenden que el Parlamento presente diversos informes. 
La Comisión está preparada para dar al Parlamento todos los datos que se le exijan para llevar a cabo un seguimiento efectivo del programa, sin embargo, esto tampoco debe provocar un aumento exagerado en el número de informes que se presentan al Parlamento. 
De hecho, esto implicaría una carga adicional para los ya de por sí limitados recursos humanos del programa. 
Por tanto no estamos de acuerdo con las enmiendas 31, 19 y 32. 
Me gustaría subrayar lo limitado de los recursos humanos responsables de la administración del programa Life. 
Especialmente podría resultar problemática la administración de proyectos en terceros países durante los próximos años si no hay más recursos y naturalmente veríamos como una ventaja la llegada de nuevos recursos. 
El caso es que esperamos un aumento en la participación de los países de Europa Central y Oriental en Life-Naturaleza y Life-Medio ambiente. 
Aceptar más tareas administrativas nos obligaría a tener que limitar los recursos exigidos para una administración responsable del sistema lo cual es algo que la Comisión no puede aceptar y menos aún en un momento en el que hemos mantenido numerosos debates con el Parlamento precisamente sobre este tema. 
Por ello no aceptamos las enmiendas 13, 14, 36 y 45 por razones técnicas. 
Para finalizar, me gustaría recalcar que celebro el informe de la Sra. Lienemann. 
La mayoría de las enmiendas contribuyen a reforzar la estrategia Life. 
Estoy convencida de que la Comunidad ha sacado provecho de los proyectos ya puestos en marcha y de que gracias al nuevo reglamento podremos sacar el máximo provecho de este nuevo potencial durante el período 2000-2004. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Gestión y auditoría medioambientales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0139/99) del Sr. Valverde López, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (COM (98) 0622- C4-0683/98-98/0303 (SYN) ). 
. Señora Presidenta, ante todo deseo felicitar a la Comisión Europea por esta propuesta de revisión del reglamento que controla la auditoría medioambiental y que fue aprobado en 1993, lo cual refleja una buena marcha del trabajo de la Comisión. 
Después de una experiencia de más de cinco años de puesta en marcha y de haber evaluado cómo ha funcionado el reglamento en los distintos países miembros, se hace esta nueva propuesta que, en sus líneas generales, puedo compartir plenamente como ponente. 
Aprovecho la ocasión para agradecer a la Sra. Graenitz, que ha sido ponente alternativa del Grupo Socialista, su buena voluntad para trabajar conjuntamente y llegar a una plataforma de acuerdo en muchas enmiendas; también ella ha presentado enmiendas interesantes que yo he podido aceptar sin ninguna dificultad. 
Las enmiendas que presenta la Comisión de Medio Ambiente se refieren fundamentalmente a la profundización y extensión del ámbito de aplicación, algo necesario y previsto en el anterior reglamento, pues las experiencias piloto que se han realizado en distintos Estados miembros, en ámbitos distintos a los industriales, han tenido un gran éxito, como el plan piloto que se ha llevado a efecto en el ámbito del turismo en España, o el realizado en algunas administraciones públicas en el ámbito de los transportes, en la universidad, etc. 
Otras de las enmiendas van encaminadas a hacer más atractivos para las empresas estos informes de auditoría medioambiental. 
También hay enmiendas que tienden a evitar que se produzca un solapamiento con las normas ISO. 
Nuestro reglamento tiene que ser más profundo, más avanzado que las normas internacionales, aunque esté basado básicamente en las mismas normas. 
También hemos intentado procurar mayores facilidades para las pequeñas empresas, en la misma línea de las propuestas de la Comisión Europea, y proponemos también una mayor descentralización del sistema a nivel regional e incluso local. 
En otro ámbito de cosas, damos gran importancia, como hicimos en el informe de 1993, a la conveniencia de dar una mayor normalización, contenido y transparencia al informe público de evaluación que deben realizar las empresas y, asimismo, queremos que se vea reforzada la figura del auditor. 
Y en este ámbito, señora Comisaria, se nos ha presentado un problema, un problema de interpretación que nos ha sorprendido. 
Creíamos que el espíritu y la letra del reglamento se referían a los verificadores medioambientales como personas físicas. Esto lleva consigo exigencias de formación y de experiencia de profesionales con una cualificación concreta y sometidos a las responsabilidades tradicionales de las profesiones liberales: la responsabilidad profesional, administrativa, civil y penal. 
Y, para nuestra sorpresa, parece ser que algunos Estados miembros han interpretado la figura del auditor extendiéndolo a personas jurídicas. 
Esto, realmente, yo creo que sería una desnaturalización del informe. Yo le ruego que haga un chequeo a la aplicación de este informe por parte de los distintos Estados miembros para ver si se ha producido alguna desviación del espíritu de este informe. 
Y, por otro lado, señora Presidenta, creo que hay que lanzar dos mensajes políticos. 
El informe de evaluación de la Comisión nos indica que hay algunos países- y hay que mencionarlos y no quedarnos en el anonimato -, concretamente Portugal y Grecia, que aún no han conseguido poner en marcha su estructura de verificación. 
Yo creo que se hace necesaria una intervención directa ante las autoridades de estos países, incluso apoyándoles si es necesario, para que pronto normalicen y apliquen en todos los países el reglamento sobre evaluación de impacto medioambiental en la empresa. 
Y, después, hay otros países en que se ha registrado la participación de muy pocas empresas, como en los casos, muy significativos, de Bélgica, Francia e Italia. 
Sorprende el número tan bajo de empresas que se han acogido a este reglamento. 
Yo creo que harán falta unas acciones de estímulo, de trabajo conjunto, de apoyo, posiblemente una mayor información a las empresas. 
Y el segundo mensaje político en estos momentos, señora Comisaria- y yo creo que usted estará plenamente de acuerdo -, es que en las negociaciones de ampliación con los países del Este se deben tener muy en cuenta las ayudas transitorias que se deben proporcionar a estos países para que se puedan acoger a esta facilidad y a este autocontrol. 
Muchas gracias, señora Presidenta, por su paciencia. 
Señora Presidenta, ante todo yo quiero corresponder al agradecimiento y los elogios del señor Ponente. 
Ha sido un placer colaborar con usted y yo confío en que el resultado se pueda considerar muy satisfactorio. 
También espero, señora Comisaria, que usted pueda hacer suyas una serie de enmiendas adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente y que el Parlamento también las apruebe mañana. 
Yo creo que ahora, con el Tratado de Amsterdam, que contempla la incorporación de la política medioambiental en todos los ámbitos y que se propone alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible en la Unión Europea, necesitamos muchos instrumentos para poder realizar estos objetivos. 
La versión mejorada del SGAM es uno de estos instrumentos, que sobre todo crea las condiciones para que las empresas puedan proteger el medio ambiente de una forma que las beneficie y les permita reducir sus costes. 
Yo creo que es preciso que esta posibilidad se dé a conocer y se difunda mucho más. 
Mi pequeño país cuenta proporcionalmente con el mayor número de empresas certificadas por el SGAM. 
Yo he visitado algunas de ellas y he podido constatar el auténtico entusiasmo del personal y la dirección de dichas empresas y en último término también de los propietarios o accionistas en favor del SGAM, ya que éste no beneficia sólo al medio ambiente. 
Las enmiendas que propone el Sr. Valverde son, por lo tanto, sin duda las adecuadas para hacer más atractivo el programa. 
Será necesario que los Estados miembros también reconozcan las aportaciones previas que ya han hecho las empresas adelantándose a la legislación en materia de medio ambiente y que quizá también se les ofrezcan oportunidades en el ámbito de la adjudicación de contratos públicos. 
Existe, no obstante, un punto en el que no coincidimos con el ponente y al que mi Grupo político concede empero una gran importancia, junto con el de la participación de los trabajadores, me refiero al de la «mejor tecnología disponible». 
En esta Cámara hemos definido muy estrictamente esta «mejor tecnología disponible» para el sector industrial, a la vez que excluimos de la misma a las PYME, lo cual es acertado a mi parecer. 
Si ahora nos proponemos ampliar el SGAM y extender su certificación a otros sectores aparte de las empresas industriales o las instituciones de grandes dimensiones, será preciso aplicar de otro modo el concepto de la «mejor tecnología disponible». 
¿Por qué pensamos siempre sólo en la industria? 
Una empresa hotelera también dispone de una «mejor tecnología disponible» para sus aguas residuales. 
Una empresa de transporte dispone asimismo de una «mejor tecnología disponible» para la logística con la que opera. 
Yo creo que justamente para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible, pero también los objetivos de Kioto, tenemos que avanzar más en este ámbito. 
Yo desearía mucho que esta enmienda de mi Grupo, o sea, la que propone que se incluya la «mejor tecnología disponible» en esta normativa sobre el SGAM, también sea aprobada mañana. 
Señora Presidenta, Señorías, había extraviado mis gafas y me sentía un poco amputado. 
El objetivo de la política medioambiental europea de garantizar un desarrollo sostenible con un elevado nivel de protección del medio ambiente no se ha de alcanzar sólo mediante los instrumentos clásicos de la legislación normativa. 
La constatación del Programa de acción medioambiental en el sentido de que la industria no debe constituir sólo una parte del problema en el ámbito del medio ambiente, sino que también debe formar parte de la solución, sigue manteniendo su actualidad y el programa de autorías medioambientales que hoy se debate constituye una alternativa a la legislación normativa. 
La aplicación voluntaria- yo concedo especial valor a este punto- de sistemas de gestión medioambiental y controles medioambientales en las empresas les ofrece la posibilidad de cumplir de una forma flexible las exigencias para la protección del medio ambiente. 
El Reglamento vigente hasta ahora- ya se ha dicho varias veces hoy- ha demostrado su utilidad, sobre todo en lo que se refiere a las empresas industriales, y también es posible constatar- en este aspecto tengo que contradecirla un poco- que un 75 % de las empresas que participan en las auditorías medioambientales son alemanas. 
Yo también he visitado dichas empresas- me baso en una relación de la Comisión- y puedo afirmar que también he constatado los esfuerzos que allí se han realizado, pero bajo unas condiciones simples, como las que prevé ahora el programa de auditoría medioambiental. 
Me parece muy bien que ahora se incluyan también los servicios. 
Pero yo creo que tenemos que considerar asimismo otro problema, a saber, que es necesario motivar a las pequeñas y medianas empresas para que también incorporen y apliquen estos aspectos. 
En este contexto, debemos procurar que las condiciones exigidas no rebasen las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas, pues de lo contrario corremos un riesgo. En efecto, las pequeñas y medianas empresas me han comunicado que en ese caso no participarán en el programa de auditoría medioambiental, sino que se limitarán a aplicar la norma ISO 14001 y no se someterán a una auditoría medioambiental. 
Con lo cual, en el Parlamento habríamos aprobado una vez más algo magnífico, pero que no se aplicaría en la práctica. 
Yo creo que esto ya quedó patente en el debate en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
He observado cómo se concreta la práctica de incluir a los círculos interesados. Lo que se tiene en mente es una empresa a la que le interesa producir tecnología medioambiental. 
O lo que ocurre cuando adoptamos disposiciones por la que se debe aplicar la tecnología disponible; a mi modo de ver, señora Graenitz, este es un concepto que no debe figurar para nada en la legislación, porque cambia cada semana y, por lo tanto, sería preciso redefinirlo constantemente. 
No es posible definirlo de una vez para siempre. 
Nunca podremos dar por zanjado el asunto con una tecnología concreta. Ésta continúa desarrollándose y no es necesariamente la más favorable. 
Yo quisiera instarles una vez más a que intentemos corregir todavía un poco las propuestas, puesto que necesitamos una amplia participación y con la propuesta actual no la conseguiremos. 
¡Ténganlo presente! 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al Sr. Valverde López por su excelente informe sobre un tema muy complejo. 
Me parece importante- tal y como mencionó también el Sr. Schnellhardt- garantizar que el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (SGAM) sea una herramienta útil para nuestras empresas europeas. 
Debemos velar por que una buena voluntad respetuosa con el medio ambiente no haga del SGAM algo inaccesible para las pequeñas y medianas empresas. 
Debe quedar claro el carácter voluntario de la participación en el SGAM. 
Por ello no se debe abusar de él para tratar de endurecer la legislación medioambiental para las empresas. 
Es importante que este sistema sea lo más flexible y al mismo tiempo lo menos burocrático posible. 
En caso contrario, nunca conseguiremos que las pequeñas y medianas empresas u otras instancias participen en él. 
Me gustaría que se me permitiera comentar algunas de las enmiendas. 
En primer lugar, están las enmiendas 24, 28 y 29. 
Espero que mis compañeros- y también la Comisión- las acepten. 
También me gustaría destacar la enmienda 23. 
Los miembros del Grupo Liberal nos oponemos a esta propuesta, pues autorizará el empleo del logotipo del SGAM en productos y embalajes. 
Me parece que sería echar por tierra todo nuestro trabajo anterior e incluso nuestros esfuerzos actuales en materia de etiquetado y no beneficia ni a los consumidores ni a la industria. 
Escuché la discusión de mis compañeros austriacos sobre las mejores tecnologías disponibles (BAT). 
Desde el Grupo Liberal, hemos solicitado una votación parcial de las enmiendas que versan sobre este concepto, puesto que no apoyamos que las mejores tecnologías disponibles (BAT) sean incluidas dentro del SGAM. 
De introducirse éstas en esta legislación, el sistema sería incluso mucho menos aceptable para las empresas. 
Actualmente, la Comisión sólo está elaborando notas sobre las mejores tecnologías disponibles (BAT) para las empresas y ramos que deben disponer de una autorización obligatoria IPPC e incluso estas notas no estarán acabadas antes del año 2004, por lo cual rechazamos esta idea. 
Señora Presidenta, estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Sr. Valverde López para esta revisión del reglamento sobre las empresas que, voluntariamente, se acojan a ese sistema de gestión y auditoría, que todavía no está lo suficientemente extendido, y también estamos de acuerdo con la ampliación que él propone de los objetivos para la utilización de unas tecnologías más limpias, la evitación de la contaminación medioambiental en el marco de las empresas, la prevención de accidentes medioambientales, y la sustitución de sustancias o productos o vías de transporte que sean contaminantes. 
A nosotros nos parece que, para elaborar una declaración medioambiental como la que se propone, debe darse información a todo el mundo y permitir la participación de los trabajadores. 
También es fundamental la propuesta que para un futuro hace sobre la participación de los consumidores y de los clientes en la labor de las empresas que tomen esas medidas, y sobre la conveniencia de una información generalizada de las evaluaciones que se hagan y de las empresas que contribuyan a esos proyectos. 
También convendría que hubiera, como propone el ponente, ventajas fiscales para esas empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas- que tienen dificultades para utilizar las mejores tecnologías- y también un acceso prioritario para esas pequeñas y medianas empresas a la financiación, pues, como dice Eurostat, la mayoría del empleo creado en Europa procede de las pequeñas y medianas empresas, más del 85 %. 
Nosotros creemos que, si se favorece la posibilidad de que accedan al sistema esas pequeñas y medianas empresas, estaremos contribuyendo también a la creación de empleo. 
Señora Presidenta, yo también quiero decirle a la Sra. Comisaria- como ha dicho el Sr. Valverde-que el reglamento ha mejorado mucho. Esta segunda versión es mucho mejor. 
Especialmente, el Anexo VII, que es nuevo, y que se refiere a la evaluación inicial que, en mi opinión- yo he trabajado mucho en este sector -, es la base de la buena implantación de un sistema de gestión. 
Yo diría que supone el 80 %, y antes no existía. 
Pero yo creo, Señorías, que ustedes no tienen en cuenta cómo están operando las industrias. 
Hay centenares de empresas que siguen la norma ISO 14001, como en todo el mundo, y que están certificadas. 
Y luego hay unas pocas- muy pocas- que están registradas en el esquema EMAS. 
¿Por qué hay tan pocas? 
Incluso en Alemania, que son 2.000, representan un porcentaje muy pequeño de las empresas grandes. 
La razón es que el sistema es tremendamente complejo. 
Señora Comisaria, yo creo que todo el trámite de verificación tendría que simplificarse un poco. 
¿Por qué en Alemania hay muchos verificadores? 
Porque son personas físicas y, como ha dicho el Sr. Valverde, en muchísimos países los organismos de acreditación, en un plan exclusivo, sólo acreditan prácticamente a compañías de seguros o de normalización y esto dificulta mucho el complejo trámite. 
Yo espero que en este caminar de la nueva versión la situación vaya mejorando. 
Pero me temo que la mayoría de las empresas van a seguir certificadas con la ISO 14001 y las ecoauditorías con la ISO 14010 y 14011, porque es muchísimo más práctico, muchísimo más útil y, en definitiva, viene a ser lo mismo, porque el 80 % del esquema EMAS es la ISO 14001. 
El resto es ya la verificación que habrá de simplificar la Sra. Comisaria. 
Señora Presidenta, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y en particular al señor ponente, Sr. Valverde López, los esfuerzos realizados para asegurar rápidos avances con esta propuesta que revisa el actual SGAM en vigor. 
Hablamos- así ha quedado claro- de un instrumento comercial voluntario que tiene por objeto mejorar los esfuerzos de la industria en materia medioambiental. 
Sin embargo, no voy a repetir la propuesta. 
Ha habido intervenciones excelentes al respecto y por ello voy a concentrarme en cambio en las 65 enmiendas presentadas. 
De éstas, 20 pueden ser aceptadas bien en su totalidad, bien parcialmente por la Comisión. 
La Comisión aprueba en particular la enmienda 1, la primera parte de la 4 y la segunda parte de la 26 porque piensa que ayudan a hacer la propuesta de la Comisión más atractiva para la industria. 
Luego tenemos la segunda parte de la enmienda 18 y la 51 que asimismo aseguran la credibilidad del SGAM y por ello reciben también nuestro apoyo. 
El carácter comparativo del sistema y la armonía entre los Estados miembros tienen también gran trascendencia y por este motivo se aceptan las enmiendas 34 y 43, que muestran el apoyo del Parlamento. 
Otros principios fundamentales de la propuesta son la comprensión, la claridad, la transparencia y la subsidiariedad. 
El ponente, Sr. Valverde López, abordó precisamente la problemática cuestión de dar a conocer suficientemente este régimen y en este punto resultan fundamentales tanto la comprensión, la claridad y la transparencia como la subsidiariedad. 
En consecuencia, la Comisión en principio apoya las enmiendas 5, 8, 11, 20, 21, 24, 27, 42, 45, 48 y 61 porque pensamos que éstas respaldan estos aspectos. 
No podemos aceptar las restantes enmiendas. 
En lo que respecta a las enmiendas más importantes, voy a explicar brevemente los motivos que tiene la Comisión para no poder aceptarlas. 
Puesto que el SGAM es un instrumento voluntario, resulta esencial que esté estructurado lógicamente y sea comprensible, motivos por los cuales no podemos apoyar las enmiendas 7, 12, 13, 14, 36, 41, 44, 53, 54, 59, 64 y 65 pues repiten aspectos ya recogidos en el texto, especialmente en el anexo 1 A. El apoyo y el estímulo a las organizaciones para que participen en el SGAM se hallan recogidos en la propuesta y han sido desarrollados en las enmiendas aprobadas que acabo de mencionar. 
Las enmiendas que reducen los requisitos para las pequeñas y medianas empresas no son aceptadas. 
La propuesta se ha elaborado de tal forma que podrá ser utilizada por empresas de cualquier tamaño. 
Las pequeñas y medianas empresas rechazan otro régimen en un plano inferior porque tienen miedo de que éste tuviera menos valor en el mercado. 
Por ello no apoyamos las enmiendas 2, 52 y 56. 
El valor añadido del SGAM para el medio ambiente comparado con la ISO 14001 es un elemento clave de la propuesta al que también se ha aludido durante el debate. 
Por este motivo la Comisión no apoya las enmiendas 16, 17, 52 y 63 pues éstas debilitan la transparencia y el control sobre los datos de resultados medioambientales alargando la frecuencia de validación. 
Otro elemento importante de la propuesta es la ampliación del campo de aplicación de los SGAM para que englobe a todos los sectores. 
De ahí que la Comisión no acepte las enmiendas que sólo afectan a un único sector como, por ejemplo, las enmiendas 7, 12 y 25, que exigen que las organizaciones empleen las mejores tecnologías disponibles, cuestión sobre la que entiendo que ha habido diversidad de opiniones en esta Asamblea. 
Según están actualmente las directivas sobre licitaciones públicas, la primera parte de la enmienda 26 y la enmienda 30 no pueden ser aceptadas. 
Sin embargo, siento cierta simpatía a título personal por la idea que se oculta tras estas enmiendas y los próximos acontecimientos en este terreno podrían hacernos volver a examinar esta cuestión en el futuro. 
La Comisión está convencida de que este texto en su versión mejorada con el añadido de las enmiendas presentadas por el Parlamento y hoy aprobadas nos proporciona una herramienta eficaz y equilibrada con la que mejorar los resultados medioambientales de las actividades económicas en toda la Unión y con estas palabras, señora Presidenta, me gustaría volver a agradecer su trabajo al señor ponente, Sr. Valverde López, y a la Comisión de Medio Ambiente. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Enfermedades relacionadas con la contaminación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0167/99) del Sr. Cabrol, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1999-2001) (3603/99- C4-0125/99-97/0153 (COD) ). 
Durante la sesión del 11 de marzo de 1998, el Parlamento emitió su dictamen en primera lectura sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aprobación de un programa de acción comunitario relativo a las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Recordemos que este programa no va encaminado a luchar directamente contra la emisión de los contaminantes, sino que su objetivo es el de hacer el inventario de los conocimientos, recogiendo todos los datos relativos a las enfermedades asociadas con los contaminantes y hacer un registro de ellos para preparar en acciones de prevención. 
Dicho programa va dirigido a los Estados miembros que deben recoger esos datos y a los ciudadanos de la Unión Europea a fin de que se protejan del mejor modo posible contra las contaminaciones. 
Después de aquella primera lectura, el Parlamento propuso ciertas enmiendas que el Consejo examinó antes de presentar una posición común. 
El Presidente del Parlamento anunció la recepción de esta última durante la sesión del 18 de junio de 1998 y en conjunto esa posición común pareció satisfactoria. 
No obstante, el Parlamento aprobó 14 enmiendas a ese texto. 
Mediante carta de fecha 18 de diciembre de 1998, el Consejo comunicó que no podía aprobar todas las enmiendas del Parlamento. 
Así, pues, el Presidente del Consejo, de acuerdo con el Presidente del Parlamento convocó una reunión del Comité de Conciliación para el 4 de febrero de 1999. 
Ese procedimiento de conciliación resultó relativamente difícil, por que el Consejo no demostró interés particular por ese programa. 
No obstante, después de tres diálogos tripartitos, con las Presidencias austríaca y alemana, la delegación del Parlamento obtuvo satisfacción sobre gran parte de sus enmiendas, que agruparemos según el objetivo perseguido. 
En cuanto al fortalecimiento del seguimiento del programa, de las tres enmiendas a ese respecto fueron aceptadas dos, que garantizan la evaluación continua del programa, la elaboración de un informe de la Comisión durante el último año de ese programa y las acciones futuras previstas. 
También se aceptó la ampliación del ámbito del programa mediante una política de prevención y comprensión de los riesgos, así como la complementaridad con otros programas de salud, y a ese respecto la Comisión deberá presentar un informe anual. 
Por otra parte, el Consejo aprobó el principio de una información al público, por mediación de los profesionales- cierto es -, pero que abarque ciertos puntos muy importantes, como los riesgos alimentarios de la contaminación. 
Se aprobó la preparación de estudios epidemiológicos y, por último, se aclararon ciertas partes del texto del Consejo que resultaban incomprensibles. 
Sobre la comitología, una transacción permitió volver más aceptable el considerando y simplificarlo. 
Por desgracia, no se aceptaron algunas enmiendas, en particular en lo relativo al programa de prevención de las alergias relacionadas con la contaminación y sobre todo la delegación del Parlamento tuvo que comprobar la firmeza del Consejo respecto del plan financiero del programa. 
Habíamos pedido siete millones de ecus, en lugar de 3, 9 millones. 
Resultó que, en vista de las negociaciones sobre la Agenda 2000, varias delegaciones del Consejo habían recibido instrucciones de no hacer concesión alguna sobre la cuestión presupuestaria. 
Sin dejar de lamentar esa situación, la delegación del Parlamento aceptó el importe de la posición común, a reserva de una declaración común de las tres instituciones, relativa a la propuesta de la Comisión encaminada a formular un nuevo programa-marco en la esfera de la salud pública, después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Dicha declaración reza así: «El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión declaran que entre las cuestiones prioritarias que se tratarán en el marco de futuros programas de salud pública, prestarán atención particular a las enfermedades poco comunes y a las enfermedades relacionadas con la contaminación y tendrán debidamente en cuenta las consecuencias presupuestarias necesarias». 
En conclusión, nuestra delegación considera positivos los resultados de este procedimiento de conciliación sobre este programa, que, junto con el relativo a las enfermedades poco comunes, es el último de una serie de programas en la esfera de la salud pública. 
En consecuencia, nuestra delegación recomienda que el Parlamento apruebe la decisión legislativa, conforme al texto del proyecto común, aprobado por el Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quisiera expresar, también en nombre de mi Grupo, mi agradecimiento y mi reconocimiento al ponente, Sr. Cabrol, por la manera en que ha conducido las negociaciones. 
Yo creo que el tema es muy importante: la relación entre la contaminación del medio ambiente y la salud. 
También es un tema que preocupa mucho a la población en Europa y no me convence que se diga que sólo se trata de temores exagerados. 
La contaminación del medio ambiente tiene repercusiones para la salud y debemos prestar mayor atención a este hecho. 
El presente programa sólo puede aportar, sin embargo, una contribución muy modesta. 
No puede resolver el problema de las enfermedades relacionadas con la contaminación, sino sólo elaborar estrategias o contribuir a su elaboración. 
Por esto, nuestro Grupo abogó desde el principio, a diferencia de la Comisión y también del grupo del Partido Socialista Europeo, por la necesidad de que podamos contar muy pronto con un programa integrado en el que confluyan todos los aspectos de la salud pública, incluido también el presente programa. 
Por esto nos opusimos ya en la primera lectura a que su duración sea de cinco años y apoyamos que fuese de tres. 
A pesar de ello, rechazamos la reducción de los recursos financieros que, lamentablemente, se propuso introducir el Consejo de Ministros y que al fin también adoptó, ya que con un montante un poco más elevado se hubiese podido hacer más ya en los primeros tres años, también en cuanto a la preparación de un programa completo de salud. 
Yo lamento muy especialmente que como resultado se hayan suprimido las acciones concretas, en el ámbito de las alergias, por ejemplo, y también lamento, en particular, al igual que mi Grupo, que ya no se mencionen explícitamente los grupos de autoayuda, ya que pienso que si la Unión Europea apoya dichos grupos de autoayuda y el intercambio entre los mismos, podríamos obtener un auténtico valor añadido, y esto lamentablemente ya no consta de manera explícita en el programa. 
No obstante, yo me permito instar a la Comisión a que apoye especialmente, en el marco de las posibilidades que ofrece el programa, a los grupos de autoayuda que se ocupan de las enfermedades relacionadas con la contaminación y de la lucha contra las mismas. 
A mi modo de ver y en opinión de mi Grupo, es muy importante que el programa no se limite a generar cementerios de cifras, pues aunque queda muy bien reunir datos a escala europea, todo ello no nos servirá de nada si no se actúa de manera concreta. 
La Comisión y el Consejo de Ministros se han mostrado demasiado indecisos en anteriores ocasiones. 
Por ejemplo, en el caso de los gases de escape de los automóviles, el Parlamento tuvo que imponer la adopción de unas normas rigurosas y que en Europa se aborde de manera eficaz la problemática de la capa de ozono. 
A mi parecer, también tenemos que considerar los aspectos asociados a la salud en relación con el tema del CO2, pues con el calentamiento del clima aparecerán también en Europa enfermedades que hasta ahora sólo se dan en los trópicos al igual que otros problemas. 
También son precisas acciones concretas en el ámbito de la protección de la salud del consumidor o de lo contrario el programa carecerá de sentido. 
Deberíamos incorporar asimismo las recomendaciones que se elaboren a partir del programa a nuestra legislación en otros ámbitos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Enfermedades poco comunes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0166/99) del Sr. Viceconte, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el borrador común del Comité de Conciliación sobre la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo por la que se aprueba un programa de acción comunitario 1999-2003 sobre las enfermedades poco frecuentes dentro del marco de actuación en el ámbito de la salud pública (3602/99- C4-0124/99-97/0146 (COD) ). 
Doy la palabra al Sr. Parodi quien sustituye al señor ponente, Sr. Viceconte. 
Señor Presidente, en la conciliación, el pasado 4 de febrero, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre el programa de acción sobre las enfermedades poco comunes, del cual es ponente el Sr. Viceconte y que fue debatido por el Parlamento Europeo en primera lectura el pasado 11 de marzo y en segunda lectura el 8 de octubre. 
El programa de acción comunitario tiene una duración quinquenal, del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2003, y su objetivo principal es mejorar la información sobre la enfermedades poco comunes que afectan a menos de cinco personas de diez mil en la Unión, pero que precisamente por esto son aún más peligrosas. 
En la conciliación, el pasado 4 de febrero, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo, en particular en lo referente a la creación de una red europea de información sobre las enfermedades poco comunes y su correspondiente acceso, el estímulo y el respaldo a los especialistas en la materia a fin de mejorar el diagnóstico precoz, la identificación y la prevención de las enfermedades poco comunes, la cooperación transnacional entre las organizaciones de voluntarios, la creación de redes entre grupos de personas directa o indirectamente implicadas, la coordinación a escala comunitaria, el apoyo de la Unión a la vigilancia de las enfermedades poco comunes en los Estados miembros, la formación y la actualización de los conocimientos entre profesionales y la promoción de redes de expertos interesados en la respuesta rápida al fenómeno de las agrupaciones. 
Quisiera destacar algunos puntos fundamentales. 
El primero es que el programa de acción afecta al sector de la información, en particular a la creación de una red europea coherente y complementaria de información sobre las enfermedades poco comunes y el acceso a la misma utilizando las bases de datos existentes. 
La creación de una red europea es fundamental. 
El diagnóstico precoz es, de hecho, trascendental y en la actualidad no existe una base de datos a escala comunitaria; sólo Francia, con su sistema Orphanet, dispone de una base de datos sobre las enfermedades poco comunes. 
La segunda acción prioritaria está constituida por la formación y la actualización de los conocimientos de los profesionales con miras a mejorar el diagnóstico precoz, la identificación, la intervención y la prevención. 
Otro elemento es la promoción de la cooperación transnacional y la conexión en red de grupos de personas directa o indirectamente afectadas por dichas enfermedades poco comunes o de voluntarios y de profesionales de la salud implicados, así como la coordinación a escala comunitaria, al objeto de fomentar la continuidad del trabajo y la cooperación transnacional. 
Otro punto significativo es el respaldo a escala comunitaria en favor del seguimiento y control de las enfermedades poco comunes en los Estados miembros y los sistemas de alerta rápida de las agrupaciones, así como la promoción de la conexión en red y la formación de expertos interesados en la gestión de dichas enfermedades y en una respuesta rápida. 
Este programa, junto con el programa para las enfermedades relacionadas con la contaminación, cuyo ponente es el Sr. Cabrolo, que también va a ser votado mañana, se inserta en el marco de actuación comunitaria en el sector de la salud pública: un sector que- lo venimos repitiendo desde hace mucho- necesita una ampliación, teniendo en cuenta que no abarcamos los grandes azotes de la salud, sino a esas pocas personas que sufren y mueren porque nadie las tiene en cuenta. 
Consideramos, por tanto, un deber llevar a cabo estas acciones. 
Lamentablemente, la financiación de 6, 5 millones de euros que fue establecida para el quinquenio 1999-2003 no es en absoluto suficiente. 
Basta pensar que la National Organization for Rare Deseases ha destinado 3, 2 millones de dólares en los últimos tres años en los Estados Unidos y que Francia ha gastado, para el sistema primario de ejercicio de la base Orphanet, 3 millones de francos. 
Sin embargo, es un paso hacia una política de salud comunitaria más decidida y eficaz, como tendría que llegar a ser esa política tras las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam. 
Este informe lleva a una conclusión. 
Permítanme decir, aunque supero el tiempo que me ha sido concedido- pero quizás, después de 15 años, es la última vez que hablo en este Pleno y esto tiene para mí un gran significado- que la salud no puede formar parte de otros ámbitos. 
Es preciso que el Parlamento Europeo tenga el valor decisorio de crear un único contexto de debate para la salud porque no es cierto que las enfermedades han disminuido. 
Creo que nos encontramos ante un futuro muy difícil: sólo si nos ponemos de acuerdo todos los quince Estados, podremos salvar la salud que es el bien fundamental de cada uno de nosotros. 
Sin salud no se puede ni siquiera hacer política. 
Señor Presidente, yo también creo que finalizar la actividad del Parlamento Europeo en materia de política de salud con dos programas- éste que estamos debatiendo sobre las enfermedades poco comunes y otro sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación- pone de manifiesto la importancia que atribuimos a la política de salud. 
En particular, creo que es necesario resaltar el problema de las enfermedades poco comunes porque se trata de un típico argumento que puede ser abordado únicamente a escala internacional y transnacional. 
Por esto es fundamental la cooperación en el ámbito de la Unión Europea y por eso hemos atribuido mucha importancia al programa. 
Por tanto, es con satisfacción que hemos alcanzado durante la conciliación un acuerdo sobre la mayor parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento. 
Sin embargo, debemos lamentar el hecho de que la financiación del programa haya quedado reducida a unos niveles considerados especialmente insatisfactorios y confiamos en que en la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión- que señalan que en el futuro deberá otorgarse mayor espacio, también desde el punto de vista presupuestario, tanto a este programa como al programa sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación- merezcan un seguimiento adecuado en el próximo Parlamento y en la próxima Comisión. 
En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido: Profesor Cabrol, Sr. Parodi, Sr. Liese y Sr. Tamino. 
Les doy las gracias por sus intervenciones y por su continuado apoyo al desarrollo de la salud pública en la Unión. 
Acojo con satisfacción los textos conjuntos aprobados por el Comité de Conciliación el 4 de febrero de 1999 sobre las enfermedades poco comunes y los programas de acción comunitaria sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Los puntos de diferencia entre el Parlamento y el Consejo han quedado por fin resueltos, como ha indicado el Profesor Cabrol. 
Espero que el papel que han desempeñado mis servicios y la acción que yo mismo emprendí en ayuda de estos textos de compromiso hayan sido de utilidad y que, por fin, hayamos llevado las cosas a buen puerto. 
Sé que al Parlamento no le ha gustado mucho que los recursos presupuestarios para ambos programas fueran tan limitados. 
En el contexto de las actuales perspectivas presupuestarias habría sido difícil, sin embargo, lograr mucho más en este sentido. 
No obstante, sobre la base de la propuesta de declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, ahora nos encontramos en una situación en la que cabe prever una mejor atención a estas cuestiones en el contexto del nuevo programa marco sobre la salud pública. 
Espero que el Parlamento ratifique hoy los textos conjuntos y la declaración común. 
Puedo confirmar el compromiso de la Comisión respecto a las declaraciones acordadas en el Comité de Conciliación. 
Permítanme que haga hincapié, desde la perspectiva de la Comisión, en la gran importancia que atribuimos a estos dos programas, a pesar de que básicamente, respecto a su duración y alcance, sólo constituyen un primer paso en la dirección acertada. 
Tengo grandes esperanzas de que el Parlamento Europeo apruebe ambos programas aquí esta noche y que avancemos con rapidez hacia su entrada en vigor. 
El Sr. Liese ha hecho dos observaciones: una es relativa a los grupos de autoayuda. 
Quisiera asegurarle que tenemos la intención de que en el futuro marco de entendimiento esperamos estar en una posición mejor y tener auténtica capacidad para hacer algo en ayuda a los grupos de autoayuda. 
Quisiera indicar asimismo que el artículo 152 del Tratado de Amsterdam nos impone la obligación de tener en cuenta otras políticas comunitarias en el desarrollo de nuestros programas de salud. 
Por último, me dirijo a usted, señor Parodi. 
Puede que ésta sea su última contribución al desarrollo de nuestros programas de salud pública, pero su contribución ha sido importante. 
La observación que hizo relativa a que los Estados Unidos están por delante de nosotros en estos asuntos ha sido bien recibida. 
Pero me gustaría que reconociera conmigo que quizás ahora tenemos aquí la posibilidad de dar un buen primer paso para intentar achicar distancias. 
Con la entrada en vigor del nuevo marco estaremos a la altura de ellos. 
Espero que en su jubilación reconozca que usted ha hecho una contribución considerable al desarrollo de estos programas. 
Quisiera decir unas palabras de especial agradecimiento al Profesor Cabrol por su continua dedicación a estas cuestiones y por su compromiso durante el tiempo que he permanecido en contacto con el Parlamento Europeo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 22.50 horas 
Orden del día 
Señor Presidente, intervengo sobre una cuestión de orden, de conformidad con el artículo 41 y el Anexo II del Reglamento. 
Ayer recibí una carta en la que se me comunicaba que no se iba a incluir en el turno de preguntas al Consejo de esta tarde mi pregunta nº 41, relativa a las difíciles condiciones por las que atraviesa un refugiado kosovar, puesto que esta cuestión se va a abordar en el punto 144 del orden del día. 
Creo que se trata de un verdadero error. 
La pregunta hace referencia a la situación específica en que se encuentra un emigrante refugiado kosovar en particular y al hecho de que no se le han expedido visados en las embajadas de otros Estados de la UE. 
Resulta evidente que esta cuestión no va a abordarse en un debate general sobre el Kosovo. 
Solicito a sus servicios que examinen esta circunstancia y que, cuando menos, permitan una respuesta por escrito para que no se ponga en peligro el puesto de trabajo de este hombre y para no obligarle a regresar a Kosovo, donde su vida correría un gran peligro. 
Sr. Howitt, como usted sabe, el apartado 2 del Anexo II (A) , Directrices, estipula que «no será admisible una pregunta relativa a un punto que figure ya en el orden del día y en cuyo debate se prevea la participación de la institución interesada». 
El objeto de este apartado es, precisamente, evitar que un debate general pueda verse entorpecido por un punto en particular presentado por otras vías. 
En todo caso, usted puede plantear esta pregunta en una próxima ocasión, o de cualquier otra forma. 
Podría admitirla hoy si mantuviéramos un debate general sobre el Kosovo y alguno de los Grupos estuviera dispuesto a abordar dicha cuestión, pero no puede tratarse por separado en el turno de preguntas. 
Lo siento, pero no puedo ofrecerle otra solución. 
De conformidad con el orden del día, se procede al informe del Consejo Europeo y a la declaración de la Comisión sobre los resultados del Consejo Europeo extraordinario de los días 24 y 25 de marzo de 1999 en Berlín. 
Doy la bienvenida a este Parlamento, en esta su primera comparecencia, al Canciller Schröder. 
Les anuncio que he recibido 7 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, para cerrar el presente debate. 
Aplausos 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, voy a adelantar una observación personal: como primer orador de mi grupo político me congratula poder saludar aquí en el Parlamento Europeo al Canciller Federal alemán como Presidente del Consejo Europeo. Todos comprenderán que como social-demócrata me alegre especialmente, sobre todo después de la intervención que usted ha realizado, señor Presidente del Consejo. 
Aplausos 
En raras ocasiones una Presidencia del Consejo ha tenido que adoptar decisiones tan importantes como en los tres primeros meses de su mandato. Se puede tener la opinión que se quiera sobre las decisiones adoptadas, pero una cosa está clara: nuestra Unión Europea ha demostrado su capacidad de actuación, por lo que le felicitamos. 
Bajo su Presidencia, el Consejo Europeo ha nombrado en el plazo de una hora un candidato para el cargo de Presidente de la Comisión, algo que hace cinco años ha precisado más de dos cumbres. 
Esto es algo muy positivo para esta Unión. 
Ahora vamos a adoptar las medidas necesarias para dar nuestra aprobación al Sr. Prodi aún dentro de este período electoral del Parlamento- es decir, en mayo- y para que se vote sobre la totalidad de la Comisión a más tardar a comienzos de septiembre. 
Creo que esto coincide con su calendario. 
Por lo demás, la dimisión de la Comisión no ha sido una crisis institucional, por el contrario. 
Veo en ella un paso hacia la normalidad europea. 
Tiene que ser normal que el Parlamento controle y sancione y que los órganos de la UE asuman la responsabilidad política por los fallos y errores. 
Aplausos 
Que esto haya ocurrido por primera vez merece en cualquier caso nuestro respeto. 
Lo que hay que hacer ahora es una reforma a fondo de la estructura y cultura administrativa en Bruselas y esto no es sólo una tarea para la nueva Comisión sino también para usted en el Consejo y para nosotros en el Parlamento. 
No queremos una Comisión más débil sino más fuerte. 
La nueva Comisión tiene que convertirse en lo que debe ser, es decir, en un Gobierno europeo. 
Si se transfieren tareas a la Comisión, también hay ocuparse de que tenga los recursos para el personal necesario y pueda cumplir esas tareas. 
Si veo el acuerdo financiero de Berlín no tengo la sensación de que el Consejo lo haya comprendido totalmente. 
Por lo demás, aquí en el Parlamento no hemos comprendido aún plenamente que hay que dar a la Comisión los medios para que pueda cumplir con la responsabilidad que le transferimos. 
Aplausos 
Los acuerdos de Berlín sobre la Agenda 2000 son un compromiso, esto es normal, y a pesar de ello en parte son difíciles de aceptar pues algunos de los compromisos que se adoptaron y tuvieron que adoptarse entre los intereses nacionales, lo son a costa de Europa. 
El Parlamento lo examinará críticamente en las próximas semanas y estén seguros de que encontraremos algunos pelos en esta sopa de compromisos. 
No voy a referirme ahora en detalle al respecto. 
Sólo voy a decir lo siguiente: la reforma agraria ha sido ampliada. 
En poco tiempo tendrán que mejorarla, no sólo porque la reforma no es suficiente para soportar la ampliación sino también a causa de las próximas negociaciones en la OMC. 
En segundo lugar, para unas nuevas previsiones financieras es necesario un acuerdo interinstitucional. 
No queremos reabrir el paquete financiero de Berlín, pero sí ordenar algunas partes de tal modo que se aproximen a nuestras exigencias y prioridades, por ejemplo, en las medidas sobre el desempleo de larga duración y para el apoyo de una política de mercado laboral activa. 
Queremos un Acuerdo Interinstitucional sobre las previsiones financieras, lo queremos realmente pero no a cualquier precio. 
A la postre se trata de un acuerdo y no de una imposición. 
No obstante, en general, con la Agenda 2000 se ha puesto en marcha en Berlín la mayor reforma de las políticas que la UE ha realizado hasta ahora. 
Señor Presidente del Consejo Europeo, vamos a hacer todo lo posible para encontrar aquí en el Parlamento las mayorías necesarias y aprobarlas aún antes de que finalice este período electoral. 
Sabemos que la Agenda 2000 es sólo una parte de las necesarias reformas para hacer que la UE esté preparada para la ampliación, por lo que me alegra el anuncio que ha realizado usted hoy de determinar en junio en Colonia el programa para las necesarias reformas institucionales. 
Le apoyamos expresamente en la intención de concluir este proceso de reformas antes de que el primer Estado de la Europa oriental se adhiera a esta Unión Europea. 
Esperamos aún otra cosa de su Presidencia del Consejo. 
Ha sido bueno que la Unión Europea haya estado en situación de concluir un pacto para estabilizar la moneda común, pero ahora tiene que estar en situación de concluir un pacto laboral en provecho de las personas, lo que sería igualmente bueno. 
Por ello, apoyamos sus intenciones para la cumbre de Colonia. 
Aplausos 
Respecto a Kosovo: es para todos, inclusive en mi grupo político, un tema difícil. 
Saludamos la decisión con que el Consejo Europeo ha apoyado sin fisuras en Berlín la intervención militar de la OTAN en Kosovo. 
Esto ha sido también una prueba para la política exterior y de seguridad común, pues así se ha mostrado que Europa es una comunidad de valores y no sólo un ente económico. 
Mi grupo político apoya en su gran mayoría la posición de los Estados miembros respecto a la acción militar. 
Consideramos esta acción como inevitable, pero más allá de los límites y de la necesidad de las medidas militares, quiero destacar dos o tres puntos. 
Es cierto que tenemos que impedir al delincuente Milósevic, a su soldadesca y a sus bandas de asesinos que prosigan campando por sus respetos. 
A finales de este sangriento siglo ni el nacionalismo ni el racismo deben tener ninguna posibilidad más en Europa, en ningún lugar de Europa. 
El derecho internacional se basa en la soberanía nacional y en la integridad territorial. 
Se trata de bienes muy elevados, pero la soberanía nacional y la integridad territorial no pueden suponer para ningún Estado en Europa una licencia para reprimir, expulsar y practicar el genocidio. 
Aplausos 
Por ello, independientemente de las necesarias operaciones militares, necesitamos desarrollar el derecho internacional y le invitamos a participar. 
Los pueblos de los Balcanes encontrarán su paz sólo dentro de una perspectiva europea. 
Saludamos que haya adoptado la iniciativa para una Conferencia de los Balcanes con el objetivo de la reconstrucción política, económica y social en esta martirizada región. 
Apoyamos expresamente las propuestas que hoy ha expuesto aquí. 
Permítanme que exprese también aquí mi agradecimiento a los soldados de los Estados miembros que se han comprometido en la OTAN. 
Les agradecemos por arriesgar su vida para acabar con la limpieza étnica en Kosovo. 
Aplausos 
Expresamos también nuestro agradecimiento a los hombres y mujeres de las organizaciones no gubernamentales, quienes asimismo trabajan con grandes sacrificios personales para hacer algo más soportable la situación de los refugiados y deportados en esta región. 
Les expreso a ellos también mi agradecimiento. 
Aplausos 
Señor Presidente del Consejo Europeo, usted se ha hecho cargo de la Presidencia en una de las fases más difíciles que ha tenido que pasar hasta ahora la Unión Europea. 
Le deseamos éxito pues es también el éxito nuestro, el éxito de nuestra Unión Europea. 
Para la difícil tarea que aún tiene ante si, podrá contar siempre con nosotros, el Parlamento Europeo y, sobre todo, con mi grupo político, como un interlocutor crítico, a veces, incluso muy crítico, pero siempre fiable. 
Muchas gracias. 
Aplausos 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estoy convencido de que también mi grupo político le apoya a usted, señor Presidente del Consejo, en sus esfuerzos por lograr el respeto de los derechos humanos y en las medidas para la protección de las personas en Kosovo. 
Sabemos lo difícil que es la responsabilidad que hay que tener en un momento así. 
Sin duda, es necesario que podamos definir realmente el objetivo de la guerra y que llevemos a un término la intervención. 
La colega Doris Pack se referirá más adelante con más detalle al respecto. 
También pienso que esto debería ser para nosotros una advertencia para comenzar por fin una política exterior, de seguridad y de defensa europea capaz de actuar. 
Aplausos 
Señor Presidente del Consejo, durante su mandato hasta finales de junio tiene la tarea de ejecutar el Tratado de Amsterdam en este campo en cuestiones decisivas. 
No hay que dejar esto en manos de los tecnócratas. 
Por el contrario, este potencial debería utilizarse políticamente para tener una mayor capacidad de actuación y estar en el futuro en situación de practicar una política exterior que no permita que en Kosovo surja una situación de este tipo y no se tenga que recurrir a las armas. 
Aplausos 
En lo que se refiere a Berlín, creo que no en Berlín sino antes de Berlín se cometieron ciertos errores. 
Coincido con usted en que con la elección de Romano Prodi se ha realizado una buena elección. 
Pero si la Presidencia del Consejo hubiese cooperado con el Parlamento en esta cuestión ya en enero de este año, no estaríamos posiblemente en una situación así. 
Aplausos 
Si recuerdo ciertas intervenciones de diciembre del año pasado, me dan ganas de comparar los resultados de las negociaciones sobre la Agenda 2000 con lo que usted mismo exigió como necesario en aquella ocasión desde una perspectiva alemana. 
Pero no estoy aquí como representante alemán sino que hablo en nombre de mi grupo político. 
Como Presidente del Consejo, también debería aprender que esto son cosas diferentes. 
Risas 
Creo que ciertamente no deberíamos reabrir la Agenda 2000. 
Pero este Parlamento Europeo da gran importancia a que obtengamos márgenes de actuación para otras políticas, para la política exterior y de seguridad o márgenes de actuación que permitan por ejemplo la ampliación. 
La inseguridad en la política agrícola ha hecho que entre los candidatos a la adhesión hayan surgido nuevas preocupaciones en lo tocante a la determinación de fechas. 
Debemos mostrar claramente que debido a esta falta de claridad de la Agenda 2000 no se debe producir un retraso en la ampliación. 
Kosovo nos enseña que debemos utilizar todas las posibilidades para impulsar lo más rápidamente posible la ampliación. 
Creo que esta es nuestra responsabilidad política. 
Aplausos 
Usted va a preparar la cumbre de Colonia. 
Se trata de la Conferencia Intergubernamental. 
Tenemos gran curiosidad por ver cómo se va a concretar el mandato y cómo va a participar el Parlamento Europeo en esta Conferencia Intergubernamental. 
Queremos participar del mismo modo que la Comisión. 
Por lo demás, habría sido un buen paso en esta dirección si en la cumbre informal de hoy el Presidente del Parlamento Europeo hubiese participado, pero no ha sido invitado. 
Aplausos 
Creo que también sería muy razonable utilizar las posibilidades del Tratado de Amsterdam en el campo de la política de justicia e interior. 
De cara a Kosovo, se debería llegar rápidamente a la posibilidad de adoptar decisiones mayoritarias en las cuestiones relacionadas con la política inmigratoria de asilo. 
Esto es posible mediante una decisión simple del Consejo y debería realizarse para establecer una auténtica capacidad de actuación. 
Me parece acertado que la política de empleo goce de una especial importancia en la cumbre de Colonia. 
Sin embargo, debemos garantizar que se debata allí sobre cuestiones de fondo. 
Deberíamos mostrar claramente quién en Europa puede impulsar de forma realmente activa una política de empleo. 
Si se acuerda un pacto por el empleo sin contenidos reales y que despierte la sensación de que Europa puede solucionar el problema para demostrarse al final que no es así porque no tiene los instrumentos, la perjudicada será Europa. 
La política de empleo europea no puede ser ninguna coartada para el fracaso de las políticas de empleo nacionales. 
Vamos a dar gran importancia a esto a la hora de valorar la cumbre de Colonia. 
Vivos aplausos 
Señor Presidente, la cumbre de Berlín se ha celebrado en el contexto difícil de una profunda crisis institucional en la Unión Europea, con la dimisión de la Comisión, y de una grave crisis en los Balcanes. 
En lo referente a la Agenda 2000, a pesar del acuerdo alcanzado en la madrugada del 26 de marzo, los Jefes de Gobierno han dado una imagen de confrontación y de falta de visión de futuro. 
En Berlín, cada uno ha defendido tenazmente sus propios intereses, pero nadie ha hecho avanzar el interés común de la Unión. 
El Consejo Europeo sigue sin proporcionar los medios indispensables. 
No se pueden plantear grandes objetivos con un presupuesto que, en el mejor de los casos, tan sólo alcanzará el 1, 27 % del producto interior bruto comunitario. 
Sin aumento del presupuesto no se pueden coordinar las políticas económicas, impulsar la creación de empleo ni fortalecer la solidaridad. 
Para nosotros, algunas conclusiones de Berlín son decepcionantes. 
Las dotaciones asignadas a las políticas estructurales y a las políticas internas rompen la tendencia al alza iniciada en 1988 y reforzada en 1993. 
Además, no se garantizan los medios para la ampliación de la Unión Europea, amenazada ahora de aplazamiento. 
En términos cuantitativos, los 240.000 millones de euros propuestos en la Agenda 2000 para las políticas estructurales se transforman en 213.000, y en porcentaje del PIB para las políticas de cohesión se produce una disminución progresiva, desde el 0, 46 % actual hasta el 0, 42 % en el año 2006. 
En lo que se refiere a la política agrícola, el compromiso de Berlín es la continuación de la reforma de 1992, una de cuyas consecuencias fue la desaparición de un gran número de explotaciones agrarias con la consiguiente pérdida de empleo. 
Hubiera sido necesario, en esta ocasión, introducir mecanismos correctores, pero no ha sido así. 
Tememos especialmente por las pequeñas explotaciones familiares, porque la reducción de precios, sólo parcialmente compensada por las ayudas a las rentas, afectará en mayor medida a las pequeñas y medianas explotaciones. 
También es criticable que no se haya aprobado un sistema justo de modulación más favorable a los pequeños productores para poder corregir la situación actual, en la que el 80 % de las ayudas se destinan al 20 % de los agricultores. 
En cuanto a la crisis institucional, debemos felicitarnos por la rápida designación del Sr. Romano Prodi como candidato a la Presidencia de la Comisión según el Tratado de Amsterdam, pero constatamos un déficit del diálogo y acuerdo con el Parlamento Europeo para hacer posible un calendario de investidura de la nueva Comisión que permita superar, con urgencia, la interinidad y reforzar, a la vez, la legitimidad democrática de esta institución. 
Respecto a la guerra de los Balcanes, que será posteriormente objeto de debate, debo adelantar en nombre de mi Grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que los Quince se han limitado a legitimar la intervención militar de la OTAN en Yugoslavia una vez consumada. 
Sin duda, la persistente represión del Gobierno de Milósevic sobre la población albanokosovar después de haber suprimido la autonomía del Kosovo, su desprecio de los derechos humanos y su negativa a pactar un acuerdo en Rambouillet están en el origen de la intervención de la OTAN. 
Pero esta dura y continuada intervención militar, efectuada al margen de las Naciones Unidas, sienta un grave precedente de interesada discrecionalidad para el Derecho internacional, y produce, por ahora, efectos contrarios a los objetivos planteados: el apoyo del pueblo serbio a Milósevic como reacción a los bombardeos de la OTAN y su secuela de inocentes víctimas civiles, y también el destrozo de infraestructuras del país y, a la vez, el agravamiento de la situación del pueblo albanokosovar, que se ve expulsado de su país en una limpieza étnica sin precedentes, con el grave añadido de la crispación de la Federación Rusa y el peligro de desestabilización general en los Balcanes. 
Quiero terminar esta intervención- y mucho lo siento -, señor Presidente en ejercicio del Consejo, lamentando que la Unión Europea, con sus instituciones, se haya subordinado a las decisiones de una organización militar y haya dimitido durante tantos años de su responsabilidad política en el continente. 
Vale más prevenir para no tener que actuar después de esta manera. 
Señor Presidente, desearía dar mi más cordial bienvenida al Canciller Schröder, quien se encuentra aquí en representación de la Presidencia alemana. 
Quisiera también expresarle mi más sincero agradecimiento por la que creo que ha sido una de las mejores intervenciones de un presidente en ejercicio que hemos escuchado en este Parlamento en mucho tiempo. 
Le doy las gracias por lo que ha dicho en relación con Kosovo y, por medio de sus aplausos, también el Parlamento ha dejado patente la satisfacción que le ha producido esta intervención. 
Además, también desearía agradecerle con toda sinceridad la Resolución de Berlín a este mismo respecto. 
Sé que el Presidente en ejercicio tiene previsto reunirse esta tarde con los jefes de Estado y de Gobierno, por lo que es muy importante que, en el transcurso de este debate, pueda hacer llegar a sus colegas la acuciante necesidad de que continúen las ayudas a los albaneses kosovares y de que la Unión Europea desempeñe un papel primordial en la misión de ayuda humanitaria. 
Es necesario proveer los recursos financieros necesarios para garantizar la continuidad de los programas de ayuda y para conseguir que los envíos de medicamentos y alimentos lleguen a los refugiados más necesitados. 
Habríamos deseado dejar atrás con este milenio también el fantasma de la guerra en Europa. 
Lamentablemente, el Sr. Milósevic, un déspota totalitario, está instigando al genocidio y exacerbando el sufrimiento de los albaneses del Kosovo. 
Estoy convencido de que no debe haber ninguna salida para Milósevic y de que, en algún momento, deberá hacer frente a las acusaciones de un tribunal de justicia por crímenes de guerra. 
Tengo una observación negativa que hacerle al Canciller Schröder. 
Creo que es usted sincero cuando afirma que aprecia la función del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, su credibilidad se ve cuestionada en cierta medida por el hecho de que no se ha cursado una invitación a nuestro Presidente, el Sr. Gil-Robles, para que participe en la reunión de esta tarde. 
Lamento este hecho que, así lo creo, se debe a algún error que ha tenido lugar en algún momento, y considero que deberían someterlo nuevamente a consideración, incluso, en el último minuto. 
Es un grave error con el que se envía un mensaje equivocado. 
Desearía dedicar unas palabras de agradecimiento al Sr. Santer en reconocimiento por la magnífica labor que ha llevado a cabo en los últimos cuatro años y medio en favor de la Unión Europea. 
Quiero agradecerle con toda sinceridad tanto a él como a sus colegas de la Comisión la contribución que han hecho. 
Lamento enormemente que el Sr. Santer sea víctima de las circunstancias actuales. 
Presidente Santer, tiene usted todo mi respeto y mi aprecio por lo que ha hecho por Europa durante su mandato. 
La Cumbre de Berlín del 25 de marzo ha sido una reunión muy positiva. 
Se han logrado grandes resultados a la hora de decidir los parámetros financieros generales para el gasto en la Unión Europea durante el período de siete años posterior a 1999. 
Desde marzo de 1998, cuando se publicaron las propuestas de la Agenda 2000 para la reforma de las políticas de la UE, se habían venido escuchando en algunos sectores opiniones en el sentido de que sería difícil llegar a un acuerdo equilibrado y ecuánime para todos los territorios de la Unión Europea. 
La Presidencia alemana puede buscar consuelo en el hecho de que los parámetros para el gasto presupuestario de la Unión durante el período 2000-2006 exigen confianza y buena voluntad por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
La totalidad del presupuesto, que asciende a 506.000 millones de libras esterlinas, se destinará a distintos programas para sentar las bases de la inminente ampliación de la propia Unión. 
Del mismo modo, se garantizará una financiación adecuada de la Política Agrícola Común y la continuidad más allá del año 1999 de numerosos planes de ayuda social y regional en favor de los Estados miembros más pobres. 
Desearía abordar algunos aspectos de la Política Agrícola Común actual. 
En un documento titulado «La financiación futura de la Unión Europea» , publicado por la Comisión antes de las pasadas navidades, se proponía la posibilidad de financiar el 25 % de la PAC con cargo a los presupuestos nacionales de cada uno de los Estados miembros. 
Esta medida habría constituido un paso atrás para la Unión Europea. 
Habría sido un medida divisoria ya que uno de los mayores éxitos de la PAC ha sido el que su administración se haya llevado a cabo de una manera uniforme en todos los territorios de la Unión Europea. 
La renacionalización de una parte de esta Política Agrícola Común habría conducido en última instancia a la desintegración y la fragmentación de la propia PAC. 
En último lugar, querría decirle al Canciller Schröder que, a pesar del comienzo relativamente débil que marcó el inicio de su presidencia, ha llevado a cabo un enorme esfuerzo en estas últimas semanas. 
Todavía quedan muchas cuestiones importantes pendientes de resolución en el orden del día antes de que finalice la Presidencia alemana. 
Le felicito por los avances que conseguido hasta la fecha. 
Sólo le queda un tercio por recorrer antes de llegar a la meta. 
Queremos que haga un esfuerzo aún mayor desde este momento hasta finales de junio. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, la guerra en Kosovo relativiza cualquier acontecimiento en Europa, también la cumbre de Berlín. 
Cualquier compromiso en paz tiene de repente más valor de lo que se suponía al principio. 
Pero cualquier compromiso en paz tiene a su vez tanto valor como nos lleve con seguridad a los próximos siete años de reforma y de ampliación de la Unión Europea. 
Bajo esta perspectiva, la cumbre de Berlín, con todas sus decisiones, ha supuesto un pleno éxito. 
Desde una perspectiva presupuestaria, quiero hacer tres observaciones. 
Primera: el paquete financiero debe saludarse porque ha logrado reservar definitivamente los créditos para los países candidatos a la adhesión. 
Este era un aspecto muy importante para mi grupo político. 
La UE de los 15 se ha limitado, en especial en el campo estructural, y Berlín ha dado de este modo una señal clara y fiable a los países candidatos. 
Segundo: el paquete financiero debe considerarse críticamente pues, en mi opinión, no se ha iniciado el decisivo cambio de la política agrícola. 
Esta hipoteca es grave y hace necesaria una revisión, antes de lo proyectado. 
El motor franco-alemán no funciona con leche. 
Todos lo sabemos. 
Después de la elecciones y con una nueva Comisión este tema se deberá incluir necesariamente en la Agenda. 
Tercero: desde la perspectiva del Parlamento, el paquete financiero no es aceptable allí donde se trata de la política interior y exterior, de los gastos administrativos y de la deseada flexibilidad. 
Los terribles acontecimientos en Kosovo muestran que precisamente las tareas de política exterior van a aumentar en los próximos años y que necesitamos aquí algo más que palabras bonitas para organizar una auténtica iniciativa de política exterior y de seguridad común. 
Sin embargo, creo que en el diálogo tripartito aún podemos utilizar los márgenes de actuación existentes y les ruego su apoyo. 
Al mismo tiempo, quiero adherirme al ruego del Sr. Collins de que recapaciten sobre su decisión sobre si el Sr. Gil Robles no puede participar esta tarde en el encuentro especial como representante del Parlamento Europeo. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Europeo, la Cumbre extraordinaria de Berlín ha sido en efecto extraordinaria por más de una razón. 
Se ha desarrollado con el espantoso drama de Kosovo como telón de fondo. 
Seguía a la primera crisis política de la Unión Europea, con la dimisión de la Comisión, y debía decidir las grandes orientaciones, en particular presupuestarias, de la Agenda 2000 para los primeros años del nuevo milenio. 
Su éxito, señor Canciller, ha sido el de conseguir resultados en todos los puntos que debía tratar. 
Además, Alemania, por encima de sus intereses propios, ha sabido superarse y desempeñar su función de Presidencia de toda la Unión. 
Los europeos convencidos, entre los que nos contamos, se lo agradecen sinceramente. 
Es bueno para la reputación de Alemania y para toda Europa. 
Cierto es que la transacción final no nos satisface totalmente. 
Así, en materia presupuestaria seguimos preocupados por la fijación de un límite máximo para los recursos, cuando resulta que, con la ampliación y las ayudas a Kosovo, los gastos han de aumentar. 
Nos habría gustado, como mínimo, la introducción de una cláusula de revisión automática de las perspectivas financieras en cada una de las ampliaciones. 
Por lo que se refiere a la Política Agraria Común, tememos que la tímida transacción finalmente adoptada apenas nos arme para abordar las futuras negociaciones en el marco de la OMC. 
Para los Fondos estructurales, habríamos preferido que el esfuerzo de la Unión a favor de la cohesión económica y social fuera más conforme a las propuestas más generosas de la Comisión. 
No obstante, pese a esas reservas, nos alegra en definitiva que en Berlín se desbloquearan los principales expedientes. 
Por lo que se refiere al nombramiento del Presidente de la Comisión, se ha actuado con celeridad. 
Esperemos que la continuación del proceso se haga de forma eficaz, sin precipitación, pero con el deseo de dotar sin demora a la Unión Europea de una Comisión nueva, reformada y apta para desempeñar un papel político auténtico. 
Falta Kosovo, lo más importante. 
Resulta más que evidente que en Berlín no se podía resolver esa tragedia, pero lo que se dijo en Berlín y lo que usted acaba de decir esta mañana va bien encaminado. 
Pienso, en particular, en el papel político que podría, que debería, desempeñar Rusia. 
Pienso en la movilización que se pide a nuestros países para que se hagan cargo inmediata, pero temporalmente, de los desplazados y refugiados. 
Pienso en la idea de pacto de estabilidad en cierto modo para los Balcanes, para ayudar a esos pueblos a salir de su miseria y su aislamiento. 
Esa idea de usted es buena. Y, cuando nos dice que la voz de Europa debe ser firme y que Europa debe respetar valores que son la peana de la construcción europea, señor Presidente del Consejo Europeo, ¡no podemos menos que darle nuestra aprobación y desear que consiga la comprensión de todos! 
Señor Presidente, señor Canciller Federal, Shakespeare escribió: «Ser o no ser- ¡ésa es la cuestión!» 
El Consejo dice ahora que la Comisión puede tanto ser como no ser al mismo tiempo. 
La Europa de las Naciones y el Movimiento de Junio piden que la Comisión se retire de una vez y sea sustituida por un equipo de limpieza que ponga orden y depure todo antes de que se elija una nueva Comisión. 
Exhortamos a los parlamentos nacionales a que sean ellos mismos quienes elijan a los que van a representar a su país en la Comisión Europea. 
No serán ni el Sr. Prodi ni una mayoría de los miembros de esta Asamblea quienes decidan quien será el nuevo representante danés en la Comisión. 
El miembro danés no será el enviado plenipotenciario comunitario ante los daneses, sino el representante de los electores daneses en la UE, y dicho sea de paso: 1000 comités, 10.000 leyes diferentes y 100.000 proyectos son muchas cosas para que sean dirigidas todas desde Bruselas. 
¡Recortad este exceso de burocracia! 
¡Poned a régimen a la UE y dad mayor libertad a las democracias de nuestros países! 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Derecha Democrática Italiana- Alianza Nacional confía en que el Presidente de este Pleno pueda participar en la reunión que usted ha organizado esta tarde y expresa su total acuerdo con las iniciativas de la OTAN referentes a las operaciones en la antigua Yugoslavia. 
Tan sólo nos permitimos observar que si hace diez años los estrategas de la OTAN hubieran estudiado algún libro de historia habrían descubierto que la limpieza étnica es una práctica habitual en algunas poblaciones de los Balcanes, de la que fueron víctimas 350.000 italianos que, hace 55 años, fueron expulsados por la fuerza y con las armas de la costa adriática, donde vivían desde siempre. 
La Agenda 2000, cuando hizo su aparición en la escena europea, podía parecer un libro de las ilusiones, aunque afrontaba con rigor los problemas más delicados de la Comunidad. 
Ahora, después de su reajuste por los jefes de Gobierno en Berlín, nos parece un libro de las decepciones, pues muchas son las incertidumbres y las contradicciones que la caracterizan, ya que adolece- hoy más que ayer- de las incertidumbres y las contradicciones propias de cada uno de los Estados, tanto más que cada uno de los Estados, predominantemente gobernados por la izquierda, han dejado patente su manifiesta falta de ideas en la Agenda 2000. 
Los equilibrios en el ámbito de la agricultura se han resuelto con una serie de ajustes que se parecen a una colecta dominical y que, una vez más, penalizan un amplio sector de la economía agrícola del sur de Europa. 
En la Agenda 2000 falta el valor de abordar con medidas eficaces el dramático problema del desempleo, ya que se sigue infravalorando la gran importancia de las pequeñas y medianas empresas, así como el grave problema del retraso tecnológico de toda la Unión Europea respecto a los Estados Unidos. 
El hecho de que la Agenda 2000 no sugiera una ilustrada y estratégicamente válida visión de la ampliación lo demuestra, en última instancia, la inexistencia en la propia Unión Europea de una política exterior para la zona balcánica, cuya historia y cuyo destino son europeos en su conjunto, prescindiendo de las locuras del comunista- repito, comunista- Milósevic. 
Y que los Gobiernos de izquierda que dominan Europa carecen de ideas lo demuestra el hecho de que sus líderes, reunidos recientemente en Milán, tomaron la decisión de recurrir a las sugerencias de Clinton en materia de economía y de empleo demostrando de esta forma una desconcertante dependencia científica, ideológica y cultural. 
Por ese camino llegará el día en que se recibirá una noticia desde los Estados Unidos: «Un tal Christopher Columbus, que salió con tres carabelas de la bahía de Huston, ha descubierto Europa». 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Presidente en ejercicio del Consejo por la gran labor realizada en la cumbre de Berlín. 
En mis intervenciones anteriores, le dije a la Presidencia en ejercicio del Consejo que tenía una labor difícil y, realmente, la Presidencia alemana ha demostrado su tesón y capacidad para llevarla a cabo. 
Al hacerlo, sin embargo, es lógico que, desde el Parlamento, se manifiesten algunas reservas sobre el contenido de los acuerdos presupuestarios. 
Se ha producido una importante reducción de los recursos disponibles por parte de la Comunidad Europea. 
Yo sé que éste era un objetivo de la Presidencia alemana, pero choca con los objetivos que tenía el Parlamento Europeo y, como ha señalado el Presidente de la Comisión, es evidente que el desarrollo de los acuerdos de Berlín requerirá un nuevo acuerdo interinstitucional en el que se tomen en cuenta los puntos de vista manifestados por el Parlamento Europeo. 
Esos puntos de vista tienen que ver con algunos aspectos que hemos señalado. 
Por ejemplo, el aspecto de la necesaria flexibilidad. 
¿Qué ocurrirá cuando se produzca una crisis como la que se acaba de producir ahora con respecto a Kosovo y que suponga unos recursos presupuestarios adicionales? 
Hay una reducción importante de los capítulos que pueden ser utilizados en la lucha contra el paro, y hay reducciones también en políticas interiores, en la acción exterior y en la propia administración de la Comunidad. 
Si partimos de la base de que, en este momento, la administración comunitaria es deficitaria, y es deficitaria precisamente porque no se dotó a la Comisión de los medios necesarios, cabe preguntarse si los medios de que se dispone ahora para administración harán posible el funcionamiento de la Comisión. 
Pero también hay otros sectores; concretamente, no hay prevista una cláusula de revisión para el caso de ampliación. 
Sabemos que las necesidades de los países de la Europa central y oriental son enormes, y cabe preguntarse si estas necesidades podrán ser cubiertas con los recursos actuales. 
Más bien parece que necesitaríamos recursos adicionales para esa ampliación si se quiere llevar a cabo dentro del periodo de las nuevas perspectivas financieras, es decir, antes del año 2006. 
En el ámbito agrícola, no se ha llevado a cabo, o no se va a poder llevar a cabo, una reforma profunda que permita mantener la competitividad de nuestra agricultura y que permita también mejorar la calidad de vida del mundo rural, porque no se trata de que los habitantes del campo sigan siendo nacionales de segunda categoría. 
Pero quizás en el punto donde se ha efectuado un recorte mayor ha sido en el de las políticas estructurales. 
La Comisión- y aquí está presente la Comisaria Wulf-Mathies- había hecho una previsión de políticas estructurales muy ajustada que han sido recortadas con criterios quizás explicables pero que van a dificultar las políticas de cohesión dentro de la Unión Europea. 
Es decir, hay una serie de regiones y países que tienen un menor nivel de desarrollo, que tienen que competir en condiciones muy difíciles para cumplir los objetivos del pacto de estabilidad y que van a tener dificultades para ello. 
Un ejemplo de una modificación que puede resultar muy perjudicial es la eliminación de la excepción, para las regiones ultraperiféricas, del requisito del 75 % para mantenerse como regiones de Objetivo 1. 
Al desaparecer esta excepción, se supone que las regiones ultraperiféricas tienen la misma condición que las regiones continentales, sin tener en cuenta las enormes dificultades con las que se encuentran. 
Desde otro punto de vista, señora Presidenta, yo quiero felicitar, en nombre del Grupo Socialista, a la Presidencia alemana, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros por la decidida actuación que han tenido con respecto a la crisis de Kosovo. 
Se trata de la aplicación de un nuevo Derecho internacional humanitario; un Derecho internacional humanitario que tiene su nacimiento en 1945 en la Carta de las Naciones Unidas y en los procesos de Nuremberg. 
Está claro que no es admisible que un jefe de gobierno o de Estado pueda infligir a su población sufrimientos como los que el Sr. Milósevic está imponiendo a una parte de la población yugoslava, la población albanokosovar. 
Yo creo que, en este momento, los Estados miembros de la Unión Europea, actuando en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, están actuando en representación de toda la humanidad. 
Y nosotros, desde el Parlamento Europeo, al menos desde el Grupo Socialista, apoyamos ese tipo de medidas y esperamos que esas medidas, a través quizás de algún tipo de iniciativa como la que acaba de emprender el Secretario General de las Naciones Unidas, puedan llevar a una pronta solución del problema, que deberá traducirse en la retirada de las fuerzas de Milósevic del territorio de Kosovo, el retorno de la población kosovar bajo protección internacional a esa zona y, eventualmente, la reconstrucción y recuperación económica de esa zona. 
Es cierto que el tiempo que le queda a la Presidencia alemana es escaso pero, desde el Parlamento Europeo, esperamos que esa Presidencia siga impulsando los esfuerzos pacificadores de la OTAN y el apoyo a la población albanokosovar. 
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea que usted preside, señor Presidente del Consejo en ejercicio, se había fijado un objetivo ambicioso, demasiado ambicioso tal vez: el de crear un marco nuevo del presupuesto comunitario para los seis próximos años, con vistas a una Europa ampliada y un marco mundial muy inestable. 
El espíritu de la Unión Europea podría haberse roto contra el arrecife de los intereses nacionales. 
Un fracaso habría sido un desastre político, tres meses después del lanzamiento del euro, dos meses antes de las elecciones europeas, pero sobre todo en plena tragedia de Kosovo, que sólo podrá tener una salida positiva si la solidaridad de nuestros quince Estados sigue sin fisuras. 
Hoy vemos que el interés superior de la Comunidad ha prevalecido. 
Como ha dicho usted, Europa ha sabido hablar con una sola voz y ha demostrado su capacidad de acción; se ha preservado lo esencial, por lo que no podemos menos que felicitarlo. 
Pues la fuerza de nuestra Unión radica en su capacidad para gestionar, de forma solidaria, los equilibrios globales que son necesarios para el funcionamiento de un mercado cuya finalidad no es fríamente economicista, sino social e incluso humanista. 
Por haber presidido nuestra delegación para la negociación con el Consejo sobre el componente de los Fondos estructurales, intervengo esta mañana más en particular a ese respecto. 
A lo largo de nuestras reuniones, hemos apreciado la franqueza, la cordialidad y la capacidad de escucha del ministro Sr. Verheugen. 
Hoy tenemos la sensación de haber sido oídos en gran medida. 
El acuerdo de Berlín forma parte de las orientaciones que deseaba esta Asamblea y no podemos por menos de subscribir las tres líneas de fuerza aceptadas por el Consejo en esa esfera: concentración, simplificación, eficacia. 
No obstante, algunas cuestiones han quedado perfectamente solucionadas. 
Mis colegas- el Sr. Arias Cañete, nuestros ponentes, antes el Sr. Medina Ortega- han intervenido a ese respecto y debemos continuar el diálogo con el Consejo para que juntos podamos obtener resultados antes del fin de la presente legislatura. 
Sin embargo, eso supone que las negociaciones sobre las perspectivas financieras y el nuevo acuerdo interinstitucional desemboquen en transacciones aceptables para el Parlamento. 
Puede usted estar seguro, señor Presidente, de que el Parlamento Europeo dará prueba de flexibilidad, pero también espera del Consejo que reconozca, a su vez, plenamente el papel democrático de nuestra institución. 
Ésa es la razón por la que somos partidarios de que el presidente del Parlamento Europeo pueda participar en el Consejo oficioso que se celebrará esta tarde. 
No dudo que el nombramiento para la Presidencia de la nueva Comisión del Sr. Prodi y sobre cuyo nombre supo usted lograr la unanimidad de los Jefes de Estado o de Gobierno, en espera- como deseo- de la de nuestra Asamblea, será un favor importante para el éxito de esa reforma, que condicionará el éxito de nuestra Unión, cuya ampliación sigue siendo un imperativo político absoluto. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, tanto mi grupo como yo mismo hemos aplaudido al Presidente del Consejo y al Canciller Schröder por sus sendos discursos, ya que aprobamos sin reservas el ferviente llamamiento que hacen para superar el egoísmo nacional, para que se difunda y se defienda el modelo de civilización y cultura europeas, así como para que se rechace cualquier forma de nacionalismo étnico. 
Entendemos perfectamente que el Canciller esté muy satisfecho con el transcurso de las negociaciones en la cumbre de Berlín. 
Se han alcanzado acuerdos acerca de cuestiones delicadas y complicadas. 
El contenido de esos acuerdos no concuerda, lamentablemente, con la oratoria entusiasta del Presidente del Consejo. 
Voy a citar tan sólo un ejemplo. El Presidente del Consejo nos comunica que se decidió destinar 150 millones de euros a los refugiados de Kosovo. 
Nos parece muy loable. Sin embargo esta decisión contrasta fuertemente con la conclusión 45 de la cumbre de Berlín en cuyo encabezamiento se especifica que, para determinadas situaciones del período 2000-2006, se repartirá a los Estados miembros nada menos que 5.200 millones de euros, y algunos más de regalo. 
Es decir, que se quiere destinar más de 5.200 millones de euros a los diferentes gobiernos para que sean repartidos entre su población, mientras que los refugiados apenas disponen de 150 millones de euros. Y esto se produce cuando la semana pasada el Consejo no consiguió adoptar una posición unánime con respecto a la acogida de refugiados, y cuando, dentro de las perspectivas financieras, las ayudas concedidas en caso de necesidad apenas han aumentado algo durante todo el período 2000-2006. 
La cruda realidad de la aritmética reflejada en Berlín se contradice con la oratoria utilizada en la cumbre. 
Discrepancias de este tipo hacen que los ciudadanos europeos pierdan la confianza en la Unión. 
En lo que respecta a la Comisión Europea y a su candidato a la Presidencia, mi grupo piensa asimismo que el Consejo no ha asumido suficientemente su responsabilidad. 
Estamos de acuerdo con la designación de Romano Prodi como candidato a la Presidencia de la Comisión. 
Pero constatamos, además, que el Consejo está poniendo las cosas difíciles al Parlamento al no llegar a ninguna conclusión acerca de los componentes de la Comisión. 
Nosotros no podemos aceptar que la Sra. Cresson siga estando en la Comisión. 
Mi grupo no va a trabajar con ella y le aconsejamos que no vuelva a aparecer por aquí. 
A Romano Prodi, a quien tenemos en gran estima y en quien hemos vertido muchas esperanzas, le consideramos como el creador de la nueva Comisión sobre la que este Parlamento deberá pronunciarse después de las elecciones. 
Cualquier otra interpretación conduciría a problemas de tipo constitucional. 
Me gustaría saber si la Presidencia comparte también este punto de vista. 
Señor Presidente, los pueblos de Europa, que tanto han sufrido en su carne las consecuencias de la guerra sienten una inmensa inquietud ante los acontecimientos de Kosovo. 
Cuando los ataques aéreos no hacen otra cosa que agravar los problemas, hay que hacer todo lo posible en pro de un arreglo político, que es lo único que puede poner fin a las atrocidades del sistema de Milósevic y al martirio del pueblo kosovar y para luchar contra los nacionalismos. 
Por lo que se refiere al plan financiero de Berlín, ha indicado usted, señor Canciller, que el Consejo de Berlín había concluido una buena transacción. 
Mi posición es más matizada. 
Aunque haya permitido algunos avances, ese acuerdo entraña insuficiencias y presenta riesgos para el futuro. 
Cierto es que se han descartado las opciones más brutales, pero nada esta resuelto para el futuro. 
Así, en materia agraria, las bajadas de los precios han sido menores de lo que pedía la Comisión, pero, aun así, son importantes, en particular para los pequeños y medianos agricultores, ya que se ha descartado la fijación de un límite máximo a las ayudas. 
Además, el acuerdo no nos coloca en las mejores condiciones para resistir las presiones americanas en las próximas negociaciones de la OMC. 
Me alegro de que se haya salvaguardado el principio de solidaridad financiera con el rechazo de la cofinanciación y que se avance hacia una financiación más equitativa. 
Sin embargo, pese a ciertas opciones propuestas, en particular, por la Comisión, el Consejo no ha podido llegar a un acuerdo sobre la búsqueda de nuevos recursos propios. 
¿Por qué no instaurar un impuesto sobre las transacciones financieras que garantizaría más justicia, al hacer que quienes más se benefician del Mercado Único contribuyan a la financiación de la construcción Europea? 
Por último, para concluir, me felicito de las señales políticas dadas por el Consejo sobre Sudáfrica y Palestina. 
Señorías, el Presidente en ejercicio del Consejo, el Canciller alemán Sr. Schröeder, nos ha expuesto hoy sus puntos de vista, sin comprender, sin embargo, que lo que él debería representar, es decir, Europa, desgraciadamente, hoy no existe. 
En el lugar de la Europa de nuestros sueños, hay hoy un protectorado de los Estados Unidos de América. 
Ésta es la verdad cruda y desabrida, y, por ello, molesta. 
Nos ha dicho usted que han sido tres los asuntos principales objeto de su preocupación: 
Por lo que respecta a la crisis de la Comisión, no cabe duda de que la elección del Sr. Prodi para ocupar su presidencia es un paso positivo. 
El Sr. Prodi, no obstante, ha de comprender que no puede ser Presidente de la Comisión, y al mismo tiempo ejercer de jefe de partido en Italia. 
La Agenda 2000 naufragará, señor Canciller, antes de hacerse al mar, desde el momento en que el presupuesto se mantiene anclado en el 1, 27. 
Para la ampliación de la familia europea, para la lucha contra el desempleo y para una política de desarrollo, no bastan las palabras. 
Me he quedado de piedra al escucharle decir en su informe sobre Kosovo que la civilización europea imponía el bombardeo de Yugoslavia. 
¿De verdad cree usted que el bombardeado es Milósevic, individuo responsable de muchos y graves errores? 
Desgraciadamente, y a causa precisamente de los bombardeos, la posición de Milósevic es hoy más sólida. 
Bombardean cementerios e iglesias, trenes y hospitales, población civil. No; estos bombardeos no tienen ninguna relación con la civilización europea y con la historia de Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, la cumbre de Berlín es un ejemplo típico de lo peligroso que es para la Comunidad que dominen los intereses nacionales y se coloque en segundo plano el interés común. 
Pero aún hemos salido bien de esta situación. 
Aunque no ha salido ninguna reforma, al menos sí un paquete que va a ser útil a la Unión en los próximos años. 
Se ha puesto de acuerdo de modo vinculante sobre una fecha de ampliación temprana. 
Ha sido la señal necesaria para los candidatos a la adhesión y sus poblaciones. 
Ha sido un estímulo para su proceso de reformas. 
La paz es un bien costoso. 
Por ello, sólo puedo repetir que el futuro de Europa radica en la superación de nuevos trazados de fronteras y del dominio de intereses nacionales. 
Pero, al mismo tiempo, la cumbre de Berlín ha marcado el ritmo para la reforma institucional y que la Unión esté en situación de ampliarse. 
Espero que el Consejo reconozca al Parlamento como interlocutor con los mismos derechos y le reconozca por fin más competencias y el derecho de iniciativa. 
Esta es la condición previa para superar la bloqueante unanimidad. 
Señor Presidente del Consejo, imagínese solamente que tuviese que realizar 20 ó 25 regalos para que todos diesen su asentimiento. 
Más derechos para el Parlamento significan proximidad al ciudadano y democracia para la Unión Europea. 
Este es el futuro: una Europa global que sea social, ecológica y democrática. 
Esto es lo que queremos y tenemos que lograr. 
Señora Presidenta, el Consejo Europeo de Berlín ha logrado sólo en apariencia un acuerdo sobre el marco financiero de la Unión para el período 2000-2006. 
En realidad, se trata de una transacción superficial cuyo único objetivo probablemente sea el de superar sin dificultades el período de las elecciones europeas, en espera de que en el futuro se planteen los verdaderos problemas. 
Respecto de los Fondos estructurales, el mantenimiento de los créditos globales y de los gastos de cohesión no tardará seguramente en revelar, cuando se conozcan los detalles de su aplicación, una fuerte bajada de la parte concedida a países como Francia. 
Asimismo, el mantenimiento de los créditos para el sector agrario es puramente óptico, ya que se obtiene exclusivamente mediante la transferencia del FEOGA-Orientación a la línea directriz agraria y en realidad los otros gastos disminuyen en gran medida, en el marco de una reducción de la preferencia comunitaria. 
El público no ha advertido aún esas orientaciones claramente y seguramente tampoco gran número de diputados nacionales franceses. 
Sin embargo, no bastan siquiera para garantizar un equilibrio duradero de las perspectivas financieras. 
Por lo demás, antes, sin ir más lejos, el Presidente de la Comisión pedía ya créditos suplementarios para los gastos corrientes. 
Por lo demás, el Consejo es tan consciente de ello, que en un recoveco de sus conclusiones pide a la Comisión que emprenda una revisión general del sistema de recursos propios, incluida la cuestión- y cito- «de la creación de nuevos recursos propios autónomos» , es decir- hablemos francamente -, de la creación de impuestos europeos. 
Parece claro que la Unión Europea se prepara para tapar los agujeros mediante la creación de nuevas exacciones obligatorias. 
¿Aprueban los liberales franceses las conclusiones de Berlín a ese respecto? 
Nos gustaría mucho saberlo. 
Señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, la cumbre de Berlín se ha celebrado bajo una difíciles condiciones institucionales e internacionales, lo que ha hecho que se haya concedido al paquete de reformas de la Agenda 2000 menos importancia de lo que habría sido necesario. 
Ante el trasfondo del conflicto de Kosovo se relativiza la urgencia de cualquier otro campo político. 
Respecto a la Agenda 2000, en el sector estructural se ha logrado una estabilización de los gastos, si bien se ha llegado dentro de las medidas estructurales a unos grandes desplazamientos y a la determinación de aspectos financieros centrales como, por ejemplo, el aumento de los Fondos de cohesión, al fin y al cabo, en 3 mil millones de euros. 
En el nuevo Objetivo 2, que entre otras cosas debe impulsar el desarrollo rural, la intensidad de la ayuda ha retrocedido en un 5 %. 
No puedo evitar la impresión de que se ha podido lograr la concentración en las regiones más necesitadas después de que se han distribuido por toda Europa 4 mil millones de euros como bombones financieros. 
Sin embargo, las conclusiones dan una respuesta a la posterior financiación de la actual Comunidad de los quince o de una Europa ampliada. 
Así, por un lado, el Consejo insta a la Comisión a que se ocupe de la creación de nuevos recursos propios autónomos. 
Por otro lado, se determina asimismo con la misma claridad una adaptación de las previsiones financieras, por lo demás, con mayoría cualificada del Consejo. 
Así se explican también las declaraciones de su colega Wemheuer y las del Presidente de la Comisión Santer, quienes han dicho que al acuerdo actual deberá seguir pronto otra reforma. 
Por ello, no comparto la opinión de algunos colegas de esta Asamblea de que con la resolución sobre la Agenda 2000 se haya dado realmente el gran paso. 
Señora Presidenta, Señor Presidente del Consejo, estimada Comisión, hay guerra en Kosovo y entre la OTAN y Yugoslavia. 
Independientemente de cómo se considere jurídicamente, es un hecho. 
Normalmente, la guerra no es un tiempo que favorezca un modo de análisis diferenciado, una mayor sensibilidad y una mezcla razonable de raciocinio y emociones. 
A pesar de ello, hoy hay que hacerlo pues también en tiempos de guerra no sólo hay que pensar en la paz sino trabajar por ella. 
En este sentido, Señor Presidente del Consejo, saludo lo que usted ha dicho hoy aquí, pues ha expresado este sentimiento. 
Ha sido necesaria una acción militar. 
No me gusta, a muchos de nosotros no nos gusta, pero aún menos nos gustaría tener que seguir mirando cómo prosiguen las masacres sin intentar detenerlas. 
Muchos de nosotros habrían deseado tener sobre esta acción el paraguas de las Naciones Unidas. 
Pero, lamentablemente, esto fue impedido por el comportamiento de Rusia y de China. 
No obstante, en nombre de mi grupo político quiero decir claramente que queremos atenernos al principio de que tales acciones deben ser llevadas a cabo en principio por la Naciones Unidas y debemos hacer todo lo posible para reformar las naciones Unidas de modo que en el futuro también sea posible. 
Aquí se incluye también lo que usted, señor Presidente del Consejo, ha dicho, que la soberanía debe quedar por detrás del principio del respeto de los derechos humanos. 
Sabemos que la soberanía ha sido un objetivo importante en la historia. 
Pero en Europa hemos tenido la experiencia de que hay valores superiores al respeto total y absoluto de la soberanía nacional. 
Debemos hacer hincapié en esto. 
Aplausos 
Señor Presidente del Consejo, la ación militar tiene unos claros objetivos humanitarios y ruego encarecidamente que se sigan persiguiendo estos objetivos. 
No es un pueblo al que queremos vencer sino a un régimen, a Milósevic y a su soldadesca, tal como Klaus Hänsch ha dicho. 
Lamentablemente, -es una consecuencia que se produce automáticamente -, por el momento los serbios están haciendo una piña. 
Incluso los opositores, los pocos que había y sobre todo los intelectuales de oposición y las personas críticas en Serbia no han mostrado ninguna comprensión por la acción de la OTAN y se agrupan incluso alrededor de Milósevic. 
Debemos intentar con todas las fuerzas mostrar claramente esta diferenciación, entre un régimen que ha traído la desgracia sobre su propio pueblo y un pueblo al que queremos tener en Europa exactamente igual que a los demás pueblos de este continente y otros pueblos de los Balcanes. 
Debemos hacer todo lo posible para mantener lo más reducido posible el número de víctimas civiles que se producen como consecuencia de las acciones militares. 
Este tiene que ser nuestro objetivo y no sólo por razones humanitarias sino que debe realizarse exactamente esa diferenciación entre el régimen y la población. 
Se ha hecho mucho en favor de los refugiados. 
Algunas cosas quizás se hayan realizado demasiado tarde, pero no tiene sentido quejarse ahora aquí de ello. 
Va a ser necesario hacer todo lo posible para ayudar a los refugiados y apoyar la enorme disposición a ayudar de la población europea y de muchas organizaciones no gubernamentales. 
Si decimos que hoy las personas tienen un corazón duro, Kosovo y la reacción de las personas en Europa muestran que muchos tienen también un corazón blando y humanitario, lo que tenemos que aprovechar. 
Expreso en especial mi agradecimiento a la Sra. Bonino por habernos apoyado tan decididamente. 
Quiero decir con toda claridad que debemos proporcionar ayuda sobre todo in situ. 
No debemos hacer posible a Milósevic el gran triunfo de liberar a Kosovo de albaneses y que la población albanesa que está distribuida por toda Europa no pueda regresar más a su patria. 
Tenemos que impedir este objetivo y debemos ayudar también a los vecinos, quienes están comportándose de modo excelente en una situación que no es fácil pues ni para Albania, ni para Macedonia ni para Roma es una situación fácil. 
Tenemos que ayudarles a practicar una política de refugiados humanitaria. 
Un último punto, señor Presidente del Consejo: usted ha señalado claramente hacia el futuro refiriéndose a una Conferencia sobre los Balcanes o como quieran llamarla. 
Tenemos que comenzar con una especie de Plan Marshall o pacto de estabilidad. 
Esto cuesta dinero. 
Pero la guerra, las crisis y los disturbios cuestan más dinero y, sobre todo, cuestan muchas vidas humanas. 
Usted también ha dicho que el siglo XXI debe imponerse al XIX. Le doy la razón. 
El siglo XIX fue un siglo en el que no sólo los pueblos de los Balcanes fracasaron debido a su nacionalismo sino que fue un siglo en el que las potencias europeas utilizaron a los pueblos de los Balcanes para lograr sus propios intereses. 
Ahora no podemos utilizar a un pueblo de los Balcanes, es decir, las personas de un país, contra otro. 
Lo que hay que hacer es unir a las personas, unirlas con gran esfuerzo y mostrarles que es posible, tal como lo hacemos en Europa occidental a pesar de las guerras pasadas. 
Incluso aunque muchos digan que los albano-kosovares jamás podrán vivir con los serbios, tienen que vivir juntos, tienen que vivir juntos en un continente y en una región y es tarea de Europa aprender de los propios errores del pasado para corregirlos y llevar a los pueblos de los Balcanes a una Europa pacífica y no nacionalista. 
Aplausos 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con la Sra. Pack. 
Me gustaría decir algo con respecto a la Comisión y a los problemas habidos y que han sido objeto de crítica. 
Me gustaría subrayar la enorme responsabilidad que el Consejo ha tenido en toda esta situación. 
Una y otra vez, el Consejo ha aprobado las cuentas que no deberían haber sido aprobadas. 
Fue el Consejo el que el pasado marzo hizo caso omiso del Parlamento y aprobó las cuentas de 1997 precisamente el mismo día en que el informe de los cinco sabios dejaba claro que las cuentas no debían haber sido aprobadas. 
Resulta incomprensible que el Consejo no haya querido aprender de las fundadas críticas que desde este Parlamento han lanzado con tanta frecuencia algunos de nosotros, entre los que figura mi compañera de partido, Eva Kjer Hansen. 
El Consejo es el principal responsable de las muy anticuadas y rígidas normas de personal. 
Es el Consejo el que se abstuvo de respaldar las necesitadas propuestas de reforma del personal presentadas por el Sr. Comisario Liikanen cuando éstas se vieron detenidas por unos obstinados sindicatos hace un par de años. 
Es el Consejo el que tiene ahora la posibilidad de insistir en que esta propuesta se ponga en práctica al pie de la letra junto con los muy necesitados planes de reforma SEM 2000 y MAP 2000. 
Es el Consejo el que ahora debe insistir en flexibilizar, en delegar, en realizar más contrataciones por un período limitado de tiempo y en disponer de mayores facilidades para deshacerse de los colaboradores menos buenos. 
Sólo el Consejo puede suprimir las cuotas nacionales y geográficas en la política de empleo de forma que en el futuro puedan contratarse a los mejores en cualquier situación. 
Es el Consejo quien ha sepultado a la Comisión en demasiados pequeños y grandes programas sin posibilidad de gestionarlos. 
Es el Consejo el que debe cuidar por que el principio de proximidad no se convierta en agua de borrajas. 
Es el Consejo quien debe poner en práctica recortes y reducciones que posibiliten la realización de la ampliación hacia los países de Europa Central y Oriental, al mismo tiempo que se cumple el techo de gasto fijado en el 1 1/4 %. 
En lugar de esto, desgraciadamente el Consejo atenuó las muy necesitadas reformas agrarias sobre las que, además, se había alcanzado un acuerdo en el plano ministerial. 
Señor Presidente del Consejo, espero que transmita todo esto en la que espero sea una fructífera reunión con el nuevo Presidente de la Comisión esta tarde. 
Por último, me gustaría agradecerle su firmeza en la cuestión de Kosovo. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señores Comisarios, Señorías, la intervención de ayer en Berlín del Presidente designado de la Comisión pareció confirmar que no hay intención de modificar el rumbo neoliberal de la construcción europea. 
Es un hecho que en Berlín se aceptaron las obligaciones que se desprenden del Pacto de Estabilidad y no se modificaron y se aprobaron bases financieras insuficientes para afrontar las políticas comunitarias, los imperativos de la cohesión y las futuras ampliaciones. 
En Berlín se mantuvieron excepciones inaceptables en los recursos propios, pues no se decidió al mismo tiempo sanción alguna para el movimiento especulativo de capitales. 
El rechazo de la cofinanciación agraria no puede hacer olvidar el mantenimiento, en la PAC, de los desequilibrios y privilegios para los más ricos y más poderosos. 
En la vertiente regional, la disminución global del Fondo de Cohesión provocará una disminución de al menos 18.000 millones de escudos al año para Portugal, casualmente uno de los países de la cohesión. 
Y si a esa disminución sumamos nuevas condiciones restrictivas, los medios estructurales podrían llegar a ser aún menores. 
Al contrario de las declaraciones pomposas y de las victorias anunciadas en Berlín para el consumo interno, la falta de solidaridad y la indiferencia por la cohesión confirmadas en Berlín propiciarán una Unión con mayor estancamiento, más desempleo, peor empleo, menor bienestar social. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, quiero decirle que creo que ha realizado una intervención respetable con gran sintonía y deferencia hacia este Parlamento. 
Sin embargo, no estoy muy satisfecho con las conclusiones de Berlín. 
La política agrícola no es necesariamente su campo político fuerte, pero lo que lo que ha logrado allí en este aspecto no es precisamente el gran paso adelante. 
En su intervención, ha dicho que hay que mandar una señal clara a los mercados. 
Esta señal apunta en la dirección equivocada. 
Al mantenerse la intervención, a los Estados de la Europa central y oriental se les dice lo siguiente: alejáos de vuestros mercados y trabajad para la intervención. 
Esta es la dirección errónea. 
Mediante la degresión y las graduaciones no se ha hecho nada por ellos; por el contrario, mediante la reducción de precios y la no plena compensación se han visto ahora afectadas las pequeñas explotaciones. 
No quiero escuchar más de usted como Canciller Federal lo eficaces que son las grandes explotaciones, pues a estas grandes explotaciones, a las racionalizadas, fluyen los créditos de la UE y entonces es fácil trabajar. 
Las pequeñas se han orientado al mercado. 
Es aquí donde radica su eficacia y esto es lo que tendría que haberse fortalecido. 
Reconozco que se contempla en el segundo pilar. 
Este es el único rayo de luz en el sector agrícola. 
En tercer lugar, me voy a referir a la disciplina presupuestaria. 
Solamente ahorrar no es ninguna virtud. 
Debería haber tenido lugar una reordenación más intensa, una cualificación de los fondos en el sector agrario tal como ha propuesto la Comisión. 
Aquí quiero alabar por una vez al Sr. Fischler. 
Lo que la Comisión ha propuesto habría sido también una señal para las pequeñas explotaciones que se orientan al mercado. 
La institución debe seguir manteniendo su capacidad de actuar. 
Señor Presidente del Consejo, pronúnciese en la Conferencia Intergubernamental a favor de incluir a la política agrícola en la codecisión. 
Es urgentemente necesario que el Parlamento obtenga también aquí el derecho a coparticipación cualificada. 
Señora Presidenta, en la cumbre de Berlín el orden de los trabajos tuvo que adaptarse a los recientes acontecimientos en Kosovo y a las cuestiones surgidas en torno a la Comisión Europea. 
A pesar de estas dificultades se discutieron los puntos sobre la Agenda 2000 que se habían planeado hacía tiempo. 
Es importante que, en cualquier caso, se hayan tomado decisiones, aunque tengamos que constatar que el Consejo haya aplazado muchas cuestiones. 
Así, por ejemplo, no es nada positivo que las reformas en el sector de los productos lácteos no entren en vigor hasta el año 2005. Esto significa que la Unión seguramente no esté preparada para la adhesión de los países de la Europa central y oriental. 
El Consejo sí que ha conseguido establecer un recorte del presupuesto para los próximos años. 
Las perspectivas financieras ofrecen la posibilidad de que se produzca un acuerdo interinstitucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Nos alegra que el Consejo se haya dado prisa en proponer al Sr. Prodi como candidato a la Presidencia de la Comisión Europea. 
Pero esto es sólo un primer paso. 
Por eso quisiera recordar nuevamente al Consejo mi deseo de que la nueva Comisión Europea se ponga manos a la obra y, si puede ser, antes de las elecciones europeas. 
La declaración realizada sobre Oriente Medio me parece imprudente. 
La proclamación de Arafat de crear un estado palestino me parece más un medio de presión política que un plan real. 
Si Europa apoya este estado palestino puede que se presionen las negociaciones de paz de manera equivocada. 
Ya que, ¿qué se pretende realmente con este estado palestino? 
La intervención de la OTAN en Kosovo era y es inevitable. 
Mi grupo apoya incondicionalmente la posición de la Unión Europea con respecto a la crisis de Kosovo. 
Señor Presidente, señor Canciller, señor Santer, tengo interés en decirle, señor Santer, que nos alegramos de volver a verlo. 
Se ha sido injusto con usted, porque con el criterio de probidad que se ha exigido a su Comisión, ningún Gobierno de los Quince debería seguir en sus funciones. 
En cuanto a la corrupción que se le ha reprochado, probablemente haya sido la corrupción tranquila de los socialistas del decenio de 1980: el gobierno del Sr. González, el del Sr. Craxi, los gobiernos del Sr. Mitterrand, salvo probablemente el de nuestro colega Rocard, y en Bélgica el Sr. Van den Broeck, el jefe del partido socialista, que va a encabezar la lista en Flandes, pese al asunto Augusta. 
Por otra parte, los zapatos de la Sra. Cresson no han costado 2.000 euros, ¡que sepamos! 
Su error principal tal vez haya sido el de aceptar, en el asunto de la EEB, la herencia de su predecesor, Jacques Delors, ese demócrata que en toda su vida política nunca se presentó a una elección, salvo una municipal en Clichy. 
Señor Canciller, en Berlín, ciudad simbólica cuyo nombre suscita, de todos modos, escalofríos y recuerda ciertas imágenes, se decidió que por primera vez el ejército del Sr. Cohn-Bendit volvería a los escenarios en que aún hay personas vivas que recuerdan. 
En Serbia, seis calles de Belgrado llevan los nombres de generales franceses de la primera y la segunda guerras mundiales, cuando los serbios luchaban con heroicidad contra el Eje, en la época en que había deportados de verdad y campos de verdad, que se llamaban- creo- de concentración. 
En Serbia, como en el Iraq, Europa pierde la oportunidad de afirmar una política exterior independiente. 
Cuando se quiere ser una gran potencia, con una moneda única, un euro que debe hacer la competencia con el dólar, cuando se quiere un PIB resplandeciente, se solucionan en Serbia los asuntos de la familia europea dentro de la familia europea sin dejarse imponer un sheriff desde el exterior, sobre todo para crear, al final, un creciente islámico con Kosovo, Albania y tal vez Bosnia. 
En Berlín, se ha nombrado- cierto es- al Sr. Prodi, el jefe de la coalición del olivo: ¡el olivo en el momento en que se desencadena la guerra! 
Señor Schröder, añade usted a las cualidades alemanas la británica del humor. 
En Berlín, accesoriamente, se han hecho malabarismos técnicos. 
En primer lugar, con la PAC, una pequeña transacción modesta- sobre las espaldas de Francia, por lo demás -: se congelan los gastos y se bajan los precios en un 20 % en lugar de un 30 % en el caso de la carne, en un 15 % en lugar de un 20 % en el de los cereales, se compensa a medias y, sobre todo, como en 1992, nos preparamos para alinearnos con los Estados Unidos en las negociaciones comerciales mundiales. 
Europa es el continente de los alineados y es normal que se bombardee a Yugoslavia, símbolo de los no alineados. 
Alemania ha perdido también respecto de los Fondos estructurales... 
También hubo en Berlín el arbitraje financiero. 
Señor Schröder, es usted un hombre demasiado avisado como para no saber que no nos quedará más remedio que crear un impuesto europeo... 
El Presidente apremia al orador para que concluya 
No nos quedará más remedio que crear un impuesto europeo de la renta o de sociedades, a menos que los Verdes nos impongan un impuesto sobre el CO2 con la contaminación resultante del bombardeo de las refinerías. 
Señora Presidenta, ante una catástrofe humana tan estremecedora y, desde el punto de vista de los refugiados, tan desesperada como es la de Kosovo, la Unión Europea se ve en la obligación de aliviar la situación de estos refugiados o, mejor dicho, de estos deportados. 
La acogida de refugiados en la Unión Europea, lejos de la zona de conflicto, debe ser también una alternativa cuando se demuestra que todas las demás soluciones son desfavorables desde un punto de vista humano. 
La Unión Europea ha de mantener una posición que le permita propugnar activamente la apertura de negociaciones para alcanzar una paz justa. 
Es necesario lograr también la participación de Rusia en estas negociaciones. 
Debemos, pues, hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento humano. 
La Cumbre extraordinaria del Consejo en Berlín se celebró, al menos en cierta medida, en un momento muy especial. 
Como consecuencia de la dimisión presentada dos meses antes por la Comisión, la Comunidad no contaba con una fuerza motriz en pleno ejercicio de sus funciones. 
Cabe felicitar a los Estados miembros y sobre todo al país que ocupa la Presidencia, Alemania, puesto que, a pesar de las dificultades, lograron adoptar las decisiones oportunas en Berlín. 
Esto es una consecuencia de la verdadera voluntad que existió por alcanzar estas decisiones, de que no se dejó nada al azar. Se partió del principio de que había que entablar adecuadamente las negociaciones, incluso antes de que se produjeran situaciones decisivas. 
Por lo que respecta a su contenido, no cabe la menor duda de que muchos de nosotros tenemos dificultades para aprobar la Agenda 2000 o, al menos, de que tenemos muchas reservas al respecto. 
La solución en el ámbito agrícola que ha hecho felices a muchos de los Estados miembros implica también que, al barrer, se han ocultado debajo de la alfombra los problemas más importantes. En cualquier caso, es necesario decir que, por lo que respecta especialmente a la agricultura, es necesario encontrar nuevas soluciones antes de que se produzca la ampliación, sin olvidar que, a este paso, las negociaciones de la OMC tampoco podrán llegar a buen fin. 
En las negociaciones en materia agrícola es favorable llevar a cabo una mejor integración de las cuestiones medioambientales y hay que decir que, en este punto, la Comisión ha realizado una excelente labor de base. 
También ha sido positivo que al final se hayan tenido en cuenta de una manera razonable las condiciones en que se desarrolla la agricultura en las regiones septentrionales, así como que se haya logrado también razonablemente corregir el automatismo del gasto agrario. 
Por el contrario, hay que decir que, en lo relativo a la política regional y estructural, se han respetado mejor las líneas principales. 
Lo importante es que se simplifique y potencie el sistema. 
Ahora el Parlamento deberá aspirar a lograr, por medio de la cooperación, una negociación sobre los problemas que aún quedan por resolver, de manera que el Parlamento pueda abordar en mayo toda la Agenda 2000 en un solo paquete. 
Esta circunstancia representa un reto especialmente de cara al éxito de la ampliación, a la vez que constituye una condición para garantizar en el futuro la eficacia de las actividades de la Unión Europea. 
Por citar algunos de los problemas que se han planteado en el ámbito de la política regional y estructural, es decepcionante que el Objetivo 3, la iniciativa relativa al empleo, haya quedado descolgada del resto de los objetivos, a pesar de que este Parlamento considera que la solución del problema del empleo representa una cuestión primordial para toda la Unión Europea. 
Debemos centrarnos ahora en lograr que la situación del empleo se aborde mejor y en mayor medida en los Objetivos 1 y 2. 
Es preciso contar con un calendario ágil a la hora de designar la Comisión, pero debemos asegurarnos al mismo tiempo de que se cumplen los objetivos que ha fijado el Parlamento en lo relativo a la renovación de esta institución. 
Deseo suerte a Alemania para el período durante el que debe presidir aún la Unión Europea. 
Espero que pueda mantenerse hasta el final esta tendencia que tuvo su punto de partida en Berlín. 
Permítanme felicitar una vez más por la aprobación en Berlín del paquete de la Agenda 2000. 
Esta aprobación crea unas bases muy favorables para el éxito de la próxima Presidencia finlandesa. 
A propósito, en este país está a punto ya de formarse el nuevo Gobierno. 
Señora Presidenta, el régimen de Milósevic es el culpable desde hace 10 años de una represión persistente y de una serie de guerras. 
La pieza final en este momento es Kosovo, pero aquí no se acaba todo. 
Están en marcha intentos de desestabilización en Macedonia y en Montenegro y, en estos momentos, se están produciendo ataques en Albania. 
El destierro étnico y los asesinatos en masa en Kosovo constatan el desprecio que tiene el régimen de Milósevic por los valores humanos. 
Un desprecio que algunos subrayan teniendo como blanco de sus burla los valores humanitarios de los gobiernos de los países de la OTAN que, como sabemos, desean ahorrar tantas víctimas civiles como sea posible. 
Un régimen como este no puede seguir siendo un interlocutor de la Unión. 
No comparte los valores de los que habló antes el Presidente del Consejo, el Canciller federal. 
Este régimen debería ser reemplazado tal como dijo hace un par de meses en este edificio un obispo ortodoxo serbio: no se va a llegar a ninguna parte con Serbia y Kosovo si Serbia no se convierte en un estado de derecho. 
Si Serbia se convirtiese en un estado de derecho, entonces habría que empezar por contar con el respeto por las minorías y por los derechos humanos. 
Entretanto casi un millón de expulsados vagan por Kosovo y por los países fronterizos. 
Es necesaria la ayuda urgente y estamos de acuerdo con la política de la Comisión orientada a apoyar intensamente a Albania, Macedonia y Montenegro. 
La disponibilidad que muestran algunos Estados miembros es, ciertamente, loable e imprescindible, pero el Parlamento prefiere, en realidad, una política común dentro de la Unión Europea. 
Si la Unión Europea facilitase la acogida proporcionando alojamientos lo más cerca posible al lugar de origen, la coordinación de la ayuda se vería favorecida, y se evitarían los problemas que conlleva el reparto de los gastos. 
De este modo no seríamos tan víctimas del puro egoísmo de las cifras, del que algunos gobiernos han hecho alarde en Berlín. 
La Comisión necesita suficiente personal especializado para desarrollar estos planes. 
Apoyamos el llamamiento del Sr. Santer. 
Es razonable que se ofrezcan mayores posibilidades a Macedonia, un país al que desde hace tiempo le estamos exigiendo mucho. 
En definitiva el apoyo político a Montenegro también es totalmente razonable, ya que es allí donde viven precisamente los serbios que mantienen las perspectivas abiertas hacia Europa. 
Debemos preocuparnos, pues, por estas zonas. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías; señor Presidente, su éxito en Berlín se refiere en primer lugar a la Agenda 2000, pues ése era su orden del día. 
Es resultado de un arbitraje entre Estados miembros que ha permitido la readaptación de las políticas comunes de la Unión. 
Nos felicitamos de ello, aunque, respecto del ambicioso objetivo anunciado en un principio por el Sr. Santer, estamos muy alejados de él. 
Hemos vuelto a poner la Unión en pie, pero no le hemos brindado necesariamente todas las bazas para conducir enteramente las negociaciones de la ampliación. 
Y, como sabemos todos, habrá que fijar otras citas. 
Su éxito se debe a su renuncia a mecanismos no comunitarios, que habrían transformado la Unión en un autoservicio. 
Lo ha hecho usted renunciando a la cofinanciación, que habría sido una mala señal con el desmantelamiento de la única auténtica política integrada de la Unión, en el preciso momento en que se inicia la negociación sobre la ampliación. 
La ha hecho también renunciando al mecanismo de nivelación que habría ido en contraposición de todos los mecanismos de solidaridad comunitaria. 
Tal vez se podría haber hecho más en cuanto a los mecanismos existentes de justos retornos. 
De la esfera agraria sólo diré unas palabras para expresar un pesar, el de que el carácter decreciente de las ayudas no haya tenido mayor aceptación en el acuerdo, pues creo que habría contribuido a un sector agrario más equilibrado, más equitativo, en el que se ayudara más a los que más lo necesitan. 
Ha abordado usted, señor Presidente, la cuestión de la reforma institucional. 
Con el nombramiento del Sr. Prodi, resulta manifiesto que la cuestión de la reforma de la Comisión está sobre la mesa. 
Nos alegramos de ello. 
Esta Comisión debe tener una mayor colegialidad en el ejercicio de sus funciones. 
Esta Comisión no puede funcionar con feudalidades, baronías y dominios reservados. 
También necesitamos coordinaciones en la esfera de la acción exterior de la Unión. 
¿Cómo aplicar una política exterior y de seguridad común cuando cinco Comisarios tienen competencias al respecto? 
Pero hay urgencia también en todo el plan de reformas institucionales, porque la Unión las necesita, porque es un requisito previo para las próximas ampliaciones, y usted lo ha recordado muy atinadamente esta mañana. 
Nos alegramos de ello. 
Y, además, la cuestión de Kosovo. 
En esta crisis, en esta guerra, la voz de la Unión debe ser fuerte, porque es indispensable en Europa. 
Sobre el objetivo perseguido, el fin de la purificación étnica, hay consenso entre nosotros. 
La no discriminación está inscrita en nuestros Tratados, en nuestros derechos. 
Debemos hacerla respetar dentro de nuestras fronteras, pero también en el exterior. 
Simplemente sabemos que no conseguiremos la paz a cualquier precio. 
Hemos empeñado nuestras fuerzas. 
Debíamos hacerlo. 
Ahora debemos laborar también en pro de la reintroducción de las Naciones Unidas y Rusia en la elaboración de la solución. 
Necesitamos una zona humanitaria protegida, dotada de fuerzas de interposición. 
Necesitamos una Conferencia de los Balcanes que desemboque en una Unión Europea de los Balcanes y el Pacto de Estabilidad debe contribuir a ello. 
Necesitamos también reflexionar sobre las consecuencias, para nosotros, de la perspectiva de una identidad europea de defensa y propuestas sólidas para una reforma de las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo Europeo, creo que la mayor parte de nuestros colegas consideran que el Consejo Europeo ha trabajado bien en Berlín. 
Tenían ustedes un programa muy cargado sobre la mesa y ha despejado el terreno. 
Primero iniciaron la solución de la cuestión institucional planteada por la dimisión de la Comisión, al nombrar al Sr. Prodi. 
Preservaron la Política Agraria Común, en lugar de reformarla. 
Adoptaron decisiones ineludibles sobre la cuestión de Kosovo y se comprometieron respecto de las perspectivas financieras que entrañan orientaciones que no podemos por menos de aprobar en general. 
Así, pues, creo que el Consejo Europeo ha hecho su trabajo y merece usted un homenaje, señor Canciller. 
Quisiera decir unas palabras sobre las perspectivas financieras, pues creo que hay un problema. 
En Berlín, el Consejo Europeo se inclinó por dos opciones. 
Optó por el rigor, cosa que aprobamos; rechazó la flexibilidad, cosa que nos inquieta. 
Eligieron ustedes el rigor y nosotros comprendemos esa opción, aunque a veces dicho rigor sea una apariencia engañosa. 
Por ejemplo, en materia agraria, en la que el plan global es inferior a la suma de los compromisos particulares concedidos. 
También la categoría V, que, como ha recordado con razón el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, no permitía satisfacer las necesidades de personal que se afirmaban. 
Pero, sobre todo, rechazaron, a pesar de todo- y eso es importante -, la flexibilidad y nosotros aceptamos esa opción en pro del rigor, el Parlamento lo ha dicho y siempre se ha asociado a esa orientación. 
Ahora bien, sin flexibilidad no se puede gestionar el rigor. 
¿Por qué? 
Observemos la categoría IV. Los gastos de Kosovo van a hacer estallar esa categoría. 
Sepa, señor Canciller, que sin la menor agresividad este Parlamento tiene los medios jurídicos e institucionales para reconquistar el margen de flexibilidad que considere necesario y así lo hará, si no da usted algún paso, en los próximos días, en esa dirección a fin de concedernos esa flexibilidad a la que nosotros concedemos más valor que usted, tanto valor como el que usted concede al rigor. 
Señora Presidenta, estimados colegas, como ya se ha dicho anteriormente, estamos viviendo un periodo dramático dentro de la Presidencia alemana que se refleja en este debate. 
Nos volvemos a enfrentar en Europa a las horribles consecuencias a las que nos puede llevar el nacionalismo fanático, el racismo y el fascismo. 
La historia se repite. 
Señor Presidente del Consejo, la Presidencia alemana está infundiendo respeto en este periodo difícil. 
Sin embargo Vd. se ve confrontado, también, con la profunda crisis que sufre el funcionamiento de las instituciones europeas, principalmente en lo referente a la regla de unanimidad en la toma de decisiones en ámbitos muy relevantes. 
No sólo ha habido confrontación en la política exterior y de seguridad común, sino también entre los ministros de Asuntos Exteriores que la semana pasada, de forma vergonzosa, no supieron dar ninguna respuesta humanitaria a los trágicos acontecimientos que se están produciendo en la actualidad. 
Con respecto a la cumbre de Berlín, señor Presidente del Consejo, Vd. tiene todo el mérito, sin lugar a dudas, de haber llegado a un acuerdo total. 
Creemos que en algunos puntos ha llegado a un buen acuerdo, pero en otros asuntos ha llegado a acuerdos equivocados. 
Ha sido un acierto, por ejemplo, la designación del Sr. Prodi como candidato a la Presidencia de la Comisión, quien mostró ayer mismo en esta Asamblea que tiene buena madera para realizar esa actividad. 
Nosotros mantenemos nuestras reservas acerca de los acuerdos presupuestarios. 
Por una parte, en lo que respecta a los ingresos. 
La resolución y el compromiso alcanzados acerca de los recursos es, según creo, una capitulación para los Estados miembros que desde hace años están a favor del principio del juste retour. 
En el Parlamento hemos defendido que haya mas transparencia y menos «reembolsos». 
Sin embargo hemos sido menos transparentes y hemos conseguido más «reembolsos». 
No nos queda más remedio que lamentarlo. 
Por otra parte, y con respecto al acuerdo interinstitucional, tampoco hemos recibido ninguna satisfacción, ni cualitativa ni cuantitativa. 
El Sr. Colom i Naval, ponente de este Parlamento, ha sido siempre un hombre moderado. 
La semana pasada manifestó muy seriamente que las propuestas que hay acerca de un acuerdo interinstitucional eran, como si dijéramos, una provocación. 
Creo que será necesario que se hagan enormes esfuerzos para alcanzar un acuerdo real. 
Señor Presidente del Consejo, debo admitir que he sentido gran admiración por su comparecencia de esta mañana. 
Secundamos enteramente el ánimo que muestra de cara a la cumbre de Colonia. 
Tenemos la esperanza de que Vd. aplique allí un plan institucional claro y profundo, que es imprescindible para dar credibilidad a Europa. 
Esperamos, también, que se concrete un pacto para el fomento del empleo en Europa con el que podamos dar crédito al futuro europeo. 
En otras palabras, esperamos que el contenido de la cumbre de Colonia sea mejor que el de Berlín. 
Para ello contamos con su habilidad. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, señoras y señores diputados, al analizar los resultados del Consejo Europeo de Berlín y vistas las dificultades objetivas que la conclusión de la Agenda 2000 comportaba, no podemos menos de felicitar a la Presidencia alemana por haber sido capaz de concluir un acuerdo que muchos consideraban poco menos que imposible. 
Pero las felicitaciones tienen que hacerse también extensivas a todo el colegio de Comisarios por el excelente trabajo preparatorio de la Agenda 2000 y por su esforzada dedicación durante toda su tramitación. 
Desde el punto de vista de la política regional, el Parlamento Europeo había declarado, con toda rotundidad, que el esfuerzo financiero de la Unión destinado a las políticas de cohesión debería establecerse, como mínimo, en el 0, 46 % del PNB comunitario si se quería disponer de una masa crítica suficiente para reducir las disparidades regionales a ritmo suficiente, tal y como señalaban tanto el informe trienal como el sexto informe sobre la situación de las regiones europeas. 
La lamentable discusión sobre saldos netos presupuestarios y contribuciones excesivas al presupuesto comunitario- discusión que ignora los saldos comerciales tan favorables en que se traduce para los Estados más prósperos el desarrollo equilibrado de todo el territorio comunitario- ha conducido a sustanciales recortes financieros para las políticas de cohesión en las ya de por sí modestas propuestas de la Comisión. 
Pero es justo reconocer que, si bien se recorta el gasto, se ha dejado a salvo el principio de concentración, y más de dos tercios de los Fondos estructurales van a permitir, al destinarse a las regiones del Objetivo 1, mantener el esfuerzo de cohesión en dichas regiones a niveles iguales o superiores a los del período de programación anterior. 
Igualmente hay que felicitarse por que se haya dado carácter horizontal al Objetivo 3 y por que se haya mantenido el Fondo de Cohesión, cerrando una polémica estéril y sin sentido. 
Pero, en este sentido, y como el Sr. Bourlanges ha mantenido, hay que manifestar preocupación por el hecho de que no se hayan establecido todavía unas perspectivas financieras que son necesarias para dar un marco financiero plurianual a políticas como las regionales, que son políticas a largo plazo. 
Sería un broche de oro para el acuerdo de Berlín que una cierta flexibilidad por parte del Consejo pudiera permitir concluir este acuerdo interinstitucional, tan necesario para garantizar la estabilidad en las finanzas comunitarias del próximo siglo. 
Señor Presidente del Consejo, muchas gracias por lo que ha dicho. 
Le deseo unas negociaciones con éxito esta tarde en la cumbre informal. 
Señora Presidenta, es sabido que antes de concluir el acuerdo de Berlín sobre la Agenda 2000, se palpaba la irresolución. 
La irresolución que acompaña a la Unión Europea en todas sus decisiones desde Maastricht. 
La razón, en mi opinión, es que al euroescepticismo ha sucedido, en el ámbito de los dirigentes políticos, la eurotimidez. 
El resultado es que la Unión Europea no se dota de los instrumentos políticos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos que, al menos sobre el papel, se ha propuesto. 
La irresolución se ha reflejado también en la crisis de Kosovo, donde la ineficaz gestión de la política exterior y de seguridad común no pudo anticiparse a la escalada de la tensión y ha colocado, una vez más, a los Estados Unidos en la posición de potencia dominante en nuestra propia región. 
En los temas de la Agenda 2000 ha habido además contradicciones entre palabras y obras. 
Es positivo, por supuesto, que se alcanzara un compromiso. 
Sin embargo, el compromiso alcanzado conduce a un paquete económico bastante más pequeño que el propuesto en su día por la Comisión y el Parlamento. 
Por lo que respecta a la regulación de los Fondos estructurales, las soluciones arbitradas y que hacen referencia a los principios de concentración, eficacia, etcétera, no distan demasiado de las propuestas del Parlamento, y eso es positivo. 
Por lo que respecta a la solidaridad con los cuatro países más pobres, la solución arbitrada es el mantenimiento de los gastos per cápita. 
Ésto puede contentar a España, a Portugal y a Irlanda. 
No puedo, sin embargo, comprender cómo esta solución ha satisfecho a mi país, Grecia, cuando es sabido que se trata del país más pobre y del único país perteneciente por completo al Objetivo 1; de la misma manera que no comprendo por qué ha aceptado el incremento de la participación de España en el Fondo de Cohesión del 55 por ciento al 62 por ciento y la disminución de su propia participación del 18 por ciento al 17 por ciento. 
Pero ésto, como diría Kipling, es otra historia. 
Señora Presidenta, ha merecido la pena el viaje a Berlín. Esto lo hemos escuchado hoy en varias ocasiones. 
Pero va a ser necesario trabajar aún mucho para que los objetivos del Consejo Europeo de Berlín tengan efectos sobre el terreno. 
Esto es especialmente así respecto al importante tema de futuro, «Ampliación» , que se ha tratado hoy con razón en repetidas ocasiones. 
El lema es no tener miedo unos de otros sino acercarse. 
De un modo solidario ejemplar, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han utilizado la iniciativa comunitaria Interreg para mandar una señal de cooperación por encima de las fronteras actuales. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Ahora hay que adoptar las medidas necesarias para que de los textos jurídicos europeos y de los fondos de ayuda europeos surja una cooperación entre las personas a este y al otro lado de las fronteras de la Unión. 
En mi país, Austria, así como en otros Estados miembros situados en la frontera con países candidatos, tenemos la oportunidad de aplicar la idea de la cooperación europea con proyectos concretos. 
¡Hagámoslo! 
Actualmente, en mi país existe una cooperación muy concreta de tal tipo entre las instituciones europeas y los ciudadanos europeos en relación con un tema europeo muy diferente, la cuestión de los refugiados de Kosovo. 
En Austria, los mismos ciudadanos, apoyados intensamente por los medios de comunicación, la cadena de televisión ORF y la prensa, han mandado una señal europea muy personal con la ejemplar acción «Los vecinos nos necesitan». 
En pocos días, la gente- sobre todo personas sencillas que tienen ellas mismas problemas para salir adelante con sus ingresos- ha donado más de 100 millones de chelines. 
Esta es una prueba visible de aquella solidaridad europea que con frecuencia los representantes políticos en Europa solamente utilizamos de labios afuera. 
Nosotros, el Consejo y el Parlamento, como autoridad presupuestaria, debemos tomar este comportamiento como ejemplo. 
Aplausos 
Señora Presidenta, el acuerdo de fondo sobre la parte agrícola de la Agenda 2000 logrado en la cumbre de Berlín contradice la afirmación de la Comisión de que iba a hacer más competitiva y, en consecuencia, más capaz de sobrevivir a la agricultura europea. 
Aunque la recogida parcial de las propuestas de reducción de precios de la Comisión por parte del Consejo en el sector lácteo, de los cereales y de la carne vacuno conduce a un acercamiento al nivel del mercado mundial, sin embargo, los pagos compensatorios previstos no cubren ni con mucho las pérdidas de los ingresos. 
Ahora se quiere comenzar con la reforma del mercado lácteo solamente a partir del 2005 en tres fases y dejar que expire la regulación de cuotas en el 2008. 
Saludamos la vinculación facultativa de tierras. 
Esta es una condición que poníamos. 
En el caso de los cereales, los acuerdos alcanzan por el momento sólo hasta el 2002. 
Luego se volverán a mezclar las cartas. 
Están en conversación otras reducciones de precios por un importe del 5 %, pero entonces se podría elevar la compensación de nuevo de 63 a 66 euros por tonelada. 
Por lo visto, nadie se ha dado cuenta de que esto ha afectado especialmente a los cultivadores de semillas oleaginosas. 
Si tras el compromiso de los ministros de agricultura tenían asegurados 66 euros, ahora sólo tienen 63. 
Por otro lado, saludamos que la retirada de tierras de la producción se determine hasta el 2006 en un 10 %. 
En el sector de la carne de vacuno, las resoluciones de la Agenda no solucionan el problema de los excedentes ni el de los ingresos. 
Los ganaderos de vacas que amamantan a sus propios terneros han ganado y han perdido los clásicos ganaderos de engorde del ganado. 
Así de sencillo es con la Agenda, estimado Presidente del Consejo. 
Señora Presidenta, Señorías, esta resolución y, en general, la estrategia que ha emprendido la Comisión de Presupuestos es un camino irresponsable que corre el peligro de desembocar en un conflicto presupuestario real. 
El acuerdo financiero alcanzado en Berlín es hoy un éxito importante, irrepetible en las actuales circunstancias y, por ello, algunos lo defendemos plenamente a pesar de que, como buen acuerdo, no satisfaga plenamente a todos. 
Algunos también estamos dispuestos, para cumplir un legítimo deseo, a estar en contra de aumentar los poderes presupuestarios de esta Asamblea si para esto último hay que arriesgar los Fondos estructurales y de cohesión. 
La señal política que lanza esta resolución constituye una amenaza de rechazo de las perspectivas financieras de Berlín, y conduce también a un procedimiento presupuestario anual muy azaroso que no garantiza las dotaciones para los Fondos estructurales y de cohesión. 
Financieramente, del Consejo sólo nos separa un 0, 38 % del total aprobado en Berlín para 7 años. 
El acuerdo- como ha recordado el Presidente Santer- está a la vuelta de la esquina y debe ser conseguido, sin mayores retrasos, a más tardar en el mes de junio. 
El problema real es que existe una corriente política en este Parlamento que prefiere un procedimiento presupuestario anual sin categorías financieras y, por tanto, sin dotaciones fijadas año por año para la política estructural. 
Podemos llegar a entender esos argumentos aunque los rechacemos, pero no podemos entender que opten por esta vía aquellos que tienen la obligación de defender un modelo europeo de cohesión económica y social. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Votaciones 
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) 2597/97 que establece las normas complementarias de la organización común de los mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos en lo que se refiere a la leche de consumo (COM (99) 0063- C4-0175/99-99/0048 (CNS) ) (Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural) 
Propuesta de reglamento (CE) del Consejo) relativo a los límites y condiciones para los incrementos de capital del Banco Central Europeo (BCE (98) 0011- C4-0103/99-99/0802 (CNS) (Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial) 
Propuesta de decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación con respecto a la asociación de la República Checa a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) y los programas de investigación y formación (1998-2002) (COM (99) 0046- C4-0115/99-99/0040 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación de la República de Estonia a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) (COM (99) 0046- C4-0116/99-99/0041 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación de la República de Hungría a los programas comunitarios de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración (1998-2002) y a los programas de acciones de investigación y formación (1998-2002) (COM (99) 0046- C4-0117/99-99/0042 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación con respecto a la asociación de la República de Letonia a los programas comunitarios de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración (1998-2002) y los programas de investigación y formación (1998-2002) (COM (99) 0046- C4-0118/99-99/0043 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación con respecto a la asociación de la República de Lituania a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) (COM (99) 0046- C4-0119/99-99/0044 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación con respecto a la asociación de la República de Polonia a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) (COM (99) 0046- C4-0120/99-99/0045 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación con respecto a la asociación de la República de Eslovenia a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) y los programas de investigación y formación (1998-2002) (COM (99) 0046- C4-0121/99-99/0046 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación entre la CEE y Chipre para la asociación de Chipre al Quinto Programa Marco de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) (COM (99) 0057- C4-0140/99-99/0049 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo con respecto a la asociación de la República de Bulgaria a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) y los programas de investigación y formación (1998-2002) (COM (99) 0084- C4-0143/99-99/0060 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo con respecto a la asociación de Rumania a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) y los programas de investigación y formación (1998-2002) (COM (99) 0084- C4-0144/99-99/0061 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo sobre la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación con respecto a la asociación de la República Eslovaca a los programas comunitarios de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) y los programas de investigación y formación (1998-2002) (COM (99) 0084- C4-0145/99-99/0062 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de decisión del Consejo por la que se aprueba el Acuerdo de modificación del Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre la Comunidad Europea y Australia (COM (99) 0024- C4-0142/99-99/0009 (CNS) ) (Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía) 
Propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0794- C4-0147/99-98/0370 (CNS) ) por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (versión codificada) (Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la conclusión del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y diversidad biológica en el Mediterráneo, así como a la aceptación de los correspondientes Anexos (Convenio de Barcelona) (COM (99) 0030- C4-0166/99-99/0019 (CNS) ) (Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aceptación de las enmiendas al Convenio para la protección del Mediterráneo contra la contaminación y al Protocolo sobre la prevención de la contaminación causada por vertidos desde buques y aeronaves (COM (99) 0029- C4-0170/99-99/0023 (CNS) ) (Convenio de Barcelona) (Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor) 
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aceptación de las enmiendas al protocolo revisado sobre protección del Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre (COM (99) 0028- C4-0173/99-99/0021 (CNS) ) (Convenio de Barcelona) (Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor) 
Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las diferentes propuestas de la Comisión 
Vamos a enviar en seguida a un ujier hasta ese señor, si no nos oye. 
Veo que nos ha oído y puedo asegurar a Su Señoría que se verificaran debidamente sus «credenciales». 
Señora Presidenta, permítame informarle de que el fotógrafo continúa sentado allí arriba. 
A pesar de que un ujier se ha dirigido a él, el fotógrafo se ha negado a retirarse. 
Solicitaría su desalojo y su identificación, así como que se considerara retirar o, al menos, hacer algo con su pase individual. 
No se puede aceptar que los fotógrafos provistos de teleobjetivos rehúsen moverse de los lugares que ocupan. 
Aplausos 
Señor Balfe, en efecto, no me había pasado inadvertido. 
Estaba vigilando con el rabillo del ojo y tenía las mismas inquietudes que Su Señoría. 
Pido que salga ese señor. 
Señora Presidenta, quisiera simplemente proponer que se ofrezca una gratificación al presidente de la sesión que bata todas las marcas de velocidad en materia de votaciones. 
Creo que usted, junto con el Sr. Martin, ocupa la pole position. 
Pero el concurso no ha concluido. 
Aplausos 
Señor Presidente, he votado contra la resolución sobre el Consejo de Berlín por la aprobación de una enmienda que declaraba, sin relación alguna con la cumbre de Berlín y sus resultados, que este Parlamento se negaría a cooperar con un Comisario, en este caso la Sra. Cresson. 
Considero que en varias ocasiones hemos tenido oportunidad en esta Asamblea de comentar, debatir, votar textos sobre la cuestión del Comité de Expertos, de la dimisión de la Comisión, etc. 
No obstante, presentar una enmienda en el último minuto sobre el Consejo de Berlín o bien sobre los precios agrícolas o cualquier otro tema es desacreditar a nuestra institución, no nos honra, es una actitud que me parece injustificada, precipitada y que no tenía razón de ser. 
Repito: he votado en contra y me siento orgulloso de ello. 
La Comisión ha dimitido y hemos expresado un juicio político, en todos los niveles, a ese respecto. 
La actitud que he denunciado me parece perjudicial para la imagen que el Parlamento dio de sí mismo estos últimos meses. 
Señora Presidenta, seguramente los pueblos de la Unión, que, como de costumbre, van a descubrir progresivamente las consecuencias de esos acuerdos, no han advertido aún todas las consecuencias del Consejo de Berlín de los días 24 y 25 del pasado mes de marzo. 
Tomemos el caso de la política agraria. 
El Comisario Fischler ha calificado las medidas adoptadas de- cito- «la reforma más radical de la historia de toda la PAC, reforma tanto más importante cuanto que corona los profundos cambios habidos en 1992». 
Esa reforma radical, es decir, la integración en el mercado mundial y la bajada de las rentas de los agricultores, se presenta, en realidad, como una adición de medidas técnicas concretas, cuya orientación general resulta difícil de captar a un profano. 
Semejante obscuridad nos parece tanto más grave cuanto que las decisiones adoptadas van a servir para determinar muchas otras orientaciones ulteriores, las conclusiones del Consejo mencionan, por ejemplo, que- vuelvo a citar- «las decisiones adoptadas en materia de reforma de la PAC en el marco de la Agenda 2000 constituirán elementos esenciales para la formulación del mandato de la Comisión con vistas a las futuras negociaciones comerciales multilaterales en la Organización Mundial del Comercio». 
Así, sin darnos cuenta, ya hemos decidido, al parecer, la posición negociadora de la Unión Europea en las futuras negociaciones internacionales. 
Esa forma de proceder, habitual- cierto es- en Bruselas, es totalmente increíble en comparación con las normas habituales de países democráticos, tanto más cuanto que de momento no se ha pedido- lo subrayo- a los parlamentos nacionales la menor ratificación de esos acuerdos. 
La ironía de la historia resulta aún mayor cuando sabemos que poco tiempo después del Consejo de Berlín una audición pública, organizada por nuestra Asamblea, concluyó que había un déficit de debate y de control democrático en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales. 
Ésa es exactamente la situación que el Grupo Europa de las Naciones denuncia desde hace mucho tiempo y que ha producido los desastrosos resultados de la Ronda Uruguay. 
En modo alguno hay que reproducir el mismo método en el futuro. 
Por eso, exigimos que se abandonen las conclusiones de Berlín a ese respecto y que el mandato del Consejo y de la Comisión para las próximas negociaciones de la OMC sea objeto de un debate público profundo y de una votación oficial de los parlamentos nacionales. 
Señora Presidenta, veo que el PPE está en campaña, ¡incluso cuando se trata de los intereses de esta casa! 
Cuando el Sr. Martens nos indicó ayer que la dimisión de Edith Cresson habría permitido, por sí sola, resolver la crisis, creo que está manifiestamente en campaña. 
El Parlamento, al votar la enmienda que ha aprobado a propósito de la resolución del Consejo de Berlín, se equivoca jurídicamente. 
La Comisión ha dimitido, colectivamente, porque es responsable colectivamente. 
En cambio, políticamente, el hecho es significativo. 
El Sr. Martens prefiere no ver lo que ocurre ni leer el informe del comité de expertos, para el cual las irregularidades corresponden claramente a una responsabilidad colectiva. 
En cuanto a nosotros, creo que hemos aportado la demostración de la madurez de este Parlamento, hemos favorecido el conocimiento de la verdad, hemos permitido a la Comisión recuperar su crédito y a la democracia progresar. 
Me alegro de ello, pero deploro la votación de este Parlamento, que no lo honra. 
Señora Presidenta, a las excelentes razones expuestas por mi colega Georges Berthu, que nos ha incitado a votar contra la resolución sobre la Cumbre de Berlín, quisiera añadir los elementos que se refieren al párrafo 2, es decir, el nombramiento de la nueva Comisión. 
¡Qué contradicción por parte del Parlamento, que una vez más capitula en campo raso antes incluso de reñir batalla! 
Recuerdo a quienes pedían la substitución inmediata de la Comisión dimisionaria. 
Son los mismos que hoy se satisfacen con una Comisión que entraría en funciones a partir de enero del año 2000 y sobre cuyo nombramiento se pronunciaría en su momento el Parlamento Europeo. 
En la misma sesión, hemos votado la enmienda 2, la escandalosa enmienda 2, presentada en el último minuto por el Grupo PPE y el Grupo ELDR, en la que se expresa la oposición a que la Sra. Cresson conserve su puesto y se declara que no cooperaremos con ella mientras permanezca en sus funciones, mientras que hemos rechazado las enmiendas 16 y 17, que exigían la substitución de la Comisión y pedían que los Comisarios no fueran candidatos a las elecciones europeas. 
El Parlamento no ha entendido nada del informe del Comité de Expertos, que ponía en entredicho a la Comisión como órgano colegial. 
El desempleo en Europa no puede paliarse con una política de mercado de trabajo en el ámbito de la UE. 
Por este motivo, hemos votado en contra del punto 4 de la resolución. 
En lugar de una política de mercado de trabajo más activa, que en Suecia se ha mostrado tan claramente ineficaz, se necesitan liberalización del mercado de trabajo y menos impuestos sobre el trabajo. 
En cualquier caso, no existen motivos para centralizar una política de mercado de trabajo ampliada al nivel supraestatal. 
La situación en los distintos países miembros no es la misma y, en la medida que se quiera instaurar una política de mercado de trabajo, deberá hacerse mediante decisiones que se adopten en los propios países miembros. 
También hemos votado en contra del punto 4 porque representa un distanciamiento del principio de la proximidad. 
Puesto que hay que mostrar gran austeridad con los recursos, es provechoso que el acuerdo del Consejo de Ministros se fundamente en un manejo prudente del dinero de los contribuyentes. 
El resto de los recursos que puedan liberarse deben emplearse para facilitar la ampliación de la UE hacia el Este. 
Allí se están creando nuevos y crecientes mercados. Esto genera nuevas y rentables fuentes de trabajo para los miembros actuales de la Unión y, consecuentemente, es una mejor contribución a la creación de empleo que aquella que jamás podría lograrse mediante una política de mercado de trabajo generalizada. 
He votado a favor de la resolución de la Cumbre de Berlín con objeto de apoyar personalmente los logros de la Presidencia alemana a la hora de llegar a un acuerdo sobre el paquete de los fondos estructurales recogido en la Agenda 2000. 
Me complace que el Consejo haya hecho suyas algunas de las recomendaciones que se recogían en mi informe sobre la regulación para el marco general. 
Uno de los logros esenciales reside en el compromiso para hacer un seguimiento de la Cumbre de Cardiff con el fin de seguir apoyando el proceso de paz en Irlanda del Norte mediante la Iniciativa especial de paz. 
Aún queda por resolver una cuestión fundamental mediante el procedimiento de conciliación con el Consejo, previo a nuestro dictamen conforme: se trata de la solicitud del Parlamento en relación con iniciativas comunitarias suplementarias como CRISIS y URBAN. 
Naturalmente, el Parlamento desea llegar a un compromiso en este ámbito, pero éste deberá reflejar las prioridades de esta institución en el campo de las iniciativas comunitarias. 
Permítame resaltar una vez más nuestra intención de alcanzar nuestras prioridades políticas y de cumplir las responsabilidades que hemos contraído con las comunidades de nuestras regiones. 
Lamento que el Consejo Europeo no haya accedido a la solicitud del Parlamento para restablecer la iniciativa URBAN. 
Esta iniciativa ha demostrado ser un arma eficaz para atajar el deterioro de las zonas urbanas. 
El mantenimiento de LEADER con el fin de promover el desarrollo rural ha de verse compensado con la continuidad de URBAN. 
El mantenimiento de LEADER revestiría una especial importancia para ciudades como la mía, Dublín, que se enfrenta con una considerable reducción de los Fondos estructurales al haber dejado de figurar dentro del ámbito del Objetivo 1. 
He venido propugnando el mantenimiento de URBAN puesto que este programa proporcionaba las bases financieras para mi propuesta de un fondo específico para el desarrollo de las zonas urbanas deprimidas. 
Estas zonas se hallan en una situación de desventaja, tanto en términos absolutos como relativos, ya que se encuentran situadas junto a otras zonas de considerable prosperidad económica. 
Espero que la conciliación de esta tarde tenga como resultado el restablecimiento de URBAN. 
Quiero que se garantice que los Fondos estructurales generales se destinarán a abordar en gran medida el problema del deterioro de las zonas urbanas. 
Pediría que se modificaran las normas del FSE y del FEDER para dedicar un mayor número de estos recursos a zonas muy deprimidas, a la vez que solicitaría que se corrigieran las orientaciones en materia de ayuda regional para permitir el pago de ayudas estatales más cuantiosas a aquellas zonas urbanas que sufran en mayor medida estas desventajas. 
Tengo previsto votar a favor de la resolución común sobre la Cumbre de Berlín, ya que considero satisfactoria la pronta designación y recomendación por parte del Consejo Europeo de un Presidente para la Comisión Europea. 
Por lo que respecta a los Fondos estructurales, los resultados que se han registrado en Berlín han demostrado la importancia que el Consejo Europeo ha concedido a la continuidad y a la reforma de la ayuda económica y social en el seno de la Unión. 
Cabe acoger con satisfacción los 300 millones de euros de fondos garantizados que se destinarán a la región de Highlands y las islas de Escocia. 
Estas zonas han hecho buen uso de los recursos que han obtenido con cargo al actual programa del Objetivo 1, a pesar de que siguen encontrándose en una situación de desventaja a causa de su carácter periférico y su reducida densidad de población. 
El mantenimiento de la financiación ayudará a estas regiones a superar dichas desventajas. 
El único aspecto decepcionante de esta cumbre lo constituye la reforma limitada de la Política Agrícola Común. 
Es necesario llevar a cabo una reforma mucho más radical en este ámbito. 
Señora Presidenta, voy a hablar sobre el informe Happart. 
Apoyamos las propuestas de precios del informe pues son absolutamente necesarias para garantizar los ingresos agrícolas por motivos jurídicos. 
No obstante, quiero indicar que el paquete para el aseguramiento de la supervivencia de los agricultores es insuficiente. 
Los precios agrícolas siguen siendo iguales mientras que el nivel general de precios asciende continuamente debido a la inflación. 
De este modo, se reducen los ingresos en la agricultura. En Austria en 1997 la reducción fue de 1, 7 % mientras que, por ejemplo, en la industria, aumentan. 
Señora Presidenta, Señorías, he votado en contra del informe pues soy de la opinión de que en esta Asamblea tenemos que debatir de nuevo a fondo sobre la política agrícola. 
Si tenemos presente que, según datos de la OCDE, en los países industrializados una tercera parte de todos los ingresos de la agricultura no proviene del mercado sino de ayudas estatales y en la Unión Europea incluso el 40 % de los ingresos agrícolas provienen del saco de los impuestos, del sector de las ayudas estatales, entonces creo que debemos recapacitar urgentemente sobre el tema. 
Esto afecta asimismo al sector de las ayudas a los precios y a las subvenciones como, por ejemplo, en el caso del azúcar, donde pagamos el doble o triple del precio del mercado mundial y, a continuación, regulamos de nuevo determinando cuotas por explotaciones individuales. 
Creo que necesitamos más mercado en la agricultura. 
Habría deseado que esto se reflejase aquí. 
Damos por hecho que lo que ahora está estudiando la Comisión es el acuerdo sobre política agrícola común del Consejo de Ministros en Berlín. 
Por eso estimamos que el Parlamento no necesita complicar esta situación aún más con nuevas propuestas de compromisos comunes. 
En esta situación, hemos optado por seguir la propuesta de nuestro Grupo, aunque mantenemos nuestra anterior crítica en contra de la política agrícola comunitaria. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Happart porque plantea un aumento de los precios de los productos agrarios. 
No apoyamos ningún aumento de precios cuando precisamente acaba de ser aprobado un paquete de medidas que baja los precios. 
Sencillamente, no tiene sentido. 
Deberíamos reducir antes los precios, y especialmente en el sector del azúcar y de la remolacha azucarera, donde no hay organización común de mercado. 
Los precios artificialmente altos de nuestros productos agrarios deben ser reducidos gradualmente hasta ponerlos a la altura de los precios del mercado mundial. 
Es necesario con vistas al proceso de ampliación. 
- (GR) El texto que tenemos en las manos es la suma negativa, el peligroso resultado de cuanto la Agenda 2000 hacía presagiar y, de hecho, ya se aplica en las regulaciones particulares de cada uno de la mayoría de los productos agrícolas; regulaciones que fijan expresamente precios y cuotas, que no pueden cambiar si no cambian las regulaciones. 
Todo lo demás no es más que apariencia de negociaciones y debates, mientras que en realidad estamos sencillamente hablando de la crónica de una muerte anunciada. 
Las propuestas de la Comisión, por lo que respecta a los productos agrícolas, dan cuenta de todos los accidentes gramaticales de la palabra «disminución». 
La Comisión de Agricultura ha dado el visto bueno a todas estas propuestas, ha rechazado todas las enmiendas que reclamaban el incremento de los precios y nos encontramos aquí con propuestas peligrosas, sin equilibrio alguno entre el factor humano, la producción y la tierra; sin relación entre precios y productos; propuestas que responden al objetivo de una aún mayor disminución de la población agrícola, así como de la bajada de precios y de los costes de producción; todo por mor de la competencia. 
Se trata de propuestas que no sólo acarrearán desequilibrios adicionales en la producción, sino que además ponen en peligro inmediato la calidad de los productos, el equilibrio medioambiental, la propia actividad agrícola, el equilibrio y la cohesión social. 
La revisión de la PAC en 1992, tal y como señala el propio ponente, condujo al deterioro de los mercados, y al deterioro de la renta de los agricultores, llegando al estrangulamiento de las explotaciones familiares, pequeñas y medianas, principalmente en las regiones del sur, en las regiones mediterráneas de la Comunidad. La consecuencia ha sido una drástica reducción del número de explotaciones y del número de personas ocupadas en la actividad agrícola; se han disparado los porcentajes de desempleo en las regiones agrícolas y se ha acelerado peligrosamente el ritmo de desertización del campo. 
La renta media de las actividades agrícolas en el conjunto de la UE ha disminuido un 3, 9 por ciento en relación con 1997. 
El sueño de ustedes es que disminuya aún más, de ahí las nuevas propuestas sobre precios agrícolas, fieles al espíritu y a la letra de la Agenda 2000, que no sólo suponen la continuación del actual estado de cosas con «ajustes técnicos» y un enfoque tecnocrático del problema de la renta de los agricultores, sino que avanzan hacia una reducción aún mayor de la renta con un objetivo último declarado que no es otro que la reducción de los recursos humanos de la agricultura, el abandono por los cultivadores de la actividad agrícola. 
Cuando precios y subvenciones se mantienen congelados o se reducen drásticamente por undécimo año consecutivo, cuando se desvirtúa o se suprime la intervención institucional, dejando a los agricultores pequeños y medianos a merced de los intermediarios y las multinacionales, cuando las subvenciones se malgastan en el pago de las devastadoras multas de corresponsabilidad, cuando se mantiene y se intensifica la evidente injusticia en detrimento de los cultivos familiares, pequeños y medianos, y se favorece descaradamente a las grandes explotaciones agrícolas, que absorben el 80 por ciento de las ayudas comunitarias, y las políticas que se articulan pretenden servir a Dios y a las riquezas, rebosan fariseísmo e hipocresía las declaraciones de interés por la protección y desarrollo del campo. 
Exactamente igual que las declaraciones sobre la ayuda humanitaria y la protección de los albanoparlantes de Kosovo bajo la tormenta de bombardeos asesinos. 
Paso a paso se prepara el terreno para nuevos latifundios y nuevos aparceros; el método se renueva (multas de corresponsabilidad, supuesta cofinanciación, etc.). 
El epígrafe de este debate, señor Presidente, es erróneo. 
No se trata de «fijar precios» , sino desprecios. Desprecio a los pequeños y medianos agricultores, desprecio a la producción del sur, desprecio a los consumidores, desprecio a la integridad del tejido social y al equilibrio ecológico. 
En Yugoslavia dicen ustedes que bombardean por «razones humanitarias». 
¿A los agricultores los desheredan por «razones medioambientales»? 
Parece que su sudor y sus luchas contaminan el «saludable medio ambiente» de la «globalización» y la «competencia» , y pretenden ustedes arrojarlos al purgatorio del «Nuevo Orden de Cosas». 
Los agricultores, sin embargo, han demostrado con sus luchas, con sus movilizaciones, en los quince Estados miembros, recientemente con la masiva movilización paneuropea en Bruselas, e incluso con las movilizaciones en los países candidatos- véase Polonia -, que no van a aceptar semejantes planes, ni mucho menos van a ponerse a su servicio. 
Siembran ustedes vientos y recogerán tempestades. 
Algún día tendrán ustedes que rendir cuentas ante un Nuremberg de los pueblos por su política antiagraria y por su criminal política de paz. 
El informe de nuestro colega Happart es el último relativo a los precios agrícolas de la actual PAC. 
Una vez más, la mayoría de este Parlamento ha votado contra las enmiendas en las que se pedía que se tuviera en cuenta la erosión monetaria para el establecimiento del nivel de los precios y de las ayudas de compensación. 
La renta de los agricultores resulta castigada por esa erosión monetaria. 
¿Qué categoría social aceptaría una estabilización de sus rentas, es decir, una disminución de su importe en términos reales? 
La introducción del euro el 1º de enero de este año ha tenido también efectos negativos en el nivel de renta de los agricultores europeos por la desaparición pura y simple del ecu verde. 
El efecto acumulado de la inflación y la desaparición del ecu verde va a provocar, para la próxima campaña, una bajada de los precios institucionales y de las ayudas de compensación de un 4 %, aproximadamente. 
Cuando hablamos de agricultura, en general, oímos muchas exhortaciones en pro del desarrollo rural, de la rastreabilidad y la seguridad sanitaria de los productos, del respeto del medio ambiente y del bienestar de los animales, etc. Ahora bien, cuando votamos sobre los elementos económicos que permiten fijar la renta de los agricultores, no hacemos otra cosa que reducirlos con regularidad. 
Ante ese problema de reducción de las ayudas y los precios, la única vía que queda a nuestros agricultores consiste en buscar una intensificación, ya sea mediante la ampliación de las explotaciones o mediante la creación de una actividad de producción fuera de tierra. 
¿Cómo es que no se ve que resulta contradictorio formular normas elevadas en materia medioambiental, sanitaria y de bienestar de los animales y al mismo tiempo reducir periódicamente el principio de la preferencia comunitaria? 
Para costos de producción europeos, para obligaciones europeas, son necesarios precios europeos. 
Ésa debería ser la línea de acción de los dirigentes profesionales y políticos que desean defender la agricultura europea. 
Señora Presidenta, saludo la prevista introducción de medidas informativas y de apoyo a las ventas de productos agrícolas en terceros países pues considero absolutamente necesario tales instrumentos si queremos sobrevivir en la competencia internacional. 
Es necesario que la UE practique una política de exportación activa que vaya a más allá de empleo de reembolsos por exportación y que pueda tener unos efectos positivos sobre la venta de productos agrícolas de modo adicional a los reembolsos indicados. 
Debido a la importancia de este reglamento, quiero indicar que tienen que ser suficientes los créditos aquí estimados y las modalidades de financiación. 
Se debería disponer de un presupuesto propio para que este instrumento de la política de exportación surtiese realmente efectos. 
Como considero importante que estas medidas sean practicables, me he pronunciado vehementemente en contra de la introducción de un nuevo comité administrativo. 
Me alegro de ver que la tenacidad de nuestro Parlamento ha dado fruto. 
Desde el comienzo del debate sobre la propuesta de la Comisión relativa a las enfermedades graves, es decir, hace un año, aproximadamente, el Parlamento se mantuvo firme en su posición, lo que obligo a la reunión de un comité de conciliación en el que las enmiendas esenciales propuestas por el Parlamento acabaron teniendo un eco favorable en el Consejo. 
Por eso, estoy muy satisfecho. 
Las enfermedades poco comunes, durante mucho tiempo relegadas por los médicos, los investigadores y la sociedad, son objeto de una toma de conciencia reciente y pasan a ser por fin un auténtico imperativo de la salud pública. 
Debe llegar a ser una prioridad en la política en materia de salud pública de la Comunidad Europea. 
Ése es el objeto del programa de acción que propone la Comisión y que parte de la observación de que, si no se da un impulso en el nivel europeo, los trabajos en esa esfera nunca progresarán. 
En efecto, por tratarse de enfermedades poco comunes, el costo de la obtención y comercialización de medicamentos destinados a su prevención o a su tratamiento no resultaría amortizado por sus ventas. 
Por lo demás, sobre dichos medicamentos, llamados por esa razón huérfanos, versa una propuesta de reglamento que me gustaría que se aprobara cuanto antes. 
Así, pues, desde el punto de vista de la igualdad de trato a todos los enfermos, hay que adoptar todas las medidas necesarias para facilitar y fomentar el trabajo de los investigadores y la comercialización de los remedios adecuados. 
Parece claro que el nivel más eficaz es el comunitario. 
Sólo la cooperación transnacional permitirá desplegar las acciones y los conocimientos apropiados de forma coordinada y racionalizar los gastos. 
Por eso, el Parlamento Europeo ha exigido y conseguido medidas relativas a la creación de una red europea de información, la colaboración entre las organizaciones de voluntarios de los diferentes Estados miembros, la formación de los profesionales, la promoción de las redes entre expertos. 
En cambio, no ha sido posible modificar la posición del Consejo en lo relativo al importe del plan presupuestario, cuya duplicación pedía el Parlamento Europeo. 
Resulta muy decepcionante, evidentemente. 
Sin embargo, en una declaración común relativa a la propuesta de la Comisión encaminada a formular un nuevo programa-marco en la esfera de la salud pública se afirma que habrá que tener «en cuenta debidamente las consecuencias presupuestarias». Se trata de una transacción. 
El Parlamento Europeo velará por que se respete. 
Informe Ghilardotti (A4-0186/99): 
El informe sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, es un buen informe. 
Mediante esta directiva se fortalece uno de los más importantes derechos de los trabajadores. 
Esto es esencial no sólo para fortalecer el diálogo social sino que también para aumentar la confianza mutua en el seno de las empresas. 
El límite para el campo de aplicación de la directiva, es decir, las empresas que empleen al menos 50 trabajadores, nos habría gustado que fuese diferente. 
Opinamos que no debería haber límites sino que, por el contrario, todos los trabajadores deberían tener derecho a la información y a la consulta. 
Sin embargo, el límite propuesto puede considerarse aceptable si tomamos en cuenta que la directiva contiene reglas mínimas, lo cual autoriza a los Estados miembros a aplicar normas más adecuadas. 
En la votación final voté en contra del informe porque opino que los asuntos de los que se ocupa son de competencia de los Estados miembros, es decir, quedan bajo el principio de subsidiariedad. 
Tengo interés en comunicar mi gran satisfacción respecto de la propuesta de directiva del Consejo y del informe de la Sra. Ghilardotti. 
En efecto, el núcleo de esa propuesta es el legítimo derecho del trabajador a ser informado y sobre todo consultado sobre las decisiones relativas a la gestión y la organización de la empresa en la que invierte. 
En efecto, el desajuste entre ese derecho y la realidad es importante y con demasiada frecuencia se trata a los trabajadores como a simples peones de los que se puede disponer a merced de la coyuntura económica. 
Sin embargo, en Europa existe una voluntad real de los trabajadores de hacer oír su voz y desempeñar un papel en el funcionamiento de su empresa. 
Es una característica de nuestro modelo social europeo y debemos salvaguardarla a toda costa. 
Las disposiciones legislativas deben hacerse eco de sus peticiones. 
La propuesta de la Comisión se inscribe en esa orientación. 
Su objetivo es el de garantizar normas mínimas de consulta e información. 
Aun cuando sea el mínimo sindical, según una expresión francesa, hay que considerar que se trata simplemente de una primera etapa en una estrategia a más largo plazo de fortalecimiento del papel de los trabajadores. 
Competitividad y diálogo social no son antinómicos, ¡al contrario! 
Subscribo enteramente la idea según la cual las reestructuraciones necesarias serán tanto mejor aceptadas, aun cuando entrañen pérdidas de puestos de trabajo o reclasificaciones, si los dirigentes han sabido explicar sus operaciones y escuchar las observaciones de los empleados. 
Se deben aplicar esas disposiciones en el mayor número de empresas. 
El umbral de 50 empleados como mínimo es satisfactorio. 
Sin embargo, no por ello se debe eximir a las pequeñas empresas de tener en cuenta las opiniones de su personal. 
Habrá que formular mecanismos de incitación para promover esos diálogos. 
Es evidente que, con vistas también a esa ampliación del ámbito de aplicación de esas disposiciones, no se pueden aceptar las excepciones propuestas por la Comisión a favor de sociedades que persigan fines políticos, ideológicos o religiosos. 
La aplicación idónea de esas disposiciones requiere, evidentemente, la formulación de sanciones adecuadas. 
En el mismo sentido, la Sra. Ghilardotti ha reafirmado con razón que no se puede tolerar por más tiempo que los delegados sindicales resulten perjudicados por el ejercicio de sus funciones sindicales; no voy a ser yo quien diga lo contrario. 
Si se quiere evitar que Europa siga siendo un objeto social no identificado para los trabajadores, debemos dotarnos de los medios necesarios para garantizarles los derechos fundamentales. 
Votamos en contra del informe relativo a la información y consulta de los trabajadores de empresas nacionales. 
La propuesta es un ejemplo clarísimo de falta de respeto al principio de proximidad. 
En primer lugar, no hay ningún aspecto transfronterizo en la propuesta y en segundo lugar, esta cuestión ya ha sido regulada en la mayoría de países miembros, incluido mi propio país, Dinamarca, mediante «acuerdos de cooperación». 
Esta cuestión debe ser regulada en el plano nacional y entre los interlocutores sociales. 
Con lo que se atendería al principio de proximidad, a las diferencias nacionales y a las diversas tradiciones que existen en Europa. 
Ha aumentado la cantidad de empresas que cierran y que se van al extranjero. 
En Suecia se han desmantelado empresas porque las ayudas comunitarias son más provechosas en otros países. 
Éste no es el objetivo de las ayudas comunitarias. 
El cierre y el éxodo de las empresas interesan a los trabajadores. 
Es importante que se dé oportuna información a las personas afectadas por tales decisiones. 
Esto se regula mediante convenios y leyes en los distintos países, en Suecia mediante la ley de cogestión. 
La directiva propuesta tiene por objeto que se aumente, mediante normas sobre colaboración entre los trabajadores y las empresas, la información acerca de los cambios importantes que puedan afectar a éstas. 
Cabe preguntarse si esto se regulará en el ámbito comunitario. 
Con todo, la directiva está pensada como una norma mínima, que da libertad a los países miembros o a las partes del mercado de trabajo para mantenerla o para dictar nuevas, que ahonden más en la obligación de informar. 
He votado en contra del informe pues el fundamento jurídico lo contradice. 
Totalidad del informe: en contra. 
- (GR) Toda propuesta o medida cuyo efecto sea el reforzamiento de la información, del control y del papel de los trabajadores en la empresa, cuenta con nuestro conformidad, sin que ésto signifique que nos hagamos ilusiones sobre el alcance de semejantes intervenciones legislativas en una realidad diaria determinada por el sistema en el que vivimos. 
Desde este punto de vista estamos de acuerdo con la necesidad de instituir un medio legislativo vinculante y eficaz que haga obligatoria la información- y la consulta- más amplia y actualizada posible en los asuntos que atañen a la marcha y las perspectivas de la empresa, al empleo y las relaciones laborales y más en general a todos los temas y a todas las decisiones planeadas que afecten directamente a los intereses de los trabajadores y, por consiguiente, a su vida y su prosperidad. 
Estamos, sin embargo, rotundamente en contra de la orientación que da a estos procedimientos la Comisión, que entiende la cuestión de la información y la consulta como instrumento de «apoyo a las posibilidades de adaptación de los trabajadores» , o, tal y como se dice en la parte argumentativa de la propuesta de directiva, «condición para el éxito del proceso de reestructuración y adaptación de las empresas a las nuevas circunstancias creadas por la globalización de la economía, a través, principalmente, del desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo». 
Para nosotros, cualquier proceso de información-consulta-participación constituye uno de los medios que los trabajadores han de tener a su disposición para reforzar su papel y su influencia, al objeto de una eficaz promoción y defensa de sus intereses, y, naturalmente, no para convertirse en partícipes de decisiones que se toman a sus espaldas. 
En qué dirección actuarán estos mecanismos es algo que depende, claro está, de los propios trabajadores, y en gran medida de la orientación y la calidad de sus representantes. 
Que estos mecanismos pueden funcionar correctamente, contribuir de alguna manera a una eficaz defensa de sus intereses, lo demuestran, por otra parte, la oposición categórica de la patronal al texto de la Comisión- siendo, como es, tímido y limitado- y la gran cantidad de enmiendas formuladas, tanto en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales como aquí en el Pleno, que no tienen otro objetivo que vaciarlo por completo de contenido. 
No podemos aceptar que esta directiva pueda ser eficaz cuando va a afectar, según confiesa la propia Comisión, sólo al 3 por ciento de las empresas. 
En nuestra opinión el límite para la aplicación de la directiva debe bajar a los cinco trabajadores, de manera que queden incluidas también las pequeñas PYMEs, que constituyen la mayoría aplastante de las empresas, disposición, por otra parte, ya vigente en algunas legislaciones nacionales a consecuencia de la presión del movimiento obrero. 
No son de recibo las limitaciones que se proponen en nombre del carácter confidencial de la información y de la protección del secreto, limitaciones que de mantenerse conducirán en la práctica a la anulación del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados. 
Especialmente estrictas han de ser, además, las previsiones sobre el tiempo y el alcance de la información-consulta, que ha de tener lugar oportunamente, antes de la toma de la decisión correspondiente, de tal modo que haya margen para la intervención de los trabajadores, y que ha de incluir cualquier alteración que pueda afectar a sus derechos laborales y sociales. 
Podemos citar, de manera indicativa, proyectos de reestructuración, fusión y colaboración, inversiones, cambios de instalaciones, cierre total o parcial de la empresa o de las instalaciones, alteraciones de las relaciones laborales, así como más en general, la estrategia, la situación y la evolución de la compañía. 
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales intenta mejorar sustancialmente el texto de la Comisión, y eso es, sin duda, positivo. 
Las mejoras se refieren a la ampliación del campo de aplicación de la directiva, al contenido y el alcance de la información y las consultas, a la supresión de la posibilidad por parte de los Estados miembros de limitar el campo de aplicación de la directiva a sólo las grandes empresas (es decir, las que emplean al menos a cien trabajadores) , al reforzamiento de la protección de los representantes de los trabajadores. 
Más allá de todo esto, sin embargo, queremos subrayar que para nosotros es de capital importancia que se mantenga la previsión, presente en la propuesta de la Comisión, de no reconocer validez legal a las decisiones tomadas por las empresas que no acaten la norma por la que están obligadas a informar y consultar a los trabajadores, y en consecuencia proponemos que no se acepten las enmiendas que postulan suprimir dicha previsión, puesto que en tal caso, la directiva se convertiría en un texto huero. 
El no reconocimiento de validez legal ha de hacerse extensivo, sin embargo, al conjunto de decisiones tomadas sin acatar la norma de la obligatoriedad de la información y la consulta- y no sólo a aquellas que se refieran a las relaciones laborales y los contratos -, al objeto de prevenir así del modo más eficaz las transgresiones en la aplicación de la directiva. 
Estos informes, presentados por nuestros colegas Chanterie y McMahon, tienen como mérito principal el de volver a plantear la reflexión sobre la reducción de la jornada laboral, aun cuando hoy no se trate de debatir sobre sus beneficios en la lucha contra el desempleo. 
Ahora bien, las propuestas que se nos presentan van encaminadas claramente a la consecución de una mejora notable para las profesiones hasta ahora excluidas de las diferentes disposiciones ya existentes. 
En ese sentido, me uno a la propuesta de Raphaël Chanterie, encaminada a limitar a cuatro años el plazo necesario para el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las nuevas disposiciones de la directiva. 
Asimismo, a semejanza de Hugh McMahon, no puedo por menos de apoyar la idea de que se incluya a los conductores independientes en la directiva sobre la jornada laboral para el transporte por carretera. 
Ejemplos demasiado numerosos demuestran que los períodos excesivamente largos al volante aumentan de forma dramática los riesgos de accidentes en la carretera. 
Por otra parte, tomo nota con satisfacción de que el informe tiene en cuenta el importante desarrollo de la subcontratación, que permite libertades demasiado grandes respecto de las legislaciones en vigor. 
Por último, me atrevo a esperar que los Estados miembros atiendan efectivamente las peticiones formuladas sobre los controles de las jornadas de trabajo y de conducción, pero tengo algunas inquietudes a ese respecto. 
He formulado preguntas periódicamente a los Comisarios sobre la jornada laboral en los transportes por carretera y sobre las condiciones de empleo de ciertas compañías marítimas, por lo que en el futuro velaré, en particular, por que se apliquen efectivamente esas nuevas directivas. 
La Europa económica está en proceso de realización. 
Si bien nuestros conciudadanos han podido comprender ciertas obligaciones relacionadas con esa etapa, ya ha llegado el momento de construir una Europa de los ciudadanos en la que lo social debe ocupar un lugar consecuente. 
Sin ella, ¡queda en entredicho la propia idea de Europa! 
Todo el mundo sabe que el transporte por carretera es uno de esos ámbitos en los que la Europa social no existe. 
Así, pues, a falta de un acuerdo entre patronos y trabajadores, es positivo para esta Europa social que la Comisión haya cumplido con su cometido y haya propuesto la directiva de la que hoy hablamos. 
Junto con los sindicatos de los trabajadores, el ponente y la Comisión de Asuntos Sociales han aprobado en líneas generales el texto de la Comisión al tiempo que lo mejoraban en ciertos aspectos sociales: 
la semana de 48 horas será la norma mínima para todos los conductores de la UE; -el trabajo puede durar hasta 60 horas a condición de que la media de 48 horas siga siendo el período de referencia, -la directiva va a comprender también a los conductores independientes y la jornada laboral será la misma para los asalariados y para los independientes.Otras disposiciones precisan y enmarcan el trabajo por carretera, como, por ejemplo, una definición más restrictiva del trabajo nocturno. 
De forma general, hay que esperar que el Consejo de Transportes llegue a un acuerdo para que la seguridad en la carreta y el bienestar social de los conductores estén garantizados y se luche por fin eficazmente contra el dumping social en una esfera en la que la Europa social ha tardado demasiado en llegar. 
Esta propuesta pretende ampliar la directiva sobre tiempo de trabajo de 1993 para que incluya varios grupos más de asalariados. 
Los principios de la directiva de 1993 y de la propuesta actual son los mismos. 
La directiva de 1993 ha ocasionado numerosos problemas al sindicalismo danés. 
En primer lugar, la directiva comunitaria realmente no incluye ninguna mejora en lo que a la situación jurídica de los asalariados daneses se refiere con respecto a la que ofrecen los convenios actualmente en vigor. 
Y en segundo lugar, las autoridades danesas han pedido que la directiva se ponga en práctica mediante su inscripción en los convenios. 
En nuestra opinión, esto resulta absurdo y este tipo de actuaciones contribuyen- situándolas en el contexto de las demás (y cada vez más numerosas) interferencias comunitarias en los convenios daneses- a socavar las libres negociaciones. 
Somos plenamente conscientes de que algunos puntos de la propuesta pueden ser considerados como un avance en aquellos países de la UE que carecen de una fuerza sindical que utilice los convenios para exigir mejoras. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las experiencias danesas- y porque la UE debe respetar las libres negociaciones- no podemos votar a favor de esta propuesta que amplía el poder regulador de la UE. 
Hemos votado en contra del informe del Sr. McMahon relativo al tiempo de trabajo en el sector del transporte porque no podemos aceptar la incorporación de los transportistas autónomos al ámbito de la regulación en este campo. 
En las condiciones de Finlandia, esta circunstancia motivaría una reorganización extremadamente complicada y pondría en grave peligro el buen funcionamiento del sistema de transporte finlandés, basado en la actividad del pequeño empresariado. 
Por esta misma razón, no podemos aceptar las restricciones que se contemplan en el informe por lo que se refiere al trabajo nocturno. 
Señora Presidenta, hemos votado a favor del informe pues hay que saludar la unificación de las dos directivas sobre la incineración de basuras peligrosas y no peligrosas. 
Sin embargo, nos ha parecido muy lamentable que el Parlamento no haya seguido la enmienda de los Verdes de perseguir un valor límite cero para la dioxina en el agua. 
Sabemos que la dioxina es el producto químico más peligroso que jamás ha producido el hombre. 
En base a nuevos conocimientos científicos, la OMS ha llamado la atención sobre este problema de los valores y de la carga máxima para las personas. 
No es entendible porqué el Parlamento no ha seguido ya una antigua propuesta de la Comisión. 
Considero que una carga tan elevada de dioxina en el agua es un Waterloo para la salud. 
Me parece absolutamente irresponsable que el Parlamento no siga estas propuestas pues esto significa que uno se ha plegado a la presión de la industria. 
Esto es para mí difícilmente comprensible precisamente ante una sustancia tan peligrosa como el veneno de Seveso. 
Habría sido acertado que el Parlamento, que aprobó la reducción de las emisiones de dioxina en el aire, hubiese aprobado también la reducción de los mismos en el agua. 
Es absolutamente incomprensible porqué se permiten en el agua unos valores cinco veces mayores que en el aire. 
Precisamente el agua es el medio de vida nº 1 y no se puede excluir que el agua de infiltración vaya a parar a las aguas subterráneas y que las emisiones en el aire se depositen en el agua. 
Por ello, nos parece lamentable que no se haya aprobado esta reducción a la mitad de las emisiones de sustancias peligrosas en el agua hasta llegar a la emisión cero. 
Habíamos propuesto un año muy lejano, el 2020. 
Por desgracia, no se ha logrado colocar en primer lugar la protección de la salud. 
Tengo interés en comunicar hoy mi asombro respecto de la estrategia defendida por el Sr. Blokland y por la Comisión Europea y encaminada a fusionar la propuesta de directiva de la Comisión relativa a la incineración de los residuos no peligrosos y la Directiva 94/67, relativa a la incineración de los llamados residuos peligrosos. 
Este proyecto de fusión es inquietante por varias razones. 
En primer lugar, de conformidad con sus artículos 13 y 18, se aplicará la Directiva 94/67 a las instalaciones de incineración de residuos peligrosos existentes a partir del 1º de julio del año 2000. 
Eso significa que se habrán programado inversiones encaminadas a adaptar totalmente las normas que figuran en ese texto en esa fecha, a más tardar. 
Hoy habría que considerar esas normas obsoletas en vísperas de su aplicación en todo el territorio comunitario. 
Seamos serios, los agentes económicos necesitan un mínimo de constancia y seguridad jurídica. 
Además, esa fusión, con el legítimo pretexto de simplificar y volver más legible la legislación comunitaria, acaba, en realidad, reduciendo el nivel de protección del medio ambiente, al incitar a mezclar en una misma instalación los residuos peligrosos y los no peligrosos. 
Eso permitiría seguramente utilizar a pleno rendimiento la capacidad de las incineradoras que actualmente están subalimentadas en ciertos Estados miembros. 
Pero no se puede hacer la corrección de errores de inversión a costa de una reducción de las normas de seguridad relativas a los residuos peligrosos. 
En efecto, es indispensable conservar una diferencia muy clara entre esos dos tipos de residuos, cuya diferencia de naturaleza y toxicidad justifican la formulación de características técnicas específicas. 
Conviene tenerlo en cuenta en todas las etapas de la gestión de esos residuos: en su recogida, recepción, mantenimiento en las instalaciones, tratamiento, eliminación de los residuos, etc. De hecho, si se respeta ese principio de tratamiento diferenciado de los residuos, el objetivo anunciado de simplificar la legislación pierde gran parte de su interés. 
En cambio, no podemos por menos de apoyar la idea de reducir las distorsiones económicas engendradas por las diferencias existentes entre las normas relativas a la liberación en la atmósfera y el agua, pero no se debe hacer en detrimento de los avances que se habían logrado gracias a la Directiva 94/67 relativa a los residuos peligrosos. 
Nuestro Parlamento ha aprobado la fusión, por lo que he votado contra la propuesta así modificada. 
Hemos votado contra todas las enmiendas encaminadas a fusionar la Directiva 94/67 relativa a los residuos peligrosos y la propuesta de directiva sobre los residuos no peligrosos. 
La operación que propone la Comisión de Medio Ambiente presenta varios riesgos. 
Respecto de las normas aplicables a la incineración de los residuos peligrosos, corremos el riesgo de que se suavicen al permitir implícitamente la incineración de esos residuos en instalaciones de residuos no peligrosos. 
Respecto de la aplicación de la directiva relativa a los residuos no peligrosos, la fusión de esos dos textos podría provocar un retraso en cuanto a la aprobación de nuevos límites para vertidos como los determinados en la Directiva 94/67. 
Respecto de los controles, podemos temer la supresión de los procedimientos de control previos específicos de la incineración o de la coincineración de los residuos peligrosos. 
No se pueden asimilar dichos controles, con su plena aplicación por parte de los productores de residuos especiales, a los realizados en el momento de la recepción de los residuos no peligrosos en las instalaciones de incineración de residuos no peligrosos. 
Respecto de los equilibrios de líneas de producción, esa fusión de directivas podría favorecer a una u otra línea de producción en detrimento de otras, mediante valores-límite más ajustados, cuando lo que necesitamos es la prosecución de cuatro líneas de incineración: la incineración especializada de residuos no peligrosos, la incineración especializada de residuos peligrosos, la coincineración (incineración en fábricas de cemento) y la incineración mediante instalaciones de combustión adaptadas. 
Debemos procurar no dar preferencia a una línea respecto de otra, dado que el balance medioambiental y energético responde a necesidades reconocidas. 
Por último- y no es esto lo menos importante -, existe el riesgo de que se produzca un encarecimiento exagerado de los costos de tratamiento, sin que haya una ventaja medioambiental importante, con la fijación de valores-límite para los contaminantes no específicos de la incineración de los residuos (dióxido de azufre u óxido de nitrógeno, por ejemplo) , que deben estar adaptados a los tipos de instalaciones, pero también a su capacidad. 
Para ser coherente y eficaz, toda estrategia en la esfera del medio ambiente debe contar necesariamente con un planteamiento legislativo combinado con instrumentos económicos y fiscales e ir acompañada de instrumentos financieros adecuados. 
LIFE es el único instrumento financiero comunitario enteramente destinado a apoyar una política medioambiental que abarque toda la Unión Europea e integre la cooperación medioambiental con los países vecinos. 
Por el tipo de proyectos que financia, LIFE se distingue de los demás instrumentos de investigación e innovación y de apoyo a las inversiones estructurales que también participan en la defensa del medio ambiente. 
La propuesta de reglamento que hemos de votar hoy presenta la tercera fase de LIFE, que consta de tres componentes temáticos: 
LIFE-Naturaleza, centrado en la cofinanciación de proyectos de salvaguarda de la naturaleza que pueden contribuir a la conservación y a la rehabilitación de los hábitat naturales y de las especies (línea presupuestaria B4-3200). 
LIFE-Medio ambiente, centrado en la cofinanciación de nuevas acciones medioambientales, proyectos de demostración y proyectos preparatorios destinados a integrar la dimensión medioambiental en los proyectos de ordenación del territorio y actividades de producción industrial con vistas a mejorar la gestión de los residuos y reducir las incidencias de los productos en el medio ambiente (línea presupuestaria B4-3201). 
LIFE-Terceros países, centrado en la cofinanciación de programas de asistencia técnica encaminados a la creación de las capacidades de las estructuras administrativas necesarias en el sector del medio ambiente y para el desarrollo de una política medioambiental y de programas de acción en los terceros países vecinos distintos de los países candidatos a la adhesión (línea presupuestaria B7-810). 
Los miembros del Grupo Europa de las Naciones han votado a favor de las enmiendas que propugnan la ejecución y aplicación del programa LIFE. 
En cambio, deseamos subrayar que las acciones emprendidas con el apoyo de LIFE deben tener en cuenta la política comunitaria en materia de medio ambiente. 
Así, pues, hemos votado contra la enmienda que condiciona la evolución de esa política a los resultados del programa LIFE. 
Si así fuera, los medios financieros previstos en el programa serían totalmente insuficientes, en particular con vistas a la ampliación de la Unión Europea a los PECO. 
La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Kosovo. 
Señor Presidente, ya que Kosovo ocupa nuestros pensamientos de día y de noche, no me importa que me pidan por sorpresa que haga algunas observaciones a modo de introducción, teniendo en cuenta que la Presidencia alemana y el Presidente de la Comisión también han debido dedicar esta mañana parte de su tiempo a esta misma cuestión. 
Estoy seguro de que reflejo los ánimos tanto del Consejo como de la Comisión cuando afirmo que somos muy conscientes de la gravedad de la situación, de la tragedia humana que se está gestando y de que nada ha de servir de obstáculo a la hora de examinar y reflexionar incesantemente sobre cómo alcanzar una solución políticamente satisfactoria a esta espantosa situación. 
Es obvio que no se trata de una tarea fácil. 
Hemos de estar satisfechos de que la Alianza Atlántica, junto con la Unión Europea y- en cierta medida- Rusia, haya logrado mantener una actitud común ante lo que se considera una barbarie que debería estar ya desterrada de nuestro continente. 
Por todo ello, es de la máxima importancia que se mantenga esta unión. 
Por su parte, la Unión ha apoyado a la Presidencia en todos sus esfuerzos e iniciativas, intentando dejar claro que, si bien no creemos que esta tragedia se deba solucionar por la vía militar, se está evitando por lo menos que el Presidente Milósevic imponga una solución por las armas y haga uso de su poder militar contra los albaneses de Kosovo. 
Esto no lo vamos a aceptar. 
En las últimas semanas, la Presidencia alemana ha venido trabajando intensamente junto con otros socios europeos, americanos y rusos para examinar la manera de acompañar la vía militar con iniciativas políticas. 
Este Parlamento sabe con toda seguridad que ayer se celebró en Oslo una importante reunión entre la Secretaria de Estado Albright y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Ivánov, en un intento de alcanzar un acuerdo en torno a un plan que está siendo también debatido hoy por nuestros Jefes de Estado y el secretario general de las Naciones Unidas. 
Todo ello apunta hacia un intento por lograr la unidad en una resolución del Consejo General que deje claro al Sr. Milósevic que lo que se espera de él, en primer lugar, es que adopte medidas para permitir el regreso sano y salvo de los refugiados- quizás deberíamos hablar de deportados- a Kosovo. 
Este objetivo se lograría si ordenara la retirada de sus tropas y grupos paramilitares y ofreciera las garantías necesarias para la seguridad de estas gentes, y todo ello basado en la aceptación de una presencia militar internacional in situ. 
Tanto la Sra. Bonino como yo mismo hemos intentado ofrecer un apoyo activo a los países vecinos de Kosovo, que son los que se ven más seriamente afectados por la afluencia masiva de cientos de miles de refugiados. 
Por consiguiente, nos produjo una gran satisfacción comprobar la ayuda concertada del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que se comprometió a destinar 250 millones de euros a estos países. 
De estos fondos, 150 millones de euros provendrán de ECHO, y se utilizarán- como es habitual- a través de organizaciones no gubernamentales, con lo que obviamente ACNUR desempeñará también una función de gran importancia. 
Con los 100 millones de euros restantes se permitiría a los gobiernos que se enfrentan de manera primordial con el problema de los refugiados adoptar determinadas medidas con el fin de evitar la desestabilización de sus propios países como consecuencia de esta afluencia inesperada de refugiados. 
Si bien pensamos principalmente en Albania, también nos referimos a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y estamos intentando también ayudar a todos aquellos que se enfrentan en Montenegro a la afluencia masiva de decenas de miles de personas desplazadas. 
Espero que seamos capaces de presentar en breve unas propuestas finales ante este Parlamento. 
Ya me he puesto en contacto con el presidente de la Comisión de Presupuestos con el fin de intentar solventar la asignación de 100 millones de euros, que deberá enmarcarse en el presupuesto sin mermar la capacidad de otros programas importantes actualmente en marcha que, en numerosas ocasiones, también benefician a estos mismos países que ahora pretendemos ayudar con estos 100 millones de euros adicionales. 
Ésta no será la última vez que abordemos esta cuestión, ya que se trata de un proceso actualmente en curso. 
No puedo concluir esta introducción sino manifestando mi esperanza de que Milósevic recupere el sentido común. 
No es el mundo exterior el que le está imponiendo una solución militar, sino que el mundo exterior está protestando de manera contundente y, así lo creemos, también convincente en contra de las atrocidades, de las limpiezas étnicas y de las deportaciones que está sufriendo el pueblo de Kosovo. 
No vamos tampoco a escatimar ningún esfuerzo a la hora de aliviar su sufrimiento. 
Habida cuenta de que la Sra. Bonino se encuentra aquí presente, doy por sentado que ella se referirá de manera más particular a los esfuerzos humanitarios. 
Éstas han sido, pues, mis observaciones preliminares. 
Aplausos 
Señor Presidente, Señorías, complementando lo que el Canciller Federal Schröder ha dicho hoy como Presidente del Consejo Europeo, quiero destacar que en la actual grave crisis de Kosovo la Unión Europea ha mostrado un elevado grado de unanimidad y capacidad de actuación. 
Unanimidad en lo tocante a la valoración política de lo que está ocurriendo allí- no siempre ha sido este el caso, como ustedes saben- y capacidad de actuación en lo tocante a la ayuda que hay que proporcionar a las personas afectadas, la estabilización que hay que lograr en los Estados de la región y el afianzamiento del principio de la primacía de la política sobre la guerra. 
Cuando las armas hablan, no debemos dejar sencillamente de lado la política sino que la política tiene que avanzar siempre. 
Debe asegurarse que las iniciativas políticas puedan contribuir a finalizar el empleo de las armas. 
La señora Comisaria Bonino y yo estuvimos hace exactamente 14 días en Tirana y en Skopie. 
La señora Bonino les va a informar aún al respecto. 
Yo sólo quiero decir que para ambos este viaje ha sido algo que ha quedado totalmente al margen de la rutina política normal. 
Yo en cualquier caso- y la Sra. Bonino sin duda también- quedé profundamente impresionado por lo que he visto allí y eso que ya he visto cosas similares- víctimas de las torturas en Sudáfrica, víctimas del hambre en Somalia o desplazados en África. Pero una violación tan brutal y sistemática de los derechos humanos como allí no la había visto aún. 
Y esto en el centro de Europa, ante nuestras puertas. Creo que por ello es absolutamente necesario que sigamos persiguiendo el objetivo de detener estas acciones inhumanas. 
Esto no se puede permitir en Europa a finales de este siglo. 
Aplausos 
Al mismo tiempo, es necesario desarrollar la imaginación política para solucionar el problema. 
La Presidencia alemana se está esforzando actualmente en ello con gran energía. 
Estoy muy satisfecho de poderles decir que se está materializando un amplio asentimiento internacional sobre un modo de proceder que es aproximadamente como sigue: se ofrecerá al Gobierno yugoslavo una tregua de 24 horas tan pronto como comience con la retirada de sus tropas y unidades paramilitares. 
Esta tregua se prolongará si esta retirada prosigue. Si se concluye la retirada y se cumplen las otras condiciones, se podrá comenzar con la aplicación de una regulación de paz- siempre sobre la base de lo que se negoció en Rambouillet. 
Esto responde sólo la pregunta inmediata de lo que podemos hacer una vez finalizados los disparos. 
Pero la pregunta de mayor alcance es la siguiente: ¿cómo se puede desarrollar una política que asegure la estabilidad y la paz de modo duradero para toda la región? 
Aquí hemos aportado al debate la idea de un pacto de estabilidad para toda la región. 
Hay que imaginárselo como un proceso a medio y largo plazo, en cuyo final no debe estar un nuevo orden en el sentido de modificación de fronteras o de desplazamiento de personas que deban abandonar su tierra, sino que al final debe estar un concepto político que permita a los pueblos de la región trabajar juntos y convivir en paz. 
En la situación actual es decisivo que como Unión Europea y comunidad internacional no dejemos que surja ninguna duda en la firmeza de nuestra decisión. 
Por ello, tenemos que insistir en las condiciones que hemos mencionado para una finalización de las acciones militares. 
Estas condiciones son tales que Milósevic las puede cumplir muy fácilmente. 
Depende exclusivamente de él que su país no siga siendo destruido y que no se ponga en peligro la base existencial de los habitantes de su país. 
Quiero decir además expresamente que la comunidad internacional no hace la guerra contra Serbia o el pueblo serbio. 
No se pretende ganar territorios, imperar sobre personas o ganar zonas de influencia. 
Tampoco se trata de materias primas, de petróleo o algo similar sino de derechos humanos fundamentales y no de otra cosa. 
Se trata de que la declaración de los derechos humanos en Europa no es una frase hueca sino... 
Exclamación 
No tiene sentido que diga algo pues no le entiendo. 
No entiendo su idioma. 
No tiene sentido. 
No le entiendo. 
Se trata de mostrar claramente que estamos también dispuestos a sacrificarnos por nuestros convencimientos comunes y a impedir con toda decisión las prácticas de aquellos que con medios criminales intentan destruir los progresos de civilización que hemos logrado en Europa. 
Aplausos 
Señor Presidente, ayer se conmemoró en Israel el Día del Holocausto. 
Este aniversario representa un severo recordatorio de nuestro compromiso con el principio de «¡nunca más! », el principio fundacional de la Unión Europea. 
No debemos volver a cerrar los ojos ante el genocidio, no debemos volver a tolerar la limpieza étnica, no debemos volver a apaciguar una dictadura brutal. 
Esta Cámara y la comunidad internacional han de enviar un mensaje en el sentido de que la campaña de odio étnico de Milósevic, que dura ya diez años, ha de finalizar allá donde empezó, ¡en Kosovo! 
Hemos de decirle que, en los albores del próximo milenio, no puede remitirse a acontecimientos que tuvieron lugar en 1389 para justificar hoy un asesinato en masa. 
No vamos a permitirle que nos arrastre a la barbarie de la Edad Media. 
Interrupción del orador 
Felicito a la Presidencia alemana por la firmeza, la resolución y el liderazgo que ha demostrado ante este conflicto. 
Todos sabemos las inmensas dificultades que dicho conflicto plantea a Alemania, por lo que reconozco y rindo homenaje al valor de que han hecho gala en particular el Canciller y el Ministro de Asuntos Exteriores alemanes. 
Desearía felicitar también a la Comisión por su rápida respuesta a la crisis humanitaria, a pesar de las dificultades con que se enfrenta en estos momentos. 
El Grupo Socialista ha venido manteniendo coherentemente que la acción militar constituía el último recurso, precisamente a causa de los peligros que estamos presenciando en estos momentos. 
Sin embargo, una vez que se han agotado todas las posibilidades de negociación, como es el caso, resulta inevitable una acción militar que debe contar con el respaldo de esta Cámara. 
Esta acción militar ha de proseguir hasta que los albaneses kosovares puedan regresar a sus hogares en paz. 
No debemos conceder a Milósevic ningún tipo de victoria, ni permitirle que vuelva a jugar con la comunidad internacional. 
Hemos de mostrar una mayor resolución para acoger a las personas desplazadas. 
No son refugiados, ya que se les ha expulsado de sus hogares. 
Igualmente, es preciso que aprendamos la lección que nos ofrecen estos acontecimientos. 
Está muy claro que debemos dotarnos de una identidad de defensa europea y, por lo tanto, es necesario que hagamos un rápido seguimiento de la iniciativa de St. 
Malo. 
Resulta también evidente que Europa no dispone de los recursos para garantizar una identidad europea en materia de defensa: no podemos organizar una campaña sin el apoyo de los EE.UU. y la OTAN. 
Así pues, si verdaderamente creemos en la pacificación y el mantenimiento de la paz, los Estados miembros han de estar preparados para dotarse de un presupuesto de defensa acorde con nuestras ambiciones. 
¡No basta con hablar! 
¡Debemos poner dinero allí donde ponemos las palabras! 
Y queda aún una última lección que debemos aprender. Se ha prestado mucha atención a la importancia de Rusia y América. 
Toda esta tragedia ha puesto también de manifiesto la importancia de otro país de Europa, de Turquía. 
Turquía es claramente un elemento crucial para la paz y la estabilidad de este continente. 
La Unión Europea ha de asumir seriamente sus responsabilidades con Turquía y garantizar que este país se siente parte de la familia europea. 
Señor Presidente, solamente quería decir que respeto la opinión del Sr. Lambrias pero que él no ha expuesto la opinión del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Esta ha sido expuesta esta mañana por mí en presencia del Presidente del Consejo. 
Aplausos 
Quiero que se tome nota de esto y que figure en el Acta. 
Señora Pack, me imaginaba el espíritu y el contenido de su intervención, sin embargo, se trata de un problema que debía resolverse antes, en el Grupo. 
El Sr. Lambrias se ha presentado para una intervención en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
No se trata de un problema de la Presidencia, sino, en este caso específico, de un problema del Grupo político. 
Señor Presidente, muchos de nosotros hemos conocido durante este año al Sr. Ibrahim Rugova. 
En sus frecuentes visitas a diversas capitales europeas y a Bruselas, el Sr. Rugova nos ha dicho en varias ocasiones, y con una angustia cada vez mayor, que se estaba gestando una tragedia en Kosovo y que la violencia de Milósevic empujaría a la población kosovar, y en especial a la juventud, a la lucha armada. 
Desgraciadamente no hemos hecho caso de estas serias advertencias. 
O, a lo peor, hemos querido hacerlo, pero no lo hemos conseguido. 
Llegar a un acuerdo intergubernamental exige mucho tiempo- las NU son un ejemplo de ello, pero también lo son los mecanismos europeos -, lo cual significa que nuestras decisiones están dictadas por los procedimientos, y no por las verdaderas necesidades de la historia y por los hechos. 
La intervención de la OTAN debería haberse producido hace ya mucho tiempo, y felicito a nuestros colegas del Grupo del PPE por rechazar con toda claridad este planteamiento, si bien no puedo creerme que esta actitud refleje las opiniones de todos nuestros colegas. 
La intervención de la OTAN no ha ocasionado ninguna limpieza étnica, simplemente ha puesto de manifiesto sus dimensiones. 
La intervención no ha servido de provocación al Sr. Milósevic, simplemente ha mostrado que éste es un criminal de guerra. 
Respetamos las opiniones de quienes, honestamente, no deseaban que se hiciera uso de las armas. Respetamos las opiniones de dirigentes religiosos, como el Papa. 
Pero si no hacemos uso de la fuerza contra Milósevic, continuará propagándose la violencia. 
Necesitamos estar unidos en cuerpo y mente. Ésta es la razón por la que el Grupo ELDR habría preferido que el Parlamento Europeo hubiera examinado el posible despliegue de fuerzas de tierra, en caso de que fuera necesario. 
Por lo demás, estamos completamente de acuerdo con la declaración conjunta y con lo que el Canciller Schröder ha dicho aquí esta mañana. 
Presidente, Presidente del Consejo, estimados colegas, en época de guerra la realidad dominante es una realidad de frentes que están organizados como bloques cerrados y así se mantienen. 
Cualquier ruido disonante suena a traición, pero hay que quitarle importancia. 
El espacio para el debate queda bloqueado pero, estimados colegas, en época de guerra es muy peligroso que se excluya el debate. 
Hagamos el favor de no engañarnos agrupando todos los argumentos humanos y de peso en un sólo análisis y en un sólo enfoque. 
¿Quién puede asegurar en esta Asamblea que los ataques de la OTAN sin el mandato de la ONU no crean ningún problema en el campo del derecho internacional y de las relaciones internacionales? 
¿Quién puede afirmar que el bloqueo de la ONU no crea un vacío, ya que la ONU no ha dado luz verde para una acción, pero tampoco ha expresado ninguna condena sobre los ataques? 
Por supuesto puede que con ese vacío no hubiera sucedido nada durante mucho tiempo o que entrase en acción otro actor, como en este caso la OTAN, con intenciones tanto humanitarias como de estrategia militar. 
Me gustaría recomendar a todo el mundo que leyese el artículo del Sr. Brezinski publicado hoy en el Süddeutsche Algemeine Zeitung en donde se detalla muy bien lo que acabo de comentar. 
¿Quién puede decir con toda seguridad que el trato criminal infligido a la población kosovar que, por supuesto, ya había comenzado mucho antes de los ataques de la OTAN, iba a finalizar como si de un milagro se tratase? 
Pero, ¿quién puede negar que esos ataques no han provocado el aumento dramático de la represión y la deportación de los kosovares? 
¿Quién puede olvidar que la expulsión en masa y el destierro se ha infravalorado totalmente y que la acogida se ha organizado mal? 
¿Quién no se da cuenta de que los bombardeos repetidos y destructores afectarán no sólo al régimen sino, sobre todo, a la población y a sus condiciones de vida a largo plazo? 
Pero lo más importante es lo que está en juego en este momento, es decir, que la política tome de nuevo la palabra. 
Tenemos que alejarnos de las finalidades militares y dirigir nuestra mirada hacia objetivos políticos. 
Por eso se alegran los Verdes de que, dentro de la Presidencia alemana, Joschka Fischer se haya dedicado, tan tenazmente, a la realización de un plan de paz. 
Creemos firmemente que sin la ayuda de la ONU y sin la participación de Rusia no se puede llegar a ninguna solución duradera. 
Pensamos que el Consejo tiene que crear las condiciones necesarias para que, a través de una suspensión limitada de los bombardeos, se prepare el camino para una aceptación del alto al fuego que, por supuesto, tendría que estar unido a condiciones, de las que también ha hablado Kofi Annan. 
Agradezco infinitamente a los ciudadanos europeos que hayan mostrado su generosidad al acoger a los refugiados kosovares. 
Su decisión ética es una clara señal para sus Jefes de Gobierno que deberían ponerse al mismo nivel que sus ciudadanos en lugar de ir vacilando de forma vergonzosa. 
Señor Presidente, creo que podemos observar que, por fin, desde hace unos días, el espíritu de Munich sopla un poco menos sobre nuestra Asamblea. 
No era así hace un mes. 
Por fin, a consecuencia de la evolución de los acontecimientos, se afronta la situación y no se finge, como dice la Sra. Alvoet, no ver que el problema de las Naciones Unidas no lo ha creado Kosovo y que ya existía antes de la cuestión de Kosovo. 
Conocemos el poder de veto que existe en el Consejo de Seguridad y sabemos que ciertos Estados recurren a él sin cesar para bloquear toda iniciativa de la comunidad internacional. 
No había opción substitutiva, señora Alvoet, de la intervención de la OTAN. 
Es una lástima- lo reconozco -, pero es la realidad. 
Quisiera decir al Sr. Pasty que lo veo optimista. 
Al considerar que la actitud del Sr. Milósevic es suicida, se le hace aún demasiado honor. 
Es negarse a comprender que su política es una política científica, la que aplica aún hoy y en la que tiene plena iniciativa. 
Abrigo muchas dudas y soy muy escéptico sobre el proyecto alemán. 
El proyecto alemán será utilizado por el Sr. Milósevic para retirar poco a poco sus tropas hasta el lugar que quiera para acabar al final en una situación que nosotros denunciamos ya en el mes de agosto: un reparto de Kosovo, un reparto del que saldrá vencedor, un reparto que le permitirá anexionarse el 40 % o el 50 % del territorio de Kosovo, en el que están situados, por azar, algunos monasterios, pero sobre todo lugares mucho más ricos, como minas. 
Se anexionará esa parte y desde ese momento se negará a retroceder y la comunidad internacional, agotada por los esfuerzos de muchas semanas de intervención, firmará, como lo hizo en Dayton, la victoria del Sr. Milósevic. 
Le atribuirá, como hizo en Dayton, junto con la mitad del territorio de Bosnia, el 50 % del territorio de Kosovo, absolutamente depurados, claro está, de toda presencia kosovar. 
Ése es el riesgo ante el que nos encontramos. 
Creo que debemos tenerlo bien presente. 
Conocemos los recursos intelectuales, criminales, del Sr. Milósevic. 
Sabemos que es capaz de todo. 
Ha vuelto a demostrarlo. 
No necesitaba demostrármelo a mí, pero creo que la demostración era necesaria para numerosos colegas a fin de que abran los ojos por fin. 
Creo que debemos seguir manteniéndolos bien abiertos y, entretanto, trabajar para que se pueda inculparlo ante el Tribunal de La Haya, porque hace mucho que no es ya un interlocutor político. 
Ya es hora en verdad de que la comunidad internacional se dé cuenta de ello. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, la OTAN ha desencadenado, con su propia autoridad, soslayando a las Naciones Unidas, una acción de guerra destinada a poner fin a una política inaceptable de depuración étnica. 
Lo que hoy observamos es que esa acción ha contribuido indiscutiblemente a acelerar y amplificar la depuración étnica, que los ataques iniciales, destinados a durar, según los Sres. Vedrin y Cook, tan sólo unos días, se han transformado rápidamente en guerra total contra una nación europea cuyas infraestructuras económicas se pretende destruir sistemáticamente y a cuya población civil se bombardea forzosamente sin que se sepa hoy hasta dónde debería proseguir esa escalada, si las autoridades yugoslavas no ceden ante la fuerza. 
El objetivo inicialmente anunciado era el de obtener por la fuerza lo que, según se había considerado, no se podría obtener por la negociación: la aplicación del plan de Rambouillet, la autonomía substancial de Kosovo, con respeto de la soberanía yugoslava y con el control de una importante fuerza de la OTAN. 
El antagonismo serbio-albanés ha alcanzado hoy un umbral próximo a lo irremediable, por lo que la futura coexistencia de las poblaciones en el marco trazado en Rambouillet ya no parece realista. 
Ante esas derivas, ante ese atolladero, todo el mundo advierte hoy que la escalada militar no tiene salida y que no se debe escuchar a los belicistas irresponsables que desean una operación terrestre o una operación de armamento de las milicias del UCK o ambas cosas. 
Todo el mundo advierte hoy que la preterición de las Naciones Unidas y el apartamiento de Rusia han sido errores y que hay que intentar con urgencia reintroducirlas en el juego. 
Todo el mundo se da cuenta de la necesidad de aprovechar toda posibilidad, toda oportunidad de reanudar el diálogo con vistas a encontrar una solución política. 
Hoy hay que dar preferencia a todo lo que permita pasar lo más rápidamente posible de una lógica de guerra a una lógica de paz, todo lo que favorezca el regreso lo más rápidamente posible de los refugiados a sus tierras en condiciones de seguridad. 
Habrá que reconstruir lo que se ha destruido. 
El plan de paz elaborado por la Presidencia, que acaba de presentarnos, señor Presidente, rompe por fin y por fortuna con la sobrepuja militar. 
Muestra una vía que en ningún caso puede ser la de la escalada militar, a la que debemos saber resistirnos con todas nuestras fuerzas. 
Señor Presidente, antes de acumular resentimientos que podrían dividir de nuevo profundamente a Europa, hay que emplear la misma energía para buscar la paz que medios se han empleado para desencadenar la guerra. 
Señor Presidente, Señorías, en 1991 defendí yo aquí mismo- frente a Delors y Mitterrand, partidarios de la Yugoslavia comunista de Milósevic- el derecho a la independencia de los croatas y los eslovenos. 
En aquella época, el ejército rojo de Milósevic, ante la indiferencia de esta Asamblea, bombardeaba Dubrovnic y destrozaba Vucovar. 
Durante cinco años, con el movimiento Cristiandad-Solidaridad, contribuí al mantenimiento de 300 niños croatas de Bosnia. 
Por eso, me siento tanto más autorizado hoy para expresar mi solidaridad total, mi solidaridad igual, con los niños del pueblo serbio sometidos a la barbarie tecnológica más consumada que se haya visto. 
Kosovo no es Croacia. 
Es para los serbios no sólo una provincia, sino también la cuna de su nación. 
Y no es el régimen de Milósevic lo que la OTAN bombardea, sino toda la tierra, todo un pueblo, todo el futuro de una vieja nación europea y cristiana. 
Un día los historiadores habrán de explicar por qué hasta hoy la OTAN sólo se ha comprometido en esta guerra. 
La OTAN, concebida en 1949 para proteger a Europa del imperialismo soviético, no intervino en pro de los berlineses en 1953, los húngaros en 1956, los checos en 1968. 
La OTAN es, de hecho, un instrumento exclusivo de los Estados Unidos. 
Éstos no se movilizaron ni contra los genocidas del Tíbet ni contra los de Camboya ni contra las matanzas en el Líbano. 
Hoy con una impunidad total prosiguen los genocidios de los cristianos de Timor y del Sudán. 
Y la OTAN no se preocupa por la situación de los kurdos en Turquía, de los kabilas en Argelia, donde se perpetúa la costumbre del FLN de degollar sistemáticamente a mujeres y niños. 
¿Por qué, pues, esta guerra contra Serbia? 
¿Por los kosovares? 
¡Vamos, hombre! 
Éstos son también víctimas de la locura de Clinton, que apoya al UCK, que es- no hay que olvidarlo- una organización comunista y terrorista, como el PKK kurdo. 
La intervención de la OTAN no es un remedio peor que el mal. 
Es un mal mucho peor que el mal. 
La OTAN, al bombardear a Serbia, despreciando su soberanía y las propias normas de las Naciones Unidas, instaura la ley de la jungla. 
Utilizando los artificios más groseros de la desinformación y del lavado de cerebro de nuestros pueblos, viola también las leyes de la guerra. 
Se hace la guerra a los serbios, pero se les niega el derecho moral a defenderse, a hacer prisioneros. 
Sería necesario incluso que pusieran democráticamente- cito- «su televisión y su radio a disposición de sus agresores». 
Nunca se había visto en la Historia pretensión semejante, desprecio semejante del adversario. 
Es algo que no honra a nuestra época. 
Todo el mal está en el lado serbio. 
Los serbios tienen la audacia de no reconocer que los bombardeos son buenos para ellos, ya que los ataques son únicamente quirúrgicos. 
Se pretende cuidarlos, ¡y esos desgraciados protestan! 
Los serbios son negros, muy negros. 
La OTAN tiene la blancura esmaltada de los dientes y de la buena conciencia del humanista Clinton. 
Pero tregua de ironía: Clinton, asesino frío de centenares de millares de niños del Iraq, es una vez más un criminal. 
Sus crímenes son crímenes contra la Humanidad. 
Esperemos que su guerra, que Sus Señorías aprueban servilmente, no conduzca, mediante un trágico encadenamiento, a la tercera guerra mundial y al fin de nuestra Humanidad. 
Aplausos 
Señora Müller, dígame a qué artículo del Reglamento se refiere para pedirme el uso de la palabra. 
Me remito al artículo del Reglamento que le obliga a pedir cuentas a un diputado de esta Asamblea que califica de asesino al Presidente de los Estados Unidos. 
Señorías, no van a conseguir su objetivo gritando mientras interviene un colega. 
Cuando hace unos instantes estaban hablando algunos colegas, el Sr. Le Pen hizo algunos comentarios respecto a la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo y del Comisario, Sr. Van den Broek. 
Le llamé la atención, sin embargo, creo que fue un error, al igual que es un error que durante la intervención del Sr. Antony otros levanten la voz. 
No sirve absolutamente para nada. 
Conocemos cuáles son las ideas que se expresan en este Pleno. 
Respetémoslas aunque no las compartamos en absoluto. 
Señor Presidente, sean mis primeras palabras para rendir homenaje a un serbio demócrata, al periodista Slavko Curuvija, que ha pagado con su vida la defensa de la democracia el domingo pasado, día en que fue asesinado tras haber dicho públicamente que Milósevic no podía garantizar la paz sino que sólo podía generar crisis. 
Y yo creo que es obligado hoy también rendir homenaje a aquellos serbios que están luchando por la paz y por la libertad en su propio país con el riesgo de su propia vida. 
Dicho esto, señor Presidente, sólo voy a decir dos cosas en este momento. 
Una es que esta mañana el Canciller Schröder, con toda la razón, ha dicho que la Unión Europea tiene que ser una comunidad de valores y no sólo una comunidad económica y un mercado. 
Y los valores que estamos defendiendo en este momento son los valores del respeto de los derechos humanos, del respeto de la vida- el más elemental- que está siendo violado sistemáticamente en este momento en Kosovo, pero que, desde hace años ya, en el trágico proceso de disolución de la antigua Yugoslavia, estamos viviendo repetidamente en Eslavonia, en Bosnia, ahora en Kosovo y mañana quien sabe si en Montenegro. 
Y verdaderamente eso es algo que los europeos no podemos tolerar. 
Y por eso hay que apoyar decididamente- y creo que más en este momento- a nuestra Comisión, que está haciendo un buen trabajo. 
También debemos subrayar que no solamente estamos planteando una acción militar sino que estamos proponiendo seriamente- y hoy lo ha repetido el Canciller Schröder-que haya un plan global de solución para los Balcanes, para que se puedan incorporar también al proceso que ha permitido a los europeos occidentales superar tantos siglos de barbarie y de enfrentamientos. 
Por ello, señor Presidente, creo que es preciso apoyar este plan, e igualmente también apoyarlo con decisión para que los expulsados puedan retornar a sus casas. 
Y eso no se hace sólo con resoluciones, se hace con fuerzas de interposición. 
Y señalo que, en el momento en que va a entrar en vigor el Tratado de Amsterdam, esas misiones están previstas como misiones de la Unión en las llamadas «misiones Petersberg». 
Aplíquense. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Soulier. 
Pero quisiera abordar una distinta cuestión de orden y preguntarle qué ha ocurrido con la Presidencia alemana. 
Habría cabido pensar que, con el continente en guerra, la Presidencia debería haber mostrado la mínima deferencia de permanecer con nosotros hasta el final de este debate. 
Señor Spencer, no sé contestar a su pregunta. 
Según la información de que dispongo, la Presidencia en ejercicio del Consejo tenía que asistir al debate hasta el final del mismo. 
Presidente, estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho hoy el Consejo acerca de la crisis en Kosovo y también con lo que ha dicho el Comisario. 
Pero seamos sinceros. 
El mundo occidental tiene que pasar ahora factura a su postura poco convincente de principios de los años noventa, con respecto al castigo militar impuesto por las atrocidades en los Balcanes. 
El reconocimiento de los estados independientes con excepción de Bosnia fue, al mismo tiempo, una aceptación del enfrentamiento étnico que detestamos. 
Ahora se presenta el mismo problema con Kosovo. 
Poco se ha aprendido con la disolución de la antigua Yugoslavia. 
Poco se ha hecho por la oposición serbia, poco por el Sr. Rugova. 
Aunque Rugova recibió el premio Sacharov, una parte de este Parlamento estaba ocupada en alentar a la UCK en sus aspiraciones. 
Presidente, soy un partidario convencido de la OTAN. 
Pero sus explicaciones tecnológicas resultan cínicas y encubren que estamos atrapados en un proceso del que no podemos preveer sus consecuencias en toda su amplitud. 
De ahí mis preguntas, señor Presidente. 
¿Cómo podemos evitar que Milósevic arrastre en su ataque a Montenegro, Macedonia y Albania? 
¿Cómo puede hacerlo la OTAN sin tropas terrestres? 
El espíritu de un Kosovo independiente está cada vez más presente. 
Se han recuperado los acuerdos unilaterales de Rambouillet. 
¿Cómo va a evitar el Consejo que se forme una Albania fuerte? 
Entretanto tenemos la obligación de ocuparnos de los refugiados, de restaurar el daño de forma indulgente, también en Serbia después de abolir el régimen de Milósevic. 
Para concluir quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con el colega Soulier. 
Espero que la diplomacia rusa nos ayude con estos problemas y traiga aquí a Rugova para acordar con él personalmente su estrategia y de encajarla en el pacto de estabilidad que el Consejo ha previsto. 
Señor Presidente, apenado, y no menos indignado, me veo en la obligación de constatar que el Parlamento Europeo se hace desde hoy corresponsable de todas esas personas, de los hipócritas líderes norteamericanos y europeos, que intentan a sangre y fuego preservar su perdida credibilidad. 
La resolución común que tenemos ante nosotros constituye una vergüenza para el Parlamento Europeo, por el simple hecho de haberse presentado. 
Si el Parlamento Europeo quisiera desempeñar su papel, sólo un grito de desesperación debería emitir en nombre de los pueblos de Europa: ¡Detengan inmediatamente la guerra! 
¡Respeten la paz! 
¡Dejen a los dirigente yugoslavos y a los dirigentes legítimos de la población albanoparlante de Kosovo resolver sus problemas! 
¡Han demostrado que pueden hacerlo! 
¡Dejen de entrometerse! 
De lo contrario, pidan, tal y como ha propuesto el Sr. Titley, al ejercito turco que interrumpa la «piadosa» obra de masacre y destrucción que lleva a cabo en el Kurdistán, para acudir a Kosovo a preservar los derechos humanos que ustedes defienden. 
Señor Presidente, Señorías, cuando alguien dice que no quiere la guerra, creo que todo el mundo aplaude. 
Cuando alguien dice que detesta la guerra, creo que todo el mundo aplaude. 
Pero cuando alguien no dice que detesta la purificación étnica, que rechaza la purificación étnica, entonces es que hay un problema. 
Y, cuando se dice que los serbios y los kosovares deben solucionar sus problemas, conviene replicar que los problemas de los kosovares hace diez años que Milósevic los soluciona, hace diez años que dijo lo que quería hacer. 
En su discurso de 1989 en el Champ des Merles lo dijo todo. 
En mi juventud me enseñaron que hay que aprender a leer los libros. 
Se leyó lo que había escrito Hitler e hizo lo que había escrito. 
Se leyó y se oyó lo que dijo Milósevic en el Champ des Merles y ha hecho lo que dijo, ha hecho lo que escribió. 
Quería purificar Kosovo para que los serbios lo recuperaran: ésa es la situación. 
En esa situación, ha habido intentos de negociación, ha habido errores. 
Hay una resistencia pacífica de Rugova, al que concedimos un premio aquí. 
No ha funcionado. 
Es el horror, los bombardeos no han acentuado una purificación, la purificación étnica ya existía antes de los bombardeos. 
Ahora estoy orgulloso del Gobierno alemán. 
Estoy orgulloso del Ministro de Asuntos Exteriores alemán, que en este momento intenta encontrar una salida diplomática, una salida política a un conflicto. 
Pero la salida política, la salida diplomática, la interrupción de la guerra nunca deben significar la continuación de la purificación étnica. 
No hemos creado Europa sobre las cenizas de después de la segunda guerra mundial para vivir hoy el drama de la guerra... y es un drama horrible, nunca habría yo creído que mi hijo vería una guerra en Europa aún hoy. 
No tenemos derecho, por cobardía, a dejar de hacer algo y permitir la purificación étnica. 
Selección, deportación, eran las armas de Hitler. 
Queremos que los serbios entren y permanezcan en Europa, que Serbia entre y permanezca en Europa, pero no con la purificación étnica. 
Señor Spencer, Señorías, les comunico que el Presidente en ejercicio del Consejo está asistiendo a un diálogo tripartito informal con nuestra Vicepresidenta, Sra. Fontaine, sobre el tema de los Fondos estructurales y regresará al Pleno a las 17.30 horas para responder a las preguntas. 
Presidente, de momento los bombardeos de la OTAN no han acabado, lamentablemente, con la limpieza étnica, al contrario. 
A los kosovares se les destierra de su país bajo dramáticas circunstancias, o permanecen como refugiados dentro de su propio país. 
Son las víctimas de un nacionalismo étnico totalitario que nosotros condenamos. 
Pero lo que no puedo condenar es la intervención de la OTAN, ya que compruebo que Europa, tal como ha dicho Cohn Bendit hace un momento, ha estado vigilando impotente durante diez años la descomposición de la ex-Yugoslavia, y cuando Milósevic suprimió hace diez años el estatuto de autonomía del Kosovo, aquéllos que conocían el terreno predijeron lo que sucedería en los años venideros. 
Pero entonces no hicimos nada para evitarlo. 
Sin embargo debemos retroceder hacia un marco político, señor Presidente. 
Conseguir un marco jurídico internacional aceptable en donde estén implicados tanto la ONU y la OSCE como Rusia. 
Deseamos que se produzca pronto una vuelta de los kosovares a Kosovo, pero si no se llega a una solución política se tendrá que producir bajo protección militar, tal como está redactado en nuestra resolución comunitaria. 
Queremos señalar que lamentaríamos que esa protección militar estuviera basada en reglas puramente de la OTAN. 
Nos adherimos a aquéllos que están a favor de una perspectiva europea para los pueblos del Este y el Sur de Europa, con el fin de que el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional público puedan ir unidos a la paz y el desarrollo. 
Señor Presidente, esperamos que la próxima Comisión y el próximo Parlamento, al trabajar en más estrecho contacto, recuerden al Consejo, hoy justificado por su ausencia, que sólo es una de las tres Instituciones comunitarias y no la más importante. 
En este Pleno, creo, no somos diputados de derecha o de izquierda ni diputados belicosos o diputados pacifistas; tan sólo somos- y espero que lo seamos- hombres y mujeres que tratan de recordar que no existen derechos internacionales si antes no existe el respeto de los derechos humanos. 
Y por tanto, no podemos sino dividirnos en dos categorías: aquellos que actúan de buena fe y los que lo hacen de mala fe, los que luchan por unos principios teniendo en cuenta que por unos principios a veces también hay que saber hacer frente a las situaciones con la fuerza, porque la fuerza o la guerra no son algo bueno o algo malo de por sí, sino actitudes necesarias, soluciones necesarias cuando se trata de luchar por la vida y la dignidad de las personas. 
En cualquier caso, debemos señalar que Rambouillet ha puesto de manifiesto una vez más la falta de una unión política europea. 
Si la unión política se hubiera logrado hace algunos años quizás no habríamos llegado a la tragedia que hoy estamos viviendo. 
En efecto, si Europa no hubiera estado presente en Rambouillet sólo con cuatro naciones poderosas, sino como unión política y si, antes de Rambouillet, al menos en el año 1992, Europa, como unión política, hubiera dirigido un fuerte mensaje- un fuerte y claro mensaje- a Milósevic, tal vez hoy no habríamos sufrido todas esas guerras y esos exterminios y esas tragedias que estamos viviendo. 
Pero las cosas han ido así también por decisión de algunos Gobiernos y de algunas fuerzas políticas. La Unión Europea no existe y no podemos sino confiar en que la OTAN represente lo que nosotros no somos capaces de representar. 
Confiemos entonces en que, en el futuro, esta Europa sepa dotarse de un contenido político, sepa trabajar por un pacto de estabilidad de los Balcanes, sepa ofrecer a los deportados la certeza necesaria para volver a sus tierras, o sea, la esperanza en el futuro, y sepa ofrecer a quien está trabajando- por ejemplo, las regiones limítrofes, como Apulia- una solidaridad efectiva y no sólo palabras. 
Quiero dar las gracias a la señora Comisaria Bonino y a la organización Arco Iris recordando una máxima de la antigua Roma: «Parcere victis, debellare superbos». 
Y Milósevic debe ser vencido, si no los belicosos, los arrogantes seguirán violando los derechos de las personas de buena fe y de los ciudadanos indefensos. 
Por último, señor Presidente, una invitación: si este Parlamento Europeo quisiera convocar una sesión extraordinaria para reunirnos todos juntos en las fronteras de Albania y Kosovo, podría ser una buena señal de un final de legislatura que no ha conseguido la unión política, sino que ha creado al menos, entre nosotros, los diputados, una voluntad común de estar cerca de los pueblos. 
Gracias por su propuesta, sin embargo, quisiera añadir que tendríamos que acudir sin armas, de lo contrario correríamos el riesgo de participar también nosotros en el conflicto. 
Señor Presidente, la tragedia a la que estamos asistiendo en Kosovo en estas semanas, es la mayor tragedia que ha ensangrentado Europa desde el final de la II Guerra Mundial. 
A la vista de la trágica situación que está devastando los Balcanes, ahora más que nunca, es necesario que la política vuelva, o intente volver, a desempeñar el papel que le corresponde. 
En la reunión del Consejo Europeo que se celebrará dentro de unas horas puede decretarse la vuelta a la escena política tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas. 
El hecho de que los jefes de Gobierno de los Estados miembros de la Unión se reúnan con el Secretario General de la ONU, Sr. Kofi Annan, preludia una iniciativa europea- tal como ha anunciado aquí el Consejo- que permitiría, si habrán señales positivas por parte yugoslava, retomar la vía de las negociaciones. 
Con todo, no cabe duda de que la condición sine qua non para que se suspendan los bombardeos aliados sobre Serbia es el cese inmediato, por parte yugoslava, de toda actividad militar en Kosovo, la retirada de la fuerzas serbias de esa región, el cese de toda actividad represiva y de expulsión contra la población kosovar. 
Y, respecto a estos temas y estos principios, es bueno que se mantenga la más fuerte y firme unidad de todos los Estados europeos. 
En las próximas horas, conoceremos los detalles de las propuestas presentadas por Europa y las Naciones Unidas. 
Evidentemente, todo dependerá de la respuesta yugoslava. 
Es importante reiterar que, incluso en la indispensable firmeza y unión de los Estados europeos y de la Alianza Atlántica, la vía de la solución política debe seguir abierta. 
Las iniciativas militares de la OTAN no son de por sí la solución al problema: fueron y son la vía obligatoria para tratar de parar una acción que está adquiriendo todas las características de un genocidio contra las poblaciones de etnia albanesa de Kosovo. 
A raíz de los acontecimientos de estos días, queda patente que hace falta una fuerte aceleración en la puesta a punto de una política exterior y de seguridad europea eficaz y que la Unión debe dotarse de todos los instrumentos políticos concretos para poder afirmar la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos tanto en sus fronteras como en las demás partes del mundo. 
Para encontrar una salida al complicado problema balcánico es asimismo indispensable que la Unión elabore una estrategia, un plan, para construir un proceso de estabilización política y económica a largo plazo de esa región, también en el marco de unas relaciones más estrechas con la propia Unión. 
Hoy tal vez todos sufrimos las consecuencias de no haber planteado a tiempo una perspectiva de integración europea también para la región de los Balcanes. 
Al mismo tiempo, vuelve a aparecer con gran fuerza la necesidad de incorporar de manera más fuerte el conjunto de Europa, incluida Rusia, en una perspectiva de cooperación amplia para construir un futuro de paz, progreso y estabilidad de todo el continente. 
Junto con las iniciativas políticas y diplomáticas es preciso coordinar y reforzar la labor de asistencia humanitaria en favor de los desplazados y de todos los afectados por la represión yugoslava. 
Existe una gran sensibilidad en toda Europa ante esta necesidad. 
La misma «misión Arco Iris» , emprendida por el Gobierno italiano está cosechando el consenso y el respaldo efectivo de la mayor parte de la sociedad civil y de la población de nuestro país que están dando muestra de una movilización extraordinaria. 
Creemos que- además de lo que se ha hecho hasta ahora y que es muy importante- el Consejo, la Comisión, los Gobiernos de los Estados miembros y el conjunto de la comunidad internacional deben intensificar y concretar los esfuerzos de asistencia a las poblaciones de la región. 
Actualmente, éste es el verdadero y dramático banco de pruebas para la construcción del presente y del futuro de Europa. 
Señor Presidente, lo que aquí no se discute no es nuestra determinación en la lucha contra Milósevic que, sin duda, debe seguir intacta, ya que sabemos que cualquier muestra de debilidad podría ser aprovechada por el dictador serbio, sino que el problema ante el que nos encontramos es cómo hacer frente a una situación de intervención militar que parece sin salida, dado que las bombas no pueden durar eternamente ni pueden zanjar una situación que debe necesariamente desembocar en la paz. 
Las razones de la intervención para acabar con la locura de un dictador que ha concebido un plan incivilizado y antinatural son justas, pero si las bombas no son una solución, me parece que la lógica política tiende- a menos que el Sr. Dupuis no proponga una intervención sobre el terreno que hasta ahora se ha excluido- a una negociación, porque debemos evitar la opción entre una guerra que se gana o se pierde. 
Como decía el Presidente Sr. Verheugen, nuestra intención no fue hacer una guerra contra Serbia, tan sólo tratamos de que las poblaciones regresen a las tierras de las cuales fueron echadas. 
Debemos, por tanto, emplearnos a fondo para que la operación del Sr. Kofi Annan y de la ONU pueda llevarse a cabo, para que Rusia se implique y Rugova pueda convertirse en interlocutor. 
Señor Presidente, voy a abordar ahora un último punto. 
Nosotros defendemos a un pueblo que corre el riesgo de convertirse en errante. 
Hay unas necesidades urgentes y debemos agradecer a la señora Comisaria Bonino y al señor Comisario Van den Broek la labor realizada, pero se trata de gotas de agua y la situación está al rojo vivo. 
En Italia- lo ha recordado el Sr. Vecchi- la sociedad civil ha recaudado 30 millardos, pueden emplearse 150 millones de euros: quisiéramos saber cuál es la cuantía exacta de las necesidades existentes. 
Por otra parte, lo que nos importa es que el Consejo, el Presidente en ejercicio del Consejo, hayan admitido la solicitud de un pacto de estabilidad formulada por el Pleno. 
Éste el planteamiento a seguir, porque lo que queremos es que gane la paz y no ganar una guerra. 
Señor Presidente, como parlamentarios estamos obligados a fomentar y defender la legalidad internacional como la mejor defensa de los derechos humanos. 
Por ello me pregunto ¿por qué antes del 24 de marzo no se ha presentado ninguna denuncia contra Milósevic ante el Tribunal Penal de La Haya? 
Nosotros- Izquierda Unida- hemos presentado una denuncia contra Pinochet, que se está cursando, y, si tuviésemos documentos y testigos, también presentaríamos otra contra Milósevic. 
De conformidad con los artículos 1, 3 y 5 de la Resolución de la ONU 3314/29 de 14 de diciembre de 1974, la agresión de la OTAN y la decisión de Solana suponen un crimen de guerra. 
La mejor ayuda humanitaria para los albanokosovares que estamos defendiendo es la paz ahora, la paz ya. 
La Unión Europea debe recuperar la voz del diálogo, de la negociación, la voz de la política frente a la violencia de Norteamérica, y por ello, junto con la ONU y con la OSCE, debe fomentar la paz. 
Señor Presidente, en los debates se afirma a veces que quienes desde el movimiento pacifista exigimos el fin de los bombardeos de la OTAN estamos haciendo el juego a Milósevic, que planteamos una táctica de Munich pasiva, que no tenemos alternativas. 
Esto es obviamente erróneo. 
Condenamos absolutamente la criminal política de limpieza del gobierno yugoslavo y consideramos que se debería poner a Milósevic a disposición de los tribunales. 
Opinamos que la sociedad mundial tiene la obligación de intervenir en favor de los derechos humanos. 
Creemos que las soluciones tienen que fundamentarse en el derecho de todos los albaneses de Kosovo a volver a sus hogares, a un Kosovo autónomo, no dividido, bajo la protección de la ONU o de la OSCE, en el marco de un pacto de estabilidad para el suroeste europeo. 
Sin embargo, ¡creemos que los bombardeos de la OTAN son perjudiciales y está demostrado su fracaso! 
Por este motivo hay que dar paso a las alternativas no violentas. 
Ellas necesitan tiempo y paciencia. 
Nelson Mandela negoció durante muchos años. 
El Dalai Lama, después de 40 años de exilio, no exige bombardeos aéreos, él demanda poder negociar con un régimen que este Parlamento ha condenado por atentar contra los derechos humanos. 
¿Por qué abandonamos al pacifista Rugova y apoyamos a un movimiento guerrillero del que no sabemos casi nada? 
Estoy totalmente de acuerdo con Soulier. 
¿Qué puede ofrecer la OTAN? 
Después de tres semanas de bombardeos, la OTAN ofrece movilizar 300 nuevos aviones de combate, movilizar a reservistas y continuar con esta campaña militar- éste es el ofrecimiento de la OTAN- una campaña que según la International Peace Bureau «has a so far done nothing but accelerate the repression, unite the Serbian nation around Milósevic and alienate the Russians». 
Además, se ha ridiculizado a la ONU. 
Cito a Ingvar Carlsson, anterior Primer Ministro de Suecia, quien, junto a Shridath Ramphal, su copresidente en la Comission on Global Governance de la ONU, en The Guardian del 2 de abril llamaba a los bombardeos una «agresión» y preguntaba: » What if in virtuous rage China invades Taiwan? ». 
Se han creado peligrosos precedentes y todos deberíamos ser conscientes de ello. 
Pero, aún así, ¡imaginémosnos que la OTAN habla en serio! 
¡Digamos que todas las imputaciones de cinismo hechas a la OTAN son falsas, que su retórica pacifista es realmente seria! 
¿No sería justo entonces reconocer que el resultado en el terreno demuestra que los bombardeos han fracasado, que tienen que terminar? 
¿O piensan demostrar que la operación ha tenido éxito pero que el paciente ha muerto? 
Señor Presidente, «la guerra» , así figura hoy en un periódico alemán, «es siempre la consecuencia de una política que no ha logrado su objetivo». 
En consecuencia, los generales pueden intervenir cuando los políticos han fracasado. 
Pero ¿qué hace una dirección militar cuando los políticos le realizan el encargo de ganar una guerra sin hacerla? 
La necesaria intervención militar de la OTAN se basa actualmente en la responsabilidad de un grupo de políticos que en su día se colocaban a la cabeza de los movimientos de paz como pacifistas y contrarios a la guerra y ahora encargan una guerra sin querer mancharse los dedos. 
El encargo y los medios divergen con toda claridad. 
Si se quiere lograr la paz con medios políticos, los militares deben retirarse. 
Si se quiere lograr con medios militares, los políticos deben retirarse. 
Actualmente se está produciendo una mezcla no profesional de ambos ámbitos de responsabilidad debiéndose indicar que dos mitades no hacen un entero. 
Junto al agresor, la responsabilidad por los padecimientos de las personas la tiene también quien es incapaz de intervenir en el momento adecuado con los medios adecuados. 
Presidente, hablo en nombre de mi Grupo y empezaré a contar lo que consideramos más importante. 
Apoyamos la intervención de la OTAN en la crisis de Kosovo. 
Teniendo en cuenta las reacciones de Milósevic la acción militar fue, lamentablemente, inevitable. 
Esta acción es necesaria para crear una situación duradera para los albaneses en Kosovo. 
El Parlamento Europeo no debe poner en duda la postura que ha tomado. 
Naturalmente hay que encontrar un punto de partida para una solución política, pero en base a lo acordado en Rambouillet, con una presencia militar internacional en la zona y con el regreso de los refugiados a un Kosovo autónomo y democrático. 
Esto se parecerá mucho a un protectorado internacional, después de lo que ha sucedido desde las negociaciones en Rambouillet. 
Así tiene que ser. 
Para ello se necesitan fuerzas militares. 
Desde mi punto de vista esto sería posible con la ayuda de Europa y de Rusia. 
Se trata, después de todo, de un conflicto europeo. 
Existen condiciones, un mandato contundente y una estructura de unidades especiales efectiva. 
La Unión Europea no es la OTAN. 
La Unión Europea está apartada militarmente del conflicto y le viene bien algo de discreción. 
Todos los intentos encaminados para conseguir una política de seguridad europea, se han quedado hasta hoy en día en ilusiones. 
Por segunda vez la Unión Europea juega un papel secundario, a pesar de lo que se establece en el Tratado de Amsterdam. 
Pero esto no significa, en modo alguno, que la Unión Europea no deba jugar ningún papel. 
La Unión Europea apoya políticamente la acción de la OTAN, tal como destacó esta mañana el Canciller Federal alemán. 
La Unión Europea tiene que tomar la iniciativa de acoger refugiados, de momento en la región y más tarde fuera. 
Albania y Macedonia necesitan ayuda. 
La Unión Europea tiene que hacerse responsable de la reconstrucción de Kosovo, tal como hizo en Bosnia. 
La Unión Europea tiene que dirigir sus miradas hacia adelante y no dejar que surja un nuevo conflicto en los Balcanes, ya que con el conflicto de Kosovo ya es suficiente. 
La estabilidad en la región no sólo se tiene que ver como una cuestión militar. 
Al menos es igualmente importante que se hagan inversiones en el ámbito de la colaboración, en el desarrollo social-económico y en la calidad de la convivencia democrática. 
Esto tendría que ser el contenido de un pacto de estabilidad para los Balcanes del Sur en el que la Unión Europea tendría que tomar la iniciativa en el marco del Tratado de Amsterdam, por ejemplo en base a una estrategia común. 
La perspectiva de una colaboración cada vez más estrecha con la Unión Europea debe unirse al pacto de estabilidad. 
Ya que el mejor instrumento que puede ofrecer Europa para conseguir la paz es la colaboración y la integración. 
Señor Presidente, he escuchado con gran atención este debate. 
Se han repetido cosas que no tienen nada que ver con la realidad. 
¿Cuánto tiempo se ha negociado sin que se haya logrado nada, excepto que haya empeorado cada vez más la situación? 
Hay que ver por fin de modo realista la situación y constatar que si queremos ser creíbles tenemos que ser también creíbles en nuestro convencimiento democrático. 
Esto significa que no son los pueblos los que están ahí para el Estado sino los Estados están ahí para los pueblos. 
En consecuencia, si se pretende que los kosovares vuelvan a estar de nuevo bajo el dominio de los que les han expulsado de sus tierras y han asesinado a sus familias, se exige algo que no puede cumplir una persona. 
Debemos ser por fin totalmente realistas y objetivos. 
Se habla continuamente de que eventualmente se pueden emplear tropas de tierra. 
Lo considero como un gran error pues tropas de tierra europeas ya han fracasado con frecuencia en esta región. 
Pero los kosovares están en su patria. 
Yo mismo he visto en Croacia- he estado con frecuencia allí en el tiempo de la guerra-que los croatas tenían éxito cuando tenían más o menos las mismas armas que los serbios. 
Los han arrojado, pues las personas que defienden su propio suelo son mucho más fuertes que los agresores y que vienen con una mala conciencia. 
Para finalizar, algo alentador: siempre se pregunta qué es lo que va a ocurrir con los serbios. 
En primer lugar, Milósevic no es Serbia. 
Los serbios no son Milósevic, al igual que los alemanes no eran Hitler. 
Pero hay que comprender por fin que no podemos concluir ninguna paz con Milósevic pues siempre comenzará con sus crímenes. 
Lo segundo es que tenemos que intentar todo para seguir una política realista y no ilusoria. 
Señor Presidente, le ruego que me permita convertir mi minuto de intervención en un minuto de silencio por las diez víctimas del tren bombardeado por aviones de la OTAN; víctimas entre las que se cuentan niños, inocentes ciudadanos de Serbia, muertos en los días de la Pascua ortodoxa. 
La Cámara guarda un minuto de silencio 
Señor Presidente, si la Presidencia alemana estuviera presente, le diría que, en esta situación, hablar de horror no es suficiente. 
Hemos de aprendernos las lecciones de los últimos meses. 
Hace aproximadamente cuatro meses, afirmé en este hemiciclo que Europa lucharía y que tendría razones para hacerlo, así como que la clave consistía en hacer creer a Milósevic nuestras intenciones de combatir. 
Y no solamente en el aire. 
Aquí reside la falta de honestidad cosmética de un compromiso limitado. 
Se trata de la presunción arrogante de que se puede alcanzar la victoria sin correr riesgos, lograr el poder sin cadáveres. 
Al hacerle saber a Milósevic que no lucharíamos en tierra, estábamos invitando a una respuesta serbia despiadada y previsible en los campos de la muerte de Kosovo. 
Esta semana es ya un millón el número de personas que está pagando el precio de esta dura lección, que debemos aprendernos todos- y, principalmente, los Gobiernos de la tercera vía ya sea en nuestro continente o en América- en el sentido de que no hay tercera vía posible cuando se trata de guerra y de paz. 
No se entiende que el Sr. Bianco diga que ésta no es una guerra contra los serbios; desde luego, tiene todas las trazas de ser una guerra contra los serbios. 
Así pues, le diría al Consejo que, si desean que Milósevic apruebe el despliegue pacífico de tropas internacionales, tendrán que persuadirle primero de que, en última instancia, estamos preparados para recurrir a las tropas con el fin de entrar en Kosovo por la fuerza. 
No pueden pretender lo uno sin lo otro cuando se tiene en frente al Sr. Milósevic. 
Rambouillet está acabado. 
A la larga, deberemos ir haciéndonos a la idea de un Kosovo independiente, pero deberá ser un Kosovo independiente en unos nuevos Balcanes, en una nueva Europa que incorpore también a una Serbia democrática. 
Ésta es la idea que apenas está comenzando a tomar cuerpo en el Consejo, por lo que les ruego que aceleren este proceso. 
Señor Presidente, se afirma que la guerra en Kosovo es una guerra justa invocando el principio de ingerencia humanitaria. 
Para que este principio, hoy todavía poco claro, no se traduzca en arbitrio selectivo de la fuerza, debe traducirse en derecho universal y radicar en una institución: las Naciones Unidas. 
El principio, por el contrario, ha sido empleado por una alianza militar, expresión de la fuerza más cruda. 
Tras tres semanas de guerra, la situación humanitaria se ha agravado atrozmente en Kosovo, donde, además de la limpieza étnica de Milósevic, llueven las bombas de uranio de la OTAN, las DU. 
Cuando el pueblo kosovar regrese, deberá defenderse contra la radioactividad del terreno durante siglos. 
Todo puede ser menos un modelo de civilización, señor Canciller Schröder. 
La guerra ética es hija del Estado ético. 
Europa debe reflexionar. 
Europa que en la historia ha sido cuna del derecho, ha de abandonar la aberración actual de la vía militar que viola flagrantemente el Derecho internacional y el principio de soberanía nacional que lo rige, antes de que todo esto pueda volverse en contra de nuestros Estados. 
Señor Presidente, es obvio que el Gobierno serbio tiene la principal responsabilidad en este conflicto. 
No hay justificación para el terror al que se ha sometido a la población albanesa en Kosovo. 
Milósevic ha llevado a su país de catástrofe en catástrofe. 
Sin embargo, esto no significa que los bombardeos de la OTAN sean la solución, o que ésta ofrezca una buena solución. 
Parece bastante evidente que la OTAN ha sido capaz de iniciar una guerra que no sabe con certeza cómo va a terminar. 
Esto se ve con mayor claridad en las dudas para incorporar fuerzas de tierra. 
También es evidente que la limpieza étnica existente se ha agravado cuando han empezado los bombardeos de la OTAN. 
Además, está claro que los bombardeos de la OTAN favorecen a las fuerzas políticas más incómodas, no sólo en Serbia, sino también en Rusia. 
La solución sólo puede ser una: la ONU. 
Solamente puede ser una tregua. 
Solamente puede ser una solución política. 
Solamente deben ser negociaciones. 
Señor Presidente, quiero utilizar estos dos minutos para hablar de un tema relacionado exclusivamente con la crisis de Kosovo: se trata de la crisis humanitaria que sufren los centenares y centenares de refugiados que se encuentran hoy en la zona. 
Yo quisiera, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Comisión, a la Sra. Bonino, a las ONG y a las asociaciones de ayuda humanitaria que han actuado en la zona, y reconocer el trabajo importante que están haciendo. 
Pero, al mismo tiempo, señor Presidente, yo me hago una pregunta: ¿hasta cuándo vamos a tomarnos en la Unión Europea este tipo de situaciones como una emergencia, como algo que acaba de suceder sin que sepamos por qué, como si hubiese habido un terremoto? 
No había nada más previsible que la crisis humanitaria que se vive en los Balcanes, y seguimos actuando, seguimos reaccionando como si un huracán hubiese azotado la zona o como si un terremoto hubiese destrozado el centro de uno de nuestros países. 
A mí me parece que esto es grave. 
Ayer, señor Presidente, mantuvimos en esta Asamblea un debate sobre nueve informes relacionados con temas de justicia e interior; uno de ellos era la integración de los refugiados; otro, el documento de estrategia sobre la política de la UE en materia de migración y de asilo. 
Yo recuerdo debates anteriores, mucho más antiguos, sobre una propuesta de acción común que ha hecho la Comisión para la protección temporal de personas desplazadas; data de 1997 y la presentó la Sra. Gradin. 
No está aprobada, no disponemos de este instrumento que hoy nos permitiría hacer frente a esta situación de una manera muy distinta. 
¿Por qué no hemos ratificado el Tratado de Amsterdam? 
Es un argumento muy sólido para ofrecer a nuestros ciudadanos: señores, no tenemos un instrumento jurídico, no tenemos instrumentos presupuestarios para hacer frente a esta situación porque hasta mayo no se aprobará el Tratado de Amsterdam. 
Espero que esto nos haga reflexionar, espero que estas medidas se pongan en marcha y que la próxima- previsible- vez que tengamos que hacer frente a una situación como ésta lo hagamos en mejores condiciones. 
Señor Presidente, al igual que todo el mundo, también yo estoy muy preocupado por los comunicados que hacen públicos en estos momento los medios de comunicación y, en especial, por los que señalan que el General Mladic y otras personas han comenzado a dar rienda suelta para imponer aún más el terror en Kosovo. 
Estos individuos se han movido libremente durante muchos años por Bosnia, a pesar de la presencia de tropas de la SFOR y de las graves acusaciones que pesan sobre ellos. 
Lo que también debe inquietarnos es la escalada del conflicto más allá de Kosovo, en Albania. 
Los serbios han de detener ahora sus incursiones en Albania. 
Me ha conmovido de manera especial la sinceridad de la presentación que nos ha hecho la Presidencia alemana y el Comisario van den Broek. 
Acojo con satisfacción el plan de paz en tres fases que se ha propuesto aquí. 
La participación de las Naciones Unidas en el conflicto representaría un paso adelante muy positivo. 
Estoy deseando que se exponga este plan de manera más detallada y espero que pueda sentar las bases para unas negociaciones fructíferas. 
A todos nos preocupan en gran medida las noticias que nos llegan de Kosovo, principalmente las que hacen referencia al uso de la violación como un arma de guerra. 
Se trata de una repetición infame de los crímenes más despreciables cometidos durante los conflictos que han tenido lugar en Yugoslavia a lo largo de esta década. 
El Presidente Milósevic lleva diez años practicando una política marcada por el horror y la manipulación. 
Ha demostrado en reiteradas ocasiones que puede jugar con los temores étnicos, y ha presidido un régimen expansionista basado en el terror. 
La solución a estos veinte días de terribles bombardeos pasa obviamente por una mesa de negociaciones. 
No podemos pasar por alto los informes acerca de graves abusos en materia de derechos humanos. 
Queremos paz, pero no a cualquier precio. 
Permaneceré en silencio el resto de mi tiempo de intervención, al igual que ya ha hecho la oradora precedente. 
Señor Presidente, hay que denunciar sin ambages el trato atroz de que está siendo víctima la población albanesa de Kosovo y tenemos que mostrar nuestra firme oposición ante estos hechos, pero la retirada de los supervisores del proceso de paz y el inicio de la ofensiva de la OTAN no son la manera de actuar en este sentido. 
Los bombardeos no han detenido las matanzas, las han agravado. 
No se ha logrado avanzar hacia una solución política, sino que se ha retrasado esta posibilidad. 
Los bombardeos han consolidado a Milósevic ante la opinión pública serbia y han debilitado a la oposición. 
La idea de que los bombardeos de la OTAN estaban justificados al margen de las Naciones Unidas porque dos de los miembros permanentes de su Consejo de Seguridad habrían bloqueado estas medidas representa un golpe bajo para este organismo y sienta un peligroso precedente. 
Es necesario detener los bombardeos. 
Se deben apoyar incondicionalmente las propuestas que se han presentado para alcanzar un acuerdo basado en las resoluciones del Consejo de Seguridad con el despliegue de una fuerza pacificadora rusa de las Naciones Unidas. 
Se necesita ante todo un alto el fuego inmediato que nos permita concentrarnos en los terribles sufrimientos de las personas desplazadas y en el regreso a sus hogares. 
Señor Presidente, las imágenes que conservamos en la retina de la sistemática limpieza étnica que se está llevando a cabo en Kosovo son otra triste prueba más de que estamos viviendo el siglo más sangriento de toda la Historia. 
A lo largo de las negociaciones de paz que se celebraron a las afueras de París, en Rambouillet, poco a poco fue quedando absolutamente claro que los representantes del señor Presidente de Yugoslavia, Sr. Milósevic, en la mesa de negociaciones sólo estaban allí para disimular. 
Mientras y al amparo de las negociaciones de paz podían proseguir con la limpieza de albanokosovares. 
La limpieza continuó durante las negociaciones de Rambouillet. 
En aquel momento, habían abandonado sus hogares 60.000 albanokosovares, aunque ya durante los últimos años varios centenares de miles de personas más se habían visto obligados a huir. 
Por ello, la OTAN contestó al Sr. Milósevic con las medidas que había dicho que adoptaría en el caso de que las negociaciones no dieran resultado, sobre todo medidas militares. 
El Sr. Milósevic no ignoraba cuáles podían ser las consecuencias. 
No creyó que el Oeste utilizaría las medidas que estamos utilizando para convencerle de que se han celebrado negociaciones- se han celebrado muchísimas negociaciones, pero el Sr. Milósevic no quiso negociar. 
Ahora debe negociar; sin embargo, los bombardeos deben continuar hasta que se siente a la mesa de negociaciones. 
Señor Presidente, el ejemplo de Bosnia ha demostrado que no hay pacificación sin fuerzas pacificadoras. 
Es, sencillamente, la triste realidad. 
En el plano concreto, ello implica que tendremos que desplegar- durante mucho tiempo- personal militar, cañones, artillería y otros equipos en Kosovo, al igual que ocurrió en Bosnia. 
Entre el personal militar de la SFOR no se han registrado bajas en combate, solamente en accidentes de circulación: la amenaza del uso de las armas ha sido suficiente. 
Es necesario modificar y volver a formular el concepto de pacificación en su totalidad. 
Ésta es la lección que hemos aprendido a raíz de una operación mal concebida desde un primer momento pero que, posiblemente, terminará llevando la libertad a Kosovo bajo la amenaza de las armas. 
No hay otra alternativa en estas tristes circunstancias. 
Señor Presidente, le agradezco que me haya permitido con carácter excepcional intervenir en un debate tan serio como es éste en torno a la guerra de Kosovo en favor de un único refugiado, residente en mi circunscripción de Essex, que teme verse obligado a regresar a su hogar en medio de este conflicto. 
Esta persona, con los documentos de emigración en regla en el Reino Unido, decidió salir adelante y logró un empleo que requería viajar a otros Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, los retrasos en la expedición de visados por parte de diversas embajadas de los Estados miembros en Londres están amenazando actualmente su puesto de trabajo, del cual depende, a su vez, su permiso de residencia. 
Parece extraño suscitar este caso ahora que toda Europa está volviendo la cabeza hacia los cientos de miles de refugiados que se encuentran en las fronteras de Kosovo. 
Pero mientras su seguridad esté en peligro, nuestra preocupación humanitaria debe llegar hasta todos y cada uno de los refugiados, independientemente de donde se encuentren. 
Dado que mi pregunta parlamentaria ha sido remitida a este debate, les pediría a la Sra. Bonino y al representante del Consejo que tomaran nota y que investigaran este caso particular y las irregularidades en los procedimientos de inmigración europeos entre los distintos Estados miembros que ponen en peligro la situación legal de esta persona. 
No envíen a este hombre a la guerra, puede que allí le espere la muerte. 
Señor Presidente, Señorías, me parece que el debate ha logrado, exceptuando a un solo Grupo político, la unanimidad de este Pleno respecto a la condena del método de deportación de masas empleado- no sólo hoy- por Milósevic. 
Me parece asimismo que se han ofrecido distintas matizaciones con respecto a lo que hay que hacer. 
Todos queremos la paz, salvo quizás Milósevic. 
Y esto no lo deberíamos olvidar: si hay alguien que desde hace diez años persigue un proyecto ultranacionalista, históricamente perdedor pero sanguinario y cruel y que ha costado al vida a millones de croatas y de bosnios, éste es Milósevic que ha querido, perpetrado y empleado la guerra a lo largo de diez años. 
Pues bien, nosotros queremos la paz, salvo él, es importante decirlo. 
El problema estriba en cómo obligar a este señor, diez años después, a una solución, a una situación razonable. 
Creo que, después de diez años, no había otro camino sino el uso de la fuerza. 
Y lo digo como alguien que aborrece la violencia, así como también en mi calidad de miembro de una Institución. 
Pero hay algo más. 
Hace diez años- repito, diez años- que se están celebrando negociaciones, conferencias, contraconferencias, medios acuerdos, acuerdo totales con Milósevic. Nunca se ha llegado hasta el final; cada acuerdo tan sólo nos ha preparado para la siguiente masacre. 
Creo que en nuestros Estados se intenta borrar la memoria. 
¿Cómo es posible que nombres como Osiev, Vukovar, Srebrenica, Bihac, Sarajevo ya no signifiquen nada para nadie? 
Aplausos 
¿Que lo hayamos olvidado? 
¿Me equivoco o eran precisamente ustedes los que querían lavar la vergüenza de Sarajevo y decían: «No debemos asistir jamás a un hecho de vileza y de vergüenza como el que permitió Sarajevo»? 
Por una vez, señores colegas y diputados, que no están en juego ni el petróleo ni los diamantes y ni siquiera la conquista territorial, y por una vez que está en juego el derecho de todo un pueblo a vivir en su territorio, en paz y con dignidad, y por una vez que se usa la fuerza, de pronto descubrimos que no, que no funciona. 
¿Rambouillet 45? 
Ésta es la pregunta que creo que es útil plantearse y, sobre todo, la respuesta que sería útil ofrecer. 
Espero que sea posible llegar a una conferencia seria, en una situación en que los compromisos contraídos serán no solo serios, sino verificados y verificables. 
No quisiera que cayéramos en la enésima trampa del medio acuerdo tal vez para preparar la masacre de Montenegro. 
Aplausos 
Hay algo que quisiera subrayar en este debate: hoy hemos llegado a la disgregación, a la aniquilación de Kosovo y de todo un pueblo. 
Y, Señorías, no comenzaron el 24 de mayo; en agosto- tal vez todos estábamos algo distraídos y de vacaciones-habían 400.000 desplazados dentro de Kosovo, obligados a vagar por las montañas, exactamente aquellos que entonces estaban acorralados y que en las últimas semanas Milósevic ha disparado como bombas humanas contra Albania, contra Macedonia y confiemos en que no decida dispararlas contra Montenegro. 
Quisiera subrayar asimismo que, incluso desde el punto de vista humanitario, no existe agencia humanitaria alguna que tenga el mandato, los recursos humanos, la preparación adecuada para una bomba humana de 500.000 personas en poco días. 
En particular quisiera señalar que la Comisión es, sí, dimisionaria, cesante, corrupta y no sé que más, sin embargo, quizás habría que comprender la situación institucional algo especial en la que hemos estado trabajando, a la que creo que de todos modos hemos hecho frente dentro de nuestras posibilidades. 
Repito, hoy no existe agencia humanitaria alguna que sea capaz de hacer frente a 500.000 bombas humanas en tan pocos días. 
Dos preocupaciones más desde el punto de vista humanitario: primera, ¿qué esta pasando dentro de Kosovo, donde la población kosovar, hoy por hoy, carece de ayuda y de protección, así como de testigos? 
Si 100.000 deportados son empujados hacia Montenegro, éste será, es evidente, otro drama de instabilidad. 
Esta crisis nos demuestra, en primer lugar, que en las situaciones complejas como el huracán Mitch en América Central, a veces es imposible para los operadores humanitarios afrontar la situación sin la ayuda de estructuras militares. 
Cierto que hubiera sido más adecuado poder utilizar la UEO. Bien, pero por el momento la UEO me parece una organización más virtual que otra cosa, así es que comparto la necesidad expresada por la Sra. Ogata cuando escribió a la OTAN para que fueran facilitados medios técnicos por lo menos para el transporte y la construcción de campos, etcétera. 
Sin embargo, esto debemos tenerlo en cuenta porque, como en el caso del huracán Mitch, en esta situación a veces las estructuras militares con fines civiles son absolutamente indispensables, al menos desde el punto de vista logístico. 
En segundo lugar, el Sr. van den Broek ya ha recordado la necesidad de fortalecer a los países que reciben esta gran masa de refugiados. 
Ciertamente informaremos a la Sra. Gradin, al objeto de que se siga el caso específico que se ha mencionado. 
Por último, otra recomendación: confío en que todo el esfuerzo de solidaridad, también de la opinión pública, se haga de forma disciplinada y coordinada. 
Subsiste el riesgo de que se colapsen, como si se tratara de un cuello de botella, las pocas estructuras portuarias y aeroportuarias. 
Además, es mejor comprar in situ, por tanto, es preferible el dinero a los paquetes de víveres. 
Si alguien nos ayuda a transmitir este mensaje será muy importante. 
Por último, un agradecimiento a los Estados miembros, empezando por Italia que ha tenido una reacción rápida e inmediata, así como a los demás Estados miembros que se están empleando muy a fondo. 
Como saben, en el presupuesto la parte de la reserva desbloqueada asciende a 150 millones de euros; en esta fecha, la cooperación bilateral, la donación bilateral de los Estados miembros asciende a 177 millones de euros. 
Creo que hay que tenerlo en cuenta para que estas cifras produzcan una sinergia adecuada. 
Señorías, lo que espero por encima de todo es que esta Institución sepa aguantar, sepa durar, sepa demostrar una capacidad de liderazgo también a la opinión pública, para que se haga una diferencia entre agresores y agredidos, entre agresores y víctimas inocentes, incluso serbias. 
Quiero puntualizar que las ayudas humanitarias están destinadas también a las poblaciones serbias a través de la Cruz Roja: no hay discriminación por lo que a nosotros respecta. 
Confío en que juntos sepamos afrontar esta dura y compleja batalla que espero que sea una batalla para que la soberanía nacional no signifique propiedad y para que el derecho individual pueda dar un paso adelante. 
Señor Presidente, ha llegado a nuestros oídos el dato de que en este conflicto se está utilizando munición con uranio empobrecido. 
El uranio empobrecido es un elemento radioactivo y extremadamente tóxico. Naturalmente, el uranio no reconoce fronteras cuando comienza a soplar el viento. 
¿Es posible solicitar a la Comisión y al Consejo de Ministros que elaboren urgentemente un informe para investigar si estamos o no haciendo uso de bombas con uranio empobrecido? 
Al fin y al cabo, no existen plazos para la contaminación del medio ambiente. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bonino. 
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, jueves, a las 11.30 horas. 
Segundo informe semestral de seguimiento de la EEB 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0083/99) del Sr. Böge, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Defensa del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (98) 0598- C4-0686/98) titulada «Segundo informe semestral de seguimiento de la EEB». 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, la EEB- estas tres letras, antes de que el Parlamento Europeo se ocupase del tema, eran sinónimo de una mezcla aventurera de apreciación errónea y negligencia tanto en la Comisión como en algunos países miembros. 
Ante el trasfondo de algunas nuevas cifras intranquilizantes en algunos países miembros, se puede hablar casi de un never ending story. 
Pero no caigamos en el pánico. 
Muchos de los problemas no elaborados que aún tenemos son en realidad herencia del tiempo anterior a 1996. 
Todo lo que debatimos hoy no debe hacernos olvidar que en los últimos años con los trabajos realizados en la Comisión de Investigación de la EEB y en la Comisión derivada, hemos logrado mucho al aplicarse un gran número de recomendaciones del Parlamento Europeo que había aprobado la Comisión de Investigación de la EEB. 
Estoy convencido de que la vía que hemos tomado junto con la Comisión y sus servicios ha tenido éxito. 
Por un lado, se ha recuperado confianza en la cooperación interna de las instituciones europeas y por otro se ha creado también nueva confianza entre los consumidores europeos en la capacidad de actuación de las instituciones europeas. 
Es para mí un motivo para felicitarles, tanto a usted señora Comisaria Bonino como al Director General Reichenbach y el Director General suplente, señor Heine, de la DG VI, por lo que han logrado partiendo de la situación surgida como consecuencia de los errores del pasado. 
Creo que todos ustedes han realizado una gran aportación y que en este campo del trabajo europeo han creado una nueva confianza. 
Como resultado final, los positivos resultados que hemos logrado para el futuro son una nueva calidad en la protección preventiva del consumidor que van más allá de la EEB. 
Entretanto, tenemos una nueva calidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
Creo que lo que se ha logrado en el campo de la reestructuración de los servicios, las nuevas iniciativas en la legislación y también el debate sobre la cuestión de la transparencia en el debate científico, son elementos importantes que deben tener validez no sólo en la Unión Europea sino también en el futuro a nivel internacional. 
Estoy pensando en este contexto en el debate sobre las hormonas o la BST. 
Nos sigue preocupando que algunos países miembros no siempre quieren o pueden cooperar a la hora de aplicar el derecho comunitario. 
Aquí son necesarias iniciativas de amplio alcance en el marco de la Conferencia Intergubernamental para garantizar que la Comisión, en el caso de los Estados morosos que quebrantan los Tratados, les obligue a actuar con mayor rapidez, pueda iniciar procedimientos de quebrantamiento del Tratado y en caso de peligro de demora, pueda imponer sanciones con mayor rapidez. 
Esto es extraordinariamente importante. 
Quiero decir aún unas palabras sobre la cuestión del debate sobre los ensayos: creo que los ensayos sobre los que se debate hoy, según el estado actual de la cuestión, no pueden ofrecer una garantía de seguridad o de ausencia absoluta de EEB. 
Por ello, debemos acercarnos al asunto con precaución y no caer en un exceso de reacción. 
En resumen, quiero decir que hemos mostrado un camino para establecer de modo preventivo la protección del consumidor en la Unión Europea. 
La Comisión ha hecho muy bien sus tareas. 
Consideremos la crisis de la EEB como una advertencia para el futuro. 
Muchas gracias, señor Böge. 
Señor Presidente, aproximadamente desde hace dos años y medio estamos debatiendo en este Parlamento sobre este tema. 
Ahora estamos concluyendo los trabajos. 
Naturalmente, hay aún cuestiones abiertas y problemas, pero hoy no me voy a referir a ellos en el cierre del debate y en mi intervención. 
Para mí es importante saber cuáles son las enseñanzas de la crisis de la EEB y para la futura política en la Unión Europea. 
¿Cómo podemos impedir que jamás pase algo equiparable? 
Para mí es interesante saber si puede ocurrir otra vez una catástrofe de este tipo o no. 
Este es el punto en que hoy nos encontramos. 
¿Es nuestra conciencia- me refiero a la conciencia de este Parlamento, de la Comisión actual y de la nueva- y el estilo de nuestra política es ahora diferente a lo que eran hace tres, cinco o quince años? 
Naturalmente, para ello es importante una transparencia absoluta. 
Por ejemplo, tiene que ser evidente que se lleven a cabo y se acepten los debates científicos, controles, investigaciones e inspecciones aunque los resultados sean quizás incómodos. 
También es importante- a lo que se ha referido el Sr. Böge- que el principio de prevención y la protección preventiva del consumidor sean los principios rectores en todos los demás campos políticos. Puede que esto sea con frecuencia incómodo, pues así ha sido en el pasado. 
Puede que sea incómodo para la política agrícola. 
Puede que también sea incómodo para la política económica o el comercio exterior pues interfiere en gran medida en los campos políticos. 
Pero sólo si la Comisión y el Parlamento Europeo se pronuncian y también deciden en caso de duda en favor del principio de prevención, impediremos en el futuro algo así como la EEB. 
En las negociaciones con la Organización Mundial de Comercio, esto significa también de modo consecuente colocar el principio de prevención delante del comercio. 
La cuestión de si en el futuro vamos a tener en la Unión Europea hormonas de crecimiento en la carne proveniente de los Estados Unidos, va a ser muy pronto para nosotros la prueba de la verdad. 
¿Va a permanecer firme la Comisión? 
Vamos a verlo. 
La Sra. Bonino ha demostrado un elevado nivel de firmeza y calidad durante los trabajos sobre la EEB. 
Lo hemos reconocido y el Sr. Böge acaba también de hacerlo. 
El criterio para mí y también para mi grupo político ante la nueva Comisión tiene que ser el de colocar la protección del consumidor y la protección preventiva de la salud delante de una política comercial sin trabas. 
Sólo entonces- este es mi convencimiento- podremos otorgar nuestra confianza a la nueva Comisión, pues sólo entonces podremos esperar que no se produzca una catástrofe equiparable a la de la EEB. 
Si esto va a ser así, lo veremos en los próximos meses. 
Veremos qué nombres se presentan para la nueva Comisión y cómo se comporta el Presidente designado. 
En su intervención de ayer frente al Parlamento Europeo, el Sr. Prodi no ha utilizado ni una sola vez la expresión protección del consumidor, principio de prevención o algo similar. 
Esperemos que al menos la tenga en su mente. 
No lo sabemos. 
Pero estoy convencida de que sería un error que todos cometeríamos aquí en el Parlamento Europeo si le apoyásemos a él o a una nueva Comisión que no diga muy claramente que, en una situación de duda, no se va a decidir en favor del comercio o de la agricultura. 
Nosotros también tenemos que cumplir nuestras tareas; por ello siempre hemos preguntado a la Comisión. 
En el futuro, nuestra tarea será analizar y preguntar exactamente a la Comisión que ocupe su cargo, sea con las personas que sean, cómo va a decidir en una situación determinada. 
Si nos lo tomamos en serio, sólo podemos dar nuestra confianza a esta Comisión si las respuestas son satisfactorias. 
Entonces quizás tengamos la leve esperanza de que en la mesa de la Comisión la protección preventiva del consumidor desempeñe realmente un papel importante para que no se produzca de nuevo algo parecido a la EEB. 
Señor Presidente, me gustaría felicitar a los componentes, recomendar este informe y decir, a este respecto, que creo que justifica los comités de contacto que hemos venido manteniendo durante un cierto tiempo, así como los dos comités principales que respaldan lo que han dicho ambos ponentes. 
La EEB representó una tragedia para el Reino Unido y para Europa, y sigue siendo así. 
Después de todo el sufrimiento por el que hemos pasado en nuestro país, nos alarma ver cómo la enfermedad prolifera aún en otros países de la Unión Europea. 
Hemos sacrificado dos millones y medio de cabezas de ganado en el Reino Unido. Hemos tenido que presentar alrededor de dos mil páginas con documentación sobre cómo hemos luchado en nuestro país contra esta enfermedad, que aún no se ha erradicado. 
Vivimos día a día con el problema de las víctimas de esta nueva variante, la ECJ, a la que hacen referencia los ponentes. 
Y aún así, ahora estamos ante una situación en la que, según dicen, trece Estados miembros se enfrentan a procedimientos de infracción por parte de la Comisión. 
¡Qué situación tan escandalosa! 
Corresponde al Parlamento garantizar que las precauciones en materia de seguridad que se nos ha obligado a nosotros a adoptar se conviertan ahora en una práctica común en el conjunto de la Unión Europea. 
Es necesario que el Parlamento apoye a la Comisión a la hora de ejercer presiones sobre el Consejo a este respecto. 
La actitud del Consejo durante los últimos dos años no ha sido satisfactoria. 
El peligro de uno es el peligro de todos, y la seguridad de todos depende de que nadie corra ningún riesgo. 
Si echamos un vistazo a la situación hoy por hoy en Europa, ésta es, sencillamente, insatisfactoria. 
La Sra. Roth-Behrendt ha afirmado que el principio de cautela tiene que ser el planteamiento correcto. 
Estoy de acuerdo. 
Este principio de cautela no es un lujo frívolo, es una necesidad absoluta. Y así ha de hacérselo saber el Parlamento al Consejo de Ministros, de una manera clara y rotunda. 
Señor Presidente, el presente informe es continuación del empeño del Parlamento en que se apliquen las recomendaciones referidas a la encefalopatía espongiforme bovina. 
Nuestro trabajo hace referencia también al seguimiento de la situación que se está configurando en la evolución de la política de protección de la salud pública en la unión Europea. 
Reconocemos, por supuesto, que se han registrado ciertos progresos con la aplicación de medidas tanto de reestructuración, perfeccionamiento, y dotación humana de los servicios de la Comisión, como de separación de la labor legislativa de la que es propia de las comisiones y servicios de carácter consultivo, científico e incluso de control. 
De este modo se ha consolidado la independencia de las comisiones científicas y se ha logrado una mejor evaluación de los datos y una máxima transparencia en los trabajos sobra la EEB. 
En muchos Estados miembros los controles e inspecciones son insuficientes, por lo que consideramos que esos controles han de intensificarse. 
Paralelamente debe incrementarse la colaboración y el intercambio de información entre la Comisión y los estados miembros. 
Es absolutamente necesaria la legislación de un marco para el control de la alimentación de los animales, que haga posible la lucha contra las epizootias; al mismo tiempo, se impone una consideración más racional de los antibióticos y de las substancias estimulantes del crecimiento en la ganadería. 
Debemos, asimismo, subrayar el insuficiente grado de incorporación de las disposiciones comunitarias a la jurisprudencia de los países miembros; y es que hay que decir que el asunto de las epizootias ha revelado no sólo responsabilidades y negligencias, sino también vacíos institucionales en el funcionamiento de las Organismos Europeos; y uno de esos vacíos, el más importante, es que el Parlamento no puede ejercer todo el control. 
Por esta razón, proponemos que se introduzca el procedimiento de la codecisión en el conjunto de la política agraria. 
De hecho, con el Tratado de Amsterdam, ya está en vigor en lo que respecta a las medidas veterinarias y fitosanitarias; pedimos que se amplíe al conjunto de la política agraria. 
Señor Presidente, la salud es uno de los bienes más preciados de la vida de una persona, y creo que la protección de la salud de los ciudadanos europeos constituye una prioridad igualmente preciada para la Unión Europea, y, consecuentemente, ha de ocupar el correspondiente lugar primordial en el devenir europeo. 
Quisiera manifestar mi reconocimiento a los dos ponentes, el señor Böge y la señora Roth-Behrendt por haber realizado un trabajo verdaderamente excepcional. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los dos ponentes que han elaborado un informe equilibrado que describe perfectamente la situación. 
«No hay mal que por bien no venga» , decimos y también es cierto en este caso, ya que la enfermedad de la EEB fue de hecho la razón de que empezáramos a hacer limpieza en la Comisión. 
La enfermedad de la EEB fue la razón de que descubriéramos grandes carencias dentro de la Comisión y nos diéramos cuenta de que la Comisión no cumplía con sus obligaciones. 
Creo que hemos obtenido estupendos resultados y me gustaría dar las gracias a la Comisión por haber seguido las recomendaciones de la comisión. 
El reparto de responsabilidades dentro de la Comisión no fue satisfactorio, sin embargo, ha mejorado. 
También se ha logrado llegar a un acuerdo sobre la necesidad de que el Comité Científico se mantenga separado de otras instancias. 
Esto es algo que me parece absolutamente fundamental. 
Logramos hacer más independiente el Comité Científico, incluso del control parlamentario. 
Un comité científico debe estar cerrado para que los científicos no se vean sometidos a presión política cuando se les pida que emitan un dictamen. 
Es muy importante que la base científica esté en orden para que así puedan adoptarse las decisiones adecuadas. 
Por último, me gustaría decir que la enfermedad de la EEB se encuentra afortunadamente en vías de desaparición. 
No sabemos exactamente cuándo desaparecerá completamente. 
Seguirá habiendo casos. 
Probablemente, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también se encuentra en vías de desaparición. 
¿Qué enseñanzas podemos sacar de todo esto? 
Las medidas puestas en marcha parecen funcionar y por ello creo que podremos evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. 
En mi opinión, podemos estar satisfechos. 
No podemos dar a los consumidores una garantía del 100 %. 
Sin embargo, ahora estamos mejor preparados para solucionar problemas semejantes de lo que estábamos antes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la situación provocada por la EEB en Portugal obligó, como es sabido, a adoptar la decisión de embargar la exportación de carne de vaca portuguesa. 
A esa decisión contribuyeron, entre otros aspectos, irresponsabilidades del pasado más remoto e incompetencias de los gobernantes más recientes. 
Aun así, el Parlamento Europeo tiene la obligación de adoptar propuestas políticas que contribuyan a superar la situación en todos y cualquiera de los Estados miembros. 
Para ello, presentamos una enmienda que aconseja una cooperación mayor aún entre el Gobierno portugués y la Comisión, que posibilite debelar la enfermedad y levantar el embargo en los plazos previstos. 
Por eso y para eso, hemos propuesto otra enmienda que solicita la creación de mecanismos que atenúen los perjuicios de los productores portugueses. 
Hay que erradicar la enfermedad y el Parlamento Europeo y toda la opinión pública de la Unión Europea debe conocer plenamente la situación al respecto. 
Ése es el sentido concreto de una tercera enmienda de la que somos autores. 
Espero, queridos colegas Böge y Roth-Behrendt, a quienes felicito por su trabajo, que todas ellas puedan ser aceptadas. 
Así, el informe podrá salir políticamente más equilibrado y justo. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a los ponentes de este informe, así como a la Comisión y, en particular, a la señora Comisaria Bonino, la cooperación ejemplar que hemos logrado poner en marcha en esta materia, habida cuenta de que, gracias a la acción del Parlamento y a una respuesta constructiva, no destructiva, hemos definido y luego, a lo largo de los años, tratado de resolver la cuestión lo mejor posible. 
Hemos separado los sectores y hemos logrado importantes progresos. 
Hoy reconocemos, y es bueno hacerlo con mayor firmeza, que la acción de la Comisión no es capaz todavía de vencer las resistencias de los Estados miembros. 
El hecho de que 13 de 15 Estados no apliquen totalmente las recomendaciones que deberían aplicar, significa que debemos llevar a cabo con la Comisión un trabajo conjunto en este sentido, al objeto de que la política de respeto y de protección de los consumidores en esta materia sea realmente una política de la Unión. 
Señor Presidente, habida cuenta de las negligencias de unos y otros, la operación era difícil, ya que la erradicación que todo el mundo desea dista de haberse logrado en ciertos Estados y los consumidores y los ganaderos, aunque no lo digan explícitamente, están preocupados. 
Por eso deseo felicitar a mis colegas Roth-Behrendt y Böge por la calidad de su recomendación y exponerles el contenido de las principales enmiendas que he presentado. 
Respecto del punto 24, es importante- nos parece- que precisemos que se debe aplicar también el principio de precaución para gestionar el futuro de los cadáveres, de los animales y de las recogidas sanitarias en los mataderos. 
Es necesario que el Parlamento Europeo se pronuncie a ese respecto a fin de garantizar la seguridad sanitaria para el ganado, pero también, in fine, para el consumidor. 
Respecto del punto 26, relativo al Libro Verde «Principios generales de la legislación alimentaria» , es necesario abordar ese problema de forma global, interesándose, en particular, por otras esferas, como la alimentación animal y humana, así como la protección de los vegetales. 
Todas las decisiones deberían adoptarse a partir de pruebas científicas, pero también después de una evaluación del riesgo a escala de la Comunidad. 
El principio de la seguridad sanitaria para el consumidor europeo es global y no sectorial. 
No hay que olvidarlo. 
Por último, respecto del punto 29, relativo a la utilización de antibióticos en la producción de carne, es cierto que puede provocar una resistencia cada vez mayor de los consumidores a los antibióticos. 
La resistencia a los antibióticos no está relacionada únicamente con la producción de carne. 
Nos felicitamos de la retirada de la autorización a cuatro antibióticos como aditivos de la alimentación animal, pero deseo que, con vistas a una protección eficaz de la salud pública, se adopten medidas complementarias a la luz de los resultados de los estudios. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a los dos ponentes, el Sr. Böge y la Sra. Roth-Berendt así como a la Sra. Comisaria Bonino y a sus funcionarios. 
Gracias al trabajo de la Comisión de Investigación de la EEB y a las reestructuraciones y modificaciones realizadas por la Comisión, nos hemos anticipado a lo que va a entrar en vigor próximamente con el Tratado de Amsterdam, es decir, una protección preventiva de la salud y del consumidor, lo que es un elemento muy importante para poder lograr un desarrollo sostenible de la Unión. 
Creo que hay que proseguir la cuestión del principio de prevención que hemos establecido en nuestra legislación y que va a ser necesario introducir los principios de transparencia y de división de poderes que tenemos ahora en la Unión también en los contratos y tratados internacionales, para poder garantizar una protección preventiva de la salud y del consumidor no sólo para nuestras ciudadanas y ciudadanos sino también en relación con los productos de otros países que acaban viniendo a la Unión. 
Creo que el Parlamento tiene que exigir de la Comisión esta transparencia también en el marco de los preparativos de las negociaciones sobre esos tratados internacionales. 
Tenemos que ser pues mejor informados: ¿cómo son estos preparativos, quién los realiza, qué objetivos se persiguen a la postre, se pueden alcanzar tales objetivos o se han aplicado ya? 
Quiero expresar mi pesar por una cuestión. Como ponente del Libro Verde sobre el futuro de la legislación alimentaria, habría esperado que se diese un impulso más fuerte también en esta dirección. 
Espero que lleguemos a un derecho alimentario moderno antes de que se produzca la ampliación de la Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar hoy muy especialmente al Sr. Böge y a la Sra. Roth-Berendt por su trabajo realmente consecuente en la Comisión de Investigación de la EEB y también después. 
El escándalo de la EEB ha arrojado a toda la Unión Europea en una grave crisis. 
Hemos visto con claridad que también para las personas de hoy existen límites que deben respetar. 
La Naturaleza tiene sus leyes y sólo en este marco podemos y debemos movernos para lograr progresos en beneficio de la Humanidad. 
Lamentablemente, aún no ha pasado la crisis a la que nos ha arrojado ese modo irresponsable de actuar y probablemente pasarán aún decenios hasta que seamos conscientes de sus auténticas dimensiones. 
No quiero dejar pasar hoy la ocasión de expresar mi reconocimiento a la Comisión, bajo el Presidente Santer, por el valor y perseverancia en descubrir los escandalosos hechos, cuyos inicios se remontan a mediados de los años 80, contra la resistencia de los Estados miembros. 
Aunque el escándalo se haya descubierto ya hace mucho tiempo y haya desaparecido casi por completo de los medios, quiero indicar que no podemos perder de vista la tragedia de la EEB. 
Va a ser muy importante que también la próxima Comisión presente sus actividades regularmente al Parlamento. 
Precisamente cuando se trata de la salud de las personas no podemos correr ningún riesgo. 
Como representantes electos, tenemos la obligación de defender a las personas. 
Señora Comisaria, digo muy abiertamente que estoy profundamente intranquila pues creo que hoy no podemos aún predecir con cuántos casos derivados de la EEB y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob nos vamos a encontrar en los próximos años. 
Señor Presidente, desearía felicitar a ambos ponentes, quienes han demostrado desde el primer momento de esta crisis de la EEB una actitud extremamente constructiva a la hora de presentar sus informes y de llevar a cabo un análisis del problema. 
Desgraciadamente, la EEB sigue presente y debemos admitirlo. 
Tenemos que reconocer también el duro golpe que ha supuesto de cara a la confianza de los consumidores, y debemos corregir esta situación. 
A pesar de que vamos bien encaminados para lograr este objetivo, hemos de seguir trabajando en este sentido. 
Tenemos que hacer frente en toda la Unión Europea al hecho de que, si hubiéramos alimentado a nuestros animales de la manera correcta, no se habría producido ninguna crisis de EEB. 
En mi circunscripción electoral de Irlanda del Norte hemos impuesto ahora unos controles extremadamente rigurosos, que han sido muy costosos. 
Estos controles han debido ser costeados por los ganaderos de mi circunscripción, que se encuentran en apuros, y si debo ser sincero, he de decir que estos ganaderos cuestionan algunos de dichos controles. 
Sin embargo, al fin y al cabo, están dispuestos a aceptarlos porque saben que gracias a ello se está recuperando la confianza. 
Mientras que aplicamos controles rigurosos en el seno de la Unión Europea, estos mismos controles no se respetan cuando se trata de alimentos que llegan a la Unión procedentes de otros países, ya sean los Estados Unidos o cualquier otro. 
Hasta que no solucionemos este problema, he de decirle al Sr. Comisario que los agricultores y ganaderos europeos no confiarán en la Unión Europea a la hora de hacer frente a los desafíos actuales. 
Éste es nuestro nuevo reto, y hemos de lograr superarlo. 
En la actualidad se está llevando a cabo una inspección en el Reino Unido que, así lo espero, podrá dar lugar a un plan de acción basado en datos. 
A modo de conclusión, el Sr. Böge ha dicho que hemos lanzado una advertencia de cara al futuro. 
Espero que los aquí presentes recordemos todo lo que hemos pasado en los últimos años en relación con la EEB, lo tengamos en cuenta y actuemos en consecuencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, no voy a negar que, al hablar probablemente por última vez en esta legislatura de este tema, tengo una vaga sensación de angustia. 
Es como si abandonara a un niño aún no curado del todo en medio de la calle y, por tanto, me pregunto quién le cuidará desde ahora en adelante. 
¿Vamos a encontrar en la próxima legislatura- yo espero que sí- dos auténticos mastines como los Sres. Böge y Roth-Berendt que sustituyan a los interesados? 
La Sra. Böge-Berendt no está, pero espero que el término mastín no la ofenda. 
Dos mastines que han aguantado mucho, incluso cuando el tema había perdido algo de actualidad y, por tanto, era más fácil dejarlo correr que continuar esforzándose en miles de reuniones. 
Me lo pregunto porque, aunque con las dos comisiones, de investigación y de control, se han facilitado muchas respuestas a las preguntas que formulamos, los interrogantes no han acabado. 
Me pregunto, por ejemplo, quién va a ejercer, de ahora en adelante, la presión necesaria sobre los investigadores y la ciencia que debe dar todavía muchas respuestas a las preguntas que hemos planteado. 
Y además: ¿continuarán los controles y las inspecciones en el Reino Unido tanto a nivel epidemiológico como ante todo en los puertos donde quizás hay todavía algún producto alimenticio no en perfecto estado? 
Me pregunto también si el vademécum del consumidor será suficiente, aunque se ha corregido y revisado en la última edición, para hacer entender a los que son los destinatarios de nuestra acción cómo hay que comportarse. 
Quisiera formular una pregunta más a este Pleno y a los fantasmas que lo poblarán en la próxima legislatura. 
¿Quién protegerá a los consumidores? 
Va a haber la misma convicción que la que hemos puesto nosotros en defender sus derechos? 
Las familias afectadas por la nueva forma de síndrome de Creutzfeldt-Jakob fueron indemnizadas en parte, sin embargo, no debemos olvidar el terrible presagio de un experto que dijo: «¡Cuidado! ; el período de incubación dura 15 años». 
En consecuencia, no tenemos que abandonar la presa, ni siquiera desde este punto de vista. 
Por último, en el Segundo informe semestral se dice que se ha hecho casi todo. 
Entre las cosas que aún quedan por hacer está el seguimiento que hay que dar al Libro Verde sobre el Derecho alimentario. 
Y una pregunta más: ¿quién lo llevará adelante? 
¡Buen trabajo! 
Señor Presidente, también yo desearía felicitar a los ponentes. 
He de admitir mis intereses en este debate ya que soy ganadero de reses vacunas y ovinas en Escocia. 
Habida cuenta de que la mayor parte de mis ingresos solía provenir de la exportación de ganado de raza vivo, tengo intereses económicos en el levantamiento de la prohibición de exportación de ganado vacuno británico. 
Como ganadero, he visto los desastres que ha ocasionado la EEB, no solamente a los ganaderos británicos, sino también a las industrias derivadas, como las del transporte, las subastas, los mataderos y otras industrias relacionadas. 
La agricultura británica se enfrenta en la actualidad con una crisis en todos sus sectores. 
Si bien creo que el informe es satisfactorio en la medida en que nos ofrece una oportunidad para revisar esta situación, desearía también hacer alguna observación sobre determinados aspectos de la misma. 
En primer lugar, es una gran tragedia que la EEB se haya considerado desde un principio un problema británico y no europeo. 
La exportación de decenas de miles de toneladas de alimentos contaminados a la Europa continental ha hecho inevitablemente de éste un problema a escala europea. 
Me colma de alegría que la Comisión esté aplicando una política estricta por lo que respecta a la seguridad de los alimentos en la industria del vacuno de toda Europa, ya que ésta es la única manera de proteger la confianza de la opinión pública. 
Es una lástima que algunos Estados no compartan este planteamiento con el mismo entusiasmo. 
Debido a mis estrechos contactos con esta industria, puedo asegurar a los diputados que se han realizado ingentes esfuerzos para garantizar la seguridad de la carne de vacuno británica. 
Si bien se han registrado algunos casos de EEB en determinadas vacadas- principalmente de producción de leche- debido al consumo de alimentos contaminados, en la mayor parte de las vacadas- como es la mía- no se ha registrado nunca ni un solo caso, a pesar de lo cual estamos sufriendo todos las consecuencias. 
En la actualidad existen la documentación y los registros necesarios para atestiguar plenamente el origen de los animales, desde su nacimiento hasta que llega troceado a los comercios. 
Se trata de una enorme carga de trabajo adicional para los ganaderos que, no obstante, merece la pena si así se consigue abrir los mercados. 
Tanto los mercados como los mataderos se someten a exhaustivas inspecciones a todos los niveles, y estas inspecciones representan en la actualidad cerca del 75 % del total de los costes con el fin de garantizar el respeto de la normativa. 
La prohibición que pesa sobre la carne británica es estúpida e innecesaria, y ha de ser levantada. 
No obstante, acojo con satisfacción el presente informe. 
En nombre de la Presidencia, quisiera agradecer a la Sra. Roth-Behrendt, que ha prescindido de su tiempo de uso de la palabra, para que podamos disponer de más tiempo para terminar el debate. 
Tiene la palabra la Comisaria Bonino. 
Señor Presidente, haré una réplica más política y muy breve. 
Ante todo quiero dar las gracias a los señores ponentes y decirles a todos ustedes que en cierta manera éste es nuestro último debate, el último para este Parlamento y quizás también para esta Comisión y que en cierto modo lo echaré de menos. 
Lo echaré de menos porque, más allá de lo que hemos conseguido juntos- y el informe lo dice claramente- creo que sobre todo hemos desarrollado un método de trabajo- me imagino que no fue fácil ni para ustedes ni, permítanme decirlo, tampoco para nosotros- que, sin embargo, dejara clara la responsabilidad de cada uno y, por tanto, no provocara una confusión institucional, sino que tratara, por el contrario, de entender en la diferencia la cooperación. 
Creo que, más allá de las cuestiones específicas, esto es lo más importante que hemos aprendido juntos. 
Y creo que la futura Comisión y el futuro Parlamento deberán proteger este pequeño patrimonio metodológico de la relación entre las dos Instituciones y ello tanto en lo que se refiere a la transparencia como en lo que se refiere a las dificultades, pero también a la excelencia científica. 
Algunos dossiers- a parte la EEB que tiene todavía problemas pendientes de solución, como nos recordaron los Sres. Santini e Imbeni- presentan cuestiones complejas como, por ejemplo, las hormonas, a las cuales se refería la Sra. Roth-Berendt, o los productos transgénicos: en definitiva, en términos de seguridad alimenticia, tenemos unos dossiers complejos para quienquiera que venga. 
El último punto que quisiera resaltar es el principio de cautela. 
Creo que es importante también y sobre todo empezar a escala europea, para luego establecerlo a escala internacional. 
Esperamos alcanzar un acuerdo el 19 de abril a fin de que el principio de cautela se incluya en el manual de los procedimientos del Codex alimentarius. 
Si logramos superar también esta etapa creo que será un elemento muy importante, obviamente, no solo dentro de la Unión, sino para afirmar este principio a escala internacional. 
Ésta es, por así decirlo, la herencia que ustedes dejan al futuro Parlamento y que nosotros dejamos a la futura Comisión. 
Así y todo, confío en que, más allá de los problemas específicos, el método de trabajo se convierta en patrimonio común. 
No lo hago nunca, pero ustedes me van a permitir por una vez dar las gracias a los servicios de la Comisión y a mi Gabinete que, junto con sus Señorías, han dado muestras de mucha paciencia pero también, creo, de mucha tenacidad. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bonino. 
También quisiera decirle, en nombre de la Presidencia, que siempre la hemos escuchado con mucha atención en esta tribuna. 
Agradecemos las simpáticas palabras que ha pronunciado en relación con el Parlamento Europeo y hacemos votos por que en su carrera política personal y en su futuro tenga las mayores felicidades. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas al Consejo (B4-0157/99). 
Permítanme que dé la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Verheugen, y que les advierta, de entrada, que el Sr. Verheugen hoy, por imperativos de su viaje de regreso, debe ausentarse del hemiciclo a las 18.50 horas. 
Por lo tanto, sería conveniente que procurásemos concentrar las preguntas para que se pueda formular el máximo número posible de las mismas y el Sr. Verheugen pueda responder a ellas. 
De todas formas, yo ya le he comprometido para que en el próximo periodo parcial de sesiones esté 10 minutos más para compensar los 10 que, hoy, motivos ajenos a su voluntad le obligarán a ausentarse a las 18.50 horas. 
He advertido al Pleno de este hecho. 
Pregunta nº 1 formulada por Patricia McKenna (H-0222/99): 
¿Puede el Consejo informar al Parlamento qué bancos centrales de los Estados miembros de la UE son de propiedad completamente privada, cuáles lo son parcialmente y cuáles son de propiedad completamente pública? 
¿Puede indicar si le parece apropiado que los banco centrales tanto parcial como completamente privados sean parte del Sistema Central de Bancos Europeos, e incluso propietarios parciales del Banco Central Europeo, ambos establecidos por los Tratados de la Unión Europea, dando a los intereses económicos privados alguna suerte de control sobre el sistema monetario europeo, algo que no favorece potencialmente al objetivo oficial de estabilidad monetaria? 
Invito al Sr. Verheugen a que responda a la pregunta de la Sra. McKenna. 
Señor Presidente, de conformidad con las recomendaciones del Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995, a partir del 1 de enero de 1999 los Estados participantes emitirán nuevas deudas negociables del Estado en euros. 
En el mismo momento, de conformidad con el Reglamento del Consejo 974/98 del 3 de mayo de 1998, convertirán a euros la mayor parte de sus deudas pendientes del Estado. 
Durante el período de transición comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del 2001, los emisores privados podrán convertir los valores pendientes a euros según el Reglamento del Consejo mencionado. 
Podrán emitir nuevos valores en euros. 
Una vez transcurrido el período transitorio, todos los nuevos valores de emisores estatales y privados se emitirán en euros o en monedas extranjeras. 
Todas las deudas pendientes que se emitan en las monedas nacionales ya no existentes, solamente se podrán atender y cumplir en euros a partir del 2002. 
De conformidad con la decisión del Consejo 317/98 del 3 de mayo de 1998, las legislaciones de los Bancos centrales de los Estados miembros que participan en la Unión Monetaria Europea, están conformes con las disposiciones del Tratado de la UE y garantizan la plena independencia de los Bancos Centrales de los Estados miembros participantes en la Unión Monetaria Europea. 
Cuando se habla de una emisión de moneda sin aumento de la deuda, normalmente se esgrime el argumento de que provoca inflación. 
Los bancos comerciales multiplican las existencias de moneda emitida, por lo menos, 10 ó 15 veces, y éste es uno de los motivos por lo que los Estados contraen deuda, es decir, para que los bancos puedan registrar estos enormes beneficios. 
Si tenemos en cuenta que lo que se pretendía con todo este proyecto era garantizar la reducción o la supresión de la deuda, no creo que se vaya a alcanzar este objetivo. ¿No están ustedes de acuerdo? 
El importe del endeudamiento privado y del endeudamiento del Estado son dos indicadores totalmente diferentes de la evolución económica. 
El importe del endeudamiento del Estado puede ser un indicador crítico mientras que el importe del endeudamiento privado puede ser expresión de una actividad inversora ascendente. 
Debe mantener estrictamente separadas estas dos cosas. 
Lo que debe interesarnos en base a su pregunta es sencillamente el dato de a partir de cuándo van a aplicarse en euros tales títulos de deuda. 
Esta pregunta la he respondido. 
Tengo una pregunta complementaria. 
Soy de Suecia. 
Como el Consejo seguramente sabe, allí hay un debate sobre la incorporación del país a la moneda común; yo mismo participo a menudo en reuniones en que se discute este tema. 
Se me formula frecuentemente una pregunta que no puedo contestar. 
Por eso pensé que tal vez ustedes me podrían ayudar. 
Siempre hay alguien que me pregunta qué pasaría si un país quisiera abandonar la moneda única. 
Si se descubre que las consecuencias sociales y económicas son tales que no se les considera provechosas, ¿existe alguna posibilidad de retirarse de la moneda común y de reinstaurar la moneda y el banco central nacionales? 
Señor diputado, esta es una pregunta interesante. 
No la voy a responder jurídica sino políticamente. 
Lo que plantea en su pregunta no es posible. 
No está previsto en el Tratado. 
Quien ha ingresado en la moneda común ya no sale. 
Pregunta nº 2 formulada por Alexandros Alavanos (H-0224/99): 
Asunto: Aplicación del programa Philoxenia El Parlamento Europeo, la Comisión y el Comité Económico y Social han emitido ya su dictamen positivo sobre la instauración de un programa plurianual en favor del turismo europeo denominado Philoxenia. 
Dada la importancia del turismo, por una parte, en cuanto a la creación de puestos de trabajo y, por otra, en cuanto a la difusión de la cultura europea y teniendo en cuenta el constante aplazamiento de la aprobación del programa en cuestión por parte del Consejo de Ministros de Turismo, ¿puede indicar el Consejo para cuándo se ha previsto la aprobación definitiva del programa? ¿Puede confirmar al Parlamento Europeo y a la Comisión que el programa podrá ponerse en práctica lo antes posible? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Alavanos. 
Lamentablemente, tengo que decirle que este tema ha sido debatido en varias ocasiones en los gremios del Consejo y que no se han podido superar las diferencias de opinión a pesar de que la Presidencia austríaca se esforzó mucho. 
Algunas delegaciones expresaron sus objeciones aunque la Presidencia propuso reducir los presupuestos permanentes del programa. 
Por desgracia, la situación es incluso tal que actualmente no puedo prever el si y el cuándo el Consejo podrá aprobar la propuesta de la Comisión. 
El Presidente en funciones me ha decepcionado con su respuesta; en el segundo turno ha alcanzado a decir que no puede pensar cuando se realizará ese informe. 
Quisiera formularle las siguientes preguntas: 
Primero, ¿existe aún la posibilidad, en el marco de la Presidencia alemana, de que se apruebe definitivamente el programa? 
Segundo, por lo que respecta a la actualidad del asunto del turismo, ¿ha considerado el Consejo las repercusiones de la crisis yugoslava en el turismo, que afectarán a muchas zonas de los Balcanes, entre ellos, probablemente el norte de Grecia, si no se resuelve rápidamente la crisis? 
¿Ha considerado quizás el Consejo la posibilidad de adoptar medidas de apoyo a las empresas turísticas? 
Señor diputado, comprendo su decepción, pero la Presidencia sólo puede decirle tanto como los países miembros están dispuestos a hacer y en este caso la situación es tal que una serie de países miembros tiene unas objeciones muy de fondo contra este programa para el fomento del turismo europeo y no lo desean en absoluto. 
Hay otros países miembros que no lo desean de esta forma. 
En el Consejo no se está formando un consenso sobre esta cuestión, por lo que lamento muchísimo tenerle que decir que no veo la más mínima posibilidad de que durante la Presidencia alemana se pueda concluir este tema, en cualquier caso no de un modo positivo. 
Pregunta nº 3 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0227/99): 
Asunto: Declaraciones de Ecevit tras la detención de Ocalan El Primer Ministro turco, Sr. B. Ecevit (quien en 1974 dio la orden de ataque contra la República de Chipre, Estado miembro de las Naciones Unidas y país candidato, en la actualidad, al ingreso en la UE) , declaró ante periodistas tucos y extranjeros, inmediatamente después de la detención del líder del PKK, A. Ocalan, que Turquía no aceptará indicaciones de ningún país europeo en relación con el juicio de Ocalan. 
¿Qué postura adopta la Presidencia de la UE ante la declaración del Primer Ministro de un país que continúa manteniendo en vigor la exclusión del Partido Democrático Kurdo de las elecciones y es responsable de crímenes sin precedentes contra los pueblos que habitan en su territorio? 
Le propongo que responda usted, señor Verheugen, a la pregunta del Sr. Kaklamanis. 
Señor diputado, en su declaración del 22 de febrero de este año, la Unión Europea tomó nota de la promesa del Gobierno turco de que Abdulah Ocalan iba a tener un proceso justo. 
La Unión Europea espera que esto signifique un trato correcto así como un proceso público, el respeto de las normas de un Estado de derecho ante un Tribunal independiente, acceso a una defensa de su elección y la autorización de observadores internacionales al proceso. 
La Unión Europea subraya de nuevo su rechazo estricto de la pena de muerte. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea reafirma su condena a cualquier tipo de terrorismo. 
La legítima lucha contra el terrorismo tiene que llevarse a cabo respetando plenamente los derechos humanos, el Estado de derecho y las normas democráticas. 
En lo que se refiere a la exclusión de Partido Popular Democrático de las elecciones, el señor diputado sin duda sabrá que el Tribunal Constitucional turco rechazó unánimemente el 8 de marzo de 1999 la solicitud del Fiscal General del Estado sobre la decisión provisional para la prohibición de la participación de este Partido. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, puesto esta mañana he escuchado al Canciller Schröeder decir que los bombardeos de la OTAN se realizan en nombre de los derechos humanos y en pro de la minoría albanesa de Yugoslavia, como creo que tampoco ustedes entienden los derechos humanos según el caso, o «à la carte» , y ya que ayer en la prensa turca se decía que no se ha autorizado ni se va a autorizar la presencia de observadores internacionales en el juicio de Ocalan, desearía que me dijera concretamente cuál será la actitud del Consejo hacia Turquía, un país candidato al ingreso en la UE, si finalmente no son autorizados los observadores. 
En segundo lugar, me sorprende el hecho de que usted desconozca la existencia de una resolución posterior que prohibe finalmente la participación del partido ADEP en las elecciones y que, por lo tanto, priva a veinte millones de kurdos del derecho a expresar su voluntad política en las elecciones. 
¿Qué piensan hacer ustedes? 
Señor diputado, el Consejo hace uso de todas sus posibilidades políticas y diplomáticas para mostrar claramente al Gobierno turco lo que son los estándares europeos de derechos humanos y que espera de Turquía el respeto de dichos derechos en todos los casos individuales y en todas las situaciones. 
Quisiera preguntar al representante del Consejo: 
Primero, ¿cree sinceramente, dada su propia experiencia y la del Parlamento, que el actual régimen turco garantiza la celebración de un juicio acorde con los principios del estado de derecho? 
¿Lo cree sinceramente? ¿En qué fundamenta esa creencia? 
Segundo, ¿por qué ese recurso al argumento del terrorismo, independientemente de que ≪pegue≫ o no, de que exista o no exista? 
¿No se estará así proporcionando inmediatamente a Turquía los argumentos de una coartada para tratar a su antojo a Ocalan o a cualquier otro detenido? 
¿Es que ejerce de abogado y brinda esta coartada a las autoridades turcas? 
Señor diputado, lo importante no es lo que creo. 
Ni siquiera es importante lo que crea el Consejo que va a hacer el Gobierno turco. Lo importante es que hagamos uso de nuestras posibilidades de influir para lograr el objetivo que perseguimos conjuntamente, en este caso, un proceso justo conforme a las normas del Estado de derecho. 
Le he dicho que hacemos uso de estas posibilidades de influir, casi a diario. 
Marruecos ha obstaculizado, retrasado y bloqueado el plan de paz de las Naciones Unidas y, a pesar de ello, la UE proporciona a Marruecos una considerable ayuda económica. 
¿Qué piensa el Consejo de la relación entre la ayuda de la UE a Marruecos y el hecho de que este país ocupe Sahara Occidental? 
¿De qué manera se propone el Consejo contribuir a la realización del plan de paz de las Naciones Unidas? 
Le sugiero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que responda a la pregunta de la Sra. Theorin. 
Señora diputada, el Consejo está intensamente involucrado en las actividades en curso de las Naciones Unidas relativas al referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental en 1999 y 2000. 
A través de los Estados miembros y de las actividades en las Naciones Unidas se han seguido atentamente los acontecimientos. 
En el marco de la política exterior y de seguridad común, se han tratado en repetidas ocasiones y regularmente las iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre todo en el grupo de trabajo pertinente de la PESC. 
El 29 de diciembre de 1998, la Presidencia ha emitido una declaración en nombre de la Unión Europea que apoya sin trabas los esfuerzos de las Naciones Unidas por lograr una solución justa y duradera. 
Por este motivo, la Unión Europea ha tomado nota con gran interés de las siguientes decisiones del Gobierno marroquí. 
Primera: la formalización del status del ACNUR en la región en cuestión. 
Ahora debe ser posible retomar las actividades de registro en los campamentos de Tindouf. 
Esperamos que ahora comiencen los debates sobre el borrador del protocolo de retorno de refugiados con el ACNUR. 
Segundo: se va a firmar el acuerdo sobre el status de las tropas de MINURSO. 
Esta decisión va a hacer posible una distribución ordenada y a tiempo de las fuerzas necesarias para la ejecución del plan y al mismo tiempo va a facilitar la ejecución diaria de las operaciones de MINURSO. 
Por ello, desde la perspectiva de la Unión Europea no hay motivos para cuestionar las ayudas de la Unión Europea a Marruecos a causa de los acontecimientos en el Sahara Occidental. 
Muchas gracias por la respuesta. 
Entiendo que las negociaciones entre la ONU y Marruecos ya se iniciaron ayer. 
Sería interesante escuchar si el Consejo tiene alguna información para darnos desde allí. 
Lo que creo que es esencial e importante es que todos hemos esperado muchísimo tiempo para que se realice este plebiscito y hemos ejercido presión sobre Marruecos durante largo tiempo. 
Entonces resulta evidentemente interesante saber si el Consejo de Ministros de la UE está dispuesto a usar su posición y su poder- aunque demos ayuda económica para el desarrollo de Marruecos- para presionar al gobierno de este país, a fin de que no vuelva a llamar a un plebiscito que se postergue para el futuro, sino que realmente éste se realice. 
Hay aproximadamente 160.000 personas en los diferentes campos de refugiados y otros tantos soldados que las vigilan. 
Por eso me parece adecuado que nos encarguemos de que este trabajo se inicie de manera justa y conveniente. 
Quisiera escuchar lo que está dispuesto a hacer el Consejo. 
Señora diputada, el Consejo coincide plenamente con las intenciones políticas que acaba de exponer. 
Nosotros también queremos que se encuentre por fin la solución a este conflicto mediante el referéndum y las elecciones libres subsiguientes. 
El Consejo ha llevado a cabo para ello una serie de actividades por su propia cuenta y ha apoyado otras y lo va a seguir haciendo. 
Vamos a ejercer la necesaria presión política para alcanzar el objetivo que perseguimos conjuntamente y vamos a examinar los acontecimientos a la luz de las nuevas decisiones. 
Así pues, si los nuevos acontecimientos hacen necesario modificar nuestra actitud y adoptar nuevas decisiones, entonces los haremos. 
Señor Presidente, creo que nos vamos a ver obligados a pedir al Consejo que nos redacte un tratado- tanto en relación con Turquía como en relación con Marruecos- sobre la influencia diplomática, las intenciones o los medios de presión, pues todo eso parece poco claro. 
En la pregunta inicial se pedían cosas claras. 
Las ayudas económicas son un medio de presión que podemos comprender, si nos dicen ustedes que quieren utilizarlo, pero nos dicen que no. 
Entonces, ¿qué otros medios de presión proponen? 
Además, el Consejo, después de toda esa confusión- lo vemos hoy en el caso de Kosovo -, nos dice que se ha han hecho todos los intentos en materia diplomática. 
Tenemos algunas razones para dudarlo. 
¿En qué consiste la influencia de ustedes? 
Nos gustaría saberlo. 
Como en el caso de Turquía: ¿cómo consiguen tener garantías, influencias? ¿Por qué medios? 
Los medios económicos nos parecen pertinentes, pero, si hay otros, podrían detallarlos un poco. 
Al fin y al cabo, no son secretos de Estado. 
Espero que haya comprendido mal a la señora diputada. 
Pero he tenido casi la sensación de que me quería sugerir que diga que se pueden emplear medidas militares contra Marruecos para alcanzar el objetivo deseado. 
Espero que haya sido un malentendido y que no me lo quería insinuar. 
Las cosas son muy diferentes. 
Tenemos numerosas posibilidades de influir sobre Marruecos y así lo hacemos también. 
Marruecos está vinculado a procesos regulares de diálogo y consultas. 
Marruecos tiene el status de país asociado y es parte del proceso de Barcelona. 
Precisamente mañana comienza en Stuttgart la Conferencia del Mediterráneo, Barcelona II, y naturalmente estos van a ser temas a tratar. 
Como he dicho, hacemos uso de todas las posibilidades políticas y diplomáticas de que disponemos. 
Actualmente, el Consejo no considera adecuado el empleo de otros instrumentos. 
Esto ya lo he dicho. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, quizá resultemos hasta molestos los diputados cuando mostramos tanta preocupación por alguno de los problemas que tenemos pendientes, pero usted ha de comprender que anteriormente se han dado casos en los que es mejor prevenir que lamentar. 
Hemos tenido noticias de que el enviado especial del Sr. Baker, que, como sabe usted muy bien, ha mediado entre saharauis y marroquíes con bastante éxito- también es triste que sea un norteamericano y no un europeo quien haya mediado -, hemos tenido noticias, digo, de que el Sr. Charles Dunbar, representante especial del Sr. Baker, ha tirado la toalla porque ha dicho que no puede soportar que continuamente el Reino de Marruecos esté en contra de las propuestas que las Naciones Unidas hacen para agilizar y para garantizar un referéndum justo con respecto a la autonomía del Sáhara. 
Insistiendo en la pregunta, ¿no cree usted que sería mejor que la Unión Europea tomara en sus manos- no sólo apoyara- su influencia benéfica sobre Marruecos para exigir que en estos seis meses, que son muy sensibles, se consiguiera ese referéndum justo que tanto esperan los saharauis? 
Lamentamos tener que insistir, pero peor sería que en diciembre tuviéramos que lamentar la falta de influencia de la Unión Europea. 
Yo, señora González, también lamento tener que insistir en que ustedes deben ajustarse al tiempo. 
Ha sobrepasado usted 30 segundos del tiempo que yo le había atribuido. 
Por lo tanto, les ruego a ustedes que procuren ajustarse al tiempo porque esto es en beneficio de que se puedan producir más preguntas. 
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder a la pregunta de la Sra. Laura González Álvarez. 
Señora diputada, esté segura de que no me importuna. 
Créame que me tomo el problema con la misma seriedad que usted. 
Pero ahora quiere mantener un debate político conmigo. 
Pero no puedo hacerlo pues sólo puedo exponerle la posición del Consejo. 
Esto es lo que he hecho. 
Repito de nuevo: estamos de acuerdo en los objetivos que se deben alcanzar pero la ejecución operativa es de la incumbencia de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea apoya estos objetivos con las posibilidades de que dispone y si la evolución muestra que los instrumentos políticos empleados hasta ahora no son suficientes, entonces se deberá hablar sobre otros instrumentos. 
Pero, en este momento, el Consejo no ve esa necesidad. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 5 a 8 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 5 formulada por Francisca Bennasar Tous (H-0235/99): 
Asunto: Las regiones insulares en el nuevo contexto del Tratado de Amsterdam El artículo 158 del Tratado de Amsterdam establece que la Comunidad se propondrá reducir el retraso de las regiones menos favorecidas o insulares y la declaración nº 30 aneja al Tratado reconoce que «las regiones insulares sufren de desventajas estructurales vinculadas a su carácter insular cuya permanencia perjudica a su desarrollo económico y social». 
Teniendo en cuenta que una de las causas fundamentales por las que las regiones insulares no pueden concurrir en igualdad de oportunidades en el mercado único son los sobrecostes del transporte de personas, mercancías y energía, y que el artículo 129 B (nuevo 154) menciona explícitamente la necesidad de establecer enlaces entre las regiones insulares y las regiones centrales de la Comunidad, ¿qué medidas específicas tiene el Consejo intención de tomar para procurar la efectiva integración de las regiones insulares en el mercado interior en igualdad de condiciones? 
Pregunta nº 6 formulada por Roy James Perry (H-0241/99): 
Asunto: Interreg para las islas ¿Piensa respaldar el Consejo las demandas de inclusión de una línea específica de cooperación interinsular en el programa Interreg, tal como se solicitara en diversas enmiendas del Parlamento en la primera lectura del Informe Varela Suanzes-Carpegna sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional? 
Pregunta nº 7 formulada por Vincenzo Viola, a quien sustituye la Sra. Bennasar Tous (H-0246/99): 
Asunto: Programa integrado para las regiones insulares de la UEA la luz de los artículos 154 y 158 del Tratado de la UE y de la Declaración aneja al Tratado de Amsterdam (30) , la DG XVII de la Comisión ha elaborado una comunicación sobre el recurso a la energía renovable en las regiones insulares de la UE. 
La DG XII había encargado con anterioridad un estudio sobre la investigación y el desarrollo tecnológico en las regiones insulares y la DG XI había elaborado un código de buena conducta para la gestión de los residuos en las islas. 
Hasta ahora, y a pesar de que el PE lo ha solicitado claramente, estos propósitos no se han materializado desde el punto de vista operativo en un programa integrado para las regiones insulares de la UE, donde viven 14 millones de ciudadanos de 12 Estados miembros, con objeto de que puedan competir en el mercado en condiciones equitativas con las demás regiones continentales que no sufren desde el principio de la desventaja geográfica derivada de la insularidad. 
¿Qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo, también en el marco de la reforma de los Fondos estructurales y de la iniciativa comunitaria Interreg, para materializar todo lo previsto a este respecto en el Tratado de Amsterdam? 
Pregunta nº 8 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0260/99): 
Asunto: Medidas de apoyo a las regiones insulares de la UniónSegún el artículo 158 del Tratado de Amsterdam, una de las obligaciones de la Unión es la adopción de medidas para reducir el retraso de las regiones o islas menos favorecidas. 
Así mismo, en la Declaración nº 30 aneja al Tratado de Amsterdam se reconoce que las regiones insulares sufren de desventajas estructurales vinculadas a su específico carácter insular, y se pide que la Unión tenga en cuenta dichas desventajas y que, siempre que sea necesario, se tomen medidas específicas con miras a integrar mejor dichas regiones en el mercado interior en condiciones equitativas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿puede indicar el Consejo qué acciones de preparación ha emprendido para que, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, lo previsto en su artículo 158 así como en la Declaración aneja nº 30 se traduzca en la práctica en proyectos y programas concretos? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a estas cuatro preguntas. 
Señor diputado, el Consejo es consciente de la especial problemática de las islas y siempre ha dado gran importancia a las estrategias políticas que pueden fomentar una integración de las islas en el mercado común. 
También en la reforma de los Fondos estructurales y de cohesión en el marco de la Agenda 2000, uno de los objetivos de reforma más importantes es la concentración de la ayuda en las regiones especialmente necesitadas y más pobres. 
En este contexto, el Consejo cree que la tarea de la política regional consiste en desarrollar todos los potenciales para compensar los desequilibrios y atrasos estructurales y acelerar la transformación económica y social en las regiones menos favorecidas, inclusive las islas. 
Por ello, en el próximo período de ayudas se va a proseguir también el fomento de las regiones insulares. 
Sobre la dotación exacta del reglamento sobre los Fondos regionales europeos, tan importante en este contexto, están aún en curso las negociaciones con el Parlamento Europeo en el marco de la concertación informal y del procedimiento legislativo. 
Vengo precisamente de la concertación sobre este tema y le puedo describir una situación que tiene tres cuartos de hora de antigüedad. 
Parece que se podría lograr con relativa rapidez un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo en las cuestiones aún abiertas. 
Quiero indicar además que la Comisión ha comunicado hace poco que hay que dedicar una especial atención también a la inclusión de las regiones insulares en las medidas de la iniciativa comunitaria INTERREG C. Esto me parece también razonable, sin que con ello quiera establecer un juicio adelantado sobre el posterior procedimiento. 
Es la primera vez que podemos hablar de regiones insulares con el Consejo. 
El artículo 158 del Tratado de Amsterdam, que constituye la base de la política de cohesión, ha sufrido una traducción errónea en alguna de las lenguas oficiales de la Unión. 
El único sentido lógico de este artículo, gracias a la addenda hecha por el Consejo de Amsterdam, es el de considerar a todas las regiones insulares de la Unión entre las regiones menos favorecidas a causa de su handicap geográfico, fuente del aumento de los costes, por ejemplo, en los sectores de transporte o de la energía. 
El Consejo, sin embargo, ha interpretado tal artículo en el reglamento para el FEDER de manera restrictiva al hablar de islas menos favorecidas. 
Esta definición es poco clara. 
¿Se basa en un criterio económico, geográfico, periférico? 
Y, ante todo, yo diría que es errónea porque es contraria a la declaración aneja nº 30 y al propio sentido común. 
¿Por qué en Amsterdam se habría debido incluir una referencia a las islas menos favorecidas cuando, de hecho, éstas ya estaban incluidas entre las regiones menos favorecidas mencionadas en el antiguo artículo? 
¿No sería acaso la voluntad del Consejo añadir una nueva categoría de regiones, todas las islas, entre las regiones menos favorecidas de la Unión Europea? 
¿Por qué el Consejo no quiere ahora reafirmar su posición de Amsterdam en favor de las islas en los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales? 
Señora diputada, el Consejo no comparte expresamente su interpretación del Tratado de Amsterdam. 
Tiene otra opinión y se afirma en ella. 
Su política para enjuiciar el derecho a percibir ayudas por parte de las regiones insulares es que hay aplicar naturalmente el criterio de la necesidad. 
Desearía presionar al Presidente en ejercicio sobre este punto. 
Las orientaciones de la Comisión para INTERREG establecen de manera definitiva que es necesario prestar atención a las regiones ultraperiféricas e insulares. 
Yo represento a la isla de Wight, frente a las costas del sur de Inglaterra, una región indudablemente fronteriza y que registra un PIB equivalente al 64 % de la media europea. 
¿Puedo regresar a la isla de Wight y hacerles saber a sus habitantes que las nuevas propuestas de INTERREG servirán de ayuda en islas como la suya? 
Señor diputado, le expreso mi agradecimiento por esta información y la pondré en conocimiento de la Comisión. 
No es mi tarea ni tampoco es tarea del Consejo decidir qué territorios bajo qué criterios deben ser incluidos en las ayudas. 
Es asunto de la Comisión. 
Sin embargo, le quiero indicar que un territorio con un nivel inferior al 75 % del nivel de bienestar medio en Europa es un territorio de ayuda incluso según el Objetivo I de los Fondos estructurales. 
Trátelo con la Comisión, pues este no es un asunto del Consejo. 
Señor Ministro, hemos estado hablando hace poco, ahora tenemos que decir las mismas cosas, o parecidas, públicamente. 
Las islas, ya que no es usted isleño se lo digo, no son sólo destinos vacacionales, con sol y playa. 
Esto constituye una desventaja permanente de las islas, que se manifiesta en numerosos sectores. 
Lo que quiero subrayar es que puede usted ver aquí a muchos diputados que se ocupan del asunto, y ha escuchado usted antes el debate que hemos mantenido en la Comisión Asesora, donde he expresado puntos de vista del Parlamento Europeo. 
Las islas son un sector que merece nuestra atención, y lo decidido en Amsterdam ha de traducirse en obras. 
La iniciativa Interreg brinda la primera oportunidad. 
Hay que conceder a la iniciativa Interreg la importancia debida, no sólo en las regiones ultraperiféricas, sino también en las regiones insulares, y en este sentido desearíamos un compromiso del Consejo. 
Termino, señor Presidente, pidiendo al Ministro que nos diga si alguien en el Consejo está elaborando una estrategia concreta para las islas. 
Imagino que la respuesta será negativa, pero confío en que en el futuro algo se moverá. 
Señor diputado, es aplicable lo que ha acordado el Consejo en Berlín sobre la Agenda 2000. 
Creo que la Agenda 2000 tiene muy en cuenta los intereses y necesidades de las regiones insulares. 
En estos momentos estamos aplicando las resoluciones políticas de Berlín en forma de reglamentos y la opinión del Consejo es atender plenamente las necesidades que se deriven para las regiones insulares. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, mi pregunta se refiere a un tipo especial de islas, aquellas incluidas entre las regiones ultraperiféricas que recoge el apartado 2 del artículo 299 del nuevo Tratado de Amsterdam, para las que prevé un estatuto especial; pero se trata de una pregunta para cuya respuesta, probablemente, el Sr. Verheugen no tendrá ni siquiera que consultar sus notas porque creo que él estuvo presente en la noche del Consejo Europeo de Berlín. 
Había un texto de la Comisión de las Comunidades Europeas en el documento Agenda 2000 en virtud del cual estas regiones ultraperiféricas quedarían exentas del requisito del 75 % del PIB comunitario per cápita para permanecer como regiones de Objetivo 1. 
En la misma noche, el Presidente del Gobierno español afirmó que ese objetivo se había conseguido pero, luego, al comprobar el texto, vemos que eso no es así. 
No sé si el Presidente en ejercicio del Consejo recuerda lo que se acordó efectivamente aquella noche y cuál es la situación de las regiones ultraperiféricas en cuanto a su inclusión como regiones de Objetivo 1 después del acuerdo del Consejo Europeo de Berlín. 
Señor diputado, usted sobrestima mi memoria. 
No quiero decirle ahora nada erróneo. 
Tengo que ver el acta de Berlín, pues no puedo recordar en absoluto un debate tal como el que usted ha citado. 
Sólo puedo decirle que también para las regiones ultraperiféricas- y estas son siempre las islas- es aplicable lo que he dicho. 
Si cumplen el criterio de la necesidad serán ayudadas. 
Pregunta nº 9 formulada por Roberto Speciale (H-0236/99): 
Asunto: Compraventa de seres humanos en el Sudán Un reciente artículo aparecido en un periódico italiano de gran difusión nacional ha dado gran relieve a la noticia según la cual al parecer en el Sudán, sobre todo en el sur del país, existe la compraventa de seres humanos, incluso menores de edad, pertenecientes a las tribus dinka y nuba. 
¿Tiene el Consejo conocimiento de estos hechos? 
En caso afirmativo, ¿se ha puesto en contacto con las autoridades locales para averiguar la realidad de los hechos y manifestar con energía la absoluta contrariedad de la Unión Europea? 
En su caso, ¿qué medidas estaría dispuesta a adoptar la CE, incluida la suspensión de cualquier programa de ayuda y cooperación, para detener este tipo de comercio? 
Señor Verheugen, le pido, por favor, que responda a la pregunta del Sr. Speciale. 
Señor Presidente, el Consejo sabe que en el Sudán se producen secuestros, que hay casos de esclavitud, de trata de esclavos y violaciones de los derechos humanos de similar gravedad. 
En una declaración sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, el 14-4-1998 el Consejo constató que en ese país se siguen produciendo graves violaciones de los derechos humanos. 
La UE exige que los derechos humanos sean respetados sin excepciones en todas las partes del Sudán y está a favor de que se estacionen en el Sudán observadores que supervisen preferentemente el respeto de los derechos humanos. 
Además, la UE exige un acceso sin trabas de los observadores internacionales a las regiones de las que se informa sobre secuestros, casos de esclavitud, trata de esclavos o violaciones similares de los derechos humanos. 
En la 55ª Comisión de derechos humanos de Ginebra, la Unión Europea ha presentado un proyecto de resolución en el que se menciona expresamente el problema de la esclavitud. 
La UE va a plantear también en el futuro al Gobierno sudanés cuestiones de derechos humanos con la finalidad de lograr de dicho Gobierno un cambio de actitud también en lo referente a la esclavitud. 
Exceptuando la ayuda humanitaria, se ha suspendido la cooperación económica de la Unión Europea con el Sudán. 
Una finalización de la ayuda humanitaria afectaría exclusivamente a la población civil por lo que no entra en consideración como posible medio de presión frente al Gobierno sudanés. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta que me satisface. 
Me es muy grato que el Consejo conozca esta situación y quiera intervenir. 
Espero que hayan hechos concretos y un cambio de actitud del Gobierno de Sudán, sin embargo, entiendo perfectamente que esto no depende de nosotros, aunque depende de nuestra determinación. 
Sé que en los próximos días comenzarán en Nairobi las negociaciones de paz sobre la situación interna en Sudán y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, me pregunto si no se puede plantear esta misma cuestión en dichas negociaciones, al objeto de que el Gobierno de Sudán perciba la fuerte presión de la comunidad internacional. 
Con todo, le agradezco su respuesta. 
Señor diputado, constato que coincidimos plenamente en los objetivos. 
No puedo responder aquí sin más a su pregunta concreta de si la problemática de los derechos humanos se puede introducir en las conversaciones que van a comenzar en Nairobi. 
Le ruego que comprenda que primero me tengo que informar sobre cuál va a ser el objeto de estas negociaciones y le responderá a continuación por escrito. 
Asunto: Tratado de Amsterdam ¿Cuándo calcula el Consejo que podrá entrar en vigor el Tratado de Amsterdam? 
¿Qué obstáculos subsisten para que esto ocurra? 
¿De qué manera repercutirá el Tratado de Amsterdam sobre la asociación de Noruega e Islandia al Acuerdo de Schengen? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Sjöstedt. 
Tras la presentación del último documento de ratificación el 30 de marzo de 1999 y de conformidad con el artículo 14, el Tratado de Amsterdam entrará en vigor el 1 de mayo de 1999. 
De conformidad con el artículo 6 del Protocolo para la inclusión del acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea, para la ejecución y posterior desarrollo de dicho acervo, la República de Islandia y el Reino de Noruega serán asociados sobre la base del acuerdo firmado el 19 de diciembre de 1996 en Luxemburgo. 
Los correspondientes procedimientos para ello se determinarán en un convenio que el Consejo ha acordado con resolución unánime de los 13 miembros mencionados en el artículo 1 del Protocolo de Schengen con Noruega e Islandia. 
La Presidencia del Consejo, junto con la Comisión, ha mantenido negociaciones con Noruega e Islandia sobre la base de las directrices aprobadas por el Consejo. 
El Consejo ha sido informado sobre el resultado de las negociaciones. El Convenio de asociación será aprobado lo antes posible tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
En primer lugar quiero dar las gracias al Consejo por su respuesta y después deseo formular una pregunta complementaria. 
Si se lee el protocolo que trata del acuerdo con Noruega e Islandia en relación con la incorporación de Schengen en el derecho comunitario, adjunto al Tratado de Amsterdam, queda claro que el Consejo debe decidir sobre los fundamentos jurídicos de las diferentes partes de este acuerdo. 
Me pregunto cuánto se ha avanzado en este trabajo, si hay plazos para terminarlo y si hoy es posible decir algo sobre los fundamentos jurídicos que van a tener las diferentes partes del acuerdo, según el Derecho comunitario. 
Bajo reserva de una comprobación, pues naturalmente no puedo tener ese dato, le digo que los trabajos aún no han concluido. 
Como quizás usted ya sepa, el problema consiste en un Estado miembro ha planteado una reserva muy de principio en lo que se refiere a toda esta problemática, si bien nos estamos esforzando actualmente mucho para mover a dicho Estado miembro a que abandone a esa reserva. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Canciller Federal Schröder nos ha anunciado hoy una nueva Conferencia Intergubernamental que deberá finalizar el próximo año. 
Sólo quiero preguntar si esa Conferencia Intergubernamental va a recibir el mandato aún antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y qué partes del Tratado de Amsterdam se van a negociar allí de nuevo. 
No, el mandato se otorgará en la reunión de Colonia en la primera semana de junio. No se va a negociar de nuevo sobre ninguna parte del Tratado de Amsterdam sino que se va a tratar entre otras cosas sobre los famosos left-overs de Amsterdam. 
Solamente deseo formular una pregunta sobre el acuerdo que se va a celebrar con Noruega e Islandia en relación con la incorporación de Schengen al Tratado de Amsterdam. 
¿Se va a escuchar al Parlamento en relación con este acuerdo? 
Aquí se aplican las reglas del Tratado de Amsterdam. 
Pregunta nº 11 formulada por Peter Truscott (H-0242/99): 
Asunto: La situación en Jammu y Cachemira ¿Puede comentar el Consejo las perspectivas de que se logre la paz en Jammu y Cachemira? 
¿Tiene algún plan para ofrecer sus buenos oficios como intermediario entre India y Pakistán con el fin de ayudar a resolver la cuestión de Jammu y Cachemira? 
Tiene usted la palabra, señor Verheugen, para responder al Sr. Truscott. 
La Unión Europea está preocupada desde hace mucho tiempo por la tensa situación en Cachemira, pues representa una amenaza para la paz y estabilidad de la región. 
Por este motivo, la Unión sigue con especial atención los acontecimientos. 
La UE es de la opinión de que el diálogo entre la India y Pakistán es la clave para la solución del conflicto de Cachemira, que grava especialmente las relaciones entre ambos países. 
Por ello, la Unión siempre ha apelado a ambas partes para que busquen con todas sus fuerzas una solución negociada para todas las cuestiones abiertas entre ambos países, en especial, la cuestión de Jammu y Cachemira. 
La cumbre entre los Primeros Ministros de la India y Pakistán que ha tenido lugar hace poco en Lahore, nos proporciona esperanzas de que ambas partes se esfuerzan seriamente en establecer unas relaciones de buena vecindad, lo que podría conducir también a una mejora de las perspectivas de paz en Jammu y Cachemira. 
El Consejo estará al corriente de que la India realizó una prueba el 11 de abril con un misil balístico de medio alcance, el Agni II, capaz de hacer diana a 2 000 kilómetros de distancia y que puede ir dotado con una cabeza nuclear. 
A la vista de la importancia de los acontecimientos y de la posibilidad de que se agrave la inestabilidad en la región, ¿tiene previsto el Consejo redoblar sus esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo en Jammu y Cachemira? 
Puedo responder afirmativamente a esta pregunta. 
El Consejo sigue con la mayor preocupación la carrera armamentística en la región y la cuestión que acaba de plantear se va a tratar muy pronto en el comité político. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 12 decae. 
Asunto: El euro y el discurso del Sr. Joschka Fischer el 12 de enero 1999 En su discurso ante el Parlamento Europeo, el Presidente del Consejo dijo que la introducción del euro supone no sólo grandes cambios sino también un riesgo igual de grande, por ejemplo, si, como consecuencia lógica de este paso audaz, la UE no diera también pasos igual de audaces hacia una total integración. 
¿Puede el Presidente del Consejo precisar qué otros pasos hacia la integración considera necesarios y por qué? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Sandbæk. 
En las conclusiones a las que llegó el Consejo Europeo en la reunión de Viena en diciembre de 1998, se destaca entre otras cosas que el euro va a fortalecer la capacidad de Europa para impulsar el empleo, el crecimiento y la estabilidad y que la introducción de la moneda única intensificará la necesidad de coordinación económica. 
El Consejo Europeo subrayó en especial que debe profundizarse la coordinación económica para asegurar el éxito de la Unión Económica y Monetaria y apoyar un crecimiento que repercuta eficazmente sobre el empleo de un modo sostenido. 
Se defendió la opinión de que los actuales desafíos económicos exigen unas respuestas adecuadas y coordinadas que incluyan la política presupuestaria, monetaria y estructural. 
Finalmente, el Consejo Europeo pidió al Consejo ECOFIN que le informase en Helsinki sobre el funcionamiento de la coordinación político-económica en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
En los rasgos básicos de la política económica de los Estados miembros y de la Comunidad para 1998/99 se subraya de modo similar que las políticas económicas de los Estados miembros, en especial, su política financiera y monetaria, que ahora cae dentro de la competencia exclusiva de la Comunidad, así como las reformas estructurales tienen que apoyarse entre si para alcanzar una inflación baja que va paralela a un crecimiento sostenible y eficaz para el empleo. 
Usted ha explicado que las políticas que deberán ser coordinadas serán las políticas financiera y monetaria; sin embargo, ¿podría mencionar específicamente dentro de qué ámbitos de la política económica tienen pensado promover la integración con motivo de la UEM? 
El Consejo considera necesario intensificar la coordinación en todos los sectores macroeconómicos, es decir, en la política financiera, presupuestaria, fiscal y también económica en sentido estricto. 
Le doy toda la razón al Presidente en ejercicio cuando afirma que una moneda única nos exige que profundicemos en nuestra cooperación económica. 
Sin embargo, estará de acuerdo conmigo en que los Estados Unidos constituyen claramente un mercado único con una moneda única y, aún así, en este país no se ha considerado necesario armonizar los impuestos. 
Por lo tanto, para lograr el éxito del euro, no es necesario armonizar la imposición fiscal, directa o indirecta. 
Tomo nota de ello e indico que no he empleado el concepto «armonización» de impuestos. 
He hablado de «coordinación». 
Muchas gracias, señor Verheugen, por la precisión semántica. 
Pregunta nº 14 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0245/99): 
Asunto: Cumbre de Río de Janeiro Habida cuenta del impulso que el Parlamento Europeo desde su posición institucional ha venido dando a las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina, el incremento de las principales líneas presupuestarias de cooperación con la región que el Parlamento Europeo ha venido aprobando en los últimos años, la presencia que el Parlamento Europeo ha venido manteniendo en las Cumbres Formales e Informales de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea así como su participación en las reuniones de las Conferencias Ministeriales de San José y del Grupo de Río, 
¿Cuáles son las modalidades de participación que la Presidencia en ejercicio del Consejo ha previsto para el Parlamento Europeo en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los países de América Latina y del Caribe, que tendrá lugar en Río de Janeiro el próximo mes de junio? 
Tiene usted, señor Verheugen, la palabra para responder a la pregunta del Sr. Salafranca. 
Es evidente que cuando yo formulé esta pregunta escrita no podía saber que iba a ser objeto de discusión en el seno del diálogo tripartito de esta mañana. 
Pero quisiera saber- ya es una pregunta, efectivamente, recurrente porque se la presenté al representante de la Presidencia en ejercicio en la Conferencia de Presidentes de Delegación- si la Presidencia alemana apoya, como parece desprenderse del sentido de lo que ha manifestado esta mañana el propio Canciller Schröder sobre le papel que debe corresponder al Parlamento en el proceso de integración europea, que el Parlamento participe- como participa ya en las Conferencias ministeriales de Río y del Grupo de San José- y si, como es lógico, va a tener una presencia activa, puesto que el asunto no es desdeñable y no se puede decir que en esta Cumbre no se vayan a tomar decisiones presupuestarias que afecten o puedan afectar a las competencias de este Parlamento. 
¿Cuál es la posición de la Presidencia en ejercicio? 
¿Apoyaría o no apoyaría la presencia activa del Parlamento? 
Como ya he dicho, la cuestión de la participación del Parlamento Europeo en la Conferencia de Río se va a tratar en base a los principios acordados por el Consejo. 
La Presidencia no puede comportarse de otro modo, tiene que atenerse a los principios que ha aprobado el Consejo. 
La Presidencia no puede realizar promesas que vayan más allá. 
No está autorizada para ello. 
Si se expresan deseos que vayan más allá, significa que esta cuestión se debería tratar en el proceso de la reforma institucional que se va a poner ahora en marcha. 
No obstante, la opinión básica de la Presidencia sobre este tema es que deberíamos ser muy estrictos en no mezclar dentro de la Unión Europea las diferentes tareas, responsabilidades y niveles. 
Siempre se tiene que saber qué órgano de la Unión Europea actúa con qué responsabilidad para que las ciudadanas y ciudadanos obtengan también la necesaria transparencia. 
El Consejo no considera acertada una tendencia a mezclar y difuminar responsabilidades. 
Pregunta nº 15 formulada por Robin Teverson (H-0248/99): 
Asunto: Derecho de voto en Gibraltar El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que los residentes en Gibraltar deben tener derecho a votar en las elecciones europeas. 
Para llevar esta sentencia a la práctica será necesario el consenso unánime del Consejo y la ratificación por los Estados miembros para modificar la ley actual en virtud de la cual los residentes en el Reino Unido tienen derecho a votar en las elecciones europeas, pero no así los residentes en Gibraltar. 
Teniendo en cuenta esta decisión, ¿cuáles son los planes del Consejo para modificar el Tratado de forma que la población de Gibraltar pueda ejercer su derecho de voto? 
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Teverson. 
Este es un tema muy delicado. 
El Consejo celebraría mucho que los dos Estados afectados se pudiesen poner por fin de acuerdo sobre este asunto. 
El Consejo no se ha ocupado aún de las eventuales consecuencias de la sentencia mencionada. 
El Consejo da la máxima importancia al derecho electoral al Parlamento Europeo y en este contexto a la realización del principio reflejado en el artículo 138 del Tratado de la CE de celebración de elecciones generales y directas. 
Una modificación de la ley sobre las elecciones generales y directas de diputados al Parlamento Europeo presupondría que el Consejo, con el asentimiento del Parlamento Europeo, decretase unánimemente las correspondientes normas y las recomendase a los Estados miembros para su aprobación según sus normas constitucionales. 
En este contexto, el Consejo tiene un gran interés en conocer la posición del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, no digo en absoluto que ésta no sea una cuestión delicada. 
Pero se trata también de una cuestión de principios, y no sólo de principios teóricos sino de unos principios que, como se señala en mi pregunta, han sido examinados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Se ha dictado una sentencia- y no por una pequeña sino por una amplia mayoría, quince votos a favor y dos en contra- a favor del principio de que, desde el punto de vista de los derechos humanos, los ciudadanos de Gibraltar han de poder votar en las elecciones europeas. 
Así pues, a pesar de la decepción que me produce el hecho de que el Presidente en ejercicio esté intentando lograr un acuerdo entre los dos Estados miembros, éste es sin duda alguna un ámbito en el que el Consejo puede adoptar medidas positivas atendiendo a su preocupación por los derechos humanos y respetando las normas de una institución que, si bien no forma parte de la UE, sí cuenta con su respeto y queda mencionada en una parte del Tratado de Amsterdam. 
¿Tiene previsto el Consejo adoptar estas medidas positivas a fin de corregir esta deficiencia en materia de derechos humanos? 
Señor diputado, ante la problemática por usted conocida que acompaña a todas las cuestiones relacionadas con Gibraltar, no estoy en situación de exponerle la posición del Consejo sobre preguntas adicionales. 
Esto tiene que tratarse en cada caso individual y para cada pregunta adicional con los Estados miembros. 
Tengo que responderle a esta pregunta por escrito. 
Esto es aplicable también a todas las demás preguntas adicionales, pues no estoy legitimado para exponer aquí sencillamente opiniones. 
A cualquier pregunta que se plantee aún deberé responder por escrito pues tiene que ser consultada intensamente con los Estados afectados. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no es la primera vez que se trata sobre esta cuestión aquí en el Parlamento. 
En los turnos de preguntas la hemos tenido con mucha frecuencia. 
Se han planteado estas preguntas con mucha frecuencia y tengo que decirle sinceramente que su respuesta de que no puede dar más informaciones sobre preguntas adicionales es muy insatisfactoria para este Parlamento. 
¿Me permite que le llame la atención sobre lo siguiente y rogarle que lo transmita en este contexto o quizás que proporcione información si es posible? 
Hay que considerar siempre a Gibraltar bajo dos sistemas jurídicos diferentes pues se sabe que las fronteras actuales de Gibraltar no corresponden a sus fronteras históricas, es decir, hay una parte de Gibraltar que sin duda es parte de Gran Bretaña y hay otra parte, la situada al norte que, si así se quiere, es territorio español bajo administración británica. 
¿No sería, por ejemplo, posible que al menos a aquellas personas que están en territorio español bajo administración inglesa, se les concediese actualmente el derecho electoral? 
Esto debería ser al menos posible. 
Señor diputado, es la primera vez que se plantea la pregunta sobre esta sentencia y se trata aquí también por primera vez. 
Si su pregunta era si me puede llamar la atención sobre unos determinados hechos, mi respuesta es que sí, que puede hacerlo. 
No vamos a abordar aquí, con toda la profundidad que merecería el caso, el problema de Gibraltar, que es una colonia de un Estado miembro dentro de otro Estado miembro socio de la Unión Europea, lo cual es un anacronismo en el umbral del siglo XXI. 
Pero sí me gustaría formularle una pregunta muy concreta, que no se refiere a un planteamiento filosófico sino simplemente al hecho de si la Presidencia en ejercicio considera que la Comunidad Europea es una Comunidad de Derecho, y que las normas jurídicas, en este caso los Tratados, sólo se conciben cualificadas por la obligación de cumplirlas. 
Y si los Tratados establecen que, en esta materia, hay que progresar sobre la base de una decisión por unanimidad, pienso que el Consejo tendrá que apoyar las normas jurídicas que nos hemos dado nosotros y que se ha dado el Consejo en el Tratado de Amsterdam. 
¿Piensa el Consejo que las normas jurídicas del Tratado sólo se conciben cualificadas por la obligación de cumplirlas? 
Señor diputado, esta era una pregunta tan de principio que realmente tengo que contestarla. 
Por supuesto, el Consejo es de la opinión de que la Unión Europea es una comunidad de derecho y que tiene que atenerse estrictamente a sus propias normas y valores. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 16 decae. 
Pregunta nº 17 formulada por Vassilis Ephremidis (H-0254/99): 
Asunto: Contenido del Consejo informal de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE Según noticias publicadas en la prensa, inmediatamente después del secuestro de Ocalan por servicios secretos y en circunstancias de reserva sin precedentes, se celebró cerca de la capital alemana una reunión extraordinaria informal de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, con la participación de su homólogo suizo, que tuvo por objeto coordinar la acción dirigida a desmantelar la infraestructura logística del PKK, instaurar códigos de cooperación e información mutua entre los servicios secretos y «hacer frente» a la red de comunicaciones de los kurdos en Europa, cuyos elementos principales son el canal de televisión MED-TV y el diario Özgür Politika. 
¿Puede indicar el Consejo cuáles fueron los motivos de la convocatoria de dicha reunión extraordinaria informal, por qué estuvo rodeada de tal reserva, cuáles fueron sus conclusiones y decisiones, qué papel está llamada a desempeñar Europol, qué otros servicios de policía judicial nacionales, internacionales o europeos están comprometidos en la aplicación de las decisiones citadas y si éstas afectan exclusivamente a las organizaciones kurdas o también a otras organizaciones y movimientos que actúan en países de la UE? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Ephremidis. 
El Ministro alemán del Interior convocó una Conferencia debido a los incidentes producidos tras la detención de Abdulah Ocalan el 23 de febrero de 1999. En dicha conferencia participaron los Ministros del Interior de varios Estados miembros de la Unión Europea y de Suiza así como representantes de la Comisión y de la Secretaría del Consejo. 
El objeto de este encuentro, que se dio a conocer a los medios, era valorar los incidentes mencionados en los Estados participantes. 
El intercambio de informaciones se refirió en especial al tipo de actos públicos organizados por el PKK y el número de manifestantes en los diversos países. 
Pero no se adoptaron decisiones, pues no se trataba de una reunión del Consejo de la Unión Europea. 
Solamente se acordó mejorar el intercambio de informaciones de cara a futuros incidentes similares. 
¿Por qué tanta reserva? 
¿Qué es de la transparencia que debe presidir el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea? 
¿Por qué ha de hurtarse esto a los ciudadanos de la la Unión Europea, a esos ciudadanos de los que se pretende estar tan cerca? 
No hay respuesta, señor Presidente. 
¿Las conversaciones hicieron referencia sólo al PKK? 
¿Lo juzgaron, lo condenaron y ahora lo ponen bajo control especial? 
¿O hicieron referencia las conversaciones también a otras organizaciones que actúan en el ámbito de la Unión Europea? 
¿Nos encontramos tal vez en el umbral o incluso en plena aplicación de procedimientos que ya usó Hitler con la Gestapo, contra los comunistas y los judios, en un principio, con los socialdemócratas, más tarde, y finalmente, con todos los demócratas? 
¿Nos enfrentamos tal vez a una caza de brujas que amenaza a toda la Unión Europea? 
¿Por eso se ocultan? 
¿Para tomar decisiones en secreto y prohibir manifestaciones contra la guerra, u otras actividades, como ya ha hecho estos días en Bruselas el Estado belga? 
Quisiera, por favor, señor Presidente, una respuesta. 
A menos que el señor Ministro, se declare de nuevo incapaz; en ese caso, sin embargo, sentiremos lastima, pues viene un ministro y es incapaz de responder. 
Tengo que decir que estoy más que sorprendido por esta opinión del Sr. Diputado- pues no era una pregunta. 
En todos los países miembros de la Unión Europea y en todos los Estados de derecho las conversaciones mantenidas por los responsables de la seguridad interior sobre temas sensibles, como por ejemplo, sobre la obtención de informaciones, no pueden darse a conocer a la opinión pública. 
Se erraría totalmente el objetivo de un encuentro de este tipo si se informase sobre los detalles a la opinión pública. 
No creo que esto sea diferente en ningún otro país miembro de la Unión Europea. 
Pero voy a atender gustosamente su deseo de transparencia y mencionar al menos otro punto que se trató allí y para el que no existe tampoco una necesidad especial de mantener secreto. 
La Conferencia ha expresado, por ejemplo, su pesar porque Grecia no informó inmediatamente a los socios de la Unión Europea sobre la detención de Ocalan por parte de fuerzas de seguridad keniatas y su traslado a Turquía. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, sabemos que a través de la MED-TV y el periódico Özgur Politika se ofrece una gran cantidad de informaciones. 
También conocemos los contenidos. 
¿Ha pensado el Consejo utilizar estos canales también para ofrecer informaciones a los kurdos que viven entre nosotros? 
Mi segunda pregunta es: ¿qué modelos de integración para los kurdos en Europa se están aplicando actualmente? 
Señor diputado, no puedo reconocer la relación de su pregunta con la pregunta inicial, por lo que sólo estoy en situación de responderle por escrito a esta pregunta. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Señorías, vamos a tratar de la última pregunta. 
Les he advertido ya que hoy, por imperativos de su viaje, el Sr. Verheugen debe abandonarnos a las 18.50 horas. 
Faltan dos minutos; por lo tanto, espero que, con la brevedad a que nos tiene acostumbrados el Sr. Verheugen y con la ayuda de la Sra. Eriksson, que sustituye reglamentariamente al Sr. Seppänen, podamos cumplir en dos minutos esta última pregunta. 
Pregunta nº 18 formulada por Esko Olavi Seppänen, a quien sustituye la Sra. Eriksson (H-0256/99): 
Asunto: Estatuto de los funcionarios de la UE En opinión del Consejo, ¿puede una misma persona percibir legalmente de las instituciones de la UE tanto un sueldo como una pensión de jubilación? 
Si está prohibido, pero ocurre a pesar de todo, ¿qué piensa hacer el Consejo de conformidad con el artículo 232 del Tratado? 
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder a la pregunta nº 18. 
Señor Presidente, el Consejo no conoce hasta ahora ningún caso de acumulación. 
La Comisión tampoco ha presentado al Consejo ninguna propuesta que tenga como objetivo una modificación de la prohibición de acumulación determinada en el estatuto. 
Seppänen ha discutido este asunto con el Consejo anteriormente. 
De lo que se trata es de que los jefes del Banco Central puedan obtener pensiones considerables y continuar percibiendo un sueldo, lo que para un ciudadano finlandés resulta inaceptable; es una suma muy alta para que pueda obtenerla la persona en cuestión. 
Por eso preguntamos si se piensa aceptar esto y si se van a conceder excepciones al director del Banco Central. 
Señora diputada, ya me imaginaba de qué se trataba- sin duda, de un viejo conocido- y le indico que esta pregunta fue tratada ya exhaustivamente en uno de los últimos turnos de preguntas y que ya respondí exhaustivamente en lo tocante al caso especial que usted plantea. 
No ha cambiado nada en la valoración jurídica y de los hechos que realicé entonces. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 19 a 44 se contestarán por escrito. 
Doy las gracias al Sr. Verheugen por su presencia aquí entre nosotros. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
Tiene la palabra el Sr. Ephremidis para una cuestión de orden. 
Hemos terminado el turno de preguntas, he despedido al Sr. Verheugen y, ahora, como usted ha pedido la palabra para una cuestión de orden, usted debe dirigirse a la presidencia porque es la presidencia quien debe responder a las cuestiones de orden. 
Tiene usted la palabra para una cuestión de orden. 
A modo de despedida al representante del Consejo, que ahora nos deja, quisiera decirle que ha cometido un acto de cobardía parlamentaria. 
Ha acusado a mi país por el asunto de la captura o de la no captura de Ocalan. 
Eso puede tratarlo en los Consejos con los representantes del gobierno griego. 
No puede, sin embargo, lanzar aquí tan miserable acusación. 
Insisto, eso es cobardía parlamentaria y política, y me asombra que el Parlamento tolere a los representantes del Consejo semejantes mezquindades. 
Por esta razón he pedido la palabra, y no para una segunda intervención. 
Conozco bien el Reglamento y, además, usted me ha hecho saber, hace un momento, que no puedo formular una segunda pregunta complementaria. 
Que trate, pues, el señor representante con los ministros competentes qué ocurrió con el asunto Ocalan y qué papel desempeñó mi país en su entrega a los verdugos turcos. 
Muchas gracias, señor Ehpremidis. 
Sus palabras constan en acta y, por lo tanto, son palabras ya pronunciadas. 
Señor Papayannakis, ¿para una cuestión de orden? 
Pues, venga, ¡ánimo! 
Señor Presidente, como bien sabe usted, el artículo 42 del Reglamento prevé las llamadas preguntas prioritarias, las cuales, reza el artículo, han de ser respondidas en tres semanas. 
Lo sé de memoria y usted lo sabe mejor que yo. 
Tengo en mis manos, señor Presidente, la pregunta prioritaria que presenté por escrito el día 7 de enero. 
Registrada de acuerdo con todas las previsiones reglamentarias. 
No he recibido respuesta alguna. 
Quiero denunciar aquí el hecho, es una pregunta dirigida al Consejo- por supuesto, el Consejo, que está aquí, no nos escucha- y debería haber recibido respuesta. 
¿A quién debo dirigirme para que se me dé, como decimos en Grecia, lo que es justo? 
Querría una respuesta, señor Presidente, porque, de lo contrario, me veré obligado a presentar una reclamación por escrito al Presidente. 
Señor Papayannakis, cuando no se recibe una respuesta, se hace lo que ha hecho usted: reclamar en el Pleno por qué no ha recibido respuesta a su pregunta. 
En función de esto, yo voy a preocuparme inmediatamente de conocer por qué motivos usted no ha recibido la respuesta en el tiempo reglamentariamente establecido. 
Por lo tanto, ha hecho usted lo que debe hacer: reclamar en el Pleno al presidente y el presidente, a su vez, debe darle una respuesta a usted sobre qué ha sucedido con su pregunta. 
Por lo tanto, lo que le agradeceré es que me haga llegar exactamente qué pregunta era, sus contenidos, la fecha en que fue presentada para que yo pueda hacer la oportuna investigación. 
Tiene la palabra el Sr. Rübig para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, sólo quiero saludar encarecidamente en el Parlamento Europeo al grupo de visitantes de la Alta Austria del Sindicato de Empleados Privados. 
Muchas gracias por su comprensión. 
Usted lo ha hecho ya y constará en acta. 
La sesión, interrumpida a las 18.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Funcionamiento de las instituciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0158/99) del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la mejora del funcionamiento de las instituciones sin modificar los Tratados. 
Señor Presidente, Señorías, el último informe que tendré que presentar ante este Parlamento llega probablemente en una hora muy mala del día, pero en un momento muy bueno del año. 
¿Por qué? 
Porque ayer, sin ir más lejos, el Sr. Prodi, apoyado, al parecer, por todo el mundo, respecto a esa frase en todo caso, decía que las instituciones europeas necesitaban reformas profundas. 
Pues bien, para que el Sr. Prodi no sea el único en proponer esas reformas, hemos decidido ayudarlo y presentarle algunas ideas y algunas orientaciones, que, gracias al amplio consenso que se ha formado en nuestra comisión, hemos logrado proponer a Sus Señorías. 
No siempre es necesario modificar los Tratados para mejorar el funcionamiento de las instituciones. 
En el pasado, la experiencia lo ha demostrado, hemos logrado perfeccionar y mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones por la vía de acuerdos interinstitucionales o medidas de reforma interna. 
Pero normalmente cada institución se ocupa de sí misma. 
Hemos transgredido un poco ese tabú. 
Esta vez hemos accedido a ocuparnos de otras instituciones distintas de la nuestra. 
El Parlamento- ya lo sabemos- puede también- y tiene mucho trabajo que hacer al respecto- mejorar su funcionamiento, pero, dadas las recientes evoluciones que hemos conocido, debíamos examinar el funcionamiento de la Comisión. 
Por lo que se refiere a la Comisión, esa institución ha sido ya objeto de un informe particular del Sr. Bourlanges, que esta Asamblea aprobó no hace mucho y que entraña una serie de propuestas encaminadas a mejorar su funcionamiento. 
Así, pues, no vamos a referirnos de nuevo a ese punto. 
Por tanto, nos limitaremos a la Comisión y al Parlamento. 
Por lo que se refiere a la Comisión, conviene decir que las disfunciones aparecidas no son recientes. 
Sus causas son profundas y se remontan a una época lejana. 
En particular, todo lo que se refiere a la contratación, la promoción, la motivación del personal se vio afectado por una renacionalización y una politización en aumento que afectaron al buen funcionamiento de una función pública que debe ser imparcial y neutra. 
Se trata de un fenómeno comprobado y que ha provocado las dificultades que ya sabemos. 
Sabemos que en un principio se concibió la Comisión sobre todo para establecer un marco legislativo, encaminado a crear la armonización, y no para gestionar programas. 
Así, pues, había cierta inadecuación entre la metodología de la Comisión, su estructura, su tradición, y las tareas que se le encomendaron después y para las cuales ni el Consejo y- me atrevo a decirlo-ni el Parlamento le concedieron los medios convenientes. 
Y la Comisión cometió- me parece a mí- el error de aceptarlas. 
Ésa es una de las razones de sus disfunciones. 
La otra razón es, naturalmente, el papel de los gabinetes, que pasó a ser importante. 
Eso explica seguramente que, en el caso de ciertos Comisarios- no digo todos -, lo que los expertos afirmaron, a saber, la pérdida de control de la administración, se haya debido en parte al papel cada vez más importante de dichos gabinetes. 
Por lo que se refiere a la estructura interna de la Comisión, se multiplicaron las directivas a fin de dar ocupación a un número cada vez mayor de Comisarios y, si se continúa ese impulso, como se va a pasar de veinte a treinta Comisarios, se van a crear de nuevo otras tantas direcciones y su multiplicación, que no corresponde a una coherencia interna, a la homogeneidad de las tareas que desempeñar, dará resultados desastrosos. 
Lo hemos visto en el caso de los asuntos exteriores, que son competencia de cuatro direcciones. 
Por lo que se refiere al Parlamento, nuestras propuestas son, evidentemente, un poco más delicadas, pues hacen competencia a las de la Comisión de Reglamento y requieren un consenso en esta Asamblea, que no siempre es fácil de lograr. 
Pero, en lo esencial, nuestras propuestas se refieren a la Comisión. 
Tienen en cuenta el diagnóstico que acabo de proponer y sobre el que hay- me parece a mí- coincidencia en gran medida. 
Señor Presidente, intervengo aquí en mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Nos hemos limitado a un solo tema, que nos preocupa, y es el de las agencias. 
En primer lugar he de agradecer al ponente la manera en la que ha tratado en su informe el asunto de las agencias. 
Es algo que se olvida fácilmente, pero en las comisiones parlamentarias permanentes que se ocupan de ello, y también en la Comisión de Presupuestos, a veces ha causado cierta extrañeza. 
¿Qué es lo que pasa con las agencias? 
Como ya lo afirma el ponente, cumplen un papel importante. 
Son repartidas muy correctamente entre los distintos Estados y, como también dice con razón el ponente, no existen Estados Miembros antiguos que aún no tengan ninguna agencia y estamos convencidos que para los Estados Miembros nuevos ya se encontrarán otras agencias nuevas. 
Un segundo problema con las agencias, creo que es que siempre son capaces de conseguir una plantilla mayor que la propia Comisión. 
¿Por qué es así? 
Tanto a la Comisión de Presupuestos, como a este Parlamento, como a la propia Comisión les gusta dar la impresión de que no contratan más personal adicional. 
Sin embargo, a los países interesados les gustaría tener una agencia algo más grande de lo que era antes y, por lo tanto, sí que desean contratar una plantilla mayor. 
Así pues, podemos confiar a esas agencias determinadas tareas que superan las posibilidades de la Comisión. 
¿Cómo lo solucionamos? 
Persiguiendo el mayor grado de uniformidad, no una uniformidad total, como hemos dicho en nuestro informe y como lo adoptó el ponente, sino el mayor grado de uniformidad posible para que en todos los casos se cumplan los mismos criterios. 
Esas agencias deberán ser vigiladas muy de cerca, porque si seguimos por este camino, a lo largo probablemente estén trabajando más personas a cuenta de la Unión en dichas agencias que en la propia Comisión. 
Me alegro mucho de que el ponente haya sacado sus conclusiones en este sentido de nuestro informe. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, nunca antes en la historia de la unificación europea se habían producido en tan corto tiempo decisiones tan importantes, por un lado, y tantos acontecimientos dramáticos, por otro, como desde el 1 de enero. 
Alcanzan desde el arranque con éxito de la moneda común y la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam hasta el cese de la Comisión y el proceso de adhesiones en marcha de 10 Estados. 
Todo esto pasa a un segundo plano por el enfrentamiento bélico en Kosovo en el que está involucrada la Unión Europea con sus Estados miembros. 
Nunca antes se había encontrado la UE ante mayores desafíos para seguir manteniendo su capacidad de actuación y poder ampliarse. 
Por ello criticamos en el Informe Herman las estructuras de la Comisión y ejercemos también autocrítica a nuestros propios métodos de trabajo. 
Los puntos más importantes son: primero, en la Comisión tienen que delimitarse claramente los ámbitos de trabajo de los Comisarios y suplentes, de modo análogo a los Ministros y secretarios de Estado en los Gobiernos nacionales. 
Necesitamos un equilibrio de este tipo entre el principio de colegialidad y la responsabilidad individual de los diversos miembros. 
El mandato superior es a la postre la transparencia. 
La nueva Comisión con Romano Prodi como Presidente a la cabeza, va a dar y tener que dar un paso gigantesco en dirección a un Gobierno europeo. 
En segundo lugar, el Parlamento Europeo tiene que concentrarse en sus tarea esenciales, es decir, legislar, legislar y legislar. Elección y control de la Comisión así como decisiones presupuestarias. 
Todo esto se tiene que poder exponer y transmitir públicamente. 
Hoy extraemos la consecuencia de antiguos errores y nos preparamos para nuevas tareas. 
Este es el baremo para las ciudadanas y ciudadanos y las ciudadanas y ciudadanos son el baremo para nosotros. 
Como este es el último informe del colega Herman, quiero expresarle mis felicitaciones en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos de esta Asamblea por el trabajo de veinte años, en especial, por su dedicación y compromiso y por todo lo que ha contribuido a que avance el sector institucional. 
Hoy tratamos en esta Asamblea el último informe de- me atrevo a decirlo- un gran europeo. 
No pertenecemos al mismo partido, pero defendemos en lo esencial los mismos objetivos, los mismos principios y creo que tenemos también muchos sueños iguales. 
En nombre de mi grupo político, quiero expresar a Feriad Herman mi alto respeto por la obra de su vida. 
Aplausos 
Señor Presidente, querido señor Herman, mis primeras palabras van a ser para felicitarlo por la calidad de su informe y por la apertura que ha demostrado a las propuestas de sus colegas. 
Cierto es que su experiencia de ponente y la contribución tan notable a los avances de la Unión Europea hacen que ese texto vaya a ser una base de reflexión indispensable para la próxima Comisión de Asuntos Institucionales. 
Cierto es que, como acaba de recordar el Sr. Schäfer, a lo largo de toda su carrera ha contribuido usted de verdad a los avances de esta Unión Europea. 
La primera enmienda del Grupo ELDR va encaminada a fortalecer aún más el párrafo 32 del texto permitiendo al Parlamento Europeo asumir plenamente su papel de control. 
Eso permitiría- y tal vez fuera ésa una de las cosas sobre las que no estábamos de acuerdo, señor ponente- no tener que recurrir nunca más a comités de expertos, uno de cuyos miembros ha demostrado, por lo demás, su falta de juicio al prorrumpir en declaraciones políticas poco compatibles con su condición. 
La segunda enmienda, presentada por el Sr. Corbett en comisión, no aceptada por el PSE y el PPE y rechazada en comisión, va encaminada a dar al Presidente de la Comisión Europea el poder para substituir a un Comisario, cuando las circunstancias lo justifiquen. 
Nos parece que esa propuesta se inscribe en la línea de la declaración nº 32, aneja al Tratado de Amsterdam, que daría esa atribución en las circunstancias que hemos conocido y que nos habría evitado muchas preocupaciones. 
Por lo demás, señor ponente, sus conclusiones coinciden, por fortuna- como ha recordado usted -, con las intenciones expresadas ayer por el Sr. Prodi por lo que se refiere a la Comisión, cuando hablaba del fortalecimiento del papel del Presidente, de la eficacia, de la transparencia y de una responsabilidad individual y colectiva. 
Insisto, como usted, en que el Parlamento Europeo haga su autocrítica, que inicie lo antes posible una reflexión sobre una organización más transparente, caracterizada, por ejemplo, por menos pactos hegemónicos entre los dos grandes Grupos en detrimento de la apertura propugnada por todos. 
Aplausos 
Señor Presidente, hay un buen refrán holandés que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. 
Creo que es bueno recordar este refrán a todos aquellos que piensan que el déficit democrático, la falta de control, la negligencia en la gestión y, en último lugar, pero no por eso menos importante, el ya notorio «profitariado» a nivel europeo puedan reducirse traspasando aún más competencias y más instrumentos y posibilidades a ese nivel. 
Creo que más bien debería hacerse lo contrario. 
Porque la práctica nos enseña que las administraciones políticas sólo pueden controlarse y, sobre todo y lo que es más importante, autocontrolarse de forma eficiente, cuanto más cerca se encuentren del ciudadano. 
Creo, además, que esto constituye la primera aplicación del tan ampliamente defendido- al menos hacia afuera-principio de subsidiariedad. 
Por tanto, si queremos mejorar el funcionamiento de la Unión Europea y de todas las instituciones europeas, ese mejoramiento dependerá enteramente de una aplicación consecuente y profunda del principio de la subsidiariedad en todos los terrenos. 
En resumen: Podemos mejorar Europa a través de un menor número de competencias eurocráticas, menos entremetimiento, menos parafernalia eurocrática y menos burocracia. 
Esto es- al menos, así lo creo- el núcleo central y la base para resanar unas instituciones que todas sin excepción- sería ridículo que desde el Parlamento señalásemos con el dedo exclusivamente a la Comisión -, que todas sin excepción se han ganado una imagen- me temo que en buena parte justificada-de ser unas instituciones entrometidas, despilfarradoras e improductivas. 
El informe que tenemos por delante contiene un buen número de propuestas interesantes, pero con todo y con esto está en la línea de la más ciega lógica eurofederalista. 
Por lo tanto, se limita a curar los síntomas. 
Es decir, para terminar con otro refrán holandés, que estas medidas no son más que unas tiritas en una pata de palo. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar felicitar, si me está escuchando, a mi colega y amigo el Sr. Herman por todo su trabajo y, en particular, por su informe, que me parece muy importante y del que apoyo la mayoría de las propuestas. 
Señor Presidente, este informe demuestra que, si hubiera voluntad política, sería posible, con el Tratado actual, reformar el funcionamiento de la Comisión en el sentido de hacer de ella un verdadero órgano de impulso político para la construcción europea y un órgano independiente de los Gobiernos y de los intereses privados y reformar el funcionamiento del Parlamento Europeo a fin de hacer de él, como órgano elegido directamente por los ciudadanos, el centro de la vida política en la Unión Europea. 
Creo que todas las propuestas siguen esa buena orientación. 
Tengo algunas reservas en cuanto a algunos aspectos particulares. 
Creo que es necesario determinar carteras o portfolios reales para los Comisarios, pero no comprendo que se diga que es necesario reducirlas en el momento en que aumentan las competencias de la Comisión. 
Y, sobre todo, no acepto que se pretenda crear dos categorías, a saber, Comisarios y subcomisarios de la Unión Europea, igual que existen Ministros y Secretarios de Estado, cuando al mismo tiempo se dice- y me congratulo de que el ponente haya aceptado mi propuesta en ese sentido- que la distribución de competencias entre los Comisarios no debe ser una forma de jerarquizar Estados pequeños y grandes. 
Ése es un aspecto con el que discrepo. 
Por otro lado, considero que el Sr. Herman, tal vez por ser belga, es demasiado centralista, es decir, que quiere concentrar los servicios en Bruselas y tiene cierta desconfianza respecto de las agencias. 
Yo, en cambio, considero que las agencias, que se deben racionalizar, son una forma eficaz de aproximar a los ciudadanos a la Unión Europea. 
Por último, permítanme decirlo: el Parlamento Europeo sólo se reformará- y yo no tengo inconveniente en decirlo, porque tampoco seré reelegido- si acaba con el absurdo método de votar en Pleno en vez de debatir asuntos políticos en Pleno, que es lo que se espera de unos diputados elegidos. 
Creo que las propuestas del Sr. Herman van bien orientadas, siempre que nuestros sucesores tengan la voluntad política de acabar con esta rotatividad paralizadora entre los dos grandes Grupos y sean capaces de hacer lugar para el debate político, es decir, para la voz de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera rendir homenaje a nuestro colega Fernand Herman, porque se trata en efecto del último informe que nos presenta y en él manifiesta su apego al pensamiento y al ideal europeos. 
Ha dado lo mejor de sus fuerzas a la Unión Europea y quisiera agradecérselo muy expresamente. 
Señor Presidente, la resolución sobre la mejora de las instituciones sin modificar los Tratados constituye uno de los elementos aportados por el Parlamento para equipar la Unión Europea para el futuro. 
Afecta, como se ha dicho, a la Comisión, a las agencias y al propio Parlamento. 
Podrá aprovecharse de ello el candidato a la Presidencia de la Comisión, Sr. Prodi, y también la Presidencia del Consejo en su preparación de la próxima conferencia intergubernamental que nos ha sido anunciada esta mañana. 
Espero que también la Secretaría General de la Comisión y los responsables de las administraciones sigan las recomendaciones. 
Pero no estoy muy segura de que así sea, porque su decisión de no rehabilitar al Sr. Van Buitenen en su cargo anterior hace temer lo peor. 
El Parlamento por su lado ha respondido al Sr. Herman con la aprobación de las modificaciones del reglamento relativas a las votaciones y las enmiendas, así como con la reducción del número de comisiones sobre la que decidiremos aún en esta sesión de hoy. 
Si también en el futuro el Parlamento seguirá mostrando cierta prudencia a la hora de encomendar cada vez más tareas a la Comisión, significará que habrá sabido perseverar en el espíritu de la resolución del colega Herman, a quien con mucho gusto vuelvo a rendir homenaje. 
Señor Presidente, estamos ante un trabajo hecho con gran rigor, con brillantez, con una enorme claridad y con mucha valentía: un informe del Sr. Herman que responde a los objetivos que se ha propuesto de mejorar el funcionamiento de las instituciones. 
Creo, señor Presidente, que esto ha de ser un cimiento, una piedra angular para cualquier trabajo posterior. 
Es cierto que el calendario- inevitable- no le favorece porque la crisis de la Comisión todavía está poniendo de manifiesto problemas graves, necesidades y respuestas. 
El nuevo Tratado entrará en vigor en las próximas semanas y, por otro lado, el segundo informe de los expertos no estará listo hasta dentro de unos meses. 
Por tanto, inevitablemente, este informe no puede recoger en toda su totalidad las mejoras que van a ser necesarias. 
Pero sí hay que decir que es un trabajo que ha hecho frente a un problema: el grave problema al que se enfrenta la Comisión ante el desfase existente entre sus competencias, las tareas, la gestión de programas que se le encomiendan, por una parte, y los medios de que dispone, por otra. 
Y este gravísimo problema no se había puesto de manifiesto en ningún informe parlamentario; el Sr. Herman lo ha acometido muy satisfactoriamente y lo ha hecho dando respuestas. 
Es posible que no sean todas, pero son respuestas que van a ser necesarias, que son una base muy eficaz en el futuro. 
A mi juicio, también son enormemente acertados, señor Herman, los artículos que se refieren a la necesidad de simplificar los procedimientos de votación en este Parlamento. 
Espero que sean tenidos en cuenta por el bien de todos. 
Muchas gracias y mi felicitación al colega Herman. 
Aplausos 
Señor Presidente, tengo esta noche un minuto para decir yo también a nuestro colega y amigo Fernand Herman, como con frecuencia cuando hace propuestas institucionales europeas, que estoy en muy gran medida de acuerdo con él y con sus propuestas. 
Por lo que se refiere a todas nuestras instituciones europeas, hace falta en efecto más transparencia, democracia y rigor. 
En primer lugar, respecto de la Comisión, se habla mucho de ella, se nos promete mucho. 
Diré pura y simplemente que, por mi parte, espero poder juzgar sobre los hechos. 
Pero también el caso del Parlamento, que en sus trabajos debe ir más a lo esencial y dejar de perderse en meandros con la pretensión de abarcarlo todo, que se parece a veces a la falsa democracia. 
Por último y sobre todo, transparencia, democracia y rigor para el Consejo, si quiere llegar a ser un día un verdadero gobierno, pero con esto salimos seguramente del ámbito del Informe Herman e incluso del Informe Bourlanges para entrar en el de la futura conferencia intergubernamental que esta mañana anunciaba- me ha parecido oír- el Presidente en ejercicio, cosa de la que me felicito si se nos confirma. 
Enhorabuena una vez más, señor Herman, con toda nuestra amistad. 
Señor Presidente, permítame que por mi parte y en nombre de la Comisión felicite al Sr. Herman por su detallado y tan creativo informe sobre lo que ya puede tacharse de problema crucial, que es el modo de funcionamiento de las instituciones. 
Es evidente que este informe no requiere más comentarios por parte de esta Comisión e incluso no debe tener más comentarios de ella, sino que es más bien un asunto para el próximo Presidente de una nueva Comisión que sin duda se aprovechará gustosamente de tan rica experiencia plasmada en él- la experiencia del Sr. Herman quien, según tengo entendido, con este informe y testamento político de hecho se despide del Parlamento Europeo-. 
Permítame en todo caso aprovechar la ocasión para agradecerle de corazón, también en nombre de la Comisión, la extraordinaria magnitud y creatividad del trabajo realizado por él, también en colaboración con la Comisión. 
Siempre nos ha sido muy gratificante trabajar en tan estrecha y constructiva cooperación con él. 
Creo que en términos generales, y especialmente cuando se produce una modificación de los Tratados como ahora con el de Amsterdam, siempre es bueno someter a un meticuloso examen el funcionamiento de las instituciones. 
Es natural que en este caso especial, después de la crisis vivida por las instituciones y especialmente también por la Comisión, se preste especial importancia a una nueva y cuidadosa revisión, sobre todo de la función gestora de la Comisión. 
Hablo por experiencia propia, pero también hago referencia a lo que ha sido iniciado por esta Comisión, por mis colegas y sobre todo por el Presidente Santer, precisamente para intentar mejorar el funcionamiento de la Comisión en ese punto. 
Quiero expresar mis esperanzas de que las reformas dentro de la Comisión como tal vengan a reforzar el equilibrio institucional existente y que no lo modifique, ni, menos aún, lo rompan. Y que la función motora que la Comisión ha intentado desempeñar tradicionalmente y que finalmente ha sido el gran impulsor para profundizar en la integración dentro de la Unión Europea, siga cumpliéndose también en el futuro. 
El Sr. Herman, por tanto, aprobará también que yo aproveche la oportunidad para desear desde este lugar al Presidente entrante y, más tarde, a su nuevo equipo, muchísimo éxito con el nuevo fortalecimiento de la Comisión Europea, dándola nuevamente el papel que los ciudadanos esperan de ella, a lo cual puedo añadir que también la Comisión actual ha podido apreciar que la crisis en la que nos vemos sumergidos puede tener sus lados positivos en cuanto a la consolidación de la calidad democrática, del contenido democrático de las instituciones como tales. 
Así pues, en ese sentido efectivamente podemos aceptar también el lado bueno de esta crisis. 
Y con esto déjeme que termine, señor Presidente, porque, repito, no sería realista que en la situación política especial de este momento ofreciera un comentario en nombre de la Comisión sobre este informe. 
En todo caso, puedo comunicarle al Sr. Herman que he leído su informe, y que reconozco en él mucho de lo que nos ha tenido ocupados también dentro de la Comisión a lo largo de los últimos años. 
Estoy seguro de que la nueva Comisión podrá sacar provecho de muchas de las recomendaciones. 
Señor Presidente, no puedo dejar pasar sin agradecerlos los homenajes que se me han rendido y las felicitaciones que se me han dado. 
Somos aquí los más fervientes defensores del papel de la Comisión y precisamente porque queremos defender ese papel es por lo que nos mostramos críticos en ciertos sentidos, cuando ésta nos parece apartarse del camino correcto. 
Quisiera decir a todos mis colegas cuánto me han emocionado sus muestras de estima y su apreciación de mi informe y me apresuro a añadir que éste es el resultado de un trabajo colectivo, que no es el reflejo exclusivamente de mis preocupaciones. 
He tenido la suerte de contar en la Comisión de Asuntos Institucionales con muchas personas que me han apoyado y me han permitido hacer este trabajo. 
Hoy quisiera devolverles los agradecimientos que se me han expresado y decir cuánto me han emocionado. 
Aplausos 
Muchas gracias, Sr. Herman, por el valioso documento que nos ha presentado, que, estoy seguro, será apreciado por todos sus colegas. 
Quisiera también dar gracias al Comisario van den Broek y expresarle una opinión mía personal: si hubiera más personas como él en la Comisión tendríamos una Comisión mucho mejor. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Solicitudes de adhesión 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto sobre los siguientes informes: 
A4-0149/99 del Sr. Donner, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Estonia en la vía de la adhesión (COM (98) 0705- C4-0110/99).-A4-0154/99 del Sr. von Habsburg, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Hungría en la vía de la adhesión (COM (98) 0700- C4-0113/99).-A4-0151/99 del Sr. Speciale, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Eslovenia en la vía de la adhesión (COM (98) 0709- C4-0112/99).-A4-0157/99 del Sr. Carnero González, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por la República Checa en la vía de la adhesión (COM (98) 0708- C4-0111/99).-A4-0148/99 de la Sra. Hoff, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Polonia en la vía de la adhesión (COM (98) 0701- C4-0109/99).-A4-0159/99 del Sr. Bertens, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por Chipre en la vía de la adhesión (COM (98) 0710- C4-0108/99).-A4-0165/99 de la Sra. Malone, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el Informe que actualiza el dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Malta a la Unión Europea (COM (99) 0069- C4-0163/99) -A4-0123/99 de la Sra. Myller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los países candidatos de la Europa central y oriental relativa a las estrategias de adhesión en materia de medio ambiente: Aceptar el reto de la ampliación a los países candidatos de Europa Central y Oriental (COM (98) 0294- C4-0380/98). 
Señor Presidente, ésta es probablemente la última vez que tomo la palabra ante el Parlamento, así que voy a utilizar mi lengua materna, que es el sueco. 
Estonia ha realizado grandes progresos en su camino hacia la adhesión a la UE. 
No es posible establecer una fecha o un año ya que parece más que probable la incorporación de más países, como Letonia y Lituania, a este proceso, lo cual implicará en la práctica la celebración de una nueva conferencia intergubernamental. 
Yo calculo que esta adhesión tendrá lugar en 2004 ó 2005. 
El problema reside en el hecho de que un proceso de negociaciones demasiado largo podría tener unas repercusiones negativas en la opinión pública de los países candidatos y, por lo tanto, también en la estonia. 
Los indiscutibles avances que ha llevado a cabo Estonia no deben, sin embargo, ocultar que este país arrastra un difícil legado de la guerra y de la ocupación soviética. 
Antes o después, preferiblemente antes que después, Estonia deberá resolver sus problemas con las minorías y crear una sociedad en la que todos, independientemente de la lengua que hablen, demuestren lealtad a las reglas del juego democráticas y del Estado de Derecho. 
La lealtad no se basa únicamente en la ciudadanía, sino también en unos valores comunes. 
La mayor parte de los ciudadanos extranjeros y apátridas de Estonia han nacido en este país y es muy probable que no quieran abandonarlo. 
A pesar de las mejoras que se han introducido en la legislación, en especial la relativa a los niños nacidos a partir de 1992, parece que la clase política dirigente en Estonia está contribuyendo a mantener una noción- en mi opinión- conservadora en lo relativo a la cuestión de la ciudadanía. 
Estonia va a pasar a ser en el futuro una sociedad multicultural y plurilingüe. 
La inversión extranjera en Estonia alcanzó el año pasado cotas elevadas, especialmente en el sector bancario. 
A pesar de este dato, y a pesar de que la capital, Tallin, depende en gran medida de los turistas procedentes de Finlandia, la balanza de cambios es negativa. 
La importación subvencionada de productos alimenticios procedentes de la UE ha agravado las dificultades que atraviesa el sector agrícola del país. 
Las diferencias económicas entre los ricos y los pobres, entre la capital y las provincias, son demasiado grandes. 
Las prestaciones sociales, como el subsidio de desempleo, se encuentran a niveles mínimos. 
La apertura de las fronteras y del mercado laboral llevarán a una parte de los estonios a buscar trabajo en los países de la UE más próximos. 
No obstante, todo este proceso es necesario para lograr reducir de alguna manera las diferencias entre ricos y pobres, entre países ricos y países pobres. 
Permítanme decir algunas palabras acerca del problema de seguridad con el que se enfrenta Estonia como vecino de Rusia. 
Antes de que Finlandia ingresara en la Unión Europea en 1995, en mi país se creía que, como tal, la Unión era una comunidad capaz de crear y garantizar la seguridad. 
No se subestimaba ni la función ni la capacidad militar de la OTAN, pero no existía tampoco una necesidad expresa de solicitar la adhesión a esta organización. 
Estonia ha preferido escoger otro camino solicitando su entrada también en la OTAN. 
Creo que este planteamiento se fundamenta en ilusiones ajenas a la realidad. 
Es posible plantearse hoy por hoy, en medio de la crisis de los Balcanes, si convendría a Estonia o a Finlandia, ambas con una frontera común con Rusia, pasar a ser miembros de una OTAN que, hasta el momento, no ha logrado formular una política convincente por lo que respecta a la tragedia de Kosovo. 
Por lo que respecta a los debates sobre la dimensión septentrional de la UE, es posible desarrollar un programa realista y completo que abarque también a los países candidatos bálticos, así como a zonas de Rusia, Escandinavia y las regiones árticas. 
La mejor garantía para el futuro de Estonia, aparte de su futura adhesión a la UE, reside en una cooperación pacífica con una Rusia que, a lo mejor, supera un día sus enormes dificultades y comprende que unas buenas relaciones de vecindad redundan en beneficio de todos. 
Con arreglo a este planteamiento, los importantes avances que ha realizado Estonia desde su liberación benefician también a Rusia. 
La ampliación de la Unión Europea a todos los países bálticos refuerza asimismo a la propia Unión, y esto es algo que, en todo caso, ha comprendido bien la actual Presidencia alemana. 
Señor Presidente, en el debate sobre la ampliación siempre se mencionan toda una serie de cosas que no corresponden sencillamente a la realidad en la práctica. 
En los últimos años he viajado muco por la Europa central y oriental, prácticamente una vez al mes. 
Por ello, sé que una cosa es la más importante: el progreso es sólo posible en una paz asegurada. 
Es decir, que la condición previa es una paz asegurada y estabilidad política. 
A continuación, viene automáticamente el progreso económico. 
En estos países se demuestra realmente que la prioridad tiene que radicar en la política y en la seguridad. 
Entonces se podrá perseguir el posterior progreso. 
Esta consideración es especialmente importante en unos momentos en que los países que esperan a la ampliación tienen que vivir con un foco de inestabilidad en sus fronteras: la guerra de Kosovo. 
Por ello, hay que tener siempre algo en cuenta: en la política siempre hay que estar preparado para lo peor. 
Si no se produce, hay que dar gracias a Dios. 
Pero en cualquier caso se estará preparado, mientras que las cosas saldrán mal si se le sorprende a uno. 
Por ello, en estos peligrosos tiempos, la ampliación es para nosotros una de las mejores garantías de paz, si no la única que aporta a los pueblos de modo permanente lo que ellos desean. 
En especial, si se viaja por estos países- creo que el Sr. Donner no me contradecirá- y se comprende a los pueblos, hay que reconocer que para ellos la primera tarea es la paz. 
Pero la paz no se puede alcanzar mediante rezos de paz del tipo que sean sino sólo mediante decisiones y una política clara. 
Entre nosotros existen diversas objeciones. 
Por ejemplo, oigo que se nos dice que la ampliación cuesta tanto o cuánto. 
El hecho es que la única persona que realmente conoce las finanzas de la Unión Europea, a saber, el Jefe de nuestro Tribunal de Cuentas, el Sr. Friedmann, no hace mucho tiempo estuvo en nuestro grupo de trabajo Pan-Europa aquí en el Parlamento Europeo y en su exposición nos dijo que los costes de esta ampliación se exageran enormemente pues nunca se incluyen los costes de la no ampliación. 
Y estos son gigantescos. 
Además se nos dice- hay suficientes demagogos, también aquí, incluso algunos aquí representados- que millones de personas que buscan trabajo vendrían a nosotros tras la ampliación. 
Estas personas no tienen ninguna experiencia. 
Saben ustedes, la ventaja de tener 85 años, perdonen, 86- es que se puede decir que se ha visto todo y también lo contrario de todo. 
Me acuerdo perfectamente de las agitaciones que se produjeron cuando se permitió la adhesión de España. 
Se dijo que entonces iban a venir los españoles. 
Al cabo de dos años se decía: «Por Dios, ¿adónde han ido nuestros españoles?» 
Naturalmente han preferido quedar trabajando en su desarrollo económico bajo el sol de Andalucía que en la niebla de la cuenca del Ruhr. 
Estas son las experiencias que uno debe tener presente. 
Un importante punto es que no tenemos que aplicar un único baremo en este camino. 
Cada una de estas naciones tiene que ser enjuiciada en función de sus propias características y evolución. 
Además, es de suponer que aquel que marche por delante va a arrastrar a los demás. 
Pero si uno se adapta al más lento, no se avanza. 
Este es el caso hoy en todos los países. 
Como ponente para Hungría, permítanme que les diga que Hungría es uno de los países muy importantes. 
Hoy es el país a la cabeza porque siempre ha avanzado debido a dos cosas: primera: lo extraordinario en el Parlamento húngaro es que allí no hay políticos partidistas sino patriotas cuando se trata del país. 
Segunda: porque entienden que tienen que representar a su país cuando están en el extranjero. 
Luego se pueden criticar. Gracias a Dios, en Hungría tenemos un idioma que los demás no comprenden, de modo que no se sabe lo que se dice. 
Pero esto es aplicable análogamente a los otros países de la lista. 
Quiero decir algo en especial sobre los Estados bálticos: es maravilloso que se vaya a admitir a Estonia, pero no se debe olvidar a Letonia y Lituania. 
Todos ellos constituyen una unidad. Tengo que llamar en especial la atención sobre lo siguiente: no debemos olvidar que en su día Europa en la segunda guerra mundial entregó al verdugo a estos pueblos bálticos a través de un Estado europeo, por no mencionar a Alemania. 
Tenemos, por ello, una obligación moral de acoger lo antes posible a los bálticos. 
Esto es asimismo válido para los demás socios en el llamado grupo de cabeza y también para los que se encuentran detrás de este grupo y que son de importancia vital para nuestra seguridad, es decir, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y también Croacia. 
Pues Croacia es uno de aquellos países que más se han desarrollado. 
Es el que más trabaja a pesar de que no recibe de nosotros prácticamente ninguna ayuda, por lo que debemos apoyarle. 
Todos los pueblos de Europa tienen un derecho a Europa, incluso los serbios, sobre los que tanto se ha dicho. 
Estoy totalmente a favor de que los serbios también puedan adherirse una vez que se hayan liberado de Milósevic y tengan un Gobierno democrático. 
Además, tenemos que pronunciarnos en favor de todos los pueblos por un motivo: la unificación europea es la única idea concreta por la paz y el bienestar. 
Esta tiene que ser la base de nuestra política a seguir. 
Por ello, señor Presidente, un último ruego: ¡apresurémosnos! 
No esperemos demasiado pues las ocasiones históricas pasan con frecuencia con demasiada rapidez. 
Aplausos 
Señor Presidente, si me lo permite, hablaré del tema de mi informe, es decir, de Eslovenia. 
Eslovenia, como es sabido, es un país sólido desde el punto de vista económico y cumple los criterios políticos y democráticos previstos. 
Entre los países que han solicitado la adhesión, tal vez es el que tiene la mejor base de partida, a pesar de sus dimensiones. 
La Comisión Europea, sin embargo, ha expresado un juicio crítico respecto a esta primera etapa considerando que los progresos, sobre todo en lo que se refiere a la transposición de la legislación comunitaria, han sido más lentos y más inciertos de lo que era necesario y posible hacer. 
Las autoridades eslovenas han aceptado este juicio crítico y han dado muestras de que querían reaccionar positivamente. 
Así, ha unas semanas, el Gobierno presentó un programa nacional para la adopción del acervo comunitario y una serie de leyes muy importantes en materia de IVA y de impuestos especiales, así como sobre el derecho a adquirir bienes inmuebles. 
Ahora, la entrada en vigor del Acuerdo Europeo puede consolidar la prosecución de las negociaciones. 
Hay que dar continuidad e impulso- me parece que éste es el problema- a este nuevo compromiso de las autoridades eslovenas, para abrir una etapa más positiva y acelerar las negociaciones. 
Naturalmente muchas cuestiones siguen sobre la mesa en este país como en los demás, empezando por la adaptación de las estructuras administrativas y judiciales y por las reformas necesarias para convertir en operativo dicho compromiso. 
La Comisión y el Parlamento Europeo deben estimular y ayudar este esfuerzo con amistad y, por tanto, con espíritu crítico y atención. 
Éste es nuestro papel y no el de notarios. 
Aunque la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en Eslovenia sigue manifestándose a favor del objetivo de la adhesión a la Unión Europea, esto no siempre parece traducirse en un impulso común. Los ciudadanos no parecen implicados plenamente en el logro de dicho objetivo, como lo demuestra el hecho de que la campaña de información da- y esto me parece significativo- la impresión que acaba de comenzar y es algo floja. 
Nos quedamos muy sorprendidos cuando el responsable de la misma nos informó que el objetivo no es convencer que la adhesión a la Unión Europea es un hecho sustancialmente positivo para Eslovenia. 
Y entonces cabe preguntarse: ¿qué objetivo se plantea esta campaña, para qué sirve? 
Y, por tanto, no ha de extrañar que en los sondeos disminuya, aunque sigue siendo mayoritario, el porcentaje de aquellos que están a favor de la adhesión a la Unión Europea. 
Así las cosas, las reservas mentales, los recelos y la tendencia a encerrarse pueden aumentar, en lugar de disminuir, e influenciar la conflictividad entre los partidos y los representantes políticos creando cierta disgregación y algo de inseguridad. 
Forman parte de esta situación algunos episodios que, últimamente, han producido cierta preocupación en la prensa eslovena. 
El Tribunal Constitucional- hecho jurídico, en mi opinión, algo anómalo y controvertido- ha decidido suspender las elecciones locales en el ayuntamiento de Koper, o sea, Capodistria. 
El alcalde de la ciudad ha recurrido ante el Tribunal de Derechos Humanos y, por tanto, ha planteado un problema muy delicado. 
He sabido sólo en estos días a través de los periódicos que, por haber criticado dicha decisión en la comisión mixta Parlamento Europeo/Parlamento Esloveno, un diputado en ejercicio fue objeto de un procedimiento anómalo en las tradiciones parlamentarias y democráticas. 
En resumen, no manifiesto estas preocupaciones para enfatizarlas. 
Pienso que se trata de episodios debidos a cierto desconcierto temporal que las fuerzas políticas y las autoridades eslovenas deben y pueden solucionar. 
Creo que Eslovenia reúne todas las condiciones y tiene la capacidad para hacerlo muy bien. Considero que siguen prevaleciendo los hechos positivos. 
Precisamente por eso es justo pretender mucho del Gobierno y del parlamento. En Eslovenia hay grandes fuerzas políticas, una sociedad civil, recursos humanos, culturales y económicos más que suficientes para convertir ese país en un ejemplo para muchos. 
He tratado de trabajar como su ponente en este sentido y, a dicho fin, me fueron muy útiles los trabajos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, así como las enmiendas presentadas. 
Para terminar, señor Presidente, Eslovenia, pese a ser un pequeño país, ocupa una posición geográfica muy importante y delicada, entre el norte y el sur, entre el este y el oeste de Europa. 
Eslovenia puede enriquecer cultural y políticamente a la Unión Europea y puede enriquecerse gracias a ella. 
Sin embargo, debe quererlo con determinación, si lo quiere. 
En toda la región de los Balcanes hace falta estabilidad, desarrollo y procesos de integración que vayan más allá de la propia identidad nacional, y Eslovenia puede ofrecer una contribución importante. 
Pienso que el próximo Parlamento Europeo debe continuar marcándose el objetivo de la adhesión, la ampliación de la Unión Europea como objetivo prioritario y, a ser posible, no celebrar debates al respecto sólo por la noche. 
. Señor Presidente, antes que nada, me gustaría volver a constatar que la adhesión de la República Checa a la Unión Europea hace prácticamente unanimidad entre la opinión pública de ese país. 
Como reflejo de ello también la clase política checa, a pesar de los recientes cambios políticos institucionales, no ha puesto nunca en discusión ese objetivo prioritario. 
Es más, la tenacidad y la convicción con la que Praga ha perseguido su adhesión a la Alianza Atlántica subraya, si cabe, la convicción política del país para integrarse en las diferentes estructuras continentales, sean éstas cuales sean. 
Me parece también muy importante subrayar que, por parte de la República Checa, se ha producido una clara y perfecta asimilación de los valores constituyentes que están en la base de la Europa comunitaria. 
Esta Europa comunitaria que no sólo, obviamente, es un proceso económico sino que también desea convertirse en un espacio político donde efectivamente puedan desarrollarse de manera armoniosa los intereses de los diferentes pueblos europeos. 
Me parece, en ese sentido, importante enfatizar la importancia de la aceptación por parte de Praga de los principios en los que está basada la política exterior y de seguridad común y que, incluso, haya sido el Gobierno de la República Checa quien haya tomado la iniciativa de reforzar la cooperación política entre los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
Pero, sin duda alguna, el proceso de adhesión a la Unión es, lógicamente, un proceso de acercamiento largo y progresivo al acervo comunitario. 
Y, como en el resto de los países candidatos, queda mucho por hacer en esa dirección por parte de la República Checa, como indica justamente el informe de etapa presentado por la Comisión Europea. 
En efecto, ese informe, ese screening no puede entenderse, por así decirlo, como un cuaderno de calificaciones, de notas, sino, en todo caso, como un impulso para que se haga lo que debe hacerse correctamente en beneficio de la República Checa y de su adhesión a la Unión Europea. 
No quiero dejar de señalar, señor Presidente, alguna preocupación que he manifestado desde el principio de mi trabajo como ponente y, en concreto, sobre la situación de la minoría de etnia gitana en la República Checa. 
Es verdad que el Gobierno de Praga ha reestructurado el Comité Interministerial para los asuntos de esta minoría y que ha nombrado al Sr. Petr Uhl representante del Gobierno para los derechos humanos. 
Sin embargo, el problema de la integración social y cultural de la minoría de etnia gitana sigue sobre la mesa. 
Ciertamente, se trata de un asunto que deberá ser resuelto de una manera global y, para ello, es imprescindible, antes que nada, una nueva aproximación cultural del conjunto de la sociedad checa pero corresponde al Gobierno de Praga activar todas las medidas legislativas que favorezcan esa integración. 
Las autoridades no pueden hacer nunca dejación de su responsabilidad. 
La sociedad, lógicamente, puede demandar a las autoridades que cumplan con ella. 
Otro punto que debemos subrayar se refiere al aumento de la tasa de desocupación en la República Checa, que, según la Comisión, se debe principalmente a la ralentización de la actividad económica y del efecto del proceso de reestructuración industrial y económica del país. 
Es necesario que la Comisión Europea continúe ayudando al Gobierno checo a minimizar el impacto social del proceso de acercamiento al acervo comunitario, si cabe. 
En ese sentido, creo absolutamente pertinente la iniciativa de la Presidencia alemana de extender el programa PHARE también al apoyo de la dimensión social de la economía de los países candidatos. 
No querría terminar mi intervención, señor Presidente, sin expresar dos consideraciones. 
La adhesión de los países candidatos a la Unión Europea es un objetivo que todos compartimos pero, para que ese objetivo se alcance correctamente, hay que ser también consecuentes con nosotros mismos. 
En esa dirección, me parece necesario volver a decir que es preciso una reforma institucional que prepare a esta Unión antes de la ampliación y, en segundo lugar, que es preciso que la Unión tenga los medios necesarios para hacer frente al reto de la ampliación. 
Creo, señor Presidente, que, en este último tema, la Cumbre de Berlín no ha sido precisamente un ejemplo de las decisiones que se deberían haber tomado aunque, efectivamente, siempre hay tiempo para remediarlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, tras el debate de esta tarde sobre el conflicto en Serbia y las expulsiones en Kosovo, se ve aún más claramente porqué la ampliación de la Unión en países de la Europa central y oriental, junto a todo lo demás, es el instrumento más importante para el aseguramiento de la paz y va a seguir siéndolo también en el futuro. 
Los europeos debemos tener claro que el aseguramiento permanente de la paz en Europa y en el mundo sólo es posible junto con nuestros vecinos orientales. 
Esto es también válido ante el hecho de que Polonia es miembro de la OTAN desde mediados de marzo. 
Polonia, como el mayor país candidato, avanza bien a nivel técnico en el proceso de adhesión y creemos y esperamos que hasta finales de año tengamos una visión completa de la situación total en el proceso de adhesión. 
Creo que entonces sería el momento adecuado para debatir sobre un posible calendario para el posterior trascurso hasta la adhesión y eventualmente acordarlo. 
El Gobierno polaco- Sejm y Senado- lo desean en gran medida y no debemos cerrarnos a ello sino instar a la Comisión para que elabore el correspondiente borrador junto con los responsables polacos. 
En el informe de la Comisión de noviembre de 1998 sobre los avances logrados, Polonia es descrito como un país con una situación social y política estable que avanza en el desarrollo de una economía de mercado eficaz. 
Si se miran los datos económicos y se creen los pronósticos, Polonia es una de las economías más fuertes entre los países de la Europa central, con tasas de crecimiento superiores al 5 %, un desempleo y tasa de inflación inferior al 10 % y un crecimiento de los ingresos del 4, 5 %. 
El endeudamiento del Estado es del 48 % y el déficit presupuestario fue del 2, 7 % en 1997. Esto corresponde a los criterios de Maastricht. 
Como el comercio exterior con la Federación Rusa es sólo del 6, 4 % mientras que con la Unión Europea es del 64 %, Polonia ha quedado casi al margen de la última crisis rusa. 
No obstante, a pesar de esta positiva evolución económica, van a producirse problemas en los sectores que tienen que reestructurarse. 
Estos son la industria del carbón y del acero. Unos 210.000 trabajadores se ven afectados por la reestructuración. 
También van a surgir problemas por la contaminación del medio ambiente que va unida a estas industrias. 
El nivel de contaminación se ha visto positivamente influenciado por la reestructuración de la industria del carbón y del acero y por la reducción de las capacidades, pero aún son necesarias grandes inversiones. 
Actualmente, Polonia invierte en la mejora de sus recursos naturales aproximadamente el 1, 7 % de su producto interior bruto. 
El 10 % de todas las inversiones económicas se realiza en el campo de la protección del medio ambiente. 
Otro sector en el que aún son necesarios grandes esfuerzos es la agricultura. 
Ya saben que uno de cada cuatro trabajadores trabaja en este sector, en el que sin embargo solamente se obtiene el 6 % del producto interior bruto. 
La mayor parte de los agricultores produce para cubrir su propias necesidades pero no para el mercado. 
El sector agrícola tiene 2 millones de explotaciones que por término medio no superan las 8 hectáreas, por lo que va a representar un gran problema social y regional. 
Carbón, acero y agricultura son pues los campos en los que en el futuro se deberán realizar aún grandes esfuerzos. 
Pero también hay sectores en los que las reformas tienen ya éxito: la reforma administrativa, es decir, la reducción del número de voivodías, la reforma sanitaria, la introducción de cajas de enfermedad o la reforma de las pensiones. 
La reforma del sistema educativo va a entrar en vigor el próximo septiembre. 
Este es en total un positivo informe de la Comisión que demuestra que Polonia se desarrolla positivamente. 
Permítanme que vuelva brevemente a lo que he dicho al principio. 
Pasados diez años tras la transformación histórica de 1989, tenemos que hacer todo lo posible para impulsar de modo decisivo el proceso de adhesión. 
Esto es aplicable a ambas partes, a la Unión Europea y a los países candidatos de la Europa central y oriental. 
Debemos tener la capacidad de ampliarnos en base a la Agenda 2000 y los candidatos tienen que estar en situación de poder adherirse. 
No debemos arriesgar que el entusiasmo por la adhesión en los países de la Europa central y oriental decaiga. 
De cara a las quintas elecciones directas al Parlamento Europeo de mediados de junio y en el marco de una campaña de información proyectada por el Gobierno polaco, se debe aprovechar la ocasión para explicar más intensamente a la población el sentido y objetivos de la ampliación de la UE o de la adhesión a la UE. 
Independientemente de la gran importancia social y económica, debería colocarse más que nunca en el primer plano el primordial aspecto del aseguramiento de la paz en toda Europa. 
De este modo, los actuales y futuros Estados miembros de la UE podrán realizar una aportación esencial a los objetivos de la Unión política. 
Aplausos 
El líder de la Chipre septentrional, Denktash, ofreció a los refugiados musulmanes cien mil plazas para vivir en la ciudad fantasma de Magusta. 
Nicosia hizo lo propio enviando al Sr. Kyprianou a ver a Milósevic para intentar conseguir, sobre la base de lo que se llamaban sus relaciones históricas, la liberación de tres militares americanos. 
Lo digo, señor Presidente, señor Comisario, porque demuestra con qué facilidad se pasa en Chipre, no al orden del día, sino tal vez al desorden del mañana. 
Sabemos que este largo conflicto se originó hace un cuarto de siglo. 
Y este tan largo conflicto tiene algunas coincidencias con lo que actualmente está ocurriendo en los Balcanes. 
Todos los días se nos recuerda a dónde puede llevarnos esta situación. 
Al margen de todos los esfuerzos diplomáticos de las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, he de decir sinceramente que no parece que aquello que dijo el Sr. Habsburg, que la estabilidad y seguridad en la isla de Chipre, quede asegurada. 
La adhesión a la Unión Europea tal vez pueda conducir a la solución de la partición- aunque prefiero llamarlo ocupación- de Chipre. 
Lamentablemente, hasta ahora las negociaciones para la ampliación entre Chipre y la Unión no han tenido unos resultados especialmente positivos. 
El Sr. Denktash impuso como última condición que se reconociera su república y, lo que fue más extraño aún, que Nicosia renunciase inmediatamente a sus aspiraciones europeas. 
Señor Presidente, las negociaciones entre las dos comunidades van mal. 
Por un momento me dio la impresión de que la cosa iba algo mejor, cuando el Presidente de Chipre, el Sr. Klerides, manifestó que se abstendría de colocar los misiles S300, que según tengo entendido serían de segunda mano y vendrían de Rusia. 
Si bien por un lado la situación de seguridad de Chipre podría justificar semejante colocación, por otro también perjudicaría esa misma situación de seguridad de la isla. 
De ningún modo he podido ver gesto alguno, no- desde luego- desde el norte de Chipre, pero, sobre todo, tampoco por parte de Turquía. 
Lo que no ayuda a solucionar nada son las manifestaciones de algunos Estados Miembros, incluido mi propio país, Holanda, en las que más o menos se sigue rechazando la adhesión de Chipre mientras no se haya puesto fin a la partición de la isla. 
Esto, Señor Presidente, anula la función catalizadora del proceso de ampliación y poco más o menos da a Turquía el derecho de veto en la decisión de la Unión sobre la adhesión de Chipre como nuevo Estado Miembro. 
Eso es lo menos alentador que hay para que Turquía se retire, después de un cuarto de siglo, de la isla de Chipre. 
Y precisamente ahora que, según el informe de la Comisión sobre los progresos, resulta que Chipre va por buen camino. 
Chipre sólo pide unos plazos de transición en el terreno de las telecomunicaciones y de la tecnología informática. 
Los demás capítulos que han sido examinados hasta ahora apenas representan problema alguno. 
Los resultados económicos de la República de Chipre puntúan un cincuenta por cien más alto que los indicadores económico-financieros de la zona norte de Chipre. 
Las relaciones entre Chipre y la Unión Europea se van intensificando y dentro de unos años, el acuerdo de asociación de 1973 se convertirá en una unión aduanera. 
No obstante, el proceso pide aceleración. 
Podríamos pensar en una especie de actuación o de política para Chipre a través de los fondos del programa PHARE. 
Señor Presidente, por último hago un llamamiento a la Comisión para que destine los restantes 17 millones de euros del protocolo actual a la estrategia de preadhesión. 
Esas inyecciones financieras podrán acercar algo más el momento de la adhesión en beneficio, ya he intentado explicarlo, de la estabilidad de la región. 
Y termino, señor Presidente, con una pequeña comunicación de orden interno. 
En el texto neerlandés figura una lamentable errata o error de imprenta. 
En el apartado operativo 2º que trata del considerable progreso alcanzado en la adopción del acervo comunitario, como último se menciona la «justicia y asuntos exteriores». 
He visto en los textos inglés y francés que allí pone claramente «política interior». Y es como debe ser. 
El texto en neerlandés, señor Presidente, debe ser: «política interior». 
Señor Presidente, realmente me agrada mucho, en este período parcial de sesiones plenarias del Parlamento, dirigirme a ustedes en relación con la adhesión de Malta a la Unión Europea. 
Todos los que están aquí conocen bien el historial de esta solicitud especial. 
La última vez que se nos presentó, en mi informe de 1995, el Parlamento formuló una recomendación favorabilísima. 
Desde entonces ha habido un cambio de gobierno en 1996 y se tomó la decisión de dejar en suspenso la solicitud y de ocuparse en su lugar de concertar un acuerdo de asociación reforzado. 
La situación volvió a cambiar en septiembre de 1998 con las elecciones y el cambio de gobierno, así que la solicitud ha sido reactivada y esta tarde está de nuevo ante nosotros. 
Aunque la solicitud quedó congelada durante esos dos años, Malta sigue estando en una posición fortísima. 
Posee estructuras democráticas estables y los indicadores económicos varían poco respecto del promedio de nuestra Comunidad. 
Las autoridades de Malta han introducido el IVA, pero aún hay que promulgar muchas normas legislativas nuevas para conseguir que la legislación de Malta esté en consonancia con la situación en la Unión Europea. 
Dejando aparte estas reservas, me alegra sobremanera poder decir en esta oportunidad que yo también recomiendo una evaluación muy positiva de la solicitud de Malta. 
En particular me alegra que la Comisión haya recomendado que el análisis de la legislación de Malta comience lo antes posible, a fin de iniciar las negociaciones al final del año en curso. 
Ahora bien, lamento que el Consejo y la Comisión hayan progresado con tanta lentitud en este caso. 
Especialmente, me parece que ha habido mucha reticencia por parte del Consejo, pues ha pedido a la Comisión que formule una nueva opinión que actualice la de 1993. 
Ha dicho que quiere medir esa opinión con los criterios de Copenhague. 
Ha habido mucho retraso pero al final hemos recibido la opinión de la Comisión, en febrero de este año, en un momento en que las negociaciones con los países de la primera ola estaban bien avanzadas. 
Por lo que se refiere a las diversas enmiendas que hemos recibido, suponemos que mañana habrá un voto muy justo acerca de la enmienda 11. 
Puedo recomendar sin vacilaciones al Parlamento que la solicitud tenga plenamente en cuenta la opinión de Malta. 
En realidad, cualquiera que esté al corriente de las noticias provenientes de Malta sabrá que la intención del Gobierno es organizar un referéndum sobre la cuestión. 
Por eso estoy de acuerdo con esa sección particular de la enmienda 1. 
En cambio, no puedo aceptar la segunda parte porque, para mí, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del pueblo de Malta. 
Puedo recomendar la enmienda 2 y dejaré que el Parlamento decida sobre la forma en que debemos votar acerca de la enmienda 3. 
De todos modos, pienso que hemos de ser coherentes con otros informes sobre adhesiones. 
Por último, pediré al Consejo Europeo de Colonia que tome la decisión de iniciar negociaciones sobre la adhesión de Malta de aquí al final del presente año. 
La Comisión debe redactar un acuerdo de adhesión y establecer un programa de asistencia financiera para el período anterior a la adhesión, a fin de ayudar a las autoridades de Malta a colmar la diferencia económica que sigue habiendo entre Malta y la Unión Europea. 
Señor Presidente, estoy muy satisfecha de que mi informe sobre las repercusiones medioambientales de la ampliación se someta a examen parlamentario al mismo tiempo que se abordan las candidaturas de adhesión. 
Desde un punto de vista medioambiental, la futura ronda de negociaciones va a ser muy distinta de la anterior. 
La última ocasión en que se produjo la incorporación de nuevos Estados miembros a la Unión Europea fue a principios de 1995, con motivo de la adhesión de Austria, Suecia y Finlandia. 
La legislación medioambiental de estos países era en muchos aspectos incluso más avanzada que la de la Unión Europea. 
La situación que se presenta ahora es muy distinta. 
El deficiente desarrollo de las legislaciones medioambientales de los países candidatos constituye uno de los principales retos con los que se enfrentan estos países en su camino hacia la plena adhesión. 
Ahora debemos respetar también los cometidos contemplados en el Tratado de Amsterdam, que nos obligan a integrar la política medioambiental en todo el proceso decisorio de la Unión Europea. 
La puesta en práctica de estas obligaciones del Tratado de Amsterdam por parte de los distintos países se someterá a examen en las próximas cumbres de la Unión Europea. 
A medida que progresen las negociaciones de adhesión, será preciso llevar a cabo un seguimiento también de los avances que realicen los países candidatos en este ámbito. 
Los problemas medioambientales que presentan los diez países candidatos de la Europa Central y Oriental son ingentes y, a la vista de esta grave situación, los recursos disponibles son escasos. 
Sin embargo, la situación del medio ambiente ha venido registrando mejoras a partir del año 1989 y en los países candidatos existen amplias zonas naturales prácticamente vírgenes. 
Así pues, desde el punto de vista de la diversidad de la naturaleza, la situación de estos países puede llegar a considerarse incluso muy buena o, por lo menos, considerablemente mejor que en la mayor parte de los Estados miembros actuales. 
Si por un lado el vertiginoso crecimiento económico ofrece posibilidades para mejorar la situación del medio ambiente, por el otro, también acelera cada vez más la contaminación del entorno ecológico. Para evitar esta contaminación se deberá introducir simultáneamente una legislación medioambiental más rigurosa. 
Igualmente, las nuevas inversiones productivas han de acogerse a la mejor tecnología disponible ya en esta fase, ahora que los países negocian su adhesión a la Unión Europea. 
De hecho, los mayores esfuerzos para mejorar la situación medioambiental han de realizarse antes de la adhesión. 
Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que los recursos prometidos a los países candidatos, por ejemplo en el marco de la Agenda 2000, se destinan plenamente en favor de estos países candidatos. 
Sin embargo, el presupuesto de la Unión Europea sólo puede hacerse parcialmente cargo de esta responsabilidad. 
Son los países candidatos los que deben correr con la mayor parte de los costes. 
En el mejor de los casos, la financiación presupuestaria de la Unión Europea a través de ISPA y del programa PHARE puede desempeñar únicamente una función catalizadora. 
El objetivo ha de ser que estos dos sistemas permitan generar una suma de dinero entre dos y cuatro veces superior con el fin de desarrollar las inversiones medioambientales. 
Los problemas medioambientales de los países candidatos tienen su origen en unas deficiencias que se han sucedido durante mucho tiempo, en el descuido de la gestión de las aguas y los residuos, y en las emisiones derivadas de la industria y la producción energética y, más recientemente, del creciente tráfico de vehículos. 
A todos estos problemas que ya conocemos todos se unen también los relacionados con la seguridad y los residuos nucleares. 
Para resolver este problema son necesarios también enormes recursos económicos. 
En este proceso será preciso contar también con la participación de los bancos internacionales de inversión. 
En resumen, hay que decir que, en cualquier caso, la ampliación de la Unión Europea hacia el Este tendrá una repercusión positiva en el medio ambiente europeo, ya que la adhesión se verá acompañada por una normativa medioambiental más estricta en estos países candidatos, el crecimiento económico se dotará de una base sostenible y los propios países podrán cumplir los acuerdos internacionales en materia medioambiental. 
Para lograr alcanzar estos objetivos, se deberá negociar con cada uno de los países candidatos un calendario realista basado en la situación del Estado en cuestión, haciendo hincapié en el período de preadhesión. 
Deberá ser posible permitir períodos transitorios a la legislación medioambiental únicamente en casos excepcionales, siempre y cuando sea por voluntad de los propios países y éstos se comprometan al mismo tiempo a respetar el calendario de aplicación. 
Sin embargo, no deberemos aceptar períodos transitorios superiores a cinco años. 
Señor Presidente, si tuviera usted que contemplar nuestro continente desde el espacio, no vería usted ni Unión Europea, ni Estados solicitantes ni Estados no solicitantes. 
Todo lo que vería es un Cabo de Eurasia, interdependiente, complejo y hacinado. 
Ése es un pensamiento que nos consuela cuando contemplamos los retos de la ampliación. 
Nuestra contaminación es una herencia común que todos compartimos. 
La cosa es aún más sorprendente si contemplamos Europa en términos de sus sistemas fluviales y no de sus estructuras políticas. 
Recuerdo perfectamente lo que me impresionó el enterarme, en un simposio celebrado el año pasado sobre las olas del Mar Negro, de que un elevadísimo porcentaje de la contaminación que está acabando con el Mar Negro no proviene de los Estados ribereños sino de la escorrentía de nitrógeno y productos químicos agrícolas provenientes de Austria y de Alemania, utilizados en las tierras del corazón de Europa como consecuencia de algunas de nuestras políticas medioambientales que funcionan mal en el marco de la política agrícola común, y cuyas consecuencias se dejan sentir a centenares de millas, al otro lado del continente. 
Cuando examinemos las consecuencias medioambientales y los retos de la ampliación no nos esforzaremos por imponer a esos Estados que quieren sumarse a nosotros en el proceso de solicitud el mismo tipo de proyectos medioambientales desastrosos que a menudo hemos adoptado durante los 40 últimos años por mera ignorancia de nuestra Unión. 
Permítanme que formule una última cuestión. 
A pesar de mi preocupación por el medio ambiente, soy un optimista y, como el autor del informe, estimo que en el proceso de ampliación se puede conseguir mucho para el medio ambiente. 
Sospecho de los que están dispuestos a utilizar los desafíos del medio ambiente como argumento para retrasar la ampliación. 
En mi opinión, es mucho lo que se puede hacer. 
Se trata de un problema que se puede resolver, pero cuya solución hemos de buscar sabiendo pertinentemente que lo hacemos como continente que está vinculado por lo medioambiental y por lo ecológico. 
Señor Presidente, la ampliación constituye sin lugar a dudas un enorme desafío para la Unión Europea, una misión de gran importancia. 
La ampliación exige transformaciones radicales tanto en los países candidatos, en Hungría, como en la Unión Europea. 
Así, por ejemplo, es necesario modificar a fondo la política agrícola de la UE, que absorbe en la actualidad la mitad del presupuesto comunitario. 
Esta ampliación exigirá también la adaptación de los países candidatos para que puedan cumplir los denominados criterios de Copenhague. 
A modo de ejemplo, es preciso consolidar la democracia y los derechos humanos, y el trato y la protección de las minorías constituye una importante cuestión para un país como Hungría. 
Cabría desear naturalmente que el proceso avance con la mayor rapidez posible, pero no es probable que se pueda fijar un plazo para la conclusión de estas negociaciones. 
Todos los países candidatos, y también Hungría, deben emprender severas acciones para luchar contra la corrupción. 
Es importante que tanto la Comisión como el Gobierno húngaro tengan presentes los costes sociales que se deriven del proceso de reestructuración económico y financiero. 
La adaptación que requiere la adhesión de estos países a la UE no ha de tener lugar a costa de los más desfavorecidos, en forma de un aumento del desempleo y de las desigualdades entre los ciudadanos, o de la discriminación de determinados grupos étnicos. 
Las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea han de abarcar a toda la sociedad. 
Por este motivo, es importante que se emprenda un diálogo permanente entre, por una parte, el Gobierno húngaro y, por la otra, la oposición y los interlocutores sociales. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y también en el mío propio, quiero pronunciar unas palabras de respeto, reconocimiento, admiración y agradecimiento a una personalidad: Otto von Habsburg. 
Tal como ha hablado hoy aquí lo ha hecho durante 20 años, desde 1979 aquí en el Parlamento Europeo. 
Recuerdo muy bien cómo hablaba de la antigua Unión Soviética, como de la última potencia colonial en la Tierra que se anexionó los tres Estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. 
Estimado señor von Habsburg, entonces alguno que otro sonreía. 
Yo siempre estuve convencido de que usted tenía razón. 
Usted tenía la visión de que esos Estados tenían que liberarse. 
Hoy esa visión se hace realidad. 
Pueden adherirse a la Unión Europea y su persona es un ejemplo de que los visionarios son los auténticos realistas. 
Hablamos sobre Estonia, Hungría, Eslovenia, la República Checa, Polonia, Chipre y Malta. 
Pero también debemos dirigir nuestra mirada más allá- lo ha dicho Otto von Habsburg -, es decir, hacia Letonia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. 
En el PPE entendemos el proceso de adhesión y negociaciones como una totalidad y estamos convencidos de que la adhesión de todos estos países, con los que estamos unidos mediante un Acuerdo Europeo, tiene que hacerse pronto realidad. 
Naturalmente, hay condiciones previas. 
Los países tienen que proseguir acelerada e intensamente su proceso de reformas. 
Vemos con alegría que realizan grandes progresos. 
Tenemos que alentar a estos países y no podemos mandarles señales de desaliento. 
Pues si les desalentamos, no se mantendría el proceso de reformas ni la dinámica en esos países, lo que sería muy negativo para ellos y para la Unión Europea. 
Por ello, decimos a esos países: sois bienvenidos. 
Las personas de estos países son bienvenidas a la Unión Europea porque quieren adherirse a nuestra comunidad de valores. 
Por ello, vamos a exigir al Consejo en Helsinki a finales de este año que se inicien también las negociaciones de adhesión con Letonia, Lituania, Eslovaquia y, naturalmente, con Malta. 
Los Estados bálticos han padecido muchos sufrimientos en este siglo, sobre lo que ha llamado la atención Otto von Habsburg. 
Ya que no se les acoge en la OTAN, buscan seguridad en la Unión Europea. 
Cuando en estos día dirigimos nuestra mirada a Kosovo, tenemos que reconocer que nuestra obligación es acoger lo antes posible a los Estados bálticos en la Unión Europea. 
Tenemos que poner en marcha la reforma interna de la Unión Europea. 
Las reformas institucionales son algo evidente pues queremos seguir siendo capaces de actuar. 
Por ejemplo, hemos propuesto que diputados de los países candidatos participen como observadores en las reuniones de las comisiones del Parlamento cuando se traten cuestiones relacionadas con la adhesión. 
Pero también tenemos que plantear exigencias, por ejemplo, a la República Checa. 
Le exigimos que deroguen leyes y decretos de los años 1945 y 1946 referentes a la expulsión de grupos étnicos en la antigua Checoslovaquia. 
En el año 1989 no habríamos podido ni siquiera soñar que en 1999 pudiésemos hablar sobre estos problemas. 
Pero hablamos al respecto, por lo que debemos hacer ahora lo necesario para que esta visión que cada vez se hace más realidad sea una realidad palpable en un tiempo previsible y de este modo podamos dar la bienvenida a los pueblos de la Europa central en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo. 
Estimadas y estimados colegas, yo también quiero adherirme a Otto von Habsburg, quien ha dicho que debemos apresurarnos para no dejar pasar de largo una ocasión histórica. 
Creo que es muy importante. 
Cuando visito países candidatos a la adhesión constato que no entienden nuestras dudas; si, por ejemplo, mencionan una fecha para su posible adhesión, en el caso de Hungría el año 2002, no entienden que no saltemos enseguida de entusiasmo. 
Está claro que el cumplimiento de los criterios es lo esencial para una adhesión. 
También está claro que en muchos campos avanzan mucho, por ejemplo, en el campo económico, en la democracia y en los criterios políticos. 
Pero, sorprendentemente en otros campos no es así como, por ejemplo, en la reforma administrativa y sobre todo en la reforma de la justicia. 
A veces no es fácil explicarles que una cultura jurídica realmente aplicada en la práctica de la justicia y de los Tribunales es precisamente condición previa para un mercado interior que funcione, del mismo modo que una democracia es naturalmente condición previa para la Unión política. 
Aquí tenemos que realizar aún un gran trabajo de convencimiento. 
Pero por otro lado, con nuestra crítica debemos tener un enorme tacto para no lograr el efecto contrario. 
Pues con frecuencia se tiene la sensación de que no sólo no les gusta escuchar las críticas- ¿a quién le gusta? -, sino que incluso se hiere su orgullo nacional y se crea una atmósfera contraria. 
Pero en un punto no cabe ninguna duda: debemos mostrar muy claramente que tenemos el máximo interés en que las adhesiones tengan lugar lo antes posible tras cumplir los criterios. 
No debemos trasladarles a ellos nuestras dificultades y hacer como si tuviésemos miedo ante su economía y sus habitantes. 
Este es el punto central, por lo que tenemos que admitir que estas adhesiones tengan lugar lo antes posible tras el cumplimiento de los criterios y esto lo tenemos que destacar muy claramente en todas las conversaciones. 
Aplausos 
Señor Presidente, Señorías, tengo que hacer algunas consideraciones generales sobre la cuestión de la inclusión en la Unión de nuevos países con los cuales tenemos negociaciones de adhesión. 
Estoy a favor sin lugar a dudas de la ampliación a esos nuevos países, pero temo que, dada la situación de las perspectivas financieras y por ser esos países menos ricos que los miembros actuales de la Unión, se acentúen la perifericidad y la excentricidad de ciertas regiones como Galicia y Portugal con las disminuciones de los Fondos estructurales, con lo que se dificultará la necesaria cohesión económica y social europea. 
En la última legislatura voté a favor de la ampliación de nuestra Unión a tres países ricos, que eran Austria, Finlandia y Suecia. 
Esos países menos ricos que ahora llaman a nuestra puerta merecen sin lugar a dudas pertenecer a nuestra comunidad de intereses económicos y sociales. 
Por tanto, debemos contribuir a su desarrollo para poder continuar nuestro camino en dirección al Este, prolongando el camino de Santiago hasta Moscú y los Urales, un sueño que podría ser una realidad dentro de veinte o treinta años. 
Esos países serán también sin lugar a dudas y desde ahora un puente ideal para el desarrollo de nuestras relaciones con Rusia, Ucrania y Bielorrusia. 
De forma general, los diversos ponentes de la Comisión de Asuntos Exteriores subrayan las dificultades que habrá que superar y se felicitan de los avances ya logrados e instan a que las reformas vayan acompañadas de medidas encaminadas a atenuar las consecuencias sociales. 
Y para eso será particularmente necesario, en países como Polonia, iniciar profundas reformas en la esfera social, de la administración y la salud. 
Reformas que tendrán sin lugar a dudas una incidencia especial en las poblaciones más débiles y en particular en los jubilados. 
Por lo que se refiere al caso particular de Malta, me congratulo de la recomendación de la Comisión según la cual el examen crítico de la legislación maltesa debería comenzar inmediatamente, a fin de que las negociaciones con ese país puedan iniciarse antes del fin de este año. 
Señor Presidente, desearía utilizar estos dos minutos para hacer hincapié en la importancia que reviste este Informe Myller sobre el medio ambiente y la estrategia medioambiental con motivo de la ampliación. 
El informe de la Sra Myller es extraordinario en todos sus aspectos y de él se desprende el compromiso que ha contraído su ponente a este respecto. 
Las cuestiones medioambientales constituyen uno de los mayores desafíos con los que nos enfrentamos con motivo de esta ampliación. 
Querría resaltar dos puntos en particular. 
Creo que deberíamos aprovechar los recursos que existen en la actualidad en los países de la Europa Central y Oriental que desean incorporarse a la Unión Europea. 
En primer lugar hay que mencionar la posible ventaja de que disfrutan, sobre todo, en el sector agrícola, en el que la situación económica les permite la posibilidad de desarrollar la actividad agrícola desde un punto de vista ecológico distinto al que hemos venido aplicando en la Unión. 
Considero que deberíamos intentar fomentar por todos los medios una agricultura que haga el menor uso posible de sustancias tóxicas. 
En segundo lugar, deberíamos respaldar los aspectos positivos que ya existen en los países de la Europa Central y Oriental, y me estoy refiriendo a sus buenas redes de transporte público, en lugar de alentar un mayor uso de los vehículos privados. 
Es obvio que todo esto no depende únicamente de la legislación que se adopte, sino que es importante asimismo realizar esfuerzos en favor de las organizaciones locales, tanto aquellas de carácter voluntario como, por ejemplo, Urban Forum, que ya desempeña sus actividades en la Unión, a fin de permitir su expansión y su funcionamiento en la Europa Central y Oriental. 
Muchas gracias, señora Hulthén. 
Le habían adjudicado un minuto y medio pero, en todo caso, yo le he hecho un signo para que siguiera usted con toda tranquilidad. 
Señor Presidente, oída la excelente introducción sobre el problema de la ampliación ofrecida por nuestro colega Otto von Habsburg, ya sólo deseo apuntar alguna observación con relación a Eslovenia, motivada por el, dicho sea de paso, buen informe del colega Speciale. 
Olvidamos con excesiva facilidad que Eslovenia pertenecía antes a la Federación Yugoslava. Se separó de ella- al igual que Croacia, Servia y Bosnia-Herzegovina- y se acogería gustosamente a la ampliación de la Unión Europea. 
Se convirtió en un Estado soberano al que aquí llamaríamos pequeño pero bravo. 
Se ve que a nivel psicológico el país no tiene ningún problema para ocupar su lugar en el paisaje europeo. 
De todos los países candidatos, Eslovenia es el que más se acerca a las condiciones que deben cumplirse para convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
Por tanto, tendría un gran valor simbólico si pudiésemos alcanzar un acuerdo al respecto en un plazo relativamente corto. Constituiría también un buen ejemplo para los demás candidatos. 
¿Qué es lo que les queda por hacer? 
Ahora el informe ya nos remite al próximo informe anual. 
Se ve pues que aún falta para que podamos hablar de unos resultados positivos. 
Si no me acuerdo mal, las condiciones para la adhesión afectaban al acervo comunitario, Maastricht, la voluntad de seguir desarrollando Europa, la economía del mercado y los derechos humanos. 
Mi pregunta es: ¿Qué es lo que se exige en el curso de las negociaciones en cuanto a la política exterior y de seguridad común? 
Según mi punto de vista estamos ante una excelente oportunidad para los Quince para que precisamente ahora fijemos unos principios básicos que, por tanto, deberán ser respetados también por los nuevos miembros. 
Es ahora o nunca; ahora es cuando deberíamos demostrar hasta qué punto tomamos en serio la política común. 
¿Y en qué términos se discute el tema de la solidaridad? 
¿Qué importancia se da en las negociaciones a la convergencia de los puntos de vista? 
¿Cuál es el punto de vista de Eslovenia? 
Y quisiera añadir: ¿Cómo valoran la subsidiariedad? 
¿No debemos ayudarles a combatir la inflación, también técnicamente, para elevar cuanto antes su nivel económico? 
Señor Presidente, la ampliación de la UE hacia el Este representa un enorme desafío también por lo que se refiere al medio ambiente que compartimos. 
En el mejor de los casos, la ampliación ofrece una base sólida para un crecimiento económico de los países candidatos basado en el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, este resultado no se alcanzará de una manera automática, sino que nos enfrentaremos con incalculables dificultades para lograr el máximo resultado con una cantidad relativamente pequeña de recursos. 
Por este motivo es importante contar con un orden de prioridades, tener presente el uso de los recursos de los propios países candidatos y encontrar soluciones a la medida de estos países. 
Se trata de un proceso que requiere una capacidad de transformación y de adaptación con arreglo a los resultados. 
Respaldo plenamente los planteamientos realistas que ha expuesto la ponente Myller. 
Entre los esfuerzos más importantes que se deben realizar en el marco de la legislación medioambiental destaca la elaboración de una lista cuya aplicación deberá ser controlada por medio de indicadores objetivos. 
Desearía resaltar cómo se puede aplicar y vigilar en la práctica la inversión en el desarrollo sostenible. 
La aplicación de la legislación medioambiental constituye un enorme reto para las administraciones de los países candidatos, por lo que es necesario apoyar desde la UE estas actividades también por medio de la formación y el intercambio de información. 
Señor Presidente, antes de comenzar le ruego que me disculpe si me sumo al Sr. Poettering para rendir homenaje a la labor realizada por el Sr. von Habsburg en este Parlamento. 
Como coordinador del Grupo Socialista me gustaría darle gracias por su ayuda y su asesoramiento cuando yo era coordinador, y por la calidad de su labor en comisión parlamentaria. 
Soy el último orador del Grupo Socialista y, por lo tanto, mi función no consiste en hablar de países individuales sino en resumir los debates generales. 
Ahora bien, quisiera empezar mi intervención con una cita directa de la solicitud checa de adhesión a la Unión Europea. 
En el preámbulo de la solicitud los checos dicen: «La construcción de Europa ha sido siempre una cuestión de gran imaginación, valor político, trabajo asiduo, crítica, realismo sobrio, solidaridad y arte de la cooperación, la acomodación y el compromiso». 
Me parece que no podemos encontrar mejor comentario acerca del proceso que estamos desarrollando actualmente. 
Tiene que quedar bien sentado que si el reto del decenio de 1980 para la Unión Europea fue la creación de un mercado único, y el reto del decenio de 1990 fue la creación de una moneda única, el reto para los primeros años del próximo milenio consistirá en ampliar la Unión Europea para darle mayor profundidad y, también, para crear una zona de estabilidad en todo el continente. 
Ésta es nuestra oportunidad de reunir a Europa, de construir todo un continente sobre la base de los principios de paz, estabilidad y prosperidad. 
Si dudamos del valor de esas características, basta con que nos fijemos en la antigua Yugoslavia. 
El sueño que debe inspirarnos es el sueño de reunir a Europa. 
La pesadilla que debería espolear nuestras actividades, en cambio, es ver lo que está sucediendo en la antigua Yugoslavia. 
Ésas son las alternativas con que nos enfrentamos. 
Se trata de un proceso difícil. 
No subestimemos en modo alguno las dificultades. 
Tenemos nuestras propias dificultades que ya se revelaron en el debate de hoy acerca de la Agenda 2000, pero los propios países solicitantes tienen que pasar por un proceso de reforma económica y tienen que mantener ese proceso en curso. 
En particular tenemos que velar por que haya una política eficaz de competencia en todos los países solicitantes y un genuino respeto de la propiedad intelectual que servirá para atraer inversiones, cosa de suma importancia para todos los países. 
Tenemos que velar por que sus administraciones se modernicen. 
Como ya he tenido oportunidad de decir muchas veces en estos debates, en mi opinión la mayor deficiencia de esos países es la administración y el sistema judicial, así como la falta de modernización y de inversiones. 
Todos tienen que luchar contra la corrupción porque, como bien sabemos, la corrupción socava el proceso político. 
No tiene que haber problemas de ningún tipo durante ese proceso. 
Tenemos que ser honrados y prácticos. 
Tenemos que dar pruebas de solidaridad y de comprensión respecto de las dificultades que están experimentando esos países. 
Tenemos que asegurarnos de que somos capaces de cuidarnos de las consecuencias sociales de esas reformas. 
Por su parte, los países solicitantes tienen que comprender también que ninguno de ellos forma parte todavía de la Unión Europea. 
A todos se les juzgará por sus respectivos méritos. 
Tienen que continuar el proceso que han estado siguiendo, y dar pruebas de paciencia mientras se desarrollan las negociaciones. 
Lo que también se necesita, como lo han indicado los checos, es una imaginación preclara y valor político. 
Todos los problemas se pueden resolver en política si existe la voluntad de hacerlo. 
Demostremos esa imaginación y ese valor para que podamos ampliar la Unión Europea antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo en el año 2004. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar a los ponentes. 
Ahora bien, a pesar de que soy partidario decidido del proceso de ampliación, he de reconocer que durante ese proceso tendremos que enfrentarnos con verdaderos dilemas. 
Por una parte tenemos la obligación política e incluso moral de honrar el Tratado, admitiendo para ello a nuevos miembros de conformidad con sus disposiciones. 
Por otra parte, hemos de velar cuidadosamente por que la llegada de nuevos miembros no resulte perjudicial para el funcionamiento futuro de los Tratados. 
La jerga de la Unión resume el problema: ¿hay que profundizar antes de ampliar o hay que ampliar antes de profundizar? 
En la última ampliación corrimos un riesgo al admitir a tres nuevos miembros antes de haber realizado las reformas institucionales necesarias para ocuparnos de las consecuencias del aumento del número de miembros. 
Ese riesgo se agravó debido a la presencia en dos de esos países de minorías anticomunitarias muy importantes que, si llegaran a ser mayorías, podrían, a causa de lo inadecuado de nuestros actuales arreglos institucionales, haber anulado toda la labor realizada por las Comunidades. 
Ese riesgo, que espero haya desaparecido, no podemos correrlo de nuevo aunque eso signifique un aplazamiento de la ampliación. 
Una comunidad ampliada sin antes haber procedido a las reformas necesarias padecerá una vulnerabilidad mayor y permanente respecto de los desacuerdos que podrían impedir el progreso hacia nuestro objetivo último, que es la formación de los Estados Unidos de Europa. 
Diré de paso que ésa es la ambición secreta de algunos de los partidarios de una rápida ampliación. 
Ahora tenemos un nuevo motivo para movernos con rápida lentitud hacia la ampliación. 
El euro ha nacido con éxito y se ha establecido como moneda mundial, pero sigue siendo una criatura. 
Su salud continua es un requisito previo esencial, no solamente para la salud económica de la Unión y de sus Estados miembros, sino también para su viabilidad económica. 
No cabe pensar en ampliación alguna a no ser que los Estados solicitantes estén en condiciones de sumarse a la moneda única sin que ello entrañe una amenaza para su integridad y su condición, y estén dispuestos a adherirse para evitar que empeore aún más la Unión con su estructura presente de dos clases. 
Esperemos que todos los Estados miembros actuales se hayan dado cuenta y sean participantes en el régimen de moneda única antes de la ampliación, para que los candidatos no tengan ninguna posibilidad de elección sobre el particular. 
Una ampliación en las debidas circunstancias garantizará los beneficios de los Tratados a los nuevos miembros. 
La ampliación en malas circunstancias detendrá sin duda alguna el progreso e incluso es posible que invierta su dirección. 
Tenemos que obrar con acierto y estoy seguro de que podemos hacerlo. 
Señor Presidente, me limito a expresar el deseo de que se logre recuperar el tiempo perdido y que Malta pueda entrar en la Unión Europea cuanto antes. 
En consecuencia, la mía es una invitación a que se superen todas las vacilaciones y las dudas que, en mi opinión, han caracterizado hasta ahora la actitud del Consejo y de la Comisión. 
Más allá de las dimensiones del país que, naturalmente, es limitado en cuanto a territorio y población, Malta reviste una gran importancia de cara a poner a punto y consolidar esa política en la cuenca mediterránea que es uno de los frentes en los cuales se medirá el futuro de Europa. 
Debemos tener en cuenta que se presentan nuevos escenarios y que la superación, por así decirlo, de una actitud negativa por parte de Libia es un elemento importante para poder consolidar esta realidad. 
Por tanto, a partir del próximo Consejo de Colonia, Malta debe ser tomada en consideración en positivo. 
Creo que se dan todos los elementos, ya que, como ha reconocido la propia ponente, Sra. Malone, las posiciones del anterior Gobierno laborista han sido superadas por la resuelta voluntad del Gobierno actual y los principales indicadores macroeconómicos son buenos. 
Mi esperanza, señor Comisario, es que se actúe deprisa. 
Señor Presidente, como ha afirmado el Sr. Donner, se pueden decir muchas cosas favorables de los avances y el ritmo de reformas que han tenido lugar no sólo en Estonia sino también en Letonia y Lituania. 
He podido comprobar con satisfacción los resultados de las elecciones estonias del pasado 7 de marzo, en las que resultaron vencedores los partidos que abogan más claramente por la adhesión a la UE, que son, a su vez, los que han formado gobierno. 
Creo que es especialmente satisfactorio el nombramiento de Mart Laar como nuevo Primer Ministro, ya que fue él quien dirigió entre 1992 y 1994 el Gobierno que puso a Estonia en este camino de reformas que tantos éxitos ha cosechado. 
El pasado 25 de marzo se cumplieron precisamente cincuenta años de la deportación masiva de veinte mil ciudadanos estonios por parte de las fuerzas de ocupación soviéticas. 
Esta tragedia no se presenció en las pantallas de televisión, no fue el titular atroz de cada día, por lo que creo que es aún más justificable que recordemos ahora a estas gentes. 
Los actuales Estados miembros ya han logrado, previamente a la ampliación, grandes ventajas gracias a las reformas y los esfuerzos que han realizado los países candidatos con el fin de cumplir los criterios que se les ha impuesto. 
Esto es algo que podemos recordar a los votantes con motivo de las elecciones de junio. 
Las transformaciones que han tenido lugar en estos países para incorporarse a la economía de mercado nos han proporcionado nuevos mercados y puestos de trabajo, y esta mayor estabilidad les ha ayudado a sobrellevar mejor la crisis rusa, con lo que nos hemos librado de intervenir con programas de ayuda. 
Ante todo, sus esfuerzos para resolver los litigios y mejorar los derechos humanos nos han evitado crisis como la de Kosovo en regiones próximas a nosotros. 
Ésta es la nueva dimensión de la UE como proyecto de paz. 
Señor Comisario, señorías, la ampliación de la Unión Europea es, si duda, el primer reto, el más importante, el más significativo, al que se enfrenta la Unión Europea en la transición del siglo XX al siglo XXI. 
Una de las condiciones para el éxito es que la adhesión de los países candidatos respete los equilibrios geográficos. 
Desde este ángulo, la adhesión de Chipre cobra una importancia especial. 
Es un hecho positivo que las negociaciones para la adhesión, en este caso, hayan empezado y estén avanzando con toda normalidad. 
Así deben proseguir hasta su feliz conclusión. 
Los obstáculos que, desgraciadamente, algunos países miembros han pretendido interponer, vinculando las negociaciones a la solución de la cuestión politicomilitar que desde hace 25 años tortura a la isla, constituyen, dicho sea con indulgencia, deslices diplomáticos que, sin embargo, se oponen a la filosofía de la Unión Europea y a la de la ampliación, y que, en cualquier caso, hacen peligrar su feliz culminación. 
El informe del Sr. Bertens, al que felicito por su excelente trabajo, constituye un importante paso adelante en la dirección adecuada, y por esta razón debe ser aprobado. 
Señor Presidente, la Sra. Myller ha elaborado un informe muy interesante y de gran calidad sobre las estrategias medioambientales que se deberán adoptar previamente a la adhesión de los países de la Europa Central y Oriental en la Unión Europea. 
Se trata de un importante informe que, además, se ajusta perfectamente al compromiso que ha demostrado en todo momento el Parlamento Europeo por lo que respecta a las cuestiones del medio ambiente. 
No obstante, desearía llamar la atención sobre un par de puntos de este informe que no puedo respaldar. 
En el presente informe se afirma, entre otras cosas, que es probable que los procesos de privatización que están teniendo lugar en los países candidatos pongan en peligro algunas zonas protegidas y el mantenimiento de la diversidad biológica. 
Yo soy de una opinión diametralmente opuesta, ya que considero que las privatizaciones actualmente en marcha son esenciales en el marco de una buena política medioambiental. 
Los países de la Europa Central y Oriental tienen tras de sí una penosa historia marcada por los sistemas totalitarios que, ya de por sí, dejaron serios problemas en materia de medio ambiente. 
Ahora corresponde a los propios países y a la UE mejorar la situación medioambiental por medio de esfuerzos comunes. 
Las personas cuidan lo que es suyo. 
Por este motivo, es de suma importancia que la legislación defienda el derecho a la propiedad. 
Si alguien contamina mis tierras, he de tener el derecho a obtener una indemnización por parte de quien las haya contaminado, y esto ha de quedar fuera de toda duda de una manera u otra. 
De hecho, ésta es la base del mismo principio que propugnamos aquí, el principio de «quien contamina, paga». 
La Sra. Myller señala también en su informe que una explotación agrícola y forestal cada vez más intensiva y la construcción de carreteras representan un riesgo para el medio ambiente. 
No estoy de acuerdo con este análisis. 
Todas las actividades humanas implican una transformación del medio ambiente. 
Estos cambios no tiene por qué ser necesariamente perjudiciales, pero en ocasiones la intervención humana tiene repercusiones negativas para el entorno medioambiental. 
Precisamente por este motivo es importante establecer unos límites claros, pero no condenar de manera categórica determinados fenómenos. 
Una explotación normal de los recursos agrícolas y forestales no representa necesariamente un peligro para el medio ambiente. 
Por todo ello, no es oportuno pedir a los países candidatos que se abstengan de practicar una actividad agrícola y forestal que nosotros consideramos normal. 
Por el contrario, sí que sería importante que respetaran la legislación que hemos elaborado en materia medioambiental. 
Finalmente, querría resaltar el gran beneficio que reportará la ampliación en el ámbito de la política medioambiental, que tendrá como consecuencia un mejor medio ambiente en toda Europa. 
En primer lugar, quiero felicitar a todos aquellos que han contribuido a que se debata sobre Malta junto con los demás países candidatos a la adhesión, tal como se previó en los Consejos de Corfú y de Essen. 
También quiero felicitarle especialmente a usted, señor Comisario van den Brock, porque desde el momento en que el actual Gobierno de Malta presentó la instancia de adhesión, se ha pronunciado expresamente a favor. 
Sin embargo, en este contexto tengo que plantear algunas preguntas a la Comisión. 
La primera es la siguiente: tenemos la ampliación de la Task-Force. 
Allí hay unidades especiales para todos los países. 
¿Cuándo podrá iniciar su trabajo la unidad que es competente para Malta? 
Mi segunda pregunta se refiere al cuarto protocolo financiero. 
Según dicho protocolo, en el presupuesto de 1999 para Malta y Chipre están previstos 5 millones de euros respectivamente. 
Pero también con la intervención de la Comisión y aún antes de las últimas elecciones en Malta, se llegó al acuerdo de prorrogar un año más el protocolo financiero para Malta. 
Ahora faltan algunos millones de euros porque no se han reflejado en el presupuesto. 
¿Ve usted una posibilidad, ya sea mediante el procedimiento «Notenboom» o por otra vía, de que se pueda cumplir este protocolo financiero ahora en esta forma prorrogada? 
Una tercera observación sobre el informe actual: lamento mucho que la Sra. ponente no haya considerado necesario estar aquí presente durante este debate. 
Me refiero a las enmiendas que se han presentado al informe. 
Me parece que la enmienda 1, que recuerda a las autoridades y a la administración en Malta que sigue estando en vigor este asentimiento para la adhesión a la Unión Europea, está dirigida a la dirección errónea. 
En el caso de Noruega hemos visto que la población ha decidido a la postre cómo se debe proceder sin que antes se adjudicase a las autoridades esa responsabilidad. 
En general, expreso mi agradecimiento por haber podido mantener hoy este debate aquí. 
Señor Presidente, muchas gracias a los ponentes y a los demás que han intervenido esta noche sobre el importante asunto de la ampliación de la Unión Europea. 
Quiero empezar por subrayar una vez más, y estoy hablando por todos aquellos que dentro de la Comisión están encargados de la preparación para la ampliación, que somos profundamente conscientes de la oportunidad histórica y única que tiene la Unión Europea para traer la paz y estabilidad a una mayor parte de este continente. 
Estoy plenamente de acuerdo con el Sr. von Habsburg y con todos aquellos que esta noche lo repitieron después, en que especialmente en estas semanas y meses de conflicto en Kosovo, de nuevo tomamos conciencia tan profundamente de lo que significa el poder vivir en paz y libertad y sin represión en esta comunicad de valores. 
A todos aquellos que aspiren a forma parte de ella hemos de ayudarles en este difícil y complicado proceso de integración. 
Por lo tanto, agradezco que tengamos hoy la oportunidad de volver a reflexionar sobre el estado de las cosas en un proceso que por su propio carácter no puede concluirse de la noche a la mañana. 
En todo caso deseo tranquilizar a todos los honorables diputados, al igual que lo he hecho con los países candidatos, con la certeza de que por nuestra parte la, llamémosla, crisis institucional a la que nos enfrentamos en este momento y que naturalmente repercute también en cierto sentido en el trabajo de la Comisión, no debe llevar y no llevará a retrasos en el proceso de la ampliación. 
En ese sentido, todos los preparativos y nuestros trabajos continúan sin cesar y lo mismo puedo decir en cuanto a las negociaciones que se están llevando a cabo con cada uno de los países por separado. 
En el mes de diciembre del año pasado hemos hablado exhaustivamente sobre la situación de aquellos países candidatos con los que aún no se han iniciado formalmente las negociaciones. 
Hoy les toca el turno a los otros seis. 
Señor Presidente, comenzaré por decir que se están aprovechando al máximo todos los instrumentos de preadhesión que tenemos a nuestra disposición para ayudar a los países candidatos en sus preparativos. 
En el próximo otoño, la Comisión elaborará más informes sobre los progresos, pero también es nuestra intención realizar en octubre del presente año, es decir aún antes de la cumbre de Helsinki, una adaptación, o digamos mejor un reajuste, de las asociaciones para la adhesión que usted conoce, en función de los progresos y desarrollos constatados en ese momento. 
En cualquier caso, actualmente podemos decir que han entrado en vigor cada uno de los diez acuerdos para Europa, y que la ayuda para la preadhesión sobre la que el Consejo Europeo de Berlín ha alcanzado un acuerdo, incluirá una duplicación del apoyo financiero a los países de la Europa central y del este. 
La previsión es que dentro del marco del programa Twinning del PHARE, a lo largo de este año se desplacen otros 100 expertos desde los Estados Miembros de la UE a los países candidatos, y que si de nosotros dependiera dicho número de 100 debería duplicarse para el año 2000. 
El cometido de estos expertos es transmitir a los principales ministerios de los países candidatos sus conocimientos sobre la implantación del acervo comunitario. 
Se trata de desplazamientos para largo plazo en las áreas de agricultura, justicia, interior, finanzas y medio ambiente. 
Además, cada país candidato ha aprobado un programa nacional para la aceptación del acervo comunitario en el que se establecen los necesarios medios personales, presupuestarios y también institucionales. 
También se pidió a dichos países que ajustaran sus programas para principios del próximo verano para adecuarlos a los últimos desarrollos. 
Antes de comenzar a comentar cada uno de los seis países por separado, tal vez convenga decir primero algo sobre Malta, ya que está claro que se encuentra en una posición un poco especial debido a la interrupción de su solicitud de adhesión. 
En el último mes de diciembre pude comunicarles que se había retomado nuevamente la solicitud de Malta. 
Esto llevó a que el Consejo nos pidiera un nuevo reajuste de la recomendación de 1993, el cual publicamos el 17 de febrero. 
La conclusión de dicha recomendación fue, en resumidos términos, que en cuanto a los criterios políticos Malta no presenta problemas, pero que en el área económica efectivamente se necesitan unas reformas complementarias o estructurales, mientras esa interrupción de dos años en los preparativos de Malta para su adhesión ha causado también cierto retraso en su adopción del acervo comunitario. 
Según la Comisión es recomendable comenzar cuanto antes con el screening y así se hará, de modo que, tal y como afirmamos en ese informe, podrían iniciarse las negociaciones para la adhesión para finales del presente año, con lo que, espero, tal vez podamos dar un estímulo para la Cumbre de Helsinki de diciembre. 
Pero finalmente será la propia Cumbre la que tendrá que decidir sobre el comienzo de las negociaciones. 
Nosotros estamos plenamente preparados para ello. 
También puedo tranquilizar a la Sra. Günther, porque en cuanto a las negociaciones sobre la task force ya está previsto que podrán ampliarse en cualquier momento en que se inicien efectivamente las negociaciones formales con Malta. 
Puedo decirle al Sr. Bertens, y en este caso también a la Sra. Malone, que estudiaremos también hasta qué punto puede convertirse el protocolo financiero actual para Chipre y Malta en un instrumento financiero comparable a los de los otros países candidatos. 
Se está trabajando en ello y en cuanto podamos volveremos aquí sobre este asunto. 
Las negociaciones en sí constituyen un proceso complicado, pero me resulta muy satisfactorio poder comunicarle que a finales del año pasado ya se habían abierto 7 del total de los 31 capítulos de negociaciones. 
Confrontados con la necesidad de determinar sus posiciones en las negociaciones, los países candidatos han introducido en un plazo relativamente corto considerables mejoras en su organización y coordinación internas. 
Las preguntas formuladas por nosotros acerca de su capacidad de ejecutar el acervo, para esos países fueron un estímulo adicional en sus preparativos en este área crucial. Esto lo digo por el Sr. Titley que antes hizo una observación sobre ello. 
Por parte de la comisión existe el claro propósito de mantener el ritmo de apertura de los capítulos, lo que significa que aún antes del verano se podrán abrir otros ocho capítulos de negociaciones más. 
Así lo anunció también la Presidencia alemana. 
Esto significa que para mediados de este año estarán abiertos la mitad de todos los capítulos de negociaciones. 
Si podemos mantener ese ritmo, a finales del año tendremos abiertos aproximadamente las tres cuartas partes de todos los capítulos de negociaciones. 
Eso dice algo, tanto sobre los esfuerzos de los propios países candidatos como sobre la Presidencia y la Comisión. 
Como ya sabe usted, se trata de criterios políticos, criterios económicos, el acervo y la capacidad administrativa. 
Antes de pasar a hacer algunas observaciones sobre cada país, primero quiero apuntar brevemente algunas sobre estos cuatro importantes criterios que como sabe usted fueron fijados en su día, en 1993, en Copenhague. 
En nuestra evaluación de los informes de noviembre del año pasado hemos analizado a fondo cómo funciona realmente la democracia en los países candidatos. 
Con gran satisfacción, para no decir entusiasmo, hemos podido comprobar que en términos generales esas democracias se han consolidado muy bien. 
Existen, pues sí, todavía, algunos aspectos importantes que afectan al estado de derecho y la democracia que siguen reclamando nuestra atención y necesitan mayores progresos. 
Menciono la política sobre las minorías, que sobre todo ahora es un asunto muy actual, pero también, por ejemplo, la potenciación del poder judicial. 
En muchos países, y dicho sea de paso que no sólo ocurre en los países candidatos, sino también en los Estados Miembros, se producen largos retrasos en los procedimientos judiciales, frecuentemente causados por la falta de plantilla del poder judicial. 
Una observación de índole general sobre los criterios económicos: Se ha alcanzado un importante avance hacia la economía del mercado en todos los países con los que estamos en negociaciones, pero más concretamente se han logrado grandes progresos económicos en países como Estonia, Hungría y Polonia que, además, desde que se publicaron las recomendaciones se han esforzado ininterrumpidamente en pro de las reformas. 
No mantuvimos secreto en el informe el hecho de que en este sentido en Eslovenia y la República Checa los progresos fueron algo menores y que allí se han necesitado claramente ciertos estímulos para que aceleraran. Se lo hemos hecho saber a dichos países y esos así lo reconocieron y tomarán las medidas oportunas. 
La cuestión del ritmo de adaptación al acervo: No sólo se trata de si los países son capaces de adoptar sus legislaciones, sino también de cuál es su capacidad de ejecutarlas luego. 
Pues en este último terreno, me parece que las prestaciones de los países candidatos son muy dispares. 
En noviembre comprobamos que Hungría y Estonia en términos generales han mantenido un buen ritmo de adaptación. Y que Polonia en algunas áreas ha logrado grandes progresos mientras en otros ha vuelto a quedarse atrasada. 
Y también en este punto hemos tenido que constatar que la República Checa y Eslovenia quedan algo rezagadas. 
Para la confianza mutua, tan indispensable para la adhesión a la Unión Europea, también es crucial que los países candidatos dispongan de las necesarias capacidades administrativas y judiciales. 
En los preparativos, esos países no pueden permitirse desatender este terreno. 
Esa es la razón por la que nos hemos empleado a fondo en toda la operación del twinning en la que la pericia de los Estados Miembros puede ser puesta a la disposición de los gobiernos de los países candidatos durante plazos más largos. 
Repasaré rápidamente cada uno de los seis países con algunas observaciones más específicas. 
En Polonia, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como con la instauración de un Comisario para la protección de los derechos civiles, se han obtenido importantes resultados en el terreno de los criterios políticos. 
En el terreno económico, en el pasado ejercicio Polonia ha experimentado un alto índice de crecimiento anual, como ya ha dicho la Sra. Hoff, con una reducción del paro y de la inflación, una moneda estable y un crecimiento de las inversiones extranjeras directas. 
Paralelamente se han dedicado grandes esfuerzos a la reestructuración económica de la seguridad social, y de los sectores siderúrgico y del carbón. 
Unos menores avances se obtuvieron en el plano de la adaptación al acervo, sobre todo en el campo del medio ambiente, y se requiere una aceleración del trabajo legislativo, así como de los esfuerzos para atraer inversiones en dicho sector del medio ambiente. 
Algunas Leyes importantes sobre la certificación y evaluación de conformidad han sufrido retrasos, lo cuál- y por eso lo menciono- ha derivado en problemas con el acceso al mercado polaco. 
En cuanto al sector más conocido de Polonia, la agricultura, y ya lo dijo también la Sra. Hoff, estoy completamente de acuerdo con el análisis de ella del que se desprende la necesidad de llegar más lejos con las reformas estructurales, sobre todo en el terreno del desarrollo rural y la mejora de los servicios veterinarios y fitosanitarios. 
En cuanto al programa de reestructuración de la industria siderúrgica puedo elogiar a Polonia por la enorme cantidad de trabajo invertida, si bien deberán aumentarse los esfuerzos por aclarar todavía más toda la estrategia de privatización de las dos mayores empresas e introducir un claro calendario para la privatización y reestructuración. 
Gustosamente apoyo la recomendación de la Sra. Hoff para seguir con el apoyo desde el PHARE de las medidas sociales acompañantes a la reestructuración del sector siderúrgico. Por lo tanto, se reservará el espacio correspondiente en el programa PHARE para el presente año. 
Es algo que afecta al enorme problema del empleo. 
La República Checa: ya lo he comentado antes. 
Sólo pudieron alcanzarse unos progresos limitados en relación al proceso de adaptación general y a la ejecución de las prioridades a corto plazo relativas a la colaboración para la integración. 
En el informe del Sr. Carnero González se indican una serie de áreas prioritarias en las que la República Checa debería reforzar sus medidas de preadhesión, como, por ejemplo, la adaptación de la legislación al acervo en general, pero también la reforma del aparato administrativo del Estado, la reforma de la administración de la justicia, la privatización de los bancos estatales, la política sobre las subvenciones del Estado, la protección del medio ambiente y una mayor integración- también fue señalada con razón por el Sr. González- de la minoría roma. 
El programa del nuevo gobierno contiene gran cantidad de prioridades que efectivamente coinciden con las de la colaboración para la integración, pero esperemos que el gobierno consiga realmente traducir esas prioridades en unos resultados concretos. 
En cuanto a Hungría puedo ser muy breve: Importantes progresos en algunas áreas, especialmente gracias a la aprobación de un paquete de reformas generales para la administración de justicia, así como a la conclusión de las reformas económicas estructurales. 
Una tendencia, muy favorable también, afecta al refuerzo del aparato administrativo del Estado húngaro mediante la ampliación de la plantilla- lo que en la Comisión naturalmente ha provocado cierta envidia- y la organización de unos programas de formación a medio plazo. 
Sin embargo, en algunas áreas, como la de la protección del medio ambiente, el proceso de armonización legislativa se está desarrollando más bien lentamente, y también la planificación del desarrollo regional se encuentra aún en su fase inicial. 
Se necesitan todavía unos esfuerzos adicionales para la constitución de un servicio que funcione bien para el control de las ayudas estatales. De por si un tema muy importante. 
Paso a Letonia: claros progresos. 
Típico corredor en cabeza; sobre todo aplaudimos los desarrollos en la legislación de nacionalidad. 
Tanto más expreso nuestras esperanzas- y no puedo ocultar mi preocupación al respecto- de que pudiera volver a estudiarse detenidamente la Ley del idioma y la Ley de elecciones parlamentarias y municipales, que fueron aprobadas después de la publicación de nuestro último informe, ya que esas leyes, según una primera impresión nuestra, podrían entrar en conflicto con las normas internacionales en este ámbito. 
La Comisión está muy dispuesta a trabajar junto con Estonia en las soluciones y comparte la opinión del Sr. Donner en el sentido de que se requieren más medidas orientadas a la integración de la población no estoniohablante. 
También en el caso de Estonia- en eso no son ninguna excepción -, se requiere un esfuerzo adicional para el reforzamiento de las capacidades administrativas. 
Eslovenia, el penúltimo en la fila de los países con los que estamos negociando: sobre todo en el informe sobre los progresos de noviembre quedó claro que en cuanto a la armonización en general Eslovenia no había hecho los progresos suficientes. 
Ya lo hemos comentado exhaustivamente con su Gobierno durante una visita a Liubliana. 
Quiero expresar mi confianza de que se llevará a cabo una carrera de adelantamiento, porque estoy de acuerdo con los que han dedicado unas palabras de su intervención a Eslovenia y que han dicho, como el Sr. Tindemans entre otros, que es un país que dispone de todas las capacidades para posibilitar una pronta y rápida integración. 
En ese sentido, los resultados de Eslovenia, o al menos así se veían en noviembre del año pasado, fueron algo decepcionantes. 
Pero, nuevamente, espero que su Gobierno sea capaz de recuperar el retraso. 
Eslovenia sabe exactamente lo que se necesita y lo que queda por hacer, y ahora se requieren los estímulos políticos para llevarlo efectivamente a cabo. 
Y por último, pero no por eso menos importante, Chipre: empezaré por decir que valoramos muy positivamente y que en cierto sentido nos ha tranquilizado también- afirmo lo dicho por el Sr. Bertens- el hecho de que el Presidente Klerides haya mostrado su sabiduría, evitando tensiones en la isla con su decisión de anular la colocación de aquellos misiles de defensa. 
Ciertamente ha aportado a la estabilidad en la isla. 
Expreso desde aquí mis esperanzas de que nazcan nuevas iniciativas políticas que puedan volver a movilizar el proceso de las Naciones Unidas sobre la partición de la isla, así como reanimar el diálogo entre el Presidente Klerides y el Sr. Denktash. 
Mientras tanto opino, y así se lo digo también al Sr. Dimitrakopoulos, que los preparativos para la integración de Chipre en la Unión deben seguir avanzando invariablemente. 
Aún existe sobre la mesa una generosa oferta del Presidente Klerides a la comunidad chipriota turca para que participe en la delegación para las negociaciones de adhesión. 
En este sentido seguimos esperando mejores tiempos. 
En cuanto a los desarrollos económicos, lo siguiente: desde el informe de 1993 sobre Chipre todavía queda por confirmar que su economía disponga de la capacidad básica para adaptarse a los retos de la ampliación. 
En ese sentido, sí que es necesario que se preste mayor atención a la reestructuración del sector financiero interior, que deberá ayudar a que dicho sector pueda soportar la presión de la competencia a consecuencia de la libre circulación del capital. 
En cuanto a la adopción del acervo se han logrado unos aceptables avances, sobre todo dentro del contexto de la unión aduanera. 
Pero se necesitan aún considerables esfuerzos posteriores en el terreno del mercado interior; y ahí nuevamente estoy hablando, sobre todo, del ámbito fiscal y financiero. 
Los transportes marítimos, las telecomunicaciones, la justicia y la política interior son otros puntos que en el caso de Chipre requieren especial atención. 
En relación a la petición del Sr. Bertens acerca de la presentación de una propuesta para un mecanismo financiero, repito lo que ya he dicho antes en cuanto a Malta, que estamos trabajando en la sustitución del protocolo financiero. Volveremos sobre ello. 
Señor Presidente, voy a terminar. Dedicaré aún unas palabras al interesante y sólido informe de la Sra. Myller. 
En mayo de 1998, la Comisión adoptó una comunicación sobre la estrategia para la adhesión en el ámbito del medio ambiente. 
La necesidad de esa estrategia se deriva directamente de las propuestas de la Agenda 2000 en las que se reconoce que la adopción del acervo ambiental requerirá un enorme esfuerzo por parte de los países de la Europa central y oriental, que sólo podrá ser posible a largo plazo y únicamente con unos costes muy altos- en aquel entonces se hablaba de unas cantidades de 100 a 120 mil millones de euros-. 
La comunicación analiza algunas preguntas prácticas que son relevantes para la constitución de unas estrategias nacionales para la adopción del acervo por parte de los países de la Europa central y oriental, sin anticiparse sobre la asignación de los fondos procedentes de los instrumentos de preadhesión. 
Son considerables, además de caros. Sin embargo, es importante reconocer que no sólo sirven a los intereses del medio ambiente, sino también están justificados por motivos económicos. 
Ya que el apoyo financiero de la Unión sólo abarca una parte muy pequeña de los medios necesarios, es absolutamente esencial que se llegue a un planteamiento bien enfocado, eficaz y estratégico de este proceso de acercamiento. 
Señor Presidente, con esto creo haber ofrecido un panorama a vista de pájaro, aunque tal vez demasiado largo, del estado de las cosas, ya que esta Comisión, o al menos este colegio de Comisarios, probablemente ya no se hará cargo del próximo informe. 
En todo caso quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer de corazón al Parlamento, especialmente a los ponentes y a todos los que han mostrado un gran interés o que han estado implicados en el debate del proceso de ampliación, por haber dado ánimo una y otra vez a la Comisión para que tomara también sus propias iniciativas con el fin de salvaguardar el buen ritmo del proceso de la ampliación. 
Quisiera concluir diciendo, también a los propios países candidatos a la integración, que ha sido y sigue siendo, también hoy, nuestra filosofía que debe valorarse cada país candidato por sus propios méritos y por sus propios progresos, aunque esto pueda conducir a cierta diferenciación, a la vez que es especialmente importante que dejemos claro que, mientras algunos en un momento determinado puedan haber avanzado más que otros, toda la familia de la ampliación seguirá siendo una sola familia. 
La denominada all-inclusiveness constituye para todos los que estamos implicados en la ampliación un principio básico, un punto de partida, y pase lo que pase, así seguirá siendo. 
Muchas gracias, señor Van den Broek, por su minuciosa, detallada e interesante intervención. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Acuerdos y prácticas concertadas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0137/99) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre 
I.la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento 19/65/CEE, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas (COM (98) 0546- C4-0628/98-98/0287 (CNS) ); 
II.la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento 17, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (COM (98) 0546- C4-0628/98-98/0288 (CNS) ).Tiene en primer lugar la palabra, como ponente, la Sra. Thyssen. 
Señor Presidente, el informe que tengo el honor de comentar aquí ha sido aprobado por unanimidad de votos menos uno por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Trata de la política en materia de competencia y es relativo a dos propuestas que afectan a los acuerdos verticales. 
Una de las propuestas de modificación afecta al reglamento del Consejo sobre la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado. 
Se trata del famoso reglamento 1762 que habilita a la Comisión para conceder exenciones individuales. 
La otra trata de la adaptación del reglamento 1965 que regula la habilitación de la Comisión para conceder exenciones por categoría. 
El sistema de exenciones por categoría que lleva utilizando la Comisión desde hace más de treinta años, hoy día ya no tiene la flexibilidad necesaria para seguir el ritmo de las transformaciones rápidas de las estructuras de distribución. 
Asimismo, se va reconociendo cada vez más el riesgo de que los acuerdos, si bien las empresas cumplen con las condiciones jurídicas para poder acogerse a la exención por categoría, en la práctica terminen surtiendo efectos de falseamiento de la competencia si se firman entre empresas con una fuerte posición en el mercado. 
En 1997, la Comisión inventarió estas y otras observaciones y publicó un Libro Verde sobre los acuerdos verticales. 
También el Parlamento aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el asunto. 
Reconocimos la necesidad de una modificación de la política, pero no compartimos incondicionalmente la opinión de la Comisión sobre la introducción del umbral de partes de mercado como criterio esencial de distinción. 
Con las propuestas que hoy tenemos sobre la mesa, la Comisión inicia una primera fase concreta para la modificación. 
La Comisión propone introducir en lo sucesivo un sólo régimen general de exención por categoría para todas las categorías de acuerdos, en lo que se refiere tanto a la reventa de mercancías como a los servicios, los bienes de intermediarios y los derechos de propiedad industrial. 
Para ello es necesario en primer lugar ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento 19/65. 
Además, la Comisión desea abandonar las condiciones excesivamente rígidas relativas al contenido contractual. 
Por otra parte, desea otorgar a las autoridades nacionales en materia de competencia el poder de retirar el beneficio de la exención por categoría dentro de su territorio nacional. 
Para que todo esto pueda regularse de forma jurídicamente coherente, también deberá adaptarse el ámbito de aplicación del Reglamento 17/62, y así lo propone la Comisión; por último, la Comisión quiere introducir la posibilidad de eximir con fuerza retroactiva desde la fecha de su suscripción aquellos acuerdos que no fueran presentados individualmente, pero sí tienen derecho a exención. 
Hasta ahí las propuestas. 
En cuanto a la postura de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial constato que a grandes rasgos comparte la opinión de la Comisión cuando ésta afirma que las modificaciones propuestas permitirán que en el futuro la política en materia de competencia se ajustará más a la realidad económica. 
Sin embargo, también hay objeciones. 
En primer lugar he tenido que evidenciar que al contrario de lo que mantiene la Comisión, no es cierto que todos los sectores económicos abracen con agrado la propuesta orientación de su política. 
De momento no es así para el sector cervecero, ni para los contratos de explotación de gasolineras. 
Algunos sectores que cuentan con sus propias reglas específicas que han demostrado su validez en la práctica, como, sobre todo, los contratos de distribución de cerveza, están funcionando satisfactoriamente para la hostelería, para las cervecerías grandes y pequeñas, para los mayoristas y para los consumidores. 
Sin embargo, la Comisión afirma que no existen suficientes argumentos económicos ni jurídicos para mantener para ellos un reglamento especial. 
Por tanto, mi primera pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿Qué razones convincentes han motivado a la Comisión a sustituir un sistema que funciona bien, que no perjudica a la competencia en el mercado y que resulta satisfactorio para todo el mundo del sector? 
En segundo lugar, quisiera oír de la Comisión cómo se tratarán en el régimen general de exención por categoría los plazos de los contratos y, especialmente, si los contratos que implican inversiones a largo plazo podrán firmarse para los mismos plazos que en la actualidad. 
En tercer lugar, tengo una pregunta sobre el periodo de transición para los acuerdos en curso; me pregunto si los acuerdos firmados bajo el régimen actual podrán ejecutarse íntegramente bajo este régimen actual o si se les aplicará el régimen nuevo, en cuyo caso ruego que indique a partir de cuándo. 
En cuarto lugar deseo obtener una confirmación pública de la promesa de la Comisión de informar al Parlamento y darle la oportunidad de elaborar un informe sobre el propuesto Reglamento de exención por categorías y sobre las orientaciones, antes de que la Comisión tome su decisión definitiva. 
Por último y ya concluyendo, Señor Presidente, tengo curiosidad por conocer la postura de la Comisión frente a la enmienda 9ª relativa al secreto profesional de los asesores jurídicos, así como la postura que adoptará la Comisión frente al sector de distribución de automóviles cuando expire el reglamento de exención por categoría para este sector en el año 2002. 
Anticipo mis gracias, Señor Comisario, por unas claras respuestas al efecto. 
Señor Presidente, Señorías, hoy debatimos sobre una parte del paquete total para la reforma del derecho de competencia europeo. 
De modo comparable a la evolución en los Estados Unidos desde finales del último siglo, la autoridad anti trust de la Unión Europea ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en la punta de lanza de la Unión Europea. 
Necesitamos normas que aseguren la libertad del mercado y lo protejan frente a situaciones de monopolio. 
Sólo la competencia garantiza los precios más bajos para los consumidores, la calidad, el acceso libre al mercado así como la innovación y puestos de trabajo. 
Señor Comisario, usted se ha remitido con razón en varias ocasiones al apoyo dado hasta ahora por el Parlamento en contacto con los servicios responsables. 
En el futuro, la Comisión puede contar también con el papel constructivo de esta Asamblea ante las próximas reformas del derecho de competencia. 
Aquí se incluye naturalmente un análisis exacto de la presente comunicación que afecta al sector de las limitaciones de ventas verticales. 
Es evidente que hay que configurar los reglamentos sobre exenciones por categorías de un modo conforme con la práctica, y subrayo lo de conforme con la práctica. 
Con una valoración de los efectos de los acuerdos verticales podemos registrar mejor la situación en el mercado interior que con criterios formales estrictos. 
Esto es así además ya que entonces los participantes pequeños en el mercado se beneficiarían de las simplificaciones de los requerimientos formales. 
Acertaríamos si convenciésemos a todos los sectores de la necesidad de una reforma de este tipo. 
La ponente, Marianne Thyssen, indica con razón que no hay nada que se oponga a prever excepciones o modos de proceder específicos para aquellos sectores para los que el concepto actual funciona a satisfacción de los participantes en el mercado. 
Determinadas uniones de ventas reflejan también una necesidad económica empresarial, por ejemplo, en relación con el volumen de las inversiones realizadas o los rendimientos resultantes. 
En cualquier caso, se deberían vincular las modificaciones en sectores sensibles a los correspondientes plazos de transición. 
Sólo en mi país, valores inmovilizados por un importe de miles de millones dependen de este modo de proceder. 
Señor Presidente, señor Comisario, es loable, desde luego, que la Comisión, y sobre todo su Comisario competente, el Sr. Van Miert- que no está entre nosotros, pero al que quiero decir, de todos modos, que no se puede manifiestamente reprocharle que haya perdido el control de su administración- vele por la aplicación idónea del Tratado para evitar toda distorsión de la competencia en el Mercado Único. 
Sin embargo, habría que abstenerse de un exceso de celo poniendo en entredicho un sistema que ha funcionado bien, sobre todo si esta revisión de la política de la competencia sobre las restricciones verticales corre el riesgo de poner en peligro todo un sector que, gracias a contratos exclusivos de distribución, en particular los contratos de cerveza, ha funcionado bien hasta el presente, dando satisfacción a un tiempo a las cerveceras, por una parte, y, por otra, al sector de los cafés, hoteles y restaurantes. 
Como ha señalado muy bien nuestra ponente, la Sra. Thyssen, las cerveceras invierten en los inmuebles e instalaciones de sus clientes con la certeza de poder dar salida a sus productos bastante perecederos. 
Los cafés, restaurantes y hoteles se benefician de esas inversiones que no pueden financiar o prefinanciar por sí mismos. 
¿Qué mal hay en ello? 
La Comisión debe comprender- y darnos seguridad al respecto- de que toda reforma debe velar por que un contratante de cervecera pueda subscribir contratos de reparto de cerveza de diez años como mínimo, habida cuenta del considerable volumen de las inversiones en ese sector y de su relativamente lenta rentabilidad. 
En sectores como el de la cerveza, pero también el de los hidrocarburos, en los que el planteamiento actual satisface a las empresas que actúan en el mercado, hay que hacer una excepción a la reglamentación general u optar por un planteamiento específico por sector. 
No se puede dar un cheque en blanco a la Comisión en esa esfera. 
Ésa es la razón por la que queremos oír aquí a la Comisión comprometerse a seguir al Parlamento y revisar su posición. 
Sobre todo en un país pequeño como el mío, señor Presidente, la propuesta de una nueva norma sobre los umbrales del mercado podría provocar la eliminación pura y simple de nuestras cerveceras. 
No hay ni que pensar en eso. 
¡Ténganlo en cuenta en la Comisión! 
Con la publicación del Libro Verde en enero de 1997, la Comisión comenzó la reforma de su política en materia de competencia en lo relativo a los acuerdos de distribución. 
Desde entonces, en diálogo abierto con el Parlamento Europeo, hemos venido recibiendo apoyo para dicha reforma. 
Naturalmente, ese apoyo a una de las mayores reformas de la política europea en materia de competencia es muy importante. 
Las dos propuestas de Reglamento del Consejo que hoy se incluyen en el orden del día constituyen un segundo paso. Deberán permitir a la Comisión adoptar unas nuevas normas sobre los acuerdos de distribución. 
Agradezco a la ponente, la Sra. Thyssen, el apoyo que ha querido dar mediante su informe a las propuestas de la Comisión. 
Después de que el Consejo haya adoptado el Reglamento del Consejo, la Comisión presentará una propuesta de Reglamento por categoría para todos los acuerdos verticales por debajo de cierto umbral de partes de mercado. 
A su vez, la Comisión presentará unas propuestas de directivas para aquellos acuerdos que queden fuera de la exención por categoría. 
Se informará al Parlamento Europeo sobre ambas propuestas antes de que la Comisión proceda a la adopción de los textos definitivos. 
La Comisión aprueba algunas de las enmiendas. 
Sin embargo, permítanme indicar aquellas enmiendas que para la Comisión representan un problema y que no puede apoyar. 
La Comisión puede adoptar la enmienda 2 sobre el Reglamento 19/65 y la enmienda 1 sobre el Reglamento 17. 
No es correcto afirmar que sobre todo las pequeñas y medianas empresas del sector cervecero y del combustible tengan que soportar posiblemente las consecuencias negativas de la reforma de la política. 
Las PYMES de todos los sectores podrán sacar provecho de la deregulación que se deriva de la reforma de la política, y la aplicación de los umbrales de las partes del mercado evitará que las empresas dominantes puedan cerrar el mercado. 
Esa es la razón por la que algunos fabricantes y mayoristas de cerveza apoyan la reforma de la política mientras algunos de los actores dominantes del mercado están en su contra. 
Existen una serie de mercados de cerveza donde parece ser que se produce el problema del cierre del mercado, lo que no hace más que subrayar la necesidad de tratar a este sector en iguales términos que los demás. 
Sin embargo, en las Directivas se prestará atención a la situación específica de las inversiones a largo plazo en estos y otros sectores. 
Por la misma razón, la Comisión no puede aconsejar la adopción de la enmienda 3 al Reglamento 19/65. 
Además, es superfluo destacar que se mantiene la posibilidad de implantar unas normas específicas para determinados sectores, porque eso es posible siempre. 
La Comisión también tiene objeciones contra las enmiendas 3 y 4 sobre el principio del privilegio legal de los asesores jurídicos. 
La Ley protege la confidencialidad de las comunicaciones escritas entre un jurista independiente y una empresa, de modo que impide que la Comisión pudiera utilizar tales documentos como prueba para la aplicación de las normativas europeas sobre la competencia. 
Esta protección habitualmente se denomina legal privilege. 
Al contrario, los documentos recibidos o escritos por un asesor jurídico para la empresa donde éste está empleado no se encuentran protegidos. 
Las enmiendas propuestas proponen ampliar el principio del legal privilege haciéndolo aplicable también a los asesores jurídicos internos. 
La Comisión reconoce la transcendencia del asunto pero no puede apoyar las enmiendas por las tres siguientes razones fundamentales. 
En primer lugar, la cuestión queda fuera del ámbito de la actual reforma de la política, ya que ésta sólo va orientada a la política en materia de competencia relativa a los acuerdos verticales. 
Las amplias consultas llevadas a cabo por la Comisión con motivo de su Libro Verde en ningún momento han sido enfocadas en la cuestión del legal privilege para los asesores jurídicos internos. 
Una aceptación de las enmiendas conllevaría una modificación del objeto del actual procedimiento legislativo e implicaría la toma de una decisión sin consulta previa de todas las partes implicadas. 
En segundo lugar, actualmente estamos considerando una profunda reforma del Reglamento 17, incluida una revisión de las competencias de investigación de la Comisión. 
Si es que se necesita alguna actuación relativa al legal privilege, ésta debería llevarse a cabo en este último contexto. 
En tercer lugar, opinamos que ahora no es el momento apropiado para resolver la cuestión del legal privilege de los asesores jurídicos internos. 
La propuesta ampliación del principio obliga especialmente a fijar un nuevo estatus europeo para los asesores jurídicos, basado en unas normas comparables de ética y disciplina profesional. 
Seguramente se necesite algún tiempo más para ello. 
Señor Presidente, la Sra. Thyssen en adición a su informe ha formulado unas cinco o seis preguntas con respecto a las cuales mi propuesta es que conteste verbalmente a la primera de ellas y pedir permiso a la Sra. Thyssen para encargarme de la contestación por escrito de las demás preguntas mañana. 
Las tengo aquí manuscritas en papel, pero para ahorrar tiempo me gustaría contestarlas por escrito. 
En cuanto a la pregunta formulada también por la Sra. Lulling, de cuáles son las razones convincentes para modificar las normas para el sector cervecero, la respuesta es que la actual exención por categoría exime el cierre del mercado. 
No hay distinción entre si una cervecería obliga a un cinco, un cuarenta o un noventa por cien de los cafés. 
Esa política no es buena, porque no protege la competencia. 
La actual exención por categoría es innecesariamente detallada en sus exigencias formales, y eso lleva a una también innecesaria inseguridad jurídica. 
Un ejemplo de ello es el mercado británico. 
Si no hay cierre del mercado, no hay nada que temer bajo las nuevas normas. 
Señor Presidente, con esto quisiera concluir mi contestación. 
Señor Presidente, tengo aún una pregunta o un ruego de aclaración. Me interesaría saber también cómo se debe definir geográficamente la zona de actuación para los participantes en el mercado. 
¿Cómo se va a definir pues local, regional, nacionalmente y a nivel europeo? 
Creo que este es un criterio esencial para la exención. 
Quizás fuese aquí posible tener también una respuesta por escrito. 
También esta pregunta me gustaría contestarla por escrito. 
Señor Presidente, tampoco yo estoy de acuerdo con la respuesta del Comisario, pero sé que el Sr. Van den Broek no es el responsable, en el fondo lo es el Sr. Van Miert. 
No se pueden fijar umbrales en un país pequeño como el mío, en el que tal vez haya una cervecera dominante, pero en un mercado muy limitado, mientras que una cervecera como la «Bitburger» , contigua a nosotros, que tiene una posición mucho más fuerte y un volumen de negocios mucho más importante no esta considerada dominante, porque Alemania es enorme respecto del Gran Ducado de Luxemburgo. 
Eso es la muerte de las cerveceras. 
No hay ni que pensar en eso. 
Vamos a examinarlo también con el Sr. Van Miert. 
No quiero hacer reproches al Sr. Van den Broek. 
No es su sector, pero no se pueden aceptar semejantes respuestas. 
No es serio. 
Naturalmente me conformo con una contestación por escrito a mis preguntas, pero hay una sola pregunta que me gustaría que fuera contestada verbalmente, porque opino que es importante que se ofrezca en público. 
Es la pregunta de si la Comisión se compromete a cumplir con la promesa de los servicios para la política en materia de competencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, en el sentido de que antes de que se acepte definitivamente el régimen general de exención por categoría y antes de que se fijen definitivamente las orientaciones, la Comisión presente sus propuestas al Parlamento y que aún tengamos la oportunidad de elaborar un informe sobre ellas. Porque creo que es importante que profundicemos en los asuntos concretos que han sido comentados aquí, también por nuestros colegas. 
En cuanto a la intervención de la Sra. Lulling, efectivamente me parece sensato, como de hecho ella misma ya ha sugerido, que su punto sea comentado con el Comisario Van Miert. 
Por supuesto me gustaría darle una respuesta satisfactoria ahora. 
Ella ya reconoció que en este momento tal vez no puede esperarse esto de mi. 
A la Sra. Thyssen querría decirle que pensaba que ya había contestado su primera pregunta durante mi anterior intervención. 
Sólo que he escuchado aquí que, en cuanto a la exención por categoría, en estos momentos nos vemos sometidos a cierta presión del tiempo. 
Así que si se han de celebrar consultas, deberían llevarse a cabo en un plazo muy corto. 
A finales de este año vencen las exenciones por categoría actuales. 
Por último quisiera observar que ahí donde la Sra. Thyssen ha hablado- si no lo he oído mal- de consulta, yo creía que el Sr. Van Miert más bien estaba pensando en información, lo cual no quita que a partir de dicha información pueda producirse un intercambio de ideas. 
Así que esto último lo añado por cuenta propia. 
Señor Presidente, sólo quiero decir que nosotros en todo caso trabajaremos muy duramente y muy rápidamente con todos aquellos diputados que vuelvan aquí, o que al menos cuentan firmemente con volver aquí, en la próxima legislatura. 
Pero nos gustaría tener la oportunidad de tener un intercambio de ideas antes de que se tomen las decisiones definitivas. 
Ha sido en ese espíritu que redacté mi informe. 
En leal colaboración con los servicios de la Comisión, me he limitado a aquellos asuntos que en términos jurídicos debían tratarse ahora, precisamente porque se nos había prometido que posteriormente podríamos volver sobre los detalles. 
Muchas gracias, señora Thyssen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Me pide la palabra el Comisario Sr. Van den Broek. 
Tengo una petición poco usual. Tiene que ver con el tema de la ampliación que se ha tratado antes del debate del presente asunto. 
Por error- me lo ha señalado el Sr. Speciale, quien fue ponente para Eslovenia-he señalado una serie de retrasos sufridos por Eslovenia en los preparativos para la adhesión, sin que haya pronunciado las siguientes frases positivas que me gustaría aún fueran incluidas en el acta sobre el asunto, si pudiera ser. 
Son las siguientes: sin embargo, desde la publicación del informe periódico se han producido algunos avances- refiriéndome a los avances en los preparativos para la ampliación-. 
Así, se han aprobado algunas leyes importantes, entre otros en los terrenos del IVA, de los aranceles, del derecho de sociedades y de la Ley bancaria, y se ha aprobado un programa de gobierno para 82 Leyes prioritarias relativas al acervo, que antes de finales del presente año pasarán por unos procedimientos parlamentarios abreviados. 
Señor Presidente, lo apreciaría enormemente si en este sentido pudiera hacerse justicia al ponente y pido disculpas al Sr. Speciale por esta omisión. 
Su intervención quedará recogida en las actas. 
Señorías, permítanme que les diga que hemos agotado el orden del día establecido para esta noche y que agradezca a los servicios de la Asamblea su inestimable colaboración en una jornada tan larga y de tanto trabajo. 
Se levanta la sesión a las 23.50 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Estoy aquí. No intervengo en las votaciones nominales en protesta por la no adopción por parte de los cuestores de una decisión apelable ante Luxemburgo, que solicité por escrito ya en agosto del año pasado, en relación con la retención ilícita efectuada por el Sr. Chamier sobre mis compensaciones de gastos. 
Su intervención figurará en el Acta de la sesión. 
Señor Presidente, ayer hubo el mayor número de víctimas en la guerra de Yugoslavia. 
Ayer, las bombas de la OTAN causaron la muerte de setenta yugoslavos albanoparlantes inocentes, y entre ellos, también de niños. 
No sé si deberíamos manifestar nuestra solidaridad con ellos. 
Usted debe juzgarlo. 
Pienso que el Parlamento ha expresado y sigue expresando todos los días su pesar por las víctimas, por todas las víctimas de este conflicto. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Es una cuestión más bien frívola y, en todo caso, de poca importancia. 
¿Podría añadirse mi nombre a la lista de los que estaban presentes? 
Puede usted comprobar que estaba presente porque participé en todas las votaciones nominales, pero no estoy en la lista. 
Señor Balfe, así se hará sin falta. 
Señor Presidente, mi cuestión no es menos frívola. 
Ayer, durante la votación sobre mi informe y el informe del Sr. Chanterie, el Sr. Collins anunció al Parlamento que en la galería había un fotógrafo que estaba haciendo fotos de los papeles de algunos diputados y de las listas de votación. 
Quisiera saber qué resultado han dado las investigaciones, sobre todo en vista de la cantidad de presión de que he sido objeto en relación con mi informe. 
Me parece que los representantes de compañías petroleras o de compañías de autobuses están tratando de enterarse del contenido de las listas de votación de los socialistas. 
¿Podría comunicarnos la Mesa los resultados de sus investigaciones sobre esta cuestión? Gracias. 
Señor McMahon, como usted sabe, después de que el Sr. Collins denunciara este hecho, hubo una intervención de los servicios del Pleno que hicieron salir a este fotógrafo. 
Naturalmente estamos en disposición de facilitar la información que usted ha solicitado y, si usted lo desea, lo haremos por escrito. 
Señor Presidente, ayer por la mañana, durante la votación de la resolución sobre la Cumbre europea de Berlín, este Parlamento votó dos enmiendas, la 18 y la 19. 
Quisiera pedirle que, antes de aprobarlas y de transmitirlas a las Instituciones a la que van destinadas, encargue a los servicios competentes que comprueben qué relación existe entre una resolución sobre la Cumbre de Berlín y las enmiendas 18 y 19 que hemos votado. 
Me imagino que usted se refiere a los Servicios Jurídicos del Parlamento. 
Se hará lo que usted pide. 
Señor Presidente, a mi regreso a este Parlamento he observado que la dificultad de circulación por los pasillos de este Parlamento es notable, sobre todo cuando llaman para las votaciones. 
Evidentemente, no creo que se deba imponer una circulación única o que los diputados vayan con un timbre, pero consideraría correcto que las numerosísimas visitas dejaran pasar a los diputados que quieren llegar al hemiciclo, lógicamente, a tiempo. 
Sin duda, éste también es un problema. 
Deberíamos encontrar un equilibrio entre la situación que se daba en el pasado cuando teníamos que rogar que nos viniesen a visitar y la situación presente en que los visitantes son tan numerosos porque el Parlamento Europeo, gracias también a nuestro trabajo, se ha convertido en más importante. 
Señor Presidente, me habían indicado que el Presidente ocuparía la presidencia esta mañana a esta hora y espero que no se haya visto en la imposibilidad de hacerlo. 
Señor Chichester, no sé a qué problemas se refiere; de todos modos, hace tiempo que estaba previsto que yo presidiese la apertura de esta sesión. 
Desconozco cuál es el origen de su información. 
Tenía una cita para ver al Presidente esta mañana a las 9.30 horas. 
Me dijo que no podía acudir a la cita porque a esa hora tenía que ocupar la presidencia. 
Lo único que he hecho es manifestar mi preocupación y mi ansiedad al ver que no está ocupando la presidencia. 
Como ve, usted ha hablado del Presidente y el Presidente ha aparecido. 
Señor Presidente, los Cuestores nos han comunicado que en mayo utilizaremos por última vez nuestros despachos y que después se procederá al traslado. 
Ahora bien, esta mañana he podido comprobar que en los nuevos edificios ya se están organizando visitas guiadas. 
Como diputado ello me hace sentir un tanto desplazado, puesto que hasta la fecha nadie ha tenido el detalle de enseñarnos los nuevos edificios ni los despachos piloto. 
Me parece un gran error y, por tanto, ruego se busque lo antes posible un procedimiento adecuado que remedie esta situación. 
Señor Konrad, desde este punto de vista, creo que puedo desmentir lo que usted acaba de decir. 
Todos los Grupos tuvieron la posibilidad de permitir a cada uno de los diputados visitar el nuevo edificio: lo hicieron en momentos distintos y de manera diferente, sin embargo, se les ofreció esta posibilidad. 
Como saben, existen problemas en lo que se refiere a la terminación del edificio y a los plazos efectivos de nuestro traslado. 
Señor Presidente, permítame plantear una cuestión algo diferente. 
Circula la noticia de que, probablemente, se conseguirá aprobar en este Pleno, en el próximo período parcial de sesiones, el estatuto del diputado europeo. 
Ahora bien, creo que si esto ocurriera sería la última oportunidad y podrían surgir dificultades en el caso de que el estatuto del diputado europeo no fuera respetado en cada uno de los Estados. 
Quizás sería oportuno que la Presidencia enviara una nota a los diferentes Gobiernos nacionales, así como a los diferentes parlamentos nacionales a fin de señalar esta posible dificultad, es decir, un desequilibrio entre las decisiones del Parlamento Europeo y las eventuales decisiones sobre la incompatibilidad que podrían ser distintas de las que nosotros hemos tomado. 
Como usted sabe, la Presidencia en ejercicio del Consejo está examinando atentamente este asunto. 
Estoy seguro de que el Presidente de nuestro Parlamento facilitará a todos los diputados información actualizada sobre el estado de este dossier, al objeto de examinar las posibles implicaciones a las que usted ha hecho referencia. 
El Acta queda aprobada 
Informes anuales 1998 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0119/99 de la Sra. De Esteban Martín, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo durante el año 1998 (C4-0138/99) ; -A4-0117/99 del Sr. Newman, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 1998-1999.Antes de entrar en este debate conjunto, el Defensor del Pueblo Europeo, al cual le doy una vez más la bienvenida al Parlamento, expondrá su informe de actividades y su informe especial. 
Tiene la palabra el Sr. Söderman, Defensor del Pueblo Europeo. 
Señor Presidente, empezaré por decir lo mucho que agradezco la oportunidad de tomar la palabra ante el Parlamento Europeo en relación con mi informe anual para 1998. 
Éste es el cuarto informe anual del Defensor del Pueblo Europeo y el último que se presentará durante la actual legislatura. 
Cuando el informe anual correspondiente a 1997 se examinó en el Parlamento, algunas voces críticas sugirieron que el Defensor del Pueblo Europeo sólo había tenido éxito en un pequeño número de casos. 
Se llegó a esa opinión sobre la base del número total de reclamaciones recibidas, incluidas las que no estaban incluidas en el mandato del Defensor. 
No me parece que esta forma de juzgar los resultados de la labor de un Defensor sea equitativa. 
Si una reclamación no es de su competencia, lo único que puede hacer el Defensor es comunicárselo al reclamante o trasladar la reclamación a un órgano competente. 
Eso es lo que hemos hecho en casi el 80 % de esos casos, de forma que los ciudadanos no pueden decir que no se ha hecho nada por ellos. 
En muchos casos las reclamaciones las puede despachar con más efectividad un Defensor u órgano similar en el plano nacional. 
Por eso tratamos sistemáticamente de promover la idea de que se anime y ayude a esos órganos no judiciales para que se ocupen de las reclamaciones provenientes de ciudadanos europeos y relativas a la legislación comunitaria. 
Aunque se ha pedido que se amplíe el mandato del Defensor del Pueblo Europeo para que se ocupe también de las reclamaciones contra las autoridades nacionales, especialmente en casos referentes a la libertad de circulación, sigo pensando que es preferible crear un sistema eficaz de cooperación con los defensores del pueblo nacionales y órganos análogos. 
Durante 1998 la oficina del Defensor del Pueblo Europeo recibió 1.372 reclamaciones nuevas, en comparación con 1.181 en 1997 y 842 en 1996. 
Hemos despachado 185 investigaciones con una decisión fundamentada, en comparación con 101 en 1997. 
En el 45 % de esos casos la institución resolvió la cuestión, se encontró una solución amistosa o se cerró el caso con una observación crítica. 
En 1997 y 1996 las correspondientes cifras fueron el 40 % y el 35 %. 
Durante 1998 no se encontró ningún caso de mala administración en el 52 % de las investigaciones efectuadas. 
La determinación de que no ha habido mala administración no es siempre un resultado negativo para el reclamante. 
La institución o el órgano de que se trate tiene que explicar su conducta al reclamante y, en algunos casos, incluso llega a convencerle de que ha obrado correctamente. 
Éste es el momento adecuado para procurar resumir lo que hemos conseguido hasta ahora en cooperación con la Comisión de Peticiones y el Parlamento Europeo. 
En primer lugar, hemos conseguido instituir una práctica de cooperación para tratar de las reclamaciones y peticiones, según se ha descrito en los informes anuales de los dos órganos. 
Además, hemos sostenido un diálogo fructífero a través de los informes de comisiones parlamentarias sobre los informes anuales del Defensor del Pueblo Europeo, empezando con el primer informe de la Sra. Ahern y siguiendo con los informes del Sr. Papakyriazis, el Sr. Newman y, este año, la Sra. De Esteban Martín. 
Por ejemplo, en el Informe Papakyriazis se pide una definición clara de la expresión «mala administración» , lo que me impulsó a ofrecer una definición en el informe anual correspondiente a 1997. 
Después del informe del Sr. Newman, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que manifestaba su satisfacción por la definición. 
La práctica consistente en desarrollar negociaciones efectivas y sin dificultades acerca de los informes del Defensor del Pueblo Europeo en el Parlamento Europeo ha quedado ahora establecida de forma adecuada y oficial, armonizando el Reglamento del Parlamento con el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y prescribiendo expresamente que la comisión parlamentaria competente- la Comisión de Peticiones- se ocupe del informe anual del Defensor del Pueblo Europeo y de los informes especiales que pueda presentar. 
En segundo lugar, una investigación realizada por propia iniciativa respecto del acceso público a los documentos, apoyada por la comisión parlamentaria por conducto del informe de la Sra. Thors y por el Parlamento Europeo, ha hecho que todas las instituciones y los órganos comunitarios interesados hayan adoptado normas sobre el acceso público a los documentos, excepto en el caso del Tribunal de Justicia. 
Recientemente hemos escrito al Banco Central Europeo para preguntar si ha adoptado ya normas sobre el acceso público a los documentos. 
En tercer lugar, me referiré a la idea de un código de buena conducta administrativa, que se mencionó por vez primera en el Informe Perry sobre las propias actividades de la Comisión de Peticiones en 1996-1997 y que fue apoyado en el Informe Newman sobre el informe anual del Defensor del Pueblo Europeo correspondiente a 1997. 
Todo parece indicar que ese código será pronto realidad, pues la Comisión Europea ha adoptado ya el proyecto en primera lectura antes de que los comisarios dimitiesen. 
Naturalmente, la nueva Comisión puede incluso mejorar el proyecto antes de aprobarlo. 
En cuarto lugar, hemos conseguido mejorar el procedimiento administrativo que la Comisión Europea utiliza en su función de guardiana del Tratado, cuando se ocupa de reclamaciones o peticiones provenientes de ciudadanos europeos. 
Como resultado de ello el procedimiento es ahora más transparente y más eficaz. 
Quisiera decir unas breves palabras acerca de las recientes revelaciones y acusaciones sobre los casos de fraude y corrupción en la administración de la Unión Europea, en particular en la Comisión Europea. 
Una administración transparente hace que la mayoría de los casos de fraude y corrupción sean muy difíciles de llevar a cabo y sumamente fáciles de descubrir. 
Una administración sin transparencia, por otra parte, que desarrolla sus actividades en reuniones a puerta cerrada y conservando documentos y archivos secretos, ofrece precisamente las circunstancias dudosas que permiten que el fraude y la corrupción florezcan. 
Por eso la transparencia es un instrumento eficaz para evitar el fraude y la corrupción y para luchar contra ellos. 
En la actual práctica administrativa sigue aplicándose un principio anticuado de exagerada jerarquía. 
Ese principio, cuando se aplica, provoca una falta de motivación entre el personal que está realmente en contacto con los ciudadanos. 
Facilita todos los tipos de malas prácticas, porque el personal que trabaja adecuadamente no puede hablar acerca de sus preocupaciones respecto de las actividades de la institución. 
Si los funcionarios públicos no pueden hablar ni escribir acerca de su labor cotidiana sin el consentimiento de sus superiores, no puede esperarse que haya una atmósfera motivada y buena en el lugar de trabajo. 
O sea que más transparencia y menos jerarquía anticuada proporcionarían mayor motivación al personal y ahorrarían a la administración de la Unión Europea muchos de los problemas que ha tenido. 
Al mejorar la transparencia es esencial que la nueva norma de acceso público a los documentos en virtud del Tratado de Amsterdam sea adoptada lo antes posible. 
Tiene que contener principios modernos y amplios en esa esfera. 
También es esencial que el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo contenga una clara disposición en el sentido de que el Defensor tiene derecho a inspeccionar todos los archivos y documentos necesarios, para evitar controversias innecesarias y prolongadas con las instituciones. 
Me alegra que la Comisión de Peticiones apoye mi iniciativa a ese respecto en el Informe De Esteban. 
Espero que esa posición sea confirmada por el Parlamento Europeo. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar gracias a todos los órganos e instituciones de la Comunidad por un nuevo año de cooperación constructiva. 
Quisiera dirigirme en especial a la Comisión y a su Comisaria responsable, la Sra. Gradin, y darle gracias por haberse comprometido a que haya una administración transparente. 
También doy gracias al Presidente de la Comisión de Peticiones, Sr. Fontana, y a todos los miembros de la comisión parlamentaria por su actitud positiva en sus contactos con la oficina del Defensor del Pueblo Europeo. 
Doy gracias especialmente a la Sra. De Esteban por lo profesional y competentemente que ha trabajado para redactar el informe que está ante ustedes. 
Gracias a todos por su atención. 
Aplausos 
Muchas gracias, señor Söderman. 
Doy la palabra a la Sra. De Esteban Martín, ponente. 
. Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al Defensor del Pueblo y a sus servicios por la transparencia y rapidez con que han rendido cuentas sobre sus actividades, no sólo ante este Parlamento y la Comisión de Peticiones, sino directamente a los ciudadanos y asociaciones de los Estados miembros. 
Desde este Parlamento hemos defendido siempre la institución del Defensor del Pueblo, como garante de la protección de los derechos de los ciudadanos a la hora de denunciar casos de posible mala administración por parte de las instituciones y órganos comunitarios, y la necesidad de intensificar las relaciones entre dichas instituciones y los ciudadanos. 
Pero esta protección de los derechos de los ciudadanos comunitarios no sería suficiente si no impulsásemos una estrecha colaboración y cooperación entre este Parlamento, y en concreto la Comisión de Peticiones, competente en esta materia, y el Defensor el Pueblo. 
No es una casualidad que ambas instituciones tengamos como objetivo fundamental la defensa de los derechos de los ciudadanos y, por ello, esta colaboración debe continuar garantizando, de manera conjunta, estos derechos y la labor democrática de la Unión, proporcionándole a nuestra administración una mayor credibilidad. 
No en vano la institución del Defensor del Pueblo constituye uno de los elementos más importantes de la ciudadanía europea y de la mejora del control democrático sobre la administración comunitaria, control democrático que puede atribuirse a esta Asamblea, como órgano que representa directamente al ciudadano comunitario. 
Hemos de destacar, en relación al informe anual que nos ha presentado el Defensor, el aumento- como él mismo ha mencionado- de reclamaciones. 
Este año se han presentado en total 1.372, 191 más que el año anterior. Esta circunstancia muestra que los ciudadanos consideran necesaria la actividad del Defensor del Pueblo para corregir las presuntas irregularidades que se puedan producir en la administración de la Unión Europea. 
Desde este Parlamento, a lo largo de estos años, hemos podido comprobar cómo los ciudadanos se interesaban, cada vez más, por las instituciones europeas y cómo las decisiones que aquí se adoptan inciden en su vida cotidiana. 
La transparencia y el acercamiento de la administración al ciudadano es uno de los principales objetivos de todas las administraciones públicas en nuestros Estados miembros. 
Por ello, la administración comunitaria no debería ser menos y tendría que procurar que esta aproximación sea una realidad. 
En esta Asamblea hemos adoptado diversos informes sobre la transparencia o la simplificación del Derecho comunitario, que nos han permitido acercarnos a esta meta. 
En este sentido, un paso importante que debemos dar para conseguir esta sintonía entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos, sería precisamente la elaboración de un código de conducta que facilite las relaciones de confianza entre los funcionarios y el público y que este código sea accesible y comprensible para los ciudadanos. 
Pero debemos ser conscientes de que este código no puede perder de vista las especificidades de cada una de las instituciones comunitarias. 
Por ejemplo, dentro del Parlamento Europeo, debido a la naturaleza de nuestra institución, este código- en mi opinión- debería ser negociado con los diferentes Grupos políticos. 
En este mismo sentido de colaboración entre instituciones y ciudadanos es importante destacar la participación de los mismos en la fase precontenciosa que establece el artículo 169 del Tratado. 
Asimismo, considero fundamental para la labor del Defensor del Pueblo- y así lo señalo en el informe- la modificación de su estatuto para conseguir que el acceso del Defensor a todos los documentos relevantes en los procedimientos que él sigue se produzca lo más eficazmente posible. 
En cuanto a la actuación de la oficina del Defensor del Pueblo en materia de información y comunicación, creo que dicha actuación es un buen ejemplo para otras instituciones europeas, en especial por lo que respecta a la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, como, por ejemplo, el acercamiento de la ciudadanía a esta institución a través de Internet. 
Sin embargo, -y como también se refleja en el informe- debemos todavía esforzarnos en incrementar la divulgación de los derechos de los ciudadanos para que nadie deje de poder ejercer sus derechos por desconocer el modo de hacerlo. 
Esta acción de divulgación debe ser llevada a cabo por las instituciones comunitarias a través de los medios de comunicación y audiovisuales, y así evitaríamos, entre otras consecuencias, que, por ejemplo, más del 69 % de las reclamaciones presentadas ante el Defensor en los últimos años estuvieran fuera del ámbito de su competencia como, por ejemplo, el gran número de ellas que tienen como objeto las restricciones a la libre circulación, y que se presentan cada año ante el Defensor. 
En este sentido, me gustaría reconocer el esfuerzo del Defensor en sus relaciones con otros Defensores del Pueblo nacionales y regionales. 
Es evidente que esta colaboración reforzará el papel de estas instancias, cooperación que puede servir para establecer un envío recíproco de aquellos asuntos en los que alguno de ellos no sea competente para su eficaz resolución. 
Para cumplir todos estos objetivos que hemos enumerado es necesario que la oficina del Defensor del Pueblo Europeo dé contestación a nuestros ciudadanos eficazmente y, por ello, en el informe felicitamos al Sr. Söderman por la preocupación mostrada en que su secretaría funcione de manera adecuada. 
Aun apreciando este esfuerzo, es obvio que para el correcto funcionamiento de esta secretaría se necesitan en primer lugar recursos financieros suficientes y, por otro lado, que se pueda elaborar también un estatuto de los funcionarios que asisten al Defensor del Pueblo. 
Aplausos 
Señor Presidente, el derecho de petición es un aspecto importante de la ciudadanía europea. 
El derecho de petición lo pueden ejercer todos los residentes de la Unión Europea- y no solamente los ciudadanos de la Unión- así como las organizaciones basadas en la Unión Europea. 
Las peticiones son admisibles y encajan en las esferas de actividad de la Comunidad Europea. 
Esta definición es suficientemente amplia para que la Comisión de Peticiones pueda basarse en el sentido común y en el juicio político al decidir si una petición es admisible o no. 
Durante los cinco últimos años de este mandato 10 millones de personas de los 15 Estados miembros de la Unión Europea han firmado más de 6.500 peticiones. 
Las peticiones se dividen en dos amplias categorías: las que plantean problemas individuales, y las que plantean cuestiones normativas más amplias. 
Las esferas a las que más se hace referencia son la seguridad social y los problemas de pensión que a menudo surgen cuando un trabajador emigra, la libre circulación de personas, el reconocimiento de las cualificaciones, los impuestos incluido el IVA, las cuestiones medioambientales y las cuestiones del bienestar de los animales. 
Ahora bien, la Comisión de Peticiones sólo cuenta con personal administrativo y de secretaría. 
Carece de personal de investigación. 
Por consiguiente, nuestras investigaciones de las denuncias de los autores de las peticiones han de efectuarse a través de funcionarios de la Comisión y de representaciones de Estados miembros ante la Unión Europea. 
Los funcionarios de la Comisión cooperan mucho en nuestra labor y les quedamos agradecidos por ello, pero, para esa minoría de peticiones que la Comisión no ha podido resolver, es evidente que no es una buena práctica el confiar tanto en el personal de la Comisión. 
En cuanto a los gobiernos de los Estados miembros- que al parecer no están representados hoy- por conducto de sus representaciones ante la Unión Europea o colectivamente en el Consejo, su cooperación con la Comisión no suele rebasar el mínimo nivel posible y no están dispuestos a enviar funcionarios a la comisión parlamentaria para discutir con sus miembros acerca del valor de una petición. 
Los Estados miembros tienen que ser más positivos y responder cabal y prontamente a las demandas de información y de acción que les dirige la Comisión en relación con las peticiones. 
Es evidente que durante nuestras reuniones los miembros de la comisión parlamentaria tienen y ejercen un papel sumamente vital: interrogan a los funcionarios de la Comisión, les instan a que actúen, y se ocupan también de las decisiones que adoptamos. 
En realidad, si se estima que los que han presentado una petición han sido tratados mal o han sido dejados de lado no vacilamos en defenderlos. 
En varios casos cada año una petición es causa de que se incoen procedimientos oficiales de infracción en virtud del artículo 169 del Tratado, contra Estados miembros que no ejecuten correctamente la legislación de la Unión Europea, en detrimento de nuestros ciudadanos. 
El análisis de los procedimientos de infracción desde 1996 indica que ha habido un mínimo de 97 casos vinculados con peticiones de un total de 535 casos referentes a denuncias directas respecto de los cuales la Comisión envió cartas de notificación oficial, iniciando de esta manera los procedimientos de infracción. 
Esas cifras indican que las peticiones desempeñan un papel muy importante en la detección y manipulación de casos de infracción. 
En su informe anual sobre la aplicación de la legislación comunitaria, la Comisión debe identificar claramente los casos en los que se han iniciado procedimientos de infracción a raíz de denuncias en virtud del artículo 169. 
Por el momento esa manera de obrar no se tiene en cuenta. 
Los Estados miembros tienen que mejorar la forma de actuar en los casos en que se denuncian infracciones. 
El folleto de información pública del Parlamento Europeo acerca del derecho de petición declara que las peticiones revelan a menudo en un Estado miembro prácticas que son contrarias a la letra o al espíritu de la legislación comunitaria. 
En algunos casos la participación de las autoridades comunitarias ha hecho que las autoridades nacionales apliquen de forma más correcta la legislación comunitaria. 
Como resultado de las peticiones, el Parlamento Europeo ha tenido efectos positivos en la vida cotidiana de los ciudadanos y ha podido actuar para encontrar una solución de los casos que incluyen cuestiones de la competencia de la Comunidad. 
Sería conveniente que ese folleto se distribuyera mucho más ampliamente que en la actualidad. 
Acabaré diciendo que, siendo como soy el único diputado del Parlamento Europeo que ha formado parte cabal y activamente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo desde que se fundó en enero de 1987, hace 12 años y medio, espero que los miembros del Parlamento Europeo elegidos para el nuevo Parlamento consigan que se siga respetando el derecho de los residentes y ciudadanos europeos a presentar peticiones al Parlamento Europeo. 
Como éste es probablemente mi último discurso ante el Parlamento Europeo reunido en sesión plenaria, quisiera dar gracias a todas las personas con las que he trabajado durante los 15 años que he formado parte del Parlamento Europeo y, en particular, a los buenos ciudadanos del Greater Manchester Central, a los que he tenido el honor de representar desde 1984 en el marco del sistema de circunscripciones individuales. 
Gracias a todos ellos y gracias a todos ustedes. 
Aplausos 
Sr. Newman, estoy seguro de que todos los colegas desean darle gracias por la labor que ha realizado usted en este Parlamento y, en particular, he de decirle que estoy muy al corriente de la enorme cantidad de trabajo que ha realizado usted en la Comisión de Peticiones. 
La primera vez que vine a este Parlamento tuve ocasión de reunirme con usted en esa comisión parlamentaria, y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos para nuestros ciudadanos, cosa que ha suscitado siempre su mayor interés. 
Este Parlamento le agradece su dedicación. 
Señor Presidente, me sumo con mucho gusto a las palabras de gratitud hacia el Sr. Newman. 
Ha señalado que forma parte de la Comisión de Peticiones desde la fundación de la misma en enero de 1987. 
Yo me incorporé al Parlamento en marzo de ese mismo año y desde entonces no he dejado de ser miembro de dicha comisión. Ello me ha permitido observar de cerca hasta qué punto el Sr. Newman se ha esforzado por el bien de los ciudadanos. 
No sólo quisiera darle las gracias por el empeño que siempre ha puesto en su trabajo, sino también por el informe anual que estamos tratando hoy. Del mismo modo agradezco a la Sra. De Esteban Martín su informe sobre el informe anual del Defensor del Pueblo europeo. 
Ambos, y también el propio Sr. Söderman, han presentado un informe que demuestra claramente que el diálogo con los ciudadanos es y seguirá siendo una parte integrante de la Europa democrática. 
Por lo que a nosotros se refiere, ello significa que la Comisión de Peticiones sirve de bisagra entre los ciudadanos europeos y el Parlamento a la hora de salvaguardar la correcta aplicación del Derecho comunitario. 
Desgraciadamente, es algo que las autoridades nacionales, regionales y municipales no siempre saben apreciar en su justa medida, ya sea por ignorancia o por razones de poder burocrático combinado con cierto egoísmo nacional. 
En algunos casos, por ejemplo en el ámbito del reconocimiento de los títulos académicos o las aptitudes profesionales, la concesión de las prestaciones sociales y los riesgos medioambientales, nuestra labor ha dado sus frutos e incluso hemos sido capaces de solucionar los problemas de los peticionarios. 
Todos los miembros de nuestra comisión subrayan unánimemente la necesidad de que siga existiendo una Comisión de Peticiones independiente para que el contacto directo con los ciudadanos se mantenga en el futuro. 
A fin de subsanar el actual déficit informativo en el ámbito de los derechos de los ciudadanos de la UE instamos a los servicios del Parlamento y de la Comisión a que pongan en marcha líneas directas de consulta en los diferentes Estados miembros y que aprovechen a fondo las posibilidades ofrecidas por la telemática y la tecnología de la información. 
A decir verdad, la colaboración con el Defensor del Pueblo siempre ha sido óptima. 
Por ello, quisiera reiterar una vez más mi gratitud hacia el Sr. Söderman, sobre todo porque en su trato con las administraciones europeas se ha negado siempre a conformarse con las respuestas evasivas de las mismas, insistiendo en que los casos se estudien con detenimiento. 
Gracias a sus iniciativas y sus investigaciones, la burocracia europea se caracteriza por una mayor transparencia y apertura. 
No olvidemos que la propuesta para un código de buena conducta administrativa, que la Comisión presentó en enero pasado, se remonta a una iniciativa común del Sr. Söderman y del Sr. Perry. 
Por todo lo anterior, consideramos fundamental que el Defensor del Pueblo pueda acceder a todos los documentos que necesite consultar para sus investigaciones y que pueda obtener información de todas las personas pertenecientes a la administración sin necesidad de solicitar permisos a nadie. Es imprescindible que pueda trabajar sin encontrarse con obstáculos absurdos. 
Estoy convencida de que la colaboración entre la Comisión de Peticiones, con todas las posibilidades que ofrece, y el Defensor del Pueblo, con sus muy variadas competencias, acabará ocupando un lugar cada vez más importante por lo que a la democracia de la Unión Europea y el respeto de los derechos de los ciudadanos se refiere. 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, me complace que podamos llegar aquí a un acuerdo unánime en el sentido de que, hasta el momento, el Defensor del Pueblo ha demostrado ser una figura muy importante para la UE y, en especial, una institución de especial importancia a la hora de lograr una mayor transparencia en la Unión. 
Desearía mencionar algunas de las numerosas iniciativas que el Defensor del Pueblo Europeo ha emprendido a este respecto. 
En primer lugar, el informe por iniciativa propia sobre el acceso a los documentos, que ha conseguido que prácticamente todas las instituciones dispongan en la actualidad de normas sobre esta cuestión. 
En segundo lugar, que también se hayan presentado demandas en torno a esta misma cuestión al Banco Central Europeo por lo que respecta a sus negociaciones. 
En tercer lugar, que se haya logrado que entre las negociaciones del Consejo de Ministros se incluyan también las de la Presidencia. 
En cuarto lugar, que se haya constatado que la falta de registro de las negociaciones de la Comisión constituye un ejemplo de mala administración. 
Y en quinto lugar, que el Consejo disponga de una lista con las medidas que se han incorporado al tercer pilar. 
Todas estas medidas e iniciativas revisten una inusual importancia de cara al nuevo reglamento sobre transparencia que deberemos adoptar en cuanto contemos con una Comisión en pleno ejercicio de sus funciones. 
Desgraciadamente, cabe lamentar que la dimisión de la Comisión demorará considerablemente estos trabajos. 
Igualmente, lamento que las decisiones que ha venido adoptando hasta el día de hoy el Consejo en materia de transparencia en el marco del tercer pilar sean relativamente poco importantes. 
¿Qué ventajas se derivan para nosotros, los ciudadanos, de unas normas que ya han sido aprobadas, que son públicas y están recogidas en Internet? 
Hemos de estar también al corriente de los proyectos. 
En los últimos días se ha suscitado de manera justificada un gran revuelo con motivo del denominado documento ENFOPOL, un borrador del documento que deberá regular las escuchas por medio de nuevos aparatos y un borrador del convenio sobre la asistencia entre los Estados miembros en materia de Derecho penal. 
Todos estos documentos han sido redactados en el mayor de los secretos, y de nada han valido aquí los nuevos compromisos que ha contraído el Consejo. 
Así pues, no basta con saber cuándo se van a celebrar las reuniones sobre el tercer pilar y qué medidas se van a adoptar. 
Hemos de poder saber también qué es lo que está sucediendo y qué iniciativas se han propuesto, ya sea por parte de los grupos de trabajo, la Presidencia o los Estados miembros. 
El debate sobre el denominado documento de estrategia austríaco puso de manifiesto graves deficiencias por lo que respecta a la transparencia del Consejo. 
Las cuestiones del tercer pilar sobre las actividades policiales y judiciales afectan en gran medida a los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Por consiguiente, es motivo de satisfacción personal que el Defensor del Pueblo pueda, con el apoyo del Tratado de Amsterdam, supervisar organismos como Europol. 
Ayer escuchamos que la Presidencia alemana pretende establecer rápidamente un plazo para la conferencia intergubernamental. 
Es importante que en tal ocasión se cuente con la opinión del Defensor del Pueblo y que su posición se vea reforzada de la manera que se refleja en el informe de la Sra. De Esteban Martín. 
Igualmente es importante que prosigamos en el futuro la buena cooperación que hemos venido desarrollando entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo, y que éste tenga éxito a su vez con los defensores del pueblo nacionales o con las instituciones correspondientes para poder, de esta manera, combatir las violaciones de los derechos de los ciudadanos que se cometan precisamente en el marco legislativo comunitario. 
Finalmente, permítanme dirigirles algunas palabras acerca de la Comisión de Peticiones sobre la que vamos a votar hoy. 
Es importante que esta comisión pueda continuar su labor, pero espero que la Comisión esté dispuesta a ofrecer los mismos compromisos acerca de una tramitación ágil de las peticiones, al igual que se ha hecho con el artículo 169 del Tratado CE, en torno a las reclamaciones. 
Me complace especialmente que esté presente el Comisario Monti, quien ha mostrado su interés acerca de este artículo, y que este Comisario tenga previsto abordar la cuestión relativa a una mayor agilidad en la tramitación de las reclamaciones. 
Desgraciadamente, nos hemos enterado de que la Comisión ha escuchado a los Estados miembros y ha retrasado la tramitación de las reclamaciones en esta institución. 
A pesar de que la actual Comisión de Peticiones ha llevado a cabo una gran labor para agilizar la tramitación de las peticiones, considero también importante que la futura comisión supervise la administración interna. 
En la actualidad transcurre demasiado tiempo antes de que la reclamación llega a la Comisión de Peticiones. 
Como conclusión, y al igual que han hecho todos los demás, también yo desearía expresar mi gratitud a nuestro anterior presidente, el Sr. Newman, quien ha llevado a cabo una labor excepcional a la hora de dejar de manifiesto la importancia de Comisión de Peticiones. 
Como él mismo ha afirmado, diez millones de ciudadanos se han dirigido a esta comisión durante la presente legislatura. 
Señor Presidente, yo creo que no voy a gastar cinco minutos porque no estoy acostumbrada a tener tantos minutos y acostumbro a sintetizar mi intervención. 
Yo quería empezar mostrando mi alegría por que la propuesta de la Conferencia de Presidentes que va a votarse hoy a mediodía traiga incluida, entre sus comisiones- las 17 que quedaron -, a la Comisión de Peticiones y no como subalterna de otra comisión. 
A mí me parece que la Comisión de Peticiones, en relación con la presencia de los ciudadanos en Europa, es fundamental. 
Yo estoy completamente de acuerdo con el ponente, Sr. Newman, en el sentido de que esa comisión tiene carácter constitucional y no debiera nunca desaparecer de entre las comisiones del Parlamento Europeo. 
Hace poco tiempo, precisamente el Sr. Newman presidió una delegación de la Comisión de Peticiones- en la que estaban las compañeras Laura de Esteban y Bárbara Schmidbauer- a Doñana en un viaje que quería atender precisamente a la preocupación de los ciudadanos, que se había expresado en numerosas peticiones a la Comisión de Peticiones, por el espacio natural, que es reserva de la biosfera, de Doñana. 
Y allí pudimos ver no sólo a las instituciones- que nos explicaron en qué situación estaba Doñana- sino también a los grupos ecologistas y a los ciudadanos que habían mostrado su preocupación por lo que ocurría. 
Por lo tanto, a mí me parece que acercar las instituciones europeas a las preocupaciones de los ciudadanos es un método ejemplar. No debe abandonarse jamás. 
Creo que esa es una de las enseñanzas no sólo del trabajo de esa Comisión de Peticiones sino también del trabajo del Sr. Newman, con el que estuvimos encantados de viajar a Doñana. 
Precisamente hablo de ese tema porque mi relación con la Comisión de Peticiones se basa en mi trabajo en la Comisión de Medio Ambiente. 
Los tres ámbitos en que más peticiones se reciben en la Comisión de Peticiones son: seguridad social, mercado interior y medio ambiente. 
Y el hecho de que uno de estos ámbitos en que se reciben peticiones sea medio ambiente muestra ejemplarmente cómo los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales, de quien parten las denuncias, tienen una preocupación extraordinaria por la preservación del medio natural. 
¿Qué problema existe en la tramitación de las peticiones? 
El problema que ya expresó el ponente y otros compañeros que intervinieron aquí: la lentitud del procedimiento. 
En medio ambiente- no sé en otros ámbitos- la lentitud en el procedimiento puede tener efectos irreversibles. 
Cuando se denuncia que va a haber una carretera en un espacio natural y no se toman las decisiones de forma inmediata, la carretera puede estar hecha cuando se resuelva que esa carretera es ilegal. 
Por lo tanto, es en ese ámbito donde más se nota la lentitud en los procedimientos. 
Por eso, en la próxima legislatura, quizá haya que encontrar un método más ágil entre la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea y los Estados miembros, y exigir a los Estados miembros que den respuesta inmediata a las exigencias del Parlamento y de la Comisión Europea y que no mareen la perdiz- como decimos en España- con plazos excesivamente largos, porque eso puede tener efectos perversos. 
Yo creo que si no logramos esto los ciudadanos se sentirán frustrados en su preocupación por denunciar ante la Comisión de Peticiones los problemas que existen. 
Creo que también hay que saludar la buena coordinación que ha habido entre el Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones. 
Hay que exigir que tenga un presupuesto independiente que pueda utilizar de forma razonable, que tenga suficiente personal, lo mismo la Comisión de Peticiones que el Defensor del Pueblo, que son dos instituciones que realmente preservan los derechos de la ciudadanía europea. 
Creo también que hay que elaborar y redactar ese código de buena conducta administrativa que ayudaría tanto a la Comisión de Peticiones como al Defensor del Pueblo en su trabajo. 
Ayudar al Defensor del Pueblo y a la Comisión de Peticiones en su trabajo no es más que ayudar a que la construcción europea sea más creíble para los ciudadanos europeos. 
Creo, señor Presidente, que dicho esto ya no tengo más que decir y, como ve usted, me sobra un minuto. 
Es imposible gastar cinco minutos cuando se está acostumbrada a disponer sólo de uno. 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, Señor Comisario, es muy poco frecuente que la calidad de un informe produzca el mismo grado de satisfacción que su contenido. 
Es, sin embargo, lo que sucede en este caso. 
Del informe anual del Defensor del Pueblo europeo para 1998 se desprende que su institución figura entre las más operativas y las más eficientes de la Unión Europea. 
Más en concreto, es una de las instituciones más cercanas al ciudadano y, por eso mismo, cumple uno de los principios básicos de la Unión Europea. 
La exposición de la Sra. De Esteban Martín resulta tan convincente que deseo con todo corazón que llegue cuanto antes a manos de quienes han de dar su visto bueno a las peticiones del profesor Söderman. Por razones de eficacia pide que su institución pueda disponer de un presupuesto independiente y que se modifique el estatuto. 
A la luz de la dimisión de la Comisión, la solicitud del Defensor del Pueblo de que se elabore un código de buena conducta administrativa adquiere una especial relevancia. 
El primer responsable es el Parlamento Europeo, puesto que el Defensor del Pueblo europeo depende de esta institución. 
Incumbe a la Comisión de Peticiones asumir dicha responsabilidad. 
Ahora bien, yo les pregunto cómo puede cumplir esta misión si no dispone de los medios necesarios para ello. 
La Comisión de Peticiones ya ha planteado esta cuestión ante la administración del Parlamento, pero, desgraciadamente, nuestras peticiones han tenido poca resonancia. 
Ante esta situación, invito a cada uno de los miembros de esta Casa a que lean con detenimiento los anexos del informe del Sr. Newman. Así se percatarán de que realmente es absurdo repartir las competencias de esta comisión entre las demás comisiones. 
Desafortunadamente, me veo obligado a dirigirme a determinados sectores de este Parlamento con una última pregunta. ¿Cómo piensan defender los derechos de sus electores cuando se deciden a quitar protagonismo al derecho fundamental de petición, suprimiendo la comisión correspondiente, o cuando pretenden modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos sustituyéndolo por Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Consumidores? 
Los ciudadanos de la Unión son primero ciudadanos y luego consumidores y los derechos que les corresponden en su calidad de consumidores se fundamentan en los derechos que poseen como ciudadanos. 
Permítame, señor Presidente, que exprese mi gratitud hacia el Sr. Newman, no sólo por su instructivo y elocuente informe, sino sobre todo por el trabajo que ha realizado en esta importante comisión. 
Aunque mi estancia en ella fue breve, he podido comprobar todo aquello por lo que nuestros colegas le están agradecidos. 
¡Muchas gracias, señor Newman! 
Señor Presidente, quisiéramos sumarnos a las felicitaciones al Defensor del Pueblo y al Presidente de la Comisión de Peticiones, a la que pertenezco y a la que tengo en la más alta estima, puesto que se ocupa de los derechos de los ciudadanos. 
Estamos aquí para defenderlos (a los ciudadanos) , ya que hablamos en su nombre y debemos poder escucharles más y más directamente. 
La institución del Defensor del Pueblo depende del Parlamento y esto es positivo, puesto que este último asegura su independencia y el primero hace buen uso de ella. También se ha desprendido hoy esto del informe que ha presentado el Defensor del Pueblo al Parlamento. 
Le agradezco que haya defendido tan firmemente la necesidad de una administración transparente. 
Me ha hecho pensar en el derecho de réplica de los funcionarios, algo que defendemos en varios Estados miembros, pero que aquí, en las instituciones europeas, parece ser todavía un tabú. Pienso en este sentido en el Sr. Van Buitenen. 
Señor Presidente, los hechos han reparado la honra de este hombre, pero la Comisión considera todavía necesario que el procedimiento disciplinario continúe y, además, se le ha relevado de sus competencias en el control de las finanzas, ámbito en el que, sin embargo, ha realizado un trabajo destacado. 
Precisamente, gracias a su labor, hemos podido trabajar en este Parlamento y, junto con la Comisión de Control Presupuestario y posteriormente el Comité de Sabios, hemos llegado a esa dura reprobación. 
Abogo firmemente por que se presione con todos los medios a nuestro alcance para que el Sr. Van Buitenen sea restituido en su puesto. 
Creo que el Defensor del Pueblo ha defendido de forma suficiente la transparencia y la información, y termino, señor Presidente, con un alegato a favor de un cambio de estilo, de manera que Europa no represente el hermetismo y la burocracia, sino la democracia y la transparencia. 
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, como cada año, la discusión de los informes anuales relativos a las actividades de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo nos brinda la ocasión de recordar la importancia que revisten estos dos organismos en el establecimiento de vínculos de confianza entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos de los Estados miembros. 
La experiencia reciente ha puesto de relieve- y, al mismo tiempo, ha recordado a aquellos que lo habían olvidado- que el alejamiento y la opacidad engendran la irresponsabilidad y el fraude. 
El bien común debe nutrirse permanentemente a través del contacto con las realidades cotidianas. 
Si no, éste corre el peligro de transformarse en expresión confusa de intereses particulares. 
Por propia naturaleza, las instituciones comunitarias son las que están más alejadas de la vida diaria. 
En Bruselas, unos funcionarios perdidos en interminables pasillos de oficinas pretenden elaborar, en todos los ámbitos, normas uniformes aplicables a las diversas tradiciones nacionales. 
En el peor de los casos, estos textos no hacen más que añadir a las legislaciones nacionales existentes una normativa desprovista de toda dimensión europea. 
Así pues, no hay que extrañarse de que la aplicación del conjunto de estas normas comunitarias absurdas cree un cúmulo de dificultades, que dan lugar a la presentación de recursos ante la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo. 
Ciertamente, es conveniente proporcionar a estos dos organismos los medios para funcionar adecuadamente, pero ¿no sería urgente reformar la construcción europea, para evitar sus derivas y las reclamaciones que estas últimas originan? 
Todos los imperios artificiales acaban por hundirse, porque muchas veces se olvidan de las personas. 
La Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo no bastarán, en el futuro- más allá de sus méritos -, para paliar las incoherencias y los excesos de una maquinaria tecnocrática. 
Esta maquinaria producirá, inevitablemente, cada vez más malestar y reclamaciones entre los ciudadanos, a quienes resulta difícil entender el hecho de que estas reglamentaciones no sean útiles, realistas y aplicables. 
Señor Presidente, al hablar hoy aquí, cincuenta y ocho días antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en los últimos días del funcionamiento de este Parlamento Europeo, siento que el debate conjunto sobre la Comisión de Peticiones y sobre el Defensor del Pueblo Europeo tiene una especial significación y viene, como un balance de toda una legislatura quinquenal, a dar un mensaje en estas próximas elecciones. 
Confiere valor al próximo Parlamento Europeo que suceda al actual. 
Así pues, creo que poder participar en el debate de hoy es un honor especial para todos nosotros. 
Es un debate conjunto porque el funcionamiento de la institución de la Comisión de Peticiones es común al de la institución del Defensor del Pueblo Europeo. 
Común pero distinto, complementario pero sin que las competencias se confundan ni se superpongan, respetando plenamente la independencia del Defensor del Pueblo Europeo. 
Quisiera agradecer y felicitar a los ponentes, a la Sra. De Esteban Martín y al Sr. Newman, por sus informes que, como siempre sucede en esta comisión, son el producto final de la labor colectiva y de la aportación de todos sus miembros. 
Señora De Esteban Martín, permítame hacer un inciso y expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Newman por la ayuda que nos ha proporcionado a todos con su ejemplo; porque en los quince años que ha estado al servicio del Parlamento Europeo, nos ha ayudado todavía más en el funcionamiento, y no sólo en él, de esta comisión. 
También me alegro de que hoy- y quizás no sea casual- votemos la continuidad del funcionamiento de la Comisión de Peticiones. 
Tengo la sensación de que la Comisión de Peticiones ha salido renovada de esta controversia, precisamente porque el tamaño de su aportación se ha hecho comprensible para todos en el Parlamento Europeo. 
Señor Söderman, el Sr. Perry ha referido, y yo voy a completar, que tuve el placer y la suerte de votarle en su elección. 
Me alegro de que mi opción se haya visto confirmada. 
Considero que el Sr. Söderman, como persona institucional, como persona que ha representado el funcionamiento de la institución, ha ofrecido a Europa y a la Unión Europea una nueva creación, una nueva institución. 
Señor Presidente, tengo la intención de hablar acerca del anexo del informe del Sr. Newman que trata de mi labor como mediadora del Presidente respecto de los niños secuestrados y trasladados fuera del país, pero antes que nada quisiera rendir homenaje al Sr. Newman. 
El Sr. Newman ha sido un verdadero «perro de presa británico» en esa comisión parlamentaria, y nunca ha dejado pasar la ocasión de intervenir en nombre de los ciudadanos de la Comunidad. 
Eddy, te vamos a echar mucho de menos. 
Esperaba también tener la ocasión de agradecer personalmente al Presidente Gil-Robles su continuo apoyo de mi labor de mediadora respecto de los niños secuestrados, y de dar gracias también al Sr. Söderman por su excelente trabajo como Defensor del Pueblo Europeo. 
Por el informe verán ustedes que el año pasado me he ocupado de 29 denuncias en mi calidad de mediadora. 
Cuando recibimos una denuncia acerca del secuestro de niños, inmediatamente nos ponemos en contacto con la persona que la ha presentado. 
Los niños secuestrados son siempre un caso de urgencia, y así hay que considerarlos. No pueden esperar hasta el final del largo proceso de tramitación administrativa. 
Ése es el motivo de que haya tenido cada vez más trabajo en relación con esta cuestión. 
El Consejo de Ministros debe esforzarse por examinarla lo antes posible, para que podamos establecer algunas normas básicas para hacer frente al problema. Se trata de un problema que cobra proporciones cada vez mayores. 
La Convención de La Haya no tiene más que una finalidad, una finalidad únicamente. 
No es un juicio para hablar de la custodia de los niños, es un instrumento legislativo que exige que los niños regresen al país en el que residen habitualmente, para discutir el caso y adoptar una decisión sobre su custodia. 
Hay una profunda ignorancia internacional acerca del derecho de familia y acerca de lo que sucede si el matrimonio se deshace y los niños tienen que ir a vivir a un país que no es el de su residencia habitual. 
Seguimos teniendo problemas gravísimos con países que no han firmado la Convención de La Haya y en los que sigue habiendo muchos casos de secuestro. 
Nuestro principal problema se plantea principalmente en el caso de los países que tienen tribunales religiosos, principalmente pero no exclusivamente. 
Muchos Estados europeos no cumplen el espíritu de la Convención de La Haya, ni ellos ni sus leyes. 
Recientemente hemos conseguido un éxito muy importante en el caso de una madre francesa y de un padre alemán. 
La decisión adoptada por el tribunal alemán nos ha alegrado muchísimo, pero demasiado a menudo ese tipo de causas se juzgan ante jueces que, o ignoran la legislación relativa al secuestro de niños, o están mal informados acerca de ella. 
Necesitamos que haya tribunales especiales que se ocupen de esas cuestiones y que lo hagan lo antes posible, para evitar el trauma inevitable, particularmente para los niños, pero también para la madre y el padre. 
La mayor parte de esos casos se resuelven ante las autoridades centrales del país. 
Inevitablemente, recibo los casos que no se han podido resolver de esa manera. 
Todos nuestros países necesitan la Convención de La Haya. 
Además de la labor que he desempeñado en la comisión parlamentaria, he participado también, en nombre del Parlamento, en muchísimas conferencias internacionales. 
En todos los Estados miembros está suscitando un interés cada vez mayor el aumento de la incidencia del secuestro de niños. 
Quisiera dar gracias al Parlamento por la asistencia que ha prestado a este respecto. 
Señora Presidenta, desearía hacer algunas observaciones acerca del informe anual del Defensor del Pueblo y del informe de la Sra. De Esteban Martín. 
De hecho, del documento de nuestra colega no se puede decir sino que es un buen informe. Estoy de acuerdo prácticamente con todos sus puntos. 
Por lo que respecta a la institución del Defensor del Pueblo, es evidente que desempeña una función cada vez más importante y un papel verdaderamente positivo para el conjunto del sistema comunitario. 
Yo mismo he mantenido un contacto directo con el Defensor del Pueblo. 
He conocido a muchas personas que también han entrado en contacto con la institución del Defensor del Pueblo. 
Por regla general, estas personas se muestran satisfechas por el trato recibido, por las respuestas obtenidas y por los plazos en que se les han hecho llegar estas respuestas. 
El hecho de que quienes se dirigen a uno para presentar una reclamación consideren que han recibido el trato y la asistencia adecuados es, quizás, el mejor diploma posible. 
Es algo importante, especialmente si tenemos en cuenta que son muchos los que se sienten impotentes ante las instituciones de la Unión Europea y que, ahora, ya tienen algún sitio donde dirigirse. 
Creo que la función más significativa que ha desempeñado, y que sigue desempeñando, la institución del Defensor del Pueblo reside, sin lugar a dudas, en sus esfuerzos por lograr una mayor transparencia en el conjunto de la UE, aspecto éste que constituye un aspecto de gran importancia. 
Cuando examinamos la crisis de la Comisión, vemos que esta crisis gira en torno a diversas cuestiones que, de hecho, han venido teniendo lugar ya durante bastante tiempo. 
Naturalmente, el meollo de la crisis y el motivo que condujo a la dimisión de la Comisión son la mala gestión económica y el hecho de que se ha perdido en parte el control de los gastos. 
Pero existe todavía otra razón que creo que no deberíamos subestimar: la falta de transparencia y la mentalidad administrativa que ha reinado en la Comisión. 
Muchísimas personas, «ciudadanos normales» , ven en la Comisión una institución poderosa pero, a la vez, hermética, insensible y, en ocasiones, incluso arrogante. 
Son muchas las personas que consideran que es difícil obtener información y respuestas cuando se dirigen directamente a la Comisión. 
Independientemente de que sea cierto o no, creo que se trata de un hecho importante para explicar la imagen que se tiene de la Comisión. 
Cuando se tiene un concepto como éste es porque la administración está anticuada y exige cambios. 
Por este motivo es tan importante la iniciativa que ahora se ha emprendido en torno a un código de buena conducta, el cual podrá remediar en cierta medida la situación y mejorar estas relaciones. 
Resulta asimismo evidente que es imprescindible modificar la reglamentación relativa al personal. 
Se debe perseguir que los trabajadores de las distintas instituciones de la Unión Europea sientan que pueden llamar la atención, también públicamente, sobre las anomalías y expresar sus críticas sin correr el riesgo de sufrir represalias. 
Si no es así, el sistema que tendremos será un sistema bastante incómodo. 
Este tipo de cambios, junto con nuevas normas en materia de transparencia y acceso a los documentos, debería entrañar una verdadera modificación en el funcionamiento de la administración. 
Lo importante ahora es reforzar la institución del Defensor del Pueblo. 
Hay dos aspectos sobre los que me gustaría llamar la atención principalmente. 
El primero está relacionado con las condiciones económicas. 
Es preciso contar con un presupuesto y una planificación a largo plazo que permitan absorber la totalidad de las reclamaciones que se reciben, tramitarlas de la manera adecuada y disponer de los recursos necesarios a este fin. 
En segundo lugar, es obvio que la institución del Defensor del Pueblo ha de disponer de acceso a todos los documentos a los que necesite acceder. 
Ésta es precisamente la clave a la hora de llevar a cabo una buena labor. 
Así pues, es necesario lograr refuerzos inmediatos a este respecto. 
Soy uno de esos eurodiputados críticos con muchos de los aspectos de la Unión Europea. 
Sin embargo, no tengo ninguna crítica que formular a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo sino que, por el contrario, me gustaría agradecer tanto al Sr. Söderman como a quienes trabajan con él la buena labor que están llevando a cabo. 
Señora Presidenta, señor Defensor del Pueblo, señor Comisario, también yo me muestro de acuerdo con quienes piensan que el Defensor del Pueblo es la mejor institución de la Unión Europea. 
Además, éste ha orientado las estructuras institucionales en una dirección positiva. 
Es importante también el desarrollo de competencias, y en el informe se menciona la libre circulación. 
Recientemente he conocido personalmente, entre otros, el caso de un dentista irlandés que se ha enfrentado con problemas para ejercer su profesión en Grecia. 
Sería necesario incluir todas las cuestiones de este tipo en el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo. 
La publicidad de los documentos ha cobrado importancia en la Unión Europea gracias, casi exclusivamente, a los esfuerzos del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Justicia. 
Los órganos legislativos no han tenido tiempo de hacer prácticamente nada. 
Existen temores de que la Comisión ha ralentizado la elaboración del futuro reglamento sobre la transparencia. 
Desearía preguntar al Comisario Monti cómo esta preparando la Comisión este reglamento con arreglo al Tratado de Amsterdam, ya que su elaboración representa también un elemento esencial para solucionar esta crisis institucional que ha provocado su dimisión. 
Una buena administración es fundamental a la hora de resolver esta crisis. 
He comprobado con satisfacción las intervenciones del Defensor del Pueblo en defensa de la libertad de expresión de los funcionarios. 
Es muy importante que se examine detalladamente el Estatuto de los funcionarios y que se introduzcan las modificaciones necesarias para establecer directamente la obligación a los funcionarios de señalar las irregularidades que pudieran percibir en el desempeño de sus funciones acerca del funcionamiento de los órganos comunitarios. 
El establecimiento en todas las instituciones de un registro de sus documentos constituye también una reforma de enorme importancia. 
Quisiera señalar que el Parlamento Europeo debería unirse también estas reformas e introducir una buena administración también por lo que respecta a sus propias actividades. 
Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Söderman en que si la UE hubiera tenido una cultura de transparencia en la gestión donde los ciudadanos pudieran examinar los asuntos de los funcionarios, cuando están terminados, se podrían haber evitado muchos casos de fraude y numerosas irregularidades. 
Los funcionarios, al saber que sus asuntos pueden ser examinados en cualquier momento por la opinión pública, seguramente sientan mayor predisposición para tramitarlos correctamente. 
La UE no tiene esta cultura de la apertura y así queda también reflejado en el informe anual de actividades del Defensor del Pueblo, que resulta por lo demás bien estructurado, claro y riguroso. 
Es un motivo de alegría pues se trata de consolidar una institución que sigue siendo muy reciente, pero que ya es bien conocida y apreciada. 
Sobre todo, ha faltado la voluntad política de proporcionarle al señor Defensor del Pueblo buenas condiciones de trabajo. 
Por muy increíble que suene, del informe anual de actividades se desprende que él mismo, que debe ser el garante de los ciudadanos ante la gestión de la UE, no tiene pleno acceso a las actas y documentos de la Comisión y del Consejo. 
De ahí que naturalmente deba modificarse el apartado 2 del artículo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo para que el Defensor del Pueblo tenga acceso pleno y sin barreras a todos los documentos relevantes. 
Mantener disposiciones por las que las instituciones comunitarias pueden negarse a facilitar al Defensor del Pueblo documentos acogiéndose de forma debidamente razonada a su secreto profesional o porque los funcionarios y el resto de empleados se pronuncian en nombre y siguiendo instrucciones de sus administraciones, no sólo no es necesario, sino especialmente impropio. 
Ya es hora de reelaborar el fundamento jurídico del trabajo del Defensor del Pueblo. 
De lo contrario, la institución da a los ciudadanos comunitarios una impresión completamente engañosa de seguridad jurídica. 
Por ello, resulta importante apoyar especialmente el punto 6 de la propuesta de decisión de la Sra. Esteban. 
Señora Presidenta, señor Defensor del Pueblo, Señorías, en virtud del Tratado de la Unión Europea es el Parlamento, y no la Comisión, el destinatario del informe anual del Defensor del Pueblo. 
Permítanme, no obstante, decir algunas palabras en nombre de la Comisión. 
La Comisión está convencida de que, con la institución del Defensor del Pueblo europeo, la ciudadanía europea se ha enriquecido considerablemente y que la buena administración de las Instituciones europeas, la transparencia y la equidad de su funcionamiento son derechos fundamentales de todos los ciudadanos de Europa. 
En el año 1998 la Comisión fue una vez más el objeto principal de las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo. 
La misma ha tratado de contestar de buen grado y de forma satisfactoria a todas las preguntas respetando, dentro de lo posible, los plazos fijados. 
El control que, a través de Defensor del Pueblo, pueden ejercer los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestra administración no puede sino animarnos a trabajar mejor, a corregir nuestros errores y a aumentar la transparencia de nuestra labor. 
Por eso estamos de acuerdo con el excelente informe de la Sra. De Esteban Martín cuando invita a todas las Instituciones europeas a sensibilizar aún más, si cabe, a los ciudadanos con todos los medios posibles sobre las posibilidades de que disponen para hacer valer sus derechos y, en particular, evidentemente, sobre la posibilidad de dirigirse al Defensor del Pueblo. 
El otro punto planteado por el Parlamento, por su Comisión de Peticiones y por el propio Defensor del Pueblo, se refiere al código de conducta administrativa destinado a las Instituciones y a los órganos europeos. 
La Comisión ha alcanzado un acuerdo respecto al principio en que se basa dicho código, ha puesto en marcha su elaboración consultando al Defensor del Pueblo y ha tomado la primera decisión al respecto. 
La Comisión, no obstante, tenía la intención de convertir dicho código en uno de los tres ejes de una reforma más ambiciosa del conjunto de sus actuaciones internas y externas que, sin embargo, no ha podido llegar todavía a buen fin por los motivos que el Parlamento conoce perfectamente. 
Por otra parte, mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la administración implica asimismo reforzar considerablemente el acceso del público a los documentos. 
La Comisión comparte el hecho de que la transparencia no solo significa que los documentos son, dentro de lo posible, accesibles al público, sino también que cualquier negativa a facilitar tales documentos debe ser justificada con arreglo a normas establecidas con anterioridad. 
El Tratado de Amsterdam- nos lo ha recordado la Sra. Hautala- ha sancionado esta noción de transparencia concediendo a los ciudadanos un verdadero derecho de acceso a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
Dado que, en virtud del artículo 255, a la Comisión le corresponde la tarea de elaborar una propuesta legislativa relativa a los principios generales y a los límites que regulan el ejercicio de dicho derecho, nuestra Institución presentará en tiempo útil su propuesta al respecto y el Pleno tendrá así la posibilidad de manifestar su posición en el procedimiento de codecisión. 
En lo que respecta a una cuestión análoga, aunque distinta, la Comisión comparte la opinión de la señora ponente, según la cual el Defensor del Pueblo tiene que tener, dentro de lo que cabe, un acceso amplio a los expedientes y documentos, en poder de las Instituciones, necesarios para sus investigaciones. 
Se trata de una cuestión de vital importancia tanto de cara al ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo como de cara a que los ciudadanos depositen su confianza en él. 
En cuanto a la modificación del Estatuto del Defensor del Pueblo, respecto a este punto o al de los testimonios de los funcionarios, evidentemente le corresponde al Pleno tomar la iniciativa de acuerdo con el artículo 138 E. Después será tarea de la Comisión- de la próxima Comisión, evidentemente- emitir su dictamen al respecto. 
La Comisión comparte asimismo la importancia que su ponente y el mismo Defensor del Pueblo atribuyen al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las Instituciones europeas, en particular cuando los ciudadanos denuncian situaciones que no consideran conformes a las disposiciones europeas. 
Es por esto que, dando seguimiento a la investigación de iniciativa llevada a cabo por el Defensor del Pueblo sobre los procedimientos de infracción, la Comisión se ha comprometido a facilitar, en el mismo momento en que informa al autor de una denuncia de su intención de archivarla- cuando ésta es la intención- también los motivos por los que estima que no existe vulneración del Derecho comunitario. 
Sin embargo, otorgar a los ciudadanos un derecho efectivo en el procedimiento que establece el artículo 169 impone, obviamente, una modificación del Tratado. 
Deseo dar las gracias al Sr. Söderman por su excelente trabajo y la provechosa colaboración que nos ha permitido estrechar con él. 
Señor Defensor del Pueblo, además de las tareas de instrucción de los casos que le fueron remitidos, usted ha tomado la iniciativa de formular numerosas propuestas en materia de transparencia y de derechos de los ciudadanos. 
Ya se ha recordado en este Pleno su implicación en los asuntos relacionados con el papel de los ciudadanos en el procedimiento establecido en el artículo 169, la redacción de un código de conducta de los funcionarios, el acceso a los documentos de las Instituciones y de los órganos controlados por usted. 
Quiero subrayar de nuevo su empeño en favor de una mayor transparencia en los procedimientos de contratación, así como de la modificación del límite de edad en el contexto de esta última. 
En ambos campos, gracias a la cooperación entre usted, el Parlamento y la Comisión, se han realizado notables progresos en el sentido de que ha mejorado la relación entre los ciudadanos y las Instituciones. 
Señora Presidenta, quisiera añadir algunas palabras con respecto el informe del Sr. Newman. 
El balance que este Parlamento hace cada año del examen de las reclamaciones enviadas por los ciudadanos ofrece, de hecho, una valiosa oportunidad de reflexión. 
Esta relación entre el ciudadano y las Instituciones fue para la Comisión uno de los temas dominantes de su reflexión sobre las Instituciones. 
El derecho de petición es una conquista muy importante en el ámbito de los derechos políticos de los ciudadanos y me parece útil recordar una vez más, al igual que el ponente, que este derecho ha encontrado su pleno reconocimiento en el Tratado de la Unión Europea. 
La rápida y eficaz tramitación de las peticiones es, en realidad, otro medio importante para consolidar la confianza de los ciudadanos en las Instituciones. 
Cuando dirige una reclamación al Parlamento Europeo, el ciudadano no solo denuncia algo que a su juicio constituye una mala aplicación de la legislación comunitaria, sino que al mismo tiempo expresa su confianza en el Parlamento y las demás Instituciones esperando que éstas reparen la injusticia. 
En consecuencia, la Comisión atribuye mucha importancia, al final de esta legislatura, al hecho de ponerse al día en la tramitación de las peticiones, al objeto de poder examinar, con ocasión de las dos últimas reuniones de su Comisión de Peticiones, presidida por el Sr. Fontana, la mayor parte de los dossiers todavía pendientes. 
El atento examen de todo el conjunto de las peticiones ofrece otro elemento de interés. 
La Comisión de Peticiones debe ser considerada como la principal tribuna parlamentaria del ciudadano, como el barómetro, el indicador sensible de sus preocupaciones concretas. 
Este año su ponente ha justamente puesto de relieve la importante función de la Comisión de Peticiones en el seguimiento de los procedimientos de infracción. 
Como es sabido, la incoación del procedimiento que establece el artículo 169 encuentra su origen en las numerosas reclamaciones de los ciudadanos. 
Con relación al procedimiento del artículo 169, como la Sra. Thors sabe muy bien, la Comisión ha puesto y seguramente seguirá poniendo mucho empeño en la rapidez y la transparencia. 
El Parlamento ha desempeñado una función importante también en otro ámbito: me refiero al código de conducta para el correcto comportamiento de la administración en sus relaciones con los ciudadanos. 
El Sr. Perry, ponente de la Comisión de Peticiones para el año 1996, pidió con insistencia este código y el Mediador del Pueblo había formulado la misma solicitud. 
Como he recordado, ha habido la primera decisión de la Comisión al respecto. 
La consideración con la que quisiera terminar y a la que, personalmente, atribuyo la máxima importancia, es que en la base de una buena relación entre los ciudadanos y las Instituciones está precisamente la transparencia: una transparencia en sentido muy amplio que implica antes que nada que los ciudadanos estén bien informados acerca de los derechos que tienen. 
En este sentido, quisiera expresar mi agradecimiento al Parlamento por el apoyo que en todo momento ha prestado a la Comisión en el lanzamiento de esa gran operación de información que es «Ciudadanos de Europa» (Citizens First) que ha permitido, por primera vez, a los ciudadanos estar bien informados sobre sus derechos. 
Finalmente, señora Presidenta, permítame dar las gracias a la Sra. Banotti por su actuación de mediadora del Presidente, en relación con los secuestros internacionales de niños. 
Esta actuación atañe a la tramitación, en sentido amplio, de las peticiones, y deseo manifestar la apreciación de la Comisión con respecto a unas actuaciones que la Sra. Banotti ha llevado a cabo con tanta eficacia. 
Doy las gracias al Sr. Comisario Monti, al Sr. Defensor del Pueblo, así como a la Sra. Banotti. 
Creo que nuestra Asamblea ha sido muy sensible, señor Comisario Monti, a sus palabras sobre la Sra. Banotti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0136/99) de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión de 19 de diciembre de 1996 por la que se adopta un programa de acción para la aduana en la Comunidad (" Aduana 2000» ) (COM (98) 0644- C4-0639/98-98/0314 (COD) ). 
Señora Presidenta, la Comisión Europea presentó una propuesta en noviembre del año pasado para prorrogar dos años el actual programa Aduana 2000. 
En septiembre de 1997, la Comisión quiso conceder 35 millones más al programa. 
El Parlamento Europeo llamó al orden a la Comisión porque en el caso de un simple aumento presupuestario no es necesario el procedimiento de codecisión. 
No obstante, resultó que se trataba de algo más que de un problema presupuestario. Había problemas con el núcleo de las actividades aduaneras, es decir, con la puesta en marcha de un sistema de tránsito informatizado. 
Los deadlines no se cumplieron y los contratantes no entregaron productos de la calidad acordada. 
El Parlamento, que inició su propia investigación, consideró necesario realizar modificaciones drásticas en esta política. 
Estos problemas relativos al sistema informático estuvieron muy presentes en el informe relativo a la aprobación de la gestión de 1996, que finalmente condujo a la caída de la Comisión. 
Desde entonces, la Comisión Europea ha hecho tabla rasa. 
Se ha presentado un nuevo planteamiento para el sistema de tránsito informatizado. El enfoque es más práctico y, sobre todo, más realista y menos ambicioso. 
El Parlamento está satisfecho con los avances que está realizando la Comisión. 
En la actual propuesta, la Comisión presenta lo siguiente: integración en una línea presupuestaria de todas las actividades en el ámbito de las aduanas, formación de los funcionarios y proyectos informáticos. La creación de otro comité de representantes de los Estados miembros debe conducir a una mayor implicación de los Estados miembros en el programa y, como tercer punto, la apertura del programa a los países asociados. 
El Parlamento encuentra algunos problemas en esta propuesta. 
En primer lugar, el Parlamento no puede aceptar las propuestas originarias de la Comisión relativas al comité. 
La Comisión desea crear un nuevo comité para la ejecución del programa, además del actual comité político de directores generales de las administraciones aduaneras de los Estados miembros. 
El Parlamento sólo quiere un comité. 
Posiblemente pueda encontrarse una solución, de forma que el comité de directores generales ceda la ejecución del programa a un comité delegado- por tanto, realmente habría dos niveles dentro del comité -, pero los directores generales continúen siendo responsables. 
Esto aumentará la necesaria implicación de los Estados miembros y eso es precisamente lo que pretende la Comisión. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha adoptado numerosas enmiendas de los ponentes para opinión, los Sres. Bardong y Brinkhorst, además de mis propias enmiendas. 
Tanto para el Parlamento como para la industria, lo importante es la transparencia en la ejecución. 
La Comisión Europea tiene mucho que ganar si asocia en mayor medida al programa a los participantes en el mercado. 
A menudo se olvida que la industria cuenta con numerosos expertos que podrían facilitar el trabajo de la Comisión. 
Así, las empresas de mensajería trabajan desde hace años con un sistema informático que abarca el mundo entero. 
Recientemente hemos visto una demostración del nuevo sistema informático y eso despertó esperanzas, señora Presidenta. 
Naturalmente, todavía hay que demostrar que esto es viable en la práctica, ya que debe conectar las terminales de 3.000 aduanas y las empresas que hagan uso de este sistema. 
He dejado claro en una de las enmiendas que el Parlamento desea que se le ponga al corriente de cada retraso que surja en cuanto a la puesta en marcha del nuevo sistema informático. 
Pido al Comisario que se tome muy en serio esta enmienda. 
Todavía hay un problema financiero en el Consejo. 
La Comisión considera que será necesario destinar al programa 142 millones de euros hasta el año 2002. 
Antes de la Cumbre de Berlín, sobre todo Alemania y los Países Bajos dudaban respecto de la cuantía de la suma, sin fundamentar, por lo demás, las dudas en cuanto al contenido. 
Alemania y los Países Bajos son realmente esenciales en el trabajo de las administraciones europeas de aduana. 
No puede enviarse ningún paquete desde Rotterdam, en tanto mayor puerto europeo, al resto de Europa sin que atraviese el territorio alemán. 
Ojalá que la Cumbre de Berlín haya dejado a ambos países suficientemente satisfechos en términos financieros. 
Dentro de poco volveré a tocar el tema y quizá podamos encontrar rápidamente una solución. 
Vamos a votar a favor de todas las enmiendas, señora Presidenta. 
Solamente la enmienda 5 es especial y, además, muy actual tras la Cumbre de Berlín. 
Se trata de una cuestión europea de máxima importancia, presentada por el Sr. Brinkhorst como ponente para opinión. 
Como neerlandesa, tengo problemas con su posición, pero como ponente, debo decir que tiene toda la razón. 
No es justo que cada vez mayores cantidades de los muy limitados recursos propios de la Unión Europea vayan a parar al bolsillo de los Estados miembros. 
El Tribunal de Cuentas ha constatado que el reembolso del 10 por ciento para cubrir los gastos de recaudación es muy elevado. 
Esa cantidad se ha incrementado ahora hasta el 25 por ciento. 
En el fondo, estamos, por tanto, ante una ayuda encubierta que básicamente se debe rechazar. 
Señora Presidenta, salvo en esta ocasión, los Estados miembros siempre las rechazan por principio, a menos que les afecten directamente. 
Los aranceles aduaneros comunes son uno de los signos más concretos de la identidad común de la Unión Europea. 
La Comisión Europea tiene unos 120- la milésima parte de la cifra antes mencionada -, lo que, una vez más, demuestra lo mal intencionado que es acusarnos de que en Bruselas tenemos una burocracia supercentralizada. 
En ese contexto el programa Aduana 2000 es absolutamente esencial. 
Es una forma esencial de demostrar que somos algo más que un sencillo grupo de países individuales que están trabajando en un entorno general. 
A falta de una administración común, Aduana 2000 representa un importantísimo instrumento de gestión para armonizar, mecanizar, etc. las normas. 
Es significativo que los Estados miembros tropiecen a veces con dificultades para mejorar la eficacia del programa Aduana 2000. 
Me refiero a la encuesta sobre el tránsito, que ha dado impulso al programa. 
Diré, en nombre de la Comisión de Presupuestos, que me agrada sobremanera la cooperación que nos ha prestado la Sra. Peijs, ponente, y en especial que haya aceptado nuestras enmiendas. 
Esas enmiendas procuran mejorar la lucha contra el fraude y la Sra. Peijs se ha percatado de la más importante de todas, que trata de la forma de relacionar los gastos de recaudación con los criterios de ejecución. 
Lo cierto es que, después del Consejo Europeo, el 25 % vuelve a los bolsillos de los Estados miembros, pero la idea de los criterios de ejecución común sigue siendo absolutamente esencial y a ese respecto preguntaré al Comisario qué repercusiones ha tenido, en su opinión, el Consejo Europeo respecto de la actitud de las autoridades aduaneras comunes y si están ahora menos preocupados que antes. 
En este contexto se han adoptado también las enmiendas de la Comisión de Presupuestos encaminadas a armonizar la labor del Comité de aranceles aduaneros comunes, para que un solo comité de ámbito general pueda ocuparse de las tarifas arancelarias comunes. Tenemos que simplificar, tenemos que armonizar. 
Ésa es la dirección que ha seguido el Comisario Monti, y diré que celebro que esté aquí en el desempeño de lo que supongo será una de sus últimas funciones oficiales, porque ha sido partidario de esta idea y me alegra mucho que haya podido también defenderla ante el Consejo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, efectivamente, los Estados miembros han llenado sus bolsillos en la Cumbre de Berlín de la Unión Europea, sirviéndose para ello de la recaudación de los derechos de aduana. 
A partir del año 2001 ya no quieren quedarse con el 10 % sino con el 25 %, aun cuando estos derechos constituyen recursos propios tradicionales de la UE. 
A mi modo de ver, dicha decisión carece de fundamento, sobre todo si se tiene en cuenta que los Estados miembros contribuyen muy poco a la construcción de una aduana comunitaria. 
El hecho de que el Parlamento renunciara a su propuesta de construir una aduana común en el procedimiento de conciliación celebrado en el marco del informe anterior no significa que éste haya dejado de ser nuestro objetivo final. 
En cada debate vuelve a surgir la pregunta de si los Estados miembros realmente merecen quedarse con el 10 % de los derechos de aduana en concepto de gastos administrativos. Es decir, es preciso averiguar si este 10 % está justificado. 
Hoy estudiaremos otra propuesta que se fundamenta asimismo en la convicción de que se trata de una cantidad excesiva. 
Además, se ha presentado una enmienda en la que se insta a la Comisión a que elabore criterios destinados a controlar la eficacia de los Estados miembros en la administración de la recaudación de los derechos de aduana. 
La falta de compromiso por parte de los Estados miembros ya saltó a la vista en el procedimiento de conciliación llevado a cabo con respecto al primer Informe Aduana 2000. 
En su informe provisional de julio de 1998, la Comisión tampoco pudo registrar grandes progresos. 
La coordinación con los Estados miembros y el desarrollo de la técnica del análisis de riesgos aún deja mucho que desear. 
Y por mucho que la Comisión se felicite en su informe de los resultados obtenidos, el informe del Tribunal de Cuentas de 1997 aporta datos contrarios. 
Seis años después de la entrada en vigor del mercado interior y 29 años después de la puesta en marcha de la unión aduanera no podemos sino concluir que los resultados son francamente decepcionantes. 
La Comisión de Control Presupuestario no se siente en absoluto satisfecha. 
Pese a ello, no ha querido presentar más enmiendas para que, por fin, puedan conseguirse algunos avances. 
Los efectos negativos de las irregularidades, las demoras y el fraude no son nada desdeñables y acarrean pérdidas importantes para el presupuesto de la UE. 
No es el momento adecuado para que los Estados miembros se permitan el lujo de hacer peligrar los recursos propios de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, no es posible concretar el Mercado Interior de amplias libertades de circulación y competencia leal en el espacio de la Unión entre los agentes económicos, si persisten 15 sistemas aduaneros incoherentes y desconexos entre sí. 
¿Cómo se puede luchar contra el fraude fiscal y la delincuencia organizada o proteger los intereses financieros y presupuestarios de la Unión, si los diferentes sistemas informáticos aduaneros siguen sin estar interconectados, pese a las posibilidades que brindan el programa Aduana 2000 o el programa IDA para la informatización en la esfera aduanera? 
Seis años después del Mercado Único hay que reconocer que los resultados son decepcionantes. 
Falta cooperación entre los Estados miembros. 
Los servicios aduaneros en muchos países viven aún en la era del papel y de la tramitación manual, en un total desajuste tecnológico frente a las exigencias de la sociedad moderna. 
La propia condescendencia de la ponente, al proponer la prórroga del plazo de aplicación de la informatización del régimen de tránsito hasta el 30 de junio del año 2003, el sistema TRANSIT, es algo que refleja muy negativamente la apreciación de los resultados hasta ahora obtenidos a ese respecto. 
La explosión de los intercambios comerciales que va a conocer el mundo en los próximos años no se compadece con esos retrasos so pena de perjudicar gravemente los tesoros de la Unión, expoliados en medida importante de sus recursos propios más importantes: los derechos aduaneros, los derechos niveladores agrarios. 
¿Cómo comprender la falta de eficacia en la formación coherente de los funcionarios, de las diferentes administraciones aduaneras, pese a que el programa MATHÄUS está ya en vigor hace más de seis años? 
Hablar de tramitaciones aduaneras nos trae a la memoria una imagen negativa de burocracia, falta de eficiencia y duplicación de acciones. 
Por eso no podemos subscribir la propuesta de la Comisión en el sentido de crear un comité más, que acumule funciones con el comité de política aduanera. 
¡Basta ya de duplicaciones! 
Señor Presidente, deseo agradecer a la ponente, Sra. Peijs, su contribución y su apoyo a esta propuesta de la Comisión que modifica el programa «Aduana 2000». 
El alcance y la importancia de la propuesta han sido explicados muy claramente por la señora ponente, así como por los Sres. Brinkhorst y Bardong y otros, razón por la que no abundaré en ellos. 
Me voy a limitar a aclarar la posición de la Comisión en lo que a las enmiendas se refiere. 
En primer lugar, la Comisión puede admitir un gran número de enmiendas- me refiero a las enmiendas 2, 4, 6, 7, 10, 12 a 17 y 19- sobre las que no me voy a detener. 
En lo que respecta a la enmienda 1, la Comisión considera que ya existe una disposición general que reviste la forma de código de conducta. 
Dicha disposición, por tanto, no parece que pueda caber en esta propuesta. 
En cuanto a la enmienda 3, puede aceptarse la primera parte del texto, salvo la frase final que dice: «considerando que esto supondrá un retraso de 4 años respecto al plazo establecido al principio». 
La Comisión no solo entiende plenamente la preocupación del Parlamento por el retraso en la aplicación del sistema informatizado para el tránsito, sino que ya tuvo la oportunidad de explicar lo que está haciendo en concreto para llevar a término con rapidez el proyecto. En este sentido, quiero dar las gracias a los Sres. 
Peijs, Kellett-Bowman y Herman porque el 31 de marzo nos hicieron el honor de asistir a una primera demostración concreta del funcionamiento del sistema. 
La última frase de la enmienda 3 resulta asimismo impertinente para un texto de carácter jurídico. Con todo, les aseguro que mis servicios y yo nos esforzamos en vigilar los plazos constantemente. 
La enmienda 5 guarda relación con la enmienda 16. 
La parte final del texto que se refiere a los resultados de los Estados miembros, performance criteria, puede admitirse y la considero muy importante. 
A pesar de que la Comisión comprende el motivo de la modificación, la primera parte del texto que retoma un tema más amplio en materia de recursos propios, encontraría mejor sitio en el ámbito de la legislación sobre recursos propios, más que en esta propuesta. 
Además, el texto trasciende el alcance del artículo al que se refiere, es decir, la enmienda 16. 
El fundamento de la enmienda 8 no puede admitirse en la medida en que el comité en cuestión cumpla las mismas funciones del Comité de política aduanera. 
Volveré sobre este punto dentro de unos momentos. 
La enmienda 9 es aceptable en lo que se refiere a la solicitud de transparencia con respecto al Parlamento y a las administraciones de aduana. 
Se sobrentiende, en cambio, que es necesario cierto grado de confidencialidad con respecto a los operadores económicos, en particular por motivos relacionados con la lucha contra el fraude. 
La enmienda 11 es, en principio, susceptible de ser aceptada por la Comisión, siempre que el comité que va a crearse para la gestión del programa «Aduana 2000» cumpla las mismas actuales funciones del Comité de política aduanera. 
En efecto, dicho comité se creó, sobre la base del artículo 3 de la versión original del programa «Aduana 2000» , como un instrumento de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. 
Esta enmienda también debe ser contemplada en relación con la enmienda 18, de la que la Comisión estima que puede aceptar el primer apartado insertándolo, sin embargo, en el texto del artículo 3 de la propuesta inicial de «Aduana 2000» , donde encuentra su razón de ser. 
El artículo 3, al que se refiere la enmienda 11, trata del programa y la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. 
Consideramos, por tanto, apropiada la fusión de los dos textos propuestos. 
El segundo apartado de la enmienda 18 no puede aceptarse. 
En cuanto a la primera frase del texto, teniendo en cuenta la diversidad de los temas a discutir en el ámbito de «Aduana 2000» , la Comisión prefiere dejar a los Estados miembros la posibilidad de participar con más de un representante, al objeto de poder debatir argumentos específicos. 
Ésta es, por otra parte, la línea seguida constantemente en materia de comitología que no puede imponer un sistema organizativo único a los Estados miembros con tradiciones administrativas diferentes. 
Con todo, en lo que atañe a los gastos, la financiación comunitaria se garantizará a un solo delegado. 
La Comisión no puede aceptar la segunda parte del texto, dado que la participación de los países candidatos a la adhesión en las reuniones no está permitida en virtud de las disposiciones en vigor en materia de comitología. 
Sin embargo, este punto debe enmarcarse en el contexto del artículo 19 de la nueva propuesta que prevé la apertura del programa «Aduana 2000» a los países candidatos a la adhesión en general. 
Las disposiciones específicas para la apertura del programa se decidirán en el ámbito de los consejos de asociación competentes y la participación de los países candidatos en las reuniones formará parte de tales decisiones. 
El último apartado de la enmienda 18 no puede admitirse. 
Como he dicho anteriormente, la confidencialidad de algunos asuntos a debatir excluye que la Comisión acepte que las reuniones del comité sean públicas. 
Por último, el segundo apartado de la enmienda 20 no respeta los principios generales adoptados por la Comisión, el Consejo y el Parlamento en su Declaración de 6 de marzo de 1995 sobre la inscripción de disposiciones financieras en actos jurídicos y, por esta razón, dicho apartado no puede ser aceptado. 
Señora Presidenta, lo anterior resume la opinión de la Comisión en esta fase del procedimiento legislativo. 
Quisiera volver a agradecer a las comisiones, los ponentes y el Parlamento en general el enorme y constructivo trabajo realizado en este terreno tan concreto que reviste, al mismo tiempo, una gran importancia simbólica, así como concreta, para el funcionamiento de la Unión Europea. 
Podríamos satisfacer algunas de las objeciones del Comisario si no fuera porque dentro de diez minutos vamos a votar y es físicamente imposible modificar algo. 
Hasta el momento ha habido una muy buena comunicación y, por tanto, pienso que el programa saldrá adelante sin un procedimiento de conciliación, ya que opino que algunas de esas objeciones son tan secundarias que creo que mis colegas del Parlamento no pondrán reparos. 
Las tendremos en cuenta y, de esta forma, lograremos un conjunto aceptable, exceptuando algunos puntos esenciales, pero éstos son para otra ocasión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
Tarificación de infraestructuras de transporte 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0111/99) de la Sra. Schmidbauer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado: «Tarifas justas por el uso de infraestructuras: estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras de transporte en la UE» (COM (98) 0466- C4-0514/98). 
Señora Presidenta, estimados colegas, en septiembre del año pasado la Comisión nos presentó el Libro Blanco titulado «Tarifas justas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras de transporte en la UE». 
Lleva un título un tanto prolijo, pero en esencia se trata de implantar un nuevo sistema europeo de transporte y de imputación de costes con la ayuda de la telemática a fin de garantizar una movilidad sostenible a largo plazo. 
El tema no es nuevo. 
Ya en 1997 llamamos la atención hacia este asunto en el informe sobre el Libro Verde de la Comisión, para el cual yo también fui ponente. 
Pues bien, ha llegado la hora de diseñar acciones concretas. 
Europa vive bajo la constante amenaza de que se vaya a producir un colapso del tráfico, debido entre otras razones al grave problema de las distorsiones de la competencia que afecta a los mercados de transporte. 
Los costes producidos por el transporte no se imputan a los causantes sino al público en general. 
Ello da lugar a distorsiones de la competencia entre los diferentes modos de transporte y los diferentes Estados miembros. 
En la actualidad existen en Europa en el ámbito de la infraestructura ferroviaria nueve regímenes distintos de tarificación, con coeficientes de recuperación de costes que varían entre el 0 y el 100 %. 
Se registran enormes diferencias en lo que a los impuestos sobre los camiones y la tarificación del transporte por carretera se refiere. 
En el caso de los impuestos sobre los camiones, por ejemplo, puede haber diferencias de hasta 3.000 euro al año. 
A ello se añade que, por regla general, la recaudación de las tasas no coincide con la utilización de la infraestructura y la mayoría de las veces los impuestos no se ajustan a los costes ecológicos o los demás costes externos. 
Resumiendo, se puede decir que por el momento no hay aliciente alguno para que los usuarios modifiquen sus hábitos en materia de transporte. 
En su Libro Blanco, la Comisión propone que quien utilice una infraestructura determinada corra con todos los costes internos y externos correspondientes. 
Aconseja asimismo que la recaudación de las tasas se fundamente en un mecanismo básico común para todos los Estados miembros, según el principio del cálculo de los llamados costes sociales marginales. 
Por costes sociales marginales se entiende el promedio de los costes variables de la infraestructura más los costes externos. 
Respaldo esta iniciativa de la Comisión en mi informe. 
Si queremos lograr un mejor reparto de los costes entre los diferentes modos de transporte hemos de avanzar en esta dirección. 
Tanto el calendario, cuya última fase termina en el año 2004, como la creación de comités de expertos nacionales parecen garantizar una aplicación realista del concepto propuesto, tanto más cuanto que de este modo no imponemos a nadie un concepto cerrado. Lo que pretendemos es que los 15 Estados colaboren en la elaboración de las soluciones. 
Además de ello, en mi informe considero la posibilidad de complementar el sistema de tarificación basado en los costes sociales marginales con medidas en el ámbito de los impuestos relacionados con el transporte. 
Más en concreto, propongo que dichos impuestos se coordinen a escala europea y que, en su caso, se reduzcan. 
En su Libro Blanco, la Comisión se limita al transporte comercial, excluyendo el transporte privado no comercial del sistema de tarificación. 
Yo opino, no obstante, que la única forma eficaz de llevar a la práctica el principio de que el usuario paga consiste en implicar a todos los usuarios de la infraestructura de transporte, sin excepción. 
Los turismos también causan embotellamientos, accidentes y daños ecológicos, al igual que los camiones. 
Desde este punto de vista, insto a la Comisión a que averigüe si no sería aconsejable incluir el transporte privado no comercial. 
Aparte de ello, es fundamental que se lancen campañas informativas en las que el sistema de transporte propuesto se promocione ante la población como un sistema sostenible respetuoso con el medio ambiente, dejando claro que no se trata de pasar una vez más factura al automovilista sin justificación alguna. 
Críticas 
¡Insisto en que no se trata de eso! 
Además, no beneficia a nadie que determinados sectores de nuestro Parlamento se dediquen a difundir información falsa. 
A comienzos de esta semana, el Sr. Ferber ha emitido una nota de prensa que lleva por título: «Otro timo más». 
En mi opinión, esta actitud da muestras de una gran irresponsabilidad. ¡Este tipo de declaraciones sólo se hacen por ignorancia o porque el Sr. Ferber no ha leído ni el Libro Blanco ni el informe aprobado en comisión! 
Para finalizar quisiera comunicarles que no puedo aceptar las enmiendas presentadas por el Sr. Jarzembowski en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, puesto que ello supondría poco menos que renunciar al Libro Blanco en su conjunto. 
Para la elaboración del presente informe he podido contar con la colaboración constructiva de otros Grupos. 
Les expreso mi más sincera gratitud. 
También quiero dar las gracias al Sr. Kinnock y a la DG VII por su excelente colaboración. 
Al mismo tiempo emplazo a la Comisión a que se tome muy en serio la aplicación del Libro Blanco para que el concepto que mi Grupo y yo respaldamos pueda hacerse realidad. 
Estoy convencida de que este Libro Blanco abre el camino a una movilidad sostenible a largo plazo en Europa. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera congratular a nuestra ponente la Sra. Schmidbauer por su importante informe. 
Sé que ha trabajado arduamente durante muchos meses sobre este difícil tema. 
Aunque este informe no es un texto legislativo, representa, en términos de política de transporte, la culminación de una intensa labor que abarca muchos aspectos y que sin duda abrirá la puerta a una propuesta legislativa en el futuro. 
El informe de la Sra. Schmidbauer es digno de elogio porque trata del desarrollo de un enfoque gradual respecto de un marco de infraestructura para las tarifas de los transportes comunes dentro de la Unión Europea, así como de una armonización gradual de los principios relativos a las tarifas de todos los principales medios de transporte. 
Mi Grupo acepta también con placer el principio enunciado por la Sra. Schmidbauer de que los usuarios de las infraestructuras deben pagar los costos, incluidos los medioambientales, así como el costo de otros factores externos impuestos en el punto de utilización. 
Se trata de una cuestión compleja, especialmente cuando se trata de la cuestión de las tarifas para el uso de carreteras, pero los diputados no deben olvidar que muchos Estados miembros poseen ya planes para fijar un precio a la utilización de las carreteras y que otros países esperan introducirlos. 
Por lo tanto, es necesario dar una estructura y una armonización al sistema íntegro. 
La ponente no solamente ha trabajado con ahínco sobre este informe sino que también ha reconocido la complejidad de la cuestión, la sensibilidad que suscita este tema, y ha producido un informe redactado con sumo cuidado que merece el apoyo de todo nuestro Parlamento. 
Señora Presidenta, me sumo a las palabras de mi colega Brian Simpson dando las gracias a la Sra. Schmidbauer por su excelente colaboración. 
No obstante, lamento tener que comunicarles que ha sacado conclusiones falsas, tal y como expondré a continuación en nombre de mi Grupo. 
Como Grupo del Partido Popular Europeo nos vemos obligados a rechazar la propuesta de la Comisión de introducir un sistema uniforme de tarificación para todos los modos de transporte sobre la base de los llamados costes sociales marginales. 
La razón es que, tal y como hemos podido comprobar en la audiencia de científicos y expertos celebrada en la Comisión de Transportes y turismo el día 17 de febrero de 1999, el sistema de los costes sociales marginales propuesto por el comisario socialista de transportes Neil Kinnock no sirve para imputar los costes de la infraestructura de transporte. 
Por una parte, no presta la debida atención a los costes de construcción, capital y mantenimiento y, por otra parte, incluye sin diferenciación alguna la imputación de los llamados costes externos. Entre estos costes figuran entre otros los daños ocasionados al medio ambiente, la saturación del tráfico y los accidentes. 
Estamos dispuestos a hablar de los costes externos. 
Es por eso por lo que nosotros, en tanto que Parlamento, instamos a la Comisión en enero de 1997 a que nos presentase cálculos científicos objetivos relativos a los costes externos y la imputación de los mismos para cada uno de los modos de transporte. 
Pero la Comisión no cumplió esta tarea. 
En lugar de entregarnos los costes externos, en lugar de elaborar un procedimiento adecuado, nos ha proporcionado una receta mágica que, según ella, lo soluciona todo: los costes sociales marginales. 
Sin embargo, los científicos y los expertos consultados han demostrado inequívocamente que esta receta mágica deja mucho que desear. 
Por tanto, fallan los cimientos del concepto propuesto. 
Paso ahora a nuestro segundo argumento. También rechazamos el concepto de la Comisión porque propugna conscientemente una elaboración y una aplicación en tres fases, lo cual viene a decir que las distorsiones de la competencia entre los modos de transporte y las empresas de los diferentes Estados miembros se mantienen en pie. 
No se pretende acabar con las distorsiones actuales, a pesar de que ya debieron haber desaparecido el 1 de enero de 1993, puesto que fue ésa la fecha prevista para que entrara en vigor el mercado interior. 
Pero en realidad, los impuestos sobre el combustible, los impuestos sobre los camiones y las tasas afines siguen siendo muy variados. 
Esta situación da lugar a una competencia desleal y el concepto introducido por la Comisión no haría otra cosa que mantener por más tiempo las desigualdades actuales. 
Por tanto, no podemos aprobarlo. 
Estimada señora Schmidbauer, la recomendación de la mayoría rojiverde de la Comisión de Transportes y Turismo de que instemos a la Comisión a que incluya el transporte privado no comercial en el nuevo sistema, del que de momento queda excluido, por medio del Derecho comunitario- no, como es habitual, a escala nacional- nos parece demasiado aventurada- ni siquiera la Comisión se atreve a ir tan lejos-. 
Señora Schmidbauer, siento tener que dar la razón a mi colega Ferber. 
Pensándolo bien, este sistema significaría que en Alemania también los turismos habrían de pagar tasas por usar las carreteras. A mi modo de ver, no es aconsejable seguir el ejemplo austríaco. 
Para mí la solución es sencilla. 
De los estudios se desprende que en la actualidad el automovilista privado ya paga los costes de la infraestructura del transporte que se le quieren imputar en concepto de impuestos generales, impuestos sobre el combustible e impuestos sobre los vehículos. 
Lo único que se pretende conseguir con la ampliación del sistema, señora Schmidbauer, es que los Estados puedan gravar aún más el transporte privado no comercial. 
Por lo demás, añade en su informe que aparte de incluir los turismos en el nuevo sistema de tarificación conviene imponer tasas complementarias más elevadas a los automovilistas de las regiones sensibles- aquí entran las zonas montañosas y también las grandes ciudades como París, Hamburgo, Frankfurt, etc.-. Su concepto no puede funcionar y en caso de que funcionase, pocos Estados miembros sabrían resistir a la tentación de estafar a los automovilistas. 
Aplausos del Grupo del Partido Popular Europeo 
Señora Presidenta, veo que la sombra de las elecciones planea aquí por ambas partes, tanto por parte de la Sra. Schmidbauer como por parte del Sr. Jarzembowski. 
Está totalmente claro que lo que figura en el Libro Blanco es, en efecto, extraordinariamente importante para la creación de un mercado interior, de un sistema en el que los costes fijos se conviertan en costes variables. 
Esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo y que todos respaldamos. 
Como muy bien ha dicho la Sra. Schmidbauer, debemos evitar que esto acarree de nuevo un aumento de los costes autónomos. 
Lo he introducido en una enmienda y, por tanto, estará de acuerdo conmigo. 
La Sra. Schmidbauer tiene razón cuando menciona la idea de que los automóviles deben verse afectados de una u otra forma. 
Por supuesto que debemos hacerlo. 
Nos dirigimos a un colapso total del tráfico. 
De ahí que sea sumamente importante que gestionemos el escaso espacio que las carreteras ofrecen como un bien comercial. 
Esto puede hacerse. 
En cuanto a eso, no hay nada en contra desde la perspectiva liberal, a pesar de que en mi propio país algunos adoptan posiciones muy firmes respecto de esta cuestión. 
Según algunos, si no existe una alternativa, no se puede cobrar un precio adicional por la utilización de una carretera. 
No es cierto. 
Se trata de un bien escaso. Es lícito cobrar un precio por ello. 
Por otra parte, no debemos imponer una tasa si no es necesario. 
En definitiva, es extraordinariamente importante que creemos un sistema europeo. 
Éste no es ahora en absoluto el caso. 
Cada Estado miembro intenta inventar la rueda por su propia cuenta. 
De paso, quiero apuntar que el ejemplo de Noruega, que muchos mencionan, que se supone que está tan bien organizada en cuanto a los accesos a las ciudades de Oslo, Trondheim y Bergen, no está en absoluto tan bien. 
Allí se dan grandes abusos, mucho fraude y situaciones extraordinariamente caóticas. 
No debemos, por tanto, mencionar malos ejemplos. 
No debemos sentarnos a esperar la compatibilidad que he detallado en un documento de trabajo para la Comisión de Transportes, ya que antes de que esto suceda, habrán pasado diez años y eso podría utilizarse como excusa para calcular los costes reales por el uso de las carreteras. 
En resumidas cuentas, me alegra sinceramente el informe de la Sra. Schmidbauer. 
Nosotros, en tanto Grupo Liberal añadimos- casi diría yo- unos toques para perfeccionarlo. 
En cualquier caso, ponemos los puntos sobre las íes y reforzamos aquello que la ponente también quiere. 
Opinamos, al igual que ella, que si las enmiendas del PPE se aceptaran, el sentido del informe desaparecería, puesto que son un poco destructivas. 
No obstante, contienen algunos elementos extraordinariamente buenos que aceptamos de buen grado. 
Se interrumpe el debate, que se reanudará a las 15.00 horas, para dar paso al turno de votaciones. 
Señor Presidente, se trata de una cuestión reglamentaria. 
En este momento hay un grupo de unos cien visitantes que obstruyen los pasillos del Parlamento. 
Considero que ello no se ajusta a nuestro Reglamento. 
Añado que este grupo ha entonado cánticos religiosos durante un buen rato, lo cual, como laico, me ha resultado chocante. 
Señor Caudron, voy a solicitar inmediatamente que los servicios del Parlamento ayuden a nuestros señores colegas a llegar a la sala. 
Votaciones 
Señor Presidente, se trata de lo siguiente. En la lista que tenemos delante faltan algunas comisiones que, como todos sabemos, tienen competencias presupuestarias. 
Ello nos lleva a proponer, siempre y cuando usted dé su visto bueno y el Parlamento esté de acuerdo, que en lugar de seleccionar un número limitado de comisiones incluyamos todas las comisiones que tienen competencias presupuestarias por medio de una enmienda oral. 
Creo que debemos tratar con justicia a las comisiones que no figuran en la lista. 
¿Alguien tiene una objeción? 
Ya que no hay objeciones, se somete a votación la enmienda 40, con las aclaraciones del Sr. Hänsch. 
Después de la votación sobre la enmienda 5 
Señor Presidente, puedo equivocarme, pero yo tenía entendido que para modificar este tipo de asignaciones se requería mayoría absoluta. 
Señor Herman, por lo general, usted es uno de los grandes expertos en las prácticas de esta Asamblea, pero me temo que esta vez se equivoca. 
Basta con una mayoría simple. 
Antes de la votación sobre la enmienda 1 
Señor Presidente, quisiera presentar una breve enmienda oral que implicaría que la competencia en lo relativo al nuevo artículo 13 en contra de la discriminación continuase recayendo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, pero como con esta enmienda se pretende dotar también de competencias a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, desearía presentar a este respecto una enmienda oral en el sentido de que, también por lo que respecta la Comisión de Derechos de la Mujer, cabría hacer una pequeña observación. 
¿Hay alguna objeción en tomar en cuenta la enmienda de la Sra. Hautala? 
Más de trece diputados se levantan expresando su disconformidad 
Después de la votación de la enmienda 11 
Señor Presidente, nuestro colega Herman acaba de plantearle un interrogante, al que considero que usted ha respondido algo precipitadamente. 
Estoy de acuerdo en que la práctica permita que se apruebe este anexo por mayoría simple, pero no creo que sea reglamentario. 
El artículo 135 establece que las atribuciones de las comisiones figuran anejas al Reglamento, pero no excluye en absoluto la mayoría absoluta, y, tratándose de un texto que define nada menos que las competencias de las comisiones parlamentarias, sería paradójico que, como acaba de ocurrir, la composición de una comisión competente en un ámbito esencial- como es el de las inmunidades- se fije, simplemente, con algunos votos de diferencia. 
Solicito, pues, que se estudie atentamente esta cuestión. 
Creo que, por tratarse de una modificación de un punto esencial de nuestro Reglamento, es necesaria la mayoría absoluta. 
Señor Fabre-Aubrespy, he escuchado con mucha atención su observación. 
Es una teoría que podemos tomar en cuenta; pero debo decirle que he respondido tan rápido, no sólo por ganar tiempo, sino también porque había examinado la cuestión antes de entrar en la sala. 
Aparte de este artículo, en este Parlamento existe la tradición de decidir siempre sobre estos temas de la forma en que hoy lo estamos haciendo. 
Si, a partir de ahí, usted cree que además hay otro tema, podemos verlo. 
Pero, en este momento, no tengo razón alguna para cambiar esta práctica y la forma en que aplicamos este artículo. 
Señor Presidente, tiene usted toda la razón. 
Creo que aplica correctamente el Reglamento. 
Señalaré al Sr. Fabre-Aubrespy que tiene una extraña manera de entender el Reglamento. 
Si le conviene la mayoría absoluta, cuando basta la mayoría simple: protesta; si el Reglamento establece la mayoría absoluta, como en el caso de la aprobación de la gestión de la Comisión: desearía que se aplicase la mayoría simple. 
¡Sin embargo, no puede existir un Reglamento a la carta, en función de sus intereses particulares! 
sobre la enmienda 74 
Señor Presidente, propongo que en la letra c) del apartado 1 de la enmienda 74 se añada detrás de «... ayuda humanitaria, ayuda de urgencia y ayuda alimentaria... » «en los países en vías de desarrollo» , siendo el texto definitivo: «... ayuda humanitaria, ayuda de urgencia y ayuda alimentaria en los países en vías de desarrollo... ». 
Señora Günter, no veo que haya objeción por parte del Parlamento, por consiguiente, someto a votación la enmienda con esta adición. 
Antes de la votación sobre la enmienda 9 
Señor Presidente, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, la Sra. Hautala, ha intentado presentar una enmienda oral a las enmiendas 1 y 2 a fin de delimitar las discriminaciones en razón del sexo que incumben a las comisiones 1 y 8. 
Obviamente, es imposible que dichas comisiones tengan competencias con respecto a las discriminaciones que corresponden a la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Por tanto, lamento profundamente que esta sensata enmienda no haya sido aceptada por causa de las protestas de un grupo de colegas. 
Creo que mis colegas no se han percatado del quid de la cuestión. 
Risas 
No se han fijado en mí cuando pedía la palabra para aclarar el tema antes de que se levantaran en forma de protesta. 
Quisiera señalar- ahora que estamos votando las cuestiones relacionadas con la Comisión de Derechos de la Mujer- que, evidentemente, en las enmiendas 1 y 2 relativas a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debe quedar claro que a dichas comisiones no se les puede atribuir competencias en materia de discriminaciones en razón del sexo, puesto que de ello se encarga la Comisión de los Derechos de la Mujer. 
Señora Lulling, el Parlamento no ha aceptado que se someta a votación la enmienda de la Sra. Hautala. 
Si usted quiere presentar otra enmienda, y no hacer una crítica a que nuestros señores colegas no hayan aprobado la enmienda de la Sra. Hautala, tiene todo el derecho a presentarla. 
Antes de la votación sobre las enmiendas 23 y 24 
Señor Presidente, permítame usted que, en mi condición de ex presidente de la Comisión de Política Regional y miembro activo de la misma, llame la atención sobre esta enmienda. 
Como ustedes saben, no se trata de cambiar nada sustancial sino, a nuestro entender, de poner las cosas en su sitio. 
Es decir, según la propuesta inicial esta comisión se denominaría «Comisión de Transportes, Política Regional y Turismo». 
Nosotros proponemos- y me parece casi una obviedad- que en primer lugar se llame «de Política Regional» , sin que esto signifique disminuir la importancia de los otros dos temas, pero representa, Señorías, una posición mucho más global. 
Por lo tanto, les pediría que votaran a favor de esta enmienda. 
Señor Presidente, soy el primer firmante de esta enmienda. 
Simplemente quiero decir que la Unión tiene atribuido, como uno de los objetivos, promover el progreso económico y social a través, entre otras políticas, del fortalecimiento de la cohesión económica y social. 
Y acabamos de aprobar recientemente que una de las competencias de esta comisión será precisamente la política regional comunitaria y la cohesión económica y social. 
Estamos en presencia de una política horizontal frente a una política sectorial; más todavía, entre las competencias recientemente atribuidas a esta comisión figuran: «Las relaciones con los poderes locales y regionales y con el Comité de las Regiones». 
Y a mí me parece que sería importante que este Parlamento mostrase la prioridad que atribuye a las relaciones con las autoridades regionales y locales, que representan los niveles intermedios de todo poder, de toda estructura política institucional; en definitiva, con ellos compartimos nuestro carácter electivo. 
Por eso, pido a la Asamblea que vote a favor del mantenimiento, en primer lugar, de esta comisión como Comisión de Política Regional. 
Aplausos 
Señor Presidente, estimados colegas, no se trata de si estamos o no a favor de la cohesión social, porque evidentemente, todos somos partidarios de ella. 
Se trata del Reglamento y de las estipulaciones que contempla. 
Acabamos de aprobar por unanimidad el elenco de las competencias: en primer lugar va Transportes, en segundo lugar Política Regional. 
No tiene sentido darle la vuelta diez minutos más tarde. 
Y lo que es más. Los sabios miembros de esta Casa justifican la fusión de las comisiones con el argumento de que en los dos próximos años no se requieren actos legislativos importantes en el ámbito de la Política Regional. 
Es otra razón más para no modificar la propuesta inicial: Medio Ambiente, Política Regional y Turismo. 
Aplausos 
Señor Presidente, a la luz de este debate- que sin duda alguna es un debate importantísimo- quizá una fórmula de compromiso consistiría en poner en primer lugar al turismo. 
Risas 
Señor Presidente, Señorías, dos palabras solamente. 
Como de costumbre, cuando un debate resulta tan apasionado, ello se debe a que los grandes principios que se exponen para alimentar dicho debate no guardan relación, en realidad, con la razón fundamental del mismo. 
Ocurre que hay dos comisiones, la de acción regional y la de transportes, que van a fusionarse y que, por consiguiente, cada uno trata de imponer el nombre de la comisión de la que procede. 
Este debate no tiene otro objetivo. 
Dicho esto, desearía, simplemente, llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que la casi totalidad de las competencias de nuestra Asamblea en materia de transportes pasarán a formar parte, tras el Tratado de Amsterdam, del ámbito de la codecisión, y creo que ello es suficiente para que en primer término se la denomine «Comisión de Transportes». 
El Parlamento aprueba la propuesta de decisión 
Señor Presidente, sólo deseo pedirle que someta a la Comisión de Reglamento la cuestión que he planteado hace un momento. 
Desearía decir, simplemente, que dicha cuestión no responde a intereses personales. 
Se han aprobado algunas enmiendas sin mayoría absoluta y he sido favorable a ello. 
Mi pregunta se refiere únicamente a un artículo del Tratado, el artículo 142, que dice: «La Asamblea establecerá su propio reglamento interno por acuerdo de la mayoría de sus miembros». 
Así pues, creo que bastaría con que se sometiera esta disposición esencial a la Comisión de Reglamento para que decida. 
¿El anexo sobre las atribuciones de las comisiones puede o no aprobarse por mayoría simple? 
Señor Fabre-Aubrespy, ya había pedido usted esto y le contesté que me reservo el derecho de examinarlo. 
No hace falta que lo solicite de nuevo. 
Señor Presidente, todos los que se han ocupado de esta cuestión desde el año pasado se percatan de la enorme presión que hemos impuesto a los servicios del Parlamento en estos últimos días. 
Personalmente, en nombre de mi Grupo, quisiera dar gracias a esos servicios por la enorme ayuda que nos han dado al conseguir que la votación haya transcurrido sin problemas. 
Aplausos 
Me gustaría decir lo mismo que la Sra. Green en lo que a los servicios se refiere. 
No obstante, en cuanto a la mayoría con que se debe votar, me parece esencial que el Parlamento sepa con qué mayoría deben adoptarse las decisiones. 
Creo que tenía usted razón, señor Presidente, no se trataba de reglas, de rules; se trataba en este caso de competencias y se aplica, creo yo, la mayoría simple. 
En primer lugar, señor Presidente, el Sr. Fabre-Aubrespy tiene toda la razón. Se requiere la mayoría de diputados para modificar el Reglamento. 
En segundo lugar, no estoy en absoluto de acuerdo con la Sra. Green en cuanto a que esta votación se ha desarrollado con sencillez. 
Hemos dedicado más de una hora a un informe y todavía nos faltan 19. 
Eso implica que necesitamos otras 19 horas ¿Tal vez quisiera dejarse sustituir de forma que podamos ir más deprisa? 
Señor Presidente, en primer término, deseo rendirle homenaje por la manera en que ejerce la Presidencia en el desarrollo de estas votaciones, y le pido que continúe haciéndolo así. 
Pienso que, como lo ha dicho el presidente Martens, hemos estudiado pormenorizadamente esta cuestión. 
Los anexos son los anexos, y el Reglamento es el Reglamento. 
Considero, pues, que su actuación es la adecuada. 
No hay que pedir a la Comisión de Reglamento que nos diga que el anexo no forma parte del Reglamento. 
No funciona ningún micrófono. 
Voy a suspender la sesión un minuto, en espera de la reparación técnica. 
La sesión, interrumpida a las 12.45 horas, se reanuda a las 13.00 horas 
Quisiera proponer al Pleno que, dado la hora, inmediatamente después del informe del Sr. Valverde, avanzásemos en la votación sobre Kosovo, para expresar la posición del Parlamento sobre este tema tan importante. 
El Parlamento aprueba la propuesta 
Señor Presidente, con el debido respeto, no es posible solicitar una verificación cada vez que el PPE está en minoría por una diferencia de 50 ó 100 votos. 
Señor Duhamel, tomo nota de su observación; pero debe usted tener en cuenta que, si nuestros señores colegas lo solicitan, el Presidente está obligado a llevar a cabo un control electrónico, sean quienes sean los que lo soliciten. 
Señor Presidente, quisiera que tuviera usted en cuenta que hay muchos diputados que tienen que marcharse para no perder el avión. 
El fallo técnico del sistema no debe ir en detrimento de ellos cuando llegue el momento de contar el tiempo transcurrido en este Parlamento con las votaciones. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Es preciso detener los ataques disuasorios, cuya precisión no es mayor que la de los ataques a Irak. 
Creo que ya es hora de revisar nuestra política en la antigua Yugoslavia. 
Señoría, ¡no podemos iniciar ahora una discusión sobre esta cuestión! 
Señor Presidente, quisiera precisar que, a pesar de que me quedaré en el Pleno, sólo participaré en la votación final de la resolución y presentaré una explicación de voto de conformidad con el artículo 122. 
Sobre la enmienda 7 
Señor Presidente, me gustaría respaldar el apartado 5 relativo a la protección de los refugiados. 
No obstante, querría que los Grupos que han presentado esta enmienda me explicaran cómo se puede evitar que la creación de corredores humanitarios hacia Albania y Macedonia se convierta en el primer paso hacia la división de Kosovo. 
Es ésta la razón por la que el apartado 5 me parece problemático. 
Señor Presidente, estimados colegas, no se trata de una enmienda oral complementaria, sino de algo que se votó durante las negociaciones de los coordinadores. 
¡En última instancia, se trata nada menos que del Dr. Ibrahim Rugova, que fue galardonado con el premio Sacharov del Parlamento Europeo! 
Me veo obligada a añadir este punto, porque realmente lo hemos perdido de vista. 
No se trata de una enmienda oral, susceptible de ser rechazada, sino de algo votado y aprobado por todos aquellos que en aquel momento estuvieron presentes. 
Señor Presidente, desearía recordar al Parlamento que el Sr. Demaçi también obtuvo el premio Sajarov; o bien les invitamos y mencionamos a ambos, o bien no merece la pena que lo hagamos. 
¡Estamos hablando de Ibrahim Rugova, que está en serio peligro y que recibió nuestro premio hace tan sólo cuatro meses, no del Sr. Demaçi! 
Vivos aplausos 
Señor Presidente, quisiera ratificar que en las conversaciones sobre la resolución de compromiso el único premio Sacharov del que hablamos fue Rugova, de nadie más. 
Es lo que acordamos. 
Aplausos 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución común) 
He votado en favor de la propuesta pero no hay duda de que hubiera preferido que la Comisión que ahora se denomina Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se hubiera llamado «Comisión de Integración e Igualdad de Géneros». 
Aun cuando he votado a favor en la mayoría de las votaciones parciales, me dirijo a ustedes para dejar claro que la redistribución de las atribuciones de las comisiones parlamentarias como tal no merece mi apoyo. 
Soy partidario de que asuntos fundamentalmente diferentes sean tratados por comisiones separadas, tal y como sucedía hasta ahora. 
Por tanto, he votado en contra de la propuesta de decisión de la Conferencia de Presidentes. 
sobre el Informe d ' Aboville (A4-0181/99) 
Los Verdes han votado en contra de la propuesta de acuerdo de pesca con las Seychelles como también hemos votado en contra de otros acuerdos de pesca, no porque nos opongamos a los acuerdos de pesca en principio, sino porque estimamos que es preciso modificar el enfoque que sigue la UE. 
Hay que negociar los acuerdos de forma más equitativa, a fin de que tanto la UE como el tercer país obtengan beneficios equivalentes. 
Entre las mejoras que es preciso introducir figura un enfoque regional de la gestión de la pesca, que abarcaría a todos los Estados costeros y a todas las naciones que pescan en aguas distantes y que van a pescar el atún al Océano Índico. 
La Comisión del Atún del Océano Índico, de reciente creación, es un paso en la buena dirección pero todavía no ha comenzado a desempeñar su cometido de gestión. 
El Acuerdo sobre los bancos de peces, de las Naciones Unidas, que se aplica al atún y a otros bancos de peces sumamente migratorios, estipula otras condiciones, con inclusión de una descripción detallada del enfoque cautelar. 
Eso es algo que no figura para nada en el acuerdo con Seychelles (instamos también a los Estados miembros a que ratifiquen rápidamente esa convención; hasta ahora el único que lo ha hecho es Italia). 
La UE tiene que asumir también una mayor responsabilidad por las actividades de su flota pesquera. 
El presente acuerdo involucrará un sistema de vigilancia por satélite, que es una mejora digna de elogio, pero esos sistemas no bastan de por sí para garantizar que los pescadores respetarán las normas. 
También se plantean otras cuestiones importantes como el acceso de Seychelles a los datos resultantes en tiempo real. 
Por último, la pesca del atún puede entrañar considerables capturas incidentales de otras especies marinas, y la UE necesita elaborar técnicas para la pesca del atún que no den por resultado el rechazo de tanto pescado. 
En cuanto a la enmienda de los Liberales, que eliminaría el pago de subsidios previstos en esos acuerdos a los pescadores, los Verdes la apoyan por estimar que las flotas que pescan en aguas muy distantes no deben percibir subsidios tan importantes, especialmente cuando plantean tantos problemas los acuerdos a cuyo amparo operan. 
sobre el Informe Valverde López (A4-139/99) 
Señor Presidente, con el Informe Valverde López el Parlamento pretende ofrecer una solución más viable para la auditoría medioambiental. 
Muchas enmiendas contribuyen a este fin. 
No obstante, hay 9 enmiendas que surten el efecto contrario y desafortunadamente han sido aprobadas por mayoría en este Parlamento. 
Es ésta la razón por la que yo, mis colegas de la Unión Social Cristiana y algunos otros diputados hemos votado en contra. 
Quisiera que esto constara en el Acta. 
sobre la resolución relativa a Kosovo 
Señor Presidente, he votado en contra de esta resolución porque estimo que el Parlamento es sumamente reacio a criticar las acciones de la OTAN y a la propia OTAN. 
Estimo que la OTAN ha ignorado fundamentalmente el derecho internacional en la acción que ha lanzado, y me parece que no se han desplegado suficientes esfuerzos para encontrar una solución pacífica. 
Esta acción no tiene nada de humanitaria, especialmente cuando uno ve lo que ha sucedido anoche, con civiles que han perdido la vida como resultado de la actividad de la OTAN. 
También ha sido reacio el Parlamento a mencionar el hecho de que la OTAN está atacando objetivos civiles en Yugoslavia y el hecho de que está utilizando racimos de bombas y uranio agotado como munición. 
Tenemos que considerar con respeto la vida humana. 
Todas las vidas humanas son valiosas. 
No podemos decir que una vida humana valga más que otra. 
Hoy en el Parlamento hemos votado en contra de la propuesta alemana de paz que se ha formulado. 
Me parece también que los británicos la están bloqueando. 
Si podemos encontrar una solución pacífica, nadie podrá alegar que tiene derecho a desarrollar acciones bélicas y a bombardear. 
Un segundo error no contrarresta el primero. 
El Parlamento tiene derecho a manifestar su descontento por algunas de las acciones de la OTAN, en particular el bombardeo de objetivos civiles y la utilización de armas que muchos consideran como armas de destrucción en masa. 
Señor Presidente, la resolución recoge muchos elementos positivos. 
Sin embargo, la aprobación de la enmienda presentada por los Verdes en la que este Parlamento propugna la autonomía de Kosovo dentro de las fronteras de Yugoslavia me ha llevado a abstenerme. 
Hace algunas semanas o meses esta fórmula podía habernos servido de punto de partida. Hoy día queda descartada por la evolución de los hechos. 
Mientras el régimen de Milosevic siga en pie, este tipo de soluciones no tienen razón de ser. 
Y tampoco me parecen viables en el caso contrario. 
Nadie puede ser obligado a convivir en la misma casa, en el mismo Estado, con quienes han asesinado a su familia. 
Por tanto, creo que esta solicitud carece de todo sentido de la realidad. 
De ahí que nos hayamos decidido a no comprometernos con ella. 
Por otra parte, estoy plenamente de acuerdo con el respaldo incondicional a la intervención militar de la OTAN, por tratarse de una operación necesaria, correcta y positiva, y la ayuda a los Estados vecinos. Sin embargo, hay un punto que echo en falta. 
A mi juicio, deberíamos emitir una clara señal en dirección a Croacia. Este país desempeña un importante papel de estabilización en la zona y creo que no se merece el desprecio ni los prejuicios con el que lo estamos castigando. 
Por eso mismo, pido que se celebre urgentemente un acuerdo comercial y de cooperación con Croacia. 
Señor Presidente, como miembro de los Verdes y ferviente partidario de la resolución de compromiso que hemos aprobado en este Parlamento, quisiera expresar mi respeto hacia todos los colaboradores de la OTAN que en este momento están trabajando en defensa de los derechos humanos en los países vecinos de Kosovo. 
Los diputados al Parlamento Europeo del PASOK, votamos en contra de la resolución del Parlamento Europeo sobre Kosovo porque consideramos que no ofrece servicios positivos encaminados a encontrar una solución del problema. 
Condenamos vivamente la limpieza étnica y la violación de los derechos humanos que el régimen de Milosevic está siguiendo. 
Expresamos nuestra solidaridad a toda la población de la región, sin excepción alguna, que está viviendo la dura prueba de una guerra sin sentido. 
Pero también somos contrarios a la lógica de la utilización continua, y en aumento, de la violencia que, no sólo no conduce a ninguna solución, sino que, por el contrario, dificulta la solución del problema. 
Ya está claro que los bombardeos no han obstaculizado la limpieza étnica en Kosovo y que además han contribuido a la creación de una oleada tremenda de refugiados y a una desestabilización general de la región. 
Es dudoso que la acción militar haya traído, hasta el momento, cualquier resultado, y consecuentemente, se debe encontrar una solución política al problema lo antes posible. 
Con toda seguridad, el papel primordial en este intento debe tenerlo la Unión Europea que, en colaboración con el Secretario General y con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, procederá a las acciones necesarias que lleven a solucionar el problema. 
Igualmente, consideramos que una condición básica para dicha solución es el respeto de las fronteras actuales y de la integridad de los Estados de la región, a fin de no conducir la Europa balcánica hacia nuevos peligros. 
En paralelo a la solución política, creemos razonable que se aplique inmediatamente un nuevo plan de iniciativas políticas, económicas y humanitarias sobre los Balcanes. 
Finalmente, a la vista de las trágicas condiciones a las que asistimos, es necesario convocar una conferencia internacional con vistas a coordinar la ayuda humanitaria lo mejor posible. 
Los diputados al Parlamento Europeo del PASOK representamos un país que sufre directamente las consecuencias de la guerra y que, desde el primer momento, ha prestado ayuda en el drama de los albanokosovares que se han visto obligados a abandonar sus hogares. 
Creemos que en los albores del nuevo siglo, nosotros, los europeos, no debemos permitir que esta situación trágica continúe. 
Ha llegado el momento de que Europa tome iniciativas concretas para la solución política del problema por el bien de todos los pueblos de la región. 
Milosevic es un intolerable dictador nacionalcomunista, lo que constituye una forma particular de fascismo resultante de la caída del comunismo sin el surgimiento de una democracia sostenible. 
Su política de represión, separación, persecución o limpieza étnica es contraria a todos los principios humanitarios, exigencias éticas y libertades fundamentales en que se basa la democracia en Europa. 
Los antecedentes del actual conflicto (disgregación de la antigua Yugoslavia; reconocimiento unilateral de Croacia y Eslovenia; «limpiezas étnicas» y barbaridades recíprocas de serbios contra croatas y bosnios, de croatas contra serbios y así sucesivamente; permanencia de Milosevic en el poder) revelan una gravísima incapacidad de la UE para actuar con una sola voz y con medios (incluso militares) propios. 
Pero esa intervención de la OTAN, decidida al margen de las Naciones Unidas y con medios inadecuados para los objetivos declarados de neutralizar la capacidad militar serbia para proseguir la llamada «limpieza étnica» no sólo no ha resuelto la cuestión, sino que, además, ha agravado todos los problemas. 
Por lo demás, la doctrina del «derecho de ingerencia humanitaria» -que avanza, pero no ha sido reconocido por las Naciones Unidas- no se puede imponer por la fuerza de un armamento poderoso y complejo que va destruyendo no sólo los blancos militares, sino también todas las infraestructuras económicas de un país. 
Entretanto, la creación de un nuevo orden jurídico internacional, que entrañe medios adecuados de «ingerencia humanitaria» choca con la oposición irreductible de grandes potencias, como los Estados Unidos de América y otras, en relación con la reforma de las Naciones Unidas, o los Estados Unidos de América, Rusia, Francia o China, en relación con una jurisdicción obligatoria del Tribunal Penal Internacional. 
Al mismo tiempo, la ofensiva de la OTAN- en vez de aislar al dictador Milosevic y su régimen- está teniendo el efecto indeseable de reforzar la unidad nacionalista a su alrededor contra una intervención extranjera. 
Con el agravante de que se está infligiendo una humillación a Rusia, lo que es un error peligroso. 
Una opinión pública segura de que sólo habrá ataques de cohetes y por aviación- pero no participación de fuerzas militares de combate que podrían tener bajas en el terreno- puede apoyar por algún tiempo los bombardeos, en nombre de la condena del injusto y abominable régimen de Milosevic y de su barbarie contra los kosovares. 
Pero, aun sin entrar a juzgar el método de dos pesos y dos medidas- ¿por qué no en Turquía, en Indonesia, en Chechenia, etc., etc.? -, no es ése el camino apropiado para resolver ese tipo de cuestiones. 
Además de resolverse la situación creada, sin pérdida de autoridad de la OTAN y la UE y sin contemporizar con las barbaridades cometidas por Milosevic- lo que exige una solución diplomática con intervención de las Naciones Unidas y Rusia- es necesario sobre todo estabilizar toda la región. 
Para eso es preciso decir que la solución no era- como ya se ha demostrado- la ampliación de la OTAN al Este, sino la ampliación de la UE y una política de asociaciones y apoyo económico que favorezca la integración económica y política y luche contra los nacionalismos irredentistas. 
¿Con qué razón luchar contra la ETA o los terroristas corsos o del IRA y, en cambio, apoyar al UCK? 
La UE tiene que ser capaz de aplicar en los Balcanes, y en los PECOS en general, el método que en su interior impidió la guerra entre Alemania y Francia y garantizó más de medio siglo de paz: la fusión de las economías y la integración política. 
Ésa es la cuestión. 
Además, pero no es menos importante, la decisión de lanzar ataques militares, con las fuerzas determinantes de los Estados Unidos de América, acentúa la hegemonía de éstos y la subalternidad política de la UE, que por este camino nunca tendrá una PESC ni una defensa común. 
Esa deseada, o aceptada, hegemonía de los EE.UU. representa un grave ataque a la Unión Europea, la consolidación del euro, la posibilidad de que la UE trate de igual a igual con los EE.UU. en la OMC. 
Como, por lo demás, está demostrando la «guerra del plátano». 
En vez de esa política insensata, lo que es necesario es lanzar las bases de una asociación paritaria con los EE.UU., cosa que exige autonomía política de la UE frente a los EE.UU. 
Por todo esto, he votado en contra de la resolución de transacción aprobada sobre Kosovo y, en particular, contra la inmensa hipocresía del considerando H- que responsabiliza a las Naciones Unidas de la violación por parte de la OTAN de la Carta de las Naciones Unidas- y contra el punto 2, que pretende legitimar los bombardeos, fingiendo que no es nada que tenga que ver con nosotros, aunque hubiera aprobado en particular los puntos condenatorios del régimen de Milosevic, el apoyo a los refugiados y las medidas tendentes a la estabilización de la región. 
A pesar de algunas enmiendas positivas en la propuesta de los Verdes o de mi camarada Theorin, he votado en contra. 
No he votado a favor de la resolución del Parlamento Europeo sobre Kosovo, puesto que ésta refleja una autosatisfacción y una ausencia total de interrogantes, que considero no guardan relación con la gravedad de la situación. 
Sin querer insistir en el pasado- saber quién ha comenzado -, desearía, a título personal, sacar cuatro lecciones con miras a la futura Europa. 
En primer término, no sé si la idea de un Kosovo multiétnico ha tenido alguna vez alguna consistencia, pero, en todo caso, estoy plenamente seguro de que hoy ha desaparecido, aplastada por las bombas de la OTAN. 
Es difícil imaginar que los serbios y los albaneses de Kosovo puedan vivir juntos en un futuro próximo. 
En estas condiciones, no veo cómo será posible evitar la división de esta provincia, lo cual, después de todo, nos obligará a reconsiderar la solución más antigua del mundo para restablecer la paz: trazar una frontera entre los pueblos. 
En segundo término, la futura Europa deberá respetar las soberanías nacionales. 
Naturalmente, podemos pensar que este es un sistema imperfecto, pero- es un hecho- se ha impuesto en la historia como el único capaz de evitar un caos y un absolutismo aún mayores que los que son imputables a una u otra soberanía en particular. 
Europa, que sin ninguna duda lo olvida todo, volverá a descubrirlo con amargura. 
Además, recordaremos que el régimen serbio, por más criticable que sea, no había agredido a ninguno de sus vecinos ni a ninguno de nuestros aliados, a diferencia del régimen iraquí. 
En tercer término, si Europa desea que reine el derecho, ella misma deberá respetarlo. 
Estamos obligados a recordar en esta Asamblea que, para intervenir, la OTAN ha prescindido de un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y que el Parlamento francés se ha encontrado ante un hecho consumado. 
Estos procedimientos son quizá complejos para algunos, pero sin duda habrían permitido ralentizar el proceso, discutir más, y darse cuenta que en este caso los bombardeos constituían un método simplista que iba a costar muy caro, humana, moral y financieramente, incluyendo los perjuicios colaterales de los que nosotros mismos seremos víctimas- ¡es el colmo! -, sin que por ello aportemos una solución viable. 
Finalmente, debemos poner en duda el propio principio de una defensa europea que consistiría en institucionalizar, en el ámbito militar, la maniobra en bloque de todos los países miembros. 
En cierto modo, es lo que acaba de ocurrir, de facto, con la intervención en Yugoslavia. 
¿Los resultados son tan positivos como para deducir la necesidad de sistematizar la experiencia? 
No; pienso, por el contrario, que cada pueblo debe conservar su libre arbitrio, en el contexto del respeto de las soberanías y del derecho, como manifestaba hace un instante. 
¡Si Europa es atacada, la reacción común se producirá automáticamente! 
Pero si no es atacada, ¿por qué los países tendrían que dejarse movilizar por anticipado en unos combates por los que no habrían optado? 
Se necesitan alianzas y cooperaciones que permitan una «defensa en común» , pero no una «defensa común» unificada. 
Me he abstenido de votar la resolución común sobre Kosovo porque desde el principio no he compartido la decisión de intervención militar de la OTAN que considero un error y, además, evitable. 
En Rambouillet, en efecto, a tenor de las declaraciones de algunos participantes autorizados, existían unas condiciones políticas favorables a otras iniciativas que, a mi modo de ver, eran eficaces y que habrían podido evitar la muerte de tantos inocentes y las dramáticas deportaciones de cientos de miles de ciudadanos kosovares, víctimas del nacionalismo disparatado de Milosevic. 
Me doy cuenta de que la política y las Instituciones deben implicarse en las situaciones que se producen y, por esto, al confirmar mi juicio sobre el conflicto, respaldo cualquier iniciativa dirigida a encontrar una solución positiva desde el punto de vista político, ético y jurídico, confiando sobre todo en el papel que la ONU, la Unión Europea, la OTAN y Rusia pueden y deben desempeñar. 
Nunca he sido ni soy un belicista, y no soy nada belicoso. 
En mi opinión, la guerra es siempre un fracaso del espíritu, de lo humano, de la inteligencia. 
Pero sé y digo, también, que hay que saber hacer la guerra cuando «el interlocutor-adversario» sólo entiende el lenguaje de la fuerza y sobre todo cuando- inmediatamente después- se quieren dar nuevamente todas las posibilidades a la diplomacia. 
En efecto, no olvidemos jamás que la diplomacia consiste en hacer aceptar, a través del diálogo, a una u otra parte en conflicto, una cesión parcial de sus reivindicaciones iniciales, de sus exigencias o incluso de sus derechos. 
Y esta parte sólo lo hará si sabe que corre el peligro de sufrir los efectos de un conflicto, en caso de negarse a negociar esta cesión. 
Por eso, en este caso, con respecto a Serbia y Kosovo, después de diez años de negociaciones intermitentes, de transgresiones de los derechos humanos, de violaciones, de matanzas, de destrucciones y de deportaciones, en el origen de las cuales nos encontramos siempre con Milosevic, ¡no existía, desgraciadamente, otra solución, como no fuese la utilización de la fuerza para detener estos crímenes! 
Por consiguiente, apruebo la acción militar de la OTAN. 
Apruebo, también, las acciones humanitarias gubernamentales, no gubernamentales y europeas. 
Deseo, naturalmente, una salida diplomática europea con el apoyo de los Estados Unidos y de Rusia, pero una salida que no suponga ninguna renuncia de los principios democráticos y de los derechos humanos. 
¡Es así y sólo así como garantizaremos una paz duradera y justa! 
Concluyo felicitando a la Presidencia alemana por su actuación en esta crisis. 
Finalmente, deseo felicitar a Emma Bonino, comisaria europea, por su compromiso voluntario y valiente y su pasión humanitaria. 
Su intervención en el Pleno, al final del debate del miércoles por la tarde, fue uno de los momentos más importantes del día. 
Frente a lo intolerable y a lo inhumano, nuestra resolución expresa lo esencial. 
Ello no debe impedirnos que nos interroguemos sobre la ausencia, cada día más perniciosa, de una «verdadera política exterior y de seguridad común» (PESC) en Europa, y en particular sobre nuestra incapacidad para apoyar a los demócratas que luchan contra políticas inhumanas, ayer la de Radovan Karadzic, hoy la de Slobodan Milosevic. 
Europa no ha sabido, a pesar de sus promesas, ayudar financiera y moralmente a los demócratas de Belgrado en el momento en que más lo necesitaban, cuando luchaban contra la política interior y exterior de Milosevic. 
Hoy, estos demócratas están obligados a callar y a esconderse. 
Me indigna el hecho de constatar que, cuando todos los partidos políticos, con excepción de la extrema derecha, reconocen en el arresto de Pinochet las nuevas virtudes de una justicia internacional, se haya seguido dialogando con Milosevic, a pesar de que tiene las manos más ensangrentadas y de que pesan más «crímenes contra la humanidad» sobre su conciencia. 
Es comprensible que el Tribunal Penal Internacional de la Haya no pueda juzgar retrospectivamente todos los crímenes de nuestra época. 
¿Pero era necesario- tan pronto- pasar por alto los crímenes de Milosevic en el momento de la firma, en 1995, de los acuerdos de Dayton sobre Bosnia? 
¿Podemos hoy negociar con Milosevic, cuando este mismo Tribunal internacional acaba, según se dice, de acusarlo (aunque aún no lo ha hecho públicamente) de cometer crímenes contra la humanidad? 
Es porque el Tribunal de La Haya se ocupa de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia por lo que un Karadzic quedó excluido y se vio obligado a esconderse. 
Me han impresionado los apretones de manos mediáticos intercambiados por el Sr. Primakov y Mons. 
Tauron, enviado del Vaticano, con el criminal Milosevic, cuando miles de kosovares eran expulsados de su país y expatriados por la fuerza. 
Nuestra resolución, que nombra cinco o seis veces a Milosevic, nada dice de Ibrahim Rugova, jefe de la Liga Democrática de Kosovo, premio Sajarov del Parlamento Europeo en 1998 y uno de los negociadores de Rambouillet. 
Ciertamente, en tres ocasiones, las cámaras de la televisión yugoslava nos lo han mostrado mientras «negociaba» con Milosevic. 
Al ver esas imágenes, todos nos hemos preguntado de qué libertad disponía un Rugova «protegido» por la policía serbia, en un país del que se ha desalojado a sus habitantes. 
Me habría gustado que nuestra resolución pidiera que Rugova se trasladara a Bruselas o a Berlín para que expusiera- libremente- su punto de vista sobre la situación actual y las soluciones que él prevé. 
Me pregunto también sobre la situación que, sin reaccionar, dejamos que se cree en la frontera entre Albania y Kosovo, donde el UCK y el Ejército serbio libran constantes escaramuzas, corriéndose el peligro de agitar a los países vecinos de Kosovo y, a la larga, a todos los Balcanes. 
¿La OTAN puede seguir teniendo credibilidad si, por un lado, bombardea las infraestructuras militares y económicas serbias y, por otro, deja que una de las partes en el conflicto efectúe reclutamientos libremente? 
La OTAN no puede ser a la vez protagonista en un conflicto y, según el diario Le Monde, interlocutor del UCK, que le proporciona información sobre las posiciones serbias que deben ser destruidas; no puede ser una nueva fuerza policial internacional que cumple con un deber de injerencia y a la vez un organismo humanitario... 
Hay que elegir y ser coherente. 
Hoy deseamos expresar nuestro sentimiento de rebelión frente a la aflicción, a las desgracias y a los sufrimientos que soporta la población de Kosovo, víctima de las acciones criminales preparadas desde hace tiempo por el régimen de Milosevic. 
No hemos sabido, ciertamente, aprovechar la ocasión que nos ofreció la caída del Muro de Berlín para iniciar la construcción política y democrática de una gran Europa. 
Naturalmente, no podemos menos que lamentar los fracasos de los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo en Rambouillet y en París. 
Sin embargo, con la mejor voluntad del mundo, no podemos rehacer la historia. 
Nosotros defendemos unos valores que exigían una intervención. 
Nosotros defendemos los derechos de la persona humana contra los derechos de un Estado inhumano y totalitario que lanza por las rutas del exilio a una población aterrorizada, destruye las casas, amenaza y mata a mujeres y niños; nosotros defendemos la libertad y deseamos que los criminales sean castigados; por eso apoyamos sin reserva la valiente decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno europeos. 
Lamentamos, no obstante, que no se haya planteado una presencia terrestre europea al mismo tiempo que la ofensiva aérea y que paralelamente no se haya programado una acción humanitaria de gran envergadura para acoger la ola de refugiados desprovistos de recursos, que se lanzan a las carreteras. 
Hoy es imprescindible llevar a cabo acciones en apoyo de Albania, pensar en la mejor manera de reconstruir Kosovo y ayudar, en general, al desarrollo de los países de los Balcanes. 
He votado en contra del proyecto de resolución sobre la situación en Kosovo, proyecto que constituye una negación del Derecho internacional, un error ante la historia y un desacierto político grave. 
Nunca un Estado signatario de la Carta de las Naciones Unidas ha conocido una agresión por la comunidad internacional como la que se ha perpetrado desde hace ocho años contra Yugoslavia, a impulsos de los Estados Unidos y Alemania. 
Un desencadenamiento sin precedentes de propaganda mediatizada ha impuesto, sin que pueda ponerse en tela de juicio, una visión totalmente errónea de la crisis balcánica. 
En lugar de integrar en su seno a la antigua Yugoslavia y favorecer, de este modo, su democratización política y sus progresos económicos y sociales, la Unión Europea- con el Parlamento Europeo a la cabeza- ha fomentado su desmembramiento y creado, al menos indirectamente, las condiciones para que se produjeran, ayer, las guerras de Croacia y de Bosnia y, hoy, la de Serbia. 
Hemos atribuido a las fronteras de Bosnia un valor sagrado y prohibido a los serbiobosnios que se unieran a Serbia. 
Ahora atacamos a Serbia para permitir que los albaneses de Kosovo se unan a Albania. 
¿Quién lo entiende... ? 
Hemos querido que reinara el derecho en la sociedad internacional y hoy consentimos, de la manera más humillante, un abuso de autoridad norteamericano, sin que medie ningún mandato de la ONU. 
Por querer jugar con las fronteras internacionales- las de Yugoslavia desde 1991, las de Macedonia y de Albania mañana -, por ignorar las lecciones de la historia, por fingir desconocer el papel de Rusia en esta región, por buscar un castigo militar más que una solución política, por querer sobre todo suprimir al pueblo serbio de esta Europa por la que ha trabajado tanto, vamos a provocar probablemente la conflagración que simulamos querer evitar. 
Llegado el momento, aquellos que trabajan conscientemente en esta empresa deberán asumir sus responsabilidades. 
Que los bombardeos y la ofensiva militar de la OTAN en Yugoslavia prosigan y provoquen la destrucción de un país y la muerte de un número indiscriminado de personas, serbios y kosovares, hombres y mujeres, ancianos y niños, como ocurrió ayer mismo a más de medio centenar de refugiados, interesa poco a la mayoría de este Parlamento, que sólo lamenta la pérdida de vidas humanas y los «daños colaterales». 
Que se restablezca la paz para permitir negociaciones políticas y el fin inmediato de la agresión militar a un Estado soberano no son horizontes de esa mayoría que antes prefiere justificar la intervención de la OTAN, el servilismo de la UE y de sus Estados ante los intereses estratégicos americanos, la inobservancia del orden y los derechos internacionales y de la Carta de las Naciones Unidas, antes prefiere defender la escalada de la guerra y la aprobación de orientaciones políticas que han de poner por fuerza en riesgo soluciones negociadas y la resolución de las cuestiones fundamentales relativas a las autonomías regionales y sus minorías étnicas. 
Que la agresión militar de la OTAN sea la causa del dramático agravamiento de la situación humanitaria de la región de los Balcanes, ponga en riesgo la estabilidad del futuro político de aquella región y en grave peligro la paz mundial queda a obscuras para la ceguera política de esta mayoría que antes prefiere insistir en acuerdos que nunca fueron aceptados por los negociadores, son sólo imposiciones negociadoras de la OTAN y ponen en riesgo soberanía, fronteras y realidades ancestrales. 
La resolución aprobada ayer por este Parlamento quedará en la historia política de este hemiciclo como una pieza central característica de la total ausencia de memoria política, definidora de la histeria política que hoy es impuesta por la manipulación mediática al servicio de intereses belicistas y agresores y hace olvidar los valores de la paz, la justicia y la soberanía de las naciones. 
Hemos optado por votar a favor de la enmienda 19, en cuya presentación hemos sido partícipes, y por abstenernos en el apartado 5. 
No voy a votar a favor de una propuesta de resolución de carácter conciliador y que consiste, esencialmente, en un análisis unilateral e inexacto, en bastantes puntos, de la situación, mientras que sus posturas y sus propuestas sirven mínimamente a una solución pacífica, política y viable de la crisis; ni tan siquiera sirven al trágico problema, por excelencia, de los refugiados. 
Además, la propuesta de resolución afirma que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad «no han podido» (!) participar en la decisión de la OTAN sobre las incursiones aéreas, aunque está claro que esta decisión se ha tomado incumpliendo los principios de las Naciones Unidas, que en este caso se han visto humilladas y maltratadas de forma irremediable. 
Afirmar que se dio este trato a las Naciones Unidas porque dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad bloquearon la acción de la OTAN (tal como tienen derecho a hacer basándose en el estatuto de la ONU... ) , es un monumento a la arbitrariedad y una muestra peligrosa de lógica totalitaria, es decir, ¿acaso las Naciones Unidas son sólo útiles cuando están de acuerdo con la OTAN? 
Con todo esto, cualquier referencia al concepto de una «comunidad internacional» es superflua e inadmisible; basta con mencionar la Comunidad Atlántica. 
Y llega a ser irrisorio que la propuesta de resolución pida (en el apartado 3) la aplicación de las decisiones de las Naciones Unidas o que aplauda (apartado 4) la «iniciativa» del Secretario General de la ONU, Sr. Annan, ¡sin mencionar, aunque fuera en dos palabras, su contenido! 
La propuesta de resolución pide que primen los derechos humanos sobre la soberanía nacional. 
¿Quién va a interpretar y a aplicar este principio tan correcto? 
¿La OTAN, con la misma falta de credibilidad y con el mismo interés con el que ha interpretado y «aplicado» los principios de la ONU? 
¿Cada Estado, según sus necesidades y propósitos del momento? 
Son posturas peligrosas de consejeros frívolos sobre la redacción de la propuesta de resolución, que envilecen todo esfuerzo serio por construir un orden y una comunidad realmente internacional, que pueda aplicar de forma verosímil y viable tales principios, sin intervenciones selectivas y sin la utilización ilógica de la violencia. 
Y son selectivas las intervenciones de la OTAN y las preferencias de los redactores de la propuesta de resolución; porque de otro modo, en Turquía, en Indonesia, en Latinoamérica y en África, tras su lectura, cundiría el pánico... 
Voto en contra de la resolución de la mayoría del Parlamento Europeo que apoya la guerra en Yugoslavia. 
Los Gobiernos de la Unión Europea, con escalofriante superficialidad, incultura histórica y aproximación han llevado a nuestros países a esta guerra, de la que hoy ya no saben cómo salir. 
Es desolador que también el Parlamento Europeo, por la presión de los Gobiernos nacionales, se someta a esta aventura tan peligrosa. 
La guerra emprendida por la OTAN no admite justificaciones. 
No existen desde el punto de vista del derecho. 
Se han ignorado las normas internacionales, se han marginado las instituciones internacionales. 
Hemos llegado, por tanto, a la guerra ética. 
Se ha querido inventar el principio de la ingerencia humanitaria selectiva, porque castiga a Milosevic por la limpieza étnica, pero ignora el problema kurdo en Turquía y abre inquietantes escenarios para las zonas calientes de Europa: Córcega, Irlanda y el País Vasco en España. 
Una guerra «humanitaria» que, sin embargo, sólo ha alcanzado objetivos antihumanitarios favoreciendo la operación de limpieza étnica y matando a civiles indefensos en Serbia y en Kosovo. 
» Daños colaterales» , éste es el lenguaje utilizado por la OTAN para definir la muerte de civiles: durante siglos en los Balcanes se deberán soportar los llamados collateral damages, dado que las bombas de uranio empleadas por la OTAN ya han contaminado el territorio yugoslavo impidiendo, de hecho, el regreso de los kosovares a su país, a menos que corran el riesgo de enfermedades, malformaciones y muertes por radiación. 
Desde este punto de vista, ningún país europeo está seguro: bastará que sople el viento para que el finísimo polvo de uranio sea arrastrado a Italia, Alemania, Hungría y a toda Europa, con los mismos efectos de muerte provocados en Arabia Saudí por la contaminación bélica causada en Iraq durante la guerra del Golfo. 
La guerra que la OTAN libra a Serbia es un fracaso. 
Algunos pretenden que se trata de un fracaso de «Europa». 
El desencadenamiento de la guerra bajo la bandera de la OTAN traduciría una «ausencia de Europa». 
Éstos acusan, pues, exclusivamente al «imperialismo norteamericano» , el cual habría arrastrado a los aliados y los tendría bajo su férula. 
Naturalmente, la intervención militar de los Estados Unidos no está desprovista de segundas intenciones. 
Conocemos la preocupación de Washington de consolidar la credibilidad de la Alianza Atlántica más allá de la desaparición del adversario común que la había originado. 
Y el comportamiento de los norteamericanos en el proceso de Rambouillet permite pensar que no hicieron todo lo posible para evitar el fracaso. 
Pero limitarse solamente a este análisis, significa olvidar que el compromiso militar de la OTAN contra Yugoslavia es el resultado de una voluntad europea unánime, que se manifestó en la Cumbre de Berlín y de la que los federalistas se felicitaron y se congratularon, considerándola como la verdadera partida de nacimiento de la PESC. 
La intervención en la guerra, bajo el mando de la OTAN, no traduce, pues, una ausencia de política europea, sino una política europea errónea. 
No se trata de una acción aislada. 
Este error político se inscribe dentro de una lógica que se remonta a la opción que el día siguiente a la caída del Muro de Berlín efectuó toda una generación de dirigentes y de responsables europeos. 
Esta opción consistió en crear una Europa occidental reducida, rígida e inaccesible, cuyas características fueron definidas por los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, y no una gran Europa flexible y acogedora, como esperaban todos aquellos que, tanto en el centro como en el Este de Europa, acababan de recobrar su soberanía, tras varias décadas de régimen totalitario. 
En lugar de inventar la Europa de geometría variable, capaz de ofrecer nuevas perspectivas de convivencia dentro de la cooperación a todos los Estados del continente, estos responsables europeos se obstinaron en seguir el método Monet, erigido en dogma, sin darse cuenta de que ya no era pertinente para reunir a la gran diversidad de países del nuevo continente europeo. 
Por parte de la Unión, no se quiso admitir que era indispensable examinar a fondo los objetivos y los métodos de la construcción europea. 
La Unión se atuvo al «método Monet» , basado en la idea consistente en la necesidad de unificar las economías para impulsar insensiblemente cesiones de soberanía política. 
Aplicado a los países del Este, el método consiste en aplazar indefinidamente su adhesión al «club». 
Así pues, sólo hemos ofrecido a los PECO una sala de espera, unos plazos de admisión permanentemente diferidos, como si se tratase de un espejismo, lo que genera la exclusión, la discriminación, las frustraciones y las humillaciones. 
El hecho de atenerse a esta antigua concepción de Europa ha tenido como consecuencia desalentar, debilitar y marginar, en los PECO, a los dirigentes y responsables procedentes de los sectores disidentes, a los reformadores, que fijaban su mirada en nosotros, y permitir que las personas procedentes de sistemas totalitarios recobraran prestigio, de las que Milosevic constituye su arquetipo. 
Por no haber sabido crear el foro permanente de la gran Europa, formado por unas cooperaciones abiertas desde el primer momento a los PECO, sobre cuestiones tan vitales como la seguridad y la política exterior, nuestro continente vuelve a dividirse. 
La guerra de Yugoslavia es el símbolo mismo, dramático, de esta nueva división de Europa, encarnándola y acentuándola. 
Vemos, en efecto, una Europa eslava que intenta organizarse sin contar con nosotros. 
Vemos una Ucrania que decide convertirse en una potencia nuclear, después de haber renunciado a ello. 
Vemos a Yugoslavia adoptar un proyecto de unión eslava con Rusia y Belarús. 
Vemos a los serbios, que rechazaban mayoritariamente a Milosevic, cerrar filas en torno a él en nombre de la patria agredida y vemos como se manifiesta una solidaridad ortodoxa en la reprobación de la acción militar atlántica. 
Hoy los frutos de la intervención militar de la OTAN son particularmente amargos. 
El mundo eslavo y ortodoxo se aparta, cuando debería constituir un componente esencial de la Europa continental que hoy debemos construir. 
Se pone en entredicho la legitimidad de las fronteras. 
Los Balcanes están devastados. 
Asistimos al resurgimiento de dos Europas. 
Así pues, es necesario que, a toda costa y lo más rápidamente posible, se ponga fin a esta espiral de desestabilización. 
Para ello, no sólo hay que parar las bombas, que ahondan los odios. 
También hay que imaginar una nueva concepción de Europa, válida para todo nuestro continente: la de una familia de naciones destinadas a convivir en la confianza, la identidad recobrada y reconocida y el respeto recíproco. 
Esta imprescindible nueva definición de nuestra concepción de Europa será la mejor política preventiva. 
El proyecto de resolución presentado por diversos grupos, a pesar de que contiene algunas recomendaciones oportunas, no se sitúa en esta perspectiva, que, sin embargo, es esencial. 
Por el contrario, al proponer, en su considerando J, debilitar y marginar la noción de soberanía nacional, que, a pesar de todas sus imperfecciones, constituye, con todo, el principio regulador fundamental de nuestra comunidad internacional, la resolución introduce un factor cuyas consecuencias no podrán ser sino extremadamente desestabilizadoras y perturbadoras en la vida internacional. 
Por eso nosotros no hemos podido votar a favor de la propuesta de resolución. 
Apoyo la enmienda 3 y estimo que hay razones suficientes para desplegar tropas terrestres a fin de proteger a Kosovo. 
Creo que también es necesario estudiar la posibilidad de establecer un Kosovo independiente. 
Ahora bien, aunque he sido partidario durante más de siete años de enfrentarnos firmemente contra el Gobierno de Milosevic, tengo un gran interés en que haya un mínimo de víctimas inocentes. 
Por eso he votado a favor de la enmienda 10, que expresa preocupación por la utilización de armas con uranio agotado por la OTAN. 
Las consecuencias de la utilización de esas armas siguen siendo horribles en el Iraq, y algunos informes indican que ha habido un 70 % de aumento en la incidencia de niños nacidos con cáncer y tumores malignos en el país. 
El apartado 13 pide que se «multipliquen las iniciativas de información dirigidas a la población de Serbia y de Montenegro». 
Si se hubieran desplegado más esfuerzos en esa dirección cuando Milosevic comenzó a desarrollar sus políticas de agresión, la oposición serbia a Milosevic se hubiera reforzado y se hubieran podido salvar muchas vidas. 
Deseo subrayar la urgencia y la necesidad de la intervención de la OTAN en la región para proteger los derechos fundamentales de la población de Kosovo y señalar que esta tragedia quizás se habría podido evitar si la Unión Europea, además de ser una institución económica y monetaria, hubiera sido desde hace tiempo también una realidad política unitaria. 
En efecto, si al comienzo de la crisis balcánica que inició a principios de los años noventa, Europa hubiera actuado de común acuerdo y con decisión a la hora de tomar decisiones unívocas cuando empezó la desmembración yugoslava y si, incluso recientemente, Europa se hubiera presentado de forma unitaria y compacta a la reciente Cumbre de Rambouillet, tal vez no asistiríamos a las masacres y a las limpiezas étnicas de estos días. 
Pido asimismo que el Parlamento Europeo se erija en promotor de una iniciativa de solidaridad, también económica, en favor de los habitantes de Apulia que no solo han acogido y siguen acogiendo generosamente a decenas de miles de refugiados albaneses y kosovares, sino que pagan duramente el coste de la guerra en términos de dificultades logísticas con el cierre de los aeropuertos de la región y con los perjuicios ocasionados a todo el sector turístico pullés que sufre las cancelaciones de los que renuncian a pasar sus vacaciones en dicha región. 
Tarificación de infraestructuras de transporte (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0111/99) de la Sra. Schmidbauer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Blanco de la Comisión acerca de tarifas justas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco común de tarificación de infraestructuras de transportes en la UE (COM (98) 0466- C4-0514/98) 
Señor Presidente, Señorías, nadie negará que el desarrollo de los transportes tiene importantes consecuencias en nuestro medio ambiente. 
En efecto, todos los Estados se enfrentan a los problemas de destrucción del medio ambiente, de contaminación o incluso de congestión de los centros urbanos. 
En este sentido, el objetivo de internalizar los costes externos generados por los diferentes modos de transporte está perfectamente justificado. 
Por eso el documento presentado por la Comisión cuenta con nuestro apoyo; pero por tratarse de una cuestión de capital importancia, cuyas consecuencias no hay que despreciar, conviene abordarlo con prudencia y pragmatismo. 
Todos tenemos conciencia de la importancia de los transportes, en particular en materia de desarrollo económico. 
Por lo tanto, debemos evitar los excesos en este ámbito. 
Por mi parte, desearía señalar mi desacuerdo sobre dos puntos esenciales del informe de la Sra. Schmidbauer; me refiero a la propuesta de introducir los turismos en el sistema de tarificación y de imposición sobre la kerosina. 
En cuando al primer punto, no estoy convencido de la pertinencia de esta propuesta, al menos con respecto al sistema de tarificación que propone el documento de la Comisión. 
No creo que los problemas planteados por los turismos sean competencia del Libro Blanco. 
Éste se refiere, en particular, a los transportes masivos, ya se trate de pasajeros o de mercancías. 
Por lo tanto, creo que sería preferible tratar la cuestión de los vehículos particulares en un marco específico. 
Con respecto a mi segundo punto de desacuerdo, considero que no habría que legislar demasiado prematuramente en cuanto al impuesto sobre la kerosina. 
Esperemos, en efecto, la conclusión del acuerdo internacional sobre el transporte aéreo para poder tomarlo en consideración en las futuras reglamentaciones. 
Creo que, en una primera fase, es más razonable no avanzar más, y limitarnos a las propuestas de la Comisión. 
Señor Presidente, normalmente no utilizo mi precioso tiempo para felicitar al ponente, ya que, al fin y al cabo, se ha convertido en algo habitual. 
Sí quisiera hacerlo esta vez, a pesar de que, desgraciadamente, ahora no está presente, ya que estoy sumamente satisfecho con su informe. 
En mi opinión, se trata de una propuesta de la Comisión extraordinariamente importante, sobre la que la Sra. Schmidbauer ha elaborado un buen informe. 
Hay dos cuestiones importantes en lo que a mi Grupo se refiere. 
En primer lugar, el principio. 
Es sabido que los Verdes llevan años luchando para que los costes por la utilización de las infraestructuras repercutan en los usuarios, ya que actualmente el transporte es demasiado barato y ello supone una carga ecológica demasiado alta. 
Así mismo estoy satisfecho por razones prácticas con la realización de esta propuesta, a pesar de que está claro, y esto también aparece en el informe de la Sra. Schmidbauer, que hay poco dinero para invertir en infraestructuras. 
Los gastos generales disminuyen, mientras que, precisamente, es necesario invertir más, especialmente- en lo que a nosotros se refiere- en infraestructuras ferroviarias. 
De ahí que resulte positivo y justo que los usuarios de las infraestructuras actuales contribuyan a financiar su ampliación. 
Naturalmente, supone muchos problemas prácticos y, por supuesto, existirá oposición, también tenemos esa experiencia en los Países Bajos, sobre todo si no se aclara que las inversiones y las tasas son necesarias para mantener los territorios densamente poblados, habitables y accesibles. 
Sin embargo, dos observaciones sobre este informe. En primer lugar en relación con el párrafo 15 del informe de la Sra. Schmidbauer. 
En él se afirma que, en la medida de lo posible, debe incluirse en la propuesta el transporte privado en automóvil y, en mi opinión, eso no es suficiente. 
Creo que resulta imprescindible que se incluya. 
Precisamente, el transporte privado en automóvil ocasiona muchos de los costes marginales que deben hacerse repercutir en los usuarios, y creo que no es justo que los costes deba asumirlos solamente el transporte de mercancías. 
Por último, señor Presidente, el apartado 10 del informe, en el que se propone compensar los costes que ello conlleva reduciendo los demás impuestos que recaen sobre el transporte. 
Creo que esto no resulta demasiado conveniente. 
Continúo pensando que el transporte es demasiado barato, que es demasiado fácil llevar las mercancías de un sitio a otro en Europa. 
Estaríamos a favor de que, por ejemplo, se empezara, y se continuara en el futuro, a hacer repercutir los costes del capital de las infraestructuras en los usuarios. 
Señor Presidente, en el tráfico comercial, como regla general, el cliente debe pagar el precio por los servicios recibidos o por los productos obtenidos. 
En mi opinión, no hay nada erróneo en ello, y esta regla es, creo yo, aceptada por toda la sociedad. 
Esta relación todavía no se establece muchas veces de forma clara en lo que a la utilización de las infraestructuras se refiere. 
Los costes totales del transporte y los precios fijados en muchos casos no concuerdan. 
La propuesta de la Comisión hace un loable intento por mejorar esta relación. 
Sin embargo, queda por ver si el método de cálculo, tal como se ha propuesto, es decir, los costes sociales marginales, cubrirá todos los costes ocasionados. 
Una cierta firmeza de comportamiento no es, aparentemente, ajena a la Comisión. 
Algunos colegas recalcan que el establecimiento de un sistema de tasas no puede conducir a un aumento de los costes para el usuario del transporte. 
No quisiera formular esto tan drásticamente. 
Se parte del principio «el usuario paga» , incluso si conduce a un aumento del precio. 
Sí hay que preocuparse de que los costes recaigan sobre aquéllos que finalmente se benefician del transporte. Las tasas no pueden continuar perjudicando a los transportistas. 
Excluir a determinados usuarios de este sistema de tasas, dará lugar ineludiblemente a una cobertura incompleta de los costes totales. 
Respaldo totalmente, por tanto, la enmienda 7 de nuestro colega, el Sr. Lagendijk. 
El método de cálculo propuesto debe conducir a una situación en la que las modalidades de transporte menos perjudiciales para el medio ambiente logren una cuota más alta en todo el mercado del transporte. 
En este sentido, debe ser posible corregir el principio «el usuario paga». 
Señor Presidente, es un hecho reconocido que los denominados costes externos del tráfico han aumentado de una manera radical. 
Por consiguiente, es obvia la necesidad de que estos gastos corran a cargo de los respectivos sectores del transporte. 
En este caso estamos hablando ante todo de los accidentes, cuyos costes en las distintas modalidades de transporte se han disparado en las últimas décadas. 
Hay una serie de costes que deben ponerse en relación con el deterioro del medio ambiente. 
Se trata de los ruidos y de la contaminación del suelo, la atmósfera y las aguas, todo lo cual representa un problema que va en aumento. 
Igualmente, nos enfrentamos con grandes dificultades a la hora de evaluar la magnitud de estos costes. 
En la actualidad existen grandes diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea, circunstancia ésta que también se desprende del Libro Blanco y del informe. 
Por ejemplo, el importe de los gravámenes sobre los vehículos pueden llegar a variar en 3.000 euros al año, existen nueve variedades distintas de tarifas para los transportes por ferrocarril y el grado de cobertura de los costes puede oscilar entre un 0 y un 100 %. 
Sería deseable, especialmente por motivos de competencia, dotarse de una estrategia en materia de cobertura de los costes para los distintos medios de transporte que abarque la totalidad de los países de la Unión. 
Creo que estamos todos de acuerdo en que resulta esencial lograr un fundamento jurídico para tal variedad de tarifas en lo relativo a disposiciones de viñetas, cánones por utilización de autopistas, etcétera. 
Asimismo, la evolución que ha tenido lugar en los últimos años nos ofrece ahora la oportunidad de incorporar sistemas técnicos particulares- por ejemplo, por medio de la telemática- que sean vigentes en todos los Estados miembros. 
Resulta obviamente legítimo aspirar a conseguir una armonización de las distintas disposiciones en el sector de los transportes, especialmente si de esta manera se garantiza un funcionamiento más fluido del mercado interior. 
Es importante instaurar una competencia en pie de igualdad para todos los medios de transporte y una igualdad de condiciones en materia de competencia en todos los Estados miembros. 
Si bien la UE puede lograr una parte de estos objetivos, muchos de ellos- quizá la mayor parte- dependerán de las decisiones que adopten los propios Estados miembros. 
Determinados Estados miembros, yo provengo de uno de ellos, aplican en determinados sectores una imposición fiscal y unas tarifas considerablemente más elevadas que otros países. 
Nunca lograremos una igualdad de condiciones en materia de competencia si estos países no comprenden por sí mismos esta circunstancia. 
Con la propuesta que apoya una mayoría de la Comisión de Transporte y Turismo se corre el riesgo de incrementar aún más los costes derivados del sector de los transportes. 
Esto es especialmente cierto en el uso de los vehículos privados, al menos si se hace caso de la propuesta de la ponente. 
Esta circunstancia resulta inaceptable. 
En el Grupo del PPE hemos elaborado una serie de enmiendas para contrarrestar estos efectos. 
Hasta el momento no hemos logrado ningún apoyo para estas enmiendas. 
Sin este apoyo en el día de hoy, no veo ninguna posibilidad de respaldar la propuesta que ha presentado la Comisión de Transporte y Turismo. 
Señor Presidente, mi colega Manuel Porto no puede estar presente esta tarde y voy a intervenir yo en su substitución. 
Una iniciativa de la Comisión y el informe de la Sra. Barbara Schmidbauer sobre competencias en materia de infraestructuras de transportes son dignos de beneplácito. 
Se trata de un ámbito en el que se comprende bien que se manifieste alguna duda sobre la competencia de la Unión Europea teniendo en cuenta, en particular, las distorsiones que surgen cuando se siguen criterios diferentes de país a país, independientemente de que se esté cerca o lejos de las fronteras, cuando hay países en los que las infraestructuras son pagadas por los usuarios por medio de la tributación de los combustibles y los peajes y otros en que lo son con cargo a los presupuestos públicos. 
No podemos por menos de estar de acuerdo con el principio seguido de cobertura también de los costos externos de los transportes. 
Por ser éstos mucho más elevados en el transporte por carretera, con el ruido, la contaminación atmosférica y los accidentes, como evidencian los gráficos presentados por la ponente, está justificado que sea mayor el pago que deben hacer sus usuarios, en consonancia, por lo demás, con lo que ya sucede ahora, al pagar los usuarios de las carreteras (en impuestos sobre los combustibles y los vehículos y en peajes) el doble del gasto que con ellas se hace, cuando los usuarios de las vías férreas pagan el 56 % y los de las vías navegables el 18 % de los gastos respectivos. 
Además de ser justo que así sea, se crea convenientemente un incentivo para que la demanda se traslade a modos de transporte con menos deseconomías externas. 
Pero, so pena de que los ciudadanos resulten injustificadamente castigados, es indispensable promover de inmediato su mejora, por ejemplo en mi país, con líneas para convoyes rápidos, internamente y en los enlaces con los demás países de Europa. 
Además, conviene que haya una distribución correcta de las competencias relativas a cada uno de los modos y vías de transporte, justa y no distorsionadora de la competencia. 
Convenimos, pues, enteramente con la ponente cuando sostiene que en la distribución de las competencias en materia de transporte por carreteras se considere asimismo el transporte no comercial en automóvil privado. 
Y conviene también que no se dé la situación de mi país, donde puentes y carreteras con características idénticas (de autopistas) están o no sujetos a peajes (o a peajes muy diferentes) según el peso político de las zonas a las que correspondan. 
En este marco, resulta particularmente chocante que, por esa razón, no se apliquen los peajes en las zonas metropolitanas, en las que viven las personas con mayores rentas y donde convendría desincentivar la utilización de vehículos privados, y se mantengan en zonas más desfavorecidas en las que, por no haber manifestaciones populares ni costos electorales, se aumentan todos los años. 
Los posibles problemas de congestión se eliminan con sistemas de pago automático, como la Vía Verde, en Portugal. 
Y, aunque en otra lógica, pero por razones sociales comprensibles, se puede establecer un límite máximo de pago mensual a quien tenga necesidad de utilizar diariamente las infraestructuras. 
Señor Presidente, en nombre del Sr. Neil Kinnock tengo el placer de referirme a este informe y para empezar manifestaré mi agrado por el apoyo que brinda; tomo nota también de las preocupaciones expresadas. 
Estoy seguro de que sabremos ocuparnos de esas preocupaciones cuando pongamos en práctica los principios y elaboremos propuestas concretas. 
En nombre del Sr. Kinnock quisiera dar gracias muy sinceras a la Sra. Schmidbauer por su informe sumamente constructivo y por su apoyo de lo que la Comisión preconiza en el Libro Blanco. 
Permítanme que formule unas cuantas observaciones acerca de los motivos de preocupación. 
En primer lugar, es verdad que el calendario de ejecución es ambicioso pero lo cierto es que estamos progresando bien, con el acuerdo sobre la Euroinsignia a punto de concertarse; directivas sobre el transporte ferroviario ante el Consejo; la encuesta sobre los costos portuarios en poder de los Estados miembros; propuestas sobre tasas de aeropuertos; tarifas aéreas en estudio; el Comité de Expertos Gubernamentales se ha reunido y ha encargado al grupo de alto nivel que informe sobre los métodos seguidos para calcular los costos. 
Puede decirse que casi vamos por delante del calendario previsto. 
Aunque seguimos utilizando directivas más concretas, la Comisión, naturalmente, velará por que nuestra forma de actuar no se traduzca en incoherencias ni origine efectos perjudiciales. 
El Libro Blanco recalca también la necesidad de que la ejecución sea equilibrada, en particular entre los sectores vial y ferroviario. 
Por esa razón el paquete de medidas relativas a los ferrocarriles prevé explícitamente la concesión de subsidios a las líneas férreas cuando haya costos externos impagados en modos de transporte competitivos, como por ejemplo la carretera. 
Esto es un buen ejemplo de la forma en que la Comisión evita toda incoherencia en el proceso de ejecución, identificando claramente un problema y brindando una solución práctica. 
El Libro Blanco trata de cuestiones de equidad y distribución así como de problemas con que se enfrentan las zonas periféricas. 
Gran parte de este debate trata igualmente de las cuestiones de la ampliación y de los países candidatos, y estoy seguro de que podremos considerar esos aspectos cuando precisemos más nuestras propuestas. 
Se anima a los Estados miembros a que incorporen los principios del Libro Blanco en sus propios planes de tarificación para el transporte por vehículo privado, en armonía con la evolución. 
Aunque algunas normas legislativas comunitarias se aplican a los usuarios de vehículos privados- por ejemplo los impuestos sobre combustible, los impuestos sobre el consumo, el IVA-nuestro enfoque actual en materia de tarificación se centra en el tráfico comercial, pues se trata de un problema que sólo se puede resolver con éxito a través de un marco reglamentario comunitario, que proteja el funcionamiento del mercado interior de transportes al mismo tiempo que integra cabalmente los objetivos medioambientales. 
La utilización de vehículos privados plantea gran cantidad de problemas regionales y locales que, de conformidad con el principio de la subsidiariedad, requieren un tipo de enfoque ligeramente diferente, que hemos estado elaborando principalmente por conducto del programa de acción para la red de ciudadanos. 
Estoy convencido de que en esta fase normativa comunitaria el enfoque diferenciado será más eficaz y además respetará cabalmente los legítimos papeles de los sectores normativos del transporte en otros planos políticos. 
Por último, quisiera agradecer el apoyo que brinda el informe. 
Todos sabemos que esta esfera, la cuestión de las tarifas por el uso de carreteras, de líneas férreas, de líneas aéreas o de líneas marítimas, está plagada de obstáculos y que el progreso, especialmente en el plano político, puede ser de una lentitud penosa. 
Tener el apoyo del Parlamento en relación con esas cuestiones es, por lo tanto, particularmente digno de mención. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A4-0114/99) del Sr. van Dam, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (COM (98) 0414- C4-0486/98-98/0227 (SYN)) 
Señor Presidente, señor Comisario, esta mañana cuando venía hacia aquí los compañeros me saludaban con: «éste es tu gran día». 
Normalmente, es en verdad un placer que el informe de uno figure en el orden del día. 
Sin embargo, en este momento, como ponente, tengo sentimientos mixtos, porque nos encontramos ante un callejón sin salida algo incómodo. 
Hace dos meses, debatimos también en esta Sala la cuestión del transporte combinado. 
La votación que le siguió, confirmó que el Parlamento Europeo no podía aprobar una propuesta de la Comisión para exceptuar al transporte combinado del generalmente aceptado peso máximo de las 40 toneladas. En consecuencia, la propuesta fue reenviada a la Comisión de Transportes. 
Poco después, los miembros de la Comisión de Transportes y los representantes de la Comisión Europea deliberaron. 
Tras el consiguiente debate en la Comisión de Transportes, tuve que constatar que la mayoría de sus miembros no se ha retractado de la posición adoptada hace dos meses. 
Desde un punto de vista formal, ésta es una actitud correcta. 
Después de todo, la Comisión no había presentado oficialmente nuevas propuestas o propuestas modificadas desde el rechazo de la propuesta de la Comisión por el Parlamento Europeo. 
Formalmente falta, por ello, la base para la revisión de las posiciones adoptadas hace dos meses por el Parlamento. 
Como ponente, puedo constatar, sin embargo, que la Comisión no ha estado inactiva. 
Tanto en las deliberaciones con los representantes del Parlamento Europeo, como durante las reuniones de la Comisión de Transportes, ha mostrado que estaba preparada para replantearse los puntos en los que el Parlamento Europeo había efectuado objeciones insuperables. 
Visto el limitado tiempo disponible, esto no ha permitido la formulación de una propuesta sobre el papel. 
Sí está claro que la Comisión manifiesta una postura complaciente, parece que está preparada para satisfacer las objeciones del Parlamento Europeo y, para ello, va a admitir modificaciones en la propuesta actual. 
Según mis informaciones, en el Consejo también existe un apoyo casi unánime para ampliar el peso máximo. 
Solamente el Reino Unido parece resistirse a ello, pero dado su carácter insular, este país podría estar satisfecho con una excepción para las islas. 
Vista la situación que se ha originado, resulta difícil para mí en este momento votar a favor o contra de la resolución de la Comisión de Transportes. No en contra, porque se ha producido un cambio formal respecto de la situación de hace dos meses. 
No obstante, tampoco a favor, porque la actitud de la Comisión merece una mejor respuesta que una postura intransigente del PE. Cada vez entiendo menos, debo decir sinceramente, la línea dura que siguen algunos de mis colegas. 
Estoy convencido de que si reflexionamos bien, podemos salir de este callejón sin salida. 
Como ponente, no puedo sino expresar la opinión de la mayoría de la Comisión de Transportes. 
Ruego que se afronte con futuro de miras la posición del Consejo y las modificaciones llevadas a cabo por la Comisión. 
Parto de que al comienzo del nuevo mandato esta materia se solucionará de forma aceptable para todas las partes implicadas. 
Señor Presidente, creo que en primer lugar debemos manifestar nuestra gratitud hacia el Sr. Van Dam por haberse tomado la molestia de seguir adelante con este complejo informe. 
No obstante, creo- y ya se ha dicho aquí- que nos hallamos ante el típico caso en que un concepto que en principio respaldamos y aprobamos, a saber el fomento del transporte combinado con objeto de reducir el transporte por carreteras y aprovechar las posibilidades ofrecidas por el ferrocarril y las vías navegables, sale mal parado por causa de una medida específica. 
Fue ésta la crítica que vertimos en la anterior ocasión y desgraciadamente, las cosas no han cambiado desde entonces. 
A mi modo de ver, no tiene ningún sentido elaborar una normativa que contemple excepciones a la regla según la cual está prohibido circular los domingos y por la noche. 
Del mismo modo carece de sentido crear una normativa en la que se mantenga el criterio de las 44 toneladas, sin limitación alguna. 
No es la primera vez que manifestamos nuestro desacuerdo al respecto. 
Es un punto que este Parlamento ya rechazó en su día. 
Además, el Consejo no ha accedido a la petición del Parlamento de prever ventajas fiscales con idea de fomentar los modos de transporte alternativos. 
La Comisión tuvo la oportunidad- como bien dice el Sr. Van Dam- de introducir modificaciones. 
Al fin y al cabo es ella la que lleva el ritmo del procedimiento y la que puede perfeccionar las propuestas. 
Nosotros, como Parlamento, fuimos muy claros. 
Dijimos: «Rechazamos esta solución general; queremos propuestas concretas más limitadas.» 
A este respecto he de decir al Comisario, aun cuando en este momento no esté, que no basta con enviar una carta a la comisión competente. No es esto lo que se entiende por una propuesta. 
¡No es suficiente! 
No nos conformamos con una carta a modo de anuncio, lo digo claramente. 
Por tanto, seguimos a la espera de que nos lleguen propuestas más concretas por parte de la Comisión. 
El Parlamento está dispuesto a fomentar el principio básico, pero sin propuestas concretas no se llega a ninguna parte. 
Por todo ello, no tenemos más remedio que respaldar las palabras con las que cierra el informe: «... rechaza la propuesta de la Comisión y pide a la Comisión que retire su propuesta». 
Así de claro. 
No nos queda otra solución. 
Esperamos que en la próxima legislatura la Comisión, cuya capacidad de acción se ha visto reducida provisionalmente a raíz de los últimos acontecimientos, presente cuanto antes propuestas razonables que den lugar a un debate fructífero. 
Ello nos debería permitir despachar con éxito un tema para el cual ni siquiera nos hará falta agotar todo nuestro tiempo de uso de la palabra. Seguramente se solucionará por sí solo. 
Señor Presidente, con el Informe Van Dam, antiguo Informe Wijsenbeek, se corre el peligro de que suceda como con el antiguo Informe Tolman en el asunto de la isoglucosa, es decir, que se convierta en un hecho institucional nuevo. 
En primer lugar, se trata de un enfrentamiento diametralmente opuesto en su origen entre el Parlamento y la Comisión, en el que, por otra parte, como anterior ponente, estaba completamente de acuerdo con la Comisión. 
En consecuencia se debe encontrar una solución. 
Si la dejamos para después de las elecciones, tendremos que utilizar el procedimiento de codecisión. 
No obstante, resulta doblemente curioso, Comisario Kinnock, que, con esas dos opiniones contrapuestas del Parlamento y de la Comisión, este asunto haya llegado sin modificaciones al Consejo conforme a una base que no figura en los Tratados. 
Si no fuera porque tampoco en el Consejo existe unanimidad y con seguridad, me atrevería a decir, tampoco una gran base de consenso, e incluso, no existe en absoluto entendimiento, el Consejo podría haber coincidido con la Comisión y la decisión se podría haber adoptado, a pesar de que el Parlamento hubiera decidido otra cosa. 
Me parece que ahora es el momento adecuado de buscar, en efecto, soluciones comunitarias con, me atrevería a decir, sosiego, calma y juicio. 
Como muy bien ha dicho el Sr. Piecyk, estamos de acuerdo en que debe favorecerse el transporte combinado. 
Estamos de acuerdo en que se deben utilizar más las aguas interiores y el transporte ferroviario. 
Resulta que no podemos ponernos de acuerdo sobre estas pocas toneladas, cuando todos sabemos con cuánto exceso de peso se conduce y cuántas excepciones se permiten durante el fin de semana. 
Debe encontrarse una solución intermedia. 
Señor Presidente, no soy en absoluto una especialista en cuanto al transporte por carretera. No obstante, debo señalar que estoy de acuerdo con el anterior orador, el Sr. Wijsenbeek, puesto que en los contactos que he mantenido con profesionales del transporte por carretera, con los que profesional y diariamente se ocupan de esta cuestión, escucho terribles quejas. 
Cómo puede la propia Europa hablar de Europa con una libre circulación de mercancías si, por ejemplo, la carga por eje de nuestros camiones en los Países Bajos difiere de la de Bélgica y, ésta, a su vez, difiere de la de Francia. 
Existen diferencias en cuanto al peso que se puede cargar por eje, de tal modo que un camión que realiza un trayecto que atraviesa tres países europeos, o bien en uno conduce infringiendo la ley, o bien se pone la soga al cuello financieramente hablando. 
Si ese camión lleva la mitad de carga, no se adecua ya a los requisitos que al principio cumplía. 
Y todavía no me he referido a los tiempos de conducción los domingos y festivos. 
Ahí también hay grandes diferencias. 
Vivo en un país intensamente transitado por camiones. Constato que en Bélgica, por ejemplo, los camiones se pasean alegremente mientras que esto no puede suceder en los países circundantes. 
Le pregunto: ¿es esto Europa? 
¿Es esto lo que mostramos en la práctica de nuestra famosa colaboración y coordinación? 
Debo decir que los transportistas europeos ya tienen bastantes preocupaciones, por ejemplo, las empresas portuguesas de transporte por carretera transportan cargamentos en nuestro país a precios que se sitúan completamente por debajo del nivel medio de aquéllos que los transportistas deben pagar en él a sus trabajadores. 
Quisiera decir lo mismo respecto de las empresas británicas de transporte por carretera. 
Por tanto, señor Presidente, entienda usted que quiera realizar alegatos en todos los sentidos a favor de una verdadera coordinación y que difícilmente me pueda justificar en la próxima contienda electoral frente a los electores que estén molestos con semejantes expedientes y a los cuales no pueda dar en absoluto una respuesta adecuada. 
Aunque se supone que la actual Comisión, en su situación política, sólo se ocupa de los asuntos pendientes, espero que les parezca adecuado que en este caso, también un asunto «en marcha» , trate esta cuestión en nombre del Sr. Kinnock. 
Las conversaciones que se han venido celebrando con el ponente y algunos de los restantes diputados al Parlamento desde que tuvo lugar el debate sobre el informe del Sr. Van Dam, anteriormente del Sr. Wijsenbeek, durante la sesión plenaria de febrero han reforzado aún más mi convencimiento, en este caso el del Sr. Kinnock, de que estamos de acuerdo sobre la necesidad de mejorar los incentivos y la competitividad del transporte combinado. 
De esta manera, pretendemos favorecer el desplazamiento del tráfico de mercancías por carretera a otras ramas del transporte que son más sostenibles, más seguras y ahorran energía, mientras que, además, aumenta la posibilidad de elección para los usuarios del transporte. 
Como una parte importante de esfuerzo común, la Comisión propone dar la posibilidad a las empresas de transporte de la Comunidad de utilizar un peso máximo del vehículo de 44 toneladas, pero exclusivamente cuando el transporte por carretera se refiriera a una parte específica de un transporte combinado y solamente en recorridos relativamente cortos del trayecto total del transporte combinado. 
Ésta no es, claro está, la única manera de favorecer la competitividad de este sector del transporte potencialmente importante. 
Quisiera contribuir firmemente a mejorar los requisitos conforme a los cuales se realiza el recorrido que corresponde a la carretera del trayecto de un transporte combinado. Y no, en último término, mediante la disminución de los costes muchas veces desproporcionalmente elevados de partes limitadas del trayecto por carretera del transporte combinado. 
Si, en el caso de transporte de mercancías pesadas, esta disminución de los costes pudiera ascender hasta el 10 por ciento, constituiría un importante estímulo para los potenciales usuarios del transporte combinado. 
Las experiencias realizadas en los distintos Estados miembros, apuntan con toda seguridad en esta dirección. 
En siete de los Estados miembros está permitido un peso de 44 toneladas o más para todos los transportes por carretera, mientras que en los restantes Estados miembros, las 44 toneladas están autorizadas para recorridos de un transporte combinado. 
Como sin duda saben sus Señorías, los Estados miembros pueden autorizar un peso máximo de 44 toneladas para los vehículos de motor de tres ejes que formen parte de un vehículo combinado de cinco o seis ejes a fin de evitar que semejantes vehículos deterioren demasiado las carreteras. 
Señor Presidente, está claro que esta propuesta no pretende ofrecer una ventaja desleal al transporte por carretera. Al contrario. 
La propuesta está específicamente encaminada a influir en la conducta de los empresarios de transporte por carretera, de manera que tengan que utilizar otros sectores del transporte. 
El resultado neto será que se transportará un mayor volumen de mercancías mediante transporte ferroviario, aguas interiores y navegación marítima limitada. 
Tal como el Sr. Kinnock en su carta de 11 de marzo al Sr. Van Dam ha señalado, cree sinceramente que el consenso alcanzado sobre la necesidad de potenciar el transporte combinado debe traducirse en medidas concretas y prácticas. 
En este estadio, nos parece que en el caso de los Estados miembros que tienen carácter insular, ya se ha señalado en esta Casa, debe reflexionarse sobre la posibilidad de una regulación relativa al peso más estricta que la propuesta inicialmente por la Comisión. Esto por la razón obvia de que las comunicaciones con el resto del mercado europeo no tienen lugar exclusivamente por carretera. 
Además de eso, naturalmente es sensato estudiar si se puede determinar si un recorrido por carretera realmente forma parte de un transporte combinado. 
Señor Presidente, expreso en nombre del Sr. Kinnock el deseo de que podamos lograr soluciones que sean aceptables para todos, basándonos en propuestas de compromiso. También repito lo que el Sr. Wijsenbeek ya ha dicho. 
Por último, quiero agradecer sinceramente a la Comisión de Transportes y Turismo y al ponente, el Sr. Van Dam, su dedicación en esta complicada materia. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
Dinero electrónico y su uso 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ya sabemos, el presente informe trata sobre el dinero electrónico. 
Es evidente que nos resulta difícil comprender hoy en día el gran uso que se va a hacer de este tipo de dinero en el futuro. 
Podemos decir que en la actualidad existen principalmente dos tipos de modalidades de pago. 
Por una parte tenemos las denominadas tarjetas inteligentes, en las que podemos «cargar» dinero; por la otra, tenemos distintos programas y sistemas que nos permiten «cargar» dinero en nuestros ordenadores para realizar las transacciones por medio de Internet. 
Además, es posible afirmar que el uso de estas modalidades de pago no ha aumentado al ritmo que se presagiaba hace algunos años. 
Al igual que otras muchas personas, también yo creo que, una vez que sea realidad, el euro va a representar una oportunidad magnífica. 
De hecho, por medio de estas modalidades de pago podremos seguir sirviéndonos del euro, y esto es un hecho concreto de cara a los ciudadanos. 
Asimismo, desearía señalar que necesitamos sin lugar a dudas una legislación europea en este ámbito. 
Precisamos una armonización particularmente de cara al mercado interior y al hecho de que participamos en gran medida en un proyecto de moneda única. 
Todas estas circunstancias cumplen en todos los sentidos el criterio de subsidiariedad. 
La gran controversia que se plantea con motivo de esta directiva gira en torno a este dinero electrónico y a la posibilidad de restringir su emisión a los bancos. 
Sabemos que determinados Estados miembros desean restringir su emisión exclusivamente a los bancos, mientras que otros países de la Unión prefieren que no haya reglas a este respecto. 
Me complace comprobar que una gran mayoría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos rechaza la restricción de este derecho. 
Creo que es el planteamiento correcto, puesto que de esta manera podremos fomentar la creación de nuevas modalidades de pago. 
En la actualidad, numerosos operadores están apareciendo en el mercado con nuevos medios de pago, como los teleoperadores, ofreciendo así nuevas posibilidades a los consumidores. 
Por consiguiente, de esta manera se instaurará una competencia que redundará en beneficio de los ciudadanos. 
Como es sabido, esta directiva trata ante todo sobre la manera de vigilar a los emisores de medios de pago electrónico y de garantizar su solidez y liquidez en todos los sentidos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos no ha planteado muchas enmiendas sobre este punto. 
Por el contrario, hemos comprobado con decepción que en esta directiva no se han abordado los puntos de vista de los consumidores. 
De hecho, el Parlamento ha podido constatar en numerosas ocasiones que, cuando la Comisión presenta cuestiones relacionadas con servicios financieros, no se tienen presentes los puntos de vista de los consumidores. 
Solicitamos firmemente a la Comisión que realice un seguimiento activo de su funcionamiento en relación con la protección de los consumidores, que vigile también de manera activa el cumplimiento de las recomendaciones sobre la seguridad de este tipo de medios de pago y que, con la mayor brevedad, emprenda las medidas necesarias para proteger a los consumidores. 
Por desgracia, nos vemos obligados a reconocer que quizá se necesite un número mayor de normas, por ejemplo, a la hora de determinar quién es culpable de delito o de abuso en lo relativo a los medios de pago. 
No obstante, este objetivo puede alcanzarse por medio de una directiva horizontal que tenga en cuenta de una manera más general las deficiencias que existen en este sector. 
Además, desearía decir que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha respaldado por amplia mayoría la propuesta para que los consumidores puedan reconvertir el dinero electrónico. 
Espero que la Comisión tenga presente esta propuesta. 
Para lograr que el dinero se convierta en un elemento cotidiano es naturalmente imprescindible que existan posibilidades de aplicación. 
Esto será posible, por ejemplo, mediante máquinas y sistemas de pago que acepten las distintas tarjetas y programas. 
Es lo que solemnemente se ha dado en llamar interoperabilidad, y el único modo de lograrla pasa por unas condiciones comerciales justas. 
Estoy convencida de que el sector emprenderá en breve distintas acciones. 
Llegado ese momento, corresponderá a las autoridades velar por la creación de un sistema abierto. 
La Comisión puede supervisar este sistema, por ejemplo, haciendo uso de sus poderes en el ámbito de competencia. 
Esperamos también que la Comisión vele por que las posibles reglas en este ámbito no supongan la exclusión de ningún operador. 
Por el contrario, mi grupo no apoya las propuestas recogidas en las enmiendas 12 y 13, que contemplan la necesidad de directivas específicas para garantizar la interoperabilidad. 
Quisiera señalar igualmente que hemos redactado algunas enmiendas de orden técnico que esperamos que esclarezcan el ámbito de aplicación de la directiva y simplifiquen cualquier modificación futura de la legislación. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera decir en primer lugar que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se congratula de la presentación de esas dos directivas porque la ampliación a entidades no bancarias de la emisión de dinero electrónico nos parece una buena medida para aumentar la competencia en esta materia y, por tanto, mejorar la calidad del servicio prestado y los precios que se cobrarán a los consumidores. 
Quisiera también felicitar a la ponente, Sra. Thors, por su informe y congratularme de que la Comisión de Asuntos Jurídicos haya integrado prácticamente todas nuestras propuestas, las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en su informe. 
Por eso, no tengo que repetir muchos de los aspectos que ha abordado, porque ya se han tratado, y voy a aprovechar el tiempo para insistir en algunos de los problemas con los que topamos y que nos causaron grandes preocupaciones. 
En primer lugar, el problema de la interoperabilidad. 
Nosotros pensamos que es extraordinariamente importante que se pueda utilizar el dinero electrónico de forma interoperable en los diversos países, pero esa interoperabilidad requiere una tarjeta que sea aceptada por todos. 
Muy recientemente se nos informó a la Sra. Thors y a mí de que la CIP llegó a un acuerdo sobre el establecimiento de una tarjeta, pero también se nos informó, en una audición que celebramos, de que podrían pasar 18 meses hasta que entrara en vigor una tarjeta de ese tipo. 
Ahora bien, señor Comisario, nosotros, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, consideramos que el dinero electrónico en sus diferentes variantes es extraordinariamente importante para implantar lo más rápidamente posible el euro antes de que existan los billetes y las monedas: ya sea en forma de dinero virtual integrado en las computadoras por el comercio electrónico o en forma de tarjetas interoperables. 
Ese lapso de 18 meses va a demorar una vez más la utilización del euro por los ciudadanos, lo que nos parece bastante preocupante. 
También nos parece bastante preocupante una situación en que cada país tenga su sistema interbancario propio y, por tanto, no haya Mercado Interior en lo relativo a los sistemas bancarios, así como que se consideren internacionales, con los costos inherentes, los pagos que se hagan dentro del Mercado Interior. 
Por tanto, hacemos propuestas en este sentido, en particular las enmiendas núms. 12 y 13, ya mencionadas por la Sra. Thors, que presentamos porque consideramos esencial, señor Comisario, que la Comisión nos presente proyectos de directivas a este respecto, para que haya un reglamento que sea aceptado por todos y dé seguridad a todos los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a la ponente, Sra. Thors, por su excelente informe sobre una cuestión importante. 
Este informe debe considerarse en conjunción con el informe del Sr. Ullmann sobre las firmas electrónicas, y con mi propio informe, que se presentará el mes que viene, sobre el comercio electrónico. 
El Internet y los métodos de trabajo electrónicos ofrecen un sistema avanzado para el mundo y para la Unión Europea. 
Es una esfera en expansión que debe crear gran número de puestos de trabajo. 
En una reunión de información que hubo ayer, el Comisario Flynn dijo que en la Unión Europea había unos 100.000 puestos vacantes en esta esfera. 
Es importante que contemos con normas bien enfocadas que promuevan el crecimiento de Internet y del comercio electrónico. 
El dinero electrónico no se usa demasiado en la actualidad, pero estoy seguro de que será muy importante en el futuro. 
La base del informe de la Sra. Thors promoverá ese crecimiento. 
Tenemos que conseguir que se establezcan normas en el plano europeo que promuevan la utilización de ordenadores y que no retrasen el desarrollo económico. 
Doy gracias a la ponente. 
Apoyaré su informe. 
Señor Presidente, creo que esta cuestión tiende a crear confusión. 
Como la gente no está familiarizada con el mundo electrónico, cree que el dinero virtual es algo tangible. 
Nada más lejos de la verdad. 
En realidad, no se trata sino de un nuevo código de signos para el dinero de crédito. 
Como en el caso de los Asignados, cuando se introdujeron por vez primera los títulos de crédito, surgen nuevas formas de fraude y nuevas formas de perder de vista las restricciones presupuestarias. 
No cabe duda de que en este ámbito debemos elaborar normativas comunes. 
Tal vez sea importante señalar que ello no puede alegarse como pretexto para volver a la era del dinero privado controlado por las casas de comercio. 
En la Alta Edad Media, la introducción del penique de plata avalado por el príncipe fue uno de los instrumentos fundamentales para fomentar el desarrollo económico en toda Europa. Con esta medida se pretendía superar las dificultades derivadas del dinero privado. 
A este respecto han de cumplirse tres requisitos, que también recoge el informe: deben garantizarse la universalidad en forma de interoperabilidad, la posibilidad de reembolso y la exención de costes. 
Para ganar dinero están los servicios financieros correspondientes. 
Todo ello ha de organizarse en el marco del euro y no puede inspirarse en el accidentado mundo del sector bancario y financiero. 
Partiendo de esta base se abren numerosas posibilidades que debemos aprovechar a fondo. 
Sin embargo, para ello es imprescindible que abandonemos la típica mentalidad del buscador de oro que nos hace soñar con un espectacular florecimiento financiero, como sucedió en la época de los Asignados. 
El código de crédito no es un crédito real. 
Además, la promesa de proceder al reembolso no implica el cumplimiento de la promesa, que se sitúa en un futuro más lejano. 
Por todo ello, es necesario que se ejerza el debido control sobre la solidaridad de las empresas emisoras, sin el cual sería sumamente difícil garantizar un desarrollo responsable de las actividades de las mismas. 
Por último, quisiera recordar que de la misma manera debemos adoptar urgentemente medidas de control en el sector bancario. 
Deseo antes que nada dar las gracias a la Sra. Thors, ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de Ciudadanos, y a la Sra. Torres Marques, ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, porque su contribución al examen de las propuestas ha sido muy valiosa. 
La emisión de dinero electrónico, quiero subrayarlo, es tan sólo un elemento del marco mucho más amplio del comercio electrónico de los sistemas de pago y, en el ámbito de estos últimos, de los pagos electrónicos. 
La Comisión considera acertado tratar los problemas horizontales, comunes a este contexto más amplio, con actos e iniciativas de carácter horizontal más que con soluciones reducidas y limitadas a un servicio determinado. 
Las propuestas de directiva que nos ocupa se refieren, por el contrario, a un aspecto específico que presenta características propias y requiere una respuesta legislativa específica. 
Se trata del problema- y el problema es sólo este- de las normas prudenciales mínimas que, asegurando la estabilidad y la solidez de las entidades de dinero electrónico, abran el camino al reconocimiento mutuo de la autorización y la supervisión y, a través de esta vía, a la libre circulación de los operadores y de los servicios. 
Es sabido que las entidades de crédito tradicionales están, ya de por sí, autorizadas a emitir dinero electrónico, en aplicación del conjunto de las directivas bancarias, y por este nuevo servicio pueden valerse del pasaporte europeo. 
Estas dos propuestas están dirigidas a abrir a otros operadores el nuevo mercado de la emisión de dinero electrónico en un marco normativo de neutralidad desde el punto de vista competitivo, teniendo en cuenta, por un lado, el interés de que se desarrolle una correcta competencia en el sector y, por otro, las realidades existentes en algunos Estados miembros. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos emite un juicio ampliamente positivo sobre ambas propuestas y propone unas enmiendas que mejoran su claridad. 
Es una toma de posición que acojo con placer y gratitud. 
No considero, en cambio, que pueden afrontarse fructíferamente en esta directiva otros dos problemas diferentes ante los que estoy especialmente sensibilizado. 
Se trata de las preocupaciones mostradas en el informe con respecto a la interoperabilidad y el reembolso del dinero cargado. 
La Comisión, como he dicho, ya está examinando estos importantes problemas en un marco más amplio y se ha comprometido a afrontarlos adecuadamente cubriendo, entre otras cosas, el conjunto de las expectativas en materia de protección del portador. 
Por tanto, si hoy no puedo aceptar las enmiendas que se refieren a estas materias, ello es debido únicamente al hecho de que para la Comisión las dos propuestas de directiva que nos ocupan no son el contexto adecuado. 
Es obvio, sin embargo, que compartimos el análisis de los problemas y que estos han de resolverse en el contexto y en la forma adecuados. 
Me voy a referir brevemente a cada una de las enmiendas. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 14, 20, 21 y 22 de la propuesta de directiva sobre las entidades de dinero electrónico. 
La enmienda 3 pide a la Comisión que elabore una directiva específica sobre las relaciones contractuales entre emisores y portadores de dinero electrónico. 
Como sabe el Parlamento, la Comisión adoptó en el año 1997 una recomendación en esta materia y está examinando su aplicación; sería, por tanto, prematuro que se comprometiera desde ahora a adoptar una propuesta de directiva, ya que no podrá valorar adecuadamente la situación hasta que no concluya el examen en curso. 
Ésta es la razón por la que no podemos admitir esta enmienda. 
Las enmiendas 4 a 13, a excepción de la enmienda 10, se refieren a cuestiones relacionadas con los sistemas de pago, en particular la existencia y la gestión de sistemas interbancarios, la interoperabilidad y el acceso a los mismos. 
Como he dicho, estas materias se abordan desde un punto de vista horizontal, en un marco más ancho, en el ámbito de otros trabajos que la Comisión está realizando y, en consecuencia, no podemos aceptar dichas enmiendas. 
Lo mismo sucede con las enmiendas 10, 18 y 19 a la propuesta de directiva sobre las entidades de dinero electrónico y las enmiendas 1 y 2 a la otra propuesta de directiva. 
Las mismas se refieren al problema del reembolso del dinero electrónico cargado. 
En el contexto del examen de la aplicación de la recomendación sobre las relaciones entre emisores y portadores de tarjetas se aborda también este problema. 
Por otra parte, la Comisión ya se empleado a fondo para seguir con coherencia el conjunto de los problemas relacionados con la protección del portador en materia de dinero electrónico, unos problemas que, evidentemente, trascienden el problema del reembolso en sí. 
Repito que la Comisión está especialmente sensibilizada ante estos aspectos y está abierta a muchas de las soluciones indicadas en las enmiendas, sin embargo, son el enfoque y el instrumento legislativo utilizados los que no nos parecen adecuados y nos obligan a no admitir estas enmiendas. 
La Comisión está de acuerdo asimismo con lo propuesto en la enmienda 15, aunque debe hacer una reserva con relación a la correcta redacción y colocación de cada punto. 
También la enmienda 16 es aceptable; no obstante, es conveniente anteponer el adverbio «sólo» al término «las referencias» , para evitar que hayan ambigüedades con las referencias que figuran en otros actos. 
Creo que ésta es la intención del autor de la enmienda. 
Obviamente, la Comisión admite, en la misma perspectiva, la enmienda 17. 
Acepta asimismo la enmienda 23, a excepción del punto 2: técnicamente el mismo no puede suprimirse porque, en el caso de excepciones respecto a la aplicación de la primera y segunda directiva bancaria, no constarían las definiciones correspondientes a las autoridades competentes ni a los fondos propios. 
Y termino, señor Presidente, volviendo a agradecer sinceramente el informe ampliamente favorable presentado y la oportunidad que se me ha brindado de explicar la posición de la Comisión con respecto a las enmiendas que consideramos inadmisibles y que espero que puedan reexaminarse a la vista de lo que he dicho. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
Marco de actuación para los servicios financieros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0175/99) del Sr. Fayot, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre los servicios financieros: establecimiento de un marco de actuación (COM (98) 0625- C4-0688/98). 
Señor Presidente, señor Comisario, Europa está comprometida en un proceso tendente a crear un mercado interior de servicios financieros. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno dieron un impulso político a dicho proceso en las Cumbres de Cardiff y de Viena, impulso que debe desembocar, en la Cumbre de Colonia, en un informe sobre las medidas necesarias para la realización de un mercado financiero único. 
Espero que el Sr. Comisario Monti continúe- durante todo el ejercicio de esta Comisión- trabajando en el marco de dicho proceso, ya que posee la autoridad y la capacidad para llevarlo a buen término. 
El Sr. Comisario presidió un grupo de alto nivel formado por representantes de los ministros de Hacienda, que acompañaba la reflexión de la Comisión y que acaba de concluir sus trabajos. 
Nosotros esperamos que este método tenga buenos resultados en el ámbito de los Estados miembros. 
Gracias a este informe del Parlamento, y tras las consultas que la Comisión ha efectuado con los profesionales, el Sr. Monti está en condiciones de proponer un catálogo de actuaciones en la Cumbre de Colonia. 
A pesar de las restricciones que la Comisión dimisionaria se ha impuesto en materia de nuevas iniciativas legislativas, considero que, en este ámbito, el trabajo iniciado desde hace bastante tiempo debe concluirse en este Consejo Europeo. 
La presente comunicación de la Comisión se titula: «Establecimiento de un marco de actuación». 
Se trata de un documento muy útil para examinar todas las cuestiones que se plantean con respecto a los servicios financieros. 
Dos palabras, para comenzar, sobre el fundamento teórico de la comunicación. 
Ésta afirma que un mercado financiero, verdaderamente único, permitiría ipso facto una optimización de los recursos de capital y, por lo tanto, una reducción del coste de los capitales para las empresas. 
Esta mayor eficacia desembocaría en un mayor crecimiento y, por tanto, en la creación de puestos de trabajo. 
Permítanme que, a priori, sea más escéptico. 
En efecto, las fusiones y las economías de escala en este sector, la tendencia a los «megabancos» y a las aglutinaciones, los desarrollos tecnológicos tendentes a mejorar la productividad, las presiones sobre el empleo o incluso sobre los actores de dimensiones más regionales, tienen su propia lógica, la cual no coincide necesariamente con el interés general o con los objetivos de empleo. 
Señor Presidente, la comunicación expone las medidas que deben tomarse en el ámbito del mercado único y de los servicios financieros. 
Si realmente se desea avanzar, conviene fijarse prioridades políticas. 
Evidentemente, no es fácil efectuar opciones claras. 
Así, por ejemplo, considero que habría que reajustar la estrategia actual- que hace hincapié en la oferta- a través de una estrategia orientada sobre todo hacia la demanda. 
En efecto, como lo señalan, por ejemplo, las organizaciones de consumidores, la legislación europea vigente en este ámbito privilegia la oferta, mientras que la dimensión de la demanda al servicio de los intereses de los consumidores y de las pequeñas empresas ocupa un lugar poco importante. 
A este respecto, es sorprendente constatar que la introducción del euro, contrariamente a todas las expectativas, no ha mejorado la oferta de servicios financieros transfronterizos, sino que, por el contrario, la ha encarecido. 
Cuando los intercambios comerciales o incluso el consumo transfronterizo se aceleran, vemos claramente que los servicios financieros no acompañan esta nueva realidad o que incluso no se adaptan a ésta, sino que o bien continúan encerrados en su lógica nacional y sectorial, o bien parecen considerar que este sector reviste escaso interés. 
También es posible que esta lógica se base, simplemente, en la obtención fácil de beneficios, en lugar de tener en cuenta el carácter de servicio de interés general que deberían tener los bancos, para toda una serie de consumidores. 
Es cierto que los mercados al por menor merecen nuestro interés particular. 
En lugar de permitir que los consumidores se beneficien de la competencia, la situación actual se caracteriza por la existencia de una gran diversidad de precios respecto a las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios y otros servicios- la comunicación contiene indicaciones muy importantes en este sentido-. 
Pero los mercados al por mayor tienen la misma necesidad de ser impulsados y regulados en el marco comunitario que los mercados al por menor. 
Los ejemplos de los fondos de pensiones y de los mercados de capitales de riesgo lo demuestran. 
La Comisión de Asuntos Económicos subraya en su informe la importancia que reviste para las empresas jóvenes y las empresas innovadoras del sector de las altas tecnologías un mercado europeo de capital de riesgo circulante y eficiente. 
Ahora bien, en este momento comprobamos que casi cada Estado miembro trata de desarrollar sus propios mercados de capitales de riesgo y que ninguno alcanza la masa crítica necesaria para lograr un verdadero despegue en este ámbito. 
Asimismo, hacemos hincapié en la necesidad de crear un mercado único de fondos de pensiones. 
Más allá de la actitud que se pueda adoptar frente a esta forma de seguridad social, es cierto que el envejecimiento de la población crea una formidable demanda, a la que los servicios financieros deberán responder. 
Ahora bien, este sector no podrá desarrollarse sino dentro de un gran mercado interior. 
Para ello es conveniente permitir la inversión de los fondos recaudados en carteras diversificadas e internacionalizadas, respetar los principios de libre elección e impedir cualquier discriminación de origen nacional, ya sea de carácter fiscal o reglamentario. 
De manera general, la Comisión propone ocho puntos de actuación con respecto a los mercados al por mayor, lo cual comprenderá un cuerpo legislativo de nuevos actos, y también será necesario revisar los textos reglamentarios obsoletos o ineficaces. 
Sería interesante conocer, en tal sentido, lo que el Grupo de Alto Nivel ha manifestado. 
¿Se van a sustituir, por ejemplo, las once directivas sobre las actividades bancarias, las ocho directivas sobre servicios de inversión, las veintiuna directivas sobre seguros, así como los textos interpretativos? , ¿y qué tipo de textos los sustituirán? 
¿Se tenderá hacia un corpus destinado a los servicios financieros, o se va a seguir, como se ha hecho en el pasado, acumulando los textos necesarios en función de la evolución del mercado y de los servicios financieros? 
Señor Presidente, una de las cuestiones muy sensibles del sector guarda relación con la supervisión y el control prudencial. 
Esta actividad se basa actualmente en las fronteras y el mercado nacional. 
El debate sobre el control del país de origen con respecto al control en el país de recepción ha impedido hasta ahora una evolución importante hacia sistemas de control europeos o hacia el establecimiento de una autoridad supervisora europea. 
Ahora bien, la difusión de la banca electrónica, de la venta a distancia y del comercio electrónico va a vaciar de contenido las divergencias entre países de origen y países de recepción. 
Desde ahora, la rapidez con la que se efectúan los movimientos de capitales desafía las competencias de las autoridades nacionales de supervisión. 
Por lo tanto, es imprescindible iniciar la reflexión sobre un nuevo tipo de cooperación internacional, y para ello, hay que considerar, por ejemplo, la definición de una norma de la Unión Europea que sirva de base a la nueva reglamentación y al nuevo control prudencial en el seno de la Unión. 
Me doy perfectamente cuenta, señor Presidente, de que se trata de perspectivas a medio plazo o incluso a largo plazo, a la vista de la situación actual. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos se ha preocupado mucho por lograr un alto nivel de protección de los consumidores en relación con el mercado al por menor. 
En este sentido, proponemos que se estudie el nombramiento de un Mediador de la Unión Europea para los servicios financieros en los mercados al por menor, independiente de cualquier institución nacional o comunitaria, así como de cualquier tipo de intereses creados. 
Existen muchas razones que abogan por esta institución. 
No existe actualmente un verdadero procedimiento transfronterizo de reparación y recurso. 
Se desarrollarán productos de dimensión europea. 
Los procedimientos nacionales de reparación y recurso son diversos y a menudo difíciles de entender. 
Desearía añadir que es imprescindible una legislación sobre los intermediarios financieros en el ámbito del crédito al consumo y del crédito hipotecario, así como en el de los seguros, con el fin de proteger a los consumidores en los mercados transfronterizos. 
Lamento que la comisión no haya estado de acuerdo con su ponente en este punto, el cual constituye, en mi opinión, una reivindicación muy concreta y muy importante de los consumidores europeos. 
Señor Presidente, la tarea política es clara: la Comisión debe presentar al Consejo ECOFIN un plan de acción sobre los servicios financieros, y el susodicho Consejo debe someter este plan a la aprobación del Consejo Europeo de Colonia. 
Después de recibir esta bendición- me atrevería a decir- al más alto nivel, tanto la Comisión como el Consejo deberán darse prisa. 
Puedo asegurarles que no será el Parlamento el que retrasará las decisiones necesarias para la aplicación de este mercado único de servicios financieros que, en mayor o menor grado, todos deseamos. 
Señor Presidente, estamos ampliamente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el ponente. 
Con respecto, en primer término, a la necesidad para una Comisión, incluso dimisionaria, de no interrumpir la tarea emprendida, creemos que el hecho de continuar lo que ya se ha comenzado forma parte de la gestión de los asuntos corrientes. 
Esto puede parecer osado con respecto a ciertas definiciones que figuran en los derechos públicos nacionales, pero habida cuenta a la vez de la urgencia que existe y de la presión del Consejo por que se respeten los plazos establecidos- tenemos unos calendarios -, es imprescindible proseguir el trabajo, y nos satisface la petición formulada en este sentido, sobre todo porque tenemos ante nuestra Asamblea a un comisario que ha demostrado que dominaba perfectamente estas cuestiones, que sabía escuchar lo que pide el Parlamento y que tiene autoridad frente a los gobiernos y, concretamente, al Consejo ECOFIN. 
Creo, pues, que se reúnen las condiciones para continuar el trabajo, y si se me permite expresar un deseo personal, éste consiste en que el Sr. Prodi integre al Sr. Monti en su nuevo equipo; ello no haría más que beneficiar tanto a la Comisión como al Parlamento. 
Insistamos en algunos problemas de detalle. 
No tengo exactamente las mismas dudas que el Sr. Fayot sobre el interés que reviste el gran mercado. 
Es verdad que hoy no demuestra demasiado su utilidad. 
¿Por qué? 
Simplemente porque las legislaciones nacionales son aún muy divergentes entre sí, porque todavía se ha armonizado muy poco. 
Lo esencial, en mi opinión, es el control prudencial. 
Sobre este punto hay mucho que decir y que hacer en el plano comunitario, porque la movilidad de activos ha cambiado completamente la naturaleza del control prudencial. 
Antes sólo había bancos, que son lugares en los que se puede circunscribir fácilmente la recomendación, la sanción, etcétera. 
No ocurre lo mismo cuando se trata de títulos que pueden viajar por el mundo entero, ya que ello crea riesgos sistémicos, que la organización actual no permite paliar. 
Razón de más, pues, para concebir en el plano europeo un control prudencial más eficaz que el nuestro. 
Señor Presidente, yo también quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario, que continúa la labor que empezó en este difícil sector de la creación y renovación de la legislación sobre los servicios financieros. 
Me alegro especialmente de que, a pesar del golpe que ha sufrido últimamente la Comisión- aunque el Sr. Comisario está por encima de toda esta historia- no haya cesado de fomentar esta labor tan útil en el sector de los servicios financieros. 
Por una vez voy a estar de acuerdo con mi estimado colega, el Sr. Herman, en cuanto a la utilidad de las grandes bolsas. 
Una de las cosas que esperamos de la moneda única es que una el mercado monetario en Europa y lo lleve a la dimensión del mercado monetario americano, de modo que, de ahí, podamos sacar las inversiones necesarias para aumentar la actividad de la economía europea y absorber una parte del desempleo. 
Por supuesto, las grandes bolsas acarrean también mayores peligros, algunos de los cuales ha subrayado, muy acertadamente, nuestro ponente, cuya labor quisiera alabar. 
Debemos añadir a estos peligros el del choque sistémico que puede conducir incluso al derrumbamiento de las bolsas, y que se debe al exagerado «apalancamiento». 
Señor Presidente, permítame terminar anunciando al Pleno que la semana pasada tuvo lugar un acontecimiento- que considero histórico- en este sector. 
El Parlamento del Canadá, que ha sido el primero de todos los Parlamentos del mundo en hacer esto, se ha pronunciado a favor de introducir un impuesto frente a la especulación, el famoso «Tobin tax». 
Creo que es algo a lo que también nosotros deberemos hacer frente poco a poco. 
Señor Presidente, deseo, en primer lugar, congratularme con el ponente, Sr. Fayot, por su extraordinario trabajo en torno este informe tan complejo. 
Agradezco tanto al Sr. Fayot como a los Sres. Herman y Katiforis sus generosas muestras de simpatía: obviamente, estimo mucho sus palabras. 
La Comisión se felicita de que el informe apoye el marco de actuación. 
El marco de actuación explica lo que consideramos que debe hacerse. 
El informe del Sr. Fayot comparte en su conjunto nuestro examen y agradezco el apoyo mostrado, en particular en lo que se refiere a la urgencia de paliar algunos vacíos legales, por ejemplo, en materia de sistemas complementarios de pensiones. 
La Comisión está en total acuerdo con el señor ponente respecto a que, no obstante los progresos alcanzados con miras a la realización de un mercado único de los servicios financieros, las ventas transfronterizas de productos financieros al por menor a los consumidores siguen siendo más la excepción que la regla dentro de la Unión Europea y continúan existiendo todavía disparidades de precio muy considerables entre los Estados miembros. 
Yo discrepo ligeramente, al menos en la forma expositiva, del Sr. Fayot, en el sentido de que creo que, en realidad, debemos considerar tanto la economía de la oferta como la economía de la demanda que están estrechamente relacionadas entre sí. 
Con todo, creo que las preocupaciones que expresa han de compartirse plenamente. 
La política de la Unión debería basarse en un enfoque pragmático centrado en tres sectores clave: primero, es vital que a los compradores de servicios financieros se les facilite una información clara y comprensible; segundo, los procedimientos de reclamación son fundamentales de cara a la confianza de los consumidores. 
Al respecto, el ponente sugiere examinar los aspectos favorables a la institución de un Ombudsman, o Defensor, de la Unión Europea para los servicios financieros; yo propondría ir todavía más lejos y examinar más ampliamente las medidas de reclamación de que disponen actualmente los usuarios de servicios financieros en toda la Unión. 
En tercer lugar, la armonización y el reconocimiento mutuo están estrechamente ligados. 
Si todos los Estados miembros disponen del mismo grado de protección mínima, se convierte en más fácil aceptar y reconocer mutuamente la protección concedida en otros Estados. 
El señor ponente propone la creación de un sistema de pagos al por menor integrado. 
Ya está en funcionamiento una infraestructura plenamente eficaz e integrada para las transacciones al por mayor e interbancarias, mientras que los avances de las infraestructuras para la realización de pagos transfronterizos de pequeños importes no han sido parejos. 
Coincido con el ponente en que es absolutamente necesario impulsar los esfuerzos de las entidades financieras y de las administraciones nacionales para superar estos obstáculos. 
Sin embargo, no es posible crear por ley un área financiera única al por menor en que las transacciones bancarias básicas sean económicas y eficaces, tal como ocurre en los sistemas nacionales, aunque el marco de actuación muestra cómo se puede llevar adelante este proceso. 
En cuanto a las normas prudenciales, respecto a las cuales el ponente propone que la Comisión presente un informe sobre la eficacia de las normas actualmente en vigor, creo que las crisis recientes y la forma en que la Unión Europea ha hecho frente en general a estas crisis, demuestran la bondad sustancial de estas normas prudenciales. 
En consecuencia, preferiría que nos centráramos en la manera de integrarlas y mejorarlas, más que en un informe, por así decirlo, retrospectivo. 
El ritmo de los cambios en los mercados y en las intermediaciones financieras ha puesto de manifiesto los posibles límites de un enfoque sectorial y este fenómeno aumenta con el proceso de integración financiera global. 
Concuerdo con el ponente en que para las autoridades de reglamentación y de supervisión, dichos avances representan nuevos retos que pueden afrontarse a través de una cooperación y coordinación eficaces entre las autoridades financieras de reglamentación y de supervisión, con un claro reparto de la responsabilidad de supervisión y con reglamentos financieros sólidos, necesarios para gestionar el riesgo institucional global, así como el riesgo de los sistemas. 
Quisiera resaltar que, en lo que se refiere a la posibilidad de una supervisión mejor de los servicios financieros en el ámbito de la Unión Europea, nuestra atención se debería centrar en los grupos financieros complejos. 
Por último, ¿de qué forma la Comisión, el Parlamento y el Consejo pueden llevar adelante este proceso? 
El marco de actuación está dirigido al Parlamento Europeo. 
El Parlamento desempeñará una función clave en el proceso de modernización del marco de los servicios financieros, sobre la base de los resultados conseguidos por el grupo en que participan los representantes de los ministros de Finanzas y del informe del Parlamento. 
Estamos trabajando con vistas al Consejo ECOFIN del 25 de mayo y debo decir que sus palabras nos han servido de mucho aliento de cara proseguir este trabajo sin detenernos. 
Finalmente, quiero decir que, en lo que se refiere a las enmiendas propuestas por el Sr. Fayot, estoy conforme con las mismas a excepción de tres de ellas, o sea, las enmiendas 2, 5 y 7 respecto a las cuales ya he tenido ocasión de expresar al ponente las razones de mis perplejidades parciales. 
Además de esto, hace falta alguna aclaración respecto a la enmienda 11. 
Quisiera terminar diciendo que, con relación al amplio número de directivas en el sector- tiene razón el Sr. Fayot- en realidad la gran parte de las directivas existentes son directivas que enmiendan directivas anteriores por lo que, en realidad, en lugar de 22 directivas bancarias en vigor, de hecho, sólo hay 6. De todos modos, estamos trabajando a fin de refundir estas seis directivas en una sola y, para darles una idea, al objeto de reducir el conjunto de la legislación bancaria en la Unión Europea de 360 a 80 páginas. 
Tratamos de hacer lo mismo para los seguros y los títulos. 
Por último, coincido con el Sr. Herman, a quien vuelvo a darle las gracias, en el punto que atañe a la securitisation. 
Vamos a presentar unas propuestas que aborden el aspecto más amplio de los mercados de capitales siguiendo de cerca el trabajo en curso en Basilea. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo ruego que disculpen tanto a la Sra. Bennasar Tous que no puede participar en el debate de este informe que ha elaborado, como a las muchas colegas que participaron en el debate en comisión y que, hoy, asisten en París a una conferencia internacional. 
Siento que la Sra. Benassar Tous no pueda intervenir sobre todo porque hubiéramos deseado- o al menos yo hubiera deseado-agradecerle sincera y personalmente su trabajo, ya que ha conseguido que se aprobara este programa manteniendo un difícil equilibrio entre el espíritu y el significado político del mismo y la limitación de un fundamento jurídico que, lamentablemente, consideramos muy restrictivo respecto a los objetivos del propio programa. 
El informe que hoy se presenta es uno de esos informes de los que los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer se sientes orgullosos, porque efectivamente se basa en un amplio consenso y en la colaboración de todos sus miembros. 
Cierto que el cambio del fundamento jurídico por el Consejo- cuando el primer proyecto de informe ya estaba listo- ha complicado considerablemente nuestros trabajos, no solo por el procedimiento, sino por el contenido. 
Esto fue motivo de angustia, dado que no hay que olvidar que, después de tres años de trabajo, el programa DAPHNE necesitaba, por una parte, un fundamento jurídico sólido y concreto antes del 1 de enero del año 2000 y, por otra, el fundamento jurídico que nos proponían no podía desmentir la línea política que lo había originado. 
El informe que hemos elaborado y las enmiendas que presentamos son el reflejo del debate en cuya virtud este Pleno aprobó, el pasado mes de marzo, una resolución sobre la violencia contra las mujeres. 
A nuestro entender, las enmiendas son, por tanto, constitutivas del mismo programa. 
En primer lugar figura el concepto de salud pública que hemos interpretado de forma amplia de conformidad con la definición de la Organización Mundial de la Salud- la salud es un estado de bienestar físico, mental y social total- en línea, por tanto, también con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como el concepto mismo de violencia que abarca los aspectos citados: la violencia no sólo es una violación de la integridad psíquica y física de los que la sufren, sino que constituye un grave perjuicio social que perjudica, valga la redundancia, a todos, es decir, a la víctima, los agresores y los ciudadanos. 
Éste ha sido el segundo punto. 
Aunque en el ámbito de este fundamento jurídico que, vuelvo a repetir, nos parece rígido y demasiado restrictivo, la violencia es ante todo, y lo reiteramos enérgicamente, una violación de los derechos humanos, motivo por el cual la acción contra la violencia deben ejecutarse a partir de un planteamiento multidisciplinario. 
Por eso, no podemos soslayar algunos derechos violados, no podemos admitir el abuso y la violencia en los hogares, aunque no se aborde, y nuestras enmiendas tratan de contemplar la violencia en todas sus facetas. 
El Programa DAPHNE nos ha demostrado que posee un gran valor añadido en la lucha contra estos problemas, sobre todo porque ha conseguido implicar a las organizaciones no gubernamentales para que trabajaran junto con las Instituciones. 
Reiteramos que es indispensable una conexión y una coordinación entre los distintos programas que se interesan por estos problemas, en particular entre el programa STOP y el programa DAPHNE. 
Como ven, hemos tratado de elaborar una amplia estrategia, porque una Europa que es capaz de crear un mercado único y una moneda común debe ser capaz de encontrar los modos y las formas para hacer frente conjuntamente a un problema de este envergadura. 
En consecuencia, tenemos la oportunidad- que también es un reto- de evaluar los medios más eficaces y de definir unas acciones a medio y largo plazo. 
El programa DAPHNE pretende precisamente esto: tratar de que colaboren todas las partes implicadas, desde los medios de comunicación hasta las autoridades locales, regionales y nacionales, así como las organizaciones internacionales. 
Nos sirve de algún consuelo el hecho de que el programa verá la luz bajo los auspicios del Tratado de Amsterdam y que el nuevo artículo 152 sobre la salud pública permite a la Comunidad Europea una acción más amplia, más enérgica y, esperamos, también más sinérgica en el ámbito de la prevención y de la lucha contra las enfermedades, así como de la prevención de la violencia. 
Las cifras que figuran en el informe nos hacen estremecer. 
Deseo subrayar que es necesario pedir con firmeza a la Comisión y al Consejo que sea aceptado el contenido de las enmiendas, al objeto de mantener el espíritu del programa. 
Por último, quisiera dar las gracias al señor Comisario Liikanen, aquí presente, y a la señora Comisaria Gradin por su ayuda e iniciativa en este campo. 
Muchas gracias, señora Colombo Svevo. 
Señorías, debo rectificar una información que les había dado con anterioridad. Es la siguiente: la nota que se me había hecho llegar sobre el informe del Sr. Fayot anunciaba que la votación tendría lugar esta tarde y ahora he sido informado de que dicha votación tendrá lugar en el periodo parcial de sesiones de mayo. 
Señor Presidente, hablo realmente en nombre de mi colega, la Sra. Zimmermann que desgraciadamente hoy no puede estar con nosotros. 
En primer lugar y antes que nada, quisiera agradecer a la ponente suplente, la Sra. Colombo Svevo, el duro trabajo realizado y la disposición que ha mostrado para recoger las enmiendas y sugerencias de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Desde hace años, el Parlamento desempeña un papel prominente en la lucha contra la violencia mediante informes parlamentarios, mediante la iniciativa de realizar una campaña contra la violencia en relación con las mujeres. Pero sobre todo, mediante líneas presupuestarias especiales con las que podemos apoyar sobre el terreno las muy interesantes iniciativas de las numerosas ONG. 
Estábamos, por tanto, particularmente satisfechos al constatar que la Comisión iniciaría un plan plurianual, una iniciativa plurianual, DAPHNE. 
Debo decir, señor Comisario, que la modificación de la base jurídica que ha establecido el grupo de trabajo del Consejo, con la que sin mucho entusiasmo y con mucho escepticismo hemos tenido que conformarnos, amenaza con poner fin a una parte considerable de nuestra alegría y amenaza, así mismo, con aguarnos la fiesta. 
Como Maria Colombo Svevo acaba de decir, la violencia contra los niños y las mujeres no constituye solamente un riesgo para su salud; es una verdadera violación de sus derechos humanos fundamentales. 
Es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz, y no puede abordarse solamente mediante la protección de las víctimas. Se debe prevenir y luchar contra los autores. 
La lucha contra la violencia es particularmente compleja. Supone la colaboración de la policía y la justicia, así como una posible modificación de la legislación, y la información y sensibilización, no sólo de la opinión pública, sino también de los servicios oficiales implicados. 
Se trata de refugios para las mujeres, medidas especiales para ayudar a las víctimas. Se trata de tantas cosas que verdaderamente es necesario un enfoque multidisciplinar. 
Nuestra Comisión ha presentado sus enmiendas de acuerdo con esta filosofía. Agradecemos de nuevo a la ponente que haya aceptado tantas enmiendas. 
La única ventaja, si así puede decirse, de la nueva base jurídica es que el Parlamento decide mediante codecisión. 
Espero que el Consejo entienda este mensaje y, por tanto, escuche tanto como sea posible nuestros deseos. 
Señorías, interrumpimos en este punto el debate del informe de la Sra. Bennasar Tous para proceder al debate de actualidad. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0380/99 del diputado Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0381/99 de los diputados Wijsenbeek y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0396/99 de los diputados Florio y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0401/99 de los diputados Simpson, Cot y Bontempi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0406/99 de los diputados Moreau y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0414/99 de los diputados Leperre-Verrier y Dell ' Alba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0417/99 de los diputados Cohn-Bendit y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el accidente en el túnel del Mont Blanc. 
Señor Presidente, con respecto al drama humano del Mont Blanc, en sólo un minuto, no mencionaré los errores humanos, éstos competen a la justicia. 
Desearía, en cambio, hacer referencia a las responsabilidades políticas, ya que éstas nos conciernen a todos. 
El tráfico por los túneles por carretera transalpinos se ha multiplicado por diez en quince años. 
Las sociedades explotadoras han sacado provecho de este tesoro sin por ello invertir en seguridad, sin siquiera tomar medidas elementales de formación del personal. 
Las colectividades locales, los ministerios de Hacienda han fomentado esta deriva, felices de cobrar unos ingresos suplementarios sin que implicasen gastos. 
Indudablemente, se pensaba en soluciones alternativas: el proyecto de transporte combinado por tren y carretera Lyon-Turín, inscrito en el marco de las grandes obras del Plan Delors. 
Esta prioridad que se había manifestado y que se vuelve a descubrir hoy al más alto nivel, nunca ha sido una prioridad real. 
Se han preferido otras realizaciones, más espectaculares, más simbólicas, cerca de este lugar. 
Pero, sobre todo, el lobby de carreteras estaba vigilante, hasta el punto de oponerse a las medidas de seguridad tomadas estos días por el ministro francés de Transportes, medidas que hacen perder horas preciosas a los semirremolques que cubren el itinerario Londres-Milán o Amsterdam-Milán, ya que el tiempo es oro, como bien se sabe. 
La seguridad no tiene precio. 
Sí, tiene un precio, sin duda excesivo, salvo cuando el drama está presente. 
Señor Presidente, Señorías, querría expresar ante todo, en nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, nuestro dolor ante la amplitud de esta catástrofe en el túnel del Mont Blanc, que ha causado la muerte de 41 personas. 
Deseo en primer término rendir homenaje a las víctimas, a sus familias y al coraje de los equipos de salvamento. 
Pero en un Pleno parlamentario no podemos contentarnos con hacer declaraciones contra esta catástrofe. 
Debemos contribuir a responder a las preguntas: ¿cómo ha sido posible, cómo se puede prevenir un drama de este género? 
Las cifras son esclarecedoras. 
En treinta años, el número de vehículos pesados que utilizaban este túnel del Mont Blanc ha aumentado ocho veces más rápido que el tráfico de automóviles. 
Una sexta parte de las exportaciones italianas atraviesa este túnel. 
Y un informe de la Comisión vaticina que en diez años el tráfico francoitaliano se duplicará. 
¿Se han analizado realmente las consecuencias respecto a la seguridad de este aumento vertiginoso del tráfico? 
¿Constituye la seguridad una prioridad para la Comisión, cuando ésta presiona a países como Suiza para que desmantele sus restricciones del trasporte por carretera o cuando impone la competencia y una liberalización en este sector, en detrimento del transporte ferroviario, a pesar de que este último sea más seguro y ecológico? 
En mi opinión, el drama del túnel del Mont Blanc requiere, por el contrario, dos tipos de medidas. 
Hay que efectuar un diagnóstico urgente sobre la seguridad en todos los túneles y, hasta tanto no se conozcan las conclusiones de la investigación, hay que tomar medidas de seguridad y de limitación del ritmo de circulación de los vehículos pesados. 
Pero a medio y a largo plazo, ¿la Comisión propondrá una acción perseverante para aumentar la seguridad, actuando sobre las condiciones y los modos de transporte de mercancías, como se propone en la resolución común? 
Más allá de esta resolución, insistiré en cuatro puntos: el mantenimiento de las restricciones respecto a la circulación de vehículos pesados y su armonización sobre la base de las restricciones actualmente más extendidas; en segundo lugar, una acción más enérgica en cuanto a la reducción de las horas de trabajo y de conducción de los camioneros; en tercer lugar, la consolidación de una prioridad del transporte ferroviario de flete en las zonas de montaña y en las zonas de riesgo; en cuarto lugar, la necesidad de emprender una acción decidida con miras a la cooperación de las sociedades ferroviarias a fin de armonizar las normas, los materiales y la formación del personal. 
Señorías, hoy todos expresamos legítimamente nuestro dolor, que debe conducir a la adopción de medidas concretas y reglamentarias para aumentar la seguridad de los transportes. 
Señor Presidente, habrá sido necesaria la muerte de cuarenta personas en el túnel del Mont Blanc, en terribles circunstancias, para que las autoridades europeas tomen conciencia de las consecuencias del desarrollo incontrolado del transporte por carretera en las zonas de montaña. 
Sin embargo, no es porque no se haya insistido en ello, incluso en este recinto, pero la razón no siempre triunfa cuando se trata del tránsito alpino. 
Así pues, si hoy debemos dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas planteados, es decir, indemnizar a las familias de las víctimas y darles un apoyo moral y material, así como canalizar la afluencia de tráfico que, debido al cierre del túnel del Mont Blanc, converge hacia el túnel del Fréjus; también hay que considerar la cuestión globalmente. 
Es evidente que los resultados de las investigaciones esclarecerán las circunstancias del drama, y en este sentido, debemos felicitar al Gobierno francés por haber actuado con rapidez y por haber hecho públicos los primeros resultados de las investigaciones. 
Sin embargo, es imprescindible identificar las responsabilidades, reforzar las medidas de seguridad en todos los túneles por carretera, y no sólo en el túnel del Fréjus. 
Pero hay que ir más lejos, ya que, quiérase o no, el hecho de hacer subir columnas de camiones de cuarenta toneladas a más de 1.200 metros de altitud es una aberración. 
El paso indispensable de los Alpes supone el desarrollo del transporte combinado por tren y carretera, solución sin duda onerosa, pero que se justifica por el beneficio que se obtendrá desde el punto de vista humano y medioambiental. 
Los representantes locales, las asociaciones de protección del emplazamiento y sus habitantes, no han esperado a que ocurrieran estos dramas para promover la cooperación transfronteriza y dar la voz de alarma. 
Sin duda, hubiéramos debido escucharles antes. Ello habría ahorrado muchas víctimas. 
Señor Presidente, tal como se ha hecho en la resolución común, los Verdes desean expresar su más sentido pésame a los familiares de las víctimas. 
Estamos convencidos de que, en este momento, no es oportuno sacar conclusiones, ya que las investigaciones están todavía en curso, sin embargo, de seguro que podemos hacer algunas consideraciones. 
La primera consideración es que ese túnel no disponía de una galería lateral de servicio y que, por tanto, no cumplía los criterios de seguridad adecuados para el personal que lo cruzaba. 
La otra cuestión que podemos poner en evidencia es que los sistemas de rescate eran inadecuados y que, a principios de este año, los bomberos de Alta Saboya ya advirtieron sobre este hecho. 
La tercera observación es que, respecto a la decisión originaria de hacer construir este túnel para garantizar el tráfico a través de los Alpes, el enorme aumento del tráfico pesado lo ha convertido en una estructura cuyas dimensiones se han quedado rigurosamente estrechas. 
Esto nos obliga a reiterar que, en lo que se refiere al sistema de transportes, la elección prioritaria de la Unión Europea debe ser la de trasladar gran parte del tráfico pesado de la carretera al ferrocarril. 
Después, y únicamente en este contexto, será oportuno establecer criterios de seguridad no solo para los túneles de carreteras, sino también para los ferroviarios. 
Hemos visto que existen problemas de seguridad también en el ámbito de los túneles ferroviarios. 
El túnel que atraviesa el canal de la Mancha ha demostrado en múltiples ocasiones que, pese a ser muy moderno, adolece de enormes dificultades. 
Creo que ha de revisarse la política global de los grandes túneles en la lógica de los túneles de base. 
Debe revisarse la lógica de la seguridad. 
La elección prioritaria de la Unión Europea debe ser la de realizar inversiones adecuadas a fin de garantizar la seguridad vial. 
En este contexto, pensamos que la política de los túneles debe ser modificada oportunamente. 
Señor Presidente, mi Grupo comparte plenamente este texto en cuya elaboración han participado los diputados de todos los Grupos políticos. 
Quiero subrayar que, entre otras cosas, en el texto se pide a la Comisión que elabore una normativa europea, hoy por hoy, lamentablemente inexistente, que garantice elevados estándares de seguridad en los túneles de carreteras y ferroviarios, y al Consejo que adopte sin más demora la propuesta de directiva sobre los controles de los vehículos comerciales. 
Conviene señalar que la resolución pide asimismo una cooperación transfronteriza más estrecha entre los equipos de protección civil, reconoce en la cooperación con las autoridades suizas la solución deseable para afrontar a corto plazo los problemas causados por el cierre del túnel del Mont Blanc, e invita a todos los Estados miembros a que consideren la necesidad de equipar los túneles, que todavía carecen de ella, con una galería de servicio para permitir una evacuación rápida en caso de accidente, una galería de servicio que, como sabemos, desgraciadamente, no existía en este caso. 
Señorías, quisiera subrayar, no obstante, la necesidad de que la Comisión elabore un programa de ayudas en favor de las poblaciones italianas y francesas que sufrirán considerables daños y perjuicios a causa del cierre del túnel del Mont Blanc, tanto por el excesivo tráfico de otras arterias receptoras de un exceso de tránsito, como por la escasez de tráfico y de turismo debida al cierre del túnel del Mont Blanc. 
Creo asimismo que es importante que el señor Comisario Kinnock realice una inspección tanto en el Mont Blanc como en Fréjus, para darse cuenta personalmente de la gravedad de la situación que se ha creado. 
En cualquier caso, es muy importante que el túnel, en el respeto de la condiciones de seguridad, vuelva a abrirse lo antes posible. 
Señor Presidente, lamento, por supuesto, lo que ha sucedido y transmito, en nombre de mi Grupo, mis condolencias a las víctimas. 
No obstante, debo decir que me siento desolado tras la intervención de los dos oradores anteriores. 
Han empezado haciendo un llamamiento para que desplacemos el tráfico de la carretera al ferrocarril y, ¿qué sucede? 
Especialmente Italia y Austria no hacen otra cosa que poner trabas, incluso todavía no han puesto la primera piedra. No han hecho en absoluto el trabajo que debían realizar. 
Esto implica que demasiados camiones tienen que recorrer las carreteras y los túneles. 
Ahora pedimos colaboración a los suizos. Han empezado los trabajos del Luchtberg, han empezado con el túnel de San Gotardo y ahora tenemos que vivir de su caridad. 
No obstante, debíamos haber iniciado nosotros mismos la labor. No se debe pregonar: el tráfico debe salir de la carretera y no hacer nada y oponerse a cada nueva infraestructura y a cada nueva liberalización del ferrocarril. 
Los Verdes no pueden ir así a las elecciones. 
Señor Presidente, tras expresar mi condolencia por las víctimas del accidente y mi emoción por el valor de los equipos de rescate, quisiera detenerme en un punto que complementa lo manifestado por el Sr. Florio y que despierta las preocupaciones de las entidades locales y de los operadores económicos de las regiones de Saboya y del Valle de Aosta. 
En particular, tras el cierre del túnel, se están multiplicando las cancelaciones de reservas hoteleras en el Valle de Aosta. 
Por tanto, existe también un aspecto económico, relacionado con el turismo, sumamente importante para esta región, que deberá ser tomado en cuenta. 
Puedo anticipar que los representantes de las provincias implicadas se reunirán en las próximas semanas para valorar, también teniendo en cuenta nuestro debate, qué nuevas medidas pueden adoptarse tanto para reorganizar el tráfico como para paliar el problema del turismo. 
Quisiera pedir a la Comisión que, en el ámbito de sus competencias, obviamente, preste atención también a estos aspectos ligados al turismo que es vital para esas regiones. 
Señor Presidente, Señorías, la tragedia del Mont Blanc exige, además de lo que se ha dicho, una aclaración de la aplicación de los programas de la Unión Europea. 
La Unión Europea nace sobre la base de la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 
Ahora bien, la libre circulación de mercancías y personas no puede sino ser, precisamente porque es libre, también y ante todo una circulación segura. 
En consecuencia, es preciso adoptar todos los actos necesarios, útiles y oportunos y deplorar que esto no se haya hecho antes. 
Igualmente, hablamos muchas veces de las regiones transfronterizas, tenemos programas para las zonas fronterizas, estamos interesados en crear una Europa de las regiones. 
Está claro que no podemos aceptar episodios de este tipo que están en conflicto con las lógicas de la Unión Europea. 
La Unión Europea, con su libre circulación de personas, ha incrementado la intensidad de la circulación; la Unión Europea debe poner en marcha y conseguir que se cumplan los programas a fin de que la circulación sea libre y, repito, segura. 
Señor Presidente, antes que nada queremos rendir homenaje a las víctimas y expresar nuestro pésame a sus familiares. 
La publicación del primer informe de los expertos sobre la tragedia del túnel del Mont Blanc ha añadido algo de farsa a una tragedia que ha costado la vida a más de 40 personas- éste es el balance, aún provisional, de víctimas- y ha abierto el debate sobre las responsabilidades que las autoridades italianas y francesas se pasan de unas a otras con excusas absurdas e injustificables. 
Nadie nos ha dicho todavía dónde están las cintas de video que registraban el tráfico en el túnel y que hasta la fecha ha sido imposible encontrar. 
Nadie nos ha dicho si es verdad que el camión que entró por la boca francesa ya estaba en llamas a la entrada del túnel, y nos entretenemos en calcular una pequeña diferencia de minutos, uno o dos, entre la intervención francesa y la italiana. 
Leemos que las autoridades italianas calcularon que ese día el viento soplaba en dirección Italia-Francia, hecho que impidió insuflar aire frío. 
Leemos, en cambio, que las autoridades francesas denuncian la falta de equipos de rescate italianos en la entrada del túnel y el hecho de que las ayudas tenían que llegar, en caso de accidente, incluso de Aosta. 
Nosotros decimos: ¡Basta! 
Y reiteramos que la seguridad en el sector de los transportes debe ser una prioridad en la política europea de transportes y, por tanto, pedimos, como hice en una pregunta a la Comisión, que la propia Comisión elabore a corto plazo, mejor dicho, urgentemente una directiva sobre los sistemas de seguridad obligatorios para los túneles y las galerías de carreteras y subrayamos la importancia fundamental de una directiva que establezca los protocolos y controles en carretera de la fiabilidad de los vehículos comerciales que circulan por las carreteras de Europa. 
Señor Presidente, existen dramas que podrían evitarse, y el ocurrido en el túnel del Mont Blanc habría podido ser uno de ellos. 
La justicia se pronunciará, evidentemente, sobre las causas. 
Deseo dar mi apoyo a los familiares de las víctimas y también a las autoridades locales del valle de Chamonix, al alcalde de Chamonix, que, desgraciadamente, ha conocido numerosas tragedias estos últimos meses. 
Sé que las autoridades del valle de Chamonix han denunciado en muchas ocasiones el paso de miles de camiones por este valle estrecho y por este túnel, que, evidentemente, no se había construido para un tráfico tan importante. 
De este drama, que se habría podido evitar, debemos sacar las consecuencias y ejercer presiones no sólo frente a usted, señor Comisario, sino también frente al Consejo, para que por fin se desarrolle una verdadera política «ferrocarril-carretera» en el sector de los transportes de mercancías, y ello tanto para las zonas difíciles como para el conjunto del territorio nacional. 
Señor Presidente, aunque intervengo en último lugar, deseo manifestar mi solidaridad con los familiares de las víctimas y, evidentemente, la esperanza de que una investigación seria arroje luz sobre las responsabilidades de este accidente. 
Es necesario, sin embargo, mirar hacia delante y, en este sentido, quisiera hacer dos propuestas, mejor dicho, tres. 
Primera, pedir la aplicación de las normas en materia de transporte de mercancías peligrosas en las que se ha hecho hincapié con reiteración, también en esta legislatura, en la Comisión de Transportes y Turismo. 
La segunda propuesta es reforzar la orientación de trasladar las mercancías peligrosas de la carretera a los ferrocarriles- para emplear una jerga muy manida y, no obstante, jamás aplicada lo suficiente- y, en consecuencia, ofrecer nuevos incentivos al transporte combinado. 
Se ha hablado de Suiza. 
Estamos todos de acuerdo con que hay que pedir a este país un acuerdo provisional para tratar de solucionar el problema de los puertos alpinos; sin embargo, debemos recordar las características viarias de Suiza, un auténtico queso gruyer con el túnel del San Gotardo de 17 kilómetros y 3 metros más estrecho que el del Mont Blanc. 
Confiemos en que esta solución nos ofrezca las suficientes condiciones de seguridad. 
Señor Presidente, Señorías, desearía ante todo expresar, al igual que mis colegas, en nombre del Grupo del PPE, mi tristeza, mi compasión y mi solidaridad para con los familiares de las víctimas de la tragedia del Mont Blanc. 
Desearía, también, saludar el valor y el compromiso de los servicios de auxilio, que han trabajado en condiciones particularmente difíciles. 
El accidente ocurrido el pasado 24 de marzo plantea de una manera cruel el problema de la seguridad en el ámbito del transporte. 
Este problema constituye una de las prioridades de la Unión Europea, de lo que no podemos menos que felicitarnos. 
Pero con respecto a las conclusiones de la investigación iniciada por las autoridades francesas, será conveniente adoptar algunas medidas específicas, en particular tratándose de la seguridad de los grandes equipamientos y de las infraestructuras de transporte. 
Por eso pedimos a la Comisión que elabore un informe sobre la base de las conclusiones de la comisión de investigación, informe que debe ser acompañado por propuestas, concretamente en lo concerniente a la armonización de los dispositivos de seguridad. 
Esta tragedia ilustra, además, por si fuera necesario, la absoluta necesidad de controlar la afluencia de circulación por carretera- en especial de los vehículos pesados -, de promover el tráfico ferroviario y de establecer las normas de funcionamiento que garanticen la máxima seguridad en el seno de un mercado europeo de transportes suficientemente diversificado. 
Señor Presidente, también yo quiero empezar transmitiendo, en nombre de la Comisión, nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas de este terrible accidente y, a la vez, alabando y admirando la valiente intervención de los servicios de emergencia tras el accidente. También han tenido que lamentar víctimas entre sus miembros. 
En tanto no se conozcan todos los hechos en torno al accidente y sus causas, no sería sensato que nos pronunciáramos sobre la forma en que semejante catástrofe puede prevenirse en el futuro. 
De ahí que la Comisión esté a la espera de los resultados de la investigación y examine, conforme a éstos, qué medidas podrían adoptarse en el ámbito europeo para mejorar la seguridad en los túneles. 
No obstante, quisiera aprovechar esta oportunidad para poner al Parlamento Europeo al corriente de las actuales actividades de la Comisión que pueden contribuir a limitar en general el riesgo en los túneles. 
La Comisión ha impulsado una legislación amplia relativa a las normas para vehículos, de las que también forman parte normas mínimas sobre la inflamabilidad de los vehículos de motor, como parte de su programa legislativo para la homologación UE de los vehículos de motor. 
Además de esto, la Dirección General de Transportes, DG VII, financia en este momento, junto con la OCDE, un estudio en el que se analizan los riesgos del transporte de sustancias peligrosas por carretera en los túneles. 
La Comisión ya había decidido que se realizara un estudio sobre la seguridad de los túneles dentro del quinto programa marco de investigación y desarrollo. 
Específicamente, en relación con el túnel del Mont Blanc, la Comisión tiene previsto financiar las mejoras del túnel en el marco de las redes transeuropeas. 
Este proyecto tiene por objeto entre otras cosas, modernizar los aparatos de señalización de incidentes en el túnel del Mont Blanc y la sala de control por una cuantía total de 3, 7 millones de euros. 
El cierre de esta importante arteria de circulación dará lugar, por supuesto, a un ligero trastorno y congestión. 
Las consecuencias serán, sin embargo, las mismas para los automovilistas que para los camioneros. 
El tráfico de camiones se verá más afectado. 
Anualmente, alrededor de 700.000 camiones atraviesan el túnel del Mont Blanc. 
De ahí que tengan que encontrarse rutas alternativas o modalidades de transporte alternativas. 
La alternativa lógica para el túnel del Mont Blanc es el túnel Fréjus en el sur. 
La Comisión espera que el túnel de Fréjus pueda absorber una parte importante del tráfico de camiones del túnel del Mont Blanc, a pesar de las nuevas limitaciones para potenciar la seguridad. 
Además, los camiones pueden utilizar los pasos fronterizos entre Francia e Italia que están todavía más al sur. 
En el caso de los camiones de menos de 28 toneladas existen posibilidades ilimitadas para atravesar Suiza. 
Éstas son las rutas alternativas en cuanto a la carretera. 
La otra alternativa es sustituir el tráfico de camiones por otra modalidad de transporte. 
El transporte ferroviario y el transporte combinado deben aprovechar la oportunidad que les brinda el cierre del túnel del Mont Blanc para demostrar sus posibilidades. 
El transporte por ferrocarril deberá mostrar qué es capaz de hacer con su material e infraestructuras actuales. 
No está claro por el momento qué capacidad de carga extra podrá ofrecer el ferrocarril en la ruta de los Alpes. 
No obstante, la Comisión espera que los ferrocarriles consideren las posibilidades comerciales. 
Para concluir, la Comisión reconoce que se deben extraer conclusiones de este accidente para, así, reducir al máximo el riesgo de que algo semejante pueda volver a suceder. 
No obstante, la Comisión no se dejará llevar por reacciones apresuradas con el pretexto de mejorar la seguridad del transporte. 
En lo que a las consecuencias del cierre del túnel del Mont Blanc se refiere, la Comisión empleará todos los medios dentro del ámbito de sus limitadas competencias para procurar que el desarrollo del tráfico no se vea seriamente alterado. 
Así mismo, nos parece demasiado prematuro pronosticar un caos en el transporte y la Comisión insiste, en lo que a eso respecta, en mantener la cabeza fría y seguir la situación a fin de determinar si el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril no pueden resolver por sí mismos los problemas. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0383/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0395/99 de las diputadas Maij-Weggen y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0397/99 de los diputados Barros Moura y Marinho, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0405/99 de los diputados Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0413/99 de los diputados Dupuis y Maes, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0415/99 de los diputados Hautala, Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la situación en Indonesia y en Timor Oriental. 
Señor Presidente, señor Comisario, ahora, cuando todo el mundo sabe dónde está Timor Oriental, el país islámico más grande del mundo, Indonesia, se está desintegrando. 
Basta con que les mencione los nombres de Ambón, Madura, Atjeh y Kalimantan. 
De la misma manera, el estado indonesio probablemente se convertirá pronto en un campo de batalla. 
Las elecciones de junio / julio que viene son cruciales. 
Creo que, si todo sale bien, estas elecciones y su buen desarrollo podrán sentar las bases de otro tipo de Indonesia federal. 
De ahí que opine que la Unión Europea y, por supuesto, también las Naciones Unidas, deben hacer todo lo posible por que estas elecciones se desarrollen, en efecto, de forma democrática. 
Sencillamente, eso costará dinero y algunas energías. 
No permitamos, en nombre del cielo, que esa rica y grande Insulindia se convierta en un punto negro en el Pacífico. 
Ésta no es una buena señal de cara a las elecciones del 7 de junio. 
Aunque los problemas se concentran en el archipiélago de las Molucas y en Timor Oriental, también se producen disturbios en otras regiones como Irian Jaja, Kalimantan y Sumatra del Norte. 
La táctica seguida por el Gobierno indonesio durante los pasados años, consistente en diseminar por toda Indonesia a los habitantes de Java en tanto grupo dominante, parece ahora haber sido un desastre. 
Eso no se le puede reprochar, por supuesto, a los ciudadanos de Java, pero se han convertido en peones de un proyecto que cuenta con un doble objetivo. Por una parte, combatir la pobreza de Java y, por otra, debilitar la identidad de determinados grupos de islas. 
Además de eso, todavía existe la enorme problemática de Timor, que se ha agravado de nuevo y que ha conducido incluso a carnicerías en Liquiçá. 
Esto es realmente muy lamentable porque se habían conseguido compromisos para mejorar la situación de Timor. 
Hacemos realmente un llamamiento a la Comisión Europea para que presione a Indonesia a fin de conseguir que mejore la situación, y presionamos sobre todo a la Comisión Europea para que también se preocupe por que las elecciones se desarrollen bien y por que, en esas elecciones, se concedan derechos a los grupos minoritarios de las islas más pequeñas. 
Indonesia se lo merece. 
Como el Sr. Bertens dice, es un país grande y precioso, sería una pena que se desintegrara del todo y que los derechos humanos y la democracia quedaran completamente desacreditados. 
Señor Presidente, estamos todos muy preocupados con la situación en Indonesia y sus reflejos, en particular en Timor Oriental. 
Con la aproximación de las elecciones fijadas para el 7 de junio, con la aproximación también de una fase crucial de las negociaciones, con la égida de las Naciones Unidas, entre el Gobierno indonesio y el Gobierno portugués sobre el futuro de Timor Oriental, estamos presenciando ataques ya sea contra la comitiva de D. Ximenes Belo, el Premio Nobel de la Paz, o contra civiles que se encontraban rezando en una iglesia, ataques a toda una población que está atravesando por un período de gran pánico, porque proliferan brigadas militares que no las defienden, sino que las atacan, en un momento en que Xanana Gusmão aún no ha recuperado la libertad completa, cosa que hemos venido exigiendo aquí, en el Parlamento Europeo, repetidas veces. 
Por todas estas razones, instamos al Parlamento Europeo a que apruebe una resolución en la que se señala a la atención de las entidades de Indonesia la necesidad de restablecer la legalidad, la necesidad de acabar con las matanzas, la necesidad de que las fuerzas armadas defiendan a las poblaciones y no las ataquen, la necesidad de liberar a Xanana Gusmão, la necesidad de que las Naciones Unidas sigan apoyando las gestiones que ha hecho Portugal para que llegue a restablecerse la paz en Timor Oriental y en toda Indonesia. 
Se trata de una zona fulcral para la estabilidad en el mundo y creo, por tanto, que debemos votar a favor de una resolución que una vez más transmita la palabra del Parlamento Europeo de apoyo a ese pueblo de Timor Oriental, que tanto ha sufrido de genocidio. 
Señor Presidente, a la complicada estructura geográfica de Indonesia, hay que sumar la crisis económica, el endeudamiento, la inflación y las exportaciones decrecientes; y todo esto mientras el país se prepara para las elecciones. 
Todavía no llego a decir, como el Sr. Bertens, que el país amenaza con desintegrarse, pero sí que está en peligro. 
En Java, la situación parece tranquila; en Atjeh, el Gobierno y el ejército han restablecido el orden y, esto es importante, han arrestado a los responsables. 
Desgraciadamente, los enfrentamientos entre los pueblos continúan a intervalos. 
Los últimos sucesos en Timor son muy lamentables, pero en relación con Timor, señor Presidente, quizá haya que constatar también un pequeño paso adelante. 
Se intenta crear una comisión en la que participen todos los líderes de Timor, también se ha invitado a Xanana Gusmão. 
Por supuesto, las milicias de esa isla deben entregar las armas. 
Las negociaciones entre Portugal e Indonesia tienen que continuar. 
Así mismo, debe realizarse una investigación sobre la matanza. 
Señor Presidente, 48 partidos políticos se preparan para las elecciones. 
Se manifiestan corrientes políticas entre los partidos caracterizadas por el islamismo, el nacionalismo, el liberalismo, el apoyo a la planificación central y el mantenimiento del statu quo. 
Se trata de un país extremadamente complicado en el que no se soluciona nada con una lista de cosas permitidas y cosas prohibidas. 
La comisión electoral, afortunadamente, si la información es cierta, ha logrado mantener una posición independiente. 
Señor Presidente, sé que la Comisión y el Consejo ya han reservado mucho dinero para apoyar las elecciones. 
Sin embargo, me asombra que, aunque el Parlamento insiste año tras año en la cuestión de la democracia en Indonesia y los grupos de la oposición solicitan ahora que se envíen observadores del Parlamento, la Mesa del Parlamento haya decidido no enviar observadores. 
Señor Presidente, hago un llamamiento al Parlamento y a la Mesa para que se anule esa decisión. 
Lo encuentro incomprensible. 
De lo contrario, este debate parlamentario carecerá de credibilidad. 
Quisiera sumarme a lo que los anteriores oradores han dicho, ya que hemos suscrito esta resolución porque la consideramos necesaria a fin de que se recuerde en este momento la importancia de las negociaciones encaminadas a encontrar una solución al problema de Timor Oriental. 
El aumento de la violencia en ese lugar amenaza la propia negociación por la violencia paramilitar y militar. 
Debe insistirse al Gobierno indonesio para que deje de apoyar a las organizaciones paramilitares, limite la presencia militar, restablezca el estado de derecho y verdaderamente arreste a los culpables y los lleve ante los tribunales. 
Pensamos acertadamente que Indonesia se escuda en su autodeterminación. 
No obstante, teniendo en cuenta la pluralidad de pueblos que viven en este archipiélago, debemos esperar que ese mismo respeto se aplique a la pluralidad que vive en las proximidades de Indonesia y más concretamente en el caso de Timor Oriental, que Indonesia ha ocupado ilegalmente. 
Me sumo explícitamente a la petición de la Sra. Van Bladel para que se envíen observadores. 
Ya hemos visto como, a menudo, la violencia aumenta justo antes de que tengan lugar las elecciones. Así mismo, hemos visto como la presencia de observadores extranjeros puede calmar la situación. 
Todavía no es demasiado tarde. 
Hagamos algo ahora. 
Señor Presidente, como han dicho los anteriores oradores, los sucesos de Timor Oriental no constituyen, desgraciadamente, un incidente aislado. 
En muchos otros lugares de Indonesia se desatan las luchas, hay irregularidades y, lamentablemente, digo para mis adentros, a menudo o casi siempre por diferencias étnicas o religiosas. 
La imagen que se deduce de su historia es desgraciadamente conocida: violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tétricos partidos sanguinarios y grandes grupos de desplazados. 
Por tratarse precisamente de un fenómeno frecuente en todo el mundo: en Europa, Asía, África, a finales del siglo XX, conflictos a pequeña escala, étnicos, religiosos, precisamente por ello, es necesario que cada vez vuelva a tratarse el asunto en el Parlamento Europeo, por frustrante que pueda resultar, debo decir sinceramente, por reiterativo que pueda ser y por poco que a corto plazo probablemente se pueda solucionar. 
Afortunadamente, la Unión Europea puede hacer más. 
Quisiera sumarme en ese sentido a la petición realizada por las Sras. Van Bladel y Maes. 
Tenía entendido que la UE sí disponía de dinero para enviar, creo, alrededor de sesenta observadores a las elecciones indonesias. 
Mi pregunta es sobre todo de qué tipo de observadores se trata y si el Gobierno indonesio está ya de acuerdo con su llegada. Ya ha manifestado que realmente no desea que se envíen observadores, sin que importe su procedencia. 
Si esto es así, ¿qué piensa hacer la Unión Europea para que los observadores, que son muy, pero que muy importantes, no puedo dejar de repetirlo, estén finalmente presentes en las elecciones de junio? 
Señor Presidente, la matanza de Liquiçá es simplemente el último episodio sangriento de que es víctima el pueblo timorense. 
Fue los días 6 y 7 de abril cuando perecieron 25 víctimas civiles de la milicia armada que responde al nombre de «Meraputi» con la connivencia activa de la brigada móvil de la unidad de política de elite de Indonesia. 
Exigimos una investigación internacional. 
Exigimos la responsabilización de los criminales. 
Y no podemos aceptar que la violencia sea el pretexto para aplazar las reuniones entre Portugal e Indonesia con la égida de las Naciones Unidas para que se establezca un texto que fundamente el estatuto de autonomía de aquel territorio. 
Las Naciones Unidas no pueden dar la espalda, deben tener una fuerza en el terreno, para garantizar la paz y para garantizar la propia consulta. 
Nosotros denunciamos aquí el cinismo del régimen de Indonesia, que, al tiempo que asegura defender los derechos humanos, está armando a las milicias que asesinan al pueblo. 
Y desde aquí enviamos un mensaje de solidaridad a Xanana Gusmão, el hombre que en 1992 fue condenado a veinte años de cárcel y está actualmente en prisión domiciliaria, pero amenazado de volver a la cárcel, a la cárcel total, sólo porque hizo un llamamiento en pro de la autodefensa del pueblo timorense. 
Por eso, hacemos constar aquí la indignación por lo que está sucediendo, la solidaridad con Xanana Gusmão y con el pueblo timorense y pedimos la intervención de las Naciones Unidas y de las instancias internacionales. 
Señor Presidente, me felicito de que nuestro Parlamento examine esta cuestión referente a Timor Oriental, un territorio portugués que, como hay que recordar, fue invadido por Indonesia en 1975, y anexado de manera unilateral por este Estado en 1979. 
Por mi parte, votaré a favor de la resolución común, que, en conjunto, es satisfactoria. 
Sin embargo, no debemos hacernos ilusiones: no es un texto de nuestra Asamblea, por enérgico que sea y por más que lo animen las mejores intenciones, lo que mejorará la suerte de los habitantes de Timor Oriental. 
Este reducido pueblo católico está sometido a un verdadero intento de genocidio por las autoridades indonesias. 
Desgraciadamente, la matanza de 25 fieles, en una iglesia de Liquiçá, no es más que una gota de sangre, teniendo en cuenta las atrocidades que se han cometido. 
Desde hace 24 años, 200.000 habitantes, es decir, la tercera parte de la población, ya han sido exterminados. 
Yakarta parece querer borrar del mapa a este reducido pueblo católico, valiente, que se resiste a ser absorbido por una Indonesia de 150 millones de musulmanes. 
Además, el Gobierno indonesio intenta, como lo hace el Gobierno turco en Chipre, sustituir a los católicos por una población musulmana, enviando para ello decenas de miles de colonos. 
Al igual que en otros países donde se consolida un poder musulmán, en Sudán, en Turquía, en el Líbano ocupado por Siria, los cristianos son perseguidos, marginados, sometidos a un estatus humillante e incluso asesinados en masa. 
No obstante, es un hecho que más allá de las buenas intenciones, Timor casi no interesa a los poderosos que nos dirigen desde Washington o Bruselas. 
Por más que Indonesia viole la soberanía de Portugal, el derecho de los pueblos de disponer de sí mismos y lleve a cabo una especie de genocidio constante, ello suscita, aparentemente, sólo una indignación verbal. 
Se prefiere más bien bombardear, despreciando el principio de soberanía y corriendo el peligro de desencadenar una tercera guerra mundial, al pueblo serbio, que, en su provincia, Kosovo, cuna de su nación, intenta poner a salvo su identidad nacional y religiosa. 
Es la ley del embudo. 
Estamos indignados por ese supuesto nuevo orden mundial que impone su ley de la selva: humilde con los poderosos e implacable para con los débiles. 
Señor Presidente, al igual que sus Señorías, la Comisión opina que la situación de Indonesia naturalmente ha empeorado, en lo que a conflictos étnicos y religiosos se refiere. 
El Consejo en su declaración del pasado 7 de abril, al pronunciarse sobre esto, añadió que el Gobierno indonesio ha dado algunos pasos que han sido claramente celebrados. 
Eso también tiene que ver, entre otras cosas, con las elecciones, con nuevas leyes para los partidos políticos, pero también con determinadas medidas económicas que se han anunciado para estabilizar la situación económica. Así mismo, se han adoptado determinados programas sociales para afrontar la actual crisis y también se han hecho anuncios en cuanto a la mejora de los derechos humanos en Indonesia. 
Todo ello figura en la declaración del Consejo de 7 de abril. 
Al mismo tiempo, la Comisión consideró necesario adoptar el 31 de marzo pasado una decisión sobre la concesión de siete millones de euros de cara a las próximas elecciones en Indonesia. 
De estos siete millones, cinco se destinan a la información electoral mediante las ONG, es decir, a la formación electoral y a la información, y dos millones al envío de unos sesenta observadores por los Estados miembros a Indonesia por un período de dos semanas, pero en el marco de la observación electoral más amplia organizada, entre otras organizaciones, por las Naciones Unidas. 
Esta misma organización enviará unos treinta observadores por un período más largo, es decir, por un período de dos meses. 
Indonesia, además, ha aceptado la presencia de estos observadores. 
En relación con Timor Oriental, la Comisión comparte la preocupación de los diputados al Parlamento Europeo en cuanto al reciente aumento de la violencia y, en este punto, también nos sumamos a la declaración efectuada por la Presidencia el pasado 12 de abril. 
La Comisión respalda, así mismo, la iniciativa de los Estados miembros en cuanto a la creación de una comisión de paz y reconciliación que debe contribuir a restablecer la calma en Timor Oriental. 
La Comisión considera que los recientes incidentes hacen necesaria la presencia de las Naciones Unidas en ese territorio, e insiste en que se permita la libre entrada en él al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otras organizaciones humanitarias internacionales. 
La Comisión está satisfecha con la nueva política del Gobierno indonesio que incluye el reconocimiento, por parte de éste, de la necesidad de celebrar elecciones directas en Timor a fin de determinar en qué medida son aceptables los criterios para la autonomía que ahora se están negociando en Nueva York. 
Así mismo, la Comisión manifiesta que los esfuerzos realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas para encontrar una solución justa, omnímoda e internacionalmente aceptable también deben ser respaldados internacionalmente. 
La Comisión repite hasta la saciedad que apoya las actuales conversaciones sobre Timor Oriental, las cuales, en nuestra opinión, constituyen la única posibilidad de que se logre una solución pacífica, justa y duradera que tenga en cuenta el derecho a la autodeterminación de los habitantes de Timor Oriental y los intereses de todos los partidos. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0375/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0384/99 de la diputada Maij-Weggen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0389/99 de los diputados Pasty y Van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0399/99 del diputado Colajanni, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0410/99 de los diputados Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0416/99 de los diputados Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre Birmania; 
B4-0374/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, y de los diputados Bourlanges y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0390/99 de los diputados Pasty y Van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0400/99 del diputado Harrison, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0407/99 de los diputados Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0422/99 de los diputados Telkämper y McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre Camboya; 
B4-0382/99 de los diputados Fassa y André-Léonard, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0394/99 del diputado Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0409/99 de los diputados Hory y Castagnède, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0420/99 de los diputados Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre Níger; 
B4-0391/99 de los diputados Banotti y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0398/99 de la diputada Malone, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0421/99 de los diputados McKenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el asesinato de Rosemary Nelson. 
Birmania 
Señor Presidente, resulta frustrante ver cómo las autoridades de Birmania dejan pasar toda oportunidad de mostrar su buena voluntad. 
El visado de entrada del mortalmente enfermo Michael Aris, el marido de Aung San Suu Kyi ha puesto eso de manifiesto. 
El innecesario dolor que esto ha causado a Aung San caracteriza a este Gobierno. 
Así no hay perspectivas de que termine el aislamiento de Birmania. 
Sólo puede aumentar. 
Desgraciadamente, debemos hacer de nuevo un llamamiento al Gobierno birmano para que los derechos fundamentales de su pueblo se respeten con carácter general. 
De nuevo, debemos condenar firmemente el desplazamiento forzoso de pueblos y la utilización de personas como trabajadores obligatorios. 
Ninguna crisis da derecho al Gobierno a violar los derechos de su pueblo. 
Pero dejemos que el Gobierno de Birmania se dé bien cuenta de que los dirigentes son personalmente responsables del dolor que causan. 
La comunidad internacional no lo olvida. Los actuales dirigentes de Birmania tendrán que defenderse algún día de los crímenes que ahora han perpetrado. 
El derecho penal internacional realmente protegerá así los derechos fundamentales de todos. 
Señor Presidente, por enésima vez Birmania figura en el orden del día. 
Creo que ésta es ya la octava resolución. 
Ese pueblo sigue padeciendo la situación creada por el Gobierno militar. 
Esta vez ha aparecido en las noticias porque no permitía la entrada en Birmania al marido de la Sra. Aung San Suu Kyi, gravemente enfermo. 
Es obvio que la Sra. Aung San Suu Kyi no podía ir a Inglaterra porque entonces, no tendría ninguna posibilidad de regresar a su país. 
Realmente es vergonzoso que una pareja que lleva casada veinticinco años no pueda reunirse cuando uno de ellos está a punto de morir. 
Además, vemos que los pueblos de la etnia Karen han sido atacados otra vez en la región. 
El año pasado estuve en Tailandia para visitar algunos campos de refugiados y oigo ahora que de nuevo muchas personas cruzan la frontera para quedarse en los campos de refugiados que ya están sobrepoblados. 
Al mismo tiempo, hay iniciativas positivas. 
285 parlamentarios se han reunido en un grupo que pretende restablecer el Parlamento ¿No sería positivo que la Unión Europea prestara todo su respaldo, de forma que el Parlamento, que fue disuelto en su momento, tenga la oportunidad de colaborar desde otra perspectiva en la elaboración de una constitución que modifique profundamente, de una vez por todas, la situación birmana? 
Se trata de una situación que llevamos viendo desde hace años. 
Es uno de los países peor gobernados en el mundo. 
La Unión Europea debería presionar más de lo que ahora presiona. Hago un llamamiento a la Comisión en ese sentido. 
Señor Presidente, en las pasadas semanas, el régimen birmano ha vuelto a caer en la infamia: la Sra. San Suu Kyi, nuestro Premio Sájarov, que no goza de libertad de movimiento, no pudo siquiera volver a ver a su esposo antes de que muriera. 
Desde hace muchos años, ella y todo su país están privados de las libertades fundamentales, del respeto de los derechos humanos más esenciales y de cualquier apertura democrática. 
Sabemos además que la represión sobre la oposición es dura y especialmente dura sobre las minorías nacionales. 
La práctica de los trabajos forzosos y de la esclavitud está muy extendida en el país. 
El problema es que hasta ahora la cuadrilla de militares en el poder se ha mostrado impermeable e insensible a cualquier presión interna e internacional. 
He de decir que si hablamos de defensa y de promoción de los derechos humanos como un elemento fundamental de la identidad europea y de su proyección en el mundo, ciertamente hoy Birmania es uno de los bancos de prueba fundamentales y creo que la mejor manera de expresar nuestro sentido pésame a la Sra. San Suu Kiy es intensificando la iniciativa contra el régimen birmano e incrementando su aislamiento internacional tanto desde el punto de vista político y diplomático como económico y comercial. 
Por otra parte, hasta que no se garanticen los derechos humanos y no se reanude ese proceso democrático deseado por la inmensa mayoría del pueblo birmano, será imposible establecer relaciones normales y, añado, entablar cualquier tipo de relación con ese país. 
Al mismo tiempo, creo que, respecto a Birmania, además de las necesarias iniciativas de aislamiento, es preciso fijar una estrategia política para favorecer un cambio en ese país, un cambio que, según hemos visto, también el pueblo birmano desea firmemente. 
Por tanto, no hay que limitarse a las palabras, sino disponer de una estrategia concreta, compartida y practicada por todos los Estados de la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no voy a extenderme sobre la naturaleza del régimen birmano- pienso que, en este sentido, todos estamos de acuerdo-. 
El Sr. Bertens, la Sra. Maij-Weggen y el Sr. Vecchi acaban de referirse a ello. 
Pienso que sobre lo que hay que interrogarse- teniendo en cuenta que por una vez la Unión, junto con la Comisión y el Comisario Marín en particular, junto con el Consejo (y esto es más bien excepcional) y, evidentemente, junto con nuestro Parlamento, ha tenido una posición muy clara en relación con Birmania- es si, como preguntaba el Sr. Vecchi, Birmania está realmente aislada. 
Yo pienso que no, porque si realmente lo estuviera, las sanciones que hemos aplicado habrían surtido efecto. 
La verdad es que Birmania posee apoyos muy importantes, en particular- y lamentamos la ausencia de nuestro Comisario Brittan- Birmania está firmemente apoyada por China, tanto en el plano económico como en el militar, y eso es lo que le permite seguir reprimiendo e impidiendo cualquier tipo de desarrollo democrático. 
Por lo tanto, con respecto a Birmania, así como a Corea del Norte- otro país que cuenta con el trato preferente del Comisario Brittan -, habría que empezar a ejercer presiones sobre China, a fin de que intervenga frente a las autoridades birmanas y de Corea del Norte para, finalmente, lograr cambios. 
Otro apoyo de Birmania: nuestro sistema prohibicionista mundial en materia de droga. 
Sabemos que Birmania es uno de los mayores productores de droga, y si puede darse el lujo de salir adelante sin el apoyo de los países occidentales, es porque tiene dinero, mucho dinero, gracias al comercio de la droga. 
Señor Presidente, la historia se repite. 
Como en las resoluciones y debates anteriores nos vemos obligados a condenar una vez más la violación de los derechos humanos que sufren diversos grupos de la población en Birmania. 
No nos queda más remedio que reiterarlo una y otra vez. Desafortunadamente, al horror que vive la población se ha sumado la triste noticia del fallecimiento del Dr. Michael Aris, esposo de la Sra. Aung San Suu Kyi. 
No podían estar juntos porque ella no podía ir a verle y él no tenía permiso para ir a ver a su esposa. 
Es una situación que expresa a la perfección el carácter represivo y cruel de este régimen, hasta en los rincones más íntimos de la vida. 
Es nuestro deber instar a la Comisión a que ejerza presión sobre los países vecinos para que Birmania acabe aislándose, el Gobierno se halle en la obligación de dimitir y deje de maltratar a los habitantes de los pueblos que son obligados a realizar trabajos forzados o que son deportados en bloque. 
Al mismo tiempo debemos animar y emplazar al Consejo a que interrumpa todas las actividades en las que esté colaborando conjuntamente con los países de la ASEAN y Birmania, aparte a Birmania de dichas acciones y procure que la Presidencia alemana deje de otorgar visados de entrada, al igual que los demás países comunitarios. 
Se trata de un acuerdo común que, por eso mismo, debe ser respetado por todos los Estados miembros de la Unión. 
Señor Presidente, los oradores anteriores ya han hecho hincapié en la intolerable actitud del Gobierno de Birmania, que se negó a conceder un visado de entrada al Dr. Michael Aris justo antes de su fallecimiento. También se han referido minuciosamente al apoyo que recibe este espantoso régimen por parte de China. 
Por tanto, yo quisiera insistir un poco más en las depuraciones étnicas que se cometen en ese país. 
Creo que adquieren una especial relevancia en un día en que acabamos de aprobar una resolución sobre Kosovo. 
En nuestra actual resolución denunciamos sobre todo la situación que se vive en los pueblos karen. 
Sin embargo, no podemos olvidar que se trata de un proyecto mucho más amplio, tal y como puso de manifiesto Amnistía Internacional en Londres en el año 1998. 
Hemos subrayado que solamente en los dos últimos años fueron desplazadas aproximadamente 300.000 personas pertenecientes al pueblo shan y hemos explicado cómo los pueblos de los mon, los akha y los lahu fueron expulsados a los países vecinos. 
Así las cosas es justo y necesario que revisemos nuestra política de visados, tal y como se solicita en el apartado 9, y que excluyamos a Birmania de las reuniones EU-ASEAN y ASEM hasta que se produzcan serios avances en la situación de los derechos humanos. 
Camboya 
Señor Presidente, Señorías, yo mismo me percaté el verano pasado en Camboya de que el pueblo todavía sigue profundamente traumatizado. 
Tal como el rey Sihanuk me dijo: mon peuple est toujours très malade. 
Ya llevan veinte años de tragedia porque no se ha realizado ni una sola investigación ni ningún proceso. 
El Gobierno camboyano no puede efectuar tal investigación o tal proceso aunque quiera. 
En agosto de 1998 todavía se estaba adoptando un código civil y código penal y los expertos americanos y europeos discutían entre sí y unos con otros sobre sus distintas concepciones para imponer las diversas formas de derecho. 
En Camboya no existe un aparato judicial. 
Por esa razón, mi Grupo quiere que un tribunal internacional de la ONU investigue el genocidio y condene a los culpables. Quiere que la Unión Europea ayude a Camboya a convertirse en un estado de derecho. 
Señor Presidente, la frase killing fields hace pensar inmediatamente en Camboya y en el genocidio que comenzó en 1975. 
Es muy triste constatar que, sólo un cuarto de siglo más tarde, empieza a haber una pequeña posibilidad de que se trate con justicia a las víctimas. 
Pero incluso esta pequeña posibilidad amenaza con desaparecer si se oculta la implicación en el genocidio de los actuales dirigentes políticos. 
Prefiero, en principio, que un mismo país tenga la responsabilidad de llegar a un arreglo en cuanto a semejante pasado. 
También mi Grupo opina que un tribunal ad hoc para el genocidio de Camboya ofrece más garantías de justicia para los camboyanos, ahora que las pruebas corren el riesgo de desaparecer. 
Señor Presidente, el no haber podido llevar al dirigente del Jemer Rojo, Ta Mok, ante un tribunal internacional independiente es algo sumamente inquietante pero instructivo. 
Inquietante, porque un juicio que se celebre en Camboya es poco probable que revele la enormidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Jemer Rojo en los años de lucha de guerrilla, al final del decenio de 1970. 
Inquietante también que Hun Sen se sirva indebidamente de la ayuda internacional para conseguir que la legislación nacional sobre traición se aplique contra algunos de sus actuales oponentes políticos. 
Instructiva, sin embargo, porque precisa la necesidad de que la comunidad internacional establezca un tribunal penal internacional permanente que pueda ocuparse de los actos de genocidio demasiado frecuentes que nos desacreditan a todos. 
Un tribunal que represente también una inhibición para los que perpetran el mal, tanto si lo hacen en Indochina como si lo hacen en la antigua Yugoslavia. 
El Estado de derecho es una característica preeminente de una sociedad civil. 
Es triste que en otro país vecino, Malasia, esta semana se haya encarcelado a Anwar Ibrahim; he aquí un ejemplo de lo mucho que falta para conseguir que el derecho sea base y apoyo del concepto de los derechos humanos. 
Después de su detención Anwar Ibrahim tenía un ojo morado, como reproche para lo que se considera en Malasia como Estado de derecho, y como reproche para todos nosotros, que preconizamos la primacía de los derechos humanos en la vida de la humanidad. 
Anwar Ibrahim tiene que quedar en libertad inmediatamente si la Malasia de Mahathir ha de volver a encontrar el camino de la salud y la prosperidad ante los ojos de la comunidad mundial vigilante. 
Señor Presidente, le pido que envíe una nota de protesta al Dr. Mahathir acerca del deficiente juicio político de que ha sido objeto Anwar Ibrahim, una nota de protesta en consonancia con las numerosas resoluciones de crítica que ha aprobado este Parlamento en relación con Malasia. 
Espero que pueda hacerlo usted en nombre de este Parlamento. 
Señor Presidente, este Parlamento, al igual que las demás instituciones democráticas, ha de lanzar una señal y una advertencia para dejar claro que la violación de los derechos humanos es un delito intolerable que no se olvida con el tiempo. 
La historia no puede pasar por alto las matanzas de Camboya. Los asesinos han de rendir cuentas. 
Por eso es correcto que se instituya un Tribunal Internacional ad hoc. Es tanto más correcto cuanto que el Estado de Camboya no parece estar capacitado para ello, sobre todo porque carece de las estructuras necesarias. 
Pedimos a la Comisión que ayude a crear estructuras adecuadas que garanticen la legalidad del Derecho civil. 
No es la primera vez que formulamos esta petición. 
No deja lugar a dudas que en este ámbito nuestro apoyo puede ser útil, no sólo en Camboya sino en todos los países de la ASEAN. Especialmente en Malasia. 
El orador anterior se ha referido ampliamente a la situación de Anwar Ibrahim. No podemos aceptar la detención ilegal de este hombre. 
Instamos a la Comisión y al Consejo a que expongan este problema ante Malasia. 
Si no hay respuesta, nos veremos obligados a interrumpir nuestras relaciones con este país. 
Señor Presidente, sería inimaginable que los más graves crímenes masivos cometidos desde la Segunda Guerra Mundial no sean objeto de sanciones penales adecuadas. 
Por eso este Parlamento debe exigir tres cosas: primeramente, que se cree un tribunal, ya que no podría aceptarse que la cultura de la indignación política se dejara de lado cuando existen consideraciones de oportunidad política que así lo exigen. 
En segundo lugar, es imprescindible que este tribunal sea internacional, no sólo porque en su momento- antes de oponerse al mismo- el Sr. Hun Sen lo pidió, sino porque sería inadmisible que en el juicio de los Jémeres Rojos se cayera en la trampa de los ajustes de cuenta político-judiciales de un Estado en el que la democracia no se encuentra estabilizada. 
En tercer lugar, es esencial que no se sancione sólo a Ta Mok, sino al conjunto de los responsables de Angkor, por la organización de asesinatos masivos. 
No podemos admitir que exista una víctima propiciatoria, aun cuando ésta sea un verdugo, una única víctima propiciatoria que pague por los demás. 
Señor Presidente, todo aquél que lea en un libro de historia sobre el pasado reciente de Camboya y todo aquél que haya tenido la suerte, entre comillas, de hacer un viaje por ese país, no puede concebir que en absoluto se haya manifestado la intención de crear un tribunal internacional para juzgar a los autores de los killing fields y de la masacre que, como muy bien ha señalado el Sr. Bourlanges, constituye uno de los crímenes más lamentables acecidos tras la segunda guerra mundial. Si al menos se iniciara una investigación. 
Me preocupa seriamente la situación de estancamiento que se ha originado ahora. 
El actual Gobierno camboyano no puede dejar en paz a los dirigentes de los Jemeres rojos, sea cual sea el motivo, incluso si se trata de amor a la patria. 
Creo, además, que un tribunal internacional sobre Camboya quizá pueda tener alguna influencia y ser un ejemplo para el Gobierno birmano y otros Gobiernos del sudeste asiático. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el caso de Ta Mok nos sitúa ante un problema jurídico interesante y, al mismo tiempo, dramático. 
Es ilusorio pensar que un tribunal camboyano pueda juzgar objetivamente los crímenes que cometió contra la humanidad y, más en general, los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos. 
La creación de un tribunal ad hoc es deseable, sin embargo, nunca se librará de la sospecha de que se trata de un tribunal especial que ya ha anticipado, por así decirlo, su sentencia y que no ha ofrecido al imputado las garantías que, incluso un imputado como Ta Mok, merece. 
La solución, por tanto, es solo una: un Tribunal Penal Internacional, un juez natural encargado de juzgar todos los crímenes contra la humanidad, cometidos por cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. 
Níger 
Señor Presidente, el 6 de abril de 1994, el derribo del avión del Presidente Habyarimana marcó el comienzo de un terrible genocidio en Ruanda. 
Se asesinó de nuevo a un Presidente, si bien es cierto que se convirtió en Presidente mediante un golpe de estado, que fue asesinado por su propia guardia militar, y que ésta luego tomó el poder. 
El Parlamento ha sido disuelto y los militares se han hecho con todo el poder. 
Es obvio que debemos estar muy atentos a esta situación. 
De ahí que recuerde los sucesos ocurridos hace cinco años en Ruanda. 
Otra vez un país como ese se encuentra sumergido en disturbios. Un país que ya lo tiene terriblemente difícil. 
En estas circunstancias, sería irresponsable iniciar cualquier cooperación con los ocupantes del poder. 
Debemos prestar nuestra ayuda a través de ONGs fiables, si queremos reforzarla en el ámbito humanitario, y espero que esos propósitos se cumplan. 
Señor Presidente, hay que lamentar profundamente que un conflicto en un país africano haya vuelto a resolverse, una vez más, de la peor manera que hubiera cabido imaginar. 
El golpe de Estado y el asesinato del Presidente del pasado 9 de abril han llevado al Níger a una situación de gran tensión. 
Se han declarado nulas las recientes elecciones municipales y regionales, y el Ejército se ha hecho cargo de los poderes legislativo y ejecutivo después de la disolución de la coalición nacional. 
Esperemos que éste no sea el final de un proceso más democrático. 
Aún queda algo de esperanza puesto que la oposición ha manifestado su deseo de darle una oportunidad al Ejército para que restituya el poder a un Gobierno civil en el plazo de nueve meses. 
Los diputados al Parlamento Europeo no podemos hacer otra cosa que exigir a la Comisión que interrumpa la cooperación en el marco del Convenio de Lomé y que suplique a quienes se han designado a sí mismos como dirigentes del Níger que respeten las leyes fundamentales, que restituyan el poder a un Gobierno civil y que respeten las libertades y los derechos humanos. 
No existe otro camino para instaurar la libertad y la estabilidad en el país. 
Señor Presidente, el golpe de Estado en Níger, con el asesinato del Presidente Ibrahim Baré Maïnassara, ha vuelto a sumir otro país africano en la oscuridad de los golpes militares y del bloqueo de un proceso, aunque parcial, de reconstrucción institucional. 
Cierto que la ordenación de países como Níger es difícilmente compatible con los frágiles procesos de democratización y esto lo pudimos constatar en los pasados meses con la anulación de las elecciones regionales, provinciales y locales que fueron favorables a la oposición. 
La acción de estas cuadrillas de militares, protagonistas de golpes de Estado y de una gestión insensata del poder, debe impedirse. 
Actualmente, es preciso restablecer las instituciones y poner en marcha una verdadera democratización del país y, a dicho fin, coincidimos en que la cooperación oficial, en el marco del Convenio de Lomé, debe suspenderse hasta la reanudación del proceso democrático. 
Sin embargo, esta situación demuestra que es necesario dar un salto de calidad en la política adoptada con los países africanos, al objeto de que la promoción de los derechos humanos, la democratización y la prevención de los conflictos- condiciones sine qua non para un verdadero desarrollo- se conviertan en elementos esenciales de la cooperación. 
Señor Presidente, creo que todos estamos plenamente de acuerdo sobre el análisis de los acontecimientos que acaban de tener lugar en Níger y la necesidad de un retorno, lo antes posible, a las reglas de derecho y al funcionamiento de la democracia en este país, tras el golpe de Estado y el asesinato del Presidente Ibrahim Baré Mainassura. 
Dicho esto, señor Presidente, deseaba señalar, en nombre de mi Grupo, que no votaremos a favor de las cuatro enmiendas presentadas sobre esta resolución, no porque rechacemos el fondo o porque no compartamos las preocupaciones que expresan, sino porque consideramos que quizá este Parlamento tendrá la ocasión, en otro momento, de volver a manifestar, globalmente, su opinión sobre estos problemas. 
Desearíamos que la resolución de hoy se refiriera exclusivamente al problema de Níger. 
Esto es importante; acaban de producirse unos acontecimientos y deseamos responder abordando en la resolución sólo esta cuestión. 
Insisto: no votaremos positivamente las enmiendas. 
Asesinato de Rosemary Nelson 
Señor Presidente, una de las cosas más tristes que he visto en estos últimos tiempos ha sido la imagen de los hijos de Rosemary Nelson que acompañaban su féretro a la tumba el mes pasado, después del brutal asesinato de que fue víctima esta defensora de los derechos humanos en Irlanda del Norte. 
Quisiera transmitir las inquietudes de muchas personas de Irlanda y de la comunidad internacional por las circunstancias del asesinato. 
El Relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia del poder judicial y de los abogados, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y, anoche, miembros del Congreso de los Estados Unidos han expresado su pesar por lo sucedido. 
Si queremos que se tomen en serio los esfuerzos de la Unión Europea por promover en el mundo una norma elevada de derechos humanos, tenemos que empezar por poner orden en nuestra casa. 
Tenemos que conseguir que los abogados, que son una parte esencial de todo sistema de justicia eficaz y respetable, puedan ejercer su cometido profesional sin preocupación o miedo de que se les intimide o de que se les haga objeto de algo peor. 
El asesinato de Rosemary Nelson, junto con el anterior asesinato de Patrick Finucane, son la prueba evidente de que ese requisito mínimo de justicia no existe en Irlanda del Norte. 
Quisiera señalar particularmente a su atención los considerandos D y F de la resolución- que por falta de tiempo no puedo leer- y pedirles que los lean cuidadosamente. 
En las circunstancias actuales me parece que una investigación de la policía irlandesa no merecería mucho crédito. 
De hecho, la policía irlandesa ha admitido hasta cierto punto lo que acabo de decir, pues ha pedido a agentes de policía británicos y americanos que supervisen la investigación. 
En general sería mucho mejor que las investigaciones se realizaran de forma totalmente independiente, para que todos los sectores de la Comunidad pudieran apreciar su objetividad y su imparcialidad. 
Pido a los diputados que apoyen esta resolución y nuestro llamamiento en favor de una indagación judicial a fondo, independiente e internacional, sobre todas las circunstancias que se han dado en este caso. 
Señor Presidente, el asesinato de Rosemary Nelson ha sido como un escalofrío para toda Irlanda. 
Lo único positivo es que ni su marido ni sus hijos estaban en el automóvil cuando lo volaron salvajemente a la vista de su propio hogar y de la escuela en la que su hijita estaba jugando. 
Es lamentable que en muchos lugares del mundo, y también en Irlanda de Norte, los abogados y los jueces se hayan encontrado en primera línea, donde los conflictos son más intensos. El asesinato de Rosemary Nelson nos demuestra una vez más el peligro que muchos de esos profesionales corren cuando defienden los derechos humanos más fundamentales de sus clientes. 
El llamamiento en favor de una indagación independiente se debe al hecho de que se tiene la convicción de que una indagación de la policía irlandesa sobre la muerte de la Sra. Nelson no sería todo lo rigurosa que debería ser, pues todo indica que la Sra. Nelson temía por su propia vida y que durante mucho tiempo se consideraba en situación de grave peligro. 
Lo más trágico es que tenía razón. 
Espero que nuestros colegas apoyen esta resolución y voten con nosotros a favor de ella. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, en nombre de mi Grupo y, más en particular, en nombre de mis dos colegas irlandesas quiero expresar mi dolor por partida doble. 
De un lado, lamento profundamente el asesinato a sangre fría de una mujer que puso su vida personal y profesional al servicio de la defensa de los derechos humanos, y de otro, me entristece tener que comprobar que aquí en la Unión Europea, al igual que en el resto del mundo, determinadas fuerzas intentan socavar con actos terroristas un proceso de paz en marcha. 
Pero aparte de expresar nuestro dolor, queremos formular una serie de peticiones contundentes. 
En primer lugar, pedimos que las autoridades judiciales competentes esclarezcan los motivos de este asesinato. 
Además, me sumo a las palabras de las oradoras anteriores y exijo junto con ellas que se abra una investigación internacional por parte de los servicios competentes del Alto Comisariado para los Derechos Humanos. 
Señor Presidente, como muchos colegas que han tomado ya la palabra, condeno firmemente el asesinato de Rosemary Nelson. 
Como muchos diputados de este Parlamento también yo he visto el estado en que quedó su automóvil y la pena de su familia en los funerales. 
Puedo asegurarles que condenamos sin reservas los actos de violencia que han provocado esas escenas, y que no se escatimará esfuerzo alguno por llevar ante la justicia a los perpetradores de tan odioso crimen. 
Ahora bien, creo que se está efectuando una investigación eficaz y fidedigna. 
El Sr. Port, que tiene a su cargo la investigación, ha recibido un mandato total e ilimitado y la libertad de añadir recursos o de utilizar recursos para otros fines, según lo desee. 
El Sr. Port ha trabajado con las Naciones Unidas en Yugoslavia y en Rwanda como Coordinador de investigaciones y como Director de Investigaciones en el Tribunal de las Naciones Unidas para Rwanda. 
Si lo desea puede servirse de investigadores independientes. 
El agregado jurídico del FBI ha dicho que, en su opinión profesional, las mejores posibilidades de descubrir a los responsables estriban en que la policía irlandesa participe en la investigación, porque conoce la situación y las personas que pueden ayudarle. 
Sin la participación de la policía irlandesa una investigación sería mucho más difícil. 
Es necesario que cooperemos para identificar y enjuiciar a los culpables. 
Como la investigación sobre el asesinato de la Sra. Nelson está en curso, no se ganaría nada y se podría dificultar la investigación si en esta fase pedimos que se inicie una nueva investigación. 
Espero que los colegas del Parlamento se percaten de la índole delicada y especial de esta investigación y del hecho de que no hay que obstaculizar el proceso de paz en curso. 
Dejemos que la investigación acabe antes de pensar en otras investigaciones que, en la fase actual, no pueden sino complicar las cosas. 
Ahora bien, este Parlamento tiene que dejar bien sentado que, sea cual fuere el color político de una persona, no se puede permitir que queden impunes sus actos de violencia. 
Señor Presidente, el asesinato de Rosemary Nelson ha sido un acto brutal y cobarde. 
Ha sido un ataque contra todo el sistema de la justicia, un ataque contra la democracia y una tentativa deliberada de socavar el acuerdo del Viernes Santo. 
Es lamentable, pero hay que decir que hay preocupaciones legítimas acerca del papel de las fuerzas de seguridad. 
Los que hacen cumplir la ley tienen que operar siempre dentro de la ley. 
Ahora bien, déjenme que diga lo siguiente: esta resolución no se puede interpretar como una condena total de la policía irlandesa. 
El pueblo de Irlanda del Norte tiene mucho que agradecer a su policía. 
Ha sacrificado su vida para ganar tiempo a fin de que los políticos puedan resolver los problemas políticos de Irlanda de Norte. 
Han estado en el punto de mira de los terroristas tanto de un bando como de otro. 
La inmensa mayoría de los agentes son buenas personas que tratan de imponer imparcialmente el imperio de la ley. 
Cuando condenamos este acto particular no debemos olvidar que son terroristas de uno u otro bando los que se esfuerzan deliberadamente por socavar un acuerdo que ha recibido el apoyo abrumador del pueblo de Irlanda, tanto del norte como del sur, y que no podemos dejar que se salgan con la suya. 
Señor Presidente, permítame que, antes de que cierre el turno de palabra sobre derechos humanos, exprese en voz alta mi satisfacción por el hecho de que hoy el Ministro de Interior británico haya decidido que prosiga el proceso de extradición del General Pinochet, en la línea en que se expresó el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, no hay ninguna diferencia de opinión entre la Comisión y esta Casa sobre las continuas y graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Birmania. 
El próximo 26 de abril figurará este país de nuevo en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales. 
Se decidirá probablemente prorrogar otra vez seis meses las medidas existentes contra Birmania, entre otras, las restricciones de visado. 
Como ustedes saben, hace una año se adoptó la decisión, que se ha ampliado otro medio año, y esto sucederá de nuevo, sencillamente porque la situación no ha mejorado. 
En segundo lugar, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas discute en este momento la adopción de una nueva resolución contra Birmania. 
En tercer lugar, les señalo que, aparte de la regular atención que el Consejo de Ministros presta a la cuestión birmana, esa atención se ha manifestado también en la suspensión de la conferencia UE-ASEAN, prevista para el mes pasado o hace seis semanas en Berlín, ya que no se pudo lograr un acuerdo en cuanto a la participación de Birmania y porque la fórmula especial ofrecida por el Consejo a fin de que la cuestión de los derechos humanos en Birmania se pudiera tratar con los birmanos, no fue aceptada por la ASEAN. 
Debemos ver cómo se puede hacer algo para que sea patente nuestra aversión ante la situación de los derechos humanos en Birmania y colaborar para que se produzca una mejora en ese país, sin presionar continuamente toda la relación con la ASEAN por la situación de Birmania. 
Ahora, Camboya. 
Sobre este país quiero decir brevemente que la troika de la UE ha emprendido una gestión diplomática con el Primer Ministro, quien personalmente ha declarado estar de acuerdo con el principio básico de que los dirigentes de los Khmeres rojos deben efectivamente rendir cuentas por los crímenes cometidos. 
La Comisión está satisfecha con la reciente declaración del Primer Ministro Hun Sen, en la que está a favor que los jueces y los fiscales extranjeros desempeñen un papel central en Camboya en el proceso del dirigente preso de los Jemeres rojos, Ta Mok, a fin de garantizar que el proceso previsto se adecue a las normas internacionales en vigor. 
Respecto de Níger. Resulta innecesario por nuestra parte manifestar cómo condenamos el reciente golpe de estado en ese país y que también la Comisión Europea ha instado a las autoridades militares a que restablezcan cuanto antes el estado de derecho. 
La Comisión examina por el momento, tal como se ha sugerido desde esta Casa, qué disposiciones puede adoptar en vista de los recientes sucesos y una de las posibilidades es que proponga al Consejo paralizar parcialmente la cooperación al desarrollo conforme al conocido por todos ustedes artículo 366 bis del Convenio de Lomé. 
En este primer estadio, la Comisión tiene la intención de paralizar todos los proyectos y programas que se están preparando, así como proyectos existentes, hasta que la autoridad legal sea restablecida. 
La ayuda humanitaria y las medidas a favor de los grupos de población más pobres quedan fuera, por supuesto, de estas medidas. 
Por último, la Comisión, al igual que el Parlamento, ha acogido con horror el cobarde asesinato de Rosemary Nelson. 
En nombre de la Comisión queremos aprovechar esta oportunidad para transmitir a la familia de Rosemary Nelson nuestro más sincero pésame. 
Creemos que lo mejor que podemos hacer es mantener viva su memoria y respaldar más el proceso de paz y no permitir que el terror vete el proceso de paz de Irlanda del Norte. 
Nos sumamos, por supuesto, al deseo de que se dé con el paradero de los culpables de este cobarde asesinato y que éstos sean llevados ante los tribunales. 
Señor Presidente, me alegra que Indonesia y Timor Oriental estén en el orden del día, pero no estaría mal que la Comisión persuadiera al Gobierno británico de que no proporcionara armas o materiales relacionados con las armas al Gobierno de Indonesia. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Estoy seguro de que el Sr. Comisario ha tomado buena nota de la pregunta del Sr. Morris. 
Se procede a la votación. 
Votaciones (continuación) 
El número impresionante de operaciones de tránsito que se efectúan cada año en la Unión Europea y la importancia de las sumas que están en juego bastarían por sí solas para demostrar la urgencia en concluir la informatización del régimen de tránsito comunitario y para garantizar al mismo tiempo una máxima transparencia en el conjunto de la política aduanera europea. 
Sin embargo, este importante expediente no puede referirse sólo al buen funcionamiento del mercado interior o de la repartición de los recursos entre los Estados miembros y la Comunidad, se trata de luchar de la manera más eficaz posible contra el fraude internacional y la delincuencia organizada. 
Desde este punto de vista, el retraso de cuatro años para concluir la informatización es muy preocupante, puesto que se añade a otros retrasos, fundamentalmente imputables a la naturaleza intergubernamental del tercer pilar. 
Es preciso constatar, una vez más, que el ambicioso objetivo del Parlamento se ha visto obstaculizado por la oposición de aquellos Estados miembros que se obstinan en rechazar las consecuencias lógicas de la aplicación del mercado único. 
Sin embargo, todos ganarían con una optimización de la acción de la Comisión, lo que permitiría una racionalización de los instrumentos y de los medios que la misma establece. 
Desde este punto de vista, apoyo enérgicamente el hecho de que se reúnan en el seno de un centro de decisión único y en una sola línea presupuestaria. 
Igualmente, como expresa nuestra ponente, es imprescindible que la informatización del tránsito comunitario sea plenamente operativa en 2003. 
Sobre estas bases, votaré positivamente la propuesta de decisión según la hemos enmendado. 
Apoyo la posición de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la propuesta tendente a aumentar a 44 toneladas el peso máximo autorizado a los transportes pesados. 
Primeramente, al igual que Rijk van Dam, considero que las infraestructuras actuales, en muchos países de la Unión, no están en condiciones de soportar este aumento de las cargas. 
De ello resultaría un coste suplementario importante del mantenimiento de las redes de comunicaciones, costeado únicamente por las colectividades locales y con un reintegro, para éstas, relativamente marginal, sobre todo en cuanto a puestos de trabajo. 
Esta baja resistencia de nuestras infraestructuras es muy real y puede agravarse con la ampliación. 
Sabemos que el coste de la misma deberá incluir la modernización de las vías de comunicación. 
En segundo término, deseo también fundamentar este rechazo por razones de seguridad del tráfico por carretera, aun cuando puedo molestar a algunos profesionales del sector. 
No se puede negar la implicación de los vehículos pesados en los accidentes mortales, ya que, además de unas condiciones de trabajo demasiado difíciles, el peso es también un factor agravante, por cuanto a menudo está asociado a una velocidad excesiva. 
El hecho de autorizar la circulación de transportes pesados hasta 44 toneladas significa, de hecho, aumentar los riesgos. 
Finalmente, en tercer lugar, el hecho de autorizar estos vehículos, representa aumentar las emisiones contaminantes, ya que se requiere una potencia adicional para arrastrar estos remolques, lo que contradice los deseos manifestados por nuestros gobernantes y por el Parlamento Europeo en materia de política medioambiental. 
Estas son las razones, Señorías, de mi rechazo a esta autorización y el sentido de mi voto negativo con respecto a las propuestas de la Comisión. 
Informe Thors (A4-0156/99) 
Nos hemos abstenido en la votación puesto que consideramos que el informe es insuficiente y poco claro en algunos puntos importantes. 
El sistema del dinero electrónico ha de quedar estrictamente reservado a los bancos y debe recaer bajo el control de las inspecciones financieras de los Estados. 
Es necesario proteger los medios de pago ante quiebras y situaciones similares. 
Los derechos de los clientes han de ser objeto de un estatuto específico. 
Informe Thyssen (A4-0137/99) 
Señor Presidente, estimados colegas, he votado en contra del Informe Thyssen porque considero que entraña serios inconvenientes para determinados sectores económicos y, evidentemente, también para los pequeños empresarios. 
Así por ejemplo, ya no será posible acordar con una cervecería que ella financie la instalación de un restaurante o de un mesón y que, como contrapartida, firme con el propietario un contrato de suministro por un período de diez años. 
A mi modo de ver, las modificaciones propuestas perjudican seriamente a los pequeños empresarios y al sector económico de que se trata, puesto que hasta la fecha éstas han sido las relaciones de suministro habituales y su eficacia ha quedado demostrada. 
Lo mismo digo con respecto al sector del combustible, en el que los proveedores de combustible construyen gasolineras y a cambio de esta inversión firman un contrato de suministro con el gerente de las mismas por un período de diez o más años. 
En caso de que el presente informe se lleve a la práctica, será más difícil o incluso imposible llegar a este tipo de acuerdos. 
Es la razón por la que no he podido apoyarlo. 
Creo que no se ajusta a nuestros objetivos, ya que no fomenta la iniciativa privada ni la creación de puestos de trabajo. 
Hemos votado en contra del informe ya que creemos que la posición de la Comisión Europea es la correcta. 
Señor Presidente, obviamente, he votado a favor del Informe Thyssen. 
No obstante, debo admitir que el punto de vista que adopta la Comisión ante nuestras enmiendas, según nos transmitió ayer poco antes de la media noche, cuando aquí ya no quedaba prácticamente nadie, me ha decepcionado enormemente. 
Es cierto que el Sr. Van de Broek, que no tiene atribuciones en el ámbito de la Política de Competencia, no pudo sino leer aquello que los servicios de la Comisión, es decir, los servicios del Sr. Van Miert, le habían anotado. 
Por tanto, me veo en la obligación de instar una vez más a la Comisión a que no rechace las enmiendas 1, 2 y 3 que presentamos a las dos propuestas de reglamento. 
No podemos aceptar, por ejemplo, que las pequeñas cervecerías de mi país se vean obligadas a abandonar su actividad simplemente porque ya no pueden firmar los contratos de suministro de cerveza tal y como los conocemos ahora. 
Hasta la fecha, estos contratos han funcionado de forma satisfactoria, tanto desde el punto de vista de las cervecerías, como desde la perspectiva de los mesones, restaurantes y hoteles. 
La solución sería que para este sector así como para el de las gasolineras se incluyera una excepción a la normativa general o se elaborase un procedimiento específico por sector en el marco de la normativa general. 
Tampoco resulta aceptable que en un mercado pequeño como el de Luxemburgo estas medidas excepcionales dejen de tener validez a partir de un límite determinado, por ejemplo a partir del momento en que se alcance el 40 % de la cuota del mercado. 
Como las cervecerías luxemburguesas no tardarían nada en alcanzar dicho techo dadas las reducidas dimensiones de su mercado, esta normativa desembocaría en una situación totalmente absurda. 
Podría darse el caso de que una gran cervecería alemana, como por ejemplo la Bitburger, cuya producción supera con creces la de la mayor cervecería luxemburguesa, pudiera seguir firmando contratos de suministro de cerveza en Luxemburgo con los bares luxemburgueses, puesto que aún no habría alcanzado el límite del 40 % en el enorme mercado de referencia alemán, en tanto que la cervecería luxemburguesa ya no tendría este derecho y quedaría eliminada. 
¡Es inaceptable! 
En caso de que se opte por mercados de referencia, éstos no pueden restringirse a mercados tan diminutos como el de Luxemburgo, sino que han de definirse en términos regionales o europeos. 
Por todo ello, espero que la Comisión, y concretamente el Sr. Van Miert, vuelva a estudiar este tema. 
Resolución sobre importaciones de ajo 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy en contra de la propuesta por la que se endurecen las normas que regulan la importación de ajos procedentes de terceros países. 
La propuesta plantea una amplia protección de los productores europeos de ajos. 
Entre otras cosas, propone introducir una tasa punitiva y reestructurar los tipos arancelarios si se importan cantidades superiores a las recogidas en la cuota fijada, cuota que también se reduce en la propuesta. 
La UE ha contraído acuerdos comerciales, entre otros países, con China sobre importación de ajos y la propuesta dañará a nuestros socios comerciales en terceros países. 
Abogamos por una liberalización del comercio de nuestros productos agrarios y por ello deberíamos antes abrir aún más nuestras puertas al comercio que limitarlo. 
Por ello no podemos apoyar la propuesta. 
Informe Herman (A4-0158/99) 
El informe del Sr. Herman sobre la mejora del funcionamiento de las instituciones sin modificar los Tratados constituye el complemento de otro informe aprobado el año pasado, destinado a las acciones prácticas con miras a reducir el déficit democrático en la gestión de la unión económica y monetaria. 
En realidad, nos damos cuenta de ello si lo miramos en perspectiva: sólo se trataba de un gesto sin consecuencias, para que se aceptara mejor un sistema monetario muy poco democrático. 
El segundo capítulo, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar hoy, está destinado esencialmente a la reforma de la Comisión. 
Es doblemente inoportuno. 
Primeramente, porque se centra en el objetivo de fortalecer la independencia de la Comisión, como lo desarrolla la exposición de motivos, mientras que la experiencia reciente, tras la dimisión de esta institución por motivos de gestión irresponsable, lleva a la conclusión de que, por el contrario, es necesario reducir su independencia y fortalecer los controles que se ejercen sobre ésta. 
En segundo lugar, este informe es inoportuno porque sólo propone, por definición, reformas susceptibles de ser aplicadas sin modificar los Tratados, cuando el canciller Schöder nos explicó ayer que solamente modificando los Tratados se podía paliar la crisis. 
Esto es lo que nosotros opinamos, y nos congratulamos al enterarnos de que la nueva Conferencia Intergubernamental, que se pondrá en marcha en el Consejo de Colonia, en el próximo mes de junio, tendrá esta misión en los términos de su mandato. 
Evidentemente, todos no ven quizá de la misma manera las reformas necesarias. 
Por su parte, el Grupo Europa de las Naciones piensa que ante todo hay que dejar de considerar a la Comisión como un órgano superior, que detenta el interés general europeo. 
Debe convertirse en un simple instrumento ejecutivo del Consejo. 
Igualmente, hay que dejar de fabricar una administración pública europea separada de las naciones y casi endogámica, tanto en sentido propio como en sentido figurado. 
La Comisión debe estar mucho más abierta con respecto a las administraciones públicas nacionales y nutrirse de intercambios de personal con los países miembros. 
Esta interacción permanente será muy fructífera para acercar Europa a los pueblos. Ya que no debe pensarse que el interés general europeo se determina desde arriba, en contra de las naciones. 
Éste resulta, al contrario, de la libre expresión de las necesidades de éstas y del diálogo libre entre sus representantes. 
Después de debatir un informe del mismo ponente sobre las políticas de la Unión Europea en mayo de 1998, aprobamos una resolución sobre la mejora del funcionamiento de las instituciones europeas. 
En cierto modo, este texto constituye el saldo de lo que no se había tratado antes, ni por el primer informe ni por los informes del Sr. Brok, de la Sra. Lööw y del Sr. Bourlanges. 
Con respecto al Parlamento Europeo, suscribo las peticiones del ponente, que desea que nuestros trabajos se concentren en las tareas básicas, que los diputados actúen con mayor profesionalismo y que se mejore la información al público. 
Este último punto debe merecer nuestra atención. 
Mejorar la acogida de los visitantes, que serán cada vez más numerosos, y mejorar el acceso a la documentación constituyen dos medidas evidentes. 
Valoro sobre todo la idea de un centro abierto, fácilmente accesible y sin controles de seguridad, donde aquellos que lo deseen encontrarán documentos variados, material audiovisual, CD-ROM, etcétera. 
¿Quizá se podría pensar en una ampliación de la Mesa en Bélgica? 
Espero, también, que se encontrará una fórmula para que las personas del barrio Léopold, que luchan para que su entorno no se transforme en un desierto burocrático, puedan entablar relaciones privilegiadas con el Parlamento y sentirse como en su casa. 
Se dará un gran paso el día en que el espacio situado entre el Parlamento y la estación sea por fin acondicionado, de tal manera que facilite las relaciones personales y resulte acogedor: para ello es necesario desbloquear los medios necesarios, lo que requerirá una concertación activa entre la sociedad del Espacio Léopold, el Parlamento (por su papel moral) y las autoridades belgas afectadas. 
Hace algunos años, manifestaba mi sorpresa a un periodista por no ver más colegas suyos con ocasión de los trabajos importantes del Parlamento. 
Me respondió: «Nosotros vamos a donde está el poder... Al Consejo, en primer lugar». 
Felizmente, el Tratado de Amsterdam, que se aplicará a partir del próximo 1 de mayo, aumentará en cierto modo nuestro poder, ¡sobre todo por lo que respecta a la investidura de la Comisión! 
Espero que se nos vea más. 
Pero somos nosotros quienes deberemos ser más transparentes. 
Es inútil insistir en la importancia del debate. 
A pesar de algunos avances positivos, el Tratado de Amsterdam no ha respondido fundamentalmente a las expectativas de todos aquellos y de todas aquellas que desean que la Unión Europea sea algo distinto que un gran mercado. 
Nuestro ponente tiene razón en subrayar, con respecto a la Comisión, que es necesario y urgente convocar una nueva Conferencia Intergubernamental para buscar soluciones aceptables a los diferentes problemas institucionales pendientes desde hace ya varios años. 
Sin embargo, no podemos permitirnos estar inactivos mientras esperamos la apertura de esta nueva CIG. 
La actualidad nos recuerda cada día las lagunas políticas de la construcción europea y la incapacidad de la Unión para hacer frente por sí misma a la mayoría de los grandes desafíos que se le presentan. 
Debemos, pues, desde ahora, utilizar al máximo las posibilidades que nos ofrece el Tratado de Amsterdam para profundizar la construcción europea y reformar las instituciones de la Unión. 
En el contexto actual, desearía hacer hincapié en el hecho de que la plantilla de la administración pública europea, que bien mirado resulta relativamente escasa- me refiero específicamente a la Comisión -, no ha seguido la curva exponencial de las tareas que le han sido confiadas desde la caída del Muro de Berlín. 
Sobre este punto, podemos interrogarnos sobre el papel y el cumplimiento por el Consejo de objetivos a veces contradictorios. 
También debemos preocuparnos por las posibles consecuencias nefastas del hecho de que la Comisión recurra de forma generalizada a los servicios de un personal temporal procedente de las administraciones públicas nacionales o de la industria. 
No pongo en duda, en ningún caso, la competencia ni la buena voluntad europea de estos agentes temporales. 
Puedo entender también la preocupación por lograr una mayor flexibilidad, así como la introducción de nuevos conocimientos específicos. 
Pero temo, al igual que nuestro ponente, a los posibles conflictos de «lealtad» entre la necesaria independencia de la Comisión y los intereses nacionales o sectoriales que puede generar la ambigüedad de los estatutos. 
La Comisión ha dimitido, un nuevo tratado va a entrar en vigor, y hay elecciones al Parlamento Europeo dentro de muy poco tiempo- algo está sucediendo en Europa. 
Es hora de poner orden. 
Se ha dejado que demasiadas cosas siguieran igual demasiado tiempo. 
Esto se aplica tanto a los intentos de la Comisión por difuminar su responsabilidad, como a una anticuada política de personal o a un Parlamento Europeo que no era tomado en serio porque su poder no era auténtico. 
En la actualidad, la confianza de la población en la UE es baja. 
Algo lógico si se tienen en cuenta los últimos acontecimientos. 
En mi opinión, el debate que ahora vamos a celebrar debe ser utilizado de forma constructiva para mejorar la colaboración entre las instituciones. 
Y hay mucho que puede mejorarse. 
Vamos a insistir en la necesidad de que la política de personal sea una de las áreas prioritarias de este proceso de renovación. 
Aunque añado que este proceso exige el interés del Consejo para poder sacarlo adelante. 
Si podemos lograr que la cooperación entre nuestras instituciones funcione, también aumentará la confianza de la gente en nosotros. 
El Tratado de Amsterdam concede mayores competencias de control al Parlamento Europeo de las que disfrutaba anteriormente. 
Esto queda claro, entre otros ámbitos, en el terreno medioambiental. 
Pero no en la agricultura. 
Es triste, pues ¿qué hace innecesario controlar la agricultura, especialmente teniendo en cuenta que en ella se emplea más del 40 % del presupuesto? 
Hemos de insistir una vez más en que la posición del Parlamento Europeo en temas agrarios se tome más en serio. 
Si el Parlamento Europeo no lleva a cabo este control, no habrá ningún otro control. 
Los acontecimientos de los últimos meses han iniciado un proceso muy importante que reforzará la colaboración entre las instituciones. 
Con el Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo gana más influencia. 
Ahora bien, también nosotros debemos utilizarla mejor. 
El informe aborda muchos de los problemas con los que se enfrentan actualmente las instituciones de la UE. 
El informe del comité de expertos sobre las deficiencias en los trabajos de la Comisión señala dos problemas principales: demasiado poder y poco control. 
Se debería haber encontrado un espacio para abordar estas circunstancias en el informe. 
Demasiado poder, un control y una transparencia insuficientes y deficientes, y la inexistencia de un registro sobre las negociaciones emprendidas; he aquí algunas de las razones para explicar las deficiencias que presentan en la actualidad las instituciones de la UE, en especial de cara a sus relaciones con la opinión pública. 
Las deliberaciones del Consejo en torno a nuevas leyes- las negociaciones jurídicas- han de abrirse a la opinión pública, al igual que sucede con la legislación en los Parlamentos nacionales. 
Tanto las propuestas de la Comisión como las decisiones del Consejo han de ser públicas y ponerse a disposición de la opinión pública. 
Otra importante tarea de reformas reside en un aumento de la descentralización que permita a la UE concentrarse en las grandes cuestiones y dejar de lado un gran número de detalles. 
Igualmente es necesario instaurar una mayor cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales reforzando, por ejemplo, una función de control comunitario. 
En el informe se deberían haber abordado estas circunstancias de un modo más detallado. 
Informe Böge y Roth-Behrendt (A4-0083/99) 
No es necesario que recuerde el papel determinante que desempeñó el Parlamento en la crisis de la «vaca loca». 
Fue el Parlamento el que dio la alarma en 1996, al constituir una comisión temporal de investigación que reveló las carencias y la mala gestión del problema por la Comisión y por algunos Estados miembros. 
Desde entonces se han registrado progresos, como lo muestra el informe que vamos a votar hoy. 
Al igual que los ponentes, me felicito del hecho de que la Comisión haya aplicado la mayoría de las recomendaciones del Parlamento Europeo. 
La creación de los comités científicos es uno de los progresos más significativos. 
Ello garantiza, en efecto, una mayor independencia de los expertos y una mayor transparencia de sus trabajos. 
Por otro lado, la Comisión Europea y la Oficina Alimentaria y Veterinaria han mejorado claramente la eficacia de las inspecciones y de los controles. 
La incoación de procedimientos por incumplimiento respecto a los Estados miembros por mala aplicación o no aplicación de las disposiciones comunitarias se ha acelerado. 
Los progresos son, pues, reales y hay que decirlo lisa y llanamente. 
Sin embargo, aún no hay motivos para alegrarse. 
La epizootia dista mucho de haber desaparecido, como lo demuestra el aumento de los casos de enfermedad en Portugal. 
Tampoco hay que perder de vista que el período de incubación de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob es largo. 
Por lo tanto, se impone la prudencia. 
El Parlamento debe continuar su papel de vigilancia y seguir ejerciendo presiones sobre la Comisión Europea. 
Aún existen divergencias, como señala el informe del Sr. Bönge y la Sra. Roth-Behrendt y cuyos dos ejes principales son el derecho de reembolso y la sanción. 
Los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades. 
Es absolutamente intolerable ver como algunos de ellos se han negado a colaborar con los servicios de la Comisión Europea. 
¡Esto es inadmisible sobre todo porque están en juego vidas humanas! 
La aplicación del principio de prevención debe ser generalizada, ya que constituye uno de los medios más eficaces para proteger a los consumidores. 
Esto nos concierne a todos y a todas. 
El análisis de este informe demuestra que dicha crisis supera el problema de la EEB. 
La misma nos remite a la crisis institucional que acabamos de vivir con la dimisión de la Comisión Europea. 
Los diferentes informes de las comisiones temporales de investigación han subrayado, en efecto, su falta de transparencia, de coordinación, así como también la falta de personal en esta institución. 
Dichas lagunas han sido puestas de manifiesto en el informe del Comité de Expertos, que ha provocado la situación por todos conocida. 
Habrá que remediarlo en la próxima CIG, y no volver a retroceder frente a las reformas indispensables para el buen funcionamiento de la Unión Europea. 
Compruebo que desde la disolución de la comisión de seguimiento sobre la EEB, los decesos de las personas víctimas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob siguen acelerándose de manera muy alarmante (10 muertos en el último trimestre de 1998) , ya que, incluso hoy, los decesos ocurridos en Gran Bretaña siguen siendo objeto de registro, y teniendo en cuenta el período de incubación de 5 a 30 años, aún se producirán muchos casos de enfermedad, debido a la variante de la EEB. 
Existen aún profundas divergencias sobre algunos puntos entre el Parlamento Europeo y la Comisión, entre otros: el reembolso de los gastos ocasionados por las víctimas humanas y sus familias tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista del apoyo psicológico. 
Las medidas disciplinarias propuestas por la comisión de seguimiento, las acciones administrativas contra el Reino Unido, es decir, frente al Gobierno británico, por la falta de comparecencia, hasta ahora no han tenido efecto. 
Además, estoy muy preocupado por el fuerte aumento de los casos de EEB en Bélgica, en Portugal y en Gran Bretaña. 
Finalmente, la ayuda financiera en favor de las víctimas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob me parece absolutamente insuficiente, incluso indecente. 
El Grupo Europa de las Naciones ha presentado seis enmiendas que aclaran el principio de prevención, que amplían el de seguridad sanitaria de los productos alimenticios, incluyendo los organismos modificados genéticamente, los productos fitosanitarios o las hormonas utilizadas como factor de crecimiento, así como la prohibición de utilizar carnes procedentes de los mataderos o huesos de animales para la fabricación de harina animal. 
Si bien es cierto que la crisis de la EEB ha permitido modificar los procedimientos de toma de decisiones en el seno de la Comisión, deseo señalar, en nombre de mi Grupo, que estos procedimientos, más allá del expediente de la «vaca loca» , deben ampliarse a fin de gestionar de la mejor manera posible el principio de prevención y de evitar que se ejerzan presiones políticas o económicas sobre los comités científicos y a través de los expertos de la Comisión. 
Los ganaderos europeos han realizado esfuerzos considerables para mejorar la rastreabilidad de los productos y permitir que los consumidores recobren la confianza en la calidad de los alimentos que consumen. 
Nuestros agricultores no entienden la importación, procedente de terceros países, de productos agrícolas modificados genéticamente destinados a la alimentación animal, ya que existen sospechas en cuanto a los efectos a largo plazo, respecto a la calidad de la carne, de la utilización de OMG. 
¿Por qué la Comisión ha aceptado la importación de maíz o de soja modificados genéticamente? 
Los Estados Unidos amenazan a la Unión Europea con un «grupo especial» , el próximo 13 de mayo, ya que nosotros rechazamos la importación de carne tratada con hormonas. 
¿Qué política aplicará la Unión Europea en las negociaciones de la OMC que se iniciarán a finales de este año? 
Me inquietan las palabras del Sr. Prodi, que parece más preocupado por respetar la tradición de bulimia de poder de la Comisión, que por aclarar cómo esta última aplicará los principios de prevención y de comercio justo (sobre los cuales el próximo Presidente de la Comisión calla) durante las negociaciones comerciales en las que va a representar los intereses de los Estados miembros. 
Es necesario que la Unión Europea aborde estas negociaciones con la voluntad real de defender el principio de prevención, así como las normas sociales, medioambientales y sobre el bienestar de los animales, necesarias para un comercio sano y duradero que respete el conjunto de nuestras economías y de nuestros consumidores. 
Informe Donner (A4-0149/99) 
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Donner sobre Estonia. 
En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo a la ampliación y en segundo lugar, compartimos la preocupación hecha patente con respecto a la gran minoría rusa del país. 
Saludamos los cambios en la ley de nacionalidad. 
Sin embargo, nos resulta difícil entusiasmarnos con los «avances» realizados en cuanto a la adquisición de la legislación comunitaria, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE. 
En el informe se menciona la preocupación ante el posible debilitamiento del apoyo a la adhesión de no iniciarse el proceso. 
Estamos convencidos de que todos los ciudadanos estonios deben disponer libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE. 
Informe von Habsburg (A4-0154/99) 
Señor Presidente, en general he aceptado con mucho gusto las propuestas contenidas en el informe y las enmiendas correspondientes. 
No obstante, quisiera detenerme brevemente en un punto que va un poco más allá de la cuestión húngara. 
En las conversaciones con los Estados de la Europa Central y Oriental tenemos la mala costumbre de levantar el dedo y leerles la cartilla sobre asuntos con respecto a los cuales aún nos queda mucho camino por recorrer en nuestros propios países. 
¿Con qué derecho insistimos una y otra vez en la corrupción cuando en la Comunidad hay varios países en los que se han registrado serios problemas al respecto que, además, siempre vuelven a surgir dondequiera que sea? 
No nos engañemos. 
No seamos hipócritas erigiéndonos en maestros de estos países que están atravesando una época harto difícil. 
Al fin y al cabo acaban de salir de muchos años de ocupación extranjera y dictadura, algo que siempre ha ido acompañado de una cierta desintegración de las estructuras morales. 
Solamente quiero que sepan que he votado a favor porque deseo de todo corazón que la adhesión se convierta en realidad cuanto antes. 
Espero que mis palabras no caigan en saco roto. 
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Habsburg sobre Hungría. 
En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo a la ampliación y en segundo lugar, apreciamos las iniciativas emprendidas para mejorar la situación de los gitanos. 
Sin embargo, nos resulta difícil estar entusiasmados con los «avances» realizados en cuanto a la adquisición de la legislación comunitaria, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE. 
El informe hace un llamamiento al gobierno para que mantenga un diálogo regular con la oposición y los interlocutores sociales a fin de crear un ambiente político propicio para la integración de Hungría en la UE. 
Estamos convencidos de que todos los ciudadanos húngaros deben disponer libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE. 
Informe Speciale (A4-0151/99) 
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Speciale sobre Eslovenia, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. 
Sin embargo, nos resulta difícil lamentar los pobres «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE. 
El informe pide que se ponga en marcha una campaña de información dirigida a concienciar y a hacer partícipe a la opinión pública de las verdaderas consecuencias de la adhesión y vencer así ciertas reservas que la adhesión suscita. 
Estamos convencidos de que todos los ciudadanos eslovacos deben disponer libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE. 
Informe Carnero González (A4-0157/99) 
Señor Presidente, ha sido un placer votar a favor del informe del Sr. Carnero González. 
Ello se debe en primera instancia a que el ponente parte de una sólida base en la que concede una especial importancia al estado de derecho, el sistema judicial y el problema de las minorías. 
A ello se añade que he podido comprobar con gran satisfacción que se ha aceptado la enmienda 8 de los Sres. Nassauer y Poettering en la que el Parlamento Europeo reclama por unanimidad la derogación de los llamados decretos Benesch. 
No cabe duda de que estamos plenamente dispuestos a llevar adelante el proceso de ampliación lo antes posible. 
Sin embargo, no podemos olvidar que antes de ampliar la comunidad de Derecho debemos exigir con firmeza que se respeten las reglas de juego correspondientes. 
Introducir decretos injustos en una comunidad de Derecho es como introducir virus en un sistema de ordenador. 
Haría peligrar el sistema entero. 
Por tanto, es fundamental que estos decretos inaceptables se anulen antes de que el país se incorpore a la Unión Europea. 
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Carnero González sobre la República Checa, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. 
Esperamos que la República Checa mejore lo antes posible la situación de los gitanos del país. 
Con todo, nos resulta difícil lamentar los pobres «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad por parte de la UE. 
El informe subraya la importancia de que exista un consenso nacional en la cuestión de la pertenencia a la UE. 
A este respecto nos parece fundamental que todos los ciudadanos checos dispongan libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE. 
Informe Hoff (A4-0148/99) 
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Hoff sobre Polonia, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. 
Sin embargo, nos resulta difícil celebrar los rápidos «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad mostrada por la UE. 
Además, el informe celebra la campaña de información programada por el gobierno sobre la adhesión a la UE, de la que se espera que infunda a los ciudadanos una postura favorable hacia Europa. 
Del informe también se desprende que la UE no entusiasma a todos los polacos, veánse por ejemplo las manifestaciones de agricultores. 
Vamos a pedir al gobierno que se ocupe de que todos los ciudadanos polacos dispongan libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos que cumpla su promesa de celebrar un referéndum sobre la pertenencia del país a la UE. 
En el debate conjunto sobre los países candidatos a la adhesión, el caso de Polonia figura entre uno de los menos problemáticos. 
Este Estado, que es el más grande y el más poblado de los candidatos a la adhesión, nos ha puesto en conocimiento su legítimo deseo de unirse a la Unión Europea desde 1994. 
Sólo cuatro años más tarde se iniciaron las verdaderas negociaciones. 
Desde entonces, y sobre todo desde 1997, año de las elecciones legislativas y de la entrada en vigor de la nueva constitución, Polonia ha dado muestras de su compromiso en favor de la realización de reformas. 
El gobierno ha insistido verbalmente, pero también a través de los hechos, su «intención de lograr, para finales del año 2002, las condiciones de adhesión del país para la adhesión a la UE». 
Está en la buena vía y podemos congratularnos de ello. 
En el plano político, este país cumple con los criterios de un Estado democrático. 
Sus instituciones están sólidamente establecidas y garantizan la existencia de un Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, así como el respeto y la protección de las minorías. 
Se trata de un elemento primordial, pero que debe combinarse con otros criterios, concretamente económicos. 
En el plano económico, Polonia es una de las economías más fuertes de Europa central y oriental. 
Su crecimiento es del orden del 5 %, las tasas de inflación y de desempleo están descendiendo, el déficit presupuestario y la deuda pública responden a los criterios de Maastricht. 
Sin embargo, a pesar de la evolución económica favorable y de las reformas estructurales significativas (reforma de la administración, de la sanidad, del sistema de jubilaciones) , hacen falta todavía mayores progresos en varios ámbitos (mercado interior, ausencia de un sistema de control de ayudas estatales, privatización de las grandes empresas estatales). 
Existen otros dos capítulos particularmente problemáticos: el de la agricultura y el del medio ambiente. 
Se requieren profundas reformas. 
La Sra. Hoff preconiza un cambio estructural global. 
Yo sostengo la idea según la cual la agricultura debe considerarse como parte de una estrategia de desarrollo rural. 
Las transformaciones deben fomentar la creación de empleos y respetar el medio ambiente. 
Para ello es imprescindible que Polonia incremente las inversiones en estos ámbitos. 
Tenemos exigencias, pero también deberes frente al pueblo polaco. 
Las reestructuraciones previas a la adhesión poseen un coste social que debemos tomar en consideración. 
La Comunidad Europea debe asegurarse de que se tomen medidas de acompañamiento para reducir al mínimo el efecto de estas reformas en las condiciones de vida de la población. 
Finalizaré con una nota positiva, reafirmando que la entrada de Polonia en la Unión Europea me parece una de las más naturales, como ocurrió con su adhesión a la OTAN, el mes pasado. 
Informe Bertens (A4-0159/99) 
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Bertens sobre Chipre, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. 
También compartimos los comentarios relativos a la división de la isla. 
Sin embargo, nos resulta difícil aplaudir los rápidos «avances» realizados en cuanto a la adquisición del derecho comunitario, especialmente nos parece merecedora de crítica la falta de flexibilidad mostrada por la UE. 
Vamos a pedir al gobierno que se ocupe de que todos los ciudadanos chipriotas dispongan libremente de información plural tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión al igual que esperamos la celebración de un referéndum para decidir la pertenencia del país a la UE. 
Informe Malone (A4-0165/99) 
Hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Malone sobre Malta, puesto que queremos manifestar nuestro total apoyo a la ampliación. 
Saludamos la iniciativa del gobierno de Malta de celebrar un referéndum cuando finalicen las negociaciones. 
Esperamos que el gobierno se ocupe de que la campaña de información programada sea plural de tal forma que informe tanto sobre las ventajas como sobre los inconvenientes de la adhesión y que esta información esté disponible libremente para todos los ciudadanos de Malta. 
Informe Myller (A4-0123/99) 
Voy a votar a favor de las recomendaciones del informe sobre los efectos de la ampliación de la Unión Europea para el medio ambiente. 
Los actuales problemas medioambientales en los países solicitantes son resultado de grandes emisiones en la atmósfera provenientes de actividades industriales, de la producción de energía y del transporte, así como de una financiación insuficiente y del descuido por lo que se refiere al abastecimiento de agua y la gestión de desechos. 
Para evitar que los actuales Estados miembros queden afectados por esta situación, las cuestiones medioambientales tienen que desempeñar un importante papel en la preparación de los países de Europa central y oriental para ingresar en la Unión. 
Antes del ingreso tienen que demostrar que están en condiciones de atenerse a los tratados internacionales y la legislación medioambiental de la UE. 
La UE tiene que cuidarse también de no promover la destrucción de las grandes superficies, de una belleza ambiental intacta, que hay en los países solicitantes. 
Es evidente que hay que ofrecer financiación para modernizar y atraer las industrias a esa región, pero no en detrimento del medio ambiente de los países solicitantes o de los actuales Estados miembros. 
Claro está que habrá beneficios ambientales como resultado de la aceptación de las solicitudes de esos países. 
Los extensos territorios de tierra escasamente poblados, que son característicos de muchas de esas naciones, aportarán sin duda alguna nuevas zonas de diversidad y belleza ambientales a la Unión, y esas zonas deben promoverse y desarrollarse con la asistencia financiera de la UE. 
Hay que tener en cuenta en todo momento que el Tratado de Amsterdam estipula que las consideraciones de protección medioambiental tienen que desempeñar un papel en la definición y ejecución de las políticas comunitarias. 
Informe De Esteban Martin (A4-0119/99) 
Al igual que la Sra. Ponente, deseo manifestar mi satisfacción en cuanto al trabajo del Sr. Söderman durante el año pasado y a su informe, que se destaca por su claridad y concisión. 
Creo que el Defensor del Pueblo ha sabido valorar la importancia de su función en el seno de una Unión Europea, cuya voluntad es la de acercarse a los ciudadanos. 
¿Cómo puede concebirse, en efecto, una ciudadanía europea si las instituciones comunitarias pueden actuar discrecionalmente o incluso de manera arbitraria con respecto a sus ciudadanos, sin estar obligadas a rendirles cuentas? 
Esta situación inaceptable no acabó sino en 1995 con el nombramiento del Defensor del Pueblo europeo. 
Por fin, las quejas de los ciudadanos europeos relativas a la mala administración de las instituciones comunitarias iban a ser escuchadas. 
Por fin iba a existir cierto diálogo y cierta transparencia en el funcionamiento de lo que a menudo se denomina «la burocracia bruselense». 
Los sucesivos informes anuales y particularmente el informe para 1998 demuestran los progresos realizados. 
Progresos, en primer término, en materia de recursos. 
Así, el número de reclamaciones presentadas es creciente: se presentaron alrededor de 200 reclamaciones más que el año anterior. 
Esto significa que los ciudadanos conocen cada vez más la existencia del Defensor del Pueblo, que no dudan en poner en conocimiento sus preocupaciones o incluso su indignación. 
Desean que se les escuche y que se les respeten sus derechos. 
¡No podemos menos que felicitarnos por ello! 
Sin embargo, la honestidad y el realismo nos obligan a ser menos optimistas. 
Europa está compuesta por 370 millones de personas, ¡el número de reclamaciones presentadas en 1998 era de 1372! 
Así pues, es imprescindible realizar un esfuerzo de información. 
No nos olvidemos de las nuevas técnicas de comunicación. 
En el mismo orden de ideas, sostengo la idea del Defensor del Pueblo en el sentido de sugerir que el Tratado CE mencione explícitamente las vías de que disponen los particulares para presentar recursos, así como las posibilidades de presentar reclamaciones a los Defensores del Pueblo nacionales. 
Es imprescindible, a este respecto, subrayar la cooperación llevada a cabo entre estos últimos y el Defensor del Pueblo europeo. 
La cooperación es asimismo una de las llaves maestras que caracterizan las relaciones entre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo europeo. 
Este trabajo coordinado resultará, ciertamente, más eficaz. 
Ello redundará, pues, únicamente en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Si bien el balance es ampliamente positivo, pueden introducirse mejoras; concretamente en el estatuto del Defensor del Pueblo, con respecto a sus funciones de investigación. 
En efecto, es imprescindible que tenga acceso a todos los documentos pertinentes, necesarios, lo que hoy no ocurre. 
Por otro lado, la adopción de un código de buena conducta administrativa para las instituciones europeas constituiría una garantía para los ciudadanos, quienes podrían consultarlo libremente. 
Lo que, en general, se deduce del informe del Defensor del Pueblo europeo es que la confianza de los ciudadanos europeos se basa en la transparencia, en el diálogo, en normas jurídicas claras que les permitan defender sus derechos. 
Se trata de condiciones imprescindibles para desarrollar un sentimiento de pertenencia a un proyecto que a menudo les supera. 
El aumento de las reclamaciones dirigidas al Defensor del Pueblo europeo alegando casos de mala administración en la actuación de las instituciones u órganos de la Unión Europea puede interpretarse de dos maneras. 
Basándonos en hechos recientes, ello conduce a reprobar al conjunto de la administración pública europea a través de la generalización de las disfunciones que han salido a la luz. 
La otra es optimista. 
Se puede sacar una conclusión positiva de este número creciente de reclamaciones. 
Es una prueba del nuevo interés de los ciudadanos por la construcción europea. 
Esta manera paradójica de proceder, que consiste en sacar una conclusión positiva de un hecho sin duda negativo no puede, evidentemente, hacer decaer nuestro interés por los casos de mala administración denunciados al Defensor del Pueblo y por la forma en que éste responde a los reclamos de los ciudadanos europeos. 
Todos estarán de acuerdo, en efecto, en que no basta con que los ciudadanos europeos tomen conciencia del mayor papel que desempeña la Unión Europea en su vida cotidiana, siempre que lo experimenten y lo analicen como un hecho positivo. 
Por eso es para mí una gran satisfacción ver como nuestra ponente se felicita de la calidad del trabajo realizado por el Defensor del Pueblo europeo. 
La adhesión constante del ciudadano europeo a la edificación europea se construirá igualmente a través de la transparencia. 
Por esta razón apoyo totalmente a nuestra ponente cuando defiende el principio general del acceso a todos los documentos necesarios para examinar un litigio. 
En ciertos casos, estoy de acuerdo en que el carácter confidencial de los mismos pueda ser indispensable. 
El secreto, no obstante, debe ser la excepción, no la regla. 
Informe Newman (A4-0117/99) 
El trabajo realizado por la Comisión de Peticiones es notable; tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
En la presente legislatura se han presentado 6.500 peticiones y 10 millones de firmas, es decir, una media de casi cuatro peticiones y 5.000 firmas cada veinticuatro horas, domingos y días de fiesta incluidos. 
Ciertamente, estas cifras nos dan que pensar. 
Las mismas no pueden, sin embargo, dejar de llamarnos la atención, como representantes que somos, sobre la naturaleza real de las relaciones que las propias instituciones europeas y nosotros mismos mantenemos con nuestros ciudadanos. 
Es verdad, naturalmente, que a pesar de los interrogantes específicos que suscita en las relaciones entre mandatarios y mandantes en este final de siglo, el derecho de petición es uno de los medios privilegiados a través de los cuales el Parlamento ejerce su control sobre la Comisión y el Consejo- así como sobre los Estados miembros -, en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Así pues, el derecho de petición es por excelencia un medio de consolidar y de profundizar la adhesión de nuestros conciudadanos a la construcción europea. 
Es probablemente en esta constatación donde hay que buscar la explicación de la excelente cooperación de la Comisión con los trabajos de la Comisión de Peticiones y de las dudas persistentes del Consejo en participar al esfuerzo común. 
Debemos denunciar claramente esta evidente mala voluntad del Consejo respecto a nuestras opiniones públicas, de tal modo que cada uno asuma sus responsabilidades. 
Para concluir, desearía, a la vista de la gran cantidad de trabajo que representa la tramitación de las peticiones recibidas, apoyar explícitamente una revisión a fondo de los métodos de funcionamiento de la Comisión de Peticiones, en cuyo caso no es difícil comprender que ésta se interrogue sobre la mejor manera de hacer frente a la tarea que le incumbe. 
Informe Schmidbauer (A4-0111/99) 
Nuestra ponente, la Sra. Barbara Schmidbauer, ha asumido sus responsabilidades en este período preelectoral, en que criticar el transporte por carretera, así como su coste, no agrada a todos los electores. 
La felicito por ello, y también la felicito por haber dejado constancia de que las medidas propuestas por la Comisión no deberían agravar el coste del transporte, sino permitir una utilización de las infraestructuras más eficiente y más respetuosa del medio ambiente. 
A esta «utilización más eficiente» desearía, no obstante, añadir «una utilización más segura» , pensando en la gran cantidad de túneles por carretera y de túneles ferroviarios que existen actualmente y en los graves accidentes que vienen ocurriendo desde hace varios años. 
El accidente del túnel de La Mancha- en el que funciona un sistema de alerta moderno- habría podido provocar una gran catástrofe en pérdidas humanas. 
Afortunadamente, el vagón incendiado se detuvo, por casualidad, cerca de una puerta de acceso al segundo túnel, a través de la cual la gente pudo escapar. 
En cuanto al accidente del túnel del Mont Blanc, éste ha costado la vida a cuarenta personas y aún nadie sabe cuándo dicho túnel estará nuevamente abierto al tráfico. 
Habrá que sacar todas las conclusiones que se desprendan de las investigaciones en curso y tomar las decisiones necesarias. 
Sin embargo, creo que desde ahora, tratándose de los aspectos vinculados a la seguridad en los túneles, debería adoptarse un principio. 
Es imprescindible que el servicio responsable de la seguridad sea realmente independiente de la sociedad explotadora del túnel y que ésta aplique todas las recomendaciones que dicho servicio establezca. 
Este principio tendrá consecuencias financieras, pero la seguridad- dicho de otro modo, la vida de los usuarios- tiene, naturalmente, un precio. 
Podemos preguntarnos asimismo si, en última instancia, el poder de controlar la seguridad no debe ser competencia exclusiva de los servicios de los Estados. 
Una última observación: de los 35 millones de toneladas de mercancías que circulan cada año entre Italia y Francia, 10 millones de toneladas se transportan por vía férrea. 
El valle de Chamonix, como es notorio, es un pasillo de vehículos pesados, con un tráfico que crece de manera exponencial, junto con su nocividad y sus riesgos. 
Podemos así comprender lo absurdo del «todo carretera» , basado en la búsqueda de una rentabilidad económica a cualquier precio. 
Por eso he saludado el valor de la ponente, la cual, a pesar de los costes de infraestructura, subraya claramente las ventajas de la alternativa ferroviaria desde el punto de vista de la seguridad y del medio ambiente. 
Respaldamos el principio de justa competencia entre todos los medios de transporte. 
Naturalmente, se debe ante todo lograr que todos los costes, también los costes que ocasionan en el medio ambiente, corran a cargo de los camiones y los vehículos particulares, así como gravar en mayor medida el tráfico aéreo. 
Estas medidas son necesarias a la hora de alentar el aprovechamiento de los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, algo que no ocurre en la actualidad. 
Por el contrario, nos oponemos a una parte de las propuestas que se presentan tanto en el Libro Blanco de la Comisión como en el informe. 
Estas propuestas se refieren principalmente al establecimiento de un sistema único de tarifas en toda la UE. 
Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, consideramos clara y decididamente que la UE debe establecer únicamente unas tarifas mínimas y que corresponde a los respectivos Estados miembros gestionar dichas tarifas, entre otros motivos porque la Unión Europea no debe disponer bajo ningún concepto de derechos en el ámbito fiscal. 
Deseamos distanciarnos con firmeza de una regulación en excesivo detalle por parte de la UE. 
La Sra. Schmidbauer no ha escatimado esfuerzos. Incluso se podría decir que, en lo que al Libro Blanco de la Comisión se refiere, se trata de un buen informe. 
Debo admitir que, a pesar de todo, el Libro Blanco recoge algunas sugerencias interesantes. 
Yo también soy partidario de que se establezca una competencia leal entre los diferentes modos de transporte y de que se introduzcan tarifas equitativas y eficaces en el sector del transporte. 
Yo también soy partidario de que se reduzca el transporte por carretera y se fomente el uso del ferrocarril y las vías navegables. Sin embargo, me niego a aceptar que el automóvil, los camiones y los autobuses se conviertan en chivo expiratorio de todos los males habidos y por haber. 
Y a fin de cuentas, es eso lo que pretende hacer el Libro Blanco. Desafortunadamente, el informe parlamentario discurre por los mismos derroteros. 
En este debate sobre la competencia leal hemos de ser conscientes de que en el ámbito del ferrocarril los salarios son más elevados y los puestos de trabajo se ocupan habitualmente de por vida. Lo más probable es que en el sector privado estas condiciones no se lleguen a dar nunca. 
¿Es eso lo que se pretende cambiar en un acceso de falsa liberalización? 
El Libro Blanco ofrece datos concretos. 
Según los cálculos de la Comisión, a escala de la UE los costes externos se sitúan anualmente en 250.000 millones de ecus. 
En esta cifra tienen su origen los costes sociales marginales- sin que se entienda muy bien en qué consisten exactamente-la imposición sobre el gasóleo, y los sistemas de tarificación uniformes que han de introducirse en toda Europa con la ayuda de la telemática. 
Sin embargo, la ponente va demasiado lejos al exigir que también se incluya en el sistema de tarificación el transporte privado no comercial en automóvil, en nombre de un justo reparto de los costes entre todos los usuarios de la infraestructura de las carreteras. 
¿Acaso se pretende que en el futuro el uso del automóvil sea derecho exclusivo de los ricos y la mayoría de la población se quede en casa? 
Por otra parte, a la ponente no se le puede negar el mérito de haber insistido en que las medidas propuestas no pueden dar lugar a un encarecimiento del transporte. Añade que en caso de que el resultado fuera efectivamente un aumento de losimpuestos, habría que disminuir en otro lugar la carga para los usuarios del transporte. 
En este contexto habría sido interesante que la Comisión nos hubiera especificado cuánto recaudan los Estados de la UE en concepto de impuestos sobre los vehículos, impuestos de consumo sobre la gasolina, el gasóleo, etc., y qué proporción de las tasas recaudadas se invierte luego en infraestructura y trabajos de reparación. 
El intento de controlar por todos los medios el creciente tráfico no puede convertirse en pretexto para que los ciudadanos y las empresas de transporte que usen el ferrocarril, la carretera, el transporte aéreo o las vías navegables sean sometidos cada dos por tres a nuevos impuestos. 
Y al fin y al cabo es esto lo que ocurre. 
No olvidemos que los ciudadanos alemanes pusieron el grito en el cielo cuando se consideró la posibilidad de elevar el precio de la gasolina a 100 francos el litro. 
Tengo la impresión de que la política desplegada en el Libro Blanco pretende alcanzar este objetivo por otra vía. 
Europa necesita buenos medios de transporte, la economía no puede prescindir de ellos y alguien tiene que pagarlos. 
Por el momento este alguien es el ciudadano. 
Por lo demás, me asombra que la Comisión hace como si no supiera que en materia de medio ambiente ya ha llovido mucho en el sector del transporte. 
Las empresas de transporte europeas, trátese del ferrocarril, del transporte por carretera, del tráfico aéreo o de la navegación marítima e interior, son las más modernas del mundo. 
Si seguimos imponiéndoles cada vez más tasas, acabaremos con ellas. 
No podía dar crédito a mis oídos cuando uno de los expertos invitados a la audiencia celebrada con motivo del Libro Blanco señaló que por razones medioambientales había que gravar el combustible para la aviación con 4 ecus el litro. 
Tarifas de Concorde en la vida cotidiana, ¿quién las va a pagar? 
Votaré en contra del informe de la Sra. Schmidbauer. 
El turno de votaciones ha finalizado. 
De conformidad con el orden del día, se reanuda el debate del informe (A4-0188/99) de la Sra. Bennasar Tous (Programa DAPHNE). 
Señora Presidenta, quisiera felicitar, en su ausencia, a la ponente Sra. Bennasar Tous, por el informe que ha preparado. 
Mi felicitación es extensiva a todos los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer y a todos los diputados que han contribuido a formular el programa y plan de acción para combatir la violencia contra la mujer y los niños. 
Mis gracias más sinceras a los dos Comisarios, Sra. Gradin y Sr. Flynn, por su apoyo y su perseverancia. 
Ahora tenemos una base jurídica para el programa, un presupuesto y un plan para lanzar una campaña de concienciación europea para combatir la violencia contra la mujer. 
Después de todos los conflictos, retrasos y obstáculos financieros y jurídicos que han levantado en nuestro camino los que no se percatan de la importancia de esta cuestión, hemos llegado ahora a tierra firme y espero que podamos empezar a ocuparnos de este gravísimo asunto. 
La nueva base jurídica, que no es precisamente la que queríamos, se basa en la competencia de la Unión Europea en materia de salud y no debe restringir el ámbito del programa DAPHNE. 
La violencia contra la mujer y el niño tiene lugar en muchas y muy diversas situaciones públicas y privadas, y tiene muchas causas y efectos. 
Trata de personas, violencia doméstica, abuso sexual y mutilación, violación, hostigamiento sexual en el lugar de trabajo: todas ésas son formas de la violencia basada en el género. 
El programa DAPHNE está destinado a dar un valor agregado a la labor de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de actividades de prevención, que apoyan a las víctimas, que reintegran a los supervivientes y que se ocupan también de los perpetradores. 
Todas esas esferas de trabajo saldrán beneficiadas con una mejor investigación y difusión de datos, que se pueden financiar con el programa DAPHNE. 
Parte del informe sobre el programa DAPHNE contiene información acerca de la campaña europea destinada a mejorar la concienciación acerca de la cuestión de la violencia contra la mujer, que se inició el mes pasado en Colonia bajo la presidencia alemana. 
Esta conferencia atrajo a gran número de organizaciones no gubernamentales y estimuló un gran volumen de reflexiones creadoras. 
Las enmiendas de la Sra. Bennasar, que han recibido el apoyo de la Comisión de Derechos de la Mujer, realzan más la participación de las organizaciones no gubernamentales en la ejecución del programa DAPHNE. 
La Comisión debería apreciar esto, y espero con interés a ver lo que dice en respuesta a las propuestas. 
La Comisión debería apreciar también la participación resuelta de los diputados de este Parlamento, que es lo que propone. 
He examinado muy minuciosamente las actuales directrices para los que solicitan fondos con cargo al programa DAPHNE. 
Me he percatado de que es necesario mejorarlas: son complejas y confusas. 
Las organizaciones no gubernamentales y los diputados del Parlamento Europeo podrían, e incluso deberían, sugerir un enfoque más claro- un juego de directrices más fáciles de utilizar por los interesados- que de esa manera podrían ser más pertinentes y más eficaces para alcanzar los objetivos apetecidos. 
Éste es un programa pequeño y una campaña pequeña en términos presupuestarios, pero la violencia que desea combatir es un problema importante para Europa y para el mundo. 
Nuestras investigaciones han indicado ya que, de cada cuatro mujeres, una es víctima de la violencia durante su vida y que el 90 % de los culpables son hombres. 
Por lo menos el 50 % de esos actos de violencia corresponden al marido o a la pareja de la víctima. 
Es realmente necesario que luchemos contra esa cultura de la violencia y que hagamos que la violencia contra la mujer sea inaceptable. 
No se puede considerar a esa violencia como un acto de amor: es un acto de dominio y de intimidación. 
También estamos trabajando por instituir la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto de los derechos humanos, tanto en Europa como fuera de ella. 
El grado de violencia cuya existencia ha demostrado ya la investigación demuestra que aún nos queda mucho que hacer. 
Estimamos que el programa DAPHNE es muy necesario y confiamos en que reciba pronto más recursos y un sistema más transparente y democrático para la adopción de decisiones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el programa DAPHNE, destinado a luchar contra la violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niños, aborda un doloroso problema y, por lo tanto, es merecedor de todo el apoyo y de unas condiciones de actuación razonables. 
Resulta difícil de comprender el deseo que muestran algunos Estados miembros de limitar el ámbito de aplicación del programa, lo cual impediría prestar la atención adecuada que exige un área problemática y pluridimensional como es ésta. 
La violencia constituye una grave violación de los derechos humanos- no una mera cuestión de sanidad pública- en cualquiera de sus modalidades, pero especialmente cuando las víctimas son niños. 
Así pues, el programa ha de seguir teniendo como objetivo evitar cualquier tipo de violencia y proteger a las víctimas de la misma, también cuando se trate de abusos sexuales y de abandono. 
Naturalmente, lo más importante sería poder actuar con carácter preventivo y de la manera más eficaz posible. 
Se necesita formación, información y amplias redes de asistencia para las situaciones de riesgo. 
Tanto las distintas campañas de información y el intercambio de experiencias como, naturalmente, la investigación relacionada con la violencia constituyen importantes instrumentos para reducir las actividades violentas. 
No cabe la menor duda de que las experiencias resultantes de la iniciativa DAPHNE serán beneficiosas a la hora de estructurar el nuevo programa quinquenal. 
Por medio de este programa será posible apoyar la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y la autoridades locales. 
Estas organizaciones necesitan ayuda precisamente a la hora de crear las distintas redes, de lograr una difusión eficaz de la información, de encontrar asociados y de fomentar un intercambio mutuo. 
Desearía hacer especial hincapié en el significado que reviste el programa DAPHNE en la defensa de los derechos de los niños y, particularmente, en la protección de los más pequeños ante los abusos sexuales. 
En esta tarea preventiva de protección infantil se necesita una coordinación de las actividades de padres, profesores y, en suma, de todo el entorno del niño. 
Creo que es también muy importante ampliar gradualmente este programa al resto de los países, especialmente a los países de la Europa Central y Oriental, puesto que la violencia, en todas sus modalidades, tiene una dimensión transfronteriza, por ejemplo en su variante de comercio sexual o de pornografía infantil a través de Internet. 
Es imprescindible la cooperación para garantizar los derechos humanos fundamentales y, por lo tanto, también los derechos del niño; es igualmente necesario lograr la eficacia de esta cooperación entre los países candidatos y los actuales Estados miembros. 
Asimismo, en las legislaciones de los países candidatos se deberán garantizar los derechos fundamentales tan claramente que sea posible actuar de una manera verdaderamente eficaz ante cualquier violación de los derechos humanos que tenga su origen en la violencia. 
Por lo demás, desearía que las cuestiones relativas a los derechos del niño figuraran en el orden del día prioritario de la Unión Europea, ya que únicamente de este modo podremos defender nuestro futuro y nuestra posición entre la comunidad de Estados civilizados. 
Señora Presidenta, ante todo, quisiera felicitar a la Sra. Bennasar Tous, aunque ausente, y también a la Sra. Colombo Svevo que tan dignamente nos ha presentado el tema esta mañana; pero sobre todo, quisiera felicitar a la Sra. ponente por su valiosa aportación a la propuesta de la Comisión sobre el programa DAPHNE, así como por la forma en que ha tratado una cuestión tan importante. 
Además, tal como ya se ha mencionado aquí, hemos debatido largamente sobre esta cuestión en la Comisión de Derechos de la Mujer y ha habido un consenso general acerca de sus propuestas. 
La Sra. ponente aplaude la propuesta de la Comisión; pero aporta enmiendas esenciales, con las cuales, y esto quiero acentuarlo, mi Grupo está de acuerdo. 
Principalmente estamos de acuerdo con las reservas que expresa sobre el cambio del fundamento jurídico del plan de acción. 
Basarse en el artículo 235 del Tratado en lugar del 129, puede llevar a excluir del programa DAPHNE todos los temas relacionados con la violencia, la explotación sexual y la trata de mujeres y niños, con la excusa de que estos temas no atañen a la salud pública. 
Nos alegramos, pues, de que haya un fundamento jurídico; pero con este fundamento concreto tenemos ciertos problemas. 
Igualmente estamos de acuerdo con la Sra. ponente en pedir a la Comisión que defina las prioridades sobre los planes seleccionados, a fin de utilizar con la mayor eficacia posible los recursos disponibles. 
Es decir, estamos hablando de prevención, de programas de rehabilitación de niños, jóvenes y mujeres en situación de peligro, y de previsiones relativas a los autores de actos delictivos, especialmente los jóvenes. 
Asimismo, deberemos centrar nuestra atención en las prácticas legales y los medios de garantizar los intereses del menor, del adolescente o de las mujeres víctimas de la violencia. 
Nosotros apoyamos la petición de que, en el Comité Consultivo, haya un representante del Parlamento Europeo y un representante de las ONG, así como la petición de que se presente un informe sobre los progresos realizados una vez al año, y no cada tres años. 
También estamos de acuerdo en que deben participar en el programa los países candidatos a la adhesión y en que debe haber una mayor divulgación de la información, especialmente entre los medios de comunicación y el público al que va dirigido el programa. 
Finalmente, quisiera subrayar que también nosotros solicitamos que se presente un nuevo informe que tome en cuenta las enmiendas anteriormente citadas y, principalmente, que abarque todo tipo de violencia y de explotación sexual de mujeres y de niños, incluida la trata de personas. 
Señora Presidenta, me alegra mucho que exista un programa DAPHNE y espero que podamos hacer un buen uso del mismo, ya que la violencia contra las mujeres y los niños es uno de los hechos inaceptables de nuestra sociedad que continúa aumentando. 
Mi llegada al Parlamento Europeo coincidió con un coloquio que se celebró en el Parlamento sobre la violencia contra los niños y su maltrato, y me propuse volver a abordar esté problema en profundidad en el Parlamento. 
Quiero pedirles más concretamente que centren su atención en las posibilidades de prestar apoyo a aquéllos que quieren combatir la pedofilia y la oferta de jóvenes prostitutas a través de la red de Internet. 
Señora Presidenta, señor Comisario, nos enfrentamos a una lacra que continuamente empeora. 
Hemos votado esta semana en el Parlamento un texto sobre los delitos en Internet que me parece muy bueno. 
No obstante, quiero decirles qué sucede en la práctica. 
En la práctica, hay que investigar innumerables cosas. 
Una y otra vez se trata de niños que han sido víctimas de un delito real. 
El número de víctimas aumenta y con él también el número de potenciales criminales, puesto que, desgraciadamente, las víctimas se convierten a veces en criminales si no superan sus traumas correctamente. 
Uno de los principales problemas es que las ONG que luchan contra la pornografía y las redes de pedofilia tienen muy a menudo que investigar miles y miles de datos, y la policía se enfrenta al mismo problema. 
Se aboga acertadamente en este informe por que también se apoyen los proyectos encaminados a encontrar a las víctimas, eventuales víctimas de secuestros que, por ejemplo, desaparecen en la prostitución y que tal vez vuelven a aparecer en estas fotos, que con fines comerciales son ofertadas en la red por determinados criminales. 
Por ello, señora Presidenta, quisiera pedir que se creen amplias posibilidades para las ONG que se ocupan de esta cuestión, pero que, por otra parte, tampoco se olviden los escasos medios con que nuestras instancias judiciales a veces tienen que trabajar, por no mencionar la inexistencia de una coordinación europea. 
De ahí que también encuentre acertada la pregunta que figura en el informe en cuanto a si la Europol debe colaborar de forma efectiva en la lucha contra esta violencia. 
Lo que he dicho en relación con los niños también lo mantengo en cuanto a lucha contra la violencia contra las mujeres, puesto que también a menudo jóvenes refugiadas llegan a la prostitución contra su voluntad y son a menudo víctimas de la misma violencia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, «la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres». 
El día internacional de la Mujer, la Comisaria Gradin invitó precisamente con esas palabras a los hombres a tomar la palabra sobre la violencia contra las mujeres. 
Llama la atención que esa frase haya tenido poca resonancia en este debate. 
Si la Comisaria quería decir que los hombres tienen gran parte de culpa en lo que a la violencia contra las mujeres se refiere, debo reconocerlo. 
El enfrentamiento absoluto entre los dos sexos es, sin embargo, desfigurar la realidad. 
Con ello no quiero negar el problema. 
Mi principal reparo a la propuesta se dirige al nivel en que se aborda. 
La violencia es una lacra que tiene lugar en un círculo pequeño. De ahí que sea conveniente un enfoque nacional o local. 
Me refiero con convencimiento al significado de la Biblia en las relaciones personales. 
No puedo dejar de señalar que las personas, tanto hombres como mujeres, están creadas a imagen de Dios. 
Esta idea es muy beneficiosa para que se den unas relaciones armoniosas entre las personas. 
Quien ejerce la violencia contra el prójimo, niega estos datos bíblicos. 
Señor Presidente, la idea de aprobar un programa destinado a prevenir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres es una idea generosa y noble que todos, naturalmente, pueden suscribir. 
Este programa, que hace referencia al mito griego de DAPHNE, establece algunas acciones administrativas y procedimientos que nosotros aprobamos. 
Sin embargo, no parece que la ponente se haya planteado realmente las causas y los orígenes de la violencia en las sociedades europeas actuales. 
Ahora bien, esta violencia no cesa de aumentar. 
En Francia, a título de ejemplo, la cifra de crímenes y de delitos ha pasado de 200.000, en 1948, a 4.200.000, en 1998. 
Ciertamente, todos estos crímenes y delitos no afectan sólo a las mujeres y a los niños, aunque la tendencia general al aumento de la violencia es innegable también en este ámbito. 
Dicha tendencia debe vincularse a la fragmentación del marco tradicional en el que el ciudadano ha desarrollado su vida. 
Desde hace 50 años, en efecto, la sociedad se ha urbanizado, el marco familiar se ha desmoronado, las referencias morales y religiosas a menudo también se han derrumbado. 
Emancipado de estos marcos civilizadores, el individuo, al creerse libre, puede verse tentado a ejercer la violencia contra los demás con total impunidad. 
Un programa administrativo y financiero, como el que se nos presenta, a pesar de sus méritos, no puede hacer frente al desafío, que es, de hecho, el desafío de una nueva barbarie. 
Esto es tanto más cierto por cuanto la ideología de los derechos humanos, al insistir siempre en los derechos y nunca en los deberes, justifica, contrariamente a sus intenciones, los excesos de todo tipo. 
La sabiduría antigua no ignoraba que la persona se ve siempre tentada a cometer excesos que desembocan en la violencia. 
Platón demostró, por ejemplo, que el alma humana presenta tres componentes: racional, sentimental e instintivo. 
Si la educación no logra establecer una alianza entre la razón y los sentimientos para disciplinar los instintos, éstos se desencadenan y ello abre la puerta a todo género de violencia. 
Esta antigua enseñanza sigue siendo válida. 
Por eso los simples paliativos no bastan. 
Es necesario asimismo combatir las causas profundas del aumento de la violencia en general y de la violencia ejercida contra las mujeres y los niños en particular. 
Esto supone que la violencia deje de cultivarse sistemáticamente en los medios de comunicación y que la educación moral vuelva a convertirse en un interés superior. 
Durante la IIIª República, en Francia, esta educación cívica y moral era objeto de un consenso. 
Éste se ha roto por la invasión de ideologías laxistas en materia de educación. 
Ahora bien, el hombre no es un ser bueno por naturaleza, necesita sentir el peso de la disciplina civilizadora. 
El gran poeta trágico griego, Esquilo, demostró en la tragedia Las Euménides que una sociedad que se despreocupaba de castigar el delito daba lugar a una delincuencia creciente. 
Además de la necesidad de enseñar mejor la ética o de aumentar la represión judicial, también es necesario que la persona pueda arraigarse en comunidades reducidas, más que en ciudades tentaculares. 
La técnica moderna permitiría acondicionar el territorio para que las personas vivieran en barrios y localidades de dimensiones humanas, donde todos se conocen; tendría lugar entonces un control social espontáneo, más eficaz que la represión judicial o el apoyo administrativo a las víctimas. 
Debemos orientarnos hacia este tipo de política que fomente un nuevo arraigo de la persona en comunidades de dimensiones humanas. 
De este modo, podría extirparse una parte de las raíces de la violencia. 
Señor Presidente, cuando he tenido que explicar la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y asuntos Interiores en sustitución de mi colega, la Sra. Zimmermann, he dicho que este Parlamento está particularmente satisfecho con la iniciativa de la Comisión y que se lo agradezco al Comisario suplente Liikanen, en nombre de mis otros dos colegas. 
No obstante, también he dejado claro que nos preocupa especialmente la modificación de la base jurídica. 
Dije entonces que eso nos aguaría considerablemente la fiesta y ha empañado algo nuestra felicidad, ya que la violencia contra niños y mujeres, señor Comisario, no es, por supuesto, solamente un riesgo para la salud. Es una violación de los derechos humanos fundamentales. 
La lucha contra la violencia es un problema muy complejo. No se trata solo de la asistencia a las víctimas, sino también de la prevención y de la lucha contra los criminales. 
Entre otras cosas, se trata de la colaboración entre la justicia y la policía. 
Por tanto, es por definición multidisciplinar. Lo que quiero decir con ello es que resultaría especialmente inaceptable que la modificación de la base jurídica solamente diera lugar a un nuevo programita de salud extra para mujeres y niños, y no se realizaran acciones estructurales. 
Apoyo rotundamente los esfuerzos de nuestras dos Comisiones, tanto la Comisión de Derechos de la Mujer como la Comisión de Asuntos Interiores, que, como quisiera decir, han intentado ampliar de diferentes maneras la propuesta modificada de la Comisión Europea. 
Quisiera subrayar algunas cosas, en mi opinión, importantes. 
En primer lugar, me refiero a la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud. 
Ésta es muy importante porque va más allá de la simple elusión de los riesgos. 
Esta definición remite a la calidad de vida de las personas, por lo que el reto es todavía mayor. 
La igualdad de oportunidades para personas diferentes y para distintos grupos de la sociedad. Pero, sobre todo, creo yo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad e integridad de cada uno. 
Supone una claro remisión a los derechos humanos por lo que este programa, quizá, pudiera ser algo más amplio y su contenido originario, el que había antes, pudiera recuperarse. 
Así mismo, quiero hacer un llamamiento especial a la Comisión, y simultáneamente a mis colegas, para que se insista firmemente a los representantes del Consejo a fin de que se generalice una interpretación más amplia, un ámbito de aplicación más amplio del programa DAPHNE. 
Me gustaría mucho escuchar la posición del Comisario sobre esta cuestión. 
Señor Comisario, el Consejo lanza hasta el día de hoy señales especialmente persistentes que demuestran que no comprende este mensaje. 
Me angustia bastante, sobre todo, la intención de conceder solamente un minipresupuesto al programa DAPHNE, todavía menos de lo que, de hecho, había previsto el Parlamento y con lo que la Comisión estaba de acuerdo, por lo que el Consejo pueda planear respecto de este programa. 
Esto me hace sospechar que el Consejo realmente planea, efectivamente, aceptar algunos microproyectos, un poco sensibilizadores, algunas campañas informativas y que esto contrasta visiblemente con las claras ambiciones que tenemos respecto del programa DAPHNE. 
Sin la ampliación de este programa, señor Comisario, y sin los fondos necesarios, el programa DAPHNE se queda sin contenido. 
Sin embargo, la gente espera muchísimo de esta iniciativa. 
Por tanto, el Parlamento Europeo nunca puede aceptarlo, en tanto colegislador en el procedimiento de codecisión. 
Espero que el Consejo entienda nuestro mensaje. 
Señora Presidenta, la violencia es una característica específica de la sociedad contemporánea y un enigma de la sociedad abierta, una sociedad que ha perdido sus valores y que crea nuevos ídolos y nuevos símbolos trastrocando al final esos valores tradicionales que, por el contrario, siempre han constituido la base de nuestra convivencia civilizada. 
No ha de escandalizarnos, por tanto, que la televisión y los medios de comunicación nos transmitan imágenes de violencia y que nuestros hijos se nutran de estas imágenes y construyan sobre esta imágenes su mundo y sus ideales. 
Nosotros que somos los responsables de su educación y que, como políticos, deberíamos ser los intérpretes más fieles de las necesidades de los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar los orígenes de esta violencia y definir los métodos de lucha más eficaces. 
En realidad, nuestra Comunidad se ha empleado a fondo en la lucha contra la violencia subrayando el valor del derecho a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad física y mental con toda una serie de programas como el que hoy tratamos de perfeccionar: el programa DAPHNE que lucha contra la violencia contra las mujeres, los adolescentes y los niños. Un programa que ha convertido la lucha contra los actos de violencia perpetrados en los hogares, con los maltratos y el abuso sexual de los niños y del cónyuge, y los perpetrados en la vida cotidiana, con la violación, las agresiones sexuales, el acoso, la intimidación en el lugar de trabajo, etcétera, en una verdadera batalla de valores y de civilización; un programa que, a tenor de la verdad, no prevé soluciones sencillas, ya que contempla numerosos factores que interactúan entre sí: educación, moda, cuestiones de independencia económica y de empleo, sistemas jurídicos y judiciales, servicios de asistencia en favor de las víctimas, cuestiones sanitarias. 
La lucha contra la violencia, sin embargo, se ha marcado el límite del reglamento, de la definición jurídica de los sistemas de recurso, esto es, ha encontrado en el artículo 152 del Tratado de Amsterdam el fundamento jurídico del programa. 
En consecuencia, ha incluido en el título «Salud pública» un ámbito al que, a nuestro entender, debería aplicarse por mayor coherencia el artículo 308 de dicho Tratado. Es decir, el que, en definitiva, atribuye poderes de acción no expresamente previstos, cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr uno de los objetivos de la Comunidad. 
Señora Presidenta, señoras y señores, efectivamente, el mundo en el que nos toca vivir deja bastante que desear. 
Entre sus lados oscuros figura sin duda la violencia ejercida contra las mujeres, los niños y los adolescentes. Debemos combatirla con todos los medios que están a nuestro alcance. 
Por eso mismo, la Presidencia alemana ha convertido esta cuestión en objetivo prioritario. 
Ya se ha celebrado una reunión sobre el tema. 
El Bundesrat, la cámara de los länder alemanes, lamentó profundamente que el año 1999 no fuera designado año oficial de la lucha contra la violencia contra las mujeres, puesto que hubiera sido una baza complementaria importante. 
Se requieren estrategias diferenciadas según se trate de actos de violencia doméstica u otras formas de violencia. En la propuesta de la Comisión se echa en falta una clara distinción al respecto. 
Por tanto, es necesario incluir las enmiendas que se refieren explícitamente al abuso sexual, la explotación sexual y la trata de seres humanos. En este mismo sentido también hemos de apoyar las demás enmiendas. 
Dichas precisiones son imprescindibles por dos razones. En primer lugar, debe quedar claro que el concepto de la violencia no se limita a la utilización de la violencia física. 
El abuso sexual no va siempre acompañado de maltratos físicos, especialmente en el caso de los niños, donde se manifiesta preferentemente en intimidaciones y amenazas de todo tipo que no dejan huellas externas. 
No por ello las consecuencias son menos dramáticas. En la mayoría de los casos las secuelas tienden a ser más graves. 
Para las víctimas del abuso sexual, ya sean mujeres o niños, la constatación de que sólo son tomados en serio cuando sufren lesiones físicas se convierte en una de las experiencias más humillantes. 
La explotación sexual constituye uno de los aspectos marginales más horribles de la industria del sexo, un dato que no podemos pasar por alto. 
En la actualidad, la trata de mujeres mueve más dinero que el tráfico de drogas. 
Sin embargo, la probabilidad de que sus autores sean llevados ante los tribunales es considerablemente menor que en el caso del tráfico de drogas o de armas. Ello se debe principalmente a la falta de pruebas válidas. 
La trata de mujeres es un «sector en auge» , entre otras razones por la permeabilidad de las fronteras hacia la Europa Central y Oriental, de donde procede la gran mayoría de las víctimas que residen en nuestros países miembros. 
La deplorable situación económica de sus países de origen hace que muchas mujeres se agarren a un clavo ardiendo, convirtiéndose en presa fácil de los traficantes de seres humanos. 
Debemos manifestar explícitamente nuestra satisfacción por el hecho de que esta intolerable manifestación del máximo desprecio humano haya dejado de ser tabú. 
Cada vez son más frecuentes los debates que tratan este tema así como los programas de acción que pretenden combatirlo. 
Prestamos nuestro apoyo incondicional a este tipo de medidas y en este contexto es preciso mencionar los esfuerzos realizados por la comisaria Anita Gradin. 
Les recuerdo la enorme resonancia que tuvo la conferencia celebrada en Viena. 
Es necesario ampliar y mejorar las medidas en materia de prevención, información y protección de las víctimas, así como la cooperación y la coordinación con la justicia, la policía, las autoridades responsables y, especialmente, con las organizaciones gubernamentales competentes, en los Estados miembros de la Unión Europea, entre los Estados miembros de la Unión Europea y también en colaboración con los terceros países implicados. 
Es poco probable que el fundamento jurídico elegido, que con razón se ha convertido en objeto de críticas por nuestra parte, cree el marco adecuado. 
No cabe duda de que en la mayoría de los casos la violencia ejercida contra las mujeres, los niños y los adolescentes afecta seriamente a la salud física y psíquica- un dato importante- de las víctimas. 
Ahora bien, ello no justifica de ninguna manera que el problema se reduzca a una mera cuestión de salud. No podemos permitir que un asunto tan serio se trivialice hasta este punto. 
Ya se ha dicho: la violencia ejercida contra mujeres, niños y adolescentes ha de considerarse como una grave violación de los derechos humanos y merece el castigo correspondiente, sin condiciones y restricciones de ninguna clase. 
Señora Presidenta, la Comisión desea dar gracias a la Sra. Bennasar Tous y a la Comisión de Derechos de la Mujer por el informe preparado, que apoya firmemente la iniciativa de la Comisión y subraya en forma admirable la necesidad y la urgencia de que se adopte el programa DAPHNE con suficiente antelación al final del año. 
La Comisión aprecia también el importante papel que el Parlamento Europeo desempeña al incluir la lucha contra la violencia en el programa de trabajo de la Unión Europea. 
El principal objetivo del programa quinquenal DAPHNE propuesto es apoyar y estimular a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones voluntarias para que mancomunen sus esfuerzos y protejan a los niños, a los jóvenes y a las mujeres contra todo tipo de violencia. 
Esto se conseguirá mediante el establecimiento de redes, el intercambio de informaciones y de las mejores prácticas, y el incremento de la concienciación pública. 
La acción preventiva, incluida la forma de evitar la conducta violenta del hombre contra la mujer, figurará entre las prioridades. 
El programa aprovecha las experiencias de la iniciativa DAPHNE desde que comenzó a funcionar en 1997. 
La Comisión coincide con el informe en su evaluación del programa. 
El programa es un importante instrumento en la lucha contra la violencia. 
El carácter plurianual del programa permitirá planificar las iniciativas sobre la base de un plazo más largo. 
Su ampliación gradual a los países que ingresen en la UE, como han mencionado varios diputados, y a los países de la AELC, reviste importancia vital, en vista de la dimensión transnacional de muchas de las formas de violencia. 
El programa ayudará también a desarrollar el potencial de las organizaciones no gubernamentales en numerosas esferas. 
La Sra. Bennasar propone diversas adiciones y enmiendas constructivas de la propuesta de la Comisión. La Comisión acepta con placer la mayor parte de dichas propuestas. 
La Comisión coincide también con la necesidad de elegir cuidadosamente los proyectos. 
Uno de los objetivos debe ser que haya un equilibrio entre diferentes zonas y diferentes grupos de personas. 
El comité consultivo cuya creación se propone desempeñará un importante papel con la asistencia que presta la Comisión a ese respecto. 
La ponente y buen número de diputados lamentan que la Comisión haya resuelto cambiar la base jurídica de la propuesta, para que sea el artículo 129 en vez del artículo 235. 
Ha sido una difícil decisión para la Comisión. 
Puedo asegurarles a todos que la Comisión hubiera preferido atenerse a la propuesta original, pero el riesgo de que la propuesta quedara bloqueada en el Consejo era considerable. 
Algunos Estados miembros se oponían abiertamente a la utilización del artículo 235 y hemos de tener en cuenta que un programa DAPHNE que resultase inaceptable no tendría ningún valor. 
Se ha planteado también la cuestión de la ampliación del programa. 
La Comisión da por supuesto que una modificación del artículo 129, que trata de la salud pública, no limitará el ámbito del programa. 
El contexto en que trabajamos para luchar contra la violencia y en el que sufren las mujeres y los niños, forma parte precisamente del contexto general de los derechos humanos. 
Sin embargo, las repercusiones de la violencia pueden ser lesiones, o riesgos de lesión, para la salud física, mental y sicológica de la víctima. 
Además, el Programa DAPHNE es, como subraya la ponente, un programa basado en las víctimas. 
Su finalidad es evitar todas las formas de violencia y proteger a todas las víctimas y víctimas potenciales de la violencia, independientemente de que la violencia revista la forma de trata, abuso sexual, abandono de niños u otra forma cualquiera. 
Cuando se adopte, el Programa DAPHNE proporcionará un nuevo impulso a la lucha contra la violencia. 
Ahora es importante que se adopte rápidamente y, en todo caso, con antelación suficiente al final del año. 
La Comisión aprecia el firme apoyo del Parlamento Europeo para la consecución de ese objetivo. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
Señora Presidenta, sólo deseo hacer una observación. 
En primer lugar, damos las gracias a la Comisión porque, si he entendido bien, está de acuerdo con nuestras propuestas. 
Por tanto, ¿esto quiere decir que la Comisión admite la inmensa mayoría de las enmiendas o todas las enmiendas? 
La Comisión está dispuesta a aceptar 16 enmiendas y otras 10 con cambios de redacción, pero hay 10 enmiendas que no puede aceptar. 
Si quieren que les diga qué enmiendas corresponden a cada uno de estos grupos, lo haré hoy o mañana, según deseen. 
Señor Comisario, existe una gradación en nuestra enmiendas: hay enmiendas que plantean cuestiones de subsidiariedad y otras de procedimiento- y respecto a esto, creo, se podrá llegar a un acuerdo -; sin embargo, hay enmiendas que son enmiendas de fondo. 
Se trata, por ejemplo, de las enmiendas 7, 27, 29 y tercer guión de la 35 que, en nuestra opinión, forman parte de esos contenidos de fondo que, a mi entender, deberían ser aceptados por la Comisión. 
Creía que el Comisario ya se había pronunciado acerca de las enmiendas aceptadas por la Comisión. 
Pero, por lo visto, me he confundido. 
¿Puede usted decirnos cuáles son las enmiendas que la Comisión ha decidido aceptar? 
La Comisión está dispuesta a aceptar- con cambios de redacción- las enmiendas 29 y 35 pero no puede aceptar la enmienda 7. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 19.45 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en la página 9 del Acta se hace mención a tres intervenciones sucesivas, la mía, la del Sr. Fabre-Aubrespy y la del Sr. Wijsenbeek, relativas a la decisión, importante a mi parecer, de que la modificación de las competencias de las comisiones se vote por mayoría simple. 
Pero las competencias de las comisiones forman parte del Reglamento, y toda modificación del mismo requiere la mayoría absoluta. 
Ya sé que existe un precedente y que, basándose en esto, el Presidente ha decidido dejar a un lado el problema. 
Pero yo querría señalar que, para no persistir en una mala tradición, al menos habría que dejar que debatiera el tema la Comisión de Reglamento, ya que en mi opinión sería abusivo o, en todo caso, una interpretación tendenciosa, permitir que una mayoría simple pudiera modificar la competencia de las comisiones o, en cualquier caso, vaciar de contenido aquellas en la que esa mayoría relativa no asumiera la presidencia. 
Hay, por lo tanto, una posibilidad de abuso; y el reglamento está hecho para proteger a las minorías. 
Así pues, creo que merece la pena someter el problema a la Comisión de Reglamento y no eliminar de un simple plumazo esta objeción, que me parece fundamental. 
Señor Herman, ya sabe que mi criterio ha sido siempre que, en caso de controversia sobre el fondo, la Presidencia ha de pronunciarse sobre la situación inmediata y después, si es necesario, remitir la cuestión a la Comisión de Reglamento. 
Por lo tanto, someteré a ésta la cuestión que usted ha planteado, usted y otros diputados. 
(DE) Señor Presidente, ayer estuvimos votando el informe que yo presenté sobre el Libro Blanco de la Comisión «Tarifas justas por el uso de infraestructuras». 
Pero al leerlo me he dado cuenta de que los servicios, siguiendo su propio criterio, han modificado un pasaje del texto sobre el que habíamos votado en el punto 1. 
En mi informe, que había sido aprobado por la Comisión de Transportes y Turismo sin que el punto 1 sufriera modificación alguna, pedía que se introdujera un sistema de tarifas uniforme para todos los vehículos de transporte «y que tuviese en los costes sociales límite uno de sus cimientos». 
Fue redactado así conscientemente con el fin de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros ámbitos. 
Pero algún freak lingüístico lo ha transformado en: «... sobre la base de los costes sociales» , y esto es otra cosa distinta. 
Le rogaría que la primera versión fuese recogida tanto en el texto alemán como en las correspondientes traducciones. 
Muchas gracias, señora Schmidbauer. 
Los servicios lo comprobarán y se mantendrá la traducción original votada, que es la voluntad de la Asamblea. 
El Acta queda aprobada 
Comunicación del Presidente 
En las votaciones de ayer por la mañana, de la propuesta de decisión sobre el número y competencias de las comisiones parlamentarias, el Parlamento aprobó dos enmiendas contradictorias en lo que respecta a las competencias en materia de protección jurídica de los consumidores, a saber, la enmienda 31, del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, y la enmienda 60, del Grupo del Partido Popular Europeo. 
El Reglamento no permite que dos comisiones sean al mismo tiempo competentes para el mismo asunto. 
La competencia en materia de protección jurídica de los consumidores debe atribuirse, a fin de garantizar la coherencia interna del texto aprobado, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Por consiguiente, he dado las instrucciones necesarias al respecto a los servicios competentes. 
El efecto de una moción de censura estriba, según el párrafo segundo del artículo 144 del Tratado de la Comunidad Europea, en que los miembros de la Comisión deberán renunciar colectivamente a sus cargos. 
Por tanto, en aplicación de los principios jurídicos nulla quia absurdum y ad impossibilia nemo tenetur, no puede estimarse admisible una moción de censura contra quienes ya han renunciado colectivamente a sus cargos. 
He decidido, en consecuencia, declararla inadmisible. 
Aplausos 
Señor Presidente, no sé como puede usted tomar semejantes decisiones. 
Reconozco que me sorprende la forma en que, sistemáticamente, se buscan argumentos jurídicos para oponerse a una u otra categoría de diputados. 
Se trata en este caso de una décima parte de los miembros del Parlamento, 66 diputados pertenecientes a todos los grupos políticos: 5 del Grupo PSE, 8 del Grupo PPE, 4 del Grupo ELDR, 6 del Grupo UPE, 6 del Grupo GUE, 9 del Grupo V, 3 del Grupo ARE, 15 del Grupo I-EDN y 10 no inscritos. 
No se trata, por tanto, de una iniciativa de algún colega nuestro, sino de una décima parte de los diputados al Parlamento. 
El tema se sometió al servicio jurídico el día 6 de abril. 
En una nota del 7 de abril, que dirigió al Sr. Priestley, nuestro jurisconsulto concluía: «una moción de censura contra la Comisión sería admisible para aclarar la situación jurídica en la que se encuentra y para limitar más el ejercicio de sus poderes, aunque se considera que el valor añadido, desde el punto de vista jurídico, sería bastante débil». 
La Comisión dimisionaria va a seguir en su sitio por lo menos hasta finales de septiembre o principios de octubre. 
Dispone de todos los poderes porque ha presentado la dimisión basándose en el artículo 159. 
Así, hemos visto cómo la Sra. Bonino, comisaria dimisionaria, ha ido a la sede de la OTAN, organismo internacional, para entrevistarse con el Secretario General por vez primera. 
¿Consideran ustedes que esta postura se ha adoptado en el marco de una Comisión que despacha los asuntos corrientes? 
Por lo tanto, no es concebible que, durante más de seis meses después de una dimisión, tengamos una Comisión con plenos poderes, sin que ustedes puedan ejercer su derecho, su derecho fundamental de controlarla, controlarla sobre todo por la moción de censura. 
De ahí que considere muy grave la decisión que toma usted, señor Presidente, muy grave en el contexto actual- aunque este no sea tan grave- y muy grave también para el futuro de este Parlamento y para el futuro de la democracia en Europa. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Fabre-Aubrespy no entiende todo este asunto, porque el hecho es que, aun cuando esta Asamblea aprobara su moción de censura, continuaría la misma Comisión, pues está jurídicamente obligada por el Tratado, hasta que la sustituyamos. 
Señor Presidente, hace usted pero que muy bien en mantener la dignidad de esta Asamblea. 
Como usted, yo creo que ésa es la decisión correcta y, por lo que a mí respecta, no soy partidaria de mutilar cadáveres. 
Señor Presidente, estimados colegas, no cabe duda de que esta cuestión debe tratarse en el marco del Tratado. 
Disponemos de un informe del asesor jurídico del Parlamento que nos orienta entre otras cosas acerca del tema de los asuntos corrientes. 
Dicho dictamen recoge disposiciones fundamentales respecto a la cuestión que estamos debatiendo ahora. 
Por lo que a la situación actual de la Comisión se refiere, el asesor jurídico del Parlamento dice: 
«Tratándose de una dimisión colectiva de todos los miembros de la Comisión a causa de la pérdida de confianza del Parlamento, parece que el caso previsto en el Tratado que presenta mayor analogía es el del artículo 144, que contempla el caso de una moción de censura decidida por el Parlamento. 
Dicha moción de censura es expresión del principio de confianza parlamentaria, que se ha visto reforzado a partir del Tratado de Maastricht con las normas que reconocen el paralelismo entre la duración de la legislatura y la del mandato de la Comisión, así como la aprobación, por parte del Parlamento, del nombramiento de la Comisión y su presidente. 
En este sentido, aunque la simple asimilación a la moción de censura no parece indicada, parece conforme al espíritu del Tratado buscar soluciones que sean compatibles con el principio de confianza parlamentaria. 
De ello resulta que la situación actual de la Comisión es similar a la contemplada en el artículo 144 del Tratado.» 
Señor Presidente, ello me lleva a concluir que usted ha tomado la decisión correcta. Su decisión se enmarca en la línea trazada por el Tratado y se ajusta perfectamente al mismo. 
Por tanto, la moción de censura ha de considerarse inadmisible. 
Voy a dar la palabra al Sr. Kerr, que es otro de los firmantes de la moción de censura y, después, tomaremos la decisión definitiva. 
Señor Presidente, puede ser que sus juristas hayan encontrado una forma de eludir las obligaciones políticas de este Parlamento, pero no cabe duda de que se trata de una cuestión moral. 
Esta Comisión dimitió hace más de dos meses y, aun así, sigue en sus funciones, sigue recibiendo sus salarios, sigue adoptando decisiones y sigue sin adoptar decisiones. 
Europa está en crisis y este Parlamento tiene la obligación de decirles: nombren rápidamente una Comisión interina. 
Si no lo hacen, recomiendo a todos los diputados que rechacen al Sr. Prodi en mayo como señal de objeción a esta situación. 
Dentro de dos meses vamos a celebrar elecciones. 
Los ciudadanos de Europa no entienden por qué una Comisión que dimitió hace dos meses va a continuar durante nueve meses más. 
Es una vergüenza, ¡y debemos decirlo! 
Muchas gracias, señor Kerr. 
Yo creo que el debate ya ha sido suficiente y contesto a los autores de la moción de censura insistiendo en que es inadmisible. 
Los informes del Servicio Jurídico deben ser estudiados cuidadosamente, pero no son vinculantes para la Presidencia en la interpretación del Reglamento. 
Sólo la Comisión de Reglamento puede alterar una interpretación de la Presidencia, que es responsabilidad de ésta. 
Yo le puedo garantizar que la he tomado con plena responsabilidad, no sólo para el momento actual, sino para el futuro. 
La finalidad de la moción de censura, en el Derecho parlamentario, es comprobar que un Ejecutivo ha perdido la confianza de la mayoría de la Asamblea o, en caso de rechazo, que mantiene esa confianza. 
Es evidente que, en este caso, el eventual rechazo de una moción de censura nunca podría producir ese efecto de restablecer una confianza que ya no serviría para nada. 
Por eso, he dicho que este procedimiento conduciría al absurdo, y el absurdo debe ser siempre rechazado en la interpretación de cualquier artículo, y mucho más en el caso de una moción de censura, que es un instrumento altamente político. 
Respeto mucho a todos los firmantes, como a todos los diputados de esta Asamblea, pero es responsabilidad de ésta escoger el cauce adecuado, o bien ante el Tribunal de Justicia o bien a través de las resoluciones pertinentes puesto que el Reglamento permite muchas maneras de expresar esa voluntad. 
No es la moción de censura la manera adecuada, y no es esta Asamblea la responsable de que la Comisión vaya a mantenerse en funciones durante muchos meses. 
Esta Asamblea ha ofrecido la posibilidad de cooperar con el Consejo para sustituirla en el plazo más breve posible. 
No podía hacer otra cosa y no es responsabilidad suya si el Consejo, ponderando otra serie de razones, ha decidido que no podía nombrar todavía a los Comisarios sustitutos. 
Nosotros hemos hecho cuanto podíamos hacer hasta este momento, y en esa línea de responsabilidad tenemos que mantenernos. 
La cuestión ha quedado, por tanto, decidida. 
Aplausos 
Señor Presidente, quisiera hacer referencia al texto que aprobamos ayer y a las enmiendas 60 y 61 que, a su modo de ver, son contradictorias. 
Presidente, yo no creo que lo sean. 
Sea como fuere, nuestro Grupo ha presentado deliberadamente una enmienda con objeto de sustraer la protección jurídica de los consumidores a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Señor Presidente, me temo que en este punto no puedo estar de acuerdo con su interpretación. 
Señor Presidente, tengo dos funciones: en primer lugar, como autor original del documento encaminado a cambiar las estructuras de las comisiones y, en segundo lugar, como presidente de la comisión encargada en este momento de la política relativa a los consumidores. 
Al final de la Conferencia de Presidentes de ayer, hablé con el Sr. Rømer y otros funcionarios. 
La posición es la de que la protección jurídica de los consumidores será competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Sin embargo, los derechos de los consumidores, como tales y la política relativa a los consumidores, en la medida en que afecta, por ejemplo, a la seguridad de los alimentos y demás, seguirá siendo competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Ésa es la explicación aclarada y, que yo sepa, ésa es la situación que aceptaron los altos funcionarios del Parlamento. 
Creo que es perfectamente razonable. 
La cuestión es que en verdad teníamos que aprobar el Anexo VI para evitar conflictos de competencias que a veces han causado muchos problemas en los cinco o diez últimos años y la explicación que acabo de dar evita esa clase de conflictos. 
En la enmienda 60 se dice que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se encarga de los derechos de los consumidores, que conserva, y de su protección jurídica, que se debe suprimir. 
¿Por qué? 
Porque en la enmienda 31 se dice que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos es la encargada de la protección jurídica de consumidores. 
Hay una clara contradicción. 
La protección jurídica de los derechos de los consumidores debe seguir siendo competencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y los derechos de los consumidores deben seguir siendo competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, como acaba de explicar el Sr. Collins. 
Señor Presidente, creo que he perdido el hilo. 
Además, tengo la impresión de que mis palabras han sido traducidas al revés en inglés. 
¿Qué es lo que ayer se votó primero? 
Supongo que primero votaríamos las competencias de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Debe de haber sido la primera votación. 
Después se aceptó nuestra enmienda, a raíz de lo cual the legal protection del consumidor fue atribuida a la Comisión de Protección del Consumidor. 
De ser así, su interpretación no puede ser correcta. 
Nosotros tomamos deliberadamente la decisión de trasladar the legal protection del consumidor a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señor Presidente, creo que debería comprobar cuál fue el orden de las votaciones. 
(DE) Señor Presidente, creo que mi estimada colega, la Sra. Oomen-Ruijten, se equivoca. 
Acierta al pensar que nuestro grupo ha decidido presentar una enmienda. 
Pero tengo que recordarle que esa enmienda presentada por nuestro Grupo fue rechazada ayer por este Pleno. 
Por lo que la explicación dada por el Presidente es correcta. 
Voy a encargar a los servicios que comprueben cuál ha sido esa votación primera. 
Según mis informaciones se ha votado primero la enmienda del Grupo de los Socialistas Europeos. 
Por tanto no podría haberse votado la enmienda PPE. Habría resultado caduca al contradecir otra anterior. 
El sistema adoptado permite clarificarlo de manera que se mantengan las competencias que se trataba de mantener exactamente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y al mismo tiempo que se mantengan las competencias lógicas en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Creo, por tanto, que no hay otra decisión posible a la vista de cómo se han desarrollado los acontecimientos. 
No tenemos más remedio que mantenerlo así. 
(DE) Señor Presidente, había pedido la palabra cuando se estaba aprobando el Acta, pero evidentemente no debí ser visto. 
Quisiera señalar tan sólo que las dos enmiendas presentadas por nuestro Grupo en relación al tema de las transferencias de créditos, no son compatibles tal y como fueron redactadas. 
Fueron rechazadas. 
Según el actual Reglamento, para una transferencia de créditos de la reserva es competente la Comisión de Presupuestos y para el resto de las transferencias- estoy hablando en términos generales- la Comisión de Control Presupuestario. 
Le pido que verifique este extremo, porque nos encontramos realmente ante una contradicción. 
También por esta razón presenté estas enmiendas sobre nuestro Grupo. 
No le puedo decir ahora los números de las mismas, pero los puede encontrar fácilmente. 
Gracias, señora Theato. 
Por eso no le había dado la palabra. 
Para no mezclar dos cuestiones. 
Los servicios van a verificar lo que usted nos dice y, a la vista de ello, se tomará la decisión que corresponda. 
Señor Presidente, quisiera volver al asunto de las competencias de las comisiones. 
Es muy importante que el Parlamento tenga claras las diferentes competencias de las comisiones. 
De lo contrario, la comprensión por parte del público en general de la Comunidad Europea resultará más confusa. 
Se verá que el Parlamento adopta posiciones diferentes en comisiones diferentes. 
Así, pues, la aclaración de las competencias reviste importancia decisiva. 
Respeto la decisión que ha adoptado usted y entiendo muy claramente lo que ha dicho el Sr. Collins. 
Pero en el futuro debemos velar por que este Parlamento, si va a cambiar las competencias de una comisión, lo haga por una clara mayoría. 
Si no hay una disposición al respecto actualmente, la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades debe examinarlo, como ya ha propuesto el Sr. Herman. 
Debe haber una clara mayoría en la Asamblea en pro de un cambio de las competencias, no un pequeño margen, en particular cuando, como ahora, hemos dicho dos cosas diferentes en dos enmiendas diferentes. 
Insto a la Asamblea a que recomiende a la Comisión de Reglamento que sea necesaria una mayoría amplia para cambiar las competencias de las comisiones. 
Señor Provan, como he dicho, voy a remitir la cuestión inmediatamente a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Es importante que se dedique más tiempo a los cambios futuros. 
Esta confusión se ha debido a que nuestros servicios tienen que trabajar con plazos muy cortos, pues con frecuencia las necesidades políticas prevalecen sobre la preparación idónea del período parcial de sesiones, lo que provoca condiciones de trabajo difíciles. 
Señor Presidente, yo no presidía en ese momento. En cambio, he de confesar que no comprendo en absoluto de qué estamos hablando desde hace algún tiempo, porque veo que la 31 fue aprobada y la 60 rechazada. 
Entonces, ¿cómo puede haber incompatibilidad? 
No hay ninguna incompatibilidad. 
Quizá haya un error en el acta, pero en ella leo que las enmiendas 60 y 61 fueron rechazadas y, en cambio, la enmienda 31 del grupo socialista, aprobada. 
Entonces, ¡no hay ninguna incompatibilidad, puesto que la 31 fue aprobada y la 60 rechazada! 
Tengo la impresión de que esta discusión no sirve de nada; pero no importa, por lo menos ha sido interesante. 
Gracias, señora. 
Esto viene a reforzar la decisión que hemos adoptado. 
Sea como fuere, voy a verificarlo, porque si la enmienda 60 ha sido rechazada, la cosa está muy clara. 
Yo actúo sobre la base de la información de la DG II. Evidentemente, se puede hacer producido un error después de la votación, y le agradezco infinitamente que nos haga esta observación. 
Señor Presidente, confirmo lo que acaba de decir la Sra. Fontaine. 
Yo mismo invoqué ayer el Reglamento, después de la segunda votación, para decir que esa enmienda se tendría que haber declarado decaída y que no se debería someter a votación por ser contradictoria con la primera. 
El presidente de sesión me dijo entonces: «No tiene importancia, porque acaba de ser rechazada». 
Por lo tanto, confirmo y estoy además sorprendido de que mi intervención invocando el Reglamento no figure en el Acta. 
No me había dado cuenta, pero lo podrá verificar mediante la cinta magnética. 
La situación es cada vez más surrealista. 
Risas 
Vamos a verificar el acta y actuaremos en consecuencia. 
Señor Presidente, desearía volver aún a la cuestión de la moción de confianza. 
Usted ha interrumpido el examen de esta cuestión antes de que se hubieran expuesto todos los detalles. 
Protestas 
Ya han hablado dos personas a favor y dos en contra en un tema, que, al final, es competencia exclusiva del Presidente. 
El debate ha terminado. 
No le puedo dar la palabra sobre esa cuestión. 
Señorías, les propongo que abandonemos el surrealismo y volvamos al relajado realismo de los viernes. 
Por lo tanto, relájense ustedes. 
Les invito a que entremos en la votación del Informe Bennasar Tous. 
Votaciones 
Felicito a la Sra. Bennasar Tous y pido a la Sra. Colombo Svevo, que la representó ayer en el debate, que transmita nuestra felicitación a la Sra. Bennasar Tous. 
La Comisión Europea ha modificado su primera propuesta para basarla en el artículo 129 (salud pública, procedimiento de codecisión) del Tratado CE en lugar de en el artículo 235. 
La propuesta modificada incluye ahora algunas enmiendas de nuestra Comisión de Derechos de la Mujer que figuraban en el informe inicial. 
Por otra parte, la Sra. Anita Gradin, miembro de la Comisión, declaró en el Pleno que la elección del artículo 129 no tendría como consecuencia una limitación del alcance del programa. 
Me alegro de ello, porque el problema es grave y urgente. 
Hay una urgencia real, sobre todo porque, en Europa, una de cada cinco mujeres es víctima de la violencia y el 50 % de las mujeres que son víctimas de asesinato lo son a manos de su marido o compañero. 
La violencia en general, y esta violencia en particular, es inaceptable y constituye una gran violación de los derechos humanos. 
Europa tiene que progresar rápidamente en este campo. 
Sabemos que la Comisión de la Mujer de las Naciones Unidas ha incluido este problema en su orden del día de marzo de 1999. 
Yo había informado personalmente a la representante de Bélgica en dicha comisión sobre el programa europeo DAPHNE y sobre el trabajo de nuestra Comisión de Derechos de la Mujer. 
Ella me recordó que, en una conferencia preparatoria que se celebró en Viena en 1998, la Comisión de la Mujer de las Naciones Unidas había escuchado sobre todo a europeas que manifestaban su dolor, su sufrimiento, los abusos, las penalidades sufridas durante las dramáticas confrontaciones nacionalistas en el territorio de la antigua Yugoslavia. 
El Parlamento Europeo debe proseguir su trabajo sobre el programa DAPHNE- para cuya puesta en marcha había previsto además una línea de crédito específica. 
Sobre todo, hay que mantenerse atentos para que el problema de la violencia hacia los niños, los adolescentes y las mujeres no se vea reducido a un problema de salud. 
En este fin del siglo XX, la violencia en todas sus formas ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres ha ido tomando un cariz cada vez más preocupante. 
Ya no lo niega nadie. ¡Al menos empezamos a indignarnos! 
Teniendo esto en cuenta, creo, al igual que nuestra ponente de opinión, que es importante prestar mucha atención a esta particular forma de violencia que son los abusos y la explotación sexual de estos grupos de personas. 
Por otra parte, las necesarias medidas de apoyo y de reinserción social en favor de las víctimas han de complementarse necesariamente con otras que vayan dirigidas de forma más específica a la prevención de estos delitos, sin olvidar a sus autores. 
La información pública sobre la naturaleza delictiva de tales actos y el peso de la actuación penal deben sustituir al silencio y a la mansedumbre que aún les acompañan con demasiada frecuencia en nuestras sociedades no obstante desarrolladas. 
De manera más general, querría decir que todas las medidas propuestas en este programa de acción comunitario pueden y deben ser apoyadas para luchar contra esta auténtica plaga que es la violencia en todas sus formas. 
Pero también quiero insistir en que, por sí solas, no permitirán sofocarla. 
Quiero recordar aquí en qué medida la precarización y la pauperización constituyen un terreno especialmente propicio para el desarrollo de la violencia en todas sus formas. 
Por ello es imprescindible que este programa de acción comunitario pueda inscribirse en un contexto general que a la vez mantenga una seguridad social fuerte y permita un crecimiento económico que genere puestos de trabajo duraderos. 
Es con esta visión de las cosas que doy mi apoyo al programa de acción tal como ha sido modificado. 
Voy a votar a favor del Informe Bennassar Tous- Daphne -, pues creo que la violencia contra las mujeres, los jóvenes y los niños es una cuestión muy grave que se debe abordar. 
En todos los Estados miembros es un asunto que afecta a una de cada cuatro mujeres, pero con frecuencia se la pasa por alto o se la considera un tabú. 
Con frecuencia los proyectos relativos a esa cuestión reciben sólo financiación a corto plazo. 
Sin embargo, para lograr objetivos y velar por que se consigan efectos, es necesario un programa de financiación a largo plazo. 
El programa europeo se inspira en la campaña «Tolerancia cero» que el Consejo de Edimburgo lanzó en mi circunscripción a mediados del decenio de 1990. 
El programa Daphne de 1997 recibió un exceso de solicitudes, por lo que menos del 10 % de ellas recibieron financiación. 
Posteriormente se ha aumentado el presupuesto, pero sigue siendo insuficiente. 
Así, pues, considero este informe un paso digno de beneplácito hacia la reducción de la violencia contra las mujeres y los niños. 
Perspectivas de vida de la tercera edad en el siglo XXI 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0160/99) de los Sres. McMahon y Schiedermeier, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre «Los ciudadanos de la tercera edad en el siglo XXI: una vida por delante». 
Señor Presidente, este es un programa elaborado conjuntamente por el Sr. Schiedermeier y yo. 
De hecho, respecto del asunto de Italia, que vamos a examinar, recuerdo que hace unos años fui a Italia con la Comisión de Asuntos Sociales. 
La Secretaría no sabía quién era el doyen d ' âge, el diputado más veterano. 
Pensaron que era el Sr. Schiedermeier, porque tenía el pelo blanco. 
En realidad, cuando verificaron los registros, yo era unas semanas mayor que él, por lo que debería haber sido yo. 
De modo que fue muy interesante que los dos nos aproximáramos a nuestro 60º año. 
Este informe es el resultado de la conferencia que celebramos en octubre sobre las personas de edad avanzada, en la que se presentaron las opiniones de los ciudadanos de edad avanzada de la Comunidad, lo que podrían desear para el futuro y el tipo de recomendaciones que haríamos para el Año Internacional de la Tercera Edad de las Naciones Unidas. 
Las personas de edad avanzada- personas de la tercera edad o «panteras grises» , como se los llama en los Estados Unidos; «poder gris» en el Reino Unido- representan una parte muy importante de la Comunidad. 
Veo a muchos de los «veteranos de oro» o «veteranos grises» a mi alrededor esta mañana: a mi izquierda, el Sr. Schiedermeier; a mi derecha, el Sr. Falconer. 
Han invertido sus posiciones políticas habituales. 
Como resultado de la conferencia, se hicieron algunas recomendaciones que hemos presentado a la Comisión. 
La Comisión va a presentar una comunicación sobre los problemas de las personas de edad avanzada. 
No nos referimos sólo a las personas que han superado la edad de la jubilación, nos referimos a las personas que cuentan de 60 a 75 años de edad. 
En la Unión Europea hay más de 75 millones de personas que superan la edad de 60 años. Ese número va a aumentar. 
Las tendencias demográficas van a crear una bomba de relojería para los encargados de la adopción de decisiones en el futuro. 
Debemos poder reaccionar al respecto. 
El envejecimiento ocupa un puesto destacado en el programa político de la UE. 
Estoy seguro de que en las próximas semanas, cuando nuestros colegas inicien la campaña electoral, se verán acosados por muchos de los ciudadanos comunitarios de la tercera edad, que les preguntarán qué va a hacer el Parlamento Europeo por ellos. 
Más del 42 % de los votantes de la UE cuentan más de 50 años de edad. 
De modo que, si tenemos 75 millones de personas que superan los 60 años y un 42 % de los votantes tienen más de 50 años edad, es evidente que las cuestiones de los ciudadanos de la tercera edad y de las personas de edad avanzada van a ser importantes en la campaña. 
Las personas de más de 50 años de edad representan el 33 % de la población total de la UE; una tercera parte de la UE cuenta más de 50 años. 
El artículo 13 del Tratado de Amsterdam proscribe la discriminación por razones de edad, sexo, género, discapacidad, orientación sexual, etc. Ahora brinda a la Comisión un apoyo jurídico para introducir medidas en pro de las personas de edad avanzada y de las personas de la tercera edad. 
En este momento la Comisión se ve condicionada por los fundamentos jurídicos existentes. 
Pero el Tratado de Amsterdam brinda ahora a la Comisión la oportunidad de abordar la discriminación por razones de raza o edad. 
Estamos deseosos de ver qué resultado darán las directrices sobre el empleo que la Comisión acordó en la conferencia de Luxemburgo y algunos de los debates sobre el Fondo Social Europeo y los trabajadores de edad avanzada. 
Existen muchas posibilidades a ese respecto. 
El 51 % de todos los hombres que buscan trabajo pertenecen al grupo de edad comprendido entre los 50 y los 64 años. 
Después del 13 de junio probablemente habrá algunos diputados, como yo, que se encuentren en una situación similar. 
El porcentaje correspondiente a las mujeres es el mismo: el 51 % de las mujeres que buscan trabajo pertenecen al grupo de edad comprendido entre los 50 y los 64 años. 
La del empleo es una cuestión muy grave para ese grupo de edad. 
Ya es hora de que en las instituciones pongamos nuestra propia casa en orden y abordemos la discriminación por razones de edad que practicamos en algunas de nuestras políticas en materia de contratación. 
Conque, ¿qué podemos hacer al respecto, ahora que hemos formulado el problema? 
El Tratado de Amsterdam es un sector en el que podemos hacer algo. 
La salud es otro. 
Espero que la Comisión presente un programa de acción sobre la salud de las personas de edad avanzada y para toda la Comunidad de conformidad con el artículo 137. 
Las personas de edad avanzada no forman un grupo homogéneo. 
No debemos tratarlas simplemente como personas de edad avanzada y encerrarlas en un armario o etiquetarlas y decir «esto son las personas de edad avanzada». 
Debemos intentar reunir a la Unión y a sus ciudadanos y lograr una solidaridad auténtica. 
No debemos limitar nuestras medidas exclusivamente a las propias personas de edad avanzada. 
Conque ésas son algunas de las medidas que vamos a presentar. 
Quisiera agradecer al Sr. Schiedermeier su cooperación. 
Expreso mi agradecimiento al personal de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Al ser éste mi canto de cisne como ponente para este mandato, he de decir que he disfrutado con mi experiencia de este año. 
Aplauso prolongado 
Señor McMahon, con toda seguridad, en las actas se va a consignar «muchos aplausos» , porque ha traído usted muchos fans a este informe. 
Señorías, también como ponente, voy a dar la palabra ahora al Sr. Schiedermeier y, como el Sr. McMahon ha dicho que es usted unos meses mayor que él, en lugar de cinco minutos va a tener cinco minutos y medio. 
(DE) Señor Presidente, la historia de esta conferencia, «Las personas de edad en el siglo XXI: nuevas perspectivas de vida» , pone de manifiesto la diferencia que hay entre el dicho y el hecho cuando se trata de las personas de edad avanzada. 
Por un lado está el informe- una página y media- sobre las informaciones, congresos, resoluciones, peticiones e informes habidos hasta ahora, y, por el otro, el hecho de que desde la resolución de celebrar una conferencia a la que se llegó el 16 de Octubre de 1997 hasta la celebración de la misma los días 1 y 2 de Octubre de 1998 pasó casi un año. 
Nosotros los ponentes tuvimos que sortear muchas dificultades en su preparación. 
El Presidente del Parlamento Europeo, por ejemplo, nos negó la utilización de la Sala de Plenos, de modo que tuvimos que buscar espacio trabajosamente en nuestros Grupos. 
Además, en un principio debíamos ajustarnos a traducirlo a tres lenguas, y muchas cosas más. 
La diputada del Parlamento Europeo de Luxemburgo para la tercera edad, la Sra. Lulling, contó con 508 participantes en los días 22 a 24 de Noviembre, de los cuales 50 eran miembros del Parlamento Europeo y 15 representantes institucionales. 
Nuestra Conferencia para la tercera edad obtuvo autorización para 131 participantes y 2 miembros del PE, concretamente, los ponentes. 
El informe está siendo presentado y debatido hoy viernes, día en el que, como es sabido, hay una menor presencia de parlamentarios. 
¿Quién se puede atrever, a la vista de estos hechos, a hablar de una creciente atención a la tercera edad? 
Yo, desde luego, no. 
Todos hablan del crecimiento demográfico. 
Como ha dicho el Sr. McMahon, 25 millones de ciudadanos y ciudadanas tienen más de 60 años. 
Lo que representa más de un 20 % con tendencia a aumentar debido al crecimiento continuo de la esperanza de vida. 
Desgraciadamente, pocos observadores son conscientes de que la tercera edad no es un grupo homogéneo. 
En relación a los niveles de bienestar, estatus social y deterioro físico hay grandes diferencias. 
Muchos de ellos, gracias a dios, llegan hoy a la jubilación en plena posesión de sus facultades físicas y mentales y se conservan bien hasta una edad muy avanzada. 
Vayamos ahora a los problemas que están más a la vista. 
Ya hemos hablado del desempleo. 
Pero las estadísticas no reflejan a aquellos que por la jubilación anticipada u otras medidas no aparecen en las estadísticas de paro, es decir, que el desempleo de las personas de edad es, en realidad, más alto. 
A ello se añade la marginación y la movilidad en la empresa. 
Se intenta desplazar a las personas mayores tanto de los puestos directivos, sea en la empresa o en la multinacional, como de los de empleado. 
Además de las discriminaciones cotidianas habituales. 
Es sorprendente que esta falta de aprovechamiento de la experiencia y del potencial existente para la sociedad no sea visto. 
Sería más acertado incorporar a las personas de edad al ámbito sobre todo de los cargos honoríficos, pero también al ámbito laboral. 
Así podrían transmitir a los jóvenes valiosas experiencias. 
Que la pobreza está todavía fuertemente presente especialmente entre las mujeres de edad, no admite dudas. 
¡Aquí todavía queda mucho por hacer! 
Pero hay gente lista, sobre todo gente joven, que anuncian: nosotros derogamos el pacto generacional. 
A alguno de ellos les he preguntado: ¿queréis también renunciar a los logros que las personas de edad os han legado? 
¿Queréis dejar de utilizar en el futuro las autopistas? 
¿No queréis seguir estudiando gratis en las universidades? 
¿No queréis utilizar más las clínicas y hospitales que nosotros hicimos? 
Entonces callan. 
La atención voluntaria y suplementaria a la tercera edad no debe conducir al deterioro de la solidaridad social existente. 
Para mí esto es muy importante. 
Los interlocutores sociales, las organizaciones gubernamentales, los Estados miembros y la UE deben tomar, cada uno en su ámbito de responsabilidad, las contramedidas oportunas, es decir, coordinándose y colaborando sensatamente en los temas relativos a la tercera edad en la UE y no actuando centralizadamente cada uno desde su ámbito de responsabilidad. 
En primera línea, hay que fomentar y guiar un proceso social de cambio de mentalidad que vaya dirigido- lo cual, para mí, es muy importante- a evitar la discriminación de los trabajadores de más edad y de las personas mayores en general. 
Sin un replanteamiento por parte de la sociedad, incluso los derechos reclamables no pueden ser efectivos. 
En nuestro informe hemos expuesto una larga lista de instrumentos para alcanzar nuestros objetivos para la tercera edad. 
El intercambio de experiencias que se produjo en la preparación de la conferencia entre el Grupo del Partido Popular, la Unión de las Personas de Edad y muchos expertos ha servido para obtener toda una serie de conocimientos valiosos sobre la materia. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a todo mi Grupo, especialmente a los colegas Ria Oomen-Ruijten y Bartho Pronk, a mi colaboradora la Sra. Stein y a los colaboradores del Grupo en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales así como a la secretaría del Grupo. 
Todos ellos se han dedicado a este trabajo más allá de lo que su obligación les requería. 
Por último quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. McMahon del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos por su buena y armoniosa colaboración durante más de año y medio. 
Esta colaboración nos ha hecho amigos. 
Una pena compartida es media pena. 
Ambos tuvimos que comprobar que los méritos y la experiencia no cuentan cuando se trata de gente mayor. 
Nuestros partidos- especialmente sus líderes- han desestimado que nos postulemos como candidatos a las próximas elecciones. 
Así que compartimos esta suerte. 
Elogios y discriminación de las personas de edad van juntos también en política a pesar de todas las afirmaciones solemnes en contra de ello. 
Todavía hay mucho que hacer por la tercera edad. 
Pido que agarremos ese toro por los cuernos. 
Este ha sido mi último informe aquí, señor Presidente. Le agradezco su paciencia. 
Aplausos 
(DE) Señor Presidente, quisiera felicitar antes de nada a los ponentes por este completo y excelente informe. 
Me ahorraré mencionar otra vez todas las iniciativas y posibilidades realmente buenas que ahí aparecen recogidas. 
Esto lo puede leer el que quiera. 
Soy de la opinión de que el título «Las personas de edad en el siglo XXI: nuevas perspectivas de vida» es muy ambicioso y comprometedor. 
El Parlamento, la Comisión y el Consejo son emplazados a desarrollar una política de futuro para los 75 millones de ciudadanos y ciudadanas de la UE que en la actualidad son mayores de 60 años. 
La mayoría de ellos están en plena posesión de sus facultades físicas y mentales. 
En este punto me uno a la opinión de los Sres. McMahon y Schiedermeier. 
La discriminación sigue siendo muy alta en todos los ámbitos, y creo que todas estas personas no quieren ser tratados como objetos de la asistencia pública, sino que exigen con razón a la sociedad y a la política su derecho a una vida sin discriminaciones en un entorno social seguro. 
Con el Tratado de Amsterdam y el art. 13 relativo a la lucha contra la discriminación entre otras cosas, también por la edad, tenemos base jurídica para una acción europea común. 
Ya habíamos aprobado hace un par de años un programa para la tercera edad que, no obstante, fue bloqueado en el Consejo por los gobiernos conservadores alemán y británico de entonces con el gastado argumento de que no había ninguna base jurídica que sirviese de apoyo, y que era finalmente una responsabilidad exclusiva de los Estados desarrollar esa política. 
Cesó toda actividad europea de apoyo y las asociaciones informativas existentes entre las organizaciones de las personas de edad a nivel europeo dejaron de ser financiadas, lo que condujo al letargo en una gran parte. 
Hoy estaremos seguramente algunos pasos más adelante, y espero que en un futuro sigamos avanzando en conformidad con este informe. 
Deseo para todos los ciudadanos y ciudadanas europeos que tanto los mayores como los más jóvenes puedan convivir solidariamente. 
(DE) Señor Presidente, como ya no soy la más joven de los 626 diputados, como me ocurrió en Octubre de 1965 cuando fui miembro por primera vez de este Parlamento, es natural que el informe sobre las nuevas perspectivas de vida de las personas de edad en el siglo XXI me interese especialmente, también en calidad de representante de una organización nacional y una gran organización europea de mujeres donde, por cierto, los miembros más antiguos son los más activos, sin cuyo trabajo desde sus cargos honoríficos estas organizaciones- como muchas otras también- no podrían subsistir, porque los jóvenes están tan sobrecargados de obligaciones familiares y laborales que apenas están para actividades honoríficas. 
Lo que proponen nuestros dos ponentes en los 30 artículos de la resolución y en los considerandos al respecto nos resulta muy reconfortante. 
Es como un bálsamo para las heridas de muchos conciudadanos de edad avanzada, especialmente para las mujeres, cuyos problemas particulares no han sido olvidados, cosa que agradezco muy sinceramente a los ponentes. 
Tienen razón en resaltar que las personas de edad disponen de un gran acervo de experiencia, sabiduría, formación y valores al que no podemos renunciar; que es necesario una reflexión general sobre determinadas expectativas de rol y actitudes tradicionales; que ha de producirse un cambio social de mentalidad con el objetivo de luchar contra las múltiples discriminaciones y exclusiones sociales que sufren las personas mayores dentro y fuera del ámbito laboral. 
Ustedes piden más investigación y una atención mejor en relación con el tratamiento de las enfermedades propias de la edad. 
Por eso no quisiera dejar pasar la oportunidad de señalar que debe necesariamente haber una mejor información sobre el hecho de que un consumo regular y moderado de vino es la mejor prevención contra estas enfermedades tales como el Alzheimer, como ha sido probado científicamente. 
Aplausos 
Por cierto, señor Comisario Liikanen, sería necesaria una disminución de los exagerados impuestos sobre el consumo de alcohol que se pagan en los países nórdicos para facilitar a todos los ciudadanos de la Unión, jóvenes y viejos, el disfrute de esa medicina preventiva. 
Por lo que respecta a la renta a la que aspiran los ciudadanos de edad, especialmente las mujeres, quisiera recordarles dos iniciativas que yo puse en marcha aquí y que condujeron a dos informes votados unánimemente en este Parlamento. 
Se trata del splitting de los derechos a una pensión adquiridos por mujeres durante el matrimonio que dejaron su profesión para dedicarse a la familia, las cuales, tras la separación después de 20 años o más de matrimonio y sin derecho a rentas están en la inmensa mayoría de los casos fuertemente afectadas por la pobreza. 
La segunda iniciativa concierne a la seguridad de los maridos que contribuyen a ayudar a las separadas. 
También respecto de este punto pedimos una mejora de la Directiva de 1986 relativa a la equiparación de las separadas y de los maridos que las ayudan. 
Pero tampoco se ha hecho nada. 
Señor Presidente, permítame un par de palabras todavía. 
Quisiera referirme aún a un punto de la resolución concerniente a la participación de las personas de edad en procesos de decisión, incluidos los políticos, pues existe la tendencia de vanagloriarse de tener una lista de candidatos cuya media de edad sea lo más baja posible. 
No puede ser sino una ironía del destino que nuestros ponentes sean víctimas de una tendencia como la mencionada y que hayan dejado de ser postulados como candidatos. 
Lo lamento aún más porque todos hemos apreciado su trabajo en este Pleno, porque es verdad que se trata de una discriminación de personas mayores que cada vez serán más numerosas si colegas tan activos y lozanos como éstos no entran ya en la lista de candidatos. 
Señor Presidente, no me lo podía callar. 
Me alegraría mucho de ser elegida de nuevo como miembro de este Parlamento. Pero lamentaría mucho si yo fuese la presidenta por edad. 
Risas y aplausos 
Muchas gracias, señora Lulling. 
Señora Lulling, después, cuando terminemos la sesión, en el pasillo, le ruego que me diga usted qué cantidad de vino diario toma, qué marca de vino y, sobre todo, qué precio tiene, impuestos incluidos. 
Señor Presidente, también a mí me gustaría felicitar a los dos ponentes que, por medio de este informe, nos han demostrado que la «juventud» es posible a cualquier edad. 
Es un hecho que muchas de las personas mayores gozan de una mejor salud, lo cual implica una situación distinta en la actualidad a la que se registraba hace veinte o treinta años. 
Por consiguiente, es importante realizar esfuerzos de educación en el seno de la opinión pública para lograr una tercera edad favorable, gracias a la información y el apoyo, y como complemento a las legislaciones nacionales. 
Especialmente por lo que respecta a las cuestiones de discriminación de personas mayores, los problemas de vista y oído, las cuestiones de desempleo- que, con frecuencia, afectan a los más mayores- o la exclusión social, es importante que aspiremos por medio de la formación en el seno de la opinión pública a evitar en todo momento la exclusión de cualquier grupo social. 
Desde mi punto de vista, las cuestiones relacionadas con la tercera edad recaen primordialmente en el ámbito de competencias nacional. 
En Suecia, si bien el Parlamento adopta decisiones marco, los responsables del cuidado y la atención de las personas mayores son los órganos regionales y los municipios, las instancias más próximas a los ciudadanos. 
Y así debe continuar siendo en el futuro. 
Por consiguiente, no es legislación lo que se necesita a escala de la UE, sino información, consultas, intercambio de experiencias, actividades prácticas, investigación e intercambio de experiencias en torno a enfermedades como el mal de Alzheimer. 
Es posible que la legislación social sea precisamente la más importante de todas y la que más próxima se encuentre a los ciudadanos de una nación. 
Por este motivo, resulta también de gran importancia que no hagamos concesiones en este campo y que el ámbito social continúe recayendo en el futuro en los planos regional y local. 
Me opongo en cierta medida a la exhortación que se hace en el informe a la Comisión y a los Estados miembros para que emprendan medidas relacionadas con cuestiones como las pensiones, la asistencia, la vivienda y el trabajo. 
Como ya he dicho, no es incorrecto, pero de hecho no corresponde a la UE adoptar medidas a este respecto, que debe gestionarse a escala nacional. 
Naturalmente es positivo que tengamos nuestros propios puntos de vista acerca de estas cuestiones, pero recomendación o, posiblemente, propuesta serían términos más apropiados. 
Sin embargo, existe un ámbito relacionado con la tercera edad que presenta grandes dificultades a la hora de introducir mejoras, tanto desde un punto de vista concreto como por medio de la cooperación europea. Me estoy refiriendo al reconocimiento recíproco de prestaciones sociales- como los subsidios por enfermedad y las pensiones- que afectan en numerosas ocasiones a las personas mayores. 
En este ámbito podemos realizar grandes esfuerzos, ya que las mayores deficiencias del sistema se registran con motivo del establecimiento en otro país. 
Para finalizar, permítanme decirles que, efectivamente, las encuestas de opinión, las conferencias de mayores o las campañas están muy bien, pero que la actividad legisladora y la aplicación de esta misma legislación han de desarrollarse en los planos nacional, regional y local. 
Muchas gracias a usted, señor Lindqvist. 
Señorías, ahora, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y, por el tiempo máximo de seis minutos, voy a dar la palabra a la Sra. Ilivitzky. 
La Sra. Ilivitzky, que ha sustituido a la Sra. Ojala, interviene por primera vez en este Hemiciclo. 
Permítanme por lo tanto, que, en nombre de todos ustedes, le dé la bienvenida a la Sra. Ilivitzky. 
Tervetuloa rouva Ilivitzky. 
Señor Presidente, le agradezco sus palabras en finés. Señorías, ésta es efectivamente mi primera intervención en el Parlamento Europeo, y me complace enormemente hacer uso de la palabra para hablar de una cuestión tan importante. 
Habida cuenta de la importancia y la gravedad de los problemas con los que se enfrentan las personas mayores, en la Unión Europea se ha venido prestando hasta la fecha muy poca importancia a estas cuestiones. 
Nuestros ponentes, los Sres. McMahon y Schiedermeier han llevado a cabo una excelente labor no sólo en la elaboración de su informe, sino también a la hora de preparar la conferencia de la tercera edad en cuyas conclusiones se basa ampliamente dicho documento. 
Desearía felicitar a los ponentes por haber logrado incorporar todos los aspectos fundamentales de esta cuestión: la situación de las personas mayores en el mercado laboral, sus necesidades específicas en el ámbito de la formación, las cuestiones relacionadas con su sustento y sus necesidades en lo relativo a los servicios. 
Además, creo que su postura básica es la adecuada. 
Se ve a las personas mayores como un recurso humano que la sociedad debería aprovechar mejor, y no como un problema que debería solucionarse con el menor gasto posible. 
a medida que aumenta la edad media de la población europea en edad laboral, es indispensable lograr que los trabajadores puedan desempeñar su labor profesional hasta la edad de la jubilación. 
Esta circunstancia implica transformaciones en los puestos de trabajos, un cambio tanto en las actitudes como en la organización del trabajo. 
Se debe adaptar el trabajo a las capacidades y las necesidades de las personas, en lugar de exigir a los trabajadores una adaptación a las exigencias de la actividad laboral. 
Las personas mayores tienen en gran medida unos conocimientos y unas aptitudes que se deberían aprovechar más, lo único que se necesita es voluntad en este sentido. 
Por el contrario, a las personas mayores les resulta más difícil que a los jóvenes adaptarse a un ritmo laboral muy rápido. 
Las prisas se han convertido precisamente en un problema en numerosos puestos de trabajo, cuando, por medio de los recortes de plantilla, se intenta alcanzar el mismo resultado con un número menor de trabajadores. 
Creo que el sector público debería actuar de ejemplo para los patronos y plantear modelos a largo plazo. 
La jubilación anticipada de los trabajadores más mayores, a pesar de que estas mismas personas podrían todavía desempeñar perfectamente su actividad laboral en un entorno más humano, no redunda en beneficio de la sociedad. 
Uno de los problemas más graves de las personas mayores en el mercado laboral lo constituyen sus limitaciones en materia de formación. 
El nivel de formación de los mayores de 45 años es claramente más bajo en todos los países europeos que el de las personas más jóvenes. 
Entre todos los países de la OCDE, Finlandia registra las mayores diferencias en este sentido. 
Si no se logra formar a los trabajadores más mayores para desempeñar nuevas tareas, estas personas se encontrarán expuestas a una situación de discriminación en los puestos de trabajo, al mismo tiempo que numerosos sectores sufren escasez de mano de obra. 
Es necesario planificar la formación de las personas mayores específicamente con arreglo a sus necesidades. 
En este proceso es preciso también tener presentes su limitada formación de base y la débil motivación que ésta ocasiona a menudo a la hora de emprender nuevas actividades educativas. 
Por consiguiente, la formación ha de estar estrechamente relacionada en la práctica. 
El envejecimiento, como la mayor parte de las fases en la vida de una persona, afecta de manera distinta a los hombres y a las mujeres, por lo que no se trata en absoluto de un fenómeno neutro con arreglo a la distribución entre sexos. 
Me alegra enormemente que los ponentes hayan sabido prestar atención a los problemas específicos de las mujeres mayores. 
La discriminación por motivos de edad en el mercado laboral afecta a las mujeres considerablemente antes que a los hombres. 
Para algunos patronos, una mujer que ya ha cumplido los cuarenta años resulta a menudo demasiado vieja. 
Una vez llegado el momento de la jubilación, las desigualdades económicas entre hombres y mujeres se acentúan aún más. 
Las pensiones de las mujeres son en todos los países considerablemente más reducidas que las de los hombres. 
Esto se debe tanto al menor nivel salarial de las mujeres- que las mujeres sufren, por lo tanto, por partida doble- como al hecho de que las carreras profesionales de las mujeres son más cortas y discontinuas a causa de las tareas de asistencia. 
Precisamente por este motivo, sería muy importante para las mujeres que se garantizara a todos los ciudadanos retirados una pensión básica, que podría verse complementada por la pensión laboral. 
a pesar de que los regímenes de pensiones son naturalmente distintos en cada uno de los Estados miembros, creo que sería conveniente establecer a escala de la Unión Europea un nivel de subsidio mínimo que cada Estado debería garantizar a aquellos que no pueden trabajar o para los que no existe oferta laboral. 
Numerosas organizaciones no gubernamentales han propuesto que en la próxima reforma del Tratado de la UE se incluya una relación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que figuraría el nivel de subsidio mínimo. 
Deseo agradecer la oportunidad de dirigirme a este Hemiciclo y puedo comprobar la atención que han prestado a mis palabras. 
Muchas gracias por todo ello. 
Señor Presidente, el título suena muy prometedor, pero, a mi juicio, la mayor desgracia que sufren las personas mayores en este momento- yo me incluyo entre ellos- es la dimisión de la Comisión, ya que, a raíz de ella, las propuestas del Comisario Monti para elaborar una directiva destinada a liberalizar el mercado de los fondos de pensiones se quedarán en el tintero por mucho tiempo. 
Aunque aprecie los esfuerzos realizados por los ponentes, considero que el informe parte de un punto de vista un tanto paternalista, ya que se centra demasiado en la falta de autonomía de las personas de la tercera edad. 
Yo conozco a muchas personas de más de 80 ó 90 años que han vivido dos guerras mundiales y que aún llevan una vida muy independiente. 
Señor Presidente, obviamente soy consciente de que existe un grupo de personas mayores más dependientes, pero el cuidado de las mismas incumbe a los Gobiernos nacionales. 
Los ponentes se refieren nada menos que tres veces a la discriminación de las mujeres de avanzada edad. 
Me parece excesivo. 
Imagino que esta insistencia tiene que ver con la Comisión de Derechos de la Mujer de este Parlamento y seguramente también se trata de un guiño hacia el electorado, a sabiendas de que éste está formado en gran parte por mujeres. 
Señor Presidente, yo soy una persona de la tercera edad, soy una mujer mayor y, al igual que yo, hay muchos ciudadanos que no necesitan protección de nadie. 
Queremos tener la posibilidad de llevarnos nuestra pensión más allá de las fronteras de nuestro país, sin traba alguna. 
En efecto, no puede haber discriminación por razón de edad. 
Al igual que los demás ciudadanos europeos no queremos sufrir perjuicios fiscales cuando decidimos proseguir nuestra actividad profesional después de la entrada en vigor de nuestra pensión, y eso no sólo en nuestro país de origen, sino también en los demás Estados miembros de la Unión. 
Además, el informe no se detiene en el enorme potencial de conocimientos que posee una persona de 65 años y la actual tendencia del mercado laboral a seguir contando con los ciudadanos de la tercera edad. 
En algunos países esta situación se fundamenta sin duda en la idea subyacente de que todas estas personas continúan cotizando a la seguridad social y que, gracias a ello, se podrá hacer frente al creciente número de pensiones de una categoría de personas cada vez más extensa. 
Señor Presidente, los 75 millones de ciudadanos mayores de 60 años no sólo apelan a la comprensión social, sino que también piden directivas realistas para el mercado libre de la UE. 
Con esto no quiero decir que el informe no sea útil, pero sí creo que se ha quedado atascado en la filosofía del bienestar. Además, no responde en absoluto al título «Los ciudadanos de la tercera edad en el Siglo XXI: una vida por delante». 
Señor Presidente, por más que lo intente no veo la relación. 
Señor Presidente, ya hemos escuchado que el sector de población compuesto por la tercera edad va a registrar un rápido crecimiento en la UE y en Europa. 
Hoy en día tenemos 75 millones de personas mayores de 60 años, lo cual representa una quinta parte de la población. 
En el año 2020, nada menos que 20 millones de personas tendrán una edad igual o superior a los ochenta años. 
Efectivamente, se puede decir que es una revolución demográfica, ya que es precisamente de lo que se trata. 
Así pues, el presente informe reviste una gran importancia, por lo que desearía felicitar a los dos ponentes. 
Querría igualmente expresar mi felicitación con motivo de la conferencia que se celebró en Bruselas el pasado mes de octubre bajo la consigna «Los ciudadanos de la tercera edad en el siglo XXI: una vida por delante». a título personal, creo que se trata de una de las conferencias más fructíferas a las que he asistido desde que soy diputada al Parlamento Europeo. 
Las distintos puntos de vista eran de gran interés y, habiendo superado ya la barrera de los cincuenta, me resultó personalmente muy esperanzador conocer a personas mayores tan interesantes y motivadoras. 
Mis invitados suecos también apreciaron enormemente esta conferencia. 
Por todo ello, creo que los aspectos más importantes se resumen en los apartados D y E: llegar a la edad de retiro no ha de equivaler necesariamente a una interrupción de la vida activa. 
Al contrario, son muchos los que, una vez jubilados, han emprendido nuevas tareas y proyectos, por no hablar de todos aquellos que lo primero que han hecho, una vez llegada la hora del retiro, ha sido materializar los sueños que habían venido alimentando durante su vida laboral. 
Es necesario reconsiderar las actitudes tradicionales hacia las personas mayores y las funciones que se les desea atribuir. 
Esta circunstancia es especialmente cierta en el ámbito del mercado laboral. 
El apartado 7 incluye una serie de ideas sobre cómo una perspectiva más flexible y actualizada del mercado laboral y de las personas mayores permitiría lograr nuevas modalidades de transición de la vida laboral a la jubilación por medio de nuevos modelos, como la media jornada laboral para los más mayores. 
Es importante también instaurar flexibilidad en la edad de jubilación. 
Se trata de algo que vienen exigiendo las organizaciones de personas mayores en Suecia y mi propio partido, los Verdes, puesto que hay numerosas personas que no tienen ganas de trabajar hasta los 65 años. 
Al mismo tiempo, hay otros muchos que querrían y que también serían capaces de trabajar hasta una edad igual o superior a los setenta años. 
Por consiguiente, se necesita tanto una edad de jubilación flexible como una nueva actitud ante las personas mayores. 
Señor Presidente, Señorías, los dos ponentes tienen razón, por supuesto, al insistir en la importancia de una política para las personas mayores en Europa, teniendo en cuenta además la evolución de la pirámide demográfica. 
En su informe abordan los aspectos económicos y sociales y, en particular, el problema del acceso al mercado de trabajo. 
En lo que respecta a este aspecto concreto, creo que se corre el riesgo de que se quede en un gesto de buena voluntad, dado que no van a variar las actuales tasas de crecimiento y que el desempleo ya persistente va a mantenerse en el futuro, un desempleo que, por otra parte, afecta muy en especial a las generaciones más jóvenes. 
Harían falta, por lo tanto, unas condiciones económicas totalmente diferentes a las que conocemos hoy en día para que pudiera hacerse realidad el acceso de las personas de más edad al mercado de trabajo, aun con independencia de que se supriman las normativas discriminatorias al respecto. 
Los ponentes, con toda la razón, no han olvidado los aspectos culturales, sobre todo en el apartado 28, en el que se insiste en la necesidad de promover la imagen de las personas mayores en nuestra sociedad y, en este sentido, he de decir que más bien hemos retrocedido con respecto a las sociedades antiguas, sobre todo la Grecia clásica, a la que debemos lo esencial de nuestra civilización y que, con razón, valoraba el cúmulo de experiencia y sabiduría que representaban los ancianos. a este respecto, nos enfrentamos a una auténtica ideología de desvalorización del pasado. 
Esta ideología de desvalorización del pasado y, por lo tanto, también de los ancianos, se remonta fundamentalmente al romanticismo del siglo pasado y, por lo tanto, es un obstáculo cultural que habría que poder superar. 
Hoy en día se piensa que todo lo nuevo es necesariamente mejor. 
Por supuesto, esto es totalmente cierto en el ámbito científico y técnico, que es un ámbito en el que el saber es de naturaleza acumulativa. 
No es necesariamente cierto en el terreno de la ética, en el de la estética, en el terreno humano en general, ni el ámbito de las instituciones. 
Ya Solón, el gran legislador griego, quien, por otro lado, no dudó en innovar dentro de su campo, decía siempre: «Come carne fresca, pero utiliza viejas leyes demostradas por la experiencia». 
Es cierto que, según el campo en el que uno se mueva, la novedad no siempre es forzosamente algo preferible, y éste es probablemente un cambio cultural importante que se debe introducir en nuestras viejas sociedades europeas. 
Por último, me parece lamentable, en cambio, el silencio del informe en lo que respecta a los aspectos demográficos- aunque les ponentes hablen de ello en un primer momento, desde el comienzo de su informe- porque de todos modos nada será posible- aunque no sea más que en el plano financiero- si no se corrige la pirámide demográfica de Europa, que es reveladora de una verdadera tragedia. 
Cuando se ve el aspecto de nuestra pirámide demográfica y la insuficiencia de nacimientos, lo que predominan son los valores de muerte frente a los valores de vida. 
Si queremos garantizar las pensiones de jubilación, es necesario, sobre todo, practicar una gran política familiar de la que no estamos hablando aquí, y yo diría incluso una política probablemente natalista, aunque la palabra esté desvalorizada hoy en día. 
Por eso, pese a todas estas lagunas, soy sin embargo favorable a los análisis que han hecho nuestros dos ponentes. 
(DE) Señor Presidente, señoras y señores, el alcalde Staudinger de la Austria alta dijo una vez muy sensatamente: los ciudadanos mayores son un factor político importante para el futuro. 
Un cuarto de la población europea está afectada en estos momentos, y nosotros pretendemos poner la autoestima de este grupo social en el centro de atención para que puedan cumplir su tarea y su rol social del modo en que nosotros ahora nos lo imaginamos. 
Creo que es necesario preocuparnos de encontrar, justamente en el ámbito laboral, modelos de best practice, es necesario preguntarnos cómo podemos contribuir a que las personas mayores sean integradas en el mundo laboral y que se encuentren satisfechas en él. 
En Europa hay muchos modelos que pueden ser considerados, y queremos que la jornada laboral sea flexible justamente para este grupo, de modo que se adapte a sus necesidades. 
Nos hicimos fuertes en este Parlamento cuando lo del autobús europeo en la medida en que argumentamos que tenía que posibilitarse y facilitarse a las personas mayores un medio de transporte público con el que desplazarse. 
Esto no está siendo apenas tenido en cuenta, y tendremos que presionar insistentemente para que esta petición del Parlamento sea hecha realidad. 
En la investigación nos hemos puesto como objetivo comprometernos esforzadamente con la investigación biotecnológica en relación con la salud en la edad avanzada. 
El Parlamento Europeo ha conseguido que en el futuro se pueda disponer de mil millones de euros más para investigación. 
Creo que por ello y también por el interés de nuestros conciudadanos de más edad podemos estar orgullosos. 
(DE) Señor Presidente, me dirijo a ustedes desde mi especial situación, pues soy el único diputado de esta Asamblea que vino al mundo antes de la I Guerra Mundial, que además fue elegido para este Parlamento cuando ya había superado ampliamente la edad de jubilación y que después ha disfrutado de 20 años de vida y trabajo parlamentario. 
Aplausos 
Por ello quisiera decir algunas palabras desde esa perspectiva: no hay ninguna duda de que hablamos demasiado poco sobre los problemas de los ciudadanos de más edad y de que caemos con demasiada frecuencia en un cierto «enaltecimiento de la juventud» , justificado si queremos posibilitar la llegada de las jóvenes generaciones. 
Pero con nuestro sistema social no hacemos justamente sino evitar que la juventud emerja. 
Nuestro sistema electoral democrático está organizado de modo que a los jóvenes les resulta muy difícil imponerse. 
Si realmente hubiese un sistema de elección personal en pequeñas circunscripciones electorales- desgraciadamente este sistema ha sido abandonado incluso en Inglaterra -, los jóvenes, pero también los mayores, podrían imponerse. 
Habría entonces una auténtica democracia. 
Lo que hoy estamos levantando no es una democracia de veras, sino una «partitocracia» que, en realidad, da el poder a los funcionarios de determinar quién es democrático y quién no. 
En este sentido quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en el tema de la tercera edad es para nosotros esencial que obtengan por fin mayor libertad. 
En economía hablamos constantemente de mercado libre, y no me parece mal. 
Pero éste no existe para las personas mayores. 
Ciertamente, se concede la pensión por jubilación, con lo que las personas «son acortadas en una cabeza» , pero no se reconoce que hay derechos adquiridos a partir de una cierta edad. 
No puede uno ser obligado a tener en cuenta incluso los inconvenientes de esos derechos para no tener que renunciar a lo que se quiere tener. 
Precisamente hay personas mayores que son felices porque pueden seguir trabajando. 
En estos casos se dice que están bloqueando a los jóvenes. 
No es cierto. 
Hasta ahora, que yo sepa, sólo un país, Suiza, lo ha entendido, por muy cómico que pueda sonar. 
En Suiza, por ejemplo, en el Parlamento Suizo sin ir más lejos, hay muchos pensionistas que aportan toda la experiencia de sus vidas. 
Esta es una cosa que deberíamos implantar, a saber, que haya realmente una libertad de elección para las personas de edad. 
Esta libertad de elección contribuiría también a que la pirámide de edad de la que con razón se habla, sea controlada de algún modo. 
Pues la pirámide ha de tener una base más amplia, pues ahí también hay limitaciones. 
Lo más importante es asegurar la libertad de los mayores. 
Aplausos 
(DE) Señor Presidente, señoras y señores, un niño que nazca hoy tendrá una esperanza media de vida de más de 100 años. 
Si antes de 100 años tuviésemos que morir todavía con 40, podríamos vivir hoy una media de 80. 
Un niño que nazca hoy vivirá más de 100 años. 
Un sueño de la humanidad ha sido hecho realidad. 
Podemos vivir el doble, algo que la humanidad siempre ha deseado, y por eso me enfado y me irrito cuando escucho o leo en alguna parte algo sobre el envejecimiento e incluso sobre la senilidad de Europa. 
Estimada colega del Grupo de los Verdes, me ha afectado usted profundamente. 
Usted ha utilizado esa palabra, por lo menos en la traducción. 
Cuidémonos, por favor, de hablar de senilidad refiriéndonos a personas que pueden vivir tanto como el buen dios les programase en sus genes. 
Y todavía otra cosa me enfada. 
Hay algo que se llama derechos humanos, y esta Asamblea se muestra completamente a su favor. 
¿Qué pasa, pues, cuando personas de 60, 65 en incluso a veces de 55 son forzadas a separarse de su profesión y a dejar sus trabajos? 
El trabajo es una parte muy, muy importante de la realización de la persona. 
Seguro que habrá personas que estén cansadas o que hayan trabajado mucho y muy duramente en su vida, y que quieren dejar de trabajar, pero no se le puede ordenar a un hombre sólo porque tenga 60, 65 ó 55 años: ¡debes dejar de trabajar! Creo que esto conculca los derechos humanos, y el art. 
13 del Tratado de Amsterdam constituirá una sólida base para hablar de ello. 
Lamento mucho que Schiedermeier y McMahon sean apartados de sus cargos. 
Si hubiesen hecho el informe antes, muy probablemente esto no habría sido posible. 
Aplausos 
Mi partido y Austria son muy progresistas. 
Yo sigo siendo candidata a este Parlamento porque soy una señora mayor, porque tengo 66 años, y me alegro de poder pasar aquí los próximos años. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar a los ponentes McMahon y Schiedermeier por este excelente informe y a sus Señorías por un debate tan entusiasta. 
El presente informe es claramente el resultado de una gran labor. 
El Parlamento organizó el pasado octubre una conferencia que reunió a más de cien representantes de organizaciones de la tercera edad procedentes de todos los Estados miembros. 
Además de los debates que tuvieron lugar en el transcurso de esta conferencia, numerosas organizaciones presentaron una serie de propuestas por escrito, todas las cuales están presentes en las cuestiones que aborda ahora el presente informe. 
Me complace que la Comisión haya podido trabajar junto al Parlamento en la organización de la conferencia y que haya podido participar en el examen de las cuestiones que se plantearon en la misma. 
Dada esta cooperación, no resulta extraño que las ideas recogidas en el informe concuerden en gran medida con los planteamientos de la Comisión. 
Es un motivo de satisfacción que en el informe se haga hincapié en el enorme potencial que ofrecen las personas mayores y en la necesidad de actuar a fin de explotar este potencial. 
Como ya sabemos, los ciudadanos europeos viven en la actualidad muchos años sanos y activos, lo cual representa una enorme ventaja para las sociedades europeas. 
El desafío consiste ahora en adaptar nuestra sociedad para, a medida que envejecen los ciudadanos, poder mantener el objetivo de un buen nivel y calidad de vida para todos en una sociedad sana y activa. 
Es un objetivo factible, pero para lograrlo necesitamos, como se señala en el título del informe, nuevas perspectivas. 
En el informe se hace referencia especialmente al número de desempleados entre las personas mayores, y la situación del empleo representa efectivamente el ámbito de actuación más importante. 
Estoy de acuerdo con los ponentes del informe en el sentido de que existen grandes posibilidades de actuación por medio de las estrategias de empleo y los fondos sociales europeos. 
En el informe se señala la significación de la formación continua: de acuerdo con la propuesta de la Comisión, es preciso prestar más atención a las necesidades de los trabajadores más mayores en el marco de la formación a lo largo de toda la vida, que representa a su vez un elemento de la estrategia en materia de empleo. 
En uno de los ejemplos se hace referencia a la necesidad de garantizar a los ancianos un nivel suficiente de ingresos. a menudo, la situación de las mujeres más mayores es considerablemente más desfavorable que la de los hombres. 
La Comisión ha comenzado a reflexionar sobre la manera de adaptar la seguridad social al desarrollo de la estructura demográfica de las sociedades europeas. a este mismo respecto, se está examinando también el nivel de ingresos de las personas mayores. 
Otra importante cuestión relacionada con la seguridad social, a la que también se hace referencia en el informe, es la repercusión que el envejecimiento de la sociedad tiene en el sistema sanitario. 
En este orden de cosas desearía señalar que la Comisión está financiando ya un estudio sobre esta cuestión que, así lo espero, estará listo en el plazo de un año. 
He tomado nota de la exhortación que se hace a la Comisión para que presente su comunicación sobre el envejecimiento en el primer semestre del presente año. 
Puedo garantizar al Parlamento que ya se han llevado a cabo los trabajos preparatorios de esta comunicación. 
Estamos haciendo todo lo posible en las condiciones actuales para garantizar su presentación con la mayor brevedad posible. 
En el informe se solicita también a la Comisión que transmita las propuestas relacionadas con las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam para luchar contra la discriminación y la exclusión social. 
En el informe se exige igualmente una mejora de la protección sanitaria de los ancianos, tanto en el plano general como, más concretamente, por lo que respecta a la enfermedad de Alzheimer. 
Se trata naturalmente de cuestiones importantes, y estoy seguro de que la nueva Comisión tendrá en cuenta este informe cuando presente propuestas en este ámbito. 
Desearía felicitar una vez más al Parlamento por este informe. 
Representa una contribución importante de esta institución a la celebración en 1999 del año internacional de los mayores, promovido por las Naciones Unidas. 
Este informe contribuye asimismo a mantener el modelo social europeo para disfrute de las generaciones actuales y futuras. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señorías, permítanme que felicite a los Sres. Schiedermeier-McMahon, McMahon-Schiedermeier, por su excelente trabajo, no sólo en este informe sino a lo largo de toda esta legislatura. 
No hemos votado a favor del informe puesto que no vemos ninguna necesidad de desarrollar una política común a escala de la UE en lo relativo a la tercera edad. 
Estas cuestiones son de naturaleza primordialmente local, por lo que han de recaer en los planos nacional y regional. 
Consideramos que la propuesta de reglamento que recoge el informe va demasiado lejos en este ámbito. 
Por el contrario, pensamos que la UE desempeña un papel importante a la hora de transferir y reconocer mutuamente el pago de pensiones entre los distintos países. 
Industria del almidón 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0155/99) de los Sres. Colino Salamanca y Garot, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre el abastecimiento en proteínas vegetales y la situación en la industria del almidón. 
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestro Parlamento se propone, en efecto, someter a la Comisión ejecutiva el problema del déficit de la Unión Europea en proteínas vegetales dentro de la alimentación destinada a los animales y el reto estratégico que conlleva esta situación para las biotecnologías en la Europa de los Quince. 
Varias intervenciones de mis compañeros después de la mía arrojarán luz sobre el tema esta mañana. 
De entrada, hay que saber que, según las estimaciones, el déficit proteínico de la Unión Europea equivale al 70 % del consumo interior y representa, por lo tanto, una gran dependencia de la Unión Europea frente al continente americano, de donde provienen nuestras importaciones. 
Me permito recordar que esta situación es resultado de la concesión hecha a Estados Unidos, en el momento de firmarse el Tratado de Roma, de un derecho a la importación de soja a la Comunidad con un tipo cero. 
Esta situación se deterioró con el acuerdo de Blair House, que impone contingentes a la producción europea de oleoproteaginosas, y amenaza con agravarse en el periodo 2000-2006. 
Por una parte, en efecto, es bastante probable que las disposiciones de la Agenda 2000 lleven a los agricultores a reducir su producción de oleoproteaginosas en beneficio de los cereales, salvo, por supuesto, si se toman medidas sensatas en favor de los cultivos del sector no alimentario; por otra parte, en Europa está disminuyendo la capacidad de producción de aminoácidos, sobre todo de la lisina de síntesis. 
Hay que saber a este respecto que los industriales europeos cada vez se deciden más por invertir en Estados Unidos. 
Quiero insistir en este punto, porque la lisina de síntesis producida en Europa presenta el interés de que permite utilizar una tasa máxima de cereales en la alimentación animal a la vez que contribuye a la reducción de nuestro déficit proteínico. 
Ahora bien, es obligado reconocer a este respecto que resulta preocupante la redistribución de los mapas de producción de lisina entre Europa y Estados Unidos. 
Para ilustrar mis palabras, destaco el hecho de que el índice de autoabastecimiento del mercado estadounidense ha pasado del nivel cero a aproximadamente el 165 %, mientras que el autoabastecimiento del mercado europeo de lisina pasó del 84 % en 1991 al 54 % en 1997, y su tendencia es hacia el 38 % en el 2002 si no se producen cambios. 
Como es probable que el maíz utilizando para la producción de la industria del almidón se siga vendiendo en Estados Unidos a un precio inferior al de los cereales comunitarios, parece lógico no sólo mantener el actual dispositivo de compensación del perjuicio estadounidense, sino reforzarlo considerablemente. 
Por eso la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo desea oír las respuestas de la Comisión ejecutiva a las preguntas siguientes. ¿Cómo va a reducir la Unión Europea su dependencia frente a las importaciones de proteínas y a utilizar el potencial agrícola disponible de los quince países socios? 
¿Cómo se van a ajustar las actuales restituciones para que se utilicen derivados de los cereales y para reanimar la producción de lisina intracomunitaria? 
¿Cómo se propone la Comisión favorecer más en general el desarrollo de la industria del almidón y de las bioindustrias susceptibles de dar nuevas salidas comerciales a la agricultura? 
Señor Presidente, las respuestas que nos den nos interesan sobre todo ante las inminentes negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, la Comisión prosigue su política activa con el fin de reducir la dependencia de la Comunidad de la importación de proteínas vegetales y para aumentar el uso de cereales en los forrajes para el ganado. 
La reforma de la Política Agrícola Común que se emprendió en el año 1992 ha dado lugar a un considerable aumento del uso de cereales en los piensos, cerca de veinte millones de toneladas al año, así como una importante caída de la importación de forraje y- en especial- de proteínas vegetales para el ganado. 
La Comisión propuso en la Agenda 2000 profundizar y ampliar aún más la reforma del año 1992, especialmente con vistas a mejorar la competitividad de la agricultura europea tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores. 
La caída en un 15 % de los precios de los cereales y el aumento de las ayudas directas a los vegetales proteínicos deberían contribuir considerablemente a alcanzar este objetivo. 
La Comisión ha asumido siempre sus responsabilidades a la hora de garantizar la competitividad de la industria europea del almidón, de su industria de procesamiento y, en particular del sector biotecnológico que utiliza el almidón y sus derivados como materia prima. 
En líneas generales, la industria basada en los productos del almidón ha conservado sin problemas su posición y registra un constante desarrollo. 
La importación se controla mediante la aplicación de los aranceles correspondientes. 
La exportación se fomenta por medios de ayudas a la restitución, que permiten la exportación de productos muy diversos, ya sea como materia prima o, en ocasiones, como productos de almidón sometidos a un largo procesamiento. 
En la Unión se promueve la venta del almidón y de sus productos derivados por medio de ayudas a la producción cuando dichos productos se utilizan en sectores industriales sin mecanismos de protección ante la importación, tales como las industrias química o farmacéutica o la industria del papel. 
Gracias a los sistemas de ayudas se consiguen comercializar en medida cada vez mayor considerables cantidades de productos industriales del almidón y sus derivados también en países no pertenecientes a la Unión. 
Por medio del programa de la Agenda 2000, la Comisión continuará haciendo uso de estos instrumentos de gestión de mercado mientras se mantengan las considerables diferencias que existen entre los precios del mercado mundial y los del mercado interior de la Unión. 
Estas medidas deberían garantizar que la industria del almidón y, en particular, el sector biotecnológico continúan siendo competitivos en el mercado mundial. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
Señorías, antes de proseguir el debate, permítanme que les informe que, para cerrar el mismo y de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido cinco propuestas de resolución. 
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, los resultados de la Agenda 2000 de Berlín están todavía recién salidos de las prensas y aún así tenemos que ocuparnos de investigar los efectos de esa Agenda 2000 en todos los ámbitos. 
Creo que también la investigación de los efectos en el ámbito que todavía hoy podemos calificar de producto de nicho, es muy importante, por lo que muchas gracias al Sr. Garot por haber puesto el dedo en la llaga y haber forzado a la Comisión a hacer algo con fundamento y orientación. 
El Comisario ha hablado de una profundización y de un fortalecimiento. 
Esto es, primeramente, un ejercicio retórico adornado con un cumplido. 
Naturalmente, nosotros no queremos- por eso nos encanta que el Comisario competente para las finanzas esté aquí con nosotros- declamaciones y profundizaciones con palabras, sino un apoyo masivo. 
Este apoyo masivo necesita, claro está, recursos financieros, pero los socialdemócratas del Parlamento Europeo no cuentan sólo con esos recursos, sino que también cuentan, por supuesto, con el mercado libre y socialmente controlado. 
Por ello es necesario hacer por fin una nueva pata, crear una nueva fuente de ingresos para la agricultura a partir de ese nicho, de ese nicho defendible también en política medioambiental. 
Esta nueva pata tiene el encanto de que con ella no nos dejamos arrastrar a una nueva producción de excedentes, sino de que con ella se crea realmente un medio de sustituir desde el mercado los excedentes por sectores alternativos que, por ejemplo, pueden incluso sustituir al petróleo. 
En la Unión Europea se trata de recuperar esa producción de los nichos de las superficies en barbecho y de extenderla y hacerla equiparable al resto. 
Pero también se trata, dado que nos encontramos en un mercado mundial, de imponer en las próximas negociaciones de la OCM que tendrán lugar en Seattle el 30 de Noviembre, que se trata realmente de desmontar las rigideces del mercado y que la Unión Europea puede actuar aquí exactamente con la misma igualdad de derechos que en otros grandes sectores. 
Ahí queda mucho por hacer, señor Comisario. 
No sólo necesitamos dinero, sino también decisión. 
Sé que la tarea a cumplir en las negociaciones de la OCM es muy extensa debido en parte a los malos resultados de la Cumbre de Berlín en el sector agrario, pero supongo que la Comisión y los correspondientes representantes de la Unión Europea defenderán con firmeza nuestros intereses. 
Señor Presidente, esta pregunta oral tiene por objeto la relación entre una serie de importantes cultivos herbáceos de la UE, la industria de las altas tecnologías que se sirve de dichos productos y el abastecimiento en piensos vegetales con alto contenido en proteínas. 
En el fondo, el tema de la alimentación animal rica en proteínas ya se trató en el acuerdo de Blair House, que hace referencia a las semillas oleaginosas transformadas trituradas. 
Pero dicho acuerdo resultó tan restrictivo que acabó dificultando el desarrollo del cultivo de semillas oleaginosas en la UE. 
En la Agenda 2000, la Comisión se dispuso a eliminar las trabas existentes, concediendo a las semillas oleaginosas la misma ayuda complementaria por hectárea que a los cereales. 
La Cumbre de Berlín ha consagrado esta decisión gracias a la cual se prevén ayudas complementarias para todo un grupo de cultivos herbáceos: cereales y semillas oleaginosas. 
Pregunto a la Comisión si, de conformidad con los actuales cauces comunicativos transatlánticos en materia de agricultura, podemos comunicar a los Estados Unidos que estas medidas son similares a las que adoptan los Estados Unidos, y que, a raíz de ellas, ha quedado suprimida la restricción relativa al millón de toneladas de semillas oleaginosas trituradas. 
Me imagino que no tenemos que esperar un acuerdo global en el marco de la próxima ronda de la OMC para zanjar este asunto. 
¿Pero no existe el riesgo de que para el futuro del sector de semillas oleaginosas de la UE el remedio sea peor que la enfermedad? 
¿No es de temer que debido a la reducida ayuda por hectárea los agricultores opten por otros cultivos? 
¿Tiene previsto la Comisión fomentar el uso de biocombustible y biolubricante ahora que la Cumbre de Berlín ha hecho hincapié en la necesidad de desplegar una política agrícola más enérgica en el ámbito de las aplicaciones no alimentarias? 
Los precios del maíz en la UE y el mercado mundial constituyen otro problema. 
La industria del almidón de la UE se queja de que en el mercado interior tiene que pagar más que sus competidores, que se abastecen de la materia prima maíz en el mercado mundial. 
¿La reducción complementaria del 15 % del precio del maíz realmente ofrece una solución a este problema? 
La Comisión siempre se ha amparado en que la reducción de los precios redunda en beneficio de la competitividad de la UE. 
Supongo, pues, que podemos concluir que este razonamiento también se aplica al sector del almidón. 
¿O a este sector no le queda más remedio que resignarse a que siempre habrá una diferencia de precio entre el maíz del mercado mundial y el maíz de la UE por la sencilla razón de que en la UE hay un déficit de maíz? 
Sea como fuere, los usuarios europeos de este tipo de almidón piden incentivos para salvaguardar el uso del almidón comunitario en el futuro. 
Ahora quisiera hacer un breve comentario acerca de la fijación de los precios del maíz en el mercado mundial. 
Agradecería a la Comisión que me explicara si la concesión de compensaciones por comercialización, que se está implantando en los Estadios Unidos, es susceptible de reducir el precio de este producto. 
En el reciente estudio de la Unión Europea sobre la política de las ayudas agrícolas en los EE.UU. apenas se hace referencia a este tema, aun cuando el actual farmbill estadounidense ha introducido el instrumento de la compensación por comercialización para prácticamente todos los productos agrícolas importantes debido a su gran eficacia en el ámbito de la competitividad. 
¿No estamos pasando por alto un importante instrumento de ayuda? 
Por último voy a referirme al equilibrio entre la fécula de patata y el almidón de maíz. Me imagino que con respecto a este punto también se ratificará el Acuerdo de Berlín. 
En este contexto quisiera preguntar a la Comisión si el reglamento de aplicación recoge este aspecto, ya que considero muy importante que el actual sistema de equilibrio entre la fécula de patata y el almidón de maíz se respete. Para mantener dicho equilibrio es fundamental que se mantenga el sistema de primas compensatorias a la fécula de patata. 
Señor Presidente, quisiera comenzar ahí donde ha dejado la palabra el Sr. Sonneveld. 
Mi Grupo también estima fundamental que se mantengan las primas compensatorias para que quede garantizado el equilibrio entre la fécula de patata y el almidón de cereales. 
En muchas regiones de Europa y, muy en particular, en la zona septentrional de los Países Bajos, el cultivo de patatas desempeña un papel primordial. 
Por lo demás, quisiera romper una lanza por el tema del uso industrial de los productos agrícolas para fines no alimentarios. 
Me alegro de que el Comisario Liikanen esté aquí con nosotros porque quiero hacerle una sugerencia que no supone inversión alguna, cosa que sin duda le agradará. 
¿No sería una buena idea que en zonas ecológicamente sensibles, como los lagos fineses, se impusiera en la medida de lo posible el uso de productos elaborados a partir de productos agrícolas, por ejemplo materias plásticas a base de almidón, biolubricante en todos estos lagos fineses, elaborado a partir de productos con alto contenido en proteínas en el sur de Europa. 
De este modo se abriría a estos productos un nuevo mercado de grandes dimensiones. 
Probablemente ello nos permitiría reducir sustancialmente el número de subvenciones. 
Admito que estos productos pueden salir algo más caros que los productos convencionales, pero los beneficios ecológicos son tan grandes que la Comisión Europea realmente debería elaborar propuestas activas en este sentido para que los productos mencionados puedan abrirse camino en los mercados europeos. 
Yo también tengo una pregunta con respecto a la situación actual resultante de la Cumbre de Berlín. 
Todos sabemos que el acuerdo de Blair House dejó mucho que desear. 
¿Hasta qué punto confía la Comisión en que las propuestas actuales sean viables? ¿Realmente podremos cultivar cuanto queramos sin estar sometidos a la restricción de Blair House? 
¿O existe el riesgo de que caminemos en dirección a un nuevo conflicto comercial con los Estados Unidos en el marco de la OMC? 
Espero que éste no sea el caso, pero me gustaría que la Comisión se explicara al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, la industria química europea, usuaria de hidratos de carbono derivados de la agricultura, sobre todo almidón, evoluciona desde hace algunos años en un contexto económico especialmente difícil. 
Esta delicada situación tiene su origen en las grandes disparidades que existen, en las condiciones de suministro de materias primas agrarias, entre la Unión Europea y el mercado mundial. 
Sin embargo, esta industria, sobre todo la de producción de almidón, representa un importante uso no alimentario dentro del balance cerealista y constituye además una de las piedras angulares del desarrollo industrial futuro de las biotecnologías. 
Cierto que, a fin de remediar esta situación, en 1986 se introdujo- el comisario Liikanen lo recordó hace un momento- una compensación en forma de restituciones a la producción. 
Pero la aplicación de este sistema, desgraciadamente, sólo permite una compensación parcial de la desventaja, debilitando la posición de la industria europea en el mercado mundial, pero, asimismo, en nuestro propio mercado. 
Los diferentes costes de producción de la glucosa en las industrias de EE.UU. y de la Unión Europea pueden suponer normalmente entre el 30 % y el 100 % del precio de venta, inconveniente que es imposible de superar mediante el avance tecnológico o el aumento de la productividad, aún más teniendo en cuenta que la mayoría de las industrias europeas sufren también de una desventaja de tamaño. 
Esta situación plantea con crudeza la cuestión de la permanencia de la industria europea. 
Varias unidades de producción han cerrado sus puertas estos últimos años en Alemania e Italia. 
La mayor parte de las ampliaciones de capacidad, llevadas a cabo para responder al crecimiento de la demanda, se realizan actualmente en su mayor parte fuera de la Unión Europea, ya sea en Estados Unidos o en países emergentes como China, la India o Brasil. 
El mercado europeo se aprovisiona cada vez más con fábricas situadas fuera de la Unión Europea. 
Si consultan las estadísticas de Eurostat, lo comprobarán. 
La erosión de los precios mundiales ya no permite que la Unión Europea mantenga sus posiciones en el mercado mundial. 
Estas tendencias convergentes traducen la falta de atractivo del espacio europeo, cuyo factor principal es el coste de las materias primas amiláceas, que viene a añadirse a las demás desventajas sufridas por esta industria que recordé hace un momento. 
Así pues, tenemos dos exigencias que formular a nivel europeo: que el cálculo de las restituciones a la producción se haga a partir del precio del maíz a nivel mundial, y no a partir del precio del trigo, porque es en la industria del maíz en la que se basa la industria del almidón; y, en segundo lugar, que se procure asimismo- como han recordado hace un momento nuestros compañeros Sonneveld y Mulder- conservar un cierto equilibrio entre la fécula y el almidón producidos a partir de los cereales. 
Y, sobre todo, señor Presidente, queremos que la Unión Europea muestre una cierta combatividad en las conferencias mundiales de Venecia sobre la Organización Mundial del Comercio. 
Si, tal como, según parece, es obligado observar hoy en día, se hacen algunas concesiones a los estadounidenses, sobre todo en el tema del gluten de trigo, en el que son estos últimos los que nos agreden sin que hayamos presentado aún ninguna queja ante la Organización Mundial del Comercio, ciertamente podemos albergar legítimas preocupaciones. 
Es en las futuras negociaciones de la OMC donde debemos ganar esta batalla, esencial para el futuro de las industrias a partir de las biotecnologías. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tras las recientes conclusiones sobre la Agenda 2000, se podría pensar que el equilibrio presupuestario europeo sigue igual de sometido al peso de unas ayudas agrarias demasiado cuantiosas, relacionadas sobre todo con los excedentes de producción que hay que retirar de los mercados, que hay que almacenar y que hay que transformar. 
En una palabra, la agricultura y sus excedentes son responsables de todos los males. 
Pero cuando se analizan los datos estadísticos de Eurostat y la situación anual de la agricultura europea, nos damos cuenta de que la Unión Europea de los Quince, en contra de lo que cabría esperar, no es autosuficiente en algunos tipos de productos agrarios. 
Así ocurre con la carne de ovino, único recurso de muchas regiones secas del Sur de Europa. 
Sólo cubrimos el 80 % de nuestro consumo. 
También estamos faltos de tabaco, madera, cítricos frescos no transformados y algunas frutas y hortalizas. 
Pero, sobre todo, tal como ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Dirección General de Estudios, tan sólo producimos el 30 % de las materias ricas en proteínas que son necesarias para la alimentación de los animales, cerdos y aves principalmente. 
Imaginen un embargo americano- algo que ya se vio en 1973. 
En unas pocas semanas, sería catastrófico para la Unión Europea. 
Las reservas de cereales seguirían proporcionando alimentos energéticos, pero faltarían proteínas vegetales en un contexto en el que, desde la crisis de la EEB, resultan esenciales. 
Paralelamente, la industria del almidón y los amiláceos, base de la producción de numerosos compuestos industriales, entre ellos aminoácidos como la lisina, se ve penalizada por unos precios europeos demasiado elevados para estas materias primas. 
Es hora de que la Comisión se ocupe materialmente de estos problemas, más allá de las palabras. 
En primer lugar, hay que mantener y mejorar el actual sistema de restitución para la utilización de derivados de los cereales. 
Pero también es necesario poner en práctica una verdadera política de producción no alimentaria, a fin de que se produzcan las materias primas necesarias para la industria de los compuestos orgánicos y de biocarburos, sobre todo fomentando la explotación de las tierras puestas en barbecho. 
Además, tan sólo hay que utilizar las posibilidades que ofrecen los reglamentos sobre cereales, oleaginosas y proteaginosas para devolver la autonomía alimentaria a nuestro sector de producción animal. 
También pedimos encarecidamente a la Comisión que integre toda la problemática que tan bien ha expuesto hace un momento el Sr. Garot al preparar las negociaciones de la OMC, en la que disponemos con todo de algunas armas si es que se tiene la voluntad política de utilizarlas. 
(DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Garot por haber tomado la iniciativa de que nosotros nos encontremos aquí y ahora ocupándonos de esta resolución. 
Creo que en ella hay cuatro grandes problemas, cada uno de los cuales de gran importancia por sí mismo. 
En primer lugar, se trata de la competitividad de la industria europea del almidón; se trata de los acuerdos de Berlín sobre semillas oleaginosas y sobre plantas albuminosas que, como todos sabemos, son completamente insuficientes y no bastan para disminuir el déficit que hay en estos mercados, no pudiéndonos, por tanto, servir de ninguna gran ayuda en la forma actual. 
Por último, se trata de que la Comisión debe poner en marcha y desarrollar una política más activa en el ámbito de los cultivos non-food, porque en ese terreno nos hemos quedado parados. 
Hemos emprendido muchos intentos. 
Hemos desarrollado los aceites biológicos, que pueden ser introducidos en zonas acuosas protegidas, en el Lago Constanza o donde sea, así como también en el ámbito del ocio donde el daño es cada más mayor si no se utilizan esos aceites. 
Pero no va más lejos. 
La introducción en el mercado está parada. 
Hemos hecho una política con el lema de un poco para adelante y de nuevo un poco para atrás. 
Esto debe cambiar, si no va bien. 
Finalmente se trata también de la situación de competitividad entre la producción de cereales y patatas para obtener almidón, porque ambos tienen distintos costes de producción y por ello debemos equipararlos. 
Se trata, sencillamente, de lo siguiente, señor Comisario: no debemos financiar excedentes, sino invertir dinero donde aún hay mercados con capacidad de absorción. 
Ahora debemos retomar los acuerdos de la Agenda y seguir trabajando en ellos. 
Son un esquema muy basto con el que, absolutamente, no podemos estar satisfechos. 
Pero, después de todo, corresponde al Parlamento y a la Comisión realizar el trabajo fino, y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que aún existen en esos mercados y que ya no hay para los productos masivos. En los primeros las oportunidades están a punto. 
Debemos buscar las oportunidades en aquellos sectores donde aportemos algún beneficio al medio ambiente, y ahí hacemos realmente poco. 
Por ello debemos hacer esto realidad. 
Señor Presidente, haré sólo tres comentarios sobre la base de este debate. 
En primer lugar, es cierto que la industria de algunos productos específicos, como la lisina, se enfrenta a un aumento de las importaciones, procedentes sobre todo de Estados Unidos, cuya producción se está desarrollando más. 
Esta situación, así como las inversiones que se puedan efectuar fuera de Europa, no se puede atribuir a la Política Agrícola Común. 
El régimen de restituciones a la exportación y a la producción garantiza una compensación por la diferencia de precios de la materia prima entre el mercado mundial y el mercado de la Unión. 
Pueden intervenir otros factores, ajenos al aspecto agrícola, como son los gastos en mano de obra, el coste de la energía, las disposiciones normativas sobre medio ambiente, la proximidad de los mercados, etc. La economía de escala, como la que puede aparecer, por ejemplo, en Estados Unidos, que dispone de enormes unidades de producción, a veces integradas en la industria de fabricación de almidón, pueden dar lugar asimismo a ventajas comparativas. 
Luego, algunos comentarios han dado a entender que el porcentaje de ayuda no es suficiente. 
La Comisión no puede aceptar que las sumas sean insuficientes. 
La restitución actual es, después de la decisión de ayer del comité de gestión, de 60 ecus por tonelada, casi el 30 % del valor de la materia prima. 
Esto significa que queda compensada la diferencia entre el precio mundial y el precio comunitario. 
Por último, se han formulado muchas preguntas en relación con la Política Agrícola Común en general y también en relación con las negociaciones en el marco de la OMC. 
Remito estas preguntas a mis colegas los Sres. Fischler y Brittan, quienes les responderán, por consiguiente. 
Muchas gracias, señor Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre el abastecimiento en proteínas vegetalesy la situación de la industria almidonera 
El Parlamento aprueba la resolución común 
Hemos votado en contra de la resolución, ya que consideramos que ésta actúa en contra de algunos elementos de la reforma recientemente acordada en torno a la Política Agrícola Común. 
Venecia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales a la Comisión: 
B4-0156/99 de los diputados Estevan Bolea, Malerba, Ligabue, Danesin y Castagnetti, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; -B4-0158/99 del diputado Ripa di Meana, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica; -B4-0160/99 del diputado Dell ' Alba, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europeasobre la situación de crisis en Venecia. 
Señor Presidente, el pasado mes de noviembre un grupo de parlamentarios de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía de este Parlamento estuvo en Venecia. 
Como siempre, señor Presidente, quedamos fascinados por la belleza inconmensurable de Venecia, pero también quedamos y volvimos muy preocupados por sus enormes y crecientes problemas. 
Venecia es un entorno artificial creado por el hombre en medio de una laguna pero con unos problemas de inundaciones por el acqua alta cada vez mayores y que han originado fundamentalmente un despoblamiento de Venecia. 
A mí personalmente es lo que más me ha preocupado porque un núcleo urbano, que realmente va perdiendo población, terminará siendo un museo precioso pero un museo muerto, una naturaleza muerta. 
Venecia tenía en 1951, 171.000 habitantes. 
Actualmente, no llega a 60.000 habitantes, y la mayoría- el 25 %- son personas mayores. 
Por otra parte, hay más de 10.000 viviendas vacías, no cuidadas, que se van cayendo. 
Por lo tanto, algo habrá que hacer para mantener Venecia en una situación correcta. 
Venecia es patrimonio de la humanidad. 
En primer lugar, es propiedad de los venecianos, de la región del Véneto, de toda Italia, que tan artista es en todas partes. 
No sé qué serían los museos del mundo sin los artistas italianos, que los han llenado de obras bellísimas. 
Y eso es lo que es Venecia. 
Pero también es cierto que se requieren unas medidas muy singulares. 
Las de tipo tecnológico, esto es, las medidas para las que hay tecnología disponible, son las que fundamentalmente han atraído la atención de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía del Parlamento Europeo. 
Hay que frenar, Señorías, las inundaciones que se producen en Venecia por los crecientes fenómenos del acqua alta. 
No podemos evitar el acqua alta- eso es un fenómeno de la naturaleza-pero sí que se pueden hacer unos diques móviles y también se puede hacer un metro subterráneo. 
Se ha estudiado todo ello. 
El vaporetto es el único medio de transporte en Venecia y crea grandes problemas de medio ambiente. 
En consecuencia, pedimos a la Unión Europea, a la Comisión y al Gobierno italiano- le instamos a ello- varias cosas. 
En primer lugar, que dentro de los Fondos estructurales, en el objetivo 2, se dediquen recursos a una renovación intensísima de Venecia para que la gente pueda seguir viviendo allí. 
Sin gente, no hay nada que proteger ni nada que hacer. 
Y, en segundo lugar, que las empresas que tienen el valor de seguir viviendo y produciendo en Venecia con costes mucho más altos que las demás, tengan unas ayudas fiscales, y que la Comisión retire unas sanciones que ha empezado a instruir porque el Gobierno italiano ha concedido esas ayudas. 
Venezia vuole vivere e deve vivere! 
Señora Presidenta, la Comisión recibió a finales de enero una exposición de motivos de las autoridades italianas en la que se recogía la posición oficial sobre el inicio de un procedimiento en relación con el asunto C-81/97, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 18 de febrero de 1998. 
El procedimiento se refería a las ayudas estatales concedidas en forma de desgravaciones en las cotizaciones por concepto de seguridad social. 
Las autoridades italianas solicitaron por medio de un escrito de la Representación Permanente de este país fechado en diciembre del año pasado un aplazamiento del plazo fijado para su respuesta hasta el 15 de enero de 1999. 
La agrupación «Venezia Vuole Vivere» , compuesta por empresas de Venecia y Chioggia expuso sus observaciones, que fueron remitidas al Gobierno italiano. 
Las unidades de la Comisión están investigando en la actualidad estas aclaraciones, que la Comisión tendrá en cuenta también con motivo de su decisión final. 
Está previsto emitir una decisión a este respecto antes de finales de mayo. 
Por lo que respecta a la posibilidad de aplicar en Venecia las excepciones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, cabe señalar que corresponde a los Estados miembros notificar las regiones que cada uno de los países desea incluir en su mapa regional. 
La Comisión examina a continuación las propuestas de los Estados miembros. 
Sin embargo, las autoridades italianas propusieron únicamente una parte de Venecia como región de aplicación con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. 
La validez de esta región para percibir las ayudas fue aprobada mediante una decisión de la Comisión con fecha de 30 de junio de 1997. 
Por lo que respecta a la inclusión de Venecia en el objetivo 2, cabe señalar que en la propuesta de la Comisión relativa a la aplicación durante el período 2000-2006 del nuevo objetivo 2 de los Fondos estructurales se establece la responsabilidad compartida entre la Comisión y los Estados miembros en lo relativo a la definición de las regiones aptas para percibir las ayudas. 
Habida cuenta de que el Consejo ha aprobado el reglamento que recoge las normas generales relativas a los Fondos estructurales, cada uno de los Estados miembros ha de proponer a la Comisión cuáles son las regiones que reúnen las condiciones establecidas en dicho reglamento y que, en opinión de los Estados, se encuentran en una situación más desfavorable. 
De acuerdo con estas propuestas y en estrecha colaboración con los Estados miembros correspondientes, la Comisión procede a confirmar la lista de las regiones que reúnen las condiciones del objetivo 2. 
El problema de la acqua alta en Venecia exige soluciones que tengan en cuenta las características específicas del ecosistema lacustre. 
El deber de las autoridades italianas ha de ser encontrar la solución más adecuada a este problema. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
Les comunico que según el artículo 37, párrafo 2 del Reglamento he recibido cinco propuestas de resolución. 
La votación se celebrará inmediatamente después de la reanudación. 
Señora Presidenta, como acaba de decir la Sra. Estevan Bolea, Venecia forma parte del patrimonio artístico y cultural de la humanidad. 
Lo pensamos todos y también lo ha declarado oficialmente la UNESCO. 
Estoy seguro de que todas sus Señorías conocen Venecia y que algunos de ustedes no se cansan de volver a visitarla. 
La laguna de Venecia- creo que todos lo saben- es un entorno hidrogeológico muy singular, cuyo equilibrio es muy delicado, un equilibrio que se vio aún más alterado, si cabe, en los años sesenta y setenta por el desarrollo industrial en la costa. 
El fenómeno del acqua alta que, cuando se manifiesta, cubre alrededor de medio metro el centro histórico, se produce unas diez veces al año y crea crecientes molestias a los ciudadanos y, aún más, a las actividades económicas de Venecia Laguna, la parte insular de la ciudad. 
Venecia, dicen, se está muriendo no tanto porque se hunde en el agua- un fenómeno por fortuna muy lento -, sino porque está despoblándose, un fenómeno muy rápido. 
Las empresas no relacionadas con el turismo y generadoras de empleo con un valor añadido elevado se trasladan a tierra firme para no soportar los elevados costes de la sumamente difícil movilidad de Venecia Laguna. 
No obstante, en Venecia Laguna existía- y sigue existiendo en parte- una tradición industrial de alta tecnología no contaminante y de servicios. 
Lamentablemente, es evidente que sólo a través de unas ayudas fiscales y económicas directas, concedidas a las empresas que operan en Venecia Laguna, dichas empresas seguirán donde están. 
Esta política fue llevada a cabo, con más o menos éxito, por el Gobierno italiano, sin embargo, me parece que ahora este enfoque es objeto de críticas por parte de la Comisión. 
He escuchado con satisfacción que el señor Comisario Liikanen, en cierto modo, reconoce al Estado miembro la posibilidad de decir la última palabra con respecto a esta política, pero temo la sanción que la Dirección General IV, responsable de la competencia, reserva normalmente a las ayudas estatales. 
De esto nos hablaron los administradores de la ciudad cuando nuestra delegación fue a visitarles. 
Creo que no nos corresponde a nosotros entrar en el debate de los expertos acerca de las opciones específicas que podrían solucionar el problema del acqua alta, pero considero que hay que pensar en Venecia como en una zona con problemas específicos, en que toda ayuda y todo cuidado, dirigidos a mantener un contexto económico viable, son necesarios. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, resulta algo chocante que nuestro Pleno tenga que ocuparse de algo tan obvio como la protección de la ciudad de Venecia. 
Muchos ya lo han dicho: una ciudad que es patrimonio de la humanidad, una ciudad que está en el corazón de un ecosistema sumamente delicado que fue creado por los hombres. 
Éste es el punto en que quisiera detenerme por unos instantes. 
La antigua clase dirigente veneciana supo crear un modelo de desarrollo casi único. 
Supo con increíbles esfuerzos proteger un ecosistema inestable y ello hace cientos de años. 
Supo, primero, desarrollarse a través del comercio y, luego, convertir la propia ciudad de Venecia en un gran centro cultural mundial, un centro que vio nacer, por ejemplo, la industria editorial contemporánea y que siempre gozó de libertades civiles y políticas mucho mayores que las de los países vecinos. 
En consecuencia, el hecho de que hoy las clases dirigentes europeas se tengan que preguntar esto, tengan que superar unos obstáculos respecto a esto parece, en cierto sentido, incluso desconcertante. 
Las normas comunitarias están hechas para ayudar al desarrollo, no para obstaculizarlo. 
Las normas comunitarias no pueden aplicarse dondequiera de forma intelectualista, como si la Unión de Europa fuera un sinónimo de uniformidad pura y simple. 
Nos damos cuenta de inmediato que las ayudas estatales destinadas a Venecia no son las ayudas estatales destinadas a cualquier otra zona de la Unión Europea: sirven para proteger un patrimonio que es nuestro, que no hemos creado nosotros y que hemos heredado, pero que, precisamente por haberlo heredado, debemos transmitir a las generaciones futuras. 
Desde el punto de vista del desarrollo industrial hay responsabilidades, también del Gobierno italiano: el desarrollo de la empresa petroquímica de Porto Marghera se ha revelado, sin duda, desestabilizador para los delicados equilibrios de la laguna, sin embargo, si queremos una Europa- como decía el Presidente encargado Sr. Prodi- que encabece las nuevas iniciativas empresariales, nuestra obligación es lograr que estas nuevas iniciativas empresariales tengan en Venecia uno de sus principales centros propulsores. 
Aplausos 
Señora Presidenta, estimados colegas, el valioso patrimonio de Venecia se ve amenazado por la despoblación, el turismo de masas y las inundaciones. 
Toda la laguna se ve seriamente afectada por la contaminación, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que la zona interior de Venecia, la que se sitúa en tierra firme, está ocupada en gran parte por gigantescos consorcios químicos altamente perjudiciales para el medio ambiente. 
Los Verdes opinan que todos estos problemas han de abordarse de forma coordinada, tanto a escala nacional como internacional. A este fin es necesario promover un desarrollo económico respetuoso con la laguna y los edificios históricos. 
Por todo ello, somos partidarios de proceder a una reconversión ecológica de las empresas petroquímicas de Marghera. 
Del mismo modo respaldamos plenamente la decisión del Gobierno italiano de someter a revisión el proyecto Mose. Se trata de diseñar una protección móvil para la ciudad. 
En este contexto quisiera llamar su atención hacia una enmienda del Sr. Dell ' Alba en la que propone que refutemos la decisión del Gobierno italiano. 
De aceptar dicha enmienda, emitiríamos una señal extremadamente negativa ya que en principio no haríamos otra cosa que agarrarnos a un enfoque que no combate el verdadero origen del problema. 
Por tanto, les ruego encarecidamente que no respalden la enmienda del Sr. Dell ' Alba. 
Queremos que Venecia se convierta en un modelo de urbanismo innovador y sostenible. En este sentido, la Comisión Europea ha elaborado propuestas de acción sumamente positivas que pretenden fomentar el desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea. 
Así, se prevén incentivos fiscales para la restauración de viviendas y evidentemente se contemplan condiciones especiales para zonas extremamente sensibles, como es el caso de Venecia. 
También podrán disfrutar de ventajas fiscales las pequeñas y medianas empresas que creen empleo en la ciudad sin perjudicar el entorno. Estas acciones se completan con la creación de modelos de turismo sostenibles que podrían incluir una normativa que regule el acceso a la ciudad en períodos de máxima afluencia y medidas de apoyo dirigidas a la economía local que se basan en el uso sostenible de los recursos naturales y el patrimonio histórico de la ciudad. 
Señora Presidenta, muchos colegas extranjeros, procedentes de diferentes países, se están preocupando- además que ocupando- de Venecia. 
Éste es el testimonio más vivo y más palpable de que- la UNESCO lo ha dicho- Venecia es un patrimonio mundial de la humanidad. 
Seguramente Venecia pertenece a toda la humanidad si se tiene en cuenta que, paseando por sus calles y sus puentes, 8 de las 10 personas con quien nos cruzamos son turistas y 7 de éstas 8 son extranjeras. 
Pues bien, estos turistas se apoderan de Venecia y utilizan sus servicios y estropean sus estructuras, con frecuencia durante un solo día y, por tanto, con una utilidad, un beneficio decididamente limitados para los venecianos. 
Es justo, por tanto, que esta abigarrada humanidad empiece a preocuparse también de la protección de estos bienes y de los costes que conlleva defenderlos y protegerlos. 
¿Cómo hacerlo, además de pagar impuestos indirectos sobre los pocos bienes de consumo cotidianos? 
En sede comunitaria- si puedo aventurar unas hipótesis concretas, las medidas posibles son al menos tres y les corresponde a la Comisión y al Estado miembro, por tanto, a Italia, encontrar los instrumentos jurídicos y económicos. 
Ante todo podríamos favorecer un proyecto ad hoc en la línea presupuestaria del programa LIFE para el problema del acqua alta: un problema que no es nuevo, pero que está deteriorando Venecia cada vez más. 
Segunda propuesta: incluir Venecia con decisión en el futuro objetivo 2, donde se habla de recuperación del deterioro urbano. 
Tercera propuesta: autorizar, de acuerdo con el Gobierno italiano, excepciones al artículo 92 del Tratado que se refiere a las ayudas otorgadas por los Estados, al objeto de conceder beneficios fiscales e incentivos a todos los empresarios que ponen en marcha- y tienen la intención de poner en marcha en el futuro- y mantienen en activo iniciativas capaces de garantizar empleo, así como y sobre todo una vida autóctona a Venecia. 
He oído hablar de iniciativas capaces de convertir Venecia en un nuevo modelo residencial: no hace falta; basta salvar las 10.000 viviendas actualmente vacías y que se están desmoronando en la laguna. 
Por tanto, hay trabajo para todos. 
Muchas gracias, señor Santini. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Propuesta de resolución común sobre la crítica situación de Venecia 
Señora Presidenta, solamente quiero comunicarle que mi Grupo tenía previsto votar a favor, pero la aprobación de la enmienda del Sr. Dell ' Alba, a la que nos hemos opuesto explícitamente, nos ha obligado a votar en contra. 
El Parlamento aprueba el proyecto de resolución común. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones. 
Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 16 abril de 1999. 
Elogio póstumo 
Señorías, lamento tener que comunicarles que, la semana pasada, nuestro antiguo colega el vicepresidente Hans Peters falleció. 
Muchos de los que aquí estamos hemos sido testigos de su acción importante en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de este Parlamento, que no era sino una manifestación más de su constante dedicación a los temas sociales y sindicales que le trajeron a esta Asamblea. 
Muchos de nosotros también sabemos del especial empeño que puso en ocuparse de las cuestiones inmobiliarias en el seno del grupo especializado de la Mesa de nuestro Parlamento. 
Dedicó todo su esfuerzo a esta Asamblea durante muchos años y, por ello, creo que, de acuerdo con nuestra tradición, puedo pedir a ustedes un minuto de silencio en recuerdo de nuestro compañero. 
El Parlamento observa un minuto de silencio 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 16 abril de 1999 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero protestar al inicio de este periodo de sesiones porque me han impedido organizar un coloquio sobre el proceso de paz en el País Vasco al que estaban invitados todos los partidos firmantes del Acuerdo de Lizarra. 
En cambio, me mandaron con todos los invitados al pabellón de los visitantes. 
Me parece que el Presidente de este Parlamento, que ha hecho todo lo posible para mantener este coloquio fuera de las salas del Parlamento, no ha actuado como un Presidente del Parlamento, sino como un correligionario del Sr. Aznar y lo lamento. 
Señora Maes, usted dispuso de una sala en la que pudo reunirse con las personas que estimó conveniente invitar. 
Fue una sala de visitantes, y se estableció así precisamente ante la previsión- que había formulado usted a los servicios de esta Asamblea- de que iba a haber un número elevado de visitantes. 
Por tanto, no se hizo más que adoptar las normas habituales para reuniones de este tipo. 
Nadie le impidió a usted reunirse- y de hecho mantuvo usted una conferencia de prensa con las personas que vinieron- y se la trató como a cualquier otro diputado en un caso semejante. 
Señor Presidente, hoy es el primer día en que va usted a aplicar nuestro nuevo Reglamento. 
Espero que eso facilite y, de hecho, acelere la labor de esta Asamblea, en particular durante el turno de votaciones. 
Sin embargo, uno de los nuevos artículos es menos importante dentro que fuera de la Asamblea. 
Me refiero al apartado 3 del artículo 9, que se refiere a los antiguos diputados a esta Asamblea. 
Hasta ahora hemos tenido dos categorías de antiguos diputados: los simples antiguos diputados y los diputados honorarios. 
Algunos de los llamados diputados honorarios han utilizado ese título de un modo que hace creer al público que siguen siendo diputados a esta Asamblea. 
Ésa es la razón por la que se ha modificado ese artículo: para abolir esa distinción entre diferentes categorías de antiguos diputados. 
En otras palabras, el sistema de diputados honorarios dejará de existir. 
Como eso es particularmente importante antes de una campaña electoral, en la que algunos diputados honorarios están utilizando deliberadamente el título para dar la impresión de que siguen siendo diputados a esta Asamblea, quisiera instarle a que escriba lo antes posible a todos los que aún tienen ese título para informarles sobre el nuevo artículo y la nueva situación. 
Como sabe Su Señoría, por ser uno de los autores del nuevo Reglamento, el apartado 3 del artículo 9 dispone que las cuestiones relativas a los derechos y privilegios de los antiguos diputados requieren una decisión de la Mesa. 
Ésa es la única opción. 
Ni la Mesa ni el texto del Reglamento dicen que sea necesario abolir la condición de diputados honorarios. 
Hace unos años, la Mesa decidió que no se crearían nuevos diputados honorarios. 
Cualquiera que haya sido diputado a esta Asamblea- honorario o no- tiene los mismos derechos y privilegios establecidos por la Mesa. 
En la práctica, sería imposible escribir a todos los diputados honorarios para informarlos de que han dejado de serlo. 
Eso no figura en el Reglamento y la Mesa no ha adoptado esa decisión. 
Si Su Señoría quiere que la Mesa examine de nuevo esa cuestión, tomaré nota y lo incluiré en el orden del día de la Mesa para que adopte una decisión al respecto. 
Señor Presidente, el viernes de la semana pasada una bomba estalló en una zona muy concurrida del centro de Londres. 
Tres personas murieron y muchas más recibieron heridas horribles que en muchos casos las dejarán marcadas y discapacitadas para el resto de su vida. 
Fue el tercer ataque de ese tipo en las últimas semanas. 
Sanguinarias bombas de clavos fueron colocadas deliberadamente en zonas concurridas, frecuentadas y pobladas por comunidades minoritarias de Londres, personas que normalmente viven muy satisfechas y alegres en la ciudad vibrante, mixta y multicultural que es Londres. 
Estoy seguro de que todos Sus Señorías se sumarán a mi condena de esa clase de ataque vergonzoso, ya lo perpetren racistas, la extrema derecha o quien sea, y que todos haremos campaña para poner fin a esa violencia indiscriminada, en particular en las próximas semanas que precederán a las elecciones europeas. 
Además, me alegraría, señor Presidente, que enviara un mensaje de condolencia a los heridos y a los deudos en nombre del Parlamento Europeo. 
Aplausos 
Lo haré y tomaré nota de que la Asamblea ha apoyado unánimemente las palabras de Su Señoría. 
Ese caso terrible demuestra que hay que luchar continuamente contra el racismo y la xenofobia. 
No basta con designar un año para luchar contra él. 
Reaparece año tras año. 
Señor Presidente, acabamos de saber que el Consejo de Ministros ha tomado la decisión de incorporar a la administración europea a los asalariados del grupo de Schengen que trabajan para el Consejo. 
Usted sabe que esta decisión tiene repercusiones para nuestro Parlamento, ya que los principios del acuerdo interinstitucional permiten que un funcionario europeo pueda convertirse en funcionario del Parlamento en cualquier momento. 
Encuentro totalmente escandaloso que se pueda aceptar el reclutamiento de funcionarios sin que haya habido concurso, como establece la ley con carácter general. 
Usted sabe hasta que punto la opinión pública se preocupa, y con toda la razón, por el respeto a estas normas. 
Le pregunto pues, señor Presidente, qué piensa hacer para que el Consejo revoque su decisión y aplique el procedimiento habitual en materia de reclutamiento, tanto para estos como para todos los funcionarios. 
Señora, lo que yo puedo hacer es informarme primero y preguntar al Consejo lo que ha pasado realmente y las razones de esta decisión. 
Sea lo que sea, corresponderá, llegado el caso, a los grupos de este Parlamento, del próximo Parlamento, adoptar las resoluciones necesarias para hacer que se cumplan las normas. 
Mientras tanto, lo que voy a hacer es preguntar al Consejo cuales son exactamente las decisiones adoptadas y por qué razones. 
Señor Presidente, quisiera volver a lo que usted dijo antes de que empezásemos a hablar del acta, es decir, que cada día y en cada momento, y no solamente de vez en cuando, tenemos que combatir el racismo y las discriminaciones de todo tipo. 
Aquí en el Parlamento acostumbramos a tomar partido a favor de los derechos humanos y en contra de las discriminaciones por raza, sexo, religión o preferencia sexual. 
Es a la luz de esto que quisiera pedir una explicación, una buena explicación- he dicho una muy buena explicación- de la Mesa y del Colegio de Cuestores sobre los motivos para no permitir la exposición que yo había invitado y a la que anteriormente se había dado autorización. 
Se trata de la exposición sueca Ecce Homo, que justamente se ocupa de las preferencias sexuales y de la discriminación en torno a ellas. 
Señora Eriksson, usted sabe que las exposiciones que se hacen en este Parlamento no deben ser exposiciones que vayan contra el sentimiento de Grupos de esta misma Asamblea. 
La comisión artística opinó que, en estas condiciones, no debía realizarse esa exposición y los Cuestores tomaron la decisión de no autorizarla. 
Por tanto, esa es la decisión procedente. 
Una cosa es el respeto a las minorías y otra es que las minorías puedan imponer sus sentimientos, o su manera de ver las cosas, a otras personas- minorías o no- que los tengan distintos. 
Eso es el respeto de la libertad, que no tiene nada que ver con el respeto del derecho de las minorías. 
Señora Kokkola, en el orden del día está previsto precisamente el tema de Kosovo. 
En el marco de ese debate de urgencia se pueden hacer todos los pronunciamientos que el Parlamento, por mayoría, estime necesario. 
Yo creo que es ese, y no otro, el cauce adecuado. 
Señor Presidente, creo que nos hemos quedado en la aprobación del Acta. 
Quisiera que se pronunciara a favor de rechazar la parte 2 del Acta, tal y como aparece en la página 6. 
En efecto, usted ha tomado la decisión de declarar inadmisible una moción de censura presentada por 66 diputados pertenecientes a todos los grupos políticos. 
De esta forma usted ha cuestionado un derecho inherente a todo diputado. 
Me parece que lo ha hecho aplicando un fundamento jurídico erróneo, y adoptando además como pretexto un argumento político, el de un eventual rechazo de esta moción de censura, en tanto que la inadmisibilidad solo debe apreciarse, evidentemente, en función de criterios jurídicos. 
Lo ha hecho incluso a pesar de que la Comisión, todos lo vemos y lo percibimos, continúa su singladura como si nada hubiese pasado desde el 14 de Enero. 
Y sobre todo, lo ha hecho arriesgando el futuro, porque a cualquier Comisión amenazada con una moción de censura le bastaría con dimitir para tomar la iniciativa y neutralizar así los efectos de dicha moción de censura. 
Me opongo a esta parte del Acta apoyándome en estos tres elementos, porque es una cuestión muy importante de cara al futuro. 
Desearía que esta parte fuera sometida a votación. 
Señor Fabre-Aubrespy, el procedimiento de aprobación del Acta tiene como objetivo ver si el acta refleja exactamente o no lo que ha sucedido. 
No contempla la posibilidad de volver sobre las decisiones que se han adoptado, sobre todo sobre una decisión que no ha sido sometida a votación, aunque hubiera obtenido el respaldo de la gran mayoría de la Asamblea. 
Pero esa decisión no ha sido sometida a votación porque no era necesario. 
Es cierto que si se pudiera volver sobre las decisiones modificando el Acta, dejaría de respetarse el reglamento. 
Bien sabe usted que no voy a someter esta decisión a votación. 
Señor Presidente, tomando como base su respuesta del Sr. Eriksson, en la que usted explicó los motivos para no autorizar la exposición Ecce Homo aquí en el Parlamento, pregunto: ¿Cómo es posible que se autorizase una exposición de un grupo de presión italiano que abogaba contra el aborto, en contra del derecho de la mujer al aborto? 
¿No se ultrajó de esta manera a un gran grupo de personas? 
Mire usted, la otra exposición habrá podido celebrarse porque responde a las reglas de la Asamblea. 
Cuando los Cuestores dicen que una exposición no puede celebrarse porque tiene un tema controvertido, hay dos soluciones: pedir a la Mesa que cambie las reglas de las exposiciones o que no lo haga. 
Pero mientras dichas reglas estén en vigor, hay que atenerse a ellas. 
Los Cuestores las han interpretado correctamente. 
No es razón de cambiar su decisión. 
El Acta queda aprobada 
Informo a sus Señorías de que el Sr. Charles de Gaulle ha sido excluido del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones y que, a partir del 19 de abril último, forma parte de los diputados No Inscritos. 
Señor Presidente, una cuestión relativa al reglamento, en relación con el orden en el hemiciclo. 
¿No puede el Parlamento pedir que «de Gaulle «cambie de nombre para respetar el honor de Europa? 
Señor Duhamel, eso no es una cuestión de procedimiento y su intervención no es acorde con la dignidad de la Asamblea. 
Las decisiones políticas de cada cual pertenecen a uno mismo, a su conciencia y a sus electores. 
Tengo una moción de orden, señor Presidente, sobre los artículos 2, 5 y 119 del Reglamento. 
Los Cuestores han tomado una decisión a última hora con motivo de mi carta de agosto del año pasado que puede ser objeto de apelación. 
Ahora incoaré un proceso en el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo con la cuestión de principios: ¿quién determina el orden de trabajos de los diputados elegidos, con todo tipo de sanciones económicas, nosotros mismos o la Mesa? 
Si gano, y lo ganaré, se devolverán las multas que han sido retenidos indebidamente a mis colegas. 
Respecto de las Islas Kai, ya hablaré mañana sobre ellas. 
Sin duda se lo agradecerán, señor Janssen van Raay. 
Me pide la palabra el Sr. Bru Purón. 
Señor Presidente, en la tribuna del hemiciclo se encuentra hoy una representación de milicianos republicanos de nuestra Guerra Civil. 
A su edad han venido hasta Estrasburgo y creo que se merecen un saludo por nuestra parte. 
Grandes aplausos 
Orden de los trabajos 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones solicita que se retire del orden del día el informe de la Sra. Miranda de Lage sobre el acuerdo de colaboración entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos. 
Tiene la palabra el Sr. van Dam para presentar esta solicitud. 
Señor Presidente, en el proyecto definitivo de orden del día del miércoles próximo figura como último tema la recomendación de nuestra colega Mirande de Lage sobre el acuerdo de colaboración con México. 
Le propongo eliminar este tema del orden del día porque dicho acuerdo es todavía objeto de negociaciones. 
Al aprobar el acuerdo de transición con México, hace un año exactamente, este Parlamento se pronunció claramente expresando que el acuerdo general no se aprobaría antes de que los resultados finales de las negociaciones con México estuvieran disponibles. 
Ahora bien, estas negociaciones están aún en curso. 
En diversos ámbitos, como el de los derechos humanos y la protección de la naturaleza, se necesitan todavía unos progresos considerables. 
La inminente aprobación del acuerdo de colaboración significaría dar un cheque en blanco a los negociadores y sería por ende una negligencia en las responsabilidades de este Parlamento. 
Por otra parte, no se entiende tampoco por qué el acuerdo tendría que ser debatido en este periodo de sesiones. 
En el próximo periodo tendríamos la posibilidad de disponer de una evaluación mucho más ponderada por parte del Parlamento. 
Por lo tanto, propongo al Pleno que no se debata el acuerdo con México en esta semana. 
Señor Presidente, quisiera hacer tres breves observaciones contra el aplazamiento. 
En primer lugar, existen razones muy poderosas para oponerse al acuerdo UE/México relativas a los derechos humanos. Sin embargo, existen razones aún más poderosas para votar a favor. 
La Asamblea debe escucharlas y debatirlas y adoptar una decisión al respecto. 
Con el aplazamiento no se consigue nada absolutamente. Las negociaciones han durado cinco años. 
Con el aplazamiento nada ganamos. 
Me gustaría que este Parlamento cumpliera con su deber al respecto. 
Si se aplaza, se transmitirá este asunto a un Parlamento recién elegido que estará relativamente poco familiarizado con él. 
La segunda observación es la siguiente: entiendo que muchos diputados a este Parlamento, incluido yo mismo, se sienten presionados por organizaciones no gubernamentales para que lo aplacen. 
Permítaseme decir, como amigo y admirador respetuoso de muchas ONG- y que se fía en gran medida de sus consejos -, que, si lo aplazáramos, estaríamos concediendo en realidad a las ONG el derecho de afirmación o veto de este acuerdo. 
Nada nuevo va a aparecer. 
Sería una abrogación de nuestros deberes. 
Nos presentamos a unas elecciones y las ganamos. 
A nosotros corresponde decidir políticamente si debe salir adelante o no. 
Mi observación final es para responder a la afirmación del Sr. Van Dam de que se trata de un cheque en blanco. 
No es un cheque en blanco. 
Si damos nuestra conformidad al Informe Miranda- y yo abogo por que la demos y por que no lo aplacemos -, se creará precisamente el marco en el que se podrán mencionar las cuestiones relativas a los derechos humanos. 
Establecerá el diálogo político que permitirá juzgar sobre los derechos humanos y dicho diálogo deberá decidirse- repito-en el nivel político y también la votación. 
Así, pues, no soy partidario de que se aplace más la votación. 
Someto a votación la solicitud del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones 
El Parlamento rechaza la solicitud 
Señor Presidente, si lo he entendido bien, se acaba de anunciar que se pospone la resolución sobre la cumbre de Colonia. 
Hemos recibido las resoluciones de todos los grupos parlamentarios. 
Además, ya hemos establecido un plazo para las negociaciones: mañana por la mañana a las once. 
No sé porqué se hace ahora esta propuesta. 
Sí sé que el Grupo Socialista ha entregado un texto muy corto con sólo unas cuestiones y tal vez los otros textos ofrecen la posibilidad de modificarlo un poco pero, Presidente, no entiendo por qué de repente se pospone al martes algo que deberíamos haber hecho ya la semana pasada. 
Señora Oomen-Ruijten, lo único que se ha hecho es prolongar el plazo de presentación de enmiendas hasta mañana martes a las 12.00 horas. 
No se ha cambiado la decisión ni su votación. 
Lo único que se ha hecho es extender el plazo de presentación de enmiendas, lo cual, normalmente, suele favorecer el consenso, aunque no siempre sea así. 
El Presidente da lectura a las modificaciones del orden del día del jueves 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
Solicitud de suspensión de la inmunidad (Sr. Féret) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0210/99) del Sr. Wijsenbeek, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Feret. 
Señor Presidente, este es mi último informe en mi último periodo de sesiones después de quince años de servicios a este Parlamento. 
Es el noveno informe de esta legislatura pero no le voy a aburrir con todas las estadísticas; lo lamentable es que no es una cuestión muy agradable realmente y aquí no se trata de una legislación o el fomento de la integración europea, sino de un tema de inmunidad parlamentaria. 
A pesar de todo, sí se pueden hacer algunas observaciones al respecto en sentido general, señor Presidente. 
Pero empezaré hablando un momento sobre la cuestión misma. 
Se trata de uno de nuestros colegas, a quien se le acusa de no haber cumplido con su deber en relación con la excesivamente intrincada legislación social belga, en particular, en relación con un trabajador suyo. 
Todos nuestros miembros deben cumplir naturalmente con las obligaciones legales belgas en relación con los trabajadores que tengan empleados en Bélgica. 
Pero, señor Presidente, el implicado lo niega e incluso nos ha mostrado pruebas de que ha escrito cartas a la seguridad social belga manifestando que sí estaba dispuesto a cumplir con esas obligaciones, pero nunca ha recibido respuesta a ellas. 
Los hechos fueron cometidos en 1995 y sólo en 1999 el Reino de Bélgica nos solicita la suspensión de la inmunidad parlamentaria. 
Señor Presidente, esos son los hechos. 
Hemos de añadir que se produce el curioso hecho de que en Bélgica una persona procesada no puede participar en las elecciones y eso nos dio que pensar, sobre todo después de haber visto las pruebas del mismo implicado. 
Señor Presidente, a continuación pedimos información más detallada al Reino de Bélgica y sólo recibimos una confirmación del suplicatorio de suspensión tal como habíamos recibido en primera instancia, es más, a posteriori resulta que se había cursado solamente el suplicatorio para que de esta forma se interrumpiera su prescripción. 
Por lo tanto, señor Presidente, hemos estimado proponerle, siguiendo nuestra jurisprudencia, siguiendo nuestras normas establecidas de que la inmunidad parlamentaria no protege al miembro mismo, sino a toda la Asamblea y a este Parlamento, que no se suspenda la inmunidad parlamentaria. 
Esto lo decimos en particular porque opinamos, en la línea de mis ilustres precursores, Georges Donnez y Jean Defraignes, que se trata aquí en cierto modo del «fumus persecutionis». 
Señor Presidente, permítame de todos modos terminar esta intervención con una observación general. 
Dentro de poco entrará en vigor un estatuto con un régimen común para todos los miembros de este Parlamento. 
Sin embargo, falta todavía un elemento en este estatuto común, que concierne a la inmunidad parlamentaria. 
Porque siguen existiendo todavía diferencias según la nacionalidad en relación con el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades, y eso está en contradicción con el artículo 6 del Tratado. 
Todos nuestros miembros gozan en su propio país, pues, de la misma inmunidad que tienen los miembros de sus parlamentos nacionales, mientras que aquí deberíamos ser iguales y por lo tanto deberíamos tener el mismo estatuto. 
Para darle un ejemplo: para los miembros franceses toda acción política está protegida por esa inmunidad, también si tiene lugar fuera del Parlamento. 
Para los británicos y neerlandeses, por ejemplo, no hay, en absoluto, inmunidad en el propio país, con excepción de lo se diga en la sesión del Parlamento. 
Va siendo hora, señor Presidente, de que nuestros sucesores y la futura Comisión que se ocupe del Reglamento, presenten una propuesta de modificación del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades con el fin de que todos seamos iguales en esta Asamblea. 
Esto es algo, señor Presidente, por lo que he luchado en todos estos años aquí, y esto también es aplicable entonces a este caso específico. 
Muchas gracias, señor Wijsenbeek. 
Todos los que estamos aquí somos testigos del tiempo, el esfuerzo y la plena dedicación que usted ha prodigado a esta Asamblea durante todos estos años. 
Creo que, como Presidente- y no se trata sólo de una obligación moral sino de algo que hago con mucho gusto- tengo que agradecerle a usted, en nombre de la Asamblea, toda la dedicación, el esfuerzo y el acierto que ha puesto en sus trabajos. 
Aplausos 
Señor Presidente, quisiera hacerme eco de sus observaciones diciendo que vamos a echar de menos al Sr. Wijsenbeek. 
En parte será en el sentido positivo y en parte en el negativo, ya que el Sr. Wijsenbeek era uno de los más interesantes diputados a esta Asamblea. 
En nombre del Grupo Socialista, quisiera decir que vamos a apoyar el Informe Wijsenbeek sobre la suspensión de la inmunidad del Sr. Daniel Féret. 
Al hacerlo, expresamos nuestra decepción respecto de las autoridades belgas, que, tras formular graves acusaciones sobre uno de nuestros colegas y la administración de su oficina y el pago a su asistente, no ha aportado- en mi opinión, al menos- documentación adecuada. 
El Sr. Féret y yo tenemos opiniones políticas profundamente diferentes. 
Francamente, espero que sea derrotado en las elecciones belgas, pero no puedo permitir que se lo retire de ellas a partir de esas acusaciones contra él que hasta ahora no se han probado. 
Por esa razón, vamos a apoyar el informe para mantener su inmunidad y, en consecuencia, permitirle presentarse a las elecciones. 
Muchas gracias, señor Ford. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Solicitud de suspensión de la inmunidad (Sr. Moniz) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-262/99) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Fernando Moniz. 
Señor Presidente, voy a empezar mi intervención donde la ha dejado el Sr. Wijsenbeek, uniendo mis palabras a las que ya se han dicho: vamos a echar de menos en esta Asamblea al Sr. Wijsenbeek. 
Señor Presidente, el problema que nos hace ver la suspensión de las inmunidades de que hoy tratamos no es ni más ni menos que una parte de un problema general. 
Este problema general es que esta Asamblea no cuenta todavía con un estatuto único para sus diputados. 
Es una rémora histórica que hoy en día ya no tiene razón de ser. 
Ciertamente, la regulación de los privilegios e inmunidades- que data del año 1965- se remonta a un momento en que este Parlamento era una mera asamblea parlamentaria en donde, todavía, su grado de representatividad de una ciudadanía europea estaba en el reino de la utopía. 
Hoy ya no es así. 
Hoy, realmente, no tiene sentido que todavía existan muchísimas diferencias entre unos representantes y otros, cuando la realidad es que, a partir del Tratado de Maastricht y, más aún, del Tratado de Amsterdam, se va abriendo paso la realidad de esa ciudadanía europea que reclama a voces que sus representantes participen de un régimen común en todos los aspectos, pero, desde luego y en particular, en el aspecto de la suspensión de la inmunidad parlamentaria. 
En efecto, señor Presidente, la segunda reflexión debe ser sobre la inmunidad. 
La inmunidad no es un privilegio. 
La inmunidad es una salvaguarda de la Asamblea. 
La inmunidad, por lo tanto, es una cuestión de orden público y en el caso que me ocupa, el del Sr. Moniz, el Sr. Moniz en un momento determinado pidió que se le levantase la inmunidad parlamentaria, algo que ha sido tenido en cuenta en la resolución de la Comisión de Reglamento, que por unanimidad votó la suspensión de la inmunidad, pero no por razón de la voluntad del Sr. Moniz de comparecer ante la Administración de Justicia, sino porque se cumplían los requisitos. Se cumplían los requisitos que, en este caso, nos hacen remitirnos del Acta de 1976, a la regulación sobre privilegios e inmunidades en el Derecho primario, y de ahí a la Constitución portuguesa e incluso al Derecho procesal portugués. 
En el caso que nos ocupa, señor Presidente, la suspensión de la inmunidad parlamentaria no plantea dudas puesto que los hechos que se imputan al Sr. Moniz no tienen nada que ver con su actividad parlamentaria. 
Y, además, hay que destacar que se ha instruido un procedimiento que despeja cualquier idea, incluso lejana, de una imputación no fundada. 
Indudablemente, que la imputación sea fundada no quiere decir que el Sr. Moniz sea culpable, pero para eso están los tribunales y, en este caso, el Sr. Moniz, como cualquiera de nosotros, tiene que entender que ser representante de los ciudadanos europeos significa ser un ciudadano más en todo lo que respecta a las responsabilidades, y únicamente en aquellos aspectos en que está en juego el interés de la representación que se ostenta, debe haber unas ciertas salvaguardias contra quienes pudieran abusar, en detrimento de la institución, en detrimento del Parlamento, en detrimento de la ciudadanía, de los procedimientos procesales. 
Por lo tanto, señor Presidente, la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades votó esta tarde, por unanimidad, a favor de la suspensión de la inmunidad del Sr. Moniz, lo que permitirá que él comparezca ante la justicia, como era su voluntad. 
En otro orden de ideas, señor Presidente, cabría pensar si tiene sentido que, en las últimas semanas de la actual legislatura, esta Asamblea se pronuncie sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un colega que nos hizo saber que no se iba a presentar a la elecciones. 
Pues bien, aquí tengo que hacerme portavoz de la resolución de la Comisión de Reglamento, que se incorporará a esa doctrina que, con constancia y a lo largo de los años, viene estableciendo, y es que este Parlamento no se disuelve y que este Parlamento tiene que regular, tiene que resolver sobre los problemas que se le plantean desde el primer hasta el último día de su mandato. 
En este caso, por esas razones, hemos aprobado esta resolución. 
Muchas gracias, señora Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Anexo V del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0216/99) del Sr. Fayot, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre la modificación del Anexo V del Reglamento del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, este es- quisiera decir unas palabras sobre este tema- el último informe de la difunta Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
En esta ocasión quisiera, evidentemente, expresar mi agradecimiento a mis colegas, y en particular, a todos los que durante largo tiempo formaron parte de esta comisión, y a modo de ejemplo quisiera mencionar evidentemente a M. Wijsenbeek. 
Igualmente quisiera expresar mi agradecimiento a la Secretaría de esta comisión, que ha hecho siempre un excelente trabajo para que nuestro reglamento estuviera a la altura de las necesidades del trabajo parlamentario. 
En lo sucesivo, a partir de la próxima legislatura, las competencias de esta comisión, de esta difunta Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, se repartirán entre dos grandes comisiones: la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Esto pone de manifiesto la importancia de las competencias, ya que ahora se van a tener que repartir entre dos importantes comisiones. 
Señor Presidente, respecto al informe que nos ocupa, versa sobre el anejo V de nuestro reglamento, especialmente en todo lo relacionado con la aprobación de la gestión. 
Usted se acuerda que el examen del anejo V en nuestra comisión comenzó con una carta de la Sra. Theato, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, que abordaba concretamente la cuestión de si el artículo 5 de este anejo V que prevé la mayoría absoluta para rechazar la aprobación de la gestión, era compatible con las disposiciones del Tratado. 
El pasado mes de diciembre tuvimos una larga discusión tanto sobre este aspecto como sobre si se podía, después de todo, enmendar la propuesta de decisión. 
En aquel momento adoptamos una línea de interpretación que el Pleno ha secundado, y también dijimos que ibamos a volver a abordar este anejo V en su totalidad. 
Eso es lo que hemos hecho en el marco de este informe, y quisiera añadir que lo hemos hecho en estrecha colaboración con la Comisión de Control Presupuestario. 
Quisiera expresar mi gratitud muy especialmente a su presidenta la Sra. Theato, que desgraciadamente no puede estar entre nosotros, y también por supuesto al ponente de la opinión particular de esta comisión, la Sra. Kjer Hansen, así como a todos los miembros de esta comisión, que han hecho un excelente trabajo, ya que estas aportaciones han tenido relación directa con el desarrollo de este procedimiento. 
Se han presentado numerosas enmiendas a mi proyecto de informe, todas, sin embargo, en el mismo sentido. 
No ha habido divergencias fundamentales sobre el procedimiento a seguir. 
La cuestión esencial consistía en deshacerse de ese artículo 5, de esa mayoría absoluta, y situar el rechazo en el mismo plano que la concesión, y asimismo concretar el procedimiento en caso de aplazamiento. 
Quisiera pues, recordar que, en el nuevo artículo 3, el procedimiento para la concesión o para el rechazo es objeto de tres propuestas. 
Primero, una propuesta de decisión en relación con la aprobación o el rechazo, evidentemente por mayoría simple. 
A continuación una segunda propuesta de decisión que prevé el cierre de las cuentas. 
Supone también una innovación importante al permitir separar por un lado, el cierre de las cuentas- una especie de procedimiento técnico simple, pues, para verificar si se han llevado bien las cuentas- y por otro, la discusión o la opinión del Parlamento sobre la gestión de la Comisión en materia presupuestaria. 
Finalmente, también hay una tercera propuesta- una propuesta de resolución- y, en esta propuesta de resolución el Parlamento hace sus observaciones sobre la gestión presupuestaria de la Comisión. 
Según nuestro reglamento esta es la única propuesta de resolución que puede enmendarse, si el Pleno la acepta, como nosotros proponemos. 
Para terminar, también planteamos un procedimiento muy preciso en caso de aplazamiento y ello es así, aquí también, a fin de subrayar la necesidad de continuar con el procedimiento y no de dejarlo tal cual. 
Finalmente, un último artículo prevé el examen en el Pleno. 
Las dos enmiendas introducidas no modifican en lo fundamental las diligencias alumbradas por la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales e Inmunidades y por lo tanto, tampoco alteran la filosofía general. 
Señor Presidente, espero que este nuevo anexo facilite el trabajo de la Comisión de Control Presupuestario y del Parlamento. 
Pienso que habrá un reforzamiento y un mejor seguimiento de las relaciones entre el Parlamento y la Comisión en materia de control de la gestión presupuestaria y espero que, con este reglamento, nuestro Parlamento pueda hacer un trabajo todavía mejor en materia de control de la gestión presupuestaria de la Comisión. 
Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando al Sr. Fayot no sólo por su informe, sino también por su presidencia de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades en estos últimos años. 
Ésta ha sido en verdad una presidencia excelente. 
Quisiera tranquilizarlo diciéndole que la comisión no va a quedar absorbida en la Comisión de Asuntos Institucionales: va a combinarse con esa comisión para crear una nueva Comisión de Asuntos Constitucionales, que será muy importante en esta Asamblea. 
La cuestión que tenemos ante nosotros se debe a que los propios Tratados no son claros sobre lo que debe ocurrir, si el Parlamento no concede la aprobación de la gestión. 
Nosotros mismos, como Parlamento, interpretamos el derecho a conceder la aprobación de la gestión en el sentido de que también teníamos el derecho a denegarla. 
Esa interpretación es compartida por las demás instituciones y se está practicando desde hace algunos años. 
Sin embargo, el Tratado no habla de lo que debe ocurrir, si el Parlamento deniega la aprobación de la gestión. 
Nosotros, como Parlamento, interpretamos durante muchos años que, si el Parlamento denegaba la aprobación de la gestión, la Comisión afectada, de seguir en funciones, debería asumir las consecuencias necesarias y dimitir: tenía que marcharse. 
En otras palabras, la denegación de la aprobación de la gestión en sí misma equivalía en cierto modo a una moción de censura de la Comisión. 
La propia Comisión, por mediación del Sr. Tugendhat, cuando era Comisario de presupuestos, pareció aceptar esa interpretación. 
Ésa es la razón por la que hemos indicado en el Anexo V de nuestro Reglamento que necesitábamos no una mayoría simple, sino también una mayoría especial de los diputados a la Asamblea- una mayoría absoluta- para denegar la aprobación de la gestión, porque, si no, la denegación de la aprobación de la gestión podría haber sido una salida por la puerta de atrás para censurar a la Comisión por una mayoría menor que la normalmente necesaria, con arreglo al Tratado. 
Así, pues, para proteger el Tratado fue para lo que incluimos ese requisito de una mayoría especial en nuestro Reglamento. 
Sin embargo, todo eso resultó socavado por los acontecimientos del pasado mes de diciembre, cuando algunos diputados a esta Asamblea- algunos Grupos, de hecho- deseaban denegar la aprobación de la gestión, pero mantener a la Comisión. 
Eso era contradictorio y el Parlamento se vio obligado a abordar ese asunto mediante una moción de censura por separado de la Comisión, con lo que se destruyó la vinculación directa entre la denegación de la aprobación de la gestión y la consecuencia de la salida de la Comisión. 
Otro problema que surgió fue el de que en aquel momento probablemente no hubiera ni una mayoría en la Asamblea para conceder la aprobación de la gestión ni una mayoría absoluta para denegarla, por lo que el Parlamento estaba preso entre esos dos requisitos de mayorías diferentes de su Reglamento. 
Por esa razón, fue necesario revisarlo. Así lo ha hecho la Comisión de Reglamento; nos hemos basado en gran medida en la opinión emitida por la Comisión de Control Presupuestario. 
En los casos en que no lo hemos hecho, mi Grupo ha presentado dos enmiendas que rectificarán esa situación y acabarán, de hecho, con una contradicción que en este momento existe- nos parece- en el informe. 
Así, pues, con ello volveremos a necesitar una mayoría simple para conceder y para denegar la aprobación de la gestión. 
Ahora bien, la consecuencia es que en adelante la denegación de la aprobación de la gestión es una simple reprimenda contra la Comisión, no una forma de censurarla. 
Si el Parlamento denegara la aprobación de la gestión, tendría que debatir después por separado cuáles deberían ser las consecuencias, si la Comisión no las sacaba. 
Señora Presidenta, las decisiones concretas deberían verse posibilitadas por las normas del Reglamento y, a ser posible, verse facilitadas, en vez de verse dificultadas cuando no impedidas. 
Lamentablemente, éste no ha sido siempre el caso y al motivo concreto acaban de aludir expresamente ahora el Presidente de la Comisión de Reglamento, Ben Fayot, así como nuestro colega, el Sr. Corbett. 
Recordemos: en el procedimiento de aprobación de la gestión para 1996 se hicieron patentes irregularidades y contravenciones del Tratado porque precisamente el Anexo V había dispuesto para la denegación de la aprobación de la gestión una mayoría más grande que la que prescribe el propio Tratado en el artículo 141 del Tratado CE. 
Este era el problema central. 
Nuestro colega, el Sr. Corbett, ha aludido a que en este Parlamento existía una opinión de hacer de este texto contractual, relativamente claro, algo diferente de lo que figuraba y figura en el texto del Tratado. 
Esto condujo también luego a que a lo largo de la aprobación de la gestión para 1996 hayamos tenido los problemas de los que ya se ha hablado. 
Desde esta situación el presidente de la Comisión de Control Presupuestario pidió el 15 de enero de 1999 en esta Asamblea por encargo de la comisión que la Comisión de Reglamento aclarase qué es lo que el Tratado prevé exactamente o que se neutralizase esta acumulación de no aprobaciones de la gestión y de posibles votos de desconfianza. 
Esto es lo que ha hecho ahora. 
Hemos dado nuestras más cordiales gracias al presidente de la Comisión de Reglamento, el Sr. Ben Fayot, -y en este punto coincido plenamente con nuestro colega, el Sr. Corbett- por haber tratado de una manera tan rápida y tan cooperativa el deseo que manifestó la Comisión de Control Presupuestario a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Queremos dar las gracias al Sr. Fayot por su trabajo en la Comisión en general, y el hecho de que esta Comisión no vaya a existir más en esta forma, no debe implicar ahora- y éste es un último punto en el que coincido con nuestro colega, el Sr. Corbett- un juicio negativo del trabajo de la Comisión y, menos aún, del trabajo de su presidente, sino que se trata propiamente de que en el futuro queremos tener agrupadas las cuestiones que sean importantes desde el punto de vista de su contenido. 
Desde esta perspectiva una parte significativa del trabajo de la Comisión de Control Presupuestario estará bien recogida en la futura Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Señora Presidenta, con este informe tampoco solucionamos el problema de qué consecuencias tiene para la Comisión que el Parlamento no apruebe la gestión. 
Esta cuestión compete al Tratado, sin embargo, tenemos directrices internas claras sobre qué procedimientos podemos utilizar en el Parlamento. 
Celebro que ya no tengamos que emplear horas y horas en discutir los posibles procedimientos, pues ahora disponemos de normas claras. 
De ahí que quiera expresar mi agradecimiento a mis colegas y especialmente al Sr. Fayot por la muy constructiva cooperación que se ha mantenido a raíz de la modificación del Reglamento y especialmente quiero agradecerles la comprensión y la positiva predisposición que han mostrado hacia las opiniones que he planteado. 
Es importante que compaginemos las normas del Reglamento, el Tratado y el Régimen Financiero. 
Podemos optar bien por otorgar la aprobación de la gestión, bien por no otorgarla o bien por posponer la decisión al respecto. 
En las normas aparece ahora una distinción muy importante entre un aplazamiento técnico y un aplazamiento político, que debe tener unos fundamentos claros, al igual que aparece también una clara separación entre el cierre técnico de las cuentas y la postura política que pudiera adoptarse sobre la cuestión de si aprobamos o no las cuentas. 
Lo que sí podemos decir es que en diciembre optamos por activar las disposiciones relativas al papel del Parlamento como autoridad encargada de la aprobación de la gestión. 
Y continuando el difuso debate surgido a raíz de esto, resulta fundamental que dispongamos de normas claras sobre la forma de actuar en una situación semejante a la que hemos visto anteriormente. 
El Informe Fayot me parece que señala muy bien cómo habrán de ser estas normas. 
Señora Presidenta, cuando en la política se violan las más elementales reglas de la lógica, rara vez es por desconocimiento de las mismas, sino por algún interés. 
Por esta razón me pregunto hoy lo siguiente: ¿cuál fue el interés de este Parlamento por bloquear sus propias competencias de control? 
¿No pudo ser que en el pasado- y espero que sólo en el pasado- los grandes Grupos de esta Asamblea tenían un interés mayor en proteger a la Comisión que en llamarla a la responsabilidad y en fortalecer al propio Parlamento? 
A tenor de los Tratados la decisión sobre la aprobación es adoptada por el Parlamento por mayoría simple. 
En contradicción con ello, el Parlamento ha separado esta decisión en dos procedimientos. 
De esta suerte, el procedimiento de aprobación de la gestión se ha votado por mayoría simple, pero la denegación de la aprobación de la gestión se ha votado por mayoría absoluta. 
Esto conduce a la grotesca y claramente absurda situación de que la mayoría de este Parlamento no está de acuerdo con la aprobación de la gestión de la Comisión, pero, no obstante, no deniega la aprobación de la gestión a esta Comisión. 
Una situación francamente grotesca que no puedo menos que atribuir a un interés fortísimo, y espero que las grandes coaliciones, que han colocado los derechos de control del Parlamento detrás de la protección de la Comisión, hayan aprendido de los acontecimientos de los meses pasados y muestren en el futuro más lealtad al Parlamento que a sus Comisarios. 
Señora Presidenta, como acaba de decir el presidente Fayot, en este informe ha habido una excelente colaboración entre la Comisión de Reglamento y la Comisión de Control Presupuestario. 
De esta manera hemos conseguido un texto que presenta aspectos positivos, aunque algunas cuestiones nos dejan insatisfechos. 
En cuanto a los aspectos positivos, quisiera subrayar que no hemos hecho una modificación ad hoc limitada al marco del ejercicio de 1996 sino que hemos logrado una reforma válida para los años venideros. 
Asimismo quisiera subrayar que hemos mantenido el rechazo de la aprobación de la gestión, en contra de lo que se había especulado, porque habría resultado, cuando menos paradójico, después de todo lo que ha pasado desde el mes de diciembre. 
Tenemos la posibilidad de rechazar expresamente la aprobación de la gestión. 
Esta aprobación de la gestión no acarrea forzosamente la moción de censura, aunque lógicamente induce al Parlamento a reflexionar, y hemos suprimido la anomalía que aparecía en el reglamento, que pretendía que el rechazo de la moción de censura se aprobara por mayoría absoluta de los miembros del Parlamento. 
No estamos en absoluto de acuerdo con algunos puntos adoptados, especialmente el hecho de que una simple carta del Presidente a la Comisión sea suficiente para informar a esta de los motivos del rechazo del descargo. 
Es como hacerlo a escondidas, cuando lo adecuado sería, obviamente, continuar exponiendo los motivos por los que el Parlamento rechaza conceder el descargo. 
La segunda discrepancia recae sobre el papel de la Comisión de Control Presupuestario, que pierde la posibilidad que tenía hasta ahora de dar su opinión sobre las enmiendas antes de que fueran sometidas a votación en sesión plenaria. 
Creo que la competencia que disfrutaba antes la Comisión de Control Presupuestario era una buena disposición y por ello su modificación me parece lamentable. 
Del mismo modo, no se trata de decir que las enmiendas son inadmisibles, se trata de decir que si se adoptan, el informe se devuelve a la comisión competente. 
Estos son los puntos de este informe en los que discrepamos. 
Señora Presidenta, la Comisión no pretende en ningún caso inmiscuirse en las reglas internas del Parlamento. 
La Comisión solo desea, según el criterio de sus servicios jurídicos, hacer una observación de orden institucional y jurídico. 
La aprobación de la gestión se rige por el artículo 206 del Tratado. 
La decisión de la aprobación de la gestión se concibió como un mecanismo de carácter primordialmente financiero que se basa en el informe del Tribunal de Cuentas, aunque haya adquirido con el paso de los años una dimensión política. 
La decisión de aprobar la gestión es un acto único que no puede disociarse de la decisión política de aprobación de la gestión, una decisión de cierre de cuentas que debe adoptarse paralelamente; tal disociación modificaría el equilibrio institucional y exigiría una revisión de los Tratados. 
Sin embargo, en caso de rechazo de la concesión de la aprobación de la gestión, hay que cerrar sin duda las cuentas del ejercicio. 
Se trataría entonces de que el Parlamento tomara una decisión de cierre de cuentas por defecto. 
Esto vendría a formalizar los procedimientos adoptados de hecho para los presupuestos de los años 1982, 1992 y 1996. 
La Comisión por su parte, reflexionará sobre si es jurídicamente factible contemplar dicha opción en el contexto de la reforma del Reglamento Financiero. 
Muchas gracias, señor Comisario, Liikanen. 
La pantalla instalada en los despachos anunciaba efectivamente la «ponencia Wijsenbeek» y mi intervención en esa ponencia. 
He intentado rectificar. 
Admito mi responsabilidad e incorporaré una declaración en el procedimiento oral. 
Pero debo decir que no he asistido al debate de la ponencia Fayot por culpa de una información errónea que anunciaba otra ponencia. 
Realizaré una explicación de voto. 
Gracias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Grandes orientaciones de las políticas económicas- Pacto europeo para el empleo 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0222/99 del Sr. Fourçans en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial sobre la recomendación de la Comisión relativa a las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad, elaborada conforme al párrafo 2 del artículo 103 del Tratado de la Comunidad Europea (COM (99) 0143 C4-0208/99) y-A4-0239/99 del Sr. Menrad en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la contribución del Parlamento Europeo sobre el Pacto Europeo para el Empleo. 
Señor Presidente, queridos colegas, el informe que presento esta tarde es la continuación del informe económico anual que hemos aprobado el pasado 11 de marzo. 
El informe de hoy sobre las» GOPE» (Grandes orientaciones sobre política económica) insiste más sobre la estrategia económica y sobre la reformas estructurales a poner en práctica de acuerdo con las circunstancias específicas de cada Estado miembro. 
Señor Comisario, nuestro texto, en sintonía con las propuestas de la Comisión, abarca dos grandes aspectos, el macroeconómico y el estructural. 
La vertiente macroeconómica. 
Primero una constatación: se prevé una disminución del crecimiento para 1999, no se trata de una recesión y por ello no hay razón para cambiar la estrategia global en Europa. 
Dicho de otra manera, hay que continuar en la dirección de la policy-mix con una evolución de los salarios equivalente a los incrementos de la productividad con el objeto de favorecer el crecimiento y el empleo. 
Más concretamente, hay que continuar por la senda de la reducción de los déficits presupuestarios, admitiendo algunas modulaciones del ritmo al que se efectúa dicha reducción. 
Esto significa que conviene dejar un cierto margen a los estabilizadores automáticos, pero insisto, sin poner en peligro la disminución del déficit público, disminución absolutamente necesaria para el crecimiento y el empleo de hoy, y sobre todo, del futuro. 
Es condición necesaria que este descenso vaya acompañado, en la medida de lo posible, de una reducción de impuestos y gravámenes, o al menos de su estabilización. 
Esta estrategia implica la conveniencia de una eficacia mucho mayor en el control de los gastos del Estado, de una mejoría en la eficacia y calidad del gasto público. 
En relación con la política monetaria, insistimos en la necesidad de independencia del BCE, para que pueda cumplir de la mejor manera posible su cometido en materia de estabilidad de precios, y asegurar las condiciones favorables para el crecimiento y el empleo. 
Independencia pues, mis queridos colegas, pero sin hacernos olvidar el indispensable control democrático que nosotros, el Parlamento Europeo, debemos ejercer con vigilancia. 
La segunda vertiente de nuestra propuesta: las reformas estructurales. 
Si se pretende una reducción duradera y significativa del paro, el crecimiento es sin duda importante, pero solo se conseguirá acometiendo reformas en profundidad, coherentes y adaptadas a las particularidades de cada Estado, como, por otro lado, propone la Comisión. 
Y se necesitan reformas duraderas, llevadas a cabo con constancia y determinación. 
¿En qué consisten esas reformas? 
No voy a entrar aquí en detalles, solo quiero esbozar las grandes líneas. 
Mejorar el funcionamiento del mercado único y de los mercados europeos en general. 
Para ello, señores Comisarios, es necesaria una integración creciente de los mercados financieros. 
Hay que abrir los mercados de bienes y sobre todo los de servicios, que son los que más empleos generan. 
Hay que aumentar el porcentaje de participación en los mercados de trabajo, garantizando una mayor flexibilidad de estos mercados, adaptando los sistemas de protección social y reduciendo los costes de trabajo, especialmente los de baja cualificación. 
Finalmente, mis queridos colegas, hay que continuar con la liberalización de los sectores de telecomunicaciones, energía y transportes, garantizar una mejor financiación de las PYMES y poner en marcha una reforma de los sistemas fiscales y sociales, así como de los sistemas educativo y de formación profesional. 
Esta es, mis queridos colegas, la dirección que debería tomar la política económica en Europa. 
Vasto programa, me dirán ustedes. 
Estoy de acuerdo, pero debemos decirles la verdad a los ciudadanos, sobre todo en período electoral, y explicarles que la verdadera lucha contra el paro exige este tipo de reformas y que estas deben ponerse en marcha lo más rápidamente posible para que podamos recoger cuanto antes los frutos maduros. 
Señora Presidenta, originariamente el presente informe de la Comisión de Empleo debía versar, sobre todo, acerca de una comunicación de la Comisión sobre el artículo 127 del Tratado de Amsterdam y, en concreto, en relación con el mainstreaming de las políticas de empleo a nivel comunitario. 
La comisión decidió incluir también el pacto europeo para el empleo, previsto para la conferencia de Colonia. 
Se convirtió en el contenido principal del informe de la comisión tras haberse aplazado la publicación de la comunicación a causa de la dimisión de la Comisión. 
Sin embargo, es ta comunicación apareció todavía y, en concreto, exactamente el día siguiente de la votación del proyecto de mi informe en la Comisión de Asuntos Sociales. 
Ahora tiene sentido introducirla también en el informe del Parlamento junto con algunas enmiendas, como las enmiendas 1, 2, 5 y 6. 
El tiempo ha presionado también en el caso de nuestra opinión sobre el Informe Fourçans relativo a la recomendación de la Comisión sobre las orientaciones básicas de la política económica, que tengo que emitir también. 
Queremos dar las gracias al Sr. Fourçans por su excelente trabajo y también por el hecho de que la Comisión de Asuntos Económicos haya asumido puntos importantes de la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales. 
Si informe resalta dos puntos insólitos de la recomendación. 
En primer lugar: se trata de las primeras orientaciones de la política económica desde la introducción del euro el 1.1.1999. 
En segundo lugar: por vez primera se califica como el objetivo más importante de la política económica la creación de puestos de trabajo. 
Nosotros recomendamos la aprobación del Informe Fourçans. 
Quiero volver ahora al pacto para el empleo: a la Conferencia de Colonia se puede aplicar lo que afirmó Jean-Claude Juncker, Presidente de la Conferencia extraordinaria sobre el Empleo, celebrada en Luxemburgo en 1997: no debe convertirse en una conferencia de literatura. 
Aludió a las numerosas declaraciones no vinculantes de las anteriores reuniones en la cumbre. 
De hecho, en Luxemburgo se aprobó una serie de cosas buenas y concretas y por esa razón no hay que volver a crear por segunda vez el mundo, gracias a Dios. 
Estamos convencidos de que el Consejo Europeo de Colonia debe aportar una plusvalía concreta frente a Luxemburgo. 
En orden a lograr un aseguramiento sostenible de un elevado nivel de empleo es preciso desarrollar una estrategia a más largo plazo destinada a descubrir potenciales sociales de creatividad, innovación, espíritu renovador, disposición a la inversión y al logro en el sentido de las directrices de la política de empleo. 
Es preciso votar reformas institucionales orientadas al fomento de una competencia dinámica y de la flexibilidad junto con la exigencia del mantenimiento, pero también de la modernización y de los sistemas de la seguridad social. 
En concreto, el informe de la Comisión de Empleo demanda lo siguiente: aumento de la proporción de desempleados que reciben una medida activa de fomento, como formación profesional, o medidas de creación de trabajo, frente a las propuestas que existen en las directrices, la autonomía del Banco Central Europeo y la autonomía de los interlocutores sociales, así como mayores esfuerzos encaminados a consolidar las finanzas públicas. 
Queremos manifestarnos expresamente a favor del pacto de estabilidad; respetarlo abre la posibilidad de bajar los tipos de interés para estimular la disposición a invertir. 
Desde este punto de vista recomendamos una política salarial orientada hacia la productividad. 
Si mediante la cautela a la hora de elevar los salarios líquidos aumentan las ganancias y las inversiones en nuevos puestos de trabajo, no basta con despachar a los colaboradores con un agradecimiento por la prudencia mostrada. 
En opinión de la Comisión de Asuntos Sociales deberían ser incorporados a participar de modelos voluntarios en ambas cosas y en los beneficios y en el capital. 
La contraprestación de los empresarios por la moderación mostrada en la concertación de los salarios podría consistir también en invertir más en capital humano o en contratar más trabajadores y más personal en formación. 
Por lo demás, se exigen modelos inteligentes de trabajo y la reducción de las horas extraordinarias, flexibilidad en lugar de una reducción unilateral de la jornada laboral con una compensación salarial total, un aligeramiento fiscal del factor trabajo, una armonización de la imposición fiscal a las empresas para impedir la deslocalización de las empresas por razones exclusivamente fiscales y, finalmente, unos encuentros regulares de los sujetos políticos que adoptan las decisiones con los interlocutores sociales y con el Banco Central Europeo con el fin de acordar estrategias comunes. 
En la comisión hemos discutido también la cuestión de si habría que poner en práctica y financiar a nivel europeo programas especiales de empleo para grupos específicos, como los jóvenes o los desempleados de larga duración y, en concreto, con carácter adicional a los programas de acción nacionales y a las medidas de los Fondos estructurales en los Estados miembros; esto sería equivocado. 
Programas de empleo de miles de millones con carácter de subvención serían equivocados pues no son la respuesta adecuada al desempleo estructural ni tampoco han de ser financiados a nivel europeo. 
Por el contrario, una mayor cooperación en las políticas nacionales a través de una consecuente puesta en práctica de las directrices y de los planes de acción de la política de empleo, así como una mejora de la posibilidad de control significan una plusvalía europea, la cual junto con el efecto estabilizador de una sólida moneda común contribuirá también a medio plazo en el mercado interior europeo a que logremos más puestos de trabajo y tengamos menos desempleados. Éste es un importante prerrequisito de la dimensión social de la Unión Europea. 
En este sentido les ruego que aprueben mi informe. 
Termino indicando que los colegas de todos los Grupos que forman parte de la comisión me han apoyado a través de la crítica constructiva y a través de enmiendas de carácter igualmente constructivo. 
Señora Presidenta, queridos colegas, el interés del Informe Fourçans no reside solamente en el hecho de que suscribe totalmente las recomendaciones de la Comisión, sino que también se involucra claramente en el debate político que tanto ha agitado los ambientes europeos, incluido este Parlamento, es decir: ahora que ya se ha creado el euro, ¿habría que suavizar la disciplina presupuestaria y monetaria que ha permitido la histórica decisión de mayo de 1998, con el fin de relanzar una actividad económica más bien titubeante? 
La postura adoptada tanto por la Comisión como por nuestra comisión económica está más matizada: mientras la estabilidad de precios se mantenga y esté garantizada, podemos permitirnos una política monetaria más flexible, a condición por supuesto de que se mantenga y se consolide la disciplina presupuestaria; efectivamente, por culpa de la enorme deuda acumulada y de los importantes recursos consagrados al servicio de dicha deuda y a la financiación de los déficit, hemos tenido que reducir durante años las inversiones privadas productivas. 
Creo que este informe tiene el mérito de habernos impedido caer en la tentación que acecha a muchos políticos en vísperas de elecciones, esto es, ceder a las demandas de la población. 
Pues la ciudadanía pide menos sacrificios y más regalos, lo cual es, evidentemente, poco compatible con las exigencias de la disciplina presupuestaria. 
Hacer hincapié en las medidas macroeconómicas es mucho más interesante. 
Si manipular los tipos de interés e incrementar el déficit de las arcas públicas no es doloroso, restablecer el equilibrio de la seguridad social, reforzar la flexibilidad del mercado de trabajo y reducir los costes salariales de los trabajadores menos cualificados son, por el contrario, medidas impopulares. 
Hay que felicitarse entonces, de que en vísperas de elecciones, tanto el Parlamento como la Comisión hayan podido hacer frente a las exigencias de la economía y resistir de forma relativamente honrosa las presiones de la opinión pública, de los medios de comunicación y de ciertos grupos de presión. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Fourçans por el informe tan lúcido que ha redactado y que, tal como se prevé ahora, va a recibir un amplio apoyo en el Parlamento. 
En los últimos meses hemos tenido de vez en cuando fuertes debates sobre si deberíamos elegir entre tener una política expansiva como quería el Grupo Socialdemócrata siguiendo el ejemplo del Sr. Lafontaine o si por el contrario deberíamos seguir las reglas que hemos acordado. 
Creo que está bien- y eso se refleja de forma equilibrada en este informe- que hayamos ido en esta dirección, es decir, siguiendo las reglas. 
Ahora surge también por parte socialdemócrata un cierto apoyo en el ámbito de la puesta en marcha de ese tipo de medidas estructurales, que precisamente son de importancia para procurar que se garantice la estabilidad interna del euro: una inflación baja que conlleva costes más bajos, que también posibilita por medio de esas medidas estructurales dar empleo a más personas. 
No sólo es importante para dar empleo a esas personas, es también importante para aquéllos que disfrutan, por ejemplo, de su pensión. 
Esa estabilidad la debemos garantizar también en el futuro y, por otra parte, debemos ampliar esa flexibilidad. 
Si somos capaces de dar estabilidad a nuestra posición financiera- y son los Estados miembros los que deben hacerlo, y en ese sentido estoy muy satisfecho con el ejemplo que ha dado la Comisión y que el Sr. Fourçans suscribe también en su informe- para procurar que también en el futuro se cree más empleo y que podamos reforzar nuestra competitividad en relación con los Estados Unidos entre otros. 
Resumiendo: en el interior más empleo para la gente y mejores condiciones para los operadores en estos Estados miembros. 
Señora Presidenta, si bien un éxito absoluto del euro mejoraría la competitividad de la Unión Europea, desearía llamar la atención sobre el hecho de que el desempleo estructural representa a su vez una amenaza para esta misma competitividad. 
Esta situación se debe en gran medida a que las tareas más sencillas han desaparecido de nuestras sociedades, a que las diferencias en el rendimiento de las personas están aumentando enormemente y a que determinadas actividades laborales se están remunerando con salarios verdaderamente exagerados, aun si otras actividades podrían de hecho resultar más productivas en el sentido tradicional del término, en caso de que siguieran formando parte del mercado laboral; pero todo esto no resulta de ninguna manera aceptable desde un punto de vista social o de respeto a la dignidad humana. 
Se deberían tomar las medidas necesarias para que los Estados miembros pudieran suprimir la imposición fiscal a los trabajadores con los ingresos más bajos, con lo que rebajarían el umbral fiscal que, hoy por hoy, impide aceptar únicamente actividades laborales de carácter temporal. 
Si queremos asumir la responsabilidad derivada de ese número cada vez mayor de personas que se ven obligadas a recurrir a las modalidades atípicas de empleo, hemos de lograr que el trabajo de media jornada y las demás actividades laborales atípicas otorguen derecho a prestaciones en materia de seguridad social y pensiones. 
Señora Presidenta, quiero hacer algunas observaciones sobre el valioso informe del Sr. Fourçans. 
Es preciso que haya todavía una disciplina presupuestaria en todos los Estados miembros. 
Sin la existencia de márgenes presupuestarios, la tentación de echar mano del calmante de una política monetaria generosa es grande. 
El apoyo de la población de los Estados miembros a una política económica y financiera estricta es un factor imprevisible. 
Es preocupante que esa disciplina de la UEM en algunos Estados miembros esté basada en medidas únicas y no en adaptaciones estructurales. 
El análisis hecho por el Instituto Económico Neerlandés pone de manifiesto que sobre todo Portugal, Italia y Francia son en este aspecto los niños problemáticos de la UEM que requieren más atención. 
¿Pueden garantizar la Comisión y el Consejo esa atención? 
En la mayoría de los países surgirá en el futuro un problema de financiación que proviene del envejecimiento de la población. 
Ni mucho menos han empezado todos los Estados miembros a hacer frente a este problema. 
Habrá que revisar profundamente los sistemas de financiación de los planes de jubilación, de las pensiones y del sistema sanitario. 
La influencia de los tipos de interés en la deuda pública sigue siendo grande en Estados miembros como Italia, Bélgica, Portugal y España. 
Es necesario que estos países adecuen la estructura del plazo de su deuda pública y que reduzcan con la debida velocidad su déficit presupuestario. 
Señora Presidenta, este informe contiene algunas confesiones interesantes: leo en el considerando F que existe un diferencial persistente de crecimiento con los Estados Unidos; en el considerando J leo que la muy elevada presión fiscal de la mayoría de los Estados europeos no favorece ni el consumo, ni el crecimiento ni el empleo; en el párrafo 4, el ponente reconoce, con razón, el modesto rendimiento de la Unión Europea en términos de crecimiento y de empleo; en el párrafo 16, se constata que las inversiones públicas no siempre gozan de preferencia respecto de los gastos de funcionamiento; en el párrafo 23, el ponente dice que es conveniente mantenerse alerta frente a eventuales perspectivas deflacionarias. 
Todo esto está muy bien, pero no lleva al ponente a cuestionar algunos dogmas sobre los que reposa la integración económica europea. 
Tomemos el ejemplo del euro. 
La introducción del euro sustrae a los Estados miembros la posibilidad de poner en práctica políticas monetarias de regulación de la coyuntura. 
En caso de choque coyuntural asimétrico, del cual no se habla en el informe, los Estados más afectados, por la inflación por ejemplo, ya no podrían combatirla con una política monetaria propia. 
Quedaría por supuesto la política fiscal. 
O se usaría entonces la política salarial o la tasa de desempleo como variables de ajuste. 
Puesto que los llamamientos a la coordinación de los sistemas fiscales- y desgraciadamente en el párrafo 34 el ponente se decanta por ello- terminan por sustraer ese segundo mecanismo de ajuste a los Estados miembros, nos queda entonces el paro como instrumento de regulación, o también la presión sobre los salarios. 
¿Por qué no? 
Pero nadie está dispuesto a admitirlo con franqueza por razones electorales evidentes. 
Eso volvería impopulares tanto al euro como a sus creadores. 
El ponente, al expresarse en nombre de una comisión dominada por los Grupos PSE y PPE, por supuesto no podía manifestar un punto de vista diferente del de los Grupos dominantes y denunciar el hecho de que las políticas socialistas implantadas en 13 de los 15 Estados miembros colocarían a Europa en una situación competitiva desventajosa en el mercado mundial. 
Esta combinación de librecambismo mundial y de subida de las cargas fiscales y sociales, provocada por los socialistas, explica en parte nuestro débil crecimiento, especialmente en comparación con los Estados Unidos. 
No hay progreso social sin crecimiento económico. 
Pero tampoco hay crecimiento si el espíritu de empresa es hostigado por el igualitarismo y la burocratización. 
De esta forma el socialismo se vuelve contra los pueblos por su mala gestión económica y por su cosmopolitismo dogmático. 
Las grandes orientaciones de la política europea deberían adoptar lo contrario del estatalismo y del cosmopolitismo, que esencialmente solo benefician a la economía americana dominante. 
Por otra parte lamento que el ponente no haya creído conveniente evocar el efecto de dominación de los Estados Unidos sobre la economía europea. 
Lamento, finalmente que la autocensura que ha presidido este informe- ha sido por propia voluntad, quizá no se podía haber hecho de otra forma- haya llevado al ponente a limitar su trabajo a cuestiones básicamente técnicas y, a menudo, de relumbrón, sin abordar las verdaderas cuestiones de fondo, de naturaleza política, que se plantean a nuestras economías y que habrá que abordar un día ante nuestros pueblos. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Socialista debo decirle que estamos muy aliviados de que justo a última hora haya ocasión de tener una opinión y una discusión sobre el Pacto europeo para el empleo. 
Aunque Amsterdam y Luxemburgo pusieron claramente el empleo en la agenda europea, también queda claro que el proceso de Luxemburgo sólo no será suficiente para hacer bajar drásticamente el paro en Europa. 
Lo que nos falta realmente son estrategias, una estrategia macro-económica, europea, y una estrategia de una política estructural enfocada al mercado laboral, que sean coherentes y a través de las cuales podamos enfocar todos nuestros esfuerzos hacia el empleo. 
La propuesta de la Presidencia alemana para la puesta en marcha de un Pacto europeo para el empleo cuenta por lo tanto con todo nuestro apoyo. 
Es incluso más, el mismo Parlamento Europeo ha exigido siempre que hubiera un pacto para el empleo porque el pacto de estabilidad necesita urgentemente un contrapeso. 
Pero, también debo decir con sinceridad que la versión provisional de este pacto para el empleo se ha quedado un poco débil. 
No por repetir por enésima vez palabras como combinación de políticas o modernización de la seguridad social y echar por encima de ellas una salsa luxemburguesa, la Unión Europea hará una política de empleo seria. 
Además he de decirles, Señorías, que las orientaciones económicas aquí presentadas sólo siguen apostando por una política de ahorro aún más estricta para muchos Estados miembros, con la idea de que se puede crear empleo con salarios flexibles, con una desregulación del mercado laboral y con el desmantelamiento de la protección social, y eso no es exactamente mi idea de una estrategia europea para el empleo. Es más bien un cóctel americano que no aporta nuevas herramientas para el crecimiento y constituye solamente una elección por una mayor desigualdad social y por una mayor inseguridad. 
Los socialistas y socialdemócratas europeos bajo el liderazgo de Antoni Gutiérres han presentado sus propias propuestas en un congreso en Milán para un pacto para el empleo y noto con gran alegría que tanto Martine Aubry como Dominique Strauss-Kahn han incorporado muchas partes de ellas. 
El mensaje quedaba muy claro allí, señor Comisario. 
El pacto europeo, efectivamente, no puede ser una caja vacía pero aún menos un libro de recetas neoliberal. 
Debe contener medidas concretas y comprometer a todos los implicados a cumplir acuerdos claros, tanto al Banco Central Europeo, a los interlocutores sociales, como al Consejo del ECOFIN y al Consejo de Asuntos Sociales. 
Algunos elementos esenciales que según nosotros se deben incluir en este tipo de pacto son, en primer lugar y sobre todo, una estrategia europea de crecimiento. 
Las perspectivas de crecimiento actuales del dos por ciento tienen el peligro de producir más paro incluso. 
El programa especial de acción de Amsterdam era una buena decisión pero demasiado modesta. 
Por eso, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo deben liberar más fondos y, por otra parte, los Estados miembros deben tener la posibilidad de oxigenar su economía a través de su propia política presupuestaria, no haciendo el pacto de estabilidad aún más estricto sino por medio de una interpretación más flexible. 
En segundo lugar, se requiere una política fiscal que fomente el empleo y no que lo desanime. 
La decisión relativa al IVA sobre servicios que emplean más mano de obra está bien pero mientras tanto el «plat consistant» , si se me permite llamarlo así, las propuestas Monti, las propuestas Primarolo, se quedan encima de la mesa. 
Estas han de ser desbloqueadas urgentemente, hay que activar nuestra agenda fiscal europea. 
En tercer lugar, las directrices para el empleo deben ser reforzadas y concretadas. 
Un compromiso concreto podría ser, por ejemplo: si todos los Estados miembros lo hicieran tan bien con respecto al empleo como los tres mejores, entonces en vez de dar empleo a 150 millones de personas podríamos darlo a 180 millones. 
Además, tenemos que restablecer urgentemente el nexo entre empleo y protección social. 
Como punto final, Señorías, tiene que haber una mayor coordinación, mayor coordinación entre las directrices sobre el empleo y las directrices económicas, no sólo con respecto a los plazos sino también, por favor, con respecto al contenido. 
Ya no puede ser que tengamos directrices económicas que predican la rigidez presupuestaria y que las directrices del empleo estén supeditadas a ellas por el otro lado. 
De esta forma no conseguiremos nunca una estrategia de crecimiento seria. 
Esto es lo que queremos poner de manifiesto en la cumbre de Colonia y espero que alguien escuche. 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, cuando se escucha a la Sra. Van Lancker, que no quiere tener ningún libro de recetas neoliberal, no puedo menos que decir que nosotros tampoco queremos hacer de las orientaciones político-económicas ningún libro de cuentos socialista. 
Quisiera dar también las gracias de corazón al Sr. Fourçans y al Sr. Comisario de Silguy por haber expuesto aquí de forma tan clara sus orientaciones político-económicas y haberlas llevado al papel. 
Yo sé que durante muchos años han sido duramente discutidas. 
Hoy tenemos el euro, hoy es indiscutible que sus propuestas son acertadas y que el informe de nuestro colega, el Sr. Menrad, que se ocupa de la dimensión de la política de empleo es también un informe muy bueno que puede ser discutido aquí con el Informe Fourçans. 
Tras haber escuchado ahora a nuestra colega, la Sra. Randzio-Plath, sólo cabe preguntar: ¿ha planteado ya realmente el pacto para la estabilidad y el pacto para el crecimiento? 
Ha insistido en esto una y otra vez en la comisión. 
Considero urgentemente necesario que se mantengan los tres puntos más importantes, en concreto, el pacto para la estabilidad y el empleo, una política salarial orientada hacia la productividad y la necesidad de realizar reformas estructurales. 
En los últimos meses y semanas hemos discutido repetidas veces acerca de la correcta estrategia en la política económica y en la política financiera en Eurolandia. 
El artículo 105 del Tratado de la Unión Europea es claro en este punto. 
La política económica está claramente subordinada a la estabilidad de los precios en el planteamiento de tareas del Banco Central Europeo. 
¿Una coordinación más fuerte en la política económica? 
Sí, esto está regulado también en el Tratado. 
¿Una tradicional política intervencionista a la manera de Keynes para controlar la coyuntura? 
No. 
Las soluciones para la eliminación del desempleo crónico en Europa no están en un programa europeo de empleo ni en una política económica, homogéneamente configurada, de los Estados miembros de la Unión Europea Económica y Monetaria, sino en las reformas estructurales. 
No debe haber ninguna duda de que el pacto de estabilidad era acertado y que también sigue siéndolo veo a nuestro colega, el Sr. Diller, secretario de Estado parlamentario en el Ministerio Federal de Finanzas. 
Su anterior jefe, el Sr. Lafontaine, se estrelló, ciertamente, contra la pared europea con sus ideas sobre esta cuestión. 
En el fondo, fracasó. 
Es cierto que la política monetaria no puede poner obstáculos en el camino a la política económica y a la política financiera. 
Pero también es cierto que una situación con tipos de interés estables, con precios estables, con tipos de interés bajos abre a los Estados miembros de la Unión Europea un espacio de acción considerablemente más amplio que hasta ahora para eliminar el desempleo crónico. 
Por consiguiente, no es necesario ningún relajamiento de la disciplina presupuestaria, tampoco tiene sentido, como lo ha subrayado nuestro colega, el Sr. Herman. 
Al referirse a las medidas de reforma diversos colegas han mencionado la flexibilidad de los mercados laborales. 
Nuestra colega, la Sra. Van Lancker, ha hablado del sistema de pensiones. 
Creo que Alemania con sus sistema de pensiones financiado por cuotas tendrá problemas a la larga y que una generación no conseguirá, en absoluto, constituir un sistema de fondos al lado de las cuotas. 
Por consiguiente, son necesarias reformas estructurales muy considerables, que ha de impedir que las excesivas demandas del producto social por parte del estado, una presión fiscal excesiva y una excesiva sobrecarga por parte de la política social y de la política de subvencionamiento originen problemas por igual. 
Si la coordinación de la política económica desencadena un proceso de aprendizaje y de competencia con arreglo al lema de «¿cómo lo hacen los demás Estados? », entonces se habrá logrado más con esto que con ilusorios programas de tareas. 
La competencia entre los Estados en Eurolandia va a poner en cuestión, por decirlo así muchos patrimonios no enajenables. Lo considero acertado y bueno. 
Señora Presidenta, se han presentado dos buenos informes, pero lo más importante para nosotros es una economía fuerte que tenga una repercusión efectiva sobre el empleo. 
Para ello tenemos el mercado interior y la UEM, pero eso no es suficiente para Europa. 
Hoy quiero hacer hincapié sobre todo en la ilimitada competitividad fiscal. 
Me parece que en este tema sí hemos progresado bastante gracias a los esfuerzos del Comisario, pero el Consejo no hace lo suficiente. 
Ha sido el Consejo en particular, que en algunas cuestiones muy importantes, por ejemplo el desplazamiento de los impuestos sobre el empleo hacia tasas medioambientales y energéticas, no quiere avanzar y probablemente ahora se haya quedado de nuevo bloqueado. 
A petición mía se ha redactado un informe en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre las tasas de productividad y los impuestos verdes y de él se desprende que, si se introduce este tipo de impuestos a nivel europeo, pueden tener grandes efectos para el empleo. 
Quiero recomendar por lo tanto a la comisión que tenga en mente este informe de los servicios de estudio. 
La reducción de la doble imposición de los ingresos procedentes del trabajo a causa del distinto trato de primas e impuestos en los Estados miembros impide además la movilidad de los trabajadores. 
Por eso me parece sumamente importante que nos esforcemos también en relación con la seguridad social y las pensiones por una convergencia entre los Estados miembros. 
No estoy abogando por imponer una regulación europea desde arriba, sino que desde abajo se puede luchar sin duda por una convergencia, y eso será muy necesario si queremos ser capaces de pagar el envejecimiento del futuro. 
Quiero volver a llamar la atención sobre el enorme cambio demográfico que nos espera y la necesaria coordinación de este tema por parte de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el informe de la Comisión sobre las grandes orientaciones, que este año se caracteriza por una mejora cualitativa, presta al empleo una atención especial, y acentúa la necesidad de auténticos cambios estructurales. 
Asimismo, y más allá de las grandes orientaciones, se refiere al caso concreto de cada país- reconociendo así que cada país tiene particularidades y se enfrenta independientemente a la evolución de su economía -, y propone además las reformas necesarias. 
Este cambio era necesario y quisiera señalar que se conjuga perfectamente con la flexibilidad en la interpretación y la aplicación de los criterios que se incluyen en el Tratado, y que repetidamente he defendido. 
La existencia, en este momento, de la Unión Económica y Monetaria demuestra que no se trata de una formalidad, sino de un tratamiento dinámico de asuntos económicos y monetarios, que presupone además la coordinación no sólo de las políticas monetarias, sino también de las políticas económicas y sociales de los estados de la Unión Europea. 
Otro aspecto que hemos tomar en consideración es que también el marco estructural debe caracterizarse por la misma flexibilidad. 
Sin cierta coordinación de las políticas económicas más generales, la política monetaria no tendrá ni la eficacia ni el vigor que queremos que tenga, de tal suerte que la moneda de la Unión Europea desempeñe su verdadero papel. 
En estas condiciones, pues, hemos de evitar toda potencial división en el interior de la Unión y esforzarnos para que la adhesión a la Unión Económica y Monetaria de todos los países miembros sea una realidad lo antes posible. 
Sólo de esta manera será posible la mejor y más eficaz aplicación de las reformas económicas globales y coordinadas que postula la Comisión. 
Y sólo de este modo podremos alcanzar de hecho, y de acuerdo con el Tratado de Maastricht, una verdadera Unión Económica y Monetaria. 
Saludo, pues, la constatación que la Comisión ha hecho en este asunto, constatación que parece abrir un enfoque económico más racional y más eficaz, cuyas principales características se señalan, se comentan y se mejoran con gran acierto por nuestro ponente, Sr. Fourçans, en su excelente estudio. 
Señor Presidente, acogemos con beneplácito que se celebre un debate conjunto sobre las orientaciones económicas y el «pacto para el empleo». 
Parece como si estuviéramos en el buen camino de considerar, o al menos debatir, la perspectiva de que sólo se puede luchar contra el desempleo con políticas económicas orientadas a la creación de puestos de trabajo. 
Parece... 
Pero no sólo el debate va a pasar a hurtadillas al final de esta tarde, sino que, además, será el inadvertido introito de una semana llena de acontecimientos, de los que sumergen cualquier debate... ¡y no digamos uno sobre orientaciones económicas y empleo! 
Que también allí se celebre el debate conjunto economía/desempleo y sobre todo que no resulte indiferente la manifestación que se realizará contra el desempleo, la precariedad y las exclusiones, después de otras a las que hay referencias en el Informe Menrad... y que no pueden salir de él. 
Señor Presidente, estimados colegas, una política económica sólida que deje respirar a las empresas es el mejor medio para lograr más puestos de trabajo. 
En el año pasado se pudo reducir el desempleo al 10 %. 
No obstante, esta tendencia, que es grata pero en ningún caso satisfactoria, no ha de atribuirse, como se afirma en muchos sitios, a las medidas de política de empleo de la Unión. 
El convencimiento de que los esfuerzos realizados hasta ahora por la Unión o por la política nacional de empleo han sido insuficientes y poco exitosos, hace también necesario el actual pacto para el empleo. 
Si se quiere calificar de manera positiva los presentes documentos, cabe decir que se han identificado los problemas y que se han formulado conceptos y planteamientos acertados. 
Sin embargo, con planteamientos y con la conciencia de los problemas únicamente no se logra un solo puesto de trabajo. 
Existe voluntad y existen los conceptos pero la gran deficiencia reside en la puesta en práctica de las medidas. 
La propia Unión tiene sólo posibilidades limitadas de crear puestos de trabajo. 
Ésta es tarea de los Estados nacionales y de las empresas, sobre todo de las PYME, a las que hemos de dedicar toda nuestra atención. 
La creación de un nuevo puesto de trabajo cuesta cerca de un millón de chelines en mi moneda nacional. 
Sólo los recursos de los Fondos estructurales deberían haber podido crear desde 1989 seis millones de puestos de trabajo. 
Sin embargo, estos puestos de trabajo no se ven por ninguna parte, ha declarado el Presidente del Tribunal de Cuentas, Friedmann. 
El pacto para el empleo... 
El Presidente retira la palabra a la oradora. 
Estimados colegas, es sorprendente, aunque quizá no lo sea, que este debate ponga de manifiesto hoy las diferentes posiciones sobre la política económica y sobre la política social y de empleo en Europa. 
Quizá no sea tan sorprendente, puesto que, ciertamente, estamos ya en campaña electoral; de lo contrario, las intervenciones no habrían sido tal como se han producido. 
El Sr. Menrad ha presentado un informe razonable y bueno al que apoya también mi Grupo en la medida que se aprueben nuestras enmiendas. 
Tiene razón en que no debemos inventar todo de nuevo. 
Tenemos experiencias nacionales en algunos Estados miembros, pero a nivel europeo es realmente tierra nueva tal como estamos configurando y llevando a cabo el pacto para el empleo. 
Tierra nueva fueron también los planes de acción nacionales y, al contrario de la oradora que me ha precedido, yo creo que las directrices de Luxemburgo y los planes de acción nacionales, entre otras cosas, se han derivado del hecho de que tenemos una tasa de desempleo más baja. 
Naturalmente, es preciso hacer algo todavía, esto es también indiscutible y se ha mencionado en ambos informes. 
Sin embargo, a pesar de todas las coincidencias, señor Menrad, quisiera enumerar algunos aspectos en los que no somos de la misma opinión, y tampoco creo que el Gobierno alemán veo esto con tal estrechez como usted, señor Langen, lo ha expuesto. 
Evidentemente, el pacto para la estabilidad fue celebrado por nosotros, pero no se nos satisface a todos nosotros con una política de estabilidad que estrangula los presupuestos públicos y que les priva de todo espacio político de maniobra y también de la necesidad de crear condiciones marco en la educación, en la investigación y en la formación profesional. 
No nos hemos imaginado semejante pacto de estabilidad. 
Tampoco nos basta, y en esto tienen razón nuestra colega, la Sra. Van Lancker, con que podamos hacer política de empleo sólo con el FSE, por muy importante que sea; en este punto surgirá en todo caso una nueva necesidad en el próximo período de legislatura. 
Por último, quisiera decir de pasada a la Presidencia alemana, que presentará en Colonia el pacto para la estabilidad, lo siguiente: tengan en cuenta que, evidentemente, esperamos que como Parlamento se nos dé participación en esto. 
Señor Presidente, he manifestado con anterioridad en esta Asamblea que las diferencias y las injusticias en Europa se producen entre quienes tienen trabajo y aquellos que están al margen de la posibilidad de participar, de ganarse el sustento y de desarrollarse. 
¡Quiero felicitarlos por este excelente resultado! 
Dejemos que la receta fundamental del Sr. Fourçans para conseguir una política económica sana sea la base de la medicina que necesita el mercado laboral europeo. 
Las medidas dirigidas a los servicios de gran intensidad de mano de obra de Thyssen se necesitan, desgraciadamente. 
Esto constituye una clara demostración de que los altos impuestos intimidan a un mercado de servicios blanco y expansivo. 
El sector de la información y los servicios está poco desarrollado en la UE en comparación, por ejemplo, con EE.UU. En este sector se encuentran realmente los empleos del futuro, que no nos podemos permitir que desaparezcan por los altos impuestos. 
Por eso se necesitan también reformas estructurales profundas en los diferentes mercados europeos. 
El mercado común tiene que hacerse realidad y utilizarse plenamente. 
Con la unión monetaria aumenta la competencia. 
Si se le maneja adecuadamente, puede acrecentar tanto la competitividad como el bienestar en la UE. 
También doy las gracias a la Comisión, incluidos los Comisarios que hoy están presentes, por señalar incansablemente la falta de dinámica, la necesidad de cambios, especialmente respecto al papel de los gobiernos y del Parlamento, en la toma de medidas que alivien la presión fiscal, que estabilicen las finanzas públicas y que mejoren el funcionamiento del mercado laboral y de la educación en los Estados miembros. 
Usemos a la UE para generar las condiciones necesarias para la creación de empresas, de nuevos puestos de trabajo y para el crecimiento y no para asfixiar con burocracia a los empleos que necesitamos ni para sentarnos aquí y creer que podemos repartir o «palabrear» los nuevos empleos y las posibilidades futuras en nuestra Europa. 
Señor Presidente, tanto la recomendación de la Comisión como el informe del Fourçans se fundamentan en una idea esencialmente equivocada, esto es, que la política económica es uniforme. 
Sabemos que todas las estructuras de la economía son muy diferentes en los distintos países miembros. 
La aplicación de idénticos principios de política económica resulta ambigua y contradictoria en países que tienen estructuras tan diferentes, como es el caso de la Unión. 
Si, en cambio, se quiere conseguir un resultado armonizado, la política deberá diferenciarse, tener variaciones nacionales y adecuarse a las estructuras nacionales. 
De una vez por todas, la Unión debe terminar de dejarse guiar por teorías abstractas sobre armonización, desvinculadas totalmente de la realidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, es un poco sorprendente ver como por un lado nuestra Unión Europea plantea un debate sobre las grandes orientaciones de la política económica extremadamente prolijo, con obligaciones concretas y con un pacto de estabilidad riguroso, y por otro lado una política de empleo a base solamente de vagas orientaciones, mientras nos pasamos todo el tiempo diciendo que el gran problema de Europa y de los europeos es el empleo. 
Lo primero que deseamos es que las instituciones europeas se muevan al unísono y hagan converger los dos aspectos: la política económica y la política de empleo. 
Pero está claro que si no salimos de este punto muerto, el crecimiento no será suficiente para hacer retroceder el desempleo. 
El memorándum europeo propuesto por los Ministros de Trabajo francés e italiano pide explícitamente que la Unión Europea fije el listón del 3 % de crecimiento para los próximos años. 
Esto no se conseguirá sin decisiones rigurosas. 
¿Cuáles cabe esperar? 
En primer lugar una política de promoción de obras públicas tal y como preconizó Jacques Delors. 
Con frecuencia hacemos referencia a este tipo de propuestas, sin adoptar nunca compromisos realmente concretos de carácter financiero u operativo. 
Acto seguido, si se quiere relanzar el crecimiento, hay que sostener la demanda interna. 
Les recuerdo que los Estados Unidos se apoyan mucho en la demanda interna para sostener el crecimiento. 
Y aquí no existen milagros: para estimular la demanda interna, hay que sostener primero los salarios. 
Hay que terminar pues, con la política de moderación salarial que con tanta frecuencia ha prevalecido. 
Es necesario que los incrementos de productividad y las mejoras salariales vayan a la par. 
En segundo lugar, hay que reducir los impuestos sobre el consumo; nosotros abogamos por la reducción del IVA, especialmente en los sectores más dinámicos en materia de creación de empleo. 
Hay que promover finalmente las inversiones públicas: por ejemplo las obras públicas de las que hemos hablado, pero también la investigación. 
Siempre me ha inquietado mucho oír esas grandes declaraciones vanagloriándose de la reducción de las ayudas públicas a las empresas, sin querer aceptar que, mientras tanto, la mayoría de las empresas, de las grandes empresas privatizadas, ya no invierten en investigación básica ni en I+D, haciendo que nuestro nivel tecnológico retroceda. 
Para terminar, la cuestión del empleo no se reduce al tema del crecimiento por indispensable que sea este. 
Desde que la humanidad existe, trabajamos cada vez menos, produciendo cada vez más. 
No veo porque esta progresión secular tenga que parar. 
Ha llegado el momento de una nueva etapa de reducción de la jornada de trabajo que debe propiciar la ocasión para una mejor distribución de las riquezas producidas. 
Quizá Europa tenga mucho paro, pero nunca ha sido tan rica. 
El problema es que la riqueza está mal repartida. 
Se necesita, pues, una fiscalidad más justa, ya que no basta con armonizar: es necesario gravar el capital aún más, y menos el trabajo. 
Es necesario invertir en el futuro mediante la inversión pública: las obras públicas y la investigación. 
Es necesario que reduzcamos la jornada de trabajo, lo cual debe venir acompañado, evidentemente, de una mayor cualificación de la mano de obra. 
Desde este punto de vista, los planes nacionales de empleo son muy positivos. 
Señor Comisario, queridos colegas, nuestra sensación es que no salen las cuentas. 
Actualmente tenemos trece gobiernos socialistas. 
Tanto sus votantes como los pueblos europeos esperan que pongan en práctica una política no solamente al servicio del empleo, sino también al servicio de un modelo social que no se base en la precariedad. 
Señor Presidente, con la llegada del euro cambia también el carácter de las grandes orientaciones de las políticas económicas. 
Ya no podemos actuar sin compromiso ahora que once países de la Unión Europea forman una única zona monetaria con un Banco Central y una política monetaria única. 
La combinación de políticas económicas mixta tienen tiene que llevarse a cabo obligatoriamente a nivel europeo. 
Esto ocurrirá. 
La cuestión es solamente si la política jugará un papel lo suficientemente activo en esto. 
Con el trasfondo de la necesidad de una activa combinación de políticas europea me ha consternado la propuesta sobre las grandes orientaciones de la Comisión Europea. 
En lugar de un progreso, la Comisión Europea nos presenta un gran paso hacia atrás. 
¿Por qué? 
Si la combinación de políticas europea ha consistido hasta ahora en unas recomendaciones para la política presupuestaria de los gobiernos, la política monetaria de los bancos centrales y la política salarial de los interlocutores sociales, la llegada del euro y el BCE son por lo visto motivo para la Comisión Europea para no dar ya un papel activo a la política monetaria en la combinación de políticas europea. 
Es como si los gobiernos y los interlocutores sociales por sí solos pudieran influir la política económica y como si el BCE no tuviera también un papel en relación con el apoyo de la política económica. 
Esta discusión viene de largo y yo digo por lo tanto que la Comisión Europea actúa en esto como si fuera la secretaría de las fuerzas conservadoras del BCE, que argumentan que la segunda tarea que tiene el BCE según el artículo 105 del Tratado, es decir el apoyo a la política económica cuando la estabilidad de precios queda suficientemente asegurada, ya está lo suficientemente atendida garantizando la estabilidad de precios misma. 
Le remito a la estrategia política en la primera comunicación mensual del BCE. 
Afortunadamente, el presidente del BCE Duisenberg puso de manifiesto el lunes de la semana pasada en la última sesión del Parlamento que la bajada de los tipos de interés del 8 de abril fue justamente un intento de contribuir algo a la reactivación económica de la Unión, dicho de otro modo, ha reconocido textualmente que la política monetaria también tiene una función económica. 
Por eso creo que es un gran error- y menos mal que esto también se indica claramente en el Informe Fourçans- reducir esta combinación de políticas a una mera tarea de los gobiernos y de los interlocutores sociales. 
No, eso no puede ser. 
Usted debería retornar, Comisario de Silguy, a una combinación de políticas en la que la política monetaria sí tenga una función de cara a la política económica. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, antes de nada permítanme decirles que vertebraré mi intervención sobre los aspectos relativos a las grandes orientaciones de la política económica, o GOPE; el Sr. Mario Monti abordará el otro informe, es decir la ponencia Menrad sobre el pacto europeo para el empleo. 
De entrada quisiera felicitar al Sr. Fourçans por su excelente ponencia y por un excelente trabajo, realizado con gran celeridad, por lo cual también le felicito. 
En efecto, las GOPE son el instrumento central indispensable para una coordinación eficaz de las políticas económicas en Europa, que sitúan el empleo, Sra. Lienemann, sin duda, en el centro de las prioridades de nuestros gobiernos, pero también de la Comisión y, por supuesto de la Asamblea. 
Las GOPE serán examinadas en el Consejo «Ecofin» el 10 de mayo, antes de su ratificación por los Jefes de Estado y de Gobierno en Colonia, a principios de junio. 
Ya he tenido ocasión, Sra. Metten, de presentar en detalle la recomendación de la Comisión ante su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y dado el poco tiempo que se nos ha concedido esta tarde, quisiera, si me lo permiten, concentrar mi intervención con el fin de responder con rapidez a las preguntas y comentarios de su ponente, y a las que se han mencionado esta tarde. 
Para simplificar, agruparé mis comentarios en dos grandes temas, la situación económica actual y la puesta en marcha de las Grandes Orientaciones de Política Económica. 
Primero la situación económica de Europa. 
La situación mejora. 
Es verdad que con lentitud, pero mejora a pesar de las incertidumbres, de las que se hacen por otra parte eco las últimas encuestas de opinión. A pesar de las incertidumbres que persisten, la impresión actual es alentadora, los fundamentos económicos de la Unión Europea son cada vez más sanos. 
Doy como prueba la buena marcha del consumo y la confianza de las economías domésticas. 
La disminución del crecimiento mundial sólo ha afectado de manera limitada y temporal al crecimiento europeo. 
El crecimiento europeo debería acelerarse a lo largo del año para alcanzar a finales de 1999 un ritmo anual del 2, 5 % al 3 %. 
La evolución reciente de las variables monetarias, Sra. Metten, refuerzan la confianza de los agentes económicos y deben tener repercusiones positivas, especialmente en el comportamiento de la inversión privada, pero usted sabe perfectamente que jamás comento las decisiones del Banco Central Europeo, para no ser acusado de transgredir el sacrosanto principio de su independencia. 
La situación del empleo mejora. 
Es cierto que muy lentamente, Sra. Morea,. 
Sra. Van Lancker, la he escuchado con atención. 
Releo las cifras: el empleo debería aumentar un 0, 8 % en 1999 y un 0, 8 % en el 2000. 
Eso es poco, pero indica sin embargo que la curva de paro en Europa se ha invertido y que el crecimiento actual genera más empleos. 
Por supuesto que es aún insuficiente y esa es la razón por la que hemos presentado las GOPE, precisamente para poner sobre la mesa una estrategia económica, que se sigue desde hace años, y como el ponente ha subrayado, no hay razón para cambiar de estrategia económica, al contrario, hay que mantener el rumbo y redoblar los esfuerzos para mantener el crecimiento y luchar contra el paro. 
La Comisión se congratula del apoyo que su ponente da a la estrategia preconizada por la recomendación sobre las Grandes Orientaciones de la Política Económica para 1999. 
No insistiré en ello. 
Solo hay un punto, el relativo a las reformas estructurales, sobre el que quisiera llamar la atención, para precisarles que la Comisión está dispuesta a valorar la liberalización de los sectores de las telecomunicaciones, los transportes y la energía. 
En breve se publicará un análisis de estas industrias de redes. 
Del mismo modo, la Comisión no tiene objeción alguna en desvelar las «best practices «de las legislaciones nacionales respecto de las normativas para las empresas. 
En un segundo orden de cosas abordaré la puesta en marcha de las Grandes Orientaciones de la Política Económica. 
Lejos de ser, señor Metten, un simple secretariado del Consejo, la Comisión ha presentado este año recomendaciones por países. 
Se pretende con esto garantizar que las grandes orientaciones sean un test de gran envergadura para poner de manifiesto la voluntad de los Estados miembros de coordinar en la práctica, Sra. Lienemann, las políticas económicas utilizando los instrumentos creados a este fin. 
Añado, a la atención del Sr. Christodoulou, que las grandes orientaciones se aplican a los quince Estados miembros, incluso aunque algunas disposiciones del Tratado se limiten específicamente a la zona euro. 
Segundo tema de preocupación: el empleo. 
La recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones establece, para cada Estado miembro, objetivos nacionales en términos de reforma estructural, tema que ha sido mencionado, creo, por las Sras. 
¿Están dispuestos los Estados miembros a aceptar los objetivos propugnados por la Comisión sin edulcorarlos? También aquí planteo la cuestión. 
En Dresde los ministros de Hacienda han aprovechado la ocasión para preparar un pacto europeo por el empleo. El Sr. Monti podrá exponerles esta cuestión. 
Yo no insistiré sobre ello. Solo quisiera señalar que siguiendo los pasos de su ponente, la presidencia alemana ha sugerido a este respecto, favorecer el diálogo macroeconómico entre todos los actores de la «policy mix «. 
Por eso la Comisión propone invitar a los interlocutores sociales a presentar una posición común en el Consejo Europeo de Colonia. 
También por esto la Comisión propone la organización en el futuro de una reunión anual con los interlocutores sociales antes de que el Consejo Europeo de primavera adopte las GOPE. 
Por otra parte, en el contexto de una mejor integración del empleo en la política macroeconómica, su ponente sugiere la supresión del desdoblamiento actual entre las grandes orientaciones y las líneas directrices para el empleo. 
Creo que tiene razón, merece la pena plantear la cuestión. 
¿No convendría, efectivamente, garantizar una mayor complementariedad entre las dos políticas, incluyendo también la fijación de un calendario único? 
La Comisión reflexionará sobre ello. 
Terminaré con el tema de la puesta en marcha de las GOPE diciendo que la Comisión espera encarecidamente que, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, los Estados miembros puedan, a lo largo de este primer año del euro, ponerse de acuerdo sobre un contenido prescriptivo preciso, operativo y no edulcorado de las grandes orientaciones de la política económica, especialmente en lo relativo a las recomendaciones por países y a la política de empleo. 
Diré para concluir, señor Presidente, señoras y señores, que la Comisión suscribe con gusto su propuesta de proceder de modo sistemático a una evaluación anual de la puesta en marcha por los Estados miembros de las grandes orientaciones, lo que podría llevarse a cabo a partir de la primavera del 2000, sobre la base de estas recomendaciones por países. 
Todo esto no contribuiría sino al fortalecimiento de una verdadera política económica europea. 
Señor Presidente, en nombre de mi colega el Sr. Flynn, quisiera comenzar felicitando al Sr. Menrad por su informe y agradeciendo a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales su rápida labor sobre el proyecto de resolución. 
Compartimos totalmente las opiniones expresadas sobre el Pacto Europeo por el Empleo. 
Además, el Sr. Menrad ha subrayado la necesidad de incluir el empleo en las políticas comunitarias, cosa que está plenamente en consonancia con la comunicación aprobada por la Comisión al respecto el 21 de abril. 
Al reiterar el apoyo del Parlamento al proceso de Luxemburgo e insistir correctamente en el apoyo que el Fondo Social Europeo debe dar a la estrategia europea en pro del empleo, el informe y la resolución han enviado mensajes oportunos. 
Debe quedar claro lo que pretendemos con el Pacto Europeo para el Empleo. 
Como se pidió en el Consejo Europeo de Viena, dicho pacto debe establecer un diálogo en el que participen todas las instancias con cometidos en materia de formulación de políticas que tengan repercusiones en el crecimiento económico y la creación de empleo. 
Dicho diálogo debe respetar plenamente la autonomía de las diversas instancias y celebrarse en niveles diferentes, como propone el proyecto de resolución que el Parlamento tiene hoy ante sí. 
Por lo que se refiere a la política macroeconómica, debe haber un intercambio de opiniones entre las instancias pertinentes sobre cada uno de los elementos de la combinación de políticas- política fiscal, tendencias salariales y política monetaria- para que cada una de ellas pueda contribuir plenamente al crecimiento y al proceso de creación de empleo. 
Cuando el Tratado de Amsterdam y su artículo 127 entren en vigor, debe haber una evaluación de las repercusiones de todas las políticas pertinentes en materia de empleo. 
En nuestra reciente comunicación al respecto, la Comisión expuso en líneas generales cómo puede una diversidad de políticas promover un alto nivel de empleo y cómo las políticas van encaminadas cada vez más hacia ese objetivo. 
La comunicación aborda, por ejemplo, formas de fomentar y apoyar la inversión en capital y recursos humanos para fortalecer la economía de la Unión Europea. 
Examina cómo pueden las reformas estructurales hacer funcionar mejor los mercados y con ello contribuir a que se logre un crecimiento y un empleo sostenibles. 
Se refiere a la modernización de la protección social y de los sistemas impositivos para mejorar los incentivos y las oportunidades laborales para la entrada o el regreso al mercado laboral. 
Nos complace ver que en el proyecto de resolución se mencionan todos esos aspectos. 
Serán necesarias otras medidas prácticas para evaluar cómo pueden contribuir más las diversas políticas comunitarias al objetivo en materia de empleo y, en los casos necesarios, cómo se las puede reorientar para que lo hagan. 
Reviste importancia decisiva que el Pacto para el Empleo consolide el fundamental papel del proceso de Luxemburgo. 
Lo importante ahora es fortalecer las directrices sobre el empleo para que rindan en todo su potencial como un instrumento potente para la reforma del mercado laboral. 
Tenemos derecho a esperar que los planes nacionales de acción que los Estados miembros están formulando actualmente sean más ambiciosos que el año pasado. 
Y, cuando pasemos a evaluar las repercusiones de los planes nacionales de acción en fecha posterior de este año, dos años después del Consejo de Luxemburgo, estaremos en mejores condiciones para evaluar si la estrategia está dando resultados o si hacen falta más esfuerzos en ciertos sectores. 
Sus Señorías tienen razón al subrayar que el Fondo Social Europeo debe desempeñar un papel fundamental en apoyo de la estrategia europea en materia de empleo. 
Así, pues, entendemos muy bien por qué el proyecto de resolución propone que se vuelva a la propuesta de la Comisión para la financiación de las actividades correspondientes al Objetivo 3 en el período 2000-2006. 
Sin embargo, no podemos olvidar el marco presupuestario más amplio. 
Estamos satisfechos con el tratamiento que han recibido el Fondo Social Europeo y la estrategia en materia de empleo en el acuerdo de Berlín. 
Permítaseme ahora pasar al debate de Sus Señorías sobre la vinculación entre las directrices sobre el empleo y las grandes directrices de política económica. 
En Viena el Consejo Europeo pidió una mayor sinergia entre los dos procesos y la Comisión respondió a esa petición con sus grandes directrices de política económica más recientes y su comunicación sobre el artículo 127. 
Sin embargo, no se debe olvidar que el proceso de Luxemburgo es aún muy reciente. 
Los Estados miembros han formulado nuevas disposiciones de trabajo para aplicar sus planes nacionales de acción y presentar informes al respecto. 
Estamos aprendiendo juntos a hacer funcionar un proceso de presión inter-pares y evaluación abierta. 
Se le debe permitir que cobre impulso: un cambio en el calendario en esta temprana fase sería perturbador. 
Está claro que nuestro planteamiento del empleo debe abarcar las políticas macroeconómicas y también las microeconómicas y debe abordar problemas que surgen no sólo en los mercados laborales, sino también en los de capitales y de productos. 
La formulación de dicho planteamiento integral y un diálogo entre todas las instancias participantes es el núcleo del propuesto pacto por el empleo. 
Se trata de asuntos de fondo y no simplemente de calendario. 
Esperamos que el pacto sea un paso hacia una mejor integración de las políticas estructurales, macroeconómicas y de empleo. 
Quisiera concluir con dos o tres observaciones sobre aspectos que me han parecido particularmente interesantes durante el debate. 
Varios oradores- como el Sr. Blokland y el Sr. Langen- han señalado el problema del envejecimiento de la población. 
A iniciativa del Comisario Flynn, la Comisión ha examinado el problema del futuro de la seguridad social y tengo mucho gusto en decir- recientemente a instancias también de la Presidencia alemana y del Parlamento Europeo- que muy pronto vamos a presentar una comunicación sobre los fondos de pensiones, en el que sacaremos las conclusiones que se desprenden de la aplicación del Libro Verde. 
Varios oradores- incluidas las Sras. Randzio-Plath, Boogerd-Quaak y Van Lancker- se han referido a los pactos fiscales. 
Permítaseme decir que, pese a las inevitables dificultades debidas a la regla de la unanimidad, resulta innegable que ahora- a instancias de la Presidencia alemana y con el apoyo de este Parlamento- se están logrando avances en la aplicación de la estrategia contra la dañina competencia fiscal y se han fijado varios objetivos para el Consejo Europeo de Helsinki. 
En cuanto a la propuesta más concreta, cara a muchos de Sus Señorías, sobre la tasa reducida del IVA de los servicios con alto índice de mano de obra, tengo mucho gusto en observar que hoy, con la Presidencia alemana, se ha celebrado la primera reunión de un grupo de trabajo del Consejo sobre ese tema y esta noche vamos a debatir el Informe Thyssen también sobre este tema. 
Finalmente, Sr. Blot, usted manifiesta un temor que me permito el lujo de no compartir. 
Usted teme que la coordinación de los sistemas fiscales, después de la unión monetaria, elimine también una de las dos posibilidades residuales de estrategia contra los famosos choques asimétricos. 
Pero yo creo ser capaz de tranquilizarle. 
La estrategia de coordinación fiscal propuesta por la Comisión y adoptada por unanimidad por el Consejo «Ecofin» , defendida entre otros por el ponente, Sr. Fourçans, no es evidentemente una estrategia de armonización atractiva. 
Le invitaría más bien a considerar el problema en los términos siguientes: con la actual integración de los mercados, si no hubiera ninguna forma de coordinación de las políticas fiscales, en ese caso los Estados miembros sí que perderían cada vez más soberanía en beneficio de mercados anónimos, y en ese caso tendrían cada vez menos posibilidades de implantar con eficacia una política fiscal. 
Señor Presidente, es interesante que la Comisión hable por boca de dos Comisarios. Es una lástima que se contradigan. 
El Comisario de Silguy ha propuesto que la política monetaria no sea un elemento de la combinación de políticas, mientras que el Comisario Monti se ha referido a la política monetaria como un elemento importante de la combinación de políticas. 
¿Podría la Comisión darme una explicación al respecto? 
No veo contradicción. 
Solo hay una posición de la Comisión respecto de las grandes orientaciones de la política económica: esta es la recomendación presentada por la Comisión y que ha sido adoptada por unanimidad. 
Les recuerdo que, en esa recomendación sobre la policy mix, la Comisión defiende un equilibrio que se funde a la vez en la política presupuestaria, en la evolución salarial, y en la política estructural. 
En relación a la política monetaria, pudiera dar la impresión que existen diferencias respecto del año anterior, porque se tiene en cuenta el hecho de que ahora, a diferencia del año pasado, existe un Banco Central Europeo independiente y no conviene interferir en esa independencia. 
Dicho esto, la Comisión, tanto este año como el próximo se reserva el derecho a elaborar todos los análisis y comentarios que considere útiles para garantizar que la policy mix sea lo más equilibrada y lo más apropiada posible para permitir un crecimiento sostenido, no inflacionista y creador de empleo en Europa. 
Señor Metten, quisiera simplemente confirmar exactamente lo que ha dicho el Comisario de Silguy. 
En el texto que he leído en nombre del Comisario Flynn no veo contradicción alguna con la posición expresada por el Comisario responsable. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Oficina de Lucha contra el Fraude 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0240/99) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta modificada del Reglamento del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude. 
Señor Presidente, señoras y señores, siempre he tenido el convencimiento de que al final la Unión Europea y sus instituciones saldrán fortalecidas de la crisis de las pasadas semanas y meses. 
Con la OLAF, la nueva oficina europea para la lucha contra el fraude, haremos una perceptible contribución a ello. 
Creo que es una buena señal que el fundamento jurídico para la OLAF se cuente entre los primeros textos que serán aprobados bajo el nuevo procedimiento del Tratado de Amsterdam. 
Sin duda, esto no sería posible si todos los participantes en este proyecto- el Consejo, el Parlamento y también, tras algunas vacilaciones iniciales, la Comisión- no hubieran colaborado con un espíritu muy constructivo. 
Por consiguiente, quiero dar las gracias a todos aquellos que estuvieron y están en el grupo de altos representantes de nuestras tres instituciones, tanto a nivel técnico como a nivel político. 
Como ponente quisiera citar por sus nombres a tres participantes y darles cordialmente las gracias: a mi presidenta de comisión, Diemut Theato, a mi valiente amiga de partido, Rosemarie Wemheuer, y a mi infatigable colaborador, Peter Schönberger. 
Quiero referirme a la propuesta misma: hemos anudado un paquete que consta de tres componentes. 
Componente nº 1: el acuerdo de la Comisión sobre la creación de la OLAF, como ente organizativamente asentado en la Comisión, pero que goza frente a la Comisión de una independencia y libertad de decisión garantizadas en su trabajo de investigación. 
Este acuerdo lo adoptó la Comisión la semana pasada. 
Componente nº 2: el reglamento del Parlamento y del Consejo que regula cómo han de llevarse a cabo las investigaciones y qué ha de hacerse con los resultados. 
Este reglamento constituye la pieza central del paquete. 
Abarca investigaciones externas en los Estados miembros e investigaciones internas en el seno de todas las instituciones de la UE. 
Permítanme que con algunos términos mencione los puntos más importantes que queremos enraizar en ella: en primer lugar, el director de la OLAF tiene manos libres en el trabajo de investigación. 
A este respecto no ha de recibir instrucciones de ninguna parte. 
Puede iniciar investigaciones a petición de un Estado miembro o de una institución y también por propia iniciativa, y tiene derecho de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia si se siente presionado en su independencia. 
Este punto lo hemos recogido por recomendación expresa del Tribunal de Justicia, cuya opinión, por otro lado, nos ha ayudado mucho a eliminar los últimos desajustes en los textos. 
En segundo lugar, el director está obligado expresamente a contactar e informar a las autoridades judiciales nacionales competentes, si en las investigaciones internas sus colaboradores encuentran estados de cosas que pudieran ser relevantes desde el punto de vista penal. 
Por consiguiente, en el caso de la OLAF no se trata de sustituir o de eludir al ministerio público o a los jueces en el plano nacional. 
Con la OLAF tampoco se intenta fundar por la puerta trasera una policía de la UE. 
De lo que se trata es de investigaciones administrativas o, si ustedes quieren, de investigaciones previas que han de establecer los prerrequisitos para que la policía o el ministerio público puedan hacer su trabajo. 
En tercer lugar, la OLAF estará bajo el control de expertos externos independientes. 
En la versión alemana del texto se habla no con mucha fortuna de un comité de seguimiento. 
La versión inglesa expresa más certeramente de qué se trata. Habla de un supervisory commitee. 
A este respecto pensamos en penalistas experimentados o en altos funcionarios de los servicios más relevantes de los Estados miembros, como, por ejemplo, la Guardia di finanza o del Serious fraud office británico. 
Este comité no debe advertir al director en su trabajo cotidiano, pero debe asegurar mediante un control ex post que no se llegue a situaciones equivocadas. 
Todo esto constituye el contenido del reglamento y algunas cosas más en las que por la brevedad del tiempo no puedo entrar. 
Paso a referirme ahora al cuarto componente, al acuerdo institucional entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre las investigaciones internas. 
Sobre este tema la Comisión de Control Presupuestario ha aceptado hoy, antes del inicio de este debate, un informe que estará listo para ser votado el próximo jueves junto con el informe sobre el reglamento. 
Todos los demás órganos, instituciones y agencias de la Unión están expresamente invitados y se les insta a que entren también a formar parte del acuerdo. 
Esta es la condición previa para que la OLAF pueda realizar investigaciones en ellos. 
Por lo demás se prescribe que los funcionarios y demás personal de la UE están obligados a informar directamente y sin dilación alguna a sus superiores y también, si lo consideran necesario, a la OLAF acerca de todos las situaciones que permitan deducir la existencia de fraudes, de corrupción o de delitos semejantes. 
No sólo los funcionarios, sino también los miembros de las instituciones y de los órganos, colaborarán plenamente con la OLAF. 
En este punto no debe haber excepción alguna pues, de lo contrario, nos perderemos toda credibilidad. 
Pero tampoco debe surgir ningún riesgo para nuestra independencia como diputados. 
Precisamente en relación con nuestra inmunidad parlamentaria hay aquí algunas cuestiones sensibles que es preciso aclarar. 
Esto no ha sido objeto de las negociaciones y tampoco lo podía ser. 
Tampoco puede ser tratado apresuradamente por este Parlamento; ha de ser regulado por el Parlamento que se elegirá próximamente. 
Para finalizar, algunos puntos que, aunque van a ser decididos por el próximo Parlamento, nosotros deberíamos poner en marcha en las próximas semanas- y, si es posible, antes del Consejo ECOFIN de 25 de mayo- en el marco del Grupo de alto nivel: necesitamos una propuesta consensuable en relación con los cinco miembros del Comité de Vigilancia, necesitamos un perfil del director de la OLAF para que pueda publicarse la convocatoria de las plazas; necesitamos un organigrama de la OLAF como prerrequisito y como base de un presupuesto suplementario, como lo han recomendado ya en su opinión nuestros colegas de la Comisión de Presupuestos. 
Esto ha de hacerse con mucha rapidez y éste es también el texto decisivo para nuestra credibilidad. 
La OLAF debe estar operativa antes de finales del presente año. 
Señor Presidente, a la mayoría de nosotros quizá nos canse cada vez un poco más oír hablar de fraude y desvíos de fondos comunitarios. 
Es de esperar que la próxima contienda electoral trate también otros temas políticos importantes, sin embargo, es ahora cuando debe librarse la batalla de las grandes reformas mientras todavía haya la voluntad política para ello. 
Logramos alcanzar un acuerdo con relación a la OLAF y me gustaría aprovechar esta oportunidad para elogiar al ponente, Sr. Bösch, por el impresionante esfuerzo que realizó durante las negociaciones con el Consejo y la Comisión. 
La nueva propuesta es mucho mejor que la propuesta original. 
La oficina quedará emplazada desde el punto de vista organizativo dentro de la Comisión; sin embargo, será totalmente independiente en lo que respecta a la realización de sus investigaciones. 
Esta independencia está garantizada al no disponer la Comisión de competencias directivas sobre la oficina. 
La oficina también es competente para investigar fraudes e irregularidades en otras instituciones comunitarias. 
No sólo es en la Comisión donde están los problemas. 
La oficina debe tener pleno acceso a todas las informaciones relevantes y poder tomar ella misma la iniciativa de emprender una investigación. 
Con esta propuesta, es de esperar que obtengamos lo mejor de los dos mundos. 
Obtenemos una oficina que será independiente y al mismo tiempo un beneficio adicional situando la oficina dentro de la Comisión. 
Al formar la oficina parte de la Comisión, tenemos acceso a informaciones confidenciales que de otra forma no podríamos conseguir. 
No debemos permitir una oficina a la que se le tome el pelo como se le ha tomado a este Parlamento durante años. 
De haber apostado por la solución de crear una oficina totalmente nueva al margen de la Comisión, habría sido imprescindible modificar el Tratado. 
No podemos esperar esta modificación. 
Es absolutamente fundamental que tengamos la oficina ahora y no dentro de dos años o nunca. 
Al aprobar esta propuesta, solucionamos el problema del marco legal. 
Sin embargo, aún no basta. 
Ahora debemos asignar fondos del presupuesto para aumentar el número de empleados. 
Desde el Parlamento hemos pedido 300 puestos y no son demasiados. 
La oficina debe disponer de recursos para funcionar de forma eficaz. 
Si no, reproducimos los problemas que acarrea dejar una tarea importante en manos de la Comisión sin asignar los recursos necesarios. 
Cuando el Parlamento vuelva a reunirse el otoño que viene, deberemos ocuparnos de que se asignen suficientes recursos dentro del presupuesto. 
Aquí tenemos una tarea considerable. 
Toda la cuestión referida a las necesidades de la oficina no puede dejarse en manos de la Comisión. 
La Comisión Tripartita debe ser involucrada en esta discusión y me gustaría proponer que los miembros del grupo tripartito se reúnan después del 25 de mayo cuando el Consejo también haya aprobado esta propuesta. 
Así podremos discutir rápidamente el nombramiento de la comisión de vigilancia y elegir un director. 
Y por tanto, podremos poner en marcha la oficina lo antes posible. 
¡Es lo que nos hace falta! 
Señor Presidente, nos acordamos de que una de las piedras de toque para una posible aprobación de la gestión de la Comisión respecto de 1996 fue la creación de una Oficina para la Lucha contra el Fraude que fuera operativamente independiente. 
Los puntos importantes para semejante órgano los aprobó por gran mayoría el Parlamento en octubre de 1998 con el informe de la Comisión de Control Presupuestario, el denominado Informe Bösch, y exigió de la Comisión la correspondiente propuesta de reglamento. 
Desde mi punto de vista, y digo esto sin exagerar, si la Comisión hubiera presentado a comienzos de diciembre una propuesta razonable relativa a la mejora de la lucha contra el fraude nos habríamos ahorrado probablemente la denegación de la aprobación de la gestión poco antes de Navidad y con ello nos habríamos ahorrado todo lo que vino a continuación. 
Lamentablemente, hasta mediados de marzo no se presentó una propuesta modificada de la Comisión respondiendo a los deseos del Parlamento y del Consejo. 
De esta suerte la Comisión renunció, afortunadamente, a la estrafalaria idea de confiar la competencia en materia de irregularidades y de fraudes a una agencia externa con, pásmense, 48 empleados, es decir, con un funcionario para proteger un promedio de 2.000 millones de euros. 
Desde entonces todo ha marchado con absoluta rapidez. 
Si continúa la buena colaboración de las últimas semanas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, podremos aprobar aún antes de las elecciones europeas todo el aparato normativo para una oficina independiente de lucha contra el fraude. 
Quisiera destacar especialmente el papel constructivo de los Comisarios Anita Gradin, Karel van Miert y Mario Monti, pero quisiera elogiar también expresamente a la Presidencia del Consejo, a nuestro ponente, el Sr. Bösch, así como a las secretarías de las tres instituciones por el enorme trabajo que han realizado. 
La Comisión de Control Presupuestario ha realizado sus deberes y en unión con la Presidencia alemana del Consejo ha logrado por unanimidad una posición común y aprobado recientemente el pertinente acuerdo interinstitucional. 
Si el Parlamento y el Consejo continúan en esta línea, la OLAF podrá entrar en vigor en junio. 
El ponente ha explicado ya las competencias de la misma. 
Quisiera solamente resaltar una vez más su independencia operativa; desde el punto de vista institucional la competencia continúa estando en la Comisión; hemos tenido que hacerlo así para hallar ahora una rápida solución. 
Importante es también el acceso del director a las autoridades judiciales en caso de posibles acontecimientos relevantes desde el punto de vista penal. 
Sin embargo, aquí hay todavía una dificultad. 
Las experiencias habidas hasta ahora con las autoridades nacionales judiciales han sido poco alentadoras. 
Por ejemplo, por lo que yo sé, en los 27 casos de fraudes internos que la UCLAF ha investigado desde 1994 no se ha producido hasta ahora ninguna sentencia firme. 
Por último, creo que con la creación de la OLAF contribuimos de manera constructiva a una mejor protección de los intereses de la UE contra el abuso, imponemos la prevención y pretendemos que se reintegren los recursos perdidos. 
Señor Presidente, la nueva UCLAF- OLAF- debe poner freno a las irregularidades, al nepotismo, a la corrupción y al fraude dentro de la UE. 
De ahí que para mí haya sido fundamental que se le otorgue a la nueva oficina libertad para investigar todos los asuntos que desee y plena independencia para calibrar si estos asuntos deben ser entregados posteriormente a las autoridades judiciales, los tribunales nacionales, o no. 
Me parece primordial disponer ahora de una oficina de investigación que examine la situación de las instituciones comunitarias. 
Seguramente habrá trabajo de sobra. 
Cuando digo todas las instituciones comunitarias, debería incluirse también, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, y con las denuncias lanzadas recientemente, sólo se puede creer que es el propio banco el interesado en poner al descubierto la situación del banco. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo debe estar dispuesto también a ello y hay ejemplos de temas cuya investigación sería interesante, por ejemplo, toda la problemática referida a nuestros casos de obras, donde existen todavía muchísimas cuestiones sin aclarar. 
Confío, señor Presidente, en que la nueva oficina, OLAF, fortalezca claramente esta situación dentro de la UE. 
Nos permitirá poner orden y garantizar la apertura y la transparencia dentro de todas las instituciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ante la crisis de valores del mundo occidental, bastaría la observación del mandamiento cristiano «no robarás» para que muchos problemas provocados por el fraude no existieran. 
En este momento resulta que el fraude y el robo son una forma de vida, una ingeniería, y ahora la delincuencia organizada es una delincuencia elegante, que procede de los mejores medios, que estudia, que trabaja para robar. 
Por tanto, hay que crear organismos que estén preparados, sean independientes, tengan medios financieros y también humanos y puedan actuar con independencia. 
Pero actuar con independencia, ¿es o no es una utopía cuando muchos Estados miembros tienen sistemas judiciales en plena crisis, cuando muchas veces el propio sistema judicial, influido por el poder ejecutivo- porque cada vez se respeta menos la separación de poderes de Montesquieu- deja prescribir casos absolutamente flagrantes de fraude en los que están miles de millones en juego? 
Quien, como nosotros, estuvo en la comisión de lucha contra la EEB y en la comisión de investigación sobre el tránsito comunitario, ve que se creó la utópica Europa sin fronteras, pero se creó sin frontera y sin control. 
Y es evidente que eso es una tentación, un paraíso para la delincuencia organizada. 
Tengo esperanza de que las soluciones presentadas por el Sr. Bösch encuentren la indispensable voluntad política para que tengan pleno éxito. 
Pero la colaboración de los Estados miembros es fundamental, porque no se culpa sólo a la Comisión, sino también a los Estados miembros. 
Y conviene no olvidarlo. 
Señor Presidente, para quienes hemos trabajado poniendo orden en los dineros de los contribuyentes, es un avance que se concrete la OLAF. 
La UCLAF, antecesora de la OLAF, no ha tenido una larga existencia pero ya le hemos visto su gran defecto, a saber, que es una unidad políticamente dirigida por la Comisión. 
Lo más importante es que la OLAF es independiente y que su misión es controlar a todas las instituciones de la UE, tarea bastante amplia pero que, desde el Parlamento, nos preocuparemos de que realmente se realice. 
Obviamente que también es importante el libre acceso a todo el material, para que se pueda hacer una verdadera investigación. 
Esto se necesita en la lucha contra el fraude con los medios propios de la UE. 
Quiero dar las gracias a Bösch por su excelente trabajo en relación con este informe y a la Comisión por haber retirado su primer borrador de OLAF, y por haber contribuido constructivamente a encontrar las soluciones que trataremos esta semana. 
Señor Presidente, ante todo quiero sumar también mi voz al elogio a los esfuerzos para la creación de la OLAF, y he de decir que la sesión de hoy está revestida de cierta solemnidad, ya que cuantos trabajamos en la Comisión de Control Presupuestario vemos hoy materializarse unos intentos que han exigido esfuerzos y que han conocido momentos de prueba en los que se decidía si las propuestas prosperarían o no prosperarían. 
Tengo que rendir homenaje en primer lugar al ponente, el socialista Bösch, que ha conseguido mantenerse en sus posiciones, a pesar de la fuerte reacción suscitada en el seno de su partido. 
Del mismo modo tengo que decir que el conjunto de la representación del Partido Popular Europeo en la Comisión de Control Presupuestario ha mostrado en todo momento su apoyo al ponente, ha presentado batalla y ha alcanzado el objetivo propuesto. 
Y asimismo he de decir que todo esto- el esfuerzo realizado, por ejemplo, con respecto a la supresión de la exención -, tal vez constituya, me atrevería a decir, la coronación de los esfuerzos de este Parlamento, cuyo mandato expira, de hecho, esta semana. 
Todo el mundo nos recordará por los esfuerzos que hicimos para sanear las finanzas de la Comunidad, y entre esos esfuerzos la creación de la OLAF ocupa un lugar preeminente. 
Cuando todo concluye, quisiera expresar por mi parte el deseo de que esta institución prospere, y para que prospere carecen de importancia los viejos enfrentamientos entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo; todos unidos debemos cuidar esta planta que ahora brota, de suerte que pueda medrar y fructificar, para bien de la Unión Europea y de sus finanzas, y, sobre todo, para bien de los contribuyentes, es decir, de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, tenía que haber intervenido antes, pero al estar ocupado, agradezco a la Presidencia que me brinde la oportunidad de hacerlo ahora. 
Me interesa especialmente hacer esta breve intervención ante todo para recalcar el importante papel desempeñado por el Sr. Bösch, el cual- incluso en los momentos en que era muy difícil llevar adelante este discurso- siempre ha sido muy coherente a la hora de sostener la necesidad de un órgano independiente, a la vista de la gravedad de los casos y de las dificultades para afrontarlos. 
Quisiera recordar asimismo el trabajo realizado a lo largo de muchos años por la comisión y la Sra. Theato con miras a definir un papel del Parlamento apto para que avancen los procesos de legalidad y de transparencia. 
En este contexto se sitúan la cooperación facilitada por nuestra comisión- la Comisión de Libertades Públicas- y los informes que hemos elaborado. 
También acerca de este informe, aun habiendo jugado un papel secundario- hemos querido emitir una opinión que guardara coherencia y armonía con todo el trabajo realizado en estos años. 
Hemos apuntado una solución a corto-medio plazo, la que se ha definido, no obstante, también hemos señalado- sobre la base del artículo 280- un posible desarrollo ulterior. 
En efecto, creo que el patrimonio político adquirido hasta ahora- la independencia del órgano de control- es un patrimonio que, por un lado, hay que concretar y, por otro, mejorar ulteriormente. 
Sabemos que sólo un órgano independiente tanto en las investigaciones internas como externas podrá ofrecernos la posibilidad de luchar de manera adecuada contra los casos que podían haber arruinado a nuestras Instituciones. 
Quiero añadir, sin embargo, que es muy importante controlar la capacidad de organización de dicho órgano. 
¡Ay si una mentalidad burocrática tuviera que echar a pique lo que, por el contrario, debe ser una novedad: se trata de una novedad desde el punto de vista institucional y también debe serlo desde el punto de vista de los resultados! 
Y termino, señor Presidente, felicitando muy especialmente a los colegas a los cuales más se les debe este esfuerzo. 
Señor Presidente, señoras y señores colegas, bajo mi Presidencia el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas adoptó el 15 de marzo de 1999 una posición clara: ninguna comprensión, nada de tolerancia para el fraude y la corrupción en la Comunidad. 
El abuso del dinero de los ciudadanos de la Unión daña la imagen de la Comunidad, los titulares de prensa sobre el tema debilitan el apoyo de la población a la integración y colocan los éxitos de la Unión en el último plano. 
Por esta razón la creación de este nuevo órgano de lucha contra el fraude significa una gran oportunidad para la Comunidad y un objetivo importante de nuestra Presidencia del Consejo. 
El Consejo, el Parlamento y la Comisión pueden aquí demostrar la voluntad y la capacidad de proteger eficazmente los recursos de la Comunidad. 
Si, como está previsto, logramos poner en funcionamiento la oficina el 1 de junio, ello será una señal importante y tendrá una relevancia especial a sólo pocos días de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Creo que en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo se ha logrado crear un concepto muy defendible. Quisiera destacar tres aspectos del mismo. 
En primer lugar, la propuesta que ustedes tienen delante asegura la presencia eficaz del la oficina allí donde los intereses de la Comunidad estén en juego. 
La oficina no tiene solamente la función del control externo; ésta es, sin duda, muy importante, pues los Estados miembros son quienes administran el 80 % de los recursos comunitarios. 
La oficina será también una guardiana independiente de los intereses comunitarios en el seno de los órganos y de las instituciones de la Comunidad. 
Muchos oradores se han referido ya a la importancia de este aspecto. 
En segundo lugar: aunque la oficina está instituida en el seno de la Comisión, la independencia operativa de la misma está asegurada. 
El director de la oficina no debe solicitar instrucciones de nadie ni aceptar instrucciones de nadie. 
El decide por su propia responsabilidad acerca de la iniciación, ejecución y evaluación de las investigaciones. 
Sólo en conjunción con el Parlamento Europeo y con el Consejo puede la Comisión nombrar al director. 
Un comité de personalidades independientes externas vigila y protege la gestión autorresponsable de la oficina por parte del director. 
En tercer lugar: aunque en este momento el interés público se halla concentrado en el descubrimiento de presuntas irregularidades, no deja de tener importancia la prevención. 
También por esto tiene sentido la idea de la OLAF, pues la oficina está llamada a actuar en la estrategia global de lucha contra el fraude y también pondrá a disposición su experiencia de cara a la elaboración de planteamientos preventivos. 
Permítanme decir unas pocas palabras sobre el calendario: la oficina debe estar creada el 1 de junio. 
La aprobación por el ECOFIN está prevista para el 25 de mayo. 
Por consiguiente, el reglamento debería ser firmado tanto por el Presidente del Parlamento Europeo como por el Presidente del Consejo. 
El acuerdo pertinente será firmado por los presidentes de los tres órganos, el parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Se insta a los demás órganos e instituciones a sumarse al acuerdo. 
Para terminar, quisiera destacar la cooperación, llena de confianza y constructiva, con la delegación del Parlamento Europeo, en especial con la Sra. Theato, con el ponente, el Sr. Bösch, y con la Comisaria, la Sra. Gradin. 
Para todos los que han elaborado la OLAF, ésta ha sido una experiencia alentadora, incluso de cara a la futura cooperación. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Bösch y la decisión de la Comisión de crear una oficina europea de prevención del fraude indica el final de un largo proceso que se inició en 1995. 
Desde entonces, hemos avanzado mucho en lo relativo al fortalecimiento de los instrumentos para la lucha contra las irregularidades, el fraude y la corrupción. 
El contribuyente europeo tiene todo el derecho a esperar que protejamos su dinero y lo administremos de forma eficiente. 
Estoy totalmente comprometida con la satisfacción de esa exigencia. 
Para mí es también una cuestión de credibilidad de nuestras instituciones. 
Creo que la creación de la OLAF responde a esos dos objetivos. 
La decisión de crear esa oficina forma parte de un diálogo político constructivo entre nuestras dos instituciones y el Consejo. 
Antes de referirme al informe del Sr. Bösch, quiero colocar en su perspectiva correcta la lucha contra el fraude. 
Cuando ocupé mi puesto en 1995, el personal que trabajaba en el sector de la lucha contra el fraude estaba aún disperso por varios servicios de la Comisión y tan sólo sesenta funcionarios trabajaban en la UCLAF. 
Desde entonces, la capacidad operativa de la UCLAF se ha fortalecido considerablemente y se ha agrupado a todo el personal. 
Hoy, la UCLAF tiene 141 funcionarios para abordar unos 1.000 casos en los que existen sospechas de irregularidades, fraude y corrupción. 
El número de casos investigados no ha cesado de aumentar. 
Naturalmente, es algo lamentable, pero también es una señal de que estamos mejorando en nuestra labor de lucha contra el fraude. 
Durante el último año, gran parte de la atención se centró en las 27 investigaciones internas realizadas en la Comisión. 
Con frecuencia se olvida que la gran mayoría de las investigaciones de la UCLAF se refieren a casos exteriores de los Estados miembros. 
No lo digo para mitigar el alcance del problema interno de la Comisión: un solo caso interno es demasiado. 
La UCLAF trabaja en estrecha cooperación con los Estados miembros. 
Por ejemplo, durante 1998 el número total de casos abordados por los Estados miembros y la UCLAF ascendió a casi 5.000, que representaron un importe de mil millones de euros, aproximadamente. 
Esa cooperación es particularmente importante, ya que hay un número cada vez mayor de casos de fraude que traspasan las fronteras, así como una participación cada vez mayor de la delincuencia organizada. 
El fortalecimiento de la UCLAF y de su capacidad para luchar contra el fraude se debe a diversas decisiones internas de la Comisión. 
Ya en 1995 adopté la iniciativa de agrupar todas las actividades de lucha contra el fraude en la UCLAF. 
A eso siguió en 1997 la decisión de fortalecer la independencia de la UCLAF, entre otros casos, otorgando al director el mismo estatuto de interventor financiero independiente. 
Una nueva decisión de 1998 transformó la oficina en un grupo operativo. 
Al mismo tiempo se añadieron unidades a la UCLAF para que se ocuparan del fraude en terceros países, de la corrupción dentro de las instituciones y de la cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros. 
En julio de 1998, la Comisión decidió aclarar más, fortalecer más y volver más transparente el mandato de la UCLAF. 
Los objetivos primordiales eran los de subrayar las obligaciones del personal de cooperar en las investigaciones y al mismo tiempo proteger los derechos del individuo. 
También se han adoptado iniciativas para mejorar la información sobre la labor de la UCLAF. 
A principios de 1998 la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, y yo acordamos un procedimiento para informar a la comisión in camera sobre las investigaciones en curso de la UCLAF y los informes de auditoría interna del Interventor financiero. 
Fue la UCLAF, de hecho, la que señaló a la atención de la comisión la sospecha de fraude y no, como se cree con frecuencia, periodistas que hubieran hecho sus propias investigaciones. 
Así, pues, podríamos decir que también nosotros tiramos de la manta. 
Pese a esas medidas, durante 1998 resultó cada vez más claro que había que dar un paso más. 
Ésa es la razón por la que en julio del año pasado respondí positivamente en la Comisión de Control Presupuestario para aumentar aún más la independencia de la UCLAF. 
A consecuencia de ello, la Comisión presentó una propuesta para dar carácter externo a las funciones investigadoras de la UCLAF. 
Uno de varios aspectos importantes para mí fue el de que así se evitaría la situación de que investigadores e investigados fueran colegas. 
Sin embargo, la propuesta de dar carácter externo a la UCLAF no fue aceptable para el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Para encontrar una solución, se creó un grupo de alto nivel político, con participación del Parlamento, del Consejo y de la Comisión. 
Los Comisarios Van Miert, Monti y yo participamos como representantes de la Comisión. 
En ese marco deseo subrayar que esa forma interinstitucional de encontrar una transacción me pareció muy constructiva. 
La Comisión pasó rápidamente a aprobar el primer resultado de la labor del grupo de alto nivel en marzo. 
No voy a aventurarme a hacer una relación detallada sobre cómo avanzó esa labor. 
Baste con observar que la Comisión ha adoptado una decisión para crear la OLAF. 
Deseo recordar a Sus Señorías que la creación de la nueva oficina en la Comisión requerirá recursos, como ha dicho también el Sr. Blak. 
La Oficina necesitará personal suplementario y los gastos habrán de aumentar, dada la ampliación del ámbito de operaciones. 
Así, pues, se deberá esperar una petición de recursos suplementarios en la carta rectificativa del presupuesto que se presentará en fecha posterior de este año al nuevo Parlamento. 
Confío en que las autoridades presupuestarias den acogida positiva a esa petición. 
El pasado miércoles la Comisión tomó nota también de las enmiendas propuestas por el Parlamento en el Informe Bösch. 
Tengo mucho gusto en informar a Sus Señorías de que la Comisión puede aceptar todas las enmiendas que figuran en dicho informe. 
La Comisión ha aprobado también el proyecto de acuerdo interinstitucional que permitirá a la oficina hacer investigaciones administrativas internas en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Bösch, y a otros diputados del grupo de alto nivel: la Sra. Theato, Lord Tomlinson, el Sr. Blak y el Sr. Grosch. 
Hago extensivo también mi agradecimiento a la Presidencia del Consejo, que ha participado en el grupo con el mismo espíritu positivo. 
Creo que ese proceso conjunto ha resultado muy eficaz. 
Podría constituir un ejemplo de la colaboración que podrá haber en el futuro entre nuestras instituciones. 
Espero que el jueves, en su votación sobre el Informe Bösch, reconozca el Parlamento los importantes esfuerzos hechos y la posibilidad suplementaria que la OLAF aportará a la lucha conjunta contra el fraude. 
Así quedaría el camino despejado para que el Consejo ECOFIN del 25 de mayo adoptara las decisiones necesarias a fin de que la OLAF entrase en vigor el 1 de junio de 1999. 
Siempre he tenido presentes, por encima de todo, los intereses de los contribuyentes. 
Con esta iniciativa enviamos una clara señal de que las tres instituciones comparten esa preocupación, Con una nueva OLAF tendremos un instrumento disponible que fortalecerá nuestra lucha contra el fraude y la corrupción considerablemente. 
Es un gran logro para la Unión y sus ciudadanos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11 horas. 
Aprobación de gestiones 
Señor Presidente, para que el Acta esté correcta, quisiera indicar que la última letra de mi nombre es una «r» y no una «n». 
Señor Presidente, distinguidos colegas del Parlamento Europeo. Como ustedes saben, el 19 de abril tuve ya la oportunidad de exponer a su Comisión de Control Presupuestario la posición del Consejo en el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997. 
Se presenta la recomendación del Consejo relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión en relación con la ejecución del presupuesto de 1997, aunque la Comisión ha dimitido ya. 
El motivo de la dimisión fue, como es sabido, el informe del Comité de Expertos independientes sobre la responsabilidad de la Comisión y de miembros individuales de la Comisión por casos de fraude, corrupción y nepotismo que se han producido en el curso de una serie de años. 
Quisiera declarar expresamente ante el Parlamento que la lucha contra el fraude constituye un objetivo esencial del Consejo. 
Los comentarios sobre nuestra recomendación de conceder a la Comisión la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1997, son claros y diáfanos en este punto. 
El Consejo Europeo ha destacado una vez más en Viena que otorga una gran importancia a la lucha eficaz contra el fraude, la corrupción, y otras actividades que vayan en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea. 
Ha formulado el deseo de que el Consejo, en conjunción con las demás instituciones, concluya con éxito el análisis de las presentes propuestas y, en concreto, antes del Consejo Europeo que tendrá lugar en Colonia en el mes de junio. 
Quisiera destacar que nuestra Presidencia está intentando que el denominado Reglamento OLAF, que acabamos de debatir, sea aprobado por el Consejo ECOFIN el 25 de mayo, y esto en una colaboración extraordinariamente estrecha con ustedes, con el Parlamento. 
Esta colaboración, y esto ha sido puesto de relieve por todos los oradores, se ha intensificado aún más en las últimas semanas pues se trata de un problema que es conocido por la opinión pública y que es preciso solucionar rápidamente. 
No cabe duda de que el Consejo, así como el Parlamento y la Comisión, están haciendo todos los esfuerzos posibles encaminados a luchar contra el fraude y, en especial, también fuera del procedimiento de aprobación de la gestión. 
Permítanme que vuelva ahora al verdadero motivo de mi comparecencia aquí, en concreto, a la aprobación de la gestión para 1997. 
En el informe del Tribunal de Cuentas hay, ciertamente, una serie de comentarios negativos acerca de la ejecución del presupuesto- sobre algunos hablaré enseguida- pero sería una ligereza si se atribuyeran solamente a la Comisión las deficiencias que se han producido. 
Éstas son, en parte, el resultado de fallos estructurales a los que han contribuido también los Estados miembros. 
Pero con nuestra recomendación queremos honrar también los esfuerzos que la Comisión ha realizado con éxito en muchos ámbitos en relación con una ejecución más estricta del presupuesto. 
Con independencia de cualquier crítica, no hay que olvidar esto. 
No obstante, quisiera referirme a algunos puntos especialmente críticos. 
En primer lugar, quisiera insistir en cuán importante es garantizar que la administración eficaz de los programas se vea alentada a través de la organización interna de la Comisión. 
A este respecto, es preciso que se formulen claramente objetivos que posibiliten una evaluación precisa de la eficiencia de las acciones de la Comunidad. 
Por lo demás, el Consejo se halla muy preocupado por que se empleen sin un fundamento jurídico los recursos destinados a medidas generales de información y a medidas relativas al ámbito del trabajo publicístico sobre la Unión Europea. 
El Consejo no se halla satisfecho por el hecho de que se sigan produciendo irregularidades en los pagos en los ámbitos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía para la Agricultura y en medidas estructurales. 
Tampoco es de recibo que en contra de la normativa presupuestaria- repito, en contra de la normativa presupuestaria- sea usual, en especial en el ámbito de la investigación, pagar anticipos sin que se conozca el número de las participantes y de los participantes o los costes que se seguirán de las medidas en cuestión. 
Finalmente, hay que lamentar que no se empleen sino en un volumen reducido, los recursos destinados a los pagos de la ayuda exterior, en especial en los programas prioritarios. 
En lo que se refiere a la declaración de fiabilidad el Consejo está profundamente preocupado por el hecho de que el Tribunal de Cuentas no haya podido emitir semejante declaración, pues continúan produciéndose muchos fallos en la ejecución de los pagos. 
Apenas cabe registrar mejora alguna respecto del pasado ejercicio presupuestario. 
Pero, junto a esta crítica, quisiera exponer un par de comentarios positivos. 
Las enmiendas de noviembre de 1998 al reglamento presupuestario posibilitaron una modernización del control financiero, en especial en lo que respecta a la asignación de los recursos no utilizados. 
Pero al igual que el Tribunal Europeo de Cuentas y probablemente también el Parlamento Europeo, el Consejo concede también una gran importancia a que se emprenda una modernización total y una reformulación completa del reglamento presupuestario. 
Pedimos urgentemente a la Comisión que presente las oportunas propuestas. 
Quisiera referirme también a las medidas que se han adoptado en el marco de la iniciativa SEM 2000, gracias a la cuales ha podido hacerse considerablemente más estricta la ejecución del presupuesto. 
Como pone de relieve el ponente para el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997, nuestro colega, el Sr. Brinkhorst, la cooperación administrativa entre la Comisión y los Estados miembros, así como la de los Estados miembros entre sí, debe hacerse más intensa puesto que el presupuesto se ejecuta en gran medida por los Estados miembros. 
Naturalmente, esto no cambia nada en lo que respecta a la responsabilidad de la Comisión por la ejecución del presupuesto. 
En el análisis del Informe Anual de 1997 del Tribunal Europeo de Cuentas el Consejo ha tenido también en cuenta todos los 25 informes específicos que se han presentado en el curso del año 1998. 
Sobre algunos de estos informes específicos el Consejo ha aprobado de común acuerdo conclusiones específicas que han sido recogidas en la recomendación. 
Finalmente, quisiera destacar que las autoridades presupuestarias y los Estados miembros han de velar para que los recursos procedentes de los impuestos no sólo se asignen debidamente sino que se empleen también de la manera más eficiente posible. 
El Consejo se halla firmemente decidido ha actuar para que siga mejorándose la ejecución del presupuesto de la Comunidad. 
Aquí se trata de una tarea permanente de todos los que tienen la responsabilidad por la administración de los recursos de la Comunidad. 
Para terminar, quisiera referirme a algunos puntos que han desempeñado un papel, señora Theato, en el debate con su Comisión de Control Presupuestario. 
Allí se sugirió celebrar una conversación a tres bandas, o al menos un diálogo, con usted antes de que el Consejo adopte su acuerdo acerca de la recomendación sobre la aprobación de la gestión. 
Discúlpeme usted, pero nosotros estamos algo remisos ante esa sugerencia. 
Creemos que el Consejo debería ejercer primero las tareas de inspección que le atribuyen los Tratados y sólo después habremos de discutir acerca de los resultados. 
Por otro lado, nosotros coincidimos con ustedes en que las cuestiones que se han planteado deberán ser tomadas en consideración en la próxima reforma del reglamento presupuestario. 
La sugerencia, procedente de las filas de ustedes, de seguir reforzando la cooperación de los expertos nacionales en finanzas entre sí y con la Comisión, encuentra en nosotros un terreno abonado. 
Estoy convencido de que ahora, a lo largo del debate, podré llevar algunas sugerencias más a la institución del Consejo, y les doy las gracias a ustedes por la atención que me han prestado. 
Señor Presidente, tomo la palabra para concluir un proceso de aprobación de la gestión que ha sido histórico y en el que nada ha seguido un plan. 
Espero que podamos concluir nuestras deliberaciones sobre este informe esta semana. 
Al hacerlo, quisiera hacer unas observaciones de procedimiento y de fondo y después otras de conclusión. 
Sobre el procedimiento, quisiera expresar mi agradecimiento a los colegas de la Comisión de Control Presupuestario que han hecho contribuciones a este proceso de aprobación de la gestión. 
Al fin y al cabo, esta aprobación de la gestión es una de entre muchas y resulta que yo soy el ponente general. 
En diciembre del año pasado la mayoría de esta Asamblea denegó la aprobación de la gestión y se devolvió a comisión porque había problemas de procedimiento que ahora se han resuelto, al modificarse nuestro Reglamento para que esté en consonancia con las disposiciones del Tratado. 
Así, pues, ahora debemos pasar a adoptar una decisión sobre este asunto. 
Durante este proceso hemos visto que algunas personas han desaprobado que la aprobación de la gestión fuera un proceso político. 
Comprendo menos a quienes han causado problemas en este proceso de aprobación de la gestión, porque se han abordado problemas de fondo. 
La mayoría de nosotros comprendemos ahora que fue el momento oportuno para que este Parlamento denegara la aprobación de la gestión, porque eso desencadenó todos los demás acontecimientos que se produjeron en los meses siguientes. 
Debemos ponerle fin hoy. 
Pasando a los asuntos de fondo del informe que he presentado y que ahora debe figurar como anexo de esta resolución, había tres asuntos importantes que pusimos de relieve, todos lo cuales han quedado confirmados por el informe de la Comisión de Expertos. 
En primer lugar, la falta de rendición democrática de cuentas y de acceso a la información. 
En segundo lugar, la preocupación real- y resulta interesante leerlo ahora después de estos meses- por las irregularidades cometidas por Comisarios y una en particular que, por su incapacidad para dimitir, provocó la dimisión de todos. 
Tal vez la característica fundamental fuera las deficiencias de la estructura de gestión, que queda muy clara en el párrafo 19 del documento adjunto, en el que se dice: «Las deficiencias en la estructura de gestión propiciaron distorsiones operativas en la aplicación de las políticas». ¿Quién sabe? 
Tal vez el Presidente en funciones Santer podría haber salvado a la Comisión, si hubiera dejado antes de gestionar programas para los que no disponía de personal suficiente. 
Permítaseme examinar también otro asunto de fondo del informe original sobre la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996: el programa de reforma, que el Presidente en funciones Santer hizo suyo el 11 de enero en su programa de reforma de la Comisión. 
¿Qué ha sido de esos elementos: los códigos de conducta que pedimos, la revisión del estatuto, el nombramiento de puestos A1 y A2 para velar por que tengamos la mayor calidad en la cima de la Comisión y el informe sobre el control previo? 
Todas esas cosas parecen haber entrado en una zona opaca, porque una o dos de las resoluciones que hemos aprobado recientemente han carecido de precisión respecto de las peticiones que estamos haciendo a la Comisión. 
Me gustaría que al menos se aclararan las cosas, tal vez por la Comisaria, para que el nuevo Parlamento pueda disponer de esos documentos. 
Con vistas al futuro, quisiera sacar dos conclusiones. 
En primer lugar, por lo que se refiere a la Comisión, tenemos varias ideas que han formado parte de este proceso de reforma. 
Por fortuna, en el informe sobre la aprobación de la gestión en el ejercicio 1997, que mi amigo y colega el Sr. Brinkhorst presentará en breve, veremos presentadas varias de esas ideas. 
En segundo lugar, espero que este documento esté a disposición del nuevo Parlamento y de la Comisión en funciones y su nuevo Presidente designado, el Sr. Prodi, para que los diputados al nuevo Parlamento tengan la información que necesitan a fin de velar por que el nombramiento de Comisarios se haga de forma eficaz. 
No queremos dar la impresión a la Comisión, con toda esta aprobación de la gestión en el ejercicio 1996, de que no tenemos un alto concepto de la mayoría de sus funcionarios. 
Yo mismo lo fui. 
Conozco perfectamente la gran calidad de esas personas, pero queremos velar por que sea siempre de gran calidad. 
No debemos condenar todo el sistema por una simple manzana podrida. 
Por último, ha sido, en realidad, el Parlamento el que sobre todo ha hecho campaña sobre este proceso. 
No creo que sea el Consejo. 
Ha significado la mayoría de edad del Parlamento y en el nuevo Parlamento tendrá que demostrarse que somos capaces de asumir nuestras responsabilidades. 
Señor Presidente, está claro que las conclusiones de este informe correspondiente a 1997 son muy concretas y muy claras, a saber, el aplazamiento de la aprobación de la gestión por razones institucionales. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los colegas. 
La Comisión de Control Presupuestario quería ir más lejos. 
No quería- en relación con la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996- perder tiempo. 
No es posible. 
Debemos seguir adelante. 
Y sobre ese telón de fondo la Comisión de Control Presupuestario votó el documento que figura como anexo. 
En cierto sentido, es la historia a partir de 1996. 
También corresponde al carácter político de este informe la coalición del procedimiento de aprobación de la gestión en una perspectiva más amplia. 
Como acaba de indicar el Presidente en ejercicio del Consejo, hay varias características nuevas que se deben tener en cuenta en el futuro. 
No debemos limitarnos a criticar el pasado, debemos mirar hacia el futuro. 
Ése es el significado de ese anexo, sobre el propio procedimiento de aprobación de la gestión, sobre la información que se debe dar en el futuro. 
Hay observaciones sobre lo que ha conducido a esta situación que acaba de describir mi colega el Sr. Elles, una nueva política de personal, cuestiones relativas a las Oficinas de Asistencia Técnica, el informe de la Comisión de Expertos y también algunas directrices para la reforma de la Comisión. 
Ésa es la razón por la que el informe consta de algo más que la simple declaración de que debemos denegar la aprobación de la gestión en este momento determinado. 
Me complace mucho la observación del Presidente en ejercicio del Consejo, porque parte de este informe va orientada también hacia la nueva cooperación entre la Comisión y los Estados miembros y de los propios Estados miembros entre sí. 
Acojo con satisfacción la declaración del Consejo de que no se van a hacer oídos sordos al respecto. 
Como el Consejo ejecuta el 95 %, aproximadamente, del presupuesto, es necesario que se adopten más medidas. 
Espero que llegue un día en que, como en la Comisión de Presupuestos, trabajemos con una colaboración mucho más estrecha con el Consejo en materia de control presupuestario. 
Hay varias recomendaciones concretas a ese respecto. 
El anexo tiene tres objetivos básicos. 
Nuestro propósito es el de declarar desde el punto de vista del Parlamento cuál es la situación actual. 
Es también una relación de lo ocurrido después del procedimiento correspondiente a 1996. 
En segundo lugar, como ya ha dicho el Sr. Elles, da una indicación al nuevo Parlamento- si bien nunca debemos pretender reinar después de morir y, desde luego, no un ponente que va a abandonar el Parlamento- sobre el tipo de cuestiones que se pueden utilizar para juzgar a la nueva Comisión durante las comparecencias. 
Ése es un aspecto importante en sí mismo. 
No es vinculante, pero es una indicación. 
Por esa razón, es una contribución de la Comisión de Control Presupuestario y no será votada por el Parlamento como tal. 
En tercer lugar, queremos ser un Parlamento constructivo. 
A medida que el Parlamento adquiere más cometidos y poderes, debe ser también un socio, no sólo en la crítica, sino también en la ayuda a la Comisión para que desempeñe sus funciones independientemente, pero con rendición de cuentas. 
Así, pues, es también un elemento del programa de trabajo para la futura Comisión que esperamos se tenga en cuenta. 
Tuve la oportunidad de examinarlo con el Comisario Liikanen en una fase anterior, pero quisiera también decirlo en público. 
El papel del Tribunal de Cuentas no puede ser el de substituir a la Comisión, ni tampoco al Parlamento. 
No se deben considerar ciertas peticiones al Tribunal de Cuentas para que participe en ciertos estudios como una anulación de la responsabilidad de la Comisión y del Parlamento respecto de las medidas que adoptan. 
Pero el Tribunal de Cuentas ha desempeñado un papel muy importante y muy útil en ese proceso entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Sobre ese telón de fondo, quisiera decir, por último, que sería útil que el propio Consejo revisara sus procedimientos en cuanto a la interacción entre el Tribunal de Cuentas y los organismos nacionales. 
Oigo decir con demasiada frecuencia que los tribunales de cuentas nacionales tienen un papel diferente, que no desempeñan una función dentro del sistema comunitario. 
A medida que avanzamos hacia una nueva fase, una nueva situación en la que no se trata de la Comisión o los Estados miembros, sino de la Comisión y los Estados miembros, quisiera pedir al Presidente del Consejo que estudie esa cuestión de las actividades entre el Tribunal de Cuentas y los organismos fiscalizadores nacionales en el futuro. 
Señor Presidente, procedemos ahora a la aprobación de la gestión de las llamadas «otras instituciones». 
Así pues, empezaremos por la sección primera, que es el Parlamento y el Defensor del Pueblo. 
En cuanto al Parlamento- y al documento que se presenta -, puede llamar la atención la gran cantidad de créditos que han sido anulados. 
Ahora bien, yo quisiera indicar que ello se ha debido al retraso en el edificio D-3 de Bruselas y el IPE 4 de Estrasburgo. 
Ya que estamos analizando un año pasado, como es el año 1997, sí quisiera, para tranquilidad de todos, decir que en los siguientes años se observa una sucesiva mejora en cuanto a anulación de créditos. 
Por otro lado, puede llamar también la atención el hecho de que haya un 30 % de créditos no utilizados en cuanto a la ayuda a parlamentos democráticos de la Europa central y oriental. 
También queda claro cuáles han sido los motivos y de qué forma podemos llegar a mejorar esta situación. 
Aprovechamos también el documento de la aprobación de la gestión del año 1997 para recordar que la Comisión de Control Presupuestario debería poder contar con los medios necesarios para controlar los créditos referentes a los grupos políticos y a los gastos de secretariado de los mismos. 
Por otro lado, también- y es bueno decirlo- seguimos reclamando un reglamento sobre el estatuto jurídico de los partidos políticos en Europa. 
Con todo ello, pedimos la aprobación de la gestión para el año 1997 por lo que al Parlamento se refiere. 
En cuanto al Defensor del Pueblo, creo que aquí nos puede llamar la atención que haya una tasa de ejecución del 82, 1 %. 
Bien, no quiero decir que el motivo sea falta de personal, que dicha institución nos reclama continuamente, pero sí creo que es bueno recordar que es una institución nueva- estamos hablando, una vez más, del año 1997 -, y que cada año vemos que saca más fruto al presupuesto con que cuenta. 
La aprobación de la gestión para el Defensor del Pueblo también sería positiva. 
En cuanto al Tribuna de Justicia, aquí cabe resaltar la buena utilización que se ha hecho del sistema de alquiler-compra de los edificios anexos al Palais y, por otro lado, en cuanto a la anticipación de los 50 millones de ecus que se llevó a cabo, yo solamente resaltaría aquí algo que en su momento- el año 1997- nos preocupaba: la serie de compromisos que mantenía el Gobierno luxemburgués con el Parlamento y que no sabíamos en aquel momento si los cumpliría o no... En fin, no sabíamos qué problemas podíamos encontrarnos. 
Sin embargo, hoy, y a la vista ya de lo sucedido en el año 1997 y posteriormente, tenemos que agradecer al Gobierno luxemburgués el buen trabajo llevado a cabo. 
También propugnamos la aprobación de la gestión del Tribunal de Justicia. 
En cuanto al Tribunal de Cuentas, solamente quiero decir que la típica manifestación de insuficiencia presupuestaria se ha podido resolver favorablemente, y casi sin esfuerzo, en el año 1997 gracias a la evolución favorable del euro- del ecu, en aquel momento- respecto de la moneda luxemburguesa. 
También estamos a favor de la aprobación de la gestión del Tribunal de Cuentas. 
En cuanto al Comité de las Regiones, aquí cabría señalar que se deben mejorar las previsiones presupuestarias y, sobre todo, tener muy en cuenta las programaciones aleatorias que se hacen de actividades, pues ello nos fuerza continuamente a importantes transferencias. 
Con todo ello, también estamos a favor de la aprobación de la gestión del Comité de las Regiones. 
Y ahora viene el Comité Económico y Social, que es el único punto en que tenemos un problema: como ustedes bien saben, está pendiente todavía la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social, ya que se está esperando un informe de la UCLAF. 
Entonces, pues, condicionamos el resultado de la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social al resultado del informe que la UCLAF- la unidad antifraude- debe elaborar sobre dicha institución. 
Por tanto, proponemos posponer la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social. 
A mí, de todas formas, no me gustaría terminar- ya que es un debate conjunto- sin decir que, en cuanto a la gestión de 1996, mi delegación- mi delegación y yo mismo- fijamos ya nuestra posición, y que, en estos momentos en que la Comisión ha dimitido, creemos que no por ello se deberían olvidar los compromisos del Sr. Santer, que tendrían que ser asumidos por el nuevo Presidente Prodi. 
Señor Presidente, voy a hablar de las cuentas de la CECA y me gustaría mencionar que se han transformado en una historia de éxitos. 
Cuando me hice cargo de la contabilidad, teníamos muchísimos problemas. 
Nos vimos repletos de las historias acostumbradas. 
¿Quién no recuerda el caso de la indemnización de intereses que estuvo circulando durante diez años y que no pudimos liquidar por culpa de esta tardanza? 
Había montones de fraudes, hubo un caso de compra de pisos cuando la Comisión se instaló en unos elegantes edificios de París. 
En resumidas cuentas, había una gran confusión y todo era caos y desbarajuste. 
Nos ocupamos de los casos y los solucionamos. 
Me gustaría añadir que hoy los miembros de la comisión hemos decidido otorgar gustosamente la aprobación de la gestión en este campo. 
Al volver la vista atrás, pienso por ejemplo en cómo quizá impedimos la pérdida de una suma enorme de miles de millones con motivo de la construcción del túnel entre Francia e Inglaterra. 
Todo parece estar en su sitio y por eso hablo de una historia de éxitos. 
En Dinamarca surgió un caso relativo al puente del Gran Belt, para el cual se había concedido un préstamo un poco grande. 
Se trataba de un par de miles de millones con los que se podía jugar, sin embargo, también se solucionó este asunto. 
Todo gracias a una buena colaboración y al hecho de poder tener acceso a las informaciones y tratar con un comisario excepcional. 
Me gustaría elogiar al Sr. Liikanen. 
Siempre que ha habido un problema, hemos recurrido a él y siempre hemos logrado resolver los problemas. 
Por tanto, puede decirse que ha habido una colaboración positiva en lo referido a las cuentas de la Unión del Carbón y del Acero. 
Sin embargo, han surgido problemas en otro ámbito, la capacidad de financiación y la necesidad neta de financiación en Europa, temas de los que me he ocupado dentro del informe del Sr. Brinkhorst. 
Aquí nos encontramos con algunos testarudos que nos menosprecian cuando hablan con nosotros- evitaré mencionar el nombre del Sr. Presidente del Banco de Inversiones Europeo. 
Año tras año hemos indicado nuestro deseo de tener derecho a intervenir en las cuentas del banco. 
«No es asunto vuestro» , dice, «tenemos algunos pequeños accionistas privados y en atención a ellos, no podéis entrar aquí, aparte de que todo está en orden». 
En mi condición de ponente, he recibido un papel en el que de hecho se refleja la pérdida de miles de millones en inversiones erróneas y que este dinero se halla oculto en las cuentas o ha sido encubierto. 
No podemos aceptarlo. 
En cualquier caso esto ha provocado que recomiende no otorgar la aprobación de la gestión para 1997. 
¡Estamos ya muy cansados de los bulos propagados por aquellos que están ocultando todas estas cosas a los contribuyentes europeos! 
¡Sencillamente no lo vamos a tolerar! 
El pasado año tuvimos problemas con la contabilidad. 
Me negué a otorgar la aprobación. 
La comisión me respaldó. 
Alcanzamos un acuerdo que incluía que fuese la Comisión la que interviniera para despejar el camino para que pudiéramos alcanzar una solución razonable y controlar el dinero de los contribuyentes. 
Somos nosotros los que tenemos más del 80 % del dinero de las diversas instituciones en el Fondo Europeo de Inversiones. 
¿Qué hacen cuando hemos concedido la aprobación? 
«Engañan en el peso» y escurren el bulto del acuerdo, a pesar de sólo Dios sabe cuántos encuentros y reuniones y cuánto tiempo hemos empleado en poner esta situación en orden. 
¡Ya está bien! 
Permítannos envíarle una señal clarísima desde esta Asamblea al Sr. Unwin: ¡No queremos oír ningún bulo más sobre que todo está perfecto! 
¡Vamos a poner todo en orden! 
Queremos saber cómo pueden desaparecer 4-5.000 millones de coronas danesas de las cuentas. 
Es un escándalo que traspasa todas las fronteras. 
Bien pudiera ser que el dinero no se ha perdido como dicen porque puede volver a entrar al no haberse vendido las obligaciones. 
¡No nos apetece oír este tipo de historias! 
¡Sencillamente tenemos que decir claramente que todo se acabó! 
No obtendrán la aprobación de la gestión y si no hay una auditoría, en la que podamos intervenir y controlar el dinero de la Comunidad, demos por terminada nuestra colaboración con ellos. 
No está bien que debamos pagar todos sus juegos y que luego sigan jugando con el superávit. 
No queremos ver más ejemplos de cómo se colocan compras a base de obligaciones y muchas otras cosas en diversos lugares con diversos amigos muy por debajo de lo que se puede conseguir en casa. 
Realmente es un escándalo. 
Cuando la Comisión caiga no dentro de mucho, como fue el caso, estas personas deberían haber sido arrojadas lo más lejos posible para que nunca puedan tener oportunidad de regresar. 
Aquí necesitamos una Comisión con capacidad de acción que pueda intervenir y controlar y personas a las que les guste colaborar, igual que colaboró el Sr. Liikanen, para poner orden. 
Por último, me gustaría añadir que casi se me saltaron las lágrimas cuando escuché al Consejo mencionar todo lo que quería obtener. 
Sin embargo, por qué cerráis las cuentas cada año y decís que otorgáis la aprobación. 
Nunca habéis echado mano del freno. 
Creo que el Consejo debería examinar todas estas cosas más detenidamente y que la nueva Comisión debe ocuparse de estas cuestiones. 
Realmente hay que ocuparse de ello. 
Señor Presidente, ésta es la decimoquinta vez que he preparado las aprobaciones de la gestión, primero sobre las agencias de Dublín y Berlín y ahora de Salónica. 
Debo reconocer que no todos los debates han sido tan apasionantes y estimulantes como éste. 
Sin embargo, estas dos agencias de la primera generación son un buen ejemplo de cómo puede el Parlamento ejercer el control. 
La Comisión de Control Presupuestario cuenta con una gran ayuda del Tribunal de Cuentas y quisiera agradecerle sus dos informes especiales sobre estas dos agencias. 
También quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo, que últimamente- y recalco lo de últimamente, porque no fue así en los primeros tiempos- ha estado formulando recomendaciones ponderadas al Parlamento para que conceda la aprobación de la gestión. 
También hemos de reconocer que esas agencias son pequeñas y, por tanto, más fáciles de controlar, pero la cooperación en materia de control da resultado realmente. 
Las agencias, lejos de sentirse contrariadas por el control, acogen con beneplácito la participación del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, sería útil que las agencias de la segunda generación recibieran el mismo trato. 
Una vez más hago un llamamiento al Consejo, porque el Parlamento, junto con la Comisión, ha presentado enmiendas ponderadas de los estatutos, que equipararán la situación de las nuevas agencias con la de las antiguas. 
Los informes no son largos, porque carece de sentido encontrar faltas donde no las hay. 
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo subscribió un memorando de entendimiento con la Agencia de Salud y Seguridad para evitar la duplicación de funciones, porque una de las cosas en que insiste el Parlamento es la de que no debe haber duplicación de funciones en la labor de esas agencias. 
Acojo con beneplácito sus intentos de reducir los gastos de las misiones. 
Resulta bastante gracioso, porque, si Sus Señorías retroceden un año o dos, verán que el Tribunal de Cuentas criticaba a los funcionarios de Dublín que utilizaban los fines de semana como parte de su misión: evidentemente, les gusta hacer un viaje a su país al mismo tiempo. 
Pero ahora quiere que los miembros de las agencias utilicen billetes especiales «pex» , que sólo son válidos para fines de semana, porque debe quedar incluido un sábado por la noche. 
Se trata de un simple cambio de opinión dentro del Tribunal. 
Tengo mucho gusto en recomendar la aprobación de la gestión de la Fundación Europea de Dublín. 
Ahora paso al CEDEFOP, que por fin se ha repuesto del trágico traslado de Berlín a Salónica. 
No ataco a Salónica en modo alguno: el caso es que, si el Consejo consulta las actas, verá que el primer error fue el de destinar el CEDEFOP a Salónica y los pobres Parlamento y Comisión han estado intentando deshacer el entuerto. 
Sin embargo, el nuevo edificio estará listo en julio. 
Les deseo lo mejor en su nuevo edificio. 
Veo que ya se han aplicado adecuadamente las diversas disposiciones relativas a la plantilla y tengo entendido que, de toda la plantilla del Centro, sólo quedan vacantes dos puestos de la categoría A. No vacilo lo más mínimo en recomendar la aprobación de la gestión también para el CEDEFOP. 
Señor Presidente, espero con interés el día- y no creo que esté demasiado lejano- en que el Tribunal de Cuentas pueda dar a esas dos agencias un certificado de garantía por «no meterse en líos» , por decirlo así, y por obtener buenos informes del Tribunal. 
Señor Presidente, este Parlamento pasará a la historia no tanto por ser el Parlamento que motivó la dimisión colectiva de la Comisión cuanto por haber sido el Parlamento causante de los cambios estructurales ya en curso en la organización y funcionamiento de la Comisión, órgano institucional por excelencia para el impulso de la integración europea. 
En la propuesta de resolución que mañana tendrán ustedes que votar, Señorías, se adjunta un documento de trabajo que enumera los puntos que necesitan aclaración por parte de la Comisión, para que el Parlamento resultante de las elecciones pueda proceder a la aprobación de la gestión correspondiente a 1997. 
Ese documento de trabajo, Señorías, es un legado de este Parlamento al nuevo Parlamento. 
Y quisiera referirme a uno de los puntos incluidos en ese documento de trabajo y que hace referencia al famoso Reglamento 3245/82, un reglamento fantasma, en el sentido de que se votó, entró en vigor, se publicó en el diario de las Comunidades, pero nunca se aplicó. 
Este Reglamento preveía la creación de una oficina de colaboración europea que asumiría la labor de una fundación belga de derecho privado. 
Nunca se aplicó, y aunque nunca se aplicó, durante años se citaba en los presupuestos comunitarios como base legal para poder asignar partidas del presupuesto comunitario a la financiación de las actividades de la mencionada fundación belga de derecho privado. 
Me alientan, en consecuencia, el deseo y la esperanza- la certeza, diría- de que con los cambios estructurales ya en curso en la organización y funcionamiento de la Comisión, será fácil para el próximo Parlamento- que contará con el apoyo de la Comisión y no tendrá que enfrentarse a lo que nos hemos enfrentado nosotros los últimos tres años- recibir explicaciones y encontrar soluciones. 
Hago votos por ello. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la Comisión de Desarrollo y Cooperación debe aprobar año a año la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo pero no tiene influjo alguno sobre la manera en que se utiliza este Fondo, porque hasta ahora no ha sido presupuestado. 
Los gobiernos han manifestado una y otra vez, antes de asumir la Presidencia del Consejo, que podrían ver con buenos ojos la presupuestación. 
Pero más tarde se encontraban numerosas razones para desechar esta decisión. 
En concreto, la Comisión de Desarrollo y Cooperación, ha criticado en el presupuesto de 1997 el hecho de que cantidades grandes se traspasen de un Fondo de Desarrollo al próximo. 
Por esta razón, se sugiere una simplificación de la administración de los recursos. 
En el caso de los recursos para la cofinanciación la Comisión critica que la realización de proyectos concretos dura demasiado tiempo y que, sobre todo, el flujo de los recursos acarrea con frecuencia grandes problemas para las organizaciones no gubernamentales. 
El Tribunal de Cuentas y la Comisión de Desarrollo abrigan una cierta preocupación acerca de si estas las nuevas estructuras que introduce ahora la Comisión se acreditarán como apropiadas en este contexto. 
Por esta razón, la Comisión de Desarrollo y Cooperación demanda que en marzo del próximo año se rinda ante esta comisión un informe acerca de las experiencias habidas con las nuevas estructuras. 
La Comisión mantiene la posición de que a las deficiencias de procedimiento criticadas por el Tribunal de Cuentas se puede poner coto estableciendo un grado mínimo de competencia, sobre todo, en los procedimientos de los concursos públicos y en los procedimientos de adjudicación. 
No obstante, la Comisión está de acuerdo con la concesión de la aprobación de la gestión del Fondo de Desarrollo en 1997. 
La cooperación al desarrollo no se cuenta entre los ámbitos que nuestros electores consideran inmediatamente prioritarios para la política europea. 
De ahí que estemos tanto más obligados a una aplicación transparente y comprensible de los recursos financieros. 
Señor Presidente, en mi calidad de coordinador del Grupo Socialista, quiero referirme en mis observaciones a tres de los informes que tenemos hoy ante nosotros. 
Comenzaré con la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996. 
Mi Grupo no ve razón alguna para no conceder la aprobación de la gestión correspondiente al presupuesto de 1996. 
Durante el proceso de aprobación de la gestión y a la luz del informe del Tribunal de Cuentas, formulamos una serie de preguntas muy inquisitivas a la Comisión. 
Estoy seguro de que los diputados aquí presentes saben que la Comisión aportó una serie de respuestas a dichas preguntas que, para mi Grupo, fueron suficientemente satisfactorias como para que le concediésemos la aprobación de la gestión. 
Se dieron respuestas a las cinco preguntas formuladas. 
He de decir que, por nuestra parte, creemos que el ponente está haciendo politiqueo partidista con toda la cuestión de la aprobación de la gestión en el ejercicio 1996. 
Ha costado mucho persuadir al ponente para que presente un informe en el que se cierren las cuentas correspondientes a 1996 para que podamos pasar a la aprobación de la gestión correspondiente a 1997. 
No estamos de acuerdo con la redacción del párrafo 1 y deseamos suprimir la palabra «definitivo» de ese párrafo, porque en el Parlamento no se ha celebrado en ningún momento una votación sobre la cuestión de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996, recomendada por la Comisión de Control Presupuestario a esta Asamblea. 
Se retiró el informe y se devolvió a comisión en vista de que se produjeron otros acontecimientos. 
Si no se celebró votación alguna, no podemos contar con un informe definitivo. 
Si algo positivo ha resultado del informe correspondiente a 1996, ha sido el acceso que la Comisión de Control Presupuestario ha tenido a las personas y los documentos. 
Para que sigamos siendo una Comisión de Control Presupuestario eficaz, esto debe continuar sin trabas. 
Permítaseme pasar- lo que resulta más agradable- a mi segunda serie de observaciones sobre el presupuesto de 1997. 
Mi Grupo apoyará el informe presentado por el Sr. Brinkhorst, el ponente, para aplazar la aprobación de la gestión. 
Estamos totalmente de acuerdo con la razón para el aplazamiento: la de que no hay una Comisión en ejercicio para que reciba la aprobación de la gestión. 
En la comisión, hemos celebrado una larga serie de debates sobre las cuestiones de fondo que queremos que las DG y la nueva Comisión aborden y que se reflejan en el documento de trabajo. 
Quisiera felicitar al Sr. Brinkhorst por la detallada labor que ha llevado a cabo. 
Espero que, cuando la Comisión acuda de nuevo ante el Parlamento, acepte y utilice como plan de trabajo esas preguntas formuladas en el documento de trabajo, en particular sobre las políticas en materia de plantilla, sobre las Oficinas de Asistencia Técnica y Leonardo y la forma como se gestionan PHARE y TACIS. 
Es algo que reviste importancia decisiva para que este Parlamento funcione. 
Sobre la observación formulada por el Sr. Brinkhorst respecto de la cuestión de las agencias descentralizadas- a la que también se ha referido el Sr. Kellett-Bowman -, es esencial que el Consejo aborde esa cuestión, sobre la que el Parlamento y la Comisión están de acuerdo. 
Con esto paso al informe del Sr. Kellett-Bowman. 
Una vez más, mi amigo- y me gustaría decir «colega» -ha preparado dos informes excelentes sobre las agencias de Dublín y Salónica. 
Dice que ha preparado 15 informes en su período parlamentario. 
Éste puede ser el último informe que el Sr. Kellet-Bowman prepare sobre las agencias descentralizadas. 
Deseo hacer constar públicamente el altísimo concepto en que lo tengo como coponente en la Comisión de Presupuestos en relación con las agencias satélites. 
Me ha enseñado y ha sido un colega excelente, muy reflexivo, crítico y preciso. 
Como último homenaje a su labor, me gustaría que ahora el Consejo, como reconocimiento de la labor que ha llevado a cabo, acordara los cambios en los estatutos para las agencias de la segunda generación: cambios en la cuestión de los recursos propios, en el control financiero y en la aprobación de la gestión que permitan al Parlamento desempeñar sus cometidos adecuadamente. 
Que sea un último testimonio de su labor. 
Señor Presidente, en la noche de hoy hemos de realizar un verdadero maratón de debates sobre informes de aprobación de la gestión. 
En el orden del día figuran seis informes. 
No voy a comentar todos, pero me voy a referir al primero, es decir, al informe del Sr. Elles; en realidad no es un informe de aprobación de la gestión pues propone cerrar las cuentas de 1996 y creo que esto es acertado. 
Tenemos que encontrar una cancelación; pero también soy de la opinión de que aquí no se concedió la aprobación de la gestión, pues si vemos el resultado de la votación de diciembre, estaba claro que los puntos anteriores que motivaban el acuerdo, que había sido declarado como informe positivo por la Comisión de Control Presupuestario, fueron rechazados por el Pleno. 
Esto significa que no se otorgó ninguna aprobación de la gestión. 
Nuestro Reglamento estaba equivocado. 
Hoy ha sido modificado. 
Estas cosas no deben volver a suceder. 
Tenemos un ejemplo de una denegación de la aprobación de la gestión: éste fue el presupuesto de 1982, en el cual las cuentas se cerraron luego, en 1985. 
Deberíamos proceder aquí de esa manera; pero deberíamos pensar también en todas las consecuencias que se han seguido en el terreno político. 
Por esta razón, desde el punto de vista político hoy carece de sentido volver de nuevo sobre una aprobación de la gestión, pues entretanto ya no tenemos una Comisión gobernando. 
Ha dimitido. 
No obstante, no se va a condenar todo lo que la Comisión haya hecho y nosotros tampoco lo queremos. 
Tampoco hemos supuesto jamás que los Comisarios se hayan hecho culpables de alguna acción directamente criminal. 
No, pero hemos afirmado que las estructuras han de ser construidas de nuevo y es preciso configurar nuevas cosas por medio de reformas que nos pongan en buena forma en la Unión Europea para el próximo milenio. 
En este sentido, esta crisis, que comenzó con la aprobación o no aprobación de la gestión para 1996 y de la continuación para 1997, respecto de la cual tampoco recomendamos ninguna aprobación de la gestión en esta semana sino un aplazamiento de la aprobación de la gestión, ha sido una crisis necesaria para extraer de aquí los planteamientos positivos que nos gustaría haber hecho llegar todavía, señor Liikanen, a esta Comisión. 
Pero las cosas no han sido así. 
Todos sabemos lo que ha sucedido. 
En ambos informes, en el informe del Sr. Elles, y aquí incluyo también a nuestro ponente, el Sr. Brinkhorst, para 1997, hay que tener en cuenta realmente dos cosas: no hemos votado sobre condiciones para la concesión de la aprobación de la gestión, hemos añadido documentos de trabajo; este es un procedimiento inusual, pero creo que ha sido acertado y aquí se ha dicho lo que vamos a hacer llegar como sugerencias, y también como exigencias, a la próxima Comisión. 
Espero que el nuevo Parlamento y la nueva Comisión puedan hacer uso de ellas. 
Permítanme todavía unas palabras a nuestro ponente, el Sr. Fabra Valles. Ha presentado un informe muy exacto para las demás instituciones. 
Sin embargo, y aquí me apoya también el ponente, creo que en nuestra propia Asamblea controlamos también y procedemos tan rigurosamente como lo hemos hecho con la Comisión. 
Por esta razón, el Consejo y la Comisión, pero también el Parlamento, deben tener en cuenta lo que hemos decidido en el Informe Tatsos, por ejemplo, en relación con la financiación de los partidos, y debemos proceder de igual manera en la provisión de plazas y en los ascensos. 
Esto debemos hacerlo en atención a todos. 
Muchas gracias, señor Presidente, por haberme concedido el uso de la palabra y quiero dar las gracias también a los demás ponentes, cuyos informes discurren sin tropiezo. 
Quisiera agradecer a los ponentes el buen trabajo que han realizado. 
En cuatro de los informes se recomienda la aprobación de gestiones, en uno el aplazamiento y en el sexto informe se aboga por el rechazo de la gestión. 
El procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria se ha convertido durante este último ejercicio en un acción política de gran importancia. 
Esto es precisamente lo que ocurrió durante el otoño y el invierno del pasado año con ocasión de la gestión del ejercicio de 1996. 
La Comisión presentó su dimisión a raíz del procedimiento de dicha gestión. 
A pesar de que se ha logrado introducir numerosas mejoras, aclaraciones y soluciones positivas en este proceso, se corre el peligro de que el procedimiento de aprobación de la gestión y de las distintas cuestiones pueda llegar a ser demasiado amplio, ya que, de acuerdo con la regulación fundamental de la UE, corresponde al Parlamento aprobar la gestión presupuestaria. 
Se presupone que debemos hacer todo lo posible para conceder dicha aprobación, eliminando previamente todos los obstáculos que pudieran existir. 
Así pues, la aprobación de la gestión es el objetivo que se persigue. 
Sin embargo, creo que considerar la aprobación de la gestión como si se tratara de una moción de confianza de la Comisión constituye una interpretación demasiado amplia de dicho procedimiento que debemos evitar por dos motivos distintos. 
Aun si se concede la aprobación de la gestión con arreglo a la normativa presupuestaria, el Parlamento debe poder intervenir en todo momento, si así es su deseo, en los trabajos de la Comisión. 
La aprobación de la gestión presupuestaria no ha de ser un obstáculo a la hora de intervenir. 
En segundo lugar, nos encontramos en la actualidad con que se nos empiezan a amontonar ya los procedimientos de aprobación de la gestión correspondientes a varios ejercicios presupuestarios. 
Una buena administración requiere claridad y un planteamiento sistemático también por lo que respecta al Parlamento. 
Las decisiones sobre la aprobación de la gestión no han de representar una carga demasiado pesada y gravosa para el Parlamento, no podemos llegar a una situación en la que no nos atrevamos a aprobar la gestión presupuestaria. 
Además de estas observaciones, me gustaría señalar que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas respalda el informe del Sr. Brinkhorst en su formulación actual, sin modificaciones. 
Señor Presidente, queridos colegas, con el examen del informe de nuestro colega Brinkhorst sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1997, nuestra intención no es hurgar en las graves heridas que han devastado a la Comisión estos últimos años forzándola a dimitir. 
Nos encontramos ahora al final de un proceso agitado y tumultuoso, a lo largo del cual la Comisión ha empañado su imagen y perdido el crédito. 
Sin embargo hay que seguir adelante. 
Seguir adelante significa mirar al futuro y hacerse una idea apropiada de la tarea a realizar para que ahí donde haya habido fracaso, derrota y torpeza, haya mañana éxito, transparencia y confianza. 
No se trataría de conceder hoy la aprobación de la gestión a la Comisión, en contra de lo que el Consejo ha hecho obrando con ligereza y despreocupación, puesto que, como tan bien ha explicado Laurens Jan Brinkhorst, no se debería conceder la aprobación de la gestión a una Comisión dimisionaria que ya no está cualificada para asumir compromisos sobre orientaciones futuras frente al Parlamento europeo. 
El aplazamiento constituye pues, la solución más justa técnicamente, solución que tiene un valor político de gesto de apaciguamiento hacia la nueva Comisión sin excluir en ningún caso la más estricta vigilancia y una cierta firmeza. 
El mensaje de futuro que quisiéramos dirigir a la nueva Comisión que se va a constituir consiste en decir al mismo tiempo lo que ya no queremos a ningún precio y lo que queremos a toda costa. 
Lo que ya no queremos es una Comisión débil, políticamente inexistente, incapaz de controlar y de gestionar su burocracia, en la que los Comisarios se transforman en pastorcillos que siguen al rebaño y en la que incluso algunos funcionarios, como si fueran directores de una agencia un tanto peculiar, se muestran como verdaderos tiranos de oficina imponiendo su voluntad y deseos a sus comisarios, manifestando estos, por otra parte su ignorancia y desinterés en la materia, incluso cuando se trata de ejecutar una enmienda al presupuesto comunitario votada por el Parlamento europeo, que no plantea ninguna dificultad presupuestaria, no más desde luego que cualquier problema de base legal a la hora de la ejecución. 
Eso era esta Comisión cesante, de la que nosotros somos sus entristecidos testigos. 
Eso es lo que ya no queremos. 
Recuerdo, y he releído por cierto su discurso, que, con motivo de su investidura ante esta misma Asamblea en enero de 1995, el Presidente Santer se había comprometido a instaurar una verdadera cultura de gestión financiera. 
Hoy, a la luz de los acontecimientos que hemos vivido, sería demasiado fácil mostrarse irónico. 
Es obligado decir que no se ha hecho nada. 
Las únicas reacciones de la Comisión han consistido en adoptar a posteriori algunas medidas tendentes a cerrar las brechas y calmar al Parlamento, pero no se ha pensado, concebido o pergeñado nada. 
No ha habido reformas, limitandose la Comisión a hacer promesas, prefiriendo así la retórica a la acción. 
A decir verdad, la Comisión ha sabido detectar la inquietud por la mala gestión financiera de las políticas de la Unión Europea, pero no ha sabido proponer soluciones que se tradujeran en acciones concretas. 
Los ejemplos de SEM 2000 y de la instalación del nuevo sistema ROLEX para gestionar todos los contratos exteriores son muy ilustrativos. 
Otro ejemplo de ineficacia, esta vez en materia de tránsito comunitario, es el sistema informático de los procedimientos de tránsito, que fue adoptado con mucho retraso. 
Finalmente un último ejemplo, entre otros muchos, es el de las oficinas de asistencia técnica que, como todo el mundo sabe, han causado muchos problemas estos últimos años. 
Porque, a pesar de la insistencia del Parlamento europeo, la Comisión seguiría confiando al BAT la preparación de las licitaciones y de las plicas seleccionadas. 
La Comisión no decidiría los proyectos que habían de ser seleccionados, sino que ratificaría la lista elaborada por los consultores privados. 
Esto es, en pocas palabras, lo que ya no queremos. 
Por contra, lo que queremos es una Comisión plenamente responsable de sus actos y de sus decisiones, transparente en el diálogo institucional y que asuma sus funciones de control de las políticas operativas que los servicios se encargan de ejecutar. 
Desde que el Tribunal de Cuentas comenzó a elaborar la declaración de control relativa a la ejecución del presupuesto de la Unión Europea, ésta es negativa. 
Lo que nosotros pedimos con convicción es que con una nueva Comisión políticamente consistente y responsable, el Tribunal de Cuentas pueda elaborar por fin una declaración de control positiva. 
Señor Presidente, queridos colegas, como todos sabemos, no se debe hacer leña del árbol caído. 
Esperemos que la nueva Comisión sea capaz de aprender la lección de los acontecimientos que hemos vivido para que gestione bien su mandato y que el fracaso de hoy despeje el camino hacia el éxito del mañana. 
Aguardamos con determinación a Romano Prodi, con la esperanza de que de algo malo pueda nacer algo bueno. 
Señor Presidente, dos notas breves, en primer lugar, en cuanto a la concesión a la Comisión y al Comité Económico y Social de la aprobación de la gestión en el ejercicio 1997. 
Como considero natural que se transfieran a la próxima legislatura, permítaseme, entretanto, que intervenga, como ponente para la concesión de la aprobación de la gestión al Comité Económico y Social relativa al ejercicio de 1996, para afirmar que no se le podrá conceder sin que antes se pronuncie la UCLAF sobre las irregularidades en ella detectadas. 
No dudamos que se hayan adoptado medidas con vistas a su corrección e incluso con vistas a la modificación de algunos métodos de trabajo, pero eso no justifica que se deje de lado la intervención de la UCLAF. 
Intervención que el Parlamento, en su momento, consideró condición indispensable para la concesión de la aprobación de la gestión y que, por lo demás, también el propio Consejo, según reiteró recientemente, consideraba igualmente necesaria. 
Y, como la concesión de la aprobación de la gestión de 1996 no está concluida, la de 1997 sufre también retrasos, naturalmente. 
En cuanto al proceso de aprobación de la gestión relativa a 1996 y a la Comisión, no me extenderé, ya que considero que los hechos y las responsabilidades que cada cual ha reconocido hablan por sí solos. 
En cuanto a lo demás, la historia parlamentaria hará el resto. 
Pero, aun así, quiero señalar mi insatisfacción por la solución final que algunos insisten en propugnar para concluir el proceso, ya que me parece completamente discordante con los hechos y con la transcendencia que cobraron. 
Señor Presidente, me concentraré en el informe del Sr. Elles sobre las cuentas de 1996. 
En nuestro Grupo está claro que no podemos aprobar la gestión de la Comisión ya que todavía existen algunos casos sin explicar y respecto de los cuales el Grupo V ha presentado tres enmiendas. 
Hay una cantidad de alrededor de 40.000 euros que ha sido pagada a un investigador contraviniendo las reglas de la Comisión, cosa que obviamente debe aclararse. 
Por tanto, las deficiencias existentes en las cuentas de la Comisión deberán aclararse antes de aprobar la gestión. 
Por eso hemos presentado la enmienda 1, en la que, en cambio, decimos: «tomamos nota de los siguientes datos presentados por la Comisión con el objeto de cerrar las cuentas del año presupuestario de 1996». 
Sin embargo, no podemos cerrar las cuentas. 
Estoy sorprendido de ver que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda para que se elimine el punto 1 del Informe Elles, que es el importante, es decir, en el que recordamos nuestra decisión final de no aprobar la gestión de la Comisión del año 1996. 
En relación con el Informe Brinkhorst existe el mismo fenómeno, es decir, que nos falta mucha información de parte de la Comisión para poder aprobar la gestión. 
El Grupo V también ha presentado una serie de enmiendas en relación con este informe. 
Señor Presidente, en Italia desde la posguerra en adelante se ha desarrollado una práctica deletérea que ha hecho que incluso los juristas más insignes justifiquen la diferencia entre la Constitución material y la Constitución formal. 
Se dice, según una concepción que tiene su origen en la cultura del Partido Comunista, en una reflexión de la izquierda sociológica, que, aunque existan textos escritos, estos pueden modificarse si así lo quiere la mayoría o un grupo dominante de la opinión pública o de las fuerzas políticas. 
Por lo tanto, es lo mismo: se puede arrasar con todos los textos escritos porque, de todos modos, existe la Constitución material que se antepone a la formal. 
En los países de derecho anglosajón, en los cuales no existe una Constitución, me parece que el rule of law es el principio cardinal que rige esos países mejor, más aún, mucho mejor y que los ha defendido contra este tipo de visión, según la cual en un momento dado la mayoría puede decidir todo lo que quiere: existen las leyes y los textos, sin embargo, no importa, se puede decir lo contrario, es suficiente que lo quiera la mayoría. 
Ésta es precisamente la tesis que en muchos países ha llevado al totalitarismo, a la intolerancia, a las «democracias populares». 
La defensa de los liberales, de aquellos que siempre han reconocido en el rule of law el eje de su acción política, siempre se ha basado en el principio de que no se podían poner objeciones a los textos. 
Ahora bien, en nuestros textos reglamentarios, sin perjuicio de la modificación del Reglamento que vamos a votar mañana, la forma en que se regula el procedimiento de aprobación del presupuesto es escrita, está allí, negro sobre blanco. Se puede estar en desacuerdo, pero no hay vuelta de hoja, ya que si un texto se presenta en el Pleno y se rechaza la propuesta con la cual se ha acordado dicho texto, la propuesta se devuelve a comisión. 
Pues bien, es muy grave que el último acto de este Parlamento sea la votación de un texto que dice algo que es falso, o sea, afirma- desde una instancia, repito, de la que se espera el respeto del rule of law- que nosotros, después de haber devuelto a comisión, esto es, rechazado la propuesta del Sr. Elles, ponente sobre la aprobación de la gestión de 1996, o sea, la propuesta de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión- mientras que lo que en realidad se quería decir era que el Parlamento Europeo no aprobaba la gestión- que nosotros, repito, después de haber rechazado esa propuesta, hayamos ido a comisión y hoy se vote un texto que dice exactamente una mentira. 
Que luego, políticamente, se hayan producido las dimisiones y que, en consecuencia, haya, si queremos decirlo así, prevalecido la mayoría sobre la forma, es un discurso totalmente diferente. 
Yo lucharé y votaré en contra del hecho de que se afirme algo que simplemente no ha ocurrido. 
Señor Presidente, con el nuevo Informe Elles llegamos al final de un procedimiento de aprobación de la gestión elaborado a base de sobresaltos. 
Es importante que se haga con claridad, esto es, que no se olvide el transcurso cronológico de los hechos. 
Hace más de un año, el 31 de marzo de 1998, el Parlamento Europeo decidía elaborar un informe sobre la concesión de la aprobación de la gestión a la Comisión para el ejercicio de 1996. 
A principios del mes de diciembre, siguiendo- hay que recordar- la posición del Grupo Socialista, la Comisión de Control Presupuestario decidía sin embargo recomendar al Pleno la concesión de la aprobación de la gestión a la Comisión. 
El 17 de diciembre de 1998, afortunadamente la mayoría de nuestra Asamblea hacía gala de buen criterio rechazando la concesión de la aprobación de la gestión. 
Entonces nosotros propusimos inmediatamente exigir las responsabilidades pertinentes, dada la gravedad de las irregularidades y los ejemplos de mala gestión. 
Planteamos la presentación de una moción de censura. 
Ello se llevó a cabo el 11 de enero por 70 diputados pertenecientes a todos los grupos políticos, quienes soportaron entonces condenas de toda índole, especialmente por parte del Presidente del Grupo Socialista. 
Sin embargo 232 diputados decidieron ser fieles a su palabra, pronunciándose a favor de la censura a la Comisión. 
Sufrieron entonces una maniobra destinada a desviar su veredicto, mediante la creación de un comité de «sabios». 
El Comité evidentemente confirmó lo que la mayoría de los diputados pensaba. 
No podemos por menos que felicitarnos por la propuesta de hoy de nuestro amigo James Elles, que exige aclarar de manera definitiva la situación, rechazando definitivamente el descargo al aceptar las cuentas. 
Esperamos que el Parlamento siga el ejemplo y actúe con claridad. 
Señor Presidente, quisiera decir algunas cosas sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión respecto de 1997, en relación también a lo que acabamos de discutir, es decir, a que en el ámbito de la OLAF hemos encontrado una base entre las instituciones que, evidentemente, documenta en gran medida una voluntad política de cooperación. 
Sobre esta aprobación de la gestión, sobre este informe de nuestro colega, el Sr. Brinkhorst, hemos elaborado también algunos documentos específicos. 
Debo decirles que estoy un tanto irritado por el hecho de que no hemos recibido, en absoluto, ninguna reacción de la actual Comisión a documentos que dentro de poco van a tener tres meses. 
Sé que desde hace algún tiempo esta Comisión no es más que una Comisión en ejercicio. 
Sin embargo, supongo que quizá algunos Comisarios deseen pertenecer también a la próxima Comisión. 
Creo que bajo el aspecto de la razón política sería muy importante comprender que con el Parlamento no se puede jugar así. 
Nosotros no esperamos siempre resultados de investigación hasta el último detalle pero todavía tenemos ante nosotros viejas cargas. 
La presidenta de la Comisión de Control presupuestario, la Sra. Theato, ha comentado que tenemos que tolerar todavía que los casos que se nos han presentado sobre implicaciones de funcionarios en historias de fraude no se nos hayan expuesto hasta ahora en una forma en que los podamos entender. 
En relación con el caso ECHO hemos de suponer más bien que este caso pudo tener dimensiones todavía mayores, pero sobre los acontecimientos que se refieren a 1997- pues nos estamos refiriendo aquí al ejercicio presupuestario de 1997- no existe información alguna. 
Lo mismo cabe decir también respecto de los puntos que hemos mencionado en el ámbito de la agricultura y sobre los que están trabajando también otros diversos colegas. 
En relación con la nueva autoridad contra el fraude hemos realizado grandes esfuerzos. 
Naturalmente, hemos trabajado un poco con una presión amigable, sobre todo, por parte de la Presidencia del Consejo y de nuestra Asamblea, para que la Comisión comprenda de una vez que no puede negar, sin más, las cosas que están sobre la mesa. 
De lo contrario tendremos que solucionar estas cosas en una ronda diferente a ésta de aquí, y ésta sería ya la opinión pública europea. 
No deseo amenazar a nadie, pero debemos decir con toda claridad que es lo que esperamos, como Parlamento, de la obligación de rendir cuentas de esta Comisión, sobre todo también, en el caso de que alguien quisiera encontrarse de nuevo en la próxima Comisión. 
Señor Presidente, el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997 y el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997 han introducido movimiento en la cooperación entre las instituciones y también en el ámbito del control presupuestario, hasta ahora sólo lo teníamos en el ámbito del presupuesto. 
Ya entonces, en diciembre, en el debate sobre la aprobación de la gestión para 1996, afirmé ya que realmente estoy sorprendido de la arrogancia que se refleja en los Tratados, de que no hayamos previsto el caso de la denegación de la aprobación de la gestión. 
La Sra. Theato se ha referido ya a esto y la Comisión de Reglamento de esta Asamblea ha corregido esto de una vez por todas. 
Ahora, naturalmente, quisiera invitar también al Consejo a que prosiga su trabajo para que satisfaga también por su parte los requisitos. 
Nuestro Grupo ha sido coherente en su posición; gracias también a la tozudez o al rigor de nuestro ponente, el Sr. Elles, todo el Pleno ha seguido al final este planteamiento, y hoy registramos un éxito que en principio sólo debemos agradecerlo a una persona, en concreto, al ponente, el Sr. Elles, por su informe sobre la aprobación de la gestión del presupuesto 1996. 
No se aprueba la gestión para 1996, sus cuentas se cierran, y sólo se podrá conceder la aprobación para 1997- y esto lo acaba de decir usted, señor Bösch, con toda razón- cuando se hayan corregido las deficiencias. Lo hemos criticado nosotros y lo acaban de criticar también ustedes. 
En el Informe Elles había ya un documento de trabajo y un programa de trabajo; nadie ha reaccionado todavía ante esto. 
Ha habido un informe del Comité de Expertos y, en realidad, éste no ha hecho más que subrayar lo que nosotros mismos ya habíamos constatado. 
Ahora tenemos una situación vaporosa que va a durar hasta septiembre en que el Comité de Expertos presentará un segundo informe y creo que en esta Asamblea nadie está contento con esta situación vaporosa. 
Sin embargo, para evitar que sobrecarguemos nosotros mismos el procedimiento de aprobación de la gestión para 1998 con estos problemas, debe producirse un final con el procedimiento de aprobación de la gestión para 1997. 
De lo contrario jamás terminaremos este tema y probablemente me va a concernir a mí mismo el procedimiento presupuestario para 1998. 
Por esta razón, quiero invitar a la Comisión, que en cualquier caso va a tener la responsabilidad, que ponga en marcha aquí las medidas que le hemos exigido. 
Yo tengo ya preocupaciones hoy, señora Cresson; su trabajo con LEONARDO se refería al ejercicio presupuestario de 1998. 
En su día se nos acusó de que mezclaríamos 1996 y 1998. 
No el problema reside en que 1998 se ha descubierto y yo quisiera pedirle, señor Liikanen, que comunique a sus colegas que en su día, en el verano, tuvimos un almuerzo arriba, en el piso 7- entonces esto marchaba realmente con confianza y amistad- y les hicimos la siguiente oferta: sean ustedes francos, confiesennos sus errores, muestren sus fallos, estamos dispuestos a establecer compromisos. 
Esto no fue así y ahora debe usted saber manejarse con la dura situación que le ha afectado a usted. 
Pero esto es también importante para la aprobación de la gestión de 1997 y 1998. 
Y ahora paso a referirme a la propia Asamblea. Puesto que está sentada aquí la persona del Grupo Socialista que más cooperativamente se ha portado con nosotros, evitaré la crítica al Grupo Socialista. 
De lo contrario habría dicho yo lo siguiente: el Grupo Socialista es realmente el culpable del dilema ante el que nos encontramos hoy. 
Señor Presidente, he estudiado detalladamente el informe del denominado Comité de Sabios y, de acuerdo con el mismo, ha existido una falta de responsabilidad por parte de miembros de la Comisión y de funcionarios de esta institución. 
Según este mismo comité, la responsabilidad constituye uno de los requisitos democráticos. 
En el informe se indica que la Comisión no ha investigado algunos casos de abusos y que, cuando lo ha hecho, las investigaciones han llegado demasiado tarde y se han prolongado demasiado tiempo. 
Además, las sanciones han sido también demasiado leves. 
Es posible afirmar lo mismo de las conclusiones relativas a la cuestión que se debate ahora, en el sentido de que es posible encontrar motivos para rechazar la aprobación de la gestión. 
La Comisión ha dimitido, pero esta dimisión ha sido evidentemente la solución más ventajosa para la propia Comisión. 
He leído en «The European Voice» que los comisarios percibirán gracias a su dimisión un finiquito correspondiente a tres años. 
Si hubieran sido cesados, los comisarios no habrían percibido este dinero. 
Así pues, el Comisario Van Miert habría propuesto una dimisión colectiva que garantizaría dicho finiquito. 
Creo que se trata de una solución incorrecta y desmesurada el recompensar de esta manera una mala labor. 
Señor Presidente, constato que nuestro ponente, el Sr. Wynn, no estuvo aquí para defender los informes sobre la aprobación de la gestión 1996/1997. 
Los informes han sido aprobados sin modificaciones en la comisión. 
Han sido concluidos en la comisión y, por ende, pueden ser incluidos también en el orden del día para la votación de mañana. 
Quiero mencionar esto aquí por razones de orden, pues se ha emitido una opinión de la Sra. Günther sobre el particular, también sobre el presupuesto de desarrollo para 1996/1997. 
Por consiguiente, deberíamos incluir también esto de acuerdo con la normativa en la lista de votaciones para mañana. 
Le ruego que se ocupe de esto, porque, como he dicho, el ponente no estuvo aquí. 
Hemos tomado buena nota, señora Theato. 
Señor Presidente, quiero pedir excusas por el retraso, pero se están celebrando reuniones paralelas y no se puede estar en todas partes al mismo tiempo. 
Señor Presidente, señoras y señores, en toda la discusión en torno a la reforma de la Comisión me he mostrado partidario de unos principios claros que hoy he convertido también en hilo conductor de mis enmiendas a los informes Elles, Brinkhorst y Fabra Vallés. 
En primer lugar: se debe asumir palmariamente la responsabilidad. 
Por esta razón, tampoco se pueden cerrar, sin más, las cuentas del ejercicio presupuestario de 1996 mientras, por ejemplo, no se haya formulado la reclamación en el caso de nepotismo que se haya constatado. 
En segundo lugar: cuanta más transparencia haya, menor será la necesidad del control. 
Mientras la Comisión siga despreciando el derecho del Parlamento a acceder a las informaciones, no habrá confianza alguna entre las instituciones y no crecerá la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos en las instituciones. 
Esto es aplicable también a una Comisión dimisionaria. 
En tercer lugar: en su crítica a la Comisión, el Parlamento sólo será creíble ante las ciudadanas y ante los ciudadanos, si es también crítico consigo mismo. 
Mientras a mí y a la Comisión de Control Presupuestario se me nieguen documentos relacionados con un procedimiento contra el SEL, no habrá ninguna aprobación de la gestión en el ámbito del Parlamento. 
Espero haber puesto en claro que mi Grupo en la cuestión de la aprobación de la gestión seguirá unos principios que, de hecho, rigen tanto para la Comisión como para el Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera responder a las preguntas formuladas por el Sr. Elles sobre la preparación de los diferentes documentos basados en el programa que el Sr. Santer presentó en enero y a los que se ha hecho referencia en muchos de los informes sobre la aprobación de la gestión. 
La labor preparatoria sobre el código estaba muy avanzada a mediados de marzo. 
El código de conducta para los funcionarios estaba listo en la Comisión, pero fue objeto de negociaciones con las organizaciones del personal. 
Se puede obtener en la Comisión. 
También se han redactado los primeros proyectos de códigos de conducta entre los gabinetes y los servicios y, por lo que se refiere a los nombramientos, ya estaban en marcha. 
Al mismo tiempo, la Comisión ha adoptado la decisión de congelar todos los nombramientos de los niveles A1 y A2 hasta que la nueva Comisión esté en funciones. 
Se adoptó la decisión de congelar todos los nombramientos hasta que se aceptara el código de conducta. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a la reforma del Estatuto de los Funcionarios, el famoso informe de David Williamson fue presentado el pasado otoño. 
Se han iniciado las negociaciones técnicas en busca del consenso con las organizaciones del personal y también se han celebrado las primeras sesiones políticas en busca del consenso. 
La posición de la Comisión era la de que la reforma Williamson constituía una buena base, salvo en un sector. 
La Comisión quisiera disponer de más opciones para los procedimientos disciplinarios. 
Existía la clara opinión de que se debería pensar en procedimientos disciplinarios más independientes. 
En este momento los procedimientos disciplinarios son siempre internos. 
También ha habido opiniones muy firmes sobre la necesidad de que participen personas exteriores, independientes y expertas en materia de procedimientos judiciales. 
A ese respecto ha habido la mayor apertura. 
Todo ese trabajo está hecho y ahora corresponde a la próxima Comisión adoptar las iniciativas políticas. 
Ayudará a la nueva Comisión que se haya hecho esta labor preparatoria y la nueva Comisión puede hacer una elección política sobre los códigos de conducta. 
Si la Comisión de Control Presupuestario en las reuniones de junio quiere saber más sobre los preparativos, estará disponible con carácter personal. 
La Comisión ha entendido que la de adoptar decisiones claras y estrictamente políticas que aten las manos de la nueva Comisión en un momento en que la Comisión ha dimitido es una cuestión que se debe considerar atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. 
Por lo demás, la Comisión toma nota de que el procedimiento sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1996 está a punto de concluir en el aspecto institucional y jurídico que se está examinando hoy aquí. 
Me refiero a los debates que se celebraron aquí antes a partir del Informe Fayot. 
En cuanto a los informes sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1997, la Comisión toma nota de que la Comisión de Control Presupuestario ha propuesto el aplazamiento de la aprobación de la gestión por razones institucionales relacionadas con la dimisión de la Comisión. 
Sobre las directrices que figuran en el documento de trabajo anejo a la propuesta de resolución, corresponderá a la nueva Comisión adoptar las iniciativas oportunas al respecto. 
El Sr. Bösch ha formulado una pregunta aquí, pero la Comisión ya ha respondido en relación con esas cuestiones. 
Estoy seguro de que el Sr. Brinkhorst puede confirmar que hemos celebrado numerosos debates y reuniones. 
También hemos enviado documentos a la Comisión de Control Presupuestario, aunque resulta difícil a la Comisión formular un compromiso por la nueva Comisión. 
Eso hay que excluirlo. 
Sin embargo, si Sus Señorías quieren aclarar las cosas, estoy disponible para ello, como también otros Comisarios, mientras permanezcamos en nuestras funciones. 
Nuestro deber es trabajar, pero formular un compromiso sobre cambios de carácter político corresponde a la próxima Comisión. 
También quisiera subrayar que las directrices presentadas por el ponente forman parte de un importante movimiento de reforma. 
La Comisión ha iniciado las reformas de SEM 2000, gestión financiera racional. 
Ha habido logros, además de fracasos. 
Es muy importante analizar lo que salió bien y lo que salió mal para avanzar más con las reformas. 
En el sector de los Fondos estructurales, los nuevos reglamentos son claros. 
Se han acordado los requisitos para acogerse a los diferentes fondos. 
Existe la posibilidad de utilizar la corrección financiera. 
Ha habido cuestiones en las que el Parlamento y la Comisión han estado de acuerdo y se han logrado avances. 
Pero ha habido un problema, puedo reconocer que, cuando hemos adoptado en el nivel político decisiones claras y orientadas en la dirección correcta, la capacidad de la Comisión para aplicar las decisiones en todos sus servicios de la misma forma ha sido deficiente. 
Se han aplicado en ciertos servicios, pero no en todos. 
Ésa es la cuestión a la que la nueva Comisión debe prestar mucha atención. 
Es importante adoptar las decisiones idóneas, pero igualmente importante es que haya un sistema que garantice su aplicación íntegra hasta el final. 
Respecto del sector de MAP 2000, ha habido mejoras en la descentralización en las diferentes DG y la reducción del papeleo para que todos los funcionarios pudieran ser directamente responsables. 
Falta mucho por hacer. 
Y se está preparando la estructura de la Comisión para el futuro y para la próxima Comisión. 
Es muy importante que el nuevo Presidente tenga todos los elementos sobre la mesa cuando adopte sus decisiones sobre las carteras y, en ese marco, sobre la estructura de los servicios. 
Una es la de que debe haber una gestión/cooperación mejor de las acciones comunitarias. 
Es muy importante que la Comisión y los Estados miembros actúen juntos y que las normas y cometidos estén claros y sean compartidos y que sepamos cómo corregir las cosas que vayan mal. 
Ya hemos hecho un esfuerzo y estoy seguro de que podemos continuar. 
Me ha complacido tomar nota de que los ponentes de la Comisión de Control Presupuestario han asistido a las sesiones con los Estados miembros la última vez. Ambas partes lo consideraron muy útil. 
En segundo lugar, la cuestión de la descentralización y el traspaso de competencias de la Comisión, en particular en la esfera de los programas exteriores, es extraordinariamente importante, pero necesitamos normas muy estrictas para la delegación de la gestión de las políticas comunitarias y siempre se deben perseguir activamente. 
En ese marco, ha habido un sector en el que los problemas fueron mayores de lo esperado. 
Para quienes llegaron a esta Asamblea en 1995, me refiero al sector de las oficinas exteriores que estaban realizando muchas tareas para la Unión. 
Gracias a la cooperación con el Parlamento, hemos podido acordar ahora el marco presupuestario para que siempre haya observaciones presupuestarias. 
Como saben Sus Señorías, hemos redactado un vademécum sobre las cuestiones que se pueden encomendar a fuentes exteriores y sobre las normas que se deberán respetar. 
Pero resulta muy claro que esa labor debe continuar. 
En los informes del Sr. Elles, del Sr. Brinkhorst y del Sr. Bourlanges se ha examinado también esa cuestión. 
El tercer sector que es muy importante es la reforma global de los reglamentos financieros. 
También a ese respecto se ha hecho la primera comunicación. 
El Sr. Dell ' Alba fue el ponente. 
El debate continúa. 
Estamos esperando la decisión financiera del Tribunal de Cuentas. 
Es extraordinariamente importante intentar incluir todas esas pequeñas reformas en un reglamento financiero global y claro en el que se formulen claramente las funciones y los cometidos de cada uno de los copartícipes en la ejecución del presupuesto dentro de la Comisión, a saber, el ordenador, el interventor financiero y el contable. 
Eso es extraordinariamente importante. 
Por último, ha sido un año doloroso y, evidentemente, ésta será la última vez que celebraremos un debate abierto sobre esa cuestión. 
Es extraordinariamente importante que todos aquellos a los que nos preocupa el futuro de la Unión, la ejecución correcta del presupuesto comunitario y el valor del dinero de los contribuyentes intentemos utilizar todo eso para lograr una reforma más profunda con objetivos claros y una gran capacidad de ejecución que pueda propiciar la consecución de resultados. 
Lo digo sólo porque sé que en esta Asamblea hay también quienes están preocupados y bastante desconcertados por este debate público. 
No es culpa de ninguno de nosotros, pero debemos tenerlo en cuenta. 
Esperamos que la próxima Comisión pueda utilizar la dolorosa experiencia de esta Comisión para que fortalezca y no debilite el proceso de reforma. 
Gracias, señor Comisario. 
Un breve comentario del Sr. Elles. 
Señor Presidente, quisiera aclarar un aspecto de la respuesta del Comisario a este debate. 
Le agradezco la información que nos ha dado sobre varios de esos códigos de conducta. 
Sin embargo, hay un informe al que me he referido en mi discurso y que versa sobre el párrafo 7 de la resolución de enero. 
Al no estar presente ningún miembro socialista de la Comisión de Control Presupuestario, creo que debo hacerlo en nombre de todos. 
Dice: «Espera con interés el informe del Presidente de la Comisión en preparación de la Cumbre de Colonia sobre la reforma interna de la Comisión. Nos proponemos celebrar un importante debate al respecto en este período de sesiones de mayo». 
Quisiera pedir al Comisario que facilite ese informe, cuando esté disponible, al nuevo Parlamento para que tengamos toda la información a nuestra disposición. 
Sé que los servicios y el gabinete del Presidente han hecho mucho trabajo en estas circunstancias excepcionales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Relación de propuestas legislativas pendientes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0255/99) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (relación de propuestas legislativas pendientes en el Consejo al 1 de mayo de 1999, con indicación del nuevo fundamento jurídico, así como una posible modificación del procedimiento legislativo tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam) (C4-0134/99 + SEC (99) 0581- C4-0219/99). 
Señor Presidente, señor Comisario, al empezar a hablar estaba recordando que éste es mi último informe como ponente en esta legislatura. 
Y estaba pensando que, realmente, pocos parlamentarios habrán tenido la fortuna y el honor de empezar su andadura parlamentaria- que además coincidía con su estreno en un foro político institucionalizado- con la directiva sobre sufragio en las elecciones municipales de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no son nacionales, y terminarla con este informe sobre las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en relación con las propuestas legislativas en curso. 
Dicho esto, y con una cierta nostalgia de los informes y de las veces que he intervenido en este Pleno durante estos años, paso al tema que nos ocupa. 
Señor Comisario, en primer lugar- y en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos -, tengo que decir que tomamos nota- y espero que mañana lo confirme el Parlamento- que damos por recibido, que compartimos y comprendemos este documento que usted nos presenta, a pesar de la premura impuesta por la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Se trata de un documento de trabajo excelente y, desde luego, yo personalmente comparto la filosofía del planteamiento, que es una filosofía clara y que, al mismo tiempo, especifica los puntos esenciales. 
Dicho esto, señor Presidente, señor Comisario, el Parlamento no puede ir más allá. 
Tendrá que ser la próxima legislatura la que en cada caso examine, de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea, la procedencia del fundamento jurídico. 
Y es que este informe es un informe que va más allá de la mera enumeración de los cambios que la Comisión ha observado y que propone para la reflexión de las otras instituciones, aunque hay que recordarlos. 
Se registran cambios de procedimiento para más de cien actos, de los cuales ochenta pasan del procedimiento de cooperación al de codecisión en temas como transporte, medio ambiente o asuntos sociales. 
También se registran cambios de fundamento jurídico, en especial en aquellos asuntos contemplados en el antiguo artículo 43 (agricultura) y que ahora se incluyen en el título relativo a la salud pública. 
Cambios, en fin, y muy importantes, de política, de contenido, de ambición, de inspiración, de principios políticos subyacentes en aquellas materias que pasan del tercer al primer pilar en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior y el gran cambio que supone la integración del Protocolo social en el Tratado mismo. 
Pues bien, frente a esta situación ciertamente compleja, una constatación: no hay derecho transitorio, no hay disposiciones transitorias en el Tratado de Amsterdam y, por lo tanto, tenemos que hacer una interpretación integrador y constructiva a partir de los principios que subyacen al Tratado; una interpretación que, para el Parlamento, se basa en tres puntos: responder a nuestra responsabilidad para con los ciudadanos preservando las competencias que el Tratado le otorga al Parlamento y por cuya observancia debemos velar, así como cuando se las atribuya a otras instituciones, como pueden ser las consultas nuevas al Comité de las Regiones o al Comité Económico y Social. 
En ese sentido, señor Presidente, el Parlamento no va a admitir que ninguna institución le imponga su interpretación sobre cuestiones de procedimiento, cuestiones que han de ser vistas- y eso lo dice muy bien el informe de la Comisión- sobre la base de que el acto adoptado lo será con arreglo al Tratado de Amsterdam y que ése es el procedimiento que ha de respetarse. 
A partir de ahí, hay otro principio importante que a nosotros nos vincula y que también tiene que ver con esa responsabilidad para con los ciudadanos de la que hablaba antes: es el principio de conservación de los actos, el principio de ser lo más eficaces posible y dar la más rápida y mejor respuesta a los ciudadanos. 
Y por eso, en los casos en que sea posible, confirmaremos y ratificaremos trámites procesales para que cada acto vea la luz y tenga vigencia cuanto antes. 
Por lo tanto, señor Presidente, y como filosofía general, debemos ser inflexibles en los planteamientos generales y dúctiles al máximo en las aplicaciones concretas. 
Y dicho esto, señor Presidente, nosotros nos enfrentamos hoy a un cambio que resume muy bien la filosofía del Parlamento, un cambio que, en palabras del Comisario Sr. Oreja, dota, a partir del primero de mayo, a la Unión Europea «de un instrumento más performante, más abierto al diálogo con los ciudadanos, más democrático y más proyectado hacia el mundo exterior». 
Creo que éste es un informe que responde a estos planteamientos. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, yo quiero felicitar a doña Ana de Palacio. 
Ella, la Sra. Palacio, se ha referido a su primera intervención y a la última, pero yo quiero decir que, entre una y otra, la actuación de la Sra. Palacio ha sido enormemente activa, competente e inteligente, y realmente nos hemos enriquecido todos, todas las instituciones, con el trabajo que ha venido realizando a lo largo de estos cinco años. 
En relación con el informe que tenemos hoy ante nosotros, puedo decirle que, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, está claro que teníamos que resolver algunas cuestiones de procedimiento respecto a los procesos legislativos en curso. 
Es cierto que la coincidencia de esta entrada en vigor del Tratado de Amsterdam con la última sesión plenaria del presente Parlamento no facilita las cosas, pero estamos convencidos de que la cooperación leal entre las instituciones permitirá resolver los posibles problemas. 
Como ustedes saben, la Comisión remitió el 1 de mayo al Parlamento y al Consejo una comunicación que indica con precisión las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado para todas las propuestas que se han presentado con anterioridad y que todavía no han sido adoptadas. 
Son 80 propuestas que estaban sometidas al procedimiento de cooperación y que deberán ahora examinarse y aprobarse por el procedimiento de codecisión. 
En una veintena de propuestas, la participación del Parlamento cambia de dictamen simple a codecisión y, además, se ha modificado el fundamento jurídico de 27 propuestas. 
El Parlamento se ha pronunciado ya sobre algunas de esas propuestas, y la Comisión ha recogido total o parcialmente esta posición en sus propuestas modificadas. 
Nos parece importante que los ciudadanos europeos no tengan la impresión de que la Comunidad está condicionada en su capacidad de adopción de decisiones como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Tratado o de la elección parlamentaria. 
Es preciso, en consecuencia, que el trabajo legislativo continúe. 
El informe de la Sra. Palacio propone un procedimiento que confirma el que ya eligió el Parlamento Europeo después de Maastricht y que supone la confirmación, por parte del Parlamento, de los procedimientos legislativos ya iniciados y cuyo fundamento jurídico o procedimiento se han visto modificados en virtud del Tratado de Amsterdam. 
Ahora bien, hay algunos casos, y en concreto los tres que se refieren a la aprobación de las conclusiones de la negociación sobre la Agenda 2000, que exigen actuar con especial rapidez. 
Yo quiero agradecer al Parlamento su disposición, a pesar de la premura del tiempo, para tratar en esta sesión plenaria de todos los asuntos pendientes urgentes, y en particular los que se refieren a la Agenda 2000. 
Y voy a referirme, para terminar, a las propuestas relativas a los asuntos de justicia e interior pendientes de adopción y que se han visto afectados por el hecho de que el Tratado de Amsterdam ha «comunitarizado» estas materias. 
En esos casos, la Comisión presentará formalmente nuevas propuestas, manteniendo, naturalmente, su contenido pero utilizando el instrumento jurídico más apropiado, ya sea reglamento o directiva. 
Y en el caso de los dos convenios sobre la transmisión de actos y sobre el reconocimiento de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental- propuestas que la Comisión aprobará mañana sobre la base del Tratado- se transmitirán inmediatamente al Consejo y al Parlamento. 
Por último, quisiera subrayar que, dado que el calendario institucional y las circunstancias políticas hacen coincidir la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam con la renovación del Parlamento y de la Comisión, tendrán que ser ambas instituciones renovadas las que tomen el diálogo sobre esta materia con el Consejo. 
Muchas gracias y enhorabuena de nuevo, señora Palacio. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Conflicto entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la Declaración de la Comisión sobre el procedimiento OMC para el arreglo del conflicto entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. 
Doy la bienvenida al Comisario, Sr. Brittan. 
Señor Comisario, Brittan, usted ha aclarado una vez más la posición y usted se ha referido a los diferentes enfrentamientos comerciales que venimos teniendo con los Estados Unidos desde hace un buen número de meses o, en parte, desde hace años. 
Estamos un tanto preocupados sobre varios puntos. 
Ante todo, me gustaría referirme al primero. 
Todos estos casos, estos enfrentamientos comerciales, que tenemos en este momento con los Estados Unidos o también con Canadá constituyen en principio casos test en los que se prueba en el marco de la Organización Mundial de Comercio el límite de hasta dónde llega el grado de la independencia y de la autonomía de los estados en el ámbito de la autodeterminación de determinadas políticas, sea la protección de los consumidores, sea la asistencia sanitaria, sea la cuestión de cómo se puede hacer política en el marco de los países en vías de desarrollo, como en el caso de los plátanos, o sea en el caso de los estándares. 
Todas éstas son cuestiones esenciales y tenemos una Organización Mundial de Comercio que ha establecido un marco en el que tenemos que movernos como socios comerciales. 
En principio, estamos también satisfechos en todo, pero sabemos que existen absolutamente situaciones límite y casos límite que son comprobados mediante recursos o mediante sentencias judiciales. 
Nos encontramos en esta situación. 
Mi segunda preocupación reside en que colisionan dos modelos, precisamente en el caso de las hormonas: el famoso modelo americano, si me permiten ustedes denominarlo así, con un sistema diferente de asistencia sanitaria, y el modelo europeo que coloca con más fuerza en primer plano el elemento de la asistencia. 
Lo que me preocupa es la cuestión de cómo podremos tratarnos mutuamente en el futuro y cómo conseguiremos ponernos de acuerdo acerca de un mayor volumen de estándares comunes en el marco de la nueva ronda comercial mundial y, por otro lado, cómo podremos garantizar un grado mayor de independencia y de autonomía en la autodeterminación de regiones y de estados. 
Esto no va a ser muy fácil, y en la comisión ya hemos debatido numerosas veces acerca de cómo se consigue esto. 
Este caso de las hormonas va a constituir el caso test para la Unión Europea. 
Todo lo que hemos vivido en el caso de la contienda de los plátanos lo va a dejar muy atrás este caso. 
Efectivamente, aquí los consumidores reaccionarán, naturalmente, de manera muy sensible y quieren ver garantizadas por la política tanta asistencia y tanta prevención como sea imaginable. 
En este momento estoy poco seguro de cómo podemos reaccionar a la vista de la respuesta que usted ha dado. 
No deberíamos cerrarnos en ningún caso a ninguna opción, y en el presente estadio no deberíamos hacer, en ningún caso, concesión alguna. Ésta es la opinión de mi Grupo, otros colegas hablarán aún sobre esto. 
No deberíamos hacer en ningún caso una manifestación política en el sentido de que nos comprometemos a algo, antes de que dispongamos del resultado definitivo de la investigación científica. 
Sólo entonces deberíamos deliberar de nuevo y, por cierto, junto con el Parlamento, con el Consejo y con la Comisión, acerca de cuáles son los pasos siguientes. 
En el momento actual yo consideraría prematura cualquier forma de manifestación aquí. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidos colegas en una época de gran agitación, sea por el conflicto de Kosovo, sea por cualquier otro, tenemos en el Parlamento Europeo una vez más la obligación de hablar de un tema que nos viene ocupando desde hace mucho tiempo, la lucha comercial con los EE.UU. Los Estados Unidos insisten en una postura, sea en el caso de los plátanos que quizá a su modo de ver esté solucionado, sea ahora en el caso de las hormonas, en el que es extraordinariamente difícil poner la medida en su sitio de suerte que también fuera de la Unión Europea se pueda comprender, pues las disensiones comerciales de las que se trata aquí constituyen apenas el 2 % del comercio común. 
Pero precisamente por esto quisiera dirigir aquí una llamada clara a los Estados Unidos. 
A los europeos, a pesar del convencimiento de la necesidad de la renovación innovativa, nos importa no descuidar nuestras raíces tradicionales. 
Pienso aquí, por ejemplo, en el cultivo de los plátanos en algunos países miembros y en la protección de nuestros consumidores ante los cuales somos responsables como diputados elegidos y debemos seguir ampliando esta protección. 
En todo esto nos permitimos también formular este o aquel punto importante de una manera diferente a como lo hacen nuestros colegas norteamericanos en el Congreso. 
Sin embargo, considero muy necesario dirigir también una llamada a la Comisión y al Consejo. 
Sir Leon Brittan, en los últimos años hemos tenido con usted la experiencia extraordinariamente positiva de que usted, durante los conflictos comerciales transatlánticos, trabajó muy estrechamente con el Parlamento Europeo. 
Quisiera agradecerle esto extraordinariamente, pero usted solo no es la Comisión ni el Consejo. 
Por consiguiente, quisiera pedir, también en nombre de mi Grupo, que se rechacen enérgicamente todos los intentos de solucionar los conflictos comerciales a través de un aplazamiento del procedimiento ante la OMC con el fin de retardar el resultado. 
Debo recordarnos a todos en conjunto lo que ya hemos hecho con frecuencia. 
La Unión Europea y los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, tienen cada una un voto en la OMC, pero cientos de países en vías de desarrollo que esperan en la OMC con la esperanza de que también se tomen en cuenta sus intereses no deben ser apartados por las continuas reyertas entre la Unión Europea y los Estados Unidos, pues se trata también de otros problemas esenciales. 
Ruego también que los europeos no piensen en jugar sólo haciendo pasar el tiempo para aplazar la eliminación de las situaciones irregulares subyacentes. 
En mi condición de ponente general del Parlamento Europeo quisiera advertir también de que semejante proceder puede debilitar el prestigio de la OMC tanto en los EE.UU. como también entre nuestros propios electores en la medida en que se está jugando con las normas de la OMC por motivos preponderantemente políticos. 
Quisiera hacer también un llamamiento al Grupo Socialdemócrata para que se sumara al derrotero del PPE en esta cuestión. 
Todos vemos las diversas dificultades políticas que nos causan la decisión sobre los plátanos y el caso de las hormonas. 
No obstante, a pesar de todas estas dificultades no debemos apartar nuestra vista de los fundamentos de la solución jurídica y realmente factible. 
La decisión de la OMC en el caso de los plátanos exige de nosotros una regulación clara para los productores propios y para los productores ACP en lo que atañe al acceso adecuado de países terceros al mercado. 
Sin embargo, yo soy partidario de una solución lo más rápida posible puesto que desde la imposición de aranceles penalizadores por los EE.UU. otros sectores económicos se ven lastrados y, en consecuencia, muchos puestos de trabajo en Europa se ven amenazados. 
A la hora del análisis y de la autorización de la carne de vacuno de procedencia norteamericana, tratada con hormonas, ruego que se piense que hemos constituido un marco jurídico multilateral, precisamente para la protección de los más débiles. 
Gracias a la OMC y al hecho de que no cedemos al poder del mercado, es posible hacer valer a través de un procedimiento jurídico-formal las justificadas reservas que se tengan. 
Pero si no se pueden presentar pruebas científicas inequívocas entonces no puede imponerse ninguna prohibición a la importación. 
Pero desde hoy se dispone del primero de una serie de dictámenes para el análisis del daño a la salud procedente de la carne tratada con hormonas. 
De aquí se deduce que el consumo de semejante carne no es intrascendente. 
Sin embargo, queremos evitar una guerra transatlántica o europea sobre dictámenes particulares y esperar con tranquilidad el juicio global de la ciencia. 
En los comentarios provisionales advierto que la emoción juega un papel mayor que la expertez. 
Hoy hemos intentado combinar entre sí en una resolución común las diferentes posiciones que están presentes en el Parlamento Europeo a fin de dejar hablar con una sola voz a Europa en estas importantes cuestiones. 
Por consiguiente, les pido que otorguen su conformidad a la hora de votar esta resolución. 
Señor Presidente, para mi Grupo parlamentario lo más importante es que hemos llegado a un acuerdo en el marco de la OMC y que debemos respetar también los dictámenes del tribunal acordados en el seno de la misma. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que el Comisario ha declarado sobre las consecuencias. 
Mucho más espinoso es el tema de las hormonas de animales. 
Creo que en primer lugar debe quedar probado de forma irrefutable que no son peligrosas para la salud pública. 
El segundo aspecto que me gustaría incluir en el debate es el respeto por los animales. 
¿Estas hormonas no pueden ser suministradas sin perjudicar a los animales? 
Me parece que en esta cuestión en Europa las ideas son claramente distintas a las de los Estados Unidos y eso será uno de los puntos que tenemos que abordar en las próximas negociaciones. 
Hay un segundo aspecto que quería plantear al Comisario: ¿qué ocurriría si permitiéramos la entrada de carne con hormonas de los Estados Unidos con etiquetas? 
¿Tendríamos entonces derecho a prohibir a los productores europeos la utilización de hormonas de animales? 
¿Cuál serían entonces las consecuencias de todo esto? 
Por último, este Parlamento ya se ha manifestado en alguna medida sobre la política de productos agrícolas de calidad en su conjunto. 
Quisiera referirme sobre todo a la resolución que este Parlamento adoptó unánimemente en octubre del año pasado y que indica en grandes líneas qué puede ser una política de productos agrícolas europeos de calidad. 
Me gustaría recomendarla para futuras discusiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, de los conflictos recientes con los Estados Unidos he aprendido dos cosas: primero, la necesidad de desarrollar el diálogo no sólo con los americanos sino también con otras regiones del mundo porque necesitaremos y, de hecho, ya necesitamos nuevos aliados, y en segundo lugar la necesidad de una mayor vigilancia por parte de la Unión Europea de las negociaciones de la OMC, teniendo además en cuenta su creciente importancia, todo ello es evidentemente un problema colectivo que atañe también al Parlamento europeo. 
Considero que en el asunto del plátano, que se ha llevado bien, es importante que la Unión Europea emprenda acciones ante la OMC contra la legislación de carácter unilateral. 
En relación con las hormonas de la carne de vaca, hay varios asuntos fundamentales en juego: la seguridad alimentaria y la elección de un modelo agrícola. 
Me parece que el informe provisional y que las preocupaciones manifestadas en el Transatlantic Consumer Dialogue satisfacen en buena medida nuestra posición y que es importante, como ha señalado Erika Mann, no hacer concesiones en este punto. 
Si existen compensaciones, su carácter debe ser absolutamente provisional. 
En cuanto al etiquetado, un cambio de filosofía es lo que actualmente podría debilitar de forma cruel nuestra posición. 
Pero sobre todo, señor Comisario, teniendo en cuenta los problemas planteados por los acuerdos anteriores a la OMC sobre este tipo de productos, quisiera preguntarle si podría comprometerse a reabrir el dossier de la OMC en dos puntos: una mejor definición del principio de precaución, especialmente a través de la inversión de la carga de la prueba en caso de duda, y, un segundo punto, una mejor definición del dictamen pericial, ya que el código alimentario no puede considerarse como referencia unívoca legítima. 
Gracias, señor Presidente, con todo respeto, Sir Brittan, debemos celebrar ahora la discusión y si usted dice que no hay ningún motivo para el pánico pues tenemos ya la prohibición, entonces he de decir que hemos estado muy cerca de renunciar a esta prohibición y se trata aquí seguramente, como dice la Sra. Mann, de la cuestión del way of life en América y en Europa. 
Sin embargo, se trata también de los intereses muy concretos de los fabricantes de hormonas y de los utilizadores de hormonas aquí en Europa. Señor Kittelmann, esto se nota en su discurso, que ahora se ha vuelto tan flojo. 
Efectivamente, tenemos ahora precisamente esto: ninguna emoción, sino la demostración científica- y precisamente como se ha exigido, la seguridad cualitativa, no la cuantitativa- de que la utilización de hormonas es nociva, que representa una amenaza para la salud, que es cancerígena, que provoca la temprana aparición de la pubertad de las niñas. Traduzco lo que está escrito aquí. 
Lo que nosotros hemos dicho siempre y a lo que nos hemos referido siempre: emplear hormonas sexuales significa precisamente que la regulación hormonal justo en esta sensible fase de los niños se desordena. 
Sir Brittan, en este punto hay que considerar prioritaria la protección del consumidor y ésta no es una cuestión jurídica, sino que la cuestión jurídica debe subordinarse a la protección del consumidor y a la prevención en favor de nuestros ciudadanos. 
Tampoco se trata, señor Mulder, de que no se cumplen aquí las negociaciones y normas de la OMC. 
Nosotros las queremos cumplir pero les tenemos que dar forma con nuestros recursos y las tenemos que ampliar también en el diálogo y en el ámbito social y ecológico, las tenemos que desarrollar en el ámbito sanitario y en el ámbito cultural. 
Sir Brittan, hemos visto que cuando se llega a la utilización de tales medios dudosos, entonces se abre la puerta incluso al empleo prohibido. 
Efectivamente, en las pruebas que la Comisión ha realizado vemos ahora que la utilización de hormonas prohibidas se da también en los Estados Unidos y que no es verdad la afirmación de que aquí llega carne sin hormonas. 
Esto significa que si desistimos de esta prohibición de las hormonas, habremos de autorizar también aquí la utilización de hormonas con todas sus consecuencias negativas. 
Sir Brittan, en el ámbito de los fármacos cabe aceptar un efecto secundario, en el ámbito de los productos alimentarios no debe haber estos efectos secundarios, y aquí debe hacerse la inversión de la prueba de manera que aquellos que producen y desean aplicar estos medios deben demostrar su inocuidad. 
En esta dirección tenemos que conducir las negociaciones en la OMC y discutir y llevar a la práctica nuestro europeo way of life. 
Señor Presidente, señor Vicepresidente de la Comisión, en esta guerra comercial- los plátanos, las hormonas- hay un apéndice que, como todos sabemos, afecta a empresas y sectores económicos europeos que no tienen nada que ver con los sectores objeto del conflicto. 
Forma parte de esta concepción ofensiva americana, a la que, como es obvio, sería oportuno responder con los mismos instrumentos, que nos obliga a no seguir ignorando el precio que pagan ciertos sectores económicos y, yo diría, Sir Leon, algunos determinados países respecto a otros. 
No he sido nunca un nacionalista empedernido, sin embargo, es indudable que si miramos las estadísticas- y usted las conoce mejor que nosotros- Italia y algunos sectores económicos italianos están entre los sectores más afectados por estas retorsiones de aranceles por parte americana. 
Por ejemplo, el sector de las baterías y de los acumuladores está sufriendo pérdidas gravísimas, de millones y millones de dólares, por unos aranceles aduaneros del 100 % en virtud y en nombre de esta guerra. 
Por tanto, la propuesta que hacemos, y que sé que está estudiando la Dirección General I, es la de crear un fondo de compensación y de proponer a la Autoridad presupuestaria incluir en el presupuesto, precisamente para facilitarles a ustedes, a nuestra política comercial común, los medios, un fondo, una reserva que pueda compensar a las empresas europeas que son víctimas inocentes de esta justa y necesaria política comercial común. 
Ésta es la sugerencia que quisiera que este Parlamento aprobara, aunque al mismo tiempo quisiera alentar los estudios que están realizando para que sea una propuesta concreta y para que las nuevas perspectivas financieras y el nuevo presupuesto contengan un PM, una referencia precisa a este arma complementaria para nuestra política comercial común. 
Señora Presidenta, señor Comisario en ejercicio, le he escuchado con atención. 
Su discurso me ha sorprendido, no, en realidad no me ha sorprendido. 
Pero sí me ha sorprendido pues sólo existen dos explicaciones. 
O usted no sabe leer o usted tenía ya formada una opinión y deseaba verla confirmada y por eso no le gusta el dictamen científico. 
Pensemos, sin embargo, dónde nos encontramos. 
Usted ha afirmado que se trata de un asunto jurídico y económico. 
¿Es un asunto jurídico? 
La instancia de apelación de la OMC nos ha impuesto que demostremos un riesgo para la salud. 
¿Es que no está demostrado? 
La peligrosidad está demostrada y ¿dónde nos encontramos hoy? 
La Sra. Mann ha dicho que no estamos seguros, que deberíamos reaccionar, y el Sr. Kittelmann ha dicho que sólo podemos hacer lo que es factible en la realidad y en Derecho. 
Señor Kittelmann, me interesa mucho ver cómo explica usted a sus votantes a la hora de las elecciones al Parlamento de Berlín qué es factible en Derecho y en la realidad. 
Sir Leon Brittan, esto lo hicieron, colegas de usted en su país, Inglaterra, hace 20 años y hoy nos hallamos donde nos hallamos con el EEB. 
Ustedes están en el mejor camino para continuar esto junto con el gobierno de la Gran Bretaña, si creen que cuentan con su apoyo. 
Hagamos una reflexión: ¿dónde nos encontramos? 
El dictamen científico afirma de ellas que representan un peligro para la salud y de una de ellas afirma que es cancerígena, que fomenta el cáncer y usted se atreve a decir con toda seriedad, Sir Leon Brittan, que deberíamos tener ahora más transparencia. 
¿La tiene usted en su dirección general y en su despacho? 
Me gustaría saberlo. 
Deberíamos tener más transparencia, necesitaríamos más análisis ¿Cuáles, pues? 
¿Los que favorezcan y tomen en cuenta lo que usted quiera? 
Y necesitaríamos nuevos datos científicos ¿Cuáles, señor Brittan? 
Yo sé que usted quería tener la variante del etiquetado. 
Esto lo saben todos los que pueden leer, ver y oír. 
Ustedes saben, ciertamente, qué es la variante de etiquetado. 
Un trozo de carne puede quizá estar etiquetado, pero no lo puede estar nada de lo que venga después, no la carne picada, nada, nada, nada de lo que venga después. 
Esto nos lo han dicho siempre ustedes, los de la Comisión, cuando estábamos a favor de un etiquetado global y lo deseábamos en el Parlamento. 
Quien hoy esté a favor de un etiquetado, dice clara e inequívocamente: en realidad, corremos riesgos para la salud, no los aceptamos, y corremos el riesgo de que haya personas que resulten dañadas. 
Los niños antes de la pubertad; nuestro colega, el Sr. Graefe zu Baringdorf, lo ha dicho. 
Señor Kittelmann, salga usted a la calle en Berlín y diga: está etiquetada, pero es altamente peligrosa para los niños en la pubertad y para todos los demás también, en las personas que padecen cáncer estimula la formación de nuevos tumores y en otros casos puede ser cancerígena. 
Muy bien, hágalo. 
No deseo otra cosa en la campaña electoral. 
Ahora digame, por favor, una cosa, Sir Leon Brittan: usted no va a estar ya mucho tiempo en el cargo y, por eso, no puedo sostener una discusión intensa con usted. 
¿En realidad, a quién representa usted aquí? 
¿Representa usted a los EE.UU. o representa usted a la Unión Europea? 
¿Si esto es así, a quién representa usted en la Unión Europea? En todo caso, no a las consumidoras y consumidores pues, de lo contrario, sabría usted que uno de los principios básicos de la legislación de la Unión Europea es que sólo pueden salir al mercado productos seguros e irreprochables, y antes han de ser etiquetados. 
En efecto, el etiquetado no es una indicación de aviso, Sir Leon Brittan, sino que el etiquetado es una información para los consumidores, pero también una condición previa de que los productos son seguros. 
Éstos, sin embargo, no lo son y lo que usted está haciendo en este momento lo calificaría yo normalmente como temeridad, pero es irresponsable, lo diré claramente a la opinión pública, lo que están defendiendo los cristiano-demócratas en esta Asamblea. 
Señora Presidenta, voy a referirme en concreto al tema de la crisis provocada por el sector del plátano. Sobre todo porque sería lógico que esta crisis afectara precisamente a ese sector. 
Pero lo que no resulta ya tan lógico es que, como en tantas otras ocasiones, sea el sector textil- entre muchos otros sectores- quien cargue con las consecuencias de esta crisis, aunque no tiene nada que ver con ella. 
En efecto, este sector- en concreto la ropa de cama de algodón y las prendas de cachemira- al igual que otros sectores, concretamente los que figuran en la lista que acompaña a la declaración de la sentencia de la Organización Mundial del Comercio, verá incrementados sus aranceles a las exportaciones en un 100 % tras la decisión adoptada por parte del órgano de arbitraje de la OMC. 
Esto va a tener efectos muy negativos sobre las empresas afectadas, en unos momentos- y usted lo sabe, señor Comisario -, especialmente delicados para este sector, que debe hacer frente a las importaciones masivas a bajo precio provenientes de Turquía y Asia y que por ello están ya en una situación realmente preocupante. 
Por otro lado, el hecho de que las medidas no afecten a todos los países de la Unión Europea supone una grave distorsión de las reglas de la competencia en el mercado único, agravando las consecuencias negativas sobre aquellas empresas que sí se verán afectadas por estos altos aranceles impuestos por Estados Unidos en sus sanciones. 
Es por ello de importancia vital resolver cuanto antes el conflicto para los sectores víctimas de esta guerra del plátano. 
De ahí que me hayan alegrado sus palabras y las iniciativas y las acciones que nos ha enumerado para encontrar lo más rápidamente posible una solución. 
Y de ahí también que yo defienda la creación de un fondo de compensación para las empresas que se vean afectadas por tales sanciones, ya que, de lo contrario, muchas de ellas se pueden ver inmersas en una profunda crisis que puede llevarlas a la desaparición, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo justamente en unos momentos en que estamos impulsando- queremos impulsar desde la Unión- unas políticas en beneficio de la ocupación. 
Señora Presidenta, los consumidores están muy concienciados. 
Esto significa que no es posible aprobar cualquier cosa. 
Y también significa que los consumidores esperan que los alimentos sean de buena calidad y sobre todo que los consumidores esperan y exigen que los alimentos no sean perjudiciales para la salud. 
No es demasiado tratándose de nosotros mismos, pero, y a pesar de todo, es mejor de lo que pasa en otros lugares. 
Hoy asistimos a un conflicto entre dos continentes. 
Como ya se ha dicho anteriormente, se trata del conflicto creado, entre otras cuestiones, en torno a la carne tratada con hormonas y en este caso está plenamente justificado, como se ha subrayado también, atender al consumidor en primer lugar. 
El etiquetado no es ninguna posibilidad, no es tarea de los consumidores servir de conejillos de indias a los caprichos de la industria, no se debe jugar con la salud. 
Por este motivo también lamento que el etiquetado sea una de las posibilidades mencionadas por la Comisión en su borrador. 
El problema radica en las dificultades de conseguir que la OMC defienda los intereses de los consumidores. 
Y en que también la fe en el libre comercio ha resultado ser una fe equivocada. 
No existe ninguna razón para esperar que el libre comercio resuelva todos los problemas. 
El libre comercio no puede promover las consideraciones en materia de política de consumidores y medioambiental por la sencilla razón de que estos dos ámbitos exigen una evaluación política de la que el mercado no puede hacerse cargo. 
Por este motivo estamos obligados a aumentar el peso político dentro de la OMC. 
Y la UE seguirá insistiendo en el derecho a defender la salud pública del libre mercado. 
A largo plazo, nos veremos obligados a exigir que la Comisión, cuando negocie estos acuerdos OMC, atienda a los consumidores y al medio ambiente antes que al sacrosanto libre mercado. 
Tendréis que entenderlo en la Comisión: es imposible tener en cuenta sólo el libre mercado, pues de esta forma quienes pierden son los consumidores, como hemos visto en este caso. 
No se pueden dejar estas cosas únicamente en manos del mercado. 
Antes de conceder la palabra a Sir Leon Brittan, tengo una petición de palabra del Sr. Kittelmann sobre una moción de orden o un asunto personal. 
Señora Presidenta, como cuestión relativa al Reglamento quisiera dar a conocer cuál es la frase que dije literalmente, a causa de los ataques de la Sra. Roth-Behrendt: «Deberíamos renunciar a una guerra de religión, tanto transatlántica como europea, ante dictámenes concretos y esperar con tranquilidad una visión global de la ciencia, antes de actuar.» 
Su emotividad, señora Roth-Behrendt, sobre todo los ataques personales contra Sir Leon Brittan, han estado emocionalmente injustificados, por debajo del nivel de usted y responden más bien a una campaña electoral que usted ha querido realizar en Berlín. 
No era, en efecto, una moción de orden, sino un asunto personal. 
Señora Presidenta, si el Sr. Kittelmann tiene dificultades en entender sus propias actuaciones y declaraciones, quizá debería repetir mi discurso. De lo contrario, me temo que no ha entendido lo que he dicho. 
Señora Presidenta, haré todo lo posible. 
Permítaseme comenzar con la cuestión del plátano, que es de gran importancia para determinado sector. 
He escuchado con gran interés lo que se ha dicho: por ejemplo, el Sr. Dell ' Alba y la Sra. Ferrer. 
Estamos intentando resolver la cuestión formulando- tras celebrar consultas con todas las personas que tienen intereses legítimos en esa cuestión- propuestas aceptables- esperamos- para todos con vistas a abordar el problema modificando su régimen. 
Si es así, las sanciones, por definición, se acabarán y ésa es la forma más rápida de ponerles fin. 
Pero no se puede forzar a las personas para que lleguen a un acuerdo, por lo que debemos considerar la posibilidad de que no se logre un acuerdo total. 
Entonces tenemos que hacer lo posible, tras haber escuchado lo que todo el mundo tenga que decir, para hacer cambios que se ajusten a las normas y satisfagan al mayor número posible de personas, si no a todo el mundo. 
Eso, desde luego, podemos hacerlo. 
Pero en esas circunstancias podremos decir a los Estados Unidos que las sanciones no están justificadas. 
La única forma de obligar a los Estados Unidos a retirar las sanciones es mediante la OMC, por lo que puedo asegurar al Sr. Herzog que continuaremos con el asunto 301 también en la OMC. 
En cuanto a la cuestión de la compensación, existen considerables dificultades respecto de si es posible concederla y hay ciertas desventajas que, de mencionarse, lo único que harían sería servir de ayuda y socorro para nuestros oponentes a este respecto. 
No quisiera hacerlo públicamente, pero entiendo esa profunda preocupación. 
Esta mañana en Bruselas, antes de venir aquí, he celebrado una reunión con representantes de la industria textil europea y entiendo perfectamente la gravedad de la situación para ella y para otras personas que se encuentran en la situación de víctimas. 
Así, pues, seguiremos denodadamente y nos hemos comprometido a presentar cuatro propuestas al Consejo al final de mes, a más tardar, con la conformidad de nuestros socios comerciales o sin ella. 
Permítaseme pasar ahora a las hormonas. 
Debo reconocer que me ha parecido que la Sra. Roth-Behrendt ha tomado el rábano por las hojas en sus observaciones, por lo que a mí se refiere, y también en lo que ha dicho sobre el Sr. Kittelmann, que carecía de justificación. 
Por lo que a mi se refiere, no hay ni que pensar, como su tono, ya que no sus palabras, sugería, en pasar por alto los intereses del consumidor o estar dispuestos a poner en riesgo la salud de los ciudadanos. 
Temo que su interpretación en sentido contrario tenía un tufillo de campaña electoral en lugar del ejercicio de la razón pura, porque lo que he dicho ha sido muy sencillo: mientras exista la prohibición, no puede haber riesgo para la salud, porque la carne con hormonas no está permitida en la Unión Europea. 
Como en este momento nadie ha propuesto levantar la prohibición- desde luego, Sus Señorías no me han oído a mí semejante propuesta -, lo único que se puede hacer para proteger la salud europea es impedir su entrada. 
Más no se puede hacer; no puede haber una doble prohibición. 
De modo que lo que ahora afrontamos es la forma mejor de abordar la situación resultante de esos informes. 
Ahora me gustaría referirme a algunas de las cuestiones más amplias que la Sra. Mann y el Sr. Kittelmann han planteado. 
Tenemos que preguntarnos: ¿hay un conflicto fundamental, como parecía sugerir el Sr. Iversen, entre comercio y protección del consumidor? 
La respuesta es: ¡no! 
Está absolutamente claro que las normas de la OMC permiten prohibir productos peligrosos: no porque se diga que son peligrosos, tiene que haber una razón. 
Es más: no sólo hay que poder probar que son peligrosos, sino que, además, hay que disponer de pruebas respetables, aun cuando no necesariamente representen la opinión mayoritaria o predominante de la comunidad científica. 
Cuando la OMC examinó nuestra prohibición de las hormonas- que, naturalmente, existía mucho antes de que se creara la OMC -, llegó a la conclusión de que el proceso por el que habíamos considerado necesaria dicha prohibición no era una evaluación de los riesgos que cumpliera los criterios razonablemente exigibles antes de aplicar una prohibición. 
Exactamente por esa razón hemos iniciado una evaluación de los riesgos y ya disponemos de los resultados provisionales de ella, que, según tengo entendido, se derivan en parte de un nuevo examen de la bibliografía publicada con arreglo a criterios establecidos por el órgano de apelación y en parte de las conclusiones provisionales de algunos de los diecisiete estudios nuevos que hemos encargado. 
Es un informe provisional: al final del año se dispondrá del informe final. 
La cuestión que debemos formularnos es la siguiente: ¿cómo debemos abordar la situación en relación con la OMC? 
No vale decir que tenemos nuestro informe y que lo prueba, porque no elimina la amenaza de sanciones. 
Su Señorías han escuchado a las personas de los países afectados por las sanciones relacionadas con los plátanos. 
Puedo asegurar a Sus Señorías que la posibilidad de que los Estados Unidos apliquen sanciones en relación con esta cuestión es mucho más grave, por lo que decir que es lógico que se hagan públicas lo antes posible esas conclusiones es obrar en pro de los intereses de los consumidores europeos, los ciudadanos europeos y el empleo europeo. 
No ha sido así aún. 
Espero que muy pronto sea así más plenamente. 
Debe haber un debate serio entre los científicos de ambos lados del Atlántico, porque no creo que los Estados Unidos sean indiferentes en relación con la salud de sus ciudadanos: no están aún convencidos de que exista un peligro y, si disponemos de pruebas, es adecuado presentarlas a los Estados Unidos y al resto del mundo. 
De modo que la cuestión es la siguiente: ¿en qué momento debemos hacerlo y cómo lo abordamos? 
Se trata de algo digno de consideración suplementaria. 
No existe un conflicto fundamental entre la protección del consumidor y el comercio. 
No digo que sea perfecto: en modo alguno diría eso a la Sra. Mann y al Sr. Kittelmann. 
En la próxima ronda de conversaciones debemos examinar las posibilidades existentes para mejorar las normas y darles mayor claridad. 
Convengo con el Sr. Herzog en que una de las cosas que debemos hacer es formular una mejor definición del significado del principio de precaución. 
Espero que después el Parlamento pueda examinar esas cuestiones a partir de lo que ha ocurrido, sabiendo que no hay ni que pensar en adoptar medidas precipitadas que podrían poner en peligro la salud de los ciudadanos europeos. 
Se cierra el debate. 
Al término de este debate he recibido 8 propuestas de resolución. 
La votación de estas resoluciones tendrá lugar el miércoles a las 12 horas. 
Reducción del IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de obra 
El orden del día se señala el informe (A4-0207/99) , de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Consejo para modificar la directiva 77/388/CEE en lo relativo a la posibilidad de aplicar a título experimental un tipo reducido de IVA a los servicios que apliquen mano de obra de manera intensiva (COM (99) 0062- C4-0169/99-99/0056 (CNS). 
Señora Presidenta, señor Comisario, el informe del que se me ha encargado informarles esta noche en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos se refiere a la propuesta de la Comisión de modificar la sexta directiva relativa al IVA de tal modo que los Estados miembros tengan la posibilidad de aplicar, con carácter experimental, el tipo reducido del IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de obra. 
La propuesta tiene unos antecedentes muy largos. 
Ya desde 1991 pedimos en este Parlamento que se incluyeran los servicios o, por lo menos, determinados servicios de gran intensidad de mano de obra en el anexo H de la mencionada directiva. 
Lamentablemente, la Comisión nunca ha compartido nuestro entusiasmo por esto. 
Nos ha costado incluso nuestro tiempo el conseguir que la Comisión aceptara hacer un estudio de los posibles efectos de tal medida para el empleo. 
Finalmente hemos tenido que esperar a que el Consejo Europeo de Viena lo encargara para que la Comisión formulara en efecto una propuesta concreta. 
Pero la cuestión a tratar hoy es lo que opina el Parlamento de la propuesta que está sobre el tapete. 
Bien, señor Comisario, estamos de acuerdo con su propuesta. 
Bien es verdad que algunos gremios lamentan que sólo se trate de un experimento de una duración determinada y no de una medida con carácter definitivo. 
Comprendemos su decepción, pero les decimos sin embargo que más vale algo que nada y que si no podemos convencer con argumentos, hagámoslo entonces con datos que sin duda vamos a poder recabar gracias a este experimento. 
Justamente porque se trata de un experimento, la mayoría de la Comisión de Asuntos Económicos estuvo de acuerdo con los criterios generales y no con la delimitación del ámbito de aplicación a determinados sectores. 
Naturalmente, todos queremos poner nuestro acento particular, sobre todo justo antes de las elecciones. 
Podemos enfocarlo al medio ambiente, a la asistencia doméstica, a partes de algunos sectores que clasificamos en la economía social etcétera. 
Todas son iniciativas muy loables, pero sin embargo es mejor que no se tome ninguna decisión en ese ámbito. 
Esto permite a los Estados miembros orientar sus experimentos hacia aquellos sectores de los puedan esperar el máximo provecho, si el experimento es más amplio, más datos vamos a tener a posteriori y mayor va a ser la posibilidad de llegar a unas medidas definitivas bien fundadas que conduzcan a la creación de más empleo estable y eso era precisamente de lo que se trataba. 
Señor Comisario, en la Comisión de Asuntos Económicos hemos aprobado siete enmiendas. 
Estamos convencidos de que aclaran la propuesta y la mejoran. 
No se trata de grandes cuestiones de principios, excepto en un aspecto, el procedimiento de autorización. 
Ni la Comisión de Asuntos Sociales ni la Comisión de Asuntos Económicos entienden por qué la autorización a los Estados miembros para empezar un experimento no la puede dar la Comisión. 
La Comisión al fin y al cabo es el poder ejecutivo. 
Tal vez el Consejo quiere tener la sartén por el mango y en cuestiones fiscales sigue teniendo la última palabra. 
Por lo tanto cedemos, pero nos parece que va demasiado lejos tener que comprobar que el Consejo sólo puede dar su autorización en caso de unanimidad. 
Eso puede tener un efecto de freno en la aplicación de la medida. 
Puede llevar a vetos y obstrucción. 
Por eso nos parece inaceptable y de ahí que hayamos presentado la enmienda 4. 
Que el Consejo mismo lo quiera decidir, eso lo podemos aceptar, pero entonces por favor por mayoría cualificada. 
No hay argumentos jurídicos para no aceptar esto. 
Señor Comisario, me gustaría que diera su opinión al respecto y también me gustaría saber algo más sobre el «timing» en el Consejo. 
Por último, con motivo de mi último informe en esta legislatura quiero darle las gracias por su colaboración siempre tan agradable. 
Me alegro poder comunicarle que será también sin duda alguna la última vez. 
Es realmente un poco frustrante que haya que debatir sobre una propuesta de la que siempre he sido muy partidario en este tipo de circunstancias y también en una situación de tragar o reventar. 
Estamos tan satisfechos de que por fin se haya presentado que andamos con pies de plomo a la hora de hacer observaciones demasiado fuertes. 
Pero sí hay que hacer algunas, aunque sólo fuera por el tiempo que nos ha costado llegar a esta propuesta. 
La velocidad con la que hemos recibido esta propuesta se puede describir realmente como la de un caracol que frena para tomar la curva. 
La postura tanto de la Comisión como del Consejo ha estado marcada sobre todo por la cautela. 
Tengo la sensación de que esto sobre todo ha sido así en el Consejo, donde a mi juicio se tenía un exagerado miedo a la competencia pero también al éxito de esta medida. 
Me ha ocurrido varias veces en los debates, por ejemplo con representantes de Alemania, que se decía: imagínate que esto es un éxito en los Países Bajos, entonces la presión social de nuestro país nos obligará a aplicar también la misma medida. 
Imagínese lo que puede ocurrir. 
Si constituye un éxito para la creación de empleo, entonces podría causar un problema en Alemania. 
No lo he entendido nunca y tampoco me siento muy culpable. 
Lo que me irrita también sobremanera es que justamente aquellos Estados miembros que tienen la boca llena de la palabra subsidiariedad hayan puesto las mayores pegas para permitírselo a los Estados miembros que dicen: escucha, no es el único medio pero no deja de ser un medio que queremos aplicar para la creación de más empleo. 
Cuando en la preparación de la Cumbre de Luxemburgo presenté la propuesta sobre el denominado IVA social- por cierto, no fui el primero porque ya me habían precedido algunos selectos miembros de este Parlamento- estaba convencido de actuar siguiendo el espíritu del Libro Blanco de Delors, que ya había señalado que en Europa se nos había metido en la cabeza un sistema que ha encarecido mucho el trabajo, muy caro en comparación con el despilfarro de energía, de materias primas y con la libertad total de circulación de capitales. 
En mi opinión, éste sigue siendo el tema central y el problema de la Unión. 
Al debatir esta cuestión me parece también que los Estados miembros han hecho todavía demasiado poco al respecto. 
El IVA social no constituye en este marco la solución total. 
Sólo es una parte muy pequeña de la solución. 
Pero sí puede ofrecer una solución en el terreno de los servicios a nivel local y regional. 
La Comisión redactó alguna vez un interesante informe, «employment-rate report» , en el que comparó los índices de empleo de la Unión con los de los Estados Unidos. 
Una de las conclusiones más sorprendentes fue que realmente no íbamos por detrás de los Estados Unidos en ningún terreno, salvo una excepción, en el terreno de los servicios, y en todos los servicios desde los más bajos hasta los más altos. 
A mi juicio, la reducción del IVA precisamente en el sector de los servicios a nivel local y regional podría tener algún beneficio y podría fomentarlos en todo caso. 
Aquí se pueden combinar la demanda y la oferta. 
La atención a los ancianos, el trabajo para minusválidos y proyectos de medio ambiente, etcétera, al igual que la Sra. Thyssen tampoco quiero hacer ninguna elección y dejo libertad a los Estados miembros para que elijan entre las posibilidades que ofrece la propuesta y para que miren lo que mejor les venga con sus necesidades y posibilidades. 
Como la Sra. Thyssen quiero hacer también unas observaciones sobre las enmiendas que hemos presentado. 
Coincido con ella que es completamente inaceptable que el Consejo tenga que decidir por unanimidad sobre la autorización concreta de un Estado miembro para aplicarlo. 
Eso significa que los Estados miembros que han puesto trabas desde el principio han conseguido el último medio para finalmente bloquear esto otra vez. 
Creo que la Comisión debe ser consecuente en esto y que debe decir: la mayoría cualificada es el único principio jurídico lógico que se ha de aplicar en la autorización del sistema. 
Tengo mucha curiosidad de saber lo que va a contestar el Comisario a esto. 
Por último, lo que me ha sorprendido y decepcionado un poco también, es el hecho de que la Comisión no se haya quedado con el control de la evaluación, de que ceda el control a los Estados miembros y de esta forma también la iniciativa para nuevas propuestas. 
Me parece que la Comisión, comprendiendo la situación en la que se mueve, no actúa en este momento de verdad contra Estados miembros reacios, pero que debería tener muchísimo cuidado de cara al futuro. 
Si la Comisión cede la evaluación y la capacidad de iniciativa para nuevas propuestas como ocurre en esta propuesta, entonces está socavando realmente su derecho de existencia y está destruyendo de hecho lo que es un principio determinante en la Unión, y este es el derecho de iniciativa. 
No recae en el Consejo, la iniciativa recae en la Comisión y usted debe velar por que así siga. 
Señora Presidenta, las cosas ya van un poco mejor en lo referente al desempleo en la Unión Europea. 
La tasa del desempleo bajó hace poco por debajo del 10 %, pero tampoco es para lanzar cohetes ya que sigue siendo demasiado elevada. 
El Parlamento ha tenido que presionar al Consejo y a la Comisión durante mucho tiempo para llegar a donde estamos ahora. 
Sin embargo, estoy satisfecha de poder debatir ahora en el Parlamento una propuesta concreta. 
Pero no es suficiente con que aprobemos la propuesta. 
El Sr. Van Velzen y la Sra. Thyssen ya lo han dicho. 
Hay un gran obstáculo: la regla de que las propuestas de los Estados miembros para la aplicación del IVA reducido tienen que ser aprobadas unánimemente por el Consejo, cuando el IVA ya no es la base para la aportación de los Estados miembros a la Unión Europea, argumento que siempre fue utilizado para decir que se vaciaba esta base. 
Señora Presidenta, en este momento eso es una tontería. 
Me podría imaginar que se preguntara a un país vecino: ¿le molesta que mi zapatero empiece a trabajar con un tipo reducido del IVA? 
Pero, ¿por qué tendría que poder oponerse Finlandia a que se les permita a los zapateros en los Países Bajos aplicar un tipo del IVA más bajo? 
De verdad, eso no lo entiendo. 
No me puedo imaginar que alguien vaya con sus zapatos rotos de los Países Bajos a Finlandia. 
Por lo tanto, me parece que se desbarata todo lo que el Parlamento ha conseguido. 
Creo que los Estados miembros van a volver a oponerse luego a todo lo que se proponga en concreto. 
Me parece muy decepcionante. 
Algunos Estados miembros ya han presentado su lista de peticiones, entre otros los Países Bajos. 
¿Puede el Comisario indicar hasta qué punto hay consenso sobre determinadas propuestas concretas de esta lista de peticiones? 
Se ha mencionado por ejemplo la rehabilitación de edificios y de barrios, de zonas urbanas. 
Creo que un tipo del IVA reducido podría impedir la degradación de barrios enteros. 
Los Países Bajos no han puesto la rehabilitación en la lista de peticiones. 
¿Hay ya una línea en todas estas propuestas o se trata sólo de lo que le parezca a cada Estado miembro? 
Apoyo enérgicamente el enfoque dado por la ponente. 
Quiero señalar sobre todo sus ideas sobre la evaluación de los experimentos. 
La ponente quiere que se investigue cuáles son los resultados concretos de la regulación; ella señala los precios entre otras cosas. 
Lo que naturalmente no queremos es que el IVA reducido no tenga como consecuencia una mayor demanda y más empleo, sino solamente un aumento de los beneficios. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer al Comisario su buena colaboración en estos años. 
Espero que esta noche se muestre un poco flexible en cuanto a las enmiendas. 
Me parece que entre las enmiendas hay algunas muy importantes. 
Puede volver a apuntarse un tanto en la Comisión de cara a los Estados miembros. 
Eso sería un final precioso de estos cinco años. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo Liberal celebro esta propuesta de la Comisión. 
Ya lo han dicho esta noche diferentes oradores: ¿cuántas veces habremos insistido en este Parlamento para que se redujera el IVA en los servicios de gran intensidad de mano de obra? 
Sabemos que no es la herramienta por excelencia para la creación de puestos de trabajo. 
Pero con una reducción del tipo del IVA estos servicios serán más asequibles y de esta forma se sacarán de la economía sumergida. 
Aunque la Comisión Europea no está convencida del carácter o potencial de esta medida para crear empleo, el centro económico y social de la pequeña y mediana empresa neerlandés llegó a la conclusión después de un estudio, que con ella se pueden crear 66.000 puestos de trabajo. 
Es un número de puestos nada desdeñable. 
Espero que este experimento que se está emprendiendo aquí repercuta en un resultado positivo en el ámbito de la creación de empleo. 
No debemos temer por un reflejo presupuestario negativo porque fíjense en la reducción del IVA en el cultivo de las plantas ornamentales. 
Las ventas subieron tanto en mi país que las arcas del estado recaudaron 340 millones más. 
Pero, Señorías, cuando se trata de crear empleo, los Estados miembros deben ocuparse sobre todo de las medidas estructurales, la reducción de los costes laborales, la flexibilización del trabajo, el fomento del trabajo a tiempo parcial y, efectivamente, constatamos que queda mucho por hacer en este ámbito. 
Señora Presidenta, es bueno que el Consejo haya dado, por fin, después de largos debates la posibilidad, aunque sea como experimento, de aplicar un tipo reducido del IVA en los servicios de gran intensidad de mano de obra locales. 
En los Países Bajos por ejemplo, el ramo de los zapateros se diezmó en el periodo de 1992 a 1998, como consecuencia de la aplicación del tipo elevado del IVA. 
Debido a los costes tan altos de arreglar los zapatos los consumidores optan antes por tirar sus zapatos viejos y comprar unos nuevos. 
El deterioro adicional del medio ambiente relacionado con ello tal vez pueda ser reducido con la modificación de la directiva del IVA. 
También es de esperar que haya otra vez un aumento del empleo en este sector. 
Doy las gracias a la ponente por haber indicado estos efectos en las enmiendas 1 y 2. 
También el desincentivo de la «economía sumergida» es positivo. 
Se debe prestar mucha atención a estos efectos en la evaluación de este experimento. 
Apoyo las enmiendas presentadas y espero que así lo hagan también el Consejo y la Comisión Europea. 
Señora Presidenta, antes que nada quiero felicitar a la ponente, Sra. Thyssen, y corresponder a sus palabras de apreciación por la colaboración que hemos mantenido durante estos años. 
Con esta propuesta la Comisión responde a una solicitud del Consejo Europeo de Viena del mes de diciembre de 1998. 
Es muy cierto que desde hace tiempo, mejor dicho, desde hace mucho tiempo, el Parlamento venía pidiendo a la Comisión que se moviera en esta dirección. 
Sin embargo, la Comisión no actuó únicamente en febrero de 1999, pues hay que recordar que ya en el mes de septiembre de 1998 elaboró una comunicación para el Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo, en la que se planteó esta idea. 
Y no es menos cierto que el Parlamento, mucho antes de entonces, nos venía pidiendo que lo hiciéramos. 
¿Por qué no lo hicimos antes? 
Por una razón política de fondo, ya que queríamos evitar unos atajos en la política fiscal en beneficio del empleo. 
Tiene razón el Sr. Van Velzen cuando afirma que este IVA reducido puede ser un instrumento, aunque no es el instrumento principal. 
Muchos de ustedes han recordado que las principales vías para fomentar el empleo, a través del fisco, son el impuesto sobre la energía y la coordinación de la fiscalidad que permita aumentar algo más la imposición sobre los capitales y reducir algo más la imposición sobre el trabajo. 
¿Por qué la Comisión planteó esta idea del IVA reducido sólo en el mes de septiembre de 1997, mientras que el Parlamento la venía pidiendo desde hacía tiempo? 
Porque sólo en el mes de septiembre de 1997 llegamos al convencimiento de que siguiendo las líneas maestras se avanzaba bastante bien. 
En aquel entonces casi se había concretado y los Estados miembros habían firmado en diciembre de 1997 el paquete para luchar contra la competencia fiscal perniciosa; estaba en estado de avanzada discusión la propuesta de imposición sobre la energía. 
En ese momento, por lo tanto, tuvimos la certeza de que esta propuesta del IVA reducido sería un elemento útil más y no un atajo que permitía a los Estados miembros eludir su compromiso prioritario. 
Todo esto, Señorías, para explicarles por qué actuamos tarde respecto a sus deseos, pero, creo, en concordancia con una exigencia global. 
No voy a alargarme describiendo la propuesta; me es grato que haya sido apreciada y compartida en su conjunto. 
Puedo asegurar que la Comisión, en virtud de estas relaciones y sobre la base de los datos de que dispone, hará una valoración global y presentará, en su caso, al final del período de experimentación, las correspondientes propuestas para dar seguimiento al ensayo. 
Compruebo con satisfacción que el Informe Thyssen respalda ampliamente el enfoque propuesto por la Comisión. 
En efecto, las principales enmiendas presentadas persiguen sustancialmente los siguientes objetivos: insistir en los efectos favorables que la medida tiene en el empleo de mano de obra no cualificada o poco cualificada y en el medio ambiente, así como en la reducción del trabajo ilegal; prever que el Consejo pueda tomar decisiones por mayoría cualificada en lo referente a la autorización para aplicar el tipo reducido y prever que la Comisión elabore un informe de valoración global acompañado, en su caso, de propuestas apropiadas. 
Les puedo asegurar que la Comisión comparte la inmensa mayoría de estos objetivos. 
Sin embargo, me veo obligado a llamar su atención sobre el hecho de que la autorización para aplicar un tipo reducido es una disposición que atañe a la armonización de las legislaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido, contempladas en el artículo 93 del Tratado de Amsterdam, antiguo artículo 99. 
A la vista de estas condiciones, no me parece posible derogar la regla de que el Consejo tome la decisión por unanimidad. 
En cuanto a lo demás, es evidente que la Comisión espera que la disposición surta los efectos positivos mencionados. 
Por último, he de subrayar que si, como presumo, todos nosotros deseamos la rápida adopción de esta propuesta por el Consejo, al objeto de cumplir los plazos señalados por la Sra. Thyssen, es decir, la entrada en vigor el 1 de enero de 2000, no puedo admitir las enmiendas. 
La Sra. Peijs me ha pedido flexibilidad en el sentido de conseguir el resultado lo más rápidamente posible y, por tanto, interpreto la solicitud paradójica y precisamente en el sentido de no admitir las enmiendas que no harían otra cosa que ralentizar el proceso. 
Deseo informarles asimismo que hoy, gracias a la Presidencia alemana, se ha celebrado en el seno del Consejo la primera reunión del Grupo de trabajo que valora esta propuesta y creo que podemos ser razonablemente optimistas. 
Finalmente, señora Presidenta, esta propuesta- que espero que sea muy útil para el empleo- sirva también para disipar algunas dudas sobre la acción en materia de coordinación fiscal de la Comisión y de la Unión Europea. 
He aquí un caso en que Bruselas no quiere más poderes, sino volver a otorgar más poderes a los Estados miembros para que sean ellos los que tomen las decisiones; he aquí un caso en que la coordinación fiscal no implicará impuestos más altos, sino impuestos más bajos; he aquí un caso que está totalmente dirigido al empleo. 
Confío en que los Estados miembros se valgan de esa subsidiariedad que les concedemos, sin escudarse- como teme el Sr. Van Velzen- en la cómoda situación de contar con un impedimento planteado por la Unión Europea para no verse expuestos al peso de las decisiones tomadas bajo su responsabilidad. 
Muchas gracias por el apoyo que nos han prestado esta tarde. 
Señora Presidenta, también quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer al Parlamento y a los diputados que han intervenido esta tarde su gran y convencido apoyo a nuestros esfuerzos de coordinación fiscal. 
Agradezco la intervención del Comisario Monti. 
La ponente desea intervenir. 
A continuación le cedo la palabra. 
Señora Presidenta, señor Comisario, le agradezco las respuestas a nuestras preguntas. 
Deduzco de ellas que usted no está de acuerdo, tampoco con la enmienda con la que intentamos que el procedimiento de autorización se haga por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad del Consejo. 
Pero lamentablemente le tengo que comunicar que no me convence con los argumentos jurídicos. 
Se trata aquí de una medida de aplicación, no de una medida general. 
Si se hacen leyes, evidentemente tienen que ser aprobadas, de acuerdo con el Tratado, por unanimidad del Consejo. 
Pero, lamentablemente, no es el caso para realizar acciones concretas. 
Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. 
Si este es el consejo que le han dado sus servicios jurídicos, es también lo que los funcionarios de la Comisión nos contaron en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y no nos convence del todo y quizá no sería mala idea volver a estudiarlo jurídicamente. 
Gracias, Sra. Thyssen. 
Antes de que el Comisario Monti responda, voy a conceder la palabra, si les parece bien, al Sr. van Velzen, para que el Sr. Monti pueda responder a los dos al mismo tiempo. 
En primer lugar, comparto absolutamente la opinión de la Sra. Thyssen de que el fundamento jurídico de ese argumento está, a mi juicio, totalmente viciado. 
Tengo una pregunta concreta para el Comisario. 
¿Tiene él indicaciones concretas dentro del Consejo de que los países que han causado todas esas dificultades no harán uso de sus posibilidades de bloqueo cuando haya que dar la autorización por unanimidad a un Estado miembro en concreto? 
Señora Presidenta, me doy perfecta cuenta de la fuerza del punto planteado por los Sres. Thyssen y Van Velzen. 
En nuestra valoración global, si hubiéramos seguido esa vía de no prever la unanimidad, habríamos tenido dificultades de principio mucho mayores que las que tendremos a la hora de hacer pasar la propuesta en el Consejo. 
Debo recordar que, por ejemplo, incluso las excepciones basadas en el artículo 27, que en el fondo son disposiciones de aplicación y no una nueva legislación, requieren la unanimidad; debo recordar las grandes dificultades que estamos encontrando en lo referente al Comité del IVA que, por su naturaleza, es meramente aplicativo, aunque los Estados miembros se resisten a que pase una norma por mayoría cualificada. 
Por lo tanto, en cierta medida- figúrense si no fuera así- puedo compartir sus aspiraciones que son las mías, en una valoración de realismo político en una materia que afecta al empleo y en que la urgencia es máxima. 
No sin sacrificios, he considerado conveniente seguir la vía que hemos seguido. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La próxima sesión tendrá lugar mañana por la mañana a las 9 horas. 
Se levanta la sesión a las 23.20 horas. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
La última aclaración de las actas concierne a las islas Kai, al oeste del archipiélago de las Islas Molucas, la propia Amboina, Ujung Pandang en las Célebes, en las que las minorías cristianas gozan de escasa o nula protección contra las bandas armadas. 
Los moluqueños necesitan recibir ayuda urgentemente. 
Mi recurso en Luxemburgo, Señorías, por el cual me han felicitado ustedes, se refiere a las sanciones penales en el caso de las votaciones nominales. 
Mi argumento fundamental es que deben ser los diputados mismos, no la Mesa del Parlamento, quienes determinen sus prioridades. 
Si ganara este recurso, será preciso reintegrar todas las cantidades indebidamente retenidas y a este respecto, señor Presidente, ayer deseó usted suerte a mis colegas, por lo cual le doy las gracias. 
Tomaremos nota de ello y lo comprobaremos. 
Señor Presidente, en el punto 19 del Acta sobre la aprobación de la gestión, se dice que yo presenté un informe sobre el Fondo Europeo de Desarrollo, pero, si se examina la lista de oradores, se ve que no intervine. 
Intentar estar en dos sitios a la vez no es tarea fácil. 
Como coordinador del Grupo Socialista, estaba aún en la Comisión de Presupuestos examinando el acuerdo interinstitucional. 
Así, pues, quisiera pedir disculpas al Parlamento por no haber acudido a presentar mi informe y también dar las gracias a la Sra. Theato por haberse encargado de él durante el debate. 
Señor Presidente, al entrar en el hemiciclo me he dado cuenta de que mi tarjeta de votaciones ha desaparecido del dispositivo electrónico. 
Le señalo que estoy en el lugar correcto, siempre el mismo. 
Señor Tindemans, creo que podría obtener rápidamente una tarjeta sustitutiva. 
En todo caso, verificaremos que nadie se dispone a votar con una tarjeta que esté a su nombre. 
Señor Presidente, el punto 18 del Acta, «Debate sobre la Oficina de Lucha contra el Fraude» , aparece muy abreviado; no se menciona al Presidente del Consejo ni a ninguno de los diputados que intervinieron. 
La verdad es que esto no suele ser un uso demasiado habitual. 
Sólo se señala que se procede a la intervención de los diputados. 
Yo creo que sería conveniente saber quiénes intervinieron. 
Señor Presidente, yo también quisiera hacer una observación sobre el Acta. 
En el punto 8, «Presentación de documentos» , en el subpunto ab) se menciona el proyecto de decisión del Parlamento Europeo relativo al Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo y a continuación figura una referencia «C». 
Yo quisiera preguntar a qué texto se refiere. 
Que yo recuerde, dicho proyecto no se presentó ayer. 
¿Se trata de la decisión que adoptó el Parlamento en diciembre o se refiere a ese texto del Consejo que carece de valor jurídico? 
Yo agradecería una aclaración. 
Aplausos 
Señor Lehne, me explican los servicios que se trata de un error técnico que se ha producido sólo en algunas lenguas; no se ha producido, por ejemplo, en el texto británico. 
Es decir, no hay texto del Consejo, hay un borrador de negociaciones hecho antes de la entrada en vigor del Tratado y, por tanto, naturalmente, no hay ningún texto oficial del Consejo y no se ha enviado ningún texto a ninguna parte. 
Lo que se discutirá es el informe del Sr. Rothley de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Se corregirá el error técnico. 
Señor Presidente, quisiera proceder a una corrección en el Acta, porque la formulación no es correcta. 
En primer lugar, yo no me refería al misil que alcanzó ayer al autobús; desconocía el hecho en el momento en que hablaba; me refería a otro misil, que causó la muerte de sesenta personas. 
Pero es que además, y esto es lo más importante, yo sólo hablé de condolencia y afecto hacia las familias, es decir del aspecto humanitario. 
He visto que en el Acta se menciona que propuse dirigir una protesta a la OTAN. 
No propuse semejante cosa y solicito que se haga la corrección oportuna. 
Señora Kokkola, evidentemente, hay que corregir lo que esté equivocado. 
Lo vamos a comprobar. 
Por lo que parece, los errores de las bombas llegan hasta las actas. 
El Acta queda aprobada 
Decisión sobre la urgencia 
Tiene la palabra el Sr. Colino para expresar la opinión de la Comisión de Agricultura, competente para el fondo. 
Señor Presidente, en la última reunión de la Comisión de Agricultura se examinó este asunto. 
Es verdad que es un tema vinculado a la Agenda 2000, pero no encontramos ninguna razón que avale la urgencia pedida por el Consejo, puesto que la disposición debe entrar en vigor durante el año 2000 y, en consecuencia, hay tiempo suficiente para que el nuevo Parlamento pueda examinarla. 
Muchas gracias, señor Colino. 
¿Desea alguien intervenir a favor de la propuesta del Consejo? 
Tiene la palabra el Sr. Mulder. 
Señor Presidente, quisiera pedir que tratemos ahora esta propuesta. En primer lugar, porque esta semana trataremos también otras propuestas de la Agenda 2000, con lo que, sencillamente, podemos hacerlo a la vez. 
En segundo lugar, porque es una propuesta neutra desde el punto de vista presupuestario, ya que no tiene repercusiones financieras. 
Por eso pienso que es mejor que esta semana despachemos todos los temas de la Agenda 2000 y, por consiguiente, votaré a favor. 
Muchas gracias, señor Mulder. 
No habiendo más intervenciones, someto a votación la solicitud de urgencia. 
El Parlamento aprueba la urgencia 
Al quedar decidida la urgencia, este punto se inscribe en el orden del día del viernes y el plazo de presentación de enmiendas vencerá mañana miércoles a las 10.00 horas. 
Declaración del Sr. Prodi, Presidente propuesto de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Sr. Prodi, Presidente propuesto de la Comisión. 
Doy la palabra al Sr. Prodi. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, en poco más o menos de un mes es la segunda vez que me brindan la oportunidad de dirigirme a este Pleno. 
En aras del estilo extremadamente sobrio de estos encuentros- estilo que comparto plenamente- he de remitirme necesariamente a lo que declaré el pasado 13 de abril, cuando hablé de visión del proyecto europeo garantizando el empeño de la futura Comisión y el mío en abrir un profundo período de reformas y de cambios en Europa. 
Hoy me centraré en algunas de las cuestiones prioritarias de la agenda política europea. 
Durante la reunión con los jefes de Estado y de Gobierno del pasado 14 de abril quedó patente la voluntad de avanzar, por un lado, hacia una profunda reforma de la Comisión y, por otro, hacia el fortalecimiento de nuestras políticas comunes, en especial la Política Exterior y de Seguridad Común y la proyección internacional de Europa, las políticas encaminadas a lograr un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión, las políticas para volver a impulsar el crecimiento económico europeo y luchar contra el desempleo. 
Hoy me voy a centrar en estos tres temas. 
El objetivo de relanzar el papel de la Comisión pasa esencialmente por la solución de dos clases de problemas: a) la definición del papel institucional que le corresponde a la Comisión respecto al Consejo y al Parlamento; b) la definición más clara de la relación que debe existir entre política y administración en la actuación de la Comisión. 
De hecho, estoy firmemente convencido de que el elevado nivel de eficacia y de responsabilización en la actuación de la futura Comisión depende en gran medida de la capacidad de reducir fuertemente las zonas grises que hoy tienden a ofuscar los límites de las autonomías y las responsabilidades entre quien desempeña un papel de derecho político y quien desempeña una función de carácter administrativo. 
Para convertir en más transparente y rotunda esta división es primordial aumentar la capacidad de dirección política de la Comisión. 
La Comisión debe tener una gran iniciativa política en el pleno respeto de los Tratados y de las competencias del Parlamento y del Consejo y, ante todo, una iniciativa política más centrada en algunas prioridades fuertes. 
La definición de las prioridades es la tarea prioritaria de la política y, por tanto, debe ser responsabilidad directa del Presidente y del Colegio de Comisarios. 
En estos días me he preguntado acerca de las posibles modalidades organizativas para incrementar el nivel de coordinación y cooperación entre los Comisarios y sobre cómo es posible actuar colegiada y, al mismo tiempo, eficazmente con un órgano compuesto por 20 miembros. 
Las respuestas a mis preguntas son, como es obvio, todavía parciales y merecen una mayor profundización, sin embargo, creo que puede intentarse alguna solución ciñéndonos a la letra de los Tratados. 
En primer lugar, es la calidad político-profesional de cada uno de los Comisarios y su disposición a trabajar en equipo las que son un elemento importante de este proyecto. 
En segundo lugar, pienso que podemos valernos de las personas de los Vicepresidentes para coordinar ámbitos estratégicos para la actividad de la Comisión. 
Por último, creo que hay que estudiar la hipótesis de crear unos departamentos en los cuales agrupar las carteras que requieren una integración y cooperación confiando de esta manera a los Comisarios, titulares de estas carteras, la tarea de actuar de forma más coordinada. 
Pienso, por tanto, en una Comisión que tenga las competencias, la sensibilidad política y la voluntad de actuar colegiadamente, al objeto de fomentar la eficacia y la transparencia y mostrar una fuerte iniciativa política. 
Una vez mejorada la capacidad de dirección política del Colegio de Comisarios, podremos fácilmente tratar de aumentar la transparencia, la eficacia y la responsabilidad de los servicios, con arreglo a lo requerido por el Tratado de Amsterdam y la opinión pública europea. 
Aplausos 
Una de las causas de la formación de esa zona gris entre técnica y política debe buscarse, a mi juicio, en el papel adquirido por los gabinetes. 
Es preciso que los gabinetes adquieran una estructura esencialmente supranacional y se limiten a ser un instrumento para apoyar la acción política del Presidente y de los Comisarios. 
La ejecución debe incumbir integralmente a los servicios y, por tanto, a la Secretaría General y las Direcciones Generales que necesitan más autonomía y más responsabilidad, una responsabilidad política que no puede sino recaer en el Colegio de Comisarios y, en última instancia, en el Presidente. 
No obstante, existe una responsabilidad administrativa que debe recaer en los Directores Generales en un sistema que no solo ponga en claro los ámbitos de autonomía, sino también las formas y los instrumentos de control. 
Sé que este Parlamento interpretando un sentimiento extendido entre los ciudadanos europeos, espera unos avances significativos en esta dirección. 
Por mí parte soy consciente de que la Europa de los ciudadanos se construye también a través de la transparencia y de la apertura de las Instituciones y me comprometo aquí, ante ustedes, a dar una fuerte prioridad a estos temas. 
En los próximos años, la acción del Parlamento Europeo estará cada vez más caracterizada por una dimensión internacional. 
Las razones principales y más urgentes para una mayor proyección de la presencia europea en el mundo son, a mi entender, tres. 
En primer lugar, los grandes avances de la integración en el ámbito económico y monetario han lanzado a la escena política a un gran actor: el euro, con responsabilidades de primer orden de cara a la gestión de la estabilidad monetaria y el relanzamiento y el desarrollo tras las crisis financieras de los últimos años. 
Al igual que para las cuestiones más estrictamente políticas, para las cuales el eje transatlántico es sustancial, considero que una Europa más fuerte es útil para un reparto más justo y sostenible de las tareas entre las dos orillas del Atlántico y permite un modelo con dos motores, seguramente más estable que un sistema basado en una sola divisa. 
Sin embargo, una diferente distribución de los pesos precisa necesariamente unos ajustes en la arquitectura institucional de las finanzas internacionales. 
Sin embargo, si la estabilidad monetaria internacional es un requisito previo fundamental para una economía saneada, el verdadero vector del desarrollo será una nueva ronda de liberalización de los intercambios internacionales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, respecto a la cual la Comisión Europea tiene una competencia fundamental. 
La segunda razón para poner más énfasis en el alcance internacional de la acción de la Unión Europea surge de la necesidad de reequilibrar el camino de la Europa económica a través de una Europa política. 
En consecuencia, van en esta dirección las ambiciones de la estrategia de Viena para Europa, aprobada por el Consejo en el pasado mes de diciembre. 
En un futuro, será necesario un nuevo proyecto institucional, diseñado en una nueva conferencia, para poder convertir en fructífero un compromiso común en el ámbito de la defensa siguiendo, en su caso, el modelo gradual y progresivo ya ensayado para la unión monetaria. 
Una defensa común de la Unión Europea será una condición fundamental para mantener la paz y la estabilidad, como se ha reiterado recientemente en la Cumbre de la OTAN de Washington. 
Europa debe ser capaz de jugar su papel. 
El primer desafío ya se ha planteado con la inauguración del proceso de ampliación de la Unión: además de cerrar la desafortunada página del telón de acero en la historia europea, la ampliación plantea cuestiones políticas urgentes, ya que desplaza el epicentro de la Unión hacia Oriente y subraya la importancia de la relación con Rusia, en la que se medirá el éxito de toda futura PESC. 
El reto más grande será mantener viva la vocación civil y comercial de Europa frente al contacto con culturas diferentes y heterogéneas, del Este y del Sureste, que sólo puede lograrse renunciando al modelo deciochesco de Estado cerrado, de fronteras inviolables, para abrazar la concepción más moderna y liberal de una sociedad abierta, de unas fronteras porosas y de una comunidad de intereses. 
La tercera y última razón para consolidar cuanto antes la vocación política de Europa, hoy está, desgraciadamente, ante todos nosotros. 
En efecto, en la antigua Yugoslavia las razones del odio étnico y de la opresión prevalecen sobre las del desarrollo y la integración. 
En consecuencia, la intervención de la comunidad internacional ha sido dolorosa, pero necesaria, ya que al menos en aquella Europa que definió sus criterios de comportamiento en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París, el uso sistemático del ejército contra su propia población es intolerable y debe comportar sanciones graves. 
No obstante, el papel de la Unión en la antigua Yugoslavia va, también y sobre todo, más allá de la solución a la crisis militar actual. 
Europa es capaz de ofrecer una perspectiva más amplia a las partes en conflicto. 
Esta perspectiva es necesaria porque, si nos limitamos a las identidades locales, se corre el riesgo de caer en un juego de masacres en que cada metro de territorio es vital, mientras que si se colocan las divergencias entre los pueblos y las naciones en el ámbito de una Europa más integrada y abierta, entonces van atemperándose las diferencias y pueden aumentar las perspectivas de una convivencia. 
Aplausos 
Ya he podido mencionar en algún lugar la necesidad de una reflexión que pueda resolver todos los conflictos en la antigua Yugoslavia en un único marco más amplio imaginando una vía que lleve a toda la región a una total y permanente estabilización y a encontrar su lugar en el ámbito europeo. 
Me pregunto si no sería necesario convocar una gran conferencia internacional sobre los Balcanes. 
No se trata de renegar los acuerdos de Dayton o de Rambouillet que reposan sobre los principios irrenunciables de la Conferencia de Londres, sino más bien de reforzar su espíritu y de situarlos en un marco que finalmente pueda aspirar a ser definitivo para toda la región. 
Creo que, por su posición y su vocación, la Unión Europea puede desempeñar un papel clave en este sentido, sobre todo cuando las armas y la violencia hayan cedido su lugar a la sensatez y cuando la Federación yugoslava haya regresado a la familia de las naciones europeas. 
Aplausos 
Otra dimensión fundamental de la política europea en los próximos años es la que atañe a la seguridad interior. 
El 14 de octubre de 1999 en Tampere, el Consejo Europeo, de acuerdo con el Parlamento, deberá definir en sesión extraordinaria los objetivos del plan para el espacio de libertad, seguridad y justicia que se convertirá en el programa legislativo de la Unión Europea para el próximo lustro y completará el primer plan de acción establecido en Viena en el pasado mes de diciembre. 
En cuanto a la forma, considero esencial la estrecha sinergia entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y los Gobiernos y los Parlamentos nacionales y los representantes de la sociedad civil. 
En cuanto al fondo, considero sustancial el objetivo de construir el espacio de libertad, seguridad y justicia que representa el objetivo fundamental de Tratado de Amsterdam de cara a la evolución de la Unión y a la actuación y el compromiso en favor de los derechos fundamentales, la ciudadanía europea y la lucha contra cualquier forma de discriminación. 
En este sentido, comparto y hago mía la posición expresada por el Parlamento Europeo en la resolución aprobada el pasado 13 de abril. 
En realidad, el Tratado de Amsterdam ofrece los instrumentos para que a la evolución política, económica y social de Europa en la última década se acompañe una repuesta a la cada vez más creciente demanda de seguridad y de justicia. 
Es decir, se trata de buscar una adhesión convencida de todos al objetivo del espacio de libertad, seguridad y justicia como expresión concreta de la ciudadanía europea. 
Si Europa ha sabido renunciar a la soberanía nacional en lo referente a la moneda única común y a la frontera exterior común, deberá y, sin duda, sabrá aceptar el reto de la espada común en favor de la seguridad y de la balanza común en pos de la justicia. 
El haber conseguido en estos meses poner en marcha la gestión unitaria de la política monetaria europea es un logro que nos debe enorgullecer, sin embargo, es un acto que tiene enormes repercusiones en nuestra actividad y respecto al cual debemos ser plenamente conscientes. 
Hace un año contábamos con que la introducción del euro iría acompañada de una etapa de expansión del ciclo europeo y que esto favorecería un rápido ajuste de los presupuestos públicos nacionales. 
Asimismo, el repunte crearía un contexto más favorable para la consolidación de las ulteriores políticas de convergencia real en el ámbito de la estructura de los mercados, una convergencia que la Comisión debe estimular. 
Hoy por hoy, la economía europea se encuentra en medio de una etapa de ralentización del crecimiento; está implicada en una guerra cuyas graves consecuencias en sus fronteras se dejarán sentir durante años. 
La misma debe afrontar esos cambios estructurales de los mercados, de los bienes y de los factores productivos exigidos por la falta de un presupuesto público federal. 
Asimismo, y no por ser menos importante, está expuesta al riesgo del desencanto de los ciudadanos europeos después de la euforia inicial producida por el euro. 
Por consiguiente, deben lograrse resultados tangibles en el frente del empleo para garantizar a los ciudadanos que euro y Europa son sinónimos de bienestar. 
Todos los Gobiernos nacionales, por tanto, son conscientes de que ahora la convergencia real debe realizarse a través de la plena consecución de la liberalización de los mercados, bienes y servicios, así como a través de su plena integración. 
La acción de la Comisión deberá dar un renovado impulso a este proceso, al objeto de reducir las diferencias y solicitar actuaciones en que el peso del Estado es todavía importante. 
El tema de la imposición es crucial para configurar un verdadero mercado europeo. 
Pueden conseguirse avances en el ámbito de la imposición indirecta, en particular en lo referente a la imposición de las emisiones contaminantes que algunos Estados ya han empezado a introducir en aplicación de los Acuerdos de Kyoto. 
La coordinación es necesaria para no penalizar, en el plano productivo, a esos Estados que prestan mayor atención a la defensa del medio ambiente. 
Por último, son muy importantes y prioritarias las reglas de conducta que los Estados están estableciendo en méritos a la imposición sobre los beneficios de las empresas y las rentas financieras. 
En el plano coyuntural, deberán emplearse todas las opciones que, actualmente, el Pacto de Estabilidad y los programas presentados por los Estados ofrecen para apoyar la demanda interna europea. 
A dicho fin, será oportuno dar un rápido seguimiento a los acuerdos relativos a la Agenda 2000 estudiando, en su caso, fórmulas apropiadas de anticipos de fondos para apoyar programas plurianuales de inversión pública en obras de interés transnacional. 
Así y todo, no debemos descuidar el problema de dotarnos de instrumentos que permitan a la Unión Económica y Monetaria intervenir para hacer frente a eventuales situaciones de emergencia coyuntural. 
Las grandes orientaciones de política económica, fijadas por la Comisión el pasado mes de marzo, establecen las acciones a medio plazo y los Gobiernos nacionales están adaptándose a ellas. 
De hecho, me satisface comprobar, por ejemplo, que se están multiplicando las declaraciones bilaterales para la conducción de las políticas de empleo y la elaboración del Pacto por el Empleo con vistas a la próxima Cumbre de Colonia. 
Está claro que no todas las visiones son homogéneas, sin embargo, es esta multiplicidad la que plantea el reto y la selección de las mejores prácticas. 
Me satisface asimismo constatar que en varios Estados va ampliándose la disposición a considerar el elevado nivel de imposición y de gastos. 
La acción de reducción de las cargas fiscales y contributivas, en términos de Producto Interior Bruto, deberá intensificarse en un futuro y tendrá que llevarse a cabo conjuntamente en los diferentes Estados actuando los unos de estímulo para los demás. 
Habida cuenta de que la reducción de la imposición deberá llevarse a cabo en el respeto de los programas de estabilidad, la misma requerirá una reflexión conjunta sobre qué gastos corrientes deberán contenerse en términos de Producto Interior Bruto. 
Dados los distintos sistemas presupuestarios y de deuda pública de los diferentes países, las indicaciones no podrán ser unívocas, sin embargo, resulta fácil prever que afectarán los ritmos de crecimiento del gasto social. 
Para fomentar la movilidad laboral y acercarse a una forma común de combinar eficacia y solidaridad, las acciones en materia de gasto social deberán inspirarse cuando menos a principios comunes como una mayor base del seguro para las prestaciones de la Seguridad Social. 
También en este ámbito la acción de la Comisión deberá proteger los intereses de las futuras generaciones instando a los Gobiernos a hacer frente sin demora a los conflictos entre generaciones que el envejecimiento de la población plantea en toda Europa. 
Al afrontar eficazmente el problema del desempleo y del futuro de las jóvenes generaciones, las apropiadas políticas macroeconómicas deben ir acompañadas de un igualmente amplio abanico de acciones microeconómicas. 
Dicho abanico debe incluir una extraordinaria contribución en pos de la formación de todos los recursos humanos, el incremento de las inversiones en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, el desarrollo de la sociedad de la información. 
De hecho, entre las varias causas de desempleo debemos incluir una especialización productiva de los Estados miembros de la Unión Europea en la cual es escasa la presencia de los sectores más novedosos y dinámicos. 
Por un lado, la mayor parte de los indicadores de la producción científica y tecnológica muestran una actuación europea sustancialmente en línea con la de los Estados Unidos; por otro, sin embargo, Europa muestra una estructura productiva mucho más frágil que la americana en los sectores más innovadores, de alta tecnología. 
La explicación de esto puede radicar en la insuficiente capacidad de transformar los conocimientos científicos y tecnológicos en oportunidades empresariales efectivas. 
Sin embargo, en el gigantesco camino que tenemos ante nosotros, Europa no parte desde cero; Europa no está en el año cero. 
No cabe duda de que en el frente de la innovación hay que hacer un gran esfuerzo colectivo. 
No obstante, precisamente a escala comunitaria, existen algunas experiencias que pueden servir de ejemplo y de ayuda para la construcción del futuro. 
Las podemos agrupar en seis grandes líneas de acción: primero entre todos, el programa ERASMUS, hoy englobado en el programa SOCRATES, debe ser incluido entre las experiencias más significativas: acostumbra a los jóvenes a moverse entre los Estados de la Unión Europea; compara las muchas tradiciones culturales que animan el viejo continente; aumenta su formación y sus posibilidades de empleo. 
Desde el año 1987 hasta la fecha, lo han podido aprovechar 500.000 estudiantes. 
Quizás valdrá la pena ampliarlo también más allá del mundo de los estudiantes. 
También en el frente de la política europea en apoyo del progreso tecnológico hay algunas señales positivas que es necesario cultivar y fomentar. 
El referente es sobre todo el Quinto programa marco dirigido a consolidar la relación entre la investigación y las pequeñas y medianas empresas. 
Precisamente de esto nace la tercera línea de acción: en los próximos años debemos concretar la opción del desarrollo sostenible convirtiendo cada vez más la calidad medioambiental en uno de los signos distintivos del modelo social y económico europeo y en un factor positivo de innovación. 
En esta perspectiva, habrá que perseguir algunos objetivos con especial firmeza. 
A los problemas de la imposición- que ya he mencionado- deben añadirse la armonización más plena entre las legislaciones nacionales, una mayor integración entre las políticas medioambientales y las demás políticas europeas, en particular las políticas agrícolas, los incentivos en favor de la innovación industrial y los programas infraestructurales. 
Por último, un fuerte compromiso en pos del saneamiento y el desarrollo sostenible de las ciudades que son los verdaderos pilares del alma europea. 
Para Europa, el desarrollo sostenible es una elección adquirida, contemplada claramente en el Tratado de Amsterdam y en la Agenda 2000, y ratificada en los Consejos Europeos de Cardiff y de Viena. 
El interés por la calidad del medio ambiente no sólo es un recurso por el que debemos apostar para defender y fortalecer la competitividad, sino una de las maneras más concretas y serias de contribuir positivamente al destino de nuestros hijos. 
Los cambios producidos en las reglas del juego de la vida económica representan la cuarta señal positiva. 
Hoy no sólo nos encontramos ante un mercado único- con la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales- y ante una moneda común. 
Actualmente, el europeo es el sistema económico más competitivo. 
En este sentido, piénsese en la regulación de las concentraciones de 1989 y en la consiguiente y severa jurisprudencia antitrust emanada al respecto, en la normativa relativa a las ayudas de Estado y en el impulso dado a las liberalizaciones y privatizaciones. 
Por eso he enfatizado el papel de las nuevas reglas del juego como factor de cambio, junto con el progreso tecnológico. 
El proceso de liberalización progresiva de los mercados debe ir acompañado de un fortalecimiento de los instrumentos de protección de los consumidores que, a través de sus opiniones, deben participar de pleno derecho en el juego entre las empresas y las autoridades de reglamentación. 
La quinta señal positiva está representada por la creciente importancia asumida por los mercados bursátiles europeos en el ámbito de la asignación de los recursos. 
El papel de los bancos de negocios y de los proveedores de capital de riesgo- adventure capital- en el desarrollo de las empresas americanas de alta tecnología queda justa y rotundamente subrayado por todos los observadores. 
Actualmente, algo importante se está moviendo también en nuestra Europa, donde se está llevando a cabo una progresiva consolidación de los nuevos mercados paneuropeos para las pequeñas y medianas empresas de tecnología puntera y alto crecimiento. 
Finalmente, las operaciones de fusión y adquisición que se producen en la industria y en las finanzas europeas son numerosas, especialmente a partir de la segunda mitad del año 1998. 
A estos instrumentos, sin embargo, deben acompañarse nuevos instrumentos jurídicos empezando por el Estatuto de la sociedad europea. 
A través de la creación de una sociedad europea se permitirá a las sociedades de los diferentes Estados miembros constituir holding o filiales comunes, sin tener que someterse a las trabas jurídicas y prácticas de quince ordenamientos diferentes. 
Señorías, al final de mi mandato, en el año 2005, en los bolsillos de los ciudadanos europeos circulará desde más de tres años una moneda única; la culminación de las últimas etapas de la Ronda Uruguay habrá abierto aún más, si cabe, nuestra economía a los intercambios internacionales; los monopolios nacionales habrán desaparecido en su inmensa mayoría, la competencia, incluso en los servicios reales y financieros, será mayor y los consumidores europeos habrán aprovechado sus ventajas de muchas maneras; la Unión- es de esperar- contará con nuevos miembros y estará a punto de iniciar una nueva etapa de ampliación a los países que habrán empezado a integrar sus economías en la nuestra. 
Los éxitos en cada una de estas direcciones apoyarán los éxitos en las demás. 
Sin embargo, será durante los próximos 18 o 24 meses que tendremos que conseguir embocar el camino del desarrollo de estas potencialidades planteando las reformas de los mercados nacionales y las Instituciones europeas a fin de prepararlas para la ampliación. 
Sin embargo, aun lográndolo, muchos de los resultados que esperamos podrían quedar comprometidos si, durante los próximos 3 o 4 meses, la Unión no es capaz de convertir toda la Europa geográfica en una zona de paz. 
Desde ahora debemos pensar en organizar la posguerra y buscar la manera de aplicar en los Balcanes la solución que en los Estados de la Unión Europea ha permitido resolver los conflictos tanto grandes como pequeños, a través de una integración económica y política cada vez más fuerte. 
Las sanciones contra los responsables del conflicto van a suponer la derrota de su proyecto de separación física y cultural y permitirán que las poblaciones balcánicas se den cuenta de que la democracia, el bienestar y la autonomía local no están reñidos, sino que son exaltados por la integración de una región que, por desgracia, nunca ha tenido experiencias de integración a lo largo de su historia. 
Europa es un continente que ha concebido guerras dolorosas y sanguinarias entre las naciones. 
No obstante, a lo largo del tiempo se ha formado una nueva conciencia que en los últimos 50 años ha sido la base de la integración y la base de una paz verdadera y duradera. 
Esta conciencia es la heredera de la cultura humanista y de la cultura cristiana y ha sabido emancipar al ciudadano europeo en la tolerancia y en la diversidad. 
El desarrollo del espíritu religioso, el iluminismo en el campo científico, la revolución industrial y liberal en el ámbito económico y la llegada de la democracia del Estado de bienestar han hecho cosechar grandes éxitos a la Unión Europea. 
Sólo ampliando nuestras Instituciones y garantizando un espacio continental de paz podremos poner a buen recaudo lo que hemos conquistado y podremos, por fin, llevar a cabo. 
Vivos aplausos 
Señor Presidente, Señorías, el nombramiento de una nueva Comisión Europea ha sido siempre un acto de una gran trascendencia para la política europea. 
En esta ocasión, el procedimiento aparece marcado además por unos indicios particulares. 
En primer lugar, tras la dimisión de la anterior Comisión, se hace necesario rectificar algunos errores y anomalías y recuperar la confianza perdida. 
En segundo lugar, es preciso actuar con rapidez para superar definitivamente la crisis ocurrida y poder recuperar la normalidad. En tercer lugar, se tendrán que aplicar por primera vez las disposiciones del Tratado de Amsterdam, que entró en vigor hace pocos días, el pasado 1 de mayo. 
Las oportunidades de introducir reformas radicales que ofrece este nuevo comienzo sólo se podrán aprovechar plenamente si los tres órganos implicados- el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión- mantienen una estrecha colaboración en un clima de plena confianza. 
Las condiciones para ello ya existen y la jornada de hoy debería ser una prueba más de ello. 
El procedimiento de nombramiento sigue su curso y podría completarse antes de las vacaciones de verano. 
La nominación del Sr. Romano Prodi en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de Berlín fue el primer paso. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han demostrado con la designación del Sr. Prodi la capacidad de actuación de la Unión Europea y su determinación de resolver de manera rápida y convincente la crisis ocurrida. 
Con este objeto, se han puesto de acuerdo para designar a una personalidad que cumple como prácticamente ninguna otra persona los requisitos para este difícil cargo. 
Romano Prodi es un europeísta convencido, un reformador económico y político de probado éxito, un político avezado en temas administrativos, que aporta asimismo la necesaria proximidad a los ciudadanos, y después de escuchar su anterior intervención yo quisiera añadir también que es un candidato que aúna la visión de un proyecto, el sentido de la realidad, el pragmatismo y una clara conciencia de las necesidades. 
Un candidato que también debería satisfacer las expectativas del Parlamento. 
Si ustedes, en su calidad de diputados del Parlamento Europeo, hacen suya la propuesta de los Jefes de Estado y de Gobierno y aprueban pasado mañana el nombramiento del Sr. Prodi, los Gobiernos procederán a continuación, como siguiente paso, a designar de común acuerdo con el Presidente nominado a las personalidades que se proponen nombrar como miembros de la Comisión. 
El resultado, la propuesta global del Colegio de Comisarios, se presentará al nuevo Parlamento elegido en cuanto se constituya. 
Es deseo de la Presidencia alemana que todos los Estados miembros apliquen criterios del máximo rigor en la designación de la nueva Comisión. 
Deseamos una Comisión reformadora, una Comisión integrada por europeístas convencidos y convincentes, una Comisión compuesta por mujeres y hombres de destacada competencia, experiencia, capacidad de mando e integridad personal. 
Yo tengo la seguridad de que todos albergamos la esperanza de que las audiencias necesarias se puedan completar en un plazo que permita obtener la aprobación del Parlamento y proceder al nombramiento formal dentro del mes julio. 
Todas las partes implicadas, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, tienen un interés común en que la nueva Comisión se concrete y sea ratificada rápidamente. 
Los ciudadanos y ciudadanas europeos así lo que esperan. 
Desde un primer momento, nos propusimos aplicar las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam al procedimiento de designación; así lo confirmaron los Jefes de Estado y de Gobierno en Berlín. 
El Tratado ya ha entrado en vigor y su primera consecuencia es una mayor participación del futuro Presidente de la Comisión y del Parlamento Europeo en el nombramiento de la Comisión. 
El objetivo es fortalecer en general la posición del Presidente de la Comisión y resaltar este hecho mediante una votación diferenciada de su nombramiento en el Parlamento. 
La situación en la que ahora nos encontramos resalta la importancia de la reforma incluida en el Tratado de Amsterdam, la cual contribuye a aumentar la transparencia y legitimación de todo el procedimiento. 
Un aspecto que no deberíamos perder de vista en la aplicación de las disposiciones. 
La designación de la nueva Comisión ofrece una oportunidad para afrontar en este momento los problemas que contribuyeron a la crisis y finalmente a la dimisión de la actual Comisión. 
En este contexto, se requieren en primer lugar reformas internas, que la Comisión deberá abordar y aplicar rápidamente bajo su propia responsabilidad; ya existen, en efecto, documentos de apoyo muy concretos. 
Romano Prodi expuso a los Jefes de Estado y de Gobierno sus primeras reflexiones al respecto en su reunión informal del 14 de abril en Bruselas. 
Está previsto que este intercambio de opiniones prosiga en el Consejo Europeo de Colonia del 3 y 4 de julio. 
En este contexto adquiere una especial relevancia el programa de reforma «La Comisión del futuro» que presentó el Presidente Santer y que incluye los programas MAP 2000 y SEM 2000. 
El objetivo de estas propuestas es la modernización de la administración y la política de personal, la solución de los problemas en el ámbito de la gestión presupuestaria, el control financiero y la lucha contra el fraude, así como la reforma de la gestión financiera mediante un control financiero más eficaz. 
En general, será necesario establecer con claridad las prioridades políticas, adaptar las estructuras de la Comisión a sus futuras tareas, ampliar la descentralización también en el ámbito de la gestión de los recursos, racionalizar los trabajos de la Comisión y mejorar su eficacia, y finalmente, a mi parecer, también habría que adoptar un código de conducta para los Comisarios y el personal. 
El Consejo y el Parlamento Europeo tienen que contribuir asimismo a la rectificación de los errores y anomalías. 
Si queremos una Comisión fuerte, con capacidad de actuación e íntegra, también tenemos que dotarla de los debidos recursos para que pueda cumplir sus nuevos cometidos, por ejemplo en el ámbito de la ampliación o de las tareas humanitarias. 
Aplausos 
Y, finalmente, tenemos que empezar a considerar algunas reformas que requerirían una modificación de los Tratados. 
El Tratado CE sólo prevé la posibilidad de una moción de censura colectiva del Parlamento Europeo contra la Comisión. Las experiencias recientes indican que, en cualquier caso, convendría examinar la posibilidad del cese individual, ya sea por iniciativa del Presidente de la Comisión, del Parlamento o del Consejo, con la participación en cada caso de los demás órganos. 
Aplausos 
Las posibles normativas nacionales pueden servir, sin duda, como punto de partida. 
Los acontecimientos que han rodeado la dimisión de la Comisión han demostrado que está empezando a configurarse una auténtica opinión pública europea. 
Entre los ciudadanos y ciudadanas existe una nueva necesidad de controlar o, en cualquier caso, de observar con mayor atención lo que sucede en Bruselas y aquí en Estrasburgo. 
Se ha intensificado la atención pública a los asuntos europeos, considerados hasta ahora con frecuencia como un tema reservado a los expertos europeos. 
En este contexto, se plantea con mayor intensidad el tema de la legitimación y el control democráticos de las instituciones europeas. 
Esto responde a diversos motivos; la UE ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y ha ampliado sus campos de actuación, y adopta más decisiones que tienen repercusiones directas para los ciudadanos y ciudadanas y sus condiciones de vida. 
Se ha reforzado la aplicación del procedimiento de decisión por mayoría para estas decisiones, de manera que éstas podrían obligar a algún Estado miembro en contra de su voluntad. 
Lo cierto es que los procedimientos de decisión a veces son, en parte, muy complejos y ya no resulta fácil seguirlos. 
El equilibrio institucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que prevén los Tratados ha quedado parcialmente descompensado en la práctica. En consecuencia, tenemos que preguntarnos cómo podemos reforzar concretamente los controles, garantizar la legitimación y mejorar la transparencia. 
Ya me he referido a las reformas necesarias y posibles en el caso de la Comisión. 
Por lo que respecta al Parlamento Europeo, el Tratado de Amsterdam amplía sus competencias de control. También le concede importantes nuevas competencias y atribuciones en el ámbito legislativo, en relación con la financiación de la PESC o en lo que respecta al nombramiento de la Comisión. 
Sin embargo, es necesario fortalecer todavía más al Parlamento Europeo. 
Aplausos 
Cuanto mayor llegue a ser la capacidad de actuación de la Unión, mayor deberá ser la legitimación democrática de sus actuaciones y decisiones. 
Aplausos 
Esto significa que en todos aquellos casos en los que el Consejo adopte un acto legislativo por mayoría- y nosotros deseamos que la decisión por mayoría se convierta en la norma -, el Parlamento Europeo debe disponer de un poder de codecisión de peso equivalente. 
Aplausos 
La Unión Europea se enfrenta con grandes retos: la transposición del Tratado de Amsterdam, las negociaciones para la ampliación, la ampliación de la zona euro, la ronda de negociaciones de la OMC, la mejora de la política común en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, y sobre todo el fortalecimiento de su papel en el ámbito de las relaciones exteriores. 
Para cumplir con éxito estas tareas necesitamos una Comisión fuerte, con capacidad de actuación e íntegra; ahora nos toca crear conjuntamente las condiciones para que así sea. 
Aplausos 
Señor Presidente, la Asamblea y yo hemos escuchado con extraordinaria atención esta mañana la declaración inicial del Sr. Prodi. 
Le agradezco profundamente el planteamiento reflexivo e inteligente que ha adoptado para la apertura de este debate. 
El hecho de que estemos aquí debatiendo la ratificación de un nuevo Presidente de la Comisión, seis meses antes de cuando correspondía según el calendario es un reflejo del cambio de funciones y perspectivas de la Unión Europea. 
Hemos visto que la UE se ocupa de sectores y cuestiones que ahora afectan a las vidas de los ciudadanos de la Unión Europea de forma muy directa: el lanzamiento del euro, que pronto no será un simple instrumento para los bancos y las instituciones, sino también las monedas y los billetes que llevarán en el bolsillo nuestros ciudadanos, y esta semana la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam con su mayor insistencia en políticas que afectan a los ciudadanos y, en particular, en la creación de puestos de trabajo. 
Cuando se habla de los puestos de trabajo y del dinero que llevan en los bolsillos los ciudadanos, se habla de cuestiones que afectan muy claramente a las vidas de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Así, pues, no es una coincidencia que haya habido una mayor concentración en el sistema de gobierno de la Unión Europea. 
Esos sistemas han resultado deficientes y han fallado en las últimas semanas. 
Tiene que haber cambios demostrables. 
La próxima Comisión debe reflejar un nuevo planteamiento de la estructura y la responsabilidad, no por formalismo. 
No buscamos simplemente una Comisión que parezca diferente o lo sea sólo de boquilla. 
Queremos una Comisión Europea que sea diferente y aplique políticas para los ciudadanos. 
Esperamos que esa Comisión sea diferente, que refleje la labor real por hacer. 
Si se me permite decirlo así, no queremos una Comisión con estructuras y carteras que refleje simplemente un reparto de los cargos entre veinte Comisarios para los que el Presidente deba encontrar un papel y una tarea a fin de que parezca que todos ellos son importantes. 
Queremos que se intente en serio crear un planteamiento dinámico con vistas a la aplicación de políticas para los ciudadanos de la Unión. 
A partir de hoy, señor Prodi, se examinará con lupa, como nunca, a usted y lo que haga. 
Los nombramientos que haga para su oficina, el carácter o la tonalidad multinacional o no de su personal, el equilibrio entre los sexos, todas esas cosas adquirirán una importancia totalmente desproporcionada respecto de su importancia real. 
Su capacidad para demostrar que ha desempeñado un papel digno del Presidente de la Comisión a la hora de decidir quiénes deben formar parte de la comisión y cuáles deben ser sus carteras son cosas, todas ellas, que darán a su presidencia y a su Comisión sus puntos fuertes iniciales y, de hecho, podrán darle también sus puntos flacos iniciales. 
Me ha complacido que se haya centrado usted hoy en gran medida en su planteamiento amplio de su pensamiento y programa políticos para la Unión Europea. 
En su última intervención en esta Asamblea- que todos consideramos muy preliminar, en verdad, como usted mismo dijo, por lo demás- hizo usted una exposición en gran medida económica. 
Hoy ha abordado usted un ámbito más amplio de las políticas que va a aplicar. 
Hemos visto el tono de algunas de sus ideas: por ejemplo, en materia de política exterior y de seguridad común, en materia de justicia y asuntos de interior. 
Acojo con el mayor beneplácito su pensamiento sobre esos sectores. 
Su insistencia en la competencia de los Comisarios y su capacidad y disposición para actuar en equipo es muy digna de beneplácito. 
Su insistencia en la estructuración de las carteras con vistas a aplicar las políticas y su compromiso sobre la transparencia son también dignas de beneplácito. 
Naturalmente, no hace falta que le diga que ya hemos oído compromisos semejantes en ocasiones anteriores, pero le tomamos la palabra y creemos que habla usted en serio al respecto. 
He de formular una crítica y le agradecería que la comentara en su declaración de conclusión. 
Su discurso de hoy se ha referido muy poco a los ciudadanos. 
Ha mencionado usted el empleo, pero no ha hablado mucho sobre la necesidad de luchar contra la exclusión social, sobre la lucha por una Europa imparcial y justa para con todos nuestros ciudadanos, la necesidad de apoyar a los Estados miembros en la erradicación de la pobreza, en particular entre los jóvenes y los ancianos de nuestras sociedades, la necesidad de igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres, para los ciudadanos negros y blancos de la Unión Europea. 
Señor Prodi, su humanidad ha quedado clara en su discurso. 
Su compromiso con la paz en este continente es digna de elogio. 
Me habría gustado oír un poco más sobre su fe en una Europa multirracial, multiétnica, multicultural. 
Espero que pueda tranquilizarnos a ese respecto en su conclusión. 
Como conclusión, para mí, como londinense, este fin de semana se nos ha hecho ver muy gráfica y trágicamente la importancia del apoyo a una Europa de imparcialidad y justicia para todos nuestros ciudadanos, la necesidad de que nos comprometamos en la lucha contra la intolerancia, el racismo y el odio, contra esas concepciones. 
Esta Unión Europea tiene que ver con una visión para el futuro. 
La gran cuestión para nuestro continente, para nuestra economía, tiene que ver también con los ciudadanos. 
Si logra usted combinar esos elementos con una nueva estructura y espíritu de la Comisión, contará con nuestro apoyo. 
Aplausos 
Señor Presidente del Parlamento, señor Presidente del Consejo, señoras y señores diputados, señor Presidente Romano Prodi, repito aquí en nombre de mi Grupo lo que ya afirmé el 13 de abril. 
Apoyamos su candidatura como Presidente de la Comisión de manera decidida e inequívoca. 
Estamos convencidos de que posee usted las cualidades políticas y profesionales necesarias para superar esta profunda crisis de la Comisión. 
Indudablemente, esta crisis ha de constituir un reto para llevar a cabo reformas históricas. 
Debe usted reformar la Comisión, los gabinetes y su administración. 
Tal como se desprende del informe de los sabios, los problemas comenzaron hace diez años. 
Así pues, como ha afirmado la actual Comisión, es necesario crear una nueva cultura europea política y administrativa. 
Pero también quedan por resolver reformas políticas que se han expresado de modo extremadamente claro en diversos informes y documentos de este Parlamento. 
En el Informe Herman se trata la reforma de las instituciones que es posible realizar sin modificar el Tratado, por ejemplo, la reducción del número de carteras en la Comisión y la ocupación racional de las mismas, así como un justo equilibrio entre las responsabilidades colectivas e individuales de los miembros de la Comisión. 
Me habría gustado que hubiera incidido en este punto en su alocución. 
Nuestro grupo es un decidido defensor de la colaboración interinstitucional. 
En 1994, como líder de mi grupo tomé la iniciativa de elaborar una modificación del código de conducta entre la Comisión y el Parlamento Europeo. El Sr. Oreja colaboró activamente en esta tarea. 
Pienso que este código de conducta debe volver a completarse. 
Se han concluido nuevos acuerdos y es preciso adoptar el nuevo código en las mejores condiciones y ratificarlo antes de que la nueva Comisión asuma sus funciones. 
En otro informe, el de Elmar Brok, el Parlamento defiende la capacidad y, sobre todo, la independencia de los miembros de la Comisión. De una Comisión que sigue siendo la guardiana de los Tratados y que sirve al interés general. 
En mi Grupo abogamos por una Comisión compuesta teniendo en cuenta el equilibrio político, con hombres y mujeres, que cuente con un amplio respaldo mayoritario en el Parlamento. 
Señor Presidente Romano Prodi, tras la investidura de este Parlamento tendrá usted la posibilidad de demostrar su liderazgo político en el nombramiento de los nuevos comisarios. 
Esperamos que su legitimidad como Presidente influya en el nombramiento de los comisarios. 
Señor Presidente Prodi, estamos impresionados por sus declaraciones de hace unos instantes. 
Quiere usted dar un nuevo impulso a la Unión. 
Para usted, la unidad política es un objetivo muy importante, así como la profundización de la democracia, la transparencia y la colaboración con el Parlamento. 
Pero opino que hay que hablar con el nuevo Presidente de la Comisión que comparece ante nosotros de ciertas orientaciones fundamentales, orientaciones que deberá usted tener en cuenta y ante las cuales deberá usted asumir su responsabilidad. 
No podemos quedarnos ciegos ante el papel y la responsabilidad que tiene que asumir la Unión Europea para contribuir a poner fin al drama europeo de Kosovo, donde se están ignorando los valores más elementales. 
Valores elementales, valores humanos con los que nos gusta identificarnos. 
Se ha creado una lógica de la guerra, basada en discriminación, en los crímenes contra la humanidad, en el espíritu de revancha, en la intolerancia. 
Esta es una constatación importante, señor Presidente de la Comisión: en Europa, en los países y regiones europeos donde no existe la encarnación de la Unión Europea, donde la Unión Europea no es solidaria, sigue existiendo la posibilidad de guerra. 
Así pues, necesitamos más Europa y necesitamos una política europea cuyos efectos favorables se dejen sentir en todo el continente europeo. 
Por ello debemos dejar claro a los pueblos de los Balcanes que la paz y la reconstrucción sólo son posibles en la Unión Europea. 
Gracias al espíritu comunitario han sido posibles en Europa el Estado de derecho, el diálogo, las instituciones democráticas, el reconocimiento de las minorías, y con ese espíritu puede ponerse fin también a un conflicto que lleva martirizando a los pueblos del sudeste europeo desde hace más de diez años. 
¿Cómo pueden estos pueblos que tan profundamente afectados están por la guerra recuperar nuevamente la esperanza y la confianza? 
Para ello debemos dar muestras de poder de imaginación y de generosidad para sentar las bases de la reconstrucción y el desarrollo en los Balcanes, siguiendo el espíritu del Plan Marshall que en 1947 dio a nuestros países la fuerza necesaria para reorganizarse y salir adelante. 
La segunda gran orientación que debe usted afrontar es la capacidad de la Unión para elaborar una verdadera política exterior y de seguridad común. 
Por supuesto, en esta materia el Consejo tiene la responsabilidad predominante, y si pensamos en Maastricht, señor Presidente del Consejo, una negligencia predominante. 
¿Qué ha pasado desde hace siete años? 
Evidentemente, el Consejo adoptará una importante decisión en Keulen con la elección del Sr. o la Sra. PESC. 
Pero las enseñanzas que debemos extraer de los acontecimientos actuales deben ir mucho más allá. 
Existe un desequilibrio de poderes entre los Estados Unidos y Europa en las decisiones estratégicas de la OTAN. No obstante, la reciente cumbre de la OTAN ha abierto nuevas perspectivas. 
No obstante también, es cierto que el Tratado de Amsterdam ha confirmado el objetivo de una defensa europea con un plazo determinado. 
Desgraciadamente, hoy no podemos por menos que constatar que aún estamos muy lejos de ese plazo. 
No tenemos una producción comunitaria de armamento. 
No tenemos un reparto de tareas operativas. 
No tenemos una integración de las fuerzas armadas y los mandos operativos. 
En resumen, no tenemos la capacidad militar de los Estados Unidos. 
¿Dónde está el Eurocorps en el conflicto de Kosovo? 
¿Qué hace la Unión Europea Occidental? 
¿Dónde están nuestros satélites de observación que deben ofrecer la información necesaria? 
La respuesta a estas preguntas es un dramático vacío. «Horror vacui» , como estudiábamos en la escuela secundaria en la rama de estudios clásicos. 
Hay una tercera gran orientación que tendrá usted que abordar. Acaba de referirse a ella. 
El futuro de la construcción europea: después del euro tendrá que dar a la unión política su oportunidad. 
En este Parlamento se han levantado voces mayoritarias o consensuadas en favor de una constitución que establezca relaciones claras entre la Unión, los Estados miembros y los derechos de los ciudadanos europeos. 
La reanudación de la dinámica institucional, el establecimiento de estas líneas claras también es una necesidad para dar una oportunidad a la ampliación de la Unión Europea. 
¿Va usted a reanudar la dinámica institucional, va usted a darle una nueva oportunidad? 
¿Está usted abierto a las sugerencias de este Parlamento y de su Comisión de Asuntos Institucionales para poner en práctica un enfoque comunitario en lugar de uno meramente intergubernamental, que ha mostrado sus límites? 
Este Parlamento ha propuesto que la Comisión, en concertación con el Parlamento Europeo y, por ejemplo, sobre la base de los dictámenes de altas personalidades y en concertación con los parlamentos nacionales, dé una nueva oportunidad a esta dinámica institucional. 
En su primera intervención del 13 de abril, y ahora de nuevo, apostó usted no sólo por la Europa de los mercaderes y de los banqueros, sino también por una Europa con su dimensión cultural y espiritual. 
Al resumir antes los distintos programas de empleo, formación, consumo y medio ambiente, creo que ahí se produce una buena síntesis. 
Entonces hable usted de la gente, del pueblo, the people, a que hacía referencia la Sra. Green, aquellos que están excluidos. 
Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, para blancos y negros, para todos los colores, sobre la base de la dignidad humana de cada individuo. 
Esta es la característica más notable de la Unión Europea, su inmenso rostro humano. 
Sin duda lo defiende usted y sin duda se esforzará usted en darle un impulso con la nueva Comisión, al igual que sin duda llevará usted a cabo la unión política y asimismo dará a la Unión Europea los medios y la capacidad de desempeñar una función importante en Europa y en el mundo a través de su política exterior y de seguridad común. 
En tal caso se convertirá usted en un gran presidente de una gran Comisión, en cooperación con un nuevo Parlamento que sin lugar a dudas estará dispuesto a preparar junto con usted el camino. 
Aplausos 
En primer lugar, quisiera agradecer al Sr. Prodi que haya entrado en más detalles sobre las prioridades en las que desea hacer hincapié para la próxima Comisión. 
La formulación plena del proyecto Prodi debe esperar al nuevo mandato parlamentario y al nombramiento de la nueva Comisión. 
Sin embargo, deseo hacer hoy algunas observaciones sobre la referencia a las políticas que se desprende de lo que ha dicho el Sr. Prodi. 
Tomo nota de que, al hablar del relieve de Europa en el mundo, se ha referido a la ampliación y ha dicho que ésta trasladará el epicentro de la Unión Europea hacia el Este. 
En nombre del Grupo Liberal Demócrata, me gustaría insistir un poco más en la urgencia de que se logre lo antes posible una ampliación hacia el Este. 
Permítaseme decir al Sr. Prodi que hace unas semanas en un Congreso Liberal Internacional, celebrado en Bruselas, intervino el Primer Ministro húngaro, Sr. Viktor Orban. Nos recordó las palabras de otro político de la Europa Oriental, quien dijo que desde 1989 se ha dicho a los países de la Europa Central y Oriental que la ampliación es cuestión de tan sólo cinco años. 
Debemos fijar un plazo y velar por que durante el período del próximo Parlamento y durante el mandato de la Comisión Prodi hagamos realidad la primera ampliación hacia el Este. 
Para mi Grupo, sería una prioridad seria e importante. 
Para eso se requiere, naturalmente, una mayor urgencia en la modernización de la democracia de la Unión. 
El Consejo ha reconocido esa mayor urgencia al proponer la celebración de una conferencia intergubernamental a comienzos del año que viene, cosa que subscribimos. 
Quisiera decir al Sr. Prodi que en nuestro Grupo creemos que, como parte de su vocación europea para un nuevo milenio y para la nueva Europa ampliada, tal vez debería reflexionar sobre la conveniencia de introducir en el debate la idea de una constitución para Europa. 
El objetivo en este caso no es el de ultimar un proyecto que siempre está evolucionando, sino contribuir a aclarar para los ciudadanos todo el sentido del complejo de documentos que hemos producido en forma de Tratados, las prioridades que tenemos para la Unión y los límites, porque, naturalmente, algunos están preocupados también por los excesos de la Unión. 
Desde luego, le recomiendo que examine la cuestión de sacar adelante, como parte de su proyecto, una constitución para Europa en el nuevo milenio. 
Respecto de la formación de la propia Comisión, he de decir que cuenta usted con el apoyo total de mi Grupo. 
Cuando abandone esta Asamblea para trasladarse a las diversas capitales y forme la Comisión, tenemos diversas prioridades que nos gustaría ver aplicadas respecto del equilibrio. 
Ya se ha dicho que esperamos que haya un equilibrio en materia de sexos. 
Quisiera subrayar también que esperamos que haya un equilibrio político, es decir, un equilibrio de concepciones y opiniones políticas y también cierto equilibrio que refleje el papel de las principales fuerzas políticas en este Parlamento. 
Eso es importante. 
Ha dicho usted aquí que quiere que haya más trabajo en equipo. 
Eso es esencial. 
Uno de los mecanismos por usted elegidos para lograr una mayor coordinación será el de los Vicepresidentes de la Comisión. 
No ha dicho usted cuántos vicepresidentes habrá. 
Tal vez pudiera dar más detalles o tal vez sea prematuro, pero quisiera decirle que cuantos más vicepresidentes haya mayor será la responsabilidad para velar por que, en pro del equilibrio, algunos procedan de los Estados más pequeños. 
No deseo, señor Prodi, adelantarme a las comparecencias ante el Parlamento, pero sí que debo formularle una pregunta: en caso de que el Parlamento llegara a la conclusión de que uno o más de los Comisarios designados no fuese aceptable, ¿qué propondría usted que se hiciera, dados los poderes que le concede el Tratado de Amsterdam? 
Lo instamos a que, tanto para la elección de sus Comisarios como en caso de que se diera ese caso, a que utilice todos sus poderes en virtud del Tratado de Amsterdam paras demostrar que es usted independiente. 
En el tiempo que me queda, quisiera dirigirme al Sr. Verheugen y al Consejo. 
Si lo he entendido correctamente, señor Verheugen, nos ha instado a que concluyamos este proceso de nombramiento para que la Comisión entre en funciones al final de julio, a más tardar. 
Respeto políticamente la razón por la que Su Señoría lo dice, pero revela escasa consideración y poca comprensión por el proceso que corresponde a este Parlamento. 
Quiero que se haga con urgencia, pero también con la debida seriedad, pero, si nos precipitáramos prematuramente para que hubiera concluido al final de julio, el debate en esta Asamblea se convertiría en un simple trámite rutinario y nada más. 
Peor aún: si no saliera bien en julio, querríamos probar otra vez el próximo enero y actuar más vigorosamente de lo debido. 
Más que hacerlo pronto, hagámoslo bien. 
Si ahora hay un problema con una Comisión interina que ha perdido su moral y su autoridad política para actuar, el problema se debe, en mi opinión, a que el Consejo no escuchó al Parlamento y no nombró una Comisión interina eficaz. 
Eso no es un fallo de esta Asamblea. Es un fallo del Consejo. 
Señor Presidente, de acuerdo con el Tratado de Amsterdam, el Parlamento tiene por primera vez la gran responsabilidad de aprobar mediante votación el nombramiento del Presidente de la Comisión. 
Este voto, con el que los diputados ejercemos nuestra condición de representantes de los ciudadanos europeos sin ningún condicionamiento de los Gobiernos nacionales, va a ser decidido en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica de acuerdo con los compromisos que adquiere el candidato en sus orientaciones políticas generales y en un claro programa de reformas de la propia Comisión. 
No podemos olvidar la reciente crisis institucional ni los diagnósticos realizados por el Parlamento, por sí mismo o a través del Comité de Expertos Independientes. 
Es necesario abrir una verdadera nueva etapa en el funcionamiento transparente y eficaz de la Comisión y en su relación con el Parlamento, de forma que la responsabilidad colegiada no impida la responsabilidad individual de los comisarios. 
Por ello, es muy importante la función del futuro Presidente como formador de la Comisión. 
Nuestro Grupo le demanda desarrollar plenamente su papel en la elección de los comisarios para obtener una renovación sustancial del colegio y una presencia de hombres, y también de mujeres, capaces de hacer frente, por su cualificación, a los grandes retos políticos de la Unión y a la propia reforma de la Comisión. 
En cuanto a las grandes líneas programáticas, debemos manifestar la preocupación de nuestro Grupo por algunos planteamientos en las intervenciones del candidato del 13 de abril y de hoy mismo. 
Nos preocupa el acento que ha puesto sobre la competitividad y la flexibilidad del trabajo en detrimento de las políticas creadoras de cohesión económica y social. 
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica invita al futuro presidente a plantear y desarrollar políticas económicas y sociales creadoras de empleo, le invita a luchar contra la exclusión social y la pobreza y por la promoción de los servicios públicos en la Unión Europea. 
Sé perfectamente que no está de moda en estos momentos hablar a favor de los servicios públicos, pero nos parece un imperativo desde la izquierda. 
A nuestro juicio esto debe acompañarse de un proceso de reducción del tiempo de trabajo sin reducción salarial y de medidas contra el dumping social y la especulación financiera. 
En definitiva, no puede haber una hegemonía del monetarismo como ideología por encima de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos. 
Identificamos también como señas de identidad de una política progresista la protección del medio ambiente integrada en todas las políticas comunitarias y la revisión del techo de los recursos propios en las perspectivas financieras de la Agenda 2000, así como el mantenimiento de la solidaridad interna de la Unión a través de sus Fondos estructurales y de cohesión. 
Finalmente, pensamos que será necesario un gran impulso de la Comisión para preparar una Conferencia Intergubernamental que realice las necesarias reformas institucionales previas a la ampliación. 
En ese sentido, la Comisión y su Presidente deberán estimular, con la colaboración de este Parlamento, la escasa voluntad política del Consejo para definir una política exterior y de seguridad común europea, sin carácter subalterno con respecto a los Estados Unidos, que sirva para garantizar a la vez los derechos humanos en los Balcanes y en todo el mundo y también el cumplimiento del Derecho internacional. 
Y en estos breves segundos que me quedan, señor Presidente, quiero manifestar mi asombro por la apelación que se hace a la definición de una Constitución europea. 
Yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Institucionales desde hace ocho años. 
En la anterior legislatura, antes de las elecciones, se retiró un proyecto de Constitución europea- sólo un proyecto o borrador- que no pudo conocer la opinión pública. 
Ha habido cinco años de carencia absoluta, cinco años en que la Constitución europea ha sido tabú, y ahora portavoces de grandes grupos nos dan como el elemento fundamental del trabajo de la Comisión la elaboración de una Constitución europea. 
Que las palabras respondan a los hechos. 
Que ustedes se hagan responsables de lo que hoy están diciendo en esta Asamblea ante la opinión pública europea en favor de esa Constitución europea, para que los ciudadanos conozcan sus derechos y sus deberes por encima de las luchas y de los intereses de los Estados miembros. 
Aplausos 
Señor Presidente, queridos colegas, señor Presidente propuesto, tenemos el placer de escucharle por segunda vez, aunque esto no es más que el inicio de una auténtica carrera de obstáculos que se prolongará a lo largo de ocho meses. 
Deberá demostrar mucha resistencia y habilidad para aguantar hasta el final. 
Aunque no hay duda de que el Parlamento confirmará mañana su nombramiento- seguro que por una holgada mayoría -, en septiembre deberá hacer frente a una prueba mucho más difícil ante el Parlamento en gran parte renovado y ante el cual, deberá presentar a su Colegio en pleno, así como un programa de acción que no le comprometerá únicamente a usted, a título personal, sino que comprometerá colegialmente a la nueva Comisión en su conjunto. 
Y luego, todo volverá a empezar a final de año, ya que cuando expire el mandato de la actual Comisión dimisionaria, deberá solicitar, una vez más, la confianza del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo por un mandato de cinco años, mandato que puede verse interrumpido en cualquier momento por la votación de una moción de censura que- como todos sabemos-ha dejado de ser una hipótesis teórica. 
Baste con decir que su tarea no será de las más fáciles. 
Si no quiere tropezar en los sucesivos obstáculos que tendrá que sortear, deberá tener muy presente que su legitimidad, como Presidente de la Comisión, es una legitimidad delegada, que será ejercida bajo el control político permanente del Consejo y del Parlamento Europeo, que, política y directamente, son los responsables ante la población europea. 
El equilibrio institucional- Comisión, Parlamento, Consejo- reviste ya una importancia capital y conviene precisar bien la función y el papel de cada uno de ellos. 
Y su principal tarea, señor Presidente propuesto, será velar por que la Comisión ejerza plenamente las atribuciones que le confieren los Tratados, pero sin usurpar el poder de decisión del Parlamento y del Consejo Europeo. 
Deberá velar, especialmente, para resistir a las presiones de las que podrá ser objeto por parte del Consejo o del Parlamento Europeo para que amplíe su radio de acción a ámbitos no establecidos expresamente en los Tratados y para los que, por añadidura, como hemos podido observar en el pasado reciente, usted no dispondrá de los medios administrativos o financieros necesarios para hacer frente a los mismos. 
A usted incumbe reajustar la acción del Colegio a las atribuciones que le atribuyen los Tratados y que son ya muy considerables. 
La Comisión, junto con el Tribunal de Justicia, es la guardiana de los Tratados, pero convendría definir mejor esta función, a la luz de los principios de subsidiaridad y de proporcionalidad que, hasta ahora, no han sido precisados ni definidos suficientemente. 
Otro tanto ocurre con el monopolio de iniciativa. 
Es un punto que deberá ser aclarado con ocasión de la reforma institucional, que imperativamente deberá llevarse a cabo antes de toda nueva ampliación. 
Las competencias en materia de ejecución de la Comisión, especialmente en el sector de la competencia y de las ayudas estatales, no son nada desdeñables y deben ejercerse con total independencia, pero también con un afán de transparencia que debe ser total. 
En lo relativo a las negociaciones comerciales o financieras, es fundamental que la Unión Europea hable con una sola voz, pero deberá ser una voz autorizada. 
Los objetivos de la negociación deben precisarse con total claridad en el mandato de negociación concedido por el Consejo, con el acuerdo del Parlamento Europeo, a cuyos representantes deberá mantenerse estrechamente informados sobre el desarrollo de dichas negociaciones, al igual que sucede en la práctica con los miembros del Congreso de los Estados Unidos. 
La posición de negociación de la Unión Europea no puede por menos que verse reforzada si nuestros interlocutores ven que expresa la voluntad de los pueblos de la Unión Europea. 
Esto no siempre ha sido así en el pasado, y la cuestión del conflicto comercial sobre las importaciones de plátanos procedentes de los países ACP nos deja un sabor amargo. 
Señor Presidente propuesto, su éxito se medirá por su aptitud para devolver a la Comisión el papel que los padres fundadores de la Unión Europea le asignaron, a saber, el de un órgano independiente que tiene la misión de encontrar el mayor denominador común- y no el menor- para que avance la unificación europea únicamente en aquellos ámbitos en que es necesario e indispensable, y ello respetando fielmente los equilibrios institucionales, correspondiendo el poder de decisión al Consejo y al Parlamento Europeo, los únicos políticamente responsables antes los ciudadanos europeos. 
En esta tarea, que no es fácil, repito, señor Presidente propuesto, el Grupo UPE le desea mucha suerte. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor candidata Presidente de la Comisión Europea, Señorías, la dimisión de la Comisión saliente ha dejado muy claro ante todo que es necesario un equilibrio de poderes más democrático entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Sin una Comisión fuerte este Parlamento no puede esperar ninguna reforma institucional importante, que ya lleva años posponiéndose. 
Los Verdes esperan de usted, señor Prodi, con respecto a este Parlamento, que se comprometa en la Conferencia Intergubernamental a apostar firmemente por fortalecer esta Cámara hasta que llegue a ser un Parlamento de pleno derecho, con plenos poderes de codecisión legislativa también en materia de agricultura y de gastos obligatorios, y con plenos derechos de control de la aplicación de la política. 
Nos encontramos en un momento histórico decisivo. O bien este Parlamento se desarrolla y la construcción europea se convierte en un proyecto político verdaderamente democrático o bien sigue siendo un entramado burocrático sin legitimidad, lo cual sería su muerte. 
No se trata simplemente de querer más poder para el Parlamento, sino para los ciudadanos de la Unión, que deben sentirse implicados mucho más activamente en este proceso y que deben poder saberse y sentirse ciudadanos de la Unión. 
Sabe usted, señor Prodi, que este Parlamento también desea una reforma drástica de la Comisión. 
Necesitamos una Comisión transparente, con fácil acceso a los documentos para el gran público, y esto requiere una aplicación rápida del artículo 255 del Tratado de Amsterdam. 
La responsabilidad individual de los comisarios sigue siendo un punto nuclear de la relación entre la Comisión y el Parlamento. 
El Tratado de Amsterdam ya le brinda la oportunidad de actuar cuando la actuación individual de los comisarios plantea problemas. 
Esperamos que salga usted en defensa de una buena composición de la Comisión, de tal modo que a través de usted podamos influir en caso de que haya problemas con la actuación de los distintos comisarios. 
Con respecto a su intervención acerca de la necesidad de que en los grandes países haya un comisario del partido mayoritario y un comisario de la oposición, le diré que en Alemania se abusa de esta posibilidad para dejar de lado a los Verdes, socios de la coalición. 
Si la nueva Comisión sólo cuenta con representantes del mayor partido del gobierno y del mayor partido de oposición, poca renovación política habrá en ella. 
Esperamos que usted, señor Prodi, salga en defensa de la diversificación política de la futura Comisión. 
Los Verdes han escuchado con atención su intervención de hoy, que además se ajusta bien a la carta que nos envió y en la que se presta una atención mayor que en su primera intervención al desarrollo sostenido, al medio ambiente y a la protección de los consumidores. 
En abril se mostró usted claramente distanciado del modelo americano y se pronunció a favor del europeo, pero apenas ha explicado cuál es su significado concreto. 
Para nosotros, debe significar obviamente que no todo puede someterse a la lógica del mercado. 
Cuando se refiere a la liberalización de los servicios sin garantizar la seguridad de una prestación de servicios universal, esto puede suscitar problemas. 
En el pasado ocurrió con las ayudas a la inversión, las ayudas a la racionalización. 
Pensamos que en el futuro hay que aspirar a las ayudas a la innovación, entre otras para las PYME, teniendo en cuenta el mantenimiento y la creación de empleo. 
Por último, esperamos verdaderamente que en caso de que asuma usted el poder, en cualquier caso se trabaje urgentemente en favor de una iniciativa balcánica y también se revise el calendario de la política de ampliación a la luz de los acontecimientos actuales. 
En ese espíritu, y en la esperanza de que tendrá usted en cuenta nuestras reflexiones, mi Grupo considerará apoyar su candidatura. 
Señor Presidente propuesto, cuando le escuchaba hace un momento, pensaba en la inmensa esperanza que rodea el procedimiento de su nombramiento. 
Dicho procedimiento se produce en un momento muy especial. 
Tiene lugar durante el último período parcial de sesiones del Parlamento elegido en 1994. 
Esta coincidencia, que no estaba prevista en el calendario normal, da a este debate y a la posterior votación un carácter algo dramático, porque, en cierto modo, es el testamento político del primer Parlamento Europeo que fue capaz de presionar a la Comisión saliente hasta el punto de obligarla a dimitir. 
Esperamos mucho de usted, señor Presidente propuesto, y en cuestiones tan numerosas y variadas que le hará pensar sin duda que somos realmente muy exigentes, si bien que, en sus palabras preliminares, usted ya ha insistido en varios de estos puntos. 
Tras la reciente crisis que ha puesto de manifiesto las disfunciones en el seno de la Comisión, se le exigirá, en primer lugar, que ponga orden en la Casa. 
Un trabajo de jefe de empresa que le llevará sin duda a coordinar mejor las responsabilidades de los comisarios, a volver a definir las tareas que deben realizarse, a suprimir algunas de las mismas y a desarrollar otras nuevas, y que le llevará también a reformar los métodos de gestión, los métodos de concesión de contratos, a recurrir a los consultores, etc. 
Nos encontramos lejos de la gran política y, sin embargo, no hay gran política sin una buena administración. 
No hay duda de que en el pasado, la Comisión ha olvidado con demasiada frecuencia este principio. 
Pero sobre todo, señor Presidente, y esto en el plano de la auténtica política, el Parlamento espera de usted una visión, un soplo que esté a la altura de los retos a los que se enfrenta Europa. 
Cuando digo esto, no me refiero únicamente a los programas previstos para los futuros años, como la puesta en marcha de la Agenda 2000 o las reformas institucionales que necesita la Unión para completar el Tratado de Amsterdam, sino también a problemas que van más allá. 
Hoy más que nunca, la Unión debe encontrar y reafirmar el significado de su existencia y de sus auténticas prioridades. 
En este sentido, el empleo no es una exigencia ordinaria, sino la principal prioridad a la que deben subordinarse otras prioridades. 
Me alegra que usted haya propuesto recientemente a los bancos centrales que abandonen sus hábitos financieros y saquen sus reservas para relanzar, cueste lo que cueste, la maquinaria económica. 
La Europa social y política debe devolverle el equilibrio a la Europa económica y monetaria y el liberalismo debe conocer algún contrapeso. 
Asimismo, ante la guerra en Kosovo y ante todo lo que esta guerra revela de las fragilidades de Europa, deseamos ardientemente que la Unión Europea cese de abordar el futuro de nuestro continente- la Europa Central y Oriental, Rusia, el Mediterráneo- con una visión tan prudente que es demasiado estrecha y termina por ser imprudente. 
Este contexto en el que se mezclan el nacionalismo y la violencia será el telón de fondo de su actuación durante los próximos cinco años, señor Presidente propuesto. 
Ante estas amenazas, le exigimos que reafirme los valores fundamentales de Europa, que dote a la Unión de una política exterior y de seguridad clara y de prioridades sociales sólidas. 
En una palabra, un soplo de justicia y de equidad. 
Señor Presidente, la Europa de las Naciones alerta contra el nombramiento del Sr. Prodi como Presidente de la Comisión. 
Hoy no existe ninguna necesidad de un nuevo Presidente. 
Hace falta un equipo de limpieza compuesto por personalidades fuertes que no tengan ambiciones de continuar cuando la limpieza esté acabada. 
En primer lugar, hay que ajustar cuentas con la Comisión actual, pues los comisarios han sido declarados irresponsables colectivamente. 
Ellos mismos rehusaron asumir responsabilidades individuales y solicitaron responder colectivamente. 
Así lo hizo el Comité de Expertos. 
Ahora se va a producir el relevo y el Parlamento debe asegurarse de que antes no prorroguen los contratos con sus amigos ni traten de ascender a ciertas personas o de trasladar a los empleados de sus propios gabinetes a la administración. 
En segundo lugar, hay que depurar responsabilidades entre los funcionarios responsables. 
El Comité de Expertos debe poner nombres y apellidos a todos los que han contribuido a obstaculizar el esclarecimiento de los asuntos turbios. 
Aquellos que han participado en estos engaños y fraudes han de ser objeto de expedientes disciplinarios. 
Aquellos que los han encubierto deben ser suspendidos porque debe ser peor encubrir los engaños que informar sobre éstos tal y como hizo el Sr. van Buitenen siendo suspendido de empleo y sueldo como resultado. 
Después, debe aprobarse una ley moderna sobre transparencia y administración. 
Todas las contrataciones deben tener en cuenta las solicitudes y las calificaciones de los candidatos y no obedecer a criterios políticos. 
Todos los empleados deben saber que los ascensos ante todo son cuestión de esfuerzo y no cuestión de amistades y relaciones. 
El más apto para el trabajo será quien reciba el ascenso. 
El que ocupa un cargo directivo ha de estar más capacitado que los que están por debajo de él. 
Lo que no puede suceder es que los más capacitados sean postergados a la hora de los ascensos y que pierdan el entusiasmo resignándose a sus privilegios. 
Hay que descentralizar la Comisión y que sus empleados asuman responsabilidades y competencias que deben cumplir. 
¡Hay que acabar con esta concentración de poder en unas pocos hombros sin posibilidad de asumir la responsabilidad que les corresponde! 
Hay que acabar con los largos procedimientos, en los que una decisión se firma una veintena de veces y luego resulta imposible averiguar quién es el verdadero responsable. 
También es necesario que se apruebe una reforma para los funcionarios que incluya contrataciones por un período limitado de años y la introducción de los sueldos para empleados públicos normales en Europa del Norte para los nuevos empleados. 
Podemos acabar con los privilegios. 
El primer paso podría ser la retirada de la regulación automática por carestía. 
No será una medida popular, sin embargo, quién defenderá que la primera consecuencia de trasladar una tarea a Bruselas sea que aquellos que trabajen en ella tripliquen su sueldo, adquieran estatuto diplomático además de impunidad, acceso a almuerzos de representación y alcohol libre de impuestos. 
También deberá reducirse el sueldo de los comisarios antes de su nombramiento. 
Un comisario deberá recibir la misma remuneración que un ministro del país al que representa y pagar sus impuestos perdiendo, cuando menos, su estatuto de eurócrata apátrida. 
Los costes de traslado deberán ser reembolsados tras la presentación de las facturas, no como un sueldo extra de dos meses. 
El presupuesto para viajes y gastos de representación deberá poder ser objeto de control por parte del Parlamento. 
El salario poslaboral que les corresponde durante tres años y la pensión posterior sólo deberán hacerse efectivas si los comisarios no tienen otro trabajo. 
Finalmente, es necesario que se apruebe una reforma encaminada a aumentar la transparencia para que el Parlamento, cuando menos, tenga acceso a un documento de la Comisión tan pronto como ésta lo entregue a un comité, a una empresa, a un país, a un periodista o a cualquier otra persona que no forme parte de la institución. 
Hemos elaborado una propuesta sobre transparencia que esperamos debatir con el Sr. Prodi en nuestra reunión de grupo pública que celebraremos esta tarde a las 19.00 horas en la sala de reuniones 2 del edificio Palais. 
Como cualquier empresa moderna, la Unión ha de centrarse en lo que nos hace mejor que otros, es decir, ha de abstenerse de realizar tareas que otros pueden efectuar mejor o más barato, ha de concentrarse en la cooperación transfronteriza y dejar que los demás temas vuelvan a los países miembros. 
Esta cura de adelgazamiento ha de realizarse antes del nombramiento de la nueva Comisión, por lo que existen muchas razones generales para aplazar la aprobación del Sr. Prodi, sin embargo, mi grupo también tiene una razón política: El Sr. Prodi desea los Estados Unidos de Europa. 
Nosotros preferimos unir Europa dentro de una Europa de las Naciones. 
Señor Presidente propuesto, lamentamos que su declaración se haya realizado en un momento, permítanme decirlo, de confusión metodológica de nuestro Parlamento y del propio Consejo de los Ministros. 
Esta mañana he apreciado la invitación del Consejo a la colaboración con la Comisión y con el Parlamento. 
Habríamos agradecido que esta disponibilidad hubiera sido más clara hace unos meses, cuando, por ejemplo, se abordaron el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo o los plazos técnicos y reglamentarios en los cuales teníamos que votar al Presidente de la Comisión. 
Por otra parte, si el Consejo finalmente se da cuenta de que es una de las tres Instituciones de Europa y que al Parlamento y la Comisión debe otorgarse el debido respeto, estamos a favor y satisfechos por este nuevo descubrimiento y confiamos en trabajar mejor de cara al futuro. 
Lo cierto es que, por lo que a nosotros respecta, es fundamental que el Presidente de la Comisión disponga de una Comisión fuerte, tal como declaró el Profesor Prodi esta mañana, una Comisión transparente y puntual en su relación con el Parlamento, una relación jalonada por compromisos que se han de respetar en todo momento y que nos permitan trabajar y progresar conjuntamente sin entorpecernos mutuamente. 
Por eso es necesario que, en la próxima sesión de julio, el Presidente propuesto, Sr. Prodi, nos presente el calendario de estos compromisos que ha mencionado tan puntualmente esta mañana, porque, de lo contrario, sería imposible avanzar hacia la ampliación que ya está en las puertas. 
Creo, señor Presidente propuesto, que usted ha abordado muchos puntos importantes, sin embargo, en nombre de Alianza Nacional, me permito recordar que quizás es preciso prestar mayor atención a la política del Mediterráneo, especialmente porque usted mismo ha estimado oportuno afirmar que esta Europa, proyectada al Este, es evidentemente una Europa que puede- se sobrentiende- haber dejado de estar lo suficientemente atenta a los graves problemas de nuestro Mediterráneo. 
Usted se ha referido al euro y le quiero recordar- aunque usted es economista y esto no puede sino sonarle a algo harto conocido- que, si antes de llevar a cabo una política monetaria común hubiéramos tenido la capacidad de realizar una economía política o una política económica, a lo mejor hoy el euro no se encontraría en inferioridad de condiciones respecto al dólar, condiciones que se registran en los mercados de todo el mundo. 
Si hubiéramos llevado a cabo una política económica, habríamos ofrecido las referencias, las orientaciones, las pautas, el futuro que esta Europa tenía que seguir económicamente y quizás habríamos podido reducir en algún punto el desempleo y reconquistar de esta forma esa confianza que los ciudadanos están empezando a perder. 
Señor Presidente, en conclusión, estamos interesados por lo que ha propuesto y estamos dispuestos a colaborar como Parlamento y como fuerza política, siempre que los compromisos, además de ser claros, tengan fechas y plazos de realización y con tal que éstas no sean meras declaraciones de intenciones al principio de un mandato, sino un camino seguro que debe andarse conjuntamente. 
Señor Presidente, hemos valorado el anuncio del Presidente en ejercicio del Consejo de adelantar las fechas de la votación definitiva de toda la Comisión. 
No cabe duda de que es importante. En realidad, es muy importante- el Parlamento lo ha recalcado en múltiples ocasiones- que la Comisión sea capaz de hacer frente cuanto antes a las cuestiones que están sobre la mesa. 
He apreciado asimismo, respecto a los encuentros anteriores, el esfuerzo de elaboración que ha hecho el Presidente propuesto, Sr. Prodi, en cuanto a la reforma de la Comisión. 
Creo que hay indicaciones importantes que afectan a la colegialidad, la responsabilidad y la transparencia, aptas para afrontar y resolver de forma adecuada la crisis que atraviesa la Comisión. 
Quisiera subrayar que, independientemente de la crisis de estos últimos meses, en estos últimos años hemos asistido al eclipse del papel político de la Comisión. 
Más aún, la crisis de los últimos meses podría conducir a que se olvidara que la Unión necesita una Comisión políticamente fuerte y esto es, señor Prodi, lo que el Parlamento Europeo espera de su trabajo. 
Puede tener la seguridad de que, si sigue este camino, podrá contar con el fuerte apoyo del Parlamento Europeo. 
Estamos en contra de cualquier reducción del papel político de la Comisión y consideramos el equilibrio político entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo el eje fundamental de la democracia europea. 
Naturalmente este esfuerzo de revalorización de la Unión en su conjunto concierne también a las responsabilidades del Parlamento Europeo y del Consejo- y esto también lo vamos a discutir con la nueva Comisión- así como a usted, un guía político que convierta a la Comisión en un interlocutor fuerte respecto a las grandes cuestiones abiertas y de las que depende la evolución y la identidad de la Unión, unas cuestiones políticas que revisten una gran relevancia institucional, como recalcaba, por ejemplo, el Sr. Presidente Martens a la hora de abordar el tema de la relación entre las Instituciones en lo referente a las reformas institucionales, tema clave de los próximos años. 
No se trata de una cuestión abstracta, sino que afecta a la solución a cuestiones como la ampliación, la reforma institucional en sentido estricto y la creación de una estructura de política exterior y de defensa común que, como vemos en el conflicto de Kosovo, Europa necesita absolutamente, porque demuestra que carece de una capacidad autónoma para responder a las crisis como las que se están registrando en esa región. 
Se añade asimismo el tema importante del esfuerzo para convertir en más dinámica la economía europea- en su discurso figuran muchas indicaciones al respecto- dentro de un equilibrio que debe ser nuevo, pero que debe existir, es decir, el equilibrio de carácter social de la economía europea. 
Éste es un tema que el Parlamento, la Comisión y el Consejo llevan años debatiendo. 
En algunos momentos, el problema del equilibrio entre estos dos aspectos ha encontrado alguna solución; por ejemplo, el Sr. Delors trató a través del Libro Blanco de hacer una síntesis y de hallar un punto de equilibrio, buscó el equilibrio entre estos dos aspectos. 
Quizás muchas de esas cosas están superadas actualmente. 
El problema de realizar una síntesis entre estos dos elementos será uno de los mayores problemas políticos no solo de la Comisión, sino del Parlamento y de la Unión Europea en los próximos años. 
No quiero alargarme en esto. 
Cierto que la Comisión debe tener su propia concepción política acerca de estas opiniones y confrontarse con el Parlamento y con el Consejo. 
En el pasado, hubieron líneas estratégicas diferentes que luego desembocaron en un acuerdo y enriquecieron el debate político de nuestras Instituciones. 
Esto vale también para los Balcanes. 
Señor Presidente propuesto, valoro su determinación de poner a punto rápidamente los elementos de una propuesta orgánica para esa región, al objeto de que se establezca una relación estable que dé una perspectiva a los conflictos actuales y a los potenciales que- y aquí estoy de acuerdo con usted- se pueden atemperar y resolver a través de una fuerte relación con la Unión Europea. 
Esto vale también para el pueblo serbio que pronto se liberará de Milosevic, ya que se le ofrecerá una alternativa en la relación con Europa. 
Señor Presidente Prodi, el Parlamento Europeo siente una gran satisfacción por su designación. 
Después del debate de esta mañana, se habrá dado cuenta de que hay una gran expectativa, dado que le conocemos como hombre de grandes impulsos e ideales, pero dotado de una extraordinaria concreción operativa. 
Para la conducción de la Comisión Europea son necesarias ambas dotes. 
El nivel, la audacia europeísta y el ethos que hemos apreciado en los dos discursos pronunciados ante el Parlamento Europeo alimentan aún más, si cabe, esta expectativa que espero- y estoy seguro de ello- será satisfecha. 
Esperamos de usted un ejercicio firme de las prerrogativas del Presidente de la Comisión no solo como guardián de los Tratados y guardián del acervo europeo, sino también una valiente iniciativa de promoción de lo que queda por completar de la arquitectura institucional, al objeto de conferir realmente personalidad, identidad y fuerza a la Europa de después del euro. 
Existe una carencia institucional y política que está a la vista de todos, que es el reto de la próxima legislatura y que puede ser una sugerencia a hacer a las nuevas generaciones: la invitación a no escatimar esfuerzos en favor de la aventura de la culminación de la construcción de Europa. 
Probablemente este reto será el alma de la dialéctica constitucional que se desarrollará entre la Unión Europea y los Estados nacionales en el próximo lustro. 
El Presidente del Banco Central Europeo, Sr. Duisenberg, no se cansa de repetir: «Me han asignado la tarea de mantener el valor del euro y de mantener la estabilidad de precios. 
Si me dejan solo a la hora de defender estos objetivos, les garantizo que habrá una consecuencia: aumentará el desempleo en Europa, porque muy posiblemente los instrumentos de que dispongo me llevarán a crear nuevos problemas sociales. 
Dense prisa en dotarse de instituciones capaces de gobernar la economía; por sí solo el Banco Central Europeo no puede afrontar problemas que no le atañen». 
Hemos iniciado este camino: ha comenzado tímidamente el camino de la armonización de las políticas económicas; el Sr. Comisario Monti ha elaborado un proyecto para la armonización de las políticas fiscales que deberá ser aprobado, y en el próximo Consejo Europeo de Colonia se abordará el tema del Pacto Europeo por el Empleo. 
También en este ámbito debemos llegar a conclusiones concretas, tras la iniciativa del Sr. Presidente Junker con ocasión del Consejo Europeo de Luxemburgo, y después de la propuesta de Aznar y Blair que apuestan por la flexibilidad del mercado de trabajo. 
Precisamente en estos días hemos leído una propuesta interesante de Strauss-Kahn. 
Es interesante porque es socialista y porque es francés. Interesante porque es socialista y afirma que el problema del empleo se podrá afrontar sólo si se garantiza, sobre todo, un objetivo de crecimiento y se establece en un 3 %; interesante porque es francés y afirma la necesidad de empezar a considerar al Consejo del euro integrado por 11 miembros como primer ensayo de gobierno económico europeo. 
Hay que llegar a armonizar las políticas económicas a escala europea. 
«El imposible statu quo» era el título del documento del Grupo de Florencia. 
Pues bien, Europa no puede permanecer pasiva: si lo hace corre el riego de retroceder. 
Tras la elección del euro todo se convierte en necesidad, el camino debe continuar. 
Si los mercados advierten que la política ralentiza su marcha se adaptan y reducen su responsabilidad. 
Es lo que hoy está ocurriendo, es lo que ocurrió tras la implantación del euro: se ha advertido una reducción de la responsabilidad y de la iniciativa de la política. 
En los desequilibrios económicos europeos, hoy advertimos el peso de la ralentización de la economía en Francia, Alemania, Italia y Holanda, es decir, en los Estados que garantizan el 80 % del PIB. 
Lamentablemente, para la Unión Europea todo es urgente. 
La guerra de Kosovo es otro gran desafío. 
Por fin esta mañana hemos escuchado noticias procedentes de los Estados Unidos que nos hacen abrigar alguna esperanza, tras el encuentro entre Chernomirdin y Clinton, pues parece que se vislumbran algunos tímidos resquicios de esperanza. 
La Europa que, como tal, no ha jugado ningún papel en esta partida, como tal está demostrando graves límites también en el ámbito de la asistencia a los refugiados. 
La OTAN en primer lugar y en segundo lugar muchos países, pero también Europa que en el pasado siempre se distinguió en el plano de las ayudas humanitarias, no están a la altura del reto que se está planteando a raíz de esta guerra. 
Europa no ha puesto en marcha todavía la célula de análisis para las políticas activas de prevención de los conflictos- como Parlamento Europeo aprobamos una propuesta de este tipo- debe recuperar la dignidad, la ambición y la responsabilidad de una iniciativa. 
En su discurso, señor Presidente propuesto, nos ha parecido entender este tipo de ambición. 
La Agenda 2000 muy posiblemente avanza en la dirección correcta, en la dirección de integrar a los países que desde hace diez años llaman a la puerta de Europa. 
Sin embargo, si Yugoslavia representa la realidad y además la metáfora que describe lo difícil que es crear, hoy por hoy, unas condiciones de convivencia entre etnias diferentes, entonces hay que reconocer- al igual que usted- que sólo en el ámbito europeo y no en la constitución de pequeños Estados cada vez más cerrados y monolíticos desde el punto de vista étnico, se podrán alcanzar las condiciones de una convivencia real. 
En consecuencia, desafiados por una crisis internacional que vuelve a poner en tela de juicio la certeza del final de la II Guerra Mundial, esto es, que la guerra era imposible en Europa, tenemos que dotarnos de programas políticos nuevos y necesariamente ambiciosos, si queremos realmente volver a encontrar ese alma de Europa que usted tanto menciona. 
Señor Presidente Prodi, usted fue propuesto por el Consejo Europeo en las mismas horas en que la OTAN atacaba Yugoslavia en virtud del mandato del Presidente de los Estados Unidos y de muchos jefes de Gobierno de la Unión Europea que le han designado. 
Muchos de nosotros, por lo tanto, esperábamos que hoy usted, para alejar la triste e injusta coincidencia inicial que pende sobre su nuevo mandato y después de 40 días de guerra en Kosovo, Montenegro, Serbia y Voivodina, encontraría las palabras apropiadas para hacer un llamamiento al inmediato alto el fuego, y las palabras de solidaridad por todas las víctimas inocentes, de todas las partes implicadas, así como propuestas prácticas para la reconstrucción de los territorios devastados y para el rápido regreso de los refugiados: la búsqueda, señor Presidente Prodi, de un alma europea, como dijo un día en este Pleno. 
Usted, en cambio, ha optado por algo distinto: ha querido definir la guerra «dolorosa, pero necesaria». 
En cuanto al futuro, sólo se ha referido a una genérica y, en este momento, fumosa conferencia internacional sobre los Balcanes que elude los problemas inminentes y más urgentes, y ha evocado la infeliz imagen de la «Europa de la espada» , término que el Presidente Jacques Delors aborrecía. 
En materia de medio ambiente, usted ha apuntado como prioridad la armonización de la fiscalidad ecológica y de la legislación y la normativa medioambiental de los Estados miembros. 
Le recuerdo, señor Presidente propuesto, que el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de hace unos meses señalaba que, respecto a 1995, 11 de los 12 problemas medioambientales prioritarios han empeorado o siguen igual en la Unión Europea. 
No es suficiente, como usted ha hecho, señalar el sufrimiento medioambiental de las ciudades europeas, sin hacer frente al problema que lo genera: el aumento anómalo del transporte privado, debido al dictado de los incentivos en favor de la industria del automóvil, y la correspondiente disminución del transporte público. 
Por último, señor Presidente Prodi, le ruego que tenga a bien aclarar ese pasaje inquietante de su discurso del 13 de abril, en el cual auguró inversiones en el ámbito de la investigación y el desarrollo de las «ciencias de la vida». 
¿Qué pretende usted: impulsar aún más, en términos industriales, la ingeniería genética y llegar así a la eugenesia? 
Le agradecería sobremanera una clara respuesta al respecto. 
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando al Sr. Prodi por su nombramiento por el Consejo Europeo como Presidente designado de la Comisión y estoy totalmente seguro de que esa recomendación será ratificada abrumadoramente por el Parlamento Europeo esta semana. 
Quiero aprovechar la oportunidad de desear lo mejor al Sr. Prodi en su nuevo cargo, de gran responsabilidad. 
Va usted a asumir, señor Prodi, la Presidencia de la Comisión en un momento muy difícil y estimulante para la Unión Europea. 
Las decisiones y orientaciones políticas difíciles correrán a cargo de la Comisión, tras consultar al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo. 
Quisiera comenzar diciendo que el Parlamento debe reconocer que, para que la Comisión Europea supervise sus cometidos con eficacia, necesitará más recursos de personal en el futuro. 
Tenemos que velar por que, a medida que se vaya produciendo el proceso de ampliación de la Unión, la Comisión cuente con el personal adecuado para abordar los imperativos que tienen por delante ella y, de hecho, la Unión Europea. 
La Unión se basa en un planteamiento consensual. 
Ésa ha sido la base principal del éxito de la Comunidad Económica Europea y ahora de la Unión Europea en los 40 últimos años. 
Cuando se adoptan decisiones difíciles, es importante que los 15 Estados miembros de la Unión participen plenamente en dicho proceso. 
Ha quedado claramente demostrado que existe un completo consenso a lo largo y a lo ancho de Europa sobre que se deben aplicar programas políticos equilibrados. 
El Acta Única, que anunció la necesidad de completar el Mercado Interior, en el que habría libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, ha sido un éxito notable. 
El Tratado de Maastricht estableció la moneda europea y también ha demostrado ser un acto innovador de previsión política en nombre de la propia Unión. 
Está muy claro que, a medida que la UEM se afianza en la Unión, la reducción de los costos empresariales y de las transacciones contribuirá a que las empresas de la Unión Europea resulten más competitivas. 
Con esto paso a mi siguiente observación: a medida que vayan arraigando el Mercado Interior y la UEM, es imprescindible que las regiones pobres de la Unión consigan los fondos regionales, sociales, agrarios, de pesca y de cohesión apropiados para garantizarles la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con todos los demás Estados miembros de la Unión. 
No podemos permitirnos el lujo de crear una Unión Europea dual en la que los Estados miembros más ricos formen un grupo y los más pobres otro. 
Debemos mejorar el nivel de vida de muchas zonas de la Unión. 
Mi circunscripción de Connacht Ulster, en la Irlanda Occidental, y los condados fronterizos está muy necesitada de fondos sociales y regionales a largo plazo durante el próximo marco comunitario de apoyo y posteriormente. 
Se deben formular estrategias a largo plazo para velar por que las regiones periféricas y más pobres de mi país reciban ayuda a fin de que lleguen a ser competitivas, atraer a empresas y mejorar sus servicios de transportes y de tratamiento de aguas. 
También está claro que se debe crear un marco que permita a los nuevos Estados miembros de la Europa Central y Oriental adherirse a la Unión Europea. 
Es importante que esos países se esfuercen por cumplir la mayor parte posible del corpus legislativo europeo en forma de directrices y reglamentos. 
Es conocido como la aplicación del acervo comunitario y es también importante en un marco propicio para brindar oportunidades a las empresas irlandesas y europeas a fin de que inicien sus operaciones en esos países. 
En conclusión, se debe considerar positiva la adición de 70 millones más de ciudadanos a la Unión. 
Es una buena noticia para la ampliación de las relaciones comerciales con todos los Estados miembros de la propia Unión. 
Señor Presidente, señor candidato a la Presidencia de la Comisión, intervengo en mi condición de Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. 
Desearía recordarles la declaración del Parlamento con fecha de 23 de marzo, en la que esta institución exigía una presencia considerablemente mayor de mujeres en la nueva Comisión. 
Sin embargo, usted no se ha referido demasiado a esta exigencia. 
Tiene usted ahora la oportunidad de hacerlo, ya que, además de contar hoy con la presencia de todo el Parlamento, también se encuentra presente la mayoría de los Grupos políticos que ya abordaron este importante punto en el último período parcial de sesiones. 
Una vez que ha entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, todas las instituciones comunitarias tienen el deber de incorporar con mayor resolución la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en sus respectivos programas. 
Me ha llegado la información directa de que existe una lista extraoficial de candidatos para ocupar los puestos de comisarios y de que en esta lista figuran únicamente tres mujeres. 
No podemos aceptar de ninguna manera esta circunstancia en la situación actual. 
En la última Comisión figuraban cinco comisarias, y daríamos verdaderamente un enorme paso atrás si no aspiráramos a aumentar más el número de mujeres en la Comisión. 
Desearía señalar que los países pequeños tampoco tienen ningún privilegio en lo relativo a esta cuestión, por lo que se debería exigir que los Estados miembros más pequeños, que cuentan con un miembro de la Comisión, reconocieran que las mujeres también tienen experiencia y están capacitadas, así como que es posible encontrar candidatas para ocupar una plaza en la Comisión. 
Señor Prodi, su deber ahora es emprender negociaciones con los Estados miembros acerca de esta cuestión, por lo que me gustaría preguntarle si tiene previsto abordar este punto en sus conversaciones con los primeros ministros y los Gobiernos de los Estados miembros. 
Señora Hautala, ¿podría darnos a conocer la lista oficiosa que tiene usted? 
De este modo quizás podríamos participar de su preocupación. 
Señor Presidente, Señorías, señor Prodi, las circunstancias con que se enfrenta son difíciles y a la vez también fáciles. 
Difíciles a la vista de los retos que deberá afrontar la Unión Europea en los próximos cinco años y fáciles porque una renovación de la Comisión no había contado nunca con un apoyo tan amplio del Parlamento, del Consejo y de la opinión pública europea. 
Usted desea controlar políticamente la administración y cuenta con nuestro apoyo para ello. 
Pero yo le ruego que transmita también a su administración que el peso relativo del Parlamento y de la administración de Bruselas se ha modificado y ésta deberá tenerlo en cuenta de ahora en adelante. 
La opinión pública europea verá a la nueva Comisión como un gobierno europeo. 
Posiblemente esto todavía no se desprende del Tratado, pero usted debe tener la voluntad de llegar a convertirse en ese gobierno europeo. 
En su intervención ha mencionado usted casi todas las palabras clave para los próximos cinco años: la agricultura y las ciudades, la competencia y lo social, la juventud, las personas mayores, las sociedades anónimas, las pequeñas y medianas empresas, la protección del consumidor y la liberalización, la ampliación y la relación con Estados Unidos. 
Yo habría deseado, no obstante, señor Prodi, que su descripción de las tareas de la nueva Comisión hubiese sido un poco menos minuciosa y algo más constructiva. 
A fin de cuentas, señor Prodi, usted recibirá aquí mañana la aprobación que merece su persona y su anterior labor política. 
Esto fortalecerá su futura autoridad política. 
Nosotros esperamos que haga valer dicha autoridad política en lo que se refiere a la composición de la nueva Comisión y en la dirección política de la misma durante los próximos cinco años. 
Usted recibirá mañana un voto de confianza anticipado, también por parte de mi Grupo político, pero no debe pensar que podrá vivir durante cinco años de este anticipo. 
Tendrá que incrementar su capital de confianza mediante su trabajo. 
Nosotros estamos dispuestos a contribuir a ello, puesto que creemos que será beneficioso para Europa. 
¡Yo le deseo la mejor suerte en su trabajo! 
Señor Presidente, Señorías, el candidato propuesto por el Consejo Europeo para el cargo de Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, accederá a su puesto en unas circunstancias sin precedentes, que no conoció ninguno de los anteriores Presidentes. 
Ninguno había sido propuesto hasta ahora como Presidente de la Comisión en el marco de una crisis de estas características y ninguno fue designado Presidente de la Comisión con la legitimación democrática directa de un Parlamento elegido directamente. 
Ambos aspectos crean, a mi parecer, las condiciones adecuadas para que pueda cumplir las grandes tareas que deberá afrontar junto con la futura Comisión. 
Señor Prodi, al igual que Hans Hänsch, también yo quisiera manifestarle que, en razón de los méritos acumulados a lo largo de su vida, hemos depositado en usted una confianza anticipada y también nuestras esperanzas. 
Durante su mandato, deberá conseguir usted simultáneamente dos logros, a saber, la consolidación de la Unión Europea, cuyas tareas y dimensiones se han incrementado espectacularmente en los últimos años y las últimas décadas, poniendo orden en aquellos aspectos en los que sea necesario, de manera que, aun cuando no se introduzcan novedades, la Comisión sea verdaderamente capaz de trabajar y funcionar. 
Al mismo tiempo se espera de usted la visión de un proyecto. 
Dos aspectos que raras veces son conciliables, pero que debido a la situación histórica será preciso aportar simultáneamente: la consolidación y la visión de un proyecto. 
Yo creo que, conociendo lo ocurrido con la anterior Comisión, usted emprenderá las reformas institucionales necesarias y abordará igualmente los aspectos relativos a la responsabilidad personal, al control interno y también al control financiero, a la mejora de la eficacia y al derecho de control del Parlamento Europeo con respecto a la Comisión asociado a todo ello. 
En las próximas semanas y los próximos meses también tendremos que definir, desde luego, las vías para organizar la interacción entre la Comisión y el Parlamento Europeo, en su calidad de órgano de control, incluida la presentación de informes y la obligación de informar a las comisiones del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, no habrá que abordar únicamente la gran reforma estructural de la Comisión, para la cual también el Parlamento ha presentado ya propuestas concretas. Es preciso reconocer que el Parlamento Europeo se tendrá que reorganizar de manera parecida para poder cumplir debidamente sus tareas. 
También nosotros tenemos tareas pendientes que tendremos que cumplir para poder asumir de manera razonable las nuevas competencias del Parlamento Europeo y las competencias adicionales que ha reclamado acertadamente para éste el Sr. Verheugen. 
Asimismo, todos somos también conscientes de que la tercera gran institución, el Consejo, constituye, a causa de su escasa transparencia, un impedimento decisivo para que lleguemos a conseguir la aceptación de la población. 
Sólo lograremos mejorar la imagen de la Unión Europea a los ojos de nuestros ciudadanos si ésta encarna a la vez la eficacia, la transparencia y la democracia. 
Estos tres aspectos son la condición necesaria para que obtenga la aceptación de la población. 
Señor Prodi, mientras escuchaba sus observaciones sobre la política económica, éstas me han recordado un discurso que ya no es frecuente oír en boca de los políticos y economistas: el de Ludwig Erhard. 
Usted ha situado el mercado en el lugar central y ha declarado que es preciso aprovechar plenamente y en su totalidad las oportunidades que éste ofrece, ya que esta es la vía más adecuada para promover el crecimiento y el empleo, pero también ha mencionado el marco de condiciones y reglas del juego equitativas que son necesarias, puesto que el mercado no las establece por sí mismo. 
Y ha añadido que, en consecuencia, es necesario establecer una base de condiciones esenciales en el ámbito de la política medioambiental, de la política social, de la política de defensa de los consumidores y de la garantía de la competencia mediante controles de la misma y de las subvenciones, con objeto de que el mercado interior funcione como tal para toda Europa y no sólo en pequeñas parcelas. 
A mi parecer también se plantea, no obstante, otro problema particular, en un ámbito en el que yo creo que debemos resolver una cuestión de legitimación. 
En el contexto de la Unión Económica y Monetaria, tenemos que velar por que ésta sea una realización comunitaria. 
Sin embargo, cuando observo cómo actúan los Ministros de Finanzas y, en particular, el papel que desempeña el grupo «Euro 11» , me veo obligado a constatar que las decisiones se deslizan progresivamente hacia el plano intergubernamental y que éste ofrece una escasa legitimación democrática para unas decisiones de política económica y monetaria importantes, que van parejas a la independencia del Banco Central Europeo. 
Yo creo que el Consejo, la Comisión y el Parlamento todavía deberán hacer algún esfuerzo institucional para evitar que todo ello se escape en la práctica del marco auténticamente comunitario y que los Ministros de Finanzas lleguen a convertirse por ese camino en los nuevos amos de Europa. 
En lo que se refiere a la visión de un proyecto, usted ha mencionado la necesidad de una representación exterior y la capacidad de hacer extensivo a toda Europa a través de la ampliación, pero también a los Balcanes, por ejemplo, el orden de paz que hemos creado en su seno. 
La ampliación de la Unión Europea es, sin duda, una de las tareas fundamentales que deberá llevar a cabo durante su mandato, pero también requerirá una ronda de contactos institucionales- que yo creo que se debería desarrollar muy pronto-encaminada a crear las condiciones para la ampliación, mediante una mayor aplicación del procedimiento de decisión por mayoría, por ejemplo. Luego a continuación, pero no demasiado después y también de manera rápida, habrá que plantearse el objetivo de adoptar una constitución y un tratado constitucional, no como condición para la ampliación, pero sí con el curso del tiempo. 
Señor Prodi, yo creo que usted también defiende el retorno a una Europa de los valores. 
La Unión Europea no debe aparecer a los ojos de las personas únicamente como una Europa del mercado, sino que debe ser la Europa de los valores y la cultura comunes. 
En el ámbito de la cultura es más lo que compartimos que lo que nos separa, pero en estos momentos sólo hablamos de lo segundo. 
¡Tenemos que hablar de lo que compartimos! 
Aquellos aspectos de nuestros valores y culturas en los que nos diferenciamos, no nos separan, sino que representan un plus, una diversidad y una riqueza adicional. 
Si en el contexto de este tema fundamental de los valores, de este debate, se presenta una Europa como la que reivindicó en una ocasión Václav Havel ante esta Asamblea, también podremos volver a obtener la aprobación de nuestros ciudadanos, que no desean sólo una Europa de los mercados. 
Señor Presidente, tanto en la declaración del Presidente propuesto, Sr. Prodi, del mes pasado como en la de hoy, he valorado el compromiso de realizar las reformas necesarias para renovar y reforzar las Instituciones Europeas, y especialmente el compromiso de una Comisión cada vez más transparente, colegial y eficaz, así como el de un mayor papel del Parlamento y de la ampliación del voto por mayoría del Consejo. 
No obstante, señor Presidente propuesto, sigo sin saber qué pensar sobre su planteamiento desde el punto de vista económico. 
En efecto, en sus declaraciones prevalece una idea de desarrollo entendido como crecimiento continuo sin prestar atención a los límites naturales de los recursos: un crecimiento infinito es una peligrosa utopía de los economistas que no puede encontrar una respuesta en la realidad. 
Ciertamente, señor Presidente, usted hoy ha recordado la necesidad de un impuesto ecológico para hacer frente a los retos que plantea, por ejemplo, el cambio climático- y esto me satisface- y ha hablado de desarrollo sostenible, sin embargo, ¿cómo no resaltar la contradicción entre estas afirmaciones y su exagerada confianza en los resultados que se derivarán de la plena liberalización de los intercambios comerciales en el marco de la Organización Mundial de Comercio? 
Estos acuerdos, hoy por hoy, más que una liberalización han provocado una concentración del mercado en manos de unas pocas multinacionales que han impuesto un sistema de control monopolístico; después de los acuerdos GATT no se han cumplido las cláusulas de protección del medio ambiente, de la salud, éticas y de defensa de los pueblos más desfavorecidos del mundo. 
Baste pensar en la disputa entre los Estados Unidos y Europa por el comercio de pieles de animales capturados de forma cruel, el comercio de plátanos y de carne con hormonas y en concreto por los organismos manipulados genéticamente, especialmente después del fracaso, debido a la intransigencia estadounidense, de la Cumbre sobre Bioseguridad de Cartagena de Indias. 
Por último, aunque he apreciado su propuesta para la estabilidad de Europa del Sur y Oriental y una conferencia internacional sobre los Balcanes, he de decir que las intervenciones armadas nunca han llevado la paz, si acaso han detenido los enfrentamientos, pero no eliminado sus causas. 
Y éste ha sido el fracaso de Europa. 
Ha faltado una acción en el pasado, pero también en su intervención, respecto a cómo prevenir los conflictos y no puedo olvidar que el Gobierno italiano que usted presidía, en una de sus últimas decisiones, el 12 de octubre de 1998, puso a disposición de la OTAN las bases italianas con vistas a una posible guerra en Kosovo. 
Deseándole, no obstante, que lleve a cabo un buen trabajo, espero que usted pueda resolver los retos de la construcción de Europa teniendo muy presentes los problemas del medio ambiente, de la salud y de la paz que son parte integrante de los derechos de ciudadanía. 
Señor Presidente, cada década tiene sus proyectos. 
En los años ochenta, el proyecto de Europa fue la realización del mercado interior, los años noventa se han desarrollado bajo el signo de la Unión Monetaria. 
La fase que vamos a iniciar ahora tendrá que estar al servicio de la consolidación, la mejora y el fortalecimiento de lo ya conseguido, una época de reformas de la cabeza hasta las extremidades, como la describió Tony Blair. 
La cabeza designa sin duda a los Comisarios, en cuya elección, calidad y éxito tendrá usted una intervención muy personal y por las que, de hecho, será incluso responsable. 
La renovación de las estructuras, la organización eficaz de los procedimientos y la introducción de controles transparentes ya serán tareas suficientemente difíciles. 
La nueva Comisión debería ser efectivamente nueva, en lo que se refiere a las personas y a la manera de pensar y de actuar. 
Esto es algo que nosotros y usted les debemos a los ciudadanos europeos. 
Las extremidades designan al conjunto del aparato. 
Tiene que estar claro quién lleva las riendas administrativas. 
El informe del Comité de expertos independientes seguramente le será muy útil en este contexto y debe poder dar usted por segura la colaboración del Parlamento. 
No basta con la voluntad de organizar de manera más eficaz una burocracia sobrecargada de trabajo. 
Se requieren nuevos enfoques, bajo la forma de una participación reforzada de los Estados miembros; la subsidiariedad también en la ejecución de las tareas europeas descarga de trabajo a Bruselas y refuerza la conciencia de la corresponsabilidad de todos, una conciencia que hasta ahora no ha existido. 
En su primera declaración, usted pidió que no se le mida por su pasado, sino por los proyectos e ideas que aporta para Europa. 
¡Nos atendremos a ello! 
Señor Presidente, creo que el Sr. Prodi ha hecho una exposición magnífica, y yo diría que reúne evidentemente los requisitos para ser un gran Presidente de la Comisión. 
Desde el punto de vista del Parlamento, diría que, probablemente, este Parlamento aprobará con una nota muy alta al Profesor Prodi. 
Sin embargo, este Parlamento es una institución que representa a los pueblos que componen Europa y, concretamente, el parlamentario que les habla representa a la delegación socialista española en el Parlamento Europeo. 
Y desde el sur de Europa, nosotros esperamos que la nueva Presidencia del Sr. Prodi tome en consideración algunos aspectos que quizás no han sido tomados suficientemente en cuenta por la anterior Comisión, y me refiero a aquellos aspectos que se refieren a las relaciones con el flanco sur de Europa. 
Es cierto que en los últimos años, como consecuencia de la caída del muro de Berlín, de la ampliación a nuevos países de la Europa Central y del Norte, en la perspectiva de una ampliación a los países de la Europa Central y Oriental, Europa se ha desplazado hacia el norte y hacia el este. 
Pero Europa es algo más que una dirección determinada y deberíamos tomar en consideración también las preocupaciones de la orilla sur del Mediterráneo. 
En definitiva, el mayor conflicto que tenemos en este momento lo tenemos en el punto donde se unen la Europa Central y Oriental y la Europa del Sur, es decir, en los Balcanes. 
Es una gran falla en la cual se basa toda Europa y que puede dar lugar a problemas. 
Debe, pues, tenerse en cuenta también a la Europa mediterránea, la prolongación de Europa en el Magreb y en el Mashrek, el Oriente Medio, e incluso esos países del sur de África que están esperando nuestra colaboración, los países ACP, y los países de la América Latina. 
Y desde otro punto de vista, los resultados del Consejo Europeo de Berlín han estado demasiado condicionados, en mi opinión, por elementos tecnocráticos y economicistas, sin tomar en consideración quizás elementos políticos más fundamentales. 
En definitiva, no se ha avanzado nada en la mejora de las condiciones del mundo rural, hay dificultades desde el punto de vista de la política agrícola y hay dificultades, desde luego, por la falta de una política europea de cohesión económica y social. 
Si no se modifican las relaciones que hay en este momento entre los países y las regiones de mayor desarrollo económico y aquellos países y regiones en los que este desarrollo económico es menor, podemos encontrarnos con una Europa económica y social de dos velocidades, porque los países y las regiones que tienen un mayor desarrollo económico, como el Profesor Prodi sabe muy bien, tienen una tendencia a consolidar su evolución económica y, en cambio, aquellos otros que están en una situación de peor desarrollo económico se pueden perpetuar en una situación de inferioridad. 
Desde mi punto de vista, el excesivo tecnicismo, el excesivo economicismo del Consejo Europeo de Berlín tiene que ser corregido por una política económica comunitaria que tome en consideración todos los intereses de todas las regiones y todos los países de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Romano Prodi, queridos colegas, este mes de mayo de 1999 es uno de los más bellos y de los peores de la Europa política. 
Lo peor, la terrible primavera 1999, la guerra en Kosovo, los crímenes, las deportaciones, las debilidades políticas de nuestra Unión no deben abatir nuestros espíritus ni el suyo. 
Por fortuna, Francia y Europa están en primera línea en la acción humanitaria para reparar, para curar lo peor, a falta de haberlo evitado. 
Lo mejor, lo que nos infunde esperanza y voluntad, es su investidura, señor Prodi. 
Por ser quien es, evidentemente- como varios de nosotros ya hemos dicho y escrito -, pero sobre todo por las condiciones de su llegada. 
Usted será un elegido afortunado, porque será el primer Presidente de la Comisión Europea que será nombrado según el principio de responsabilidad. 
La democracia moderna aspira a convertirse en un templo cuyos cimientos sean los derechos humanos y que tenga dos pilares, el sufragio universal y el principio de responsabilidad. 
Responsabilidad, gracias por haber pronunciado esta palabra una decena de veces esta mañana. 
Y contemple nuestra Europa. 
Conmemora los cincuenta años del Consejo de Europa, de sus cimientos, tan queridos para tantos de nosotros. 
Contemple nuestra Comunidad Europea, celebra los veinte años de la elección de su Parlamento por los ciudadanos. 
Contemple nuestra Unión Europea, celebra el nacimiento de la responsabilidad política. 
Usted ya conoce su extraña secuencia. 
Gracias a este Parlamento y, en su seno, a los Socialistas europeos bajo la dirección de Pauline Green, la Comisión anterior fue destituida. 
Algunos de sus miembros han realizado bien su trabajo, otros no, pero sobre todo, la Comisión ha fracasado política y globalmente. 
El Parlamento así se lo hizo saber y la Comisión se marchó. 
Fue la revolución de mediados de marzo. 
A continuación, el embrión de opinión europea, balbuciente, le ha llamado para que ocupe su espacio público. 
Los Jefes de Gobierno lo han oído. 
Es un progreso. 
Permita a un hombre de izquierdas que recuerde que estos Jefes de Gobierno son de izquierdas y que el primer deber de una democracia de izquierdas es escuchar al pueblo. 
Su observación incidental de esta mañana sobre el liberalismo total en materia económica nos choca a los Socialistas. 
Obedece a su necesidad de consenso. 
Ésta es la situación. 
Por tanto, le investiremos. 
A mediados de junio, los electores acudirán a las urnas. 
Nuevas elecciones, nuevo Parlamento, nueva mayoría, nueva Comisión. 
La democracia europea está en marcha. 
Éste es el motivo, señor Prodi, por el que al saludarle a usted, honramos a nuestra democracia, pero sin olvidar nuestras responsabilidades. 
Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, como dijera en su día Antonio Gramsci ante el fascismo. 
Usted podría, debería volver a decirlo hoy y nuestra confianza en usted se verá renovada, nuestra Europa se verá renovada. 
Para construir el templo democrático. 
Para ser fieles a nuestro ideal. 
Muchas gracias, señor Duhamel, por haber tenido la deferencia de citar a un italiano que, a su vez, había sacado esta cita de un gran literato francés. 
Señor Presidente, señor Presidente designado, en el último período de sesiones parcial del Parlamento Europeo, nos encontramos con un electorado preocupado en un continente en guerra. 
Va usted a encontrarse con un Parlamento Europeo más enérgico y más seguro de sí mismo y que espera mucho de usted. 
Espera que tenga capacidad de gestión, aptitudes para la comunicación, fuerza e integridad. 
Respecto de las aptitudes para la gestión, tiene que inculcar la necesidad de la reforma a miles de personas. 
Tiene que hacer realidad los códigos de conducta que hasta hace muy poco no se han formulado. 
Tiene que encabezar un equipo de Comisarios y dominar los detalles de la administración. 
Queremos que su gestión sea diligente y que se mueva usted. 
Queremos que haga inspecciones y responda a las críticas detalladas. 
Necesitamos que comunique una visión y claridad de ideas, pero deben ser ideas aceptables. 
Por ejemplo, la armonización fiscal no es una idea aceptable para mi delegación, de modo que no puede divulgar ideas políticamente inaceptables. 
Es necesario que comunique con nosotros y con los ciudadanos de la Unión Europea. 
Sobre todo, necesitamos su fuerza e integridad. 
Tiene que poder dar respuestas adecuadas a artículos de prensa hostiles como los que aparecen ahora en la prensa del Reino Unido, por ejemplo. 
Eso es lo que esperamos de usted. 
A cambio, lo apoyaremos como amigos críticos. 
Hemos decidido cambiar nuestro Reglamento a fin de que quede claro para todo el mundo que vamos a supervisar los gastos en todas las comisiones que se ocupan del gasto. 
Si fracasara usted, las consecuencias serían terribles. 
Sería la destrucción del ideal europeo. 
Pero, si triunfa, cosa que esperamos y a la que contribuiremos, la recompensa será una nueva confirmación de lo acertado de la cooperación internacional en la Unión Europea. 
Señor Presidente, la política de la nueva Comisión no podrá ser algo y al mismo tiempo lo contrario. 
No podrá ser liberal a ultranza y pretender ser social y ecológica a un tiempo. 
Por ello le invitamos a elaborar una nueva síntesis para crear un nuevo modelo social y ecológico europeo. 
Actualmente, Europa tiene mala prensa entre los trabajadores. 
Los servicios públicos son desmantelados y el servicio universal no es la solución. 
Muchos trabajadores están en el paro como consecuencia de la liberalización y la globalización. 
Y mientras la riqueza aumenta sin cesar, la pobreza y la exclusión, el paro y la precariedad se extienden. 
A usted, señor Prodi, se le exigirá que ponga los medios para que cese este escándalo y para que la Unión Europea se convierta en la Europa de todos. 
La orientación reformista que usted anuncia exigirá una mayoría de progreso. 
Usted obtendrá sin duda una muy amplia mayoría en el seno del actual Parlamento. 
Espero que dicha mayoría siga siendo una mayoría estable después de las elecciones. 
En este sentido, quisiera recordar algo al Parlamento y a la Comisión. 
El Tratado de Amsterdam confiere nuevas competencias al Parlamento Europeo, pero también le confía nuevos deberes, uno de los cuales es, a mi entender, el deber de estabilidad. 
La votación a favor del Sr. Prodi y la votación a favor del nuevo Colegio, en mi opinión, consagrarán un pacto de confianza entre el Parlamento y la Comisión que debe durar cinco años. 
El Parlamento, que no puede ser sancionado en este sistema institucional, no puede cambiar de mayoría a cada paso, ni utilizar la moción de censura, salvo en caso de extremo peligro político. 
Además, el pacto de confianza compromete a la Comisión a demostrar seriedad en materia de programación política. 
Cada año, a la hora de establecer el presupuesto y el programa de trabajo, deberemos examinar el estado de progreso de la realización del programa político que aprobaremos con el nuevo Colegio. 
Para terminar, señor Presidente, el Parlamento y la Comisión deben comprometerse a producir un trabajo político de una calidad nueva. 
Su elección, señor Presidente de la Comisión, supondrá un hito en la relación institucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
Los eurodiputados socialistas griegos desean su elección. 
No obstante, la elección del Presidente de la Comisión no es un acontecimiento aislado. 
Se crea así una relación de confianza mutua y colaboración entre la Comisión y los representantes de los pueblos de Europa. 
Los pueblos de Europa, señor Presidente, desgraciadamente, se han vuelto desconfiados. 
Desarreglos del pasado le han restado crédito a la Unión Europea. 
Estos problemas la Democracia los aborda desde la institución de la transparencia. 
La transparencia, sin embargo, no funcionará jamás por el mero hecho de que lo digan los Tratados. 
Funcionará si la Comisión se lo propone y si el Parlamento constantemente lo exige. 
El control riguroso por parte del Parlamento no constituye un acto hostil; constituye un acto de confirmación del prestigio de las instituciones. 
Lo deseo profundamente y, después de su intervención de hoy, lo creemos: en las relaciones entre la Comisión y el Parlamento empiezan años buenos, una época nueva y constructiva. 
Que sea ésta- elegido usted y ratificados sus comisarios por el Parlamento- una época de transparencia, de democracia, de derechos humanos y, sobretodo, una época de paz. 
Sobre el asunto de la paz, señor Presidente, bueno será que entendamos todos que los muertos, caigan en el bando en el que caigan, son iguales entre sí. 
Señor Prodi, usted es el segundo Presidente de la Comisión en cuyo nombramiento voy a tomar parte. 
Lo que da cierta experiencia. 
He decir que tras las dos primeras reuniones que hemos mantenido no me siento especialmente satisfecho, sin embargo, también ha de manifestar que su exposición de hoy en este Parlamento me ha satisfecho sobremanera. 
Me alegra que el medio ambiente, los consumidores y el empleo hayan quedado incluidos en su declaración. 
Celebro que subraye la utilidad de la colaboración. 
Hay una cosa en la que no estoy satisfecho. 
Se trata de la gran importancia que otorga a la liberalización de los intercambios comerciales dentro de la OMC. 
Estoy de acuerdo, señor Prodi, en la necesidad de afianzar el papel de la Comisión en materia de la cooperación dentro de la OMC, sin embargo, quiero alertar contra el riesgo de que por conseguir esto echemos por la borda la dimensión social y tomemos como rehenes a los consumidores y el medio ambiente. 
Es importantísimo que no perdamos de vista el tercer mundo, los países pobres y logremos que la OMC actúe al respecto. 
La segunda cosa que me gustaría mencionar hoy es su trabajo a la hora de reformar el trabajo y los métodos de trabajo de la Comisión- la nueva cultura empresarial. 
Me satisface todo lo que hoy he oído. 
Espero que las instituciones, es decir, el Consejo, el Parlamento y la Comisión, cooperen en estas cuestiones en el futuro. 
Tengo una pregunta para usted: ¿Comparte mi opinión de que un nuevo comienzo significa nuevos comisarios en todos los puestos? 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Prodi por haber mencionado con tanta anticipación en su declaración que se compromete a dedicar gran atención a la transparencia. 
Quisiera subrayar que de hecho el Parlamento ha tomado decisiones muy concretas respecto al contenido del concepto transparencia. 
Estoy absolutamente convencida de que el Parlamento no va a retroceder en sus posiciones. 
En mi opinión, se trata en cierta medida de invertir el principio: de quizá ser transparente a estar obligado a buscar la transparencia, tanto como sea posible, desde el comienzo. 
Además, no se trata solamente de información a la medida de las instituciones, sino que se trata de exhibir documentos y contestar las preguntas de los ciudadanos. 
Creo que esto va a precisar muchas normas concretas y enormes esfuerzos relacionadas con la formación de personal. 
Por tanto, va a ser como una obra orfebrería. 
No basta sólo con decir que se desea más transparencia. 
Con todo, tomo en cuenta los compromisos de Prodi en este aspecto y espero que él también entienda que, para llegar a algún sitio, es necesario este trabajo de orfebrería. 
Señor Presidente, señor Prodi, ha recibido usted tantas alabanzas y tanto reconocimiento que casi empieza a resultar sospechoso. 
Sin duda podrá soportar que yo añada unas gotas de hiel a esta copa. 
Voy a adelantarle de entrada que los socialdemócratas austriacos también vamos a darle nuestro voto afirmativo. 
Sin embargo, lo digo abiertamente, no con pleno convencimiento, sino sobre la base de sus anteriores méritos y como un voto anticipado de confianza. 
Es evidente, que todavía no le es posible ofrecer respuestas para muchas cuestiones. 
Lo que a mí me preocupa un poco- y voy a concentrarme únicamente en este aspecto- es la excesiva insistencia en el mercado y la subvaloración de los aspectos sociales. 
Voy a expresarlo con la terminología de Gramsci, en cierto modo como un homenaje a nuestro Presidente de sesión. 
La hegemonía, en este caso concretamente la hegemonía del mercado, también me preocupa en mi calidad de economista y de defensor de la economía de mercado. En efecto, en nuestra Europa hemos desarrollado un modelo de economía social de mercado, que se preocupa especialmente por la reducción y prevención del desempleo. 
Reconozco, señor Prodi, que hoy me parecido oírle manifestar por primera vez con claridad y explícitamente su intención de combatir y evitar también las causas últimas y las raíces del desempleo. 
Sin embargo, todavía me parece un propósito demasiado tenue. 
Yo encuentro que todavía le falta consistencia. 
De lo contrario, los ciudadanos de Europa ya no estarán a nuestro lado. 
En este sentido, yo le doy bienvenida desde este momento como nuevo Presidente de la Comisión. Y espero que sea capaz de establecer también este equilibrio. 
Señor Presidente, señor Prodi, retomo el tono menos arrogante de mi amigo Swoboda y voy incluso a acentuarlo un poco. 
Hoy le he escuchado tres veces, siempre con gran satisfacción, pero he observado que en la tercera ocasión, usted no se ha referido ni por un instante al concepto de la Europa social, y eso me preocupa. 
Ciertamente ha hablado del empleo, pero no ha dicho ni una palabra sobre el diálogo social europeo. 
Ni una palabra tampoco sobre la necesidad de constituir esta plataforma de derechos sociales fundamentales sin los que tendremos deslocalizaciones por el dumping social. 
Y a pesar de que, en efecto, usted ha vuelto a anunciar que la Comisión va a desarrollar la liberalización del mercado de bienes materiales y servicios, en cambio no he oído nada sobre los servicios públicos, sobre los servicios de interés económico general, tal y como figuran ahora con total claridad en el artículo 7D del Tratado de Amsterdam. 
Realmente debe tranquilizarnos en este aspecto, si quiere que su Comisión esté en buenas condiciones de funcionamiento. 
No olvide a su ala izquierda. 
Señor Presidente Romano Prodi, se presenta usted en esta Asamblea como hombre de convicciones, que es, y con créditos confirmados en la construcción europea. 
También nosotros estamos muy orgullosos, junto con usted, del gigantesco esfuerzo que se hubo de hacer para ver llegar a algunos países, en particular el suyo y el mío, al pelotón de cabeza de la Unión Europea, al euro, como sabemos. 
De él nos ha hablado usted, en particular de lo que prevé para una nueva organización, con transparencia y eficacia, de la Comisión. 
No sé si para bien o para mal, ha hablado más de la organización que de los principios inspiradores, lo que ha contrastado con el resto de su discurso, más filosófico, más enfático, más de fondo que pragmático. 
Por eso, quisiera pedirle algunas aclaraciones. 
¿Considera el actual marco institucional en que se asienta la Comisión- el principio de paridad, de igualdad de los Estados miembros- como principio estructurador e histórico de la Unión o se adhiere a las motivaciones más recientes que incitan a una revisión apresurada y urgente? 
Es decir: ¿se debe hacer la reforma institucional de la Comisión, en particular en cuanto al número de Comisarios, en el marco del Tratado en vigor o es partidario el Sr. Presidente Romano Prodi de una revisión anticipada? 
Es que no se puede rehuir esa cuestión, por muy delicada que sea. 
Y la impresión que nos ha dejado es la de que no ha querido hablar de ese asunto. 
Y es una lástima, porque la claridad en estos asuntos es una condición necesaria para la aceptación de sus restantes y loables propósitos reformistas. 
No se trata sólo, señor Presidente Romano Prodi, «de limpiar el polvo en la casa» , es absolutamente indispensable que se refuercen sus cimientos. 
Señor Presidente, desearía intervenir acerca de una única cuestión, de un asunto de la mayor importancia para el Parlamento Europeo: usted se ha comprometido en el desempeño de sus actividades como Presidente de la Comisión a emprender de manera convincente las reformas que este Parlamento espera de la nueva Comisión, por lo que cuando, llegado el momento, lleve a cabo la labor de selección junto con los Gobiernos de los Estados miembros, deberá exigir individualmente a cada uno de los futuros miembros, así como al conjunto de la Comisión, este mismo compromiso de reforma. 
Cabría señalar, en mi opinión, que en la futura Comisión es necesaria también la contribución de aquellos comisarios actuales que hayan desempeñado bien sus funciones y hayan demostrado su compromiso renovador, ya que sin su participación no será posible emprender dichas reformas con la suficiente rapidez. 
Señor Presidente, Señorías, les agradezco muchísimo el debate que ha sido amplio y profundo y en el cual, como se ha dicho, se me han dirigido palabras de confianza y de expectativa que he apreciado mucho y frente a las cuales me siento extremadamente responsable. 
Debo decir además que ha sido un debate que me ha investido de una confianza condicionada, es decir, basada en la palabra, porque esto es lo único que puedo ofrecer en este momento. 
Así las cosas, no me queda más que decirles con la máxima claridad que soy profundamente consciente de este difícil momento y de la gran confianza que tienen, así como del hecho de que me están poniendo a prueba ustedes y más aún, si cabe, el próximo Parlamento, ante el cual deberé volver con el equipo de la Comisión al completo y, a través del equipo de la Comisión, tendré que ofrecer una garantía concreta de las promesas y de los compromisos que he asumido en el debate del 13 de abril y en el debate de hoy. 
Está claro que un acto de Gobierno se encarna en un Gobierno y no puede resumirse de forma simplificada en un programa. 
En consecuencia, sólo quiero decirles que me siento responsable de las grandes tareas asignadas a la Comisión que han señalado. Comparto plenamente su deseo de que la Comisión vuelva, mejor dicho, asuma definitivamente el papel que los Tratados le atribuyen- el papel de iniciativa y de propuesta política- y que lo desempeñe con gran transparencia. 
El discurso de la transparencia ha aflorado en todo momento. 
Recuerdo que la transparencia se basa en la definición de las responsabilidades y asumo el compromiso de emplearme a fondo en este campo que fue uno de los problemas decisivos de la última crisis: la transparencia entre la responsabilidad política colectiva de la Comisión, pero también individual de los Comisarios responsables de las carteras, así como de su gestión, y la gran responsabilidad administrativa que, por el contrario, corresponde a la estructura de las Direcciones. 
Éste es un problema sumamente importante y que he querido afrontar sin ambigüedades definiendo la función del papel de los gabinetes, que fue uno de los problemas que en el pasado provocó tensiones e incomprensiones. 
Les agradezco asimismo el hecho de haberme recordado la delicada relación que se establecerá entre la Comisión y el Consejo, por un lado, y entre la Comisión y el Parlamento, por otro. 
Es un Parlamento mucho más fuerte, es un Parlamento que ha conquistado su fuerza, como sucede en los grandes momentos de desarrollo institucional. 
Y, en consecuencia, es un Parlamento ante el cual deberé presentarme con transparencia, con claridad y de forma absolutamente irreprochable: me doy cuenta de ello. 
Se han planteado también algunos problemas respecto a la toma de posesión. 
El Sr. Verheugen, en nombre de Consejo, ha subrayado la necesidad de un procedimiento rápido de toma de posesión y, por otra parte, el Sr. Cox, ha subrayado la conveniencia de un debate parlamentario de alto nivel sobre la aprobación de una nueva Comisión. 
Considero ambas exigencias muy importantes: únicamente les puedo decir que estaré preparado con todo el nuevo equipo de Comisarios el día de la toma de posesión del nuevo Parlamento. 
Éste es el compromiso que puedo asumir- y que debo asumir- frente a ustedes a fin de no ralentizar siquiera una hora la toma de posesión. 
Naturalmente confío en que esto tenga lugar sin dilaciones, repito, estoy aquí sabiendo, sin embargo, que el debate deberá ser exhaustivo y profundo en todos sus aspectos. 
Hoy se ha abordado otro tema muy importante, un tema crucial que, creo, deberemos volver a debatir. 
Me ha sido objetado: «Demasiada confianza en el mercado, poca en la Europa social». 
Seamos claros: si ponemos en contradicción estos dos términos, estropeamos la Europa del mercado y la Europa social. 
Debemos recordar que, si debemos dar una esperanza al Tercer Mundo, respecto al cual ahora tenemos una gran responsabilidad- no podemos olvidar, en efecto, que Europa es la mayor estructura económica del mundo, repito, la mayor estructura económica del mundo- entonces es indudable que también debemos garantizar un orden económico mundial. 
La apertura del comercio ha permitido, en los últimos años, unos espacios de crecimiento a algunos países que estaban totalmente excluidos del juego mundial y ha traído consigo- lo entiendo y ha vuelto a recordarse en sus intervenciones- gravísimas consecuencias para algunos sectores europeos y algunos países europeos. 
Hemos de recordar, sin embargo, que si no aceptamos este desafío, estaremos provocando una enorme decepción en el Tercer Mundo y no asumiremos el papel que debemos desempeñar en este planeta que se ha convertido en sumamente complejo. 
Esto, se lo aseguro, no resta importancia, antes bien, añade importancia al diálogo social, añade importancia a la atención a los marginados y a los más desfavorecidos. 
Este discurso, no obstante, no podemos hacerlo con cerrazón, no lo podemos hacer con un continente que pone sus propios límites, aunque se ha convertido en más grande: lo debemos hacer aceptando el reto que, en este caso, es también una responsabilidad. 
Este discurso podría parecer hecho para cosechar convergencias, para conquistar adhesiones. 
No es así. 
Tengo una profunda convicción económica de que dos son los pilares en que debemos sostener el edificio europeo. 
Si nos cerramos realmente tanto desde el punto de vista de la paz como desde el punto de vista del desarrollo del planeta, estaremos causando gravísimos problemas. 
Sé perfectamente que con esta apertura necesitamos cambios muchos más rápidos que los del pasado, y los cambios causan desasosiego. 
Nuestra tarea como Comisión y Parlamento es avanzar, junto con el Consejo, en esa dirección, asumir la responsabilidad del cambio, ya que en estos momentos está claro que podría ser muy fuerte la tentación de cerrarnos, la tentación de refugiarnos en posiciones conservadoras. 
He ahí porque todos nos dedicamos a esta progresiva labor de reforma que será un reto muy fuerte. 
Ya he enumerado algunos puntos y no he mencionado la transparencia, el cambio de los modelos organizativos, el cambio en las relaciones entre la Comisión y el Parlamento, el cambio en las relaciones con las estructuras administrativas. 
Es evidente que ésta es una construcción progresiva. 
Si alguien me reprocha que no he venido aquí con un edificio completo, tiene perfectamente razón. 
Es precisamente el tipo de procedimiento, el tipo de trabajo que estamos construyendo que es progresivo. 
Entre otras cosas, no deberé olvidar- aunque después tendré que asumir la responsabilidad- que en mis reflexiones he tenido en cuenta el primer informe de los Sabios que se presentará en septiembre, respecto al cual, repito, la responsabilidad decisoria será mía. 
Se trata de documentos muy importantes para formar la voluntad, para organizar nuestra estructura mental. 
Por eso es preciso que trabajemos en continuo, equilibrado y estrecho contacto; por eso he hablado con frecuencia de una composición equilibrada de la Comisión, no solo en la relación política, sino también en la relación entre hombres y mujeres. 
Al respecto, quisiera decir que no existe ninguna lista de Comisarios, ni siquiera provisional. 
A los jefes de Gobierno y de Estado, con quienes estoy manteniendo un diálogo continuo para formar una buena Comisión, les he dicho claramente: «¡Hasta después de las elecciones, nada de nombres!» 
Primero, por respeto a algunos países que tienen sus compromisos internos y segundo, porque antes debemos formar programas, voluntades y posteriormente, en función de ellos, formaremos la Comisión. 
Yo diría que seguir otro camino sería totalmente equivocado. Por lo tanto, a partir las elecciones en adelante hablaremos de nombres. 
Todas las que se han hecho son puras indiscreciones que no hay que tener en cuenta. 
Por eso, repito, estoy preparándolo todo: a partir del momento de las elecciones se hará un Gobierno, a tiempo para presentarlo ante el Parlamento en cuanto celebre su primera sesión. 
Éste es el programa que me he fijado 
También quisiera abordar otros puntos, puntos que me parece que han aflorado en el debate con especial interés y vehemencia. 
Dejo el discurso sobre la defensa. 
Alguien ha querido entenderlo en términos negativos, como si la espada fuera una prioridad mayor que la balanza o la moneda. 
Pues bien, es un discurso muy claro: es difícil construir un nuevo edificio que cumpla su papel sin unir las estructuras de defensa. 
Hará falta tiempo: conozco los límites de la Comisión, conozco sus competencias, conozco todo esto, pero es indudable que tenemos que plantearnoslo como un objetivo, al igual que el discurso sobre la política exterior. 
Por último, la lucha contra la pobreza, la marginación y el problema del crecimiento. También aquí, no tratemos de construir el futuro con conceptos económicos trasnochados. 
No es cierto que los nuevos modelos de crecimiento llevan implícito un problema de daño al desarrollo sostenible o al medio ambiente. 
El nuevo crecimiento es profundamente distinto del anterior. 
Lo cierto es que Europa no ha podido avanzar con la velocidad debida por estos grandes caminos del nuevo crecimiento que incluyen sobre todo los nuevos sectores: software, telecomunicaciones y también, como se ha recordado con relación a mi anterior discurso, las que he llamado «las ciencias de la vida». 
Esto incluye varios sectores que van de la farmacología a la química pura, pasando por todo lo relacionado con la salud, unos sectores en los cuales Europa es extremadamente débil y que ofrecen extraordinarias capacidades de empleo y de aplicación de la inteligencia. 
Quiero, no obstante, recordar que nunca, en este campo como en ningún otro, los problemas éticos deberán someterse a los económicos. 
Esto no afecta sólo a este campo: debe ser un compromiso que asumimos total y absolutamente, porque forma parte de nuestros grandes objetivos. 
Por último, hace unos momentos he recordado nuestras obligaciones respecto al exterior. 
No he hablado de ellas esta mañana porque las mencioné la vez anterior. He considerado ambos discursos como dos partes de un único capítulo que hemos de escribir juntos. 
Por consiguiente, esta mañana no me he referido de forma específica al problema del Mediterráneo y me he detenido sobre todo en los Balcanes. 
Sin embargo, quiero subrayar que nuestra responsabilidad respecto a los países del Mediterráneo es muy grande. 
Es grande porque nos enfrentamos a una situación que tanto social como económicamente y precisamente como organización de las estructuras estatales, está convirtiéndose en cada vez más difícil y casi insostenible. 
No creo que nadie más pueda asumir esta tarea que nosotros no podemos rechazar en este momento. 
Menciono estos puntos que deberán añadirse a mi exposición anterior por las objeciones y las sugerencias que me han formulado y que agradezco profundamente. 
Deseo terminar con una observación muy breve, una vez más sobre Kosovo. 
En este sentido, tenemos un enorme y creciente compromiso. 
Hemos de recordar que la reconstrucción política, social y económica de los Balcanes recaerá en gran parte, por no decir exclusivamente, sobre Europa. 
Debemos recordar que hemos de ofrecer un orden institucional que permita a estos pueblos sentirse seguros de poder mantener su propia estructura, pero también de poder establecer relaciones crecientes con Europa, a fin de que cuenten con su propio espacio de cara al futuro. 
Y termino, dándoles las gracias y confiando en que podamos proseguir nuestro diálogo de forma constructiva. 
Aplausos 
Señor Presidente, planteé una pregunta sobre si el Sr. Prodi quiso decir con un «nuevo comienzo» que tendríamos también una Comisión totalmente nueva, es decir, que ninguno de los antiguos comisarios volvería a salir elegido. 
No tuve respuesta a mi pregunta. 
Si he entendido bien, se me ha preguntado si en la nueva Comisión participarán o no los Comisarios de la vieja Comisión. 
No existe ningún motivo que lo impida: depende de la capacidad y de la ética y prestigio profesional del Comisario. 
No existe ninguna prohibición al respecto porque no encuentro motivos para ello. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
El Sr. Ephremidis desea intervenir en relación con los Balcanes, sin embargo, el debate de la situación en Kosovo tendrá lugar esta tarde. Considero que entonces podrá llevar a cabo su intervención. 
Se procede al turno de votaciones. 
Señor Ephremidis, es usted un parlamentario veterano y sabe perfectamente que sus Señorías no pueden tomar la palabra si no se la concede el Presidente. 
El Sr. Imbeni no le ha concedido la palabra. 
Votaciones 
Señorías, vamos a proceder a una larga serie de votaciones con un nuevo rasgo característico. 
Son las primeras votaciones que se desarrollarán de acuerdo con los nuevos artículos del Reglamento que votamos en el anterior período de sesiones. 
He de decir que un estudio que hemos hecho hoy sobre las votaciones que van a tener lugar ha mostrado que las modificaciones introducidas el Sr. Corbett, la Sra. Palacio y el Vicepresidente Sr. Gutiérrez Díaz son importantes y cambian bastantes cosas. 
Creo que nos van a facilitar notablemente las votaciones. 
Cambian también bastantes usos antiguos y quisiera pedir su apoyo y su compresión. 
Quisiera aclarar a la Cámara que, a diferencia de lo que es el procedimiento habitual, si el informe del Sr. Fayot es aprobado, la resolución entrará en vigor inmediatamente y no a partir del próximo período de sesiones, de suerte que afectará ya a las próximas propuestas que se sometan a votación. 
Para la aprobación, se requiere mayoría absoluta de 314 votos. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señor Presidente, podría explicarnos por qué en el anterior período parcial de sesiones bastaba una mayoría simple para modificar los anexos, mientras que hoy, para modificar un anexo es necesaria la mayoría absoluta. 
Sr. Herman, hay que distinguir entre las disposiciones previstas por el anexo del Reglamento para la aprobación de gestiones y las disposiciones previstas por el anexo del Reglamento para otras votaciones. 
En unas se requiere mayoría absoluta; en las otras, no. 
Señor Presidente, había solicitado la palabra antes de que esta enmienda fuera sometida a votación, enmienda que no estoy seguro que sea admisible. 
Por indicación suya y tras declarar que se hace con carácter inmediato, acabamos de aprobar una modificación del artículo 5 del Reglamento, que dice que, en lo relativo a la concesión y la denegación de la aprobación de la gestión, no pueden presentarse enmiendas a la propuesta de decisión relativa a la aprobación de la gestión. 
Ahora bien, la enmienda es relativa al párrafo sobre la propuesta de decisión. 
Esto me lleva a decirle sencillamente que cuando se redactan textos deprisa y corriendo, deben tomarse un mínimo de precauciones para que éstos se cumplan. 
Señor Fabre-Aubrespy, usted plantea una cuestión que analizaremos más tarde. 
En cualquier caso, no la enmienda ha sido aprobada. 
Volveremos a examinarla. 
No somos infalibles. 
Sólo el Papa es infalible, nosotros no. 
Pero como la enmienda no ha sido aprobada, no existe ningún problema. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señor Presidente, personalmente lamento profundamente que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor haya procedido de forma tan precipitada a la votación de las enmiendas de compromiso al informe del Sr. Lannoye sobre la propuesta de directiva relativa a la miel, que la final la ha debilitado. 
Dichas enmiendas de compromiso no surtirán el efecto esperado, es decir, limitar las consecuencias negativas para los consumidores y los productores de miel europeos de un reglamento que no protege suficientemente la calidad de las buenas mieles europeas contra las mieles importadas y, lo que es peor, que favorece el fraude. 
Lamentablemente no ha sido posible modificar dichas enmiendas de compromiso, algo que hubiera querido hacer, y puesto que no puedo resignarme a votar a favor de unos textos que no garantizan que el consumidor pueda distinguir fácilmente la miel importada de la miel de calidad producida en la Comunidad, me he abstenido. 
El resto del informe no está mal. 
Por lo demás, la indicación «miel de importación» debería establecerse asimismo para las mezclas de mieles que incluyan una parte de origen extracomunitario. 
Por último, quiero precisar que la mejora de la producción y de la comercialización de la miel, que fue objeto de mi informe sobre el reglamento ad hoc y en el marco del cual hemos obtenido 15 millones de euros al año, aunque yo había solicitado 65, pasa por un alto nivel de exigencias en materia de calidad, de control y de etiquetado de la miel. 
No puedo por menos que lamentar que la Comisión y el Consejo no hayan seguido el ejemplo del Parlamento, que aprobó por unanimidad mis dos informes sobre la situación de la apicultura europea y sobre la mejora de la producción y de la comercialización de la miel. 
No pierdo la esperanza de que en el transcurso de la próxima legislatura nos presten más atención, porque mi lucha en defensa de los productores de miel y en defensa de sus productos de alta calidad, en Europa y en la Comunidad, continuará aquí o fuera de este Parlamento. 
Señora Lulling, le he concedido el doble de tiempo del que le correspondía, porque es una de nuestras últimas sesiones: no puedo negar pequeños privilegios- no son muy grandes- a colegas que han estado muy presentes en este hemiciclo. 
Lamentamos que esta directiva, cuyo objetivo es la implantación de reglas comunes sobre contenidos, signifique claras desventajas para el mercado sueco de confituras. 
En Suecia existe una receta tradicional de confituras distinta de las europeas (más bayas y menos azúcar). 
La propuesta que se ha aprobado significa que en el mercado sueco dominarán las confituras con un alto porcentaje de azúcar, cosa que lamentamos. 
Por eso hemos optado por no participar en esta decisión. 
Por lo demás, nuestra opinión es que las decisiones sobre productos como éste tal vez deberían tomarse en sitios diferentes al ya sobrecargado Parlamento Europeo. 
Puesto que opino que no es necesaria la existencia de definiciones comunitarias uniformes de confituras y mermeladas, estimé que no debía votar por el Informe Lannoye. 
Señor Presidente, me he abstenido en la votación final del informe del Presidente Fayot sobre la modificación del Anexo V al Reglamento. 
Creo que las disposiciones aprobadas tienen un carácter coyuntural, relativo a encontrar una solución al problema del ejercicio 1996, y nunca es bueno modificar los textos generales para solucionar un problema en particular. 
Pero quisiera hacer dos observaciones formales, si me lo permite. 
La primera observación es en respuesta a las palabras del Sr. Herman de hace un momento y relativa al hecho de que usted haya decido someter a aprobación las modificaciones del Anexo V al Reglamento por mayoría absoluta de los diputados al Parlamento; usted estaba en lo cierto al proceder de esa manera, porque se ajusta al Tratado. 
El Tratado establece, en efecto, que el Reglamento interno debe ser aprobado por mayoría absoluta de los diputados al Parlamento. 
Pero, en realidad, usted- y digo usted, señor Presidente, pero me dirijo a la Presidencia en general- debería haber sometido a aprobación, en idénticas condiciones, la modificación del otro anexo en la sesión anterior, es decir, aquélla relativa a las atribuciones de las comisiones parlamentarias. 
No existe ninguna diferencia de naturaleza entre ambos anexos. 
El contenido de estos textos es remitido al anexo al Reglamento exclusivamente por motivos de comodidad, porque en el Reglamento propiamente dicho ocuparía demasiado espacio. 
Pero, tanto en un caso, como en otro, las disposiciones son importantes y deben ser aprobadas en las idénticas condiciones que el propio texto. 
Quisiera hacer una segunda observación. 
En lo relativo a la entrada en vigor inmediata, lo hemos decidido a pesar de que las enmiendas de la comisión no han sido aprobadas. 
Por tanto, hemos votado sobre el Informe Elles sin saber exactamente qué estábamos votando. 
Quisiera decir que en lo sucesivo, cuando queramos una aplicación rápida, sería conveniente establecer al menos un día de plazo para que dispongamos del texto definitivo aprobado y no votemos sin saber exactamente de qué se trata. 
El Reglamento establece que puede existir una aplicación más rápida que la prevista normalmente- es decir, el envío a la sesión siguiente -, pero la aplicación inmediata no me parece satisfactoria. 
Explicación de mi voto en contra de la enmienda 4. Yo podría votar afirmativamente la enmienda si se formulase como sigue: 
" El Consejo podrá decidir por unanimidad autorizar excepcionalmente, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, a un Estado miembro... » 
A raíz de una decisión del Consejo de Viena de los pasados 11 y 12 de diciembre, la Comisión acaba de presentar al Parlamento Europeo una propuesta de modificación de la Directiva 78/388/CEE relativa a la posibilidad de aplicar, con carácter experimental, un tipo reducido del IVA sobre los servicios de gran intensidad de mano de obra. 
En esta propuesta de modificación, la Comisión inserta, en el artículo 28 de la directiva, un apartado 6 nuevo, por el que introduce un procedimiento de autorización para que el Consejo resuelva por unanimidad a propuesta de la Comisión, permitiendo que los Estados miembros que lo deseen apliquen un tipo reducido a determinados servicios locales con gran intensidad de mano de obra y que cumplan requisitos precisos, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2002. 
El Grupo Europa de las Naciones ha afirmado en reiteradas ocasiones la convicción de que existe una relación directa entre la reducción del tipo del IVA y la mejora del empleo. 
Esta propuesta de modificación de la directiva va pues en la dirección acertada, al ofrecer a los Estados miembros una posibilidad positiva que utilizarán ciertamente de manera casi general. 
No obstante, el Grupo Europa de las Naciones ha votado en contra de la enmienda 4 de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, que fue aprobada por 423 votos a favor y 61 en contra. 
Dicha enmienda precisa que el Consejo no debería resolver por unanimidad, sino por mayoría cualificada. 
Ahora bien, de conformidad con el Tratado, todas las disposiciones fiscales que se rigen por el Derecho comunitario deben ser aprobadas en el Consejo por unanimidad. 
Una vez más, los eurofederalistas intentan sobrepasarse con vistas a despojar al Consejo de una de sus prerrogativas en beneficio de la Comisión. 
Si se aprobara la mayoría cualificada en materia de fiscalidad, como desea la gran mayoría de los diputados europeos, se eliminaría una buena parte de la soberanía nacional. 
Se pondría en grave peligro el derecho de todo Estado a fijar y recaudar los impuestos. 
Todos sabemos que en numerosas ocasiones el Parlamento se ha mostrado favorable a la introducción de un impuesto europeo, y en este caso, socarronamente, al declararse en favor de un texto que permite a los Estados miembros reducir los impuestos, intenta modificar el fundamento jurídico de los Tratados modificando el procedimiento de aprobación de las propuestas fiscales de la Comisión en el seno del Consejo. 
Señor Presidente, le ruego que me disculpe por intervenir tan tarde sobre el Acta de la sesión de ayer. 
Resulta que acabo de descubrir que figuro como ausente, a pesar de que estuve presente. 
Al no haber votado con el sistema electrónico, no puedo demostrarlo formalmente. 
No obstante, fui el autor de un proyecto de resolución, que fue rechazado, sobre la lista de las urgencias. 
Pedí la palabra para apoyarlo, como observaron la Sra. von Wogau y el Sr. Priestley. 
Lamentablemente, nuestro Presidente no pudo concederme la palabra, pero estuve presente y con ustedes. 
Muy bien, tomo nota. 
Señor Presidente, las grandes orientaciones de la política económica para el año próximo están dominadas por una sombra inesperada a los ojos de los expertos oficiales: una desaceleración del crecimiento en Europa de aproximadamente el 2 %, unida al mantenimiento de una tasa de paro elevada, de aproximadamente el 10 % en la totalidad de Europa, mientras que los Estados Unidos registran un crecimiento de más del doble y un paro de dos veces menor. 
Paralela y bastante lógicamente, el euro se debilita ante el dólar desde su lanzamiento a comienzos de año. 
Esta situación contrasta evidentemente con las promesas de una unificación monetaria que abriría en Europa una nueva era de crecimiento y empleo. 
Sin duda me dirán que el euro sólo está en vigor jurídicamente desde hace cuatro meses y que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. 
Esta afirmación no es cierta, porque las paridades bilaterales entre las monedas europeas se fijaron el 1 de mayo de 1998- hace justamente un año- y el objetivo de la fijación rígida de las monedas entre sí prevalece desde hace varios años. 
No se puede por tanto exonerar tan fácilmente al euro ni a la gestión europea en general de toda responsabilidad. 
Nos sorprende constatar, en particular, que el crecimiento es más débil en los países que se encuentran en el centro del sistema euro y que son contribuyentes al sistema de los Fondos estructurales, y más fuerte en los países más periféricos o beneficiarios de las subvenciones europeas. 
En términos generales, cabe preguntarse si el hundimiento del centro no pesa sobre toda Europa y si el crecimiento europeo, tan debilitado por la gestión de Bruselas, no debilitará a su vez al euro. 
El Grupo Europa de las Naciones quiere restablecer el crecimiento en Europa, en primer lugar, mediante la disminución de las exacciones obligatorias destinadas a los Fondos estructurales, a continuación mediante el levantamiento de las rigideces que caracterizan la gestión del euro. 
Opinamos que hay que restaurar una cierta flexibilidad monetaria y adaptar el euro a las situaciones específicas de los diferentes países dejando subsistir, el 1 de enero de 2002, las monedas nacionales frente al euro, que se convertiría así en una simple moneda común. 
Voy a votar a favor del Informe Fourçans sobre las grandes orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad. 
El informe está en lo cierto al subrayar la necesidad de establecer una coordinación más estrecha entre las grandes orientaciones de política económica y las directrices en materia de política de empleo, teniendo en cuenta la necesidad de una estrategia coherente para el empleo, el crecimiento, la estabilidad y las reformas económicas y para una mejora de su contenido y su oportunidad y la relación entre las comisiones del Consejo interesadas. 
También apoyo la petición por parte del ponente de inversión pública/privada para conseguir una infraestructura moderna de transportes y comunicaciones en la Unión y también su petición a la Comisión y al Consejo para que encuentren el mecanismo de financiación apropiado, como, por ejemplo, una ampliación del papel del BEI. 
Hemos votado en contra del informe por los siguientes motivos: 
1.La idea de una política económica común es, en general, errónea. 
Las estructuras económicas de los países miembros hacen necesaria una política que sea de carácter nacional y con variación. 
Una convergencia real exige políticas diferentes. 
Una convergencia formal, por el contrario, conduce a discordancias en los resultados de la política.2.Una política económica única, gestionada por la Unión, constituye una grave violación de la independencia nacional y una violación de los parlamentos nacionales. 
Las prerrogativas de éstos en materias de política económica constituyen una parte imprescindible de la democracia.3.La política defendida en el informe (y en el discurso) representa un pensamiento teórico unilateral y una teoría política singular. 
Ésta está en contradicción con una gran parte de los conceptos y observaciones de la ciencia económica moderna. 
El Informe Menrad se propone retomar el tema de la política de empleo europea- y en este sentido resulta pertinente la reciente intervención del Sr. Berthu sobre la situación político económica -, anticipándose a la adopción del paquete europeo en materia de empleo que sin duda se aprobará en Colonia. 
La gran tragedia es, no obstante, que por el momento no se vislumbra que se vaya a dotar de un contenido realmente modificado a esta nueva forma de cooperación. 
Las directrices en materia de política de empleo siguen siendo las de Luxemburgo, con toda su ambigüedad. 
Las líneas fundamentales de la política económica son extraordinariamente vagas e imprecisas en esta ocasión y, por lo tanto, vienen a decir que de momento se seguirá actuando sencillamente como se ha hecho hasta ahora, lo cual resulta sumamente problemático a la vista de los problemas acumulados. 
Las reformas del mercado, que deberían constituir el tercer elemento, consisten en una combinación todavía no bien definida de propuestas desreguladoras y un marco de definiciones necesarias para una competencia leal en el ámbito del mercado único. 
Es decir que, aun cuando podemos acoger con gran satisfacción que la Unión Europea se disponga a crear algo así como las condiciones para la construcción de un modelo europeo de pólderes en el ámbito de la política económica y de empleo, debemos advertir, no obstante, contra el riesgo que supondría que esta construcción no vaya acompañada a la vez también de un contenido, o sea, de la modificación de la orientación de la política económica, y concretamente de una política económica orientada a conceder efectivamente prioridad a un empleo más duradero y razonable, una política económica que retome el tema de la redistribución del trabajo, una política económica que también vuelva a incluir efectivamente dentro de sus perspectivas las tareas necesarias en el ámbito de la promoción de la sostenibilidad, del cumplimiento del compromiso de Río, de la solidaridad en las relaciones con los vecinos europeos y en el contexto de su estabilización, en contraposición a la política económica entendida como una especie de agregación de la micropolítica de las grandes empresas, tal como ha ocurrido durante los últimos veinte años con los resultados negativos ya conocidos y previsibles que ahora sufre toda Europa. 
El Consejo de Europa en Viena ha recomendado una política de empleo que incorpora aspectos macroeconómicos y de política de empleo. 
Opinamos que la alta tasa de desempleo actual amenaza el modelo europeo de bienestar. 
El hecho de que millones de personas no tengan empleo, año tras año, daña el crédito de la sociedad y de la democracia. 
El informe de Menrad sobre la contribución del Parlamento Europeo al Pacto europeo para el empleo es importante para fortalecer el empleo en Europa. 
Por eso damos la bienvenida al informe, pero con algunas reservas. 
En el informe se recomienda apoyar un estudio sobre eventuales acuerdos entre las partes del mercado laboral en relación con los salarios mínimos. 
Estimamos que éste no es el camino para combatir el dumping social sino que, por el contrario, creemos que hay que prestar atención a otras medidas como, por ejemplo, unas reglas mínimas en el terreno del derecho laboral. 
Además, el informe contiene exigencias relacionadas con la disminución de los impuestos a las ganancias e inversiones de las empresas y con la disminución de la cotización patronal a la seguridad social. 
En principio, no nos oponemos a esto. 
Por el contrario, opinamos que es extraordinariamente importante que exista un buen clima laboral, pero creemos que éstos son asuntos de carácter nacional, respecto a los cuales cada Estado miembro debe tener su propia posición. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe relativo al pacto europeo para el empleo. 
Nos parece muy bien dar prioridad al empleo dentro de la política económica y por ello apoyamos vivamente este pacto sobre el empleo. 
Sin embargo, el informe contiene ciertos puntos que no podemos respaldar. 
Entre otras cosas, en él se pide la implantación de un salario mínimo sobre la base del convenio a escala europea. 
Es una idea pésima. 
La cuestión salarial no es un asunto europeo. 
También se pide un acercamiento del impuesto de sociedades. 
No somos partidarios de armonizar el impuesto de sociedades. 
En cambio, defendemos la idea de implantar un nivel mínimo a escala europea para el impuesto de sociedades. 
La resolución del problema del desempleo es el imperativo más acuciante que afronta la Unión Europea hoy. 
No se puede aceptar que 18 millones de personas no puedan encontrar trabajo. 
El Pacto Europeo por el Empleo por sí mismo no resolverá ese problema, pero puede hacer una contribución y constituye un reconocimiento digno de beneplácito por parte de los Estados miembros de que se pueden lograr más resultados mediante la cooperación que actuando cada país por separado. 
Acojo con particular beneplácito la petición del ponente para que se conceda prioridad a las PYME, se refuercen las actividades de investigación e innovación y se fomente la protección medioambiental, la participación del sector terciario, las mejoras de la educación y la formación y la desaparición de la exclusión social. 
Si bien el ponente es realista al afirmar que «no se pueden financiar predominantemente en el nivel de la UE programas especiales de empleo para determinados grupos (jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, discapacitados) », espero que la Unión se comprometa a apoyar a esos grupos. 
Voy a votar a favor de este informe y confío en que el Consejo de Colonia examine seriamente su contenido. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo cree que los siguientes párrafos del informe corresponden a la subsidiariedad, por lo que no puede apoyarlos: 
párrafo 13- salario mínimo europeo; -párrafo 14- convergencia del impuesto de sociedades. 
Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Grupo Europa de las Naciones por ser el de mayor representación en estos momentos en el Hemiciclo. 
Así podrán escucharme, porque, en parte, estoy de acuerdo con mi amigo Hervé Fabre-Aubrespy cuando digo que eso ya lo hemos visto antes en este Parlamento, pero que la aplicación con carácter inmediato, al minuto siguiente, de un acto que debe aún ser consagrado mediante el Acta es algo completamente nuevo y que, por otra parte, se ajusta al espíritu en el que aprobamos el Informe Elles. 
Ayer hice una intervención. 
Hoy insisto y me alegra contar con un pequeño auditorio francés, y cuando digo pequeño, debería decir grande, porque son los más numerosos de cuantos me escuchan. 
Mis colegas saben bien que un político francés de izquierda dijo: «Jurídicamente, ustedes no tienen razón, porque políticamente están en minoría». 
Además, es un colega nuestro. 
Con su consentimiento, el Sr. Elles ha conseguido imponer la idea de que, en el momento en que se tiene mayoría, se puede perfectamente no respetar las normas, los reglamentos y demás. 
Por consiguiente, hemos aprobado un texto contra el que he luchado todo lo que he podido. 
Pero seguiré luchando y asumo el compromiso de hacerlo en todas partes, aquí, en el exterior y ante el Tribunal de Justicia, porque no puedo aceptar ser diputado a un Parlamento que vota a favor de algo que está equivocado y que, por tanto, en términos de Derecho, es una falsedad, promulga falsedades y se sirve de falsedades. 
Hemos aprobado un texto estrictamente falso. 
Habíamos afirmado que no concederíamos la aprobación de la gestión a la Comisión, pero no fue cierto. 
En lo que a mí respecta, es el compromiso que asumo y la explicación de mi voto negativo, intentaré por todos los medios posibles que el Estado de derecho siga siendo nuestra norma, a pesar del Sr. Elles, a pesar de los otros. 
Intentaré que estos conceptos, los conceptos de una izquierda pasada, no se impongan. 
El rule of Law es, en mi opinión, inseparable de la democracia. 
Usted reconoce naturalmente, como nosotros, que la Asamblea decide en su gran sabiduría. 
No quiero ponerlo en duda. 
Señor Presidente, no quiero proseguir el diálogo que usted ha iniciado por propia iniciativa hace un momento sobre mi intervención, y me limitaré a presentar la explicación de voto prevista sobre el Informe Elles. 
Hemos votado efectivamente a favor de este informe, en particular, por su apartado 1- puede quedarse, señor Dell ' Alba, quédese unos instantes -, en particular, como decía, debido a su apartado 1, respecto al que, efectivamente, no discuto que no se ajuste fielmente a la realidad, pero que, en nuestra opinión, tiene un significado político muy claro. 
Por primer vez, una mayoría de diputados al Parlamento ha dicho con total claridad que no es posible conceder la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 1996. 
Por primera vez, hemos escrito que nos negamos a conceder dicha aprobación de la gestión, a pesar de que el pasado 17 de diciembre rechazamos sencillamente una propuesta que nos llegaba, por otra parte, del Grupo Socialista y que había sido aprobada in extremis por una muy escasa mayoría en el seno de la Comisión de Control Presupuestario, propuesta que nos solicitaba conceder la aprobación de la gestión. 
Asimismo, ese día, hicimos nuestras y anexamos a nuestro informe las razones de la decisión de 17 de diciembre de 1998, razones que condenaban a la Comisión y deberían haber conducido, a partir de esa etapa, como nosotros propusimos, a una censura por parte de la mayoría parlamentaria. 
Ahora bien, hoy hemos asistido no sólo a lucubraciones sobre el apartado 1, sino además a una enmienda extraordinaria del Grupo Socialista encaminada a suprimirlo. 
Y creo que dicha enmienda, presentada por el Grupo Socialista, revela la hipocresía en que intentan guiarnos desde el 17 de diciembre. 
El Grupo Socialista nos propuso que no dijéramos que habíamos denegado la aprobación de la gestión. 
Nos propuso que no anexáramos a nuestro informe los comentarios del 17 de diciembre. 
Si hubiéramos aprobado la enmienda del Grupo Socialista, algo que lamentablemente han hecho 212 colegas, no habría denegación de la aprobación de la gestión y dichos comentarios no tendrían ningún valor jurídico, comentarios que, repito, condenaban a la Comisión. 
Es por ello por lo que me congratulo de la aprobación del Informe Elles. 
Los debates de que ha estado rodeada la denegación por el Parlamento de la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio presupuestario 1996 de las Comunidades Europeas han tenido las consecuencias políticas que todos conocemos. 
Por primera vez desde su creación, la Comisión se ha visto obligada a dimitir en bloque como consecuencia del alto número de pruebas de sus carencias que se acumularon. 
Se podría aún decir o repetir muchas cosas sobre esta cuestión. 
En cierto modo, el Consejo y el Parlamento también han sido en parte responsables de esta crisis. 
Confrontados a los nuevos retos engendrados, en particular, por la caída del Muro de Berlín y la mundialización de la economía, tanto uno como otro jamás han dudado en incrementar la carga de trabajo de la Comisión, aunque sin sacar todas las consecuencias lógicas, sobre todo en materia de contratación de personal. 
Creo que el próximo Parlamento y la próxima Comisión deberán retomar el dossier en la situación en que lo dejamos para que, en una colaboración lo más estrecha posible y con toda tranquilidad, saquen todas las conclusiones y las consecuencias necesarias. 
Dicho esto, creo, al igual que el ponente, que por ahora y desde un punto de vista técnico, es importante tomar nota de las cuentas del presupuesto de la Comunidad Europea correspondientes al ejercicio 1996. 
Es necesario que prosiga el examen de las cuentas de los ejercicios posteriores. 
Precisemos, una vez más, de cara a nuestros conciudadanos que de ninguna manera puede considerarse que el hecho de que nos limitemos a tomar nota sea un nuevo cuestionamiento de la denegación del Parlamento de la gestión de la Comisión sobre las cuentas del ejercicio 1996. 
Sería paradójico que el Parlamento se pronunciara antes del final de su mandato sobre dicha aprobación de la gestión, sin disponer de todos los elementos, cuando el segundo informe del Comité de Sabios se espera para el otoño y cuando aún no se dan las condiciones para pronunciarnos con carácter definitivo. 
Pero quisiera asimismo hacer hincapié en el carácter extraordinario de la votación de nuestra Asamblea. 
Tres enmiendas, que no habían sido presentadas por nosotros, sino por el Grupo de los Verdes- las enmiendas 2, 3 y 7- han sido rechazadas por una amplia mayoría, por un margen aproximado de 400 votos en contra de dichas enmiendas y 115 a favor. 
La enmienda 2 recordaba que la Comisión, en virtud del artículo 276 del Tratado, está obligada a presentar toda la información necesaria al Parlamento Europeo, cuando éste la solicite. 
Otra enmienda rechazada. 
Consideraba que dicho derecho de información exige que la Comisión le presente íntegramente todos los documentos que estime necesarios para ejercer dicha responsabilidad. 
Dicho texto, les recuerdo, ha sido rechazado. 
La enmienda 3 recordaba lo que sucedió con el dossier ECHO. 
Y la enmienda 7 recordaba sencillamente lo que ocurrió en lo que respecta al personal exterior contratado por diferentes empresas. 
Los 112 o 115 diputados que han votado a favor de estas enmiendas honran con ello a nuestro Parlamento, porque expresan la convicción de que el Parlamento está en su derecho de controlar a la Comisión, controlar la ejecución del presupuesto comunitario por la Comisión, y que ésta tiene el deber de respetar los Tratados y proporcionar al Parlamento la información necesaria. 
Aquellos que han votado en contra no han enaltecido la imagen del Parlamento. 
Demuestran perfectamente la hipocresía en la que nos encontramos desde hace seis meses. 
Si no hubiera habido cinco expertos independientes, nombrados por el Parlamento, para que expresen con total claridad su opinión sobre el funcionamiento de la Comisión, seguiríamos teniendo la misma Comisión que no habría dimitido ni habría sido censurada. 
No hemos votado a favor de lo que nos proponía el Informe Elles, porque en él se han omitido muchas cosas que afectan al presupuesto del Parlamento. 
Quiero hablar de las enmiendas que, una vez más, no han sido aprobadas. 
La enmienda 3, en particular y también la enmienda 7. 
En la enmienda 3, pedíamos al Secretario General que proporcione a la Comisión de Control Presupuestario un informe sobre las razones y las circunstancias que han llevado a la decisión de escindir a la Dirección General del presupuesto, del personal y de las finanzas, sobre los efectos de dicha decisión, sobre la eficacia de la gestión del presupuesto y la política de personal. 
Era una enmienda del Grupo de los Verdes. 
En la enmienda 7, el mismo Grupo observaba que el Parlamento había retirado una queja relativa a las reivindicaciones financieras. 
El Grupo quería conocer las consecuencias. 
Y la enmienda 9 recordaba las condiciones que habrían debido llevarnos a suspender la concesión de la aprobación de la gestión. 
Ha habido, también en este caso, un centenar de diputados para votar sobre dichas enmiendas. 
Del mismo modo que el Parlamento debe controlar la buena ejecución del presupuesto comunitario, debe verificar también la ejecución de su propio presupuesto por parte del Secretario General y por la totalidad de los funcionarios, cuyas honradez y cualidades no están en cuestión. 
Se debe, por tanto, a verificar que todo se ha ejecutado correctamente. 
Ahora bien, está claro que en lo relativo al ejercicio 1997 tenemos interrogantes. 
Habríamos debido suspender nuestra decisión. 
Lamento que no lo hayamos hecho. 
Es el motivo por el que no hemos podido votar a favor del informe de nuestro colega Fabra Vallés. 
Es evidente que la tormenta que se llevó a la Comisión a comienzos de año ha alterado los ánimos de muchos. 
Sería aún más perjudicial para la credibilidad de las instituciones europeas si un tornado semejante sacudiera al Parlamento. 
Me refiero a la gran importancia que debemos conceder al examen de las cuentas de nuestra Asamblea. 
En el período de duda profunda por la que atraviesan nuestras opiniones públicas, debemos permanecer aún más atentos a no dar pie a las sospechas, siempre prontas a nacer e inflarse. 
El Tribunal de Cuentas puede y debe ayudarnos en esta tarea. 
En cierto modo, es el garante exterior de la credibilidad de nuestra institución. 
Es el motivo por el que quiero hacer hincapié, junto con nuestro ponente, en que el Tribunal de Cuentas está en todo momento en su derecho de controlar la conformidad de la utilización del conjunto de los créditos asignados al presupuesto del Parlamento con las normas en vigor. 
Nuestro ponente, por otra parte, pone de manifiesto algunos incumplimientos a los que deberemos poner remedio sin demora, en particular, en materia de gestión del personal y de los compromisos de los créditos de inversión. 
En términos más generales, apoyo a nuestro ponente en todas sus conclusiones, incluida la necesidad de devolver la decisión sobre la aprobación de la gestión en el ejercicio 1997 al Comité Económico y Social. 
No es de recibo que en respuesta a las graves conclusiones del informe anual del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio anterior, el Comité Económico y Social haya considerado inoportuno que la UCLAF tenga acceso a este dossier y se encargue de definir cualquier posible implicación y responsabilidad administrativa, tal y como exige insistentemente el Parlamento. 
Junto con nuestro ponente, nos alegramos de los avances registrados en la implantación de las nuevas herramientas presupuestarias y contables que garantizarán una mayor transparencia en el seno de la Fundación de Dublín, así como de la firma de un acuerdo de cooperación entre ésta y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Bilbao, con vistas a evitar los despilfarros y las repeticiones inútiles, al tiempo que se desarrollan todas las sinergias posibles. 
En este caso en particular, parece ser que la atención conjunta de nuestro ponente y del Tribunal de Cuentas encuentra en el seno de la Fundación una voluntad real de responder a las observaciones emitidas. 
Cabe esperar, por tanto, que la Fundación se comprometerá a responder de la manera tan positiva que parece indicar nuestro ponente a las cuestiones pendientes o que acaban de ser planteadas con ocasión del examen del procedimiento de aprobación de la gestión en el ejercicio 1997: gastos de misión y contratos de estudio. 
En lo que respecta al Cedefop, escuchamos con satisfacción la valoración de nuestro ponente de que las dificultades relativas al traslado de Berlín a Salónica parecen tocar a su fin. 
En este sentido, no es necesario decir que el desconocimiento del nuevo entorno no puede justificar durante demasiado tiempo el incumplimiento de los procedimientos normales de licitación y de selección. 
En todo caso, cabe felicitarse de que las conclusiones- en suma, optimistas- de nuestro ponente permitan como mínimo esperar para el próximo ejercicio nuevos progresos en la gestión de la Fundación y del Cedefop. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 13.30 horas, se reanuda alas 15.00 horas 
De conformidad con el orden del día, la Comisión y el Consejo proceden a hacer una declaración sobre la situación en Kosovo. 
Señor Presidente, Señorías, la situación en Kosovo sigue siendo, a nuestro parecer, sencillamente catastrófica desde el punto de vista humanitario. 
Las estimaciones sobre el número de personas desplazadas en el interior de Kosovo se elevan entre tanto a 850.000, según ha declarado la OTAN. 
Los interrogatorios de les desplazados realizados por representantes de la misión de verificación de la OSCE y por las Naciones Unidas, y también interrogatorios nacionales, como los realizados por el Ejército federal alemán en los campamentos de refugiados, revelan un cuadro pavoroso de fusilamientos masivos, violaciones, saqueos y destrucción sistemática de las viviendas y propiedades de los albanokosovares. 
Este fin de semana han tenido lugar nuevas expulsiones de gran magnitud, sobre todo de Prizren. 
Una ciudad entera corre el riesgo de ser deportada mediante las acciones violentas más espantosas. 
En cuanto a la situación en Albania y Macedonia, es absolutamente evidente que los objetivos criminales de la guerra no incluyen sólo la alteración de la composición étnica, de la composición demográfica de la población de Kosovo a través de la expulsión de la población albanokosovar por medio de la fuerza más brutal, sino que con esta expulsión se persigue a la vez un segundo objetivo criminal, que es la desestabilización de los Estados vecinos y con ellos de toda la región. 
Según datos del ACNUR, un total de 670.000 personas deportadas de Kosovo se encuentran en los Estados limítrofes, en estos momentos alrededor de 400.000 en Albania, 200.000 en Macedonia y unas 60.000 en Montenegro. 
El sábado llegó a Albania un contingente adicional de más de 10.000 personas y otro ligeramente más reducido entró en Macedonia. 
La situación es también particularmente inestable desde el punto de vista político, sobre todo en este último país. Macedonia es un Estado multiétnico, en el cual el tema de la composición de la población tiene repercusiones políticas directas. 
La ayuda de la UE, tanto bilateral como comunitaria, está siendo de una gran importancia para el control de la crisis de los refugiados. En este contexto, cumple un papel importante no sólo la ayuda material, sino también la acogida de refugiados en los Estados miembros de la UE. 
La situación que se ha creado entre tanto en Albania, y también en Macedonia, es tan dramática que ya no se plantea el dilema de si esas personas deben permanecer en la región o deberían ser acogidas por terceros Estados. 
Ambas cosas son necesarias ante la catástrofe que ha desencadenado Milosevic con su política inhumana. 
Por esto yo quiero dirigir un llamamiento al Parlamento Europeo, y a ustedes en su calidad de parlamentarios, para que insten a sus Estados a que acojan dentro de sus posibilidades a contingentes todavía más importantes o al menos a algún contingente. 
Macedonia necesita sobre todo un apoyo urgente en este sentido. También desde el punto de vista político nos interesa que Macedonia siga siento un Estado estable. 
No podemos permitir que la estrategia de Milosevic de desestabilización de los Estados vecinos llegue a prender en la práctica. 
Estos son los objetivos centrales por los que está luchando en estos momentos la OTAN, la alianza Occidental. 
Si los refugiados no regresan, Milosevic habrá triunfado. 
Los deportados no regresarán mientras allí sigan mandando los asesinos. Esto es tan evidente como que dos y dos son cuatro. 
Por esto todo dependerá de que una fuerza pacificadora internacional de combate garantice la seguridad del retorno. 
Además, se está constatando que todos los Estados limítrofes, todos los países vecinos, directa o indirectamente afectados, tienen un gran interés en promover una estabilidad duradera en la región de los Balcanes meridionales. 
Por esto, a diferencia de lo que ocurrió en Dayton, es preciso que preparemos la urgente celebración de una conferencia una vez se haya conseguido que callen las armas, con objeto de que a continuación se encargue de elaborar soluciones para alcanzar un pacto de estabilidad en los Balcanes meridionales. 
Por medio de dicho pacto de estabilidad tenemos que aproximar- y me dirijo ahora a la comunidad de Estados Occidentales, a la Unión Europea- a esa región de Europa a la Europa de la integración. 
No debemos olvidar que se trata justamente de una parte de Europa que también planteará enormes problemas de seguridad para el futuro europeo si no damos ahora de manera decidida este paso. 
La guerra de Kosovo nos demuestra justamente, y permítanme que cite las palabras del discurso de despedida de François Mitterand ante esta Asamblea, que: el nacionalismo significa la guerra, esta es la experiencia europea. 
La idea de la Europa de la integración nació por contraposición a la espantosa experiencia de esa Europa del nacionalismo. 
A mí sólo me queda resaltarlo con toda firmeza y añadir que por esto tenemos que suscribir un compromiso a largo plazo en favor de la aproximación de esa región de los Balcanes meridionales a la Europa de la integración. 
Todos los países vecinos, todos los estados limítrofes, salvo el de Milosevic, desean tres cosas: desean la democracia interna y desean garantizarla mediante la seguridad exterior en el marco de la OTAN y a través del desarrollo económico en el seno de la Unión Europea. 
Tenemos que responder a este deseo incluyendo tres «cestas» en el citado pacto de estabilidad, la más importante de las cuales deberá ser la garantía de la inviolabilidad de las fronteras. 
Permítanme que añada una advertencia en relación con este punto: más importante que una decisión abstracta, adoptada en la mesa de negociaciones, sobre la definición de las fronteras y quién puede o no puede convivir con quién, será imponer el cumplimiento de unas normas- unas normas situadas bajo el imperio del Derecho- y reprimir el dominio de las masacres y los puñales. 
Deberán ser normas internacionalmente garantizadas, entre las cuales ha de figurar la inviolabilidad de las fronteras frente al uso de la fuerza, la garantía de la seguridad, pero también de la autonomía de las minorías, no sobre el papel, sino en la práctica. 
También deberán incluir la seguridad de todos los Estados de la región: una seguridad igual para todos, garantizada internacionalmente. 
Esta sería la primera «cesta» : estabilidad y seguridad en la región. 
El segundo corresponde al desarrollo económico. 
A la OTAN le corresponderá garantizar en lo esencial esa primera «cesta» ; la segunda dependerá de la Unión Europea. 
La tercera será la de la democracia, el desarrollo de la sociedad civil, unas instituciones democráticas, y en este contexto se requerirá el concurso de la OSCE y de las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, en conjunto deseamos alcanzar una solución duradera una vez que hayan callado las armas; esto significa, empero, que no estamos luchando contra Serbia. 
No combatimos contra los intereses legítimos del pueblo serbio, sino que lo que deseamos es el regreso de Serbia al seno de Europa y una evolución de Serbia hacia la incorporación a la Europa de la integración, sobre la base de la democracia y de los derechos legítimos del pueblo serbio. 
Creemos que esto constituye una solución a largo plazo y un principio evidente. Serbia también debe formar parte del pacto a nuestro parecer. 
Permítanme que añada lo siguiente, desde la posición de alguien que en los años 1991 y 1992 lamentó, en el contexto de la política interior alemana, que se hubiese llegado a la desintegración de Yugoslavia- en la que el Sr. Milosevic tuvo un papel esencial- y que se consideraba un amigo de Serbia. 
Para mí, la gran desgracia- cuando considero la situación desde el punto de vista de la historia serbia y de los intereses serbios- es que Milosevic destruirá a Serbia. 
Pasará a formar parte de la historia de su pueblo como el destructor de Serbia y no está haciendo más que repetir la experiencia que ya vivieron antes otros que antepusieron el adjetivo «gran» al nombre de su nación. 
En el momento en que un nacionalismo se vincula al adjetivo «gran» , se vuelve sanguinario y agresivo, y a partir de ese momento conduce por regla general a la autodestrucción de un pueblo si se le permite actuar sin trabas. 
Desde el punto de vista de los intereses de Serbia, Milosevic será visto como el destructor de los intereses serbios. 
Si se le deja que siga adelante, no creará la gran Serbia, sino una Serbia amputada. 
Esta es también otra consideración por la que es preciso oponerse a él. 
Los cinco puntos que plantean la Unión Europea, la OTAN y el Secretario General de la ONU no son cinco puntos que equivalgan a una guerra total contra Serbia, sino cinco puntos que hacen posible la seguridad y la estabilidad para todos en Kosovo y que a la vez garantizan y permiten el desarrollo de la seguridad y la estabilidad en la región. 
Son cinco puntos mínimos que es preciso garantizar. 
No son cinco puntos que amenacen los intereses legítimos de Serbia. 
El proceso político ha entrado en una nueva dinámica tras la cumbre de la OTAN. 
También se ha visto que la idea de que la OTAN podría constituir una alternativa a las Naciones Unidas- aunque sólo fuese para una región circunscrita, pero que se extiende mucho más allá de Europa- ha demostrado ser una conclusión errónea; yo siempre fui de ese parecer. 
Se ha comprobado, en cambio, que la OTAN, como organización de seguridad regional, es sumamente idónea para evitar guerras en Europa. 
Este debe seguir siendo su principal cometido también en el futuro, junto con el fortalecimiento de su pilar europeo, desde luego; después debatiremos este tema. 
La guerra de Kosovo nos demuestra también otra cosa y quisiera volver a recordar las palabras de François Mitterand, aunque también podría citar a Helmut Kohl, quien dijo que en Europa están en juego la guerra y la paz, y no sólo la economía, las ordenaciones del mercado y los precios de intervención, por importante que también sea todo esto. 
Lo que está en juego en última instancia es la guerra y la paz. Asumir una mayor responsabilidad europea directa en este ámbito será una de las consecuencias que todos tendremos que plantearnos. 
Aplausos 
Sin embargo, al mismo tiempo se está demostrando cuán importante es que Europa comprenda y que, por otra parte, también lo comprendan nuestros socios, que tenemos que reforzar nuestra unidad en este ámbito. 
En efecto, ello también exige que Europa actúe unida y las dificultades para conseguir que en la Unión Europea se adoptasen las sanciones necesarias ya fueron considerables. 
Yo quisiera resaltarlo una vez más con toda firmeza y me congratulo de que finalmente no sólo se haya conseguido un endurecimiento de las sanciones de la UE contra Yugoslavia, sino también la ratificación del embargo de la UE contra el petróleo. 
El proceso político, decía, ha adquirido una nueva dinámica después de Washington, gracias a la solidez de la Alianza occidental. 
Rusia ha reforzado su implicación, de lo cual nos congratulamos explícitamente. 
El Secretario General de la ONU fue invitado a la Cumbre extraordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno y ha reforzado igualmente su implicación, hecho por el cual también nos congratulamos explícitamente. 
Tengo asimismo la satisfacción de poder anunciarles una noticia de la máxima actualidad, a saber, que después de la reunión de ayer en Bonn de los Directores Políticos del G-8, en la cual consiguieron alcanzar un acuerdo sobre un fundamento común, el jueves se celebrará en Bonn una reunión de los Ministros del G-8 sobre el tema de Kosovo. 
Yo considero que se trata de un paso importante con vistas a la elaboración de una resolución del Consejo de Seguridad basada en el fundamento del Capítulo VII y quisiera aprovechar la ocasión para instar también a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a que asuman un papel activo en la elaboración de una resolución de esas características. 
La participación de Rusia significa ante todo que renunciará a ejercer el bloqueo en el Consejo de Seguridad, de manera que sea posible adoptar una resolución sobre la base del Capítulo VII, con un fundamento jurídico internacional claro, fundada en una decisión del Consejo de Seguridad como titular del monopolio del uso de la fuerza en el marco del sistema político internacional. 
Yo creo que con este fundamento se empezarán a registrar considerables cambios, también justamente en Belgrado. 
Siguen quedando muchas cuestiones pendientes. 
El aspecto decisivo continúa siendo el de la fuerza internacional de paz. 
Yo quisiera resaltarlo una vez más. Cualquier solución de alto el fuego que no regule inequívocamente este aspecto no podrá conseguir, a mi parecer, un verdadero alto el fuego. 
El regreso de los refugiados tiene que ir acompañado, en efecto, del despliegue de una fuerza de paz sólida con una fuerte participación de la OTAN, pero también de países neutrales, de Rusia y de otros países. 
Sin esta garantía de seguridad, los refugiados, los deportados, no regresarán y la consecuencia sería que Milosevic habría logrado su propósito y viviríamos en una Europa que ya no sería nuestra Europa, la que de hecho defiende esta Asamblea, en su calidad de Parlamento de la Europa de la integración. 
En este sentido, este es, por lo tanto, el aspecto decisivo, el mismo por el que tampoco se consiguió un resultado satisfactorio en Rambouillet. 
Yo quisiera insistir ahora sobre este punto. Este es el aspecto decisivo para las futuras negociaciones. 
A continuación todo deberá estar encaminado, obviamente, a alcanzar el pacto de estabilidad y ya les he expuesto el resto. 
Por consiguiente, el objetivo es obtener un mandato sólido de la ONU, con una fuerte participación de la OTAN. Esto es ineludible. 
Yo espero que podremos lograr un progreso significativo en el curso del presente mes de mayo. Yo creo que la reunión del G-8 del jueves puede suponer un progreso decisivo. 
Aplausos 
Señor Presidente, la deportación y la depuración étnica significan que el éxodo continúa. 
Ese crimen contra la Humanidad requiere una respuesta decidida y unida. 
Se la debemos no sólo a las víctimas, sino también a nosotros mismos, si queremos una Europa con pleno respeto de los valores básicos. 
También lamentamos las víctimas civiles involuntarias de los ataques aéreos, pero nos sentimos moralmente obligados a seguir apoyando el objetivo de detener el mal mayor, es decir, la política racista de Milosevic y quienes lo rodean. 
Agradecemos las múltiples gestiones diplomáticas de la UE, su Presidencia, los Estados Unidos y también Rusia. 
Esperamos que Rusia convenga con la necesidad de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Kosovo en el marco de un acuerdo político. 
Subscribo plenamente lo que el Ministro Fischer ha dicho sobre la esencia del acuerdo al respecto, aplicando las enseñanzas que se desprenden de lo sucedido en Bosnia y de la misión de verificación en Kosovo. 
Si se llega a ese acuerdo con Rusia, aumentaría considerablemente la presión sobre Milosevic, tal vez mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Entretanto, la Comisión sigue actuando para contribuir a aliviar las consecuencias de la tragedia por medios diferentes. 
En primer lugar, mediante asistencia humanitaria, naturalmente, a los refugiados y a las organizaciones internacionales que se ocupan de ellos. 
Al final de este debate, la Sra. Bonino hará las observaciones necesarias. 
Además, prestando asistencia a los gobiernos de los países de la región más afectados por la afluencia en masa de refugiados. 
También planificando, junto con el Banco Mundial, la aceleración de la asistencia a los países vecinos que soportan una pesada carga económica a consecuencia de la crisis. 
Haciendo preparativos para la rehabilitación y la reconstrucción después de que se haya logrado una situación política y diplomática, que entrañaría también la participación de la UE en una administración temporal de Kosovo, en espera de la determinación final de su estatuto. 
Por último, aunque no sea lo menos importante, intentando preparar la mejora de las relaciones económicas y políticas de la UE con todos los países de los Balcanes Occidentales mediante acuerdos de estabilización y asociación, como elemento y pilar importante del pacto de estabilidad de que ha hablado la Presidencia, con vistas a la consecución de la seguridad, la democracia y el desarrollo económico y, al mismo tiempo, la perspectiva suplementaria de la adhesión a las estructuras europeas y euroatlánticas. 
Todo eso significa un esfuerzo enorme y costoso, además del militar soportado por nuestros Estados miembros para aportar los miles de millones de euros que se necesitarán para financiar todas esas medidas de la comunidad internacional. 
El precio para una paz y una estabilidad justas y duraderas en los Balcanes será alto, pero, al mismo tiempo, es imprescindible en recursos financieros y humanos. 
Por eso, aprovecho esta oportunidad, en nombre de la Comisión, para pedir al Parlamento y al Consejo que faciliten a la Comisión en su momento los instrumentos y fondos necesarios para hacer nuestra contribución a ese tremendo imperativo que tendremos que afrontar juntos. 
Esperamos con interés los debates en el Consejo de Asuntos Generales, previsto para el final de este mes, con vistas a añadir ciertos elementos de esos grandes proyectos encaminados a hacer una contribución substancial a una estabilidad más duradera en los Balcanes Occidentales en el próximo siglo. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
He escrito una y otra vez a las personas competentes, es decir, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente de la Comisión, a la OTAN y al Sr. Clinton. 
He escrito al Sr. Blair para formular una pregunta muy clara. 
Ninguno de ellos ha acusado recibo de mi correspondencia. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿se están utilizando en Kosovo armas con uranio empobrecido? 
¿Estarán esparciendo óxido de uranio por esa zona las armas que estamos utilizando? 
Señor Morris, lamento decir que ésa no es una cuestión de orden. 
Su Señoría tiene toda clase de oportunidades de participar por mediación de su Grupo de la forma normal. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, el Sr. Morris merece, sin duda alguna, una respuesta a su pregunta. 
No obstante, permítanme que hoy empiece, en primerísimo lugar, por manifestarles, a usted, señor Presidente del Consejo, y también a usted, señor Comisario, en nombre de mi Grupo, nuestro pleno apoyo a la línea de actuación que han defendido aquí. 
En lo que respecta a las Naciones Unidas, yo comparto con mi Grupo el pleno convencimiento de que es necesario volver a incorporar o simplemente incorporar a las Naciones Unidas al proceso. 
También me han llenado de satisfacción sus palabras, señor Presidente del Consejo, sobre la relación que existe por principio entre la OTAN y la ONU. 
Algunos opinan- y quizá también ven un fundamento para pensar así en el redactado de la declaración de Washington de la OTAN- que la OTAN podría llegar a ser la nueva policía mundial o regional. 
Nosotros pensamos, empero, que sólo las Naciones Unidas pueden actuar como policía mundial y que debemos hacer cuanto haga falta para reformar las Naciones Unidas- algunas reformas son, en efecto, necesarias -, a fin de que pueda cumplir de manera verdaderamente adecuada dicho papel. 
En primer lugar, tal como ya he señalado, las Naciones Unidas tienen que desempeñar un papel decisivo en el proceso de paz que deberá iniciarse ahora. 
También puede contar con mi apoyo en este sentido, señor Presidente del Consejo. Las Naciones Unidas deben cumplir ese papel y sólo podrán hacerlo si están capacitadas para actuar con eficacia. 
Por esto es preciso rechazar, obviamente, la «oferta» de Milosevic de admitir un contingente no armado de las Naciones Unidas. 
Ya tenemos la experiencia del destacamento de tropas armadas en Bosnia, donde Milosevic o determinadas tropas serbias consiguieron poner en ridículo a las Naciones Unidas, que se vieron obligadas a contemplar cómo se llevaban a cabo las masacres. 
Es necesaria una intervención eficaz de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, también en este hemiciclo algunos han opinado que es posible mantener o alcanzar la paz en Europa sin Rusia y tal vez incluso humillando a Rusia. 
Esto no es posible, ni tampoco razonable. 
Por lo tanto, yo también comparto absolutamente la opinión que ha expuesto usted, señor Presidente del Consejo, y también el Sr. Comisario: tenemos que volver a enrolar a Rusia en la empresa y es preciso que logremos inducirla a adoptar una actitud cooperadora. 
Esto es absolutamente necesario, no sólo en los Balcanes, sino para el proceso general de paz en Europa. 
En tercer lugar, los refugiados. 
El invierno llegará más deprisa de lo que pensamos. 
Si continúan las deportaciones, se creará un problema enorme. 
Yo no sé si todos están bien preparados para ello ni si la coordinación entre las instituciones es suficientemente operativa. Sin embargo, si no queremos que se produzca una nueva catástrofe, concretamente en relación con el alojamiento de los refugiados cuando llegue el invierno, es preciso hacer todo lo que usted también ha señalado y mejorar todavía más la coordinación. 
Yo me alegro de que Alemania haya aumentado su cuota. 
Quizá sea necesario que otros países aumenten también la suya, si bien debe mantenerse el principio de prestar ayuda a los refugiados sobre el terreno en la medida de lo posible. 
No obstante, es preciso que la carga que deben soportar sobre todo Macedonia (la Ex-República Yugoslava de Macedonia) y en parte también Albania se mantenga dentro de unos límites relativamente razonables. 
Finalmente, como último punto, el enfoque regional. 
Yo creo que el enfoque regional que hemos mantenido hasta ahora ya no es suficiente. 
Tenemos que buscar un nuevo enfoque. La evolución de los acontecimientos en Croacia está vinculada a lo que ocurra en Bosnia, la de Bosnia a la de Yugoslavia, la de Yugoslavia a la de Albania, y la de Albania a la de Macedonia. 
Es preciso integrarlos a todos- así lo creo yo por lo menos- en algo así como una federación balcánica, la cual sin embargo sólo podrá funcionar si median unas propuestas activas de la Unión Europea, propuestas políticas y económicas. 
Éstas sólo podrán surtir efecto si Eslovenia también participa y Eslovenia ya ha solicitado establecer relaciones económicas preferenciales con dichos países. 
También habría que invitar especialmente a Bulgaria y a Grecia a que colaboren en la concreción de este enfoque regional. 
Yo soy partidario del enfoque regional, pero su definición ha sido hasta ahora demasiado débil. 
Las propuestas positivas para que dichos países colaboren en este enfoque regional han sido demasiado escasas. 
Esto tiene que cambiar, también en el sentido que ha expuesto el Sr. Comisario. Este enfoque tiene que recibir un claro apoyo de esta Cámara. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha citado las palabras de Mitterand: «El nacionalismo significa la guerra». 
Nuestra respuesta ha de ser: «¡Europa significa la paz!» 
Señor Presidente, he recibido de la oficina del Presidente del Parlamento una carta que me dice que mi pregunta dirigida al Consejo, que debía debatirse mañana, no se debatirá entonces porque hoy tendría lugar el debate sobre Kosovo y en él se incluiría también mi pregunta, que se refiere a la cuestión del medio ambiente en Kosovo, que ha sido auténticamente destruido. 
No he visto en los temas mencionados por el señor Ministro nada relacionado con esta pregunta. 
¿Se debatirán, pues, las preguntas... 
El orador es interrumpido por el Presidente 
Señor Trakatellis, ésa no es una cuestión de orden. 
Existe una forma claramente organizada de participar en debates de esta clase. 
Pase Su Señoría por su Grupo como cualquier otro diputado y consiga tiempo de uso de la palabra, si quiere participar. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, desde luego no es posible tratar exhaustivamente en cada debate sobre Kosovo todas las cuestiones que nos preocupan. 
En esta Asamblea nos hemos ocupado de manera continuada del tema de Kosovo desde 1989. 
A diferencia de todos los Gobiernos, esta Asamblea valoró muy acertadamente desde el principio el potencial explosivo del conflicto de Kosovo. 
Ahora nos vemos obligados a resolver bélicamente el problema. 
Lo único que me incomoda de toda esta cuestión es que sólo ahora se hable de sanciones económicas y tal vez se apliquen. 
En resumen, no es admisible que quince Estados se pongan más fácilmente de acuerdo sobre el uso de medios bélicos que sobre la imposición de sanciones que podrían afectar a la economía. 
Evidentemente también resulta muy difícil que nuestros pueblos se muestren comprensivos con el hecho de que, con todos nuestros medios bélicos, todavía no hayamos conseguido detener las deportaciones que está llevando a cabo Milosevic. 
También debemos lamentar las muertes que nosotros mismos hemos causado con nuestros bombardeos en esta guerra. 
El Partido Popular Europeo considera, no obstante, que la OTAN debe continuar sus ataques militares para conseguir doblegar al agresor. 
Todavía está por ver si lo lograremos o no. 
Acogemos con satisfacción todos los pasos diplomáticos que intentan conseguir una solución política, simultáneamente con los bombardeos. 
Nos congratulamos de que se enrole a Rusia en la empresa. 
También acogemos con satisfacción todos los pasos que está dando la ONU e instamos al Presidente del Consejo a que empiece por fin a dar pasos, después de las experiencias de Bosnia y de Kosovo, para que se proceda a adaptar por fin la Carta de las Naciones Unidas del año 1949 a las circunstancias reales. 
Lamentablemente, tenemos que constatar que millares de nuevos refugiados son expulsados a diario por los esbirros de Milosevic a los países vecinos, que se está violando a las mujeres y ejecutando a los hombres. 
Es preciso coordinar mucho mejor que hasta ahora la ayuda a los refugiados sobre el terreno, de manera que no se produzcan duplicidades, mientras a algunos lugares no llega nada. 
Una buena acogida organizada de los refugiados en la región es importante, pero lamentablemente también es necesaria la acogida temporal fuera de la región. 
Quiero decir, que desde esta Asamblea debemos hacer un llamamiento para que vaya ganando terreno un reparto adecuado de las cargas entre los Estados de la UE. 
No puede ser que Alemania vuelva a acoger, por ejemplo, al mayor número y ahora incluso se ofrezca a acoger todavía más. 
Yo me congratulo de que así sea, pero con ello está transmitiendo una señal inadecuada a sus colegas de los demás Estados, que se niegan a acoger refugiados con la débil excusa de que es preferible atenderlos en la región. 
Nosotros también somos partidarios de que se haga todo lo posible en la región, pero lo cierto es que existen presiones y, por consiguiente, yo insto al Presidente del Consejo a que vele, junto con el Ministro de Asuntos Interiores alemán, para conseguir un mayor reparto y un reparto más equitativo de las cargas. 
Dadas las circunstancias, yo quisiera volver a recordar también que la partición de Kosovo no puede ser la solución del problema. 
Éste sólo se podrá resolver si se mantiene la integridad de Kosovo y si no prosigue la desestabilización de Macedonia y Albania por esta causa, tal como desea Milosevic. 
Nosotros apoyamos cuanto ha manifestado el Sr. Presidente del Consejo en este contexto. 
Puede contar con nuestro pleno apoyo si continúa avanzando hacia una estabilización de la región. 
Señor Presidente, la UE y la OTAN se han puesto de acuerdo sobre las exigencias esenciales para alcanzar una solución política al conflicto de Kosovo. 
El Parlamento Europeo ha dado su apoyo a estas condiciones con una aplastante mayoría. 
Pero hay cada vez más gente que está insegura de que sólo los bombardeos puedan conducirnos al objetivo. 
Espero que quienes nos inquietamos por esto estemos equivocados. 
Pero supongamos que más bombas y nuevas sanciones económicas no den resultado ¿cómo van a reaccionar la UE y la OTAN entonces? 
¿Aceptaremos entonces una paz, fundamentada en una mediación rusa, que no cumpla con las exigencias propuestas, que no garantice los límites y la integridad territorial de Kosovo, que no posibilite un retorno seguro de los refugiados y expulsados de Kosovo y que dé a Milosevic la posibilidad de aparecer como vencedor ante los serbios? 
¿Qué otra alternativa hay? 
Por cierto hay una alternativa, esto es, que fuerzas de tierra obliguen a Milosevic a abandonar Kosovo. 
El Grupo Liberal quiere que la UE y la OTAN preparen una acción de esta naturaleza. 
La sola esperanza de que se materialice una acción de este tipo puede ser suficiente. 
Negarse incluso a su preparación es dar a Milosevic esperanzas de que hay, o puede haber, mejores alternativas para él. 
En cuanto a las soluciones a largo plazo para Kosovo, tenemos que tener una clara respuesta para la siguiente pregunta: ¿Con quién tenemos nuestras principales obligaciones? 
¿Con aquellos que han oprimido, expulsado, violado y asesinado al pueblo kosovar o con aquellos que han sido víctimas? 
La respuesta del Grupo Liberal a esta pregunta es inequívoca. 
La demanda que tenemos derecho a hacer a los kosovares es que respeten a los serbios que viven y quieren seguir viviendo en Kosovo. 
También tenemos derecho a exigir que Kosovo nunca actúe de manera que implique una amenaza a la seguridad y la integridad territorial de Macedonia, de Montenegro y de Bosnia. 
Nuestra meta a largo plazo tiene que ser, mediante un rápido desarrollo de la cooperación y abriendo las puertas hacia la UE, la consecución en los Balcanes de lo que hemos conseguido en la Unión Europea: asegurar la democracia, construir una economía que dé bienestar a la gente y superar los límites entre los países, para que nuestras identidades nacionales tengan menor relevancia y que no importe si somos alemanes, portugueses, griegos, holandeses o suecos para nuestras posibilidades de vida. 
La paz en los Balcanes presupone una puerta abierta hacia Europa, una posibilidad también para que los pueblos balcánicos puedan tener una identidad europea. 
Señor Presidente, nuestro anterior debate sobre Kosovo data del pasado 14 de abril. Dicho debate hizo posible aclarar las posiciones de los diferentes Grupos políticos respecto a esta tragedia. 
Coincidimos, en amplia mayoría, en la condena radical de las prácticas criminales denominadas de limpieza étnica, de las que es culpable Milosevic, en que debemos demostrar solidaridad concretamente con los refugiados, en la afirmación del derecho de estos últimos a regresar a su país y en la necesidad de garantizar el respeto de este derecho mediante la presencia de una fuerza internacional en un Kosovo al que se le conceda una autonomía real y, por último, en la perspectiva de una conferencia sobre los Balcanes. 
En cambio, no nos pusimos de acuerdo respecto a la opción de los bombardeos como medio para solucionar esta terrible crisis. 
La tragedia humana que la intervención militar debía evitar, ha alcanzado su punto culminante. 
Las operaciones que debían tener una corta duración, se prolongan día tras día. 
Los ataques que debían golpear exclusivamente a objetivos estratégicos, matan cada vez a más inocentes, traumatizan a la población sencilla y destruyen las bases de la economía y la cultura de una sociedad. 
La desestabilización de la región que los planes de la OTAN debían evitar es ya una realidad en marcha en Montenegro, Macedonia y Albania, mientras que la inquietud se extiende en Hungría, Bulgaria, Rumania y más allá. 
Antiguas líneas de fracturas, de las que intentamos librar a Europa, se enconan a ojos vistas. 
En semejantes condiciones, la única victoria militar posible corre el gran riesgo de ser una victoria pírrica, lejos de las condiciones de una paz justa y duradera, que es lo que pedimos en estos momentos. 
Pienso, por tanto, que debemos alertar a los dirigentes europeos contra dos cosas: en primer lugar, que el fin no justifica los medios que lo contradicen; a continuación, sobre la necesidad de que los objetivos que se persiguen sigan siendo aquéllos que se proclamaron en el inicio. 
Desde este punto de vista, son preocupantes las graves revelaciones que se han hecho sobre el capítulo militar de Rambouillet. 
Dichas revelaciones exigen explicaciones claras. Yo se las pido al Presidente del Consejo. 
Dejemos al Sr. Brejinski y a sus homólogos la responsabilidad de pensar que el reto de esta guerra, y cito textualmente: «sobrepasa infinitamente Kosovo y afecta realmente a la credibilidad de la OTAN y del liderazgo norteamericano.» 
Prestemos, en cambio, atención a las voces europeas cada día más numerosas, más fuertes y más significativas, de Oskar Lafontaine a los 180 diputados italianos de la mayoría demócrata de izquierda, demócratas cristianos, que, en nombre de una cierta visión de Europa, piden, al igual que hacemos nosotros, el fin de los bombardeos. 
En estos momentos se presenta incluso la oportunidad de iniciar un proceso de búsqueda eficaz de soluciones políticas. 
El G8 y la reunión del Consejo de Seguridad que acaba de anunciarnos el Sr. Joschka Fischer pueden ser una de dichas soluciones. 
Hago el llamamiento urgente de que Europa se haga cargo y asuma sus responsabilidades. 
Señor Presidente, en el espacio aéreo de los Balcanes se está desarrollado con suma perfección la vídeoguerra del siglo XXI. 
Una guerra que ya bombardeó repetidas veces a la población en los años 30 del siglo XX. En el cuadragésimo día de los bombardeos, la idea de que Milosevic se rendirá con unas cuantas bombas ha quedado obsoleta. 
La OTAN ha perdido de vista la proporción, los medios ya no se corresponden con los fines y demasiados objetivos civiles han sufrido ataques. 
Además, la observación de que los Estados Unidos nos han arrastrado a esta aventura me parece descabellada. 
Ningún país de la Alianza se ha visto forzado a esta guerra: todos los socios de la OTAN son responsables. 
Además, la OTAN puede sucumbir en esta guerra, lo que sería catastrófico para la unidad de la UE. 
Al mismo tiempo hay que decir que precisamente esta guerra y precisamente en este momento ha insuflado vida al ideal de unidad política de la gran alianza europea. 
En conclusión, los bombardeos no nos han acercado al objetivo. 
El boicot de la UE, a mi juicio, representa una exigua amenaza. 
Es un tigre de papel. 
Milosevic juega con el tiempo. 
Los líderes serbios como Draskovic y Djindjic buscan abiertamente la vía hacia la UE. 
Seamos prácticos a corto plazo: apoyar la iniciativa de Chernomirdin, salvaguardar Montenegro de los bombardeos en la medida de lo posible, mantener el equilibrio demográfico en Macedonia con la acogida de refugiados kosovares en la UE, de modo que no pueda producirse otra escalada del conflicto en la región y, señor Presidente, contener el transporte de armas para el UCK como ha hecho Italia. 
El Presidente del Consejo ha presentado este mediodía un ambicioso escenario a largo plazo para la región cuyos elementos centrales son la democracia, la seguridad y la estabilidad. 
A este respecto, la UE deberá desempeñar a su debido tiempo un papel más importante; nos vemos obligados a ello, aunque sólo sea moralmente. 
Tras callar las armas, en los Balcanes hay que seguir viviendo unos con otros y es necesario que haya tropas bien armadas- lo repito, porque mi país tiene experiencia en eso- es necesario que haya tropas de tierra bien armadas para garantizar la paz en Kosovo. 
Como parlamentarios, en vísperas de las elecciones europeas de junio nos aguarda una pesada tarea, preparar a nuestros electores acerca del envío de tropas de tierra a Kosovo y para una estancia duradera en la región. Pese a todo, debemos hacerlo. 
Señorías, señor Presidente, en este momento estamos viviendo dos guerras que no reciben la misma cobertura. 
De una de ellas tenemos imágenes, aunque en su mayor parte sólo sean imágenes de la televisión serbia, unas imágenes terribles de destrucción, de una guerra que se lleva a cabo mediante aviones cargados de bombas. 
En Kosovo existe una segunda guerra de la que no tenemos imágenes. 
Tenemos refugiados, deportados, que en algún momento acaban llegando a Albania y Macedonia. 
Pero lo que está ocurriendo en Kosovo no lo vemos, es algo que no sabemos. Es un agujero negro. 
El problema que tenemos todos es que lo queremos todo, siguiendo la vieja tradición de algunos grupos entre nosotros. 
Queremos que todo acabe de inmediato en Kosovo y queremos que cesen los bombardeos. 
Hay algo que ninguno de nosotros sabe. Es cierto que confiamos en Rusia. 
Es cierto que confiamos en Kofi Annan. 
Y no sabemos cómo podemos acabar simultáneamente con ambas guerras, o sea, que cese la masacre y la deportación en Kosovo para que puedan cesar los bombardeos de Serbia. 
Lo grave es la impotencia, que intentamos superar diplomáticamente mediante una política de paz, una política que se está intentando desarrollar, que la UE y la Presidencia alemana del Consejo están intentando desarrollar, y que es acertada. 
¿Cómo se puede luchar por las personas, cómo podemos ganar tiempo para acabar simultáneamente con ambas guerras? 
Todos tenemos buenos consejos. Todos sabemos cómo marchan las cosas, lo sabemos tan bien que casi no hay ningún parlamentario presente en la sala. 
Nosotros, los parlamentarios europeos, somos los más diestros en ofrecer siempre buenos consejos éticos a todos. 
Pero cuando se trata de seguir con seriedad un tema, tenemos otras cosas que hacer. 
Esta situación debería hacernos reflexionar un poco. 
Yo creo que no existe ninguna alternativa a la intervención militar y lo digo porque es algo absolutamente espantoso. 
Pero también creo que debemos aprovechar todas las oportunidades para abrir vías diplomáticas que permitan acabar con la guerra en Kosovo. 
Si esto no es posible, tenemos que declarar que no es admisible ninguna solución que no incluya la posibilidad de que regresen los refugiados, los deportados de Kosovo, bajo protección militar si es preciso. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que esto no funciona y pienso que lo que falta es un verdadero ataque político al régimen de Milosevic y en este frente no vemos nada. 
De acuerdo con lo que pidió nuestro Parlamento, creo que ante todo sería preciso empezar a bombardear con información y programas de radio y televisión a la población serbia, al objeto de que por fin empiece a darse cuenta de la verdadera naturaleza del régimen de Belgrado. 
El segundo punto, que nuestro Parlamento por fin hizo suyo en la sesión anterior, es la inculpación de Milosevic. 
Debemos empezar a explicar a la Sra. Harbour- y es el Consejo quien debe hacerlo- que si Hitler no hubiera sido acusado porque no se podía probar quiénes eran los jefes de los distintos campos de exterminio, no se habría podido demostrar la cadena de mando existente entre Berlín y Auschwitz. 
Creo que hubiera sido algo que nadie habría aceptado. 
Hoy, a pesar de la presencia de un millón de deportados, no se encuentra una razón para acusar a Milosevic. 
Es indignante. 
Creo el Consejo, la Comisión y nuestro Parlamento deben ejercer con más fuerza su presión sobre la Sra. Harbour que ha afirmado que quizás en junio se sentará en el Tribunal Supremo de Canadá. 
Estimo que es algo absolutamente inaceptable. 
El tercer punto es la cuestión de la integridad física del dictador Milosevic. 
Éste es el problema que debemos afrontar ya desde ahora. No podemos esperar a ver el cadáver de Milosevic para empezar a reflexionar sobre lo que se debía haber hecho. 
Tenemos que saber cuántos han sido los apoyos en favor de Milosevic durante todos estos años y debemos alcanzar a comprender cuáles fueron las complicidades en los Estados Unidos y en Europa, quiénes fueron las personas que a lo largo de diez años le apoyaron y le permitieron llevar a cabo esta política escandalosa y criminal en Bosnia, en Croacia y, hoy, en Kosovo. 
En consecuencia, debemos pedir la imputación de Milosevic; una enorme presión sobre la Sra. Harbour para que explique al fin qué quiere hacer en las próximas horas; el bombardeo informativo y la integración de país que, señor Fischer, estamos pidiendo desde hace más de veinte años, si pensamos que en 1981 Marco Pannella pedía en este Parlamento la incorporación de la que entonces era Yugoslavia en la Comunidad europea. 
Hoy debemos recuperar el tiempo perdido y debemos integrar a todos los países en la Unión Europea, ya desde ahora: con fórmulas ad hoc, pero enseguida. 
Señor Presidente, a todos nos ha marcado dolorosamente el calvario de los kosovares de origen albanés. 
No debemos, sin embargo, esconder el malestar cada vez mayor de nuestras opiniones públicas por el bombardeo intensivo y sistemático de un país europeo y de su capital, por el número cada vez mayor de víctimas civiles que causan a diario nuestros bombardeos. 
No debemos hoy acrecentar los errores de juicio iniciales que dieron lugar a la interrupción prematura del proceso de Rambouillet, a saltarse el Consejo de Seguridad, a marginar a Rusia, a no apreciar en su justa medida el efecto de los bombardeos sobre el pueblo serbio. 
Pensamos, por consiguiente, que hay que poner fin cuanto antes a la escalada militar, a las simplificaciones de la propaganda, y consagrar toda nuestra energía a volver sobre el terreno de la búsqueda de una solución política. 
No debemos desaprovechar ninguna ocasión seria encaminada a alcanzar soluciones duraderas y, por tanto, realistas, es decir, que tengan en cuenta el conjunto de las causas que han conducido a los enfrentamientos. 
Para alcanzar dicho pacto de estabilidad en los Balcanes, cuyas perspectivas positivas nos ha expuesto, señor Presidente del Consejo, los europeos deben tener el valor, si realmente les preocupa y tienen sentido de la independencia, de interrumpir la lógica de la escalada bélica. 
Señor Presidente, las acciones que actualmente se están llevando a cabo contra Serbia son a todas luces contrarias al Derecho internacional. Son políticamente condenables. 
Se mofan impunemente de los derechos humanos, de los que los iniciadores de esta agresión tienen la boca llena. 
Pueden degenerar en detrimento de la seguridad de Europa y del mundo. 
Dichas acciones son evidentemente contrarias al Derecho internacional. 
En primer lugar, al Derecho internacional clásico, según el cual una guerra sólo puede iniciarse tras haber sido declarada, lo que no ha sido el caso; qué el Gobierno de los Estados Unidos de América se abstenga en el futuro de enseñarnos las imágenes de archivo de los discursos de Roosevelt tras el bombardeo de Pearl Harbour por parte de la escuadrilla japonesa. 
Ustedes recordarán la cita: «este día pasará a la historia como un día de infamia» , y ello porque el Secretario de Estado norteamericano, que estaba perfectamente al corriente, hizo esperar en la antecámara durante varias horas al embajador japonés que había acudido a entregar la declaración de guerra, con el único objetivo de sacar partido de la indignación por el ataque ante la opinión pública norteamericana e internacional. 
Qué el Gobierno norteamericano se guarde hoy para sí dicha indignación. 
Ha habido muchas otras infamias y muchas han sido cometidas por iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
Pero es asimismo contrario, a todas luces, a la Carta de las Naciones Unidas, que establece explícitamente que el uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, estará reservado a las autorizaciones del Consejo de Seguridad, al que se ha ignorado con un cinismo increíble en menosprecio de esta ley fundamental de la sociedad internacional: no se ha solicitado la autorización del Consejo de Seguridad, porque se sabía que el Consejo no lo daría. 
Es igualmente contrario a la Carta de la OTAN, es decir, al Tratado del Atlántico Norte, una alianza puramente defensiva inicialmente y que es transformada, por las circunstancias, en una alianza ofensiva que interviene fuera de su esfera geográfica, ya que Yugoslavia jamás ha formado parte del perímetro de la OTAN. 
Esto en lo relativo a las violaciones del Derecho. 
En lo que respecta a la moral política, tampoco sale bien parada. 
Al alentar la secesión de los kosovares de lengua albanesa, que no siempre han estado exentos de exacciones, se justifica a posteriori precisamente aquello que se quería condenar y, en particular, al Gobierno de Milosevic, porque aunque las reivindicaciones albanesas sobre Kosovo son legítimas en nombre de los derechos de una mayoría étnica, en ese caso Milosevic tiene fundamento para reclamar para Serbia la anexión de la Krajina croata, poblada en su mayoría por serbios, o la anexión de una parte de Bosnia, igualmente poblada en parte por serbios. 
Una de dos: o se toma como fundamento los derechos étnicos, pero en ese caso, evidentemente, cada uno debe obtener su parte del pastel, y haría falta una conferencia internacional para volver a definir las fronteras, o bien, y ésta es mi posición, se insiste en el respeto de las fronteras internacionales como un gran principio de seguridad en las relaciones internacionales, pero entonces que no se divida dicho principio. 
Por último, se habla de los derechos humanos, nos apiadamos con razón de la suerte de los pobres refugiados, pero observamos que dichos refugiados afluyen masivamente después de la intervención, después de los masivos bombardeos, y si antes de la intervención de la OTAN dicha afluencia era tan importante como se afirma, cómo es que no se previó nada en materia de alojamiento. 
Es evidente que no cesan de hincharnos la cabeza. 
En este asunto reina la mentira, la propaganda unilateral, la que hemos conocido en otras circunstancias. 
En realidad, para el Gobierno de los Estados Unidos se trata de imponer su protectorado a Europa. 
Sin duda, se trata también de que el Sr. Clinton quiere que nos olvidemos de las felaciones en el Despacho Oval mediante un vídeo-juego sangriento. 
Como hombre, como político y como oficial, hoy me siento avergonzado de ser europeo. 
Señor Presidente, en vista del último discurso, vale la pena recordar a esta Asamblea que hace diez años que se practica la depuración étnica en Kosovo y que los refugiados se estaban viendo expulsados de sus hogares mucho antes de que la OTAN iniciara los bombardeos. 
La peor forma de apaciguamiento me parece la de decir que, si la comunidad internacional no ha actuado en un caso, no debe actuar en otro. 
Quisiera comenzar felicitando una vez más al Presidente en ejercicio por su firmeza respecto de esta cuestión de Kosovo y la claridad con la que ha encabezado la Unión Europea durante su mandato. 
Hace diez años que soy diputado a esta Asamblea y parece que hemos pasado la mayor parte de esos diez años debatiendo los acontecimientos en la antigua Yugoslavia. 
Hemos aprobado un sinfín de resoluciones, hemos celebrado un sinfín de debates, en todos los cuales se ha estado intentando ocultar nuestra impotencia al afrontar lo que sucedía en Yugoslavia. 
En lo que tenemos que mostrarnos firmes es en que no vamos a pasar los diez próximos años debatiendo lo mismo. 
Tiene que cesar ahora. 
El 10º aniversario del comienzo de todo eso, con la supresión de la autonomía de Kosovo, tiene que ser el año en que se acabe. 
Ayer estuvieron en la tribuna algunos veteranos de la guerra civil española, lo que me recordó la consigna de la guerra civil española, en la defensa de Madrid: No pasarán. 
Y ése debe ser el mensaje que salga de esta Asamblea en este debate y de la Unión Europea. 
Ya se encuentren en Londres o en Pristina, las minorías no deben vivir con miedo a perder la vida o a padecer las consecuencias de una violencia azarosa encaminada a destruir sus hogares y sus medios de vida. 
Eso tiene que quedar absolutamente claro. 
Debemos mantenernos firmes contra las mentes enfermas que se alimentan del miedo y el odio a las minorías, ya coloquen bombas de clavos en Londres o se dediquen a cometer matanzas en masa en Kosovo. 
No debe haber la menor ambigüedad en nuestro mensaje. 
No debemos dejar ganar a Milosevic. 
Eso significa que debe haber una paz adecuada y que se puede imponer. 
El Grupo Socialista siempre ha expresado con claridad su convencimiento de que Rusia debe participar plenamente y apoyo plenamente su última misión de paz. 
Pero no debemos confundir la actitud de blandir un trozo de papel con una paz verdadera. 
Se deben acabar las tretas de Milosevic. 
Tiene que haber una paz cuyo cumplimiento se pueda imponer y basada en una fuerza internacional cuyo núcleo sea la OTAN. 
No debe haber retirada alguna de esa posición. 
En el futuro debemos aprender las enseñanzas que se desprenden de lo sucedido en Bosnia, donde aún no hay paz, sino ausencia de guerra. 
Debemos aprender de los errores que hemos cometido para velar por que podamos conseguir una cooperación internacional eficaz encaminada a restablecer la normalidad en toda esa región. 
El mayor temor debe inspirarlo la desestabilización a largo plazo, no sólo en Montenegro, no sólo en Macedonia, sino también en una zona más amplia, incluido el efecto en Grecia e Italia, por ejemplo. 
Debe haber un plan a largo plazo, pero quisiera recordar al Consejo que el pacto de estabilidad fue algo que el Parlamento pidió hace dos años. 
Espero que, a la luz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Consejo y la Comisión empiecen a escuchar un poco más atentamente al Parlamento. 
En relación con muchas de las cuestiones sobre la antigua Yugoslavia, nos hemos adelantado al Consejo y a la Comisión. 
De modo que es hora de que se empiece a escucharnos. 
Señor Presidente, las matanzas y la limpieza étnica continúan en Kosovo. 
Es de sobra conocido que la operación se ha preparado desde hace tiempo y a fondo. 
Quien tenga la responsabilidad final de ello no puede ser nuestro interlocutor. 
Si queremos respetar los criterios clásicos de una guerra legítima sólo podemos contentarnos con la desaparición de la dictadura racista del régimen de Milosevic. 
Sólo así los medios empleados serán proporcionales a la mejora de la situación en los Balcanes que es preciso alcanzar. 
Lo que tiene que ocurrir es que, eventualmente con el acuerdo de paz del que hablaba ahora mismo el Sr. Ministro, en los Balcanes se definan las condiciones para establecer el Estado de derecho y la democracia, la erradicación de todas las fuentes de agresión que en este instante existen, en especial en el régimen de Milosevic. 
Entre tanto, hay que ayudar a los Estados fronterizos de Yugoslavia- Albania, Macedonia, pero también Bulgaria, Rumania, Bosnia-Herzegovina y Croacia- a superar los daños sufridos por la actuación de Serbia. 
Se espera que colaboren con el embargo y el boicot. La UE no ha sufrido grandes perjuicios de este boicot y este embargo, pero los países pobres sí, tanto más. 
Nos causa satisfacción la ayuda financiera y macroeconómica del Banco Mundial y el FMI, pero la UE tendrá que adaptar su política económica y financiera, porque la ayuda humanitaria no puede nunca compensar el descenso de las oportunidades de exportación y contrarrestar el bloqueo de los enlaces y comunicaciones con la Unión. 
La Unión Europea ha de examinar con rapidez en qué medida puede ser un mercado compensador para los aliados en los Balcanes y actuar en consecuencia. 
En relación con eso, nos congratulamos de la propuestas de celebrar con dos de los países más afectados, Albania y Macedonia, un tipo especial de acuerdo de asociación. 
Además, la Unión deberá proporcionar ayuda para acondicionar las infraestructuras de comunicaciones en los países afectados, a fin de que se creen buenas alternativas a la circulación a través de Serbia. 
Señor Presidente, secundo rotundamente la excelente intervención del Sr. Fischer, porque pienso que debemos dar una señal clara e inequívoca con respecto a la postura del Consejo. 
Señor Presidente, cuando uno visita Belgrado no puede dejar de sentir ira e indignación ante el espectáculo de la destrucción y la muerte provocadas por los bombardeos de la OTAN, tampoco puede dejar de sentir admiración por la fuerza y el valor del pueblo serbio, de sentirse conmovido por la forma y el contenido de las manifestaciones de un pueblo que se transforma en escudo vivo para proteger los puentes de Belgrado. 
Primero, señor Presidente, la inversión de la lógica que intenta la propaganda de la OTAN no puede ocultar los crímenes contra la humanidad que se perpetran en esta guerra. 
Esta guerra es una guerra de agresión, es una guerra ilegal. 
Segundo, la destrucción, perseguida, de la infraestructura de la economía yugoslava constituye un crimen de genocidio. 
Puentes, agua, electricidad, bienes fundamentales para la vida del hombre son destruidos. 
Constituye también un crimen ecológico: el uso de la tecnología de la guerra atenta contra la salud y el medio ambiente. 
La solución política justa existe, señor Presidente. 
Pueden ustedes adoptarla y ofrecer una verdadera solución. 
Señor Presidente, hace seis semanas que se iniciaron los bombardeos aéreos de la OTAN sobre Yugoslavia con el objeto de salvar a los albaneses de Kosovo de la barbarie del régimen de Milosevic. 
A pesar de ello, continúan las oleadas de refugiados. 
En el interior de Kosovo hay cientos de miles de albaneses, rehenes de la soldadesca serbia que maltrata y viola. 
Se está produciendo lo que el escritor albanés Ismaïl Kadarè menciona en la edición de hoy de Le Monde: «Le triomphe du crime» , la victoria del crimen. 
¿Es posible imaginar un fiasco mayor para una acción de salvamento, independientemente de las buenas intenciones que haya podido tener al comienzo? 
Ahora muchos están desesperados y hay quienes quieren usar las tropas de tierra como una tabla de salvación. 
En este caso, opino que hay que leer una entrevista hecha por Die Zeit al general Eisele de la ONU. 
Éste dice allí que no basta con que pueda transformarse en una gran guerra, una larga guerra, sino que se tardaría cuatro o cinco meses antes de que el primer soldado de salvamento pudiera actuar en Kosovo. 
Hay que tener en cuenta que los métodos militares tienen sus limitaciones. 
Quizá sea como señalaba el otro día el escritor húngaro György Konràd en Frankfurter Allgemeine, que los europeos han aprendido de la historia, pero han aprendido mal. 
No han aprendido la lección de no-violencia de 1989. 
Los dictadores caen, tarde o temprano. 
No siempre lo más eficaz es hacerles la guerra. 
Milosevic también va a caer, no cabe ninguna duda. 
Existe una oposición serbia que hoy se manifiesta en un artículo en Libération. 
Hay que probar métodos no violentos, hay que terminar la guerra, no hay que militarizar la UE como resultado de todo esto. 
Hagamos en cambio realidad la recomendación de una fuerza civil de paz, propuesta por el grupo V, y que el Parlamento aprobó recientemente. 
Sería una propuesta constructiva para la paz en Kosovo por parte de la UE. 
Señor Presidente, es evidente que ante la terrible tragedia de todo el pueblo de Kosovo, literalmente masacrado y expulsado de su país por esta horrible limpieza étnica del tirano Milosevic, y ante la consiguiente y necesaria intervención de la OTAN- una acción necesaria, pero dolorosa, que ciertamente nadie ha querido ni deseado- no nos podíamos atrincherar en los formalismos del Derecho internacional o en las evidentes cuestiones de carácter formal. 
Se trataba de un pueblo que estaba a punto de ser masacrado: hacía falta intervenir. 
El nivel de civilización de la Unión Europea no podía eludir esta obligación, esta necesidad. 
Sin embargo, justamente en esta situación, advertimos la debilidad de la intervención, la precariedad de la intervención política de la Unión Europea en el pasado. 
Quizás éste es el mayor sentimiento de amargura que nos embarga. 
Sin embargo, debemos mirar al futuro para encontrar las soluciones que pongan fin a esta guerra, fin que no puede hacerse realidad sin crear un espacio de seguridad y de paz en Kosovo. 
Estuve en Tirana los días 21, 22 y 23 de abril y allí advertí la necesidad de que se sintiera la presencia del Parlamento Europeo que no me parece que hasta la fecha haya organizado una presencia oficial en esa región, cosa que a lo mejor sería oportuno hacer. 
Me reuní con numerosos representantes políticos del Gobierno y de la oposición: el presidente del Parlamento, Sr. Ginuisynis, el ministro de Integración Europea, Sr. Lakori que aboga por la asociación de Albania a la Unión Europea, y el jefe de la oposición, Sr. Berisha. 
Pues bien, todos, Gobierno y oposición, piden el ataque terrestre de la OTAN, porque se dan cuenta, debido quizás a una consideración realista, que Albania no puede soportar durante mucho más tiempo la presión, la presencia de 350.000 refugiados que es como si 6 millones de refugiados llegaran a Italia de la noche a la mañana. 
La situación es extremadamente difícil y sólo la intervención armada- si antes Milosevic no cede respecto a los condiciones impuestas por la OTAN y la Unión Europea- puede dar un respiro y crear un cordón de protección con vistas a ese espacio de paz y seguridad del que hemos hablado. 
Aprovecho la ocasión para comunicar que en Albania no existen todavía unas condiciones democráticas normales. 
Ya es hora de que el Parlamento Europeo intervenga para restablecer las condiciones de democracia vigentes en nuestros países occidentales, porque hay todavía representantes y militantes del partido de la oposición en la cárcel y algunos diputados han sido privados de la inmunidad parlamentaria. 
Señor Presidente, con relación a la guerra de Kosovo, pienso que ha llegado la hora de pensar fríamente empleando la razón. 
La razón no es siempre cómoda, más bien, es incómoda, pero sería peligroso pretender prescindir de ella. 
La razón nos habría empujado, por ejemplo, cuando empezó la crisis- quizás es muy fácil decirlo ahora a la vista de los acontecimientos- a valorar la relación entre los objetivos políticos y los efectos políticos de los bombardeos y el noble objetivo que nos propusimos, el de poner fin a la limpieza étnica. 
Lamentablemente, el escenario que tenemos delante es dramático. 
Un agudo periodista ha escrito esta mañana en un periódico italiano que la OTAN está mal y Milosevic peor. 
Es decir, estamos en un punto decisivo en que hay que encontrar una salida a esta situación que necesita un hecho nuevo. 
Necesita un hecho nuevo porque los bombardeos ya no tienen efecto: o se continúan bombardeando las cosas que ya han sido bombardeadas hasta este momento o se bombardean las ciudades. 
El camino de la guerra está prohibido, no existe. Además el Congreso de los Estados Unidos no quiere la guerra. 
Y sin los americanos es imposible seguir el camino de la guerra. 
¿Qué queda por hacer entonces? 
También Milosevic se encuentra en una situación difícil, pero es fuerte gracias al nacionalismo de su pueblo. 
Hay que decirlo claramente: también los italianos durante el fascismo no eran todos antifascistas. 
Existía el nacionalismo y era fuerte. 
Por lo tanto, tenemos que hacer frente a esta situación. 
¿Qué hay que hacer? 
Hay que ver las cartas de Milosevic y, para conseguirlo, es necesario poner fin a los bombardeos. 
Es necesario un acto de la parte más fuerte y más razonable que ponga fin a los bombardeos para ver las cartas que están sobre la mesa, para reanudar las negociaciones y para encontrar una salida al problema, sin perjuicio, como es obvio, de garantizar a través de una fuerza militar el derecho de los refugiados a regresar a Kosovo. 
Señor Presidente, cuarenta días después de que la OTAN violara el derecho internacional, las consecuencias están a la vista. 
El drama humano se ha transformado en desastre, las víctimas de los hipócritas accidentes colaterales se multiplican, el pretexto de Rambouillet ha desaparecido, la autonomía de Kosovo y los derechos étnicos no se han restablecido. 
Es decir, que no se ha validado ni uno solo de los supuestos argumentos de la OTAN para esta aventura, no se ha cumplido ninguno de sus objetivos alegados. 
Mientras tanto, en el nivel mundial y a pesar de la manipulación generalizada, la opinión pública se manifiesta y reclama la intervención de las Naciones Unidas y una solución política que permita el regreso de los refugiados y el respeto de las fronteras actuales, los americanos y los Gobiernos europeos subordinados suyos hablan de operaciones terrestres, responden con la llamada «guerra total» que todo lo considera blanco estratégico, rehabilitan y rearman un movimiento que hasta hace poco todos consideraban terrorista y fundamentalista. 
La construcción europea, cuya génesis fue también el deseo de acabar con la guerra en Europa- he de recordarlo -, ve ahora a instituciones comunitarias, hoy y aquí, defender y disculpar a la OTAN y sus intervenciones armadas. 
Entretanto, esa misma OTAN modifica conceptos estratégicos para transformarse en policía del mundo sin que los gobiernos demuestren voluntad de explicarse ante los pueblos y sin que este Parlamento se pronuncie sobre este asunto. 
En una palabra, señores míos, ¡lamentable y triste! 
Señor Ministro, sólo quiero mandarle un mensaje y suscitar un recuerdo que seguramente nos vio unidos tiempo atrás. 
Allende dijo a propósito del golpista Pinochet. «Ustedes tienen las armas, pero no tienen la razón». 
Probablemente desde hace diez años lo que Milosevic está pensando de nosotros es que, total, «ellos tendrán la razón, pero no tienen la fuerza» Hemos decidido, en cambio, unir la fuerza y la razón. 
Sin embargo, lo hemos decidido con diez años de retraso. 
Si este discurso en torno a la integración de los Balcanes lo hubiéramos hecho como Europa hace diez años, quizás no tendríamos sobre nuestras espaldas los 200.000 muertos de la guerra de Bosnia, la guerra de Milosevic contra Croacia, etcétera. 
Y nos hemos equivocado, porque en todo el razonamiento del Sr. Gollnisch- que no comparto en absoluto-hay un punto, sin embargo, en que sí le doy la razón. 
Debíamos haber tenido en cuenta la dramática y trágica situación del éxodo, de la deportación y ahora, en cambio, vamos a ciegas, sin coordinación y, sin duda, con un gran esfuerzo de voluntad, pero con poco rigor científico desde el punto de vista de la acción humanitaria. 
Hemos actuado tarde y mal, y la cuestión que, hoy, se nos plantea- lo decía el Sr. Dupuis con otras palabras- es que tenemos que darnos cuenta de que ha llegado el momento de una iniciativa de información masiva, de bombardear con información al pueblo serbio, para que también el pueblo serbio pueda decir que nosotros tenemos la razón y la fuerza, nosotros y no Milosevic. 
También el pueblo serbio debe convencerse de esto, si no nuestra iniciativa no tendrá éxito. 
Por tanto, tenemos la razón y la fuerza y por esto le digo, señor Ministro, que podemos y debemos ser precavidos en la estrategia y más flexibles en la táctica. 
Y si me permiten una observación que quiere ser amigable y no belicosa, nosotros los europeos somos algo mejores que los americanos en ser precavidos en la estrategia y también flexibles en la táctica. 
Debemos ser capaces de utilizar nuestra visión y, entonces, las palabras que ha pronunciado en su intervención -» mayo puede ser un mes de esperanza» -podrían ser un mensaje más tranquilizador respecto a nuestro futuro y, sobre todo, al futuro de paz y justicia para los Balcanes. 
Señor Presidente, yo quiero agradecer ante todo sinceramente al Sr. Ministro Fischer sus claras palabras y su clara línea de actuación en una situación muy difícil. 
Sin embargo, desearía examinar con mayor detención dos aspectos que lamentablemente se han mencionado poco en el debate, pero que me parecen esenciales. 
Continuamente se habla de la necesidad de enviar tropas de tierra a Kosovo. Una propuesta lógica en sí misma, pero inadecuada para la zona. 
Ya ha habido algunas experiencias sobre la inoperancia de las tropas extranjeras y yo soy seguramente lo bastante viejo para haberlas vivido. 
Por otra parte, pude presenciar, por ejemplo, la liberación de Krajina en Croacia. En ese caso, los croatas disponían de armas y expulsaron inmediatamente a los serbios. 
Siempre su constata un hecho: las personas que defienden su propia tierra gozan de superioridad frente a sus agresores. 
¡Habría que reconocer este hecho! 
Allí existe el ELK, la fuerza de los albaneses, y habría que dar armas a estos albaneses para que puedan hacer frente en igualdad de condiciones a las hordas que penetran desde Serbia. 
Nos sorprendería la rapidez con que concluiría todo sobre el terreno. 
El segundo punto es que desde el principio se ha cometido un gran error, un error psicológico, a saber, se ha repetido continuamente que los kosovares tienen que continuar formando parte de Serbia, de Yugoslavia. 
Señorías, lo cierto es que en este contexto siempre se olvida que el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. 
Por consiguiente, debería existir un derecho a la autodeterminación de los pueblos y deberíamos reconocer precisamente este derecho a los habitantes de Kosovo, que ya han sufrido durante decenios lo indecible a manos del Gobierno serbio de Belgrado. 
Milosevic sólo es el resultado de una antigua política que se remonta ya a la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Señor Presidente, es evidente a juzgar por los resultados que la agresión a Yugoslavia no ha conseguido ni evitar la expulsión, la huida, de los kosovares, ni doblegar a Milosevic. 
Ha conseguido crear peligros e intranquilidad en toda la región, humillar a la ONU, y por supuesto, ala unidad política europea, algo que sin duda se encontraba en las intenciones del nacionalismo americano, y a lo que nuestros líderes europeos contribuyen desde sus miedos y sus ambiciones locales, dejando a un lado la posibilidad de una trayectoria colectiva y autónoma. 
Señor Presidente, Serbia saldrá destruida de los ataques, y los serbios gravemente afectados, con muchos muertos y heridos. 
¿Podría la Presidencia facilitarnos un balance de víctimas? 
Por lo que respecta a los kosovares, ellos, junto a los serbios y otros pueblos vecinos parece que serán las primeras víctimas de la contaminación provocada por el llamado uranio empobrecido de los proyectiles que allí se utilizan. 
¿Podría la Presidencia comentar el uso de este material? 
¿Qué contaminación se prevé? 
¿Qué duración? 
¿Cómo asegurar el regreso de los refugiados a territorios tan contaminados? 
¿O tal vez se ha excluido ya, en silencio, el regreso de los refugiados? 
Señor Presidente, Europa está en guerra. 
Una guerra en la que Europa se ha metido a tropezones y de la que no puede salir por carecer de una política real. 
Una guerra con evidentes riesgos de expansión. 
Una guerra que se planificó ganar en dos días pero que después de cinco semanas no ha decaído. 
Una guerra iniciada para salvar a gente de la limpieza étnica y que ha dado como resultado un millón de refugiados. 
Una guerra que ha significado que la resistencia en Serbia contra Milosevic se ha vuelto para apoyarle. 
Es hora de preguntarse si éste ha sido un buen camino para alcanzar los objetivos. 
Jamás podrán aceptarse la limpieza étnica ni los desmanes. 
Es hora de detener el terror de Milosevic pero también de detener los bombardeos de la OTAN. 
Ha llegado la hora de presentar una solución política a lo que es un problema político. 
Como dijera el anterior Primer Ministro sueco Olof Palme, «no se puede crear democracia bombardeando las aldeas que se quiere salvar». 
La UE tiene a su disposición medios políticos, diplomáticos y económicos que tienen que usarse en los Balcanes. 
Es hora de que la UE contribuya activamente a crear las condiciones para dar una solución política al conflicto de Kosovo. 
Es hora de que la ONU recupere el papel que le pertenece y que la UE exija una fuerza de paz de la ONU, para que los refugiados puedan retornar de manera segura a Kosovo. 
Los países de la Unión tienen que estar dispuestos a apoyar un Plan Marshall para la región de los Balcanes para reconstruir las ciudades destruidas y también para contrarrestar el odio que, de otro modo, va a permanecer durante generaciones como caldo de cultivo para nuevos conflictos. 
La guerra nos ha enseñado que la UE tiene que crear rápidamente instrumentos para resolver conflictos, para mantener la paz, para negociar y para la reconciliación y la creación de confianza. 
Si no encontramos métodos para resolver los conflictos por la vía pacífica y nos vemos obligados a usar medios militares, se frustra toda la idea de la UE. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo puedo suscribir mucho de lo que se ha dicho aquí esta tarde, aunque ciertamente no todo. 
¿Quién de nosotros no sigue con creciente preocupación el curso de estos acontecimientos? 
¿Acaso no hemos defendido aquí durante años los derechos humanos en cada sesión del Parlamento Europeo? 
Hoy será seguramente la última vez que yo lo haga desde aquí. 
Hemos defendido los derechos humanos sobre todo de palabra, a veces en favor de pequeños grupos. 
Esta vez nos enfrentamos con el caso de centenares de miles de personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados de múltiples maneras- no será necesario que vuelva a enumerarlas todas- y esto en una parte de Europa que en otro tiempo visitaban muchos turistas. 
La respuesta de la OTAN tiene, a mi modo de ver, dos caras muy distintas. 
Esta es la primera vez que una alianza regional de naciones interviene en defensa de los derechos humanos, para restablecer unas condiciones estables en una zona de Europa que está viviendo desde hace ocho años una reacción en cadena de atentados de ese tipo y siempre por los mismos motivos. 
La organización mundial a la que antes se ha hecho referencia ha fracasado, sin embargo, por completo, dado que no ha sabido insuflar vida a su Carta y al Derecho Internacional, sino que en gran parte han quedado reducidos a letra muerta, y tampoco ha impedido los conflictos, que es el fin para el que de hecho fue creada. 
Quien haya vivido la Segunda Guerra Mundial- y yo la viví -, sabe lo que significan las bombas, el miedo a las bombas, los edificios en llamas y las víctimas en el entorno próximo. 
Es algo que uno no le desea a nadie, y mucho menos a un pueblo serbio y a unos niños serbios que han sido conducidos al desastre por la locura de su líder, del mismo modo que ha deportado de centenares de miles de otras personas. 
¡Nadie tiene nada en contra del pueblo serbio! Todos protegeríamos por un igual a los niños serbios y a los niños kosovares o albaneses. 
Es preciso que también nos pronunciemos claramente desde aquí contra esa locura. 
No se puede apelar a la ONU sólo cuando conviene; esto es algo que también tendría que estar claro. 
Esta Cámara se pronunciará en favor de la reconstrucción de dicha región- así me lo indica la presencia de personas como Emma Bonino, el Sr. van den Broek y otros con quienes hemos colaborado durante largo tiempo- cuando llegue el momento. 
Es preciso aprovechar todas las posibilidades de negociación, pero sólo cuando se haya acabado la locura y podamos ofrecer realmente de nuevo a esas personas una patria, protección y paz. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señoras y señores Comisarios, les privaré de las elevaciones líricas y espero también privarles de toda ingenuidad. 
Ante la monstruosidad del crimen, que se ha convertido ya en etnocidio y quizá en genocidio, emprendido por Milosevic, me incluyo entre los que opinan firmemente que no podíamos permanecer sin hacer nada. 
Me incluyo entre la mayoría de este Parlamento que aprobó calurosamente la intervención. 
Del mismo modo, no creo absolutamente ni por un instante, tratándose de un personaje tan bruto como Milosevic, que sea sensible a una medida como el cese unilateral de nuestros ataques para comenzar a negociar. 
No obstante, el resultado es inquietante. 
Se debilita a Serbia, es cierto, pero no realmente a Milosevic. 
En Kosovo se agrava la limpieza étnica. 
Se han debilitado Albania, Macedonia y Montenegro y las perspectivas no son muy halagüeñas. 
Ahora bien, hay que ganar esta guerra que se ha iniciado. 
No les hablaré del futuro. 
Se han expuesto aquí muchas opiniones y hago mías algunas de ellas, pero no todas. 
A mí lo que me interesa es el «cómo». 
Señor Ministro, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿cómo se ha preparado esta intervención? 
¿Han sido consultadas la Unión Europea o las naciones afectadas de la Unión Europea sobre el plan de ataque? 
¿Ha realizado la Unión alguna observación sobre las posibilidades de éxito de este plan y sobre la existencia o no de un posible plan sustitutivo? 
¿Ha deliberado el Consejo que usted preside sobre la posibilidad de complementar los ataques aéreos con una intervención terrestre, algo que a cualquiera con una mínima noción de estrategia parecería evidente? 
¿Ha intentado el Consejo de Ministros en esta ocasión poner los medios para elaborar una reflexión estratégica común y proponer sus elementos, desde luego, al Consejo de la Alianza, pero que tenga sentido para Europa? 
Y para terminar, la última pregunta, en la situación en que ahora nos encontramos, señor Presidente, ¿puede decirnos si el Consejo es consciente de la necesidad urgente de desarrollar, en el marco de la Alianza, naturalmente, una capacidad de análisis y una capacidad de defensa que sean idóneas para Europa? 
Señor Presidente, la comunidad internacional ha dejado actuar durante demasiado tiempo a Milosevic, sin agotar la posibilidad de imponer sanciones, como por ejemplo un embargo del petróleo. 
Ya en los años noventa tuvimos noticia del empleo de las violaciones masivas como arma de guerra en Croacia y en la guerra de Bosnia. 
Los servicios internacionales de ayuda vuelven a anunciar ahora que algunas mujeres son seleccionadas entre los grupos de fugitivos y secuestradas por la fuerza, para devolverlas la mañana siguiente medio muertas y fuertemente traumatizadas, cuando no desaparecen sin dejar rastro. 
Este uso de la fuerza contra las mujeres, de la tortura y la violación por motivos nacionalistas atiza la espiral de la violencia, el odio y la venganza con la que se pretende destruir cualquier esperanza de un Kosovo multiétnico y en paz. 
Las mujeres se convierten en víctimas de los criminales de guerras por el hecho de ser mujeres y la Unión, en su calidad de tierra de asilo, debe reconocer este hecho. 
Desde luego, me parece el colmo del cinismo que el Vaticano permita en esta situación que las mujeres empleen medios anticonceptivos, pero en cambio tache de asesinato una interrupción de embarazo. 
Algunos de nuestros Jefes de Gobierno y colegas suyos, señor Fischer, tendrían que enrojecer de vergüenza cuando se constata cuántos refugiados han acogido o no han acogido. 
Cuatro países de la Unión no han acogido a ningún refugiado. 
La Unión tiene que intensificar la ayuda humanitaria y reconsiderar de inmediato la estrategia de la OTAN. 
Tenemos que interrumpir los bombardeos y volver a la mesa de negociaciones con una posición negociadora, con la participación de Rusia. 
Señor Presidente, me gustaría dedicar el tiempo de palabra que me corresponde a un aspecto que guarda relación con la labor de mi Comisión, a saber, la política con respecto a los refugiados. 
La Sra. Gröner ya se ha referido a este tema. 
Decir «política» en realidad es decir mucho. 
Con respecto a los más de 600.000 refugiados y desplazados de sus casas y hogares de Kosovo, ni siquiera 18.000 han sido acogidos en los Estados miembros de la Unión. 
Alemania acogió a unos 10.000 de estos 18.000 refugiados a sus expensas, y esto significa por tanto que en los otros Estados miembros ni siquiera han sido acogidos 8.000 kosovares. 
Podrán imaginarse ustedes que dentro de unas semanas habrá que instalar en las regiones más pobres de Europa a 600.000 personas, en campos de refugiados, pero también en casas particulares. 
600.000 personas, dos veces más que las que nosotros, en nuestros países ricos, admitimos en todo un año con el procedimiento de asilo, dado que hay unos 300.000 refugiados anuales. 
Somos responsables de que se haya formado este flujo de refugiados. 
En las semanas pasadas debíamos haber llevado a cabo una política de acogida solidaria y humana con un reparto generoso entre los Estados miembros. 
Pienso que ha sido una muestra de incapacidad del Consejo no haber podido adoptar tal decisión, y pienso que en cierto sentido ha sido negarse a aceptar las consecuencias de nuestros actos. 
Desde este Parlamento, señor Presidente, es preciso instar al Consejo a que pase a la acción. 
Con 250 millones de ecus no se rescata a los refugiados ni se redimen las desgracias humanas. 
Protección temporal de un número sustancial de refugiados en nuestros Estados miembros y todo el apoyo posible en sentido material a los países de la región, también cuando haya pasado la crisis: eso es lo que nosotros propugnamos. 
Señor Presidente, creo que es la segunda o la tercera vez que abordamos este asunto. 
No sé cuál ha sido el nivel de información de los Estados miembros de la Unión o de los que se sientan en el Consejo Atlántico. 
Lo que le puedo decir es que la Comisión, por lo menos desde el punto de vista humanitario, así como todas las agencias humanitarias, no han sido informadas por los Estados miembros, a pesar de que además de sentarse en el Consejo Atlántico lo hacen en la Unión Europea. 
Nadie ha sido informado de los eventuales planes o datos. 
Creo más bien que, desde el punto de vista humanitario, se trata de un problema de coordinación. 
Señorías, la generosidad individual, también de los Estados miembros, es algo sacrosanto, pero convierte la coordinación en casi imposible. 
Es muy difícil, incluso para el Alto Comisionado para los Refugiados, conseguir organizar cientos de ONG, financiadas a través de donativos privados, y todas las estructuras de los quince Estados miembros, justamente movilizados, así como los demás donantes de la otra orilla del Atlántico, a los que hay que añadir noruegos, japoneses, etcétera. 
La tarea de coordinación, les aseguro, es muy fácil invocarla, también porque cada uno, justamente, necesita una visibilidad política, respecto a la cual todos estamos de acuerdo. 
Al final, existen, como es obvio, intereses encontrados. 
¿Cómo evitar la duplicación de las ayudas, ya que casi nadie está informado sobre qué hacen los Estados miembros? 
¿Cómo evitar los errores que no se deben a la generosidad, sino a la poca experiencia? 
Es difícil, por ejemplo, informar, advertir o prevenir a alguien de la no conveniencia de montar campos allí donde es imposible hacerlo, porque con las prisas nadie se consulta. 
Con esto intento decirles que, hasta la fecha, no existe una fuerte limitación de financiaciones o de proyectos humanitarios. 
Existe una grave dificultad de coordinación, de disciplina y a la hora de elegir prioridades. 
Creo que, desde este punto de vista, la tarea del Alto Comisionado para los Refugiados, o sea, la nuestra, no es una de las más fáciles. 
El segundo punto acerca del cual he sido preguntada y en el cual estamos trabajando, es el problema más importante, o sea, el del sheltering. 
Es cierto que las cosas más visibles son las trágicas condiciones de los campos, sin embargo, sus Señorías, han de saber que la inmensa mayoría de los deportados son acogidos, como todos saben, por familias albanesas o macedonias muy pobres y uno de los mayores esfuerzos que estamos realizando es la ayuda a las familias precisamente para evitar que surjan tensiones sociales y para evitar que, después de un mes de generosa acogida, sean expulsados y surjan problemas sociales. 
Otra actividad en que estamos empleándonos muy a fondo son los preparativos para hacer frente a un escenario peor, es decir, el invierno. 
Al menos para una parte de estos refugiados, lo que estamos haciendo es rehabilitar los edificios y los centros colectivos, al objeto de poder evacuar lo antes posible la inmensa mayoría de los deportados que están en tiendas de campaña y ofrecerles condiciones sanitarias, higiénicas o, cuando menos, climáticas más aceptables. 
Asimismo, hay que centrar nuestra atención en otros tres elementos muy peligrosos que no deben pasar por alto: el primero es Macedonia, por el problema político que representa. 
Sin embargo, aun conscientes del problema político del Gobierno de Macedonia, creo que no es aceptable- y creo que tampoco lo fue en otras ocasiones- la actitud del Gobierno macedonio respecto a los deportados en la frontera. 
Creo que, aun comprendiendo su dificultad, nadie puede aceptar la vulneración de los acuerdos humanitarios. 
El segundo elemento es Montenegro. 
Considero que no hay que olvidar en este Pleno que en Montenegro se encuentran más de 70.000 deportados que son verdaderas bombas humanas. 
No son los refugiados que estamos acostumbrados a ver, sino deportados, bombas humanas utilizadas donde y cuando y si lo decide Milosevic. 
Y si decide lanzar una bomba humana de 100.000 personas contra Montenegro, esto va a suponer un auténtico un problema de desestabilización política. 
Otro aspecto que no puede olvidarse atañe a Bosnia que, pese a encontrarse en una situación tan difícil, ha acogido a 50.000 refugiados, en esta ocasión serbios. 
El tercer elemento en el cual trabajamos es el de los desplazados serbios en territorio serbio, al que hemos hecho frente con unas acciones específicas. 
En los próximos días, volveré a ir a la región, sin embargo, les ruego que nos ayuden a transmitir este mensaje: hoy por hoy, el elemento fundamental de la ayuda humanitaria son las elecciones prioritarias, la disciplina y la coordinación, de lo contrario temo que también la gran generosidad de todos acabe en una gran confusión. 
Dos consideraciones ulteriores, quizás de índole más política. 
Señorías, creo cuando nuestros padres optaron por la Comunidad Europea, lo hicieron por dos razones: nunca más guerras entre nosotros, nunca más Auschwitz. 
Hoy debemos escoger entre estas dos opciones, porque no ha sido posible excluirlas ambas. 
Se pide una solución política. 
¿Qué hemos hecho en los últimos diez años si no buscar una solución política con Milosevic? 
A mi modesto entender, incluso hemos hecho demasiado: de una conferencia a otra, de una reunión diplomática a otra, de un encuentro de Ginebra a otro. 
Con todo, permítanme decir, mejor tarde que nunca. 
Probablemente es tarde- estoy de acuerdo con que es demasiado tarde- pero basta hacer la lista de Osiek a Vukovar, de Srebrenica a Sarajevo, de Bihac a Tuzla y otras situaciones vergonzosas ante las que nadie reaccionó. 
No cabe decir que, dado que no intervenimos en todas partes, no intervenimos ni siquiera en nuestra propia casa. 
Creo que con relación a esto ha quedado claro cuáles son las responsabilidades, cuando menos de la Unión Europea, de resolver no tanto los problemas de Tasmania, sino los que tenemos en casa. 
Si nos falta este coraje, si consideramos que ser europeos es compartir una moneda única, algo de agricultura y ¿por que no? algo de pesca, pero no compartir estos valores, es decir, el rechazo de la limpieza étnica al menos en nuestro continente, ya no tiene sentido llamarnos europeos. 
Aplausos 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que enlace directamente con las palabras finales de la Comisaria Bonino. 
Al escuchar el debate- que en este sentido es parecido a todos los demás que hemos escuchado en las últimas semanas -, es posible constatar que existen muchos argumentos aislados sólidos, que nosotros mismos consideramos y repasamos mentalmente a menudo. 
Sin embargo, cuando se intentan reunir todos los temas para componer una alternativa, es preciso constatar que no hemos escuchado ninguna alternativa. 
Se reclama una solución política. ¡Eso sí! 
Pero una solución política no es un fin en sí misma, sino que es preciso preguntarse qué debe permitir alcanzar una solución política. 
Una solución política debe permitir acabar con el uso de la fuerza. 
Aplausos 
Una solución política debe permitir el regreso de los deportados y, sobre todo, que la locura nacionalista no se prolongue otros diez años en los Balcanes, causando otros varios centenares de miles de muertos más. 
Aplausos 
En otras palabras, una solución política no es un fin en sí misma, sino que es preciso hablar del contenido de la política. 
Lo único que yo puedo añadir es que el Sr. Milosevic se alegraría si se le ofreciera un cuerpo de paz. 
Enseguida lo aceptaría, precisamente ahora. 
Y ¿por qué lo aceptaría? 
Porque entonces habría conseguido lo que buscaba. 
Un cuerpo de paz no impresionará al Sr. Milosevic. 
Yo estoy decididamente a favor de un cuerpo de paz y estoy decididamente a favor de una Europa en la que ya no tenga ningún papel el uso de la fuerza. 
Pero ¿cómo debemos actuar ante una persona que recurre a la fuerza sin contemplación alguna y no lo hace una vez, ni dos, ni tres, sino durante diez años? 
Aplausos 
A mi modo de ver, no se trata únicamente de una cuestión moral. 
También está en juego la seguridad europea y el futuro de Europa. 
Quiero decir que yo aceptaría la crítica si hubiésemos recurrido a la ligera al uso de la fuerza, pero al menos 200.000 personas yacen en fosas comunes porque tardamos demasiado en emplear la fuerza. 
¡Vean lo que ocurrió en Bosnia! 
¿Tan corta es la memoria? 
El Sr. Karadzic estuvo en Ginebra y firmó tratados que una hora después ya no se aplicaban en Bosnia. 
Esto no ocurrió una vez, ni diez veces, sino, no sabría decirlo, ¡muchísimas veces! 
¿Qué más tiene que ocurrir? 
Tenemos que hacernos esta pregunta. 
Evidentemente todo el mundo se la hace- yo puedo asegurarlo al menos en el caso del Gobierno alemán, pero sin duda también se la hacen todos los Gobiernos implicados -, cuando se ostenta la responsabilidad, uno se hace esta pregunta día y noche, continuamente. 
Algunas de las intervenciones que he escuchado confunden, sin embargo, la causa y el efecto. 
Aplausos 
Éste no es nacionalista, sino un cínico. Lo que le preocupa es conservar el poder. 
Por esto emplea tácticamente un nacionalismo serbio agresivo. 
Ha soltado al tigre e intenta cabalgar sobre su lomo, y si le dejamos seguir actuando, no sólo precipitará en la desgracia a toda una región de Europa, sino que ello costará nuevas vidas humanas inocentes. 
La brutal deportación, el éxodo, que estamos presenciando es algo que ninguno de nosotros hubiese creído posible bajo esta forma tan brutal y con esta magnitud. 
Emma Bonino ha señalado con razón que se trata de bombas humanas, es decir, que con la deportación se está practicando, con un doble cinismo, una política brutal contra los Estados vecinos. 
¡Esto es algo que Europa no puede aceptar! 
Una solución política que suponga aceptar esto sería una falsa solución política. 
Sería todo lo contrario de lo que deseamos. 
Aplausos 
La solución política que intentamos alcanzar es una solución política que suspenda el uso de la fuerza sobre la base del respeto de los derechos humanos, de la seguridad común, del regreso de todos los refugiados, sobre la base de la comunidad internacional de naciones. 
Esta es la solución política que intentamos alcanzar. 
El requisito previo es, sin embargo, en primer lugar, que Belgrado no tenga ninguna duda sobre la determinación de la comunidad internacional y, en segundo lugar, que comprenda que una solución militar no ofrece ninguna perspectiva para Serbia ni tampoco, muy personalmente, para el Sr. Milosevic. 
Yo considero urgente e imprescindible alcanzar una solución política y un alto el fuego sobre esta base. 
Me parece no sólo necesario, sino también imprescindible, que se desarrollen propuestas en este sentido que podamos debatir o considerar, y que luego se puedan poner en práctica sobre la base de unos contenidos claros. 
Sin embargo, por el otro lado también debe quedar claro, y quisiera resaltarlo una vez más, que ¡no hay que confundir la causa con el efecto! 
¡Milosevic es el responsable de esta guerra! 
Este será, así lo espero, el último asalto sangriento. 
Si no le cerramos el paso, a continuación seguirá Montenegro, luego Sandjak, luego Voivodina, y luego al cabo de poco tiempo volverá a repetirse la misma guerra con un nuevo asalto, esta vez en Macedonia. 
De esto estoy seguro. 
Por esto, a pesar de todos los buenos argumentos que he escuchado, la alternativa sólo puede ser una solución política, pero sobre la base de la renuncia al uso de la fuerza, del respeto de los derechos humanos y del regreso de los refugiados. 
Belgrado tiene que comprenderlo. ¡Milosevic tiene que dar este paso! 
Aplausos 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo Joschka Fischer. 
He recibido siete propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
PESC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0242/99 del Sr. Spencer, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el papel de la Unión Europea en el mundo: Aplicación de la política exterior y de seguridad común en 1998-A4-0219/99 del Sr. Spencer, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que contiene una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la estrategia común hacia la Federación de Rusia-y de la declaración del Consejo sobre el nombramiento del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Señor Presidente, espero que el Presidente en ejercicio anuncie la decisión de nombrar al Alto Representante en la reunión del Consejo en Colonia. 
De conformidad con nuestro Reglamento, invitaremos al candidato seleccionado a que intervenga ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa el 21 de junio para que podamos formular una recomendación positiva al Pleno de Julio. 
Opinamos que el Alto Representante debe ser una figura de peso, no un resultado de las luchas intestinas del Consejo. 
La relación que el candidato seleccionado trabe con el Parlamento y la Comisión es, a nuestro juicio, fundamental para la coherencia de la política exterior. 
El de 1998 fue el año en que la realidad puso a prueba nuestras esperanzas de coherencia en materia de política exterior. 
En los doce últimos meses ha habido el establecimiento del euro y merecemos una política exterior que esté a la altura de las perspectivas creadas en el resto del mundo por nuestra unión monetaria. 
El de 1998 fue el año de la gestación de nuestras nuevas estructuras en materia de política exterior de conformidad con el Tratado de Amsterdam. 
Merecemos una estructura en materia de política exterior que aporte el número de teléfono por el que preguntó Henry Kissinger hace una generación. 
El de 1998 fue el año en que afrontamos la realidad de la defensa de Europa. 
Merecemos una política exterior basada en la claridad y la coherencia de nuestra estructura de defensa, muy en particular en lo relativo a la Unión Europea Occidental. 
En mi informe se detalla la utilización de los instrumentos de la Unión en todo el mundo. 
Es una historia conocida de los últimos años; una historia de instituciones imperfectas que se esfuerzan por afrontar un mundo inestable. 
Queremos que haya un Alto Representante fuerte, una planificación de política fuerte y una unidad de alerta rápida, un estructura fuerte de la Comisión con un equipo coherente de Comisarios que se ocupen de las relaciones exteriores. 
Queremos una PESC adecuadamente financiada, académica e intelectualmente creíble y que utilice al máximo la lograda red de prevención de las crisis. 
Europa es una potencia en el mundo. 
Debe encontrar una voz común, una voz común para utilizarla no sólo en las zonas extranjeras contiguas a la nuestra. 
Nuestros embarazosos silencios respecto del Irán, del Iraq o del subcontinente indio son consecuencia de puntos negros en nuestra visión, que reflejan cincuenta años de construcción de Europa ladrillo a ladrillo en el interior y no con arreglo a una visión global de nuestro lugar en el mundo de la diplomacia. 
La esencia de nuestra política exterior es los derechos humanos y la dignidad. 
¿Cómo podría ser de otro modo, dada nuestra propia tradición común de horrores y guerras civiles? 
Aunque resulte doloroso, no hay otra explicación para una Unión dispuesta a reñir una guerra no por petróleo, no por conseguir poder, sino para oponerse a la perversión de la depuración étnica en el corazón de Europa. 
De todos los instrumentos de que disponemos, las estrategias comunes deben ser las más poderosas. 
Desde el nivel más alto deben guiar los pasos de Europa en el mundo. 
El primer paso, atinado, fue el de determinar nuestra relación con Rusia, nuestro vecino en la casa común europea. 
Forjar un nuevo instrumento en plena crisis con nuestro vecino más importante tal vez sea excesivamente valeroso. 
No estoy convencido de que el texto que el Consejo está examinando actualmente sea aún suficientemente válido. 
Prepararlo apresuradamente sin la ayuda del Alto Representante y sin la realidad ni la estructura de consultas con el Parlamento es, a mi juicio, una muestra de orgullo desmedido. 
Es la insensatez del círculo mágico de diplomáticos nacionales en Bruselas, que siguen creyendo que los métodos de trabajo del pasado son adecuados para los imperativos del futuro. 
Lejos de procurar enviar un mensaje negativo a Moscú, al proponer en el párrafo 4 que el Consejo aplace la aprobación de la estrategia común hasta la Cumbre de Helsinki, lo que procurábamos era velar por que lo urgente no suplantara a lo importante. 
Precisamente porque queremos un documento sólido hicimos la propuesta del aplazamiento. 
Sin embargo, reconozco que en Rusia hay quienes, fuera del Gobierno, no están comprometidos con una relación positiva y podrían interpretar mal nuestros motivos deliberadamente. 
Así, pues, tengo mucho gusto en recomendar a la Asamblea la aprobación de la enmienda 2 del Grupo Socialista. 
La guerra arroja una luz cruda sobre todas nuestras evasivas, todas nuestras verdades a medias, todas nuestras improvisaciones institucionales. 
Europa y nuestras relaciones con Rusia y con América no serán las mismas después de la guerra. 
Si esa luz cruda nos incita a formular nuestras opiniones sobre el mundo, también incita a América. 
En mi informe hay observaciones severas sobre la dirección de la política exterior americana, una de las más importantes de las cuales es la relativa a su cooptación por los intereses comerciales. 
Washington está actualmente- me parece a mí- dividido entre una idea de sí mismo como centro de un mundo unipolar de hegemonía americana y el reconocimiento, más realista, de que es una superpotencia que cuando más eficazmente funciona es cuando ejerce su poder conjuntamente con Europa. 
En ninguna parte resultan, señor Presidente, más patentes las nuevas realidades que en los Balcanes. 
En los Balcanes es donde Europa se verá puesta a prueba en los cinco próximos años. 
Es fundamental para nuestras relaciones con Rusia, es fundamental para el crédito de la OTAN, es fundamental para el papel de Europa dentro de la OTAN. 
En las últimas semanas he estado dos veces en la Europa Sudoriental. 
Y, aparte del horror de las historias sobre los campos de refugiados, conservo una sensación clara de la sospecha con que se ven nuestras actividades en los Balcanes. 
Dicha sospecha no es un simple producto de un temor comprensible de la proximidad de la guerra con un matón local peligroso e imprevisible. 
No es sólo un simple temor justificable por las consecuencias económicas de la guerra, que aísla y desbarata. 
Es un miedo más profundo a la traición y al engaño de Occidente. 
Estoy apasionadamente convencido de que necesitamos una iniciativa europea coherente en los Balcanes utilizando todos nuestros instrumentos. 
Acepto con gusto que se bauticen las propuestas del Centro de Estudios de la Política Europea como «plan Prodi» , un plan de reconstrucción, apertura, desarrollo e integración con Europa. 
Felicito al profesor Prodi por su previsión al decir, semanas atrás, que se deben considerar las relaciones de Europa con los Balcanes como parte de la ampliación de la Unión y no de la política exterior. 
Pero, para que dé resultado semejante plan, requerirá un cambio radical en nuestras relaciones mutuas. 
Debemos dejar de considerar los Balcanes como el receptáculo de todo lo que más nos asusta de nosotros mismos. 
Esos países deben aprender a confiar en la Unión y, como países plenamente europeos, también en sí mismos. 
Se da mucha importancia a la diferencia de los Balcanes y, en particular, a las diferencias de tradición religiosa con la Iglesia ortodoxa. 
Tenemos que hacer un esfuerzo real para entender nuestro destino común como europeos. 
Constituye un lugar común de la retórica europea decir que lo que nos constituye es nuestra herencia de Grecia y Roma. 
Pero es un accidente de la historia educativa de la Europa Occidental que, al hacerlo, nos refiramos a la antigua Grecia y a la Roma imperial. 
La tradición intelectual occidental olvida con frecuencia que hubo dos Romas. 
Olvidamos, por nuestra cuenta y riesgo, que Constantinopla fue, durante siglos, la primera capital europea de la cultura, cuando nuestros antepasados del Consejo de Ministros actual estaban acampando en las ruinas de una gloria pasada. 
No cabe duda de que ha llegado el momento de declarar superflua la división del imperio por Diocleciano y reconocer que Sofía, Skopje y Sarajevo, Budapest, Bucarest y Belgrado son, todas ellas, herederas de la misma civilización. 
Si hay que pedir disculpas por el comportamiento de la Europa Occidental en las Cruzadas, no se debe referir a la conquista de Jerusalén, sino al saqueo de Constantinopla por los caballeros francos. 
La falta de confianza en la Europa Occidental se remonta a esa época tan alejada de nuestra historia y se debe remediar con urgencia. 
En mi opinión, el Danubio debe pasar a ser un símbolo de nuestra unidad en lugar de una arteria bloqueada en el organismo de Europa. 
Recomiendo a esta Asamblea y al Presidente en ejercicio la iniciativa de Su Santidad el Patriarca de Constantinopla de organizar el simposio religioso, científico y medioambiental que se celebrará en septiembre y en el que representantes de las cinco grandes religiones de la región- ortodoxa y católica, protestante, judía y musulmana- navegarán desde Ratisbona hasta el mar Negro en pro del medio ambiente y de la reconciliación. 
Se trata de una tarea para el Papa y para el Patriarca. 
La guerra con Serbia debe ser la última de las guerras civiles de Europa. 
Se debe arrumbar el cóctel de fanatismo religioso y nacionalismo en el Danubio, como se hizo hace cincuenta años en el Rhin. 
Sin embargo, estas semanas, aunque peligrosas, están cargadas de posibilidades. 
En este momento Europa alcanza la madurez en sus relaciones exteriores. 
En estas semanas tenemos que reconocer que el papel de Europa requiere atribuciones, además de retórica, que tenemos tareas difíciles, además de detalladas. 
En estas semanas tenemos que aprender a ser nosotros mismos y no un simple elemento en la estrategia de otros. 
En estas semanas afirmamos que somos Europa, Europa entera. 
Señor Presidente, recomiendo mis informes a la Asamblea. 
Señor Presidente, quisiera comenzar aprovechando la oportunidad para desear lo mejor al Sr. Spencer en el futuro y expresar la esperanza de que se utilicen bien sus considerables capacidades. 
Ha sido, desde luego, interesante trabajar con él durante los dos últimos años, aunque sólo fuera porque nunca sabía cuál iba ser su actitud en la próxima ocasión. 
Volviendo al debate, he de decir que en los últimos años ha habido ocasiones en que he tenido la sensación de que las iniciales PESC no significaban «política exterior y de seguridad común» , sino «poses escleróticas sin contenido». 
Ha habido una falta de dirección y decisión con mucha frecuencia. 
En parte es comprensible: nos movemos en el sector más delicado de la soberanía nacional; ha sido difícil conjuntar a Estados-nación con intereses y usos diferentes y, evidentemente, antes de poder correr, hemos tenido que caminar. 
Como ha dicho el Sr. Spencer, si podemos lograr el euro, debemos poder lograr una política exterior y de seguridad auténtica. 
Desde luego, lo de Kosovo ha demostrado la inadecuación de nuestra reacción y debemos utilizarlo como ejemplo que nos incite a avanzar. 
Hemos pecado, en muchos sentidos, por complacencia: a menudo decimos que la justificación de la Unión Europea es la de librarse de las guerras dentro de las fronteras de Europa y olvidamos lo que está sucediendo justo delante de las fronteras de Europa y nuestra responsabilidad al respecto. 
Está claro que debemos cambiar. 
La unidad de planificación de políticas va a ser muy importante, pero debe enlazar con otras organizaciones, como, por ejemplo, la red de prevención de conflictos, a cuya creación contribuyó el Parlamento. 
Necesitamos una concepción coherente y a largo plazo que permita que las cuestiones de la política exterior correspondan a los pilares 1 y 2. 
Me gustaría que nos centráramos en las cuestiones estratégicas a largo plazo, tales como el papel del suministro de agua en la prevención de los conflictos. 
Evidentemente, el Alto Representante será muy importante, pero lo que reviste importancia decisiva es que ese nombramiento no sea una pifia y que nombremos a alguien de quien sepamos que puede desempeñar esas funciones y a quien el Consejo esté dispuesto a permitir hacerlo. 
Ese Alto Representante debe colaborar con las demás instituciones, la Comisión y el Parlamento. 
De hecho, me gustaría que esas instituciones colaboraran más estrechamente en toda la PESC. 
Como dije en el debate anterior, me gustaría en particular que el Consejo escuchara más nuestras recomendaciones. 
Hemos preparado algunas posiciones coherentes e importantes, en particular en nuestras recomendaciones. 
Nos gustaría creer que el Consejo las escucha y actúa en consecuencia. 
El Parlamento, por su parte, debe dejar de pedir lo imposible. 
No podemos actuar en todas las zonas del mundo: tenemos que adoptar prioridades. 
No puede haber moralidad sin sentido práctico. 
Debemos recordar que la mayor contribución que podemos hacer a la paz y la estabilidad es la ampliación de la Unión Europea. 
Ése debe ser el sector al que debemos prestar atención principalmente en el próximo Parlamento. 
Evidentemente, necesitamos también una identidad europea de defensa, pero debemos recordar que los quince Estados miembros gastan las dos terceras partes de lo que los americanos gastan en equipo y, sin embargo, tenemos una mínima parte del equipo que ellos utilizan. 
Debemos tener una mayor coordinación no sólo en materia de política de defensa, sino también en materia de contratos públicos para la defensa y debemos procurar reestructurar nuestras industrias de defensa. 
Debemos tener una concepción militar que refleje las nuevas realidades, como ha ocurrido en el Reino Unido con la revisión de la defensa. 
Debemos aclarar la situación de la UEO y el papel que va a desempeñar en la identidad europea de defensa y eso se debe hacer en Colonia. 
Por último, debemos ver si necesitamos o no aumentar nuestros gastos en defensa para hacer realidad nuestras aspiraciones en relación con la PESC. 
Señor Presidente, deseo, en primer lugar, felicitar al Sr. Spencer por su excelente informe y decir que este informe llega en un momento excepcionalmente importante para la historia de Europa. 
Al menos tres crisis, la crisis de Kosovo- en primer lugar -, la crisis de Rusia y la crisis de Oriente Medio, demuestran que la superpotencia europea podría haberse enfrentado mucho mejor estas cuestiones. 
El Informe Spencer viene a dar respuesta a la gran pregunta que a todos nos tortura: ¿Por qué ha ocurrido esto? 
Y la respuesta es sustancialmente propuesta de lo que se ha de hacer, que no es sino redefinir los parámetros desde los que se concibe y se ejerce la política exterior europea. 
Se trata de una labor conceptual, y al mismo tiempo institucional, que no se agota en la creación de instituciones ni en el nombramiento de un señor PESC o una señora PESC. 
La cuestión es en qué condiciones trabajarán los señores o las señoras PESC, en qué condiciones trabajará cualquier mediador que la Unión Europea nombre. 
Señor Ministro, me dirijo a usted con la mirada puesta en la Cumbre de Colonia, y le digo que tienen en sus manos una oportunidad histórica de crear en Colonia las condiciones y los presupuestos para conseguir que la nueva Conferencia Intergubernamental suponga para la política exterior lo que Maastricht y Amsterdam supusieron para la economía. 
Una política exterior europea que- usted mejor que nadie sabe algo de su historia- no puede agotarse en la actividad diplomática, sino que ha de incluir respuestas a desafíos como los que constituyen la economía, el medioambiente y la cultura. 
Señor Presidente, nuestro debate anual sobre el papel de la Unión en el mundo tiene lugar en un momento muy especial, como bien ha dicho mi predecesor. La guerra azota Europa, una guerra con participación militar de los Estados miembros, y hace unos días entró en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Puede que esto proporcione un impulso a la política exterior. 
Así pues, intentaré no tanto volver la vista atrás, hacia la política comunitaria del año pasado, sino que intentaré dirigirla hacia el futuro. 
Uno de los cambios más grandes de la política exterior será el nuevo instrumento de las estrategias comunes. 
A primera vista no parece un plan emocionante, pero es un primer paso hacia las decisiones realmente mayoritarias en el Consejo en esa materia. 
Sólo la actuación de la Unión dentro de la política exterior y de seguridad común que esté legitimada democráticamente puede contar con el apoyo de la población europea. 
Por esta razón es necesario que el futuro Alto representante comparezca ante una Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa para obtener su aprobación. 
A mi modo de ver sólo así puede crearse un estrecho vínculo entre este Alto representante y el Parlamento Europeo. 
A continuación, señor Presidente, una observación sobre la identidad europea en materia de política de seguridad. 
La guerra actual en Kosovo ha demostrado una vez más que la capacidad de intervención militar de la UE en caso de crisis, que tanto se ha defendido en esta Cámara, es una necesidad perentoria. 
También en ese terreno la Unión debe intervenir de modo independiente de los Estados Unidos si es necesario. 
Así pues, la integración rápida y plena de la UEO en la Unión en verdad ya no puede aplazarse. 
Para finalizar, señor Presidente, esta es la última vez que intervengo aquí sobre un informe y estoy especialmente contento de que el último sea un informe de mi amigo y colega Tom Spencer. 
Quiero darle las gracias por la manera en que se ha propuesto dirigir y ha dirigido la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Te felicito por el trabajo realizado y te deseo lo mejor. 
Señor Presidente, Europa vive momentos difíciles. 
Los socialdemócratas y los verdes del país que ejerce la Presidencia del Consejo, Alemania, están bombardeando- sin una declaración de guerra previa- a los yugoslavos, es decir, a eslavos. 
Pero en Rusia hay muchos más eslavos. 
En estas condiciones, el Sr. Spencer ha elaborado un equilibrado informe, una gran reflexión sobre esta cuestión en la que defiende la causa de la paz, la cooperación y el mantenimiento del diálogo entre las distintas partes. 
En este informe hay algunos aspectos sobre los que no se ha hecho el hincapié suficiente. 
No está nada claro que haya que ayudar a Rusia. 
La ayuda alimentaria que la UE ha concedido por valor de 400 millones de euros es un gran error, ya que esta ayuda va a parar donde no debe y destruye el mercado. 
Además, no se pronuncia sobre los motivos que respaldan la condonación de la deuda ni sobre la manera en que se va a gestionar esta condonación. 
El Fondo Monetario Internacional no va a salvar a Rusia, sino a los bancos americanos y rusos, con lo que se agravará aún más la situación de descontrol que vive este país. 
El Banco central ruso no puede hacerse cargo de los créditos monetarios porque sus propias reservas se encuentran en la isla de Jersey. 
Así pues, acojo con satisfacción el informe del Sr. Spencer puesto que, en lugar de establecer las condiciones políticas previas que acostumbra a fijar el Parlamento Europeo, presenta unos equilibrados planteamientos a la hora de examinar esta cuestión. 
Señor Presidente, yo saludo la presencia del Sr. Presidente del Consejo. 
Estimadas y estimados colegas, el compromiso con Rusia es la estrategia de paz más decisiva para nuestro continente. 
Partiendo de esta tesis, el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN sin un mandato de las Naciones Unidas ha vulnerado de la manera más imperdonable este principio. 
La comunidad internacional ha lanzado por la borda este principio de paz a la vista de los atentados masivos contra los derechos humanos y las deportaciones étnicas cometidos en Kosovo. 
Yo opino, no obstante, que esto es un error cuyas consecuencias supondrán un prolongado retroceso en el intento de desarrollar una estrategia de seguridad común en Europa. 
Ningún fin santifica los medios, habida cuenta que las consecuencias para nuestro continente todavía no son previsibles. 
Yo quisiera esbozar tan sólo algunas de ellas. 
En primer lugar, con cada bombardeo se hace más difícil el retorno a la mesa de negociaciones. 
Yo sólo veo una salida: es preciso asignar un papel todavía más central a Rusia en la solución política. 
Se están realizando esfuerzos en este sentido, pero las ofertas de negociación que ha presentado Rusia hasta ahora se han desestimado en todos los casos y al final nunca se acaba de otorgar a Rusia ese papel. 
En segundo lugar, la opción de Washington de intervenir militarmente sin un mandato de las Naciones Unidas, en contra de los usos internacionales, induce a Rusia a definir también sus propias zonas de influencia y a atribuirse el mismo derecho. 
Basta recordar tan sólo los numerosos conflictos en el Norte del Caúcaso y en la región transcaucásica y los riesgos que vuelven a existir también allí. 
En tercer lugar, el Tratado ABM y la ratificación del Tratado START-2 quedan aplazados para un futuro indefinido y con ellos también nuestro deseo de un desarme mundial, al que están vinculados tantos recursos financieros y materiales. 
Por esto es importante desarrollar una estrategia común, como primera expresión de las nuevas posibilidades de una política exterior y de seguridad común. Ésta no debe servir, sin embargo, de ningún modo como coartada. 
Yo declaro también que mientras no haya cambios interinstitucionales en lo que se refiere a la intervención del derecho de control democrático del Parlamento Europeo, las posibilidades de influencia en materia de política exterior serán inferiores a las que teníamos hasta ahora. 
Por esto necesitamos algunos cambios institucionales. 
Señor Presidente, por la amistad que me une al Sr. Spencer, diré que la intervención del Sr. Fischer confirma que nuestro Parlamento se ha vuelto más tímido que el Consejo en sus propuestas de reforma de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Creo que la crisis de Kosovo demuestra a aquellos que no querían reconocerlo que necesitamos un ministerio y un ministro de Asuntos Exteriores, un ministerio y un ministro de Defensa y Seguridad, y que ya es hora de que se dote a Europa de los instrumentos necesarios para alcanzar dicho objetivo en diez o quince años, como Europa supo hacerlo hace diez o quince años en el caso de la Unión Económica y Monetaria. 
Ya es hora de trabajar, de comenzar a trabajar, como ha dicho Emma Bonino, en la definición de una Unión Diplomática y Militar. 
Lamentablemente, las enmiendas que presentó mi Grupo en este sentido no fueron aprobadas en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, pero espero que sí lo sean en el Pleno. 
Creo que uno de los instrumentos que necesitamos con carácter de urgencia es un cuerpo europeo de peacekeeping y de peacemaking. 
Kosovo, una vez más, así nos lo ha demostrado. 
Existe la necesidad de comenzar a comunitarizar nuestra política exterior. 
¿Por qué no hacerlo con respecto a treinta o cuarenta países del Pacífico o en algunas zonas de Asia, en las que no está presente ningún Estado miembro? 
Otra cuestión que me parece importante, una cuestión muy similar a la de Kosovo y a la que se ha referido muy rápidamente la Sra. Schroedter, es la Transcaucasia. 
Creo que Georgia es un país fundamental para la Unión. 
Es la puerta a Asia Central. 
Hay que acelerar el proceso de adhesión a la Unión Europea de dicho país. 
Debemos pasar rápidamente al acuerdo de cooperación y celebrar sin pérdida de tiempo un acuerdo de asociación con dicho país. 
También es necesario, como nos enseña Kosovo, dotarnos, al igual que los norteamericanos han hecho con Voice of America, de un instrumento de información a todas las poblaciones que viven bajo regímenes dictatoriales. 
Es necesario que nos dotemos de una Voice of Europe para luchar contra las dictaduras antes de que se produzcan las tragedias y los dramas, como en Kosovo. 
Y espero que los colegas estén dispuestos a reforzar unilateralmente el informe del Sr. Spencer, que es un buen informe. 
Señor Presidente, ante todo yo quiero expresarle mi más sincero agradecimiento al colega Spencer por su informe y también por el trabajo que en general ha desarrollado en la comisión. 
Dado que procedo de una ciudad situada a orillas del Danubio, también quiero agradecerle la aportación que ha hecho hoy cuando ha resaltado la importancia de esta franja que atraviesa Europa, que a menudo ha sido escenario de crisis y de guerras, pero que también podría ser una franja de paz y cooperación, de vinculación de la Europa Occidental y Central con los Balcanes, pero asimismo con Rusia, Ucrania y en último término también con Turquía, como él ha señalado. 
Por un lado es, en efecto, un signo positivo para Europa que las crisis, que los conflictos políticos no tengan lugar dentro de la Unión Europea, sino en sus confines. 
Sin embargo, evidentemente no podemos darnos por satisfechos con ello; en efecto, tenemos que dedicar especial atención justamente a la pacificación de dichas zonas colindantes. 
Puesto que el Presidente del Consejo ha iniciado hoy el debate preguntando dónde se encuentran las soluciones políticas, yo quisiera añadir una pregunta complementaria: ¿qué se ha hecho en los últimos años de la prevención de las crisis, de las medidas preventivas? 
La prevención de las crisis tampoco es un arma milagrosa, si puedo permitirme usar el término «arma» en este contexto. 
¡Pero tampoco las bombas son un arma milagrosa! 
¡Y tampoco lo son, como ya sabemos, las tropas terrestres! 
Debemos tener en cuenta todos estos instrumentos, pero yo les ruego sinceramente que, si vamos a establecer una política exterior y de seguridad común, empecemos en primer lugar por donde es preciso empezar, o sea, por la prevención de las crisis. 
Ésta es una tarea importante a la que debemos otorgar especial importancia en los próximos tiempos y a la que esta Asamblea también ha de contribuir en la medida que le corresponda. 
Sólo una última observación final, que una vez más enlaza con la labor que ha realizado el colega Spencer en los últimos años. 
Él nos ha llevado en muchas ocasiones incluso hasta el enfrentamiento con el Consejo o la Comisión, tanto si individualmente estábamos a favor como si no, porque es un parlamentario convencido. 
Lo importante es el peso que con ello otorgó a esta Asamblea y a estos parlamentarios. 
Yo también ruego a la Comisión y al Consejo que tomen nota de que en nuestra calidad de parlamentarios podemos hacer algo más que celebrar estos debates, que no siempre resultan demasiado interesantes ni estimulantes, y que el Consejo y la Comisión deben incluir más estrechamente a los parlamentarios en la formulación, pero también en la ejecución de la política. 
La política de la Unión Europea podría ser entonces todavía más eficaz de lo que sin duda llegará serlo con un nuevo Alto Representante. 
Señor Presidente, la guerra en Yugoslavia, una guerra a la que le da vergüenza decir su nombre y la catastrófica convulsión de los Balcanes confieren dramática actualidad al informe del Sr. Spencer. 
Nuestro ponente se ha propuesto y lo ha conseguido dibujar con lucidez la estrategia de las relaciones con un país como Rusia, antigua superpotencia mundial. 
Hoy, sin embargo, a mi parecer, en la confusión y angustia reinantes, se impone enviar un nítido mensaje de reconocimiento del papel que puede y debe desempeñar Rusia inmediatamente para conjurar peligros que pueden ya entreverse: nuevos conflictos armados, desestabilización del conjunto de la región, resurgir de las rivalidades de la guerra fría. 
Desgraciadamente, y en la medida en que siguen los despiadados bombardeos, florece la desinformación, por ambas partes, y la autocrítica sigue ausente. 
Incluso la búsqueda de solución política intentada por Kofi Annan en su encuentro con el Presidente Yeltsin es condenada por quienes temen que si la lógica acaba imponiéndose, frente al despropósito y el absurdo que se retroalimentan, resultará dañado el prestigio militar de la OTAN y quedará ridiculizada la política de Clinton para Kosovo. 
La posición expresada esta mañana por el Sr. Prodi y cuanto nos ha dicho ahora el Presidente en ejercicio del Consejo sobre la importancia que para el éxito de las grandes políticas de la Unión, como la ampliación y la PESC, cobrará la Federación Rusa en el futuro inmediato nos llenan de esperanza. 
Se impone, sin embargo, no esperar hasta que el nuevo presidente asuma sus funciones para buscar soluciones posibles e inmediatas a los explosivos problemas de hoy. 
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa se han debatido simultáneamente dos informes muy importantes relacionados entre sí como son el informe de la Sra. Piha sobre la dimensión septentrional de la Unión Europea y el informe del Sr. Spencer sobre la estrategia de la Unión en lo relativo a Rusia. 
La Comisión de Asuntos Exteriores no ha sido capaz de articular conjuntamente estos dos informes. 
Únicamente se hace una mención de la dimensión septentrional de Rusia. 
Por su parte, no se ha aceptado incorporar ninguna posición relacionada con Rusia en el informe relativo a la dimensión septentrional, aduciéndose que estos planteamientos corresponden al informe sobre Rusia. 
Es preciso considerar la dimensión septentrional como un elemento fundamental, tanto en las relaciones exteriores de la Unión, como en la toma de decisiones para el desarrollo interior de la UE. 
Es necesario partir de la dimensión septentrional en las relaciones exteriores a la hora de crear una estrategia específica común en la que las relaciones con Rusia desempeñen una función fundamental. 
A medida que se siga avanzando en la estrategia relativa a Rusia, habrá que realizar esfuerzos para materializar eficazmente los instrumentos de los que ya dispone la Unión, sobre todo el programa TACIS, con arreglo a los objetivos que se han establecido. 
Hay que vincular a Rusia en la política de la UE también en un ámbito paneuropeo más amplio. 
La UE deberá desarrollar sus instituciones para permitir una ampliación general a escala europea. 
Esta circunstancia exige una diversificación en el interior de la Unión, la cual debería a su vez centrarse en torno a una unión entre Estados, una confederación, en lugar de una unión de Estados, una federación. 
En principio, la Unión ha de estar abierta también a la adhesión de Rusia, aun si esta posibilidad parece por el momento muy lejana. 
En el Grupo Liberal aceptamos la formulación actual del informe acerca de la estrategia relativa a Rusia, pero deseamos suprimir el punto del aplazamiento de la toma de decisiones en este ámbito. 
Es preciso adoptar esta estrategia con la mayor brevedad y lograr su aplicación eficaz. 
Permítanme expresar mis felicitaciones al Sr. Spencer por su excelente informe. 
Señor Presidente, la Federación Rusa se debate con enormes problemas sociales, económicos y políticos. 
El nivel de vida desde su población ha bajado regularmente, la inseguridad y la influencia de varias mafias han aumentado pavorosamente y el Estado va camino de la desintegración. 
Por esas razones, y también porque debemos seguir mejorando nuestras relaciones con Rusia en el marco de la grave crisis de Kosovo, apoyamos la decisión adoptada el 26 de abril por el Consejo, al aprobar una propuesta de estrategia común relativa a Rusia. 
Esa estrategia común propone la democracia, el Estado de derecho de las instituciones públicas, la integración de Rusia en un espacio económico y social europeo y los imperativos comunes que afronta el continente europeo. 
Pero será necesaria la mejora del sistema judicial, de la administración pública, de las fuerzas de policía y de las autoridades regionales mediante la formación, el apoyo a las reformas, el fortalecimiento de las relaciones entre los medios políticos europeos y rusos, así como de apoyo a las ONG y a los medios de comunicación social independientes. 
En el plano económico y social, los ejes de acción abordan la reestructuración de las empresas, las finanzas públicas, el sistema bancario o los accesos a los mercados financieros internacionales, las normas y la certificación, la política de competencia, el acceso al mercado, la cooperación tecnológica y el desarrollo de la reforma agraria y el diálogo social. 
Las reformas de los programas PHARE y TACIS deberán hacerse en el sentido de aprovechar mejor las sinergias con empresarios europeos. 
En el plano de la estabilidad y la seguridad hay que proponer a Rusia iniciativas comunes en materia de política exterior mediante contactos por parte del Alto Representante para la PESC, el aumento de la participación rusa cuando la Unión Europea utiliza la Unión Europea Occidental para las llamadas operaciones de San Petersburgo, así como el fortalecimiento de la cooperación en materia de control del desarme. 
Otros imperativos son la defensa del medio ambiente, la seguridad nuclear y la lucha contra la delincuencia organizada mediante acciones regionales o transfronterizas. 
Consideramos que una Rusia estable, democrática y próspera, sólidamente anclada en una Europa unida, es esencial para garantizar una paz duradera en el continente europeo. 
Debemos mantener nuestro apoyo a las autoridades rusas actuales y las futuras democráticamente elegidas. 
Consideramos, además, que se debería adoptar esa estrategia común relativa a Rusia ya en la próxima reunión del Consejo Europeo en Colonia. 
Por eso, vamos a votar favorablemente en ese sentido y no apoyaremos aplazamiento alguno. 
Yo quiero expresar mi clara satisfacción por el hecho de que el Consejo sea el primero en adoptar una estrategia común relativa a Rusia. 
De conformidad con el Tratado de Amsterdam, una estrategia común requiere la consulta del Parlamento Europeo. 
Dado el calendario del Parlamento, el Consejo considera que dicha consulta no es posible si se quiere adoptar la estrategia común en la Cumbre de junio, toda vez que el proyecto definitivo del documento no estará disponible hasta el 17 de mayo. 
En este sentido, es particularmente importante que dejemos claro ante el Consejo que el procedimiento de aprobación de un informe con recomendaciones al Consejo sobre una estrategia común constituye una solución excepcional, motivada por las particulares circunstancias de un año electoral. 
El Parlamento insistirá en ser consultado por el Consejo sobre cualquier futura estrategia común. 
Permítanme que me concentre ahora en algunos aspectos del contenido, aun cuando resulta difícil ofrecer recomendaciones con respecto a un texto que todavía no está disponible. 
Yo quisiera resaltar en particular mi oposición a los esfuerzos del ponente para que se aplace la adopción de la estrategia común relativa a nuestras relaciones con Rusia, que es de la máxima importancia en estos momentos, puesto que dicha estrategia rebasa con creces el marco de las relaciones bilaterales con ese país. 
Tanto los Estados miembros como la Comisión han coincidido en subrayar que cualquier retraso en la adopción de la estrategia podría dar lugar a falsas interpretaciones por parte rusa y yo creo que a todos nos interesa que no se intensifiquen las tensiones entre la Unión Europea y Rusia en la compleja situación internacional actual. 
Los esfuerzos de Rusia para lograr una solución del conflicto de los Balcanes no hacen más que resaltar una vez más la importancia de dicho país para la arquitectura europea de la seguridad y, en consecuencia, yo respaldo explícitamente los deseos del Presidente del Consejo de que se adopte lo antes posible esta estrategia. 
La política que ha desarrollado hasta ahora la Unión Europea con respecto a Rusia no siempre ha sido ejemplar, pero aun así yo quiero manifestar mi confianza en que la combinación de una estrategia global y el nuevo Reglamento de TACIS que debe entrar en vigor en el año 2000 se traducirán en una clara mejora de la adopción y ejecución de las decisiones de la Unión Europea en el ámbito de la política relativa a Rusia. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera sumarme a las palabras de la colega Krehl. 
También yo considero que sería un error que hoy se aplazase de algún modo el tema de la relación con Rusia y de la estrategia sobre su configuración. 
De hecho, creo que, justamente en el contexto de los sucesos actuales, es urgentemente necesario no sólo mantener, sino también seguir desarrollando la línea de comunicación con Moscú. 
Hoy ya se ha manifestado de diversas maneras en el contexto de varios debates que una arquitectura europea de la seguridad y un ulterior desarrollo fructífero de Europa serían inconcebibles sin Rusia. 
Por otra parte, lo cierto es que en nuestras visitas a Rusia y en las conversaciones con colegas rusos siempre se nos pregunta por la estrategia de la Unión Europea con respecto a Rusia. 
En realidad- esta es al menos mi impresión- dicha estrategia sólo ha tenido hasta ahora un alcance insuficiente. 
Se estableció el Acuerdo de Colaboración pero hasta ahora no se ha dado una respuesta suficiente al tema de los pasos que seguirán a continuación y de su ulterior desarrollo. 
Yo creo que es preciso dar respuesta a estas cuestiones para poder abordar estos temas de manera planificada y que responda a unos objetivos. 
Todo ello acaba conduciendo, cuando uno se encuentra en Moscú, a la siguiente pregunta de nuestros interlocutores rusos: ¿cree usted concebible que Rusia incluso pudiera llegar a ser un día miembro de la Unión Europea? 
Yo entonces les respondo siempre que en el momento actual no me parece concebible, pero que quién sabe si no podría parecérmelo dentro de 30, 40 o 50 años. 
No es necesario que la estrategia llegue tan lejos, pero yo creo que desde luego es necesario concretar lo más pronto posible el marco de condiciones para continuar desarrollando una cooperación fructífera, de manera que los rusos sepan también a qué atenerse. 
Por otro lado, también deben proseguir los trabajos que se desprenden del Acuerdo de Colaboración. 
Rusia misma sigue enfrentándose con gran número de enormes problemas. 
Yo sólo puedo decir que nuestra tarea, como Unión Europea y también como interlocutores, siempre ha de ser contribuir a que algunos de esos problemas de origen interno se puedan abordar y resolver con mayor facilidad. 
No deberíamos dejar de ofrecer apoyo en este sentido siempre que esto sea posible. 
Señor Presidente, es muy significativo que el debate sobre la política exterior haya acabado girando en torno a Rusia. 
Lo cierto es que Rusia es, efectivamente, el problema más importante para nuestra política exterior. Sin embargo, ya lo ha sido desde hace tiempo a lo largo de nuestra historia. 
Lamentablemente, yo tengo a veces la impresión de que muchos de nuestros dirigentes políticos que se manifiestan al respecto no han leído la historia o, si lo han hecho, no la han entendido. 
Necesitamos establecer una relación realista con Rusia, que no esté determinada por el miedo, pero que sin embargo responda a una política que también tenga conocimiento de los hechos y los tome en consideración. 
Enrico Berlinguer dijo en su momento unas palabras muy ciertas: toménse por fin en serio lo que dicen los rusos. 
Esto no se toma en serio. 
No se toma en consideración que nos encontramos ante un poder imperialista, con el que es cierto que tenemos que coexistir, pero también debemos reconocer que se trata de un poder imperialista y que los intentos de convertir al incendiario en bombero, por expresarlo así, en algún caso fracasarán. 
Tenemos que seguir una política realista, basada no en último término en el hecho de que actualmente, en la era de la descolonización a escala mundial, Rusia es el último gran imperio colonial de la Tierra. 
Rusia se integrará un día en Europa, pero yo estoy convencido de que esto sólo será posible cuando también se haya descolonizado, pues desde luego no desearíamos vernos arrastrados a una nueva guerra colonial con algunos países del Lejano Oriente, un riesgo que sin duda existe. 
Quien se haya ocupado un poco del tema de China- y yo desearía que nuestros políticos se ocupasen más de China- sabe cuáles son sus planes. 
China es una potencia que también tiene compromisos en Siberia; más de 5.000 chinos cruzan a diario ilegalmente la frontera del Amur. 
Estos son hechos que deberíamos tomar en consideración y yo agradezco el informe del Sr. Spencer, pero sólo quisiera pedir que nos atengamos a esta situación, a estas realidades. 
Señor Presidente, no cabe duda de que se debe fortalecer la PESC, en particular en los sectores de alerta rápida, prevención de conflictos y desarrollo de la identidad europea de defensa y seguridad. 
La reciente Cumbre de Washington y el futuro Consejo de Colonia han centrado más la atención en cómo podemos fomentar los derechos humanos y garantizar la paz en Europa en el próximo milenio. 
Una cooperación más estrecha con la Federación Rusa será esencial para lograr esos fines. 
Permítaseme decir en este momento que la conclusión fundamental del informe del Sr. Spencer sobre Rusia, a saber, que debemos aplazar el acuerdo sobre una estrategia común hasta después de la Cumbre de Colonia de junio es- y creo que muchos convienen en ello aquí- una locura diplomática. 
¡Qué clase de señal enviaríamos, así, a Rusia en un momento en que esperamos que Moscú desempeñe un papel positivo de contribución a las conversaciones de paz sobre Kosovo? 
Semejante demora en el fomento de vínculos políticos y económicos más estrechos con Rusia sería un simple regalo para las fuerzas nacionalistas y comunistas antioccidentales en Rusia, como se ha dicho durante el debate. 
Pero el ponente está en lo cierto al pedir que la estrategia común tenga una entidad real y disponga de los medios para aplicarla. 
La situación económica, social y medioambiental de Rusia es atroz, pero Rusia debe también hacer más para ayudarse reformando la economía y el sector bancario, recaudando impuestos y revisando el sistema jurídico. 
La Unión Europea y las instituciones financieras internacionales deben desempeñar su papel contribuyendo a un programa de reforma eficaz. 
Pero debe haber voluntad política por parte de Rusia para eliminar el estilo de capitalismo sin escrúpulos que se ha desarrollado desde 1991. 
Con el resurgir del nacionalismo en Rusia y la privación social en aumento de la mayoría del pueblo ruso, tenemos el deber y el interés de que Europa colabore con Rusia para intensificar la democracia, la seguridad y la prosperidad de todos nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, el 1 de mayo fue el día en el que el Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común se convirtieron en realidad. 
Mi opinión es que si hubiéramos tenido esta política de exterior funcionando desde hace algunos años, no habríamos asistido a los conflictos de Bosnia y Croacia. 
Mucho menos a la guerra en Serbia. 
La prevención de crisis es- como han mencionado mis colegas- importantísima. 
Por ello pienso que hemos de tener cuidado en no colocar el carro delante del caballo y hablar más de las posibilidades técnicas como las bombas y los conflictos armados que de la solución de las crisis. 
Es decir: en primer lugar, prevenir las crisis, en segundo lugar, las posibilidades militares. 
Es absolutamente fundamental que nos pongamos de acuerdo en lo que al análisis se refiere y que la dirección de la Política Exterior y de Seguridad Común trabaje estrechamente con los países miembros. 
La nueva institución, «el señor o la señora política exterior» , debe tener una función predominantemente preventiva y colaborar con la OSCE, la ONU, etc. Todos podemos lamentar no haberlo logrado en los Balcanes y que al final fuera necesaria la intervención, sin embargo, también hay que señalar que hemos de estar dispuestos a ello cuando se producen violaciones tan graves y evidentes de los derechos humanos. 
Señor Presidente, lo bueno que tiene esta propuesta es que considera la dimensión septentrional como un elemento fundamental de la política relativa a Rusia. 
Sin embargo, hubiera sido necesario dotar a esta dimensión de un contenido concreto como, por ejemplo, la creación de zonas de libre comercio en el noroeste de Rusia, lo cual contribuiría a su desarrollo. 
En el informe se ha expuesto la crisis económica y social como si ésta desempeñara un papel fundamental, cuando en realidad no es sino la consecuencia de la crisis política. 
Se trata de una cuestión esencial que ha llevado al país más rico en recursos naturales a la pobreza. 
En Rusia es primordial la necesidad de contar con un sistema político fiable y estable. 
La corrupción extendida y pública de numerosos políticos y oscuros hombres de negocios ha acabado con la confianza depositada en la Administración por parte de la opinión pública. 
Los recursos procedentes de créditos occidentales se han transferido a cuentas privadas en paraísos fiscales, una situación que no se puede permitir. 
El Primer Ministro Primákov ha prometido actuar ante los delitos de carácter económico. 
Por lo tanto, esperamos que el Gobierno ruso solicite la ayuda de Interpol para esclarecer el origen de estas cuentas y este dinero. 
Es preciso vincular las condiciones de los préstamos procedentes de instituciones financieras occidentales a la erradicación de la corrupción de alto nivel. 
Se trata de una medida que, por lo demás, no cuesta nada o, al menos, no se necesitan nuevos préstamos. 
Estas circunstancias corrompen todo el sistema desde arriba hacia abajo y frenan muchas de las reformas. 
De hecho, éste es un aspecto mucho más importante que la aplicación de algunos detalles presupuestarios. 
En el informe se deja de lado también el hecho de que se ha producido un empobrecimiento de la población ya que una élite muy reducida se ha hecho con los bienes comunes. 
La terrible consecuencia de este empobrecimiento es que, en una década, el promedio de la expectativa de vida ha caído en diez años. 
Necesitamos una estrategia que aborde las cuestiones fundamentales. 
Además, también es necesario modificar, renovar y esclarecer el sistema bancario y las cadenas delictivas relacionadas con el mismo. 
No obstante, cabe recordar que Rusia cuenta con una población muy capacitada y una soberbia cultura que constituirán un desafío para el individualismo y el materialismo occidentales. 
Señor Presidente, en mi intervención me voy a referir al balance que ha hecho el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, Sr. Spencer, sobre la política exterior. 
Creo que dicho balance refleja lo acertado de un axioma: que la dimensión exterior de la Unión depende y está muy relacionada con su fuerza interior y, por lo tanto, no basta con que nos quejemos y nos lamentemos de que todavía no hemos consolidado la política exterior y de seguridad común, sino que tenemos que poner todos los medios para conseguir que esa política exterior y de seguridad- y también de defensa- responda a nuestros intereses y a nuestras responsabilidades. 
Yo aportaría dos reflexiones básicas: la primera- que guarda relación con la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo, el ministro Fischer- es que estamos iniciando una nueva etapa que se va a caracterizar por el nombramiento, por parte del Consejo, del Alto Representante para la PESC. 
Esta mañana hemos oído al Presidente designado de la Comisión, Sr. Prodi, hablar de la reorganización de la Comisión y sugerir la conveniencia de que haya vicepresidentes y una reagrupación por departamentos. 
Yo creo que no sólo hay que nombrar al Alto Representante de la PESC; en la situación en la que la Comisión se encuentra en este momento, con cinco Comisarios que se ocupan de ese tipo de temas, sería muy conveniente conseguir una mayor racionalidad. 
También hay que tener en cuenta que hemos de dar el paso hacia una política de defensa (en este sentido soy claramente partidario de la integración de la UEO en la Unión Europea) para poder responder así a los desafíos a los que nos enfrentamos en este momento. 
Señor Presidente, conozco la mala costumbre parlamentaria de escribir los discursos por adelantado y después pronunciarlos sin escuchar el resto del debate. 
Yo mismo he pecado al respecto a veces. 
Así, pues, permítaseme decir sin acritud al Sr. Truscott y a otros colegas que, si hubieran escuchado mi discurso al principio, habrían visto que, al aceptar la enmienda 2, relativa a la recomendación sobre Rusia- que es una enmienda del Grupo Socialista -, suprime la referencia al «aplazamiento» de la aprobación de la estrategia común con Rusia y la substituye por una declaración muy válida, en mi opinión, sobre el contenido que debe tener la recomendación. 
Quiero que quede absolutamente claro a la Asamblea que mi informe no me plantea el menor problema sobre la recomendación, porque confío en que ésta será modificada mañana. 
Ya que estoy, quisiera agradecer a Sus Señorías las observaciones excesivamente generosas que me han dirigido. 
Devuelvo el cumplido al Comisario. 
El Comisario van den Broek procede de un país con una poderosa tradición parlamentaria, que él ha encarnado. 
Tuvo para con la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento la cortesía de participar en un debate inteligente. 
Ese debate inteligente es el alma de una política exterior adecuadamente formulada. 
Espero que en el próximo Parlamento y en otros futuros, el Consejo aprenda de su ejemplo. 
Los Altos Representantes pueden formar parte de la portavocía del Consejo, pero el debate válido entre las tres instituciones es el que infunde esperanzas para el futuro. 
Muchas gracias, Comisario. 
Señor Presidente, he escuchado efectivamente el discurso del Sr. Spencer desde mi despacho. 
Quisiera felicitarlo por su giro de 180º respecto de Rusia durante el debate. 
Me complace que el Sr. Spencer confirme la espléndida tradición de incoherencia ideológica que con demasiada frecuencia vemos en el Partido Conservador británico actual. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0267/99) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de decisión del Parlamento Europeo relativa al Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (7528/2/99- C4-0217/99-00/0823 (COS) ). 
Tiene la palabra el Sr. Rothley, como ponente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Parlamento Europeo aprobó el 3 de diciembre por mayoría cualificada un proyecto de Estatuto que era moderado y equilibrado, visiblemente razonable, sencillo y práctico, y que también ofrecía sin duda de un cierto atractivo intelectual. 
¡Por mayoría cualificada! 
Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta del Consejo a dicho proyecto. La respuesta del Consejo puede ser afirmativa o negativa. 
Pero si es negativa, entonces tiene que justificarla, de manera que podamos comprobar si sus razones son legítimas. 
El Consejo ha presentado, por el contrario, un proyecto propio que el Parlamento no puede considerar satisfactorio. 
Por ejemplo, en él se consagra definitivamente la desigualdad cuando concede a los Estados miembros el derecho de gravar los ingresos de los diputados con un impuesto nacional. 
Los tres Estados miembros escandinavos y el Reino Unido han hecho uso entre tanto de esta opción. 
Francia se sumará posiblemente a ellos. 
Con lo cual, por otra parte, el tema seguramente ya queda cerrado por lo que respecta a la Presidencia alemana, puesto que ya no tendrá oportunidad de aprobarlo. 
Sin embargo, además del contraproyecto del Consejo, en esta Cámara también se está intentando conseguir mañana la aprobación de otro texto. 
En realidad, es preciso ser políticamente muy necio para modificar un texto adoptado por el Parlamento por mayoría cualificada, antes de que lo hayamos negociado siquiera con el Consejo. 
Éste seguramente se dirá: esperemos otros tres o cuatro meses, a ver si el Parlamento aprueba un nuevo texto, y dentro de otros tres meses quizá apruebe otro distinto. 
Yo tengo que reconocer que el potencial autodestructivo de esta Cámara es enorme, ¡francamente enorme! 
¡Con cada nuevo texto estamos debilitando al Parlamento! 
A todo lo cual se suma, además, otro hecho: ¿qué les están pidiendo, de hecho, a los colegas? 
Pretenden que voten su proyecto, que supuestamente ha de resolver problemas existenciales, sin haber tenido oportunidad de examinarlo en comisión, sin que los Grupos políticos hayan tenido al menos la oportunidad de examinarlo. 
¿Y ustedes pretenden que los diputados voten semejante texto? 
¡Es una locura! 
Mi texto original se debatió muy detenidamente y a fondo en esta Cámara, señor Wijsenbeek, y gracias a ello también llegó a obtener finalmente la mayoría cualificada. 
¡Eso significó un enorme paso adelante, que ustedes se proponen deshacer ahora! 
Yo ignoro los motivos, pero tampoco importan demasiado. 
El Parlamento Europeo no debería decidir un texto estatutario mediante un procedimiento a la carrera. Y si el Parlamento decide adoptar un texto como ese sería conveniente que procurara que éste contase con un consenso amplio. 
El Consejo no se da por enterado de las negociaciones pendientes. 
¿Cuándo van a celebrarse entonces? ¡No se celebrarán! 
¿Cómo van a aceptar los Gobiernos que han hecho uso de la cláusula de exclusión que nosotros nos pronunciemos mañana a favor de la igualdad, cuando hoy han escrito que van a hacer uso de la cláusula de exclusión? 
Todo esto es una insensatez. Lo que se espera que ocurra empieza a rayar en lo fantástico. 
En resumen, que esta semana no tendremos Estatuto. 
Así de sencillo. 
Por esto yo creo que sería más razonable que siguiésemos la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y respondiésemos que ratificamos la resolución del Parlamento del 3 de diciembre de 1998. 
Evidentemente estamos dispuestos a negociar con el Consejo y las negociaciones podrían concluir antes de finales de octubre. 
El Estatuto también puede entrar en vigor el 1 de noviembre, el 1 de diciembre o el 1 de enero. 
¿Por qué no? Esto no plantea absolutamente ningún problema. 
Pero hoy, y con esto acabo, ¡debemos rechazar claramente todos los intentos de modificar el texto del Parlamento del 3 de diciembre de 1998! 
Aplausos 
Señor Presidente, a los parlamentarios europeos se les podrá acusar de muchas cosas, pero no creo que nadie los pueda acusar de interesados, porque en un debate que se refiere a sus derechos, privilegios, intereses e inmunidades, como podrá usted ver, la sala está casi completamente vacía. 
Por lo visto, los parlamentarios europeos no nos preocupamos por nuestros propios intereses. 
Por otro lado, yo, desde luego, no comparto la visión apocalíptica de mi colega, compañero y buen amigo Willi Rothley sobre lo que ha ocurrido en las relaciones entre el Parlamento y el Consejo. 
El texto del apartado 5 del artículo 190 del Tratado dice que «el Parlamento establecerá el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación por unanimidad del Consejo». 
Yo creo que el Consejo- y los Gobiernos- han demostrado su buena voluntad con respecto al Parlamento, en primer lugar accediendo a algo que nosotros creíamos que era muy difícil, que es la inclusión en el Tratado de Amsterdam de este artículo precisamente, que pedimos desde el Parlamento y que todos creíamos que el Consejo- o los Gobiernos- no iba a aceptar. Y en segundo lugar, contestando con una gran rapidez a la propuesta del Parlamento al respecto. 
Es decir, el Consejo ha estudiado el tema con una gran rapidez y nos ha dado su opinión. 
El procedimiento de aprobación al que hace referencia el artículo 190 no es el procedimiento de dictamen conforme. 
El procedimiento de dictamen conforme es un procedimiento que se utiliza en materia de tratados internacionales, porque, una vez que está fijado el texto del tratado, no se puede modificar el texto por una decisión del Parlamento. 
No cabe una enmienda del Parlamento a un tratado internacional, y esa es la razón por la que existe el procedimiento de dictamen conforme. 
Aquí estamos ante un procedimiento de aprobación. 
El Consejo tiene que aprobar por unanimidad lo que el Parlamento prepara. 
Luego, la decisión final es del Parlamento. 
Pero yo creo que lo que ha hecho el Consejo en este caso es un acto de buena voluntad al ofrecer un texto alternativo que el Consejo estaría dispuesto a aceptar. 
Lo que hace el Consejo es indicarnos el camino por el que se puede conseguir la unanimidad de sus miembros. 
La impresión que tenemos, además, es que el Consejo no se ha cerrado enteramente en sus posiciones. 
En el texto del Consejo hay algunas propuestas que no son razonables. 
Me refiero, por ejemplo, a las referencias a una fiscalidad nacional. 
Evidentemente, sería incompatible con las normas comunitarias que, por medio de una fiscalidad sobre los parlamentarios europeos, los Estados miembros obtuvieran una financiación adicional. 
Sería una especie de fondo de cohesión adicional. 
Pero hay una enmienda del Grupo liberal, que muchos diputados pensamos apoyar, en la cual se propone- sobre la base del texto que el Consejo nos ha ofrecido en el sentido contrario- un texto alternativo que creemos podría obtener la aprobación del Consejo. 
En definitiva, el principio fundamental aquí es un principio que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: el principio de colaboración leal entre las instituciones. 
El Parlamento hace una propuesta que necesita la autorización del Consejo, el Consejo fija las condiciones para la autorización, y el Parlamento tiene la posibilidad de considerarlas y discutirlas de nuevo. 
Por tanto, yo creo, señor Presidente, que no debemos dramatizar. 
Creo que para el Parlamento y para los parlamentarios es muy importante la estabilidad y fijación de su régimen jurídico y que, por tanto, el Consejo y el Parlamento deberíamos seguir trabajando por esta vía sin pensar en un enfrentamiento sin ninguna solución de compromiso. 
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo, Parlamento y Consejo. 
Queremos un régimen uniforme para los parlamentarios europeos, lo queremos pronto y lo queremos bien. 
Y ahí, en ese «bien» , es donde tenemos unas ciertas discrepancias que- uniéndome a las palabras del Sr. Medina Ortega -, no me cabe duda, se superarán rápidamente. 
En primer lugar, quiero que quede bien claro que si algo no se discute en estos momentos en este Parlamento es la asignación parlamentaria básica, que es lo que ha tenido en vilo a la opinión pública. 
En ello el Parlamento y el Consejo están de acuerdo. 
En lo que no estamos tan de acuerdo es en la interpretación del Tratado, en el entendimiento del Derecho europeo. 
Y voy a dar algunos ejemplos: en primer lugar, no es admisible un régimen distinto para los parlamentarios de distinto origen nacional. 
Y eso porque este Parlamento- y eso hay que saberlo, y este Estatuto responde a ello- ha dejado de ser la Asamblea sin poderes a la que los Parlamentos nacionales mandaban unos representantes. 
El Parlamento representa desde hace años a los ciudadanos europeos y, por lo tanto, ya queremos- y el Tratado nos ampara- un estatuto uniforme que refleje esa realidad. 
El Sr. Medina ha hablado del Derecho de tratados. 
Pues bien, la reserva es un típico instrumento puro y duro de Derecho internacional público, y el instrumento jurídico elegido por el Consejo para meter de rondón esa descomunitarización, esa diferenciación, esa discriminación entre los parlamentarios europeos es, precisamente, la reserva. 
Discrepamos profundamente con el método elegido y, desde luego, si hubiera que mantener ese método- porque evidentemente estamos llamados a entendernos -, habrá de limitarlo en el tiempo y reflejarlo en unas disposiciones transitorias perfectamente delimitadas en el tiempo. 
Únicamente así podremos llegar a una solución, porque creo que este es el punto más importante. 
Evidentemente queremos un estatuto, pero no a costa de la esencia misma del estatuto, que es la igualdad entre los parlamentarios. 
Señor Presidente, también hemos de defender las prerrogativas de este Parlamento, y no se trata de defenderlas contra nadie sino en favor de todos, y ello porque el equilibrio interinstitucional que quiere el Tratado es el que es y no otro. 
Si el Tratado establece un mecanismo, que es totalmente atípico en el sentido de que es al Parlamento al que le corresponde la articulación del texto mientras que la aprobación corresponde al Consejo, no cambiemos ese equilibrio también de rondón y por la puerta de atrás. 
A partir de ahí, entendámonos, dialoguemos y lleguemos cuanto antes a un acuerdo. 
Pero que cada cual sepa muy bien cuál es su papel de acuerdo con el Tratado. 
No es ese el único problema que tenemos. 
Nos encontramos ante una situación inaceptable respecto de la materialidad del desarrollo de la función del parlamentario en temas tan concretos y tan claros como el régimen de pensiones, que no es lógico ni admisible. 
En temas tan concretos y tan claros como son las prerrogativas de este Parlamento, que no es menor de edad y al que, por lo tanto, el Estatuto debe dar un margen de maniobra- ese es el sentido de la estructuración en texto base y anexos- para que pueda ejecutar y establecer las disposiciones de ejecución de ese estatuto con un régimen distinto del establecido por el artículo 190.5, tan pesado, que exige unanimidad en el Consejo. 
Hay mecanismos que realmente lindan con la falta de razonabilidad y proporcionalidad, pues es necesaria una mayor flexibilidad para cambiar determinados puntos y adecuarlos a la realidad. 
Señor Presidente, estoy segura de que llegaremos a una pronta solución y aquí- y estas son mis últimas palabras -, al tomar la palabra por última vez en esta legislatura en nombre del Partido Popular Europeo para la réplica al Sr. Rothley, me viene a la memoria un precioso discurso del parlamentarismo constituyente español de la Constitución de 1812 en donde un parlamentario decía a otro- y yo creo, señor Rothley, que usted se lo merece- que era apasionado y firme en la defensa de los argumentos y leal con el adversario. 
Señor Rothley, muchas gracias por su trabajo en este informe y en todos los que usted ha tenido la responsabilidad de ser portavoz en esta Asamblea. 
Señor Presidente, tengo que decir que el Sr. Rothley ha sido consecuente. 
Su propósito, durante toda la tramitación, ha sido detenerla. 
Si el Grupo Liberal no hubiera abogado por un tratamiento rápido en la Comisión de Asuntos Jurídicos, no hubiésemos tenido un informe el 3 de diciembre. 
El Sr. Rothley no lo creyó. 
Si no hubiésemos tenido conversaciones en las capitales de los Estados miembros para conseguir un rápido tratamiento en el Consejo, no se habría logrado. 
Pero el Sr. Rothley ha sido consecuente en lo suyo. 
Estoy totalmente segura de que si no tomamos una decisión ahora la reforma se aplazará para el futuro y no lograremos lo que queríamos, es decir, que hayan desaparecido las ambigüedades en los pagos cuando se realicen las elecciones en junio. 
Estoy profundamente dolida en mi corazón de jurista al ver que tantas personas utilizan el derecho como escudo para no ocuparse de lo que no quieren y para no decir de lo que se trata. 
Nosotros tenemos una antigua máxima: el fin justifica los medios. 
Opino que es bastante extraño que cada vez que se ha negociado con el Consejo, se diga después de sopetón que no es posible modificar la posición del Parlamento. 
No es lógico. 
No lo podemos aceptar. 
En el Grupo Liberal hemos estado dispuestos a aceptar en general las posturas del Consejo. 
Mi opinión es que conseguiríamos una legitimidad especial. 
Al contrario de otros parlamentos, nuestras normas sobre sueldos habrían sido dictadas junto con otro órgano democrático. 
Podríamos reunir lo mejor de las tradiciones de los distintos Estados miembros. 
Es importante que nos demos un sistema con normas claras para lo que es aceptable en materia de gastos y una visión más amplia de la forma como se manejan los recursos. 
Es verdad que el Grupo Liberal es el primero que ha presentado enmiendas encaminadas a garantizar un compromiso y espero que la Asamblea las apruebe mañana y que el Consejo las acepte. 
La mayoría de los puntos de las enmiendas se ocupan de aquello que ya ha sido aprobado por el Parlamento. 
Finalmente quiero formular una pregunta al ponente: ¿Qué es lo que el ponente no puede aprobar en nuestra propuesta de compromiso? 
Señor Presidente, no se puede hablar del Estatuto del diputado y de lo que esto significa hoy sin hacer un esfuerzo por contener una cierta dosis de indignación, provocada por el clima en el cual se han desarrollado los debates, bajo la presión de las denuncias formuladas en algunos medios de comunicación, que han provocado una cierta distorsión en las discusiones. 
Todas estas circunstancias han generado, como de todos es sabido, una innecesaria crispación que no ha favorecido el objetivo que se pretendía alcanzar: un Estatuto en el que se estableciera un régimen jurídico unitario para todos los parlamentarios. 
Hoy nos encontramos ante una situación en la que, dada la proximidad de la convocatoria electoral, han aumentado considerablemente todos los extremos que han influido negativamente en el proceso de discusión del informe. 
Pero, a pesar de ello, debemos tener en cuenta dos cuestiones. 
La primera es de carácter formal: el Consejo ha vulnerado el apartado 5 del artículo 190 del Tratado, como ha dicho el ponente. 
Y la segunda es que se debe aprobar el Estatuto en esta legislatura. 
Y aprobarlo de manera que se busque una vía de colaboración entre ambas instituciones, el Parlamento y el Consejo. 
Es verdad que no es de recibo que el Consejo presente al Parlamento una propuesta para que éste la apruebe. 
Tal comportamiento quiebra la independencia del Parlamento. 
Pero es necesario hallar una vía de colaboración entre el Parlamento y el Consejo, y aprobar el Estatuto. 
Rechazar de plano la propuesta del Consejo no parece prudente, si se quiere que el Estatuto salga adelante en los plazos fijados. 
Por eso, aun compartiendo las críticas, en el fondo y en la forma, formuladas por el ponente, soy partidaria de una colaboración rápida y de una negociación entre el Parlamento y el Consejo que permitan concluir los trabajos sobre el Estatuto y aprobarlo. 
Señor Presidente, el Consejo ha formulado una propuesta propia y a este respecto el Parlamento Europeo amenaza ahora con subir el listón. 
¿Por qué? 
A modo de ejemplo, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha señalado que al Consejo no le está permitido presentar su propia propuesta y que sólo puede apoyar la propuesta del Parlamento. 
Pero, entonces, mi pregunta al Sr. Rothley es la siguiente: ¿cómo puede ser que haya usted negociado con el Consejo durante tres meses sabiendo que era previsible que el Consejo, que debe tomar la decisión por unanimidad, presentaría modificaciones? 
Su argumento me parece sumamente inconsistente. 
La bandera roja de los detractores es en realidad un llamamiento al Parlamento Europeo para que se enfrente al Consejo y no se deje embaucar. 
Ya conoce usted a mi grupo. Normalmente estaríamos a favor de eso, pero no ahora, no en este punto. 
Ahora el peligro es que el Parlamento se obsesione con errores de procedimiento y problemas de aplicación. 
Que existen, admitámoslo. 
Pero apoyar ahora el Informe Rothley significa dar una imagen de un Parlamento caracterizado por su susceptibilidad y miopía. 
No hay ninguna solución que satisfaga plenamente a todo el mundo, pero yo soy partidario de aceptar pájaro en mano y no ciento volando. 
Esto es un toma y daca. 
Mi grupo está dispuesto a ello. 
Hemos presentado una enmienda conjunta con el Grupo liberal que constituye una adaptación de la propuesta del Consejo. 
Hay elementos con los que no estoy de acuerdo, para ser franco, y esto va también por la mayoría de mi grupo. 
Pero estamos totalmente a favor de poner todos los medios a nuestro alcance, realmente todos, para llegar a una solución esta semana y adoptar un estatuto esta semana. 
Si no lo conseguimos, si no se adopta un estatuto esta semana o a corto plazo, deseo a todos mis compañeros mucho éxito en la confrontación con una opinión pública que tendrá todo el derecho a dudar que en el Parlamento Europeo quede alguien con un mínimo de sentido de la responsabilidad. 
Señor Presidente, Señorías, en mi país hay una expresión que dice: «Fueron a dar una paliza y volvieron maltrechos». 
Esto es lo que le ha sucedido al Parlamento Europeo, cuando se ha confiado el asunto al Sr. Rothley, cuya honestidad intelectual no discuto, aunque- como él sabe- sí discuto la estrategia que ha seguido. 
Queríamos que se oyera nuestra voz y, en cambio, nos encontramos enfrentados a un Consejo que naturalmente, en cuarenta y ocho horas, nos presenta su versión, la forma en que él, el Consejo, quiere tratar a los diputados y, por tanto, también las dietas, los gastos de misiones, etcétera. 
Tal vez dentro de poco el Consejo decidirá también a cuánto dinero tenemos derecho, si debemos firmar o no firmar y en qué concepto. 
Y todo esto por haber elegido esta estrategia suicida, repito, suicida de querer aceptar la lógica del Consejo. 
Debíamos haber reivindicado el derecho de darnos un estatuto- ésta tenía que haber sido la estrategia- un estatuto con la e mayúscula que comprendiera las incompatibilidades, las prerrogativas del diputado, el estatus del diputado y no nuestro régimen financiero que es un asunto interno. 
Hemos elegido otra estrategia: hemos decidido que la línea Rothley era la que debía seguirse y hoy nos encontramos con el propio Rothley que se queja de que esto es inaceptable. 
El daño, sin embargo, ya está hecho y, por tanto, obvia y nuevamente, el Consejo nos atenaza. 
Y nosotros, de los Verdes a los Liberales, pasando por los demás, preocupados por tres artículos de prensa, mañana nos veremos obligados a aceptar el texto del Consejo. 
Espero que no ocurra y espero, Señorías, que, no obstante nuestra voluntad de conseguir un estatuto, mañana se reafirme lo que dijimos el pasado 3 de diciembre. 
No veo por qué lo que iba bien el 3 de diciembre, cuando se afirmaron algunos de estos principios, no puede ser votado mañana. 
En consecuencia, votemos, pero incorporemos en el texto del Estatuto de los diputados contenidos serios, de lo contrario no lo haremos nunca. 
Señor Presidente, en la reunión de la Conferencia de Presidentes de esta tarde llegamos a un acuerdo para tratar de organizar la votación de forma que sea una votación clara que muestre quién está a favor de poner orden y quién no. 
Los secretarios generales, además, se reunirán mañana por la mañana temprano para organizar las votaciones. 
Mi punto de partida en representación de la Europa de las Naciones será votar a favor de la propuesta del Consejo de Ministros de estatuto, aunque en principio nos opongamos rotundamente a convertir a los miembros del Parlamento en funcionarios comunitarios. 
Un estatuto común nos convertirá en los representantes de la UE en los países miembros en lugar de en los representantes de los países en la UE. 
Queremos en principio recibir el mismo sueldo que les correspondería a los miembros de los parlamentos nacionales y pagar impuestos como los ciudadanos que nos votan. 
El que hayamos votado a favor de la propuesta del Consejo obedece al hecho de que la mayoría presente en este Parlamento seguirá cobrando en la práctica 1.000 euros por un viaje que cuesta 400 coronas, por ejemplo, y nosotros queremos dar prioridad al proceso de renovación y limpieza en lo relativo a los viáticos antes que a nuestra oposición a unas condiciones laborales y retributivas comunes, haciendo especial énfasis en este punto en la necesidad de que sea posible gravar el salario comunitario nacionalmente. 
Tal como están las cosas, es una buena propuesta la alcanzada por el Consejo y recomendamos a éste que presente normas similares para el nombramiento de la nueva Comisión y de los nuevos funcionarios de las instituciones. 
El argumento de que los salarios deben ser los mismos por el mismo trabajo no es viable en la cooperación internacional. 
Si así fuera el caso, los miembros del Consejo deberían recibir el mismo sueldo, y también los miembros de las embajadas de los países comunitarios e incluso los expertos sin tener en cuenta si representan a una organización agraria de un país rico o de un país pobre. 
La igualdad salarial es un bello principio, sin embargo, los países todavía no son iguales y ahora mismo lo más importante es acabar con el derroche de este Parlamento. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Rothley muestra acertadamente una serie de carencias, insuficiencias e incluso errores del proyecto de estatuto para los diputados al Parlamento Europeo que nos ha presentado el Consejo. 
Comparto con el ponente parte de estas críticas. 
Esto no es óbice para que amenacemos con tirar todo por la borda si tenemos que apoyar este informe. 
Después de todo, hemos de poder decir la verdad. 
El estatuto insuficiente del Consejo que nos presenta el Consejo, que sin duda puede pulirse, en todo caso es mejor que las prácticas actuales. 
Es más, precisamente es debido a que en este Parlamento nunca se ha conseguido poner orden en los asuntos por lo que la opinión pública nos ha puesto justificadamente en la picota, en primer lugar, y por lo que el Consejo nos trata también justificadamente como a niños pequeños, en segundo lugar. 
Esta totalmente fuera de lugar que en este informe invoquemos ahora el principio de subsidiariedad en nuestro propio beneficio, cuando nunca queremos aplicar ese mismo principio de subsidiariedad si están en juego los intereses de los pueblos de nuestros Estados miembros. 
Para resumir, acabo adhiriéndome plenamente a la opinión minoritaria del Sr. Fabre-Aubrespy que se adjunta en anexo al informe. 
Añado, no obstante, que estoy totalmente en contra de europeizar nuestra función, porque en este hemiciclo represento a Flandes y no a una especie de Eurosuperestado, porque soy totalmente contrario a las ventajas fiscales que entraña el estatuto europeo y porque sigo siendo partidario de un estatuto fiscal nacional que nos grave exactamente lo mismo que a nuestros votantes. 
No faltaba más que eso, creo yo. 
Mañana, en principio, a menos que se presente una enmienda con modificaciones radicales y fundamentales, rechazaré el presente informe del Sr. Rothley. 
Señor Presidente, el texto del Estatuto propuesto por el Consejo, a mi juicio, no es aceptable por cuatro motivos concretos. 
En primer lugar, porque lesiona y limita la autonomía del Parlamento, a pesar de que el Tratado de Amsterdam le reconoce un papel prioritario- aun en la lógica de un correcto acuerdo interinstitucional en que participen plenamente la Comisión y el Consejo- a la hora de establecer el Estatuto de sus miembros y de fijar claramente las condiciones materiales de ejercicio de su trabajo. 
No nos encontramos ante una colaboración- como dice el Tratado- un comentario, sino ante un nuevo texto orgánico que no deja alternativa alguna, o se toma o se deja. 
En segundo lugar, porque no consigue el objetivo fundamental de la igualdad de tratamiento a través de una asignación realmente idéntica: el criterio de la posible doble imposición europea y nacional es una monstruosidad. 
En tercer lugar, porque establece una serie de cantidades muy rígidamente rechazando la fijación de unos parámetros justos, flexibles, dinámicos y penaliza muy fuertemente y sobre todo a los futuros diputados. 
En último lugar, porque establece en detalle modalidades de administración incluso de los gastos de secretaría, de modo que adquiere el carácter de un reglamento minucioso y fastidiosamente burocrático e invade así el ámbito de competencia típico de las disposiciones que nuestro Pleno debería elaborar a través de sus propios órganos de autogobierno. 
Por tanto, estoy de acuerdo con la posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos a fin de que continúe constructivamente el debate y se llegue cuanto antes a un texto que sea satisfactorio para todos. 
Señorías, los objetivos que queremos alcanzar nos unen. 
Por tanto, sería absurdo aprobar, a través de una enmienda milagrosa, un estatuto que no se ha debatido ni profundizado lo suficiente. 
Además del Estatuto- lo recuerdo- son muy otros los temas cruciales que figuran en el orden del día. 
Por ejemplo, el tema de la inelegibilidad y de la incompatibilidad, la limitación del número de mandatos, la reducción del número de diputados, la superación efectiva de los conflictos de intereses. 
Es decisivo luchar contra los grupos de presión encubiertos, contra la profesionalización creciente que deforma cada vez más la representación democrática. 
En un texto de hace muchos años, Max Weber decía: «También las personalidades independientes en general querrán vivir para la política. 
De lo contrario» , subrayaba, «para los parlamentos sólo habrán funcionarios de partido asalariados y representantes de intereses.» 
Con todo, espero que cada uno de nosotros vote, mantenga un alto sentido de su propia dignidad y sea valientemente consciente de que un estatuto será bueno y útil si permite a cada representante del pueblo una condición efectiva de independencia y de libertad. 
Señor Presidente, Señorías, lo que nos presentó el Consejo la semana pasada constituye, a mi parecer, una doble tergiversación del contenido del Tratado de Amsterdam. 
El apartado 5 del artículo 190 dice, en efecto, con claridad cristalina y de manera inequívoca que el Parlamento establecerá el estatuto con la aprobación del Consejo. 
Si la intención hubiese sido que se aplicase el procedimiento de codecisión, tal como se establece en el artículo 189 b, los redactores del Tratado de Amsterdam habrían inscrito en el texto: se aplicará el procedimiento del artículo 189 b. 
Pero no lo hicieron así y establecieron explícitamente y por buenas razones que se aplicará el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 190, de conformidad con el cual el Parlamento establecerá un texto concreto y el Consejo deberá aprobarlo. 
Sin embargo, lo que ha hecho el Consejo ha sido presentarnos, de hecho, un texto completamente nuevo. La única parte del texto que se mantiene idéntica es el apartado 1 del artículo 1. 
Las catorce páginas restantes son distintas. 
Esto no se puede considerar como un procedimiento de aprobación ni aun con la toda la buena voluntad. 
A lo cual se suma que el Consejo también ha infringido doblemente el espíritu y el sentido del Tratado, puesto que, con la introducción de un impuesto extraordinario destinado a adecuar los ingresos de los diputados europeos a las dietas nacionales desvirtúa el objetivo del Tratado de establecer la igualdad de trato entre los diputados europeos y vuelve a introducir la desigualdad por la puerta trasera, por decirlo así. 
Se trata de un doble incumplimiento de las disposiciones del Tratado. 
Sólo por esto yo ya considero que, desde luego, no es posible aprobar la propuesta del Consejo. 
Por lo demás, me parece inaceptable que un diputado libremente elegido y un Parlamento libremente elegido sean tratados en cierto modo como empleados del Consejo y deban entablar negociaciones salariales como éste. 
Lo cual resulta más inaceptable aún si se considera que, cuando adoptamos una decisión al respecto en la sesión de diciembre, aprobamos un texto muy ponderado y equilibrado. De conformidad con el mismo, las dietas de los diputados europeos serán inferiores en el futuro a las de los tres Estados miembros más poblados de la Unión Europea. 
Hablando claro, para los alemanes, en la práctica esto supone renunciar a 1.500 marcos alemanes mensuales. 
Yo creo que es una propuesta muy equilibrada. 
Por otra parte, varias de las disposiciones que figuran en el proyecto del Consejo son, además, inútiles e imposibles de aplicar en la práctica. 
Permítanme que manifieste con toda claridad- no voy a entrar ahora en detalles, por consideraciones de tiempo- que hay algún aspecto que me parece francamente malicioso, hablando claro, sobre todo en lo que respecta al seguro de enfermedad y también al cálculo de los derechos de pensión. 
El texto que han presentado los liberales en forma de enmienda resulta inadmisible, a mi parecer, ya sólo por el hecho de que constituye una enmienda a la totalidad de un texto y, por consiguiente, no está en conformidad con el artículo 125 del Reglamento. 
El 1 de mayo entró en vigor el Tratado de Amsterdam. El Parlamento ha visto ampliados con ello considerablemente sus derechos. 
Si aceptásemos el proyecto del Consejo y la enmienda de los liberales, en vez del texto elaborado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos bajo la dirección del Sr. Rothley, nos estaríamos desautorizando de nuevo en relación con un tema decisivo y que nos afecta directamente. 
Me parece inconcebible que el Parlamento pueda obrar así en la votación de mañana. 
Nosotros apoyamos, por lo tanto, el Informe Rothley. 
Aplausos 
Señor Presidente, me gustaría decirles tanto al Sr. ponente como al Consejo de Ministros lo siguiente: ¡Poneros de acuerdo de una vez! 
¡O lo hacéis ahora o no lo hacéis nunca! 
O aprobamos una versión ajustada de la propuesta del Consejo o discutiremos este asunto durante 5 años más. 
¡No hay que pensar mucho! 
Esto está destruyendo el buen nombre del Parlamento y acabando con nuestra alegría de trabajar. 
Quiero dirigirme a mis protestones compañeros de los grupos mayoritarios: Ya lo habéis retrasado suficiente con todas vuestras manifestaciones y sutilezas jurídicas que he estado escuchando en dos comisiones. 
¡Intentad ser ahora un poco constructivos! 
También tengo algo que decirle al Consejo de Ministros: Dejad de clavar agujas por menudencias. 
La propuesta presentada por el Consejo presentaba demasiadas señales de que «querían hacerlo mejor». 
Los liberales aceptamos la propuesta del Consejo, sin embargo, proponemos diversos ajustes para que reciba el apoyo de la mayoría de este Parlamento. 
Si las cosas se tuercen, los electores darán su veredicto en junio. 
Por último, quiero agradecerle a pesar de todo al Sr. Rothley que se refiriera a mi propuesta para permitir a los países con un impuesto sobre la renta alto añadir un impuesto adicional al impuesto comunitario. 
Me habría gustado que hubiera demostrado el mismo cuidado y flexibilidad cuando se trata de los deseos de los demás países. 
Señor Presidente, ¿está el Parlamento dispuesto a escardar en su propio jardín? 
En diciembre había una mayoría a favor, y como consecuencia el Consejo se ha puesto manos a la obra. 
Esto no quiere decir que me entusiasme la propuesta del Consejo. 
Suprimir la posibilidad de una única reelección de los diputados va obviamente en beneficio de la claridad, pero al mismo tiempo daña seriamente a la base de apoyo. 
La posibilidad de una fiscalidad nacional por encima de los impuestos europeos es una consecuencia lógica de la subsidiariedad. 
Los impuestos europeos hasta el 40 % excluyen además cantidades deducibles como los tipos de interés hipotecario. 
La media de los quince Estados miembros actuales representa una remuneración comunitaria aceptable. 
El hecho de que muchos funcionarios europeos ganen más no induce sino a que deban revisarse los salarios de los funcionarios. 
Desgraciadamente la reglamentación sobre las indemnizaciones resulta espartana. 
Por ejemplo, tras dos mandatos completos, diez meses después lleva retraso en el tema de los ingresos. 
Los Estados miembros son responsables de adoptar una reglamentación transitoria honesta. 
Para concluir, la propuesta del Consejo merece el beneficio de la duda. 
Este Parlamento mostraría su peor cara si tira por la borda esta oportunidad de establecer un sistema de indemnizaciones responsable. 
Señor Presidente, yo voy a hablar a título personal, igual que lo ha hecho mi colega Medina Ortega, ya que no decidiremos la posición de nuestro Grupo hasta esta tarde. 
No voy a entrar en detalles, que en cualquier caso ya tendremos ocasión de tratar cuando llegue el momento. 
Lo que hoy se dirime es una cuestión de principio. 
Se trata del Parlamento Europeo y de la concepción que tiene de sí mismo el único órgano de la Unión Europea legitimado por elección libre y directa. 
Los miembros de este Parlamento sólo están sujetos al dictado de su conciencia y a la voluntad de los pueblos de Europa. 
No necesitamos un tutor. No en forma de los Presidentes de los Grupos políticos, ni de una Conferencia de Presidentes, ni mucho menos del Consejo. 
A las gentes de Europa les apremian problemas muy alejados del Estatuto de los diputados. 
Si queremos poder resolver en nuestra calidad de Parlamento los problemas verdaderamente importantes, no podemos permitir que ya nos traten como títeres en relación con una minucia como es el Estatuto. 
Esto es exactamente lo que intenta hacer el Consejo. Sencillamente no está cumpliendo su obligación, tal como se establece en el Tratado, cuando relega al olvido la decisión que adoptó esta Cámara el 3 de diciembre de 1998 por una abrumadora mayoría. 
En su lugar, hemos recibido una mezcolanza de normas detalladas, incompletas, contradictorias, diletantes y que constituyen una grave amenaza para la democracia. 
Lo señalo con particular preocupación. 
No podemos permitir que lleguen a imponernos un mandato imperativo por la vía indirecta de la dependencia financiera. 
Si no logramos defender la libertad de decisión individual de cada diputado del Parlamento Europeo, tampoco estaremos autorizados a declararnos capaces de conseguir algo para los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
Continuemos avanzando, por lo tanto, por el buen camino que nos indicó nuestro ponente Willy Rothley y que ya decidió seguir el Parlamento. 
Sólo así podremos seguir presentándonos con la cabeza alta ante los electores y electoras, y podremos esperar continuar obteniendo también su confianza. 
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con el Sr. Rothley porque, para empezar, es totalmente injusto- y él también lo sabe- afirmar que también podemos adoptar un estatuto en octubre o en noviembre. 
El tiempo apremia. 
Nosotros- ni él, ni yo- podemos seguir el juego, pero el Parlamento tiene una cita con sus electores y ahí no se puede uno permitir decir: vaya, un estatuto sobre el que tanto se ha dicho, vamos a aplazarlo un ratito más, los electores nos honrarán con su confianza. 
El Sr. Rothley no tiene razón cuando afirma que esta semana ya no se puede negociar nada más. 
Sabe perfectamente que el Coreper se reúne mañana. 
Si no aprovechamos ahora la oportunidad para solventar una situación ilegal que está en conflicto con el artículo 6 del Tratado y, entre otras cosas, eliminar la discriminación por motivos de nacionalidad que hemos mantenido desde hace años, ya no se volverá a presentar la ocasión; ahora podemos hacerlo en justicia y en concertación con el Consejo. 
Por ello, el Grupo liberal, sobre la base de las propuestas del Sr. Rothley, ha formulado una propuesta, adaptada en determinados aspectos a la propuesta del Consejo, y espero que mañana obtengamos una mayoría favorable a ella. 
Señor Presidente, señor ponente, señoras y señores diputados, me gustaría creer al ponente, si no fuera porque algunos de sus partidarios despiertan sospechas. 
Porque una cosa que me ha chocado, señor Rothley, es que cuando votamos el texto de su informe- que era un buen informe- algunas personas lo rechazaron frontalmente. 
Así que opino que a este respecto no podemos ser ingenuos. 
Puede ser que su exposición de motivos técnico-jurídica haya sido buena, pero tengo la impresión de que algunos de sus partidarios esconden una motivación oculta y que lo que realmente no quieren es que se toque a algunos de sus privilegios. 
Porque se sirven de una serie de argumentos muy extraños. 
Se dice que lo que propone el Consejo crea desigualdades. 
Que sepamos, hoy también hay una desigualdad. 
Hoy hay parlamentarios que ganan cuatro veces más o cuatro veces menos que otros. 
Incluso en el texto del Parlamento Europeo había desigualdades, porque para los salarios pusimos en práctica una reglamentación transitoria durante una legislatura e hicimos lo mismo para las pensiones complementarias. 
También en este caso había dos sistemas. 
Así que la pregunta es la siguiente: ¿lo que ha presentado el Consejo tiene una base razonable para negociar a corto plazo y para alcanzar un acuerdo antes de la nueva legislatura o no? 
Dentro del Grupo socialista hay quien opina que sí hay una base razonable de negociación y que es eso lo que debemos hacer. No sólo por los medios de comunicación, no sólo por la opinión pública, no sólo por los electores, sino para estar en paz con nosotros mismos y demostrar que cuando hablamos en nombre de los pueblos de Europa, en nombre de los electores democráticos, tenemos una mínima afinidad con la gente corriente y que debemos poner fin a una serie de prácticas, cuanto antes, mejor. 
Señor Presidente, creo que en el día de hoy es indispensable hacer mucho hincapié en que es necesario dotar ya esta misma semana a los diputados al Parlamento Europeo de un estatuto común. 
No es posible aplazar más esta cuestión. 
Hay que lamentar que el Consejo haya ralentizado el examen de esta cuestión. 
Por su parte, el Parlamento aprobó esta cuestión ya hace más de medio año, por lo que está justificada en parte la crítica que aquí se ha expuesto en el sentido de que el Parlamento no ha dispuesto del tiempo suficiente para estudiar el documento del Consejo. 
A pesar de ello, es imprescindible que se apruebe este estatuto antes de la próxima legislatura. 
Hay que entablar negociaciones con el Consejo, y estoy de acuerdo en que es necesario emprender dichas negociaciones, lograr resultados y aclarar aún estos pequeños detalles que resultan problemáticos. 
Este acuerdo deberá incluir en cualquier caso un salario único y la posibilidad de aplicar una imposición fiscal nacional para que este impuesto adicional redunde en beneficio de cada uno de los Estados miembros. 
Hay que renunciar también a las sumas fijas en concepto de indemnizaciones de viaje y ajustar estas indemnizaciones a los gastos reales, pero de manera que cubran también los viajes en el país de origen. 
Creo que se trata además de una cuestión de justicia. 
Como se recoge en la propuesta del Consejo, los diputados al Parlamento Europeo han de estar dispuestos también a someterse a un control sobre la utilización apropiada de los fondos en materia de gastos administrativos. 
No puedo aceptar bajo ningún concepto el punto de partida de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ya que no implica otra cosa que el aplazamiento sin fecha de esta cuestión. 
Es necesario lograr una solución ahora. 
Señor Presidente, señores diputados, he seguido con todo interés el debate que ha tenido lugar aquí esta tarde, y por mi parte me limitaré a manifestar la importancia de que se llegue lo antes posible a un acuerdo sobre el Estatuto del diputado. 
Como saben, hemos participado en los procedimientos oficiosos acordados en el Consejo Europeo de Viena el pasado mes de diciembre. 
En marzo emitimos provisionalmente el dictamen que requiere el apartado 5 del artículo 190 del Tratado, dictamen que ha sido confirmado formalmente por la Comisión y enviado a este Parlamento en el momento de entrar en vigor el Tratado. 
Entendemos que la necesidad política puede hacer inevitables algunas excepciones o un período transitorio. 
En interés del acuerdo, consideramos que ello es admisible siempre que tales excepciones se limiten en la medida de lo posible y supongan un paso hacia la creación de un Estatuto único y uniforme y, sobre todo, sirvan para lograr el establecimiento, lo antes posible, de un régimen de retribución igual para todos los diputados al Parlamento Europeo. 
A lo que nos hemos opuesto es a cualquier solución que suponga la revisión del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas. 
Esa cuestión se ha tenido en cuenta. 
Nos hemos esforzado igualmente por garantizar que se tengan en cuenta en las perspectivas financieras los costes, a cargo del presupuesto comunitario, que implicará la aplicación del Estatuto. 
Creo que se ha avanzado en este sentido en el texto del Acuerdo interinstitucional. 
Esperamos que se llegue próximamente a una solución aceptable para el Parlamento y el Consejo, si bien comprendemos que el Parlamento debe decidir si la posición actual del Consejo es aceptable total o parcialmente, y confiamos en que pronto se pueda llegar a un acuerdo. 
Y no quiero terminar sin expresar al Sr. Rothley mi respeto por su trabajo a lo largo de estos años. 
Sin valorar la posición que acaba de mantener sobre el tema que nos ocupa, sí debo decir que- hoy como Comisario y ayer como parlamentario- he apreciado siempre, desde la coincidencia y desde la discrepancia, la fuerza de sus argumentos y el vigor de sus convicciones. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
La sesión, interrumpida a las 19.02 horas, se reanuda a las 20.00 horas 
Comunicación del Presidente 
Señoras y señores, primero quisiera transmitirles una información: en las votaciones de esta tarde, el Parlamento ha confirmado sus opiniones acerca de las propuestas de la Comisión en las que se modifica el procedimiento, a causa de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
El Consejo me ha comunicado al respecto que los siguientes criterios comunes, que había determinado en referencia a esas propuestas, se mantienen sin modificación alguna. Esto afecta a la Agenda 2000- Fondo Social Europeo, Agenda 2000- Ayuda comunitaria para redes transeuropeas, Agenda 2000- Fondo Europeo para el desarrollo regional, seguridad para los trabajadores en ambientes explosivos y finalmente gravámenes para vehículos pesados. 
Presupuesto 2000: Estado de previsiones del Parlamento y del Defensor del Pueblo 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0227/99) de la Sra. Müller en nombre de la Comisión de presupuestos sobre el anteproyecto de estado de previsiones de ingresos y de gastos del Parlamento y el estado de previsiones de ingresos y de gastos del Defensor del Pueblo para el ejercicio 2000. 
Señora Presidenta, le quiero pedir que me ayude. 
No veo a nadie de la administración del Parlamento que esté aquí presente y lo que tengo que decir aquí lo saben ya suficientemente el Sr. Wynn y el Sr. Samland. 
En estas condiciones no estoy dispuesta a hablar aquí. 
Quizás me dé un buen consejo. 
Puedo entregar mi intervención por escrito, así nos ahorramos cinco minutos y usted puede seguir. 
Pero creo que no podemos proceder de esa manera. 
Todos están en sus Grupos y discuten sobre el estatuto. Ahí debería estar yo también. 
Le pido que me aconseje sobre la forma de cómo debo proceder, pero me parece incompatible con mi dignidad- lo que naturalmente no es una crítica hacia los aquí presentes- a llevar a cabo el procedimiento tal y como se vislumbra aquí. 
La entiendo muy bien, y esto nos sucede aquí desgraciadamente con mucha frecuencia. 
Nosotros acabamos de terminar en nuestro Grupo y hemos venido corriendo. 
Espero que los colaboradores vengan también dentro de un momento. 
Vamos a intentar traerlos lo más rápidamente posible. 
Le pido que no nos entregue su intervención por escrito, ya que aquí se encuentran los Sres. Wynn y Samland y otras personas. 
A mi me gustaría escuchar su intervención. 
Por favor, preséntenosla oralmente. 
Les quiero a todos ustedes, pero quizás pueda reclamar otra vez la presencia de alguien de la administración del Parlamento, porque a ellos sobre todo va dirigido lo que tengo que decir. 
Si falta mi destinatario es realmente un poco difícil. 
Bueno les contaré lo que tengo que decir, con agrado o desagrado, que más da. 
Señora Presidenta, estimado señor Comisario en funciones, estimados señoras y señores, ayer por la noche y hoy por la mañana hemos debatido las reformas que una nueva Comisión debe tratar con más urgencia. 
Durante ese debate hemos formulado junto a las condiciones de contenido también condiciones formales, que deberán cumplir los diferentes comisarios como también la Comisión en su conjunto. 
Espero, y estoy muy optimista, que el dinamismo de ese debate se traslade a nuestra propia Asamblea. 
El motivo para ello es el anteproyecto presupuestario del Parlamento Europeo para el ejercicio 2000. Como ponente quiero introducirles de forma breve en este debate, siempre que se produzca el mismo. 
Creo que la influencia de las instituciones políticas no solo se reflejan en párrafos legales o artículos de tratados. 
Como diputados sabemos exactamente que un contenido político sólo vale tanto como su capacidad para ser transmitido en el proceso de debate público. 
Las nuevas competencias, que desde hace unos días nos ha otorgado el Tratado de Amsterdam, las debemos fundamentar con nuestra credibilidad colectiva. 
Es nuestro capital político. 
El primero de los dos lemas que quisiera fuesen fundamentales para el futuro desarrollo administrativo de nuestra Asamblea es por lo tanto: Mas confianza a través de más transparencia. 
Estoy firmemente convencida de que la aprobación del estatuto de los diputados representaría un gran avance en ese sentido. 
En espera de una decisión al respecto en el transcurso de este año, la Comisión de Presupuestos ha asignado correspondientemente una reserva de 60 millones de euros y ha creado una reserva de personal para el aumento del trabajo administrativo que esto va a suponer. 
Los fondos especiales, como los dos fondos especiales de pensiones para diputados, que siempre fueron objeto de crítica pública hacia el Parlamento, podrían desaparecer con ello definitivamente. 
Además quiero recordar en este lugar, que los 3, 8 millones de euros, que estaban en un principio previstos para la edificación de un supermercado, ahora ya no forman parte de este anteproyecto presupuestario. 
En este contexto también quiero decir que el plazo de pago para los nuevos edificios se ha determinado ahora definitivamente a 10 años en vez de los 15 años anteriormente previstos. Con ello se reducen los intereses en unos 60 millones de euros y se evita un préstamo oculto sobre futuros presupuestos. 
Creo que esas son las señales correctas con las que podremos volver a recuperar la confianza de nuestros votantes. 
La Comisión de Presupuestos opina, y yo comparto esa opinión, que el objetivo de no utilizar más del 20 % de la partida total de gastos administrativos para el Parlamento, un objetivo que ciertamente estamos cumpliendo desde hace años, debe cumplirse sin falta. 
Sólo se tolerará sobrepasar una vez este marco si se presupuesta el estatuto del diputado, pero ya en el próximo año se deberá haber devuelto parcialmente y en el año 2001 en su totalidad. 
Simultáneamente es necesario y posible lograr un incremento de la eficacia de los procedimientos administrativos en el Parlamento. 
Para incrementar la eficacia actual necesitamos menos burocracia y más descentralización, o sea una mayor motivación a través de más responsabilidad, incluso en los niveles medios de la administración. 
Para ello es necesario poner en práctica enérgicamente el sistema de inclusión en el presupuesto, sobre lo que la Comisión de Presupuestos ya ha realizado una consulta, tanto en esta Asamblea como también en las fracciones. 
Es de agradecer que la administración nos haya asegurado que podrá cumplir todas las tareas adicionales que surjan después de entrar en vigor el Tratado de Amsterdam, así como las que se originen a causa la preparación de la ampliación, con el personal actual. 
Todo esto sólo lo podremos y queremos realizar conjuntamente con el personal. 
Por ese motivo, la Comisión de presupuestos ha apoyado fundamentalmente la nueva política de personal, cuyo punto central es la promoción según el criterio de los méritos conseguidos durante años, lo que tendrá como consecuencia que un ascenso se realice después de unos cinco años respectivamente. 
Para el próximo ejercicio presupuestario significa esto que la eliminación total de los atrasos de promoción aprobada supondrá la subida de nivel para el 26, 5 % del personal con capacidad para promocionar. 
Además, este sistema debería contribuir a acabar con los ascensos en los que se saltan varios niveles y que están motivados por cuestiones partidarias o nacionales. 
Dejenme finalizar con algunas cuestiones sistemáticas que me han llamado la atención en el proceso actual del procedimiento presupuestario. 
Un problema que he visto en relación a la promoción ad personam, consiste en que yo, como ponente debo autorizar distintas promociones, cuya legitimación me puedo imaginar, pero de las que yo, en el sentido literal de la palabra, no puedo responsabilizarme. 
Mi propuesta es, por lo tanto, llevar a cabo una sistematización de las promociones ad personam, por ejemplo a través de un presupuesto anual que incluya todos los costes a largo plazo. 
Otro problema es, en mi opinión, que el corto periodo de capacitación como ponente no es suficiente para entender las complejas relaciones dentro de la administración. 
La rendición de cuentas anual, desde el punto de vista informativo, es demasiado débil frente a la administración. 
Finalmente: Estoy firmemente convencida, y en ese sentido he aprendido mucho con respecto a lo que antes pensaba, de que nuestra propia Asamblea necesita un autocontrol simultáneo eficaz, especialmente frente a la Presidencia. 
Esto incluye tanto debates sobre el presupuesto y sobre cuestiones de personal, como también un nuevo sistema para las cosas que la presidencia no toma en consideración y su control político. 
Pero también para nuestra Asamblea será siempre válido: Mas transparencia crea más confianza. 
Señora Presidenta, Señorías, agradezco a la Sra. Müller su contribución. 
Me alegro de que no la haya dejado consignada solamente por escrito. 
En mi calidad de coordinador del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos permítame decirle que el grupo apoyará el informe tal como está con la enmienda de la Comisión de Presupuestos votada la noche anterior relativa a las promociones extraordinarias ad personam. 
Una vez dicho esto, he cumplido mi deber como coordinador. 
Habida cuenta la escasa asistencia y el que poca gente se interesa en el debate, me concentraré en dos puntos de los que hablaré desde un punto de vista personal. 
El primero es el apartado 1, donde mencionamos la necesidad de un estatuto para los asistentes. 
Nuestro Grupo desea un estatuto para los diputados y un estatuto para los asistentes. 
Estoy cansado de que se piense que soy un especie de pillo. 
Quiero que quede muy claro que mis gastos son retribuidos por el Parlamento, inspeccionados, contabilizados y que nadie me pueda señalar con el dedo. 
Esta es mi actitud cuando veo lo que se está pidiendo, no pasará nada hasta que no obtengamos los estatutos. 
Los debates que he escuchado en los últimos dos días dejan claramente de manifiesto que el estatuto de los diputados seguirá debatiéndose en las próximas semanas, si no en los próximos meses. 
Una vez dicho esto, realmente podríamos tener dos vías de acción que nos ayudarían considerablemente y serían una señal de buena fe en dirección del Consejo para demostrar nuestra seriedad. 
No hay nada que detenga a este Parlamento para tener, a partir del 20 de julio, asistentes directamente retribuidos por el Parlamento, en lugar de ser retribuidos por los diputados. 
Podríamos tener garantías en relación con las indemnizaciones por despido y podríamos tener garantías en lo relativo a las contribuciones a la pensión por parte del Parlamento en lugar de que esa responsabilidad recaiga sobre los diputados. 
En relación con la otra propuesta que el Consejo ha estado pidiendo, a saber, las auditorías de nuestras dietas generales de secretariado, no hay razón para que el 20 de julio, si no tenemos un acuerdo sobre el estatuto de los diputados, no debamos decir que se llevará a cabo una auditoría anual de las dietas generales de secretariado que deba presentarse al Parlamento, realizada por auditores de bona vide y que sea preciso presentar al Parlamento para que los diputados reciban sus dietas anuales. 
Sin el estatuto de los diputados, ambas cosas son posibles. 
En los últimos apartados hablamos del coste de los edificios y los importes presupuestarios totales, el presupuesto del Parlamento casi alcanza los mil millones de euros. 
Si se examinan estas cifras, corresponde un millón y medio de euros aproximadamente por cada diputado. 
Cuando la prensa vea esta cifra, estoy seguro de que no dejará de hacer ruido. 
No obstante, no puede comparársenos, claro está, con los parlamentos nacionales. 
Ellos no tienen los gastos de interpretación y traducción. 
Los parlamentos nacionales no realizan sus actividades en tres lugares de trabajo. 
Los parlamentos nacionales no están comprando sus edificios como nosotros lo estamos haciendo, ni están alquilando diversos edificios. Por ello, esta cifra puede inducir más o menos a error. 
El único comentario acerca de estas cifras es que tenemos que ser prudentes. 
No podemos pedir solamente a las demás instituciones que se aprieten el cinturón. 
Tenemos que buscar todas las posibilidades de ahorrar dinero. 
Uno de mis caballitos de batalla son las dos sesiones que ahora estamos obligados a celebrar en octubre en Estrasburgo. 
Por mucho que quiera a Estrasburgo, venir aquí dos veces en octubre para dos sesiones de cinco días, es un desperdicio de tiempo y energía. 
No hay razón para que no podamos tener dos sesiones en Estrasburgo- una de tres días y otra de dos días durante la misma semana. 
Si lo hacemos, ahorraríamos una considerable cantidad de fondos. 
Señora Presidenta, agradezco a Edith Müller que, a pesar de la escasa asistencia, haya hecho ella misma la presentación del informe. 
Creo que es un documento bueno, aprovechable al 100 %, y siempre es mejor recibido si es la propia ponente- y más en el caso de Edith- quien lo presenta. 
Como le decía, señora Presidenta, creo que es un buen documento- en su mayoría lo voy a apoyar- y creo, además, que es lógico lo que en él se presenta, ya que un Parlamento que va a asumir mayores responsabilidades necesariamente tiene que hacer ampliaciones en materia de telecomunicaciones, informática y personal. 
Creo que, en estos momentos, sólo el Consejo cree que se puede ampliar y profundizar la Unión Europea haciendo recortes presupuestarios. 
Por otro lado, lo que más puede llamar la atención en este informe es el tema de las promociones. 
Efectivamente, hablar de 490 promociones cuando hay una media de 150 en los últimos años puede llamar la atención. 
Pero creo que lo que hay que hacer aquí es escuchar, como hemos escuchado, a la administración y ver cómo ha cambiado y cómo va a cambiar aún más la política de personal, de cómo se lleva a cabo la gestión del personal en esta Casa. 
Por tanto, creo que ese nuevo sistema de promociones basado en el mérito continuado y no exclusivamente en la presencia en un puesto concreto va a redundar en beneficio del Parlamento. 
Por lo tanto, tiene todo mi apoyo. 
Y hablando de promociones, precisamente de ese apartado 2 en que se habla de ellas, el Sr. Filippi y yo mismo vamos a presentar una enmienda en la que, además de aceptar la revalorización de 490 puestos, vamos a apoyar también los puestos permanentes y los puestos temporales que se han aceptado ya, así como las tres promociones ad personam. 
Señora Presidenta, cabe agradecer a la Sra. Müller la elaboración de este magnífico informe, que servirá como base para el presupuesto del próximo ejercicio. 
Desearía referirme a una única cuestión: el presupuesto del Defensor del Pueblo. 
Como tal, el Defensor del Pueblo es una nueva institución cuyas actividades apenas se remontan a 1995. 
Sin embargo, dicha institución ha demostrado que resulta necesaria y ha dejado patente su capacidad de actuación. 
El problema reside únicamente en la falta de recursos. 
En relación con la cifra total de asuntos que debe abordar esta institución comunitaria, el número de personal del Defensor del Pueblo es considerablemente inferior al de las otras instituciones equivalentes en los Estados miembros. 
Este problema se ve agravado además por el hecho de que el personal necesario ha de demostrar una capacitación excepcionalmente elevada, por lo que resulta difícil su reclutamiento. 
Hay que reconocer que, hasta el momento, el Parlamento ha mostrado una actitud relativamente favorable a las propuestas del Sr. Söderman para resolver los problemas más acuciantes de la Unión en materia de personal. 
También es cierto que esta actitud se ha visto también favorecida por el hecho de que los créditos necesarios no han sido demasiado elevados. 
En cualquier caso, no se debería dejar este proceso a medias. 
Ahora que se ha logrado un nuevo acuerdo interinstitucional, y a pesar de que los recursos económicos son bastante limitados, sería necesario incrementar la cantidad de personal de esta institución. 
Espero que se puedan aumentar de manera sistemática en el presupuesto propiamente dicho los recursos del Defensor del Pueblo, ya que ésta será la mejor manera de fomentar la confianza de los ciudadanos en las actividades generales de la UE. 
Señora Presidenta, estimados colegas que permanecen en esta sala: acerca de este presupuesto para el ejercicio 2000 del Parlamento Europeo sólo se pueden hacer algunas pocas observaciones a los expertos, que son los que se encuentran aquí, algunos puntos básicos. 
Primero, decidimos sobre un presupuesto que entra en el siguiente milenio. 
Va a ser el primer año de este periodo, un nuevo Parlamento deberá realizar este presupuesto. 
Vamos a tener una nueva Comisión a disposición. Habrá posiblemente un nuevo acuerdo interinstitucional en el que se basará este presupuesto. 
Con ello entramos en el primer punto, que a su vez es el más importante. 
Si no alcanzamos el jueves de esta semana un nuevo acuerdo interinstitucional, o sea si no obtenemos 314 votos a favor, no tendremos a disposición los 155 millones de euros adicionales, que están previstos para la categoría 5. 
Eso significaría que no se dispondría de ese 20 % que vienen de los 155 millones de euros, que el Parlamento Europeo tiene adicionalmente a disposición. 
Esto nos llevaría si continúan los gastos a que superásemos ese límite máximo del 20 %. 
No podremos mantener los gastos dentro del margen del 20 %. 
Este es sólo un argumento adicional para que el jueves se alcance el número de votos correspondiente, si no queremos reducir nuestras tareas. 
Segundo: hemos dado un paso decisivo en la política de personal. 
El Secretario General está sentado a su lado, señora Presidenta, y a él me dirijo. 
Con esta decisión, que hemos tomado en la comisión y que recomendamos al Parlamento, hemos promocionado a aproximadamente el 20 % del personal con capacidad para ser promocionado. 
Eso es un paso de gigante y he dicho al principio del debate: No puedo evitar la impresión, ya que estábamos en un punto muerto, de que siempre en el año, en el que cambiamos de Parlamento nos sobreviene una ola de promociones. 
El Secretario General nos ha asegurado en el debate que hemos tenido con el en la concertación y en la comisión que este es el inicio de una nueva política de personal que se basa sobre todo en que la calidad y no el pasaporte sea el principio para una promoción. 
Ya no lo podré revisar, pero a los diputados y a las diputadas que regresen a este Parlamento les recomiendo que estén atentos para que este paso, que hemos dado aquí como una aportación anticipada, se siga cumpliendo en los próximos años. 
Confío en que el Secretario General cumpla la palabra que nos ha dado también en el futuro, frente al próximo parlamento. 
Me alegro expresamente, que con la decisión de la Presidencia hemos revalorizado los 60 puestos de las personas que trabajan como personal de sala- también en esta sala- de categoría D a categoría C. Aquí ponemos consecuentemente en práctica aquello que hemos estado realizando en los últimos años. 
Acerca de los edificios quisiera dejar también algo claro- esto va dirigido a usted, señora Presidenta, y a la Presidencia: Hemos declarado nuestra disposición a asumir finalmente las promociones ad personam, que se presentaron en una enmienda entregada a la Sra. Müller, bajo la condición de que la Presidencia cumpla lo acordado y realice la financiación de los edificios en un plazo de 10 años. 
Con el Acuerdo de Berlín modificado existen todas las condiciones para hacerlo. 
Les pido que también ustedes cumplan lo acordado, igual que nosotros hemos cumplido nuestra parte recogiendo las promociones ad personam. 
Permítanme hacer una última observación muy personal. 
Creo que un Parlamento que quiera cumplir con las tareas a las que está expuesto desde el Tratado de Amsterdam, debe disponer de una estructura de personal, también sobre una estructura de colaboradores personales, que le posibilite realizar esas tareas en su totalidad. 
En los últimos años he formado parte de aquellos que se han encargado en duplicar en este periodo el cuadro de efectivos que encontramos aquí en el año 1989. 
Yo defiendo esto porque soy de la opinión de que sólo un buen personal científico altamente cualificado es la base para que un diputado que tome esto en serio, pueda llevar a cabo su trabajo en su totalidad. 
Por eso recomendaría al nuevo Parlamento, de volver a ocuparse de este punto, porque nos hemos detenido dos años por haber cumplido otras tareas, y también nosotros deberemos volver a tratar este punto, si queremos realizar un buen trabajo. 
Señora Presidenta, desearía felicitar en primer lugar a la Sra. Müller por su extraordinario informe, con el que me muestro de acuerdo. 
Ahora que el Parlamento Europeo aspira a depurar la Unión Europea y desempeñar con responsabilidad su función como autoridad presupuestaria, me resulta personalmente problemático el hecho de que 490 funcionarios del Parlamento Europeo vayan a beneficiarse de un ascenso en el año 2000. 
Esta cifra es, por ejemplo, tres veces superior a la de este año. 
Me resultaría muy fácil ser simplista y decir que no puedo aceptar estos ascensos. 
Sin embargo, después de escuchar las aclaraciones del Secretario General Priestley en la Comisión de Presupuestos, puedo decir que ha ocurrido lo de siempre, es decir, que una mayor información siempre plantea más dificultades. 
En función del período 1995-1996, cuando ocupé un escaño en este Parlamento, sé que en el pasado las prácticas y los criterios de ascenso no han sido siempre justos. 
Por ello, creo que se deberían poder corregir las irregularidades que se registran en los ascensos del personal, especialmente ahora que el Sr. Priestley ha asegurado que se trata de una rectificación de carácter único y que en el futuro se aplicará una práctica sometida a un gran control, basada en criterios y disposiciones relacionados exclusivamente con las aptitudes de los funcionarios y que se adaptará al principio de transparencia. 
Nuestro papel en el Parlamento europeo estriba verdaderamente en el mantenimiento de un control estricto también por lo que respecta a nosotros mismos. 
Espero que el Secretario General Priestley encuentre los medios que le permitan comunicar a los diputados al Parlamento Europeo un avance positivo en las reformas administrativas. 
Muchas gracias, señora Laurila 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas 
Anteproyecto de presupuesto general- Ejercicio 2000 
De conformidad con el orden del día se procede a la presentación del Anteproyecto de presupuesto general- Ejercicio 2000 por parte de la Comisión 
Me encuentro en una situación un poco difícil debido a que aquí la audiencia es más limitada que ayer en la Comisión de Presupuestos y todas las personas que están aquí ya me escucharon ayer sobre el mismo tema. De modo que seré breve. 
Con la aprobación del anteproyecto de presupuesto general para el ejercicio 2000, la Comisión ha iniciado el procedimiento presupuestario para la autoridad presupuestaria. 
Sin embargo, como todavía no se ha decidido el tema del nuevo acuerdo interinstitucional, se debatirá mañana y se votará el jueves, y el anteproyecto de presupuesto general tendrá que finalizarse en otoño. Estas modificaciones pueden hacerse mediante una carta rectificativa. 
Tal como lo señaló ayer el presidente de la Comisión de Presupuestos, en la Comisión de Presupuestos hay un problema con el calendario: cómo garantizar que ambas ramas de la autoridad presupuestaria puedan ocuparse correctamente de la carta rectificativa. 
Este tema debe debatirse en esta Comisión y con su nuevo Presidente, para encontrar la manera más conveniente. 
La Comisión prevé un presupuesto para el año 2000 que requerirá, globalmente, menos créditos de compromiso que el presupuesto de 1999. 
Ello se debe esencialmente a la ligera disminución del gasto agrícola y debido al nuevo marco financiero para los fondos estructurales. 
No obstante, las tasas de créditos de pago se incrementarán sustancialmente debido al atraso, en particular para los fondos estructurales, pero también para la investigación y las relaciones externas. 
Para la agricultura, si el acuerdo interinstitucional se acepta, significa que la nueva estructura del presupuesto hace posible distinguir claramente entre, por un lado, el gasto tradicional de mercado de apoyo a los ingresos que será obligatorio y, por otro, el nuevo gasto de desarrollo rural que será un gasto no obligatorio. 
Hoy por hoy, debemos decir que de conformidad con los gastos actuales, el límite del gasto de mercado aprobado en Berlín proporciona un elemento nuevo e inmediatamente efectivo de disciplina presupuestaria. 
En relación con el gasto estructural, el APG para el ejercicio 2000 esta basado en las decisiones de Berlín. 
Entendemos que, salvo algunas modificaciones, el Parlamento está por empezar a seguirlas. 
A primera vista, el presupuesto parece señalar una reducción radical- el 16 %- en créditos de compromiso a partir de 1999. 
Sin embargo, el hecho de hacer un nuevo presupuesto en 1999 y la transferencia de los gastos estructurales rurales a la Categoría I distorsionan el cuadro. 
Tomando en consideración todos los elementos, la reducción de los créditos de compromiso estructurales es más modesta, próxima al 6 %. 
Por el momento, el APG no dota la iniciativa URBAN de la Comunidad, pero las decisiones en esta materia se incorporarán en la propuesta de presupuesto en una etapa posterior del procedimiento. 
El margen de maniobra para las políticas internas es más limitado de lo que hubiera esperado la Agenda 2000, pero si se acepta el acuerdo interinstitucional, brindará un respiro adicional que será bienvenido. 
La Comisión ha propuesto continuar los esfuerzos de los últimos años tratando de centrar las políticas internas sobre crecimiento y los gastos relacionados con el empleo, en especial la investigación y el desarrollo técnico, las redes transeuropeas, la educación y la formación, así como las pequeñas y medianas empresas, que ha sido una iniciativa parlamentaria. 
La propuesta de presupuesto para 2000 ha sido preparada aplicando plenamente el acuerdo de 1998 relativos a los fundamentos jurídicos. 
Distingue acciones piloto autónomas y preparatorias, proporcionando con ello una base fiable para las decisiones de la autoridad presupuestaria y para la ejecución indiscutible del presupuesto de 2000. 
En relación con los gastos exteriores, hay un marcado incremento en los importes totales debido a la nueva y reforzada ayuda a la preadhesión. 
Debemos observar que la situación en los Balcanes puede requerir una adición sustancial de recursos financieros por parte del presupuesto comunitario. 
Por esta razón, las instituciones ya han acordado revisar la situación a la luz de los acontecimientos. 
En caso necesario, existe la posibilidad de revisar las perspectivas financieras, y eso también lo ha declarado el Consejo. 
Por último, los gastos administrativos, que fueron debatidos por el Parlamento hace un tiempo: visto el incremento en los gastos de pensión, el limite establecido en Berlín es apenas suficiente para financiar el status quo en términos de personal. La Comisión siempre ha dejado esto claro. 
Por tanto, el anteproyecto de presupuesto general tiene que posponer el tema de la posibilidad de contratar nuevo personal y su dotación previa hasta que queden claros los márgenes que posiblemente se dispongan en el marco del nuevo acuerdo institucional y hasta que la nueva Comisión tenga la oportunidad de definir sus exigencias. 
Claro está, esta Comisión llevará a cabo todo el trabajo preparatorio necesario. 
Sin embargo, nos parece adecuado que, después del voto de confianza, la nueva Comisión asigne los recursos. 
El tema de la política relativa al personal será clave en el otoño. 
Estoy de acuerdo en que las instituciones comunitarias requieren recursos humanos adecuados para ser capaces de ejecutar convenientemente sus nuevas tareas. 
No cabe duda de que hay dificultades, especialmente en la gestión financiera, que serán superadas más rápidamente con nuevos puestos. 
Sin embargo, no olvidemos que los recursos humanos siempre serán escasos y las medidas de reasignación, nueva formación y flexibilidad no perderán en lo más mínimo su importancia para el futuro. 
Se requiere más trabajo por parte del Parlamento, especialmente durante los debates y votaciones sobre la Agenda 2000, y por parte de la Comisión y del Parlamento próximos a fin de completar el presupuesto comunitario para el ejercicio 2000. 
Sin embargo, el APG que hoy nos ocupa ya da los primeros indicios de que la Unión dispondrá de un nuevo marco financiero, que se ha encontrado un equilibrio entre el rigor que prevalece en toda Europa y las exigencias financieras de las políticas clave de la Unión. 
No obstante, todavía depende mucho de las decisiones de esta semana. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hemos escuchado muy atentamente. 
Su AP corresponde a lo que usted podía hacer y, efectivamente no puede satisfacernos del todo, pero no podemos reprochárselo. 
En efecto, el ejercicio es irreal. 
Usted presenta una propuesta en un marco que no tiene por qué ser el correcto. 
Se ha inscrito, lógicamente, en el marco de las conclusiones de Berlín. 
Por ello, en caso de acuerdo interinstitucional, usted tendrá márgenes complementarios y, en caso contrario, se encontrará en una situación totalmente diferente. 
Por consiguiente, tenemos ante nosotros un texto que es relativamente irreal. 
Usted no ha intentado disimular dicha irrealidad y le estamos agradecidos por ello. 
En lo relativo a la categoría I, los gastos en general son satisfactorios, salvo que, ya desde ahora, usted se ha quedado algo por debajo del límite máximo parcial I, «Organización de los mercados» , y que usted da por descontado que todo eso se arreglará mediante algún tipo de ejecución favorable. 
Pero ya estamos limitados. 
Respecto a la categoría II, nos preocupan de todas formas algunas cosas. 
La reducción de los compromisos, a la que usted se ha referido, nos parece relativamente explicable y no suscita, por tanto, ninguna inquietud por nuestra parte. 
Existe efectivamente una nueva inclusión en el presupuesto de compromisos anteriores, que no se hará, porque estamos al final del programa. 
En cambio, tendremos créditos de pago masivos a los que deberemos hacer frente. 
Debemos realizar un esfuerzo para limitar, tramitar y liquidar lo que se denomina el «RAL» , el resto pendiente de liquidación. 
En lo que respecta a la categoría III, a saber, las políticas internas, en este caso nos sentimos francamente inquietos. 
Las propuestas que usted nos hace son en buena medida negativas, y constatamos sencillamente que cualquiera que sea el ejemplo que se mantenga, tendremos márgenes complementarios. 
En cuanto a la categoría IV, como usted ha indicado, prevalece el irrealismo total, ya que se trata de un proyecto de presupuesto sin Kosovo. 
Ahora bien, Kosovo pesará sobre nosotros. 
Esto es igualmente cierto en el caso de la categoría V. Usted no puede preverlo, no dispone de los medios ni tiene la voluntad para ello. 
No puede prever las reformas administrativas que se producirán en los próximos meses. 
En otras palabras, es un punto de partida que exigirá mucho trabajo por nuestra parte y por la suya hasta alcanzar un auténtico presupuesto. 
Señora Presidenta: sólo quisiera hacer una observación importante. 
Se refiere a una cuestión que el Sr. Comisario ha mencionado brevemente. 
Se trata de la cuestión de la adaptación de los gastos a una posible decisión en esta semana. 
Si aprobamos el jueves el acuerdo interinstitucional el Parlamento podrá disponer libremente de los medios en su primera lectura basándose en ese acuerdo, desde la categoría 1 hasta la categoría 4. 
Pero no dispondrá de ello para la categoría 5, ya que para ello necesitará una notificación rectificadora por parte de la Comisión. 
Este mediodía, en una conversación con el Sr. Prodi, he señalado que con la planificación actual de fechas, prevista por el Parlamento para la nominación de la nueva Comisión, o sea a crearla lo mas pronto a mediados de septiembre, sólo quedarán 14 días para presentar esta notificación rectificativa. 
La queremos tener disponible, en todo caso, antes de la primera lectura del Parlamento Europeo, porque si no estaríamos en manos del Consejo, cuando se trate de los medios adicionales que se pondrán realmente a disposición para la categoría 5. 
Porque si la notificación llega después de la primera lectura por parte del Parlamento, entonces sólo se podrá realizar la rectificación si ambas partes de la Autoridad de Presupuestos, o sea el Consejo y el Parlamento, lo aprueban. 
Le insto por lo tanto al comisario y a los servicios competentes a iniciar ya con la preparación. 
El Sr. Prodi ha asegurado hoy también en la reunión de los presidentes de las comisiones, para que en ese periodo se pueda presentar una notificación rectificativa correspondiente, que luego pueda tratar el Parlamento en su primera lectura. 
Señor Samland, le doy las gracias por esta indicación. 
Creo, que el Sr. Comisario la recogerá y la Presidencia se encargará de que se vuelva a cursar. 
El debate conjunto queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura del informe (A4-0245/99) por parte del Sr. Jarzembowsky en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (13651/3/98- C4-0037/99-96/0182 (SYN) ). 
Señora Presidenta, Señorías, quiero pedirles que me presten su atención para cuestiones legales y sustantivas. 
Quizás debería quedarse el Secretario General en la sala. 
Necesitamos a un jurista. 
Señor Secretario General, quizás le sería posible, if you could stay here for a minute, because it is of importance. 
Señora Presidenta, creo que una votación sobre mi informe mañana sería un defecto legal, ilegal e imposible. 
Quiero exponer los motivos para ello y solicito que el Parlamento, que la Presidencia anulen de oficio la votación de mañana sobre mi informe. 
Quiero fundamentarlo de la siguiente manera: en la última semana, en la Comisión de Transportes hemos debatido sobre estas cuestiones, pero la situación ha cambiado con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Esta mañana, en la primera lectura hemos vuelto a recoger con toda razón el procedimiento y hemos vuelto a repetir en la primer lectura este punto de vista del Parlamento de la primera lectura anterior. 
Ahora he recibido un informe del servicio de la Comisión que tiene el número A-0000, que a su vez es un informe corregido sobre mi informe A-0245 que está en el orden del día. 
O sea, es un informe nuevo, que ni siquiera puedo leer bien, porque la página reglamentaria contiene explicaciones en francés, y parto de la idea de que uno puede leer su propio informe en su idioma. 
¿Qué pone en esta página reglamentaria? 
En cuanto yo puedo entender pone que el Consejo ha reforzado su posición común. 
Primero, creo que eso es ilegal, porque según el Tratado de Amsterdam, el Consejo debería haber consultado primero a la Comisión de Política regional. 
No sé como lo podrá haber hecho en el transcurso de unos pocos segundos, porque hemos hecho la primera lectura este mediodía, a las 12.00 horas y esto ha resultado esta mañana, o sea antes de haber realizado la primer lectura. 
¡El primer defecto legal! 
Segundo: en esta página reglamentaria de un informe que nunca he firmado, pone que hoy en la reunión, el 4 de mayo el Presidente del Parlamento Europeo ha anunciado la confirmación de la posición común y que ha tramitado esa posición común a la Comisión de transporte y Turismo, como comisión correspondiente. 
Desde este mediodía a las 12.00 horas estoy seguro de que la Comisión de Transportes y Turismo no se ha reunido. 
Tampoco se ha convocado una reunión para mañana por la mañana. 
Por lo tanto no sé cómo vamos a lograr en un procedimiento reglamentario un informe en segunda lectura de la Comisión de Transportes, sobre el que debamos votar mañana a las 12.00 horas. 
Bueno, señora Presidenta, el informe que figura en el orden del día no es válido, ya que fue formulado después de Maastricht. 
El informe que he recibido yo ahora con un número cero, ni siquiera con un número reglamentario, ni siquiera en mi propio idioma, envie el informe, la posición común, a la Comisión de Transportes que no se reúne. 
La explicación de algunos servicios administrativos de que ya lo debíamos haber sabido la semana pasada y que debíamos haber anticipado y pensado lo que queríamos hacer puede ser muy interesante desde el punto de vista de la teoría jurídica, pero no es de recibo que hoy tengamos una primera lectura, que el informe se envíe a la Comisión de Transportes, que a su vez no se reúne, y que el servicio administrativo modifique mi informe de la semana pasada y declare que hay un informe para la segunda lectura. 
Bueno, juristas listos, ya le dije ayer por la tarde al servicio de la sesión, para que pueda pensarlo con tiempo, lo siguiente: en mi opinión no se puede votar mañana el informe y debe ser retirado ex officio del orden del día. 
Doy a ello mucha importancia porque tratamos el informe sobre la aplicación de gravámenes para la utilización de carreteras, porque el Tribunal Europeo de Justicia ha declarado nula la primera directiva por fallos legales, o sea por la falta de participación por parte del Parlamento, y ha mantenido sus efectos sólo hasta que haya una nueva decisión. 
Pienso que no sería muy favorable que el Parlamento aprobara mañana otra vez un proyecto de directiva que adoleciera de defectos legales. 
Pido que se revise esto con cuidado por parte de los servicios correspondientes, y exijo que este Parlamento, los diputados y las comisiones decidan lo que es correcto o no, y que no lo decidan unos servicios cualesquiera que digan que eso se hace así modificando la página reglamentaria. 
Bueno, señora Presidenta, yo me tomo esto muy en serio y espero que los servcios que revisan esto objetivamente, lleguen mañana a la conclusión de que el informe- el informe que sea y con el número que tenga, yo por mi parte me refiero al informe A-0245 que está en el orden del día y que tiene un determinado contenido, no se ponga en el orden del día. 
A mí me resultaría muy dudoso que el informe fuera modificado por los servicios y que luego fuera puesto en el orden del día. 
¡Eso no puede ser correcto! 
En mi opinión la posición común del Consejo, independientemente de lo defectuosa que sea por la no participación de la Comisión, se encuentra en la Comisión de Transportes, tal y como lo ha explicado el Presidente, y ésta no se reúne esta semana. 
Entremos rápido en materia para decir también algo sobre el asunto. 
Pienso que es un grave error lo que la mayoría aprobó la semana pasada, o sea decir al respecto que apoyamos la posición común. 
Lo quiero explicar en base a dos o tres argumentos. 
En mi informe para la segunda lectura sólo hemos de hacer revivir los reparos de la primera lectura. 
Los socialistas los borraron sin más porque diputados austriacos y amigos suizos querían asegurar el acuerdo con Suiza y por eso se quitaron todas los reparos de encima. 
Pero eso no se puede hacer. 
Les voy a dar dos motivos. 
Pienso que es extremadamente dudoso que la Comisión declare en un acuerdo político que si se acepta la posición común retiremos nuestro recurso interpuesto contra las exageradas tasas de peaje en Austria. 
Sigo creyendo que esta Comisión y Neil Kinnock están sujetos al derecho y que, si la Comisión ha interpuesto con toda razón un recurso, entonces no se puede retirar esta por galimatías políticas y por cuestiones de negocios políticos, porque creo que la Comisión se debe al Derecho y no a las artimañas políticas. 
En segundo lugar creo, que las tasas de peaje, tal y como lo decidió el Consejo, son excesivamente bajas. 
Nunca he entendido a los socialistas, que en un principio exigen un gran aumento de los gravámenes para la utilización de carreteras, pero que luego se echan atrás ante la exigencia que el Parlamento, en su gran mayoría, creyó correcta en el año 1997 y que era más elevada de lo que el Consejo ha propuesto ahora. 
Creo que en el fondo del asunto eso es arrastrarse frente al Consejo que ha dicho: O las comes o las dejas. 
Tenemos el derecho a codecidir después de Maastricht y a aceptar aquí la posición común. 
Nosotros, como democratacristianos no podemos permitir que se nos prive de la codecisión en detrimento de los transportistas, en detrimento de nuestro medio ambiente. 
Por lo tanto espero que podamos tener todavía un debate razonable en la segunda lectura. 
Señora Presidenta, señor Comisario, siento que el último debate sobre política de transportes que se realizará en esta Asamblea antes de las elecciones, se realice con esta discordia. 
Pero, señor Jarzembowsky, resulta cínico que usted, que ha intentado todo para evitar que se llegase a una reglamentación y que ha intentado todo para evitar que se incluyan costes externos por ejemplo en las tasas de peaje o en los gravámenes para el uso de determinadas infraestructuras, ahora haga como si este acuerdo fuese demasiado bajo y no se adaptase a la situación del medio ambiente. 
Segundo, paso a los argumentos jurídicos. 
Yo mismo soy jurista, pero ahora no soy un jurista de este Parlamento. 
No me arrogo nada en ese sentido. 
Sólo que su propuesta, señor Jarzembowski, su propuesta expresa en la última reunión de la Comisión, fue que procediéramos de esa manera, que votáramos sobre la segunda lectura, que confirmáramos por cuestiones formales otra vez la primera lectura, para así poder decidir hoy sobre el asunto. 
Usted ha dicho hoy que eso no lo deben decidir los servicios, sino los diputados. 
¡Fueron los diputados! 
Aunque los servicios hayan hecho en alguna parte una adjudicación errónea, fuimos los parlamentarios, los que hemos decidido aquí en base a su propuesta. 
Paso al fondo del asunto, porque quiero que nos ocupemos de ello. 
El fondo del asunto es que hemos tenido en los últimos años un bloqueo en la política de transporte por dos razones. 
Primero porque no hemos logrado una solución en lo que se refiere a la viñeta europea a causa de que sus amigos de partido lo han evitado, pero no con los argumentos de que se llegaría a una solución baja, sino porque estaban fundamentalmente en contra, porque estaban en contra de realizar avances en política de transportes en Europa. 
La segunda razón es que Suiza ha escogido- quizás desde su punto de vista- una solución comprensible, pero no una solución que esté relacionada con una integración europea. 
Por eso fue correcto que se negociara aquí, y cuando se negocia es verdad que no se logra lo óptimo, porque de lo contrario no se lograrían compromisos ni consensos, y se logra un consenso que se acerca más a una postura que a otra. 
Pero aquí se ha logrado un consenso con Suiza que la abre, que la adhiere a la integración europea, también en lo que se refiere a la política de transporte, pero al mismo tiempo se deja claro, que los principios de una política de transporte que proteja al medio ambiente se hace viable con la introducción de la viñeta europea, con la desviación del transporte por carretera al transporte por ferrocarril. 
Permítame, señora Presidenta, que le agradezca especialmente al comisario Kinnock por haber sido muy comprensivo, haber tenido mucha paciencia para llevar a cabo aquí negociaciones y haberse atenido siempre al Derecho. 
Pero también es una cabeza política, gracias a Dios, porque también necesitamos comisarios que puedan pensar de forma política- cumpliendo siempre con la legalidad- y que quieran lograr un progreso. 
El comisario Kinnock ha logrado el avance, y le quiero dar expresamente las gracias en nombre de mi Grupo en este último debate sobre política de transportes. 
No sabemos si le volveremos a tener como Comisario para asuntos de política de transportes. 
Ha hecho grandes cosas en los últimos años, no sólo en este ámbito, pero también en este ámbito y eso se debe mencionar. 
Aquí les hemos regañado bastante a los comisarios y también podemos elogiarles, si hay razones para ello. 
Estimado Jarzembowski, quiero decirte una cosa. 
Hay un refrán danés- espero que pueda traducirse-que dice que andando despacio se va lejos. 
Al emplearlo, quiero decir que nuestro trabajo actual seguramente tendrá consecuencias positivas. 
Tienes mucho empeño en algunos puntos de este tema. 
Por otro lado: todo puede desarrollarse. 
No debes sentirte ofendido por los socialistas en este asunto, muy al contrario. 
Se habla de colaborar, sin embargo, todo gira en torno a tener algo encima de la mesa, dejarlo bien atado, inmóvil, y que valga. 
Luego lo desarrollaremos. 
También esta propuesta puede desarrollarse. 
Verdaderamente no entiendo la discusión habida, como dijo el Sr. Swoboda. 
Es irritante que debamos tratar esta cuestión la última tarde, durante el debate del último asunto de transportes. 
Hemos compartido muchos casos buenos, por ejemplo, los del port state, short sea, etc. y por ello te pido que respaldes esta decisión. 
Avanzamos hacia un transporte respetuoso con el medio ambiente y puede seguir siendo desarrollado. 
Ésta es la razón de que pidiera la palabra para intervenir esta tarde: hacerte un llamamiento personal pues pienso que nos hemos distanciado bastante durante este asunto. 
Señora Presidenta, también me gustaría que se me permitiera expresar mi agradecimiento al Sr. Kinnock y estoy seguro de que le veremos todavía en este foro durante muchos años. 
Señora Presidenta, deseo empezar por agradecer a los diputados de esta Asamblea sus comentarios tan amables y también decir al Sr. Jarzembowski que se dará cuenta que respeto totalmente el rigor y la eficacia de su trabajo incluso si, en raras ocasiones, no estoy totalmente de acuerdo con sus conclusiones. 
Esta noche tenemos en la Asamblea tres diputados sumamente exigentes, excelentes y aunque los diputados conozcan mi historial político, que diverge del historial del Sr. Jarzembowski, nadie puede negar el afecto y el respeto que siento hacia él y hacia su trabajo. 
En lo relativo a sus observaciones sobre el procedimiento, que hace con fuerza y seguridad, sé que me perdonará que no me detenga en estos argumentos debido a que la experiencia y, en realidad, la competencia para tratar estos temas no me corresponde. 
Por tanto, quisiera concentrarme en la sustancia de este tema, que es, tal como lo han afirmado el Sr. Sindal y el Sr. Swoboda, un asunto de esencial importancia, en lo que mi respecta, y en la medida en que afecta a la política del desarrollo del transporte público. 
Como lo recordó el Sr. Jarzembowski, ya han pasado casi cuatro años desde que el Tribunal Europeo anuló la primera y única directiva sobre el transporte de mercancías por carretera. 
Desde hace casi tres años la Comisión presentó su propuesta para reemplazar la directiva anulada y casi dos años que se debatió aquí en primera lectura el primer informe del Sr. Jarzemboswki. 
Hemos avanzado a la par de esta medida. 
Desde entonces, se ha realizado un gran volumen de trabajo tratando de llegar al estado actual de progreso en que se encuentran en todas las instituciones comunitarias. 
Agradezco mucho el compromiso demostrado en la segunda lectura de la propuesta de la viñeta europea, especialmente en este Parlamento. 
Esta nueva legislación es tanto necesaria como significativa. 
Cumplida la obligación jurídica comunitaria de aprobar una nueva directiva para reemplazar la directiva anulada, a mi juicio lo más importante, es un paso vital hacia un marco común para diferenciar los sistemas de gravámenes en el conjunto de la Unión Europea. 
Naturalmente, la legislación, como afirma el Sr. Swoboda, es el producto de un compromiso que reconcilia diversas preocupaciones e intereses. 
Señorías, quizás les satisfaga el hecho de que, si bien difiere en varios puntos de la propuesta original de la Comisión, conforme la directiva se perfila se acerca más a la opinión del Parlamento en varios aspectos. 
Por ejemplo, los créditos de compromiso no contienen una disposición explícita para incluir los costes exteriores en los gravámenes existentes, aunque permite, y en algunos casos exige, la diferenciación de los gravámenes existentes con la finalidad de reflejar el aspecto medioambiental y otros efectos. 
Sé que este principio no despierta un entusiasmo unánime, pero ciertamente es uno de los que trataría de conservar. 
La Comisión tiene la impresión de que esta directiva tal como existe actualmente representa un primer paso útil hacia una fijación de precios justa y eficaz del transporte de mercancías por vehículos pesados por carretera y nos alegramos de la buena disposición del Parlamento y del Consejo para dar este paso. Asimismo, seguimos haciendo hincapié en la necesidad de trabajar más en la cuantificación de los costes externos para todos los modos de transporte. 
Como recordarán, el muy buen informe de la Sra. Schmidbauer sobre el Libro Blanco de la Comisión en relación con el pago por la utilización de infraestructuras también especificaba este aspecto y, actualmente, estamos acometiendo la tarea de cuantificar los aspectos externos con la ayuda, claro está, de un grupo de expertos. 
Una vez disponibles los resultados de este trabajo, ofrecerán un componente más que habrá de tener muy en cuenta para la internalización de los costes externos, tema que, estoy seguro, será cada vez más importante en el próximo Parlamento. 
Entre tanto, como la Asamblea está al tanto, las principales características de la posición común logradas en la presente directiva son la fijación de una tasa mínima del impuesto por vehículo a los niveles de la directiva existente y sin diferenciación de acuerdo con Euroclass, el mantenimiento de determinadas medidas de transición sobre los impuestos de los vehículos, el establecimiento de tipos máximos de tasas por la utilización de las carreteras con una estructura diferenciada tal como lo propone el Consejo, la disposición de un poder habilitante de modo que los tipos de peajes puedan diferenciarse según la clase de emisiones del vehículo y la hora del día de utilización de la carretera, la disposición destinada a Austria de aplicar un peaje en relación con el coste de la infraestructura en el tramo que va de Kufstein a Brenner y la disposición de un 50 % de reducción de las tasas por la utilización de las carreteras para vehículos registrados en Grecia. 
Como saben, la Comisión propuso el artículo 75 como fundamento jurídico para esta medida, visto que mantenemos que es conveniente para desarrollar la política común de transporte incluso cuando la legislación contenga algunos elementos relacionados con las disposiciones fiscales. 
El Consejo no estuvo de acuerdo y añadió el artículo 99 del Tratado como fundamento jurídico a raíz del punto de vista de los ministros, que consideran que las disposiciones relativas a los impuestos anuales por vehículo en el Capítulo 2 la hacen una medida fiscal sumamente importante. 
Estoy seguro de que esta medida hará que los ciudadanos europeos salgan a las calles aclamando. 
La posición común del Consejo es un equilibrio aceptable entre lo necesario y lo viable. 
Mantiene los progresos realizados en materia de política común del transporte y es consecuente con los propósitos perseguidos, al menos, por la gran mayoría en esta Asamblea durante varios años. 
Todos nosotros tenemos motivos para alegrarnos por haber concluido con éxito un largo y a veces arduo proceso legislativo. 
Quisiera agradecer de manera especial a los diputados de toda esta Asamblea, especialmente la Comisión de Transportes y Turismo, por la valiosa contribución que ellos, y el Parlamento en general, han prestado para el logro de este éxito. 
Señora Presidenta, estimados colegas, dear Neil, es un gran honor para mí- al final de los debates sobre transporte de los últimos años, poder volver a expresar mi reconocimiento, también en nombre de mi Grupo, por la buena colaboración. 
Tenemos opiniones políticas diferentes, pero siempre hemos tenido confianza el uno en el otro. 
Creo que es importante que hayan confianza entre las instituciones y que se reconozcan la competencia del otro. 
Eso siempre lo hemos hecho. 
Por eso quiero volver a dar las gracias y farewell, whatever office you might have next time. 
El debate queda cerrado. 
La votación deberá tener lugar mañana. 
Vamos a comprobar antes si tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Usted ha hecho al principio algunas observaciones al respecto. 
Yo me ocuparé de que en base a una consulta jurídica se tome una decisión sobre si votamos mañana. 
En caso afirmativo, la votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Comercialización a distancia de servicios financieros 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0190/99) de la Sra. Oomen-Ruijten en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y por la que se modifican las Directivas 90/619/CEE, 97/7/CE y 98/27/CE (COM (98) 0468- C4-0647/98-98/0245 (COD)) 
Señora Presidenta, ya hace algún tiempo que fuí ponente de la Directiva general, en realidad se la podría llamar Directiva matriz, sobre la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. 
También entonces los servicios financieros eran objeto de la comercialización a distancia. 
Los obstáculos existentes en el sector financiero condujeron en aquel entonces a que la comercialización de servicios financieros no se regulase de forma uniforme. 
Si me estuviera ocupando de los servicios financieros, me rascaría la cabeza una vez más y me preguntaría si, por aquel entonces, no habría sido mejor dirigir el lobby de otra manera. 
La Comisión Europea presentó una enmienda a la Directiva general de 1997 tras una larga insistencia del Parlamento. 
La propuesta que tenemos entre manos en estos momentos contiene, y lo reconozco, algunas disposiciones que tienen que ver más bien con el carácter específico de los servicios financieros. 
Me gustaría hacer algunas observaciones a esa propuesta. 
Por una parte no estoy satisfecha con la manera en que se ha votado la propuesta en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la Comisión de Protección del Consumidor. 
Se podría decir que es un caso único que un ponente se abstenga de dar una opinión. 
Con lo que sí estoy satisfecha es con las enmiendas que presentó la Comisión de Asuntos Económicos, siendo ponente la Sra. Kestelijn. 
A continuación hablaré de la propuesta. 
En la propuesta, la Comisión Europea apuesta por una armonización máxima. 
Desde el comienzo he estado activamente a favor de esta armonización máxima. 
Si queremos encaminarnos hacia un mercado interior que funcione óptimamente, todos los consumidores deberían tener el derecho de poder disfrutar de un gran nivel de protección, igual en todos los Estados miembros donde compren, a través del campo extremadamente rápido de los nuevos medios de comunicación, tal como Internet y e-mail. 
Creo que esto es absolutamente necesario si se tiene en cuenta el carácter a menudo transfronterizo de la prestación de servicios financieros a distancia. 
Por esa razón, se han aceptado una serie de enmiendas dentro de la Comisión de Medio Ambiente con las que tengo algún que otro problema. 
Me gustaría tratar algunos puntos, entre ellos el tema del período de reflexión. 
Al escribir el informe mantuve algunas conversaciones con miembros del sector de servicios financieros, así como con las organizaciones de consumidores. 
Para mí estuvo claro, desde el principio, que no era conveniente el período de reflexión mencionado en el artículo 3 de la propuesta. 
El mantenimiento del precio durante catorce días por parte del proveedor traía consigo demasiados riesgos financieros que, seguramente, no velaban por el interés del consumidor. 
Por eso la eliminación del período de reflexión se ha aceptado muy bien en el sector. 
En las enmiendas presentadas se hace hincapié en la distribución de la información y esto está en línea con lo que se comunica en la Directiva matriz. 
Se han presentado más enmiendas, y viéndolas todas en su conjunto, me parece, como ponente, que la mejor es la enmienda 47 presentada por mi Grupo. 
El derecho de retractación, artículo 4 de la propuesta de la Comisión, está supeditado a una serie de condiciones complicadas. 
En pro de la protección de los consumidores y del derecho a la seguridad es necesario, pienso, que se diseñe un derecho de retractación general. 
Sin embargo, para no cargar desmesuradamente al sector financiero, es necesario que este derecho no tenga validez por mucho tiempo. 
El período de catorce días, que, tal como he visto, propone el grupo PPE, me parece muy equilibrado. 
Un tercer punto a tratar es la excepción que se quiere hacer a los notarios. 
Cuando estuve ocupada con la Directiva matriz me vi acosada también por todas las organizaciones que tenían algo que ver con los notarios. 
La propuesta de la Comisión pretende proteger al consumidor cuando tenga que firmar apresuradamente acuerdos a distancia. 
Sin embargo, cuando en la firma del acuerdo está implicado un notario, no te puedes plantear que al consumidor le coja desprevenido. 
Pienso, por eso, que también se puede hacer la excepción de que intervenga un notario en la firma de un acuerdo. 
Señora Presidenta, quisiera hablar del problema que surge con aquéllas informaciones no solicitadas. 
Hay que evitar todas aquellas informaciones dadas al consumidor, que él ni siquiera ha requerido. 
La Comisión no hace ninguna elección en realidad. 
Yo sí la hago y estoy a favor del llamado sistema «opting-out». 
Repasando una vez más el procedimiento en su conjunto me lleva a pensar que todo es posible. 
Si antes era yo quien decía que quería ver incluídos los servicios financieros en la Directiva matriz, ahora digo que tiene que suceder de una manera seria. 
Espero que llegue a predominar la manera de pensar consecuente del ponente en la sesión plenaria, y aunque no pueda suceder en la primera lectura, en cualquier caso en la segunda lectura. 
. (DE) Señor Presidente, distinguida señora Comisaria, estimados colegas, también en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos el debate estuvo marcado por la cuestión de si aplicamos aquí el principio de la máxima armonización, propuesto por la Comisión o si permanecemos provisionalmente con la armonización de mínimos. 
Al final la mayoría acepto el principio de la armonización mínima. 
Pero estábamos todos de acuerdo en que podría ser conveniente cambiar a la armonización máxima en un tiempo previsible. 
Pero el inicio con este concepto no debería realizarse justo con la directiva relativa a los servicios financieros a distancia, sino que se debería incluir desde el principio la comercialización a distancia de mercancías. 
También sería urgentemente necesario un acuerdo entre las dos directivas relativas a la comercialización a distancia con la directiva sobre las transacciones comerciales electrónicas, cuando conozcamos su forma definitiva. 
A pesar de estas adaptaciones que serán necesarias en un futuro, deberíamos poner hoy ya los cimientos para que se pueda desarrollar la comercialización a distancia de servicios financieros en Europa, de forma favorable tanto para los que ofrecen los servicios como para los consumidores. 
Bajo este punto de vista me alegra que la comisión correspondiente también haya llegado a la conclusión de rechazar la inclusión de un plazo de reflexión, que en mi opinión es un disparate tanto jurídico como práctico, y en vez de ello haya introducido un derecho general de revocación. 
Pero con lo que tampoco estoy de acuerdo, es en el plazo de treinta días para ejercer ese derecho de revocación, tal y como se expone ahora en el informe de la comisión. 
Pienso que el plazo es demasiado largo y encarece sobre todo los servicios financieros para los consumidores. 
Creo, que son suficientes catorce día a partir del conocimiento total de las condiciones contractuales. 
También se debería ampliar la lista de las excepciones del derecho de retractación, especialmente con respecto a los créditos hipotecarios y a los contratos, que se hayan efectuado con un amplio asesoramiento notarial, como los que ya ha mencionado la Sra. ponente. 
Yo tampoco comparto el escepticismo y el miedo frente a la comunicación electrónica, que se percibe en algunas enmiendas. 
Un consumidor, que no quiere manejar eso, no va a tener que hacerlo y puede seguir teniendo el contacto personal con su banco y con su seguro. 
Pero para aquellos, que quieran utilizar esos nuevos medios, no deberíamos poner obstáculos demasiado elevados y por ejemplo exigir todo otra vez por escrito. 
Así no vamos a poder desarrollar los grandes potenciales que la comercialización a distancia de servicios financieros implica para la economía y para el consumidor. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial quisiera, en primer lugar, hacer referencia a la gran cantidad de ventajas que puede ofrecer la comercialización a distancia de servicios financieros. 
A través de Internet el proveedor puede ofrecer a los clientes sus servicios sin gastos adicionales pasando por todas las fronteras, y el consumidor, sin tener que desplazarse, puede comparar los servicios entre los diferentes proveedores de su propio país y de otros países. 
La Comisión de Asuntos Económicos, convencida de estas posibilidades de comercialización a distancia, se ha adherido al siguiente punto de vista con 42 votos a favor y 2 en contra. 
Estamos a favor, en primer lugar, de que exista una armonización completa. 
Si queremos un mercado interior real en el campo de los servicios financieros, hay que garantizar al consumidor y al proveedor que gozarán de los mismos derechos dentro de toda la Unión. 
El establecimiento de un período de reflexión formal parece que lo único que hace es presionar innecesariamente al consumidor para que se decida dentro de un período de catorce días. 
Esto limita al proveedor a decir claramente por cuánto tiempo es válida su oferta. 
La Comisión de Asuntos Económicos está a favor, también, de un período de retractación condicional de catorce días laborables. 
Finalmente, nos parece que el consumidor tiene que recibir toda la información que es relevante durante las negociaciones para poder valorar la oferta. 
Para nosotros no es necesaria la entrega del contrato completo en este estadio. 
Este punto de vista se une estrechamente con el equilibrado informe original de la Sra. Oomen que, por cierto, ha realizado un trabajo excelente. 
Pero la Comisión de Medio Ambiente ha aceptado una serie de propuestas con la intención de intensificar seriamente la protección del consumidor. 
Sin embargo, estoy convencida de que con una directiva mínima, un derecho de retractación de 30 días, la entrega durante las negociaciones de un completo contrato complicado jurídicamente y un sumario, no se consigue el objetivo que se pretende. 
Propuestas como estas lo único que harán será refrenar la compra y venta de servicios a través de Internet, fax y correo. 
Y aún deberíamos añadir algo más, por todos los medios querríamos evitar que el consumidor firmase un contrato de seguro o realizase una actividad bancaria de persona a persona, en lugar de a distancia, y que gozase de menos protección. 
Por eso he vuelto a presentar, en nombre de mi Grupo, algunas propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos ligeramente modificadas. 
Espero que reciban el apoyo de los diputados. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la que acaba de referirse la Sra. Kestelijn-Sierens, destaca poderosamente la necesidad de una protección para el consumidor. 
En el gran debate que hoy nos ocupa sobre la armonización mínima y máxima, los que defienden, como lo hace la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, la armonización mínima, lo hacen no porque deseen poner coto a las demandas de Internet, sino porque no quieren ver disminuir la protección al consumidor de manera significativa en cada Estado miembro en lo individual, lo que podría suceder, habida cuenta el nivel de información proporcionada en la directiva tal como está. 
Por tanto, me parece que corresponde a los que desean una armonización máxima poner este caso no sólo en términos de lo que es bueno para el mercado y el mercado único, sino en términos de cómo pueden elevarse los niveles de información y protección en las etapas posteriores al debate de esta directiva propuesta antes de que vuelva para su segunda lectura. 
Todos estamos persuadidos de ello, pero por el momento sencillamente no creemos que se hayan expuesto los argumentos a favor para conseguirlo. 
Tengo que decirlo al gobierno de mi propio Estado miembro y a todos aquellos que hayan adoptado este punto de vista. 
Creemos que la protección al consumidor es de esencial importancia. 
No se trata de un mero elemento secundario añadido. 
A los que defienden el mercado único ampliado y su dinamismo, les diría que observen los hechos. 
Una encuesta reciente en el Reino Unido demostró que el 81 % de las personas interrogadas nunca ha tenido la intención de utilizar Internet para llevar a cabo transacciones comerciales. El 50 % pensaban que en caso de utilizar Internet podrían ser objeto de una estafa. 
Ante semejante nivel de sospecha, es preciso analizar la situación. 
Creo que eso es precisamente lo que han hecho las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Hemos visto que la tensión no reside en el período de reflexión- y es bueno descartarlo- sino en un derecho de retractación incondicional. 
Hemos tratado de fijar las condiciones contractuales en las que ha de ejercerse el derecho de retractación. 
Hemos dicho, no al consumidor advertido, sino al consumidor marginal que tiene miedo de Internet, que puede disponer de un ejemplar válido del contrato en términos claros y comprensible para el consumidor y en un soporte que le parezca duradero. 
Ante todo, hemos dicho que cuando intervienen otros elementos, éstos deben mencionarse y reconocerse, y que la manera de hacerlo es hacerlo poco a poco. 
Examinando el problema que plantea, por ejemplo, la venta a distancia de los seguros de coche. 
Después de escuchar a los que venden seguros de coche por teléfono, la enmienda 38 toma en cuenta el hecho de que dicha transacción debe tener lugar antes del intercambio formal del contrato definitivo. 
Lo aceptamos. 
Aceptamos que puede haber un problema con los créditos hipotecarios. 
No obstante, no se ha dicho que los créditos hipotecarios deberían excluirse de la directiva, simplemente se ha dicho que es preciso analizar este problema de nuevo y ver cómo puede abarcarse en el contexto general de la directiva. 
La Sra. Oomen-Ruitjen habló de los notarios. 
Deben ser, en la traducción, una profesión más sólida que los abogados en mi país. 
Se dice que una de las tres mentiras más grandes que existen en la lengua es la frase: «Soy abogado y estoy aquí para ayudarle». 
La idea de que en cualquier circunstancia el hecho de tener un abogado a su servicio le garantiza la protección normal mínima que corresponde al consumidor no parece ser un punto que merezca mencionarse. 
Una vez más, deseamos en este sentido ir lo más lejos posible en lo que se refiere a la protección e información total del consumidor. 
Lo hacemos esencialmente porque aceptamos que Internet es una forma sorprendentemente excitante de realizar nuevas transacciones- expandir el comercio, la industria y el empleo en el seno de la Comunidad- pero nunca a costa de los consumidores individuales en ningún Estado miembro de la Unión y, en la medida de lo posible, protegiéndolos no sólo dentro de las fronteras de la Unión, sino también fuera de éstas. 
Señor Presidente, con motivo de la unión monetaria surgen nuevas posibilidades para el comercio internacional, cosa que debe fomentarse. 
También las nuevas tecnologías contribuyen a aumentar las posibilidades de elección de los consumidores. 
La accesibilidad y la competencia aumentan, lo que se traduce en mercados más eficaces. 
Este informe es importante ya que fortalece el mercado interior para los servicios financieros. 
Desgraciadamente, la propuesta que ahora se presenta significaría que la directiva estaría demasiado regulada, dificultando en lugar de facilitar la acción de los actores en el mercado. 
Por eso el Grupo PPE quiere que se rechacen las enmiendas presentada por la comisión responsable. 
En su lugar, quiero abogar por el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, que se basa en la propuesta inicial de la Comisión. 
Es importante proteger a los consumidores, pero el legislador no debe olvidar que todas las leyes que son demasiado complicadas son caras para los consumidores y dificultan el comercio entre las personas en el mercado. 
Los costes extraordinarios que esta directiva puede ocasionar, si ella resulta demasiado complicada y burocrática, van a pagarse al final siempre por los consumidores. 
Por eso desearía que la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente hubiese escuchado más a Oomen-Ruijten que, como es habitual, presenta razonados criterios en estos asuntos. 
En cuanto al asunto del comercio electrónico, creo que las nuevas técnicas que nos proporcionan nuevos canales de ventas y distribución, van a revolucionar realmente el mercado. 
Siendo así, no debemos tener precauciones o incluso animadversión, hacia ellas. 
Por el contrario, debemos hacer todo para que se faciliten ya que realmente puede llegar a producirse una revolución de consumidores que obligue a bajar los precios y que cree alternativas. 
Por eso me desespero cuando veo la parquedad que algunos quieren mostrar tratándose de las nuevas maneras de hacer negocios. 
Creo que justamente éste es un sector de la Unión Europea que podría fortalecer su competitividad mediante el reconocimiento de lo nuevo, en lugar de su negación. 
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de la propuesta es facilitar la venta por teléfono, por fax y por Internet de servicios financieros tales como la banca, los seguros, las inversiones y los créditos hipotecarios, protegiendo a la vez al consumidor contra el fraude, contra la elevada presión de los argumentos de venta y contra algunos usos no solicitados de las técnicas de comunicación a distancia. 
Apoyo el principal avance de esta directiva, habida cuenta que tenemos que hacer un equilibrio entre fomentar la empresa comercial y proteger a los consumidores europeos en todo momento. 
No dudo en decir que las campañas de promoción de los bancos y otras agencias de crédito están contribuyendo en gran manera a los precios inflacionarios de las vivienda, poniendo con ello la vivienda fuera del alcance de los jóvenes que desean instalar su primer hogar. 
Este tema debería ser examinado urgentemente por el Banco Central Europeo, en cooperación con el banco central de cada Estado miembro. 
Las principales disposiciones de esta directiva incluyen lo siguiente: el consumidor dispondrá de un período de 14 días antes de celebrar un contrato que le dará tiempo para comparar diversas propuestas y estudiar el contrato detalladamente antes de dar su acuerdo final; el consumidor dispondrá de un período de 14 días de derecho de retractación, 30 días para los créditos hipotecarios, los seguros de vida y las operaciones de jubilación individual para renunciar al contrato sin penalizaciones ni obligación de justificación. 
Este derecho puede ejercerse sólo en dos casos: si el contrato se firmó antes de que el consumidor dispusiera de las condiciones contractuales y si se le ha incitado de manera desleal a celebrar el contrato durante el plazo de reflexión. 
También hay una limitación a los derechos de pago de los proveedores si el consumidor decide retractarse después de empezar a pagar el servicio. 
Asimismo, se dispondrá de un procedimiento aplicable de reclamación y vías de recurso extrajudiciales para resolver los conflictos entre el consumidor y el proveedor. 
Se prohibirán las ventas forzadas, es decir la venta a distancia de servicios no solicitados. 
Ciertamente estoy de acuerdo con algunas de las enmiendas presentadas por el ponente, incluida la necesidad de establecer un plazo de siete días hábiles para que el proveedor devuelva el dinero recibido del consumidor. 
Creo que para ser efectiva, esta directiva debe aplicarse más pronto que tarde. 
Se ha presentado una enmienda pidiendo que la directiva sea transpuesta a la legislación nacional para el 13 de junio de 2001, en lugar de la propia propuesta de la Comisión del año 2002. 
Apoyo esta perspectiva como un objetivo político debido a que una de las críticas a la legislación europea en general es precisamente que no se aplica oportunamente. 
La Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo deben hacer mayores esfuerzos para aplicar las directivas y reglamentaciones de la Unión Europea de la manera lo más racionalizada posible. 
En conclusión, también me alegro de que el Tratado de Amsterdam haya entrado en vigor hace tres días y que la Comisión Europea disponga de poderes más amplios para hacer cumplir la legislación en el ámbito de los consumidores haciendo especial hincapié en la protección de la salud humana. 
Espero trabajar estrechamente con la Comisión para asegurar que se apliquen en un futuro próximo un mayor número de reglamentaciones y directivas de la UE sobre este tema. 
Señor Presidente, gracias al mercado interior y a las posibilidades de comunicación electrónica, resulta un poco más fácil comprar y vender a distancia en Europa. 
Para el consumidor es importante que haya buenas garantías y se llegue a acuerdos claros sobre el derecho de retractación. 
En algunos Estados miembros al consumidor se le ha proporcionado una buena protección. En otros Estados miembros se ha dejado que sea el propio funcionamiento del mercado el que regule este derecho. 
Desde el principio de subsidiariedad debemos buscar una buena combinación de ambos puntos de vista. 
Lo podemos hacer estableciendo unas normas mínimas a nivel europeo, protegiendo al consumidor, de tal modo que tenga suficiente confianza para comprar a distancia servicios financieros. 
Asimismo es justa la profunda metamorfosis que el informe de la Sra. Oomen-Ruijten ha experimentado en la Comisión de Medio Ambiente. 
La armonización máxima que la ponente proponía en primera instancia, no coincide con las anteriores propuestas legislativas de la Unión Europea. 
La Directiva 97/1 que trata sobre la comercialización a distancia en general, parte de la idea de la armonización mínima. 
Los Estados miembros pueden continuar protegiendo al consumidor en base a esa directiva. 
Si optáramos por la armonización máxima crearíamos una legislación contradictoria. 
Finalmente quisiera hacer referencia a una pequeña injusticia que se ha hecho en la enmienda 18. 
La Directiva 97/1 no se refiere a la comercialización de servicios financieros, sino a la comercialización a distancia. 
Quizás se pueda averiguar cuál es la directiva a la que se refiere la mencionada enmienda. 
Señor Presidente, apoyo el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, aun cuando nuestra admirada ponente no esté del todo conforme con su contenido, pero también matizaría algunos puntos, porque todo es discutible y mejorable. 
Y me voy a referir a tres enmiendas. 
En primer lugar, hablaré de la enmienda 21 al artículo 3. 
Me parece bien que se suprima el derecho de reflexión cuando haya una información suficiente, y me parece oportuna la alusión al principio de honestidad en las transacciones, que yo relacionaría con el más señero, más viejo, de la buena fe en el Derecho civil. 
Pero ahí encuentro una cierta alusión anodina, si no peligrosa, respecto a los menores de edad, porque los menores de edad, lógicamente, tienen la protección del Derecho civil, no solamente en este punto de la contratación basada en la honestidad o en la buena fe, sino también en cuanto a que será nulo todo contrato cuando, según el Derecho civil, los menores no hayan alcanzado la edad necesaria según la clase de bienes y de contratos de que se trate. 
En cuanto a la otra enmienda, que es la famosa 22 al artículo 4 sobre el derecho de retractación, me sumo a la ampliación del plazo de treinta días para ciertos contratos. 
Pongo por ejemplo los que en dicha enmienda se mencionan- que yo llamaría de alto riesgo -, como es el del seguro vitalicio o el de las pensiones de jubilación. 
Creo que hay que matizar la alusión que se hace al contrato de crédito hipotecario, porque también en este punto hay que recordar que once o doce de los Estados miembros protegen mejor ese crédito hipotecario mediante la escritura notarial y la inscripción en un registro territorial, y, por tanto, hay que entender que en el texto se alude a una fase precontractual. 
No hay contrato, según una buena parte del Derecho de los Estados miembros, sin esa escritura notarial y sin esa inscripción. 
Y, por tanto, dado que la forma aquí es ad substantiam, no se puede hablar de hipoteca ni de contrato, y ni siquiera hay crédito. 
Por último, he de aplaudir la alusión que se hace a las tarjetas de crédito, porque verdaderamente ha habido en ellas un enorme abuso, y creo que la enmienda al respecto, que es la 25, debe llevarse con todo rigor, ya que sin firma, simplemente con retener un número de tarjeta, se dan abusos que todos conocemos y, por tanto, en este punto hay que ser muy rigurosos. 
Señor Presidente, a estas alturas del debate, quizá lo más interesante que alguien pueda hacer al intervenir en él es resumir lo que se ha venido diciendo, porque es difícil añadir nuevas ideas. 
Es cierto que la globalización de los mercados y la difusión de las nuevas tecnologías de tratamiento de la comunicación y de la información han desencadenado cambios económicos y sociales que están revolucionando la manera en que los mercados sirven a los consumidores, al tiempo que estos cambios han transformado las expectativas de estos. 
Es cierto que, por ello, es urgente adaptar las políticas comunitarias a estos cambios, y en especial a los cambios que afectan a los métodos de comercialización. 
Es cierto que, cada vez más- y debería ser todavía más frecuente y los datos que ha dado el Sr. Whitehead son interesantes -, debería usarse el campo abierto por Internet para las contrataciones, incluso de los servicios financieros, sector sobre el que los consumidores se muestran más reticentes en la actualidad; y es cierto, señor Whitehead, que never, never, never, at the expense of the consumer. 
Pero aquí me voy a permitir citar a la Comisión en un excelente y reciente trabajo que menciona las políticas futuras y que dice textualmente: «Para que los consumidores desempeñen plenamente su nuevo papel en las políticas comunitarias, deben comprender las interdependencias entre sus intereses y otros que también son dignos de protección». 
Es decir, su sensibilización, por lo que respecta a sus derechos, exige asimismo un mayor reconocimiento de sus responsabilidades. 
Y esto viene a cuento de que, en realidad, estamos en una comunidad de Derecho en que las competencias comunitarias son competencias de atribución. 
Por lo tanto, flaco servicio le vamos a hacer al consumidor si, a través de una directiva sectorial, empezamos a desequilibrar el complejísimo edificio de las relaciones- se ha mencionado el principio de subsidiariedad- entre Derecho comunitario y Derecho de los Estados miembros. 
El Sr. Bru Purón ha hecho alusión a algo que él conoce excelentemente bien puesto que es notario: los créditos hipotecarios. 
Pues bien, me parece que, al hilo de lo que ha dicho el Sr. Bru Purón, conviene recordar que es cierto- lo ha dicho él- que coexisten, en estos momentos, en la Unión Europea distintos sistemas de tráfico jurídico inmobiliario y de reglas registrales, de publicidad registral podríamos decir. 
Pero, indudablemente, una de las características que, por ejemplo en España, hay que mantener es el carácter no claudicante de la constitución e inscripción de la hipoteca, que no puede someterse a ningún derecho de rescisión. 
Pero, además, hay que recordar aquí que las normas de ejecución hipotecaria se someten a la competencia de los tribunales del lugar en que se sitúa el bien, y debemos recordar al respecto el artículo 16.1 del Convenio de Bruselas de 1968 que, evidentemente, el Derecho comunitario debe respetar, y debe respetar, en definitiva, señor Whitehead, para el buen fin de los intereses de los consumidores. 
Y aquí tengo que hacer un paréntesis: usted desconfía mucho de los abogados, en lo que yo discrepo profundamente. 
Por eso, insistiré en que el edificio europeo es una construcción jurídica, una construcción en Derecho, y o contamos con los abogados, en general con la gente del Derecho, como correa de transmisión entre las reglas y la realidad social o mal irá la construcción europea. 
Señor Presidente, en definitiva, debemos respetar el Derecho comunitario. 
Y, personalmente, soy más favorable a una armonización media, o incluso a unos planteamientos básicos de armonización, que se irán mejorando y completando en el tiempo, que a una armonización máxima. 
Señor Presidente, escuchando al ponente y a todos los oradores he visto cuán importante es esta directiva. 
Es muy positiva, porque este tema data de lejos y, como recordarán, no todos estaban convencidos de que existiera la necesidad de una directiva sobre lo servicios financieros. 
Aquellos que se preocupan por los intereses del consumido recordarán el debate sobre la venta a distancia que tuvo lugar en esta Asamblea y si todavía existen algunas divisiones- todavía queda tiempo y espacio para encontrar alguna convergencia- hemos hecho bastantes progresos estableciendo algunos derechos básicos de los consumidores. 
Sólo deseo comentar brevemente tres puntos principales que anoté durante el debate. 
En primer lugar, el más controvertido: el nivel de armonización. 
Hay enmiendas que introducen un enfoque de armonización limitada de la disposición introducida por esta directiva, dejando a los Estados miembros espacio para mantener o introducir disposiciones más estrictas. 
Por tanto, hay enmiendas que piden una armonización mínima. 
La Comisión ha propuesto que las disposiciones de la directiva deberían estar plenamente armonizadas. 
Esta propuesta figura claramente en el considerando 9, por tanto, desde este punto de vista, la enmienda 57 puede considerarse superflua aunque, no obstante, reitera este punto. 
El razonamiento fue que los servicios financieros, debido a su carácter inmaterial- no hay nada consignado en un papel- son particularmente aptos para su comercialización a distancia. 
Si se añade la perspectiva transfronteriza de la introducción del euro, parece especialmente importante establecer un marco común para la comercialización a través de estas técnicas. Este marco común sería benéfico tanto para las empresas como para los consumidores. 
Repito el principio: estamos convencidos de que el derecho de los consumidores debe considerarse en perspectiva en relación con los derechos de otros sectores. 
Sin embargo, nuestra propuesta nos parece benéfica tanto para las empresas como para los consumidores porque ambas partes sabrán cuáles son reglamentaciones que han de aplicarse y ambas partes pueden confiar en que se aplican las mismas reglamentaciones de comercialización, sin importar la procedencia de los servicios. 
Este es un punto muy importante para apuntalar la confianza, que puede ser positiva tanto para los consumidores como para las empresas. 
Ante este argumento, la Comisión ha concluido que en esta etapa mantendrá su propuesta para la plena armonización. 
Sólo mencionaré otros dos puntos planteados en el debate. 
Uno es la información antes de la celebración del contrato y, el otro, el derecho general de retractación. 
En lo relativo a la información antes de la celebración del contrato, las enmiendas se ocupan de la información a los consumidores antes de celebrar un contrato y las enmiendas rechazan el concepto de un derecho de reflexión basado en un proyecto de contrato tal como lo introdujo la propuesta de directiva. 
La Comisión puede aceptar el principio establecido en la enmienda 21 de brindar a los consumidores antes de la celebración del contrato información adicional o resumida como una protección de las condiciones contractuales completas. 
No obstante, este principio debe tener en cuenta la interacción entre esta directiva horizontal y las directivas verticales en materia de servicios financieros que incluyen poner la información a disposición del consumidor. 
Por tanto, la Comisión no puede aceptar simplemente las enmiendas así redactadas. 
Debemos hacer hincapié especialmente la aplicación del principio de la información antes de la celebración del contrato, de modo que la información ofrecida proporcione un valor añadido a la entrega de información ya prevista en las directivas verticales. 
En segundo lugar, es preciso evitar solapamientos con la información que ya se suministra y, por último, es preciso que quede muy claro sin lugar a dudas que las disposiciones se aplican o prevalecen en caso de similitudes entre las disposiciones de esta directiva y las disposiciones de la directiva vertical. 
De modo que la enmienda 61, que introduce un derecho a renunciar al derecho de obtener información antes de la celebración del contrato significa que la Comisión debe rechazar el artículo 11, habida cuenta que establece que los consumidores no pueden renunciar a los derechos que les confiere la directiva. 
Por último, respecto al derecho general de retractación. Si suprimimos el derecho de reflexión, ello nos conduce naturalmente a hacer hincapié en un derecho general de retractación tal como lo disponen estas enmiendas. 
El principio orientador de esta enmienda es aproximar esta propuesta a las reglamentaciones de la directiva general. 
Una vez más, la Comisión acepta el principio, pero necesita examinar la aplicación. 
Sólo deseo mencionar dos temas que en esta etapa todavía están abiertos: la duración así como el alcance y extensión de cualquier excepción. 
No los comentaré en detalle. 
Ya he hablado mucho en relación con las enmiendas. 
En esta etapa, la Comisión quería dar algunas ideas y elementos de reflexión sobre los tres temas importantes que se han estado debatiendo y sin duda alguna quedamos a la espera del resultado final de la votación. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Venta y garantías de los bienes de consumo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0224/99) por la Sra. Kuhn, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (C4-0042/99- C4-0171/99-96/0161 (COD)) 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento a la Presidencia del Consejo y en especial a la Sra. Bonino y a sus colaboradores por haber llegado a un acuerdo de forma tripartita que fue acordado por el Consejo y por la delegación del Parlamento. 
El Parlamento ha aprobado el 17 de diciembre de 1998 14 enmiendas con respecto a la posición común. 
En el procedimiento de conciliación se asumieron 12 enmiendas literalmente o en su contenido, para mi eso es un buen resultado. 
Después de logrado el compromiso la directiva deberá convertirse en derecho nacional ahora lo más tarde el 1 de enero del 2002 y no dentro de tres años. 
Para la delegación del Parlamento la aprobación de esta enmienda era muy importante, porque para esa fecha la mayor parte de los ciudadanos de la Comunidad Europea recibirán por primera vez el euro como moneda y se puede esperar que por la transparencia de precios se realizarán más compras en el mercado interior por encima de las fronteras nacionales. 
Una armonización de mínimos del derecho de garantía le ahorra al consumidor problemas innecesarios. 
También se aceptó que un producto que haya sido producido por deseo del comprador y para el que el consumidor haya puesto a disposición el material necesario entre dentro de esta directiva. 
Excepción: el defecto se ha producido debido al material entregado. 
Si un consumidor monta un producto él mismo y se produce un defecto a causa de un fallo en la instrucción de montaje destinada al cliente, este fallo cae bajo el derecho de garantía. 
La presente directiva de garantía se incluye en el índice de la directiva sobre acciones inhibitorias en materia de protección de los intereses de los consumidores y para facilitar a los consumidores las compras en el mercado interior se les recomienda a los productores que venden productos en varios Estados miembros adjuntar una lista con una dirección de contacto en cada país donde se comercializa el producto. 
Lo último es sólo una recomendación, más no quiso el Parlamento por mucho que yo lo lamente, pero con el tiempo quizás muchos productores perciban esto como una posibilidad para obtener mejores oportunidades de comercialización de sus productos en todas las partes del mercado interior. 
Para que no se produzcan problemas de interpretación que desfavorezcan al consumidor, en el resultado de la conciliación se volvió a reiterar claramente, que la creación gratuita del estado contractual de una mercancía significa, que los costes necesarios, tales como costes de envío, de mano de obra y de material correrán a cargo del vendedor. 
Estos son de forma reducida los resultados más importantes de la Comisión de Conciliación. 
Si aprueban este resultado de conciliación, y parto de ello, entonces los consumidores de muchos Estados miembros recibirán una mayor garantía legal para productos de consumo y ustedes podrán contar con que la garantía significa una protección mínima en cada Estado miembro. 
El área de vigencia abarca a todos los productos de consumo, tanto nuevos como de segunda mano; la garantía legal es de dos años; en los casos de los productos de segunda mano, los Estados miembros podrán decidir, si los compradores y los vendedores pueden acordar mutuamente una limitación del tiempo de garantía a un año. 
Pero para prevenir interpretaciones erróneas, se tiene que decir en público, que un producto únicamente no corresponde a lo establecido en el contrato, si el defecto existía en el momento de la compra. 
Pero durante los primeros seis meses se invierte el peso de la prueba, eso significa, que se cree que un defecto existía ya en el momento de la entrega, si el vendedor no puede mostrar un daño causado por el cliente o si el tipo del producto no permite esa posibilidad. 
El concepto de defecto ha sido ampliado razonablemente por parte del Parlamento. 
Un producto defectuoso está definido como producto que no se corresponde con lo establecido contractualmente y también se incluyen en este concepto las declaraciones públicas que el fabricante o el comerciante realizan en la publicidad o que se encuentren en la etiqueta. 
Esta definición está muy bien, porque muchas veces la publicidad motiva la compra. 
Como remedio para los casos de productos que no se corresponden con lo establecido contractualmente existe en primer instancia el derecho a la reparación gratuita o el cambio del producto, siempre que sea económicamente razonable y que sea realizable. 
Si la solución no puede ser la reparación o el cambio, el comprador tiene todavía el derecho a una reducción adecuada del precio o a la anulación del contrato. 
Con esta jerarquización de las posibilidades de solución el Parlamento ha encontrado un equilibrio razonable entre los intereses de los consumidores y los de los vendedores. 
La directiva prevé unas obligaciones claras- eso es también importante para la garantía comercial, o sea para la garantía que ofrecen voluntariamente los fabricantes o los vendedores. 
Para garantizar que no se engañe al consumidor, las garantías deben contener informaciones claras y transparentes, entre otras la declaración de que la garantía no afecta a los derechos legales del consumidor. 
Por desgracia la directiva tiene en mi opinión al menos un punto débil. 
La posición común les da a los Estados miembros la posibilidad de introducir una obligación de reclamación en el transcurso de dos meses, o sea que el consumidor deberá descubrir y denunciar el defecto en el transcurso de dos meses. 
Aunque sólo un Estado miembro introduzca esta obligación de reclamación, va en contra del objetivo de la directiva, o sea, en contra de lograr una armonización de mínimos. 
Desgraciadamente el Parlamento no ha logrado en su segunda lectura una mayoría suficiente para borrar esa regulación. 
Pero al final de esta legislatura del Parlamento hemos logrado dar al ciudadano europeo más derechos como consumidores, y por ello les quiero dar las gracias a todos los colegas de este Parlamento, a la Comisión y al Consejo. 
Señor Presidente, Señorías, en los pocos minutos que dura mi intervención quizás sea pertinente dar las gracias a la ponente y con ella a la Sra. Comisaria que también nos acompaña en este último debate sobre el consumidor de esta Asamblea y, en realidad, rendir homenaje al proceso de codecisión, que hemos aplicado y que quizás sea más representativo más en este ámbito que casi cualquier otro proceso. 
Ha sido un éxito importante para el Parlamento y también para la Comisión y los Estados miembros en Consejo. 
Podría decir que estos procedimientos siempre van muy rápido, pero en este caso tenemos un modelo en el que muchas de las reservas expresadas en un principio, muchos de los temores respecto a los intereses comerciales, muchos de los temores de los diputados, se apaciguaron gracias a la manera en que dichos procedimientos se llevaron a cabo. 
Como resultado, ahora nos encontramos en una situación en la que existe una protección adecuada para el consumidor en relación con el tema de los bienes que pueden resultar defectuosos incluso si éstos son en parte fabricados por los propios consumidores. 
Hemos tratado con éxito el tema de los bienes de segunda mano que muchos temieron no podría introducirse eficazmente en la presente directiva. 
Hemos demostrado que «querer es poder». 
Puede mostrarse que aunque los bienes de segunda mano son, por definición, diferentes a los que se adquieren nuevos, basta un período de reflexión y subsanación diferentes. 
El mecanismo completo de la jerarquía de subsanaciones puede actuar y actuará aquí eficaz y espléndidamente. 
Me alegra mucho este resultado. 
Quisiera agradecer a la Sra. Comisaria Bonino por toda su ayuda, no sólo en este tema, sino de muchas otras maneras durante estos cinco años. 
Mis últimas palabras se dirigen a la Sra. Kuhn. 
Este es su último informe en su última Asamblea. 
Pienso que ha sido una compañera modelo y una colega modelo, diligente, directa, dedicada. 
Deseo que podamos contar aquí con más personas como ella y deseo que las personas ajenas conozcan el trabajo que realmente se lleva a cabo en los intersticios de esta Asamblea. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Whitehead, tengo el gusto de apoyar a la Sra. Kuhn. 
Se trata de un informe muy bueno sobre los consumidores. 
Cabe recordar que en junio de 1996, la Comisión presentó una propuesta de directiva relativa a las garantías de los bienes de consumo y los servicios de postventa. 
La intención de la propuesta era crear una armonización de mínimos de las disposiciones legales dentro de cada Estado miembro en particular sobre la necesidad de garantías legales, que ya mencionó con toda elocuencia el Sr. Whitehead. 
El único objeto de la propuesta es asegurar que en cualquier lugar que los consumidores hagan sus compras en la Unión Europea, gocen de un nivel mínimo de garantías y puedan apelar en recurso en su país de origen. 
La directiva asegura que los Estados miembros hagan la transposición del derecho internacional para enero de 2002, creando con ello un conjunto mínimo de reglamentaciones que concedan al consumidor derecho a apelar un recurso. 
Estos recursos son las reparaciones gratuitas, el reemplazo, la reducción del precio o la cancelación del contrato en el caso de objetos defectuosos. 
Ante la insistencia de esta Asamblea, las reparaciones gratuitas o el reemplazo también incluirán los gastos de envío, la mano de obra y los materiales. 
El Parlamento ha hecho un excelente trabajo. 
También hemos asegurado que se aplique la compensación por la instalación incorrecta de bienes, por ejemplo, los armarios, para proteger a los consumidores inducidos a error por instrucciones incorrectas. 
Se recomendará a los productores de bienes de consumo que faciliten con su producto una lista proporcionando, por lo menos, una dirección de contacto en cada Estado miembro en el que se comercialice el producto. 
La idea es que los compradores transfronterizos puedan ponerse en contacto con esta dirección si se les presenta un problema. 
Los Estados miembros tendrán la posibilidad de crear órganos de mediación que se ocupen de las reclamaciones de los consumidores, trátese de reclamaciones nacionales o transfronterizas. 
Asimismo, también hay una fuerte recomendación de que los fabricantes faciliten a los consumidores direcciones de contacto cuando los bienes se vendan en varios Estados miembros. 
Esta recomendación es importante porque mucha gente viaja no solamente en Europa, sino en el mundo entero. 
Por tanto, en mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, siempre he apoyado, a la par de la Sra. Kuhn y el Sr. Whitehead, medidas que garanticen que se proporciona una protección real adecuada a las necesidades y preocupaciones de los consumidores gracias a la legislación europea. 
En conclusión, el programa de cuatro años de protección al consumidor 1999-2003 tiene un valor de 91 millones de libras esterlinas y si se solicitan mayores aumentos a este presupuesto, tengo confianza de que en el futuro el Parlamento brindará su apoyo a dichas recomendaciones. 
Quisiera hacerme eco de los comentarios del Sr. Whitehead respecto a la Sra. Kuhn. 
La felicito por su dedicación y compromiso en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor a lo largo de los años y le deseo muchas alegrías y buena salud para el futuro. 
Señor Presidente, no hago uso de la palabra para repetir el contenido de esta legislación, sino para comentar el buen trabajo realizado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Si vemos el calendario, me alegra especialmente que estoy hablando de los últimos aspectos de esta directiva en el último período parcial de sesiones de nuestro Parlamento- que también para mí es la última sesión, al menos en lo que atañe a los asuntos de los consumidores. 
La Comisión introdujo esta legislación en junio de 1996. 
Fue transmitida al Parlamento en agosto de 1996. 
Entre tanto, se han modificado algunos puntos. 
No obstante, al final del día hemos conseguido ofrecer una buena legislación que brindará una mejor protección a los consumidores. 
Como dije, no repetiré los puntos de la legislación, pero voy a felicitar especialmente el trabajo de la Sra. Kuhn y de todos los demás compañeros en esta Asamblea. 
Por esta vez, también elogiaré el trabajo de los servicios de la Comisión. 
Cuando presenté esta directiva les dije que no se aprobaría nunca. 
De hecho, durante estos tres años hemos podido trabajar juntos de tal manera que esta directiva finalmente se aprueba. 
Es un buen legado para el próximo Parlamento y la próxima Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección civil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0124/99) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se crea un programa de acción comunitaria en favor de la protección civil (COM (98) 0768- C4-0072/99-98/0354 (CNS)) 
Señor Presidente, creo que nadie duda a estas alturas de la necesidad de un nuevo programa- en esta ocasión hasta el 2004- de acción comunitaria en favor de la protección civil, aunque realmente no hay mucho entusiasmo en el hemiciclo por este programa. 
Si se tiene en cuenta que en el año 1998 los desastres llamados «naturales» -yo no los consideraría siempre naturales- han causado 50.000 muertos y 12, 4 billones de pesetas en pérdidas (inundaciones, incendios, huracanes- como el Mitch- o catástrofes medioambientales- siempre recuerdo Doñana, que sigue coleando y con problemas -) se ha hecho imprescindible que las organizaciones de protección civil jueguen un papel importante en cada uno de estos desastres, sobre todo si dichas organizaciones funcionan bien, sus integrantes están bien formados y a la vez forman parte de una red de cooperación comunitaria. 
En las enmiendas que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha aprobado por una buena mayoría- una mayoría importante- se ha profundizado en algunos puntos de la propuesta presentada por la Comisión que nos parecen importantes: 
a) Es necesario un mayor y más eficaz desarrollo de la cooperación entre los Estados miembros, pues no hay suficiente cooperación.b) Hay que contribuir a que la protección de las personas y los bienes se acompañe de una mejor y más inteligente relación con la naturaleza que permita evitar las catástrofes evitables. 
Muchas de ellas lo son.c) Debe hacerse una referencia expresa a las regiones aisladas y ultraperiféricas y a las dificultades que sufren por sus condiciones geográficas, orográficas y sociales. 
La semana pasada, nuestro Grupo se reunió en Madeira y tuvimos oportunidad de visitar algunas poblaciones aisladas. 
Con las dificultades que la población tiene para sacar sus productos agrícolas de allí y las dificultades que tuvimos los eurodiputados para llegar a esas poblaciones, no me explico, cuando hay una catástrofe, cómo es posible que puedan afrontarla sin medios suficientes. 
Algunos compañeros que vinieron de las Azores ni siquiera pudieron ir directamente a Madeira. 
Tuvieron que ir de las Azores a Lisboa- 1.300 kilómetros- y de Lisboa a Madeira- 900 kilómetros -, teniendo que hacer un recorrido enorme para participar en los trabajos de este Grupo que, en esta ocasión, se ocupó de los problemas de las regiones ultraperiféricas. 
Por lo tanto, es imprescindible tener una mayor sensibilidad ante los problemas que estas regiones tienen.d) Se resalta la importancia de la formación de la población para que contribuya a su propia autoprotección. 
Se incluyen también las situaciones de emergencia medioambiental. 
Yo no puedo olvidar algunas de las emergencias medioambientales de mi país y también en el resto de Europa.e) Resaltamos el esfuerzo necesario en los niveles nacionales, suprarregionales, regionales y locales en materia de prevención, cooperación e intercambio de experiencias.f) Y proponemos detectar y estudiar las causas de las catástrofes y publicar las conclusiones de este estudio para que sean útiles para la prevención.Ratificamos la posición del PE en cuanto al comité necesario para la ejecución del programa, que debe tener carácter consultivo, aprobando la enmienda de la Comisión de Presupuestos que propone que sea más transparente y participativo. 
No estamos, por ello, de acuerdo con la enmienda 24- presentada por el Sr. Schnellhardt- que propone un carácter diferente para ese comité aunque, realmente, defiende a los Estados miembros, el mío incluido. 
Pero nosotros creemos que debemos seguir defendiendo la política del Parlamento Europeo con respecto a estos comités. 
También estamos de acuerdo con el papel necesario de las organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión de Medio Ambiente ha aceptado- aunque yo tenía dudas como ponente- las enmiendas de la Comisión de Presupuestos que se refieren a la cooperación con los países que participen en los programas PHARE, TACIS y MEDA, países de la Europa Central y Oriental y del Mediterráneo. 
No estamos en contra de esa cooperación pero sí es verdad que nos preocupa que un presupuesto tan escaso de 2 millones de euros tenga que hacer frente también a la cooperación con estos países. 
Sin embargo, estas enmiendas de la Comisión de Presupuestos fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente y yo debo defenderlas aquí. 
La Comisión de Presupuestos también expresa su preocupación por que este programa tenga un 25 % de gastos administrativos. 
Sin embargo, la propia ponente de opinión- que no sé si está aquí- reconoce que estos gastos administrativos pueden deberse al papel que juegan los expertos, a la conexión con la red, a los análisis, a la formación. 
Es decir, que es natural casi que haya tantos gastos administrativos aunque debiera tenderse a reducirlos. 
En definitiva, aunque- como decía al principio- este programa no despierta mucho entusiasmo, señora Comisaria, yo creo que es muy importante. 
Conozco bien el trabajo de las personas que trabajan, a veces de forma voluntaria, en las organizaciones civiles que hay, sobre todo, en las localidades y me parece que, si colaboramos para que esas organizaciones sigan funcionando, podemos ayudar a evitar o a paliar los efectos de algunas catástrofes. 
Visto que no hay diputados que participen en el debate, la Presidencia quisiera felicitarla por su informe y comentar que la falta de interés probablemente se deba más al consenso que suscita que a cualquier discrepancia con el tema. 
Señor Presidente, comparto plenamente las palabras del Sr. Presidente y me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y en especial a la ponente, Sra. González Álvarez, el trabajo que ha llevado a cabo y el interés que ha mostrado a lo largo de la tramitación de esta propuesta. 
El objetivo de esta propuesta, como es bien sabido y se ha mencionado también, es garantizar la continuación del actual programa de acción en materia de protección civil, fundado en la resolución del Consejo de 1998 que expira el 31 de diciembre de 1999. 
Creo que este programa, cuyo objetivo es apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembros en materia de protección civil, también es importante y que es importante hacerlo lo más eficaz posible. 
Se han presentado 23 enmiendas y la Comisión acepta 14 de ellas. 
Creemos que ayudan a mejorar y también a clarificar el texto. 
Algunas enmiendas destacan el proceso empírico que forma parte de los principios fundamentales del programa, otras piden involucrar más a los ciudadanos y a las ONG y luego están por último las que refuerzan los aspectos de índole medioambiental. 
En consecuencia, aceptamos las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18 y 22. 
Luego está la enmienda 23, que se acepta parcialmente, y la enmienda 19 que se acepta en principio. 
Resulta que la enmienda 19 y varias partes de la enmienda 23 van encaminadas a aumentar la participación de las ONG en la protección civil, algo en lo que estoy de acuerdo naturalmente y que, por tanto, acepto también en principio porque otorga a las ONG la posibilidad de tomar parte en el intercambio de expertos. 
Luego están las otras enmiendas que no nos gustan. 
Me refiero a las enmiendas 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 21 y 24. 
Permítanme decir sobre algunas de éstas que buscan mejorar la cooperación con los países participantes en los programas PHARE, TACIS y MEDA. 
Es un objetivo naturalmente que merece toda nuestra simpatía, sin embargo, cuando se trata de protección civil, la cooperación queda organizada fuera de nuestros programas de acción. 
Actualmente, se están ejecutando dos proyectos bajo los auspicios de Phare y Meda y un tercero, que posiblemente recibirá financiación de Tacis, está en fase de elaboración. 
Me gustaría también hacer referencia a la segunda parte de la enmienda 20, pues en ella se aduce que los proyectos piloto deberían poder ser financiados con hasta el 100 % en lugar del 50 % que propone la Comisión si se trata de regiones apartadas. 
Estamos convencidos de que una gestión presupuestaria responsable exige también una corresponsabilidad financiera por parte de los participantes en los proyectos y por ello no aceptamos esta propuesta. 
La Sra. González Álvarez mencionó la cuestión de los comentarios de la Comisión de Presupuestos relativos a la parte de gastos administrativos dentro del presupuesto de explotación global y realizó algunas observaciones muy sensatas al respecto. 
Mis servicios y yo estamos precisamente examinando esta cuestión, siendo nuestra intención garantizar que estos gastos administrativos se mantengan reducidos al mínimo cuando se ponga en marcha el programa. 
Por último, espero que el Parlamento contribuya con su colaboración a garantizar una rápida aprobación de la propuesta actual que asegure la continuidad entre el programa de acción comunitario actualmente en marcha y el programa propuesto que entrará en vigor el 1 de enero del año 2000. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Emisiones contaminantes de los tractores agrícolas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0128/99) , del Sr. Fitzsimons, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas que deben adoptarse contra las emisiones de gases contaminantes y de partículas contaminantes procedentes de motores destinados a propulsar tractores agrícolas o forestales y por la que se modifica la Directiva 74/150/CEE del Consejo (COM (98) 0472- C4-0512/98-98/0247 (COD)) 
Señor Presidente, para ser breve, debido al gran volumen de asuntos que hemos de debatir en el Pleno esta tarde y habida cuenta de la hora tardía, propongo limitarme a unas pocas observaciones pertinentes sobre mi informe, que ha sido elaborado en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Se refiere básicamente a la contaminación agrícola y forestal procedentes de los tractores agrícolas o forestales. 
Como todos lo sabemos por experiencia, el tráfico por carretera está aumentando y con éste la contaminación. 
Diariamente asalta nuestro olfato y nuestros sistemas respiratorios un cóctel potencialmente letal de monóxido de carbono, hidrocarburos sin quemar, óxidos de nitrógeno y partículas. 
De modo que la Unión Europea ha presentado medidas para poner freno a las emisiones de los vehículos por carretera. 
Estas medidas se han afinado y añadido como avances del conocimiento técnico y científico. 
No obstante, otros estudios llevados a cabo establecen con toda claridad que las emisiones generadas por máquinas móviles que operan fuera de las carreteras, así como los tractores agrícolas y forestales también se suman a la contaminación atmosférica. 
De modo que esta propuesta de directiva sobre las medidas que han de adoptarse en contra de la contaminación procedente de los motores destinados a propulsar los tractores sigue las orientaciones de la directiva de 1997 sobre las emisiones procedentes de los motores instalados en las máquinas móviles no de carretera. 
La directiva propuesta está destinada a ayudar tanto a la industria como al usuario, por tanto, de ninguna manera está en contra del usuario ni en contra del productor agrícola. 
Su objetivo es ofrecer, por un lado, un compromiso entre tener requisitos uniformes y, por otro, facilitar el acceso de la Unión Europea a los mercados mundiales aproximando las especificaciones industriales de la Unión Europea a las exigencias más amplias establecidas en el Reglamento de 1995 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. 
Quisiera pedirles su apoyo para este informe. 
Básicamente respalda la posición de la Comisión en los proyectos de propuesta, pido disculpas a los Sres. 
Comisarios por tenerlos aquí hasta estas horas de la noche. 
Quisiera dar las gracias a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor por el apoyo que ya han prestado en comisión a mi informe. 
Como siempre, sus comentarios fueron constructivos y útiles. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha hecho sentir su presencia en el ámbito cada vez más importante de la legislación medioambiental y sé que seguiremos haciéndolo. 
Espero que mi informe sobre la contaminación atmosférica por los tractores agrícolas y forestales contribuya positivamente, con el apoyo del Parlamento, a un medio ambiente más limpio y seguro. 
Señor Presidente, Señorías, el tráfico sigue siendo una fuente importante para la contaminación atmosférica. 
Hasta ahora existen directivas europeas para coches, camiones y máquinas móviles agrícolas con valores límites para las emisiones de gases contaminantes y de partículas contaminantes y sus correspondientes directivas de control y autorizaciones de tipos. 
El Parlamento Europeo viene exigiendo desde 1996 normalizaciones legales también para tractores agrícolas y forestales. 
Es un éxito que hoy lo podamos debatir, ya que con esta reglamentación se hará una aportación importante para la protección del medio ambiente, pero también se facilita la comercialización de esos tractores dentro de la Comunidad Europea así como también el acceso de fabricantes europeos al mercado de terceros países a través de la equivalencia creada entre la legislación comunitaria y el reglamento de la EC-ONU nº 96. 
Nuestro grupo parlamentario fracción da las gracias a su nuestro colega Fitzsimons por su informe sobre esta propuesta tan complicada y técnica y apoya todas las enmiendas que ha presentado. 
Pero tengo, para finalizar, una pregunta para el Sr. Comisario competente, ya que la Directiva 77/537 sobre las medidas que deben adoptarse contra las emisiones de contaminantes procedentes de los motores diesel destinados a la propulsión de los tractores agrícolas o forestales sigue vigente. 
Pero ésta establece para los controles de las emisiones un combustible de referencia diferente que la directiva anterior. 
Puede usted confirmar que todavía existe esta discrepancia y, sobre todo, ¿si no sería necesario adaptar la directiva del 77 a la nueva legislación? 
Señor Presidente, primero quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Fitzsimons, no solo por su trabajo en el informe, sino también por su precisa información de esta tarde. 
En general ya habíamos establecido los valores límite para la emisión de gases contaminantes procedentes de motores destinados a propulsar máquinas móviles y aparatos. 
El objetivo ahora es, que estos valores también sean válidos para tractores agrícolas. 
Lo mismo vale para las disposiciones de control para la disminución de las emisiones de gases contaminantes. 
Con ello alcanzaríamos la equivalencia con otros reglamentos ya existentes. 
El Parlamento ha presentado cinco enmiendas. 
Las enmiendas 1 y 3 las podemos aceptar, pero no la enmienda 2. 
En ella se propone que la Comisión presente en el año 2002 otra propuesta para establecer unos valores límite más estrictos. 
Pensamos que eso no es ni necesario ni aceptable, ya que en ese momento es cuando los Estados miembros van a poner en práctica los valores límite de esta directiva. 
También se debe tomar en consideración que el plan de fechas para el cumplimiento de los valores límite de esta directiva debería ir paralelo al de la directiva sobre máquinas móviles y aparatos, o sea en el año 2004. 
Además, al establecer valores límite más estrictos, deberán considerarse la tecnología disponible y sobre todo el principio que hemos propuesto para todas las medidas sobre el medio ambiente y que ha sido reconocido también por el Parlamento, el principio de la relación de costes y de beneficios. 
Eso significa que no podemos exigir al buen tuntún que se establezcan unos valores límite más estrictos. 
La enmienda 4 tampoco es aceptable. 
Esta enmienda afecta a la adaptación a los avances técnicos bajo la directiva marco 74/150. 
Esta directiva se está revisando en su totalidad. 
Por lo tanto pensamos que no es correcto ni el momento para hacer o aceptar ahora enmiendas acerca de directivas individuales. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 5. 
Ya no tiene sentido, porque la propuesta presente de la Comisión asume literalmente tanto el nivel 1 como el nivel 2 de la directiva 97/68 sobre emisiones de gas para motores de máquinas y aparatos móviles. 
Con respecto a la pregunta que ha dirigido la Sra. Schleicher, a saber a quién. Yo soy Comisario en funciones y no Comisario ordinario, eso es un error. 
La Comisión, después de su dimisión, sigue actuando en todos sus derechos y obligaciones, y yo también lo hago. 
Así que no sé si me ha dirigido a mí la pregunta, pero voy a partir de ello. 
Esta pregunta tiene dos aspectos, por un lado la pregunta acerca de la homologación, donde valen directivas sobre combustibles y por otro lado sobre el control de si se cumplen esas directivas en la práctica. 
Creemos que teníamos hasta ahora una buena práctica sobre la homologación con los Estados miembros y también se encontrará un buen reglamento para el control en la práctica. 
Quizás se tengan que considerar entonces otros valores para el combustible, porque en la práctica se aplican esos valores para el combustible. 
Para la homologación se puede llegar a otros valores para el combustible. 
Como puede ver, la Comisión no está en su función ordinaria, sino que está totalmente presente en espíritu. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Productos alimenticios destinados a una alimentación especial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0225/99) de la Sra. Sandbaek en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/398/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos alimenticios destinados a una alimentación especial (3607/99- C4-0154/99-99/0076 (COD)) 
Señor Presidente, la reunión del Consejo Europeo celebrada en Edimburgo solicitó como es sabido una simplificación de la legislación comunitaria. 
Esta simplificación se ha producido en una medida muy pequeña. 
Sin embargo, en cualquier caso es un motivo de alegría ver que el Consejo ha reducido la lista originaria que incluía nueve categorías de alimentos destinados a una alimentación especial a cinco directivas específicas. 
La lista debería haber quedado en cuatro, puesto que en el dictamen presentado por el Parlamento en la primera lectura no había nada que justificara la elaboración de una directiva específica para los alimentos destinados a deportistas. 
Para definir un alimento como destinado a la alimentación especial, debe cumplir ciertas necesidades nutricionales específicas para ciertas categorías de personas, que no pueden ingerir alimentos corrientes, bien porque tienen problemas digestivos o de metabolismo bien porque por su estado fisiológico les resulta especialmente beneficiosa la ingesta controlada de ciertas sustancias que se hallan en los alimentos. 
Los bebés y lactantes constituyen una categoría en sí mismos. 
Los deportistas entran a duras penas dentro de esta definición. 
Y nos preocupa que los alimentos normales que tienen características especiales que los hacen especialmente idóneos para los deportistas, como son la pasta y muchas bebidas, pasaran a quedar incluidos dentro de la directiva específica, lo que les crearía gran confusión a los consumidores y chocaría claramente con esta simplificación de las normas que la directiva debería promover. 
Los intereses de la industria parecen haber pesado más que los de los consumidores cuando el Consejo insiste en esta directiva absolutamente superflua. 
Lo más lógico habría sido a la inversa, que la consideración decisiva hubiera sido la atención a los consumidores. 
A este respecto, me alegra que el Consejo haya dejado en suspenso la cuestión relativa a la directiva específica sobre los alimentos destinados a los diabéticos. 
Mis compañeros en el Parlamento querían esta directiva, sin embargo, creo que en este caso debemos escuchar a las organizaciones de diabéticos, las cuales han manifestado unánimemente que la comercialización y el fácil acceso a los productos para diabéticos crean una falsa necesidad entre los diabéticos. 
Los productos para la diabetes no tienen nada que ver con el moderno tratamiento de la diabetes. 
Por otra parte, su contenido en grasas dañinas es elevado, su declaración es deficiente y cuestan generalmente hasta un 400 % más que un producto normal, siendo absolutamente innecesario y absurdo imponer esta carga a los diabéticos. 
De lo que se trata es de estar bien informados y combinar correctamente los alimentos en cada caso. 
Es de esperar que el compromiso del Consejo de recabar ahora un dictamen al Comité Científico de Alimentos tenga por resultado el abandono de la idea de elaborar una directiva al respecto. 
Ahora voy a tratar la directiva específica sobre potitos, que fue el motivo por el cual se ha retrasado la aprobación de la Directiva marco. 
Ante todo, me gustaría felicitar a la Sra. Breyer por las enmiendas que presentó y ha defendido relativas a la obligación de que los potitos estén libres de pesticidas para quedar recogidos dentro de la directiva. 
He de admitir que en la segunda lectura de la Directiva marco estaba de acuerdo con el Consejo en que la Directiva marco no era el marco correcto para las disposiciones de la directiva específica relativas al nivel de pesticidas en los potitos, aunque naturalmente también estaba totalmente de acuerdo con la Sra. Breyer en la necesidad de que los potitos estuvieran libres de pesticidas. 
Gracias especialmente a las enmiendas de la Sra. Breyer, el Parlamento ha logrado presionar tanto a la Comisión como al Comité de Alimentos. 
El largo procedimiento de conciliación que hemos pasado ha tenido una influencia decisiva a la hora de conseguir que el nivel máximo de restos de pesticidas en los potitos haya quedado fijado en un 0, 1 mg por kg, lo que en la práctica implica potitos libres de pesticidas, pues no es posible medir niveles más bajos. 
Para cumplir las disposiciones de la directiva, en la práctica sólo podrán emplearse productos ecológicos en la fabricación de potitos. 
Esperamos que el siguiente paso sea que la UE mejore también las posibilidades de los agricultores ecológicos de producir los productos necesarios de forma competitiva, algo que no hace lamentablemente la Agenda 2000. 
Ha habido una gestión bastante problemática de algunas de las directivas específicas ya otorgadas. 
La directiva sobre potitos es la feliz excepción. 
Por ello debe servir para que el Parlamento Europeo vea cómo en las directivas de carácter técnico hay un contenido político que no puede dejarse en manos de un comité de expertos. 
Espero que el Parlamento apruebe el jueves el Informe Aglietta relativo a las condiciones para el desempeño de las competencias ejecutivas atribuidas a la Comisión para que esta historia de éxitos en el caso de los potitos se vea refrendada por muchas otras más. 
En cualquier caso, es un buen comienzo aprobar esta directiva en conformidad con el borrador común de la Comisión de Conciliación. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en esta semana se debaten en este Parlamento temas muy importantes: la nominación del nuevo Presidente de la Comisión, Romano Prodi, la Agenda 2000 y muchas cosas más. 
En este conjunto, la directiva sobre la dieta alimenticia no parece el tema más importante, tal y como se puede apreciar en la asistencia. 
Pero yo creo que se trata de puntos importantes, y- la Sra. Sandbæk ya lo ha mencionado- los plaguicidas en los alimentos de los bebés fue un punto de controversia muy fuerte, y en esos casos se trata de la salud de bebés y niños pequeños. 
Creo que las personas no entenderían muy bien si Europa llegara a un acuerdo del mínimo común, no, aquí se requiere el principio de prevención. 
Nosotros, como Parlamento, hemos exigido siempre ese principio de prevención y hemos dicho: los plaguicidas no tienen nada que hacer en la comida de bebés y eso lo hemos dejado claro en una enmienda. 
Estoy- y mi Grupo también- muy satisfecha con el resultado del procedimiento de conciliación, ya que en el transcurso del procedimiento de conciliación se aceptó este principio, naturalmente no como parte integral del procedimiento de conciliación, pero políticamente como parte de las negociaciones. 
Quiero expresar otra vez con claridad, que en el Parlamento nos hemos basado siempre en las afirmaciones de científicos, como por ejemplo las afirmaciones del ESPEGAM, que ha defendido la posición clara de que mientras no se tenía ADI para bebés, se debe aplicar un valor estricto de cuasi cero. 
Quiero dar las gracias- quiero decirlo correctamente- a la Comisión dimitida que se encuentra todavía en funciones, porque no fue una labor sencilla. 
Y creo que excepcionalmente se puede destacar al Sr. Bangeman como luchador en favor de la protección del consumidor. 
Siento que al principio tuviera tantas resistencias en la Comisión, especialmente por parte de la Sra. Bonino. 
Ella debería haber defendido la protección del consumidor, pero al final salió todo bien, lo que se hace con esmero sale finalmente bien. 
Tenemos un buen resultado, y mañana podremos aprobarlo. 
Señor Presidente, también nosotros lo aprobaremos mañana. 
Me alegra mucho que la Sra. Sandbæk haya vuelto a mencionar que era la enmienda de los Verdes, la que preveía que los alimentos para bebés y para niños pequeños estuviera libre de plaguicidas. 
Creo que es una gran victoria para la protección del consumidor y es una aportación importante para la ecologización de la política agraria. 
Con la decisión hemos mostrado que se puede lograr que las normas más estrictas, o sea el valor límite de cero comprobado, como ya existe en la República Federal, se puedan convertir en una norma para toda la UE. 
Ahora sólo podemos esperar que los productores de la UE efectúen un cambio rápido en la producción de alimentos para bebés y niños pequeños, porque una cosa está clara: la alimentación de bebés y niños pequeños debe estar libre de cualquier sustancia venenosa. 
En este caso no podemos realizar una armonización de mínimos, sino que debemos imponer la mayor medida de prevención y la mayor medida de obligación de actuar con diligencia frente a los más pequeños en nuestra sociedad. 
Pero esperamos que esto sea un punto de partida para una iniciativa en contra del concepto de ADI en toda la alimentación, especialmente para escolares y adolescentes, porque el concepto de ADI nos dice la cantidad de plaguicidas puede tomar un adulto. 
No sólo los bebés, sino también los escolares y los adolescentes toman más plaguicidas por kilogramo de lo debido. 
Creo que ahora debemos empezar a revisar todo el concepto de ADI, e intentar en base a este éxito ampliarlo también a escolares y adolescentes. Porque se sabe que incluso unas cantidades mínimas de plaguicidas pueden provocar en las personas y especialmente en los niños graves enfermedades. 
Señor Presidente, para empezar también quisiera dar las gracias a la ponente. 
Teníamos el encargo del Consejo Europeo de reducir el número de disposiciones sobre alimentos dietéticos. 
Eso no lo hemos logrado, ya que ahora tenemos dos más, pero al menos hemos logrado una cierta aclaración. 
Le digo sinceramente, y eso lo sabe de los debates anteriores: hubiera preferido que se hubiera renunciado a la directiva sobre alimentos para deportistas, ya que esta nos lleva a una desinformación, ya que será muy difícil lograr disposiciones claras para los diferentes deportes, ya que la alimentación difiere mucho según el tipo de deporte y será difícil proponer determinados alimentos para determinados deportes. 
Pero no creo que estaría bien rechazar el resultado de la conciliación en esta cuestión o a causa de esta cuestión. 
En lo que se refiere a los residuos en la alimentación infantil, la Comisión ha defendido una posición clara que corresponde exactamente con la posición que hemos logrado finalmente aquí. 
La única diferencia era, dónde se debería establecer, en la directiva específica o en la directiva marco. 
Pero en la cuestión general, en la cuestión de fondo estábamos de acuerdo. 
Es verdad que en la Comisión hubo un debate, pero eso lo hay con frecuencia. 
También es verdad que no todos los Comisarios pueden tener desde el principio la misma opinión. 
Pero hemos logrado esta posición de que se debe considerar para bebés y niños pequeños el principio de prevención. 
Eso significa que este valor de residuos muy pequeño es válido- lo hemos propuesto y se va a aprobar -, a pesar de que no en cada caso ni para cada plaguicida existan resultados científicos. 
Así que en este punto hemos abandonado nuestra posición que mantenemos siempre y que seguiremos manteniendo de basar nuestras medidas legislativas en conocimientos científicos, con la excepción de que existan realmente causas de peso que nos digan que debemos seguir únicamente al principio de prevención sin conocimientos científicos. 
Sigo pensado que es correcto, de lo contrario se vuelve todo nebuloso, y eso tampoco ayuda al consumidor, porque eso lleva a arbitrariedades y de esa forma no se podrá ayudar a los consumidores. 
Así que quisiera repetir- para esta Comisión es válido y espero que para la próxima también -: si dejamos de regirnos por resultados científicos, se abre la puerta a todo tipo de decisiones y en el fondo no se podrá indicar el por qué de una decisión. 
El principio de prevención, que puede dejar fuera de consideración o no necesitar de los resultados científicos es una excepción, que en este caso se presenta claramente- por eso la Comisión lo ha apoyado- pero que no se puede generalizar. 
Se lo digo a la Sra. Breyer. 
Ahora empieza con escolares, luego vienen los adolescentes en edad de la pubertad, para los que es muy importante que no estén expuestos a peligros. 
Luego vienen los veinteañeros que sufren por no poder seguir yendo a la discoteca. 
Y luego los que tienen hasta cuarenta años. 
Y a partir de éstos se repite el mismo dilema que con los bebés. 
A estos se les debe proteger de todo. 
Bueno, señora Breyer, en este camino no la acompañará la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Nuevo procedimiento de codecisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0206/99) del Sr. Manzella, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la declaración común relativa a las modalidades prácticas para el nuevo procedimiento de codecisión (artículo 251 del TCE) 
Señor Presidente, Señorías, primeramente deseo presentar las disculpas del ponente que no pudo estar con nosotros esta noche. 
Ahora se sabe bastante bien que el Tratado de Amsterdam amplía el procedimiento de codecisión de unos 15 a unos 38 artículos en el marco del Tratado, de modo que la mayor parte de la legislación no agrícola estará sujeta a la codecisión. 
Este procedimiento realmente transforma la autoridad legislativa de la Unión Europea en una verdadera autoridad legislativa bicameral. 
El Tratado de Amsterdam también modifica el procedimiento propiamente dicho, y eso se sabe menos, proporcionando una igualdad absoluta entre el Parlamento y el Consejo en el curso del procedimiento. 
Usted fue el primero en pensar en ello, señor Presidente, cuando trabajó en los Informes Martin. 
En esa época tuve el privilegio de trabajar con usted sobre este tema. 
Se elaboraron los primeros borradores de un posible procedimiento de codecisión para el futuro, siempre previendo la igualdad entre el Parlamento y el Consejo. 
Ahora forma parte de la legislación. Es muy importante. 
Significa que para tener la aprobación de la legislación europea, ahora es preciso salvar dos vallas, dos pruebas que demuestren la calidad y la aceptabilidad de dicha legislación. 
Debe resultar aceptable para una mayoría de los gobiernos electos que integran el Consejo y por una mayoría de eurodiputados directamente electos en el Parlamento. 
El Parlamento aporta una mayor diversidad al examen de la legislación europea. 
Después de todo, en el Parlamento no sólo se cuenta con ministros de Gobierno que vienen de la capital de sus países, sino también representantes electos de todas las regiones, de todos los Estados miembros, procedentes de los partidos gobernantes y de oposición con toda su diversidad y pluralidad. 
Imaginen por un momento el sistema europeo sin el Parlamento Europeo. 
Estaría totalmente dominado por los diplomáticos, los tecnócratas y los burócratas, con ministros volando de vez en cuando a Bruselas para tratar de estar al tanto de lo que está pasando. 
El hecho de tener en el núcleo del sistema de la toma de decisiones un organismo de representantes de tiempo completo con toda la diversidad que representan, llamando a las puertas, haciendo llamadas telefónicas, haciendo preguntas incómodas, sondeando, interrogando, estudiando en detalle los temas y volviendo a las regiones para hablar de ello con los grupos de interés, los sindicatos, los empresarios, los grupos de consumidores y los gobiernos locales en sus regiones. Esto es lo que confiere el total pluralismo, diversidad, apertura y democracia al sistema europeo. 
Reconozcamos que dar ahora al Parlamento un estatuto de igualdad con el Consejo en el procedimiento de codecisión, es un formidable paso hacia adelante para la Unión Europea. 
Las modificaciones aportadas al antiguo procedimiento son tres: la supresión de la denominada versión negativa de la tercera lectura, gracias a la cual, si no se había llegado a un acuerdo en conciliación, el Consejo podía seguir adelante y aprobar su propio texto para luego presentarlo al Parlamento confrontándolo a rechazarlo por mayoría absoluta en el plazo de seis semanas. 
Esa disposición desequilibraba el procedimiento en favor del Consejo, a pesar de que se utilizó en raras ocasiones- el Consejo sólo lo intentó una vez, lo rechazamos y nunca más lo intentó de nuevo. 
No obstante, era una parte malsana del procedimiento. Va bien con Amsterdam- por tanto, plena igualdad. 
Ahora, en el marco del Tratado de Amsterdam, es posible el rechazo simple por parte del Parlamento cuando nos oponemos a un texto en lugar de un rechazo en dos fases- más sencillo, más fácil y coloca al Parlamento en una posición más fuerte. 
En tercer lugar, la posibilidad de llegar a un acuerdo en primera lectura. 
Como dije, estas modificaciones nos colocan en una posición de igualdad, pero también necesitaban una revisión del acuerdo que se remonta a 1993 sobre el funcionamiento del procedimiento. 
Me alegra mucho- y debo felicitar a los Sres. Vicepresidentes Imbeni, Fontaine, Verde, Ken Collins, De Giovanni y al ponente al que reemplazo, por el texto que han negociado con las demás instituciones. 
Es un buen texto: práctico y flexible. 
Va más lejos que el texto de 1993, que se limitaba a la conciliación: abarca todo el procedimiento de codecisión en su conjunto. 
No olvidemos que la mayor parte de las codecisiones desembocan en un acuerdo sin necesidad de recurrir al Comité de Conciliación, de modo que es muy importante que haya sido incluido en el texto. 
Reconoce la práctica de que las negociaciones no se lleven a cabo entre 15 y 15, sino en un grupo más reducido: el presidente y ponente de la comisión competente con el Presidente del Consejo y la Comisión, informando posteriormente al Comité de Conciliación en pleno. 
Permite llegar a un acuerdo en primera lectura y trata de que el Consejo abra el diálogo con nosotros en la primera lectura, como lo hemos hecho recientemente en nuestro nuevo Reglamento, así como alentar ese tipo de diálogo en un etapa inicial. 
Por último, pero por encima de todo, es correcta la manera en que el texto reconoce la igualdad del Parlamento y el Consejo: el comité será presidido conjuntamente; se reunirá alternativamente en los locales del Parlamento Europeo y del Consejo: los textos tienen que ser firmados conjuntamente por ambos presidentes; las cartas tienen que ser firmadas por los copresidentes; incluso la formalización por los Juristas-Lingüistas se llevará a cabo por el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Todos estos elementos reconocen la igualdad de ambas instituciones y, como lo dije antes, da la señal de salida a esta nueva era en la que somos dos los que conformamos una autoridad legislativa bicameral a escala europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Corbett no solo tiene el mérito de sustituir de forma excelente al ponente sino que también ha detallado muy explícitamente el desarrollo práctico y los avances en los procedimientos de codecisión en los que se basa este informe. 
No quiero referirme a ellos, pero sí quisiera aprovechar la oportunidad para indicar lo siguiente: por mucho que nos haya hecho avanzar Amsterdam en el parlamentarismo práctico, no debemos pasar por alto que nos falta todavía bastante para lograr un parlamentarismo real en la Unión Europea. 
Quisiera recordar el tercer pilar, que es muy significativo para los derechos humanos, para el estado de Derecho y para el cual con el Tratado hemos recibido un plan cronológico, pero donde falta prácticamente la discusión política sobre la parlamentarización del tercer pilar. 
Un segundo punto: los Estados miembros siguen pensando que es inadmisible someter realmente la política agraria a una decisión parlamentaria, especialmente en el apartado presupuestario y en la modificación del Tratado nuestro derecho de consulta está todavía muy poco desarrollado. 
Sólo quería mencionar estos puntos porque para mí son muy importantes. 
Queremos una Unión Europea fuerte con una Comisión fuerte, con un Parlamento fuerte, porque esa es la garantía de una Unión Europea democrática. 
Una Unión Europea potente sólo puede ser democrática y por eso debemos proseguir en nuestros esfuerzos por una parlamentarización de la Unión Europea y no debemos desistir en nuestro empeño. 
Sólo quería mencionarlo en esta ocasión. 
Señor Presidente, Señorías, creo que es una suerte, efectivamente, que, como ha señalado hace un momento el Sr. Corbett, esta sesión la presida un gran experto en temas institucionales como es el Sr. Martin. 
Todos los que hemos trabajado con él durante años nos hemos beneficiado de su experiencia y yo, personalmente, me he beneficiado de aquel magnífico informe que presentó en la legislatura iniciada en 1989 y por eso quiero en este momento, si me lo permiten, rendirle homenaje. 
Quiero felicitar también al Sr. Manzella y al Sr. Corbett, así como a los negociadores de las tres instituciones por el excelente trabajo realizado y por haber sabido encontrar un punto de equilibrio entre una aplicación dinámica de las disposiciones y la obligación de respetar plenamente el Tratado. 
Las modalidades acordadas y aprobadas formalmente por la Comisión me parecen especialmente útiles por varias razones. 
En primer lugar, porque ofrecen a las instituciones los medios necesarios para concluir, como lo permite el Tratado, cualquier procedimiento legislativo de codecisión en primera lectura, siempre y cuando, como es lógico, se llegue a un acuerdo entre las mismas. 
Es precisamente en esa primera fase en la que las instituciones están en condiciones de ejercer plenamente sus poderes. 
En segundo lugar, porque la Comisión participa plenamente a lo largo de todo el procedimiento y, en particular, puede ejercer un importante papel de mediación durante la fase de conciliación. 
En mi opinión, el ejercicio de esta responsabilidad deberá reforzarse en el futuro. 
Y, por último, les diré que, a mi juicio, la clave del éxito en el desarrollo del procedimiento legislativo reside en una estrecha y muy fluida cooperación interinstitucional. 
Además, este acuerdo marca, con la aplicación del nuevo Tratado, la conclusión de lo que podríamos llamar período de prueba o de rodaje del procedimiento de codecisión y del papel del Parlamento como colegislador. 
El éxito del procedimiento de codecisión, en los primeros años de su funcionamiento, fue sin duda, para la última Conferencia Intergubernamental, una señal clara para ampliar su ámbito a casi todas las principales actividades legislativas. 
La codecisión se ha convertido ahora en la regla general, y la función del Parlamento, como colegislador, se ha visto confirmada. 
Y de esta forma creo que podemos sentirnos satisfechos, porque, en definitiva, la democracia se ha reforzado con ello. 
En cuanto al procedimiento de codecisión en el Tratado de Amsterdam, debemos evaluar positivamente, en primer lugar, la posibilidad de concluir el proceso legislativo en primera lectura. 
Esto debe permitir acelerar la toma de decisiones legislativas, avanzando así por el camino trazado por las instituciones después del Acta Única. 
Pese a las excepciones, que aún existen, podemos afirmar que la duración de los procedimientos legislativos de la Unión, en términos generales, es razonable, sobre todo si la comparamos con los procedimientos nacionales. 
A veces, realmente, en el Parlamento Europeo se trabaja incluso más rápido. 
En segundo lugar, es importante constatar una simplificación de los procedimientos en caso de conciliación. 
A falta de acuerdo entre Parlamento Europeo y Consejo, el proyecto decae. 
Y esto confirma la responsabilidad del Parlamento Europeo y evita conflictos totalmente inútiles entre ambas instituciones. 
Por otra parte, la práctica demuestra que la cláusula que permitía al Consejo realizar una última tentativa para superar la oposición del Parlamento Europeo jamás se ha utilizado seriamente. 
De este modo, se ha querido también eliminar la desconfianza, más bien burocrática, que rodeaba la capacidad decisoria del Parlamento Europeo. 
Y por último, la supresión de la pequeña conciliación es un elemento de simplificación absolutamente indispensable. 
Igualmente, la posibilidad de invitar a reflexionar al Parlamento Europeo antes de rechazar definitivamente una propuesta ha dejado de ser necesaria dada la posibilidad de comenzar el debate político entre los grupos políticos y las instituciones en la primera lectura. 
Creo, no obstante, que el aspecto esencial de la reforma se refiere a la ampliación de las materias que se deciden en codecisión. 
No sé si esta ampliación es suficiente o es incompleta. 
En algunos ámbitos concretos, considero que sería necesario ir más lejos. 
Lo que en realidad me parece esencial es la aceptación de la propuesta de la Comisión, según la cual en la Comunidad no puede adoptarse ningún acto legislativo sin la aprobación del Parlamento Europeo. 
El nuevo Tratado confirma que, en principio, las materias en que la codecisión no es la regla general son excepciones del sistema. 
Así pues, el futuro Parlamento tiene ante sí una tarea legislativa que conlleva un aumento de su responsabilidad. 
Al mismo tiempo se refuerza el debate político, lo que a su vez deberá incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y esto es algo que, hoy por hoy, me parece esencial. 
La Comisión aprobó el texto de la declaración conjunta en su reunión del pasado 9 de marzo; el Consejo lo hizo la semana pasada, y corresponde ahora al Parlamento dar su acuerdo, con el fin de que los tres Presidentes puedan confirmar el acuerdo de sus instituciones a la declaración conjunta en una ceremonia de firma esta semana. 
Por todo ello, en nombre de la Comisión, les propongo que otorguen su acuerdo a esta declaración. 
Gracias, señor Comisario. 
Debo decir que la simetría del presidente de la comisión, el ponente y la secretaría que participan diez años más tarde en este debate no deja de tener significado para mí. 
En nombre de esta Asamblea, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento por el trabajo que ha realizado tanto en su calidad de diputado de esta Asamblea comoen su calidad de Comisario. 
Se lo agradecemos mucho. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 23.44 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, me refiero a una carta que los servicios del Gabinete del Presidente de este Parlamento me dirigieron el 20 de abril pasado en contestación a la solicitud de información sobre el trámite dado a la petición presentada por el portavoz de la plataforma unitaria de vecinos de Areeta, provincia de Álava- pueblo donde he nacido y donde vivo, por lo que tengo gran interés en ese asunto-. 
Dicho escrito fue inscrito en el registro de entrada del correo del Parlamento Europeo el pasado 12 de abril, y me anuncian que esperan que el anuncio oficial del registro se pueda formular el próximo lunes 3 de mayo, anteayer, en la apertura del Pleno del Parlamento Europeo. 
He revisado las actas del lunes y del martes y no aparece este documento. 
Se dirá que el tema no tiene profundidad, pero estos temas son sensibles en comunidades que están padeciendo una reestructuración, pues se trata de un pueblo que lleva cuatro años intentando que la depuradora de aguas residuales de la zona en la que ellos viven se ponga 2 o 3 kilómetros más abajo para evitar los malos olores. 
Es una petición sensible y creo que se le debería haber dado el curso debido. 
Ruego a la Presidencia que, por favor, se dé el trámite más rápido posible a esta razonable y justa petición. 
Muchas gracias, señor Valdivielso. 
Vamos a comprobar todo lo relativo al asunto que usted ha mencionado. 
Señor Presidente, he recibido una carta de los servicios del Gabinete del Presidente en la que se me decía que como el debate sobre Kosovo iba a celebrarse ayer por la tarde, no se iban a discutir las preguntas que mis señores colegas y yo habíamos presentado para hoy por la tarde al Consejo. 
Primero, no nos daba tiempo de solicitar a nuestro Grupo tiempo de uso de la palabra para presentar la pregunta en el debate de ayer.-Segundo, tal como usted verá en el Acta, ni el Ministro de Exteriores, Sr. Fischer, ni el Comisario, Sr. Van den Broek, contestaron satisfactoriamente a las cuestiones que presentamos en el debate de ayer.Nuestra pregunta concernía a las consecuencias que, en el medio ambiente y en la salud pública, van a tener los bombardeos que está sufriendo Kosovo y, por favor, debatamos hoy por la tarde en el Consejo, tal y como había sido determinado, mi pregunta y las preguntas de mis señores colegas, que claro que son concernientes. 
Muchas gracias, y espero que nuestra solicitud sea aceptada. 
Señor Trakatellis, el artículo A. 2 del Anexo II dice que no se pueden aceptar preguntas sobre cuestiones que afecten a un punto que está ya en el orden del día y para el cual está prevista la participación de la institución interesada, es decir, el Consejo en este caso. 
Hay un punto en el debate de actualidad que se refiere a Kosovo y, por tanto, en esta sesión, como ha ocurrido ya en sesiones anteriores, no podemos aceptar preguntas que se refieran a Kosovo, sencillamente porque el Reglamento lo impide. 
Señor Presidente, como usted sabe, los diputados a este Parlamento hemos sido a lo largo de los años muy críticos respecto a cualquier tipo de censura cultural. 
Asimismo hemos respaldado firmemente los derechos de los homosexuales. 
Quisiera saber por qué se ha prohibido una exposición de una artista lesbiana en este Parlamento. 
Es una forma muy cruda de censura, no existe ninguna justificación para ello y quisiera saber cuál ha sido su participación en la prohibición de dicha exposición. 
Prohibir a finales del siglo XX una exposición de un artista homosexual es completamente inadmisible y ningún diputado a este Parlamento debería respaldar esta medida. 
Señora McKenna, ya expliqué el lunes que esta fue una decisión de la Junta de Cuestores, siguiendo la recomendación de los servicios competentes. 
La decisión no tenía nada que ver con el hecho de que fuesen cuadros de un homosexual o no- cuestión que no conozco -, sino sencillamente con el hecho de que el contenido de la exposición se consideró ofensivo para una parte de la Asamblea y de las personas que transitan por ella. 
Esta fue la razón. 
Señor Presidente, volviendo sobre la misma cuestión relativa a la posible utilización de uranio empobrecido en Serbia y Kosovo, se dirigió una pregunta específica para que fuera incluida en el Turno de preguntas, una pregunta específica, no una cuestión general, como sobre la que trató ayer el Presidente en ejercicio del Consejo. 
La cuestión relativa a la utilización de óxido de uranio empobrecido en Kosovo y Serbia no fue abordada. 
Por consiguiente, ¿puede garantizarnos que tendremos la oportunidad de recibir una respuesta a esta pregunta tan importante? 
Como sabe perfectamente, las preguntas deben presentarse por escrito. 
Lo que puedo hacer es incluir una pregunta oral en esta sesión, porque el tema de Kosovo figura en el orden del día. 
Usted podía haber pedido a los diputados que intervinieron en nombre de su Grupo que formularan la pregunta. 
Si ellos no consideran necesario hacer eso, yo no puedo disponer de ningún otro modo. 
El Acta queda aprobada 
Declaración del Presidente del Parlamento Europeo con motivo del final de la IV legislatura del Parlamento 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la sesión de esta semana, última de la legislatura, es también la última de mi mandato como Presidente de esta Asamblea. 
Es, pues, el momento de rendir cuentas: a vosotros, queridos colegas, y, a través vuestro, a todos los ciudadanos de la Unión Europea a los que durante estos dos años y medio me he esforzado en servir. 
En la carta que os dirigí, en diciembre de 1996, solicitando vuestro voto os hablaba de cinco retos que habría de afrontar la Unión y, por tanto, su Parlamento. 
Cinco formidables retos para dos años y medio: 
Primero: la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, entonces en curso, de la que el Parlamento salió como institución ganadora, potenciada y fortalecida para el mejor servicio de los europeos. 
Segundo: el inicio de las negociaciones sobre la ampliación, que nuestra Asamblea ha impulsado con energía y viene siguiendo de cerca; siempre con la mira puesta en que comprenda a todos los países candidatos, sin más diferencias que las que resultan del ritmo de adaptación de cada uno. 
Tercero: la puesta en marcha del euro, en la que hemos participado de modo activo y constructivo, cuidando de que el paso a la nueva moneda no se hiciera a costa de los consumidores, velando por que los nuevos directivos del Banco Central Europeo tuviesen la preparación e independencia necesarias, y obteniendo para el Parlamento de todos los europeos una información adecuada en materia de política monetaria. 
Cuarto: la revisión de las perspectivas financieras y de la Agenda 2000, a las que hemos contribuido decisivamente con propuestas y enmiendas orientadas a mantener y mejorar nuestro acervo común. 
Creo que la coordinación del trabajo de las múltiples comisiones competentes y la colaboración con el Consejo y la Comisión han sido ejemplares. 
Quinto: la preparación de nuestra institución para las próximas elecciones europeas; unas elecciones en las que no se elige al pariente pobre de las instituciones comunitarias, sino a un Parlamento que los ciudadanos ven por primera vez dotado de gran poder y capaz de ejercerlo. 
El equilibrio entre las instituciones europeas, en efecto, ha cambiado para ser el que los Tratados de Maastricht y Amsterdam pretendían: es decir, hemos llegado a una Comisión cuyo nombramiento y acción política no se basan ya sólo en la confianza del Consejo sino de modo decisivo en la confianza del Parlamento. 
Una confianza que no se adquiere de una vez por todas, sino que ha de ser mantenida a lo largo de toda la legislatura, respondiendo ante el Parlamento en todo momento y facilitándole, sin reservas ni reticencias, toda la información necesaria para que la Asamblea pueda llevar a cabo su función de control. 
Durante años se ha clamado por unas instituciones europeas más democráticas. 
No nos asustemos ahora ni invoquemos el anterior equilibrio de las instituciones: ya no sirve. 
La democracia exige traducir en hechos la creciente demanda de los ciudadanos europeos para conocer a través de sus representantes lo que pasa y aplaudirlo o censurarlo, según lo que proceda en cada caso. 
Esto, y no otra cosa, es lo que ha hecho este Parlamento. 
Os hablaba también en aquella carta de candidatura de reformas internas y del Estatuto único de los diputados. 
Las reformas en el funcionamiento de la Asamblea aprobadas en los últimos años han sido numerosas: 
perfeccionamiento de las normas y de la organización financiera; -renovación de los niveles superiores de la administración parlamentaria e introducción de nuevos sistemas de promoción y de movilidad a todos los niveles; -aumento de la presencia de mujeres en los puestos de dirección, aunque no todavía en la proporción que a mí me hubiera gustado poder realizar; -reglamentación de la transparencia en las decisiones administrativas, a petición del Defensor del Pueblo; -recopilación y clarificación de las normas existentes para que, a partir de ahora, diputados y funcionarios sepan cuales son sus derechos y obligaciones, según reglas claras que eviten el arbitrismo o el favor al amigo.También se ha conseguido resolver de manera satisfactoria los problemas técnicos y de financiación relativos a nuestros edificios de Bruselas, culminando así el empeño de mis predecesores por dotar a los diputados de instalaciones más funcionales y concentradas. 
Confío en conseguir esto mismo respecto del edificio de Estrasburgo para que pueda iniciarse en él la próxima legislatura. 
Esta reciente estabilidad en la política inmobiliaria ha permitido dotar a los diputados de nuevos medios y programas informáticos adecuados para permitirles un contacto mucho más directo con los ciudadanos. 
En cuanto al Estatuto de los diputados, hay que dejar bien claro- y por eso he querido recordar que estaba en aquella carta-que se trata de una ambición del Parlamento y de ningún modo, como pretenden algunos, de una disciplina impuesta por el Consejo. 
Fue el Parlamento el que pidió y consiguió la inclusión en el Tratado de Amsterdam de la base jurídica para ese estatuto. 
Fue el Parlamento el que, aun antes de que el Tratado entrase en vigor, puso sobre la mesa del Consejo un texto completísimo en el que, con la máxima transparencia, se incluían todos los aspectos de nuestra situación, incluso aquellos en los que siempre ha sido nuestra competencia decidir. 
Hay que celebrar que el Consejo se haya incorporado a esta dinámica, que yo creo imparable, y haya hecho un gran esfuerzo de consenso entre sus miembros, pero el texto que se nos propone presenta aspectos de forma y de fondo que deben ser corregidos para no vulnerar principios fundamentales. 
Pienso en el principio de igualdad fiscal entre todos los diputados, que puede admitir excepciones transitorias pero nunca definitivas; en el respeto a los derechos adquiridos por los diputados en materia de pensiones en años de trabajo dentro y fuera de este Parlamento, o en otras cuestiones de detalle que no es necesario enumerar ahora. 
En todo caso, quede claro que ni vamos a parar en la reivindicación de un Estatuto único ni hemos esperado a este Estatuto para ir adoptando medidas de control de dietas y gastos de viaje, reduciendo estos de manera significativa. 
Pocas instituciones u organismos- nacionales u otros -, dentro de nuestra Unión, son capaces de tomar este tipo de decisiones motu propio, como nosotros lo hemos hecho. 
El motivo fundamental de todas estas reformas era y es- y también esto conviene que lo sepan los ciudadanos- aumentar la eficacia y la transparencia del Parlamento, dejando en herencia a los diputados de la próxima legislatura una Asamblea preparada para afrontar con éxito su papel institucional y el reto derivado de una mayor atención por parte de nuestros conciudadanos. 
Balance, por tanto, positivo el de estos dos años y medio. 
Pero no sólo balance de luces sino también de sombras. 
No sería admisible pasar por alto el más doloroso de nuestros fracasos: el de no haber conseguido que nuestras reiteradas advertencias sobre la tragedia que se avecinaba en Kosovo fuesen atendidas. 
Ahora tenemos que contemplar con horror cómo aquellas negras nubes del odio, cuyo avecinamiento advertimos, han acabado descargando todo su trágico potencial de persecución, de sangre y de violencia. 
Tenemos que contemplar cómo la falta de instrumentos adecuados para llevar allí nuestra paz no nos ha permitido evitar el genocidio. 
Podemos volcarnos en la ayuda a las víctimas. 
Lo estamos haciendo y habremos de continuar por largo tiempo esa acción humanitaria. 
Pero no basta. 
Es necesario comenzar ya a preparar la paz y colaborar con los países de la región para construir un sistema estable de cooperación entre ellos y fomentar un desarrollo que les permita adherirse cuanto antes a una Unión que se basa en el respeto a quien es diferente y en la integración de sus riquezas y diversidades culturales y humanas. 
Una Unión en la que no pueden caber las actitudes excluyentes, ni el racismo y la xenofobia, virus siempre propensos a rebrotar, virus a los que no cabe dar tregua, pues, a la menor oportunidad, se traducen de nuevo en violencia, sufrimiento y muerte. 
Nuestro Parlamento ha sido- y a buen seguro seguirá siendo- uno de los más activos en esta lucha. 
Señorías, he comenzado con un balance personal y me ha salido un balance colectivo. El de unas realizaciones que corresponden al trabajo, al empeño y al acierto de todos ustedes, con la colaboración activa y leal de todos los funcionarios de la Secretaría General que prestan sus servicios a esta Asamblea, de los free-lance, de los asistentes parlamentarios, de todos. 
Pido para todos ellos un aplauso de reconocimiento y gratitud. 
Aplausos 
Especial reconocimiento merecen aquellos compañeros que, a partir de ahora, van a seguir otra andadura política o personal. 
Esta Asamblea debe mucho a su dedicación e inteligencia. 
Han sido actores de la construcción de una Europa más democrática y más próxima a los ciudadanos. 
Es justo que se lo agradezcamos. 
Señorías, he tenido el privilegio de presidir el trabajo de esta Asamblea desde la firme convicción de que potenciarla, hacerla cada día más presente en la vida de los europeos, es el mejor modo de reducir el déficit democrático de la Unión. 
No hay democracia viva donde no hay un parlamento vivo, ni parlamento vivo que no suscite el recelo y la incomodidad del ejecutivo de turno. 
No han faltado, por tanto, durante estos dos años y medio, momentos de tensión y negociaciones difíciles. 
He tratado de afrontarlos con tesón, sin regatear ni la dedicación ni el esfuerzo, sin volver la cara cuando ha sido necesario defender las decisiones y la actuación de este Parlamento. 
No he pensado en ningún momento si esa defensa iba a gustar o no en otras instituciones sino, sencillamente, en que era mi obligación. 
Desde niño me enseñaron con el ejemplo que en política sólo se puede estar dignamente así, y he procurado no olvidarlo. 
Termino, Señorías, termino como empecé hace algo más de dos años agradeciéndoles su apoyo y también sus críticas. 
Me considero demócrata y por eso las tomo como lo que son: ayudas y no ofensas. 
Abrir los oídos al crítico y cerrarlos al adulador me parece una regla de prudencia. 
Me ha movido la pasión de Europa. Esa pasión que ha hecho que la utopía de hace cincuenta años se haya convertido en gran parte en realidad. 
Una Europa que tenemos que seguir haciendo con esa misma pasión cada día más unida, más próspera, más libre y más solidaria. 
Muchas gracias. 
Grandes aplausos 
Señor Presidente, muchas gracias por el balance efectuado por usted, que nos acaba de exponer ante este Parlamento. 
Creo que podemos afirmar, tal y como acaba de subrayar, que durante la actual legislatura esta Asamblea se ha ido convirtiendo en un auténtico Parlamento. 
Sin duda, la culminación de su Presidencia está en el Tratado de Amsterdam. 
Gracias a su esfuerzo, su perseverancia y también a la credibilidad de sus convicciones, colaborando con muchos de los miembros de esta Asamblea, ha conseguido usted que en temas de legislación este Parlamento se revista de una auténtica facultad de codecisión. 
Todo el mundo en esta Asamblea sabe que sin sus esfuerzos jamás habría podido lograrse este resultado. 
Mientras tanto, el Parlamento Europeo, nuestro Parlamento, se ha ido desarrollando hasta convertirse en una institución política dentro de la Unión Europea que ya es ineludible y que ha ejercido su facultad de control político y presupuestario enérgicamente y con gran independencia. 
Lo considero un desarrollo especialmente importante, que constituye además un contrapeso democrático frente a las otras dos instituciones políticas de la Unión Europea. 
Las reformas de esta Asamblea, iniciadas por su antecesor Klaus Hänsch, las ha llevado adelante usted, lo que conllevó múltiples complicaciones. 
De hecho no era un cometido sencillo por muchas razones, pero, sobre todo, también porque el Consejo no siempre comprendió en grado suficiente la transcendencia y complejidad de esta reforma y- creo- tampoco tuvo suficiente conciencia, y más concretamente en periodo reciente, de que no podríamos permitir que se infringieran determinados principios de un Parlamento libre. 
Por otro lado, señor Presidente, esta reforma no es el final del trayecto y sin duda esto debe de ser causa de decepción por su parte. 
Pero mucho más importante que todo esto opino que lo es el hecho que ha actuado usted desde su convicción europeísta y no desde una pragmática Realpolitik. 
La construcción europea, que ha de traer la paz, la reconciliación y la solidaridad entre los pueblos de Europa, sin duda alguna para usted constituye un ideal o, más aún, uno de los objetivos de su vida. 
Y permítame que añada una connotación personal. 
Esa convicción le viene heredada de padre a hijo. 
Nunca olvidaré como yo, como joven Presidente de mi partido a principios de los años setenta, participé junto con su padre en un mitin en una sala de cine de Madrid, con escaso público y bajo unas condiciones difíciles, donde ya en aquel entonces bajo la dirección de su padre dimos expresión a los ideales y convicciones de nuestra filosofía, a los valores y principios democristianos y, sobre todo, también, a nuestra convicción federalista europea. 
Y eso mismo se ve reflejado en usted. 
Señorías, esta legislatura ha conocido dos Presidentes que, según creo, no han tenido responsabilidad de gobierno, pero que han trabajado aquí y se hicieron grandes en este Parlamento. 
Esas dos personalidades nos han representado de forma creíble e impresionante ante el Consejo. 
Como Primer Ministro de mi país he presenciado como algunas veces a los Presidentes del Parlamento se les permitía participar durante algunos minutitos en el Consejo de Europa. 
Afortunadamente esto ya no ha sido así. 
Ustedes dos, Klaus Hänsch y José María Gil-Robles, han representado y defendido a nuestro Parlamento de forma extraordinariamente creíble y los resultados que hemos logrado han sido muy grandes. 
Quiero agradecérselo a ambos también en mi propio nombre. 
El ideal seguirá siendo nuestro. 
Seguiremos trabajando en ello, aunque sea bajo unas condiciones muy diferentes. 
Muchas gracias por todo aquello que han realizado. 
Aplausos 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, deseo unirme al Sr. Martens en rendir homenaje a su labor, a su perfil y a su compromiso como Presidente de este Parlamento durante los últimos dos años y medio. 
Ha presidido durante uno de los períodos más extraordinarios de la historia de la Unión Europea y de la vida de este Parlamento, como usted mismo ha dicho en su intervención: partiendo de la Conferencia Intergubernamental, pasando por la introducción del euro y hasta el inesperado proceso de ratificación de la nueva Comisión, del que también nos hemos ocupado, a pesar de que no estaba en el calendario ni esperábamos hacerlo. 
Los últimos seis meses han sido los más tumultuosos de la trayectoria de este Parlamento. 
Usted, señor Presidente, ha garantizado que el papel del Parlamento durante todo este período haya sido claro y eficaz. 
Quiero rendir un homenaje especial, en pocas palabras, a su sensibilidad y a sus cualidades humanas, si me lo permite. 
Usted ha estado accesible a los diputados a este Parlamento. 
En su calidad de Presidente de esta Asamblea, ha prestado oídos de una manera nueva e innovadora a los diputados noveles, algo que ha sido acogido con gran satisfacción y ha sido respetado por los diputados. 
Usted siempre ha estado accesible, ciertamente para mí, como líder de mi Grupo, cuando he necesitado hablarle o verle, su puerta o más bien su teléfono siempre han estado accesibles. 
Le expreso mi agradecimiento personal por ello. 
Ha sido de gran utilidad en ocasiones, como usted sabe, para solucionar o aliviar ciertos problemas y acontecimientos a lo largo de la vida de este Parlamento. 
En nombre de mi Grupo, le expreso mi agradecimiento por ello. 
Deja la Presidencia al final de lo que ya se ha descrito como unos seis meses tumultuosos. 
El prestigio del Parlamento se ha visto reforzado al final de este período. 
Es una coincidencia, aunque quizá una feliz coincidencia, que esta misma semana, que es la última de la legislatura de esta Asamblea, sea también la primera semana de vida del Tratado de Amsterdam. 
Es oportuno que así sea y notaremos la modificación del Reglamento que hemos realizado para la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Ayer, por ejemplo, durante la votación, se trataron 39 informes en una hora y media, algo que, probablemente, es todo un récord. 
Gracias, señor Presidente, por el papel y por la labor que ha desempeñado y quisiera unirme al Sr. Martens al afirmar que usted es realmente un europeo considerado, muy comprometido y sincero. 
Aplausos 
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR, yo también quiero hacer mías las palabras de agradecimiento por su mandato. 
Ha sido y sigue siendo- hasta el último momento- un mandato extraordinario y lleno de acontecimientos. 
Representa un mandato en el que la propia democracia europea, en el que la democracia parlamentaria ha alcanzado un nuevo nivel de madurez. 
En cierto modo, cuando en términos de mandato directo entramos en nuestro vigésimoprimer año, hemos alcanzado la mayoría de edad. 
Creo que con su ayuda, especialmente cuando hemos tratado sobre muchas de las delicadas controversias políticas de los últimos meses, y la Conferencia de Presidentes, hemos podido mantener juntos una visión parlamentaria coherente, a pesar de las tensiones, las presiones y los distintos énfasis que los Grupos aportan a los debates. 
Todo ello ha sido posible, en buena medida, gracias a su papel en la Presidencia. 
Conozco también el alcance de su compromiso personal durante sus muchos años al servicio de esta Asamblea en cuestiones relativas a la reforma institucional. 
Por consiguiente, debe ser motivo de gran satisfacción personal que, tras haber dedicado tanta atención a las cuestiones institucionales, usted presida este último período parcial de sesiones bajo el nuevo Tratado de Amsterdam. 
En los meses que he tenido el privilegio de dirigir a mi Grupo, puedo confirmar la cortesía que usted ha demostrado con mi persona- de lo que hoy doy fe aquí- y confirmar también la extraordinaria apertura con la que realiza su trabajo. 
Usted es un hombre franco y honrado en su trato. 
Aprecio profundamente la franqueza que me ha demostrado cuando he necesitado su consejo y su ayuda. 
Le deseo mucha suerte para el futuro. 
Aplausos 
Señor Presidente, es muy grato poder hablar en este final de legislatura, que está tomando unos aires de fin de curso, cuando los estudiantes terminan el curso en la universidad y se despiden agradablemente unos de otros, recuerdan a algunos alumnos, recuerdan a algunos profesores, y todo es cordialidad. 
Da gusto que haya días como éste donde manda el corazón. 
Yo tengo que reconocer que se me había olvidado por completo que se iba a celebrar esta sesión solemne, y por eso lo que estoy trasladando, a título personal, a la Asamblea no ha pasado por ningún tamiz político, y le puedo decir que la evaluación que yo podría hacer en estos momentos es que volvería a votarles, tanto a usted como al Sr. Hänsch. 
No siempre ocurre esto. 
Desde mi Grupo pedimos la evaluación de las políticas y, con todas las críticas que hemos podido hacer desde el Grupo, la labor que ustedes han hecho en esta legislatura, saliendo de distintos Grupos políticos, ha sido muy estimable. 
Quisiera recalcar tres aspectos de su trabajo. 
Uno de ellos, la eficacia con la que ha trabajado; y esa eficacia supone disponibilidad completa. 
El segundo, que es muy importante, es su absoluta independencia de posibles presiones de Gobiernos y de partidos. 
Usted ha dado prioridad a su condición de Presidente del Parlamento. 
Probablemente, con sus luces y sus sombras- yo en eso no entro-. 
Pero el desempeñar el cargo institucional para el que se ha sido elegido con absoluta independencia no se da todos los días, señor Presidente, y yo eso lo agradezco mucho. 
Y desde la sensibilidad de un Grupo mediano- que no pequeño en absoluto, 34 diputados y diputadas configuran un Grupo mediano tirando a grande -, tengo que decir que no hemos advertido ninguna discriminación. 
Ha tratado usted por igual a todos los Grupos, naturalmente según el apoyo que hemos recibido de los ciudadanos. 
Respecto al Parlamento, quisiera decir también que la nota característica de esta legislatura es que hemos dejado el pantalón corto- estoy hablando desde mi condición masculina, y por eso pongo ese ejemplo del pantalón corto, naturalmente, sin entrar en ningún ejemplo sexista-. 
Ya no hay que dar tantas explicaciones sobre las competencias del Parlamento. 
La opinión pública, los ciudadanos y ciudadanas perciben que éste es un Parlamento de verdad. 
Lo perciben mejor que el Tratado de Amsterdam, porque el Tratado de Amsterdam, como ha dicho un periodista español, tiene esas características de incoloro, inodoro e insípido. 
No se nota mucho el Tratado de Amsterdam, aunque nosotros lo notemos en el Parlamento, en nuestra vida legislativa. 
Y el que hayamos alcanzado esa condición de Parlamento maduro y adulto es muy importante para la democracia, porque la democracia no funciona sólo con buenas intenciones o con aportaciones personales, como todos sabemos, sino con instituciones que van más allá de los seres humanos, que hacen que el trabajo de los diputados que no van a volver tenga continuidad en otros diputados. 
Ése es el gran valor de las instituciones de la democracia. 
Este Parlamento ha sido crítico y duro muchas veces con la Comisión. 
Hoy está aquí el Sr. Santer, al que quiero expresar mi simpatía personal. 
Hay que agradecer al Sr. Santer que haya aceptado la función del Parlamento. 
Y al hacer este recuerdo, estoy pensando en el futuro, estoy pensando en que algún día el Consejo- el omnipotente Consejo- tendrá que venir al Parlamento a dar cuenta, con responsabilidad política, de algunas decisiones. 
Ese día el Parlamento habrá alcanzado totalmente su mayoría de edad para el bien de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tengo que representar de nuevo a nuestro grupo político como único miembro presente de la presidencia. 
Lo hago muy gustosamente, si bien debo adelantar que soy de Schleswig-Holstein y además verde y ambas circunstancias me hacen difícil- tal como sabe hacerlo tan extraordinariamente el colega Puerta- emplear con tan exquisito cuidado las usuales palabras de alabanza. 
En mi casa esto no es usual ni tampoco en mi partido. 
Su serenidad, su capacidad para mediar entre las diferencias y puntos opuestos nos han impresionado realmente de modo profundo y personalmente he aprendido a conocer en usted junto a su sentido de imparcialidad también su comprensión por las crecientes tareas de esta Asamblea, pues esta Asamblea ha crecido en este período de legislatura al menos una cabeza. 
No sé si lo ha podido superar con los pantalones cortos- usted sabe que en una ocasión, en la Conferencia de Presidentes aparecí con pantalones cortos. 
Todos lo superaron con buen humor, pues hacía mucho calor. 
Entretanto, como Parlamento hemos ganado en estatura y en peso. 
Lo hemos logrado bajo su Presidencia, señor Gil Robles. 
Exclamación 
Yo no he engordado. 
Es una interpretación errónea. 
Risas 
Creo que esto no lo puede entender erróneamente nadie en la Asamblea. 
Usted, señor Presidente, ha defendido realmente los mismos derechos de todos los diputados. Usted ha trabajado activamente y con éxito para que obtengamos un estatuto común europeo en lugar de un gran número de estatutos nacionales. 
Uno en vez de 15, esto es un paso cualitativo. 
El período de su actividad ha tenido un gran éxito y esta no es la opinión sólo de mi grupo político. Ha realizado unos grandes servicios a este Parlamento. 
Aplausos 
Señor Presidente, es para mí un inmenso placer dirigirle, en nombre del Grupo Unión por Europa, unas palabras de agradecimiento por el hábil liderazgo que ha proporcionado al Parlamento durante los últimos dos años y medio. 
No deseo repetir lo que ya han dicho mis colegas que han intervenido, pero diré que han sido dos años y medio magníficos. 
Siempre recordaremos Amsterdam; siempre recordaremos la moneda única europea. 
También reconoceremos y apreciaremos en el futuro los fuertes y firmes lazos que ha establecido con los países candidatos, ayudando a fortalecer los valores democráticos y parlamentarios en dichos países. 
Siempre le recordaremos como alguien que ha demostrado un gran liderazgo en todo momento y como una persona abierta, amable y accesible a los diputados al Parlamento. 
Eso es importante. 
Pero por encima de todo eso, reconocemos que es usted un hombre de firmes convicciones, que tiene muchas cualidades humanas naturales; una persona de gran energía y determinación y una persona que siempre se ha mostrado positiva y ecuánime; una persona alentadora y también una persona que puede ser muy firme y autoritaria cuando hay que demostrar ese tipo de autoridad, como hemos presenciado en algunas ocasiones. 
Asimismo, siempre le recordaremos como una persona con buen sentido del humor. 
Eso ha sido útil en ocasiones, especialmente, en las reuniones de la Mesa, cuando nos quedábamos empantanados en asuntos delicados y usted siempre supo salir airoso cuando los árboles no dejaban ver el bosque. Al final, siempre supo sacarnos adelante. 
Lo agradezco muy sinceramente su contribución para aportar mayor apertura y transparencia a los trabajos de este Parlamento. 
Ha sido fundamental. 
No había escapatoria; teníamos que afrontar la realidad. 
Ciertamente usted hizo su aportación, siguiendo la excelente labor de su predecesor, el Sr. Hänsch, para garantizar que, en esos momentos concretos, estuviéramos en condiciones de hacer frente al electorado de manera que pudiéramos soportar las críticas y los cinismos de los que íbamos a ser objeto. 
Espero que sigamos por ese camino, a pesar de que existe algún que otro problema. 
En este sentido, quisiera dirigir unas palabras de especial agradecimiento y reconocimiento a la Presidencia alemana por la gran labor que ha realizado en lo relativo al estatuto y por habernos conducido hasta donde hoy nos encontramos. 
Pero sin usted, señor Presidente, sin su Presidencia y su ayuda al Parlamento, no estaríamos donde estamos. 
Nos queda aún por recorrer la recta final. Espero que lo logremos. 
Creo que su mandato, señor Presidente, ha sido un gran éxito. Le doy las gracias por ello. 
Ha puesto en ello un tremendo esfuerzo. El Parlamento ha respondido a su liderazgo. 
No hay duda de que el Parlamento, gracias a su liderazgo, adquiere cada vez mayor relevancia a los ojos del ciudadano de a pie de nuestros Estados miembros. Es algo en lo que debemos seguir esforzándonos hasta el final. 
Señor Presidente, esta cuestión de observancia del reglamento es para cumplir y no durará un minuto. 
Soy demasiado joven como diputado para saber qué artículo del Reglamento permite a los socialistas franceses sumarse a los elogios sobre su trabajo al servicio de todos. 
Pero tenía que hacerlo, en nombre del artículo del Reglamento que el Sr. Fabre-Aubrespy hubiera encontrado si estuviera aquí. 
Gracias, señor Duhamel. 
Gracias a todo el mundo por estas apreciaciones que realmente me emocionan. 
Seguiré trabajando como diputado en este Parlamento y puedo asegurarles que seguiré haciéndolo de buen grado con todos ustedes y con el mismo espíritu. 
Señor Presidente, tampoco va a faltarle el agradecimiento de su crítica, constructiva y siempre devota oposición. 
En nombre de la Europa de las Naciones, me gustaría decirle Gracias, Presidente y expresarle nuestro agradecimiento por que algo ha cambiado con nuestros presidentes cuando los hemos elegido por primera vez. 
Han pasado de ser opositores políticos a ser de repente amables, ingeniosos, simpáticos y objetivos y de hecho ha existido una comunidad colegial muy buena en los órganos que gobiernan el Parlamento. 
Usted no es ninguna excepción. 
Ha continuado el trabajo del Sr. Hänsch y quiero agradecérselo. 
Ahora pertenezco al grupo de los veteranos de este Parlamento y recuerdo cómo los Presidentes de grupo en aquél entonces eran los primeros a la hora de derrochar en los gastos, eran los primeros, cuando había que viajar en limusina con conductor a cargo del Parlamento exigiéndose después las dietas de viaje a la caja de diputados por estos mismos viajes. 
No han pasado tampoco demasiados años, sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de elaborar un estatuto y de agradecerle por que ha contribuido con el Sr. Hänsch a poner freno a este derroche. 
La Presidencia del Parlamento lidera desde 1994 esta labor de limpieza. 
Hemos de agradecerle al Sr. Hänsch haber puesto en marcha esta labor y al Sr. Gil-Robles proseguir con ella. 
Sin embargo, hubo un tiempo en que el Parlamento era un parlamento de juguete, que se comportaba en asuntos de dinero de manera muy irresponsable. 
En 38 ocasiones hemos presentado propuestas destinadas a que el pago de los viáticos se realizara tras la presentación de las facturas. 
Es de esperar que así será a partir de ahora, sin embargo, primero deberemos superar un ejercicio esta tarde. 
Ahora, los presidentes de grupo encabezan la lucha contra los abusos cuando antes encabezaban estos abusos. 
En este terreno se ha producido un cambio en cualquier caso; sin embargo, lamentablemente los presidentes de grupo siguen estando en minoría dentro de esta Asamblea. 
Lo veremos esta tarde. Es de esperar que los presidentes de grupo obtengan el respaldo de la mayoría del nuevo Parlamento que se forme después del 10 de junio para acabar de liquidar y ordenar la cuestión de los viáticos. 
Pues nosotros todavía no lo hemos conseguido. 
La propuesta aprobada en la Presidencia implica que al viajar desde Copenhague a Estrasburgo reciba 450 euros más en concepto de viáticos de lo que recibía antes de que se pusieran en marcha las medidas de ahorro. 
Podemos ver que queda todavía un largo camino por recorrer. 
Señor Presidente, me gustaría darle las gracias por su colaboración a la hora de traer mayor transparencia a la UE. 
En estos últimos cinco años, se ha alcanzado un consenso en el Parlamento sobre la necesidad de trabajar en favor de la transparencia. 
Y el Parlamento ha decidido con el apoyo de una gran mayoría que se hagan públicos todos los documentos, a no ser que una mayoría de dos tercios decida lo contrario e impida el acceso a ellos. 
En el Parlamento existe consenso con respecto a esta postura, sin embargo, no así por ahora en la Comisión y en el Consejo. 
En el Tratado de Amsterdam nos vemos frente a frente con propuestas de la Comisión que no suponen aumentar la transparencia sino más bien limitarla. 
Por último, me gustaría dar las gracias al Sr. Santer y al Sr. Oreja porque tras veinte años de trabajo se ha conseguido que el directorio telefónico interno de la Comisión se distribuya oficialmente acompañado de una carta en la que se dice que todos los demás podrán obtenerlo en el transcurso de un par de meses cuando el borrador se haya convertido en un verdadero directorio telefónico. 
Así, después de cuarenta y cinco años con un directorio secreto, dentro de un par de meses será posible para la gente normal y corriente ponerse en contacto con la persona de la Comisión, por ejemplo, encargada de la entrega de los directorios telefónicos. 
Gracias, señor Presidente, por la buena colaboración colegial. 
Señor Presidente, cuando usted ha comenzado, ha empezado con un balance a nivel personal, primero, y después lo ha llevado también al ámbito colectivo. 
Por favor, permítame una cuestión de procedimiento, no sólo por mi edad, sino también porque termino mi mandato y no voy a volver. 
Creo que, de conformidad con el Reglamento que usted siempre ha mantenido y respetado escrupulosamente, permitiéndonos así funcionar respetandolo, en el balance colectivo debía usted haber incluido que este Parlamento finaliza su legislatura y no ha podido evitar una guerra en territorio europeo. 
Ayer, en el debate que celebramos, tampoco pudo poner freno a los múltiples crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y este Parlamento se transformó, con las resoluciones, con el debate, con las intervenciones del Consejo y de la Comisión, ¡en una lavadora de estos crímenes! 
¡Esta no es una buena base para el futuro Parlamento! 
Consejo Europeo de los días 3 y 4 de junio en Colonia- Reforma institucional 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre 
las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de los días 3 y 4 de junio en Colonia; -las preguntas orales B4-0334/99 y B4-0335/99 del Sr. De Giovanni, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, al Consejo y a la Comisión respectivamente, sobre la reforma institucional. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero expresarle en primer lugar mis felicitaciones en nombre del Consejo. 
Naturalmente, es un poco difícil que el Consejo felicite al Presidente del Parlamento, pues si las alabanzas son demasiado intensas se interpreta como si hubiese hecho algo mal. Por ello, quiero decir que usted es un interlocutor del Consejo, un interlocutor incómodo, conciliador pero inflexible cuando se trata de la defensa de los derechos del Parlamento. 
Hemos trabajado bien y con éxito conjuntamente y quiero expresarle por ello mi encarecido agradecimiento. 
En nombre del Consejo, quiero decir expresamente que este Parlamento ha dado un salto cualitativo hacia delante en su período legislativo. 
Esto se debe a usted, señor Presidente, así como a su predecesor, mi amigo y compañero político, Klaus Hänsch. 
No se trata solamente de que este Parlamento tenga más derechos y haga uso de ellos. 
Sobre todo, se ha establecido en la opinión pública europea mucho más fuertemente que cualquier otro Parlamento Europeo anteriormente y esta es la diferencia esencial. 
Este Parlamento es considerado como un auténtico Parlamento y desde la perspectiva del Consejo sólo puedo decir que es tomado también en serio como tal y cada vez más. 
Señor Presidente, le deseo lo mejor personal y políticamente. 
Ahora tengo que volver al asunto. 
La fase de desarrollo europeo que se abre ante nosotros se ve determinada por el hecho de que tenemos que marcar de nuevo unos importantes rumbos a seguir. 
En Berlín se trataba de asegurar con la Agenda 2000 los fundamentos financieros de la Unión hasta el año 2006 y esto en especial de cara a las tareas de ampliación. 
Quiero expresar aquí mi agradecimiento por la constructiva actitud que la Asamblea adoptó durante las pasadas semanas en esta cuestión. 
En la cumbre de Colonia se tratará de garantizar a largo plazo la capacidad política de actuar de la Unión, tras lograr la financiera. 
El Tratado de Amsterdam ha entrado hace pocos días en vigor. Esto es un hito histórico. 
El Tratado proporciona a la Unión Europea más instrumentos pero plantea al mismo tiempo nuevas cuestiones para las que tenemos que encontrar respuestas en Colonia. 
Pero nuestros trabajos se ven eclipsados por un tema que desplaza a todos los demás, el conflicto en Kosovo y las tragedias humanas derivadas de ello. 
Esto se debatió ayer por la tarde aquí extensamente, por lo que no voy a hablar de ello extensamente. 
Sólo quiero constatar que la Unión Europea ha demostrado su unidad y decisión ante los acontecimientos en los Balcanes durante las pasadas semanas, empezando por la declaración conjunta de los Jefes e Estado y de Gobierno del 24 de marzo hasta el último endurecimiento de las medidas sancionadoras por parte del Consejo de Asuntos Generales la semana pasada. 
El Consejo considera que ante el umbral del siglo XXI, Europa no debe permitir que se hurten colectivamente los derechos al grupo de población más numeroso en Kosovo y que se ejerzan contra el mismo graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 
Debemos lograr que cientos de miles de refugiados y desplazados puedan retornar a sus lugares de origen. 
Ningún gobernante debe poder invocar que las expulsiones y el asesinato son asuntos internos. 
Esta es la enseñanza del siglo XX. Hay que decir que en Kosovo no se trata para nosotros sólo de objetivos humanitarios o de cuestiones humanitarias. 
Se trata también de la perspectiva paneuropea de nuestra política de unificación, de la seguridad a largo plazo y de la estabilidad en toda Europa. 
Si Milosevic alcanza su objetivo de un Kosovo ya no habitado por albanos, surgirá un foco de disturbios en una región que ya de por si es poco estable y que podrá acarrear numerosos nuevos conflictos. 
La estabilización del sureste de Europa se alejará mucho y para una parte de Europa no existiría entonces ninguna perspectiva de integración y Europa quedaría incompleta. 
Por ello, aparte de las medidas militares, era muy importante desarrollar un concepto político para la pacificación de toda la región. 
La Presidencia alemana del Consejo ha adoptado la iniciativa y realizado las necesarias propuestas. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han apoyado las propuestas alemanas en su encuentro del 14 de abril celebrado en Bruselas. 
El Consejo ha acordado la pasada semana comenzar con la preparación de un pacto de estabilidad para el sureste de Europa, una iniciativa que entretanto es saludada abiertamente por la totalidad de la comunidad internacional. 
Junto con las organizaciones internacionales y los Estados vecinos afectados, nos encontraremos por primera vez el 27 de mayo a nivel de trabajo y el 11 de junio se celebrará una primera Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores. 
Ante este trasfondo, el 3 y 4 de junio se reunirá en Colonia el Consejo Europeo. 
Aunque los acontecimientos actuales en Kosovo reclaman en gran medida la atención del Consejo, sin embargo las otras cuestiones centrales de la capacidad de actuación política no deben perderse de vista. 
En Colonia se tratarán las siguientes cuestiones: primera, el Pacto Europeo por el Empleo; segunda, el calendario para la reforma institucional en ciernes; tercera, la Carta Europea de Derechos Fundamentales; cuarta, la estrategia común para Rusia y quinta, el desarrollo de la Política Europea de Seguridad y de Defensa. 
Quiero decir brevemente algo sobre estos puntos. 
El paro es el problema social más urgente actualmente. 
Con el Pacto por el Empleo que queremos aprobar en Colonia, los ciudadanos europeos deben percibir la señal de que la Unión Europea recoge sus preocupaciones. 
El pacto debe ser expresión de una política activa de mercado laboral que apueste más que hasta ahora por la evitación del paro, es decir, sobre todo, por la reducción del paro juvenil y de larga duración así como por la finalización de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral. 
Queremos entrelazar más estrechamente las medidas para el fomento del empleo a nivel nacional y europeo y vincularlas a una política monetaria, financiera y salarial coordinada así como a modificaciones económicas estructurales. 
Un documento de trabajo presentado por la Presidencia alemana fue debatido por primera vez en el Consejo informal ECOFIN de Dresde a mediados de abril y fue acogido positivamente. 
Un gran apoyo ha obtenido aquí la idea de incluir en el futuro diálogo sobre la política fiscal, salarial y monetaria también a los interlocutores sociales y al Banco Central Europeo. 
Otro importante tema en Colonia van a ser las reformas institucionales. 
De conformidad con el mandato del Consejo Europeo de Viena, en Colonia se deberá decidir sobre cómo y cuándo se deberán atacar las cuestiones institucionales no reguladas en el Tratado de Amsterdam y que deben regularse antes de la ampliación. 
La Presidencia del Consejo presentará en breve propuestas concretas de cara a Colonia. 
Nos encontramos aún en una fase de consultas intensas con los Estados miembros. 
Si para la solución de estas cuestiones es necesario introducir modificaciones en el Tratado, éstas deberán acordarse en el marco de una conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Según las normas del Tratado, antes de convocar una conferencia de este tipo, entre otras cosas será necesario escuchar formalmente al Parlamento Europeo. 
Pero en Colonia se trata en primer lugar sólo del posterior procedimiento para determinar las modalidades, el calendario y la Agenda para la Conferencia Intergubernamental. 
El Protocolo de Amsterdam sobre los órganos en lo tocante a la ampliación de la Unión Europea así como las declaraciones emitidas al respecto proporcionan el marco para la Conferencia Intergubernamental, pero no quiero excluir que probablemente tengamos que ir más lejos. 
Los acontecimientos ocurridos a principios de este año y que han conducido a la dimisión de la Comisión y a un debate sobre su reforma, son motivo para examinar en este contexto también la relación entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. 
Me parece esencial seguir ampliando el control democrático que esta Asamblea ha ejercido tan eficientemente. 
Se tiene que restablecer plenamente la confianza en las instituciones y no debe repetirse la crisis institucional que hemos pasado. 
Desde la perspectiva de la Presidencia es absolutamente necesario seguir fortaleciendo al Parlamento Europeo. 
Cuanto más capacidad de actuar tenga la Unión Europea, tanto mayor debe ser la legitimación democrática de sus actos y resoluciones. 
Esto significa por ejemplo que en todos los campos en los que el Consejo apruebe con mayoría medidas legislativas- queremos que las decisiones mayoritarias sean la regla -, el Parlamento Europeo tenga que codecidir con los mismos derechos y el mismo peso. 
Una cuidadosa preparación de la Conferencia Intergubernamental va a ser esencial para su conclusión con éxito. 
Podremos recurrir a amplios trabajos previos que se han realizado en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre el Tratado de Amsterdam. 
En lo tocante al marco temporal, la Conferencia Intergubernamental se podría convocar a comienzos del próximo año y concluirse aún dentro del año 2000. 
Este es un objetivo ambicioso, pero creo que una Conferencia Intergubernamental corta y concreta sería una señal importante de cara a la capacidad de ampliación de la Unión y a la efectividad de sus órganos. 
Independientemente de la solución de las cuestiones institucionales aún no reguladas en Amsterdam, tenemos que ocuparnos a medio o largo plazo de la cuestión de la Constitución Europea. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, Fischer, ha indicado aquí ante este Parlamento que después de Maastricht y Amsterdam se plantea más intensamente que antes la cuestión de una Constitución Europea. 
El Tratado de Amsterdam ha entrado en vigor sólo hace unos pocos días y tenemos que acumular aún experiencias con él pues ya ahora, en el amplio debate sobre el futuro desarrollo y configuración de la Unión Europea, se ve cada vez con mayor claridad que junto al Parlamento Europeo se deben incluir también a los Parlamentos nacionales y un espectro lo más amplio posible de grupos sociales. 
En este contexto se incluye también la iniciativa adoptada por Alemania para una Carta Europea de Derechos Fundamentales. 
Para Colonia queremos lograr que se imparta el mandato de elaborar esta Carta. 
En su momento, se deberá examinar el si y el cuándo se deberá anteponer esta carta de Derechos Fundamentales a los Tratados europeos. 
Los ciudadanos europeos deben saber que sus derechos fundamentales a nivel europeo tienen el mismo rango que a nivel nacional. 
Las primeras conversaciones sobre la Carta de Derechos Fundamentales ya han comenzado y confío que en Colonia nos podamos poner de acuerdo sobre el posterior procedimiento. 
La elaboración de una Carta de este tipo sería una tarea típica para los diputados- son los más indicados para ello y, por tanto, deben hacerlo- y nuestra propuesta sobre cómo debe desarrollarse en la práctica la Carta de Derechos Fundamentales tendrá en cualquier caso plenamente en cuenta este aspecto. 
Al Tratado de Amsterdam va unido un notable fortalecimiento de la capacidad de actuación en política exterior de la Unión. 
Aunque ya ahora la Unión muestre una gran cohesión- tal como revela la crisis de Kosovo -, hay que seguir ampliando la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Si en alguna ocasión ha existido la necesidad de una política de este tipo, sin duda es ahora y todos los escépticos deben callarse. La necesitamos. 
Europa no puede aceptar durante más tiempo que se haya convertido económicamente en una potencia mundial pero que políticamente no pueda siquiera solucionar sus problemas regionales. 
Para ello sirve entre otras cosas el alto representante para la PESC previsto por el Tratado de Amsterdam y que se debe nombrar en Colonia. 
Para ello sirve la estrategia común que queremos aprobar por primera vez en Colonia sobre el tema de Rusia y en cuya aplicación serán posibles decisiones mayoritarias. 
Esta estrategia común respecto a Rusia es un proyecto piloto y va a ser muy importante para la cuestión de cómo van a ser las futuras estrategias comunes. 
Los trabajos sobre otras estrategias comunes ya han comenzado pero en Colonia no van a estar aún listas para su aprobación. 
En la realización de una Política Exterior y de Seguridad Común se incluye también una identidad europea de seguridad y de defensa. 
Está claro que la defensa colectiva en Europa va a seguir siendo tarea de la OTAN, pero la Unión Europea debe desarrollar la capacidad también para una propia gestión militar de crisis cuando desde la perspectiva de la Unión o de la UEO exista necesidad de actuar y cuando los norteamericanos no quieran o no puedan participar. 
Este tema ha recibido nuevos impulsos mediante la iniciativa de Tony Blair en Pörtschach y el encuentro anglo-francés en Saint Malo. 
La creación de una identidad de seguridad y de defensa europeas es ahora el elemento central del proceso de integración europeo tras la creación del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria. 
Sin ella, el proceso de unificación europea quedaría incompleto. 
En nuestra doble Presidencia de la UE y de la UEO nos esforzamos intensamente para aprovechar esta doble dinámica. 
Hasta el Consejo Europeo de Colonia queremos elaborar un informe sobre las posibilidades de desarrollo de la identidad de seguridad y de defensa europeas. 
Este informe va a ser la base para una resolución del Consejo Europeo en Colonia en el que se deberá determinar concretamente el posterior proceder en este importante campo político. 
Aquí se incluye entre otras cosas el tema de una posible integración de la UEO en la UE de conformidad con el artículo 17 del Tratado de Amsterdam. 
Pueden ver que ya sin los desafíos adicionales que se han planteado a la Unión como consecuencia de la crisis de Kosovo y la dimisión de la Comisión, en Colonia se debe superar un amplio abanico de tareas. 
Pero como se sabe, situaciones de crisis pueden también liberar fuerzas y desplegar una dinámica especial. La Presidencia alemana tiene confianza en hacer justicia a su responsabilidad en el desarrollo de la Unión Europea para convertirla en una comunidad paneuropea y al mismo tiempo con capacidad de actuar globalmente. 
Espera poder seguir contando con el apoyo del Parlamento Europeo. 
Muchas gracias por su atención. 
Aplausos 
Señor Presidente, señoras, señores diputados, el Consejo Europeo de Colonia tendrá lugar en un momento decisivo para la Unión Europea. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo, hemos entrado en una nueva etapa. 
Un nuevo Parlamento asumirá sus funciones en unas semanas y se renovará la Comisión. 
Esta misma mañana se pronunciarán ustedes sobre la designación del futuro Presidente, Romano Prodi. 
El nuevo Presidente necesitará el apoyo del Parlamento Europeo para llevar a buen puerto su mandato. 
Han de aprovecharse todos estos elementos para dar un nuevo impulso a la construcción europea. 
Es preciso extraer lecciones del pasado, mirar al futuro. 
También es necesario preparar ya las próximas etapas institucionales. 
Antes de hablar y responder a las preguntas del Sr. De Giovanni, mencionaré brevemente las demás cuestiones que se plantearán en el Consejo Europeo de Colonia dentro de un mes. 
Señor Presidente, por supuesto, se discutirá la situación en Kosovo. 
Es cierto que la Unión Europea deberá desempeñar un papel muy importante en este sentido, y ello ya desde la fase de reconstrucción, en la que la Comisión- junto al Banco Mundial- tendrá una función de coordinación. 
En este sentido, deberá recibir los apoyos y los medios necesarios. 
En segundo lugar, la Unión deberá ocuparse de definir una verdadera estrategia, una estrategia de conjunto para la estabilidad en los Balcanes, y Colonia será un momento clave en esta vía. 
También en Colonia se adoptará la primera estrategia común dentro del Tratado de Amsterdam que, como saben ustedes, tiene relación con Rusia. 
El ejercicio no es fácil, aunque sólo sea por la limitación de tiempo del Consejo y la Comisión, pero avanzamos adecuadamente. 
Este ejercicio reviste una importancia creciente en el contexto de la crisis de Kosovo. 
Es más importante que nunca mantener y desarrollar un diálogo constructivo y profundo con ese gran país que es Rusia, y ello en todos los planos: político, económico y comercial. 
La crisis de Kosovo, además, pone de relieve de forma aguda la necesidad de una verdadera identidad europea de defensa. 
Tras los progresos constatados en la Cumbre de la Alianza Atlántica en Washington, la Unión Europea deberá adoptar una posición de manera decidida. 
En el plano económico, señor Presidente, las perspectivas de crecimiento para 1999 se han deteriorado en cierta medida, pero las señales positivas están ahí. 
La confianza que mantienen los consumidores alcanza progresivamente a las empresas y la bajada de los tipos de interés del Banco Europeo incita al optimismo. 
Es evidente, sin embargo, que al lado de la consolidación presupuestaria indispensable, Europa ha de acelerar las reformas estructurales de los mercados del empleo, de los bienes, de los servicios y del capital, y es en este espíritu en el que la Comisión acaba de aprobar la recomendación relativa a las grandes orientaciones de política económica. 
Ésta contiene recomendaciones específicas por países, incluso en materia de reformas económicas y espero que haya este año un debate abierto y profundo sobre estas recomendaciones. 
La coordinación de las políticas económicas no debe seguir siendo una palabra vana. 
La Comisión informará también de la evolución de las redes transeuropeas y espera que el Banco Europeo de Inversiones, como en el Consejo Europeo de Amsterdam en 1997, aporte su propia contribución. 
El Consejo de Ministros de Finanzas someterá al Consejo Europeo un informe sobre la arquitectura financiera internacional, la crisis asiática y rusa han evidenciado la necesidad de reformas en este ámbito. 
En los debates que se han celebrado hace apenas una semana en Washington con ocasión de la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, se han podido constatar algunos progresos, pero yo hubiera deseado que Europa hablara realmente con una sola voz. 
Tomemos, por ejemplo, la disminución de la deuda para los países más pobres. 
¿Por qué cada país del G7 ha de presentar su propio plan de reducción? ¿Por qué dejamos a nuestros socios- y principalmente americanos- organizar por nosotros la representación exterior de la Comunidad en el ámbito del euro, sin dar salia a la decisión del Consejo Europeo de Viena? 
Con respecto al empleo, Colonia será una cita interesante. 
El proceso de Luxemburgo se consolida y comienza a dar sus frutos en términos de políticas nacionales para el empleo más sistemáticas, más integradas, más ambiciosas y, a iniciativa de la Presidencia alemana, daremos un paso suplementario en la vía de este Pacto europeo por el empleo, del que yo recomendé su aplicación ya en enero de 1996. 
Para contribuir a la reflexión, la Comisión presentará al Consejo Europeo una comunicación sobre la mejor manera de integrar el objetivo de un nivel de empleo elevado en la definición y la aplicación de las políticas y de las acciones de la Comunidad. 
Señor Presidente, también en Colonia se diseñarán los primeros perfiles de la próxima reforma institucional. 
En lo que respecta a la preparación de ésta reforma, no quisiera prejuzgar el método o el contenido que Romano Prodi y la nueva Comisión han previsto. 
Sin embargo, deseo recordar que, en el marco de la Agenda 2000, la Comisión había solicitado solucionar las cuestiones abiertas en Amsterdam y había señalado que debía hacerse una reforma más profunda. 
Cualquier retraso en el refuerzo de las instituciones y de su funcionamiento sólo puede comprometer la ampliación efectiva de la Unión; esta nueva reforma ha de preparar a las instituciones para la ampliación, pero debe permitir también responder a algunos fallos de funcionamiento institucionales que han aparecido en los últimos meses. 
Es necesaria por tanto una reforma institucional, que se concentre en las prioridades y no «shopping lists» , quedando claro que es preciso abstenerse de dar de Europa la imagen preocupante de un lugar de trabajo permanentemente abierto. 
Etapas sucesivas, por supuesto que sí, pero trabajos cuasi permanentes, por supuesto que no. 
Debo añadir que no sirve para nada plantear nuevas reformas sin la voluntad política de poner en práctica lo que ya existe. 
Es preciso construir sobre lo ya logrado, y pienso en este caso, por ejemplo, en el apartado de Justicia y Asuntos Interiores que contiene el Tratado de Amsterdam. 
Invito a los ciudadanos y a las instituciones a examinar de cerca la manera como se traducen las intenciones en los procedimientos y métodos de trabajo. 
Por encima de las indispensables reformas institucionales, quisiera abogar por un planteamiento coherente. 
No se puede al mismo tiempo pedir nuevos programas europeos, denunciar el recurso a las oficinas de asistencia técnica y rechazar un aumento de los recursos humanos. 
No se puede, por un lado, hacer grandes declaraciones sobre el principio de subsidiariedad y, por otro, exigir sin tregua nuevas iniciativas de la Comisión. 
No se puede exigir de la Comisión una función de impulsora política fuerte y, al mismo tiempo, dar la impresión de pretender transformarla en secretaría del Consejo o del Parlamento. 
Señor Presidente, algunas cuestiones ya están identificadas: la ponderación de los votos en el Consejo o la reducción del número de Comisarios. 
Pero es preciso ir más lejos para realizar una reforma en profundidad de las disposiciones del Tratado relativas a la composición y al funcionamiento de las instituciones. 
Una reforma así debe, en cualquier caso, incluir la introducción generalizada de la mayoría cualificada, como acaba de decir el Presidente en ejercicio. 
Es importante igualmente pensar en una extensión del procedimiento de codecisión. 
¿Es preciso llegar más lejos? 
Sin duda. 
Por ejemplo, sobre la difícil cuestión de la colegialidad y de la responsabilidad individual de los Comisarios. 
El principio de la colegialidad de las decisiones políticas me parece indispensable, hoy igual que ayer, para la propia legitimidad de la Comisión y del sistema institucional europeo, sin que ello deba sin embargo conducir a una falta de responsabilidad individual en algunas situaciones en las que las decisiones no son- y no pueden- ser colegiadas. 
Esta contradicción sólo es aparente y se resolverá mediante el ejercicio bien entendido de los poderes nuevos del Presidente de la Comisión. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Colonia será llamado a pronunciarse sobre temas verdaderamente importantes. 
Ya sea el empleo, Kosovo, la ampliación o el funcionamiento de las instituciones, la Unión Europea ha de aprender a hablar con una sola voz para los 15 Estados miembros pero también para las instituciones. 
Eso no significa que sea necesario estar siempre en la misma línea, sino que es preciso trabajar juntos, tener un planteamiento constructivo para mejorar y reforzar la Europa del mañana, tanto a los ojos de nuestros conciudadanos como para encontrar el lugar que le corresponde en la escena internacional. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, antes de pasar a abordar el tema de las reformas institucionales, como presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, al abrir mi última intervención pública, yo también quisiera expresar públicamente mi agradecimiento al Presidente de nuestro Parlamento por el trabajo común que hemos realizado. 
Se ha vuelto a abrir la mesa sobre las reformas institucionales y esto, hay que decirlo, ha sido el gran mérito de la Presidencia alemana, a partir de la declaración realizada por el Presidente en ejercicio del Consejo ante este Parlamento en el mes de enero. 
Se han planteado dos puntos fundamentales: la necesidad de una Conferencia Intergubernamental a corto plazo en el año 2000, con un método y un calendario a discutir, y la cuestión de la Constitución que he constatado con mucha satisfacción que esta mañana ha vuelto a suscitar el Sr. Verheugen. 
¿Por que considero importante y fundamental esta nueva apertura de una mesa institucional? 
Por un lado, porque existe la necesidad de más Europa, existe la necesidad de un mayor papel de Europa en el mundo y el contexto histórico-político nos lo demuestra, y si no existirán instituciones renovadas y una fuerte voluntad política, esta necesidad de Europa no se podrá cumplir concretamente. 
Y por otro, porque es necesario definir- como decía esta mañana el Presidente en ejercicio del Consejo- los equilibrios institucionales que están en crisis. 
Ha hecho bien el Consejo en proponer rápidamente la Presidencia de Romano Prodi, pero todos sabemos- y lo acaba de decir el Sr. Presidente Santer- que existe el problema de la necesidad de reforzar y definir el papel político de la Comisión. En resumen, es preciso volver a restablecer los equilibrios institucionales. 
¿Cuál deberá ser el orden del día de la Conferencia Intergubernamental? 
Ciertamente el que acostumbramos a llamar en lenguaje comunitario «el triángulo de Amsterdam; sin lugar a dudas, la mayoría cualificada que, como todos sabemos, no es en absoluto una cuestión técnica, sino profundamente política, porque pone en discusión las soberanías de los Estados nacionales y ciertamente lo que atañe a la cuestión de la composición de la Comisión y la ponderación de los votos. 
Todo esto lo sabemos. 
Sin embargo, necesitamos algo más, porque la Conferencia Intergubernamental del año 2000 se celebrará, como se ha dicho, en un contexto difícil y complicado, y por lo tanto, se deberán abordar nuevamente las cuestiones relacionadas con la política exterior y, sobre todo, con el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
En nuestra resolución, planteamos el problema del método. 
Naturalmente, no ponemos en tela de juicio algunos aspectos fundamentales como el artículo N, sino que decimos que en la etapa preparatoria son necesarias unas novedades porque hemos comprobado las deficiencias del método intergubernamental y, por tanto, la necesidad de preparar de otra forma el resultado de la Conferencia Intergubernamental. 
Pedimos, al igual que en el texto del mes de noviembre de 1997, esto es, en la resolución Méndez De Vigo y Tsatsos, un documento de la Comisión que pueda constituir la base de una concertación interinstitucional en la que estén implicados los representantes de la sociedad civil, los parlamentos nacionales y las regiones. 
En resumidas cuentas, necesitamos que sobre la mesa de la Conferencia Intergubernamental haya un documento lo más autorizado posible y esto porque otro tipo de preparación de la Conferencia Intergubernamental puede garantizar un resultado más seguro en materia de reformas. 
Ahí está el punto. 
No ponemos en discusión el artículo N ni la necesidad de la unanimidad final, sin embargo, decimos: debemos preparar de otra forma esta cita. 
¿Por qué? 
Porque Europa lo demanda, porque Europa quiere Instituciones fuertes. 
Permítanme una última referencia al tema de la Constitución. 
Estoy, repito, muy satisfecho porque esta mañana el Presidente en ejercicio del Consejo ha vuelto sobre este tema. 
Sabemos que, hoy por hoy, el problema no es redactar una Constitución, como hicimos en el pasado y como hemos demostrado que somos capaces de hacer. 
Hoy sabemos que los problemas son dos: primero, el de los principios simplificados que pueden recabarse de los mismos Tratados y que pueden indicar normas, puntos, principios y valores claros a los ciudadanos a fin de que sepan de qué se habla cuando se habla de Europa y cuando se habla de Constitución de Europa; segundo, el espacio de libertad, seguridad y justicia que es un espacio en el cual circulan seres de carne y hueso, ciudadanos que necesitan garantías jurídicas y jurisdiccionales. 
Por eso hablamos de derechos fundamentales que deben incluirse en el Tratado- lo recordaba esta mañana el Sr. Verheugen- y creo que con respecto a esto podremos construir una Europa política, así como una Europa de los ciudadanos porque ambas cosas o marchan juntas o no marchan. 
Muchas gracias, señor De Giovanni. 
Quiero agradecerle, en nombre del Parlamento, en esta su última intervención, el mucho trabajo que ha desempeñado y la dedicación y fuerza que ha puesto en ese mismo trabajo. 
Quisiera saber, señor Presidente, agradeciéndole que me haya concedido la palabra, si está previsto que la presente declaración del Consejo y la Comisión se vea seguida de propuestas de resolución de conformidad con el artículo 37 de nuestro Reglamento. 
Sí, sin duda, y éstas se votarán mañana. 
¡Ah! , se votarán mañana. 
En ese caso se ha producido una decisión especial no obstante lo previsto en el párrafo 4º del artículo 37, que prevé que normalmente se votan el mismo día. 
Es precisamente este punto el que deseaba verificar. 
Señor Presidente, al iniciar esta intervención yo quisiera sumarme a las declaraciones que varios de mis colegas, en representación de los Grupos políticos, han realizado anteriormente, felicitándole por su labor. 
En este caso, la relación personal que me une al Sr. Presidente desde hace mucho tiempo hace que mi felicitación venga acompañada de una cierta congratulación de que haya llevado a cabo su labor con éxito. 
También querría aprovechar la ocasión para, en cierta medida, despedirme del Sr. Santer como presidente de la Comisión, porque creo que este va a ser el último debate en que va a estar presente. 
Y le felicito también por su labor durante este período. 
La Presidencia alemana ha hecho una gran labor en este semestre. 
Frente a todas la previsiones, la Presidencia alemana cerró el paquete de la Agenda 2000, que parecía difícil de cerrar, y ahora, para el Consejo Europeo de Colonia, la Presidencia nos acaba de anunciar un programa bastante ambicioso. 
Felicito también a la Presidencia alemana por la ambición de ese programa. 
La Presidencia de la Comisión nos ha enunciado en su intervención cinco puntos muy claros que responden a verdaderas necesidades de la Unión. 
La primera necesidad es el Pacto Europeo para el Empleo. 
Creo que hace bien la Presidencia alemana en colocar esta propuesta en primer término porque, a pesar de cualesquiera otras cuestiones, lo cierto es que para los europeos el problema cotidiano es el problema del empleo. 
La única cuestión que se nos plantea es si, teniendo en cuenta la reducción que se ha hecho de las perspectivas financieras del 2000 al 2006, la Unión Europea va a disponer en los próximos años de recursos suficientes para una política propia del empleo, ya que prácticamente todas las políticas comunitarias han tenido que ser recortadas. 
Desde luego, nos anima mucho la referencia precisa a una Conferencia Intergubernamental para el año 2000, a la que ya ha hecho referencia mi colega, el Sr. De Giovanni. 
Está claro que en Amsterdam quedó abierto el paquete institucional, y que si ese paquete institucional no se cierra no sería posible la ampliación. 
La cantidad de Estados que en este momento solicitan el ingreso en la Unión Europea supondría un cambio- en el caso de que fueran admitidos en las condiciones actuales-cualitativo en la estructura de la Unión Europea. 
Creo que la tarea de esa Conferencia Intergubernamental va a ser difícil pero, en todo caso, felicito de nuevo a la Presidencia alemana por plantear la cuestión de una manera tan clara. 
Desde luego, el punto flaco de la Unión Europea sigue siendo la política exterior y de seguridad común. 
La Presidencia alemana ha insistido en la necesidad de desarrollar el artículo 17 del Tratado de Amsterdam. 
La incorporación de la Unión Europea Occidental en el sistema de la Unión Europea es el primer paso hacia la creación de una identidad europea de defensa, que se afirma como necesaria. 
Y junto a ello, el nombramiento de esa figura tan importante- el Sr. o Sra. PESC-que sería la persona encargada de llevar a cabo esa política. 
Hay que recordar que, desde el punto de vista del Parlamento, habría sido preferible dejar esto en manos de la Comisión y no seguir- como decía el Sr. Santer- convirtiendo a la Comisión en una especie de Secretaría del Consejo. 
Finalmente, señor Presidente, no me queda sino cerrar mi intervención felicitando a la Presidencia alemana- y al Sr. Verheugen en particular- por la gran labor desempeñada durante este semestre. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo y señor Presidente de la Comisión, se nos ha realizado una introducción en los difíciles temas de la cumbre de Colonia que tienen que solucionarse en nuestro interés común. 
Me alegra en especial que se haya puesto tan intensamente en primer plano la idea de la Política Exterior y de Seguridad Común, pues Kosovo nos muestra lo necesario que es que lleguemos a unos resultados tanto en el campo preventivo como en el de la capacidad de actuación. Hay que saludar la intención de la Presidencia alemana del Consejo de hacer uso del modo adecuado de su doble condición de Presidencia de la Unión Europea y de la UEO. 
Pero también hay que aplicar el potencial del Tratado de Amsterdam en el campo de la Política Exterior y de Seguridad Común en un sentido realmente comunitario y no debemos proseguir según antiguos métodos. 
Tarde pero no demasiado tarde se comienza a meter de nuevo en el juego a Rusia. 
Es de saludar una estrategia común sobre Rusia para lograr de este modo un equilibrio en este continente y contribuir a encontrar soluciones. 
Pero en este contexto no debemos olvidar que ante el gran número de puntos conflictivos que, por ejemplo, tenemos en el sector comercial, debemos mejorar también las relaciones con los Estados Unidos. Señor Verheugen, le ruego encarecidamente que se aproveche la cumbre UE-EE.UU del 19 de junio en Bonn para intensificar la cooperación entre los EE.UU y Europa, encauzarla en unas formas más adecuadas e incluir también a los Parlamentos del modo correspondiente. 
El tema del Pacto sobre el Empleo es de gran importancia ante el problema del paro. 
En cualquier caso, observaremos muy atentamente el resultado de la cumbre y veremos cómo se realiza la división de tareas entre los Estados nacionales y el nivel europeo en lo referente a la política de empleo, para que no surja una impresión errónea de responsabilidad europea en el lugar erróneo. 
También vamos a prestar atención para que no tenga lugar a nivel europeo la policy mix de Lafontaine entre la política monetaria, financiera y salarial. 
No sé a qué se refería usted cuando ha dicho que había que vincular aquí al Banco Central Europeo al igual que a los interlocutores sociales. Espero que lo haya entendido mal en su intervención; el Banco Central Europeo tiene que desempeñar un papel totalmente independiente y no puede ser parte integrante de una estrategia establecida por los Gobiernos. 
Permítanme que realice una última observación. 
El colega Méndez de Vigo hablará más detalladamente al respecto. 
La reforma institucional se tiene que realizar en cooperación con el Parlamento Europeo, quien deberá desempeñar en la Conferencia Intergubernamental un mejor papel que en Amsterdam en que se encontró aún algo al margen. 
Espero que la Presidencia alemana del Consejo lo ponga en marcha. 
Tenemos que lograr la capacidad de ampliación de la Unión Europea mediante la ampliación de las decisiones mayoritarias. 
Cuando en una segunda fase se trate sobre cuestiones como la de la Constitución y similares, habrá que mostrar claramente que esto no debe significar un retraso de la fecha de ampliación. 
Debemos atenernos al calendario. 
Me permito felicitarle por la idea de que debemos elaborar una estrategia para la creación de un catálogo de derechos fundamentales. 
Si se lograse esto en cooperación con los Parlamentos en Europa y en los Estados nacionales, sería algo de gran importancia en el sentido que quieren los ciudadanos y de la identidad de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en el Congreso de La Haya en 1998, el movimiento europeo lamentó que la Unión pareciera hoy condenada a avanzar en un gran vacío conceptual y apareciera desprovista de cualquier perspectiva política, precisamente en el momento en que está lanzándose a las dos grandes aventuras de su historia: la moneda única y la ampliación. 
Desde 1998 se plantea un gran desafío: la guerra de Kosovo. 
Hemos de oponernos, en efecto, en las fronteras de Europa, a cualquier atentado contra los derechos de las personas. 
Pero, hay que repetirlo, no es la idea europea lo que está en cuestión. 
Ayer por la mañana, en su intervención, el Sr. Prodi recordó cuáles eran los valores fundamentales. 
Lo que se cuestiona, y que debería abordar seriamente el Consejo de Colonia, es la propensión de los responsables políticos de algunos Estados miembros a pegarse, desde hace tiempo, a vestigios muy superados de soberanía nacional, principalmente y sobre todo en materia de política exterior. 
La tragedia de Kosovo, previsible desde hace cerca de diez años, es un terrible ejemplo. 
El texto de compromiso del Parlamento Europeo insiste pues en que en Colonia sea designado el alto representante para la PESC, que sea apoyado por la unidad de planificación y de alerta rápida y que esté en condiciones, por su personalidad, de desempeñar un papel importante. 
El Grupo liberal se alegra especialmente de que se señale la urgencia de reforzar las relaciones institucionales con la Unión de Europa Occidental que, a la postre, debería disponer de una fuerza de defensa y prevención. 
Quisiera felicitar ahora al Presidente De Giovanni por el texto de su resolución que estoy convencida de que servirá de referencia para el próximo Parlamento, y también quisiera decirle que ha sido un gran privilegio trabajar con él. 
Hay dos temas que considero prioritarios y deberían someterse a reflexión en Colonia: el calendario en primer lugar. 
El aprobado por la Comisión de Asuntos Institucionales insiste en la conclusión de los trabajos de la próxima CIG antes de la primera ampliación. 
Únicamente una exigencia así permitirá a los países candidatos comprometerse con conocimiento de causa en un proyecto político, cuyo acervo comunitario no podrá ponerse en tela de juicio. 
El método en segundo lugar. 
El aprobado para la preparación del Tratado de Amsterdam ha mostrado sus fallos. 
Por tanto, será necesario cambiarlo, es decir, dar a la Comisión su papel, que es el de motor de la próxima reforma. 
La ambición manifestada por el Sr. Prodi en lo que respecta a la autoridad política que desea ejercer con sus colegas y el Parlamento Europeo es un excelente augurio y hacemos votos para que este europeo convencido tenga éxito, agradeciendo también al Sr. Santer lo que ha hecho en el transcurso de su mandato. 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, he oído y leído con mucha atención la resolución del Sr. De Giovanni, a quien aprovecho para felicitar y agradecer la exención, el rigor y la imparcialidad, también como presidente mío que es de la Comisión de Asuntos Institucionales, en la que he trabajado en los últimos años. 
De esta resolución y de los debates que se celebraron permítome destacar uno o dos aspectos que, para mí, son los más importantes: la idea que se abrió y se abre camino de una constitución europea, la verificación o el deseo de verificación de un poder constituyente específico en el nivel comunitario y cierta interpretación- permítome decirlo así- correctiva del artículo N del Tratado. 
He leído, he oído y he reflexionado. 
He aprendido y he enseñado toda la vida a mis alumnos que el derecho y la política deben responder a los anhelos de las poblaciones y de los ciudadanos. 
En este momento, por lo que me parece percibir, los ciudadanos de los Estados de la Unión están preocupados por la guerra, la miseria, la exclusión social, el desempleo, el tráfico de droga y la delincuencia en general. 
No están- que yo consiga oír- clamando por una constitución europea. 
A no ser que se piense que la constitución europea, de existir, sería la que resolviera los problemas de los ciudadanos. 
Yo no comparto esa convicción. 
Tengo para mí que una constitución europea, si consagra derechos y deberes que no son, por sí mismos, viables ni exigibles en cuanto a su cumplimiento, de poco vale ante los problemas con los que los ciudadanos europeos se debaten en este momento. 
En cuanto al poder constituyente específico y propio europeo, también pido disculpas a Sus Señorías, pero tengo mis dudas. 
Considero también que el poder constituyente emana de los pueblos. 
Considero, juzgo y me permito defender en este momento que no existe un pueblo europeo, lo que no quiere decir que no llegue a haberlo y tal vez sea deseable incluso que llegue a haberlo. 
Nuestras fronteras aún no están determinadas en este momento. 
Por consiguiente, considero- al menos esa es la convicción que comparto- que se deben hacer las reformas institucionales, pero no deben ser un astillero en continuo movimiento, sobre todo si pensamos en las poblaciones y respondemos a sus anhelos y siempre con la participación de los ciudadanos europeos. 
Para concluir, considero que, sin esa participación, cualquier edificio puede desmoronarse en cualquier momento. 
Y si hay algo que no quiero, porque soy europeísta convencida, es que Europa acabe desmoronándose, por cualquiera de esos contratiempos. 
Señora Presidenta, con el paro estructural que tenemos en Europa comprendemos la importancia del próximo Consejo Europeo de Colonia. 
Gobernar es elegir opciones, y hay varias opciones diferentes. 
Creo- y ya estoy hablando en nombre de mi Grupo- que frente a las opciones que plantea, por ejemplo, el manifiesto de los Primeros Ministros de Gran Bretaña y España, Tony Blair y José Mª Aznar, que significa más desregulación y más flexibilización, nosotros optaríamos por una propuesta franco-italiana, con un relanzamiento de las políticas activas de empleo y un relanzamiento también de las inversiones públicas. 
Lo que no puede ser el Consejo Europeo de Colonia es una suma de buenas intenciones, un catálogo de actuaciones inconexas o la simple suma de los planes nacionales de empleo. 
Esto ya no lo aceptaría la opinión pública ni sería creíble. 
En cuanto al calendario institucional, estamos totalmente de acuerdo en que es ya un imperativo que se haga la reforma institucional, que se fijen las etapas que lleven a una Conferencia Intergubernamental, y podemos decirle al Consejo que el Parlamento ha trabajado durante muchos años en establecer un verdadero catálogo de derechos fundamentales. 
Estamos en la mejor disposición. 
Y respecto a la guerra de Yugoslavia, de los Balcanes, con la especial incidencia en Kosovo, tenemos que decir en voz muy alta y clara que, condenando totalmente las actividades del régimen de Milosevic en Kosovo, ha llegado el momento de plantearse una solución política. 
¿Es que no hay en Yugoslavia o en Serbia un millón de inocentes, un millón de justos, que permitan parar la etapa de los bombardeos, del destrozo de infraestructuras generalizado y los daños colaterales y pasar a una solución política después del castigo que recibió, no sólo el régimen de Milosevic, sino la población en general? 
Yo creo que la Presidencia alemana debería tener una especial sensibilidad. 
Yo nunca cargaría sobre el pueblo alemán las culpas del régimen que tuvo que sufrir con la dictadura de Hitler. Y traslado esa visión también a Yugoslavia. 
Lo hago con la intención de que se superen los problemas y podamos coincidir todos en conseguir la paz para Europa. 
Señora Presidenta, señores Presidentes, estimados colegas, en esta Asamblea hemos visto que el funcionamiento de las Presidencias no es una cuestión que dependa tanto del correspondiente país o de las aptitudes de sus dirigentes sino de la dinámica de la Unión. 
Precisamente aquí es donde existen grandes preocupaciones. Lo tengo que decir realmente en esta hora festiva. 
Todas las personas razonables saben entretanto que la contrarreforma neoliberal ha fracasado. 
Sin embargo, seguimos actuando aquí como si no hubiese pasado nada. A lo sumo creamos nuevos mecanismos de consulta de carácter corporativo en los que se integra aquella. 
Esto está bien pero no representa el necesario cambio de rumbo y sin este cambio de rumbo no cumpliremos las esperanzas de los pueblos de Europa, quienes desde 1995/96 han quitado del poder precisamente a las y los representantes de la contrarreforma neoliberal al no elegirles. 
¿Porqué no tenemos el valor, la fuerza y la capacidad exacta para llevar a cabo este cambio de rumbo? 
En este contexto, lamento expresamente como verde la dimisión de mi antiguo amigo Oskar Lafontaine. 
En lugar de una clara reorientación de la política europea en el primer año del euro hacia un nuevo tipo de desarrollo económico que pueda solucionar el problema del paro en masa, se nos da un Pacto Europeo por el Empleo que queda muy por detrás de lo que en su día contenía la iniciativa Santer y las propuestas originarias provenientes de la Presidencia elaboradas por el Ministerio alemán de Hacienda. 
No se trata de si la botella está medio llena o medio vacía sino si existe en absoluto una botella o si en Colonia se va a bricolar una botella de papel en la que no se puede echar nada. 
Vamos a tener que mantener ahora esta lucha para que exista una botella y podamos llenarla. Pido a los colegas solidaridad. 
Saludo expresamente las marchas europeas contra el paro en masa que van a llevar de nuevo a la actualidad en Colonia estas exigencias. Espero que esto sea de ayuda para la cumbre. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que la Cumbre de Colonia tiene tareas importantes que realizar y una designación importante que operar, la del «Sr. PESC». 
Desde este punto de vista es lamentable- insisto en decirlo- que se haya mantenido en las fechas previstas. 
Si no hubiéramos sufrido la crisis que ha sacudido a la Comisión, nos habríamos encontrado en una situación en la que, pese a las demandas de este Parlamento, el Consejo Europeo hubiera decidido sin tener en cuenta la opinión de los electores que irán a las urnas del 10 al 13 de junio. 
Tengo dos peticiones que formular al Consejo. 
En materia de política exterior y de política con respecto a las Naciones Unidas, en tanto que Unión Europea tenemos progresos que realizar y cosas que decir sobre las dos cuestiones esenciales que son la ratificación del estatuto del Tribunal Penal permanente y la moratoria de la ejecución capital que ha sido pedida por una votación de la Comisión de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Si la Unión y la Presidencia dieran valor a estos dos expedientes en el Consejo Europeo para indicar la vía, para adoptar una decisión que sea la de la Unión en los meses venideros, tendríamos un compromiso firme en dos ámbitos que, a mi juicio, serán decisivos de cara al tercer milenio. 
Por lo que respecta a las reformas institucionales, debo dar las gracias al Sr. Biagio De Giovanni, Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, por las propuestas que pone sobre la mesa para que se tomen en consideración en la nueva legislatura y por la Presidencia actual y futura. 
Hemos añadido, como Grupo de Coalición Radical Europea, una enmienda que espero se vote para oficializar, para solemnizar el hecho de que tenemos derecho a ratificar cualquier propuesta de reforma en tanto que Parlamento Europeo. 
Espero que esta enmienda sea aprobada en la votación de más tarde. 
Señoras y señores Presidentes, de la crisis institucional que atraviesa la Unión Europea con la dimisión colectiva de la Comisión parece que el Consejo intenta extraer la lección de que es preciso ir hacia más federalismo, hacia más superestado, hacia más poder de la Comisión, en definitiva. 
Ya los Jefes de Estado y de Gobierno han querido designar a un Presidente de la Comisión más político, encargado de explotar todas las posibilidades federalistas que ofrece el Tratado de Amsterdam. 
El Presidente propuesto, el señor Romano Prodi, parece efectivamente decidido a adoptar una función muy política. 
En su intervención de ayer le oímos hablar de su responsabilidad política, de la capacidad de dirección política del Colegio, de su función de orientación política, de la necesidad de que adopte una gran iniciativa política. 
En resumen, el Presidente designado de la Comisión tiene ya tendencia a adoptar la postura de un Jefe de gobierno, añadiendo una dosis de ultraliberalismo y de librecambismo que debería preocupar incluso a los liberales tradicionales. 
Evidentemente, el Parlamento Europeo va a estimular esta evolución gubernamental y, para comenzar, lo hará mediante la resolución que sin duda va a votar en unos instantes y que pretende dar a la Comisión un papel motor en la reforma institucional. 
Sin embargo, antes de adoptar cualquier decisión sería más prudente esperar el segundo informe de expertos del que el Parlamento Europeo, con toda prudencia, ha pospuesto su publicación hasta después de las elecciones europeas y que ciertamente clarificará de forma interesante el funcionamiento de las instituciones. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones piensa que la verdadera lección que hay que extraer deberá ser el restablecimiento de la primacía de las democracias nacionales con el fin de aproximar Europa a sus pueblos. 
En este sentido, el proyecto de Estatuto de los diputados europeos que acaba de aprobar el Consejo da una señal en la dirección equivocada. 
Nos parece absolutamente inadmisible que los miembros de esta Asamblea estén remunerados no por sus pueblos respectivos sino con cargo al presupuesto comunitario. 
Un representante ha de ser remunerado por aquellos a los que representa y por ningún otro, de otro modo sería institucionalizar un cauce peligroso contra los pueblos, sería- por así decir, señora Presidenta- un golpe de Estado solapado. 
Señora Presidenta, el Tratado de Amsterdam que podría definirse como el Tratado de las ocasiones perdidas, ha entrado en vigor sólo desde hace algunos días y ya hace falta integrarlo y completarlo con esos capítulos relativos a las cuestiones institucionales no resueltas en Amsterdam. 
El Consejo Europeo de Colonia deberá salvar estas omisiones y sentar las premisas para la reforma de la Comisión, la ampliación del voto por mayoría cualificada y la reponderación de los votos en el seno del Consejo. 
En lo que respecta a la Comisión, somos contrarios a cualquier solución que suponga una merma de sus poderes. 
La misma debe mantener su independencia y su poder de propuesta. 
Ambas condiciones son indispensables para el desarrollo de sus funciones autónomas, en el interés general de la Unión Europea. 
Es el ejercicio de estas prerrogativas el que impedirá a la Comisión convertirse en una especie de secretaría del Consejo y, por tanto, bajar a un nivel que no corresponde al papel político que debería desempeñar. 
Sería asimismo inadecuado e inoportuno que la misma se limitara a un papel burocrático, sin tener en cuenta las necesidades de aplicar el principio de subsidiariedad cada vez que se presente la ocasión. 
Pero, incluso en el supuesto de que todas estas preocupaciones fueran objeto de examen con vistas a la Cumbre de los jefes de Estado o de Gobierno, no supondrán una respuesta suficientemente adecuada a la gravedad de la crisis de Kosovo y no suplirán la patente ausencia de Europa en este específico flanco de la actualidad continental. 
Si quiere estar a la altura del papel que debería caracterizarla, Europa debe por fin decidirse a dotarse de un instrumento político que le permita poner a punto su Política Exterior y de Defensa Común. 
Desde Colonia debe partir una señal en esta dirección; debe tomarse una decisión que dé inicio a la unión política; debe quedar patente la voluntad de seguir este camino y debe quedar claro que la Unión Europea tiene la intención de erigirse en sujeto activo en las relaciones internacionales y en las eventuales crisis, porque tiene el propósito de dotarse de todos los instrumentos necesarios, indispensables y aptos para garantizar su soberanía y autonomía. 
Necesitamos un nuevo Tratado, hoy, y lo más importante es dar la señal de salida e indicar con exactitud el camino a seguir, marcar las pautas que deben venir de Colonia, sobre todo porque la opinión pública, con la triste experiencia de Kosovo, demuestra que es más sensible que antes al papel que Europa puede desempeñar. 
Otra cuestión pendiente que condiciona las posibilidades de acción de la Unión, es la falta de una política económica común. 
El mercado único se encuentra sometido a tensiones y contragolpes. 
Una fuerte política de empleo, al estar ligada al desarrollo, necesita una política económica coherente. 
Es preciso dar una señal concreta que implique el comienzo de una etapa irreversible que ha de llevar a una solución que se considera indispensable para el funcionamiento de la Unión. 
La economía real de nuestros países necesita nuevos impulsos para expansionarse. 
No serán los índices bursátiles los que darán estos impulsos, a lo sumo, hinchan desmesuradamente la burbuja financiera que se cierne como una pesadilla sobre las economías reales. 
Colonia debe dar una señal también en este campo para realizar esa política económica que establezca los objetivos que han de alcanzarse como, por ejemplo, un relación diferente con la Organización Mundial de Comercio, el relanzamiento de la calidad del producto europeo, la no imposición de las empresas. 
Intentemos que Amsterdam sea recordada como la sede de las ocasiones reencontradas y no perdidas. 
Señora Presidenta, señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, lo que el Presidente del Consejo nos ha expuesto sobre Colonia es, como siempre hacen las Presidencias- y en especial, las alemanas -, muy ambicioso. 
No es suficiente que deseemos suerte a la Presidencia del Consejo y al Consejo en general para que logren los objetivos en la cumbre de Colonia. 
En los temas centrales de esta cumbre, debemos mostrar claramente como Parlamento que tenemos ideas propias y que queremos que lo que se propone conduzca al éxito. 
Por ello, me voy a centrar en dos puntos. 
Primero: las reformas institucionales y los preparativos de la Conferencia Intergubernamental. 
No le sorprenderá, señor Presidente del Consejo, que sea de la misma opinión que mi colega Elmar Brok. 
No sólo para la cooperación fructífera entre las instituciones sino también para asegurar de modo duradero lo que se logre en la Conferencia Intergubernamental y que su aplicación tenga éxito, en el futuro será necesario que el Parlamento participe más intensamente que en el pasado en esta Conferencia- no empleo conscientemente la expresión de Conferencia Intergubernamental aunque sea la práctica usual sino la de Conferencia de los Estados miembros. 
No se trata sólo de una forma ni tampoco de que busquemos reconocimiento. 
Es sencillamente un procedimiento normal entre instituciones democráticas que se debería tener más en cuenta en el futuro. 
Cuando discuten de reformas institucionales, piensen también que no se trata solamente de cifras sino de que la falta de fuerza del Parlamento en lo que se refiere a la cooperación con el Consejo y la Comisión- me refiero aquí a la ausencia de procedimiento de codecisión- se coloque realmente en el orden del día en esa Conferencia. 
Cuando menciono esto, me refiero también de modo muy concreto a un campo en el que tienen mucho que ver este Parlamento, el Consejo y la Comisión y que abarca casi la mitad del presupuesto de la UE. 
Me refiero a la Política Agrícola Común. 
No se puede aceptar que el Parlamento no tenga un derecho de codecisión en un sector que representa la mitad del presupuesto. 
Hay que llenar realmente esta laguna democrática. 
Se trata de un punto muy importante. 
Segundo: la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Es urgente. 
Para todo el mundo está claro y es entendible que el Parlamento no esté tan entusiasmado con la construcción de un Mr. o Mrs. PESC, pues no encaja del todo en las estructuras estatales de nuestros países miembros. 
Pero no quiero iniciar aquí una polémica sobre este punto. 
Quisiera que se produzca un avance en la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Esta es también la opinión de mi grupo político. 
Por ello decimos: «de acuerdo, hacedlo pero hacedlo rápido». 
Pues hemos tenido que aprender amargamente una cosa: todo lo que ya ha pasado en los Balcanes y lo que pasa ahora tiene la causa en la ausencia de una Política Exterior y de Seguridad Común realmente eficiente. 
Aplausos 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que tanto en la intervención del Presidente Santer- que ha sido una intervención espléndida y quiero felicitarle por ello- como en las del resto de los colegas de este Parlamento va a encontrar usted una rara unanimidad. 
Este Parlamento quiere la reforma institucional, este Parlamento apoya a la Presidencia en la reforma institucional. 
¿Por qué? 
Pues porque es necesaria, señor Presidente, simplemente por eso, porque en Amsterdam no se acometió. 
¿Y por qué es necesaria además? 
Porque este Parlamento quiere la ampliación, y no queremos que esa ampliación se retarde más porque la reforma institucional no se ha hecho. 
Por eso vamos a apoyarles en todas las iniciativas que esta Presidencia alemana lleve a cabo para acometerla lo antes posible. 
Yo voy a hablar, señor Presidente- mi colega Brok ha hablado antes del contenido -, del método. 
Creo que este Parlamento, en la resolución de noviembre a la que ha aludido el presidente De Giovanni, propuso algo original, y es algo tan original como simple: recurrir al método comunitario, al método al que estamos habituados, para preparar la reforma institucional. 
No queremos sustituir a los Gobiernos, que son los que tienen que tomar la decisión. 
No. 
Lo que queremos es contribuir a facilitar las cosas a los Gobiernos, y por eso, con el acuerdo en su día del Presidente Santer- a quien quiero rendir homenaje por ello -, pensamos que una posibilidad, una buena posibilidad, es que la Comisión Europea prepare un proyecto, que lo discuta con el Parlamento y que intervengan también los Parlamentos nacionales en esa reflexión, que será una mera reflexión, señor Presidente. 
Y al final, lo que habrá sobre la mesa de los Gobiernos será una propuesta, una propuesta que esperamos que logre el máximo consenso posible. 
Y yo creo que, si la Comisión está en esa línea, si el Parlamento Europeo está en esa línea, si los Parlamentos nacionales han sido involucrados, la legitimidad que tendrá ese documento será enorme, y cualquier Presidencia en ejercicio y los Gobiernos podrán aceptar un documento de reflexión. 
Yo creo que ésta es una buena posibilidad, señor Presidente en ejercicio del Consejo, y le ruego que en Colonia la tenga usted en cuenta. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión. Señor Santer, nos ha dicho que Colonia sería una cita interesante para el empleo, que se daría un paso más para el Pacto Europeo por el empleo, ése es nuestro deseo. 
Nuestro grupo se alegró, en su momento, de la nueva orientación que se dio en Luxemburgo y en Pörtschach. 
Estas cumbres estuvieron marcadas por un cambio de tono, con la prioridad afirmada en favor de la lucha contra el desempleo. 
Sin embargo, la Cumbre de Viena, posteriormente, no concretaría nuestras esperanzas. 
Nos hemos quedado en declaraciones, sin medidas concretas. 
Esperamos que la Cumbre de Colonia responda a la expectativa de los ciudadanos europeos y se traduzca en actos concretos. 
A la vista de los trabajos preparatorios podemos esperarlo ya que algunos Gobiernos proponen políticas activas para el empleo y un relanzamiento de las inversiones. 
Pero esta esperanza también se oscurece ante las declaraciones del Sr. Prodi y otros gobiernos que alaban la competencia, la liberalización, la flexibilidad del trabajo. 
Como señalaba recientemente el secretario general de la CES, es preciso terminar con un cierto dogmatismo y poner la estabilidad al servicio del crecimiento y del empleo. 
Nuestro Grupo adelanta propuestas innovadoras para apoyar este crecimiento y crear empleo. 
Proponemos sustituir el pacto de estabilidad por un verdadero pacto de crecimiento con, entre otras prioridades, el relanzamiento de la inversión productiva, la continuación de la bajada de los tipos de interés de forma selectiva a favor del empleo, la puesta en marcha de un proceso de reducción del tiempo de trabajo sin disminución de salario, la detención del proceso de liberalización y desregulación, la fijación de un salario mínimo en cada Estado miembro. 
La Presidencia alemana ha hecho hincapié con toda justicia en la política fiscal y en sus interacciones con las políticas económicas y presupuestarias. 
En este ámbito, también, es preciso producir innovaciones luchando contra el «dumping» fiscal fijando impuestos a las transacciones financieras. 
Nuestro grupo, con el movimiento social que se afirma cada vez más en el plano europeo, trabajará para conseguir que salgan adelante esas propuestas, con el fin de que se dirijan hacia una Europa social y democrática. 
Señor Presidente, la guerra de la OTAN contra Yugoslavia ha fallado en su objetivo declarado. 
No ha podido acabar con los crímenes cometidos contra las personas en Kosovo sino que ha aumentado dramáticamente su miseria. 
Pero el objetivo fracasado de la OTAN, la situación humanitaria insostenible, era la única legitimación para violar el derecho internacional y llevar a cabo esta guerra de ataque. 
Los fines no justifican los medios. 
Este principio es algo que pertenece a los fundamentos de nuestra civilización. 
La ultima ratio ha demostrado ser irracional. 
La responsabilidad por esta asoladora violencia, por las víctimas civiles, por la destrucción de los fundamentos de vida y las infraestructuras civiles en Serbia y por el uso de armas prohibidas, la tienen todos aquellos que ahora no restablecen el imperio del derecho y no finalizan esta guerra. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, me voy a referir a dos campos: la política de empleo y la anunciada Conferencia Intergubernamental. 
Pero primero quiero aprovechar esta ocasión para felicitar tanto al Presidente del Consejo como al Presidente de la Comisión por haber sacado continuamente a colación la política de empleo y por haberla seguido con perseverancia aunque, lamentablemente, el plan Santer no haya sido seguido suficientemente y haya fracasado en el Consejo. 
Saludo, por ello, la iniciativa de aprobar de nuevo un Pacto Europeo por el Empleo en Colonia, precisamente tras las deliberaciones previas que tuvieron lugar durante la Presidencia austríaca. 
Me parece muy peligroso que, debido a las graves crisis actuales- como en Kosovo -, olvidásemos que dentro de la Unión Europea existe una crisis social. 
La Presidencia del Consejo ha dicho con razón que el paro es el problema social más urgente de la actualidad. 
He echado en falta entre los candidatos para la Presidencia de la Comisión de la UE que ayer no se refirieran con palabras claras y unívocas a este problema. 
Quiero subrayar también que es necesaria una cooperación más estrecha entre los países europeos y entre la política monetaria, financiera y salarial. 
Es una ilusión y creo que nadie afirma que sea posible sustituir la política de empleo nacional o regional por una política a nivel de la UE. 
El cómo se comporte el banco Central Europeo, el cómo configure su política de tipos de intereses y monetaria, el cómo se amplíe la infraestructura y si no sería posible por fin ampliar más la infraestructura europea, todas estas son cosas que influyen esencialmente sobre la competitividad, el paro y la situación del empleo en Europa. 
En mi opinión no podemos bajar la guardia, tenemos que realizar mayores esfuerzos para coordinar estas políticas. 
Una breve observación sobre el segundo punto, la Conferencia Intergubernamental. 
Quiero decir con toda claridad y sinceridad que tengo dudas de que la reforma de la Unión Europea solamente se pueda llevar a cabo con una especie de Conferencia Intergubernamental. 
Lo que hoy ha expuesto aquí el Presidente del Consejo apoya este escepticismo pues ha dicho que hay que realizar unas reformas mucho más amplias. 
Pero ¿los representantes de los Gobiernos, a los que se les quita poder y posibilidades e influencia para transferirse al nivel europeo, pueden llevar a cabo ellos solos una auténtica obra de reforma? 
Amsterdam no sólo ha fracasado por la mala voluntad de algunos sino también por razones estructurales y por cómo se afrontan estas cosas. 
Creo que debe haber una Asamblea constituyente parlamentaria en la que este Parlamento y los Parlamentos nacionales actúen conjuntamente al menos como interlocutores con el mismo peso y que complementen la Conferencia Intergubernamental pues, de lo contrario, terminaremos con otro fracaso de la misma. 
Me parece absolutamente importante que este Parlamento participe más intensamente en este proceso. 
Señor Presidente, la celebración de una cumbre europea tan poco tiempo antes de las elecciones europeas implica algunas oportunidades y riesgos. 
El mayor riesgo es que nuevamente no se tome ninguna decisión importante y que la población europea con un suspiro vuelva la espalda a la cooperación europea que tanto se demora y tanto fracasa. 
La gran oportunidad está en que se tomen una serie de decisiones fundamentales y de esta forma vuelva a recuperarse y reforzarse la confianza en la cooperación europea. 
Enumeremos tres asuntos donde será útil y necesario lograr un avance. 
La política exterior y de seguridad común siempre ha sido algo así como el hijastro de la cooperación europea, entre otras razones porque algunos de los Estados miembros más grandes han querido preservar la propia primacía. 
El drama de Kosovo, con sus respuestas morales y militares, ha podido unir por primera vez a los miembros de la Unión en este terreno. 
Mantener esto y defender esa cooperación europea, con unos valores como la democracia, los derechos humanos y los derechos de las minorías, acordar esto, sería un gran ganancia. 
A eso apelo al Consejo. 
En cuanto a la política exterior, también es muy necesario romper con la funesta exigencia de la unanimidad del Consejo. 
Un segundo paso hacia delante ha de ser el establecimiento de unas mejores normas y valores para una Europa social. Una Europa que no sólo abrace la cooperación económica y monetaria, sino una Europa que también atienda al empleo, a la lucha contra la pobreza, al cuidado de los minusválidos y de las personas mayores, es decir una Europa que no sólo quiera sacar provecho sino que también quiera ser provechosa para una sociedad en la que tengan gran peso los valores humanos. 
Un tercer avance se necesita al nivel de la democracia interna y de la transparencia de las instituciones europeas. 
Después de la Cumbre Europea de Colonia, optar de una vez por todas por una Europa donde toda la legislación y todo el presupuesto se sitúen definitivamente bajo la supervisión del Parlamento Europeo y en la que la Comisión Europea esté obligada a ofrecer una máxima transparencia con una gestión libre de todo fraude. 
Las lacras y agujeros del Tratado de Amsterdam en esta área deben ser reparados cuanto antes. 
Ésta, señor Presidente, es la Europa que deseamos: una Europa segura, social, democrática y libre de fraude. 
Si la Cumbre de Colonia puede dar un impulso para ello, para mí se habrá convertido en un éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, las cuestiones relacionadas con el empleo han pasado a ocupar la posición que merecen en la política de la Unión Europea y Alemania está ejerciendo en la actualidad presiones para alcanzar un acuerdo europeo en materia de empleo con motivo de la Cumbre de Colonia. 
A este respecto, puedo decir que se está dotando de contenido el artículo del Tratado de Amsterdam relacionado con el empleo. 
A la hora de alcanzar una estrategia de empleo a escala europea es necesario profundizar especialmente en aquellas cuestiones que permitan aumentar el valor añadido de los esfuerzos que se realizan en el plano nacional. 
Creo que se debe velar de manera particular por la competitividad europea, pero siempre respetando los acuerdos. 
La preponderancia de las prácticas europeas en lo relativo al mercado laboral ha de quedar patente en el hecho de que un verdadero diálogo entre las organizaciones del mercado de trabajo nos permitirá mantener el crecimiento y la creación de empleo. 
Los europeos han mostrado su preocupación, su alarma y su sorpresa ahora que los Balcanes se han convertido, una vez más, en un encarnizado escenario bélico donde los que sufren son los niños pequeños y los ancianos. 
La Cumbre de Colonia ha de conducir a la creación de una convincente política exterior y de seguridad común. 
No basta con disponer de un representante de alto nivel, sino que hay que dotarle además de los suficientes instrumentos de actuación. 
La Unión Europea ha de asumir una responsabilidad cada vez más global a la hora de lograr más estabilidad en unos Balcanes donde sea posible la convivencia de las distintas comunidades. 
Es justamente ahora cuando debemos emprender una cooperación activa con Rusia, y es de agradecer que Alemania, el país que actualmente ejerce la Presidencia de la Unión, haya actuado también en este sentido. 
Tanto éste como el próximo país que deberá ocupar la Presidencia han de fijar un programa de trabajo encaminado a fomentar la estrategia relativa a Rusia. 
Un elemento importante de esta tarea lo constituyen la aprobación y la aplicación práctica de las actuaciones recomendadas en la dimensión septentrional, que ya se ha aceptado. 
Señores Presidentes, Señorías, dedicaré mis últimas palabras en el Parlamento Europeo a la política exterior y de seguridad común. 
La ampliación de la Unión Europea y los acontecimientos de la Europa Central nos obligan a considerar desde un punto de vista realista las posibilidades de tal política. 
Observamos que algo se está moviendo en la Unión Europea: Pörtschach, Saint Malo, Bremen, Berlín. 
Colonia podrá convertirse en una cumbre histórica. 
Tanto el Canciller Schröder como el Ministro Verheugen han pronunciado esperanzadoras palabras. 
Algo nuevo es el que ahora exista una conciencia de cuáles son los principios que han de estar en la base de la política mundial. 
Ahora, Europa deberá determinar sus futuras responsabilidades. 
El principio del equal partnership con los Estados Unidos deberá definirse mejor. 
Deberán determinarse las estrategias. 
Hay muchas cosas que pueden decidirse ahora mismo sin necesidad de introducir cambios directos en los Tratados. 
Ahora, debe adoptarse otro calendario distinto al propuesto por la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Propongamos para terminar la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea, por ejemplo, el año 2002. 
Mientras tanto puede ir nombrándose al señor o a la señora para la política exterior y de seguridad común, así como a su adjunto. 
A los Ministros de Defensa hemos de asignarles un papel de responsabilidad. 
Debemos definir la posición correcta del comité político. 
Debemos facilitar más la cooperación reforzada en el área de la política exterior y de seguridad. 
Pueden constituirse de inmediato los mecanismos de autoplanificación y análisis. 
Debemos determinar el contenido del concepto de pilar europeo, lo cual es muy importante a la luz de Pörtschach. 
Ahora es el momento para dar cuerpo a la identidad de la defensa europea, al menos si el Consejo Europeo comprende lo que hay en juego y convierte la Cumbre de Colonia en un éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, está muy bien que la Presidencia alemana dé en la cumbre de la UE el pistoletazo de salida para una nueva Conferencia Intergubernamental. 
Hay que impulsar la democratización de la UE. 
Los elementos centrales son: votación mayoritaria como norma, nueva ponderación de los votos en el Consejo, transformación estructural de la Comisión así como el derecho del Parlamento Europeo a emitir dictámenes de conformidad en todas las modificaciones del Tratado. 
También se podría suprimir la separación entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
Pero si la democratización es el objeto de nuestros esfuerzos, también tiene que ser el medio. 
Por ello, necesitamos el método comunitario para futuras reformas, es decir, las primeras propuestas deben venir de la Comisión y es absolutamente indispensable una sensible mayor participación del Parlamento Europeo- repito -, es absolutamente indispensable. 
Con el Tratado de Amsterdam, la Agenda 2000 y el euro, la UE ha alcanzado una nueva calidad y con las operaciones militares en Kosovo, un nuevo rostro. 
Todo esto nos coloca ante la cuestión de qué Constitución tenemos y cuál necesitamos. 
Está claro que a pesar de todo el respeto por los Presidentes y Majestades que había al comienzo de la unificación de Europa y de la obra contractual común, hoy día son los derechos fundamentales los que tienen que constituir el punto central. 
Derechos fundamentales en los que se declare que las ciudadanas y ciudadanos queremos construir Europa en libertad, paz y solidaridad. 
Dignidad humana, derecho y estado social son tanto la vía como la meta. 
La resolución de Viaggio de Giovanni es una línea a seguir para los próximos años. 
El Gobierno alemán merece nuestro apoyo por sus esfuerzos. 
Señor Presidente, los próximos años serán decisivos para la nueva estrategia, para el nuevo diseño del mapa europeo. 
A mi entender, el problema con el que nos encontraremos es si la política logrará establecer una línea que vuelva a abarcar todo el continente o si, con decisiones que pueden no ser acertadas, abrirá viejas fisuras y nuevos enfrentamientos y, por tanto, una especie de foso en el corazón de Europa. 
Señor Presidente, lo que ha dicho es acertado, esto es, que hay que resolver la cuestión balcánica. 
Sin embargo, es importante, en este diseño, saber implicar adecuada y fuertemente a Rusia. 
Por fin esto se ha entendido. 
No podemos provocar procesos de separación de este tipo. 
La respuesta debe ser firme. 
Comparto el programa que ha presentado: la Constitución Europea, la nueva Carta que deberá incluirse en ella. 
Los problemas del desempleo deberán afrontarse con renovado vigor. 
Pienso que es importante haber hablado con una sola voz y que para la política europea es esencial haber hablado con una sola voz. 
Sin embargo, hay que hablar con la voz apropiada. 
Y la voz apropiada no solo puede ser la de la guerra, sino también la de la diplomacia y de la política, capaz de encontrar las vías para resolver los problemas. 
No estamos en guerra con Serbia, sin embargo, queremos obligar a Serbia a respetar esos derechos que son fundamentales y debemos saber aprovechar todos los elementos a nuestro alcance. 
En este momento hay algún resquicio de esperanza. 
La Unión Europea debe llevar adelante un discurso que vaya más lejos. 
Señor Presidente, comparto su propuesta acerca del plan de paz y de estabilidad. 
Se trata de un plan que se mueve en la dirección que hemos establecido. 
Quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Presidente Santer porque si el Parlamento debe llegar a ser fuerte, también debe ser responsable. 
A veces una excesiva presunción puede provocar conflictos que causan desequilibrios. 
Por eso es necesaria la Constitución europea, por eso es necesaria una respuesta de altura por parte de la Cumbre de Colonia. 
Señor Presidente, Señorías, creo que, además de la ampliación, la Unión Europea afronta hoy la necesidad de dar respuestas políticas concretas y perceptibles por los ciudadanos y- diré más- «propicias» para los ciudadanos, los hombres y las mujeres de Europa, respecto de un conjunto de problemas de los que mucho depende nuestro futuro. 
Considero que está encima de la mesa la necesidad de una coordinación efectiva de las políticas económicas y de un pacto para el empleo, lo que exige la voluntad política de utilizar para ese fin las posibilidades creadas por el euro. 
Necesitamos una política de seguridad y justicia que responda a la perspectiva y a las necesidades de defensa de las libertades de los ciudadanos. 
Y nosotros, en particular, ante esa cuestión balcánica, tenemos manifiestamente la necesidad- y un déficit enorme- de política exterior y de seguridad común. 
Estoy de acuerdo con quienes han dicho que, si hubiera voluntad política, los Tratados actuales permitirían hacer muchas cosas. 
Ha faltado voluntad política de utilizar en ese sentido los Tratados actuales y temo que, acabada la «guerra fría» , haya quien se aventure a perder la voluntad de integración política que es la base de nuestras realizaciones y de la paz en Europa. 
Felicito a la Presidencia alemana por su decisión de iniciar la Conferencia Intergubernamental, aunque me parece que debería desarrollarse con arreglo a un método comunitario. 
Considero limitadoras las reformas institucionales o la voluntad de reducir la Conferencia a esas tres reformas institucionales de Amsterdam: ponderación de votos, número de Comisarios, etc. Y temo que, detrás de eso, se oculte la idea de un retroceso a lo intergubernamental con un directorio de grandes Estados miembros. 
Digo esto con toda claridad porque me parece que en muchos discursos eso es lo que se quiere decir. 
Creo que, si conseguimos dar prioridad a la idea de un pacto constitucional y de ciudadanía, debe significar antes que nada una voluntad política reforzada de integración política, de superación del nacionalismo- y permítanme recordarlo aquí en un momento en que vuelve a prender la guerra en los Balcanes -, nuestro camino debe ser el de la integración, porque, como dijo aquí Mitterrand, «el nacionalismo es la guerra». 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por sus aportaciones a este debate que considero en total como un fuerte aliento para el programa de la Presidencia alemana para la cumbre de Colonia que he expuesto. Voy a exponer mi opinión muy brevemente sobre las cuestiones que se han planteado aquí. 
En primer lugar, sobre la cuestión de la perspectiva de fondo, la estrategia de fondo. 
Al contrario que ciertos temores que se han expresado, parece que Europa está cerrando filas ante la crisis y que los procesos de integración están ganando interiormente y también exteriormente una nueva dinámica, sencillamente porque las alternativas europeas se pueden ver mejor que nunca en este tiempo de crisis. 
Por un lado, la alternativa que representa este Parlamento, la Europa de la integración, que significa una Europa en paz, con estabilidad y bienestar y, por otro lado, la vieja imagen de Europa que encontramos en las guerras de los Balcanes: nacionalismo con la consecuencia de guerras, desplazamientos y miseria. 
Viendo estas alternativas, notamos un movimiento muy claro en toda Europa hacia esta Europa de la integración. 
Hay que aprovechar e intensificar este movimiento. 
Voy a dar un pequeño ejemplo al respecto: cuando la semana pasada el Consejo instó a la Comisión para que presentase una propuesta para el inicio de negociaciones de asociación con Albania y Macedonia, nos adelantamos entre 10 y 20 años, pues bajo unas circunstancias normales esto sería algo sobre lo que se habría pensado al menos en diez años. 
Son las circunstancias políticas las que nos obligan a reconsiderar la estrategia y a aprovechar también realmente la dinámica que ha surgido en estos momentos. 
La segunda se refiere al pacto por el empleo. 
Quiero decir algo sobre el contenido. No se trata de un plan de acción para la política de empleo. 
Esto sigue siendo asunto de los responsables nacionales. 
Por ejemplo, la República Federal de Alemania ya ha presentado su plan y está trabajando en su realización, ha puesto a disposición dos mil millones de marcos para un programa especial para la creación de 100.000 puestos de trabajo y de formación para jóvenes parados. 
Esto es lo que esperamos de los Estados miembros. 
Lo que puede lograr el pacto europeo por el empleo es un compromiso sobre los objetivos y métodos, pero sobre todo la coordinación macroeconómica. 
No debe infravalorarse esto, pues hasta ahora no ha funcionado suficientemente. 
En este contexto, el diálogo macroeconómico entre las instituciones y, por otro lado, entre los interlocutores sociales y el banco Central Europeo, es un elemento nuevo e importante. 
No se trata de menoscabar de ninguna manera la independencia del Banco central Europeo pero, naturalmente, hay que incluirlo en un diálogo sobre coordinación macroeconómica. 
Tiene en su mano instrumentos decisivos. Es mejor sentarse y hablar juntos para que el Banco Central puede apreciar qué esperanzas surgen en Europa, que mantener debates y batallas públicas que no pueden arrojar resultados prácticos. 
El segundo aspecto en este contexto es que debemos optimizar los medios e instrumentos dotados de dinero de que disponen la Unión Europea y en especial la Comisión, de cara a optimizar el objetivo del empleo. 
Yo he entendido al Presidente Santer que el informe que va a presentar persigue precisamente este objetivo. 
Tercer punto: las reformas institucionales. 
No quiero que surja aquí un malentendido. 
Lo que se imagina la Presidencia alemana es el inicio de un proceso a medio y largo plazo cuyo fin no podemos en absoluto adivinar, ni tampoco su magnitud. 
Inmersos en este proceso se encuentran pasos concretos que podemos dejar pasar inadvertidos y que debemos llevar a cabo lo antes posible y no un gigantesco proyecto de reforma que abarca todo, una Conferencia Intergubernamental de una magnitud hasta ahora desconocida; esto conduciría también a un fracaso hasta ahora no conocido. 
El camino razonable es decidir paso a paso qué es lo que se puede decidir, pero entender siempre que nos encontramos en un amplio proceso que en lo esencial va a ser un proceso de debates sociales, un proceso de debates parlamentarios. 
Los dos primeros pasos son pues lo que he dicho: primero, los famosos leftovers de Amsterdam, con el análisis adicional de la cuestión de si nuestra situación actual en lo tocante a la relación entre los órganos obliga a otras modificaciones del Tratado y la Carta de Derechos Fundamentales, de la que he dicho que tiene que ser desarrollada por los Parlamentos. 
Mi último punto se refiere a lo que el Sr. Tindemans y otros han dicho. 
Estoy extraordinariamente agradecido al Sr. Tindemans por estas palabras tan claras, esta encarecida apelación para hacer por fin lo que es necesario hacer ya desde hace mucho tiempo. 
La Presidencia alemana se ha marcado aquí una gran tarea. 
Quiere que Europa no sólo añore algo sino que lo persiga, que nos decidamos realmente a utilizar las posibilidades e instrumentos que tenemos pues, en el fondo, está todo ahí. 
Todo está dispuesto en el tratado de Amsterdam. 
Todo está dispuesto en las diversas instituciones que se ocupan en Europa de la seguridad. 
Sólo tenemos que aglutinarlo adecuadamente. 
Es una cuestión de voluntad política y no otra cosa. 
No es una cuestión de falta de posibilidades o de fundamentos jurídicos. 
Es sólo una cuestión de voluntad política. 
Hoy no puedo predecir si los Jefes de Estado y de Gobierno van a aportar esta fuerte voluntad política, dar el paso necesario y abrir la nueva dimensión de la integración que necesitamos urgentemente, pero les prometo que vamos a trabajar con toda intensidad en ello. 
En general soy optimista, pues la situación en que nos encontramos obliga en verdad a extraer las consecuencias que se tendrían que haber extraído ya hace largo tiempo. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 y del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido ocho propuestas de resolución sobre el Consejo Europeo de Colonia y las preguntas orales sobre la reforma institucional. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Agenda 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0264/99 de la Sra. McCarthy y del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales (6959/1/99- C4-0189/99-98/0090 (AVC) ); -Recomendación del Sr. G. Collins (A4-0218/99) , establecida en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión (6958/1/99- C4-0195/99-98/0104 (AVC) ); -A4-0228/99 del Sr. G. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Anexo II del Reglamento (CE) 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión (COM (98) 0130- C4-0312/98-98/0118 (CNS) ); -Recomendación para la segunda lectura (A4-0246/99) , establecida en nombre de la Comisión de Política Regional, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo de Desarrollo Regional (6405/01/99- C4-0182/99-98/0114 (SYN) ) (Ponente: Sra. Varela Suanzes-Carpegna); 
Procedimiento modificado a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.-Recomendación para la segunda lectura (A4-0250/99) , establecida en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo al Fondo Social Europeo (6406/1/99- C4-0183/99-98/0115 (SYN) ) (Ponente: Sra. Jöns); 
Procedimiento modificado a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.-Segundo informe (A4-0244/99) del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre las propuestas de: I. Reglamento (CE) del Consejo relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero (COM (98) 0728- C4-0101/99-98/0347 (CNS) ), II. Reglamento (CE) del Consejo por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (COM (98) 0728- C4-0101/99-98/0347 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0191/99) del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión (COM (98) 0551- C4-0606/98-98/0094 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0214/99) del Sr. Sonneveld, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo (CE) relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión (COM (98) 0153- C4-0244/98-98/0100 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0238/99) del Sr. Walter, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea un Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (COM (98) 0138- C4-0301/98-98/0091 (CNS) ); -Informe suplementario (A4-0146/99) del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Reglamento (CE/EURATOM) del Consejo por el que se modifica el Reglamento 2728/94 por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores (COM (98) 0168- C4-0302/98-98/0117 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0229/99) del Sr. Görlach, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) (COM (98) 0158- C4-0297/98-98/0102 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0213/99) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la financiación de la política agrícola común (COM (98) 0158- C4-0298/98-98/0112 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0231/99) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa de la política agrícola común (COM (98) 0158- C4-0299/98-98/0113 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0212/99) del Sr. Garot, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (COM (98) 0158- C4-0294/98-98/0109 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0232/99) del Sr. Goepel, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre: I. la propuesta de Reglamento del Consejo (CE) por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (98) 0158- C4-0295/98-98/0110 (CNS) ), II. la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) 3950/92 por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (COM (98) 0158- C4-0296/98-98/0111 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0215/99) del Sr. Fantuzzi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre: I. la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos (COM (98) 0158- C4-0293/98-98/0108 (CNS) ), II. la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) 1766/92 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales y que deroga el reglamento (CEE) 2731/75 por el que se establecen las calidades tipo de trigo blando, el centeno, la cebada, el maíz y el trigo duro (COM (98) 0158- C4-0292/98-98/0107 (CNS) ); -Segundo informe (A4-0223/99) del Sr. P. Martin, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (COM (98) 0370- C4-0497/98-98/0126 (CNS) ); -A4-0230/99 del Sr. Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre: -la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el establecimiento de nuevas perspectivas financieras para el período 2000-2006 (COM (98) 0164- C4-0304/98) , y-el informe sobre la aplicación del Acuerdo Interinstitucional de 29 de octubre de 1993 sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario- propuestas de renovación (COM (98) 0165- C4-0305/98) ; -Recomendación para la segunda lectura (A4-0265/99) del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión de Presupuestos, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) 2236/95 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (C4-0006/99-98/0101 (COD) ); 
Procedimiento modificado a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, deseo intervenir para formular una cuestión de orden. 
Los servicios del Pleno nos han informado de que este debate conjunto sobre la Agenda 2000 se iniciará con una declaración del Consejo y de la Comisión y, a continuación, intervendrán los primeros oradores de los Grupos, no los ponentes. 
Pregunto si esto es correcto y en base a qué, porque es un procedimiento absolutamente anormal. 
No recuerdo- para ser preciso- en 14 años de Pleno, que en algún informe sobre presupuestos primero hayan hablado los Grupos y luego los ponentes. 
Quisiera saber si esto es correcto y cuál es el procedimiento que se va a seguir. 
La decisión sobre este asunto fue adoptada en la Conferencia de Presidentes y es vinculante para nosotros, por lo que seguiremos adelante. 
Señor Presidente, Señorías, con un volumen de más de 680 mil millones de euros, el paquete de Berlín sobre la Agenda 2000 supone, sin duda, la mayor reforma de las políticas de la UE en la historia de la Unión. 
Aquí se incluye un sólido marco financiero hasta el 2006, reformas sustanciales de la Política Agrícola Común y de la política estructural así como modificaciones de la resolución sobre recursos propios que tienen más en cuenta la capacidad financiera de los Estados miembros y contribuyen a una distribución más justa de las cargas. 
Con la conclusión de la Agenda 2000 se respetó el calendario marcado en el Consejo Europeo de Cardiff y se demostró la capacidad de actuación de la Unión Europea bajo unas condiciones difíciles. 
El acuerdo a tiempo allana el camino para la ampliación hacia el Este. 
Es también una importante condición previa para una prosecución sin cesuras de la política estructural a partir del 1-1-2000. 
Voy a exponerles de nuevo brevemente los rasgos prácticos de la reforma. 
Política Agrícola Común: el paquete de Berlín contiene la reforma hasta ahora más amplia en este campo. 
El paulatino acercamiento de los precios de apoyo, acompañado por pagos directos, al nivel de precios en el mercado mundial prepara a nuestras empresas para la posterior liberalización del comercio mundial que ya se está perfilando. 
Entre los elementos centrales del paquete de reforma se incluye la ampliación de la política para el desarrollo del área rural, inclusive un mejor impulso a los métodos económicos compatibles con el medio ambiente. 
Respecto a la política estructural: el claro disciplinamiento de la política estructural mediante la concentración interna, es decir, con menos objetivos de ayuda y menos iniciativas comunitarias y mediante una concentración del escenario de las ayudas, aporta un aumento de la eficiencia. 
Los créditos estructurales se concentran en las regiones realmente necesitadas, sobre todo mediante una clara prioridad en el Objetivo 1 así como mediante la prosecución de los Fondos de cohesión. 
Otro importante punto central va a ser la lucha contra el paro. 
Para ello, se van a aumentar considerablemente los créditos para el Objetivo 3 subvencionando medidas de empleo. 
Con este objetivo, entre el 2000 y el 2006 se van a poner a disposición 24 mil millones de euros en total. 
Respecto al sistema financiero: el Consejo Europeo ha reconocido la existencia de desequilibrios presupuestarios en la financiación de la Unión y ha previsto modificaciones en el sistema de recursos propios existente que tienen más en cuenta la capacidad financiera de los Estados miembros estableciendo así una mayor justicia en las aportaciones. 
Desde el punto de vista del Consejo, es especialmente importante que a pesar de estas amplias reformas se haya logrado una estabilización de los gastos. 
El límite superior de los gastos de la UE sigue siendo del 1, 27 % del producto social bruto de la Unión Europea y este límite superior tampoco va a seguir siendo empleado totalmente. 
Los gastos en el año 2006 van a corresponder al 1, 13 % del producto social bruto. 
Esto corresponde al montante del valor de 1999. 
Los créditos previstos para la ampliación hasta el 2006 se contienen en esta cifra, en este 1, 13 %. 
Los gastos para la UE de 15 miembros hasta el 2006 ascenderán a 686.000 millones de euros, manteniéndose a un precio constante real, es decir, que por primera vez lo que hemos ya logrado en los Estados miembros, disciplina presupuestaria y disciplina de gastos estricta así como limitación del crecimiento de los presupuestos en función de prescripciones económicas, lo logramos ahora también a nivel europeo. 
Los gastos agrícolas van a quedar limitados realmente por término medio en 40.500 millones de euros al año para las acciones de mercado más 13.000 millones de euros para el desarrollo rural en el período comprendido entre el año 2000 y el 2006. 
Esto significa que los gastos agrícolas se van a estabilizar al nivel de 1999. 
En la política agrícola, gracias a una orientación más intensa al mercado mundial y al medio ambiente, la agricultura en los países candidatos a la adhesión obtiene ya hoy unos importantes fundamentos de planificación para la orientación de sus producción agraria. 
Esto facilita la integración en el mercado interior europeo. 
Como ayuda a la preadhesión se han puesto a disposición aproximadamente 22.000 millones de euros para el acercamiento así como otros 58.000 millones de euros para gastos condicionados por la ampliación, es decir, que en el período de financiación se dispone de 80.000 millones de euros para la ampliación pero que solamente se pueden gastar si realmente se lleva a cabo la ampliación. 
Estos créditos no son transferibles a otros objetivos. 
En lo que a la prevención financiera se refiere, ya he indicado que nos quedamos por debajo del límite superior de los recursos propios, es decir, que tenemos un muy considerable margen de actuación financiera del 0, 14 % del producto social bruto de la Unión para gastos imprevistos. 
Ahora hay que llegar a una rápida aplicación de las decisiones políticas mediante los necesarios actos jurídicos, es decir, hay que concluir a tiempo el procedimiento legislativo. 
Quiero subrayar la responsabilidad de todos nosotros por el logro de esta histórica obra de reforma. 
La decisión sobre la Agenda 2000 está ahora en manos del Parlamento Europeo. 
Quiero indicar que el procedimiento de concertación acordado entre la Presidencia austríaca y el Parlamento se ha revelado como un procedimiento extraordinariamente exitoso y adecuado. 
El Parlamento ha sido informado regular y totalmente sobre el progreso de los trabajos con la Agenda 2000 y las sugerencias del Parlamento ha sido incluidas en las consideraciones de la Comisión y del Consejo. 
No solamente se ha producido un intercambio de ideas sino un proceso real de influencias recíprocas que considero como extraordinariamente importante y que ha salido muy al encuentro del Parlamento como órgano configurador. 
Tengo por ello confianza en que el Parlamento Europeo va a hacer uso responsablemente de su derecho de participación en la decisión sobre los reglamentos sobre los Fondos estructurales y de cohesión. 
Me permito indicar de nuevo que la Presidencia ha realizado considerables esfuerzos para lograr un resultado positivo y satisfactorio para todas las partes, no sólo para el Parlamento sino también para los Estados miembros. 
Si me permiten que realice una observación personal- probablemente es mi última intervención ante el Parlamento Europeo- es interesante ver que una Agenda como la Agenda 2000 es naturalmente una pugna de distribución entre los Estados miembros. 
Es mucho, mucho dinero a repartir. 
Por ello, no ha sido sorprendente que antes de la cumbre de Colonia de uno u otro sitio hayan provenido críticas a la estrategia de la Presidencia o al modo de llevar las negociaciones, pero tras la cumbre de Berlín la apreciación es totalmente diferente. 
De todas las capitales europeas vienen claras alabanzas y apoyo, lo que muestra que hemos logrado lo que queríamos. 
En Berlín no ha habido ni vencedores ni vencidos. 
Todos han realizado una aportación al compromiso y todos han obtenido también algo de ese compromiso. 
Creo que puedo decir por ello justificadamente que se ha tratado de una cumbre con éxito. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los miembros de las comisiones, a sus presidentes y ponentes del Parlamento, por la positiva cooperación mostrada durante los últimos meses. 
Creo que no es necesario presentar ahora aquí un listado detallado de los numerosos deseos de cambios que el Parlamento ha expuesto y que ha recogido el Consejo. 
Todos los conocen. 
Sin embargo, voy a llamar la atención sobre el último ejemplo de disposición al compromiso del Consejo frente al Parlamento, a saber, la prosecución de la iniciativa comunitaria URBAN, que se ha logrado a instancias del Parlamento Europeo. 
En la financiación de URBAN se ha podido encontrar una solución por la vía del compromiso. 
El Consejo se ha declarado además dispuesto a negociar en su momento sobre la puesta a disposición de hasta 200 millones de euros de la reserva de flexibilidad del presupuesto como compensación para las medidas innovadoras. 
Este es un buen ejemplo de lograda cooperación entre el Consejo y el Parlamento. 
Me he comprometido personalmente en gran medida en el éxito de esta Agenda, por lo que apelo a sus Señorías para que den su voto favorable al presente paquete. 
Creo que ambas partes- Consejo y Parlamento- han hecho lo máximo posible. 
Nadie discute que hayan quedado algunos deseos sin cumplir. 
También en nuestro lado, en mi lado, en el lado de la Presidencia quedan deseos incumplidos. 
Pero no debemos olvidar que un resultado de negociación de tal tipo es precisamente lo que quince Estados miembros pueden hacer conjuntamente en un momento determinado y más no hemos podido entre quince. 
Algunas cosas las podríamos haber logrado entre catorce, otras entre trece y otras entre doce, pero no entre quince Estados miembros. 
Lo que se ha presentado es lo que los quince pueden por el momento. 
El Parlamento puede más, lo sé. Pero, a la hora de adoptar su decisión, no olviden que los Estados miembros, según su firme convencimiento, han llegado hasta el límite de lo que es posible para ellos. 
También en interés de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos en Europa, es necesario que se pongan en marcha los necesarios reglamentos y que no se produzcan más retrasos. 
Muchas regiones de Europa tienen que prepararse a lo que ha modificado la Agenda 2000. 
No debemos dejarlas en la inseguridad y falta de certeza durante ningún tiempo. 
Muchas gracias por su atención. 
Aplausos 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, Señorías, la aprobación de la Agenda 2000 tiene lugar ante el trasfondo de la guerra en Kosovo. 
Nada podía mostrar más claramente lo importante que es asegurar y profundizar la integración europea. 
Tal como ha mostrado la historia europea, es necesario mucho más que la ausencia de guerra si las sociedades quieren desarrollarse pacíficamente de modo permanente. 
Democracia, respeto de los derechos humanos, tolerancia, seguridad y estabilidad económica y social son las bases del éxito de la UE y del bienestar de cada individuo. 
La catástrofe humanitaria en Kosovo hace la ampliación hacia el Este y la estabilización democrática y económica de los Balcanes aún más urgente, no sólo en interés de las personas en la Europa central y Oriental sino de nuestra propia seguridad. 
El aseguramiento financiero del proceso de ampliación por la Agenda 2000 y la positiva señal que da de este modo la Comunidad a los Estados que buscan la adhesión, es algo que no se puede valorar lo suficientemente alto ante este trasfondo. 
Pero aún debemos hacer más, por lo que es correcto y necesario que el Consejo haya expresado su disposición a cubrir la necesidad de créditos adicionales para los Balcanes, llegado el caso, mediante una revisión de las previsiones financieras. 
Hasta ahora, Europa ha podido desarrollar un modelo social que garantiza en gran medida la democracia, la diversidad cultural y la solidaridad. 
A ello han contribuido los tres pilares: mercado interior, Unión Económica y Monetaria y el fomento de la cohesión económica y social. 
La Agenda 2000 asegura estos pilares básicos y hace posible el desarrollo del modelo europeo para el futuro. 
La aprobación de la Agenda 2000 por el Parlamento Europeo cierra un intenso proceso de debates y negociaciones que ha durado dos años. 
Mediante la casi anticipación- lo voy a calificar así- de Amsterdam, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo han demostrado saliendo unos al encuentro de los demás que es posible lograr en una relación de tensión positiva resultados que hagan avanzar a la UE en su totalidad. 
En ello, no cambia nada el hecho de que se trate de un auténtico compromiso, es decir, que nadie haya podido imponer totalmente sus deseos, un compromiso que conduce a unos resultados más satisfactorios en unos campos que en otros. 
Permítanme que exprese a las Presidencias participantes, en especial a la Presidencia del Consejo y al Canciller Federal Schröder, mis felicitaciones por haber logrado en perseverantes negociaciones un acuerdo entre los Estados miembros. 
Se trata de un éxito europeo en unos momentos difíciles. 
Pero permítanme felicitar también al parlamento no sólo por las numerosas mejoras a las propuestas originarias sino también por la actitud constructiva y el elevado grado de flexibilidad que ha hecho posible un acuerdo tan rápido. 
Ya he dicho que no todo está regulado de modo igualmente satisfactorio. 
Franz Fischler lo expondrá más adelante de modo detallado para la política agrícola. 
La Comisión lamenta que en Berlín no se hayan logrado aprobar al menos las reformas que ya habían sido aprobadas por los Ministros de Agricultura. 
El debilitamiento de las reformas en el sector de los cereales y lácteo plantea una serie de cuestiones. 
La cláusula de revisión en el sector de los cereales muestra que los Jefes de Estado y de Gobierno no han excluido la posibilidad o incluso la necesidad de introducir mejoras posteriores. 
Con el aplazamiento de la reforma en el sector lácteo hasta finales del período 2000-2006, solamente se han desplazado los costes de la reforma al siguiente período de financiación pero no se superan los desequilibrios del mercado. 
No obstante, quiero destacar como algo positivo que el Consejo, con el segundo pilar, la ampliación de la política en favor de las áreas rurales, ha recogido casi sin modificaciones las propuestas de la Comisión. 
De este modo, no sólo se fortalece el desarrollo sostenible de las áreas rurales sino que además se hace posible la codecisión del Parlamento Europeo en cuestiones agrarias, pues estos gastos se van a reflejar en el futuro como gastos no obligatorios. 
De este modo, se cumple también un punto esencial del Parlamento. 
En cualquier caso, la necesaria división de la clásica directriz agrícola en dos subcategorías, endurecerá la disciplina presupuestaria en el sector de los reglamentos de mercado. 
No obstante, la reforma agrícola es en su totalidad un importante paso hacia una agricultura más competitiva en Europa. 
El segundo gran pilar de la Agenda 2000 es la reforma de la política regional y de cohesión. 
Es una positiva señal de la buena cooperación entre todos los afectados que con esta reforma se fortalezca la política de cohesión social y económica en la Unión europea. 
Aunque los créditos financieros para el próximo período de ayudas queden algo por debajo de la propuesta originaria de la Comisión, es un éxito esencial que prosiga el grado alcanzado de solidaridad comunitaria con las regiones más pobres y de estructuras más débiles de la Unión sin quitar nada y que los Fondos de cohesión prosigan. 
Creo que es importante destacar que los Fondos estructurales, con su perfil descendente de gastos, representan una importante aportación a la consolidación del presupuesto. Se garantiza la solidaridad comunitaria al nivel más alto del último período de las ayudas, es decir, el nivel de ayudas de 1999 para las regiones de estructuras más débiles. 
Esto solamente ha sido posible porque en esta ocasión se ha logrado imponer realmente el principio de concentración. 
Las regiones de estructuras más débiles del Objetivo 1 no sólo perciben dos terceras partes sino en esta ocasión incluso el 70 % de todos los Fondos estructurales. 
Los criterios para la subvencionabilidad e intensidad de las ayudas no son sólo objetivos y transparentes sino que se respetan además estrictamente y sin excepciones y creo que este es un punto esencial que va a tener importancia también en el futuro. 
En lo tocante a la ejecución y a la gestión, vamos a apostar en el futuro de modo consecuente por la descentralización, una clara distribución de tareas y responsabilidades, una ampliación de la cooperación a todos los niveles y una mejora sustancial del monitoreo, el control y la evaluación. 
Como el Tribunal de Cuentas Europeo y también la Comisión de Presupuestos del Parlamento han valorado positivamente precisamente estos elementos de la propuesta de la Comisión, confío en que de este modo se hayan creado las condiciones previas para que la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan controlar en el futuro mejor que hasta ahora la gestión financiera y la eficiencia de los créditos empleados. 
En el principio de la concentración se incluye sobre todo la concentración sobre las prioridades políticas de la Unión. 
Aspecto central de todos los Fondos estructurales será por ello la creación de puestos de trabajo con futuro, lo que significa crecimiento con generación intensiva de empleo, fortalecimiento de la capacidad competitiva e innovadora de las regiones, desarrollo sostenible y fomento de la cualificación y de la igualdad de oportunidades. 
Esto es especialmente aplicable al Fondo Social Europeo, sobre el que Padraig Flynn hablará más tarde con más detalle. 
Como instrumento de la política de mercado laboral y del desarrollo de los recursos humanos, este Fondo va a ser al mismo tiempo un elemento central de la estrategia europea de empleo y de una política activa de mercado laboral. 
Igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado de trabajo, aprendizaje a lo largo de toda la vida, adaptabilidad de trabajadores y empresas así como acciones positivas para las mujeres son importantes aspectos centrales para ello. 
Una política estructural con éxito no es posible sin la ampliación de la cooperación. 
Aquí, la Comisión coincide plenamente con el Parlamento Europeo y estoy seguro de que el Parlamento va a seguir estando vigilante también en el futuro para que se tenga suficientemente en cuenta en la práctica diaria de la aplicación de la reforma de los Fondos estructurales. 
En la cooperación entre la Comisión y el Parlamento se incluye también el code of conduct sobre el que nos hemos puesto de acuerdo. 
El Parlamento también ha logrado imponer su criterio en la unificación de todas las medidas estructurales para la pesca en la Categoría 2 y en la programación horizontal unificada. 
El Sr. Verheugen ya ha indicado que en el último minuto fue posible fortalecer la dimensión de la política urbana en los Fondos estructurales mediante la cuarta iniciativa comunitaria URBAN exigida por el Parlamento. 
La Agenda es también la condición necesaria para el proceso de ampliación. 
Con las ayudas para la preadhesión y la inclusión paulatina de los Estados de la Europa Central y Oriental, la Agenda moviliza un paquete de 80 mil millones de euros para el desarrollo económico en la Europa central y oriental. 
Se sustenta en acreditados instrumentos para la reducción de lagunas de infraestructura en el sector del transporte y del medio ambiente y hará que estos instrumentos se vinculen eficazmente a instrumentos existentes como PHARE e INTERREG. 
Importante para la aplicación del paquete de la Agenda 2000 es que mediante el nuevo Acuerdo Interinstitucional se crea un sólido marco financiero de siete años. 
En las negociaciones se ha podido alcanzar un acuerdo sobre los siguientes puntos. 
Al limitar los gastos, la UE contribuye a la consolidación presupuestaria en toda Europa. 
Al mismo tiempo, se asegura a medio plazo la financiación de la política comunitaria. 
Además, se mejora la justicia distributiva del sistema de financiación. 
Sé que no todos los diputados están aún convencidos del Acuerdo Interinstitucional propuesto. 
Por ello, quiero subrayar que redunda también en interés del Parlamento que la aplicación de la Agenda 2000 no esté en peligro por el riesgo de los conflictos presupuestarios anuales. 
Erkki Liikanen va a subrayar esto más adelante desde su perspectiva. 
La Comisión considera en cualquier caso como un mérito especial del Parlamento Europeo que la necesaria disciplina de gastos no se haga a cargo de los más pobres de la Comunidad. Esta disciplina de gastos nos permite al mismo tiempo establecer un importante paquete de ampliación y en los sectores de política interna y en las tareas administrativas hemos alcanzado márgenes de actuación adicionales para, por un lado, acompañar de modo dirigido el impulso económico y de empleo que se inicia y, por otro, poner a la administración en situación de hacerse cargo de las nuevas tareas adicionales. 
Ante los debates que hemos mantenido aquí durante los meses pasados, creo que este es un importante objetivo común. 
Con su reformas, la Agenda 2000 abarca campos políticos de la Unión Europea que afectan directamente a las ciudadanas y ciudadanos. 
Estas propuestas abren a muchas personas nuevas perspectivas muy personales. 
Con la aprobación de las propuestas legislativas sobre la Agenda 2000, tienen el privilegio de colocar un importante fundamento no sólo para el cumplimiento de las esperanzas de nuestras ciudadanas y ciudadanos sino también para la Europa del futuro. 
Espero por ello un amplio apoyo y expreso mi agradecimiento a toda la Comisión por la excelente cooperación mostrada en el paquete de la Agenda 2000 con el Parlamento Europeo. 
Aplausos 
Gracias, Sra. Comisaria Wulf-Mathies. 
El debate se reanudará a las 15.00 horas. 
Tiene la palabra el Sr. Skinner para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, los representantes del Consejo aprobaron ayer la prohibición en toda la Unión Europea de amianto blanco, a pesar de lo cual existe una cierta inquietud de que se produzcan retrasos innecesarios en la firma de este documento, en el que el Parlamento ha desempeñado un papel positivo para impulsarlo. 
¿Podríamos hacer uso de sus buenos oficios para alentar a la Comisión a que tome las medidas oportunas para evitar cualquier retraso innecesario? 
Muchas gracias. 
Así lo haré. 
Votaciones 
Felicito al Presidente designado. 
El Parlamento, de pie, le dedica una gran ovación 
Bienvenida 
A iniciativa del Sr. Cox, saludo al Sr. Dedaj, Presidente del Partido Liberal de Kosovo y vicepresidente del Parlamento de Kosovo, que está en este momento en la tribuna. 
Grandes y prolongados aplausos 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, no creo que yo sea sospechoso de intentar impedir mediante argucias de procedimiento que tengamos un Estatuto de los diputados. 
Con todo, quisiera decir, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades y en virtud del artículo 25 de nuestro Reglamento, que considero inadmisibles las enmiendas 2 y 25. 
Creo que estas dos enmiendas están destinadas a sustituir al menos dos, si no tres, párrafos de la resolución tal como se nos ha presentado y, por consiguiente, creo que no son admisibles. 
Quisiera decir además que este Parlamento no se hará un gran favor pretendiendo estirar hasta el extremo su reglamento para alcanzar objetivos políticos. 
Dicho esto, soy totalmente favorable a un Estatuto de los diputados europeos tan rápido como sea posible, pero no mediante una violación de los procedimientos de este Parlamento, ni una violación del Reglamento. 
Aplausos 
No sustituyen completamente todas las partes del texto, sino una parte. 
Reacciones diversas 
Por ello, tras haber consultado con los servicios competentes, las hemos considerado admisibles. 
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Jurídicos, que tenía una duda, procedió a una votación en un caso muy similar de uno de los textos propuestos y que ha sido rechazado. 
Señor Presidente, comparto la opinión del Sr. Ben Fayot: aprobar un texto de estatuto que no ha podido ser examinado en las comisiones es irresponsable. 
Aplausos 
Pero quiero realizar otra observación sobre una cuestión de orden. 
Tengo en mis manos la lista oficial de las votaciones. 
Veo que quiere comenzar en el apartado 1 con la enmienda 2. 
Llamo la atención sobre el hecho de que la enmienda 27 de mi grupo político prevé que se suprima el apartado 1. 
Apenas existe una enmienda que vaya más allá que la supresión de un apartado. 
Por ello, solicito que se vote primero sobre la enmienda 27. 
Aplausos 
Señor Rothley, aunque los servicios me dicen que las otras enmiendas se alejan más del texto, yo entiendo, como usted, que la que exige la supresión de un párrafo es siempre la que más se aleja del texto. 
Por tanto, naturalmente, cada uno sabrá lo que tiene que votar después. 
Aquí no estamos prejuzgando votos, estamos tratando de ajustarnos al Reglamento. 
Y a mí me parece que una enmienda que tiende a suprimir un párrafo es siempre más alejada que una enmienda que tiende a cambiarlo por otros. 
Por tanto, de acuerdo con la indicación del ponente, votaremos en primer lugar la enmienda 27, que tiende a suprimir ese párrafo de la resolución del ponente. 
Yo lo siento mucho, pero tengo que atenerme al Reglamento. 
Empezamos por tanto con la votación de la enmienda 27. 
Perdonen ustedes, tenemos por delante una votación larga y debemos hacerla con tranquilidad. 
No vamos a abrir ahora un debate sobre el Reglamento. 
Lo siento mucho pero vamos a proceder a la votación. 
Señor Presidente, intervengo simplemente para una cuestión de observancia del Reglamento de conformidad con los artículos 4 y 125. 
Los diputados franceses del Frente Nacional están muy presentes en esta Asamblea. 
Sin embargo, no participaremos en la votación de las enmiendas por una razón jurídica de fondo, a saber, que somos diputados nacionales que representamos a quince pueblos diferentes, y no un pueblo europeo único. 
Ahora bien, aceptar un Estatuto de los diputados europeos sería como pasar de una naturaleza jurídica de derecho internacional a una naturaleza de derecho constitucional interno. 
Eso no lo queremos. 
Por ello, no participaremos en la votación. 
Reacciones diversas 
Muy bien, ejercen ustedes su derecho. 
Tomamos nota de que están ustedes presentes, pero que no participan en la votación. 
Señor Presidente, aparte de que me parece bastante sorprendente que nos veamos obligados a comportarnos como en una feria para tener derecho a tomar la palabra en este Parlamento cuando somos diputados, quisiera decir simplemente que es la primera ocasión en la que veo que, en una Asamblea como ésta, cuando se pronuncian dos opiniones contrarias, una procedente de los servicios competentes y la otra del presidente de la Comisión de Reglamento elegido por sus iguales, se considera la de los servicios en cuestión. 
No, señor Lehideux, no son los servicios, sino el Presidente el que interpreta el Reglamento y, por tanto, la decisión es totalmente mía como mi responsabilidad. 
Ésta es la decisión que se ha adoptado. 
Como siempre, asumo la responsabilidad de las decisiones que tomo, equivocada o acertadamente. 
El Parlamento aprueba la resolución 
Señor Presidente, Señorías, tras las votaciones sobre el Informe Rothley relativo al Estatuto de los diputados, sólo puedo subrayar que la opinión emitida por la Comisión de conformidad con el apartado 5 del artículo 190 del Tratado de Amsterdam, sigue estando en vigor. 
Aplausos 
Tengo una comunicación que transmitirles. 
Se ruega a los colegas que han de abandonar obligatoriamente la sesión que dejen su tarjeta en el buzón de votación correspondiente. 
Como estoy encargada de transmitirles esta comunicación y es la última ocasión en que presido las votaciones con ustedes, quisiera aprovechar para decirles que he apreciado infinitamente su colaboración. 
Mis mejores deseos para todos. 
La Asamblea, de pie, aplaude a la Sra. Fontaine 
Señora Presidenta, quizá sea necesario invitar al Sr. Romano Prodi a asistir a nuestras explicaciones de voto, pero imagino que, en el próximo Parlamento Europeo no se reproducirá una situación así. 
Quiero decir simplemente, en nombre de los socialistas franceses, que hemos votado a su favor en el día de hoy por una amplia mayoría. 
Pero deseo recordar también que nuestro compromiso es en favor de una Europa del corazón, de una Europa de la solidaridad, y no sólo de la Europa de los mercados. 
La reducción del papel del Estado, la creencia ciega en las reglas de la competencia o de la liberalización para crear empleo son recetas que ya hemos conocido. 
Ya no creemos en ello. 
Sabemos que, para volver a crear empleo necesitaremos más crecimiento, siempre más crecimiento creador de empleo. 
Invitamos al Sr. Romano Prodi a que nos haga propuestas en ese sentido. 
Igualmente, en lo que respecta a la Europa social, nuestros pueblos no comprenderían que no progresáramos. 
Una última palabra, señora Presidenta. 
Cuando en nuestro continente estalla una guerra, no comprendemos que no se respete la libertad religiosa. 
Para nosotros, el principio de laicidad es un principio fundador de nuestra Unión. 
La no discriminación religiosa se ha inscrito en nuestro Tratado. 
Evaluaremos al Sr. Romano Prodi en el respeto por este compromiso también. 
Señora Presidenta, Señorías, he votado en contra de la investidura del Sr. Romano Prodi. 
Las palabras que ha pronunciado ante este Parlamento Europeo son de un liberalismo de lo más clásico, plano y sin visión de futuro. 
Nada en sus declaraciones hace referencia con claridad a la necesidad de defender y actualizar el modelo social europeo. 
Nada sobre la necesidad de un nuevo pacto equilibrado entre las fuerzas del trabajo y los que detentan el capital. 
Nada sobre la redistribución de la riqueza. 
La Europa social no le preocupa. 
Sin embargo sí preocupa a millones de europeos. 
No propone ninguna estrategia seria a favor del empleo, conformándose con sugerir que se continúe, pura y simplemente, la misma política macroeconómica monetarista que se realiza desde hace años, y que no ha dado prueba de eficacia para asentar un crecimiento sostenido y duradero y para hacer que se reduzca el desempleo de forma masiva. 
Ha dedicado un largo alegato a la necesidad de continuar la desregulación, la liberalización de todos los sectores de la economía. 
No le he oído defender los servicios de interés general y el servicio público. 
Ahora bien, sus compromisos no tienen mucho que ver con la esperanza y la expectativa de los pueblos que, habiendo elegido en la mayoría de nuestros países gobiernos socialistas o socialdemócratas, han manifestado su voluntad de cambio. 
El Sr. Prodi les dice: «Ayer es como mañana». 
No podemos aceptarlo. 
Me sorprende además ver que el Sr. Prodi hace referencia explícita a los valores cristianos como herencia que hay que defender en Europa. 
No es que los discuta, no es que niegue al Sr. Prodi su libertad de conciencia, pero, porque estoy vinculada a la laicidad, garante precisamente de esta libertad fundamental en todas partes y para todos, espero de un Presidente de la Comisión que vele por ello, y tengo algunas dudas sobre la materia. 
El Sr. Prodi tiene derecho a ser demócrata cristiano, pero espero que la Unión Europea, en la que los Gobiernos son mayoritariamente de izquierdas, esté presidida por un hombre susceptible de encarnar esos ideales y esas políticas. 
Ése no parece ser el caso. 
Señora Presidenta, no otorgo mi confianza al Presidente propuesto, Sr. Prodi, porque ha justificado la guerra de la OTAN definiéndola como «necesaria» : una guerra europea iniciada y llevada a cabo vulnerando un principio de Derecho Internacional y menospreciando a las Naciones Unidas. 
La guerra de la OTAN en Yugoslavia desvirtúa la vocación defensiva de la Alianza Atlántica, expresada en su Tratado constitutivo. 
De este modo se ha abierto en nuestro continente un conflicto sanguinario y oscuro, cuyo resultado hoy nadie es capaz de prever y cuyas consecuencias en el futuro de nuestros pueblos europeos nadie es capaz de medir. 
El Presidente propuesto, Sr. Prodi, podía haber hecho- asumiendo así un papel influyente y equilibrado, y en consecuencia, decisivo para el futuro trabajo de la Comisión- un llamamiento a las partes para que, en nombre del «alma europea» , cesen de inmediato las masacres étnicas y los bombardeos. 
No lo ha hecho uniéndose a los partidarios de la intervención y desaprovechando una magnífica y esperada oportunidad. 
Aplausos de la izquierda 
Esta vez, al contrario de lo que hice en relación con Santer en julio de 1994, he votado a favor. 
Por desgracia, en aquella ocasión no me engañé, como los hechos han venido a demostrar. 
Espero que se concrete la voluntad política afirmada por Prodi de recuperar el equilibrio institucional a fin de permitir que la Comisión vuelva a desempeñar su imprescindible papel de impulso político, como órgano independiente de los gobiernos nacionales y de los intereses privados. 
Para eso, el Parlamento Europeo debe también desempeñar su papel: para evitar el retroceso de una Europa intergubernamental con un «directorio» de los grandes Estados miembros. 
Pero no puedo dejar de manifestar la más profunda extrañeza y reprobación de la caracterización hecha por el Sr. Prodi (cfr. pág. 11 del Acta Literal) de la conciencia europea en que se basa la integración realizada en los cincuenta últimos años como exclusivamente heredera de la cultura humanista y de la cultura cristiana. 
En efecto, es una caracterización reductora de las matrices de la civilización europea por ocultar, en particular, la contribución de las culturas judaica y musulmana. 
Esa caracterización cristiana, falsificación inadmisible de la Historia, es también, en las condiciones actuales de Europa, un imperdonable error político. 
En el día de hoy esta Asamblea se pronuncia sobre la designación del Sr. Romano Prodi como Presidente de la Comisión. 
Por mi parte, sólo puedo votar en contra y negarle mi confianza. 
Señor Prodi, ha aparecido usted como el salvador de una institución a la deriva, como la persona que respondía a la necesidad de carisma asignado a la función. 
Ahora bien, la fuerza reconocida de su personalidad no puede separarse del objetivo de su política. 
También, escuchando sus palabras, escuchando su programa, me he llenado de preocupaciones. 
Desde el principio de mi mandato he luchado por modificar la filosofía reinante en el seno del ejecutivo bruselense. 
He luchado porque la Europa liberal, la Europa de los mercados, ceda paso a una Europa social. 
Después de escucharle ayer me siento decepcionado de no haber oído ni una sola vez una referencia a la Europa social. 
Ni una sola palabra sobre el concepto de servicios públicos, sino un elogio del liberalismo económico. 
Se niega usted, señor Prodi, a oponer la Europa del mercado y la Europa social. 
Pero sepa que nuestros conciudadanos no pueden sumarse a la idea europea si ésta se declina únicamente en términos de mercado y donde el lugar del individuo se ve desterrado. 
Tendrá usted la ardua tarea de instalar a Europa en un nuevo milenio y yo no puedo hacerme a la idea de que el siglo XXI se convierta en una negación de la Europa social. 
Ha ganado usted la enorme apuesta de anclar su país al euro. 
En su designación he formulado el deseo y la esperanza de ver cómo ancla a Europa en su justa dimensión social. 
No lo he oído y me ha decepcionado. 
Por tanto, no puedo darle un cheque en blanco para asumir esa función. 
El firmante ha votado hoy en contra de la aprobación del Sr. Prodi como nuevo Presidente de la Comisión. 
El Sr. Prodi no ha reconocido de manera suficientemente convincente la necesidad de una Europa social. 
Sólo hemos oído la vieja cantinela de que la plena liberalización y un mayor crecimiento serán las soluciones a los problemas de Europa. 
Tampoco se ha manifestado a favor de emplear activamente las nuevas disposiciones recogidas en el Tratado de Amsterdam en materia medioambiental y de empleo. 
Los planes futuros del Sr. Prodi relativos al desarrollo de Europa son también demasiados federalistas. 
Entre otros puntos, quiere trabajar en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común europea. 
Sus ambiciones en materia de equiparación entre sexos han sido lamentablemente inexistentes. 
El Sr. Prodi no ha mencionado ningún plan para alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres ni dentro del Colegio de Comisarios ni dentro de las Direcciones Generales. 
Las ambiciones del Sr. Prodi en materia social y humana son demasiado someras para que el firmante vote a favor de la aprobación. 
En su momento voté a favor de la investidura de Jacques Santer para la Presidencia de la Comisión, considerando que había sido el Primer Ministro de un pequeño país como el mío, pero mucho menos afectado por la inmigración extraeuropea, por el desempleo y por los impuestos, dando la voz de alerta por haber aceptado al frente de los diferentes departamentos a los peores y a los mejores. 
Los peores han ganado. 
El discurso del Sr. Prodi no ha podido ser más decepcionante. 
Romano Prodi nos ha hablado ampliamente de la Europa del dinero. 
Ni una palabra sobre la Europa de las personas. 
Ni una nota de esperanza de terminar con el nuevo orden mundial impuesto por los yanquis. 
Ni condena, ni siquiera lamento, por la inadmisible agresión militar contra un Estado europeo, por una OTAN que mata ciegamente mujeres y niños. 
En conciencia, no puedo otorgar mi confianza a un político que se ha puesto de parte de los enemigos de Europa. 
Me he abstenido en la votación para el nombramiento del Presidente de la Comisión puesto que considero que no puedo dar mi apoyo al Sr. Prodi. 
Su intervención ante el Parlamento Europeo no me ha logrado convencer de que sea la persona adecuada para dirigir la Comisión durante los próximos cinco años. 
El punto de partida del Sr. Prodi es la construcción de un Estado federal europeo, lo cual me resulta muy difícil de aceptar. 
Lo más preocupante de la intervención del Sr. Prodi han sido sus puntos de vista acerca del empleo, el sector público y la regulación del mercado laboral. 
Ha resaltado en varias ocasiones la necesidad de desmantelar la regulación en el mercado laboral y de potenciar los acuerdos bilaterales entre la patronal y los trabajadores. 
El Sr. Prodi considera que el sector público es demasiado amplio y exige su racionalización y un recorte de gastos, pero, al mismo tiempo, no expone más que cándidos deseos para mejorar la situación del empleo. 
El Sr. Prodi ha hecho un gran hincapié en la defensa común europea. 
Sin embargo, no ofrece las garantías necesarias para que los Estados miembros no alineados de la UE puedan seguir permaneciendo en el futuro al margen de las alianzas militares. 
A pesar de todo ello, tampoco puedo votar en contra de su designación porque ello acarrearía un serio retraso a la hora de nombrar la nueva Comisión. 
Ante esta situación es importante que la nueva Comisión pueda emprender sus trabajos cuanto antes posible. 
Romano Prodi no es una personalidad que, de entrada, pareciera reunir todas las condiciones deseables para una necesaria dirección fuerte y activa de la Unión Europea. 
Otras personalidades reunían, por su estilo y pensamiento, mejores condiciones para presidir la Comisión. 
Con todo, su experiencia en la política italiana, su reconocida integridad personal y política y su capacidad de diálogo y aglutinación son virtudes fundamentales para dar cuerpo al proyecto europeo. 
Los discursos pronunciados en el Parlamento han perfilado poco a poco los contornos de un pensamiento sobre Europa con muchos aspectos positivos, en particular el deseo de garantizar la autonomía de la Comisión y llevar a cabo una profunda reforma de sus usos administrativos. 
Subrayamos también la importancia que el Presidente Romano Prodi atribuye a las políticas mediterráneas, que coloca en un plano semejante al de la ampliación a los PECO, su voluntad de contribuir a un mayor dinamismo de la economía europea y a una reducción del desempleo y, cosa para nosotros esencial, la defensa de la cohesión económica y social. 
Ahora bien, hemos notado que la vertiente social ha estado prácticamente ausente de sus intervenciones, lo que nos parece preocupante. 
A pesar de todo, existen motivos para que adoptemos una expectación positiva respecto del nuevo Presidente de la Comisión y por eso hemos votado a favor de su investidura. 
Esperamos ahora que nuestras esperanzas salgan reforzadas y que sea el Presidente que la Comisión necesita, después del período de apagamiento al que asistimos con Jacques Santer. 
Los socialistas portugueses apoyan una Comisión fuerte, que sea capaz de movilizar la voluntad de los europeos, que respete a los ciudadanos y los intereses legítimos de los pueblos, en particular de los países pequeños como Portugal. 
Exigimos, así, una Comisión autónoma que, en la arquitectura de las instituciones comunitarias, sepa contribuir a un equilibrio entre todos los Estados miembros, ya sean pequeños o grandes, del sur o del norte de Europa. 
Estaba decidida a votar a favor de la investidura del Sr. Prodi como Presidente de la Comisión, satisfecha tanto de la rapidez como de la eficacia con las que el Consejo tomó la decisión así como de la estatura europea de un hombre que había dirigido, con brío y conocimientos, un gobierno italiano de izquierdas en unas condiciones difíciles conduciendo a Italia a la UEM. 
Sin embargo, la intervención que oímos ayer me ha preocupado y me ha llevado a la abstención. Este Parlamento, y muy especialmente mi grupo, el Grupo Socialista, ha señalado en muchas ocasiones la necesidad de un reequilibrio del pilar económico y monetario por un pilar social y un compromiso firme a favor de una Europa política. 
Ahora bien, ayer oí un credo liberal que me hace temer al máximo que este reequilibrio no esté en el orden del día de la próxima Comisión. 
Además, mi concepción laica de la vida pública ha sido contrariada. 
De ahí mi abstención y la esperanza de que esos temores no estén justificados y que, en todo caso, la vigilancia del próximo Parlamento y su compromiso por una Europa social los dejen sin objeto. 
Hemos votado en contra del nombramiento de Romano Prodi como Presidente de la Comisión. 
Los motivos son los siguientes: 
Romano Prodi ha hecho declaraciones a favor de un desarrollo federalista de la UE que apunta a una especie de Estados Unidos de Europa. 
En reiteradas oportunidades él ha subrayado la necesidad de una defensa común y, en consecuencia, de la militarización de la UE. 
En su discurso y en las respuestas a las preguntas él ha comparado, con sorprendente reiteración, a la UE con EE.UU. en la creación de un «equilibrio en el Atlántico». 
Nos oponemos a una evolución hacia una «Estado UE» y opinamos que la cooperación europea debe fundamentarse esencialmente en una colaboración interestatal entre países independientes. 
En relación con la elección de la Comisión y de su Presidente, ahora existen muchas posibilidades de realizar reformas que refuercen la democracia en la UE. 
La Unión debe tener unas normas modernas de administración y transparencia según el modelo nórdico, con reuniones abiertas en el Consejo de Ministros, con un principio de publicidad que dé derecho a todos a conocer los documentos públicos, con registros en todas las instituciones comunitarias y con libertad de comunicación, esto es, derecho a informar a los medios de información y a otros sobre errores o infracciones en la administración. 
Además de una reforma que aumente la transparencia también hay que revisar el sistema de empleo en las instituciones comunitarias. 
Los empleos deberán realizarse previa solicitud, basándose en calificaciones y no en designaciones políticas. 
Todos los empleados deberán saber que los requisitos para el empleo son los conocimientos y los méritos y no la amistad y los contactos. 
La Comisión debe descentralizarse de modo que los empleados tengan responsabilidades y competencias que se puedan cumplir. 
La concentración de la responsabilidad en unas pocas manos tienen que terminar. 
Se necesita una reforma de personal para limpiar a la UE de privilegios. 
No es defendible que un empleado de la UE gane tres veces más que otra persona que hace el mismo trabajo en un Estado miembro, además de tener rango diplomático, inmunidad y otros beneficios. 
También, antes del nombramiento, quizá haya que rebajar el sueldo del Presidente de la Comisión. 
Un Comisario debe tener el sueldo de un ministro del país que él o ella representa. 
Los costes de transporte deben pagarse de acuerdo a una cálculo de gastos y no mediante dos meses de sueldo extraordinario de 360.000 coronas. 
La UE tiene que concentrarse en los grandes asuntos, separar lo grande de lo pequeño, y realizar una verdadera reforma descentralizadora que signifique que se devuelvan a los Estados miembros los asuntos que no deban tratarse en el ámbito comunitario. 
Todas estas propuestas deben realizarse. 
No se ha hecho una promesa en este sentido. 
Nuestro sueño es ver a los pueblos europeos libres en una Europa democrática y plural. 
No deseamos unos Estados Unidos de Europa sino que una Europa de las naciones. 
Si, tras su declaración en el Parlamento Europeo, no se puede poner en duda la voluntad del Sr. Romano Prodi de sanear y mejorar el funcionamiento de la Comisión, tampoco se puede poner en duda su voluntad de continuar la construcción de una Europa liberal en la que los trabajadores no se tomen en consideración: ni una palabra sobre el diálogo social, ni una palabra sobre el servicio público, ni una palabra sobre la necesidad de constituir esa base de los derechos sociales fundamentales sin los cuales tendremos deslocalizaciones por «dumping» fiscal. 
Que el Sr. Romano Prodi haya sido designado principalmente por once Gobiernos socialistas o socialdemócratas evidencia que la Europa social no es la prioridad y que la orientación liberal no se ha abandonado. 
Sin embargo, estoy convencida de que los derechos de los ciudadanos europeos no progresarán más que a condición de que construyamos una Europa política fuerte, basada en el principio de laicidad. 
Para ello, es preciso reactivar la separación derecha-izquierda, hacer del Parlamento una verdadera instancia política y no buscar el consenso como han hecho los Gobiernos al designar al Sr. Romano Prodi. 
Ésta es la razón por la que me pronunciaré contra su designación al frente de la Comisión. 
He tenido la debilidad de creer que, para salir de la crisis institucional y política que ha provocado la dimisión de la Comisión con el fondo de la guerra de Kosovo, su futuro Presidente, el Sr. Romano Prodi, nos transmitiría un mensaje ambicioso. 
Desafortunadamente, aparte de algunas generalidades y la promesa de una gestión rigurosa y transparente, he visto sobre todo motivos de inquietud. 
Entregándose al mismo tiempo, después de Jacques Delors y el muy liberal Comisario Bangemann, al mito de la todopoderosa Internet y las autopistas de la información, nos promete el paraíso: «cubrir la distancia que nos separa de los Estados Unidos». 
Para responder a estos desafíos mundiales, deberíamos forzosamente «reformar el modelo del welfare» , «revisar las reglas del mercado de trabajo y de los mercados de las profesiones, para reducir los obstáculos al acceso del mercado y [... ] crear un empleo que reaccione más al crecimiento económico». 
Ello, por supuesto, nos dice de nuevo el Sr. Prodi, nos obligará a «disminuir la presencia de las administraciones públicas». 
A pesar del primer fracaso vergonzante del AMI, el Sr. Prodi recoge por su cuenta la ideología del Comisario Leon Brittan: «La Unión Europea ha de continuar la liberalización multinacional en el marco de la OMC. 
Hemos de impedir cualquier veleidad de proteccionismo... ». 
A ejemplo de los Estados Unidos, ¿considera la futura Comisión proteccionistas las cláusulas sociales y medioambientales? 
Sin embargo, es urgente introducirlas en los mecanismos comerciales para que la globalización se base en la cooperación y la solidaridad con los países y las regiones más pobres. 
Pero el golpe de gracia a un proyecto europeo progresista se encuentra más quizá en su concepción de la cultura europea, que parece asimilar al pasado y reducir su único patrimonio. 
Para el futuro, se gira hacia «la fuerza americana, en el sentido amplio del término, [que] se expresa simbólicamente por medio de los medios de comunicación; se considera, efectivamente, por algunos capaz de constituir la referencia unitaria para Europa en búsqueda de su alma. 
No hay nada de escandaloso en esta hipótesis... » 
Es como decir que a unos meses de las negociaciones en el seno de la OMC, Europa según el Sr. Prodi abdica antes incluso de haber iniciado la batalla política. 
Flexibilidad y adaptabilidad del trabajo, desconfianza con respecto a los servicios públicos, fidelidad a la cultura americana, éste es el himno liberal europeo que entona el Sr. Romano Prodi. 
He votado, pues, contra su aprobación como Presidente de la Comisión. 
En esta coyuntura crítica que están atravesando Europa y el mundo entero, la elección del Sr. Prodi (a quien voto gustoso) como Presidente de la Comisión Europea, por parte de este Parlamento, da comienzo a una nueva época en la Unión Europea. 
Si unimos esto a las elecciones al Parlamento Europeo del 13 de junio de 1999, la Unión Europea debe confirmar su firme dedicación a los principios de la democracia, de la solidaridad, de la justicia, de la transparencia, de la estabilidad y de la paz. 
Los ciudadanos de Europa (los de los quince países miembros y los de los países candidatos a la adhesión, los de Europa oriental y los de Chipre) esperan y exigen que la Unión Europea sea una Unión real, política y social, con prestigio y fuerza, y que así pueda desempeñar un papel protagonista mundialmente ante el año 2000. 
He votado a favor de la candidatura del Sr. Prodi, aunque con reservas. 
La prioridad absoluta del Presidente de la Comisión entrante debería ser garantizar la buena gestión y el control financiero en el seno de la Comisión. No debería ser un incremento de la integración europea ni la construcción de una Europa federal. 
Como se suele decir, la Unión Europea debería hacer menos y mejor. 
Aunque he votado a favor de Prodi para Presidente de la Comisión, no acepto las opiniones fuertemente federalistas sobre defensa e impuestos comunes que presentó en su declaración programática. 
Suecia se ha adherido a una colaboración entre estados, no a una federación. 
En mi opinión, Prodi no representa una política democrática de corte clásico, cosa que hubiera preferido. 
El contenido general del discurso de intenciones del Sr. Prodi puede ser apoyado por este Parlamento. 
Ahora bien, conviene matizar mucho algunas orientaciones generales para evitar ambigüedades en la interpretación institucional. 
Comparto plenamente la afirmación de que es necesario delimitar las responsabilidades políticas y administrativas en la Comisión Europea. 
La Comisión debería revisar sus archivos y encontraría preguntas y propuestas de resolución del diputado que suscribe, en las que proponía que se elaborase un Reglamento de procedimiento legislativo y de justicia administrativa para delimitar responsabilidades y dar seguridad jurídica a los ciudadanos. 
En la tradición doctrinal de los Estados de Derecho nacionales están claramente delimitadas las responsabilidades del Gobierno y de la Administración. 
Otra cuestión básica es el mantenimiento de la responsabilidad global del Colegio de Comisarios. 
Pueden y deben delimitarse las competencias individuales de los Comisarios, pero sin abandonar, en absoluto, el principio de responsabilidad colegiada. 
Aceptar la censura individual de un Comisario sería la muerte de la independencia de la Comisión Europea. 
También he defendido, en diversas ocasiones, la necesidad de respetar escrupulosamente el compromiso ético de los Comisarios de mantener la necesaria independencia de los Gobiernos. 
Los Comisarios tienen que velar por el interés general de la UE y no ocupan su puesto para defender a ultranza y prioritariamente a su país de origen. 
Las declaraciones nacionalistas de los Comisarios deberían ser abordadas por el Presidente pidiendo el abandono de la Comisión. 
Igualmente, en ese espíritu, los gabinetes de los Comisarios han de tener una estructura supranacional, como vengo sosteniendo durante años. 
También la Comisión debe preservarse de la tendencia perversa, aunque la promuevan personalidades de relieve, de intentar representar la corriente política mayoritaria del Parlamento Europeo. 
Sería desnaturalizar las instituciones. 
El Parlamento Europeo no tiene por qué apoyar a la Comisión Europea por su color político. 
La grandeza y gran ventaja del Parlamento Europeo, frente a los Parlamentos nacionales, es que aquí todos somos oposición. 
Ningún grupo político tiene la obligación de mantener en su puesto a la Comisión. 
El legislativo debe controlar, con toda libertad, al ejecutivo. 
Tampoco la nueva Comisión debería ceder, ni un ápice, su capacidad de iniciativa legislativa. 
Sr. Prodi, como federalista convencido, confío plenamente en su actuación futura para seguir profundizando en la originalidad de las instituciones de la UE y evitar su desnaturalización. 
Informe Rothley (A4-0267/99) 
Señora Presidenta, evidentemente en esta Asamblea somos diputados y demócratas. 
Como demócrata, tengo que aceptar el resultado de la votación sobre el Informe Rothley, a pesar de que no estoy de acuerdo con el mismo. 
Como diputado tengo que aceptar que en ocasiones utilicemos procedimientos como medio de fomentar una tendencia concreta en las votaciones o de protegernos en las mismas. 
Deseo expresar mi profunda decepción por lo que sucedió ayer, cuando mi Grupo presentó a otros Presidentes de grupo la posibilidad de intentar encontrar un modo razonable de avanzar, y que teniendo en cuenta que el Consejo se reúne esta noche y mañana, tomáramos una decisión más definitiva, pero algunos colegas recurrieron a procedimientos de esta Asamblea para bloquear dicha posibilidad. 
Expreso, en particular, mi profunda decepción por la enmienda 27 en nombre de la Sra. Green y del Sr. Cot, que elimina el artículo 1 del Informe Rothley e, ipso facto, elimina asimismo las posibilidades de la enmienda de los Liberales. 
Dicha enmienda intentaba en realidad alejar muchos de los temores que habían expresado algunos diputados, como las deficiencias en la respuesta del Consejo. 
Por ejemplo, sitúa a los diputados al PE en igualdad de condiciones con los representantes parlamentarios nacionales en materia de dietas y gastos. 
La enmienda incluía cláusulas sobre los derechos adquiridos, la denominada «cláusula del abuelo». 
Incluía opciones para acogerse a la jubilación anticipada, que muchos diputados afirmaron desear. 
Incluía la plena protección de los derechos de pensión adquiridos, de los derechos de pensión actuales de los diputados, así como otros elementos. 
Tras todo eso se escondía un intento real de reconocer que el Informe Rothley simpliciter del pasado diciembre, a todas luces, no obtendría la aprobación unánime del Consejo; que el texto del Consejo de la semana pasada, a todas luces, no obtendría el apoyo de esta Asamblea. 
Y este término medio que buscábamos para darle un impulso- aunque como demócratas debemos aceptar la victoria o derrota- fue descartado mediante un procedimiento que me indigna. 
Señora Presidenta, a todas luces, como ha dicho el Sr. Cox, la enmienda presentada en mi nombre y en el del Grupo Socialista fue presentada por el Grupo Socialista. 
Como líder, mi nombre figura en la enmienda, pero para que conste, voté en contra de la misma. 
Señora Presidenta, no tenía conocimiento de eso. 
Agradezco a la Sra. Green esa explicación. 
Personalmente, tenía entendido que ésa era su postura. Le doy las gracias por la aclaración. 
Sigo indignado por el procedimiento, pero quisiera que al menos conste en Acta mi agradecimiento por lo que la Sra. Green acaba de decir. 
Señora Presidenta, yo también quisiera que conste en Acta mi malestar por lo que ha ocurrido. 
Señora Presidenta, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no estaba de acuerdo con el proyecto de Estatuto unificado de los diputados europeos, que esta Asamblea adoptó el 3 de diciembre de 1998. 
En aquel momento considerábamos, y seguimos considerando, que los miembros del Parlamento Europeo representan a sus pueblos respectivos y que su estatuto debe seguir siendo nacional. 
Desde el 3 de diciembre, el Consejo ha examinado el proyecto del Parlamento Europeo y, desafortunadamente, ha aprobado los principios esenciales. 
Según él, los miembros del Parlamento Europeo deberían ser remunerados con cargo al presupuesto comunitario y no por sus países de origen. 
Además, deberían someterse a un impuesto sobre la renta percibida en beneficio de las Comunidades, en unas condiciones idénticas a las de los funcionarios europeos. 
Sólo está prevista la posibilidad de mantener el régimen de imposición nacional como excepción temporal, para aquellos países que formulen explícitamente la demanda. 
Este proyecto enmendado parece igualmente inaceptable. 
Es absolutamente inimaginable que los miembros del Parlamento Europeo puedan ser remunerados por un pueblo diferente al que representan. 
También es inimaginable que puedan someterse a un régimen de imposición diferente al de sus conciudadanos, sobre todo si, además, este régimen de imposición es más suave, como ocurriría en este caso. 
Esta reforma tiene claramente como objetivo separar a los diputados europeos de la defensa de sus pueblos para asignarlos a la defensa del sistema supranacional que los alimentará. 
Es muy difícil comprender las motivaciones profundas del Consejo cuando acepta un texto tan contrario a los intereses de los Estados miembros, a menos que permita implícitamente, también él, la puesta en marcha de un superestado europeo. 
Esta interpretación me parece desafortunadamente la correcta, ya que se ve corroborada por otros muchos indicativos. 
Una vez más, se ve que los Gobiernos hacen un doble juego y ponen en marcha, de forma indirecta, un sistema que los ciudadanos no aceptarían si fueran consultados con claridad. 
Señora Presidenta, quiero emitir una declaración personal. 
He votado en contra de la propuesta del Sr. Rothley porque lamento que no hayamos recogido el documento del Consejo. Hemos dejado pasar de largo la gran oportunidad de tener por fin a finales del período legislativo un Estatuto del diputado. 
Todos saben lo difícil que es impulsar un estatuto en el nuevo período. 
Es prácticamente imposible. 
Me temo que debido a este proceder del Parlamento sólo ha aparcado sine die el tema. 
Me pareció correcto poner por fin en movimiento el estatuto y la declaración «el mismo dinero para todos» afecta exactamente igual al Consejo de Ministros. También él hace el mismo trabajo y tiene diferentes sueldos. 
Hay cientos de periodistas que hacen el mismo trabajo y tienen diferentes sueldos. 
Me pareció que el compromiso era viable aunque habría significado que los diputados suecos, daneses y británicos fuesen tratados fiscalmente según las normas de sus países, lo que naturalmente no sería bueno. 
Pero tengo la sensación de que aquí no se ha tratado de eso sino de seguir aplazando el Estatuto del diputado. Lo lamento sobremanera. 
Por este motivo, he votado en contra de la propuesta del Sr. Rothley y habría votado gustosamente a favor de la del Consejo. 
Señora Presidenta, al igual que la Sra. Breyer, quisiera decir que es una oportunidad perdida. 
A pesar de que muchas personas han manifestado su indignación, no sé cómo vamos a afrontar a nuestros electores y justificar que, básicamente, todo sigue igual. 
La enmienda de los Liberales y de los Verdes fue saboteada deliberadamente por personas que no quieren que cambie el sistema. 
A pesar de que me resultaría muy difícil aceptar la idea de un sistema fiscal comunitario- es algo que yo no podría apoyar- o aquélla de un incremento de nuestros salarios, debemos estudiar el modo de compartir los gastos de este Parlamento. 
¿Qué hay de malo en un sistema que obligue a rendir cuentas de lo que gastamos? 
Ahora debemos salir en junio en busca de los votos del electorado. 
El tema que despierta el interés de todo el mundo es cómo funciona el sistema de pagos en este Parlamento. 
Hoy teníamos una magnífica oportunidad y la hemos desaprovechado debido a las maniobras políticas que se han producido en el seno del Parlamento. 
Nos resultará muy difícil justificar nuestra postura. 
Es el motivo por el que he votado en contra del Informe Rothley. 
Me habría resultado muy difícil aceptar la idea de un incremento de salarios o aquélla de un sistema fiscal a nivel de la UE. 
Es el principio de algo peor. 
No estoy de acuerdo con un sistema fiscal armonizado ni- como ha dicho el Sr. Berthu- con muchas de las armonizaciones que se están llevando a cabo en la UE. 
He votado en contra del Sr. Prodi, básicamente, porque es un federalista y también porque está a favor de la militarización de la UE, con lo que no estoy de acuerdo. 
Es por lo que he tenido que votar en contra de su candidatura. 
Señora Presidenta, no suelo dar explicaciones de voto, pero en esta ocasión lo haré, porque ésta puede ser una de las últimas acciones del actual Parlamento y quiero evitar cualquier posible malentendido sobre lo que puede haber sido una votación ambigua. 
He votado en contra del Informe Rothley, porque opino que, con todas sus carencias, deberíamos haber aprobado el Estatuto de los diputados europeos propuesto por el Consejo. 
Defiendo esta postura no sin cierto pesar, porque el Sr. Rothley es un diputado europeo muy distinguido que ha contribuido en buena medida a la labor del Parlamento. 
En general suelo simpatizar mucho con la idea de que el Parlamento defienda sus derechos y su posición con respecto a otras instituciones. 
Pero en esta ocasión, especialmente con vistas a las próximas elecciones, he tomado la postura de que es mejor que dejemos este asunto resuelto. 
Siempre he defendido la opinión de que el Parlamento debe defender con rigor y con todas sus fuerzas sus derechos constitucionales y legales. 
No obstante, cuando se trata de los derechos de su personal, de los derechos de sus diputados- especialmente sus derechos financieros -, sería bueno que el Parlamento se anduviera con más cuidado. 
Existe una diferencia entre ambas cosas. 
Si me preguntaran qué necesita el Parlamento, no creo que necesite más competencias formales; lo que creo que necesita es acercarse más a las mentes, los corazones y los ánimos del electorado. 
Me temo que el aplazamiento del Estatuto pueda impedir dicho acercamiento. 
Sé que usted, señora Presidenta, tiene una opinión diferente. 
Lamento tener que discrepar en esta última ocasión. 
Siempre he sentido gran respeto por usted, tanto político como personal. 
Pero a diferencia de muchos otros que han votado en contra del Informe Rothley, yo lo hice porque creo que el Parlamento Europeo debe ser más poderoso, más influyente, que debe desempeñar un papel más relevante en la Unión Europea. 
Opinaba que votando en contra del Informe Rothley servía a ese objetivo político. 
Señora Presidenta, en el plano del procedimiento, quisiera señalar al Sr. Cox y a la Sra. Green, aunque se hayan ido, que yo presenté, el 13 de diciembre, una enmienda del mismo tipo que las enmiendas globales, que ya se han debatido ampliamente, y que esta enmienda en su momento- quizá porque era mía -, fue declarada inadmisible. 
A título personal, sobre el Informe Rothley, quisiera decir que las máscaras han caído. 
La mayoría de los miembros del Parlamento- 376 diputados- han mostrado que en realidad no desean ver cambio en el sistema de reembolso de los gastos de viaje. 
Porque es esto lo que está en cuestión. 
Cuando, el 13 de diciembre, se dijo que el Tratado de Amsterdam le daba la posibilidad al Parlamento, por primera vez en su historia, de adoptar un estatuto uniforme para sus miembros, que ese estatuto debía entrar en vigor en el momento en que la ratificación del Tratado de Amsterdam proporcionara la base jurídica necesaria para su aprobación, se dejaba creer que estábamos listos para aprobar un estatuto. 
Pero, cuando en el día de hoy se rechaza nuestra enmienda 18, que decía que nosotros nos mostrábamos dispuestos a hacer lo necesario para que ese estatuto entrara en vigor al inicio de la próxima legislatura, se quitan las máscaras y se hace en el mismo día. 
En la misma semana se adopta un nuevo modo de reembolso de gastos de viaje, supuestamente basado en gastos reales, cuando conserva un carácter global. 
Por ello hemos votado contra el Informe Rothley. 
Este Parlamento no quiere dar claridad y transparencia al régimen de asignaciones de sus miembros, y esto es especialmente escandaloso frente a la opinión pública. 
El actual sistema de reembolso es absurdo, especialmente en lo que se refiere a la restitución de gastos de viaje. 
Es necesario que se haga una reforma y que se dé una solución a este asunto para que podamos terminar con las incoherencias, pero también porque hay otros asuntos importantes, además de los propios sueldos, de los que el Parlamento Europeo debe preocuparse 
Damos nuestro apoyo al compromiso a que llegó el Consejo en abril. 
Queremos que exista un estatuto igualitario, que dé a todos los diputados el mismo sueldo, pero con la posibilidad de pagar impuestos nacionales. 
Los socialdemócratas daneses respaldamos la propuesta modificada del Consejo de Estatuto del diputado porque el Parlamento Europeo debe tener ordenada su casa antes de las elecciones. 
No existe ninguna posibilidad de esperar y negociar con el Consejo. 
Hemos firmado una propuesta de compromiso que acerca este objetivo un poco más en la esperanza al menos de evitar el rechazo total de todo este asunto. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo ha impulsado la reforma de todas las instituciones de la UE. 
Hemos presionado en favor de más transparencia en el Consejo. 
Hemos estado en la vanguardia de los trabajos encaminados a garantizar la apertura y una mejor gestión en la Comisión, y ahora nos disponemos a poner orden en nuestra propia casa; el Parlamento. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo ha defendido con tesón un sistema coherente y transparente en el que puedan trabajar los diputados. 
Esta mañana hemos votado para intentar garantizar que se creen medidas concretas lo antes posible. 
Hemos estado en la vanguardia de la reforma y creemos que debemos llegar a una conclusión sobre este asunto e iniciar un nuevo mandato con un Estatuto en vigor. 
Hemos presionado en favor de un sistema transparente de pagos de dietas, de un mismo salario para los diputados al Parlamento Europeo de todos los países y en favor de un método adecuado de pagos directos para el personal. 
El Consejo ha dicho que estudiará de cerca la aplicación del Estatuto junto con el Parlamento, y esperamos poder tener un papel activo en dichas negociaciones adicionales en las próximas semanas. 
Me he abstenido en todas las votaciones ya que voy a abandonar el Parlamento Europeo y no quiero decidir sobre el Estatuto de los futuros diputados. 
Los diputados socialistas portugueses han votado en contra de la resolución hoy aprobada en el Parlamento Europeo, porque impide la entrada en vigor del Estatuto de los Diputados, tal como fue propuesto por el Consejo de Ministros, que representa un importante fortalecimiento del crédito del Parlamento Europeo. 
Con el mantenimiento del estatuto actual se aplaza una antigua aspiración del Parlamento Europeo: que por fin se alcanzara el principio de igualdad entre todos los diputados. 
El nuevo estatuto se caracterizaba por el rigor y la transparencia en cuanto a los derechos y deberes entre todos los representantes elegidos y permitía que se acabara, de una vez por todas, con las indefiniciones y las elucubraciones, que son el recurso preferido de todos cuantos, por esa vía, procuran debilitar el valor de la acción política. 
El Parlamento Europeo ha perdido una oportunidad sin par para resolver una cuestión fundamental para su prestigio y dignidad, en un momento, además, en que se debate y se exige en Europa la transparencia y la eficacia en el funcionamiento de todas las instituciones comunitarias. 
El resultado de la votación de hoy, que ha visto como una mayoría de esta Asamblea daba su apoyo al Informe Rothley es, según nosotros, una derrota. 
Esta mayoría, que ha invocado todo tipo de argumentos de tipo jurídico, estaba ante todo preocupada por el mantenimiento a cualquier precio de nuestros salarios y de nuestros privilegios. 
Desde hace mucho tiempo, una mayoría de este Parlamento se parapeta tras la falta de iniciativa del Consejo en este tema para excusar su falta de voluntad de ver cómo sale adelante un estatuto único del diputado europeo. 
Después de muchos años de esfuerzos, había visto la luz una propuesta globalmente aceptable y el Consejo se había mostrado dispuesto a negociar con este Parlamento, en el momento del resultado de la votación de hoy, con vistas a alcanzar un compromiso. 
La respuesta de la mayoría de esta Asamblea en el día de hoy no está a la altura de sus compromisos con respecto a sus propios electores ni de las expectativas de la opinión pública. 
Tras la dimisión de la Comisión, tras los problemas de fraude y de mala gestión económica, ¿cómo puede justificar la mayoría de este Parlamento que esta Asamblea se revele incapaz de reformar cualquier cosa que tenga relación con nuestras asignaciones y la gestión financiera de esta institución? 
Mi grupo va a continuar la batalla que comenzamos hace tiempo. 
Pero cada uno de nuestros colegas que se ha pronunciado a favor del Informe Rothley deberá asumir sus responsabilidades frente a la opinión pública y al retroceso del Estatuto único de los Diputados europeos. 
Se han dado muchas y muy complicadas vueltas antes de conseguir un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
Como único sueco en la comisión he seguido de cerca y he contribuido al debate durante medio año presentando, entre otras cosas, enmiendas acordes con los criterios del Partido del Medio Ambiente, es decir, me he opuesto a que se desligue a los diputados de los electores y de los países miembros introduciendo sueldos, impuestos y jubilaciones de carácter comunitario. 
Por esto, considero que no es deseable que exista un estatuto que regule lo anteriormente señalado. 
Por el contrario, es necesario hacer algo para terminar con las subvenciones demasiado generosas, por ejemplo, en relación con gastos de viaje y de oficina, además de introducir un sistema para que se restituyan sólo los verdaderos costes. 
Según el Reglamento, esto puede hacerse en cualquier momento, sin que sea necesario un estatuto. 
Por este motivo es inaceptable que el Parlamento todavía no haya regulado esta materia puesto que lo podría haber hecho muy fácilmente, si hubiese existido la voluntad. 
En consideración a lo anterior, voté en contra del informe. 
Estamos firmemente convencidos de que los diputados al Parlamento Europeo han sido elegidos por la población de los países miembros para representar los intereses de los electores en la UE. 
En consecuencia, la remuneración y tributación de los diputados al Parlamento Europeo es una cuestión nacional. 
Y así nos oponemos a un estatuto salarial europeo común para los diputados. 
Somos partidarios de acabar con el actual sistema de salarios y reembolsos, que permite que los diputados al Parlamento Europeo reciban grandes cantidades en concepto de gastos no realizados. 
De ahí que resulte necesario establecer un nuevo sistema de salarios y reembolsos en el que el reembolso de los gastos vaya acompañado de la presentación de la factura y el pago quede condicionado a la firma por el diputado de una declaración en la que figure que los gastos se han realizado en el desempeño de su mandato. 
El Consejo elaboró el 26 de abril un borrador de estatuto sobre la base del texto del Parlamento. 
En el borrador, el Consejo presenta una serie de propuestas de estatuto, en las que aparece reflejado, por ejemplo, que el pago de las indemnizaciones se llevará a cabo mediante la presentación de justificantes, además de diversas propuestas más encaminadas a establecer las condiciones laborales de los ayudantes. 
Creemos que el texto del Consejo supone una clara mejora del borrador de estatuto del Parlamento Europeo aprobado el 3 de diciembre de 1998. 
Por ello, apoyaremos las partes del borrador que refuerzan el actual régimen de pagos y establecen buenas condiciones laborales para los ayudantes. 
No obstante, queremos señalar la necesidad de que el salario de los diputados se halle sujeto a la fiscalidad nacional y de que en consecuencia el producto resultante vaya a parar a los Estados miembros. 
Nos oponemos a un sistema fiscal comunitario y por ello no podemos respaldar la «cláusula-debe» del artículo 8 (6) en la que se dice que este producto debe volver al presupuesto comunitario. 
Pensamos que la aprobación del estatuto es otro paso más hacia los Estados Unidos de Europa con el Parlamento Europeo desempeñando funciones de colegislador. 
El borrador de informe del Sr. Rothley lo demuestra con toda claridad y ejemplifica claramente cuánto se ha alejado el Parlamento Europeo de los intereses de la población. 
La única razón para que apoyemos partes del borrador de nuevo estatuto es que nos parece una condición previa para acabar con el derroche que durante muchos años ha existido en el Parlamento Europeo a costa del dinero de los contribuyentes. 
El Tratado de Amsterdam prevé un Estatuto de los diputados al Parlamento europeo. 
El párrafo 5º del artículo 190 del Tratado de las Comunidades Europeas da competencias al Parlamento que «fija» este estatuto. 
Muchos de nuestros colegas españoles, portugueses y otros son favorables, no sólo por razones ideológicas, sino también quizá por razones de comodidad. 
En efecto, de acuerdo con algunos estatutos nacionales, existía una discriminación de asignaciones entre los diputados alemanes, cuya economía floreciente permite unas asignaciones parlamentarias nobles y los colegas portugueses, cuya modestia de la economía conllevaba unas asignaciones parlamentarias igualmente modestas. 
Los diputados del Frente Nacional en el Parlamento Europeo se oponen a este estatuto europeo por razones jurídicas dirimentes. 
Los diputados al Parlamento de Estrasburgo son, efectivamente, los representantes de los 15 pueblos nacionales y no los representantes electos de un pueblo europeo. 
Representan a las 15 soberanías nacionales y no a una soberanía europea. 
Más aún, la base jurídica del Parlamento Europeo tiene su origen en un Tratado internacional y no en un texto de orden interno. 
Se trata de una institución, de una organización intergubernamental y no de una institución que emana de una constitución. 
Nuestra naturaleza jurídica es por tanto internacional y no constitucional. 
Por ello, el Estatuto europeo de los diputados es un abuso de autoridad política contra los textos jurídicos en los que se fundamenta nuestra existencia. 
Éste es el primer elemento de una constitución federal europea que se pone en práctica de forma subrepticia, clandestina. 
Eso es el colmo para un Parlamento. 
Una asamblea, efectivamente, representa a un pueblo. 
Ahora bien, aquí, la Asamblea europea, a espaldas del pueblo, le impone progresivamente una constitución federal que depende de su competencia. 
Esto es tanto más grave en la medida que, remunerados con cargo al presupuesto europeo y abonándole un impuesto, los diputados nacionales ya no tendrían con sus pueblos el vínculo de las finanzas ni de la fiscalidad. 
¿Cómo podrían esos diputados representar a su nación de origen cuando poco a poco sus vínculos con ella se diluyen? 
Hoy, el Estatuto de los diputados europeos, ya la moneda europea, mañana el estado europeo. 
Hemos votado a favor de la enmienda presentada por el Grupo Liberal acerca de la cuestión de los salarios y las indemnizaciones del Parlamento porque es la única posibilidad de alcanzar una reforma tan trabajosa y exigida como es ésta. 
Creemos que no se puede seguir aplazando más dicha cuestión y que es necesario poner en práctica esta imprescindible reforma antes de que el nuevo Parlamento emprenda nuevamente sus trabajos. 
Consideramos que los puntos fundamentales de esta reforma son una remuneración única, una imposición fiscal nacional y el reembolso de los gastos de viaje con arreglo a los gastos reales. 
Desde el comienzo he pedido que se cree una tarjeta especial de viaje como la que existe en el parlamento sueco. 
Como parlamentarios, debemos recibir el reembolso de nuestros verdaderos costes de viaje. 
Es necesario que haya un Estatuto del Parlamento Europeo que cambie el absurdo sistema actual. 
Una exigencia esencial es, tal como Suecia lo ha planteado en el Consejo, que se paguen impuestos nacionales en lugar de impuestos comunitarios. 
Comparto esa opinión. 
En reiteradas oportunidades he manifestado que opino que nuestros sueldos deben ser iguales a los de los parlamentarios suecos. 
Ahora es importante que se presente una propuesta rápidamente. 
El Grupo Conservador y el Socialdemócrata han puesto en peligro hoy con su actitud la credibilidad del Parlamento Europeo al rechazar la propuesta del Grupo Liberal para un Estatuto de los diputados. 
En esta conducta han tenido un papel preponderante las argucias abogaciles y las manipulaciones. 
Con la propuesta liberal habríamos podido ir a las elecciones con la bandera en la cima y demostrar que hemos hecho limpieza no sólo en la Comisión Europea sino también en nuestra propia casa. 
La propuesta del Grupo Liberal era realista y habría posibilitado alcanzar unanimidad con el Consejo de Ministros antes de que el Parlamento suspenda sus actividades por las elecciones. 
Los Grupos que apoyaron el rechazo tanto de la propuesta liberal como de la del Consejo de Ministros, son responsables de que no se realicen las reformas. 
En cambio, queda una dudosa propuesta sobre reembolso de gastos de viaje. 
Durante toda la tramitación el Grupo Liberal ha abogado por un calendario de reformas. 
En esto también sentimos desaliento porque determinados Grupos a última hora se mostraron intransigentes y no estuvieron dispuestos a hacer reformas. 
El borrador de estatuto contenía muchas cosas provechosas: un sueldo uniforme que habría posibilitado el pago de impuestos nacionales en los países que así lo hubiesen deseado, reglas claras sobre declaración de los intereses de los diputados, transparencia en materia de reembolso de gastos y reembolso de los costes reales de viaje. 
El Parlamento Europeo también habría podido fortalecer su legitimidad siendo un parlamento que no aprueba sus propios sueldos en solitario. 
Me he abstenido en relación con el Informe Rothley, porque considero que no es éste el momento de aprobarlo, como tanto deseaba. 
Las listas ya están elaboradas y los diputados potenciales verán modificadas las normas de funcionamiento sin poder participar en esa votación. 
Por tanto, considero que urge aprobar lo antes posible el Estatuto del diputado al Parlamento Europeo después de la reapertura del Parlamento en el próximo mes de julio. 
Voté en contra de la resolución sobre el estatuto de los diputados. 
La consideración fundamental que me ha llevado a hacerlo es simple. 
Estoy harta de que por ser diputada del Parlamento Europeo se me cuestione y se me ataque, en sentido figurativo, continuamente y en cualquier lado por nuestros honorarios, nuestros gastos de viaje y otras cuestiones parecidas. 
El estatuto sobre el que el Consejo ha alcanzado un compromiso político no es perfecto. 
Entiendo a los colegas que lo critican. 
Sin embargo, para mí todas estas imperfecciones pesan menos que mi deseo de hacer borrón y cuenta nueva para la próxima legislatura y de comenzar con la perspectiva de no tener que gastar más tiempo en las decisiones sobre nuestro propio estatuto. 
Por eso estaba dispuesta a adoptar como nuestro el texto del Consejo. 
De todas formas, es una ley de la física que cuando el péndulo haya alcanzado su extremo en un lado, a continuación se inclina hacia el lado contrario. 
Dignidad también es: trabajar en tu credibilidad. 
Informe Kuhn (A4-0224/99) 
Señora Presidenta, naturalmente hemos luchado a favor del Informe Kuhn. 
Habríamos deseado que la prestación de garantía se hubiese prolongado hasta 5 años pues habría significado la introducción de facto del principio de sostenibilidad. 
Esto habría significado que los fabricantes diesen más importancia a los productos de larga duración. 
Lo que lamento mucho en el compromiso es el hecho de que los Estados miembros a la hora de aplicar las directrices tengan la posibilidad de introducir una reclamación de dos meses. 
Voy a pedir también al Gobierno federal alemán que no haga uso de ello; ya lo ha anunciado. 
Supondría un amargo retroceso para la protección del consumidor. 
Pues ¿cómo puede ser que, por ejemplo, alguien de Francia compre en Alemania confiando en que exista la garantía de dos años pero que luego tenga que constatar que tenía que haber realizado una reclamación al cabo de dos meses ya que había realizado la compra en Alemania? 
Creo que este no es el objetivo que hemos perseguido con este informe. 
La Sra. Kuhn lamenta también este punto. 
No obstante, es un paso en la dirección correcta. 
Sólo puedo desear que muchos Estados miembros no hagan uso de esta posibilidad de la reclamación en dos meses pues así los consumidores tendrían la posibilidad de prolongar la garantía a dos años. 
Me parece muy positivo que también por primera vez hayamos logrado establecerla para un año para los bienes de consumo; esto significa un paso hacia más sostenibilidad y mayor protección del consumidor. 
En cualquier caso, espero que esto signifique también que no hagamos uso de esa reclamación de dos meses, pues en muchos bienes se constata solamente pasados los dos meses. 
En este caso, los consumidores no tendrían mucho de esta garantía de dos años. 
Sólo puedo apelar para que no se aplique. 
No apoyo la posición común sobre esta directiva. 
Creo que una directiva sobre el tema está justificada si aporta ventajas reales a los consumidores que compran bienes de consumo en el extranjero, pero esta directiva no lo hace. 
Creo que la directiva no aborda satisfactoriamente la situación en que un consumidor compra bienes de consumo en un país que no es el propio y al llegar a casa descubre que los bienes están defectuosos. 
En una situación semejante, el comprador debe devolver el producto en el lugar de la compra para que se le devuelva su dinero, se repare el producto, etc. Habría sido mucho mejor- y habría aportado auténticas ventajas a los consumidores- si éstos tuvieran derecho a negociar dicha compensación o reparación, etc, con un representante de la empresa- en caso de que exista- en su país de residencia. 
Tal como está, la directiva trata sobre este problema únicamente a través de la esperanza, expresada en el considerando 13, de que los productores de bienes de consumo comercializados en varios Estados miembros incluyan las direcciones de contacto en dichos Estados; luego está también la perspectiva de una futura revisión de la directiva, contemplada en el considerando 20. 
La directiva puede por tanto despertar expectativas de unos derechos transfronterizos del consumidor que no cumple. 
Otro problema con la directiva es el modo en que aborda los bienes de consumo de segunda mano. 
En virtud del apartado 3 del artículo 1, los Estados miembros pueden exonerar dichos bienes que se venden en subastas en el caso de que los consumidores tengan la oportunidad de asistir personalmente a la venta. 
Pero el considerando 16 es muy confuso: dice que la naturaleza de los bienes de segunda mano suele hacer imposible su sustitución, por lo que el derecho del consumidor a una sustitución generalmente no existe en el caso de dichos bienes. 
Más adelante dice que en el caso de dichos bienes, los Estados miembros «pueden permitir que las partes acuerden un período menor de responsabilidad» , es decir, menor de 2 años. 
A mi entender, esto significa que los bienes de consumo de segunda mano, salvo aquéllos vendidos en subasta, están cubiertos por la directiva, y que existirá algún tipo de garantía para el consumidor, a pesar de que los Estados miembros puedan decidir que dicha garantía será inferior a 2 años. 
Me pregunto si el Consejo ha considerado las repercusiones de esta medida sobre el mercado de segunda mano. 
¿Qué regateos se producirán ahora sobre el «período más corto de responsabilidad»? 
¿Añadirá este tipo de regateo una nueva dimensión a las ventas de objetos expuestos en el maletero de un coche (que no son subastas) , en las que los abogados instalarán sus mesas para resolver conflictos? 
Si el derecho del consumidor a reparación, etc. no está «generalmente garantizado» en lo relativo a los bienes de consumo de segunda mano, ¿especificará cada Estado miembro en qué casos está garantizado? 
Si es así, asistiremos a la aparición de 15 sistemas diferentes. 
Espero con interés asistir a la evolución de este asunto, pero no puedo dar mi apoyo a la directiva en su estado actual y por ello me he abstenido en la votación final en que se ha aprobado el texto. 
Hoy votaré a favor de que se concedan mayores garantías a los consumidores de la Unión Europea. 
Uno de los principales logros de la Unión Europea ha sido la creación del mercado único en Europa, que abarca a más de 370 millones de personas. 
Gracias a lo cual, las empresas, los empleados y los consumidores de mi circunscripción del North West se benefician de un mercado más de ocho veces mayor que el del Reino Unido. 
Un mercado mayor genera más comercio y más comercio genera más puestos de trabajo. 
Los consumidores se benefician de una mayor elección y de unos precios más competitivos. 
No obstante, quiero garantías de que cuando mis electores se beneficien del mercado único y compren en el extranjero, gocen del mismo nivel de protección del consumidor que en Gran Bretaña. 
Quiero que tengan los mismos derechos a recibir reparación, sustitución, reducción o devolución de su dinero en Milán como en Manchester. 
En una palabra, quiero que los compradores transfronterizos se conviertan en compradores fronterizos contentos. 
El Gobierno Laborista se ha comprometido desde hace mucho tiempo con la idea de facilitar más información a los consumidores, para que éstos puedan elegir con conocimiento de causa los productos que compran, y el derecho a recibir reparación en caso de algo salga mal. 
Bajo la Presidencia británica, por ejemplo, logramos introducir un acuerdo muy esperado sobre las garantías para el consumidor por el que se establecen los derechos del consumidor cuando éste compra bienes de consumo en cualquier punto del mercado único. 
Algo que contrasta fuertemente con los Conservadores, quienes durante la crisis de la EEB, paralizaron la UE en vez de proporcionar la debida protección a los consumidores. 
Informe Oomen-Ruijten (A4-0190/99) 
Aumenta la oferta de servicios financieros a distancia por medio de Internet, fax y teléfono. 
La Comisión ha presentado una propuesta sobre mejoramiento de la protección a los consumidores para este tipo de compras a distancia. 
La propuesta de la Comisión comprende normas fijas de las que los países miembros no se pueden apartar. 
Una pequeña minoría en la comisión apoyó esta línea que sería desastrosa para Suecia y para otros países miembros. 
Significaría que no podrían mantener las normas que van más lejos en la protección al consumidor. 
Por el contrario, la propuesta tiene que construirse sobre la base de reglas mínimas, que posibiliten a los países miembros el mantenimiento de sus normas más estrictas y les den libertad para hacerlas aún más rigurosas si así lo desean. 
Informe Sandbaek (A4-0225/99) 
Como Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, nos alegramos mucho de que hayamos logrado hacer vinculante para toda la Unión Europea que los alimentos para bebés y niños pequeños tengan que estar libres de pesticidas. 
Esto no es sólo un gran éxito para la protección del consumidor sino una importante aportación para la ecologización de la política agrícola. 
Naturalmente, es también un gran éxito en el balance de nuestro grupo político, pues la enmienda del Grupo de los Verdes ha sido la única que ha obtenido una mayoría absoluta y que ha hecho que la Comisión y también el Consejo se muevan. 
Si establecemos aquí el principio de prevención, es una resolución que en nuestra opinión debería ampliarse razonablemente a los niños en edad escolar y a los jóvenes. 
Esto conducirá también a que recapacitemos a fondo sobre el concepto de ADI, pues este principio parte de la medición de las sustancias dañinas en una persona media de 80 kg de peso. 
En consecuencia, no se puede garantizar la prevención sanitaria precisamente para los niños, personas débiles y enfermos. 
Pero nos alegramos muy en especial de que por primera vez se haya logrado prescribir de modo vinculante para todos los Estados miembros de la UE el estándar más elevado posible, es decir, el valor límite cero, lo que de facto significa una agricultura biológica. 
Hemos mostrado que no se debe armonizar a la baja con el mínimo denominador común sino que es perfectamente posible establecer de modo vinculante el estándar más elevado para todos los Estados miembros de la UE. 
Precisamente la prevención para los más pequeños en la sociedad tiene que ser importante para nosotros. 
Hemos logrado establecer aquí el principio de prevención y esperamos que lo logremos también en otros casos. 
A mi derecha se sienta mi colega Irene Soltwedel-Schäfer, quien ha tenido precisamente hoy como invitados a afectados por el escándalo de la EEB. 
Sólo puedo apelar para que si hacemos en este caso vinculante el principio de prevención, apliquemos el mismo baremo a otros muchos campos. 
Conflicto entre la Unión Europea y los Estados Unidos 
Señora Presidenta, la Organización Mundial del Comercio ha fijado para el 13 de mayo próximo la fecha tope para que los europeos levanten el embargo que ellos han impuesto a las importaciones de carne americana tratada como hormonas y principalmente la STB. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones exhorta a los responsables europeos a mantener este embargo de la STB, que es una hormona producida por bacterias genéticamente modificadas y altera de manera clara la salud del ganado vacuno y de manera muy probable la salud de las personas que la consumen. 
Hemos de aplicar aquí el principio de precaución como es preciso aplicarlo también contra todos los organismos genéticamente modificados cuya importación a Europa ha autorizado, imprudentemente, la Comisión. 
Pero es preciso llegar más lejos, analizar las responsabilidades en la presente situación y formular propuestas de corrección. 
Hemos de constatar que las reglas del comercio internacional que aplica la OMC y que nos impiden utilizar a propósito el principio de precaución, se han visto ratificadas en los acuerdos de la Ronda Uruguay por los propios europeos, extraviados ellos mismos por malos consejeros, como la Comisión, demasiado influenciada sin duda por intereses extranjeros. 
Es eso lo que hay que corregir en primer lugar mediante la reforma institucional y en las propias negociaciones internacionales. 
Ahora bien, me he asustado al oír al Comisario Leon Brittan, en el debate de anteayer por la noche, que no dio muestra de arrepentimiento y consideró las leyes de libre cambio casi como leyes divinas, superiores a todo. 
Más terrible aún, el Presidente propuesto de la próxima Comisión, Romano Prodi, declaró ayer por la mañana ante este hemiciclo que las inmediatas negociaciones internacionales deberían abrir «un nuevo ciclo de liberalización». 
Estas personas no han entendido nada. 
Con ellas vamos a una catástrofe. 
Lo necesario en este momento, por el contrario, es establecer en el comercio internacional la libre elección de los pueblos y la primacía de las soberanías nacionales democráticamente expresadas. 
Señora Presidenta, nosotros también nos alegramos de que la UE se haya pronunciado con toda claridad en favor del embargo de la carne tratada con hormonas. 
Personalmente, me parece muy lamentable que la Comisión haya encargado tan tarde este estudio. 
Sabemos desde hace años que al menos una hormona es sospechosa de ser cancerígena y que las otras hormonas tienen unos efectos muy negativos precisamente para los jóvenes en la pubertad. 
Sabemos, y esto es totalmente decisivo, que los consumidores no quieren carne con hormonas. 
Los consumidores quieren alimentos sanos y naturales. 
Por ello, esta decisión es muy positiva, pues habría supuesto un paso hacia atrás si solamente hubiésemos realizado un etiquetado, como lamentablemente hemos hecho en el caso de los novel food, a pesar de que los consumidores se han pronunciado en contra de alimentos manipulados genéticamente. 
La Comisión proyecta también prorrogar la moratoria para la hormona del crecimiento elaborada mediante ingeniería genética para el ganado vacuno. 
Aquí sería por fin necesario pronunciar también una prohibición, como ya ha hecho Canadá. 
Todos los estudios realizados por el Comité Científico muestran el peligro que conlleva el trato con hormonas de los animales. 
Hay otras muchas indicaciones que podrían avalar esto. 
No debemos seguir admitiendo que la OMC solamente se refiera a la problemática de los residuos, pues los consumidores, al decidirse a comprar algo, tienen el derecho a pronunciarse también en contra de un determinado tipo de producción. 
Por ello, es muy de saludar que la Comisión haya adoptado esta decisión. No obstante, en el pasado deberíamos haber nombrado ya con mucha más claridad los peligros para la salud. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero expresar mi alegría por poder emitir mi explicación de voto durante su última Presidencia. 
Me ha impresionado mucho ver cómo esta Asamblea le ha expresado su simpatía. 
También me alegra el hecho de que en esta Asamblea hayamos exigido unánimemente con 525 votos- lo que ocurre en raras ocasiones -, que se mantenga la prohibición de la carne tratada con hormonas. 
En la Comisión de Agricultura se presentó una propuesta que apuntaba en el sentido de dar preferencia al etiquetado si bien pudimos darle la vuelta mantenimiento la prohibición. 
Ahora los resultados científicos han confirmado nuestros temores. 
El resultado de 525 votos va a impresionar a la Comisión de tal modo que va a mantener la prohibición de las hormonas y va reiniciar la pugna en el panel de la OMC para mostrar claramente que no queremos imponer a nuestra población esta peligrosa carne tratada con hormonas. 
Muchas gracias y mis mejores deseos. 
Le doy las gracias, señor Graefe zu Baringdorf, por las palabras tan delicadas que me ha dedicado. 
En los últimos años hemos asistido a sucesivas posiciones de la Organización Mundial del Comercio en asuntos relativos al comercio de bienes agrícolas y alimentarios y a la extraña coincidencia de esas posiciones con los intereses y presiones de los Estados Unidos de América. 
En el caso de la carne tratada con hormonas y de la comercialización de las simientes de producción genética (organismos genéticamente modificados- OGM) ni siquiera se permite a la Unión Europea respetar la sensibilidad de sus consumidores. 
Es cierto que ese tipo de argumento es a veces utilizado para encubrir métodos comerciales proteccionistas. 
Pero no es ése el caso de la Unión Europea en la coyuntura actual, ya que la EEB ha hecho tambalearse profundamente la confianza de los consumidores. 
Ahora bien, eso obliga a las autoridades europeas a adoptar precauciones en el sentido de respetar esa sensibilidad, que existe en Europa con una intensidad que no se ve en otros puntos del mundo. 
Existen implicaciones de los nefastos efectos del consumo de carne tratada con hormonas en la salud y sospechas de que se ocultan algunos resultados científicos con vistas a las decisiones políticas de la UE. 
Por eso, la UE debería mantenerse firme en su posición de que deben estar sobre la mesa todos los datos científicos. 
Ante la insensibilidad de la OMC a ese respecto, no podemos por menos de pensar que las normas de la OMC sobre la protección sanitaria y fitosanitaria (Acuerdo SPS) no sirven a ese fin y se debe modificarlas en la próxima ronda de negociaciones. 
En el caso de los plátanos, no se permite a la UE hacer una concesión comercial a países pequeños que fueron sus colonias (países ACP) y en los que los plátanos representan el pilar principal de sus economías, lo que resulta particularmente grave porque esa política de la UE se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Lomé, que datan de 1963, y son, por tanto, muy anteriores al actual Acuerdo de Comercio Multilateral (Tratado de Marraquech- 1994). 
Y todo eso, ¿por qué? 
¿Porque los Estados Unidos son productores de plátanos? 
¡Claro que no! 
Por la simple razón de que parecen estar defendiendo a empresas suyas que tienen el monopolio del comercio de los plátanos y hacen la competencia a los países ACP: el llamado plátano «dólar». 
Por otro lado, si la OMC obligara a la UE a liberalizar totalmente el comercio de plátanos, podríamos abrigar la certeza absoluta de que tarde o temprano se acabaría con el régimen de apoyo a los productores comunitarios de plátano. 
Pido a la Comisión que se mantenga firme en la defensa de nuestros intereses, sin miedo a afrontar las presiones internacionales. 
Y que tome debida nota de todos esos casos para adoptar las precauciones necesarias en la próxima ronda de negociaciones de la OMC. 
Europa ha de ser firme con Estados Unidos en la cooperación trasatlántica. 
Es preciso romper con la manera como está pensada en la actualidad la liberalización de los intercambios, sin reglas sociales y medioambientales, y es preciso contrarrestar la hegemonía política, económica y monetaria de Estados Unidos, que termina imponiendo el interés de las empresas americanas como un pseudo interés general. 
La cuestión de las hormonas en la carne muestra que no se toman en cuenta las exigencias de salud y protección de los consumidores y la escasa importancia del «principio de precaución» frente a los intereses económicos dominantes. 
Europa ha de continuar con su prohibición- el litigio sobre las particularidades sonoras de los aviones muestra el rechazo de tomar en consideración las mejores normas medioambientales. 
La cuestión social, si bien aparece con menos nitidez en los conflictos comerciales se ve, desafortunada y sistemáticamente perjudicada en la lógica de la apertura del mercado tal como prevalece en estos momentos, es decir, sin normas sociales y ambientales. 
El caso del plátano revela que el interés de las firmas multinacionales cuenta mil veces más que el desarrollo de los pueblos, y el mercado gana la mano a las necesarias solidaridades que hay que desarrollar en el seno de una comunidad política. 
Hemos de observar además que los «trusts» agroalimentarios americanos obtienen gigantescos beneficios del cultivo del plátano en América latina sin que las personas de esos países vean mejorar su situación. 
Ha llegado el momento de basar los necesarios intercambios internacionales y la apertura de los mercados con otros principios, con otro marco que el que dictan la OMC, el GATT o la nueva cooperación trasatlántica. 
Los tres conflictos que tenemos actualmente entre la Unión Europea y Estados Unidos con respecto a la Organización Mundial del Comercio son relativos al sector del plátano, de la carne con hormonas y del ruido de los aviones en el despegue y en el aterrizaje. 
Si bien estos tres conflictos sólo representan una parte mínima de los intercambios comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, son ejemplares en cuanto a las consecuencias económicas, políticas y sociales. 
Efectivamente, en lo que respecta al conflicto relativo al plátano, en nombre del liberalismo y de la globalización de los intercambios, los Estados miembros de la Unión Europea pierden su capacidad para operar una política específica y privilegiada con algunos países en vías de desarrollo con los cuales manteníamos intercambios históricos. 
Las consecuencias sociales en algunos de esos países son muy importantes: los Estados miembros de la Unión Europea pierden progresivamente, tras la OMC, su círculo de influencia con respecto al continente africano en especial, y ello en beneficio del continente sudamericano cuyos recursos agrícolas son explotados o valorizados en gran parte por empresas dominadas por capitales americanos. 
Con respecto a la comercialización de las carnes con hormonas, además de las consecuencias que podemos conocer en términos de desequilibrios de producción en una actividad agrícola estructuralmente excedentaria y muy fragilizada tras la crisis de la EEB, las consecuencias para la salud humana del consumo de carne con hormonas están lejos de ser desdeñables aunque sean conocidas parcialmente. 
Sabemos por ejemplo que el consumo de carne con hormonas tiene consecuencias nefastas para el desarrollo de los adolescentes en la fase de la pubertad. 
La Organización Mundial del Comercio, tal como ha sido negociada por la Comisión e impuesta a los Estados miembros, se burla del principio de precaución y seguridad sanitaria que cada Estado ha de poder mantener para preservar la seguridad de sus nacionales. 
A partir de estos dos ejemplos, sólo podemos constatar que los acuerdos del GATT que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio son perjudiciales para los intereses de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Yo solicito una reorganización completa del funcionamiento de la OMC, y ello en el marco del nuevo ciclo de negociación que se va a iniciar a finales de año. 
Es necesario establecer el principio de comercio equitativo entre la Unión Europea y los países terceros y restablecer el principio de precaución. 
Después de la carne con hormonas sabemos todos que los Estados Unidos atacarán a la Unión Europea con el asunto de los organismos genéticamente modificados. 
Informe Spencer (A4-0242/99) 
Señora Presidenta, he votado en contra del Informe Spencer sobre la política exterior y de seguridad común. 
Es una prueba más de la tendencia hacia la militarización de la Unión Europea. 
Este informe habla de apoyar la Declaración franco-británica de St. Malo y también de la pronta integración de la Unión Europea Occidental en la UE. 
Es evidente que la Unión Europea Occidental es una alianza militar. 
Dicha alianza cree en armas nucleares y se siente comprometida con las mismas como elemento de disuasión. 
Cabría pensar que a finales del siglo XX deberíamos intentar deshacernos de estos bloques militares, porque, a mi modo de ver, no son importantes. Estamos infundiendo nueva vida a la Unión Europea Occidental, que en realidad debería haber desaparecido el año pasado. 
En mi país nos aseguraron una y otra vez que la Unión Europea no sería militarizada, y sin embargo, son muchos los informes que han pasado por este Parlamento durante los cinco años que he estado aquí que indican claramente que la UE avanza en esa dirección. 
No creo que ningún tipo de militarización de la UE beneficie a la población en general, ni de Europa ni del mundo. 
Lo que estamos haciendo es crear un nuevo bloque militar y no creo que sea una buena idea. 
Los gobiernos de la UE deben ser sinceros con su electorado, especialmente en países neutrales como el mío, y decir: «Esto es lo que está sucediendo realmente. 
¿Están ustedes a favor o en contra?» 
Es evidente que si no hacemos algo ahora, en esta fase, a la UE se le añadirá un aspecto de defensa. 
Helmut Kohl dijo que creía que a final del camino, a la Unión Europea le esperaba un ejército europeo y un cuerpo policial europeo. 
A la opinión pública no se ha dicho nada de eso, y habría que decírselo. 
Estoy fundamentalmente en contra de cualquier tipo de ejército europeo, de un cuerpo policial europeo o de una identidad de defensa europea en el seno de la UE. 
La PESC, inaugurada por el Tratado de Maastricht, ha vivido dificultades para encontrar sus signos distintivos. 
Durante demasiado tiempo ha sido casi inexistente y Europa ha hecho de enano político en la escena internacional adoptando posiciones minimalistas. 
Los informes del Sr. Spencer nos muestran que la Unión Europea comienza a afirmarse como potencia política y expresan con claridad la idea de que el Parlamento Europeo manifiesta la voluntad de aportar su contribución en este ámbito. 
Si bien es evidente que la acción política de la Unión Europea es aún insuficiente, y es especialmente flagrante en materia de seguridad y de defensa, es preciso sin embargo hacer algunas matizaciones en este sentido a la luz de los recientes acontecimientos de Kosovo. 
La Unión Europea ha sabido adoptar iniciativas, como ha demostrado la organización de la Conferencia de Rambouillet. 
Sabe hacer oír su voz y no tiene un papel secundario con respecto a Estados Unidos. 
El Tratado de Amsterdam permitirá dar un nuevo impulso a la PESC. 
El nombramiento de un alto representante de la PESC dará una mejor visibilidad a esta política y una mayor eficacia. 
Apoyo la idea del ponente según la cual se debería organizar una audición en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores antes de que este alto representante asuma sus funciones. 
Por otra parte, el nuevo instrumento de estrategia común permite dar orientaciones fundamentales a la PESC. 
El Consejo Asuntos Generales debería adoptar una estrategia de este tipo con respecto a la Federación Rusa y someterla al Consejo Europeo de Colonia. 
Suscribo totalmente este calendario y la urgencia no permite aplazar esta adopción. 
La crisis que atraviesa la Federación Rusa, tanto en el plano institucional como en el económico y social, no autoriza ningún plazo. 
Los acontecimientos de Kosovo abogan por el establecimiento de un diálogo intensivo con la Federación Rusa. 
Esta última tiene una función incuestionable en la arquitectura europea de defensa. 
Se trata de un elemento clave de la estabilidad en el continente europeo. 
El Parlamento Europeo debería ser consultado sobre el contenido de esta estrategia. 
Al no estar previsto en el Tratado de la Unión Europea, deseo, como el ponente, la elaboración de un acuerdo interinstitucional que prevea esta consulta. 
Me sumo a su indignación cuando se trata de hacer balance de los poderes del PE en esta materia. 
Las modificaciones aportadas por el Tratado de Amsterdam no cambian en nada esta constatación. 
Con excepción de la financiación de la PESC, el PE sigue instalado en una función de información y consulta. 
La Presidencia del Consejo no ha presentado a tiempo al PE su informe anual sobre los principales aspectos y decisiones fundamentales de la PESC. 
Eso basta para ilustrar la falta de voluntad de asociar al PE a esta política. 
La política exterior y de seguridad común ha naufragado. 
Inglaterra y EE.UU. han tomado a menudo su propio camino en el asunto de Iraq. 
La UE no ha podido resolver los conflictos de Bosnia, de Kosovo ni de Turquía (Kurdistán). 
La UE debe dar menos importancia a la política exterior y de seguridad común y concentrar, en cambio, todas las fuerzas para prevenir conflictos en la UE y sus alrededores. 
No debe existir una PESC. 
Lleva por caminos equivocados. 
La UE no es ni llegará a ser un estado. 
Opino que la UE debe fundamentarse en la colaboración entre estados. 
Una colaboración de esta naturaleza no puede tener una defensa común. 
Por el contrario, debemos cooperar más allá de los límites de las naciones para prevenir conflictos. 
Los seres humanos siempre vivirán con conflictos, lo importante es cómo se les afronta. 
Hay conflictos que tienen su origen en contradicciones de tipo social, étnico o religioso. 
Los hay también que no se pueden resolver con medios militares sino que requieren soluciones políticas, económicas o diplomáticas. 
La seguridad sólo se consigue con la cooperación; debe ser igual para todos y cimentarse en los principios de igualdad y justicia. 
La colaboración, la transparencia, la confianza y el desarme nos proporcionan mayor seguridad, pero una verdadera seguridad también tiene que comprender la seguridad frente a las amenazas de hambre, de enfermedades y de opresión. 
Informe Spencer (A4-0219/99) 
El informe contiene muchas y buenas intenciones y por esta razón merece una votación positiva. 
Sin embargo, su significación nos parece irrisoria. 
Como prueba, un pasaje emblemático: «el examen de la estrategia común con respecto a Rusia se inscribe en un contexto político que se ha modificado con la intervención armada de la OTAN contra la Federación Yugoslava. 
Es preciso añadir la decisión del Congreso de Estados Unidos de desarrollar, bajo ciertas condiciones, un sistema de defensa antimisiles que, desde el punto de vista ruso, pondría en tela de juicio el Tratado ABM». 
¿Qué puede decir el ponente frente a estas dos acciones nefastas de Estados Unidos? 
«Todos estos desarrollos abogan por un diálogo intensivo entre la Unión Europea y la Federación Rusa». 
Por parte americana, hechos. 
Por parte europea, palabras. 
No hay nada que muestre mejor la impotencia de Europa frente a la superpotencia americana. 
Ahora bien, ésta ha aprovechado tanto el corte en dos de Europa desde 1945 que parece estar trabajando con el fin de crear las condiciones para un nuevo corte, en esta ocasión entre Europa Occidental por un lado y la Europa ortodoxa por el otro. 
Los actos inamistosos con respecto a la Europa de civilización ortodoxa son incontables- desprecio, acusación de chovinismo, ignorancia total de una cultura en parte diferente- y el bombardeo de Serbia es un síntoma de esta actitud. 
Parece que se intentara provocar un corte nuevo en el seno de Europa que no pudiera evitarse. 
Para los países europeos se trata de rechazar esta lógica, con el apoyo y la cooperación recíproca de la Federación Rusa en el interés de la paz y de la prosperidad de todos. 
Nos hemos abstenido de votar en la votación final de este informe. 
Estamos de acuerdo con la orientación política de que todos los Estados miembros de la UE deben desarrollar y fortalecer sus relaciones políticas y económicas con la Federación Rusa puesto que el desarrollo en Rusia tiene relevancia para toda Europa. 
Es fundamental en esta estrategia que se contribuya a desarrollar la democracia en Rusia. 
Sin embargo, opinamos que la política neoliberal alentada por occidente, ha contribuido a crear en Rusia graves problemas sociales, tales como desempleo y crecientes diferencias sociales. 
El desarrollo de las relaciones con Rusia debe, por tanto, fundamentarse en una política que ayude a fortalecer la democracia y a reducir las diferencias sociales en el país. 
Este informe tiene como idea central que la UE debe fortalecer la política exterior y de seguridad común, algo a lo que nos oponemos. 
Creemos que un desarrollo de esta naturaleza ata a los países no alineados, por ejemplo a Suecia, disminuyendo sus posibilidades de actuar independientemente, lo que es desventajoso para la seguridad común en Europa y en el mundo. 
Por los motivos anteriormente expuestos, optamos por abstenernos en la votación final. 
Informe Müller (A4-0227/99) 
Nuestro colega Müller ha redactado un excelente informe sobre las previsiones para el Presupuesto 2000. 
Con gusto hacemos nuestras muchas de las recomendaciones del informe. Por tanto, hemos votado a favor de él. 
Con razón, el ponente opta por una estricta política presupuestaria. 
Sólo se admite la ampliación de plantilla en algunos casos bien motivados. 
Para reducir la carga de los intereses deberán amortizarse los edificios en el menor plazo posible. 
Además, el ponente rechaza las subvenciones directas a través del presupuesto de la UE para el equipamiento y la explotación de un supermercado y de los servicios de catering de los edificios del Parlamento. 
Todos ellos recomendaciones que apoyamos de buen grado. 
Sin embargo, deseo apuntar algunas connotaciones críticas. 
Apoyamos el giro hacia una nueva política de personal donde se produzcan las promociones según prestaciones. 
Esto aumentará la motivación. 
Sí es cierto que la gran cuestión es: ¿quién valora esas prestaciones? 
¿Puede ofrecerse alguna garantía de que esa valoración sea objetiva? 
Tenemos que deshacernos de los nombramientos políticos y de las distinciones por preferencias personales. 
La Comisión Santer se hundió a causa de favoritismos. 
Un barco varado es una baliza para otros. 
Por último, una observación sobre los salarios de los funcionarios. 
Si se acepta un estatuto para los diputados, se producirá una enorme discrepancia entre el nivel salarial de los parlamentarios y el de la escala superior de los funcionarios. 
Y no es que los diputados tengamos motivo para no estar satisfechos. 
Pero sí indica que los salarios de los funcionarios son exorbitantemente altos. 
Sería una buena cosa que se iniciara un debate también sobre esto. 
La sesión, interrumpida a las 13.48 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Agenda 2000 (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre la Agenda 2000. 
Señor Presidente, Señorías, con la Agenda 2000, el Consejo, la Comisión y el Parlamento quieren alcanzar tres objetivos. 
Primero: preparar a la Unión para la ampliación hacia el Este. 
Segundo: realizar una reforma de las políticas propias, especialmente en el sector de la agricultura y de los Fondos estructurales, por así decirlo, reactivar nuestras políticas y tercero: el aseguramiento de la financiación de estas políticas en los próximos siete años. 
El plan maestro que había presentado para ello la Comisión no ha pasado sin cambios los más de dos años de debates en el Parlamento y en el Consejo y reconozco que esto no ha sido ventajoso para el asunto en todos los puntos. 
Se mostrará que no hemos alcanzado totalmente los objetivos que acabo de mencionar. 
Sin embargo, es también cierto que nos hemos acercado mucho a ellos. 
El resultado de Berlín es un compromiso. 
El que se haya logrado es también un éxito de la Presidencia alemana del Consejo, en especial del Canciller Federal alemán. 
Cualquier compromiso, y naturalmente también el de Berlín, tiene partes satisfactorias y menos satisfactorias. 
Quizás en la Unión Europea sólo se pueda alcanzar el nivel máximo de satisfacción mediante el reparto uniforme de la insatisfacción. 
La Presidencia alemana también ha tenido éxito en esto. 
Pero también ha tenido éxito el Parlamento. 
Nunca había participado el Parlamento Europeo tan estrechamente en el logro de estas decisiones en un proyecto de reforma de tal magnitud. 
Entre la primera lectura de los informes en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo celebrado a finales de marzo en Berlín, el Parlamento ha influido y modificado el resultado en intensos debates y negociaciones mantenidas también después de Berlín. 
Este resultado está sin duda algo alejado de nuestras exigencias y deseos. 
Sin embargo, vemos que el Parlamento Europeo ha logrado por primera vez modificar importantes puntos de una resolución del Consejo Europeo. 
Es un éxito nuestro que se cree una cuarta iniciativa comunitaria URBAN y que se dote también financieramente pudiendo contribuir así a la renovación económica y social en las regiones periféricas y en las ciudades. 
Quiero expresar aquí mi agradecimiento a la Comisaria, la Sra. Wulf-Mathies, por haber apoyado la posición del Parlamento Europeo en estas cuestiones, al igual que en una serie de otros puntos. 
No habríamos tenido este éxito si usted no hubiese estado de nuestro lado. 
Es un éxito nuestro si en el futuro la ordenación del territorio, las regiones apartadas y las islas son más tenidas en cuenta. 
Es nuestro éxito si la formación se fomenta más intensamente y es sobre todo nuestro éxito que se pueda elevar el instrumento de flexibilización. 
Nuestro éxito: la cláusula de revisión para la financiación de las futuras políticas, sobre todo en el campo de la política exterior y, cuando se trate de ello, proporcionar ayuda para la reconstrucción en las regiones azotadas de los Balcanes. 
Es nuestro éxito que la codecisión se haya podido lograr al menos en campos parciales de la política agrícola. 
Creo que el futuro Presidente de la Comisión puede agradecernos que se le pueda poner a disposición para nuevas tareas de la Comisión una cantidad considerablemente superior de personal que el que jamás ha tenido la antigua Comisión. 
La gran mayoría de mi grupo político va dar su voto afirmativo al Acuerdo Interinstitucional sobre la planificación financiera a medio plazo y, naturalmente, vamos a darlo también a las partes de la Agenda 2000 que precisan de nuestro asentimiento. 
Ya en noviembre de 1998 declaramos que vamos a hacer como Parlamento todo lo posible para que se apruebe la Agenda 2000 como paquete antes de la nueva elección del Parlamento y ahora vamos a poner en marcha esta Agenda 2000. 
Es la aportación irrenunciable para mantener la capacidad de actuación de la Unión en unos tiempos difíciles. 
Con nuestras resoluciones sobre la Agenda 2000 hacemos que la Unión Europea sea más segura para el futuro. 
Señor Presidente, en una época en la que cada vez gana más terreno el dogma de que puedes hacer política sin dinero, y especialmente política social, yo sigo insistiendo en la necesidad de una política esencial de cohesión económica y social en la Unión Europea. 
La cohesión política y social es uno de los principios básicos del Tratado de la Unión Europea y creo que todas las instituciones de la Unión deben mantenerse firmemente fieles a este principio básico. 
En este marco, debo decir que la Comisión Europea se movió en la dirección correcta en sus propuestas sobre la Agenda 2000 y quisiera, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, felicitar por su postura, y también por la que mantuvieron durante las negociaciones, a la Sra. Wulf-Mathies, al Sr. Fischler y al Sr. Flynn. 
Como todos sabemos, el Parlamento ya había dado forma a sus propuestas desde noviembre. 
Creo que hemos avanzado bastante más allá de las propuestas de la Comisión, y lo que éste había intentado era combinar dos objetivos: por un lado, la gestión eficaz de los recursos- un management eficaz- y por otro, poner énfasis allí donde se debe poner. 
Y por esta razón, desde el principio, solicitamos que se dieran las dos terceras partes de los recursos al objetivo 1, el cual incluye las regiones más pobres. 
Después de esto, señor Presidente, hubo negociaciones y llegamos a Berlín- hasta Berlín habíamos tenido distocia. 
Pero afortunadamente, se consiguió este compromiso en Berlín, al que sucedieron negociaciones entre el Consejo, el Parlamento y, por supuesto, la Comisión, que trajeron tres cambios positivos: el primer cambio concernía a la iniciativa comunitaria Urban; el segundo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, sobre las acciones por la cultura y el turismo, y el tercer cambio atañe al especial énfasis que el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional pone en las regiones insulares. 
Señor Presidente, el compromiso de Berlín no es para celebrarlo, como ningún compromiso, y mucho menos en mi país- debo hablar también como griego- ya que el Gobierno griego ha aceptado regulaciones que nos ponen al mismo nivel que España, Irlanda y Portugal, países que no son tan pobres como el mío y que ya participan en el euro. 
Sin embargo, un rechazo de este compromiso por parte del Parlamento, echaría todo a perder porque no permitiría el comienzo oportuno de los programas del tercer marco comunitario de apoyo el 1 de enero del año 2000. 
Recomiendo, pues, la aprobación del Reglamento, y mucho más ahora, que la mayoría de las posiciones que ha expresado el Parlamento Europeo, ya desde noviembre último, han sido aprobadas y se han logrado, este último mes, cambios positivos adicionales en las negociaciones con el Consejo. 
También quiero decir dos cosas sobre los fondos de preadhesión. 
Es lamentable que el Consejo haya excluido a Chipre. 
Es el único país candidato que ha sido excluido de la financiación de los Fondos de preadhesión. 
Espero que el compromiso del Sr. Van den Broek de examinar la posibilidad de que haya una línea especial en el presupuesto para la financiación de Chipre se haga realidad, porque no podemos tener dos pesos y dos medidas. 
Exclusiones de este tipo fomentan dudas sobre la voluntad real de que Chipre se anexione a la Unión Europea. 
Y hay que disipar estas dudas lo antes posible. 
Señor Presidente, cuando el Consejo Europeo de Berlín alcanzó un acuerdo, lo más importante fue que existía un acuerdo político. 
En aquellos momentos, el acuerdo era inaceptable para el Parlamento, pero en este momento histórico, ojalá que demos nuestra total aprobación a un acuerdo interinstitucional. 
Es histórico, porque nunca antes el Parlamento había logrado que el Consejo Europeo cambiara su posición, un hecho que refleja nuestra nueva situación. 
Tenemos con nosotros a tres Comisarios dimisionarios, y me gustaría decir sobre este punto que las propuestas originales sobre la Agenda 2000 demostraron coraje y visión por parte de la Comisión. 
Los resultados del Consejo Europeo no eran satisfactorios. 
Hemos obtenido unos resultados importantes. 
Sobre todo, por primera vez tenemos nuevas competencias en términos de gastos no obligatorios en agricultura. 
Sin duda es positivo para el Comisario Fischler. 
Hemos obtenido nuevas garantías sobre una nueva flexibilidad. 
No estamos demasiado contentos con el hecho de que el Consejo haya introducido enormes recortes en un ámbito en el que este Parlamento tiene competencias importantes- la Categoría 3. 
Al menos, hemos logrado, dentro de las restricciones actuales, la posibilidad de un nuevo ajuste por parte del Parlamento. 
En la Categoría 4- política exterior- existe el acuerdo de que tendremos la posibilidad de una revisión. 
La hipocresía del Consejo Europeo queda perfectamente patente por el hecho de que habrá que decidir sobre nada menos que 250 millones de euros para Kosovo en el plazo de dos semanas, lo que supone una utilización de más de las tres quintas partes de la base total para siete años. 
Esto demuestra, por consiguiente, que Berlín ya ha quedado desfasado. 
Pero votar en contra de un acuerdo interinstitucional en estos momentos sería un grave error. 
Por ello, el Grupo de los Liberales votará a favor del acuerdo interinstitucional, porque con ello no sólo lograremos más fondos, sino también más derechos y más paridad. 
La Comunidad Europea puede avanzar sobre esa base. 
Si votamos en contra del acuerdo, aparte de todas las demás dificultades, arrojaremos a la Unión Europea en una profunda fase de incertidumbre en unos momentos en que nos aproximamos a los retos del nuevo siglo. 
Señor Presidente, Señorías, todos los insulares de la Unión Europea se alegraron, la noche del 2 de octubre de 1997, al constatar que el Tratado de Amsterdam firmado por los Quince contenía las primeras menciones explícitas que reconocen institucionalmente los obstáculos estructurales y permanentes que sufren las regiones insulares y la necesidad de ponerles remedio. 
Desafortunadamente, menos de dos años después y cuando este Tratado entró en vigor el pasado sábado, es forzoso constatar que la reforma de los Fondos Estructurales para el periodo 2000-2006 no sigue la misma lógica que el nuevo Tratado. 
Mientras que una sólida base jurídica permitiría la puesta en práctica de una verdadera política integrada en favor de las regiones insulares por medio, principalmente, de los Fondos Estructurales, el Consejo y la Comisión han decidido otra cosa, pasando por alto además las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. 
Las regiones insulares han visto cómo se rechazaban categórica y metódicamente todas las posibilidades de trato específico excepcional. 
Incluso la modesta reivindicación de un apartado especial para la cooperación con y entre las islas en el programa Interreg III se ha visto rechazada. 
En la lectura de los reglamentos que se aprobarán mañana, parece que la causa de las regiones insulares no habrá conocido avance significativo con ocasión de esta reforma de los Fondos Estructurales. 
Por otra parte, es preocupante constatar que serán muy pocas las consideradas, a partir del año 2000 como necesitadas de apoyo en razón a su retraso de desarrollo. 
¿Es como decir que el Consejo y la Comisión consideran que las regiones insulares de la Unión han conocido un desarrollo económico tal que cuestiona la voluntad política, expresada un año y medio antes por la Conferencia de Amsterdam, de tomar en consideración de forma efectiva el hecho insular? 
¿Es como decir que los obstáculos estructurales permanentes expresamente reconocidos han desaparecido por encanto en el espacio de dieciocho meses? 
Sólo el reglamento relativo al FEDER hace referencia a la necesidad de ayudar a algunas islas y todavía, de forma especialmente difusa. 
Debo sin embargo agradecer al ponente, señor Varela, así como a los miembros de la Comisión de Política Regional, su comprensión y su apoyo en esta legislatura. 
Frente a un resultado tan pobre para la causa insular, es innegable que queda todo por hacer en la perspectiva de una consideración efectiva, y no solamente teórica, de la especificidad de las regiones insulares de la Unión. 
Pero yo confío en el Parlamento Europeo para continuar en la vía que mantiene desde hace años. 
El Consejo y la Comisión no podrán indefinidamente simular que no nos oyen. 
Señor Presidente, el marco de perspectivas financieras acordado en Berlín no es el indicado para suscitar particulares entusiasmos. 
No tanto, tal vez, por el cheque destinado o pedido a cada uno de nuestros países, sino seguramente por la solución restrictiva global adoptada y por el carácter precario que lo marca. 
Por lo demás, a la salida de Berlín, todos los países, todos los gobiernos, se declararon vencedores. 
Pero seamos objetivos: con semejante marco financiero no habrá ampliación hasta el 2006 o, si se quiere materializar y hasta esa fecha, habrá que ponderar de nuevo y profundamente las perspectivas, como también habría que ponderar de nuevo los respectivos cheques. 
Este marco financiero de medio plazo tampoco da respuesta a cuestiones tan destacadas como la realización del euro y, en particular, los posibles choques asimétricos o los previsibles resultados de las próximas negociaciones en el ámbito de la OMC. 
En este marco y, si bien nos gustaría apoyar e incentivar incondicionalmente el nuevo acuerdo interinstitucional por razones de principio y para garantizar la estabilidad y permitir la planificación, no es menos cierto que el compromiso que entraña en cuanto al marco financiero aprobado con las citadas características nos suscita algunas reservas, que aumentan más por la ausencia de una reforma profunda de la PAC, que propugnamos, o también por el tenor innegablemente limitativo de las normas que regularán algunos de los instrumentos relacionados con la cohesión, pero sobre esos aspectos se pronunciarán otros miembros de mi Grupo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, voy a comenzar con la parte positiva. 
Para la cohesión económica y social y, en consecuencia, para el núcleo del modelo social europeo, es de importancia existencial que se haya logrado concluir a tiempo el nuevo reglamento antes de finalizar el período electoral al Parlamento Europeo. 
De este modo, se garantiza la prosecución de las ayudas. 
El precio de ello es en cualquier caso muy alto. 
Los recortes financieros en el núcleo de la integración europea tendrán que compensarlos ahora las regiones con conceptos más inteligentes. 
Insto a la Comisión para que se tome realmente en serio su función de control y lleve a cabo en sus programas los objetivos marcados en el nuevo reglamento- desarrollo sostenible, fomento del empleo, fomento de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, mejora del medio ambiente y de las pequeñas y medianas empresas -, y que no retroceda de nuevo ante los Estados miembros. 
En el resultado de Berlín- ya se ha dicho hoy- se echa de menos la reforma esperada. 
Desde que el Parlamento ha ampliado los derechos de las ciudadanas y ciudadanos con un amplio principio de participación en el proyecto de reglamento- y sólo esto es la base para que la planificación se pueda aplicar también de modo sostenible -, el Consejo deja que este asunto de interés común lo decidan a su arbitrio los Estados miembros. 
Es aquí donde veo el mayor problema del nuevo reglamento. 
Al aplicar el Fondo a los conceptos de desarrollo integrados hay que superar el modo tradicional de pensar sobre los recursos. 
Hay posibilidades en el reglamento, pero entretanto conozco también las resistencias entre los Estados miembros. 
Esto significa que las iniciativas locales de desarrollo tienen que obtener créditos de FSE y del FEDER para que puedan realizar realmente su aportación a la lucha contra el paro. 
Con el nuevo reglamento sobre los Fondos estructurales se ha logrado proseguir la política de cohesión. 
Pero esto no es una reforma. 
La eficiencia, la simplificación administrativa y la concentración se han quedado en el camino. 
Han caído víctimas del llamado procedimiento del confesionario y de los regalos allí repartidos. 
La conclusión que extraigo al respecto es que si no se logra definitivamente colocar el interés europeo por encima de los intereses nacionales, no lograremos llegar a una política de cohesión económica y social realmente avanzada. 
Señor Presidente, señorías, hay un consenso de este Parlamento sobre la ampliación a los PECO y sobre la necesidad de la reforma de la PAC, y me permitirán insistir en este aspecto de Agenda 2000. 
Dicho de otro modo, este Parlamento, que representa a ciudadanos europeos, se ha pronunciado por nuestro modelo agrícola europeo, por una mayor equidad, por un desarrollo rural equilibrado, por una mayor calidad, por la protección del medio ambiente, como se desprendía del informe Cunha. 
Esta posición política es clara y en oposición con la idea de más estandarización, la de más asepsia, la de más competencia despiadada, que tira de los precios y las rentas de los agricultores hacia abajo, posición ultraliberal de los países del grupo de Cairns y de los Estados Unidos. 
Con la posición firme del Parlamento, que ha permitido que la Comisión retroceda a una posición menos intransigente gracias a la perseverancia y a la tenacidad de algunos Estados miembros, el compromiso es satisfactorio a corto plazo en cuanto al abandono de la cofinanciación, a una bajada de los precios agrícolas garantizados más moderada de lo previsto y al «statu quo» de las cuotas. 
Pero, ¿qué ocurre con el futuro? ¿La reforma permite responder a las pistas para una agricultura duradera presentadas por la Comisión, en contradicción con la propuesta modificada del apartado agrícola de Agenda 2000? żSe ha reforzado la cooperación entre la Unión Europea y los países ACP? 
El desarrollo rural, que afecta al 80 % del territorio de la Unión, ¿tiene el lugar que merece? ¿Está favorecido en las regiones insulares y mejor dotado en el plano presupuestario? 
Los desequilibrios conocidos de la PAC en el plano social y medioambiental, la dualización de la agricultura, ¿se combaten realmente? 
Las ayudas agrícolas, ¿están mejor repartidas y protegen mejor el medio ambiente? 
No, no, no y no. 
Al separarse de la política de apoyo a la agricultura por medio de los precios, al comprimirse hacia una nacionalización, fragilizándose por un nuevo aumento de las ayudas directas a la renta, Europa se aleja cada vez más de su misión y de los principios fundadores del mercado común agrícola. 
Más grave aún, ésta socava los fundamentos de su cultura, de sus paisajes, de su gastronomía, y por tanto de una gran parte de su identidad. żCómo, así reformada, la Europa agrícola, tal como nos la presenta, podrá defender su proyecto político de agricultura y desarrollo rural en las futuras negociaciones de la OMC? 
Hay muchos motivos de preocupación. 
Es preciso que aquellos que negocien en nombre de la OMC saquen brillo a sus armas y nos tranquilicen: el alineamiento de los reglamentos comunitarios con las reglas del juego del mercado mundial nunca podrá constituir un objetivo político agrícola para la Unión Europea. 
Por ahora, ya que es preciso solucionar el momento, mi grupo se pronunciará a favor del compromiso actual pero solicita con insistencia a la Comisión que defienda nuestro modelo agrícola europeo en las próximas negociaciones en la OMC. 
Señor Presidente, es por convicción y no por gusto por las contradicciones por lo que no votaremos la totalidad de resoluciones legislativas relativas al Informe Agenda 2000, con excepción de la relativa a la OCM del vino, ya que estamos en contra de las posiciones de la Comisión y del Consejo que resultan del compromiso de Berlín. 
En efecto, ¿cómo se puede estar satisfecho con un compromiso que implica una bajada importante de la renta de los agricultores europeos, consecutiva a una bajada de los precios parcialmente compensada, esperando su supresión total para satisfacer las exigencias de la OMC? 
Sabe usted, señor Presidente, que algunas producciones agrícolas son necesarias para el equilibrio ambiental y para la utilización del territorio de la Unión Europea. 
Desafortunadamente, todo esto sufrirá una importante regresión en lo que respecta a algunas producciones. 
Pienso muy especialmente en el sector de las oleoproteaginosas que son, debo recordar, cabezas de rotación ideales para las producciones de cereales de calidad, algo que buscamos cada vez más. 
Cuando yo redacté las dos opiniones de la Comisión de Agricultura sobre la Agenda 2000, puse en guardia a todos mis colegas sobre las dificultades presupuestarias que íbamos a encontrar. 
Sobre este punto, estoy en gran parte satisfecho del compromiso de Berlín orientado a poner en su sitio, si llega el caso, la línea directriz agrícola al hilo de las ampliaciones sucesivas y sobre la consideración, en las perspectivas financieras, de un ajuste automático anual para tener en cuenta la inflación. 
Esperemos al menos que el principio de los gastos obligatorios no se vea cuestionado. 
Además de las consecuencias para la renta de los agricultores, este compromiso no prepara en absoluto las próximas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, o quizá, sin decirlo, las prepara demasiado bien. 
La totalidad de las reformas propuestas será severamente criticada. 
El único logro que nuestros socios van a aceptar será la bajada de precios. 
Con respecto a las ayudas de compensación, es evidente que nuestros socios van a intentar desmantelarlas. 
Sabemos todos que la divisa en este tipo de negociaciones es: lo logrado está logrado, el resto hay que negociarlo. 
La agricultura europea no debe desaparecer. 
Los agricultores, además del papel económico y financiero que juegan tienen un papel social, cultural y medioambiental que es preciso privilegiar por encima de todo. 
Escuchando los discursos del Sr. Prodi, he constatado que pretende en su mandato reforzar la función de la Unión Europea en las ciudades. 
Así pues, permítame, señor Presidente, plantearme una cuestión: en ese contexto, ¿cuál es el futuro del mundo rural con el desarrollo de los Fondos Estructurales para el mundo urbano, con las nuevas negociaciones de la OMC y con una PAC que va en contra de la Unión Europea? 
La intervención de los portavoces de los Grupos políticos queda cerrada. 
A continuación pasamos a la intervención de los ponentes. 
Señor Presidente, ante todo, hoy debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades aquí en el último período parcial de sesiones del Parlamento, no sólo de nuestra función legislativa, sino también de nuestro compromiso de proporcionar esta nueva ronda de fondos europeos a nuestras regiones y comunidades locales puntualmente. 
Como ponente, quisiera decirles por qué recomiendo al Parlamento que dé un rotundo «sí» al Reglamento del Consejo sobre los Fondos estructurales según enmienda. 
Nuestro objetivo ha sido poner de relieve las prioridades del Parlamento en el proceso de reforma a través de una sucesión de contactos informales. 
Este procedimiento informal es un continuo intercambio de información, un diálogo fructífero que ha hecho posible la inclusión de las prioridades del Parlamento en el texto definitivo de Berlín, aunque quedan algunas exigencias que serán negociadas en reuniones posteriores a Berlín. 
Podemos sentirnos satisfechos de que se hayan atendido las prioridades clave. 
El Parlamento solicitaba que la concentración debía garantizar que las regiones de Objetivo 1, las más pobres de la Unión, continúen recibiendo asistencia prioritaria. 
Es el caso de zonas como la mía de Merseyside, cuyo PIB está por debajo del 75 % de la media comunitaria, seguirán siendo prioritarias a la hora de recibir fondos. 
Debo decir que a pesar de que se defendieron algunos casos financieros especiales junto con el Objetivo 1, naturalmente, era el precio a pagar por un paquete y un acuerdo financiero. 
Este Parlamento debe ser lo suficientemente realista y pragmático para reconocer que el consenso y el compromiso son el alma de la política europea. 
Las nuevas regiones de Objetivo 2 seguirán beneficiándose de un compromiso comunitario firme y de una inversión firme. 
Una vez más, si contemplo mi región del North-West, ésta se ha beneficiado de los fondos europeos. 
Queda aún mucho por hacer y nos alegra que exista la flexibilidad de un programa que puede desaparecer gradualmente al cabo de seis años, en vez de los cuatro años de la propuesta original de la Comisión. 
Quisiera invitar a la Comisión al final de nuestro mandato a aceptar la oferta del Ayuntamiento de Manchester de ir a ver los cambios que están haciendo posible los fondos europeos sobre las comunidades locales de la región. 
Hemos apoyado la propuesta relativa a la protección. Creemos que ha sido todo un éxito. 
Asimismo, el Parlamento acoge con gran satisfacción la aprobación de la solicitud de que la Unión asuma un papel activo en la promoción de una paz duradera y de la prosperidad en Irlanda del Norte. 
Esta solicitud fue atendida a través de un paquete especial para la paz. 
Nos hubiera gustado llegar más lejos en materia de asociación, pero esperamos que los Estados miembros tengan la visión de garantizar una asociación amplia y más profunda en la elaboración de programas y en la aplicación de los mismos. 
Y lo que es más importante, para mí personalmente, la joya de la corona alcanzada a raíz de las negociaciones informales posteriores a Berlín en Estrasburgo fue que el Consejo diera su aprobación a la solicitud del Parlamento Europeo de modificar la decisión de la Cumbre de Berlín para añadir una nueva iniciativa URBAN con el 0, 35 % de los fondos añadidos al lote comunitario. 
Espero que el Sr. Flynn no piense que estamos despojando el artículo 10, porque utilizaremos dichos fondos también para iniciativas sociales y en materia de empleo. 
URBAN ha gozado de gran popularidad entre la población de algunos de nuestros barrios más desfavorecidos y creo que podemos ayudar a esas comunidades a volver al camino de la regeneración. 
Los ponentes recomiendan por tanto que ahora reconozcamos el equilibrio de intereses entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Quisiera advertir a cualquier Grupo político que esté pensando en jugar a la política partidista con esta votación, que el bloqueo de estas propuestas significaría tener que esperar hasta que el nuevo Parlamento pueda votar en otoño, y ello haría peligrar más de 200.000 millones en recursos y entrañaría interminables retrasos para las comunidades y los proyectos locales. 
Pero permítanme aclarar sobre lo que votamos hoy. 
No se trata sólo de un documento de 112 páginas de términos comunitarios y datos técnicos, a pesar de que en él encontramos mucha jerga comunitaria. 
Es un paquete de fondos para lanzar a nuestras regiones hacia el nuevo milenio, siete años de apoyo para nuestras comunidades y regiones más marginadas que necesitan nuestro compromiso y nuestra solidaridad comunitarios, para los jóvenes, para los desempleados de larga duración y para las mujeres repatriadas: personas que quieren tener parte activa en la regeneración de Europa. 
Se trata de un paquete de la Unión Europea para crear puestos de trabajo, para la regeneración. 
Es un pacto para el empleo y la regeneración y es el fruto de un consenso y de un compromiso entre los Estados miembros. 
Como he dicho, creemos que hemos realizado mejoras muy positivas con el añadido de una cuarta iniciativa comunitaria, una nueva iniciativa URBAN, que el Parlamento apoyó y defendió. 
Por todas los motivos expuestos, insto a los diputados hoy a que utilicen su voto para dar un «sí» unánime a este paquete de fondos. 
Enviemos a nuestros ciudadanos de la UE una señal visible de que respaldamos la solidaridad y el apoyo necesarios para los programas de creación de empleo y de regeneración para el nuevo milenio. 
Señor Presidente, es para mí una gran satisfacción presentar, en nombre de la Comisión de Política Regional, la recomendación y el informe sobre el Fondo de Cohesión. 
Cuando presenté este informe en la primera lectura el pasado mes de noviembre, hablé de la necesidad de que la cohesión social y económica siga siendo uno de los pilares centrales de la Comunidad. 
El Fondo de Cohesión ha sido uno de más claros ejemplos de esta solidaridad y acción y de lo que puede alcanzarse con ello. 
Con la aprobación de este informe en aquella ocasión, esta Asamblea respaldó dicha visión de la Comunidad. 
En los últimos meses y hasta la Cumbre de Berlín, hemos celebrado una serie de reuniones con el Consejo sobre el futuro del Fondo de Cohesión. 
Me mantuve firme en la defensa del mantenimiento del Fondo de Cohesión y de que se mantenga en su forma actual. 
El acuerdo final en Berlín respetó las opiniones del Parlamento en lo relativo al Fondo e incorporó los argumentos que se plantearon durante el período de conciliación informal. 
Las prioridades del Parlamento relativas al Fondo de Cohesión eran fácilmente identificables. 
La primera prioridad era garantizar la continuación del Fondo, y el Consejo logró aprobar la opinión del Parlamento de que los objetivos básicos del Fondo de Cohesión siguen siendo hoy tan importantes como en 1992. 
Por consiguiente, el criterio para beneficiarse del Fondo del 90 % de la riqueza media de la Unión debía permanecer inalterado, permitiendo a Irlanda, España, Portugal y Grecia seguir beneficiándose del mismo. 
La opinión compartida por el Parlamento y la Comisión de que los cuatro países de cohesión actuales deben seguir beneficiándose obtuvo la aprobación del Consejo. 
Los países afectados necesitan continuar el proceso de convergencia, y la continuación del Fondo es un ingrediente fundamental en este proceso. 
El mantenimiento del Fondo en las mismas condiciones significa que el desfase en materia de infraestructura entre los cuatro países de cohesión y el resto de la Comunidad podrá superarse gradualmente. 
Es fundamental corregir el actual desequilibrio en este ámbito para permitir un nivel armonizado de desarrollo económico en toda la UE. 
Un segundo punto en el que las opiniones del Parlamento fueron incorporadas es relativo al importe del anticipo para proyectos, y el Parlamento cree que el 10 % a cuenta, propuesto por la Comisión, es insuficiente. 
Habría supuesto una carga demasiado pesada sobre las regiones menos favorecidas intentar poner en marcha un proyecto, y el 20 % aprobado en Berlín, creo que reconoce este hecho. 
Otra cuestión que el Parlamento había considerado insatisfactoria era la aplicación del principio de «el que contamina paga». 
A pesar de que, naturalmente, apoyamos la idea, la propuesta de la Comisión sigue siendo poco clara respecto a lo que quería decirse con «la capacidad de un proyecto de generar beneficios». 
Hacían falta orientaciones claras sobre la aplicación práctica del principio. 
En este sentido, acojo con satisfacción la declaración de la Comisión anexa a las conclusiones de Berlín de que la aplicación deberá tener en cuenta las sensibilidades sociales nacionales. 
Respecto a lo que el Parlamento se propuso conseguir para el Fondo de Cohesión desde 2000 hasta 2006, el acuerdo de Berlín es muy satisfactorio. 
Por este motivo, creo que no existe la necesidad de realizar ningún ajuste complementario. 
Me limitaré a esbozar algunas de las principales características del Fondo de Cohesión, tal y como será en virtud del Reglamento modificado a partir del año 2000. 
Habrá un importe global de 18.000 millones de euros disponible para los cuatro países de cohesión para el período de siete años. 
La asignación del total de los recursos entre los cuatro países se realizó sobre la base de criterios precisos y objetivos, principalmente, la población y el PIB per cápita. 
Se tuvo en cuenta la mejoría y la prosperidad nacional alcanzadas durante el período anterior, así como la superficie. 
También se contemplaron otros factores, como las deficiencias y la infraestructura de transportes. 
Y hacia la mitad del período de los fondos, se realizará un revisión del progreso para ver qué países seguirán beneficiándose sobre la base de que sigan cumpliendo el criterio del 90 %. 
Como ya he mencionado, el principio de «el que contamina paga» ha sido incluido en el Reglamento modificado, en el que también figuran otras consideraciones medioambientales. 
De este modo se pone de manifiesto la opinión del Parlamento de que en el desarrollo de la infraestructura deben tomarse muy en serio las obligaciones medioambientales. 
Colegas, todos hemos seguido muy de cerca la Cumbre de Berlín y sabemos perfectamente que no fue fácil llegar al acuerdo final. 
La cuestión del Fondo de Cohesión despertó a menudo controversias y, ante este telón de fondo, el Parlamento puede sentirse satisfecho de que las demás instituciones le hayan tomado en serio y que nuestras recomendaciones hayan sido tenidas en cuenta. 
Acojo con satisfacción el texto definitivo del Reglamento, porque refleja muy claramente las opiniones del Parlamento y recomiendo a los colegas que den su aprobación a este informe. 
Dicha aprobación consolidará muchos meses de esfuerzos que este Parlamento ha dedicado a garantizar el mejor acuerdo posible para el desarrollo equilibrado de nuestras regiones y el crecimiento de la cohesión económica y social de la Unión Europea. 
El dictamen conforme del Parlamento significará que el calendario de financiación pueda cumplirse para proyectos fundamentales en España, Irlanda, Grecia y Portugal, permitiéndoles solicitar la financiación necesaria. 
Estos proyectos marcarán una diferencia real y tangible en las vidas de millones de nuestros ciudadanos que viven en las regiones más remotas y menos desarrolladas de la Comunidad. 
Pero el Fondo de Cohesión es más que eso. 
Su utilidad no se limita a los cuatro Estados miembros. 
Convirtiendo la Unión en una Unión económica más coherente, consolidaremos el mercado único y fortaleceremos el euro. 
Estamos haciendo posible que la Unión afronte no sólo estos proyectos actuales, sino además la ambición de la futura ampliación. 
Es cierto que el Fondo de Cohesión es limitado en lo relativo a sus sectores de operación, centro geográfico y también los importes. 
No obstante, ha demostrado ser un instrumento magníficamente centrado que ha registrado excelentes niveles de gastos y de resultados que benefician a todos. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera expresar a título personal mi sincero agradecimiento a la Comisaria Wulf-Mathies por el papel tan positivo que ha desempeñado en este asunto. 
Siempre ha estado completamente abierta en todo momento a mantener conversaciones y debates, siempre comprensible, siempre amable con los miembros de la Comisión de Política Regional del Parlamento. 
Su compromiso con la Unión Europea y con su ámbito de responsabilidades es una inspiración para todos nosotros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, una doble razón avala mi satisfacción personal como ponente. 
En primer lugar, el hecho de que el Parlamento esté en condiciones de aprobar mañana en el Pleno nuestra recomendación para la segunda lectura del FEDER. 
Y digo esto por las implicaciones jurídicas y políticas que supone el que, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el FEDER pase a tramitarse por el procedimiento de codecisión. 
Ello supuso una novedosa experiencia de negociación con el Consejo y con la Comisión a fin de consensuar las posturas del Parlamento con la de los Quince y con la propuesta de la Comisión. 
Un desliz del Parlamento, o simplemente un ejercicio no responsable de nuestras competencias, podría llevarnos a aprobar algunas enmiendas que impidiesen cerrar mañana este importante reglamento y que las regiones europeas no pudiesen, en consecuencia, programar sus actuaciones para el primero de enero del año 2000. 
La segunda satisfacción proviene del fondo del documento que hemos elaborado. 
No era fácil la exégesis de los planteamientos de los colegas, pero hemos hallado una fórmula que ha permitido, con cuatro enmiendas de transacción, conseguir la retirada mayoritaria de otras y, a la vez, mantener el espíritu de la propuesta de nuestra comisión. 
Estas cuatro enmiendas se refieren, en primer lugar, a la inclusión del concepto de ordenación del territorio en el ámbito del FEDER, algo por lo que este Parlamento viene luchando desde hace tiempo. 
Hay que vincular desarrollo regional y desarrollo espacial. 
O, si se prefiere, hay que unir a la cohesión económica y social la cohesión territorial de Europa. 
En segundo lugar- y muy vinculado a la ordenación del territorio -, nuestra segunda enmienda de transacción pide que el FEDER contribuya a establecer los necesarios enlaces entre las regiones que geográficamente padecen desventajas permanentes por su alejamiento, carácter periférico o insularidad, para fomentar los intercambios entre la periferia de Europa y las regiones centrales de la Comunidad. 
La Comisión, en su informe trienal sobre la cohesión, ha considerado esta situación como una de las causas fundamentales que marcan el retraso de estas regiones y condicionan su despegue definitivo. 
Nuestra tercera enmienda de transacción incluye expresamente en el ámbito de aplicación del FEDER al turismo y la cultura. 
No hace mucho tiempo, justo antes de su reciente y triste fallecimiento, el artista y humanista Yehudi Menuhin se preguntaba públicamente dónde estará la cultura en la Unión Europea. 
Curiosamente, aunque el 80 % de los gastos de la cultura de la Unión proceden de los Fondos estructurales, sólo un 3 % de sus créditos se destina a proyectos culturales. 
Nuestro informe pretende dar respuesta a estos interrogantes y pedimos más cultura en los Fondos estructurales, incluyendo el patrimonio cultural y natural. 
Finalmente, en línea con el informe sobre el reglamento general, junto a la iniciativa comunitaria Interreg, pedimos el mantenimiento de la iniciativa Urban. 
Y concluyo refiriéndome a una cuestión muy especial en la que el papel del Parlamento Europeo ha sido muy relevante. 
Me refiero a los aspectos estructurales de la pesca. 
Ya en mi intervención ante el Pleno en primera lectura hacía una llamada a la Comisión para que rectificase su propuesta y tratase a la pesca en paridad con la agricultura. 
Es gratificante ver hoy que nuestra postura- tan bien defendida por nuestro ponente, Sr. Arias Cañete, bajo la batuta firme y tenaz de la presidenta de la Comisión de Pesca- llega hoy, nunca mejor dicho, a buen puerto. 
Se han modificado los aspectos que pedía el Parlamento Europeo y se ha logrado un informe que mejora sustancialmente la propuesta de la Comisión Europea. 
Muchas gracias, pues, a la Comisión, al Consejo y a todos los colegas que nos han apoyado. 
Señor Presidente, honorables miembros de la Comisión, estimadas y estimados colegas, apenas se puede creer que el Fondo social europeo sea nuestro único instrumento de política laboral a nivel europeo. 
Ha introducido con gran éxito nuevos enfoques en los Estados miembros, pero en Berlín no se le ha dotado financieramente ni mucho menos como han exigido con razón esta Asamblea y la Comisión. 
Precisamente en el caso del Fondo social, que produce con creces unos grandes servicios a Europa, ya sea en la política sobre minusválidos, en la política preventiva de mercado laboral o en las ayudas a las mujeres, muchas cosas han sido muy cuestionadas hasta el último momento. 
En cierto modo, es como un mundo al revés. 
No se ha debido a nosotros. 
No queríamos revolucionar nada. 
Para nosotros, en lo esencial se trataba de cinco puntos decisivos que debían acompañar eficazmente a la estrategia común de empleo. 
Arriba en la lista se encontraba la política preventiva de mercado laboral y las ayudas específicas a las mujeres. 
Evitar el paro es siempre más humano y además más barato. 
No puede ser que entretanto a nivel de la Unión hablemos de la feminización de la pobreza. 
Tampoco puede ser que las mujeres ostenten en la UE sólo el 3 % de los puestos directivos, además con tendencia a la baja. 
Las mujeres siendo la mayoría de la población. 
Señores del Consejo, sólo el «mainstreaming» no es suficiente en este contexto. 
Además, para nosotros se trataba de hacer algo más contra la exclusión social, pues a largo plazo es rentable que estas personas puedan atender a sus propias necesidades vitales. 
También queríamos que las positivas experiencias de la iniciativa PEACE fuesen accesibles en toda la Unión y que con pequeñas ayudas financieras sin un gran entramado administrativo las ONG pudiesen ayudar a personas a las que el acceso a las oficinas públicas representa un obstáculo insalvable. 
En quinto lugar, queríamos obligar más a los Estados miembros a cubrir todos los campos de intervención del Fondo social, para impedir que de nuevo solamente escojan para si lo mejor. 
Me dirijo de nuevo al Consejo: estas exigencias las conocían ya desde comienzos de año. 
Pero esto no les ha movido a cambiar su posición común y la han aprobado sin inmutarse. 
En esta Asamblea se pregunta uno para qué sirven entonces estos encuentros informales de concertación. 
El que para ambas partes existan compromisos factibles se debe sola y exclusivamente a nosotros, pues nos hemos dirigido a ustedes abiertamente con propuestas de compromiso para impedir que su terquedad nos llevase al Comité de Conciliación, pues esto habría significado la paralización de muchos proyectos, ya que entonces el dinero no habría venido a tiempo de Bruselas. 
Esto habría sido irresponsable y nadie en esta Asamblea quiere que pase algo así. 
Al final, han llegado aún a tiempo. 
Aunque no exista ninguna determinación porcentual para la asignación de créditos, nos hemos puesto de acuerdo sobre un fortalecimiento de la política positiva de mercado laboral y de las ayudas específicas para las mujeres. 
De repente sí que se pudo establecer en el reglamento el objetivo de la integración social en el mercado laboral. 
Al final, incluso encontramos un compromiso para las subvenciones globales que permite incluso hasta una subvención al 100 % de las ONG. 
Las enmiendas sobre las que nos hemos puesto de acuerdo con el Consejo son la 1, 8, 9 y 10. 
Les ruego que las apoyen para que nuestros éxitos de negociación se reflejen también en el reglamento del Fondo social. 
En lo tocante a los cinco campos de intervención, el Consejo apenas se ha movido. 
Tenemos que vivir con ello. 
Pero en ningún otro punto el Consejo ha mostrado una actitud tan terca e inflexible como en el «mainstreaming». 
Es ahora la Comisión la que debe ocuparse de que se conserve el «mainstreaming» en los programas nacionales. 
Espero que en siete años haya en el Consejo también algunas mujeres. 
En cualquier caso sería positivo para el asunto. 
Señor Presidente, señores Comisarios, señoras y señores diputados, en el primer informe que, en nombre de la Comisión de Pesca, presenté a este Pleno sobre el reglamento del Consejo relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero, el Parlamento apoyó tres ideas básicas. 
En primer lugar, la necesidad de garantizar la existencia de recursos presupuestarios comunitarios suficientes para cubrir las necesidades del sector en el marco de la política estructural pesquera. 
En segundo lugar, la necesidad de contar con un marco jurídico único, en forma de reglamento horizontal, que integrara toda la normativa dispersa. 
En tercer lugar, la necesidad de contar con programas nacionales, y no sólo regionales, para garantizar la coherencia de la política estructural con los planes de ordenación plurianuales de las flotas. 
Basándose en esta estrategia, el Parlamento, en su primera lectura, integró en un reglamento único tanto la propuesta de reglamento del Consejo relativa a las medidas estructurales del sector pesquero, integrada en la Agenda 2000, como igualmente la propuesta de reglamento del Consejo por el que se definían las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca. 
La votación, en sesión plenaria, ratificó íntegramente las posiciones defendidas por esta Comisión de Pesca y, a partir de este momento, nuestra comisión, y fundamentalmente su presidenta doña Carmen Fraga, entraron en contacto con el Consejo, las administraciones nacionales y las organizaciones profesionales, organizando una audiencia pública que permitió comprobar cómo la posición política del Parlamento era ampliamente compartida. 
Con estos apoyos, el Parlamento celebró varios encuentros informales con la Presidencia del Consejo y, con verdadera satisfacción, debo destacar que la mayor parte de nuestras aspiraciones han sido recogidas por el Consejo, hasta el extremo de que, tras el Consejo Europeo de Berlín, se ha formulado una nueva propuesta de reglamento titulada ahora, por fin, «Reglamento relativo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca». 
A partir de ahora, pasaremos a tener un fondo estructural único para la pesca, sin acudir a financiar acciones estructurales en el marco del FEOGA-Garantía. 
Igualmente, tendremos una programación horizontal en las regiones situadas fuera del Objetivo 1. 
Tendremos detallada toda la lista de acciones y medidas y, en base a estas concesiones del Consejo, la Comisión de Pesca ha aceptado la existencia de dos reglamentos separados. 
Quiero felicitar al Consejo y a la Comisión por la flexibilidad que han demostrado para revisar planteamientos iniciales que considerábamos erróneos y buscar un compromiso satisfactorio. 
Y quiero también destacar que, respecto del reglamento «Medidas de aplicación» , hemos introducido modificaciones importantes, suprimiendo el requisito del 30 % adicional de capacidad de retirada y eliminando, en sociedades mixtas, el régimen que vinculaba las mismas a los acuerdos pesqueros. 
Quisiera terminar con una referencia global al pilar de los Fondos estructurales de la Agenda 2000. 
Considero que, en un contexto de austeridad presupuestaria, el Consejo y la Comisión han tenido el buen sentido de concentrar ayudas en las regiones Objetivo 1, lo que va a permitir que, en términos de ayuda per cápita, se mantengan los actuales niveles de apoyo y que, además, se mantenga el Fondo de Cohesión, colaborando a acelerar la recuperación de la dinámica estructural en los Estados menos prósperos. 
Es cierto que nuestra política estructural carece de masa crítica para superar los desequilibrios regionales a corto plazo, pero no es menos cierto que la Unión Europea sigue manteniendo importantes mecanismos de solidaridad que no deben menospreciarse. 
Quizás en este contexto de austeridad presupuestaria cobre toda su dimensión el imperativo establecido en el Tratado relativo a que todas las políticas comunitarias- y no sólo las estructurales- deben orientarse desde la perspectiva de la cohesión económica y social. 
Posiblemente, en una situación en que la discusión sobre saldos netos condiciona las soluciones, reclamar que todas las políticas comunitarias se dirijan a conseguir mayor cohesión económica y social sea una utopía. 
Pero en un futuro próximo, cuando abordemos la ampliación, habrá que profundizar en esta idea si no queremos una Unión ampliada con disparidades regionales agravadas que pongan en riesgo todo el sistema. 
. Señor Presidente, Señorías, trataré de ayudar a la Presidencia hablando sin texto y, si es posible, despacio. 
Hasta ahora hemos hablado de cómo vamos a arreglar nuestra casa común, la Unión. 
Le toca el turno ahora a la ampliación. 
El informe cuya segunda lectura voy a defender se refiere, en efecto, a la coordinación de las ayudas de preadhesión para la ampliación. 
Creo que es obligado en este momento hacer un breve recordatorio del emplazamiento y de la misión histórica que supone la ampliación, no sólo en la Agenda 2000 sino también para la Unión Europea, en la medida en que los pueblos de la Europa central y oriental y también del Mediterráneo, la mayor parte de los cuales han recobrado la libertad no hace mucho, quieren asociarse a nuestra aventura histórica colectiva. 
El Parlamento afirmó desde el principio que considerábamos que debía ser un proceso global de negociación con criterios incluyentes, sin crear nuevas barreras y nuevas discriminaciones y además dando la posibilidad de que hubiera un cierto ambiente competitivo. 
Es decir, que todos y cada uno de estos países pudieran hacer ese esfuerzo colectivo de recuperación de la democracia, de reestructuración de su economía y de aprendizaje de la buena vecindad que les tiene que conducir a asociarse plenamente a nuestro futuro. 
El trabajo que he hecho en representación del Parlamento en este informe, en estrecho contacto con mis colegas- el Sr. Walter y el Sr. Sonneveld -, ha tratado precisamente de coordinar todo este proceso de ayuda y, además, de incluir los criterios del Parlamento. 
Tengo que decir, señor Presidente, que hemos conseguido una serie de objetivos importantes en este terreno: por una parte, la misma Comisión se enmendó a sí misma, modificando su proyecto inicial, modificando incluso el título del reglamento en la línea que solicitábamos; y por otra parte, entre las dos lecturas hemos celebrado una serie de reuniones con la Presidencia del Consejo que, a mi juicio, han sido positivas en la medida en que hemos podido desarrollar los criterios en relación con la aplicación del programa PHARE, que es básico de cara a la organización y al refuerzo institucional de estos países, a la inclusión de criterios políticos en relación con la democracia y con el fortalecimiento de la sociedad civil, en una palabra, de cara al refuerzo de estas sociedades. 
Este es un primer objetivo que creo hemos conseguido enriquecer y modificar en relación con la propuesta inicial. 
Hay otras cuestiones también en las que hemos hecho avances importantes: por una parte, en lo que atañe al respeto de las normas de comitología que existían, tratando de que no se modificaran bajo cuerda estas normas; por otra, en relación con la participación del Parlamento, con posibilidad de revisar anualmente el proceso. 
Globalmente, entiendo que la solución es satisfactoria. 
Es cierto que quedan pendientes algunas cuestiones que creo importante mencionar. 
Una de ellas- que guarda relación con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam- es que en opinión del ponente- que no triunfó en el Pleno, pero que ahora, con el Tratado de Amsterdam en vigor, adquiere pleno sentido- debemos considerar todo este proceso como un proceso de estrategia conjunta de la Unión que debe conducir a acciones conjuntas. 
Creo que eso nos permitirá también integrar en nuestro marco jurídico constitucional la política que hay que desarrollar en este terreno. 
Luego hay otro aspecto, que no fue incluido formalmente, pero sí lo ha sido en los procedimientos en relación con cada uno de los países. 
Se trata de la importancia que damos al diálogo social de cara al fortalecimiento, precisamente, del sistema productivo y de las relaciones industriales de estos países. 
Añadiría dos cuestiones más que quedan pendientes en nuestro planteamiento, aunque el Consejo afirme que están implícitas. 
Una de ellas es la atención que, a nuestro juicio, se debe dar a la reestructuración de la industria nuclear en la mayor parte de estos países. 
Esta es una cuestión de enorme sensibilidad para la mayor parte de los ciudadanos de la Unión. 
Y una última- que es de esperar que pueda también integrarse en el futuro en relación con la nueva Comisión- que se refiere a los criterios de comportamiento y al código de conducta que deben seguirse. 
Espero que ambas cuestiones puedan solucionarse muy pronto. 
.- (NL) Señor Presidente, hablo de la ayuda para la preadhesión en el sector agrícola. 
En nuestro primer informe incluimos un punto más bien básico en relación a las condiciones propuestas por la Comisión con las que deberían cumplir los países candidatos para poder acceder a las ayudas de la UE para la agricultura. 
Me refiero aquí a la condición de que para ello, antes del 1 de enero de 2000, los países candidatos deberán disponer de un plan septenal para el desarrollo rural. 
El Parlamento Europeo enmendó dicha condición, puesto que la encontró excesivamente dura, y propuso un procedimiento más práctico. 
Sin embargo, el Consejo siguió la propuesta de la Comisión sobre este punto. 
En las posteriores reuniones de triálogo, dicho punto ha sido repetido tema de debate. 
Sobre todo la Presidencia del Consejo se mostró comprensiva con las objeciones del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, no se ha podido convencer a la Comisión ni al Consejo de que estamos aquí ante una injustificada sobrecarga administrativa para los países candidatos. 
Si bien el Consejo se mostró dispuesto a suprimir la fecha del 1 de enero, se mantuvo el año 2000, de modo que la diferencia fundamental de opinión con el Parlamento Europeo persiste enteramente. 
En la opinión del Parlamento Europeo es imposible que en un plazo tan corto los países candidatos puedan realizar de manera democrática un digno programa septenal integrado de desarrollo rural. 
El Parlamento Europeo ha abierto la posibilidad para que a la hora de elegir las medidas y proyectos pueda utilizarse la asesoría de un pequeño grupo de expertos en el terreno del acervo comunitario y de la problemática del desarrollo económico de los países del antiguo bloque comunista. 
Con ello, podría irse trabajando mientras tanto en la realización de un plan de desarrollo rural. 
De este modo, el plan ganaría en realismo y calidad. 
Entretanto, la toma de decisiones después de la Cumbre de Berlín ha llevado a la instauración de una categoría presupuestaria aparte para la adhesión, apartado séptimo, en la que se incluirán también las ayudas Sapard, para la que se impondrán unas reglas financieras más estrictas en relación a la prefinanciación y la gestión y justificación financiera que las que serían aplicables si las medidas hubiesen seguido en la categoría 1, agricultura, tal y como había propuesto la Comisión, o en la categoría 2, a las que habrían pertenecido las medidas en caso de que estos países efectivamente se hubiesen convertido en Estados miembros. 
Parece que un país en la fase de preadhesión debe cumplir con unas exigencias extremadamente altas en cuanto a capacidad administrativa para poder acceder a las ayudas agrarias Sapard para la preadhesión. 
Mi conclusión final es la siguiente: Todas las instituciones de la UE se mueven por la misma ambición de conseguir pronto una bien lograda integración. 
Pero en mi opinión, el Parlamento Europeo se ha puesto más en el lugar de los países candidatos para comprender qué es lo que significan las condiciones de la Unión Europea en la práctica de la vida política de dichos países. 
Las demás instituciones se han enfocado más en la accountability y el control del gasto. 
Sin embargo, no queda mucho tiempo para las discusiones. 
Por eso el Parlamento Europeo da hoy su opinión formal, pero con la mención expresa de su preocupación por lo exigente del procedimiento. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente para el ISPA, el instrumento de preadhesión para los países de ampliación y como persona que ha seguido continuamente la reforma general de los Fondos estructurales, estoy realmente contento de que el Parlamento concluya con éxito esta semana las negociaciones sobre la Agenda 2000. 
De este modo, mandamos una importante señal tanto a los ciudadanos de la Unión como a los países de la Europa Central y Oriental que buscan la adhesión a la UE. 
Europa es capaz de actuar. 
El que podamos votar ahora definitivamente sobre la Agenda 2000 no es algo axiomático. 
Por ello, quiero aprovechar la ocasión y expresar a las Presidencias del Consejo y, en especial, a la alemana, mis felicitaciones por haber logrado crear una base viable para el sprint final. 
En lo tocante al instrumento de política estructural ISPA, la Comisión, el Consejo y el Parlamento han tirado todos en general de la misma cuerda. 
Creo que hemos llegado a un buen resultado total que representa una clara señal de solidaridad para con los países candidatos. 
Los créditos financieros son limitados, en especial si se comparan con las gigantescas necesidades de adaptación en los países candidatos. 
Por ello, es aún más importante concentrar el ISPA en ayudas a proyectos de medio ambiente y transportes, fundamentales para el desarrollo económico, y entrelazar las ayudas con otras ayudas para la preadhesión, como por ejemplo, en el marco de PHARE. 
Pero el ISPA, al igual que los Fondos estructurales en total, tiene que representar una aportación sostenida a la creación de puestos de trabajo. Este es un punto central desde la perspectiva del Parlamento. 
Para nosotros, también es importante que los países beneficiarios utilicen este instrumento para conocer las reglas y mecanismos de la política estructural y que, de este modo, la posterior adhesión sea más fácil. 
Por ello, es de la máxima importancia incluir a los actores locales y regionales allí donde sea posible. 
Permítanme que aproveche la ocasión para decir algo sobre la futura política estructural de la UE en general. 
En la reforma de los Fondos estructurales no hay ningún motivo para una alegría exagerada pero hemos encontrado un compromiso viable que garantiza que la solidaridad europea no derive en el futuro a una mera declaración de labios afuera. 
Por el contrario. 
Con los nuevos objetivos de ayuda 1, 2 y 3 y las iniciativas comunitarias INTERREG, LEADER, EQUAL y URBAN disponemos de unos eficaces instrumentos con los que podemos realizar una importante aportación al fortalecimiento de la competitividad de las regiones y a la creación de puestos de trabajo. 
Al concentrarse sobre lo esencial, es inevitable que algunas regiones salgan a medio plazo de las ayudas del objetivo 1 y 2. 
Por ello, es aún más importante que- y este es también un éxito del Parlamento- dispongamos de unas generosas regulaciones transitorias que garantizan que no se produzcan unas dolorosas y contraproducentes interrupciones de las ayudas y que las regiones tengan seis años de tiempo para adaptarse a los cambios. 
Estoy también satisfecho y algo orgulloso de que como Parlamento Europeo hayamos logrado imponer en duras negociaciones con la Comisión y el Consejo una cuarta iniciativa comunitaria. 
Aunque lleva el nombre de URBAN es más que la iniciativa URBAN existente hasta ahora pues en el futuro va a beneficiar también a ciudades más pequeñas y al entorno de las ciudades y porque tiene un amplio enfoque de reactivación social y económica. 
De este modo, se ha cubierto también en gran parte lo que hemos pretendido como Parlamento con la quinta iniciativa comunitaria, que hemos pedido aquí en este Pleno como el año pasado, de modo que puedan utilizarse también estas posibilidades. 
Con esta iniciativa disponemos de un importante instrumento adicional para la creación de puestos de trabajo. 
Solidaridad dentro de la Unión Europea y con los Estados de preadhesión, empleo concentrado de créditos, creación de puestos de trabajo, reducción de la burocracia y preparación para la ampliación hacia el Este, estos han sido desde el principio los objetivos de la reforma de los Fondos estructurales. 
Estamos dando aquí un paso decisivo hacia delante. 
Expreso mi agradecimiento a todos los que han contribuido, en el Consejo o en la Comisión- pero en especial, en la Comisión- y que nos han apoyado masivamente en las últimas semanas, meses y años. 
Aunque Europa no dé un paso gigantesco hacia delante, sin embargo, cada paso hacia delante es un buen paso y creo que estamos avanzando. 
Señor Presidente, el informe que presento es una parte técnica, aunque importante, de las propuestas de la Agenda 2000. 
Modifica el Reglamento por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores. 
Los diputados recordarán que el informe fue presentado a la Asamblea en noviembre de 1998 y devuelto a comisión. 
A raíz de su devolución a comisión, ahora estamos en condiciones de invitar a la Asamblea a aprobar la propuesta de la Comisión en la forma en que ha sido objeto de un acuerdo político en el Consejo. 
Dicho acuerdo político fue alcanzado en la Cumbre de Viena y anexado a las decisiones de dicha cumbre. 
Fundamentalmente, las enmiendas presentadas por el Parlamento, a través de su Comisión de Presupuestos, a la propuesta original de la Comisión han sido aceptadas. 
Nuestra enmienda 2 tenía por objeto obligar a la Comisión a revisar los parámetros del fondo de garantía en sus informes anuales, y ahora, tras la decisión política, la Comisión deberá revisar los parámetros del fondo de garantía con cada nueva adhesión. 
Por consiguiente, todas nuestras enmiendas de carácter técnico han sido aprobadas e incorporadas en la decisión de la Cumbre de Viena. 
El Consejo decidió asimismo apartarse de la propuesta original de la Comisión e incrementar el importe objetivo hasta el 9 %, en vez del 8 % propuesto por la Comisión, como coeficiente del fondo para el conjunto de compromisos pendientes de la Comunidad. 
El porcentaje de provisión del fondo se redujo así al 9 % para cada operación de préstamo, por debajo del anterior 14 %, pero aún por encima del 6 % propuesto por la Comisión. 
En definitiva, tenemos una situación que creo que satisface todos los requisitos del Parlamento y sobre esa base recomiendo el informe a la Asamblea. 
No obstante, en un contexto más amplio, es importante decir hoy que a pesar de todas las dudas que existen acerca de algunos detalles del acuerdo interinstitucional y de la perspectiva financiera, es mejor tener algo que es ligeramente inadecuado en opinión de algunos, pero que ya ha sido aprobado, que seguir buscando la perfección y no conseguir nada. 
No obstante, en este proceso encontramos una lección saludable para el Parlamento. 
Hoy el Parlamento sólo ha conseguido reunir a menos del 5 % de sus diputados. 
Nos hemos convertido en un Parlamento que se limita a dirigirnos intervenciones unos a otros y hay muy poca gente aquí para escuchar. 
Realmente creo que ésta es una lección saludable al final de esta legislatura, y el próximo Parlamento deberá tomárselo en serio si quiere que la opinión pública se tome en serio sus debates. 
Este Parlamento tiene que comenzar a tomarse en serio sus propios debates. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, el nuevo Reglamento para la política de fomento y desarrollo de las áreas rurales es sin duda un gran paso en la reforma de la Política Agrícola Común. 
No sólo porque de nueve diferentes reglamentos se ha hecho un reglamento claro, lo que es positivo para la transparencia y con seguridad va a repercutir también sobre la administración de los créditos, sino porque supone el inicio de una nueva política. 
Naturalmente, la forma elegida por la Comisión con dos fuertes pilares uno al lado del otro, está algo aguada. 
Señor Comisario Fischler, un pilar no es aún tan fuerte como el otro, esto lo sabe usted pero aún se podrá arreglar. 
Es necesario que en el futuro intentemos aumentar aún algo la flexibilidad en la agricultura y en las regiones rurales. 
Me permito recordar lo que el Comisario Fischler dijo en una ocasión: esta política es tan importante porque siempre tenemos que responder a la pregunta de ¿qué pueden hacer en el mercado laboral el hermano y la hermana de un agricultor joven que hereda la explotación? 
Aquí se ve claramente qué es lo que tenemos que hacer en el futuro en las regiones rurales. 
Por ello, insistimos en nuestra antigua exigencia de que en el futuro la totalidad del sector de la Política Agrícola Común debe incluirse en el procedimiento de codecisión del Parlamento. 
Aún falta esto. 
Lo he dicho esta mañana en otro contexto: esto es necesario para perfeccionar la democracia parlamentaria en Europa. 
Por ello, también comprenderá porqué precisamente los políticos interesados en la política agrícola estamos a favor de apoyar el Acuerdo Interinstitucional. 
Lo comprenderá si es posible que las medidas de acompañamiento, que los gastos para las áreas rurales se imputen a los gastos no obligatorios, lo que no significa que no nos sintamos obligados a que tengan que gastarse, pero eleva el margen general de configuración del Parlamento para esta creciente política. 
Por lo demás, tiene la ventaja de que en los gastos plurianuales exista la posibilidad de transferencia. 
En los primeros años de esta nueva política vamos a tener dificultades de puesta en marcha. 
Sería una pena perder dinero sólo por dificultades de puesta en marcha si no podemos transferirlo. 
En suma, es un buen inicio. 
No es aún un auténtico árbol, pero si la Comisión y el Consejo se ocupan con la misma intensidad de este joven arbolito, resultará un árbol fuerte y con éxito para la política en las áreas rurales. 
Aplausos 
Señor Presidente, para empezar permítame que en mi calidad de ponente para las finanzas agrarias de la Agenda 2000 exprese mi aprecio por la Presidencia Alemana por las posibilidades ofrecidas por el Gobierno Alemán para la celebración de un triálogo sobre la política agraria. 
Entre la propuesta original de la Comisión de Agricultura del Parlamento que se aceptó en enero y el resultado de Berlín, evidentemente, hay una serie de diferencias. 
No podría ser de otra manera. 
Creo que en tales complejas negociaciones nunca nadie obtiene la razón al 100 %. 
Lo que aplaudimos es el hecho que por primera vez la política rural se haya convertido claramente en parte de la política agraria europea. 
Así lo ha dicho también el Sr. Görlach. 
También opinamos que es importante- y esto está en línea con mi informe- que las conclusiones de Berlín indiquen claramente que en Europa deberá prestarse una mayor atención a la calidad de la alimentación, la seguridad, la protección del medio ambiente, el trato respetuoso con los animales, etc., a nivel europeo. 
Esto necesita un desarrollo. 
Y esto deberá ponerse luego sobre la mesa de las negociaciones de la OMC. 
También podemos aplaudir- ya lo han dicho otros oradores antes- el hecho de que los gastos rurales y las medidas acompañantes constituyan gastos no obligatorios. 
Lo que me gustaría preguntar todavía al Sr. Fischler es lo siguiente: los gastos de garantía son fijos; si en algún año hay un remanente, ese dinero es restituido a los Estados miembros. 
En mi Comisión se había preguntado si podría formarse una reserva. 
En Berlín no figura. 
Por tanto, presumo que no se puede hacer. 
Lo que quisiera que me confirmase es si es correcta mi suposición de que esa flexibilidad de 200 millones que incluye, así como la flexibilidad de un 0, 03 % son válidas para todas las categorías, es decir también para la categoría 1, los gastos de garantía para la agricultura. 
La segunda pregunta afecta a las medidas acompañantes y los desarrollos rurales. 
Para éstos vale otra norma.Si en algún año no se ha consumido todo el dinero, supongo que el importe remanente pueda trasladarse al año siguiente. 
¿Sería posible que la Comisión nos dé una aclaración sobre las modalidades en el empleo de estos fondos? 
Poco se ha dicho sobre el control del gasto agrario. 
En su informe de enero, el Parlamento prestó especial atención al control, a la lucha contra el fraude y a todo este tipo de cosas. 
Aunque no figure entre las conclusiones de la Cumbre de Berlín, le puedo asegurar que este Parlamento vigilará estrechamente todos estos asuntos. 
Mi última pregunta al Comisario Fischler: En una resolución de este Parlamento pedimos que los complementos por hectárea, y todos los complementos a los ingresos, se pagasen antes del 31 de octubre de cada año? 
¿Será esto posible? 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, como ponente para las medidas horizontales no puedo extraer un balance positivo. 
Teníamos una propuesta de la Comisión que quería establecer unos criterios sociales y ecológicos en la graduación del pago de las ayudas. 
Poco a quedado de estos criterios. 
En el Parlamento realizamos propuestas diferenciadas que fueron calculadas por la Comisión y que en su opinión eran también adecuadas para garantizar una distribución razonable de las primas. 
Todo esto no se ha producido y voy a mencionar algunos puntos resultantes de ello. 
Señor Fischler, en primer lugar no hemos reducido el exceso de compensación de 1992. 
El 4 % de las explotaciones siguen percibiendo el 40 % de las primas o el 20 % de las explotaciones el 80 % de las primas. 
Segundo punto: en las reducciones de precios en la Agenda 2000, no hemos alcanzado una plena compensación con el pago de las primas. 
Pero para las explotaciones racionalizadas, esto significa una plena compensación de precios. 
Las explotaciones más pequeñas tienen que padecer bajo esta menor compensación. 
Tercer punto: aquí no se trata de la cuestión de la concesión en el sentido de justicia o injusticia o de la envidia sino que la presión de precios que ejercen las explotaciones que siguen viviendo con un exceso de compensación por el elevado pago de primas, afectará a las pequeñas amenazándolas en su existencia. 
De esto se deduce el cuarto punto: los fondos que fluyen ahora de Bruselas y de las cajas nacionales a las grandes explotaciones racionalizadas, son empleados para lograr una mayor racionalización y crecimiento. 
En estas explotaciones, esto significa reducción de puestos de trabajo y también reducción del trabajo debido a la destrucción de explotaciones agrícolas en la UE. 
Quinto: hemos mandado unas señales erróneas en esta dirección al decir que hay que seguir apostando por la intervención también en los Estados de la Europa Central y Oriental, en lugar de educarlos para el mercado y posiblemente también para el mercado mundial, señor Fischler. 
Quien quiera producir para el mercado mundial que lo haga, pero sin ayuda estatal. 
Tampoco hemos dado aquí el valiente paso que era necesario. 
Sexto punto: hemos conservado una ayuda para el maíz pero no hemos logrado una ayuda para los prados y pastizales. 
Así pues, se prima la producción de un forraje básico favorecido por las condiciones naturales y no se hace nada en absoluto para conservar los prados y pastizales tan urgentemente necesarios para mantener el equilibrio ecológico de regiones enteras. 
Séptimo: en el marco de la reorientación de los fondos que, según sus ideas, queríamos llevar de FEOGA-Garantía al segundo pilar, sólo ha ido a parar a este segundo pilar una pequeña parte de lo que habría sido posible si hubiésemos impuesto la degresión. 
Tampoco se encuentran en el enfoque financiero los 14.000 millones que se habían asignado en Berlín al segundo pilar. 
En total, el balance es negativo y también tiene que serlo para la Comisión pues, de lo contrario tendría que revisar a posteriori todos los papeles que ha escrito para justificar esta Agenda 2000. 
En el fondo sólo le he citado a usted. 
Señor Presidente, señorías, la reforma de la OMC «carne de vacuno» representaba uno de los expedientes delicados de la nueva PAC de los años 2000-2006 habida cuenta de los desequilibrios estructurales del mercado de esta producción, de las consecuencias del fenómeno de las «vacas locas» ante los consumidores y también del lugar que representa la ganadería en la ocupación del territorio. 
Como ponente de este expediente, debo recordar que la Comisión, en su propuesta inicial, había priorizado sobre todo la orientación de una reforma basada en una bajada sustancial de los precios con el objetivo de incrementar nuestras partes del mercado a la exportación en el marco de las obligaciones impuestas por la OMC. 
En el pasado mes de enero, esta Asamblea rechazó, sumándose así a la propuesta de mi informe, la recomendación de la Comisión y votó una bajada limitada de los precios al 15 % en lugar del 30 % propuesto por la Comisión. 
El Consejo de Ministros optó finalmente por una bajada de un 20 % en tres etapas. 
La Comisión había propuesto conceder a los ganaderos compensaciones financieras parciales de esta nueva bajada de los precios. 
Contrariamente a mis recomendaciones, el Parlamento Europeo no votó una revalorización sustancial de las primas a los rebaños de vacas lactantes, que sin embargo desempeñan un papel positivo en nuestros territorios. 
El Consejo lo ha hecho, y tomo nota. 
Con respecto a la gestión del mercado, este Parlamento votó el mantenimiento de la intervención pública y el refuerzo del control de la producción, y ello contrariamente a los deseos de la Comisión que proponía equilibrar los mercados por efecto de la bajada de los precios a la producción y la instauración del almacenamiento privado a partir del 2002. 
El Consejo, que se ha alineado con esta lógica de la Comisión ha retenido sin embargo la idea de intervención pública «ad hoc» en caso de necesidad y la de instaurar una red de seguridad de 1.560 euros por tonelada. 
Es sobre este punto sobre el que propongo que el Parlamento vote una enmienda complementaria a mi informe con el apoyo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Efectivamente, la posición del Consejo en materia de intervención en el mercado exige una clarificación, ya que, por un lado, ésta acepta la opción del almacenamiento privado y por otro es favorable al mantenimiento de una intervención pública «ad hoc». 
¿Qué quiere decir esto concretamente? 
No creo, efectivamente, en las virtudes del almacenamiento privado para gestionar una producción estructuralmente excedentaria. 
Para convencerse, basta con constatar los resultados que dan esos dispositivos en el sector de la producción porcina. 
Por otra parte, en la medida en que me parece también necesario llegar a un compromiso con el Consejo y la Comisión, he sugerido simplemente a la Comisión de Agricultura de esta Asamblea, -que la ha hecho suya- una enmienda de compromiso que consiste en estimular la red de seguridad llevándola de 1.560 a 2.000 euros por tonelada. 
De esta manera podríamos permanecer en la lógica de nuestra votación parlamentaria y al mismo tiempo garantizar una mayor seguridad a nuestros ganaderos, con tal de que el Consejo y la Comisión tengan la sabiduría de seguirnos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, señor Comisario, las repercusiones del acuerdo básico sobre la reforma agrícola «Agenda 2000» sobre la agricultura en la Unión Europea y sobre las rentas agrícolas, son menos negativas que en las primitivas propuestas de la Comisión ya que las reducciones de precios han resultado menores en los cereales y la carne de vacuno. 
Con la nueva introducción de medidas para las áreas rurales y con el fortalecimiento de las medidas de acompañamiento existentes desde la reforma de 1992, se ha dado otro paso hacia una política agrícola global para las áreas rurales. 
Desde mi punto de vista, existen considerables dudas en los siguientes aspectos de esta reforma agrícola. 
El modelo de agricultura europea, tal como ha sido diseñado en las tesis de la Conferencia de Cork, solamente se ha hecho realidad en parte. 
Mientras que las medidas para los reglamentos de mercado, reducciones de precios, etc. se aplican de modo centralizado, la mayoría de las medidas para las áreas rurales se dejan al albedrío de los Estados miembros. 
O si así lo quieren, será una pura decisión política. 
¿Porqué? 
Las medidas para las áreas rurales son financiadas con los gastos no obligatorios de la Categoría 1. 
El límite superior de 4.300 millones de euros al año debe considerarse por un lado como un aseguramiento de los créditos para las áreas rurales pero, por otro lado, existe el peligro de que los Estados miembros, debido a la exigida cofinanciación de estas medidas, no lo apliquen o sólo de un modo reducido. 
Me remito, por ejemplo, a la medida 2078 «Agricultura ecológica». 
Los pagos compensatorios directos previstos como compensación por la reducción de precios no son suficientes para compensar las pérdidas de ingresos. 
Los gastos adicionales para acciones en las áreas rurales son una disposición discrecional tanto en lo referente a la dotación de créditos como a su aplicación y no son un sustituto por la pérdida de capacidad adquisitiva causada por la reducción de los precios. 
Se ha instado a la Comisión para que presente en el año 2002 un dictamen provisional sobre la mayoría de los reglamentos de mercado. 
Vamos a ver qué pasa. 
Tenemos que tomar nota con una cierta alegría del aplazamiento de la reducción del precio de la leche hasta el año 2005, sobre todo por motivos de ahorro. 
Pero no va a ser ni mucho menos suficiente pues sólo tendremos una cuota hasta el año 2008. 
Este es un hecho que podemos aceptar perfectamente y con el que al menos podemos ofrecer a nuestros agricultores una seguridad de producción en este campo. 
Creo que esto es lo más importante que hemos podido lograr en este Parlamento junto a la vinculación facultativa de tierras y cuotas. 
Señor Presidente, intervengo en nombre del Sr. Fantuzzi. 
Quiero sostener su informe y, especialmente, la propuesta de que las ayudas al girasol vayan espaciadas en el tiempo conforme a la enmienda que ha aprobado la propia Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En todo caso, hoy llegamos al final de la reforma agrícola contenida en la Agenda 2000 y yo quisiera expresar mi apoyo crítico a una reforma que parcialmente ha ido perdiendo su enfoque europeo común y desfigurándose antes las pretensiones de este o aquel Estado miembro. 
Incluso yo diría que la Comisión Europea- impulsora de la acción de la Unión Europea-en su gestión de las propuestas de la reforma ha dado la impresión de no saber muy bien hacia dónde se dirige. 
Frente a unas iniciales y radicales propuestas dirigidas a que la agricultura europea tome más en cuenta las indicaciones del mercado y las referencias internacionales, finalmente se ha aceptado matizar sus términos e incluso excluir a alguno de los sectores por reformar- como es el caso de los productos lácteos -, cuya reforma se pospone para la campaña 2005 y que seguramente verá entretanto agravados sus desequilibrios. 
Frente a las propuestas iniciales de profundizar la relación entre agricultura y medio ambiente para poner fin a algunos deterioros denunciados, como la degradación de suelos y de agua, ataques a la biodiversidad, etc., la Comisión propone en el reglamento horizontal que sean los Estados miembros los que definan las normas medioambientales obligatorias y generales y determinen las sanciones, huyendo así de un enfoque comunitario. 
Frente a los criterios de ir conformando una política agraria que tome más en cuenta la naturaleza estructural de algunas realidades a través de una política de desarrollo rural capaz de corregir algunas de las situaciones de nuestro mundo rural, como es la necesidad de diversificar sus actividades, de ofrecer a sus ciudadanos nuevas oportunidades y de evitar las continuas pérdidas de población, se opta por una política de desarrollo rural mínima y sin auténtica fortaleza. 
Frente a la necesidad de que la política agraria también responda a principios de cohesión económica y social y corrija algunos excesos, como la concentración de las ayudas en pocas manos, la Comisión responde que serán los Estados miembros los encargados de reducir los importes, dejando de un lado un necesario enfoque comunitario y la incorporación de principios generales. 
Usted, señor Comisario, manifestó recientemente en Madrid la posibilidad de que en el año 2003 tengamos que comenzar a hablar de una nueva reforma. 
Yo creo que ese mensaje encierra un doble peligro: primero, porque pone de manifiesto, en boca del autor de la reforma, que las actuales medidas de reforma no serán suficientemente eficaces, y esto incluso antes de aplicarse; y segundo, porque no es posible que el agricultor y el ganadero europeo desarrollen su actividad y planifiquen su futuro sin un marco de mínima estabilidad. 
No es posible que a las incertidumbres de la climatología sumemos las que proporcionan las decisiones políticas. 
En definitiva, el acuerdo puede que satisfaga a uno o a varios Estados miembros, pero no me parece que esté a la altura de los retos que la propia Agenda 2000 definió, como puede ser incluso la ampliación europea. 
Y a aquellos de mis compatriotas entusiastas por lo que se ha hecho, simplemente les sugeriría que las cuentas no sólo las hagan en términos absolutos sino también en términos relativos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Organización Común del Mercado vitivinícola es sin duda la más compleja de todas las OCM. 
Además de los aspectos relativos al control del viñedo y a las condiciones de producción de uva, forman parte la totalidad de la normativa relativa a las prácticas enológicas, es decir, a la transformación del vino, al igual que la normativa relativa al etiquetado. 
Sí, la viticultura europea es muy particular. 
Cada región es muy específica. 
Cada viñedo es diferente por su producto, por su calidad, y nos muestra con claridad que el vino es un producto agrícola y no industrial y que ha de ser tratado como tal. 
Las tierras son diferentes y es preciso respetarlas en su diversidad. 
Mi informe estaba bien orientado en este sentido. 
Eso es lo que han deseado los profesionales. 
Eso es lo que hemos votado y me felicito de que, después de muchas reuniones, después de muchas negociaciones, nuestras propuestas convergen con el punto de vista del Consejo, principalmente en el plano estructural, donde se acepta el principio del derecho al crecimiento: los cultivos vitivinícolas que tengan un mercado en desarrollo podrán obtener derechos suplementarios; principalmente en lo que se refiere a la duración de esos derechos de plantación, que se ha prolongado con el fin de preservar el descanso necesario para el suelo; en lo que se refiere a las medidas estructurales relativas a la renovación y rejuvenecimiento de las cepas- hemos conseguido que se conceda una ayuda -; en lo que respecta a las cooperativas se han aportado pocas modificaciones, simplemente un acuerdo que permite suprimir las medidas relativas a la extensión de su poder y reservar, sólo para sus miembros, las misiones que se les han asignado; en lo que respecta al reconocimiento de profesiones de un ámbito común también, concediéndoles un estatuto jurídico precisado en el derecho comunitario con el fin de evitar que los Estados miembros no productores lo pongan en duda; en las prácticas enológicas también el mantenimiento de los métodos tradicionales ha sido reconocido; en materia de etiquetado se ha aprobado una disposición directa de etiquetado. 
Finalmente, en lo que respecta a las importaciones de mostos procedentes de países terceros, el Parlamento ha obtenido satisfacción del Consejo. 
Como pueden ustedes comprobar, el compromiso del Consejo se acerca enormemente a las propuestas del Parlamento Europeo y sólo podemos felicitarnos por ello. 
Solamente que no todo es perfecto y un nuevo avance de decisiones del Consejo me preocupa y me parece inadmisible, principalmente pretender introducir en la zona vitícola a nuevos Estados miembros que no han sido tradicionalmente productores de vino: Irlanda, Dinamarca y Suecia. 
Esta decisión, de ser aplicada, pondría en duda nuestro compromiso en cuanto al fondo, el espíritu por el que hemos llegado a un acuerdo. Es decir, reconocer que nuestros vinos europeos son productos agrícolas y no industriales, producidos en regiones tradicionales, elaborados con métodos tradicionales, ya que, a la postre, se podría asistir en esos nuevos países vitícolas a una deriva para utilizar unidades de vinificación de mosto procedente de países terceros. 
Por ello, con el fin de evitar esta amenaza, votamos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural una enmienda que excluye cualquier posibilidad de ampliar la zona vitícola a ningún otro Estado miembro definido o precisado en esta enmienda. 
Finalmente, y es la voluntad de los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, es indispensable introducir un programa de acción y de información ante los consumidores con el fin de que conozcan esencialmente los efectos de los productos de la viña en su salud. 
Por ello, nosotros proponemos una enmienda, que yo llamaré «productos de la viña y salud». 
No olvide, señor Comisario, que la viticultura juega un papel importante en Europa, que no es cara y es muy rentable. 
Señor Presidente, el objetivo de mi informe es el de dotar a la Unión Europea del marco financiero y presupuestario adecuado para afrontar los retos de los próximos años. 
Este ha sido el interrogante que nos hemos planteado y la respuesta- convengo- no es fácil, y subrayo el tiempo presente de la expresión. 
Llevamos mucho tiempo pensando y trabajando en ello. Muchas horas de debate en la Comisión de Presupuestos, 22 documentos de trabajo discutidos y una resolución, ya aprobada por este Pleno hace unos meses. 
Aprovecho para resaltar la calidad y disponibilidad de la secretaría de la Comisión de Presupuestos y agradecer las contribuciones y la paciencia de mis colegas. 
El ponente ya participó en su día en la invención del método de las perspectivas financieras con ocasión de la crisis presupuestaria de 1987-1988, la que llevó al llamado «paquete Delors I» , y también fue ponente del Parlamento para el acuerdo de 1993. 
Por tanto, conoce, por experiencia, la diferencia que media entre tramitar un presupuesto con perspectivas financieras o sin perspectivas financieras. 
Los acuerdos interinstitucionales y sus perspectivas financieras han sido un elemento de progreso en la Comunidad y han permitido un desarrollo pacífico y ordenado de la vida presupuestaria europea así como la consecución de una gran serie de objetivos políticos. 
Por ejemplo: domeñar el hasta entonces desaforado crecimiento del gasto agrícola; consolidar y desarrollar la política de cohesión, fundamental para la convergencia económica y para la solidaridad política; integrar en el presupuesto comunitario acontecimientos como la reunificación alemana; abrir una brecha en las competencias del Consejo en el ámbito de los gastos obligatorios. 
Por eso, ante los desafíos que significaban la implantación del euro, la ampliación a los PECO, así como las necesarias reformas de la PAC y de las políticas estructurales, el ponente recomendó en su día que se intentara firmar un nuevo acuerdo interinstitucional, aunque fuera en un contexto, si cabe, de mayor austeridad que anteriormente. 
Les recuerdo, en todo caso, que, entre 1988 y 1999, hemos aprobado y ejecutado los presupuestos comunitarios en una cantidad inferior a 110.000 millones de euros por debajo del techo de los recursos propios. 
Frente al corsé de las perspectivas financieras propuestas por la Comisión ahora dimitida, la oferta del Parlamento era clara y lógica: flexibilidad y avance político. 
Es la síntesis de la resolución que aprobamos en Bruselas el 4 de diciembre de 1997. 
Para lograrlo intensificamos nuestros contactos con la Comisión y el Consejo, multiplicamos nuestros diálogos tripartitos, e incluso celebramos un seminario informal con la Presidencia y la Comisión en Viena para tratar de la flexibilidad. 
Nuestra voluntad nos llevó en diciembre a retirar las llamadas «enmiendas estratégicas» al presupuesto para el año 1999, y pocos días antes del Consejo Europeo de Berlín, el presidente Samland envió una carta a los quince ministros de Hacienda informándoles de las cifras que el Parlamento Europeo consideraba mínimos absolutos, el llamado «minima minimorum». 
Los resultados se pueden presentar de muchas maneras, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 14 de abril, no compartió la versión idílica que ha ofrecido el Consejo esta mañana. 
Cualquier expectativa de recorte fue superada por Berlín. 
Congelación del gasto agrícola, recorte del 20 % de la política estructural, recorte del 54 % de las políticas internas, si excluimos el programa marco de investigación. 
Recibimos, entonces, el mandato de negociar. 
No tocamos las cifras de las categorías primera y segunda porque asumimos las de las comisiones competentes en materia legislativa. 
A pesar de que se juraba que Berlín era intocable, hemos arrancado 1.480 millones de euros más para la categoría tercera, que quedaría- por decirlo así- al nivel de 1999 en precios constantes, y 1, 1 millardos de euros más para los gastos administrativos. 
Se ha multiplicado por siete la dotación del instrumento de flexibilidad acordado en Berlín. 
En cuanto a los avances políticos, debería subrayar, como más importantes y novedosos, los siguientes: se consolida una serie de acuerdos puntuales preexistentes; se ofrece una solución definitiva al contencioso sobre la clasificación de gastos obligatorios y no obligatorios, que se arrastra desde 1982; se pasan gastos de la Política Agrícola Común a gastos no obligatorios. 
Quizás el poder definitivo sigue en manos del Consejo, que aprueba los reglamentos, pero es un paso de una alta carga simbólica y que abre una puerta al futuro. 
Sintéticamente, estos serían los puntos básicos que llevaron a la Comisión de Presupuestos a cambiar el lunes por la noche su posición de rechazo al Acuerdo interinstitucional y proponer al Pleno que lo acepte, junto con las perspectivas financieras anejas. 
Y esta es también la posición del Grupo Socialista, que en estos momentos ya estoy representando. 
Me he cambiado el sombrero. 
Habrán observado que ha pasado el tiempo de ponente. 
Hasta aquí, he cumplido, por tanto, mi misión institucional. 
Déjenme unos segundos para expresar mi posición personal. 
Y agradezco al Grupo, y especialmente al compañero Samland, que me haya cedido su tiempo de uso de la palabra, sabiendo que voy a expresarme en contra de la posición mayoritaria. 
En mi opinión, en Berlín, nuestros gobiernos fueron cada uno «a ver qué había de lo suyo» , y pocos, si alguno, qué había para Europa. 
Un paso atrás, a mi juicio, en la construcción europea. 
Me gustaría saber qué piensa honradamente el Sr. Prodi de todo esto. 
¿Cree que podrá hacer lo que anunció ayer aquí mismo con estos dineros? 
El Consejo ha anunciado esta mañana, por ejemplo, una opción de lucha contra el paro, pero reduce el marco presupuestario para estas acciones. 
Yo quiero un acuerdo, pero no cualquier acuerdo. 
Y este acuerdo aportaría menos, a mi juicio, que la aplicación estricta del artículo 272 del Tratado. 
Y la flexibilidad reclamada resulta, a la hora de la verdad, rígida y vetable por el Consejo. 
Entre el 1, 27 % -que criticamos en diciembre de 1997- y el 0, 97 % que sale de Berlín- estoy dispuesto a aceptar que se trata del 1, 13 % si añadimos la ampliación, pero la ampliación Dios sabe cuándo llegará -, entre ambas cifras, había un margen para sacar un acuerdo austero pero mejor para Europa. 
Yo quisiera recordar que los dos Acuerdos interinstitucionales anteriores entraron en vigor respectivamente cinco y siete meses después del periodo que se planificaba presupuestariamente. 
No hay dinero en este paquete para políticas esenciales. 
Congelamos la categoría tercera; en la cuarta sólo se ofrece una declaración por si la crisis de Kosovo necesitara una revisión de las perspectivas financieras, y se nos anuncia que el Consejo estaría dispuesto a aceptar una revisión antes de la entrada en vigor de las perspectivas financieras que quieren que adoptemos hoy. 
Cuando entraron España y Portugal, este Parlamento hizo saltar los techos de los aumentos presupuestarios que estaban fijados entonces por la TMA. 
Pero ahora a los candidatos del este y del centro se les ofrece cuatro cuartos, y les anunciamos que, si entran, les daremos de comer aparte. 
Hablamos de poderes y, a mi juicio, nos quedamos con el nominalismo. 
Con este Acuerdo interinstitucional, el Consejo aprobaría de facto el presupuesto para siete años. 
No hay margen político para el Parlamento. 
Por tanto, yo- que quiero más Europa, aunque sea con el mismo presupuesto, pero que no creo que lo podamos lograr con menos -, en conciencia, no puedo recomendar al Pleno la aprobación de este acuerdo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera hablar sobre la opinión de la Comisión de Presupuestos para la segunda lectura del informe del Sr. Arias Cañete: modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca. 
Su informe ya incluye enmiendas al presupuesto sobre la asistencia técnica. 
No obstante, en nombre de la Comisión de Presupuestos, debo pedir a la Asamblea que no apoye las enmiendas 5, 53 y 54, que no se ajustan a los principios del Reglamento. 
Volviendo a mi recomendación para la segunda lectura sobre la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas, este trabajo se ha llevado a cabo de conformidad con el antiguo Tratado y ahora reconoce la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Se han celebrado muchas reuniones y la Comisión y el Consejo han realizado grandes concesiones para acercar sus posiciones a aquélla del Parlamento Europeo. 
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Comisión y a la Presidencia alemana del Consejo, que no ha escatimado esfuerzos, por su cooperación en este procedimiento de codecisión. 
La Comisión de Presupuestos ha apoyado la propuesta de incluir capital privado en la financiación de los proyectos de las redes y ha planteado la posibilidad de incrementar dicha participación del 1 % hasta el 2 %. 
Hemos apoyado Galileo, la propuesta europea en materia de sistema global de navegación, y hemos apoyado a la Comisión de Transportes en su deseo de destinar el 55 % de los fondos a los ferrocarriles y un máximo del 25 % a las carreteras. 
Creo que este informe consolida la participación de la Comunidad en la construcción de las redes. 
La financiación es una contribución a los proyectos. Actuará como multiplicador económico y creará muchos puestos de trabajo. 
Las regiones periféricas saldrán beneficiadas y las empresas verán reducidos sus gastos de acceso a los mercados mundiales. 
No obstante, el importe total no ha estado exento de polémica. 
El importe en la primera lectura, que la Asamblea votó ayer, era de 5.500 millones de euros. 
A raíz de Dresde, Berlín y de intensas negociaciones, recomiendo la cifra de 4.600 millones de euros. 
Lamentablemente, el Consejo no puede subir hasta ahí. 
Se aferró a 4.500 millones de euros, tras haber partido de una base muy baja de 3.200. 
El Consejo debía aprobar nuestro importe o volver a empezar de nuevo todo el procedimiento de codecisión. 
Es para mí un placer informar a la Asamblea que el Consejo ha aprobado la suma de 4.600 millones en su reunión de esta mañana. 
Señor Presidente, recomiendo este informe y sus 21 enmiendas a la Asamblea. 
Señor Presidente, Señorías, cuando en marzo de 1998 la Comisión presentó sus propuestas para la reforma de los Fondos estructurales, existían dudas sobre si se iba a lograr una auténtica reforma y sobre si los reglamentos se iban a poder aprobar a tiempo para que los nuevos programas pudiesen ponerse en marcha a comienzos del año 2000, conforme al plan trazado. 
Quiero expresar mis felicitaciones en especial a los ponentes, la Sra. McCarthy, el Sr. Hatzidakis, el Sr. Collins, el Sr. Walter, el Sr. Barón Crespo y el Sr. Arias Cañete, también en su calidad de presidente de la Comisión de Política Regional. 
Creo que junto con el Consejo hemos logrado llevar a la práctica lo que muchos consideraban improbable. 
Antes he explicado los principios básicos de la reforma de los Fondos estructurales, por lo que no les voy a aburrir ahora con opiniones concretas sobre las diferentes enmiendas pues he entendido en todas sus intervenciones que van a seguir el procedimiento tal como se ha acordado. 
Aunque en algún que otro punto habrían deseado, al igual que nosotros, que tal o cual aspecto se hubiese regulado de un modo más óptimo, sin embargo, estamos de acuerdo en que hemos llegado al final de nuestro recorrido y que vamos a aplicarlo ahora en forma de leyes concretas. 
Por ello, me voy a referir ahora sólo a algunas cuestiones muy concretas. 
El tema de las islas: en muchos debates mantenidos en esta Asamblea, he comprobado cuántos isleños pertenecen a este Parlamento, lo que me parece muy simpático. 
Me parece que también los isleños coinciden con la amplia mayoría del Parlamento y de la Comisión en que el principio de la cohesión económica y social se demuestra sobre todo en el trato que se da a las regiones de estructuras más débiles, por lo que queremos asignar a estas regiones el 70 % de todos los créditos, tanto si viven en tierra firme como en islas. 
Si somos sinceros unos con otros, sabemos que no tiene ningún sentido hacer sólo de la insularidad un aspecto del que se deriven las ayudas, pues el punto de partida de las ayudas estructurales, así figura también en el Tratado, es compensar las desventajas de regiones y grupos sociales y es a esto a lo que nos debemos adherir en su propio interés. 
Si no lo hiciésemos, a la postre perjudicaríamos precisamente a aquellos a los que más queremos ayudar. 
Por lo demás, esto es también aplicable a alguna que otra exigencia que se plantea a los Fondos estructurales. 
No son la olla financiera de la que uno pueda servirse libremente cuando en algún que otro sitio se necesita dinero sino que son un medio para fomentar un objetivo muy concreto, a saber, el de fomentar la cohesión económica y social de esta Unión y destacar en la práctica el principio de que la solidaridad es uno de los fundamentos esenciales para la existencia de la Unión europea. 
Por ello, tampoco somos un fondo cultural por excelencia sino que financiamos medidas culturales al igual que medidas de turismo si, en primer lugar, sirven para crear puestos de trabajo y, en segundo lugar, son de ayuda para el desarrollo regional; sin embargo, no somos una institución meramente cultural. 
En lo que se refiere a las regulaciones transitorias sobre las que se ha hablado aquí o al hecho de que se tienen que excluir, no se trata de una maldad sino que es reflejo de que las regiones han realizado progresos y que tenemos que ocuparnos primero de los más pobres y no seguir ayudando a los ricos que llegan lentamente a alcanzar la media. 
La Sra. Schroedter se ha referido de nuevo a la famosa lista de los actos caritativos. 
Insisto en que en total no se trata más que del 2 % de los créditos totales, lo que no tiene ninguna influencia sobre las decisiones estructurales de los Fondos. 
Quiero indicar además claramente que aquí se incluyen iniciativas tan importantes con la iniciativa PEACE. 
Señor Arias cañete, respecto a las medidas relacionadas con la pesca, para evitar malentendidos hay algunas enmiendas que no acepta la Comisión pues se refieren a las medidas que precisan de una decisión del Consejo y que no podemos adelantar sencillamente aquí. 
Además, también queremos que se reformen las medidas relacionadas con la flota pesquera y en este punto no seguimos sus propuestas. 
Por lo demás, creo que el Parlamento ha tenido un gran éxito en general. 
Les expreso a todos mi agradecimiento por la cooperación tan positiva y plena de confianza. 
He olvidado felicitar también a los ponentes Varela y Jöns. Lo hago ahora expresamente. 
Me alegra que con el nuevo code of conduct, que adapta los procedimientos actuales a la nueva situación jurídica, pueda proseguir también en el futuro esta estrecha cooperación que espero prosiga con el nuevo Parlamento. 
Quisiera decir unas palabras sobre el Fondo Social. 
En este caso en particular, el Parlamento tiene codecisión, y sus inquietudes han quedado claramente patentes en el nuevo texto. 
El apoyo y la contribución del Parlamento a la reforma han sido decisivos. 
Quisiera, en particular, expresar mi agradecimiento a la ponente Sra. Jöns por su excelente trabajo en este sentido. 
Podemos estar orgullosos de los resultados en cuatro ámbitos concretos: el acuerdo universal sobre la prioridad absoluta del desempleo y la misión del Fondo Social de apoyar la estrategia europea para el empleo; en segundo lugar, la confirmación de la estructura temática de la regulación de los fondos y el alcance de los cinco ámbitos políticos, que abarcan desde las políticas activas para el mercado de trabajo, pasando por la inclusión social, la formación a lo largo de toda la vida y la adaptabilidad, hasta la acción positiva en favor de las mujeres; en tercer lugar, hemos mantenido y reforzado el compromiso de apoyar a las organizaciones no gubernamentales y de luchar contra la exclusión social- compartimos la opinión de que el Reglamento debe obligar a los Estados miembros a proporcionar pequeñas ayudas, mediante modalidades de acceso especiales, a las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones locales; en cuarto lugar, una vez más con apoyo del Parlamento, hemos reforzado las disposiciones relativas a la igualdad de oportunidades y al principio mainstreaming del Reglamento. 
La sesión plenaria de hoy brinda al Parlamento la oportunidad de influir sobre el aspecto definitivo del Reglamento, ahora en calidad de colegislador. 
La Comisión recomienda con mucho gusto las enmiendas de compromiso presentadas por la ponente, Sra. Jöns, relativas a: añadir al artículo 1 la integración social en el mercado de trabajo, a saber, la enmienda 1; la nueva formulación del tercer sistema de economía social en el artículo 2, a saber, la enmienda 8; la importancia que tanto la Comisión como el Parlamento consideran que debe atribuirse a los principios de igualdad de oportunidades y de adaptabilidad, a saber la enmienda 9; y las mejores condiciones que propone el Parlamento para la concesión de pequeñas ayudas con disposiciones de acceso especiales para las organizaciones no gubernamentales, a saber la enmienda 10. 
Respecto a la enmienda relativa a mainstreaming, reconozco que el principio es fundamental, pero ya está contemplado en el Reglamento general y en el artículo 2 del propio Reglamento. 
Por ello, habida cuenta de los problemas que la enmienda podría originar en el Consejo, me inclinaría, como hace la ponente, por acceder y defender la no aceptación. 
Una vez que se haya implantado el Reglamento relativo al Fondo Social para el nuevo período, el Fondo Social recobrará nueva vida gracias a que se hace mayor hincapié en la dimensión del empleo en todas las políticas comunitarias y en los Fondos estructurales en particular. 
Todos nos sentiríamos orgullosos del continuo éxito de la estrategia europea para el empleo, que es la principal respuesta de la Unión Europea a la necesidad de más y mejores puestos de trabajo. 
Hemos definido a propósito el alcance del fondo de manera que pueda responder a la evolución de la economía y del mercado laboral durante los próximos siete años, siempre con vistas a alentar y a hacer posible que un mayor número de personas tengan una participación activa en el mercado laboral. 
Para ello debemos centrarnos con más firmeza que nunca en los instrumentos de activación que permiten a las personas aumentar sus posibilidades de ser contratadas, en vez de limitarnos a políticas pasivas. 
Al mismo tiempo no debemos escatimar esfuerzos para reforzar el elemento de la prevención, para impedir, en primer lugar, que las personas pierdan sus puestos de trabajo; un argumento muy bien defendido por la ponente. 
Sólo a través de este enfoque flexible, progresista y, sobre todo, global, podrá Europa hacer frente a los retos económicos y sociales del nuevo milenio. 
El Fondo Social es el Fondo estructural dirigido exclusivamente al individuo. 
Su objetivo es permitir a las personas progresar hacia el nuevo milenio; hacer posible que sean las propias personas las que realizan dicho progreso a través de la formación y la educación, aumentando sus posibilidades de conseguir un puesto de trabajo, de ayudarles a progresar con el tiempo para acceder a un puesto de trabajo mejor y a un mejor nivel de vida. 
Es el motivo por el que el Fondo Social, que actúa junto con la estrategia para el empleo, es tan importante para el futuro de Europa. 
El empleo sigue siendo en buena medida lo que determina el nivel de vida de una persona y tiene un gran peso sobre sus expectativas acerca de su posible aportación a la sociedad y sobre lo que la sociedad puede ofrecerle. 
Incrementando las posibilidades de las personas de mantener su puesto de trabajo, de conseguir un puesto de trabajo u otro mejor es algo que podemos hacer con ayuda del Fondo Social Europeo. 
Creo que como resultado del trabajo que se ha desarrollado entre las instituciones y aceptando las enmiendas a las que me he referido antes, hemos conseguido que el texto sea todo lo bueno que puede ser en estos momentos. 
Se lo recomiendo a ustedes y les pido que lo apoyen y que apoyen también a la ponente en su propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, durante las últimas semanas se ha discutido mucho sobre las decisiones adoptadas en Berlín relativas al sector agrario. 
En el debate de hoy se han expresado también opiniones muy diferentes. 
Permítanme que les exponga la mía al respecto. 
Sin duda, la reforma no va todo lo lejos que esperábamos, lo que supone una cierta inseguridad y también riesgo. 
Pero, por otro lado, no debemos tampoco infravalorar lo que hemos logrado. 
Aunque el acuerdo de Berlín prevé una reducción de los precios de los cereales de sólo un 15 % frente al compromiso del Consejo de Ministros de Agricultura, una equiparación de las ayudas a las oleaginosas a las ayudas reducidas a los cereales así como el inicio de la reforma del sector lácteo sólo a partir del año 2000, sin embargo esta reforma sigue siendo sin duda la más amplia que jamás ha realizado la Unión en el sector agrícola. 
A esto hay que añadir las reformas previas del sector del tabaco y del aceite de oliva. 
Pero sobre todo no debemos olvidar que estas resoluciones de los Jefes de Estado y de Gobierno se han adoptado unánimemente y, en consecuencia, se ha determinado también unánimemente la dirección en que debe apuntar la política agrícola en los próximos años. 
Esto nos hace claramente más fuertes para los próximos encuentros y negociaciones internacionales. 
Permítanme que realice una breve reseña de los motivos más importantes para la reforma y de los elementos centrales del acuerdo global alcanzado. 
En especial, para el sector de los cereales y de la carne de vacuno, los análisis realizados por la Comisión han mostrado que para poco después del año 2000 existe el peligro de un nuevo aumento de los excedentes de producción. 
Ante una situación de este tipo, teníamos en principio dos posibilidades. Un rígido y creciente control de la oferta para hacer del mismo el elemento central de la Política Agrícola Común o bien adaptar nuestra política de tal modo que podamos atender nuevos mercados de ventas adicionales. 
Con Berlín se ha decidido marchar a largo plazo por la segunda vía, para lo que tenemos que hacer más competitiva la agricultura europea. 
También debemos tener más en cuenta los justos deseos de los consumidores. 
Frente a esta mayor orientación al mercado se encuentran como contrapeso unos pagos directos mayores y oportunidades adicionales para lograr nuevas fuentes de financiación dentro y fuera de las explotaciones agrícolas. 
En Berlín hemos dado también un importante paso hacia la sostenibilidad de la agricultura pues hemos logrado incluir más intensamente los aspectos medioambientales en la política de mercado y en la política para el desarrollo de las áreas rurales. 
Además, con los acuerdos de la Agenda se ha creado un segundo pilar de la Política Agrícola Común. 
Es cierto que este segundo pilar es aún algo más débil que el primero, pero se ha colocado la piedra sillar para este pilar. 
En el futuro, probablemente se tratará de cómo podemos reforzarlo. 
En el presupuesto vamos a tener en el futuro dos sublímites. 
Esta división en una parte de gastos obligatorios y otra parte de gastos no obligatorios fue acordada en Berlín y confirmada también aquí en el Parlamento. 
De este modo, tenemos ahora un límite superior para los gastos tradicionales de garantía y un segundo límite superior para el desarrollo rural. 
En consecuencia, las cosas serán en parte considerablemente más rígidas y en parte inflexibles. 
Comprendo que el Parlamento, en su función de autoridad presupuestaria, insista en este punto y quiero esperar que la disciplina presupuestaria no sea sinónimo de inflexibilidad. 
Precisamente esto es lo que sería de criticar a este segundo pilar, la parte más innovadora de la política. 
La reforma sobre la que se ha llegado a un acuerdo en Berlín es en su totalidad un importante paso hacia adelante. 
Sin embargo, quedan ciertos riesgos e imponderables. 
Sobre todo, hoy nadie puede saber si las menores reducciones de precios de garantía, sobre los que se ha llegado a un acuerdo en el compromiso final, serán suficientes para lograr de hecho un equilibrio en el mercado. 
Conociendo estos compromisos, nos prepararemos del modo correspondiente para las nuevas negociaciones de la OMC y las negociaciones de ampliación y lo tendremos además en cuenta en la ejecución del reglamento de mercado durante los próximos años. 
Pero existe perfectamente motivo para tener una cierta confianza. 
A las negociaciones de la OMC vamos a ir con unas ideas muy claras sobre el tipo de agricultura que queremos tener en Europa: una agricultura competitiva y sostenible que proporcione a los consumidores productos de calidad. 
Este es también el modelo agrícola que queremos ofrecer a nuestros interlocutores en la Europa Oriental con el segundo pilar de la PAC. 
Para finalizar, permítanme que realice algunas observaciones sobre las enmiendas. 
Primera: aunque comparto la opinión de que hay que intensificar la política para el desarrollo de las áreas rurales, sin embargo, una reducción de las acciones para las regiones desfavorecidas sin un aumento de los créditos, significaría que tendríamos que tomar esos créditos de otras acciones para el desarrollo de la áreas rurales. 
Segunda: en opinión de la Comisión, las compras de intervención a unos precios superiores en el sector de la carne de vacuno conduciría a la formación de nuevos excedentes no vendibles y ejercería una considerable presión sobre el presupuesto así como sobre nuestros precios de mercado. 
Si los recortes de los pagos a las oleaginosas se extendiesen por un período de cuatro años, esto aplazaría en otro año el levantamiento de los límites «Blairhouse» y exigiría aún más créditos presupuestarios que no están cubiertos. 
Respecto a la pregunta del Sr. Mulder sobre la posibilidad de transferencia: yo también creo que debemos seguir debatiendo sobre este tema. 
Me parece muy importante que se desarrolle una cierta flexibilidad temporal para la parte del desarrollo rural que permita utilizar realmente los créditos disponibles. 
En lo tocante a la fecha de pago del 31-10, estoy dispuesto a examinar esta cuestión, si bien con la limitación de que no se debe producir por ello un aplazamiento del ejercicio presupuestario para los gastos obligatorios. 
Respecto a lo expuesto por el Sr. diputado Graefe zu Baringdorf, quiero indicar que la nueva política agrícola sí que va a suponer un desplazamiento de esta relación 80: 20 y que con la reforma los pequeños agricultores tendrán más oportunidades de las que han tenido hasta ahora. 
Por lo demás, quiero indicar que la Comisión nunca ha propuesto una compensación total de las rentas. 
Solamente hemos hablado de compensación de rentas y esto no es automáticamente lo mismo. 
Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los ponentes por la constructiva cooperación mostrada. También quiero expresar hoy mi especial agradecimiento al presidente durante tantos años de la Comisión de Desarrollo Rural, el Sr. Colino Salamanca. 
Aplausos 
Este es el último debate sobre el futuro de la Política Agrícola Común en el que usted participa en esta Asamblea. 
Gracias en el nombre de la Comisión y en el mío personal por el importante trabajo que ha realizado en provecho de la agricultura europea. Le deseo lo mejor para el futuro. 
Aplausos 
Señor Presidente, ¿puedo plantear una pregunta adicional al Comisario Fischler? 
Las enmiendas del segundo informe, por ejemplo, las relativas al sector lácteo, como usted no las ha mencionado, ¿significa que la Comisión las recoge? 
Señor diputado, no me he referido a esta cuestión porque en la intervención del ponente sobre el sector lácteo no se ha planteado. 
Sin embargo, puedo decirle lo siguiente: estamos dispuestos a volver a la fórmula anterior, es decir, que el review para el mercado lácteo se haga en el año 2003 y, naturalmente, la Comisión está también dispuesta a incluir en su análisis la cuestión la supertasa en el marco de este review. 
Las previsiones financieras para el período 2000-2006 y el acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario constituyen una parte esencial del paquete de la Agenda 2000. 
Deduzco de los informes y de la intervención del Sr. Colom i Naval que en el seno del Parlamento Europeo existe diversidad de opiniones sobre este asunto. 
Permítanme, por tanto, exponer algunas de las causas principales por las que la Comisión apoya el acuerdo. 
Es cierto que las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín en lo relativo a las previsiones financieras para 2000-2006 siguen estando por debajo de la propuesta de la Comisión. 
Pero en negociaciones posteriores, bajo la presión de la delegación del Parlamento Europeo, se lograron importantes mejoras. 
Respecto a las políticas internas, la propuesta que tienen ante sí sobrepasa las conclusiones de Berlín en 1.500 millones de euros. 
Esto permitirá financiar programas prioritarios plurianuales, por ejemplo, las redes transeuropeas. 
Además salvaguarda un margen considerable para nuevas iniciativas políticas. 
Respecto a las acciones exteriores, existe el claro compromiso del Consejo de financiar las necesidades adicionales que se deriven de la situación en los Balcanes, en caso necesario, a través de una revisión de las previsiones financieras. 
En lo relativo al gasto administrativo, el acuerdo permitiría la financiación de unos 1.000 nuevos puestos para las instituciones comunitarias, y financiar también el nuevo Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo, a pesar de que aún no se vislumbra una solución a este asunto, como ustedes saben. 
El nuevo acuerdo interinstitucional marca asimismo un importante avance en cuestiones clave del procedimiento presupuestario. 
El acuerdo clarifica la clasificación del gasto que define las competencias presupuestarias del Consejo y del Parlamento, con lo que se elimina una causa de constantes conflictos. 
Al mismo tiempo, el Parlamento ve incrementadas sus competencias presupuestarias en el ámbito del gasto agrícola. 
El acuerdo prevé además la plena cooperación entre ambas ramas de la autoridad presupuestaria en todas las partidas del presupuesto, algo por lo que el Parlamento ha luchado durante mucho tiempo. 
Señor Presidente, sin el acuerdo se perderían estos logros de procedimiento. 
Existiría un alto riesgo de que se produzca una confrontación anual en torno al presupuesto, algo que en nada beneficiaría a los intereses de la Unión ni a sus políticas. 
En segundo lugar, quiero responder a Lord Tomlinson sobre su informe. 
En primer lugar, la Comisión se congratula del acuerdo del Consejo, porque éste tiene en cuenta la mayor parte de las inquietudes del Parlamento Europeo. 
Sobre las enmiendas presentadas en el informe de Lord Tomlinson, la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas 1 y 2. 
En lo relativo a las enmiendas 3 y 4, la Comisión ha aprobado una declaración conjunta en el Reglamento según la cual, la Comisión proporcionará toda la información oral al Consejo y al Parlamento sobre la situación económica de los países beneficiarios que reciben préstamos, así como sobre los riesgos que he explicado a la hora de presentar el informe anual. 
Por este motivo, la Comisión no estima necesario incluir dichas enmiendas 3 y 4 en el Reglamento por el que se crea el fondo de garantía. 
Señor Presidente, quisiera repetir una pregunta que formulé antes y a la que se puede responder con un simple «sí» o «no». 
Mi pregunta era si la flexibilidad de 200 millones y el 0, 03 % es aplicable a todas las categorías del presupuesto, incluida la categoría 1. 
Risas 
Señor Presidente, quisiera comenzar expresando mi satisfacción por el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento relativo al Reglamento de financiación de las redes transeuropeas. 
Esta parte fundamental del paquete de la Agenda 2000 tiene el doble atributo de ser el primer texto jurídico surgido de la Agenda 2000 que logra una posición común en el Consejo y, sin embargo, es el último en ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Es asimismo uno de los primeros actos jurídicos en ser aprobado mediante el procedimiento de codecisión que establece el Tratado de Amsterdam. 
Espero que el precedente amigable y productivo demostrado aquí se repita en muchas otras ocasiones. 
Puede que a la vejez, yo esté haciendo gala de un exceso de optimismo. 
Buena parte del mérito de haber alcanzado el acuerdo recae sobre el ponente, Sr. Kellett-Bowman, a quien me alegra ver en la Asamblea. 
Ha demostrado que conoce a fondo los requisitos de financiación de las redes transeuropeas, así como la determinación de crear un marco estable a largo plazo para la financiación de grandes proyectos de dichas redes. 
Sus colegas como el Sr. Samland y otros- a quienes también me alegra ver en la Asamblea- han contribuido a elaborar un paquete muy productivo y eficaz. 
Evidentemente, el tema más importante es la dotación financiera global de 4.600 millones de euros para el período de 2000-2006. 
Este importe es más modesto que la apuesta inicial de la Comisión. 
Pero me alegra decir que representa un incremento real de aproximadamente el 10 % y es plenamente coherente con el límite más bajo para las políticas internas que se aprobó en la Cumbre de Berlín. 
Aparte del útil incremento de fondos, el nuevo reglamento financiero supone un importante avance por ser un instrumento adecuado para proporcionar financiación a largo plazo para proyectos a largo plazo, porque incluye programación plurianual, lo que significa que los promotores de los proyectos podrán planificar con una seguridad sin precedentes sobre la financiación que pueden esperar con cargo al presupuesto para las redes transeuropeas. 
Esto es especialmente importante para el desarrollo y el fomento de asociaciones entre los sectores público y privado. 
Entre los otros elementos importantes del reglamento modificado se incluyen, primero, una modalidad realmente nueva para la inversión de los fondos destinados a las RTE en fondos de capital de riesgo al objeto de tener acceso a unos recursos, que pueden ser muy grandes, de financiación a largo plazo que las compañías de seguros y los fondos de pensiones ponen a disposición para financiar proyectos públicos de infraestructura. 
Segundo, el Reglamento establece la posibilidad de financiar hasta el 20 % del proyecto Galileo relativo a la navegación vía satélite- en torno a los 500 millones de euros- y hacerlo con cargo al presupuesto para las RTE. 
Este componente es fundamental para demostrar que este proyecto fundamental puede ser financiado y también para garantizar que se desarrolla como proyecto auténticamente europeo. 
Espero que las negociaciones sobre la financiación de la Unión Europea para proyectos innovadores de las RTE en el actual Consejo Europeo confirmen la importancia de Galileo para los productores europeos y los usuarios europeos. 
Con la noticia de hoy de COREPER de que el Consejo está dispuesto a dar su aprobación al compromiso reflejado en las enmiendas que hoy tenemos ante nosotros, puedo confirmar asimismo el pleno apoyo de la Comisión a la posición del Parlamento. 
Por tanto, espero con interés la pronta aprobación del Reglamento modificado, a tiempo para la aplicación del programa plurianual que comenzará en el año 2000. 
Expreso mi gratitud- no sólo en nombre de la Comisión, sino en un plano mucho más amplio, en nombre del público en general de la Comunidad y del sector- por la previsión y el compromiso demostrados por el Parlamento en este asunto. 
Señor Presidente, sólo hay que decir a los Comisarios presentes que la alegría por la conclusión de resoluciones tanto sobre las redes transeuropeas como sobre el Quinto programa marco de investigación está un poco enturbiada. 
Voy a echar unas gotas de agua para que no abran demasiado pronto el champán. 
Ambas cosas iban unidas a una nueva perspectiva financiera. 
Si mañana el Parlamento no llegase al acuerdo de dar su aprobación a un Acuerdo Interinstitucional, no se dispondrá entonces del marco financiero sobre el que hemos debatido y sobre cuya base se han acordado ambos acuerdos: el Quinto programa marco de investigación y las redes transeuropeas. 
Quiero decir esto aquí, por lo que es una reserva antes de que se escancie el champán. 
Durante cuatro años y medio he tenido la clara sensación de que el Sr. Samland podía convertir el agua en vino. 
Risas 
Aquí tenemos una nueva forma de magia. 
Procedemos ahora al debate general. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, me voy a detener en particular en el Fondo Social Europeo. 
Tal vez hemos llegado al final de un largo trabajo que comenzó con un informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre el Fondo Social Europeo. 
Hay que reconocer que la Comisión ha tenido en cuenta el planteamiento del Parlamento Europeo tanto por lo que se refiere a los objetivos y las prioridades como en lo que respecta a los procedimientos. 
En este sentido, quisiera subrayar algunas cuestiones importantes, a saber, la estrecha relación entre las prioridades del Fondo Social Europeo y las orientaciones en materia de empleo. 
No cabe duda de que el Fondo Social Europeo es el instrumento comunitario fundamental para la aplicación de los cuatro pilares, en concreto el empleo y el reglamento que hoy nos ocupa es coherente con estos objetivos: integración social y no discriminación. 
Considerar el trabajo como oportunidad económica, y al mismo tiempo como realización de uno mismo significa estudiar más y mejor a lo largo de toda la vida, significa luchar contra las desigualdades materiales y actuales que afectan a la posibilidad que toda persona tiene de planear libremente su futuro. 
Por todo esto el instrumento del Fondo Social Europeo es fundamental, así como es fundamental que las organizaciones no gubernamentales y el tercer sector, especialmente de cara a una política de integración concreta, vayan de la mano desde la etapa de programación. 
Cierto que será responsabilidad de los Estados miembros, pero corresponderá a la Comisión vigilar y controlar. 
Y termino recordando un punto ya mencionado por la Sra. Jöns: es incomprensible que el Consejo no esté dispuesto a incluir de forma explícita el gender mainstreaming- y lo es sobre todo después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam que considera la igualdad de oportunidades el principio fundamental de la Unión- que constituye asimismo uno de lo cuatro pilares de las estrategias europeas en materia de empleo. 
Confío en que el Consejo admita las enmiendas del Parlamento Europeo para finalizar este camino rápidamente y satisfaciendo a todas las Instituciones europeas. 
Señor Presidente, también yo voy a hablar del Fondo Social Europeo, pero desde el punto de vista de las relaciones económicas exteriores, por haber sido yo el autor de la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
La promoción social va determinada, naturalmente, en primera línea por la satisfacción de las necesidades básicas de nuestros ciudadanos y sabemos que aún falta mucho por hacer en ese ámbito. 
Así debe ser, si queremos el mantenimiento del modelo social europeo- del que podemos enorgullecernos -, pero con la idea de que debe ser un modelo realista, en el que la mejora de las condiciones de trabajo sea un reflejo de la mejora de las condiciones de productividad. 
Ahí tiene que intervenir la Agenda 2000 para proporcionar los medios indispensables para su prosecución con las infraestructuras cofinanciadas por el FEDER, por el FEOGA-Orientación o por el Fondo de Cohesión, así como la formación o reasignación de la mano de obra, para lo que se precisa el apoyo del Fondo Social. 
En una época de mundialización, sería inaceptable que quisiéramos competir con países menos desarrollados mediante reducciones de salarios o empeoramiento de las condiciones de trabajo en nuestro continente. 
Pero, por otro lado, tampoco podemos aceptar una vía proteccionista como la estrategia con la que estábamos cavando nuestra ruina y en la que estábamos eludiendo las responsabilidades que tenemos ante el mundo, en particular con las zonas menos desarrolladas. 
En interés de todos, debemos, pues, avanzar hacia una estrategia de apertura, que respete sin lugar a dudas las normas del comercio tradicional, por nuestra parte y por la de los demás, y en eso Europa tiene sin lugar a dudas un papel importante que desempeñar con condiciones de competitividad que dependen en gran medida de la formación de las personas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hemos llegado al final de este debate sobre la Agenda 2000, y mañana la Asamblea aprobará seguramente estos reglamentos. 
Yo creo que, con estos reglamentos, hemos logrado una mejora de la cohesión económica y social, que es uno de los objetivos fundamentales de la Unión: una cohesión económica y social y una mejor cohesión territorial. 
Una mejor cohesión económica y social que ha de llevar aparejada la creación de puestos de trabajo, atacando el principal problema que tiene la Unión Europea, que es el problema del paro. 
Yo creo, señora Comisaria, que se ha llevado a cabo una buena reforma, positiva, de los Fondos estructurales, con sus proyectos de concentración, de simplificación y con un partenariado eficaz mediante la contribución de las autoridades regionales y locales, que pueden lograr un desarrollo eficiente en la aplicación efectiva de estos Fondos estructurales. 
Creo que también se ha dado un paso importante con la reducción de las iniciativas comunitarias, y usted ha tenido especial interés en que únicamente figuren entre las iniciativas comunitarias aquellas de dimensión europea. 
Una última decisión del Consejo, a instancias del Parlamento, ha incluido una cuarta iniciativa comunitaria, la cual también creo que beneficiará en aspectos muy concretos a unas poblaciones determinadas de la Unión Europea, aunque no tenga la dimensión comunitaria que tienen las otras tres iniciativas. 
Lamentamos que en el Consejo Europeo de Berlín se haya acordado una reducción significativa del dinero que se va a destinar tanto a los Fondos estructurales como al Fondo de Cohesión, pero entendemos también que su aplicación será positiva en los próximos siete años. 
Y creo que hemos de tener en cuenta que estos Fondos estructurales son prácticamente los últimos que se aplican a los quince Estados miembros, ya que la perspectiva de la ampliación a los Estados del centro y del este de Europa modificará las políticas de acción regional para los próximos años. 
Yo querría finalmente agradecer a la Sra. Comisaria el eficiente trabajo que ha hecho para que la nueva política regional, la del período 2000-2007, vaya ligada a su nombre, en el sentido de que la suya ha sido una contribución importante. 
Señor Presidente, después de meses de arduo debate, de complicadas negociaciones, ha llegado el momento en que el Parlamento Europeo debe decir sí o no a la Agenda 2000. 
Por mi parte anuncio que no voy a decir sí a la Agenda 2000. 
Mi impresión es que el acuerdo a que se ha llegado no es un acuerdo basado en las necesidades de la Unión sino en la negociación de los intereses estatales. 
Sólo así se entiende que la propuesta inicial de la Comisión, que ya de por sí suponía una reducción de los Fondos estructurales y de cohesión respecto a los niveles del actual período, se haya visto disminuida con el acuerdo final alcanzado en el Consejo Europeo de Berlín. 
Para quienes creemos en una Europa federal, basada en la cohesión social y económica, se ha perdido una ocasión de oro para avanzar en la igualdad entre los distintos territorios de Europa. 
Además, si entramos en esa dinámica de defensa de intereses territoriales en la que ha entrado el Consejo Europeo en Berlín, como diputado elegido por los ciudadanos de una zona concreta de Europa- una región llamada Aragón -, tampoco podría votar a favor de la Agenda 2000 porque, con ese acuerdo, los ciudadanos a los que represento salen muy perjudicados con relación a la actual situación. 
Finalmente, quiero señalar que veo también en el acuerdo alcanzado graves incongruencias. 
Por citar un ejemplo, señora Comisaria, un mismo problema- la despoblación- se aborda en la Agenda 2000 de tres formas distintas: por una parte, las zonas nórdicas despobladas acceden al Objetivo 1, es decir, a los principales Fondos estructurales; por otra parte, las Highlands escocesas obtienen únicamente un fondo especial a modo de compensación; y finalmente- tercera forma de abordar el problema de la densidad de población -, otros territorios- como es el caso de Aragón- que padecen el mismo problema quedan marginados de estas ayudas. 
Un mismo problema no puede abordarse de tres formas diferentes si queremos que la política estructural europea sea coherente. 
Por todo ello, repito, no voy a votar a favor de la Agenda 2000. 
Muchas gracias, señor Escolá. 
Señorías, con la intervención del Sr. Escolá, vamos a interrumpir el debate sobre la Agenda 2000, que continuará esta noche a partir de las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas al Consejo (B4-0337/99). 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 1 decae. 
Pregunta nº 2 formulada por Alexandros Alavanos (H-0324/99): 
Asunto: Un proceso justo para Ocalan Un punto común en las posiciones de todos los órganos institucionales de la Unión Europea sobre el asunto Ocalan es la exigencia de la celebración de un proceso justo ypúblico, tal y como este concepto se entiende en los sistemas jurídicos de las sociedades modernas y civilizadas. 
Dado que hasta la fecha el Gobierno turco deniega este proceso justo y público a través de acciones evidentes (obstáculos para la defensa, rechazo de las peticiones de que estén presentes observadores, etc.) , ¿qué medidas piensa tomar el Consejo para proteger la integridad física y psíquica del dirigente kurdo así como los derechos, evidentes para las sociedades civilizadas, que tienen todos los acusados ante la justicia? 
Doy la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Alavanos. 
Señor Presidente, respondo a su pregunta del siguiente modo: el Consejo espera que Turquía, al igual que cualquier otra parte firmante del Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o denigrantes, cumpla plenamente las obligaciones derivadas del mismo. 
Además, el Consejo parte del hecho de que se va respetar el derecho a un proceso justo así como el derecho a defensa, ambos establecidos también en la Constitución turca, frente a cualquier persona acusada en Turquía, es decir, también frente al Sr. Ocalan. 
En su declaración del 22 de febrero de 1999, la Unión Europea ha tomado nota de las correspondientes promesas del Gobierno turco. 
Señor Presidente, la Presidencia alemana nos ha asombrado; yo me siento avergonzado por lo que he oído decir al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo. 
En un momento en que están bombardeando Yugoslavia, nos dedicamos a savoir vivre con el Gobierno de Turquía, el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo viene y nos dice que tiene garantías del Gobierno turco. 
Hoy todos los diputados hemos recibido una comunicación de Amnistía Internacional en la que acusa a Turquía de que los propios abogados de Ocalan, Niyiatzi Boulgan, Irfan Dydar y otros, han sido torturados y golpeados dentro de los tribunales y que después, se reunieron fuera y los maltrataron las fuerzas policiales. 
Y el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo viene y nos hace savoir vivre con Turquía. 
Yo vuelvo a preguntar: ¿Se interesan la Unión Europea y la Presidencia alemana por los derechos humanos? 
Y si es así, ¿Cómo es posible que guarde silencio y que diga tales cosas como las que ha dicho en su respuesta sobre estas acciones despreciables que suceden en el juicio a Ocalan? 
Señor diputado, rechazo con toda decisión este ataque a la Presidencia. 
Usted conoce las reglas. 
Yo tengo que presentar lo que 15 Estados miembros han elaborado como posición común para su pregunta. 
No puedo comunicarle ninguna posición alemana; es totalmente irrelevante. 
No se trata aquí de la opinión de la Presidencia sino de lo que el Consejo dice. 
Esto se lo he comunicado y lo repito: el Consejo espera y exige de Turquía que respete sus compromisos nacionales e internacionales que se derivan de su propia Constitución y de su adhesión a Convenios internacionales. 
Señorías, de acuerdo con nuestro Reglamento, las preguntas 3 a 11 no se responderán al hacer referencia a cuestiones que han sido ya debatidas o serán debatidas en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones. 
Tiene la palabra el Sr. Morris para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, mi cuestión de orden es muy clara. 
Como vengo repitiendo desde hace ya muchos meses, y ciertamente esta semana, hay una pregunta a la que el Consejo se ha negado a responder: ¿es cierto o no que en Serbia y Kosovo, lo que antes conocíamos como Yugoslavia, se esté utilizando munición de uranio empobrecido? 
Señor Morris, please, just a moment. 
Por favor, señor Morris, de acuerdo con el Reglamento, aquellas cuestiones que hacen referencia a temas que son tratados en otro momento en el Pleno no se incorporan al turno de preguntas. 
Por lo tanto, señor Morris, no puedo darle la palabra por esta cuestión. 
Me pide la palabra el Sr. Dimitrakopoulos, pero dígame usted, Señoría, qué artículo del Reglamento invoca para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, le pido perdón porque no tengo el Reglamento, pero mi cuestión de orden se refiere a si hemos abandonado la práctica que utilizábamos hasta ahora en el turno de preguntas, según la cual, después de una pregunta formulada por un diputado, y después de la respuesta del Consejo, otros diputados tienen derecho para lo que se llama en ingles un follow up. 
No. 
Si usted desea hacer una pregunta complementaria a la pregunta del Sr. Alavanos, está usted en su pleno derecho. 
O sea que, perdonen, volvemos a la pregunta del Sr. Alavanos. 
He escuchado la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, he oído la síntesis de las posturas de los 15, es decir, que la Unión Europea espera que Turquía respete lo que está en vigor con relación a temas graves de este tipo. 
Mi pregunta es la siguiente: En el caso de que Turquía no lo respete, ¿Cuál será la intervención de la Unión Europea a partir de entonces? 
Señor diputado, en los últimos tiempos se ha indicado con claridad a Turquía que su comportamiento en el caso Ocalan, la garantía de un proceso conforme a las normas de un Estado de derecho, va a tener repercusiones sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Si el Consejo llega a la conclusión de que Turquía no respeta sus compromisos, extraerá consecuencias. 
Hoy no le puedo adelantar cuáles van a ser. 
Creo que lo puede comprender. 
Pregunta nº 12 formulada por Aline Pailler (H-0328/99): 
Asunto: Libre circulación de personas en la UE Con objeto de impedir su participación en una manifestación (autorizada) el 27 de marzo en París, las autoridades francesas bloquearon a 3000 italianos en la frontera la noche del 26 de marzo. 
Este grave hecho viola el derecho de manifestación y la libertad de circulación en la Unión Europea 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para evitar la repetición de este tipo de acciones y para garantizar la libertad de circulación de los ciudadanos en la UE? 
Señor Verheugen, le invito a usted a que responda a la pregunta de la Sra. Pailler. 
Señora diputada, lamentablemente tengo que comunicarle que no es competencia del Consejo enjuiciar la aplicación del derecho comunitario por parte de los Estados miembros; es asunto de la Comisión y de los correspondientes Estados miembros. 
En el momento del incidente que se describe en su pregunta, el acervo de Schengen aún no se había trasladado al marco de la Unión Europea. 
Como se trata de las relaciones entre dos socios de Schengen, la legitimidad de los controles fronterizos internos se regula por el Convenio ejecutivo de Schengen. 
El apartado 2 del artículo 2 de dicho Convenio prevé la posibilidad de llevar a cabo controles fronterizos internos durante un tiempo limitado y sólo por razones de orden público y de seguridad. 
El Estado que imparte la orden decide si se da un caso de este tipo. 
La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam no cambia nada al respecto. 
Señor Presidente en ejercicio, en cada ocasión que le planteamos preguntas aquí, se protege usted- y lo comprendo perfectamente- con cuestiones reglamentarias. 
Sin duda, Schengen no se estaba aplicando en absoluto, hace aproximadamente dos meses, pero creo que el papel del Consejo es un papel político. 
En el momento en que Europa está buscando su alma y cuando el Presidente de esta Comisión, señor Prodi, nos dice que la encontraremos en la cultura americana, me pregunto si no se podría transmitir un poco de entusiasmo a los pueblos europeos permitiéndoles ejercer algo estimulante y que forme parte de su cultura, es decir, la solidaridad en la lucha por los derechos humanos a través de las fronteras. 
Así pues, es una respuesta política la que le pido, señor, ya que estoy frente a un ministro, y quisiera saber si en los Consejos de Ministros llegan ustedes a hablar no sólo, por supuesto, de los inmigrantes, de problemas de seguridad, algo que hace usted muy bien- las Presidencias austríaca y alemana lo revelan todos los días- sino también del derecho de los ciudadanos, junto con el derecho de los capitales, a circular libremente. 
Señora diputada, tengo que decirle que no se trata de mi opinión personal ni tampoco de la opinión de la Presidencia. 
Tengo que dar aquí una respuesta con la que estén de acuerdo los dos Estados afectados que se citan en su pregunta. 
Se puede imaginar qué respuesta recibiría del Gobierno afectado si preguntase en su Parlamento nacional. 
No puedo ir más allá. 
El Consejo no es competente para esta pregunta. 
Competente para la observancia del derecho comunitario es la Comisión. 
Le ruego que le dirija a ella esta pregunta. 
En lo que se refiere al fondo de su pregunta, puedo comunicarle que el Consejo se ocupa intensamente del problema de cómo se puede lograr que Europa sea comprendida por las ciudadanas y ciudadanos, de cómo se pueden mostrar mejor las ventajas que Europa les ofrece y cómo se pueden aumentar dichas ventajas precisamente en el campo de la política interna sobre lo que estamos hablando ahora. 
Estamos preparando una cumbre que se celebrará en otoño en Finlandia y que se ocupará del desarrollo de la Europa de los ciudadanos. 
Pero le repito que casos aislados como este no caen dentro de las competencias del Consejo. 
Los diferentes Estados miembros no tolerarían que el Consejo se inmiscuyese en el modo cómo aplican el derecho nacional o europeo. 
Muchas gracias, señor Verheugen, pero retengo todavía su atención sobre el ámbito de esta pregunta porque he recibido la petición de dos preguntas complementarias más. 
La primera del Sr. Ripa di Meana, que tiene la palabra por el tiempo de un minuto. 
Señor Presidente, 3.000 ciudadanos italianos fueron retenidos bajo diferentes pretextos por la gendarmería francesa en la frontera italofrancesa para evitar que participasen en una manifestación pública, política, social y europea en París. 
Esta suspensión de hecho de los acuerdos sobre la libre circulación de ciudadanos reviste una gravedad que, sin duda, no se le escapa, no obstante, su prudencia en materia de competencias entre las Instituciones- que puedo comprender- no le exime de dar una respuesta política: ¿La Unión Europea puede aceptar que 3.000 ciudadanos sean retenidos con pretextos policiales con el fin de impedirles ejercer sus plenos derechos de ciudadanos europeos? 
Le formulo esta pregunta política y espero una respuesta política. 
Señor diputado, también tengo que defraudarle ya que usted espera de mí como político una respuesta política. 
Ya conoce las reglas de este turno de preguntas. 
No puedo darle aquí sin más una respuesta política. 
Primero tengo que tratarlo con el Gobierno francés e italiano y con los otros trece Gobiernos. 
Entonces podrá tener su respuesta política. 
Aquí sólo puedo indicarle que el Gobierno francés se ampara para su decisión en el apartado 2 del artículo 2 del Convenio ejecutivo de Schengen. 
Naturalmente, la República Francesa, al igual que cualquier otro Estado miembro de Schengen puede llevar a cabo controles fronterizos internos por motivos de orden público. 
Si esto estaba justificado o no en el caso concreto que nos ocupa, como político tengo una opinión muy clara al respecto, pero no puedo decírsela aquí. 
Tengo una pregunta para el Sr. Presidente del Consejo en funciones relativa al Reglamento 1408/71. 
La Unión Europea se encuentra en una posición difícil, puesto que la Comisión por así decirlo está fuera de servicio, sin embargo, es obligado aclarar la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento 1408. 
Me gustaría preguntarle directamente cómo valora el Presidente del Consejo en funciones el salario poslaboral danés con relación al Reglamento 1408. 
Hasta ahora, el régimen de salario poslaboral danés se ha mantenido fuera del Reglamento al haberse considerado no un régimen social, sino un régimen del mercado laboral. 
El caso es que el gobierno danés ha logrado retrasar el plazo para contestar hasta finales de abril y me gustaría saber cuando se discutirá esta cuestión en el Consejo. 
Esta era una pregunta adicional a la pregunta planteada por la Sra. diputada Pailler. 
Esta pregunta se refería a que las autoridades francesas habían prohibido a 3.000 ciudadanos italianos la entrada en Francia la tarde del 26 de marzo. 
Ni con la mejor voluntad puedo reconocer la relación de su pregunta con este incidente. 
Pero estoy dispuesto a responder a su pregunta por escrito. 
Pregunta nº 13 formulada por Otto von Habsburg (H-0329/99): 
Asunto: Ayuda humanitaria a las personas necesitadas en Ucrania Según fuentes dignas de crédito, en aplicación de la Ley para la defensa de los productores locales de Ucrania los paquetes de pequeño tamaño en los que se envían a aquel país alimentos, ropa e incluso medicamentos se marcan como «productos agrícolas» a su llegada y se devuelven al remitente. 
Esta práctica perjudica a las personas más necesitadas del país, como los pensionistas de mayor edad, que en muchos casos tienen que vivir con el equivalente de 37 a 50 marcos al mes. 
¿Está dispuesto el Consejo a hacer gestiones cerca del Gobierno de Ucrania para que tenga en cuenta el carácter humanitario de esta clase de envíos y modifique en consecuencia su política? 
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. von Habsburg. 
Señor Presidente, señor diputado, es cierto que en el marco de iniciativas privadas, ciudadanos necesitados ucranianos fueron apoyados hasta julio/agosto del año pasado mediante envíos postales de paquetes que contenían sobre todo alimentos, medicinas y ropa. 
De conformidad con el Decreto Presidencial 738/98 sobre la entrada de ayuda humanitaria proveniente del extranjero, desde entonces solamente se reconoce como destinatarios de ayuda humanitaria que no devenga aranceles a las personas jurídicas de utilidad pública reconocida en sus estatutos pero no a las personas particulares. 
De conformidad con la ley 468/97 sobre la Regulación estatal para la Importación de Productos Agrícolas en Ucrania, los paquetes dirigidos a personas particulares son devueltos por las aduanas ucranianas al remitente. 
Esta ley está en vigor desde el 15 de junio de 1998 y la Presidencia sabe por su parte que esto va unido a unos elevados costes para los remitentes de los paquetes. 
En el marco de las conversaciones bilaterales, el Gobierno Federal alemán, en su calidad de Presidencia del Consejo, ha instado- incluso muy insistentemente- en diversas ocasiones a la parte ucraniana para que modificase estas disposiciones por razones humanitarias. Lamentablemente, estos esfuerzos no han tenido hasta ahora ningún éxito. 
La Presidencia va a retomar el asunto tras consultar con los socios, en especial con Finlandia, en el marco del segundo Comité de Cooperación UE-Ucrania que se celebrará en julio y lo incluirá entre los asuntos oficiales de las conversaciones entre la UE y Ucrania. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Ministro, quiero expresarle mi sincero agradecimiento por esta detallada y clara respuesta a mi pregunta. 
Es muy satisfactorio que esto se pueda vivir de vez en cuando también en el turno de preguntas. 
Le ruego encarecidamente que se insista con la mayor energía. 
Recibo muchas cartas de jubilados ucranianos que se encuentran en una situación realmente miserable y a los que se debería ayudar. 
Si fuese posible de algún modo, le ruego señor Ministro, que abogue por ellos realmente con energía. 
Son nuestros interlocutores y serán en una ocasión nuestros socios en la Unión Europea. 
Le estaría muy agradecido si pudiese subrayar de nuevo esta necesidad. 
Gracias, señor von Habsburg. 
Creo que ésta es la última pregunta que usted formula en este Parlamento y, por lo tanto, debo agradecerle una vez más la riqueza de sus intervenciones aquí, en el turno de preguntas, y también la exquisita brevedad y el respeto que usted tiene al tiempo que se le concede. 
Señor Presidente, señor von Habsburg, entiendo lo que acaba de decir menos como una pregunta que como un aliento que recojo gustosamente. 
Le puedo asegurar que mantenemos una continua presión sobre este tema en Ucrania. 
He podido responder a la pregunta también porque de mi propia práctica política conozco casos, en especial, los casos que usted también conoce, sobre los modos posibles de eludir esta ley y lo que esto cuesta a los afectados. 
Es realmente difícil de comprender porqué por una ayuda individual a aquel que la realiza se le originen costes por un importe que superan varias veces el valor de la ayuda enviada. 
Coincidimos plenamente y vamos a seguir presionando a Ucrania en esta cuestión. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 14 decae. 
Pregunta nº 15 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0339/99): 
Asunto: Desarrollo del apartado 2 del artículo 299 Ante la inminente entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, ¿qué medidas prepara el Consejo para el desarrollo del apartado 2 del artículo 299 relativo al estatuto de las regiones ultraperiféricas? 
Señor Presidente, señor diputado, tengo que reconocer realmente que no pierde ningún tiempo para sacar a colación los intereses de esta región aquí en el Parlamento, pues el Tratado está ciertamente en vigor solamente desde hace cuatro o cinco días. 
Pero en el fondo, esto responde ya a su pregunta, pues según el apartado 2 del artículo 2999 del Tratado de Amsterdam la Comisión tiene que presentar la correspondiente propuesta. 
Solamente cuando se haya presentado puede actuar el Consejo y deliberar sobre medidas específicas para la regiones ultraperiféricas. 
Pero hasta ahora no se ha presentado tal propuesta de la Comisión. 
Agradezco la rápida y eficaz respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo. 
En efecto, la Comisión había dicho que iba a formular primeras propuestas en esta primavera, y luego, con motivo de la dimisión, ha dicho que no lo va a hacer hasta el otoño. 
Pero, desde el punto de vista de un parlamentario que, aun representando a la totalidad de España, representa particularmente los intereses de las regiones ultraperiféricas, de alguna forma sería interesante que el Consejo tomara una iniciativa para que la nueva Comisión pudiera considerar el tema desde el principio, ya que el régimen especial necesita un desarrollo posterior. 
Señor Presidente, señor diputado, el que el derecho de iniciativa radique en la Comisión tiene su buena justificación en las normas de la Unión Europea. 
La Comisión no está ahora presente, pero defenderá sin duda con uñas y dientes este derecho. 
Lo que le puedo recomendar es que haga lo siguiente: un Gobierno especialmente interesado podría mover sin más a la Comisión para que presente lo más rápidamente posible una propuesta al Consejo y entonces le puedo asegurar que el Consejo trataría el asunto sin ninguna demora. 
Pregunta nº 16 formulada por Hans Lindqvist (H-0341/99): 
Asunto: Alimentos seguros Durante los meses de invierno y primavera están teniendo lugar, en todos los países de la Unión Europea, campañas de ámbito nacional en torno al tema de la seguridad de los productos alimenticios y la salud. 
Esta iniciativa proviene de la Comisión, más concretamente de su Dirección General de política de los consumidores (DGXXIV) , que financia la campaña. 
La Unión Europea le ha destinado 1, 3 millones de coronas. Últimamente, Suecia ha tenido que hacer grandes esfuerzos para evitar el modelo de los países comunitarios, que permite de manera más o menos regular los aditivos antibióticos en los piensos. 
Hasta el momento, Suecia ha dispuesto de una normativa estricta en cuanto al uso de colorantes en las golosinas, así como un control alimentario riguroso y una normativa severa en materia de fumigación de cultivos. 
Actualmente, muchas normas comunitarias nos obligan a permitir la venta de cierto tipo de golosinas o alimentos conteniendo colorantes que hasta ahora estaban prohibidos en Suecia por razones de salud pública. ¿Es que no ha de darse prioridad a la salud pública? 
¿No dispone cada Estado miembro de un derecho preferencial de interpretación sobre qué productos pueden o no calificarse de alimentos sin riesgos para la salud? 
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Lindqvist. 
Señor diputado, la seguridad de los alimentos es un tema al que el Consejo concede una gran importancia, muy en especial cuando se trata de la protección de la salud de los consumidores. 
El Consejo Europeo ha expuesto en Luxemburgo este asunto en su declaración sobre la seguridad de los alimentos. 
En esta declaración el Consejo Europeo subraya que la producción y comercialización de alimentos seguros tienen que incluirse entre las prioridades de la Unión Europea y que debe garantizarse un elevado nivel de protección de la salud. 
Tal como acabo de exponer en la respuesta dada al colega español, es tarea de la Comisión presentar al Consejo propuestas para iniciativas en este campo. 
Por lo demás, es aplicable lo siguiente: si por motivos de protección del consumidor, los Estados miembros consideran necesario mantener o adoptar medidas más estrictas de las que existen a nivel comunitario, según el artículo 129a del Tratado de la CE- futuro artículo 153 del Tratado de Amsterdam- pueden hacerlo, si bien respetando siempre las demás normas del Tratado. 
Si un Estado miembro adopta tales medidas de mayor alcance, debe comunicárselas a la Comisión. 
No existen más limitaciones al respecto. 
He formulado esta pregunta puesto que mi país, Suecia, tiene normas bastante severas para los alimentos, tanto para los productos nacionales como para los importados. 
Ahora hay una cantidad de decisiones comunitarias que van en contra nuestra. 
Suecia, por ejemplo, se ve obligada a seguir las reglas vigentes para la raza belgian blue y tiene que permitir que ésta se desarrolle y venda en nuestro país. 
Nos hemos visto obligados a aceptar ciertos colorantes en las golosinas y en los alimentos, con peligro de que produzcan cáncer y alergias, especialmente a los niños. 
Además, a través de nuestras fronteras nos llega carne infectada con salmonella. 
Mi pregunta al Consejo es la siguiente: ¿No debería ser obvio que los Estados miembros tuvieran derecho a establecer normas para proteger la salud, tanto respecto a sus propios productos como a productos importados? 
Si las normas del Tratado de Maastricht y del Tratado de Amsterdam tienen que modificarse, están ustedes dispuestos a fortalecer la garantía medioambiental? 
Señor diputado, naturalmente que puedo confirmárselo. 
Acabo de responderlo al indicar que un Estado miembro tiene el derecho a mantener o introducir medidas más estrictas de las existentes a nivel comunitario por motivos de protección del consumidor. 
Esto incluye naturalmente también medidas como las que ha expuesto. 
Sin embargo, como consecuencia de ello no deben surgir obstáculos al comercio o distorsiones de la competencia. 
Por ello existe la regla de que debe comunicarse a la Comisión para que pueda examinar esta cuestión. 
Le voy a leer gustosamente el correspondiente pasaje del Tratado de Amsterdam. 
Es el apartado 5 del artículo 153, antiguo artículo 129a, que dice: Las medidas acordadas de conformidad con el apartado 4 no impiden a los diversos Estados miembros a mantener o adoptar medidas más estrictas. 
Estas medidas deben ser compatibles con este Tratado y deberán comunicarse a la Comisión. 
Esto es lo que ya le he expuesto. 
La compatibilidad con el Tratado se refiere a la cuestión de los obstáculos al comercio y a la libertad de competencia. 
Con todos los respetos, señor Presidente del Consejo, hay algo que no menciona en su respuesta. 
Es cierto que se puede emplear una cláusula de seguridad. 
Se tienen seis meses para presentar pruebas científicas que respalden la base más rigurosa que exijamos en nuestros países. 
Se dice que no puede ser una traba comercial técnica. 
Lo dijo incluso en su respuesta. 
Si no se puede demostrar que estas normas más rigurosas están justificadas, se considerará una traba comercial técnica y ahora se dice expresamente en la nueva garantía medioambiental que si puede demostrarse que la norma más rigurosa que un país quiera adoptar redunda de hecho en beneficio de los consumidores, la UE deberá asumir el conjunto normativo. 
No se pueden establecer normas más rigurosas a no ser que exista justificación científica para ello. 
También lo dijo ayer el comisario Bangemann cuando hablamos de los potitos. 
En algunos países se ha autorizado porque no se ha demostrado que una pequeña presencia de pesticidas en los potitos sea nociva mientras que en otros países estará prohibida la presencia de restos de pesticidas en los potitos. 
Sin embargo, el Sr. Bangemann dijo claramente que no aceptaría trabas comerciales. 
Debería haber pruebas científicas encima de la mesa para que los países miembros puedan mantener normas más rigurosas. 
En esta pregunta tampoco puedo reconocer la relación existente. 
Aquí se ha preguntado sobre la seguridad de los alimentos y yo no he dicho ni una palabra sobre un plazo de seis meses que usted cita. 
No conozco en absoluto este plazo de seis meses sino que he indicado lo que se dice en el Tratado sobre la protección del consumidor. 
Usted ha planteado ahora una pregunta que se refiere a la parte ecológica. 
No se ha preguntado sobre ello ni tampoco he respondido sobre este tema. 
Si ahora tiene una pregunta al respecto, no nos ha llegado y sólo puedo responderla por escrito. 
Estoy seguro de que la Sra. Sandbæk esperará que cumpla usted la promesa de responderle por escrito. 
Pregunta nº 17 formulada por Arthur Stanley Newens (H-0343/99): 
Asunto: El contencioso entre la UE y los Estados Unidos en relación con el régimen del plátano ¿Puede el Consejo realizar una declaración sobre las últimas noticias procedentes del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC que analiza el régimen comunitario del plátano e indicar qué respuesta dará a sus conclusiones? 
Señor diputado, en primer lugar quiero decir que tengo la esperanza de que esta aparente historia interminable acabe por fin. 
El Consejo de «Asuntos Generales» ha subrayado en su reunión del 26 de abril de 1999 la intención de la Unión Europea de respetar plenamente la última decisión de la OMC en la guerra del plátano y de modificar del modo correspondiente y sin demora el régimen para los plátanos de la UE. 
Por ello, el Consejo ha instado a la Comisión para que, a la luz de los contactos con los EE.UU y las demás partes afectadas, presente hasta finales de mayo de 1999 propuestas para la modificación del régimen para los plátanos. 
Como aún no estamos a finales de mayo, no estoy en situación de decirle cómo son tales propuestas. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta, pero permítame preguntar si se ha previsto una protección adecuada para la entrada de plátanos procedentes de Lomé y de las Islas Canarias, a pesar de los cambios que se han producido para adaptar el régimen del plátano de la Unión Europea a las normas de la OMC. 
¿Está dispuesto el Consejo a hacer todo lo posible para garantizar dicha entrada? 
Porque es crucial. 
De lo contrario, ¿no constituirán los plátanos un precedente para que otros productos procedentes de otros países menos desarrollados pierdan sus mercados, y no daría ello lugar, a largo plazo, a enmiendas al sistema mundial del comercio para proteger a los pobres contra las multinacionales? 
Señor diputado, en su pregunta ha descrito de un modo muy preciso el problema que tenemos y que no hemos podido solucionar hasta ahora; por un lado, queremos proteger a los productores de plátanos que están especialmente vinculados a nosotros pero también tenemos que respetar las normas de la OMC. 
Esta es una pugna de años y en algún momento hay que reconocer que se ha perdido. 
La Unión Europea ha perdido. 
No ha podido imponer su criterio en este punto. 
Los costes son considerables si piensa en los aranceles punitivos que se han impuesto aquí. 
Creo que es satisfactorio que la OMC haya reducido ahora considerablemente los aranceles punitivos que los EE.UU pueden imponer a la Unión Europea. 
Ahora pagamos 191, 4 millones de dólares en lugar de 520 millones que los EE.UU habían determinado originariamente de modo unilateral. 
Tenemos que esperar a la propuesta de la Comisión para ver cómo logra cumplir estas dos exigencias que usted ha mencionado: protección de los productores, en especial, de los más pobres y, por otro lado, la compatibilidad con la OMC. 
Esto aún no lo puedo prever hoy. 
Pregunta nº 18 formulada por Anna Karamanou (H-0345/99): 
Asunto: Aumento de la mortalidad y míseras condiciones de vida en el Iraq por las draconianas sanciones económicas Según denuncias recientes de la presidenta de la Asociación Médica para la Prevención de la Guerra, Sra. Sue Wareham, entre 4.500 y 6.000 niños mueren mensualmente en el Iraq por el hambre y las enfermedades debido a la trágica falta de alimentos y medicinas. 
Los médicos destacan que la mayoría de las muertes se debe a infecciones de los sistemas gastrointestinal y respiratorio que, en condiciones normales, serían plenamente curables. 
Se subraya que los alimentos y las medicinas dependen oficialmente del régimen de las sanciones impuestas al Iraq tras la invasión de Kuwait, pero la estructura burocrática del sistema de suministros y los limitados ingresos que obtiene el país de las ventas legales de petróleo restringen las importaciones. 
Al mismo tiempo, el régimen utiliza la miseria de la población como arma para lograr el levantamiento pleno e incondicional de las sanciones. 
¿De qué modo piensa intervenir el Consejo para que se garantice la protección eficaz de los derechos humanos en el Iraq, en vista, además, de los debates en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el levantamiento de las sanciones económicas? 
Señora diputada, esta es una cuestión extraordinariamente seria y el Consejo le agradece que mediante su pregunta se le dé la oportunidad de tratar el tema en el Parlamento Europeo. 
La Unión Europea es consciente de las repercusiones del régimen de sanciones sobre la situación alimenticia y la atención sanitaria en el Iraq. 
El Consejo está preocupado desde hace mucho tiempo por la situación de la población civil iraquí, en especial, de los niños. 
Por ello, el Consejo siempre ha apoyado la propuesta del Consejo de Seguridad, al principio rechazada por el Iraq, de permitir ventas de petróleo en favor de importaciones humanitarias. 
Desde que se aplica desde finales de 1996 el programa «petróleo por alimentos» , los Estados miembros de la Unión Europea han ostentado la presidencia en la comisión de sanciones contra Iraq del Consejo de Seguridad y siempre se han pronunciado a favor de una aplicación flexible y una mejora continua del programa. 
Independientemente de ello, la Unión Europea y sus Estados miembros realizan aportaciones propias para la mejora de la situación humanitaria en el Iraq. 
Pero el elemento decisivo es y sigue siendo el programa «petróleo por alimentos». 
En la 55ª Conferencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebrada del 22 al 30 de abril de este año en Ginebra, la Unión Europea ha tomado la iniciativa de una resolución sobre la situación de los derechos humanos en el Iraq que, entre otras cosas, apela a la dirección iraquí a proseguir la cooperación en la aplicación del programa «petróleo por alimentos» y a una distribución justa de las importaciones humanitarias. 
La Unión apoya además todas las iniciativas tendentes a mejorar el funcionamiento del programa «petróleo por alimentos» y se remite en este contexto en especial a las propuestas presentadas el 30 de marzo de 1999 por el panel del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en el Iraq. 
Mientras que las iniciales dificultades administrativas del programa «petróleo por alimentos» ya se han superado en su mayor parte, hoy día el principal problema del programa lo representa la escasa capacidad de exportación del Iraq y la distribución de los materiales de ayuda médica a la población. 
La capacidad de exportación del Iraq está siendo actualmente aumentada con un subprograma del programa «petróleo por alimentos» , pero debido a los plazos de planificación y suministro se aplicará plenamente sólo a partir de la primavera del 2000, si bien ustedes saben que el precio del petróleo supone un factor de inseguridad en ambas direcciones. 
Según datos de las Naciones Unidas, actualmente se encuentra bloqueado en almacenes iraquíes material de ayuda médica por un valor de 275 millones de dólares, a pesar de que la población precisa urgentemente del mismo. 
La responsabilidad de ello la tiene el Gobierno iraquí. 
Esto ilustra el punto contenido en la pregunta del Sr. diputado de que el régimen de Sadam Husein utiliza la situación de necesidad de la población civil para imponer la suspensión de las sanciones sin cumplimiento de las condiciones de la Resolución 687 de 1991 sobre el armisticio. 
En consecuencia, los dirigentes iraquíes tienen la responsabilidad de la deficiente aplicación del programa «petróleo por alimentos» así como de que las sanciones no se hayan podido levantar al cabo de ocho años de aplicación. 
Recuerdo que en 1991 todos los expertos partían del hecho de que el Iraq podía cumplir las condiciones de la resolución 687 en el plazo de unos pocos meses en caso de plena cooperación. 
Nos encontramos ante un conflicto entre principios humanitarios y el principio de soberanía nacional, ambos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, por lo que nuestra capacidad de actuación se ve limitada. 
Pero no quiero dejar ninguna duda de que el comportamiento de la dirección iraquí solamente se puede calificar como de profundamente inhumana. 
Agradezco al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo la información que nos ha dado. 
Igualmente, quisiera felicitar a la Unión por las iniciativas que ha emprendido en la reciente Conferencia de Ginebra. 
Sin embargo, considero que debemos admitir que la política americana en Oriente Medio tiene que cambiar. 
Y quisiera, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que me dijese si el Consejo considera que el logro de cualquier expectativa política o estratégica puede ignorar su precio en vidas humanas. 
También desearía que me diera su opinión sobre si en el caso de Iraq no se infringe el tratado de Viena, que prohíbe la inanición de ciudadanos como forma de guerra; 
¿Considera que no se infringe la Proclamación de los Derechos Humanos y el Acuerdo sobre los Derechos de los niños? 
Porque aquí estamos hablando de 6.000 pequeños inocentes que están muriendo cada mes a causa del embargo, y creo que ningún objetivo político puede anteponerse a las vidas humanas. 
Y como creemos que estamos a favor de la protección de los derechos humanos- y lo estamos, y hacemos bien en estarlo -, querría preguntarle si la población inocente, si los ciudadanos inocentes de Iraq no están incluidos en la categoría de la población sobre la que está en vigor la defensa de los derechos humanos. 
Por último, ¿Cree que esta política ha debilitado o, por el contrario, ha reforzado a Sadam Husein, en proporción con lo que ha pasado en Kosovo, en Serbia, con Milosevic? 
Señora diputada, usted tiene naturalmente razón al establecer un paralelismo con la asimismo terrible situación de los derechos humanos en Kosovo, pero en ambos casos hay que preguntarse por las causas y efectos. 
En el caso del Iraq, está claro que las sanciones contra este país se impusieron en base a resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Se han impuesto estas sanciones porque el Iraq no ha cumplido obligaciones que son necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la región. 
Pero para que estas sanciones no tengan el efecto que ha descrito, se ha permitido el programa que he indicado y se ha puesto en marcha. También he descrito qué esfuerzos está realizando actualmente la Unión europea para que este programa sea eficaz. 
Si no es eficaz en determinados aspectos, en especial, en el relativo a la atención médica, la responsabilidad radica exclusivamente en el Gobierno iraquí por motivos realmente bajos y reprobables. 
Repito: los dirigentes iraquíes quieren utilizar esta situación para quitarse de encima las sanciones que tienen una finalidad política muy diferente. 
Tenemos que exigir al Iraq que cumpla con las obligaciones que tiene frente a su propia población. 
¿Está el Presidente en ejercicio dispuesto a reconocer que el programa «petróleo por alimentos» , aunque loable, entraña muchas deficiencias de tipo burocrático y sanciones colaterales, y que sigue sin suplir las necesidades de los niños, mientras que sus padres pueden hacer muy poco para poner fin a la dictadura inhumana de Sadam Husein? 
En semejantes circunstancias, realmente es inadmisible justificar las acciones adoptadas por Occidente, que se limita a echar la culpa a Sadam Husein; todos reconocemos eso. 
Debemos hacer algo y debemos adoptar nuevas medidas para atender a las necesidades de esos niños. 
Señor diputado, esta es una opinión política y no puedo hacer otra cosa que tomar nota con respeto de la misma y exponerla en las próximas deliberaciones del Consejo que se va a ocupar de la situación en el Iraq. 
Yo tengo una opinión diferente a la suya pero esto no es lo importante aquí. 
En su pregunta había un punto al que me voy a referir: la cuestión de los posibles obstáculos democráticos en la aplicación del programa humanitario. 
Coincido con ello; han existido y por este motivo hemos puesto en marcha una iniciativa para el streamlining de este programa, pero que hasta ahora no ha conducido a unos resultados satisfactorios. 
Pregunta nº 19 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0349/99): 
Asunto: Las elecciones presidenciales en Argelia ¿Qué valoración política le merecen las elecciones presidenciales de Argelia acaecidas el pasado 15 de abril? 
Señora diputada, la Unión Europea ha seguido atentamente las elecciones presidenciales en Argelia y ha emitido una declaración al respecto. 
Esta declaración es la siguiente: la campaña electoral ha despertado grandes esperanzas en Argelia y entre sus interlocutores en el círculo de la comunidad internacional. 
Con su participación activa en los debates en la fase previa a las elecciones, los ciudadanos argelinos han demostrado la gran importancia que conceden a un proceso electoral transparente y pluralista, tal como han anunciado las autoridades argelinas. 
Habían prometido unas elecciones así. 
La Unión Europea ha tomado nota de la decisión de seis de los siete candidatos de retirar su candidatura y de los motivos alegados para ello. 
La Unión Europea ha apoyado e impulsado el proceso democratizador iniciado en 1995 en Argelia. 
Es de la opinión de que Argelia podrá salir de la crisis en la que se encuentra desde hace años impulsando la democracia y el Estado de derecho así como prosiguiendo las reformas económicas y sociales. 
La Unión Europea concede por ello la máxima importancia a las iniciativas del nuevo Presidente elegido, Sr. Abdelaziz Bouteflika. 
La Unión Europea subraya su disposición a apoyar el proceso de reformas en Argelia, en especial, en el marco de la Cooperación Europea para el Mediterráneo, y a proseguir el diálogo político iniciado con las autoridades argelinas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, con el mismo ánimo constructivo que, entreveo, subyace en su respuesta, ¿podría concretarme exactamente qué hará la Unión Europea para contribuir al cese de la violencia y qué medidas adoptará también para contribuir a que se combata la corrupción en Argelia? 
Señora diputada, me alegra que por lo visto coincidamos en que tenemos que proseguir la política que hemos iniciado ya respecto a Argelia, independientemente de cómo se deban valorar los acontecimientos ocurridos antes de las elecciones presidenciales en ese país. 
Al margen de ello, significa que tenemos que esforzarnos en apoyar un proceso de democratización en Argelia y para un proceso de democratización en Argelia existen unas condiciones mejores que en otros muchos países en los que existen déficits democráticos. 
En Argelia existen unas fuerzas democráticas fuertes y una prensa muy libre que hace también uso de su libertad. 
También hay que decir que hasta el momento en que los seis candidatos retiraron su candidatura, la campaña electoral había mostrado un país que se encuentra en camino hacia la democracia. 
Realmente, todos los candidatos pudieron presentar libremente y sin impedimentos sus programas y el debate político en Argelia se celebró en una atmósfera constructiva no conocida durante largo tiempo. 
También hemos tomado nota con interés de que uno de los temas dominantes en esta campaña electoral argelina era la reconciliación nacional. 
Llegamos pues al resultado de que a pesar del problema que ambos conocemos, la evolución iniciada en los años 90 hacia una sociedad civil ha experimentado más bien un impulso como consecuencia de la campaña electoral. 
De ello, extraigo la consecuencia de que debemos hacer uso de todas nuestras posibilidades de diálogo y de contactos políticos para seguir impulsando este proceso. 
Esto significa en especial mantener contactos con las fuerzas democráticas en Argelia y ayudarlas, por ejemplo, con invitaciones a los Estados miembros de la Unión Europea y aquí al Parlamento Europeo. 
Es importante que se demuestre a las fuerzas democráticas en Argelia protección y apoyo internacional. 
Asunto: Contratación de funcionarios sin la celebración previa de una oposición En su respuesta a mi pregunta relativa a la intención de contratar a colaboradores procedentes de la secretaría de Schengen, el Consejo indica que, de conformidad con el artículo 7 del Protocolo de Schengen anejo al Tratado de Amsterdam, está obligado a integrar al personal de Schengen, dado que este Protocolo ha de ser considerado como parte del Tratado y, por consiguiente, como parte del Derecho comunitario primario. 
No obstante, del artículo 7 del Protocolo de Schengen, se deduce únicamente que el Consejo debe adoptar disposiciones concretas relativas a la integración de la secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo, es decir, las funciones de la secretaría de Schengen y no necesariamente su personal. 
En la medida en que se pueda considerar la posibilidad de contratar a los actuales colaboradores de la secretaría de Schengen en las instituciones de la UE, las disposiciones del artículo 7 del Protocolo de Schengen no impiden de modo alguno que el Consejo contrate a los posibles interesados aplicando las normas establecidas en el Estatuto de los funcionarios o recurriendo al procedimiento de contratación alternativo previsto en el artículo 24 del «Tratado de fusión». 
Teniendo en cuenta todo esto, ¿puede explicar el Consejo la razón por la que sigue opinando que es legítimo hacer caso omiso de las normas que establece el Estatuto de los funcionarios así como del derecho de iniciativa de la Comisión establecido en el artículo 24 del «Tratado de fusión»? 
Señor Presidente, según el artículo 7 del Protocolo, que integra el acervo de Schengen en el Anexo al Tratado de Amsterdam en el marco de la Unión Europea, el Consejo acuerda con mayoría cualificada los detalles de la integración de la Secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo. 
El 1 de mayo el Consejo adoptó una decisión en la que se determinan los detalles de dicha integración en base al mencionado artículo 7. 
No obstante, según mis informaciones, este asunto va a ser llevado muy pronto ante el Tribunal Europeo de Justicia, por lo que mi respuesta no puede ir más lejos. 
No voy a entrar en un debate jurídico porque es de la incumbencia de la jurisdicción comunitaria competente. 
El tema es exclusivamente asunto del Tribunal de Justicia. 
Sin embargo, voy a repetir la opinión del Consejo de que en la regulación aprobada se han adoptado todas medidas para garantizar la calidad y competencia de las personas contratadas. 
Por causas que vienen al caso, publicaciones de prensa también en el día de hoy, quiero indicar que la Secretaría General del Consejo no es responsable de las tensiones que actualmente existen en la misma sino que la única causa de dichas tensiones es una decisión política del Consejo que está amparada por el Tratado. 
Hacer responsable de ello al Secretario General me parece extraordinariamente injusto y no proporcionado al asunto. 
Me gustaría darle las gracias por su respuesta, sin embargo, no entiendo por qué se dejan a un lado las disposiciones del reglamento de personal pues no existe nada que impida que en la integración se respeten las normas vigentes en el Consejo. 
No hay ningún motivo para que se contraten ahora grupos de colaboradores sin pruebas de acceso, y sigo echando en falta una respuesta a mi pregunta sobre los motivos por los que se está haciendo caso omiso de las normas vigentes. 
En mi opinión, esta situación se asemeja más a lo que podríamos denominar nepotismo nacional, es decir, hay una serie de Estados miembros que desean colocar a colaboradores en un determinado puesto mientras que los demás Estados miembros asienten con la cabeza. 
Puede decirme el Presidente del Consejo en funciones qué razones existen para la repentina contratación de más de los 58 empleados que se había fijado originariamente y cuya contratación era necesaria y estaba justificada. 
No es verdad, señor Presidente del Consejo en funciones, que es necesario analizar lo que pasa en el Consejo para poner orden y lograr precisar claramente qué necesidades existen y cuáles son sus recursos, para, tal y como exigimos en la Comisión, disponer de mayor apertura y transparencia con respecto a lo que sucede bajo los auspicios del Consejo. 
Señor Presidente, señora diputada, aquí no está pasando nada en absoluto tras los bastidores sino que estamos hablando de un procedimiento totalmente abierto y público. 
En el Tratado se prevé que la Secretaría de Schengen se integre en la Secretaría General del Consejo y que el Consejo acuerde para ello los detalles necesarios. 
Esto es lo que ha hecho el Consejo. 
Tengo que decir de nuevo que la intencionalidad política del Tratado era la de integrar la Secretaría de Schengen existente en la también existente Secretaría General del Consejo sin contratar nuevos colaboradores o convocar procedimientos de selección de cualquier tipo, pues no puede ser razonable que si una tarea ha sido realizada hasta ahora por una Secretaría que va a ser integrada luego en otra, se solvente el asunto colocando a 80 personas nuevas según las normas aplicables a la Secretaría general y que pongamos en la calle a las 80 personas que han hecho hasta entonces el trabajo de la Secretaría de Schengen. 
No me puedo imaginar que la Sra. diputada considere adecuada una solución tan profundamente inhumana y asocial. 
Aquí no hay nada entre bastidores, se trata de un procedimiento público muy normal y tengo que decir sinceramente que el Consejo no puede comprender la resistencia ejercida por empleados de la Secretaría General en este asunto. 
Pregunta nº 21 formulada por Pat the Cope Gallagher (H-0354/99): 
Asunto: Fraude en el sector pesquero en el sur de Europa ¿Conoce el Consejo el informe de los auditores en el que se critica a la Comisión por no haber tomado las precauciones necesarias para evitar el fraude cometido con los fondos comunitarios destinados a la modernización de los buques de pesca, la mayoría de ellos localizados en el sur de Europa? 
¿Sabe que se destinaron fondos a la renovación de buques que ya se habían hundido o que no se iban a poner nunca de nuevo en servicio y que las visitas de comprobación fueron mínimas? 
¿Piensa comprometerse ahora el Consejo a hacer todo lo necesario para recuperar o, si fuera necesario, imponer fuertes sanciones en los casos probados de malversación? 
Señor Presidente, tengo que responder a la pregunta. 
El Consejo recibió el informe del Tribunal de Cuentas sobre la formación de empresas comunes en el sector pesquero el 9 de diciembre de 1998. 
El contenido de dicho informe fue debatido en el Consejo durante las deliberaciones sobre la propuesta de la Comisión para determinar las reglas exactas para la ayuda estructural de la Comunidad en el sector pesquero. 
En esta propuesta de la Comisión se contienen determinadas medidas dirigidas a eliminar las irregularidades mencionadas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las empresas comunes. 
Es intención de la Presidencia adoptar una decisión definitiva sobre esta propuesta en el Consejo de Ministros de Pesca que se celebrará en junio. 
La condición previa para ello es que hasta entonces haya concluido en el Parlamento la formación de una opinión al respecto. 
Según mis informaciones sobre el orden del día, el Parlamento se va a ocupar esta semana de esta propuesta. 
Señor diputado, ya le he dicho que el Consejo ha extraído las necesarias consecuencias políticas y organizativas del informe del Tribunal de Cuentas descrito por usted con detalles tan drásticos. 
Esta es la tarea del Consejo y la ha cumplido. 
Cuando surgen problemas de este tipo, el Consejo tiene que adoptar las medidas necesarias para que se hagan regulaciones que impidan que se puedan repetir. 
La pregunta concreta de qué se va a hacer para reducir de algún modo los daños ocasionados y, posiblemente, para plantear reclamaciones jurídicas por parte de la Unión Europea, es una pregunta que debe dirigirse a la Comisión y no al Consejo. 
Naturalmente, parto del hecho de que la Comisión utilizará los datos tan evidentes de un informe del Tribunal de Cuentas para defender con la máxima energía los intereses de la Unión Europea. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 22 y 23 decaen. 
Señor Presidente, ¿sería posible que el Sr. Fitzsimons y el Sr. Andrews, que en estos momentos asisten a otra reunión, reciban respuestas por escrito? 
No, señor Gallagher, la presencia aquí es necesaria. 
En todo caso, si reglamentariamente hubieran asignado por escrito esta pregunta a usted o a otro miembro de la Asamblea, sí hubiéramos podido proceder así pero, en este caso, el Reglamento limita las respuestas por escrito a aquellas preguntas que no se han podido formular en el curso de la hora y media del turno de preguntas. 
Pregunta nº 24 formulada por Liam Hyland (H-0360/99): 
Asunto: Apoyo a un nuevo programa LEADER III ¿Podría esbozar el Consejo sus planes actuales respecto al desarrollo de una política rural plenamente integrada a escala de la UE, y podría garantizar que una parte de esa política será un apoyo continuado al nuevo programa LEADER III y el mantenimiento de su denominación, que ha llegado a ser sinónimo de dotación de los instrumentos de gestión y ayuda y de una imagen positiva para la Unión Europea? 
¿Podría asegurar además que se va a llevar a cabo un enfoque coherente del desarrollo rural manteniendo los mismos grupos de acción local y contribuyendo así a evitar los tiempos de espera excesivos que pueden constituir un importante obstáculo al ritmo mismo del desarrollo? 
Señor diputado, el proyecto de reglamento sobre desarrollo rural que se encuentra en la parte agraria de la Agenda 2000 pretende revitalizar el área rural y simplificar las normas para la agricultura. 
El logro de este objetivo se verá facilitado por la reforma de los Fondos estructurales, en la que también se acordó una reducción de los objetivos de seis a tres. 
Hoy se ha debatido intensamente aquí al respecto. 
Sobre esta base, la política de desarrollo rural podrá establecerse paulatinamente como segundo pilar en el marco de la Política Agrícola Común. 
En este contexto va a proseguir también la iniciativa comunitaria LEADER bajo la denominación de LEADER 3. LEADER 3 persigue una amplia dinamización del desarrollo rural, para lo cual el programa apoya proyectos innovadores de los grupos de acción local. 
Se evitarán interferencias de LEADER con medidas adoptadas en el marco del reglamento sobre desarrollo rural ya que éste tiene como objeto medidas de apoyo a nivel nacional o regional pero no a nivel local. 
La ejecución de proyectos en el marco de LEADER queda reservada, por el contrario, a los grupos de acción local. 
Por lo demás, quiero indicar que esta cuestión era objeto del debate que hemos interrumpido con el turno de preguntas. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
Pero debo hacer una pregunta complementaria. 
¿Conservará LEADER su identidad e independencia como iniciativa comunitaria, con un alto nivel de participación comunitaria voluntaria? 
¿Piensa el Presidente en ejercicio tomar medidas encaminadas a garantizar que el programa no será absorbido por estructuras estatutarias nacionales o regionales, sino para que dichas agencias lo consideren un programa de desarrollo importante, pero independiente? 
Una parte muy importante de mi pregunta es relativa a la continuidad del programa LEADER. 
Tenemos gran interés en que se garantice que no se producirán retrasos entre el final del actual LEADER II y el inicio de LEADER III. De lo contrario, el programa perdería a muchos profesionales que han sido contratados a lo largo de estos años. 
Sería un grave error. 
Señor diputado, le puedo hacer las promesas que usted desea para los tres campos de su pregunta adicional. 
Pregunta nº 25 formulada por Gerard Collins (H-0364/99): 
Asunto: Prisioneros de guerra kuwaitíes en Iraq Aunque ya han transcurrido nueve años desde la ocupación de Kuwait por Iraq, todavía permanecen en las cárceles iraquíes los 605 kuwaitíes (598 hombres y 7 mujeres) que fueron deportados. 
La Resolución 687 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a Iraq a cooperar con el Comité Internacional de la Cruz Roja con miras a la liberación de estos prisioneros. 
A pesar de ello, Iraq ha obstaculizado constantemente el trabajo del CICR reteniendo información, no asistiendo a las reuniones e impidiendo que el CICR inspeccione las cárceles iraquíes. 
¿Qué medidas ha tomado el Consejo para aliviar la difícil situación de estos prisioneros y qué intervención ante las autoridades iraquíes u otras medidas propone para solucionar este problema humanitario? 
Señor diputado, el Consejo comparte su preocupación por el problema de las personas desaparecidas, inclusive los prisioneros de guerra víctimas de la ocupación iraquí de Kuwait. 
En la 55ª reunión de la Comisión de Derechos Humanos celebrada del 23-3 al 30-4-1999 en Ginebra, la Unión Europea presentó un proyecto de resolución por el que se exige al Iraq que coopere con las organizaciones internacionales pertinentes y que comunique el paradero o destino de las personas que siguen desaparecidas. 
Se debe pagar una indemnización a las familias de los que han muerto en prisiones iraquíes o que han desaparecido. 
Hay que dejar inmediatamente libres a todos los kuwaitíes o de otra nacionalidad cualquiera que siguen retenidos. 
Las familias deben ser informadas sobre el paradero de las personas encarceladas y exigimos además a Iraq informaciones sobre penas de muerte ejecutadas contra prisioneros de guerra o civiles, inclusive la elaboración de certificados de defunción de los presos de guerra fallecidos y de los civiles. 
Creo que no se puede hacer más en este asunto. 
Usted sabe exactamente igual que yo que lamentablemente no podemos obligar al Iraq a cumplir estas exigencias. 
Señor Presidente, deseo agradecer al Presidente en ejercicio la información que ha facilitado. 
Todo se resume al hecho de que, aparte de presentar una propuesta de resolución en la 55ª Reunión sobre los Derechos Humanos en Ginebra, en la que declaramos cuál era nuestra posición, no hemos vuelto a hacer nada desde entonces, porque seguimos sin la menor información sobre los 598 hombres y las siete mujeres kuwaitíes que fueron enviados a cárceles iraquíes. 
¿Se han planteado el Consejo y la Unión Europea ejercer algún tipo de presión adicional sobre las autoridades iraquíes, al menos para intentar obtener información sobre cuántas de esas personas siguen con vida, quiénes son, cuál es su estado de salud, cuándo serán puestas en libertad y, también, cuántas han muerto? 
¿Hay algo positivo que podamos hacer en estos momentos, cuando han transcurrido nueve años? 
Señor diputado, no quiero ocultarle que soy muy pesimista en esta cuestión. 
Se están haciendo intentos desde hace mucho tiempo y la Unión Europea los ha intensificado. 
En mi respuesta ni siquiera he mencionado todas las iniciativas que hemos adoptado. 
Hay muchas más. 
Incluso una nueva iniciativa dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La situación no ha cambiado y no sé qué medio de presión podemos aplicar aún contra un país que se encuentra ya bajo las sanciones más amplias de las que podemos disponer. 
Pregunta nº 26 formulada por Per Gahrton (H-0365/99): 
Asunto: La interpretación en el Consejo Según datos de la agencia de noticias TT del 30 de marzo de 1999, en las reuniones del Consejo tres de cada cuatro representantes suecos se ven obligados a utilizar una lengua extranjera en las negociaciones. 
Según la misma fuente, la interpretación al inglés, al alemán y al francés ofrece una cobertura casi total. 
Hay que considerar que expresarse en otra lengua que la propia en el curso de una negociación es una clara desventaja. 
Por ello, ¿podría el Consejo confirmar o desmentir estos datos? ¿Van a tomarse medidas para asegurar que la lengua sueca reciba el mismo tratamiento que las grandes lenguas comunitarias, y que, en lo sucesivo, los representantes suecos puedan utilizar su lengua y contar con un intérprete? 
Señor Presidente, señor diputado, el Consejo conoce esta información de la agencia de noticias que usted ha mencionado. 
Lamentablemente, esta información no tiene fecha y dice algo sobre reuniones del Consejo e intérpretes suecos. 
Sin embargo, estos datos no tienen fecha y no se realizan más especificaciones. 
Ante la casi innumerable cifra de gremios del Consejo que precisamente se han reunido en innumerables ocasiones en los últimos tiempos, a la Presidencia le ha sido imposible saber de qué Consejos y fechas se trataba. 
Por ello, no hemos podido investigar concretamente las circunstancias en que se basa su pregunta. 
En principio, quiero decir sobre la interpretación de la lengua sueca que existe un programa del Consejo para la colocación y formación de intérpretes en lengua sueca que ha sido entregado también al Gobierno sueco y que este programa se encuentra ya en fase de aplicación. 
Gracias por la respuesta, aunque tal vez no ha sido muy exhaustiva. 
Yo señalé en mi pregunta que fue la agencia de noticias TT la que informó sobre esto el 30 de marzo de este año. 
Supongo que los hechos a los que se refieren tienen que haber ocurrido un poco tiempo antes. 
Sin embargo, no se trata de un hecho aislado sino de una apreciación de carácter general de que la lengua sueca raramente se usa cuando los representantes suecos negocian en el Consejo. 
Por eso es extraño que el Consejo no tenga mayor información respecto a algo que ha producido un debate bastante acalorado en Suecia. 
Creo que se debería estar mejor preparado antes de venir aquí a contestar preguntas. 
En todo caso, es un asunto importante para uno de los Estados miembros. 
Como es sabido, existen muchas sospechas de que, en general en el ámbito de la UE, se están suprimiendo las lenguas pequeñas. 
Por este motivo sería provechoso que el Consejo pudiera dar garantías, con mayor énfasis, de que en la realidad no se están eliminando sistemáticamente las lenguas pequeñas y utilizar el hecho de que algunos representantes suecos quizá puedan expresarse también en otras lenguas. 
Señor Presidente, señor diputado, sólo puedo decirle que yo mismo no he estado en ninguna reunión del Consejo en la que no se haya traducido desde el principio al final en sueco. 
Si dispone de informaciones en las que no sea así, le estaría agradecido si las pusiese a mi disposición. 
La Presidencia del Consejo no dispone de tales informaciones y hemos seguido además la noticia de prensa que usted ha citado sin poder constatar cuándo y cómo ha debido ocurrir esto. 
Tampoco se ha presentado a la Presidencia del Consejo ninguna queja de Suecia en el sentido de que se descuide su idioma en los gremios del Consejo, por lo que quisiera aconsejarle que quizás no debería apostar necesariamente por una noticia anónima de una agencia de noticias sino por la comunicación oficial que recibe aquí de la Presidencia del Consejo. 
Así pues, si dispone de informaciones, le estaría agradecido y seguiríamos el asunto. 
Es aplicable el principio de que, naturalmente, ningún país puede sufrir una desventaja debido a que las negociaciones no se traduzcan a su idioma. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 27 decae. 
Asunto: Miembro de la Comisión, competente para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres De acuerdo con los artículos 2, 3, 137.1 y 141 del Tratado de Amsterdam, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha de ser una de las preocupaciones mayores de la Unión Europea. 
Es más, muchos consideran que éste debería ser un asunto prioritario. 
Teniendo esto en cuenta, sería interesante saber cuáles son los planes del Consejo para conseguir una participación equilibrada de hombres y mujeres en la futura Comisión, y qué opinión le merece al Consejo la idea de nombrar a un miembro de la Comisión que se encargue exclusivamente de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Señora diputada, aunque el Consejo- lo digo muy expresamente al principio- concede realmente una gran importancia a las medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a la aplicación concreta de las correspondientes disposiciones del Tratado de Amsterdam, lo que es aplicable a todas las organizaciones, instituciones y corporaciones que conocemos en Europa, desde el Parlamento Europeo hasta la Comisión y también al mismo Consejo, lamentablemente, tengo que indicarle que radica exclusivamente en el ámbito de responsabilidades del los Estados miembros proponer a los miembros de la Comisión Europea de conformidad con las disposiciones de los Tratados y que la distribución de tareas dentro de la Comisión es, por lo demás, un asunto interno de la Comisión. 
El Consejo no desempeña en este contexto ningún papel en absoluto y no repito de nuevo: «lamentablemente, ningún papel en absoluto». 
La soberanía organizativa de la Comisión en su propio campo es un importante elemento de la política de integración de la Unión que no queremos poner en peligro prescribiendo a la Comisión desde fuera cómo debe organizarse. 
Opino que es un poco deprimente, a pesar de todo, tener que presenciar en este último período de sesiones del Parlamento esta pasividad en cuanto a coordinación, cosa que el Consejo suele recomendar de buena gana. 
No estoy en absoluto satisfecha con la respuesta. 
Creo que el Consejo, después de todas las críticas que ha recibido porque no hace nada en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, debería ser más activo y tomar iniciativas para que se inicien conversaciones y preocuparse de que sean más de tres mujeres, quizá cuatro o cinco, como indican los rumores. 
Es espantoso, pensando en que estamos a las puertas de un nuevo milenio que todos dicen que va a ser realmente nuevo, pero todavía estamos frente a algo antiguo. 
También he pensado preguntar si se ha discutido cómo se va a hacer para fomentar activamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, cuando todos los grupos, también las mujeres, quieran usar el artículo 13 sobre discriminación. 
Señora diputada, comprendo muy bien su excitación y su observación, pero el Consejo no va dejarse convencer por miembros del Parlamento Europeo para violar los Tratados. 
Los Tratados son aquí unívocos. 
El Consejo no debe influir sobre esta cuestión. 
Señora Presidenta, el Secretario de Estado Verheugen se ha comportado como el diplomático más avezado. No ha mencionado en absoluto que, naturalmente, el Presidente del Consejo puede entablar negociaciones con los Estados miembros para que éstos presenten una relación equitativa de mujeres y hombres como candidatos a la Comisión. 
Señor representante del Consejo, quizá habrá observado usted que, en su comunicación de 23 de marzo, el Parlamento Europeo da por sentado que en la nueva Comisión habrá un número considerablemente mayor de mujeres que en la actualidad. 
¿Estima usted que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad a este respecto? 
Usted podría promover este objetivo de una manera muy notable negociando con los Estados miembros. 
El nuevo Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ya se ha dado cuenta que en este Parlamento vamos muy en serio. 
Hoy ha hecho saber en una conferencia de prensa que prestará atención a este asunto. 
Así pues, usted podría colaborar con él, pero, ¿está dispuesto a hacerlo también con los Estados miembros? 
Señora diputada, me ha entendido mal cuando dice que mi respuesta ha sido diplomática. 
Quería ser todo lo contrario que diplomática. 
Quería dejar claro que no es posible que el Consejo se arrogue competencias que no tiene aunque el asunto político sea muy noble y justo. 
Lo mismo es aplicable a la Presidencia. 
Es diferente a lo que usted cree. 
La Presidencia no tiene la posibilidad de negociar con los Estados miembros sobre quién se envía como miembro de la Comisión a Bruselas. 
Esta posibilidad la tiene el Presidente de la Comisión confirmado hoy por sus Señorías. 
Y este Presidente de la Comisión, que ha sido elegido también porque se le supone que va a poder hacer uso de modo eficaz de los derechos que le competen, persigue el objetivo que usted ha mencionado. 
La Presidencia sigue esto también con gran simpatía pero, lamentablemente, no puede hacer lo más mínimo. 
Como la Presidencia es asumida por un país que puede nombrar dos Comisarios, solamente puede garantizar por su propio país que se va a respetar el principio por usted exigido. 
Pero no puedo hacerlo por Suecia, tanto más cuando Suecia solamente nombra un Comisario y en este caso es algo difícil imponer la cuota. 
Pregunta nº 29 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0369/99): 
Asunto: Protección de las fuentes de información Poco antes de la dimisión de la Comisión, el auditor interno Paul van Buiteren fue suspendido de su cargo, reduciéndosele el sueldo a la mitad. 
Desde entonces ha ocupado un nuevo puesto en otro sector de la Comisión. 
Este caso, y otros semejantes, plantean la necesidad de que los funcionarios de la Comisión disfruten de la denominada «libertad de información» , que en algunos países, como Suecia, está recogida en la Constitución. 
¿Considera el Consejo que debería volver a examinarse la cuestión de la libertad de información de los funcionarios de la Comisión, teniendo en cuenta este incidente previo a su dimisión? 
¿Es cierto que aquí se trata del Sr. Van Buitenen? 
¿Es esta la pregunta? 
Es la pregunta 29 y hace referencia a la protección de las fuentes de información. 
Pero, efectivamente, el Sr. Sjöstedt hace una referencia al Sr. Paul Van Buiteren. 
A la pregunta del Sr. diputado hay que indicar que la organización interna de la Comisión es asunto exclusivo de la institución en cuestión. 
En lo que se refiere al Consejo, en una situación similar a la que el Sr. diputado se ha referido en su pregunta, no se le ha pedido aún nunca que actúe. 
Por el contrario, afortunadamente, sólo en casos excepcionales la administración del Consejo se ha visto impulsada a proceder estrictamente contra funcionarios que no han respetado las normas de comportamiento profesional en el ejercicio de sus tareas. 
Quiero dar las gracias al Consejo por la respuesta que me ha dado. 
Creo que el asunto del derecho de los empleados a llamar la atención sobre irregularidades y a hacer criticas públicas no es un asunto interno relacionado con la determinación de los cargos etcétera, sino que es un asunto de principios, sobre transparencia. 
Pronto se iniciará una conferencia gubernamental que permitirá fortalecer aún más la transparencia en la Unión, cosa que se ha iniciado con reglas sobre acceso a los documentos. 
Una posibilidad de este tipo sería el fortalecimiento del derecho de los empleados a llamar la atención sobre irregularidades y a hacer críticas, de manera que no se les silencie ni se les castigue activamente, cosa que ha ocurrido en la Comisión. 
Quisiera que el Consejo me dijera su posición frente a este asunto, es decir, si es posible un desarrollo aún mayor de la transparencia en la Unión Europea. 
El Consejo no puede expresarse sobre la organización interna de la Comisión. 
Esto es asunto de la misma Comisión. 
El Consejo podría expresarse sobre esta cuestión si hubiese ocurrido en el ámbito de su propio personal. 
Pero no es este el caso. 
En el ámbito del Consejo no se ha producido este problema. 
Tampoco puedo enjuiciarlo porque, naturalmente, el Consejo no tiene a disposición las actas personales o disciplinarias de empleados de la Comisión. 
Es para mí absolutamente imposible enjuiciar qué es lo que realmente ha ocurrido. 
Tiene que dirigir esta pregunta a la Comisión. 
Existe sin más esta posibilidad. 
El Consejo no puede decir nada al respecto. 
Muchas gracias, señor Verheugen. 
Espero que hayamos recuperado la coordinación entre el Parlamento y el Consejo porque ahora le propongo que responda usted a la pregunta nº 30. 
Pregunta nº 30 formulada por Bernd Posselt (H-0372/99): 
Asunto: Acuerdo con Croacia Teniendo en cuenta que, a raíz de los enfrentamientos armados en los países vecinos, la economía y el turismo de Croacia han resultado considerablemente dañados y que el país se ha visto militarmente amenazado, la celebración de un acuerdo de comercio y cooperación con Croacia podría contribuir decisivamente a la estabilidad de toda la región. 
¿Cuál es la situación actual con respecto a la posibilidad de otorgar un mandato a la Comisión destinado a iniciar negociaciones en este sentido? 
Señor Presidente, en lo tocante a un posible upgrading de la relaciones contractuales entre la Unión Europea y Croacia creo que el Sr. Diputado tendrá claro que esto se realiza en el marco de la estrategia regional de la UE, tal como se determina en las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 29-4-1997. 
El Consejo comprueba semestralmente el cumplimiento de los requisitos que allí se plantean. 
En la última comprobación relativa a las condiciones del 9 de noviembre de 1998, el Consejo llegó a la conclusión de que Croacia debe seguir percibiendo preferencias comerciales autónomas pero que aún no se han cumplido las condiciones para la ayuda del programa PHARE y que las negociaciones sobre un Acuerdo de Comercio y Cooperación serían aún demasiado precipitadas. 
Toda mejora de las relaciones, inclusive las posibles negociaciones futuras sobre un Acuerdo de Comercio y Cooperación, dependerá de los posteriores progresos que Croacia haga en el cumplimiento de las exigencias establecidas en el marco de las condiciones. 
Por el momento no puedo prever cuándo va a tener lugar la siguiente comprobación del cumplimiento de las condiciones. 
En lo tocante a su pregunta más amplia sobre la estabilidad global de la región, el 26/27-4-1999 el Consejo llegó a la conclusión de comenzar con los preparativos para un pacto de estabilidad para el Sureste de Europa. 
Los trabajos para ello están en marcha con gran energía en la UE. 
Se están llevando a cabo en cooperación con las pertinentes organizaciones internacionales e iniciativas regionales y, en especial, con los Estados de la región, con el objetivo de realizar una Conferencia sobre el pacto de estabilidad para el Sureste de Europa a nivel de altos funcionarios que será convocada por la Presidencia de la Unión Europea en Bonn el 27-5-1999. 
El pacto de estabilidad ofrecerá a todos los países de los Balcanes una perspectiva concreta para la estabilidad e integración en las estructuras euroatlánticas. 
Señor diputado, yo mismo, como representante de la Presidencia, estaré la próxima semana en Croacia para deliberar con el Gobierno croata, su Parlamento y los partidos sobre el desarrollo de las relaciones entre la UE y Croacia. 
Señor Presidente del Consejo, muchas gracias por esta muy extensa e informativa respuesta. 
Sin embargo, quiero plantear algo adicionalmente. 
Usted ha dicho que el 9 de noviembre se adoptó una resolución en el marco de la comprobación semestral. 
Pero si cuento correctamente, desde entonces ha pasado un semestre y usted ha dicho que no puede prever cuándo va a tener lugar la próxima. 
Por ello, sólo quiero preguntar: ¿he entendido algo mal o es que el calendario, por así decirlo, se ha trastocado? 
En segundo lugar, quiero preguntar lo siguiente: desde el 9 de noviembre ha ocurrido algo importante, a saber, la guerra en Kosovo, que ha modificado radicalmente las cosas. 
Soy de la opinión de que Croacia debe cumplir condiciones- muchas las ha cumplido ya, pero otras no- pero que no existe ningún motivo para tratar a Croacia contractualmente peor que a Albania o Macedonia, países políticamente muy inestables y problemáticos, mientras que Croacia es una democracia que se está desarrollando. 
Esta es mi opinión, pero mi pregunta concreta es la siguiente: ¿cuándo se van a adoptar las próximas decisiones? 
Estimado colega, respecto a su pregunta adicional debo decir que la Comisión ha incurrido realmente en mora. 
Voy a aprovechar su pregunta para presionar a la Comisión para que se respete el ritmo semestral. 
En lo tocante a la segunda pregunta, precisamente el sentido de mi viaje a Croacia es descubrir si es cierto lo que usted ha dicho. 
Estoy gustosamente dispuesto a informarle directa y confidencialmente sobre los resultados tras las conversaciones en Zagreb. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 31 decae. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, yo invoco su generosidad. 
Yo le pido ahora terminar un minuto después y que dé su última respuesta para hoy y en este periodo de Presidencia del Consejo por parte de Alemania a la pregunta nº 32. 
Pregunta nº 32 formulada por Brian Crowley (H-0377/99): 
Asunto: Asignación del 1 % del FSE para un fondo de capital social En el contexto de la reforma de los Fondos estructurales, ¿puede el Consejo garantizar que mantendrá la propuesta de la Comisión de destinar el 1 % del FSE a un fondo de capital social dada la importancia de proporcionar un acceso rápido a la ayuda del FSE a las ONG y teniendo en cuenta también la experiencia de un sistema de este tipo en el «Programa de Paz y Reconciliación» de Irlanda del Norte? 
Señor Presidente, tenemos este problema toda la tarde. 
Tengo unas cifras totalmente diferentes a las suyas. Esto es lo que hace el asunto tan difícil. 
Pero lo he encontrado ya que el Sr. Brian Crowlley insiste en ello. 
Señor diputado, para responder a su pregunta me remito a la Posición Común del Consejo que se adoptó el 14 de abril y fue transmitida el mismo día al Parlamento Europeo. 
El Consejo se pronunció allí en contra de una suma mínima del 1 % de los fondos para ayudas pequeñas a las ONG. 
La correspondiente propuesta de la Comisión le pareció al Consejo demasiado poco flexible y fue sustituida por la formulación «un importe adecuado». 
Sin embargo, el Consejo tiene previsto modificar su Posición Común que prevé la posibilidad de una financiación al 100 % de estas ayudas. 
De este modo, se crearía un estímulo para destinar créditos del FSE a ayudas para organizaciones no gubernamentales. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. 
No obstante, observo con preocupación que ha cambiado la posición común en particular. 
El motivo por el que deseábamos que se destine el 1 % del FSE a este tipo de acciones obedece a nuestro temor de que si la decisión dependiera sólo del Consejo, no se destinarían fondos a las ONG para este tipo de acciones. 
Trabajamos exclusivamente en base a la experiencia que hemos acumulado en el Programa de Paz y Reconciliación en Irlanda del Norte y también de algunos programas de medio ambiente que han tenido mucho éxito allí y en las que las ONG han tomado la iniciativa y han recibido ayuda con cargo a los fondos de la Unión Europea. 
Tememos que en el futuro se les niegue estos fondos. 
¿Podría el Presidente en ejercicio darnos garantías de que, a pesar de que el Consejo pueda no acordar la concesión del 1 %, se comprometerá a destinar un porcentaje cuando el nuevo FSE se ponga en marcha? 
Señor diputado, naturalmente no puedo darle esta garantía. 
Esto lo sabe usted también pues significaría una suspensión de la resolución existente del Consejo. 
Estoy gustosamente dispuesto a exponer al Consejo de nuevo sus argumentos y a recapacitar sobre si se puede tener en cuenta. 
En cualquier caso, quiero decirle que no comparto en absoluto su apreciación. 
Creo que la formulación elegida por el Consejo, más bien amplía que reduce las posibilidades de la ayuda que usted desea. 
Señorías, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 33 a 39 se contestarán por escrito. 
Despedimos el turno de preguntas al Consejo de esta legislatura y al Sr. Verheugen, agradeciéndole su colaboración. 
Pese a la descoordinación en algunos momentos, la voluntad de coordinación ha sido permanente. 
Le deseamos lo mejor. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 19.07 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Agenda 2000 (continuación) 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, señora Comisaria, me satisface poder participar esta noche en el debate final del Parlamento sobre la obra reformadora de la Agenda 2000. 
Esta tarde tanto el ponente como el Comisario han expuesto sus puntos de vista, y esta noche ustedes, Señorías, prosiguen la discusión con un debate general. 
Con la votación de mañana concluirán las discusiones políticas del Parlamento Europeo acerca de la Agenda. 
Es un final a medida, ya que con el voto favorable a las propuestas de la Agenda el Parlamento, en la última sesión de esta legislatura y al mismo tiempo última sesión bajo Presidencia alemana, sienta las bases del futuro desarrollo de la Unión Europea y no solamente de la futura Política Agrícola Común. 
Pero con esta decisión también se pone fin a una discusión que en todos los Estados miembros puso en movimiento no sólo a la clase política sino también al mundo profesional. 
Desde que a comienzos de 1997 la Comisión presentase su Comunicación que llevaba el título programático «Agenda 2000- por una Unión reforzada y ampliada» se ha discutido intensamente sobre la nueva configuración de la Política Agrícola Común. 
En ello, el Parlamento, y esto quisiera destacarlo expresamente, se ha pronunciado de forma inequívoca. 
Con sus decisiones, sobre todo también con la determinación de cuestiones de contenido, ha reclamado un papel configurador en este proceso. 
Cuando mañana presenten su posición respecto de las decisiones de los ministros de agricultura así como de los Jefes de Estado y de Gobierno, aprobarán ustedes una reforma en la que también se puede reconocer la mano del Parlamento Europeo. 
A pesar de que uno pudiera haber deseado un mayor alcance de las decisiones en uno u otro ámbito, acaso pueda decirse que: esta reforma satisface aquello que se le exigía. 
Cito cuatro ámbitos esenciales. 
Para el presupuesto agrícola se van a poner a disposición en el período 2000 a 2006 una cifra máxima de 297.000 millones de Euros. 
Con ello, realmente se mantienen los pagos agrícolas dentro de los límites del nivel actual. 
Con la reforma de la Política Agrícola Común y de las ayudas de preadhesión la Comunidad queda pertrechada, también en el sector agrícola, para la ampliación hacia el Este. 
La reforzada orientación de la Política Agrícola Común hacia el mercado y el medio ambiente permite a la Comunidad una estrategia negociadora ofensiva en la inminente ronda de negociaciones de la OMC. 
De este modo también puede defender el modelo agrícola europeo caracterizado por sus altos niveles de calidad, seguridad y protección. 
Las medidas para el fomento del desarrollo rural se han ampliado claramente y ahora pueden evolucionar hacia un segundo pilar de la Política Agrícola Común. 
Que se pudieran cerrar con éxito las negociaciones en el capítulo agrícola de la Agenda no era algo que, en mi opinión, dada la complejidad de la materia y los naturales choques de interés relacionados con la misma, incluso entre los Estados miembros, se sobreentendiera. 
Es el resultado de un duro trabajo y- como pienso- sobre todo de una ejemplar, llena de confianza, y siempre constructiva cooperación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Desde el principio fue de mi interés personal fomentar el diálogo entre el Parlamento y el Consejo, con la inclusión de la Comisión. 
Quizá puedan coincidir conmigo en que con la concertación informal hemos desarrollado un instrumento que se ha mostrado ejemplarmente eficaz durante los últimos meses. 
Adicionalmente al procedimiento previsto en el Tratado tuvo lugar un regular intercambio de información con el que ustedes, Señorías, se mantenían al corriente del estado de las deliberaciones del Consejo. 
Por otro lado los ministros de agricultura eran permanentemente informados sobre sus opiniones y posiciones. 
Quisiera añadir expresamente que la posición del Parlamento Europeo también supuso para mí, en las negociaciones, en tanto Presidente del Consejo, un importante as para la búsqueda de soluciones. 
Hemos llegado al final de un largo- y no deberíamos negarlo- en ocasiones difícil camino. 
Creo que, según mi entender y saber, hemos alcanzado una solución que va a ser útil a Europa y sus ciudadanos. 
Esta es desde luego una obra común y confío en que se convierta en un éxito común. 
Quisiera agradecer a todos el apoyo y la confianza que se me ha otorgado. 
Con ello me refiero en especial al Sr. Comisario Fischler durante las negociaciones. 
Quisiera destacar esto expresamente. 
Esta cooperación plena de confianza me ha satisfecho sobremanera, también cuando nos ha llevado horas, incluidas las nocturnas. 
Este agradecimiento también va dirigido a todos los colaboradores que han tomado parte. 
A pesar de todas las controversias a las que nos hemos enfrentado siempre hubo un claro esfuerzo común por alcanzar decisiones. 
Sobre todo la forma con la que nos hemos esforzado habla por sí sola. 
Creo que ha sido tildada por todos- esto lo he podido comprobar en las reacciones de los diferentes implicados-de adecuada y amistosa. 
No es propio de la Presidencia hacer observaciones sobre el fondo de cuanto ha dicho; pero creo que sí lo es el darle las gracias a usted y a sus Sres. colegas de la Presidencia alemana porque creo que siempre han mostrado respeto y afán de colaboración y porque han tenido una presencia realmente viva en esta Asamblea. 
Por lo menos esto debemos reconocérselo y les damos las gracias por ello. 
Señor Presidente, la aplicación de los acuerdos de Berlín supondrá una acentuación del proceso de desaparición de explotaciones agrarias y destrucción de empleo que ya se inició en la reforma de 1992. 
Además, este proceso afectará en mayor medida a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, como consecuencia de la reducción de precios, que sólo se ve parcialmente compensada por las ayudas a la renta. 
Por otra parte- y esto es lo peor, en opinión de mi Grupo -, no se han puesto los medios para corregir los desequilibrios existentes entre las producciones continentales y las mediterráneas y entre las pequeñas y las grandes explotaciones. 
Se vuelven a incrementar las dotaciones financieras destinadas a la producciones continentales, mientras que se mantienen congeladas las correspondientes a las producciones mediterráneas. 
Por otra parte, el esquema aprobado en Berlín presentará un fuerte impacto negativo sobre el tejido social del medio rural. 
¿Verdaderamente esperan la Comisión y el Consejo que dicho impacto será compensado por las tímidas medidas de desarrollo rural? 
Las medidas propuestas acerca del desarrollo rural tendrán una aplicación preferente en los Estados miembros más ricos y con menor importancia relativa de la población agraria. 
Además, la propuesta de la Comisión excluirá a las explotaciones hortofrutícolas de los beneficios derivados de las medidas de desarrollo rural. 
No puedo dejar de manifestar mi extrañeza ante el hecho de que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de este Parlamento haya rechazado una enmienda presentada por mi Grupo para corregir esta situación, y que esa enmienda haya sido declarada inadmisible para ser votada en el Pleno, en aplicación del artículo 60 del Reglamento. 
Menos mal que, en este caso, el Consejo Europeo de Berlín sí intentó corregir este aspecto, lo cual pone de manifiesto cuán paradójico es lo que ha pasado en la Comisión de Agricultura del Parlamento. 
Desde 1992 se presentan reformas de la PAC destinadas, presuntamente, a corregir el desigual apoyo económico a las pequeñas y grandes explotaciones. 
Tras la tímida propuesta de la Comisión, los acuerdos de Berlín han supuesto una marcha atrás en la limitación de las ayudas a las grandes explotaciones y el incremento del apoyo a las pequeñas y medianas. 
La posición de la Comisión de Agricultura tampoco ha supuesto un avance en este sentido y vuelvo a tener que lamentar la declaración de inadmisibilidad de una enmienda de mi Grupo en relación al tema de las modulaciones de las ayudas. 
Por tanto, mi Grupo político, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, no dará su apoyo a una reforma de la PAC que supondrá, de hecho, la profundización de sus principales desequilibrios. 
Señor Presidente, este debate final sobre la Agenda 2000 ha de limitarse a las grandes líneas. 
Si aún ahora intentamos introducir modificaciones controversiales, correremos el riesgo de que todo el paquete de Berlín se venga abajo como un castillo de naipes. 
Me refiero, por ejemplo, a la enmienda del Informe Görlach para que se eleve la ayuda para el establecimiento de agricultores de 25.000 a 30.000 euros. 
Algunos Estados miembros no podrán aceptar este tipo de propuestas encarecedoras. 
Hoy la cuestión central es: ¿Aceptamos la base financiera debajo de la Agenda 2000 y lo aprobamos mediante un acuerdo interinstitucional? 
Mi respuesta es francamente: Sí. 
Si la Unión realmente quiere ofrecer la perspectiva de la adhesión a los países candidatos, es preciso que se indique cómo va a financiarse. 
Para ello son imprescindibles unas perspectivas financieras como las acordadas en Berlín. 
El Consejo ha sido capaz de elaborar un presupuesto restrictivo para varios años creando de esta forma el espacio financiero necesario para la ampliación. 
Bien es cierto que tengo grandes problemas para aceptar algunos de los elementos del paquete. 
Así, desgraciadamente el Consejo mantiene que el techo de los gastos estructurales constituye también un objetivo. 
Pero las desventajas no superan los méritos. 
Volver al artículo 203 del Tratado, tal y como defienden muchos de este Parlamento, en mi opinión no es el camino correcto, llevará a un mayor aumento de los gastos de la Unión. 
Especialmente los Estados miembros que son contribuyentes netos difícilmente podrán aceptarlo. 
Sin embargo, mi principal objeción contra el empleo del artículo 203 es la siguiente: haremos que la financiación de la ampliación dependa de los inciertos resultados de los anuales conflictos presupuestarios entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Y eso realmente será inaceptable. 
Señor Presidente, antes de disolverse, este Parlamento ha conseguido pronunciarse sobre la puesta en marcha de la reforma de los Fondos estructurales y ha logrado afirmar sus posiciones en la que ha corrido el riesgo de convertirse, una vez más, en una confrontación entre las Instituciones europeas. 
Tras repetidas incomprensiones con la Comisión respecto a la marcha de los trabajos que podían haber anulado el resultado de los esfuerzos, por fin hemos llegado no solo a los textos de los nuevos reglamentos, sino también a un punto de partida para una efectiva colaboración en la gestión de los Fondos a través del Código de conducta entre la Comisión y el Parlamento respecto a la realización de las políticas estructurales. 
El Parlamento ha sido una voz importante a la hora de definir las directrices de esta reforma, pero debe serlo todavía más en su aplicación durante todo el período de programación. 
Nos satisface que el Consejo, aunque fuera al final de las negociaciones, haya aceptado la solicitud del Parlamento de volver a incluir URBAN en las iniciativas comunitarias. 
No se trata de un puntillo de los diputados, sino de reconocer el papel clave de las zonas urbanas en el desarrollo regional. 
La importancia de un desarrollo equilibrado y complementario de las zonas urbanas y rurales es esencial para el desarrollo económico y regional. 
A tal fin, es necesario intensificar a todos los niveles la cooperación con las autoridades regionales y locales y los operadores socioeconómicos, más cercanos a la realidad cambiante de la región. 
El aumento de la competitividad entre las regiones no puede dejar de tener en cuenta el peligro de los desequilibrios creados por las diferencias de nivel de empleo y de los recursos humanos, la calidad de las infraestructuras, el medio ambiente natural y el desarrollo, especialmente en esta etapa tan delicada que se ha abierto a partir de la determinación de las regiones que pueden admitirse en el Objetivo 2. 
En líneas generales, estamos a favor de la reforma, sin embargo, debemos expresar algunas reservas respecto a las zonas grises que presentan aspectos que no se han profundizado todavía como, por ejemplo, el impacto en las regiones que, en virtud del principio de concentración, sufrirán una parálisis en su proceso de desarrollo. 
Las poblaciones de estas zonas saldrán perjudicadas y esto no ayuda a demostrar que la Unión Europea actúa en pos del desarrollo de las regiones desfavorecidas. 
En efecto, Italia, mi país, podría verse perjudicado sobremanera a la hora de establecer el techo del Objetivo 2, ya que a la reducción máxima garantizada del 33 % se añadiría la provocada por la inclusión de las regiones que saldrán del Objetivo 1. 
Señor Presidente, inicio esta intervención con el comentario preocupante de que parece que se están haciendo esfuerzos importantes para que las perspectivas financieras puedan ser aprobadas mañana por esta Asamblea sin mayoría cualificada. 
Espero que no se confirme este comentario, porque estaríamos buscando una salida inadecuada para un tema tan importante como el que estamos debatiendo esta tarde. 
Porque, señor Presidente, el problema es que estamos debatiendo el «cómo» y el «cuánto» a la vez. 
Y podemos estar de acuerdo en el «cómo» pero no en el «cuánto». 
Y, sin embargo, esta noche tenemos que pronunciarnos sobre ambos aspectos. 
Yo quiero referirme concretamente a los Fondos estructurales, al Fondo de Cohesión y a las políticas de cohesión, diciendo que estoy de acuerdo en el «cómo» , tal y como lo ha proyectado la Comisaria- e incluso aprovecho una vez más para decir que tenemos que felicitar a la Comisaria y a la DG XVI porque hemos estado con ella, y ella nos ha ayudado profundamente en los avances de la cohesión en el periplo de estos cinco años y yo creo que, en su diseño, de los próximos-. Yo estoy de acuerdo con el informe de los Sres. 
Hatzidakis y McCarthy en lo que se refiere a los proyectos de concertación, de partenariado, del Objetivo 1, etc. Y por tanto, la Sra. Wulf-Mathies y el Sr. Eneko Landaburu no solamente tienen el apoyo, sino el aprecio de la comisión parlamentaria que ha tramitado estos asuntos con ellos. 
Pero entramos en una época en que la Unión Europea tiene más competencias. 
Tiene procedimiento de codecisión, moneda única y mercado único, y queremos el fortalecimiento de la cohesión y una ampliación digna. 
Queremos tener políticas en materia social, en empleo, en desarrollo rural, en redes transeuropeas. 
¿Y qué nos ofrece el Consejo en su negociación de Berlín? 
Pues nos ofrece pasar de aquella mítica cifra, que era muy difícil superar, del 1, 27 % al 0, 97 %. 
Nos ofrece una regresión y una renacionalización de facto de los fondos que necesita la Unión Europea y, señor Presidente, he de decirle que mañana existirán no pocos diputados que van a decir no al Consejo, precisamente en los temas de perspectivas financieras. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, distinguidas señoras y señores, el proceso hasta la conclusión de los acuerdos de la Agenda 2000 es merecedor desde el punto de vista del Parlamento Europeo de alabanza y aprobación. 
El Consejo y la Comisión se han declarado dispuestos, en relación con el calendario de ratificación del Tratado de Amsterdam, a reconocer ampliamente al Parlamento aquellos derechos que, sobre todo en el capitulo de la reforma estructural, podemos reclamar formalmente desde el 1 de mayo de este año. 
Nosotros, como Parlamento Europeo y también como representantes de nuestros países, podemos aprobar en conciencia los correspondientes resultados de la Agenda 2000 y del proceso de conclusión de acuerdos con esta configuración. 
Las metas más importantes, que ya anunció la Comisión, son manifiestamente razonables. 
La concentración en los verdaderos problemas y grupos de problemas, menos estructuras burocráticas, más eficiencia y más transparencia, tienen en general mucho sentido. 
Si además también se han hecho realidad importantes querencias materiales, nacionales y regionales, entonces la cuestión es verdaderamente acertada. 
En este sentido saludo, como representante de mi país, la especial consideración de los espacios rurales en el marco del nuevo Objetivo 2. 
También considero positiva la reglamentación phasing-out para los objetivos existentes hasta ahora, que casi lo han conseguido aunque aun les falta un «Alzerl». 
Y para los pobres traductores sea dicho que un «Alzerl» es un «poco». 
Saludo especialmente la nueva reglamentación de INTERREG, porque aquí hemos trabajado intensa y perseverantemente, y espero que, sobre todo, nuestras regiones de la frontera exterior de la UE con los países candidatos puedan sacar provecho del tiempo y el dinero. 
En cualquier caso, para Austria suponen 5.000 millones de chelines para los próximos siete año. 
Hay un punto esencial en el que mi alegría por la Agenda 2000 encuentra freno. 
¿Es de recibo, en un momento en el que todos legítimamente demandamos más Europa en el empleo y en general en la reforma estructural, en el proceso de ampliación de la UE, en la ayuda solidaria por una Europa mayor, celebrar como un éxito de Berlín que todos queramos que en el futuro Europa nos cueste menos? 
¿Es que el 1 % del producto interior bruto europeo ya es demasiado en el caso de las cuotas estatales de los Estados miembros que estén del otro lado del 40 % y más? 
¡Yo creo que no! 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi aprecio por el hecho de que a esta hora tan tardía aún contemos con la presencia de tan elevado número de Comisarios. 
Lo encuentro una muestra de aprecio hacia el Parlamento Europeo, al igual que lo es el hecho de que aún esté aquí el Ministro alemán Funke. 
También esto, en mi opinión, merece nuestra consideración. 
Con ello dan muestra de que no importe la hora en que les toque el turno a los oradores, ustedes están dispuestos a escucharlos. 
Señor Flynn, naturalmente ha llamado usted a que apoyemos las propuestas de reforma en el marco del Fondo Social Europeo. 
Mi grupo apoyará de buen grado dichas propuestas de reforma, al igual que una serie de enmiendas de la Sra. Jöns. 
Si se trata de empleo y del desarrollo del empleo, hemos de intentar conjuntamente llegar a lo mejor. 
Pero igualmente es cierto que, también conjuntamente, no podemos negar el hecho de que un gran grupo de la sociedad, personas en una posición de desventaja, entre ellas las mujeres y las minorías, necesitan una atención adicional. 
Esto ha encontrado su expresión, sobre todo, en las enmiendas del Parlamento y ha sido el Consejo el que no se ha mostrado especialmente generoso en este sentido. 
Espero que entre todos aún podamos lograr algunos avances en este terreno. 
Y esto me lleva a algo que para mi es especialmente transcedental, que es algo del Fondo Social Europeo y- señor Fischler-también está relacionado con el nuevo presupuesto que vamos a destinar al desarrollo rural. 
Creo que el Fondo Social Europeo es un medio para dar un apoyo al desarrollo del empleo en Europa, al igual que el fondo para el desarrollo rural es un medio que podrá hacer posible el gran viraje que deberán hacer grandes partes del sector agrario. 
Por supuesto, en cuanto a esto último es cierto que los medios para el desarrollo rural son insuficientes. 
Mi preocupación es que los Estados miembros en la ejecución, señor Ministro de Agricultura de Alemania, cuiden algo exagerademente de sus intereses. 
Tengo mucho miedo de que entre estas buenas líneas presupuestarias que hemos desarrollado aquí se cuelen algunas cosas que no deseamos, ni tampoco queremos fomentar. 
El primer asunto que podría colarse es la posibilidad de que los Estados miembros resuelvan sus propios problemas a través de los fondos europeos. 
Si se da esa circunstancia, la gente dirá, con razón, que no hacemos más que trasvasar dinero. 
Otro asunto del que debemos protegernos mucho es el riesgo de que las consultorías y demás intermediarios finalmente terminen embolsandose los medios destinados a los cambios. 
En la medida que nosotros, a nivel europeo, podamos dirigir ese proceso y ejercer control sobre ello, opino que esta es una de las principales tareas para el futuro. 
Los pueblos de Europa no nos concederán ninguna credibilidad si por un lado decimos: queremos controlar una serie de problemas y lo hacemos disponiendo para ello una serie de fondos, pero por otro lado hacemos desaparecer ese dinero en los bolsillos de unas organizaciones y personas a quienes no corresponde. 
Tal vez sea ésta mi última intervención, porque si bien volveré a estar disponible, mi partido no va excesivamente bien, y por tanto mi último llamamiento a la Comisión es el siguiente: Estemos especialmente atentos a todo esto; espero que, en caso de no salir reelegida, algún día pueda leer en la prensa que se me haya hecho caso. 
Señor Presidente, la verdad es que es necesario amar la agricultura y estar habituado a los sacrificios a que nos obliga para llegar a esta hora y hablar dos minutos. 
Pero lo hago con mucho gusto, dado que se trata de un paso importante: la Agenda 2000, que se refiere a aspectos extraordinariamente complejos de la vida agraria europea. 
El modelo agrario europeo no sé exactamente cuál es ni nadie lo sabe, pero, en cualquier caso, pretendemos defender ese modelo, un modelo que mantenga al agricultor en la tierra y la tierra menos deshabitada. 
En cualquier caso, la PAC sigue siendo- naturalmente- una PAC desnivelada, en la medida en que, por estar basada en el concepto de productividad histórica, los países más ricos resultan claramente mucho más favorecidos que los más pobres, si bien no se me pasa por la cabeza hacer de los pobres ricos y de los ricos pobres. 
Es evidente que si en Europa hubiera cierta modulación entre las zonas más ricas y las más pobres, las más pobres no necesitarían, desde luego, ese recurso que se llama «desarrollo rural» , idea bastante vaga y bastante mal dotada de fondos, que, como sabemos todos, puede servir para todo, como en una «posada española». 
La verdad es que el presupuesto no va a dar para ese «desarrollo rural» , que sería, de hecho, la forma de equilibrar las regiones más desfavorecidas en relación con las más favorecidas. 
E incluso en los sectores en que, de hecho, somos francamente competitivos- por ejemplo, en la viña -, no va a haber dinero para que se pueda reconstituir la viña antigua. 
Por otro lado, Europa sigue considerando la lana como un producto no agrícola. 
Esperemos que, con la promoción que se nos promete para nuestros productos, y a pesar del poco dinero que se nos concede, podamos aún ser competitivos en la carrera que se va a intensificar cada vez más en esta guerra que se produce en el nivel mundial. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el marco financiero decidido en Berlín es totalmente inadecuado e insuficiente para dar respuesta a las necesidades y a los objetivos de la cohesión, que deberían orientar la construcción europea y sus ambiciones actuales y futuras. 
Así, no sorprende que, a pesar de su ya esperado mantenimiento, el Fondo de Cohesión salga de Berlín con medios inferiores, de lo que resultan disminuciones en algunos de los países de la cohesión entre los cuales figura exactamente el mío: Portugal. 
Tampoco es aceptable que, al contrario, por lo demás, de lo que el Parlamento Europeo aprobó aquí en noviembre de 1998, se mantenga la condicionalidad del Fondo de Cohesión respecto del Pacto de Estabilidad y que ahora, por ejemplo, la Comisión de Política Regional proponga una opinión favorable a la propuesta de reglamento que dispone exactamente esa condicionalidad. 
Sin perjuicio de los cheques distribuidos por los diversos países, el reglamento de los Fondos estructurales, en particular mediante evaluaciones intermedias de la reserva de eficacia y de niveles generalmente inferiores de cofinanciación, va a hacer que, en la práctica, las dotaciones financieras pasen a ser de «límite de gastos» , mientras que eran «objetivos de gastos». 
Entre lo que se anunció en Berlín y lo que llegará a utilizarse, de hecho, va, desde luego, una gran diferencia. 
Y no son aspectos positivos como el mantenimiento de la iniciativa comunitaria URBAN, por lo demás, contra la opinión de Berlín, los que podrán modificar una posición de profunda duda respecto de la bondad y la eficacia de la futura reglamentación de los Fondos estructurales. 
Unas palabras finales sobre la Política Agraria Común y la reforma resultante de Berlín, es decir, la ausencia de reforma: Berlín no reequilibró ni promovió, de hecho, una inversión de las discriminaciones existentes entre producciones y agricultores. 
Algunos aumentos financieros concretos distribuidos por algunos países no van a modificar, sino que podrían acentuar aún mas, los desequilibrios internos, incluso dentro de los países aparentemente más beneficiados. 
Señor Presidente, voy a referirme fundamentalmente al informe del Sr. Arias Cañete. 
Vamos a votar en contra de este informe al igual que ya hicimos en comisión. 
Es muy importante dejar de manifiesto que si votamos en contra no es por que no estemos de acuerdo con los Fondos estructurales de la pesca sino, más bien, al contrario. 
Un fondo es muy importante a la hora de conseguir muchos de los cambios estructurales que se presentan necesarios. 
Con lo que sí nos mostramos en desacuerdo con el presente informe es con la manera en que esta cuestión ha surgido de la Comisión. 
Fundamentalmente, lo que el Sr. Arias Cañete quiere hacer es seguir aplicando el sistema existente, que rechaza los cambios y las mejoras que ha propuesto la Comisión. 
He aquí dos ejemplos: el año pasado, el Tribunal de Cuentas examinó detalladamente la financiación de las empresas conjuntas y expuso algunas observaciones críticas. 
La propuesta de la Comisión pretendía incorporar cambios para mejorar el sistema. Sin embargo, el Sr. Arias Cañete no los ha incluido en su informe. 
La segunda cuestión está relacionada con la falta de voluntad por parte de la Comisión para financiar el traspaso de los buques con pabellón de conveniencia que desacaten abiertamente la normativa internacional en materia de gestión. 
Ni el informe del Sr. Arias Cañete ni la comisión tampoco hacen referencia a este apartado. 
Igualmente, la propuesta de la Comisión nos plantea dos problemas importantes. 
La Comisión tiene muy poco control sobre el dinero que se gasta, y lo ha llegado a reconocer públicamente. 
Se permite que los Estados miembros asuman demasiadas responsabilidades. 
Tampoco se ha prestado una atención suficiente a los criterios para la concesión de las ayudas. 
El impacto medioambiental y social es muy distinto de unos buques a otros, por lo que se debería otorgar prioridad a la financiación destinada a retirar las unidades perjudiciales y a crear otras menos dañinas. 
Hemos presentado en comisión una enmienda sobre la transparencia que no ha sido aceptada por la comisión parlamentaria. 
No es sólo que no fuera aceptada por la comisión, sino que tampoco fue aceptada por el propio ponente. 
Es un hecho desafortunado y, además, el reglamento hace imposible que podamos volver a presentar esta enmienda, lo cual significa que no podremos obtener una votación nominal sobre el hecho de que los miembros no se están ateniendo a la cuestión de la transparencia. 
Éste es el motivo por el que hemos votado en contra de este informe. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, señores Comisarios, este es el último gran debate de la legislatura, y se trata de un excelente debate sobre una cuestión muy emblemática: la Agenda 2000, además en Berlín. 
Berlín, con el canciller alemán, el Reichtag, que ha sido recuperado, al igual que el águila, e incluso la guerra. 
Evidentemente, esto supone un cambio en relación con unos debates algo pueriles que a menudo hemos celebrado durante los cinco últimos años, sobre las lesbianas, los traspasos de jugadores de fútbol o sobre los medicamentos genéricos. 
Y es verdad que con respecto a la Agenda 2000 se plantean importantes interrogantes: la estrategia agrícola europea, nuestro futuro alimentario, la política estructural, la financiación de Europa, por no mencionar la apertura al Este. 
En cuanto a la agricultura, señor Comisario, nos mantenemos en la línea 92, la línea McSharry, la línea Steichen, la línea Blair House. 
Reducción de precios- 20 %, 15 %, 30 %-, un compromiso en Berlín, una compensación parcial y una buena dosis de ilusión. 
De ilusión, porque es indudable que si nos dedicamos a bajar los precios, en el mercado internacional jamás se podrá competir- en el sector de la carne, por ejemplo- con Argentina. 
También es indudable que el hecho de dedicarnos a introducir zonas de libre cambio en el mercado internacional representa un peligro- por ejemplo, el Sr. Martin lo mencionaba hace un momento con respecto a los viticultores, aludiendo al caso de Suecia e Irlanda, que se han convertido en zonas vitícolas, lo que les permite obtener mostos concentrados para quizá fabricar vinos industriales. 
Además, ¿de qué sirve asumir un compromiso en Berlín, cuando dentro de seis meses se van a iniciar negociaciones comerciales internacionales y cuando empezamos, como en 1992, a hacer concesiones incluso antes del comienzo de dichas negociaciones? 
Esto plantea el problema de nuestro modelo agrícola. 
Rosado Fernandes y muchos otros se han referido a ello, al igual que usted, señor Comisario. 
Se habla del modelo agrícola europeo. 
Un modelo determinado por los criterios de calidad y bienestar. 
Un modelo opuesto al modelo agrícola norteamericano, basado en la explotación intensiva. 
Me pregunto si ustedes no tienen un tercer modelo, que yo denominaría «modelo agrícola austríaco». 
Austríaco, porque frente a las producciones wagnerianas norteamericanas, existiría la agricultura de «opereta» : los agricultores protegerían el paisaje, la naturaleza, el medio ambiente, para que Sisí pudiera dar un paseo los fines de semana. 
A esto ustedes lo denominan «capítulo medioambiental de la PAC». 
Los agricultores se dedicarían a la ordenación rural y, a la larga, se les aplicarían los Fondos regionales. 
Esto me lleva a referirme a los Fondos estructurales. 
También en este caso, Berlín ha ocultado parte de la realidad. 
Los españoles querían 240 millones de euros, los neerlandeses querían 193 y han obtenido 213. 
Pero, en realidad, los ganadores siguen ganando- España vuelve a obtener su regalo de navidad con 9 millardos de euros y Gran Bretaña sigue disponiendo de su cheque -, mientras que los perdedores vuelven a perder. 
Francia ha perdido incluso con respecto al Objetivo 1 y los agricultores van a salir perdiendo con respecto al Objetivo 2, ya que ahora están incorporados a los extrarradios. 
Como, además, se unirán los países del Este, y como la financiación que han previsto resulta, a pesar de todo, modesta: 3 millardos de euros anuales en concepto de preadhesión, la dotación es, evidentemente, insuficiente. 
¿Qué se hará, entonces? 
O bien compartir la miseria entre los agricultores recién llegados y los que ya están instalados, o bien crear un nuevo recurso. 
Es el tercer problema: la financiación. 
Sabemos cuál es el problema. 
Alemania no quiere pagar más, y tiene razón: Alemania pierde 11 millardos de euros cada año. 
Francia pierde, por otra parte, de 1 a 4 millardos. 
Así pues, salvo que se reduzcan los gastos, no hay más que una solución: buscar recursos. 
Los derechos de aduana- debido a la torpeza cometida con la reducción permanente, concretamente los SPG- son insignificantes: el 14 % de los recursos. 
El porcentaje sobre la base del IVA desciende. 
Quedan, evidentemente, los recursos sobre la base del PNB. 
Pero no se trata de un recurso federal, sino de la clásica contribución a una organización internacional, la contribución de un Estado. 
Y es cierto que Berlín ha querido aumentar el porcentaje de su contribución sobre la base del PNB. 
Pero no es suficiente: con el paso a 20, 21 ó 25 Estados miembros, y al fijarse el límite máximo de la dotación presupuestaria en el 1, 27 % del PNB, la situación no podrá mantenerse por mucho tiempo. 
Se requieren otros recursos. 
Puesto que, en realidad, estos recursos no pueden obtenerse mediante la creación del impuesto sobre el CO2, como piensan Ripa di Meana o los Verdes, porque nunca se ha visto que el gas carbónico produjera impuestos- de lo contrario, el Pinatubo arrojaría probablemente euros -, sólo queda, pues, una fuente de recursos: el impuesto europeo sobre la renta. 
Y en esto Berlín no ha dicho la verdad. 
Al igual que la Europa librecambista, la Europa del gran mercado único ha mentido, no había dicho que se trataba de la Europa de los 20 millones de desempleados, de los 50 millones de excluidos; y la Europa ultraliberal está mintiendo, no dice que en la perspectiva del año 2006, será la Europa de los impuestos y la Europa del impuesto europeo sobre la renta. 
Por eso, señor Presidente, Señorías, señor Comisario, señora Comisaria, el 14 de junio queremos volver y volveremos para cambiar de Europa. 
Señor Presidente, después del cuidado estilo del Sr. Martinez, me temo que mi postura va a parecer muy gastada, porque yo realmente creo que el acuerdo sobre la Agenda 2000 alcanzado en Berlín, a pesar cualquier imperfección complementaria, queda registrado en el activo de la Presidencia alemana. 
Casandra se ha equivocado y se han confirmado, tanto la prioridad que tiene para la Unión Europea la política de cohesión social y económica, como la admirable y, sobre todo, eficaz colaboración entre los órganos superiores de la Comunidad. 
Ya que procedo de uno de los países de la cohesión, de Grecia, deseo expresar mi satisfacción por las regulaciones que están previstas en los tres grandes capítulos del Acuerdo. 
Primero, en la agricultura, por mantener el carácter comunitario de la política agrícola, a pesar de la intensa presión que se ejerció para aprobar medidas de cofinanciación.-Segundo, por las acciones estructurales, es decir, por que se mantenga una mayor ayuda per cápita de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión para los países de la cohesión. 
Igualmente, por el énfasis que se pone en la lucha contra el paro.-Tercero, sobre el capítulo que se refiere a los propios recursos, expreso mi satisfacción por la adopción de un sistema más justo que favorece a los países menos desarrollados, pero sin omitir que mi postura es la de que hace falta cambiar el sistema de los propios recursos a fin de aumentar, seguro, el presupuesto comunitario, y así poder responder a las necesidades y cumplir los ambiciosos objetivos que se ha marcado la Unión Europea.-Por último, quisiera felicitar a cuantos han contribuido a este histórico acuerdo de Berlín, especialmente a la Sra. Comisaria, Sra. Wulf-Mathies, por sus esfuerzos, y también a mis Sres. colegas por sus valiosas intervenciones. 
Intervengo en nombre de la Comisión de Control Presupuestario. 
Quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Colom I Naval, ya que ha incluido las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario en su informe sobre las previsiones financieras y el acuerdo interinstitucional, y al mismo tiempo quisiera comentar las más importantes, y también las más lógicas, de estas enmiendas. 
En el texto nos hemos acordado con el Consejo que antes de la aprobación del presupuesto de la Unión Europea siempre tenga lugar una reunión tripartita adicional, en la que entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión se acuerde la forma en la que se pueda cubrir una eventual necesidad- el año pasado tuvimos la ayuda a Rusia- con recursos no liberados del año presupuestario corriente o también cómo se deben tratar necesidades del año presupuestario consecutivo y cómo debemos ponernos completamente de acuerdo antes de la aprobación del Presupuesto. 
Con este proceder creo que nos aproximamos mucho al deseo de los Estados miembros, pero también al de los ciudadanos de Europa, en concreto, que en la Unión Europea anualmente se apruebe un presupuesto moderado y eficiente. 
También quisiera subrayar otra enmienda que ha adoptado el ponente y que guarda relación con la discusión que mantuvimos aquí en el Pleno el lunes por la noche, en concreto con el procedimiento de descargo de 1996/97. 
Ahora tenemos un procedimiento en el que a menudo el Consejo aprueba nuevos reglamentos sin que se haya hecho la evaluación del antiguo reglamento. 
Al respecto hemos expresado la opinión de que cuando sea posible, y el Consejo estaba dispuesto a aceptar esto cuanto menos, el Consejo no apruebe un nuevo reglamento antes de la conclusión de la evaluación del antiguo reglamento. 
Si esto lograra imponerse alcanzaríamos un verdadero éxito, ya que no tiene mucho sentido averiguar durante la vigencia de un nuevo reglamento que el anterior no estaba en orden y que el nuevo adolece de lo mismo. 
Por lo tanto invito al Consejo a que también determine su posición fundamental respecto de esta cuestión, pues el Parlamento ya lo ha hecho. 
Señor Presidente, quisiera hacer referencia a dos de los puntos recogidos en los informes que he elaborado para la Comisión de Política Regional sobre los países candidatos. 
Cuando se destinen y se dé prioridad a las ayudas de la UE en beneficio de los países candidatos, es preciso prestar una atención especial a las cuestiones medioambientales y sanitarias. 
Para permitir el funcionamiento del mercado interior y la integración, entre otros aspectos, del libre comercio de los productos alimentarios como un elemento más del mismo, es fundamental que en los países candidatos se respeten las normas que ha establecido la UE en materia de higiene y salud. 
La UE no puede hacer concesiones en este ámbito por medio de períodos transitorios de ningún tipo. 
En su lugar, sí es necesario cierto grado de flexibilidad a la hora de destinar las ayudas de la UE. 
En la Comisión de Política Regional hemos querido destacar, además de esta flexibilidad, tres cuestiones de gran importancia. 
En primer lugar, hacemos hincapié en la importancia que reviste la cooperación transfronteriza en los preparativos para la adhesión. 
Este punto es especialmente importante a la hora de desarrollar redes, tanto en el plano administrativo como por lo que respecta a las distintas empresas y organizaciones. 
En segundo lugar, querríamos subrayar la importancia de la seguridad nuclear y, por consiguiente, creemos que se deben concentrar los recursos de la UE destinados a este fin en el instrumento del programa PHARE. 
En tercer lugar, deseamos resaltar nuevamente la importancia de la formación con objeto de fomentar las transformaciones estructurales que ya se han emprendido en los países candidatos. 
En suma, es posible decir que, si bien es importante establecer prioridades, esto ha de hacerse en un marco de buena cooperación con los países candidatos. 
Por este motivo, ni la gestión ni las prácticas administrativas deberían constituir una carga demasiado pesada, especialmente si tenemos en cuenta el importe relativamente escaso de los recursos. 
Así pues, respaldo el margen de actuación que se ha de conceder a la Comisión para lograr la mayor eficacia posible de estas ayudas. 
Señor Presidente, voy a intervenir en relación con el Informe Arias Cañete sobre las políticas estructurales en materia de pesca que se inscribe, naturalmente, dentro del debate sobre la Agenda 2000. 
La Agenda 2000 tiene, a nuestro juicio, muchos aspectos criticables y debe ser criticada, y así lo han expuesto algunos colegas esta noche y a lo largo de este día. 
Sin embargo, no es ese el caso en lo que se refiere a la política de pesca. 
Los resultados en la reglamentación de las medidas de intervención en el sector de la pesca pueden ser considerados como satisfactorios gracias, precisamente, a la actitud de la Comisión de Pesca que, desde el primer momento, se opuso al diseño inicial de la Comisión. 
Se opuso porque este diseño inicial rompía el carácter horizontal de las medidas de intervención y establecía un sistema de financiación con cargo al FEOGA-Garantía que dificultaba enormemente la planificación de esta intervención. 
Estos aspectos de la propuesta inicial han sido modificados después de un voto negativo del Parlamento hace unos meses y, de esta manera, la propuesta final establece un instrumento unitario de intervención en el sector de la pesca. 
Aunque se mantienen dos reglamentos, se continúa con un solo fondo que permite abordar adecuadamente la intervención estructural en el sector de la pesca. 
Voy a concluir mi intervención, señor Presidente, pero no quisiera acabarla sin hacer una llamada de atención sobre un hecho que me parece importante: la modernización de la flota pesquera es ciertamente importante, la intervención estructural es de gran importancia, pero el desarrollo de la pesca, para nuestra flota, depende en gran medida de la existencia de acuerdos internacionales con terceros países que permitan encontrar caladeros en los cuales faenar y desarrollar la actuación de esta flota. 
En relación con esta cuestión, hay razones para sentirse preocupados, al menos en algunas zonas de la Unión Europea. 
En mi caso concretamente, viniendo de Andalucía, tengo que decir que el Gobierno de Marruecos acaba de afirmar que no tiene intención de prorrogar el acuerdo actualmente vigente, lo cual plantea problemas gravísimos para decenas de millares de pescadores en mi región, en Andalucía, y también en Galicia. 
Y no quisiera finalizar esta intervención- aunque sé que no es exactamente este el tema del que se está hablando hoy- sin llamar la atención sobre este importantísimo problema. 
Señor Presidente, como representante de una circunscripción muy rural que depende en gran medida de la agricultura, quisiera señalar que el resultado de la Cumbre de Berlín en lo relativo a la Agenda 2000 no nos ha resultado, ni a mí ni a mi circunscripción electoral, tan decepcionante como hubiera cabido esperar. 
Si bien es cierto que las propuestas del Sr. Fischler arrojaban inicialmente muchas sombras sobre la Europa rural, es cierto que, a fin de cuentas, debemos admitir que el resultado final, aun si no es plenamente satisfactorio, tampoco es de ninguna manera desastroso. 
El hecho de que estemos planeando gastar más dinero en la Europa rural, al que se une el dato de que cada vez es menor el número de personas relacionadas con la agricultura, garantiza un nivel de vida mínimo para los agricultores durante los próximos siete años. 
Espero que dejemos claro a todo el mundo y en todo momento que se han llevado a cabo las concesiones que se esperaban de nosotros en las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio y que no se contempla ni una sola concesión más a los agricultores europeos hasta que hayan transcurridos estos siete años. 
Ya tuvimos la reforma MacSharry, y ahora estamos ante otro tanto de lo mismo. 
La caída de sus ingresos representó un trauma para los agricultores, así que espero que esto sea ya el punto final. 
Me gustaría decirle al Sr. Fischler que, si bien no es fácil vender su mensaje, hay que admitir que ha realizado grandes esfuerzos para explicárselo a los agricultores europeos. 
Se aprecian mucho sus esfuerzos, unos esfuerzos muy recomendables a la hora de educar, informar y atraerse a la opinión pública. 
He de decir que no me han satisfecho tanto los resultados en materia de política regional. 
Estamos acabando poco a poco con la política regional. 
Si bien mi región ha logrado mantenerse dentro del Objetivo 1, éste no es más que un Objetivo 1 de carácter transitorio, ya que el importe de dinero que se ha recibido con arreglo a este objetivo es mucho menor que la cantidad per cápita que se percibió durante el último programa. 
En cualquier caso, apreciamos también los esfuerzos que ha realizado la Comisaria saliente, quien llevó a cabo una labor muy dura, no sólo a la hora de visitar las regiones deprimidas de la Unión, sino- en especial- en todo lo relativo a Irlanda del Norte y a los programas transfronterizos. 
Se ha agradecido mucho su presencia y se reconoce su pleno compromiso con la cuestión del desarrollo regional. 
Ya para finalizar, hay una persona en esta sala que dispondrá de voto en mi reelección. El Comisario Flynn tendrá la oportunidad de votar por mí. 
Me gustaría señalar el gran aprecio que tenemos por la ardua labor que también él ha realizado, al igual que todos los demás comisarios. 
Señor Presidente, intervengo en representación de la región situada más al nordeste de la UE, de la Finlandia septentrional. 
Estoy estudiando actualmente las repercusiones que tendrá el paquete de la Agenda 2000 para una región como ésta que, a pesar de sufrir unas condiciones climatológicas desfavorables en relación con las regiones agrarias de Europa central, depende de la actividad agrícola. 
En el informe sobre la dimensión septentrional de la Unión se menciona que, de conformidad con lo adoptado por el Consejo Europeo en Viena, esta dimensión ha de estar también presente en todas las decisiones relacionadas con el desarrollo interior de la Unión. 
Además, durante la Cumbre de Luxemburgo se decidió garantizar el futuro de la agricultura en todo el territorio de la UE. 
¿Cómo se han tomado en consideración estos puntos en las soluciones que presenta la Agenda 2000? 
En el transcurso de las negociaciones se logró para las zonas de cultivo más septentrionales de la UE, que también son al mismo tiempo las más septentrionales de todo el mundo, un par de concesiones importantes con objeto de equilibrar los costes derivados de las condiciones climatológicas adversas. 
Si bien las primas para el secado de cereales y las ayudas para el pasto constituyen instrumentos acertados, sería necesario lograr un grado de aplicación suficiente de las mismas. 
Las actuaciones estructurales son importantes, pero no suficientes por sí mismas para solucionar los problemas de rentabilidad en las regiones septentrionales. 
En abril los sembrados aparecen aún cubiertos de nieve, independientemente de que la explotación tenga treinta o doscientas hectáreas. 
Donde yo vivo hacía esta misma mañana casi diez grados bajo cero. 
Resulta muy difícil explicar esta lógica basada en las hectáreas a los agricultores del norte de Finlandia. 
¿Por qué razón ha de concederse una ayuda muchísimo mayor a quienes obtienen las mejores cosechas que a los agricultores cuyas cosechas son más reducidas a causa de las condiciones climatológicas? 
Esperemos que se introduzcan cambios en esta cuestión de acuerdo con la tendencia que ya ha aprobado el Parlamento, es decir, con arreglo a una reducción de los distintos niveles de ayudas por hectáreas. 
Señor Presidente, tout est bien qui finit bien, dicen sabiamente los franceses. 
Llegamos relativamente bien al fin de una larga caminata. 
Los resultados no son perfectos, pero, a pesar de las insuficiencias presupuestarias, de la timidez de la reforma de la PAC y de las injusticias y desequilibrios que mantiene, se ha evitado, en todo caso, una crisis grave en la Unión Europea y se puede decir que en los próximos años la Unión Europea va a avanzar con confianza y estabilidad. 
Este proceso ha acabado bien, ha tenido un epílogo feliz para los países de la cohesión y para las regiones más pobres, donde se concentran, de hecho, a partir de ahora, las ayudas estructurales. 
Ha acabado bien, no puedo por menos de decirlo, para mi país, que va a recibir con cargo a las ayudas estructurales una media anual ligeramente superior a la media anual del período 1994 a 1999. 
Así, pues, Portugal y los países de la cohesión tienen condiciones para alimentar su desarrollo y su modernización y converger con la media europea, como está sucediendo, en particular en mi país. 
Por eso decimos que sí a las perspectivas financieras, al acuerdo institucional y a las políticas estructurales. 
Queremos felicitar al Consejo, a la Presidencia alemana por la labor que ha llevado a cabo, contra el escepticismo, que ya rodeaba a esa Presidencia. 
Y a la Sra. Comisaria Wulf-Mathies, parafraseando a un diputado que me ha precedido, puedo decirle que, si fuera candidata en Portugal al Parlamento Europeo, iba a recibir muchos votos de los portugueses. 
Señor Lage, debo decirle que nos ha ocasionado usted un problema, porque si cada diputado dobla el tiempo de uso de la palabra del que dispone, vamos a terminar a las cuatro de la mañana. 
Tengo toda la intención de comprender a nuestros Sres. colegas que, por desgracia, sólo han tenido un minuto para su intervención, pero esta es la economía del debate. 
Yo me quedaré porque debo hacerlo, pero los servicios del Parlamento no pueden quedarse hasta las cuatro de la mañana. 
Quisiera rogarles que no se excedan en su tiempo de uso de la palabra. 
Entiendo... en un minuto ¿Qué pueden decir? 
Pero yo no tengo la culpa. 
Pidan ustedes a sus Grupos políticos que les concedan un poco más de tiempo. 
Hoy es el apogeo: ¡treinta ponentes con sólo un minuto! 
¿Cómo puedo interrumpirlos? 
Me encuentro en una situación difícil. 
Pero, por otro lado, si un minuto se hacen dos, vamos a terminar a las tres de la mañana. 
Señor Presidente, yo diría que el principal mérito de la Comisión de Pesca consistió, hace un año, en presentar las propuestas de la Agenda 2000, diagnosticar rápidamente los graves fallos que había en las propuestas sobre política estructural pesquera e, inmediatamente, elaborar una estrategia que fuera defendida seriamente por todos los ponentes de opinión, así como, por supuesto, por el Sr. Arias Cañete, ponente para el fondo. 
Además, debo decir que dicha estrategia fue consensuada en el seno de nuestra comisión a través de tres audiencias públicas, tanto con todos los representantes del sector pesquero como por todas y cada una de las administraciones nacionales pesqueras. 
Y esto dio lugar a un informe serio, el excelente informe del Sr. Arias Cañete, que ha servido de base para las negociaciones con el Consejo. 
Creo que este informe ha llevado a un excelente compromiso, del cual me felicito y, sobre todo, agradezco la fructífera colaboración que logramos entre el Parlamento y el Consejo. 
Incluyo en mi agradecimiento a todos los funcionarios que nos ayudaron a llegar a un compromiso en el que aparecen tres de las principales aspiraciones básicas que teníamos en este Parlamento: disponer de un instrumento jurídico de carácter horizontal; de un instrumento financiero único, el IFOP; y lograr, además, que en el reglamento base se recogiesen, por fin, todas las medidas estructurales financieras. 
Creo que ha sido uno de los mayores éxitos de este Parlamento, pero no hay que olvidar por ello que, en lo que al reglamento de aplicación se refiere- y esta es la segunda parte del Informe Arias -, aún debemos asegurar la continuidad de ciertas acciones; continuidad sin la cual, en mi opinión, la política estructural pesquera pierde gran parte de su sentido. 
Por ejemplo, la continuidad de acciones tendentes a mantener una flota moderna, segura y competitiva; o aquellas que han demostrado ser instrumentos muy eficaces de política pesquera, como las empresas mixtas con terceros países, a las que la propuesta de la Comisión vacía de contenido, cuando pueden ser una excelente fórmula de cooperación con terceros países, como seguramente se demostrará en el futuro en el caso de Marruecos. 
Estas peticiones están muy bien reflejadas en el informe del Sr. Arias Cañete, que con éste, su último trabajo para el Parlamento Europeo, nos deja uno de los mejores y más completos documentos pesqueros que hemos tenido ocasión de examinar. 
Por ello, pido el voto favorable para este informe. 
Señor Presidente, Irlanda ha de agradecer al Parlamento Europeo el que éste haya garantizado una financiación extraordinaria en beneficio de barrios urbanos en crisis. 
Esta decisión es especialmente importante para Dublín. 
No es posible hacer suficiente hincapié en este punto, ya que una ciudad de por sí muy próspera como Dublín contiene también algunas zonas enormemente desfavorecidas. 
La iniciativa URBAN permitirá acometer proyectos en estas zonas para atajar problemas profundamente arraigados como son el empleo de larga duración y el deterioro urbano. 
El Consejo, incluido también el Gobierno irlandés, ha fracasado a la hora de establecer de nuevo este programa. 
Pero nosotros sí hemos logrado hacerlo en este Parlamento, lo cual demuestra una vez más la importancia que este Parlamento tiene para la gente normal y corriente. 
Señor Presidente, ésta es mi intervención de despedida. 
Desearía darles las gracias a usted y a todos los diputados y decirles que ha sido un placer trabajar los últimos cinco años en este Parlamento. 
Uno de mis colegas ha hablado de un punto final. 
El final está cerca, pero yo espero volver. 
En Irlanda tenemos democracia, pero es una democracia un tanto peculiar, en la que se decide quién va a resultar elegido y quién no. 
No tenemos un sistema de listas, algo que seguro que es del agrado del Sr. Flynn. 
Desearía también hacer constar mi agradecimiento a la Comisión saliente porque, en el fragor de los debates, nadie se ha parado a pensar en los miembros de la Comisión que han desarrollado una ardua labor en favor de los ciudadanos europeos, esos mismos ciudadanos a los que representamos. 
Y contamos hoy con un excelente reparto de comisarios muy trabajadores. 
Señor Presidente, si observamos en qué estadio nos encontramos actualmente en el debate de la ampliación, podemos constatar claramente que los puntos de vista del Parlamento han tenido una gran influencia. 
La primacía de la política sobre la economía, también en la forma en la que hemos formulado y llevado a cabo nuestra estrategia con respecto a los candidatos a la adhesión. 
Satisface constatar que la ayuda para la preadhesión va orientada primariamente al refuerzo de las capacidades administrativas e institucionales de los países afectados, incluido el diálogo social. 
También éste es un punto importante para las sociedades en esos estados. 
La democracia y el estado de derecho constituyen los fundamentos de la Unión Europea. Son el corazón de ella y abarcan mucho más que sólo el acervo. 
El que quiera el estado de derecho, que participe, el que no, no. 
En Eslovaquia, Rumania y los Estados Bálticos se han atendido ya numerosos asuntos, si bien no siempre es igualmente fácil traducir los criterios políticos en la realidad. 
Un buen ejemplo de ello es, entre otros, la posición de las minorías rusohablantes en Estonia y Letonia. 
La descentralización como objetivo forma parte de los criterios políticos y administrativos, y por tanto la UE ha de atenerse a ella. 
Donde sea posible deberá producirse la transmisión de las facultades administrativas a los Gobiernos de los países candidatos, que, además, ya están implicados a través de la cofinanciación. 
Es buena cosa que con todo ello la Unión Europea se atenga a las prioridades de PHARE como estrategia propia. 
Incluyo también la aspiración a que participen los estados candidatos en la unión europea política que con el protagonismo de los criterios políticos se va perfilando cada vez más. 
Precisamente por ello deberán elaborarse las directrices generales y las programaciones plurianuales por país y por sector. 
Para ello lo que cuenta son los propios méritos. 
Sin embargo, no es justo seguir imponiendo a los candidatos cada vez más exigencias adicionales, basadas en nuestros propios intereses nacionales. 
Me remito, a modo de ejemplo, a la resolución incluida en la agenda de esta mañana sobre la central nuclear de Temelin en la República Checa. 
La seguridad nuclear es un bien importante, pero en el proceso de adhesión no podemos obligar así sin más al cierre de centrales nucleares, ni presionar de esa manera a los países. 
Las condiciones para la preadhesión no pueden ser empleadas para saldar cuentas bilaterales pendientes. 
Señor Presidente, es natural que existan ámbitos en los que nos hubiera gustado llegar más lejos después de dos años de negociaciones acerca de la ayuda regional europea para los próximos siete años. Cabe mencionar, entre otros, unos compromisos más claros, marcos de asociación por parte de las autoridades locales y regionales, más garantías aún para el respeto de los plazos en el pago a los contratistas de los proyectos y el establecimiento de una figura específica para el capital de riesgo social en favor de las organizaciones voluntarias más pequeñas. 
En cualquier modo, nuestras intenciones son claras. Desearía resaltar en particular dos logros de este Parlamento. 
En primer lugar, no solamente hemos garantizado que se van a abordar directamente- por primera vez- la pobreza y el abandono en las zonas urbanas, sino que también, y en contra de todas las expectativas, hemos conseguido mantener una iniciativa urbana en el plano comunitario orientada a las ciudades pequeñas y medianas que, en la actualidad, se benefician de menos del 10 % de los fondos. 
En segundo lugar, además de conservar un 5 % de las poblaciones susceptibles de percibir ayudas en las zonas rurales desfavorecidas, hemos logrado redestinar ciertas ayudas de la PAC procedentes del titulo 1 y del título 2, desarrollo rural. 
Mi región, Essex, situada al este de Inglaterra, tiene 18 demarcaciones urbanas que se encuentran entre las más desfavorecidas del Reino Unido, por debajo del 25 % del promedio nacional. 
Estas decisiones son esperanzadoras para zonas como Cambridgeshire Fens, que aunque ha formado parte del programa 5-B de East Anglia- dotado con 50 millones de libras esterlinas -, sigue sin tener tiendas de alimentos en el 73 % de sus pueblos, ni servicios regulares de autobús o bancos en el 74 %. 
Y para el conjunto de Europa, se ofrecen garantías para abordar las necesidades de zonas gravemente afectadas por la pobreza y el abandono, sin olvidar la ayuda a las grandes regiones que sufren el deterioro industrial. 
Se trata, en suma, de un acuerdo satisfactorio. 
Señor Presidente, estimados miembros de la Comisión, estimados colegas, con este debate llegamos al final de un largo proceso de discusión y decisión sobre la reforma de la política estructural y regional. 
Respecto de detalles puntuales se pueden hacer juicios diferenciados, pero hay algo que debe quedar claro: que hayamos mantenido el calendario es un beneficio enorme, de modo que esta revisión de los fondos estructurales en comparación con la de 1994 puede establecerse a tiempo y vamos a evitar volver a caer en el dilema de hace cinco años. 
Mi grupo se ha expresado desde el principio a favor de una reforma del fomento estructural y regional que concentre los recursos financieros disponibles en las regiones con la mayor demanda de desarrollo y que a la vez otorgue un mayor nivel de responsabilidad a los Estados miembros, sobre todo allí donde regiones completas quedan excluidas de las ayudas estructurales de la UE. 
Saludamos el hecho de que las nuevas zonas Objetivo 1 vayan a percibir el 70 % de los recursos. 
De este modo ahora resulta efectivamente posible realizar un fomento con aspiraciones. 
Sin embargo lamentamos que no haya sido posible introducir un objetivo «espacio rural» respecto del cual nos hemos declarado constantemente a favor. 
Así mismo lamentamos que en relación con las posibilidades de cooperación nacional no se ceda la elección de las zonas del Objetivo 2 que quedan fuera de los estrictos criterios a los Estados miembros, sino que, como antes, queda limitada por la Comisión a través de ciertos criterios y una reserva de consentimiento. 
Siempre nos hemos declarado a favor de imponer la aplicación estricta del criterio de un PIB regional per capita menor del 75 % de la media comunitaria para la elección de las futuras regiones Objetivo 1. 
En lo esencial esto ha sido posible aunque a este respecto a veces ha surgido el peligro de manifestarse a favor de la flexibilidad. 
En lo que concierne al Fondo de Cohesión, mi grupo se tiene opiniones divididas. 
Una parte- sobre todo colegas de los países sudeuropeos- defienden la propuesta de la Comisión y del Consejo de prorrogar el Fondo de Cohesión en su forma actual. 
Otro sector piensa que para los países que participan en la unión monetaria el Fondo de Cohesión ha alcanzado su objetivo y ha contribuido a la convergencia nominal. 
De modo que no existe ninguna justificación para su mantenimiento en su forma actual. 
Desde luego no todos las aspiraciones pueden ser realizadas. 
Algunos deseos quedan pendientes. 
Sin embargo, en conjunto, el acuerdo supone un paso firme hacia el nuevo período de planificación. 
Señor Presidente, con este acuerdo el campo español perderá 100.000 millones de pesetas anuales y sufrirá un descenso del 5 % en las rentas agrarias. 
Se perjudican los intereses de los pequeños agricultores, que verán cómo tienen que competir con grandes multinacionales en una situación de clara desigualdad; la renta de los herbáceos sufrirá un descenso de 40.000 millones de pesetas, de los que 23.000 millones corresponderán a cereales. 
Loyola de Palacio ha ocultado que las 550.000 toneladas de aumento de la cuota lechera no tienen derecho a prima y, en el vacuno, los aumentos no compensarán la reducción pactada del 20 % de los precios, produciéndose una reducción de la rentas en este sector de unos 30.000 millones de pesetas. 
Señor Presidente, para el campo español éste es un mal acuerdo para Europa y un mal acuerdo para España y, consecuentemente, nuestro voto será negativo. 
Señor Presidente, permítame, para evitar estar sometido a la presión del tiempo, que haga algo que usualmente se suele hacer al final de las intervenciones, en concreto quisiera dar las gracias a la Sra. Wulf-Mathies por su cooperación constructiva con la Comisión de Política Regional de nuestro Parlamento. 
A estas alturas, en el Parlamento, respecto del tema que hoy estamos tratando, ya se ha dicho todo por lo menos una vez. 
Le pido al colega Langen que no provoque interrupciones. 
Sin embargo, en mi opinión, no se ha hecho referencia a una circunstancia, en concreto a que vamos a tener que reinventar la economía de mercado si queremos que los pueblos de Europa central y oriental, las nuevas democracias de Europa central y oriental alcancen algún día el estatus para convertirse en miembros de la Unión Europea. 
Si verdaderamente somos o queremos ser solidarios, entonces no es suficiente con repartir dinero. 
Sé de lo que estoy hablando ya que provengo de una región de Alemania a la que van a parar considerables recursos económicos de la Unión Europea y de la parte occidental de Alemania. 
Pero solamente esto no es suficiente. 
Se trata de que se asimile mentalmente la economía de mercado. 
Si queremos ser verdaderamente solidarios debemos ayudar a los pueblos de Europa central y oriental a redescubrir este instrumento. 
Esto significa, sin embargo, que antes debemos empezar en la Unión Europea a volver a interiorizar esta economía de mercado. 
Seguro que no tienen nada en contra de que no agote mis dos minutos. 
Señor Presidente, estimadas señoras y señores Comisarios, distinguidos colegas, la Agenda 2000 nos ha ocupado durante meses y ha demandado un gran esfuerzo de todos los que estábamos implicados. 
Por ello antes de nada quisiera dar las gracias a todos los miembros del Parlamento, la Comisión y el Consejo por el trabajo realizado. 
Se han tenido que mantener innumerables rondas de negociaciones para alcanzar un compromiso aceptable. 
El Parlamento ha estado en disposición de ejercer hasta el final una activa colaboración e influencia en las discusiones. 
Siempre nos hemos manifestado a favor de un mayor desarrollo de la Política Agrícola Común y de la política hacia los espacios rurales. 
Se han introducido cambios decisivos para la futura configuración de la política agrícola europea. 
Así quisiera hacer referencia al fomento de la política de los espacios rurales como el segundo pilar de la política agrícola. 
A través de este se puede dar verdadera continuidad a una serie de medidas en el campo de la introducción de criterios ecológicos. 
Las medidas medioambientales de los agricultores pueden ser aseguradas a largo plazo y también pueden emprenderse otras ayudas para agricultores de zonas montaosas y desfavorecidas. 
Saludo la posibilidad de que cada Estado miembro pueda coparticipar en el diseño. 
La reducción de los precios de intervención para la carne de vacuno y de los cereales no pudo evitarse pero a pesar de ello hay que dar las gracias, entre otras a la influencia del Parlamento Europeo, por que la reducción no haya alcanzado la intensidad que la Comisión propuso inicialmente. 
Lamento que no se haya alcanzado un acuerdo sobre la reforma en el sector lácteo. 
La continuidad de la reglamentación de las cuotas lácteas, también más allá del año 2008, tiene para mí una importancia fundamental y, de nuevo, en especial teniendo en cuenta el apoyo a las zonas desfavorecidas. 
En lo que se refiere al ámbito horizontal nunca podré apoyar un modelo degresivo de los pagos directos. 
Quisiera decir que, básicamente, el compromiso elaborado por la Comisión, el Consejo y el Parlamento ha propiciado, en mi opinión, resultados aceptables. 
Mediante la votación final, que aun debe realizar el Parlamento, no debería ponerse en peligro en ningún caso su resultado. 
Ahora corresponde a cada Estado miembro sacar el mejor provecho al espacio competencial nacional y existente toda una serie de posibilidades para actuar de forma especial sobre las peculiaridades nacionales. 
Deben ser utilizadas en beneficio de nuestros agricultores, para de este modo también poder crear y asegurar puestos de trabajo en el espacio rural. 
Los agricultores europeos y con ellos nuestros cultivos no pueden ser sacrificados al mercado mundial, sino que, al contrario, pedimos condiciones justas para la agricultura europea, también en las próximas negociaciones de la OMC. 
También a mí me gustaría unirme a los agradecimientos a la Comisión, a los comisarios aquí presentes y a todos los que han llevado a cabo una dura labor durante el tiempo que he ocupado mi escaño en este Parlamento. 
Mi Grupo, el PPE, no puede más que constatar el resultado de la Cumbre de Berlín que, si bien representa una considerable mejora en relación con la propuesta original de la Comisión, se queda corta si tenemos en cuenta las necesidades de los productores. 
La promesa de una compensación plena por los recortes de precios de 1992 no se ha cumplido en las decisiones relativas a la Agenda 2000, con lo que los agricultores sufren enormemente la reducción de precios a la vez que continúan aumentando los costes de la Política Agrícola Común. 
Y lo que es aún más importante, los consumidores no dejan de pagar cada vez más por sus alimentos. 
Comprendo perfectamente las exigencias para permitir la ampliación de la Unión hacia el Este y para garantizar unos resultados satisfactorios en la próxima ronda de la OMC. 
Sin embargo, no resulta aceptable dejar a tantos agricultores sin más alternativa que abandonar su profesión ante la imposibilidad de percibir un salario razonable. 
A pesar de todas las medidas de desarrollo rural, el éxodo rural es cada vez mayor. 
Como ya he dicho en reiteradas ocasiones, la mayor parte de los proyectos de desarrollo rural no puede tener éxito sin la actividad empresarial fundamental, la actividad agrícola, ya que estos proyectos no avanzan por sí solos. 
Me doy cuenta de lo difícil que les resulta a mis colegas de otros Estados miembros comprender cuánto han bajado los salarios de los agricultores de mi país, Irlanda, a causa principalmente del hecho de que este país depende enormemente de sus mercados de exportación, tanto en la UE como en terceros países. 
El 90 % de toda nuestra producción de carne de vacuno y el 80 % de nuestra producción láctea se destina a la exportación. 
La crisis de la EEB en el Reino Unido ha estado a punto de echar por tierra nuestros mercados de exportación. 
Habida cuenta de que el consumo ha descendido vertiginosamente y de que los demás países han aumentado su confianza en la producción propia sin recurrir a la importación, el colapso de la economía rusa no ha hecho más que debilitar un mercado ya de por sí frágil. 
Si bien representan una mejora en relación con las propuestas originales de la Comisión, las propuestas para la reforma agrícola no constituyen una solución a largo plazo. 
Si queremos proteger seriamente el modelo agrícola europeo, con todas sus limitaciones y costes adicionales, y si queremos conservar verdaderamente el medio rural, hemos de volver a fijar unos precios que, de algún modo, estén basados o relacionados con el coste de producción. 
¿Queremos un medio rural vibrante, con vida y bien conservado o preferimos, por el contrario, un parque nacional gigante sin gente, especialmente sin gente joven? 
Creo que las propuestas de la Agenda 2000 nos conducirán a esta segunda alternativa en caso de que no introduzcamos cambios urgentemente. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera llevarles a otro ámbito muy importante, pasando de la agricultura a la política social. 
Cuando nos encontrábamos en la primera lectura relativa al Fondo Social Europeo pude comprobar con complacencia que en el Fondo ibamos a disponer de una organización programática que tendría gran efecto sobre los correspondientes objetivos y zonas. 
Casi todas las enmiendas fueron adoptadas por la ponente. 
El FSE continúa básicamente volcado en el mercado de trabajo. 
El PPE ha concedido un extraordinario valor a esto. 
El apoyo desde el FSE solo tiene sentido si desde los proyectos surge una continuidad y si alcanzan efectivamente a los grupos destinatarios. 
El PPE está de acuerdo con la posición común respecto del FSE. 
Deseamos una introducción rápida y sin obstáculos del FSE el año que viene, sin dilaciones y con una planificación puntual y fiable para los gestores de proyectos y los Estados miembros. 
Por esta razón rechazamos tajantemente una tercera lectura y votamos en contra de todas las enmiendas que conducirían a la misma. 
Como ponente en la sombra podré pronunciarme sobre las enmiendas que han surgido como un compromiso de las negociaciones del Consejo, cuando el Consejo y la Comisión nos aseguren que las modificaciones correspondientes van a ser realmente adoptadas y de ese modo no pueda surgir el peligro de una tercera lectura. 
Nuestros ciudadanos esperan que apoyemos el desarrollo de sus regiones, y de forma rápida, práctica y sin burocracia. 
A los Estados miembros interesados les proporcionamos un fondo que no deberían cargar con reglamentos adicionales, sino que deberían utilizar apuntando a sus objetivos. 
Señor Presidente, en este debate no hacemos más que saltar. 
En realidad no es lo adecuado, pero ahora salto, en concreto al tema de la organización de mercado del vino. 
En el paquete de la Agenda 2000 «capítulo de política agrícola» hay mucho que criticar. 
Eso ya lo hemos oído. 
En un ámbito hay que alabar a la Comisión- el Sr. Fischler ha necesitado mucho tiempo hasta presentar un proyecto tan bueno, pero usted también ha rehusado durante mucho tiempo retirar el antiguo proyecto -, a la Presidencia del Consejo, al Sr. Funke, y también a los colegas del Parlamento. 
Hemos conseguido conjuntamente una reforma razonable de la organización de mercado del vino y creo que después de un debate de este tipo no solo habría que criticar sino también alabar. 
Es triste que tengamos que pasar la última sesión nocturna de esta legislatura sin vino. 
El Sr. Funke estaba presente cuando el anterior Canciller alemán, Helmut Kohl, en el día de la vinicultura alemana enunciase un lema para la futura política vinícola: ¡hay que emborracharse más! 
Pero quisiera volver al asunto. 
En esta reforma del mercado del vino hemos impuesto las exigencias del Parlamento Europeo, y no puedo más que volver a resaltar que sería deseable que el Parlamento pudiera codecidir en el futuro, porque el comercio vacuno lo dominamos tan bien como el Consejo. 
Lo que ha resultado en la organización de mercado del vino es en cualquier caso merecedor de alabanza. 
Se trata de correcciones en las disposiciones relativas a la destilación, en los derechos de nuevas plantaciones. 
La responsabilidad propia de los Estados miembros queda reforzada. 
Las asociaciones del sector pueden ser ahora de ámbito europeo. 
La reforma abarca los programas financiados por la UE para la reestructuración, para el cambio de varietales, para la modernización de las técnicas de producción. 
Se conservan las competencias del Consejo. 
No queremos conceder demasiadas competencias a la Comisión, quizá las relativas a las disposiciones de etiquetado y al proceso enológico. 
Por lo tanto aquí se trata de conservar los tradicionales métodos europeos de cultivo. 
El Sr. Fischler también ha entendido esto y lo ha apoyado efectivamente. 
Por lo tanto estamos satisfechos con esta reforma y considero que ha sido éxito magnífico del Parlamento que haya habido un acuerdo tan amplio en la organización del mercado del vino. 
Sólo el que conozca el enfrentamiento de los últimos cinco años en este parlamento acerca de la cuestión de la organización de mercado del vino puede apreciar el gran paso que se ha dado. 
Quisiera darles las gracias a todos ustedes y confío en que en la próxima legislatura, si no esta misma noche, tengamos la oportunidad de celebrar este éxito brindando con una copa de vino. 
Señor Presidente, la política regional es fundamental para el desarrollo ecuánime en la Unión Europea. 
La política estructural de la Unión desempeña una función importante como complemento a las actuaciones nacionales en materia de desarrollo. 
Si es importante la medida en que la Unión puede permitirse conceder ayudas, no lo es menos el modo en que se utilizan estas mismas ayudas. 
En última instancia, la responsabilidad por lo que respecta a un funcionamiento razonable en este ámbito recae en los Estados miembros. 
Una política regional gestionada mediante un principio de claridad contribuye igualmente a reforzar la confianza de los ciudadanos en las actividades de la Unión y en los resultados que es posible alcanzar. 
Es preciso destinar de manera decidida los recursos de la política estructural de la UE con el fin de fomentar las inversiones que apoyen la creación de auténticos puestos de trabajo. 
El punto de partida ha de ser garantizar las condiciones de creación de empleo y de bienestar en las distintas regiones del continente. 
La política de desarrollo regional debe tener un carácter global, a la vez que ha de incentivar y promover la actividad empresarial. 
La solución final de la Agenda 2000 constituye un buen compromiso europeo. 
El hecho de que las negociaciones se hayan traducido en resultados en un momento que coincide con la dimisión de la Comisión constituye una muestra más de la capacidad de actuación de la Unión Europea. 
La Unión no puede más que felicitarse por haber llevado a cabo este paquete de reformas. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, como todas las transacciones, la alcanzada en Berlín tiene anverso y reverso. 
Dejemos los muchos aspectos positivos. 
Como creo que siempre es posible atenuar los efectos negativos, destaco tres: la reforma de la PAC, a la que asocio la débil expresión del concepto de «desarrollo rural» , pues los beneficiados y perjudicados van a seguir, al final, siendo los mismos de siempre; la reducción de la coparticipación pública en proyectos privados productores de ingresos que, al perjudicar a las empresas, menoscaban el empleo; la concentración de fondos del próximo marco comunitario en los primeros años, que, junto con los saldos que salen de él, creará complejas condiciones de utilización de los Fondos estructurales, pues sabido es que, si no se utilizan, se pierden. 
A esos aspectos generales añado otro esencial para mí, el de la falta de reconocimiento práctico de las regiones ultraperiféricas. 
Después de años de trabajo para consagrarlas en el Tratado de Amsterdam, con amargura las veo preteridas en la Agenda 2000. 
Señor Presidente, podría decirse que estamos reformando por los pelos los fondos estructurales. 
¡Si a esto no puede llamarse «por los pelos '... ! ; son las once menos cuarto de la noche y el Parlamento está funcionando a pleno rendimiento, incluso con la presencia del Consejo, por lo cual me congratulo, señor Presidente del Consejo, ya que nunca he visto antes al Consejo aquí en este Parlamento a las once menos cuarto de la noche. 
Se lo agradezco, no está demás que lo diga. 
Señor Presidente, llevamos ocupándonos desde hace más de un año de las reformas de los fondos estructurales para el próximo periodo. 
Ahora realmente ya es hora para que demos nuestro beneplácito definitivo, ya que sólo así los proyectos podrán arrancar a tiempo; realmente estoy en contra ya de cualquier dilatación. 
Me alegro también porque el Consejo y el Parlamento, según he sabido hoy, se han puesto de acuerdo sobre una serie de enmiendas sobre el Fondo Social Europeo que amenazaban con provocar un inaceptable retraso. 
Señor Presidente, en noviembre defendí la continuación de la iniciativa comunitaria Urban, puesto que también las ciudades pequeñas y medianas que se sitúan fuera de las áreas de aplicación, las áreas de los débiles y enfermos, tienen sus problemas. 
Además, he dedicado mis esfuerzos a la instauración de una nueva iniciativa comunitaria que debería ser capaz de reaccionar de manera flexible a las crisis económicas graves e inesperadas. 
Si lo comparas con los Estados Unidos, creo que en estos tiempos en que vivimos en Eurolandia lo necesitamos. 
El Parlamento apoyó ambas iniciativas. 
Sin embargo, el Consejo sólo quería tres; y ya teníamos tres. 
Así que estas dos sobraban. 
Pero, con las modificaciones del Tratado que resultaron de la Cumbre de Amsterdam, será obligatorio tener en cuenta muy claramente los deseos del Parlamento, así que afortunadamente aún pudimos llegar a un compromiso. 
Urban y Restruct se han encajado la una en la otra para forma la nueva Urban. 
Ahora, el Fondo Regional Europeo ayudará en las soluciones de los problemas económicos y sociales de las ciudades y barrios urbanos en crisis, enfocadas a un desarrollo sostenible. 
Estoy muy contenta con ello y sería bueno que la Comisión encontrara ahora algo más de dinero en algún sitio para invertir en esta iniciativa. 
Ya he oído cual es el nuevo reparto, señora Comisaria, y le agradezco que se haya asignado algo más de espacio a las medidas innovadoras. 
Señor Presidente, permítame que le brinde una última observación a la Comisaria. 
Como ponente para la aprobación de la gestión de 1997 en relación a los fondos, quisiera señalar un problema que es el que un país como, por ejemplo, Holanda, continuamente se ve reflejado negativamente en los informes del Tribunal de Cuentas, debido a que allí tienen una forma más precisa de informar que en ningún otro país. 
¿No podría efectuar usted una comprobación de esos sistemas, para evitar que se vea reflejado de forma continua tan negativamente en los medios? 
Señor Presidente, durante cinco años he oído y aprendido en la Comisión de Presupuestos que la única posibilidad de preparar un buen presupuesto y aprovechar todas sus posibilidades consiste en lograr un acuerdo interinstitucional que garantice las perspectivas financieras durante siete años. 
Hoy oímos aquí algunas propuestas según las cuales hay que denunciar el acuerdo interinstitucional y, consecuentemente, quedarnos sin perspectivas financieras. 
Señor Presidente, creo que el recorte presupuestario realizado en Berlín, y si tenemos en cuenta la última negociación y la flexibilidad aceptada por el Consejo, no justifica poner en grave riesgo los Fondos estructurales ni el Fondo de Cohesión. 
Sin acuerdos finales entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, me temo que lo único que hacemos es favorecer el euroescepticismo. 
Señor Presidente, el sector pesquero europeo se encuentra en una situación difícil y la futura política estructural se ocupa ampliamente del mismo. 
Esta concesión, señor Ministro Funke, la hago hoy con satisfacción aunque la pesca es una rama relativamente débil de la economía europea y necesita un tratamiento específico, toda vez que las zonas que dependen de la pesca en su mayoría carecen de puestos de trabajo alternativos. 
Tampoco se ha podido imponer nuestra petición originaria de un propio Objetivo 4 «Espacio Rural» que comprenda separadamente las zonas que dependen de la pesca. 
Desde ahora, por tanto, las mismas medidas para las diferentes zonas objetivo recabarán sus recursos de diferentes alforjas, encontrándose las zonas Objetivo 1 en mejor situación. 
En consecuencia existe el riesgo de que las empresas se desplacen de las nuevas regiones Objetivo 2 a las regiones Objetivo 1, únicamente porque en ellas van a encontrar mejores condiciones de fomento. 
Sobre mi casa en Cuxhaven-Bremerhaven pende esta espada de Damocles y una distorsión de la competencia de este tipo no puede ser el resultado de la política estructural europea. 
Señor Funke y señora Wulf-Mathies, creo que aquí aun quedan importantes cosas por hacer. 
Para terminar quisiera dar las gracias a todos aquellos que han contribuido a que conservemos en el Parlamento Europeo una comisión de pesca independiente. 
Por ello también celebro la nueva legislatura. 
Señor Presidente, señoras y señores Comisarios, señor Presidente del Consejo, quisiera brevemente volver sobre el informe de nuestro colega el Sr. Barón Crespo y declarar que nos estamos preparando para una ampliación que se caracteriza por que delante de nuestra puerta se encuentra una serie de países, lo que hace diez años era prácticamente inimaginable. 
Las dictaduras fueron anteriormente admitidas a la adhesión a la Unión Europea cuando sus gobiernos pudieron evolucionar hacia la democracia y encontrar el camino hacia la misma. 
Si esto fue así en el pasado, en justicia también tiene que permanecer así en el futuro. 
El colega Hatzidakis ha señalado en su intervención que junto a los países en transformación de Europa central y oriental debemos incluir una isla mediterránea, y habló de Chipre, que también piensa en la adhesión. 
Yo quiero incluir en el debate a la segunda isla mediterránea, en concreto a Malta. 
Ambas islas no son objeto de las medidas que están vigentes para los otros países candidatos como preparación a la adhesión, pero este país al igual que Chipre tienen un valor geoestratégico. 
Tiene una democracia estable, y a pesar de que para ambos países se ha prorrogado un año el protocolo financiero no existen estructuras para una fase de preadhesión, y si se piensa en una especie de mini PHARE, entonces solicitaría que la Comisión mostrase pronto a estos candidatos las perspectivas bajo las cuales pueden comenzar su fase de preadhesión, de modo que reciban la misma seguridad de planificación que los demás ya que precisamente nosotros los que venimos de los Estados miembros más grandes de la Unión Europea también deberíamos sentirnos responsables de los pequeños candidatos. 
Señor Presidente, señoras y señores Comisarios, señor Presidente del Consejo, se ha debatido largamente sobre la Agenda 2000 y ha ocasionado largas discusiones. 
Los resultados están hoy ante nosotros. 
Yo lo veo como sigue: los ganadores son los Estados miembros que disfrutan del Fondo de Cohesión, sobre todo los tres que, en nuestra opinión, ya no deberían estar en el mismo, las regiones Objetivo 1 que tienen una dotación de recursos mayor que hasta ahora los nuevos Objetivo 2, las zonas urbanas, que, señora Comisaria, también disfrutan de la iniciativa comunitaria URBAN, y los países candidatos en los que confío que no surja una economía de mercado, tal y como ha dicho nuestro colega el Sr. Schröder, sino un economía social de mercado. 
Aplausos 
Los perdedores son, con toda seguridad las regiones rurales y en especial las regiones fronterizas con terceros países. 
Cuando veo ahí delante a la Comisaria y a los dos Comisarios, entonces comprendo por qué no se ha tratado especialmente a las regiones fronterizas con terceros países. Ellos no provienen de tales regiones. 
Agitación 
¡Tres kilómetros de región fronteriza me han dicho! 
El criterio del «desempleo» , señora Comisaria, sobre este hemos discutido mucho, cuenta aun un 50 %. 
Aquí el problema consiste en que a pesar de que se puede contar con pocos desempleados la infraestructura y los puestos de trabajo cualificados sean escasos y que los jóvenes, que están bien formados, tengan que desplazarse o ir de un lado a otro. 
Esto no puede ser todo lo que hay. 
Un punto importante que es negativo, y el propio Sr. Comisario Fischler lo ha señalado, es naturalmente la limitación de los pagos agrícolas. 
Esto conduce desde luego a que en el espacio rural en el futuro vaya a haber aun menos dinero, sobre todo en los sectores en los que más se necesita. 
No quiero ocultar lo positivo que es, entretanto, señora Comisaria, que en las antiguas regiones 5b dispongamos de una red de seguridad, que hayamos recibido periodos transitorios, lo que no podía darse por sobreentendido, y que las iniciativas comunitarias Interreg y LEADER estén mejor dotadas que hasta ahora. 
Esto hay que expresarlo en justicia. 
Considero que también sacaremos provecho de EQUAL. 
Esta ha sido mi última intervención en el Parlamento Europeo. 
Les doy las gracias por la positiva cooperación, también les doy las gracias a los colaboradores y, sobre todo, a los traductores, que seguramente en alguna ocasión tuvieron problemas con mi bávaro. 
Aplausos 
Señor Schiedemeier, me pone usted en una situación difícil. 
Estaba pensando en usted y en otros de nuestros Sres. colegas que posiblemente hoy por la noche cierran un ciclo de una asistencia muy regular a esta Asamblea y deberíamos rendirles el tributo que se merecen. 
En cualquier caso, usted lo ha declarado y creo que la Presidencia debe reconocer no sólo su asistencia tan regular a esta Asamblea, sino también toda su actividad, así como la de otros Sres colegas que aspirar al mismo tributo. 
Señor Presidente, voy a utilizar diez segundos de mi precioso tiempo para felicitar a los Comisarios y al Presidente aquí presentes, sobre todo por el estoicismo de estar aquí con nosotros a esta hora de la noche. 
Sobre las perspectivas financieras, creo que es fundamental que el Parlamento Europeo apruebe el marco que se estableció en Berlín. 
Si no fuera así, crearíamos una enorme confusión e inestabilidad en la gestión de las políticas comunitarias y podríamos incluso distorsionar las opciones fundamentales de la Agenda 2000. 
Por lo que se refiere a la PAC, debo subrayar que el acuerdo final de Berlín fue mucho mejor que el de Bruselas. 
Ahora bien, ese acuerdo de Berlín ha quedado aún muy lejos de las posiciones del Parlamento Europeo: no se ha reequilibrado la PAC debidamente en el sentido de la equidad y la cohesión, las regiones desfavorecidas y periféricas siguen amenazadas de despoblamiento y desertización, no se han creado condiciones para aplicar en la práctica el modelo europeo de agricultura, no se han creado condiciones para que la Unión Europea se presente con una postura ofensiva en las próximas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. 
Por lo que se refiere a Portugal, lamento profundamente que no se hayan tenido en cuenta algunas de las principales especificidades de nuestro país. 
Primero, porque no se han tenido en cuenta los efectos de la ampliación, cuando está demostrado que la economía portuguesa es, con mucho, la más vulnerable a la competencia de los futuros socios. 
Segundo, porque no se ha reconocido la especificidad de la agricultura portuguesa ni se han ampliado los diferentes tipos de cuotas de producción, pese a que Portugal es el país más deficitario de la Unión Europea, ni se ha considerado la posibilidad de aumentar las cuotas de regadío, que serán indispensables, dado que en Portugal el regadío es fundamental para la modernización de su agricultura, la más atrasada de la Unión Europea. 
Señor Presidente, me gustaría circunscribir mis observaciones al informe que ha elaborado el Sr. Arias Cañete sobre las medidas estructurales en el sector de la pesca. 
Uno de los objetivos primordiales en la concepción de las medidas estructurales para este sector de cara al próximo milenio ha de ser mantenerlas lo más simples y coherentes posibles, con el fin de garantizar que son lo suficientemente flexibles para responder a las necesidades específicamente regionales en el ámbito pesquero, en las regiones dependientes de la pesca o allí donde existan importantes comunidades de pescadores. 
Las propuestas originales de la Comisión sobre las medidas estructurales eran, cuando menos, complejas y no cabe duda de que no podían considerarse cohesivas en determinadas áreas. 
Por ejemplo, una propuesta para financiar la misma medida con cargo al IFOP para las regiones del Objetivo 1 y 2 pero con cargo al sector de garantías del FEOGA para otras regiones no puede animar más que la «caza de fondos» , en la que las empresas del sector pesquero podrían volver a establecerse en la Comunidad con el simple objetivo de avalar los fondos para un determinado proyecto. 
Si alguna vez ha existido una receta para lograr una diseminación y una discriminación contra las empresas locales tradicionales, capaz de aumentar el desempleo de manera innecesaria, ha sido ésta. 
Las contradicciones de las propuestas de la Comisión para la reestructuración de la flota que es objeto de estas normas, que exigen una programación nacional por contraposición a las regiones del Objetivo 2 que quedan sometidas a la programación regional, servirían únicamente para aumentar la confusión en otras cuestiones. 
Es preciso oponerse y modificar una redefinición claramente discriminatoria como sería una formulación menos favorable de las regiones costeras del Objetivo 2 en relación con las regiones dependientes de la pesca del Objetivo 1, con lo que se suprimirían regiones distantes de la costa que exigen financiación estructural para apoyar actividades de acuicultura y procesamiento. 
Acojo favorablemente la decisión de la Comisión de revocar su propuesta para exigir a los pescadores la adquisición de un 30 % adicional de tonelaje, lo cual, en caso de que hubiera prosperado la propuesta, solamente podría haberse descrito como una ley penal encaminada a obstaculizar la necesidad urgente de modernizar y renovar la flota. 
En esta renuncia han influido convincentemente las presiones ejercidas por la Comisión de Pesca del Parlamento, cuya unánime postura ha desempeñado un papel nada desdeñable a la hora de revocarse esta decisión. 
Querría hacer constar mi apoyo para que el sector pesquero de la Unión disponga de una única política de cohesión estructural. 
Es fundamental garantizar que todas las regiones con comunidades pesqueras sigan teniendo un acceso cada vez mayor a los fondos estructurales para el sector de la pesca sin que se produzca ningún intento por reducir los niveles de financiación o por excluir dicho acceso incrementando la complejidad de los procedimientos. 
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que la Agenda 2000 traerá consigo enormes cambios en la Unión Europea, ya sea para la agricultura o para la política regional. 
En este último ámbito, he de admitir que me ha producido una profunda decepción el hecho de que Irlanda del Norte no figure ya dentro del Objetivo 1. 
Sin embargo, desearía rendir homenaje al Primer Ministro y al Viceprimer Ministro de la Asamblea de Irlanda del Norte por el apoyo que me han prestado, y al Consejo y a la Comisión porque considero que hemos alcanzado un acuerdo razonable y positivo para Irlanda del Norte a largo plazo, por lo que estoy satisfecho Se trata de un compromiso, pero de un compromiso que es bueno para mi región. 
No obstante, tengo la impresión de que existe una necesidad real de volver a orientar, situar y considerar los objetivos que no hemos podido alcanzar en el pasado, todo ello para garantizar no solamente un gasto adecuado de los fondos, sino también para legar aspectos positivos allí donde se ha destinado dinero europeo. 
Por lo que respecta a la agricultura, las propuestas no van a mejorar la situación de los agricultores de mi región. 
La agricultura se enfrenta a una situación muy difícil en estos momentos, no solamente en mi región sino también en el conjunto de Europa. 
El reducido nivel salarial representa un tremendo problema. 
Hemos de defender en Europa el principio de la explotación agrícola familiar y no debemos permitir la importación de alimentos procedentes de terceros países que no reúnan nuestros niveles. 
Ésta es mi última contribución ante este Parlamento, si bien espero de corazón poder participar también en la futura legislatura. 
Desearía expresarles mi agradecimiento a usted, señor Presidente, a los servicios del Parlamento y a los comisarios. 
Según tengo entendido, el próximo viernes tendré el gran honor de dar la bienvenida al Comisario Kinnock a Irlanda del Norte. 
Igualmente, creo que tendré el honor de recibir a la Comisaria Wulf-Mathies en Irlanda del Norte una vez que haya pasado el período electoral. 
Lamento no poder dar la bienvenida al Comisario Fischler antes de que hayan finalizado estas elecciones, pero si desea aún cambiar de opinión, será siempre bienvenido a Irlanda del Norte. 
Ha sido un enorme honor ser diputado al Parlamento Europeo, y considero que este Parlamento ha llevado a cabo una enorme tarea durante estos últimos diez años. 
Como ya he dicho, muchísimas gracias señor Presidente. 
Si algunas veces ha debido usted enfrentarse con críticas, ¿quién de nosotros no se ha visto alguna vez en la misma situación? No importa, porque ha sido usted un buen presidente. 
Muchas gracias, señor Nicholson, por sus amables palabras. 
Hemos llegado al final de este maratoniano debate sobre la Agenda 2000, en el que han intervenido más de ochenta diputados, algunos de ellos por un espacio muy breve de tiempo. 
Estoy con todos ustedes. 
A pesar de que debido mostrarme algo estricto a causa de la escasez de tiempo, llevamos ya un retraso de treinta minutos sobre el horario previsto, lo cual implica que tendremos que permanecer aquí bien entrada ya la medianoche. 
Me gustaría agradecer a todos los participantes y, en primer lugar, al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Un colega ha señalado ya anteriormente lo inusual que resulta que un Presidente en ejercicio permanezca hasta tan tarde aquí escuchando atentamente un debate tan exhaustivo como ha sido éste. 
Naturalmente, los comisarios están más acostumbrados a acompañarnos hasta altas horas de la noche. 
El debate queda cerrado 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 de la mañana. 
Modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0169/99) de la Sra Aglietta, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (COM (98) 0380- C4-0501/98-98/0219 (CNS) ). 
El Sr. De Giovanni, Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, sustituirá a la ponente, Sra. Anglietta. 
Señor Presidente, como ha anunciado, sustituyo a la Sra. Aglietta que esta tarde no puede estar aquí, y lo primero que quiero hacer antes de presentar mi informe sobre la comitología, es expresar mi agradecimiento a la Sra. Adelaide Aglietta y reconocer la seriedad y la importancia de su trabajo, un trabajo competente, sutil, agudo y eficaz; un trabajo que, naturalmente, ha contado con el apoyo de toda la secretaría de la Comisión de Asuntos Institucionales, en particular de la Sra. Patrizia Prode, así como con la continua ayuda de la Sra. Monica Frassoni. 
¿Por qué he querido recordarlo? 
Por una razón muy sencilla: la comitología es, como todos sabemos, un infierno; es un problema aparentemente técnico, sin embargo, en realidad, es un problema profundamente político porque, a fin de cuentas, se trata del problema del control de la ejecución, de las responsabilidades en el control de la ejecución. 
Siempre ha sido un problema grave y serio que el Parlamento Europeo ha mirado a menudo con desconfianza, también porque no siempre resultaba claro quién era el responsable y de qué manera era posible cualquier control e información por parte del Parlamento Europeo. 
He de decir que esta falta de control y de información se ha vuelto cada vez menos tolerable a medida que se ha ampliado el procedimiento de codecisión. 
A mi entender, nunca hay que olvidar la estrecha relación que existe entre codecisión y comitología y, ahora, después de Amsterdam, más se amplía el poder de la codecisión y más es necesario que el control sobre la ejecución sea ágil, efectivo y real. 
Es por esta razón que en algunos momentos el Parlamento Europeo ha sentido la necesidad de radicalizar su posición llegando incluso a bloquear el proceso de toma de decisiones respecto a la financiación de los Comités a través del presupuesto comunitario. 
Debo recordar, también porque junto con el Sr. Jean-Louis Bourlanges me ocupé del modus vivendi, que en algunos momentos el modus vivendi pareció incluso interesante. Permitía realizar algunos progresos, pero en la práctica se ha aplicado poco y mal y, sobre todo, ha demostrado algo que quiero confirmar, o sea, que la comitología no puede resolverse absoluta y simplemente a través del aumento de la información y del envío de papeles y de documentos por parte de la Comisión. 
Esto es algo importante, pero no suficiente. 
Ahora nos encontramos en una etapa diferente: nos encontramos ante una decisión de la Comisión y este informe- he aquí su importancia- recoge el dictamen del Parlamento Europeo que llega tras muchos meses de negociación con la Comisión y el Consejo. 
Al final de esta negociación podemos considerarnos parcialmente satisfechos, y yo incluso diría muy parcialmente satisfechos, porque todavía queda mucho por hacer. 
Quiero aclarar, por tanto, cuáles son las verdaderas prioridades del Parlamento Europeo sabiendo- y respecto a esto quiero ser muy claro- que en lo que a estas prioridades se refiere, hará falta cada vez más transparencia, ya que, de lo contrario, seguirá vivo el riesgo de un conflicto interinstitucional. 
En consecuencia, las prioridades del Parlamento Europeo son cuatro: primero, la información, y respecto a ella el Parlamento Europeo ha conseguido mucho, mejor dicho, todo lo que había pedido. 
Naturalmente se tratará de vigilar para que este acuerdo de principio se traduzca de forma satisfactoria en el texto final de la decisión. Segundo, evitar que la Comisión y los Comités que la asisten adopten un acto de carácter legislativo sin seguir el procedimiento de codecisión normal; tercero, garantizar al Parlamento Europeo la facultad de intervenir rápidamente al efecto de oponerse a la legitimidad y al contenido de una norma de ejecución, un punto que despierta cierta satisfacción en la negociación, y cuarto, conseguir una simplificación real y no limitada a la eliminación de las variantes de los Comités con arreglo a la decisión de 1987. 
Me refiero naturalmente, todos lo sabemos, a la gran cuestión del Comité de Reglamentación, una cuestión que sigue abierta después de la puesta en marcha de esta negociación. 
Evidentemente, esperamos que este punto se resuelva más satisfactoriamente en el futuro, dado que el Parlamento Europeo no dejará de plantear el problema del control de forma cada vez más radical y rotunda. 
Señor Presidente, estimados colegas, no quisiera volver a desenmarañar este tema complejo de la comitología, pero les quisiera hacer saber lo que he elaborado como ponente para la Comisión de Asuntos Jurídicos y lo que ha aceptado esta. 
Se trataba de arrojar luz sobre esta jungla de competencias delegadas y conseguir aquello que nos preocupa a todos, en concreto, transparencia, una nítida división entre las competencias legislativas y ejecutivas y un control democrático. 
No quiero discutir que los comités que están al margen de la Comisión no sirvan básicamente de ayuda. 
Sin embargo, tengo que hacer una observación muy crítica. 
La política comercial comunitaria es uno de los capítulos más importantes de la Unión Europea, pero precisamente en este campo al Parlamento se le conceden tantas posibilidades de cooperación como ninguna. 
Durante esta legislatura no se nos ha incluido ni una sola vez a través de la codecisión. 
El comité relevante a este respecto, el 113, escapa totalmente a nuestro control. 
Esta es una situación que no es compatible con una estructura institucional verdaderamente democrática. 
Más allá se trata de evitar una perniciosa renacionalización de las competencias. 
No es tolerable que funcionarios de los Estados miembros eviten decisiones anteriormente tomadas- en PHARE, TACIS o MED- al tener que volver a aprobar proyectos más amplios en un comité de regulación o al poder reorientarlas. 
Se arrogan así funciones cuasilegislativas, y la institución del «comité de regulación» debería por tanto ser completamente abolida. 
Para terminar, respecto de la cuestión de la información: nos sirve de poco la formulación de que el PE será regularmente informado. 
Necesitamos información precisa y completa, el orden del día, la composición de los comités y los calendarios. 
En la era del E-mail esto no debería ser ningún problema, incluso a lo respecta a la información de lo público. 
Espero que las propuestas de la Comisión de Asuntos Jurídicos también sean escuchadas en la Comisión. 
Señor Presidente, todos los sistemas parlamentarios delegan las medidas de aplicación en el poder ejecutivo, sin entrar en detalles de mayor importancia. 
Lo peculiar del sistema de la Unión Europea es que, durante todos estos años en que el Consejo ha actuado como la autoridad legislativa, ha mostrado también su voluntad de delegar las medidas de aplicación en la Comisión con la única condición que ésta llevara a cabo su cometido conjuntamente con comités de funcionarios nacionales. 
Teníamos tres objeciones a este sistema. 
En primer lugar, había tantos comités con tantos procedimientos distintos que nadie sabía a ciencia cierta quién participaba en cada uno de los comités, lo que planteaba a su vez un problema de transparencia. 
En segundo lugar, estos comités creados por el Consejo o por los Estados miembros tenían derecho a bloquear las medidas de aplicación de la Comisión y remitirlas de nuevo a esta institución, algo a lo que el Parlamento no tenía derecho. 
Esta prerrogativa era posible únicamente para los comités del Consejo, y no para las comisiones del Parlamento. 
En tercer lugar, si se producía el bloqueo a una medida y, después, se remitía de nuevo a la autoridad legislativa, esta devolución afectaba solamente al Consejo, no conjuntamente al Consejo y al Parlamento, aun si estas dos instituciones conforman conjuntamente la autoridad legislativa. 
Esto es algo que hemos considerado siempre inaceptable. 
Sin embargo, la codecisión permite ahora que sean el Parlamento y el Consejo los que, de manera conjunta, decidan qué medidas han de conferirse a la Comisión y qué procedimientos han de adoptarse. 
Vamos a hacer uso de este poder, señor Presidente, y quisiera advertir al Consejo que estamos decididos a hacerlo para garantizar, en primer lugar, la apertura y la transparencia- y aquí me congratulo por los esfuerzos que ha realizado a este respecto el grupo de trabajo del Consejo- y, en segundo lugar, para garantizar que existe una ecuanimidad entre el Parlamento y el Consejo. 
O, dicho de otra manera, si los comités del Consejo tienen derecho a bloquear la Comisión y devolver una medida, entonces el Parlamento ha de contar con este mismo derecho. 
Y si una medida se devuelve a la autoridad legislativa, ha de ser remitida a ambas ramas de esta autoridad legislativa, no sólo a una de ellas. 
Hay quien sostiene que el Parlamento quiere meterse de lleno en los detalles de las medidas de aplicación. 
Nada más lejos de la realidad: se trata de una salvaguardia, del derecho a alzar la voz cuando se considera que algo no va bien. 
Éste es un derecho que existe en mucho parlamentos nacionales; no en todos ellos, ya que los sistemas nacionales difieren acerca de esta cuestión, pero se trata, en resumidas cuentas, de un derecho que debe aplicarse en el plano de la Unión Europea. 
Si se fijan en la manera en que hemos venido haciendo uso de este poder con motivo de los procedimientos ya existentes, observarán que de hecho es muy inusual que los Parlamentos intervengan para alzar su voz. 
Lo hemos hecho en algunas ocasiones, como en el tema de los preparados de leche para lactantes. 
Alzamos la voz, la Comisión entabló un diálogo con nosotros, modificó su propuesta y, finalmente, ésta fue aprobada. 
No queremos recurrir a él con demasiada frecuencia; lo que queremos es intervenir cuando resulte necesario. 
Si tenemos derecho a ello, mostraremos una voluntad mucho mayor para delegar más medidas, a sabiendas de que tenemos esta salvaguardia. 
Pero si no dispusiéramos de este derecho, nos mostraríamos muy renuentes a adoptar disposiciones de aplicación a largo plazo. 
No queremos hacer uso de este derecho en los procedimientos legislativos, no queremos delegar. 
Quisiera advertir al Consejo de que, a pesar de los progresos que ha llevado a cabo en materia de transparencia, si el grupo de trabajo continúa mostrándose tan restrictivo ante el derecho de intervención por parte del Parlamento, no habrá acuerdo y seguiremos, procedimiento legislativo tras procedimiento legislativo, bloqueando las medidas de comitología y oponiéndonos a la aprobación de medidas restrictivas de este tipo, a la vez que seguiremos mostrándonos muy restrictivos en las votaciones sobre los presupuestos y los créditos que harán posibles en el futuro las reuniones de los comités de carácter comitológico. 
No pretendemos atribuirnos poderes para intervenir en los detalles, lo que queremos es contar con una garantía. 
Esta garantía reviste una gran importancia, ya que es el principio sobre el que insistiremos y, en caso de que no se llegara a un acuerdo sobre esta cuestión, puedo comunicarle al Consejo que, uno tras otro, todos los procedimientos de codecisión llegarán a la fase de conciliación y que, una y otra vez, se plantearán dificultades a este problema. 
Invito al Consejo a dar los últimos pasos para llegar a un acuerdo con nosotros a este respecto. 
Señor Presidente, Señorías, el problema de la comitología envenena literalmente las relaciones entre el Parlamento y el Consejo, e incluso más: hace las veces de pantalla ante la opinión pública, porque la complejidad de este mecanismo de comitología ha logrado hacer más densa la bruma opaca de la toma de decisiones frente a los ciudadanos. 
Por lo tanto, el hecho de clarificar y hacer más transparente este proceso oscuro es prestar un servicio de higiene pública. 
Con el otorgamiento del poder de codecisión al Parlamento Europeo, se habría podido pensar que iba a ser posible tratar las dos ramas del legislativo en un pie de igualdad. 
¿Acaso fue un acto de perfidia, fue mala fe, incompetencia, negligencia, ignorancia? 
No lo sé, no quiero pronunciarme. 
Lo cierto es que en materia de delegación de las competencias de ejecución, el Tratado, su artículo 145, no se ha modificado, cuando- según la opinión de los juristas- tendría que haberse hecho. 
No se ha modificado; por lo tanto, dicha competencia es exclusiva del Consejo, cuando tendría que haber sido otorgada a las dos ramas del legislativo. 
Tras haberse sometido el caso al Tribunal de Justicia, éste, abandonando su jurisprudencia integracionista clásica- que perduró hasta que el número de miembros llegó a nueve -, se limitó a hacer una interpretación estrictamente formal de los textos, contra toda lógica y contra los principios fundamentales de una interpretación jurídica coherente. 
En efecto, no es normal que la entidad- binaria, en este caso- que sanciona las leyes no sea la misma que la que decide sobre la delegación de su ejecución. 
Existe en ello un error de lógica, debido solamente a la negligencia de los juristas, en el momento de elaborar o adaptar los Tratados. 
La cuestión habría podido resolverse gracias al Tratado de Maastricht. 
Pero no se hizo, y si no se hizo es porque, una vez más, tanto el Parlamento como la Comisión no bregaron demasiado por aclararlo. 
En este ámbito, la Comisión ha sido extremadamente tímida, por no decir timorata. 
Por lo tanto, hoy se intenta reparar este error a través de un acuerdo interinstitucional. 
Era de esperar que, en este acuerdo, tanto la Comisión como el Consejo, reconocieran la legitimidad de los deseos del Parlamento. 
Se han hecho concesiones, se ha avanzado muy poco: es menos complejo, más transparente, pero no mucho más. 
Ciertamente, vamos a aceptar lo que se ofrece. 
Nosotros aceptamos todo tipo de progreso, pero, al mismo tiempo, debemos expresar nuestra insatisfacción, así como nuestra esperanza de que en la próxima modificación de los Tratados no se vuelva a cometer este error. 
Señor Presidente, siempre son tres comités obligatorios y otros dos no obligatorios los que desempeñan un papel en el marco de la comitología y la Política Común de Pesca. 
A estos comités les corresponde un papel importante, entre otros, en la preparación de TAC y cuotas y en la ejecución de programas plurianuales de ajuste para la flota pesquera comunitaria. 
Las relaciones entre la Comisión de Pesca y los comités citados tienen dos aspectos principales. Por una parte la Comisión de Pesca recibe información sobre las actividades de los comités y, por otra, los miembros de la comisión tienen la posibilidad de participar como observadores en las reuniones de los comités referidos. 
Sin embargo la información es insuficiente y a menudo llegan con retraso, y también la actual regulación sobre el envío de observadores es más que insatisfactoria, en verdad incluso indigna. 
Lamentablemente hasta ahora se han rechazado siempre las enmiendas modificativas. 
La Sra. Aglietta nos describe tres objetivos, es decir tres buenos motivos para una nueva decisión sobre la comitología; se trata ciertamente de simplificación, democratización y transparencia. 
La Comisión de Pesca comparte la opinión que las mejoras en este ámbito son completa y urgentemente necesarias. 
Señor Presidente, disculpe que vuelva a pedir la palabra, pero por lo visto ha habido o pudo haber habido un error en la traducción. 
No quiero eliminar un comité jurídico, sino el comité de regulación. 
Creo que es muy importante en el caso de que al Comisario Kinnock le haya llegado en otra forma. 
Aparentemente en italiano se tradujo de otra forma. 
Por lo tanto, es el comité de regulación el que quisiera que se eliminase. 
Permítanme expresar mi agradecimiento al Sr. Kreissl-Dörfler por su contribución. 
No hace mucho tiempo, aún había gente en esta Cámara que quería suprimir la Comisión, por lo que me producen un gran alivio sus palabras. 
Quisiera comenzar felicitando cordialmente a la ponente, la Sra. Aglietta, por la excelente labor que ha realizado a la hora de esclarecer la denominada cuestión de la comitología, una ciencia sideral por lo que ese refiere a los procedimientos de la Unión Europea. 
Personalmente, admiro la tenacidad que ha demostrado la ponente para sacar adelante esta cuestión durante unos meses tan difíciles. 
Lamento que otras obligaciones la hayan impedido estar aquí esta noche con nosotros para debatir su informe. 
Contamos, sin embargo, con un distinguido sustituto, el Sr. De Giovanni, quien ha dado muestra de su usual fluidez verbal y, sobre todo, de una notable visión técnica con su descripción de la comitología como un auténtico infierno. 
Hace cinco años pensaba aún que la comitología era una inflamación del intestino o un pinzamiento del nervio ciático. 
Ahora ya la conozco mucho mejor, algo que sin duda alguna también ocurre en esta Cámara. 
He de decir que esta cuestión ha contribuido indudablemente a mejorar mi cultura general. 
Como ya se ha señalado en el transcurso de este debate, el sistema proporciona obviamente un vínculo importante entre la Comisión y los representantes de las autoridades nacionales presentes en los comités y que asisten a la Comisión en su función ejecutiva. 
Pero, como también hemos escuchado aquí, la cantidad y la complejidad tanto de las funciones como de los tipos de comités suscitan inquietudes acerca de la transparencia de todo el sistema. 
En ocasiones me divierten algunas de las descripciones que se hacen a nivel popular del Parlamento, y de hecho también de la Comisión, como instituciones que obstruyen el progreso de la Unión Europea. 
De hecho sería una revelación para la prensa general si supieran algo de la comitología y de los hábitos acumulativos de los Estados miembros. 
Además, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y el procedimiento de codecisión, el Parlamento ha insistido también, lo cual creo que es justo, en que todas las decisiones de aplicación han de someterse a algún tipo de control por parte de la Asamblea legislativa. 
El modus vivendi resultante, que fue aprobado en diciembre de 1994, supuso un cierto avance de cara a lograr dicho objetivo. 
Pero, como hemos oído en palabras del Sr. De Giovanni, ya por entonces resultaba claro que la cuestión no estaba aún resuelta definitivamente. 
Así pues, en junio de 1998, y de conformidad con la Declaración aneja al Tratado de Amsterdam, la Comisión presentó una propuesta para revisar la decisión sobre comitología de 1987 con el objetivo de simplificar y esclarecer el procedimiento, así como de abrirlo más al control del Parlamento. 
Sé que sus Señorías estarán familiarizados con los principales elementos, por lo que no me detendré aquí en su descripción. 
Basta con decir que, como resultado de los debates que han tenido lugar durante las presidencias austríaca y alemana- la última de las cuales ha llevado a cabo grandes y loables esfuerzos para poder llegar a un acuerdo con el Consejo antes de finales de junio -, y gracias a la notable contribución parlamentaria por medio de la resolución del pasado septiembre y, ahora, del informe de la Sra. Aglietta, todo parece indicar- así lo espero- que hemos llegado a la fase final de las negociaciones. 
Naturalmente, las peticiones del Parlamento han sido el centro de las discusiones. 
Me gustaría únicamente ofrecer unas pocas respuestas a las cuestiones más importantes que se han abordado. 
Por lo que respecta al derecho de escrutinio, el apartado a) del artículo 7, tal como se propone en la enmienda de la Sra. Aglietta, apunta en la misma dirección que desea la Comisión. 
Asume un pleno valor jurídico y permite un diálogo político con la Comisión en aquellas ocasiones en que el Parlamento considere que una medida propuesta proporcionaría excesivos poderes de aplicación a costa de la Asamblea, algo que ya ha expuesto de manera muy convincente el Sr. Corbett. 
Consiguientemente, se debería alcanzar un acuerdo interinstitucional para esclarecer cómo se podría poner en la práctica esta disposición. 
En lo relativo a la información al Parlamento, la Comisión se muestra confiada en que el Consejo llegará a un acuerdo acerca de las solicitudes recogidas en el informe sobre una amplia transmisión de la información. 
A fin de conseguir este objetivo, la Comisión está dispuesta a incorporar los medios de comunicación más modernos para que el Parlamento pueda ejercer su escrutinio de manera continua y utilizando los medios técnicos más recientes. 
Estamos también de acuerdo en que se debe lograr una mayor claridad en torno al ámbito de actuación de las medidas ejecutivas que se hayan establecido en la propia legislación fundamental. 
En este orden de cosas, tenemos bien claro, como ocurre en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que cualquier adaptación o actualización de los actos jurídicos no podrá entrañar modificaciones de los elementos esenciales del acto jurídico original. 
En último lugar, pero no por ello menos importante, figura el procedimiento reglamentador. A este respecto, consideramos desafortunado que tras las discusiones en el seno del Consejo se haya desestimado la propuesta de la Comisión en lo relativo a la devolución al Parlamento y, a menudo, a los colegisladores, cuando un comité no haya emitido una opinión favorable. 
No obstante, las fórmulas actuales ideadas por los negociadores resultarían aceptables a efectos de la Comisión siempre y cuando no existiera una doble red de seguridad que ofreciera al Consejo los medios para rechazar una medida ejecutiva propuesta. 
El motivo de esta condición es obvio. 
Si existiera alguna doble red de este tipo, pronto se convertiría en una red impenetrable que evitaría la adopción de toda decisión en la Comunidad. 
En interés de la Unión, los Estados miembros y, de hecho, también de las propias instituciones, creo que es esencial apoyar las enmiendas correspondientes a la solución legislativa que ha presentado la Sra. Aglietta. 
Hemos alcanzado un punto importante en este proceso de simplificación y democratización del sistema de comitología. 
Previo detallado examen y después de mantener numerosos contactos informales a todos los niveles, el Parlamento debería estar ahora en posición de emitir su opinión acerca de la propuesta, para que el Consejo pueda proseguir su labor con un conocimiento cristalino de los deseos de la Asamblea. 
Naturalmente, la Comisión seguirá contribuyendo activamente en esta labor con la esperanza de poder llegar a un acuerdo, antes de que finalice la Presidencia alemana, que satisfaga a las tres instituciones y que, por lo tanto, redunde en beneficio de los ciudadanos de la Unión, a quienes debemos servir, y que estarán indudablemente por millones aguardando despiertos a estas horas de la noche el resultado de este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 23.00 horas. 
Trabajo con una duración determinada 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0261/99) de la Sra. Jöns, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa al acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES (COM (1999) 0203- C4-0220/1999). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, con el Tratado de Amsterdam hemos recibido la codecisión en la política social. 
Pero el que mañana votemos a favor o en contra del acuerdo marco sobre el trabajo de duración limitada da, en última instancia, lo mismo. 
Ahora esto va a suceder con mayor frecuencia, puesto que con la integración del protocolo social en el Tratado de Amsterdam siempre se va a consultar en primer lugar a los interlocutores sociales. 
Solo cuando no sean capaces de acordar algo volverá la pelota a nuestro tejado. 
En este procedimiento Amsterdam ni siquiera exige la inclusión de una opinión nuestra. 
Que hoy podamos efectivamente emitir una opinión se debe únicamente a que la Presidencia alemana haya insistido al respecto. 
Hasta el lunes la Comisión no había hecho llegar el proyecto de directiva a esta Asamblea. 
Por lo tanto hoy comprobamos, apenas un mes antes de las elecciones europeas, que el Tratado de Amsterdam ha recortado considerablemente nuestros derechos respecto de la política social. 
Esto no facilita la explicación a los ciudadanos, durante la campaña electoral europea, de por qué es tan importante su participación en las elecciones europeas de junio. 
No se puede tolerar que se hagan leyes europeas sin que el Parlamento Europeo esté presente salvo de algún modo formal. 
Con la inclusión prácticamente inalterada del protocolo social en el Tratado, Amsterdam no solo no ha conseguido eliminar el déficit democrático sino que incluso lo ha reforzado. 
Este atavismo debe ser urgentísimamente marginado. 
De ahí mi enérgica apelación al Consejo y la futura Comisión para que hasta la próxima revisión del Tratado cierren con nosotros un acuerdo interinstitucional que haga justicia a la directa legitimidad democrática de esta Asamblea. 
El hecho de que rechacemos el actual procedimiento no significa que automáticamente estemos en contra de todo resultado del diálogo social. 
No tengo más que recordar nuestro voto favorable al permiso por paternidad. 
Sin embargo, los acuerdos entre los interlocutores sociales no nos eximen de la obligación de evaluarlos críticamente tal y como hicimos con el compromiso sobre el trabajo a tiempo parcial. 
Ahora entrando en le asunto: cada vez más personas trabajan con contratos de duración determinada. 
Solo en la Unión Europea en los últimos tres años el trabajo con una duración determinada ha ascendido de 14 a 17, 5 millones de trabajadores. 
Sin embargo, la relación laboral indefinida aun permanece como única norma tanto para la seguridad social como para las condiciones laborales. 
Por otro lado esto incluye múltiples formas de discriminación para los empleados a duración determinada, tal y como todos nosotros sabemos. 
Por lo tanto, el que los interlocutores sociales se hayan entendido respecto de un principio de no discriminación contra los empleados a duración limitada merece ser celebrado aun más. 
Lamentablemente no es válido para la seguridad social regulada legalmente, a pesar de que los interlocutores sociales pudieran haber extendido también aquí el principio de no discriminación. 
Eso ya se lo permitía Maastricht. 
El único avance respecto del muy disputado acuerdo sobre el tiempo parcial es que aquí se cita con mayor claridad las excepciones al principio de no discriminación. 
Por el contrario no comprendo que las disposiciones de la lucha contra el mal uso de los contratos limitados no se refieran al primero sino solo a los subsiguientes contratos. 
Aquí los Estados miembros y los interlocutores sociales tendrían aun tres opciones donde elegir. Bien establecen unos motivos objetivos bien una duración máxima o determinan el número de las renovaciones. 
Este acuerdo no establece ningún nivel mínimo unitario. 
La única disposición unitaria dicta que todos deben tener cualquiera de las tres posibles regulaciones. 
Para el futuro- y considero que esto es urgente- tenemos que aclarar que es lo que entendemos por un estándar social mínimo común. 
No obstante solicito el voto favorable para este acuerdo, porque de lo contrario no tendríamos nada. 
Señor Presidente, los Estados miembros se han comprometido con una estrategia europea en materia de empleo y con los cuatro pilares de las orientaciones a este respecto, entre los que figura el pilar de la adaptabilidad. 
Los mismos Estados miembros han instado a los interlocutores sociales a emprender negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo- a cualquier nivel- que promueva la adaptabilidad, equilibrando la flexibilidad en los puestos de trabajo y sin olvidar la seguridad de los trabajadores. 
La Comisión ha actuado en el mismo sentido en su Libro Verde sobre la asociación para la futura organización del trabajo y en su consiguiente comunicación. 
Se debe, pues, felicitar a los interlocutores sociales por añadir este nuevo acuerdo sobre los contratos con una duración determinada a su acuerdo previo sobre el trabajo temporal, y espero que alcancen rápidamente un nuevo acuerdo sobre los trabajadores empleados por medio de agencias de empleo temporal. 
Pero con todo, señor Comisario, persisten aún las dificultades que plantean las disposiciones en materia de seguridad social para los trabajadores atípicos, que son un elemento de la directiva original sobre el trabajo atípico. 
Resulta claro que esta cuestión no puede ser resuelta por los interlocutores sociales y que se trata de algo que la Comisión deberá abordar con la mayor urgencia. 
Estamos ante un tema de la mayor importancia que requiere una solución con la mayor brevedad. 
Como cualquier otro acuerdo en el marco de las disposiciones de diálogo social recogidas en el capítulo social, éste ilustra también una nueva faceta del déficit democrático, tal como ya ha explicado la ponente. 
Nosotros, en este Parlamento, no tenemos normas formales por lo que respecta a acuerdos como éste. 
Se trata de una cuestión que debería solucionarse también cuanto antes por medio de enmiendas al Tratado y, hasta entonces, por medio de un acuerdo interinstitucional. 
El último punto que desearía exponer es el siguiente: me han llegado rumores de que uno o varios Estados miembros estarían interesados en plantear dificultades en el Consejo por lo que respecta a esta cuestión. 
Espero que no sean ciertos estos rumores pero, si lo fueran, me gustaría que los Estados involucrados se lo pensaran dos veces. 
¿Querrían acaso ser responsables de acabar con el diálogo social a escala de la Unión Europea y con estas importantes medidas para fomentar la adaptabilidad? 
Espero que, en lugar de obstaculizar el acuerdo, le ofrecieran su apoyo cuanto antes mejor. 
Señor Presidente, me alegro porque tengamos hoy aún la oportunidad de debatir el Informe Jöns. 
Creo que la ponente se merece nuestras felicitaciones porque haya conseguido incluirlo en la agenda de esta última sesión de la presente legislatura. 
Sigo creyendo que el diálogo social es importante y que también hemos de debatir las consecuencias de dicho diálogo social. 
No creo que se le pueda reprochar nada a la Comisión. 
Hemos querido tratarlo en esta última sesión y la Comisión simplemente ha seguido su pauta habitual; si ésta no hubiese sido la última sesión, se habría incluido en la sesión del próximo mes. 
No creo que haya nada que reprochar a la Comisión. 
De hecho creo que el Consejo apenas haya desempeñado papel alguno. 
Si el Consejo hubiese querido desempeñar algún papel, debería haber trabajado en alcanzar un acuerdo interinstitucional que pusiera fin a la situación anómala señalada en la que el Parlamento Europeo, en términos formales, se ve implicado en medida insuficiente en los resultados del diálogo social. 
Y aún queda el punto de la seguridad social, señor Presidente. 
Creo que es imposible pedir a los interlocutores sociales que traten las consecuencias de su acuerdo para la seguridad social. 
El Consejo se opone a ello, y con que haya un sólo Estado miembro que persista en su oposición basta para que no ocurra absolutamente nada. 
Pero sí deseo reiterar mi petición a la Comisión para que ahora finalmente elabore una directiva sobre la seguridad social, de modo que el Consejo no pueda seguir escondiéndose detrás de las excusas que ha utilizado hasta ahora, para que por fin realmente se debata una directiva sobre la seguridad social a nivel del Consejo. 
Creo que estos son los principales asuntos. 
El último punto, señor Presidente, es que sí que opinamos que el informe de la ponente es, con mucho, demasiado crítico con el trabajo de los agentes sociales. 
Realmente parece como si el grupo socialista tuviera falta de confianza en los agentes sociales, a la vez que parece que deposita toda su fe en ellos. 
Algo no encaja, señor Presidente. Ya lo hemos visto durante el debate. 
El PPE tiene confianza en los agentes sociales y con gusto los deja con esta tarea, y por eso queremos aceptar esto; queremos mejorar el procedimiento, pero nada más que eso. 
No debemos pretender debatir cada punto y coma de los acuerdos firmados entre los agentes sociales. 
Señor Presidente, creo que la Sra. Jöns ha redactado un buen informe puesto que, a pesar de que insta al Consejo a aprobar el acuerdo que han negociado los interlocutores sociales, también lo crítica con dureza. 
Este acuerdo no constituye ciertamente más que un pequeño y modesto paso para mejorar la situación de quienes desempeñan una actividad laboral atípica. 
La nueva Comisión debería emprender urgentemente medidas para solucionar los problemas que restan aún por resolver. 
El más importante de ellos es la ampliación del ámbito de la regulación a otras modalidades de trabajo atípico, como el empleo de alquiler o el trabajo a distancia, que han aumentado vertiginosamente en los últimos tiempos. 
Otra de las tareas estriba en garantizar la seguridad social a todos los trabajadores independientemente de su modalidad laboral. 
En los puestos de trabajos atípicos es considerablemente mayor el número de mujeres que el de hombres. 
Por lo tanto, la discriminación que sufren los trabajadores atípicos es a su vez una modalidad más de la discriminación por sexo que se registra en el mercado laboral. 
Una de las tareas más importantes de la Unión debería consistir en poner fin a esta discriminación. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a la ponente por este informe. 
Doy la bienvenida a este pacto entre las partes del mercado laboral. 
El diálogo social es importante- que las partes del mercado laboral del ámbito europeo lleguen a acuerdos -; éste es el tercer pacto. 
Me gustaría que se celebrasen aún más pactos, por ejemplo, para las personas empleadas en las empresas de trabajo temporal, para las que trabajan desde sus hogares, etc. Sin embargo, debe haber un equilibrio entre los acuerdos y la legislación, cosa a la que me referiré más adelante. 
Como todos los pactos, éste también es una transacción entre las partes del mercado laboral. 
Los dos componentes importantes son que se deja en claro que la forma normal de empleo es la que no tiene límites en el tiempo y que quienes tienen empleos por tiempo limitado no deben ser discriminados. 
Esto no comprende la seguridad social. 
Las partes del mercado laboral parece que no han podido llegar a acuerdos sobre esta materia. 
Por eso hemos exhortado a la Comisión para que presente propuestas en este campo, puesto que, obviamente, también es importante. 
Esperamos que la Comisión pueda hacerlo en un futuro no muy lejano. 
En mi opinión este pacto es, a pesar de todo, bueno. 
Sería particularmente grave si, como dice Hughes, hubiese señales de que algunos países no quieren aprobar esta propuesta en el Consejo para incorporarla después en la legislación. 
Éste es un pacto importante entre las partes del mercado laboral. 
Sería un grave menoscabo al diálogo social si no fuese aprobado en el Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 23.00 horas. 
Protección de los trabajadores expuestos a los riesgos de atmósferas explosivas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0155/99) del Sr. Pronk, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas (13836/4/98- C4-0003/99-95/0235 (SYN) ). 
Señor Presidente, tenemos aquí la segunda lectura de la posición común en relación a la protección de la salud de los trabajadores expuestos a los riesgos de los ambientes explosivos. 
Se trata de una segunda lectura y de hecho lo que hemos intentado es considerar la posición común del Consejo, comparándola con la propuesta original de la Comisión Europea a la luz de la evolución vivida a través de las enmiendas propuestas por este Parlamento- aunque no por mí como ponente; yo las apoyé más tarde- y después hemos creído necesario- nuevamente en estrecha colaboración con la Comisión Europea- presentar otra serie de enmiendas. 
Naturalmente, aún no sabíamos que éste sería uno de los primeros informes en el ámbito social que estarían sujetos al procedimiento de codecisión. 
Porque desde el 1 de mayo, hace tan sólo unos días, ha entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, y desde ese mismo momento los temas de la seguridad y la salud están sujetos a la codecisión. 
Opino que es una diferencia muy importante con respecto a la situación anterior. 
Significa que el papel de la Comisión permanece inalterado, pero también se hace algo más fácil, porque la Comisión ya no se ve situada ante un frente uniforme de Estados miembros que dicen: Sí; sólo queremos volver exactamente a aquello que ya habíamos acordado en nuestra posición común. 
Señor Presidente, ahora será algo más fácil. Si no hay acuerdo, simplemente se devuelve el asunto al Parlamento Europeo para que lo debatamos entre todos y lleguemos entre todos también a una solución. 
Creo que sobre todo el Consejo, que en sus relaciones con el Parlamento en cuanto a temas sociales realmente no se cuenta entre los más progresistas, necesitará todavía acostumbrarse a esto. 
Me complace poder intercambiar ideas sobre esto en el futuro con el Consejo. 
Señor Presidente, en realidad tengo una pregunta que me surgió después de haber concluido las enmiendas. 
Se trata de la posición del GPL en la Directiva. 
Me gustaría que me lo aclarara. 
Se ha incluido una excepción en ese primer artículo, pero hay una diferencia de apreciación entre la mía y la de sus servicios- que coinciden- por un lado y, por otro, sobre todo la de las autoridades inglesas que según parece van algo más lejos y tienen unas valoraciones distintas. 
Me gustaría escuchar de su boca la última palabra sobre este punto, para que el proceso legislativo pueda apoyarse en las actas de este Parlamento. 
Señor Presidente, también a mí me gustaría expresar mi más cordial agradecimiento a la ponente- a quien hemos visto asumir en numerosas ocasiones la responsabilidad en materia de salud y seguridad -, a usted, señor Comisario, y a sus servicios por agilizar una gran parte de la legislación necesaria en este ámbito, así como por su asistencia, tanto oficial como oficiosa, a la hora de ayudar al Parlamento a comprender lo que se podía y lo que no se podía hacer. 
Como ha señalado el Sr. Hughes, ahora nos internamos en el complicado campo de la codecisión, que podría servirnos de ayuda. 
Por lo que respecta a esta directiva en particular, podemos pedir al Consejo que aclare aún más sus puntos de vista. 
El Sr. Pronk y yo mismo hemos podido llegar a un compromiso sobre la enmienda 2 que se ha traducido en una mejor formulación del mismo. 
Espero que tanto la Comisión como el Consejo puedan aceptar el texto de esta enmienda. 
Sin embargo, la enmienda 7- motivo de divergencias- exige indudablemente un esclarecimiento mucho más profundo. 
No estoy muy dispuesto a respaldar dicha enmienda hasta que no se produzcan estas aclaraciones. 
Con todo, la codecisión va a girar en torno a un debate sensato. 
Espero que el Consejo se haga eco de lo que el Parlamento vote mañana. 
También me gustaría decidir que he disfrutado con mi trabajo en este ámbito de la salud y la seguridad. 
He dedicado una gran parte de mi tiempo a mucho de estos informes. 
He de expresar mi reconocimiento al Sr. Hughes, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, quien ha sido el promotor de este intenso debate sobre la seguridad y el trabajo. 
Le deseo todo lo mejor y espero que, en caso de que coincidamos nuevamente aquí en julio, podamos reanudar este particular debate. 
Pero, en cualquier caso, me gustaría escuchar lo que tiene que decirnos la Comisión acerca de esta enmienda 7. 
Señor Presidente, permítame dar las gracias al Sr. Pronk, quien ha llevado a cabo una excelente labor acerca de lo que se considera un tema de carácter extremadamente técnico. 
La Comisión está dispuesta a aceptar todas las enmiendas que se han propuesto. De hecho, consideramos que la posición común del Consejo representa un paso adelante para lograr una mejor protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos de atmósferas explosivas, que provocan accidentes fatales cada día. 
En todo caso, ustedes son conscientes de que la Comisión ha mantenido ciertas reservas acerca de la posición común, por ejemplo, en materia de supervisión adecuada y por lo que respecta a la supresión de algunos elementos del Anexo 2 relativos a los riesgos adicionales derivados de cortes del suministro eléctrico, así como a la necesidad de eliminar manualmente los automatismos en caso de que los procesos automáticos se aparten de las condiciones de operación previstas y, finalmente, en lo relativo a la necesidad de poder difundir o aislar rápidamente la energía acumulada en caso de cortes del suministro por alguna emergencia. 
La Comisión considera que el texto de la posición común sobre estas cuestiones muestra una menor resolución que el de la propuesta de enmienda. Por consiguiente, la Comisión estima que las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo son fundamentales para el establecimiento de una estrategia sólida y coherente contra los riesgos derivados de las atmósferas explosivas. 
Por lo que respecta a las enmiendas sobre la creación de un vademécum y sobre los criterios para la provisión de información a las empresas, en especial a las PYME, estoy de acuerdo en que una simple declaración en el acta del Consejo no es una garantía de seguimiento suficiente. 
Finalmente, el planteamiento de la ponente para adaptar el signo de seguridad propuesto a la norma internacional CEN ISO es positivo. 
Por lo que respecta al GLP, las normas de tráfico vial ya se ocupan naturalmente de cuestiones como el abastecimiento de GLP por parte de camiones cisterna en las estaciones de servicio. 
Si la letra a) del artículo 118 ó el artículo 137 abordan la cuestión del GLP en relación con la maquinaria, no es así cuando se trata del usuario final de una estación servicio, es decir, de los coches. 
Me gustaría señalar también que no me plantea ninguna dificultad la enmienda 7, ya que, de acuerdo con nuestra interpretación, los equipos han de adaptarse, no sustituirse. 
Puedo garantizar al Parlamento que ésta es nuestra interpretación. 
Señor Presidente, éste va a ser con toda probabilidad nuestro último encuentro acerca de cuestiones muy amplias e importantes relacionadas con los trabajadores. 
Quisiera finalizar dejando constancia del placer y la satisfacción que me produce todo lo que hemos logrado juntos a la hora de mejorar el capítulo de la política de empleo y la política social en la Unión Europea. 
Desearía hacer constar asimismo mi satisfacción por su importante contribución para alcanzar nuestros objetivos comunes. 
Cuando se escriba la historia sobre la evolución de las políticas social y de empleo, una vez que haya abandonado mi cargo en la Comisión, el período 1993-1999 destacará como un período importante de cambios, de planteamientos avanzados y de apoyo a las modificaciones del Tratado. 
Quisiera también felicitar a todos aquellos que abandonarán la Cámara por su contribución en todos estos progresos que se han registrado en los últimos años en materia de política social. 
Se trata de unos avances muy significativos que no pasarán desapercibidos a los ciudadanos europeos. 
Aquellos de ustedes que regresen en julio deberán asumir una inmensa responsabilidad para profundizar con arreglo a la base que hemos sentado conjuntamente. 
Creo que se tratará de una tarea más fácil tras el trabajo y la cooperación que hemos desarrollado en estos últimos años. 
Permítanme decirle a Stephen Hughes, como Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, que ha sido un honor para mí trabajar con él, no solamente por su buena labor como parlamentario, sino por ser también un caballero dotado de credibilidad e integridad. 
Es usted merecedor de un escaño en esta Cámara, y sé que regresará con todos sus amigos para continuar esta buena labor. 
Estos años me han reportado una gran satisfacción y una experiencia enormemente enriquecedora. 
Tengo depositadas muchas esperanzas en todas las cuestiones favorables que van a conseguirse en los próximos años en beneficio de los ciudadanos europeos. 
Ha sido un honor para mí participar en este proceso. 
Aplausos 
He de decir que, aun corriendo el riesgo de no ser muy original, esta situación me resulta emotiva. 
Parece que tenemos presente esta noche a Shakespeare, cuando nos pedía que «regaláramos guirnaldas». 
Y la verdad es que lo estamos haciendo, pero son guirnaldas justificadas tras estos años de dura labor. 
Si bien a veces ha sido difícil, no cabe duda de que hemos entablado una cooperación muy satisfactoria. 
En nombre de la presidencia del Parlamento, desearía agradecerle al Comisario Flynn la amabilidad que ha mostrado aquí puesto que, si quizá se ha extendido algo en sus explicaciones, es también cierto que ha hecho gala de una gran perseverancia. 
Señor Presidente, me agrada que el Comisario haya aceptado la totalidad de las siete enmiendas. 
El siete es un número sagrado que expresa una cierta plenitud, un número muy bueno. 
Quisiera agradecerles a todos su cooperación con nuestro Grupo, así como al Parlamento y al Sr. Hughes, quien ha sido un excelente presidente en todo lo relativo a esta cuestión, muy perseverante, como los patinadores que empiezan la carrera con un poco de lentitud pero que, a base de continuidad, logra un excelente resultado al llegar a la meta. 
De esto se trata en la política. 
Muchísimas gracias por todo ello. 
Hemos logrado muchos resultados en materia de política social. 
Si ahora podemos presentarnos ante nuestros votantes con estos resultados, esto se lo debemos en parte, o- de hecho- principalmente, a usted. 
En la pared de mi despacho cuelga una pequeña placa, una cita de quien fuera Presidente de los Estados Unidos desde 1861 a 1865, Abraham Lincoln. 
Ha sido mi divisa política durante toda mi vida. 
Ahora que les dejo, me gustaría compartirla con todos ustedes: «hago todo de la mejor manera que sé, de la mejor manera que puedo, y así pretendo hacerlo hasta el final. 
Si al final se demostrara que lo he hecho bien, todo lo que la gente ha escrito en mi contra no valdrá para nada. 
Si al final se demostrara que lo he hecho mal, no me agradaría nada que los angeles se pasaran todo el tiempo jurándome que actué bien». 
Lamento tener que poner fin a un momento tan poético, pero aún nos queda algo de trabajo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Acuerdo de colaboración CE/Mexico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0220/99) de la Sra. Miranda de Lage, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de colaboración económica, coordinación política y cooperación comercial entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra (COM (97) 527-11618/97 + 11620/97 + COR 1- C4-0023/98-97/0289 / (AVC) ). 
Señor Presidente, señor vicepresidente de la Comisión, señoras y señores diputados, con este debate que inicio sobre el conocido y ya famoso acuerdo global con México, se cierra un ciclo de cinco años en los que el Parlamento ha trabajado y colaborado activamente con la Comisión Europea para renovar y profundizar las relaciones con el conjunto de los países de América Latina y también con México. 
La comunicación de la Comisión para México nos dio la oportunidad de elaborar un primer informe en 1995. 
En las conclusiones quedaron plasmadas las prioridades de la Asamblea, y como condición sine qua non para adoptar un futuro acuerdo con este país, la cláusula de condicionalidad o de derechos humanos, el diálogo político y el diálogo parlamentario eran prioridades, así como el desarrollo regional, la promoción social, la atención a las mujeres en situación de precariedad y un largo etcétera. 
Por supuesto, además del objetivo de la liberalización comercial, pedíamos también que el acuerdo incluyera garantías para la protección medioambiental y el respeto a las normas laborales básicas de la Organización Internacional del Trabajo. 
Las exigencias de la Asamblea han quedado satisfactoriamente reflejadas en el articulado. 
Este acuerdo, que incluye los objetivos comerciales del acuerdo interino, incorpora una filosofía social, una panoplia de posibilidades para la cooperación en cuestiones tales como la formación profesional, el desarrollo regional o el apoyo a la diversidad cultural. 
El considerando 7 incluye la cuestión social y medioambiental. 
Lo destaco porque quiero agradecer la posición constructiva de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres sobre este acuerdo. 
Por ello, me permito sugerir la búsqueda de alguna fórmula que posibilite incorporar al diálogo político bilateral este considerando 7, señalando- eso sí- que cualquier exigencia, entre las que incluyo las normas básicas de la OIT, obliga por igual a los Quince más México, y no únicamente a este último país. 
Si se analiza el texto con serenidad y ecuanimidad, se puede concluir que la influencia del Parlamento ha sido muy notable. 
Por esa razón también hay que destacar que esa influencia ha sido posible gracias a la buena y excelente disposición de la Comisión, a quien agradezco su colaboración a lo largo de este proceso. 
Señor Presidente, en otros aspectos no todo es color de rosa, y debo ser exigente, en este caso, con las autoridades mexicanas. 
La Comisión REX rechaza terminantemente- y tomen buena nota- la subida arancelaria decretada por México el día 1 de enero de este año. 
Es una decisión inoportuna y arbitraria y, además, discriminatoria, porque no se decreta erga omnes. 
Debo exigir, con toda dureza, la derogación de la medida en el plazo más breve posible. 
Esta decisión es desafortunada porque contribuye a acelerar el deterioro, cada vez más evidente, de los flujos comerciales, afectados, desde hace cinco años, por el dinamismo del NAFTA, y que, en este periodo, ha reducido nuestra cuota en el mercado mexicano de un 11 % a un modesto 6 %. 
Este fenómeno fue anunciado ya por la Comisión REX en el informe elaborado por el Sr. De Vries en 1990. 
Las consecuencias de la entrada en vigor del NAFTA son negativas para nuestros intereses y debo insistir en ello. 
La aprobación del informe que debatimos reforzará nuestra posición política y nos permitirá utilizar este instrumento para hacer el seguimiento de las negociaciones en materias políticas, sociales y económicas que incluye, y muy especialmente, el apartado relativo a la democratización y a los derechos humanos. 
Porque de este capítulo hay que hablar. 
Las previsiones legales para su mejora y defensa se han incrementado en México sustancialmente, y es justo reconocerlo. 
Las opiniones de las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo y de Cooperación insisten en la necesidad de profundizar y mejorar las condiciones para su desarrollo, igual que la Comisión REX, que vuelve a insistir sobre ello en un apartado de este informe. 
Ofrecemos una cooperación leal, y apostamos también por la búsqueda de una solución definitiva al conflicto de Chiapas. 
México es un país desarrollado, dinámico, miembro de la OCDE y llamado a desempeñar un papel cada vez más activo en las relaciones interamericanas y con Europa. 
Nuestra asociación con México es más que un mercado, es más que las facilidades para acceder a NAFTA: es un compromiso político de hondo calado. 
La adopción de esta recomendación será una buena señal para las Américas en un momento en que surgen dudas sobre nuestra voluntad de incrementar el esfuerzo europeo en la región. 
La Unión se enfrenta a varios retos: sus obligaciones y compromisos de paz y también el dilema de nuestra ampliación. 
Es la ocasión de dirigirnos a la próxima primera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno- 15 + 33- con una señal positiva. 
La filosofía de este acuerdo incluye políticas de desarrollo notables. 
Puede ser, como todo compromiso, insatisfactorio en algunos campos, pero nadie puede negar que abre las puertas a un amplio y sugerente potencial de colaboración; y nadie puede negar, por otra parte, que ha levantado, precisamente por su contenido, un nivel de polémica estimable. 
Señor Presidente, en esta ocasión, además, quizás como mi última intervención en esta Asamblea, yo quiero agradecer muy especialmente al Comisario Marín los esfuerzos que ha hecho para la cooperación con América Latina. 
También quiero agradecer a quienes han cooperado en este empeño a lo largo de estos años y- ¡cómo no! -a todos aquellos miembros de la secretaría de la Comisión REX, que también han puesto su empeño en estos objetivos, y a todos aquellos que han creído que la cooperación con América Latina era una cooperación muy interesante para nosotros. 
Y, además- por la hora -, tengo que agradecer a los intérpretes su paciencia. 
. Señor Presidente, mi Grupo recomienda la adopción de este dictamen conforme para el acuerdo global con México por cuatro razones fundamentales, y dos de ellas de pura lógica democrática. 
En primer lugar, señor Presidente, es evidente que todas las comisiones implicadas de este Parlamento, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, lo han pedido. 
En segundo lugar, señor Presidente, porque las principales fuerzas políticas y los principales grupos políticos mexicanos también lo han pedido, y lo han pedido y aprobado todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Yo creo, señor Presidente, que no es legítimo el mezclar y condicionar el derrotero que tiene que seguir el acuerdo interino, para el cual este Parlamento otorgó en su día su dictamen conforme, con la trayectoria que tiene que seguir este acuerdo global. 
Y en último lugar, señor Presidente, porque creo que es perfectamente legítimo que si se trata de defender los derechos humanos- que, por cierto, dejan bastante que desear en México -, se defienden mucho mejor con un acuerdo que incluya una cláusula democrática- como ocurre en este acuerdo global- que con el acuerdo en vigor que no contiene esta cláusula democrática. 
Sí quisiera, señor Presidente, aprovechar este debate para decir dos cosas que me parecen importantes: primero, reiterar la observación que ha hecho la Sra. Miranda de que el Gobierno mexicano tiene que asumir el compromiso de retirar esa subida unilateral de aranceles. 
Y eso, antes de que acabe este ejercicio presupuestario. 
Y, en segundo lugar, señor Presidente, que la Comisión Europea debe comprometerse a mantener informado a este Parlamento sobre el resultado de las negociaciones comerciales antes de que se concluyan. 
Y por último, señor Presidente, por todas estas razones, quisiera decir que mi Grupo es partidario de que el Parlamento Europeo apruebe este dictamen conforme, y con la misma decisión y con la misma dureza con la que nosotros condenamos en su día las violaciones de los derechos humanos que se habían producido en este país, con la misma firmeza, repito, pedimos que en este momento se apoye este dictamen conforme. 
. Señor Presidente, a estas horas es difícil decir algo nuevo y, sobre todo, en relación con el informe de la Sra. Miranda de Lage, que es completísimo, y además con el añadido de mi colega Ignacio Salafranca. 
Realmente hay muchas razones para empezar a decir que México no tiene el marco de referencia, el marchamo democrático, etc. Pero creo que lo mejor que podemos hacer por México, por la democracia y por el acuerdo con la Unión Europea es decir que sí. 
Porque muchas veces, con el perfeccionismo, lo único que hacemos es oponernos a realidades futuras que van avanzado. 
Y en este caso, lo mejor que podemos hacer es decir sí a este acuerdo, que tiene muchas cosas positivas. 
Sabemos que México tiene déficit democrático, pero lo mejor que podemos hacer para que México llegue a alcanzar una estructura democrática es que aprobemos este acuerdo en relación con la Unión Europea. 
También me gustaría resaltar los puntos que, a mi entender, son más novedosos dentro de este acuerdo. 
Por ejemplo, la inclusión de la cláusula democrática como elemento esencial del mismo, ya que va a promover el respeto de los derechos humanos en este país latinoamericano. 
Ello dará mejores resultados en este campo que un eventual retraso de la votación, que dificultaría la cooperación política y social. 
Por otro lado, es de esperar que el nuevo acuerdo sirva- y ya se ha dicho aquí- para revitalizar de nuevo este comercio tan importante entre ambos socios- la Unión Europea y México-. 
El hecho de que del total de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea sólo el 9 % sean agrícolas y que exista una gran complementariedad en el flujo comercial, debería facilitar la rápida negociación y entrada en vigor de este acuerdo. 
En síntesis, quisiera reiterar lo que han dicho los oradores precedentes y creo que este acuerdo es enormemente positivo para México, para la Unión Europea y, por lo tanto, para el progreso de la democracia en el mundo occidental. 
Señor Presidente, desearía intervenir a favor del acuerdo de cooperación con México, felicitar a la ponente por su buena labor y hacer lo propio con el Comisario Marín por su contribución a este respecto. 
No soy desde luego ningún seguidor de las políticas neoliberales, pero la supresión de las barreras comerciales es una realidad y la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio del Atlántico Norte ha aumentado la dependencia mexicana del comercio con los Estados Unidos. 
Así pues, el acuerdo UE-México es urgente para contribuir a restablecer el equilibrio y para fomentar los vínculos políticos, culturales y económicos entre México y Europa, en beneficio de ambas partes. 
Llevo mucho tiempo criticando los abusos que se cometen en México en materia de derechos humanos, y he participado con gran preocupación tanto en las mociones de urgencia que ha aprobado este Parlamento, como en otras ocasiones. 
Sin embargo, creo que la conclusión del acuerdo facilitará la continuidad del diálogo en torno a estas cuestiones, lo cual colocará a Europa en una posición mucho más favorable que si no hubiera salido adelante este acuerdo. 
Con todo, me preocupa profundamente que la Comisión deba hacer un seguimiento de la situación, y no debemos dudar a la hora de decirlo. 
Me inquietan las noticias de México en el sentido de que no se nos ha ofrecido toda la información necesaria, de que se ha marginado a la sociedad civil, y de que los intereses de las multinacionales y el capital privado han pasado a ocupar una posición demasiado preponderante. 
Éstas son cuestiones sobre las que los representantes mexicanos tiene todo el derecho a alzar su voz y yo, por lo pronto, espero que encuentren una respuesta favorable en Europa. 
No obstante, no considero que el aplazamiento de la decisión sobre este acuerdo, en estos momentos finales de la presente legislatura, sea positivo para los intereses a largo plazo de mexicanos o europeos. 
Somos muchos los que hemos trabajado duramente para establecer vínculos y crear solidaridad entre Europa y el conjunto de América Latina, y el eventual aplazamiento de este acuerdo podría resultar muy perjudicial. 
Creo que deberíamos votar todos a favor de que salga adelante el presente acuerdo ya que, entre otras cosas, éste ayudará a mejorar con el paso de los años la situación de los derechos humanos y democráticos en México. 
Señor Presidente, yo creo que lo primero que hay que decir, porque ésta es la tónica general en esta Asamblea hoy, es que todos estamos de acuerdo (no creo que haya nadie que no lo esté) con que hay que potenciar las relaciones comerciales y políticas con México y con Latinoamérica en general. 
Es una pena que aumente tanto el comercio de México con Estados Unidos, con un acuerdo comercial que realmente no contiene ni la cláusula democrática ni otras recogidas en éste, y que disminuya con Europa. 
Ahora bien, dicho esto, y quedando claro que queremos un acuerdo con México, nosotros no podemos obviar la cantidad de cuestiones planteadas por las diferentes organizaciones no gubernamentales, que no son una ni dos, y que no son poco importantes: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Liga de Derechos Humanos Internacional, Intermon. 
Es decir, son muchas aquellas que nos han expresado su preocupación, que coincide con la nuestra. 
Y es que, en primer lugar, las negociaciones no han terminado; en segundo lugar, que ha habido falta de transparencia, falta de participación y falta de información; y en último lugar, que no hay un mecanismo de seguimiento de las cláusulas medioambientales, sociales ni de la cláusula democrática. 
No hay un mecanismo claro de seguimiento. 
Quisiera terminar diciendo, señor Presidente, que nosotros somos un Grupo plural y va a haber quizá diferentes posiciones en la votación. 
Yo he propuesto la abstención, una abstención activa, y mi querida amiga Ludivina García Arias, que tiene gran afecto por México, me decía: «¿y qué significa una abstención activa? ». 
Una abstención activa, señor Presidente, significa ni más ni menos que no nos desentendemos del acuerdo con México, que queremos que se haga, pero que queremos que se haga bien. 
Por eso planteamos una abstención activa, y vamos a estar ocupándonos de que, al final, se llegue a un acuerdo que sea satisfactorio para mexicanos y europeos. 
Señor Presidente, desde hace pocos días está en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Este Tratado le otorga por fin al Parlamento Europeo más derechos para ejercer una de las funciones originarias más propias de un Parlamento, en concreto, codecidir y controlar al resto de las instituciones. 
Fue exactamente este razonamiento el que hace un año propició que aprobásemos únicamente el acuerdo provisional con México y que diéramos nuestra aprobación al acuerdo general cuando todas las partes del acuerdo fueran definitivamente negociadas. 
No quisimos entregarle a la Comisión un cheque en blanco. 
Además, este fue la justificación verbal de nuestra ponente, la Sra. Ana Miranda de Lage. 
Por otra parte, el Parlamento mejicano solo ha aprobado el acuerdo bajo la condición de que después del fín de las negociaciones vuelva a ser consultado. 
Por lo tanto no es justo presumir que los mejicanos hubieran aprobado de largo el acuerdo. 
Desde entonces la situación no ha cambiado. 
No hay ningún nuevo documento de la Comisión que pudiéramos aprobar. 
Las negociaciones aun se van a prorrogar mucho, y la sociedad civil mejicana está muy insatisfecha. 
También diferentes partidos, como el PRD, que nos ha escrito, y los verdes del Parlamento mejicano no están de acuerdo con el desarrollo de las negociaciones. 
Piden una reorientación y nos instan encarecidamente que todavía no votemos a favor. 
Desde mi punto de vista sería por lo tanto completamente irresponsable quitarle el mango de la sartén a los ciudadanos europeos y también a nuestros colegas mejicanos. 
¿Por qué votamos algo que aun no existe plenamente? 
Para la Comisión no supone ninguna diferencia continuar negociando. 
Pero yo reclamo los derechos de un parlamento a votar algo que se le presente básicamente en toda su plenitud. 
¿Cómo vamos a justificar de puertas a fuera que pedimos más derechos para el Parlamento, pero que a la vez decimos que no queremos decidir nada sino entregar un cheque en blanco? 
Precisamente esto no puedo entenderlo. 
Aun he de decir algo al respecto, y es que se trata de la última ronda: estoy claramente a favor de un acuerdo con México y esto es válido para todo el Grupo de los Verdes. 
Tengo en gran estima a la Sra. Lage, y también sé estimar su trabajo. 
Pero para mí se trata aquí de un problema fundamental, la manera en la que se comporta un parlamento en una decisión. 
Se trata de eso y no de otra cosa. 
Señor Presidente, Señorías, el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación que hoy se somete a ratificación de este Parlamento constituye una etapa esencial en el ambicioso recorrido que iniciamos hace ya cuatro años para establecer una nueva relación con México a la altura de nuestras ambiciones. 
El renovado contexto mexicano impulsó a Europa a establecer un marco de relaciones con este país de carácter estratégico, basado en la reciprocidad en el partenariado y constituido sobre la base de intereses compartidos. 
Nos movía el interés de contribuir a la construcción de una comunidad internacional asentada sobre los principios democráticos, el Estado de derecho y el pleno respeto a los derechos humanos; el interés de reafirmar en el debate internacional que es posible concluir acuerdos comerciales bilaterales compatibles con la Organización Mundial del Comercio; el interés de dinamizar nuestras economías y, por ende, de promover el crecimiento del comercio mundial; y, finalmente, el interés de consolidar nuestras respectivas presencias en zonas geográficas que se necesitan mutuamente. 
Así lo entendió el Parlamento cuando ya, en 1995, el informe elaborado por la Sra. Miranda proporcionó el impulso político necesario para avanzar hacia objetivos más ambiciosos. 
Igualmente lo entendió cuando, en mayo de 1998, emitió su dictamen conforme para el Acuerdo interino. 
Y aprovecho esta ocasión- ya que la cito, señora Miranda- para agradecerle su gran labor, como la de los que la han precedido: el Sr. Newens, otros que se han ocupado también de este ámbito y que han intervenido, como el Sr. Salafranca, la Sra. González Álvarez, y, en general, incluso aquellos que siempre se han mostrado críticos o han optado por una aproximación mucho más crítica a nuestras relaciones con América Latina en su conjunto. 
Hoy tienen ante ustedes el Acuerdo global que establece el marco jurídico para nuestra futura relación a largo plazo. 
Al igual que el Acuerdo interino, este nuevo Acuerdo recoge con especial énfasis lo que ha sido una de las principales exigencias del Parlamento Europeo y a la que la Comisión y el Consejo de ministros ha otorgado la máxima prioridad: la cláusula de respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, como elemento esencial y fundamento de esta relación. 
El Acuerdo está compuesto de tres ejes principales: la institucionalización de un diálogo político al más alto nivel; la extensión y profundización de nuestra cooperación- a este respecto se prevé explícitamente y por primera vez la cooperación en materia de derechos humanos y democracia y se incluyen campos tan importantes como el social, la lucha contra la pobreza, y la protección del medio ambiente y del consumidor. 
Confirmo lo dicho por la mayoría de ustedes: se trabaja mucho mejor en el diálogo político con un acuerdo que sin acuerdo, si se quiere progresar en las materias que acabo de señalar. 
Y finalmente el tercer eje, la parte económica, también es muy importante, con el establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y México que abarca tanto los servicios como los bienes. 
Les voy a informar sobre los progresos logrados hasta la fecha en la negociación comercial. 
Llevamos ya cuatro rondas de negociación, en las cuales se han registrado avances sustanciales en los grandes capítulos de bienes y servicios, y muy buenos progresos en inversiones, mercados públicos, competencia y propiedad intelectual. 
Si bien es cierto que persisten algunos puntos de desencuentro, se trata más de una indicación del alto e intenso nivel que hemos imprimido a las negociaciones que de obstáculos fundamentales. 
Compartimos, y transmitiremos de nuevo a la parte mexicana, la gran preocupación expresada por este Parlamento ante las subidas arancelarias efectuadas por México. 
Y deseamos que México responda eliminando este incremento a la mayor brevedad. 
Confiamos en poder llegar a resultados sustanciales para la Cumbre de Río del mes de junio, al objeto de poder concluir este ejercicio en la segunda mitad del año. 
Obviamente, el dictamen conforme de este Parlamento al Acuerdo contribuirá sustancialmente a proporcionar un impulso político importante para concluir, como digo, este proceso. 
Yo quiero asegurarles que la Comisión se compromete formalmente a mantener informado al Parlamento en todo momento- como ya se está haciendo- de los avances en la negociación en curso, así como del resultado final, antes de que se someta el Acuerdo al Consejo conjunto. 
Y, por supuesto, la Comisión consultará al Parlamento sobre estos resultados, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Tratado. 
En consecuencia, no veo en qué se le está dando un cheque en blanco a la Comisión. 
Es imposible, porque el Parlamento tendrá siempre la última palabra cuando la negociación esté concluida. 
Finalmente, la Comisión confía en que el Parlamento considerará oportuno emitir su dictamen conforme de forma que el Acuerdo pueda entrar en vigor, y agradece una vez más el importante respaldo que ha recibido en todo momento de este Parlamento, no sólo para el fortalecimiento de las relaciones con México, sino también para el establecimiento de una verdadera alianza entre Europa y América Latina que, poco a poco, se va forjando. 
Señor Presidente, yo no quisiera que concluyese este debate sin manifestar, en nombre de mi Grupo, el reconocimiento a la labor realizada por el Comisario Sr. Marín al frente de sus responsabilidades como Comisario competente para las relaciones con América Latina. 
También quiero expresar nuestra satisfacción porque las explicaciones y aclaraciones que nos ha proporcionado esta noche el Sr. Marín satisfacen plenamente la reivindicación expresada por la Comisión de Asuntos Exteriores- en la opinión de la que yo he sido ponente- de que el Parlamento fuese informado de la evolución de las negociaciones antes de su conclusión. 
Así que muchas gracias, señor Vicepresidente de la Comisión, por sus informaciones y por su reacción a las propuestas de este Parlamento. 
Yo también desearía añadir mi agradecimiento al Vicepresidente de la Comisión, Sr Marín, por el periodo de su colaboración con el Parlamento Europeo. 
Hemos coincido en muchos debates, siendo yo Presidente, y siempre he notado la atención que ha puesto en los puntos de vista del Parlamento y su interés por una colaboración inmejorable. 
Desgraciadamente, esta noche se ha convertido en un maratón. 
Llevo sentado en la Presidencia más de tres horas y media al final de un día agotador, pero debíamos completar el análisis de todos estos temas, aunque haya aquí muy pocos señores colegas- como es natural a una hora tan tardía, porque no tenemos más tiempo. 
Por desgracia no hay periodistas que se den cuenta de la labor que realizamos en este Parlamento. 
Vienen a mediodía para escribir sólo sobre escándalos, pero por lo demás, no asisten con mucha asiduidad al Parlamento para ver, por lo menos, a algunas personas que trabajan hasta muy tarde y muy intensamente. 
Antes de dar por terminada la sesión, quisiera expresar mi agradecimiento personal a todos los Sres. colegas de todos los Grupos por este periodo, por la estrecha colaboración de la que hemos gozado. 
Ya saben que, por mi forma de ser, no intento ganarme aplausos, pero me interesa mucho la estima y la buena disposición de todos mis colegas y creo que he contado con ellas, y por eso, les doy las gracias. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 23.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 00.35 horas 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
Si nadie se opone, la doy por aprobada. 
Señor Presidente, recibimos por la noche la noticia de que Ibrahim Rugova está ahora en Roma, y me pregunto si podría pedir al Presidente del Parlamento que, en nombre de éste, trasmita nuestros mejores deseos al Sr. Rugova y a su familia. 
Recordará que en el pleno de abril aprobamos en este Hemiciclo una resolución por la que se invitaba al Sr. Rugova a hablar ante la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Se ha propuesto que celebremos una reunión de esta Comisión en los días 21 y 22 de junio con el propósito de mantener una audiencia con el Alto Representante. 
Sin embargo, me parecería como mínimo apropiado que invitáramos al Sr. Rugova a que también hablara ante la comisión parlamentaria. 
¿Qué comentarios tiene que hacer ante dicha sugerencia? , y ¿podría transmitir la idea al Presidente del Parlamento? 
Señor Spencer, muchas gracias por esta propuesta. 
Todos nos hemos enterado de que el Sr. Rugova ha llegado a Roma, afortunadamente con su familia, y me parece muy adecuado que comparezca en este Parlamento. 
Trasladaré su propuesta al Sr. Presidente y no creo que exista ningún impedimento para invitarle a que acuda a este Parlamento el 21 de junio. 
Señor Presidente, me equivoqué ayer en la votación final del Informe Rothley por la confusión que rodeó esa votación. Voté a favor cuando quería votar en contra. 
Quisiera preguntarle si podría modificar el Acta en este sentido. 
No varía en nada la votación, Señorías, pero, por supuesto, fue un asunto desconcertante. 
Es voluntad expresa de esta diputada que, si es posible, se efectúe esa modificación. 
Permítame señalarle que sí voté cuando le tocó el turno a la enmienda 18 del Informe Fabre-Aubrespy, pero mi voto no se ha recogido en el Acta. 
Señora Maes, hemos tomado nota de sus palabras y se harán constar en el Acta. 
Señor Presidente, en la página 8 del Acta, con el título «Elección del Presidente de la Comisión» , se alude a la votación del Parlamento referente a la aprobación de la designación del Sr. Prodi por los Jefes de Estado y de Gobierno, y se expresa que el Presidente felicitó al Presidente electo. 
Creo que se utilizan términos inexactos. 
Para que exista elección se requieren varios candidatos, un proceso democrático. 
Pienso que el Parlamento ratifica o aprueba la designación del Presidente; por tanto, el hecho de querer forzosamente hacer referencia al «Presidente electo» , cuando el Presidente ha sido designado, no me parece conforme al Tratado de Amsterdam. 
Le informo, señor Fabre Aubrespy, de que la redacción empleada está de acuerdo con el Reglamento, sin embargo, naturalmente volveré a comprobarlo una vez más. 
Se lo prometo. 
Señor Presidente, Señorías, creo que no es ocioso, en dos palabras, añadir a lo que ha expresado nuestro colega Spencer- y que es muy acertado -, el interés especial que nuestro Parlamento ha manifestado por alguien que estaba bajo su protección, el Dr. Ibrahim Rugova. 
Desearía decir que, más allá de todos los comentarios que, naturalmente, suscitarán su visita a Roma, nuestro primer objetivo debe ser el retorno de todos sus compatriotas a su país de origen. 
Pienso que es una sugerencia muy acertada que, en el mes de junio, el Dr. Ibrahim Rugova, premio Sajarov de nuestra Asamblea, pueda venir a exponer sus ideas durante todo el tiempo que sea necesario. 
Nosotros habíamos solicitado ir a Pristina. 
Las autoridades serbias nos lo denegaron, alegando que no podían garantizar nuestra seguridad. 
Hoy, felizmente, todos los caminos conducen de nuevo a Roma. 
Es preciso que venga el Sr. Rugova, y veremos lo que ocurre. 
Lo importante es restablecer la paz en los Balcanes y que ese pueblo recobre su suelo. 
Señor Soulier, creo que la gran mayoría se suma a sus palabras. 
También me parece importante que de aceptar el Sr. Presidente la propuesta del Sr. Spencer- estoy seguro de que lo hará- se comunique oficialmente que una de las primeras actuaciones del nuevo Parlamento será recibir al Sr. Rugova. 
Señor Presidente, en la lista de asistencia de la sesión de ayer no figura mi nombre. 
Pido, por favor, que figure mi nombre en la lista de asistencia a la Sesión Plenaria. 
Hemos tomado nota, señor Sarlis. 
Señor Presidente, en nuestro debate de anoche sobre el Informe Colom i Naval acerca de las perspectivas financieras para el período 2000-2006, me llamó la atención el hecho de que en la lista indicativa de votaciones de esta mañana a las 11 se recomiende que el acuerdo interinstitucional se apruebe por mayoría simple. 
La Comisión de Presupuestos ha escrito al Presidente aconsejando que se haga por mayoría cualificada porque, si aprobamos el acuerdo, estaremos renunciando a una serie de poderes. 
Tendrá que hacerse por mayoría cualificada. 
Insisto, en nombre de muchos diputados, en que el Presidente haga circular una nota razonando por qué recomienda que la votación se haga por mayoría simple. 
Esto tendría que estar atajado antes de las 11 de la mañana, pues, de otro modo, podríamos encontrarnos con una repetición de los mismos problemas que tuvimos ayer en la votación del Informe Rothley. 
Le prometo, señor Elles, que el Sr. Presidente del Parlamento tiene muy en cuenta la necesidad de adoptar una decisión y que él mismo ocupará esta silla a partir de las 11.00 horas. 
Tal y como he dicho, adoptará una decisión. 
Señor Presidente, quiero unirme a la palabras de satisfacción de los Sres. Spencer y Soulier. 
Quisiera, sin embargo, añadir otra hipótesis de trabajo, aparte de la de invitar al Sr. Rugova a que nos visite lo antes posible. 
Al ser hoy nuestro último día de trabajo, invito a nuestro Presidente, Sr. Gil-Robles, así como al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, a que consideren la oportunidad de enviar enseguida, en los próximos días, a una pequeña delegación del Parlamento Europeo a fin de que se reúna con el Sr. Rugova en Roma, donde se encuentra, porque no sé qué sucederá dentro de un mes, mes y medio o dos meses. 
Existe la posibilidad de un rápido encuentro; los mismos Sres. Spencer y Soulier y la Sra. Pack, presidenta de la Delegación para las relaciones con la Europa Sudoriental, podrían ser los encargados de dicho encuentro que podría celebrarse en los próximos días. 
Señor Imbeni, entregaré al Sr. Presidente tanto su propuesta como la propuesta del Sr. Spencer, para que pueda decidir- de ser posible, como muy tarde, mañana- cómo habremos de actuar en esta situación provocada por la llegada a Roma del Sr. Rugova acompañado de su familia. 
Estoy plenamente de acuerdo y quisiera dar las gracias al Sr. Renzo Imbeni por su propuesta. 
Esta noche he hablado con Rugova por teléfono. 
Sería conveniente que la Comisión de Asuntos Exteriores pudiera entrevistarse con él antes de julio, puesto que en las próximas semanas todos intentarán utilizarle y temo que incluso pueda llegar a ser objeto de manipulaciones. 
Por eso, considero fundamental que aprovechemos la primera oportunidad que se nos presente para invitarle. 
Le quedaríamos muy agradecidos si pudiera transmitir este deseo al Sr. Presidente. 
Si hace falta, ni siquiera me importaría renunciar a algunos actos previstos en el marco de la campaña electoral. 
Señora Pack, gracias por su respaldo a las propuestas tanto del Sr. Spencer como del Sr. Imbeni. 
Señor Presidente, pedí hacer uso de la palabra para apoyar la propuesta del Sr. Imbeni, sin embargo, ahora ya ha intervenido la Sra. Pack. 
Estoy de acuerdo. 
Esto es todo. 
Señor Presidente, sólo quería recordar a algunos colegas, y en particular al Sr. Elles, que la formación de la voluntad de las instituciones, de acuerdo con una jurisprudencia consolidadísima del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, no es materia dispositiva: es cuestión de orden público y está en los Tratados. 
Y en los Tratados, salvo expresa mención en contra, está establecido que este Parlamento toma las decisiones por mayoría simple, y que hay asimismo jurisprudencia más que abundante que establece que los actos son lo que son y no aquello que alguna interpretación pueda decir, en relación también con las consecuencias de dichos actos. Y ello por muy razonable que sea dicha interpretación. 
Y por último, el Sr. Elles sabe que la Comisión de Presupuestos- comisión respetadísima y competentísima- no es, en absoluto, ni tan siquiera el órgano interno con competencias para dictaminar sobre cuáles son las mayorías con las que se deben tomar las decisiones en esta Asamblea. 
Señora Palacio, comunicaré también sus puntos de vista al Sr. Presidente del Parlamento, quien acudirá a presidir la sesión y la votación a las 11.00 horas. 
El Acta queda aprobada 
Schengen 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la pregunta oral (B4-0336/99- O-0045/99) de los Sres. Voggenhuber y Andersson, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, dirigida al Consejo sobre Schengen. 
Señor Presidente, señoras y señores, como no se ha saludado expresamente a la Presidencia del Consejo, no sé muy bien a qué representante he de dirigirme. 
De todas formas, espero que el Consejo esté presente. 
Señor Presidente, la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, en cuyo nombre intervengo aquí, temía que el Consejo no lograría ponerse de acuerdo sobre las decisiones relativas a la incorporación del Acuerdo de Schengen al marco de la Unión Europea en el plazo previsto y que esta materia jurídica pasaría automáticamente a formar parte del tercer pilar. 
Por tanto, ha sido un enorme alivio poder comprobar que se ha impuesto el consenso y que se han adoptado las decisiones correspondientes. 
Es ésta la buena noticia que deseo transmitir al Consejo. 
La mala noticia es que una aplastante mayoría de la comisión ha criticado e incluso ha protestado con vehemencia contra la forma y el método en que dichas decisiones y disposiciones han visto la luz. 
Espero que esta Asamblea se sume a nuestras quejas, puesto que revisten una especial importancia en lo que al control parlamentario y la codecisión del Parlamento en el ámbito de la seguridad interior se refiere. 
Ya en el Tratado de Amsterdam, las soluciones ofrecidas respecto a la implantación del Acuerdo de Schengen, las cuestiones institucionales, la subdivisión y los procedimientos eran altamente discutibles y poco claros. Ni siquiera forman parte del Tratado, sino que son objeto de un protocolo. 
Para entender en su justo término la crítica de la comisión y la crítica del Parlamento es necesario resaltar la importancia de este asunto. 
La integración del Acuerdo de Schengen en el marco de la Unión Europea es sin duda la transformación más significativa y más compleja de Derecho internacional en Derecho comunitario. 
Es la condición previa para la libre circulación de personas así como para la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad. Además, supone el hasta ahora mayor aumento de las competencias en materia de seguridad interior. 
Se trata de una incorporación que afecta ampliamente a los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos. 
Quisiera preguntar aquí a la Presidencia del Consejo cómo las instituciones europeas, y sobre todo los diputados europeos libremente elegidos, pueden explicar a las ciudadanas y los ciudadanos de Europa que se adoptó una decisión de estas características sin la participación del Parlamento, sin que el Parlamento fuera debidamente informado, sin que fuera consultado. 
¿Cómo podremos explicar que este Parlamento no ha tenido en ningún momento la oportunidad de ejercer su derecho a emitir un dictamen, que hasta la fecha no nos ha llegado ninguna documentación pormenorizada acerca de este asunto y que el Parlamento se ve obligado a tratar este tema sin disponer de la información necesaria? 
Asimismo quisiera expresar la opinión compartida por la mayoría absoluta de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores de que no se trata de los derechos del Parlamento, por importantes que sean, sino que el Parlamento pretende erigirse en abogado de los derechos fundamentales, los derechos de los ciudadanos y los derechos de la persona en la Unión Europea. Ahora bien, resulta enormemente difícil asumir este deber que hemos de cumplir de cara a los ciudadanos europeos cuando el Consejo nos excluye de sus actividades. 
Por otra parte, quisiera señalar que a raíz de este comportamiento del Consejo surge una vez más la duda de si la teoría de la legitimación indirecta del Consejo como legislador en terrenos tan cruciales sigue siendo sostenible a estas alturas. Pues no sólo el Parlamento Europeo procede al debate sin disponer de la documentación correspondiente, no sólo el Parlamento Europeo se queda al margen de las decisiones y los preparativos del Consejo, sino que tenemos constancia de que también los Parlamentos nacionales son informados tarde y mal. 
En otras palabras, la política en materia de seguridad interior y cooperación policial y judicial ya no está sometida a un verdadero control parlamentario. 
Es ésta la principal protesta, la protesta más vehemente, que les transmito por parte de la comisión. Y en nombre de la misma insto a la Presidencia del Consejo a que promueva una cultura de colaboración con el Parlamento radicalmente nueva en un ámbito donde la autoridad estatal y el poder sobre los derechos de los ciudadanos y los derechos fundamentales se dejan sentir con especial virulencia. 
Señor Presidente, Señorías, el uno de mayo entró en vigor el Tratado de Amsterdam y desde esa fecha el acervo de Schengen está integrado en el marco de la Unión Europea. 
La Presidencia alemana de la UE siempre se ha marcado como objetivo informar al Parlamento Europeo sobre los avances de los preparativos relacionados con la integración de Schengen. Por tanto, me alegro de tener la oportunidad de demostrarlo en el contexto de este debate, puesto que el tema de la información y la forma en la que ésta se ha dado a conocer han desempeñado un papel fundamental. 
Señoría, cuando me refiera a sus intervenciones, haré hincapié en esta cuestión. 
Primero quisiera detenerme brevemente en la definición y la integración del acervo de Schengen. 
Se han logrado importantes progresos en el debate sobre la definición de su contenido y su incorporación a los fundamentos jurídicos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y falta poco para que podamos darlo por terminado. 
El Consejo de Asuntos Generales tomó nota de las correspondientes propuestas de decisión en su reunión de 26 de abril y las congeló. 
Ayer se celebró una última reunión en el Comité de Representantes Permanentes y la Presidencia tiene previsto aprobarlas en la sesión del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de 10 de mayo. 
Estamos orgullosos de que al final la Presidencia alemana, de común acuerdo con los Estados miembros, haya logrado solucionar gran parte de los complejos problemas derivados de la confluencia de perspectivas políticas muy variadas que hasta el último momento han dificultado la integración de Schengen. 
Dicho de otro modo, hemos allanado el camino para que el acervo de Schengen pueda ser estudiado y delimitado de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, no hemos sido capaces de acercar posiciones sobre la incorporación de las disposiciones relativas al Sistema de Información de Schengen. 
Mientras que algunos Estados se pronuncian a favor de la doble asignación y proponen que entre a formar parte del primer y del tercer pilar, otros países son partidarios de incluirlo exclusivamente en el tercer pilar. 
La postura intermedia, a la que también se adhiere la Presidencia, pretende incorporar el desarrollo y el funcionamiento del SIS así como la mayoría de las categorías objeto de registro al tercer pilar en tanto que la categoría de la denegación de visados y las disposiciones relativas a la protección de los datos personales estarían también presentes en el primer pilar. 
A pesar de los esfuerzos de la Presidencia, no ha sido posible alcanzar un acuerdo al respecto y todos los indicios apuntan a que será difícil dirimir las divergencias a corto plazo. 
Es por esto por lo que en este ámbito- les recuerdo que es el único- entrará en vigor la disposición del Protocolo de Schengen que prevé el tercer pilar como fundamento jurídico en tanto no se adopten medidas contrarias. 
Ello no afecta a la decisión relativa a la integración de los demás aspectos. 
Creo poder afirmar que este resultado, que aún ha de ser ratificado definitivamente por el Consejo, es un paso en la buena dirección. 
Impide que surjan dudas sobre el fundamento jurídico que ha de amparar la posterior evolución de importantes temas del acervo de Schengen. 
No pretendo detallar aquí la integración de cada uno de los aspectos del acervo, puesto que rebasaría los límites de mi discurso. 
No obstante, les recuerdo que hace aproximadamente una semana les remití las propuestas de decisión del Consejo. En la primera propuesta encontrarán una definición del acervo de Schengen, al tiempo que la segunda ofrece un estudio pormenorizado del mismo. 
Les ruego consulten ambos documentos para mayor información. 
Ahora quisiera contestar brevemente a la pregunta relativa a la asociación de Islandia y Noruega. 
La participación de Islandia y Noruega en la transposición y el futuro desarrollo del acervo de Schengen quedará reflejado en un acuerdo de asociación que está a punto de firmarse. 
El Comité ejecutivo de los Estados firmantes del Acuerdo de Schengen se reunió por última vez el día 28 de abril, es decir, la semana pasada, lo cual nos permite establecer definitivamente el acervo de Schengen y delimitar los ámbitos en los que deberá llevarse a cabo la cooperación con Noruega e Islandia. 
Las negociaciones están ya muy avanzadas. 
La Presidencia confía en que el Consejo apruebe el acuerdo en su reunión de 17/18 de mayo y espera que pueda ser firmado en el marco del Consejo del EEE que se celebrará sobre esas mismas fechas. 
El acuerdo de asociación gira en torno a la creación del llamado comité mixto que ha de materializarse en todos los niveles de la jerarquía comunitaria y a través del cual Noruega e Islandia podrán tomar parte en la decision shaping. 
En el marco de Schengen, estos dos países participaron indirectamente en las actividades de los órganos comunitarios. Tenían derecho a voz, pero no estaban autorizados a colaborar. 
No resulta posible trasladar esta forma de cooperación a la colaboración que se realiza en el marco de la UE. 
En principio, la participación en los órganos de la UE está reservada a los Estados miembros. 
Otras modalidades de participación, como por ejemplo el estatuto de observador, no respetaban los deseos legítimos de Islandia y Noruega de seguir tomando parte en el proceso de toma de decisiones en materia de Schengen en el futuro. 
Por todo ello, los socios de la asociación se han mostrado de acuerdo en que se cree un comité específico con objeto de disponer de una plataforma en la que se puedan debatir propuestas e iniciativas encaminadas a desarrollar el acervo de Schengen de cara a Noruega e Islandia. 
El comité mixto tendrá muy pocas competencias de decisión. Se limitan a cuestiones relacionadas con el procedimiento que atañen al comité mixto y a sus actividades. 
Las decisiones de fondo respecto al acervo de Schengen que impliquen a Islandia y Noruega, únicamente pueden ser adoptadas por los órganos de la UE, es decir, por el Consejo y eventualmente por el Comité de los Representantes Permanentes. 
Aparte del acuerdo de asociación que acabo de describir y cuyo borrador les he remitido hace poco, el Protocolo de Schengen prevé la aprobación de otro acuerdo que determine la relación jurídica entre Noruega e Islandia, por un lado, y entre Gran Bretaña e Irlanda, por otro, en los ámbitos del acervo de Schengen que se apliquen a estos Estados. 
Las negociaciones ya se han iniciado. Confío en que lleguen pronto a buen término. 
A continuación quisiera referirme brevemente a la integración de la Secretaría de Schengen. 
El uno de mayo, el Consejo decidió mediante procedimiento escrito integrar al personal de la Secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo. 
Espero que así logremos poner punto final a los debates sobre este tema que se han venido sucediendo últimamente y que la Presidencia, los Estados miembros y también el personal de la Secretaría del Consejo puedan volver a concentrarse plenamente en el trabajo que nos aguarda en estos dos últimos meses de la Presidencia alemana. 
En la fase previa a la decisión del Consejo pudo comprobarse cómo parte del personal de la Secretaría del Consejo se opuso frontalmente a la absorción de los empleados de Schengen arguyendo que no habían pasado por el procedimiento de selección habitual. 
Es algo que no me cabe en la cabeza, puesto que la inserción de los antiguos colaboradores de la Secretaría de Schengen no tiene nada que ver con nepotismo. 
Se trata más bien de buscar una salida digna para un grupo de personas que durante muchos años han puesto todo su empeño en la cooperación de Schengen y que no pueden verse perjudicadas por la integración de Schengen en el marco de la Unión Europa. 
Además, la UE podrá sin duda beneficiarse de los conocimientos técnicos y las habilidades del personal altamente cualificado de Schengen. 
Para concluir, diré algunas palabras sobre la consulta al Parlamento Europeo en el contexto de la incorporación de Schengen al marco de la UE. 
La Presidencia alemana reconoce plenamente que la integración del acervo de Schengen en el marco de la UE reviste una especial importancia de cara a las actividades futuras del Parlamento Europeo y entiende que el Parlamento tenga mucho interés en seguir de cerca los pasos previos a dicha integración. 
Por tanto, Alemania siempre ha procurado mantener informado al Parlamento del estado de la cuestión. 
Tanto el ministro Schily, colaborador del Ministerio del interior alemán, como yo, hemos dado explicaciones al Parlamento y a la comisión competente en reiteradas ocasiones. 
A este respecto quisiera subrayar que el ministro Schily intervino aquí en el Pleno el día 14 de enero y que habló ante la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores el 19 de enero y el 30 de marzo. Yo aparecí ante la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores el 23 de noviembre y el Sr. Eisel, el director del servicio competente junto conmigo, estuvo dos veces en la comisión la semana pasada con objeto de facilitarles información. 
Realmente creo que hemos hecho todo lo posible por informar al Parlamento y a su comisión. 
De todas formas, quiero señalar que no existe ningún deber jurídico que nos obligue a consultar formalmente al Parlamento en lo que a la integración de Schengen en el marco de la UE se refiere. 
La incorporación de Schengen a la UE se rige únicamente por el Protocolo de Schengen, que no incluye ninguna referencia a una consulta formal. 
La obligación de consulta contemplada en el Tratado de Amsterdam y en el Tratado de Maastricht no se aplica a la integración de Schengen. 
No obstante, vuelvo a insistir en que la Presidencia seguirá comprometiéndose a informar minuciosamente al Parlamento Europeo del desarrollo del proceso de incorporación. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, el acuerdo alcanzado por el Consejo respecto de la integración del acquis de Schengen en el Tratado es de nuevo un típico acuerdo que deja al Parlamento con sentimientos confusos. 
Por supuesto, es fabuloso que haya un acuerdo y ninguno de nosotros, señor Presidente del Consejo, se había atrevido a pensar que éste se adoptaría durante la Presidencia alemana. 
El 14 de enero de este año, votamos, además, una resolución en la que expresamos nuestra preocupación por que no se adoptara semejante acuerdo. En ese caso, todo el acervo estaría en el tercer pilar. 
El hecho de que exista un acuerdo es, por tanto, una hazaña, hazaña por la que quiero felicitar a la Presidencia alemana. 
El acuerdo establece, además, que una parte considerable de las disposiciones del acquis de Schengen, especialmente las disposiciones que tienen que ver con la libre circulación de personas, asilo, inmigración y controles fronterizos, se comunitariza en su mayor parte y, por tanto, el Parlamento y el Tribunal de Justicia se verán implicados en el futuro en el desarrollo de esta política. 
Esto es algo positivo. 
No obstante, no digerimos del todo este asunto, ya que en las recomendaciones que adoptamos en enero en este Parlamento figura algo diametralmente opuesto. 
Primero, y sobre todo, quiero volver una vez más al papel del Parlamento, señor Presidente del Consejo. 
Es justo señalar que la Presidencia alemana ha mantenido diferentes discusiones con el Parlamento. 
Es justo señalar que se nos ha informado durante el transcurso de las negociaciones y, por ello, quiero dar las gracias a la Presidencia. 
No obstante, no puede negar que los textos definitivos tan sólo llegaron el lunes al Parlamento, que tan sólo el lunes pudimos discutir el resultado final de las negociaciones y que, además, la consulta al Parlamento realmente es puro teatro, puesto que ya está todo decidido. 
Existe un acuerdo político que será ratificado por el Consejo del 10 mayo. 
Tiene usted razón. Formalmente, no necesita consultar al Parlamento, pero políticamente no es correcto, ya que la integración de Schengen en el Tratado, la elección de la base jurídica, determina cómo se desarrollará el futuro acquis y, por tanto, cuál será el papel de la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia. 
Por ello, ésta es una decisión crucial que afecta directamente a las competencias del Parlamento y, en consecuencia, pensábamos que debía consultarse con nosotros, aunque de forma seria. 
Incluso en nuestra resolución de 14 de enero establecimos: en caso de que eso no suceda, este Parlamento debe considerar la posibilidad de iniciar un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Justicia, y continúo pensando que el próximo Parlamento debe reflexionar sobre semejante posibilidad. 
Señor Presidente del Consejo, no se trata de orgullo herido. 
Se trata de control democrático, puesto que el Parlamento también tiene observaciones en cuanto al contenido. 
En primer lugar, el propio Presidente del Consejo ha reconocido que no existe acuerdo sobre el Sistema de Información de Schengen. 
Ahora bien, es preferible que no haya acuerdo a que todo se coloque en el tercer pilar, algo que realmente sería una catástrofe. 
No obstante, el Sistema de Información de Schengen permanece transitoriamente en el tercer pilar. 
Esto constituye un error, ya que el SIS contiene muchísimos datos relacionados con la inmigración, el asilo y los visados, materias en las que, señor Presidente, surgen enormes problemas todos los días. 
Quisiera preguntar, por tanto, al Consejo qué puede hacer todavía para desbloquear esta situación. 
Por otra parte, la protección de los datos personales con el Sistema de Información de Schengen es una cuestión particularmente importante. 
No olvidemos, Señorías, que la Autoridad Común de Control ha adoptado un informe demoledor. 
Quisiera solicitar, por tanto, que se presente una propuesta conforme al artículo 286 que prevé la creación de un organismo de vigilancia. Además, pido una propuesta en el marco del tercer pilar para la protección de los datos personales, ya que en ese pilar todavía no tenemos una garantía en ese sentido. 
Por último, Señorías, quisiera llamar su atención sobre el actual derecho de iniciativa de la Comisión en cuanto a todo el acquis de Schengen. 
La Comisión podría ocuparse de un importante aspecto comunitario, pero el Consejo ha decidido en toda su sabiduría mantener el Comité Ejecutivo de Schengen. 
Ahora bien, esto podría defenderse con la ampliación de Schengen, pero resulta inaceptable que este comité vaya a ser competente respecto del control de la aplicación de Schengen. 
Quisiera pedir al Consejo que clarifique más este punto. 
Concluyendo: el vaso está medio lleno, medio vacío. 
Teniendo todo esto en cuenta, espero que con este acuerdo, tanto el Parlamento como la próxima Comisión, se impliquen más en la política que antes pertenecía a Schengen. 
Señor Presidente, antes que nada desearía expresar mi satisfacción con motivo de la incorporación de Schengen en el Tratado. 
De esta manera se permite la libre circulación de las personas en toda la UE por medio del Tratado de Amsterdam, lo cual, sin embargo, no deberá traducirse en la creación de una zona franca para la delincuencia. 
Hay que otorgar prioridad a la protección de los ciudadanos. 
De hecho, la incorporación de Schengen como un elemento más del Tratado contribuye a instaurar una protección más eficaz. 
No obstante, ha sido extremadamente difícil encontrar estas soluciones técnicas. 
Resulta evidente que en el Parlamento Europeo no estamos satisfechos con la falta de participación de nuestra institución en determinados ámbitos. 
Los países nórdicos cuentan desde hace mucho tiempo con una libertad de circulación que ha facilitado los contactos entre los pueblos nórdicos, exactamente de la misma manera que actúa Schengen en otros países de Europa. 
Por consiguiente, resulta gratificante que la UE defienda ahora la unión de pasaportes nórdica. 
En los países nórdicos salimos rápidamente en defensa de la legislación nórdica porque ha tenido una enorme significación para nosotros. 
En caso de que no se lograra concordar en algún ámbito la legislación nórdica con la de la Unión, asunto éste sobre el que existen opiniones encontradas, sería naturalmente preciso intentar una coordinación de ambas. 
Islandia y Noruega asumen en la actualidad una responsabilidad mucho mayor por lo que respecta al control de fronteras, es decir, la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión. 
No cabe duda de que este control ha de desarrollarse de un modo eficaz, y es necesario exigir a Noruega e Islandia los mismos criterios que se exigen a los Estados miembros de la Unión en todo lo relativo al control de fronteras y a algunos aspectos de la lucha contra la delincuencia. 
La Presidencia ha mantenido un diálogo fluído con la comisión acerca de las cuestiones Schengen, y hemos obtenido información al respecto. 
Sin embargo, es de extrema importancia recordar que no se deben dejar de lado las exigencias recogidas en el Tratado por lo que respecta a la consulta con el Parlamento Europeo. 
Es evidente que los representantes de los ciudadanos en el Parlamento han de participar mucho más en esta cuestión que como lo han venido haciendo hasta la fecha. 
El Parlamento ha desempeñado un papel poco trascendente. 
Además, los plazos para su examen han sido inaceptablemente cortos. 
No hemos podido disponer de las traducciones y la gente apenas se ha enterado de lo que ha ocurrido en comisión. 
Creo que ésta no es la manera de tratar los asuntos. 
Así pues, espero que el Consejo pueda hoy, aquí, mostrarse de acuerdo en que se deben garantizar en el futuro unos plazos razonables para examinar estos puntos, así como que se debe instaurar un verdadero diálogo entre el Parlamento y el Consejo en lo relativo a estas delicadas cuestiones. 
Señor Presidente, éste es el último debate sobre asuntos de justicia en este período de sesiones. 
Cuando empezamos en 1994, el Tratado de Maastricht acababa de entrar en vigor. 
El Grupo Liberal esperaba que el Consejo de Ministros trabajara enérgicamente en estos asuntos, ya que son importantes para luchar contra el crimen organizado y para configurar la política europea de asilo e inmigración. 
Si examinamos ahora este período de sesiones, podemos extraer la conclusión- lo lamento, señor Presidente- de que el Consejo de Ministros ha hecho muy poco en este sentido ¿Qué se ha conseguido realmente en estos cinco años? 
En Kosovo hay 500.000 expatriados y, ¿existe una política de asilo europea? 
No. 
La Comisión Europea ha caído hace poco por expedientes fraudulentos ¿Están los cinco acuerdos relativos al fraude ya en vigor? 
Tampoco. 
Señor Presidente, no depende del Parlamento Europeo. 
Efectivamente, esta vez tampoco se nos ha informado. 
Cuando se nos informa, a menudo nos damos prisa con nuestro trabajo legislativo para ver después como el Consejo de Ministros no lo tiene en cuenta. 
Les diría a los dirigentes y también a los funcionarios- sé que es algo inusitado -: señoras y señores, cambien de actitud, cambien de mentalidad. 
Tómense en serio el Parlamento y abandonen su negativa de tinte arrogante. 
Señor Presidente, sinceramente, también la Comisión Europea podía haberse mostrado más activa en este ámbito. 
Se han hecho cosas buenas, pero se podía haber hecho más. 
Señor Presidente, por fin se ha conseguido la inclusión de Schengen en la Unión Europea. 
Es positivo, debemos decirlo, a pesar de que no se ha consultado suficientemente con el Parlamento. 
También nosotros queremos examinar más detalladamente la toma de decisiones. 
Por último, señor Presidente, lamentablemente no puedo agradecer al Consejo de Ministros, en nombre del Grupo Liberal, las actividades realizadas durante el último período, puesto que los resultados, lo acabo de decir, son claramente incompletos. 
Sí que quiero dar las gracias a la Comisaria Gradin, quien desgraciadamente no se encuentra presente, y a sus funcionarios. Sobre todo, quiero hacer un llamamiento al Consejo y a la nueva Comisión Europea para que la Cumbre de Tampere en octubre sea un éxito. 
Señor Presidente, la Coalición Radical Europea es muy puntillosa sobre las cuestiones que atañen a la libertad. 
Schengen es, por consiguiente, una de nuestras mayores preocupaciones tanto con respecto a la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión como a la libertad- que es indivisible- de los ciudadanos de los terceros países que viven en situación regular en cualquiera de los países de la Unión. 
En este sentido, pienso que quizá se podría pedir a los ministros que participan en el Consejo que insistieran frente a Francia para que dejara de utilizar abusivamente las cláusulas de excepción, en particular en relación con el control en las fronteras entre Bélgica y Francia. 
Así pues, cerrando este paréntesis, considero que el Comité ejecutivo de Schengen ha sido sustituido por el Consejo. 
La Presidencia del Consejo, orgullosa de su nuevo mérito, ha definido, reglamentado e instituido fundamentos jurídicos. 
La misma ha establecido modalidades de asociación en un espléndido aislamiento, sin consultar- y a veces incluso sin informar- a la representación popular de los ciudadanos, al menos con respecto a los textos definitivos. 
El Parlamento, evidentemente, no está satisfecho con esta actitud. 
Una vez más debemos pedir- o mejor -, exigir, que se respeten los textos del Tratado. 
Ya sería hora de que la nueva Presidencia aceptara esta nueva petición. 
Ya sería hora de que se arrojara luz sobre la cooperación policial y judicial y de que se supiera, concretamente, quién hace qué y dentro de qué marco. 
La nueva Comisión deberá trabajar mucho para presentar, en Tampere, un proyecto coherente y para que Schengen se transforme, finalmente, en el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que todos deseamos. 
Sólo tengo unos pocos comentarios que hacer. 
Es bien sabido que el Movimiento Popular en contra de la UE, al que represento, es contrario al sistema Schengen; en mi caso, esta oposición obedece en su mayor parte a razones de seguridad jurídica. 
No tengo ninguna confianza en que la creación de un sistema supranacional con competencias de vigilancia beneficie a la democracia en Europa. 
Todos compartimos más o menos con todo nuestro corazón el objetivo de establecer una política de refugiados humana, sin embargo, tengo la sensación de que la democracia «se encuentra mejor protegida en los bolsillos de los ciudadanos» , utilizando una expresión danesa. 
Schengen aparece recogido en el Tratado de Amsterdam y se ha aprovechado esta coyuntura para colar a Noruega e Islandia, cuyas poblaciones han votado no a la Unión Europea, dentro del sistema. 
Estos países tienen gracias a los acuerdos de colaboración una relación con nosotros que corresponde en realidad a 2/3 partes de lo que supondría la pertenencia a la Unión Europea sin influencias de ningún tipo. 
Es absurdo. 
Sin embargo, una vez que ya se ha creado el sistema Schengen, preferiría que se mantuviera incluido dentro del tercer pilar y por una sola vez, me veo en la situación de elogiar a la Presidencia por la insólita falta de efectividad en lo que a la administración de estas normas se refiere. 
Quiero añadir que naturalmente este Parlamento está interesado- y he de apoyar esta postura- en aportar la máxima transparencia posible a todas estas cuestiones. 
A este respecto, la conducta del Consejo deja mucho que desear, se interprete el tratado de una u otra forma. 
Señor Presidente, desearía felicitar en primer lugar a la Presidencia, ya que se ha logrado incorporar el Acuerdo de Schengen en el Tratado y se ha podido introducir una separación razonable entre el primer y el tercer pilar. 
Así pues, creo que cabe felicitar a la Presidencia acerca de esta cuestión. 
Muy pocos habrían imaginado una conclusión tan rápida de este asunto. 
Por otra parte, hay muchos motivos para mostrarse críticos en lo relativo a la información al Parlamento Europeo y al aprovechamiento de los conocimientos de una Asamblea que ha sido elegida de manera directa. 
Como ya se ha dicho en una intervención anterior, resulta evidente que hay que distinguir entre lo formal y lo político. 
Yo no descarto que el Consejo tenga razón cuando afirma que ha respetado las reglas existentes en materia de consultas. 
Es muy probable, pero debemos investigar si ha sido así. 
Sin embargo, en cuestiones políticas tan importantes como la incorporación del Acuerdo de Schengen y el Acuerdo de asociación con dos países de especial significación, creo que el Consejo debería haberlas sometido a consulta del Parlamento y debería haber tenido en cuenta los puntos de vista que hubiera podido exponer esta institución. 
Han acudido ustedes a la comisión, hemos podido mantener un diálogo, pero deberían habernos consultado para tener presentes también nuestros puntos de vista por medio de un informe. 
No voy a añadir mucho más acerca de las cuestiones del primer y el tercer pilar, sino que me gustaría concentrarme en el asunto de la asociación con Islandia y Noruega. 
El anterior orador me ha sorprendido. 
Yo vivo en Helsingborg, a cuatro kilómetros de él. 
Hemos convivido en gran medida con la libre circulación: yo lo hecho durante toda mi vida y he podido comprobar las ventajas de la libertad de circulación y de la unión nórdica de pasaportes. 
Veo, pues, con gran satisfacción que podamos disfrutar ahora también de la libre circulación con otros países europeos. 
Esta libertad ha funcionado bien entre los países nórdicos y estoy seguro de que funcionará bien en la Unión Europea. 
Es igualmente satisfactorio que Noruega e Islandia puedan asociarse también a este acuerdo. 
Resulta verdaderamente increíble que se emitan críticas contra estos dos países puesto que, en un ordenamiento democrático, son los parlamentos noruego e islandés los que adoptan las decisiones. 
Según tengo entendido, dichos parlamentos tienen previsto adoptar por una gran mayoría esta decisión. 
No se les obliga a incorporarse, sino que son sus propias instituciones democráticas las que van a adoptar la decisión de unirse a esta cooperación. 
Posteriormente, creo que Noruega e Islandia adaptarán sus leyes en la medida en que resulte necesario para aplicar esta normativa. 
Tampoco creo que vaya a plantear ningún problema la composición mixta de la comisión, ya que los países podrán hacer oír su voz, aunque no tengan voto. 
Señor Presidente, desde que llegué a este Parlamento en 1994, esta Asamblea ha tenido muy claro que el porvenir de la Unión Europea se juega aquí, en este terreno fronterizo del tercer pilar, en este terreno de los derechos y libertades. 
Y desde que yo he llegado aquí, a este Parlamento, nos hemos esforzado en ampliar los estrechísimos límites de aquel artículo K. 6 del Tratado de Maastrich, límites que, indudablemente, tenemos que reconocer que se han superado. 
No sólo por la inclusión de una parte importante de las antiguas materias del tercer pilar en el Tratado CE, es decir, en el primer pilar, sino por el relativo progreso que representa el actual artículo 39. 
En ese panorama, he de decir que, en esos progresos, esta Asamblea ha jugado un papel importante. 
En ese panorama, yo creo que hay que destacar luces y sombras. 
Y yo creo que hay que ser consecuente y leal, y hacer gala de ese principio de cooperación leal entre las instituciones y, por lo tanto, reconocer lo que ha hecho el Consejo, en particular lo que ha hecho la Presidencia alemana. 
Yo, desde luego, saludo el trabajo que representa el haber hecho un elenco de lo que es el acervo Schengen, porque todos somos conscientes de que el acervo Schengen era una maraña de reglas, una maraña de normas, y además de Derecho internacional público, lo cual complicaba aún más las cosas. 
E, indudablemente, es importante la presentación de ese documento- que todavía no he tenido tiempo de estudiar en profundidad- sobre los fundamentos jurídicos del acervo Schengen. 
Y junto con los progresos, también debemos ser conscientes y reconocer las dificultades que representa la inclusión en el ámbito de la Unión Europea del Acuerdo de Schengen, que es un mundo cerrado y que, además, se construye al margen de la Unión Europea para poder funcionar. 
Y también tenemos que recordar que ese es su nacimiento. 
Dicho todo eso, señor Presidente, este Parlamento no se puede quedar parado. 
Y no se puede quedar parado por las razones que ya se han apuntado. 
Nosotros tenemos una responsabilidad frente a los ciudadanos, que es extremada en estos ámbitos en los que se juegan los derechos y libertades e, indudablemente, en el momento en que el Acuerdo de Schengen se integra en el Tratado de la Unión nosotros tenemos que opinar. 
Es cierto que, legalmente, no tenemos ningún derecho, y alguna voz se ha alzado alguna vez- no en este recinto de Pleno pero sí en comisión- propugnando que fuéramos al Tribunal de Justicia. 
No tenemos ningún derecho formal, no nos ampara el Tratado, pero qué duda cabe que, políticamente, tenemos que estar aquí, tenemos que ser informados e, indudablemente, deberíamos haber sido consultados sobre estas decisiones. 
No ha sido así. 
Las palabras de la Presidencia alemana diciéndonos lo que ellos han intentado hacer no son suficientes y eso lo tenemos que dejar claro. 
Para concluir me gustaría tratar de dos aspectos que la Presidencia alemana ha reconocido que entran en el ámbito del primer pilar: la protección de datos personales y la cuestión de los visados. 
Ahí, Señorías, entenderán que debemos ser particularmente vigilantes. 
Esperemos también que las iniciativas que se tomen, en especial las de la Comisión, dibujen unas perspectivas de futuro claras que permitan conseguir progresos en la próxima cumbre de Tampere. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, como Presidenta de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, me satisface, por supuesto, al igual que a todos los colegas que han intervenido, que se haya conseguido un acuerdo y que la Presidencia nos haya podido comunicar que el Acuerdo de Schengen se ha integrado, en efecto, en el Tratado de la Unión. 
En cuanto al resultado concreto, andamos todavía a tientas. 
Tal como se esperaba, una parte considerable del acquis de Schengen ha pasado al primer pilar, si bien es difícil en este momento determinar su alcance concreto. 
Hay que achacar al Consejo la falta de conocimientos y de capacidad de valoración. 
El Presidente del Consejo ha dicho aquí: nos hemos dejado ver muy a menudo. 
Es cierto. 
Le hemos visto muy a menudo, pero eso no significa aportar información. No supone que se nos haya involucrado en la toma de decisiones. 
Eso no ha sucedido. A pesar de las promesas realizadas por la Presidencia en marzo de 1998, el Parlamento incluso no ha sido informado. 
El Parlamento, no obstante, debe cumplir su cometido y deberá formarse una opinión jurídica y política sobre las decisiones adoptadas ahora por el Consejo. 
Quisiera hacer un par de preguntas ¿Qué estatuto jurídico tiene realmente la parte que se ha transferido al primer pilar? 
¿Es en forma de directivas o en forma de reglamentos? 
La claridad, señor Presidente, es necesaria a fin de, llegado el caso, evitar problemas con el Tribunal. 
Es una pena tener que constatar que todavía no se han resuelto los problemas respecto del Sistema de Información de Schengen. 
Éste está temporalmente ubicado en el tercer pilar, pero, ¿qué significa temporalmente? 
Es lamentable esta ambigüedad porque, si continúa, se creará una competencia totalmente fastidiosa ¿Quién controla el funcionamiento del sistema? 
¿Quién lo controla? 
¿La Comisión o el Comité Ejecutivo de Schengen? 
La última cuestión- el Sr. Wiebenga ya la ha mencionado-. Se necesita una inmensa capacidad decisoria. 
Hay mucho trabajo que hacer. 
El Comisario Monti, una vez entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, presentará lo antes posible una propuesta sobre visados. 
Ansiamos una política de asilo activa y el desarrollo de instrumentos que permitan constatar las violaciones de los derechos fundamentales. 
La puesta en marcha del artículo 286 del Tratado muestra la buena dirección en lo que a esto se refiere. 
Los datos personales disfrutan de protección y, sobre todo, naturalmente, las personas a quienes se refieren esos datos personales. 
Las instituciones europeas deben adecuarse a ello. 
En resumen, estamos satisfechos con el resultado. Es mejor que nada. 
No obstante, todavía queda muchísimo por hacer y espero que colaboremos, una vez que, como Parlamento, seamos plenamente informados. 
Muchas gracias, señor Schapper. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
Aspectos jurídicos del comercio electrónico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0248/99) de la Sra. Oddy, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (COM (98) 0586- C4-0020/99-98/0325 (COD) ). 
Ponentes de opinión (Procedimiento Hughes) : Hoppenstedt, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política IndustrialWhitehead, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias a mis compañeros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos por la excelente labor que han realizado. 
He sometido al personal del Parlamento y a mis compañeros diputados a una tremenda presión para que esto estuviera terminado en el período parcial de sesiones de mayo. 
Querría dar las gracias en particular a los miembros del personal que han tenido que hacer una labor excepcionalmente intensa. 
También querría decir que mis colegas han sido extraordinariamente benévolos y han participado en el debate con un espíritu de cooperación y buena voluntad. 
Por eso hemos conseguido terminar el trabajo a tiempo. 
Esta es un área muy importante. 
El comercio electrónico es un área de crecimiento. 
Tendría que aportar mucha más prosperidad a la Unión Europea. 
Es útil tanto para los consumidores como para las empresas. 
Los consumidores se benefician al poder comprar por Internet sin abandonar la comodidad de sus hogares, y al poder disfrutar de entregas a domicilio. 
Es más rápido y sencillo, y los consumidores pueden indagar sobre el mercado de las mercancías que necesitan con mucha más facilidad. 
Las empresas también se benefician al tener contratos de mayor cuantía. 
Este tipo de comercio ensancha el mercado entre países y ofrece a los consumidores muchas más posibilidades de elección, ya que resulta más fácil obtener mercancías- siendo británico, por ejemplo- procedentes de Francia, Alemania o Grecia. 
Pero existen algunas trabas. 
Debemos asegurarnos de que la ley que establezcamos sea clara y sencilla y de que los problemas se puedan rectificar con facilidad. 
Debemos asegurarnos de que los consumidores puedan confiar en no estar tratando con empresas ficticias y en que cuando introduzcan en el ordenador su número de tarjeta de crédito van a recibir realmente las mercancías y no encontrarse con que la empresa ha desaparecido. 
En la votación en comisión hicimos gran hincapié en los códigos para una regulación de la industria y para una mayor cooperación de los consumidores. 
Creo que es importante. 
Yendo al detalle de la propuesta, cuando se intenta armonizar en 15 países algo que es, en efecto, Derecho contractual, no resulta nada fácil. 
La Comisión tenían mucho interés en asegurarse de que quedara claro cuándo queda celebrado un contrato con un tercer «click». 
Es algo que preocupa a la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque parece excesivamente oneroso y es más probable que puedan producirse errores. 
Sobre el tema del conflicto entre legislaciones, que es una cuestión jurídica horrendamente compleja, hemos de asegurarnos de que las normas queden claras. 
Me gusta la idea de la Comisión de tener la certeza de que se aplica el Derecho del país de origen. 
Esto ofrece la ventaja de la simplicidad y la claridad. 
Pero, una vez más, hemos de ser conscientes de que los consumidores necesitan protección. 
Gran parte del debate ha girado en torno al tema de la propiedad intelectual y el material ilegal. 
Tenemos que conseguir un equilibrio entre las libertades civiles, la libertad de expresión, la libertad de las personas para poner en Internet lo que quieran, sin más entrometimiento oficial de lo que habría en los servicios postales o en el teléfono, y contrapesar el otro argumento de que las empresas no tienen por qué encontrarse con personas que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, que infrinjan sus logotipos y finjan ser una empresa que no son. 
Para empresas bien conocidas, es un auténtico problema el que otras empresas roben sus diseños e ideas. 
Creo que en la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos conseguido más o menos el equilibrio preciso. 
Una vez más, se debe al debate cordial de mis compañeros diputados, que han intentado llegar a una solución satisfactoria y sencilla. 
El último punto que quiero destacar es el del «spamming» , el correo electrónico no solicitado. 
No creo que tengan razón los consumidores que desean que se prohíba en su totalidad. 
A mí personalmente, como consumidora, me gusta que me llegue alguno sobre mis áreas de interés, por ejemplo, información sobre las obras de teatro en cartel. 
No quiero que se prohíba totalmente. 
Quiero la opción «opt-out». 
Señor Presidente, quisiera rendir un calurosísimo homenaje a mi colega, la Sra. Oddy, por este informe que, de modo característico, ha sacado adelante en los últimos días del Parlamento en una comisión en la que había otras preocupaciones y donde existían inmensas complicaciones jurídicas y técnicas. 
No es un tema fácil y algunos de nosotros tenemos la impresión de que sacarlo adelante en los últimos meses del Parlamento, cuando requería una reflexión y un estudio considerables, era una poco prematuro. 
No obstante, hemos ofrecido una opinión y creo que las comisiones del Parlamento han intentado entre todas dar sentido a este complejo tema. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Oddy en dos de las áreas clave que ha mencionado hoy. 
En primer lugar, la cuestión del país de origen. 
Esto es de sentido común. 
Sé que algunas asociaciones de consumidores están en desacuerdo conmigo, pero la única manera racional de definir las responsabilidades es en estos términos. 
La segunda área en la que estoy de acuerdo con ella es que, en la cuestión del «opting-in» u «opting-out» , elegir lo que se quiere recibir o rechazar lo que no se quiere recibir, tenemos que dar al consumidor el derecho a hacer esto último, pero el hecho de prescribir qué se puede o no se puede poner en la red supone restringir de tal modo la expansión de este tráfico que se produciría un efecto negativo en el propio mercado único. 
También hemos de poner mucho cuidado en dar con un equilibrio correcto entre libertad, por un lado, y licencia, por otro, entre el mundo de los derechos privados y el mundo de las obligaciones públicas. 
La única área en la que la Comisión de Medio Ambiente, cuya opinión represento, y yo mismo disentimos de nuestros amigos y colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos es en el tema de si hemos ido por el buen camino en cuanto a protección de los consumidores. 
En mi opinión, en algunas áreas no lo hemos hecho. 
No creo que sea acertada la enmienda con la que se pretende introducir reglamentaciones sobre radiodifusión en lo que, básicamente, es una transacción unívoca entre individuos. 
También hemos ido demasiado lejos en algunas cuestiones de la propiedad intelectual en este debate, donde no tienen ningún lugar en absoluto. 
En mi opinión, sería mucho mejor seguir estrictamente las propuestas que nos llegaron inicialmente de la Comisión en esta área. 
Señor Presidente, estimados colegas, comercio electrónico, E-Commerce, estos conceptos están invadiendo el mundo entero. 
De momento, los EE.UU., Europa y Japón e incluso China aún viven entre la realidad y la ilusión. 
Pero de aquí a dos o tres años, la realidad seguramente superará las previsiones, hasta tal punto que, de ser ciertas las cifras que se barajan actualmente, en el año 2001 ciento diez millones de PC estarán destinados al uso del comercio electrónico, que moverá doscientos mil millones de dólares. 
¡Una cantidad astronómica! 
Sin embargo, también es verdad que la propuesta de la Comisión y el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos aportan numerosas soluciones. A mi modo de ver, ambas han realizado un trabajo excelente. 
Modestia aparte, quisiera añadir que el informe refleja igualmente la opinión emitida por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de conformidad con el procedimiento Hughes. 
El Grupo del Partido Popular Europeo y gran parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos respaldan la propuesta de la Comisión, pero hay algunas enmiendas que no merecen nuestro apoyo, sobre todo las que se refieren a la responsabilidad de los intermediarios. 
En concreto se trata de tres o cuatro enmiendas del Sr. Barzanti y de una enmienda del Sr. Glante. 
En mi opinión, estas enmiendas socavan el armazón y el soporte del informe en su conjunto. 
Es por eso por lo que nuestro Grupo votará en contra de las mismas. 
La enmienda 63 del Sr. Glante introduce un elemento muy importante y a la vez muy peligroso, puesto que vuelve a poner sobre el tapete el tema de las excepciones a la definición de la radiodifusión. 
En el artículo 1 de la Directiva sobre la televisión hemos explicado claramente lo que entendemos por servicios nuevos y cómo han de definirse. 
Del mismo modo hemos dejado claro que dejaríamos que estos nuevos servicios se fueran desarrollando y que volveríamos a discutir la cuestión en el marco de la revisión de la Directiva sobre la televisión en el año 2002. 
Evidentemente, el Parlamento espera que la Comisión cumpla su palabra y organice un gran debate sobre la situación de los servicios audiovisuales en los nuevos sistemas. 
Ésa fue una de las promesas. 
Ahora, lo que no sabemos es cuándo se cumplirán. 
De todas formas, creo que debemos hacer mención de este punto, puesto que ha sido uno de los compromisos que nos ha llevado a apoyar el artículo 1. 
La mayoría de nuestro Grupo votará en contra de esta enmienda porque opino y opinamos que no viene a cuento. 
El hecho de que sobre todo los Länder alemanes insistan en retirar los servicios similares a la radiodifusión- tal y como se formulan aquí- del ámbito de aplicación del comercio electrónico, tiene su origen en la situación interna alemana. 
Creo que la radiodifusión pública, uno de los defensores más acérrimos de esta enmienda, debería dejar la discusión en manos de la Comisión y del Parlamento. 
He incorporado en nuestra enmienda la petición de que el Anexo II se vote tal y como se elaboró en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, puesto que en mi opinión, nuestra versión del Anexo redunda en beneficio del desarrollo del mercado común, del mercado interior. 
Contribuye a la protección del consumidor. 
Conseguir que el gran conflicto entre el comercio tradicional y las redes electrónicas aporte algo positivo al consumidor es hacerle un favor. 
Debemos llegar a crear un nuevo concepto de venta y creo que a este respecto estamos en el buen camino. 
Señor Presidente, estimados colegas, la presente directiva es un buen instrumento para someter el comercio electrónico a una serie de normas mínimas. 
El informe de la Sra. Oddy se enmarca en la línea del texto de la Comisión. 
Quisiera dar las gracias a la ponente, entre otras razones porque ha adoptado las propuestas de la Comisión de Cultura. 
Hay una serie de puntos que deseo resaltar. 
Es imprescindible que los nuevos servicios de información respeten el principio de la libertad de expresión. 
Cuanto más abiertas las redes, tanto mayor será la variedad cultural de que podamos disfrutar. 
Ello no obstante, la directiva ha de garantizar un alto nivel de protección en los ámbitos en los que el comercio se lleve a cabo a escala comunitaria, sobre todo en lo que a la protección de los jóvenes y la protección de la dignidad humana se refiere. 
Los ciudadanos de la Unión emplearán el instrumento del comercio electrónico en la medida en que resulte útil de manera concreta para sus necesidades cotidianas. 
Todo el mundo ha de tener acceso a Internet. 
Para evitar que los ciudadanos europeos queden excluidos de estas nuevas tecnologías de la información no sólo es indispensable que la formación en nuevas tecnologías se imparta desde las primeras etapas de la educación, sino que se adopten medidas adecuadas en el ámbito de la formación a lo largo de toda la vida. 
Como farmacéutica y también como miembro de la Comisión de Cultura quisiera referirme a otro tema relacionado con el comercio electrónico y los medicamentos. 
Desde hace más de 30 años los medicamentos están sujetos a una compleja normativa cuyo objeto es proteger al paciente y al consumidor. 
Tanto a nivel nacional como a escala europea se ejerce un control estricto sobre el marketing, la publicidad y la venta de medicamentos. 
Internet puede reducir el impacto de dichas normativas. 
Surgen dudas con respecto a la seguridad, el funcionamiento, el pago, el tratamiento de la información confidencial, el abuso de datos personales, la calidad de los productos y la falta de asesoramiento. 
A fin de proteger al paciente, es decir, al consumidor, y pienso sobre todo en nuestros jóvenes, es imprescindible que quede garantizada la aplicación de la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos de uso humano en el ámbito del comercio electrónico de medicamentos. 
Señor Presidente, esta directiva, esperada desde hace mucho, enriquece el ya enorme cuerpo legal de la Unión Europea, dirigido a establecer normas para regular muchos aspectos de la sociedad de la información. 
Se trata, sin duda, de uno de los textos más delicados. Según ha sido concretada, integrada y corregida por la Comisión de Asuntos Jurídicos, la directiva parece, indudablemente, útil y aceptable. 
No se trata de sobrecargar a los proveedores de servicios con cargas anormales e impropias, y con funciones de control exorbitantes. 
Las previstas limitaciones de responsabilidad configuran un marco jurídico simplificado, aunque consciente de los graves problemas que se plantean. 
Deseo subrayar que sería oportuno que dichas limitaciones de responsabilidad sean exhaustivas, ya que sólo así la directiva tendrá un verdadero efecto de armonización. 
Señorías, si queremos luchar contra las ilegalidades crecientes, es necesario que los que ofrecen servicios a través de la red sean capaces de facilitar toda la información necesaria para buscar y encontrar a los proveedores de contenidos ilícitos respetando, como es obvio, lo que dispone el Derecho comunitario en lo referente al respeto de los datos personales. 
Los derechohabientes precisan medios de vigilancia y hacen falta estrategias para combatir los comportamientos ilegales y el empleo de procedimientos de notificación y de cancelación a través de los instrumentos electrónicos apropiados. 
La directiva no trata- por otra parte, no puede hacerlo- de cuestionar lo que se ha conseguido a través de la normativa sobre los derechos de autor y derechos afínes, aprobada hace poco, ni pretende- quisiera recalcarlo en concreto al Sr. Hoppenstedt-aplicarse a lo ya regulado y armonizado con la Directiva «Televisión sin fronteras» , ni revisar definiciones ya consolidadas en la misma. 
La directiva tiene un ámbito de aplicación totalmente diferente. Creo que nadie quiere hacer una inoportuna confusión al respecto. 
Ha de reiterarse que existe una diferencia de fondo entre tecnologías, gestión técnica de las redes y protección, promoción de los contenidos y de las obras. 
Ésta es la conclusión más importante que hay que sacar tras el largo e intenso debate sobre la convergencia de las tecnologías y las modalidades de difusión de los mensajes que se está llevando a cabo desde hace tiempo. 
El ciberespacio no es- lo he dicho otras veces y lo repito- tierra de nadie. 
Señor Presidente, Señorías, he mencionado la Directiva «Televisión sin fronteras» en ésta que es mi última intervención como diputado europeo. 
En el año 1988 dediqué a la misma mi primer informe. 
Si trato de encontrar un hilo conductor en mi compromiso, modesto, pero tenaz y apasionado, a lo largo de los quince años que he trabajado aquí, me parece que lo puedo encontrar en la voluntad de contribuir a dotar a Europa, a nuestra amada Europa, de instrumentos eficaces para garantizar el pluralismo de la información, la protección de la creatividad, el apoyo a la circulación de las obras europeas, un nuevo impulso a la producción audiovisual valorizando las irreducibles diferencias de las culturas y convirtiendo en fuerza una aparente debilidad. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que con su colaboración me han brindado una experiencia tan fructífera, para mí inolvidable, y espero que se continúe atribuyendo a estos temas el espacio decisivo que les corresponde, con la determinación y con la coherencia que se reconocen unánimemente a nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, al tomar la palabra por última vez en nombre del Partido Popular Europeo dando respuesta al Sr. Barzanti, quien ha tomado previamente la palabra en nombre del Grupo Socialista Europeo, no puedo por menos de decir, en una sola frase, lo que creo que somos muchos en sentir, y es que le vamos a echar mucho de menos. 
Creo que esta institución en su conjunto, y desde luego todos los que hemos tenido el honor de colaborar con él, le vamos a echar mucho de menos. 
Le vamos a echar mucho de menos aquí, aunque espero que podamos seguir contando con su conocimiento y con su consejo. 
Señor Presidente, entrando en la materia de esta directiva, creo que se ha hablado ya aquí de algunos de los problemas más importantes que plantea. 
Ésta es una propuesta de directiva de equilibrio difícil, equilibrio entre proveedores de servicios y proveedores de contenido, equilibrio entre consumidores y vendedores; equilibrio, en definitiva, entre intereses que concurren en el mercado, y todos son dignos de protección. 
A partir de ahí, yo creo que hay que reconocer el gran trabajo realizado por la Comisión Europea. 
El gran trabajo de saber dónde pararse, porque esta directiva tiene una característica especial, y es que no intenta reglamentarlo todo, pero lo que reglamenta lo reglamenta con sentido y con una idea detrás, con una idea conductora y directriz, y yo creo que este Parlamento haría mal en cambiar esos equilibrios, haría mal en intentar modificar esa situación tan delicada y que, en mi modesta opinión, está francamente bien conseguida. 
Ya que mi colega, el Sr. Hoppenstedt, ha hablado, en gran medida y porque existe una absoluta coordinación, en nombre del Grupo del PPE sobre enmiendas particulares, sólo me queda decir que suscribo, como portavoz del Grupo, todo cuanto él ha dicho, y voy a añadir, en particular en materia de responsabilidad, algunas precisiones. 
El Grupo del Partido Popular Europeo votará en contra de algunas enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en esta materia sobre la responsabilidad, en particular las enmiendas 45, 46, 47, 48 y 50 a 54. 
Y votaremos en contra porque entendemos que rompen ese equilibrio, porque, pese a lo que ha dicho el Sr. Barzanti que, como filosofía compartimos totalmente, creo que flaco servicio se hace a los proveedores de contenido, en términos generales a los autores, en otros ámbitos y- contestando al Sr. Whitehead- a los consumidores, si hacemos voluntarismo jurídico. 
Así, en particular, creo que no tiene sentido vincular las limitaciones de responsabilidad a determinadas actitudes, o a determinadas actividades, por parte del proveedor de servicios, ni tampoco esperar a que se tengan, por ejemplo, notificaciones de autoridades competentes. 
En resumen, señor Presidente, el Partido Popular Europeo respalda, en una medida muy importante, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, respalda alguna enmienda planteada por el Grupo Liberal y, a excepción de las que ha mencionado tanto el Sr. Hoppenstedt como yo misma, votaremos a favor de ellas en términos generales. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de los muchos informes que se han elaborado en torno a las normas de la sociedad de la información, éste es, como ya ha señalado la Sra. Oddy, el último y el más importante de todos. 
Pero al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, con la directiva sobre los derechos de autor en la sociedad de la información, en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de mantener un breve debate esclarecedor al respecto. 
Además, creo que el debate sobre los derechos de autor estuvo más marcado por el ardor y la pasión que por la presentación de nuevos datos. 
Desearía felicitar a la Sra. Oddy por su labor. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos vamos a echar de menos su actitud abierta, su carácter constructivo e independiente, aun si nosotras dos hemos tenido discrepancias por lo que respecta a mi uso de su lengua materna, el inglés. 
Como tantos otros oradores, también yo creo que la propuesta de la Comisión es más equilibrada. 
Así ocurre, por ejemplo, en materia de responsabilidad de los controles, las cuestiones técnicas y por lo que respecta a la neutralidad en el uso de diferentes estándares. 
Mi Grupo tiene previsto votar también en contra de muchas de las enmiendas que se han presentado en torno a este punto. 
Por el contrario, solicito el apoyo del resto de los Grupos para una solución técnicamente neutral también en lo que se refiere al reciente acuerdo. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha introducido importantes mejoras en las propuestas, a pesar de lo cual creo que sigue existiendo algo que no funciona, algo que en la situación actual pensamos muy amenudo, que vamos a «fallar». 
Creo que deberíamos poder llegar a un acuerdo acerca del comercio electrónico de muchas otras maneras. 
Permítanme exponer una última idea. 
Creo que el hecho de utilizar el término «comercio electrónico» despista a muchísimas personas. 
Por consiguiente, deberíamos encontrar una expresión más adecuada, ya que se trata de mucho más que de comercio; se trata, por ejemplo, de las responsabilidades y las normas básicas de la sociedad de la información. 
Además, he comprobado con gran pesar que nadie es profeta en su tierra. 
La propuesta que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos acerca del denominado spamming era mía, pero mi Grupo va a votar a favor de otra enmienda. 
En todo caso, considero que en este debate se han abierto buenas expectativas para que se apruebe mi propuesta. 
Además, creo que la aprobación de la enmienda que se ha presentado hará la vida demasiado fácil a algunas empresas del sector de las telecomunicaciones. 
Lamento que sea así. 
Señor Presidente, el día internacional del consumidor celebrado el pasado marzo tuvo como tema el comercio electrónico y la protección de los consumidores. 
El comercio en Internet no plantea en sí mismo nuevos problemas en materia de política de consumidores, sin embargo, al tratarse de un nuevo medio, es preciso crear confianza y seguridad. 
El comercio a través de las redes digitales debe ser al menos igual de seguro y fiable que el comercio que se lleva a cabo en el mundo físico. 
Por ello es inaceptable que la propuesta de la Comisión coloque a los consumidores daneses en peor situación comerciando a través de las redes digitales que comerciando en el mundo físico. 
Uno de los mayores problemas de la directiva lo constituye el hecho de que las normas vigentes serán las del país del remitente. 
Esto supondrá que países con un alto nivel de protección correrán el riesgo de verse inundados por los anuncios y por la mercadotecnia de empresas y de países en los que el nivel de protección es menos elevado. 
El nivel de protección existente en los países nórdicos es en general más alto que el de otros países, especialmente cuando se trata de la mercadotecnia dirigida a niños. 
Esto podría dar como resultado distorsiones de la competencia en las que las empresas extranjeras empleasen métodos que las empresas danesas no pueden emplear en virtud de las leyes de mercadotecnia danesas. 
El motivo de esta utilización de las normas del país del remitente son las grandes complicaciones que les acarrearía a los empresarios conocer la legislación de todos los países miembros en este campo. 
Sin embargo, la consecuencia es que esta carga se coloca sobre los hombros de los consumidores. 
El comercio en Internet adquiere de esta forma para los consumidores un aire casi de ruleta rusa. 
¿Qué normas estarán vigentes y qué derechos tendremos si algo va mal? 
Apoyo las enmiendas que mejoran la directiva, sin embargo, no apoyo el texto legislativo en su conjunto y el Movimiento de Junio tampoco apoya el texto legislativo en su conjunto porque sigue partiendo del principio que hace referencia al país del remitente. 
Señor Presidente, la creación de un marco jurídico uniforme para el comercio electrónico es imprescindible para salvaguardar la competitividad de la economía europea. 
Precisamente en este ámbito, la existencia de una normativa común es una condición fundamental para que las actividades comerciales puedan desarrollarse como es debido. 
A este respecto, es preciso prestar la debida atención al problema de la seguridad y de la protección contra actividades ilegales y peligros sanitarios. 
Desafortunadamente, el frecuente abuso de la publicidad en Internet conforma gran parte de la realidad del espacio virtual. 
Por eso, es necesario prever mecanismos de control eficaces. 
De un lado, conviene desarrollar programas para la búsqueda e identificación de contenidos ilícitos a fin de que las mencionadas medidas de control surtan efecto y no se queden en meras palabras. 
Debemos, por tanto, fomentar los proyectos de investigación que contribuyen a este fin. 
De otro lado, hay que averiguar cómo el control efectuado por el proveedor, que probablemente es el único control verdaderamente eficaz, puede ser perfeccionado en el futuro desde el punto de vista técnico y económico. 
Como la información facilitada por los proveedores es de acceso público, consideramos justificado que éstos asuman la responsabilidad que les corresponda. 
Con su permiso querría finalizar mi intervención con una referencia a un punto específico. 
No podemos infravalorar los posibles riesgos sanitarios que puedan derivarse de la posibilidad que abre la propuesta de directiva en cuanto a la adquisición de medicamentos a través de Internet sin el asesoramiento profesional correspondiente, como ya ha advertido la Sra. Heinisch. 
Además, existe el peligro de que Internet favorezca la aparición de engaños a gran escala en detrimento del paciente. La OMC ha insistido reiteradamente en la necesidad de prevenir estos riesgos potenciales. 
No podemos bajar la guardia. 
Aun cuando la propuesta de directiva signifique un paso importante en dirección a un uso de Internet que esté al servicio de la sociedad, queda mucho camino por recorrer. 
Señor Presidente, es una suerte que le tengamos precisamente a usted en este momento de Presidente del Pleno del Parlamento porque este es uno de los últimos informes, si no el último, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y usted ha sido durante muchos años miembro muy eficaz de esta comisión. 
En este momento, la sesión de hoy tiene un carácter nostálgico, porque estamos al final de la legislatura, y algunos de los colegas no volverán, otros quizás vuelvan, pero, en definitiva, el Parlamento actual se disuelve, y en este momento hay un cierto elemento nostálgico, un ambiente crepuscular en esta sesión. 
Quisiera aprovechar la ocasión para señalar que la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha caracterizado siempre por el gran trabajo interior, el gran esfuerzo de coordinación que hacemos entre nosotros, y a ello han contribuido muchos de los que en este momento están aquí interviniendo y, sobre todo, nuestra ponente, la Sra. Christine Oddy, que, con su buen hacer, ha facilitado y facilita siempre el trabajo dentro de nuestra comisión. 
En este momento debatimos una directiva, que es la directiva relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior, que trata de armonizar determinados aspectos del Derecho de los Estados miembros a través de este procedimiento- una directiva- que, en realidad, son aspectos de Derecho privado. 
Yo diría que en todo el sector del comercio electrónico, de las actividades electrónicas de la propiedad intelectual, la firma electrónica, en general todo lo relativo a los servicios de la información, incluyendo los temas de propiedad intelectual, nos estamos moviendo en un ámbito en el que los Estados nacionales se nos han quedado pequeños. 
Y no sólo los Estados miembros y la Unión Europea, sino que el mundo en general se nos está quedando pequeño porque, a la velocidad de trescientos mil kilómetros por segundo, realmente las fronteras no tienen sentido. 
Si no existiera la Unión Europea, habría que haberla inventado simplemente para esto. 
No podemos, los quince o veintipico Estados miembros que eventualmente compondrán la Unión Europea, mantener regímenes jurídicos diferenciados, sino que tenemos que establecer un ordenamiento completo, concreto, correcto y, desde luego, yo creo que, en este campo, por definición, lo que no cabe en absoluto es invocar el principio de subsidiariedad. 
Es cierto que, en materia electrónica, precisamente por la gran violación de la intimidad que puede suponer el hecho de que introduzcamos en nuestras casas el ordenador y de que, en la pantalla, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares puedan verse expuestos a un bombardeo de información, a lo mejor no deseada, hace que aparezcan principios de orden público. 
Lo que pasa es que me da la impresión de que en este momento estamos exagerando los elementos culturales diferenciadores dentro de la Unión Europea. 
En la Unión Europea hoy, para bien o para mal, a pesar de que todavía haya tradiciones culturales nacionales, los principios básicos, los principios de orden público, los principios de la protección de la moral, del derecho y de los menores, siguen vigentes y, por tanto, creo que, en este momento, realmente una directiva como la actual va a facilitar la integración de nuestros ordenamientos mediante la defensa de ciertos principios comunes a todos los Estados miembros. 
Por tanto, como miembro del Grupo Socialista, manifiesto mi apoyo a la propuesta de directiva en los términos propuestos por la Sra. Oddy. 
Señor Presidente, al igual que para muchos otros, ésta es con toda seguridad mi última intervención en este Hemiciclo. 
Quisiera dar la enhorabuena a la ponente, quien sé que ha trabajado mucho en la presente propuesta. 
Es un tema muy pormenorizado, en el que se han ejercido muchas presiones, como sé a mi propia costa. Como ocurre siempre que se tiene un tema que interesa a muchos grupos de presión, uno de los problemas que surgen es que los grupos de presión se anulan unos a otros, lo cual demuestra cómo los diputados del Parlamento Europeo hemos de ser capaces de hacer frente a los que ejercen las presiones, al igual que hemos de ser capaces de hacer frente a los periodistas. 
No debemos olvidar, sin embargo, que esta es una propuesta que viene de la Comisión. 
Querría felicitar a la Comisión por haber elaborado un texto tan práctico. 
Tan práctico era, de hecho, que yo retiré todas mis enmiendas a algunos de los controvertidos artículos 12, 13, 14 y 15, e hice la sugerencia- que me sorprendió rechazaran- de que diputados como el Sr. Barzanti y otros retiraran también sus enmiendas. 
Pero, como no lo hicieron, el PPE votará contra una serie de enmiendas que se aprobaron en comisión. 
Una en concreto que me importa mucho es la enmienda 45, que fue inicialmente presentada en comisión por el Sr. Barzanti y que autorizaría medios de supervisión que serían operativos sobre la base de disposiciones legales o normas de códigos de conducta. 
No me satisface en absoluto. 
El Sr. Barzanti nos dijo que en los diez años que lleva aquí se ha centrado en la cultura europea y en protegerla. 
Pues bien, en los quince años que yo llevo aquí me he dedicado a que Europa esté abierta al comercio mundial y, sobre todo, a la liberalización. 
Sería muy lamentable que el Parlamento Europeo fuera a resultar menos liberal que la Comisión, teniendo presente que estamos hablando de un área con una tecnología muy avanzada y en rápida transformación en la que Europa se encuentra en grave peligro de quedar cada vez más atrás con respecto a Estados Unidos. 
El correo basura recibido en el buzón es una molestia, pero el correo basura recibido electrónicamente o por fax se carga directamente a la factura de teléfono del receptor. 
Por ello debe legislarse separadamente. 
Yo he recibido 42 mensajes de correo electrónico basura sólo en la última semana y puedo decirles que maldita la gracia que me hace. 
No he recibido personalmente nada ofensivo, pero sé que varios habitantes de mi circunscripción electoral sí lo han hecho y que ahora mismo el 10 % del correo electrónico no solicitado es pornográfico. 
Existen programas a través de los cuales las empresas pueden entresacar nombres de Internet y enviar grandes cantidades de correo electrónico a empresas. 
Un informe de Novell del año pasado ponía de manifiesto que el correo electrónico basura cuesta a la empresas británicas e irlandesas 5 billones de libras al año. 
También satura las redes. 
Hay causas procesales incoadas por Virgin Net en el Reino Unido y por Bibliotech en los Estados Unidos, que están llevando la lucha contra los «spammers» a los tribunales. 
El mes pasado se presentaron 23.000 firmas en una petición a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos de esta Asamblea. 
Pedían que se prohibiera el correo electrónico basura. 
La opción «opt-out» no funciona. 
Hay una en Estados Unidos. Se ha demostrado que no es viable. 
No estoy de acuerdo con la Sra. Oddy. 
Creo que no nos corresponde a nosotros como legisladores legitimizar una práctica que autoriza a los publicistas a invitarse ellos mismo a usar las facturas de teléfono de los demás y a usar la infraestructura de los proveedores de Internet para pagar su marketing. 
Todo habla a favor de que una opción «opt-in» sí funcionaría. 
Da los consumidores la oportunidad de solicitar la información comercial que desean; da a los anunciantes la posibilidad de dirigir sus mensajes a aquellos que deseen recibirlos; da a los proveedores de Internet, que proporcionan acceso a la red, la posibilidad de seguir proporcionando un servicio de correo electrónico rápido, efectivo y seguro. 
Por ello mi grupo pide el apoyo a la enmienda 70 a este informe. 
Señor Presidente, ahora que se espera que el comercio electrónico cobre más importancia, es necesario un buen marco jurídico. 
Ese marco debe ofrecer una protección adecuada al consumidor. 
Solamente así, podrá lograrse la confianza necesaria para participar en este comercio. 
Al mismo tiempo, el consumidor debe poder defenderse con éxito de la comunicación comercial electrónica no deseada. 
También considero muy importantes la protección de los menores y de la dignidad humana. 
Así mismo, es importante que se combatan las actividades ilegales en Internet. 
Mi pregunta al Comisario Liikanen es si, no obstante, resulta aceptable la forma en que la enmienda 48 ha sido formulada por la Comisión de Asuntos Jurídicos ¿No convertimos así a los servidores de Internet en censores? 
No tengo nada contra la censura, pero sí me agrada que sea impuesta por la policía y la justicia. 
Por último, señor Presidente, quiero decir que al estudiar las enmiendas, he sentido un gran respeto por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Éste es el caso de la enmienda 23 en el considerando 22, donde aparece una frase de 88 palabras en la que no he podido descubrir ni el principio ni el fin. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, estamos ante una importante directiva que constituye una pequeña pieza más en esta labor de construcción que estamos llevando a cabo por medio de la sociedad de información. 
Creo que la Sra. Oddy ha demostrado un gran conocimiento de causa en la elaboración de este informe, de gran calidad y profesionalidad. 
Es importante que tengamos cuidado de no obstruir con legislación nueva una actividad comercial en pleno crecimiento. 
Sin embargo, creo que el gran problema de la sociedad de la información en la red estriba en la protección y la libertad del individuo. 
Aún no se ha logrado comprender la dimensión de estos problemas. 
Se trata de un momento histórico en el que existe ya la posibilidad de realizar un seguimiento de las personas a escala mundial, en el que- por primera vez- los derechos civiles no se pueden proteger con ayuda de las fronteras, como ha venido ocurriendo hasta el momento. 
En este sentido, nos hemos incorporado a una nueva era, por lo que debe existir la posibilidad de elegir entre participar o quedarse al margen. 
He recibido también una gran cantidad de correo molesto y, además, en una lengua que desconozco. 
Por alguna razón, este correo me llega en español y, en gran medida, siempre de los mismos remitentes. 
Creo que, llegado este caso, deberíamos poder intervenir, y no creo que esta intervención pudiera considerarse una acción policial. 
En mi opinión, la Unión Europea debería mostrarse activa con vistas a establecer un movimiento favorable y eficaz para proteger los derechos civiles en las redes informáticas. 
¿Podría decirme el Comisario si se ha abordado algún planteamiento de este tipo? 
Se trata de incentivar la participación ciudadana en el plano europeo y de garantizar los derechos de las personas para impedir que pueda llegar a prevalecer una evolución negativa de estas características. 
El lugar de comercio ha de ser seguro, por lo que este hecho redunda también en beneficio de la propia actividad comercial. 
Debemos poder encontrar el material delictivo, y esto no es ninguna acción policial. 
También en Correos se buscan bombas cuando existen indicios de su existencia. 
Esto ha de tener lugar también en las redes informáticas. 
Cuando una tercera parte lo notifica, la factura correspondiente puede naturalmente cargarse en la cuenta de quien lo notifica y, una vez que se ha cometido el delito, también en la del delincuente. 
Señor Presidente, mi colega, el Sr. Hoppenstedt ya ha explicado- y muy bien- la posición de mi Grupo sobre el informe de la Sra. Oddy, a quien le doy las gracias; pero, en el agitado debate que se ha desarrollado a propósito del comercio electrónico en Europa y de la difícil cuestión del contenido en línea, de su origen, de su destino, de su legalidad, puedo decir y subrayar que en las redes públicas, como Internet, tiene que haber sitio para la libertad de expresión. 
Desearía concentrarme en un aspecto que interesa, concretamente, a los operadores de satélites. 
En materia de responsabilidad de los operadores de redes en línea, la propuesta inicial de la Comisión Europea, sin negar los problemas relativos a la ilegalidad del contenido, distingue la responsabilidad de los diferentes actores, en función de su actividad real. 
Creo inútil enmendarla. 
En las actividades de transporte de la información por satélite, por cable o por cualquier otra vía, los operadores de redes, que actúan de intermediarios, no son los autores del contenido. 
Pueden incurrir, a posteriori, en responsabilidades por las informaciones que reciben; pueden, también, efectuar una vigilancia a priori a petición de las autoridades nacionales, pero en casos muy específicos. 
No pueden, en cambio, efectuar un control a priori permanente de cualquier información libremente disponible en Internet, cuyo acceso facilitan. 
Los operadores de redes son prestadores de servicios técnicos, no responsables editoriales. 
Éstos desempeñan, en cierto modo, el papel de impresores, lo cual no quiere decir que puedan imprimir lo que sea, pero su responsabilidad no es ilimitada. 
El Web es una herramienta formidable para cualquier empresa y para cualquier persona que deseen darse a conocer, una herramienta que vale la pena desarrollar y no censurar. 
Al igual que mi Grupo, no votaré a favor de las enmiendas 45, 46, 48 y 51, que realmente nada tienen que ver con esta cuestión y que desembocarían en una censura impracticable. 
Señor Presidente, me dirijo sobre todo al Comisario Liikanen. Señorías, el comercio electrónico puede impulsar la economía y crear, por tanto, muchos nuevos empleo, empleos que son muy necesarios en Europa. 
La directiva que analizamos hoy terminará con muchos de los obstáculos e inseguridades y ofrecerá seguridad jurídica y garantías a todos los actores, pero sobre todo a los consumidores. 
Además de la cuestión del spamming, que ya ha sido tratada por mi colega Graham Watson, hay también otro problema. 
En la sección 4, los artículos 12 y 13 de esta directiva determinan que cuando el prestador de servicios transmita solamente información pasiva, no será responsable del contenido. Solamente hará las veces de transmisor. 
Así mismo, el almacenamiento temporal de información en la red, el llamado cashing, cae en este ámbito. 
La limitación de responsabilidad afecta a todas las actividades ilegales on-line de terceros, tales como competencia desleal, publicidad engañosa, pero también a la piratería en el ámbito de los derecho de autor, así se deduce de la explicación de la propuesta de la Comisión. 
No obstante, Señorías, este Parlamento adoptó hace dos meses una enmienda al artículo 5, apartado 1, que establece que ese cashing cae en el ámbito de la directiva sobre derechos de autor, es decir, en la protección judicial del autor, mientras que el cashing como tal no implica una explotación de la información transmitida. 
Esto es una contradicción. 
Quiero preguntarle algo al Comisario, señor Presidente. 
Estas disposiciones son incompatibles entre sí... 
La oradora es interrumpida por el Presidente 
Señora, dispénseme que deba interrumpirla, pero estamos limitados por el tiempo de uso de la palabra. 
Lo lamento mucho. 
Señor Presidente, yo también quiero lanzar un cierto canto de cisne. 
Durante muchos años- aunque en diferentes épocas- he participado en este Parlamento y ya me despido de él, no en cuanto al corazón, que lo tendré siempre cerca, pero sí en cuanto a la presencia habitual. 
Recuerdo muchos momentos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y, entre ellos, los compartidos con la Sra. Oddy que, en temas que empezaban en la anterior legislatura acerca de las nuevas tecnologías respecto de su incompatibilidad con los derechos de autor, siempre hemos llegado a posiciones similares. 
Felicito a la Sra. ponente y felicito también a mis compañeros que han presentado enmiendas como, por ejemplo, la número 45, que mi estimado y querido colega Sr. Cassidy critica. 
Señor Cassidy, creo en la liberación para los hombres y las mujeres. 
Hay que tener cuidado con las técnicas arrasadoras, mecánicas y sin consideración a la naturaleza humana. 
El network no tiene por qué suprimir la necesidad de un cierto control, tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos. 
Dijo Octavio Paz que no estamos hechos para una sociedad que tenga como fin producir para consumir y consumir para producir. 
El hecho de enviar mensajes para crear un consumo artificial es muchas veces deformador de la personalidad, como es la pornografía, etc. Creo que toda esa basura debe ser controlada. 
Y por tanto, creo que la posibilidad de que exista un cierto control en el centro del network, en el centro de la red, de tal manera que el consumidor- que por encima de consumidor es hombre y mujer- sepa dónde está el origen del mal. 
Y controlarlo es dar lugar al Derecho y el Derecho debe estar por encima, naturalmente, de las meras técnicas. 
Señor Presidente, en pocos años se va a rebasar la barrera de los 500 millones de personas conectadas a la red. 
Como acaba de exponer muy bien el Sr. Hoppenstedt, se ha abierto un mercado completamente nuevo que sienta las bases de una futura fuente de crecimiento en Europa. 
Los que crean crecimiento no son los políticos, sino los empresarios. 
Los políticos crean las condiciones y el clima adecuados para que se produzca este crecimiento. 
El comercio electrónico tiene un enorme potencial para la industria europea, por lo que hemos de velar por que no se adopte ninguna decisión política que obligue a los proveedores en Internet a establecerse fuera de la Unión. 
En la enmienda 36 se propone que los proveedores que presten servicios de la sociedad de información deberán conservar todos los datos que se requieran a la hora de investigar e identificar a los proveedores de material ilegal. 
Pero ésta es una cuestión relacionada con la lucha contra la delincuencia, y la responsabilidad en este ámbito recae en el Estado. 
Al igual que ocurre en la competencia, en los Estados Unidos, también aquí es necesario que sea el Estado el que no sólo asuma los costes de la lucha contra la delincuencia, sino también el que adopte las decisiones en torno a las estrictas normas y a las posibilidades técnicas necesarias para combatir con firmeza los casos de delito muy grave. 
La puesta en práctica de la enmienda 36 obligaría a ciertos proveedores de servicios en Internet a establecerse fuera de la Unión, lo que no constituye una buena manera de aprovechar el nuevo potencial de crecimiento económico que ofrece Internet. 
Sería una injerencia típica por parte de los políticos en los intereses de los ciudadanos, muy desafortunada y que parecería basarse en el desconocimiento de los ámbitos correspondientes. 
El candidato a la Presidencia de la Comisión se refirió el pasado martes a la importancia que reviste la tecnología de la información para el desarrollo de Europa. 
Tiene razón: es de suma importancia que no se agraven las condiciones económicas de crecimiento del sector de la tecnología de la información, sino que se desarrollen especialmente por lo que respecta a las PYME a fin de impedir que sean éstas las que sufran los costes de almacenamiento. 
Señor Presidente, Señorías, el desarrollo del comercio electrónico tendrá un impacto considerable en el conjunto de la sociedad. 
Éste ofrece muchas posibilidades desde el punto de vista del valor añadido y, por lo tanto, del empleo. 
Se trata asimismo de un fenómeno mundial, global, y resulta impensable que quedáramos marginados, como si Europa pudiese gobernarse del mismo modo que una isla en medio de un océano. 
Por consiguiente, no debemos, en mi opinión, imponernos normas y limitaciones que supondrían dejarnos al margen de este desarrollo extremadamente rico. 
Sin embargo, soy absolutamente consciente de los riesgos que implica, y se trata de eliminarlos o de frenarlos. 
Dicho esto, la propuesta de la Comisión me parecía, en este sentido, muy equilibrada. 
Me pregunto, con todo lo que oigo, lo que puedo ver y observar, si las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos no han roto este necesario equilibrio. 
Como lo han subrayado la mayoría de los oradores de mi Grupo, creo que no se debe, para proteger al consumidor- preocupación que no deja de ser legítima -, privarlo, al mismo tiempo, de todas las ventajas y de todos los beneficios que este desarrollo puede aportar tanto en el plano del empleo como en el de la economía. 
Por eso creo importante estar muy atentos a este justo equilibrio. 
Por esta razón, junto con mis colegas, votaré a favor de algunas enmiendas tendentes a mejorar la situación y votaré en contra de otras, que, en cambio, pienso que han roto este equilibrio. 
Señor Presidente, quien ha hablado durante cinco años en este Pleno ya no debería emocionarse, sin embargo, pensar que hoy es el último día de este período parcial de sesiones me produce cuando menos cierta emoción. 
Y dado que, como decía un famoso escritor de mi país, «el mañana es incierto» , aprovecho la ocasión para saludar y expresar mi agradecimiento a todos los colegas, funcionarios e intérpretes con los cuales he compartido estos cinco años fundamentales para la construcción europea. 
Para mí ha sido un honor trabajar con muchos de ustedes. 
El asunto que hoy nos ocupa es uno de los más importantes por sus contenidos económicos y sociales tanto porque está dirigido a los jóvenes como porque puede crear numerosos puestos de trabajo. 
Precisamente ayer fue aprobado por el Parlamento mi informe sobre el Libro Blanco del comercio que habla amplia y favorablemente del comercio electrónico. 
Agradezco a la Comisión el haber cumplido su compromiso de elaborar en el mismo mandato el Libro Verde y el Libro Blanco del comercio, logrando que por primera vez las Instituciones abordaran el sector del comercio en todos sus aspectos. 
En el Libro Blanco hemos conseguido que la Comisión llevara a cabo acciones de apoyo a las empresas y, al mismo tiempo, la protección de los usuarios finales. 
Los aspectos jurídicos hoy examinados constituyen la base indispensable para regular y armonizar los contratos electrónicos, el uso y los desarrollos futuros, siempre que Internet sea accesible a todos, accesible pero no regulado, para defender a las clases más expuestas, especialmente los niños; proteger contra la ilegalidad electrónica, el intrusismo por cable, pero fomentar todo aquello que puede generar puestos de trabajo y ampliar nuestra cultura. 
En efecto, como decía el gran Presidente Delors, Europa no existirá sin cultura. 
A pesar de que queda mucho por hacer en el nuevo mercado comunitario, hemos demostrado que es posible proteger los intereses de los empresarios, de los comerciantes, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y al mismo tiempo, defender a los ciudadanos en su condición de consumidores, que son el objetivo y el fin del trabajo de las empresas tanto públicas como privadas. 
¡Sigamos por este camino! 
Señor Presidente, señor Comisario, nos hallamos en la era de la sociedad de la información y las posibilidades ofrecidas por las nuevas vías de comunicación son cada vez mayores. 
En mi opinión, no podemos dejar escapar las oportunidades que se nos presentan puesto que el uso adecuado de las nuevas posibilidades sin duda redundará en beneficio de la competitividad de la economía europea. 
Sin embargo, también en este ámbito necesitamos un marco jurídico uniforme. 
En el mundo de las comunicaciones en línea, el consumidor recibe una avalancha de información y los Estados miembros no pueden ampararse en la legislación nacional porque el comercio electrónico rebasa las fronteras de los países. 
En el contexto de la protección del consumidor, los Estados miembros y la Comisión han de insistir en la necesidad de elaborar códigos de conducta. 
A este respecto, el problema de las comunicaciones comerciales no solicitadas desempeña un papel fundamental. 
Deben estar identificadas como tales para que puedan reconocerse inmediatamente y deben incluir la posibilidad de rechazo por parte del destinatario, sobre todo habida cuenta de los gastos que pueden ocasionar. 
En este ámbito necesitamos una mayor transparencia. 
Gracias a esta identificación inequívoca, el consumidor podrá decidir libremente si acepta o no acepta los servicios que se le ofrecen. 
Señor Presidente, la Comisión se alegra de saber que el informe de la Sra. Oddy, que es muy exhaustivo, comparte el enfoque y las líneas principales de la propuesta de la Comisión. 
Es particularmente importante en lo que se refiere al respaldo unánime a los principios del mercado interior que sirven de base a la propuesta. 
La mayoría de las enmiendas que contiene el informe de la Sra. Oddy aclaran y mejoran la propuesta inicial y me alegra indicar que la Comisión aceptará las enmiendas núms. 1, 2, 4, 6- esta última sólo en la versión inglesa -, 7, 12, 13, 16-20, 22, 24, 32-34, 37, 40, 41, 43, 55-57, 62 y 65-67. 
A condición de que se les dé una nueva redacción, la Comisión también está en situación de aceptar las enmiendas núms. 3, 5, 11, 15, 25, 29 y 35 y parte de las enmiendas 9, 14, 38, 51, 69 y 73. 
Hay, sin embargo, varias enmiendas que la Comisión no está en situación de aceptar por una de las cuatro razones que voy a exponer a continuación. 
En primer lugar, porque sus objetivos y su formulación no están suficientemente claros, lo que podría dar lugar a una inseguridad jurídica. 
Es el caso de las enmiendas núms. 8, 24, 26, 30, 39, 58, 59, 60, 64 y 72. 
La enmienda 42 no puede aceptarse como tal. 
Sin embargo, la Comisión reconoce que debe revisarse el apartado 1 del artículo 11 relativo al momento en que quedan celebrados los contratos por vía electrónica. 
La Comisión acepta el objetivo de la enmienda del Parlamento destinada a simplificar el proceso de contratación y se ocupará del tema en la propuesta modificada. 
En segundo lugar, porque se produciría una falta de coherencia con otras directivas comunitarias o con el Derecho comunitario. 
Éste es el caso de las enmiendas que se podría interpretar que entran en conflicto con las normas sobre protección de datos personales o con los principios del Derecho comunitario: enmiendas núms. 10, 28, 36, 70 y 76. 
Es también el caso de las enmiendas que intentan modificar el ámbito de aplicación de la directiva de una manera que no es coherente con otras directivas sobre servicios de la sociedad de la información (enmiendas núms. 27 y 63) y de la enmienda 31, que modifica la definición propuesta de las comunicaciones comerciales. 
En tercer lugar, porque alterarían el equilibrio de intereses en una serie de aspectos conseguido en la propuesta original. 
La enmienda 48 pertenece a este grupo; había una pregunta al respecto. 
Es lo que sucede con las enmiendas que tratan el tema de la responsabilidad civil de los intermediarios: de la 44 a la 54, más la 75. 
Ésta un área sensible y muy importante en la que se hicieron especiales esfuerzos en la propuesta original para llegar a una solución de compromiso razonable que tuviera en cuenta todos los intereses en juego. 
Es también el caso en lo que respecta a la enmienda 71, que restringe la lista de contratos establecida en el artículo 9 de la propuesta. 
En cuarto lugar, porque serían demasiado ambiciosas en este momento teniendo en cuenta el grado de integración de la Comunidad. 
Es el caso de las enmiendas dirigidas a restringir las excepciones enumeradas en el Anexo 2 de la propuesta (enmiendas núms. 21, 68 y 74) y de la enmienda 61, relativa a las demandas en los tribunales, aunque sobre este último tema la Comisión reconoce que es necesario mejorar las posibilidades de reparación legal, sobre todo en los contratos transfronterizos. 
Quisiera terminar dando otra vez las gracias al Parlamento por el trabajo que ha dedicado a la propuesta y su apoyo a la misma. 
Ésta tendrá una importancia fundamental para que Europa y sus ciudadanos puedan cosechar plenamente los frutos del comercio electrónico y fortalecer la posición europea en el contexto mundial. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Paasilinna en que, en este contexto, son de agradecer todas las actividades no gubernamentales. 
El debate queda cerrado. 
Puesto que es momento de despedidas, yo también desearía despedirme de ustedes. 
En especial, desearía expresar a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos cuánto he apreciado el trabajo que hemos realizado durante estos cinco últimos años, así como formular a la Comisión de Asuntos Jurídicos mis mejores augurios con miras al próximo mandato. 
Tiene la palabra la Sra. Gebhardt para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi indignación por el aplazamiento de mi informe, que estaba previsto para esta mañana- al menos según la información que tenía yo -, de conformidad con el orden del día votado el lunes. No sólo estoy indignada, es más, me parece una auténtica vergüenza. 
El informe aprobado por el Comité de Conciliación sobre el reconocimiento de los títulos obtenidos por los jóvenes aborda un tema fundamental. 
Cuando esta mañana me he enterado por casualidad de que el debate sobre este informe no tendría lugar hasta esta tarde a las 18.00 horas y se procedería a la votación mañana por la mañana, he llegado a la conclusión de que es una decisión profundamente injusta puesto que lo que está en juego es el futuro de las personas, de las personas jóvenes. 
Y como Parlamento hemos declarado que ésta debe ser una de las prioridades de la política europea. 
Lo que intento decir es que no puedo aceptar el trato que recibe este informe, ya que nos ha costado mucho trabajo, tanto en el Comité de Conciliación como en la conciliación con el Consejo. 
Señora Gebhardt, el viernes es un día de sesión- mientras no se disponga lo contrario- tan válido como cualquier otro día. 
Este asunto está incluido en el orden del día del viernes por la Conferencia de Presidentes desde hace varias sesiones y nunca se ha previsto en otro sitio. 
Usted tenía que haber hablado con su presidente de Grupo para ver si era posible elegir otro momento. 
En todo caso, mañana viernes no hay un requisito especial de quórum y podrá ser tranquilamente votado, puesto que tampoco hay enmiendas. 
Se trata simplemente de comprobar que hay un acuerdo, y para eso es tan válido y tan importante el viernes como cualquier otro día. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Concretamente, se refiere al orden de votación de hoy. 
Los informes que requieren mayoría cualificada suelen votarse antes. 
Concretamente, el Informe McCarthy/Hatzidakis- que es el informe sobre disposiciones generales en materia de Fondos estructurales- debería votarse antes de los informes de aplicación, concretamente antes del Informe Varela Suanzes-Carpegna y los otros informes de aplicación del informe general sobre Fondos estructurales. 
Entonces, señor Medina, lo que usted me está proponiendo es que procedamos según lo habitual: votar los informes que exigen mayoría cualificada, en este caso el informe del Sr. Pronk, antes de empezar con el bloque de la Agenda 2000. 
Señor Presidente, me refiero al bloque de informes Varela Suanzes-Carpegna, Jöns, Kellett-Bowman, Colom i Naval y McCarthy/Hatzidakis. 
El McCarthy/Hatzidakis, como es el informe general de estos cuatro informes, debería votarse después del informe del Sr. Bösch y antes del informe de Varela Suanzes-Carpegna. 
Es una simple cuestión de ordenación, ya que es el informe general y los otros cuatro son informes de aplicación de ese informe. 
No, lo que se ha seguido en ese bloque es el orden normal. 
Primeras lecturas, segundas lecturas, dictámenes conforme y consultas. 
Porque si entramos en la cuestión de cuál es el general, nos metemos en una complicación muy grande. 
Ya está establecido y, ahora, cualquier alteración sólo traería complicaciones. 
Señor Presidente, me encuentro en la misma situación embarazosa que la Sra. Gebhardt. 
Sé que, en el fondo, el viernes es un día como los demás: yo siempre estoy presente los viernes. 
Pero usted sienta un precedente lamentable, puesto que hay que dar a este Parlamento la oportunidad de rechazar por 314 votos el resultado de una conciliación. 
No será posible. 
Ya lo hemos hecho una vez con respecto al proyecto Rothley, que había sido resultado de un procedimiento de conciliación. 
Estábamos de acuerdo sobre el proyecto común, pero el Parlamento lo rechazó. 
Ahora bien, mañana el Parlamento no podrá hacerlo. 
Los informes de conciliación se tendrían que haber tratado esta mañana, para que hoy se pudiera celebrar la votación. 
Señora, lo lamento, pero para la votación de su informe se requiere la mayoría simple y no la mayoría cualificada, de lo contrario habría sido inscrito en las votaciones de hoy. 
Por esta razón, puede perfectamente votarse mañana. 
Señor Presidente, no sabía que las conciliaciones podían tratarse de distinta forma según los temas. 
No creo que sea así. 
No, no se trata de tratarlas de modo diferente según los temas. 
Además, el Informe Rothley había sido rechazado por mayoría simple. 
Hay que informarse antes de hacer comparaciones. 
Señor Presidente, querría volver sobre un tema que ya ha sido tratado esta mañana a las 9.00 horas. 
Se nos ha comunicado que, el Sr. Ibrahim Rugova, Premio Sajarov, ha abandonado Kosovo y se encuentra actualmente con su familia en Italia. 
Esta misma mañana también hemos solicitado que el Presidente y la Mesa, que en ese momento no estaban presentes, den luz verde para que en los próximos días una delegación de este Parlamento se desplace a Roma con objeto de entrevistarse con el Sr. Rugova. 
Esta mañana hemos propuesto que sean el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Renzo Imbeni, y el presidente de la Delegación para las Relaciones con la Europa Sudoriental quienes vayan a verle para que les informe de la situación en Kosovo, su propia experiencia y sus propuestas para el futuro. 
Esperamos que usted nos dé pronto su visto bueno para que el viaje pueda planificarse hoy mismo. 
Señora Pack, como sabe usted y saben todos los colegas, la autorización para ese viaje es competencia de la Conferencia de Presidentes. 
La Conferencia de Presidentes se reúne esta tarde y yo le someteré esta petición recomendando que la adopten. 
Esta misma tarde, pues, el órgano competente tomará una decisión. 
Me pide la palabra el Sr. Falconer para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, tomo la palabra por una cuestión de orden. 
¿Podría informarme acerca de si las personas que disponen de lentes telemáticas tienen permiso de la Mesa para sacar fotos desde la galería? 
¿Se les ha dado permiso para sacar esas fotos? 
Este asunto surgió en el último período parcial de sesiones y esas personas fueron expulsadas de la galería, tal como debe ser. 
Señor Falconer, los servicios de la Asamblea me dicen que el fotógrafo que está haciendo fotos ha sido autorizado expresamente para ello y por eso lleva un badge que le autoriza al efecto. 
Por tanto, si nuestros servicios competentes le han autorizado, es porque entra dentro de los márgenes previstos. 
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con su interpretación de cómo hacer la votación sobre el programa de los Fondos estructurales, porque el reglamento general es de hecho el reglamento que regula todos los demás aspectos de los reglamentos de aplicación. 
Si esta Asamblea no da su consentimiento al reglamento general, no puede haber acuerdo para los reglamentos que le siguen. 
Según la lógica legislativa hay que coger primero el reglamento general, aunque suponga sólo el consentimiento, y coger después los reglamentos que vienen a continuación. 
Lo único que tiene que hacer es intercambiar McCarthy y Hatzidakis por Varela Suanzes-Carpegna y después podremos seguir de forma lógica. 
Señora McCarthy, yo creo que es exactamente igual pero, para no perder más tiempo vamos a votar como usted me lo pide y así nos evitamos emplear más tiempo en una discusión que no tiene sentido ninguno. 
Votaciones 
Si se aprueba la enmienda, así se hará. 
Antes de proceder a la votación y de conformidad con el apartado 5 del artículo 72 del Reglamento, solicito de la Comisión que dé a conocer su posición sobre las enmiendas. 
Señor Presidente, aprobamos las enmiendas acordadas conjuntamente por el Consejo, la Comisión y el representante del Parlamento Europeo, el Sr. Varela. 
Señor Presidente, el Consejo está de acuerdo asimismo con las enmiendas acordadas. 
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada 
En este caso sucede lo mismo. 
Tanto las modificaciones acordadas de común acuerdo como las propuestas formuladas ayer durante el debate del informe de la Sra. Jöns merecen nuestro más firme apoyo. 
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada 
Señor Presidente, creo que hemos de añadir una palabra que falta. 
En la concertación y en el diálogo tripartito hemos acordado con respecto a la enmienda 2, artículos 1, 2, que el texto futuro debe rezar como sigue: This limit may be increased up to 2 %. 
Se ha llegado a la misma conclusión en lo que a la enmienda 1, apartado 4, se refiere. 
No obstante, la palabra up sólo aparece una vez. 
Le ruego, por tanto, que después de la votación rectifiquemos este error, añadiendo la palabra up a la enmienda número 1. 
Pues es esto lo que han convenido la Comisión y el Consejo. 
Bien, ¿el señor ponente está de acuerdo? 
Muy bien, señor ponente. 
Pasamos entonces a conocer el punto de vista de la Comisión y luego del Consejo sobre las enmiendas. 
Tiene la palabra el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión. 
Es correcto lo que dijo el Sr. Samland. 
La Comisión está de acuerdo. 
¿Y la Comisión también acepta las enmiendas? 
Señor Presidente, el Consejo también está conforme, tal y como se acordó en el diálogo tripartito. 
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada 
Señor Presidente, previamente a esta votación han surgido en esta Asamblea discusiones sobre cuáles son las mayorías con las que esta Asamblea debe aprobar el Acuerdo Interinstitucional y las perspectivas financieras correspondientes. 
En nombre de los miembros de la Comisión de Presupuestos quisiera formular las siguientes precisiones. Hasta la fecha, esta Asamblea siempre ha decidido por mayoría cualificada sobre los acuerdos interinstitucionales. 
Ello significa que de conformidad con el último párrafo del apartado 9 del artículo 203 se aplican las siguientes mayorías. Cito: «... mediante acuerdo entre el Consejo, por mayoría cualificada, y el Parlamento Europeo, por mayoría de los miembros que lo componen... » , teniendo en cuenta que esta cita se refiere al establecimiento del tipo máximo. 
Todos sabemos que ni el Tratado ni nuestro Reglamento- tampoco el nuevo- recoge disposiciones relativas a la votación en el marco de los acuerdos interinstitucionales. 
A través del Acuerdo Institucional que tenemos delante y la definición de las perspectivas financieras fijamos, no obstante, el tipo máximo para los próximos siete años. 
Es decir, indirectamente tomamos una decisión que, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, ha de adoptarse por mayoría absoluta. 
Ésta no es la única razón por la que solicito que partamos de la idea de que esta votación requiera una mayoría cualificada. Me baso igualmente en la necesidad política de que una decisión de estas características revista carácter altamente vinculante para el Consejo, la Comisión y también para el Parlamento. 
Le ruego me confirme estos argumentos. 
Muchas gracias, señor Samland. 
No puedo confirmar lo que usted dice. 
Efectivamente, he examinado el informe de la Comisión de Presupuestos con toda atención y he pedido un informe al Servicio Jurídico. 
Como usted bien ha dicho- y queda recogido en la nota que su comisión ha enviado y que he examinado muy atentamente- ni en los Tratados ni en nuestro Reglamento está previsto que los acuerdos interinstitucionales requieran mayoría absoluta. 
Es más, como todos ustedes saben, hay una sentencia del Tribunal de Justicia- ya antigua -, de 23 de julio de 1988, que dice que las decisiones sobre qué mayoría ha de aplicarse no están a la disposición de cada institución. 
Esto fue lo que obligó a cambiar en nuestro propio Reglamento la mayoría absoluta, prevista para la aprobación de la gestión, por la mayoría simple. 
Porque llegamos a la conclusión de que no era posible mantener una mayoría absoluta cuando no estaba en los Tratados. 
Este sería un argumento suficiente en este caso. 
He examinado también el argumento que usted ha expuesto sobre si esta decisión en sí entraña decisiones presupuestarias y también lo ha examinado atentamente nuestro Servicio Jurídico, es decir, si entraña decisiones presupuestarias para las que el artículo 272 exigiría mayoría cualificada. 
El Servicio Jurídico llega a la conclusión- que yo comparto- de que no sustituye las decisiones presupuestarias, porque ni el acuerdo es una norma ni es en sí mismo una decisión presupuestaria. 
Cada año, cuando se adopta el presupuesto, le corresponde al Presidente examinar que se han cumplido y se han tenido en cuenta las mayorías suficientes. 
Luego es al adoptar el presupuesto anual cuando, con esas mayorías, se toma la decisión. 
Y se puede tomar una decisión teóricamente contraria, aunque las instituciones entre sí hayan adoptado el acuerdo- que no tiene valor de ley, sino inferior a la ley- de no rebasar determinadas líneas. 
Pero este es un acuerdo que se basa en la buena voluntad de las instituciones y no tiene valor normativo. 
Por tanto, sin valor normativo ni presupuestario, no se puede exigir esa mayoría. 
Y hay sentencias del Tribunal de Justicia- también citadas en el informe del Servicio Jurídico, que pondré a su disposición- que confirman este extremo. 
Por tanto, teniendo en cuenta todas estos hechos y para no incurrir en un defecto que nos podría llevar a que hubiese recursos ante el Tribunal de Justicia y los perdiésemos- como ya ha ocurrido en otra ocasión -, no tengo más remedio que mantener el criterio del Servicio Jurídico de que esta votación es por mayoría simple, y por mayoría simple se decidirá. 
Señor Presidente, comparto, por supuesto, esos argumentos que yo misma- desde mi particular estudio- había expuesto esta mañana y ayer en el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Al Sr. Samland, que ha utilizado un argumento no jurídico sino político, yo le recordaría que esta Asamblea ha pedido muchas veces al Consejo que abandone las unanimidades y las mayorías cualificadas para ir a adoptar los acuerdos por mayoría. 
Extraña política es ésta, que nosotros pidamos al Consejo una tendencia que, aparentemente, nosotros no queremos respetar yendo en contra de los Tratados, en contra de nuestro propio Reglamento, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en contra del sentido común mismo, que dice que, jurídicamente, un acto es un acto y tiene el valor de ese acto formal. 
No el valor de unas consecuencias que efectivamente existen, pero que, en su momento, tendrán su forma jurídica adecuada, con sus mayorías requeridas de acuerdo con el Tratado. 
Esta Presidencia no entra en criterios políticos. 
La Presidencia tiene que moverse estrictamente dentro de criterios legales y reglamentarios. 
Señor Presidente; en primer término, le doy las gracias por esta precisión: hay que situarse en el plano jurídico y en el plano legal. 
Debemos tener mucho cuidado, porque si nos basamos en consideraciones políticas, todo cambia, se puede decir todo y lo contrario de todo. 
Ya lo hemos visto esta semana. 
Creo que hay que tomar en consideración el elemento siguiente: los acuerdos interinstitucionales modifican- mediante el consentimiento de las instituciones- la distribución de los presupuestos anuales y forman parte de una visión del presupuesto, visión que hemos aceptado de común acuerdo. 
En el Informe Colom i Naval hay un apartado y una enmienda 27 que remiten directamente al artículo 12 del Acuerdo Interinstitucional, el cual modifica el límite máximo de aumento por un período de siete años. 
Se trata de un acto muy importante, muy enérgico, de esta institución. 
Nuestro Reglamento, en los apartados 8 y 9 del artículo 3 del anexo IV, exige la mayoría absoluta de los diputados. 
Pienso que la objeción del Sr. Samland tiene fundamento. 
El hecho de exigir una mayoría absoluta significa protegernos frente al Consejo. 
Aplausos 
Señor Presidente, la jurisprudencia que usted cita estipula que las instituciones no pueden revisar a la baja las mayorías establecidas por el Tratado. Ello no significa, sin embargo, que las instituciones no dispongan de la suficiente autonomía para decidirse a incrementar las exigencias contempladas en el Tratado en determinadas ocasiones, sobre todo cuando está en juego el carácter vinculante del tipo máximo de aumento, tal como estipula el artículo 203. 
Es otro argumento más que me lleva a respaldar la posición de la Comisión de Presupuestos. 
Introducimos un cambio, puesto que fijamos un tipo máximo nuevo para los próximos siete años. 
Por eso mismo, esta Asamblea haría bien en optar por la mayoría cualificada. 
. Señor Presidente, en primer lugar tomo nota de que- según lo que dice usted- el Servicio Jurídico y la Presidencia se equivocaron en 1988 y en 1993, porque se interpretó y se votó las dos veces tras el informe del Servicio Jurídico de la época por mayoría cualificada. 
Pero lo que me preocupa ya- porque estaría dispuesto a rectificar el error, por supuesto- es la propia interpretación que su Señoría da a la cuestión. 
Porque el acuerdo que votamos, tal como está redactado ahora, prevé la revisión por mayoría cualificada de las propias perspectivas financieras. 
Según la doctrina que usted ha expresado, este acto sería nulo y contrario a la sentencia de 1988 que usted ha citado. 
Por lo tanto, no podríamos aprobar un acto que, por lo que usted dice, de conformidad con la sentencia de julio de 1988, es nulo. 
Señor Presidente, desearía ante todo rendir homenaje al presidente Samland, que como sabemos es favorable al acuerdo interinstitucional, y para quien el derecho y la autoridad política de los acuerdos interinstitucionales están por delante de cualquier otra consideración. 
Señor Presidente, si su interpretación es justa, el acuerdo interinstitucional es inadmisible, ya que contiene un conjunto de disposiciones que exigen la mayoría cualificada. 
Si es realmente necesario que el Tratado exija en cada caso, de manera precisa, la mayoría cualificada, y limite los casos de ampliación de esta mayoría cualificada, dicho acuerdo interinstitucional, como acaba de sugerirlo el Sr. Colom i Naval, es inadmisible. 
Es nulo; debe retirarlo. 
Desde un punto de vista más esencial, creo que lo básico, en esta cuestión, es que el Parlamento, el último día, pretende someter durante siete años a su sucesor y al sucesor de su sucesor a una limitación sustancial de los poderes presupuestarios establecidos en el Tratado, poderes presupuestarios que este Parlamento ejerce, en general, por mayoría cualificada. 
Es totalmente descabellado y contrario al Tratado pronunciarse por mayoría simple, ya que el Tratado otorga los poderes presupuestarios al Parlamento y establece que éstos se ejercen por mayoría cualificada. 
No podemos vincular al próximo Parlamento, e impedir el ejercicio de los poderes presupuestarios de nuestra institución, mediante un acuerdo por mayoría simple. 
Añado que este acuerdo es resultado del Acuerdo Interinstitucional de 1993, aprobado por mayoría cualificada y que establece explícitamente que la denuncia debe efectuarse por mayoría cualificada. 
Ahora bien, este nuevo acuerdo supone una denuncia y una sustitución del acuerdo anterior y, por lo tanto, debe ser aprobado por mayoría cualificada. 
Finalmente, señor Presidente, en la frontera entre lo político y lo jurídico, creo que usted subestima profundamente lo que significa, en nuestro sistema, el surgimiento de los acuerdos interinstitucionales. 
El Tribunal de Justicia, al que usted ha citado, reconoce con mayor frecuencia, sentencia tras sentencia, que los acuerdos interinstitucionales constituyen una norma fundamental. 
Su actitud- si permite que esta ley se apruebe por mayoría simple- supondrá que, en el futuro, un viernes por la mañana de un día nublado, con una mayoría de 48 votos contra 47, un Parlamento, por azar, podrá abolir y destruir no sólo las perspectivas financieras, sino el conjunto del edificio de cooperación interinstitucional construido durante los veinte últimos meses. 
Aplausos 
No tiene derecho, señor Presidente, a liquidar de este modo uno de los fundamentos de nuestro buen funcionamiento interinstitucional, como son estos acuerdos, elaborados progresivamente y en un marco de confianza por las instituciones. 
Debemos votar por mayoría cualificada. 
Está en juego la calidad de la cooperación leal entre las instituciones, tal como la describe el Tratado y la reconoce el Tribunal. 
Vivos aplausos 
Tengo numerosas peticiones de palabra, pero yo creo que no estamos en un debate académico, sino que tenemos que votar. 
Alguien tiene que decidir, esa responsabilidad me corresponde a mí, he estudiado a fondo el tema y lo siento mucho, señora Müller, pero la jurisprudencia dice exactamente lo contrario de lo que usted afirma. 
Exactamente lo contrario: que nosotros no podemos elevar las mayorías. 
No es que no podamos rebajarlas, es que no podemos elevarlas. 
Y por tanto, donde no están, no las podemos establecer, y esto es tristemente así, a pesar de que el Parlamento a veces se haga la ilusión de que puede ser de otro modo. 
En base a esa decisión yo no tengo más remedio que mantener el criterio al que había llegado. 
Y vamos a votar por mayoría simple. 
Examinamos la propuesta de resolución. 
No, señor Elles, este tema está resuelto. 
Lo siento mucho. 
Si alguien me lo pide por escrito, lo someteré a la Comisión de Reglamento para el futuro, pero en este momento alguien tiene que decidir y me corresponde a mí y lo he decidido. 
No hay votación sobre el tema. 
Señor Presidente, antes de pasar a la votación de la enmienda 27 revisada, desearía plantearle la cuestión de su admisibilidad. 
Tengo la impresión, en efecto, de que si se prevé la adopción, en forma de anexo, de un proyecto de acuerdo interinstitucional, dicha enmienda no corresponde- ni en el plano jurídico ni en la práctica- a lo que se espera en este marco. 
Cuando hemos tenido que pronunciarnos sobre acuerdos interinstitucionales, contábamos con un informe y con la aprobación- propuesta en el marco de este informe- del acuerdo interinstitucional. 
No discuto sobre cuestiones de mayoría. 
Tuve la oportunidad de expresarme a propósito del acuerdo interinstitucional sobre la PESC, y mi posición no ha cambiado. 
Pero, en cambio, creo que esta enmienda no es admisible: no se puede aprobar, mediante una enmienda, tras haber discutido un informe que lleva un título diferente, el texto de un acuerdo, que, por otro lado, modifica sensiblemente varias partes del informe, aunque se trate- además de la exposición de motivos- de algunos apartados. 
Esta fue su posición, en un contexto relativamente comparable, sobre una enmienda que yo mismo había presentado. 
Señor Presidente, el lunes pasado, la Comisión de Presupuestos decidió sobre la aprobación o el rechazo del Acuerdo Interinstitucional en una reunión que fue convocada en toda regla y contó con su autorización. 
El Acuerdo Institucional se aprobó por mayoría. 
Como hasta el lunes no fue posible votar las enmiendas correspondientes y a raíz de ello usted nos autorizó a celebrar una reunión excepcional, puesto que las conversaciones tripartitas no habían tenido lugar hasta la semana antes y fue entonces cuando conocimos los resultados del Consejo, la Comisión de Presupuestos adoptó las enmiendas que se ajustaban a la decisión principal inmediatamente después de la votación de la misma. 
Han sido votadas en debida forma y han llegado a esta Asamblea en el plazo previsto. 
Así las cosas, sería deseable que el Parlamento pudiera proceder ahora a la votación final. 
La verdad, señor Fabre-Aubrespy, no veo ningún precepto del Reglamento que impida proceder de este modo tal como hemos procedido bastantes veces. 
Es decir, incluir con una enmienda un texto anejo. 
Por tanto, voy a someter a votación la enmienda 27. 
Señor Presidente, discúlpeme por volver a hacer uso de la palabra, pero desearía, antes de la votación final, y de conformidad con el artículo 129 del Reglamento, proponer la devolución a comisión del Informe Colom i Naval. 
En efecto, creo que la discusión que ha tenido lugar hace un momento, los argumentos expuestos y las condiciones en las cuales se ha celebrado la votación, abogan en favor de la devolución a comisión. 
De este modo podemos dejar que el próximo Parlamento, una vez elegido, decida lo que ocurrirá en los siete próximos años. 
En el ínterin, podremos solucionar la cuestión jurídica que varios oradores han planteado, y que Jean-Louis Bourlanges ha expuesto brillantemente hace un momento. 
Por lo tanto, propongo a la Asamblea que apruebe la devolución a comisión del Informe Colom i Naval. 
Muy bien, discutiremos esta cuestión con la intervención de un orador a favor y de otro en contra. 
Usted estaba a favor. 
Creo que el Sr. Samland está en contra. 
Señor Presidente, nuestra comisión lleva dos años con este informe. 
¡Dos años! 
Hemos presentado más de veinte documentos de trabajo. 
El lunes pasado celebramos en la Comisión de Presupuestos un debate de cuatro horas, al que el Sr. Fabre-Aubrespry prefirió no participar. 
Ayer hablamos largo y tendido sobre este informe aquí en el Parlamento. 
No quiero romper las amistades y entiendo que uno pueda estar a favor o en contra del informe, pero solicitar su devolución a comisión es una clara muestra de desprecio hacia el trabajo realizado por el ponente y este Parlamento. 
Ruego que se proceda a la votación. 
Señor Presidente, ayer por la tarde oímos en el debate sobre este informe que nuestro propio ponente no está a favor de este informe concreto. 
Esta mañana hemos tenido votaciones conforme al nuevo procedimiento de Amsterdam, en las que no hemos podido quedarnos con algunas enmiendas aisladas como la enmienda 28, que exigiría una cláusula de revisión de esta perspectiva que se extiende- como ya han dicho algunos ponentes esta mañana- a lo largo de siete años sin ninguna revisión. 
No habrá ninguna posibilidad de que un nuevo Parlamento y una nueva Comisión puedan expresar su parecer sobre la materia. 
Por lo tanto, apoyo la sugerencia del Sr. Fabre-Aubrespy de devolverla a comisión. 
Estamos en el proceso de negociación. 
Podemos aclarar cuáles son los intereses del Parlamento. 
Temo que si tomamos ahora esta decisión definitiva, señor Presidente, le quede una especie de sensación de que ha estado actuando en nombre de intereses ajenos a esta Asamblea y no de los intereses de los propios diputados. 
Murmullos de disentimiento 
Señor Presidente, solicito que la votación se posponga al menos hasta mañana por la mañana, y mejor hasta septiembre, ya que la propuesta sigue presentando dos defectos jurídicos. 
En primer lugar, todavía no se ha aclarado la duda sobre la participación del Comité de las Regiones. 
Personalmente me parece abstruso que el Consejo nos presente una versión modificada de su posición antes de que haya explicado cómo piensa implicar al Comité de las Regiones. 
Es un error jurídico que no podemos aceptar. 
En segundo término, debo insistir en que esta mañana la versión correcta de mi informe aún no figuraba entre la documentación disponible. 
La versión que esta mañana estaba disponible para la segunda lectura aún recoge el fundamento jurídico erróneo, es decir, el del Tratado de Maastricht. 
Señor Presidente, por todo ello le ruego que posponga el informe cuando menos hasta mañana y que pregunte a su Servicio Jurídico, que lleva con el texto desde el lunes, si mañana para la votación podremos disponer de una propuesta sin errores que pueda adjuntarse al resto de la documentación. 
Señor Presidente, aprecio mucho al Sr. Jarzembowski y lo que más merece mi elogio es su perseverancia. 
No se rinde hasta que no logra sus objetivos. Como no ha conseguido llevarlos adelante sobre la base de su contenido, puesto que todas sus propuestas han sido rechazadas por amplia mayoría en comisión, procura salir con la suya por vía jurídica. 
Y me parece perfecto, sólo que la situación jurídica ya ha sido aclarada satisfactoriamente, también por parte de su Servicio Jurídico. 
Además, se ha aplicado el procedimiento que el propio Sr. Jarzembowski sugirió, aconsejó y recomendó en comisión. Propuso que ratificáramos la primera lectura en comisión. 
El debate está cerrado, señor Presidente. 
Coincido con usted en que debemos votar el informe hoy. 
Le ruego que no cambie de opinión y que votemos hoy. 
Señor Presidente, respaldo la solicitud de devolución a comisión del Sr. Jarzembowski, no sólo por el argumento jurídico, que, de hecho, es justificado, sino también porque espero que la próxima comisión consiga mejorar el resultado obtenido por el Sr. Jarzembowski. 
Risas 
Una posibilidad sería la de aprobar el informe ahora y retener la comunicación al Consejo hasta que el Comité de las Regiones decida si se pronuncia o no al respecto, y otra posibilidad sería posponer la votación a mañana, pues parece que el Comité de las Regiones puede dar un informe favorable mañana. 
Señor Presidente, presidí la sesión plenaria el miércoles por la tarde, cuando tuvo lugar el debate, y el miércoles por la tarde tomé las medidas oportunas para que se examinara si podíamos votar hoy o no. 
Hubo tiempo de sobra para hacer las comprobaciones necesarias, así que opino que deberíamos votar hoy. 
Para evitar la posibilidad de que se invalide nuestra votación por no contar todavía con el informe del Comité de las Regiones, propongo posponer la votación a mañana. 
El Parlamento da su conformidad 
Señor Presidente, anoche examinamos este informe y, entonces, la Comisión comunicó, a través del Comisario Flynn, Comisario responsable en ese ámbito, que aceptaba todas las enmiendas. 
Eso figura, por tanto, en el Acta de ayer. Entonces, ese problema se ha solucionado. 
Creo que no es necesario que el Consejo tenga que aceptarlas, puesto que más tarde volveremos sobre las mismas. 
La posición del ponente es muy sensata. 
Se procede a la votación. 
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada 
Señor Presidente, esta enmienda intenta proteger a los ciudadanos del correo electrónico no solicitado por el que tienen que pagar en forma de gastos de teléfono. 
Al final del debate de esta mañana, el Comisario Liikanen nos dijo que la Comisión no aceptaría esta enmienda aunque esté aprobada por la Asamblea. 
Deseo que conste en acta que a muchos en esta Cámara nos parece inaceptable que la Comisión rechace aceptar, por razones técnicas, una enmienda que es expresión clara de la voluntad política del Parlamento. 
No debemos dejar que los anunciantes... 
El Presidente interrumpe al orador 
Señor Watson, no está bien. 
Ahora no estamos teniendo un debate. 
Le podría dar la palabra para una cuestión de orden pero no hacer este tipo de discurso. 
El Parlamento aprueba la resolución legislativa 
Señor Presidente, estimados colegas, se avecina otra votación y es bueno que así sea, pero desafortunadamente me veo obligado a solicitar la devolución a comisión del informe, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento. 
No es que estemos en contra del acuerdo con México. De lo que se trata es de la propia imagen que tiene el Parlamento de sí mismo. 
Hace un año decidimos aprobar un acuerdo interino para que, mientras tanto, pudiéramos negociar el acuerdo global. Y en aquel momento dijimos explícitamente que no aprobaríamos el acuerdo global hasta que no se hubieran estipulado todos los elementos que lo componen. 
¡Esta condición aún no se ha cumplido! 
Si realmente estamos dispuestos a asumir nuestro deber de control, también de cara a nuestros electores, no supone ningún problema posponer este informe y votarlo en cuanto dispongamos de todas las piezas del puzzle. 
Tanto es así que el propio Parlamento mexicano tan sólo ha querido dar su consentimiento bajo la condición de que sea consultado de nuevo al final del proceso, cuando todos los cabos estén atados y bien atados. 
Así de consecuentes somos en este Parlamento. Le ruego acepte mi solicitud. 
Someto a votación la solicitud de devolución a comisión. 
El Parlamento rechaza la solicitud 
Se procede, pues, a la votación. 
El Parlamento aprueba la decisión 
Señor Presidente, hace un momento, cuando he solicitado, haciendo uso de mi derecho en aplicación del artículo 129, la devolución a comisión del Informe Colom i Naval, el presidente Samland me ha cuestionado deplorando mi ausencia de la reunión de la Comisión de Presupuestos, el lunes por la noche. 
Se trata de un argumento corto de alcances, más corto, por otra parte, que la chaqueta que hoy lleva el presidente. 
Deseaba decir que, naturalmente, estoy muy satisfecho de que se note mi ausencia. 
Ello demuestra que, cuando estoy presente, hay cierta actividad. 
Pero, en este caso, el lunes por la noche había varias reuniones importantes, entre ellas la de la Comisión de Presupuestos, y yo estaba ausente de la Comisión de Presupuestos porque estaba reunido con la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Añado, por otro lado, que yo había asistido a la reunión anterior, la que menciona el informe, la reunión del 29 de abril, y que había votado en contra del Informe Colom i Naval, que no se ha modificado demasiado en la reunión de la comisión del lunes por la noche. 
La Comisión Europea aprobó el pasado 28 de abril el anteproyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2000, primer año de aplicación de las nuevas perspectivas financieras. 
Los créditos para compromisos propuestos para las acciones estructurales son conformes a la decisión del Consejo Europeo; éstos se elevan a 32, 678 millardos de euros, repartidos entre los Fondos estructurales (30 millardos) y el Fondo de Cohesión (2, 6 millardos de euros) , lo que representa una disminución efectiva del 7 % con respecto a 1999, es decir: mucho, y, en cierta medida, demasiado. 
Para compensar esta reducción del presupuesto, conviene, pues, aumentar la eficacia de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. 
Este es el objeto de los proyectos de reglamentación que hoy discutimos. 
Con respecto al Fondo de Cohesión, éste ocupa un lugar aparte, puesto que su lógica de financiación es la de la financiación por proyecto y no por programa; a pesar de ocupar un lugar aparte, desempeña un papel determinante en el sentido de ayudar a la cohesión económica y social, que es uno de los cometidos de la Unión Europea. 
Por esta razón era necesario revisar su reglamento de base, procediendo concretamente, como lo sugiere la propuesta del Consejo, a una nueva definición de los términos claves y, principalmente, de la propia noción de proyecto. 
Por otro lado, suscribo la idea de una simplificación de la gestión financiera. 
Creo asimismo indispensable responsabilizar a los Estados miembros y controlar la utilización de las subvenciones acordadas en virtud de estos fondos; de lo contrario, los riesgos de fraude se multiplicarán. 
En cuanto a los Fondos estructurales, en general, el Reglamento del Consejo sólo establecía tres iniciativas comunitarias (INTERREG, LEADER y EQUAL). 
El Parlamento Europeo ha logrado un compromiso con el Consejo sobre la incorporación de una cuarta iniciativa, URBAN. 
Me congratulo de ello. 
Esta iniciativa, creada hace varios años, ha demostrado lo indispensable que era en los núcleos urbanos en crisis. 
Con respecto al FEDER, en particular, el ponente ha optado por una solución razonable, al no modificar nuestra primera lectura de la propuesta del Consejo. 
A título informativo, el Parlamento Europeo tiene la intención, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y la ampliación de la codecisión, de cambiar de posición sobre 49 primeras lecturas inscritas en el marco de la cooperación y sobre 15 expedientes aprobados en primera lectura a título de la cooperación. 
El Parlamento Europeo sólo piensa mantener su dictamen sobre tres reglamentos que figuran en la Agenda 2000, entre los que se encuentra el que hoy debatimos. 
Ello explica, en este caso, la necesidad de actuar con rapidez. 
En este mismo sentido, el ponente ha propuesto enmiendas transaccionales para evitar bloquear la reforma. 
Pienso que estas enmiendas (medidas en favor de las regiones insulares, ampliación del campo de investigación del FEDER, apoyo del FEDER a las iniciativas comunitarias URBAN e INTERREG) son pertinentes, y las apoyo. 
Espero que el Consejo las ratifique rápidamente, puesto que no podemos permitirnos más contratiempos. 
He votado en contra de la propuesta de Reglamento relativo al desarrollo rural, ¡porque no hace referencia alguna a programas concretos para la ultraperiferia (POSEIMA)! 
He votado en contra de la propuesta de reglamento sobre las disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales, porque no es coherente en cuanto a las regiones ultraperiféricas, como se deduce de la principal referencia que a ellas hace el artículo 3: «Quedan también incluidas en este Objetivo (nº 1) las regiones ultraperiféricas que se encuentren por debajo del umbral del 75 %... » 
Pero, ¡si están todas! 
Entonces, ¿qué quiere decir esto? 
Después de tanto trabajar con vistas a la consagración formal en el Tratado de la Unión Europea, he tenido que votar en contra de estos reglamentos, protagonistas de la historia de una oportunidad perdida. 
Simultáneamente, debo subrayar la extensa contribución del Parlamento Europeo a la mejora de la Agenda 2000: 
las acciones estructurales representan el 0, 46 % del PIB de la Unión Europea; -el Objetivo 1 dispone de dos tercios del total de dotaciones disponibles para los Fondos, lo que contribuye a su concentración donde son más necesarios; -el criterio dominante en la distribución de Fondos sigue siendo el del nivel de desarrollo de cada región, ¡y ningún otro... ! -ha contribuido al mantenimiento de Portugal, España e Irlanda como beneficiarios del Fondo de Cohesión, a pesar de haber pasado a formar parte de la zona del euro; -ha reconocido el papel de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo regional; -ha aclarado y reforzado el principio de partenariado, garante de la participación y la transparencia; -ha atenuado los efectos perversos resultantes de la pérdida de fondos no utilizados, al promover su reasignación al mismo Estado miembro; -ha reducido de 10 % a 4 % la reserva no distribuida, ab initio, por los Estados miembros y que premiará a los que tengan una mejor ejecutiva al respecto; -ha asegurado la iniciativa comunitaria Urban destinada a las ciudades; -ha hecho extensivo el apoyo del FEDER al turismo y a las iniciativas culturales; -ha incentivado la utilización de las redes transeuropeas para una mayor vinculación de las islas y de la periferia con el centro. ¡Tantos objetivos alcanzados! 
¡Qué pena que no se evitara la omisión de la periferia! 
No he votado a favor de las resoluciones finales relativas a la reforma de la PAC por las siguientes razones: 1. no garantiza un reequlibrio interno entre los diferentes componentes de la PAC ni una mayor equidad entre agricultores, producciones y territorios; 2. no contribuye a la cohesión económica y social del medio rural europeo: no se han creado mecanismos de ponderación de las productividades a fin de favorecer las agriculturas de rendimientos más bajos, contrariamente a lo aprobado por el Parlamento Europeo; 3. no presenta ninguna medida especial de apoyo a los pequeños agricultores, que son los más vulnerables y corren el mayor riesgo de abandono; 4. no refuerza suficientemente la política de desarrollo rural, por lo que no garantiza la aplicación práctica del modelo europeo de agricultura y de multifuncionalidad con él asociado; 5. no defiende la agricultura europea ante las negociaciones de la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio; 6. no aborda la resolución de los principales problemas de la agricultura portuguesa: no se han aumentado las cuotas estratégicas, como el regadío o el bovino o el ovino; no se ha conseguido aumentar la productividad de referencia para los cereales y las oleaginosas; no se ha conseguido financiación comunitaria para la reestructuración del sector lechero; 8. por último, porque ésta ha sido una reforma del status quo, sin valor político, incapaz de preparar la agricultura europea para los imperativos mayores que plantea la mundialización y para que sea más favorable a los agricultores y las agriculturas más eficientes. 
Es decir, que se trata de una reforma que se opone substancialmente a los principios generales de la reforma aprobados por el Parlamento Europeo en su informe general de junio de 1998. 
La tenacidad y la perseverancia de los miembros de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo y de nuestros dos ponentes han dado finalmente sus frutos. 
Me felicito por ello y doy las gracias a nuestros colegas por su esfuerzo de persuasión. 
Tras las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín, nuestra Comisión de Política Regional debía luchar en un frente significativo para el conjunto de los ciudadanos europeos: la creación de una cuarta iniciativa comunitaria, URBAN, destinada a la rehabilitación económica y social de las ciudades y núcleos urbanos en crisis, con miras a promover un desarrollo durable. 
Se trataba de una de las prioridades de nuestro Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, cuya aprobación habíamos logrado en el Pleno de Estrasburgo del 19 de noviembre de 1998, y que teníamos que hacer aceptar por la Comisión y el Consejo. 
Estaba en juego la credibilidad de nuestro Parlamento y nuestros compromisos frente a los ciudadanos. 
Asimismo, era necesario que la Unión también ayudara a aquellos que no serían «incluidos» en una «zona» o un «objetivo» regional. 
Es nuestro deber de solidaridad lo que estaba en juego, es nuestra concepción de Europa la que había sido puesta a prueba. 
La pertinencia de nuestro punto de vista ha sido reconocida. 
Por eso votaré positivamente este informe, así como el conjunto de los informes que componen el paquete «Agenda 2000». 
Las perspectivas para el 2000-2006 pueden ahora lanzarse. 
Así, nuestro Parlamento acaba la presente legislatura cerrando este expediente capital para nuestro futuro, para el futuro de Europa y para el de la ampliación. 
Ha sido una batalla prolongada, ardua, difícil y a veces sembrada de obstáculos, pero siempre apasionante, y me congratulo por haber participado en ella. 
La reforma de los Fondos estructurales no colma en absoluto las insuficiencias de la política regional ni contribuirá a mejorar la cohesión económica y social. 
Dicha reforma supondrá una ruptura particularmente perniciosa de la política regional, sobre todo en detrimento de muchas zonas rurales francesas. 
No nos detendremos en sopesar cada una de las disposiciones, más o menos atinadas, que contiene el Reglamento general. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones desea plantearse las supuestas ventajas de unos Fondos estructurales dispendiosos, instrumentos clientelistas de la Comisión, al servicio de una Europa centralista. 
A este respecto, la reforma de los Fondos estructurales se salda con una nueva inflación financiera: 195 millardos de ecus para la política estructural, 18 millardos para el Fondo de Cohesión, 49 millardos para los instrumentos de preadhesión. 
Las regiones del Objetivo 1 se llevan la mejor parte, con el 69, 7 % de los créditos estructurales frente al 11, 5 para el Objetivo 2. 
Todos rivalizan en elocuencia para reclamar mayores créditos, sin que nadie se interrogue sobre la eficacia del dinero gastado. 
¿Qué puede decirse de la iniciativa presupuestaria consistente en fijar un objetivo de gastos en lugar de un límite máximo de gastos, en buscar a toda costa proyectos para gastar los créditos aprobados en lugar de asignar créditos a los proyectos existentes? 
El gasto se convierte en un fin en sí mismo y en la garantía del éxito de un programa. 
Además, puede sorprender el hecho de que durante las negociaciones se haya sacrificado el Objetivo 2, destinado a las regiones industriales y rurales en vías de reestructuración económica, a los Objetivos 1 y 3: su dotación, para el período 1999-2006, será de 22, 5 millardos de ecus, cifra más o menos similar a la del período 1994-1999. 
Las regiones rurales idóneas para el Objetivo 5b se contarán entre las principales víctimas de esta situación: en Francia, la tercera parte de la población idónea en relación con este objetivo dejará de recibir Fondos estructurales después del período de transición. 
El futuro del mundo rural se presenta más incierto por cuanto la Comisión y el Parlamento, permanentemente preocupados por apropiarse de nuevos ámbitos de competencia, procuran realizar una política urbana integrada, sin tener en cuenta el principio de subsidiariedad. 
El Informe Orlando, aprobado a la ligera el pasado martes, sin que ni siquiera se haya celebrado una votación, es un reflejo del discurso de investidura del Presidente Prodi con el fin de reclamar esta política europea respecto a las ciudades. 
Una vez más, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones reitera su deseo de que la Unión Europea destine sus esfuerzos a las políticas comunes existentes (PAC, PCP... ) , en lugar de dispersarse entre unos ámbitos siempre más numerosos, a riesgo de agravar la diseminación, necesariamente ineficaz, de los fondos públicos y de fomentar una inflación, siempre perniciosa, del gasto público. 
Esta no es la única anomalía de la reforma de los Fondos estructurales. 
Así, varias regiones se benefician de acuerdos particulares, fruto de negociaciones políticas que les permiten librarse del rigor de las decisiones comunes. 
Sólo se ha dejado fuera a tres países: Luxemburgo, Finlandia... y Francia. 
El caso del Hainaut belga es significativo. 
Éste obtiene una dotación complementaria de 15 millones de ecus para compensar la pérdida de su idoneidad respecto al Objetivo 1, mientras que el Hainaut francés, que es limítrofe, no obtiene nada: discriminación que no justifica ni el PNB ni la tasa de desempleo de las dos regiones. 
Este ejemplo ilustra bastante bien la posición de Francia al término de las negociaciones sobre la Agenda 2000. 
Las posiciones de Francia- debilitada por Alemania en las cuestiones agrícolas- han sido duramente tratadas en el ámbito regional, sin por ello haber logrado mantener dichas posiciones en relación con la PAC. 
La reforma de los Fondos estructurales es un fracaso: fracaso para Europa, fracaso para Francia. 
Por consiguiente, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no podía sino rechazar el Informe McCarthy-Hatzidakis. 
Aproximadamente la tercera parte del presupuesto comunitario se destina a medidas estructurales. 
Todos estamos de acuerdo en que la ayuda estructural europea no puede beneficiar a todas las regiones de Europa de acuerdo con el principio de igualdad para todos. Es preciso reducir el número de regiones que pueden optar a dicha ayuda, es decir, las regiones que cumplen los criterios de los objetivos establecidos en el marco de los Fondos Estructurales. 
Considero positivo que se haya creado una fase de adaptación para las regiones que en el futuro dejarán de percibir ayudas (numerosas regiones del Objetivo 2) , puesto que, de este modo, se impide que los programas de ayuda sean suprimidos bruscamente. 
Sin embargo, nuestra propuesta de una «Ayuda para el mundo rural» no ha llegado a buen puerto. 
Y aunque podamos ampararnos en la iniciativa comunitaria LEADER, ésta no es más que una gota en el mar. 
Es un error medir los espacios rurales europeos por el número de habitantes. 
En este ámbito, debemos regirnos por otros criterios como pueden ser las carencias de la infraestructura y los inconvenientes estructurales. 
Ahí donde fallan, se produce un círculo vicioso. Sin infraestructura no puede haber empleo. 
La gente no es capaz de salir de este circulo vicioso por su propia fuerza. 
Hemos discutido sobre RESTRUCT o RECOVER y obtendremos una cuarta iniciativa comunitaria con URBAN. 
Las ciudades pequeñas y medianas se miden por números de habitantes superiores a 50.000. Ello quiere decir que una vez más las estructuras europeas más pequeñas, y espacialmente los núcleos rurales, se quedan al margen. 
Queremos que en Europa las regiones más pobres se aproximen a las regiones más ricas. 
¡Pero no cometamos el error de abandonar a su suerte a los espacios rurales estructuralmente más débiles! 
El Parlamento Europeo ha seguido con atención el proceso de toma de decisiones que ha llevado a la definición de los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales. 
El resultado final, aunque no responde totalmente a las demandas del Parlamento, fue ampliamente influido por este último a través del trabajo de la Comisión de Política Regional, de los ponentes y del grupo encargado de las negociaciones. 
Al haber participado activamente en todo este iter, estoy muy satisfecha por la decisión de renovar el Programa URBAN. 
Este resultado es especialmente importante para las ciudades, ya que refuerza y convierte en más creíble el Plan de acción para una ciudad sostenible, presentado por la Comisión el pasado mes de noviembre en Viena, y porque refuerza los instrumentos contenidos en los Objetivos 1 y 2 de los Fondos estructurales en favor de las ciudades. 
Por último, les doy las gracias a los ponentes del Reglamento marco, porque han querido afrontar el problema de una región italiana que apreciamos mucho. 
Se trata de Abruzos que salió del Objetivo 1 de los Fondos estructurales en el año 1994. 
Es la única región de Europa que no ha podido aprovechar ninguna de las medidas de acompañamiento previstas en los nuevos Reglamentos para las regiones que saldrán del Objetivo 1. 
El Consejo Europeo de Berlín se refirió a esta situación en los «casos especiales» que figuran como anexo al informe que vamos a aprobar. 
Sin embargo, en el punto 44 de las conclusiones del Consejo no se aclara en qué consiste esta atención especial que, en su caso, el Consejo va a deparar a esta región. 
Confío en que la petición del Parlamento Europeo lleve tanto al Consejo como a la Comisión a cuantificar la dotación financiera y/o el número de población admitida y la posibilidad de poder otorgar ayudas de Estado, sin perjuicio de falsear la competencia, sobre la base de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, como se ha hecho en otros casos llamados especiales. 
¡He votado a favor del informe! 
El Parlamento Europeo ha mejorado considerablemente la propuesta de la Comisión. 
Las modificaciones positivas redundan sobre todo en beneficio de las ciudadanas europeas de las regiones. 
Sus derechos de participación se han reforzado de forma significativa. 
Lamento que el Consejo se haya demorado tanto en adoptar estas propuestas fundamentales. 
Hoy voy a votar con entusiasmo a favor de este informe. 
Basándose en el trabajo de los eurodiputados socialistas, Tony Blair obtuvo mucho para el Reino Unido- para la región de North-West en particular- en la cumbre de Berlín. 
A resultas de ello, los fondos europeos seguirán fluyendo hacia esta región para ayudar a combatir el desempleo, la exclusión social y la contaminación medioambiental. 
Es sólo un ejemplo más del enfoque positivo del laborismo para que Europa aporte resultados concretos al pueblo del Reino Unido. 
Los fondos europeos han supuesto ya una mejora duradera de las vidas de los habitantes de North-West. 
En mi propia parte del mundo, en Manchester, la UE ha insuflado 13 millones de libras a la red de trenes de cercanías Metrolink. 
La UE ha contribuido también a construir el polígono industrial de Trafford Park, creando más de 15.000 puestos de trabajo. 
El dinero europeo fue un elemento clave en la transformación de los antiguos muelles de Salford Quays de Manchester en un dinámico centro comercial, creando más de 4.000 puestos de trabajo. 
Los fondos de la UE contribuyeron asimismo a transformar Manchester en un gran núcleo cultural y turístico, al ayudar a construir el centro de exposiciones G Mex, la sala de conciertos de Bridgewater, el Museo de la Ciencia y la Industria de Manchester y el Museo Imperial de la Guerra (Norte). 
Los conservadores eurorrabiosos- es decir, los que lidera William Hague- querían hacernos creer que la UE no nos aporta otra cosa que burocracia e interferencias. 
Con un enfoque positivo, sin embargo, la UE puede hacer una aportación real a las vidas de los ciudadanos de a pie de North-West. 
Mientras los «tories» pierden tiempo intentando superar sus divisiones, el laborismo trabaja a fondo haciendo que Bruselas trabaje para el Reino Unido. 
En nombre de Alianza Nacional, expreso mi satisfacción por el hecho de que el Parlamento, antes de disolverse, se haya manifestado sobre la reforma de los Fondos estructurales. 
Las repetidas incomprensiones con la Comisión y el Consejo nos han expuesto al riesgo de anular el resultado de tantos esfuerzos, con el peligro de reducir las negociaciones a pulsos entre las Instituciones. 
Nos alegramos de que, junto con los textos de los nuevos Reglamentos, hayamos sentado las bases para una efectiva colaboración en las gestión de los fondos, también gracias al Código de conducta entre la Comisión y el Parlamento respecto a la aplicación de las políticas estructurales. 
Esto permitirá al Parlamento erigirse en protagonista de la reforma, incluso en la etapa de ejecución y durante todo el período de programación. 
La reincorporación del Programa URBAN en las iniciativas comunitarias representa una victoria para todos los ciudadanos europeos. 
Se debe reconocer el papel clave de las zonas urbanas y metropolitanas en el desarrollo regional. 
La importancia de un crecimiento equilibrado y complementario entre las zonas urbanas y rurales es fundamental para el desarrollo económico y regional. 
A dicho fin, es necesario intensificar a todos los niveles la cooperación con las autoridades regionales y locales y con los operadores socioeconómicos, más cercanos a las realidades cambiantes de las regiones. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta los desequilibrios causados por las diferencias de competitividad entre las regiones, debidas a los distintos niveles de empleo, de calidad de las infraestructuras, del medio ambiente natural y de desarrollo, en especial en esta etapa tan delicada que se abre con la determinación de las regiones admitidas en el Objetivo 2. 
En líneas generales estamos a favor de la reforma, sin embargo, debemos formular algunas reservas con relación a algunos aspectos que aún no se han profundizado lo suficiente como, por ejemplo, el impacto en las regiones que, en nombre del principio de concentración, corren el riesgo de sufrir un estancamiento en su proceso de desarrollo. 
Las poblaciones de estas zonas saldrán perjudicadas y esto no ayuda en absoluto a demostrar que la Unión Europea actúa en pos del desarrollo de las regiones desfavorecidas. 
También Italia corre el riesgo de salir perjudicada a raíz de la determinación del techo de los recursos financieros previstos para el nuevo Objetivo 2. 
Las regiones en declive industrial y rural (antes Objetivos 2 y 5b) verán como se reduce su cuota de financiación respecto al período de programación anterior, con un límite máximo de reducción garantizado del 33 % de la población afectada; a dicho porcentaje, sin embargo, se sumará el correspondiente a la inclusión de las zonas que saldrán del Objetivo 2 lo que perjudicará ulteriormente a dichas regiones; sin contar con el caso de Abruzos- la única región que salió del Objetivo 1 antes del final del actual período de programación- que, en vilo entre la ayuda transitoria y la inclusión en el Objetivo 2, corre el riesgo de no encontrar el lugar que le corresponde en el marco de esta reforma. 
Informe Colom i Naval (A4-0230/99) 
Señor Presidente, la votación sobre el informe del Sr. Colom i Naval ha tenido lugar en las condiciones por todos conocidas. 
Desearía decir que, aunque no he aprobado este asunto, estoy dispuesto, evidentemente, como ponente del presupuesto- y si en el futuro continúo en este cargo, lo cual sólo Dios y los electores saben -, al igual que mi Grupo, a demostrar nuestro más leal espíritu de cooperación interinstitucional. 
Nuestra desconfianza con respecto al acuerdo no significaba una desconfianza en cuanto a la cooperación, sino en relación con una programación financiera, para un período de siete años, aleatoria y exageradamente restrictiva. 
Repito lo que he dicho hace un momento: lamento, simplemente, que la votación haya tenido lugar en unas condiciones tales que desvirtúan este acuerdo precario y que lo hacen depender de cualquier votación circunstancial de este Parlamento. 
Sigo diciendo, señor Presidente, que en este punto, al hacer prevalecer el tipo de votación que usted ha elegido, la cooperación interinstitucional no ha resultado beneficiada. 
Señor Presidente, he votado en contra del Informe Colom i Naval, sobre todo por las razones de procedimiento que han sido mencionadas durante la votación y a las que yo mismo he aludido. 
Es inadmisible que el informe, tal como lo presenta la Comisión de Presupuestos, contenga una enmienda que va mucho más allá del objeto del propio informe, hasta el punto que éste resulta totalmente ambiguo, ya que cuando lo habíamos examinado en la Comisión de Presupuestos, el 29 de abril, no se trataba, en ese momento, de aprobar el texto del acuerdo. 
Añado a lo que acaba de decir el Sr. Bourlanges, que los acuerdos interinstitucionales no pueden considerarse por separado. 
Es el conjunto del procedimiento el que no es correcto. 
No es correcto, en primer lugar, porque no existe mayoría absoluta, como usted mismo lo había señalado a propósito del Acuerdo Interinstitucional del 17 de julio de 1998 sobre la política exterior y de seguridad común, acuerdo al que yo me había opuesto junto con mi Grupo; y, en segundo lugar, no es correcto porque no existe ningún tipo de ratificación por los Parlamentos nacionales de textos que añaden, modifican o completan los Tratados, a menudo de manera sustancial. 
Por lo tanto, lo que ha manifestado antes el Sr. Bourlanges sobre el aspecto presupuestario es particularmente cierto, aunque habría tenido que englobar en su comentario los acuerdos interinstitucionales, en conjunto. 
Acogemos con satisfacción un nuevo acuerdo interinstitucional en materia de disciplina presupuestaria durante los próximos siete años. 
Las experiencias del programa presupuestario correspondiente al período 1988-1999 demuestran que ha sido posible aplicar los presupuestos anuales sin conflictos. 
Ha sido también posible adoptar presupuestos muy por debajo del techo de los propios recursos, es decir, del capítulo de ingresos en el presupuesto de la UE. 
Creemos que merece la pena introducir un marco financiero para el procedimiento presupuestario anual, especialmente cuando se tienen cuenta las medidas de preadhesión que resultan necesarias. 
Es importante que la UE asegure los medios financieros necesarios para la adhesión de los países de la Europa central y oriental y de Chipre. 
Respaldamos la propuesta que ya existe para reducir el techo presupuestario en mayor medida que como queda recogido en las directrices de la política agrícola común. 
La UE concede demasiado dinero a una política agrícola demasiado regulada y que no se ha adaptado suficientemente a los requisitos medioambientales actuales. 
La Unión Europea ha de proseguir la reforma de la Política Agrícola Común. 
Creemos además que la mejor manera de lograr una financiación más eficiente de la política europea pasa por concentrar dicha financiación en las medidas absolutamente más importantes, en lugar de crear minipresupuestos que engullen demasiado dinero de los Estados miembros. 
Así pues, apoyamos los esfuerzos del Consejo por establecer un presupuesto riguroso para el próximo período. 
Dado que deseamos austeridad en todo lo relativo al presupuesto de la UE, así como un programa presupuestario marcado por el rigor y unas prioridades bien fundadas, nos mostramos contrarios a los aumentos propuestos en el presupuesto de la UE para los próximos ejercicios y hemos votado a favor de devolver la propuesta a la comisión. 
Una perspectiva financiera para siete años sin posibilidad de ajustes durante este período representa un marco temporal disparatado cuando la economía exige otros marcos distintos. 
Señor Presidente, en cuanto al Informe McCarthy, permítame formularle una sola pregunta. 
Hace un momento, usted ha aplazado un informe porque no contábamos con la opinión del Comité de las Regiones. 
Creo que el mismo argumento es válido con respecto al Informe McCarthy. 
¿Podría confirmármelo? 
En tal caso, ¿por qué no se ha aplazado la votación? 
Creo que aún no disponemos de la opinión del Comité de las Regiones sobre estas disposiciones generales relativas a los Fondos estructurales. 
Los Servicios me comunican que la opinión del Comité de las Regiones sobre este informe no era necesaria, y nadie ha solicitado dicha opinión durante el procedimiento, contrariamente a lo ocurrido con el informe que usted menciona. 
Una vez que ha tenido lugar la votación, es tarde para preguntarse si se requería o no esta opinión. 
La cuestión tendría que haberse planteado antes. 
El Informe Collins propone la prórroga del Fondo de Cohesión para los cuatro Estados beneficiarios: España, Portugal, Grecia e Irlanda. 
El Fondo de Cohesión ha sido creado, concretamente, para favorecer la adhesión de algunos Estados miembros a la moneda única: el maná comunitario se atribuyó para poder soportar el régimen de reducción presupuestaria impuesta por los criterios de Maastricht. 
Con el fin de aliviar la carga de los cuatro Estados beneficiarios del Fondo de Cohesión, se hizo pagar por segunda vez a los demás Estados- entre los que se encuentra Francia- el precio de los criterios de convergencia. 
Puede añadirse que el Fondo contribuyó al ejercicio de prestidigitación que permitió que algunos Estados de la Unión Monetaria sanarán milagrosamente. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, que se opuso al propio principio de la moneda única, no puede, por consiguiente, sino expresar sus reservas con respecto a este Fondo y a la forma de utilizarlo. 
Cuando la política de redistribución tiende a estos excesos, adquiere proporciones asfixiantes para la economía, haciendo recaer en la iniciativa privada el peso de las exacciones obligatorias. 
Por otro lado, el Fondo de Cohesión presenta graves defectos: eficacia discutible e irregularidades financieras en la utilización de los créditos. 
Además, constituye un instrumento de redistribución federalista cuyo objeto es someter a la Comisión los Estados beneficiarios y su población, más que permitirles superar sus dificultades. 
El único carácter positivo del Fondo de Cohesión: se atribuye a los Estados miembros y no a sus regiones, como ocurre con los Fondos estructurales. 
El nacimiento de la moneda única puede acarrear un agravamiento de los desequilibrios entre Estados debido a la aceleración de las deslocalizaciones, bien hacia Estados o regiones más competitivas que otras, o bien de regiones que atraviesan dificultades hacia los ejes económicos dominantes que ya se perfilan (el noroeste de Alemania, el Benelux, Isla de Francia, el norte de Italia). 
En este contexto, el Fondo de Cohesión permitirá quizá limitar los perjuicios de la UEM, pero seguirá estando, no obstante, muy por debajo de los objetivos. 
Por eso el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no ha podido votar a favor del Informe Collins. 
El Grupo de los Verdes vota en contra la recomendación sobre el reglamento del Fondo de Cohesión porque en él no se ha tenido seriamente en cuenta casi ninguna de las peticiones innovadoras formuladas por el Parlamento Europeo en la primera lectura con el fin de fortalecer e integrar el papel del Fondo de Cohesión dentro de la política estructural europea. 
Considerando que el texto del reglamento acordado en el Consejo de Ministros no tiene en cuenta ninguno de estos puntos, no podemos dar nuestro consentimiento a la puesta en marcha del Fondo de Cohesión. 
Segundo Informe Görlach (A4-0229/99) 
Desde hace varios años, los pueblos de la Unión rechazan cada vez con mayor claridad las políticas ultraliberales y los daños que éstas ocasionan al empleo, a la renta, a los regímenes de protección social y a los servicios públicos, al medio ambiente y a la ordenación del territorio. 
Estos pueblos desean, por el contrario, una reorientación de las políticas europeas, cuyo objetivo y cuya vía sería el progreso social y democrático, así como la instauración de cooperaciones internacionales recíprocamente ventajosas. 
Estas reivindicaciones se expresan a través de las luchas y de las manifestaciones nacionales y europeas. 
Las mismas han encontrado eco, incluso en Berlín, donde los proyectos más ultraliberales de la Comisión han sido rechazados. 
Sin embargo, los intereses mejor defendidos son los de los grandes operadores económicos y financieros europeos e internacionales. 
Pero este debate sigue también abierto porque las elecciones al Parlamento Europeo lo sitúan en el plano de todos los pueblos de la Unión. 
Ahora son éstos los que deben pronunciarse sobre la reforma de las políticas y de la construcción europeas. 
Al votar contra los reglamentos ultraliberales de la Agenda 2000, deseo darles todas las posibilidades para que puedan intervenir. 
Segundos informes Görlach, Mulder, Graefe zu Baringdorf, Garot, Goepel, Fantuzzi, Philippe A. Martin (A4-0229, 0213, 0231, 0212, 0232, 0215, 0223/99) 
Los debates sobre la Agenda 2000 han durado más de un año y han constituido la parte más importante de los trabajos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. 
Al término de mi mandato, en mayo de 1999, mis posiciones políticas sobre estas cuestiones sociales, como son la agricultura, la alimentación, el desarrollo rural y el medio ambiente, siguen siendo las mismas. 
La reforma de la PAC era necesaria, pero no en la forma propuesta en la Agenda 2000 de la Comisión Europea. 
Nuestros debates han demostrado cierto consenso sobre lo que hoy se denomina «modelo agrícola europeo» , el cual se opone en muchos puntos a los objetivos ultraliberales de los países del grupo de Cairns y de los Estados Unidos. 
He votado, pues, en contra de los informes que nuestro Parlamento no había enmendado lo suficiente y que, por lo tanto, están vaciados de su sentido y sustancia; algunos ponentes comparten, por otro lado, mi posición. 
1.El Informe Görlach no permite, en su estado actual, con una dotación presupuestaria demasiado escasa, aplicar una verdadera política de desarrollo rural, a pesar de ser más que nunca necesaria para garantizar un futuro digno y sostenible a las zonas rurales de la UE (80 % del territorio de la UE).2.El Informe Mulder recuerda en un considerando la posibilidad de la cofinanciación, que nosotros hemos combatido porque significaría, a la larga, la desintegración de la PAC y de los objetivos del Tratado.3.El Informe Graefe zu Baringdorf no ha permitido presentar un mecanismo coherente de reorientación y de fijación de límites máximos de las ayudas agrícolas según criterios sociales y medioambientales, y el propio ponente, tras las enmiendas aprobadas en comisión, probablemente no reconozca un texto enmendado, tan diferente del original.4.En cuanto al Informe Goepel sobre la leche, éste garantizaba, naturalmente, el mantenimiento de cierto statu quo, pero establecía la posibilidad de suprimir las cuotas lecheras.En cambio, he votado a favor de los informes en los que la posición firme del Parlamento había hecho retroceder significativamente la intransigencia o la inadecuación de las propuestas de la Comisión: 
5.El Informe Garot, en el que la competencia y la tenacidad del ponente han permitido salvaguardar, en parte, el sector de la carne de vacuno, sobre todo con respecto a las vacas nodrizas, que conservan el paisaje, estructuran las producciones rurales, garantizan unos ingresos a las producciones de calidad sin hormonas y protegen el medio ambiente.6.El Informe Martin, en cuyo caso mis colegas y yo mismo hemos modificado profundamente el texto de la propuesta en un sentido favorable al conjunto de la cadena de producción del sector vitivinícola- algunos interesados así nos lo han dicho -, concretamente en lo concerniente a la definición del vino, a la prohibición de elaborar vinos europeos con mostos importados de terceros países y al mantenimiento de las prácticas enológicas tradicionales y, por lo tanto, de la calidad que sirve de base a nuestra identidad cultural europea.7.El Informe Fantuzzi relativo a determinados cultivos herbáceos, aunque el tratamiento que se da a los productos oleaginosos y proteaginosos aún dista mucho de ser satisfactorio.Estoy persuadida de que los agricultores y los consumidores europeos comprenderán, pues, el sentido de mi voto, y serán conscientes de las luchas que todavía están pendientes para que la construcción europea tenga un futuro en este ámbito. 
Nos hemos abstenido en las votaciones sobre los informes de los Sres. Görlach, Graefe zu Baringdorf, Garot, Goepel, Fantuzzi y P. Martin ya que consideramos que se debe desmantelar por completo la política agrícola de la UE y restituir a los Estados miembros las responsabilidades en torno a una política agrícola eficiente y ecológica. 
Segundo Informe Graefe zu Baringdorf (A4-0231/99) 
Como miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y coordinador del Grupo Europa de las Naciones, he votado en contra del conjunto de las enmiendas presentadas en la Comisión de Agricultura por nuestro ponente, el Sr. Graefe zu Baringdorf, puesto que sus propuestas eran totalmente incoherentes con respecto a la situación económica que conoce la agricultura europea. 
He podido comprobar con satisfacción que la mayoría de mis colegas que componen la Comisión de Agricultura han efectuado el mismo análisis que yo. 
Por esta razón en la Comisión de Agricultura no se ha aprobado ninguna enmienda a la propuesta de la Comisión. 
El conjunto de los miembros franceses del Grupo Europa de las Naciones han votado en contra de la resolución legislativa, lo que ha permitido validar, en este punto, el compromiso de Berlín. 
La agricultura europea se encuentra en una situación muy desfavorable. 
En efecto, el precio de los productos agrícolas baja regularmente, a medida que desaparece el principio de preferencia comunitaria. 
La mundialización de los intercambios de productos agrícolas no es una palabra vana, sino una realidad que conocen nuestros agricultores. 
Las próximas negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio hacen que tema lo peor para los años futuros. 
¿El Comisario Fischler no ha dicho acaso, en el Pleno, que preveía una nueva reforma de la política agrícola común en el 2003? 
El hecho de que la fecha mencionada en esta declaración coincida con el final del ciclo de negociaciones en el 2003 no se debe, ciertamente, a una casualidad. 
La ayuda directa a los agricultores es necesaria e indispensable para ciertos sectores de la agricultura. 
Por ejemplo, hoy la producción que recibe más ayuda es la de carne de ovino. 
El hecho de querer fijar un límite máximo a las ayudas y de reducirlas regularmente constituye una aberración total con respecto al nivel de ingresos de estos productores. 
En Francia, los productores de carne de ovino son los que poseen la renta agrícola más baja. 
Una reducción lineal y generalizada de las ayudas compensatorias desequilibrará, pues, la producción agrícola europea. 
Sólo se salvarán las producciones europeas más competitivas en el plano internacional. 
Los equilibrios medioambientales, así como los equilibrios en materia de ordenación del territorio y de utilización del espacio agrícola, serán trastrocados en los próximos años si esta política de destrucción de la PAC sigue el impulso adquirido en 1992. 
Segundo Informe Philippe-Armand Martin (A4-0223/99) 
Como todos sabemos, la política es el arte de lo posible. 
Como eso es así y no de otra manera, me veo obligada a decidirme después de una larga reflexión a respaldar definitivamente el informe sobre la reforma de la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000 a fin de dar luz verde para que la decisión política adoptada por los ministros de Agricultura y la Cumbre de Berlín pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros en su versión legislativa. 
No puedo por menos de decir que los resultados de la Cumbre de Berlín en el ámbito de la reforma de las organizaciones comunes de mercado en los sectores de la leche, la carne de vacuno y los cereales no me entusiasman demasiado. 
Son, sin embargo, un mal menor en comparación con las propuestas de la Comisión e incluso significan un paso adelante con respecto al resultado de las deliberaciones del Consejo de Ministros de Agricultura. 
Desafortunadamente, ignoramos si este compromiso bastará para salvar el modelo agrícola europeo. 
Aunque esté dispuesta a conformarme con la reforma de la organización común del mercado vitivinícola, ésta podría verse mejorada si el Consejo de Ministros tomara en consideración las enmiendas de transacción del segundo Informe Martin. 
Es inaceptable que de repente aparezcan zonas vitivinícolas en Irlanda, Dinamarca y Suecia. Pues existiría el peligro de que en el futuro estos países elaboraran vino a base de mosto importado comercializándolo como vino producido en la Comunidad. 
Lamento igualmente que no se haya recogido el bonito capítulo titulado «Productos vitivinícolas y salud» , que llevaba incorporado nuestro informe. 
Volvemos a presentarlo en el segundo Informe Martin, porque no podemos rendirnos. En beneficio de la salud de los ciudadanos europeos debemos seguir defendiendo los efectos positivos del consumo moderado del vino ante los grupos de la población que no saben que el vino es la medicina preventiva más eficaz y más placentera contra el Alzheimer, el cáncer, la senilidad y otras muchas enfermedades. 
El Partido Socialista parlamentario europeo se opone a la enmienda 7 del informe porque repite innecesariamente legislación existente de la UE y adolece de falta de claridad específica sobre el tema de la adaptación de la maquinaria o la sustitución de toda la maquinaria sea o no sea práctico hacerlo. 
Informe Oddy (A4-0248/99) 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de la propuesta sobre comercio electrónico que protegerá los intereses de los consumidores en Internet y al mismo tiempo eliminará los obstáculos para los prestadores de servicios establecidos en la UE. 
Hemos votado a favor de un gran número de exigencias concretas destinadas a mejorar la protección de los consumidores. 
El principio por el cual las normas vigentes en el comercio a través de Internet serán las normas del país del remitente tiene tanto ventajas como inconvenientes. 
Es una ventaja para la industria de Internet, que ya está sujeta a las disposiciones del país de origen y que conoce así las normas. 
A la inversa puede ser un problema que los consumidores no conozcan las normas. 
De ahí que hayamos votado a favor de reforzar los derechos de los consumidores, y aquí hay que mencionar la obligación de que los países miembros adopten medidas para garantizar que los consumidores puedan registrarse en listas de exclusión voluntaria «opt-out» , que los prestadores de servicios deberán controlar regularmente. 
Como principio general, los socialdemócratas daneses trabajamos por garantizar unos requisitos mínimos comunitarios para el comercio en Internet lo más rigurosos posibles. 
Si se consiguen aprobar normas comunes que eleven el nivel de protección de los consumidores en todos los países, ya no tendrá tanta importancia que las normas vigentes sean las del país del remitente o las del país de origen. 
Recomendación Miranda de Lage (A4-0220/99) 
El que hoy nos hayamos abstenido en la votación del informe de la Sra. Miranda de Lage relativo a la decisión del Consejo por la que se establece un acuerdo de asociación económica y de coordinación y colaboración políticas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por un lado y los Estados Unidos Mexicanos por el otro obedece a varias razones. 
Las negociaciones entre las partes del acuerdo no se cerrarán antes de final de año. 
Aceptar ahora la propuesta de la Comisión en lo que al contenido del acuerdo se refiere sería otorgar al Consejo y a la Comisión un cheque blanco de cara a las negociaciones. 
Queremos ver el resultado definitivo antes de decidir si lo respaldamos. 
La propuesta de acuerdo de la Comisión mejora claramente el actual acuerdo marco de cooperación de 1991 al que debe sustituir. 
Especialmente, la cláusula democrática (artículo 1) representa un importante avance. 
Sin embargo, falta especificar claramente qué mecanismos se emplearán para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por las partes. 
Sin ellos, la cláusula será en principio inútil. 
Teniendo en mente las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas por México, es absolutamente inaceptable. 
Además, la propuesta tampoco hace referencia a cómo se promoverá la participación de la sociedad civil ni a cómo se garantizará el respeto a los derechos de los asalariados. 
Aunque felicito y apoyo a la ponente y estimada colega, Sra. Miranda de Lage en relación con su trabajo sobre México, al igual que para Latinoamérica en su conjunto, debo hacer constar mis razones personales para votar en contra de la ratificación de este acuerdo. 
No ha transcurrido ni un año desde que el Parlamento ratificó el acuerdo provisional partiendo de la base de que la cláusula de derechos humanos que contenía pondría a prueba la seriedad del Gobierno mejicano a la hora de garantizar que la cooperación en materia de derechos humanos fuera esencial en las relaciones con la UE. 
También esperábamos que las cuestiones de derechos humanos desempeñaran un papel fundamental en las negociaciones entre México y la Comisión Europea. 
Mientras tanto, la crisis de derechos humanos en Chiapas, al sur de México, sigue empeorando, y no tenemos constancia de que en las negociaciones se hayan incluido unos mecanismos claros de aplicación y seguimiento de la cláusula sobre democracia y derechos humanos. 
Nuestro partido hermano, el PRD mejicano, y las ONG sobre derechos humanos creen que es prematuro que este Parlamento ratifique la totalidad del acuerdo. 
Nos disgusta profundamente el desarrollo de los acontecimientos de este informe sobre México. 
Al tratar ahora esta propuesta, el Parlamento no mantiene las promesas anteriormente realizadas. 
En su informe de abril de 1998, el Parlamento señaló que no volvería a votar el acuerdo global antes de que supiera con exactitud cuál es su contenido. 
En este momento la Unión Europea se encuentra inmersa en las negociaciones con México. 
Tan sólo a finales de este año se fijarán algunas disposiciones del acuerdo global. 
Creemos que el Parlamento actúa irresponsablemente al votar ahora este informe. Hemos dado un cheque en blanco y ya no podremos presionar más. 
Además de por estas cuestiones de procedimiento, hemos votado en contra del acuerdo con México a causa de su contenido. 
La ponente ha deformado considerablemente la situación de los derechos humanos en México. 
Habla de un reciente avance en este ámbito y menciona toda una serie de pasos formales dados por este país. 
En la práctica, en México faltan todavía varias cosas en el ámbito de la protección de los derechos humanos. 
De ello son testigo las ejecuciones ilegales y las continuas actividades de algunas bandas en Chiapas. 
En el acuerdo global faltan mecanismos que impongan el respeto de los derechos humanos. 
La segunda dificultad en cuanto al contenido se refiere a la política medioambiental de México. La ponente no ha mencionado nada sobre ella, aunque también nosotros le hemos facilitado información. 
La construcción prevista de una nueva planta gigante de extracción de sal amenaza tanto a una reserva natural protegida (UNESCO) como a diversos tipos de animales, entre otros, a la ballena gris, que tiene ahí uno de sus principales lugares de reproducción. 
Si México insiste en estos lamentables planes, debe continuar siendo posible realizar un boicoteo comercial en forma de prohibición de importar sal de este país, a pesar de que el acuerdo comercial sea viable. 
Informe Aglietta (A4-0169/99) 
El Grupo Europa de las Naciones no ha votado positivamente el Informe Aglietta sobre las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, principalmente porque el Parlamento Europeo trata de alterar el sentido de algunas de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam, para modificar en provecho propio el equilibrio institucional. 
Efectivamente, si bien el Tratado de Amsterdam ha ampliado el ámbito de la codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo, no lo ha hecho en cuanto al procedimiento de decisión de derecho común. 
En particular, no ha modificado ni el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, que convierte al Consejo (y, por tanto, a la jerarquía de los diferentes Consejos) en el centro desde donde se impulsan las políticas de la Unión, ni el artículo 202 del Tratado CE, que confía sólo al Consejo el cometido de determinar las competencias de ejecución que se conferirán a la Comisión. 
En estas condiciones, y aun cuando el Parlamento Europeo refuerza su influencia, es evidente que los Tratados sitúan siempre al Consejo en el centro del sistema institucional. 
El Informe Aglietta, que reivindica para el Parlamento Europeo el derecho de interponerse en las medidas de ejecución, concretamente a través del otorgamiento de un poder de revocación, nos parece, pues, que contradice la filosofía de las actuales instituciones de la Unión. 
Podemos incluso preguntarnos, por otra parte, si al Parlamento Europeo realmente le interesa reivindicar este derecho. 
El Parlamento Europeo ya se ve obligado, debido a la inexistencia de la distinción ley/reglamento en el plano europeo, a dedicar un tiempo considerable para ocuparse de cuestiones fútiles. 
Si, además, tuviera que participar en las competencias de ejecución, la situación sería aún peor. 
Deseo ante todo felicitar a la Sra. Aglietta por la calidad de su trabajo y por los resultados que ha obtenido para que prevaleciera la transparencia en los diferentes comités que participan en el proceso de adopción de medidas de ejecución. 
La lucha que llevo adelante desde mi primer mandato se ve recompensada gracias a la perseverancia de una ponente que está siempre atenta y con quien he tenido el sumo placer de trabajar. 
En efecto, las enmiendas incorporadas a la propuesta de la Comisión, y que el Consejo afirma estar dispuesto a aceptar, mejoran sensiblemente el acceso a la información sobre procedimientos de decisión comunitaria demasiado secretos, bien se trate de los comités, de los documentos que se discuten, de los órdenes del día, de la lista de participantes, o bien- incluso-del calendario de los trabajos de los comités. 
Atribuyo asimismo una importancia muy particular a la norma que establece el principio de la publicidad y de que la confidencialidad sería la excepción (enmienda 31). 
Espero que más allá de la proclamación de este principio, la ausencia de motivaciones serias para determinar el grado de confidencialidad no lo reduzcan a nada. 
En cambio, otros aspectos del informe son criticables. 
Se trata de aquellos que amplían al infinito el ámbito de la reglamentación comunitaria, y que hoy, bajo el efecto de la obstrucción burocrática y administrativa que han provocado, exigen una simplificación de los procedimientos existentes. 
Habrá que recordar esta lección en una próxima revisión de los Tratados y ponerse de acuerdo una vez por todas sobre el ámbito de las competencias comunitarias. 
El respeto del principio de subsidiariedad sería un primer paso, pero esto no figura en el informe. 
Por el contrario, esta supuesta simplificación constituye un pretexto para reforzar la dimensión supranacional de la Unión Europea. 
La Comisión, que ya detenta un monopolio de la iniciativa, se apropiaría así del poder ejecutivo europeo, para convertirse en el Gobierno de la Unión Europea, ya que el Consejo se limitaría a desempeñar un papel de segunda cámara parlamentaria, que se pronuncia por mayoría. 
El hecho de que los comités trabajen en un marco de apertura y de transparencia significa un progreso, pero apartarlos de las realidades nacionales en el ejercicio de su función, para situarlos bajo la autoridad de la Comisión, constituye una desviación que rechazo. 
Resolución común- Kosovo 
Señor Presidente, como muchos franceses y otros ciudadanos de los países de Europa, estamos horrorizados por la intensificación del éxodo de los albaneses de Kosovo y por la intensificación paralela de los bombardeos de la OTAN. 
Esta evolución desastrosa, contraria a todas las garantías que se nos habían dado al inicio de esta guerra, y contraria a los objetivos humanitarios de la propia guerra, no puede sino acrecentar las dudas que habíamos expresado desde el principio sobre la estrategia utilizada. 
Creemos que a este error inicial, Europa añade otro, de consecuencias graves para el futuro. 
Al escuchar las intervenciones de los diputados durante el debate que ha tenido lugar en este hemiciclo, así como las intervenciones del Presidente de la República Francesa, me sorprende comprobar que el análisis de los errores se limita esencialmente a un cuestionamiento personal de Slobodan Milosevic, de su familia y de sus allegados. 
Sin embargo, si bien no puede negarse su responsabilidad, tampoco pueden limitarse a ésta las causas del conflicto. 
Es evidente, por el contrario, que este último ha surgido por disensiones muy antiguas y profundamente arraigadas en los diferentes pueblos implicados. 
Lo que es más grave es que este error de apreciación puede guiarnos hacia falsas soluciones. 
El hecho de cuestionar únicamente a Slobodan Milosevic y a sus allegados, significa insinuar la idea de que bastaría con derrocarlos para que todo volviera a la normalidad, para que los albaneses de Kosovo recobraran sus hogares y para que todos vivieran en armonía en un Kosovo multiétnico. 
En nuestra opinión, eso sería ilusorio o, al menos, muy largo y costoso de realizar. 
En cambio, si se reconoce que existen conflictos profundos, populares, difíciles de extirpar en poco tiempo, llegamos a la conclusión de que también hay que examinar otras soluciones- como, por ejemplo, una división de Kosovo, naturalmente-. 
Nos dirigimos, pues, a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de Europa para que reorienten su estrategia y cesen de alinearse a los Estados Unidos. 
En esta guerra reinan la mentira, la propaganda unilateral, la reticencia y la omisión. 
Para empezar, el lío semántico: la guerra aérea sobre toda Yugoslavia se clasifica como «situación en Kosovo». 
El bombardeo aéreo de la OTAN sobre objetivos civiles- centrales eléctricas, emisoras de televisión, escuelas, autocares- se define como «error involuntario» o «daño colateral». 
Las mutuas atrocidades étnicas se atribuyen siempre a una sola de las partes y no a las demás. 
De la actividad terrorista del ELK, armado, financiado, instruido y adoptado políticamente por la Secretaria de Estado Madeleine Albright, no hay rastro en los documentos aprobados por la mayoría de este Parlamento. 
Esta es la realidad, mientras parece que se vislumbran algunas esperanzas de negociación tras el viaje a Roma de Ibrahim Rugova y la liberación de los tres soldados americanos, este Parlamento, en sus últimas horas de trabajo, elige con esta votación sobre Kosovo el camino mortificador de la propaganda de la OTAN y fracasa en su papel político. 
He votado en contra de esta resolución porque no contiene ninguna contribución del Parlamento Europeo para salir de una guerra inevitable, terrible y además ineficaz. 
En la resolución falta toda referencia a los pequeños resquicios de esperanza que están abriéndose en las últimas horas para una salida negociada. 
Falta cualquier valoración del papel absolutamente insignificante desempeñado por Europa. 
La resolución, por último, no tiene en cuenta la invitación a cesar de inmediato los bombardeos surgida a lo largo del debate parlamentario. 
Nuestro partido manifiesta firmemente su repulsa hacia la limpieza étnica que está perpetrando en Kosovo el régimen de Milosevic, el terrible responsable de las persecuciones que sufren los albanokosovares. 
Sin embargo, los bombardeos de la OTAN no han hecho más que agravar y dificultar la situación. 
Creemos que hay que detener inmediatamente los bombardeos, al mismo tiempo que se debe producir una retirada de las fuerzas serbias de Kosovo. 
Es necesario garantizar a todos los refugiados su regreso bajo la protección de un contingente de las NU compuesto por tropas de Estados no alineados militarmente, con una función pacificadora. 
Posteriormente, se debe convocar una conferencia internacional sobre los Balcanes bajo los auspicios de las NU y de la OSCE con el objetivo de estabilizar la situación en la región y de garantizar en Kosovo el establecimiento de una avanzada autonomía dentro de las fronteras actuales. 
Con arreglo a estas cuestiones de principio, hemos optado por votar en contra de esta resolución, puesto que no estamos de acuerdo con algunos de los puntos de vista que se expresan en ella en torno a cuestiones de gran importancia. 
Voto en contra de la propuesta de resolución sobre Kosovo, porque considero que no ayuda en absoluto a encontrar una solución política, ni al fin inmediato de esta guerra sin sentido- especialmente hoy, 45 días después, en que empiezan a vislumbrarse esperanzas de escapar de este trágico callejón sin salida. 
Indicativamente, mi postura está basada también en lo siguiente: 
1.La pregunta que dirigí al Consejo H-0387/22-4-99 se consideró (correctamente desde el punto de vista del procedimiento) que se incluía en el debate general sobre Kosovo. 
Sin embargo esta pregunta sigue sin respuesta y es: -Si conoce el Consejo que, de acuerdo con las denuncias e informaciones que difunden los medios de comunicación internacionales, los bombardeos de la OTAN y la guerra de Yugoslavia han causado catástrofes o daños irreparables en monumentos del patrimonio cultural europeo- entre los cuales también hay iglesias y monasterios cristianos (ortodoxos).-Si se demuestran que estos datos son correctos: a) ¿Qué piensa hacer para que no prosiga esta pérdida irremediable, yb) qué piensa hacer para restaurar- en la medida de lo posible- los daños? Evidentemente, esta pregunta se refiere, en concreto, a un «crimen cultural de guerra» que tiene lugar en Europa, en Yugoslavia, en donde también tiene lugar un «crimen medioambiental de guerra». 
La guerra en Yugoslavia, la llamada (¡¡¡)» Guerra Humanitaria» (!! !) en una apoteosis de eufemismo hipócrita, ha causado grandes pérdidas en la población civil y ha agudizado la tragedia de los refugiados. 
Por supuesto, esta es la cuestión y la razón principal por la que se deben interrumpir inmediatamente los bombardeos y tenemos que encontrar una solución política. 
2.También se puede decir lo mismo sobre mi propuesta de proyecto de resolución del 24 de abril de 1999, que es: El Parlamento Europeo: 
1.Denuncia y condena de la forma más contundente el catastrófico bombardeo a los estudios de la televisión en Belgrado (22 de abril de 1999).2.Expresa, consternado, su pesar ante las graves pérdidas en vidas humanas (diez muertos y decenas de heridos) entre trabajadores de la información.3.Considera que se trata de un golpe bárbaro contra los derechos humanos fundamentales, contra el derecho a la libertad de palabra y de expresión, a la libertad de prensa.4.Cree que es inadmisible, en este caso, cualquier referencia a ¡¡¡necesidades «bélicas» o «humanitarias» !! ! 5.Pide a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a los gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Yugoslavia, a la Unión Internacional de Periodistas y a la OTAN.- Resolución común- Consejo Europeo de Colonia 
Desearía hacer uso de esta explicación de voto para señalar que no apoyo la integración de la UEO en la UE y que tampoco quiero que se incorpore el Acuerdo de Schengen en el tercer pilar. 
Resolución- B4-0428/99 
Señor Presidente, la resolución que acaba de aprobar el Parlamento Europeo sobre el método que habría que seguir para reformar las instituciones europeas después del Tratado de Amsterdam no aporta, en nuestra opinión, ninguna mejora con respecto al pasado, y conducirá, como de costumbre, a realizar operaciones de reforma desde arriba, sin apenas contar con la iniciativa y la participación de los pueblos de Europa. 
La idea principal de esta resolución consiste en que la Comisión debe desempeñar una labor de impulso, cito: «y asegure la coherencia del proyecto político europeo, función que sólo ella puede asumir». 
Esto empieza mal. 
Es un reflejo típico de tecnócratas el hecho de creer que si ellos no intervienen, todo se hundirá en el caos. 
No piensan que pueda existir otro tipo de coherencias, aparte de sus coherencias burocráticas; la coherencia democrática, por ejemplo. 
Sobre esta base falsa, la resolución del Parlamento Europeo, que aborda sobre todo los trabajos preparatorios de la futura reforma, propone que la Comisión inicie- y luego dirija- el proceso, y que, sin abandonar su supuesta responsabilidad política, confíe la redacción de un primer documento a un grupo de expertos, fórmula que ya se utilizó en la elaboración de Maastricht. 
Nosotros nos oponemos absolutamente a esta solución. 
Estos expertos, que la resolución califica de «independientes» , serán elegidos, como de costumbre, de tal manera que sus conclusiones se orienten forzosamente hacia el federalismo. De todas maneras, el propio método de recurrir a un grupo de expertos, federalistas o no, es criticable, puesto que el documento que habrán preparado servirá de base a las discusiones, y aquellos que quieran oponerse estarán, de entrada, en desventaja. 
El Grupo Europa de las Naciones piensa que, decididamente, es preciso invertir la perspectiva y dar la palabra a los pueblos a partir de la fase de preparación de la reforma. 
Para comenzar, debería consultarse a todos los Parlamentos nacionales, y el conjunto de sus propuestas constituirían el documento de base sobre el que discutirían los Estados miembros durante las negociaciones posteriores. 
La Comisión, los supuestos expertos, el Parlamento Europeo, que actuarán en complicidad para despojar un poco más a las democracias nacionales de su poder, deben quedar al margen. 
El Sr. Biagio De Giovanni, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, ha logrado insertar en unos pocos apartados lo esencial de lo que puede decirse sobre la próxima reforma institucional. 
Se trata de un logro- por el que lo felicito -, ya que no ha sacrificado el contenido a la necesaria concisión. 
Me congratulo, sobre todo, de que empiece por recordar la importancia que reviste la investidura del Presidente de la Comisión. 
Entre Maastricht y Amsterdam, los Tratados han registrado modificaciones importantes, que el Parlamento Europeo tiene que tener muy en cuenta para llegar hasta sus últimas consecuencias. 
En los debates anteriores, yo había constatado que el nuevo papel del Parlamento en esta investidura aún no había sido bien entendido por algunos de nuestros colegas. 
Lo mismo ocurría con muchos diputados de los Parlamentos nacionales. 
Felizmente, durante los debates y los contactos mantenidos, ha tenido lugar una progresiva toma de conciencia. 
Por eso me congratulo de que vuelva ahora a recordarse lo esencial. 
El nuevo papel desempeñado por el candidato Presidente para constituir el Colegio de Comisarios es comparable a lo que en Bélgica denominamos «un formador» : su punto de vista será tenido en cuenta junto con el de los Estados miembros. 
Luego, el hecho de que el candidato Presidente deba presentar sus orientaciones políticas ante el Parlamento Europeo- lo que el Sr. Romano Prodi ha denominado justamente su «programa de gobierno» -, lo obliga a alcanzar una mayoría en el Parlamento, sobre la que apoyará su acción. 
Estas nuevas prácticas nos acercan a la situación que existe en nuestros países, y los ciudadanos las percibirán como un avance hacia la democracia. 
En cuanto a la próxima reforma institucional, es muy deseable que la voz del Parlamento tenga mayor peso y que, contrariamente al antiguo método, que había decepcionado seriamente, la reforma se centre en un verdadero diálogo interinstitucional, lo cual está perfectamente expresado en los puntos 8 y 12 de nuestra resolución. 
Es importante que las dos instituciones legislativas de la Unión emitan un mismo dictamen y, por consiguiente, que el centro de gravedad para la toma de decisiones esté situado en un punto equidistante entre el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Considero que la UE ha de ser un marco de cooperación interestatal. 
Por lo tanto, al no coincidir con mis puntos de vista a este respecto, he decidido no darle mi apoyo. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, la Sra. Oddy. 
Señor Presidente, deseo hacer una declaración personal. 
Como ya sabe, acabo de presentar mi informe, sobre el que el Parlamento ha votado amablemente esta mañana. 
Esta tarde hablaré sobre el Informe Malangré como portavoz del Grupo Socialista en la materia. 
Después de la votación, cuando volví a mi despacho, me encontré con un fax de mi oficina de Coventry. 
Era una carta enviada ayer por correo por el Secretario General del Partido Socialista informándome de que me habían suspendido de mi partido. 
Estoy absolutamente asombrada por ello, desconozco cuáles son las razones y no comprendo qué se supone que he hecho mal. 
Por consiguiente, necesito del Presidente una aclaración urgente sobre mis derechos y obligaciones como miembro de esta Asamblea. 
Deseo asegurar al Presidente que, desde mi punto de vista, mi primer deber es con el Parlamento y con los electores de mi circunscripción y que seguiré cumpliéndolo lo mejor que pueda. 
Aplausos 
Señora Oddy, como usted sabe, las responsabilidades de los diputados y diputadas son individuales. 
Los problemas que pueden existir en cada Grupo, o dentro de cada Grupo con los partidos con los que fueron elegidos, son cuestiones que escapan al funcionamiento mismo del Parlamento. 
Por lo tanto, tengo que decirle que sus responsabilidades aquí son claramente individuales y que usted estará en funciones, siempre y cuando usted no considere presentar su dimisión. 
Tengo que aclararle este hecho, que es lo que establece nuestro Reglamento, señora Oddy. 
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, la Sra. Pailler. 
Señor Presidente, como nuestro debate sobre los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia tratará ampliamente las cuestiones relativas a los derechos humanos, yo desearía informar de un hecho relativamente grave que se produjo en Marruecos contra una ciudadana francesa, la Sra. Danze-Serfaty. 
Los hechos ocurrieron después de la presentación legal de las resoluciones de urgencia y por eso es por lo que les hablo hoy sobre este caso. 
La Sra. Danze-Serfaty es la esposa del Sr. Abraham Serfaty, quien permaneció encarcelado durante 17 años en la prisión de Tazmamart en calidad de prisionero político, y que fue recibido con todos los honores en esta Asamblea, tras su liberación, que se produjo, sobre todo, gracias a las intervenciones y resoluciones de nuestro Parlamento. Sin embargo, no puede entrar en Marruecos, cuando ya no recae sobre él ninguna acusación. 
La Sra. Danze-Serfaty había viajado a Marruecos para interceder ante las autoridades de este país, a fin de que su marido pudiese regresar y pasar en él el resto de su vida. 
La Sra. Danze-Serfaty fue expulsada nada más llegar al aeropuerto. 
Pido al Presidente del Parlamento Europeo que se dirija a las autoridades marroquíes para protestar contra esta expulsión de una ciudadana francesa y para exigir el derecho de Abraham Serfaty de regresar a su país. 
Señora Pailler, como usted sabe, el debate de urgencia tiene unos plazos reglamentarios. 
Usted no ha podido, por motivos obvios, seguir estos plazos. 
Sus palabras figurarán en el acta, pero no puedo comprometerme a nada más en este momento. 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0459/99 de los diputados Sr. Newens y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0467/99 de los diputados Maes y Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0470/99 de los diputados Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0474/99 de los diputados Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0478/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0494/99 de los diputados Cunha y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0510/99 de los diputados Hautala y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la situación en Timor Oriental. 
Aunque en el período inmediatamente posterior a la dimisión del presidente Suharto había grandes esperanzas de que por fin quedaría abierto el camino a una solución pacífica de los problemas de Timor Oriental, después de un cuarto de siglo de derramamiento de sangre en el que ha muerto una tercera parte de la población como consecuencia de la invasión indonesia de 1975, aquellas esperanzas no se han cumplido. 
Las milicias contra la independencia armadas por los militares indonesios han sembrado la destrucción y asesinado a gran número de personas en un intento desesperado de frustar la demanda de autodeterminación. 
Lejos de constituir una salvaguarda contra la violencia, la presencia del ejército indonesio ha seguido siendo una de las causas del problema. 
Para que sea aceptado el resultado del referéndum sobre la autonomía para Timor Oriental, previsto para el 8 de agosto con el respaldo de las Naciones Unidas, el plebiscito deberá celebrarse en unas condiciones de justicia y libertad que no se puede confiar en que garantice el ejército indonesio. 
Por desgracia, parece que la violencia va en aumento en toda la región y las noticias de una nueva masacre perpetrada esta semana por el ejército indonesio confirman una vez más su reputación de violencia despiadada. 
Es necesario un ejército independiente respaldado por las Naciones Unidas para garantizar que la votación en el referéndum de Timor Oriental se produzca en unas condiciones exentas de violencia e intimidación. 
Aún quedan presos políticos por liberar. 
Al Sr. Xanana Gusmão, uno de los líderes del movimiento independentista que aún se encuentra bajo arresto domiciliario, se le debería conceder la libertad plena e incondicional. 
Se ha de garantizar plenamente el derecho del pueblo de Timor Oriental a rechazar la autonomía y exigir la total independencia. 
En el Parlamento Europeo venimos denunciando continuamente desde hace años la opresión impuesta al pueblo de Timor Oriental y el sufrimiento que soporta a manos del régimen indonesio. 
En la etapa final de este Parlamento, es importante que volvamos a confirmar nuestro apoyo a ese pueblo y a sus derechos y estoy orgulloso de estar haciendo precisamente eso en mi último discurso aquí. 
Muchas gracias, señor Newens. 
Estamos seguros de que, aunque este sea el último discurso aquí, su tarea seguirá siendo tan positiva como lo ha sido durante esta legislatura, como ha podido comprobar esta Presidencia. 
Señor Presidente, Señorías, este Parlamento puede- creo yo- enorgullecerse del papel que ha desempeñado durante esta legislatura y de la importancia que ha tenido con vistas a encontrar una solución para el problema de Timor Oriental. 
El problema de Timor ha sido abordado aquí muchas veces durante la legislatura y tal vez sea de los temas de política internacional y de defensa de los derechos humanos más abordados en este Parlamento. 
Creo que el Parlamento se ha prestigiado y ha prestado un servicio a la causa de Timor. 
Y es curioso que sea precisamente al concluir la legislatura cuando parece surgir en el fondo del túnel una solución para Timor Oriental. 
El acuerdo ayer subscrito en Nueva York, con los auspicios de las Naciones Unidas, entre Portugal e Indonesia enciende una luz de esperanza para la solución de los problemas de ese martirizado pueblo. 
Pero, si bien ha quedado claro en ese acuerdo que por primera vez- y hay que felicitar a Indonesia por ello- se reconoce el derecho a la libre determinación y la independencia en Timor, quiero destacar- y hay que destacar este aspecto, porque es un cambio político importante de la situación de Timor Oriental que sinceramente acojo con beneplácito- que se debe tener en cuenta también alguna hipocresía de comportamiento ya abordada aquí. 
Hipocresía de comportamiento porque, paralelamente a esa postura política, el ejército indonesio, las milicias y las fuerzas de seguridad siguen armando a hombres que intentan a toda costa impedir la libre determinación. 
Si se sigue matando a los dirigentes, si las poblaciones tienen que huir a las montañas y tienen miedo de ir a votar, si los millares de personas que fueron trasladados en el último año a Timor, proindonesios, tienen derecho a votar, si dirigentes como Xanana Gusmão siguen presos, creo que no será posible celebrar un referéndum libre y justo para Timor Oriental. 
Y ése es el gran imperativo de la comunidad internacional. 
Indonesia aceptó en el acuerdo ayer subscrito que la seguridad de las poblaciones y la seguridad para el referéndum corra a cargo de ella misma. 
Yo tengo dudas. 
El comportamiento de los últimos tiempos de Indonesia no nos permite abrigar demasiadas esperanzas al respecto. 
Compete a las Naciones Unidas y a la Unión Europea, señor Comisario, un papel importante para que el problema de Timor acabe definitivamente con justicia. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha apoyado inequívocamente la causa del pueblo timorense y su inalienable derecho a la libre determinación y la independencia y desde siempre ha contribuido en gran medida a que su lucha no haya caído en el silencio, por lo que se congratula de que la legislatura termine con una reafirmación de posiciones y se vislumbre su materialización. 
Es particularmente afortunado poder hacerlo cuando se vive un momento decisivo del proceso, con la firma del acuerdo alcanzado en el marco de las Naciones Unidas, en que se reconoció la posibilidad de que el pueblo timorense decidiera libremente su futuro. 
Acogemos con satisfacción esta conquista del pueblo timorense y nos alegramos de nuestra modesta, pero insistente y solidaria, contribución, a la que algunos reciente, oportuna y oportunístamente, se han sumado, de que haya sido útil. 
Dejamos este Parlamento con la sensación de haber cumplido, por lo menos en este caso, nuestro deber de representantes elegidos. 
La causa del pueblo timorense es un ejemplo de que vale la pena luchar, de que vale la pena resistir. 
Ahora bien, la satisfacción es muy moderada por la falta de confianza en la política de Indonesia y por los temores que provoca. 
Es necesario no bajar la guardia. 
Y no olvidar que, más que un final feliz, la consulta popular será sólo un paso más, decisivo, cierto es, en la ya larga caminata que permitirá que el pueblo de Timor Oriental, después de siglos de colonización portuguesa y de un cuarto de siglo de brutal ocupación indonesia, sea por fin dueño de su destino. 
Es necesario seguir exigiendo a las autoridades indonesias que acompañen esa decisión diplomática con medidas consecuentes. 
Es preciso iniciar inmediatamente el proceso de desarme y disolución de las milicias prointegracionistas, es indispensable llevar a cabo una desmilitarización del territorio por parte de Indonesia, a fin de que la consulta popular transcurra de forma libre y democrática y que se garantice y se le dé crédito en las Naciones Unidas. 
Hay que exigir que se libere a todos los resistentes que están presos, en particular Xanana Gusmão, y que se garantice el regreso con seguridad de los que se encuentran en el exilio. 
Es preciso también reafirmar la denuncia y la condena de aquellos países que de forma hipócrita siguen aclamando los derechos humanos, pero no vacilan en seguir vendiendo armas a un régimen culpable del genocidio de un pueblo. 
Es lo que nos comprometemos a... hacer en este Parlamento y fuera de él. 
Señor Presidente, no hace mucho tiempo hablamos en esta Asamblea de Indonesia. 
Dije entonces que no sólo nos preocupaba Timor Oriental, sino también otras regiones del estado islámico más grande del mundo. 
Espero que la Unión Europea y las Naciones Unidas presten ayuda al Gobierno indonesio, cualquiera que éste sea. 
Timor Oriental ocupa, por supuesto, por su pasado una posición especial, explosiva, pero por ello la preocupación que teníamos quizá se haya aliviado un poco con el frecuentemente llamado acuerdo de Nueva York concluido entre Portugal e Indonesia. 
El referéndum del 8 de agosto es crucial y tanto la Unión Europea como la ONU deben hacer lo posible por que se desarrolle limpia y ordenadamente. 
Es necesaria la entrada inmediata de la fuerza policial de la ONU. 
No sólo aportará estabilidad a Timor Oriental, sino que, tal vez, tenga también una influencia positiva en la región, al menos en la cercana región de las pequeñas islas Sunda, de la que Timor Oriental forma parte. 
Señor Presidente, la firma del acuerdo entre Portugal e Indonesia, ocurrida ayer en Nueva York con la égida de las Naciones Unidas, para la celebración de un referéndum en Timor Oriental con vistas a la libre determinación del pueblo timorense es un momento histórico que merece nuestro beneplácito. 
Ese acuerdo es la culminación de quince años de gestiones diplomáticas y se produce veintitrés años después de la anexión por la fuerza de esa antigua colonia portuguesa en la que murieron centenares de miles de personas, víctimas de la guerra civil y de la brutal represión del ejército indonesio. 
No obstante, la historia mundial está llena de acuerdos y tratados que no fueron respetados y que no fue posible materializar. 
Por la negativa obstinada del Gobierno indonesio, las cuestiones relacionadas con la seguridad y la creación de un clima de paz y sin coacción sobre la población no están debidamente garantizadas. 
El contingente de 600 representantes de las Naciones Unidas para organizar y observar el proceso referendario está constituido por civiles desarmados, al que en su momento se sumarán también 250 policías también desarmados, sin posibilidad alguna de defender a nadie, ni a sí mismos, ante la actividad impune de las milicias prointegracionistas que siembran el terror en Dili y en el resto del territorio. 
Como en seguida denunció el dirigente natural de Timor Oriental, Xanana Gusmão, considerar las fuerzas armadas indonesias una fuerza neutral es una aberración histórica. 
Todos los observadores independientes se muestran unánimes en acusar al ejército indonesio de actuar en connivencia con las milicias armadas proindonesias y ser su principal inspirador y proveedor de armas y municiones. 
Si no se garantiza una fuerza militar neutral en Timor, la verdadera opción del referéndum no será entre la autonomía y la independencia, sino entre la integración o la vida. 
Por lo demás, la campaña electoral de intimidación ya ha comenzado: banderas indonesias, nuevecitas, inundan las casas en Timor Oriental; los habitantes se ven obligados a usar distintivos con los colores indonesios y a firmar declaraciones prointegracionistas. 
Con una pistola apuntada a la cabeza, no hay elección posible. 
Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la comunidad internacional en general tiene que mantener la presión sobre Indonesia para que ésta acepte una presencia militar que garantice la neutralidad del referéndum e impida que se convierta en una farsa de imprevisibles consecuencias sangrientas. 
Señor Presidente, Señorías, mi intervención de hoy aquí, en este Pleno, es la nº 150 y será también la última. 
Y, en este momento de despedida, permítanme desear a todos los que, tal vez como yo, no seguirán sentándose en el hemiciclo del Parlamento Europeo las mayores venturas personales, profesionales y políticas. 
Y hago votos para que todos los que continúen tengan la felicidad de celebrar el próximo mes de septiembre una gran victoria del pueblo timorense, por la expresión de su libre voluntad de decidir su propio futuro en el referéndum que se celebrará el próximo día 8 de agosto. 
Muchas gracias, señor Mendes Bota, estoy seguro que todos nosotros deseamos también poder celebrar en septiembre lo que usted ha señalado en la última parte de su intervención y, como usted ha anunciado que esta va a ser la última en este hemiciclo, permítame que le desee lo mejor para el futuro y que desee también que sigamos manteniendo una buena relación para que, estemos donde estemos, podamos cooperar tanto en la lucha por culminar el proceso de la Unión Europea como en la solidaridad con todos los pueblos que la necesitan. 
Mucha suerte, señor Mendes Bota. 
Señor Presidente, este año se han registrado claros avances internacionales por lo que respecta a la situación de Timor oriental. 
Es absolutamente cierto lo que ya han dicho aquí otros colegas en el sentido de que, con su determinación, también el Parlamento Europeo ha ejercido una influencia en estos resultados. Sin embargo, hoy cabe señalar que la situación es más explosiva que en mucho tiempo, ya que el futuro referéndum se encuentra en peligro como consecuencia de un recrudecimiento de las actividades paramilitares. 
Creo que seguramente es el deseo de todos nosotros hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que haga todo lo posible para pacificar la situación en Timor oriental, con el fin de permitir la celebración pacífica de dicho referéndum el próximo 8 de agosto. 
Esto exigiría la participación de la Unión Europea en una actuación encaminada a garantizar la presencia internacional en Timor oriental. 
En este sentido, Australia ha propuesto iniciativas importantes en el marco de las NU, comprometiéndose a financiar esta presencia. 
Nuestra tarea consistiría ahora en someter a reflexión los distintos planteamientos que apuntan al despliegue de fuerzas policiales- o, incluso, de tropas pacificadoras- bajo el mando de las NU. 
Me interesaría enormemente escuchar lo que piensa el Sr. Comisario acerca de esta cuestión. 
Otro aspecto importante lo constituye la pronta celebración de elecciones parlamentarias en Indonesia y el hecho de que este país se prepara ya para el referéndum de Timor oriental. 
Seguramente sea necesario enviar también observadores electorales a estos comicios, no solamente observadores internacionales, sino también representantes de organizaciones no gubernamentales. 
Quisiera escuchar qué preparativos ha dispuesto la Comisión a este respecto. 
Finalmente, desearía señalar que la cooperación entre los diputados al Parlamento Europeo acerca de la cuestión de Timor oriental ha sido perfecta. 
Espero que siga siendo así en la próxima legislatura y que Timor oriental logre finalmente su independencia. 
Señor Presidente, Timor Oriental es uno de los expedientes simbólicos en el que están en juego los derechos humanos y en el que la ausencia de derechos de los pueblos y la ausencia de un verdadero reconocimiento del derecho de autodeterminación conduce diariamente a un terrible drama. 
Espero que el nuevo acuerdo suponga un cambio, pero al mismo tiempo quiero, al igual que la anterior oradora, insistir en medidas muy concretas, también por parte de la propia Unión, para que realmente se presione en la dirección correcta. 
El envío de observadores es importante, pero también es importante que la ONU esté presente y que lo esté con un mandato que se ajuste a las circunstancias, ya que éste falta muchas veces y eso siempre ocasiona decepciones. 
Espero que después de tantos años de sufrimiento, se restablezca finalmente la legalidad, que finalmente el derecho de autodeterminación también sea un hecho y que la perspectiva del referéndum dé una verdadera oportunidad a la democracia, en lugar de aumentar la violencia, tal como sucede en este momento en varias zonas de Indonesia. 
Señor Presidente, no sé si éste es mi último mandato. 
No sé si éste es mi último discurso, pero en cualquier caso, esté donde esté, permaneceré al lado de aquéllos que luchan por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por los derechos humanos, por los que yo también seguiré luchando, puesto que Timor Oriental se encuentra en una de esas situaciones. 
Es tan sólo uno de los muchos países en los que no hemos podido evitar la guerra. 
Espero que Timor Oriental sea una excepción y logre su independencia. 
Señor Presidente, Señorías, creo que antes que nada deberíamos acoger con satisfacción el acuerdo ayer subscrito en Nueva York entre el Gobierno de Portugal e Indonesia sobre Timor Oriental. 
Es la culminación efectivamente de un largo proceso en el que el Parlamento y la Unión Europea han desempeñado su papel, en el que sin lugar a dudas el pueblo de Timor Oriental, con su lucha, ha desempeñado un papel determinante, pero no podemos dejar de señalar la importancia del éxito diplomático ayer conseguido por el Gobierno de Portugal en Nueva York. 
Y a partir de este acuerdo y de su aplicación seria deberemos después garantizar los resultados deseados, es decir, que el pueblo de Timor Oriental pueda efectivamente ejercer en libertad su derecho a la libre determinación y la independencia. 
Por eso, no podemos dejar de valorar- al contrario que algunos colegas- el compromiso ayer asumido de que la consulta del 8 de agosto se realizará con la égida de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad y que, además de la fuerza de policía de que aquí se ha hablado, sea posible disponer la presencia de una fuerza de seguridad. 
Considero que este caso confirma también la buena utilización diplomática de un argumento recientemente surgido en la escena política internacional: que la comunidad internacional no puede utilizar dos pesos y dos medidas; que la comunidad internacional, cuando exige el respeto de los derechos humanos en Kosovo, tiene que ser consecuente con la exigencia de su respeto en otras partes del mundo. 
Sé que el Gobierno portugués ha sabido utilizar muy bien este argumento y debe seguir utilizándolo, como nosotros debemos seguir utilizándolo para que la Unión Europea intervenga en la plenitud de sus posibilidades políticas y de apoyo financiero para que el proceso en Timor Oriental transcurra bien. 
Ésta es la enésima vez que examinamos el problema de Timor en este Parlamento Europeo. 
Pero considero que hoy lo hacemos en un clima de especial importancia política, porque no se trata de una mera cuestión de derechos humanos, sino de un punto político. 
Quiero agradecer la tenacidad de mi colega del Grupo Socialista, el Sr. Stanley Newens, que ha hecho posible que se incluyera hoy este punto en el orden del día. 
Muchas gracias, señor Presidente, por haberme refrescado la memoria en cuanto al artículo del Reglamento. 
Efectivamente, la Sra. van Bladel se ha referido a un aspecto de mi intervención, a propósito de la naturaleza de la fuerza que las Naciones Unidas desplegarán en el territorio. 
Efectivamente, es una fuerza de policía. 
Pero quiero señalar que la colocación de todo el proceso de consulta electoral bajo la responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obligará necesariamente a una intervención de fuerzas de seguridad apropiadas, si Indonesia no cumple con su deber de desarmar a las milicias y velar por que el proceso transcurra sin interferencia de los grupos terroristas y armados. 
Por eso mismo interpreto y considero que debemos interpretar de esa forma positiva el acuerdo alcanzado y quiero aclarárselo a mi querida colega la Sra. van Bladel. 
Señor Presidente, la Comisión, naturalmente, se felicita por el progreso histórico que se ha realizado en la ronda final de conversaciones tripartitas celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas en Nueva York por los Gobiernos portugués e indonesio para resolver el antiguo, delicado y dramático problema de Timor Oriental. 
La Comisión, como todos ustedes, aplaude la firma durante la pasada madrugada del acuerdo que establece el marco de la autonomía del territorio, las modalidades de consulta y la organización del referéndum y, también, las disposiciones en materia de seguridad. 
En este sentido, la Comisión considera que la aprobación, por parte del Presidente Habibie de Indonesia, de la presencia de observadores de las Naciones Unidas, que van a supervisar la consulta organizada por las autoridades indonesias en Timor Oriental, constituye un paso hacia adelante, y confía en que esta presencia garantice el que esta convocatoria se celebre en un clima pacífico, de imparcialidad, de libertad y de seguridad. 
Igualmente, la Comisión juzga positivo el establecimiento por parte de las Naciones Unidas de un transfund para dicha consulta y, en este sentido, les tengo que informar de que en esta misma semana, probablemente mañana, se apruebe definitivamente la participación financiera de la Unión Europea en este transfund, seguramente con la cantidad de un millón de euros que irá destinada precisamente a estudiar las modalidades de la inserción de la Unión Europea en el proceso. 
Ustedes preguntaban si el Parlamento Europeo, como es tradicional, participará o no como observador en la realización del referéndum. 
Esta cuestión, en principio, deberá ser resuelta por el Consejo de ministros, que determinará, en el marco de Naciones Unidas, respetando los términos del acuerdo entre Indonesia y Portugal, las modalidades que se van a seguir para la participación. 
En cualquier caso, la participación financiera de la Unión Europea está asegurada en ese transfund. 
Igualmente, señor Mendes Bota- usted lo señalaba y otros parlamentarios también, particularmente el Sr. Newens -, claro que compartimos la preocupación por la presencia continuada de milicias armadas que, obviamente, están creando una interferencia en este proceso político que tiene que llevar a la realización del referéndum. 
Como decía algún orador, tendremos que ver la forma en que se puede resolver esta cuestión, si bien- insisto- dentro del propio acuerdo hay disposiciones específicas de cómo se va a llevar y desarrollar la seguridad. 
Es responsabilidad de Naciones Unidas y me imagino que, a través del diálogo, la organización y la propia implementación política del acuerdo, será posible determinar de qué manera se hará esta participación que garantice la seguridad. 
Uno de los compromisos del acuerdo de Naciones Unidas es precisamente el de desarmar las milicias, como señalaba el Sr. Barros Moura. 
Desarmar las milicias es un compromiso dentro de la seguridad. 
Estamos convencidos de que Indonesia tendrá que hacer todos los esfuerzos para desarmar las milicias y, en función de cómo se cataloguen internacionalmente estos esfuerzos, es cuando, evidentemente, se podrán introducir o no medidas de corrección, determinando que no es suficiente tanta policía, que hay que enviar más, que hay que enviar más misión internacional. 
En fin, es difícil predecir en este momento cómo se va a desarrollar, hasta el próximo día 8 de agosto, el acuerdo firmado en Nueva York esta madrugada. 
En cualquier caso, en lo que concierne a la Unión Europea ya les he dicho que se han tomado ya todas las disposiciones y les anuncio más: ya estamos empezando a trabajar, precisamente a petición del Gobierno portugués, en cualquiera de las hipótesis, en la necesidad de incrementar las líneas de cooperación con el territorio, naturalmente respetando la voluntad popular. 
Gracias, señor Marín. 
Tiene la palabra la Sra. Maes para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quería haber preguntado al Comisario Marín si se refería a previsiones presupuestarias relacionadas con la posible preparación de la independencia, en caso de que la mayoría de la población se pronuncie a favor de ella. 
Señora Maes, permítame recordarle que ésta no es una cuestión de orden. 
Ésta es una pregunta complementaria. 
Espero de la cortesía conocida del Sr. Marín que responda a ella, así como la cortesía de esta Presidencia es dejar que una cuestión de orden se convierta en una pregunta complementaria. 
Señor Marín, le ruego que responda a la Sra. Maes. 
Señor Presidente, yo por este Parlamento me dejo la vida. 
Risas 
No hay ningún problema. 
Hay dos decisiones: la primera decisión es el transfund constituido por Kofi Annan para desarrollar todo el proceso del referéndum, tomando como base el acuerdo entre Indonesia y Portugal. 
El Consejo de Ministros pidió a la Comisión que elaborara una participación de urgencia. 
Esa participación de urgencia ha sido cifrada en un millón de euros y será presentada la semana que viene para que ya sea operacional. 
Me imagino que también va a haber donaciones de los Estados miembros, de Estados Unidos, de Japón, en fin, de otros países. 
Con ese transfund se tiene que garantizar la seguridad, organizar el referéndum, preparar los colegios electorales, hacer la observación internacional. 
Si las Naciones Unidas estimaran que tiene que haber observadores europeos, sería con este transfund como se podría hacer la observación. 
Por otro lado, durante estos dos años, y a partir de la posición común del Consejo de Ministros, se elaboró un programa de ayuda humanitaria y de rehabilitación de urgencia que se hizo sobre la base de Cáritas, por la importancia que tenía la Iglesia Católica en Timor Oriental y, particularmente, el Premio Nobel Arzobispo Belo. 
Éste fue un programa sólo de ayuda humanitaria para rehabilitación de urgencia. 
Sea cual sea la solución del día 8 de agosto, la Comisión ya está pensando en lo que podría ser un hipotético programa de cooperación que incrementara nuestra participación. 
Gracias, señor Marín, por su conocida generosidad. 
Yo, señor Marín, sé muy bien que usted está dispuesto a perder la vida por este Parlamento, pero el peligro no es perder la vida. 
El peligro es perder la piel. 
Hay parlamentos que a veces le despellejan a uno. 
Por tanto, con mi larga experiencia, le digo que sea usted prudente, señor Marín. 
Sea usted prudente. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0460/99 de los diputados Colajanni y Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0479/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0486/99 del diputado Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0488/99 de los diputados Wurtz y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0495/99 de los diputados von Habsburg y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0503/99 de los diputados Gahrton y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el proceso de paz en el Oriente Próximo y el plazo del 4 de mayo de 1999. 
Señor Presidente, señor Comisario Marín, antes que nada deseo elogiar al Consejo Nacional Palestino por haber aplazado la fecha prevista del 4 de mayo para la declaración unilateral de independencia. 
El mismo ha realizado un gesto de amplio alcance político y de generosidad unilateral en beneficio del proceso de paz, ha evitado una transición dramática, una influencia negativa en las elecciones israelíes y una grave crisis del proceso de paz, con el peligro de una reanudación del conflicto en términos militares. 
Esto es lo que pidió el Parlamento Europeo en su resolución aprobada el pasado 11 de marzo, en la que consideró sustancial- reconociendo el derecho fundamental de la población palestina a fundar su propio Estado- que los garantes internacionales de los Acuerdos de Oslo reafirmaran solemnemente su compromiso de cumplir todos los objetivos del proceso de paz asegurando así a la Autoridad Nacional Palestina el respaldo necesario para justificar una ampliación del período de aplicación del acuerdo provisional más allá de la fecha del 4 de mayo de 1999. 
Es lo que el Consejo Nacional Palestino ha hecho. 
Y lo ha hecho también porque- además de la petición de este Parlamento-hubo el compromiso del Consejo Europeo de Berlín. Cito textualmente: «Nos complace la declaración del Conejo Europeo de Berlín respecto al proceso de paz, en particular en lo que se refiere al derecho de los palestinos a la autodeterminación sin reservas, incluido el derecho de crear un Estado, respecto al cual la Unión Europea está dispuesta a prever su reconocimiento en su momento, así como los compromisos asumidos por la Unión Europea en lo que respecta a la futura solución al conflicto». 
Considero que todo esto es importante y creo que estos compromisos son vinculantes y que los debemos tener presentes. 
Hemos de cumplirlos y requerirán una fuerte iniciativa política de la Unión Europea y de los Estados Unidos después de las elecciones israelíes. 
Señor Presidente, debe premiarse a las autoridades palestinas por su decisión de aceptar la ampliación del período transitorio hasta después del 4 de mayo. 
Al aprobar esto, los palestinos demuestran que todavía creen de verdad en los acuerdos de Oslo y en el memorandum de Wye Plantation. 
Así mismo, han querido evitar que el proceso de paz se paralice. 
Muy probablemente se hubiera producido una escalada del conflicto y la decisión de los palestinos quizá pueda aumentar la confianza mutua necesaria para una paz duradera. 
También nosotros nos alegramos de las declaraciones del Consejo Europeo de Berlín, como ya ha dicho el Sr. Colajanni, y este tipo de claras señales políticas podrían conducir a una mayor influencia de la Unión en Oriente Medio. 
La división interna ha dado lugar en el pasado a que la influencia política de la Unión haya sido realmente demasiado escasa. 
Sí, la Unión es el mayor prestamista desde hace tiempo, pero dar dinero es, por lo visto, más fácil que ponerse de acuerdo sobre una línea política común. 
Es importante que el acuerdo de 23 de octubre de 1998 haya demostrado que la constante presión externa sobre las partes es necesaria para que el proceso de paz continúe. 
Desde el acuerdo interino, se han producido señales erróneas por ambas partes, especialmente, debo decirlo, por parte de Israel, de las que la autorización de la construcción de más casas en Har Homa y Hebrón constituye un buen ejemplo. 
Por último, señor Presidente, quiero preguntar a la Comisión, en este caso al Comisario Marín, cuál es la situación respecto del hospital de Gaza que ha sido construido con dinero europeo. 
En un debate anterior, la Comisión señaló que un equipo de gestión había sido enviado para poder abrir finalmente el hospital. 
Acabo de volver de allí, señor Comisario, y eso todavía no se ha notado mucho. 
Señor Presidente, en primer lugar, también quiero saber lo que el Sr. Bertens ya ha preguntado, cómo va el hospital, puesto que yo también lo he visto y lleva demasiado tiempo vacío, sin que nadie pueda utilizarlo. 
De eso tampoco podemos responsabilizar al votante. 
Afortunadamente, estoy de acuerdo en que los palestinos se han dejado guiar por la razón y el entendimiento al renunciar a la declaración de un estado independiente el 4 de mayo. 
En las últimas semanas ha habido en general poca violencia en la región y ningún atentado con bombas atribuible a Hamas. 
Sí, parece como si la escalada de violencia en los Balcanes dejara sin respiración a los contrincantes de Oriente Medio y cada uno se diera cuenta de que con una escalada semejante, puede llegarse a una situación imprevisible. 
En resumidas cuentas, ambas partes utilizan transitoriamente la razón. 
La posición palestina, sin embargo, pide con verdadera urgencia que tras las elecciones, se produzca un adelanto inmediato y positivo en las negociaciones con los israelíes. 
Continúo pensando que un resultado definitivo y positivo entre estos bloques solamente puede lograrse tras la firma de acuerdos con Siria y Líbano. 
Por otra parte, señor Presidente, esta semana he presentado una pregunta escrita en la que solicito la amnistía de 250 detenidos en el territorio palestino no enjuiciados, pero su servicio me ha comunicado que la respuesta a esta pregunta no tendrá ya lugar y tampoco su publicación. 
Ahora sólo espero que el representante de los territorios palestinos, que se encuentra en la tribuna, escuche mi alegato y estas personas puedan tener un proceso judicial. 
En anteriores ocasiones hemos visitado frecuentemente los territorios palestinos bajo la guía del Sr. Colajanni. 
Se ha progresado, pero desgraciadamente, no es suficiente. 
Tras las elecciones, de nuevo debe adoptarse cuanto antes una iniciativa para lograr avances. 
Señor Presidente, debo decir, al igual que mis colegas, que para garantizar el proceso de paz, los palestinos han aceptado- demostrando de este modo su buena voluntad- aplazar la fecha de la declaración del Estado palestino, que los Acuerdos de Oslo habían fijado para el 4 de mayo. 
Al mismo tiempo, el Gobierno israelí sigue violando sus compromisos y multiplicando sus provocaciones frente a los palestinos. 
Así es como decide cerrar la Casa de Oriente, en Jerusalén-Este, y fomenta abiertamente la colonización, sobre todo en Cisjordania. 
¿Acaso no ha sido el propio ministro de Asuntos Exteriores, Ariel Sharon, quien hacía un llamamiento a los colonos con el fin de «apoderarse de las colinas para crear hechos consumados» ?. 
Éste ha sido escuchado, ya que no cesan de crearse nuevas colonias. 
Al violar a sabiendas el acuerdo de Wye Plantation, de octubre de 1998, el cual prohíbe cualquier medida unilateral que pueda complicar la negociación sobre el estatuto final de los territorios, el Gobierno israelí persigue una estrategia deliberada que consiste en vaciar de su sustancia la futura negociación y en quitar una continuidad territorial a Cisjordania, para impedir así la viabilidad de un futuro Estado palestino. 
La Unión Europea no puede permanecer indiferente ante esta situación. 
Me congratulo, al igual que mis colegas, de que el Consejo de Berlín haya reconocido el derecho de los Palestinos a la autodeterminación y a la creación de un Estado. 
Pero hay que ir más lejos: utilizar todos los medios políticos, económicos, comerciales, a fin de presionar a Israel y obligar a este gobierno a respetar sus compromisos para que, finalmente, los dos Estados vivan en paz. 
Los europeos que han vivido la Segunda Guerra Mundial y la época de Hitler siempre experimentarán un sentimiento profundo hacia los judíos víctimas de la persecución, sobre todo quienes, como yo, teníamos muchos amigos que perdieron la vida en esa catástrofe. 
Por otra parte, quisiera dejar claro que mi política se fundamenta en la convicción de que no podemos permitir que la historia se repita en Oriente Próximo. Con la violencia no se llega a ninguna parte. 
Por tanto, estamos obligados a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que judíos y árabes hagan las paces. No es una quimera, puesto que en varios Estados árabes, entre ellos Marruecos, judíos y árabes conviven en paz. 
Sé por experiencia propia que los numerosos judíos marroquíes que viven en Israel hoy día sirven de enlace con el Estado islámico de Marruecos. 
Por todo ello, estimo muy positivo que en este momento se presente una resolución de estas características. 
Se ha hablado mucho de la proclamación del Estado palestino, que estaba prevista para el día 4 de mayo, y me congratulo de que el Sr. Arafat se haya mostrado dispuesto a diferirla, lo cual es sin duda un acto de gran sabiduría política. 
Por otra parte, no podemos olvidar que se avecinan las elecciones israelíes, cuyo resultado será decisivo para el futuro de la región. 
Hemos podido comprobar cómo determinados políticos israelíes han reconocido abiertamente que Israel necesita trabar amistad con los árabes. 
De lo contrario, tarde o temprano quedaría aniquilado. 
Una persona como Simon Peres, por ejemplo, y otros colaboradores del Partido Laborista, representan una política inequívoca al respecto. Ante esta situación, no podemos sino expresar nuestra esperanza de que también la parte israelí declare rotundamente que desea comprometerse a fondo con la paz y que pondrá fin a las numerosas medidas represivas que, desafortunadamente, se han venido sucediendo desde la toma del poder de Netanyahu y su nombramiento como Primer Ministro. 
Confiamos en que Israel sea gobernado por personas que pongan todo su empeño en la reconciliación entre Israel y los palestinos, porque ésa es la clave para el futuro de la región. 
Creo que quien conoce la zona coincidirá conmigo en que en cuanto se instale la paz se iniciará una era de florecimiento. 
Y a partir de este momento, las actuales tensiones no serán más que un triste recuerdo del pasado. 
Aplausos 
Señor Presidente, resulta admirable la paciencia que demuestran los palestinos al renunciar a proclamar un Estado al que tienen todo el derecho del mundo, de conformidad con los acuerdos que se han alcanzado. 
Hace más de cincuenta años que los palestinos se vieron expuestos, más o menos, a lo que están sufriendo hoy en día los albanokosovares en Kosovo, al destierro de cientos de miles de personas. 
Nunca pudieron regresar, nunca obtuvieron el Estado que, de acuerdo con la decisión de las NU de 1947, deberían haber proclamado junto al Estado judío de Israel. 
Los palestinos vivieron durante muchas décadas con la ilusión de que su liberación llegaría con la intervención de ejércitos extranjeros o gracias a su propia y persistente lucha armada. 
Hubo que esperar a que los palestinos renunciaran a los métodos militares, a que se alzara la desobediencia civil por medio de la intifada y se entablaran pacientes negociaciones con un enemigo que tenían por fascista y racista, hubo que esperar, pues, a todo esto para que los palestinos lograran avanzar y poner en pie un proceso de paz que ha conseguido ahora que una gran parte del mundo esté dispuesto a apoyar sus legítimas exigencias para instaurar un Estado independiente. 
Creo que éstas son las lecciones que debemos recordar, que hay que esperar que la liberación de los pueblos más pequeños en el futuro se produzca siguiendo el método palestino, que éste se convierta en el método normal y que el método kosovar no sea más que una lamentable excepción en la historia mundial. 
Aun siendo una persona crítica hacia la UE, considero que la cuestión palestina es una de las cuestiones que la Unión ha llevado de manera más constructiva y positiva. 
Creo que es satisfactoria la declaración, por una cuestión de principios, de que vamos a reconocer un Estado palestino. 
Espero que lo podamos hacer en cuanto los propios palestinos decidan proclamar este Estado. 
Señor Presidente, los palestinos han adoptado una decisión muy valiente y espero que el Gobierno israelí- tanto el Gobierno actual como el futuro- muestre la misma determinación. 
Necesitamos un Estado palestino soberano, necesitamos que se respete plenamente la soberanía del Líbano y de Siria y, obviamente, también necesitamos garantías con respecto a la soberanía y la seguridad de Israel. Para todo ello, el concepto clave es la reconciliación, como ha señalado Otto von Habsburg, cuya opinión no siempre comparto, aunque en esta ocasión la suscribo plenamente. 
Pero en el fondo he tomado la palabra para agradecer en nombre de mi Grupo a dos miembros de esta Asamblea que, en este sentido, se han entregado en cuerpo y alma a la defensa de los derechos de los palestinos. 
En primer lugar, me refiero al Vicepresidente Marín, que no siempre lo ha tenido fácil en esta Asamblea. También el Consejo le ha puesto las cosas difíciles en más de una ocasión. 
Ello no obstante, ha sabido adoptar las decisiones adecuadas y ha proseguido su camino sin vacilar, por lo que le expreso mi más sincera gratitud. 
Y muy en especial quisiera dar las gracias a Luigi Colajanni que, en nombre de mi Grupo, se ha puesto al servicio de la cuestión palestina. 
Le echaremos en falta, precisamente por su profundo compromiso con los palestinos. 
En nombre de mi Grupo le deseo todo lo mejor para el futuro. 
Aplausos 
Señor Presidente, saludo muy positivamente esta declaración, como saludo también la decisión tomada por el Gobierno palestino de no declarar unilateralmente la creación de un Estado a principios de este mes de mayo. 
Creo que esto habría supuesto una grave interferencia en el proceso electoral que se está desarrollando en el Estado de Israel. 
Esperamos que de este proceso salga un Gobierno democrático como el que ha tenido hasta ahora ese país, con el fin de continuar las negociaciones que conduzcan a buen término este proceso de paz. 
Estoy convencido de que la decisión del Consejo Europeo de Berlín ha sido positiva en este aspecto, con el fin de que la Unión Europea pueda continuar teniendo influencia en este territorio. 
Pero también es necesario que se celebren muy pronto nuevas elecciones también en Palestina- la misma Unión Europea estuvo presente en las elecciones de 1996 -, ya que habrá pasado un período de cuatro años. 
Sólo entonces podremos hablar realmente de un auténtico diálogo entre Estados democráticos. 
Señor Presidente, la Comisión Europea opina también que los responsables palestinos han tomado una decisión acertada en interés del pueblo palestino al aplazar la proclamación del Estado anunciada para el 4 de mayo. 
Más aún, la Comisión cree que este hecho positivo fue en parte posible gracias al valor demostrado por el Consejo Europeo al adoptar la llamada Declaración de Berlín sobre Oriente Medio. 
Nuestra política exterior y de seguridad común ha funcionado correctamente en este caso pues esta declaración era importante para garantizar la continuación pacífica y constructiva del proceso de paz pese a la expiración del primer período interino fijado por los Acuerdos de Oslo. 
La Comisión, como ustedes saben, ya abogó por un mayor protagonismo político y económico de la Unión en Oriente Medio en su comunicación de enero de 1998. 
No obstante, está claro que la prolongación tácita del período interino no ofrece una solución a largo plazo. 
En este aspecto, la Unión Europea ha expresado su convicción de que la creación de un Estado palestino soberano, democrático, viable y pacífico, sobre la base de los acuerdos existentes y por la vía de la negociación sería la mejor garantía de seguridad para Israel y de aceptación regional, por lo que se ha declarado dispuesta a considerar en su momento el reconocimiento de un Estado palestino. 
A corto plazo- como se afirma también en la Declaración de Berlín -, la Unión Europea sigue preocupada por el estancamiento del proceso de paz y a este respecto es fundamental que después de las elecciones en Israel, las partes vuelvan urgentemente a una aplicación íntegra de los respectivos compromisos suscritos en el Memorándum de Wye River. Ello permitiría iniciar simultáneamente negociaciones aceleradas sobre las cuestiones relacionadas con el estatuto permanente con vistas a cerrarlas dentro del plazo previsto de un año. 
En el supuesto de que las partes demuestren la necesaria voluntad política de avanzar, la Unión Europea seguirá ayudándoles para facilitar la aplicación de todas las cuestiones pendientes. 
Deben ponerse todos los medios para evitar que el Acuerdo de Wye River se convierta en otro acuerdo israelí o palestino no aplicado. 
En este contexto, no se deben intentar imponer nuevas condiciones. 
Más aún, compartimos la opinión de Estados Unidos de que la Autoridad Palestina ha cumplido y sigue cumpliendo la mayor parte de sus compromisos. 
Por consiguiente, esperamos con interés las próximas fases de retirada de Cisjordania e importantes liberaciones de presos. 
Además, seguiremos recomendando flexibilidad por parte de Israel en lo que se refiere a las cuestiones fundamentales, que vienen aplazándose desde largo tiempo, como la seguridad de las carreteras de paso entre Cisjordania y Gaza y el desarrollo, apertura y realización del propio puerto de Gaza. 
En este sentido, la Comisión sigue colaborando estrechamente con el enviado especial de la Unión Europea responsable de la aplicación del diálogo común, Sr. Moratinos. 
Pensamos que la revitalización de la vía israelo-palestina del proceso de paz facilitaría también la tan esperada reanudación de la vía multilateral. 
Y en este aspecto, la Unión Europea, aun sabiendo que es muy difícil, seguirá intentando todavía revitalizar y poner en marcha esta cooperación. 
Esto quiere decir que también veríamos con sumo interés que se retomen rápidamente las vías sirias y libanesas para el proceso de paz. 
En cuanto a la pregunta que presentaba el Sr. Bertens y la Sra. Van Bladel a propósito del hospital, el hospital de Gaza es un hospital del UNRAC, no es un hospital de la Comisión Europea o hecho por la Comisión Europea, es un hospital del UNRAC. 
No obstante, en la guerra de guerrillas de los últimos meses, de todo lo malo que pasa en el mundo la culpa la tiene la Comisión Europea. 
No, este es un hospital hecho por el UNRAC, donde hay una participación del presupuesto comunitario. 
Además, hay otra participación del presupuesto nacional de Dinamarca, de Alemania, de Austria, de España, de Suecia y de Bélgica. 
¿Qué ha ocurrido? 
Problema que ya está resuelto porque ustedes tienen que ser coherentes con lo que piden a la Comisión, y deben ustedes recordar que decidimos no pagar más running cost. 
La Comisión Europea tiene que hacer lo que puede hacer bien. 
La Comisión Europea no es gestora de hospitales y no puede gestionar un gran hospital a miles de kilómetros de distancia. 
En consecuencia, se ha hecho una asistencia técnica a la Autoridad Palestina consistente en un equipo internacional que va a trabajar durante dos años con las autoridades palestinas al objeto de que sea la Autoridad Palestina la que tome la responsabilidad de la gestión del hospital. 
Afortunadamente esta cuestión está resuelta. 
Muchas gracias, señor Marín. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0461/99 de los diputados Swoboda y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0473/99 de los diputados Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-047/99 del diputado Manisco, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0480/99 del diputado Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0496/99 de los diputados Lenz, Soulier y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0502/99 de los diputados Aglietta y Orlando, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria universal de la ejecución de penas capitales; 
B4-0465/99 del diputado Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0481/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0490/99 de los diputados Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0493/99 de los diputados Pasty y van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0509/99 de los diputados Aelvoet, Tamino y Ceyhun, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el proceso del Sr. Ocalan y el futuro de la cuestión kurda en Turquía; 
B-0462/99 de los diputados Harrison y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0491/99 de los diputados Pasty y van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0506/99 del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la manipulación política de los juicios en Malasia; 
B4-0463/99 de los diputados Berès y Vecchi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0468/99 de los diputados Pradier y Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0477/99 del diputado Wurtz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0482/99 del diputado Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0497/99 del diputado Lehideux, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0504/99 de los diputados Telkämper y Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la situación de los derechos humanos en Djibuti; 
B4-0466/99 de los diputados Swoboda y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0469/99 de los diputados Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0476/99 de la diputada Sierra González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0483/99 del diputado Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0492-B4-0498/99 de los diputados Oostlander y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0501/99 de los diputados Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional; 
Pena de muerte 
Señor Presidente, hace unos días recibí una carta de un comité creado para apoyar una iniciativa para salvar la vida de Greg Sommer, uno de los muchos condenados a muerte, pendientes de ejecución. 
Naturalmente yo, al igual que mucho de mis compañeros, habría contestado favorablemente en este caso como en los muchos otros de los demás condenados a muerte en China, Irán, los Estados Unidos y en otros muchos países. 
Consideramos, sin embargo, que ha llegado el momento de una acción extraordinaria: quisiéramos aprovechar este famoso año 2000- un año que tiene un gran valor simbólico para todos los países del mundo y no sólo para los que tienen cierta tradición, historia y religión- para llevar a cabo un gesto extraordinario. 
Si este año 2000 tiene un gran valor simbólico hay que aprovecharlo realmente para enviar este mensaje de carácter universal: una moratoria para todos los casos en que existe una sentencia de condena a muerte. 
Esto es lo que pedimos a través de la presente resolución que pienso que será aprobada por todos Grupos de nuestro Parlamento. 
Por consiguiente, quisiéramos dirigir un mensaje concreto al Consejo de Colonia, al objeto de que la Presidencia alemana pida que figure en el orden del día de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas este tema y que la Presidencia finlandesa sea la encargada de ejecutar esta decisión a fin de que- en el mes de agosto, a más tardar- este asunto figure en el orden del día y pueda ser examinado efectivamente en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Si en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas se tomara realmente esta decisión de una moratoria, creo que habremos dirigido un mensaje positivo a todos los países del mundo y habremos planteado un problema también en aquellos países que rechazan afrontar con decisión este tema. 
¡La pena de muerte no es justicia, sino venganza! 
Es necesario que se tome nota de ello en todos los países del mundo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que el colega Imbeni ha resumido muy bien el sentido de esta resolución. 
Hay que recordar que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por tres veces consecutivas- en 1997, 1998 y 1999 -, ha aprobado resoluciones que iban en este sentido. 
Como acaba de recordar el colega Imbeni, ha llegado la hora de utilizar también este año 2000 para dar ese salto cualitativo y presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta de moratoria universal. 
Existe una mayoría de 101 países de los 190 que forman la comunidad internacional- y no se trata de una mayoría teórica, ya que los Tratados aprobados y las modificaciones constitucionales llevadas a cabo por numerosos países así lo demuestran -, que son favorables al establecimiento de una moratoria universal. 
Por lo tanto, se reúnen todas las condiciones para pasar a una ofensiva que sin duda no sería final, pero que podría constituir un paso decisivo orientado a la abolición definitiva de la pena de muerte en el mundo. 
Exhorto al Consejo y a la Comisión a que actúen en este sentido. 
Permítanme señalar un error- en este caso, más formal que político- en el texto de la resolución. 
Pido disculpas por ello, y presentaré una enmienda oral tendente a suprimir del considerando E las palabras «contrariamente a lo que ocurre en las resoluciones adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos» , porque no es formalmente exacto. 
Si los colegas no ven ninguna objeción al respecto, presentaré esta enmienda oral en la votación que tendrá lugar dentro de un momento. 
Señor Presidente, Europa es un continente donde apenas existe ya la pena de muerte, lo cual creo que es un gran éxito desde un punto de vista civilizado. 
Se trata de un logro que no habría sido posible sin una toma de posición clara por parte de la Unión Europea, que merece la atención de todo el mundo. 
Éste es el orgulloso mensaje que se debe enviar desde Europa. 
La tendencia también es positiva en el resto del mundo, especialmente en América Latina. 
Por el contrario, la pena de muerte aún es se aplica frecuentemente en países no democráticos como China, Arabia Saudita, Irán e Irak, pero también- y cada vez más- en un gran país democrático. 
Si ya es una circunstancia grave de por sí, también lo son sus consecuencias, ya que países como China y otros de los que he mencionado pueden decir que «mientras que los estadounidenses sigan aplicando la pena de muerte, nos trae sin cuidado lo que piensen los europeos». 
A los europeos no nos gusta criticar a Estados Unidos, y tenemos buenas razones para no hacerlo. 
Pero hemos de criticar a este país por lo que respecta a la pena de muerte. 
Hemos de elevar nuestra voz, exponer nuestros argumentos con mayor firmeza y resolución sin mostrar nunca- y hay que hacer hincapié en este punto- una actitud de superioridad moral, sino que debemos compartir nuestros puntos de vista en nuestra condición de amigos preocupados y comprometidos. 
Señor Presidente, esta tarde de jueves, en este debate de actualidad y urgencia, muchos pronunciamos nuestro último discurso sobre el tema de los derechos humanos. 
Lo llevamos haciendo desde hace más de veinte años y la colaboración siempre ha sido excelente. 
Para nuestra satisfacción- y a este respecto me sumo a las palabras de mis colegas-se ha obtenido una nueva victoria con respecto al problema de la pena de muerte. 
Nosotros también hemos aportado nuestro granito de arena para que haya visto la luz en Ginebra esta tercera moratoria universal de las ejecuciones capitales. 
Si el Parlamento Europeo ha ayudado a reforzar esta conciencia, no sólo gracias al Sr. Dupuis, que se ha encargado de solicitar sistemáticamente la inclusión de la pena de muerte en el orden del día, sino también gracias a que este Parlamento no se ha cansado de llamar una y otra vez la atención sobre toda una serie de hechos importantes, tal vez hayamos contribuido un poco a mejorar la situación de los derechos humanos. 
Espero de todo corazón- usted podrá comprobarlo en persona- que el próximo Parlamento prosiga este debate, que no lo sacrifique en nombre de los asuntos económicos o los temas relacionados con la ampliación, por importantes que sean, sino que considere la cuestión de los derechos humanos como un objetivo político cuya materialización depende de la política de la Unión europea, y especialmente de la política exterior y la política en materia de ampliación. 
En estos ámbitos, la pena de muerte ha de ocupar un lugar primordial. 
Admito que hay otros muchos temas importantes, pero de todas formas, espero que esta cuestión reciba la atención que se merece. 
Aplausos 
Muchas gracias, señora Lenz, por sus palabras. 
Le doy las gracias también en nombre de sus Señorías por el empeño y la capacidad con que ha presidido en el pasado la Subcomisión de Derechos Humanos y con que ha seguido ofreciendo su inestimable contribución a dicha subcomisión. 
Creo realmente que su experiencia podrá sernos útil de cara a nuestro futuro trabajo. 
Muchas gracias, señora Lenz. 
Señor Presidente, el objetivo es evidentemente la abolición de la pena de muerte. 
Debemos criticar todos a los Estados Unidos, a China y a otros muchos países que violan flagrantemente los valores humanos permitiendo la aplicación de la pena de muerte. 
Exigir una moratoria a escala mundial representa naturalmente un paso en la dirección adecuada, de cara a conseguir la abolición total de la pena de muerte. 
El Consejo ha de realizar esfuerzos para que la Asamblea General de las NU aborde esta cuestión durante su próxima sesión. 
Tanto la Presidencia alemana como la finlandesa deberán actuar con este fin, para que se ponga punto final a la pena de muerte. 
Señor Presidente, estoy encantada de efectuar esta última intervención durante su Presidencia, a propósito de esta cuestión, porque usted también nos ha ayudado mucho. 
Debemos tomar conciencia del largo trabajo que queda por hacer por el camino de la humanización de la persona, cuando en 1999, todavía estamos pidiendo una moratoria universal de la ejecución de penas capitales. 
Desearía hablarles de Norteamérica, de ese gran país que pretende ser el gendarme del mundo y el modelo de la democracia, de la libertad y de la modernidad. 
Soy la primera diputada en la historia del Parlamento Europeo que ha penetrado en los corredores de la muerte, el pasado 21 de abril, hace catorce días, para reunirme con Mumia Abu Jamal, preso político condenado a muerte, en cuyo favor a menudo nuestro Parlamento ha aprobado resoluciones. 
Una parte de mí misma quedó en esa prisión de Greene, donde 111 presos de un total de 600 esperan su ejecución. 
Una parte de mí quedó en la prisión. 
No es una imagen. 
Es algo muy físico. 
Duele. 
La idea de su ejecución me resulta inadmisible, como también la idea de la ejecución de miles de condenados a muerte, algunos de los cuales vi pasar, con sus trajes de presidiario blancos y azules, detrás de Mumia Abu Jamal. 
Mumia Abu Jamal me habló primeramente del drama de Denver- era la víspera -, de Kosovo, de la cultura de la muerte que socava a la sociedad norteamericana. 
Así pues, formulo una pregunta a Norteamérica. 
Hoy vuestros hijos se matan entre sí. 
¿Vais a educarlos poniéndolos en la silla eléctrica? 
No. 
Esta violencia, precisamente, es la respuesta a vuestra violencia de Estado, como es la pena de muerte y también la justicia racista y la justicia de clase que ha condenado a Mumia. 
Para convencer al Consejo y a todos mis colegas de que nunca deben ceder en este terreno, permítanme mencionar una pequeña anécdota. 
Por la mañana, antes de llegar a la prisión, a esos corredores de la muerte, ofrecí una conferencia de prensa. 
Un periodista se levantó y me dijo: «Hoy nos hemos enteramos, a través de un despacho, que acababan de firmarse tres órdenes de ejecución en el mes de mayo. 
¿Considera que esto es una respuesta a su acción en Norteamérica? ». 
Primero se me humedecieron los ojos, después me recobré, pero era insoportable imaginarlo. 
Si hoy les cuento esto es para decirles que mis ojos no volverán a humedecerse, pero que esa emoción perdurará hasta que hayamos logrado esta moratoria, hasta que hayamos logrado abandonar las vías del pasado, las vías de la barbarie y avanzar por el camino del futuro y de la humanización. 
Concluiré este último discurso, este último grito de los que no tienen voz, haciendo la señal de reunión de los negros- son muchos los negros que hoy luchan en los Estados Unidos contra la pena de muerte, junto con blancos, indios, amerindios, hispanos- y pronunciando las palabras: " On the move! ». 
Kurdos 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Comisario, volvemos a tratar una vez más el tema de Turquía y también en este caso nuestros sentimientos son contradictorios, porque aunque se presentan algunos indicios esperanzadores, hay varios puntos negativos y todavía no sabemos qué derrotero tomará este país. 
En primer lugar, cabe señalar que el caso Ocalan está ante los tribunales. 
No tenemos la impresión de que se trate de un proceso justo, abierto y transparente. 
Ello nos causa una sensación desagradable, especialmente por el creciente apoyo a la pena de muerte que se registra en Turquía, justo en el momento en que se celebra el proceso en pro o en contra de Ocalan. 
En segundo término, lamentamos profundamente el avance del partido nacionalista en las últimas elecciones. El programa de este partido extremista no se pronuncia a favor de la reconciliación con el pueblo kurdo, sino que pretende más bien todo lo contrario. 
En tercer lugar, quisiera destacar los éxitos electorales obtenidos por el HADEP, sobre todo en las regiones kurdas. 
Ocupan 41 alcaldías. 
Dudamos, sin embargo, si dichos alcaldes podrán ejercer su derecho democrático como representantes elegidos libremente por el pueblo. 
Cada vez nos llegan más noticias de que está previsto arrebatarles este derecho. 
Sabemos que varias docenas de personas, o mejor dicho cientos de personas, siguen encarceladas, al igual que antes, entre ellas diversos funcionarios del partido mencionado, sin proceso, sin juicio, sin condena. 
¿Qué pasa con ellos? 
¿Cuándo serán por fin liberados? 
¿Cuándo tendrán un juicio digno y en toda regla? 
¿Por qué no se atreven a incoar un proceso contra estas personas? 
Probablemente porque no tienen ninguna causa pendiente. 
Todos o muchos de nosotros conocen muy bien a este ferviente defensor de los derechos humanos. Parece que se ha recuperado suficientemente para que le puedan encarcelar. 
Faltan pocos días para que ingrese en prisión. Por otra parte, somos conscientes de que en las cárceles turcas no le proporcionarán los cuidados, la atención y la terapia que necesita para que pueda recobrar su buena salud. 
El quinto aspecto quizá sea el más positivo de todo el proceso. 
Hace unos días un presidente del Tribunal Constitucional ha declarado que muchas de las disposiciones legales de Turquía han de ser modificadas porque atentan contra los derechos humanos, porque atentan contra los derechos de los Estados democráticos. 
Espero que estas tendencias acaben imponiéndose. 
Se trata sin duda de una situación compleja y espero, señor Comisario y Vicepresidente, que en nombre de la Comisión y en nombre de la Unión Europea se adopten las medidas oportunas para reforzar estas tendencias, puesto que en la actualidad Turquía se está alejando de Europa en vez de aproximarse a ella. 
Todo cuanto hace esta Asamblea y esta Unión Europea por los kurdos, lo hace pensando en Turquía y en el acercamiento de este país a Europa. 
Señor Presidente, el 24 de febrero celebramos un debate en Bruselas sobre la detención del Sr. Ocalan. 
En esa oportunidad, me mostré crítico respecto de la organización terrorista PKK y respecto del propio Sr. Ocalan. 
Nunca hemos querido justificar sus actos ni sus intenciones. 
Solamente esperamos que el Gobierno turco permita que se celebre un proceso abierto y justo, pero desgraciadamente nuestros angustiosos presentimientos no se ven en absoluto aliviados. 
Los abogados del Sr. Ocalan apenas tienen acceso al proceso, el Tribunal de Seguridad del Estado tampoco me parece el lugar adecuado y no se han admitido observadores internacionales. 
Esperemos que el nuevo Gobierno turco comprenda que si quiere resolver el problema kurdo, Ocalan debe tener, en cualquier caso, un proceso justo. 
Señor Presidente, éste es un día, una semana de despedidas. 
Lamentablemente, no podemos despedirnos de los problemas y los temas que se tratan durante el debate de actualidad. 
Espero que usted tampoco se despida del debate de actualidad, puesto que durante diez años he escuchado casi cada mes en este Parlamento: ésta es la última vez que hacemos algo semejante al debate de actualidad. 
Le diré que se ha calculado que he hecho uso de la palabra en el debate de actualidad unas 428 veces. No sé si alguna vez ha servido para algo, pero hagamos saber a mis sucesores y a su sucesor y al sucesor del Comisario que éste es el único medio para que el Parlamento Europeo deje traslucir que también sentimos algo por las personas que están fuera de este Parlamento, fuera de Europa y que nos preocupamos por algo más que el salario y la pensión de uno mismo. 
Gracias, que les vaya bien. 
Esto es todo. 
Aplausos 
Señor Bertens, normalmente usted es muy apacible y tranquilo en sus intervenciones, incluso aquellas sobre asuntos muy delicados. 
Creo que comparto su estado de ánimo y que comprendo los motivos por los cuales ha levantado algo más la voz en pos de una reivindicación que muy posiblemente respaldan todos los colegas, al menos todos los que se encuentran en el Pleno en este momento. 
Señor Presidente, Ocalan no va a tener un juicio público y justo como hemos deseado en nuestras resoluciones. 
Tengo la comunicación a la prensa del Ministerio Fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado en Ankara, firmada por el abogado fiscal, Sr. Tzerdet Volkan; dicha comunicación excluye la participación en el juicio de «observadores de cualquier institución u organización» y prevé la participación de simples ciudadanos, siempre y cuando cuenten con un permiso de una oficina especial del Tribunal, que no será válido para todos los días del juicio, y tomará en consideración, sólo, la capacidad de la sala. 
Naturalmente, señor Presidente, Turquía no ha sufrido ningún tipo de presión especial- y, por supuesto, no estoy hablando de los abominables bombardeos que conocen otros países- para avenirse a las normas de un Estado de derecho actual. 
¡Por razones que el Consejo de Ministros, tan sensible o severo en otros casos, no ha conseguido explicarnos! 
Esta debilidad no está relacionada sólo con Ocalan, sino con la importantísima cuestión de los derechos humanos y de los ciudadanos para todos los turcos, y especialmente, para la gran minoría kurda de Turquía. 
No se reconoce su identidad, su lengua, su educación, su expresión política. 
El partido HADEP es perseguido con dureza, Leyla Zana, a quien otorgamos el premio Sajarov, está en la cárcel, señor Presidente, y no estamos haciendo nada. 
¿Puede el Consejo, como hace en otros casos, expresar su condena a esta represión de los derechos políticos y culturales de los kurdos? 
¿Cómo piensa ejercer su influencia el Consejo- y también la Comisión- señor Presidente, a fin de que haya reformas y mejoras del régimen aplicado contra los kurdos? 
Al fin y al cabo, señor Presidente, Turquía y su pueblo, sea cual sea su procedencia étnica y lingüística, pertenecen a la aspiración europea y a ellos también atañen las declaraciones «humanitarias» y «liberales» que la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, que son miembros de la OTAN, afirman querer aplicar en nuestra región más amplia. 
Señor Presidente, ¿nos va a decir algún miembro del Consejo, o de la Comisión, algo convincente sobre estas cuestiones? 
Señor Presidente, los abogados de Ocalan han dicho esta mañana en el Parlamento que no pueden trabajar y que incluso han sido amenazados. 
El Parlamento continúa insistiendo acertadamente en que el Sr. Ocalan tenga un proceso judicial justo. 
No obstante, no debemos olvidar que hemos empujado al Sr. Ocalan de un país a otro porque nosotros mismos no podíamos procesarle- aunque había una orden de arresto- en nuestro estado de derecho. 
No obstante, si, además, analizamos la unión aduanera con Turquía, desde que la acordamos, este país se ha apartado de nosotros y las recientes elecciones han puesto de manifiesto que vuelve la mirada hacia dentro, se vuelve, por tanto, más nacionalista. Con la experiencia de los Balcanes hay poco espacio para los sentimientos nacionalistas y los derechos de los kurdos o, quizá, precisamente sí. 
Tal vez haya una persona comprensible en Ankara que piense: mejor negociar ahora que nunca con los kurdos para llegar a una nueva relación. 
Sin embargo, para ello es necesario un plan internacional de mediación con plazos y todavía no he oído nada sobre semejante plan. 
Espero que en alguna parte haya un político o, tal vez, un antiguo Comisario que pueda redactar ese plan para, una vez concluido su mandato, ayudar finalmente a los kurdos con un plan que acerque a turcos y kurdos. 
Entiéndame, señor Presidente, un plan con un mandato que restablezca la confianza, puesto que cada día recibes a un kurdo en tu despacho, algo que resulta agradable; lo disfruto, pero no sirve de nada a los kurdos. 
Señor Presidente, no se trata solamente de Ocalan o de si tendrá un juicio o no. 
Yo soy de Alemania y en mi país el Sr. Ocalan también sería sometido a juicio. 
De lo que se trata es de que esperamos con razón que los acontecimientos de los próximos días y meses se correspondan con nuestras expectaciones. Es decir, tenemos toda la razón al exigir que este proceso cumpla las normas del Estado de derecho y se ajuste al mismo. 
Son éstas y no otras las esperanzas que hemos de albergar con respecto a Turquía, un país que tiene mucho interés en convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Si Turquía desea entrar a formar parte de la Unión Europea ha de mostrarnos cuál es el tratamiento que merece un procesado en un Estado de derecho. 
Este es el tema central de la propuesta que estamos debatiendo hoy y que probablemente aprobaremos mañana. 
Nuestras expectaciones no pueden ser malinterpretadas en Turquía. 
Las autoridades judiciales turcas y las demás autoridades turcas implicadas en el proceso desempeñan un papel clave. 
Si realmente desean buscar una solución pacífica para la problemática kurda, están obligados a tratar al Sr. Ocalan como un procesado. 
Mientras no haya sido condenado por un Tribunal, no puede ser declarado culpable. 
En todo caso, debe recibir un tratamiento justo y en ningún momento se puede incordiar a los abogados de Ocalan por el mero hecho de que le defienden. 
Si Turquía pretende ser un país europeo, un país que esté preparado para ingresar en la Unión Europea, deberá aplicar los valores europeos y las normas occidentales. 
Es lo único que pedimos y, por tanto, esperamos que Turquía no se tome a mal esta solicitud del Parlamento Europeo. 
Malasia 
Señor Presidente, es evidente la corrupción del sistema judicial en Malasia. 
Lo que está ocurriendo allí no es digno de una democracia, ya que resulta claro que en el país no se respetan los derechos humanos fundamentales. 
No es digno de la democracia que Malasia dice ser el hecho de que los ciudadanos que expresan pacíficamente sus puntos de vista políticos o religiosos sean objeto de arresto y encarcelación, y todo ello sin que se ofrezca una seguridad jurídica adecuada. 
No cabe duda de que debemos abordar este punto e intentar hacer entrar en razón a las autoridades malayas. 
Hemos de plantear también el trato que se depara en Malasia a los homosexuales. 
No es digno que una persona se enfrente a una pena de más de veinte años de cárcel por haber mantenido una relación homosexual. 
Se trata de una violación de los derechos humanos fundamentales. 
Siempre y cuando sea una relación homosexual de común acuerdo, no existen motivos para condenar a nadie por mantener una relación de este tipo. 
Debemos seguir defendiendo nuestros planteamientos y realizar esfuerzos para evitar que se trate a los homosexuales de esta manera. 
En este orden de cosas, cabe lamentar que no hayamos podido ver la exposición Ecco homo en este Parlamento, aunque sólo sea para haber mostrado una mayor comprensión hacia las relaciones homosexuales. 
Señor Presidente, hablando en nombre del Grupo Socialista en apoyo de la resolución conjunta sobre la manipulación política de los juicios en Malasia, he de decir a la autoridades malasias que es muy difícil que ninguno de nosotros simpatice con sus acciones recientes. 
En primer lugar, siguen manteniendo su ley de seguridad interna que, en contra de toda concepción habitual de los derechos humanos, permite que sean detenidos los que expresan pacíficamente unas opiniones tanto religiosas como políticas que están reñidas con las del Gobierno y que se les deniegue una representación letrada adecuada o incluso un juicio justo. 
En segundo lugar, tienen un código penal que- como dijo antes del Sr. Holm- condena los actos homosexuales entre mayores de edad que dan su consentimiento, con una pena de azotamiento y de hasta veinte años de cárcel. 
En tercer lugar, todo indica que los juicios tanto de Anwar Ibrahim como de Lim Guan Eng tenían una motivación política. 
Sabemos que se maltrató físicamente a Anwar Ibrahim antes de su juicio. 
Le echaron seis años de cárcel por corrupción, después de lo que casi todos los observadores exteriores consideraron una farsa procesal que era una parodia de cualquier noción de justicia. 
Y, con todo, siguen persiguiéndole con amenazas de más juicios todavía. 
Como conclusión, debemos instar a las autoridades malasias a que reconozcan que el desarrollo de una mayor cooperación política y económica entre la Unión Europea y Malasia dependerá en gran medida de que se inicie un diálogo serio que desemboque en la que en Malasia se den pasos para la observación de los derechos humanos fundamentales en dicho país. 
Djibuti 
Señor Presidente, lamentablemente, al igual que en diciembre de 1997, tenemos que volver a ocuparnos de las violaciones de los derechos humanos en Djibuti, en particular de la situación de los presos políticos que no solo se encuentran sometidos a detención ilegal- para nosotros inaceptable -, sino también a todo tipo de vejación que, en algunos casos, ha ocasionado la muerte de algunos de ellos. 
Lamentablemente, esto es sólo un aspecto de una estrategia de opresión étnica y política que priva a la inmensa mayoría de la población de ese país de los derechos fundamentales. 
Con nuestra resolución, por consiguiente, nos dirigimos a las autoridades de Djibuti, en primer lugar al Presidente Guelleh, para que pongan remedio a esta inaceptable situación. 
Deseo recordar que todo el Cuerno de África está devastado por conflictos de todo tipo. Ahora les corresponde a las autoridades de Djibuti decidir si hunden a su país en la violencia, la inestabilidad y la ilegalidad o si, por el contrario, reconstruyen las condiciones para una convivencia asentada en nuevas bases. 
Consideramos que de esto depende en parte la reanudación de un proceso de paz y de estabilidad para toda la región. 
Por eso pedimos que se ponga fin a cualesquiera malos tratos contra los presos políticos, que los mismos puedan acceder a los cuidados y tratamientos necesarios y sean sometidos a un juicio justo y puestos en libertad. 
El respeto de los derechos humanos, sin embargo, debe ser restablecido para todos y en particular es necesario que cese toda discriminación basada en cuestiones étnicas. 
El Gobierno de Djibuti se comprometió a respetar estos principios también a través de su participación en el Convenio de Lomé, cuyo artículo 5 prevé que cada parte firmante debe cumplir los principios de respeto de los derechos humanos y de democratización de su país. 
Estimo que dicho artículo 5 debe ser tenido en cuenta, porque si no se remedia la contingente situación de los presos políticos y, más en general, la situación de los derechos humanos, la aplicación de dicho artículo y de las medidas que de él se derivan deberá ser una eventualidad a tomar en consideración. 
Muchas gracias, señor Vecchi, por sus palabras, por el empeño con que ha seguido a los países ACP y por el empeño puesto en el seno de la comisión que ha seguido todos los aspectos de la cooperación y del desarrollo. 
Señor Presidente, hace diez años se habló en este Parlamento de las violaciones de derechos humanos en Kosovo y hoy hay una guerra. 
Hoy hablamos de Djibuti y otros países. 
Estoy convencida de que si adoptamos en este momento las medidas adecuadas, podemos ayudar a estos países a evolucionar hacia la paz sin que haya una guerra. 
Se ha elegido un nuevo Presidente en Djibuti. 
Es un buen momento para recordar que se debe poner fin a las violaciones de derechos humanos, al trato humillante de los presos políticos, a la falta de derechos de esos presos, al hecho de que se les encierre en prisiones sin otorgarles cuidados. 
No vamos a decir, por supuesto, que en Djibuti no hay una oposición armada, pero hay también oponentes políticos sin armas que solamente están en prisión por una cuestión política y eso no puede ser. 
Djibuti pertenece a los países que forman parte del Convenio de Lomé. 
Considerémoslo un contrato con el que refrescar la memoria de estos países. 
Dejémosles claro que no podemos conceder ninguna ayuda presupuestaria, si ésta se emplea indebidamente para armarse y esas armas se utilizan para hacer la guerra y oprimir a sus propios ciudadanos, más concretamente a la población Afar. 
Conocemos las profundas miserias de la guerra. 
No olvidemos esas cosas porque Djibuti esté un poco más lejos, puesto que, de lo contrario, también allí será demasiado tarde. 
Señor Presidente, Señorías, algunos de los colegas que han hablado antes que yo ya han recordado el artículo 5 del Convenio de Lomé, firmado también por Djibuti, que establece una verdadera interrelación, un nexo funcional entre el respeto y el disfrute de los derechos políticos y civiles, de las libertades humanas fundamentales y la ayuda al desarrollo. 
Considero que debemos reiterar muy firmemente este punto. 
No nos podemos conformar con la respuesta de que son precisamente las condiciones económicas desfavorables de un país las que impiden la instauración de una democracia plena. 
Más bien es todo lo contrario. 
Tenemos en los países en desarrollo, en los países firmatarios del Convenio de Lomé muchos ejemplos modélicos de países que, gracias precisamente al restablecimiento de las reglas democráticas, siguen un camino de desarrollo económico, y es por eso que debemos reiterar con mayor fuerza a Djibuti que respete este acuerdo contractual que ha firmado con sus socios europeos. 
Señor Presidente, es a veces difícil encontrar palabras diferentes o nuevas para decir lo que pensamos de estas violaciones de los derechos humanos, a las que nos referimos en cada una de nuestras sesiones en este recinto. 
Nosotros compartimos todo lo que acaban de manifestar los oradores anteriores, cualquiera sean los grupos a los que pertenezcan. 
Pienso, efectivamente, como lo ha dicho la Sra. Maes, que debemos aprovechar la reciente elección del nuevo Presidente Guelleh, para señalar muy clara y enérgicamente la posición de la Unión y decir que haremos todo lo que esté en nuestras manos, lo antes posible, para que se aplique ese famoso artículo 5. 
La detención, fuera de las fronteras de Djibuti, de algunos dirigentes de la oposición- concretamente en Etiopía y en el Yemen -, su extradición a Djibuti y su encarcelamiento, las condiciones en las cuales se encuentran detenidos, la ausencia de juicio, la ausencia de abogados, las condiciones particularmente difíciles y dolorosas de su detención: nosotros sabemos todo eso y es evidente que no podemos admitirlo. 
Es imprescindible que los dirigentes estén seguros de que vamos a actuar con rapidez y a invocar los textos de los que su país es signatario. 
Señor Presidente, creo que si tardamos corremos el riesgo de enfrentarnos, dentro de algunos meses, a una situación aún más dolorosa, más difícil- suponiendo que eso sea posible -, cuando vemos la situación en que se encuentran las personas a las que nos referimos. 
Por consiguiente, en nombre de mi Grupo, solicito a la Comisión y al Consejo una acción enérgica y urgente, la más rápida posible, de tal manera que se conozcan de inmediato nuestras intenciones. 
Señor Presidente, creo que todos reconoceremos que la aprobación por la Conferencia de Roma, el 18 de julio de 1998, del Estatuto del Tribunal Penal Internacional Permanente representó un progreso en las instituciones internacionales y en el orden jurídico internacional de los derechos humanos. 
Pero la entrada en efectividad práctica de ese Tribunal depende de la ratificación de su estatuto por al menos 60 países. 
Y hasta ahora, con las loables excepciones de Senegal, Trinidad y Tobago y San Marino, todos los demás Estados de la comunidad internacional aún no lo han ratificado, a pesar de que algunos han iniciado el proceso de ratificación. 
Ahora bien, la resolución que presentamos fija el objetivo de obtener la ratificación de al menos 60 países hasta el final del año 2000 para que en ese año el Tribunal Penal Internacional pueda entrar en funciones y pide al Consejo que se inscriba ese objetivo en el orden del día del Consejo Europeo de Colonia. 
Ahora bien, yo creo que en un momento en que se debate el derecho de injerencia humanitaria, en un momento en que se reconoce que el orden internacional debe disponer de instrumentos que permitan defender los derechos humanos fundamentales, en aquellos puntos en que sean flagrante y gravemente violados, es sin duda paradójico que haya retrasos en lo que podríamos considerar una instancia judicial del derecho de injerencia, que sería exactamente éste. 
Y que sean precisamente algunos de los países que están practicando la llamada «injerencia humanitaria» los que más reservas hayan puesto a la aprobación del estatuto de este Tribunal Penal Internacional y conviene tomar nota de que en dicho estatuto figura una cláusula inadmisible de exclusión. 
Y, por tanto, me parece que habría que hacer un llamamiento importante, en particular que los países, y principalmente los Estados miembros y los países grandes, ratificaran el estatuto y renunciasen explícitamente a la cláusula de exclusión respecto de los crímenes de guerra para que se instituya así una verdadera instancia judicial, obligatoria, gracias a la cual se pueda legitimar un derecho de injerencia. 
Señor Presidente, las dificultades existentes para castigar a quienes han incurrido en delitos tales como genocidios, crímenes de guerra y, en general, delitos contra la humanidad han demostrado sobradamente la necesidad de la instauración de un Tribunal Penal Internacional, que esté activo cuanto antes y en condiciones de proceder eficazmente a la persecución de estos delitos para que no sigan impunes. 
En este contexto, es de lamentar que ningún Estado miembro de la Unión Europea haya ratificado el Estatuto de dicho Tribunal, sobre todo si tenemos en cuenta que la Unión ha pretendido caracterizarse por ser un espacio no sólo de pluralismo y de diversidad, sino, en especial, por ser una comunidad de Derecho. 
La ratificación del Estatuto del Tribunal, sin exclusiones al funcionamiento de éste, demostraría que el compromiso con el cumplimiento del Derecho, con la defensa de las libertades y de la vida humana, son objetivos de la Unión tan prioritarios al menos como los comerciales. 
Por esta razón pido hoy al Consejo y a la Comisión que se fije como objetivo político de la Unión la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal. 
Porque si se habla de derecho de injerencia, resulta que en esta Asamblea se legitima el derecho de injerencia cuando es militar, pero no se legitima otro. 
Señor Presidente, el objetivo de la resolución del Parlamento es hacer hincapié en la importancia que otorgamos aquí a la rápida ratificación de un tribunal internacional de crímenes de guerra para lograr cuanto antes su implantación. 
Esta importancia no es menor después de lo que ha ocurrido en Kosovo o en cualquier otro lugar. 
El Grupo Liberal apoya unánimemente las exigencias en torno a un tribunal de este tipo. 
He tenido el honor de intervenir esta semana en tres ocasiones, en mi última aparición ante este Parlamento, para hablar acerca de la libertad y de la paz en Kosovo, a favor de los esfuerzos de la UE en su lucha contra la pena de muerte y a favor de un tribunal para los crímenes de guerra. 
Estas tres cuestiones reflejan también los valores fundamentales que presiden nuestra Unión: la libertad de expresión, el Estado de Derecho, el poder del pueblo y los aspectos humanitarios. 
Como estudiante de un país que no participó en la guerra, me horrorizó comprobar lo que creó este conflicto bélico. 
También yo consideré la integración europea como un medio para superar el odio y para construir un orden mejor para toda Europa. 
He conocido a muchas personas en este Parlamento que sienten lo mismo que yo y que, por lo tanto, se han convertido en mis amigos. 
He visto a lo largo de mi vida que se han conseguido muchas más cosas de lo que jamás pude soñar en mis años de juventud. 
Pero aún queda mucho por hacer. 
Quiero creer que siempre habrá personas con sueños y esperanzas de una Europa mejor, de un mundo mejor, y con la resolución y la fuerza para hacer realidad sus sueños. 
Señor Presidente, es muy significativo que este Parlamento, que se ha preocupado enormemente por la cuestión de los derechos humanos, vuelva una vez más sobre el tema del Tribunal Penal Internacional en la última sesión de urgencia sobre los derechos humanos de esta legislatura. 
En mi opinión, el Parlamento ha logrado serios avances en este sentido gracias al trabajo realizado por el intergroup del Parlamento Europeo que lleva el llamativo nombre: ¡No peace without justice! Una cosa está clara. 
Este intergroup que se ocupa del Tribunal Penal Internacional dice explícitamente que la justicia- el Sr. Dell ' Alba es uno de los promotores de este intergroup- ha de ampararse en un fundamento jurídico. En la mayoría de los casos existe un fundamento jurídico a diversos niveles, tal y como sucede actualmente en Kosovo. 
Desgraciadamente, hay un ámbito en que brilla por su ausencia. Se trata de los grupos étnicos y las minorías. 
Creo que ésta es la razón por la que muchos de los conflictos que se han producido en los últimos diez o quince años han sido dirimidos con las armas y no han sido resueltos en el marco de un Tribunal o un Tribunal Penal. 
Por todo ello, considero fundamental que la Unión Europea actúe con gran firmeza y declare que sus Estados miembros serán de los primeros en respaldar la ratificación de este Tribunal Penal Internacional. Debemos poner todo nuestro empeño en que el Tribunal se lleve a la práctica y no podemos dejar este cometido en manos de algunos otros Estados que han desplegado un entusiasmo digno de elogio. 
Es el caso de San Marino, Senegal y algunos países más. 
Debemos dar ejemplo. Es un ámbito en el que el Parlamento Europeo con su larga tradición en asuntos relacionados con los derechos humanos tiene mucho que decir. 
Señor Presidente, la creación de un tribunal internacional de crímenes de guerra es ahora más acuciante que en mucho, mucho tiempo. 
Así pues, los acontecimientos de los últimos años han demostrado claramente que todo aquello de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones en este Parlamento no ha tenido tanta importancia desde hace mucho tiempo. 
Es necesario disponer de una organización internacional adecuada que se hiciera cargo de estas cuestiones y que nos permitiera anticiparnos, antes de recurrir a medios militares, para llevar a cabo todo esto de una manera digna. 
La aprobación el pasado julio de este reglamento representó un importante paso adelante. 
Cabe lamentar que ninguno de los Estados miembros de la UE lo haya ratificado todavía, algo que debería haber ocurrido con mucha mayor rapidez. 
Es positivo que nada menos que 82 países hayan suscrito este reglamento, si bien es también lamentable que solamente tres de ellos lo hayan ratificado. 
Espero fervientemente que todos nosotros podamos irnos a casa y lograr que nuestros respectivos Gobiernos aprueben y ratifiquen este reglamento cuanto antes posible. 
Hemos de hacerlo de cara al próximo milenio. 
Señor Presidente, estoy especialmente satisfecho porque mi última intervención de esta legislatura trata del Tribunal Penal Internacional. 
Agradezco mucho al Sr. Karl Habsurg el hecho de haber recordado el papel del intergrupo que hemos constituido con muchos colegas. 
La acción del Partido Radical transnacional «No hay paz sin justicia» ha contribuido en parte a hacer avanzar el que, en mi opinión, es uno de los más importantes mensajes que podemos dirigir al final de un siglo que ha sido el más sanguinario de la historia. 
Sólo tres países han ratificado el Estatuto del Tribunal, aunque otros están a punto de hacerlo. 
Nuestro país, señor Presidente, tal vez lo ratificará a finales de mayo, y Francia está en un buen punto. 
Es preciso que desde Colonia se haga un firme llamamiento a fin de que los Quince, que han sido determinantes para el éxito de la Conferencia de Roma, lancen una señal a los demás países y sean los primeros en ratificar su Estatuto. 
No es una casualidad que un país africano, un país del Caribe y San Marino lo hayan hecho los primeros. 
Europa sufre cierto retraso: debe dirigir este mensaje. 
Espero que después el Parlamento lo diga con fuerza. 
Señor Presidente, señoras y señores, ya que hablamos hoy de justicia y seguridad podemos poner un ejemplo cercano. 
Hace unas semanas fue asesinada una mujer ante la torre del Parlamento en Bruselas. 
Lo importante es que el asesino fue detenido poco después, fue llevado ante los tribunales y recibirá el castigo que le corresponde. 
Lo mismo sucede con los derechos humanos internacionales. 
No podemos tolerar ni aceptar que se violen los derechos humanos. 
Es imprescindible que los autores de los crímenes sean extraditados y llamados a rendir cuentas.A fin de cuentas, la justicia y la seguridad conforman uno de los pilares fundamentales que sustentan nuestra Europa, y no sólo Europa, sino también los países candidatos a la adhesión y el resto del mundo. 
Debemos poner toda la carne en el asador para que nuestros quince Estados reconozcan este Tribunal y para que el resto del mundo se comprometa con el principio de justicia y seguridad. 
Señor Presidente, quiero transmitir las reacciones de la Comisión Europea a los distintos puntos que han sido tratados en esta sesión de urgencia sobre los derechos humanos. 
En lo que se refiere a la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria universal de las ejecuciones capitales, como ustedes saben, el pasado 28 de abril, precisamente la Unión Europea tomó la iniciativa de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de resolución sobre la cuestión de la pena de muerte. 
Dicha resolución ha sido aprobada por 30 de los 53 Estados miembros de esta Comisión y ha sido copatrocinada por 72 Estados, 7 más que en la sesión anterior. 
Es decir, en el plano internacional se está tomando conciencia de esta situación, y no hay que desesperar porque este tipo de batallas, como la que usted señalaba, finalmente, como suele ocurrir siempre con todos los problemas que afectan a la humanidad, es a base de un combate cotidiano y tenaz como se terminan consiguiendo resultados. 
En consecuencia, en relación con las situaciones anteriores, qué duda cabe de que se va progresando. 
Naturalmente, el que la Asamblea General de Naciones Unidas adopte o no una resolución es una iniciativa que corresponde a los Estados miembros. 
Si de la Comisión dependiera no tendríamos ningún inconveniente en promoverla. 
Sobre la cuestión kurda y el caso Ocalan diré lo siguiente: como ustedes saben, la Unión Europea adoptó una declaración sobre la detención de Abdullah Ocalan y el proceso que tendrá lugar próximamente. 
Y, naturalmente, la Comisión se asocia plenamente a esta declaración hecha por la Unión. 
En particular, la Comisión hace hincapié en que el proceso deberá ser público, conforme al Estado de Derecho, ante un tribunal independiente, con derecho a un abogado defensor elegido por el Sr. Ocalan y en presencia de observadores internacionales. 
La Comisión lamenta la respuesta de las autoridades turcas, indicando que no admitirán observadores internacionales y toma nota de que se garantiza que el proceso será público. 
También lamentamos profundamente la petición de la pena de muerte por la acusación particular. 
La Comisión seguirá de cerca el juicio y los procedimientos que se siguen en él. 
En cuanto a Malasia, la Comisión comparte con sus Señorías la opinión de que las autoridades malayas deben asegurarse de que no se hace un mal uso de su sistema jurídico por razones políticas. 
Y con arreglo a esta opinión y habida cuenta de que el Sr. Anwar Ibrahim ya ha pasado casi siete meses en la cárcel sin contar con la posibilidad de recurrir a una fianza, la Comisión considera que el proceso, que la apelación de los abogados de la defensa ya anunciaron, debe llevarse a cabo con arreglo a los criterios aceptados internacionalmente para considerar un juicio como justo. 
La Comisión confía también en que se tomarán las medidas legales necesarias para aclarar quiénes son los responsables de los malos tratos de obra y de palabra infligidos al Sr. Anwar Ibrahim. 
Todo ello pone también de manifiesto que este incidente tiene que ver con el debate que se mantiene en la actualidad en Malasia sobre la reforma, precisamente, de la policía. 
A la Comisión sigue preocupándole la posibilidad de que la persistencia de las restricciones de los derechos humanos fundamentales tales como el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y opinión, tenga como resultado un clima de inestabilidad y agitación social en Malasia. 
En cuanto a Djibuti, la Comisión es consciente de la detención de algunas personalidades políticas en la prisión de Gabodé y comparte en su totalidad las preocupaciones de sus Señorías en lo tocante a la suerte de los presos políticos. 
En todos sus contactos con las autoridades del país, la Comisión ha reiterado su postura en cuanto al respeto de las libertades humanas fundamentales y el Estado de Derecho. 
La Comisión también ha tomado nota de las recientes propuestas realizadas por el Gobierno de Djibuti encaminadas a autorizar visitas de inspección de las prisiones por parte de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo independiente. 
Y, naturalmente, esta posición del nuevo Gobierno de Djibuti la acogemos favorablemente. 
Se han iniciado contactos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con los Estados miembros para que se pueda iniciar el retorno de todas las poblaciones desplazadas y refugiadas, respetando sus derechos de origen. 
Y en cuanto a la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional creo, naturalmente, que ustedes han señalado un punto de sentido común: cuanto antes empiece a funcionar este Tribunal, más fácil será abordar y empezar a resolver problemas como el de los Balcanes- por citar el caso de más actualidad, Kosovo- y otros que hay en el mundo. 
Pero claro, también pensamos que, particularmente, nuestros Estados miembros deberían dar ejemplo y agilizar rápidamente sus procesos de ratificación en los distintos Parlamentos nacionales. 
También quiero señalar a su atención que el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia recibe apoyo presupuestario de la Comunidad desde hace varios años. 
Y la Comisión tiene intención de mantener este apoyo dentro del respeto del reglamento adoptado por el Consejo, por el que se crea el fundamento jurídico que permite realizar y desarrollar actividades en materia de derechos humanos. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Señor Presidente, desearía hacer una o dos observaciones sobre la propuesta común relativa a las Comoras, que comienza, evidentemente, por la condena del reciente golpe de Estado, del nuevo golpe de Estado, porque sólo Dios sabe que las Comoras han conocido un número importante de golpes de Estado desde la independencia, en 1975- ¡es el decimoctavo que se registra! -. 
Se ha comentado la responsabilidad que podría imputarse, con respecto a las actuales dificultades, a los secesionistas de la isla de Anjouan. 
El problema es similar al del huevo y la gallina. 
En otros términos, de lo que se trata es de saber quién es el primer responsable de las dificultades que han surgido. 
Es muy probable que la agudización, la reproducción, de algunos problemas en el conjunto camorano se deban al hecho de no haberse tomado suficientemente en consideración la existencia de algunas poblaciones que tienen sus propias dificultades, sus propios problemas, sobre todo en la isla de Moheli. 
Señor Presidente, algunos colegas aquí presentes conocen- sé que el Sr. Hory va a tomar la palabra enseguida- infinitamente mejor que yo esta zona y los problemas que allí se plantean. 
Podemos confiar en que se encuentre, efectivamente- y es imprescindible que la Unión contribuya a ello -, una solución que permita estabilizar las relaciones entre las tres islas- si esto es posible, y en todo caso es lo que deseamos- y que tenga en cuenta las necesidades específicas, particulares, de las poblaciones de cada una de estas islas, que, a pesar de que no se encuentran muy alejadas unas de otras, poseen esas especificidades que acabo de mencionar. 
Por lo que a mí respecta, señor Presidente, deseo decir que lamento que el considerando G de esta propuesta de resolución común permita abrigar dudas sobre los comentarios que podría efectuar este Parlamento a propósito de las iniciativas tomadas por el presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, el Sr. Michel Rocard. 
Personalmente, las he aprobado y apoyado. 
Señor Presidente, ante el espectáculo de la disgregación política de las Comoras, podría creerse que éstas son víctimas de una especie de fatalidad. 
En realidad, no existe fatalidad alguna, y si se considera la situación objetivamente, se podrán ver con claridad tres niveles de responsabilidad. 
En primer lugar- y a pesar de que no esté muy de moda decir esto -, la responsabilidad de los propios comoranos, o más exactamente de sus dirigentes. 
En el siglo XIX a las Comoras se las denominaba «el archipiélago de los sultanes batalladores» , porque la Gran Comora y Anjouan están dominadas por algunas organizaciones familiares supuestamente nobles que se disputan el poder desde hace siglos, que imponen sus privilegios a la inmensa mayoría de la población, y mantienen grandes desigualdades sociales, monopolios económicos injustificables y una organización verdaderamente medieval de la sociedad. 
Esta es la primera responsabilidad. 
Luego, en la crisis actual hay que subrayar- y tampoco está de moda decirlo en este recinto- la responsabilidad de la Organización de la Unidad Africana, teóricamente encargada de reconciliar a las poblaciones de la Gran Comora y de Anjouan, tras la secesión de esta última isla. 
Ahora bien, la única actividad de la OUA, si no su única razón de ser, es aparentemente la defensa de las antiguas fronteras coloniales contra todo, contra todos e incluso contra la evidencia. 
La OUA, pues, era muy a menudo acusada de parcialidad, ya que se ha mostrado indiferente a las más legítimas reivindicaciones de Anjouan y de Moheli. 
Finalmente- y no insistiré demasiado en este punto -, la responsabilidad de Francia, ilustrada hasta la caricatura por la coincidencia entre el decimoctavo golpe de Estado en las Comoras y la apertura en París del juicio al mercenario Bob Denard, autor, en 1975, 1978, 1989 y 1995, de cuatro golpes de Estado en Moroni y sospechoso del asesinato de dos Jefes de Estado comoranos. 
Hoy nos enteramos que un ex ministro francés de Cooperación declarará en su favor en este juicio. 
Creo que está todo dicho. 
Una vez establecidas estas responsabilidades, la Unión Europea tiene el deber de paliar la incapacidad de los protagonistas habituales del escenario comorano, lanzando una iniciativa de reconciliación inter-islas, una ayuda humanitaria significativa, en particular dirigida a Anjouan, y un plan original de ayuda económica urgente para el Estado comorano. 
Por lo que a mí respecta- y es mi conclusión -, deseo subrayar esta urgencia desde un punto de vista particular. 
El Sr. Lehideux lo ha dicho; la casualidad me da la oportunidad de intervenir por última vez en esta Asamblea sobre una cuestión que me afecta personalmente. 
Desde 1997, la crisis comorana produce en Mayotte, que felizmente ha seguido siendo francesa, una ola masiva y artificial de refugiados que ni los servicios públicos, ni la economía local, ni tampoco la población de la isla, podrían soportar por mucho tiempo. 
La estabilización de las Comoras es, por lo tanto, la condición necesaria para lograr la paz en toda la región. 
Señor Presidente, no sin cierta emoción intervengo por última vez en este Parlamento. 
La República Islámica de las Comoras es un Estado que desde hace muchos años, prácticamente desde su independencia, sufre una crisis institucional y estructural muy grave, como han recordado los colegas que han intervenido antes que yo. 
Y es la propia unidad del país, es decir, de las tres islas que lo componen, la que se cuestiona constantemente. 
Hace algunos días se alcanzó un acuerdo marco- gracias también a la discreta pero importantísima labor del Presidente Michel Rocard, a quien felicitamos- que constituía y constituye una buena base para restablecer las condiciones necesarias para la convivencia entre las varias islas y la existencia misma de un Estado en las Comoras. 
El golpe de Estado militar que, obviamente, condenamos, se produjo a raíz de los graves incidentes provocados en Gran Comora por personas procedentes de la Isla de Anjouan, así como por la incapacidad objetiva de las autoridades civiles para garantizar el proceso de reunificación y de pacificación del Estado. 
Considero que es necesario que se lleven a cabo dos cosas: en primer lugar, el restablecimiento de un orden constitucional y civil y el final del golpe de Estado que- como decían mis colegas- es el decimoctavo desde la mitad de los años setenta; en segundo lugar y al mismo tiempo, es preciso continuar el proceso de acuerdo nacional también con esas fuerzas que no sólo son militares y que pretenden seguir manteniendo la hegemonía de unos grupos de población de una isla respecto a las demás. 
Por eso es importante permitir a los representantes de la Isla de Anjouan que consulten a la población y ratifiquen ese acuerdo que todos los demás ratificaron antes del golpe de Estado. 
Asimismo es necesario que la comunidad internacional, también a través de la Organización para la Unidad Africana, pero con un papel activo de la Unión Europea, garantice dicho acuerdo y actúe con miras a elaborar un programa de ayudas económicas tanto urgentes como a largo plazo que permitan una reconstrucción económica de la isla. 
Por otra parte, este acuerdo, en el caso de que llegara a buen fin, sería un ejemplo positivo para otros países africanos que sufren crisis de orden y estructurales similares. 
Señor Presidente, Señorías, como se afirma en el primer apartado del preámbulo de la resolución y como acaba de decir el Sr. Lehideux, nos encontramos ante el decimoctavo golpe de Estado en las Islas Comoras en los últimos veinticuatro años. Por consiguiente, hay un promedio de un golpe de Estado cada dieciséis meses. 
Sería suficiente este dato estadístico para que se comprendiera la difícil situación de una región que por sí sola tiene todas las potencialidades para embocar el camino correcto hacia la democracia y el desarrollo. 
Piénsese, por ejemplo, en el caso de la Isla Mauricio que presentas muchas características culturales y geopolíticas similares. 
Por consiguiente, a mi modesto entender y del Grupo que represento, sería necesaria una acción clara, concreta y conjunta de la Unión Europea. 
Las acciones personales, las acciones a título particular de los políticos o de los países son importantes, sin embargo, sólo un esfuerzo conjunto de la Unión Europea podrá convertir en modélica una experiencia, hoy por hoy, cargada de vicios y de dificultades. 
Es con este deseo, señor Presidente, que me permito expresar, a través de su persona, mi agradecimiento a la Mesa por la labor desarrollada en estos cinco años, así como a los colegas, sobre todo los que participan en las reuniones sobre los derechos humanos y los problemas de urgencia, por el trabajo realizado hasta ahora y por todo lo que he aprendido de ellos. 
Señor Presidente, la Comisión Europea comparte con el Parlamento Europeo la preocupación por la situación de las Comoras a raíz del golpe de Estado perpetrado el 30 de abril de 1999. 
Como ustedes saben, la Comisión reaccionó de inmediato, comunicando al Jefe de Estado Mayor, Coronel Azali Assoumani, la desaprobación de la Unión Europea y llamando su atención sobre los principios de nuestra cooperación, cuyos elementos esenciales son el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. 
Además, la Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros aplicar el procedimiento establecido en el artículo 366 del Convenio de Lomé, por el que se podría suspender la cooperación con las Comoras. 
Por otra parte, la Comisión está estudiando, con los Estados miembros, la posibilidad de iniciar gestiones diplomáticas con vistas a la aplicación del Acuerdo celebrado en Madagascar el 29 de abril de 1999 bajo los auspicios de la OUA. 
Desde 1998, la Comisión ha financiado programas de ayuda humanitaria del orden de un millón de euros para mejorar la situación de la población de Anjouan en materia de nutrición y sanidad, y la Comisión acaba de aprobar un nuevo programa, por un importe de 730.000 euros, destinado a la asistencia sanitaria de carácter primario, y se está estudiando la conveniencia de conceder un programa adicional de ayuda humanitaria dadas las necesidades existentes en las tres islas por causa de la inestabilidad política. 
La oficina de la Comisión en las Comoras sigue de cerca la evolución de la situación y, según las últimas informaciones, ésta es de calma y el ejército ha entablado los primeros contactos para el establecimiento de un Gobierno de transición según el Acuerdo celebrado en Madagascar. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
Señor Presidente, desearía plantear una cuestión de orden para precisar, aunque todos lo habrán adivinado, que el ex ministro francés de Cooperación que declara en favor del mercenario Bob Denard no es el Sr. Jean-Pierre Cot. 
Le agradezco la puntualización. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Señor Presidente, el Gobierno checo se pronunciará en breve sobre la terminación de la central nuclear de Temelin. 
Cito del informe de la Comisión Internacional para Temelin. En este momento, la capacidad de producción es superior a las necesidades y la electricidad producida por la central nuclear de Temelin tan sólo servirá para reducir la producción en otros ámbitos. 
A estas alturas, la realización del proyecto de Temelin entrañaría más efectos negativos que positivos. 
Terminar las obras podría ocasionar más pérdidas económicas que pararlas, así que desde el punto de vista económico sería una opción problemática e incluso absurda. 
A pesar de todo, determinadas industrias occidentales pretenden hacer su agosto con este negocio y no tienen reparo alguno en causar posibles dificultades económicas a un estado joven y democrático que espero se incorpore pronto al Unión Europea. 
El Organismo Internacional de la Energía Nuclear establece en el apartado de las normas técnicas de seguridad para centrales nucleares requisitos mínimos que incluso están al alcance de las centrales nucleares del tercer mundo. 
Es sabido. 
Esta cita no es mía, sino que son palabras pronunciadas por diplomáticos y científicos de alto nivel. 
En mi opinión, se trata de un insulto, tanto para el Gobierno checo como para la población checa. 
En sus conclusiones relativas a la seguridad nuclear de 7 de diciembre de 1998, el Consejo habla de high level of nuclear safety, a diferencia de lo que sostiene el Organismo Internacional de la Energía Nuclear. 
Cito de nuevo del informe de Temelin: «En caso de que se produzca un accidente nuclear, un sencillo revestimiento de hormigón impedirá que se liberen sustancias radioactivas». 
¡Qué sencillo! 
«Más en adelante se garantizará el adecuado almacenamiento de los residuos radioactivos.» 
Por favor, que nos digan cuándo y dónde. 
En todo caso, quisiera dar las gracias a todos los colegas, especialmente a los de mi Grupo, que hoy han respaldado esta resolución. 
Señor Presidente, estimados colegas, esta Asamblea siempre ha concedido especial importancia a la seguridad nuclear, puesto que todos sabemos que en caso de que se produzca un accidente en una central nuclear, éste no sólo afecta a las personas que trabajan en ella y que viven en las inmediaciones, sino que perjudica a todos los habitantes de Europa. Es por eso por lo que debemos vigilar de cerca las normas de seguridad. 
Como ya ha señalado la oradora anterior, el Gobierno checo ha de decidirse en las próximas semanas sobre la terminación de las obras de la central nuclear de Temelin. 
Es una central nuclear que desde el momento en que se abrieron las fronteras entre la República Checa y mi país, ha conocido una larga y asombrosa historia, puesto que debería haberse terminado hace años. 
Cuántas veces no se habrá dicho que se tomarían las oportunas medidas de seguridad y al final, las promesas nunca se cumplieron. 
Creo que debemos tener en cuenta todos estos elementos. No se puede terminar una obra que no respete las normas de seguridad y no resulte económica por la sencilla razón de que ya se ha invertido mucho dinero. 
Quisiera destacar otro punto más. 
Mi Grupo no sólo pretende expresar su preocupación por la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, la República Checa y los países limítrofes, sino que, además, queremos prestar ayuda a la innovación, a las energías alternativas, a otras formas de eficacia energética, en otras palabras, queremos fomentar el uso de energías que no precisan de centrales nucleares y no producen el correspondiente consumo de energía eléctrica. 
Nuestro objetivo consiste en ofrecer soluciones que redunden en beneficio del medio ambiente y de la economía y que proporcionen a los ciudadanos energía sostenible. 
Como éste es mi último discurso en esta Asamblea, quisiera destacar que yo he iniciado este proceso con una iniciativa que se titula: «Construir con el sol en la Alta Austria y el Sur de Bohemia». Invita a alcaldes, gerentes, ingenieros y arquitectos a colaborar en un proyecto común que pretende aprovechar en las nuevas construcciones la energía facilitada por el sol en vez de construir de tal forma que se necesite mucha electricidad procedente de la energía nuclear para calentar las casas. 
Señor Presidente, en la mayor parte de los países de Europa central y oriental, se acepta plenamente que la energía nuclear cubra las necesidades energéticas. 
Eso lo sabemos, pero también sabemos que en Europa Occidental esa opinión es más matizada. 
Debemos señalar que, por supuesto, las centrales nucleares anticuadas deben cerrarse sin más. 
No obstante, la central nuclear de la que hablamos ahora, Temelin, es una central nuclear rusa moderna que, sin embargo, debe adecuarse bien a las normas internacionales de seguridad. 
Creo que en el fondo tenemos que ver cuál es la mejor opción país por país. 
En ocasiones es posible adoptar una opción distinta de la central nuclear. 
Si se puede encontrar un método que cueste lo mismo, debe elegirse. 
No obstante, si resulta que la única solución es la renovación de las centrales nucleares anticuadas, la Unión Europea debe colaborar con el estado candidato, en este caso Chequia. 
Como se han levantado muchos interrogantes sobre la viabilidad de Temelin, creo que no podemos realizar esa elección en este momento, pero debemos buscar la respuesta correcta conjuntamente con el Gobierno checo. 
Espero que los esfuerzos de la Comisión vayan en el futuro en esa dirección. 
Señor Presidente, cada Estado está en su soberano derecho de elegir las energías primarias que piense emplear. 
También la República Checa. 
Este tema reviste una especial importancia en el caso de las centrales nucleares, sobre todo en lo que a la construcción, el funcionamiento, el circuito del combustible y el almacenamiento se refiere. Todo ello adquiere una dimensión particular de cara a los acuerdos de ampliación, puesto que no podemos aceptar que los Estados candidatos a la adhesión apliquen una normativa menos rígida que la que se exige actualmente en Europa Occidental. 
En segundo lugar está en juego el libre mercado de la energía en el que estos países tomarán parte en el futuro. 
Evidentemente, no podremos dar luz verde a un libre suministro de electricidad por parte de productores que no cumplen la normativa comunitaria en materia de seguridad y, por eso mismo, gozan de ventajas comerciales que no podemos tolerar. 
Son éstos los dos aspectos comunitarios que han de estudiarse en este Parlamento. 
Y es por esto por lo que la resolución es correcta. 
También es correcto que la Comisión se pronuncie al respecto, que se pronuncie sobre los informes que tenemos delante, porque frente a la opinión pública europea tenemos la obligación de garantizar que haya transparencia en un tema tan importante. 
No se trata únicamente de la República Checa y de Austria, sino que también está en juego la opinión pública europea. Así haremos justicia a nuestros electores. 
Señor Presidente, he visitado la central que se está construyendo en Temelin. 
La he visitado como ciudadano de un país que posee cuatro centrales nucleares en sus fronteras, concretamente la de Cattenom, situada en territorio francés. 
Los ingenieros franceses siempre han tratado de convencernos de que las centrales francesas eran totalmente seguras y ofrecían un nivel de seguridad muy elevado. 
Ahora bien, se ha demostrado que no es así. 
Siempre existe un riesgo, un riesgo que los luxemburgueses no desean correr. 
Considero que los austríacos, que son vecinos de los Checos, no deberían estar expuestos a los riesgos de una central aún más propensa a sufrir accidentes. 
Creo que la Unión Europea debería ayudar a la República Checa a dotarse de otro sistema de producción energética, utilizando energías «blandas» , pero no debería liberar fondos para construir una central del tipo soviético VVER 1000, que, en mi opinión, presenta muchos riesgos. 
Señor Presidente, la principal contribución de Austria al futuro común de Europa en los diez últimos años ha sido el rechazo de la energía nuclear por parte de la población austríaca. 
Resulta que esta actitud, que muchos de ustedes tildaron en su momento de antiprogresista, se ha impuesto con el tiempo debido a la imposibilidad de solucionar los problemas relacionados con la energía nuclear, la imposibilidad de solucionar los problemas relacionados con la seguridad, el almacenamiento y los gastos. 
Durante los últimos años, el Parlamento Europeo se ha comprometido cada vez más con la búsqueda de energías alternativas de cara al futuro. 
Ha reconocido que los riesgos de la energía nuclear en la Europa central y oriental han adquirido una dimensión totalmente nueva, aunque al mismo tiempo ha asegurado que las negociaciones con los países candidatos a la adhesión abren nuevas posibilidades. 
La central nuclear de Temelin pone a prueba la credibilidad de esta Asamblea. 
Desafortunadamente, los Grupos siguen estando divididos. 
Los grupos de presión del sector nuclear aún tienen demasiada influencia sobre esta Asamblea. 
Hubiera deseado que todos los que hoy han presentado una resolución, me refiero sobre todo al Grupo del Partido Popular Europeo, nos hubieran respaldado más firmemente en el pasado y que todos los que han firmado la resolución que tenemos delante hubieran puesto más empeño en convencer a sus correligionarios. 
De haberse cumplido estos requisitos, no tendría por qué sospechar que el presente debate está condicionado por la inminente campaña electoral. 
Lamento profundamente que este Parlamento no haya sido capaz de sacar las conclusiones oportunas y actuar en consecuencia convirtiendo el abandono de la energía nuclear por parte de Europa en una de sus máximas prioridades. 
No obstante, le espera una tarea a la que no puede sustraerse. Ha de contribuir a que los países de la Europa central y oriental puedan sustituir la peligrosa y absurda construcción y adaptación de las centrales nucleares por el uso de energías alternativas. 
Señor Presidente, espero con ansiedad, al igual que muchos, el próximo ingreso de los nuevos estados en la Unión Europea, especialmente de Chequia. 
Al mismo tiempo, creo que debemos adoptar una postura más sensata e, incluso, rígida respecto del cumplimiento de los criterios políticos y económicos acordados. 
Después de todo, se trata del buen funcionamiento de la Unión ampliada. 
Esta sensata preocupación no puede dar lugar, sin embargo, a que la regulación de los problemas bilaterales se imponga bajo presión o mediante una sutil modificación del proceso de adhesión. 
Los estados candidatos son la parte más débil en la relación con la Unión, y espero no tener que persuadir a nadie de que el difícil cometido de la política es preocuparse por que se haga justicia con la parte más débil. 
Al examinar ahora las objeciones que han surgido, especialmente en Austria, contra las centrales nucleares en general y contra Temelin en particular, quiero señalar que hay diversas centrales en Europa central y oriental que son mucho más peligrosas que la de Temelin. 
Además, podemos decir que, en todo caso, Temelin cumple los criterios mínimos internacionales establecidos y que eso no se puede decir en absoluto de varias centrales de la zona. 
Por ello, una gran parte de mi Grupo no considera oportuno que Temelin figure en el punto de mira, tanto más cuando esta cuestión ya se ha tratado más ampliamente y mejor en el Informe Adams. 
No hay ningún motivo para criticar específicamente a Chequia y, con seguridad, ninguno para criticar Temelin. 
Eso supone desestimar los peligros de muchas otras. 
Debemos mostrar comprensión hacia el Gobierno checo que cuenta con pocas alternativas para producir energía. 
No quiero pensar en la posibilidad de utilizar lignito como medio de producción de energía, puesto que éste realmente ha provocado daños medioambientales graves. 
Debemos tener, por tanto, una actitud más positiva con el Gobierno checo. 
Señor Presidente, la seguridad de las plantas nucleares existentes y de las que se están construyendo, representa un objetivo prioritario ante la perspectiva de la adhesión, tal como han resaltado en reiteradas ocasiones el Parlamento y la Comisión con ocasión del paquete relativo a la Agenda 2000, así como el Consejo en el ámbito de la seguridad nuclear con miras a las futuras ampliaciones de nuestra Unión. 
En el caso de la central checa de Temelin, el logro de los niveles de máxima seguridad reclamados a los candidatos a la adhesión en materia de centrales nucleares no parece en absoluto fiable, especialmente a la vista del previsto empleo por las autoridades de la República Checa de esos reactores de tipo soviético- los VVER 100- presentados como equipos de última generación, a pesar de que dan pruebas de escasa fiabilidad. 
No nos parece que estas plantas ofrecen la máxima seguridad que, hoy por hoy, debemos exigir y nos hacen abrigar dudas acerca de su rentabilidad a nivel de la tan propugnada eficacia energética. 
Habida cuenta de que el Informe Adam sobre la seguridad nuclear aprobado en el pasado mes de marzo por nuestro Pleno, pedía, entre otras cosas, que se limitase el empleo de reactores RBMK, así como de los reactores de construcción soviética VVER que ahora las autoridades checas tienen previsto utilizar en Temelin, suscribimos las conclusiones presentadas por la portavoz de nuestra delegación de Alianza nacional y ponente para opinión, que han servido como corolario al Informe Adam; a saber: primero, la seguridad es el elemento fundamental de la estrategia de preadhesión; segundo, se debe reforzar la normativa internacional en materia de sistemas de seguridad; tercero, el control sobre la aplicación de dicha normativa debe confiarse a un organismo independiente. 
En esta óptica, aprobamos la resolución común que nos ocupa prestando especial atención a las normas de protección medioambiental que, por otra parte, constituyen la única garantía de cara a la salvaguardia y la protección de la salud de los ciudadanos. 
Señor Presidente, saludamos esta propuesta de resolución común y la respaldaremos, aun cuando, como ha señalado uno de los oradores anteriores, la campaña electoral no es ajena al gran entusiasmo que suscita. 
Como país vecino, Austria se ve directamente afectada por la posible instalación de este reactor de riesgo. 
Más allá de la presente solicitud somos partidarios de que en el marco de la ampliación hacia el Este la Unión Europea exija a los países candidatos que modifiquen drásticamente su arriesgada política nuclear como condición previa a su adhesión. 
A título comparativo quisiera señalar que los reactores similares de la antigua República Democrática Alemana han dejado de funcionar después de la reunificación. 
Por razones económicas y ecológicas consideramos que destinar fondos de la Unión a la financiación o la concesión de créditos para este reactor equivaldría a malversarlos. 
Críticas 
¿Es lo único que se les ocurre con respecto a la central nuclear? 
¿Es ésta la importancia que conceden a este tema? 
Por supuesto es legítimo prestar ayuda financiera a estos países para la construcción de un sistema energético sostenible. 
Le doy las gracias, Señor Presidente, y también doy las gracias al señor que ha exclamado que como se trata de un asunto tan importante debe hacer una declaración para que mañana aparezca en el periódico. 
La Comisión entiende que los reactores de Temelin son de un tipo que, en principio, se pueden mejorar para lograr niveles de seguridad aceptables y, como se indica en la Agenda 2000 y en la comunicación de marzo de 1998, el objetivo general de la Comisión, por lo que se refiere a este tipo de reactores, es garantizar que las mejoras emprendidas por los países correspondientes se apliquen de manera rápida y eficaz y lleven a resultados satisfactorios. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta dos elementos. 
La responsabilidad de la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares compete a las autoridades del país en el que se encuentran. 
Un nivel elevado de seguridad nuclear es una prioridad del proceso de adhesión, y la Comisión está dispuesta a cooperar con todos los Estados candidatos para ayudar a mejorar la seguridad nuclear, garantizando que los niveles de seguridad tecnológica y de funcionamiento se ajustan a las prácticas, actualmente vigentes en la Unión en materia de seguridad. 
En la República Checa se han concedido ayudas en el marco del Programa PHARE a las autoridades responsables de la seguridad nuclear y para mejorar la seguridad de la central nuclear de Duckovani. 
Por lo que se refiere al caso concreto de Temelin, la Comisión no dispone de información suficiente sobre el estado actual de las obras. 
En la actualidad, no existe un acuerdo formal con las autoridades checas en el marco de PHARE para que los organismos técnicos de seguridad de la Unión Europea lleven a cabo una evaluación global en materia de seguridad. 
La Comisión ha tomado buena nota de la opinión expresada sobre Temelin en el informe publicado por los reguladores de WENRA. 
Dicho informe no facilita información suficiente para llegar a una conclusión definitiva sobre el nivel de seguridad alcanzado. 
En relación con los aspectos económicos del proyecto de Temelin, la Comisión apoya el desarrollo de una estrategia en materia de energía que tome debidamente en consideración el rendimiento energético y la diversificación de las fuentes, y PHARE ha apoyado esa orientación en distintos proyectos. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
Señor Presidente, espero que me perdone. 
Ésta no es estrictamente una cuestión de orden, pero se refiere a acontecimientos que han sucedido desde esta mañana. 
Pido que los tengamos en cuenta de alguna manera. 
Quizá sepa que ha habido una declaración de los ministros del G8 ofreciendo unas condiciones para una solución en Kosovo mucho menos intransigentes que las cinco condiciones en las que se ha insistido hasta ahora y que vuelve a vincular de forma significativa al Consejo de Seguridad. 
En vista de ello, las resoluciones que hemos presentado esta semana están muy desfasadas con respecto a los acontecimientos y dan la impresión de que el Parlamento ha perdido el contacto con lo que está sucediendo. 
Señor Presidente, no sé qué es lo que habría que hacer desde el punto de vista del procedimiento, pero le pido, a usted que es un entendido en el mismo, que ingenie algún modo de que podamos tener en cuenta este acontecimiento y mostrar que efectivamente estamos al tanto del proceso real en lugar de aferrarnos a unas posturas dogmáticas que no aportan nada nuevo y no contribuyen en nada a resolver esta tragedia. 
Me temo que no existe ningún procedimiento que nos permita volver sobre este tema. 
Si se ha producido un giro de los acontecimientos antes de que tengamos la votación, no hay nada que podamos hacer al respecto. 
Votaciones (continuación) 
Coincido con la ponente en que el resultado de las negociaciones con los interlocutores sociales es tan deficiente que se plantea el problema del déficit democrático con respecto a la legislación basada en el diálogo social. 
La falta de compromiso con el principio básico de no discriminación, el carácter limitado del ámbito de aplicación relativo a las personas y a los objetos y la definición poco convincente de las obligaciones son razones suficientes para preguntarse cómo el Parlamento Europeo puede erigirse ante los afectados como garante de normas mínimas y compromisos mínimos cuando los representantes de sus intereses no saben negociar. 
Sin embargo, ello no se puede aducir como pretexto para quedarnos con nada y rechazar lo poco que se ha conseguido. 
Es más, bajo ningún concepto puede convertirse en aliciente para los Estados miembros que defienden la idea de que incluso estas normas mínimas suponen un «compromiso demasiado grande». 
La Comisión y el Parlamento deben colmar urgentemente las lagunas de la legislación social europea en cuanto a la protección de los empleados atípicos y han de abordar sin más tardanza el déficit democrático correspondiente: ¡a través de un Acuerdo Interinstitucional que allane el camino para la próxima modificación del Tratado! 
Por otra parte, los sindicatos europeos tienen que aprender urgentemente a defender con más ahínco y mejor disposición los intereses de sus miembros femeninos 
Reconocimiento de títulos para las actividades profesionales liberalizadas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0253/99) de la Sra. Gebhardt, para la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos para las actividades profesionales a que se refieren las directivas de liberalización y de medidas transitorias y se completa el sistema general de reconocimiento de títulos (3612/99- C4-0209/99-96/0031 (COD)) 
Señor Presidente, señora ponente, Señorías, deseo ante todo felicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y, en particular, a nuestra colega Gebhardt por el excelente trabajo que han hecho juntos y por la tenacidad que han demostrado en el procedimiento de conciliación. 
En efecto, las negociaciones con el Consejo no han sido fáciles. 
Sin embargo, han desembocado en un compromiso que, personalmente, considero más bien satisfactorio. 
En efecto, en este ámbito, debemos reconocer que, si bien se han realizado progresos desde hace unos treinta años, pasando de directivas sectoriales a directivas horizontales más generales- en especial las directivas claves de 1989 y 1992 -, quedaba y aún queda mucho camino por recorrer. 
Apoyo, pues, evidentemente, las propuestas tendentes a derogar las directivas sectoriales, que supuestamente eran transitorias y que, en muchos casos, han perdurado más de lo necesario, acarreando graves restricciones a la libre circulación y a la libre instalación de ciudadanos europeos en la Unión. 
En cuanto al sistema, más general, de reconocimiento de títulos, estoy asimismo a favor de una mejora y de un refuerzo del reconocimiento de las cualificaciones, ya que si bien el reconocimiento de títulos es teóricamente satisfactorio, no se traduce suficientemente en los hechos. 
Los ciudadanos europeos tienen a menudo dificultades cuando desean que se les reconozcan sus cualificaciones, y muchas veces se les niega un empleo, basándose en esas cualificaciones supuestamente insuficientes. 
Como diputado de una región fronteriza, conozco muy bien la situación, por el hecho de tener que tratar diariamente, en Bélgica y en Francia, problemas de este género. 
Para concluir, debo decir que estas situaciones son graves, puesto que afectan negativamente a la propia idea de ciudadanía. 
Es imposible convencer a los europeos de que existe la ciudadanía europea si, cada día, se les niega un derecho fundamental, el de tener un trabajo. 
Por esta razón, señor Presidente, deseo reiterar mis felicitaciones a la ponente, recalcar los avances, pero, además, deseo decir que nuestra lucha, también en este ámbito, dista mucho de haber concluido. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera expresar mi gratitud, mi respeto y mi reconocimiento hacia la ponente por su excelente trabajo. 
A través de una feliz colaboración, entre otros con la Presidenta de las sesiones de conciliación, la Sra. Fontaine, ha logrado este compromiso gracias a su sentido común, su firmeza y su incansable perseverancia. 
Ha realizado un trabajo extraordinario. 
Quienes hemos asistido a las reuniones, hemos podido comprobar hasta qué punto es difícil hacer cambiar de idea al Consejo, aunque sólo sea una cuestión de matices. 
Nuestra ponente realmente ha conseguido lo imposible. 
En el fondo se trata, como ella misma acaba de señalar, de la libre circulación dentro de las fronteras comunitarias. Esta libre circulación no sería más que una farsa caso de que no existiera la posibilidad de que cada uno ejerza su profesión en el país de su elección. 
A este respecto no nos interesa una libre circulación de baja calidad, puesto que el éxito del mercado común y de los ciudadanos de la Unión que en él trabajan requiere una libre circulación de alto nivel. 
Éste es el tema principal de la directiva que tenemos delante. 
Debemos garantizar el reconocimiento de las aptitudes profesionales y la posibilidad de ejercicio de las mismas. 
Parece ser que, por fin, hemos encontrado el camino adecuado. Tal vez no sea el resultado ideal, pero se ha dicho con razón que lo que se ha alcanzado es un compromiso aceptable que ofrece una solución común y asequible para todos. 
Por todo ello, mi Grupo respaldará el informe con mucho gusto y votará a favor. 
¡Una vez más, muchas gracias por el buen trabajo! 
Señor Presidente, la Comisión se felicita por la adopción de un proyecto común sobre reconocimientos de diplomas por parte del Comité de Conciliación y, en nombre de la Comisión, desearía expresar mi agradecimiento particularmente a la Sra. Gebhardt, así como al presidente y a los miembros de la delegación del Parlamento en dicha conciliación, por todos los esfuerzos realizados durante estos últimos cuatro meses para obtener este texto conjunto. 
Enhorabuena y felicidades. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0226/99) de la Sra. Lulling, para la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros con objeto de reducir los datos que deben proporcionarse (3608/99- C4-0172/99-97/0155 (COD)) 
Señor Presidente, en 1993, la entrada en vigor del mercado único y el desmantelamiento de los controles fronterizos han acarreado la supresión, en las declaraciones del IVA, de las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros, cuya fiabilidad estaba garantizada por los servicios de aduana. 
Puesto que las estadísticas de los intercambios de bienes intracomunitarios siempre son necesarias, se ha creado INTRASTAT, y las empresas han sido obligadas a proporcionar las variables necesarias para permitir que este organismo realice dichas estadísticas. 
Naturalmente, a las empresas- sobre todo a las PYME- esto no las ha fascinado. 
En junio de 1997, la Comisión nos presentó dos propuestas para simplificar el reglamento de 1999, y ello con objeto de aliviar las obligaciones de las empresas- sobre todo de las PYME- en materia de declaraciones y de reducir los costes que pesan sobre las personas obligadas a declarar. 
Ya durante la primera lectura debimos comprobar que en el Consejo, los Estados miembros ni siquiera estaban dispuestos a apoyar estas propuestas, a pesar de que eran más suaves con respecto a los resultados del primer estudio realizado en el marco de la iniciativa SLIM. 
No obstante, nosotros habíamos presentado en primera lectura algunas enmiendas para limitar la carga que pesa sobre las empresas, para suprimir las variables no pertinentes- por ejemplo, la modalidad de transporte- y las variables facultativas, para limitar el número de PYME obligadas a facilitar variables estadísticas pormenorizadas y, también, para simplificar la utilización de la nomenclatura combinada, sin apartarse de una nomenclatura única con respecto a los intercambios intracomunitarios y los intercambios con los terceros países. 
Nosotros habíamos precisado que todo ello sólo representaba un primer paso en la buena dirección, en espera de una simplificación más radical, sobre todo porque la fiabilidad de las estadísticas de INTRASTAT es, desgraciadamente, inversamente proporcional a los costes soportados por las 450.000 empresas que deben facilitar las variables. 
En relación con nuestras enmiendas aprobadas por unanimidad en primera lectura habíamos recibido, salvo en algún detalle, la bendición de la Comisión. 
Pero el Consejo nos transmitió entonces una posición común que debilitaba aún más la propuesta inicial de la Comisión, propuesta que ya era moderada con respecto a los resultados de los estudios SLIM y que nosotros queríamos reforzar mediante nuestras enmiendas. 
Además, esta posición común, habría desembocado en un aumento de la carga que pesa sobre las empresas. 
El Consejo había llegado incluso a rechazar pura y simplemente la aprobación de una posición común sobre la propuesta de reglamento relativo a la nomenclatura. 
Frente a una actitud tan negativa del Consejo, nosotros no capitulamos. 
Mantuvimos nuestras enmiendas en segunda lectura e iniciamos una conciliación. 
Hemos llegado al siguiente compromiso: puesto que no existe una posición común sobre la nomenclatura, hemos podido obtener una declaración del Consejo por la que promete examinar la posición sobre dicha nomenclatura, teniendo en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo y los resultados de las discusiones que actualmente se llevan a cabo en el marco de un segundo ejercicio SLIM. 
Hemos logrado este resultado porque, en la conciliación, pude esgrimir ante la delegación del Consejo las decisiones del Consejo ECOFIN del 18 de enero de 1999, las cuales constatan- ironía del destino- que el actual sistema INTRASTAT contiene más variables de las necesarias, que debía simplificarse, que habría que limitar los costes y modificar los reglamentos de 1991. 
Creía estar soñando al leer esto, porque el Consejo nos había remitido, en julio del año pasado, una posición común descafeinada sobre la propuesta de modificación del reglamento de 1991. 
En diciembre de 1998, nosotros manteníamos nuestras enmiendas contra la posición común, y he aquí que en enero de 1999, el Consejo descubre que hay que modificar el Reglamento 330/91, cuando la modificación propuesta por la Comisión estaba encima de la mesa desde el 2 de junio de 1997 y cuando en este recinto ya se habían efectuado dos lecturas. 
¿Acaso en el Consejo la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda? 
¿Esto ilustra una disfunción política manifiesta en el seno del Consejo? 
¿Cómo es posible que el Consejo exija, en enero de 1999, una mayor simplificación del reglamento de INTRASTAT, que había rechazado en julio de 1998, y nos obligue a iniciar un procedimiento de conciliación? 
¡Quién lo comprende! 
En todo caso, me congratulo de haber perseverado en la segunda lectura, y también de la declaración de la Comisión en la que nos promete someternos un informe sobre el sistema INTRASTAT. 
Si tuviera que calcular el coste de los trabajos emprendidos desde 1997, éste sería seguramente inversamente proporcional a los resultados, demasiado escasos con respecto a las ambiciones del primer estudio SLIM y a los nuestros, a fin de reducir las cargas de las empresas. 
Pero, al menos, las contradicciones en el Consejo nos han permitido descubrir un nuevo punto de partida, que esperamos sea más prometedor de lo que hemos vivido estos últimos años en esta materia. 
Señor Presidente, Señorías, desearía felicitar a la ponente y la delegación en el comité de conciliación por el extraordinario trabajo que han llevado a cabo. 
En un día como hoy, jornada de la penúltima sesión, se trata de una circunstancia muy reconfortante. 
Creo que en la conciliación se ha logrado un compromiso que demuestra el buen funcionamiento del procedimiento de codecisión y el poder del Parlamento, que ha actuado correctamente en esta cuestión. 
La directiva que se ha sometido a conciliación es importante para las empresas pequeñas y, por lo tanto, también para la situación del empleo. 
Tenemos en la Unión Europa aproximadamente 18 millones de PYME y cerca de 17 millones de desempleados. 
Esta ecuación indica ya por sí sola que debemos hacer todo lo posible para evitar que el sector de las PYME sufra precisamente las cargas y las dificultades burocráticas. 
Una reducción de la información procedente de las estadísticas comerciales reviste una gran importancia precisamente de cara a estas pequeñas y medianas empresas, que no disponen de los recursos necesarios para elaborar y mantener complicadas estadísticas. 
El compromiso que se ha aceptado en la conciliación alivia la carga de las PYME, lo cual cabe esperar que aliente a estas empresas a orientar sus esfuerzos hacia objetivos más favorables y que fomenten la creación de empleo. 
En la Unión Europea y en los Estados miembros se ha otorgado especialmente un papel fundamental a las pequeñas empresas con predominio de mano de obra a la hora de promover la creación de empleo. 
Sería positivo que pudiéramos seguir simplificando estas acciones relacionadas con las limitaciones y los obstáculos con que se enfrentan las PYME. 
El euro es importante para las empresas pequeñas porque elimina el cambio de divisas en la zona de nuestro mercado único. 
Por lo general, las empresas pequeñas no disponen ni de los medios ni de la capacidad profesional para realizar un seguimiento de la situación monetaria que les permita seguir con una seguridad suficiente el comportamiento del dinero. Así pues, la moneda única representa una gran ventaja para las pequeñas y medianas empresas cuando tenemos en cuenta los peligros con los que se enfrentan en el mercado único para desarrollar sus actividades. 
Con esta conciliación, el Parlamento tiene la posibilidad de enviar un mensaje político a la Comisión también por lo que respecta a otra cuestión en fase de preparación, lo cual demuestra igualmente el poder que tiene este procedimiento de codecisión. 
Transcurrida una semana desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, y habida cuenta de la importancia cada vez mayor que está adquiriendo el procedimiento de codecisión, creo que tenemos motivos para felicitarnos por esta victoria del Parlamento y de la democracia. 
Señor Presidente, estimados señoras y señores, quisiera comenzar agradeciendo a la Sra. Lulling el que haya defendido a capa y espada los intereses del pequeño comercio y de las empresas. 
Coincido con ella en que de cara a las empresas es necesario aligerar la carga burocrática para que puedan dedicar más tiempo a sus clientes y para que surjan oportunidades de crear nuevos puestos de trabajo. 
Asimismo quisiera expresar mi gratitud al Sr. Paasilinna porque siempre ha respaldado esta iniciativa y nos ha mostrado el camino. 
También doy las gracias a la Comisión por haberse comprometido a llevar a cabo un estudio en el ámbito de la iniciativa SLIM/INTRASTAT refiriéndose en particular a la calidad y a las cargas que recaen sobre las empresas. 
¡Señor Comisario, este estudio es fundamental para Europa! 
Siempre estamos hablando de descarga, descarga burocrática y apoyo a las empresas con objeto de fomentar nuevos puestos de trabajo. 
Aquí se presenta una oportunidad real que abre nuevas perspectivas. 
Asimismo estimo fundamental que nos hayamos propuesto reducir las variables obligatorias, no sólo en cuanto a la carga, sino también en lo que al número de variables se refiere. 
Por lo demás, somos partidarios de un nivel de información aceptable, es decir, de una buena relación coste-eficacia. 
Esta relación entre costes y rendimientos también afecta a la rentabilidad. 
De conformidad con este principio, en Austria se fomentará la independencia de la Oficina Nacional de Estadística convirtiéndola en una empresa autónoma y organizada económicamente. 
No está mal que quienes necesiten datos estadísticos paguen por ellos, puesto que la información valiosa tiene un precio. 
Quisiera añadir que también nos hemos esforzado por elaborar una nomenclatura única para el comercio interior y exterior y que proponemos reducir los puntos de ocho a seis. 
Me parece una modificación importante. 
Necesitamos datos inequívocos. No dispondremos de una información tan desglosada, pero sí de una clara visión de conjunto del mercado. 
La supresión del modo de transporte y de las condiciones de suministro merecen nuestro apoyo. 
Somos partidarios de obtener datos realmente eficaces en poco tiempo. 
De ser posible, preferimos que los datos se reúnan de forma automatizada. 
Siempre que sea posible, deben obtenerse voluntariamente, a través de sistemas de incentivos, no de penalizaciones. Además, debemos asegurarnos de utilizar los métodos estadísticos más recientes, tales como muestreos, análisis de mercado y encuestas. 
Creo que ello nos permitirá aproximarnos a los ciudadanos, aumentar nuestra credibilidad ante las empresas, disponer de más libertad de acción en el mercado mundial y, por tanto, crear nuevos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, en el marco de la iniciativa SLIM, la Comisión presentó el 30 de mayo de 1997 dos propuestas de reglamento con el fin de simplificar la normativa básica del sistema INTRASTAT. 
Su objetivo es aliviar la carga que pesa sobre las personas obligadas a declarar. 
En la primera propuesta, se reducía la lista de variables que hay que proporcionar en las declaraciones y en la segunda se simplificaba la nomenclatura de productos utilizada para clasificar los productos objeto de los intercambios. 
Por lo que se refiere a la primera propuesta, relativa a la reducción del número de variables recogidas, el procedimiento de conciliación permitió llegar a un resultado satisfactorio en relación con la propuesta inicial de la Comisión. 
Este resultado se obtuvo gracias a los esfuerzos combinados de nuestras dos instituciones- Parlamento y Comisión -, de lo cual nos congratulamos. 
El texto conjunto conseguido de esta manera representa una importante etapa en los esfuerzos por aliviar la carga que pesa sobre las empresas, y muy especialmente sobre las PYME. 
En concreto, a partir del 1 de enero de 2001 se dispensará a la pequeña y mediana empresa de presentar cinco variables, aunque los Estados miembros conservarán la facultad de solicitar las variables «condiciones de entrega» , «modalidad de transporte» y «régimen estadístico» a las empresas que superen un cierto umbral. 
En cuanto a la propuesta relativa a la simplificación de la nomenclatura, la Comisión observa con satisfacción que todas las instituciones reconocen la importancia que tiene simplificar la nomenclatura combinada. 
Importancia que queda materializada en el texto conjunto mediante la introducción de un considerando específico a este fin. 
Por lo demás, la Comisión recuerda la voluntad expresada por el Consejo en su declaración de volver a examinar la propuesta de reglamento en este sentido. 
En conclusión, la Comisión Europea se declara satisfecha de estas simplificaciones concretas, de las que pronto se beneficiarán las empresas, y felicita de forma muy especial a la ponente, Sra. Lulling, por su excelente informe. 
Sin embargo, esto no representa sino una primera etapa. 
La Comisión se ha comprometido a continuar con la iniciativa SLIM/INTRASTAT y las acciones EDICOM en favor de las empresas, de conformidad con la posición del Consejo sobre las necesidades de información en el marco de la Unión Económica y Monetaria. 
Señor Presidente, esta mañana he protestado contra el hecho de que el presente informe se trate esta noche, y que votaremos en tercera lectura mañana viernes. 
Sé que el viernes debería ser un día de jornada completa para todos los diputados, pero, desgraciadamente, los viernes por la mañana su absentismo es legendario. 
Deseo subrayar que desde hace diez años soy nuevamente diputada de este Parlamento- ya lo era de 1965 a 1974 -, que he estado presente en todas las sesiones de los viernes y que, en caso de que sea reelegida el 13 de junio, observaré la misma disciplina. 
Tal como están las cosas, lamento, sin embargo, que este Parlamento cree un mal precedente, al celebrar una votación un viernes por la mañana, en tercera lectura, votación que, en mi opinión, debería realizarse por mayoría cualificada, para ponerse a la altura de esa competencia que el Parlamento Europeo ha conseguido tras duros esfuerzos. 
Sé que se prevé la mayoría simple, pero es totalmente ilógico. 
Si se vota por mayoría cualificada en segunda lectura, debería también hacerse, a fortiori, en tercera lectura. 
En esta cuestión también queda trabajo por hacer en relación con nuestro Reglamento, y pienso realmente que no prestamos un gran servicio, creando mañana este precedente. 
Espero que pronto esto ya no suceda. 
Sé que sólo se trata de estadísticas, pero, señor Presidente, las 450.000 empresas deben, con todo, pagar más de 500 millones de euros para facilitar las variables, y esto representa un desafío tan importante como cuando están en juego otros procedimientos de conciliación. 
Entiendo lo que quiere decir, pero no es nuestro Reglamento, sino el Tratado, el que establece que se requiere una mayoría simple para la tercera lectura. 
Admito que es cierto lo que dice sobre el viernes, pero, desde el punto de vista del calendario parlamentario, es un día de trabajo normal. 
Señor Presidente, ¡espero que la próxima vez que un procedimiento de conciliación muy controvertido esté en tela de juicio, también se vote el viernes por la mañana, con un resultado de 20 votos contra 18 o algo por el estilo! 
Soy un mero servidor de esta Cámara. 
No hago más que seguir el orden del día. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Procedimiento de insolvencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0234/99) del Sr. Malangré, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre los procedimientos de insolvencia. 
Señor Presidente, estimados colegas, con este informe el Parlamento pretende subsanar una importante laguna de la legislación relativa al mercado interior. 
Como todos sabemos se han logrado serios avances en el ámbito legislativo del «libre mercado interior de la Comunidad». 
¡Afortunadamente! 
Sin embargo, ya van tres intentos fallidos y aún no hemos sido capaces de elaborar un Derecho comunitario en materia de procedimientos de insolvencia. 
Es la otra cara de la moneda del «mercado interior». 
Sabemos y comprobamos con satisfacción que muchas empresas se sirven del mercado interior para establecer relaciones comerciales transfronterizas y que disponen de bienes en diversos países de la Unión. 
Ahora bien, en caso de insolvencia, la confusa situación jurídica creada por las 15 regulaciones diferentes en materia de procedimientos de insolvencia da lugar a un amplio margen de manipulación, ocasiona gastos inmensos debidos a la enorme complejidad de los procedimientos y dificulta considerablemente la distribución equitativa del patrimonio del deudor. 
Es preciso destacar que también a este respecto ha fracasado la tentativa de salir del paso con la ayuda de un acuerdo intergubernamental, sin contar con la participación del Parlamento. 
Y no niego que el contenido de la propuesta de la Comisión de principios de los años ochenta merece mi apoyo. 
Dicho de otro modo, suscribo el contenido, pero no apruebo el método intergubernamental. 
Dicha propuesta de la Comisión es un texto jurídico brillante que fue elaborado con gran conocimiento de causa, pero que no fue aceptado. 
Los intentos posteriores, es decir, el Acuerdo de Estambul y la última iniciativa, que fracasó en 1995, también se fueron por otros derroteros y no alcanzaron el objetivo final. 
Sea como fuere, necesitamos urgentemente una solución comunitaria y, por tanto, pedimos en la propuesta por mí presentada que se elabore cuanto antes una propuesta de directiva o de reglamento. 
Es imprescindible que la tengamos sobre la mesa lo antes posible. 
La esencia de los preparativos ya la recogen las tres propuestas anteriores. 
Si aplicamos este procedimiento a la hora de solicitar directivas y reglamentos, no sólo está garantizada la colaboración del Parlamento sino también la aprobación por mayoría. La experiencia nos enseña que en esta materia es aconsejable que así sea. 
Por lo demás, presento en mi informe algunas propuestas de fondo que tienen por objeto mejorar el acuerdo fracasado en 1995 y que esperamos sean tenidas en cuenta. 
En mi opinión, se trata de mejoras fundamentales que pueden ser incorporadas sin demasiados problemas. 
Quisiera manifestar mi gratitud hacia la Comisión de Asuntos Jurídicos por su intensa colaboración. 
Hemos celebrado una audiencia cuyo resultado fue unívoco. Todos reclamaron al unísono una rápida solución para el problema de la insolvencia. 
Por último, quiero mencionar que en comisión fueron presentadas cuatro enmiendas positivas que se enmarcaban en la línea del informe. 
Las he incorporado con mucho gusto, así que en este momento puedo presentarles una propuesta que merece el firme apoyo de la Comisión de Asuntos Jurídicos en pleno. 
Les pido que lo acojan favorablemente y le den su beneplácito en la votación de mañana. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que éste es un importante informe y estoy de acuerdo con sus sugerencias. 
Yo también lamento que el convenio no haya sido ratificado por todos los Estados miembros e insisto en que es necesario que hallemos una solución para este gravísimo problema. 
Estoy de acuerdo con la petición del ponente de que se elabore un reglamento o una directiva sobre insolvencia transfronteriza. 
No obstante, quiero destacar que necesitamos una solución que consiga un buen equilibrio tanto para los acreedores y empresas como para los trabajadores. 
Los trabajadores necesitan cierta protección para los salarios acumulados y los acreedores necesitan una solución inteligente que les ofrezca la mayor devolución posible de deudas en función de las circunstancias. 
También destacaría un comentario hecho por mi colega el Sr. Falconer: estoy segura de que no le importará que diga esto. 
A él le preocupa sobre todo que, en situaciones de insolvencia en las que alguien desarrolla más tarde una enfermedad profesional, se halle una solución por la que se le pueda compensar por los problemas derivados de la enfermedad profesional. 
Estoy de acuerdo en que éste es un tema urgente y que es crucial hallar cuanto antes una solución. 
De hecho, para que se vea lo urgente que es, yo recibí presiones al respecto en una reunión internacional de banca celebrada en París en la primavera de 1994. 
Esto demuestra cuánto tiempo se lleva con el tema. 
Mi Grupo Socialista apoyará el informe y yo querría dar las gracias al ponente por el duro trabajo que ha realizado. 
Ha sido sumamente grato trabajar con el Sr. Malangré a lo largo de los años que ambos llevamos en el Parlamento. 
. 
Señor Presidente, empiezo por donde ha terminado el anterior orador y menciono mi extraordinario aprecio por el Sr. Malangré. Ha hecho lo que en neerlandés llamamos un informe tan sólido como una casa. 
Me une un lazo personal al asunto que se está tratando. 
Mi primer informe, una modificación del Tratado del Comunidad Europea del Carbón y del Acero, analizó la quiebra de Ferrovie San ' Anna, algo que entonces era inusitado, una acería que iba a la quiebra. 
La Alta Autoridad, a la que se entregaban los pagos sociales, figuraba en último lugar en la lista, mientras que primero el estado, luego los servicios sociales, después suministradores, los bancos, todo lo que se pueda nombrar, tenían prioridad a la hora de beneficiarse de lo que quedaba de la quiebra. 
Sobre esta cuestión dije, y por aquel entonces fue al Comisario Cristoffersen: esto no puede seguir así, ya que hay muchos sistemas diferentes de quiebra en la Unión Europea; ya es hora de que podamos crear una sociedad anónima europea, no sólo para regular conjuntamente su creación sino también su disolución. 
Señor Presidente, en mi ultima intervención en la última sesión a la que asisto como diputado al Parlamento, sale de nuevo a relucir la quiebra, que todavía no se ha regulado. 
El Sr. Malangré lo ha señalado principalmente en la exposición de motivos que, otra vez, desde toda perspectiva resulta inmejorable, con las siguientes palabras: ya es hora de que se haga algo sobre la quiebra en la Comunidad, en el contexto europeo. 
Hay doce regímenes diferentes de suspensión de pagos en Italia, y en Dinamarca se trata a todos los acreedores, también al estado y a la seguridad social, de forma parecida. 
Debe lograrse la unidad, ya que de lo contrario, cada iniciativa encaminada a la creación de una empresa transnacional europea fracasará. 
Apoyo el Informe Malangré, en el que, además, he colaborado un poco mediante la presentación de algunas enmiendas en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que han sido aceptadas. 
Lo recomiendo sinceramente y mi Grupo lo respalda. 
Señor Presidente, la Comisión se felicita por la iniciativa del Parlamento de apoyar la adopción, a nivel comunitario, de una normativa que permita determinar los efectos jurídicos y económicos derivados de la quiebra de las empresas que operan en el seno del mercado interior. 
En la actualidad dicha normativa no existe. 
Los efectos de un procedimiento de insolvencia abierto en un Estado miembro sobre los bienes y las personas situadas en otro Estado miembro dependen de la legislación nacional y de los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros. 
La Comunidad siempre ha intentado subsanar este vacío en el marco del buen funcionamiento del mercado interior y, con dicho fin, en los años ochenta se lanzaron dos tipos de iniciativas: 
Por una parte, los Estados miembros comenzaron a negociar sobre la base del antiguo artículo 220 del Tratado CE un convenio cuyo objeto era regular de modo horizontal los efectos intracomunitarios de la quiebra, determinando la competencia judicial y la ley aplicable para declarar la insolvencia de una empresa. 
Dicha negociación culminó con la firma del Convenio de 1995 sobre los procedimientos de insolvencia, sobre cuya base debatimos hoy. 
Por otro lado, la Comisión presentó dos directivas sobre la liquidación de las empresas de seguro y de las entidades de crédito. 
Dichas propuestas están basadas en el principio de la competencia de la autoridad del país de origen donde dichas empresas están autorizadas para operar. 
La Comisión desea que las dos directivas puedan ser adoptadas a la mayor brevedad. 
Hasta la fecha, sin embargo, ninguna de estas dos iniciativas ha tenido éxito. 
Su adopción se encuentra en suspenso. 
El Convenio de 1995 sobre los procedimientos de insolvencia no ha sido firmado todavía por todos los Estados miembros antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y no tiene, por tanto, aplicación. 
La Comisión, reservándose el ejercicio de su derecho de iniciativa, está evaluando cómo podría ponerse en vigor, en el marco del Tratado de Amsterdam, el texto acordado por los Estados miembros en 1995. 
Señor Presidente, lamento insistir más al Comisario. 
Señor Wijsenbeek, he sido muy tolerante, pero no puedo permitir que el diálogo continúe. 
Tenemos que concluir el debate. 
Quisiera dar personalmente las gracias al Sr. Malangré por todo el trabajo que ha realizado en esta Cámara y desearle todo el éxito del mundo en el futuro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Intercepción legal de las telecomunicaciones 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0243/99) del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de Resolución del Consejo sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones en relación con las nuevas tecnologías (10951/2/98- C4-0052/99-99/0906 (CNS)) 
Señora Presidenta, señoras y señores, antes de entrar en materia quisiera dirigirme a usted, señor Malangré. Deja este Parlamento tras veinte años de servicio. 
Usted sabe que pronuncio estas palabras por razones personales. 
Nosotros somos, por así decirlo, rivales políticos. Ambos somos de la región de Aquisgrán. 
Usted fue durante 16 años alcalde de esta importante ciudad europea, labor que compaginaba con su mandato de diputado del Parlamento Europeo. 
Yo fui durante unos años alcalde de una pequeña ciudad vecina de Aquisgrán que en más de una ocasión le puso las cosas difíciles arrebatándole importantes consorcios industriales y quedándose con las licencias fiscales correspondientes. 
Ello no ha perjudicado nuestra amistad ni nuestro trabajo común en beneficio de Europa. 
Creo poder afirmar en nombre de muchos colegas de mi Grupo que usted ha sido uno de los socios más honestos y uno de los europeos más creíbles de esta Asamblea. 
¡Muchas gracias por su trabajo! 
Aplausos 
El Informe Schmid aborda un tema extraordinariamente sensible, el de la moderna sociedad de la comunicación en vísperas del siglo XXI. 
La intimidad es un bien valioso. 
En todos los Estados democráticos, la legislación protege a los ciudadanos contra las injerencias estatales arbitrarias que atentan contra la intimidad. 
Es por ello por lo que la policía solamente puede interceptar llamadas telefónicas, fax y cartas mediante ley, y únicamente en casos estrictamente delimitados y previa autorización judicial. 
Las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo este tipo de acciones se regulan en el Derecho nacional y es bueno que así sea. 
La propuesta de resolución del Consejo sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones no incide en el Derecho nacional. Hemos de conformarnos con este estado de cosas, nos guste o no, puesto que es éste el carácter que revisten las resoluciones adoptadas en el ámbito del tercer pilar. 
Aunque en el futuro pasen a llamarse «posición común» de conformidad con el Tratado de Amsterdam, ello no modificará su esencia de acto jurídico no vinculante. 
Expresan más bien el acuerdo de los Estados miembros en adoptar una línea de trabajo común. 
En el año 1995 se acordó mediante una resolución de estas características lo que debía entenderse por interceptación en sentido técnico, si debía registrarse únicamente el contenido de la conversación telefónica o también la hora y el número de teléfono de los interlocutores. 
Los acuerdos alcanzados por los Estados miembros en materia de teléfono y fax se fundamentan en dos razones. Los gastos derivados de la instalación de mecanismos de interceptación corren a cargo del operador de la red de telecomunicaciones. 
Dicho de otro modo, no se puede dar el caso que unos Estados cobren gastos a sus operadores y otros no. 
En segundo lugar, los casos de solicitudes de asistencia judicial transfronterizas requieren una definición inequívoca de lo que se entiende por interceptación. 
La propuesta de resolución que tenemos delante amplía el mencionado acuerdo a los teléfonos móviles y la comunicación a través de Internet. 
Con eso hemos llegado a un punto extremamente delicado. 
Es lógico que el acuerdo sea ampliado, puesto que hemos de proteger la intimidad de los ciudadanos, pero no estamos protegiendo un medio de comunicación técnico concreto. 
¡Son dos cosas muy distintas que no deben confundirse! 
Ahora, los acuerdos y los procedimientos previstos encuentran resistencia. Las objeciones con las que nos hemos encontrado son interesantes y merecen nuestra atención. 
Por una parte están los forofos de Internet. Están preocupados porque piensan que en el futuro se les meterá en el saco de la libre comunicación y según ellos, la libre comunicación está en serio peligro. 
Debemos contestarles que Internet no es un espacio ajeno al derecho. En una sociedad democrática no puede haber ámbitos en los que uno pueda hacer lo que le dé la gana. 
Yo fui ponente en esta Asamblea para la elaboración de medidas comunes en el terreno de la lucha contra la pornografía infantil. Y les puedo contar lo que hay en Internet. 
¡Debemos poner manos a la obra! Hemos de seguir reclamando medidas oportunas por difícil que sea su cumplimiento. 
Los proveedores también tienen reparos, sobre todo por lo que a los gastos se refiere. 
Hemos tenido en cuenta este temor a través de una enmienda. 
Lamentan asimismo que no se haya fijado un calendario para la transposición. Éste es, en efecto, un punto negativo. 
También se oponen los sectores interesados en el blanqueo del dinero y el fraude fiscal. 
El ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, el Sr. Florio, ha formulado objeciones de ese tipo. 
Le agradezco que haya expresado abiertamente su preocupación de que una normativa en materia de interceptación pueda afectar a las transacciones bancarias a través de Internet. 
El Handelsblatt, que no tiene precisamente fama de ser un periódico socialista, decía en diciembre del año pasado, cito: «Internet es un medio ideal para evadir las obligaciones fiscales. 
Tanto es así que una compañía llamada Privacy Solutions se anuncia abiertamente en Internet con la frase Su oficina está en el ciberespacio, no habrá autoridad fiscal que la encuentre.» 
Existe un derecho a la protección de la intimidad de los ciudadanos, pero no existe derecho alguno a la criminalidad, al blanqueo de dinero o al fraude fiscal. 
Quienes se oponen radicalmente a la interceptación legal de las telecomunicaciones modernas, como hemos podido comprobar en más de una intervención, se convierten tal vez inconscientemente, pero sin más remedio en cómplices de los criminales. 
Por difícil que sea diseñar medidas concretas y aplicables a partir de acuerdos comunes no deja de ser absolutamente necesario que reconozcamos que la libertad derivada de las nuevas telecomunicaciones sigue siendo una libertad de la que se puede abusar. 
Por una parte, se hace un llamamiento al sentido de la responsabilidad de quienes emplean esta libertad. 
Pero por otra parte, corresponde a los órganos públicos encontrar soluciones adecuadas para poner coto al mal uso de estas libertades perjudiciales para la sociedad en general y especialmente para los impuestos y la recaudación de impuestos. 
Con su informe, el Sr. Schmid pretende contribuir a este fin. 
Aplausos 
Señora Presidenta, las escuchas telefónicas son una cuestión muy delicada ya que están relacionadas con la integridad individual de los ciudadanos. 
Es necesario mantener el eterno equilibrio entre la eficacia en la lucha contra la delincuencia y la protección de la integridad individual de las personas. 
Nadie desea un Estado de control «orwelliano» , pero son pocos también los que quieren ver a los ciudadanos expuestos a delitos de cualquier tipo. 
De lo que se trata aquí únicamente es de actualizar una resolución ya existente sobre las escuchas telefónicas para adaptarla a las tecnologías modernas, es decir, no se trata realmente de nueva legislación. 
Estamos hablando aquí de un acto jurídico muy liviano que no quebranta la legislación nacional, ya que los Estados miembros la aplicarán únicamente si así lo desean y de la manera que prefieran. 
Corresponde a los Estados hacerse cargo de la lucha contra la delincuencia que se registra dentro de las fronteras nacionales. 
El Estado asume las responsabilidades relacionadas con toda la lucha contra la delincuencia y es responsable asimismo de los costes derivados de la misma. 
Esta es la solución que se aplica también en los Estados Unidos. 
Los costes que ocasionan las escuchas de las comunicaciones recaen, y deberán seguir recayendo, en los Estados. 
Es importante resaltar este punto, especialmente ahora que se está llevando a cabo una privatización del mercado de las comunicaciones telefónicas. 
De este modo, un alza de los costes plantearía dificultades a los pequeños proveedores de Internet, lo cual perjudicaría la capacidad competitiva europea. 
Está claro que los proveedores de Internet pueden establecerse hoy por hoy en cualquier lugar del mundo, por lo que no se debería obligarles a marcharse de la Unión a causa de un aumento de los costes. 
El éxito en el ámbito de la alta tecnología es central para el desarrollo de Europa. 
No se deben empeorar las condiciones económicas de crecimiento en el sector de las tecnologías de la información. 
Esta industria tiene posibilidades de desarrollo, especialmente por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, es decir, precisamente aquéllas que se verán perjudicadas por un aumento de los costes derivados del almacenamiento generalizado de datos. 
La integridad de las personas debe constituir un factor cada vez más importante en el debate sobre las medidas contra la delincuencia, por ejemplo, mediante una inspección más rigurosa de los datos. 
Sin embargo, se necesitan también medidas de prevención para evitar que Internet se convierta en zona franca para la delincuencia. 
El almacenamiento generalizado de toda la información nos hace naturalmente recordar a Orwell, pero una responsabilidad estatal sobre los costes implicará que solamente se conservará la información absolutamente necesaria. 
Será necesario exigir una decisión de los tribunales, una especificación de la información que se pretende conseguir y, naturalmente, se acudirá a este recurso únicamente cuando existan sospechas muy fundadas de delitos muy graves, sin que se pueda utilizar información superflua. 
En casi todos los países que disponen de una regulación a este respecto, dicha regulación es muy estricta por razones de peso. 
Por lo tanto, no veo ningún motivo para que el Parlamento se oponga a ello. 
Al contrario, creo que el Parlamento debería ser el que se adelantase para esclarecer esta relación de equilibrio con la libre sociedad de la información sin llegar, no obstante, a permitir- como ha dicho el Sr. Schulz- que Internet sea un mercado para la comisión de delitos. 
Apoyo, pues, esta propuesta para combatir la delincuencia. 
El sistema de vigilancia de las telecomunicaciones UE-FBI se está desarrollando rápidamente a través de dos iniciativas independientes pero muy relacionadas entre sí. 
En primer lugar, el Consejo ha propuesto un nuevo proyecto de resolución del Consejo a fin de ampliar la resolución de 1995, en la que se establecían los requisitos, para que incluya las nuevas tecnologías (telecomunicaciones por Internet y por satélite). 
Y, en segundo lugar, el Consejo está a punto de acordar una fórmula que proporcionará una base jurídica para el acceso remoto a una estación terrestre para satélites que hay en Italia por medio de la introducción de una nueva cláusula en el proyecto de convenio sobre asistencia legal mutua en cuestiones delictivos. 
Este proyecto de convenio constituirá el marco jurídico para la interceptación de todas las formas de telecomunicaciones en la UE que resulta necesario para poner en práctica el sistema de vigilancia UE-FBI. 
Se espera que ambas medidas sean aprobadas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 27 y 28 de mayo. 
Lo que estamos debatiendo hoy aquí, en la versión que ha examinado el Parlamento Europeo, modifica los requisitos de 1995 a fin de incluir datos sobre los usuarios de Internet como son la dirección IP, la dirección electrónica asignada a una parte, el número de cuenta y la dirección de correo electrónico (ENFOPOL 10951/98 REV2). 
En realidad esto ha cambiado. 
Lo que estamos debatiendo ahora no es la redacción actual, porque en vez de ello lo que dice es «dirección IP» y, en lugar de «número de cuenta» , dice «número de tarjeta de crédito y dirección de correo electrónico». 
Es muy inquietante que un tema como éste sea debatido un jueves por la tarde cuando hay aquí tan pocas personas, la votación será mañana por la mañana y no ha habido en el seno de los parlamentos nacionales un debate propiamente dicho sobre el tema. 
Con toda seguridad no ha habido debate en el Parlamento irlandés y creo que no lo ha habido en muchos de los otros parlamentos. 
Es posible controlar las comunicaciones de tal manera que se pueda saber dónde se encuentra una persona, en qué momento se encuentra allí, qué sitios de Internet está consultando, qué mensajes electrónicos está enviando, qué pagos electrónicos está haciendo; básicamente se puede saber todo sobre la vida privada de una persona. 
Los verdes creemos que es un grave atentado contra la intimidad y que no hay suficientes garantías en cuanto a protección de datos y control democrático. 
Esto es algo que de hecho suscitó la Comisión de Asuntos Jurídicos, que era muy crítica con el tema. 
Es de lamentar que el ponente para opinión no se encuentre aquí, porque es sumamente importante que se resalte este punto. 
Las reglas sobre las escuchas telefónicas están controladas, por ejemplo, a nivel nacional. Se hacen de acuerdo con los procedimientos y autorizaciones pertinentes. 
La presente propuesta básicamente hace caso omiso del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de la disposición que figura en el artículo 8 sobre la protección de la vida privada de las personas. 
Aquí se están anulando y la injerencia por parte de un organismo público debiera someterse a unas condiciones muy estrictas. 
Habría que tener en cuenta el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Lo otro que quería comentar es que todo el tema se debatió en un procedimiento que fue un procedimiento escrito, y no en una reunión de los ministros de Justicia y Asuntos de Interior. 
Este tema, por lo que a mi respecta, no ha seguido los debidos cauces democráticos. 
No ha sido debatido en los parlamentos nacionales. 
También me parece que es muy siniestro que el tema se haya puesto en el orden del día del jueves por la noche cundo todo el mundo está regresando para hacer campaña para las elecciones. 
No hay aquí absolutamente nadie para escuchar lo que está sucediendo. 
Es un grave paso contra el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad. 
Siempre ha ocurrido en los Estados miembros de toda la Unión Europea y por todo el mundo que la legislación opresiva se introduce usando el argumento de que tenemos que combatir graves delitos. 
Por ejemplo, uno de los oradores mencionó la pedofilia y cosas por el estilo en Internet. 
Esto no significa que haya que anular el derecho básico de las personas a la intimidad. Es lo que aquí está sucediendo. 
Tiene que haber un debate mucho más amplio sobre esto, no solo aquí en el Parlamento Europeo, sino también en los parlamentos nacionales. 
Yo querría saber por qué estos temas han pasado arrollando de esta manera sin el debido control democrático y sin el debido debate público. 
Señora Presidenta, señoras y señores, basta con mencionar el concepto de interceptación de las telecomunicaciones para que los representantes del sector lo asocien inmediatamente con el de Estado policial y Estado supervisor, como si de la glándula salivar del famoso perro de Pavlov se tratara. 
Lo que propone la Comisión de Asuntos Jurídicos a este respecto es el colmo del disparate. Es un texto que como mucho se podría consentir a un estudiante en el primer semestre; si llega a presentarlo en el segundo semestre es la malicia en persona. 
El Sr. Schulz ha dicho con toda claridad lo que el Sr. Schmid ha expuesto por escrito: esta recomendación del Consejo no modifica en lo más mínimo la situación jurídica en los Estados miembros. 
Tanto antes como después de esta resolución, las condiciones jurídicas que regulan la supervisión de las llamadas telefónicas, la interceptación y el control del acceso a Internet pertenecen exclusivamente al ámbito de aplicación del Derecho nacional. 
La resolución que estamos debatiendo hoy pretende unificar las normas técnicas, lo cual es imprescindible para tener la posibilidad de proceder a la interceptación en la lucha contra el crimen organizado. 
Les voy a poner un ejemplo. Con la ayuda de una cuenta bancaria virtual los chantajistas pueden ingresar su dinero sin problema alguno. 
Abren una cuenta bancaria virtual y cobran el dinero extorsionado por esta vía. Mientras no se controle el acceso a Internet, no tendrán que responder ante nadie. 
Por eso mismo, es necesario que aprovechemos a fondo esta oportunidad. 
El Consejo ha presentado una recomendación y nosotros hemos elaborado una resolución. 
Es realmente imprescindible en el marco de la lucha contra el crimen organizado. 
Los Estados miembros ciertamente adoptarán las condiciones legales que han de cumplirse para que se pueda registrar algo tan concreto como la interceptación de una llamada telefónica o el control del acceso a Internet. 
Pero también han de considerar los mecanismos que permiten combatir el crimen organizado. 
Señora Presidenta, no quiero alargar este debate si no hay necesidad de ello. 
Solamente pretendo referirme brevemente a dos cosas que ha dicho la Sra. McKenna. 
El Sr. Schmid, al que represento aquí, no está ausente por mala voluntad. 
Estaba previsto que su informe se tratara esta mañana y esta tarde tenía un compromiso no político sino privado que realmente no podía aplazar. 
Les pido disculpas por su ausencia y supongo que la crítica de la Sra. McKenna tenía su origen en que no estaba al tanto de estas circunstancias. 
En segundo lugar me veo obligado a refutar decididamente un punto importante. La comisión competente de este Parlamento se denomina Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
No creo que ningún otro Parlamento del mundo preste tanta atención al elenco de los derechos fundamentales y los derechos humanos como este Parlamento a la hora de debatir la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos con motivo de la creación de un espacio de justicia europeo. 
Usted sabe, señora McKenna, que yo, aparte de ser portavoz de mi Grupo en materia de política interior, también soy presidente suplente de la Subcomisión de Derechos Humanos. 
No estoy en absoluto de acuerdo con que el minucioso trabajo realizado por nosotros, independientemente de que se trate del Sr. Nassauer, de mí mismo o del Sr. Schmid, tenga por objeto sacar adelante a toda prisa algo que atente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Creo que eso es llevar las cosas demasiado lejos y ya que le estimo mucho, me gustaría que se preguntara si no debería reconsiderar su postura en el futuro. 
Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de orden. 
No estaba criticando al Sr. Schmid por no estar aquí. 
No he mencionado su nombre. 
Me refería al Sr. Florio porque era el ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos sustenta un punto de vista contrario al de la Comisión de Libertades Públicas. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Schmid por su excelente informe sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones. 
La Comisión comparte la opinión del Parlamento sobre la importancia de esta cuestión, en particular si se considera que en Europa el entorno de las telecomunicaciones se ve sometido constantemente a cambios rápidos y revolucionarios. 
Por una parte, hay que tener en cuenta las lógicas preocupaciones de las autoridades policiales. 
El desarrollo de las telecomunicaciones de Internet no puede disminuir la capacidad de los Estados miembros para luchar contra la delincuencia y para mantener la seguridad nacional. 
Por otra parte, se está produciendo un incremento impresionante de los servicios de telecomunicaciones y, en particular, de Internet. 
Las empresas de información ya contribuyen con más del 5 % del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. 
Dan empleo a más de cuatro millones de personas y crean nuevos puestos de trabajo a un ritmo muy superior al de cualquier otro sector de la economía de la Unión Europea. 
Por consiguiente, en la Unión existe un gran interés por que, en la era de la información, la Unión, lógicamente, se mantenga en primera línea. 
Además, el poder garantizar la confianza que los usuarios tienen en los servicios de telecomunicación es un elemento fundamental para que continúe la expansión en este sector. 
La Comisión Europea, en consecuencia, considera crucial afianzar un equilibrio correcto entre los intereses en juego. 
En nuestra opinión, esto sólo puede conseguirse mediante un diálogo franco entre las autoridades policiales, los operadores y la industria. 
Tal y como ha subrayado tanto el informe del Sr. Schmid como la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, hay una serie de aspectos en los que hay que profundizar. 
Así, por ejemplo, es necesario clarificar las obligaciones de los operadores, así como la privacidad de las telecomunicaciones. 
La Comisión desearía iniciar un amplio debate sobre los requisitos necesarios y sobre la manera de cumplirlos de la manera más rentable posible. 
Dicho debate podría dar lugar a la presentación, por parte de la Comisión, de propuestas en este ámbito, aprovechando plenamente las nuevas posibilidades ofrecidas por el Tratado de Amsterdam. 
Sólo así podremos proteger el desarrollo de la sociedad de la información. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 19.00 horas 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 7 de mayo de 1999, y abierta la sesión prevista en el apartado 3 del artículo 10 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, así como en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento del Parlamento. 
El Sr Crowley ha solicitado con carácter previo la palabra. 
Me gustaría agradecerle la oportunidad que me brinda de dirigirme a la Cámara. 
Quiero formalizar una protesta por la falta de facilidades personales, en tanto que diputado de ésta Cámara. 
Hace dos años y medio me dirigí a los responsables que gestionaban la construcción de éste nuevo edificio y les informé de mis necesidades como persona discapacitada en esta Cámara. 
En aquel momento se me garantizó que dispondría de todo tipo de facilidades. 
Me personé aquí el mes pasado y mantuve una charla con los arquitectos y los constructores sobre la disposición de los escaños en el hemiciclo. 
También escribí una carta al anterior Presidente, informándole de las dificultades que podrían surgir. 
Hoy me presento aquí, tras ser reelegido miembro de este Parlamento, descubriendo en primer lugar que no puedo acceder desde la planta baja al primer piso sin una tarjeta de seguridad concedida por los servicios de seguridad. 
Estuve esperando 24 minutos esta mañana y 38 minutos anoche a que alguien viniera con una tarjeta. 
En segundo lugar, no me puedo sentar con mi Grupo político en esta Cámara porque no me han dado facilidades para que me siente con ellos. 
En tercer lugar, es una gran desgracia que después de haber gastado tanto dinero del contribuyente en este nuevo edificio, no podamos dar verdadero ejemplo para el siglo XXI- para el nuevo milenio- del tipo de sociedad abierta que el Parlamento Europeo quiere ver en el futuro. 
Aplausos vivos y prolongados 
Me gustaría terminar con una cita de George Bernard Shaw: «El mayor pecado no es odiar al prójimo sino no mostrar interés alguno por él, eso es la esencia de lo inhumano». 
Lo hemos visto hoy aquí. 
Tomaré parte en el procedimiento. Quiero que mis más sentidas objeciones se escuchen en esta Cámara y en toda Europa cuando este debate se televise hoy. 
Aplausos vivos y prolongados 
Señor Crowley, su queja constará en Acta. 
Deseo expresar mi personal y profundo pesar por lo sucedido. 
Tan solo les puedo transmitir la garantía, que se me acaba de dar en este momento, de que los servicios llevarán a cabo las mejoras técnicas necesarias pedidas por su Señoría en tiempo útil para el período parcial de sesiones de septiembre. 
Estoy seguro de que el Presidente del Parlamento que será elegido respetará este compromiso y este plazo. 
Presidente de edad 
Comunico que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, las funciones de Presidente de edad le corresponden al Sr. Mário Soares. 
Pero, al ser candidato a la elección de Presidente del Parlamento, ha considerado oportuno renunciar a ellas. 
Por lo tanto, y dadas las circunstancias, le corresponden a quien les habla. 
Señorías, voy a decir unas breves palabras. 
No es la primera vez que ejerzo las funciones de Presidente de un Parlamento, sin embargo, es la primera vez que lo hago en calidad de Presidente de edad, aunque sea en lugar de un ilustre colega más viejo, y no les voy a negar que siento cierto respeto. 
La ocasión, no obstante, me es muy grata para dar a cada uno de ustedes una calurosa bienvenida en este Pleno, del cual ya tuve el honor de formar parte durante algunos años, al igual que formé parte en su día del Parlamento nacional de Italia, mi país. 
Creo profundamente en la institución parlamentaria y estoy profundamente convencido de que la legitimación democrática de todo el proceso de integración europea se asienta sobre este Parlamento, el pleno reconocimiento de su papel y su capacidad de cooperación con los Parlamentos nacionales. 
Sabemos que nuestro Parlamento ha conquistado poderes más amplios y que debe conquistar muchos más. 
Ahora nos corresponde ofrecer una decisiva contribución a la reforma de las Instituciones de la Unión y a la construcción de una auténtica democracia europea. 
Ésta es la tarea que nos une más allá de las importantes divergencias políticas que nos caracterizan y que, sin duda, se pondrán de manifiesto en encendidos debates. 
En este Pleno, en esta nuestra nueva y bonita casa habrá dialéctica, habrá competición, sin embargo, nunca olvidaremos la causa a la que se dedicaron las grandes figuras de la vida europea. Entre ellas, permítanme citar el nombre del apreciado Altiero Spinelli porque aprendí mucho de él y recuerdo muy bien sus batallas a lo largo de diez años en este Pleno. 
Aplausos 
La causa que nos une, señores y señoras diputados, ante los difíciles y comprometidos retos con los que nos enfrentamos, es construir una Europa más unida, más amplia y más fuerte para garantizar la paz, la libertad y la justicia en todo el continente. 
¡Buen trabajo para la quinta legislatura! 
Recuerdo que, de conformidad con el Reglamento, bajo la presidencia de edad no procederá debate alguno cuyo objeto sea ajeno, desde el punto de vista del procedimiento, a la elección del Presidente o a la verificación de credenciales. 
Señor Presidente, he pedido la palabra para una cuestión de observancia del Reglamento de cara, como es obvio, al futuro. 
El apartado 2 del artículo 14 nos recuerda que únicamente el Presidente electo podrá pronunciar un discurso de apertura. 
Muchas gracias por la puntualización. Sin embargo, usted no sabe lo mucho que habría durado el mío si realmente se hubiera tratado de un discurso de apertura. 
Aplausos 
Señor Presidente, antes de pasar a la elección del Presidente de ésta Cámara, me gustaría pedirle que confirme sí se está respetando el Anejo I de nuestro Reglamento de Procedimiento. 
El Artículo 1, párrafo 2º del Anejo I de nuestro Reglamento de Procedimiento establece que antes de la toma de posesión todo miembro del Parlamento debe haber cumplimentado debidamente la Declaración de intereses económicos. 
Le rogaría que confirmara sí efectivamente esto se ha llevado a cabo. 
Le confirmo, en nombre de los servicios del Parlamento, que esto ya se ha hecho. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la elección del Presidente del Parlamento. 
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, las candidaturas a las funciones de Presidente del Parlamento Europeo deberán presentarse, con el consentimiento de los interesados, por un Grupo político o por treinta y dos diputados como mínimo. 
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento, se han presentado las siguientes candidaturas a la Presidencia del Parlamento Europeo: 
Sra. Nicole FontaineSra. Laura González ÁlvarezSra. 
Entretanto, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica ha comunicado que retiraba la candidatura de la Sra. González Álvarez. 
A este propósito, el Sr. Wurtz ha pedido la palabra. 
Señor Presidente, por primera vez después de diez años vamos a votar para elegir al Presidente, o a la Presidenta, del Parlamento Europeo, sin que medie ninguno de esos acuerdos previos entre los Grupos democratacristiano y socialista, que simbolizaban, en mi opinión, una especie de condominio que bloqueaba el debate democrático. 
Hoy, debido más bien a un concurso de circunstancias que a la voluntad política de los dos principales Grupos, existe un enfrentamiento entre izquierda y derecha. 
El Grupo de la Izquierda Unitaria Europea... 
Señor Wurtz, le ruego que se ciña a la comunicación relativa a la retirada de la candidatura de la Sra. González Álvarez, sin hacer consideraciones de carácter político sobre el asunto de la elección del Presidente. 
Aplausos 
Estoy de acuerdo, señor Presidente; pero como usted sabe, aquí todo es política. 
Ahora bien, respeto su observación. 
En la primera vuelta, en la cual la elección del Presidente del Parlamento no tenía al principio ninguna posibilidad de que se produjese, nosotros habíamos decidido presentar la candidatura de la Sra. Laura González, para afianzar nuestra presencia específica en el seno de la izquierda. 
Los últimos acontecimientos, y sobre todo el establecimiento de un contrato de legislatura entre los dos principales Grupos de derecha, ya no permiten excluir el hecho de que se juegue todo en la primera vuelta de la votación. 
Así pues, nuestro deseo es contribuir a oponer a una derecha coaligada y segura de sí misma una izquierda unida y combativa... 
Lo siento, señor Wurtz, pero me veo obligado a retirarle el uso de la palabra. 
Todo es político: ya habrá forma de debatir durante cinco años las cuestiones políticas, pero no en este momento. 
Aplausos 
En consecuencia, quedan en pie tres candidaturas, y no cuatro: Sra. Nicole Fontaine, Sra. Heidi Hautala y Sr. Mário Soares, habiendo sido retirada, a tenor de la intervención del Sr. Wurtz, la candidatura de la Sra. González Álvarez. 
Recuerdo que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento, para ser elegido en las tres votaciones, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos. 
Las papeletas en blanco o nulas no serán tomadas en cuenta en el recuento de los votos. 
Procedo ahora a la designación por sorteo de los seis escrutadores. 
Se procede a la designación por sorteo de 6 escrutadores 
Han sido designados escrutadores los siguientes diputados: 
Se procede a la votación 
Declaro cerrado el escrutinio. 
Invito a los escrutadores a que procedan al recuento de las papeletas. 
La sesión, interrumpida a las 11.15 horas, para permitir el recuento de las papeletas, se reanuda a las 12.20 horas 
Comunico el resultado del escrutinio para la elección del Presidente del Parlamento. 
Número de votantes: 615Papeletas en blanco o nulas 60, entre ellas, 5 no reglamentarias con el nombre del Sr. Soares.Votos emitidos de conformidad con el apartado 1 del artículo 136 del Reglamento: 555 
La mayoría requerida es de 278 votos. 
Han obtenido: 
Sra. Fontaine: 306 votosSr. Soares: 200 votosSra. 
La Sra. Fontaine ha obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos y, por lo tanto, queda elegida Presidenta del Parlamento. 
Me felicito con la Sra. Fontaine por su elección, le deseo lo mejor en el ejercicio de su mandato y le ruego que pase a ocupar el sillón presidencial. 
Vivos aplausos 
Señorías, me acaban de dar una de las sorpresas más maravillosas de mi vida. 
Estoy realmente muy emocionada. 
No voy a pronunciar un discurso; éste tendrá lugar mañana. 
Sólo diré algunas palabras para darles las gracias, de todo corazón, por la confianza que acaban de demostrarme. 
Se trata de una confianza algo abrumadora, pero deben saber que haré todo lo que me sea posible para ser digna de ella y para que trabajemos juntos como es debido, tal como lo hemos hecho hasta ahora. 
Si me lo permiten, diré dos palabras- creo que mis colegas de sexo masculino me lo permitirán- dirigidas sobre todo a las colegas diputadas que siempre me han prestado un extraordinario apoyo, así como también a las demás. Desearía decir que esta elección es también, en cierto modo, su propia elección, ya que desde que, en 1979, fue elegida Simone Veil, hacía 20 años que una mujer no presidía el Parlamento Europeo, y estoy muy orgullosa de ello. 
Vivos aplausos 
Y además, me permitirán dedicar esta elección a aquellos colegas que hasta ayer eran todavía colegas nuestros. 
Sé que muchos de ellos siguen en este hemiciclo, pero también son numerosos aquellos que nos habían manifestado que les hubiera gustado participar en esta elección, que ha sido muy halagüeña, y desearía decirles: ¡mil gracias! 
Asimismo, querría manifestar a Mário Soares que la competición ha sido muy democrática, muy cordial, y el resultado de esta elección- son avatares de la vida política- no mengua en absoluto el gran aprecio que siento por él, al igual que nuestra Asamblea. 
Vivos aplausos 
Mário Soares me pide la palabra y se la concedo enseguida. 
Permítame que mis primeras palabras sean para felicitarla. 
Ha hecho usted una campaña muy buena, ha actuado con gran dignidad y ha sido muy elegante, la verdad, en los contactos que hemos tenido. 
Por eso, quiero felicitarla muy sinceramente y desearle una excelente Presidencia, como va a ser- estoy seguro-gracias a usted. 
Y, si me permite, también quisiera expresar mi agradecimiento a quienes me han votado a mí. 
Con mi candidatura desencadenamos una nueva dinámica y yo quisiera expresar mi agradecimiento no sólo a quienes pertenecen a mi Grupo, sino también a quienes, siendo de otros Grupos, también me han votado a mí. 
Aplausos 
Gracias, señor Soares. 
Señora Presidenta, quiero felicitarla cordialmente en nombre del Grupo Verdes/Alianza Libre Europea- Verdes/Alianza Democrática Europea-. 
La conocemos a usted como persona justa y muy cualificada para asumir las funciones de Presidente, y queremos trabajar con usted en el futuro para llevar a cabo todas las reformas internas. 
Por ejemplo, el estatuto de los diputados es actualmente una cuestión de gran importancia. 
También quiero felicitarla personalmente por ser la primera mujer que dirige esta asamblea desde hace muchísimo tiempo. 
Para mí ha sido muy grato colaborar con usted en el Comité de Arbitraje y sabemos que desempeñará sus funciones de Presidenta de un modo excepcional. 
Ahora nuestra misión común es representar aquí a los ciudadanos de Europa de forma que también ellos puedan influir en los asuntos de la Unión Europea. 
Vuelvo a felicitarla. 
Sin embargo, lo hago también con mucho gusto a título personal, pues desde 1984 venimos trabajando juntos en plena confianza y amistad aquí, en el Parlamento Europeo. 
Le deseo, señora Presidenta, pleno éxito, el que usted misma espera y desea, el que todos deseamos para este Parlamento. 
En el pasado mayo, en la última semana de sesiones de aquí, de Estrasburgo, cuando usted abandonó la Presidencia, usted dijo: «Declaro ahora cerrada esta sesión. 
Ésta es la última vez que dirijo aquí una sesión en calidad de Vicepresidenta». 
Entonces recibió usted una gran ovación- y ésta fué para mí, y para todos los que estábamos allí, una ocasión única- y todos nos pusimos de pie como, en realidad, sólo se hace en el caso de un Presidente. 
Por esta razón, podemos decir hoy, con independencia de dónde nos sentemos en esta Asamblea, lo siguiente: si existe una justicia política, incluso en este Parlamento Europeo, esta justicia política se ha hecho realidad con la elección de Nicole Fontaine para Presidenta del Parlamento Europeo. 
Jean Monnet dijo una vez: «Nada es posible sin las personas, pero nada es duradero sin instituciones». 
El Parlamento Europeo ha recorrido un largo camino desde 1979 hasta ahora, y en Nicole Fontaine tenemos la persona adecuada para conducir hacia un buen futuro las competencias, las facultades y la dignidad de este Parlamento. 
Quiero desear a Nicole Fontaine mucha suerte y pleno éxito, y ella podrá fiarse siempre del Grupo más fuerte de esta Asamblea que ha presentado esta propuesta, que constituía su obligación política y que era democráticamente necesaria. 
Él es una gran personalidad portuguesa y, señor Presidente Soares, usted evitó en los años setenta que Portugal pasara de una dictadura a otra dictadura. 
Usted es un gran hombre de estado, un gran europeo, y aunque no hemos podido elegirle a usted, sentimos un gran respeto por su persona. 
Vivos aplausos 
Señora Heidi Hautala, en los últimos días hemos ya trabajado bien juntos, y una expresión de esta buena colaboración es, ciertamente, que usted como Presidenta del Grupo de los Verdes se encuentra sentada en la primera fila, igual que el Presidente de los Liberales, el Sr. Pat Cox. 
Permitannos seguir haciendo nuestro trabajo en este espíritu de apertura y en esta atmósfera de gentileza y, a pesar de todas las diferencias personales y políticas- esto es normal en la democracia- orientarnos hacia lo esencial e impulsar la unificación de Europa. 
Es lo que le deseo a usted, señora Presidenta, y a todos nosotros. 
Aplausos 
Señora Presidenta, permítame expresarme en su lengua, en primer lugar para felicitarla y desearle mucha suerte, y también para ofrecerle la colaboración y la amistad del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Hemos trabajado juntos desde hace muchos años en el marco de nuestras diferentes responsabilidades. 
Conozco muy bien su cargo, ya que hace diez años, un día de julio, a mí también me tocó subir al estrado. 
Usted ha sido Vicepresidenta bajo mi Presidencia y las que han seguido, y se ha ganado en esta casa un gran aprecio por su trabajo, primero como Vicepresidenta, sobre todo en las votaciones delicadas, pero también, de muy antiguo, por su compromiso europeo, que nos ha llevado a colaborar en otras tareas y otras reivindicaciones. 
Puedo garantizarle, señora Presidenta, que si bien hasta este momento usted ha sido candidata de un Grupo político, ahora es la Presidenta de todos los eurodiputados, y estoy seguro de que va a cumplir bien su misión. 
Tendrá todo el apoyo del Partido de los Socialistas Europeos no sólo para efectuar las reformas internas indispensables- en primer término, el estatuto de los diputados y el de los asistentes -, sino también para abrir de par en par las ventanas de la institución a nuestras conciudadanas y a nuestros conciudadanos, en toda la Europa de los Quince y más allá de sus fronteras, porque no solamente estamos construyendo este palacio, sino también una Europa más unida. 
En este sentido, creo que puede contar con nuestro apoyo leal, con nuestra amistad, y espero que tanto en el seno de la Mesa como en las etapas que nos esperan, podamos hacer todo lo posible no sólo para que el Parlamento Europeo salga adelante, sino también para que Europa avance. 
Si me lo permite, para concluir, desearía asimismo expresar mi estima y amistad a un antiguo camarada, Mário Soares, a quien conozco desde la época de la lucha antifascista en mi país y en Portugal. 
Se trata no sólo de un combatiente encarnizado de la democracia en su país, de un gran hombre que ha ayudado en el proceso de descolonización y a construir un mundo más justo y más abierto, sino que también encarna admirablemente la dimensión- digamos- deportiva, que hay que reconocerle a la democracia. 
Del mismo modo, desearía saludar a la Sra. Hautala, y espero que todos juntos seamos capaces de hacer progresar la causa de la democracia y de la Europa unida. 
Aplausos 
¡Bravo, Nicole, y felicitaciones, señora Presidenta! 
Esta mañana, he pedido previamente a Nicole una precisión, un consejo, en caso de que hoy ella subiera al estrado. 
En la lengua de Molière, ¿qué norma de tratamiento se aplica cuando una mujer es elegida Presidente? 
Me ha dicho: según la Academia francesa se puede decir o bien «señora Presidente» , o bien «señora Presidenta». 
Así pues, señora Presidenta- y según la Academia francesa es perfectamente correcto -, desearía felicitarla no sólo por haber sido elegida ahora Presidenta de nuestra Asamblea, para los próximos años, sino también por ser la primera mujer que después de veinte años, como usted ya lo ha dicho, ha sucedido como Presidenta a mi antigua colega, la Sra. Simone Veil. 
Además, la felicito no sólo por ser Presidente, y un Presidente de sexo femenino, sino también por ser desde hace varios años una gran colega, y le deseo un buen trabajo que redunde en beneficio del Parlamento, de la reforma interna, pero sobre todo de la Asamblea y de Europa, porque conozco su gran adhesión personal a Europa, a nuestra visión común. 
Desearía también decir a nuestro colega portugués, Mário Soares, que lo felicito por haber participado en esta elección, por haber dado a la Asamblea la facultad de disputarse el puesto, porque en eso consiste la verdadera política, la verdadera democracia. 
En el seno del Grupo Liberal hemos decidido apoyar su candidatura no para formar una coalición política, sino como expresión política con miras al período parcial de sesiones constitutivo, porque de vez en cuando se requieren equilibrios políticos entre los grandes Grupos políticos europeos. 
Al ser elegida hoy Presidenta de nuestra Asamblea, usted mantiene también este equilibrio político necesario entre las instituciones, con vistas a un futuro canalizado, a un trabajo común respecto a Europa, a la reforma interna y a toda la Asamblea. 
¡Felicitaciones, y bravo, querida colega! 
Le estoy muy agradecida, señor Pat Cox. 
El Sr. Wurtz tiene la palabra. 
Señora Presidenta, deseo felicitarla, a mi vez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica. 
Es usted ahora nuestra Presidenta, la Presidenta de todos. 
Desearía añadir lo que le había manifestado cuando visitó nuestro Grupo, hace pocos días, es decir, que todos saben que no tenemos la misma opinión política. 
No se lo he ocultado, ni siquiera con respecto a las implicaciones que hoy ello tendría, pero las divergencias políticas no excluyen la amistad personal. 
Deseamos, por lo tanto, que ejerza como Presidenta con la misma lealtad y con la misma equidad que le han valido en esta casa tantos amigos como primera Vicepresidenta de nuestra anterior Asamblea. 
Aplausos 
Señora Presidenta, le doy mi enhorabuena y buenos deseos por su elección como Presidente del Parlamento Europeo. 
Me satisface que el Parlamento se haya dotado de una excelente Presidenta y asimismo estoy seguro de que usted desempeñará el cargo con dignidad y ecuanimidad en todo momento. 
Usted se ha ganado el respeto de este Parlamento durante el período de tiempo que ejerció como Vicepresidenta del mismo y con las muchas funciones que tuvo que desempeñar. 
Quiero desearle, en nombre del Parlamento, el mayor de los éxitos durante su mandato. 
El Parlamento tiene una Presidenta estupenda. 
Nuestro Grupo le desea todo lo mejor. 
Aplausos 
Señora Presidenta, Alianza Nacional sabe que usted dirigirá este Parlamento con ese espíritu de democracia y equilibrio que ya pudimos comprobar en la anterior legislatura. 
Su gran energía en pos de una Europa libre y unida políticamente, su respeto a las instituciones democráticas, su credo en un Parlamento que mantenga por fin una relación fuerte, consciente y transparente con la Comisión, no nos dejan más que esperar unos años en que por fin el asociacionismo de antaño quede relegado al pasado y empiece una verdadera colaboración entre todos los Grupos de este Parlamento. 
Esta Europa inicia la legislatura en un momento de gran dificultad por lo que sucede en nuestras fronteras: de gran dificultad porque el proceso de unificación política y el proyecto de política económica siguen estando lejos de nuestro alcance. 
Una Presidencia fuerte, atenta y capaz, equilibrada y justa, como la que usted ya demostró que puede ejercer, nos da esperanza y confianza de cara a trabajar juntos, todos juntos, a fin de satisfacer las necesidades de esos ciudadanos europeos que siguen esperando de nosotros una respuesta clara acerca de su futuro. 
Madame la présidente, chère Nicole, la Europa de las Democracias y del Pluralismo también quieren felicitarle por su elección de hoy. 
Estoy seguro de que será la Presidenta que defienda los intereses de los diputados de a pie. 
Nos parece importantísimo que ahora se ponga orden en el Parlamento para que un viaje que cuesta 300 euros no sea reembolsado con 1.000 euros y de esta forma el salario entre por la puerta principal y no escondido mediante beneficios en especie por la puerta trasera. 
Mi Grupo se muestra especialmente crítico ante el centralismo y la opacidad que reinan en la UE. 
Hay otros ámbitos en los que no podemos ofrecer nuestra activa cooperación, sino una oposición constructiva y la razón es naturalmente su deseo de aumentar la integración donde nosotros deseamos reducirla. 
No obstante, ofreceremos una oposición constructiva. 
Ahora desearía hacer un comentario personal dirigido al Sr. Mário Soares. 
En estos días se cumplen veinticinco años de la visita que te hice en un piso de París donde te encontrabas exiliado. 
Era un gran admirador de tu lucha en favor de la democracia en Portugal y te ayudé a lograr que tus discursos fueran recogidos en periódicos escandinavos y que tus mensajes salieran a la luz. 
Sin embargo, no he podido apoyarte hoy, pues aunque estamos de acuerdo en el tema de la democracia en Portugal, mi Grupo no está de acuerdo contigo en la visión de los Estados Unidos de Europa. 
Y por ello no hemos podido votar por Mário Soares, aunque su pasado y su historia me lleguen al corazón. 
También quiero hacer un comentario personal como uno de los diez veteranos que llevamos en este Parlamento desde 1979. 
Nicole Fontaine es la mejor Presidenta que hemos tenido nunca. 
Cuando dimos por cerrada la asamblea a finales de mayo, hubo un respaldo unánime y una fuerte ovación de todo el pleno por la forma tan magnífica en la que ha conducido las sesiones a lo largo de la última legislatura. 
Por tanto, en ningún caso han sido motivos políticos los que han motivado que hoy votara por usted sino mi esperanza de que usted siga siendo la representante de todos los miembros. 
Y con estas palabras me gustaría darle la bienvenida como nueva Presidenta del Parlamento para los próximos dos años y medio. 
Aplausos 
Gracias, señor Bonde. 
Señorías, me siento enormemente emocionada por todo lo que acabo de escuchar. 
Mañana, en mi discurso de apertura, responderé a muchas de las preocupaciones y de las reflexiones que se han manifestado. 
Ahora, si lo desean, vamos a interrumpir esta sesión, pero antes querría dar las gracias al Sr. Napoletano, quien esta mañana ha presidido nuestros debates con gran talento y mucha sangre fría cuando hemos estado a punto de quedarnos sin traducción, lo que finalmente se ha solucionado. 
El Sr. Napoletano ha presidido admirablemente esta sesión de apertura y desearía darle las gracias por ello en nombre de todos ustedes. 
Aplausos 
(La sesión, interrumpida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.10 horas) 
Elección de los Vicepresidentes 
Señorías, de conformidad con el orden del día, se procede a la elección de los Vicepresidentes del Parlamento Europeo. 
Sus Señorías disponen de la lista de candidatos, a la que paso a dar lectura. 
Las papeletas están siendo distribuidas, ya que también en este caso, y dado que se han presentado catorce candidatos para catorce puestos, hemos optado por efectuar una votación manual. 
Más tarde aprovecharemos las ventajas de la votación por procedimiento electrónico. 
He recibido las siguientes candidaturas: 
Sres. Joan Colom i Naval, Ingo Friedrich, Renzo Imbeni, Sra. Marie-Noëlle Lienemann, Luis Marinho, David Martin, Gérard Onesta, José Pacheco Pereira, Guido Podestà, James Provan, Alonso José Puerta, Gerhard Schmid, Alejo Vidal-Quadras Roca y Jan Wiebenga. 
Los candidatos me han transmitido que aceptaban sus respectivas candidaturas. 
Como les manifestaba hace un instante, llamo la atención de Sus Señorías, puesto que al no exceder el número de candidatos del número de puestos por cubrir, les propongo que se elija por aclamación a estos catorce candidatos para los puestos de Vicepresidentes. 
A continuación, procederemos a una votación para determinar el orden de precedencia entre los diferentes Vicepresidentes elegidos. 
Aplausos 
Los catorce Vicepresidentes son elegidos por aclamación. 
Anuncio formalmente el comienzo de la votación. 
Tiene lugar la votación 
(La sesión, interrumpida a las 15.40 horas, se reanuda a las 18.05 horas) 
Señorías, según lo acordado, permítanme anunciarles el resultado de la votación, para conocer el orden de precedencia de los Vicepresidentes. 
Número de votantes: 594.Papeletas en blanco o nulas: 26.Votos emitidos: 568. 
Han obtenido: 
David Martin: 275 votos.Renzo Imbeni: 252 votos.Gherard Schmid: 249 votos. 
A continuación, James Provan e Ingo Friedrich, que han obtenido 246 votos cada uno, lo cual significa que, siguiendo el orden establecido, precede el candidato de mayor edad. 
Según creo es James Provan. 
Marie-Noëlle Lienemann: 215 votos.Guido Podestà: 213 votos.Alejo Vidal-Quadras Roca: 212 votos.Joan Colom i Naval: 209 votos.José Pacheco Pereira: 204 votos.Luis Marinho: 198 votos.Jan Wiebenga: 136 votos.Alonso José Puerta: 133 votos.Gérard Onesta: 117 votos. 
Reitero mis felicitaciones a nuestros Vicepresidentes. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento, el orden de precedencia de los Vicepresidentes queda determinado por el número de votos obtenidos, y la composición de la nueva Mesa será notificada a los Presidentes de las instituciones de las Comunidades Comunitarias. 
Aplausos 
Elección de los Cuestores 
Por lo que respecta a la elección de los Cuestores, que tendrá lugar mañana por la mañana, les propongo fijar el vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas a las 20.00 horas de esta noche. 
Dichas candidaturas deben presentarse en el mismo lugar que las de los Vicepresidentes, es decir, en la salita situada al lado del hemiciclo. 
Señora Presidenta, el plazo que usted ha indicado es fácil de cumplir para aquellos Grupos que sólo tienen un buen candidato para las elecciones de los cuestores. 
Lamentablemente, nuestro Grupo tiene varios buenos candidatos y hemos de hacer primero una selección. 
Quisiera pedir realmente que la elección no se realice mañana temprano, que se establezca como plazo un momento más posterior, por ejemplo, las 22.00 horas, incluso, en mi opinión las 24.00 horas, pero como muy pronto las 22.00 horas de esta noche. 
Lo pido urgentemente en nombre de mi Grupo. 
Señor Swoboda, considero que podemos incluso ser más flexibles y proponer como plazo, si está usted de acuerdo, mañana a las 9.00 horas. 
De este modo, podrá usted disponer incluso de la noche para consultar con la almohada. 
Señora Presidenta, si usted es siempre así de generosa, estaremos muy satisfechos de usted. 
Señorías, hemos agotado el orden del día. 
Se levanta la sesión a las 18.10 horas 
Señora Presidenta, quiero felicitarla con motivo de su elección para su nuevo y exigente cargo. 
Como usted misma mencionó en su brillante discurso, todos tenemos por delante grandes retos. 
Usted le dio mucha importancia a la colaboración entre las distintas instituciones. 
Señora Presidenta, le aseguro, y volveré a repetirlo esta tarde en esta misma sala cuando exponga el programa de actividad de la Presidencia finlandesa, que también es objetivo nuestro estrechar aún más la colaboración entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Señora Presidenta, estoy aquí presente para rendir honores a los poderes con que los europeos han revestido a este Parlamento y para ofrecer mis sinceros deseos de colaboración para construir un futuro mejor para nuestros ciudadanos, pero teniendo presente al mismo tiempo que también somos parte del mundo, el cual es de todos. 
Señora Presidenta, agradezco la oportunidad que se me ofrece de participar en esta sesión. 
Aplausos 
Doy las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Señora Presidenta, voy a ser muy breve. 
Deseo felicitarla, en nombre de la Comisión saliente, por su elección para la Presidencia de la Asamblea. 
¿Qué podría yo decir a propósito de sus cualidades personales y de su ya larga trayectoria al servicio de la integración europea? 
Sabemos, porque la conocemos muy bien, que es usted una personalidad exigente pero también que tiene usted un profundo sentido del equilibrio, cosa que seguramente nos ayudará en el futuro, a establecer un punto fundamental, un nuevo estilo en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Como ha señalado usted, yo creo- ¿por qué ocultarlo? -que es una de las cuestiones fundamentales por resolver. 
Estamos convencidos de que, bajo su autoridad, la próxima Comisión podrá restablecer esa confianza que siempre ha sido una baza fundamental de la integración europea. 
Una vez más, reciba, señora Fontaine, mi calurosa felicitación en nombre de la Comisión. 
Muchas gracias. 
Aplausos 
Se lo agradezco infinitamente, señor Comisario Marín. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, a propósito del Acta de la sesión de ayer, quisiera dar a todos mis colegas una información relativa a la intervención preliminar de nuestro colega irlandés, ayer por la mañana. 
Quisiera hacer saber a todos nuestros colegas que las personas con movilidad reducida pueden acceder ya desde los aparcamientos públicos al conjunto de los edificios. 
La he probado yo misma esta mañana, al hacer todos los recorridos previstos e indicados mediante todos los signos habitualmente utilizados para dar esas informaciones. 
Deseaba precisarlo para que no sigan circulando elementos incompletos. 
Está todo previsto para que las personas con movilidad reducida puedan acceder efectivamente a los edificios. 
Lo que falta por regular, creo, es el problema del propio hemiciclo. 
Le agradezco esta intervención tan optimista. 
He de decir que no la comparto totalmente. 
Creo que aún hay que hacer muchísimas cosas para mejorar el buen funcionamiento de este Parlamento. 
Todo el mundo es muy consciente de ello y haremos todo lo que podamos para lograrlo. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea, quisiera sumarme al plazo que usted ha fijado para que el segundo informe de los Sabios esté en manos de todos los miembros del Parlamento Europeo antes del 30 de agosto, es decir, antes de que den comienzo las audiencias con la nueva Comisión. 
Sin embargo, he sabido a través de una fuente que, por lo general, está bien informada, que ya está circulando una especie de anteproyecto de informe por esta Asamblea, entre el Comité de Sabios, los servicios del Parlamento Europeo y los servicios de la Comisión Europea, una especie de informe preliminar. 
Suele ocurrir que los anteproyectos de informes se filtran y aparecen en la prensa. 
Creo que deberíamos establecer como condición que se diese una información adecuada a los europarlamentarios, cuando un anteproyecto así esté en circulación. 
Posiblemente pueda resultar difícil que llegue a los 626 miembros, lo más lógico sería que si, verdaderamente, existe un informe tal, y si usted lo corrobora, se entregue, por ejemplo, al Presidente, a la Mesa de la Comisión de Control Presupuestario, y a los coordinadores de todos los Grupos Políticos que estén representados en la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Staes, no era totalmente una cuestión de orden, pero lo he escuchado con interés y, como le he dicho antes, voy a entablar muy rápidamente los contactos necesarios para ello. 
Señora Presidenta, deseo intervenir en relación con el acta porque entiendo que, en el día de ayer, la Conferencia de Presidentes y todos los Grupos políticos suscribimos conjuntamente una objeción a la constitución del llamado «Grupo técnico de diputados independientes» y yo creo que dicha objeción debe constar explícitamente en el acta. 
Supongo que el presidente del Grupo del PPE, que en este momento ocupa la Presidencia de la Conferencia, habrá enviado esa carta a la Presidencia del Parlamento. 
Pero, en cualquier caso, quiero dejar constancia de la objeción de mi Grupo. 
Y, puesto que estoy haciendo uso de la palabra, señora Presidenta, quiero añadir que no es procedente abrir un debate, en base a rumores, sobre un tema que tendremos que considerar en su momento en el orden del día, sobre el que creo que existen enmiendas y sobre el que tienen que pronunciarse los Grupos políticos. 
Me parece que tenemos que debatir cada cosa en su momento. 
Señora Presidenta, yo puedo confirmar lo que acaba de exponer el colega Barón Crespo. 
Sin embargo, yo he solicitado de hecho el uso de la palabra para referirme a otro punto, concretamente en relación con el nombre de nuestro Grupo. 
Yo quisiera indicarle que nuestro Grupo se denominará en el futuro: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) / Demócratas Europeos. 
Le ruego que lo tenga en cuenta. También le ruego que tenga presente que, como ya es bien sabido, nuestro Grupo es ahora el mayor del Parlamento. 
Le ruego que esto se tenga debidamente en cuenta en los monitores y demás instalaciones técnicas. 
Aplausos 
Señora Presidenta, quisiera simplemente formular unas observaciones ante la intervención del Presidente Barón. 
Estamos hablando aquí del Acta. 
En la comunicación que hizo usted ayer, no se registró reacción alguna al respecto. 
Tengo entendido que se va a presentar a la Conferencia de Presidentes un documento sobre la constitución de ese Grupo. 
Tomamos nota al respecto, pero no creo que se mencionara eso ayer, en el debate. 
Así, pues, creo que se trata de dos cosas distintas. 
Por una parte, está la posible oposición y, por otra, el reflejo de lo que se dijo ayer en el Pleno. 
No me parece- y hay testigos de ello- que se formulara objeción alguna en aquel momento. 
Gracias, señor Dell ' Alba. 
No ha lugar, en efecto, a rectificar el Acta. 
Señora Presidenta, sé que usted, como yo, compartirá la preocupación por que esta semana no ofrezca oportunidades de expresar nuestro interés por lo que está sucediendo en Birmania y, en particular, por el sacrificio y el sufrimiento de Aung Sang Suu Kyi, galardonada con nuestro premio Sajarov. 
Ha tenido lugar una visita de la troika a Birmania. 
Le insto, señora Presidenta, a que, como uno de sus primeros actos, apoye la propuesta de que se instaure urgentemente un diálogo político con Aung Sang Suu Kyi y su partido político. 
Señora Presidenta, quisiera formular una simple pregunta al Sr. Poettering. 
Señora Presidenta, yo quisiera hacerle una breve pregunta al Sr. Poettering. 
Señor Poettering, ¿cuál es la diferencia entre un demócrata cristiano y un demócrata europeo? 
Señora Presidenta, quisiera decir que suscribo totalmente el discurso anterior en el que dijo que una de nuestras tareas es la de informar al público sobre el trabajo de las instituciones. 
Por ello le invito a que, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento (declaraciones para explicar decisiones de la Comisión) , pida a la Comisión, cuando termine el orden del día de hoy, que venga a este hemiciclo a explicar la decisión que se tomó ayer de imponer a la Federación Francesa de Fútbol una multa por una cantidad irrisoria de 650 libras por una vulneración clara de las normas comunitarias. 
A todos nos cuesta mucho entender cuál era ese mensaje de la Comisión, aparte de que para los reventas supone buenas noticias, y malas noticias para los aficionados al fútbol, que se dé a entender que uno se puede salir realmente con la suya e infringir la ley siempre que esté dispuesto a dar unas monedillas a la Comisión Europea en un momento posterior del proceso. 
Por ello le pido que invite a la Comisión, al final de la sesión de hoy, a que venga y explique esa decisión para que la gente corriente pueda entender los procesos de razonamiento que- debo decir- a mí me tienen completamente confundido. 
En efecto, transmitiremos con mucho gusto su pregunta a la Comisión. 
Consejo Europeo de los días 3 y 4 de junio- Presidencia alemana 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto 
del informe del Consejo Europeo y de la declaración de la Comisión sobre la reunión del Consejo Europeo celebrada en Colonia los días 3 y 4 de junio, -la declaración del Consejo sobre el semestre de actividad de la Presidencia alemana. 
Señora Presidenta, Señorías, es una satisfacción para mí poder reunirme hoy con el nuevo Parlamento Europeo recién elegido y les felicito a todos- y naturalmente de un modo muy especial a usted, señora Presidenta-por su elección. 
El comienzo de la Presidencia alemana coincidió con un paso histórico para la Unión Europea: la introducción de la moneda común, el euro. 
En enero, yo expuse aquí en el Parlamento que, en opinión del Gobierno Federal alemán, la lógica de la introducción del euro exigía nuevos pasos para completar la integración y que Alemania apoyaría con toda firmeza su realización. 
Nuestro objetivo era preparar las estructuras y procedimientos de la Unión para su transformación de una Unión Europea Occidental en una Unión de toda Europa, dotada a la vez también de capacidad de actuación en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad, lo cual ha de suponer asimismo que sea una Unión más democrática. 
Ahora, al cabo de seis meses, podemos afirmar que los progresos realizados en estos tres aspectos centrales de la integración han cumplido nuestras expectativas. 
Dichos progresos aparecen estrechamente asociados a la doble crisis que ha tenido que superar la Unión Europea en el último semestre. 
La coincidencia en el tiempo de la dimisión de la Comisión, el comienzo de la guerra de Kosovo y el Consejo Europeo de Berlín sometió a una prueba dramática la capacidad de actuación de la Unión Europea en un momento sumamente crítico. 
Los miembros de la UE no sólo mantuvieron su unidad y su capacidad de actuación en esta fase extraordinariamente difícil, sino que también demostraron una elevada capacidad constructiva. 
Aprovecharon la crisis como un acicate productivo para avanzar en la integración. 
La razón estriba en que la guerra de Kosovo volvió a poner de manifiesto el objetivo de fondo de la integración europea, que es la construcción de un orden pacífico duradero en nuestro continente. 
Esta percepción relativizó los intereses nacionales particulares y generó en toda Europa la voluntad de avanzar un paso decisivo en la tarea histórica de completar la integración europea. 
La crisis actuó así como un acelerador de la integración. 
El paso adelante que hemos dado en los últimos meses constituye ante todo un éxito conjunto de todos los Estados miembros y de las instituciones de la Unión Europea. 
Por esto yo quiero agradecer hoy al Parlamento Europeo que asumiera de manera particular su responsabilidad en esta fase difícil. 
Señora Presidenta, Señorías, a continuación voy a exponer brevemente los resultados fundamentales de la Presidencia alemana para ofrecer luego una visión de las perspectivas. 
En primer lugar, se ha incrementado la capacidad de actuación de la UE en materia de Política Exterior y de Seguridad. 
La UE es ahora un actor internacional con un peso significativo. 
Esto nunca había quedado tan patente como con ocasión de la misión del Presidente Ahtisaari, junto con el Representante ruso para Kosovo, Chernomirdin, en Belgrado. 
Con su contribución a la conclusión pacífica del conflicto de Kosovo, la potencia civil que es la UE consiguió avanzar un paso fundamental hacia una Política Exterior Común. 
A diferencia de lo que ocurrió en 1991/92, en esta ocasión la UE adoptó una posición común en los Balcanes y lo hizo porque los Estados europeos al fin comprendieron que lo que allí estaba en juego no era sólo un compromiso moral o el futuro de una región europea periférica, sino su propia seguridad, la seguridad de todos nosotros. 
En Europa existe una sola seguridad indivisible; esta es la conclusión de la experiencia de la tragedia de Kosovo. 
Si hubiésemos aceptado pasivamente la existencia de un nacionalismo sanguinario, de un nacionalismo agresivo en nuestro continente, el destino de la propia integración europea, el mayor logro de la historia europea más reciente, habría estado en juego. 
¡Esto es algo que no podíamos y no queríamos permitir que ocurriera! 
Aplausos 
El conflicto de Kosovo contribuyó a que en la UE se empezaran a reconocer dos realidades importantes. 
Por un lado, ahora se acepta de manera general y sin restricciones que el Sureste europeo forma parte de Europa. 
El resultado fue la aprobación del Pacto de estabilidad, al cual volveré a referirme luego. 
Por el otro lado, la voluntad de configurar por fin una Política Exterior y de Seguridad Común se ha vuelto ahora más concreta. 
Con este telón de fondo, se consiguió adoptar una posición común frente a China, en Oriente Medio, en relación con la política de derechos humanos y en muchos otros temas difíciles en el ámbito de la política exterior, y alcanzar finalmente en Colonia una serie de decisiones importantes, como la aprobación de la primera estrategia común con respecto a Rusia y un calendario para la creación de una Política de Seguridad y Defensa europea, así como la designación de Javier Solana como el mejor candidato posible para el puesto de Mister PESC. 
La importancia de la Unión Europea como actor internacional ha quedado patente también en las numerosas conferencias interregionales, en la Cumbre Latinoamericana de Río, en la Conferencia del Mediterráneo de Stuttgart- una plataforma que ahora puede adquirir una significación muy considerable en el contexto de una posible nueva dinámica de paz -, en la ASEM celebrada en Berlín y en muchos otros encuentros. 
En segundo lugar, la Unión Europea ha asegurado su capacidad de actuación en los próximos años con las decisiones de Berlín sobre la Agenda 2000. 
Si no hubiésemos llegado a un acuerdo- y piensen en lo que habría significado, en el contexto del comienzo de la guerra de Kosovo y la crisis en la que se encontraba simultáneamente la Comisión, que la Cumbre de Berlín se hubiese dividido sin llegar a un compromiso -, Europa se habría precipitado en una grave crisis histórica. 
La Agenda 2000 reunía un paquete de proyectos de reforma sin precedentes en la historia de la integración y muchísimos intereses nacionales. 
Fue posible lograr hacerlos confluir en un gran compromiso porque algunos Estados miembros importantes- no en último lugar Alemania- renunciaron a imponer a toda costa posiciones nacionales maximalistas y en vez de ello otorgaron prioridad a seguir impulsando el desarrollo de Europa. 
El Gobierno Federal alemán habría deseado, desde luego, mayores progresos en algunos ámbitos, como por ejemplo en la Política Agrícola, ámbito en el que será imprescindible acometer muy pronto nuevas reformas con motivo de la ronda de la OMC, pero a pesar de todo el compromiso en su conjunto constituye una muy buena base, una base extraordinaria para la entrada de la Unión en el siglo XXI. 
En tercer lugar, la Agenda 2000 garantiza al mismo tiempo la capacidad de ampliación de la Unión Europea. 
El éxito del compromiso se puede apreciar justamente también en las reacciones sumamente positivas de los países candidatos a la adhesión. 
Las negociaciones con vistas a la adhesión también han progresado bien durante el último semestre. 
Actualmente estamos negociando sobre más de la mitad de los capítulos. 
Con la decisión de Colonia relativa a la celebración de una nueva Conferencia Intergubernamental sobre los temas institucionales hemos abierto, además, la puerta para superar muy pronto el segundo gran obstáculo interno para la ampliación. 
El proyecto histórico de la ampliación ha ganado así considerablemente en ritmo y en calidad. 
En cuarto lugar, el Parlamento Europeo cumplió el papel responsable que de él esperan las gentes de Europa en el enfrentamiento que condujo a la dimisión de la Comisión. 
Yo lo veo como el inicio de un proceso que conducirá a una mayor democratización de la Unión. 
Los Estados miembros de la UE respondieron con gran rapidez a la dimisión de la Comisión con la designación de Romano Prodi como nuevo Presidente de la Comisión. 
Yo quiero expresar desde aquí mis mejores deseos a Romano Prodi y a la nueva Comisión y desearles suerte en las grandes tareas que les aguardan. 
La nueva Comisión ya ha emitido con el nuevo código de conducta una primera señal importante para recuperar la confianza de los ciudadanos; es un buen comienzo. 
Yo también quisiera agradecer, no obstante, una vez más desde aquí a la antigua Comisión y a todos sus colaboradores el trabajo realizado. 
Pese a todas las críticas relativas a casos particulares, hay algo que no deberíamos olvidar, a saber, que sin el trabajo tenaz y comprometido de la Comisión tampoco hubiésemos podido resolver los numerosos y difíciles problemas justamente bajo la Presidencia alemana. 
Aplausos 
En quinto lugar, con el Pacto por el Empleo adoptado en Colonia nos proponemos acompañar y apoyar en el ámbito europeo los esfuerzos nacionales para crear más empleo. 
El Pacto mejora las condiciones para desarrollar una política activa en favor del empleo tanto a escala nacional como europea. 
El diálogo macroeconómico con la participación de los interlocutores sociales y del Banco Central Europeo acordado en Colonia contribuirá de manera importante a ello. 
Por esto se prevé hacer un primer balance en la Cumbre sobre el empleo que se celebrará bajo la Presidencia portuguesa. 
Señorías, en la fase que ahora iniciamos tendremos que aprovechar la dinámica que se ha configurado en el pasado semestre, como resultado de la tensión entre la crisis y las necesidades de reforma, para dar nuevos pasos hacia la integración. 
Tenemos que seguir avanzando en cinco aspectos clave. 
El primero es que las experiencias del conflicto de Kosovo deben conducir a una dinamización de la ampliación. 
Está previsto que en el Consejo Europeo de Helsinki se adopten decisiones que marcarán una orientación. 
Allí se abordarán dos temas fundamentales. Por un lado, se considerará con qué candidatos adicionales se iniciarán negociaciones para la adhesión. 
Ya hace tiempo que está claro que algunos de los Estados que aún no han iniciado negociaciones han realizado progresos apreciables en el ámbito de las reformas y esto también se tendría que valorar debidamente en Helsinki. 
En este contexto debe quedar claro que el cumplimiento de los criterios de Copenhague otorga a todo candidato el derecho a iniciar negociaciones con vistas a la adhesión. 
El segundo tema que se planteará es el de fijar una fecha como meta para la conclusión de las negociaciones con los primeros candidatos. 
En más de una ocasión se han hecho propuestas visionarias al respecto, pero hasta ahora no se disponía de un fundamento serio para fijar una fecha objetivamente fundamentada. 
En Helsinki, dispondremos por primera vez de dicho fundamento en forma de los resultados completos del examen y de los nuevos informes de la Comisión sobre los progresos registrados. 
Por esto, yo confío mucho en que en diciembre conseguiremos fijar una fecha. 
Personalmente yo opino que deberíamos fijarla en diciembre. 
Ello constituiría una señal de enorme importancia para la dinámica ulterior del proceso de reforma y también para las negociaciones con vistas a la adhesión. 
Lamentablemente, durante el pasado semestre no fue posible mejorar de manera apreciable el estatuto de Turquía con respecto a la Unión Europea. 
La propuesta alemana de calificarla como candidata a la adhesión y aplicarle los mismos criterios de Copenhague que se aplican a los demás candidatos todavía no consiguió obtener consenso en Colonia, pero el tema continúa pendiente. 
Sería importante que Turquía presentase un calendario para la transposición de los criterios de Copenhague. 
El cumplimiento de los mismos será esencial para el inicio de las negociaciones con vistas a la adhesión. 
El segundo punto es que para mantener la capacidad de negociación de una Europa ampliada es imprescindible que se resuelvan a tiempo y de manera exhaustiva antes de la ampliación las tres cuestiones institucionales que quedaron pendientes en Amsterdam: el tamaño y composición de la Comisión, el voto ponderado en el Consejo y la ampliación del procedimiento de votación por mayoría. 
Esto, además, también les interesa a los candidatos a la adhesión. 
Por lo tanto, deberíamos hacer todo lo posible para completar las reformas institucionales dentro del calendario acordado en Colonia y aprobar el paquete de reformas en el año 2000, bajo la Presidencia francesa. 
Para ello se requiere, no obstante, la voluntad y el apoyo de todos los implicados. 
En tercer lugar, con el fin de la cuarta y esperemos que última guerra yugoslava en Kosovo y la adopción del Pacto de Estabilidad, el Sureste europeo tiene ahora, por primera vez en su historia, una verdadera oportunidad de dejar definitivamente atrás el nacionalismo y la violencia y sumarse a la Europa de la integración. 
La reconciliación fue posible en Europa occidental después de 1945 y también lo será ahora en los Balcanes, si se consigue superar también allí la raíz del odio y la violencia: el nacionalismo. 
Un requisito importante para ello es que la Unión Europea se proponga como un objetivo prioritario garantizar la paz en el Sureste europeo también en tiempos de paz. 
Con la reconstrucción de Kosovo y en su calidad de impulsora central del Pacto de estabilidad, sobre ella recae un plus de responsabilidad también en el aspecto material. 
Sin embargo, esto también representa a largo plazo una gran oportunidad de primer orden para la Unión y sus economías nacionales, que debemos aprovechar de manera decidida. 
La cooperación económica es un factor decisivo para la estabilización del Sureste europeo. 
Alemania apoya además propuestas para la creación de una unión aduanera y comercial regional, con el objetivo de crear una zona de libre comercio, vinculada en la medida de lo posible a la Unión Europea. 
Un marco económico estable como este también favorecería mucho las inversiones exteriores. 
El objetivo principal es, no obstante, la creación de condiciones estables para la democracia y el estado de Derecho en todos los Balcanes. 
La clave para una estabilización duradera de la región será la democratización de Serbia. 
Aplausos 
Esta es una cuestión sobre la que el pueble serbio debe decidir por sí mismo. 
En cualquier caso, para la Unión Europea y los Estados miembros el principio ha de ser que deberíamos hacer cuanto fortalezca a la oposición en Serbia y debilite a Milosevic. 
Precisamente ahora, a la vista de las valientes manifestaciones en todo el país, tenemos que demostrarle al pueblo serbio que puede contar con el pleno apoyo de la Unión Europea para su democratización. 
Aplausos 
La experiencia de los últimos meses indica que Europa también se tiene que organizar de manera más sólida en el ámbito de la política de seguridad y de defensa si desea estar en condiciones de poder gestionar eficazmente por sí misma las crisis en el futuro. 
Las decisiones de Colonia relativas a la creación de una Unión de seguridad y defensa europea son de una gran trascendencia. 
Este tema tendrá que ser el siguiente gran proyecto de integración de la Unión Europea después del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria. 
La definición de opciones de actuación comunes y la creación de la infraestructura necesaria para ello ocuparán en adelante, por lo tanto, un lugar de primer orden en la futura agenda europea. 
El objetivo justamente no es una militarización de la Unión Europea, sino seguir impulsando su desarrollo para que llegue a ser una potencia pacífica eficaz y con capacidad de actuación que esté en condiciones de relegar definitivamente al pasado la guerra como instrumento de la política en Europa, en favor del imperio del Derecho y de la renuncia al uso de la fuerza, tal como ha hecho en Kosovo. 
Aplausos 
La capacidad futura de la Unión Europea exige como requisito previo una legitimación y una credibilidad reforzadas entre los ciudadanos. 
La elaboración de una Carta europea de derechos fundamentales que se decidió en Colonia tiene por objeto garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos reciban en el ámbito europeo la misma consideración que tienen en el ámbito nacional. 
El procedimiento que se seguirá para ello es nuevo. 
La Carta deberá ser el resultado de un amplio diálogo, en el que participarán los representantes del Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales, de los Gobiernos y de la Comisión. 
Este órgano deberá presentar su informe al Consejo Europeo bajo la Presidencia francesa. 
Yo espero que el Parlamento Europeo cumplirá un papel de primer orden en este proceso, sobre la base de los trabajos preparatorios que viene realizando desde hace ya largo tiempo. 
Señora Presidenta, Señorías, los progresos en relación con la integración política y la ampliación plantean un interrogante fundamental para el futuro de la Unión Europea. 
¿Cómo podrá seguir funcionando y mantener su capacidad de actuación una Unión Europea con 27 Estados miembros o a largo plazo, si pensamos en el Sureste europeo, incluso con 30? 
¿Cómo podrá mantener la futura Unión Europea ampliada su cohesión y cumplir al mismo tiempo sus responsabilidades interiores y exteriores? 
Esta pregunta, cuyo alcance va mucho más allá de la próxima Conferencia Intergubernamental, empezará y debe empezar a dominar ya muy pronto el debate sobre la reforma europea. 
El centro de dicho debate deberá ocuparlo la democratización y finalmente la plena parlamentarización de la Unión Europea: la creación de una auténtica Unión de los ciudadanos. 
Sólo por esta vía será posible superar paulatinamente la pérdida de interés que quedó de manifiesto de manera alarmante- y todos compartimos la alarma- en la baja participación en las elecciones europeas. 
El imperativo democrático se hizo evidente en el conflicto en torno a la dimisión de la Comisión, en el que se plantearon los temas fundamentales de la transparencia, el control democrático y la legitimación de las actuaciones europeas. 
Sin embargo, éste también se desprende de la creciente capacidad de actuación de la Unión Europea, precisamente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad. 
Una Unión que desea tener capacidad de actuación en situaciones de crisis y conflictos necesita contar urgentemente con su propia cadena de legitimación democrática. 
Por consiguiente, en el futuro será ineludible una ampliación de los derechos del Parlamento Europeo más allá de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam, pero también una participación más adecuada de los Parlamentos nacionales. 
Señora Presidenta, al comienzo de la Presidencia alemana yo promoví un debate sobre una Constitución europea. 
Dicho debate contribuirá a fortalecer la conciencia ciudadana europea. 
En este contexto deberíamos dejar de lado una interpretación estrictamente jurídica y entender más bien bajo el término Constitución una compilación de los valores y los principios fundamentales, de los mecanismos de funcionamiento de la convivencia europea, incluido el funcionamiento de la Unión Europea como construcción política sui generis. 
La doble crisis del semestre pasado influirá a largo plazo y de manera permanente sobre el progreso de la integración europea. 
El conflicto de Kosovo ha vuelto a situar en el centro de nuestra conciencia el punto de partida de la integración: la construcción de un orden de paz europeo. 
La dimisión de la Comisión indicó, en cambio, cuál debe ser el objetivo en el futuro, a saber: la creación de una Unión verdaderamente democrática con un conjunto equilibrado de «controles y contrapesos». 
Esta doble conciencia constituye a mi modo de ver una buena base para la Presidencia finlandesa, a la cual yo deseo la mejor suerte en la tarea de gran responsabilidad que tiene ante sí. 
¡Muchas gracias! 
Vivos aplausos 
Señora Presidenta, también esta vez voy a ser muy breve por circunstancias que ustedes pueden comprender perfectamente. 
Simplemente quiero señalar, como introdujo el Presidente del Consejo, Sr. Fischer, que durante la Presidencia alemana- que ha sido una Presidencia complicada, difícil -, se han resuelto grandes dossiers y grandes retos que estaban pendientes. 
Me refiero, naturalmente, a la aprobación de la Agenda 2000, que fue un ejercicio político, diplomático y de equilibrio de intereses propios dentro de la Unión muy difícil, y a todas las consecuencias que se derivaron del, tal vez, mayor problema de actualidad, por sus repercusiones dentro de la propia Unión Europea, que ha sido el conflicto de Kosovo y todas las circunstancias que lo han rodeado y las consecuencias también que se derivan para el futuro. 
La seguridad y la defensa europea han empezado a andar con el nombramiento del responsable de la PESC. 
Son pasos que ponen de manifiesto que tal vez la política exterior y de seguridad, después del asunto Kosovo, sigue siendo el «talón de Aquiles» de la construcción comunitaria y habrá que progresar mucho. 
Y finalmente también se ha dado un gran impulso- poniendo en marcha las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo-al pacto europeo por el empleo. 
En consecuencia, la Comisión saliente felicita a la Presidencia alemana. 
Creemos que ha sido una muy buena Presidencia. 
Se han resuelto problemas muy difíciles. Y todo esto se ha debido, sin ningún género de dudas, al talento, a la eficacia y a la inteligencia del Sr. Ministro de Asuntos Exteriores Fischer, que a mí me ha impresionado mucho, y yo le prometo que en mi nueva vida, cuando me marche a España, haré jogging y comeré bananas. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Ministro de Asuntos Exteriores, Señorías, aunque es posible suscribir plenamente su intervención, señor Ministro de Asuntos Exteriores, la Presidencia alemana no merece, lamentablemente, sólo una valoración positiva. 
Por esto mis palabras no serán tan amables como las del Presidente en ejercicio de la Comisión. 
La Presidencia alemana del Consejo ha sido una Presidencia con altibajos, con éxitos, que nosotros hemos reconocido, pero también con graves insuficiencias, fracasos y errores. 
La Presidencia alemana tuvo que resolver la difícil situación de Kosovo y la claridad de la declaración de Berlín no deja nada que desear. 
La Presidencia del Consejo actuó con decisión, juntamente con los países de la Unión Europea integrados en la Alianza Atlántica, para hacer frente al tirano y dictador yugoslavo Milosevic. 
Fue una acción necesaria y acertada. 
Nuestro mandato en el umbral del año 2000 ha de ser que nunca más nadie sea expulsado de su casa y de su patria en Europa. 
¡Los derechos humanos, la dignidad humana, el derecho a una patria son los fundamentos de nuestra civilización europea! 
Yo también quisiera decirle personalmente, señor Ministro de Asuntos Exteriores, en nombre de nuestro Grupo político, unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento por su firme y convincente defensa de los derechos humanos, exponiéndose incluso a las agresiones físicas que se han atrevido a lanzar contra usted. 
Aplausos 
En nuestro Grupo también nos hemos preguntado, no obstante, con frecuencia: ¿qué hubiera ocurrido si nuestros amigos políticos hubiesen ostentado su responsabilidad? 
¿Habría demostrado usted la misma solidaridad con el Gobierno Federal desde la oposición? 
Por esto, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros amigos políticos de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) y también a los Liberales por el firme apoyo solidario que han brindado a la Presidencia del Consejo. 
Nos llenó de vergüenza- y criticamos tanto como usted ese gesto- que el Presidente del Grupo del PDS postcomunista le tendiese la mano a Milosevic en Belgrado. 
En efecto, los correligionarios de dicho personaje también están representados aquí en el Parlamento Europeo. 
Ahora es preciso reconstruir Kosovo; esta es una de las tareas centrales de la Unión Europea. 
No podemos volver a cometer los mismos errores que se cometieron en Bosnia, con una burocratización y dilación de todo el proceso, sino que la Unión Europea debe actuar con celeridad y sin burocracia; el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento Europeo deben asumir conjuntamente este reto para que las sufridas gentes de Kosovo, de la ex-Yugoslavia y de los Balcanes tengan una perspectiva de futuro. 
En Berlín se aprobó la Agenda 2000 y ésta debe servir como base para que los primeros países candidatos puedan adherirse a la Unión durante la presente legislatura del Parlamento Europeo, que acabará en el 2004. 
En el fondo, el objetivo es enraizar a la familia europea en la comunidad de valores de la civilización europea, cuya expresión es la Unión Europea. 
Esto fomentará la estabilidad y la seguridad, la democracia y la paz. 
Sin embargo, también declaramos- y sé que en esto coincidimos- que la ampliación exige un requisito previo: la reforma de la Unión Europea. 
Nosotros acogemos con satisfacción sus esfuerzos en favor de una Carta europea y los esfuerzos para impulsar una conferencia sobre la reforma de la Unión Europea. 
El núcleo central de dicha reforma ha de ser que el procedimiento de decisión por mayoría en el Consejo de Ministros quede consagrado finalmente como el instrumento decisorio fundamental de la Unión Europea. 
En efecto, deseamos una Unión con capacidad de actuación, basada en los principios de la democracia y el parlamentarismo. 
La Cumbre de Colonia adoptó una decisión sobre el Secretario General, el llamado Alto Representante. 
Dicha decisión en favor de Javier Solana nos parece excelente. 
El objetivo ahora ha de ser, empero, que también se otorguen a dicho Alto Representante las competencias necesarias y que éste mantenga una colaboración razonable con el miembro competente de la Comisión. 
Tenemos que evitar, además, que la política exterior vuelva a convertirse en una mera cooperación entre los Estados de la Unión Europea en aquellos ámbitos en los que ya se está ejerciendo a escala comunitaria. 
Tendremos que estar muy atentos para velar por que se den los pasos adecuados en este sentido. 
Se prevé la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea. 
Es un hecho que debemos acoger con satisfacción. 
Cuando la Unión Europea Occidental finalmente desaparezca, además de los Parlamentos nacionales, habrá que contar con un Parlamento que asuma la responsabilidad europea y, en consecuencia, las competencias en materia de política exterior, de seguridad y de defensa deberán recaer cada vez más en el Parlamento Europeo, con objeto de que en la Unión Europea ningún ámbito quede al margen del Parlamento y la democracia. 
Aplausos 
A continuación voy a referirme a algunos temas bastante poco satisfactorios por lo que respecta a la Presidencia alemana del Consejo. 
En primer lugar cabe citar el nombramiento de la nueva Comisión. 
La Presidencia nos recomendó, en efecto, a principios de año que aprobásemos la gestión de la ejecución de los Presupuestos de 1996 y 1997. 
O sea, que se nos hicieron recomendaciones que en realidad llegaban ya muy a destiempo. 
El Gobierno Federal alemán todavía mantenía una orientación que nosotros no podíamos aceptar plenamente. 
Luego está el tema de la designación y el nombramiento de los dos miembros alemanes de la Comisión. 
Señor Ministro de Asuntos Exteriores, ¡es un escándalo cómo se ha desarrollado este procedimiento! 
El Canciller de la República Federal Alemana ha actuado de manera escandalosa en relación con este tema. 
El Tratado prevé que los miembros de la Comisión sean designados de común acuerdo con el Presidente designado y los Gobiernos nacionales. 
Ahora sabemos que una de las personas propuestas por el Gobierno Federal alemán ni siquiera tuvo la oportunidad de reunirse con el Canciller Federal antes de que éste se entrevistase con el Sr. Prodi. 
O sea, que el Canciller Federal no había mantenido ninguna conversación previa con la persona que propuso. 
Luego impuso simultáneamente ambos nombres al Presidente de la Comisión, a su Presidente designado. 
Con esta actuación, el Canciller alemán no prestó ningún servicio ni a Romano Prodi, ni a las instituciones europeas, ni a la República Federal. 
Puedo continuar con la lista de errores. 
Al comienzo de la Presidencia alemana del Consejo, el Ministro de Medio Ambiente viajó a Londres y París e intentó rescindir unos contratos. 
En la Asamblea Nacional francesa se habló por primera vez después de la guerra de un quebrantamiento del Derecho internacional por parte de Alemania. 
¡El que cometió el Ministro de Medio Ambiente no podía ser más grave! 
La ausencia del Presidente alemán del Consejo, del Ministro de Finanzas, en el momento de la introducción del euro es otro caso. 
¡El abandono de su cargo por parte del Presidente del Consejo de Finanzas es un hecho sin precedentes en la Unión Europea! 
La retirada de la directiva sobre los automóviles de la reunión del Consejo de Ministros por dictado del Canciller es un hecho jamás visto e inaudito, como tampoco tiene precedentes en la historia reciente de la Unión Europea su decisión de impedir por dictado la participación del Ministro de Economía alemán en la reunión del Consejo de Ministros que se celebró en Finlandia. 
Señor Ministro de Asuntos Exteriores, yo sé que usted sin duda no deseaba que todo esto ocurriese, pero la fuerza de la política alemana, desde Konrad Adenauer hasta Helmut Kohl, pasando por Willy Brandt y Helmut Schmidt, siempre residió en que los socios de la República Federal Alemana confiaban en ella. 
Yo le deseo, señor Ministro de Asuntos Exteriores, que en el futuro sepa responder a esta confianza en la estabilidad y en la fiabilidad de la política europea alemana, porque esto es importante para el progreso de la Unión Europea y para el futuro de nuestro continente europeo. 
Aplausos 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, salta a la vista que el Sr. Poettering ha querido aprovechar un poco el Parlamento Europeo como plataforma para su oposición nacional en Alemania. 
Las piruetas que acaba de ejecutar usted aquí, señor Poettering, demuestran no obstante que la caída de los pliegues de su traje no puede ser y nunca llegará a ser tan atractiva como la de los que adornan el rostro de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores. 
Señor Presidente del Consejo, la Unión Europea superó una prueba en unos momentos difíciles bajo su Presidencia. 
Usted ha expuesto aquí los aspectos importantes y yo no tengo reparos en reconocer que éstos incluyen también algunos defectos e insuficiencias. 
¡Esto es indiscutible! 
Pero las decisiones que se han adoptado en los últimos seis meses, bajo la Presidencia alemana del Consejo, marcarán el futuro de la Unión Europea hasta bien entrada la próxima década. 
El Sr. Poettering ha preguntado qué habría ocurrido si las decisiones adoptadas bajo la Presidencia alemana del Consejo se hubiesen tomado bajo una Presidencia de su color político. 
Yo puedo decirle lo que habría ocurrido, señor Poettering: ¡ustedes habrían hecho repicar todas las campanas, habrían encendido un millar de velas y habrían entonado el tedéum! 
Esta es por lo demás la diferencia entre los demócratas cristianos y los demócratas europeos. 
Nosotros no nos pondremos a cantar, sino que sencillamente le decimos a la Presidencia alemana del Consejo: ¡muchas gracias por los buenos resultados! 
Aplausos 
Nosotros nos congratulamos de que el Consejo Europeo haya concluido bajo la Presidencia alemana los trabajos para un Pacto europeo en favor del empleo. 
Sabemos que un Pacto europeo en favor del empleo no puede reemplazar a los esfuerzos nacionales para crear empleo, pero puede y debe coordinar, orientar y estimular dichos esfuerzos. 
También sabemos que un Pacto europeo en favor del empleo todavía no equivale a una política de empleo europea. 
Los Gobiernos de todos los Estados miembros tienen que progresar de las declaraciones comunes no vinculantes a una política común vinculante, con unas directrices claras y unos valores de referencia establecidos de común acuerdo. 
No sólo necesitamos un pacto para mantener la estabilidad del euro, sino también un pacto en favor del trabajo de los europeos. 
En segundo lugar, las decisiones que tuvo que adoptar el Consejo Europeo en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común transformarán profundamente a la Unión Europea, tal como ahora puede apreciarse. 
La Unión Europea ha participado por primera vez en la historia en una intervención de fuerzas de combate armadas en Europa y lo ha hecho con notable unidad. 
Señor Presidente del Consejo, nosotros deseamos que ustedes, los Gobiernos de los Estados miembros, mantengan la misma unidad en la construcción de la paz en los Balcanes. 
La OTAN ganó la guerra, la Unión Europea debe ganar ahora la paz. 
El Pacto de estabilidad para los Balcanes es un paso adecuado y necesario, pero todavía no equivale a una política para los Balcanes. 
La política de la UE en los Balcanes no se puede limitar a la creación de cargos y agencias. 
Si siguen por el mismo camino que hasta ahora, muy pronto tendrán que crear el cargo de coordinador de coordinadores y esto no es una política para los Balcanes. 
El tercer punto es la reforma de las instituciones. 
En enero, usted pronunció aquí un hermoso discurso, señor Presidente del Consejo, con una amplia perspectiva. 
Las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo de Colonia sobre la reforma de las instituciones son, sin embargo, sólo una minucia. 
Nos parece demasiado tímido que se limiten a las reformas que prevé el Protocolo de Amsterdam. 
Desde luego es bueno que en Colonia se haya desbrozado el camino para las reformas, pero nosotros tenemos una respuesta para los interrogantes que ha planteado usted aquí, señor Presidente del Consejo, en relación con la perspectiva más amplia de una ampliación de la Unión Europea y la configuración institucional de nuestra Unión, para estos interrogantes tenemos una respuesta y esta respuesta es clara: deseamos una gran reforma de las instituciones previa a la ampliación. 
Una Europa más grande no se puede obtener al precio de una Europa menoscabada. 
Sólo voy a añadir una última frase sobre la nueva Comisión. 
Señor Presidente del Consejo, usted se ha referido antes a la nueva Comisión. 
Permítame que le recuerde que sólo habrá una nueva Comisión una vez que el Parlamento Europeo la haya investido con su voto de confianza... 
Aplausos 
... pero si el Sr. Poettering se dedica a proclamar que el Canciller Federal alemán no se entrevistó con un comisario designado antes de su nombramiento, yo debo recordarle que el anterior Canciller Federal Kohl hablaba muy a menudo con el Sr. Bangemann y ya ve los resultados que obtuvo, o sea, absolutamente ninguno. 
¡Hablar no sirve absolutamente de nada! 
Un último comentario sobre la intervención del lado contrario de la Asamblea en lo que se refiere a la investidura de la nueva Comisión: nosotros nos negamos- y ahora hablo en nombre del Grupo socialista- a subordinar el procedimiento y el calendario del Parlamento a la presentación de un informe de un grupo o un comité extraparlamentarios. 
No aceptaremos retrasos en la investidura de la Comisión. 
Quizá logre imponer esta condición aquí, señor Poettering, si consigue la mayoría necesaria, pero luego tendrá que explicar también a la opinión pública por qué una Comisión que dimitió en marzo continuará en sus cargos seis meses después de su dimisión. 
Mi Grupo no va a colaborar con esta táctica dilatoria evidente. 
Aplausos 
Señor Presidente, no es mi intención inmiscuirme en una disputa privada alemana. 
Aplausos 
Quisiera felicitar a Alemania por una Presidencia de gran éxito cuyo éxito, me atrevo a sugerir, se habría percibido mejor si no se hubiera pregonado tanto. 
Presidencias recientes- Austria y Luxemburgo, con su escasa presentación básica- pueden enseñar a Estados miembros de mayor tamaño, como Alemania y el Reino Unido, que la repercusión de una Presidencia es a veces inversamente proporcional a su autobombo. 
Esta ha sido una Presidencia difícil. 
El conflicto de Kosovo comenzó durante el Consejo Europeo de marzo. 
Las noticias de que Belgrado había aceptado las condiciones de paz llegaron durante la Cumbre de Colonia del mes de junio; y la dimisión de la Comisión después de diez semanas de Presidencia tampoco ha facilitado nada las cosas. 
Quiero centrar mis comentarios en tres áreas- empleo, ampliación y ciudadanía. 
El empleo, señor Presidente, nos recuerda constantemente el fracaso de las democracias occidentales en ser incluyentes; sería de agradecer que durante la actual Presidencia aparecieran nuevas ideas que fueran muy buenas. 
Dejar que los Estados miembros reduzcan el IVA en servicios con un gran componente de mano de obra y que no tengan repercusiones transfronterizas; renovar el hincapié que se hace en la investigación y el desarrollo y hacer un uso más imaginativo del dinero del Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, con la creación de una línea de crédito europea para la tecnología; introducir cambios en la organización y el tiempo de trabajo con el fin de compartir mejor el trabajo disponible. Son ideas que han surgido y que merecen que se les preste atención. 
Lamento que no se hicieran tantos progresos en la Agenda 2000. 
La Presidencia sostiene que ha creado el marco financiero necesario para la ampliación hacia el este. 
Espero que así sea, pero creo que lo cierto es que hemos huido de las decisiones difíciles sobre la reforma agraria. 
Esto originará problemas en las relaciones transatlánticas y nuevos retrasos en la integración de los países aspirantes de Europa central y oriental en la Unión Europea. 
Pero el progreso más importante ha sido en el área de los derechos de los ciudadanos. 
Para que haya buenos resultados, necesitamos un nuevo enfoque por parte de los Estados miembros. 
Para crear un nuevo espacio de libertad, seguridad y justicia- que se nos prometió en Amsterdam -, necesitaremos transparencia. 
Es lamentable que documentos importantes relativos al Tercer Pilar aún no se hayan hecho públicos, pero quiero expresar mi reconocimiento por el papel desempeñado por el propio Sr. Fischler en esta área concreta y agradecerle su ayuda. 
Amsterdam anuncia una nueva era en los derechos de los ciudadanos europeos. 
Fue una valerosa decisión de la Presidencia alemana el presentar e impulsar la idea de una carta de derechos fundamentales. 
Su enfoque pluralista, su intento de vincular al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales no puede sino contribuir al probable éxito. 
Nosotros como Parlamento, señor Presidente en ejercicio, estamos deseando trabajar junto con el Consejo y la Comisión para conseguir que los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos queden bien anclados en el Derecho europeo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Ministro de Asuntos Exteriores, sería una muestra de miopía política que una representante de los Verdes elogiase a la Presidencia alemana del Consejo sin un si ni un pero. 
En efecto, ¿no perdió, por ejemplo, credibilidad el Gobierno Federal rojiverde con su actuación en el caso del reglamento sobre los coches viejos y sacrificó una política ecológica sostenible por consideraciones de oportunidad a corto plazo? 
Por lo tanto, es de esperar que una verde mantenga un punto de vista diferenciado al hablar de la Presidencia alemana del Consejo, sin que esto signifique, señor Poettering, que queramos disputarle su papel a la oposición. 
Las circunstancias fueron extraordinariamente difíciles y nosotros opinamos que se superó bien la prueba. 
Una Comisión Europea tocada, que finalmente se ve obligada a extraer las consecuencias y dimite, pero que con ello también deja al descubierto los grandes déficits institucionales de Europa. 
Bajo la Presidencia alemana del Consejo se extrajeron rápidamente las consecuencias personales con la designación de Prodi. 
Lamentablemente, el Consejo no ha impulsado de manera igualmente consecuente las decisiones institucionales, si bien debemos expresar nuestro especial agradecimiento al Ministro de Asuntos Exteriores Fischer, justamente en este contexto, por sus importantes iniciativas y su importante labor. 
Bajo la Presidencia alemana del Consejo estaba prevista la transposición de la Agenda 2000, un ambicioso proyecto de reforma, con el fin de profundizar la integración de Europa y preparar a la UE para la ampliación al Este mediante unas reformas sustanciales. 
No todas las decisiones de la Cumbre de Berlín estuvieron tan orientadas hacia el futuro como nosotros esperábamos. 
Los compromisos positivos, como por ejemplo, en el ámbito financiero, sobre la constitución de reservas para la ampliación al Este, tienen como contrapartida vacilaciones en la reforma agraria. 
En este contexto se desperdició la oportunidad de iniciar una política orientada hacia una sostenibilidad ecológica, que fortalece las estructuras regionales. 
Finalmente y no en último lugar, la Presidencia alemana del Consejo estuvo marcada por la escalada en Kosovo. 
La decisión de proceder a una intervención militar para cerrar el paso a una política racista, nacionalista y de deportación étnica en la Europa del siglo XXI fue acogida, como ustedes saben, con diversidad de juicios en el Grupo de los Verdes. 
La Presidencia alemana del Consejo contribuyó, sin embargo, de manera muy comprometida a impulsar una solución- el llamado Plan Fischer-con la participación de Rusia, Finlandia y, no en último lugar, también la ONU. 
Ahora es preciso fortalecer la región con una ayuda bien encauzada para la reconstrucción, a fin de evitar una nueva desestabilización. 
La Presidencia alemana del Consejo ha contribuido con su aportación a consolidar la casa común de Europa. 
Nosotros queremos expresar nuestra esperanza de que el proceso de aprendizaje que han realizado todos los implicados durante este período contribuya al fortalecimiento, la continuación del desarrollo democrático y la ampliación de Europa. 
El Parlamento Europeo también debe asumir ahora su parte y continuar trabajando precisamente en este ámbito: el del fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de las estructuras democráticas de Europa. 
Finalmente, unas últimas palabras dirigidas al Sr. Poettering, sin el ánimo de referirme de manera especial a las decisiones políticas internas, ya que considero que estamos en el Parlamento Europeo y aquí no deberíamos hablar de Alemania como tema principal. 
Sin embargo, yo puedo asegurarle una cosa, señor Poettering: justamente el Partido verde aprendió la lección de Bosnia y también ha aprendido ahora la de Kosovo, y también habríamos asumido esa responsabilidad con otra composición del Gobierno. 
¡No en vano hemos tenido muchas discusiones importantes dentro del partido y yo creo que hemos avanzado muchísimo en este aspecto! 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, permítanme que comience con unas palabras dirigidas a mi colega Poettering. 
Usted ha recordado antes el nombre de su Grupo y que éste se llama Grupo de los Demócratas Cristianos y Demócratas Europeos. 
Pronto hará ya nueve años que se unificó Alemania y sería una gran satisfacción para mí si, al cabo de tanto tiempo, respetara usted al fin el hecho de que en Alemania existe una izquierda democrática socialista, que ahora también está representada en el Parlamento Europeo. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, en vez de una Unión para el empleo nos van a dar una Unión defensiva. 
Este es balance objetivo y el poco prometedor mensaje de la Presidencia alemana del Consejo. 
La Agenda 2000, aprobada a toda prisa, que debe garantizar la financiación de la Comunidad y su ampliación se ha quedado en una chapuza. 
La reforma agraria no abre más la puerta a los candidatos a la adhesión de Europa central y oriental. 
El propio Gobierno Federal alemán ya reconoció tras la Cumbre de Berlín que sería necesario volver a reformar la política agrícola con vistas a la ampliación. 
Ni siquiera la designación de Romano Prodi como Presidente de la Comisión consiguió disimular los pobres resultados de esa Cumbre. 
La Presidencia alemana de la UE no hizo nada para frenar al menos la caída permanente de la cotización internacional del euro. 
La crisis de la moneda común europea ni siquiera figuraba en el orden del día de Colonia. 
No se adoptó ni una sola decisión sobre la fiscalidad de los movimientos internacionales especulativos de capital o sobre la lucha contra el dumping fiscal y los oasis fiscales dentro de la Unión. 
En mi calidad de diputada alemana, me afectó mucho que el egoísmo nacional se convirtiera en la señal de marca de la Presidencia alemana del Consejo. 
El burdo bloqueo de la directiva europea sobre los coches viejos en interés exclusivo de un consorcio automovilístico alemán resultó tan indignante como la designación por sorpresa del ex Ministro de la Cancillería Hombach como Representante en los Balcanes o la falta de comprensión de los objetivos y las formas de la política francesa. 
En muchos Estados miembros quedó patente la impresión de un engaño ante esta política europea de estilo feudal. 
A pesar de que nuestro Grupo saludó explícitamente la decisión de la Cumbre de Colonia de fortalecer en el futuro los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos y se propone apoyarla de manera activa, también criticamos con la misma firmeza el Pacto en favor del empleo. 
Dicho pacto no merece su nombre a la vista del elevado nivel de paro, que se mantiene estancado. 
Este es sin duda también uno de los motivos por los que un número tan alarmante de ciudadanas y ciudadanos se han mantenido al margen de las elecciones europeas. 
La gente no comprende a Europa cuando la política europea de empleo se convierte en palabrería. 
Es preciso que se adopten de una vez unos objetivos vinculantes y cuantitativamente controlables en relación con el crecimiento económico y la lucha contra el desempleo. 
Nosotros nos declaramos enérgicamente a favor de una Europa social y, por lo tanto, no aceptamos que se ponga en juego a la ligera la cohesión social de la Unión, se predique la contención salarial y se pongan en entredicho los sistemas de seguridad social. 
La Unión Europea y sus Estados miembros apoyaron activamente bajo la Presidencia alemana del Consejo la guerra de la OTAN en los Balcanes, que quebrantó el Derecho internacional y desbancó a la ONU, a la vez que quedaba sellada la transformación de la Comunidad en una llamada Unión defensiva. 
Se ha vuelto a admitir en sociedad a la guerra como medio de la política y se continuará avanzando por este funesto derrotero con la integración del pacto militar de la UEO en la Unión Europea y la creación de fuerzas de intervención. 
El desarme, la prevención de las crisis y la resolución civil de los conflictos, particularmente a través de una intensificación del papel de la OSCE, corren el riesgo de quedar abandonados en la cuneta. 
Dentro de esta lógica, se designó al Secretario General de la OTAN Solana como futuro Mister PESC. 
Nuestro Grupo rechaza este nombramiento. 
El Comisario europeo alemán designado Verheugen manifestó después de la Cumbre de Colonia que el rápido acuerdo para fortalecer la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión difícilmente habría sido posible sin la guerra de Kosovo. 
En otras palabras: la guerra se convirtió en el motor y la fuerza impulsora de la integración europea. 
Esto es desolador y un peligroso camino falso con vistas al año 2000. 
A quien hoy celebra como un gran éxito el Pacto de estabilidad para el Sureste europeo, más le habría valido no despilfarrar el dinero en bombas, misiles y soldados, y presentar en cambio un par de meses antes dicho pacto, como parte de un proyecto político y civil amplio de la Unión Europea para la región, y dotar a la OSCE de los recursos necesarios. 
¡Nosotros abogamos decididamente por una política que rechace la guerra y la fuerza militar y las destierre de la vida de los pueblos! 
Aplausos 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Europa de las Naciones, quisiera en primer lugar extraer las enseñanzas que se desprenden de las elecciones europeas que acaban de celebrarse. 
Me parece que la abstención en masa y en aumento observada en todos los países europeos sanciona la aparición y la confirmación de una Europa virtual, que resulta cada vez más lejana a los ciudadanos europeos. 
Otra señal de ese desinterés en aumento de los europeos por la construcción europea es- me parece a mí- el desinterés por el euro, apenas seis meses después de su lanzamiento. 
Me parece- y se trata de una segunda enseñanza de estas elecciones europeas- que en numerosos países, en particular en Gran Bretaña y en Francia, los votantes han manifestado un euroescepticismo en aumento y creo que, al votar por los partidos de la oposición en los grandes países europeos, a Europa, en la que participan los Gobiernos, es a la que los ciudadanos han querido sancionar. 
Por último, veo una enorme paradoja en la elección de ayer por la derecha de este hemiciclo de una candidata totalmente estimable, pero cuyo federalismo está demostrado, cuando, en realidad, en absoluto es ése- me parece a mí- el mensaje dirigido por los electores- y, en particular, por los electores de derechas- en los países europeos. 
No me parece que reproduciendo a escala europea el régimen de partidos que podemos observar en los países europeos sea como vaya a encontrar Europa la legitimidad de que hablaba el Ministro alemán de Asuntos Exteriores. 
Esa legitimidad sólo puede proceder efectivamente de una Europa que se «refunde» sobre las democracias nacionales en lugar de intentar crear una democracia virtual cada vez más alejada de las preocupaciones de los ciudadanos. 
Volviendo a la cumbre de Colonia y al balance de la Presidencia alemana, voy a referirme a tres aspectos. 
En primer lugar, el pacto por el empleo: hace mucho tiempo que es la serpiente de mar de Europa. 
Creo que un canciller alemán al que aún no hemos olvidado, Helmut Kohl, pronunció una frase que me parece definitiva. 
Dijo: «El empleo- entiéndase el desempleo- es y seguirá siendo una prerrogativa nacional». 
Es una definición muy exacta de esta Europa que se propone hacerse cargo de los proyectos, pero dejar los problemas a las naciones. 
Segundo aspecto de la Presidencia alemana y de estos seis meses que acaban de transcurrir: la reforma de la Política Agraria Común. 
Resulta muy evidente que dicha reforma era y sigue siendo una condición previa para las negociaciones que se van a iniciar en la Organización Mundial del Comercio, que es- bien que lo vemos- un instrumento en manos de la economía dominante, es decir, de la economía americana. 
Es evidente que los últimos acontecimientos que hemos observado en la OMC y la forma como van a desarrollarse las nuevas negociaciones y, en particular, la designación del Director General querido por los americanos para el primer ciclo de la OMC son de muy mal augurio para los intereses europeos. 
Me parece que esta Europa que nació de la idea de un mercado común pasó al Mercado Único y acabará como una pieza del gran mercado mundial y nada más. 
Será efectivamente el fracaso del proyecto del Tratado de Roma. 
El último aspecto, el asunto de Kosovo, ha demostrado también, me parece, la impotencia europea y su total dependencia diplomática y militar de la potencia militar dominante y de la OTAN. 
Por lo demás, me parece que la designación como representante de la Política Exterior y de Seguridad Común del Secretario General de la OTAN riza más o menos el rizo y recuerda esa frase de un diplomático francés que decía que tan ilusorio es querer hacer una defensa europea con el tiempo como hacer el Banco Central Europeo en Fort Knox. 
Creo que el asunto de Kosovo y su feliz resolución han borrado un poco los seis meses que acaban de transcurrir. 
Me parece muy importante- para nuestro Grupo, en todo caso- que en la reforma de las instituciones que se va a emprender se conceda un peso mayor a las democracias nacionales y a los parlamentos nacionales, en lugar de dejar que Europa siga hundiéndose y alejándose de los ciudadanos, al crear una democracia que he llamado virtual. 
Aplausos 
Señor Presidente, la Presidencia de la Unión Europea acaba de pasar de manos alemanas a manos finlandesas, por lo que va siendo hora de hacer un análisis sobre el semestre pasado y, además, hora de emitir un juicio acerca de la Presidencia alemana. 
El mismo tono ha utilizado el ministro Fischer en su alocución. 
Creo que debemos plantear, al menos, algunos interrogantes. 
En primer lugar, las negociaciones sobre la Agenda 2000 han establecido un acuerdo que tan sólo es un pálido reflejo de las iniciales propuestas ambiciosas que Alemania puso sobre la mesa. 
Todavía existe el peligro de que se reforme el sector agrícola, pero no hay grandes posibilidades de ampliación de la Unión a países del Centro y Este de Europa. 
La Presidencia alemana, además, está caracterizada por la propuesta de Prodi como Presidente de la Comisión Europea y por los recientes sucesos en Kosovo. 
La rápida propuesta de Prodi fue acertada, aunque todavía habrá que esperar algún tiempo antes de que despegue la nueva Comisión Europea. El trabajo de la Comisión Europea ha quedado paralizado demasiado tiempo. 
Junto a esto hay que añadir que la guerra en Kosovo ha influido mucho en el desarrollo de las actividades de la Presidencia alemana. 
El Canciller Schröder se ha ganado también la confianza en este asunto, aunque no hay que olvidar, naturalmente, el trabajo de los Estados Unidos y del Presidente finlandés Atisari. 
Como ya he dicho en otras ocasiones, no es fácil, evidentemente, poner en práctica una política exterior común europea. 
Lo que nos preocupa es la manera en que la Presidencia alemana ha abordado el proyecto de directiva acerca del tratamiento de la chatarra. 
Era de esperar, precisamente de un gobierno de coalición verde-rojo, que hubiese habido más empuje, en lugar de obstrucción. 
El Gobierno alemán no es una marioneta de la industria automovilística alemana. 
Las conversaciones entre Alemania, Francia y Gran Bretaña son preocupantes. 
Así, en los últimos tiempos, los nombramientos de Prodi, Solana y Boisieur se han producido después de las conversaciones entre las tres grandes potencias. 
Si esto ya indica cómo va a ser el reparto de cargos en el futuro, no es una buena señal para los Estados miembros pequeños. 
El Consejo de Ministros debe ser consciente de este hecho y aplicar la política adecuada, de modo que sea posible un reparto proporcional de los cargos entre todos los Estados miembros. 
En lo que respecta a este tema unos de esos Estados miembros pequeños, Finlandia, puede intentar próximamente establecer algún cambio. 
Así lo esperamos. 
La nueva Presidencia finlandesa se encarga de preparar la próxima Conferencia Intergubernamental. 
La agenda incluye importantes temas y nuestro grupo tiene la esperanza de que se les prestará atención seriamente. 
Señor Presidente, las Presidencias del Consejo de la Unión Europea no son un hecho aparte, aisladas del contexto cronológico de los acontecimientos anteriores. 
El contexto en que se encontró la Presidencia alemana fue el de la gestión británica y de la creación de la moneda única. 
Es imposible, por lo tanto, formar un juicio sobre la Presidencia que acaba de concluir sin tener en cuenta el bajo perfil de su predecesora y las esperanzas concebidas a raíz del nacimiento del euro que luego han acabado en la nada y han quedado sobre el papel. 
El Tratado de Amsterdam no había resuelto el problema del funcionamiento de las Instituciones y, en lo referente a la política exterior, el único avance fue nombrar a Mister PESC que, sin embargo, no estaba aún en funciones durante la crisis de Kosovo que, sin esperar los retrasos y las continuas ausencias de Europa, estalló como un azote y renovó los crímenes de la limpieza étnica que ya habían gangrenado Bosnia. 
La Presidencia alemana, en consecuencia, se encontró sin instrumentos adecuados y la Alianza Atlántica fue el único soporte adecuado para hacer frente a la política de Milosevic. 
El peso de la Unión, a pesar de la ambigua tendencia de algunos Gobiernos a intervenir por propia iniciativa, resultó irrelevante de cara a los objetivos de la acción militar y Europa, aun en el respeto de las alianzas, no fue percibida como voluntad autónoma. 
Se ha dado un paso adelante con el Consejo Europeo de Colonia? 
Puede que sí, desde el punto de vista de las declaraciones de intenciones, sin embargo, nos parece que todo sigue siendo muy nebuloso antes de poder afirmar en qué fecha la Unión llegará a convertirse en un sujeto político autónomo con su propia política exterior y de seguridad. 
La responsabilidad de los Gobiernos respecto a la demasiado tardía culminación de la unión política es enorme y no nos parece que la Presidencia alemana haya modificado en absoluto el ritmo. 
Puede que su único mérito sea el haber hecho figurar el asunto de la defensa común en el orden del día de Colonia. 
Otro asunto en que la Presidencia alemana no ha dado ningún paso adelante es el empleo. 
Después de haber hecho alarde durante la campaña electoral alemana de que con la subida al poder de los socialistas cambiaría todo y comenzaría un camino modélico que crearía muchos puestos de trabajo, invirtiendo la tendencia negativa que vive Europa desde hace al menos una década, no se tomó iniciativa alguna en esta dirección y tampoco se debatió ninguna propuesta en favor del desarrollo de la economía europea. 
Sin una política económica concertada y dirigida al desarrollo será difícil luchar contra el desempleo y crear las condiciones que pueden frenar la caída del euro. 
No habiéndolo hecho la Presidencia alemana, ¿cómo podrá hacerlo ahora la finlandesa? 
Y ¿cómo podremos ocuparnos de luchar contra el desempleo cuando la fecha de la ampliación se avecina a pasos agigantados? 
Unión política, política exterior, política de defensa, política económica común, lucha contra el desempleo: éstas nos parecen las prioridades de las que ninguna Presidencia puede prescindir. 
Sin embargo, las Presidencias hablan, pasan de estas cuestiones y no consiguen nada, y la Unión Europea languidece y los ciudadanos nos siguen pidiendo menos palabras y más hechos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, naturalmente la Presidencia alemana del Consejo se ha visto eclipsada por la guerra de Kosovo. Por ello, hay que constatar que la posición de la Presidencia, de la que es responsable el Gobierno Federal alemán en esta cuestión, sólo se ha podido mantener porque ha sido apoyada sin reservas por los partidos de la Unión mientras que usted, estimado colega Fischer, habría dejado abandonados gustosamente a sus propios seguidores en sus zapatos de deporte si es que aún los llevan. 
La Presidencia del Consejo muestra un balance dudoso, lo que niega solamente la misma Presidencia del Consejo. 
Veamos por ejemplo el resultado de la Agenda 2000. 
No es un buen compromiso sino que es una base muy quebradiza. 
No superará siquiera el asalto de las primeras negociaciones de la OMC. 
Esto es aplicable a la problemática agrícola que no se ha solucionado ni por aproximación y que no ha creado ningún margen de actuación para la ampliación. 
Lo único que se ha alcanzado es un agravamiento de la situación de las rentas de los agricultores. 
Se ha renunciado ya desde el principio al muy prometedor enfoque de una cofinanciación. 
La cuestión de los contribuyentes netos o la nueva regulación del marco financiero ha sido esgrimida al principio por el Canciller Federal alemán sobre todo ante la opinión pública alemana pero luego ha fracasado miserablemente a la hora de solucionar el problema. 
Todo se ha aplazado para el futuro y futuras conferencias. 
La moneda única, señor ministro Fischer, que usted mismo ha calificado con razón como un gran éxito de Europa, en opinión del entonces ministro de Hacienda no ha sido por lo visto tan importante como para participar en esa primera e importante reunión. 
Hay que recordar también este dato. 
Y ¿de dónde han provenido los «rumores» que han afectado a la independencia del Banco Central Europeo y que han contribuido a que el euro se debilite aunque ahora afortunadamente se esté recuperando? 
Este balance de la Presidencia del Consejo es sobre todo problemático porque, como pocos antes de él, no ha sido negociado con la mira puesta al servicio de la Comunidad. 
Esto es sobre todo aplicable al procedimiento relativo al reglamento sobre vehículos usados. 
Aquí no se ha actuado teniendo en cuenta los intereses de la Comunidad y se ha reservado al Sr. Trittin representar el papel de malo que tan bien domina. 
No, esta Presidencia del Consejo ha echado a perder la confianza que muchos Cancilleres Federales habían construido durante años anteriores, por lo que es necesario examinar críticamente lo que ha ocurrido en estos seis meses. 
No se puede hablar en absoluto de un éxito. 
Aplausos 
Señor Presidente, en primer lugar mis mejores felicitaciones por el buen resultado que obtuvo en las elecciones de ayer. 
Señores diputados, las dificultades a las que ha habido que hacer frente durante la Presidencia Alemana son buena muestra del mundo tan difícil y polifacético en que vivimos. 
La primavera se vio dominada por los trágicos sucesos de Kosovo, y el consuelo fue grande cuando el Prsidente de Finlandia Martti Ahtissaari nos informó en la cumbre de Colonia de que las autoridades yugoslavas habían aceptado el plan de paz para Kosovo. 
La puesta en marcha de la reconstrucción y de la estabilización de la situación allí son en gran parte responsabilidad de la UE. 
La situación en los Balcanes Occidentales es buena muestra de que en Europa se necesitan actuaciones cada vez más eficaces para asegurar la estabilidad de esa parte del continente. 
En este contexto, la ampliación de la Unión a Europa Central y a Europa Oriental es de suma importancia. 
El logro innegable de la Presidencia Alemana fue sin duda el conseguir sentar las bases imprescindibles para el acuerdo de ampliación en la Agenda 2000. 
Es importante que durante el periodo de la Presidencia finlandesa la Unión Europea manifieste su determinación de hacer progresar el proceso de ampliación. 
Por ello hay que preparar de forma decidida, entre otras cosas, las reformas institucionales que sean necesarias. 
El periodo de la Presidencia de Alemania, como el ahora empezado de la de Finlandia, se vio ensombrecido por una crisis administrativa que tuvo su cúspide en la dimisión de la Comisión. 
Seguramente todos esperamos que esta crisis sea el verdadero principio de una auténtica reforma de los métodos de actuación, no sólo en la Comisión sino también en el Consejo y en el Parlamento. 
Sin embargo, hay que recordar que no habrá progresos sin una nueva Comisión capaz de actuar y con competencias para ello. 
El Parlamento deberá hacer uso en su totalidad de su derecho de auditoría y de su derecho de control respecto a las instituciones, también incluida la Comisión, pero en esta difícil situación tendrá que asumir su responsabilidad en lo que concierne a la necesidad de que la nueva Comisión pueda empezar a trabajar lo antes posible. 
Tendremos que ser muy cautelosos para que las ambiciones políticas nacionales no sobrepasen los intereses comunes europeos. 
Desgraciadamente, y a mi entender, en este debate ha habido matices que apuntan en esa dirección. 
Los ciudadanos de la Unión Europea, nuestros propios ciudadanos, los mismos que demostraron una alarmante pasividad en las elecciones al Parlamento Europeo, quieren ante todo que la Unión mejore el empleo. 
Una buena tasa de empleo también es esencial para el desarrollo equilibrado de nuestras sociedades. 
Por ello hay que empezar a realizar en la práctica el pacto por el empleo en Europa adoptado en Colonia. 
También es importante prestar más atención a la armonización de los políticos economistas de los gobiernos de los diferentes países miembros y desarrollar medidas que contribuyan a conseguir dicha armonización. 
Esto es algo muy esencial para mejorar el empleo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Presidencia alemana ha tenido que afirmarse en un marco particularmente dramático. 
El primer semestre del año en curso ha revelado una vez más la necesidad de la integridad europea, por una parte, así como la prosecución del proceso de ampliación, por otra. 
Por lo que se refiere a este último, la guerra de Kosovo nos recuerda lo fundado de los criterios de Copenhague, que hacen del respeto de los derechos humanos y de las minorías una condición previa para todos los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
El Consejo Europeo de Colonia, que se inscribe sin lugar a dudas en la afirmación de esa doble ambición, nos indica la amplitud de la tarea que queda por llevar a cabo y los esfuerzos suplementarios que resultan necesarios a ese respecto. 
El Consejo Europeo de Colonia, pese a los esfuerzos desplegados por la Presidencia en ejercicio del Consejo- a la que deseo rendir un homenaje muy particular- sigue suscitando algunas interrogaciones importantes. 
Quisiera destacar dos de ellas. 
La primera se refiere al punto 53 de las conclusiones de la Presidencia en ejercicio del Consejo y me gustaría preguntar a ese respecto al señor Ministro alemán de Asuntos Exteriores qué interpretación hay que dar al mandato de la Conferencia Intergubernamental y, en particular a- cito- la posible ampliación del voto por mayoría cualificada en el Consejo- fin de la cita -, habida cuenta de la declaración de Bélgica, Francia e Italia anexa al Tratado de Amsterdam. 
Me gustaría preguntar si esos tres Estados miembros, que hicieron en Amsterdam del fortalecimiento de las instituciones una condición indispensable y, por tanto, previa para la conclusión de las primeras negociaciones de adhesión, corroboran sus reservas anexas al Tratado de Amsterdam o si han atenuado su posición entretanto. 
Mi segunda pregunta se refiere a la política común en materia de seguridad y, más en particular, de defensa. 
Desde mi punto de vista, una política de defensa de la Unión permanecerá en un atolladero en cuanto a lo esencial mientras los Quince no hayan aceptado el carácter indivisible de la seguridad del territorio de la Unión Europea. 
Ahora bien, aún no hemos llegado a eso. 
A ese respecto, me gustaría preguntar al Sr. Fischer si ve, más allá de las conclusiones de Colonia, una perspectiva a corto o a medio plazo para que se adhieran los países que aún no lo han hecho al artículo 5 del Tratado de Bruselas modificado, es decir, a la cláusula de asistencia mutua que vincula a los países actualmente miembros de la Unión Europea Occidental. 
De la respuesta a esa pregunta dependerán, desde mi punto de vista, las etapas ulteriores e indispensables, si queremos dar un contenido concreto a las disposiciones que figuran en el capítulo J IV del Tratado de Maastricht. 
Señor Presidente, los Verdes opinamos que durante el siglo XXI el papel de los métodos no violentos para la solución de conflictos debería ser más importante que el de las intervenciones militares y que la fuerza, que excepcionalmente pudiese llegar a ser necesaria, solamente se ejerciese previo mandato de la ONU. 
Podemos anticipar un importante papel para la UE como agente civil y no violento para la consecución de la paz. 
Por eso lamentamos que la Presidencia alemana no haya tomado en cuenta la recomendación del Parlamento Europeo al Consejo para realizar un estudio piloto encaminado a la creación de un contingente civil de paz. 
También nos preocupan las decisiones adoptadas en Colonia, que todo el mundo ha interpretado como importantes pasos para militarizar la UE. 
El gobierno sueco se ha visto obligado a decir que si se dan más pasos en esa dirección tendrá que usar su derecho a veto. 
La Presidencia finlandesa ha solicitado una aclaración para saber si la decisión de Colonia significa que la UE solamente podrá intervenir previo mandato de la ONU o si, tal como lo ha hecho la OTAN, ella también podría actuar de acuerdo a su propio parecer. 
Joschka Fischer nos dice que las decisiones de Colonia no implican una militarización de la UE, cosa que nos parece muy bien. 
Pero, ¿por qué Poettering y Goerens, que están a la vanguardia de la militarización de la UE, están tan satisfechos? 
¿Por qué se integra la alianza militar UEO en la UE? 
¿Por qué, siguiendo las decisiones de Colonia, se crean en la UE una comisión militar, un consejo militar y otras instituciones militares? 
Realmente espero que Joschka Fischer hable en serio cuando dice que la UE no se va a militarizar y que tenga en cuenta los criterios de no-violencia de los Verdes. 
La UE puede tener un papel muy beneficioso como actor civil que propugna la no-violencia. 
Pero si nos convertimos en una superpotencia militar que compite con otras superpotencias por la hegemonía mundial, entonces la UE sólo podrá contribuir a la creación de caos, guerras y luchas de poder, cosa que yo, sinceramente, espero que no ocurra. 
Señor Presidente, yo creo que, con el distanciamiento que da el paso del tiempo, se verá que la Presidencia alemana ha tenido algunos éxitos. 
Yo creo que, con la aprobación de la Agenda 2000, logró poner de acuerdo a aquellos que habían hecho su divisa del injusto y egoísta " I want my money back '» y a todos aquellos, abanderados por el Gobierno de mi país, que creen que la Unión Europea es un proyecto político donde la cohesión y la solidaridad son piezas fundamentales. 
También creo que la Presidencia reaccionó con rapidez ante la dimisión de la Comisión Santer y encontró a ese mirlo blanco que parece ser el Sr. Prodi. 
Y me parece que el nombramiento del Sr. PESC, después de la imagen que hemos dado en Kosovo, muestra que al menos la Presidencia quería sacudir la aletargada política exterior de la Unión Europea y darle un nuevo impulso. 
Y ese nuevo plan de estabilidad para los Balcanes me parece también un hecho positivo. 
Pero, señor Presidente, hay algo que me parece que ha marcado negativamente, muy negativamente, esta Presidencia. 
Me refiero a la reforma de las instituciones. 
Señor Fischer, si en algo han estado de acuerdo todos los oradores que han intervenido esta mañana ha sido en decir que la cumbre de Colonia no constituye una base para una reforma de las instituciones de la Unión. 
Nosotros queremos que la Unión Europea funcione y queremos mantener el principio de integración y queremos que sea eficaz. 
Pues bien, lo que la Presidencia alemana nos ha propuesto en Colonia, es decir, variar el número de Comisarios, reponderar los votos, pasar quizá en algunos campos de la unanimidad a la mayoría cualificada, es manifiestamente insuficiente. 
Y, además, no sólo eso. 
Además, desconocen ustedes el protocolo de las instituciones de la Unión. 
Porque si están ustedes pensando en que va a haber una ampliación a más de 21 miembros, necesitamos una reforma institucional en profundidad. 
Y lo que nos propusieron ustedes en Colonia es una reforma limitada. 
Y con eso- se lo digo no solamente yo, en nombre de mi Grupo, sino que se lo han dicho todos los Grupos de esta Asamblea- no llegaremos a ningún lado, salvo a uno: a bloquear la Unión Europea. 
Por eso, señor Fischer, yo creo que en este Parlamento estamos ya aburridos de tanta palabrería. 
Ha venido usted y ha dicho- cito textualmente -: «Alabo el papel del Parlamento Europeo y la revisión de las instituciones». 
Pues mire, no lo alabe tanto, no se ría tanto. 
Tenemos una resolución del 19 de noviembre de 1997 donde proponemos un método para reformar las instituciones. 
Se lo hemos dicho a usted y no lo ha tomado usted en consideración. 
Pues bien, volveremos a encontrarnos en esta Asamblea, señor Fischer, y verá usted que este Parlamento se mostrará unánime en rechazar una reforma que no garantice que la Unión sea eficaz y que sirva realmente a los intereses de los ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, aprecio en mucho al colega Poettering, el nuevo Presidente del nuevo Grupo político en esta Asamblea, de nombre difícil de pronunciar. 
No obstante, su intervención de hoy me ha afectado mucho, pues ha dicho muchas más cosas que el hecho de que representa al mayor Grupo político de esta Asamblea y que ha llegado a una coalición con los Liberales para la elección del Presidente de la misma. 
Pero si este pacto pretende ser un pacto destinado a intimidar de algún modo a los Gobiernos socialdemócratas o a crearles problemas, el Sr. Poettering y su Grupo político deben saber que esto no sólo crearía dificultades a los Gobiernos socialdemócratas ni tampoco sólo a aquellos Gobiernos, como por ejemplo, el austríaco, en el que participa también un partido conservador, un Partido Popular Cristiano, sino que crearía dificultades al proceso de unificación europea. 
En nombre de mi Grupo político quiero decir muy claramente que no vamos a enjuiciar a la Comisión y a los nuevos Comisarios por su afiliación política sino por su capacidad, la claridad y exactitud de sus posiciones en el pasado y en el presente. En nuestra opinión, este tiene que ser el único criterio de valoración. 
Quiero reconocerlo con toda claridad. Sin duda, esto es así en lo que se refiere a la Agenda 2000, a la prosecución del proceso de ampliación y también a las difíciles decisiones relativas a los Balcanes y a la política de seguridad. 
Quiero felicitar personalmente de modo especial no sólo al Canciller Federal sino también al Ministro de Asuntos Exteriores, el Presidente del Consejo que está aquí presente, señor Fischer, por no haber ahorrado esfuerzos para salir de esta difícil situación bélica. 
Las opiniones en esta Asamblea sobre si la guerra estaba justificada o si se podría haber impedido divergen considerablemente, pero la Presidencia alemana ha logrado- y aquí quiero mencionar en especial al Ministro de Asuntos Exteriores- actuar desde una posición clara en lo que se refiere a los crímenes del régimen de Milosevic, pero también buscando con ahínco la paz en los Balcanes. 
Ha actuado correctamente, lo ha hecho bien y esto hay que reconocerlo. 
En este contexto quiero subrayar con toda claridad lo siguiente pues continuamente se habla de la política de seguridad: ésta no consiste en una militarización de la Unión Europea sino en tener en cuenta todos los instrumentos de la política de seguridad y en hacer lo que se puede hacer preventivamente. 
He repetido en diferentes ocasiones que en este aspecto de la prevención se han dejado pasar de largo muchas cosas en los años pasados y ningún Grupo político ni ninguna Presidencia puede afirmar aquí que lo ha hecho todo bien para evitar esta guerra. 
Por ello, debemos apoyar a todas las fuerzas en Serbia y en Yugoslavia que están a favor de un cambio del sistema político y de la democracia, de los derechos humanos y del respeto a las minorías. 
Esta es la única oportunidad. 
En segundo lugar, lo que es de gran importancia, tenemos que hacer posible a todos los que ahora retornan- gracias a Dios son muchos los que vuelven, lo que demuestra que la decisión de mantener al mayor número posible de refugiados en la región era correcta- que pasen el invierno bajo una situación más o menos humana. 
Por ello, hay que poner pronto a disposición el dinero necesario para ello y crear la correspondiente organización para que no dediquemos la mayor parte del trabajo a que una organización se coordine con la otra sino que la parte esencial del trabajo se dedique a ayudar efectivamente a los Balcanes y que se convierta por fin en una región pacífica de esta Europa. 
Señor Presidente, antes de que parta de viaje hacia Turquía, permítanme que me refiera a lo que aquí se ha dicho. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que nos han elogiado y apoyado y referirme a algunas críticas. 
No hemos prometido nunca- pues no habría sido realista- que en este semestre fuésemos a solucionar todos los problemas de la Unión Europea que me habría gustado haberlos visto solucionados hace ya tiempo. 
Respecto a las críticas a las reformas institucionales: hemos intentado hacerlas avanzar y cuando mantuve mi primera intervención aquí al hacerme cargo de la Presidencia del Consejo no estaba aún en absoluto claro si íbamos a obtener realmente la aprobación para una Conferencia Intergubernamental. 
Me alegra que se haya logrado. 
Pero en este contexto, muchas de las críticas expuestas han sido muy confusas y la lógica se ha quedado a veces en el camino. 
A la colega del PDS que, por un lado, nos ha criticado que hemos ignorado las posiciones francesas así como los objetivos de la política francesa pero que, al mismo tiempo, nos ha echado fuertemente en cara los deficientes resultados del compromiso del mercado agrícola de la cumbre de Berlín, sólo puedo decirle que son aspectos en cierto modo interrelacionados. Debería examinar más exactamente si al final, por así decirlo, no cae usted misma en una maraña de contradicciones. 
En las próximas semanas y meses verá claramente que aquí existe una estrecha relación. 
A aquellos que han hablado aquí de la militarización de la Unión Europea- este punto es muy importante- quiero decirles que no se hagan ilusiones. 
Esto significaría que en el campo de la Política Exterior y de Seguridad Común, Europa no estaría en situación de decidir su propio destino, es decir, de andar su propio camino. 
En la guerra de Kosovo he visto cuánto peso debe arrojar Europa en el platillo de la balanza también bajo la perspectiva de las posibilidades de configuración política que existen, de las posibilidades que existen para que se pueda practicar una política exterior y de paz preventiva, para que se pueda impulsar una solución a un conflicto cuando éste se agudiza. 
Sólo puedo decir que esta Europa tiene que unirse también en la política exterior y de seguridad pues, de lo contrario, las decisiones se adoptarán en otro lugar. 
Aquí en el Parlamento Europeo o quizás también en algún que otro Estado miembro alguno se recline cómodamente en el sillón y crea ilusoriamente que uno no se ve afectado por estas decisiones. 
Pero en la realidad, estas decisiones se adoptarán en unas condiciones y en otro lugar totalmente diferentes. 
Precisamente esto es lo que yo no quiero y considero como una actitud errónea. 
Aplausos 
Respecto al euro tenemos diferentes opiniones de Europa. 
No debemos eludir el tema pues es evidente que existen. 
En este punto soy un integracionista convencido. Deseo una Europa que sea capaz de actuar políticamente pues estoy convencido de que no puede ser de otra manera por dos motivos. 
El primer motivo: en la era de la globalización, el Estado nacional europeo solamente podrá mantener lo que apreciamos y queremos conservar en él si esta Europa se unifica pues, bajo las condiciones de globalización, la paz, la seguridad, el bienestar y la democracia para sus ciudadanas y ciudadanos, solamente se podrán garantizar si se unen a nivel europeo, es decir, si disponemos de un sujeto europeo, una Unión Europea que sea capaz de actuar. 
El segundo motivo es, lo que ha mostrado de nuevo claramente la guerra de Kosovo, y quizás desempeñen aquí también un papel las diferentes experiencias políticas, muy especialmente en la Europa central, que solamente existe una única seguridad en este continente: no podemos permitir en este continente el nacionalismo, el racismo o una primitiva forma en bruto del fascismo. 
Desde 1992 se ha intentado todo para convencer a Milosevic que abandone esa política. 
He vivido la fase final, desde Rambouillet hasta el inicio de las acciones militares, y no he encontrado a nadie en el lado occidental, tampoco los EE.UU, que haya mantenido una actitud activamente belicista sino que se intentó llegar literalmente hasta el último segundo a compromisos. 
El único que no quería compromisos era Milosevic, el Gobierno de Belgrado. 
He mantenido personalmente una discusión de dos horas y media con Milosevic, una de ellas entre él y yo a solas. 
¿Tendríamos que habernos echado hacia atrás? 
¿Tendríamos que haber dicho que nos gustaría ayudar pero que no podemos hacerlo, que atenta contra nuestros principios pacíficos y que no disponemos de ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? 
La ONU ha salido fortalecida hoy de este conflicto y esta es una de las consecuencias del papel de Europa en este conflicto. 
El Consejo de Seguridad es hoy más fuerte que lo fue entonces en Bosnia cuando salió debilitado de aquel conflicto. 
Aplausos 
... que este es un resultado de los esfuerzos comunes de los Estados miembros, de la Unión Europea. 
No debemos olvidarlo. 
Les digo que estuve en Bosnia, que vi las fosas comunes que no olvidaré durante toda mi vida. 
Es nuestra obligación llevar a término el proceso de integración europeo, la paz, la seguridad y la democracia para todos en este continente. 
Esto presupone nuestra firme decisión de oponernos en caso necesario con medios militares cuando ya no exista otra posibilidad, a aquellos que piensan que pueden imponer la política del nacionalismo con la violencia, el asesinato, el terror o las expulsiones en masa. 
Esta Europa de la integración no puede permitir el nacionalismo. 
Aplausos 
Este es el punto más importante aunque no estaba previsto en nuestra Presidencia del Consejo ya que dice mucho sobre el futuro de la Unión Europea. 
Estoy firmemente convencido de que en el interior esto tiene que ir unido a progresos en la integración y, sobre todo, al avance de la democratización. 
Este va a ser un debate muy complejo y difícil pero tenemos que comenzar este debate que en Francia se describe con el concepto de la finalidad de la Unión Europea y que va a durar largo tiempo. ¿Dónde están las fronteras exteriores de la Unión Europea? 
¿Cómo es el ensamblaje constitucional, la relación de la Unión Europea con los Estados miembros, la relación de las instituciones entre sí? ¿Qué papel va a desempeñar en el futuro el Parlamento? 
Todas estas son cuestiones que van estar relacionadas directamente con la ampliación pues hoy ya se puede ver la dificultad de actuar que tiene la Unión de los Quince. 
En caso de una ampliación, se planteará muy directamente la cuestión de la capacidad de actuación. 
Por ello, aquí en el interior se encuentra el siguiente gran desafío: Política Exterior y de Seguridad Común, profundización y, finalmente, ampliación. 
A todos aquellos que están a favor de una política de paz preventiva- sobre lo que existe un amplio consenso en los Parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo- por todo lo que no ha logrado Dayton- lo que no supone una crítica a Dayton, pues probablemente entonces no existía otra posibilidad -, quiero decirles que una estrategia de acercamiento a largo plazo para el Sudeste de Europa hacia la Europa de la integración para integrarse a continuación realmente en ella, se ha convertido ahora en política operativa. 
Hay que llenar ahora de contenido el pacto de estabilidad para el Sudeste de Europa. 
En este contexto no se trata en primera línea de dinero sino de decisiones estructurales. 
Tenemos que generar confianza y crear allí una zona de librecomercio. 
El comercio y los cambios tienen que sustituir a la agresión nacional y para ello hay que poner a disposición los medios necesarios. 
Apelo a todos los que están a favor aquí de una política de paz preventiva para que trabajen activamente en favor del éxito a largo plazo del pacto de estabilidad, pues esto significaría extraer la consecuencia acertada de la guerra de Kosovo, de las guerras derivadas del desmembramiento de Yugoslavia. 
Me permito expresar de nuevo mi agradecimiento a todos, señor Presidente, Señorías, por su apoyo a la Presidencia alemana. Deseo al nuevo Parlamento lo mejor y también a la próxima nueva Comisión, una vez pasadas las difíciles auditorías- las Comisarias y Comisarios aún por nombrar en la cámara de tortura del Parlamento Europeo libremente elegido -, lo que digo naturalmente de un modo irónico y, por supuesto, sólo retóricamente. 
Les deseo lo mejor. 
Pero si me permiten, quiero exponer un ruego, sobre todo, a la nueva mayoría: debemos debatir la política nacional a nivel nacional y tirarnos allí los trastos a la cabeza. 
Pero a nivel europeo deberíamos debatir la política europea y diferenciar siempre aquí con gran precisión. 
Aplausos 
En nombre de todo el Parlamento y más allá de los juicios emitidos, permítame agradecerle su trabajo, porque han sido realmente seis meses de denodado esfuerzo. 
Señor Presidente, es una lástima que el Presidente del Consejo abandone ahora la sala pues habría comenzado con una alabanza. 
Habría dicho que es uno de los pocos rayos de esperanza, si no el único, de esta Presidencia del Consejo. 
Cuando el Sr. Swoboda se ha referido a la nueva mayoría, es cierto, la nueva mayoría aporta claridad, perfiles nítidos e ideas a esta Asamblea y esto es bueno para Europa, señor Swoboda. 
Aplausos 
Lamentablemente, me veo obligado a dar en total la nota de «insuficiente» al Consejo alemán por el primer semestre de este año. 
El anuncio a bombo y platillo de un nuevo pacto por el empleo se reveló en la práctica como una pompa de jabón. 
Si se analizan con atención las resoluciones de Colonia, se ve que no se ha añadido ni una sola nueva idea a las directrices del año pasado de Luxemburgo. 
En segundo lugar, el lenguaje y el estilo del Gobierno alemán durante los seis últimos meses han hecho que a veces me avergonzase en el Parlamento Europeo. 
Este estilo no ha sido de utilidad para Europa ni mucho menos para Alemania. 
La tosca intervención del Sr. Trittin al denunciar los tratados nucleares han hecho naturalmente que se tomasen con gran escepticismo las propuestas de la Presidencia alemana. 
La vergonzosa retirada de la buena propuesta de cofinanciación en la política agrícola ha sido también resultado de una política tan poco inteligente de este tipo. 
Si a esto añado que el Sr. Canciller Federal Schröder ha dicho que hay que finalizar por fin con la diplomacia de talones bancarios de Helmut Kohl, es la gota que colma el vaso. 
No quiero hablar del nombramiento del candidato alemán que, en vista de las elecciones, ha sido una bofetada, por lo que para finalizar quiero exponer un deseo: mientras el dictador Milosevic esté al mando en Serbia no debe fluir ni una peseta ni ningún euro del contribuyente europeo a Serbia. 
Primero se debe restablecer allí la democracia. 
Este es un encargo para la Presidencia alemana. 
Aplausos 
Señor Presidente, el Acuerdo de Berlín permitió desbloquear los principales dossiers de la Unión Europea, pero no garantizar el futuro de la Unión Europea a largo e incluso a medio plazo, porque el Acuerdo de la Agenda 2000 se quedó muy corto respecto de las necesidades existentes. 
En primer lugar, porque no hizo una reforma de la financiación de los recursos propios a partir exclusivamente del producto nacional bruto, que es la única base contributiva justa, equitativa y transparente. 
En segundo lugar, no hizo la reforma de la Política Agraria Común que resultaba necesaria para que afrontáramos una postura ofensiva en la ronda negociadora del GATT. 
Sin perjuicio de las gestiones del Comisario Fischler, fue casi una reforma del status quo que no garantizó el deseado equilibrio entre agricultores, regiones y culturas y en la que la agricultura mediterránea resultó una vez más maltratada por la PAC, no garantizó la puesta en práctica del modelo europeo de agricultura, en cuyo ámbito no se hizo casi nada para ayudar a los pequeños agricultores, y, por último, fueron pocos los avances en materia de desarrollo rural. 
En tercer lugar, con esta Agenda 2000, corremos el riesgo de avanzar hacia una Europa más desequilibrada y menos solidaria. 
Le doy dos ejemplos del país que mejor conozco, que es el mío. 
En primer lugar, todos los estudios concluían que la economía portuguesa sería la más afectada por la competencia de los nuevos países miembros del Este, pero nada se hizo para apoyar a Portugal a ese respecto. 
En segundo lugar, tampoco se hizo nada para mejorar la situación de la agricultura portuguesa, que es la más deficitaria, la mas atrasada y la menos favorecida por la PAC. 
Además de la cuota de trigo duro, nada concreto y relevante se consiguió para Portugal en la reforma de la PAC, al contrario de algunos países, como Italia y España, que se beneficiaron de tratos específicos. 
Cierto es que sufrimos las consecuencias de una gran incompetencia y torpeza negociadora por parte de nuestro Gobierno, pero eso no justifica todo. 
Necesitamos una Europa más solidaria para seguir al frente. 
Señor Presidente, las serias y negativas repercusiones de la crisis financiera, de la desaceleración del crecimiento económico en la Unión Europea, -también en la era de la Unión Económica y Monetaria- han mostrado claramente de modo dramático lo necesario que era el pacto europeo por empleo de Colonia. 
No es una pompa de jabón sino que es por fin un enfoque concreto para llegar más allá de unas directrices por el empleo a una coordinación de las políticas económicas de la Unión Europea, para organizar un mayor crecimiento. 
Necesitamos reformas estructurales en la Unión Económica y Monetaria, en la Unión Europea. 
Pero es exactamente igual de importante lograr un crecimiento mayor y más rápido. 
Los Gobiernos nacionales delegan con razón con el pacto europeo por el empleo la responsabilidad por la política de empleo no al nivel de la Unión Europea, pero saben que en la era de la globalización hay que encontrar una respuesta común y esto es acertado. 
Tienen que existir unos valores de referencia y orientativos aún más concretos. 
Quiero dirigir un ruego a las próximas Presidencias: durante la Presidencia alemana tampoco hemos logrado mejorar la legitimación democrática de la actuación en la Unión Económica y Monetaria. 
Necesitamos urgentemente un acuerdo interinstitucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo sobre los elementos básicos de la política económica. 
Además, necesitamos la integración de las directrices sobre la política de empleo y económicas y, lo que es muy importante, necesitamos una revisión del marco institucional del pacto europeo por el empleo. 
Necesitamos pues más democracia y no un aumento del déficit democrático como consecuencia del pacto europeo por el empleo y este Parlamento lo ha exigido en el período de legislatura anterior. 
Tenemos que... 
El Presidente retira la palabra a la oradora 
Señor Presidente, creo que, en general, la Presidencia alemana fue un período muy positivo. 
Concretamente, querría darle las gracias en nombre de la Comisión de Política Regional y, desde luego, de los diputados socialistas, por el magnífico trabajo realizado durante el período en el proceso de reforma de los Fondos estructurales. 
Creemos que se ha llegado a un pacto justo y equitativo para los Estados miembros. 
En particular, quiero dar las gracias a los alemanes no sólo por haber hecho progresar el proceso de paz en relación con Kosovo, sino también los temas de paz relativos a Irlanda del Norte. 
Esta Asamblea sabrá que hemos vuelto a entrar en una fase crítica en el proceso de paz de Irlanda del Norte, un proceso que han respaldado las sucesivas presidencias. 
Lo que quiero decir hoy en este período parcial de sesiones inaugural es que esperamos poder contar con el nuevo Presidente de la Comisión, con el Presidente en ejercicio del Consejo finlandés y, desde luego, con la Sra. Fontaine, para proseguir esa gran labor de apoyo al proceso de paz y que ésta sea una prioridad en las visitas de nuestra Presidenta a Irlanda del Norte. 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Elección de los Cuestores del Parlamento Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede a hacer la elección de los Cuestores del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, usted nos ha distribuido una explicación y así se ha votado también a modo de prueba. 
El nombre del candidato que se ha elegido es visible y además es destacado aún más con la estrellita. 
Le ruego que nos aclare cómo se puede votar así en secreto. 
Considero esto exactamente lo contrario a una votación secreta por lo que la impugno ya aquí. 
No es legal. 
Aquí se vota en secreto y no de tal modo que todo el mundo puede ver la emisión de voto, inclusive las cámaras que hay en esta Asamblea. 
No lo considero una votación secreta. 
Aplausos 
Es cierto, Señorías, que a menos que pongan un papel sobre la máquina, los que están a su alrededor pueden ver lo que están votando. 
Lo que queremos decir con «votación secreta» es que no se quede registrada. 
Desde luego, cuando rellenan una papeleta, alguien puede mirar por encima de su hombro y ver dónde ponen la marca. 
Sin embargo, podemos votar sobre si hacer una votación por escrito en lugar de electrónica. 
El Parlamento decide utilizar el sistema de votación electrónica 
(En votaciones sucesivas, son elegidos cuestores del Parlamento Europeo los siguientes diputados: 
PoosSra. Quisthoudt-Rowohl) 
Señora Presidenta, quiero expresar en nombre de los Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/Alianza Democrática Europea) mi profunda decepción por la forma en que el grupo socialdemócrata ha gestionado este asunto. 
En mi opinión no es moralmente correcto que no se haya elegido al representante del grupo Verdes/Alianza Libre Europea, y espero que los socialdemócratas reconsideren la cuestión entre ellos. 
Tomo nota de su comentario. 
La sesión, interrumpida a las 12.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Declaración del Sr. Prodi, Presidente electo de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, el Sr. Prodi, Presidente electo de la Comisión Europea, va a hacer una declaración y con mucho gusto le concedo en seguida el uso de la palabra. 
Señora Presidenta, Señorías, antes que nada deseo felicitar a la nueva Presidenta del Parlamento Europeo y a todos ustedes por su reciente elección. 
Me es muy grato estar hoy aquí para presentarles un nuevo equipo de Comisarios europeos. 
En mis dos discursos anteriores ante el Parlamento Europeo, en abril y en mayo, prometí que inauguraría un nuevo período de cambios en la Comisión. 
El nuevo Colegio de Comisarios que hoy les presento representa el equipo que realizará estos cambios. 
No es mi intención presentarles a cada uno de los miembros del Colegio. Están sentados ante ustedes y sus nombres les son muy conocidos. 
Se trata de un equipo de gran calidad, de un equipo bien equilibrado. 
Es el resultado de las constructivas consultas que llevé a cabo con los Jefes de Estado y de Gobierno, los cuales respetaron plenamente los nuevos poderes que el Tratado de Amsterdam ha conferido al Presidente encargado. 
Cada miembro del equipo goza de una reconocida experiencia. Casi todos formaron parte del Parlamento de su país; las tres cuartas partes de ellos fueron ministros, muchos de ellos lideraron partidos políticos y otros han adquirido experiencias de gran valor en la diplomacia, en los campos jurídico y económico y en la actividad económica. 
Desde el principio manifesté muy claramente que no estaba dispuesto a aceptar una presencia femenina inferior a la de la anterior Comisión. 
Lo he conseguido, aunque confiaba en lograr algo más. 
En consecuencia, a lo largo de todo su mandato, la Comisión promoverá la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. 
El nuevo Colegio representa asimismo un justo equilibrio entre la complejidad política de los Gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo. 
Estoy satisfecho por ello, sin embargo, hay que precisar que la Comisión no actúa como los partidos políticos. La Comisión es un Colegio y los Comisarios no son ni la emanación de Grupos políticos ni los representantes de sus Gobiernos nacionales. 
Aplausos 
El pasado fin de semana, en nuestra primera reunión informal, tomamos decisiones sobre algunas reglas básicas claras. 
Cada Comisario cumplirá sus responsabilidades reflejando en todo momento el interés europeo en su conjunto. 
Si en cualquier momento yo no estuviera satisfecho de cómo marchan las cosas, no dudaré en utilizar los poderes que me confiere el Tratado hasta cambiar las competencias y las carteras, o en pedir a cada uno de los Comisarios su dimisión. 
Al respecto, pese a que no está previsto en el Tratado, cada Comisario me ha garantizado personalmente que dimitirá de su cargo si y en el momento en que yo se lo pidiera. 
Como es obvio, no es una iniciativa a tomar a la ligera, sin embargo, el hecho de que existan estos acuerdos es una clara garantía del sentido de la responsabilidad de cada uno de los Comisarios. 
También hemos coincidido en la necesidad de que el nuevo Colegio cumpla los máximos estándares de la vida pública. 
Una de las primeras iniciativas de la nueva Comisión será, por tanto, la adopción formal del nuevo Código de conducta de los Comisarios que incluirá asimismo nuevas y rigurosas reglas, al objeto de evitar conflictos de intereses cuando los Comisarios dejan su cargo. 
En consecuencia, estamos impacientes por ponernos mano a la obra y esperamos entablar un diálogo sincero y abierto con el Parlamento en el transcurso de las audiencias a nuestro equipo y confiamos en recibir de sus Señorías su convencido apoyo en septiembre. 
Voy a pasar ahora a otro de los temas principales de mi discurso de hoy, esto es, la reforma de la Comisión. 
No cabe duda de que la reforma es necesaria, ya que los recientes acontecimientos han demostrado que las Instituciones europeas en su conjunto ya no son aptas para desempeñar la amplia serie de funciones de las que ahora han de encargarse. 
Por eso prometí una revolución en la modalidades de funcionamiento de la Comisión. 
Esto no implica que yo quiera restarle importancia a lo que la Comisión ha logrado como Institución. Sería tremendamente injusto. 
La Comisión presenta muchísimos puntos de fuerza: un personal responsable y cualificado, una gran capacidad de innovación y de previsión de los fenómenos. 
A lo largo de los años, ha dado muestras de una considerable capacidad de adaptación asumiendo, en múltiples ocasiones, nuevos cometidos y nuevas responsabilidades. 
La mayoría de los grandes progresos en el proceso de integración europea pueden atribuirse al esfuerzo y la dedicación del personal de la Comisión. 
Sin embargo, al igual que en muchas administraciones públicas, el mundo ha seguido avanzando y la Comisión no ha sabido seguir el compás. 
No se ha hecho lo suficiente para modernizar la Institución. En cuarenta años no se han realizado cambios sustanciales en la estructura de la Comisión. 
Es por eso que ahora debemos llevar a cabo un profundo análisis de las formas de trabajo de la Institución. 
El reto que debemos afrontar consiste en replantear, adaptar y mejorar la organización para convertirla en más eficiente y eficaz, al objeto de luchar contra los fraudes a todos los niveles y de poner a la Institución al servicio de los ciudadanos europeos. ¡No nos hagamos ilusiones! 
Todo este proceso de cambio requerirá tiempo, pero ya hemos puesto en marcha una primera reorganización de la Comisión: se simplificará y racionalizará el aparato burocrático reduciendo el número de Direcciones Generales; los Comisarios tendrán sus oficinas, o sea, los gabinetes, en el mismo edificio de las Direcciones Generales a su cargo; los gabinetes y los Comisarios serán más ágiles y más supranacionales. He querido que cada jefe o subjefe de gabinete sea un ciudadano de un Estado distinto del Estado del Comisario y que en cada gabinete haya personas de tres Estados miembros diferentes como mínimo; las reglas para nombrar a los altos funcionarios serán más estrictas y transparentes y dentro de la Comisión se incrementará la movilidad de los altos funcionarios; las Direcciones Generales de la Comisión se identificarán con denominaciones breves y claras, en vez de con números; se creará un servicio más fuerte en el sector de los medios y de la comunicación para garantizar que las políticas de la Comisión se hagan públicas con profesionalidad, al objeto de llegar a todos los ciudadanos europeos. 
Evidentemente, éste es sólo el principio, ya que habrán otros cambios y más profundos. 
El Comité de Expertos Independientes presentará su segundo informe probablemente en el mes de septiembre, aunque concuerdo con la Sra. Fontaine en que sería deseable que se publicase cuanto antes, pero siempre respetando los plazos de los cinco sabios. 
Examinaremos dicho informe con mucha atención y espero que incluya elementos útiles para el proceso de reforma. 
Al respecto, el nuevo Vicepresidente encargado de la reforma presentará a principios del año 2000 un plan pormenorizado. 
Todo esto se tendrá que debatir a fondo con el Parlamento Europeo. 
En particular, deberemos encontrar un sistema apto para garantizar la información continua y exhaustiva del Parlamento sobre la marcha de la reforma respetando, al mismo tiempo, la autonomía de la Comisión en la gestión de sus competencias. 
Mi propósito es convertir a la Comisión en una administración de calado mundial, cuyo modelo se imponga como ejemplo. 
Nuestro eslogan será en todo momento: transparencia, sentido de la responsabilidad y eficacia. 
Hoy no es la ocasión más apropiada para detenerme en el programa de la nueva Comisión. 
En los discursos que pronuncié en este Pleno en abril y mayo presenté un amplio análisis de las futuras prioridades. 
En septiembre podremos analizar estas cuestiones más en detalle. 
Hoy estoy aquí para presentar a la nueva Comisión y no para presentar su programa, sin embargo, puedo prometerles que el hilo conductor de todo nuestro programa será atribuir a la Unión Europea una mayor relevancia de cara a los ciudadanos europeos. 
No se puede negar, en efecto, que las Instituciones europeas sufren una falta colectiva de confianza por parte de nuestros ciudadanos. 
Para reconquistar dicha confianza debemos actuar con decisión, sin embargo, lo lograremos sólo si llegamos a afrontar aquellos problemas que tienen una auténtica importancia en la vida cotidiana de los ciudadanos como, por ejemplo, el empleo, el crecimiento económico y el reto del desarrollo sostenible para asegurar el equilibrio entre la creación de riqueza, la justicia social y la calidad de vida. 
Ésta debe ser la auténtica prioridad de la nueva Comisión. 
Como acabo de decir, éste no es el momento para un análisis minucioso del programa, no obstante, quisiera proponerles tres ejemplos de lo que entiendo por renovación. 
Pensemos ante todo en el problema de la salud y de la seguridad de los alimentos. 
El público europeo ha perdido su confianza en las autoridades nacionales y europeas encargadas del control de los medicamentos y del control de alimentos; ya no se fía ni del Gobierno ni de los Gobiernos ni tampoco de los científicos. 
Considero que es nuestra obligación tomar la iniciativa y prever una Agencia europea independiente para el sector de los alimentos y de los medicamentos que ayude a reconquistar la confianza de los consumidores. 
Aplausos 
Pensemos asimismo en los transportes aéreos. 
Los aeropuertos europeos se encuentran en una situación de caos semipermanente, debido al cada vez más creciente aumento del tráfico y a la falta de coordinación de los controladores. Creo que todos nosotros somos testigos directos de dicha situación. 
También en este caso el problema va más allá de las fronteras nacionales: debemos encontrar soluciones a escala europea, unas soluciones que funcionen realmente. 
El tercer ejemplo es el dopaje en el mundo del deporte, un tema que a alguien le puede parecer banal, pero que para muchos es motivo de honda preocupación. 
Se trata de un problema respecto al cual es evidente la necesidad de una coordinación transnacional para una acción decisiva. 
No pretendo que Europa tenga todas las respuestas a estos problemas; lo que quiero significar es que debemos mostrar nuestro empeño para contribuir a resolver, a escala europea, estas cuestiones, ya que, por su misma naturaleza, superan las fronteras puramente nacionales. 
No dudo en sugerir que en algún caso- mejor dicho, en algunos casos quizás- la respuesta a las preocupaciones de los desengañados ciudadanos europeos no consiste en reducir, sino en aumentar la dimensión europea. 
La gran mayoría de los ciudadanos europeos no son escépticos respecto a una acción a escala europea, sin embargo, se muestran cada vez más decepcionados y van perdiendo interés en los interminables e impenetrables discursos sobre quién debe hacer algo a escala europea. 
En lo que insisten los ciudadanos europeos es en obtener respuestas claras a los importantes problemas de su vida cotidiana. 
En definitiva, lo que les interesa no es quién resuelve sus problemas, sino el hecho de que por fin alguien se ocupe de estos problemas, que los consumidores puedan fiarse de los alimentos que compran, que los viajeros tomen el avión con toda confianza, que el mundo del deporte sea limpio. 
Ya he dicho que hoy no tengo intención de extenderme en las políticas: el momento apropiado será en septiembre. 
Sin embargo, quiero señalar dos temas a los que se dedicará especial atención en la nueva Comisión, es decir, Kosovo y la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Consideremos en primer lugar la situación en Kosovo y en los Balcanes. 
La guerra en los Balcanes ha dejado un profunda herida en toda Europa. 
Lo que debemos hacer ahora es garantizar que de la paz surja algo bueno. 
A medida que van pasando los días, tengo cada vez más las preocupante sensación de que la capacidad de hacer la guerra supera con mucho la capacidad de coordinar la reconstrucción de la devastación que ha sufrido la vida de las poblaciones. 
Se ha desperdiciado más tiempo del necesario en disputas diplomáticas sobre quién tiene que coordinar las labores de reconstrucción. 
Ahora se trata de concentrar todas nuestras energías en las tareas realmente importantes: reconstruir la casa de quien se ha encontrado sin hogar, recomponer las comunidades destruidas y, lo más importante, debemos ofrecer a los Balcanes un futuro político y económico claro que ponga fin a tantos siglos de continuos conflictos. 
Sólo la Unión Europea puede hacerlo. 
Para restablecer la paz hace falta una estrategia clara, a largo plazo, basada en la reconstrucción, la reconciliación y el acercamiento: la reconstrucción para reparar los daños de la guerra; la reconciliación de todas las partes implicadas, incluido el pueblo serbio; el acercamiento de esta región a la Unión Europea, incluyendo la perspectiva de una futura pertenencia a la Unión Europea para todos los países de la región, si y cuando se muestren aptos desde el punto de vista político y económico. 
Estoy convencido de que la mejor manera de lograr este objetivo es a través del método que la Comunidad ya utilizó con éxito en el pasado: en primer lugar pedir a las partes que cooperen entre sí, que comiencen a trabajar en común en cuestiones de relevancia cotidiana, que creen uniones aduaneras, que constituyan instituciones comunes y que afirmen la paz a través de intereses comunes. 
Es así que se ha alcanzado una paz duradera en la Unión Europea, esto es, reconciliando naciones en conflicto a través de la cooperación. 
Los firmatarios del Tratado de Roma, cuando la II Guerra Mundial era aún un acontecimiento reciente, eran personas muy valientes y previsoras. 
¿Los hombres y las mujeres de nuestra generación no son capaces de mostrar la misma previsión y valentía a la hora de abordar la cuestión de los Balcanes? 
¿Europa no está preparada para asumir el riesgo? 
¿Quizás Europa carece de la ambición de lograr cambiar las cosas? 
A la hora de afrontar este reto, sin embargo, nos encontramos ante una paradoja: la Unión Europea estará en primera línea a la hora de ofrecer su contribución; no obstante, el impacto de su ayuda podría desvanecerse en una compleja red de estructuras que compiten entre sí: la Misión de las Naciones Unidas para Kosovo, el Pacto de Estabilidad, el Grupo de los Siete de gran importancia para la coordinación económica, la Oficina del Alto Representante para Bosnia, el Enviado Especial para la República de Yugoslavia, etcétera. 
Esta proliferación de decisiones mina la función principal que debería desarrollar la Unión Europea. 
Hay una necesidad apremiante de simplificar las cosas. 
En particular, debemos garantizar que la ingente contribución de la Unión Europea se gaste en la reconstrucción y no en la burocracia. 
Creo que es por eso que la Comisión rechazó, por ejemplo, sacar del presupuesto, asignado por el programa de reconstrucción OBNOVA, unos 45 millones de euros, para pagar los sueldos de las 700 personas que trabajan para la Oficina del Alto Representante para Bosnia, lo que equivale a un importe de alrededor de 17 millones de euros de los 45 totales. 
Nuestra ayuda financiera debe destinarse prioritaria y directamente a la población y a las labores de reconstrucción. 
Hay que dedicar especial atención a sostener el desarrollo económico de la región y a reforzar las estructuras democráticas. 
Asimismo, por lo que respecta a las estructuras que hay que crear, hemos de sopesar en cada caso su valor añadido específico. 
Debemos evitar que en Bruselas se haga lo que se haría mejor en Salónica y que se haga en Salónica lo que se haría mejor en Pristina. 
Aplausos 
El segundo punto que hoy quiero mencionar es la nueva Conferencia Intergubernamental que se convocará en la Cumbre de Helsinki. 
Hay quien piensa que la Conferencia Intergubernamental es un simple trabajo de pulido después de la Cumbre de Amsterdam, con el objetivo de resolver las distintas cuestiones en que fue imposible llegar a un acuerdo en ese marco. 
No comparto este análisis: para mí la Conferencia Intergubernamental es una cita crucial para las Instituciones europeas y es nuestra oportunidad, la última quizás, para prepararnos para la posible duplicación del número de miembros de los Estados de la Unión. 
A mi juicio, una Conferencia Intergubernamental que sólo tenga objetivos limitados no podría asumir un reto de este calibre. 
Sé perfectamente que alguien objetará que es mejor realizar rápidos progresos en un ámbito limitado, antes que plantearse toda una serie de problemas en más campos, demasiado complejos para conseguir solucionarlos de prisa. 
Para mí esto significa no entender el quid de la cuestión. 
Si la cortedad del orden del día de la Conferencia Intergubernamental no permitirá prepararse de forma adecuada para la ampliación, no cabe otra cosa que ampliar su alcance. 
Aplausos 
No servirá para nada arreglar sus fronteras. 
Para que funcione la ampliación es indispensable un completo y profundo análisis institucional. 
Es por eso que quiero crear un grupo reducido de alto nivel- y espero realmente que sea de alto nivel- que, en los próximos tres meses, elabore un informe sobre qué temas deberá abordar la Conferencia Intergubernamental. 
El informe contribuirá a definir la posición oficial de la nueva Comisión con relación a la Conferencia Intergubernamental. 
Aunque, hoy por hoy, la mayor parte de la exigencia política de la Unión Europea muestra un rotundo rechazo al respecto, estoy profundamente decidido a presentar, al menos oficialmente, las posibles opciones. 
Aplausos 
A mi entender, para la Unión Europea sería un error histórico organizar en Helsinki una Conferencia Intergubernamental reducida por defecto, simplemente por el temor colectivo de enfrentarse a los verdaderos retos de la futura ampliación. 
Evidentemente, haremos todo lo posible para que el Parlamento Europeo participe más plenamente en los trabajos de Helsinki. 
Señoras y señores diputados, la Comisión y las Instituciones de la Comunidad han atravesado una etapa muy difícil. 
Actualmente, el público europeo espera que pasemos página y que miremos al futuro. 
El reto que tenemos ante todos nosotros está en reconstruir la credibilidad de la Unión Europea ante sus ciudadanos y en asegurar que estos comprendan las ventajas que la Unión Europea ofrece a su vida cotidiana. 
Se trata de un punto en que nunca insistiré lo suficiente. En efecto, mientras les hablo, todo el público europeo nos está mirando, espera con ansiedad ver qué pasará en la gran historia de la Comisión y del Parlamento. 
Quisiera sugerir que defraudáramos a esos espectadores que han venido aquí para asistir a un enfrentamiento. 
De hecho, ninguno de nosotros actuará en interés de la población europea si permitimos a las Instituciones europeas vivir en un estado de enfrentamiento y bloqueo permanentes. 
Ahora hay un nuevo Parlamento y una nueva Comisión y, por tanto, ha llegado el momento de arrancar de nuevas bases. 
La Comisión y el Parlamento son las dos únicas Instituciones con una vocación europea exclusiva y auténtica. 
Entre ellas debería existir una sólida alianza. 
Debemos hacer frente a las mismas tareas: ¿quién, sino la Comisión y el Parlamento trabajando en común, puede llevar adelante este proyecto? 
Los recientes acontecimientos han perjudicado a la Comisión, pero creo que, si se considera la escasa participación en las recientes elecciones, también el Parlamento se ha resentido de ellos. 
En consecuencia, la tarea que tenemos ante nosotros es la de restablecer la profunda confianza mutua entre las dos Instituciones que tradicionalmente ha sido la fuerza en la que se ha asentado la integración europea. 
Esto implica trabajar en común reconociendo al mismo tiempo la diversidad de nuestras funciones. 
Estoy convencido de que al Parlamento le interesa sobremanera que haya una Comisión fuerte, una Comisión autónoma, una Comisión independiente, una Comisión de confianza. 
Espero que el nuevo Colegio que hoy está ante ustedes recibirá su firme apoyo en septiembre. 
Pero el visto bueno para su puesta en marcha no es un cheque en blanco para el futuro. 
Este Parlamento que es la voz de los ciudadanos europeos, es el árbitro supremo de la labor de la Comisión. 
Señorías, los retos son muchos y Europa precisa una enérgica señal de renovación y de guía. 
He hecho todo lo que estaba en mi mano para preparar el nuevo equipo y todos nosotros estamos impacientes por empezar a trabajar. 
La señal de salida, sin embargo, sólo la pueden dar ustedes. 
Confío en que harán uso de los grandes poderes y de las grandes responsabilidades que les confieren los Tratados con sabiduría y en beneficio de la Unión. 
Aplausos 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, es la primera vez que tiene lugar un debate de este tipo de esta forma. 
Supone un progreso que saludamos. 
El debate de hoy es parte de un proceso más largo en el que se incluyen las audiencias que comenzarán el 30 de agosto y que se prolongarán durante la primera semana de septiembre. 
Cualquiera que diga hoy que debemos aprobar o rechazar la Comisión, quien diga esto aquí en el Parlamento o fuera de este Parlamento, lo está menospreciando pues los «hearings» son una parte importante de la totalidad del proceso y, una vez transcurrido, podremos decidir libremente si damos nuestro asentimiento a la Comisión o no. 
Aplausos 
Señora Presidenta, usted acaba de decir de nuevo que la Comisión está equilibrada. 
No sé que criterios aplica para ello pero le digo con toda claridad que como Grupo del Partido Popular Europeo, los demócratas europeos no son de la opinión de que esta Comisión esté equilibrada políticamente. 
Vivos aplausos 
Por ello, no debe difundirse por Europa el cuento de que la Comisión está equilibrada. 
Si repite que está equilibrada políticamente, no facilitará en absoluto un posible voto favorable a su equipo que podría estar perfectamente cualificado. 
Aplausos, exclamaciones 
Así pues, señora Presidenta, le estaría agradecido si explicase algo los criterios de tal equilibrio. 
Este equipo tiene un punto flaco. 
Usted ha dicho que ha hecho todo lo posible para reunir el nuevo equipo. 
Tengo que decirle que lo que hemos escuchado de la anterior Presidencia del Consejo alemana no ha sido en modo alguno un proceso en el que haya participado usted como Presidente designado de la Comisión Europea. 
Lo que le ha sucedido en Bonn es que se le ha impuesto un dictado del Canciller Federal alemán, Gerhard Schröder. 
Aplausos, exclamaciones 
En el Tratado se dice: los Gobiernos de los Estados miembros indicarán de acuerdo con el Presidente designado las restantes personalidades que pretenden nombrar. 
Según nuestras informaciones, usted no ha participado en la designación de los dos miembros de la Comisión. 
Tengo que decirle que lamento- el volumen no mejora sus argumentos, señor Cohn-Bendit, ni tampoco los de los demás que ahora vociferan a mis espaldas- y que no nos parece bien que Gran Bretaña, Italia, España y Francia nombren a dos Comisarios y uno de ellos pertenezca a la oposición mientras que en la República Federal de Alemania no se siga este ejemplo de dichos países. 
No me parece bien. 
Vivos aplausos 
Es una actitud petulante y arrogante del Canciller de la República Federal de Alemania. 
Aplausos 
Nuestra Presidenta que hemos elegido ayer en el cargo ha dicho lo importante que es que recibamos lo antes posible el Informe de los Sabios. 
Desearía que lográsemos conjuntamente que se presente este informe antes de celebrar las audiencias. 
Aplausos 
Vamos a hacer todo lo posible- al menos mi Grupo político- para que en el marco de las audiencias se prevea también un tiempo suficiente para cada candidata y candidato pues una hora y media, tal como está previsto hasta ahora, no es suficiente sino que necesitamos al menos tres horas para que podamos mantener una buena conversación decisoria. 
Aplausos 
Señor Prodi, recomiendo también que tengamos la posibilidad como Parlamento de mantener con usted una conversación más profunda en un gremio adecuado. 
En nombre de mi Grupo político quiero decir que los «hearings» se llevan a cabo sobre una base de juego limpio y sin ningún tipo de discriminación personal. 
Esto significa que en los «hearings» tratamos por igual a todas las personas. 
No existe ningún juicio previo. 
Nosotros jugamos limpio y vamos a actuar también en consecuencia. 
Aplausos, exclamaciones 
Quiero realizar una observación final relativa al papel de nuestras instituciones. 
Señor Presidente, coincido con usted en que como Parlamento Europeo y Comisión tenemos la misma responsabilidad ante esta Unión Europea. 
La Comisión es la defensora de los Tratados y usted ha empleado el concepto del Gobierno, un concepto que me gusta personalmente porque implica que este Gobierno tiene una responsabilidad parlamentaria y tiene que responder también ante el Parlamento. 
Por ello, señor Presidente de la Comisión, me gustaría tener de usted una respuesta a la siguiente pregunta: usted ha dicho que ha preguntado a cada miembro de su posible nueva Comisión que, si llegado el caso de que tenga que decirle a alguien que tiene que irse, seguiría efectivamente este requerimiento. 
Por ello, le pregunto: si una comisión del Parlamento no da la mayoría a una persona, si dice no, ¿qué pregunta planteará entonces a su equipo? 
¿Indicará entonces a los miembros que sigan la petición de esta comisión del Parlamento Europeo? 
Me gustaría tener de usted una respuesta al respecto. 
Aplausos 
Vivos aplausos 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, quisiera, ante todo, dar la bienvenida al Presidente Prodi, agradecer su declaración y dar la bienvenida a los candidatos a Comisarios. 
Y creo que sería interesante en este momento recordar que estamos haciendo este debate en esta ribera del río Rin y no en la otra. 
En la otra, hay temas domésticos que se pueden resolver muy bien en Alemania, pero no corresponde plantearlos aquí. 
Aplausos 
Espero, señora Presidenta, que seamos capaces de superar la primera gran crisis que estamos viviendo en este momento en la Unión Europea. 
En las encuestas, los ciudadanos siguen estando a favor de la Unión Europea; sin embargo, no participan masivamente en las elecciones. 
Y nosotros tenemos la responsabilidad, como diputados y diputadas elegidos, de construir, no de destruir. 
Y eso supone que tenemos que dar respuestas a los problemas que preocupan a nuestras conciudadanas y conciudadanos: al paro, al Kosovo, a los problemas de los consumidores, a la gestión del euro. 
Eso es lo que tenemos que hacer y lo antes posible. 
No podemos seguir con una Comisión en ruina absoluta, ni aplazar su investidura hasta el año que viene. 
¿A quién podríamos explicar eso? 
Señor Prodi, usted ha hablado de la Comisión como el gobierno de Europa. 
Voy a darle un símil más deportivo: un equipo. 
Muy bien, estamos jugando aquí la liga europea. 
La liga alemana, la italiana, la española, la danesa se juegan cada una en su país pero no aquí. 
Aquí tenemos que ser responsables como miembros de la Unión Europea. 
Entonces, creo que hay una afirmación fundamental cuando usted habla de ese equipo y de ese gobierno. 
Su Comisión tiene que ser investida de una manera democrática. 
Usted ha empezado a dar pasos. 
Ha anunciado aquí reformas. 
Estoy de acuerdo con usted en que es imposible saberse la lista de las Direcciones Generales, y le agradezco que proceda al cambio. 
Ahora bien, no podemos subordinar el trabajo que tiene que hacer la próxima Comisión- y lo digo, señora Presidenta, con todo respeto en relación con lo que ha manifestado esta mañana- a ese informe de la comisión de expertos. 
El informe de la comisión de expertos es un instrumento útil, no son las tablas de la ley. 
Nosotros tenemos que tener juicio político y responsabilidad para saber qué le podemos pedir a la nueva Comisión y para esperar y apoyar el proceso de reformas que plantea el Presidente Prodi. 
Aplausos 
En relación con un tema absolutamente decisivo como es el de las audiencias- para nosotros son fundamentales -, creemos que hay que hacérselas a los Comisarios no en función del color político que tengan. 
A los Comisarios hay que plantearles un interrogatorio- primero, un examen escrito y, luego, un oral- para saber si están en condiciones de cumplir con sus responsabilidades y, además, también para saber cuáles son sus criterios políticos en relación con Europa. 
Eso es absolutamente legítimo, pero no podemos convertir esto en una especie de barraca de feria en la que hacemos un pim, pam, pum para ver cuántos candidatos a Comisario son derribados. 
Me parece que eso sería enormemente peligroso y, desde luego, mi Grupo piensa plantear, con responsabilidad y con criterio propio- no esperando que nos digan desde fuera lo que tenemos que hacer- las preguntas, y las haremos con el fin de tener cuanto antes una Comisión que pueda ejercer sus responsabilidades. 
Aplausos 
En segundo lugar, señor Presidente Prodi, hemos escuchado con suma atención lo que usted ha manifestado en relación con la responsabilidad individual de los Comisarios. 
En política, se pueden aceptar las responsabilidades, sobre todo, cuando se asumen. 
Pero yo creo que ha tocado un tema constitucional que es enormemente importante y en el que hay que tener en cuenta también el criterio que pueda y deba tener el Parlamento, que ya se ha pronunciado sobre esa cuestión. 
Y en relación con el proceso de reformas de la Unión- absolutamente necesario, no sólo para la ampliación sino para hacer una Unión más democrática y más eficaz -, señora Presidenta, pensamos que, desde luego, lo que no se puede hacer es una nueva Conferencia intergubernamental a puerta cerrada. 
Hace falta hacerla como hacemos las reformas en todos nuestros Estados: con luz y taquígrafos, en sede parlamentaria y ante nuestras conciudadanas y conciudadanos. 
Aplausos 
¿Cómo vamos a explicar que tenemos el euro- moneda común, no de todos- pero al mismo tiempo que estamos haciendo reformas que no somos capaces nosotros ni siquiera de comprender y justificar? 
Y, desde luego, en ese sentido, pensamos que es un tema absolutamente decisivo. 
Por lo tanto, señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, nosotros no compartimos las amenazas proferidas por algunos Grupos políticos de esta Asamblea, que quieren tomar como rehén a la Comisión que se presenta a nuestro examen. 
No creemos que debamos tomarla como rehén. 
En ello nos jugamos verdaderamente también nuestro futuro. 
Además, hay que recordar que, si se inicia un camino de concesiones, nunca se sabe donde se va a acabar y nosotros necesitamos actuar responsablemente. 
Para algunos, el objetivo principal no es conseguir un equilibrio institucional sino socavarlo y destruirlo. 
Y nosotros no compartimos esa línea; creemos que la Unión Europea, nuestras conciudadanas, nuestros conciudadanos, merecen algo mejor, merecen que actuemos responsablemente y con un criterio de futuro, de esperanza y de construcción de una Europa unida. 
Señora Presidenta, concluyo mi intervención- y me lo permitirá el Presidente Prodi- con una cita en mi idioma, escrita por un italiano inmortal, por Manzoni, que dice en I promessi sposi: Adelante, Romano, con juicio. 
Aplausos 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio, Presidente designado de la Comisión y candidatos a Comisarios, les damos la bienvenida a nuestro hemiciclo esta tarde y esperamos con impaciencia nuestras audiencias y nuestras diversas comunicaciones de las próximas semanas y, después, meses y años. 
Quiero dejar claras algunas cosas desde el principio. 
En primer lugar, el Grupo ELDR de esta Asamblea viene aquí con una vocación europea. 
No vamos a juzgar a los comisarios de acuerdo con las preferencias nacionales de uno u otro partido o grupo dentro de la Cámara. 
Aplausos 
Quiero decir, señora Presidenta, con respecto a su útil sugerencia de esta mañana de que, según nos preparamos para las audiencias, debiéramos incorporar una comprensión del trabajo y la visión del Comité de expertos, que nosotros, como institución, debemos decir a los expertos «apresúrense con lo que están haciendo y entréguenlo a tiempo». 
Si es necesario, «aceleren el informe» , pero de ninguna manera debemos retrasar el proceso de audiencias previsto. 
Aplausos 
El punto de partida esencial y fundamental de mi Grupo en el presente debate es muy claro. 
La Comisión saliente dimitió el pasado mes de marzo y, en vista de que yo apenas puedo explicarme por qué sigue aquí la parte remanente de esa Comisión, ¿cómo podemos esperar que lo entiendan los ciudadanos de Europa? 
Por lo tanto, es tarea ineludible de esta Asamblea desprender a Europa de este apuro institucional en la fecha lo más temprana posible, y el único modo de hacerlo es coger a la Comisión disponible- no prejuzgo qué puede pasar en las audiencias- y hacer lo imposible para asegurarnos de que entre en funciones en la primera fecha disponible. 
De este modo empezaríamos a desprendernos de lo que ha sido una experiencia muy difícil aunque útil, pero que, por no haber concluido, sigue siendo tremendamente incómoda y complicada, según hemos podido comprobar recientemente por las deplorables decisiones del Sr. Martin Bangemann. 
Con respecto al proceso de las audiencias, que se hará en dos partes, es decir, una escrita y una oral, diré que en el Grupo Liberal querremos saber de cada uno de los candidatos a Comisarios qué perspectiva traerá a Europa pensando en Europa. 
Esto es importante para nosotros. 
Queremos poder hablar con ustedes y charlar sobre el tema de la idoneidad de las carteras y entender qué capacidades aportan ustedes a este respecto. 
Les queremos preguntar sobre su disposición, su disposición personal a aceptar que tienen que rendir cuentas y responder ante los ciudadanos de Europa por todo lo que hagan junto con su presidente, así como ante esta Asamblea, con un entendimiento público claro y absoluto de que éste es el foro público de la democracia europea ante el que deben rendir cuentas y responder públicamente. 
Quiero decir en nombre de mi Grupo que, cuando llegue la conferencia intergubernamental, seguiremos presionando para que se reforme el Tratado en el punto de la responsabilidad individual. 
Reconocemos que, dentro de las actuales limitaciones, el Sr. Prodi está dando algunos pasos para mejorar la espantosa situación del pasado, pero necesitamos que el Sr. Prodi dé algunos pasos más. 
Proponemos que las audiencias sean duras, porque en los últimos cinco años hemos aprendido que es mejor ser duros al principio que lamentarlo más tarde. 
Nuestras audiencias también serán justas. 
Hay un punto al que voy a pedir que responda el Presidente designado de la Comisión. 
Hemos estado tan ocupados reconstituyéndonos nosotros mismos que aún no hemos sido capaces de hacer los deberes y la debida investigación, así que, si las audiencias sacan a la luz cuestiones de importancia y de interés público que aún desconocemos, esta Asamblea tendrá el deber para con Europa de actuar, y actuaremos- desde luego, mi grupo lo hará.